Source: http://www.derechoconstitucional.es/2012/03/
Timestamp: 2018-03-20 07:29:07+00:00

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marzo 2012 - Derecho Constitucional
La función financiera de las Cortes Generales: la potestad tributaria y presupuestaria
El artículo 66.2 de la Constitución establece que las Cortes Generales aprueban los presupuestos. Por tanto, las Cortes Generales, que representan al pueblo, ejercen la función financiera, que supone decidir sobre las finanzas del Estado, aprobando de manera anual, mediante ley de presupuestos, las cuentas del Estado [estas son las cuentas que establecen la estructura de los ingresos (la estimación de los ingresos que provengan de los tributos y de otras fuentes) y la autorización de los gastos del Estado en que se pueden emplear esos ingresos].
- La función financiera de las Cortes Generales, vinculada a la función legislativa
Esta función financiera de las Cortes Generales se encuentra vinculada a la función legislativa, ya que los presupuestos son aprobados por ley, porque existe un principio de legalidad financiera, que establece que la potestad tributaria y presupuestaria sea aprobada y ejercida por ley, y también la función financiera se encuentra vinculada a la función de control, porque la aprobación de ingresos y de gastos es sobre todo un instrumento de control parlamentario sobre el Gobierno y sobre la Administración.
+ La función de control y la exigencia de responsabilidad política al Gobierno
Etiquetas: Cortes Generales, Derecho, Derecho Constitucional, Función financiera
La función legislativa y su procedimiento
El artículo 66.2 de la Constitución establece que le corresponde a las Cortes Generales el ejercicio de la potestad legislativa del Estado.
- Un órgano representante del pueblo español expresa la voluntad del pueblo mediante normas reflejo de la voluntad general
Es razonable que un órgano que representa al pueblo español (artículo 66.1) exprese la voluntad del pueblo a través de normas que son reflejo de la voluntad general. En el desarrollo de la función legislativa se ha producido un progresivo redimensionamiento de la posición del gobierno sobre el parlamento, sobre todo en virtud de la dificultad técnica que supone la actividad legislativa.
- ¿A qué hace referencia la función legislativa?
La función legislativa hace referencia a la capacidad para elaborar y aprobar las leyes y se encuentra desarrollada en el capítulo segundo del título tercero de la Constitución que se denomina de la elaboración de las leyes. El primer elemento a estudiar es el que hace referencia a la iniciativa legislativa. Es la capacidad o facultad de promover que las cámaras lleven a cabo la elaboración de una ley.
- Sujetos titulares de la iniciativa legislativa
Hay cinco titulares establecidos en el artículo 87 de la Constitución de 1978.
+ Gobierno: proyectos de ley
El primer titular es el Gobierno, los textos que el Gobierno presenta en el ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa se llaman proyectos de ley, que deben ser aprobados por el Consejo de ministros. Con anterioridad a la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de ministros el texto debatido previamente entre el Gobierno y los distintos ministerios se llama anteproyecto de ley, que es también informado por el Consejo de estado.
El Consejo de ministros como señala el artículo 68 debe remitir al Congreso de los Diputados no solo el proyecto de ley sino también una exposición de motivos y los antecedentes necesarios para que las cámaras puedan pronunciarse. El artículo 89.1 establece que los proyectos de ley tienen preferencia en la tramitación parlamentaria, además no existen sobre los proyectos de ley a diferencia del resto de iniciativas legislativas un trámite de toma en consideración del proyecto de ley que permitiera a las cámaras rechazar la discusión sobre el mismo. Si existe ya dentro del trámite legislativo del proyecto de ley la posibilidad de presentar enmiendas a la totalidad en relación con la mayor o menor oportunidad del proyecto de ley.
La mayoría de las leyes aprobadas por las cámaras tienen su origen en proyectos de ley del Gobierno, al que le corresponde el ejercicio de la dirección política porque el gobierno tiene el respaldo del grupo parlamentario mayoritario que le permite llevar adelante su agenda legislativa.
+ Congreso de los Diputados y Senado: las proposiciones de ley
Otro titular de la iniciativa legislativa es el Congreso de los Diputados y el Senado, cuyas iniciativas tienen el nombre de proposiciones de ley. La iniciativa legislativa le corresponde a las cámaras en su conjunto, al Congreso y al Senado, no a sus miembros ni a los grupos parlamentarios.
Existen dos trámites previos.
El primero es que la proposición de ley sea presentada por alguien, el Reglamento del Congreso exige que la proposición de ley la presenten al menos 15 diputados o un grupo parlamentario, el Reglamento del Senado exige 25 senadores o un grupo parlamentario.
En segundo lugar existe un trámite denominado toma en consideración que permite al pleno de las cámaras valorar o no la tramitación legislativa de la proposición. Solo cuando se ha superado esta toma en consideración se puede decir que la cámara ha ejercido su iniciativa legislativa. Como el procedimiento legislativo comienza en el Congreso de los Diputados, las proposiciones de ley que tomen en consideración el senado se remiten al Congreso para su tramitación (artículo 89.2).
+ Asambleas de la Comunidad Autónoma
Otro titular de la iniciativa legislativa son las asambleas de la Comunidad Autónoma. El artículo 87.2 de la Constitución establece que las asambleas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley, se trata de una propuesta no vinculante, que en caso afirmativo terminaría con que el Gobierno remitiera a las cámaras un proyecto de ley. En este caso la iniciativa legislativa no sería de las comunidades autónomas sino del Gobierno. Además las asambleas de las Comunidades Autónomas pueden remitir a la mesa del Congreso, una proposición de ley que tendrá que ser tomada en consideración por el Congreso de los Diputados, en ese caso la iniciativa legislativa la estaría ejerciendo el Congreso de los Diputados. En este último supuesto la Constitución prevé que la asamblea de la Comunidad Autónoma delegue en tres parlamentarios autonómicos la defensa del texto remitido para su toma en consideración.
+ Pueblo: iniciativa legislativa popular
El quinto titular de la facultad de iniciativa legislativa es el pueblo directamente a través de la llamada iniciativa legislativa popular. El artículo 87.3 remite a una ley orgánica la regulación del ejercicio y los requisitos de la iniciativa popular y esta ley orgánica es la 3/1984 sobre iniciativa popular que se ha visto modificada en el año 2006. No obstante la Constitución establece dos exigencias, una de carácter material y otra de carácter formal en relación con la iniciativa popular.
La exigencia material es que la iniciativa popular no puede aplicarse a algunas materias como las que deben ser aprobadas por ley orgánica, las materias tributarias, las de carácter internacional y las relativas a la prerrogativa de gracia, además, la ley orgánica excluye otras materias de la iniciativa legislativa como son aquellas materias cuya iniciativa esta reservada al gobierno, como es el caso del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.
La segunda exigencia formal que establece la constitución en consideración a la iniciativa popular es que esta iniciativa debe estar respaldada por no menos de 500.000 firmas acreditadas.
. Procedimiento seguido para presentar una iniciativa popular:
En primer lugar la iniciativa debe ser impulsada por una comisión promotora que presenta un texto articulado a la mesa del congreso para su admisibilidad o no. El texto debe ser admitido a trámite salvo que incumpla requisitos formales. La inadmisión del texto por la mesa del Congreso es recurrible a través de un recurso de amparo directo ante el Tribunal Constitucional. Admitido a trámite por la mesa del Congreso la comisión promotora dispone de un plazo de 9 meses prorrogables por tres meses más para proceder a obtener las 500000 firmas. Obtenidas éstas, se produce un trámite de toma en consideración por el congreso de los diputados.
El procedimiento legislativo se encuentra regulado en la Constitución en los reglamentos de las cámaras, esto último es consecuencia de la autonomía parlamentaria.
La tramitación legislativa comienza en el Congreso de los Diputados y sigue básicamente tres fases.
Hay una fase que se produce en el pleno del Congreso y donde se produce el debate de las enmiendas a la totalidad y donde el texto legislativo puede ser rechazado o puede ser sustituido por otro texto completo alternativo. Estas enmiendas a la totalidad son presentadas por los grupos parlamentarios.
La siguiente fase es la fase de comisión, donde el proyecto legislativo, el texto o la proposición es objeto de examen en la comisión legislativa correspondiente, para ello se designa una ponencia (conjunto de miembros de la comisión), que va a elaborar un informe sobre el texto y sobre las enmiendas. Finalmente la comisión lleva a cabo una votación sobre el texto resultante llamado dictamen que es lo que se remite al pleno.
La última fase es una fase de pleno, donde el dictamen de la comisión y las enmiendas al mismo que no han sido aceptadas son discutidas, defendidas y votadas por el pleno de la cámara.
Una vez aprobado el proyecto de ley o la proposición de ley en el Congreso se remite al Senado, que dispone de un plazo de dos meses para su tramitación salvo los textos declarados urgentes donde el plazo de abrevia a 20 días.
El Senado puede hacer tres cosas: el Senado puede mostrar su conformidad con el texto aprobado y remitido por el Congreso y en este caso el texto queda finalmente aprobado, el Senado puede aprobar enmiendas al texto emitido por el Congreso y en ese caso el Congreso tendrá que aceptar o rechazar las enmiendas por mayoría simple. Las enmiendas también las aprueba el Senado por mayoría simple. En tercer lugar el Senado puede interponer un veto al texto legislativo remitido por el congreso. El veto del senado debe ser aprobado por la mayoría absoluta del pleno del Senado.
En el caso de que exista este veto del Senado el Congreso de los Diputados puede hacer dos cosas: puede superar el veto del Senado mediante mayoría absoluta del Congreso o puede esperar el plazo de dos meses y superar el veto del Senado por mayoría simple. Se evidencia así en estos dos casos que el Senado no solo es una cámara de representación territorial sino que es una cámara que posibilita la doble reflexión o la doble lectura de los proyectos o proposiciones aprobados por el Congreso. Esto se encuentra expuesto y regulado en el artículo 90 de la Constitución. La tramitación en el Senado es también una tramitación tanto en pleno como en comisión.
- Procedimientos legislativos especiales
Hay dos tipos de procedimientos legislativos especiales.
+ Procedimiento legislativo especial asociado a una materia o tipo de normas
El primero son aquellos asociados a una materia o a un tipo de normas. Éstos también se encuentran descritos en el capítulo segundo del título tercero denominado de la elaboración de las leyes, son el relativo a las leyes orgánicas, artículo 81, los relativos a los decretos legislativos, artículos 82 al 85, los relativos a la aprobación de decretos leyes, que están regulado en el artículo 86, los proyectos de reforma constitucional y de aprobación de Estatuto de Autonomía. También formaría parte de este procedimiento legislativo la aprobación de los Tratados Internacionales y de los presupuestos. Hay otros procedimientos legislativos especiales que no están asociados a ningún tipo de normas ni ninguna materia y son tres: el primero de ellos es la tramitación completa incluida la aprobación de la ley en comisión.
La Constitución prevé que los plenos de las cámaras puedan delegar en comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. En la actualidad está vigente una presunción de delegación genérica, que significa que las comisiones aprueban leyes sin una delegación expresa. No obstante el pleno de las cámaras podrá recabar en cualquier momento el debate y votación del proyecto o proposición de ley que ha sido objeto de delegación. Quedan excluidas de la aprobación por las comisiones legislativas algunas materias previstas en el artículo 75.3, la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
+ Procedimiento legislativo especial de lectura única en pleno
El segundo procedimiento legislativo especial es el procedimiento de lectura única en pleno, que significa que el proyecto o la proposición no va a pasar por comisión. Existen una única lectura del texto por el pleno de la cámara que lleva a cabo el debate y la votación del mismo. Ésta lectura única en pleno se utiliza cuando lo decide el pleno a propuesta de la mesa y se emplea para materias donde no hay controversia política y de gran sencillez al ser textos de pocos artículos. Este procedimiento está previsto en los reglamentos de las cámaras pero no en la Constitución. Por último estaría el procedimiento de urgencia que consiste en reducir a la mitad los plazos de tramitación del texto legislativo tanto en pleno como en comisión y acorta el plazo de debate en el Senado para enmiendas o para veto desde los dos meses iniciales a 20 días.
La última fase del procedimiento legislativo es la sanción, promulgación y publicación de las leyes. El artículo 91 de la Constitución establece que corresponde al rey sancionar en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, promulgarlas y ordenar su inmediata publicación.
- La función del rey de sancionar y promulgar las leyes
También señalar el artículo 62.a que corresponde al rey la sanción y la promulgación de las leyes. Estos dos actos del rey, la sanción y la promulgación de las leyes tienen que estar refrendados ex artículo 64 de la Constitución. La sanción es un acto por el cual el rey perfecciona el texto de la ley y el procedimiento legislativo. Ésta sanción real de las leyes es una reminiscencia de la etapa de la monarquía constitucional donde la soberanía se encontraba compartida entre el monarca y la nación representada en el Parlamento por lo que la aprobación de las leyes por las cámaras requería contar con la aprobación del rey. En la actualidad la sanción del rey es un acto debido donde el rey carece de discrecionalidad. El rey debe sancionar en el plazo de 15 días.
La promulgación es un acto a través del cual se comprueba que la ley aprobada por el Parlamento cumple todas las exigencia constitucionales. El rey únicamente se podrá negar a promulgar aquéllas leyes que hallan sido aprobadas con vicios manifiestos de procedimiento. La promulgación también implica como contenido un mandato para que la ley se cumpla y sea obedecida y también lleva aparejada la orden de publicación.
Por último estaría la publicación de las leyes que es consecuencia del principio constitucional de publicidad de las normas establecido en el artículo 9.3 que es también consecuencia del principio de seguridad jurídica y de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- Publicación de las normas en el Boletín Oficial del Estado o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas
Las normas se publican en el Boletín Oficial del Estado y las leyes autonómicas también en los boletines oficiales de las Comunidades Autónomas y entran en vigor en la fecha establecida por la propia ley. El legislador puede establecer un plazo más largo para la entrada en vigor de la ley, que es lo que se denomina vacatio legis. En el caso de que la ley no establezca expresamente la entrada en vigor, el artículo 2 del Código Civil establece que como regla general las normas o leyes entran en vigor a los 20 días de su publicación.
- La iniciativa legislativa popular | Vídeo
Etiquetas: Cortes Generales, Derecho, Derecho Constitucional, Función legislativa
- Los diputados del Congreso son elegidos cada cuatro años
Las cámaras se pueden reunir en sesiones extraordinarias a petición del gobierno, de la diputación permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Estas sesiones extraordinarias deben convocarse por el orden del día fijado y deben clausurarse una vez que ese orden del día se encuentre agotado. En ambos supuestos las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente para poder adoptar acuerdos, lo que exige una presencia mínima que es la asistencia de la mayoría de sus miembros. Es esencial que las cámaras se reúnan siempre convocadas por un orden del día, que habitualmente es fijado por el presidente de la cámara de acuerdo con la Junta de portavoces.
Diputados en el Congreso de los Diputados español. Imagen: Libertad Digital
- Exigencias de la Constitución para con los reglamentos de las cámaras
En todo caso deben ser sesiones públicas aquellas que hagan referencia a la investidura del presidente del Gobierno o al control parlamentario. La publicidad de las sesiones implica además de la presencia de los medios de comunicación, la transcripción de los debates parlamentarios a través de los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado, así como la presencia de público que puede asistir a los plenos. Las sesiones de las comisiones no son públicas, en el sentido de que no están abiertas al público, pero si permiten la presencia de los medios de comunicación y sus debates son transcriptos en el diario de sesiones.
El principio de contradicción significa que en los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado cada grupo parlamentario y del Gobierno disponen de un tiempo asignado para manifestar su posición y también la posibilidad de una réplica.
Los principios de publicidad y contradicción están presentes en las sesiones de las Cámaras. Imagen: El Confidencial
Etiquetas: Derecho, Derecho Constitucional, Elecciones
El Presidente del Congreso y del Senado es elegido por los miembros de esta en sesión constitutiva. El artículo 72.2 dice que las cámaras eligen a sus presidentes y a los demás miembros de sus mesas.
Los Presidentes de las cámaras son elegidos en primera votación por mayoría absoluta de cada cámara y sino en segunda votación por el candidato que tenga mayor número de votos. El Presidente es la máxima autoridad de la cámara, ostenta su representación y es la segunda autoridad del Estado.
- La neutralidad del Presidente del Congreso y del Senado en el ejercicio de sus funciones
Una de las funciones que tiene el Presidente es dirigir los debates de los plenos del Congreso y del Senado. La segunda función es presidir la mesa de cada una de las cámaras y la Junta de portavoces. Otra función muy importante es la función normativa porque aprueban las llamadas resoluciones de la presidencia que son fuente del derecho parlamentario y se integran en los reglamentos. Estas resoluciones de carácter general de las presidencias requieren el acuerdo tanto de la mesa como de la Junta de portavoces.
+ Diferencias entre las resoluciones de la presidencia y los reglamentos parlamentarios
La segunda diferencia es que los reglamentos de las cámaras son controlados a través del recurso de inconstitucionalidad, mientras que las resoluciones de la presidencia son objeto de control a través de un recurso de amparo directo ante el Tribunal Constitucional.
La última función que tienen los presidentes de las cámaras reside en el artículo 72.3. Corresponde a los presidentes de las cámaras ejercer en nombre de éstas todos los poderes administrativos y las facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.
La Junta de portavoces es otro órgano de gobierno de las cámaras y esta compuesta por un portavoz de cada grupo parlamentario y actúa en representación de cada grupo y también hay un representante del gobierno. Lo relevante es que el voto en la Junta de portavoces es un voto ponderado. Esto significa que cada portavoz dispone de tantos votos como parlamentarios tenga su grupo. Le corresponde al Presidente presidir la Junta de portavoces.
+ Función de la Junta de portavoces
La función de la Junta de portavoces es de carácter político. Esto es debido a que en la Junta de portavoces se va a adelantar la posición que tanto en pleno como en comisiones van a tener los grupos parlamentarios y ya se visualiza la existencia o no de mayorías o minorías.
+ Junta de portavoces: cauce institucional en las relaciones entre Gobierno y Cámaras
También la Junta de portavoces es el cauce institucional para las relaciones entre Gobierno y Cámaras. Además la Junta de portavoces tiene una función esencial que es fijar el orden del día de los plenos o modificar el orden ya fijado. Si la mesa de las cámaras dirige los trabajos parlamentarios a medio plazo la Junta de portavoces va a dirigir los trabajos parlamentarios a corto plazo teniendo en cuenta la dinámica política.
+ Regulación de la Junta de portavoces
La Junta de portavoces es el órgano de Gobierno que refleja la importancia de los grupos parlamentarios y en el fondo de los partidos políticos en el régimen parlamentario. Hay que decir que la Junta de portavoces no dispone de regulación de la Constitución y tiene una regulación muy escueta en los reglamentos parlamentarios pero que ha adquirido un gran protagonismo político.
También las cámaras disponen de unos órganos de funcionamiento a través de los cuales se desarrollan todas las actividades parlamentarias que son las actividades legislativas, presupuestaria y de control.
- Pleno de las cámaras
El primer órgano de las cámaras es el pleno. Este el órgano de funcionamiento más importante de las cámaras. Está compuesto por todos los miembros de las cámaras, también asisten al pleno de las cámaras los miembros de gobierno que disponen de voz pero no voto salvo que sean miembros de las mismas. La ubicación en los plenos de las cámaras no es una ubicación libre sino que se sientan de conformidad con su adscripción a los grupos parlamentarios.
El pleno de las cámaras desempeña las funciones de carácter más político dentro de éstas actividades legislativas presupuestarias y de control.
El artículo 75.1 establece que las cámaras funcionan en pleno y en comisiones. Ostentando el pleno las funciones más de carácter político y las comisiones las funciones de carácter más técnico-jurídico. Así en lo que hace referencia al procedimiento legislativo le corresponde al pleno en exclusiva la aprobación de lo relativo a la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado.
Además también le corresponde al pleno del Congreso de los Diputados y no a las comisiones la investidura y la remoción del Presidente del Gobierno. También la función de control político en aquéllos debates de mayor relevancia política se celebran en el pleno. Es esencial en el pleno de las cámaras que se rige por el principio de publicidad. Existe también la posibilidad de plenos o sesiones conjuntas de ambas cámaras para aquéllas funciones parlamentarias referidas al título segundo, esta sesión conjunta de ambas cámaras son presididas por el Presidente del Congreso de los Diputados y se rigen por un reglamento aprobado por mayoría absoluta de ambas cámaras.
Las comisiones son otro órgano de funcionamiento de las cámaras. Las comisiones son una especie de pleno reducido porque hay un Presidente de la comisión que ejerce una función similar al Presidente de las cámaras, hay una mesa de cada comisión que ejerce las funciones semejantes a la mesa de las cámaras y los miembros de la comisión son los representantes de cada grupo parlamentario en proporción a su importancia numérica. Los miembros de cada comisión son designados de manera libre por cada grupo parlamentario, si bien todo parlamentario tiene derecho en estar al menos en una comisión.
+ Funciones que hace una comisión
Los grupos parlamentarios son órganos de funcionamiento de las cámaras compuestos por agrupaciones de parlamentarios. Están compuestos por aquéllos diputados y senadores que se han presentado en las candidaturas del mismo partido político. Por tanto lo esencial en cada grupo parlamentario salvo en el grupo mixto es la coincidencia política de los parlamentarios y que suponen la traducción parlamentaria de los partidos políticos.
+ Requisitos para constituir un grupo parlamentario
Existen un conjunto de requisitos para poder constituir un grupo parlamentario. Si los grupos parlamentarios son órganos de funcionamiento de las cámaras que deben estructurar la vida parlamentaria la existencia de grupos parlamentarios de muy pocos diputados atomizaría la vida parlamentaria. Se exige que halla habitualmente 15 diputados o 10 senadores para poder crear un grupo parlamentario, salvo en los supuestos de partido de ámbito autonómico como son los partidos nacionalistas. Aquéllos diputados que no pueden constituir un grupo parlamentario propio conforman el llamado grupo mixto donde confluyen diputados de ideologías muy diversas. El grupo mixto tiene la función de permitir la actividad parlamentaria que no puedan formar un grupo.
Existen algunos límites para dificultar el transfuguismo político.
La Constitución solo ha establecido una función de los grupos parlamentarios, la establecida en el artículo 78.1.
Los grupos parlamentarios tienen como función constitucional ayudar a conformar la diputación permanente de las cámaras. Los reglamentos parlamentarios si hacen una mención muy extensa a las funciones de los grupos parlamentarios. Así éstos grupos no sólo sirven para representar en la cámara a los diputados de una ideología concreta sino que es un auténtico órgano de funcionamiento de las cámaras que sirve para organizar, articular y coordinar las actividades parlamentarias de los miembros que la integran. Tanto en los aspectos presupuestarios como legislativos como de control.
Así los grupos parlamentarios atribuyen las portavocías en las comisiones y en los plenos dando la palabra a los diputados que van a expresar la posición del grupo y autorizando que los diputados y los senadores presenten preguntas o hagan enmiendas a los proyectos de ley. Así, el Parlamento no puede funcionar sobre la base de la actividad de los parlamentarios considerados individualmente.
Los grupos parlamentarios sirven para simplificar y para racionalizar el funcionamiento de las cámaras. Por eso se habla de la existencia de un parlamentarismo racionalizado. Además el protagonismo de los grupos parlamentarios es una consecuencia de la existencia de una democracia de partidos. El grupo parlamentario contribuye a la composición de los órganos de gobierno de las cámaras y contribuye a los órganos de funcionamiento de las cámaras como son las comisiones y la diputación permanente.
+ Relevancia constitucional de los grupos parlamentarios: financiación pública o del Estado
Etiquetas: Congreso, Derecho, Derecho Constitucional, Senado, Trabajo parlamentario
Estas prerrogativas están orientadas a la libre actuación de las cámaras tanto en lo que hace referencia a la libertad de expresión como al respeto a la composición de las Cortes Generales.
Estas prerrogativas parlamentarias no son privilegios sino garantías que han surgido en virtud de situaciones históricas donde el poder ejecutivo a presionado al poder legislativo alterando de alguna forma el funcionamiento de las cámaras. Además estas prerrogativas son necesarias especialmente en aquellos países cuyo régimen constitucional no esta todavía asentado.
- La inviolabilidad de las Cortes Generales
La primera prerrogativa colectiva de las Cortes es la inviolabilidad. Las Cortes Generales son inviolables lo que significa que no puede exigirse responsabilidad jurídica alguna por los actos realizados en el ejercicio de su instrucción.
Las Cortes en términos colectivos no pueden ser perseguidas ni por procedimiento penal ni civil. Además las Cortes Generales no pueden estar sometidas a presión alguna, por lo que el artículo 77.1 prohibe expresamente la presentación directa de peticiones individuales y colectivas a través de manifestaciones ciudadanas. El Código Penal considera delitos las manifestaciones ante las Cámaras cuando estén reunidas, entrar indebidamente en las cámaras con o sin armas o cualquier intento de coaccionar a sus integrantes o de perturbar su funcionamiento.
La autonomía normativa significa que le corresponde a las Cortes Generales la aprobación de sus reglamentos, que son el reglamento del Congreso de los Diputados –aprobado en 1982–, el reglamento del Senado, aprobado también en el año 1982 pero con reformas posteriores y el reglamento de las sesiones conjuntas del Congreso y del Senado. Lógicamente la potestad reglamentaria de las cámaras se ejerce respetando y sin perjuicio de las previsiones constitucionales que regulan la organización y el funcionamiento de las cámaras.
- La posición de los reglamentos parlamentarios dentro del sistema de fuentes
Los reglamentos parlamentarios se encuentran directa e inmediatamente subordinados a la Constitución no teniendo más límites que los establecidos en esta. El reglamento parlamentario se encuentra en la misma posición en el sistema de fuentes que la ley respetándose no en virtud del principio de jerarquía sino en virtud del principio de competencia. Esta especial posición del reglamento parlamentario en el sistema de fuentes hace que el control de constitucionalidad de los reglamentos lo lleve a cabo el Tribunal Constitucional. En todo caso hay que decir que la ley tiene en el reglamento parlamentario su parámetro de constitucionalidad teniendo que respetar la aprobación de las leyes el procedimiento previsto en el reglamento parlamentario.
- La forma de aprobación de los reglamentos
Los reglamentos parlamentarios tienen que ser aprobados por mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Este criterio también es aplicable a la reforma de los reglamentos. Esta exigencia de mayoría absoluta para aprobar los reglamentos tiene como finalidad proteger a las minorías frente a las mayorías. Evitando que la mayoría política se sirva del reglamento para dificultar la función de control.
Existen las llamadas resoluciones de las presidencias, bien para el Congreso como para el Senado, que tiene la facultad no solo de interpretar los reglamentos en caso de duda sino también de suplir su regulación en caso de laguna u omisión. Estas resoluciones son disposiciones de carácter general que tienen que dictarse con la colaboración de la mesa y la junta de portavoces y también son fuente del derecho parlamentario.
- La autonomía presupuestaria
Las cámaras aprueban de forma autónoma sus presupuestos. De esta forma si la regla general es que le corresponde al Gobierno la elaboración del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.
En el caso del presupuesto de las cámaras este es elaborado y aprobado de manera autónoma por estas, integrándose de manera directa en los presupuestos generales del Estado. Esta autonomía presupuestaria evita que el gobierno dificulte el funcionamiento de las cámaras negándoles los recursos económicos necesarios.
- La autonomía de gobierno, autonomía administrativa y autonomía personal
Le corresponde a las cámaras elegir a los presidentes y a los demás miembros de las mesas de las cámaras. Las sesiones conjuntas de ambas cámaras son presididas por el Presidente del Congreso.
Le corresponde al Presidente de las cámaras ejercer en nombre de éstas todos los poderes administrativos y las facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Le corresponde también a las Cortes Generales aprobar de común acuerdo el estatuto de personal de las Cortes Generales. Además los procesos selectivos para formar parte de las Cortes Generales. Son convocados y son resuelven por tribunales aprobados por las propias mesas de las cámaras. Esta autonomía de personal es también una prerrogativa frente al gobierno que garantiza tu independencia.
- El fuero procesal o control jurisdiccional de los actos del Parlamento
No existen ámbitos exentos de control jurisdiccional. Así el control de los actos legislativos con valor de ley lo lleva a cabo el Tribunal Constitucional a través de la resolución de los recursos y de las cuestiones de inconstitucionalidad.
El control jurisdiccional de los actos parlamentarios sin valor de ley lo lleva a cabo el Tribunal Constitucional a través del llamado recurso de amparo directo regulado en el artículo 42 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Se llama recurso de amparo directo porque a diferencia de los demás no hace falta agotar la vía judicial previa. A través de este amparo directo se controlan los actas interna corporis que son los actos internos de las cámaras donde se cumplen funciones parlamentarias. Cuando estas resoluciones o actos de las cámaras vulneren derechos fundamentales existe esta garantía jurisdiccional que va a proteger especialmente el derecho a participar en asuntos públicos por medio de representación que no solo tiene dentro de su contenido esencial el derecho a ser elegido sino que también el derecho a desarrollar con normalidad las funciones de representación.
Frente a los actos de las cámaras que no tienen carácter parlamentario sino que son de administración o de personal existe un recurso judicial que conoce la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Esta prerrogativa protege al parlamentario frente a cualquier acto del poder ejecutivo en especial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y frente a cualquier acto del poder judicial que pueda limitar su libertad personal reconocida en el artículo 17 de la Constitución.
La inmunidad evita cualquier detención por parte de los cuerpos de seguridad y cualquier forma de privación de libertad a través de procedimiento penales. La inmunidad va dirigida a que esta detención o privación de libertad no se haga por motivos políticos y tenga su causa en una persecución política. El bien jurídico que se protege es la correcta composición de las cámaras de forma que la privación de libertad no altere sus equilibrio numéricos.
El Tribunal Constitucional ha señalado que la inmunidad de los parlamentarios así como su inviolabilidad tiene que interpretarse de manera restrictiva debido a que se limita mucho el derecho a una tutela judicial efectiva.
La inmunidad no es absoluta ya que el diputado o senador puede ser procesado si lo autorizan las cámaras. La concesión de suplicatorio para procesar a un diputado o la delegación de su abdecatoria tiene que ser justificada y motivada por las cámaras valorando si en la petición judicial se esconde algún móvil político. Se trata esta concesión o suplicación de delegatoria es un acto parlamentario sin valor de ley sometido a control jurisdiccional sometido a control jurisdiccional a través del recurso de amparo directo ante el Tribunal Constitucional. No es una decisión política, es de naturaleza jurídica. El parlamento no podrá denegar el suplicatorio si no existe una persecución de carácter político. En ningún caso el parlamento puede llevar a cabo un enjuiciamiento sobre el fondo del asunto que le corresponde al órgano judicial. La inmunidad no es derecho del diputado o senador sino que solo puede disponer de ella las cámaras.
+ Diferencias de la inmunidad frente a la inviolabilidad
La inmunidad tiene importantes diferencias con respecto a la inviolabilidad. La primera es que la inmunidad solo se limita al ámbito penal y no impide los procedimientos civiles o laborales contra un diputado ya que solo los procedimientos penales pueden implicar la privación de libertad. En segundo lugar la inmunidad alcanza cualquier procedimiento penal contra un parlamentario así mientras que la inviolabilidad solo protege frente a actos parlamentarios la inmunidad protege todos los actos que cometan los parlamentarios también fuera de sus funciones parlamentarias y que puedan implicar un procedimiento penal contra él (ejemplo bebidas alcóholicas). En tercer lugar la inmunidad se limita a la duración del mandato parlamentario, mientras que la inviolabilidad se extiende más halla y fuera del mandato parlamentario.
Así lo que se pretende de nuevo es que se modifique la composición de las cámaras. De hecho si el parlamento no concede suplicatorio siempre se podrá perseguir penalmente a esa persona cuando deje de ser diputado.
+ Aspectos relevantes en el procedimiento penal vinculados a la inmunidad
Existen algunos aspectos relevantes en el procedimiento penal vinculados a la inmunidad. En primer lugar la inmunidad no impide la investigación policial de aquellos actos o conductas que puedan ser delictivas y merecer un reproche penal. Por tanto tampoco la inmunidad impide la misión a trámite de una querella penal. Lo propio de la inmunidad es que no se inicie la inculpación de un parlamentario o sea procesado sin la previa autorización de las cámaras. Cuando alguien que es elegido parlamentario se encuentra ya procesado penalmente es necesario que las cámaras concedan el suplicatorio para continuar con la inculpación. Si está detenido o privado de libertad hace falta proceder a su puesta en libertad hasta que el parlamento no conceda el suplicatorio. Otro elemento procesal relevante es el referido al órgano jurisdiccional competente para proceder penalmente contra los diputados, parlamentarios o senadores. Es la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Si el parlamento concede suplicatorio se continua el procedimiento penal que puede conllevar una pena de prisión o la inhabilitación del parlamentario, lo que significa una suspensión temporal y una pérdida temporal de su condición de parlamentario. En el caso de que el parlamento no conceda el suplicatorio no podrá continuar el procedimiento penal contra el diputado, no podrá ser inculpado ni procesado hasta que deje su condición de parlamentario. En todo caso si se podrá continuar la imputación contra los demás inculpados. También hay que decir que los parlamentarios pueden ser detenidos en caso de flagrante delito. En todo caso hace falta la autorización de las cámaras para continuar la detención.
El órgano jurisdiccional competente para conocer los procedimientos penal contra diputados y senadores es la sala de lo penal del Tribunal Supremo como señala el artículo 71.1 de la Constitución. Esta previsión no supone que el Tribunal Supremo sea un órgano judicial más independiente o más imparcial que el resto de órganos judiciales pero si que dispone de magistrados que por estar a término tienen una mayor cualificación jurídica y experiencia. La existencia de este fuero procesal hace que los diputados y senadores no dispongan de un derecho a una apelación o del derecho a que su caso sea revisado por una segunda instancia judicial. Esto ha sido en parte cuestionado por el Tribunal Europeo de derechos humanos.
+ Otras garantías constitucionales de los parlamentarios considerados individualmente
En tercer lugar la exigencia de incompatibilidad va dirigido a permitir un nivel de dedicación a las secciones parlamentarias.
La mayoría de las causas de incompatibilidad están regulados en el artículo 70 de la Constitución.
El artículo 70 establece las causas de incompatibilidad que también son de ilegibilidad como son ser miembros del Tribunal Constitucional, ser alto cargo de la administración del estado, defensor del pueblo, miembro de la carrera judicial o fiscal, militar profesional o miembro de una fuerza o cuerpo de seguridad del estado.
No obstante hay que diferenciar la inelegibilidad que impide ser proclamado candidato de la incompatibilidad que impide la toma de posesión como diputado.
Por tanto hay algunos supuestos específicos de incompatibilidad sobre todo referido al ejercicio de funciones privadas. Así el diputado o senador al ser elegido debe hacer una declaración de actividades y pedir la compatibilidad. Existe una comisión, la comisión del Estatuto del diputado, que elabora un dictamen de compatibilidad y que resuelve el pleno de las cámaras. Recientemente se da publicidad a la declaración de actividades de diputados y senadores lo que supone un control social de su actividad.
+ Obligación de prestar juramento o promesa de aceptar la Constitución
Otra garantía es la obligación de prestar juramento o promesa de aceptar la Constitución para adquirir la plena condición de parlamentario. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha admitido como fórmula para prestar juramento la expresión por imperativo legal. La negativa a jurar o prometer la Constitución no hace perder el carácter de diputado o senador electo sino que impide que se puedan ejercer las funciones parlamentarias y que se ostenten los privilegios o prerrogativas de los parlamentarios.
+ Supuestos tasados o limitados para la pérdida de la condición de parlamentario
La última garantía que forma parte de este estatuto del parlamentario o senador es la existencia de unos supuestos tasados o limitados para la pérdida temporal o definitiva de la condición de parlamentario.
Otras causas de pérdida definitiva de la condición de parlamentario es el fallecimiento, la renuncia o la resolución judicial que incapacite al diputado o senador o la resolución judicial que anule la elección.
La pérdida definitiva de la condición de diputado supone que en el Congreso toma posesión el siguiente en la lista y en el senado toma posesión el suplente.
Hay otros supuestos que suponen la pérdida temporal de diputado o senador. Básicamente la principal es la resolución judicial, que declare la prisión preventiva o una sentencia judicial de condena a cárcel o con una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargos y de funciones públicas.
+ Garantía en relación a la situación económica de diputados y senadores
La última garantía hace referencia a la situación económica de diputados y senadores. El artículo 71.4 de la Constitución establece que los diputados y senadores van a percibir una asignación que es fijada por las respectivas cámaras. Por tanto la retribución económica de los parlamentarios es una exigencia constitucional por varios motivos: compensación por el ejercicio de funciones públicas, carácter representativo del Parlamento, que evite que sólo pueda ser parlamentario quien se lo pueda pagar, y en tercer lugar una garantía de independencia del Parlamento, vinculado al régimen de incompatibilidad.
La Constitución no establece ningún régimen ni ventaja especial de los miembros del Parlamento en relación con las cotizaciones a la Seguridad Social para poder obtener una comisión. Esta es una decisión que corresponde a la autonomía de las cámaras.
Etiquetas: Cortes Generales, Derecho, Derecho Constitucional, Prerrogativas
El artículo 66.1 establece que las Cortes Generales están formadas por el Congreso y por el Senado y que ambas representan al pueblo español. Se utiliza esta denominación histórica de Cortes Generales que es el vocablo que en la historia de España se ha utilizado para designar al Parlamento.
- El Congreso de los Diputados, cámara de representación popular
Hay que decir que el Congreso de los Diputados puede ser definido como la cámara de representación popular, a pesar de que el artículo 68 no haga mención a ello. El artículo 68.2 establece que si bien hay un mínimo de diputados por provincia el resto de los diputados se distribuyen en proporción a la población.
- El Senado, cámara de representación territorial
El Senado es definido en el artículo 69.1 como una cámara de representación territorial. Esto se materializa en la elección de los mismos 4 senadores por cada provincia y después se materializa en la presencia de senadores elegidos por los parlamentos de las Comunidades Autónomas.
El hecho de que el Senado sea una cámara de representación territorial es una consecuencia del artículo 2 de la Constitución, que garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. Además, el reglamento del Senado fortalece esta característica de la segunda cámara, porque permite la existencia no solo de grupos políticos sino de grupos territoriales por el uso de las diversas lenguas de España en el Senado, en virtud de la previsión establecida en el art. 3 de la Constitución, y por último porque en el Senado existe una comisión general de las Comunidades Autónomas donde pueden participar los presidentes de las Comunidades Autónomas o los representantes de los consejos de gobierno de las Comunidades Autónomas.
Si bien el Senado es una cámara propia de estados descentralizados, muchos países como España disponen de un senado como una cámara de doble reflexión o de segunda lectura. El papel del Senado en este caso es mejorar técnicamente los proyectos de ley o facilitar los acuerdos políticos que no han sido alcanzados en el Congreso donde coexisten más tensiones ideológicas.
- Un modelo bicameral, imperfecto y desigual
Tenemos un modelo bicameral, imperfecto y desigual, porque el Congreso tiene funciones mas importantes que las que tiene el Senado. Es razonable que sea así porque el Congreso no deja de ser la cámara de representación popular, el Senado la cámara de representación territorial y nuestro Estado atribuye la soberanía popular al pueblo español y reconoce un estado democrático.
- Funciones exclusivas del Congreso y del Senado
+ Funciones exclusivas del Congreso
Existen funciones que solo tiene el Congreso en exclusiva como por ejemplo el nombramiento y la moción del presidente del gobierno. El Congreso da la investidura al Presidente del Gobierno, el Congreso aprueba la moción de censura o le deniega la confianza.
+ Funciones exclusivas del Senado
También el Senado tiene funciones en exclusiva como son las propias de una cámara de representación territorial. Este sería el caso de la previsión que se contempla en el artículo 141 de la Constitución, donde el Senado autoriza al Gobierno a tomar las medidas oportunas para que una Comunidad Autónoma cumpla sus obligaciones constitucionales.
- Supuestos de preferencia del Congreso sobre el Senado
+ Procedimiento legislativo y decretos-leyes
No obstante, en un tema tan importante como es el debate del proyecto de Estatuto de Autonomía la posición del Congreso es precedente sobre la del Senado. Aunque existan funciones compartidas por el Congreso y por el Senado la posición del Congreso prevalece sobre la del Senado. Esto ocurre en lo que hace referencia al procedimiento legislativo, así las leyes orgánicas son aprobadas por mayoría absoluta del Congreso y mayoría simple del Senado. O en todo lo relativo a los decretos-leyes, donde el Senado no cumple ninguna función ya que estos decretos leyes los convalida el Congreso.
+ Función de control
Otra función que comparten Congreso y Senado donde prevalece la posición del Congreso es la función de control porque tiene mucha más relevancia pública los debates que se celebran en el Congreso de los Diputados que en el Senado.
Es verdad que el Senado en el ámbito del procedimiento legislativo y presupuestario puede enmendar los proyectos de ley o de presupuestos aprobados en el Congreso o imponer un veto. Este veto del Senado puede ser levantado por el Congreso a través de una mayoría simple.
- Funciones ejercidas por ambas cámaras
Existen también unas funciones que se ejercen por ambas cámaras como las relativas a la Corona donde se reúnen en sesión conjunta ostentando la presidencia de la sesión conjunta el Presidente del Congreso.
- La reforma de las funciones y el papel constitucional del Senado
La necesidad de mejorar las funciones y el papel constitucional del Senado no se consigue sólo a través de una reforma del reglamento del Senado sino que exige en muchas ocasiones una reforma de la Constitución. De hecho el proyecto de reforma constitucional que inicia el presidente Rodriguez Zapatero en el 2004 y que informada por el Consejo de Estado en el año 2005 contemplaba la reforma constitucional de las funciones del senado.
Etiquetas: Bicameralismo, Congreso, Derecho, Derecho Constitucional, Senado

References: artículo 66
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 artículo 87
 artículo 68
 artículo 89
 artículo 87
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 artículo 90
 artículo 81
 artículo 86
 artículo 75
 artículo 91
 artículo 62
 artículo 64
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 72
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 artículo 75
 artículo 78
 artículo 77
 resolución 
 artículo 42
 artículo 17
 artículo 71
 artículo 70
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 artículo 66
 artículo 68
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 artículo 69
 artículo 2
 artículo 141