Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/2892
Timestamp: 2020-08-10 09:16:04+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 38/1995
SENTENCIA 38/1995, de 13 de febrero
ECLI:ES:TC:1995:38
En el recurso de amparo núm. 1.273/92 promovido por don Raúl Cabilla Roca, representado por el Procurador de los Tribunales don José Manuel de Dorremochea Aramburu y asistido del Letrado don Francesc Tárrega i Marqués, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 26 de marzo de 1992, dictada en autos sobre invalidez permanente. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por el Procurador don Ramiro Reynolds de Miguel y asistido de la Letrada doña Cecilia Bellón Blasco. Ha sido Ponente el Magistrado don José Gabaldón López, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado ante el Juzgado de Guardia el día 18 de mayo de 1992 -registrado en este Tribunal el día 20 siguiente- el Procurador de los Tribunales don José Manuel de Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de don Raúl Cabilla Roca, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 26 de marzo de 1992.
c) Recurrida en suplicación, el recurso fue también desestimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de marzo de 1992. Para la Sala, siguiendo la doctrina absolutamente consolidada del extinto Tribunal Central de Trabajo, es exigible la carencia prevista en el art. 30.1 del Decreto de 20 de agosto de 1970 y no es de aplicación lo dispuesto en el art. 94.4 de la L.G.S.S. pues, a diferencia de lo que acontece en otros Regímenes Especiales de la Seguridad Social, en el de Autónomos no hay ninguna remisión en este punto al Régimen General (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1990). De otra parte, tal regulación específica no vulnera el principio de igualdad, porque no cabe apreciar una identidad de supuestos de hecho ante la existencia de una pluralidad de Regímenes de la Seguridad Social con sus lógicas consecuencias en orden a la determinación de las aportaciones económicas y de la acción protectora. "Tampoco cabe hacer ningún comentario a la referencia final que se hace en el recurso al Real Decreto 9/1991, de 11 de febrero, toda vez que el mismo no estaba vigente en la fecha que se dictó la Sentencia y menos en la que ocurrió el hecho causante" (fundamento de Derecho único).
5. La representación el recurrente dio por reproducidas las alegaciones vertidas en su escrito de demanda.
Tampoco es discriminatorio el diferente tratamiento jurídico dispensado a la invalidez del trabajador autónomo según la contingencia de la que derive, pues responde a las posibilidades financieras del sistema. Prueba de ello es la homogeneización de la acción protectora del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con la prevista en el Régimen General, en consonancia con el proceso de equiparación del esfuerzo contributivo realizado en aquél Régimen y que ha desembocado con el Real Decreto 9/1991 en la inexigibilidad del período de carencia para lucrar la pensión de invalidez permanente derivada de accidente, norma inaplicable en este caso dado el principio de irretroactividad de las leyes (art. 2.3 del Código Civil).
7. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional interesó asimismo la denegación del amparo. Tras reseñar los antecedentes y fundamentación jurídica de la demanda, precisó que la pretendida desigualdad se proyecta en dos terrenos: por razón de la pertenencia a un Régimen Especial de la Seguridad Social y, ya dentro del Régimen Especial, por razón del origen de la invalidez.
2. Se ofrece en primer lugar, como término de comparación la normativa aplicable a los sujetos incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, que no exige períodos previos de cotización para acceder a prestaciones económicas derivadas de accidente, sea o no de trabajo (art. 94.4 de la L.G.S.S.). Quejas similares, referidas a la cobertura de idéntico período mínimo de cotización que requiere el Régimen Especial del Servicio Doméstico para otorgar prestaciones de invalidez derivadas de accidente, han sido desestimadas por las SSTC 268/1993 y 377/1993. "... No cabe - afirmaron- comparar aisladamente el marco jurídico de prestaciones de distintos Regímenes, olvidando otros aspectos propios de las características contributivas de algunas instituciones y su coexistencia normativa con rasgos de tipo asistencial. Así, no hay que olvidar que nos venimos refiriendo a los requisitos para una prestación de incapacidad permanente en su modalidad contributiva, tal como ha quedado configurado todo el Sistema tras la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, de prestaciones no contributivas, al introducir éstas y, justamente, la de invalidez permanente en su modalidad no contributiva, cuyo devengo puede corresponder a la actora y respecto de la cual ninguna exigencia de cotización previa existe. Si se trata, por tanto, de una prestación contributiva, nada de extraño tiene que en su nacimiento, contenido o características influya, más o menos decisivamente, el historial asegurador como cotizante del beneficiario, esto es, que el nacimiento del derecho o la cuantía de la prestación esté en función de la existencia e importe de las cotizaciones previas".
4. Resta examinar el ajuste constitucional de la inaplicación al caso presente del apartado 2 de la Disposición Adicional decimotercera del Real Decreto 9/1991, de 11 de enero -que entró en vigor el día de su publicación en el B.O.E.-, en cuya virtud para el acceso en el Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos a las pensiones de invalidez permanente derivadas de accidente, estando el trabajador en alta o situación asimilada a la de alta, no se exigirá ningún período previo de cotización.
Reiteradamente hemos declarado que el art. 14 C.E. no impide el distinto tratamiento temporal de situaciones iguales motivado por la sucesión normativa, porque no exige que se deba dispensar un idéntico tratamiento a todos los supuestos con independencia del tiempo en que se originaron o produjeron sus efectos (SSTC 70/1983, 103/1984, 121/1984, 119/1987, 128/1989 y 88/1991, entre otras). Esta última Sentencia en su fundamento jurídico 3º precisó que la introducción de mejoras en el sistema de Seguridad Social "no significa que se lesione aquel precepto constitucional en relación con quienes no pudieron beneficiarse de la mejora en cuestión, ni que, para no vulnerar el art. 14 de la Constitución, el legislador, y si éste no lo ha hecho así el intérprete, deban consagrar ineludiblemente la retroactividad de la mejora". El principio de igualdad no exige que la ley creadora de un nuevo derecho, y sobre todo de un derecho de carácter prestacional, haya de tener una retroactividad ilimitada en el tiempo y ni siquiera retroactividad alguna (AATC 790/1988 y 1172/1988).
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Raúl Cabilla Roca.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 1273-1992
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Cataluña, dictada en autos sobre invalidez permanente.
Los arts. 41 y 50 de la C.E. no constriñen al establecimiento de un único sistema prestacional fundado en principios idénticos, ni a la regulación de unos mismos requisitos o la previsión de iguales circunstancias determinantes del nacimiento del derecho (STC 114/1987). La identidad en el nivel de protección de todos los ciudadanos podrá ser algo deseable desde el punto de vista social, pero cuando las prestaciones derivan de distintos sistemas o regímenes, cada uno con su propia normativa, no constituye un imperativo jurídico (SSTC 103/1984 y 27/1988). Aunque existe una tendencia a la equiparación de los distintos Regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, corresponde al legislador llevar a cabo la culminación de este proceso ( aquí materializada a través de la Disposición adicional decimotercera del Real Decreto 9/1991, de 11 de enero), en el que el Tribunal Constitucional no debe interferir con decisiones singularizadas susceptibles de alterar el equilibrio económico financiero del conjunto de la institución, salvo que la diferencia de tratamiento controvertida esté desprovista de toda justificación objetiva y razonable [F.J. 2].
La Constitución no ha deslegitimado el modelo preexistente de Seguridad Social que en buena parte descansa aún sobre la consideración de las contingencias, de los eventos dañosos que originan la protección dispensada; así lo patentiza el que varios de sus preceptos aludan a contingencias concretas y determinadas. La Constitución, pues, permite, aunque no impone, una diferente protección en atención a las causas que originan las situaciones de necesidad y, por tanto, no es ilegítimo ni irrazonable que el legislador o el Gobierno puedan tomar en consideración estos factores causales para acordar un régimen jurídico diverso (STC 375/1993 y ATC 573/1986). No vulnera, en consecuencia, el principio de igualdad la interpretación textual del art. 2.2 a) de la Ley 26/1985 que adoptaron las resoluciones impugnadas [F.J.3].
El art. 14 C.E. no impide el distinto tratamiento temporal de situaciones iguales motivado por la sucesión normativa, porque no exige que se deba dispensar un idéntico tratamiento a todos los supuestos con independencia del tiempo en que se originaron o produjeron sus efectos (SSTC 70/1983, 103/1984, 121/1984, 119/1987, 128/1989 y 88/1991, entre otras). La La Sentencia mencionada en último lugar precisó que la introducción de mejoras en el sistema de Seguridad Social «no significa que se lesione aquel precepto constitucional en relación con quienes no pudieron beneficiarse de la mejora en cuestión, ni que, para no vulnerar el art. 14 de la Constitución, el legislador, y si éste no lo ha hecho así el intérprete, deban consagrar ineludiblemente la retroactividad de la mejora». El principio de igualdad no exige que la ley creadora de un nuevo derecho, y sobre todo de un derecho de carácter prestacional, haya de tener una retroactividad ilimitada en el tiempo y ni siquiera retroactividad alguna (AATC 790/1988 y 1172/1988) [F.J. 4].
Artículo 27.1 a), f. 3
Artículo 30.1 a), f. 3
Artículo 36.1, f. 3
Artículo 56.1 a), f. 3
Artículo 58.1 a), f. 3
Artículo 94.4, ff. 1, 2
Artículo 2.2 a), ff. 1, 3
Disposición adicional decimotercera, apartado 1, f. 4
Disposición adicional decimotercera, apartado 2, f. 4
Tratamiento diferenciado en prestaciones de la Seguridad SocialTratamiento diferenciado en prestaciones de la Seguridad Social, f. 2
Derechos prestacionalesDerechos prestacionales, f. 4

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 27

Artículo 30

Artículo 36

Artículo 56

Artículo 58

Artículo 94

Artículo 2