Source: http://www.libertadidioma.com/20181123.htm
Timestamp: 2020-05-28 04:37:14+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Viernes 23 Noviembre 2018
VOX es el voto útil para España
Javier Tejedor gaceta.es 23 Noviembre 2018
Lo explicaré, después mediténlo y saquen sus propias conclusiones.
El voto útil nunca puede ser cautivo por miedo a que gobiernen otros, cuando alguien lo hace mal, debe ser castigado en las urnas sin contemplaciones, para que los políticos sepan que, sus mentiras, traiciones y corrupciones tienen consecuencias y, así en el futuro no lo vuelvan a repetir.
Por tanto, si los políticos saben que no tienen los votos cautivos como si de un equipo de fútbol se tratase, el voto siempre será útil y el pueblo tendrá el poder en sus manos y no al revés, en la de los políticos.
Los políticos están acostumbrados a prometer cosas incumplirlas y que la gente les regale el voto sin merecerlo, luego, una vez que les han votado, hacen con el voto lo que quieren, incumplen, mienten, traicionan, se corrompen, sin rendir cuentas, sin dar explicaciones, piensan que el voto es suyo, que se lo regalamos cada cuatro años para que hagan con él lo que quieran.
Pues no, el voto hay que ganárselo día a día, cumpliendo las promesas electorales, no mintiendo, con lealtad a los votantes, gobernando sin corrupción, por el bien del pueblo y no por el de los dirigentes, no endeudando a las futuras generaciones, …, por tanto no se puede regalar, es muy valioso.
Durante 40 años de democracia, en España se han alternado en el poder la izquierda y la derechita cobarde, los resultados ahí están, mas independentistas que nunca, no poder estudiar en español en cualquier parte de España, multas por rotular en español, odio a la bandera, incumplimiento de las sentencias judiciales en Cataluña, las pensiones en peligro por el enorme gasto autonómico, entrada masiva de inmigrantes ilegales que no se adaptan a nuestra cultura y costumbres, permisos para la construcción de mezquitas, politización de la justicia, subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones afines, la deuda pública respecto al PIB ha paso del 7% en 1975 al 100% en la actualidad, el paro ha subido del 3% en 1975 al 15% de hoy, de ser la 9ª economía mundial en 1975 a ser la 18ª en la actualidad, de ser casi imposible el despido de un trabajador al despido casi gratuito de hoy en día, de 8.000 reclusos a mas de 80.000, las compras de las casas se pagaban en 10 años, … No son mentiras, son hechos contrastables e irrefutables para personas razonables y con criterio propio, no para forofos que votan a los mismos hagan lo que hagan.
Es de personas inteligentes que cuando una cosa no funciona hay que cambiarla, VOX es el cambio y la esperanza de España, tiene un discurso político revolucionario lleno de sentido común y totalmente diferente al resto de los partidos políticos actuales.
Si en las próximas elecciones VOX obtiene representación y gobierna la izquierda porque el PP se ha debilitado por sus traiciones, mentiras y corrupciones, VOX no tendrá la culpa, la culpa será únicamente del PP, porque con mayorías absolutas no ha hecho las políticas correctas para cambiar las cosas, y será el tributo que los españoles tendremos que pagar para que en las siguientes elecciones la ola imparable de VOX nos inunde como un tsunami lleno de vida y esperanza.
En esta ocasión el PP pretende que se le regale el voto a pesar de sus traiciones, mentiras y corrupciones, apelando al voto del miedo para que no gane la izquierda. Yo he votado en muchas ocasiones al PP pero se acabó votar con la nariz tapada o por miedo a que gobierne la izquierda.
Creo en la utilidad del voto, hay una alternativa fiable, por eso votaré VOX y el día que VOX incumpla sus promesas o tenga corrupción le dejaré de votar igual que lo he hecho con el PP.
En esto consiste la democracia, en premiar o castigar con el voto, no con la cautividad del voto. Que no te vuelvan a engañar, en tus manos está cambiar el destino de España y a la actual clase política. Ahora es el momento de dar la oportunidad a VOX. ¿Tú que piensas?”
Pío Moa gaceta.es 23 Noviembre 2018
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS Libertad Digital 23 Noviembre 2018
Sánchez también hace el ridículo en Gibraltar
OKDIARIO 23 Noviembre 2018
El desgobierno de Pedro Sánchez trasciende nuestras fronteras. Los deméritos gestores de los socialistas han conseguido darle oxígeno a una líder tan cuestionada como Theresa May. Desgraciadamente, a su inagotable lista de despropósitos, Sánchez también puede añadir el cometido con el sensible tema de Gibraltar. Con el país completamente dividido y May más cuestionada que nunca, Reino Unido ha tenido que firmar un acuerdo a la baja sobre el Brexit. Una realidad que resulta sumamente decepcionante para una gran mayoría de sus ciudadanos, políticos y medios de comunicación. No obstante, la primera ministra británica ha encontrado en el Peñón una pequeña victoria que vender en su país gracias a la inoperancia del Gobierno socialista.
Sánchez ha dilapidado con su pasividad y falta de credibilidad e influencia internacional la buena posición en la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy había dejado a España con respecto al tema de Gibraltar. El anterior Gobierno había conseguido en 2017 un compromiso por parte de la Unión Europea (UE) para respetar un veto español en el caso de que hubiera cualquier acuerdo sobre este tema que se firmase tras el abandono británico de la estructura comunitaria. Este jueves, y tras el acuerdo, ni siquiera lo mencionan. De hecho, May se ha permitido el lujo de advertir a Sánchez de que protegerá la soberanía de Reino Unido sobre Gibraltar.
España tendría que haber conseguido que se reflejara una cosoberanía —o al menos una posición de privilegio para poder influir hasta conseguirla— que asegurara unas óptimas condiciones de trabajo de nuestros compatriotas en la zona así como los propios intereses del país. Lejos de eso, se ha confirmado la intención del PSOE de perder la posición privilegiada que había logrado España con tal de colocar a Nadia Calviño como posible vicepresidenta de la Unión Europea con control sobre el área económica. Intereses particulares en lugar de intereses generales. La antipolítica en estado puro y unos lamentos a posteriori —”Reino Unido ha actuado con nocturnidad y alevosía— que llegan tarde, mal y nunca. Pero, ¿qué se puede esperar de un Gobierno que es capaz de improvisar unas clases de inglés para negociar con la UE? Pues eso: ridículo tras ridículo. También con Gibraltar.
«Siendo los datos en Andalucía devastadores -del paro a PISA, pasando por el déficit en pensiones- con todo, no son lo peor»
Juan José R. Calaza ABC 23 Noviembre 2018
Hace más de treinta años, en el PSOE prometieron convertir Andalucía en la California europea. A día de hoy, la única similitud que veo es que el Palmar de Troya recuerda vagamente a la Familia Manson. Confieso que me cuesta entender la sociedad andaluza (no a los andaluces personalmente), tan paradójica es Andalucía. Sobrada de recursos humanos, culturales y naturales, a veces semeja el tercer mundo puro y duro. Sobre todo, duro. Gracias a personajes como Cañamero, Bódalo o Sánchez-Gordillo que promueven un sindicalismo propio de Chiapas. Pero más paradójico es que los andaluces desean, al parecer, cambio político sin retirarle al PSOE la preeminencia de partido mayoritario, a pesar de su confirmado radicalismo gestual y bananero en creciente competencia con el de Podemos. Tampoco hay que extrañarse excesivamente: por las venas andaluzas corre no poca sangre británica, siempre propensa a la extravagancia simpática. Ya en el manual matrimonial del reverendo E. J. Hardy («How to be Happy Though Married», 1885) se podía leer que al preguntar el oficiante a un rudo leñador si tomaba por esposa a fulanita, contestó «Sí, quiero, pero preferiría a su hermana». Muchos votantes (¿debo añadir «y votantas», Dr. Sánchez?) van a casarse con Susana Díaz prefiriendo a Inés Arrimadas. Y yo.
Siguiendo con las paradojas, en La Coruña, gobernada por el PSOE en coalición con el BNG, retiraron la efigie de Millán-Astray. En Algeciras le levantaron estatua a Almanzor en 2002. Ni Blas Infante se hubiese atrevido a tanto. Lo curioso es que habiendo sido último bastión árabe-bereber en España, el poso genético norafricano patrilineal, cromosoma Y, en la población granadina con cuatro abuelos españoles es solo del 1 por ciento (más del 20 por ciento en Galicia y Baleares). Sorprendentemente, la sierra de Grazalema, rodeada de clima mediterráneo, registra el índice de pluviosidad más elevado de España. Guinda del pastel: el cambio de sexo es gratuito, pero no las intervenciones dentales.
Quede claro que ninguna culpa tiene el buen y bello pueblo andaluz -nuestra mejor sangre española, esa inteligencia caliente- de la mala imagen que a veces refleja Andalucía. Antes bien, es tan extensa la nómina de inmarcesibles genios andaluces que tendrían que pasar doscientas generaciones bajo gobierno socialista para arrumbar, en el olvido profundo, el prestigio de Andalucía. Así las cosas, encoge el corazón observar la impronta profunda de la gestión peronista del PSOE durante décadas. En Andalucía el PSOE nunca ha gobernado con hechos tangibles dirigidos a toda la población, sino con apuestas clientelares potenciadas desde Madrid en la sucursal cuando en España también manda el partido. De California, desde luego, solo han importado el progresismo tontorrón y resabiado de las minorías oportunistas, especializadas en la mendicidad institucional.
Me viene a las mientes en este momento una sangrante chapuza que me llenó de pena y decepción, permitiéndome entender, sin embargo, el gravísimo daño, quizás irreversible, que el PSOE ha causado a la sin par región (en todos los sentidos). El premio Torre de Nerva recayó en el 2010 en Arcadi Espada y se lo retiraron en enero del 2016. Isidoro Durán -militante del PSOE y concejal de Cultura- expuso varios motivos para deshonrar al periodista catalán de origen andaluz: «La escritura de Espada se ha vuelto ofensiva hacia la sociedad en la que vivimos e incurre en totalitarismos». Los totalitarismos en los que incurrió Espada fueron, según Durán, los tratamientos periodísticos de «la violencia de género» y «los nacionalismos periféricos».
Al tener cabida en el PSOE, con voz y mando, personajes tan siniestros y obtusos, demagógicos e inquisitoriales como el tal Isidoro, a uno le asalta la sospecha de que el Partido Socialista se ha convertido en una organización extremosamente barriobajera, adscrita al peor de los populismos. Si Isidoro Durán hubiese sido consecuente le hubiese retirado, por machista y falócrata, todo lo retirable a Rafael Alberti, que dejó escrito en «El toro de la muerte»: «En La Habana/ Una mulata,/ dos pitones en punta/ bajo la bata». Para ello Isidoro Durán tendría que haber leído previamente a Alberti, si no fuera mucho pedir a un concejal de Cultura del PSOE andaluz, habida cuenta que el nivel lo marcó Carmen Calvo -natural de Cabra- cuando fue consejera del ramo.
¿Qué pensar, por otra parte, de ese jactancioso, anacrónico e impostado nacionalismo filomagrebí, al que ni el PSOE le hace ascos, en una españolísima región agarrada golosamente a las ubres de Madrid y Bruselas? Y es, en cierta medida, el fracaso estrepitoso de Andalucía como tierra capaz de generar ilusión de largo plazo lo que provoca generalizada desconfianza en espíritus auténticamente independientes, curiosos, decididos, arriesgados, emprendedores. Me pregunto, en fin, qué persona de valía, andaluza o de fuera, puede tomar en serio -para emprender, investigar o crear- un país teóricamente europeo en el que confunden Marinaleda con Chiapas y los concejales de Cultura son tan indoctos como inquisitoriales, al tiempo que se erigen estatuas a Almanzor en pleno siglo XXI.
Juan José R. Calaza es economista
Los separatistas proyectan su culpa en los demás
EDITORIAL Libertad Digital 23 Noviembre 2018
Un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpara al PP de los exabruptos y del escupitajo con que los representantes de ERC agredieron el ministro de Exteriores, Josep Borrell, el presidente del Parlamento regional de Cataluña, Roger Torrent, ha protagonizado un espectáculo no menos bochornoso y surrealista al interrumpir y llamar al orden al representante de Ciudadanos, Nacho Martín, por "haber caído en descalificaciones personales" y generado "crispación"... simplemente por recordar en esa cámara lo que el presidente de la Generalidad, el supremacista Quim Torra, escribió en un artículo a propósito de los españoles. Por lo visto, lo que resulta "crispante" y "ofensivo" no es que Torra escribiese aberraciones tales como que "los españoles sólo saben expoliar" y que los castellanohablantes son "bestias taradas con forma humana", sino que el representante de Ciudadanos lo recuerde y denuncie.
En psicología se dice que la proyección es un mecanismo de defensa por el que el sujeto atribuye a otros virtudes, defectos o carencias propios. En el caso de la proyección negativa, surge en situaciones de conflicto emocional, y quien la padece atribuye a otros individuos los sentimientos, impulsos o pensamientos propios que le resultan inaceptables. Pues bien, se podría decir que los representantes del separatismo catalán han incurrido por enésima vez en la proyección negativa si no fuera porque su falso y persistente victimismo no obedece más que a su ilimitada desfachatez.
El clima de crispación y quiebra de la convivencia que, desgraciadamente, está padeciendo Cataluña, donde algunos voceros del secesionismo llaman incluso a "morir por la República", es responsabilidad de los golpistas, que, en su supremacista delirio identitario de crear en Cataluña un Estado independiente, no se detienen ante el ridículo ni ante el oprobio. Es ese empeño de dividir y enfrentar a los catalanes, simbolizado por el infame lazo amarillo, lo que está devastando el Principado.
Cosa distinta es que Pedro Sánchez, con tal de seguir unos meses o semanas más en el cargo, mire para otra parte y culpe de la crispación al PP, con la misma desfachatez con que Torrent ha cargado este jueves contra el representante de Ciudadanos.
Lo que no es de recibo es que se que se exija a los constitucionalistas que guarden un silencio propio de borregos y se sometan dócilmente a la inadmisible independencia de facto que desde hace tanto tiempo impera en Cataluña, donde los supremacistas los tratan no como a ciudadanos sino como a bestias a las que hay que dominar.
Estiércol para derribar una democracia
Jorge Vilches. vozpopuli 23 Noviembre 2018
Uno de los episodios más tristes de la caída de la democracia en Francia fue cuando los parisinos, en junio de 1940, se partieron la cara entre ellos para coger sitio en los bulevares y ver el desfile de las tropas nacionalsocialistas. Mientras el taconeo de las botas alemanas resonaba por las calles, los otrora orgullosos fundadores de los Derechos del Ciudadano asistían al espectáculo del fin de la libertad.
Aquel episodio, magníficamente relatado por ChavesNogales, fue la conclusión a la deriva autoritaria e iliberal de un régimen parlamentario, el de la Tercera República, que vio el deterioro y el descrédito progresivo de sus instituciones. La brutalización de la política, los discursos y gestos violentos, la desautorización de los cargos públicos, y la aparición de fórmulas políticas supremacistas, concluyeron con el régimen casi de forma natural.
A veces las sociedades no perciben la deriva que las encamina hacia el conflicto. Es cierto que nos encontramos ante un fin de época, por muchos motivos, pero la cuesta abajo en el último lustro está siendo alarmante. La muestra principal es la degradación del parlamentarismo, como está ocurriendo en España. No me refiero a la última soez ocurrencia de Gabriel Rufián y su tropa, sino a la situación política que ha convertido en normal esa degradación.
En la teoría de la monarquía se insiste mucho en que la Corona cumple su papel dignificante; es decir, en que su comportamiento moral y político refleje los mejores valores, y legitime así aún más su posición. Siguiendo ese mecanismo, el nacimiento y la permanencia del gobierno de Pedro Sánchez resultan ser nefastos para la democracia española. Nadie duda de su legalidad. Alguno pone en cuestión su legitimidad por no haber pasado por las urnas. Sin embargo, a estas alturas pocos pueden decir que su presidencia, y su reflejo en el Congreso, dignifiquen las instituciones.
Todo político que quiera convertirse en un hombre de Estado, o al menos en alguien útil para su país, ha de ser consciente de que la ambición no puede ser mayor que su responsabilidad. La percepción que existe sobre Sánchez, aunque el CIS de Tezanos ni se atreva a preguntarlo, es que no tiene escrúpulos. Saben que tomó los votos de los que quieren romper el orden constitucional, y que se somete a su dictado.
Configuró un gobierno que se ha mostrado débil con los golpistas y sus amigos, e inútilmente fuerte en las campañas de propaganda. Un gabinete hecho a toda prisa, de remiendos, lleno de suplentes sobre los que cada semana salen noticias de haber cometido algún acto poco ético o ilegal. Sánchez quiso etiquetar a su equipo como “dialogante” con los golpistas, con aquellos que el “malvado” Rajoy no había sabido tratar. Pero aquel a quien se quería calmar, el golpista, tradujo esa táctica como pura debilidad. Un gobierno puede ser malo, tonto o equivocarse, pero nunca débil; esto es, debe ser el máximo garante de que la ley se cumple, y de que su espíritu se respete.
Esto no sucede con el Gobierno Sánchez. La cesión “espiritual” a los nacionalistas raya la humillación; que si solo fuera del PSOE, como ha pasado ya, no tendría tanta trascendencia. Sin embargo, esa cesión consiste en la postración del Estado y de sus instituciones, en echaraunAbogadodelEstado porque ha defendido acusar a los golpistas de rebelión, en permitir la vejación del ministro de Asuntos Exteriores, y en anunciar un indulto antes de que haya sentencia.
La crisis del parlamentarismo, que no es solo un fenómeno español, sino que está ocurriendo en otros países europeos, y el auge de los autoritarismos, nos acercan a posiciones ya vividas en el Continente hace casi cien años. Entonces faltó responsabilidad en las élites políticas. Los grandes y viejos partidos se negaron a articular consensos para defender la democracia liberal y, en su rivalidad, llegaron a pactar con autoritarios y totalitarios. La política se llenó entonces de discursos violentos, y los Parlamentos fueron una prolongación más de esa situación, con execrables diputados que amenazaban, insultaban o escupían.
A la degradación de las instituciones, incluida la Justicia y, a veces, la Jefatura del Estado, le siguió la normalización de la violencia política. Por desgracia nos estamos acostumbrando a las agresiones en Cataluña contra aquellos que defienden el orden constitucional o que son símbolos de su permanencia, como el juezLlarena. Otro tanto ocurre en los medios, donde bobos que se creen humoristas insultan los símbolos nacionales recogidos en la Constitución, para, dicen, “destensar”.
El ambiente social es malo, y el máximo responsable es el presidente del Gobierno. Si el estiércol, tal y como ha dicho Borrell en referencia a la actitud de los diputados de ERC, esos mismos que permitieron que sacara adelante su vacía moción de censura, continúa cayendo sobre las instituciones degradándolas a ojos vista, solo es culpa suya. Es preciso que Sánchez haga algo responsable, porque esas tropas delestiércolyelserrín, como en el París de 1940, están dispuestas a desfilar.
Hermann Tertsch ABC 23 Noviembre 2018
Se trata de la aprobación del Pacto Migratorio de las Naciones Unidas que, ahora se ha visto en el debate presupuestario en el Bundestag, es un nuevo y peligroso empeño personal de la canciller. El Plan Migratorio de la ONU es una trampa saducea que vacía de contenido las soberanías nacionales, cuestiona el derecho de defensa de las fronteras y por la vía de los hechos convierte la migración prácticamente en un derecho. Por eso lo han rechazado ya EE.UU., Austria, Hungría, Chequia, Polonia, Estonia, Israel y otros. Cada día se suma algún nuevo país. El documento globalista se deshace en buenas intenciones, legitima al final lo posible y lo imposible, lo legal y lo ilegal por llegar e instalarse allá donde se pretende. E inhabilita para evitarla a los Estados que no quieren tal inmigración. Son 34 páginas de prosa hipócrita de la ONU, pretenciosa, sentimental y tramposa. Legalmente no obliga a nada, políticamente condena a todo. Afirma que cada país tiene derecho a tener y aplicar su propia legislación sobre inmigración. Sirve para que Merkel y otros muchos promotores digan que el documento no es vinculante. Pero casi un centenar de puntos comienzan con un ominoso: (Los Estados firmantes) «Se comprometen a...».
Merkel sellaría así en una particular apoteosis su obcecada apuesta por el multiculturalismo, al que abrió las puertas con su traumática decisión del 4 de septiembre de 2015, cuando se saltó las leyes y abrió las fronteras a todo inmigrante que quisiera llegar. Muchos aplaudieron y se embriagaron con el lema de la canciller -«Nosotros podemos» (Wir schaffen das)- que recordaba otras frases que simbolizan cumbres históricas desastrosas del idealismo alemán. Pero el daño a la sociedad alemana de aquella decisión ha sido infinito y irreparable. Más del 90% de los llegados no tenían derecho al asilo, pero se han quedado y ejercen una brutal presión sobre el gasto y los servicios. Las ciudades, los barrios y los pueblos han cambiado y con ellos el talante de la sociedad y el propio escenario político. Vuelve ahora ese buenismo globalista cuyo origen en Merkel se atribuye a su juventud en la RDA, con un padre pastor protestante. También a la educación que consideraba positiva la desaparición de la nación alemana. A la que se enseñó a temer y odiar después de la guerra. Porque se culpaba a la nación de ser causa del nacionalsocialismo. No al socialismo, claro. El Pacto Migratorio es ya la nueva clave política. Hay revuelta en la CDU. Y hay un partido a su derecha, la AfD, que recibe con este delirio globalista de un Pacto Migratorio ideológico, antioccidental e indeseable, otro inmenso regalo de Merkel.
Gibraltar no admite cambios de guión
EDITORIAL ABC 23 Noviembre 2018
Cuando empezó todo este lamentable proceso del Brexit, nadie en su sano juicio habría podido prever que el escollo más engorroso acabaría emergiendo a causa de Gibraltar. Pese a todo, el Gobierno anterior tuvo el buen criterio de hacer que en las directrices de negociación que aprobó el Consejo Europeo el 17 de marzo quedase claro que «después de que Reino Unido abandone la Unión, ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podría aplicarse al territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre España y Reino Unido». Eso es lo que aceptaron entonces los Veintisiete, por lo que no se explica bien cómo este concepto ha desaparecido del texto del borrador del tratado de Retirada, resultado de esas negociaciones.
La cuestión no tiene nada que ver con la discusión sobre la soberanía de la colonia británica, con otros tiempos y tal vez otros caminos, sino con la voluntad de España de evitar que, en el futuro, en sus negociaciones con el que ya será un país tercero, la UE pueda tomar por su cuenta decisiones que dañen nuestros derechos legítimos sobre ese territorio, aunque lo hiciera «de buena fe», como dice un polémico artículo 184 que deja abiertas todas las puertas.
El Gobierno ha hecho bien en levantar la voz, pero, si lo sabe, el ministro Josep Borrell haría bien en explicar públicamente cómo ha sido posible que nos hayan colado este gol, y quién es el responsable, porque España no debería aparecer como culpable de haber añadido esta innecesaria dosis de dramatismo en la recta final de unas negociaciones en las que lo que está en juego es algo tan importante como la supervivencia de la propia UE.
Error histórico con Gibraltar
larazon 23 Noviembre 2018
Que a menos de cuarenta y ocho horas para que el acuerdo del Brexit llegue a la mesa del Consejo Europeo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hable de una inexistente capacidad de veto demuestra la pésima gestión del equipo negociador español, que, una vez más, se ha dejado sorprender por la experiencia y la falta de escrúpulos de la diplomacia británica.
Ya de poco sirve que, ahora, el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, recurra a los tópicos de la pérfida Albión y se queje de que la primera ministra británica, Theresa May, haya actuado «con nocturnidad y alevosía», como si la experiencia de siglos en el trato con los ingleses no nos hubiera vacunado.
Pero, no hay, además, justificación posible para el fiasco gibraltareño, puesto que era sabida la pretensión de Londres de colocar a la colonia bajo el paraguas de la negociación general entre el Reino Unido y la Unión Europea, lo que ha conseguido, si España no reacciona con la máxima firmeza, al excluir de la declaración política del Brexit cualquier referencia a Gibraltar, al tiempo que se aseguró con el artículo 184 del Tratado de salida, metido de rondón, que la futura situación de la Roca, pasado el período transitorio de dos años, se negocie desde los respectivos acervos legales del Reino Unido y la UE.
Tiene, pues, cierta razón el secretario de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández, cuando advierte de que conseguir a última hora volver a introducir una declaración política sobre Gibraltar «da exactamente igual, porque no va a formar jurídicamente parte de lo que tiene que aprobar o no el Parlamento británico». En cualquier caso, y pese a la nefasta gestión del actual Gobierno socialista, España aún puede jugar la baza del voto negativo al acuerdo de salida, que aunque no sirva a los efectos de un veto, amenaza con romper la unidad de acción de los Veintisiete, que ha sido una de las prioridades de Bruselas a lo largo de todo el largo y complejo proceso negociador.
De hecho, la posición española se había caracterizado por facilitar las cosas al equipo negociador, sin empeñarse en maximalismos sobre el futuro estatus gibraltareño, pero, eso sí, dejando claro que ese estatus iba a depender exclusivamente del resultado de unas negociaciones bilaterales entre Madrid y Londres, de las que quedaban excluidos tanto Bruselas como los representantes del Peñón. Por supuesto, lo que le interesa al Gobierno británico es que su colonia mediterránea, el único territorio de estas características en suelo europeo, tenga idéntica consideración a la del resto del Reino Unido y se beneficie por igual de los futuros acuerdos comerciales.
El Gobierno, por lo tanto, debe mantenerse firme en la vigencia de los protocolos que obligaban a Londres a negociar sobre las tres cuestiones más sensibles para nuestros intereses: el contrabando, los derechos laborales de los trabajadores españoles en la Roca, la clausura del paraíso fiscal y el respeto a las condiciones medioambientales en el área del Estrecho. Es decir, todas aquellas irregularidades de las que se ha venido beneficiando la colonia en detrimento del Campo de Gibraltar. Esto era el núcleo de la cuestión y no hay que dejarse confundir por la «premier» británica cuando afirma grandilocuentemente que la soberanía no está en cuestión porque, efectivamente, en el acuerdo del Brexit nunca se había incluido ese aspecto del problema. No es España el único socio europeo que disiente de parte de lo acordado. Francia, principalmente, plantea reticencias sobre la indefinición de los derechos pesqueros y puede ser un buen aliado para España frente a las prisas excesivas de otros socios, como Alemania, para cerrar como el tratado de salida tal y como está, algo que Pedro Sánchez no puede consentir.
Poder Judicial al servicio de los partidos
Mateo Requeséns gaceta.es 23 Noviembre 2018
No es que no supiésemos que los nombramientos de los vocales del CGPJ dependiesen de los partidos políticos, ni que los puestos más relevantes de la carrera judicial en el Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia precisaban también de su plácet, por no hablar de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero es que el descaro de los tahúres en esta ocasión ha sido tan obsceno que hasta han conseguido que el as de la baraja, el candidato Marchena, abandone la partida de cartas. Pero no echemos toda la culpa a los políticos, las principales asociaciones de jueces, tanto la APM como JD, llevan toda la vida prestándose a este intercambio de cromos. Bienvenida sea pues la renuncia del Sr. Marchena si sirve para que la opinión pública se conciencie de los déficits democráticos del régimen.
El caso es que, tras la chapuza de los vaivenes de la Sala 3ª del Supremo respecto a las tasas impositivas sobre las hipotecas, este escándalo en torno a la manipulación de la Administración de Justicia por parte de los partidos llega en un momento en el que la auctoritas de nuestros Tribunales más falta nos hacía. El enjuiciamiento de los golpistas separatistas se ve así amenazado por la revisión que de la resolución del Tribunal Supremo haga el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que no olvidemos, se ha cargado una sentencia condenatoria de Otegui, por un “quítame allá esas pajas”, consistente en que ve dudas razonables sobre la imparcialidad de la Audiencia Nacional porque una de sus magistradas simplemente dijo al etarra durante el juicio: “Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta”.
Pero los árboles no deben impedirnos ver el bosque. En realidad, la división de poderes no es más que un trampantojo en el Estado de partidos. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial son detentados por la misma mano y los contrapesos que debían servir de garantía al ciudadano frente al Estado, son meros formalismos.
García Trevijano nunca se cansó de repetir que la democracia formal no es sinónimo de libertad, por mucho que se acuda periódicamente a las urnas. Y con un Estado que cada vez está más separado de la comunidad, desbocado en su afán de normativizar cualquier aspecto social de la vida, ya sea la economía, la enseñanza, la información, la sanidad, la seguridad social, la investigación, la cultura e incluso el ocio, unos Tribunales independientes, libres de influencias que provengan del gobierno, del parlamento, de los partidos o de cualquier otro grupo de interés, constituyen una garantía para el ciudadano, un límite para el poder del Estado.
Pero ese objetivo fracasa en el Estado de partidos, pues en lugar de reconocer esa independencia del poder judicial, varias facciones en un solo bloque de partidos estatales se ponen de acuerdo para designar a los jueces que más les convienen en los puestos más transcendentes.
Aún podríamos ir más allá, si el Derecho público consiste en la creación de restricciones al ejercicio arbitrario e ilimitado del poder, pero ese Derecho es elaborado por un poder ejecutivo y un poder legislativo que en realidad detentan los partidos, ¿podríamos hablar realmente de que el poder judicial que lo aplica garantiza realmente la limitación del poder del Estado? Si acudimos a Bertrand de Jouvenel, la respuesta puede ser inquietante: “Digámoslo muy alto: la creciente avalancha de leyes modernas no crea Derecho. Estas leyes dan la traducción del empuje de los intereses, de la fantasía y utopía, de la violencia de las pasiones. Grotescas en su desorden, cuando son la obra de un Poder cada vez más extenso, pero cada vez más desequilibrado por las discusiones de los partidos”.
Federico de Castro, nuestro mejor civilista junto a Castán, decía que “la concepción española de la ley rechaza la idea propia de la Roma decadente y de los regímenes absolutos de que sea la ley la voluntad del príncipe (quod princeps voluit lex habet vigorem); se ha exigido siempre que tenga valor jurídico, contenido moral, conformidad al Derecho natural y una dirección política al servicio de España”.
En el Estado de partidos se ha perdido por completo esta noción del Derecho, que se confunde con las leyes emanadas de la voluntad del Estado. No es de extrañar pues que la división de poderes sea sólo aparente y que el poder judicial sea contemplado como una institución burocrática, inorgánica, que los partidos pueden instrumentalizar para que no estorbe su ejercicio del poder.
Bueno sería recordar a Montesquieu, no por su Espíritu de las leyes, sino por la gran verdad que afirmaba en sus Cartas Persas: “Una cosa no es justa porque sea ley; sino que debe ser ley porque es justa”.
El vicio de gobernar siempre contra España
El despropósito gubernamental debe ser combatido sin pausa por mucho que se produzca a diario. Tanta insistencia pone el Gobierno de Pedro Sánchez por actuar contra los intereses generales de España que supone una obligación insoslayable el hecho de denunciar cada uno de los casos. Sólo alguien muy torpe, o muy malintencionado, puede elegir a una separatista como Mònica Terribas para moderar un debate organizado con motivo del 40 aniversario de la Constitución y donde participarán personajes históricos de nuestra democracia como el ex presidente Felipe González o el ex diputado Miquel Roca. La elección de Terribas como moderadora de un acto así es como darle las llaves de una casa a alguien que quiere destruirla.
Terribas es una periodista de la radio pública catalana que, entre otros méritos, incitó a sus oyentes a que delataran las posiciones de los policías nacionales y los guardias civiles durante los días previos al referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Es surrealista que el Gobierno de España, a través de su delegada en Cataluña, Teresa Cunillera, elija como moderadora a Terribas para una charla que se titula ‘La Constitución Española de 1978: vigencia y futuro’. La misma vigencia y el mismo futuro que, golpe de Estado mediante, han tratado de romper los independentistas catalanes. Algo que, por otra parte, no es de extrañar si tenemos en cuenta que la propia Cunillera ha rechazado la aplicación del artículo 155 e incluso se ha mostrado partidaria del indulto a los golpistas.
En esas manos estamos y como la única meta de Pedro Sánchez es ocupar el sillón de La Moncloa sea al precio que sea, no dudará en seguir haciendo concesiones a independentistas, nacionalistas y proetarras con tal de que sigan sosteniendo la raquítica viabilidad de una estructura gubernamental con aluminosis. Por eso, entre otras cosas, Sánchez permite que la jauría de ERC insulte hasta el paroxismo a su ministro de Exteriores, Josep Borrell. Por eso, también, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, defiende la primacía del catalán, euskera y gallego sobre el español. A eso hemos llegado. Sólo unas elecciones generales anticipadas pueden acabar con el dislate diario que coloniza nuestro país.
Otra concesión del Gobierno a los separatistas
EDITORIAL El Mundo 23 Noviembre 2018
La destitución de Edmundo Bal como responsable del Departamento Penal de la Abogacía del Estado ha infligido un nuevo golpe a la credibilidad de las instituciones democráticas. La falta de pudor de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al apartar a Bal de su cargo -donde, por su capacidad y prestigio profesional, había permanecido 16 años con los cuatro abogados generales nombrados por los gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy-, demuestra una vez más que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cuantas concesiones a los independentistas sean necesarias con tal de seguir mendigando su apoyo parlamentario.
Porque Bal no era un abogado del Estado cualquiera, como comprobó Delgado tras aterrizar en el ministerio e interesarse en el caso del 1-O. El primer choque se produjo cuando la ministra pretendió limitar la protección jurídica del juez Llarena contra la demanda de Puigdemont en Bruselas. Entonces, Delgado acusó a Bal de haber filtrado los informes en los que la Abogacía pedía una protección completa y amagó con despedirlo. Luego, cuando la Abogacía se personó en las investigaciones contra Junqueras y otros 17 golpistas, Bal se alineó con la Fiscalía del Supremo para sostener la acusación por un delito de rebelión agravado con malversación. Sin embargo, Delgado, a través de su abogada general, Consuelo Castro, impuso un brusco cambio de criterio para rebajar la gravedad del delito, de rebelión a sedición, y pedir penas de cárcel menores. En ese escrito de acusación, donde en ningún momento se mencionaba la palabra "violencia", ya no figuraba la firma de Bal, sino la de Castro. A partir de ahí, su destitución era cuestión de días. Delgado, que desde ayer se convirtió en la ministra más reprobada de la democracia -tres veces en menos de seis meses-, ha alegado "pérdida de confianza", algo a lo que tiene derecho, puesto que la Abogacía depende del Gobierno, aunque desde el entorno de Bal se ha asegurado que éste en todo momento ha seguido las instrucciones jerárquicas.
A través de su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el Gobierno socialista ya dejó clara su disposición a usar "la Abogacía del Estado" como se utilizan "los gabinetes de comunicación", y con la politización del CIS demostró una preocupante inclinación a torcer los instrumentos del Estado a su favor. Ahora, lanza una seria advertencia a quienes impidan minimizar los efectos penales del juicio del procés. Pero devaluar las instituciones del Estado destituyendo a reputados profesionales como Edmundo Bal, a riesgo de afectar al resto de causas que gestionaba su departamento, puede tener serias consecuencias para la salvaguarda de la democracia, del Estado de derecho y de las libertades ciudadanas.
El auténtico escupitajo
Cristina Losada Libertad Digital 23 Noviembre 2018
La política-espectáculo tiene la gran ventaja, para los que la practican, de atrapar la atención de todo el mundo y dirigirla hacia ellos. Una atención inmerecida que les resulta muy rentable. Saben bien que un escupitajo en el Congreso vale más que cien discursos. Aunque quién dijo escupitajo. El autor lo niega. Sólo dijo ¡buf! Era un discurso, no un salivazo. Y el presidente del Gobierno considera que todos, un todos ecuménico, deben pedir disculpas "a la sociedad". Porque el lapo es general. Va a ser que no es de nadie, como el dinero público. Habrá que preguntarle a Carmen Calvo.
La beneficiada por el gargajo de los de Esquerra fue precisamente la vicepresidenta. Ha pasado desapercibida su respuesta a una pregunta de Juan Carlos Girauta sobre el cambalache para el reparto del Poder Judicial. Respuesta cuyos términos demagógicos dejaron al desnudo la auténtica esencia de esa práctica partitocrática. Al tratar de revestir de virtud democrática el procedimiento actual de elección de los vocales del CGPJ, lo que asoma, descarado, es el cartón.
La democracia a la que apeló Calvo para justificar el cambalache no es la democracia de la separación de poderes. Es la de concentración de poderes. El Poder Judicial, como poder del Estado que es, tiene que salir, dijo, "de este lugar, que es donde está la soberanía", y "rendir" allí. No dijo "rendir cuentas", aunque se supone. Yo no sé exactamente qúe significa en términos Calvo que el Poder Judicial rinda cuentas en el Parlamento, pero nos daríamos con un canto en los dientes si la rendición de cuentas del poder político fuera más rigurosa.
Sé, en cambio, como cualquiera, de dónde viene esa defensa de la partitocracia en nombre de la democracia aplicada al Poder Judicial. Es el embozo retórico de la famosa ley de 1985, conocida popularmente como el entierro de Montesquieu.
El partido socialista enterró a Montesquieu en nombre de la democracia. No de la democracia liberal de controles y equilibrios (checks and balances), sino de la democracia reducida al hecho electoral. De lo que quiso asegurarse entonces el Partido Socialista es de que el Poder Judicial no tuviera el sesgo conservador que le suponía. El asunto de interés no radicaba en que fuera más eficiente ni mucho menos más independiente, sino más permeable a las necesidades políticas de sus Gobiernos. Más dependiente del partido.
Enterrar la separación de poderes fue posible porque el beneficio de la estocada a la independencia judicial se podía compartir. Con otros partidos. En asuntos fundamentales no falta nunca el consenso. Tardará más o menos, pero todos los participantes están motivados: todos sacan algo. El whatsapp de Cosidó no era más que la venta interna de la parte del beneficio que recibía el PP. Y si eso era malo, peor es vendérselo al público en nombre de la democracia. Por lo menos, ya que lo hacen, no engañen a nadie. Díganlo a las claras, por delante: nos lo repartimos así, como buenos piratas, esta para mí y esta para ti.
En su ardor demagógico, Calvo acusó a Ciudadanos de ir "a contramano de cualquier principio democrático" y preguntó enfáticamente: "¿Ustedes qué entienden por separación de poderes y por independencia judicial?". Es una pregunta que rula estos días por circuitos afines al Gobierno. Nadie sabe allí qué puede ser la independencia judicial. Es un enigma. Un misterio. Quieren decir, para qué darle vueltas, que es una tontería. Que el Poder Judicial tiene que emanar y depender enteramente de los representantes electos porque la democracia es así. Esto, que es lo que vino a decir la vicepresidenta, no representa sólo –ya que estamos con las glándulas– un escupitajo a la independencia judicial. Es un escupitajo a la democracia liberal. Lástima que una grosería tabernaria tapara la de más alcance. La grosería política e intelectual.
Luz Sela okdiario 23 Noviembre 2018
Consuelo Castro, la abogada general del Estado, ha destituido al abogado del 'procés' partidario de la acusación por rebelión
La abogada general del Estado intentó tapar las responsabilidades políticas por la tragedia de Angrois
Consuelo Castro, la abogada general del Estado en el centro de la polémica por la purga de Edmundo Bal, abogado del ‘procés’ partidario de la acusación por rebelión, es una acérrima defensora de las lenguas co-oficiales y crítica con la imposición dominante del español.
La jurista hizo esa reclamación durante uno de los discursos más importantes de su carrera, el que pronunció, en 2012, con motivo de su ingreso en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia, donde realizó una cerrada defensa de las lenguas autonómicas y criticó su persecución histórica, en favor del castellano. Una intervención en la que Castro compartía las tesis de los partidos nacionalistas.
“En nuestro país tenemos abundantes muestras de normativa discriminatoria en materia lingüística”, señalaba en el discurso, remontándose a la expulsión de maestros que enseñaban a sus alumnos idiomas o dialectos que no fueran el castellano, las normativas sobre el uso preceptivo del español en la administración y la práctica judicial o, por ejemplo, un real decreto de 1926 que tipificó como delito “la negativa o resistencia a utilizar la lengua española”. Castro rememoró también los años del régimen franquista y “la prohibición de emplear cualquier lengua distinta del castellano en el registro civil, rótulos, anuncios, proyección de películas, telegramas, nombres de barcos y, naturalmente, en la enseñanza y la Administración pública”.
Los padres, sin derecho a elegir la lengua
En este sentido, también en base a las sentencias de los tribunales, rechaza que exista un derecho de elección de los padres sobre la lengua de enseñanza de sus hijos “o, más bien, un derecho de exclusión que permita recibir la enseñanza en una sola de las lenguas oficiales a elección de los interesados”.
También despeja otro de los temas más polémicos, el de la lengua vehicular en las relaciones entre docentes y alumnos, concluyendo que otra sentencia del Constitucional establece “la legitimidad de emplear las lenguas oficiales distintas al castellano como lenguas vehiculares en la enseñanza”.
“Hoy no se discute, por tanto, si es posible emplear cualquier lengua oficial como vehicular. Sino si cabe conferir a una lengua el carácter de única y obligatoria”, se pregunta. En este sentido, cita la sentencia del TC contra el Estatuto de Cataluña y destaca que, si bien el Tribunal establece que el catalán “no puede convertirse en lengua vehicular única con exclusión del castellano, no aprecia ningún problema para que el catalán sea el centro de gravedad del modelo de bilingüismo”. “En otras palabras, el castellano no puede ser privado de la condición de lengua vehicular en la enseñanza, pero sí puede serlo en una proporción inferior a otra lengua cooficial”, añade.
“Deber de conocimiento” de los funcionarios
Castro cuestiona el “deber de conocimiento” que la Constitución establece para el español pero no para el resto de lenguas, y aboga por extenderlo. “La positivización del deber de conocimiento de una lengua tiene, a mí entender, una trascendencia indudable”, señala.
Así, aboga por revisar las “obligaciones” para los ciudadanos en materia de conocimiento de las lenguas y se muestra partidaria de imponerlas en determinados ámbitos, como el de los funcionarios públicos.
En este sentido, señala que ya que los ciudadanos tienen derecho a dirigirse a los poderes públicos en cualquiera de las lenguas oficiales, los funcionarios deben corresponderles y “ese conocimiento debe acreditarse en los procedimientos de acceso a la función pública”.
También es favorable a que ese deber se extienda a las entidades privadas que prestan servicios públicos a los ciudadanos a través de conciertos o concesiones de la Administración. “Es el caso de la enseñanza concertada, la sanidad concertada, las concesiones de transporte y tantos otros”.
También los “sujetos privados”
“Finalmente -reflexiona Castro- respecto a los sujetos privados que actúan en el mercado cabe preguntarse si no se debería incluir entre los derechos de los consumidores y usuarios el de ser comprendidos cuando se expresen en una lengua oficial”.
“Aún no existiendo un reconocimiento legal de ese derecho, podría calificarse de discriminatoria y por tanto ilegal la alegación de desconocer una lengua oficial esgrimida como justificación para denegar atención en un establecimiento abierto al público para vetar el ejercicio de los derechos legalmente reconocidos a los consumidores y usuarios”.
En otro momento, la abogada del Estado insta a abrir un debate sobre la imposición de las lenguas en el ámbito de las relaciones privadas. “Es una evidencia que las relaciones de índole económica y comercial inciden sobre el uso de las lenguas con una fuerza equiparable a la que tienen las relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos”, medita.
Y concluye afirmando que “una lengua no puede sobrevivir sin funciones relevantes de comunicación” y eso significa, considera, una mayor presencia en las actividades de los poderes públicos, las relaciones económicas y comerciales, la creación intelectual y, desde luego, los medios de comunicación.
MARISA RECUERO. Madrid. El Mundo 23 Noviembre 2018
El frente jurídico de ETA sigue sin rendir cuentas ante la Justicia casi 10 años después de que se abriera el primer procedimiento judicial para investigar a los abogados de la banda terrorista, en el marco de conocido como frente de cárceles. Fue en 2009 cuando se incoaron diligencias para investigar la estructura Halboka, creada en torno a la gestión de todo lo relacionado con los presos y ex presos de la organización.
Fuentes jurídicas señalaron a este diario que, a falta de la resolución del Supremo, «todo está preparado» para celebrar los juicios -caso Halboka y caso Herrari-. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para Zulueta 19 años de prisión por Halboka y 14 años y otros ocho de libertad vigilada por Herrari.
El Ministerio Fiscal acusa en ambas causas a Jon Enparantza y Naia Zurriarain. En el caso Herrari están también acusadas Amaia Izko Aramendia y Jaione Carrera Ciriza, las abogadas que defendieron a varios de los condenados por las agresiones a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra).
Dos juicios y 53 acusados
La Audiencia Nacional está a expensas de celebrar dos juicios contra el último gran frente de ETA, el llamado frente jurídico. En total, 53 personas deben sentarse en el banquillo de los acusados. Nueve y 47, respectivamente, aunque conviene precisar que tres están acusadas en los dos procedimientos.
Caso Halboka. Este procedimiento arrancó en 2009. La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa a nueve personas de formar parte del frente jurídico de ETA, liderado por Arantza Zulueta, Jon Enparantza e Iker Sarriegui. Les atribuye delitos de integración y colaboración en organización terrorista, y de depósito de armas y explosivos. Serán juzgados por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal.
Caso Herrari. Comenzó a investigarse en 2013. La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa a 47 personas. Entre ellas, Zulueta, Enparantza y Naia Zurriarain -encausados también en el caso Halboka-. El Ministerio Público les atribuye delitos de integración y colaboración en organización terrorista, enaltecimiento, quebrantamiento de medida cautelar y financiación del terrorismo. Serán juzgados por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal.

References: artículo 184
 artículo 184
 resolución 
 artículo 155
 real decreto 
 resolución