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Timestamp: 2019-05-23 19:38:42+00:00

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﻿ SENTENCIA 6831 DE JUNIO 25 DE 1993
SENTENCIA 6831 DE 25 DE JUNIO DE 1993
CONTENIDO:PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEJUS, NO SE APLICA A LA CONDENA EN PERJUICIOS. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. ATAQUE EN CASACIÓN PENAL
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA REFORMATIO IN PEJUS, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:260 DE AGOSTO DE 1993, PÁG.741
Sentencia 6831 de junio 25 de 1993
NO SE APLICA A LA CONDENA EN PERJUICIOS
EXTRACTOS: «También discrepa la Sala de las pretensiones de los recurrentes en cuanto al aumento de la cuantía de los perjuicios, efectuado en segunda instancia, porque como ya se había anticipado con las citas jurisprudenciales, esta corporación ha considerado y sigue considerando que ellos no hacen parte de la pena sino que se trata de simples consecuencias civiles del delito y que por tanto no se encuentran dentro de la prohibición constitucional que en relación con ellos se pretende violada.
Puédese recordar que el delito es fuente de obligaciones y así expresamente lo contempla el Código Civil en su artículo 2341 al establecer: “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley le imponga por la culpa o el delito cometido”.
De tal manera que por expreso ordenamiento legal queda perfectamente claro que los perjuicios ocasionados con una infracción legal no son más que simples consecuencias civiles de la conducta realizada por el ser humano y que doctrinalmente los civilistas han denominado como responsabilidad civil extracontractual.
Es tan clara la naturaleza civil, que no penal, de los perjuicios ocasionados con el delito, que su resarcimiento puede pretenderse alternativamente por la vía civil o mediante el ejercicio paralelo de la acción civil dentro del proceso penal; ejercicio que es facultativo para la persona perjudicada patrimonialmente con la delincuencia, porque de su voluntad dependerá instaurarla o no; aunque es preciso reconocerlo, esta última parte ha sido modificada parcialmente por cuanto a partir del Código Procesal de 1987 se consagró la norma rectora del restablecimiento del derecho que se conserva en la actual normatividad procesal y que tiene una amplia reglamentación a lo largo y ancho de la codificación, que impone al juez, entre otras imperativas obligaciones, la de condenar en concreto en aquellos casos donde se hubieran producido perjuicios.
Es obvio que tales reformas legislativas no modifican los perjuicios en su naturaleza estrictamente civil; cualidad que los hace renunciables, desistibles, transigibles, y transmisibles, dentro de las características propias de cualquier otra obligación civil de carácter contractual o extracontractual.
En tales circunstancias mal puede pensarse que los perjuicios patrimoniales surgidos como consecuencia de una acción u omisión delictivas, pudieran ser considerados como pena, pues su naturaleza los hace completamente diferentes.
Es así como la pena surge como consecuencia de haberse vulnerado o puesto en peligro el bien jurídicamente tutelado; mientras que los perjuicios surgen como una consecuencia del delito por haberse ocasionado otro daño que regularmente surge de la vulneración del bien jurídicamente tutelado; así, en el caso del homicidio, el bien jurídico tutelado es la vida, mientras que el otro daño de carácter patrimonial que se produce con la supresión de la vida surge de los perjuicios económicos que sufren los familiares o allegados a nivel de daño emergente y lucro cesante, tales como los gastos hospitalarios, mortuorios y de todo género que se ocasionan como consecuencia de las lesiones mortíferas ocasionadas a la víctima y los ingresos que hacia el futuro se van a dejar de percibir de la fuente de producción económica que era el sujeto pasivo del delito de homicidio.
Al precisar tales conceptos se advierte con claridad que, una es la vulneración del bien jurídico tutelado, hecho del que surge como consecuencia la sanción penal; y otro el perjuicio sobreviniente al desconocimiento del bien jurídico tutelado, este ya de carácter patrimonial y por ello de naturaleza eminentemente civil.
Dentro de esta necesaria diferenciación entre pena y perjuicio, débese recordar igualmente que mientras la primera ha sido creada por una ley penal, el segundo tiene su origen y reglamentación en una ley civil.
Igualmente se debe destacar que el ejercicio de la acción penal es generalmente de carácter oficioso, excepcionalmente por iniciativa privada, y aún en estos casos, una vez se cumple el requisito de procedibilidad de la querella, el impulso posterior del proceso es fundamentalmente oficioso; en tanto que el ejercicio de la acción civil es facultativo y por ello renunciable, transigible, desistible y transmisible, con las características propias de las acciones que surgen de las obligaciones civiles.
Por la diversa naturaleza de los dos conceptos, la pena es de orden público y por ello de imperativa imposición; mientras que la condenación en perjuicios sigue siendo transigible, desistible y renunciable, a pesar de haber sido establecida como una obligación para los jueces penales en aquellos casos en que se hubiere demostrado la existencia de aquellos.
La pena es personalísima y por ello no puede proyectarse sobre los parientes del condenado, ni sobre ninguna otra persona, al contrario de lo que sucede con los perjuicios que por ser eminentemente civiles son transmisibles, porque hacen parte del universo patrimonial y por tanto se proyectan sobre los herederos del condenado, como una parte muy importante del pasivo del patrimonio que recibe sucesoralmente.
A pesar de haberse admitido por diversas motivaciones y justificaciones que el ejercicio de la acción civil puede adelantarse paralelamente a la penal —básicamente por economía procesal y para evitar fallos contradictorios—, la ley, la jurisprudencia y la doctrina han sido uniformes en precisar que por ese hecho, la acción civil no pierde sus características y que por tanto sigue siendo fundamentalmente la vía para la obtención de una pretensión esencialmente privada; que su ejercicio en el proceso penal, en los aspectos no expresamente regulados en la ley, deberá regirse por la normatividad procesal civil. Por ello, en su reglamentación, el código procesal penal hace frecuentes remisiones al código procesal o al código civil, tal como ocurre en los artículos 41, 43, 44, 46, 52, 54, 55, 57, 58, 62, 153, 221.
En estos términos se ha venido reconociendo que, pese a su ejercicio paralelo con la penal, siga conservando su estructura privada y por tanto sus características.
Igualmente la jurisprudencia y la doctrina de manera casi que uniforme han venido precisando la competencia de la parte civil dentro del proceso penal y han determinado que su actuación es limitada y restringida única y exclusivamente a su pretensión resarcitoria; por ello se ha definido que escapa a su competencia la interposición de recursos destinados por ejemplo a evitar que se conceda una libertad ya otorgada, o a obtener la agravación de la pena, cuando se ha tasado de una manera disminuida, siempre que no se afecten sus pretensiones resarcitorias, por ausencia de interés legítimo para ello.
Es tan clara la naturaleza civil, que no penal, de los perjuicios que como bien se sabe la primera surge de la realización de una conducta activa u omisiva que ocasiona perjuicios al patrimonio de otra persona; y es indiferente para el surgimiento de la responsabilidad civil extracontractual que dicha conducta sea delictiva o no; por ello, cuando se consagran los efectos de la cosa juzgada penal, el artículo 57 del C. de P. P., dispone que cuando el cese de procedimiento o la sentencia absolutoria hubieren tenido como causa que el hecho originario del perjuicio no se realizó, o que el sindicado no lo cometió, o que obró en cumplimiento de un deber o en legítima defensa, “...la acción civil podrá intentarse en proceso separado al igual que la responsabilidad del tercero civilmente responsable”.
Lo anterior indica que en estos casos a pesar de producirse decisión absolutoria de carácter penal, no por ello el autor de la conducta queda relevado de su responsabilidad extracontractual; porque en definitiva debemos entender que ésta surge de la actividad del ser humano por medio de la cual se ocasiona un perjuicio al patrimonio de otra persona, independientemente de que la conducta sea ilícita o no, porque como se vio con la norma citada en precedencia el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con la conducta puede pretenderse aún sin la previa existencia de la responsabilidad penal, y aún en aquellos eventos en los cuales se haya ejercido la acción civil de manera paralela. Ello es lógico, porque en las cuatro situaciones previstas en el artículo comentado, hay lugar al cese del procedimiento por la inexistencia del hecho, por ausencia de autoría o por ausencia de antijuridicidad en la conducta por haberse actuado en legítima defensa o en cumplimiento de un deber; y a pesar de no tener lugar la responsabilidad penal, de todas maneras sigue subsistiendo la posibilidad del resarcimiento de perjuicios, porque a nivel de responsabilidad extracontractual no importa que haya delito, sino una conducta con la cual se hayan proferido perjuicios al patrimonio de otra persona y de allí que sólo cuando se presenta fuerza mayor o caso fortuito —dentro de la perspectiva civil— surge la irresponsabilidad civil.
Como un final argumento a la no identidad entre perjuicios y pena, ha de recordarse el contenido del artículo 109 del C. P. en el que se dispone que las causas extintivas de la punibilidad, no comprenden las obligaciones civiles derivadas del hecho punible.
En las condiciones precedentes se ha de concluir que fenómenos como la prescripción de la pena, o la muerte del procesado, para no citar sino algunas de las causas que extinguen la punibilidad, no comprenden las obligaciones civiles derivadas del delito, porque si, como se ha dicho, las obligaciones surgidas de la ilicitud son transmisibles, es evidente que la muerte del procesado extingue la punibilidad porque es imposible ejecutar la pena, pero ello no es obstáculo para que la obligación civil se transmita sucesoralmente a quienes heredan el patrimonio en su integridad, con los activos y los pasivos.
Es forzoso entonces concluir que si la condenación en perjuicios, sean estos materiales o morales, no hacen parte de la sanción penal, es perfectamente posible que en segunda instancia se puedan incrementar, sin que ello permita predicar la vulneración del principio constitucional que es motivo de este comentario. En tales condiciones el cargo relacionado con este aspecto deberá ser rechazado».
ATAQUE EN CASACIÓN PENAL
EXTRACTOS: «Cuando el recurso hubiese sido interpuesto única y exclusivamente en relación con el monto de los perjuicios y la cifra de los mismos indique la existencia de interés para recurrir, de conformidad con lo regulado en el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal que establece:
“Cuando el recurso de casación tenga por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria, deberá tener como fundamento las causales y la cuantía para recurrir establecidas en las normas que regulan la casación civil, sin consideración a la pena que corresponde al delito o delitos”.
Y mencionada la temática anterior es prudente que de una vez se haga relación a los cargos formulados en la demanda del defensor en el numeral segundo del libelo y en la demanda interpuesta por la representante del Ministerio Público en los numerales 3.2, 3.3, y 3.3.2, porque el Procurador Delegado propone que, como ellos hacen relación exclusivamente al monto de los perjuicios y la cuantía de estos no llega a la suma señalada por la ley como interés para recurrir, la Corporación no entre a conocer de tales cargos.
Discrepa la Sala del criterio expuesto por el Procurador Delegado, puesto que la previsión del artículo 221 del C. de P. P. existe para efectos de delimitar la competencia de la Corte en el recurso extraordinario cuando la demanda interpuesta por cualquiera de las partes verse únicamente sobre la indemnización de los perjuicios, sin que importe en este caso si la penalidad del delito juzgado es igual o superior a los cinco años, caso en el cual la demanda deberá ser concretada dentro de las causales señaladas en el Código de Procedimiento Civil para el recurso extraordinario de casación.
Es de entender que cuando la penalidad del delito por sí sola da la competencia a la Sala de Casación Penal, es perfectamente posible no sólo que se ataquen todos los aspectos del fallo impugnado, así estos tengan relevancia con los perjuicios.
Es decir que, en relación con el tema se deben distinguir dos situaciones:
1. Cuando se da de manera concreta la hipótesis legalmente prevista en el artículo 221, caso en el cual el recurso de casación fue interpuesto, por cualquiera de los sujetos procesales, exclusivamente en relación con la indemnización de perjuicios, en cuyo caso, para que la Corte adquiera competencia, será preciso que la cuantía para recurrir sea igual a la señalada para la casación civil y la demanda deberá elaborarse de conformidad con las causales expresamente previstas en aquel ordenamiento. En este caso no tendría relevancia que el delito que motiva el recurso extraordinario tuviera pena inferior a cinco años.
2. Cuando el delito que motiva el recurso extraordinario reúne los requisitos exigidos para la casación penal ordinaria, esto es que se trate de sentencia de segunda instancia proferida por un Tribunal y que el delito que motiva el recurso tenga señalada una pena de cinco años o más de pena privativa de la libertad, como ocurre en el caso que se analiza, el censor podrá atacar la sentencia en los aspectos que a bien tenga, incluidos los perjuicios, sin que en tales circunstancias sea menester que la cuantía de aquellos coincida o sea inferior a la señalada por el legislador como interés para recurrir en casación en el proceso civil. En este caso la censura deberá orientarse bajo el amparo de las causales de la casación penal.
Lo anterior es entendible porque, por su carácter de extraordinario, el legislador ha querido limitar el número de procesos que tengan oportunidad de este recurso, para que el Tribunal de Casación tenga el tiempo de reflexión suficiente en relación con los delitos de mayor importancia, habida cuenta de la cantidad de pena señalada o de las considerables cifras que representen la cuantía de los perjuicios ocasionados, para que de esta manera se pueda cumplir con los fines señalados legalmente al recurso extraordinario, esto es “...la efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación penal, la reparación de los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida, y la unificación de la jurisprudencia nacional”.
Por ello en cumplimiento de tales finalidades el nuevo estatuto procesal consagra la casación discrecional cuando sea pertinente para garantía de los derechos fundamentales y el desarrollo de la jurisprudencia».
(Sentencia de casación, junio 25 de 1993. Radicación 6831. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

References: artículo 2341
 artículo 57
 artículo 109
 artículo 221
 artículo 221
 artículo 221