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Timestamp: 2018-12-11 11:57:39+00:00

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﻿ Setencia 16837 de abril 23 de 2009
SENTENCIA 16837 DE 23 DE ABRIL DE 2009
CONTENIDO:LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL REGISTRO DE VEHÍCULOS. REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA QUE LA PERSONA INTERESADA PUEDA ACREDITAR LA PROPIEDAD SOBRE VEHÍCULOS, Y LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEGITIMACIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, TRADICIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR
Setencia 16837 de abril 23 de 2009
Expediente 16.837
Rad. 250002326000-1996-01798-01
Actor: Álvaro Peña Ortega
Sea lo primero dejar constancia en el sentido de que en la discusión realizada con el objeto de aprobar la presente sentencia, no intervino la honorable consejera de Estado Myriam Guerrero de Escobar, quien en su condición de magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca participó en la adopción del fallo de primera instancia, circunstancia que invocó al formular el impedimento que, en consecuencia, en la parte resolutiva de la presente providencia le será aceptado.
Precisado lo anterior, procede la Sala a identificar cuáles serán los problemas jurídicos a abordar con el fin de desatar el recurso de alzada.
Teniendo en cuenta el panorama que se ha dejado expuesto, considera la Sala que para resolver el asunto que se somete a su consideración por razón del recurso de apelación impetrado por la parte actora contra la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del presente proceso, resulta imperativo despejar los siguientes problemas jurídicos:
(i) Determinar en qué consiste la falta de legitimación en la causa, con el propósito de dilucidar si tiene vocación de prosperidad, o no, la excepción en ese sentido planteada por la entidad pública demandada dentro del presente proceso.
(ii) Determinar cuáles son los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para que la persona interesada pueda acreditar la propiedad sobre vehículos automotores, con el propósito de establecer si está probada en el presente proceso la propiedad del vehículo automotor a cuyo decomiso atribuye el demandante la causación de los daños que pretende le sean reparados por la accionada.
(iii) Referir y analizar el material probatorio que obra en el plenario con el propósito de establecer si en el caso sub examine concurren los requisitos para declarar la falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con las conclusiones a las cuales se arribe tras abordar y resolver los dos problemas jurídicos antes enunciados.
Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que estas, a diferencia de aquella, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado (1) .
Clarificado, entonces, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa (2) . La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.
Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas (3) . De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala,
La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado” (4) (negrillas en el texto original, subrayas fuera de él).
De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores (5) .
En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra (6) . De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sala:
Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y solo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda” (7) .
“... una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada” (8) .
2.3. La prueba del derecho de propiedad sobre los vehículos automotores en el sistema jurídico colombiano.
Reflejo del anterior cuadro de circunstancias es el tratamiento que en recientes pronunciamientos ha dado esta misma Sala al referido asunto, cuestión de la cual se dará cuenta a continuación para, a renglón seguido, efectuar algunas precisiones en torno a la regulación normativa y a los alcances del sistema colombiano de registro de los negocios jurídicos que involucren la constitución, modificación, traslación o extinción del dominio o de otros derechos reales respecto de vehículos automotores de suerte que, como consecuencia de tales reflexiones, resulte posible establecer con claridad como debe acreditarse la propiedad de tal tipo de bienes muebles, en especial cuando en el caso concreto no resultan aplicables los dictados del artículos 922 del Código de Comercio, tal como ocurre en el asunto sub examine.
2.3.1. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con la prueba de la propiedad o de otros derechos reales respecto de vehículos automotores.
La jurisprudencia de esta sección ha señalado que la inscripción, en el registro público de vehículos automotores, de cualquier acto o negocio jurídico que implique disposición del derecho de dominio o de otro derecho real en relación con dicho tipo de bienes, carece de naturaleza jurídica constitutiva, toda vez que sus alcances son meramente declarativos, afirmación que, por las razones que en el siguiente apartado se explicará, resultan de capital trascendencia de cara a establecer en qué momento se produce la tradición en los referidos casos y, consiguientemente, de qué forma se acredita la condición de propietario de la aludida clase de muebles; en esa dirección, ha sostenido la Sala lo siguiente:
“V. Al resolver un caso similar (9) , la Sala precisó que la matrícula o registro terrestre automotor es un historial del vehículo que se lleva en la oficina del tránsito del lugar donde este vaya a rodar. Se define en la ley como “el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, translación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros” (D.L. 344/70 art. 88, Código Nacional de Tránsito Terrestre, vigente en el momento en que ocurrieron los hechos) (10) .
En consecuencia, el Estado será responsable de las fallas en que incurra al expedir certificaciones falsas o no idóneas que causen perjuicios a los particulares” (11) (resaltadas fuera del texto original).
Partiendo de la anotada catalogación de la inscripción de los negocios jurídicos relacionados con vehículos automotores en el registro público correspondiente como un procedimiento meramente declarativo, posteriormente la Sala, tras distinguir entre los eventos en los cuales resulta aplicable la legislación mercantil a los actos o negocios de naturaleza mercantil que versen sobre automotores y aquellos en los cuales la normatividad aplicable a los mismos es el derecho común, concluyó que la tradición en estos últimos eventos opera con la sola realización del título, sin que se precise de alguno de los modos legalmente previstos para el efecto; en esta dirección, la Sala sostuvo lo siguiente:
En efecto, si se trata de un contrato civil, la tradición se realiza conforme lo establecido en el artículo 754 del Código Civil, esto es, con la manifestación que una de las partes haga a la otra de que le trasfiere el dominio del bien, a través de los medios que señala la norma. En tal evento, el registro del título de adquisición ante el funcionario que indique la ley, no tiene efectos sobre el acto de tradición en sí, sino que constituye una forma de publicidad del mismo, que tiene entre sus fines permitir un mejor control del Estado sobre la actividad de conducción de vehículos y generar confianza pública en las relaciones jurídicas en las que sean objeto dichos bienes (12) .
En efecto, el artículo 20 numeral 18 del Código de Comercio establece que son mercantiles para todos los efectos legales las empresas de compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios y el artículo 922 ibídem establece que la tradición de vehículos automotores se realiza con la inscripción del título ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes (13) .
“PAR. 1º—Las características que identifican un vehículo son las siguientes: Número de motor, número de chasís o serie, línea, clase (de vehículo), marca, modelo, tipo (de carrocería), color, clase de servicio y capacidad.
Por lo tanto, como en el caso concreto, el vehículo adquirido por el señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez estaba destinado a la prestación del servicio público de transporte su adquisición constituyó un acto de comercio, por lo que la transferencia del bien, en los términos de las normas señaladas debió realizarse con la inscripción del título de enajenación ante la oficina de tránsito correspondiente” (14) (resaltadas añadidas).
Las aseveraciones efectuadas en los pronunciamientos citados en torno a los alcances de la inscripción, en el registro público correspondiente, de los actos o de los negocios jurídicos afectantes de la propiedad y/o de otros derechos reales respecto de vehículos automotores corresponden a desarrollos propios de un obiter dictum en la medida en que no constituyeron el sustento mismo de las decisiones adoptadas en esos casos concretos (15) , es decir, no integran su ratio decidendi (16) , con lo cual puede concluirse que no revisten el carácter relativamente vinculante de los antecedentes jurisprudenciales (17) , carácter del cual se deriva para el operador judicial que desea apartarse de los mismos (18) , la obligación de cumplir con las cargas de transparencia y de argumentación que le resultan exigibles a tal efecto (19) .
Sea de lo anteriormente dicho lo que fuere, estima la Sala de la mayor importancia precisar cuál ha sido el tratamiento que respecto de los aludidos extremos ha dispensado el ordenamiento jurídico colombiano, en especial con antelación a la entrada en vigor de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre actualmente en vigor, cuyo artículo 47 zanja cualquier discusión en torno a la naturaleza eminentemente constitutiva —que no meramente declarativa— de las inscripciones que se efectúan en el organismo de tránsito competente respecto de actos o negocios jurídicos que envuelvan la disposición de derechos reales sobre automotores y clarifica también, por tanto, el tema de la prueba de la propiedad y/o de otros derechos reales en relación con esa clase de bienes, en aquellos casos en los cuales no resulta aplicable el artículo 922 del estatuto mercantil, precepto este que igualmente se ocupa de la aludida cuestión con palmaria claridad. Tales son los asuntos de los cuales pasa a ocuparse la Sala, a continuación.
2.3.2. El sistema colombiano de registro de los negocios jurídicos que versen sobre derechos reales respecto de vehículos automotores.
Una de las principales discusiones acerca de la adquisición de los derechos reales en la actualidad se centra en identificar un sistema de disposición de la riqueza patrimonial que consiga el mejor equilibrio posible entre máximas agilidad y facilidad para la circulación de bienes en el tráfico jurídico de un lado y, de otro, mínimo detrimento de la seguridad jurídica. En ese orden de ideas, tratándose de bienes muebles impera el principio por virtud del cual la posesión de los mismos supone el dominio y los meros convenios consensuales determinan la titularidad del derecho real; por el contrario, tratándose de inmuebles —y de algunos bienes muebles, como los automotores, en relación con los cuales existe un evidente paralelismo en torno a su regulación respecto de la propia de la finca raíz—, opera la institución del registro, por manera que los solos actos o negocios jurídicos de origen —título— no tienen la virtualidad de crear o transmitir la titularidad —modo—; lo cierto es que las diferentes legislaciones se decantan por soluciones disímiles en esta última materia, de suerte que es posible encontrar desde las que consagran que el solo título es suficiente para que el derecho ingrese en el patrimonio de su titular —como en Francia y parte de Italia—, pasando por las que establecen que lo necesario a tal efecto es el modo —al estilo alemán—, hasta llegar a sistemas en los cuales se precisa de la concurrencia del título y del modo para engendrar el derecho real —caso de países como Austria, Holanda, Suiza y Colombia— (20) .
Es en Alemania, sin embargo, en el primer lugar en el cual se estructura una organización sistemática de publicidad de la propiedad inmueble que ha servido de guía a la mayor parte de los actuales sistemas de registro inmobiliario, partiendo del tratamiento de actos solemnes que tradicionalmente se proporcionó a los de transmisión de la propiedad raíz —mismos que se realizaban, en un principio, ante testigos, luego ante un tribunal y sin que se exigiese la entrega corporal—, a lo cual se acompañó, a partir del siglo XII, la consolidación en algunas ciudades de la costumbre consistente en llevar libros en los cuales se dejaba constancia escrita, en orden cronológico, de los actos dispositivos que recaían en este tipo de bienes, constancia que paulatinamente se convirtió en la inscripción registral, única forma de probar la propiedad o la constitución de cualquier derecho real sobre inmuebles, de suerte que dicha inscripción fue elevándose al rango de un acto creador de derechos y depurándose de manera tal que los asientos registrales dejaron de verificarse en libros, por orden cronológico, para pasar a llevarse en hojas especiales asignadas a cada bien, debidamente individualizado e identificado, a las cuales se denominó “folios reales”, ordenados y gestionados por oficinas a cargo del Estado (21) .
A partir de allí, los sistemas de registro se diferencian en razón del distinto valor que le reconocen al acto de inscripción —cuestión que marcha de la mano con la de la operatividad del título y/o del modo, antes explicada—, por manera que, en primer término, debe hacerse alusión a los denominados sistemas plenos de registro, caracterizados por reconocer un valor sustantivo a la inscripción en ellos realizada en la medida en que la propiedad y los demás derechos reales sobre los bienes sujetos a registro se adquieren y constituyen por dicha inscripción —solo existen registralmente y carecen de existencia extrarregistral—; este es el sistema propio de legislaciones como la alemana, la suiza, la austríaca, la chilena y la colombiana, en las cuales el contrato de enajenación —venta, permuta, donación, etc.— solo tiene la virtualidad de constituir fuente de obligaciones entre las partes, más no la de transmitir la propiedad o engendrar otro derecho real, pues aquella o estos surgen del registro o de la inscripción del acto o negocio jurídico correspondiente en folios especiales; la aludida inscripción constituye un procedimiento al cual se le ha denominado y calificado como una modalidad de tradición de tipo cartular o tabular, de suerte que dicha inscripción en estos regímenes tiene naturaleza constitutiva, pues solo a partir de ella se constituye la propiedad o el derecho real del que se trate en relación con los bienes sujetos a registro.
Y, en segundo término, existen los llamados sistemas menos plenos de registro —v. gr. en Francia o en Italia—, en los cuales la propiedad, otros derechos reales y gravámenes respecto de los bienes sujetos a registro se adquieren directamente a partir del contrato o, en general, del título correspondiente, por manera que la inscripción no es más que una solemnidad cuyo propósito se limita a dotar de publicidad al acto o contrato frente a terceros, luego no tiene eficacia constitutiva sino meramente declarativa; lo anterior conduce a que en el derecho francés y en el italiano se distinga entre la transmisión de la propiedad inter partes —operante desde el acto o contrato correspondiente, el cual constituye título y modo, pues crea las obligaciones y las extingue mediante su ejecución, dado que, por ejemplo, el comprador es propietario desde la celebración del convenio, sin que se precise de tradición— y la transmisión de la misma frente a terceros —la cual exige que se realice la transcripción del contrato en el registro correspondiente—, cuestión que ha conducido a que el sistema francés, en parte el italiano y los derivados de ellos
Hoy día se conocen tres sistemas principales que llenan las condiciones mencionadas: El sistema alemán, el suizo y el australiano. De especial importancia son los dos primeros, pues en ellos se inspiró en gran parte el que consagra el estatuto de registro de instrumentos públicos” (22) (resalta la Sala).
El anterior marco referencial permite comprender y ubicar de mejor manera la naturaleza y los alcances del sistema registral colombiano en cuanto hace a la propiedad raíz y a los vehículos automotores, dos categorías de bienes entre las cuales el paralelismo en su regulación no puede ser más claro y evidente a partir del momento en el cual se produce en nuestro país el gran proceso de modernización en materia de registro público, proceso que arranca con la introducción de una profunda reforma normativa (23) , marcadamente influida por las tendencias alemana y suiza a las cuales se ha hecho alusión en precedencia (24) , según lo ponen de presente los antecedentes legislativos de la Ley 8ª de 1969, “[P]or la cual se conceden al Presidente de la República facultades extraordinarias para reformar los sistemas de notariado, registro de instrumentos, catastro, registro del estado civil de las personas y de constitución, transmisión y registro de derechos reales y trabas sobre vehículos automotores...”.
La exposición de motivos del proyecto de la que habría de convertirse en la referida Ley 8ª de 1969, así como el informe de la ponencia para primer debate de aquel, resultan prolijos al explicitar cuál era la situación —por demás caótica y preocupante— que reinaba en el momento en el cual se proyectaba introducir cambios estructurales en la regulación y el control, por parte del Estado, del mercado de vehículos automotores; en tales referencias y justificaciones empieza a hacerse evidente la unidad de principios y de propósitos con que se quiso informar a los diferentes sistemas de registro público a cargo del Estado y especialmente los comunes efectos que, desde un primer momento, se fue advirtiendo que tendrían las inscripciones en los registros de las propiedades inmueble y automotriz, tomando en consideración, especialmente —se insiste— el desorden imperante en el tráfico jurídico respecto de este último tipo de bienes (25) :
... para que los distintos registros funcionen dentro de una unidad de criterio científico, técnico y estable, y para que el público disponga de información uniforme, sencilla, rápida, segura y descentralizada…
Además, es evidente que el sistema legal vigente en materia de vehículos automotores en cuanto a la manera de adquirir y transmitir el dominio, de constituir derechos reales sobre ellos y de hacer efectivas medidas judiciales de embargo y secuestro, adolece de graves deficiencias, propias de la inseguridad de los derechos de los particulares , tanto en el comercio ordinario, como en los eventos de contrabando, hurto y robo, por lo cual urge introducir normas que hagan cierto y efectivo el derecho sobre esta clase de bienes muebles, de naturaleza especial y de valor y de abundancia creciente, a semejanza de lo que ocurre en otros países, donde se exigen ciertas solemnidades documentales y la inscripción de los títulos en el registro general o en uno especializado.
4. Fortalecer el principio de la fe pública registral, destacando la figura del tercero como sujeto destinatario de la protección derivada de tal principio .
En la Cámara de Representantes (...) cursa un proyecto de ley “por la cual se toman medidas sobre matrícula y traspaso de vehículos automotores” que puede ser una atendible base para la reglamentación que se vaya a expedir en desarrollo de las facultades que se confieren al ejecutivo. La iniciativa mencionada propende por la creación de una oficina central de registro, encargada de llevar el “registro de automotores”, que se formaría con los datos enviados por las oficinas de tránsito de los vehículos inscritos en ellas y con los procedentes de las casas importadoras relativos a los automotores introducidos y vendidos por ellas. De esta forma, cada vehículo se registraría en una tarjeta en donde se anotarían sus características, manifiesto de importación, casa importadora, propietario, identificación de este... etc., y que vendría a ser el título de propiedad del aparato y en la cual, además, se llevará el historial de todas las operaciones de traspaso, gravámenes, embargos que hayan recaído sobre el vehículo, en forma tal que la revisión de la tarjeta demuestre, en cualquier momento, no solo quién es su propietario sino las cargas que lo afectan .
El proyecto contiene, además, una discriminada reglamentación sobre toda la materia y en el artículo 22 estatuye que “el registro nacional de que habla esta ley, constituye título de propiedad del vehículo automotor” y que las certificaciones de la oficina central de registro de automotores son plena prueba del dominio .
Claro que el sistema de tarjetas de registro y de registro serial, no reviste de absoluta seguridad y certeza la constitución del título de dominio de automotores, ni a sus mutaciones o medidas judiciales que lo afecten, pero complementado con otras formalidades y solemnidades se podría alcanzar un régimen que ofrezca garantías efectivas y frene un tanto los vicios que inciden en el comercio de automotores” (26) (subrayas, cursivas y negrillas añadidos).
Los anteriores postulados finalísticos, programáticos y principialísticos quedaron concretados en la normatividad expedida por el ejecutivo al amparo de y/o en desarrollo de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el cuerpo normativo al cual se acaba de hacer alusión; de especial trascendencia en relación con los registros inmobiliario y automotor resulta la normatividad que conjuntamente se ocupa de ellos y que contiene el Decreto-Ley 1250 de 1970, significativamente intitulado “[P]or el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos” y entre cuyas regulaciones no siempre se repara con detenimiento que se incluye el registro público de vehículos automotores, lo cual despeja cualquier inquietud o vacilación que pudiere existir en torno a la evidente asimilación que en punto a la naturaleza, los propósitos, la técnica, los alcances y los efectos del registro se ha llevado a cabo en la legislación colombiana tratándose de la propiedad y de los demás derechos reales respecto tanto de inmuebles como de vehículos automotores; el tenor literal de los preceptos que se referirán a continuación, todos integrados dentro del aludido estatuto del registro de instrumentos públicos expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 8ª de 1969, es suficientemente elocuente e ilustrativo de cuanto se viene explicando:
Sin embargo, las disposiciones que de manera más clara, dentro del cuerpo normativo en cuestión —D.L. 250/70— explicitan cuáles son los alcances, desde el punto de vista probatorio y de eficacia de los negocios jurídicos que afecten la propiedad o cualquier derecho real sobre vehículos automotores —en general, las disposiciones que se transcribirán resultan aplicables a los bienes sujetos a registro, que son los relacionados en el artículo 2º que se acaba de citar—, de la inscripción o registro correspondiente, son los artículos 43 y 44 ibídem, los cuales, partiendo de que los artículos 2º y 3º ejusdem someten a registro en la oficina en la cual se lleve a cabo la matrícula del vehículo, todos los actos y/o negocios jurídicos que afecten algún derecho real en relación con el mismo, establecen de manera rotunda:
Como si los argumentos apoyados en el derecho comparado, históricos y normativos que se acaba de exponer no fuesen suficientes —que evidentemente lo son— para ilustrar el carácter constitutivo —y no meramente declarativo— que fue normativamente atribuido al registro público de automotores, así como para evidenciar la falta de idoneidad de que adolecen los documentos diversos de aquellos expedidos por las autoridades de tránsito competentes para acreditar la propiedad o cualquier otra situación afectante de derechos reales sobre vehículos automotores, con posterioridad a la entrada en vigor del tantas veces mencionado Decreto-Ley 1250 de 1970 fueron expedidas varias disposiciones que insisten en la obligatoriedad del registro o inscripción tanto de los referidos bienes muebles, como de los actos y/o negocios jurídicos que constituyen, modifican, trasmiten o extinguen la propiedad u otros derechos reales respecto de los mismos, preceptos todos que vienen a integrarse en un sistema cuyo propósito no es otro, según se ha explicado, que garantizar la confianza de los terceros y la seguridad del tráfico jurídico a través del establecimiento de una tarifa legal —desde el año 1970— para la prueba de la propiedad automotor y de unas exigencias rituales de cuyo acatamiento se hace pender la eficacia de los negocios jurídicos respectivos ante las autoridades y ante terceros, lo cual no puede entenderse de manera distinta a que, en claro paralelismo con el régimen de la propiedad inmueble, el mecanismo del título y el modo, que desde los albores del procedimiento de formación de la Ley 8ª de 1969 se quiso expresamente insertar en el derecho registral colombiano, impera en el ordenamiento nacional también tratándose de las operaciones negociales llevadas a cabo en relación con automotores.
El recuento normativo que se ha efectuado arroja claridad sobre el tema expuesto, tratándose de aquellos casos a los cuales no resulte aplicable la legislación mercantil, pues en estos últimos y según igualmente antes se indicó, el artículo 922 del Código de Comercio —expedido mediante el Decreto-Ley 410 de 1971— hizo imperiosa la inscripción, en materia comercial, del acto o negocio jurídico que versare sobre vehículos automotores (27) , en el registro público correspondiente (28) .
Posteriormente, con la expedición de la Ley 53 de 1989 se iteró la obligación de registrar los actos y negocios jurídicos que implicaren disposición de derechos reales sobre automóviles y, en consecuencia, se reafirmó la perentoriedad de dicha exigencia como requisito —junto al título— para acreditar la propiedad respecto de un vehículo automotor; en el anotado orden de ideas, el artículo 6º del referido cuerpo normativo definió el registro terrestre automotor como
“[E]l conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirán todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros” (29) .
De otro lado, el Acuerdo 034 del 12 de agosto de 1991, proferido por la junta directiva del otrora denominado Instituto Nacional de Tránsito y Transporte —Intra—, reglamentó la manera en la cual habría de efectuarse tanto la inscripción inicial del automóvil en el registro respectivo como las anotaciones sucesivas a las cuales hubiere lugar dentro del mismo; de ahí que la persona que figurase inscrita ante el organismo de tránsito competente se reputara como propietaria del vehículo automotor y, en consecuencia, la inscripción en el registro resultara oponible a las autoridades y a terceros (30) , toda vez que el artículo 94 del referido acuerdo preceptuaba que “[N]o se podrá transferir vehículo automotor alguno bajo ningún título sin que previamente se haya registrado”.
A esta evolución normativa efectuó también su aportación, en idéntico sentido al que se ha venido refiriendo, el Decreto 1809 de 1990, norma que modificó el artículo 193 del Código Nacional de Tránsito —D. 1344/70—, confiriéndole la siguiente redacción:
Como colofón a la cadena de previsiones normativas aludidas, la Ley 769 de 2002 —Código Nacional de Tránsito Terrestre actualmente en vigor— estableció como requisitos uniformes —tanto en materia civil como en el ámbito mercantil— para hacer efectiva la tradición de los automóviles, la entrega material del automotor, por una parte y, por otra, la inscripción del negocio jurídico correspondiente en el registro nacional automotor, obligación esta consignada de forma expresa en el artículo 47 del citado conjunto normativo, en los términos que se transcriben a continuación:
La norma transcrita deja completamente claro y expreso que el mecanismo del título y el modo es el que opera en Colombia para transmitir la propiedad u operar cualquier modificación en los derechos reales respecto de vehículos automotores, conectando explícitamente la tradición —modo— con la inscripción en el registro público respectivo; sin embargo, todo lo expuesto no representa, ni muchísimo menos, un giro o una modificación en cuanto a la regulación que había venido recibiendo esta materia en el ordenamiento jurídico nacional, pues lo único que verdaderamente ha venido ocurriendo de manera paulatina y progresiva es el propósito de tratar el asunto con mayor precisión y técnica jurídica —cuestión en absoluto de poca monta y que hubiera sido de desear que se tuviera en cuenta desde la normatividad de 1970—, pero reflejando la que ha constituido la tradición colombiana en materia registral desde el momento en el cual se empezó a estructurar el sistema nacional de registro de las propiedades tanto de inmuebles como automotriz.
“En la actualidad y en relación con la enajenación comercial de automotores, mientras no se demuestre que el respectivo título de adquisición fue inscrito ante el competente funcionario de las oficinas de tránsito, la simple entrega del objeto enajenado no equivale a tradición del mismo. Por expreso mandato de la ley se exige, a más de la entrega, la inscripción del título, pues de otro modo la tradición no se opera totalmente, demostrando únicamente la celebración del contrato de compraventa, pero no queda demostrado el dominio ya que en el derecho colombiano los contratos, por sí solos, no mutan el derecho real de propiedad de una cabeza a otra, porque ellos solamente son fuente de obligaciones” (31) (resaltadas fuera del texto original).
Todo lo hasta ahora expuesto resulta de capital importancia para la resolución del asunto sub júdice, pues en relación con el asunto tratado en este acápite pueden formularse las siguientes conclusiones:
(iii) Como corolario de lo anterior, la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte un derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación tanto del título (contrato) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente establecen una tarifa legal de prueba en esta materia — D.L. 1250/70, arts. 43 y 44— excluyen la posibilidad de que las anteriores circunstancias puedan acreditarse mediante la sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción, más allá de que el título o instrumento en cuestión solo surtirá efectos respecto de terceros —desde 1970, se insiste— después de efectuada la referida inscripción.
Más allá de otra serie de elementos probatorios que fueron aportados y/o su recaudo solicitado por la parte actora junto con o en el libelo introductorio del litigio, lo cierto es que el único medio de acreditación que se acopió en el proceso con miras a probar la titularidad del dominio respecto del vehículo automotor cuyo decomiso aduce el accionante que constituye el hecho generador del daño que solicita le sea reparado y, por tanto, el único mecanismo demostrativo con la virtualidad de permitir dilucidar si en el sub júdice se configura, o no, la falta de legitimación material en la causa por activa alegada por la entidad demandada —tomando en consideración las precisiones efectuadas en los acápites 2.2 y 2.3 del presente proveído—, es el contrato de compraventa calendado el 12 de septiembre de 1987, suscrito por los señores Misael Hidalgo, identificado con la cédula de ciudadanía número 17’039.386 de Bogotá y Álvaro Peña Ortega, identificado con la cédula de ciudadanía número 2’917.476 de Bogotá, quienes actuaron como vendedor y como comprador, respectivamente. En el documento en el cual se hizo constar el referido negocio jurídico se puede leer lo siguiente:
“Conste por medio de la presente, que entre los señores Misael Hidalgo con cédula de ciudadanía número 17’039.386 de Bogotá y Álvaro Peña Ortega con cédula de ciudadanía número 2’917.476 de Bogotá hemos celebrado el siguiente contrato de compraventa de un carro Renault 18 modelo 1982 color verde, chasis -B0080783, motor 000008338, placas LL7026. Este carro fue decomisado por el F-2 y se encuentra en los patios del F-2 calle 10 Nº 18-75 para la investigación de sus sistemas, ya que según el estudio técnico, rendido por el señor técnico E3 Palacios Palacios Josué Alfonso el automotor queda sin identificación, presumiendo que existe un reemplazo de vehículo. Con esto reclamaré al señor Jesús María Téllez Serrano para que responda por dicho vehículo. Entregué al señor Misael Hidalgo 2 cheques del Banco Internacional, números 510305 y 530306 por valor de $ 850.000 cada uno. Con esto estoy respondiendo por la venta del citado automotor” (fl.1, c.dno 2).
4.1. Documentales
4.1.2. (sic) Documental Aportada
— Copia auténtica del Acta 07473 del 10 de septiembre de 1987 que contiene el inventario del vehículo de placas LL-7026.
— Copia de la exposición rendida por el señor Misael Hidalgo ante la dirección de policía judicial de automotores.
— Copia del informe rendido por el señor Jefe de la división técnica de identificación de automotores sargento primero Emiro López Torres al señor jefe de la sección de automotores Dijin.
— Informe del estudio técnico sobre el vehículo rendido el 10 de septiembre de 1987 por el técnico en identificación de automotores de la Policía Nacional al señor capitán jefe de la sección de automotores.
— Copia de la Resolución 640 de agosto 10 de 1983 por medio de la cual se autorizó el cambio del color del vehículo azul a verde.
— Copia de la Resolución 549 de junio 8 de 1983 por medio del cual se autoriza la regrabación del chasis al vehículo de placas LL-7026.
— Copia de la certificación dada por el capitán jefe de la sección de automotores Dijin a la persona que le fue retenido el vehículo en 11 de septiembre de 1987 para “presentarla ante su vendedor y cancelar la negociación” por cuanto del estudio técnico rendido por el señor Palacios Palacios Josué Alfonso, el(sic) automotor está sin identificación y se presume un reemplazo de vehículo.
— Copia de la solicitud de entrega del vehículo formulada por el señor Álvaro Peña Ortega al jefe de la sección de automotores Dijin y recibida por esta el 20 de noviembre de 1987, en donde se acompañan las resoluciones por las cuales se autorizó el cambio de color y la regrabación del chasis, o sea los actos oficiales que desvirtuaban los motivos de la retención.
— Comunicación enviada por el mayor William Rafael Contreras Rodríguez, jefe de la sección automotores de la Dijin, al señor Álvaro Peña Ortega, el 23 de mayo de 1990 en la cual se narran los supuestos resultados de la situación jurídica del automotor y su anexo, la Resolución 0022 de 1989 por la cual se destina, entre otros, al servicio de la Policía Nacional.
— Copia del auto de febrero 25 de 1994, proferida por la Fiscalía 187 de la unidad séptima de patrimonio económico de Santafé de Bogotá, que contiene la providencia por la cual se declara extinguida la acción penal y precluida la investigación en contra de quienes traditaron el vehículo y en razón a la procedencia lícita del mismo y a la existencia de resoluciones de las autoridades de tránsito por las cuales se autorizó el cambio de pintura y la regrabación del chasis del multicitado vehículo.
— Copia del acta del 17 de mayo de 1994 de la subdirección de policía judicial e investigaciones, sección automotores, por la cual se hace entrega del vehículo al demandante.
— Copia de la Resolución del 23 de septiembre de 1981 de la dirección general de la Policía Nacional por la cual se incorpora al inventario de esa institución, entre otros, el vehículo motivo de la demanda.
— Cotización expedida por Talleres Álvarez en relación con el costo de la mano de obra por la reparación del vehículo, la cual asciende a un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 1’450.000) m/cte más los repuestos requeridos que ascienden a la cantidad de un millón cuarenta mil novecientos pesos ($ 1’040.900) m/cte. De estos documentos se ordenará el reconocimiento por parte de quienes lo suscriben para cuyo efecto se les notificará en las direcciones que aparece en los membretes respectivos.
— Tres cotizaciones expedidas por empresas rentadoras de vehículos de iguales o semejantes características al retenido, expedidas a julio de 1994 con tarifas de esa fecha que contienen costos promedio al millón quinientos mil pesos ($ 1’500.000) m/cte mensual por el arrendamiento de esos bienes, de donde se establece que ese sería el costo a pagar por la prestación del servicio equivalente al uso del bien retenido durante siete (7) años al demandante.
— Se ordenará el reconocimiento de tales documentos por parte de quienes lo suscriben en fecha y hora que usted señale.
4.1.3. (sic) Documental solicitada.
— Sírvase oficiar a la Policía Nacional sección automotores a fin de que remitan copia de toda la actuación originada por la retención del vehículo de placas LL-7026 el cual fue retenido el 10 de septiembre de 1989 (sic) según Acta 04777.
— Sírvase oficiar a las oficinas de tránsito y transportes de Itagüi para que se expidan copias auténticas de las resoluciones. 549 de junio 8 de 1983 y agosto 10 de 1983 relacionadas con el vehículo de placas LL-7026.
— Sírvase oficiar a la dirección general de la Policía Nacional para que certifique:
a) Si el vehículo de placas LL-7026 fue destinado al servicio de la Policía Nacional y si evidentemente éste fue utilizado por agentes o dependientes de esa institución, en qué ciudades y durante qué tiempo.
b) Si al vehículo le fue cambiado su color original verde por el de amarillo y si al momento de ser entregado al señor Álvaro Peña Ortega portaba el color amarillo.
c) Que se remitan copias de las resoluciones 10201 del 23 de septiembre de 1991 y 002 de 1989, por las cuales se incorporan al inventario de la Policía Nacional y se destinan al servicio de la misma los vehículos incautados por la dirección de policía judicial e investigaciones.
d) Que se certifique que el vehículo de placas LL-7026, Renault 18, modelo 1982 estuvo retenido por la Policía Nacional desde el 10 de septiembre de 1987 hasta el 17 de mayo de 1994, precisando los motivos que originaron la retención y la posterior entrega del vehículo al señor Álvaro Peña Ortega” (fls. 9-11, cdno.1).
Trayendo al caso concreto las conclusiones arrojadas por los análisis efectuados en los apartados precedentes dentro del presente pronunciamiento, observa la Sala que el actor, al haber aportado solamente el referido contrato de compraventa calendado el 12 de septiembre de 1987, únicamente probó la celebración del negocio jurídico —título—, pero brilla por su ausencia en el plenario elemento demostrativo alguno que permita tener por acreditada la tradición del automóvil —modo—, requisito indispensable para probar la propiedad del bien decomisado y que debió acreditarse ora mediante la aportación del documento que diera cuenta de la realización del correspondiente registro —certificado de tradición del vehículo expedido por la autoridad administrativa competente—, ora allegando la licencia de circulación del automotor en cuestión, exigencia que, sin lugar a la menor hesitación, efectúa el ordenamiento jurídico colombiano desde el año 1970.
Por consiguiente, no existe en el expediente elemento probatorio idóneo con el propósito de respaldar, desde el punto de vista fáctico, las aseveraciones efectuadas por el accionante tanto en la demanda como en el recurso de alzada interpuesto contra el fallo de primera instancia, en el sentido de que fue el señor Álvaro Peña propietario del vehículo antes de su decomiso y quien se vio compelido a readquirirlo como consecuencia de la adopción de dicha medida por la entidad demandada; tales planteamientos se quedan en meras manifestaciones carentes de sustento acreditativo alguno, toda vez que se echa en falta en el encuadernamiento la prueba eficaz para demostrar el historial del dominio del vehículo automotor mencionado y, por tanto, para conferir verosimilitud a los presupuestos fácticos sobre cuya base descansa la legitimación material del accionante para formular las pretensiones incluidas en la demanda.
Así las cosas, no le asiste legitimación material en la causa al actor para reclamar la indemnización de los perjuicios ocasionados por el decomiso del automóvil tantas veces referido, si se tiene en cuenta que no consta en el proceso que el aludido bien, en algún momento, hubiere formado parte del patrimonio del demandante; cuenta, por tanto, con vocación de prosperidad la excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la entidad accionada y ello conducirá a que la Sala deniegue las pretensiones elevadas en la demanda, toda vez que el actor no demostró ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés sustancial que sustente sus reclamaciones.
Dado de que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
1. Acéptase el impedimento manifestado por la honorable consejera de Estado Myriam Guerrero de Escobar.
2. Revócase el numeral 1º de la sentencia apelada, esto es, de la proferida el 6 de mayo de 1999 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, declárase la falta de legitimación en la causa por activa del accionante.
3. Confírmase, pero con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído, el numeral 2º de la sentencia apelada, esto es, de la proferida el 6 de mayo de 1999 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Expediente 13356.
(2) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de junio de 2000; C.P. María Elena Giraldo Gómez; Expediente 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), C.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178).
(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); Referencia 13.503; radicación 110010326000199713503 00.
(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; radicación 10973.
(5) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la sección ha sostenido que “... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; radicación 10973.
(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); C.P. María Elena Giraldo Gómez; radicación 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); C.P. Ramiro Saavedra Becerra; radicación 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352).
(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000); C.P. María Elena Giraldo Gómez; radicación 10171.
(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, Expediente 13764.
(9) Nota original de la sentencia citada: Sentencia del 8 de noviembre de 2001, Expediente 13.730.
(10) Nota original de la sentencia citada: Este decreto fue derogado por la Ley 769 de 2002 “por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre”. El capítulo VII, artículos 46 a 49 crea el registro nacional automotor.
(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de febrero de dos mil tres (2003); C.P. Ricardo Hoyos Duque; radicación 17001-23-31-000-1995-5033-01; Expediente 14176.
(12) Nota original de la sentencia citada: Sentencia de 20 de febrero de 2002, Expediente 14.176.
(13) Nota original de la sentencia citada: En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 1971, consideró: “En la actualidad y en relación con la enajenación comercial de automotores, mientras no se demuestre que el respectivo título de adquisición fue inscrito ante el competente funcionario de las oficinas de tránsito, la simple entrega del objeto enajenado no equivale a tradición del mismo. Por expreso mandato de la ley se exige, a más de la entrega, la inscripción del título, pues de otro modo la tradición no se opera totalmente. Demostrando únicamente la celebración del contrato de compraventa, no queda demostrado el dominio, ya que en el derecho colombiano los contratos, por sí solos, no mutan el derecho real de propiedad de una cabeza a otra, porque ellos solamente son fuente de obligaciones. Y como a partir de la vigencia del Código de Comercio actual, ya la sola entrega material no es manera de hacer la tradición del dominio de los automotores, para lograrla o cumplirla se requiere ahora también la inscripción del título o documento en que consta el contrato de enajenación”.
(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil seis (2006); C.P. Ruth Stella Correa Palacio; radicación 41001-23-31-000-1993-07279-01; Expediente 19432; actor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez. La postura asumida en el referido pronunciamiento fue reiterada en el siguiente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del cinco (5) de diciembre de dos mil seis (2006); C.P. Ruth Stella Correa Palacio; radicación 25000233100012147-01; Expediente 16347.
(15) Es así como en la citada sentencia de 20 de febrero de 2003 —Exp. 14.176— la cuestión por dilucidar consistía en establecer si en el caso concreto se estaba, o no, en presencia de un supuesto de ocurrencia de una falla en el servicio público encomendado a las autoridades de tránsito, falla cuya inexistencia se determinó con fundamento en el entendimiento de que la entidad administrativa demandada cumplió con el deber legal de controlar los datos consignados en el registro público de automotores, de acuerdo con lo previsto en el reglamento correspondiente; por su parte, en el pronunciamiento de fecha 31 de agosto de 2006 —Exp. 19432—, se resolvió sobre la responsabilidad extracontractual del Estado derivada del acaecimiento de un accidente de tránsito en el cual se vieron implicados un vehículo oficial y un automotor de propiedad privada destinado al servicio público, en relación con el cual las reglas tenidas en cuenta para acreditar la propiedad respecto del mismo fueron las previstas en el artículo 922 del Código de Comercio en virtud de la especial destinación del bien, declarándose responsable patrimonialmente al Estado con base en el título jurídico de imputación consistente en el riesgo excepcional causado por la utilización de vehículos peligrosos —automotores—; y, finalmente, en la citada sentencia del 5 de diciembre de 2006 —Exp. 16347—, en la cual se declaró al Estado patrimonialmente responsable por la que se catalogó como “retención ilegal” de un vehículo automotor, la propiedad del automotor retenido se encontraba acreditada con la fotocopia de la licencia de tránsito correspondiente y no con un contrato de compra-venta suscrito entre dos personas naturales, como ocurre en el sub júdice. Así pues, queda claro que se trata de pronunciamientos efectuados en relación con circunstancias fácticas y/o sustentados en razonamientos ajenos al problema jurídico del cual se ocupa la Sala en el presente proveído.
(16) En cuanto tiene que ver con el denominado precedente jurisprudencial y con los elementos de un fallo llamados a integrar un precedente, el mismo ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como “aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio conduce a una regla —prohibición, orden o autorización— determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes”, es decir, que “se reconoce como precedente aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia.
Es decir, la ratio decidendi de una providencia, puede ser un precedente de aplicación vinculante en un caso posterior, para un juez o una autoridad determinada. Esta relación entonces, entre una y otra figura, es lo que ha favorecido que se usen comúnmente los dos conceptos como semejantes, ratio decidendi y precedente. Usualmente se dice que el precedente es la sentencia anterior que es pertinente para resolver una cuestión jurídica y lo que tiene fuerza vinculante es su ratio decidendi . De ahí que, en sentido técnico, lo que tiene valor de precedente es la ratio decidendi de la(s) sentencia(s) pertinente(s)” (resaltadas fuera del texto original). Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2.006; M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En similar sentido pueden verse las sentencias de la Corte Constitucional SU-047 de 1999, magistrados ponentes Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero; T-960 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y SU-1219 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(17) Los fundamentos constitucionales del carácter vinculante y de la fuerza obligatoria relativa de los argumentos que sustentan el contenido de las decisiones judiciales antecedentes se encuentran (i) en el principio-derecho a la igualdad —de trato y ante el derecho—; (ii) en el principio de seguridad jurídica; (iii) en los principios de buena fe y de confianza legítima y, finalmente, (iv) en el principio de publicidad de las actuaciones y de las decisiones jurisdiccionales; tales han sido, igualmente, los argumentos con base en los cuales la Corte Constitucional ha reivindicado el respeto, por parte de las altas corporaciones judiciales, para los denominados “precedentes” vinculantes, dirección en la cual sostuvo la Corte lo siguiente:
“El respeto a los precedentes cumple funciones esenciales en los ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de derecho legislado como el colombiano. Por ello, tal y como esta Corte lo ha señalado, todo tribunal, y en especial el juez constitucional, debe ser consistente con sus decisiones previas, al menos por cuatro razones de gran importancia constitucional. En primer término, por elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico, pues las normas, si se quiere que gobiernen la conducta de los seres humanos, deben tener un significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles. En segundo término, y directamente ligado a lo anterior, esta seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana y permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades. En tercer término, en virtud del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Y, finalmente, como un mecanismo de control de la propia actividad judicial, pues el respeto al precedente impone a los jueces una mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir el problema que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente caracteres análogos. Por todo lo anterior, es natural que en un Estado de derecho, los ciudadanos esperen de sus jueces que sigan interpretando las normas de la misma manera, por lo cual resulta válido exigirle un respeto por sus decisiones previas” (se ha resaltado). Corte Constitucional, Sentencia SU-047 de 1.999; magistrados ponentes Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.
(18) Significativa es la importancia de la cuestión relacionada con el interrogante sobre en qué situaciones puede considerarse pertinente —y deseable— el cambio de la doctrina jurisprudencial y cuáles serían las cargas a satisfacer, por parte del juez, para abrirle paso a las anotadas modificaciones sin que resulten injustificada y desproporcionadamente afectados los bienes y principios constitucionales que soportan la fuerza vinculante relativa del precedente —igualdad, seguridad jurídica-libertades individuales, buena fe, confianza legítima y publicidad de las decisiones judiciales—; a este respecto existe cierto consenso, tanto doctrinal como jurisprudencial, en el sentido de que la modificación del precedente es viable, pero “endosando en tal caso la carga de la argumentación a quien quiera apartarse. Rige pues el principio de inercia perelmaniano que exige que una decisión solo puede ser cambiada si pueden aducirse razones suficientes para ello” —Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, traducción de M. Atienza e I. Espejo, Centro de estudios constitucionales, Madrid, 1989, cit., pág. 263—; o, en palabras de Aarnio, no resulta “sensato renunciar sin justificación a lo que ha sido adoptado como prevaleciente. Esta no es una exhortación al conservadurismo para mantener el statu quo. Es tan solo una regla de la carga de la prueba: Necesariamente, un cambio en la situación dominante tiene que ser justificada” (sic) —AARNIO, Aulis, Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica, traducción de E. Garzón Valdés, Centro de estudio constitucionales, Madrid, 1991, pág. 260—.
“(J.13) Cuando pueda citarse un precedente en favor o en contra de una decisión, debe hacerse. (J.14) Quien quiera apartarse de un precedente, asume la carga de la argumentación”. Cfr. Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica..., cit., pág. 265.
(19) En Colombia opera un sistema que bien podría denominarse de “vinculación relativa” al precedente, en el cual los jueces tienen, en principio, el deber de atenerse al sentido y a los fundamentos de sus decisiones anteriores —en el caso del precedente horizontal— o de las decisiones previamente adoptadas por sus superiores funcionales —en el caso del precedente vertical—, pero sin que ello sea óbice para que, en virtud del principio de autonomía judicial, puedan apartarse de la línea jurisprudencial existente siempre y cuando expongan motivos suficientes y razonables para ello. Lo anterior resulta más claro aún si se tiene en cuenta que en sistemas —como el colombiano— de derecho legislado, en los cuales la fuente formal principal del derecho es la ley —y no la jurisprudencia—, el funcionario judicial, en ejercicio de su autonomía interpretativa, puede modificar, aunque obviamente no de manera caprichosa, su entendimiento de las disposiciones normativas que aplica y apartarse de las decisiones previas.
Así pues, el precedente es modificable siempre que se satisfagan, de un lado, una carga de transparencia consistente en que “es necesario conocer y anunciar los precedentes vigentes que gravitan en contra de la nueva posición que se va a tomar, con lo que se prohíbe el cambio oculto de jurisprudencia” y, de otro, una carga de argumentación, que se traduce en la obligación, para el juez, de “mostrar con claridad por qué la nueva posición jurisprudencial es superior jurídica y moralmente a la anteriormente adoptada”, carga esta que prohíbe, de tal modo, el cambio arbitrario de jurisprudencia. Cfr. López Medina, Diego Eduardo, El derecho de los jueces, segunda edición, Universidad de los Andes-Legis, Bogotá, 2006, págs. 85 y 92-93.
“32. En todo caso, aunque el respeto al precedente es fundamental en nuestra organización jurídica por las razones expuestas, el acatamiento del mismo, sin embargo, no debe suponer la petrificación del derecho. En este sentido, el juez puede apartarse tanto de los precedentes horizontales como de los precedentes verticales; pero para ello debe fundar rigurosamente su posición y expresar razones contundentes para distanciarse válidamente de los precedentes vinculantes. Dicha carga argumentativa comprende demostrar que el precedente es contrario a la Constitución, en todo o en parte. Sin embargo, existen otras razones válidas para apartarse del precedente, señaladas por la propia Corte.
En la Sentencia SU-047 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) se expuso precisamente que la posibilidad de desligarse de los precedentes en circunstancias concretas, puede obedecer a razones como las siguientes: i) Eventuales equivocaciones jurisprudenciales del pasado que hacen necesaria la corrección de una línea jurisprudencial; ii) una interpretación que habiendo sido útil y adecuada para resolver ciertos conflictos, en su aplicación actual, puede provocar consecuencias inesperadas e inaceptables en casos similares; iii) cambios históricos frente a los que resulta irrazonable adherir a la hermenéutica tradicional”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2.006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En similar sentido pueden verse las sentencias de la Corte Constitucional C-120 de 2003, M.P. Álvaro Tahúr Galvis; T-1130 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-442 de 2.005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(20) Velásquez Jaramillo, Luis Guillermo, Bienes, décima edición, Librería Jurídica Comlibros, Medellín, 2006, págs. 293-294.
(21) Valencia Zea, Arturo, Derecho civil, Tomo II, Derechos reales, octava edición, Temis, Bogotá, 1987, págs. 445-447.
(22) Valencia Zea, Arturo, Derecho civil,..., cit., págs. 445-450. La propia doctrina y la legislación italiana parecen marchar en la misma dirección que se viene apuntando; así, por ejemplo, Massimo Bianca sostiene lo siguiente:
En algunas regiones, específicamente en Friuli-Venezia Giulia y Trentino-Alto Adige, se conserva el sistema de publicidad tabular, vigente en el ordenamiento austríaco (Real Decreto 499, mar. 28/29).
El sistema tabular sirve para dar mayor certeza a quien adquiere de quien resulta titular con base en un título inscrito, en cuanto la invalidez del título no impide el efecto real que resulta de la inscripción” (resalta la Sala). Cfr. Bianca, Massimo, Derecho civil 3, El contrato, traducción de Fernando Hinestrosa y Edgar Cortés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, págs. 607 -608 y 614-615.
(23) De hecho, la exposición de motivos del proyecto de ley que habría de convertirse en la Ley 8ª de 1969, da cuenta de que el sistema de registro colombiano se origina en una ley del año 1844 y se desarrolla en el Código Civil —obra que data de 1859— y de que “las innovaciones introducidas a las normas sobre notariado y registro durante todo el tiempo de vigencia del código, han sido exclusivamente de detalles...”. Además de lo anterior, en la ponencia para primer debate del proyecto que habría de convertirse en la mencionada Ley 8ª de 1969, puede leerse lo siguiente en punto a la práctica inexistencia de regulación normativa alguna, para ese entonces, relativa al registro de actos y/o de contratos que versaren sobre derechos reales respecto de vehículos automotores:
“La afirmación de que el sistema legal vigente en cuanto a la forma de adquirir, transmitir o gravar el derecho de dominio sobre vehículos automotores, “adolece de graves deficiencias”, parte de un supuesto inexistente, cual es el de que en Colombia hay un régimen legal sobre esta materia. Nosotros no tenemos en el país nada que pueda merecer el calificativo de sistema legal al respecto. La adquisición del dominio de estos bienes muebles así como su transmisión y demás fenómenos relativos a su tráfico jurídico no tiene un reglamento especial de orden legal y por ello ha prosperado el fraude, el abuso y la clandestinidad en esta materia” (énfasis en el texto original). Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Historia de las leyes, Bogotá, 1981, págs. 157 y 183.
(24) En la citada ponencia para primer debate del proyecto que habría de convertirse en la mencionada Ley 8ª de 1969, se puede leer lo siguiente en la expresada dirección: “Se ha sostenido, tal vez con bastante razón, que las reformas introducidas al sistema de registro en la Ley 40 de 1932 y que su propio autor, el doctor Luis Felipe Latorre, calificó de tímidas, se frustraron en casi todos sus aspectos favorables y se ha dicho que de esa pretendida organización, que instituyó la matrícula de la propiedad inmueble, solo ha quedado en pie el cobro de derechos (...) Imaginó dentro de la ingenuidad que caracteriza todo el proceso de la Ley 40, que en Colombia todo el mundo debía estar al tanto de los modernos sistemas de Australia, Alemania y Suiza...” (resalta la Sala). Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Historia de las leyes, cit., pág. 177.
(25) De la claridad de cuanto se viene exponiendo da cuenta el mismo tenor literal de algunas de las disposiciones de la mencionada Ley 8ª de 1969, como ocurre con varios de los apartes de sus artículos 1º y 3º, a saber:
(26) Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Historia de las leyes, cit., págs. 153-159 y 179-184.
(27) En este preciso aspecto, la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado sobre la necesidad de probar tanto el título como el modo a efecto de acreditar la calidad de propietario de un vehículo automotor con fundamento en lo normado por el estatuto mercantil, en los términos que siguen:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 922 del Código de Comercio, para acreditar la propiedad sobre vehículos se requiere demostrar que el respectivo título de adquisición fue inscrito en las oficinas de tránsito (Código Nacional de Transito Terrestre, D.L. 1344/70, art. 88, tal como fue modificado por el D.L. 1809/90), para lo cual se requiere aportar copia del registro o de la licencia, ya que esta se expide luego de perfeccionado el registro y, por lo tanto, prueba la realización de ese acto, según lo establecido en el artículo 87 del Decreto-Ley 1344 de 1970, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de este proceso”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 1992, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Expediente 13395.
(28) Tal es el sentido de lo normado por el artículo 922 del estatuto mercantil: “La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá, además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa.
(29) El Decreto 1809 de 1990 modificó el artículo 88 del Decreto 1344 de 1970 y replicó la definición adoptada, para el registro terrestre automotor, en la Ley 53 de 1989.
(30) Bonivento Fernández, José Alejandro, Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, 13ª edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1999, pág.38.
(31) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de noviembre de 1976, M.P. Germán Giraldo Zuluaga.

References: artículo 754
 artículo 20
 artículo 922
 artículo 47
 artículo 922
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 922
 artículo 6
 artículo 94
 artículo 193
 artículo 47
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 artículo 55
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 artículo 87
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 artículo 88