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Timestamp: 2019-06-19 09:34:43+00:00

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Kogan, Soria, de Lázzari
En la ciudad de La Plata, a 30 de junio de 2010, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, de Lázzari, Hitters, Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 63.711, "B. , J. R. contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa".
I. J. R.B. , con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa, en su carácter de ex agente, contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, el Banco), persiguiendo la anulación de las resoluciones 1049/01 del 21 VI 2001 y 2059/01 del 22 XI 2001, dictadas por el directorio de esa entidad en el sumario administrativo 10.709.
Por la primera se dispuso su cesantía en el cargo que ostentaba y por la segunda se rechazó el recurso deducido contra la anterior.
Como consecuencia de la nulidad pretendida, solicita el reconocimiento de una indemnización por los daños material y moral que dice haber padecido (dentro de los que incluye las remuneraciones dejadas de percibir, la integración de los aportes previsionales respectivos y el pago de la gratificación dispuesta en la circular 7 parte IV grupo 44), más la actualización monetaria que corresponda.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por medio de sus apoderados, solicitando se declare la improcedencia formal de la demanda.
Subsidiariamente, peticiona el rechazo de la pretensión actora, con costas.
Ofrece prueba y reserva el caso federal (fs. 66/93).
III. Agregados el sumario administrativo 10.709 (dos tomos, sin acumular), los cuadernos de prueba (actora, fs. 102 bis/235; demandada, fs. 235 bis/322) y los alegatos de ambas partes (fs. 324/328 y 329/331, respectivamente), la causa quedó en estado de dictar sentencia por lo que el Tribunal resolvió plantear y votar la siguiente
I. Previo a analizar la pretensión del actor corresponde que me detenga en el planteo efectuado por el representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires, quien considera improcedente formalmente la demanda dado que "... no ataca debidamente, en el escrito en responde las resoluciones y los actos administrativos del directorio del Banco..." (fs. 88 vta.).
Entiendo que esa alegación efectuada en el punto III D de la contestación de la demanda carece por completo de fundamentos, y por ello debe ser desestimada.
La demandada se limita a decir en ese acápite que la actora no ataca debidamente los actos dictados por el Banco.
En aras de preservar el derecho de defensa del actor, de esa escueta manifestación se le corrió traslado (fs. 94), que fue contestado a fs. 95.
Con todo, soy de la opinión de que lo allí expresado no constituye una defensa o excepción en sentido procesal, motivo por el cual considero que, por su manifiesta inatendibilidad, debe ser obviada en este pronunciamiento (conf. causas B. 62.837, "C.L.", sent. del 8 VIII 2007; B. 62.840, "A.R.", sent. del 27 III 2008).
II. Despejada esta cuestión, el actor relata que ingresó a trabajar en el Banco de la Provincia de Buenos Aires el 1 VII 1971 y que alcanzó el cargo de gerente en 1984, cumpliendo desde entonces esa tarea en distintas sucursales. Explica que el 27 VIII 1998 se ordenó la instrucción del sumario administrativo 10.709 para investigar la posible comisión de ilícitos administrativos, y se dispuso la "desafectación" del cargo que ocupaba hasta ese momento, porque su desempeño en materia crediticia y administrativa no había resultado satisfactorio.
Alega que la resolución 1852/98 por la cual se ordenó la apertura de la instrucción es inválida, porque en ella no se identificaron los antecedentes que la motivaban sino que sólo se incluyeron referencias vagas e imprecisas. Según su criterio este proceder revela que, en realidad, no había causa alguna para iniciar una acusación en contra de su persona, con cita de distintas fojas del expediente administrativo.
Más adelante denuncia la existencia de sucesivos vicios en el procedimiento administrativo desplegado.
Plantea la existencia de una triple sanción por los mismos hechos; enumera dos comunicaciones enviadas por el Centro Chivilcoy al Subgerente General de la Institución el 14 VII 1997 y el 7 V 1998, la desafectación que se dispuso en el acto de apertura del sumario, más la cesantía que finalmente se decretó.
Señala una actuación incongruente de la demandada, toda vez que en febrero de 1998 lo "ascendió" trasladándolo a una sucursal de Capital Federal, para luego "desafectarlo" de ese destino por hechos acaecidos durante su desempeño anterior en la sucursal Mercedes.
Considera que el traslado tuvo carácter sancionatorio, a pesar de que no se encuentra previsto como tal en el reglamento de disciplina vigente.
También arguye que no se respetó la garantía del debido proceso, puesto que ni en la apertura del sumario ni con posterioridad se le imputó una falta concreta y determinada.
En cuanto al aspecto sustancial de la decisión, considera que la cesantía que se le aplicó es una medida arbitraria e irrazonable, por lo que debe ser dejada sin efecto por este Tribunal.
Argumenta que es ilógico haberlo trasladado a una sucursal de mayor responsabilidad como fue Villa Crespo, en Capital Federal, para luego desafectarlo por hechos cometidos con anterioridad. También cita diversas constancias del expediente administrativo, en las cuales sus superiores directos resaltaban sus cualidades personales y su buen desempeño.
Pone de resalto, también, que se mantuvo esa decisión a pesar de que, de las 20 faltas que se le habían imputado, 12 fueron dejadas sin efecto por la instrucción.
También destaca que todas esas infracciones fueron constatadas por el Centro Regional Chivilcoy poco tiempo antes de que se dispusiera la apertura del sumario, para aplicarle una sanción de suspensión el 7 V 1998, la que fue dejada sin efecto por el Directorio del Banco Provincia al decretarle la cesantía.
Respecto de los hechos que dieron lugar a la sanción expulsiva, manifiesta que los clientes beneficiados con los préstamos que él había autorizado tenían una vinculación muy antigua con la entidad, que se remontaba a las décadas del ´60, ´70 y ´80, y que esa circunstancia debió haberse tenido en cuenta para valorar el criterio con que se manejó la cartera crediticia.
Entiende que no se advierte un desempeño irracional de su parte y comenta que utilizando siempre el mismo criterio de actuación desde 1984, recién diez años después se le desaprobó un préstamo que había otorgado.
Por último, destaca también que todos los casos en los cuales su gestión fue objetada contaban con garantías reales que aseguraban el recupero del crédito otorgado, y que ello no había sido tratado en el recurso de revocatoria que dedujo en la instancia administrativa.
Remarca el carácter arbitrario de la decisión y argumenta sobre el principio de razonabilidad de los actos estatales. Cita jurisprudencia.
Desarrolla su pretensión indemnizatoria y enumera los daños materiales que aduce haber padecido.
III. A su turno, el Banco demandado resume el contenido de la pretensión actora y efectúa una extensa negación de los hechos y circunstancias alegados.
Avala la actuación de la entidad, destacando que se ajustó a lo dispuesto en la carta orgánica, el estatuto del personal y el reglamento de disciplina; y sostiene que el imputado hoy actor tuvo amplias posibilidades de defenderse durante toda la tramitación administrativa.
Argumenta en particular acerca de la razonabilidad de cada una de las resoluciones impugnadas, invoca jurisprudencia de esta Corte y resume que, en definitiva, los actos administrativos por los cuales se decretó la cesantía del actor revelan la pérdida de confianza en él por parte de la institución.
Se opone a la procedencia del pedido indemnizatorio y manifiesta en primer lugar que el actor no puede impugnar, con este pretexto, la resolución 1852/98 que dispuso su desafectación porque a esta altura se encuentra consentida.
También alega que no corresponde el pago de la gratificación prevista en la circular 7, parte IV, grupo 44, porque no se reúnen los requisitos necesarios para su procedencia sino que, inclusive, en esa norma se excluye expresamente al personal que hubiese sido declarado cesante.
Por otra parte, considera que el demandante no demostró haber sufrido perjuicio alguno que el Banco deba resarcir, y que el pedido de pago de las diferencias salariales no tiene causa, porque la merma en los ingresos se corresponde con los servicios que dejó de prestar.
Acerca del daño moral, expone que no cualquier padecimiento corresponde ser reparado y que los sufrimientos aducidos por el demandante no alcanzan una entidad mínima. Además, considera que es un presupuesto para su procedencia que se haya verificado en el caso una conducta dolosa por parte de la entidad bancaria, lo que tampoco ocurrió.
Por último, resume que el actor no sufrió detrimento patrimonial alguno por consecuencia de la cesantía, toda vez que conservó su categoría salarial hasta ese momento y, encontrándose pendiente el recurso de revocatoria, renunció para obtener el beneficio de la jubilación. Cita jurisprudencia.
IV. De las constancias obrantes en el sumario administrativo 10.709 surgen los siguientes elementos útiles para decidir:
a. Por resolución 1852/98 del Presidente del Banco (27 VIII 1998) se dispuso la desafectación del señor B. como gerente de la sucursal 23 y se ordenó la instrucción de un sumario administrativo a fin de investigar la posible comisión de ilícitos administrativos.
Se ponderó que la labor del funcionario en materia crediticia y administrativa no había resultado satisfactoria (fs. 1).
b. El 7 IX 1998 el subjefe de sumarios solicitó al gerente de recursos humanos todos los antecedentes que registrara (fs. 2), y el 21 IX 1998 requirió al jefe del Centro Chivilcoy que le informara si la sanción disciplinaria propuesta el 7 V 1998 le había sido notificada, así como si existía alguna otra medida posterior (fs. 3).
c. El subgerente del Centro Chivilcoy había enviado el 8 V 1998 al gerente PYME, un proyecto de sanción de suspensión a B. por cinco días hábiles.
En ella se hacía mérito, con cita de las auditorías generales del 3 al 13 III 1998 y del 31 III al 9 V 1997, de la concesión de préstamos a un gran número de clientes con dificultades o insuficiente capacidad de generación de recursos, que tornaban impredecible el recupero de los créditos, así como el incumplimiento de diversas reglas administrativas internas.
No consta que el afectado haya tomado efectivo conocimiento de la medida (fs. 5/6).
d. El mismo funcionario había opinado el 14 VII 1997 que era necesario "desambientar" al señor B. , dado que sus faltas se debían a la flexibilidad propia de quien desempeñaba una función durante mucho tiempo en el mismo lugar.
También había aconsejado la aplicación de una nueva sanción disciplinaria, porque si bien se habían registrado avances desde la pena anterior, aún no eran suficientes. Había remarcado que se trataba de un recurso humano bueno (fs. 7).
e. Los gerentes de Agropecuaria y PYME consideraron, el 20 VII 1998, que debía desafectarse al aquí actor del cargo de gerente, pero sin aplicar por el momento medidas disciplinarias (fs. 11).
f. A fs. 15 obra un informe de la evaluación de gestión del señor B. , correspondiente al segundo semestre de 1997.
En él se consignó que debían mejorarse la planificación y control, la administración del crédito y la gestión comercial/administrativa. Se requirió incrementar el área comercial y de negocios, pero sin flexibilizar o generalizar el tratamiento crediticio; y no descuidar el aspecto administrativo y la cartera irregular.
g. El 5 X 1998 se designaron los instructores sumariantes y en la misma fecha aceptaron los cargos (fs. 17/18).
h. A fs. 23/26 luce una copia del formulario AG3, por el cual se objetó el crédito otorgado a Julio Oscar Neiro y Úrsula Nélida Ghezzo de Neiro, por un total de $ 130.119, más las explicaciones vertidas por el afectado.
i. A fs. 22, 31/32 se agregó la planilla AG3 con la objeción del crédito concedido a Juan Oscar Ruggia y Susana Marcela Ferrero de Ruggia, por un total de $ 167.229, más las justificaciones presentadas por el accionante.
j. A fs. 33/37 se encuentra glosada la desaprobación del préstamo a nombre de Antonio Horacio Gollo y Juana Bartolomeo de Gollo, por $ 79.000, más las explicaciones brindadas por el interesado.
k. A fs. 53/55 obra el análisis del tratamiento crediticio brindado a Petrogas Chivilcoy S.R.L., por un total de $ 171.267.
l. A fs. 56/59 constan los créditos facilitados a Oscar Rubén Vanín y Ana María Guinovart, por $ 241.376, más las aclaraciones efectuadas por B. .
m. A fs. 60/63 constan nuevas copias del caso de Juan Oscar Ruggia.
n. A fs. 64/69 obra el tratamiento crediticio brindado a Rubén Oscar Buscalia y otros, por un total de $ 74.013, más la explicación brindada por B. .
o. A fs. 72/84 se agregaron copias de las actuaciones vinculadas con la auditoría realizada entre el 3 y el 13 III 1998 en la sucursal Mercedes del Banco.
En la planilla de fs. 79 se calificó el manejo del crédito como regular y el aspecto administrativo como bueno, siendo la calificación conceptual "regular". Además, en el comentario se reiteraron los conceptos del anterior control (31 III al 9 V 1997) y se dejó constancia de haber desoído expresas instrucciones vertidas.
A fs. 80/81 se señalaron atrasos en las tareas administrativas, y en lo crediticio se observó la necesidad de atenuar el riesgo de los préstamos concedidos más cierto desorden en el tratamiento brindado a algunos clientes. Se recomendó la actuación con mayor prudencia.
A fs. 82/84 se encuentra glosada el acta de la auditoría, en la que se fijó un plazo de 30 días para adecuar todas las observaciones hechas, no sólo en los casos analizados sino en todas las situaciones similares que hubiese.
p. A fs. 88/92 se agregaron copias vinculadas con el tratamiento crediticio prestado a Jorge Collazo.
q. A fs. 135 consta un proyecto de sanción a B. (apercibimiento) fechado el 14 VII 1997 y basado en las observaciones volcadas al libro de auditoría 1111 y el acta de control de gestión de ese mismo día. No surge que se haya hecho efectivo.
r. El 11 VII 1997 el subgerente del Centro Chivilcoy comunicó al gerente de la sucursal Mercedes (B. ), mediante CROCH n° 321, las conclusiones de la auditoría general y le impartió instrucciones para mejorar el trabajo en las áreas administrativa, crediticia, comercial, contable y de tesorería (fs. 136/138).
r. El 19 VI 1997 los subgerentes del Centro Chivilcoy se presentaron en la sucursal Mercedes del Banco para realizar un control de gestión (fs. 139).
s. A fs. 140/141 obra un detalle de la deuda de Jorge Collazo y a fs. 144 uno de la del cliente Julio Oscar Neiro al 17 VI 1997.
t. El 29 X 1999 el subgerente del Centro Capital Federal envió los antecedentes vinculados con la desaprobación del crédito en descubierto concedido por B. a Grupo Mayor S.A., por un total de $ 150.002, más las justificaciones esgrimidas por el responsable (fs. 154/197).
u. El 2 XI 1999 el aquí actor prestó declaración indagatoria. Sin negar las faltas imputadas, se remitió a las explicaciones brindadas con anterioridad frente a cada una de las objeciones crediticias de parte de los auditores (fs. 198/206).
v. A fs. 240/247 se agregó una copia de su legajo personal. De él surge que comenzó a desempeñarse como gerente adscripto el 13 II 1984 en San Clemente del Tuyú.
El 3 VII 1997 se le aplicó una suspensión de cinco días por haber intervenido el Diario Mayor de la sucursal en 1994 y se determinó un cargo patrimonial, y el 23 IX 1997 se le aplicó un apercibimiento por el tratamiento crediticio brindado a Fernando Echeverría (carpeta de créditos 9775).
w. El 27 IV 2000 el gerente de la sucursal Villa Crespo informó que la deuda en proceso de ejecución de la firma Grupo Mayor S.A. era de $ 150.002,18 al 18 III 1999; y que el crédito se había verificado en la quiebra de la empresa por un total de $ 148.407,18 (fs. 250).
x. El 28 IV 2000 B. amplió su declaración indagatoria. Nuevamente remitió sus respuestas a las explicaciones ya vertidas y manifestó que su conducta estaba encuadrada dentro de los parámetros normales de su actuación (fs. 251/261).
y. A fs. 263/265 obran dos notas suscriptas por el subgerente del Centro Chivilcoy del Banco. Por la primera se aprobó un préstamo a favor de Oscar Rubén Vanín y Ana María Guinovart, por un total de US$ 115.937,48, para refinanciar una deuda. Por la segunda se desaprobó esa misma operación, el 26 VIII 1997, dado que había sido observada en la auditoría general del 5 V 1997.
z. A fs. 270/280 obran planillas del movimiento de la cuenta corriente 10.831.03 a nombre de Matto, integrante de la firma Grupo Mayor S.A.
a1. El 26 IX 1995 B. se notificó de un llamado de atención que se le impuso, ante la reiteración de errores conceptuales en la graduación crediticia y el incumplimiento de normas administrativas internas (fs. 281).
a2. A fs. 282/284 se encuentra glosado un detalle de la deuda de Julio Oscar Neiro al 21 X 1998, la que sumaba un total de $ 143.705,54.
a3. A fs. 407/411, 414/415 y 420/433 obran las actuaciones vinculadas con la asistencia crediticia y las explicaciones formuladas por el actor, respecto de Jorge Collazo.
a4. A fs. 412 obra una copia de fax con una síntesis de las sanciones disciplinarias aplicadas al aquí actor: el 26 IX 1995 se le impuso un llamado de atención por la graduación crediticia por operaciones de 1994; el 22 VII 1997 se le aplicó una suspensión de cinco días por los sumarios 9815 y 9827; y en octubre de 1997 se le notificó el sumario 9559 iniciado en la sucursal Luján.
a5. A fs. 416/419 y 434/438 consta la objeción del préstamo otorgado a César O. Villone por parte de la auditoría general, y el comentario efectuado por el aquí actor.
a6. El 3 I 2001 B. amplió nuevamente su declaración indagatoria (fs. 439/441). Respecto del crédito otorgado a César Oscar Villone y otra, consideró que los ingresos de éstos no eran tan insuficientes, y que tenían razonables expectativas de cobrar dinero proveniente de un juicio sucesorio.
a7. En la misma fecha se le confirió vista del sumario, entregándosele una copia de las actuaciones.
Se le imputó en primer lugar que había recibido objeciones por parte de la auditoría general a 21 préstamos otorgados por él durante sus funciones como gerente (Julio Oscar Neiro, Antonio Rubén Faccioso, Oscar Rubén Vanín, Grupo Mayor S.A., Juan Oscar Ruggia, Antonio Horacio Gollo, Juan Carlos Dualde, Estancia Las Violetas S.C.A., Daniel Ovidio Pay, Petrogas Chivilcoy S.R.L., Rubén Oscar Buscaglia, Fernando Alberto Parodi Nolasco, Jorge Francisco Palomero, José Balbino Jáuregui, Rubén Oscar Frabasile, Víctor David Farsi, Gabriel Eduardo Cornejo, Luis Alberto Ciarulli, Blue Ribbon S.A., Jorge Alberto Villone y Jorge Alberto Collazo), los que sumaban un total de $ 1.423.639,98, y que la causa eran diversos errores en su conducta: utilización de un criterio liberal, falta de análisis acerca de la capacidad de pago de los clientes, insuficientes recursos de las empresas para cumplir las obligaciones, descuento de documentos de terceros que no se vinculaban con la actividad de los clientes, aprobación de créditos fuera de sus facultades sin haber requerido la autorización pertinente, falta de garantías suficientes que aseguren el recupero de los créditos, continuar atendiendo clientes a pesar de las directivas de sus superiores y no tomar medidas correctivas a tiempo.
En segundo término, se le acusó de haberle sido desaprobado por el Centro Chivilcoy el crédito autorizado a Jorge Alberto Collazo por $ 207.100 (fs. 442/444).
a8. El 8 I 2001 la sucursal Villa Crespo del Banco informó que la deuda de la empresa Grupo Mayor S.A. era de $ 144.963,01 (fs. 447).
a9. El 10 I 2001 el actor presentó su descargo, justificando a su criterio cada uno de los préstamos autorizados y objetados en el sumario (fs. 449/496).
Enumeró cada uno de los casos que se habían incluido en la sanción anterior y respecto de su culpabilidad, citó los cambios económicos producidos en la década del ´90 y la falta de capacitación por parte del Banco, la inexistencia de normas internas previas a marzo de 1998 para analizar los documentos presentados para descuento, la dificultad de analizar la capacidad de pago de un cliente en forma previa al otorgamiento del crédito, y la acumulación de tareas que demoraba los pedidos de autorización a sus superiores.
a10. A fs. 499/504 obra un informe detallado del estado de las deudas originadas en los préstamos autorizados por el señor B. al 17 I 2001.
a11. A fs. 506/507 se agregó un dictamen de la Gerencia de Dictámenes e Informes del Banco, producido en el sumario 9979 el 25 III 1996.
a12. El 9 III 2001 el instructor sumariante produjo su informe final (fs. 509/515).
Aconsejó descartar como base de la imputación a doce de los créditos objetados por haber sido incluidos en una sanción anterior (aplicada al aquí actor el 26-IX-1995) pero sí tenerlos en cuenta como agravante de su situación.
Consideró, en cambio, que se encontraba probada la culpabilidad de B. en el tratamiento crediticio de ocho clientes (Neiro, Vanín, Grupo Mayor S.A., Ruggia, Gollo, Petrogas Chivilcoy SRL, Buscaglia y Villone), más la responsabilidad por la desaprobación del crédito de Collazo.
Ponderó distintas circunstancias atenuantes y agravantes y aconsejó practicar cargo deudor en caso de que no llegase a recuperarse el crédito en su totalidad.
a13. La asesoría legal del Banco dictaminó el 5 IV 2001, encuadrando la conducta del agente en el art. 21 incs. a, t y v del estatuto del personal y arts. 24 inc. c y 25 inc. c del reglamento de disciplina. Calificó los agravantes de acuerdo con los arts. 11 incs. b, c y d y 12 del último cuerpo normativo, proponiendo la sanción de cesantía.
Por último, consideró que la conducta del imputado había sido culposa, en la forma de imprudencia (fs. 516/517).
a14. A fs. 518/519 se agregaron copias de la objeción al crédito concedido a César Villone.
a15. El área de Sumarios y la Gerencia General del Banco dictaminaron en sentido concordante con los organismos anteriores, aconsejando también el inicio de acciones judiciales tendientes al recupero de los fondos, e incluir en el registro de deudores morosos y firmas inhabilitadas (fs. 520/522).
a16. Por resolución 1049/01 del Directorio del Banco (21 VI 2001) se dispuso la cesantía del actor (fs. 524/526). El interesado se notificó el 10 VII 2001 (fs. 531/532).
a17. El 20 VII 2001 B. recibió fotocopias de fs. 453 a 532 del expediente y el 25 VII 2001 dedujo recurso de revocatoria (fs. 536, 538/544).
a18. El 19 IX 2001 comunicó su renuncia al cargo desde el 18 IX 2001, con el fin de obtener la jubilación, pero manteniendo el reclamo (fs. 546).
a19. El 1 X 2001 la Gerencia de Dictámenes e Informes Legales opinó que la renuncia dependía de la suerte del sumario por lo que debía tratarse, en primer lugar, el recurso de revocatoria pendiente (fs. 548 bis); y el 27 VIII 2001 aconsejó confirmar la medida dispuesta (fs. 551/552).
a29. Por resolución 2959/01 el Directorio del Banco (22 XI 2001) no hizo lugar al recurso de revocatoria interpuesto (fs. 553/554), y el interesado se notificó el 11 XII 2001 (fs. 556/559).
V. Así expuestos los antecedentes de la causa corresponde decidir si la pretensión expuesta por el actor, por la que persigue la anulación de la cesantía que se le aplicó, resulta fundada.
VI. En primer lugar estimo oportuno analizar el ordenamiento normativo en vigor.
En el Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires se imponen los deberes a los que está obligado el personal, entre los que se encuentran: la prestación personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes; ejercer en forma correcta las facultades y atribuciones propias de su cargo, ajustando su desempeño a las normas establecidas por las reglamentaciones y disposiciones en vigencia y seguir la vía jerárquica correspondiente en todo trámite o gestión relacionados con el ejercicio de sus funciones (art. 21, incs. a, t y v).
Se agrega en el citado cuerpo normativo que las transgresiones que cometan los empleados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que puedan originar, serán objeto según los casos de las sanciones que el art. 25 enumera. Se establece también que la graduación y efectos de estas sanciones y las autoridades facultadas para imponerlas serán determinadas en la correspondiente reglamentación (art. 25).
A su vez, en el Reglamento de Disciplina para el Personal de la entidad bancaria demandada se tipifican, en el art. 24, los motivos por los que se puede imponer hasta la sanción de cesantía. Entre ellas se encuentran las "reiteradas deficiencias en la prestación del servicio o deficiencia de la que resulte perjuicio para el Banco y/o terceros" (inc. "c"); y en el art. 25, las conductas susceptibles de ser castigadas hasta con la exoneración: entre estas últimas se incluye "haber cometido falta grave en perjuicio material o moral del Banco" (inc. "c").
Por último, en el Título IV del referido reglamento (arts. 35 al 173) se establecen los requisitos que deben cumplirse en la tramitación y decisión de los sumarios disciplinarios.
VII. Adelanto mi opinión adversa al progreso de la demanda, luego de ponderado lo actuado en sede administrativa, tanto desde la óptica de la legalidad, como de su razonabilidad.
a. En primer lugar corresponde tratar el agravio vinculado con la invocada irregularidad del procedimiento administrativo.
1. La parte actora alega que la resolución 1852/98, por la cual se ordenó la instrucción del sumario, está viciada en su motivación dado que no refiere adecuadamente qué antecedentes son los que dieron lugar al traslado a otra sucursal, y a la investigación. Sostiene que la vaguedad de ese acto le impide saber cuáles fueron los hechos que dieron lugar al sumario; y que también aquél está afectado en su finalidad al pretender ocultar que, en realidad, no había causa alguna para la acusación (fs. 47 vta./48 vta.).
La demandada, por su parte, se limitó a negar detalladamente las afirmaciones de la demandante y a sostener la legitimidad de la actuación sumarial.
2. Para abordar el tratamiento del tema es menester recordar que este Tribunal ha declarado, a partir de la causa B. 59.986, "Caselli", sent. del 16 II 2005 por mayoría que entre el procedimiento administrativo y el proceso judicial no cabe predicar la existencia de una relación de continuidad, en la que la indefensión producida en el primero pueda solucionarse en el segundo; de tal suerte, es improcedente auspiciar, sin más, la posibilidad de minimizar los vicios graves acaecidos en el ámbito del actuar de la Administración por la circunstancia de que exista luego una acción impugnativa en la esfera jurisdiccional (criterio al que adherí con mi voto en las causas B. 60.355, "Serdá", sent. del 14 XI 2007 y B. 62.840, "A.R.", sent. del 27 III 2008).
Pero también se sostuvo que no obstante ello, tampoco se trata de predicar que cualquier irregularidad en el procedimiento, por intrascendente que fuere, habrá de proyectar la nulidad absoluta de toda decisión ulterior y de manera inexorable, sino que la irregularidad ha de afectar a los trámites esenciales del procedimiento.
Finalmente, también se dijo que la mera invocación de una violación al derecho de defensa en el procedimiento administrativo no habilita, sin más, a invalidar la decisión de la autoridad, si el impugnante no ha cuestionado en forma eficaz la validez de la prueba en que se fundó su imputación y ha omitido el uso de los medios probatorios que el ordenamiento ponía a su alcance para desplegar su actividad defensiva (conf. causa B. 59.986 citada).
3. Bajo las pautas indicadas habré de examinar las irregularidades que se esgrimieron.
Los requisitos de validez del acto administrativo por el cual se decide la iniciación de un sumario se encuentran regidos por el art. 37 del reglamento de disciplina para el personal del Banco, en el que se dispone que "[l]a orden de sumario contendrá, en lo posible, una relación de los hechos y personas a investigar. Se adjuntará a la misma todo dato y documento que, en relación al caso, tenga la autoridad emisora de la orden". La norma fija un criterio flexible, en consonancia con el carácter preliminar que la decisión tiene previa a la investigación, porque justamente la dispone y establece que el contenido de la relación de hechos y personas a investigar debe serlo "en lo posible".
De ese modo, en la resolución 1852/98 se ponderó "que se ha expedido la instancia administrativa correspondiente, estimando que la labor desarrollada por este agente, no resulta satisfactoria conforme lo actuado en materia crediticia y administrativa". Además, junto con la orden se agregaron los datos con que contaba la autoridad, tal como se prevé en esa misma disposición (véanse las notas glosadas a fs. 2/16 del sumario administrativo 10.709, previas a la designación de los instructores sumariales).
Si bien no reviste una gran precisión, la decisión por la cual se inició el sumario contra J. R. B. permite conocer que el motivo fue el desempeño del agente en materia crediticia y administrativa. Así, el fundamento del acto es congruente con el objeto que decide, como es el dar comienzo a una investigación para obtener datos. Lógico es, por ende, que no pueda exigírsele un detalle equivalente al del acto por el que se concluye la pesquisa.
Tampoco el invocado desconocimiento de la acusación y la pretendida indefensión causada a la parte actora son argumentos de recibo para habilitar la anulación del citado acto, toda vez que del expediente administrativo se desprende que el demandante conocía los motivos de la investigación (ver sus declaraciones indagatorias de fs. 198/206, 251/261 y 439/441, conf. doctr. de las causas B. 59.986, "Caselli", sent. del 16 II 2005; B. 62.837, "C.L.", sent. del 8 VIII 2007).
Por último, el acto por el que se inicia un sumario no se confunde con la decisión por la que se formula la acusación, y esta última fue debidamente comunicada al imputado al momento de conferírsele la vista (fs. 442/444, expte. adm.), oportunidad en la que también recibió copias de todo lo actuado, permitiéndosele un amplio ejercicio de su derecho de defensa. Por lo tanto, estimo que este pedido debe ser desestimado.
b. Abordaré en lo sucesivo el planteo referido al múltiple juzgamiento por los mismos hechos.
1. La parte actora alega en primer lugar que la desafectación del puesto que ocupaba importó, de por sí, una sanción por su conducta que no está contemplada en el reglamento de disciplina vigente.
Además, denuncia que la Administración tuvo la duda de estar incurriendo en un doble juicio por los mismos hechos desde el inicio de la indagación, y sin embargo continuó con las actuaciones sin confirmarlo de manera fehaciente.
Cita diversas constancias del expediente administrativo, y por último expresa que su posición se corrobora con el mero hecho de que en el informe final se dejaron sin efecto doce de los veintiún cargos que se le imputaban.
Por su parte, la demandada afirma que la desafectación del cargo no significó una sanción sino un mero traslado, preservando la misma categoría del actor; y a su vez niega que la institución haya iniciado un procedimiento sumarial contra el actor a sabiendas de que los hechos ya habían sido juzgados con anterioridad.
Contrariamente, señala que la circunstancia de haber dejado sin efecto doce cargos antes del acto final es una prueba de la legitimidad del procedimiento (fs. 86 vta.).
2. Este reclamo tampoco puede prosperar, tal como lo explicaré en adelante.
Esta Corte ha considerado, con anterioridad, que la garantía non bis in idem es aplicable al procedimiento administrativo, y ha entendido que una idéntica conducta no puede ser juzgada dos veces dentro de la misma esfera jurisdiccional (conf. doctr. causas B. 55.062, "Díaz", sent. del 24 X 1995; B. 52.530, "Freiberg", sent. del 30 IX 1997; B. 52.699, "Esmoris", sent. del 2 VI 1998; B. 54.043, "Yampolsky", sent. del 14 XI 2001; B. 63.766, "Villoldo", sent. del 2 IX 2009).
Incluso en la causa B. 54.043, con cita de precedentes del máximo Tribunal nacional, extendió su alcance interpretativo y señaló que la imposibilidad de ser juzgado más de una vez por la misma causa no sólo veda la aplicación de la segunda pena por un mismo hecho ya penado, sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho (doctr. de Fallos 315:2680, 321:2126, 326:2805, 327:4916, 328:374, 330:4928, entre otros).
3. Sin embargo, a la luz de las normas aplicables, la doctrina citada y la prueba rendida estimo que en la especie no se transgredió este derecho del imputado. Con relación al pretendido carácter sancionador de la desafectación, de las constancias del expediente administrativo se desprende que esa medida fue solicitada por distintos funcionarios de la entidad bancaria, no con espíritu punitivo sino como estrategia para mejorar la eficiencia en el servicio y preservar el nivel de rendimiento profesional del actor.
A fs. 5 del sumario administrativo obra una comunicación del subgerente del Centro Chivilcoy al gerente para la PYME de Casa Central, del 8 V 1998, en la que recuerda que se había propuesto la "desambientación" de B. . Un año antes, el mismo funcionario había aconsejado (14 VII 1997) que era necesario "desambientar" al aquí actor, toda vez que "las causas de los desvíos observados provenían del relax propio que se produce en ciertos funcionarios cuando los mismos cumplen larga permanencia en una plaza, de donde incluso son oriundos", y más adelante en la misma nota reiteró la "imperiosa necesidad de desambientación" (fs. 7 de las actuaciones citadas). Incluso, el 20 VII 1998 los gerentes de las gerencias PYME y Agropecuaria y el sugerente general adjunto del Banco opinaron que debía "desafectarse" del cargo al señor B. , con motivo de la auditoría general n° 169 (fs. 11).
Por lo tanto, al no existir identidad en el objeto ni en la finalidad de las medidas adoptadas, no se configura la afectación del principio constitucional invocado por el accionante.
Respecto de la supuesta intención del Banco de investigar al actor aún dudando de la existencia de un juzgamiento anterior, considero que tampoco asiste razón al demandante. Durante la etapa preliminar del procedimiento previa a la participación del imputado , del cruce de comunicaciones agregadas al expediente administrativo (fs. 2, 3, 5, 6, 7, 16 y 19) se desprende que las autoridades se ajustaron a lo prescripto en los arts. 29 a 34 del reglamento de disciplina vigente.
En el art. 29 se prevé la posibilidad de que se apliquen sanciones correctivas menores sin necesidad de procedimiento sumarial previo, cuando la falta se compruebe fehacientemente. Por el art. 30, no obstante, se faculta a la Auditoría General a requerir la intervención de Sumarios cuando lo considerase pertinente, y en los arts. 31 a 33 se regula la realización de una información sumaria con intervención del jefe de Sumarios, para determinar cuál es el procedimiento adecuado de investigación. Por último, en el art. 34 se habilita al gerente general a ordenar la instrucción de un sumario cuando la falta presuntamente cometida pudiera dar lugar a una sanción mayor.
De modo tal que las comunicaciones citadas con anterioridad y los proyectos de sanción propuestos a fs. 6 y 135 del expediente administrativo, no implicaron un múltiple riesgo para el actor de ser sancionado por los mismos hechos, sino la evaluación de la entidad de cuál era el procedimiento correcto para investigarlos.
Ello es lógico, además, si se tiene en cuenta que la información vinculada con las sanciones disciplinarias aplicadas a B. , volcada en el legajo personal del actor (fs. 240/247) se encuentra desactualizada, tal como surge del llamado de atención agregado a fs. 281 y las constancias de sanciones impuestas, obrante a fs. 412.
Por otro lado, cabe destacar también que siendo la carga del actor probar los hechos invocados por su parte y las irregularidades en que habría incurrido la Administración, no demostró que se hayan sustanciado otros procedimientos en su contra vinculados con los mismos hechos que se juzgaron en el sumario 10.709 (art. 375, C.P.C.C.; 77 inc. 1°, ley 12.008 conf. ley 13.101 , doct. causa B. 59.986).
Finalmente, en lo atinente al contenido concreto de la acusación (fs. 442, expte. adm.) considero que la cuestión es abstracta en esta instancia.
Porque si bien acierta el actor en denunciar que se le formuló una irregular imputación, incluyéndose hechos por los que ya había sido juzgado y sancionado, la misma autoridad sumariante hizo lugar a su defensa (fs. 449/452) y saneó el vicio en la oportunidad de presentar el informe final de la investigación (fs. 509/513), ponderando en la resolución por la cual se impuso la cesantía únicamente los hechos que no habían sido juzgados con anterioridad (fs. 524/526).
c. Por último, he de abordar la cuestión vinculada con la razonabilidad de la medida dispuesta.
1. En la resolución 1049/01 del Directorio del Banco (21 VI 2001) se resolvió decretar la cesantía de J. R. B. a partir de la fecha de su notificación, encomendar al área de legales de la Institución la promoción de acciones judiciales tendientes al recupero del perjuicio patrimonial determinado, suspender preventivamente al aquí actor hasta tanto la medida quedase firme, e incluirlo en el registro de deudores morosos y firmas inhabilitadas de la entidad.
A su vez, en la resolución 2959/01 (22 XI 2001) se confirmó la anterior decisión.
La parte actora alega que la cesantía es arbitraria e irrazonable, por lo que debe ser dejada sin efecto. De manera algo confusa, sostiene que la medida no es proporcional a los hechos constatados, que se aparta del criterio propiciado por sus superiores directos jefes del Centro Chivilcoy quienes propusieron una mera suspensión, al igual que se contradice con su traslado a la sucursal Villa Crespo para cumplir las mismas funciones, y a la ponderación de que se trataba de un recurso humano bueno.
Además argumenta que, salvo el caso vinculado al cliente Jorge Collazo al que considera incluido de manera tardía e ilegítima en la acusación , todos los demás hechos imputados no lograron probarse fehacientemente. Respecto de los ocho clientes cuya atención fue objetada, alega que se trata de un análisis parcial y tendencioso de la realidad, sin haber tenido en cuenta toda la trayectoria de cada uno de ellos.
En cuanto al perjuicio por la falta de garantías, alega que no logró determinarse y que además el 75% de los créditos acordados estaban asegurados con garantías reales.
2. En primer lugar me ocuparé de la suficiencia de la prueba recolectada, toda vez que el actor invoca que en el caso no se probaron debidamente los hechos imputados.
De una detenida lectura de las declaraciones indagatorias, las explicaciones presentadas oportunamente a la auditoría general, más el descargo obrante a fs. 449/452 del expediente administrativo, surge que B. no sólo no negó la existencia de los hechos que se le imputan, sino que muy por el contrario en un intento de justificarlos los reconoció:
En el caso de Julio Oscar Neiro, sin negar la acusación efectuada, manifestó que el saldo deudor respondía a dificultades transitorias en la cadena de pagos, pero que esa situación luego se revirtió. Alegó, respecto de los cheques descontados por un valor de $ 55.000, que los mismos habían sido levantados por el librador sólo que de ello no había constancia en la planilla de auditoría (fs. 23/25, 198/200, 449). Sin embargo, no aportó ningún elemento de prueba que sustente su posición. Además, a fs. 144 (expte. adm.) obra un detalle de deuda de Neiro al 17 VI 1997, ascendiendo a $ 147.888,82, planilla en la que también se le recordó a B. que, una vez objetado un crédito, debía abstenerse de continuar incrementando la deuda de ese cliente, circunstancia que tampoco fue controvertida.
En cuanto al crédito de Oscar Rubén Vanín por US$ 125.439, desaprobado mediante CROCH n° 340 del 26 VIII 1997, el demandante reconoció la existencia de dificultades en el recupero de los fondos, pero manifestando que existían "intensas gestiones de regularización por parte de [la] gerencia, habiéndose comprometido el Sr. Vanín a normalizarla total o parcialmente el próximo día 6 V 1997" (fs. 56/59, 205, 449). A fs. 263/265 consta la desaprobación del crédito referido y la calificación del cliente, por parte de la gerencia de control de riesgo al 17 XII 1996, como "C" con problemas.
Respecto de Grupo Mayor S.A., si bien asiste razón al actor en que el 14 IX 1998 (con posterioridad a su traslado) se descontaron cheques por un total de $ 11.350 (ver fs. 449 y 279), de la documental agregada a fs. 170/174 y 280 se desprende que entre el 1 VII 1998 y el 7 IX 1998 se descontaron cheques por el séxtuplo de ese valor. Por otra parte, el aquí actor no negó las acusaciones vinculadas con el descubierto transitorio en cuenta corriente (confirmado, por otra parte, en la nota de fs. 158 y la documental de fs. 170/174), la transgresión de normas administrativas y el elevado nivel de deuda frente a la escasa generación de recursos de la firma, más el insuficiente patrimonio neto (fs. 156/160, 185, 251/253). En cuanto a la cuestionada fianza de Juana Silvia Tarica, en su declaración indagatoria el actor manifestó desconocer cuál había sido el motivo por el cual no había firmado, "ya que estaba creído que firmaba conjuntamente con su esposo toda fianza a favor de Grupo Mayor S.A." (fs. 253).
En cuanto al saldo deudor en cuenta corriente por $ 87.000 de Juan Oscar Ruggia, sin desconocerlo B. explicó que especulaban cancelarlo con un préstamo hipotecario del Banco de la Nación, que finalmente se utilizó para otro destino. Preguntado por la demora en bloquear el uso de la tarjeta de crédito VISA, afirmó que aquélla se debió al trámite de refinanciación de la deuda (fs. 22, 31/32, 201/202, 449).
Acerca de la refinanciación de deuda por US$ 79.000 concedida a Antonio Horacio Gollo, sostiene el actor que ya había sido sancionado por este asunto con anterioridad (fs. 449, con remisión al llamado de atención de fs. 281). Sin embargo, de las constancias de fs. 34/37 surge que el crédito facilitado a este cliente y la auditoría general que lo objeta datan de diciembre de 1995, cuando la sanción anterior fue aplicada el 26 IX 1995 por hechos acaecidos en 1994. Tampoco objetó la imputación en la declaración de fs. 202/203.
Petrogas Chivilcoy: se le objetó la concesión de un préstamo a interés vencido a sola firma efectivizado el 30 XII 1996, y el saldo deudor en cuenta corriente mayor a sus facultades sin haber requerido la conformidad superior, por un total de $ 171.267 al 31 III 1997. Además, mediante CROCH n° 378 del 23 XII 1997 se desaprobó un préstamo concedido a interés vencido por $ 38.500 (fs. 53/55). A todo ello respondió el actor sin negar los hechos que el crédito para operar en descubierto en cuenta corriente y el descuento de cheques de pago diferido le había permitido a la empresa manejarse regularmente, pero que luego tuvo problemas con la cadena de pagos, lo que derivó en la liquidación de la sociedad (fs. 22, 204, 450).
Rubén Buscaglia: se le imputó no haber requerido conformidad superior para otorgar una franquicia en la cuenta corriente, la que registraba un saldo deudor de $ 32.013; con el agravante de que con anterioridad se le había reprogramado una deuda con garantía hipotecaria por tener desequilibrio en su capacidad de recursos. El actor se remitió a una nota confeccionada el 25 III 1998 (y glosada a fs. 68), en la que reconoció ciertas desprolijidades en el manejo del caso y requirió una tardía conformidad de la instancia superior para las operaciones concedidas. Además, mencionó que la finalidad de dichas licencias era permitir el desenvolvimiento del cliente para garantizar el recupero de los créditos del Banco, pero que desde mediados de 1997 comenzaron las dificultades. (fs. 64/69, 205, 450).
Respecto del caso de Jorge Alberto Villone, se le imputa la existencia de un saldo deudor en la cuenta corriente de $ 19.750, originado en la utilización de la tarjeta de crédito VISA/BAPRO (fs. 417/419, 434/436). Sostuvo que los préstamos habían sido otorgados con fianza y que los ingresos de los clientes eran acordes con lo establecido en las reglamentaciones internas. Agregó que los clientes estaban en una etapa de construcción con un crédito que había resultado escaso, y que tenían la expectativa de recibir fondos provenientes de un juicio sucesorio (fs. 439/440). En su descargo de fs. 450, amplió que él dejó la sucursal el 18 II 1998 y que el crédito contra estos clientes recién ingresó en la cartera ejecutiva el 2 II 1999. Alegó que esa espera de casi un año sin haber reducido la deuda no puede serle imputada a él. Sin embargo, no logró demostrar que la deuda registrada durante el período en que se encontró a cargo de la sucursal no le fuera imputable, ni que el ingreso a la cartera ejecutiva tampoco haya tenido por causa las irregularidades verificadas durante su gestión.
Por último, se le objetó la desaprobación del crédito otorgado a Jorge Alberto Collazo por $ 207.100. En este caso se constató una desobediencia de la circular I parte II grupo 11, de las consideraciones en el control de gestión del 19 VI 1997 y las observaciones del auditor del 5 V 1997. También se lo acusó de obrar con descuido en la comprobación fehaciente de la autenticidad de las operaciones que originaran los documentos descontados y la falta de observación de la situación del cliente en el sistema financiero calificado como 5, irrecuperable (fs. 442).
De lo expuesto en el descargo de fs. 451/452 y de la prueba agregada al expediente administrativo surge que asiste parcialmente razón al actor, aunque ello no es suficiente como para revertir la configuración de la falta endilgada. De las planillas de control de gestión de fs. 88 y vta., 140, 421, 429 y 440/441 se desprende que, lejos de negar la desobediencia o la imprudencia en la asistencia crediticia de C. , el aquí actor reconoció su conducta "desprolija" y la transgresión a las normas administrativas que se le reprochan.
Pero por otro lado, de la documentación adjunta a fs. 458/471 surge que no es cierto que haya obrado con descuido en la comprobación fehaciente de la autenticidad de los cheques dado que las facturas glosadas dan sustento a las operaciones liquidadas; abonando también esta conclusión el hecho de que todas las auditorías pusieron de manifiesto que no había habido inconvenientes con el descuento de los cheques presentados. Y también le asiste razón en cuanto a la calificación del riesgo y la situación financiera del cliente: porque si bien los informes del Banco de la Nación Argentina le habían asignado la categoría 5 irrecuperable la propia calificación del Banco de la Provincia de Buenos Aires era menor y coincidente con lo afirmado por B. (fs. 88 y 431).
De modo tal que, respecto de la asistencia brindada a Jorge Collazo, sólo cabe tener en cuenta la transgresión a la circular I parte II grupo 11 del Banco y el desprecio por las recomendaciones de prudencia consignadas en los controles del 9 V 1997 y 19 VI 1997.
3. Resta, en fin, ponderar la proporcionalidad de la sanción aplicada.
La conducta del actor fue encuadrada por la Administración en los arts. 21 incs. a, t y v del estatuto del personal y los arts. 24 inc. c y 25 inc. c del reglamento de disciplina. En estos últimos preceptos se prevé la aplicación de un amplio marco de sanciones, según las circunstancias del caso (hasta cesantía o exoneración), dentro del cual se optó en el presente por la cesantía.
En ese sentido tiene dicho el Tribunal que cuando una falta es susceptible de dos sanciones, una correctiva y otra expulsiva, y se aplica la más grave, la exigencia de fundamentación comprende la expresión de las razones que llevan al órgano a imponer esa medida más severa (conf. doct. causas B. 57.944, "Samaja", sent. del 18 VII 2001; B. 59.009, "Allo", sent. del 3 XII 2003; B. 62.837, "C.L.", sent. del 8 VIII 2007; B. 62.840, "A.R.", sent. del 27 III 2008, entre otras).
De la mera lectura de las resoluciones impugnadas, del descargo producido por la parte actora y de la prueba acumulada en el expediente administrativo surge que en la especie tal exigencia fue cumplida, toda vez que la entidad bancaria analizó la forma de la culpabilidad en la conducta del actor y sopesó la existencia de agravantes y atenuantes para la aplicación de la pena.
A tal fin cabe remitirse a la resolución 1049/01 (fs. 525/526), en la que se calificó la conducta del demandante como culposa no excusable en la forma de imprudencia y se ponderó la concurrencia de los agravantes previstos en los arts. 11 incs. b, c y d y 12 del reglamento de disciplina. En el mismo sentido y con igual detalle se expidió el instructor sumariante en el informe final (fs. 509/513) y la asesoría legal (fs. 516/517); y también están debidamente motivados el dictamen legal de fs. 551/552 y la resolución 2059/01 (fs. 553/554), por la cual se rechazó el recurso de revocatoria.
Para más, la decisión adoptada tiene a su vez un correcto sustento en los hechos corroborados. Respecto de la acusación de emplear un criterio excesivamente liberal para otorgar los créditos, el señor B. manifestó que se desempeñaba como gerente desde 1984 y recién en 1994 se le objetó el primero, alegando que "se deb[ía] a los cambios económicos producidos a partir del 4 92 con la entrada en vigencia del plan de convertibilidad y la concentración económica en pocos grupos, que hizo que la economía creciera para unos pocos pero decayera ostensiblemente para la gran mayoría del conjunto de las actividades (comercio minorista, pequeñas y medianas empresas, etc.) principales clientes de las sucursales", y que el aprendizaje fuera "a los tumbos" (fs. 450/451). Una afirmación similar expresaron sus superiores directos al destacar la "carga emotiva del Sr. Gerente que traba el análisis objetivo que se requiere en circunstancias de cambios tan profunda como la que vivimos" (fs. 7).
En las diversas explicaciones vertidas a los auditores generales acerca del tratamiento crediticio brindado a los clientes, expresaba que si bien los préstamos no tenían debida relación con la capacidad de pago de los clientes, o se refinanciaban sucesivamente varias deudas pese al irregular cumplimiento, éstos manifestaban voluntad de regularizarse (fs. 22, 25, 59, 68, 158, 204, 429).
También en varias oportunidades reconoció el incumplimiento de normas administrativas internas o el atraso en la gestión de autorizaciones (fs. 68, 253, 429), atribuyéndolo al cúmulo de tareas y la escasa dotación de personal (fs. 451).
En cuanto a la alegada insuficiencia de recursos de las empresas para atender su asistencia crediticia, respondió que es fácil efectuar el análisis posteriormente, pero no de manera previa al momento de decidir si se concede o no un préstamo (fs. 451).
Todas estas declaraciones confirman la razonabilidad de la decisión adoptada puesto que demuestran la buena fe del actor en su conducta, pero también prueban que al haber priorizado la tolerancia frente a las dificultades económicas o financieras que atravesaban los clientes, se adoptaron insuficientes recaudos para proteger la seguridad crediticia y no se previeron los riesgos de insolvencia, actitudes propias de la configuración de un obrar culposo imprudente e inexcusable por la función que desempeñaba el agente afectado.
Por otra parte, reclama el actor que no se tuvo en cuenta que el 75% de los casos que dieron origen a la sanción estaban cubiertos con garantías reales que aventaban los riesgos de incobrabilidad. No obstante, del informe de acciones judiciales glosado a fs. 500/504 del expediente administrativo surge que no sólo gran parte del dinero prestado no pudo recuperarse por cumplimiento voluntario de las obligaciones sino que, aún de los créditos asegurados, uno se vio amenazado en su cobro debido a la existencia de un concurso preventivo. Inclusive, resta un 25% de otorgamientos sin garantía alguna, en los que se evidencia aún más la falta de representación del riesgo de insolvencia de los clientes con una situación económico/financiera delicada, frente a las primeras dificultades.
Así, en la resolución cuestionada no se vislumbra un apartamiento de la normativa específica para establecer la magnitud y el grado de la sanción impuesta (doct. causas B. 57.440, "Goitisolo", sent. del 1 XII 1998 y B. 62.840 ya citada).
Ello pues el Banco de la Provincia de Buenos Aires ha fundado adecuadamente la medida expulsiva, resultando proporcionada a las faltas comprobadas y ha subsumido los hechos en la normativa aplicable, como corolario de un procedimiento sumarial en el que se reunieron pruebas suficientes a tal fin, las que no fueron desvirtuadas por el agente tal como he señalado precedentemente (arg. arts. 15, Const. prov.; 103, 108 y concs. del dec. ley 7647/1970; Estatuto para el Personal y Reglamento de Disciplina, ambos de la Institución demandada).
En base a todo lo expresado, no cabe sino el rechazo de la pretensión anulatoria incoada.
VIII. En atención a la decisión que propicio, deviene inoficioso el pronunciamiento acerca de las restantes peticiones expuestas por el demandante, en tanto suponen el acogimiento de la pretensión principal.
Con costas en el orden causado (arts. 17, ley 2961; 78 inc. 3°, ley 12.008, conf. ley 13.101).
Los señores jueces doctores Soria y de Lázzari, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.

References: resolución 
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