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Timestamp: 2018-06-19 06:55:05+00:00

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Orden Europea de Detención y Entrega - ospina
Orden Europea de Extradición y Entrega
Ospina Abogados está especializado en derecho penal internacional.
¿Qué es la Orden Europea de Detención y Entrega?
La Orden Europea de Detención y Entrega – OEDE por su abreviatura – se trata de un mecanismo de derecho penal internacional por el cual los países que se encuentran dentro del marco de la Unión Europea ejecutan resoluciones judiciales entre varios países.
Orden Europea de Detención y Entrega – OEDE – es una resolución judicial dictada por un Estado miembro con vistas a la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales o la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad o medida de internamiento en centro de menores (art. 1.1 de la DM)
Es conocida como “euro orden”. Tiene su origen en la Decisión-Marco 2002/584/JAI de 13 de junio de 2002 por el Consejo de la Unión Europea (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2002-81377) En España se encuentra regulada por la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12029
¿Cuándo de aplica una OEDE?
La Orden Europea de Detención de Entrega – OEDE resulta de aplicación en dos situaciones.
- Cuando el país solicitante sea España, es decir, sea el Estado emisor. Recomendamos este artículo sobre la Doctrina Llarena.
- Cuando sea un tercer país el que solicita a España un ciudadano que se encuentra en su territorio.
¿Cómo se ejecuta la Euro Orden?
La autoridad judicial española podrá dictar una euro orden cuando concurran los requisitos para ello previstos en la Ley.
La tramitación de la Orden Europea de Detención y Entrega – OEDE– tendrá lugar por razón del delito que conlleva la solicitud de la misma conforme a un sistema dual, exigiéndose diferentes requisitos según si el delito es uno de los recogidos en un listado de 32 categorías de tipos delictivos o no, siendo común la exigencia de un mínimo punitivo o umbral de duración de la pena en el Estado de emisión.
Para la emisión de una OEDE en España tiene competencia el Juez o Tribunal que conozca de la causa.
Para la ejecución de una OEDE de un país solicitante en España
Serán los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional los competentes para la tramitación inicial del procedimiento. Se adoptará una medida: si la persona reclamada consiente su entrega, esta se ejecutará; de igual forma se procederá si el Ministerio Fiscal no advierte causas de denegación o condicionamiento de la entrega. Si la persona reclamada no consiente la entrega o si el Ministerio Fiscal o su abogado advirtiera la existencia de causas de denegación o condicionamiento a la entrega, está podrá ser denegada.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para decidir en apelación.
¿Qué delitos integran las 32 categorías de la Euro Orden?
1. Pertenencia a organización delictiva:
570 bis CP, pena de prisión de 4 a 8 años cuando promuevan, constituyan o se organicen con intención de cometer un delito grave; pena de prisión 3 a 6 años en los demás casos o pena de prisión de 2 a 5 años cuando sean partícipes activos de la organización o cooperen económicamente o de cualquier otro modo para cometer delitos graves o pena de prisión de 1 a 3 años en otros casos.
2. Terrorismo:
Art. 573 CP, cualquier delito que atente contra la vida o integridad física, libertad, integridad moral, libertad e indemnidad sexuales, patrimonio, salud pública, medio ambiente, la Corona, atentado o tenencia, tráfico y depósito de armas o explosivos y el apoderamiento de medios de transporte colectivo o de mercancías con la finalidad de alterar el orden público, crear un estado de terror ciudadano desestabilizar las instituciones de un Estado, penas de prisión desde el máximo previsto en el Código hasta 10 a 15 años.
3. Trata de seres humanos:
Art. 177 bis CP. Pena de 5 a 8 años. Captación, transporte, traslado, acogida o recepción de persona mediante amenaza, fuerza, formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, etc con fines de explotación. Incluye la derivada de la prostitución u otras formas de explotación sexual, esclavitud, trabajos forzados, servidumbre, extracción de órganos corporales o actividades delictivas.
4. Explotación sexual de niños y pornografía infantil:
Art. 189 CP, de uno a cinco años de prisión aquel que difunda cualquier material que presente a un menor participando de una conducta sexual o representación de los órganos sexuales; y art. 188 CP, de 2 a 5 años de cárcel o 12 a 24 meses de multa el que induzca, promueva o facilite la prostitución de un menor.
5. Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas:
Art. 386 CP, de 3 a 6 años de cárcel y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.
6. Tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos:
Art. 566 CP. De 3 a 5 años de prisión cuando se trata de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, minas antipersona o munición en racimo; de 2 a 4 años si son armas de fuego reglamentadas o su munición.
7. Corrupción:
Art.286 bis CP. De 6 meses a 4 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio de 1 a 6 años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja para aquella persona de una empresa o sociedad que reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificado pr favorecer a otro en la adquisición o venta de mercancías o contratación de servicios o relaciones comerciales.
8. Fraude:
Arts.305, 306 y 307 CP, pena de prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séxtuplo de la cantidad; eludir el pago de las cantidades impuestas.
9. Blanqueo del producto del delito:
Art. 301 CP; pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo de valor de los bienes. El que posea, utilice o transmita bienes con origen en una actividad delictiva o realice actos para ocultar su origen ilícito o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales.
10. Falsificación de moneda:
(incluida la falsificación del euro): Art. 386 CP, pena de prisión de 8 a 12 años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda.
11. Delitos de alta tecnología:
(particularmente, el delito informático). Art. 197 CP. La reforma del Código Penal vino a modificar los tipos penales que configuran el ámbito de la cibercriminalidad como son los delitos de descubrimiento, revelación de secretos, daños informáticos, pornografía infantil, terrorismo, delitos contra la propiedad intelectual y los delitos de odio. La pena impuesta sería de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses.
12. Delitos contra el medio ambiente:
(incluye tráfico ilícito de especies animales y vegetales protegidas): Art.325 CP: pena de prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 2 años; el que provoque o realice emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones, ruidos, depósitos, en la atmosfera, suelo, cielo o aguas.
Art.332 CP en caso de tráfico de especies vegetales protegidas con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de 6 meses a 2 años.
Art. 334 CP en caso de tráfico de especies animales, pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión y oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de 2 a 4 años.
13. Ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal:
Art 318 bis CP. Quien ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea vulnerando la legislación establecida sobre la entrada y tránsito de extranjeros, los hechos no serán punibles cuando se trata de ayuda humanitaria. Sin ánimo de lucro tendría una pena de multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a 1 año; con ánimo de lucro la pena sería la misma. En caso de que esta acción se realice a través de una organización dedicada a ello o se hubiera puesto en peligro a las personas objeto de la infracción, sería pena de prisión de 4 a 8 años.
14. Homicidio voluntario:
138 CP. El que matare a otro mediante una acción u omisión de la misma; pena de 10 a 15 años de prisión.
15. Agresión con lesiones graves:
148 CP. La pena impuesta será de 2 a 5 años de prisión cuando en la agresión se utilicen armas, objetos o instrumentos peligros para la salud (tanto psíquica o física) del lesionado, si hubiese habido enseñamiento o alevosía (asegurar la indefensión de la víctima), cuando la víctima fuse esposa o mujer ligada por la misma relación de afecto o cuando la víctima sea una persona especialmente vulnerable que conviva con él.
16. Tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos:
156 bis CP. Cuando se trate de órganos principales, se impondrá pena de prisión de 6 a 12 años, y en el caso de órganos no principales, pena de prisión de 3 a 6 años.
17. Secuestro, detención ilegal y toma de rehenes:
163 CP. El que encierre a detenga a otro privándole de su libertad, tendrá una pena de prisión de 4 a 6 años, en su mitad inferior si lo liberase antes de 3 días. Habrá pena de prisión de 5 a 8 años si ha durado más de 15 días.
18. Racismo y xenofobia:
510 CP. Conocidos como “delitos de odio” sería toda acción o ataque hacia una persona o grupo motivado por un prejuicio o idea basado en su raza, etnia, religión, ideología, orientación o identidad sexual, etc. La pena impuesta es de 1 a 4 años de prisión y multa de 6 a 12 meses.
19. Robos organizados o a mano armada:
242 CP. Cuando el delincuente hubiese utilizado armas u otros medios igualmente peligrosos, la pena impuesta será de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión.
20. Tráfico ilícito de bienes culturales (incluye antigüedades y obras de arte):
Art 298 CP, será castigado con una pena de prisión de 1 año y 3 meses a 2 años.
21. Chantaje y extorsión de fondos:
Art 243 CP. El que, con ánimo de lucro, obligue a otro, mediante violencia e intimidación, a realizar u omitir un negocio jurídico, en perjuicio de su patrimonio o de un tercero. La pena impuesta será de 1 a 5 años de prisión.
22. Violación de los derechos de propiedad industrial y falsificación de mercancías:
Art 274 CP. El que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular del derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas fabrique o importe productos con el mismo signo distintivo o el que lo haga con venta al por mayor. La pena será de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses.
23. Falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos:
Art 390 CP, quien altere un documento, alguno de sus requisitos esenciales, simule un documento, finja la participación de personas o altere sus declaraciones al respecto o faltando a la verdadera narración de los hechos, tendrán una pena de prisión de 3 a 6 años, una multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial de 2 a 6 años.
Art. 392 CP. El que trafique con cualquier documento de identidad falsa tendrá una pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
24. Falsificación de medios de pago:
Art. 399 bis CP. El que altere, copie, reproduzca o falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje. La pena será de 4 a 8 años de prisión.
25. Tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento:
386 CP, de 3 a 6 años de cárcel y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.
26. Tráfico ilícito de materiales radioactivos o sustancias nucleares:
Art. 345 CP. La pena es de 1 a 5 años de prisión, multa de 6 a 18 meses e inhabilitación especial para oficio o profesión de 1 a 3 años.
27. Tráfico de vehículos robados
Este delito no se encuentra regulado como tal en el Código Penal, sino que se engloba dentro del delito de robo (art. 244 CP). El que sustraje sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos.
28. Violación:
179 CP. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal u oral, o la introducción de miembros corporales u objetos por vía vaginal o anal. La pena será de 6 a 12 años de prisión.
29.Incendio voluntario
351 CP. Cuando el incendio provocado resulte un peligro para la vida o integridad física de las personas, será una pena de prisión de 10 a 20 años.
Art. 352 CP. Cuando se trate de un incendio en montes o masas forestales, la pena de prisión será de 1 a 5 años y multa de 12 a 18 meses.
Art. 356 CP. Cuando sean zonas no forestales perjudicando de forma grave el medio natural, la pena de prisión será de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 24 meses.
Art. 357 CP. Quien incendiase bienes propios tendrá una pena de 1 a 4 años.
30. Delitos incluídos en la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia
Estos delitos serían el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
El crimen de agresión se entiende como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado o cualquier forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Los actos incluidos serían: la invasión de un Estado por otro, el ataque de fuerzas armas de un Estado a otro o contra su población civil, ocupación militar y que implique el uso de la fuerza, bombardeo, bloqueo de puertos o costas de un Estado, presencia de fuerzas militares de un Estado en otro territorio extranjero, disposición de un territorio propio de un Estado para que otro Estado pueda agredir a un tercero o el envío por parte de un Estado de grupos irregulares que lleven a cabo actos armados.
31. Secuestro de aeronaves y buques.
Art 573 bis. La pena será de 10 a 15 años de prisión.
Art 264 CP. El que por cualquier medio dañe, deteriore, altere, suprima o haga inaccesibles datos informáticos, programas o documentos electrónicos ajenos produciendo un resultado grave. La pena será de 6 meses a 3 años de prisión.
La entrega no puede tener carácter automático, es necesario que se analicen las circunstancias de cada caso.
En cuanto a los delitos que no se incluyen en el listado, se exige un mínimo punitivo (que la pena o medida de seguridad sea superior a 3 años en el Estado de emisión) y se exige un control de doble tipificación (que los hechos se consideren delictivos en ambos países).
Causas de Denegación de una OEDE
Según la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12029) pueden existir motivos generales de denegación (art. 32), resoluciones dictadas en ausencia del imputado (art. 33) y los motivos tasados en los arts. 48 y 49.
En cuanto a los motivos generales de denegación, las autoridades españolas se encuentran:
Cuando se haya dictado en España o en otro Estado distinto al de emisión una resolución firme contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, y su ejecución vulnerase el principio non bis in ídem (prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto, hecho y fundamento), aunque posteriormente el condenado hubiera sido indultado.
Cuando se refiera a hechos cuyo enjuiciamiento sean competentes las autoridades españolas y, de haberse dictado condena por un órgano de la jurisdicción española, la sanción impuesta hubiese prescrito.
Cuando el formulario o certificado que ha de acompañar a la solicitud de la OEDE esté incompleto, sea incorrecto, no responda a la medida o cuando este falte.
Cuando exista una inmunidad que impida la ejecución de la resolución.
Cuando se imponga una infracción que no se encuentre tipificada en el Derecho español o cuando se trata de una resolución que imponga sanciones pecuniarias.
Cuando se refiera a hechos que el Derecho español considere cometidos en su totalidad o en un parte importante en territorio español.
¿Las resoluciones dictadas en ausencia del imputado serán denegadas? Sí, de acuerdo con los requisitos de la legislación procesal española y europea, siempre y cuando no sea atribuible al acusado la posición de rebeldía procesal. Es decir, siempre y cuando este desconozca o desconociera que existía un proceso penal contra él.
No se denegará la Euro Orden en sentencias dictadas en ausencia cuando:
El imputado fue citado en persona e informado de la fecha y lugar previstos para el juicio o recibió dicha información oficial por medios que dan constancia de su conocimiento y, además, fue informado de que podría dictarse resolución en caso de incomparecencia.
Que teniendo conocimiento de la fecha y el lugar previstos para el juicio: el imputado designó abogado para su defensa en el juicio y fue efectivamente defendido por éste en el juicio celebrado.
Que tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso con la posibilidad de que en ese nuevo proceso, en el que tendría derecho a comparecer, se dictase una resolución contraria a la inicial, el imputado declaró expresamente que no impugnaba la resolución, o no solicitó la apertura de un nuevo juicio ni interpuso recurso dentro del plazo previsto para ello.
¿Qué motivos existen para denegar una Euro Orden?
Cuando la persona reclamada haya sido indultada en España de la pena impuesta por los mismos hechos y este fuera perseguible por la jurisdicción española.
Cuando se haya acordado el sobreseimiento libre en España por los mismos hechos.
Cuando la persona objeto haya recaído en otro Estado miembro de la Unión Europea en una resolución definitiva por los mismos hechos que impida el posterior ejercicio de diligencias penales.
Cuando la persona objeto haya sido juzgada de forma definitiva por los mismos hechos en un tercer Estado no miembro de la Unión siempre que la sanción haya sido ejecutada, o este en curso, o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado de condena.
Cuando la persona aún ser considerada responsable penal de los hechos con arreglo al Derecho español en base a su edad (minoría de edad).
Cuando la persona esté sometida a un procedimiento penal en España por el mismo hecho que haya motivado la orden.
Cuando la orden se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, siendo la persona reclamada de nacionalidad española, salvo que consienta en cumplir la misma en el Estado de emisión. En otro caso, deberá cumplir la pena en España.
Cuando la orden se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y el Derecho español no permita la persecución de dichas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio.
Cuando el imputado no haya comparecido en el juicio a menos que en la orden conste que no se notificó personalmente la resolución pero se le notificará sin demora tras la entrega, siendo informado de su derecho a un nuevo juicio o a interponer recurso.
Cuando la orden se emita con el fin de ejecutar una pena privativa de libertad o una orden de detención y el interesado no haya recibido con anterioridad información oficial sobre la existencia de una acción penal contra él, pudiendo solicitar recibir una copia de la sentencia al ser informada del contenido de la orden.
En caso de que una persona sea entregada y haya solicitado un nuevo proceso o interpuesto recurso, se revisará su detención (periódicamente o a solicitud del interesado) de acuerdo con la legislación del Estado de emisión hasta que las actualizaciones hayan finalizado.
Procedimiento de entrega de una OEDE
Podemos distinguir estas fases:
Detención y puesta a disposición judicial del detenido.
Celebración de una vista para determinar las circunstancias personales y medidas cautelares del mismo.
Auto entrega o denegación de la Orden Europea.
Recurso apelación y súplica ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
¿Qué juzgado conocerá de la tramitación de una Orden Europea de Detención y Entrega – OEDE?
Será la Audiencia Nacional, así lo estipula la Ley 23/2014, de 20 de noviembre en su artículo 35.2: “son autoridades judiciales de ejecución competentes para dar cumplimiento a la OEDE los Juzgados Centrales de Instrucción
En el caso de que la orden se refiera a un menor la competencia corresponderá al Juez Central de Menores”
Al igual que en el caso de la extradición la Ley establece que, las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por otros países van a ser tramitadas por la Audiencia Nacional.
¿Cómo se inicia una Orden Europea de Detención y Entrega – OEDE en España?
Recibida la OEDE por el Juez competente, se realizará una comprobación de sus requisitos formales, relativos al idioma y al contenido mínimo del formulario del país solicitante.
En cuanto al idioma en que se tramita será aquel que entienda el solicitado conforme al artículo 6.3 a) del Convenio Europeo de Derechos Humamos (link: BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010 ,CEDH: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf y al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036&p=20151006&tn=1#cii-15 ).
La Ley 23/2014 exige en su artículo 17 que el formulario de la Orden Europea de Detención y Entrega – OEDE venga traducido al castellano, salvo que un convenio con el Estado o una declaración depositada ante la Secretaria General del Consejo de la Unión Europea permita el envío en otra lengua. Cuando el formulario no venga traducido al español, se devolverá inmediatamente a la autoridad judicial de emisión para que lleve a cabo la traducción correspondiente. Esto se produce porque la no traducción puede provocar indefensión en los casos en que la defensa tiene que hacer frente a una audiencia sobre motivos o causas de condicionamiento con una traducción del idioma original que no está en español, sino en inglés o francés, lengua que no tienen por qué conocer ni el reclamado ni su letrado.
El contenido mínimo viene recogido en el artículo 36 de la Ley 23/2014 y el artículo 8 de la Decisión-Marco, es decir, ¿Cuál es el contenido mínimo que debe recoger una OEDE?
Identidad y nacionalidad de la persona reclamada
El nombre, la dirección, el número de teléfono y de fax y la dirección de correo electrónico de la autoridad judicial de emisión
La indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza, la naturaleza y tipificación legal del delito.
Una descripción de las circunstancias en que se cometió, incluidos el momento, el lugar y el grado de participación en el mismo de la persona reclamada, la pena dictada, si hay una sentencia firme, o bien, la escala de penas que establece la legislación para ese delito y si es posible, otras consecuencias del delito.
Es importante saber que la Ley 23/2014 permite que la autoridad judicial de ejecución pueda solicitar información adicional a la emisión: preceptivamente, cuando la orden no contenga todo el contenido del citado artículo 36, y facultativamente, cuando es necesaria información complementaria para verificar si concurren causas de condicionamiento o denegación a la entrega.
En ambos casos el Juez Central se dirigirá directamente a la autoridad judicial de emisión y le fijará un plazo para que presente de nuevo el certificado, lo complete o modifique o para que aporte la información complementaria, conforme disponen los artículos 19 y 30 de la Ley 23/2014. La fijación de un periodo de tiempo para ello es importante, porque estas peticiones no suponen suspensión del plazo legal para la tramitación de la orden europea de detención y entrega.
El artículo 32.1.c) de la Ley anterior consagra como motivo de denegación imperativo que el formulario esté incompleto o sea manifiestamente incorrecto, una vez agotadas las posibilidades de subsanación.
¿Qué fases se desarrollaran en la ejecución de una OEDE?
Detención y puesta a disposición de la autoridad judicial
La detención del reclamado se practicará en la forma, requisitos, plazos y garantías previstos en la Lecrim y la CE, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 23/2014.
La Decisión-Marco establece un sistema de doble tutela judicial. Además del proceso penal que se sigue ante el Estado de emisión, la DM impone una serie de derechos y de garantías, sin que se produzca en ningún caso una entrega automática.
El detenido tendrá por tanto derecho de información, a la asistencia letrada, a intérprete (art. 11 DM), a prestar consentimiento libre (art. 13 DM), con independencia de las garantías que le reconozca la legislación interna en el Estado de ejecución como detenido.
El límite temporal lo encontramos en el artículo 17.2 CE que establece que “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”. Es decir que, el límite temporal absoluto o plazo máximo de detención no podrá exceder de 72 horas. Cumplido el límite temporal fijado constitucionalmente para la detención, el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial.
Audiencia del detenido
La audiencia del detenido se celebrará, según el artículo 50.1 de la Ley 23/2014, en el plazo máximo de 72 horas desde la puesta a disposición judicial. Este plazo se suma al anterior período de detención. El reclamado será puesto a disposición del Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Esto se comunicará a la autoridad judicial de emisión.
Puesta la persona detenida a disposición judicial, se le informará de la existencia de la Orden Europea de Detención y Entrega – OEDE, de su contenido, de la posibilidad de consentir en el trámite de audiencia ante el Juez y con carácter irrevocable su entrega al Estado emisor, así como del resto de los derechos que le asisten.
El reclamado en esta comparecencia estará asistido de letrado y estará presente el Ministerio Fiscal.
Es importante saber que el Acuerdo de Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 14 de Julio de 2010, en el expediente gubernativo 14/2010 admitió que por exhorto pudiera celebrarse la comparecencia del detenido a los fines del artículo 505 de la LECrim cuando razones materiales impidan su traslado a la Audiencia Nacional dentro de los plazos legales.
Pero no cabe la celebración por exhorto de la comparecencia para escuchar al detenido sobre si consiente o no a la entrega, si renuncia o no al principio de especialidad y a las partes acerca de si concurren, o no, causas de denegación o condicionamiento de la entrega. El juez ordinario predeterminado por la ley es siempre, en este ámbito, el Juez Central de Instrucción.
El mismo pleno alude a la posibilidad de celebrar la comparecencia del artículo 51.I, esta vez sí, para tratar de los cuatro aspectos fundamentales de la comparecencia, por video conferencia. En la práctica es un medio muy útil en el caso de reclamados que están ingresados en Centros Penitenciarios por responsabilidades penales en España, o cuando han de ser trasladados desde las islas.
¿Qué contenido tiene la comparecencia?
En la comparecencia se tratarán cuatro aspectos fundamentales:
Las medidas a adoptar en orden a la situación personal del reclamado.
Respecto de la situación personal del reclamado, el Juez puede adoptar la medida cautelar que estime necesaria para asegurar su entrega, ya sea la prisión provisional, la libertad provisional u otras como por ejemplo la vigilancia a domicilio, la prohibición de ausentarse de un lugar determinado sin autorización del Juez o la retirada del pasaporte, previstas todas ellas en la Ley de Extradición Pasiva.
Se preguntará al reclamado si consiente o no en ser entregado al país reclamante, para hacer frente allí a sus responsabilidades penales.
Si el reclamado consiente en ser entregado y el Juez Central no advierte causas de denegación o condicionamiento, de oficio o a instancias del Fiscal, pues el consentimiento del reclamado por sí mismo no suple la concurrencia de la misma, acordará mediante auto su entrega. Contra este auto no cabe recurso alguno. El consentimiento del reclamado es irrevocable, según el artículo 51.2 de la Ley 23/2014, por eso el Juez deberá comprobar que el reclamado consiente libremente y tiene conocimiento de las consecuencias de sus actos. Cuando el Juez tenga dudas acerca de la voluntariedad o el conocimiento de la transcendencia del consentimiento, el órgano judicial deberá considerar que no acepta la entrega.
De no existir consentimiento, se convocará a las partes a una segunda vista.
Se le preguntara también si renuncia o no al principio de especialidad.
El principio de especialidad garantiza que la persona entregada no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad en el país reclamante por una infracción cometida antes de su entrega, distinta de la que hubiera motivado la entrega. Es decir, la solicitud inicial debe contener todos los cargos conocidos contra una persona. Si con posterioridad a la entrega, el Estado de emisión quiere emprender acciones por otros hechos, debe notificarlos al Estado de ejecución.
Debido a su importancia el artículo 53.3 de la Ley 23/2014 establece que el Juez comprobara que la renuncia a dicho principio se ha hecho libremente y con pleno conocimiento de sus consecuencias, aplicándole lo previsto para el consentimiento en la entrega.
Se escuchará a las partes acerca de la posible concurrencia, o no, de causas de denegación o condicionamiento de la entrega, de las que tratamos más adelante.
3. Auto de entrega de la persona reclamada
En cuanto a la decisión sobre la entrega, se hará por medio de Auto, pudiéndose distinguir dos supuestos, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley 23/2014:
Si el reclamado consiente ser entregado a la autoridad judicial que le reclama y no se aprecian causas de denegación o de condicionamiento de la entrega, el Juez Central de la Audiencia Nacional resolverá la entrega en un plazo de 10 días desde la comparecencia en la que manifestó tal consentimiento.
El artículo 51.4 de la Ley 23/2014 establece que el Juez, una vez consienta el reclamado, el que debe hacer un control de la existencia o no de causas de condicionamiento o denegación, bien de oficio o bien a instancia del as partes.
Si el reclamado no consiente la entrega, se convocará a las partes a una nueva comparecencia, que deberá celebrarse en un plazo máximo de 3 días una nueva vista, que tratará sobre la concurrencia de causas de denegación o condicionamiento de la entrega.
Esta segunda comparecencia está regulada en el artículo 50 de la Ley 23/2014 y, a ella asistirán de nuevo el reclamado asistido de letrado y en su caso de intérprete y el Ministerio Fiscal.
En ella se practicarán las pruebas que el Juez considere pertinentes para acreditar los extremos discutidos. De no ser posible practicarlas en dicho acto, se fijará nuevo plazo para hacerlo, pero siempre respetando los plazos máximos de tramitación de la orden fijados por la Ley.
Si el reclamado estuviera en libertad, su ausencia no impedirá la celebración de esta segunda vista.
El Juez resolverá acerca de la entrega mediante auto en un plazo de diez días a contar desde la celebración de la vista, contra el que cabe recurso de apelación directo, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Artículo 50 de la Ley 23/2014).
En ambos casos, por motivos excepcionales y justificados, el artículo 54.4 de la Ley 23/2014, siguiendo lo previsto en el artículo 17. 4 de la Decisión Marco, establece que los plazos para tomar la decisión podrán ampliarse en otros 30 días.
Contra la decisión que tome en este sentido el Juez Central de Instrucción cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, así lo establece el artículo 51.8 de la Ley 23/2014, recurso de apelación que debe entenderse como directo, aunque no lo diga expresamente la Ley, se deduce de los breves plazos existentes para tramitar la Orden Europea de Detención y entrega y del hecho de que el recurso de apelación contra la decisión de entrega sí deba ser directo conforme a lo dispuesto en el artículo 58. Así lo ha entendido el Auto de 13 de abril de 2015, dictado por la Sección 2.ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En cuanto al carácter suspensivo de la apelación, el artículo 24.1 de la Ley 23/2014 establece que la interposición del recurso podrá suspender la ejecución de la Orden cuando ésta pudiera crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación.
4.1. Recurso de súplica:
Es un recurso que se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución judicial.
En el caso de la Orden Europea de Detención y Entrega el recurso se interpone contra el Auto que dicta la entrega de la persona reclamada, para que el mismo tribunal reconsidere la entrega que ha acordado en el Auto.
4.2 Recurso de amparo:
El recurso de amparo se encuentra regulado en los artículos 161. 1 b) de la Constitución Española, la legitimación se encuentra establecida en el artículo 162 b) de la misma, y en el artículo 53.2 las garantías.
Se encuentra desarrollado en los artículos 41 a 58 de la Ley orgánica de Tribunal Constitucional.
El objeto de dicho recurso es la protección frente a violaciones o vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución originadas por actuaciones o resoluciones judiciales.
Es la última vía a la que el reclamado por una Orden Europea de Detención y Entrega puede acudir, después de haber agotado todos los recursos ordinarios.
Se recurrirá la decisión de entrega por haber vulnerado en el proceso los derechos y libertades del reclamado.
El recurso de amparo no tiene carácter suspensivo de la decisión impugnada, así lo establece el artículo 56 LOTC, aunque el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede disponer su suspensión total o parcial cuando la ejecución del acto o decisión recurrido pudiera producir al demandante un perjuicio que pudiera hacer perder al amparo su finalidad y si la suspensión no ocasiona perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona.
4.3 Recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El proceso ante el TEDH es un instrumento jurídico internacional para proteger los derechos fundamentales y las libertades que se encuentran reconocidos en el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades individuales, también conocido como CEDH y sus Protocolos.
Es una garantía europea supletoria del sistema de protección nacional que lleva a cabo cada Estado.
Es un proceso de amparo internacional debido a la violación o a la lesión de un derecho o una libertad por actos o decisiones de las autoridades del Estado demandado.
En España, es un proceso de amparo internacional de derechos fundamentales, puesto que la demanda inicial se interpone ante una instancia internacional europea y se dirige contra el Estado cuyas autoridades o funcionarios han provocado la violación del derecho fundamental o libertad.
Este proceso se sitúa fuera del sistema jurisdiccional español, lo que excluye su naturaleza casacional, ya que no se interpone contra las resoluciones de los tribunales o autoridades nacionales, sino por la vulneración de un derecho fundamental garantizado por un tratado internacional.
El sistema de protección viene establecido en el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades individuales por el cual el Estado se obliga a respetar ante los demás Estados del Consejo de Europa:
Los derechos y libertades del Título I del CEDH y en los Protocolos que lo amplían (art. 1 CEDH);
A no poner traba al ejercicio eficaz del derecho al recurso (art. 34 CEDH); y
A "acatar las sentencias definitivas del TEDH en los litigios en que sean partes" (art. 46.1 CEDH).
Este recurso está sometido a dicho tratado, por lo que solo pueden ser demandados un Estado parte.
Es un proceso de amparo internacional subsidiario a la protección prestada por las autoridades nacionales que son las obligadas en el Convenio. Por esto es importante el previo agotamiento de los recursos internos por el demandante como requisito para acudir a la vía internacional. No haber recurrido ante todas las instancias de un Estado es causa de inadmisión de la demanda ante el TEDH. El artículo 35 del Convenio prevé esta condición de admisibilidad. En caso de que no se agoten las vías de recurso interno, el TEDH considera que se ha privado al orden nacional de la posibilidad de examinar la cuestión.
Es una garantía ofrecida al individuo como persona física o jurídica o grupo de personas que se considere víctima puede entablar la denominada "demanda individual", sin que se admita una actio popularis incompatible con su naturaleza.
Solo se podrá dirigir la demanda contra el Estado, debido a que es el único obligado con el Convenio Europeo de Derecho Humanos, por los actos realizados por sus autoridades o por sus agentes.
La ratificación por España del llamado Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Protocolo nº 11, otorga a quienes consideren que se ha producido la violación o vulneración de un derecho fundamental o libertad atribuidos en el Convenio, por actos o decisiones de las Autoridades españolas, el derecho a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para la protección y posterior reparación de dicho derecho.
JURISPRUDENCIA EN CASOS DE OEDE
Sentencia del Tribunal Constitucional 95/2007 de 7 de mayo.
Estima el recurso de amparo y anula el Auto de la Audiencia Nacional que concede la entrega del reclamado. El recurso se argumente por superar el plazo máximo legal de prisión provisional en el procedimiento de la Orden Europea de Detención y Entrega fijado por la ley.
Sentencia del Tribunal Constitucional 132/2011 de 18 de julio
Estima el recurso de amparo y anula el Auto de la Audiencia Nacional que concede la entrega del reclamado por verse vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del demandante de amparo.
Sentencia del Tribunal Constitucional 205/2012 de 12 de noviembre.
Sentencia del Tribunal Constitucional 210/2013 de 16 de diciembre.
Se otorga el amparo y anula el Auto de la Audiencia Nacional dictado en los procedimientos de Orden Europea de Detención y Entrega debido a la vulneración del derecho fundamental a la libertad personal del recurrente.
Sentencia del Tribunal Constitucional 199/2009 de 28 de septiembre
Otorga el amparo constitucional y declara la nulidad del Auto que dicta el procedimiento de Orden Europea de Detención y Entrega por parte de la Audiencia Nacional debido a la vulneración del derecho que tiene el recurrente a un proceso con todas las garantías, ya que el proceso se realizado en ausencia del acusado.
Sentencia del Tribunal Constitucional 50/2004 de 7 mayo
Se estima el recurso de amparo constitucional y declara la nulidad del Auto dictado por la Audiencia Nacional que acuerda la entrega del reclamado a las autoridades italianas para el cumplimiento de la condena. Se ve vulnerado el derecho a una tutela judicial efectiva debido a que se realiza la entrega sin analizar circunstancias, de residencia y arraigo laboral y familiar.
Auto Audiencia Nacional 58/2013 de 27 de mayo:
Denegación de la Orden Europea de Detención y Entrega- OEDE a las autoridades de Rumanía por no encontrarse descrito dicho comportamiento en la legislación penal española.
Auto Audiencia Nacional 63/2008 de 14 de mayo:
Denegación de la Orden Europea de Detención y Entrega- OEDE a las autoridades polacas motivada por la prescripción del delito según la legislación española, no apreciándose uno de los requisitos indispensables para llevar a cabo una OEDE.

References: resolución 
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 artículo 6
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 artículo 17
 artículo 36
 artículo 8
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 artículo 50
 artículo 17
 artículo 50
 artículo 505
 artículo 51
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 artículo 53
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 50
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 artículo 17
 artículo 51
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 artículo 53
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