Source: https://www.derechoynormas.com/2010/
Timestamp: 2020-04-07 08:07:10+00:00

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Del derecho y las normas: 2010
Tras alguna que otra ida y venida creo que ese aspecto también ha sido explicado satisfactoriamente y se ha entendido lo equivocado de ese procedimiento.
Personalmente he preguntado a Alex de la Iglesia si había entendido las objeciones y ha respondido que si aunque no había alcanzado una conclusión sobre las mismas.
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Etiquetas: Derecho, Normas, Propiedad Intelectual, Responsabilidad
Reunión Academia de Cine 30 de diciembre de 2010
1. Derechos de los autores
Derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Las cesiones de estos derechos a los productores, editores, etc. es lo que permite la inversión necesaria para la creación material de la obra.
2. El problema legal de las páginas de enlaces.
Básicamente existen dos tipos de páginas de enlaces. Aquellas que almacenan en sus servidores las obras y los propios responsables las colocan allí; y aquellas páginas en las que los enlaces conducen a otras páginas web ajenas a las de los responsables o el enlace es el identificador de la obra en una red P2P.
En el análisis que hace el juez de estos asuntos es irrelevante la existencia de ánimo de lucro o no. No es objeto de discusión, simplemente se constata que no se realiza una conducta contraria a la ley.
3. La Disposición Final Segunda o “Ley Sinde”: La Sección Segunda
La ley, de acuerdo a las declaraciones públicas de sus defensores, pretende conseguir el cierre de las webs de enlaces y además de manera rápida.
Se añade una Disposición Final a la Ley de Propiedad Intelectual asignando competencias al Ministerio de Cultura frente a la vulneración de la propiedad intelectual.
Y para ello se creará la Sección Segunda, dentro de la Comisión de Propiedad Intelectual, con exactamente esa competencia subrayada en el párrafo anterior.
Pero esta comisión, que sólo actuará previa denuncia de parte, decidirá la retirada de los contenidos o la interrupción del servicio (el cierre de la web es una forma de interrupción) cuando se vulnere la propiedad intelectual. Por lo tanto, aquellas páginas que los jueces han declarado que no vulneran la propiedad intelectual no podrán ser cerradas por la Sección Segunda.
La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o que haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial.
Destacar que no se refiere a un determinado tipo de servicio o página web en concreto, sino que la mención es a cualquiera que vulnere la propiedad intelectual. Por lo tanto puede ser utilizada no sólo contra páginas web de enlaces.
4. La Disposición Final Segunda o “Ley Sinde”: La intervención judicial
Se ha puesto el acento en que el proceso es garantista porque interviene un juez que debe autorizar la medida a adoptar.
La decisión del juez sólo podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida ya acordada por la Sección Segunda.
5.La Disposición Final Segunda o “Ley Sinde”: Problemas jurídicos que justifican su modificación o retirada
El texto propuesto genera rechazo desde dos perspectivas, una técnico-jurídica y otra político-jurídica.
5.1.Problemas técnico-jurídicos
Desde el primer punto de vista, como se ha señalado, no sirve para cerrar las páginas web con enlaces a obras que están en redes P2P o en servidores sin relación con los responsables de las páginas.
La Ley Sinde no modifica nada en la Ley de Propiedad Intelectual que afecte a la consideración jurídica del enlace, por lo que los jueces seguirán opinando lo mismo sobre el acto de enlazar, esto es, que no vulnera los derechos de propiedad intelectual.
Y por otro lado porque supone trasladar la materia de propiedad intelectual a un nuevo orden jurisdiccional. Hay que tener en cuenta que estamos ante una materia especialmente compleja y afectar con la misma a la jurisdicción contencioso administrativa, no acostumbrada a problemas de naturaleza privada, no puede sino rebajar la calidad de las resoluciones en la materia.
5.2.Problemas político-jurídicos
Si bien estos problemas no presentan, en principio, problemas de legalidad como los anteriores, lo cierto es que también deben considerarse en tanto en cuanto presentan problemas de legitimidad.
Esto además genera un incentivo para la interposición de reclamaciones, puesto que al actuar la administración los titulares de derechos no corren el riesgo de ser condenados en costas tras una denuncia, debiendo soportarlo en todo caso el denunciado. Esta falta de un mecanismo de desincentivación de la reclamación provocará que desaparezcan los asuntos relacionados con la propiedad intelectual de los juzgados para trasladarse a la Sección Segunda, cuyos gastos de funcionamiento pagaremos todos y además serán cada vez más arriesgadas intentando hacer pasar por buenas interpretaciones jurídicas poco meditadas.
Existen razones suficientes para que el proyecto en su redacción actual no vea la luz, pero la fundamental es que introduce un instrumento ineficaz para parar a las webs de enlaces y que sin embargo permite usos desviados del mismo utilizando la propiedad intelectual como excusa.
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Etiquetas: Constitución, Derecho, leyes, LPI, Propiedad Intelectual, Responsabilidad
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El Sr. Pammer, con domicilio en Austria, se enfrenta a Reederei Karl Schlüter, empresa con domicilio social en Alemania, en relación con un viaje en carguero desde Trieste (Italia) con destino a Extremo Oriente organizado por la mencionada sociedad y que dio lugar a la celebración de un contrato entre esta última y el Sr. Pammer (en lo sucesivo, «contrato de viaje»).
El Sr. Pammer reservó un viaje a través de Internationale Frachtschiffreisen Pfeiffer GmbH, sociedad internacional cuyo domicilio social está en Alemania (en lo sucesivo, «sociedad intermediaria»).
Esta sociedad intermediaria, que desarrolla su actividad fundamentalmente en Internet, describía el viaje en su página web indicando que el buque disponía de sala de deporte, piscina exterior, salón, acceso a vídeo y televisión. También se ofertaban tres camarotes dobles con ducha y WC, cuarto de estar separado equipado con butacas, despacho, moqueta y refrigerador, así como escalas que permitieran realizar excursiones en las ciudades.
El Sr. Pammer se negó a embarcar y solicitó el reembolso del precio que había abonado por el viaje, aduciendo que, en su opinión, la citada descripción no se correspondía con las condiciones que ofrecía el buque. Dado que Reederei Karl Schlüter sólo reembolsó una parte del precio –alrededor de 3.500 euros– el Sr. Pammer reclamó el pago del saldo restante –alrededor de 5.000 euros– más los intereses correspondientes, ante el Bezirksgericht Krems an der Donauel, órgano jurisdiccional austriaco de primera instancia.
Má adelante se amplía la información sobre el método de contratación seguido en este caso:
El Sr. Pammer afirma que en un primer momento se puso en contacto con la sociedad intermediaria por correo electrónico para obtener información adicional y, posteriormente, reservó el viaje por correo postal.
Como se ve la demanda se dirige no contra quien realizó la oferta y tramitó el viaje sino contra el transportista.
¿Basta con que se pueda acceder a través de Internet a la página web del cocontratante del consumidor para que pueda afirmarse que la actividad está “dirigida” a un Estado, en el sentido del artículo 15, apartado 1, letra c), del [Reglamento nº 44/2001]?
Para contextualizar la regla general sobre competencia dice, artículo 5 del Reglamento 44/2001, que:
En resumen se resuelve en la sentencia si la empresa de alguna forma, en este caso a través de la web, ejerce actividades comerciales o las dirige al Estado del consumidor por tener una web accesible desde cualquier lugar, algo inherente a internet, en principio. Tal y como lo ve el propio TJUE:
Dado que este modo de comunicación tiene por naturaleza alcance mundial, la publicidad hecha en una página web por un vendedor es en principio accesible en todos los Estados y, por consiguiente, en el conjunto de la Unión Europea, sin que sea preciso incurrir en gastos adicionales y ello con independencia de que el vendedor tenga o no voluntad de atraer o no a los consumidores que residen fuera del territorio del Estado miembro en el que está establecido.
No obstante, esto no significa que haya que interpretar que los términos «dirigiere tales actividades a» se refieren a la mera accesibilidad de una página web en Estados miembros distintos del Estado en el que está establecido el vendedor.
No bastando el hecho de tener una web para poder deducir esa voluntad, ahora bien, hay que tener en cuenta como se producen las preguntas en el caso concreto, en dónde la contratación no se produce en una plataforma dentro de la web sino por procedimientos al margen de la misma, en un caso correo postal y en el otro por email.
Entre estos indicios no figura la mención en una página web de la dirección electrónica o postal del vendedor ni tampoco la indicación de su número de teléfono sin prefijo internacional. Efectivamente, la mención de esta información no pone de manifiesto que el vendedor dirija su actividad a otro u otros Estados miembros, puesto que, en cualquier caso, es un tipo de información necesaria para permitir que un consumidor domiciliado en el territorio del Estado miembro en el que está establecido el vendedor se ponga en contacto con este último.
Y dado que a falta de definiciones se establece un sitema indiciario, el TJUE da un listado, no exhaustivo de aquellos en ofertas de productos y servicios en internet que permitirían considerar la actividad dirigida al Estado del domicilio del consumidor:
el carácter internacional de la actividad,
la descripción de itinerarios desde otros Estados miembros al lugar en que está establecido el vendedor,
la mención de números de teléfono con indicación de un prefijo internacional,
los gastos en un servicio de remisión a páginas web en Internet con el fin de facilitar el acceso al sitio del vendedor o al de su intermediario a consumidores domiciliados en otros Estados miembros,
la utilización de un nombre de dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en que está establecido el vendedor
La LSSICE. señala, en su artículo 29, que:
"Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual.
Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios."
Y más importante todavía, esta norma se aplica a las empresas no establecidas en España, artículo 3:
El problema, en mi opinión, estriba por la diferente redacción entre el Reglamento y la ley, ya que en esta se preocupa de los destinatarios y el Reglamento hacia donde dirige sus mensajes la empresa. Entiendo que por destinatario del servicio, para hacerlo coherente con la Sentencia del TJUE, se debe interpretar esa voluntad de la empresa de que el destinatario sea efectivamente ese en un estado concreto, de tal forma que la empresa no entre en el ámbito de aplicación de la LSSICE y por lo tanto no rija la regla del artículo 29 precitado.
Claro que si entendemos el derecho comunitario como derecho internacional debemos atender a la regla del artículo 36.2.2:
Y por lo tanto, a pesar de ser consumidores, tendrá primacía lo expresado en los Reglamentos y Directivas comunitarias y por lo tanto debemos extremar las precacuciones a la hora de contratar por internet ya que en caso de mala ejecución del contrato o discrepancia nos veríamos desplazados a pleitear muy lejos de nuestra casa, con las desventajas que ello conlleva.
Sería interesante contar, y sería una buena labor para las asociaciones de consumidores, el contar con algún mecanismo que informe de webs en las que en caso de disputa conocerían los tribunales del domicilio del consumidor.
[Bonus track] Recomiendo el buen análisis de la sentencia, con mayor acierto pedagógico que yo al usar mejores ejemplos el del compañero, y sin embargo amigo, Jorge Campanillas.
Publicado por David Maeztu a las 21:00 3 comentarios Vínculos
De hecho, en el archivo que se descarga con el torrent del día 6 de diciembre de 2010, se pueden encontrar dos cables que no son publicados por El País, que se añaden a los 8 cables que sí se encuentran en la web del diario.
Sobre el resto, no se tienen noticias de cuando se liberarán.
En el cable del día 6 de octubre, Francisco Ros, en ese momento Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la Información ya anunciaba, según el emabajador, que:
"within a matter of days," the GOS will announce a series of measures designed to tackle Internet piracy."
"In a conversation with Econoffs before the event began, State Secretary Ros, who is scheduled to visit announce a new initiative related to IPR protection and Internet piracy "in a matter of days." Econoffs later spoke to Aldo Olcese, President of the Coalition of Creators and Content Providers, who confirmed that the government was putting considerable pressure on Redtel, the ISP association, to agree to what Olcese characterized as a "de minimis" anti-piracy agreement. The Coalition is not enthusiastic about the proposed agreement but intends to accept it as a way to get the government more actively engaged in finding and implementing solutions. Olcese estimated that the first part of the agreement, establishing a government authority that would take action against a number of high-profile websites known to make pirated content available, could be ready by the end of this week."
Es decir, tanto el secretario de estado como el señor Olcese transmitieron la idea concreta del desarrollo de un mecanismo administrativo para el cierre de sitios web. Así pues la medida estaba diseñada para octubre de 2009, si bien no el mecanismo concreto en que se plasmaría.
Pero es que el Sr. Ros sigue a lo suyo:
"He added that the Spanish government is seeking ways, under existing authority, to pursue and take out of commission some 100 websites that are responsible for perhaps as much as 80 percent of infringing content. Defending the Spanish government's IPR performance, he cited figures showing the number of cases of Internet piracy pursued by police and prosecutors over the past four years, even while recognizing that many judges in Spain are not well equipped to understand or dispose correctly of intellectual property cases"
El plan del gobierno, y de manera administrativa, era cerrar las famosas cien webs de descargas, que según sus análisis tenían el 80 por ciento del tráfico de descargas. Pero lo más interesante es que el secretario de estado manifestó que los jueces en España no están bien equipados para entender o aplicar correctamente los casos de propiedad intelectual.
¿Es esa la razón de querer prescindir del criterio judicial en materia de propiedad intelectual?
¿Qué pretendía el Sr. Ros con esta afirmación? ¿Acaso estaba solicitando que se pagasen más cursos de "formación" a los jueces? Cursos de formación que como pude vivir en primera persona son de adoctrinamiento en una única visión de la propiedad intelectual adaptada a los intereses de una parte del conflicto. Cursos de formación que ya se iniciaron en 2004, como se expone en este cable de 3 de marzo de 2004:
Last year Spain's Interministerial Anti-Piracy Commission and the Consejo Superior Judicial (Spanish administrative body which oversees the courts) signed an agreement to train judges on IP issues. The two bodies will collaborate on two training courses, in April and October, to train 40 to 45 judges each time. More importantly, the contents of each course will be published and distributed to Spanish judges throughout Spain.
Ros told the rights-holders' representatives that "very soon," Spain's Council of Ministers will receive for its approval a proposal for regulatory reform to address digital piracy. While not ruling out new legislation to strengthen the government's authority, Ros lamented that getting a law through Congress could take years and would likely arouse bitter opposition.
Como se ve, nuestro ex-secretario de Estado se lamentaba de que llevar una ley al congreso podría llevar años y provocar agrio debate de oposición a la medida. Es decir, que ya sabían que la medida tenía sus inconvenientes y que provocaria fuerte oposición.
Cerraba el embajador el cable de octubre de 2010 diciendo que:
Esta aseveración creo que es muy importante porque, a mi juicio, demuestra que Estados Unidos no sabía el contenido de los movimientos del gobierno para crear la famosa Sección Segunda y por lo tanto la "receta" al problema de las webs de descargas es netamente española. Esto es que Estados Unidos si pretendía presionar en favor de una ley contra las descargas, pero esa estrategia no incluía el mecanismo concreto que fue, aparentemente, diseñado en España
"Though 2009 has been a frustrating year for right-holders, there is a good chance it will end on a positive note. In a meeting with Charge, MPAA CEO Dan Glickman expressed satisfaction with his meetings with Industry, Tourism, and Trade Minister Miguel Sebastian and Minister of Culture Angeles Gonzalez-Sinde. Sebastian, he said, was quite forthright and specific about the Commission's work: It will deliver its recommendations by year's end; these will include amending the law to give government more tools to combat piracy; and one component will be "an administrative course of action" to block offending websites. According to various sources, State Secretary Ros (who reports to Sebastian and was present at his meeting with Glickman) and his staffers had been opposing such an administrative remedy in the Commission's discussions (refs B-C), but have apparently been brought around by the other Ministries represented. "
Esto es el presidente de la MPAA se reunió con el Ministro de Industria y con la Ministra de Cultura y le informaron que la reforma legal incluiría una vía administrativa de acción para bloquear páginas web. Al parecer esta vía no era defendida por el Sr. Ros, pero habría sido superada su opinión por otros Ministerios.
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References: artículo 15
 artículo 5
 artículo 29
 artículo 3
 artículo 29
 artículo 36