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Timestamp: 2019-04-20 07:14:36+00:00

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DETALLE RESOLUCIONES
RESOLUCIONES O.P. Nº 100070716
F. V/C Nº 0002 - 00000237
Publicado en el Boletín Oficial de Salta Nº 20442 el día 11/02/2019
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA SALTA - N° 063/2019 (Valor al Cobro)
Salta, 25 de enero de 2019
RESOLUCIÓN N° 0063
VISTO los diversos contratos de obra pública detallados en el Anexo I de la presente, que el Instituto Provincial de Vivienda mantiene en ejecución y que fueran celebrados en el marco de los Ex Programas Federales de Vivienda, y del nuevo Plan Nacional de Vivienda; y
Que dichos contratos poseen determinadas características: a) Cuentan con financiamiento compartido entre la Secretaría de Vivienda de Nación y este Instituto, siendo el aporte nacional, en todos los casos, superior a los 2/3; b) Poseen precio base a abril/2016 por formar parte del "Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno Año 2016 - 1.655 viviendas", o a agosto/2016, en virtud de la adhesión de la obra a las disposiciones de la Resolución 62E/16 V del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; y c) Les rige, dependiendo de la situación particular de cada obra, el sistema de redeterminación de precios del Decreto PEN N° 691/16, o la Resolución MIOPV N° 896/17 de determinación de precios por Uvi.
Que respecto del punto b) del considerando anterior, dicho mes base a abril/2016 estuvo definido por la Constancia de Factibilidad Financiera otorgada al IPV en el marco de los procesos licitatorios realizados en los meses de julio y agosto de 2016 para el "Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno año 2016 - 1.655 viviendas".
Que las obras cuyo mes base es agosto/2016, éste estuvo definido por la adhesión a la Resolución MIOPV 62E/16, que implicaba: a) La readecuación del saldo físico faltante al 30/04/16, al 90 % del monto máximo financiable establecido por la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat por Resolución MIOPV N° 647/16, b) La adhesión automática de dichas obras al régimen y metodología del Decreto PEN N° 691/16, y c) La renuncia expresa a la redeterminación provincial establecida por Decreto N° 1170/03.
Que el Decreto Nacional N° 691/16 de redeterminación de precios publicado en el B.O. el 19/05/2016, recién pudo ser operativo a partir de abril del 2017, fecha en la que la ex Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación (S.V.yH.N.) remitió a los entes ejecutores (Institutos Provinciales de Vivienda) los instructivos pertinentes para el cálculo.
Que sin perjuicio de haberse remitido oportunamente a la ex S.V.y H.N. las solicitudes de redeterminación de precios, ninguna ha sido aprobada a la fecha por causas no imputables a este IPV ni a sus empresas contratistas, por lo que las obras comprendidas son, actualmente, certificadas a precios de agosto/2016.
Que en fecha 02/10/2017 y como corolario de la situación descripta ut supra, se dictó la Ley N° 27.397 por la cual la determinación de los precios que se coticen en los contratos de obra pública destinados a la construcción de viviendas, así como en los programas o planes sociales de construcción o mejoramiento de viviendas financiados por el Estado nacional, se efectuará de acuerdo al valor en pesos de la Unidad de Vivienda (UVI) tomando como referencia el valor de la UVI de la fecha que se indique en los pliegos de bases y condiciones, de conformidad con las previsiones contempladas en el artículo 6.º párrafos primero, segundo y tercero de la Ley Nº 27.271. A tales efectos, se fijó como índice el valer diario en pesos de la Unidad de Vivienda (UVI), publicado por el Banco Central de la República Argentina, (conf. artículo 1.º).
Que en el marco del artículo 5.º de dicha ley, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, dictó el 16/11/2017 la Resolución N° 896E/17 por la cual se establece que en los contratos destinados a vivienda o mejoramiento de viviendas que hayan sido celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 27.397, el Ente Ejecutor que decida adherir a dicha norma, deberá presentar una solicitud de adecuación de cada contrato a la misma, de conformidad, con el modelo de nota y los formularios que como Anexos forman parte de dicha norma, y que consistían en la planilla de adecuación del sado faltante y en la planilla de cálculo de deuda, conforme artículo 1.º, inc. b) apartado iii in fine de la menada resolución ministerial.
Que este Instituto presentó formal adhesión a dicha normativa en tres oportunidades durante el año 2018, 01 de marzo, 05 junio y por última vez el día 02 de agosto, para todas las obras del visto que encuadraban en los parámetros establecidos por la Resolución N° 896/17, debiéndose aclarar que la reiteración fue producto de los cambios de criterio en la confección de las planillas de adecuación del sado faltante y de cálculo de deuda por parte de la Sec. de Vivienda de Nación.
Que recién en fecha 10 de agosto de 2018 la Secretaría de Vivienda dictó la Circular "Bases para la aplicación de Uvis", Numero IF-2018-38669516-APN-DNGOPH#MI y en septiembre del mismo año, el Manual de Procedimiento "Metodología de Adhesión a Uvi Ley Nº 27.397. Resolución 896/17", solamente aplicable para la determinación del saldo faltante en Uvi.
Que, a la fecha de la presente, sólo ocho convenios1 fueron adecuados en su saldo faltante, bajo una metodología ciertamente abusiva, por cuanto desconoce los aportes provinciales de los entes ejecutores ya efectuados, y exige, sin embargo, un nuevo aporte provincial de 1/3 sobre el 2/3 del aporte nacional y sin que se haya aún reconocido la deuda generada hasta la fecha.
Que, así las cosas, la mayoría de los contratos de obra pública del visto continúan con un precio base a abril/2016 - agosto/2016 como consecuencia de la demora en la reglamentación y definición de la metodología de aplicación de las sucesivas regulaciones en materia de recomposición de precios dictadas a nivel nacional.
Que un precio base a abril o agosto 2016 implica una falta de actualización de los precios de las obras, que no sólo pone en riesgo el equilibrio económico financiero que debe regir todo contrato de obra pública, sino que se traduce en una dificultad para cumplir con la entrega de las viviendas, conforme lo contratado, vulnerando en consecuencia la posibilidad de cumplimiento del fin institucional de este organismo.
Que esta falta, insuficiencia y demora en los desembolsos de origen nacional incidió en el nivel de ingresos y, por ende, en las finanzas de este IPV, repercutiendo consecuentemente, en la imposibilidad de pago a las empresas contratistas de este IPV de las sumas correspondientes a los programas federales, lo que devino en diversas presentaciones por parte de las contratistas reclamando la recomposición de los precios, y una certificación de obra a valores actualizados.
Que entre las competencias asignadas a este Instituto por Ley N° 5167, se encuentra la de determinar las pautas económico financieras y organizar en lo social toda acción gubernamental que tienda a la obtención de soluciones habitacionales; y la de administrar y utilizar los recursos del Instituto y otros que le sean asignados.
Que así también la Ley N° 6844, al adherir al Sistema Federal de Vivienda creado por Ley Nacional N° 24.464, crea el Fondo Provincial de Vivienda, el que está integrado con los recursos del Fondo Nacional de la vivienda que le corresponden a la provincia de Salta de conformidad a la Ley Nacional N° 24.464, los recursos provenientes de recuperos de inversiones realizadas con fondos provenientes de la Ley Nacional N° 24.464, sus intereses y recargos, los recursos provenientes de la titularidad y de la negociación obtenidas de las carteras hipotecarias de las viviendas financiadas con los recursos de la Ley Nacional N° 24.464, los recursos provenientes del recupero de inversiones con fondos obtenidos con anterioridad a la aplicación de la Ley Nacional N° 24.464 sus intereses y recargos, y los recursos provenientes de reparticiones estatales, nacionales o extranjeras, empresas a organizaciones privadas, legados o donaciones y todo otro recurso que el Poder Ejecutivo Provincial considere conveniente se integre a dicho fin.
Que dicha ley, en su artículo 3.°, modificado por Ley N° 17.130, designa al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, con las facultades conferidas en su ley de creación y sus modificatorias, como el organismo de aplicación en la jurisdicción provincial para administrar los recursos del fondo provincial de la vivienda, aclarando que a tal fin deberá cumplir y hacer cumplir las leyes específicas relacionada con el mismo, para lo cual dispondrá con la facultad reglamentaria en los aspectos internos, para las contrataciones con partidas de dichos fondos, ejerciendo autarquía técnica y financiera en su desenvolvimiento.
Que los fondos hasta hoy transferidos desde los programas federales para cada una de las obras que lleva adelante este IPV no resultaron, ni resultan suficientes para viabilizar su ejecución, por lo que devino inevitable aplicar el destino de los fondos con los que este IPV cuenta, provenientes de remesas nacionales del FO.NA.VI. y/o recupero de cuotas, afectando los mismos (hasta tanto la Secretaría de Vivienda de Nación realice formal reconocimiento), a la terminación de aquellas obras que se encontraban con un avance físico considerable, o a aquellas otras que representaron o representan una excepcional situación habitacional y social que ameritaba ser contemplada de forma preferente para satisfacer el interés público comprometido, supeditando la ejecución y/o prosecución de las restantes obras hasta tanto se vayan regularizando los desembolsos de Nación.
Que de no precederse de tal manera, se hubiera intensificado el estancamiento generalizado de todas las obras, vulnerándose aún más la compleja situación habitacional que se pretendió y se pretende sortear, razón por la cual, y previa ponderación de las diversas alternativas consideradas para satisfacer de una manera más eficiente el interés público comprometido, lo dispuesto en el considerando precedente, se erigió como la solución más razonable y prudente a los fines de evitar la total paralización de las obras que lleva adelante este IPV.
Que así, el Instituto, en el marco de las atribuciones conferidas por Ley N° 5167 y N° 6844, modificada por Ley N° 7130, ha llevado a cabo diversas medidas tendientes a preservar la ejecución de las obras a su cargo, otorgando a sus empresas contratistas pagos a cuenta por redeterminaciones o actualizaciones de precios pendientes de aprobación ante la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (M.I.O.P.V.) en concepto de Readecuación - Resolución 62E/16 M.I.O.P.V., Decreto Nacional N° 691/16, y Resolución N° 896E/16 UVI.
Que así también, del análisis financiero y presupuestario efectuado respecto de las remesas enviadas por Nación al IPV durante 2018, surge que el monto total de las mismas no llego a cubrir el presupuesto asignado a este Instituto para el mencionado Ejercicio, con el agravante de que en la Ley N° 27467/2018 de Presupuesto 2019, no se encuentran contempladas remesas para el pago de redeterminaciones.
Que siendo excesivo el tiempo transcurrido, sin que a la fecha haya tenido lugar la recomposición de precios prometida por organismo nacional, corresponde ante esta situación excepcional, tomar medidas de excepción que fueren necesarias definiendo las acciones a seguir tendientes a sortear la situación actual y a proteger el interés público hoy comprometido.
Que sin duda éste último está dado por la acuciante necesidad de regularizar el estado financiero de cada obra, a los fines de que todos los pagos a cuenta ya efectuados sean imputados sobre una base cierta, la que asimismo permitirá proyectar el financiamiento de los saldos pendientes de ejecución, el cierre de aquellas obras ya finalizadas y la toma de decisiones tendientes a la correcta y eficiente aplicación de los recursos con los que este Instituto cuenta para el cumplimento de su fin.
Que se suma la necesidad de ajustar las garantías de los contratos a los montos efectivamente desembolsados por cuanto las últimas presentadas refieren al último monto contractual aprobado; y, asimismo, adecuar todos los planes de trabajos a lo efectivamente ejecutado y certificado, reflejando el real plazo de obra para culminar los trabajos contratados, lo que permitirá también proyectar de manera eficiente el flujo financiero necesario.
Que los cambios producidos a nivel nacional han establecido nuevas reglas económicas, que difícilmente pudieron ser previstas por las partes, ocasionando significativos incrementos de precios en el rubro de la construcción, materiales y equipos, que provocaron, asimismo, desajustes en los costos previamente pactados y, por lo tanto, desequilibrios en los contratos. Que en el marco del reordenamiento de la economía como consecuencia de los cambios señalados más arriba, es necesario restablecer el equilibrio de la ecuación económico-financiera de los contratos de obra pública.
Que el interés público descripto y hoy comprometido, debe ser protegido a través de las herramientas legales vigentes en la Provincia de Salta. Así el Decreto Pcial. N° 1170/03, que fija el régimen de redeterminación de precios de los contratos de obras públicas celebrados en el marco de la Ley N° 6838, cuyos comitentes sean los organismos centralizados, descentralizados o autárquicos del Estado Provincial, deviene como la única alternativa válida aplicable, a los fines de recomponer los precios de los contratos de obra pública de vivienda en los que el IPV es comitente.
Que ello es así por cuanto, si bien el Decreto Nº 359/18 estableció el Uvi, para determinar los precios de los contratos de obra pública destinados a la construcción de viviendas sociales, corresponde aclarar que dicho sistema rige para los procedimientos licitatorios se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, después del 29/03/2018.
Que si bien la norma prevé en el tercer párrafo de su artículo 1.º que aquellos contratos que se hubieren celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia del Dec. Nº 359/18 y se encontraren en ejecución, podrán adherirse a la modalidad de determinación de precios por Uvi conforme el procedimiento que oportunamente fije el Instituto Provincial de la Vivienda, corresponde puntualizar que en el penúltimo considerando de dicho instrumento se exhorta al organismo provincial a establecer idéntico mecanismo de cálculo que la nación a fin de unificar la forma de determinar la cotización de la obra pública para la construcción de viviendas sociales y la eventual actualización de su precio.
Que en razón de los antecedentes expuestos, no resulta posible dictar el procedimiento provincial de adhesión al Uvi para las obras en ejecución el momento de entrada en vigencia del Dec. Nº 359/18, fundamentalmente por cuanto su modelo nacional a seguir no se encuentra completamente reglamentado, no habiendo aún definido á Secretaría de Vivienda de Nación una parte esencial del mismo, como es la forma de cálculo para la recomposición del período que va desde el y último mes base, (en nuestro caso abril o agosto/2016) y la fecha de notificación del Informe de Firma Conjunta de la SVN por el cual comunican la adecuación a Uvi del saldo faltante.
Que en esta instancia y para las obras con mes base a agosto/16 - Res. 62E/16 corresponde traer a colación la renuncia que en aquel entonces y mediante "Adenda por Readecuación de Precios - Res. 62E/16" formalizaron las empresas contratistas a la aplicación del Decreto provincial Nº 1170/03, la cual debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto la finalidad de dicha renuncia fue era no solo evitar la duplicidad de pagos por un mismo objeto, por cuanto, tanto el régimen de redeterminación nacional como el provincial eran aplicables ante una variación del 5 % de los precios de la obra, sino, sobre todo, la uniformidad en el régimen aplicable a las obras cofinanciadas; finalidad que nunca pudo ser alcanzada atento el evidente fracaso del Decreto Nacional N° 691/16.
Que, por su parte, a las obras del punto b) del primer considerando, les rige "el Decreto Nacional N° 691/16, o el sistema de redeterminación o actualización de precios que se implemente en su remplazo", conforme cláusula tercera de dichos contratos de obra pública.
Que, en consecuencia, corresponde remplazar el régimen de redeterminación de precios de las obras del visto, por un sistema y una metodología eficaz, ya definido y efectiva aplicación, como es el Decreto Pcial. N° 1170/03, el cual permitirá recomponer los precios de los contratos de obra pública de vivienda.
Que la Ley N° 5348 de Procedimientos Administrativos para la Provincia de Salta, establece en su artículo 92, que el acto administrativo regular que crea, reconoce o declara un derecho subjetivo, no puede ser revocado en sede administrativa una vez que ha sido notificado al interesado. A este principio general del derecho administrativo, le rigen las excepciones previstas en el artículo 93 del mismo cuerpo legal, no siendo aplicable el principio de la irrevocabilidad del acto administrativo, “b) cuando se trate de extinguir o alterar un acto en beneficio del interesado...". Es decir, que la estabilidad del acto funciona en favor, y no en contra, del administrado, por lo que el acto podrá ser revocado, modificado o sustituido a su favor con la condición limitativa de no causar perjuicio a terceros.
Que por su parte el artículo 40 de la Ley N° 6838 - Sistema de Contrataciones de la Provincia- autoriza, por acuerdo de partes, a efectuar una revisión de los valores contractuales con carácter excepcional cuando causas sobrevivientes y que no hayan podido ser tomadas en cuenta al momento de la oferta modifiquen substancialmente la economía del contrato; tal el caso de marras.
Que el Área de Control de Obras, el Área Financiera y Administrativa, la Unidad Única de Contrataciones, el Área de Asesoría Jurídica, el Coordinador Financiero y el Coordinador de Áreas tomaron la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por Ley Provincial N° 5167, su modificatoria Ley N° 5963,
Artículo 1.º) Establecer un régimen de recomposición de precios y de adhesión voluntaria para aquellos contratos de obra pública con financiamiento nacional en los que este Instituto Provincial de Vivienda haya efectuado pagos a cuenta de cualquier crédito, que por certificación de obra básica, Decreto 691/16, o U.V.I., posean los contratistas de este organismo contra la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, y que se detallan en la nómina que como Anexo I forman parte del presente, todo conforme los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2.º) Aprobar el "Régimen de Recomposición de Precios de Contratos de Obra Pública" que como Anexo II forma parte de la presente.
Artículo 3.º) Delegar en el Sr. Jefe de Área de Control de Obras la facultad de aprobar mediante disposición interna, la readecuación de los planes de trabajo y de aquella documentación técnica de la oferta original que resulte necesaria en el marco del presente régimen.
Artículo 4.º) La presente será refrendada por el Sr. Coordinador Financiero, el Sr. Jefe del Área Asesoría Jurídica, el Sr. Jefe del Área de Proyectos a cargo del Área de Control de Obra conforme Memorándum Nº 02/19, la Sra. Jefa del Área Financiera y Administrativa, y la Sra. Jefa de la Unidad Única de Contrataciones.
Artículo 5.º) Regístrese, publíquese, comuníquese, y archívese.
1Convenio Nº 03844287/2017- 90 VIV. PEREYRA ROSAS ET. 1 -SEGURA, Nº 04545872/2016 - 95 VIV. PEREYRA ROSAS ET. 7 -BETON, Nº 08386285/2017 - 50 VIV. GUACHIPAS - FECO; Nº 3931917/2016 - obra 2258 -INCOVI; Nº 04545661/2016 -obra 2266 - ROMERO; Nº 3844159/2017 -obra 2280 -FECO; Nº 30443032/2017, 126 VIV. COOPERATIVAS; Nº 2883455/16 150 VIV. IPPIS.
Zorpudes - Coledani - Cortez Gil - Juri - Gallipoli - Hubaide
Importe: $1,24E04 e)11/02/2019

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 artículo 5
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in fine
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 artículo 3
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 artículo 92
 artículo 93
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