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Timestamp: 2017-09-23 20:03:59+00:00

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Sentencia T.S.J. Cataluña 173/2013 de 12 de febrero. Responsablidad patrimonial de la Administración. Principio de indemnidad. Incumplimiento de medidas de seguridad. Estimación parcial - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Cataluña 173/2013 de 12 de febrero
Responsabilidad patrimonial de la Administración: Reclamación de indemnización en concepto de fallecimiento. Principio de indemnidad: Procede delimitar las responsabilidades de los intervinientes, de acuerdo con la jurisprudencia examinada. Cerramientos ferroviarios: Examen de la legislación aplicable, debiendo imputarse responsabilidad al ayuntamiento por el incumplimiento de medidas de seguridad.
Rollo de apelación n.º 445/2011
Parte apelante: Torcuato
Representante de la parte apelante: ALEJANDRO FONT ESCOFET
Parte apelada: ZURICH ESPAÑA, CÍA. DE SEGUROS y AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR
Representante de la parte apelada: M.ª JOSE BLANCHAR GARCIA y JAUME GUILLEM RODRIGUEZ
SENTENCIA N.º 173/2013
D.ª M.ª LUISA PÉREZ BORRAT
D.ª M.ª FERNANDA NAVARRO DE ZULOAGA
D.ª M.ª JOSÉ MOSEÑE GRACIA
En la ciudad de Barcelona, a doce de febrero de dos mil trece
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN CUARTA), constituida para la resolución de este recurso, arriba reseñado, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente Sentencia.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Doña M.ª LUISA PÉREZ BORRAT, quien expresa el parecer de la SALA.
Primero.—El día 05/09/2011 el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Barcelona, en el Recurso Ordinario seguido con el número 325/2008, dictó Sentencia desestimatoria del recurso interpuesto contra desestimación de reclamación por responsabilidad patrimonial. Sin expresa imposición de costas.
Segundo.—Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación, siendo admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta Sección.
Tercero.—Desarrollada la apelación, finalmente se señaló día y hora para votación y fallo, que tuvo lugar el 4 de febrero de 2013.
Primero.—La representación de la parte actora impugna la Sentencia núm. 231, de 5 de septiembre de 2011, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Barcelona, en el recurso registrado con el número 325/2008, que desestimó la pretensión formulada contra el Ayuntamiento de Arenys de Mar por responsabilidad patrimonial por considerar que la muerte de la víctima fue debida, por un lado, a la actuación de un tercero, ya que el servicio ferroviario de transportes, causante del daño, es un servicio ajeno a la Corporación -ajeno a la Administración local- y, por otro, a la imprudencia de la propia víctima.
Muestra su disconformidad con la Sentencia de instancia en la medida en que no acepta la corresponsabilidad de las Administraciones (ADIF y municipal). La primera viene dada por la circunstancia de ser titular exclusiva del trazado ferroviario y por ello, reglamentariamente, la que tiene la obligación legal directa de vallar el espacio ferroviario de forma total en todo su discurrir por la zona urbana de la localidad citada. En relación con la Administración municipal, la imputación descansa en que la misma normativa sectorial aplicable señala que tal vallado lo harán las compañías que explotan el ferrocarril a la "máxima urgencia" y "a propuesta o previo informe" de los correspondientes Ayuntamientos, quienes fijarán los plazos (RD 1211/1990, art. 290 y 2387 /2004). Es esta última obligación la que justifica la imputación de la demandada. Además, también hay incuria administrativa por la permisión de un paso pedestre sobre las vías que comunica un aparcamiento público con la playa, imputación independiente de la anterior, puesto que el cerramiento es obligación de la administración titular de la vía, pero tal obligación no incluye la vigilancia para que los ciudadanos respeten el obstáculo y no pongan en riesgo su vida incluso tomando medidas para evitar la desobediencia (de hecho, señala, el transcurso del tiempo ha consolidado un paso ilegal superior que cruza las vías y de cuya existencia es conocedor el municipio sin que haya adoptado ninguna prevención para evitarlo o, al menos, advertido mediante señales del peligro de su utilización). Esta actividad de policía es propia de la Administración que tiene la obligación de mantener el orden y la seguridad de la población en casos de peligrosidad (STS 15 de junio de 2007).
Por lo demás, tal imputación no queda enervada ni por la responsabilidad de la propia víctima, aunque fuera conocedor de la zona, ni por la intervención de un tercero (ADIF) invocando a tales efectos varias resoluciones. Así, la STS de 24 de febrero de 1993 (Sala Civil) y las sentencias del TSJ de la Comunidad Valenciana, de 5 de marzo de 2003; del TSJ de Madrid, de 13 de noviembre de 2007; de 17 de mayo de 2007 y de 27 de septiembre de 2007 y del TSJ de Cataluña, de 9 de mayo de 2007, examinan casos semejantes al actual y los efectos de la concurrencia de varias administraciones; en ellas se ha considerado que los Ayuntamientos demandados incurrían en responsabilidad directa por culpa in vigilando, al no adoptar medidas de seguridad o no obligar al cumplimiento de las mismas (STS de 25 de abril de 2002 y 15 de junio de 2007-Sala Primera). Por todo ello, solicita que se estime el recurso y se revoque la sentencia de instancia.
Segundo.—El Ayuntamiento apelado se opone al recurso por varios motivos:
a) La sentencia de instancia es conforme a Derecho porque la lesión patrimonial sufrida no es consecuencia directa ni indirecta del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos municipales, en relación causa-efecto, pues el accidente se produjo cuando la propia víctima atravesó la vía férrea por un lugar no habilitado al efecto. En relación con la competencia de seguridad y mantenimiento de la vía, afirma que correspondía a ADIF (Ley 39/2003, de 17 de noviembre). Además, en este momento procesal se conoce que ADIF ya ha sido condenada en otro proceso independiente a indemnizar al recurrente por lo que el Ayuntamiento no tiene responsabilidad alguna por falta de protección de la vía férrea y se está ante un sistema ferroviario cuyo mantenimiento y protección corresponde en exclusiva a su titular. Tampoco estamos ante un tramo de zona urbana del municipio que le obligue a actuar en virtud de una competencia genérica de policía y mantenimiento de seguridad de lugares públicos, por lo siguiente: 1.º) plano aportado como doc. 13 y fotografía doc. núm. 1 que así lo acredita; 2.º) el núcleo urbano está a más de 500 metros, por lo que no hay ningún núcleo urbano ni trama urbana; 3.º) el lugar donde se produjo el accidente está junto a un aparcamiento público que tiene por objeto el acceso a una zona comercial (separada de la carretera N-II y por otra zona de aparcamiento público, existiendo un paso de peatones y señalización con semáforo que habilita el acceso a la zona comercial); 4.º) no existe ningún indicador que autorice a atravesar las vías; 5.º) existe la posibilidad de acceso subterráneo; 6.º) se puede acceder a la playa por un camino lateral; y 7.º) la víctima era un vecino de la zona y conocedor de los accesos existentes.
b) En segundo lugar considera que la causa exclusiva del accidente es la intervención de un tercero y la negligencia de la propia víctima y ello porque: 1.º) atravesó la vía por donde no podía pasar; 2.º) conocía el tramo de vía y los riesgos que corría (proximidad de un túnel, frecuencia del paso de trenes, etc.) y 3.º) que a pesar de que el conductor del tren le avisó insistentemente mediante señales acústicas por razones que se desconocen no las atendió.
La conducta del perjudicado rompió el nexo causal tal como refleja la STS de 18 de febrero de 2010, en relación con cruces por pasos a nivel (RJ 2010/1286); en definitiva, la víctima atravesaba la vía desatenta a la peligrosidad y, además, en la producción del daño intervino un tercero (ADIF), todo ello sin que exista una obligación de indemnizar en todo caso (STS de 19 de enero de 2007 (RJ 2007, 1264). Solicita que se desestime el recurso.
Tercero.—La Compañía Aseguradora de la Administración sostiene que la sentencia de instancia es ajustada a Derecho pues no ha incurrido en ningún error en la valoración de la prueba, ni ha infringido lo establecido en la ley sobre el contenido de las sentencias. Recuerda la doctrina de este Tribunal sobre la finalidad del recurso de apelación y añade que correspondía a ADIF el vallado de la vía férrea (incumplimiento por el que ha sido condenada por sentencia del Juzgado Central núm. 9 de lo contencioso-administrativo y a la que se han aquietado ambas partes).
Además, el único modo de evitar el acceso a la vía a través del supuesto paso ilegal era el vallado de la vía y no es competencia de la Administración municipal. Tampoco cabe pretender que el Consistorio vigile a quien de forma consciente y voluntaria cruza la vía por dicho paso ilegal pues no se puede tratar a las personas como si fueran incapaces y, en este caso, el accidentado era consciente de que atravesaba la vía por un lugar peligroso por ser notorio que por las vías circulan trenes que no pueden detenerse.
Por lo demás, la muerte por la que se reclama ya ha sido indemnizada y siempre existirán imprudentes que pongan en peligro su vida, a pesar de que las vías deban estar valladas para dificultar el acceso por lo que la actora no puede pretender que se situara a un policía para vigilar la actuación de la víctima pues fue el accidentado quien accedió de forma consciente y voluntaria a las vías por las que circulaba el tren -y fue atropellado- y la culpa del atropello no puede ser imputable al Ayuntamiento de Arenys de Mar. Por todo ello, solicita que se desestime el recurso de apelación.
Cuarto.—Tal como han quedado delimitados los términos del debate que se plantea en esta segunda instancia, debemos partir de un hecho a tener en cuenta que es que el recurrente planteó en vía administrativa una doble reclamación por el fallecimiento (cada una por 120.000€).
Una de ellas frente a ADIF que, por razones competenciales, se ha seguido ante un Juzgado Central de lo contencioso- administrativo y ha finalizado con una sentencia parcialmente estimatoria (se ha concedido al demandante una indemnización de 30.000€). La otra se formuló ante el Ayuntamiento de Arenys de Mar que, desestimada en vía administrativa, fue resuelta por la sentencia que ahora se revisa confirmando el acto impugnado. Ello se precisa con el fin de poner de relieve que un mismo hecho dañoso no puede ser indemnizado más de una vez. Ahora bien, lo que sí cabe a efectos de preservar el principio de indemnidad es delimitar o graduar las responsabilidades de todos los que intervienen en un evento dañoso -incluida la resultante de la actuación de la propia víctima- sin que ello implique una división de la continencia de la causa.
Así lo hemos hecho en nuestra sentencia de 30 de noviembre de 2011 (rollo apelación 244/2010), en la que se examinó la compatibilidad de una indemnización concedida en un proceso penal y la solicitada en vía contencioso-administrativa. Así, señalábamos que "Expuesto lo anterior, y en el aspecto de las repetidas indemnizaciones, este Tribunal debe tener en cuenta, y así lo hace, la doctrina establecida en sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 7 de julio de 2011, en un tema muy similar al que ahora nos ocupa. Dicha sentencia establece que:
"Y precisamente por esta razón, no hay duda de la compatibilidad de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado nacida de delito y la responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, ya que son distintas en su origen, fundamento, características y régimen jurídico. La existencia de una vía penal abierta en la que pudiera declararse la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, no excluye la posibilidad de que se suscite reclamación para hacer valer, y en su caso obtener, una declaración de responsabilidad patrimonial en el ámbito de la jurisdicción contencioso- administrativa.
En este mismo sentido se pronuncia reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pudiendo citarse al respecto, especialmente, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 abril 1988 EDJ 1988/3387 (caso Sofico), donde nuestro Alto Tribunal, en un supuesto similar al que ahora enjuiciamos, llega a la conclusión siguiente:
La única incidencia que podría generar el seguimiento paralelo de ambas vías -contencioso- administrativa y penal- en el supuesto enjuiciado, se pondría de manifiesto a la hora de fijar la indemnización que, en su caso, pudiéramos reconocer a los perjudicados en el presente recurso, al objeto de evitar el eventual reconocimiento de una doble indemnización en sede penal y contenciosa, y, consecuentemente, un enriquecimiento injusto.
En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1996 EDJ1996/3652 nos recuerda que " la necesidad de evitar el enriquecimiento injusto comporta el principio de la compensación con otras reparaciones surgidas de regímenes jurídicos y por títulos ajenos al de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: el principio " compensatio lucri cum damno", aunque, " el mero reconocimiento legal de aquéllas no lleva consigo una exclusión del régimen de responsabilidad patrimonial". Y en la misma línea, el artículo 121 del Código Penal, después de confirmar expresamente la compatibilidad de acciones penales y administrativas en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, advierte que &lt;en ningún caso puede darse una duplicidad indemnizatoria&gt;.
Ahora bien, la referida incidencia no plantea ningún problema en el supuesto, enjuiciado si finalmente se estimara el recurso, ya que podría acordarse la minoración del importe de las indemnizaciones, que se reconocieran a los perjudicados en las cantidades que pudieran serles reconocidas en la vía penal, remitiendo la determinación final del importe de la indemnización a la fase de ejecución de sentencia."
Esta Sala, como antes dice, considera plenamente aplicable dicha doctrina al caso que hoy nos ocupa, en el que coexisten una sentencia penal, con indemnizaciones reconocidas, y una reclamación contencioso administrativa con una petición principal vinculada a esa sentencia penal, y un petitum subsidiario para el caso de absolución en la vía punitiva. Es por ello por lo que, respetando, obviamente, esa vinculación, pero teniendo también en consideración la coexistencia antes citada, resulta procedente llevar a cabo un estudio de las indemnizaciones reconocidas en vía penal, y su mantenimiento o ampliación, en su caso, en esta vía contencioso administrativa, y así, no hay nada que objetar a las indemnizaciones ya establecidas en el ámbito penal..."
En definitiva, también en este caso en el que pueden concurrir diversas administraciones en la producción del daño y en los que el perjudicado está obligado a entablar más de un proceso por razones de competencia objetiva es evidente que la circunstancia de que se haya reconocido en un proceso una indemnización no puede, por sí solo, exonerar de responsabilidad a la administración demandada en otro proceso si la cantidad reconocida no respeta el principio de indemnidad.
Quinto.—Dicho lo anterior, resulta indudable que la obligación de vallar las vías corresponde, en principio, al titular del servicio ferroviario. Ahora bien, ello no quiere decir que ésta sea la única administración competente para adoptar medidas de seguridad o de protección civil a las personas pues en caso de que un servicio de transportes, como es el de tren que transcurre por diversos territorios y municipios, genere situaciones de mayo peligro (así sucede claramente en los cascos urbanos) es indudable que hay otras administraciones que tienen competencia para velar por la aplicación de las normas imperativas, llegando incluso a compeler a la administración obligada (o empresa que explota el servicio) para que cumpla con tal obligación. De no ser así, la norma imperativa impuesta por razones de seguridad pública quedaría vacía de contenido o se dejaría su cumplimiento al albur de la administración o empresa que explota las vías, lo cual es incompatible con esa obligación general que impone nuestra Constitución a toda administración de servir con objetividad a los intereses generales.
Señala el Ayuntamiento que la zona en que se produjo el accidente no es ningún núcleo urbano ni trama urbana porque el núcleo urbano está a más de 500 metros. Ello no es más que una simple afirmación. El plano aportado no es una certificación y por lo tanto no hace fe de tales aseveraciones. En cualquier caso, las fotografías aportadas a los autos (en especial las aéreas) demuestran que el lugar donde se produjo el accidente está junto a un gran aparcamiento público construido, en principio que no en exclusiva, para dar servicio de aparcamiento a los clientes que acuden a la zona comercial. Dicha zona está justo atravesando la N-II para lo cual se ha habilitado un paso de peatones con semáforo. Pero el conjunto de fotografías que obra en autos también evidencia que se trata de una zona lúdica en sentido amplio, ya que en ella existen supermercados, restaurantes, cines, etc. Se trata pues de una zona destinada también al ocio y que, por estas mismas razones, quiere ser un reclamo para todo tipo de público, incluso familias, por lo que la afluencia de público es altamente previsible, en mayor o menor medida en función de las fechas, temporadas u horarios. Es más, puede incluso suceder que esta afluencia supere en determinados periodos a la que acude al centro urbano. Ahora bien, lo más significativo es que dicho aparcamiento está situado a escasos metros de la vía del tren; que la vía es el único obstáculo para acceder a la playa en línea recta y que, a partir del aparcamiento, se ha constituido de facto un paso ilegal.
De ahí que aunque no estemos en el núcleo urbano sí estamos en una zona de gran afluencia de público. Y es el Ayuntamiento quien, al conceder las licencias para esta zona, debe examinar -teniendo en cuenta la calificación de los terrenos- si la alteración urbanística había de comportar también la adopción de nuevas medidas de seguridad en relación con aquella otra infraestructura de interés general -la vía del tren- que ya existía. Tal prevención es exigible con mayor razón si, una vez consolidada la zona de ocio y el uso generalizado del aparcamiento por el público, se constata que desde el aparcamiento se abre una vía de acceso a la playa que pasa por atravesar la vía del tren, constatándose una modificación de los hábitos de los vecinos que aprovechan para acercarse a la playa con su coche y construyen, por la fuerza del uso, un paso ilegal sobre la vía con riesgo para la población. Es aquí donde cabe imputar a la Administración demandada un incumplimiento de sus obligaciones.
En este sentido hay que estar al Real Decreto 1211/1990 y al Real Decreto 2387/2004. Concretamente, el art. 290 del Real Decreto 1211/1990, relativo al cerramiento de las líneas de ferrocarril que discurran por suelo urbano o urbanizable programado, dispone que las "nuevas líneas de ferrocarriles interurbanos que sean establecidas deberán hallarse cerradas por ambos lados de la vía en el cruce de zonas calificadas como suelo urbano y urbanizable programado.
Las Empresas titulares de líneas ferroviarias que en el momento de la entrada en vigor de este Reglamento atraviesen zonas de suelo urbano o urbanizable programado realizarán el cierre de las mismas con la máxima urgencia que sus disponibilidades financieras les permitan. A propuesta o previo informe de los correspondientes Ayuntamientos, el Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones podrá establecer plazos concretos máximos para el cierre de determinados tramos" (apartado 1.º)."
La STS de 15 de junio de 2007 (Sala Primera, RJ 2007\ 4670), revisó otra sentencia de instancia que había declarado la responsabilidad al Ayuntamiento por haber incumplido "la obligación de exigir a RENFE la clausura y vallado de la vía férrea en cumplimiento de sus deberes de policía urbana y salvaguarda de la seguridad." El Ayuntamiento recurrente en aquel caso estimaba que tal obligación no era competencia municipal ni resultaba incluida dentro de la competencia de seguridad en los lugares públicos que se atribuye a los Ayuntamientos.
No obstante, el TS nos dice que "Sin dejar de ser cierto, como expone la recurrente, el ferrocarril tiene la consideración de servicio público de la Administración y, en virtud de lo prevenido en la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, las empresas que exploten ferrocarriles de transporte público, como es RENFE, no precisan autorizaciones, licencias o permisos para llevar a cabo las obras de conservación y entretenimiento de sus líneas e instalaciones, o que la pasarela peatonal se asienta sobre dominio público del Estado, y la Ley 25/88, de Carreteras sustrae al control municipal las obras de construcción, reparación o conservación de carreteras, las competencias generales que sobre la seguridad de los ciudadanos y policía urbana, y los medios coercitivos de que dispone la Administración municipal, conforme a lo previsto en la legislación vigente, sin perjuicio de otras posibilidades de intervención, como se demuestra con la actuación, posterior a los hechos litigiosos, de promover el enlace de la pasarela con el barrio "Vilarrubí", actuación a la que se alude en el Fundamento Jurídico Tercero de la sentencia recurrida, dejan subsistentes los razonamientos de la Sala, que sigue el criterio sentado por la Sentencia de esta Sala de 24 de febrero de 1993, y apuntado en otras sentencias, como la de 19 de enero de 2007, en tanto que hay que estar a las circunstancias de hecho apreciadas por la sala de instancia, entre las cuales se encuentra la de frecuencia de paso o las especialidades que presentan en cada situación (Sentencias de 24 de abril de 2003, 19 de mayo de 2005, etc.), y por otra parte es coherente con el criterio que decidió la solución en la Sentencia de 31 de diciembre de 1997, en la que se estima también concurrencia de culpas, pues, en este sentido, en cuanto el Ayuntamiento demandado no llevó a efecto el comportamiento requerido por el ordenamiento, en las concretas circunstancias concurrentes, para evitar la lesión de bienes o intereses ajenos, puede decirse que está en culpa, en el sentido que correctamente hay que dar a esta expresión."
Y es que "son las circunstancias de accesibilidad, frecuencia de paso y proximidad a zona populosa, además de la habitualidad del tránsito de los jóvenes, que pone de relieve la sala de instancia, los que han de decidir al Ayuntamiento, como cabe deducir del art. 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, (Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre) a ejercer sus competencias sobre seguridad en lugares públicos, ordenación del tráfico de vehículos y personas y protección civil, o, en su caso, a exigir de las demás administraciones o de las entidades y organizaciones a las que se confían la policía y el control del uso de instalaciones y servicios, a los indicados efectos, las medidas adecuadas para salvaguardar los bienes y derechos de los ciudadanos que le han sido confiados. Al omitir un comportamiento adecuado en este sentido, puede decirse que hay culpa en la actuación del Ayuntamiento, en el correcto sentido, en el concepto normativo, que en propiedad corresponde a esta expresión"
Pues bien, no podemos más que compartir estos razonamientos que, además, son plenamente aplicables al caso. La normativa sectorial impone al Consistorio la obligación de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias dado el riesgo que supone para la población una infraestructura de interés general como es la vía del tren. De hecho, a pocos metros está la estación (a partir de ésta, la vía está vallada para evitar que se atraviese).
Advertido el uso del paso ilegal por la población, la cuestión no es tan simple que quede reducida a que la responsabilidad no es imputable porque no existe un indicador que autorice a atravesar las vías por dicha zona; antes al contrario. Las medidas exigibles pasan por advertir de que no se pueden cruzar las vías por dicha zona. En consecuencia, siendo previsible el incumplimiento por la frecuencia de usuarios de la playa (pues como pone de relieve el perito incluso los pescadores habituales - entre otros- tienen costumbre de dejar sus coches en el aparcamiento y atravesar las vías por este punto para alcanzar la playa) y habiéndose incluso consolidado un paso ilegal, el Ayuntamiento venía obligado, al menos desde que se consolidó la zona de ocio, a adoptar otras medidas de seguridad (como sería la del vallado de la vía; exigir la construcción de un paso subterráneo habilitado para ello, pues el paso inferior existente no es tal sino que es una obertura para el desagüe de la riera, advertir del riesgo que se corre al cruzar las vías, etc.). Al no hacerlo así ha incumplido las obligaciones de policía que le competen -que tampoco quedan limitadas a las zonas urbanas- y, en consecuencia, procede imputarle la responsabilidad.
Sexto.—En materia de responsabilidad patrimonial, además de lo dicho más arriba en relación con la necesidad de respetar el principio de indemnidad, no cabe la menor duda de que la intervención de la víctima resulta aquí esencial en la producción del resultado dañoso. Pero coincidimos con los razonamientos de la sentencia del juzgado central en que tal intervención no exonera de responsabilidad a la Administración, aunque sí obliga a aplicar un principio de proporcionalidad por la vía de la graduación derivada de la concurrencia de culpas.
En este caso, el Tribunal entiende que la proporcionalidad ha de ser la misma que la aplicada en la sentencia referenciada, por lo que se impone la misma condena a la Administración demandada y a su compañía aseguradora, de modo que, además de revocar la sentencia de instancia, hemos de estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo y reconocer una indemnización al recurrente de 30.000 euros, cantidad que se entiende actualizada mediante esta sentencia y de la que se hará cargo la Administración demanda, sin perjuicio de la cobertura de la póliza con la aseguradora codemandada.
Séptimo.—La estimación del recurso de apelación comporta la no imposición de las costas causadas en esta segunda instancia a la parte apelante, al amparo del art 139 de la LJCA.
1.º) Estimar el recurso de apelación interpuesto por don Torcuato, contra la sentencia arriba indicada, la cual se revoca.
2.º) Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Torcuato, contra la resolución administrativa objeto de este proceso, la cual se anula.
3.º) Condenar al Ayuntamiento de Arenys de Mar a indemnizar a don Torcuato, una con 30.000 euros, cantidad que se considera actualizada a la fecha de esta sentencia.
4.º) Desestimar las demás pretensiones de la demanda.
5.º) Sin imponer las costas causadas en esta segunda instancia.
Notifíquese la presente resolución en legal forma, haciendo saber a las partes que contra la misma no cabe interponer recurso de casación ordinario, y verificado remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.
Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente / la Ilma. Sra. Magistrada Ponente estando la Sala celebrando audiencia pública el día 25 de febrero de 2.013, fecha en que ha sido firmada la sentencia por todos los Sres. Magistrados que formaron Tribunal en la misma. Doy fe.

References: resolución 
 artículo 121
 Real Decreto 
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 resolución 
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