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Timestamp: 2018-06-24 08:25:24+00:00

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Carmelo Ortiz Cano
1 E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 163/2012 Resolución nº 182/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 6 de septiembre de VISTO el recurso interpuesto por D. A. E.Q. en representación de COMPAÑÍA DE SEGURIDAD OMEGA S.A., contra la resolución de la Delegada del Gobierno en Andalucía de fecha 2 de agosto de 2012, por la que se adjudica el contrato Servicios de seguridad y vigilancia en las dependencia de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y de las áreas funcionales integradas, con número de expediente 2012/ , el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. La Delegación del Gobierno en Andalucía convocó, mediante anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 29 de junio de 2012 y en el Boletín Oficial del Estado el mismo día, licitación para adjudicar por procedimiento abierto la Contratación de servicios de seguridad y vigilancia en las dependencias de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y de las áreas funcionales integradas, con valor estimado del contrato de ,70, en el que presentó oferta la empresa recurrente. Segundo. La licitación se llevó a cabo de conformidad con los trámites previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y tras valorar las ofertas admitidas a licitación, la Mesa de Contratación propuso al Órgano de Contratación la adjudicación del contrato a la empresa SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A., por presentar la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. El 3 de agosto de 2012 se notifica a los interesados la adjudicación realizada... AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA MADRID TEL: /47/51 FAX:
2 2 Tercero. Contra el acto de adjudicación referido, la sociedad COMPAÑÍA DE SEGURIDAD OMEGA S.A. anunció la interposición de recurso especial en materia de contratación mediante escrito que tuvo entrada en el registro de la Delegación del Gobierno en Andalucía el día 6 de agosto de El recurso tuvo entrada en el registro del Tribunal el día 17 de agosto de Cuarto. Con fecha 20 de agosto de 2012, por la Secretaría del Tribunal se procedió a notificar la interposición del recurso a todos los licitadores para que formulasen las alegaciones que a su derecho convinieren. La sociedad SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A. hizo uso de su derecho presentando escrito de alegaciones que tuvo entrada en el Registro del Tribunal el día 22 de agosto de Quinto. Con fecha 22 de agosto de 2012 el Tribunal acordó mantener la suspensión del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.3 del TRLCSP. Del referido acuerdo, la Secretaría del Tribunal dio traslado a los interesados y al órgano de contratación. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. La competencia para resolver el presente recurso corresponde al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41.1 del TRLCSP, habida cuenta de que la Delegación del Gobierno en Andalucía es un órgano de la Administración General del Estado. Segundo. Debe entenderse que el recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello, pues se trata de un licitador que habiendo concurrido a la licitación en UTE con la sociedad SERVICIOS TECNOLÓGICOS IBERCRA S.L., no ha resultado adjudicatario. La legitimación deriva de la condición de licitador. Tercero. Por su parte, el acto impugnado es recurrible en esta vía conforme al artículo 40.2.b) del TRLCSP, habida cuenta de que se trata del acto de adjudicación del contrato y éste es un contrato de servicios incluido en la categoría 23 del anexo II cuya cuantía es superior a
3 3 Cuarto. El recurso ha sido interpuesto ante este Tribunal dentro del plazo establecido para ello en el artículo 44.2 del TRLCSP y su interposición ha sido debidamente notificada al órgano de contratación conforme a lo establecido en el artículo 44.1 del TRLCSP. Quinto. Sobre el fondo, el reproche formulado por la recurrente es el grave error en que, a su juicio, ha incurrido el órgano de contratación al no valorar las mejoras ofertadas por la recurrente, atribuyéndole 0,00 puntos, siendo así que, siempre a juicio de la recurrente, debiera habérsele otorgado una puntuación de 40,00 puntos, por lo que solicita que se le otorgue la puntuación referida. Por su parte, el órgano de contratación, en el informe a que se refiere el artículo 46.2 TRLCSP, expone que la falta de valoración de las mejoras presentadas deriva de que las mismas únicamente estaban firmadas por la sociedad COMPAÑÍA DE SEGURIDAD OMEGA S.A., de forma que se produjo un incumplimiento del ordinal VIII.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en lo que a la firma de las proposiciones se refiere. La adjudicataria del contrato, SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A., en las alegaciones presentadas el día 22 de agosto de 2012, manifiesta: i) la imposibilidad de que los servicios ofertados como mejora puedan ser subcontratados, habida cuenta de que la subcontratación de los servicios objeto del contrato sólo puede realizarse cuando contratista y subcontratista cuenten con la misma habilitación para realizar los servicios objeto del contrato y no es posible que una empresa de seguridad que no cuente con la habilitación necesaria para realizar un determinado servicio de seguridad privada pueda subcontratar dicho servicio con otra empresa de seguridad que sí ostente tal habilitación específica; ii) que al margen de la prohibición de subcontratación establecida en los pliegos, la recurrente ha incumplido lo dispuesto en el apartado VIII Procedimiento de Selección y Adjudicación del Contrato, punto 6.1 Presentación de las ofertas en dos sobres, en cuanto se refiere a la firma de las ofertas; iii) que la sociedad recurrente no podría resultar adjudicataria a pesar de la estimación del recurso. Sexto. Con carácter previo al examen de la cuestión de fondo planteada, debe hacerse referencia a la extensión de la competencia de este Tribunal en orden a la valoración de las ofertas presentadas por los licitadores. Este Tribunal ha declarado reiteradamente (por todas, resolución 127/2012) que la competencia del Tribunal es meramente revisora
4 4 de los actos impugnados, en orden a determinar si los mismos se ven afectados por algún vicio de nulidad o anulabilidad que los invalide, conforme a lo que establece para el conjunto de los recursos administrativos el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de concurrir alguno de estos vicios, este Tribunal ha de anular el acto o actos viciados, ordenando que se repongan las actuaciones al momento anterior a aquél en que el vicio se produjo, pero sin que el Tribunal pueda sustituir la competencia de los órganos que intervienen en el procedimiento de contratación. En el caso de que, como consecuencia del contenido de la resolución dictada por este Tribunal, hubiere de procederse a realizar una nueva adjudicación, la misma deberá realizarse por el órgano de contratación, según se desprende del artículo 47.2, párrafo segundo del TRLCSP. De acuerdo con lo expuesto procede declarar la inadmisión de la pretensión de modificación de la puntuación otorgada a la recurrente, procediéndose, exclusivamente, a analizar si concurre vicio que la invalide. Séptimo. Sobre la pretensión de fondo deducida, a pesar de que la recurrente se extiende en el motivo segundo de su recurso en aclarar que no puede confundirse la presentación de una oferta conjuntamente por dos empresas entre las que media un compromiso de UTE y la subcontratación, es lo cierto que en ningún momento el órgano de contratación se ha referido a la desestimación de las mejoras presentadas por la recurrente porque fueran a articularse mediante subcontratación. En efecto, el párrafo segundo del punto 6 del acuerdo de adjudicación, en el que la recurrente pretende basar tal equiparación, dispone: Estas puntuaciones recogen el acuerdo de la Mesa de contratación de no valorar las mejoras que se ofertaran mediante subcontratación (el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares prohíbe expresamente la subcontratación total o parcial), ni las ofertadas, en los casos en que el licitador no está autorizado para ejercer la actividad de Explotación de Central Receptora de Alarmas, en relación con la conexión con televigilancia por IP de los sistemas antiintrusión existentes a Central Receptora de Alarmas (CRA) autorizada del contratista.
5 5 Este párrafo recoge la trascripción de un acuerdo de carácter general de la Mesa de Contratación. Tal trascripción constituye un elemento aclaratorio de los criterios seguidos para la valoración y, como tal, integra la fundamentación de la resolución dictada. Sin embargo, el mismo no va dirigido específicamente a la oferta presentada por la recurrente. La causa de no valoración de las mejoras ofrecidas por la recurrente se encuentra específicamente determinada en el párrafo siguiente del referido apartado 6, al señalar: Por falta de cumplimiento del ordinal VIII.6 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en cuanto a la firma de las proposiciones no se han valorado las mejoras ofertadas por VIGILANCIA INTEGRADA, SA, ni por COMPAÑÍA SEGURIDAD OMEGA, SA - SERVICIOS TECNOLÓGICOS IBERCRA, S.L. Por tanto, en contra de lo que alega la recurrente, la causa de no valoración de las mejoras ofertadas no es que el órgano de contratación haya interpretado que las mismas habían de ejecutarse mediante su subcontratación, sino que la oferta presentada por la recurrente adolecía de determinados defectos que suponían el incumplimiento del contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Octavo. Aclarado cual es el fundamento de la no valoración de las mejoras ofertadas por la recurrente, es necesario determinar si la misma resulta conforme con las normas reguladoras de la licitación. De acuerdo con el apartado 19 de la hoja resumen de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la documentación se presentará en dos sobres. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares contiene en el Apartado VIII.6 la regulación de la forma de presentación de la documentación por los licitadores. Esta documentación se presentará en dos sobres en el caso de que no se tengan en cuenta criterios de adjudicación ponderables mediante juicio de valor o en tres sobres en caso contrario. En el caso de que la documentación se presente en dos sobres, (apartado VIII.6.1), al referirse al contenido del sobre 2 se dispone:
6 6 La oferta o proposición económica estará firmada en todas sus hojas por quien tenga capacidad para formular la proposición -la proposición presentada por una UTE deberá estar firmada en todas sus hojas por los representantes de cada una de las empresas componentes de la misma- y se presentará, dentro del sobre, en documento cerrado, independiente y diferenciado del resto de la documentación incluida en el mismo. Habida cuenta de que en el momento de la presentación de la oferta la UTE no se había constituido, sino que tan sólo consta un compromiso de constitución (folio 366 del expediente), que no hay constancia en el expediente de que D. Rafael Rodríguez Rodríguez pueda actuar en nombre de la sociedad SERVICIOS TECNOLÓGICOS IBERCRA S.L. ni que esta representación fuera alegada en la documentación presentada (folios 279, 281, 291 y 296 en cuanto a oferta de mejoras y 275 en cuanto a la oferta económica), no cabe entender que el firmante de la oferta lo hiciera en nombre de las dos sociedades licitadoras que concurrían en UTE a la licitación. Por tanto, la necesidad de la firma de los representantes de las dos entidades que se presentaban a la licitación en UTE es una exigencia contenida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que fue incumplida por la empresa SERVICIOS TECNOLÓGICOS IBERCRA S.L. Noveno. Debe aclararse, además, que el incumplimiento de la obligación de la firma de la documentación no es un mero requisito formal exigido por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sino que se trata de un requisito sustantivo. En efecto, la firma de la documentación presentada supone que una persona con poder bastante para obligar a la sociedad en cuyo nombre actúa, manifiesta la voluntad de la sociedad de obligarse en los términos concretos contenidos en los documentos suscritos. La falta de firma supone la ausencia de tal declaración, por lo que no puede entenderse que haya existido oferta por parte de la sociedad cuya firma se ha omitido. Aclarado lo anterior, la mención en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la necesidad de firma por los representantes de todas y cada una de los sociedades que concurren en UTE es un mero recordatorio de la necesidad de que conste la voluntad de obligarse de cada una de las sociedades que habrán de constituir la UTE en los términos de la oferta.
7 7 De acuerdo con lo señalado, el incumplimiento en que ha incurrido la sociedad SERVICIOS TECNOLÓGICOS IBERCRA S.L. es un incumplimiento sustancial, determinante de ausencia de oferta, por lo que la falta de valoración de las mejoras resulta conforme con el ordenamiento jurídico. Décimo. Sin perjuicio de lo que se ha señalado hasta ahora, la pretensión deducida carece de relevancia a efectos de alterar la adjudicación realizada. Aún en el caso de que se procediera a una nueva valoración con atribución de la máxima puntuación a la oferta presentada por la UTE en la que se integra la recurrente, ésta habría obtenido una puntuación total de 95,890 puntos, inferior a la obtenida por la empresa que ha resultado adjudicataria del contrato, que ha sido de 96,517 puntos. La circunstancia señalada era perfectamente conocida por la recurrente, pues en el punto tercero del recurso realiza la valoración de la puntuación que pretende obtener mediante la interposición del recurso y en la notificación practicada (folio 137 del expediente) se relacionan las puntuaciones obtenidas por cada licitador. En estas condiciones, sabiendo que a pesar de la interposición del recurso no podría resultar adjudicataria del contrato, la voluntad de la recurrente no puede ser otra que dilatar la formalización y ejecución del contrato, lo que es determinante de mala fe en la interposición del recurso. Concurre así el requisito exigido para la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. A. E.Q. en representación de COMPAÑÍA DE SEGURIDAD OMEGA S.A., contra la resolución de la Delegada del Gobierno en Andalucía de fecha 2 de agosto de 2012, por la que se adjudica el contrato Servicios de seguridad y vigilancia en las dependencias de la Delegación del Gobierno
8 8 en Andalucía, de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y de las áreas funcionales integradas. Segundo. Levantar la suspensión automática prevista en el artículo 45 del TRLCSP, al amparo de lo dispuesto en el artículo 47.4 del referido cuerpo legal. Tercero. Declarar que se aprecia la concurrencia de mala fe en la interposición del recurso por lo que procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la cual se fija en Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, letra f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

References: Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 46
 artículo 41
 artículo 40
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 46
 resolución 
 resolución 
 artículo 47
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 artículo 47
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 artículo 45
 artículo 47
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