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leccion-1 | Estado (Forma de gobierno) | Unión Europea
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Contrato Admi
Teoria de La Contratacion
INTERVENTORÍA DE OBRAS DE CONCRETO.docx
Fundamentos de Contratación Pública y Su Aplicación Al Sector Salud
LECCIN 1.
ACTIVIDAD CONTRACTUAL DEL SECTOR PBLICO, RGIMEN APLICABLE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO1
Sumario: 1.1. Origen y evolucin de la contratacin pblica 1.2. Rgimen jurdico de los contratos del sector pblico: Objeto y mbito de aplicacin de la Ley de contratos del sector pblico. 1.3 Tipos contractuales 1.4 Las prerrogativas del rgano contratante 1.5. El objeto de los contratos: determinacin del objeto, el precio y tipos de prestacin. 1.1. ORIGEN Y EVOLUCIN DE LA CONTRATACIN PBLICA.
Introduccin: actuaciones unilaterales y bilaterales de las Administraciones Pblicas.
Toms de la Quadra-Salcedo Catedrtico de Derecho Administrativo Universidad Carlos III de Madrid
El modo de actuar unilateral de la Administracin en defensa de los
intereses generales (expropiando, sancionando, imponiendo limitaciones, etc.) no es el nico que emplean las Administraciones pblicas, aunque sea el ms caracterstico y frecuente. Junto a l desde siempre, y desde luego desde el principio del Estado constitucional en todo caso, la Administracin ha buscado la colaboracin de particulares y empresas en muchos casos y, muy especialmente, cuando se trata de la realizacin de actividades materiales (construccin un puente, un tnel, una carretera; prestacin de servicios pblicos a los ciudadanos transporte,
Versin 2012
telecomunicaciones, etc.; o recepcin de servicios o suministros limpieza de la fachada de un Ministerio, pintura de unas dependencias pblicas, o compra de papel, bolgrafos, ordenadores, etc. entregados por particulares o empresas)2. Las razones para buscar el acuerdo con particulares y empresas obedece a que la Administracin no pretende desarrollar por s misma las actividades industriales y mercantiles en que consisten las citadas prestaciones, y, consiguientemente, no tiene normalmente una organizacin capaz de construir un puente, pintar una fachada o dedicarse al suministro de material de oficina. No la tiene porque no quiere tenerla 3 . Pero eso no quiere decir que la Administracin no tenga necesidad de construir carreteras, reparar sus propios edificios o recibir suministros de determinados bienes que necesita, etc. Para ello es para lo que ha de contratar con empresas y particulares la realizacin material de obras, servicios, suministros, etc. ste es, as, el mbito propio de la contratacin , que determina que el particular o las empresas puedan acceder voluntariamente a contratar con la Administracin y sta no puede imponer unilateralmente su deseo de contratar con una persona determinada. Ah est el momento de libertad del particular o de la empresa frente a la Administracin; momento que no existe en la actividad unilateral de la Administracin, puesto que no sera lgico que buscara el consenso del
No son esos los nicos supuestos en los que las Administraciones pblicas, como luego veremos, buscan el consenso de otra parte. As lo busca tambin cuando hace convenios con otras Administraciones pblicas que no pretende una prestacin y contraprestacin sino una coordinacin de actividades. Tambin puede ser el caso de convenios con Administraciones de otros Estados o que se deriven de Tratados internacionales.
Aunque en ocasiones, si tiene medios propios, los utiliza desde luego; as se puede comprobar en el artculo 24 de el TRLCSP referido a la ejecucin de obras y fabricacin de bienes muebles por la Administracin, y ejecucin de servicios con la colaboracin de empresarios particulares. Por razones de defensa es habitual que existan en ese mbito medios propios para realizar determinadas tareas.
particular para expropiarle o para sancionarle 4 . Cuando contrata las cosas suceden de forma diferente. No obstante, esa libertad inicial para contratar o para no hacerlo no significa que el particular o empresa pueda imponer el contenido de lo que se contrata; eso viene definido prcticamente, en todo o en su mayor parte, por la Administracin; y, por tanto, el contrato es en buena parte un contrato de adhesin con poco margen para el acuerdo de voluntades en la definicin de lo que se quiere5, aunque algn margen hay a la hora de presentar sus ofertas los licitadores o empresas o particulares que acuden a la convocatoria de un contrato. Todo ello no quita que podamos hablar del contrato como algo diferente al ejercicio unilateral de potestades pblicas. Cuanto se ha dicho con referencia a la Administracin vale para los Organismos, Entes, Entidades, etc. que forman parte, como veremos, de lo que se llama el Sector Pblico, si bien es con la Administracin propiamente dicha o con los Entes que ejercen potestades pblicas con los que es ms pertinente la reflexin sobre la diferencia entre el actuar unilateral o concertado a travs de tcnicas contractuales.
Eso no quita que en el ejercicio de potestades unilaterales se puedan insertar tcnicas de acuerdo, si bien con la perspectiva para el particular de que, si no llega al acuerdo, la Administracin puede acabar tomando su decisin de forma unilateral. Ese ha sido el caso tradicionalmente de los acuerdos para la fijacin del justiprecio o ltimamente desde la Ley 30/1992 de la tcnica de la terminacin convencional del procedimiento que vimos en el curso pasado.
El precio es uno de los elementos caractersticos en que el contratista participa en su determinacin, como es el caso de la antigua subasta en la que el contrato se adjudicaba al que ofreca el precio ms bajo. Como veremos hay otros elementos en los que la oferta del contratista contribuye a terminar de perfilar el contenido del contrato (cuando se admiten variantes a presentar por los licitadores, que pueden afectar al plazo de ejecucin o a cualquier otro aspecto concreto del contrato)
Antecedentes de las relaciones contractuales de los poderes pblicos y evolucin en su regulacin y objetivos.
4	La relacin contractual de las Administraciones pblicas con empresas
o particulares tienen antecedentes muy remotos. Se pueden buscar en Roma6, en la Edad media o en la Edad moderna. En todo caso lo que nos interesa es la situacin en Espaa a partir del primer constitucionalismo. A ese respecto la Gaceta de Madrid (predecesora del BOE) en los periodos del primer constitucionalismo est llena de anuncios de contratas sobre los ms diversos bienes y servicios; para convocarlas no se invocaba una cobertura normativa especial, aunque a veces se citan, como es el caso del Ejercito y la Marina, las Reales Ordenanzas. Una de las primeras normas de carcter general es la Real Orden de 18 de marzo de 1846 en que se establecen las Reales Ordenanzas de obras pblicas de caminos, canales y puertos. La norma ms relevante del periodo es, sin embargo, el Real Decreto de 27 de febrero de 1852 de Bravo Murillo que estableci reglas para toda clase de contratos sobre servicios pblicos. Despus, en la Legislacin de Obras pblicas y en la de Administracin y contabilidad de la Hacienda pblica, se van a ir recogiendo en distintos momentos diversas normas relativas a la contratacin. La legislacin de Hacienda refleja la preocupacin por garantizar un uso eficiente de los recursos pblicos, pues se considera que slo un buen sistema de contratacin, con publicidad que asegure la concurrencia de todos los interesados, garantiza que no se pague ms de lo debido por las obras y suministros, as como por los servicios que recibe la Administracin o que sta encarga a terceros para que sean prestados a los ciudadanos. Esa concurrencia para lograr el precio justo es la razn de ser de toda la normativa de
MUOZ COELLO, J. Sobre el abastecimiento al ejercito romano durante la conquista de Hispania, Habis, n 9, 1978, recoge la actividad de las societates publicanorum con cita de Tito Livio (Livio, XXIII, 48, 5) y cmo en 215 a.C. el censor Fulvio adjudica los abastecimientos de los ejrcitos de Hispania a tres compaas de diecinueve miembros, tras pblica subasta del servicio. En muchos Reinos de la Espaa medieval algunos tributos se arrendaban al mejor postor que se obligaba a satisfacer en determinados periodos del ao los porcentajes fijos de lo que se esperaba recaudar.
contratacin, adems de asegurar la real necesidad de la obra o servicio que se quiere contratar. Garantizar la concurrencia es asegurar el mejor precio y a la vez la igualdad de todos. Por otra parte con ello se trata de poner remedios tambin para evitar la corrupcin en la adjudicacin de los contratos pblicos. La publicidad, la transparencia y la concurrencia son los principios que inspiran toda la legislacin de contratos sea cual sea la norma en que se encuentre (reglamentos, leyes de obras pblicas, leyes de contabilidad de la Hacienda pblica, etc.) en el siglo XIX. Esos mismos principios han seguido presidiendo toda la legislacin posterior y an la vigente, contenida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprue ba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico (TRLCSP en lo sucesivo) que ha sustituido y derogado la .Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico (LCSP) , por ms que en aqul est presente, adems, la preocupacin de la Unin Europea por garantizar el acceso a la contratacin pblica de todos los Europeos en condiciones de igualdad; es decir sin discriminacin por razn de la nacionalidad. Esa preocupacin fundamental de la Unin Europea va a determinar las singularidades de la regulacin actual, pues el campo de la contratacin pblica suele ser terreno apara el ejercicio de un patriotismo estatal (mayor an si nos movemos en niveles de gobierno locales y regionales) que, por encima de respetar ms o menos formalmente el principio de no discriminacin por razn de la nacionalidad, puede tratar de favorecer a las empresas del propio Estado, regin o municipio.
El texto articulado de la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965 comenz una etapa de regulacin de la contratacin pblica de forma ms completa y sistemtica que hasta entonces. La Ley citada estuvo vigente hasta 1995 si bien con muchas modificaciones que, entre otras cosas, trataban de solucionar el problema de una norma de 1965 que estaba exenta de cualquier preocupacin europea que slo va a surgir con la incorporacin de Espaa a las Comunidades Europeas a partir de 1986. Ello exigi la introduccin de los nuevos principios de
las Directivas comunitarias en la legislacin existente. Inicialmente se hizo mediante modificaciones puntuales de la Ley de 1965; pero tales parches no resistieron las sucesivas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que obligaron a hacer una legislacin completamente nueva la Ley 13/1995 de 18 de mayo de contratos de las Administraciones pblicas (LCAP) que derog la anterior y que, adems, se adapt plenamente al reparto constitucional de competencias que reserva al Estado (artculo 149.1.18 de la CE) las bases de los contratos de las Administraciones pblicas y permite a las Comunidades Autnomas asumir competencias de desarrollo normativo y ejecucin en la materia. La LCAP trat de dar respuesta a ambos desafos, ajustarse al reparto constitucional y estatutario de competencias y a las exigencias de las Directivas europeas. Pero el ajuste en la perspectiva de las exigencias comunitarias no era pleno y, pronto, la LCAP sufri varias modificaciones, algunas derivadas de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo que sigui declarando que en algunos aspectos que, sobre todo, tenan que ver con el mbito subjetivo de la Ley, no se respetaban las Directivas comunitarias. En efecto, a pesar de diversas modificaciones, la legislacin espaola dejaba fuera de su mbito y, por tanto no se someta a las previsiones comunitarias, determinadas entidades (determinados Entidades de naturaleza pblica pero sujetas al Derecho privado, con formas privadas de personificacin pero en mano publica, sociedades mercantiles y fundaciones bsicamente) que, de acuerdo con la sistemtica y las categoras espaolas, se entenda por nuestro pas que no encajaban en el concepto comunitario de Entidades de Derecho Pblico o sujetas a Derecho Pblico. Despus de varias sentencias del Tribunal de Luxemburgo al respecto (la de 15 de mayo de 2003 dejo claro el sentido de las normas comunitarias), se hizo evidente junto a la aprobacin de las nuevas Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE la necesidad de ajustarse plenamente a las exigencias comunitarias y provoc la aprobacin de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico (LCSP)7, que derog la anterior con excepcin de algunos artculos relativos al contrato de concesin de obra pblica. El nuevo TRLCSP hoy vigente ha aprovechado para reunir en el nuevo texto esa legislacin sobre aspectos de financiacin del contrato de concesin de obra pblica e incorporado al nuevo texto todas las modificaciones que de forma sucesiva se haban venido haciendo desde el ao 2008 en el TRLCSP.
El nuevo texto refundido, como antes la LCSP, responde as al deseo de ajustarse de una vez y con carcter definitivo a la normativa comunitaria cuyas
Tambin de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratacin en los sectores del agua, la energa, los transportes y los servicios postales.
eventuales ambigedades, si las haba, se haban ido aclarando con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que no dejaba margen ninguno para no hacer la adaptacin total. El texto refundido incorpora modificaciones acordadas por las leyes Ley	34/2010,	de	5	de	agosto	y	la	Ley	2/2011,	de	4	de	marzo,	de	Economa	Sostenible,	adems	de	otras	disposiciones	legales	que	al	hilo	de	medidas	de	poltica	econmica	por	motivo	de	la	crisis	han	ido	introduciendo	determinadas	modificaciones	en	la	legislacin	de	contratos. Ocurre, no obstante, que la Ley de Contratos del Sector pblico no se limit en su momento a introducir las modificaciones en los preceptos que lo necesitaban, sino que fue una Ley de nueva planta en el sentido de que responde a un formato y a una sistemtica distinta a la tradicional y mucho ms compleja. Ello ha merecido la crtica de una parte importante de la doctrina por su complejidad y en algunos puntos su obscuridad sin duda derivada de la propia complejidad. El TRLCSP que ha derogado la LCSP, mantiene la misma ordenacin y estructura con las modificaciones y aadidos que se haban ido produciendo a lo largo de los menos de cuatro aos de vigencia de la LCSP. La crtica, que es justa en la valoracin de la dificultad de la LCSP y del TRLCSP y de algunas incongruencias de determinados preceptos, no significa que sea una mala norma legal, ni puede conducir a descalificarla en absoluto, una vez que se comprende que lo que se pretende es establecer un rgimen diferenciado en razn de los sujetos (segn los distintos sujetos del sector pblico a los que debe aplicarse) en razn de los distintos contratos a los que se aplica y en funcin de las distintas fases de dichos contratos. Con ese diferenciacin no se busca sino aplicar el Derecho de la Unin en materia contractual en toda su extensin all donde es necesario aplicarlo con ese alcance, pero no hacerlo con esa profundidad all donde no lo es. Y eso exige diferenciar por razn del sujeto (no es la misma la sujecin de una Administracin pblica que la de un poder adjudicador que no es Administracin pblica o que un sujeto del sector publico que ni es
Administracin, ni es poder adjudicador) y por razn del objeto (no son las mismas las exigencias para un contrato sujeto a regulacin armonizada que un contrato que no lo est; e igual ocurre con los contratos segn tengan o no naturaleza administrativa) o por razn del momento del procedimiento contractual en que nos encontremos (no son las mismas las exigencias en la fase de preparacin del contrato, en la fase de seleccin del contratista o en la fase de cumplimiento o ejecucin del contrato). Esos distintos sujetos, esos distintos contratos y esos distintos momentos componen una parrilla compleja ( una tabla con mltiples entradas en el eje vertical u horizontal) en que la regulacin es diferente en funcin del sujeto, del contrato y del momento o fase del proceso de contratacin. Todo ello da lugar a una Ley con una regulacin que pudiramos denominar de geometra variable pues el sujeto determina distintos tipos de regulacin y el tipo y naturaleza del contrato otros tipos de regulacin, as como el momento del proceso contractual en que nos encontremos. La combinacin de las regulaciones posibles por razn del sujeto, del momento y del contrato es lo que provoca esa geometra variable en cuanto que no hay una correspondencia biunvoca entre el sujeto y rgimen del contrato que slo establezca diferencias en funcin del objeto del contrato (obras, servicios, suministros, etc.) como antes vena sucediendo, sino que tiene en cuenta otras dimensiones, rasgos y caracteres del contrato y del sujeto. Eso es lo que provoca esa geometra variable que suscita la crtica doctrinal por la oscuridad de la norma.
Polmicas o debates existentes en torno a la regulacin de la actividad contractual del Estado.
A lo largo de la regulacin espaola de los contratos de la
Administracin ha habido varios debates, polmicas o preocupaciones que pueden ser expresivos del significado de la regulacin hoy existente. Bsicamente son tres.
9	- Sobre la necesidad de una regulacin especial de los contratos de las Administraciones pblicas cuando ya existen normas civiles y mercantiles que regulan los contratos. - Sobre la justificacin de crear la figura del contrato administrativo como algo diferente del contrato como categora general del Derecho regulada ya en los Cdigos civil y mercantil. - Sobre los objetivos de la poltica comunitaria o, ahora ya, de la Unin europea o de la Unin, que ms que atender a los problemas clsicos del Derecho en el mbito contractual se cien a establecer los mecanismos que aseguren una real igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos y empresas comunitarias ante los contratos en otros pases 8 , sin que la nacionalidad pueda erigirse en una fuente de discriminacin que implique una violacin de la libertad comunitaria consistente en la libre prestacin de servicios o suministro de bienes.
Regulacin especial distinta de la civil y mercantil para los contratos de las Administraciones Pblicas.
En lo que se refiere a la primera cuestin todo se cie a determinar por
qu tiene que haber una regulacin especial de los contratos de la Administracin cuando sta no acta con su imperium, sino que, bajando de su pedestal, contrata tericamente en pie de igualdad, con quien libremente quiere pactar con ella9. En esas condiciones algunos han puesto en duda que sea necesaria una regulacin especial para los contratos de la Administracin, pues bastara con las normas generales que se aplican a todos los ciudadanos que admiten la inclusin de clusulas y pactos en cada contrato que podran modular las peculiaridades que considere necesarias la Administracin.
Esa preocupacin se extiende por mor de la Intervencin de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos de Marrakech a todos los pases que sean signatarios de los acuerdos.
Debe notarse que en este debate no est en cuestin la naturaleza de los contratos de la Administracin, sino slo la necesidad de que se haga una regulacin especial adems de la de los Cdigos civil y mercantil.
10	En realidad esa posicin crtica no va a prosperar por dos razones: la
primera porque aunque el contrato se pudiera regir por el Derecho Privado, la cuestin de quin es el rgano que contrata, qu poderes tiene, cmo se controla el ejercicio de la potestad contractual para comprobar el ajuste a las previsiones presupuestarias, o cmo se garantiza la calidad de lo contratado o su necesidad, exigen regulaciones que escapan a las normas civiles y mercantiles. stas dejan esos aspectos al propio sujeto persona fsica o a las reglas de formacin de la voluntad de los rganos de las sociedades. Pero en el mbito de la Administracin ello no basta. Es preciso determinar unas reglas vinculantes de procedimiento que aseguren que la decisin de contratar no es una ocurrencia del rgano con capacidad para tomarla. En ese sentido el expediente de contratacin que precede a cada contrato pretende comprobar la existencia de una necesidad a la que trata de atender el contrato, a travs de un procedimiento que asegura la existencia de la misma y que asegura tambin la existencia de fondos o que el contrato que se pretende celebrar es el mejor medio de conseguir el fin pretendido; e incluso que el clausulado del contrato asegura la buena ejecucin del contrato, etc. Adems hay que determinar quin es el rgano capacitado para contratar (el Ministro, el Secretario de Estado, un Director General, etc.?). Hay que limitar la potestad de contratar a la existencia de partida presupuestaria que lo permita o hay que establecer si en contratos de cuanta muy elevada el contrato lo tiene que hacer directamente o aprobar al menos el Gobierno mismo. Finalmente, aunque sin pretender agotar la materia, hay que establecer cul es el mejor sistema de seleccin del contratista para evitar abusos y corrupciones a travs de la contratacin. Todos estos objetivos y finalidades justifican ya una regulacin especfica de la actividad contractual de las Administraciones de puertas adentro que comprende, desde luego, el momento mismo de la adjudicacin del contrato. Una regulacin que no pude dejarse en manos del titular de la potestad para
que en cada caso determine cmo proteger los intereses pblicos que estn detrs de todas esas preocupaciones, sino que tiene que imponerse con carcter general para todos y con la consecuencia de la invalidez de los contratos que se adjudiquen y ejecuten sin ajustarse a tales reglas vinculantes. Sin embargo, adjudicado ya el contrato, podra pensarse que no es necesario establecer ninguna normativa especfica para los contratos de la Administracin. La ejecucin del contrato, su desenvolvimiento normal o anormal una vez preparado y adjudicado podra pensarse que deba regirse por las normas generales del Derecho civil y mercantil en cuanto a la resolucin por incumplimiento, las consecuencias de incumplimientos parciales, los riesgos de, por ejemplo, la obra durante el periodo de construccin, etc. Pues bien en relacin con estos aspectos tambin surgen razones que sostienen la conveniencia de una regulacin propia para algunos contratos de la Administracin considerados como contratos administrativos.
La figura del contrato administrativo y su necesidad o justificacin.
La conveniencia o necesidad de la figura del contrato administrativo
como una de las especies de contratos que puede celebrar la Administracin (contratos privados y contratos administrativos) ha sido as puesta en duda sobre la base de su necesidad: Para qu un contrato administrativo si con las normas de fondo de Derecho privado o con las clusulas que se quieran introducir en el propio contrato bastara, con independencia de las reglas internas de preparacin del contrato? Debe observarse que la idea de un contrato administrativo pretende identificar en determinados contratos una naturaleza distinta a la de los dems contratos de la Administracin; naturaleza distinta que se identifica en las reglas de fondo del contrato y en la jurisdiccin competente. Pero el debate sobre la pertinencia de la figura del contrato administrativo es ya un debate intil, puesto que la aceptacin por el legislador del contrato administrativo con una naturaleza distinta de los dems contratos
que puede hacer la Administracin, le ha dado carta de naturaleza en nuestro Derecho, al menos desde la Ley de Contratos del Estado de 1965 y, desde luego, ha sido ratificada en las sucesivas Leyes hasta la actual, que tambin distingue entre los contratos administrativos y los dems contratos. Lo que caracteriza a los contratos administrativos frente a los dems son tres cosas bsicamente ntimamente unidas entre s: - De una parte la vinculacin del contrato administrativo con una obra o servicio pblico o, en general, con una necesidad de carcter pblico. - De otra parte, y como consecuencia de esa vinculacin, la posicin de la Administracin queda reforzada con la existencia de determinados privilegios o prerrogativas (potestad de modificar el contrato ius variandi, potestad de interpretacin de los contratos, potestad sancionadora10, potestad de direccin en la ejecucin del contrato, potestad de resolverlos y determinar los efectos de tal resolucin). Tales privilegios o prerrogativas se recogen sustancialmente en el artculo	210 y siguientes del	TRLCSP en el Captulo II, del Ttulo I del Libro IV bajo la rbrica de Prerrogativas de la Administracin pblica en los contratos administrativos. El debate no tiene ya, por tanto, mayor sentido, pues es el legislador el que, no slo ahora, sino en la legislacin anterior, haba reconocido dichas prerrogativas como tales11.
10 Hoy no considerada como manifestacin de prerrogativas entre las mencionadas en el artculo 210 del TRLCSP.
El debate se planteaba en un nivel doctrinal como era el de saber hasta qu punto esas prerrogativas eran manifestacin de una naturaleza distinta del contrato o eran el resultado de clusulas introducidas en el contrato y que podan lcitamente pactarse en un contrato privado. Se pona el ejemplo de la potestad sancionadora (ahora no mencionada en el artculo 210 del TRLCSP pero s, por ejemplo, en el artculo 249) y se deca que los particulares tambin podan pactar clusulas de penalizacin por retrasos en la entrega de una obra, sin que el contrato dejara de ser privado. Lo peculiar del contrato administrativo es que esas prerrogativas (la interpretacin del contrato, por ejemplo) podran ejercitarse sin que fuera necesario siempre que se hubieran recogido en el contrato como clusulas del mismo. En algn caso la interpretacin del contrato es un privilegio pues no se ve cmo podra pactarse en un contrato privado una
- La ltima consecuencia del carcter administrativo de un contrato es la jurisdiccional, pues sern los rganos de la jurisdiccin contencioso- administrativa los que conozcan de las controversias que se susciten en relacin con la preparacin, adjudicacin, efectos, cumplimiento y extincin de los contratos administrativos a diferencia de lo que ocurre con los dems contratos salvo, respecto de estos, en lo relativo a los llamados actos separables.
Los objetivos de las Directivas comunitarias y su incidencia en la configuracin y sistemtica del TRLCSP.
El ltimo aspecto a considerar es el de los objetivos y fines de las
Directivas comunitarias respecto de los contratos de las Administraciones pblicas, o del Sector pblico en general, que afectan muy profundamente, desde luego, como no poda ser de otro modo, al TRLCSP, y que tienen una incidencia muy especial en la estructura y configuracin de la Ley vigente. A la Unin Europea le preocupa fundamentalmente una cosa: que exista un autntico mercado interior en la contratacin pblica que es una manifestacin de la libertad de circulacin servicios y que las empresas y ciudadanos comunitarios tengan acceso a los contratos que liciten los rganos del sector pblico de los dems pases. El nfasis en los contratos pblicos obedece a que, de acuerdo con los estudios de la Comunidad, la contratacin pblica representa ms del 15% del PIB de los pases de la misma. Eso hace que sea una piedra de toque de la real existencia y funcionamiento de las libertades comunitarias. Por otra parte la Comunidad hoy Unin Europea se percataba de que la contratacin pblica era el mbito donde la discriminacin por razn de la nacionalidad se daba con mayor frecuencia. Cada pas trataba de que fueran las empresas de su propio pas las que se llevarn sus contratos. Esa tendencia era tanto mayor cuanto ms prximo estaba el nivel de la Administracin de que se tratase a las empresas beneficiarias. En un Ayuntamiento la tendencia a dar la
clusula que no tropezara con la prohibicin en el Cdigo Civil, en el artculo 1254, de dejar al arbitrio de una de las partes la validez y el cumplimiento del contrato.
obra a la empresa constructora con sede en el propio municipio y que da empleo a muchos de sus habitantes (tambin votantes) era muy clara. En la Comunidad Autnoma lo era menos al igual que en el Estado, pero tambin haba una tendencia al patriotismo en la adjudicacin. En los contratos celebrados por los particulares no haca falta en cambio ni el Tratado lo exiga imponer el principio de libertad de prestacin de servicios e igualdad de trato. Si una empresa, por su peculiar entendimiento del patriotismo, slo contrataba bienes, mercaderas, servicios u obras con empresas de su propio pas, aunque fueran peores o ms caras, acabara siendo desplazada por el mercado. El mercado era la mejor garanta de la igualdad de todos en funcin de su calidad y sus precios. En cambio en el caso de los poderes pblicos eran otras las consideraciones que podan llevarles a dar sus contratos a empresas del propio pas aunque fueran ms caras o inexpertas; consideraciones como los efectos que el desempleo consiguiente a no dar contratos a tales empresas poda acarrear para las mismas, con sus consecuencias sobre las cifras de paro, incremento de gastos de desempleo y efecto en la opinin pblica y en el voto de los afectados y en sus familias, entre otros. Dichas consideraciones en el caso de los poderes pblicos podan llevar a preferir la adjudicacin a nacionales y no a extranjeros comunitarios. Era por tanto ah donde haba que establecer regulaciones que hicieran realidad las libertades comunitarias. As, aunque en los Tratados originarios no se haca referencia expresa a la contratacin pblica, se entenda que dentro de la libertad de prestacin de servicios se poda entender comprendido el Derecho a tener el mismo trato que cualquier nacional en el acceso a las licitaciones a contratos de cualquier naturaleza12.
En el Programa general para la supresin de las restricciones a la libre prestacin de servicios aprobado en fecha tan temprana como el 18 de diciembre de 1961 los contratos pblicos estaban ya considerados como uno de los aspectos atinentes a la libertad de servicios.
15	Para ello tiene que asegurarse que ningn ciudadano comunitario va a
quedar excluido de un contrato pblico por el hecho de ser ciudadano originario de un pas distinto de aquel que convoca el concurso.
La Unin Europea da por buenos los objetivos de las normas de contratacin nacionales que tratan de asegurar concurrencia y transparencia as como controles de las obras y contratos en general para evitar corrupcin y el despilfarro as como las normas sobre los derechos de las partes en la ejecucin del contrato. Pero esos objetivos que tratan de asegurar las normas internas de los Estados no garantizan suficientemente, en cambio, que el sector pblico de cada pas no practique en su aplicacin real lo que se ha llamado ms arriba un cierto patriotismo nacionalista que, tratando de garantizar la transparencia y correccin en la contratacin, se despreocupe de la tendencia a dar los contratos a los propios nacionales, para evitar lo que se pueden considerar efectos negativos sobre el paro interno, la actividad de nuestras empresas, etc. Por perfecta que sea una legislacin puede ser difcil evitar una prctica que beneficie al nacional porque es de los nuestros, sin que tenga por qu haber corrupcin en la preferencia por lo nacional, pero de hecho con ello se rompe el mercado interior y el derecho de cualquier ciudadano comunitario a ejercer sus libertades comunitarias y su derecho a ser tratado de forma igual y con las mismas oportunidades que los nacionales de los dems Estados en sus propios pases. Contra esas dificultades ha luchado siempre la Comunidad, hoy Unin Europea, con tcnicas distintas que tratan de evitar en un principio la existencia de normas internas discriminatorias pero, sobre todo, las prcticas discriminatorias; pues ms que evitar que se discrimine en la propia norma (Ley que reserve los contratos pblicos a los nacionales o anuncios que hagan lo mismo, lo que, por otra parte, sera directamente contrario al Tratado) lo importante son las prcticas estatales o pblicas en general; lo que interesa es cul es la aplicacin real de las normas a la hora de adjudicar los contratos.
Son varias las tcnicas que a ese efecto ha empleado la Unin. Por supuesto, las ms evidentes consisten en la prohibicin desde los mismos Tratados de normas o licitaciones abiertamente discriminatorias o que excluyesen a los no nacionales. Pero esa era una discriminacin muy burda y evidente. Menos evidente poda ser incluir en los concursos unas especificaciones tcnicas que predeterminaban el resultado del concurso (especificaciones
tcnicas para coches de bomberos, por ejemplo, que coincidiesen con el modelo de coche que se estaba fabricando en el pas). Frente a ello lo que se exige es que las especificaciones se hagan de forma neutral, de manera que no se condicione el resultado, y con arreglo a normas internacionales de normalizacin que eviten el empleo sectario de las especificaciones tcnicas. Otras prcticas a evitar consisten en pretender desde el principio otorgar el contrato a una empresa y para ello colocarla en situacin de ventaja. Para ello se prohbe, por ejemplo, que participe en un concurso una empresa que ha estado asesorando durante la fase de preparacin del contrato y que tiene as la ventaja de conocer lo que quiere la Administracin y la ventaja del tiempo que habra tenido para preparar su oferta. Otra tcnica para garantizar la igualdad de acceso de todos los comunitarios a los contratos de cualquier pas est en romper el acantonamiento de la informacin de las licitaciones. Si slo se publicasen en los Boletines o Diarios oficiales o en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos sera intil hablar de igualdad prctica y real de acceso a la contratacin, pues nunca una empresa sueca va a poder conocer los concursos de una Comunidad Autnoma en Espaa que publicase sus concursos en su Boletn oficial. Pues bien contra ese cierre de la informacin se lucha obligando a la convocatoria en el Diario Oficial de la Unin y, adems, otorgando un tiempo suficiente para preparar su oferta a todos, teniendo en cuenta el tiempo que necesitan los comunitarios de pas distinto al que convoca. Ello exige fijar los das con tiempo suficiente para que la empresa de otro pas miembro pueda preparar su oferta y enviar a alguien a verificar sobre el terreno la realidad o pedir aclaraciones si las necesita aparte de que pueda hacerlo empleando medios electrnicos y los procedimientos y formas de contratacin como enseguida veremos.
17	Con todo ello no se habra adelantado nada si, despus, cada pas
pudiera adjudicar el contrato a su libre arbitrio. Contra ello se lucha estableciendo los procedimientos y los criterios con arreglo a los cuales han de ser adjudicados los contratos. Tambin estableciendo un recurso especial en materia de contratacin que puede referirse incluso al acto mismo de adjudicacin (con suspensin del expediente de contratacin) y que permita al licitador antes de que con la adjudicacin y con la formalizacin del contrato sea prcticamente irremediable el resultado del concurso gozar de un recurso rpido y eficaz cuyos efectos suspensivos del expediente de contratacin permita un ltimo anlisis y decisin (arts.	40 a 49 del Texto refundido de la LCSP). Recurso cuya relevancia ms notable consiste en que ha de ser resuelto por un rgano el Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales en el mbito de la Administracin General del Estado - que ha de actuar con plena independencia funcional. La denominacin de Tribunal subraya su independencia por ms en realidad, sea un rgano administrativo. Pero se trata de un rgano administrativo que no est en la lnea de mando de cada rgano de adjudicacin. En fin, no se trata ahora de repasar todos los mecanismo a los que ha echado mano el Derecho de la Unin para doblegar las prcticas de los poderes pblicos nacionales, sino de poner de manifiesto los objetivos de la Unin Europea y destacar cmo prcticamente todos ellos tienen que ver con la fase de seleccin del contratista y la adjudicacin del contrato. Al Derecho de la Unin no le importa prcticamente nada si el contrato es administrativo o privado; o cules son las normas que regulan la ejecucin y cumplimiento del contrato o la revisin de precios o los pagos de las certificaciones. Las normas comunitarias se concentran as, bsicamente, en la fase de seleccin del contratista, en las condiciones para serlo y en la determinacin de cules son los Entes pblicos que han de quedar sujetos a las previsiones comunitarias que van a incidir sobre todo en esa fase o en relacin con dicha fase.
18	Esta concentracin de las preocupaciones y, consiguientemente, de la
regulacin de la Unin en determinados aspectos de la contratacin va a propiciar la geometra variable que el TRLCSP presenta. Todo ello sin olvidar que al Estado y a los poderes pblicos les interesan adems otros aspectos que aunque no contemplados en las Directivas europeas son de importancia para la regulacin integral de los contratos de la Administracin. 1.2. RGIMEN JURDICO DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PBLICO: OBJETO Y MBITO DE APLICACIN DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PBLICO.
Antes de entrar en el tema del objeto y mbito de la aplicacin del
TRLCSP resulta conveniente realizar algunas puntualizaciones que tienen que ver con el rgimen jurdico de los contratos del sector pblico y que pretenden dejar claro desde el principio lo siguiente: - El rgimen jurdico no es uniforme sino que hay una gran variedad en los supuestos de contratos sujetos al TRLCSP. - No toda la actividad de las Entidades del sector pblico que tienen apariencia contractual caen bajo la rbita del TRLCSP. - La contratacin en los sectores del agua, de la energa y los transportes y los servicios postales se rigen por una Ley especial.
Unidad y variedad del rgimen jurdico de los contratos sujetos al TRLCSP.
Antes de entrar en el aspecto relativo al objeto y mbito de la Ley
conviene hacer de antemano una precisin acerca de la rbrica del presente apartado de la Leccin: no hay una unidad en el rgimen jurdico de los contratos del Sector pblico que quedan sujetos al TRLCSP. Como vamos a ver enseguida un mismo contrato, sujeto al TRLCSP, puede tener una regulacin distinta segn quien sea el sujeto del Sector pblico que lo realice (no es lo
mismo que sea una Administracin pblica o una sociedad mercantil en mano pblica). Lo que si podemos decir es que hay prcticamente un nico texto el TRLCSP en el que se recoge la regulacin de los contratos, por ms que pueda ser diferente tal regulacin segn el sujeto que lo haga, tambin segn el tipo de contrato de que se trate. Y sealamos que prcticamente es un nico texto porque no podemos olvidar que, aparte de regulaciones para los contratos administrativos especiales a que alude el artculo 19.2 del TRLCSP, en la misma fecha se aprob la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratacin en los sectores del agua, la energa, los transportes y los servicios postales. Conviene pues retener que el rgimen jurdico de los contratos del sector pblico no es completamente uniforme con las diferencias naturales que se derivaran del distinto tipo de contrato de que se tratase (obras, servicios, suministros, arrendamiento, etc.) sino que, adems del tipo de contrato, influyen otras cosas como el sujeto que contrata, la fase de la contratacin de que se hable o si el contrato est o no sujeto a una regulacin armonizada.
Actuaciones bilaterales, convencionales o contractuales no sujetas a el TRLCSP pese a provenir de Entidades del Sector Pblico.
La segunda advertencia tiene que ver con el hecho de que hay toda una
serie de actuaciones bilaterales, convencionales o contractuales que aunque las hagan entidades del Sector Pblico no se rigen por el TRLCSP. En efecto, el artculo 4 de la Ley se preocupa por sealar toda una serie de supuestos que no se rigen por el TRLCSP, sino por otras normas y por eso quedan excluidos de la Ley. La mera lectura del artculo	4	del	TRLCSP pone de relieve la lgica de esas exclusiones que en la mayor parte de los casos resulta evidente. As quedan excluidas del mbito del TRLCSP la relacin de servicios de los funcionarios pblicos o los contratos regulados en la legislacin laboral (artculo 4.1 a). Tal exclusin resulta evidente.
20	Y lo mismo ocurre con los contratos de arrendamiento por los que la
Administracin alquila a un particular un edificio o un piso para instalar oficinas pblicas (artculo 4.1 p). La norma que rige ese contrato es la Ley de Arrendamientos Urbanos, sin que la Administracin tenga que tener ninguna prerrogativa especial que la haga diferente a los dems arrendatarios con los que cualquier propietario tiene que contratar. Cada letra del artculo 4 tiene su propia lgica en cuanto a las razones de su exclusin y no es el momento de detenernos en ellas. Baste con tomar conciencia de la necesidad de comprobar en cada caso si una relacin de las Administraciones pblicas con terceros que parecen tener la apariencia de un contrato est excluida del TRLCSP en cuanto comprendida en su artculo 4. Alguna atencin merece la letra n) del citado artculo 4 que excluye los supuestos en que se encargue a una entidad que, conforme a lo sealado en el artculo 24.6, tenga atribuida la condicin de medio propio y servicio tcnico del mismo, la realizacin de una determinada prestacin. En definitiva que los contratos que en el Sector pblico se hagan con Entidades que dependan o sean instrumento del comitente no quedan sujetas al TRLCSP, pues en realidad es tanto como si contrataran consigo mismo al hacerlo con una Entidad que es un medio instrumental (contratos in house); lo que sucede en realidad, es que en el fondo no hay contrato, sino encargo de una actividad a alguien que es una especie de servicio interno o dependencia de uno mismo, aunque est dotado de personalidad. Como contrapartida, los contratos que estas Entidades, que son medios propios de otra, hagan con terceros para la realizacin de los encargos recibidos de la Entidad matriz o comitente del encargo o, en su caso, al margen de ellos s se sujetan al TRLCSP13.
Artculo 4.1 n) LCSP: No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades que tengan la consideracin de medio propio y servicio tcnico para la realizacin de las prestaciones objeto del encargo quedarn sometidos a esta Ley, en los trminos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuanta de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos
Los contratos en los sectores del agua, la energa, los transportes y el sector postal.
Finalmente ha de tenerse en cuenta que el TRLCSP deja fuera de su
mbito de aplicacin los contratos que se celebren en el mbito de los sectores a que se refiere la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratacin en los sectores del agua, la energa, los transportes y los servicios postales por Entidades distintas de las Administraciones pblicas mismas (Disposicin	adicional	octava del TRLCSP) pues quedan sometidas a la Ley 31/2007, aunque hay previsiones y remisiones de importancia para algunos supuestos en la propia Ley 31/2007 y en el TRLCSP14.
La razn para ese regulacin especfica tiene que ver con un largo debate que en la Comunidad existi en relacin con determinadas actividades (en su momento las sealadas ms las telecomunicaciones) en las que cada Estado tenan un rgimen distinto. En unos Estados las actividades (aguas o transportes, por ejemplo) las realizaba directamente la propia Administracin; en tanto que en otras las realizaba una empresa pblica en forma de sociedad mercantil y en un tercero una empresa privada cien por cien a la que se le haba adjudicado por concesin, en un concurso, el servicio de aguas de un municipio o de una regin. Esa diversidad de regmenes supona que en unos Estados tenan que abrir su contratacin a empresas extranjeras comunitarias porque la Entidad titular era la Administracin o un ente pblico, en tanto que en otros, con el argumento, por ejemplo, de que la actividad estaba otorgada en concesin a una empresa privada, los contratos que tal empresa privada hiciera para el desarrollo de su actividad eran libres; y, por tanto, contrataba con quien quisiera y sin someterse a sistema alguno de contratacin, sino con los modos y formas cmo contrata una empresa privada. Ante esa disparidad de regmenes que exima las mismas actividades realizadas en algunos Estados de las normas comunitarias de contratacin, en tanto que en otros se tenan
de obras, servicios o suministros cuyas cuantas superen los umbrales establecidos en la Seccin II del Captulo II de este Ttulo Preliminar, las entidades de derecho privado debern observar para su preparacin y adjudicacin las reglas establecidas en los artculos 121.1 y 174. Si el contrato en dichos sectores lo celebra una Administracin pblica entonces queda sujeto bsicamente al TRLCSP de acuerdo con la disposicin adicional 11 de la Ley y con el artculo 5 de la Ley 31/2007. Si el contrato lo celebra una Entidad que no tiene el carcter de Administracin pblica entonces est sujeto a la Ley 31/2007. Ahora bien si, en ste ltimo caso, se trata de contratos excluidos de la Ley 31/2007 entonces se rigen tales contratos por el TRLCSP.
que abrir a la competencia con contratistas de otros pases, se opt por no sujetar ninguna de esas actividades a las normas comunitarias; tampoco en los Estados en que eran prestadas por las propias Administraciones pblicas, Organismos autnomos u otras Entidades pblicas. Eso determin que esos sectores quedarn inicialmente excluidos de las normas europeas de contratacin, llegndose a conocer tales sectores como sectores excluidos, hasta que se encontrara una solucin. La solucin vino con la Directiva 90/531/CEE y con las que le sucedieron hasta la actual 2004/17/CE que es la traspuesta por la Ley 31/2007. En efecto, a tenor de la Directiva 2004/17/CE (y de la sus predecesoras empezando por la 90/531/CEE que sac a estos sectores del limbo de la exclusin) quedan sometidas a sus previsiones tambin las empresas privadas (totalmente privadas, es decir, tanto por su forma jurdica como por la propiedad de sus acciones) con tal de que acten en estos sectores y ostenten algn tipo de derechos especiales o exclusivos.
La Comunidad se da cuenta de que lo importante no es si son empresas completamente privadas (o privadas en mano pblica) o Entidades de derecho pblico; lo importante, aunque sean empresas completamente privadas, es si gozan de algn derecho especial o exclusivo, pues en tal caso no se comportarn como un empresario privado que vigila por su propio inters y contrata lo que ms le conviene, sino que por su proximidad a la Administracin y por los lazos de dependencia con ella (porque la renovacin de su concesin depende de la Administracin o las tarifas de sus servicios a particulares son revisadas por la Administraciones o las obligaciones o mejoras se las puede imponer la Administracin, etc.) no actan con la libertad de un empresario privado a la hora de contratar y, por tanto, puede ser receptiva a una presin administrativa para contratar nacional con tal de obtener la prrroga que espera o la revisin de las tarifas solicitadas. Ese es el quid de la Ley 31/2007: que sujeta a un rgimen pblico de contratacin incluso a empresas de capital privado, con tal de que desarrollen una actividad con derechos exclusivos o especiales. Ahora bien, ese rgimen pblico de contratacin (que les obliga a anunciar sus contratos y seguir procedimientos formalizados de seleccin del contratista) es ms flexible, en trminos generales, que el que se aplica en el mbito del sector pblico que no
opera en dichos sectores del agua, transportes, energa, transportes o servicios postales. La consecuencia de esa mayor flexibilidad va ser que la misma se aplique no slo a las empresas completamente privadas que gozan de derechos especiales o exclusivos en esos sectores, sino tambin a las Entidades pblicas que operan en los mismos sectores15. La razn no es otra sino evitar que en unos pases tengan un rgimen ms flexible las empresas que actan en esos sectores porque han concedido derechos especiales o exclusivos a empresas privadas y en otros el rgimen sea ms rgido porque la actividad la desarrollan Organismos de Derecho pblico. Si la solucin inicial y transitoria fue dejar a estos sectores fuera de la normativa de contratacin, fuera quien fuere el que desarrollase la actividad, la solucin final consiste en que todos los que actan en estos sectores estn sometidos al mismo rgimen de contratacin pblica incluidas las sociedades mercantiles privadas aunque todos ellos tengan un rgimen ms flexible respecto del general del TRLCSP.
Objeto y mbito de el TRLCSP.
El artculo	1	del	TRLCSP establece cual es su objeto y los artculos 2, 3 y 4
su mbito. El mbito se refiere al mbito objetivo y subjetivo de la Ley y todo l viene delimitado por las exclusiones del artculo 4 al que ya hemos hecho referencia.
Objeto de el TRLCSP.
Pues bien, el objeto de la Ley se describe en el artculo 1 sealando
cuatro objetos o fines de la Ley: - regular la contratacin del sector pblico - garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no
No obstante, si el contratante es una Administracin pblica se rige por el TRLCSP.
discriminacin e igualdad de trato entre los candidatos
- asegurar, en conexin con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, o una eficiente utilizacin de los fondos destinados a la realizacin de obras, la adquisicin de bienes y la contratacin de servicios o lo que se lograr mediante la exigencia de la definicin previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la seleccin de la oferta econmicamente ms ventajosa. - La regulacin del rgimen jurdico aplicable a los efectos, cumplimiento y extincin de los contratos administrativos, en atencin a los fines institucionales de carcter pblico que a travs de los mismos se tratan de realizar Al margen del primer objetivo la regulacin de la contratacin del sector pblico se menciona en primer lugar la libertad de acceso, no discriminacin e igualdad que pone de manifiesto la influencia del Derecho de la Unin al poner por delante de todo su preocupacin por lograr un mercado interior de la contratacin. Tiene importancia que, en segundo lugar, se cite el principio de eficiencia en la utilizacin de los fondos pblicos que se satisface con la garanta de que se contrata aquello que realmente es necesario y se hace a travs de tcnicas que garantizan que se paga por ello el precio o se obtiene la prestacin ms ventajoso. El artculo	22	del	TRLCSP concreta ese principio en trminos que, si se cumplen, obligaran a un examen cuidadoso de la necesidad de las prestaciones que se contratan. Finalmente se hace mencin como tercer objetivo especfico la regulacin de los efectos cumplimiento y extincin de los contratos administrativos que se sustantivan as desde el artculo 1 TRLCSP.
mbito objetivo y subjetivo.
25	El mbito del TRLCSP se define con criterios objetivos y subjetivos. Los
primeros nos indican, en su artculo 2, cules son los contratos que estn sujetos a la Ley por razn de su contenido; los segundos qu sujetos se entiende que integran el sector pblico y cules son, dentro de l, los distintos subsectores, niveles o crculos que pueden identificarse. El mbito objetivo de la Ley queda a su vez complementado por una serie de supuestos que quedan fuera de la Ley y que son los que se recogen en el artculo 4 de la misma. El elemento ms importante es el referido al mbito subjetivo de la Ley al que se refiere el artculo 3 y puede decirse que el mismo constituye la parte esencial de la presente leccin. No obstante empezaremos por hacer una referencia al mbito objetivo de la Ley.
mbito objetivo.
En el artculo 2 se ofrece una determinacin del mbito objetivo16 por
referencia al tipo de contrato que cae bajo la rbita del TRLCSP no en relacin al contenido de sus prestaciones, sino a la naturaleza ms abstracta del mismo: slo quedan comprendidos los contratos onerosos17. La clave, a tal efecto, es la idea de onerosidad del contrato, lo que significa que quedan fuera del TRLCSP todos aquellos contratos que no revistan esa cualidad. As los convenios entre Administraciones o con otras entidades que no tengan el carcter oneroso o en que no se pretende que exista una prestacin y una contraprestacin, sino otras cosas (una coordinacin de actuaciones por ejemplo) quedan fuera de su mbito. En ese sentido algunos de los supuestos del artculo 4 tienen que ver con esa idea de contratos no onerosos y por eso quedan al margen del TRLCSP.
Aunque la determinacin del mbito trata de ser objetiva (el tipo de contrato) no deja de hacerse referencia a los sujetos del artculo 3.
Ese mbito objetivo queda a su vez circunscrito al sujeto que contrata: el sector pblico.
26	El TRLCSP incluye en ese mbito objetivo en forma que puede ser
discutible18 los contratos subvencionados por entes organismos y entidades del sector pblico que celebren otras personas fsicas o jurdicas o por entidades del sector pblico que no tengan el carcter de poder adjudicador en los trminos del artculo 17. En definitiva un contrato celebrado por una persona fsica o jurdica incluso no perteneciente al Sector pblico queda sujeta al TRLCSP cuando ese contrato est subvencionado19 por entes, organismos y entidades del Sector pblico que tengan la consideracin de poderes adjudicadores.
mbito subjetivo.
La determinacin del mbito subjetivo constituye la clave para entender
todo el sistema que pone en pie la Ley y constituye tambin la clave de la presente leccin. Es el artculo	3	del TRLCSP el que determina el mbito subjetivo de la misma en sus tres nmeros que pareceran establecer tres niveles, crculos o esferas de entidades del sector pblico que van a ser relevantes en el funcionamiento y sistemtica de la Ley. No puede dejar de sealarse que, en realidad, el artculo es descriptivo y que hay que ponerlo en conexin con los distintos Libros y Ttulos de que consta la Ley para comprobar que, en realidad, hay ms de tres niveles relevantes. En todo caso, como si se tratase de una mueca rusa, el TRLCSP en su artculo 3 nmero 1 describe, por el sistema de lista, lo que se considera sector pblico. En su nmero 3 describe lo que se consideran poderes adjudicadores y en su nmero 2 lo que se consideran Administraciones pblicas.
Discutible porque, en realidad, ms que con el mbito objetivo tiene que ver con el sujeto que lo celebra que no es una entidad del sector pblico. El carcter subvencionado ah puede estar la apariencia de no onerosidad es lo que puede explicar que se trate en el artculo 2 LCSP.
Tal vez en la idea de subvencin se quiere ver algo que afecta a la no onerosidad y, por tanto, se incluyen expresamente los contratos subvencionados que tienen su origen en una transferencia de fondos aparentemente no onerosa.
27	Se habr observado que hemos alterado el orden de la enumeracin. La
razn es porque, siguiendo con el smil de la mueca rusa, la mueca ms grande y omnicomprensiva es la del nmero 1 que describe todos los entes organismos y entidades que forman el Sector pblico a los efectos de esta Ley (lo que quiere significar que otras leyes pueden hacer una consideracin distinta, pero a efectos de la contratacin son sector pblico las entidades que recoge el nmero 1) pero la siguiente mueca ms grande no es la que describe el nmero 2 (las Administraciones pblicas), sino la del nmero tres (los poderes adjudicadores) porque en el concepto de poderes adjudicadores se comprende en primer lugar las Administraciones pblicas del nmero 2 y adems otros entes, organismos y entidades que enseguida veremos. Ello quiere decir que el concepto de poder adjudicador es ms amplio que el de Administraciones pblicas puesto que comprende a estas ltimas y, adems, a otros entes u organismos. Si ordenamos los tres mbitos del artculo	3	del TRLCSP en orden inverso es decir empezando por el mbito ms reducido el ms reducido es el mbito de las Administraciones pblicas (apartado 2 del artculo 3); el que le sigue un poco ms amplio es el de los poderes adjudicadores es un poco ms amplio porque comprende las Administraciones pblicas y otros entes organismos y entidades (apartado 3 del artculo 3). Finalmente el mbito o crculo siguiente ms amplio es el del artculo 3 en su apartado 1. En este ltimo el ms grande puede verse que se comprenden las Administraciones pblicas y los poderes adjudicadores y, adems, otras entidades que no encajan ni en Administraciones ni en poderes adjudicadores; puede ser el caso de algunas sociedades mercantiles en cuyo capital social la participacin directa o indirecta de determinadas entidades del sector publico sea superior al 50%20; o el caso de las entidades pblicas que se hayan creado
Si la participacin es inferior al 50% no forman parte del sector pblico. En todo caso se dice puede ser en el texto porque es posible que una sociedad mercantil se considere poder
para satisfacer necesidades de carcter industrial o mercantil y que no sean poder adjudicador. Se trata, pues, de tres crculos en los que el ms amplio (sector pblico) contiene a los ms reducidos (poderes adjudicadores y Administraciones pblicas). Antes de examinar cules son las entidades que se describen como integrando cada uno de esos crculos lo que en algunos casos reviste una cierta imprecisin conviene saber la funcin que tiene esa clasificacin en tres crculos concntricos. Para qu sirve; pues ello explica por qu se ha hecho as en el TRLCSP. Y antes incluso de analizar la funcin para qu sirven en la prctica esas distinciones en crculos conviene destacar que, al margen de lo que dice el artculo 3, en realidad a lo largo del TRLCSP los trminos que se emplean parecen no corresponder con tres, sino cinco e incluso seis crculos a tomar en consideracin. En efecto en el cuadro n 1 se pueden ver los crculos del artculo 3 y en filas coloreadas nuevos trminos que se emplean a lo largo de la Ley en distintos artculos y que sugieren nuevos crculos o mbitos (aunque puede considerarse que estn ya implcitos en dicho artculo 3). A Sector pblico (artculo 3.1) B Sector pblico que no comprende ni poderes adjudicadores ni Administraciones pblicas.
C Poderes Adjudicadores (artculo 3.3)
adjudicador por haber sido creada para satisfacer una necesidad de inters general que no sea industrial o mercantil.
D Poderes adjudicadores que no son Administraciones publicas E Administraciones pblicas (artculo 3.2)
F Contratos subvencionados de personas fsicas o jurdicas o entidades del sector pblico que no son poderes adjudicadores (artculo 2.2 y 17)
Cuadro 1. Como se ve en el cuadro en las filas B, D, y F aparecen entidades o sujetos no mencionados en tal forma en el artculo 3, pero cuya mencin aparece en otros artculos del TRLCSP. En realidad los nuevos trminos que aparecen sombreados son los realmente operativos como veremos a los largo de las lecciones dedicadas a la contratacin del sector pblico, en tanto que los que aparecen en el artculo 3 cumplen generalmente una funcin de agrupar sintticamente determinados mbitos para delimitar el alcance de concretos preceptos sealando las entidades sujetas y las no sujetas a determinadas reglas21. As se habla en ocasiones de Entidades del sector pblico que no son poderes adjudicadores (arts. 17.2, 192, 274 y disposicin	transitoria	5 del TRLCSP). Con esa denominacin se describen abreviadamente las entidades del artculo 3.1 que no estn comprendidas en el 3.3 ni en consecuencia en el 3.2 ( en consecuencia en el 3.2, puesto que el 3.3 ya se incluyen las del 3.2) para aplicarles determinados preceptos de la Ley. Lo mismo ocurre con la expresin poderes adjudicadores que no son Administracin pblica (arts.	50, 137, 189, , 195, etc.) que no aparece en el
En el caso de los contratos sujetos a regulacin armonizada su delimitacin aparte de cuantitativa es tambin subjetiva pues slo quedan comprendidos en el concepto los contratos adjudicados por poderes adjudicadores (art. 7 del el TRLCSP).
artculo 3 del TRLCSP y que, sin embargo, es la que se emplea de modo operativo para aplicarles a esas entidades determinados preceptos de la Ley.
La funcin del mbito subjetivo.
Los distintos crculos del artculo	3	del	TRLCSP sirven, en la economa
de la Ley, para determinar las reglas que dentro de cada Libro, Ttulo, Captulo, Seccin, Subseccin y an artculo de la Ley se aplican a cada categora de entes del Sector pblico. Para la comprensin del sistema del texto refundido de la Ley conviene recordar que sta se divide en Libros, Ttulos, Captulos, Secciones, Subsecciones y artculos. Esa distribucin est hecha con intencin de distinguir los Libros en los que las previsiones de la Unin Europea son ms intensas (las que tienen que ver, por ejemplo, con la seleccin del contratista especialmente Libro III) de aquellas otras en las que las previsiones de la Unin son menores, escasas o nulas (Libro IV relativo a los contratos administrativos slo; o Libro V sobre organizacin Administrativa para la gestin de la contratacin). Con ello se establecen diferencias entre el rgimen aplicable a las distintas entidades de los distintos crculos y a su vez, esas diferencias tienen una intensidad diferente segn el Libro, Ttulo o captulo de que se trate. Los Libros en que se divide el TRLCSP pueden verse en el siguiente cuadro n 2:
Ttulo Preliminar no inserto en ningn Libro Regula el objeto y mbito de la Ley, los tipos contractuales, los contratos sujetos a regulacin armonizada y los contratos administrativos y los privados Configuracin general de la contratacin del sector pblico y elementos de los contratos En l se contienen algunas previsiones que tienen que ver con la regulacin de la Unin y otras que no.
Contiene previsiones que tienen que ver con la regulacin de la Directiva 2004/18/CE y otras que no.
Libro II Preparacin de los contratos
Una buena de las previsiones no son trasposicin de la Directiva 2004/18/CE aunque la tienen en cuenta Es el Libro que, en mayor grado, es trasposicin de las previsiones de la Directiva 2004/18/CE La categora del contrato administrativo no interesa al Derecho de la Unin, aunque en la regulacin del Libro se tengan en cuenta las previsiones del mismo. Se trata de normas internas no prevista por la Directiva 2004/18/CE, si bien tal organizacin tiene en cuenta las previsiones de la Directiva 2004/18/CE. Hay diversas disposiciones que tienen que ver con las exigencias de la Directiva 2004/18/CE.
Seleccin del contratista y adjudicacin de los contratos Contratos administrativos (efectos, cumplimiento y extincin)
Organizacin Administrativa para la gestin de la contratacin
Son un cajn de sastre en que se tratan distintos aspectos.
Cuadro 2. Si se observa el cuadro se podr comprobar cmo hay Libros en los que la Directiva 2004/18/CE tiene una fuerte presencia, como es el caso del Libro III que se refiere al tema capital contenido en aqulla relativo a la regulacin de la publicidad, las formas, procedimientos, criterios, etc. para seleccionar al contratista y adjudicar el contrato; regulacin que quiere evitar que exista y se consume la preferencia por lo nacional. Pues bien, en dicho Libro III con una fuerte densidad de trasposicin de la Directiva 2004/18/CE hay dos Ttulos. El capital es el Ttulo I que contiene el 80% de los artculos y es en el que se trata de la adjudicacin de los contratos
(artculos 138 a 193) y en dicho Ttulo la regulacin sustantiva tiene en cuenta, en dos captulos diferenciados, los crculos de: 1) las Administraciones pblicas en el Captulo I en el que se contiene la inmensa mayora de los artculos del Ttulo I (arts. 138 a 188). 2) Los poderes adjudicadores que no son Administraciones pblicas en la Seccin I del Captulo II a los que dedica tres preceptos (arts. 189 a 191) 3) otros entes, organismos y entidades del Sector pblico que no tengan el carcter de poderes adjudicadores en la Seccin II del Captulo II a los que dedica un solo artculo (art. 192) y 4) los contratos subvencionados celebrados por particulares o por entidades del sector pblico que no tengan el carcter de poderes adjudicadores a que se refiere el artculo 17 del TRLCSP en la Seccin III del Captulo II a los que dedica un solo artculo (art. 193). stas son las denominaciones a retener puesto que en el ncleo duro de la transposicin (en el Libro III en que se van a recoger las previsiones de la Unin en lo que a ella ms le interesa) las categoras que emplea la Ley son precisamente las que acaban de destacarse. Por su parte en el Libro II sobre preparacin de los contratos (es decir la fase previa a la seleccin del contratista) se contienen dos Ttulos. Uno para las Administraciones pblicas y otro para los poderes adjudicadores que no sean Administraciones pblicas. Estas son, pues, las categoras relevantes (con las otras dos sealadas en el nmero 15 anterior). Lo ms notable, a diferencia del Libro III a que se ha hecho referencia ms arriba, es que no se menciona para nada a los dems entes del Sector pblico que ni son Administraciones pblicas ni son poderes adjudicadores. De ah podra deducirse por algunos que no rigen para ellos (para los que no son ni Administraciones pblicas, ni poderes adjudicadores) las normas sobre preparacin de los contratos, sin perjuicio de lo que los estatutos de las
sociedades mercantiles o los de las Entidades pblicas empresariales dispongan. Por otra parte en el Libro I sobre configuracin general de la contratacin en el sector pblico y sus elementos estructurales la mayor parte de sus artculos son comunes para todos los Entes del Sector pblico, salvo los que de forma expresa se refieren a alguno de los crculos sealados22 o a algn tipo de contrato (los sujetos a regulacin armonizada). Es decir que las normas sobre racionalidad de la contratacin se refieren en buena parte a todos los entes del sector pblico y lo mismo puede decirse de la capacidad de los empresarios, las prohibiciones de contratar, etc. Finalmente el Libro IV al referirse a los contratos administrativos solo comprende los celebrados por las Administraciones pblicas, pues en el concepto mismo de contrato administrativo est el ser celebrados por una Administracin pblica (articulo 19.1 TRLCSP en su comienzo).
Geometra variable.
Vemos pues cmo hay una asimetra en la regulacin: los Entes del
Sector pblico que no son Administraciones pblicas ni poderes adjudicadores, estn en el Libro III sujetos en materia de adjudicacin de contratos y seleccin de contratistas a principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminacin que han de concretarse en unas instrucciones internas (artculo	192	TRLCSP); en cambio en lo que hace a la preparacin de los contratos nada se prev para ellos en el Libro II. Puede pensarse que el rgimen de preparacin del contrato es libre. No obstante, si tiene que haber publicidad y concurrencia, es difcil pensar que no haya pliegos de condiciones sobre los que puede desplegarse el principio de transparencia y asegurarse la igualdad o que no haya preparacin previa del contrato.
Es el caso para la Administracin de los artculos 24, 27, 28.2, 31, 34, 89 a 103, etc.
34	De todo ello se desprenden varias cosas. En primer lugar, la geometra
variable dado que no hay un paralelismo entre el tipo de entidad y la regulacin de la contratacin en cada uno de los Libros23. En segundo lugar, que los crculos o categoras subjetivas realmente operativas en cuanto sirven para conocer en cada uno de los Libros, Ttulos y Captulos del TRLCSP el rgimen que se aplica a cada una de ellas es el de 1) Administraciones pblicas, 2) Poderes adjudicadores que no son Administraciones pblicas, 3) entidades y organismos del Sector pblico que no son poderes adjudicadores, y 4) Contratos subvencionados.
Determinacin de los Entes que integran cada crculo.
En los tres nmeros del artculo	3	del	TRLCSP se enumeran los distintos
sujetos que integran cada uno de los crculos o niveles. La enumeracin se repite en ocasiones, pues a veces se enumeran entidades o sujetos que se contienen en otros crculos o niveles, si bien en los nmeros 2 y 3 se aaden precisiones. Dos observaciones comunes pueden hacerse. La primera que la enumeracin se hace, como dice cada uno de los tres nmeros en su comienzo, a los efectos de esta Ley. Ello significa, por ejemplo, que con independencia de cmo se concepten en la misma LOFAGE las Entidades pblicas empresariales (art. 43.1 b) de la LOFAGE) las mismas no se consideran cmo Administraciones pblicas en el artculo 3.2 in fine. La segunda; que en todos los nmeros se emplean unos trminos parecidos para referirse a entes, organismos o entidades con personalidad jurdica
As en las materias de seleccin y adjudicacin del Libro III el artculo 190 dispone para los poderes adjudicadores que no sean Administraciones pblicas, la aplicacin para los contratos sujetos a regulacin armonizada la aplicacin de las previsiones del captulo anterior relativas a los contratos de las Administraciones pblicas con la salvedad de algunos apartados de cinco artculos y alguna matizacin menor en temas de publicidad. Es decir que en la prctica se les aplica el mismo rgimen que a las Administraciones pblicas. Ahora bien, sin embargo, en el artculo 137 para esos mismos poderes adjudicadores, en los casos de contratos sujetos a regulacin armonizada, slo se prev la aplicacin de cuatro artculos de los 27 que se dedican en el Libro II a la preparacin de los contratos.
propia, que hayan sido creados especficamente para satisfacer necesidades de inters general que no tengan carcter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector pblico financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestin, o nombren a ms de la mitad de los miembros de su rgano de administracin, direccin o vigilancia. (Art. 3.1 h) y en trminos muy parecidos en el artculo 3.3 b); en el 3.2 e) los trminos son diferentes). Con esos trminos se designan entidades de forma genrica que tienen el carcter de Poderes adjudicadores o de Administraciones pblicas24 por el dato inicial de haber sido creadas para satisfacer necesidades de inters general que no tengan carcter industrial o mercantil. Con esa referencia al carcter no industrial ni mercantil de la necesidad que presidi su creacin quiere subrayarse su distanciamiento de la actividad mercantil e industrial y su proximidad al ejercicio de funciones pblicas. Nadie puede dudar de que la necesidad que satisface la Agencia Estatal de Administracin Tributaria no tiene que ver con necesidad alguna mercantil, sino que pertenece al ncleo duro de las funciones pblicas. Lo mismo sucede con la Agencia de Proteccin de Datos o con el Instituto de Evaluacin que depende del Ministerio de Educacin. Ocurre que si en los casos citados es claro que tales entes, organismos o entidades no han sido creados para satisfacer necesidad mercantiles o industriales, hay otros supuestos en los que la delimitacin de lo que es necesidad mercantil o industrial no es tan clara, lo que exige una labor compleja para ver si son poderes adjudicadores o sector publico que no son poderes
Los trminos para situarlos como Administraciones pblicas dependen de si se ajustan a las previsiones del art. 3.2 en su letra e) que, aunque parecidos, presentan algunas diferencias respecto de los del mismo artculo en su nmero 3 b). En concreto en el artculo 3.2 e) se exige que su actividad principal no consista en la produccin en rgimen de mercado de bienes o servicios destinados al consumo individual o colectivo o que efecten operaciones de redistribucin de la renta o riqueza nacional en todo caso sin nimo de lucro.
adjudicadores o incluso si son o no Administraciones pblicas25. Estar en uno u otro nivel o crculo entraa consecuencias diversas en cuanto al rgimen contractual.
Las Administraciones pblicas son las que se mencionan en el artculo
3.1 a) y b) ms - Organismos Autnomos. - Universidades Pblicas. - Las Entidades de Derecho pblico con independencia funcional que regulan sectores o actividades: Banco de Espaa, CMT, CNE, CNC, CNMV, etc. - Las entidades de Derecho pblico vinculadas con una o varias Administraciones que cumplan alguna de las siguientes caractersticas: o Que su actividad principal no consista en la produccin en rgimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efecten operaciones de redistribucin de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin nimo de lucro, o o que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestacin de servicios.
En el caso de la determinacin de las entidades que son Administracin pblica no se hace referencia en la letra e) 1 del art. 3.2 a las necesidades mercantiles o industriales, pero la referencia a que sean entidades cuya actividad principal no consista en la produccin en rgimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efecten operaciones de redistribucin de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin nimo de lucro parece que se acerca bastante a la idea de no satisfacer necesidad mercantiles o industriales. No obstante ello puede suscitar dudas acerca de si entidades pblicas que satisfacen necesidades de inters general no industrial ni mercantil - y que no producen, tampoco, bienes o servicios en rgimen de mercado-, deben considerarse Administracin pblica o Poderes adjudicadores que no son Administracin pblica. Las Agencias Tributarias son ms bien Administracin pblica, pero en otros casos no tan prximos al ncleo de las funciones pblicas no es tan claro dnde situar las entidades correspondientes.
37	Del concepto quedan excluidas en todo caso las Entidades pblicas
empresariales. Debe notarse, no obstante, que siempre se habla de entidades de derecho pblico por lo que quedan excluidas del concepto las sociedades mercantiles.
El trmino poderes adjudicadores est tomado directamente de la
Directiva 2004/18/CE que se traspone. En el concepto estn comprendidos de acuerdo con el apartado 3 del artculo 3: las Administraciones pblicas que acabamos de ver. Los dems entes, organismos o entidades (no exige que sean de Derecho pblico) que hayan sido creados para satisfacer necesidades de inters general que no tengan carcter industrial o mercantil. En este ltimo caso hace falta, adems, que haya un poder adjudicador que financie mayoritariamente su actividad, controle su gestin o nombre a la mitad de los miembros de su rgano de Administracin, direccin o vigilancia. Por tanto si no financia, ni controla su gestin ni nombra a la mitad de sus miembros entonces no es poder adjudicador. Como ya se ha visto los poderes adjudicadores que no sean Administracin pblica tienen un rgimen distinto y algo ms ligero que el de las Administraciones pblicas. La cuestin a dilucidar consiste en saber cundo una Entidad ha sido creada para satisfacer necesidades que no tenga carcter industrial o mercantil, as como en el carcter pblico o no de la Entidad. En cuanto al ultimo extremo - sobre el carcter pblico o no de la Entidad - en el artculo 3.3 b) encajan tanto las Entidades pblicas no comprendidas en el artculo 3.2 en el concepto de Administraciones pblicas, como las Sociedades mercantiles cuando, al margen del carcter privado de la
personalidad de stas ltimas Sociedades annima, por ejemplo , concurren los supuestos de la letra b) del artculo 3 in fine. En cuanto al primer extremo ( cuando ha sido creada para satisfacer necesidades que no tenga carcter industrial o mercantil ) son varios los supuestos que podemos considerar. En primer lugar dentro del concepto de Entidades podemos incluir por ejemplo las Fundaciones del Sector pblico. Todas ellas pueden considerarse poderes adjudicadores ya que, por esencia, una fundacin debe crearse para satisfacer necesidades de inters general; ello implica que no se han podido crear para satisfacer necesidades de carcter industrial o mercantil. Por tanto son poderes adjudicadores siempre que, adems, se den los requisitos que prev la letra b) en cuanto a la financiacin de la actividad, el control de su gestin o el nombramiento de ms de la mitad de sus rgano de administracin, direccin y vigilancia. En segundo lugar estn multitud de Entidades pblicas empresariales de cuyo nombre pudiera desprenderse que han sido creadas para desarrollar actividades de carcter mercantil o industrial y por tanto no podran ser incluidas ni en la categora de Administracin pblica (por expresa previsin del artculo 3.2 ltimo prrafo) ni en la de poder adjudicador (en la medida en que no hayan sido creadas para satisfacer necesidades de inters general que no tengan carcter industrial o mercantil). Sin embargo la referencia al carcter no industrial o mercantil puede no ser clara. Una cosa es el carcter industrial o mercantil del fin que motivo de forma especfica su creacin y otra cosa el carcter industrial o mercantil de la actividad misma que desarrollan26. As, por
El n 2 e) del artculo 3 habla de que la actividad no consista en la produccin de bienes o servicios en rgimen de mercado, en tanto que la letra b) del n 3 del artculo 3 habla de que hayan sido creadas para satisfacer necesidades de inters general que no tengan carcter industrial o mercantil. Parecera que la produccin en rgimen de mercado de bienes o servicios, se correspondera con la satisfaccin de necesidades que no tengan carcter industrial o mercantil de la actividad, si bien no slo hay que fijarse en la actividad en este segundo caso sino tambin en el motivo de su creacin. No obstante hay matices entre producir
ejemplo, la Fbrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (en adelante FNMT-RCM) es un Organismo Pblico, Entidad Pblica Empresarial, de las comprendidas en el artculo 43 de la LOFAGE y no cabe duda que en su funcionamiento desarrolla materialmente actividades que podra realizar una empresa privada (imprenta, monedas conmemorativas aparte de la funcin pblica de acuacin de moneda de curso legal, etc.), pero es evidente que la razn de su creacin no es el desarrollo de una actividad de inters privado, sino de inters general. Por tanto, aunque no es una Administracin pblica, tampoco puede considerarse, en cambio, que haya sido creada para satisfacer necesidades de carcter industrial o mercantil, sino ms bien necesidades que no tienen ese carcter. Lo mismo ocurre con SEPES cuyo objeto social es la adquisicin, promocin y preparacin de suelo; se trata de una actividad que podra confundirse con la de un promotor inmobiliario o una empresa urbanizadora privada. Sin embargo su actividad material no puede ser confundida con las razones que motivaron su creacin que obedecen a la satisfaccin de necesidades pblicas en la promocin de suelo. Por tanto, aunque sea una entidad pblica empresarial se considera poder adjudicador, pues fue creada para satisfacer necesidades que no tienen carcter mercantil o industrial. Finalmente estaran las sociedades mercantiles en las que la participacin de Administraciones y los dems entes que se mencionan en las letras b) a f) del artculo 3.1 del TRLCSP sea superior al 50%. Una cosa es que al ser sociedades mercantiles pueda pensarse que su objeto es mercantil desde el punto de vista de la legislacin mercantil y otra es que hayan sido creadas para satisfacer necesidades de carcter mercantil slo y no necesidades de carcter o inters general. Aunque es posible que una buena parte de estas sociedades no puedan
bienes y servicios en rgimen de mercado y satisfacer necesidades que no tengan carcter industrial o mercantial. Ah radica la dificultad en algunos supuestos de determinar el grupo al que pueden pertenecer algunas de dichas Entidades.
considerarse poderes adjudicadores, otras s pueden serlo. Tal es el caso, por ejemplo, de la Sociedad Estatal de equipamientos e infraestructuras penitenciarias pues la razn de su constitucin obedece a la satisfaccin de una necesidad pblica: la construccin de centros penitenciarios. En cambio la Sociedad Estatal para la Gestin de la Innovacin y las Tecnologas Tursticas, S. A. (SEGITTUR), que es una sociedad mercantil estatal participada en su totalidad por la Administracin General del Estado, cuya tutela est atribuida al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, no ha sido considerada como poder adjudicador27; sera as una entidad del sector pblico (art. 3.1 d) que ni es poder adjudicador ni es Administracin pblica como veremos a continuacin.
Entidades del Sector Pblico que no son ni poderes adjudicadores ni Administraciones Pblicas.
En el artculo 3.1 se limita a enumerar los sujetos que forman parte del
sector pblico y en esa descripcin enumera las Administraciones pblicas, los poderes adjudicadores que no son Administracin pblica y otras Entidades. Estas ltimas stas otras entidades son las que forman una categora a la que se aplican las normas de la LCSE de forman an ms ligera que a las Administraciones pblicas y a los poderes adjudicadores. Entre ellas pueden considerarse especialmente las sociedades mercantiles de la letra d) del artculo 3.1, pero siempre que no hayan sido creadas para satisfacer necesidades de inters general que no tengan carcter industrial o mercantil (en tal caso entrara en la letra b) del artculo 3.3). Tambin podran considerarse las entidades pblicas sujetas al Derecho privado que se hayan creado para satisfacer necesidades de inters general que tengan carcter industrial o mercantil.
Su objeto social, consiste en la realizacin de cuantas actividades sean precisas para el diseo, implantacin, gestin, organizacin, administracin, desarrollo y, en general, de todas aquellas que tengan como objetivo la promocin turstica y el apoyo a la comercializacin de los productos y servicios tursticos, mediante el uso de las nuevas tecnologas de la informacin, y, en especial, en el mbito de Internet, de todas las relacionadas con el Portal de Promocin Turstica de Espaa.
41	A stas a las entidades del sector pblico que ni son Administraciones
pblicas ni poderes adjudicadores - se les aplica el TRLCSP pero de forma ms flexible como lo prueba que en relacin con el Libro II sobre preparacin del contrato ni siquiera se menciona a estas entidades y en cuanto al rgimen de seleccin y adjudicacin el mismo se hace de acuerdo con unas instrucciones que deben ser aprobadas y que deben ajustarse a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminacin, recayendo el contrato en la oferta ms ventajosa (artculo	192 del TRLCSP). 1.3. TIPOS CONTRACTUALES.
Uno de los principios que inspiran la contratacin del sector pblico es
el de la libertad de pactos que se recoge en el artculo	25.1	del	TRLCSP y conforme al cual en dichos contratos podrn incluirse cualesquiera pactos, clusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al inters pblico, al ordenamiento jurdico y a los principios de buena administracin. Esa libertad de pactos permite pues pactar lo que se quiera con los lmites sealados y siempre que, cuando se incluyan prestaciones correspondientes a diferentes tipos de contratos, las prestaciones pactadas se encuentren directamente vinculadas entre s y mantengan relaciones de complementariedad (art. 25.2 TRLCSP). Ahora bien, esa libertad de pactos, con esas limitaciones, no quita que el legislador, en la Ley vigente y en las anteriores, haya establecido unos tipos contractuales determinados o tpicos que es el objeto del presente apartado. Al hablar de tipos contractuales debe sealarse el criterio conforme al cual se califican o tipifican los contratos. El criterio ms comn y el primero que emplea el TRLCSP en sus artculos 5 a 11 es el que atiende a las prestaciones materiales caractersticas
del contrato; es el mismo criterio que emplea el Cdigo civil al calificar los contratos por razn del contenido material de las prestaciones (arrendamiento de obras, de servicios, compraventa, permuta, mandato, prstamo, depsito, etc.). Otro criterio es el que atiende a la naturaleza del contrato por razn de la naturaleza del Derecho aplicable (pblico o privado), que da lugar a la clasificacin de los contratos en contratos administrativos o contratos privados. Adicionalmente hay un ltimo criterio de raigambre comunitaria, que tiene que ver con los supuestos de sujecin a regulacin armonizada que, en muchos casos, se fija en funcin de un umbral cuantitativo a partir del cual se exige el cumplimiento de las normas de la Directiva 2004/18/CE: contratos sujetos a regulacin armonizada o no sujetos a regulacin armonizada. Estos tres criterios de clasificacin pueden combinarse entre s en el sentido de que un contrato de obra puede ser administrativo o no serlo (si no lo hace una Administracin pblica) y puede estar sujeto a regulacin armonizada o no estarlo como luego veremos. Adems de combinarse entre s se pueden combinar tambin con los sujetos del sector pblico para establecer el rgimen final de cada contrato. As ocurre por ejemplo en el artculo	13	TRLCSP para definir el concepto de contratos sujetos a regulacin armonizada por referencia a tipos de contratos y a un determinado tipo de entidades: los poderes adjudicadores.
Contratos nominados, innominados y mixtos.
Primer criterio de clasificacin por razn del contenido de sus
prestaciones y por estar o no previstos en el TRLCSP: Contratos nominados, innominados y mixtos. El artculo	5	del	TRLCSP identifica hasta 6 tipos de contratos cuyas caractersticas y contenido desarrolla en los artculos siguientes del 6 al 11. 1) 2) contratos de obras contratos de concesin de obras pblicas
3) 4) 5) 6) contrato de gestin de servicios pblicos contrato de suministro contrato de servicios
contrato de colaboracin entre el sector pblico y el sector privado
Esos son los seis tipos de contratos que considera el TRLCSP y a los que a lo largo de la misma, en varios de sus Libros, va a dar el tratamiento oportuno en cuanto a su preparacin, seleccin del contratista, efectos etc. Los rasgos caractersticos de cada uno se recogen y explican en los artculos 6 a 11, por lo que de su mera lectura puede deducirse el contenido de cada uno sin que sea necesario repetirlo aqu. Solo se sealar la distincin entre el contrato de obras y el contrato de concesin de obras pblicas. Ambos se refieren a obras, pero la diferencia radica en que en el segundo concesin de obra pblica la contraprestacin consiste en el derecho a explotar la obra (un peaje en una carretera) o en la explotacin acompaada del derecho a percibir un precio. El contrato de concesin presenta otras complejidades que no es del caso ampliar en este momento. Igualmente merece desatacarse la novedad de la presencia en el TRLCSP de la figura del contrato de colaboracin entre el sector pblico y el sector privado que hasta el ao 2007 28 no exista en nuestro derecho, si bien se haban celebrado contratos que se acercaban a dicha figura, pero sin que la legislacin antes vigente lo contemplara. Destaca en l la complejidad de las prestaciones, la existencia de una financiacin privada, el carcter global e integrado de la actuacin y la imposibilidad para la Administracin de definir con carcter previo a la licitacin los medios tcnicos necesarios para alcanzar los objetivos, as como la necesidad de evaluar previamente las ventajas de lograr el resultado
Dicha figura se incorpor en la LCSP en octubre de 2007.
empleando este contrato frente a las dems figuras contractuales (art.	134 TRLCSP). Finalmente debe notarse la diferencia entre el contrato de gestin de servicios pblicos y el contrato de servicios. stos ltimos son contratos en que los contratistas prestan sus servicios en favor de las entidades del sector pblico, que son las que reciben el servicio, en tanto que el contrato de gestin de servicios pblicos el destinatario y beneficiario directo de los servicios pblicos cuya gestin ha asumido una Administracin pblica, pero que concede al contratista son los ciudadanos. Una ltima puntualizacin debe hacerse y es que esos seis contratos tpicos (a veces se les llama contratos nominados porque se les da un nombre que los identifica) no impiden que puedan existir contratos mixtos que combinan prestaciones de unos y otros. En esos casos el rgimen aplicable al contrato en cuanto a su adjudicacin es el de la prestacin dominante. Por otra parte la libertad de pactos permite celebrar contratos que no encajen exactamente en los 6 tipos de contratos nominados. Mientras tales contratos que pudiramos llamar innominados no sean contrarios a las previsiones del TRLCSP o de cualquier otra tales contratos son lcitos.
Contratos Administrativos y privados.
Segundo criterio de clasificacin del contrato por razn de la naturaleza
del Derecho aplicable: Contratos administrativos y privados. Segn el derecho que se aplica al contrato hablamos de contratos administrativos o de contratos privados (art.	18	del	TRLCSP). Los contratos administrativos son los que establece el artculo 19 TRLCSP, pero debe notarse que se exige siempre que los celebre una Administracin pblica (art. 19.1 TRLCSP al comienzo). Los contratos de obras son siempre administrativos si los celebra una Administracin pblica, pero eso no quita que una Entidad del sector pblico que no sea Administracin pblica
no pueda celebrar un contrato de obra; significa slo que ese contrato de obra no es un contrato administrativo, sino un contrato privado. El artculo 19.1 a) establece que son contratos administrativos los contratos de obra, concesin de obra pblica, gestin de servicios pblicos, suministro, y servicios, as como los contratos de colaboracin entre el sector pblico y el sector privado29, pero siempre que se celebren por una Administracin. La libertad de pactos a que antes se ha hecho referencia determina que aparte de los contratos mixtos pueda haber tambin contratos innominados que igualmente pueden ser administrativos como dice el artculo 19.2 b): Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o trfico especfico de la Administracin contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pblica de la especfica competencia de aqulla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carcter de contratos privados conforme al prrafo segundo del artculo 20.1, o por declararlo as una Ley. En todo caso tales contratos administrativos innominados slo pueden hacerse por las Administraciones pblicas. El carcter administrativo de un contrato tiene consecuencias en cuanto a su rgimen jurdico el TRLCSP dedica todo el Libro IV a los contratos administrativos que se manifiesta en las prerrogativas o privilegios de la Administracin y en su rgimen jurisdiccional, pues de ellos en todos sus aspectos conoce siempre la jurisdiccin contencioso-administrativa. El artculo 19.2 establece a ese respecto que los contratos administrativos se regirn, en cuanto a su preparacin, adjudicacin, efectos y extincin, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos
De esa relacin excluye los contratos de servicios comprendidos en la categora 6 del Anexo II y los que tengan por objeto la creacin e interpretacin artstica y literaria y los de espectculos comprendidos en la categora 26 del mismo Anexo no tendrn carcter administrativo.
administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les sern de aplicacin, en primer trmino, sus normas especficas. Por otra parte, en cuanto a los contratos privados, se definen por una parte negativamente en el artculo 20.1 prrafo 1 como aquellos que celebran los Entes, organismos o entidades del Sector pblico que no renan la condicin de Administracin pblica. Pero en el 20.1 prrafo 2 considera tambin privados los contratos que celebren las Administraciones pblicas no comprendidos en el nmero 1 del artculo 1930. El hecho de que sean privados no les excluye del TRLCSP pues se regirn en cuanto a su preparacin y adjudicacin, en defecto de normas especficas, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicndose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, segn corresponda por razn del sujeto o entidad contratante. Ahora bien eso no quita que en cuanto a sus efectos y extincin, estos contratos se rijan por el Derecho privado. Por ltimo, en cuanto a la jurisdiccin competente la regulacin es algo ms complicada: - Contratos privados de las Administraciones pblicas. Si se trata de un contrato privado de una Administracin pblica entonces la jurisdiccin contencioso- administrativa es la competente para conocer de las cuestiones que se susciten en relacin con los actos separables (preparacin y adjudicacin de los contratos privados)31.
Tambin considera privados los celebrados por una Administracin pblica que tengan por objeto servicios comprendidos en la categora 6 del Anexo II, la creacin e interpretacin artstica y literaria o espectculos comprendidos en la categora 26 del mismo Anexo, y la suscripcin a revistas, publicaciones peridicas y bases de datos
Tambin conoce la jurisdiccin contencioso-administrativa de los actos separables de los contratos privados celebrados por una Administracin sujetos a regulacin armonizada.
Sin embargo para las cuestiones de fondo la jurisdiccin competente es la civil (art. 21.1 TRLCSP). - Contratos privados de Entes y Entidades que no sean Administraciones pblicas. La jurisdiccin civil es la competente para conocer de todo tipo de controversias, incluso las que tienen que ver con la preparacin y adjudicacin de los contratos (art. 21.2 TRLCSP), salvo que, en este ltimo caso, se trate de contratos sujetos a regulacin armonizada.
Contratos sujetos o no a una regulacin armonizada.
Tercer criterio de clasificacin de los contratos en relacin con los
supuestos de sujecin o no a una regulacin armonizada. La consideracin de un contrato como sujeto a una regulacin armonizada en muchos casos tiene que ver con el umbral a partir del cual se exige el cumplimiento de las normas de la Directiva 2004/18/CE: contratos sujetos a regulacin armonizada o no sujetos a regulacin armonizada. En todo caso adems del tipo de contrato y el umbral cuantitativo a partir del cual se considera contrato sujeto a regulacin armonizada es preciso que dicho contrato sea de una entidad contratante que sea poder adjudicador (art. 13 TRLCSP) lo que comprende o que sea una Administracin pblica o que sea alguna de las otras entidades a que se refiere el artculo 3.3 y que se han estudiado ms arriba. El artculo 13 TRLCSP establece una distincin entre contratos sujetos o no a una regulacin armonizada proveniente, en cualquier caso, de un poder adjudicador. Estn sujetos a regulacin armonizada: los contratos de colaboracin entre el sector pblico y el sector
privado siempre. los contratos de obras, los de concesin de obras pblicas, los de
suministro, y los de servicios comprendidos en las categoras 1 a 16 del Anexo II, cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el artculo 76, sea igual o superior a las cuantas que se indican en los artculos
siguientes, siempre que la entidad contratante tenga el carcter de poder adjudicador. Tendrn tambin la consideracin de contratos sujetos a una
regulacin armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a los que se refiere el artculo 17. Hace falta acudir a los artculos siguientes para ver los umbrales a partir de los cuales estn sujetos a regulacin armonizada32. As, por ejemplo, en el artculo 14 en relacin con el contrato de obras o de concesin de obras pblicas se sujetan a la regulacin armonizada aquellos cuyo valor estimado sea igual o superior a 4.845.000 euros33. La fijacin de esos umbrales supone una cierta aplicacin del viejo aforismo romano de minimis non curat praetor34. La Unin Europea quiere aplicar sus reglas en aquellos asuntos que tengan una cierta relevancia y que puedan mover a las empresas comunitarias a desplazarse a otros pases para prestar sus servicios, sin preocuparse tanto por los dems. Ahora bien, por debajo de esos umbrales los contratos siguen sujetos a las normas del TRLCSP, pero no en lo que se refiere a las concretas medidas de publicidad, adjudicacin del contrato y los aspectos que tratan de facilitar el acceso de ciudadanos y empresas de otros pases de la Unin. En todo caso y al margen de ello, eso no quiere decir, en absoluto, que en esos contratos no sujetos a una regulacin armonizada no rijan las reglas de no discriminacin e igualdad de trato como ha sentado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; simplemente no son de aplicacin las tcnicas generales
Hay que tener en cuenta tambin los supuestos de exclusin de la regulacin armonizada que se contienen en el artculo 13.2 LCSP
La cifra ha sido fijada por el Reglamento (CE) nmero 1177/2009 de la Comisin, de 30 de noviembre de 2009, y la Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, de acuerdo con la disposicin adicional cuarta del TRLCSP, ha llevado la nueva cifra al texto del TRLCSP.
De las cosas insignificantes no se ocupa el magistrado.
que se establecen para evitar la discriminacin, pero sin que eso signifique que pueda discriminarse. Dentro de este tercer criterio de clasificacin debe hacerse una mencin especial a los contratos subvencionados sujetos a regulacin armonizada que otorguen personas fsicas o jurdicas que no sean Sector pblico o que, formando parte de l, no son poderes adjudicadores. No todos los contratos sujetos a regulacin armonizada lo siguen siendo cuando son subvencionados. Para empezar el artculo 17 slo considera sujetos a regulacin armonizada los contratos subvencionados de obras y servicios; y dentro de ellos slo algunos35. Por otra parte desde el punto de vista de la subvencin por el poder adjudicador la misma debe serlo en forma directa y en ms del 50% del importe del contrato para que ste se considere contrato subvencionado sujeto a regulacin armonizada. 1.4. LAS PRERROGATIVAS DEL RGANO CONTRATANTE
Prerrogativas o privilegios de la Administracin contratante.
Una de las justificaciones de la caracterizacin de algunos contratos
como administrativos se centra en la necesidad de que las Administraciones cuenten con determinados poderes especiales o privilegios que les permitan defender adecuadamente los intereses generales a los que sirven tales contratos sin estar sujetos a las limitaciones que las partes tienen en los contratos privados por la inexistencia de intereses generales que defender.
En el artculo 17 del TRLCSP slo se incluyen los siguientes: - Contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniera civil de la seccin F, divisin 45, grupo 45.2 de la Nomenclatura General de Actividades Econmicas de las Comunidades Europeas (NACE), o la construccin de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de uso administrativo, siempre que su valor estimado sea igual o superior a 4.845.000 euros. - Contratos de servicios vinculados a un contrato de obras de los definidos en la letra a, cuyo valor estimado sea igual o superior a 193.000 euros.
50	Eso se traduce en las llamadas prerrogativas o privilegios de la
Administracin contratante que recoge el artculo	210	del	TRLCSP: el rgano de contratacin ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de inters pblico, acordar su resolucin y determinar los efectos de sta. Son pues cuatro las prerrogativas, aunque pueden concretarse en otras como las potestades de direccin del contrato36: 1) Interpretacin de los contratos y resolucin de dudas 2) ius variandi o privilegio de modificacin por razones de inters pblico 3) resolucin de los contratos y 4) acordar los efectos del incumplimiento. Esos privilegios no significan que la Administracin tenga una potestad arbitraria. El hecho de que el artculo	210	TRLCSP recoja, como vena siendo tradicional en nuestro Derecho 37 , los privilegios de la Administracin no significa que tales privilegios le den la ltima palabra a la misma, de forma que quede entregado a su libre albedro determinar el alcance y extensin de las obligaciones que surgen del contrato. Se trata slo de un privilegio posicional, puesto que el efecto que tiene, al igual que sucede en el resto de la actuacin administrativa, es el de presumir provisionalmente que sus actos o sus interpretaciones son ajustadas a Derecho y, por tanto, deben ser cumplidas y ejecutadas provisionalmente, sin perjuicio de lo que decidan los Tribunales o la propia Administracin si se interponen los recursos pertinentes.
La potestad de imponer sanciones tambin se ha considerado en ocasiones como una prerrogativa de la Administracin.
En el mismo sentido se expresaba antes del art. 59 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones pblicas
51	Lo que diga la Administracin, en trance de interpretar, modificar o
resolver un contrato, no es la nica ni la ltima palabra, pues la ltima palabra la tienen los Tribunales. La razn de ese privilegio obedece a las mismas razones por las que, en la actividad administrativa en general, la Administracin tiene reconocida la ejecutividad de los actos administrativos: la presuncin de validez de los mismos al servicio de los intereses generales que gestiona. Pero esa presuncin de validez no es incompatible con el control judicial posterior (artculo 106.1 CE), siendo los Tribunales quienes tienen, as, la ltima palabra. Debe subrayarse que estos privilegios slo existen en relacin con los contratos administrativos por lo que, en los dems, la Administracin no goza de esa ventaja posicional. 1.5. EL OBJETO DE LOS CONTRATOS: DETERMINACIN DEL OBJETO, EL PRECIO Y TIPOS DE PRESTACIN.
Objeto, precio y cuanta del contrato en el TRLCSP.
El Libro I del TRLCSP establece la configuracin general de los
contratos del sector pblico y sus elementos estructurales. En su Ttulo III se dedica al objeto, precio y cuanta del contrato.
En cuanto al objeto el artculo 85 del TRLCSP establece que el objeto de
los contratos del sector pblico deber ser determinado. Se trata de evitar la realizacin de contratos de contenido indeterminado, que se presten a un mal uso de los recursos pblicos y a una imposibilidad de controlar el correcto cumplimiento del contrato.
Precio del contrato.
En el mismo sentido el precio de los contratos del sector pblico
consistir en un precio cierto que deber expresarse en euros. El precio cierto no
es incompatible con que su pago puede hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que as se prevea en la Ley. El precio del contrato podr formularse tanto en trminos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestacin (tonelada de hierro o cemento) o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten (kilmetro de autova o centro escolar tipo), como en trminos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. El importe del Impuesto sobre el Valor Aadido que deba soportar la Administracin se indicar como partida independiente. La exigencia de la certidumbre del precio tampoco es incompatible con su revisin si se trata de contratos de las Administraciones Pblicas, o en la forma pactada en el contrato, en otro caso, cuando deban ser ajustados, al alza o a la baja, para tener en cuenta las variaciones econmicas que acaezcan durante la ejecucin del contrato.
Cuanta del contrato.
En cuanto a la cuanta del contrato puede comprenderse la importancia
que tiene, en la medida en que el umbral a partir del cual estamos antes contratos sujetos a una regulacin armonizada determina la aplicacin o no de las reglas que en el TRLCSP se contienen a tal efecto. Pues bien se comprende que tales umbrales pudieran burlarse fcilmente fraccionando un contrato nico en varios contratos aparentemente distintos, pero que en realidad no buscan sino escaparse a las normas de publicidad y adjudicacin del TRLCSP. Por ello el mismo , de acuerdo con la Directiva 2004/18/CE, ha establecido reglas que tratan de evitar un fraccionamiento artificial del contrato en varios. As en el artculo	86 se prevn supuestos en que se pueden fraccionar los contratos, pero en tales casos se prev que las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la adjudicacin de cada lote o prestacin diferenciada se determinarn en funcin del valor acumulado del conjunto,
salvo lo dispuesto en los artculos 14.2, 15.2 y 16.2. Con ello se disuade de un fraccionamiento artificial puesto que el mismo no evita el cumplimiento de las normas de procedimiento y publicidad por cada lote como si se tratara de un contrato nico.
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