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Timestamp: 2019-09-23 07:38:05+00:00

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﻿ Sentencia 2000-01116 de abril 30 de 2014
SENTENCIA 2000-001116 DE 30 DE ABRIL DE 2014
Sentencia 2000-01116 de abril 30 de 2014
Radicación: 700012331000200000111601 (36410)
No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16(2), permite decidir sin sujeción al orden de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.
Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la resolución mediante la cual la Fiscalía 16 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo, precluyó la investigación iniciada en contra de la señora Deifán Díaz de Peinado, quedó ejecutoriada el día 12 de agosto de 1998 (fl. 469, cdno. 1) y la demanda se formuló el 8 de agosto de 2000 (fl. 9, cdno. 1).
“Contestó: Nosotras nos conocemos hace treinta años, somos cuñadas, hemos tenido una relación familiar y de negocios. Preguntada: Sírvase explicar qué tipo de negocios ha tenido usted con la señora Deifán Díaz de Peinado, indicando si para los años 1995 y 1996 la mencionada señora tenía deudas con usted y a cuánto ascendía su monto. Contestó: Sí, yo le hice a ella un préstamo de dieciocho millones de pesos, que recibí de una herencia, se los presté al dos por ciento, por ser mi cuñada, ya que ella negociaba con prendas, cerámicas, utensilios de la casa y ella misma me pagaba los intereses. Nosotras negociábamos permanentemente. Para esa época la deuda ascendía a dieciocho millones de pesos. Yo le presté esa plata a ella para el mes de mayo del año 1995, al principio me pagaba los intereses, pero después tuvo fracasos y se nos presentaron problemas (...) Contestó: Como ella dejó de pagarme los intereses y así demoró mucho tiempo (...) entonces tomé la determinación, como a los tres años que no me pagaba, de ponerle abogado, aquí en Sincelejo (...) y le descontaron un taxi, la Sijin, allí estuvo detenido varios días en los patios de la Sijin. Luego ellos me llamaron, fuimos al juzgado y (...) conciliamos e hicimos unos acuerdos, pero para esa época, solo me cumplieron con diez millones, que me los pagaron por partidas, porque los restantes, me dijeron, que me lo entregaban con las cesantías del esposo de ella y sí me los pagaron, ellos tuvieron que vender la casa por la presión de la gente, entonces yo también acudí ahí y la presioné, pero ellos tenían muchos compromisos y no me pagaron junto, sino por partidas. Preguntada: Sírvase manifestar qué explicación le dio la señora Deifán Díaz de Peinado para haberle incumplido en las relaciones de negocios que tenía con usted y que llevaron a tomar las medidas que relató en su respuesta anterior. Contestó: Ella me decía que los dineros los tenía prestados al interés a varias gentes y no le cumplían, porque ella negociaba y que ella no tenía con qué pagarme, inclusive por eso tuvimos muchas discusiones y diferencias familiares, ella negociaba con gentes de la fiscalía, maestros, ella prestaba dinero, vendía artículos y mucha gente se le fue, como la gente la presionó ella tomó la decisión de vender la casa, eso es lo que tengo entendido. Supuestamente tenía la situación tan difícil, mencionaba ella que a veces no tenía ni para la comida y los hijos que estudiaban en Barranquilla y Bogotá, los trajo para acá, para Sincelejo y no siguieron en el estudio y como vendió la casa, el dinero no le alcanzaba para pagarle a tanta gente que le prestaban a ella, por ejemplo, como en el caso mío decía ella (...). Contestó: Sí tuve conocimiento de la orden de captura, en esa época, como que a ella la acusaban de estafadora, como que un cliente, si mal no recuerdo el tipo trabajaba en la fiscalía, pero no sé qué cargo desempeñaba. Él le canceló y ella le entregó las letras. A mí me extrañó eso, porque de verdad, ella es muy trabajadora, honesta, seria en sus actitudes. Preguntada: Sírvase manifestar si existió alguna relación entre el incumplimiento de la señora Deifán Díaz de Peinado, en el caso de las obligaciones que tenía con usted y la circunstancia de que ella hubiera estado detenida. Contestó: Definitivamente no, porque como lo decía anteriormente, en el juzgado y ante el abogado que yo tenía, nosotras conciliamos y aun cuando ella demoró para darme el resto del dinero, yo le pedí al abogado que terminara con el proceso, mejor dicho que desistía porque ya habíamos acordado lo que se iba a hacer, o como se iban a hacer las cosas, por esta razón creo que no tiene nada que ver mi negocio con este proceso. Preguntada: Sírvase manifestar si la señora Deifán Díaz de Peinado le pagó a usted la suma que mencionó deberle, antes o después de haber estado detenida. Contestó: No, ella me pagó el año pasado, a principios de año, como en marzo, cuando le llegó la cesantía del señor, ella alude que fue de la cesantía, pero yo esto no lo puedo asegurar porque no tengo la veracidad, que fue muchísimo después de esa orden de captura (...) Preguntado: Sírvase manifestar, si sabe, qué reacción produjo en el esposo y en los hijos de la señora Deifán Díaz de Peinado, la detención de que esta fue objeto. Contestó: Indignación del esposo y de los hijos, porque ellos están grandes, se disgustaron muchísimo, pasaron unos días difíciles, para mí, hasta que los menores sufrieron trauma, pienso yo, porque siempre en las conversaciones y cuando hablan de negocios, tocan ese punto. Todos estos problemas les trajeron a ellos, hasta lágrimas, porque eso lo viví, porque fue antes de la diferencia conmigo”.
“Conozco a Deifán Díaz de Peinado y a su familia desde hace muchísimos años, es una persona que siempre se ha dedicado al comercio, a raíz de ello, le solicité y fui intermediaria, para que el señor Mufith Salaiman le prestara a Deifán veinte millones de pesos, eso fue más o menos en 1993, ellos hicieron negocios más o menos durante tres años, después de eso, en la ciudad comenzaron a circular rumores de que Deifán estaba demandada por estafa, mi cuñado se preocupó y comenzó a presionarla para que le devolviera dicho dinero, a raíz de ello, Deifán tuvo que vender su casa, porque ella vendía perfumería, cristalería, prestaba plata al cinco por ciento, siempre se destacó en la ciudad, en el medio, como una persona honesta, honorable y muy trabajadora (...). Contestó. A ella le libraron orden de captura porque había sido denunciada por estafa o por usurera, algo así, y sé que el señor que la demandó la fue a buscar a la casa, porque Deifán había comprado unas cesantías, como vivíamos cerca, yo la acompañé a su casa, a entregarle el resto del dinero al señor y las letras, que eran varias. Doctor yo le puedo dar fe que esas letras no tenían ninguna enmendadura, porque fue en mi presencia (...). Deifán trabajaba con dineros que le prestaban al dos por ciento, fueron muchas las personas que depositaron su confianza en ella y les prestaban esos dineros. Al presentarse el rumor en esta comunidad, que es tan pequeña, los acreedores empezaron a solicitarle que les devolviera su dinero. Ella recurrió a vender la propiedad, que era su casa, era tanta la presión, el acoso que tenía para que ella cumpliera con los compromisos, que se vio obligada a vender su casa que estaba más o menos evaluada en ciento veinte millones de pesos, la tuvo que vender en sesenta millones de pesos; que no solamente se perjudicó al devolver estos dineros, con la venta de su propiedad, sino que tuvo que retirar a sus hijos de la universidad, por no tener con qué cumplir con la obligación esa. Preguntada: Sírvase manifestar qué reacción produjo en el esposo e hijos de la señora Deifán Díaz de Peinado la detención de que esta fue objeto. Contestó: Ella no fue detenida, yo no tengo conocimiento acerca de eso, le dictaron orden de captura y se fue para mi casa. El esposo y los hijos están traumatizados, usted se imagina cómo se sienten unos jóvenes, tener que abandonar sus ilusiones, sus metas, ver truncados sus estudios, porque sus papás no pudieron brindarles más apoyo económico. Después de estar en un quinto semestre de odontología, un joven, eso es muy duro. Y la reacción de ellos, lloraban, yo viví eso (...). Sí, agrego que conozco a esa familia, a la familia Peinado Díaz y que son personas respetadas en la comunidad. Todavía ha pasado mucho tiempo y aún le deben plata, muchas personas se quedaron con sus dineros, a raíz de ese problema, le decían usurera, agiotista, falsificadora y como mucha gente de estas trabajan en la fiscalía y dichos sueldos son inembargables, no podía hacer nada (...)”.
• Oficio 1581 del 22 de julio de 2004, mediante el cual la Fiscalía 16 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo remitió las copias que hacen parte de la investigación que se inició contra de la señora Deifán Díaz de Peinado, expediente que será valorado por la corporación por cuanto se solicitó como prueba por la parte demandante, al tiempo que se adelantó con audiencia de la propia entidad demandada, esto es la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.
— Resolución de fecha 2 de febrero de 1996, a través de la cual se dictó medida de aseguramiento consistente en caución prendaria contra la señora Deifán Díaz de Peinado, como presunta autora de los delitos de falsedad en documento privado y estafa. De igual forma se le obligó a suscribir el acta de que trataba el artículo 419(4) del Código de Procedimiento Penal, vigente para la época de los hechos.
— Resolución del 18 de marzo de 1996 a través de la cual la Fiscalía 16 dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, debido a que la sindicada no había procedido al pago de la caución. Lo anterior de conformidad con el artículo 397(5) del Código de Procedimiento Penal, vigente para la época de los hechos.
“Esta fiscalía mediante providencia de fecha 2 de febrero de 1996, resolvió la situación jurídica de la procesada imponiéndole medida de aseguramiento en la modalidad de caución prendaria, por los delitos de falsedad en documento privado y estafa. Esto con fundamento en el dictamen grafológico rendido por el laboratorio de investigación científica (Labici) grafística y documentología del CTI, de Medellín, en donde se concluyó que los valores de las letras sometidas a estudio habían sido adulterados y en que la procesada fue depositaria de los instrumentos negociables, que al estimarse que habían sido adulterados en sus valores, ello implicaba un indicio grave de responsabilidad contra la procesada, pues como se ha dicho ella era la persona que guardaba las letras de cambio, y estas fueron cobradas al señor Rubén Darío Moreno por las sumas que se dice fueron colocadas con posterioridad, es decir por la totalidad del valor de las sumas adulteradas.
Dice el superior que: “pero hasta donde llega el despelote reinante dentro de este expediente de parte de los funcionarios de la institución que citan a Oscar Pérez, cuando esa persona no figura en el expediente...”.
“Esta unidad confirmará la preclusión de la instrucción proferida a favor de la sindicada Deifán Díaz de Peinado, atendiendo a las voces del principio in dubio pro reo (...). Además el estudio o dictamen grafológico obrante a folios 86 y 88, tal como la advierte la voz del Ministerio Público, no compromete la responsabilidad penal del muestradante Deifán Díaz de Peinado, con lo que ni siquiera se dan los elementos estructurales de la hipótesis delictiva falsedad en documento privado artículo 221 Código Penal, tipo penal de dos actos que requiere la falsificación y uso del documento privado que pueda servir de prueba.
En cuanto a la Usura, norma simbólica del artículo 235 Código Penal, no se demostró en el diligenciamiento del ingrediente normativo del término de un año ni se trajo al expediente el interés vigente en ese entonces para los créditos ordinarios de libre asignación certificado por la Superintendencia Bancaria, sino que solo aparece a folio 37 una certificación del Bancafetero señalando que “a partir de agosto 12 de 1995, la tasa máxima de interés corriente que se deberá cobrar para los sobregiros será del 6.5% efectivo anual”. Además se observa que entre la sindicada y el denunciante podemos enmarcar en el ámbito penal, por la precaria investigación que se hizo al respecto. Nótese por ejemplo, el caso de la hipoteca, los poderes conferidos a la sindicada y al almacén Carmencita para retirar y cobrar el mismo cheque de la prima, maniobra en la cual resultó afectada o engañada Deifán Díaz.
Finalmente sobre la defraudación por abuso de circunstancias de inferioridad, en este caso, de la necesidad, se advierte que el denunciante señor Rubén Darío Moreno Flórez ni en su denuncia, como tampoco en su ampliación precisa en qué consistía esa presunta “necesidad” al parecer aprovechada por Deifán Díaz para inducirlo pagar intereses, firmara poderes y contratos simulados para reclamar más tarde las cesantías parciales por la suma de $ 8.124.429,97.
Por último como se sabe que los documentos dubitados fueron adulterados como lo advierte el dictamen pericial (...) y comoquiera que la sindicada Deifán Díaz de Peinado no fue la que los falsificó, se dispondrá compulsación de copias de lo pertinente para la fiscalía a quo para que la fiscalía competente en la investigación previa realice las pruebas dirigidas a identificar a las personas que lo falsificaron, así por ejemplo tomará abundantes muestras al señor Miguel Peinado Herrera y al denunciante Moreno Flórez para establecer si las adiciones tachadas de falsas resultan uniprocedentes con sus gestos gráficos y en consecuencia de ser procedente se abra formal instrucción”.
Ahora bien, el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos materia del presente asunto (D. 2700/91), respecto de las diferentes medidas de aseguramiento y los requisitos para la imposición de éstas, establecía lo siguiente:
“ART. 395.—En el auto de detención preventiva el funcionario judicial ordenará la prohibición de salir del país y librará los oficios respectivos.
“ART. 416.—Momento de la libertad bajo caución. Cuando exista detención preventiva, la libertad provisional se hará efectiva después de otorgada la caución y una vez suscrita la diligencia de compromiso”.
“ART. 420.—Cancelación de las cauciones. La caución se cancelará al cumplir el sindicado las obligaciones impuestas, o cuando se revoque la medida que la originó, o cuando termine la actuación procesal por causa legal” (se deja resaltado).
Agréguese a lo anterior que el artículo 24 constitucional prevé dos expresiones o modalidades acerca de la libertad personal que igual revisten el carácter de derechos fundamentales: i) la libertad de locomoción o circulación, la cual comprende el sentido más elemental de la libertad inherente a la condición humana, esto es la facultad de desplazarse y de transitar por todo el territorio nacional, incluyendo la posibilidad de salir del país, sin que para su ejercicio sea menester permiso de autoridad alguna; este derecho fundamental se encuentra amparado internacionalmente por múltiples convenios y tratados en su dimensión negativa o defensiva, vale decir, en tanto limita el ejercicio del poder del Estado en defensa de la libertad del individuo (artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948(11), artículo 12 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968(12), artículo 22 de la Convención americana sobre derechos humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972(13), entre otros convenios); y ii) la libertad de fijar domicilio, dimensión que entraña la facultad autónoma e inalienable de toda persona(14) para definir el sitio donde desea vivir, expresión de la libertad que constituye también manifestación del derecho constitucional fundamental a la personalidad jurídica (C.P., art. 14) y del libre desarrollo de la personalidad, previsto en el artículo 16 eiusdem, por cuya virtud se excluyen las imposiciones externas e injustificadas respecto de decisiones relativas a la esfera particular y al rumbo de la vida de cada persona(15).
Para la Sala resulta claro que si se exonera a un sindicado bajo el supuesto de que él no cometió el hecho del cual se le acusa penalmente, la restricción a la libertad a la cual se le sometió, le produjo un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar y, por consiguiente, habrá lugar a indemnizarlo. Así pues, en estos eventos considera la Sala que el elemento que compromete la responsabilidad del Estado radica en la antijuridicidad del daño padecido por la víctima, comoquiera que ésta no tiene el deber de padecerlo.
Así mismo, de los anteriores hechos probados puede inferirse que la señora Deifán Díaz de Peinado si bien no fue privada de su libertad física (intramuros), lo cierto es que esa medida comportó la restricción de su derecho de libertad en el plano jurídico, amén de haberse traducido en una restricción real, concreta y efectiva respecto de sus derechos de libre circulación y de libertad de fijación de residencia, esto es la obligación de no cambiar de domicilio ni de salir del país sin previa información y autorización de la autoridad judicial respectiva, así como la de presentación ante la autoridad cuando esta lo requiriera.
“En tales condiciones, quedó establecido en el plenario que como consecuencia del proceso penal adelantado en su contra, el demandante fue objeto de una medida de aseguramiento que entrañaba una limitación a la libertad de locomoción y de residencia. Así mismo logró establecerse que en fallo de segunda instancia, el actor fue absuelto porque no cometió el hecho.
Así mismo, en relación con la acreditación del perjuicio en referencia, se ha dicho que, con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio, se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes cercanos(22), según corresponda.
En la demanda se solicitó el reconocimiento de la indemnización correspondiente por los perjuicios materiales consistentes en la venta de una casa de su propiedad por un menor precio al comercial, dinero que habría utilizado para pagar los gastos del proceso judicial que se le adelantó, al tiempo que se pidió el reconocimiento de “una cartera representada en cheques, letras por un valor de $ 36.000.000”.
PRIMERO: Revócase la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Sucre, el día 28 de agosto de 2008 y, en consecuencia, se dispone:
1. Declárase patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la restricción injusta de la libertad de la cual fue víctima la señora Deifán Elena Díaz Tono(28).
2. Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar a la señora Deifán Elena Díaz Tono un monto equivalente a cuarenta (40) SMLMV y a los señores Miguel Oscar Peinado Herrera, Miguel Ángel, Leyla Paola, Alaín Bernardo y Johan Arturo Peinado Díaz, un monto equivalente a quince (15) SMLMV, para cada uno, a título de perjuicios morales.
(1) De conformidad con el Acta de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado No. 9 del 25 de abril de 2013.
“ART. 63A—Del orden y prelación de turnos. <Artículo condicionalmente exequible>
(6) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 17 de octubre de 2013. Expediente: 23.354.
(15) Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(17) En términos similares puede consultarse, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, Expediente 16.075, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia del 23 de junio de 2011, Expediente 19.958.
(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, Expediente 16.075, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(20) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 15.980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(21) Sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 23.688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Expediente 24.296.
(22) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1º de marzo de 2006. Expediente 15440, M.P. María Elena Giraldo Gómez.
(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646, M.P. Alier E. Hernández Henríquez.
(24) Hinestrosa, Fernando, Derecho civil obligaciones, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 1969, p. 180.
(25) Guasp, Jaime, Derecho procesal civil, I, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968, p. 312.
(26) Muñoz Sabaté, Luis, Técnica probatoria. Estudio sobre las dificultades de la prueba en el proceso, Praxis, Barcelona, 1967, pp. 48-49.
(27) Guasp, Jaime, Derecho Procesal Civil, I., cit., p. 318.

References: artículo 16
 resolución 
 Resolución 
 artículo 419
 Resolución 
 artículo 397
in dubio
 artículo 221
 artículo 235
 artículo 388
 artículo 24
 artículo 12
 artículo 22
 artículo 16