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Timestamp: 2017-06-27 17:10:58+00:00

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Trabajo Decente - Abogado Laboral Rosario: agosto 2013
Problemas de Trabajo - Trabajador/a informate acerca de tus derechosConsultas sin cargo a trabajadores/asSebastián Serrano AlouAbogado Laboralista de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina - Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, Universidad Nacional de Tres de Febreroserranoalou@yahoo.com.ar cel 0341-156369836 Cual es su sueldo y categoría según convenioComo reclamar que lo registren correctamenteComo reclamar por los aportes a su jubilaciónComo pedir una obra social para ud. y su familiaComo poner fin o evitar malos tratosQue hacer ante un accidente de trabajoComo manejarse cuando padece enfermedadesQue derechos le corresponden ante un despidoNo deje que lo discriminen y lo excluyanNo permita que le paguen de menosNo se deje maltratarReclame sus derechos humanos
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VALIDEZ DEL DOMICILIO LEGAL CONSTITUIDO POR EL TRABAJADOR EN EL INTERCAMBIO POSTAL
Título: Validez del domicilio legal
constituido por el trabajador en el intercambio postal.
Fecha: 1-jul-2013
Cita: MJ-DOC-6328-AR | MJD6328 (MICROJURIS)
Serrano Alou (*) 1. El fallo (1) que da lugar a este
comentario da tratamiento a una cuestión fundamental dentro de las relaciones
laborales, las comunicaciones entre las partes, las que -vale aclarar- se
suceden vigente la relación y también una vez extinguida la misma, siendo
normalmente las misivas que se cursan las partes el sustento y la estructura
de las acciones que tramitan ante los jueces del trabajo. Se trata, por lo tanto,
de un tema de fundamental importancia por sus implicancias prácticas, que
lejos está de ser sencillo, por las múltiples aristas que reviste y las
particularidades que adopta en cada caso puntual. En este caso concreto, en el fallo que se está comentando, es importante
destacar cómo cobra validez la constitución de un domicilio por el
trabajador, y los efectos legales que la constitución del domicilio tiene. En
los casos en que el trabajador decide fijar como domicilio, a los efectos de
un intercambio postal, una dirección que no es la de su vivienda, ello no
suele obedecer a un capricho, sino a la intención de posibilitar la
comunicación, ya que puede que su domicilio particular presente alguna
característica que haga difícil, si no imposible, la recepción de misivas que
requieren de ciertas formalidades para su entrega en destino, como son la
precisión del domicilio y la presencia de una persona que firme al momento de
la recibir la misiva. 2. Como se adelantó, en las relaciones de trabajo existen distintas
comunicaciones entre las partes, muchas de las cuales se realizan por medios
formales, telegramas y/o cartas documento. En estas comunicaciones existen
distintas situaciones que generan dudas diversas, cuyas respuestas deben
buscarse, primera y fundamentalmente, en la lógica que gobierna todos los
extremos de la relación entre las partes, tanto al celebrar, ejecutar o
extinguir el contrato y/o la relación de trabajo, y esta lógica surge
principalmente de los principios contenidos en los arts.62 y 63 de la RCT, pero no se
agota aquí, sino que también hay otros principios y artículos que resultan
igualmente aplicables (ej. arts. 10, 12 , 57, 58 y otros de la RCT). En
este sentido, y de acuerdo a la RCT, las partes están obligadas, activa y
pasivamente, no solo a lo que resulta expresamente de los términos del
contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del
mismo, apreciados con criterios de colaboración y solidaridad, debiendo obrar
de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y
de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o
la relación de trabajo; buscando siempre, ante las dudas que puedan surgir,
una forma de mantener la relación de trabajo, no cabiendo presumir renuncias
de parte del trabajador, mucho menos a su empleo. Los principios del derecho del trabajo cobran mayor importancia en relación
al trabajador, al cual deben proteger las leyes (cfr. art. 14 bis CN), y a favor del cual se
crean desigualdades como forma de compensar otras que de por sí se dan en la
relación (cfr. art. 17 bis RCT). El trabajador difícilmente podrá elegir la forma de «notificar
fehacientemente» a su empleador distintas situaciones, debiendo optar, por
una cuestión de economía, por el medio gratuito que distintas normas ponen a
su alcance, mientras que el empleador puede optar por costear otros medios de
comunicación diferentes a las misivas (ej. notificar por medio de escribano).
Asimismo, el trabajador no es un experto en estas cuestiones, de comunicación
formal, como sí lo es normalmente el empleador, habituado por su ejercicio
del comercio a este tipo de actos.Por si esto fuera poco, normalmente el
trabajador no cuenta con las condiciones necesarias para la recepción de
misivas, ya sea por habitar en lugares precarios que no están bien
señalizados y/o individualizados, o porque no cuenta con una persona que se
encuentre de manera constante en el domicilio para recibir misivas, además de
trabajar comúnmente en los horarios en que debe retirar las misivas cuando se
le deja un aviso de visita. Por lo tanto, en el caso del trabajador es aún
más necesario tener presente la buena fe, la colaboración y la solidaridad al
momento de evaluar si recibió o no una misiva cursada por su empleador, pero
también al momento de evaluar si sus actos fueron o no conforme a
derecho. 3. Quien proporciona un domicilio, a todos los efectos del contrato de
empleo, está asumiendo «la carga» de que toda comunicación dirigida a ese
domicilio va a ser normalmente recibida (2). Por lo tanto, se trata de un
acto de trascendencia que las partes deben tener presente, tanto al momento
de suministrar un domicilio a la contraria como cuando reciben una indicación
al respecto. El trabajador suele indicar un domicilio a su empleador al momento de iniciar
la relación de trabajo, de manera más o menos informal, a veces mediante una
declaración por escrito y otras de manera verbal, no siendo la regla que el
trabajador conozca el domicilio del trabajador. Cuando el trabajador indica
un domicilio a su empleador, como lugar de su residencia, en principio, deben
cursarse al mismo las comunicaciones que el segundo dirige al primero; ya
que, de indicar o solicitar que las comunicaciones le sean enviadas a un
domicilio distinto, siempre y cuando ello luzca razonable, no hay razón para
que el empleador no cumpla con el pedido. Por su parte, el empleador tiene, en la casi totalidad de los casos, un
domicilio que el trabajador conoce, que suele ser el lugar donde se
desarrolla la relación de trabajo.Por otra parte, puede que este domicilio no
coincida con otros que el empleador declare, por ejemplo, el que se suele
consignar en los recibos de salario, o el domicilio legal cuando se trata de personas
jurídicas. Cuando el empleador no aclara expresamente que las comunicaciones
que le dirige el trabajador deben ir a un domicilio determinado, el
trabajador puede optar por el domicilio que le resulte más razonable. Si el
empleador expresamente indica un domicilio a los fines de la recepción de
comunicaciones, el trabajador debe dirigir sus misivas al mismo, salvo que
por algún motivo justificado (cierre del local o en el caso de personas
jurídicas) (3) elija dirigir las comunicaciones a otro domicilio conocido de
su empleador. 4. Como en el fallo comentado, muchas veces el trabajador debe constituir un
domicilio diferente al de su vivienda para recibir notificaciones, un
«domicilio a los efectos legales» diferente a su «domicilio real». La
elección puede recaer sobre el domicilio de un pariente, conocido o comercio
amigo, o puede ser el domicilio de su abogado asesor. El domicilio elegido
puede ser modificado en cualquier momento, mientras que el cambio se realice
de buena fe y el nuevo domicilio sea comunicado de manera fehaciente, a la
vez que sea posible la notificación en el mismo; en estos casos, no hay
motivos para rechazar o ignorar la constitución de un domicilio especial por
parte del trabajador a los efectos de recibir las comunicaciones de su
empleador. 5. Cuando el empleador toma una elección, debe cargar con la torpeza y/o la
mala fe de la misma. Esto es lo que le sucedió al empleador del fallo, que en
contra de lo que indican criterios de buena fe (cfr. art. 63 RCT) decidió
cursar sus misivas a un domicilio que no era el facilitado por el trabajador
con el claro motivo de asegurar la recepción de las comunicaciones postales
que pudieran dirigírsele (cfr. art.62 RCT). Por este motivo, la conducta del
empleador es equiparable al silencio, ya que no cualquier envío de una misiva
y/o notificación resulta válida, sino que la misma debe realizarse con buena
fe y conforme a derecho para su validez. Todo lo relativo al domicilio donde
se cursan las comunicaciones, como se adelantó, es una materia de suma
relevancia, como puede verse en el caso concreto, ya que puede terminar por
definir la continuidad o no de una relación de trabajo y la suerte de los
reclamos derivados de su extinción. La mala fe, la negligencia o cualquier actitud negativa del empleador no
pueden terminar perjudicando al trabajador cuando se frustran las
comunicaciones por no llegar al destinatario. ---------- (1) CNAT, Sala VIII, 27/11/2012, "Flores Herrera Jazael c/ Desarrollos
en Salud S. A.", PUBLICADO DEBAJO. (2) Cfr. GUERRERO, Agustín A., "Comunicaciones telegráficas en el
contrato de trabajo", DT 2007 (marzo), 269. (3) En el caso de las personas de existencia ideal, la constitución de
domicilio y su validez encuentra una regulación precisa en distintas normas,
estrictez normativa que tiene por finalidad la protección a los terceros de
buena fe, exigencia que no se debe perder de vista a la hora de aplicar
dichas normas a los casos concretos, y ello puede verse en el dictamen del
procurador de la Corte. El domicilio legal (art. 90 , párr. 1° del Código Civil) en
las personas de existencia ideal en general surte plenos efectos respecto de
las relaciones jurídicas por ella implementada en tanto se haya registrado en
el acto constitutivo, resultando un requisito esencial, lo cual otorga
validez a la notificación cursada al mismo, creando la ley una presunción que
expresamente no admite prueba en contrario y ubica la carga de las
consecuencias de su ineficacia a quien debe mantener actualizado el
domicilio. En el caso particular de las sociedades comerciales, además de las
consideraciones aplicables a toda persona de existencia ideal, debe tenerse
en cuenta que se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las
notificaciones efectuadas en la sede inscripta (art. 11 inc. 2, párr. 2°, de
la Ley 19.550). Sobre este tema, ver: SERRANO ALOU, Sebastián, "Validez
de las notificaciones del trabajador cursadas al domicilio legal de la
sociedad comercial", La Ley, Derecho del Trabajo On Line, 2 de noviembre
de 2011. (*) Abogado, Universidad Nacional de Cuyo. Magíster en Derecho del Trabajo y
Relaciones Laborales Internacionales, Universidad Nacional de Tres de Febrero
(en curso). Conferencista. Autor de artículos de doctrina en distintas
publicaciones jurídicas.
SENTENCIA Nº 39238 JUZGADO Nº 51 AUTOS: “FLORES HERRERA Jazael c. DESARROLLOS EN SALUD S.A. s. Despido” En
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de noviembre de 2012, se reúnen en acuerdo los
jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para
dictar sentencia en la causa del
epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO
I.- La
sentencia de primera instancia, que rechazó en lo principal la demanda, lo
mismo que a la reconvención planteada por la demandada y al pedido de
inconstitucionalidad, viene apelada por el actor y, disconforme con la regulación
de su honorario, por la perito contadora.
II.- El
recurso de fs. 477/480 es parcialmente procedente.
Tiene razón el actor, en cuanto al silencio de la demandada
ante sus reiteradas intimaciones, pues queda acreditado mediante la prueba informativa
al Correo Argentino que las supuestas respuestas a las mismas no fueron
enviadas al domicilio -constituido a los efectos legales- que se le había
notificado a la demandada. El artículo 63 de la L.C.T. establece que “las
partes están obligadas a obrar de buena fe...” y sin perjuicio de ello, la
accionada siguió dirigiéndose al domicilio real -ubicado en la villa 21-
destacándose así la ausencia de respeto a dicho principio por su parte. Todo lo
contrario del actor, que reveló en todo momento su intención de continuar con
el intercambio telegráfico, facilitando un domicilio que asegure la recepción
de las comunicaciones postales que pudieran dirigírsele. Ante ello, nada le
impedía a la demandada incluso realizar una doble notificación -es decir tanto
al domicilio real como al constituido-. En definitiva, si en sus comunicaciones
el trabajador constituye un nuevo domicilio, ese debe ser el sitio donde, en lo
sucesivo, se le deben cursar las notificaciones. A mayor abundamiento, el
domicilio real al que la demandada remitió las misivas al actor, fue
desconocido a fs. 212 por éste (v. fs. 218), y ninguna prueba produjo la
accionada al respecto. Por lo expuesto, considero que debe hacerse lugar al
despido indirecto en el que se colocó el actor el 16.01.08, ya que se encuentra
acreditado el silencio de la demandada. El segundo
agravio persigue se haga lugar a la condena a abonar horas extras. En favor de
tal objetivo, ataca la valoración de la prueba testimonial aportada por la
demandada, e intenta valerse de los testimonios de Solís
–fs. 338-, Ocho –fs. 410- y Ramírez –fs. 435-. En cuanto al
primero, declaró que “…lo veía de lunes a viernes y los sábados, que trabajaba
a las 10 y se iba a las 11 de la noche…”. Ocho
manifestó que “…que el horario habitual de Flores era de 15 a 23 hs., que lo
sabe porque era compañero…”, que la supervisora le pedía a Flores que realizara
horas extras, “…por ejemplo la supervisora le pedía al actor martes y jueves,
que el horario era de 9 a 15 hs. y después completaba el horarios hasta las 23
hs….”. Por último, Ramírez sostuvo
que “…el horario de trabajo de Flores era que entraba a las 3 de la tarde y
salía a las 11 de la noche, que lo sabe porque entraba a las 2 de la tarde y
que la dicente salía a las 10 de la noche y que los camilleros se quedaban…”,
agrega que “…Flores varias veces de la semana entraba a las 10 de la mañana
hasta su horario de salida, que la dicente lo sabe porque ella también hacia
doble turno de 6 de la mañana a las 10 de la noche…”. Por otra parte, respecto
de los testigos propuestos por la demandada, corresponde declararlos
ineficaces, ya que por ejemplo el horario de trabajo de Martínez -fs. 428- es de 8 a
20 hs., por lo que mal puede pronunciarse respecto del horario del actor. Lo
mismo ocurre con Jiménez –fs. 438- que
sostuvo que su horario era de 6 de la mañana a 16 horas. Frediani –fs. 440- era encargado de la oficina de personal y
manifestó que el horario de oficina era de 8 a 16 hs. o de 9 a 17 hs., por lo
que se encuentra en la misma tesitura que los demás testigos –Martínez y
Jiménez-. En ese marco, las declaraciones de los testigos citados
precedentemente permiten, a mi juicio, tener por acreditada la pretensión del
accionante.
cuanto al tercer agravio, cabe aclarar que, la validez de los acuerdos colectivos
no se analiza en relación a su constitucionalidad sino acorde a su ajuste o
desajuste respecto de las normas de rango superior, y a la articulación propia
del régimen de los convenios colectivos que sólo resultan aplicables en la
medida que contengan beneficios adicionales o superiores a los previstos en las
disposiciones legales imperativas. En la especie, se hace aplicación de la
convención colectiva de trabajo nº 122/75 que en su artículo 9º establece un horario nocturno (de 22 a 6 horas) distinto
al fijado por la L.C.T., que es de 21 a 6, conforme lo establece su artículo
200. No obsta al carácter nulo de las cláusulas
analizadas que el acuerdo haya sido homologado por el Ministerio de Trabajo ya
que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la L.C.T. el orden de
prelación normativo (art. 31, C.N.), en caso de duda en la aplicación de normas
legales o convencionales preponderará la más favorable al trabajador. En el
derecho del trabajo la norma de rango inferior prevalece sobre la superior solo
si establece mayores beneficios, que no es justamente el caso que nos ocupa. No
puede soslayarse tampoco en este análisis que el principio protectorio es el
abrigo del derecho del trabajo y ha sido consagrado constitucionalmente en el
artículo 14 bis, que determina que las
leyes deben asegurar al trabajador una retribución justa. Por lo que,
corresponde se haga lugar a la pretensión del actor. El agravio relativo a las tareas desarrolladas por el actor es
insuficiente, ya que el apelante no se hace cargo del fundamento por el que el
sentenciante de grado desestimó su pretensión. Éste es, que “…Solís si bien
manifiesta que era camillero, en cuanto a otras funciones no declara
puntualmente que aquél las cumpliera, mientras que Ocho y Ramírez hacen referencias
a los propios comentarios del accionante…”. Comparto el pronunciamiento de
grado, en cuanto al análisis de las declaraciones respecto al tema en cuestión.
Al testigo Solís a fs. 338
se le preguntó si sabía “…que otras
tareas realizaba el actor…”, a lo que contestó que “…Flores Herrera también era camillero y
los camilleros no quieren ir a la morgue porque generalmente no les daban
guantes, camisolín, que llevaban las personas a la morgue, tenían que meterlos
en una heladera y se trababa la puerta, por ejemplo el dicente se contagió de
neumonía por no tener barbijo… ”. Lo cierto es que no se puede fundar una decisión de
condena en indicios, por más razonables que parezcan -y los indicados no lo
son-, si no son confirmados por otros elementos de juicio. La mera probabilidad
de la hipótesis apuntada es insuficiente para acoger las pretensiones traídas a
esta sede, cuyos presupuestos de hecho debieron ser probados, como todos los
hechos relevantes para el proceso, convincentemente, según las reglas de la
sana crítica (artículos 377 y 386 del C.P.C.C.N.). Por su parte, Ocho manifestó que “…las tareas de
Flores era de camillero y que a veces salía en ambulancia, que sabe que hacía
esas tareas y salía en ambulancia por
comentarios del actor…” y, asimismo, Ramírez declaró que el actor “…hacía
trabajos que no tenía que hacer, que lo sabe porque se lo había dicho…”. En definitiva, estos dos últimos basan sus
afirmaciones en los comentarios formulados por el propio accionante, lo que saben es por
comentarios del propio actor, por lo que su conocimiento es referencial, ex audito alieno, no siendo la prueba
testimonial hábil como elemento probatorio a los fines requeridos. Por ello
corresponde confirmar el pronunciamiento de grado (artículo 116 del ordenamiento
procesal aprobado por la Ley 18.345).
expuesto, a mi juicio, considero que acreditado el silencio por parte de la
demandada frente a la intimación a regularizar correctamente la relación
laboral –como consecuencia de la falta de pago de horas extras y del recargo
por jornada mixta- constituye injuria de suficiente gravedad como para
justificar el despido indirecto en el que se colocara el trabajador (artículo
242 de la L.C.T.), por lo que, en definitiva, subsiste un crédito a su favor
en concepto de indemnizaciones por despido. Asimismo, haré lugar a la multa del artículo 2° de la
Ley 25.323, ya que el trabajador formuló la intimación fehaciente conforme
dicha normativa (v. fs. 229, 234 y fs. 396, 370). También a la multa del
artículo 80 de la L.C.T., porque el actor cursó la intimación prevista por el
artículo 3° del Decreto 146/01 en los plazos allí establecidos (v. fs.
233/234). Por último, progresará la indemnización del artículo 10 de la Ley
24.013, ya que se encuentra acreditado que hubo una irregularidad
en el pago de la remuneración –por la
incorrecta registración de la jornada de trabajo- y, consecuentemente procede
la multa del artículo 15 del mismo cuerpo normativo (v. fs. 227 y 234). III.- Consecuentemente
existe un crédito a favor del actor, en
concepto de indemnizaciones por despido y demás rubros. Ello conduce a una liquidación con base de cálculo en $ 2.643,09 (conf. informe contable de fs. 454 vta.).
Corresponde hacer lugar a las siguientes partidas: a) indemnización por antigüedad: $ 23.787,81; b)
indemnización sustitutiva de preaviso: $
5.286,18; c) s.a.c. de preaviso:
$ 440,34; d) integración del mes de despido: $ 1.278,91; e) s.a.c. de
integración: $ 106,57 ; f) días de enero 2009: $ 1.364,18; g) horas extras: $ 9.460,49;
h) vacaciones no gozadas 2008 más
s.a.c.: $ 2.405,13; i) vacaciones proporcionales 2009 más
s.a.c.: $ 105,36; j) sueldo anual complementario 2da
cuota del 2008 y proporcional 2009: $ 1.431,63; k) indemnización del artículo 10 de la
Ley 24.013: $ 14.550,39; l) indemnización del artículo 15 de la
Ley 24.013: $ 30.899,81; m) sanción del artículo 2° de la Ley
25.323: $ 15.449,90; n) multa del artículo 45 de la Ley
25.345: $ 7.929,27. Total: $ 114.495,97 nominales.
IV.- Los
cuestionamientos relacionados con las regulaciones de honorarios y costas,
tendrán satisfacción en los términos del artículo 279 del C.P.C.C.N..
V.- Por lo
expuesto, propongo se deje sin efecto la sentencia apelada, y se haga lugar a
la demanda en la forma establecida; y se condene a la demandada Desarrollos en Salud S.A. a pagar al
actor Jazael Flores Herrera, dentro
del plazo de cinco días de quedar firme la liquidación que se practique en la
oportunidad del artículo 132 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley
18.345, la suma de $ 114.495,97 a la
que accederán los intereses de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación
Argentina para el otorgamiento de préstamos según el cálculo difundido por la
Prosecretaría General de la Cámara (Resolución CNAT nº 8 del 30/05/02), desde
que cada suma fue debida; se confirme el pronunciamiento respecto del planteo
de reconvención y de inconstitucionalidad; se confirme la condena a la entrega
de los certificados de trabajo que prevé el artículo 80 de la L.C.T.; se dejen
sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios; se impongan las
costas del proceso a la demandada; y se regulen los honorarios de las
representaciones letradas del actor y de la demandada, por la totalidad de los
trabajos cumplidos en ambas instancias, y los de la perito contadora en el 16%,
14% y en el 6%, respectivamente (artículos 68 y 279 del C.P.C.C.N.; artículo
6°, 7°, 14 y 19 de la Ley 21839). EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO
Que, por compartir sus fundamentos,
adhiere al voto que antecede. Por ello, el TRIBUNAL
sin efecto la sentencia apelada, y hacer lugar a la demanda en la forma
establecida;
2) Condenar
a la demandada Desarrollos en Salud S.A.
a pagar al actor Jazael Flores Herrera,
dentro del plazo de cinco días de quedar firme la liquidación que se practique
en la oportunidad del artículo 132 del ordenamiento procesal aprobado por la
Ley 18.345, la suma de $ 114.495,97 a
la que accederán los intereses de la tasa activa fijada por el Banco de la
Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según el cálculo difundido
por la Prosecretaría General de la Cámara (Resolución CNAT nº 8 del 30/05/02),
desde que cada suma fue debida; 3) Confirmar
el pronunciamiento respecto del planteo de reconvención y de
inconstitucionalidad;
4) Confirmar
la condena a la entrega de los certificados de trabajo que prevé el artículo 80
de la L.C.T.; 5) Dejar
sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios;
6) Imponer
las costas del proceso a la demandada;
7) Regular
los honorarios de las representaciones letradas del actor y de la demandada,
por la totalidad de los trabajos cumplidos en ambas instancias, y los de la
perito contadora en el 16%, 14% y en el 6%, respectivamente.-
Regístrese, notifíquese
y, oportunamente, devuélvanse
VALIDEZ DEL DOMICILIO LEGAL CONSTITUIDO POR EL TRA...
Abogado Laboralista. Egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Conferencista y autor de artículos de doctrina en publicaciones jurídicas. Miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, y encargado durante los años 2010 y 2011 de la sección jurisprudencia y comentarios de la revista de la Asociación: “La Causa Laboral”. Integrante de la fundamentación de la “Carta Sociolaboral Latinoamericana”, documento de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. serranoalou@yahoo.com.ar Ver todo mi perfil
DOS MUESTRAS DE SOLIDARIDAD POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
PENSAMIENTO CIVIL critica expresiones del Presidente de la Nacion sobre la justicia laboral

References: artículo 63
 artículo 9
 artículo
200
 artículo 9

artículo 14
 artículo 2

artículo 80

artículo 3
 artículo 10
 artículo 15
 artículo 10
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 45
 artículo 279
 artículo 132
 artículo 80
 artículo
6
 artículo 132
 artículo 80