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Timestamp: 2018-10-18 20:51:00+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/1773/2006, 24-07-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1773/2006 de 24 de Julio de 2007
Núm. Resolución: 00/1773/2006
La adopción de medidas cautelares al amparo del artículo 128 de la LGT (Ley 230/1963 redacción dada por la Ley 66/1997) es una potestad discrecional de la Administración tributaria tendente a asegurar el cobro de las deudas tributarias, cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro pueda verse frustrado o gravemente dificultado. Son actos preventivos que no implican un juicio de derecho sobre los actos posteriores que puedan dictarse, sino que se fundamentan en la pura presunción de que los mismos van a ser emitidos, a la vista de los supuestos de hecho comprobados por la Administración Gestora. Para poder adoptar medidas cautelares que afecten a la esfera jurídica de personas distintas del deudor principal se precisa un título jurídico que faculte a la Administración tributaria para acordarlas. En el caso concreto, se confirma la medida cautelar, al haber sido adoptada en el curso de un procedimiento de derivación de responsabilidad al amparo del artículo 72 de la LGT (Ley 230/1963) dirigido al cobro de las deudas liquidadas y pendientes de pago y al considerar la existencia de indicios racionales de frustración o dificultad del cobro. La sociedad deudora principal, después de vender los bienes a un precio inferior al real, no abona las correspondientes liquidaciones de impuestos y paralelamente constituye una nueva sociedad para continuar con la actividad empresarial con clara vinculación entre ambas, lo que ha determinado el inicio de un procedimiento de derivación de responsabilidad.
En la Villa de Madrid, a 24 de julio de 2007, en la reclamación económico-administrativa que, en recurso de alzada, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, promovida por X, S.L. y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 28 de diciembre de 2005 (Reclamación ...), en asunto referente a medidas cautelares. Importe 199.371,14€.
PRIMERO: Por la Delegación de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se seguía expediente de apremio contra la mercantil Y, S.L. por débitos a la Hacienda Pública por los conceptos de Impuesto sobre el Valor Añadido-1997-1998 e Impuesto sobre Sociedades-1997-1998 y estando pendiente el acuerdo de derivación de responsabilidad por sucesión a X, S.L. la Oficina Gestora dicta, al amparo del artículo 128 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963), acuerdo de adopción de medidas cautelares de fecha 27 de septiembre de 2002, por el embargo preventivo de determinados bienes inmuebles de la reclamante, en garantía del cobro de la citada deuda tributaria.
Contra este acuerdo (confirmado en recurso de reposición) se interpone reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., reiterando las alegaciones expuestas ante dicho Tribunal Regional al impugnar el acuerdo por el que se le derivaba la responsabilidad por sucesión de la Sociedad citada Y, S.L.
El Tribunal Regional, en resolución a esta reclamación, dicta acuerdo de fecha 28 de diciembre de 2005 (Reclamación ...) por el que la desestima "confirmando la medida cautelar".
SEGUNDO: Contra el mencionado acuerdo del Tribunal Regional de 28 de diciembre de 2005 (Reclamación ...), notificado el 8 de febrero de 2006, se interpone recurso de alzada, para ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, a través del Servicio de Correos, el día 4 de marzo del mismo año, reiterando las alegaciones expuestas en primera instancia, señalando que nada manifiesta el Tribunal Regional al respecto de dichas alegaciones.
PRIMERO: Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos de competencia, legitimidad y plazo establecidos en el vigente Reglamento de procedimiento para las actuaciones en esta vía para su toma en consideración por este Tribunal Central; la cuestión que se plantea consiste en decidir si es o no ajustado a Derecho el acuerdo recurrido.
SEGUNDO: El artículo 128 de la ley General Tributaria (Ley 230/1963) en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, establece que: 1.- Para asegurar el cobro de la deuda tributaria, la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado. 2.- Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretende evitar. En ningún caso se adoptaran aquéllas que puedan producir un perjuicio de imposible o difícil reparación. La medida cautelar podrá consistir en alguna de las siguientes:...........b) Embargo preventivo de bienes o derechos."
TERCERO: La adopción de las mismas en el ámbito recaudatorio es una potestad discrecional de la Administración Tributaria tendente a asegurar el cobro de las deudas de dicha naturaleza, cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro pueda verse frustrado o gravemente dificultado. En la mayoría de los casos, las medidas cautelares responden a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad de un pronunciamiento futuro que podría quedar desprovisto de eficacia por la conservación o consolidación irreversible de determinadas situaciones. Son actos preventivos que no implican un juicio de Derecho sobre los actos posteriores que puedan dictarse, sino que se fundamentan en la pura presunción de que los mismos van a ser emitidos, a la vista de los supuestos de hecho comprobados por la Administración Gestora. Para poder adoptar medidas cautelares que afecten a la esfera jurídica de personas distintas del deudor principal se precisa un título jurídico que faculte a la Administración Tributaria para acordarlas (acuerdos de derivación de responsabilidad -artículos 37 y siguientes de la Ley General Tributaria-, de sucesión -artículo 72 de la misma Ley-, responsabilidad del artículo 131.5 de la Ley General Tributaria), puesto que, tratándose de asegurar el cobro de una deuda tributaria, el destinatario de la medida cautelar ha de tener la condición de obligado tributario (sujeto pasivo, responsable, sucesor, etc., según enumera el artículo 10 del Reglamento General de Recaudación), o bien estar afectado por un procedimiento de inicio o derivado contra él del que previsiblemente pueda resultar que pase a adquirir aquella.
En el presente caso, la medida cautelar ha sido adoptada en el curso de un procedimiento de derivación de responsabilidad al amparo del artículo 72 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963) dirigido al cobro de las deudas liquidadas y pendientes de pago y al considerar la existencia de indicios racionales de frustración o dificultad del cobro ante la conducta ilícita de la Sociedad deudora principal que, después de vender los bienes a un precio inferior al real no abona las correspondientes liquidaciones de impuestos; que paralelamente constituye una nueva Sociedad para continuar con la actividad empresarial, con clara vinculación entre ambas, lo que ha determinado el inicio de un procedimiento de derivación de responsabilidad.
En conclusión, habiéndose adoptado las medidas cautelares objeto de estudio en el curso de un procedimiento administrativo de derivación de responsabilidad (título jurídico que faculta a la Administración Tributaria para acordarlas), ante la existencia de indicios racionales de impago de las deudas, las mismas han de considerarse acordes al ordenamiento jurídico.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en resolución al recurso de alzada interpuesto por X, S.L. contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 28 de diciembre de 2005 (Reclamación ...), en asunto referente a medidas cautelares. Importe 199.371,14€. ACUERDA: Desestimarlo, confirmando el acuerdo recurrido.
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 677/2010, 25-06-2012
Orden: Administrativo Fecha: 25/06/2012 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Fernandez Dozagarat, Begoña Num. Recurso: 677/2010
Sentencia Administrativo Nº 571/2010, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 130/2008, 29-04-2010
Orden: Administrativo Fecha: 29/04/2010 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: De La Peña Elias, Antonia Num. Sentencia: 571/2010 Num. Recurso: 130/2008
Resolución de TEAC, 00/1907/2007, 10-09-2008
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 10/09/2008 Núm. Resolución: 00/1907/2007
Resolución de TEAC, 00/4046/2006, 21-11-2007
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 21/11/2007 Núm. Resolución: 00/4046/2006
Resolución de TEAF Navarra, 6379, 14-02-2018
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 14/02/2018 Núm. Resolución: 6379

References: Resolución 
 artículo 128
 artículo 72
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 artículo 128
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 artículo 128
 artículo 131
 artículo 10
 artículo 72
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