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Timestamp: 2019-11-20 16:41:28+00:00

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El Supremo recorta la facultad de Hacienda para remitir a la Fiscalía delitos fiscales21/10/2019
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La Inspección no podrá remitir a los juzgados expedientes liquidados o sancionados.
La sentencia, de 25 de septiembre de 2019, determina que no cuenta con habilitación legal la posibilidad que establece dicho apartado de que la Administración tributaria comunique al juez o al fiscal la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública "en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción".
"El precepto resulta tan abierto que hasta encontrándose firme o pendiente de resolución administrativa o judicial una sanción tributaria se hubiera permitido iniciar actuaciones en el ámbito penal, si en ese momento se observaran indicios de delito contra la hacienda pública", explica Esaú Alarcón, abogado de Gibernau Asesores, que ha dirigido la defensa letrada de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).
El ponente de la sentencia, el magistrado Cudero Blas, dictamina que esta previsión resulta contraria a dos principios esenciales para los derechos del contribuyente como son la confianza legítima y la prohibición de la duplicidad sancionadora (principio jurídico 'non bis in idem').
Señala el magistrado que el artículo 197.bis "no es ya solo que carezca de habilitación legal suficiente, sino que se opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública".
Argumentan ambos magistrados que "las reglas de persecución de los delitos contra la Hacienda Pública fiscal no deben ser nunca inferiores a las generales que rigen en los otros delitos públicos; lo que tiene que acarrear que el conocimiento de los indicios delictivos por la Administración tributaria en cualquier momento anterior a la prescripción del delito, exista o no liquidación ya aprobada, no releva a dicha Administración de la obligación de trasladar esos indicios al juez penal o al Ministerio Fiscal en los términos generales establecidos para cualquier delito público por la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
A este respecto, aclara Esaú Alarcón que "ambos artículos siguen en vigor, si bien el TS ha realizado una interpretación que podríamos denominar como auténtica de los mismos que impedirá que, en el futuro, resulten interpretados interesadamente por la Administración tributaria".
El precepto habla de que "podrá" admitirse la aportación de dicha documentación por parte del instructor del expediente y, fácilmente, ello podría haber dado lugar a que tal solicitud fuera denegada por el actuario sin motivación alguna.
La sentencia considera que "el precepto debe entenderse en el sentido de que dicho funcionario deberá incorporar la documentación si ésta es legalmente apta, desde el punto de vista material, para incluirse en el procedimiento de inspección; y deberá rechazarla si lo que se pretende aportar carece de esa aptitud".
"En otras palabras, la decisión acerca de la admisión de documentación en papel a un expediente de inspección no puede quedar en manos del funcionario instructor, como a primera vista parecía interpretarse del precepto sino que, al contrario, éste vendrá obligado a incorporarlo al expediente en curso siempre y cuando fuera documentación idónea para ello", aclara el letrado.
Comedores de empresa: de menú del día hoy tenemos conflicto21/10/2019
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Las cantinas corporativas son una fuente inagotable de disputas entre las corporaciones y sus empleados.
El Tribunal Supremo clarifica el criterio sobre cotización por accidentes de trabajo del personal en trabajos exclusivos de oficina.16/10/2019
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El Tribunal Supremo clarifica el criterio sobre cotización por accidentes de trabajo del personal en trabajos exclusivos de oficina.
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha venido defendiendo un criterio restrictivo, reduciendo al máximo los trabajos encuadrables en la letra “a” (“trabajos exclusivos de oficina”), al considera que sólo se aplica a los trabajos exclusivamente administrativos y cuya jornada se lleve totalmente a cabo en las citadas oficinas.
Pues bien, el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de junio de 2019 se ha pronunciado recientemente sobre esta materia, en el caso de una empresa que tiene comerciales, jefes de equipo, personal técnico que hacen trabajos de corte administrativo y se personan puntualmente en las obras.
La TGSS defiende que el abandonar la oficina, aunque sea brevemente, hace perder el beneficio de la aplicación del tipo de tarifa reducido.
1. Debe tratarse de ocupación “exclusiva”, en trabajos de oficina. Es trabajo exclusivo de oficina si más de la mitad de la jornada se está físicamente en ella.
2. El trabajo de oficina puede comprender no solo el referido a lo que podrán ser actividades administrativas, sino que puede venir referido a la realización de actividades de la empresa. Es decir, el trabajo exclusivo de oficina no se reduce al meramente administrativo sino que puede coincidir con la actividad principal de la empresa (de manera que, por ejemplo, un comercial que desarrolla su labor telefónicamente o desde un ordenador, sin salir prácticamente de su oficina, sería encuadrable en la letra “a”).
3. Que ese trabajo relacionado con la actividad de la empresa no someta al trabajador a los riesgos de la empresa; y
4. que se desempeñe “únicamente” en los lugares destinados a oficinas de la empresa.
Por tanto, la interpretación del Supremo resulta aplicable a las dos versiones de la norma, tanto a la anterior como a la posterior a la reforma operada con efectos del 1 de enero de 2016. Esto abre las puertas a muchas empresas para poder reclamar por lo cotizado de más, presentando un pidiendo una devolución de las cotizaciones efectuadas de más en el pasado.
Un auto del Supremo abre la puerta a cientos de reclamaciones a Hacienda16/10/2019
AeatHaciendaInspección de HaciendaadvocatiAlt advocatiAdvocati AbogadosReclamaciones a Hacienda
Un auto del Supremo abre la puerta a cientos de reclamaciones a Hacienda
En un auto de admisión de 26 de septiembre, la Sala recuerda que el artículo 208.1 de la Ley General Tributaria (LGT) expresa que 'el procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título III de esta ley, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente'.
El ponente, el magistrado Narravo Sanchís, considera que 'en la práctica administrativa, no es excepcional que la notificación de la liquidación y la de la sanción coincidan en el tiempo', tal y como sucede en el caso abordado en este litigio.
También, Navarro Sanchís se plantea 'si tal proceder no implicaría un menoscabo material, pero efectivo, de la garantía legal de separación de los procedimientos de liquidación y sanción, contenida en el artículo 208 de la Ley General Tributaria (LGT), que no sería así observada de modo real y genuino, sino puramente aparente y formal'.
En su auto de admisión del recurso, Navarro Sánchís pide a la Sala que precise en una próxima sentencia, si el artículo 209.2 de la LGT, al prohibir que los expedientes sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento de inspección, puedan iniciarse una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se haya notificado la liquidación o resolución, han de partir necesariamente de tal notificación como día de comienzo del plazo de iniciación, sin que sea legítimo incoar tal procedimiento antes de que la resolución haya sido dictada y notificada a su destinatario.
El citado artículo 209.2 regula que 'los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto el procedimiento una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución'.
Cómo luchar contra el phising car, el mayor fraude online en la venta de coches de segunda mando16/10/2019
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References: resolución 
 artículo 197
 artículo 208
 artículo 208
 artículo 209
 resolución 
 artículo 209