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Timestamp: 2017-04-26 23:29:13+00:00

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• Hipótesis • Objetivo General
1.1. Análisis conceptual de seguridad publica 1.2. Definiciones importantes sobre el tema 1.3. Acerca de la corrupción
ANÁLISIS A LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE REGULAN LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO 3.3. Constitución política del estado de Zacatecas y Municipio
Encuestas Bibliografías
Actualmente la seguridad pública en nuestro país ha pasado a jugar un papel de suma importancia, ya que su eficiencia representa la salvaguarda de los intereses más caros de los individuos como lo es la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad personal, etcétera. Igual de importante es la concepción de seguridad pública que más que un servicio, “se refiere a los programas, principios, establecimientos, niveles, formas y calidades en que el estado establece una gran diversidad de aspectos legales operativos y técnicos que redundan en la prevención, vigilancia, control, auxilio, regulación, protección y respeto a favor de los gobernado” . En el estado mexicano la incorporación de una policía integral en materia de seguridad pública ha sido una exigencia primordial de la sociedad y del proceso de desarrollo nacional, así que se considera policía “aquella institución estatal dotada de poder coactivo inmediato, cuyas funciones enlazan básicamente con el denominado control social. Entendemos por control social, el conjunto de acciones, publicas y privadas, genéricas y especificas, individualización, restricción y/o prevención de conductas consideradas antijurídicas y socialmente inaceptables”. También, “si algo ha caracterizado al hecho mexicano es que esta íntimamente ligado a todas las formas de abuso del poder ya sea por la vía de la corrupción, del abuso policiaco, del poder judicial, de los sistemas carcelarios o directamente de la reconvención de los ex policías en asaltantes” Para su estudio el presente trabajo está dividido en tres capítulos. En el primero se aborda la definición de seguridad pública, la corrupción, la polémica conceptual de la seguridad en la constitución así como sus antecedentes, y puesto que además de analizar lo relativo a la seguridad publica, resulta indispensable analizar a la seguridad jurídica mas estrictamente como una “garantía que representa la organización Estatal en orden al mantenimiento del derecho y a la consiguiente protección del individuo, nacional o extranjero”. Y estudiando a la seguridad jurídica como una garantía no aremos caso omiso a lo señalado por el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, al abordar el tema de la clasificación de las garantías individuales en las que apunta que: “la obligación estatal que surge de la relación jurídica en que se traduce la garantía individual puede consistir desde un punto de vista formal en un no hacer o abstención, o en hacer positivo a favor del gobernado por parte de las autoridades del estado”. En el segundo capítulo presentaremos el concepto etimológico y definiciones del municipio en México como la “organización político-administrativa que sirve de base a la división territorial y a la organización política de los estados miembros de la Federación. Integran la organización política tripartita del Estado Mexicano, Municipios, Estados y Federación” . También se realizara un arduo análisis del artículo 21 constitucional vigente, de la ley general del sistema Nacional de de Seguridad Publica, también se analizara la fracción III del artículo 115 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Así mismo se analizara le ley Estatal de Seguridad Publica y otros ordenamientos jurídicos relacionados con el tema sujeto de estudio. En el tercer capítulo aremos un análisis crítico del sistema de seguridad pública en el municipio, se harán algunas consideraciones acerca de la ley de justicia en el estado de zacatecas. Para dar por concluida nuestra investigación terminaremos aludiendo algunas conclusiones y dando algunas propuestas que tienen que ver sobre todo con .
3.- Revisar leyes y ordenamientos Jurídicos que regulan la Seguridad Publica 4.- Analizar los servicios de Seguridad Publica vigentes en el Estado y directamente en el Municipio de zacatecas.
Lo anterior produce como consecuencia que la parte medular del juicio de garantías se concentre en los conceptos de violación de la demanda de amparo o agravios en el escrito de recursos, en base a los cuales se ataca el acto de autoridad de merito, asi, si el quejoso no ataco eficazmente el acto le será negado el amparo. Dicho lo anterior se desprende la incapacidad expresa del juez para analizar ampliamente el acto y ejercer una buena defensa de la Constitución, puesto que la base para determinar si se otorga o no la protección de la justicia federal estará determinada por la manera en que el quejoso haya atacado el acto, y no en la inconstitucionalidad del mismo, aunque esta haya quedado expresamente manifiesta.
Cabe mencionar que en repetidas ocasiones se ha propuesto la desaparición del principio de estricto derecho dentro del amparo, con la intención pues, de que el juez este en libertad de otorgar el amparo, en virtud de que haya quedado señalado en la demanda del quejoso que el acto reclamado contraviene lo dispuesto por la Ley Suprema del país. Sin embargo, se ha mantenido este principio y en la actualidad a raíz de la regulación del juicio de controversia constitucional (art. 105, fra. I, Const.) y de la acción de Inconstitucionalidad (art. 105, fra. II, Const.) en los que si procede la suplencia de la deficiencia de las promociones, se ha confirmado la subsistencia de este principio en el amparo. Respecto al comentario anterior el Doctor Alberto del Castillo del Valle en la obra contenida en la referencia, sostiene que el principio de estricto derecho subsiste en el juicio de amparo porque quien demanda, lo hace protegiendo o reclamando el respeto de sus derechos y que por tanto la acción que entabla tiene como sostén la necesidad de proteger su patrimonio, a diferencia de otros medios de control constitucional como el juicio de Controversia Constitucional y la acción de Inconstitucionalidad en los que sostiene también, que si aplica como principio rector la suplencia de la deficiencia de la queja, debido a que dentro de los mismos no existe un interés particular en juego ya que no se trata de la protección de los derechos de entes públicos si no que los promoventes tienen como fin velar por el respeto y vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A). JUICIO DE AMPARO.- Es el medio mas eficaz de defensa de la Ley Suprema Nacional, el cual procede a instancia de la persona que teniendo la calidad de gobernado, siente lesionada su esfera jurídica con motivo de la emisión y/o ejecución de un acto de autoridad. Dentro de este medio de control constitucional encontramos los siguientes principios rectores:
C). ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD.- La acción de inconstitucionalidad es medio de defensa político de la Carta Suprema frente a leyes (federales y locales) y tratados internacionales únicamente, sin que alguna otra clase de actos de autoridad pueda ser materia de estudio de esta instancia (como los reglamentos administrativos, circulares o acuerdos generales). Definido ya el objeto básico de la acción de inconstitucionalidad como medio de control constitucional, es necesario hacer hincapié en los principios fundamentales que lo rigen, con la finalidad de determinar la existencia de los principios discutidos en el presente trabajo, nos referimos pues a los que a continuación se presentan:
“GARANTIAS SOCIALES O DE GRUPO” MAESTRIA EN AMPARO
Para entender ampliamente lo que son las garantías sociales habrá que dejar en claro su diferencia respecto a las garantías del gobernado, así de esta forma marcaremos la diferencia que las distingue y respecto a la cual se han clasificado de esta forma. Así, tenemos que por garantías del gobernado se entiende:
“INTERDICTO DE HOMNIE LIBERO EXHIBENDO Y LEVA” MAESTRÍA EN AMPARO
En Roma tubo trascendencia el Interdicto de Homnie Libero Exhibendo, el cual fue creado por los pretores cuando los deudores o sus familias acudieron a exigir la suspensión del estado de esclavitud en quien había caído quien tenía una deuda o no había pagado, si el acreedor hacia uso de este “DERECHO” para cobrarse con la libertad del deudor, lo debido. La expresión de este interdicto, implica la obligación en que se encontraba el acreedor de exhibir al hombre libre ante el pretor, para que este determinara si la detención era conforme a derecho o carecía de vigencia, siendo este un antecedente de la garantía que otorga el último párrafo del artículo 17 constitucional, en el sentido de que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil Cabe hacer mención que el Interdicto de Homine Libero exhibendo postulaba los siguientes aspectos:
- Si tienes al hombre, exhíbemelo - Procedió por privación de la libertad por particular (el creador y privada de la libertad al deudor)
- Lo creo el pretor (no la ley) - El pretor (juez romano) exigía la presentación del hombre libre, para determinar si era valido privarlo de la libertad ( o de la vida)
- Es antecedente de los párrafos primero (al prohibir la venganza privada) y cuarto (al prohibir la privación de la libertad por deudas civiles) del artículo 17 constitucional mexicano. LEVA
Desde el 1 de julio de 1948 la Unión Postal Universal es un organismo especializado de las Naciones Unidas, luego del acuerdo suscrito entre ambas instituciones. Así, en su carácter de organización participantes en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pndu), la Unión Postal Universal beneficia en el ámbito de la Asistencia Técnica a sus países miembros, suministrando la contratación y envío de expertos, concesión de becas de formación y perfeccionamiento, entrega de material de equipo, de formación o de demostración. Además, con su presupuesto ordinario y con el Fondo Especial UPU, alimentado con contribuciones voluntarias de países miembros, financia proyectos de duración limitada. Los órganos de la UPU encargados de su funcionamiento son: el Congreso, el Consejo de Administración, el Consejo de Explotación Postal y la Oficina Internacional.
El servicio postal forma parte de la vida diaria de los habitantes del planeta. Incluso a la era numérica, el correo queda, para millones de personas, el medio de comunicación y de transmisión de mensajes más fácilmente accesible. Les servicios postales de los 189 países miembros de la Unión Postal Universal constituyen la más extensa red de distribución del correo físico en el mundo. 6 millones de empleados trabajan en más de 700.000 establecimientos postales para asegurar cada año el tratamiento y la distribución de casi 430 millones de expediciones a diferentes destinaciones en el mundo.
Siguiendo el ritmo de los cambios en el mercado de las comunicaciones, los correos utilizan cada vez más las nuevas tecnologías de comunicación y de información para ir más allá de lo que se considera tradicionalmente como su sector de actividad esencial. Responden a las exigencias incrementadas de los clientes con una gama ampliada de productos y servicios a valor añadido. Lo que es la UPU
Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) La UPAEP con sede en la ciudad de Montevideo, Uruguay y con el español como idioma oficial, es un organismo supranacional creado para facilitar las relaciones postales entre los países miembros, estudiar la implantación de nuevos servicios, promover la cooperación técnica entre las administraciones postales y mejorar el nivel técnico de los funcionarios de los Correos.
La UPU seguirá obrar para que cada uno pueda aprovechar de los servicios postales fiables a tarifas asequibles, Una de sus futuras misiones será elaborar y controlar las normas de prestación del servicio postal universal según criterios tales como la facilidad de acceso, la eficacia, la satisfacción de la clientela, la seguridad y una fijación de tarifa razonable. La UPU seguirá también proporcionando la asistencia técnica, la formación y los servicios de los consultantes para mejorar la calidad del servicio postal y contribuir a la puesta en obra de nuevos sistemas en los países en desarrollo.
1.1. Análisis conceptual de supremacía constitucional 1.2. Características de la Constitución Mexicana 1.3. Poder Constituyente como fuente del Sistema Jurídico Mexicano
JERARQUIA NORMATIVA EN EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO 3.1. Análisis al principio de Jerarquía Normativa
Para su estudio, el presente trabajo está dividido en cuatro capítulos; en el primero se aborda lo relativo al concepto de Supremacía Constitucional, así como las definiciones que diferentes autores han aportado al derecho sobre el tema, también fue oportuno abordar de manera amplia las características de la Constitución Mexicana, con la intención de dejar en claro aspectos relativos a poder constituyente, estado de derecho y estabilidad constitucional entre otros, temas que nos darán la pauta para realizar un varadero análisis de la constitución que regula todo el Sistema Jurídico Mexicano, para posteriormente y apoyándonos en las consideraciones doctrinales determinar el lugar que merece nuestra carta magna en nuestro sistema jurídico, puesto que desde Aristóteles, hasta nuestros días con el pensamiento de Herman Héller y Hans Kelsen han introducido el dogma o principio de supremacía constitucional a la Ciencia Política, en el Derecho Constitucional y en la Teoría General del Proceso. Derivado de la aclaración de Supremacía Constitucional aportada por la doctrina, se pretende en el segundo capítulo abarcar lo relativo al Control de Constitucionalidad, a fin de mostrar la herramienta básica de la cual se hace valer el estado mexicano para hacer respetar la constitucionalidad de la Ley Suprema atreves de un órgano regulador conocido como Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se hace valer del Sistema de Control Constitucional denominado “sistema mixto”, llamado así porque tiene características del “sistema difuso” norteamericano , pero a su vez también tiene características del “sistema concentrado” austriaco europeo .
Como ya se mencionó, en el tercer capítulo se analizará el tema de Jerarquía Normativa en el Sistema Jurídico Mexicano, ya que la jerarquía normativa es aquella que impone la subordinación de las normas de grado inferior a las de rango superior. Todas las normas jurídicas valen lo mismo, tienen el mismo carácter, grado, etc. Esto responde a la necesidad de orden de la realidad, y concretamente de orden de la realidad jurídica. De esta forma, la jerarquía normativa como toda jerarquía legítima genera claridad y seguridad, así, sabemos que una norma superior no puede ser contravenida por otra inferior y que debe seguirse la primera, con esto se evitan confusiones que pueden producir colisiones de normas , tema que también será materia de estudio del presente trabajo denominado Colisión Normativa. Se podría decir también que jerarquía normativa viene a ser la organización de las normas jurídicas, en la cual una disposición inferior no puede ir contra una superior y una superior puede derogar a una inferior. El señor Hans Kelsen recogiendo algunos trabajos precedentes, estableció todo un sistema de jerarquía normativa, subordinando unas normas a otras según la autoridad que las profería y la generalidad o especialidad de las mismas, afirmando que adoptaban una forma piramidal en la que las normas constitucionalmente eran la base y consecuencialmente, el origen y fundamento de todas las demás. Esta forma de jerarquía normativa es conocida en la actualidad como la famosa pirámide de kelsen. En el cuarto capítulo ya en materia de fondo en el presente proyecto e Tesis, será necesario revisar la clausula de la supremacía constitucional, la cual encontramos plasmada en el artículo 133 Constitucional, y el cual a la letra dice: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados”. De lo establecido por el precepto constitucional en mención, se desprende una gran cantidad de interrogantes frente a su interpretación, interrogantes que serán materia de estudio de la presente investigación, principalmente el hecho de que a poco mas de siglo y medio de que este precepto fue introducido a la Constitución Mexicana, es decir desde la reforma de la Constitucional de 1857, no se han hecho las modificaciones necesarias a dicha clausula, siendo que es confusa en varios sentidos, en primer lugar de poner en duda la supremacía de la cual goza nuestra carta magna, puesto que dispone de manera resumida, claro, que ;“ Constitución, leyes y tratados serán la ley suprema de toda la Unión”, es decir, establece a los tres como Ley Suprema de la Unión, dejando a ciegas la Supremacía Constitucional, es así pues, como se pone en duda el orden jerárquico de un cuerpo normativo, que desencadena en la segunda interrogante del presente trabajo y que consiste en saber qué será lo que deberá prevalecer en caso de conflicto entre una Ley y un Tratado. A pesar de que en varias ocasiones la Suprema Corte de justicia de la Nación a través de varios criterios ha intentado dejar en claro dicho orden jerárquico, los intentos han sido pocos; como ocurrió en el año de 1992 cuando con el voto unánime de 18 ministros presentes del total de 21 decidió que leyes y tratados “ocupan, ambos, el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas” y que al tener el mismo rango jerárquico “el tratado Internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa”. El criterio emitido por la corte y que dejó en clara la Supremacía de la Constitución respecto a Leyes y Tratados, fue sustanciosa hasta que fue sustituido de modo igualmente unánime en el año de 1999 debido a que al revisar un juicio de amparo que promovió el Sindicato de Controladores del Transporte Aéreo, estableció un criterio aislado en el sentido de que los tratados tenían una jerarquía superior a todas las leyes y, por ende, la validez de las mismas dependía de su concordancia con los tratados, por consiguiente 10 ministros presentes del total de 11, consideraron “que los Tratados Internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la ley fundamental y por encima del Derecho Federal y Local”. Con lo cual al estar los tratados por encima de las Leyes no pueden ocupar ambos el mismo rango, y los primeros pueden determinar la constitucionalidad de los segundos, pero no inversamente” A últimas fechas la Corte ha cambiado drásticamente su postura y ha situado en el mismo nivel a los tratados internacionales y a aquellas que ha denominado "leyes generales", (aquellas que el Congreso tuvo que emitir por mandato expreso de algún artículo de la Constitución, como es el caso de la Ley General de Educación, la Ley General de Seguridad Pública y la Ley General de Asentamientos Humanos), leyes que serán materia de un profundo análisis respecto a la actual jerarquía normativa. Por debajo de las leyes generales y de los tratados internacionales, la Corte ubicó a todas las demás leyes, federales, estatales y del Distrito Federal (que pueden emitir, de manera libre, el Congreso de la Unión, los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del DF), así como las normas municipales. La consecuencia de esta decisión es que todas las leyes o normas que vayan en contra de lo que establecen los tratados internacionales pueden ser declaradas inconstitucionales. En años posteriores la Suprema Corte ha emitido criterios frágiles y susceptibles de sufrir drásticas modificaciones que tienen que ver mas que nada con la decisión que tomen los integrantes de la corte y que por interese diversos están afectando la prevalencia de un verdadero orden normativo en el sistema jurídico mexicano.
La Supremacía Constitucional, como principio del Derecho Constitucional, postula ubicar a la Constitución jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas. Por su parte la calidad de norma suprema e nuestra constitución la encontramos plasmada en el texto legal del artículo 133 constitucional, el cual señala que: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión (...)”. Siguiendo los lineamientos que nos marca el Derecho Constitucional, la Constitución, se postula por encima de todas las demás normas jurídicas, sin embargo, de su interpretación se desprende un conflicto normativo al intentar determinar que norma es superior a cual, ya que señala que tanto Constitución, Leyes del Congreso de la Unión y Tratados internacionales serán Ley Suprema de la Unión, lo cual es fuente de controversias de carácter constitucional cuando no queda clara la exacta jerarquía de normas; puesto que una norma suprema (aquella que es superior a todas) determina la superioridad de una norma inferior.
Aunque la confusión a que se presta el texto legal del articulo 133 respecto a la supremacía de la Constitución sobre leyes y tratados internacionales, la ha dejado clara la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de criterios jurisprudenciales, de la misma forma, en los últimos años ha intentado regular el orden jerárquico entre leyes y tratados internacionales, sin embargo sus criterios no han sido firmes y se han vuelto susceptibles de sufrir cambios respecto a dicha jerarquía, lo cual ha desencadenado conflictos relativos a la constitucionalidad de normas cuando un ordenamiento normativo contraviene lo dispuesto por otro de mayor jerarquía. HIPÓTESIS
3.- Analizar el Control el Constitucionalidad existente en el Sistema Jurídico Mexicano, así como el desempeño del órgano encargado de dicha función. 4.- Revisar los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al oren normativo derivado de la supremacía constitucional, leyes y tratados.
La Supremacía Constitucional, como principio del Derecho Constitucional, postula ubicar a la Constitución jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas. Dicho principio se encuentra íntimamente ligado al de jerarquía normativa que es aquella que impone la subordinación de las normas de grado inferior a las de rango superior. De esta forma, la jerarquía normativa como toda jerarquía legítima genera claridad y seguridad, así, sabemos que una norma superior no puede ser contravenida por otra inferior y que debe seguirse la primera, con esto se evitan confusiones que pueden producir colisiones de normas. Por su parte la Constitución mexicana tiene la función de dejar en claro dicha jerarquía y postularse como norma suprema sin dejar esta condición prestarse a algún tipo de ambigüedad por lo que ante tal situación seria función del Congreso de la Unión establecer la exacta jerarquía normativa con la finalidad de dejar este aspecto plasmado en la carta magna de manera definitiva. METODOLOGÍA

References: artículo 21
 artículo 115
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 133
 artículo 133