Source: https://tc.vlex.es/vid/1-stc-2-149-c-3-15033753
Timestamp: 2020-02-25 22:22:40+00:00

Document:
STC 106/1987, 25 de Junio de 1987 - Jurisprudencia - VLEX 15033753
STC 106/1987, 25 de Junio de 1987
Número de Recurso: Conflicto Positivo de competencia nº 284/1984
1. Como ha sostenido este Tribunal en su STC 149/1985, en la determinación de las competencias sobre cinematografía el entrecruzamiento de diversos títulos requiere complicadas valoraciones atendiendo al objeto y a la finalidad de la materia debatida. 2. En relación con la cultura, y precisamente respecto al cine, ha afirmado este Tribunal en relación con el art. 149.2 C.E. que la cultura es algo de la competencia propia e institucional tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, afirmando la existencia en principio de una concurrencia no excluyente del Estado y de la Comunidad Autónoma para la preservación y estímulo de los valores culturales del cine, habiendo afirmado tanto que la acción de la Comunidad Autónoma no impide la competencia estatal para preservar el patrimonio cultural común y para lo que precise de tratamientos generales o que no puedan lograrse desde otras instancias (STC 149/1984), como que las exigencias de unidad de normación en la materia no impiden la existencia de competencias de la Generalidad de Cataluña, cuyo ejercicio para nada lesiona y menoscaba las competencias estatales (STC 157/1985). 3. Como ha dicho la STC 80/1985, la necesidad de asegurar la acción conjunta, la información recíproca y la maximización de la eficacia no crea en sí misma competencia alguna para el Estado ni puede ser utilizada en consecuencia por éste para limitar indebidamente las competencias de las Comunidades Autónomas. Más bien la coordinación cuenta con la «obligada colaboración» de las Administraciones Públicas implicadas como un «prius», tanto lógico como jurídico, pues sin colaboración de los entes a coordinar ninguna coordinación es posible.
Sentencia citada en: 100 sentencias, 10 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
En el conflicto positivo de competencia núm. 284/1984, promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, representado por el Abogado don Ramón G. i Turbany, contra los arts. 16.1, 18.1 b) y 19 del Real Decreto 3304/1983, de 28 de diciembre, sobre protección a la cinematografía española. Ha comparecido en el conflicto el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, y ha sido Ponente el Magistrado don Miguel R. P. y B. F., quien expresa el parecer del Tribunal.
1. En nombre de la Generalidad de Cataluña, y por escrito de 16 de abril de 1984, el Abogado don Ramón G. i Turbany plantea conflicto positivo de competencia frente al Gobierno de la Nación por entender que los arts. 16.1, 18.1 b) y 19 del Real Decreto 3304/1983, de 28 de diciembre, sobre protección de la cinematografía española, vulneran la competencia atribuida a esa Comunidad Autónoma en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, así como en el Real Decreto 1110/1981, de 27 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de cultura. En consecuencia, solicita de este Tribunal que declare que la competencia controvertida corresponde a la Generalidad de Cataluña y acuerde la nulidad de los arts. 16.1 y 19 del Real Decreto citado, así como del art. 18.1 b) del mismo, en la medida en que pudiera contener una reserva de competencias ejecutivas para el Estado en Cataluña.
El párrafo b) de este art. 18.1 atribuye a la Dirección General de Cinematografía esta determinación o declaración. Frente a ello la Generalidad de Cataluña sostiene que es la única Administración competente para establecer, con efectos para todo el Estado, el interés de las películas producidas por empresas que ejerzan su actividad en el territorio de su jurisdicción, y ello por ostentar competencias en materia de cultura y espectáculos de acuerdo a lo previsto en la Constitución y en su Estatuto. Además, el Real Decreto 1010/1981, de 27 de febrero, sobre transferencias en materia de cultura, puntualizó que correspondían a la Generalidad todas las funciones y servicios que ostentaba la Administración del Estado en materia de cinematografía. La Generalidad defiende su competencia, respecto a las películas producidas en Cataluña, y sostiene que los efectos de su declaración se extienden a todo el territorio del Estado a los fines de las medidas de fomento de la llamada cuota de pantalla como expresión de una competencia ejecutiva legítimamente ejercida. Al mismo tiempo niega la competencia del Estado al respecto.
Según la Generalidad de Cataluña la promulgación del Real Decreto 3304/1983 sería un intento de derogar y dejar sin efecto el art. 4 del Decreto de la Generalidad de 10 de julio de 1982 que dispone que la concesión de licencias de doblaje de películas extranjeras a las empresas distribuidoras domiciliadas en Cataluña corresponde al Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad, Decreto que la jurisdicción contencioso-administrativa ha estimado compatible con la Ley 3/1980, de 10 de enero. Sin embargo, no se discute en este conflicto positivo de competencia la facultad normativa del Estado en la ordenación de medidas de fomento de la industria cinematográfica, cuestión que tampoco podría entenderse resuelta definitivamente por una Sentencia de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo que además, en el presente caso expresamente afirma que no se debatía en la misma la competencia de la Generalidad, sino sólo la compatibilidad del precepto reglamentario catalán con la norma legal del Estado, desde la sola perspectiva de la relación Ley-reglamento de ejecución.
STS 1224/2000, 29 de Diciembre de 2000

References: Real Decreto 
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