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Timestamp: 2013-12-04 18:21:03+00:00

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A vueltas con la Ley Audiovisual
TEXTO FINAL (1 abril 10)
PROYECTO Ley SENADO (10 marzo 10)
Enmiendas Senado (17 febrero 10)
PROYECTO LEY CONGRESO (7 enero 10)
Proyecto de Ley del Gobierno (16 oct 09)
Enmiendas en Congreso (4 dic 09)
Enmiendas medios comunitarios
Alegaciones ReMC (agosto 09)
Posición otras organizaciones
——- recorrido Ley AV ——-
> Nov 2009-marzo10 Tramitación parlamentaria
> Octubre 2009: aprobación del Proyecto de Ley en Consejo Ministros el 16 octubre.
> septiembre 09:
- Dictamen Consejo Estado (17 sep)
- Gobierno realiza modificaciones en anteproyecto incluyendo algunas recomendaciones de CE, CMT y CNC.
> Agosto 09: Se abre Tramite de Audiencia en el Consejo de Estado
> Julio 09: Informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional de la Competencia.
> Junio 09: aprobado anteproyecto en Consejo de Ministros 26 de junio, el texto es remitido al Consejo de Estado. Texto anteproyecto
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19 comentarios para “A vueltas con la Ley Audiovisual”
admin dice:	11 Julio 2009 a las 18:37 CCOO rechaza la Ley audiovisual porque desregula el sector y no garantiza el empleo
http://congresos.ccoo.es/fsc/diaAdiaNoticia.asp?secuencial=739
El Sector de Medios de Comunicación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO manifiesta su preocupación por el anteproyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, que ha sido elaborado por el Ejecutivo sin contar con los agentes sociales y que supone una completa desregulación del sector, que no garantiza el empleo ni el desarrollo del sector en un modelo de economía sostenible.
El anteproyecto deroga toda la legislación vigente del sector: la Ley del tercer canal, la Ley de la televisión privada, de las emisoras municipales de radio, de televisión local, la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de impulso de la televisión digital terrestre, y así hasta 14 leyes. Si bien es cierto que el sector requería una ordenación, sobre todo por la adecuación a la normativa europea, también lo es que este anteproyecto supone una desregulación y no una ordenación del sector.
Cabe destacar la eliminación del concepto de servicio público, que queda reducido de forma marginal a las radiotelevisiones de titularidad estatal y autonómica, y se convierte en un elemento marginal, con la consiguiente pérdida de liderazgo de los medios públicos y abriendo la posibilidad de la gestión indirecta. Asimismo, al excluir a los operadores privados de ese servicio público, se les exonera de su responsabilidad como operadores de un servicio estratégico que a su vez es un derecho de los ciudadanos: recibir información y contenidos de calidad. De esta manera, los ciudadanos no tienen garantizada su derecho a recibir y participar en la información y demás ofertas audiovisuales, ni la posibilidad de exigirlas.
El anteproyecto no define el modelo de producción audiovisual en la España del siglo XXI, es meramente una concesión para que los operadores fuertes hagan lo que quieran sin ningún control. Con este texto se abre la posibilidad de que proliferen compañías que se dediquen a emitir lo que contratan a pequeñas productoras. Se elimina la producción propia interna, lo que conlleva la precarización del trabajo en todas las empresas audiovisuales. La destrucción del sector supone la pérdida de las conquistas de la negociación colectiva, que muchos trabajadores de los medios están padeciendo, por la falta de regulación y de control.
El texto legal propuesto por el Gobierno articula la concesión de licencias sin ninguna obligación para las empresas adjudicatarias. Si queremos tener una industria de la comunicación audiovisual sostenible que se sustente en los valores democráticos, la ley debe comprometer las licencias, los contratos mercantiles suscritos con el Estado, a un mínimo de producción propia interna, garantía de estabilidad y empleo de calidad. Estamos ante una reconversión de sector, auspiciado por el Gobierno sin consenso con los partidos políticos, los sindicatos y los grupos sociales, que deja al margen del debate a la sociedad. Los trabajadores de los medios de comunicación llevan padeciendo desde hace mucho tiempo las arbitrariedades empresariales en cuanto a la desregulación de sus condiciones de trabajo. Con esta reconversión sectorial que el Gobierno ha iniciado, la estabilidad del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo está en riesgo.
CCOO sigue apostando por un modelo que informe, entretenga y eduque, tanto de las radiotelevisiones de titularidad estatal como los operadores privados, desde el respeto y el cumplimiento del marco normativo sectorial, laboral y social.
admin dice:	11 Julio 2009 a las 18:43 En la prensa se dice
http://www.vertele.com/noticias/detail.php?id=23342
http://www.capitalnews.es/articulo.php?n=090630032331
Ley audiovisual. uteca y los sindicatos de periodistas piden a los …
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1367224/06/09/Ley-audiovisual-uteca-y-los-sindicatos-de-periodistas-piden-a-los-partidos-que-no-se-repartan-el-cema-por-cuotas.html
admin dice:	11 Julio 2009 a las 18:44 La FeSP exige que el Consejo Estatal De Medios Audiovisuales no se convierta en un simple reparto de puestos entre los partidos
Acuerda iniciar los trámites para constituir una gestora que defienda los derechos de autoría de los periodistas
Madrid, 28 de junio de 2009
http://www.fesp.org/comunicados2.php?id=164
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP –reunida este último fin de semana en Madrid– considera positivo que en el anteproyecto de ley se prevea constituir un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, como venimos reclamando desde hace años. España es una importante potencia mundial pero, paradójicamente, es la única democracia europea en la que no existe un órgano de este tipo.
URCM dice:	18 Julio 2009 a las 11:39 ASIMELEC remite carta al Consejo de Estado para quejarse sobre la exclusión de empresas TIC en el Anteproyecto Ley Audiovisual
Denuncia que este proceder se está convirtiendo en algo habitual, pues la industria también fue excluida del anteproyecto de ley de financiación de RTVE
16/07/2009 http://www.asimelec.es/Items/ItemDetail.aspx?ID=1916
* Martín Pérez, presidente de ASIMELEC, “por lo poco que conocemos del Anteproyecto de Ley Audiovisual, nos gustaría hacer saber al Gobierno nuestro punto de vista, sobre todo porque pensamos que es una Ley pensada, desarrollada y basada en la realidad actual de este mercado, pero que no contempla ni prevé el futuro del sector audiovisual”.
Madrid, 16 de julio de 2009.- ASIMELEC ha remitido una carta al Presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio, para expresar su queja ante el hecho de que no se ha informado ni consultado al sector de empresas de Tecnologías de la Información Telecomunicaciones y Electrónica de Consumo (TIC), que operan en nuestro país, de la elaboración del Anteproyecto de Ley General de Ia Comunicación Audiovisual.
Según el texto remitido por ASIMELEC, esta actitud es grave ya que todos los sectores antes mencionados se verán afectados directamente por las disposiciones contenidas en el texto de anteproyecto de Ley.
Igualmente, ASIMELEC hace partícipe al Consejo de Estado, que esta forma de actuar se está convirtiendo en algo habitual, “pues, tampoco se han consultado a las empresas en relación con el anteproyecto de ley de financiación de RTVE”.
En el mismo texto, ASIMELEC, solicita audiencia al Consejo de Estado, con la finalidad de presentar las debidas alegaciones, y de acuerdo a los establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/1 980, de 22 de abril de Consejo de Estado.
Según Martín Pérez, presidente de ASIMELEC, “estamos preocupados por esta actitud de exclusión del sector en el desarrollo de la nueva legislación por su impacto directo en las empresas. A este respecto –dice Pérez–, por lo poco que conocemos del Anteproyecto de Ley Audiovisual, nos gustaría hacer saber al Gobierno nuestro punto de vista, sobre todo porque pensamos que es una Ley pensada, desarrollada y basada en clave de pasado de este mercado, pero que no contempla ni prevé el futuro del sector audiovisual”.
ASIMELEC, Asociación Multisectorial de Empresas de TecnoIogias de Ia Información, Comunicaciones y Electrónica, se constituye en 1984 como una asociación de importadores de productos de electrónica. En la actualidad, ASIMELEC ha evolucionado hasta abarcar todos los sectores del macro sector TIC, siendo Ia única asociación del Sector que agrupa a Fabricantes, Comercializadores, Distribuidores y en el caso del sector de Telecomunicaciones, a Instaladores
Su finalidad es fomentar y apoyar el desarrollo de las empresas del Sector TIC en España, mediante Ia defensa de sus asociados y el desarrollo del Sector. ASIMELEC representa a más de 2.500 empresas que dan trabajo directo a 300.000 personas y su facturación supone en torno al 4,5% del PIB de España. URL: http://www.asimelec.es
URCM dice:	24 Agosto 2009 a las 12:28 AUC denuncia la “impunidad” que supone para las cadenas la nueva Ley Audiovisual El Anteproyecto de la LGCA evita sanciones y libera de toda responsabilidad a las televisiones en relación a la publicidad
Madrid, 13 de Julio de 2009. En sus observaciones sobre el Anteproyecto, remitidas al Consejo de Estado y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) critica “el amplio margen de impunidad con el que parece beneficiase a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva en caso de producirse incumplimientos de la normativa publicitaria, en detrimento de la autoridad audiovisual y en franca contradicción con las competencias ya asumidas por los consejos audiovisuales de las Comunidades Autónomas”.
AUC denuncia que la propuesta del Gobierno no sólo reduce en algunos aspectos el actual nivel de protección de los espectadores, sino que incumple los mínimos de la Directiva comunitaria que pretende transponer.
Así, el Anteproyecto elimina cualquier referencia a obligaciones contempladas en la actual ley 25/1994, como la calificación por edades todos los contenidos emitidos; la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres; la identificación de telepromociones y publirreportajes con la advertencia “publicidad” visible en la pantalla durante su emisión, o la no inclusión de mensajes de venta directos en los patrocinios.
Además, conculca la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales en aspectos como la posibilidad de emisión de contenidos pornográficos en abierto o de realizar emplazamiento de producto en programas infantiles.
Pero lo más grave, en opinión de AUC, es que el Anteproyecto despoja de competencias al futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales en un doble sentido:
* Por un lado, el artículo 8.2 establece que la autoridad audiovisual competente “podrá alcanzar acuerdos con el prestador del servicio para modificar el contenido audiovisual o, en su caso, poner fin a la emisión del contenido ilícito. El efectivo cumplimiento del acuerdo por parte del prestador pondrá fin a los procedimientos sancionadores que se hubiesen iniciado en relación con el contenido audiovisual objeto del acuerdo”. Es decir, se libera en la práctica a las televisiones de cualquier riesgo de sanción por la emisión de contenidos ilícitos y, por ende, de cualquier responsabilidad de vigilancia de sus emisiones. Ya que, en caso de que dichos contenidos fueran detectados o denunciados y dieran lugar a un expediente, les bastaría con asumir un posible acuerdo con autoridad audiovisual para que finalice el procedimiento del expediente y para evitar la imposición de la sanción que, en su caso, pudiera corresponderles por el tiempo en el que los contenidos ilícitos se hayan estado efectivamente emitiendo.
* Por otro, el artículo 59, que señala que los prestadores del servicio televisivo no son responsables ante la autoridad audiovisual cuando emiten “comunicaciones comerciales elaboradas por personas ajenas al prestador y que supongan una infracción de acuerdo con la normativa vigente sobre publicidad”, aunque habrán de cesar en la emisión de esa publicidad ilícita a requerimiento de la autoridad audiovisual o de sus órganos de autorregulación. Ello incide en la impunidad de las cadenas, menoscaba las competencias del Consejo Audiovisual estatal frente a las que sí tienen los consejos autonómicos (que actúan contra las televisiones por publicidad ilícita y prohibida) e incluso incumple la Directiva, la cual, en su artículo 3.6, insta a los Estados miembros a velar “por que los prestadores del servicio de comunicación bajo su jurisdicción cumplan efectivamente las disposiciones de la presente Directiva”. Además, en esa misma línea de liberar a las cadenas de responsabilidad, el Anteproyecto suprime la posibilidad de ejercer la acción de cesación contra la publicidad ilícita emitida por las cadenas prevista tanto en la Ley 25/1994 como en la normativa comunitaria (Directiva 1998/27/CE, de 19 de mayo, sobre acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores), ignorándose de nuevo un mandato obligatorio proveniente de la Unión Europea.
URCM dice:	23 Septiembre 2009 a las 9:31 CEAPA reclama que la futura Ley de la Comunicación
Audiovisual no permita la emisión en abierto de contenidos que perjudiquen seriamente a los menores En una carta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) le pide que la futura Ley General de la Comunicación Audiovisual no permita a las operadoras de televisión emitir en abierto contenidos que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, moral y mental de los menores, como son la pornografía y la violencia gratuita. CEAPA propone que estos contenidos sólo puedan emitirse entre la 01.00 y las 05.00 y en acceso restringido (codificado o sistema técnico similar).
Esta confederación de asociaciones de madres y padres de la escuela
pública propone que los contenidos sobre juegos de azar sólo puedan ser
ofrecidos al público entre la 01.00 y las 05.00.
El artículo 6 del anteproyecto de ley que prepara el Gobierno prohíbe emitir entre las 06.00 y las 22.00 contenidos perjudiciales para el menor,
relacionados con la violencia gratuita, la pornografía y los programas
dedicados exclusivamente a juegos de azar o apuestas, lo que, a juicio de esta confederación, permitiría emitir este tipo de contenidos a partir de las 22.00. Los contenidos audiovisuales calificados como “X” sólo podrán emitirse entre la 01.00 y las 05.00, según este anteproyecto de ley.
No obstante, a esta confederación de madres y padres este anteproyecto le merece una opinión positiva, pues su articulado supone un avance en la protección de los menores con respecto a la situación actual,
fundamentada exclusivamente en la autorregulación de las operadoras, y
adapta la legislación española a la normativa comunitaria y a sus
Madrid, 22 de septiembre de 2009 http://www.ceapa.es
admin dice:	17 Octubre 2009 a las 0:55 UGT advierte de que el proyecto de Ley Audiovisual “pone en peligro la pervivencia” de las televisiones autonómicas. 16 Oct. (EUROPA PRESS) - La Unión General de Trabajadores advirtió hoy de que el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros, “pone en peligro la pervivencia de las radios y televisiones autonómicas como empresas públicas” y los más de 10.000 puestos de trabajos directos que generan.
Así, la UGT anunció en un comunicado que ha iniciado contactos con distintas fuerzas políticas para modificar el proyecto durante la tramitación parlamentaria, y recuerda al Gobierno que tiene la obligación de legislar para el sector público audiovisual territorial “de la misma forma que ha legislado para RTVE”.
En este sentido, el sindicato se queja de que el proyecto de ley se “limita” a derogar las vigentes leyes del Tercer Canal y del Estatuto de la Radio y la Televisión, entre otras normas, trasladando las competencias en materia audiovisual a las Comunidades Autónomas, “sin desarrollar una legislación básica que garantice a toda la ciudadanía su acceso a una información veraz de carácter regional y local”.
A juicio de la UGT, es “imprescindible” que la futura ley garantice la permanencia de los servicios informativos y la programación y servicios contratados por los parlamentos territoriales dentro de la actividad ordinaria de los Entes y Corporaciones Públicas, sin posibilidad de cesión o subcontratación total o parcial a terceros, “asegurando mecanismos de financiación suficientes para ejercer su deber constitucional de prestación de un servicio público de calidad, plural, veraz y democrático”.
Asimismo, la organización señala que el proyecto debería modificarse también para “facilitar” que las comunidades autónomas que ahora mismo no tienen servicios públicos audiovisuales (Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Navarra) desarrollen convenios de colaboración con RTVE que “favorezcan la implantación de un mapa completo de prestación del servicio público Audiovisual en el ámbito territorial”.
“Sólo se podrá garantizar a los ciudadanos su derecho a una información plural, veraz y relevante si los trabajadores de los medios de comunicación tienen unas condiciones laborales estables y dignas. Con el actual proyecto, en cambio, peligran miles de puestos de trabajo y se posibilita la precarización de sus condiciones laborales”, concluye el sindicato.
admin dice:	17 Octubre 2009 a las 0:57 LEY AUDIOVISUAL. CEACCU VE LA LEY “PLEGADA” A LAS TELEVISIONES: “MÁS PUBLICIDAD Y MÁS IMPUNIDAD” 16/10/2009 SERVIMEDIA
La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) manifestó hoy su ?insatisfacción? con el proyecto de ley audiovisual, porque la considera “plegada a los intereses” de las televisiones, a las que les permitirá emitir “más publicidad” y les da “más margen para la impunidad” en los incumplimientos.
A juicio de Ceaccu, la ley es poco exigente en materia de publicidad y de protección a los menores, aunque se haya mejorado en el trámite de consultas del anteproyecto con cambios como la prohibición del porno en abierto.
Asimismo, la confederación de consumidores cree que el nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Cema) no tendrá una representación suficiente de los colectivos de usuarios y ciudadanos si prospera el redactado que hoy aprobó el Consejo de Ministros.
admin dice:	17 Octubre 2009 a las 0:57 LEY AUDIOVISUAL. LAS RADIOS LIBRES SE SIENTEN “DISCRIMINADAS” CON LA LEY. 16/10/2009 SERVIMEDIA
La sección europea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) se opuso hoy al proyecto de ley audiovisual, porque lo considera “discriminatorio” para estas emisoras, al imponerles unas “restricciones” y “exigencias” que no se exigirán a las radios comerciales.
Amarc considera que la ley “se realiza desde una visión empresarial de la comunicación, en vez de plantearse como el desarrollo de derechos fundamentales”. Justifica esta queja por el artículo 23 , referido al uso social de los medios de comunicación. Cree que este precepto permite que organizaciones sin ánimo de lucro promuevan radios y televisiones comunitarias, “pero de forma marginal”.
“La actual redacción es muy deficiente y contraviene la directiva europea de Servicios de Medios Audiovisuales, ya que no recoge ninguna medida para garantizar o fomentar la existencia de estos medios mientras se establecen unas restricciones y exigencias que no realizan a los servicios de comunicación comerciales”, afirma la asociación en un comunicado.
admin dice:	18 Octubre 2009 a las 17:41 El proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual aprobado hoy por el Gobierno deberá ser mejorado.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) denuncia que está excesivamente influenciada por los operadores privados. atiende más a la liberalización que a la regulación de todo el sector y se muestra rehén de decisiones parciales anteriores.
La Autoridad Audiovisual nace con competencias recortadas y se fía en exceso a la autorregulación del sector, de triste experiencia.
Tras años de compromisos de diversos gobiernos para ordenar el sector audiovisual, sometido a normativas dispersas, y para dotarlo de una ley general y de una autoridad audiovisual como las existentes en toda Europa, el Gobierno ha aprobado por fin el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual que presentó a finales de junio.
Esto debería alegrar a quienes desde hace demasiado tiempo hemos venido reclamando una regulación del sector audiovisual que garantice el derecho a la información de la ciudadanía, acabando con las radiotelevisiones públicas de partido, y también el derecho a una programación digna y de calidad. Una exigencia que alcanza también a las privadas, que en estos años han profundizado en las simas más bajas de teleporquería y de banalización y degradación del entretenimiento. También deberíamos alegrarnos los que exigíamos la necesidad de una autoridad audiovisual independiente del Gobierno, que vele de forma vinculante por el cumplimiento de esos objetivos y tenga capacidad para sancionar y también para adjudicar las licencias radioeléctricas, con el fin de acabar con los favoritismos y clientelismo que comportan dejarlo en manos de los gobiernos.
Sin embargo, nos hemos topado con un proyecto de ley audiovisual que se aleja de los primeros proyectos del 2005, inspirados en el Comité de expertos que el primer gobierno de Rodríguez Zapatero impulsó para dar satisfacción a las exigencias de sectores de la comunicación, los usuarios y los profesionales de la información. Ha llovido desde entonces y nuevos actores, principalmente operadores privados, han aparecido con fuerza hasta el punto de influir decisivamente en una ley que más que regular el sector aparece como liberalizadora del mismo. No por casualidad, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha aplaudido indisimuladamente el anteproyecto.
La propuesta del Gobierno no parte de una concepción global de servicio público exigible a todo el sector audiovisual, sino que introduce el principio de “interés general” y limita el servicio público a los medios de titularidad pública, a quienes impone más obligaciones que derechos. Entre ellas, la “contabilidad analítica” que separe la programación de servicio público de la comercial, como si fuera fácil de delimitar, y más en el caso de autonómicas y locales con función de normalización de la lengua propia, que atraviesa toda la programación.
El proyecto aprobado hoy consagra medidas anteriores, como las nuevas condiciones para la fusión entre operadores, la TDT de pago y la eliminación de la publicidad en la radiotelevisión estatal, que será un modelo a generalizar –UTECA presiona en ese sentido– y que condicionará al sector audiovisual público autonómico y local. Además, limita a las televisiones públicas la compra de derechos de grandes retransmisiones deportivas y de las grandes producciones cinematográficas, lo que redundará en el raquitismo del sector público que no podrá competir con la lógica puramente mercantil de las privadas.
El proyecto se refiere siempre al “mercado audiovisual” y no menciona el derecho fundamental a la información de la ciudadanía.
Se crea una Autoridad Audiovisual, pero sin las competencias que debiera tener como la de conceder licencias, que ya tienen organismos análogos de comunidades autónomas. Esa competencia queda en manos del Gobierno. La capacidad sancionadora de la autoridad audiovisual viene limitada por la “autoregulación” propuesta, de triste experiencia en el sector.
No se contemplan unos medios públicos audiovisuales fuertes, que garanticen un porcentaje mayoritario de producción interna, y con ello una garantía de empleo estable. No se contempla tampoco añadir a los requisitos para los concursos de licencias compromisos de empleo estable, o de derechos profesionales como los Estatutos de Redacción.
Las licencias se concederán por periodos de 15 años, en vez de 10 como hasta ahora, con un máximo de tres. Pero poniendo el contador a cero, es decir, ignorando los años anteriores, de forma que grandes operadores tienen garantizada licencia por 45 años, gracias a la “renovación automática” prevista.
El “tercer sector”, o medios comunitarios, apenas si se contempla, y se le exige contenidos determinados a la vez que se le impide tener publicidad.
Valoramos en cambio los avances en materia de protección de la infancia y de limitaciones, aunque mejorables, a la publicidad.
Por todo ello, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) reconoce lo positivo de estar a las puertas de una Ley de la Comunicación Audiovisual, tan necesaria como la Autoridad que vigile de su cumplimiento con eficacia. Pero, al mismo tiempo, alerta de los peligros de consagrar en la ley principios que responden a la rentabilidad económica inmediata de los operadores privados y no a la necesidad ciudadana de un audiovisual entendido como servicio público.
La FeSP planteará a los grupos parlamentarios las enmiendas oportunas, de acuerdo con las organizaciones sociales, para que no se desaproveche la oportunidad, largamente esperada, de situar el sector audiovisual al servicio de derechos fundamentales y no del negocio privado.
admin dice:	18 Octubre 2009 a las 17:43 La asignatura pendiente de la democracia
J. MONTABES - R. BULTÓ Y R. FONT - El Pais 17/10/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/asignatura/pendiente/democracia/elpepusoc/20091017elpepisoc_7/Tes
Juan Montabes Audiovisual de Andalucía; Ramón Bultó, del Consejo Audiovisual de Navarra, y Ramón Font, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
admin dice:	21 Octubre 2009 a las 22:12 CCOO y UGT reclaman al Gobierno la modificación del proyecto de Ley audiovisual. 21 de Octubre de 2009
Por la defensa del servicio público, el empleo de calidad y en contra de la privatización de las radios y televisiones públicas
UGT y CCOO han acordado poner en marcha una acción sindical conjunta de cara a promover la modificación del proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobado por el Gobierno. CCOO y UGT pretenden evitar que la futura ley deje en manos de los gobiernos autonómicos, la decisión de privatizar o no las radios y televisiones públicas autonómicas.
CCOO y UGT quieren modificar el proyecto de ley.
La ley deberá obligar al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el momento de la adjudicación en concurso público de las concesiones, respecto a infraestructura, plantillas y producción propia.
Ambos sindicatos reclaman el mantenimiento de la actual doctrina relativa al servicio público esencial audiovisual, tanto para operadores públicos como privados.
UGT y CCOO consideran imprescindible que el proyecto de ley garantice el mantenimiento del empleo estable y de calidad en el sector, conservando dentro de la actividad ordinaria de las corporaciones públicas, los programas informativos y aquellos que expresamente determinen los Mandatos Marco aprobados en cada parlamento territorial, sin posibilidad de recurso a modalidades de subcontratación. De igual manera la nueva ley deberá incorporar la actual regulación dispuesta en la vigente Ley de Televisión Privada relativa a los medios propios necesarios para el desarrollo de la actividad
CCOO y UGT destacan que el Estado no puede limitarse a dejar en manos de las comunidades autónomas el futuro de los medios de comunicación tal y como hace en este proyecto de Ley Audiovisual, renunciando así a ejercer su competencia exclusiva, en el establecimiento de la normativa básica de todos los medios de comunicación social, competencia que establece el artículo 149 de la Constitución Española.
Los medios de comunicación deben estar al servicio de la ciudadanía, garantizando el derecho a la información veraz, plural y relevante, tal y como recogen la Constitución Española y la Directiva 2007/65 de la Unión Europea. Y esto no será posible si la futura Ley Audiovisual deroga el concepto actual de Servicio Público esencial. La pluralidad informativa y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo están en juego.
admin dice:	12 Noviembre 2009 a las 11:52 La Ley General Audiovisual desregula el sector y no garantiza el empleo ni la sostenibilidad
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Inicio:67537
El Sector Estatal de Medios de Comunicación de FSC-CCOO manifiesta su preocupación por la Ley General Audiovisual que el Ejecutivo está impulsando sin contar con los agentes sociales, y que supone una completa desregulación del sector, que no garantiza el empleo ni el desarrollo adecuado en un modelo de economía sostenible.
El proyecto de ley deja el servicio público como un elemento marginal.
El proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual que el Ejecutivo ha aprobado, y que se encuentra ya en su trámite parlamentario, deroga toda la legislación vigente del sector, desde la ley del tercer canal, la ley de la televisión privada, de las emisoras municipales de radio, de televisión local, la ley general de telecomunicaciones y la ley de impulso de la televisión digital terrestre, y así hasta 14 leyes.
Para CCOO, el sector requería una ordenación, sobre todo por la adecuación a la normativa europea, pero este proyecto supone una desregulación que va a permitir, a quienes desde la gestión más criticable han manifestado su voluntad de privatizar las radiotelevisiones públicas autonómicas de su competencia, tirar por tierra proyectos empresariales públicos de más de 20 años de andadura, sin tener en cuenta el esfuerzo de sus profesionales.
CCOO critica del proyecto la eliminación del concepto de servicio público, que queda reducido de forma marginal a las radiotelevisiones de titularidad estatal y autonómica. El proyecto de ley deja el servicio público como un elemento marginal, con la correspondiente pérdida de liderazgo de los medios públicos y abriendo la posibilidad de la gestión indirecta.
Asimismo, al excluir a los operadores privados de ese servicio público, se les exonera de su responsabilidad como operadores de un servicio estratégico que, a su vez, es un derecho de los ciudadanos: recibir información y contenidos de calidad. De esta manera los ciudadanos no tienen garantizado su derecho a recibir y participar en la información y demás ofertas audiovisuales, ni la posibilidad de exigirlas.
El texto legal propuesto por el Gobierno articula la concesión de licencias sin ninguna obligación para las empresas adjudicatarias. Para CCOO, la ley debe comprometer las licencias y los contratos mercantiles suscritos con el Estado a un mínimo de producción propia interna, como garantía de estabilidad y empleo de calidad. Esto podría evitar lo que ya se viene padeciendo desde las televisiones privadas, a costa de hacer negocio con esas licencias y de reducir costes laborales, sin respuesta de la Administración por los incumplimientos de la Ley de la Televisión Privada.
CCOO sigue apostando por un sector audiovisual que informe, entretenga y eduque, ya sea desde las radiotelevisiones de titularidad estatal como desde los operadores privados, respetando el cumplimiento del marco normativo tanto sectorial, como laboral y social, por lo que está redoblando sus esfuerzos desde las empresas afectadas y desde las instituciones, para conseguir las modificaciones necesarias de esta futura ley.
admin dice:	12 Noviembre 2009 a las 11:53 La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual pone en peligro más de 10.000 puestos de Trabajo 10/11/2009
http://hl47.dinaserver.com/hosting/foroperiodistas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=10061
El Foro de Organizaciones de Periodistas pide a los grupos parlamentarios que acepten sus propuestas y modifiquen el proyecto de ley presentado por el Gobierno. El proyecto liberaliza todo el mercado audiovisual, deja la puerta abierta a la privatización de las televisiones públicas y otorga el derecho de autorregulación del sector privado.
Las organizaciones que componen el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) consideran imprescindible que se modifique la actual redacción del Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, que pone en peligro más de 10.000 puestos de trabajo en toda España, dejando la vía libre a la privatización de las cadenas de titularidad pública. El FOP ha remitido a los grupos parlamentarios una serie de propuestas para enmendar el proyecto.
Otra de las concesiones a los empresarios de la comunicación es que se les otorga el “derecho a la autorregulación”, fórmula que se ha demostrado ineficaz durante años y que deja prácticamente indefensos a los usuarios, receptores de la comunicación. Podría haberse apostado, si no por la regulación completa, si por la corregulación, que funciona en otros países de la Unión Europea.
El FOP confía en que los grupos parlamentarios estudien y acepten las propuestas enviadas por este grupo, que aglutina a las organizaciones de periodistas más representativas del Estado español. Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)
admin dice:	12 Noviembre 2009 a las 13:19 LA PLATAFORMA “CON UN MAXIMO DE 12 MINUTOS DE PUBLICIDAD POR HORA, GANAMOS TODOS”, PRESENTA SU MANIFIESTO CONTRA EL TEXTO ACTUAL DE LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
05.11.09 MANIFIESTO ANTE EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, FIRMADO POR LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA COMUNICACIÓN (AUC) Y LA PLATAFORMA: “CON UN MÁXIMO DE 12 MINUTOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN GANAMOS TODOS”, COMPUESTA POR:
• En contra del espíritu de la Directiva Europea y de las recomendaciones del Consejo de Estado
Fuente: http://www.programapublicidad.com/b2evolution/blogs/index.php?blog=15&title=la_plataforma_con_un_maximo_de_12_minuto_1&more=1&c=1&tb=1&pb=1
admin dice:	13 Noviembre 2009 a las 13:25 La CCMA propone enmiendas a la Ley Adudiovisual (11/11)
Nº 25462 - Fuente: Comunicacio21
El Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha hecho llegar a los diversos grupos del Congreso y del Senado una serie de propuestas de enmienda, aprobadas por unanimidad, a la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Entre otros aspectos, las enmiendas piden que se tenga en cuenta la especificidad del marco legislativo catalán en materia audiovisual y que las comunidades autónomas puedan autorizar las emisiones provenientes de otras comunidades en su territorio sin autorización estatal previa.
Según la CCMA, el texto actual de la ley choca con las competencias de la Generalitat en materia de medios de comunicación, por lo que se pide que se precise que la ley “sólo tiene aplicación directa para los servicios que operan con licencias del Estado y que se aplica subsidiariamente a las comunidades que no hayan desplegado un marco legislativo propio”. En este sentido, también propone que el texto recoja que la ley respeta, en todos los casos, las competencias exclusivas y compartidas de las comunidades.
La Corporación, además, reclama que se tenga en cuenta la especificidad de los servicios públicos en una lengua diferente del castellano, y que se entienda que la difusión de determinados contenidos en estas lenguas es parte también del servicio público.
Emitir sin autorización estatal previa
La CCMA se muestra contraria a la necesidad de obtener una autorización estatal previa para emitir contenidos en otra comunidad autónoma, y pide que sean las mismas comunidades las que las autoricen. Considera que el texto concede al estado “discrecionalidad absoluta” y no prevé “ningún criterio” a la hora de denegar la autorización. Si se mantuviese la necesidad de una autorización estatal, la CCMA señala que se tendría que establecer un mecanismo que evitase “posibles arbitrariedades”.
En cuanto a los contenidos, la Corporación considera que el proyecto de ley establece una asimetría “excesiva” entre las obligaciones que tienen los operadores públicos y los privados, y recuerda que el conjunto de la sociedad a menudo reclama más responsabilidad en las actuaciones de todos los medios por la influencia que ejercen.
En el capítulo de la financiación de producciones europeas, la CCMA rechaza que el 6% de los ingresos sólo se destine a películas cinematográficas, como se establece ahora, sino también a telefilmes, series, documentales y productos de animación. La Corporación considera que así se podría dar continuidad a la política de inversión diversificada de TVC sin perjudicar ni la programación del medio ni el tejido de la industria audiovisual catalana.
En cuanto a la publicidad, pide que los operadores puedan insertar transparencias o servirse de pantallas divididas durante las retransmisiones deportivas, y propone que la prohibición de patrocinios actual se limite estrictamente a los espacios diarios de noticias y que queden excluidas las informaciones deportivas, meteorológicas, económicas o del tráfico.
Para la CCMA, el texto también tendría que garantizar que los servicios públicos, tanto estatales como autonómicos, dispongan de una parte del espectro radioeléctrico para la televisión de movilidad.
Algunos de estos puntos han sido tratados este martes al mediodía por Albert Sáez, presidente de la CCMA, durante su intervención en la mesa redonda La Ley General de la Comunicación Audiovisual: Catalunya responde, organizada por el Colegio Profesional del Audiovisual de Catalunya (CPAC). También ha participado Santiago Ramentol, consejero secretario del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC); Francesc Bellmunt, miembro del Consejo de Administración de RTVE; Eva Pujadas, profesora titular de la Universidad Pompeu Fabra; Ramon Colom, presidente de Sacraria Audiovisual; y Daniel Condeminas, decano del CPAC.
admin dice:	18 Marzo 2010 a las 16:44 18-marzo 2010 http://www.auc.es
Balance de la Asociación de Usuarios de la Comunicación sobre la Ley General de la Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso
La impunidad de las televisiones para emitir publicidad ilícita uno de los aspectos más negativos de la nueva Ley.
Madrid, 18 de Marzo de 2010. El establecimiento de un marco legal estable, el reconocimiento del papel de las televisiones públicas y comunitarias y la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales son algunos de los aspectos más destacables del Proyecto de Ley aprobado hoy por el Congreso, según la Asociación de Usuarios de la Comunicación. La AUC reconoce el esfuerzo parlamentario para mejorar el texto en su tramitación en Congreso y Senado, recogiendo además muchas de las reivindicaciones de las organizaciones sociales y ciudadanas que han aumentado las garantías para la protección de los espectadores. No obstante, señala también algunas deficiencias, especialmente a los siguientes aspectos:
Protección de los menores ante la programación
AUC considera positiva la prohibición de la emisión en abierto de los contenidos de pornografía y violencia gratuita; la obligatoriedad de calificar los contenidos por edades con un identificador digital y criterios homologados; el reconocimiento legal, dentro del horario de protección del menor, de las franjas de protección reforzada, hasta ahora recogidas en el Código de Autorregulación de las cadenas. Sin embargo, critica que no se haya respetado lo señalado por la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales, que obliga a que los contenidos de pornografía y violencia gratuita sean difundidos sólo a petición, es decir, mediante el sistema de video bajo demanda y fuera de las parrillas de programación, y sólo a través de acceso condicional.
Protección de los menores ante la publicidad
AUC considera positivo que finalmente se contemple la limitación de publicidad que pueda considerarse perjudicial para los consumidores, como la publicidad confusa de juguetes, la referida a tratamientos adelgazantes y “culto al cuerpo”, la sexista, la de alimentos ricos en grasas o la de esoterismo y paraciencias. Valora también favorablemente que se limite el horario de emisión de los llamados call Tv.
Sin embargo, considera que debería haberse formulado de modo más claro la prohibición de usar personajes de ficción como reclamo en la publicidad infantil; la limitación de emisión para los anuncios de contactos sexuales, y, sobre todo, debería de haberse prohibido la publicidad de bebidas alcohólicas de 20 grados centesimales o menos (la de bebidas alcohólicas de más de 20 grados está prohibida desde el año 80) antes de las 10 de la noche. AUC considera incoherente que se prohíban antes de esa hora las comunicaciones comerciales que promuevan el culto al cuerpo y no las de un producto, como las bebidas alcohólicas, cuya venta está prohibida para los menores de 18 años.
Limitación del tiempo de emisión publicitaria
AUC valora positivamente que el Proyecto haya reducido el tiempo de emisión publicitaria a 20 minutos por hora de reloj, frente a los 39 minutos inicialmente propuestos por el Gobierno, con una limitación al día para las telepromociones (36 minutos). Sin embargo, cabe recordar que la Directiva establece un límite obligatorio de 12 minutos para esas formas de comunicación comercial que en España pueden extenderse hasta los 20 minutos.
La responsabilidad de las cadenas sobre lo emitido
AUC considera muy negativo para los consumidores que se exonere de cualquier responsabilidad administrativa a los prestadores del servicio audiovisual televisivo por la posible emisión de comunicaciones comerciales ilícitas. No hay ningún sector en la oferta de bienes y servicios el que los canales de distribución no tengan responsabilidad en la calidad y estado de los productos ofrecidos. Aunque la ley prevé obligar a las televisiones a cesar en la emisión de esas comunicaciones comerciales ilícitas, esta nueva situación rompe radicalmente con lo contemplado por la normativa audiovisual hasta ahora vigente, que consideraba responsables a las cadenas de lo emitido, tanto programación como publicidad. Además, se limita notablemente la capacidad de actuación del Consejo Audiovisual (que no podrá entrar en cuestiones publicitarias) y deja a los consumidores sin una vía clave para su protección y defensa ante la publicidad ilícita.
admin dice:	18 Marzo 2010 a las 16:45 La FeSP denuncia que el Gobierno beneficia a las organizaciones patronales y olvida a los sindicatos
15 Marzo 2010. FeSP http://fesp.org/comunicados2.php?id=186
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) expresa su rechazo a la actuación del Gobierno en normas tan importantes para la ciudadanía y para los profesionales del periodismo como son la Ley General de la Comunicación Audiovisual y la futura reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Para ninguna de ellas ha contado con la opinión de las organizaciones sindicales y profesionales, pese a que están directamente afectadas, y ha actuado beneficiando claramente a las televisiones privadas y a los representantes de la patronal.
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana en Madrid, lamenta que el Congreso de los Diputados vaya a aprobar el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual el próximo jueves, sin haberlo mejorado casi en nada durante su tramitación y sin atender prácticamente ninguna de las muchas propuestas que planteó la FeSP y otros colectivos. El modelo de sector audiovisual que se define en ese texto no se concibe como un servicio público y no se parece en nada al que propuso en 2004 la Comisión de Expertos a la que el Gobierno pidió opinión.
Respecto a la posibilidad de que el Gobierno conceda ayudas a las empresas de comunicación para afrontar la crisis económica, la FeSP alerta del riesgo de que sean adjudicadas en muchos casos a quienes la han ocasionado. Consideramos que esas ayudas únicamente deben se otorgadas a quienes garanticen que las van a utilizar para mantener los puestos de trabajo, que cumplan estrictamente la normativa laboral y que asuman la función social que tienen todos los medios de comunicación como mediadores del derecho a la información de la ciudadanía.
La FeSP también expresa su apoyo a los trabajadores de la agencia Efe, a quienes la dirección de la empresa ha planteado unas propuestas inasumibles para hacer frente a la crisis económica. Les animamos a que defiendan los puestos de trabajo y a buscar fórmulas de ahorro que supongan más esfuerzo para los directivos y altos cargos y mucho menos para los trabajadores con salarios más bajos.
Asimismo, la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP ha acordado reiterar su apoyo a la directora de Radiotelevisión de Mallorca, Marisa Goñi, y a los trabajadores de la plantilla, ante el intento involucionista por parte del Partido Popular y Unió Mallorquina de anular los avances profesionales logrados y controlar esas emisoras por intereses partidistas.
admin dice:	19 Marzo 2010 a las 13:05 Organizaciones sociales y de profesionales de la salud valoran positivamente las restricciones a la publicidad de alcohol recogidas en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, pero las consideran insuficientes
Defienden que debería haberse establecido esa prohibición de 6 de la mañana a 10 de la noche, coincidiendo con el horario legal de protección del menor.
Madrid, 18 de Marzo de 2010. Diferentes organizaciones sociales, de padres y madres, de defensa de la infancia, vecinales, de actuación en el campo de las adiciones, de telespectadores y de profesionales de la salud han manifestado su satisfacción porque, tras su aprobación definitiva en el Congreso, la Ley General de la Comunicación Audiovisual establezca una mayor restricción a la publicidad de alcohol en televisión. De acuerdo con la nueva norma, la publicidad de bebidas alcohólicas de más de 20 grados centesimales sigue estando prohibida en televisión. Además, la publicidad de bebidas de menor graduación, que hasta ahora no contaba con ningún tipo de limitación, no podrá difundirse entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche.
AUC, CEAPA y CONCAPA, FARE, FRAAVVM, iCmedia, Protégeles, Proyecto Hombre, OETI, semFYC, TAC y Tambor de Hojalata, se han pronunciado de forma conjunta, valorando de modo positivo que finalmente se hayan desestimado las enmiendas presentadas por CiU y Entesa para que las nuevas restricciones sólo afectaran a las bebidas destiladas y no a las fermentadas (vino, cerveza, cava, sidra). Los firmantes consideran injustificable el argumento mantenido por estos grupos parlamentarios según el cual la ingesta de estas últimas bebidas no genera problemas para la salud. El Grupo Popular también había protagonizado una enmienda en el Senado para eliminar las restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas.
Se da la circunstancia de que, recientemente, tanto el Grupo Popular como CiU han presentado en el Congreso Proposiciones no de Ley instando al Gobierno a tomar medidas para prevenir el consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes.
Según la Encuesta Estatal Sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) correspondiente a 2008, el 81,2% de los menores entre 14 y 18 años declara haber consumido alguna vez alcohol y un 58,5% en los 30 días previos a la entrevista. La edad de inicio del consumo de alcohol se sitúa entre los 13 y los 14 años, y un 29,1% declara haberse emborrachado en los últimos 30 días. Además, la bebida más consumida por los jóvenes según la encuesta es la cerveza, aunque el consumo de combinados/cubatas y licores es más intenso en el fin de semana. El 9,5% de los estudiantes declara haber conducido un vehículo bajo los efectos del alcohol. La cifra asciende a un 12,5% en el caso de los estudiantes de 18 años.
Las organizaciones firmantes consideran, en definitiva, que se ha perdido una oportunidad para afrontar uno de los aspectos sin duda importantes del fenómeno del consumo abusivo de alcohol por parte de los menores, que tanto preocupa a la sociedad española.

References: artículo 18
 artículo 8
 artículo 59
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 149