Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421583.html
Timestamp: 2019-03-21 22:10:31+00:00

Document:
as201421583
Auto Supremo: 583/ 2014
Sucre: 10 de octubre 2014
Expediente: SC – 95 – 14 – A
Partes: Aníbal Leitón Soliz. c/ Eduardo Zamora Zabala.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 145 a 148, interpuesto por Eduardo Zamora Zabala contra el Auto de Vista Nº 111 de 18 de marzo de 2014, que cursa de fs. 132 y vta., emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de rendición de cuentas, seguido por Aníbal Leitón Soliz en contra el recurrente la concesión de fs. 178, los antecedentes del proceso, y;
La Jueza de Partido Tercero en lo Civil de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pronunció el Auto Nº 194/2013 de 24 de diciembre de 2013 que cursa de fs. 92 a 93, por la que declara probada la excepción previa de falta de personería del demandado e improbadas las excepciones de obscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda y de incompetencia del Juez, disponiendo que el demandante deba adjuntar el contrato de carácter público del administrador o gerente general, especificando sus funciones o el período de ejercicio del ahora demandado, conforme a la cláusula decima del testimonio de constitución de sociedad.
Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación y resuelta mediante Auto de Vista de fs. 132 y vta., que revoca en parte la Resolución recurrida y declara improbada la excepción de impersonería del demandado, fallo que a su vez es recurrido de casación, objeto de estudio.
Acusa falta de pronunciamiento sobre pretensiones deducidas en el proceso oportunamente, señalando que el Ad quem no se hubiera pronunciado sobre el incumplimiento del demandante respecto a la orden dispuesta en el Auto de 24 de diciembre de 2013, en el que se otorgó el plazo de tres días para acompañar el contrato de carácter público, al margen de ello, ha confesado en su recurso de apelación que no existe el acta de asamblea.
Por otra parte señala que el Auto de Vista ha desconocido la cláusula décima de la Escritura Pública Nº 513/99, que establece la existencia de la necesidad de un contrato, situación que fue valorada por el A quo, sobre la cual no se emitió pronunciamiento alguno.
Señala que no se ha pronunciado sobre lo expresado en memorial de contestación al recurso de apelación, pues el actor debió acreditar que el demandado tiene la obligación de rendir cuentas, y no tiene negocio ajeno sino que tiene un negocio conjuntamente con el mandante.
El Auto de Vista incurrió en violación del art. 333 respecto a la demanda defectuosa, pues no se dio cumplimiento a la orden dispuesta en el Auto de 24 de diciembre de 2013, cuando se señaló una falencia legal en el instrumento de poder, ya que conforme al art. 333 del Código de Procedimiento Civil, se debió subsanar de la demanda en el plazo de tres días, aspecto que no fue que valorado por el Ad quem, de ese modo se vulneró la norma señalada.
Refiere que al dictar la Resolución de 18 de marzo de 2014, han dado observancia al principio de verdad material en base a presunciones, porque es de conocimiento general que la administración de una sociedad o gerentamiento de una sociedad, incluso la puede realizar una persona ajena a los accionistas, si en asamblea de socios se la define así y como señala el art. 203 del Código de Comercio, así el Auto de Vista contiene apreciaciones subjetivas de la verdad material, que carecen de toda fundamentación legal, ya que el demandante solicita la rendición de cuentas del poder Nº 685/99, siendo que la verdad material constituye la escritura de constitución de sociedad y el poder.
Acusa error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, pues el Ad quem ha desconocido el art. 333 del Código de Procedimiento Civil y 203 del Código de Comercio; asimismo se efectuó una apreciación errónea de la cláusula décima de la EP 513/99 de 5 de agosto de 1999, que señala la necesidad de que la sociedad sea administrada por un gerente general y un administrador que deberá ser elegido en asamblea de socios y efectivizado mediante contrato.
Por ello el Juez al declarar probada la excepción de impersonería del demandado dispuso mediante el Auto de 24 de diciembre de 2013, que en el plazo de tres días el actor acompañe el contrato de carácter público, Resolución judicial a la que no se dio cumplimiento y por ello el demandante no ha podido demostrar que tuviera obligación de rendir cuentas. Así al dictarse el Auto de Vista recurrido, no se pronunció sobre el incumplimiento del demandante en exhibir el contrato del administrador o gerente general estipulado en la cláusula décima de la E.P. Nº 513/99, pues para gerentar o administrar no es necesario ser accionista, desconociendo los arts. 195 a 216 del Código de Comercio, ya que la escritura de constitución tiene la fuerza de ley que señalan los arts. 519, 750, 754, 755, 756, 757 del Código Civil concordante con el art. 125, 127, 128, 130, 139 y art. 165 del Código de Comercio.
Por lo expuesto solicita se anule obrados hasta el vicio mas antiguo o se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se tenga por no presentada la demanda de rendición de cuentas.
1.- Sobre la acusación de falta de pronunciamiento sobre una de las pretensiones deducidas en el proceso, como es la falta de cumplimiento de la orden contenida en el decreto de fs. 24 de diciembre de 2013; corresponde señalar que para que dicha infracción sea considerada, o sea para estimar si esa pretensión debía ser absuelta por el Auto de Vista, la pretensión inserta en la contestación o respuesta al recurso de apelación, debía ser efectuada antes de la concesión del recurso de apelación, aspecto que no ha ocurrido en autos, pues luego de haberse interpuesto el recurso de apelación de fs. 98 a 99 vta., el Juez emitió el Auto de 7 de febrero de 2014 (fs. 102) por el que concedió el recurso de apelación, estando fuera del trámite recursivo la petición de fs. 103 a 110 vta., luego de la remisión de los antecedentes al Tribunal de Apelación se emitió el Auto de Vista de fs. 132 y vta., consiguientemente no se advierte que el Ad quem haya omitido en pronunciarse sobre alguna pretensión, solicitada por el ahora recurrente.
Por otra parte el hecho de desconocer el contenido de la cláusula décima del contrato de constitución de sociedad, no es un argumento como para verificar la falta o no de pronunciamiento de una pretensión, pues el objetivo de la nulidad procesal, es precisamente retrotraer los actos procesales, al evidenciar vulneración del debido proceso en su componente del derecho a la defensa, así si el recurrente considera que los de instancia no han considerado el contenido de la cláusula décima del contrato de constitución de sociedad, ese argumento puede ser uno relativo al fondo de la polémica, empero no para cuestionar la forma procesal la cual está encaminada a forzar una nulidad procesal.
2.- En cuanto a la falta de pronunciamiento de la petición contenida en el memorial de contestación al recurso de apelación; corresponde remitirnos a lo expuesto en la primera parte del punto anterior, pues para advertir el reclamo, la respuesta al recurso de apelación debió ser efectuado antes de la concesión del recurso de apelación.
No advirtiendo vicio de procedimiento en cuanto a las infracciones sobre la forma.
1.- Tomando en cuenta que la resolución de primera instancia recurrida que ha dado lugar al conocimiento de la presente resolución resulta ser una excepción en la que cuestiona la legitimación de las partes, sobre la misma se pasará a exponer lo siguiente:
Para evaluar la polémica presente, corresponde señalar que el tema de la representación siempre ha traído conflictos en los operadores de justicia, para la misma se pasa a establecer una diferencia entre la legitimación “ad procesum” y la legitimación “ad causam”.
Sobre la legitimación “ad procesum”, empezaremos diciendo que diferentes procesalistas ente ellos Eduardo Couture, señala: “la legitimación procesal es la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro”, esto quiere decir que la legitimación en el proceso comprende tanto a la capacidad procesal, como la aptitud que tienen las personas que actúan en calidad de representantes de otras (por carencia de capacidad procesal o por representación voluntaria).
Carlos Arellano García, en su obra TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, Edit, Porrua México 2001 página 214, señala lo siguiente: “dentro de nuestro mundo forense, se alude a personalidad y falta de personalidad, o personalidad acreditada, cuando aparece que en el proceso se ha tenido el derecho de intervenir como parte o como tercero, o como representante de una parte o de un tercero, cuando se han aportado elementos de prueba para demostrar que se es parte o tercero o que se tiene la calidad de representantes de una parte o de un tercero”, de acuerdo al criterio expuesto, corregiremos el término de “personalidad” por el de personería, porque refiere a la situación de representación.
Así diremos que la legitimación en el proceso, se identifica con la falta de personería o capacidad en el actor, que se encuentra referida a un presupuesto procesal, necesario para el ejercicio del derecho de acción que pretenda hacer valer quien se encuentre facultado para actuar en el proceso como actor, demandado o tercero; la falta de personería se refiere a la capacidad, potestad o facultad de una persona física o moral, para comparecer en juicio, a nombre o en representación de otra persona, esta falta de legitimación ad procesum se encuentra establecida como la excepción de impersonería en nuestro Código de Procedimiento Civil.
Ahora sobre la legitimación “Ad causam”, diremos que es la condición particular y concreta de las partes, que se deriva en su vinculación con el objeto del litigio, así podemos citar el criterio de Hernando Devis Echandía, quien en su obra TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, 2da Edición Buenos Aires Edit. Universidad 1997 página 269, señala: “Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda o en la imputación penal, por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida o del ilícito penal imputado, que deben ser objeto de la decisión del Juez…”
Esto quiere decir que la legitimación en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional.
En el Código de Procedimiento Civil, tan solo se encuentra descrita la excepción de falta de personería en el demandante o en el apoderado, sobre la base de la misma se puede cuestionar la capacidad de obrar del demandante o del apoderado, para la prosecución del proceso; así también habrá falta de personería en el apoderado de una persona jurídica (sociedad), cuando no se haya transcrito los documentos inherentes a la existencia de esa persona jurídica, o que las facultades del apoderado se encuentren cuestionadas por ser limitativas, como lo describen los arts. 52 a 56 del Código de Procedimiento Civil, sobre estas en base a nuestro Código establecidas en el art. 336 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, la doctrina las describe como legitimación Ad procesum.
En cambio la falta de legitimación propiamente dicha (legitimación ad causam), cuestiona si la parte resulta ser el titular de la relación jurídica sustantiva (el titular del derecho litigado que es el nexo entre el actor y demandado), cuando se cuestiona ese aspecto, el mundo litigante generalmente la impugna por la excepción de “falta de acción y derecho”, cuando dicha invocación es errada, pues el derecho de acción, es entendida como el derecho público subjetivo que tiene toda persona natural o jurídica para acudir al órgano jurisdiccional con el objeto de que se atienda su pretensión, muy al margen de considerar si la pretensión se encuentra amparada por el derecho; en cambio por la falta de derecho, se entiende si la pretensión deducida por el actor (al que se lo reconoce como el titular de la relación jurídica) se encuentra amparado por la legislación. Como se podrá ver ambos institutos resultan ser diferentes ya que en la falta de legitimación propiamente dicha (legitimación ad causam), se cuestiona si el actor es el titular de la relación jurídica sustantiva.
Para orientar la legitimación ad causam o legitimación propiamente dicha, se tiene los ejemplos siguientes: si A demanda a B la reivindicación, sin ser el propietario del bien, habrá falta de legitimación en el demandante, porque no es el titular del bien que se pretende reivindicar; otro ejemplo de falta de legitimación radica en que: si A demanda la usucapión de un bien inmueble a B, sin que B sea el propietario del inmueble, habrá falta de legitimación en el demandado.
Ahora si la parte llega a advertir que su oponente carece de personería o la capacidad de obrar se encuentra cuestionada, puede oponer la excepción previa de impersonería en el demandante.
También podrá oponer la excepción previa de impersonería, cuando a prima facie logra advertir que su oponente no es el titular del derecho litigado y evidenciando prueba preconstituida, podrá oponer la excepción previa de impersonería en el actor por la falta de legitimación (legitimación ad causam), o sea por la falta de titularidad del objeto de la pretensión (falta de titularidad de la relación jurídica sustancial), pues si consta en antecedentes ese extremo al Juez le corresponderá extinguir la causa por advertir la falta de titularidad del derecho en una de las partes, ya que si de acuerdo a los antecedentes logra evidenciar ese extremo (falta de legitimación), sería innecesario continuar todo el proceso para que al finalizar deba de asumir el único criterio para extinguir la pretensión resulta ser la falta de legitimación, criterio asumido en base al aporte doctrinario de Roberto Berizonce, quien postula la teoría de la desformalización burocrática de los procedimientos, esta excepción previa de falta de legitimación en caso de ser probada suspende todo proceso posterior porque excluye a la parte del proceso; diferente a la de impersonería en la que solo se advierte algún defecto para la prosecución del proceso; por otra parte se dirá que si la falta de legitimación ad causam, debe ser probado en el proceso, se deberá oponer la excepción perentoria de falta de legitimación ad causam y probarse la misma en el desarrollo del proceso.
2.- En el sub lite se advierte que mediante memorial de fs. 70, el demandado Eduardo Zamora formula excepción previa de impersonería en su persona, alegando que no tiene la obligación de rendir cuentas, ya que nunca administró negocios ajenos, sino que administró un negocio propio conjuntamente con el demandante, a raíz de ello se declaró la contención en la presente causa y posteriormente, la mencionada excepción previa de impersonería de la parte demandada fue declarada probada, en sentido de que el poder cuestionado no hubiera sido elaborado conforme al art. 204 del Código de Comercio, por lo que instó a presentarse el poder de administración conforme a la cláusula décima del testimonio de Constitución de Sociedad, por lo que se advierte que el Juez estimó la concurrencia de la falta de legitimación en el demandado, pues para la prosecución de la causa condicionó la presentación de documentos diferentes a los adjuntados por el demandante, resolución que al advertir la falta de legitimación en el demandado, corta todo procedimiento posterior y excluye a prima facie al demandado del proceso, razón por la que este Tribunal estimó viable la compulsa presentada en la causa, para que el recurso de casación sea tramitado, por considerar que la resolución inicialmente impugnada resulta ser una que determinó la falta de legitimación en el demandado.
3.- Corresponde señalar que el proceso del cual emergió la vía recursiva es uno relativo a rendición de cuentas, cuyo trámite se encuentra regulado como voluntario de acuerdo a la calificación establecida por el Código de Procedimiento Civil, sin embargo de ello cuando se genera la contención en la causa, el proceso debe seguir las reglas de los procesos ordinarios conforme a la regla del art. 693 del Código de Procedimiento Civil.
Debe constar que en ejercicio del derecho a la defensa, las partes pueden valerse de todos los medios establecidos en el sistema procesal civil, de allí que se encuentran las excepciones, sin embargo de ello dada la naturaleza del proceso de rendición de cuentas, se podrá oponer la excepción previa de falta de personería en el demandado, cuestionando la capacidad de obrar y los defectos del mandato del demandado, también puede oponer la excepción previa de falta de legitimación en el demandado, por considerar que el demandado no sea la persona identificada o parte componente de la relación jurídica sustancial, cuando la misma pueda probarse de puro derecho a prima facie.
También se debe indicar que el demandado, puede reconocerse como parte de la relación jurídica sustancial, es decir que sea identificado por el demandante en esa relación contractual o extracontractual para responder de la rendición de cuentas; empero de ello, este demandado también puede negarse a la misma arguyendo no tener esa obligación de rendir cuentas, con ello se genera la contención en el proceso voluntario, para que sea tramitado como proceso ordinario con el único objetivo de demostrar que ese demandado sí tiene esa obligación de rendir cuentas por un negocio jurídico o por una relación extracontractual como es la gestión de negocios ajenos, y en sentencia se absolverá o se declarará que el demandado tiene la obligación de rendir cuentas criterio establecido en el Código de Procedimiento Civil y conforme al aporte doctrinario de Hugo Alsina quien en su obra TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL, Editorial Ediar 1965 tomo VII, página 162 a 163 expuso lo siguiente: “e) La negativa del demandado a rendir cuentas obliga a continuar el juicio hasta la sentencia, pues no procede la intimación directa a rendir cuentas sin que previamente se haya establecido la obligación de rendirlas… 13. Trámite del juicio de comprobación. a) producida la negativa del demandado, el procedimiento debe continuar, según hemos dicho, por los trámites del juicio ordinario. B) En consecuencia, debe abrirse a prueba, a fin de que el actor justifique los hechos en que funda su negativa…”
En el sub lite el Juez, luego de declarar la contención declaró probada la excepción de impersonería en el demandado, considerando que desde la conformación de la sociedad de responsabilidad limitada, en ninguno de los documentos generados en esa sociedad de responsabilidad limitada, se llegó a nombrar administrador o representante legal de la sociedad en los términos descritos en la cláusula décima del contrato de constitución de sociedad, por ello el demandado carece de la obligación de rendir cuentas, sin embargo de
ello declaró probada la excepción de impersonería en el demandado deduciendo que existiría falta de legitimación ad causam, cuando en el mismo memorial de excepciones de fs. 70 (renglón 29 y ss.) señaló que no administró negocios ajenos y el demandado tiene un negocio conjuntamente con el actor que lo administran en forma conjunta y lo administran en la proporción accionaria conforme a las reglas de la sociedad por acciones, en esta parte reconoce su calidad de administrador y en fs. 71 señala que no tiene la calidad de gestor de negocios ajenos.
Consiguientemente de lo expuesto por el demandado se deduce que su excepción de falta de legitimación en la causa, no resulta ser de puro derecho, arguye que no tiene la calidad de gestor de negocios ajenos y la misma deberá de ser probada en el fondo de la causa, constituyendo la excepción una de mérito que requiere ser probado conjuntamente con el fondo de la controversia, pues debe anotarse que la falta de legitimación ad causam, formulada por el demandado como excepción previa, solo podría ser estimada en caso de que se la misma podría advertirse a prima facie con prueba preconstituida, lo que implica que los argumentos establecidos en el recurso de casación en el fondo en el que se cuestiona la vulneración del art. 333 del Código de Procedimiento Civil, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley o error de hecho y de derecho en el poder de referencia y la Escritura Pública Nº 513/99, resultan ser infundadas, pues como se dijo, en los procesos de rendición de cuentas, ante la negativa del demandado, de ser el legitimado para dicha pretensión de “rendición de cuentas” invocada por el actor, la falta o no de la legitimación pasiva, deberá ser resuelta en Sentencia.
Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme al art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 y arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 145 a 148 interpuesto por Eduardo Zamora Zabala contra el Auto de Vista Nº 111 de 18 de marzo de 2014 emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.
Se regula honorario del abogado de la parte demandante en la suma de Bs. 1.000.-

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución