Source: https://issuu.com/cuartopodersalta0/docs/cuarto_poder_edicion_872__formato_digital_
Timestamp: 2017-03-22 23:33:14+00:00

Document:
MARTÍN “JOSEPH”
MC GRANDHY
Esto de apreciar o menospreciar a
la gente por sus convicciones
políticas y de usar un lenguaje
despectivo para referirse a quienes
no comparten el credo con el que
se comulga, es un tema de larga
data en la historia universal. Y
nuestro medio cuenta por supuesto con serios representantes de
esta manera de considerar las
cosas. Martín Grande se despachó
duramente contra todos aquellos
que, podríamos decir, comparten
un pensamiento socialista y
forman parte de lo que normalmente llamamos la izquierda
política. Refiriéndose al tema de
la instrucción policial a menores,
cosa que está dándose de nuevo
en nuestra provincia a pesar del
reclamo efectuado al respecto por
medios nacionales, Grande
consideró que esa oposición sería
cosa de “los zurdos de siempre”
pero que el adiestramiento de tipo
militar destinado a menores no
tiene nada de malo para “la gente
inteligente”. No estamos cuestionando aquí si está bien o no que
se proceda de este modo en el
ámbito de las realizaciones,
educativos sino la manera de
expresarse del periodista. De un
plumazo ha tildado a todas
aquellas personas con inclinación
socialista de “burros”, vale decir,
de no inteligentes. Un poco más
adelante los denomina “zurditos”,
término en el cual resulta totalmente visible, y quien lo pronuncia sin dudas desea que así se
comprenda, el menosprecio por
quienes adhieren a esa ideología.
No se trata ya de desvalorizar
pensamientos sino personas,
sujetos racionales que en realidad
no pierden su dignidad por el solo
hecho de opinar de determinada
forma. Se puede estar de acuerdo
con Grande en muchas cosas de
las que dice y opina pero no
parece ser aceptable esa manera
de sentir y decir tan imbuida del
discurso de la antigua oligarquía.
Esta mañana nos damos con que
alumnos del Centro Polivalente de
Artes han tomado una medida de
fuerza similar a la que a principios
de semana tomaran los chicos del
Tomás Cabrera. Los motivos de
tal medida son muy similares a los
anteriores, vale decir, reclamos
por la situación edilicia del
establecimiento. La modalidad de
la protesta consistió en el consabido “corte de calle”, con los
molestos inconvenientes que de
ello se derivan para el tránsito
vehicular. El establecimiento en
cuestión se encuentra ubicado en
la calle Urquiza entre Buenos
Aires y Córdoba. Se trata de
arterias muy transitadas por lo
cual resulta sencillo de imaginar
el caos que es capaz de producir
un cierre de las mismas. Los
reclamos así manifestados,
parecen querer extenderse como
un reguero de pólvora pues ya se
habían adherido anteriormente los
y de la Ex Técnica Nº 2 Alberto
Einstein. La situación amenaza
con desbordarse si el Ministerio
de Educación no toma urgentes
medidas que subsanen este
encadenamiento de problemas y si
el Gobierno no acude con todos
sus recursos, menos la intervención de la infantería por supuesto,
para atender a los reclamos en
conjunto. Según la declaración de
una alumna: “Nosotros queremos
que ellos vean que nosotros juntos
podemos hacer algo, que no
necesitamos la cabeza de algún
profesor que nos este ayudando,
porque no es así”. De esta manera,
los chicos están manifestando su
propósito de afirmar una identidad, de responder a ciertas
declaraciones que los desmerecieron y mostrar que son capaces
de pensar y actuar por sí mismos.
Advertimos así lo peligroso que
resulta para un político opinar
ligeramente en lugar de promover
respuestas satisfactorias e inmediatas a los pedidos de la ciudadanía.
Hay un pasaje del Quijote,
terriblemente burlesco y cómico,
en el que un personaje realiza ante
Sancho la descripción de la
belleza de su hija y de su aspirante
a yerno. El personaje dice más o
menos así: “Mi hija tiene unos
ojos hermosos aunque eso no se
puede percibir porque siempre
están llenos de lagañas por una
enfermedad que los hace manar
continuamente. Tiene un talle
elegantísimo y elevada estatura, lo
que resultaría evidente si no
estuviera contraída por una
afección en la columna que la
obliga a pegar la boca con las
rodillas” Su futuro yerno “Sería
un bendito si no se diera de
puñadas a sí mismo por un ataque
de locura que a menudo le viene.”
Y sigue describiendo en igual tono
los encantos de sus dos amados
familiares. Ni más ni menos, la
ingeniera Adriana Pérez, poniendo
un tono lindante con la felicidad
celeste en la voz, describe las
maravillas del tren Salta-Gúemes
que hace ya tanto tiempo se ha
anunciado y todavía dista mucho
de aparecer en escena. “No se ve
que estén en mal estado las vías,
claro que hace mucho tiempo que
no se usan, lamentablemente”.
“Betania tiene una hermosísima
Estación solamente hay que
remodelar, pintar, arreglar los
baños, todo lo que falta.” El tren
está en muy buenas condiciones,
es muy cómodo, pero la verdad es
que esta verde para los tiempos
que teníamos previstos que iban a
comenzar”. Y así sucesivamente,
todo tiene su “salvo”, su “solamente” y su “de no ser porque”.
Lo concreto y real es que la
implementación del tren tiene
todavía un largo papeleo por
Todo el mundo quedó sorprendido
y expectante pues nadie sabía a
que se refería. Y resulta que el
bombo es un sistema de compresión neumática que permite a la
carrocería inclinarse hacia un lado
de modo que el piso del coche
quede casi a ras con la calzada.
Una verdadera maravilla. Cuando
la aplicación del sistema se hace
frente a una vereda, el escalón se
convierte en una rampa, es decir,
queda al mismo nivel con el
pasajero de modo que éste no
tiene más que avanzar hacia el
interior. Tal vez parezca exagerado ponderar como una “maravi-
lla” este progreso manifestado en
el servicio. Pero la verdad es que,
con tantas malas que sobre el
mismo hay que decir diariamente,
con tanto calvario que los ciudadanos deben soportar pacientemente para hacer uso del transporte público, largas esperas, unidades incómodas y mal diseñadas,
continuo abarrotamiento, etc, que
se cuente ahora con un dispositivo
tan bien pensado para el beneficio
común de la gente resulta por lo
menos grato y estimulante. (L.F.)
NI PORROS NI MANEJADOS
recorrer y un gran número de
obras por realizar. Para colmo, la
funcionaria reconoce que el coche
motor (que de eso se trata),
consume mucho combustible,
razón por la cual “Siempre el tren
es deficitario”.
UN BOMBO PRODIGIOSO
En una emisora local, los periodistas se mostraron realmente
maravillados por algo que les tocó
presenciar en el transporte urbano
de pasajeros de nuestra ciudad. En
el corredor 8 de AHYNARCA se
produjo la incorporación de
nuevas unidades para la realización del servicio. Pero el acontecimiento no se refiere a eso sino a
ciertas características de los
nuevos vehículos. En el momento
en que iba a subir una pareja de
ancianos, nos relata el periodista,
el chofer percibió que el hombre
tenía muchas limitaciones
motrices por lo que le resultaba
imposible dar el paso para
ascender. Entonces el chofer dijo
“Espere un momento, abuelo, que
ya le voy a poner el bombo”.
Ante la protesta iniciada por los
Artes se hizo presente en el
establecimiento la Ministra de
Educación, Adriana López
Figueroa, quien mantuvo un
diálogo con los alumnos a fin de
explicarles las medidas que se
tomaron para solucionar los
inconvenientes edilicios causas
del conflicto. La funcionaria
manifestó que: “No hay otro
predio en el radio del micro
centro que pueda concentrar como
expresión todos los lenguajes. En
este marco es que se decide la
edificación del complejo en el
Huaico que lleva absolutamente a
todos los lenguajes y es, como
para que ustedes tengan una idea,
una manzana completa de edificios en donde además se generan
anfiteatros y salas de exposición
que son propias de los intercambios de los lenguajes artísticos”.
Por supuesto que el proyecto se
presenta como espectacular pero
persisten en padres y alumnos las
dudas generadas por el hecho de
que se trata de un planteo antiguo
que hasta el momento nunca se
había tratado de concretar. Pero
aún suponiendo que esta vez la
Adriana López Figueroa
respuesta del gobierno va en serio
son numerosos los estudiantes que
no aceptan que se los traslade tan
lejos y sólo piden que se les
repare el edificio que ya tienen.
Según los alumnos del Polivante,
ni siquiera quieren que les
alquilen otro local sino que
desean continuar en el mismo,
seguramente por razones
afectivas. De todos modos, el
diálogo fue prolongado y la
cantidad de cuestiones que se
plantearon se hizo muy numerosa.
Lo que sí resalta a la apreciación
común de la gente es que los
chicos revelan un amplio conocimiento de lo que pretenden y una
capacidad expresiva que de
ningún modo se condice con los
calificativos de “porros” o
“vagos” o “manejados” que por
ahí les endilgaron.
El conflicto con los trabajadores
de la salud continúa sin variantes.
APSADES, Cristina Nesrala, hizo
declaraciones después de la
reunión semanal que el gremio
viene sosteniendo con el Ministerio y manifestó que se fue muy
disconforme por cuanto no se
avanzó nada sobre la problemática
planteada. Por tal motivo, el paro
previsto para el 18 de mayo
próximo se mantiene firme y va a
nuclear no sólo a APSADES sino
también a ATE y a CTA. Y si bien
se programó otra reunión con el
Ministerio para el miércoles
siguiente, día del paro precisamente, la gremialista manifestó
que la medida de fuerza se va a
cumplir igualmente. Es natural
que el escepticismo se apodere del
sector cuando son ya muchas las
reuniones sostenidas y nada
positivo se extrajo de ninguna de
ellas. El fastidio de Nesrala queda
de manifiesto en sus palabras:
“Desgraciadamente seguimos en
reuniones estériles en donde se
convoca a la gente engañándola.
Para hoy estábamos convocados a
trabajar con recursos humanos, el
pase a planta de los compañeros
contratados y las modificaciones
que tenemos que hacer en el
estatuto de los compañeros ya que
hay muchas dificultades dentro de
este estatuto”. Sin embargo, la
indolencia de las autoridades se
Cristina Nesrala
revela cuando ni los asesores
letrados ni el ministro ni tampoco
ningún secretario de salud se
hicieron presentes. ¿Cómo se
puede llevar a cabo un intento de
solución si las autoridades
convocan a reunión y después no
se dignan en aparecer? Bien lo
revela la licenciada al decir que
“Sentimos en los más profundo de
cada uno de los que vamos a las
reuniones que nos están tomando
el pelo”. (L.F.)
Ante la amenaza de renuncia
masiva formulada por los médicos
de guardia del Hospital San
Bernardo, el gerente de la magna
Institución, Dr. Jaime Castellani,
dijo a los medios que no es
posible que se lleve a cabo una
acción de este tipo. Existirían
condicionantes de tipo jurídico
que impedirían a los que reclaman
por su salario abandonar de un día
para el otro su puesto de trabajo.
La figura del “abandono de
persona” entra a tallar en esta
circunstancia como una rémora
que no permite a los profesionales
médicos apartarse así no más del
puesto de Guardia. Según el Dr.
Castellani: “En primera medida no
pueden renunciar en forma
masiva, segundo que una vez que
renuncian tienen 30 días para que
la Gerencia busque los reemplazantes, si se llegara dar y después
ya interviene la justicia en donde
yo tendría que hacer, meter un
amparo, porque yo no puedo dejar
a la población descubierta de la
Salud”. Los profesionales reclamantes se encontrarían de este
modo inhibidos para tomar
aquella medida que consideran
capaz de romper la indiferencia
del Ministerio. No serían razones
humanitarias las que deben
hacerlos desistir sino lo ilegal o
incluso lo delictiva que podría
llegar a ser considerada su actitud
por parte de la justicia. No
estamos seguros sobre este punto,
ni creemos que profesionales de la
talla de los médicos del San
Bernardo tengan la intención de
concretar una medida como la que
indicaron. Pero de lo que sí
estamos seguros es que los
Pero llevaba en su corazón y en su
conciencia el inmenso tesoro de la
sabiduría originaria. Su desaparición física dejó desolada a la
Comunidad del pueblo diaguita
calchaquí pues era su cacique y un
luchador incansable por el
conculcados. Las circunstancias
de su última lucha, la que llevara a
cabo por la Comunidad diaguita
de La Pailas sometida a un
violento desalojo durante diciembre del 2010, provocaron que se
descuidara de su salud. Sucede así
con esos seres superiores que han
abandonado ya todo egoísmo y
solamente piensan en los demás.
Jaime Castellani
reclamos que realizan deberían
haber sido atendidos hace ya
mucho tiempo por quienes tienen
a su cargo la responsabilidad
política del asunto. Tanto que se
cacarea con “la salud de la
población”. ¿No es acaso la tarea
de estos profesionales una
necesidad de primer orden pues
son ellos los pilares fundamentales de dicha salud?
AMBROSIO CASIMIRO,
Era un joven que no había
cumplido aún los treinta años.
Sucedió así con los santos y
héroes de la historia que ya nada
anhelaban para sí y se encontraban movidos únicamente por el
amor y el ansia de justicia y
libertad para todos. Una de sus
compañeras de lucha, Cristina
Pérez, dijo: “El poder sigue
dominando. Porque no tendría que
existir esto de andar así de un lado
para otro. Tendría que haber
estado en su casa, comido bien”.
Ambrosio no comía ni descansaba
bien por eso se agarró una
enfermedad respiratoria que no
pudo superar. Pero su vida fue
hermosa porque estuvo iluminada
por el resplandor de lo divino.
Hemos perdido a alguien que
llevaba dentro de sí lo mejor que
puede albergar el hombre: el amor
por sus semejantes, por los de
abajo, por los que más sufren.
Que descanse en paz y Dios lo
CALIDAD DE VIDA EN SALTA
Igualdad… que
nunca nos llega
Aunque la calidad de vida de un estado debe interpretarse
dentro de su propio contexto hay ciertos indicadores
socioeconómicos como el PBG per cápita, el índice de Gini,
la cantidad de pobres y la tasa de desempleo que permiten
una comparación entre las distintas provincias argentinas.
Salta exhibe números bajos en estos indicadores
detentando el desempleo y la desigualdad más altos del
ROBERTO CAMARDELLI
Existen bastantes indicadores que
pueden clasificar dentro de los aspectos socioeconómicos de un estado pero hay cuatro muy importantes que observan una estrecha relación y sirven conjuntamente para
analizar el nivel de vida de las provincias argentinas como Salta en sus
dimensiones socioeconómicas más
básicas. Estos son el Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita, el
coeficiente de Gini que señala la
distribución del ingreso, la cantidad
de pobres y la tasa de desempleo.
Cada uno de ellos se explica en el
Si se compara estos
indicadores dentro del territorio argentino se obtiene un interesante
análisis sobre la calidad de vida de
las provincias. Los datos son mayormente proporcionados por la
Subsecretaria de Relaciones Económicas con las Provincias siendo el
INDEC la principal fuente estadística.
Con esos datos, es posible establecer que el PBG per cápita en
la provincia de Salta llega a los
6.782 pesos mientras que en San
Luis es de 12.785, en Misiones de
5.936 en Tucumán de 6.110, en La
Pampa de 14.198 y en Tierra del
Fuego supera 29.600 pesos.
La provincia con mayor PBG
per cápita es Santa Cruz con 38.697
mientras que el último puesto lo
obtiene Formosa con 4.936 pesos.
El PBG per cápita promedio
entre el conjunto de las provincias
argentinas y la Cuidad de Buenos
Aires ronda los 13. 784 pesos, lo
que se aproxima al PBI per cápita
en Argentina para 2010 cuyo monto fue de 14.700 pesos.
Sin embargo, se debe saber
que en el cálculo del PBG se tienen
en cuenta tanto instituciones locales como extranjeras y ambos
indicadores se estiman sobre una
base distribución de ingreso perfecta (donde todos reciben la misma
renta). Por lo tanto, estos datos no
se deben tomar con completa exactitud sino como referencia porque
cuando se analizan los capitales
correspondientes, las distintas instituciones, el dinero producido genuinamente en las provincias y demás consideraciones las cantidades
En cuanto al coeficiente de
Gini que nos señala la desigualdad
en la distribución de los ingresos,
Salta es la provincia más desigual
del país con un coeficiente de 0,450
mientras que su vecina Santiago del
Estero es la más equitativa ostentando un coeficiente de 0,383, seguida de cerca por La Pampa con
0,384. Sin embargo, el promedio
general del conjunto nacional es
0,433 lo que demuestra que todavía hay mucha desigualdad en Argentina.
Respecto a la cantidad de personas que viven bajo la línea de
pobreza, Salta arroja un porcentaje
del 12,80%, la superan La Rioja y
Río Negro (con 15,10% y 16,10%
respectivamente). Tierra de Fuego
fue la provincia con menos pobres
en 2010 teniendo tan solo 1,90% de
gente viviendo sin las condiciones
básicas necesarias. Contrariamente,
en toda la zona de Litoral argentino
se supera la barrera de 20% de población sumida en la pobreza siendo Corrientes con el 23,50% el estado con mayor cantidad de pobres
Por otro lado, la tasa de desempleo en Salta cerró el último trimestre del 2010 en 9.20% siendo
la mayor del país. Catamarca
(8,5%) Ciudad de Buenos Aires
(8,45%) y Santa Fe (8,09%) completaron los niveles más altos de
desempleo. En el otro extremo, San
Luis se convirtió en la jurisdicción
con menos desempleo exhibiendo
el 0,8%. La secundan en el escalafón Chaco (0,90%) Formosa, La
Pampa (2,30 % cada una) y Corrientes (3,7%). El promedio general de
la nación para el mismo periodo es
de 7,30%.
Los indicadores que se presentan en este artículo son los que
primeros se observan a la hora de
querer plantear un panorama sobre
la calidad de vida de una sociedad
avance de la temática ambiental y
la revalorización cultural ha logrado introducir en los países del mundo
socioeconómicos relacionados con
la contaminación del medio en el
que se vive y con la defensa de la
diversidad y la tolerancia elevando
a fases mucho más complejas las
mediciones acerca de la calidad de
Argentina en general plantea
una calidad de vida media alta, pero
tanto la nación como cada unas de
las provincias deben atender las
múltiples dimensiones que rodean
a sus ciudadanos para mantener o
mejorar su nivel de vida y desarrollarse como sociedad.
La calidad de vida de un estado es aquella que se puede observar cuando la población del mismo
accede a condiciones sociales y económicas básicas de sustentabilidad
para vivir y desarrollarse plenamente.
En esta expresión gravitan
varios conceptos, simples y complejos, que varían según el tiempo y
espacio en los cuales una sociedad
se encuentra. Estas mismas nociones se resumen en indicadores
socioeconómicos ayudando a medir e interpretar el relativo progreso de un pueblo.
Para que cumpla una función
socioeconómico debe analizarse
dentro de su propio contexto porque es ahí donde se puede observar
realmente la percepción de la realidad de sus habitantes, los modos y
costumbres que frecuentan y la verdadera calidad de vida que detentan.
Sin embargo, dadas ciertas
características similares a las cuales los estados del mundo apuntan
cuando sus dirigentes persiguen el
bien común y sus sociedades buscan progreso y felicidad, también se
hacen necesarias las comparaciones
entre lugares distintos.
Los datos demográficos y
aquellos relativos a la producción
económica de un estado son los más
esenciales para determinar el nivel
de vida de un país, región o provincia. Así siempre se recurre para
medir a indicadores como el PBI per
cápita, la densidad demográfica o
el crecimiento poblacional, entre
Otra vida se cobra la burocracia
El colapso del sistema de salud causa estragos en
los salteños. Patricia Gaspar perdió a su nieto,
porque en el hospital de niños se reprogramó la aten-
ción para una semana después, a la espera también
de que el gobierno aprobara el monto de la operación.
Patricia Gaspar está abatida. Está
así porque el martes pasado perdió
a su nieto Luciano, que tenía solo
unos meses de vida. Pero está así,
sobre todo, porque el desenlace
podría haber sido otro. Luciano nació el 22 de octubre de 2010 en el
Nuevo Hospital. Ya tenía un problema de cardiopatía compleja, síndrome de heterotaxia (tenía los órganos cruzados, el corazón al costado
derecho). El chico fue operado con
éxito y en enero lo llevaron para que
le realizaran un ateneo en donde
comprobaron que la válvula no estaba funcionando bien; pero en vez
de hacerle nuevos estudios de manera urgente, le dieron un turno programado para el mes de mayo.
Cuando el viernes de la semana pasada fueron, los médicos detectaron
que el bebé ya estaba saturando
mucho menos que en febrero algo
que era predecible porque ellos ya
sabían que no estaba funcionando
bien la válvula, y que la sangre no
estaba lo suficientemente oxigenada.
Los médicos le dieron otro
turno para operarlo. “Mandan un
expediente pidiendo un presupuesto, porque esta operación es costosa, de alta complejidad, que en Salta se realiza solamente en el Sanatorio El Parque. El costo es más o
menos de 50 mil pesos. Al expediente lo mandan el viernes pasado
y los profesionales le dijeron “no
creo que lo aprueben hoy, pero la
Vivir para contarla o contar para
vivirla. Milagros María Ibarra conoce los secretos de la narración,
sabe que además de una forma de
expresión puede ser, asimismo, un
salvavidas al cual uno se aferra hasta que pase la tempestad.
El año pasado, brindó sus talleres en la ex comisaría del menor
con chicos con causas judiciales.
Este año trabaja en la Organización
Para Jóvenes (OPJ) que están contexto de encierro pero en protección
con la ley. No tienen causas judiciales, son adolescentes, niñas, que
han tenido cualquier tipo de abusos
y ya han sido madres. Algunas no
tienen más de 12 años.
“Son adolescentes que ya son
mamás, han tenido abusos, tanto físico como psicológico. Esto es muy
claro de ver cuando se hace un trabajo con el relato, porque lo primero que empiezan a contar no es
como una construcción”, dice
Ibarra. Sostiene que lo más importante que ha aprendido en estos talleres es que pese a que los chicos
viven en contexto de encierro, la
inteligencia, la creatividad y el lenguaje traspasan los muros. “Lo
creativo de las chicas no está encerrado… el relato, el contar, es una
forma de salirse con la cabeza del
lugar. Hacer esto por lo menos quiere decir que hemos logrado un objetivo importante”, enfatiza, y añade:
En la OPJ, las adolescentes
semana que viene tiene que estar”.
Y le dan turno para el próximo viernes 13 de mayo cuando era un caso
de extrema urgencia. Para mí era de
extrema urgencia. Si el bebé estaba
morado, si todo indicaba que estaba grave, que estaba mal”, dice
Patricia, la abuela.
Desde luego, el fin de semana pasado los funcionarios del ministerio no avanzaron con el expediente. Si lo aprobaban, a Luciano
lo operarían en Salta. “El lunes llamamos al Grandbourg y no estaba
todavía firmado el expediente. El
martes al mediodía llamamos y nos
dicen que ya estaba firmado pero
que todavía faltaba que los médicos pongan el precio”, dice Patricia.
Ese martes ocurrió la tragedia.
A la tarde de ese día, su madre lo
vio raro, se dio cuenta de que la criatura no levantaba las manitos y al
rato tuvo un paro cardíaco. Fue corriendo a la salita de Castañares que
le queda cerca de la casa. Patricia
recuerda con dolor que durante todo
ese trayecto su nieto gruñía, rasguñaba, recuerda que se notaba que
sufría, que le dolía mucho. En la
salita le pusieron oxígeno y se
estabilizó un poco y salieron en
ambulancia al hospital. La ambulancia llegó rápido, todo fue urgente,
“Lo que no acepto es el dolor del
último momento. Todo eso que se
podía haber evitado. Que tenga que
pasar por eso una criatura, porque
no tiene una obra social, porque no
llegó el presupuesto, porque ellos
demoraron en ponerle el precio a
Los talleres de narración y de animación sociocultural son
fundamentales para que jóvenes en contexto de encierro
puedan tener un mejor desarrollo. El testimonio de Milagros María Ibarra, especialista en el área.
permanecen en el hogar y solo salen a talleres de peluquería, repostería, manualidades; algunas lo hacen para clases en el área pedagógica. Ibarra enseña talleres de animación sociocultural que ayudan
mucho. “Son una linda combinación
de dinámicas que apuntan más al
ser, lo que se quiere ser, lo que se
quiere hacer, lo importante es que
el chico se proyecte al afuera, y se
pregunten cómo se puede ser en el
afuera. Especialmente con un hijo,
que es mucho más complejo como
es el caso de estas adolescentes”,
dice y añade: “Lo que yo puedo
hacer por estos jóvenes es acercarlos a la realidad, desde lo más simple a lo más complejo, para que el
contexto no sea siempre el mismo
que ellos conocen. Hay gente que
no sabe ni cómo se hace un pato.
Fuera de lo televisivo, vos tenés que
acercarlos a la realidad. Y la única
forma es que ellos puedan tener
contacto desde lo social participando en distintas actividades”.
Ibarra se inició como especialista en el área de estimulación temprana. Empezó trabajando con los
hijos de las mamás que estaban en
tratamiento por adicciones. Por su
formación, lo musical y lo narrativo están más a flor de piel y es la
impronta que le da a su trabajo.
Al ser consultada sobre si sintió alguna diferencia al trabajar con
menores con causas penales, como
el año pasado, y con las mamás de
este año, respondió que no observa
en estos chicos nada distinto. “Responden con muchas ganas a las actividades pedagógicas, didácticas…
Han estado en muchas situaciones
una vida. No hay derecho, todo el
mundo tiene derecho a vivir… No
puede haber turnos programados
para gente que está grave. Para mi
eso es una porquería”, dice Patricia
. La mujer recalca que en el último
informe ya le habían dicho que estaba mal, que podía darle un paro y
ni siquiera quisieron dejarlo internado. “Ellos se perdieron 50 mil
pesos, yo perdí la vida”, dice.
Pese al sufrimiento la abuela
manifiesta que no va a iniciar acciones legales. “No les quiero hacer juicio porque puedo dejar sin
atención a otros chicos que quizás
los necesiten, porque para colmo
son todos médicos buenos en lo que
hacen, son todas inminencias en sus
clínicas. Capaz que ellos van a poder hacer algo por esos niñitos que
pueden pagar. Yo no les puedo quitar esa oportunidad a esas criaturas,
yo no quiero hacerles daño”, dice.
La semana pasada, Cuarto
Poder explicó en una nota el por qué
del colapso del hospital de niños y
el San Bernardo. La falta de políticas del gobierno solo permite que
se haga más insalvable la brecha
entre ricos y pobres, que en muchos
casos es la brecha entre la vida y la
muerte. El caso de Patricia y su nieto se repite todos los días. “Ir a un
hospital público es ir a rogar que te
atiendan”, dice Patricia, que después de la entrevista tiene que ir al
cementerio, a enterrar a su Luciano.
Ella llora y es imposible encontrar
de riesgo social, son personas marginales. Me cuesta encontrar la diferencia porque capto como que hay
un denominador común: son jóvenes que no encuentran la forma de
incluirse en la sociedad”, dijo.
Aunque acepta que el Estado
debería invertir más en estas áreas,
sostiene que lo más difícil es captar
profesionales que tengan sobre todo
el deseo de participar, con ganas de
cambiar las cosas, de lo contrario
se cae en la lógica de un sistema
puramente disciplinar sin cambios.
Y, desde luego, el trabajo es muy
estresante y a muchas personas en
algún momento las termina agotando.
Sin embargo, Ibarra insiste en
que este trabajo brinda satisfacciones enormes. Dice que escuchó el
testimonio de Mauricio, el joven
que pasó 14 años en este tipo de
instituciones y que lo que más la
impactó fue cuando Mauricio recordó a un par de profesionales que lo
miraron sin prejuicios y lo ayudaron a crecer. “Yo apunto mucho al
perfil humano, y a veces en este tipo
de instituciones no se encuentra el
perfil adecuado para que puedan ser
mirados de otra manera”, dice. Milagros Ibarra ha tenido la suerte de
encontrarse con algunos de sus ex
alumnos y porque la recordaron y
la trataron con respeto, siente que
ha causado en esos jóvenes un impacto similar al que esos profesionales especiales causaron en
Hoy, algunos legisladores amenazan con investigar la entrega de Salta Forestal a manos
de la empresa privada del diputado nacional Alfredo Olmedo. En esta nota, las repercusiones más nefastas de ese negociado: la historia de un hombre común, que prestó más
de 20 años de servicio y que quedó sin nada cuando se hizo el traspaso.
Cuando se habla de Salta Forestal,
inmediatamente se asociaron palabras como “negociado”, “Alfredo
Olmedo”, “Juan Carlos Romero”,
“complicidad del Estado”; pero sobre todo se piensa en números: en
las 336.000 hectáreas que el gobierno casi regaló a Olmedo, en la capacidad productiva de 1200 toneladas de carbón vegetal y 2000 postes mensuales, en los millones que
Olmedo gana y en los céntimos que
paga al estado por usufructuar tanta tierra. Los números están bien
para conocer la dimensión de la estafa. Pero no permiten dar cuenta
Justamente, esto fue lo que
aportó el miércoles pasado, en la
Universidad Nacional de Salta, se
presentó Joaquín Burgos quien le
dio a esas tierras 30 años de su vida
En 1976, se enteró que iba a
reabrir una fuente de trabajo en el
departamento Anta. Fue, para él,
como una bendición de Dios: se
presentó, ingresó como encargado
de oficina personal. En ese momento tenían las oficinas en Salta Capital, en avenida Belgrano al 1300.
“Yo me iba para allá mensualmente, para hacer efectivos los pagos,
hasta que nos centralizaron las oficinas en el centro de la explotación,
ya en comunicación directa y todo
muy bien. Aprendí a trabajar, me
perfeccioné”, cuenta.
Para Joaquín, Salta Forestal
tuvo tres etapas. La primera va desde su génesis, hasta 1992, año en
que empezaron a surgir problemas,
mala organización, un descontrol
total y el Estado se retiró y dejó esas
tierras prácticamente sin trabajar. La
tercera empezó en el 2000, con la
Entre el 88 y el 92 trabajó en
la tesorería. A él le tocó pagar las
indemnizaciones de las 500 personas que perdieron sus trabajos.
“Cuando le dieron de baja a esa
gente, nos dejaron a cuatro personas para “mantenimiento”. Esos
cuatro trabajamos hasta el año
autoabastecernos, aunque ya estaba todo cerrado, todo parado, no
había ningún movimiento. Nos dieron la opción para que se contrate a
otros obreros para que hagan trabajos y se inscribieron como contratistas y ellos hacían el trabajo de
elaboración de carbón y con el porcentaje que se les cobraba nos pagábamos el sueldo”, recuerda y aña-
de: “se contrató gente que hacía
postes, nosotros le conseguíamos el
mercado para que los muchachos
puedan vender”.
Así llegaron hasta el 2000,
año en que Salta Forestal pasó a
manos privadas. El convenio lo firmaron el vicegobernador Walter
Wayar y el ministro de la Producción, Guillermo Jakúlica, y los empresarios Alfredo Olmedo y Néstor
Virgilio Cervera. En ese momento,
los funcionarios aseguraron que la
prioridad era garantizar la continuidad de esta fuente de trabajo, en una
zona donde habitan unas 2500 personas. Sin embargo, la empresa Eco
Desarrollo al poco tiempo de absorber 30 obreros empezó a despedirlos, de dos en dos.
“Yo por suerte quedé hasta el
último: en diciembre de 2001 me
tocó la baja. Ahí se me cerraron todas las puertas y se me acabó la historia de Salta forestal”
La reducción del personal se
llevó a un extremo: 1992 eran 500
los hombres que se ganaban la vida
ahí, hoy toda la empresa funciona
con 8 operarios. El trabajo no es
estable: los toman con el carácter
de contratado, por dos o tres meses
y así como los toman, los dejan.
En medio del traspaso de los
trabajadores estatales a Eco Desa-
Gaona también asentada
Desde el pasado 4 de abril pasado, cientos de vecinos de la población de Gaona, en Joaquín V. González, tomaron terrenos que pertenecen al Ferrocarril General Belgrano y
delimitaron 185 lotes urbanos frente a la Ruta Nacional Nº16.
FACUNDO SOKOLIC
La semana pasada este medio informó sobre el asentamiento Libertad
en la zona sereste de la ciudad. Durante la semana, www.cuartopoder
salta.com.ar relevó las noticias sobre el asentamiento en el Grand
Bourg que obligó a las autoridades
a ofrecer a los vecinos terrenos en
la localidad de Atocha. Ahora la
noticia es Gaona, distante 233km al
Sureste de la capital salteña y parte
del Municipio de El Quebrachal. Y
no porque la noticia sea reciente,
sino porque desde hace más de un
mes terrenos que pertenecen al Ferrocarril General Belgrano fueron
ocupados por vecinos que padecen
las mismas problemáticas que el sin
techo capitalino.
En el caso de Gaona, el 4 de
abril pasado parte de la población
decidió tomar terrenos que pertenecen al Ferrocarril General Belgrano
exigiendo respuestas a sus necesidades. Y como primera medida ellos
mismos delimitaron 185 lotes urbanos frente a la Ruta Nacional Nº16
y cuyo fondo queda próximo a las
vías, aunque a una distancia prudencial. Se trata de casi 205 familias
con niños en edad escolar. Gente
que vivió siempre en Gaona, nacida y criada en ese lugar. La mayoría de las personas trabaja como
peones rurales y también realizando changas en campos de empresas
agrícolas. Las mujeres en su gran
mayoría son amas de casa y algunas poseen planes sociales o pensiones por discapacidad porque,
vale insistir, la falta de políticas laborales profundas provocan una situación local preocupante.
Gaona es uno de los lugares
también afectados por los desmontes indiscriminados en el Departamento de Anta donde la soja hace
estragos, aunque no es el monocultivo la única actividad económica
importante. Muy próxima a esta
zona se encuentra Eco Desarrollo
Salta s.a. (empresa sojera), en manos de Alfredo Olmedo y de George
Soros, beneficiarios directos de la
estafa pergeñada por Romero y
compañía; la multinacional Liag
(empresa algodonera), del alemán
Johnny Kahlbetzer; y también
Inversora Juramento s.a. (empresa
ganadera) de Jorge Brito, dueño del
Banco Macro. Estas empresas de
tanto en tanto son beneficiadas por
cifras millonarias que llegan desde
Nación en carácter de premios o
bien de subsidios para “proteger el
No obstante el panorama de
crecimiento económico empresarial, no hay progreso que le llegue
a la población, muestra de ello es
rrollo, el gobierno le garantizó a la
empresa de Olmedo la posibilidad
de pagar sueldos más bajos, rebajando de categoría de los trabajadores que se habían desempeñado
ahí durante más de dos décadas. “Yo
estoy un poco defraudado por eso,
dolido, porque he sido perjudicado.
Porque al pasar a esa empresa nos
han encuadrado en otro convenio,
que me afectó mi remuneración. Incluso me tocó cobrar unas chauchas
por indemnización… También fui
perjudicado por mi jubilación. Tengo una jubilación mínima”, dice el
Pese a esto, Joaquín Burgos
todavía tiene un extraño cariño por
esas tierras. “Ahí aprendí a trabajar, formé mi hogar, me casé, tengo
5 hijos, es un grato recuerdo para
mí esta empresa”, dice este hombre.
El gobierno optó por dejar de
lado a estas personas y respaldar un
negociado enorme, que recién ahora, por diferencias políticas, podría
ser investigado. Quizá no sea demasiado tarde para enmendar los daños que ha provocado en tantas personas, como Joaquín Burgos
el alto nivel de desempleo y de trabajo informal existente en el departamento. Como si esto fuera poco,
en Gaona se presenta una fuerte demanda de terrenos para familias jóvenes, pero como respuesta se obtiene poca oferta, al margen de que
los lotes disponibles son
financieramente inalcanzables para
el segmento que los necesita. Es por
eso que en gran parte de las viviendas se observa que habitan entre
dos, tres, y hasta cuatro grupos familiares en situación de hacinamiento ya conocida por el gobierno municipal.
Tal situación, sin embargo, no
recibió respuestas del estado provincial que no dispone la construcción
de más viviendas en la localidad.
Por si esto fueras poco, las personalidades políticas de la región atentan contra las soluciones: Pedro
Sández y el intendente Nardo García
(investigados en la Justicia por manejos irregulares en Tolloche e irregularidades en la adjudicación directa de viviendas IPV al hermano
del jefe municipal) ignoraron el reclamo que lleva años. No conformes, agravaron la situación de rechazo y descontento debido a que
en plena campaña política reaparacieron con viejas promesas
En definitiva, las demandas de
los habitantes de Gaona son varias
pero todas apuntando a un mismo
lado: solicitan al Estado viviendas
construidas por el IPV, o bien módulos habitacionales, o bien la legalización y escrituración de estos
lotes para que ellos puedan comenzar a construir sus propias viviendas. Es decir, demandan hacer valer un derecho constitucional.
Sández…el caporal nativo
Esta semana, la denuncia de negociados por miles de
hectáreas en Toloche engendró acusaciones cruzadas
y amenazas de todo tipo entre legisladores. Teodoro
Argañaraz, uno de los damnificados arremete con crudeza contra el diputado Pedro Sández que fue el centro de las controversia durante la semana.
Pepe Guardiola estaba equivocado.
No es Maurinho el amo, sino el diputado Pedro Sández. Al menos por
ahora, porque las denuncias
mediáticas y la posibilidad de que
se investiguen los negocios inmobiliarios con las tierras de Toloche
lo pueden relegar a un segundo o
tercer plano en la política local, en
ese limbo donde se espera que el
tiempo, el silencio y el olvido le
permitan emerger de nuevo. Los que
prometen no olvidar, sin que importe cuántos días, meses o años pasen, son los damnificados, los que
están a punto de perderlo todo.
Parece un vaquero de película yanqui: con un sombrero de cuero, en el que hay dos pins (uno del
Che Guevara, el otro de una virgen),
Teodoro Argañaraz, uno de los perjudicados por las tierras de Toloche,
dialogó con Cuarto Poder en la
Argañaraz es además un colega: trabaja como periodista en una radio
en la que no se cansa de denunciar
lo que en unos minutos explicará
una vez más. No siempre fue periodista. Trató de trabajar en el campo
y fue empleado municipal, en el
Quebrachal, trabajó junto con
Sández desde que éste fue presidente del bloque; hasta que lo echaron
por diferencia ideológica. El hombre tenía cáncer y necesitaba un
transplante, pero nadie se apiadó.
En el Quebrachal vive desde
1976 y fue el plan de colonización
de Roberto Romero, en 1986, el que
lo impulsó a invertir en Toloche.
“En el ’86, Sández, que era senador, nos informó que había un plan
de Roberto Romero para hacer el
primer plan de colonización”, dice.
Cuenta, asimismo, que conformaron
una agrupación de productores de
Quebrachal, agrupación que impulsó el mismo Sández como estrategia para que la gente del valle no se
quede con todo Toloche, sino que
permanezca en manos de gente de
Anta. “Ya desde esa época Sández
cometía travesuras que fue desarrollando a lo largo de 27 años de vivir de la política… Pedro “tito” San-
Teodoro Argañaraz
dez, con el regreso de la democracia tuvo una trayectoria que no se
puede emparentar con las cosas
transparentes ni con las cosas del
trabajo”, sentencia Teodoro y recalca que desde aquella época ya Pedro Sández tenía testaferros: familiares, amigos, gente de su entorno
político que en vez de ponerse a trabajar vendieron. (Argañaraz sostiene que los testaferros de Sández
vendieron rápido; dice, también,
que el legislador pagó una deuda de
juego con uno de estos lotes y con
un caballo brasileño muy bueno
para las carreras).
En Toloche, Teodoro empezó
a trabajar la tierra tras el decreto
113/87, en el cual se realizaron los
lineamientos y se reconocieron los
pastajeros. El 18 de mayo de 1988
se firmó un contrato individual y el
16 de mayo de 1989 informaron el
nombre de los beneficiarios entre
los que estaban los miembros de una
comunidad aborigen. “Ahí nosotros
empezamos a cumplir con nuestros
compromisos que eran: tomar la
posesión, deslindar cada uno de los
lotes, hacer la mensura y el plano
iba a cargo de la provincia de Salta
y nosotros hacíamos el trabajo de
picadas. Contratamos topadoras y
comenzamos a trabajar. Teníamos
que alambrar 5 hectáreas por año,
en 10 años teníamos que tener 50
hectáreas desmontadas y con cerco. Pero la provincia tenía que hacerse cargo de perforaciones para
cuatro lotes en las cabeceras y hacer una perforación de agua, cosa
que no hizo. Para colmo, cuando
nosotros nos ponemos a desmontar
y nos ponemos a sacar los palos para
hacer postes, no nos permitían hacer eso de recursos naturales”, explica.
El boicot del estado fue sistemático: no les daban agua, no los
dejaban producir. “¿De dónde íba-
mos a sacar los recursos? Éramos
pequeños productores, no multinacionales. Éramos gente de
Quebrachal”, dice. “La idea era
construir un nuevo pueblo que se iba
a llamar La Esperanza. Hablábamos y soñábamos con don Roberto
Romero con las viviendas, porque
íbamos a ir a vivir ahí… hablábamos de escuelas, de salas de primeros auxilios, cosas que quedaron en
la nada.” Al único que le fue bien
por aquellos años fue a Sández, que
además ocupó el cargo de intendente entre 1987 y 1991. “La peor intendencia de la historia de
Quebrachal, desde 1930 hasta la
fecha, lo peor que hubo como intendente se llamó Pedro Sández”,
enfatiza Teodoro.
Después, en 2006 empezó a
ir a la zona un abogado, supuestamente para relevar los trabajos que
se debían hacer en la zona. “Este
doctorcito iba armando el mapa de
lo que iba a ser la corporación inmobiliaria”, dice.
Hoy quieren desalojar a todos,
tanto a los que hicieron obras como
a los que no. Los puesteros dijeron
haber recibido presiones y amenazas del diputado Sández para que
dejen el lugar. La apuesta de
Teodoro es que la denuncia
mediática y judicial logre frenar el
negociado en el que hay involucrados varios funcionarios más. No
tiene muchas esperanzas en la comisión investigadora que se plantea en la legislatura. Teodoro anuncia que la semana que viene van a
sacar una solicitada, para la cual él
y los demás damnificados y vecinos de la zona están juntando recursos. En esa solicitada piensan dar
lujos de detalle del negocio inmobiliario de las 60 mil hectáreas por
el lote 37 en Toloche.
Pese a que son las 7.15 de la
mañana, Teodoro habla con mucha
vehemencia, se lo ve fresco y saludable: tiene 53 años. El 7 de enero
de 2010 fue transplantado de hígado y acaso esta experiencia le da el
aura de los que aprecian la vida,
vida que –resalta- no teme arriesgar por propagar su verdad. “Yo no
le tengo miedo a Sandez, yo solo
tengo miedo de defraudar a Dios”,
El subsuelo ajeno
Según los datos presentes en un informe del año pasado de la Secretaría de Minería
provincial, es en la actividad minera en donde se manifiesta con crudeza el continuismo
neoliberal sustanciado por el menemismo en 1.993. Cubiertas bajo un paraguas de
impunidad mediática que la lejanía geográfica de los emprendimientos mineros posibilitan; y gracias al desconocimiento generalizado de las leyes de la entrega, el saqueo
de litio en el mundo para el desarrollo de las nuevas tecnologías. En
EEUU, por ejemplo, ya se explotaba litio en Clayton Valley con valores comparables a los obtenidos en
salares de nuestra Puna por los
geólogos argentinos.
En consecuencia, resulta claro que esta sustancia, indudablemente estratégica, debía estar en
manos del Estado. Ello podía concretarse a través de la creación de
un ente provincial que tuviera por
objeto la exploración y eventual
explotación de los yacimientos que
se descubrieran y posibiliten al Estado provincial participar del manejo de la mayor cantidad posible
de reservas de litio que existen en
los salares emplazados en el territorio provincial. Los especialistas
consultados informan que hay ejemplos al respecto desde hace mucho
tiempo a lo largo del país. En nuestra provincia, por su parte, estaba
la antecesora de REMSa, La Casualidad S.A. que había sido creada
mediante escritura Pública N° 1229
el 19 de diciembre de 1.985) ¿Porqué no se actuó en el momento oportuno? Es la pregunta responder.
Genealogía del saqueo
Ricardo Salas, secretario de Minería de la Provincia.
NICOLÁS DEL BARCO
De las consideraciones del mencionado informe de la secretaría a cargo del Licenciado Salas, se desprende que el rol de
la política minera provincial
vuelve a formularse de conformidad con la lógica de “coloniaje económico minero”, ligeramente matizado con pequeños
emprendimientos cuyo éxito o
fracaso van ligados de la mano
de dios. Con el actual boom del
litio, es posible predecir que el
escenario va a cambiar allí donde tenían lugar explotaciones de
boratos, sulfatos y cloruros a
pequeña escala y algo rudimentarias.
Ahora que franceses, canadienses, holandeses y chinos
han clavado sus ojos en los
salares de la puna, los infaltables
especuladores locales (que en
los últimos dos años solicitaron
no menos de 100 minas cubriendo con derechos legales hasta el
último rincón del salar) seguramente transferirán sus minas a
las grandes mineras, o bien a
otros intermediarios que pretenderán venderlas a las mismas. Y
girará así la rueda de la fortuna
donde al final ganaran unos
cuantos dólares los especuladores, otro tanto los intermediarios, para al final del juego ser
los grandes inversores quienes
se quedarán con las ocho o diez
minas que tengan expectativas
de ser rica en litio. ¿Qué pasará
entonces con los pequeños mineros que producían en el salar
en el cual entrarán las multinacionales? Serán muy presionados por la expansión minera y
terminarán vendiendo sus propiedades.
La matriz energética comienza a cambiar en el mundo, y del uso
de combustibles orgánicos, cada vez
son más los países que optan por la
energía eléctrica. Este hecho hizo
renacer el interés por el litio, materia prima esencial para un sinfín de
dispositivos y en especial por su
utilidad en las baterías. Los especialistas destacan su alta “densidad
energética”: menos volumen y peso
almacenan más energía. Todo el
mundo sabe esto, como también que
esa mineral comienza a escasear reflejándose en su precio que ha llegado hasta los 3.000 dólares la tonelada.
En nuestra provincia eso puede evidenciarse conforme al registro de minas de litio solicitadas desde enero del 2.008 a la fecha. El
informe de la secretaría de minería
indica que se han solicitado 104
minas que suman un total de
200.800 hectáreas. De esos totales
el ente provincial REMSa S.A obtuvo sólo tres minas que, juntas,
suman 4.071 hectáreas. Se trata de
la Mina Gran Victoria en Los Andes- TINCALAYU- Salar de Hombre Muerto (985,76 hectáreas);
Mina Analy también en Los AndesARITA- Salar de Arizaro (1.347,69
hectáreas) y Mina Marynes en Los
Andes- Salar de Arizaro- Arita
(2.339,76 hectáreas).
Esto quiere decir que, en
nuestra provincia, el ente minero
provincial participará con sólo el
3,2% del boom del litio, Conviene
recordar que REMSa S.A. consti-
tuye un ente provincial facultado
para explorar yacimientos. Fue
creado por la gestión Urtubey a través del Decreto Nº 2050/08 el día
08-05-2008. En los considerandos
del decreto, se declara que la provincia declara su interés por “propiciar la reactivación de la explotación de hidrocarburos mediante la
puesta en producción de todas aquellas áreas que se encuentren libres;
las abandonadas en estado de reversión, como así también de aquellas
que reviertan en el futuro por las
causas que fueran”. En ese marco,
“REMSa S.A. es una sociedad con
que tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros o asociada a terceros, a toda actividad
transporte relativo a la explotación
de minerales e hidrocarburos….”
En el caso del litio, REMSa
evidencia una clara carencia del
sentido de la oportunidad porque no
supieron anticiparse a lo que irremediablemente iba a ocurrir. Algunos especialistas consultados afirman que existían estudios geológicos que indicaban la presencia de
litio y potasio en los salares de la
puna. Uno de ellos fue el realizado
en 1.980 por Fabricaciones Militares y estuvo a cargo de los geólogos
J. Daroca, R. Amengual y E.
Ramallo bajo el título “Evaluación
de Salmueras de Litio en los salares
de la Puna”. Allí se informaba sobre las características litológicas y
resultados de litio y potasio en
Hombre Muerto, Ratones, Centenario, Pastos Grandes, Pocitos, Pozuelo, Rincón y Arizaro. Por aquel entonces ya se preveía la importancia
estratégica que tendría la demanda
El único tributo que le queda
a una provincia por la extracción de
los minerales, es la denominada regalía minera fijada en un mezquino
3% sobre el valor “boca mina” del
mineral extraído. La provincia aceptó ese valor al adherirse a la normativa de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, a través de la firma del
Acuerdo Federal Minero el 6 de
mayo de 1.993. Por entonces era
gobernador Roberto Ullos y Director del Minería el actual Secretario
de Minería: Ricardo Salas.
Conviene aclarar que se entiende por valor “boca mina” aquel
que surja de las ventas o negocios
jurídicos realizados por el contribuyente, o del precio del mercado nacional o internacional, el que fuera
mayor según que los mismos sean
sobre el mineral boca mina o, en el
caso de productos elaborados sobre
el precio en la primera etapa de
comercialización, descontándose
los costos agregados desde su extracción hasta la puesta en condiciones de venta en dicha etapa. Esos
descuentos corresponden a transporte de boca de mina, trituración,
molienda, concentración y beneficio planta de tratamiento y transporte a fundidoras (por lo general fuera del país). Queda claro, entonces,
que realizados esos descuentos jamás la provincia podría cobrar el
3% fijado. ¿Cómo se determinó ese
valor del 3% a partir de la Ley
24.196, si antes de ella en Salta, por
ejemplo, era 3 veces más alta? La
explicación la dan los que al pie de
el artículo 22 de la ley de Inversiones manifiestan que para la determinación de ese porcentaje máximo que las provincias podrán cobrar por el mineral extraído, se consideraron los niveles de competitividad internacional existentes en
la materia. Seguramente consideraron para el cálculo las variables de
los países centro africanos, donde
las grandes mineras multinacionales generan sangrientas e interminables guerras para ver cual de ellas
se quedan con los diamantes o el oro
y en donde las regalías suelen pagarse con armas.
Los datos estadísticos provistos por la Secretaría de Minería indican, primero, que las únicas producciones corresponden a los “mi-
nerales no metalíferos” y “rocas de aplicación”. En segundo
lugar, indican que las regalías
tributadas a las arcas provinciales están lejos de ser espectaculares o acordes con el longevo historial minero de Salta. Es
bueno reconocer, también, que
el grueso de la producción y por
lo tanto de la recaudación provienen de áreas heredadas de la
ex gobernación de Los Andes.
Así, en el año 2.008 se recaudo la suma de 638.060$,
mientras en el 2.009 recaudaron 378.500$. La caída en la recaudación pudo deberse a la
merma en la producción de
boratos que pasó de 338.000
toneladas en el 2.008 a 163.067
en el 2.009. Cifras que consideradas en conjunto resultan
exiguas para una provincia que
se precie de minera.
explotaciones metalíferas
La producción de minerales metalíferos años atrás, alcanzó relativos éxitos. Por
ejemplo, en la explotación de
uranio en Mina Don Otto en el
valle del Tonco (San Carlos) la
Atómica extrajo alrededor de
180.000 toneladas de minerales nucleares con una ley de 1
kilo de uranio por tonelada entre 1.978 y el segundo
cuatrimestre de 1.979. El cierre de la mina a fines de 1.979
obedeció a una medida apresurada de su titular, que consideraba que la ley de 600 gramos
por tonelada no justificaba su
explotación y convenía que la
CNEA volcara todos sus esfuerzos en el yacimiento Sierra Pintada en Mendoza. En pocos
años se comprobó que tal decisión fue terriblemente
desacertada, fundamentalmente, para el sostenimiento del
Plan Nuclear Argentino. Ese
cierre trajo aparejado el traslado de profesionales y técnicos
a la estación Sierra Pintada y
mina Gigante en Córdoba. Más
de 300 obreros, en su mayoría
nativos de Cachi, Molinos y San
Carlos, debieron volver a sus
quehaceres de pastoreo y labranza. Un año antes, Fabricaciones Militares había cerrado
el establecimiento azufrero “La
Casualidad”, donde quedaron
sin trabajo alrededor de 200
hombres. El cierre se debió
también a una apresurada decisión del directorio de la empresa que consideró que resultaba
menos caro comprar azufre a
Japón que lo obtenía como derivado del petróleo. Ese cierre
afectó grandemente al departamento de Los Andes.
Finalmente, y más allá de
las perdidas económicas para la
provincia y el abandono de la
explotación de dos minerales
estratégicos que independientemente de las márgenes de rentabilidad cumplen objetivos no
mensurables económicamente,
hubo cientos de personas que
perdieron sus trabajos. Sólo en
estas dos minas quedaron en la
calle más de 500 operarios. Hay
que reparar que según el informe de la secretaría de minería,
en el año 2.009 todas las minas
de la provincia ocupan 550 operarios.
Facsímil Listado Cheques Diferidos desde
Febrero a Agosto de 2006.
Facsímil de la nota donde el Síndico General
recomienda al Fiscal actuar.
FRAUDE AL PATRIMONIO ESTATAL
¿Y será la Justicia?
Lo anticipamos la semana pasada. La Sindicatura General de la Provincia detectó “indicios razonables de irregularidades que podrían configurar perjuicio al patrimonio del
Estado Provincial” en el Hospital San Bernardo durante la gerencia a cargo del actual
Subsecretario de Salud, Juan José Esteban, en 2006. Recomienda a la Fiscalía actuar de
oficio para condenar a los responsables. La Justicia, aún no aparece.
La semana pasada Cuarto Poder
(Nota de tapa Nº 871) anunció que
General de la Provincia detectó maniobras financieras por millones de pesos en
el Hospital San Bernardo durante el año 2.006, mientras la gerencia de ese nosocomio estaba a
cargo del actual Subsecretario de
Salud Juan José Esteban.
0010288-18657/2010-0, durante
ese periodo auditado -que tiene
como principal responsable al Dr.
Esteban, gerente por licencia del titular Jaime Castellani en aquel añoocurrieron actos delictivos contra el
erario público como libramientos de
cheques sin causa, depósitos de fondos sin nota de ingreso
respaldatoria, depósitos de dinero
de origen desconocido que no permiten presumir –prima facie- la
existencia de una maniobra financiera con valores (cheques diferidos. Ver Facsimil) del estado provincial, triplicado de facturas, facturas del proveedor que no identifican el remito a la que pertenecen,
inapropiado sistema de archivo de
remitos y facturas en el servicio farmacia, inexistencia de conciliaciones mensuales entre la documentación contenida en servicio de farmacia y lo registrado por el Sector
Cuentas Corrientes, entre otros. Las
pruebas están y son suficientes para
juzgar y condenar a actuales funcionarios de la salud pública y ex directivos del Hospital San Bernardo.
En el Código Procesal Penal existe
una figura que se llama Notitia
Criminis, que es cuando se tiene
conocimiento de un hecho de perjuicio contra el erario público.
Sindicatura General de la Provincia el hecho estaría constituyendo
un delito y estaría identificado el
autor del mismo: el Dr. Juan José
Esteban quien ocupaba el cargo de
Gerente del Hospital durante el
ejercicio 2006. Citemos un ejemplo
del contenido del informe y las observaciones formuladas: “Se presume indicios razonables de irregularidades que podrían configurar perjuicio al patrimonio del Estado Provincial, por lo que, en virtud de lo
dispuesto por el apartado 7mo. Del
artículo 19- A de la Ley 7103, corresponde poner en conocimiento
del Poder Ejecutivo Provincial y del
Sr. Fiscal de Estado”.
Por las pruebas y documentos que tenemos delante de nuestros
ojos, no se hizo nada hasta el día de
hoy para defender el patrimonio del
Estado. En la nota que publicamos
la semana pasada (página 5) titulábamos “NOTITIA CRIMINI.
AQUÍ NO PASÓ NADA”. Y es
realmente una Noticia Críminis porque la denuncia tiene verosimilitud
y existen elementos, pruebas y más
que indicios que hagan presumir al
Fiscal del hecho delictivo para que
pueda actuar un Juez de Turno.
“Poner en conocimiento al
Fiscal” En una nota fechada el 8 de
septiembre de 2010, el Síndico General de la provincia de Salta, Gustavo De Cecco, le comunica al Ministro de Salud Pública Dr. Luis
Gabriel Chagra Dib que, de acuerdo a las constancias que obran en la
Sindicatura General y en cumplimiento del articulo 22 de la Ley
7103, el informe final fue remitido
en noviembre de 2006 al Sr. Gerente General del Hospital de
Autogestión San Bernardo, al Sr.
Ministro de Hacienda y Obras Públicas y al Sr. Ministro de Salud
Pública, acompañando copias certificadas de dichas actuaciones.
También aclara al ministro Chagra
Dib, que “la nota de elevación del
mencionado Informe Final Nº 160/
06, (…) expresaba: Recomiendo
poner en conocimiento al Sr. Fiscal
de Estado la situación detectada en
esta auditoría y tomar las medidas
necesarias a fin de deslindar las responsabilidades administrativas que
pudieron corresponder”.
Hay indicios de fraude a la
administración pública y perjuicio
patrimonial al fisco pero está fallando la Justicia. En el artículo 2 de la
resolución nº 141 de la Sindicatura
General, que dispone la realización
de una Auditoría en el Hospital de
Autogestión San Bernardo para evaluar la situación financiera del ejercicio 2006, establece los nombres
del equipo que finalmente realizó
la auditoría: “Cra. María Guadalupe
Arias, Cra. Nelba Alzueta, Cra.
María del Milagro Caro Outes, Cra.
Juliana Garcia, Dra. Mirta D´agata,
Sra. Graciela Isasmendi, Sr. Mario
Contreras”. Luego de publicarse la
noticia, en los pasillos del Hospital
San Bernardo, se asiente todo y se
comenta que al detectarse las irregularidades en la auditoría, si bien
la justicia no actuó, tras el hecho fue
removido del cargo un SubGerente
y un contador fue trasladado hacia
otro organismo. Mientras que a otro
funcionario “lo mandaron” al
tomógrafo para que siga ocultando
irregularidades. De todas formas, lo
más importante es que los documentos de prueba de daño están. Contra eso no hay nada que se pueda
ocultar ni medicina que pueda curar el mal de malversar lo ajeno.
Como dice un cantante español,
no tiene es remedio”.
Un tropezón no es porrazo
Elecciones de por medio, se viene otro debate transversal
en el Congreso: la modificación a la ley de estupefacientes. Después de las marchas que el sábado pasado se hicieron en todo el mundo, incluida Salta, a favor de la despena-
lización del consumo de la marihuana… Cuarto Poder
indaga sobre el debate que involucrara a los diputados
nacionales por nuestra provincia y las principales propuestas del proyecto de ley que ya está en el Congreso nacional
Cuestión polémica si las hay, la votación probablemente se convierta
en un voto transversal, en la que
cada diputado y senador nacional
obre con la conciencia por delante
y el bloque por detrás. Para el presidente de la Sala I de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal,
Eduardo Freiler, bajar este debate
al recinto podría resultar
«piantavotos», en referencia a que
muchos no se atreverán a votar a
favor de una modificación por temor a perder porcentaje de votantes en octubre. Otros disienten. La
y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Victoria Donda
cree que el proyecto terminará de
«sacarles las caretas» a aquellos que
sólo tienen discurso progresista,
pero cuyas acciones luego no
condicen con sus palabras.
El octubre pasado, las diputadas Donda y la cordobesa Cecilia
Merchán, también por Libres del
Sur, presentaron un proyecto para
modificar la Ley de Estupefacien-
tes 23.737 sobre la despenalización
de la tenencia de drogas. El proyecto fue girado a las comisiones de
Prevención de Adicciones y control
del Narcotráfico y a Legislación
Penal, la primera presidida por
Fabián Peralta, del GEN santafesino
e integrada por el único salteño en
ambas comisiones, José Vilariño, en
el bloque Frente para la VictoriaPJ. El punto fundamental del proyecto es la derogación del artículo
14 de la ley vigente, y
modificatorias, que explica que
«será reprimido con prisión de uno
a seis años y multa de trescientos a
seis mil australes el que tuviere en
su poder estupefacientes. La pena
será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad
y demás circunstancias, surgiere
inequívocamente que la tenencia es
para uso personal».
Hace unas semanas, en la Feria del Libro de Buenos Aires, se
llevó adelante la mesa de debate «La
despenalización de la tenencia de
drogas para consumo personal».
personas, de la charla participaron
el ex Secretario de Lucha Contra las
Adicciones de la provincia de Salta, Gustavo Farquharson; el ya mencionado presidente de la Sala I de
la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Freiler; el director
de la Revista Barcelona, Pablo
Marchetti; el director de de la Revista THC, Sebastián Basalo y la
diputada Donda.
Tras una presentación del panel, abrió el debate Basalo, que expuso, entre otros, el caso William
Vargas González, «que fue torturado por agentes del servicio penitenciario en Mendoza mientras estaba
cumpliendo una condena injusta por
tener siete plantas de marihuana
para su consumo”. Freiler fue el
segundo en hablar y criticó a sus
colegas que «en nombre de la salud
pública, muchos de ellos
criminalizan a jóvenes por el solo
hecho de consumir algún tipo de
estupefacientes en lugares públicos”. A su turno, Farquharson, que
fue candidato a diputado provincial
Entre peronismo
Las primeras leyes y normas relacionadas al consumo y
comercialización surgieron con la
sanción misma del Código Penal
en 1921. El artículo 204 prohíbe
«el suministro de sustancias medicinales distintas o en cantidades o calidades diferentes a lo
prescripto médicamente». Por
esos años la cocaína y la morfina
podían adquirirse bajo receta en
las farmacias, que estaban autorizadas a tener hasta dos kilos de
lo que por ese entonces se denoAgustín P. Justo
minaba «cocó» en los burdeles
capitalinos. Eran penados aquellos que vendían sin receta médica, no los consumidores. Dos años
después, se comenzó a sancionar a quienes vendían fuera de los ámbitos establecidos por la ley, o sea, por fuera de las farmacias. La Ley
que permitió esto fue la 11.300, promulgada durante la presidencia
Marcelo T. de Alvear. La primera vez que se penaliza la tenencia fue
en 1926, con la Ley 11.331. El texto explica que aquel en posesión de
sustancias narcóticas sin autorización para venderlas y sin poder justificar las razones de la tenencia estaba violando el Código Penal. Había que probar que estaban siendo utilizadas bajo un tratamiento autorizado. A comienzos de lo que se denominó la Década Infame, la Cámara del Crimen de Capital Federal avaló el carácter constitucional de
la penalización de la tenencia simple y consideró que los tratamientos
médicos eran sólo una excusa por parte del usuario. En el ’32, la Policía Federal dictó un edicto contra las intoxicaciones de cualquier tipo
y creó normas que permitieron imponer su criterio moral en la calle.
Durante la dictadura de Onganía,
en 1968, se aprobó la Ley 17.567,
que castigaba la tenencia de cantidades «que excedan las correspondientes a un uso personal».
Tenía que ser indudable para las
autoridades que no se iba a comercializar. Por esos años, en el
marco del Código Civil, el consumo se convirtió en sinónimo de
enfermedad, cuestión que permitió la internación compulsiva de
los «toxicómanos» creándose la
primera institución especializada,
Fondo de Ayuda Toxicológica,
Medicina de la UBA. A nivel internacional, el gobierno de los Estados Unidos crea la DEA, agencia
antidrogas de ese país. Mientras el presidente de Estados Unidos de
ese entonces, Richard Nixon, calificaba a la heroína como «el primer
enemigo público no económico», en la Argentina José López Rega
afirmaba que «las guerrillas son los principales consumidores de drogas en la Argentina, por lo tanto la campaña antidrogas será
auténticamente una campaña anti guerrilla». En 1974 se extremaron
las políticas. La Ley 20.771 estableció penas de uno a seis años por
tenencia simple, aún destinados a uso personal. El usuario no es un
enfermo, sino que se convierte en enemigo político. Durante la última
dictadura, en 1.978, la Corte Suprema se pronunció en lo que se dio a
conocer como Fallo Colavini. El mismo ratificó la sentencia a dos
años de prisión en suspenso para Ariel Colavini, a quien se le habían
encontrado dos cigarrillos de marihuana, por considerar que “el uso
de drogas representa un peligro para la ética colectiva”.
CRÓNICA DE LA MARCHA EN SALTA
en las últimas elecciones, contó su
experiencia en Salta con la Secretaría creada en 2007. El ex funcionario remarcó que se necesita tratar la despenalización, porque las
adicciones son un problema integral, tanto de salud como social, y
«no se puede tratar las adicciones
con el encarcelamiento». Además,
volvió a criticar al Ejecutivo provincial por la falta de interés en el
área, manifestada en la asignación
de un presupuesto irrisoriamente
El mediático director de la
Revista Barcelona y ahora habitué
del programa de televisión Duro de
Domar, Pablo Marchetti, contó con
humor su experiencia como consumidor de cannabis. El cierre le tocó
a Donda, que explicó que
despenalizar no es lo mismo que
legalizar. La diputada afirmó que
con el nuevo proyecto «no se va a
poder comercializar y producir libremente, solamente se va a evitar
que los adictos y consumidores vayan presos, ya que de las causas que
se abren por infracciones a la ley
de drogas, de 12.000 solo fueron
abiertas 3 por comercio de estupefacientes y el resto por tenencia”.
En Salta el debate atraviesa
varios escalafones. No sólo se trata
de moral y buenos modales para
algunos o de libertades individuales para otros, sino también de cuestiones tan graves como es la
radarización de la frontera y los altos índices de consumo de alcohol
y su relación con el abuso de las
drogas. A pesar de ello, ya se conoce como ciertos diputados nacionales por Salta encararán la discusión
en el Congreso oponiéndose abiertamente al proyecto.
La cita era a las 15, pero a las 15.05
no se divisaba ningún protagonista
de la polémica marcha. Diez minutos después, un grupo de ocho o
diez veinteañeros, algunos con remeras verdes y símbolos característicos de las hojas, se agruparon no
en torno al busto del fundador de la
ciudad de Salta, sino casi llegando
a la calle Rivadavia. Uno de ellos,
con grandes auriculares, ironizaba
“¿se habrán colgado?”. Entre medio de las risas, uno muy serio murmuró “yo ni a palos me escracho
solo”. A las 15.20 una trafic color
vino tinto estacionó al frente de la
puerta del palacio legislativo. De
ella bajaron los organizadores de la
marcha, quienes en un banco colocaron una bandera cuya consigna,
adornada con unas hojas verdes,
rezaba “sembremos conciencia”.
Recién entonces los veinteañeros
del frente se animaron a cruzar.
Nadia, una de las organizadoras, busca alguna fuente de energía
para poder enchufar los equipos del
DJ, mientras Mauricio, otro organizador, tiende sobre el banco algunos ejemplares de la revista
T.H.C. (de la cultura canabica). Alrededor de las 15.30 cuatro oficiales de las fuerzas policiales se acercaron para pedir explicaciones.
Amablemente, Nadia y Mauricio
informaron: “Nos vamos a reunir en
la plaza y de aquí vamos a hacer
una marcha pacífica hasta el parque
San Martin”. Diez minutos después,
llegaron los primeros camarógrafos
y algunos músicos con sus instrumentos. Había alrededor de 30 personas. Malabares, banderas, música y perros. La marcha estaba superando con creses a la del año anterior, en donde solo se congrega-
ron unas 20 personas. En diferentes entrevistas los organizadores
revelaron los diferentes objetivos de
la marcha en el día mundial de la
marihuana. “Nosotros estamos en
contra del narcotráfico. Lo que
planteamos es el posibilidad de poder cultivar en nuestras casas”. A su
turno, Mauricio comentó “Seria
muy importante que se modifique
la ley. Sobre todo el articulo de tenencia simple. Cuatro mil usuarios
al año van en cana por tenencia simple”. A minutos de las seis de la tarde, en la plaza había casi cien personas. A diferencia de otras marchas, este era un grupo heterogéneo:
desde personas que bregan por la
libertad de expresión, pasando por
otros interesados en el autocultivo,
hasta los desinteresados que asistieron para fumar impunemente en pleno centro y bajo la mirada policial.
Pasada las 18 horas la policía
irrumpió. El oficial Martín Eduardo Leguizamón junto a Jorge
López, de la dirección de control,
exigieron cortar la música por falta
de autorización municipal. Las
silbatinas no se hicieron esperar y
los ánimos se caldearon. Afortunadamente no hubo que lamentar incidentes. A raíz del suceso, Tomás
Eliaschev, redactor de la revista
THC, presente en la marcha, comento “Salta es una provincia muy
conservadora. En Buenos Aires se
lo sabe a causa del impresentable
diputado Olmedo y Urtubey no es
muy distinto. De todas formas me
alegra ver a toda esta gente joven
reunida expresándose a favor de su
Seguidamente, en una segunda intervención, la policía procedió
a sustraer una pipa. Los jóvenes se
impacientaron y exigieron la devolución del artefacto. En un acto de
arrojo el oficial Leguizamon reintegro la pipa a su dueño y las aguas
se aquietaron nuevamente. La estadía se estaba volviendo ríspida, por
lo que Nadia y Mauricio arengaron
a los 130 presentes para comenzar
la peregrinación hacia el parque de
la libertad, como Mauricio llamaba
al Parque San Martín. Entre
malabares, batucadas y banderas, la
humeante peregrinación comenzó
su recorrido. Por Mitre avanzaron
hasta calle Belgrano, descendiendo
por está, hasta calle Lavalle, desembocando en el parque San
En el parque San Martin, a las
19 se cerró la marcha con un curioso discurso. Noelia, parada en la
fuente del parque, expreso “¡Acá
estamos los que ponemos la cara!”.
Luego continuo “Queremos pruebas
científicas de los beneficios de esta
planta milenaria, no queremos ser
mas perejiles, estamos en contra del
narcotráfico. No hacemos apología,
queremos leyes más eficaces y justas”.
Democracia de fin siglo XX
Con la vuelta a la Democracia,
vuelve la idea de del usuario
como enfermo, alejándose así del
pasar punitivo que había sufrido
los últimos años. Así, el Estado
se orienta a la prevención. En el
’86, se registra otro fallo importante: el Bazterrica. Basándose
en el artículo 19 de la Constitución Nacional -»las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la
moral pública ni perjudiquen a un
tercero están sólo reservadas a
Dios y exentas de la autoridad de
los magistrados»-, la Corte SupreRaúl Alfonsín, Carlos Menem
ma declaró la inconstitucionalidad del artículo seis de la Ley
20.771, del ’74. Con el menemismo, y mientras Estados Unidos creaba la Oficina Nacional de Política de Drogas, en la ONU se firma la
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que pone el foco en lo represivo nuevamente y marca el terreno para una nueva ley argentina. Durante el gobierno de Carlos Menem se sancionó la actual Ley 23.737,
del año 1989. La nueva norma vuelve al lopezreguismo e incrimina el
uso personal con prisión de un mes a dos años. La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico (SEDRONAR), es el organismo que tiene a cargo la asistencia a las personas que usan drogas y el control de los eslabones para
la producción de drogas. Fue creada con esa ley y funciona en la actualidad. Esta Secretaría es la encargada de la primera encuesta nacional, de 1999, en la que se estima que para ese año había unos 600 mil
usuarios de droga en el país.
Tras el arribo mediático de la pasta base de cocaína, con el cada
vez más visible consumo urbano
en los jóvenes, se deja de considerar a la Argentina como país de
paso. En el 2003 se realiza la Primer Conferencia Nacional de
Políticas de Drogas, organizada
por la Asociación Civil Intercambios en el edificio Anexo del Congreso de la Nación. Dos años después, la Ley 26.052 desferaliza la
investigación de los delitos menos, antes atribuidos a la Justicia
Federal. Durante la presidencia
de Cristina Fernández se crea en
el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
el Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito
de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja, para proponer reformas y actualización legislativa, que aún no se
vio. El último gran salto de visibilidad del debate fue con el caso Arriola,
en 2009. El 25 de agosto la Corte Suprema de Justicia de la Nación
declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de
la Ley 23.737, que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal, sólo aplicable a aquellos casos que no afecten derechos
o bienes de terceras personas. Si bien este último fue un gran paso, aún
sigue habiendo problemas de interpretación en los fallos. Es aquí donde ya no alcanza con que la Corte Suprema se expida, sino que se hace
necesario que el Congreso trate el proyecto para que de una vez por
todas haya una nueva ley.
BECAS DEL CONCEJO DELIBERANTE
Entre la ayuda y la polémica
En la Sesión Ordinaria del miércoles 11 de mayo, se aprobó la
nómina de estudiantes beneficiados con la media beca que otorga
el Concejo Deliberante. Se trata de beneficios destinados a es-
tudiantes que asisten a establecimientos privados que firmaron convenios con el Cuerpo Deliberativo, y que la concejal
Lambrisca puso en duda por no ajustarse a reglamento
(www.cuartopodersalta.com.ar)
consignamos la crónica de aquella
sesión, en donde se registraba la
polémica generada por la concejal
Lambrisca que manifestó que el
otorgamiento de muchas de las becas no se ajustaron a las exigencias
de la Ordenanza que rige el reglamento. Las repercusiones siguieron
días después. El concejal Aroldo
Tonini, compañero de bancada de
Lucrecia Lambrisca, señaló que ésta
“se excedió y deberá medir sus palabras”, manifestando de que existe un malestar generalizado entre los
concejales en torno a las continuas
agresiones y cuestionamientos que
hace Lambrisca sin fundamentos.
En ese marco, Cuarto Poder analizó la letra del reglamento correspondiente, presente en la Ordenanza 10102 y 13825.
El 11 de mayo se aprobó el
Proyecto de Resolución y los
anexos I y II referentes al otorgamiento de Becas de la Municipalidad de la Ciudad de Salta para los
establecimientos privados adheridos al Régimen. El dictamen fue
elaborado por la Comisión de Acción Social y Becas del cuerpo
deliberativo y comprende la primera nomina de beneficiarios.
El artículo primero dispone
remitir al Departamento Ejecutivo
Municipal la nómina de colegios,
institutos y/o academias adheridas
al Régimen de Becas establecido
para el corriente año para su conocimiento y posterior aplicación de
la exención y condonación por el
periodo fiscal 2011 de la Tasa General de Inmuebles, Impuesto Inmo-
biliario, Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene y
Tasa de Propaganda y Publicidad.
Diecisiete son los colegios
adheridos que recibirán la exención
y condonación correspondiente.
Ellos son el Instituto General
Güemes, Colegio Santa Teresa de
Jesús, ISICANA, Colegio José
Manuel Estrada, Colegio de la Divina Misericordia, Colegio del Milagro, Colegio Américo Vespucio,
Instituto Gifted Children, Colegio
San Juan Bautista, Instituto Privado Domingo Savio, Instituto Perito
Francisco Moreno, Colegio
Adventista Bartolomé Mitre, Colegio Madre Teresa de Calcuta, Colegio Santo Tomás de Aquino, Cultural Británica e Instituto Ramón
Asimismo se dispuso aprobar
la nómina de beneficiarios de medias becas que concurren a esos establecimientos, la que fue incluida
como Anexo II del proyecto y suma
un total de 253 beneficiarios. Debemos señalar al respecto, que pasó
para la semana que viene el tratamiento de los expedientes que corresponden a postulantes para una
media beca que asisten a la Universidad Católica de Salta.
La Ordenanza N° 10.101, sancionada en el año 2000, establece
en su artículo 2º lo siguiente: Establecer el régimen de becas de la
Municipalidad de la Ciudad de Salta, para estudiantes de cualquier nivel o ciclo de enseñanza legalmente establecido, que por razones económicas o falta de recursos no pueden iniciar y/o continuar sus estudios en establecimientos privados,
reconocidos oficialmente, correspondiente a períodos lectivos, ubicados dentro del ejido municipal,
que se regirá por lo dispuesto en la
presente Ordenanza y normas regla-
mentarias, que a tales efectos se establezcan. En su artículo 3°, por su
parte, señala que en todos los casos, “será facultad del Concejo Deliberante aprobar y ordenar la nómina de los becarios propuestos a
los Establecimientos privados adheridos al régimen.
Establece también que para el
otorgamiento de las becas del presente Régimen, deberán observarse los siguientes requisitos (Art. 5º):
a) Por ningún motivo este tipo de
Becas implicará pago o egresos de
fondos por parte del Municipio; b)
Las Becas otorgadas tendrán carácter de personal é indelegable para
cada postulante y exclusivamente
para los estudios invocados. c) Los
postulantes deberán: 1) Tener residencia habitual en el ejido Municipal y estudiar en establecimientos
privados de enseñanza ubicados en
esta jurisdicción municipal. 2)
Comprobar imposibilidad económica o falta de recursos para iniciar o
continuar sus estudios. 3) Demostrar su condición de alumno regular y dedicación al estudio, a través
de sus calificaciones y comportamiento como estudiante en el período lectivo anterior; con excepción
de aquellos que se inician en un
determinado nivel de estudio. d) Las
Becas se otorgaran por cada periodo lectivo, razón por la cual en ningún caso los postulantes podrán invocar derecho alguno sobre renovación automática del beneficio que
se les otorgara en periodos anteriores. e) Establecer en su caso, las
personas mayores de edad (padres,
tutores etc.) que serán responsables
para todos los efectos que correspondan, en representación de los
Se indica también que en caso
de que la cantidad de postulantes en
condiciones supere a la de becas
disponibles, para el otorgamiento se
consideran las siguientes prioridades: a) Gravedad de la situación
económica de cada postulante; b)
Haber gozado de igual beneficio en
el periodo lectivo inmediato anterior, siempre que se trate del mismo nivel o ciclo de estudio y que su
dedicación para con los estudios así
lo justifique. c) Los integrantes de
las familias más numerosas.
El reglamento, según lo establece esta ordenanza, deberá estar
a cargo de la Comisión de Acción
Social y Becas del Concejo Deliberante. Dicho Reglamento deberá
prever como mínimo lo siguiente:
a) Determinar los responsables que
tendrán a su cargo el estudio y análisis socio-económico de los
postulantes. b) Establecer pautas
sobre el rendimiento a observar por
los becarios en sus estudios, determinándose para ello sector o dependencias del Organismo que tendrán
a su cargo dicho seguimiento. c)
Fijar calendario de fechas para la
presentación de las solicitudes de
becas, la realización de los estudios
socio-económicos de los postulantes, la comunicación a los establecimientos privados y elevación al
Concejo Deliberante de los becarios
propuestos. En tanto la Ordenanza
N°13825 establece crear en el ámbito de de Hacienda del Departamento Ejecutivo Municipal, el Registro Exencionario de Entidades
Educativas Privadas de Educación
Sistemática y Parasistemática,
adherentes al sistema de becas, estableciendo una serie de requisitos
a cumplir para aquellas instituciones interesadas en figurar en el registro.
Prometemos seguir el tratamiento que tengan las becas otorgadas para los solicitantes que estudian en la Universidad Católica
de Salta, para la semana que viene.
ESCUELA TOMÁS CABRERA
A las ocho de la mañana del día lunes 9, la infantería arremetió contra cerca de 80 estudiantes del Colegio secundario Tomás Cabrera. Los menores de edad protestaban cortando la calle Leguizamón y la semana terminó como había empezado: con estudiantes
de escuelas vinculadas a las artes cortando calles en reclamo por las pésimas condiciones
de los edificios escolares.
Desde el año pasado, los estudiantes terciarios de la Escuela Tomás
Cabrera vienen organizando un centro de estudiantes que aun no tienen. Una de los ejes que impulsa el
anhelo, se relaciona con un proyecto que según algunos docentes tiene más de 20 años de antiguedad.
El proyecto es la “Ciudad de las
Artes” y consiste en la construcción
de un complejo artístico múltiple,
en donde tendrían un espacio las
¿Que relación tiene eso con el
centro de estudiantes y lo ocurrido
el pasado lunes? Que el centro de
estudiantes es para los estudiantes,
la herramienta capaz de llevar adelante la lucha por ese proyecto que
terminaría con las pésimas condiciones edilicias: estufas viejísimas
y peligrosas, espacios áulicos reducidos, vidrios rotos, puertas que no
cierran y talleres que no respetan
normas de seguridad (las instalaciones eléctricas tienen cables al aire
cercanos a lugares donde se trabaja
con agua para la cerámica, las
amoladoras y soldadoras. Suelen
trabajar en un patio al aire libre y
próximo a un taller en donde se realizan grabados con ácido nítrico –
altamente inflamable por las posibles chispas producidas por las
maquinas mencionadas). Cuando el
lunes los estudiantes terciarios se
enteraron de las medidas tomadas
por los adolescentes del secundario,
y compartiendo las demandas en
torno a la necesidad de mejoras
edilicias, se solidarizaron y participaron del corte del lunes.
A lo largo de esta semana y
durante toda la semana que viene,
el terciario, con un amplio apoyo
docente, realizará jornadas culturales para visibilizar la problemática
y exigir que el gobierno no “duerma” el expediente del proyecto que
se prometió a la comunidad artística salteña. Los estudiantes sostienen que no quieren tomar medidas
de fuerza por el momento, que sólo
quieren encarar la lucha con las herramientas que conocen y en las que
son buenos: el arte.
Los sucesos del lunes tuvieron un disparador distinto al de las
históricas demandas por mejoras
edilicias. La gota que colmó el vaso
fue la prepotencia del vice-director
de la institución (Giménez) que les
habría comunicado a los estudiantes secundarios que no serían beneficiarios de las computadoras del
programa nacional “Un alumno,
una computadora”. El suceso se
combinó con las históricas demandas por los problemas edilicios y
desde entonces la rueda se echó a
andar. El proceso prosiguió con
marchas durante la semana, y culminó hoy con un nuevo corte de
calles, esta vez por parte de los estudiantes del Centro Polivalente de
Artes ubicado en la calle Urquiza
entre Buenos Aires y Córdoba.
Pero volviendo a lo ocurrido
en el Tomás Cabrera, las soluciones que solicitaron padres y alumnos del secundario tuvieron que ver
con las refacciones del actual edificio, o el traslado a uno propio (recordemos que el actual establecimiento pertenece a la escuela República de la India), que contemple
Tal como le manifestaron a funcionarios del ministerio y a la prensa,
la Ciudad de las Artes es muy lejos
(está planificada para la zona aledaña al Parque el Huaico) y además
es una solución a largo plazo, “queremos soluciones inmediatas” reclamaban tanto jóvenes como padres.
Durante la semana, los estudiantes se mostraron dispuestos a
retomar medidas de fuerza. Para
algunos, esa radicalidad pudo tener
relación con la presencia de algunos militantes de la Corriente Clasista y Combativa entre los padres
de los estudiantes. Situación funcional al gobierno que buscaba dividir
para quebrar la resistencia estudiantil. Fue lo que pareció ocurrir el día
miércoles, cuando algunos padres
y estudiantes marchaban, mientras
López Figueroa, se reunía con padres que no querían que sus hijos
marcharan por temor a nuevos actos de represión. Según la ministra,
quien no quiso volver a charlar con
los padres y estudiantes que marchaban, esos padres estaban mucho
más “prestos al diálogo”. Posteriormente fue el mismo vice-director de
la escuela quien declaró las diferencias existentes entre los sectores
estudiantiles y sus padres.
Hasta el momento las soluciones aportadas por el gobierno, no
han dejado contentos ni a padres ni
a los estudiantes secundarios, por
lo que las resoluciones de la asamblea de estos últimos continúan
siendo la de seguir con las medidas
de fuerza..
El gobierno y la represión
El mismo lunes, el Gobernador salió a prometer la construcción
de un complejo en donde funcionaría en el futuro el Tomás Cabrera.
Un día después, la Secretaria de
Gestión Educativa, María Eugenia
Caro, especificaba que en el complejo estarían incluidos el Instituto
de Formación Docente, la Escuela
de Bellas Artes “Tomás Cabrera”,
la Escuela de Música “José Lo
Giudicce”, el Instituto Superior de
Profesorado de Arte y la Orquesta
Infanto–Juvenil. Los anuncios tendientes a aminorar el costo político
que supuso la intervención policial
en el corte del lunes habían empezado. Entre el martes y el miércoles, por ejemplo, el ministro Kosiner
garantizó a la prensa que abriría la
investigación para dar con quienes
dieron la orden de reprimir.
El Comisario Flores, encargado del operativo, es él mismo que
dirigió la represión a estudiantes
universitarios y secundarios que en
enero del 2.010 se manifestaban en
contra del aumento del Boleto impuesto por SAETA. En ese marco,
la represión sufrida por lo estudiantes el lunes pasado parece estar lejos muy lejos de lo que podría considerarse un error.
Sรกbado 14 de Mayo de 2011
Salta Forestal es mucho más que el ejemplo
desmesurado del negociado y la corruptela
provincial. Es, en realidad, todo un símbolo. Un fragmento de la historia nacional reciente que, acaecida en una provincia, la
nuestra, y en un periodo particular, ayuda a
colorear los detalles de una totalidad nacional que, a la vez, le otorgó sentido: el triunfo
del neoliberalismo. Por ello es, también, la
historia de un fracaso en el cual, sin embargo, todavía vivimos. Por eso, para historiarla no conviene prescindir de los elementos
de la totalidad nacional que la posibilitaron.
Una totalidad que primero debió ajustar
cuentas con paradigmas que atravesaron gran
parte de la realidad de nuestro país durante
el siglo XX. Esos paradigmas podían
visualizarse claramente en el decreto de diciembre de 1974, mediante el cual se constituyó Salta Forestal S.A. Por él, la provincia
y Fabricaciones Militares convenían formar
la sociedad. La primera aportaba 339.371
hectáreas de tierras; la segunda, $32.500.000
que garantizarían el registro legal de la empresa y las inversiones que permitieran cumplir sus objetivos: “Aprovechamiento integral del bosque…”, a fin de generar “una
base de operaciones de incalculables efectos multiplicadores para la economía de la
provincia y [que] hará un significativo aporte a un objetivo fundamental de la Reconstrucción y Liberación Nacional, cual es el
del autoabastecimiento siderúrgico”, a través, precisemos nosotros, de la producción
del carbón vegetal que debía emplearse en
los Altos Hornos Zapla (Boletín Oficial, 27/
12/75, pág. 200)
Es cierto, nada decía allí sobre las cuestiones ambientales. Pero hay que tener sentido histórico, porque, para criticar una conducta, uno tiene que intentar ponerse en el
exacto lugar en donde se produjo tal conducta, recoger todo lo que entonces se conocía y sobe todo aquello que no se conocía. Y lo que entonces se conocía poco y nada
era, justamente, la problemática ambiental.
Mucho más traumático, en cambio, es reconocer que el que firmó ese decreto por la
provincia, fue la persona que por decisión
de la viuda de Perón y del esotérico López
Rega había desalojado del gobierno provincial a Miguel Ragone. José Mosquera era
parte de la derecha peronista para quien
Ragone y todo lo que tuviera olor a comunismo era cosa juzgada. Y, sin embargo, ese
aspecto de la política de entonces importa
poco al objeto de este análisis. Porque de lo
que Mosquera, representante de un
peronismo en descomposición, no podía
prescindir era de ciertos lineamientos generales que por entonces atravesaban a todas
las fuerzas de carácter antiliberal: el papel
central del Estado en el diseño de las políticas económicas, y la reivindicación de que
la economía debía estar al servicio de la soberanía nacional a partir del manejo de los
recursos estratégicos de la nación. Tal paradigma se sumergía entonces en una crisis
terminal. No sólo por la descomposición política de aquellos tiempos, también por la
emergencia de una ideología que durante
cincuenta años había estado confinada a ciertos sectores académicos del primer mundo:
el neoliberalismo. Y lo que el neoliberalismo
haría en adelante sería ajustar cuentas con
todo lo que supusiera estatismo y, particularmente, con todo lo vinculado a lo nacional y popular. La venganza fue terrible. La
dictadura arremetió primero eliminando físicamente a los miles de cuadros que habían
hecho de lo nacional y popular una bandera
de lucha; el alfonsinismo de la democracia
recuperada se declaró impotente para detener la embestida de los actores económicos
que reivindicaban el libre mercado; mientras que el menemismo, finalmente, fue el
abanderado de esos actores y sus valores.
Justamente del menemismo provinie-
ron dos de las herramientas jurídicas fundamentales para el posterior desarrollo histórico de
Salta Forestal: la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado. La primera,
en nombre de la crisis, disponía la suspensión de
subsidios y transferencias estatales a las empresas y sociedades del Estado profundizando su
descapitalización; la segunda autorizaba la intervención de las mismas a fin de elaborar criterios y cronogramas para la posterior transferencia de lo público a lo privado. Roberto Augusto
Ulloa empleó ambos instrumentos. En 1993,
declaró sujetas a privatización diversas empresas, incluida Salta Forestal (Decreto 60 del 23/
01/93). Un año después, dispuso su privatización
(Decreto 754 del 25/04/94). La estrategia
neoliberal fue exitosa y el eslogan de la dictadura se impuso: achicar el Estado era engrandecer
a la nación. Desde entonces, lo que la nación
requería, dijeron, era al agente privado. A él correspondería generar la suficiente riqueza que se
derramaría sobre una sociedad sedienta de confort. La hora de los privados había llegado, y lo
que haría Juan Carlos Romero sería seleccionarlos. Allí aparece Olmedo. En 1997, conforma la
firma ECODSARROLLO S.A.; en 1998, presenta un proyecto de licitación por Salta Forestal
que el gobierno provincial declara de interés
público (Decreto 1140/98); en 1999, el gobierno le otorga la licitación (Resolución 188/99 del
Ministerio de la Producción y el Empleo) para,
finalmente, tomar la posesión del predio en julio
El monstruo había nacido, y ocurrió lo que
muchos sabíamos que iba a ocurrir. Lo sabíamos
porque somos salteños, y los salteños sabemos
mucho de las reglas que rigen nuestra existencia: las promesas nunca se cumplen. La novedad
de hoy es que podemos confirmarlo por boca de
un actor principal: Alfredo Olmedo padre. Y esto
porque ocurrió otra de las cosas que caracterizan a esta provincia: las pruebas suelen aparecer
cuando se dan agresivas internas entre los bloques de poder. Es lo que está ocurriendo hoy:
diversos sectores del poder parecen dispuestos a
disputar el control de la tierra y entonces los
documentos aparecen. Entre ellos, uno que reproduce la voz del mismo Olmedo. Fue redactado en el 2006 y dirigido al Ministerio de la Producción y el Empleo con el objetivo de que el
gobierno autorice a ECODESARROLLO S.A. a
modificar el plan de inversión original porque la
empresa había cedido parte del predio a la inmobiliaria Cervera. Era justo, entonces, para
Olmedo invertir menos de lo que había prometido al principio. Para el gobierno de Romero, también. Del alegato de Olmedo se deduce que, después de seis años de explotar el predio, el
emprendimiento estaba lejos de representar uno
estratégico. Porque para serlo precisaba cumplir
con una serie de requisitos que los economistas
suelen considerar insoslayables: aportar a la creación de empleos, dinamizar la economía regional y contribuir en materia de investigación y
desarrollo. Ya mucho se ha escrito sobre lo primero y lo segundo. Todos los estudiosos del proceso han concluido que la generación de empleo
se contrajo; todos también saben que lo único
que ha dinamizado la soja son ciertos servicios
casi siempre reducidos a la proliferación de restaurantes. Olmedo ha tenido la gentileza de confesar que tampoco aportó mucho a la investigación. Lo hizo cuando declaró en ese informe que,
de los 16 millones de pesos que debía invertir
(el contrato original contemplaba 26 millones),
sólo 100.000 estaban destinados a “Experimentos, Investigación y Extensión. Un 0,62% del
total, contra casi el 77% (12 millones) destinado
al rubro “Agricultura a Secano y Desmontes”.
De allí que, a seis años de su nacimiento, sólo
pudiera reivindicar un convenio en curso con el
INTA, una visita de dos días de estudiantes universitarios a cargo de la hoy sospechada decana
de Ciencias Naturales de la UNSa por el desvío
de fondos de la Ley de Bosques, Adriana Ortín,
y unas cuantas visitas de “renombradas personalidades del medio”, que incluían a periodistas de
suplementos como “Clarín Rural”, o conducto-
res radiales de programas como “Panorama
Salta Forestal, insistamos, es un símbolo de un país en donde todo se precariza,
salvo pequeños enclaves cuyos propietarios
acumulan riqueza ilimitadamente. Detallar
rigurosamente esa concentración es más difícil porque las fuentes de primera mano son
inaccesibles. No queda otra, entonces, que
apelar a las fuentes secundarias que, en historia, resultan ser aquellas que no provienen de los directos protagonistas del drama, sino de personalidades que potencialmente tienen conocimiento del mismo. El
provincia, Santiago Godoy, es uno de ellos.
En una sesión de noviembre del 2009, mientras defendía un proyecto de ley de su
autoría en el que solicitaba el pago del 10%
del valor de la producción anual total para
todos los emprendimientos privados que
ocuparan tierras del Estado, manifestó que
la producción de soja por hectárea era de
tres toneladas. El valor comercial de esa
producción era por entonces de 970 dólares. Godoy aventuraba, con prudencia, que
Salta Forestal podía tener 30.000 hectáreas
en producción. Adivinemos ahora la reacción del Olmedo ante esa afirmación. Diría
que no es así, que todo es parte de una operación política. Conviene entonces creer lo
que él mismo declaró en el documento ya
citado del Ministerio de la Producción y el
Empleo, cuando declaró que, para la campaña 2006/07, su emprendimiento contaba
con 8.500 hectáreas de superficie a sembrar.
Seamos benevolentes. Confiemos en la honestidad de Olmedo padre. La ingenuidad
no nos impedirá, sin embargo, asombrarnos
de las cifras que esos datos arrojan. Las
8.500 hectáreas eran capaces, en el 2009,
de producir un valor de comercialización
de 8.245.000 dólares; es decir, casi 33 millones de pesos. Si uno resta el 27% a pagar
por retenciones (casi 9 millones de pesos),
el remanente anual es de 24 millones. ¡Ocho
millones más de lo que Olmedo se comprometía a invertir en 50 años! Si los costos de
producción y comercialización alcanzaran
el asombroso porcentaje del 50% de esa cifra, las ganancias serían aún monstruosas.
Si la realidad es más acorde a los dichos de
Godoy en aquella sesión parlamentaria, la
imaginación no nos alcanzaría para
dimensionar la fortuna de esa familia.
La precariedad social de la región de
Anta es la condición de posibilidad del éxito de Olmedo. Y el éxito del modelo de país
y de provincia que ha posibilitado ese éxito
empresarial, es la razón que explica una
provincia terriblemente injusta. Las palabras
de Eduardo Galeano en Las venas abiertas
de América Latina siguen teniendo una vigencia lacerante: “Cuanto más codiciado por
el mercado mundial, mayor es la desgracia
que un producto trae consigo al pueblo latinoamericano que, con su sacrificio, lo crea”.
Cuarenta años después de escrito ese libro,
la máxima debería modificarse para peor.
Y es que ese pueblo cada vez crea menos
esa riqueza, desplazado como está del trabajo por las modernas tecnologías que lo
expulsa del campo sin que ello suponga riesgos de acumulación para el empresario.
Después de todo, ya lo sabemos, ese pueblo no consume esa producción que alimenta la prosperidad de algunos empresarios
chinos y de muy pocos caporales nativos.
Hay que hacer algo. Habría al menos que
empezar a multiplicar las páginas que pongan al descubierto cómo en la victoria de
los poderosos está implícita la derrota de
los pueblos. Sólo así, tal vez, ese pueblo
pueda despojarse de los valores impuestos
por el modelo que lo ha sometido. Y sólo
así podrá indignarse y decirles a los poderosos… sencilla y poderosamente ¡¡no!!
Edicion 872

References: artículo 22

artículo 19
 artículo 2

resolución 
 artículo
14
 artículo 204
 artículo 19
 artículo 14
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 3