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Timestamp: 2020-01-17 15:48:03+00:00

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Proyecto de ley sistema integral de seguridad pública de la ciudad autónoma de buenos aires libro I el marco general del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Título II Sistema Integral de Seguridad Pública Artículo 7
Título III Principios rectores de la gestión de la seguridad pública Artículo 10
7. Desburocratización
9. Información estadística confiable
Título IV Gobierno civil de la seguridad Artículo 11
Título V Coordinación estratégica y relaciones interjurisdiccionales Artículo 15
Título VI Sistema de participación ciudadana en la gestión de la seguridad pública Capítulo I Generalidades Artículo 18
Capítulo II Objeto Artículo 23
Capítulo III Composición Artículo 25
Capítulo IV Registros Artículo 26
Capítulo V Funciones Artículo 27
Capítulo VI Participación vecinal Artículo 28
Capítulo VII Organización y funcionamiento Artículo 29
Título VII Transparencia Artículo 31
Título VIII Oficina de Transparencia y Control Externo Artículo 36
Debido cuidado y diligencia profesional
Libro II La Policía de la Ciudad de Buenos Aires Título I Generalidades Capítulo I
Capítulo II Principios rectores Artículo 48
El marco general del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública.
A los fines de la presente Ley se define como seguridad pública a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establecen la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
1. Prevención, a las acciones tendientes a impedir, evitar, obstaculizar o limitar aquellos hechos que, dadas determinadas circunstancias y elementos objetivos y concurrentes, pudieran resultar delictivos o pudieran configurar actos atentatorios de la seguridad pública.
2. Conjuración, a las acciones tendientes a neutralizar, hacer cesar o contrarrestar en forma inmediata los delitos o hechos en ejecución que resulten atentatorios de la seguridad pública, utilizando -cuando sea necesario- el poder coercitivo que la ley autorice y evitando consecuencias ulteriores.
3. Investigación, a las acciones tendientes a conocer y analizar los delitos y hechos que vulneran la seguridad pública, sus modalidades y manifestaciones, las circunstancias estructurales y coyunturales en cuyo marco se produjeron, sus factores determinantes y condicionantes, las personas o grupos que lo protagonizaron como autores, instigadores o cómplices y sus consecuencias y efectos institucionales y sociales mediatos e inmediatos. Cuando la investigación se desarrolla en la esfera judicial, ella engloba a la persecución penal de los delitos consumados a través de las acciones de inteligencia criminal tendientes a constatar la comisión de los mismos y sus circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, individualizar a los responsables de los mismos y reunir las pruebas para acusarlos penalmente.
La seguridad pública implica la acción coordinada y la interacción permanente entre las personas y las instituciones del sistema democrático, representativo y republicano, particularmente, los organismos componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Ministerio de Justicia y Seguridad es el organismo encargado de elaborar los lineamientos generales en materia de seguridad, tendientes a llevar a cabo el diseño de las acciones preventivas necesarias y las tareas de control. Realizará las tareas de control y aplicará el régimen disciplinario sancionatorio de la actuación policial, conforme lo establecido por el artículo 35 de la Constitución de la Ciudad.
El Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como finalidad la formulación, implementación y control de las políticas de seguridad pública desarrolladas en el ámbito local, aquellas referidas a las estrategias sociales de prevención de la violencia y el delito, así como las estrategias institucionales de persecución penal, de seguridad preventiva comunitaria y de seguridad compleja.
Son objetivos del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad:
1. Facilitar las condiciones que posibiliten el pleno ejercicio de las libertades, derechos y garantías constitucionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Mantener el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Ciudad, con excepción de los lugares sujetos a jurisdicción federal.
3. Proteger la integridad física de las personas, así como sus derechos y bienes.
4. Promover y coordinar los programas de disuasión y prevención de delitos, contravenciones y faltas.
5. Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para evitar la comisión de delitos, contravenciones y faltas.
6. Promover la investigación de delitos, contravenciones y faltas, así como la persecución y sanción de sus autores.
7. Promover el intercambio de información en los términos de esta Ley.
8. Dirigir y coordinar los organismos de ejecución de pena a los fines de lograr la reinserción social del condenado, en cumplimiento de la legislación vigente.
9. Establecer los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para apoyo y auxilio a la población en casos de siniestros o desastres, conforme a los ordenamientos legales vigentes en la materia.
10. Garantizar la seguridad en el tránsito a través de la prevención del riesgo vial y el control de la seguridad vial.
11. Regular y controlar la prestación de los servicios de seguridad privada.
El Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está constituido por los siguientes componentes:
1. El Jefe de Gobierno.
2. El Ministerio de Justicia y Seguridad.
5. Las Juntas Comunales.
6. La Policía de la Ciudad.
7. El Cuerpo de Bomberos.
8. El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte.
9. El Servicio de reinserción social.
10. El Instituto Superior de Seguridad Pública.
11. El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito.
12. El Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia (SIPREC).
13. El Sistema Penitenciario.
14. El Sistema de Emergencias.
15. El Sistema de Seguridad Privada.
16. Los Foros de Seguridad Pública.
Principios rectores de la gestión de la seguridad pública
El Sistema Integral de Seguridad Pública y el diseño de políticas públicas en la materia en la Ciudad de Buenos Aires adopta los siguientes principios rectores:
1. Gobierno civil: por medio del control civil sobre la gestión institucional y el proceso de formación y capacitación de los actores del Sistema Integral de Seguridad Pública y garantizando el acceso a la información.
2. Cercanía: a través del conocimiento de las necesidades de la comunidad y la adaptación consecuente de la prestación de los servicios de seguridad, promoviendo la gestión democrática de las instituciones de la seguridad y la desconcentración de la organización policial a nivel comunal.
3. Participación ciudadana: promoviendo la integración con la comunidad y la participación de los ciudadanos y las organizaciones civiles con las autoridades encargadas de la seguridad en cada una de las comunas en el diagnóstico y la propuesta de estrategias y políticas en materia de seguridad.
4. Innovación: estimulando la modernización de la gestión administrativa y la incorporación de nuevas tecnologías en el desarrollo de los procedimientos y servicios.
5. Transparencia: implementando mecanismos eficaces, eficientes y ágiles en los procesos y procedimientos que tengan por objeto tutelar y proteger la seguridad pública.
6. Prevención: desarrollando estrategias y medidas tendientes a reducir las causas generadoras de conductas ilícitas, coordinando políticas sociales con políticas de seguridad con especial atención a los grupos poblacionales más vulnerables.
7. Desburocratización: desarrollando nuevas formas de organización y racionalización para la simplificación de los procedimientos administrativos.
8. Eficacia y eficiencia: con el fin de alcanzar los objetivos propuestos mediante una correcta asignación y un mejor aprovechamiento de los recursos del Estado, reduciendo los tiempos de los procedimientos.
9. Información estadística confiable: mediante la recopilación de datos relevantes en materia de seguridad sobre la base de indicadores estandarizados por el Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de desarrollar informes confiables y oportunos que permitan adoptar políticas públicas eficaces en la materia.
Gobierno civil de la seguridad
El Jefe de Gobierno, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y Jefe de la Administración, es responsable de la coordinación político-institucional superior del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Jefe de Gobierno, a través del Ministro de Justicia y Seguridad, debe formular y presentar anualmente a la Legislatura de la Ciudad el Plan General de Seguridad Pública que debe contener la misión o premisa dominante, las metas generales y los objetivos específicos de la política de seguridad pública, así como las estrategias y directivas generales para su gestión, implementación y control. Dicha presentación se realiza junto con el giro del proyecto de presupuesto de gastos y recursos de la Ciudad y sus entes autárquicos y descentralizados.
El Jefe de Gobierno puede delegar en el Ministerio de Justicia y Seguridad las responsabilidades establecidas en la presente Ley.
El Ministro de Justicia y Seguridad es responsable de la planificación estratégica de las políticas de seguridad pública basándose en las siguientes funciones:
1. La reunión de información estadística confiable a través de la producción y sistematización que realicen las dependencias a su cargo.
2. La elaboración, implementación y evaluación de las políticas y las estrategias de seguridad pública y de las directivas generales y específicas necesarias para su gestión y control, a través de las áreas dependientes competentes para ello.
3. La planificación estratégica basada en la elaboración y formulación de la estrategia institucional asentada en la realización del diagnóstico institucional y de los planes de reforma y modernización institucional, así como de las estrategias de control social e institucional de la violencia y de las diferentes modalidades delictivas.
4. La gestión del conocimiento en materia de seguridad pública a través de la planificación, producción, coordinación y evaluación del conocimiento institucional referido a la situación y el desempeño de los componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública, así como del conocimiento criminal referido a la situación del delito y la violencia en el nivel estratégico.
5. La dirección superior de la Policía de la Ciudad, a través de las dependencias que determine su estructura, mediante la planificación estratégica, el diseño y formulación de las estrategias policiales de control de la violencia y el delito, la conducción y coordinación funcional y organizativa de sus diferentes instancias y componentes. Es, asimismo, responsable de la dirección del accionar específico, así como también las actividades y labores conjuntas con otros cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, el Cuerpo de Bomberos, el servicio de Seguridad Privada y el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de acuerdo con sus funciones y competencias específicas, a través de las áreas competentes que determine su estructura.
6. La gestión administrativa general de la Policía de la Ciudad en todo lo que compete a la dirección de los recursos humanos, la reglamentación del servicio de policía complementaria y del servicio complementario de prevención de incendios, la planificación y ejecución presupuestaria, la gestión económica, contable, financiera y patrimonial, la planificación y gestión logística e infraestructural y la asistencia y asesoramiento jurídico-legal.
7. La dirección y coordinación del sistema de prevención de la violencia y el delito, especialmente en la formulación, implementación y evaluación de las estrategias de prevención social de la violencia y el delito.
8. La coordinación integral de la participación ciudadana en asuntos de seguridad pública.
9. La fiscalización del sistema de seguridad privada y la administración del régimen sancionatorio y de infracciones, a través de las dependencias a su cargo.
10. La elaboración, implementación y evaluación de las políticas y las estrategias en materia penitenciaria y de reinserción social de los condenados y de las directivas generales y específicas necesarias para su gestión y control.
11. La planificación, organización y ejecución de la capacitación, formación e investigación científica y técnica en materia de seguridad pública tanto para el personal policial como para los funcionarios y demás sujetos públicos y privados vinculados a la materia, a través del Instituto Superior de Seguridad Pública.
12. Intervenir en la elaboración y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad vial y su implementación a través del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte.
13. La coordinación de los distintos componentes del Sistema de Emergencias.
14. La Oficina de Transparencia y Control Externo.
Los componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires no pueden ser auditados o controlados sino por los organismos creados por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por las leyes que en su consecuencia se dicten.
Coordinación estratégica y relaciones interjurisdiccionales
El Ministerio de Justicia y Seguridad coordina el ejercicio de las respectivas funciones de los componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 24.059, de Seguridad Interior, al Decreto N° 1.273/92, y participa e integra en todas las instancias creadas por la Ley Nacional N° 25.520 de Inteligencia Nacional.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, establece las formas y modalidades en que se articula la acción de los distintos ministerios en apoyo a los esfuerzos que se desarrollen para la prevención integral del delito.
Sistema de participación ciudadana en la gestión de la seguridad pública
Es un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado de la Ciudad promover la efectiva participación ciudadana en asuntos de seguridad pública, a través de los mecanismos dispuestos en la presente Ley y en las reglamentaciones que en consecuencia se dicten.
El Ministro de Justicia y Seguridad comunica anualmente a la Legislatura y publica el mapa del delito.
El Ministro de Justicia y Seguridad aprueba los medios para canalizar las vías de participación y denuncia ciudadanas.
La participación ciudadana se efectiviza a través de la actuación de los Foros de Seguridad Pública (FOSEP).
Los Foros de Seguridad Pública se constituyen como ámbitos de participación y colaboración entre la sociedad civil y las autoridades, para la canalización de demandas y la formulación de propuestas en materia de seguridad pública.
Los FOSEP se desarrollan en el ámbito territorial de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose uno por cada una de ellas.
Los FOSEP promueven la efectiva participación ciudadana para la formulación de propuestas y seguimiento en materia de políticas públicas de seguridad.
Cada FOSEP está integrado por:
1. Organizaciones de la sociedad civil o entidades comunitarias y vecinales con personería jurídica, domicilio y actuación en el ámbito territorial de la Comuna correspondiente.
2. El representante de la Junta Comunal que tenga entre sus atribuciones la temática de la seguridad pública.
3. Un representante de cada una de las fuerzas de seguridad con actuación en la Comuna correspondiente.
4. Un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad.
5. Un representante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A los fines de su funcionamiento los FOSEP cuentan con los siguientes Registros:
1. Registro de Organizaciones de la sociedad civil o entidades comunitarias y vecinales con personería jurídica señaladas en el artículo 25, inciso 1 de la presente Ley.
2. Registro de Vecinos que deseen participar a título individual de las reuniones plenarias que organice el Foro de su Comuna.
Los FOSEP tienen las siguientes funciones:
1. Formular propuestas para el Plan General de Seguridad Pública.
2. Colaborar en los asuntos vinculados a la seguridad pública comunal, en la forma y con los alcances que determine la reglamentación.
3. Evaluar la implementación de políticas públicas de seguridad en la Comuna.
4. Formular sugerencias y presentar propuestas en materia de seguridad pública.
5. Informar y asesorar a los vecinos acerca de toda cuestión atinente a la seguridad pública en la Comuna.
6. Establecer una relación permanente con las dependencias policiales que actúen dentro de su jurisdicción.
7. Evaluar el funcionamiento de la actuación policial en el ámbito de la Comuna.
8. Invitar a autoridades, funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y culturales tanto públicas como privadas, con actuación en su ámbito territorial para tratar cuestiones referentes a la seguridad pública.
9. Participar del Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia (SIPREC).
10. Coordinar conjuntamente con autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas con actuación en su ámbito territorial, la organización de cursos, seminarios y talleres abiertos al público que versen sobre cuestiones inherentes a la seguridad pública.
11. Facilitar la comunicación, el entendimiento y la cooperación entre los distintos actores comunitarios, las dependencias policiales de su jurisdicción y las autoridades gubernamentales.
12. Participar en la elaboración y control de las estrategias y planes de prevención social de la violencia y el delito llevados a cabo por los organismos públicos especializados en la materia.
13. Constituirse en un ámbito de intercambio de información y experiencias respecto de sus propios barrios, los problemas específicos que padecen y los principales lugares de conflictividad, a los fines de formular aportes a los planes de seguridad y prevención relativos a la correspondiente Comuna.
14. Convocar a reuniones plenarias periódicas de los FOSEP a los inscriptos en los Registros establecidos en el artículo 26.
La evaluación prevista en el inciso 7 se realiza sin la participación de los representantes de las fuerzas de seguridad.
Los vecinos que no integren ninguna de las organizaciones mencionadas en el artículo 25, inciso 1, pueden participar en los FOSEP a título individual, bajo las siguientes modalidades:
1. Presentando ante el Foro de su Comuna una iniciativa, reclamo o petición por escrito, que el Foro debe considerar en la próxima reunión.
2. Participando de los talleres y seminarios que el Foro organice o coordine.
3. Participando de la reunión plenaria que organice el Foro de su Comuna.
La integración de la Coordinación de los FOSEP es definida por la autoridad de aplicación de la presente y tiene las siguientes funciones:
1. Convocar a todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, entidades comunitarias y vecinales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 25, inciso 1 y vecinos, a inscribirse en los registros previstos en el artículo 26.
2. Promover la conformación de los Foros en cada una de las Comunas.
3. Brindar el soporte administrativo para el buen funcionamiento y gestión de los Foros.
4. Coordinar las acciones y relación de los Foros con el Gobierno de la Ciudad y con las Comunas.
5. Canalizar, a través del representante del Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que en un futuro lo reemplace, las respuestas y consideraciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las propuestas e inquietudes surgidas en cada Foro.
6. Remitir un informe semestral que describa las actividades realizadas por los Foros con sus respectivas iniciativas, reclamos o peticiones, al Ministro de Justicia y Seguridad, quien lo remitirá a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
7. Coordinar el seguimiento de las iniciativas, reclamos o peticiones realizadas por cada uno de los Foros.
Las sugerencias y propuestas que surjan de los Foros son puestas en conocimiento de la autoridad de aplicación, del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y del Comité de Seguimiento de Seguridad Pública creado por la Ley 3253 (texto consolidado por Ley Nº 5454).
Toda persona puede solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna ante los órganos que componen el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las disposiciones vigentes del régimen de acceso a la información pública.
El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información requerida o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el acceso a la información que el Gobierno de la Ciudad debe suministrar, es considerado incurso en falta grave.
La denegatoria de la información debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General, en forma fundada.
Los órganos que componen el sistema integral de seguridad pública no están obligados a suministrar información cuando:
1. Se prevea un mecanismo especial para la tramitación de la solicitud, ya sea por su naturaleza, materia o características, conforme las normas vigentes.
2. Afecte la intimidad de las personas o bases de datos con información de domicilios o teléfonos o datos personales.
3. Se trate de información obtenida con carácter confidencial o esté protegida por el secreto bancario.
4. Su publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o de cualquier tipo que resulte protegida por el secreto profesional.
5. Se trate de notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo a la toma de una decisión de Autoridad Pública que no formen parte de los expedientes.
6. Sea esencial para resguardar la estrategia o dirección de la investigación u operación tendiente a hacer efectivo el deber de seguridad pública en el marco del Sistema Integral de Seguridad Pública establecido en la presente ley.
7. Su reserva sea esencial para resguardar el respeto a los derechos de las personas, la protección de la seguridad pública, el orden público, la salud y/o la moral pública.
Los interesados, oferentes, contratistas o subcontratistas que participen en procedimientos de selección o de contrataciones vinculadas con la prestación del servicio de seguridad pública, tienen la obligación de guardar confidencialidad aún después de la extinción del procedimiento o contrato, en todo cuanto se relacione con el objeto de aquél, salvo requerimiento judicial.
Oficina de Transparencia y Control Externo
Créase la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, órgano desconcentrado del Ministro de Justicia y Seguridad.
Los miembros de la Policía de la Ciudad no pueden integrar la Oficina de Transparencia y Control Externo. Su personal ingresa por concurso público de oposición y antecedentes, conforme los requisitos que establezca la reglamentación.
Son funciones de la Oficina de Transparencia y Control Externo:
Investigar las situaciones en las que intervenga personal de la Policía de la Ciudad y en las que se denuncie o se presuma razonablemente la existencia de irregularidades.
Sustanciar los sumarios administrativos y proponer al Ministro de Justicia y Seguridad, cuando corresponda, las sanciones disciplinarias a aplicar. Cuando de los hechos investigados se pueda presumir la comisión de delitos, la Oficina comunica dicha circunstancia al citado Ministro a los fines de las presentaciones judiciales que pudieran corresponder.
Elaborar programas y políticas de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en el ámbito de las fuerzas de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y proponer su implementación al Ministro de Justicia y Seguridad.
Planificar programas y acciones tendientes a prevenir aquéllas conductas vinculadas con la actuación del personal policial que puedan constituir faltas éticas y abusos funcionales graves y proponer su implementación al Ministro de Justicia y Seguridad.
Recibir las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los miembros de la Policía de la Ciudad.
y colaborar con la autoridad de aplicación de la Ley N° 4895 (texto consolidado por Ley Nº 5454).
Elaborar un informe anual sobre el desempeño de la Policía de la Ciudad en materia de promoción de los derechos humanos.
Los miembros de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad deben actuar conforme los siguientes principios:
Independencia de criterio, entendida como la responsabilidad de preservar la objetividad en la consideración de los hechos y ser imparcial en la formulación de conclusiones y recomendaciones. El personal debe excusarse de intervenir en aquellas investigaciones en las cuales su independencia de criterio pueda verse afectada por cualquier motivo.
Idoneidad, entendida como la formación técnica y experiencia profesional adecuadas para realizar las tareas que se requieran. En tal sentido se debe fomentar la capacitación permanente encaminada a la actualización técnico-profesional y perfeccionamiento en materias que hagan al objeto y finalidad del organismo.
Debido cuidado y diligencia profesional, entendida como el recto criterio a la hora de seleccionar los métodos y procedimientos a aplicar en el curso de una investigación o tarea a desarrollar.
Secreto profesional. El personal que intervenga en las investigaciones y sumarios debe mantener total reserva respecto a la información a la que acceda en el curso de su tarea, excepto cuando las normas o la autoridad competente dispongan la publicidad de la información.
Para el cumplimiento de sus funciones la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad tiene acceso irrestricto a toda documentación, información, sistemas informáticos, de comunicación y de imágenes de la Policía de la Ciudad, debiendo solicitarla a través del Ministro de Justicia y Seguridad o el funcionario que éste designe. Constituye falta grave la obstrucción, ocultamiento, falsedad, reticencia o retardo injustificado en el suministro de la información requerida.
La Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad articula su actividad con la del órgano bajo la órbita de la Policía de la Ciudad encargado de sustanciar los procedimientos disciplinarios. A estos efectos:
La Oficina de Transparencia y Control Externo tiene acceso directo a la totalidad de la información relacionada con los procedimientos administrativos sustanciados por el órgano policial, a su simple requisitoria.
El órgano policial debe informar a la Oficina de Transparencia y Control Externo sobre la apertura de todo nuevo procedimiento en el cual se investigue la comisión de una falta disciplinaria o la existencia de una irregularidad.
Si la Oficina de Transparencia y Control Externo decidiese instruir una investigación por un hecho que es investigado por el órgano policial, el sumario de la Oficina de Transparencia inhibe la prosecución del órgano policial. En este caso, éste último debe remitir las actuaciones a la Oficina de Transparencia de manera inmediata a los efectos de su unificación. Asimismo, el órgano policial no puede iniciar sumarios por hechos investigados por la Oficina de Transparencia y Control Externo.
Si en el transcurso de sus investigaciones el órgano policial arribase a la conclusión de la posible comisión de un hecho delictivo, debe informarlo de manera inmediata a la Oficina de Transparencia y Control Externo, junto a todos los antecedentes del caso, a los efectos dispuestos en el artículo 37, inciso 2, in fine.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires
Creación y dependencia funcional
Créase la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que cumple con las funciones de seguridad general, prevención, protección y resguardo de personas y bienes, y de auxiliar de la Justicia.
La Policía de la Ciudad es una institución civil armada, jerarquizada profesionalmente, depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad, con excepción de los lugares sujetos a jurisdicción federal.
La Policía de la Ciudad depende jerárquica y funcionalmente del Jefe de Gobierno a través del Ministerio de Justicia y Seguridad
A los fines de cumplimentar los requisitos del artículo 39 de la Ley Nacional Nº 25.877 y las normas conexas de las Leyes Nacionales N° 24.241, 23.660, 23.661, 24.013 y 24.557, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será considerado empleador del personal de la Policía de la Ciudad, quedando expresamente facultado para inscribirse en dicho carácter ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y celebrar los convenios previstos en los artículos 172 y 369 de la presente Ley.
El Ministerio de Justicia y Seguridad designa y remueve el personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La Policía de la Ciudad integra el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, en los términos de la Ley Nº 1689 (texto consolidado por Ley Nº 5454).
La Policía de la Ciudad adhiere al Convenio Policial Argentino y solicita su reconocimiento como miembro de la Organización Policial Argentina, ratificándose por este medio el Reglamento del Convenio.
La Policía de la Ciudad coopera dentro de sus facultades con la Justicia Local, la Justicia Federal, y la de las Provincias, para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales cuando así se le solicitare, conforme la disponibilidad de los recursos presupuestarios asignados.
La Policía de la Ciudad adhiere, en los términos del Decreto Nacional N° 684/62, y por intermedio de la Policía Federal Argentina, a la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C. – INTERPOL).
La gestión de la Policía de la Ciudad, como integrante del sistema de seguridad, se sujeta a los siguientes principios rectores:
Desconcentración: entendida como distribución territorial del servicio policial para lograr un mejor conocimiento de la idiosincrasia y de la conflictividad del barrio en que desempeña sus funciones y una mejor relación con la comunidad local.
Proximidad: entendida como estrategia de organización enfocada a un trabajo policial en estrecha colaboración con los recursos de la comunidad, desarrollando vínculos con sus actores representativos y de acercamiento a los vecinos que redunden en lazos beneficiosos tanto para la policía como para la sociedad en la solución de sus problemas.
Profesionalización: se desarrolla durante toda la carrera mediante la formación y la capacitación continua y permanente de los integrantes en la adquisición de competencias y habilidades especializadas para el cumplimiento adecuado de sus funciones.

References: Artículo 7
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 15
 Artículo 18
 Artículo 23
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 31
 Artículo 36
 Artículo 48
 artículo 35
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 37
in fine
 artículo 39