Source: http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc09/114.html
Timestamp: 2018-02-24 12:08:08+00:00

Document:
Pozas, Ricardo, El Maximato: el partido del hombre fuerte, 1929-1934 [artículo]
Volumen 9 / Documento 114
El licenciado Emilio Portes Gil desempeñó el cargo de presidente interino del 14 de diciembre de 1928 hasta marzo de 1930.[ 1 ] Este personaje surgió como alternativa política conciliatoria al caos provocado por la muerte de Obregón. En los catorce meses de su gobierno se desarrolló la pugna entre los obregonistas y los callistas (de viejo y nuevo cuño), que derivó en la liquidación de los primeros.
En lo que toca al conflicto con la Iglesia Católica, surgido durante el gobierno de Calles, Portes Gil promovió el restablecimiento de las conversaciones con el delegado apostólico, monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Morelia y, con la abierta colaboración del embajador norteamericano Morrow, el 27 de junio de 1929 se reanudaron los servicios religiosos suspendidos desde julio de 1926. El acuerdo suscrito entre el clero y el Estado se asentaba en un punto central: el reconocimiento a la jerarquía eclesiástica para designar los sacerdotes que debían registrarse y el respeto a la organización interna de la Iglesia. El acuerdo oficial se suscribió el 21 de junio de 1929.[ 2 ]
La paz procurada por el gobierno era indispensable y funcional al verse en la posibilidad de ser rebasado por una coyuntura que concatenó la escisión del grupo gobernante cohesionado por Obregón, que procreó una asonada militar, la imposición al grupo dirigido por Calles de un candidato a la presidencia sin prestigio político-militar, la presencia de una oposición en la campaña presidencial, ampliamente legitimada en los sectores medios urbanos, encabezada por José Vasconcelos, el inicio del "gran crack" y su incidencia en las condiciones de vida del pueblo en general y el desmoronamiento de la CROM, principal instrumento de contención y control de bases sociales. En este contexto, el discurso ideológico antirreligioso, con una población de acendrada tradición católica, que tenía que echarse a cuestas la cruz de la crisis, resultaba políticamente inadecuado.
El vacío dejado por Obregón en el liderazgo político-militar replanteó al grupo gobernante el problema de la dirección política. La ausencia evidente de un caudillo superior a los existentes condujo a la necesidad de su convivencia para preservar la conducción del Estado. Sin embargo, esta situación no eliminó la ventaja, en la correlación política, que Calles tuvo como presidente en funciones, pero sí le hacía imposible su liderazgo únicamente a través de su poder personal. Este conjunto de condiciones políticas del momento impusieron la necesidad de implementar un aparato de cohesión de los caudillos, que al mismo tiempo se legitimara como instrumento de poder al convertirse en el único vehículo de acceso al Estado. La realización de este proyecto cambió las reglas del juego político al invalidar la búsqueda del poder a través del ejercicio de las armas, la clientela y el partido del señor de la guerra. El instrumento fue el PNR en cuya formación participó Calles y su grupo.
Esta nueva fase política que redefine las modalidades del liderazgo y la clientela, se realiza al afiliar al caudillo con toda su cauda agrupada en organizaciones políticas, laborales o agrarias, al partido nacional. En esta etapa de consolidación, los caudillos mantendrán su status preservando los márgenes de autonomía y poder en sus zonas de influencia. Fueron ellos los que en gran medida hicieron del PNR un instrumento nacional al incorporar, incorporándose, su clientela política. El partido afilió a los trabajadores del Estado que no sólo pasaron a formar parte de él sino que la mañana del 26 de enero de 1930 se enteraron, por la prensa, que por orden del presidente Portes Gil, la Secretaría de Hacienda y el gobierno del Distrito Federal, les descontarían el último día de los meses de 31, para formar un fondo que sería depositado en el Banco de México a nombre del PNR. El vínculo entre el Estado y el partido era tal que en el órgano periodístico de éste, el Nacional Revolucionario, se leía en el subtítulo "Órgano Oficial del Gobierno Mexicano".
La oposición tomó dos cauces que nunca lograron fusionarse. La primera como revuelta militar encabezada por J. Gonzalo Escobar que con el Plan de Hermosillo atacó a Calles como el principal corruptor del gobierno. Esta asonada, iniciada en plena convención del PNR, duró escasos tres meses al cabo de los cuales los principales dirigentes buscaron asilo en los Estados Unidos. El resultado fue la confirmación de Calles como principal dirigente político, posición que fue ratificada a través del apoyo brindado por los Estados Unidos y la eliminación de disidentes con prestigio militar.[ 4 ]
El otro tipo de oposición significativa se realizó en el proceso electoral. José Vasconcelos postulado por el Partido Nacional Anti-Reeleccionista aglutinó a la gran mayoría de los intelectuales no comprometidos con el Estado, a los obregonistas liberales, a una parte importante de los sectores medios urbanos y lumpen en una respuesta frente a las modalidades del poder político ejercido por los militares y los caudillos agrarios. Vasconcelos calificó de fraudulenta la elección de Pascual Ortiz Rubio, llamó a la subversión y fincó sus esperanzas en la sublevación popular espontánea, lo que sirvió de pretexto para que muchos de sus jóvenes correligionarios murieran víctimas de la represión.[ 5 ]
El 28 de noviembre de 1929 el Congreso comunicó al país que el presidente electo era el ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Éste, continuando con la tradición inaugurada por Calles, salió el 3 de septiembre a los Estados Unidos en donde se entrevistó con el presidente Hoover y el industrial Henry Ford. En la ciudad de Nueva York sostuvo una entrevista con el general Calles en la cual se discutió el gabinete que colaboraría con el primer mandatario. El resultado de esta entrevista fue un gabinete heterogéneo y contradictorio, que el tiempo probaría que Ortiz Rubio fue incapaz de encabezar y dirigir.[ 6 ]
De la elección a la toma de posesión se libró la contienda por las comisiones en las cámaras entre los portesgilistas (denominados rojos) y los ortizrubistas (denominados blancos). Con el apoyo de Calles, un mes antes de la toma de posesión, los rojos controlaban las comisiones de las cámaras y se iniciaba el cerco que se tendió en torno al presidente.
La siguiente batalla emprendida por el presidente en funciones para ampliar sus márgenes de acción frente al "Jefe Máximo" se libró en torno al partido. Ortiz Rubio vio la posibilidad de controlarlo al colocar un hombre de su confianza, Basilio Vadillo, al frente del PNR. Vadillo pronto tomó conciencia de sus limitaciones al intentar dirigir el aparato político, con miembros portesgilistas en el Comité Ejecutivo Nacional y con cuadros medios y cabezas de grupo leales a Calles. Al primer conflicto con la Comisión Permanente del Congreso, para determinar las planillas de los candidatos en las elecciones legislativas, en las que el futuro político del presidente estaba en juego, su hombre clave en el partido quedó convertido en embajador del Uruguay a escasos dos meses once días de haber sido nombrado.
La sustitución de Vadillo por Portes Gil en la piedra angular del sistema político mexicano, el partido, ratificó la debilidad presidencial. El objetivo del ex presidente sería la formación de cámaras disciplinadas al "Jefe Máximo", pero en la presidencia del partido Portes Gil creyó ver la posibilidad de ganar terreno frente a Calles y Ortiz Rubio, al manipular los resultados electorales, lo que le costó la dirección. En estas elecciones el PNR obtuvo un triunfo arrollador; en ellas perdió la oposición y el presidente, quien no sólo vio que le formaban cámaras adversas, sino que perdió a su hombre clave en el gabinete -su secretario particular- que fue permutado por Crisóforo Ibáñez, ex secretario de Obregón y Calles.
En la ya trágica permuta de funcionarios en el partido y en el gabinete, Lázaro Cárdenas fue el siguiente presidente del PNR. Durante su dirección se acrecentó la tendencia centralizadora frente a los poderes locales. El que fuera el primer presidente del partido, Pérez Treviño, sustituyó a Cárdenas, con lo que se ratificó la tendencia que inició este gobierno; el que tenía el poder del Estado no era quien ocupaba la presidencia.
El cuestionamiento de la capacidad del presidente de la República por el del partido, produjo el último reacomodo de piezas en el ajedrez político, jugada en la cual el primer magistrado pierde dos pilares principales: Cárdenas y Amaro, que no estaban a favor suyo sino por la preservación de la institución presidencial. Calles asume el poder que tiene y queda convertido en el secretario de Guerra, con lo que controla el ejército y con él la decisión final de cualquier pugna intergubernamental, situación consolidada los primeros días de agosto en los cuales se autoexcluye como ministro por Abelardo L. Rodríguez, uno de sus más leales seguidores.
Las múltiples crisis originadas por la coexistencia de varios grupos con un amplio poder político en las instituciones derivó en la abierta pérdida de consenso del presidente frente al grupo gobernante, los grupos políticos nacionales y el "Jefe Máximo", quien declaró su abierta oposición a que algún "amigo" suyo aceptara puestos en el gabinete, lo que hizo imposible mantener el gobierno que terminó con la renuncia del presidente el 21 de septiembre de 1932.[ 7 ]
El nuevo interinato recayó en Abelardo Rodríguez,[ 8 ] quien en sus funciones político-administrativas inicia el cambio en la relación entre el "Jefe Máximo" y el presidente de la República. Durante este periodo, Abelardo Rodríguez logra incrementar su poder al convertirse en el único interlocutor posible entre las fuerzas políticas nacionales y Calles.
Este atributo que se confirió al presidente hace gravitar sobre él a los grupos políticos que en su enfrentamiento eliminaron al anterior. Asimismo, queda convertido en la primera instancia de decisión política y en muchos casos en la última. Alberto J. Pani fue el primer político del gabinete en constatar, al verse obligado a renunciar, que las cosas habían cambiado.
Otro elemento importante, que incide de manera significativa en el peso político de la institución presidencial, fue el hecho de que Abelardo Rodríguez tiene que enfrentar el repunte del movimiento obrero: la proliferación de los conflictos y la relación con organizaciones fuertes. Esta situación le posibilita, como figura institucional que tiene que manejar la negociación y el conflicto con las clases, un mayor margen de juego frente al orden político establecido.
El Maximato es un periodo histórico en donde el Estado pierde un amplio margen de autonomía frente a la clase dominante acosada por el "gran crack"; la necesidad de salvar la economía nacional obligó al grupo gobernante a plegarse a decisiones fundamentalmente de clase. Es por esto que el amplio margen de juego y conflicto político entre las facciones del grupo gobernante que originó la crisis política y la pérdida de poder institucional, en parte es explicable por el reflujo de los movimientos obrero y campesino que forman la versión social de la crisis económica que vive el país.
Un paso importante en el incremento del poder de Calles, en relación con la periferia y el poder local de los caudillos, fue el retorno a la no reelección como regla de juego político. Ésta le permitiría romper la permanencia en los puestos políticos de algunos miembros de los poderes locales, ampliando así las opciones del centro a través del partido en la negociación de los candidatos. El proyecto recibió su sanción legal con la enmienda constitucional de marzo de 1933, con lo que se retornó a la no reelección del presidente y gobernadores. Los diputados (locales y federales) y los senadores se habían constituido en una burocracia política cerrada, lo que explica su abierta oposición a la enmienda. A fin de conciliar el descontento, el periodo de los diputados se amplió de dos a tres años en funciones, y para los senadores de cuatro a seis, con posibilidades de reelección, no en el periodo inmediato posterior.
El desarrollo de la correlación de fuerzas, en la que Calles juega un papel central, lo llevó a consolidar el partido como el principal vehículo del ejercicio del poder. La centralización por él ejercida requería de la transformación del organismo que aglutinaba partidos en el organismo que diluyera y disciplinara a los grupos que representaban los poderes locales. Con motivo de la Segunda Convención Nacional del Partido Nacional Revolucionario, en la ciudad de Querétaro en marzo de 1933 -en la cual se designaría candidato a la presidencia a Lázaro Cárdenas y se aprobaría el Plan Sexenal que era el programa político para el próximo gobierno y el proyecto económico frente al crack-, se cambiaron los estatutos del partido para establecer que la filiación dejaría de ser por partidos y se transformaría en individual dándose un plazo de seis meses para la reafiliación. Según datos vertidos por el partido, éste contaba en abril de 1934 con una membresía de un millón trescientos mil afiliados.[ 9 ]
El "gran crack"
En el censo industrial de 1930 se asienta que la inversión en el ramo ascendía a $ 1 004 644 745.00. Había 48 540 talleres y fábricas establecidas en el país, divididos en 148 clases de industrias; el total de empleos generados, sin incluir el petróleo y la minería, ascendía a 249 129; en el petróleo trabajaban alrededor de 50 000 personas y en la minería unos 100 000, lo que en total sumaba cerca de 400 000. La magnitud de la crisis puede sintetizarse al contrastar esta última cifra con el promedio de desempleados, 300 000 personas entre 1931 a 1934. Las industrias extractivas fueron la banda de transmisión a través de la cual México, como productor de materias primas, se incorporó al caos existente en ese momento en el capitalismo mundial.
En el siguiente cuadro se muestran los efectos de la crisis del 29 sobre el sector externo y sus consecuencias en el producto nacional bruto:
Índices de depresión en México, 1929-1935
1932 = 100
Se puede ver que la caída y la recuperación de las exportaciones e importaciones fue mucho más acentuada que la del PNB, notándose un retraso de este último para responder a los cambios del sector externo. Por otra parte, los efectos de la depresión y la recuperación son a muy corto plazo y revelan el efecto multiplicador de la economía norteamericana sobre la mexicana, sobre todo en los sectores más productivos.
La baja en los precios repercutió directamente en la producción, iniciándose por la plata y seguida por la del cobre. En 1931 se decidió, previo acuerdo con los productores mundiales en Nueva York, reducir la producción de 120 000 toneladas mensuales de cobre a 55 000, en el caso del plomo de las 28 000 toneladas extraídas ese año, sólo se pudieron exportar 6 000, de igual manera, las minas de carbón de Coahuila sólo trabajaban dos días a la semana.
Frente a la crisis mundial, los mineros en México culparon a la legislación vigente de la situación económica y pidieron que se derogaran las leyes y las franquicias para poder salvar la depresión. En mayo de 1930 se efectuó el Primer Congreso Nacional Minero, en donde las conclusiones fueron: pedir al gobierno las reformas a la ley minera, reducción de impuestos, salarios, fletes, y ayudar a los mineros en el reajuste de personal a fin de reducir los costos y hacer costeable la producción.
El gobierno ofreció estudiar las posiciones, pero dejó clara la suya al afirmar que no tenía por qué subsidiar una industria que en el noventa y cinco por ciento era de capital extranjero. En noviembre de 1933, el secretario de Economía hizo público un decreto donde se declaraban reservas nacionales todos los terrenos libres donde pudieran ser explotados los veinticuatro principales minerales, además de minerales radioactivos, minerales raros y piedras preciosas, a excepción de la plata. Sin embargo, el gobierno perdió capacidad de negociación frente a las grandes empresas que habían desplazado a las medianas y pequeñas, razón por la cual recurrió a la creación de cooperativas y leyes protectoras para paliar la situación.
En términos laborales, este sector de la economía fue uno de los más sensibles a la crisis: de los 90 000 obreros ocupados en 1929 sólo quedaban 45 000 en 1932; en 1934 se fundó el Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana para tratar de solventar los problemas por los que atravesaban los mineros. Por su parte el gobierno promovió la creación de cooperativas obreras a fin de explotar los fundos abandonados de ley muy baja y para promover el empleo en este sector; a la dotación de fundos no siguió la proporción adecuada de créditos ni de tecnología, por lo cual estas cooperativas fracasaron a corto plazo.
A fines de 1933 se empezaron a recuperar los precios de los productos mineros, aunque la producción tuvo un proceso más lento. A partir de este momento se plantea la política de promoción del sector nacional de la industria minera frente al gran capital, intención que llevó a la creación de Nacional Financiera y de la Compañía de Crédito Minero, S. A., en 1935, en pleno cardenismo, año en que la minería mexicana entraba en franca recuperación.
En lo que se refiere a la industria petrolera, que había iniciado su declive a partir de 1921, durante la crisis de 1929-1934, entró en el periodo más bajo de producción. El ritmo de crecimiento fue el siguiente:
Producción en miles
de barriles de 159 litros.
La reducción en la producción petrolera se debió a la estrategia seguida por los trusts ingleses y norteamericanos frente a la sobreproducción que caracterizó a la crisis. Este hecho afectó directamente a México en la medida en que una parte importante del ingreso fiscal entraba a través del impuesto de exportación: la estrategia seguida desde los centros hegemónicos, que en América Latina favorecía la producción venezolana y norteamericana, promovió durante la crisis la reestructuración tecnológica y la ampliación de las posibilidades de producción en México.
De la misma manera que las compañías mineras, las compañías petroleras culparon a la legislación fiscal de la crisis por la que atravesaban. El Estado mexicano cedió en parte ante las presiones: la legislación se reformó, los impuestos se redujeron, se prohibió la importación de productos derivados del petróleo, se creó un mercado cautivo y se ampliaron las concesiones que en marzo de 1931 sumaban 1 190 y comprendían una superficie de 12 491 661 hectáreas. Para 1930, las compañías declararon tener invertida una cantidad de $ 939 074 000.00.
El 19 de marzo de 1933, el Estado mexicano expidió un decreto en el cual se fijaba su posición frente al problema petrolero. Por una parte concedió a las compañías la ampliación de sus zonas de explotación a cien kilómetros y, por la otra, se estableció la posibilidad de otorgar o negar las concesiones futuras para poder formar una reserva nacional además de fijar el precio interno de los combustibles, y así asegurar el abastecimiento interno y promover la inversión de capital nacional en este sector.
La creación de la primera empresa nacional petrolera fue posible por el adelanto que las compañías hicieron en el pago de sus impuestos (siete millones de dólares, veintiún millones de pesos), que fueron canalizados en la formación y apoyo de tres instituciones financieras: el Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Agrícola y el Banco Popular. Con esta base financiera se fundó, el 20 de diciembre de 1933, PETROMEX con una composición de capital público y privado 50% y 50%. Esta empresa tenía como objetivos regular el mercado interno así como satisfacer las necesidades del Estado y sus empresas.
Hacia fines de 1934 la industria petrolera empezó a retomar su ritmo de producción.
La industria textil mexicana entra al "gran crack" de 1929 ya en crisis, a consecuencia de su obsoleta tecnología, pero es entonces cuando se hacen evidentes las marcadas diferencias entre la grande y pequeña industria.
Hacia principios de 1929, estuvieron en actividad 145 fábricas que ocupaban 30 916 operarios y para noviembre sólo operaban 137. En 1930 se inicia el proceso de reajuste de personal, la reducción de salarios y de horas de trabajo. Frente a esta crisis, el gobierno medió entre los obreros y los patrones decretando la reducción de actividades en un 33% en el primer turno y en un 50% en el segundo, así como el aumento de las tarifas arancelarias a los productos textiles de importación para proteger la producción nacional.
No obstante las medidas adoptadas, los problemas en este sector se mantuvieron, los despidos de personal continuaron y la incapacidad tecnológica hizo necesaria la intervención del Estado, el cual en 1933 subsidió indirectamente a los industriales reduciendo los derechos de importación del algodón egipcio de 0.40 a 0.10 por kilogramo, siempre que no excediera del 20% del consumo anual total de cada industria. Para implementar una estrategia nacional que permitiera enfrentar los principales problemas de este ramo industrial, el Estado promovió la unificación en toda la república de las condiciones de operación a nivel de industria, salarial y de derechos laborales.
La industria azucarera, que tradicionalmente había sido uno de los sectores industriales más dinámicos de la economía nacional, llegó a la crisis con marcadas diferencias entre los grandes y los pequeños ingenios. Los primeros localizados en la parte norte del país, fundamentalmente Sinaloa y los segundos en el Golfo, en Veracruz.
El excedente mundial de azúcar y alcohol afectó fundamentalmente a los pequeños ingenios veracruzanos. Los cierres temporales de éstos pronto se transfirieron a los grandes, y en 1930 los tres más grandes ingenios de Sinaloa pararon sus actividades afectando a un total de doce mil trabajadores. Dada la importancia que tal industria tenía en las economías locales y nacional, el Estado intervino para evitar la quiebra del sector y por medio de la Comisión Reguladora o Estabilizadora de la Industria Azucarera redujo los impuestos; estableció el control de precios en todas las ramas; promovió la modernización y reafirmó la protección arancelaria.
El sector bancario en el país enfrentó la crisis a través de una política ortodoxa: restringió el dinero en circulación; su crédito se redujo y canalizó sobre todo al sector comercial, manteniendo una tasa de interés de 1% mensual, y si las garantías eran amplias, al 9% anual. En estos años los bancos fueron los principales promotores del comercio debido fundamentalmente a que la proporción de sus reservas era sólo de un 30% en efectivo promedio, pudiendo prestar el 70% por ley. Ante los primeros síntomas de la crisis, a fines de 1929 y principios del año siguiente, con el derrumbe de los precios de los productos de exportación, se refrenaron las operaciones bancarias y estas instituciones mantendrán el 55% de sus depósitos en moneda de oro y el 40% en plata sobre los depósitos hechos en estos metales, cuando lo establecido por la ley era del 30% de ambos.
En mayo de 1930 las instituciones bancarias reconocen la disminución de los créditos debido a la crisis y en 1931 proponen como salida a la contracción de los créditos, que el Estado les dé mayores libertades en la inversión del capital vía pignoración de artículos de primera necesidad y de productos industriales, lo que repercutiría indirectamente en la reactivación económica. Paralelamente los banqueros forman un sindicato para controlar el mercado de cambios y evitar la especulación. Al fomentar la baja de la moneda de plata y promover la revalorización del oro, el sindicato, apoyado por el gobierno, logró estabilizar los tipos de cambio tanto del dólar como del oro y la plata, evitando los desbordamientos de los depositantes para esa época.
Durante este periodo empezaron a regresar al país los depósitos de los mexicanos hechos en los bancos fronterizos norteamericanos, dada la situación de inestabilidad y cierre de sucursales en esa parte del vecino país del norte.
El Estado promovió instituciones de crédito para refaccionar a los sectores económicos en los cuales la banca no participaba. Para 1933 el gobierno federal agregó a los bancos comerciales el Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas y la Asociación Hipotecaria Mexicana. Para promover actividades agrícolas se crearon los bancos algodoneros, plataneros, el de Sinaloa y el Banco de Crédito Popular.
En 1934 con el fin de promover el financiamiento industrial y la creación de una industria pesada se fundó, como ya dijimos, la Nacional Financiera, que significó el complemento al sistema financiero nacional.
Para el mes de mayo de 1934 los bancos del país tenían la cifra más alta en depósito: doscientos trece millones, ciento cuarenta y siete de los cuales pertenecían a los bancos en general y sesenta y seis al Banco de México. Los signos de la crisis empezaban a despejarse; sin embargo, las instituciones privadas continuaron su política ortodoxa de préstamos a corto plazo. Ante las necesidades industriales que requerían crédito a largo plazo, la banca central absorbió directa o indirectamente este renglón necesario para el desarrollo.
En lo relativo al capital extranjero, el Estado durante la crisis promovió y facilitó su inversión en México. En 1932, según informes del Departamento de Comercio Exterior e Interior de Estados Unidos, la inversión total de capital extranjero en México ascendía a 2 200 millones de dólares, de los cuales Gran Bretaña tenía 933, Estados Unidos (inversión directa) 695, Francia 290, España 195 y Alemania 75 millones. Por otra parte el 90% de las compañías de seguros pertenecían al capital extranjero.[ 10 ]
del ocaso del control a la efervescencia de las masas
En los años comprendidos entre 1928 y 1934 se presentó una doble dinámica: por una parte la descomposición de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), y, por la otra, el surgimiento de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM).
Con el desplome de la CROM se agotó un tipo de vínculo directo y personal entre el grupo director de la central nacional y el presidente de la República, relación de poder propia de los regímenes esencialmente caudillistas, dando paso a un vínculo mucho más institucionalizado entre ambas instancias de poder. Este nuevo tipo de relación se fue gestando a lo largo del Maximato y cuajó a mediados del cardenismo.
La CROM, como instrumento político de mediación y dominación, estaba constituida por el liderazgo de una figura carismática, apoyada en un grupo compacto, abiertamente corrupto, que ejercía la violencia física y formal, esta última a través de la manipulación de la ley y el usufructo de las instituciones para mantener la disciplina interna y contrarrestar al peso de las organizaciones rivales. Este ejercicio del poder tenía una cobertura ideológica de conciliación de clases.
Un nuevo tipo de organización de masas con mayor grado de independencia frente al Estado, un liderazgo más vinculado a las bases y un discurso ideológico político de clase sucedió a la CROM.
El proceso de desarticulación de la CROM inició su fase final a raíz del asesinato de Obregón y el enfrentamiento de sus partidarios con la central.[ 11 ] Paralelamente se gestó un proceso interno de enfrentamiento a la dirección y de escisión encabezado por Vicente Lombardo Toledano, quien en diciembre de 1928 critica la estrategia política de la central, la de la "acción múltiple", y propone la disolución del partido laborista, órgano político de la burocracia cromista, y la vuelta al sindicalismo como la estrategia de lucha de la clase obrera.[ 12 ] El sexenio vio en su curso zozobrar la figura de Morones y surgir la de Lombardo.
En la lucha por aniquilar a la CROM, intensificada por el presidente Portes Gil,[ 13 ] las organizaciones rivales jugaron el papel de precipitadores del deterioro. La Confederación General de Trabajadores (CGT), que había sufrido un cambio importante en sus lineamientos políticos, por el abandono de sus principios anarquistas y su abierta participación en política, aumentó su membresía a noventa y seis sindicatos y ochenta mil miembros en 1930, año en que tuvo el mayor índice de crecimiento de toda su historia.[ 14 ]
Una de las primeras y más importantes escisiones de la CROM fue la que protagonizaron, en el Distrito Federal (febrero de 1929), un pequeño grupo de dirigentes integrado por Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, Jesús Yurén y Rodolfo Piña Soria, quienes después fundarían la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Distrito Federal.
El grupo de la Federación de Sindicatos, encabezado por Fidel Velázquez, tendrá el control de la organización obrera de masas a partir de 1936 y hasta la fecha. Sobre él han caído una multitud de adjetivos tendientes a descalificarlo en lo moral y a eludir el problema de su caracterización política. Los más de los calificativos giran en torno a su supuesto pragmatismo e incapacidad teórica que le impedía -desde sus inicios y por definición impuesta por los demás- diseñar una estrategia de acción obrera global, en donde se contemplara el papel del sindicalismo, sus relaciones con el Estado y la sociedad. Este mito de la incapacidad del grupo de Fidel fue, como todo mito en política que se sabe manejar, funcional para el sujeto mítico: los adversarios se han inclinado por la confrontación "teórica", mientras el grupo gana el terreno en el plano "práctico" de la organización y la dominación de masas. Estas batallas derivan inevitablemente en lo retórico, si se carece de dirección de masas, formulando proyectos abstractos más que líneas de acción concreta.
Para los adversarios del grupo, el problema de entender su dinámica se reduce a la explicación de su permanencia al frente de las organizaciones laborales a través del control, ni siquiera entendido éste como configuración de relaciones de poder, sino como simple ejercicio de la violencia. Sin embargo, este grupo político de dominación tenía ya, en 1932, claras las líneas de la acción sindical a implementar en el México contemporáneo. En el estatuto de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, quedaba claro en su declaración de principios:
1° Que reconoce como fin principal la defensa en toda su integridad de los intereses proletarios, sustentando principios sindicales.
2° Que para poder alcanzar la realización de sus fines no reconoce otros medios que el SINDICALISMO, ejercitado dentro de la más absoluta honradez, el estricto cumplimiento de sus deberes, así como la sana y viril conciencia de sus derechos.
3° Que entiende por SINDICALISMO la existencia de agrupaciones obreras, dedicadas directamente a procurar el mejoramiento moral y material de sus agremiados, alejadas de toda política y sectarismo.
4° Que reconociendo que su existencia debe sujetarse a lo prescrito por las leyes del país, será respetuosa de las instituciones legales, siempre que éstas no lesionen los intereses de los trabajadores, y pugnará porque éstas, a su vez, respeten los derechos e intereses de los trabajadores.
5° Que sostendrá no sólo ante los suyos, sino ante todo el mundo, que el movimiento obrero organizado es una INSTITUCIÓN.
9° Que propugnará por la formación de una Confederación General en México.
12° Que el sistema de lucha de clases es el único del que el asalariado puede esperar su redención y que, por lo tanto, lo adopta de una manera absoluta, no admitiendo más temperamento hasta en tanto no se realice la revolución social.
Este documento fue elaborado el 14 de diciembre de 1932 y suscrito por la comisión redactora, integrada por Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, J. Leonardo Flores, Alfonso Sánchez Madariaga y Jesús Yurén.[ 15 ]
La permanencia del grupo es explicable en la medida en que logra realizar su proyecto de organización en las condiciones sociopolíticas adecuadas; además de haber sido siempre capaz de recomponer el contenido de éste, adecuándolo a los cambios operados en el plano de las fuerzas políticas preponderantes en la escena nacional. Mimetismo que ha hecho del grupo parte sustantiva de esas fuerzas.
Durante el periodo 1933-1938, momento en que se consolida la corriente encabezada por Fidel Velázquez, las condiciones estaban definidas por el ascenso de las luchas laborales y la tendencia en el proletariado -recompuesto durante el "gran crack"- a buscar nuevas formas de organización que expresaran su nueva fase de desarrollo orgánico. Los cambios en la organización implicaban volver a definir las relaciones con las clases, grupos sociales y el Estado. Esta redefinición marca el sentido de la acción política del grupo durante estos cinco años.
El grupo tuvo la capacidad de dirección del proceso reorganizativo de la clase porque logró establecer las alianzas necesarias con los dirigentes locales y nacionales, apoyándose en la dirección de los movimientos emergentes o promoviendo la organización regional y su reconocimiento nacional. Simultáneamente estableció vínculos directos con grupos de poder local, convirtiéndose en vocero de sus intereses en el plano federal, y consolidó las alianzas con la corriente política que derivó en el cardenismo. Estos niveles de relación y poder de influencia, convirtieron al grupo que surgió de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal en el principal interlocutor y gestor de clase, frente a los empresarios y ante el grupo gobernante.
La dinámica de la dominación que llevó al poder y que aún mantiene ahí al grupo, implica el ejercicio cotidiano de la violencia: disciplinaria en lo interno y excluyente en lo externo; el apoyo del aparato estatal y un manejo amplio de recursos jurídicos. Estas dimensiones de la dominación se hacen presentes en las coyunturas en donde la presión de clase sobre la burocracia sindical estrecha los márgenes entre ésta y los intereses del grupo gobernante, ambos como intereses de Estado.
Otra corriente importante, beneficiada de la política portesgilista en contra de la CROM, fue la comunista que, en enero de 1929, organizó el Congreso Nacional Obrero y Campesino que cuajó en la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM).[ 16 ] El muralista David Alfaro Siqueiros fue nombrado su primer secretario. Esta coyuntura favorable aprovechada por los comunistas pronto se tradujo en una abierta oposición al régimen siguiendo los lineamientos del X Pleno del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, que los obligó a entrar en la clandestinidad.[ 17 ]
El gobierno de Portes Gil se caracterizó por una política represiva que tendía a limitar el poder de las organizaciones y su posible influencia en la vida política nacional.
Durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio se expidió la Ley Federal del Trabajo que reglamentó el artículo 123 constitucional. Esta ley, clave en las relaciones entre el capital y el trabajo, surge en el momento en que la clase obrera se encuentra inmersa en la lucha por la supervivencia, en pleno crack, y en un proceso de dispersión organizativa en que la burguesía se enfrenta al Estado y lo culpa de la crisis. En esta coyuntura, el gobierno se ve en la posibilidad política de imponer las reglas del juego y establecer los conductos de la demanda y las posibilidades de la protesta.
La Ley Federal del Trabajo entró en vigor el 28 de agosto de 1931. Con ella se eliminaron las legislaciones estatales en materia laboral, confirmándose la tendencia centralizadora del régimen, se obligó a los sindicatos obreros a registrarse en la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo; a declarar el número de sus afiliados; se crearon juntas de conciliación y arbitraje como auxiliares para resolver los conflictos obrero-patronales y se fijó el motivo de rescisión de contratos de trabajo: "el que las condiciones de la producción hicieran necesarios".[ 18 ]
No obstante la limitación impuesta por la ley al movimiento obrero, el grupo industrial de Monterrey promovió la organización de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y el llamado Grupo Patronal,[ 19 ] para defender sus intereses frente a lo que consideraba una intromisión del Estado en la vida de las empresas. Fue el propio Ortiz Rubio el que se encargó de mostrar la eficiencia de la ley como instrumento de control y contención de las luchas reivindicativas del proletariado, declarando las huelgas inexistentes o ilegales.
La prueba más evidente del uso primero que se le confirió a la ley fue el bajo índice de huelgas legales registradas. Éstas habían iniciado su brusco descenso en el año de 1928, en donde sólo se aceptaron siete de ellas y fue en pleno crack en donde el índice de huelgas registradas llegó al punto más bajo de la historia nacional. En 1929 fueron 14; en 1930, 15; en 1931, 11; en 1932 llegaron a 56, en 1933 descendieron a 13 para llegar a 202 en 1934,[ 20 ] momento en el que se hace presente la efervescencia de masas y se inicia el cardenismo, como proceso político.[ 21 ]
Durante este periodo, por iniciativa de una fracción de la CGT,[ 22 ] y con la participación de la Federación de Sindicatos del Distrito Federal, nació en mayo de 1933, la Cámara Nacional del Trabajo que intentó aglutinar a los más importantes sindicatos del país, convirtiéndose en el instrumento obrero del PNR. Con la creación de la Cámara se intentó reiniciar la contención y dirección perdida sobre el movimiento obrero, lo que resultó imposible debido al abierto apoyo que el Estado brindó al capital, traducido en una política antiobrera, durante el crack. Esta situación produjo una crisis de consenso y hegemonía del Estado frente a la clase.[ 23 ]
Con la recuperación económica se reinicia paralelamente el movimiento de reunificación obrera. Uno de los hechos más significativos de este proceso fue el surgimiento del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, el 13 de enero de 1933, que agrupó a treinta y cinco mil trabajadores del riel.[ 24 ] En septiembre de 1932, a raíz de un mitin convocado por la Federación de Sindicatos del Distrito Federal, Morones descalifica la autoridad política de Lombardo y se origina el rompimiento entre ambos líderes.[ 25 ] Para marzo de 1933 Vicente Lombardo Toledano y un grupo de miembros importantes de la CROM llamaron a una convención extraordinaria de la central, en la cual surgió la CROM DEPURADA dirigida por Lombardo. Con esta escisión culmina el proceso de deterioro de la central y pasa a ser una organización de segundo orden en la historia nacional.
La CROM DEPURADA se postuló por la independencia de la organización sindical frente al poder político y la autonomía de los sindicatos de cualquier partido político.[ 26 ]
El proceso de unificación continuó y el 13 de abril de 1933, a instancias de la organización comunista CSUM y la participación de diecisiete organismos no pertenecientes a la central, se organizó la Conferencia Nacional de Frente Único.
En la ciudad de México, entre el 28 y 31 de octubre de 1933, se realiza el Congreso Obrero y Campesino del que surgió la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM). Esta organización asentó en su declaración de principios, como postulado político-ideológico, la lucha de clases contra el sistema capitalista, planteando como imperativo la reunificación de la clase obrera a través de la estrategia de un sindicalismo economicista para consolidar los avances orgánicos de la unificación, vía el sindicato no el partido, a nivel nacional.[ 27 ]
La CGOCM como alianza de grupos constituyó la sementera de las futuras organizaciones del cardenismo. Ella era la constatación de un proletariado que transmutaba el sentido de su lucha por la supervivencia (por el mantenimiento del trabajo en la época del "gran crack"), por la reivindicativa frente al capital nacional y nacionalista frente al imperialismo.
En 1934 diez mil trabajadores petroleros se encontraban dispersos en diecinueve sindicatos independientes.
Un epílogo, signo del Maximato y heraldo de los nuevos tiempos, fue la fundación del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, en mayo de 1934, como respuesta al intento de la CROM por controlar el gremio. La confederación constataba una vez más su inviabilidad histórica: organizó la Federación de Industrias Mineras para dominar a los trabajadores y propició una respuesta unificada, independiente y de signo contrario a su objetivo.[ 28 ]
Durante el Maximato se fue gestando un nuevo tipo de relación entre las organizaciones obreras y el Estado, que derivaría, años más tarde, en la institucionalización del movimiento obrero.
Este proceso que avanza de la dispersión a la cohesión organizativa se realiza con un amplio margen de autonomía del proceso político interno del Estado. Prueba de ello fue el fracaso de las cámaras del trabajo, la ausencia obrera en la segunda convención del PNR y las críticas de las organizaciones obreras al Plan Sexenal.
Durante esta etapa, el desarrollo de las fuerzas políticas gesta un nuevo grupo gobernante: el que compone el cardenismo.
La confluencia de ambos procesos y su inevitable necesidad de alianza para poder transformar la correlación política nacional y consolidarse, como dirección política del movimiento obrero y como grupo gobernante, abrió a mediados de los treinta, el camino de la institucionalización.
El caos agrario: políticos contra tecnócratas
En el año de 1929 el 70% de la población radicaba en el campo; existían 60 000[ 29 ] comunidades rurales y había cuatro modalidades de propiedad: la hacienda, la pequeña propiedad, la propiedad comunal y el ejido. Sin embargo, durante el periodo de la crisis la propiedad rural conservó las características de concentración de las décadas anteriores. La hacienda cubría el 97% de la propiedad no ejidal y dado el sentido de su producción, exportar y cubrir el grueso del mercado interno, los gobiernos procuraron su conservación por razones técnicas.[ 30 ]
Durante este periodo se acentuó la disminución en la producción agrícola: en 1930 las cosechas de tomate y garbanzo fueron menores que en 1929, en el caso del frijol y del maíz, principales productos de consumo popular, aconteció lo mismo, siendo más grave en el segundo en tanto que la cosecha de 1929 fue del 72% de la de 1928, y esta última apenas alcanzó el 50% del promedio de los cinco años anteriores a 1910.[ 31 ] Esto agravó el desempleo de los trabajadores asalariados del campo, a lo que se agregó la repatriación de los trabajadores agrícolas mexicanos expulsados de los Estados Unidos de América, que llegó a constituir el 9% de la fuerza de trabajo total dedicada a la producción.[ 32 ]
La falta de seguridad en la propiedad privada fue el argumento esgrimido por los terratenientes para no producir, con lo cual, los grandes propietarios circunscribían la quiebra del sector agrícola a la dinámica política nacional, dejando de lado el elemento esencial de las repercusiones de la crisis mundial en México. La sobreproducción de trigo en los Estados Unidos convirtió el trigo mexicano en un producto no rentable debido a la baja del precio en el mercado mundial y a la imposibilidad de colocar el producto en el mercado norteamericano, principal comprador; lo mismo ocurrió con el café, algodón, garbanzo, chicle y henequén del cual llegó a haber trescientas mil pacas de sobreproducción, situación frente a la cual se propuso su quema como medida para frenar la caída de los precios.[ 33 ]
Las consecuencias de las medidas arancelarias impuestas por el gobierno norteamericano se revirtieron en México, en una reducción, en 1931, de un 13% en la exportación de ganado respecto a 1930,[ 34 ] reducción que fue progresiva hasta 1933. Esta situación provocó una pérdida de treinta millones de pesos en el comercio exterior de 1930.[ 35 ]
La estrategia seguida para enfrentar la crisis agraria, se planteó a través de la promoción de fuentes de crédito, cuya falta constituía el problema crónico del sector. Con este motivo se crearon en 1929 los bancos refaccionarios agrícolas;[ 36 ] en 1930 se constituyó una comisión que dictaminaría sobre los préstamos y la organización de las colonias agrícolas y ganaderas para tratar de invertir el éxodo de los campesinos a la ciudad y promover el desarrollo de los ya establecidos en los ejidos,[ 37 ] y en el mismo año se fundó el Banco de Crédito Agrícola con un capital de un millón de pesos, dedicado fundamentalmente a promover el cultivo del frijol y del maíz. Hacia finales de la crisis (1934),[ 38 ] había 1 491 sociedades de crédito con 103 444 socios divididos en 85 155 ejidatarios y 18 286 pequeños propietarios.[ 39 ] Aparte del crédito, el estímulo al sector agrícola se fundó en dar seguridad a la explotación y tenencia de la tierra y en promover la regulación de la deuda agraria en condiciones favorables para los tenedores de bonos.
Hacia finales de 1933, la crisis empezaba a ceder, los precios de los productos agrícolas de las materias primas agrícolas comenzaron a recuperarse en los Estados Unidos y dado el estrecho vínculo de la economía nacional con la norteamericana, su reactivación se fue dando paralelamente.
Durante el periodo de la crisis se confrontaron dos concepciones sobre el papel que debería jugar la reforma agraria. La primera de ellas, a partir de una perspectiva técnica, argumentaba la necesidad de su clausura definitiva; la segunda, veía en el reparto la posibilidad de permanencia política del grupo gobernante, frente a las presiones de los grupos dominantes, en una visión en donde el logro del consenso parecía lo determinante.
El proyecto que pretendía salvar la situación conservando la estructura agraria prevaleciente hasta entonces, para recuperar el ritmo de producción en el campo y dinamizar la economía nacional, fue respaldado por Calles y avalado fundamentalmente por Pascual Ortiz Rubio,[ 40 ] quien creó todo un aparato legislativo para frenar el reparto (durante su gestión se dio por terminada la reforma agraria en doce estados de la República),[ 41 ] con lo que perdió el apoyo de los agraristas y del grupo de revolucionarios que lo comandaba. Esta posición da una visión más acabada de la crisis de consenso que obligó al presidente Ortiz Rubio a renunciar a su cargo.
La posición encabezada por Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez contrastó con la asumida por Portes Gil durante su interinato, quien concebía el reparto con un sentido político, no técnico, en la medida en que creaba una base social agrarista que era fuente de poder y consenso.[ 42 ] Esta tendencia, que entendía a la Revolución prioritariamente como un movimiento social antilatifundista y al revolucionario como un reivindicador de los sin tierra, tuvo entre sus principales representantes a Adalberto Tejeda y sus ligas campesinas formadas por guerrilleros en Veracruz, a Cedillo en San Luis Potosí, Garrido en Tabasco y Cárdenas en Michoacán.[ 43 ] Este conjunto de generales dirigentes era, más que un grupo, una corriente política que concebía a la Revolución con una tendencia y un objetivo histórico a realizar en la sociedad mexicana. En la consecución de ese objetivo revolucionario, realizar las expectativas de las masas campesinas de poseer tierra, ellos se habían convertido en personajes políticos.
El hecho de que haya conformado una corriente y no un grupo explica su sobrevivencia en los momentos adversos del gobierno de Pascual Ortiz Rubio, pero también, la pugna interna entre la posición radical representada por Tejeda y la moderada, por Cárdenas. En la lucha por la presidencia, Cárdenas desarmó desde la Secretaría de la Defensa las guerrillas tejedistas, logrando romper uno de los bastiones más fuertes del regionalismo radical.[ 44 ]
La derrota de Pascual Ortiz Rubio significó un doble triunfo: de los agraristas y de Calles, quien vio en el apoyo a Cárdenas, como candidato a la presidencia, la posibilidad de consolidar su poder incorporando a través de un representante "fiel" y moderado, a la disidencia agrarista al orden político establecido, donde el "Jefe Máximo" era el centro de gravitación.
El gobierno de Abelardo Rodríguez fue un intento del grupo gobernante por recuperar el consenso perdido. En éste se da marcha atrás en toda la legislación antiagrarista expedida durante el periodo presidencial de Pascual Ortiz Rubio,[ 45 ] se reformó el artículo 27 constitucional y el 22 de marzo de 1934 se expide el primer código agrario que lo reglamentaba, unificando toda la legislación en la materia, en cumplimiento a lo expresado en el Plan Sexenal; la Comisión Nacional Agraria se elevó a la categoría administrativa de Departamento de Asuntos Agrarios (16 de enero de 1934), dependiente del presidente de la República.[ 46 ] Este conjunto de medidas, aunadas al apoyo agrarista del Plan Sexenal[ 47 ] y la nominación de Lázaro Cárdenas, se consideró un triunfo de los revolucionarios que mantenían el sentido social antilatifundista y reivindicativo del movimiento armado.
En el plano de las organizaciones agrarias, la Liga Nacional Campesina Úrsulo Galván, [ 48 ] de origen veracruzano y extendida a varios estados de la república, fue la organización hegemónica durante el periodo. Durante el Maximato la organización fue reprimida y desarmados sus guerrilleros. En la lucha por la nominación presidencial esta organización se escindió en torno a dos de las figuras preponderantes del agrarismo del momento: Adalberto Tejeda y Lázaro Cárdenas.[ 49 ] La creación de la Confederación Campesina Mexicana (CCM), en marzo de 1933, para coordinar el apoyo agrario a Cárdenas, en la que Graciano Sánchez y Cedillo -caudillo y señor de San Luis que dirigía al único grupo armado de campesinos- jugaron un papel preponderante, absorbió a una de las facciones de la liga convirtiéndose en parte del apoyo agrarista organizado para Cárdenas.[ 50 ]
La fuerza que adquirió la Liga Nacional Campesina Úrsulo Galván requirió implementar una organización alternativa, vinculada al poder federal y al proyecto centralizador de los poderes agrarios regionales. Para ello fue creada la Liga Central de Comunidades Agrarias (1929),[ 51 ] pero este intento de contrapeso fracasó. La Liga Nacional Campesina Úrsulo Galván sólo perdió su hegemonía a partir de la descalificación política del caudillo tutor, Adalberto Tejeda, y de la formación de un proyecto más vasto implementado por el cardenismo que en ese momento se inauguraba.
Durante el Maximato, el Partido Comunista de México (PCM) padeció la represión de sus organizaciones agrarias de base. En 1930 el gobierno masacró a campesinos y obreros agrícolas en Matamoros y Coahuila. A partir de 1932 los comunistas dirigen a grupos armados de campesinos que se apoderan de tierras en Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Michoacán, logrando organizar una huelga de más de dos mil peones agrícolas en las haciendas michoacanas de Lombardía y Nueva Italia. Hacia el final del Maximato, el partido logró mantener viva la organización en Michoacán y consolidarla en la zona de La Laguna, dando lugar a uno de los movimientos agrarios más importantes durante el cardenismo.[ 52 ]
[ 1 ] El 25 de septiembre de 1928, el Congreso de la Unión eligió a Emilio Portes Gil como presidente interino de la República por doscientos setenta y siete votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra, por un periodo que se iniciaba el 1o. de diciembre de 1928 y concluía el 5 de febrero de 1930. Véase Emilio Portes Gil, Quince años de política mexicana, México, Botas, 1941, p. 39-49.
[ 2 ] Jean Meyer, La Cristiada, trad. de Aurelio Garzón del Camino, 3 v., México, Siglo XXI Editores, 1973-1974, ils., v. II, p. 146-158.
[ 3 ] John W. F. Dulles, Ayer en México, traducción de Julio Zapata, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 394-402.
[ 4 ] José Manuel Puig Cassauranc, La galatea rebelde a varios pigmaliones, México, Ediciones Botas, 1938, p. 315-327. Lorenzo Meyer, colaboración de Rafael Segovia y Alejandra Lajous, Los inicios de la institucionalización. La política del Maximatoo, México, El Colegio de México, 1978, 316 p., ils. (Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 1928-1934, 12).
[ 5 ] Véase Mauricio Magdaleno, Las palabras perdidas, México, Fondo de Cultura Económica, 1959. Alfonso Taracena, Los vasconcelistas sacrificados en Topilejo, México, Librera, 1958. Para una visión del contexto histórico en donde se desarrolla el movimiento vasconcelista, véase Alfonso Taracena, La verdadera Revolución Mexicana. Décima sexta etapa (1930). La tragedia vasconcelista, México, Jus, 1965, 272 p.
[ 6 ] Cfr. Mauricio Magdaleno, Las palabras perdidas, México, Fondo de Cultura Económica, 1959., y Alfonso Taracena, Los vasconcelistas sacrificados en Topilejo, México, Editorial Librera, 1958.
[ 7 ] José Manuel Puig Cassauranc, La galatea rebelde a varios pigmaliones, México, Ediciones Botas, 1938, p. 363-465. Lorenzo Meyer, colaboración de Rafael Segovia y Alejandra Lajous, Los inicios de la institucionalización. La política del Maximato, México, El Colegio de México, 1978, 316 p., ils. (Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 1928-1934, 12). v. 12, p. 105-156. Emilio Portes Gil, Autobiografía de la Revolución Mexicana, México, Instituto Mexicano de Cultura, 1964, p. 647-666.
[ 8 ] Cfr. Francisco Javier Gaxiola, El presidente Rodríguez (1932-1934)), México, Cultura, 1938.
[ 9 ] Emilio Portes Gil, Autobiografía de la Revolución Mexicana, México, Instituto Mexicano de Cultura, 1964, p. 673-675. Lorenzo Meyer, colaboración de Rafael Segovia y Alejandra Lajous, Los inicios de la institucionalización. La política del Maximato, México, El Colegio de México, 1978, 316 p., ils. (Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 1928-1934, 12). v. 12, p. 185-187.
[ 10 ] La información de carácter económico sobre la "Gran Crisis" de 1929-1934, se obtuvo del trabajo de Miguel Ángel Calderón, El impacto de la crisis de 1929 en México, tesis, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, 1976, 263 p.
[ 11 ] Para el conflicto entre Obregón y la CROM, véase Barry Carr, El movimiento obrero y la política en México 1910-1929, traducción de R. Gómez Ciriza, 2 v., México, Secretaría de Educación Pública, 1976 (Colección SepSetentas, 256-257), v. 2, p. 124-155. James Wilkie y Edna Monzón de Wilkie, México visto en el siglo XX (Entrevistas de historia oral), México, Instituto de Investigaciones Económicas, 1959, véase especialmente la entrevista a Vicente Lombardo Toledano, p. 271-272. Emilio Portes Gil, Autobiografía de la Revolución Mexicana, México, Instituto Mexicano de Cultura, 1964, p. 411-412. Emilio Portes Gil, Quince años de política mexicana, México, Botas, 1941, p. 14-17, 21-23.
[ 12 ] Barry Carr, El movimiento obrero y la política en México 1910-1929, trad. de R. Gómez Ciriza, 2 v., México, Secretaría de Educación Pública, 1976 (Colección SepSetentas, 256-257), v. 2, p. 146-158.
[ 13 ] Emilio Portes Gil, Quince años de política mexicana, México, Botas, 1941, p. 117-137.
[ 14 ] Arnaldo Córdova, "En una época de crisis (1928-1934)", Clase obrera, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales- Siglo XXI Editores, 1980, p. 61.
[ 15 ] Luis Araiza, Historia del movimiento obrero mexicano, México, Cuauhtémoc, 1965, p. 150-157.
[ 16 ] Miguel A. Velasco, "El partido comunista durante el periodo de Cárdenas", Cuadernos del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1974, p. III. Lorenzo Meyer, El conflicto social y los gobiernos del Maximato, México, El Colegio de México, 1978, 337 p., ils. (Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 1928-1934, 13), p. 101.
[ 17 ] "Contra la derecha. Resolución del comité central del Partido comunista de México", documento sobre el X Pleno del Comité Central del PCM. Véase Samuel León e Ignacio Marván Laborde, Testimonios y documentos del periodo formativo de la organización obrera contemporánea de México. (Obra inédita.)
[ 18 ] Una publicación importante que contiene la legislación laboral en todos los estados de la república es: Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Departamento del Trabajo, Legislación del trabajo de los Estados Unidos Mexicanos México, Talleres Gráficos de la Nación, 1928. Véase en especial el prólogo de Vicente Lombardo Toledano. En mayo de 1931 Lombardo Toledano declaró, en relación al proyecto de Ley Federal del Trabajo: "La impresión que tenemos del proyecto es que es malo porque es injusto: creemos además, que se ha elaborado en un momento crítico para el país, tal vez en el menos oportuno, porque los patrones hablan de la crisis utilizándola como arma en contra del proyecto de ley de trabajo. La crisis económica, en esa virtud, se ha convertido en un arma patronal. Con aumentar la miseria del proletariado no se salva a la República [...]. La única riqueza que tenemos es la humana [...]. El capital de la llamada industria nacional es extranjero. Para concluir, resumiré nuestro pensamiento y deseo: creemos que si la ley del trabajo no ha de respetar las conquistas de los trabajadores, es preferible que no se dicte". Rosendo Salazar, Historia de las luchas proletarias de México 1923-1936, México, Avante, 1938, p. 42-43.
[ 19 ] Rafael Santín del Río, Las agrupaciones patronales en México, México, El Colegio de México (Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México e Instituto Nacional de Estudios del Trabajo), véase el capítulo IV, p. 18-23. El autor afirma que a finales de 1929 existían centros patronales en Monterrey, Guadalajara, Irapuato, León, La Comarca Lagunera y Tehuacán. En 1931 había once centros más, incluyendo uno en el Distrito Federal; eran, sin embargo, pequeños y contribuían económicamente poco a la confederación.
[ 20 ] Pablo González Casanova, La democracia en México, México, Era, 1965, p. 170.
[ 21 ] Ignacio Marván Laborde, "El frente popular en México durante el cardenismo", Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, n. 89, julio-septiembre, 1977, p. 11.
[ 22 ] Nos referimos a la facción encabezada por Alfredo Navarrete quien fue secretario general del primer comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. En 1933 fue el primer secretario general de la Cámara Nacional de Trabajadores.
[ 23 ] Lorenzo Meyer, El conflicto social y los gobiernos del Maximato, México, El Colegio de México, 1978, 337 p., ils. (Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 1928-1934, 13), v. 13, p. 170-171. Un antecedente importante en el intento gubernamental por recapturar a las bases obreras fue la fundación, en mayo de 1932, de la Cámara del Trabajo del Distrito Federal (CTDF), que logró reunir ciento cuarenta y seis sindicatos de la capital; entre éstos a varios de la CGT, a los tranviarios y a los electricistas. El secretario general fue Alfredo Pérez Medina, ex miembro de la CROM, identificado con el grupo callista. Lorenzo Meyer, El conflicto social y los gobiernos del Maximato, México, El Colegio de México, 1978, 337 p., ils. (Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 1928-1934, 13), v. 13, p. 128. Alfonso López Aparicio, El movimiento obrero en México. Antecedentes, desarrollo y tendencias, prólogo de Mario de la Cueva, México, Jus, 1958, p. 91. Rosendo Salazar, Historia de las luchas proletarias de México 1923-1936, México, Avante, 1938, p. 89-90.
[ 24 ] Miguel A. Velasco, "Ferrocarrileros y ferrocarriles en México", Revista de Ciencias Políticas y Sociales, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, n. 89, julio-septiembre 1977, p. 123. El periódico Unión Ferroviaria se constituyó en el órgano oficial del sindicato. Entre 1930 y 1932, como un producto de la crisis económica, el personal de los ferrocarriles pasó de 45 561 a 33 129 trabajadores, lo que implicó en estos años una reducción de 10 000 empleados. Vicente Fuentes Díaz, El problema ferrocarrilero de México, México, 1950 (edición del autor), p. 125-126. Este trabajo contiene importante información sobre el problema ferrocarrilero durante el periodo que se estudia.
[ 25 ] El rompimiento definitivo entre Luis N. Morones y Vicente Lombardo Toledano se realizó el 18 de septiembre de 1933 durante el mitin organizado por la Federación de Sindicatos del Distrito Federal en el cine Olimpia. En este acto, se suscitó uno más de los ya legendarios enfrentamientos ideológicos entre ambos líderes. Al día siguiente, 19 de septiembre, el licenciado Lombardo Toledano, presentó su renuncia. El indicador más claro de la diferencia en proyecto y formación política entre Lombardo y Morones afloró el 23 de julio de 1932, en el mitin celebrado en el Frontón Nacional. Carlos L. Grávidas, el tipógrafo constituyente y precursor del movimiento obrero, invitó a Lombardo a ese acto para que comentara el conflicto entre la Unión Linotipográfica y la empresa del periódico Excelsior. En este acto, Lombardo no fue el comentatarista del conflicto laboral, sino de la lucha de clases nacional y pronunció el ya histórico discurso: "El camino está a la izquierda". Esta definición ideológica de Lombardo, fracturó de manera irreversible la relación entre los dos dirigentes, marcando en la historia del movimiento obrero el cenit de uno y el mediodía del otro. "El camino está a la izquierda" se encuentra reproducido en El Trimestre Político, México, Fondo de Cultura Económica, n. 4, abril-junio 1973, p. 155-183. Véase la presentación de Samuel León que hace de este documento. La versión taquigráfica del mitin celebrado el 18 de septiembre aparece en Samuel León e Ignacio Marván Laborde, Testimonios y documentos del periodo formativo de la organización obrera contemporánea de México (obra inédita). El debate surgido en este mitin entre Lombardo y Morones aparece con el título: "Sensacional mitin de la CROM ".
[ 26 ] El Machete Ilegal, n. 256, 30 de marzo y 10 de abril de 1933. Véase la reproducción hecha de esta publicación por la Universidad de Puebla. Las noticias citadas aparecen en las páginas 323-326.
[ 27 ] La declaración de principios de la CGOCM se encuentra en Futuro (número extraordinario), mayo de 1934, p. 79-80.
[ 28 ] Lorenzo Meyer, El conflicto social y los gobiernos del Maximato, México, El Colegio de México, 1978, 337 p., ils. (Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 1928-1934, 13), v. 13, p. 140.
[ 29 ] Miguel Ángel Calderón, El impacto de la crisis de 1929 en México, tesis, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, 1976, 263 p., p. 168.
[ 30 ] El Nacional Revolucionario, 15 de abril de 1930. Véase también "Orientación de la política agraria", El Economista, v. IV, n. 42, 16 de mayo de 1930, p. 2.
[ 31 ] Examen de la situación económica de México. Revista mensual del Banco de México, México, n. 50, 20 de noviembre de 1929, p. 6-7.
[ 32 ] El Universal, 21 de mayo de 1930.
[ 33 ] Examen de la situación económica de México. Revista mensual del Banco de México, n. 50, 30 de noviembre de 1929, p. 8. Las zonas afectadas por la sobreproducción cafetalera del Brasil fueron Veracruz, Chiapas e Hidalgo.
[ 34 ] El Economista (Boletín Financiero Quincenal), v. IV, n. 49, 1o. de septiembre de 1930, p. 16.
[ 35 ] Examen de la situación económica de México. Revista mensual del Banco de México, n. 57, junio de 1930, p. 6.
[ 36 ] Véase exposición de motivos en Pascual Ortiz Rubio, Discursos políticos 1929, México, [s. e.], 1930. Véase el discurso pronunciado en Veracruz el 25 de julio de 1929, p. 186.
[ 37 ] Miguel Ángel Calderón, El impacto de la crisis de 1929 en México, tesis, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, 1976, 263 p., p. 178. La comisión estaba formada por un banquero, un hacendado, dos pequeños agricultores, un experto en agricultura científica, un experto en tarifas de transporte por carretera y ferrocarril, un experto en ganadería, otro en agricultura y otro en comercio. Véase Campos Salas et al., Exposición y proyecto de ley para la formación del Banco del Pueblo, México, Imprenta Azteca, 1930.
[ 38 ] El Economista, 1o. de diciembre de 1930, t. V, n. 55, p. 16.
[ 39 ] Francisco Javier Gaxiola, El presidente Rodríguez (1932-1934), México, Cultura, 1938, p. 437.
[ 40 ] El ingeniero Pascual Ortiz Rubio, durante su gira presidencial, declaró: "La agricultura no debía de ninguna manera verse como contraria al interés general del país, dado que la forma en que ésta era explotada, ayuda en gran forma a la resolución de las necesidades fundamentales económicas del país y por tanto a todo México. En tal virtud -manifestó el candidato- me complazco en proclamar que abrigo la creencia de que la grande agricultura es un factor poderoso de equilibrio en nuestra economía y, por lo tanto, merecerá mi decidido apoyo y usaré de toda mi influencia para que ese apoyo le sea impartido también por todas las autoridades locales del país". Excelsior, 5 de junio de 1929.
[ 41 ] Ocupando la presidencia de la República, Pascual Ortiz Rubio modificó la ley del 21 de marzo de 1929, expedida durante el interinato de Emilio Portes Gil, ampliando con ello la clasificación de tierras inafectables, limitó la posibilidad de que los ejidos solicitaran y obtuvieran más tierras y excluyó a ciertos tipos de pueblos del derecho a recibir ejidos. Véase la ley del 26 de diciembre de 1930, publicada en El Diario Oficial, 23 de enero de 1931.
[ 42 ] Don Emilio Portes Gil nunca estuvo plenamente identificado con el callismo; fue desde su gubernatura en Tamaulipas (5 de febrero de 1925 al 5 de febrero de 1929), un personaje que identificaba el reparto como instrumento político de apoyo y consenso. Véase la declaración de Emilio Portes Gil al ser nominado presidente interino de la República en Emilio Portes Gil, Quince años de política mexicana, México, Botas, 1941, p. 52-54, y Emilio Portes Gil, Autobiografía de la Revolución Mexicana, México, Instituto Mexicano de Cultura, 1964, 425-426. Véase también la entrevista realizada por los Wilkie a Marte R. Gómez, secretario de Agricultura durante el gobierno de Emilio Portes Gil. James Wilkie y Edna Monzón de Wilkie, México visto en el siglo XX (Entrevistas de historia oral), México, Instituto de Investigaciones Económicas, 1959, p. 86-90. Gerrit Huizer, La lucha campesina en México, México, Centro de Investigaciones Agrarias, 1970, p. 52-53.
[ 43 ] Además de los anteriores, eran miembros prominentes de la corriente agrarista en el Congreso: Bernardo Chávez, de Puebla; Carlos Darío Ojeda, de Veracruz; Graciano Sánchez, de Tamaulipas, y Gilberto Fabila. En puestos del gobierno, Marte R. Gómez y Narciso Bassols.
[ 44 ] Véase el excelente trabajo de Romana Falcón, El agrarismo en Veracruz. La etapa radical (1929-1935), México, El Colegio de México, 1977, especialmente el inciso: "El desarme", p. 116-121. Véase la declaración del general Lázaro Cárdenas en Excelsior, 11 de enero de 1933. También Lázaro Cárdenas, Obras, I. Apuntes 1913-1940, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1972, p. 215. La justificación del desarme por el procurador general de la nación, se encuentra en James Wilkie y Edna Monzón de Wilkie, México visto en el siglo XX (Entrevistas de historia oral), México, Instituto de Investigaciones Económicas, 1959, p. 103. Sobre la Liga de Comunidades Agrarias véase, Heather Fowler, "Los orígenes laborales de la organización campesina en Veracruz", Historia Mexicana, México, El Colegio de México, v. XX, n. 2, octubre-diciembre de 1970, p. 235-265 (y del mismo autor "Los orígenes de la organización campesina en Veracruz", Historia Mexicana, México, El Colegio de México, v. XXII, n. 1, julio-septiembre de 1972, p. 52-78.
[ 45 ] Los decretos más importantes antes de la expedición del código agrario fueron: el expedido el 14 de julio de 1933, en el que se ordenó a las comisiones agrarias locales la reanudación de sus funciones y eliminó los límites de tiempo impuestos a los trámites de solicitud de tierra; el decreto del 27 de diciembre de 1932 para acelerar la creación de pequeñas explotaciones agrícolas dentro de los pueblos ejidales, otro decreto otorgó a nuevos centros de población agrícola el derecho a recibir tierras; y el decreto del 28 de diciembre de 1933 se promulgó para acelerar los trámites de las solicitudes agrarias. Véase Stephen S. Goodspeed, "El papel del jefe del ejecutivo en México", Problemas Agrícolas e Industriales de México, México, v. VII, n. 1, enero-marzo de 1955, p. 110.
[ 46 ] Francisco Gómez Jara, El movimiento campesino en México, México, Editorial Campesina, 1970, p. 69. El nuevo código eliminó las comisiones locales y estatales sustituyéndolas por comisiones agrarias mixtas. Cada una de éstas estaría integrada por cinco miembros, dos de ellos elegidos por el nuevo Departamento Agrario para actuar como representantes federales, de los cuales uno sería el presidente de la comisión. Dentro del departamento, se estableció una junta asesora con la obligación de revisar todas las solicitudes de tierra. El presidente de la República recibiría opiniones de esta junta y expediría las resoluciones definitivas. Stephen S. Goodspeed, "El papel del jefe del ejecutivo en México", Problemas Agrícolas e Industriales de México, México, v. VII, n. 1, enero-marzo de 1955, p. 110-111, y Diario Oficial de la Federación, 12 de abril de 1934.
[ 47 ] En el plan sexenal se afirmaba: "el ideal agrario contenido en el artículo 27 de la Constitución General de la República seguirá siendo el eje de las cuestiones sociales mexicanas, mientras no se hayan logrado satisfacer, en toda su integridad, las necesidades de tierra y agua de todos los campesinos del país. El Partido Nacional Revolucionario señala como primordial y apremiante obligación, y contrae el compromiso de su rápido cumplimiento, el seguir dotando de tierras y aguas, sin excepción alguna, a todos los núcleos de población que carezcan de ellas o no las tengan en cantidad bastante para satisfacer sus necesidades, de acuerdo con el artículo 27 constitucional". Comité Ejecutivo Nacional Revolucionario, Plan Sexenal, México, 1934, p. 23-31.
[ 48 ] Úrsulo Galván murió repentinamente en 1930, y sus partidarios le pusieron a la liga su nombre, para distinguirla de las otras dos facciones restantes en las que se dividió la Liga Nacional Campesina: la dirigida por Wenceslao Labra y Jesús Vidales que ingresó al Partido Nacional Revolucionario y otro pequeño grupo que se incorporó a la Confederación Sindical Unitaria del Partido Comunista de México para apoyar la candidatura de Pedro Rodríguez Triana en contra de Ortiz Rubio.
[ 49 ] Lorenzo Meyer, El conflicto social y los gobiernos del Maximato, México, El Colegio de México, 1978, 337 p., ils. (Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 1928-1934, 13), v. 13, p. 249.
[ 50 ] Para julio, la CCM afirmaba contar con organizaciones filiales en veinticuatro estados y aseguraba ser la organización más fuerte del país. Lorenzo Meyer, El conflicto social y los gobiernos del Maximato, México, El Colegio de México, 1978, 337 p., ils. (Historia de la Revolución Mexicana. Periodo 1928-1934, 13). Romana Falcón, El agrarismo en Veracruz. La etapa radical (1929-1935), México, El Colegio de México, 1977, p. 133-140. Victoriano Anguiano, "Cárdenas y el cardenismo", Problemas Agrícolas e Industriales de México, México, v. VII, n. 3, p. 199-200. John W. F. Dulles, Ayer en México, traducción de Julio Zapata, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 521. Alfonso Taracena, La revolución desvirtuada, México, Costa Amic Editores, 1933; existe de esta última obra otra edición hecha en 1966.
[ 51 ] La Liga Central de Comunidades Agrarias fue dirigida por el diputado Rafael Cal y Mayor. Véase El Universal, 1o. de diciembre de 1929.
[ 52 ] Manuel Márquez Fuentes y Octavio Rodríguez Araujo, El Partido Comunista Mexicano, México, El Caballito, 1973, véanse particularmente las p. 129-149. Hernán Laborde, Portes Gil y su libro Quince años de política mexicana, México, 1950. Arnoldo Martínez Verdugo, Partido Comunista Mexicano: trayectoria y perspectivas, México, Fondo de Cultura Popular, p. 28-29. Valentín Campa, Mi testimonio: memorias de un comunista mexicano, México, Ediciones de Cultura Popular, 1978, p. 65-91.
Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, Álvaro Matute (editor), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, v. 9, 1983, p. 251-279.

References: artículo 123
 artículo 27
 Resolución 
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 artículo 27
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