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Timestamp: 2020-01-24 08:55:33+00:00

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Gar Gar Ella | Liberalismo | Democracia
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Revista Argentina de Teora Jurdica, Volumen 14 (Julio de 2013)
La concepcin constitucional de la libertad de expresin1 Roberto Gargarella Introduccin Muchas de las crticas que se han hecho contra de la nueva Ley de Medios Audiovisuales,2 se ven afectadas por interpretaciones poco apropiadas de la Constitucin. Ello, normalmente, a resultas de haber previamente partido de una filosofa poltica conservadora o crudamente liberal (filosofas que explicaron, en todo caso, pero nunca justificaron del todo, la Constitucin de 1853, pero que difcilmente expliquen o justifiquen la de 1994); o de visiones de la democracia que poco tienen que ver con nuestros ms elementales acuerdos en la materia. En este breve escrito, quisiera definir algunos principios muy bsicos de interpretacin constitucional, destinados a ayudarnos a pensar, muy especialmente, sobre la concepcin que abraza nuestra Constitucin en materia de libertad de expresin. Desde dicha base, segn entiendo, podemos estar en mejores condiciones para dejar de lado muchas de las crticas que se han hecho a la Ley, pero as tambin, al mismo tiempo, para reconocer los muy graves problemas de redaccin e implementacin que la afectan. Principios: Filosofa poltica y concepcin de la democracia Mi propuesta de interpretacin constitucional parte de principios muy bsicos, que son susceptibles de sofisticaciones conocidas, a las que no necesito llegar para los propsitos de
Agradezco de modo muy especial a Julin Rotenberg y, sobre todo, a Nahuel Maisley por el excepcional apoyo que me brindaron en la escritura de este texto.
Desde aqu, Ley de Medios.
este trabajo.3 Ante todo, entiendo que la Constitucin es -y debe entenderse y mantenerse como- un pacto entre iguales. Ver a la Constitucin como un pacto entre iguales quiere decir, primeramente, que nada de lo expresado por ella debe verse como compatible con la afirmacin o amparo de desigualdades injustificadas. La Constitucin es el pacto fundante que configura nuestra comunidad, y ese pacto republicano e igualitario rechaza tomar como dadas diferencias moralmente irrelevantes: desde el punto de vista de la Constitucin, nadie valdr menos, entonces, por nacer en el Sur o en el Norte; por pensar como un federalista o como un centralista; por suscribir o no la religin dominante; etc. Esto es lo que genera lo que Ronald Dworkin llam una obligacin de igual consideracin y respeto (Dworkin 1984). Este igualitarismo constitucional, por lo apenas dicho, ya se distingue de modo significativo de dos de las principales filosofas polticas que estuvieron detrs de la redaccin original de nuestra Constitucin: el conservadurismo y el liberalismo. El anti-conservadurismo de la Constitucin se advierte ya, fcilmente, como implcito en las breves lneas anteriores. A diferencia de lo que histricamente propuso el conservadurismo, la Constitucin no reconoce a las diferencias de religin, gnero, clase o raza como diferencias moralmente relevantes. Bajo su imperio no hay reyes, ni sangre azul, ni religin, ni razas superiores, ni personas que, por razn de su gnero, merezcan un respeto superior o inferior. sa era la ideologa del conservadurismo, pero no es la ideologa de la Constitucin. Y la ideologa de la Constitucin tampoco es el liberalismo, al menos el liberalismo decimonnico que estuvo detrs del alumbramiento de la Constitucin de 1853. Dicho liberalismo claramente, en la versin de Juan Bautista Alberdi- era radicalmente antiestatista; hostil frente a los derechos sociales; crtico de la participacin de las mayoras en poltica (ver en general, Alberdi 1920). Ninguno de esos ncleos duros del viejo liberalismo pueden considerarse hoy como partes integrantes de la Constitucin: estn ausentes las razones pblicas capaces de apoyar semejantes reclamos (Rawls 1991). Por lo dems, y lo que tal vez para muchos sea ms importante, la Constitucin de 1994 arras con los compromisos ideolgicos del liberalismo del siglo 19, desterrndolos de su texto. En la actualidad, los derechos sociales son una parte central, slida, indubitable de su cuerpo; del mismo modo en que el sufragio universal, obligatorio y secreto en donde cada persona cuenta como uno, y slo como uno- representa un aspecto indisociable de nuestro
Ver, por caso, Nino 1984.
constitucionalismo. Por lo dems, la actual Constitucin no puede considerarse estatista ni anti-estatista: el arreglo institucional que se escoja al respecto deber ser, simplemente, el que instrumentalmente resulte ms ajustado al respeto de los derechos de todos, y el reaseguro del autogobierno colectivo. En definitiva, la columna vertebral de nuestra Constitucin (me animara a decir, de cualquier Constitucin democrtica y republicana) reside en la igualdad: all adentro anida la filosofa poltica de la Constitucin. Dicha filosofa poltica igualitaria nos ayuda a sealar una determinada concepcin de la democracia, a la cual la Constitucin se encuentra atada. Me apresurara a decir que la misma tiene que ver con lo que Nino llamara una concepcin deliberativa de la democracia (Nino 1996). De todos modos, otra vez, no necesito llegar tan lejos para sealar lo que me interesa sealar. Me basta con decir que la concepcin de la democracia propia de nuestra Constitucin debe ser consistente, al menos, con la idea bsica de igualdad de la cual partimos. Ese solo hecho ya resulta relevante. De all se deriva, por ejemplo, que la Constitucin est interesada ante todo en las personas los individuos- situados en pie de igualdad: lo que importan son ellos, antes que los grupos a los que ellos eventualmente pertenecen, y mucho antes que los poderes fcticos que puedan estar interesados en definir las orientaciones centrales de la poltica pblica. Esta idea elemental resulta especialmente relevante a la hora de pensar en teora de la democracia. Para ver el contenido de lo dicho, pinsese en lo siguiente: alguien podra decir que la Constitucin norteamericana naci atada a una concepcin de la democracia diferente que algunos describieron como pluralista (Dahl 1963). Dicha concepcin pareca mirar sobre todo a los grupos o facciones en que encontraba dividida a la sociedad, y apareca orientada fundamentalmente a prevenir las mutuas opresiones entre tales facciones. Se trataba, como alguna vez dijera Carlos Nino, de una concepcin negativa de la democracia (Nino 1996, 81). Para decirlo de un modo ms crudo: lo que se pretenda era reconducir la virtual guerra civil constitucionalmente, dndole lugar constitucional efectivo a cada una de las facciones dominantes, y un poder institucional equivalente (metafricamente, armas de calibre semejante) a cada una de ellas, de modo de asegurar el mantenimiento de una paz armada. All, en esa negativa, restringida, pobremente igualitaria- lectura de la democracia, reside por ejemplo la esencia del sistema de frenos y contrapesos, que puede ser vista a la vez como la esencia de la Constitucin norteamericana. Pues bien, la Constitucin argentina de 1994 no merece ni debe ser leda bajo el prisma de una concepcin de la democracia de ese tipo. Su pretensin crucial no es la de dar cobijo y resguardo al poder fctico, sino la de permitir que la vida de las personas sea el resultado de
lo que ellos decidan para sus vidas individuales y de conjunto. Ello queda evidenciado, por ejemplo, en el doble compromiso valorativo que marca la vida de nuestro constitucionalismo: el compromiso con la autonoma individual, y el compromiso con el autogobierno colectivo. El primer compromiso se expresa centralmente en la declaracin de derechos la parte dogmtica de la Constitucin-, mientras que el segundo encuentra su lugar primordial en la organizacin de la maquinaria democrtica o parte orgnica de dicho documento fundacional (Gargarella 2005). Lo dicho, segn entiendo, nos remite a la idea principal de la ya citada postura democrtica deliberativa: los asuntos pblicos deben ser resueltos no a partir de la decisin de unos pocos, ni de un acuerdo entre los grupos ms poderosos de la comunidad, sino- conforme a una discusin que involucre a todos los potencialmente afectados por la decisin que va a tomarse (Habermas 1998). En dicha discusin igualitaria, nadie vale ms que ningn otro: todos se encuentran situados en un pie de igualdad. Desde esta concepcin si se quiere, positiva, de la democracia, dos son los elementos que resaltan. Por un lado la idea de discusin pblica, que contrasta, de modo ms obvio, con la de imposicin de algunos, pero tambin con las de arreglo entre los grupos ms poderosos, o la de negociacin detrs de la escena (Schmitt 1992). La discusin pblica viene a ser el medio natural del autogobierno colectivo que, obviamente, debe pasar en algn momento por un proceso de agregacin de preferencias, como el sufragio. Pero dicha votacin no puede dejar de estar precedida de la discusin, que resulta imprescindible para que en el marco de una comunidad de personas con racionalidad limitada y conocimientos imperfectos- cada uno clarifique sus propias ideas, las contraste con los dems, aprenda de los otros, a la vez que les deje conocer a ellos las razones de sus puntos de vista. El otro elemento central de esta visin de la democracia es la inclusin de todos los afectados. Como aqu se parte como parta John Stuart Mill, como parta Carlos Nino- del presupuesto de que cada uno es el mejor juez de sus propios intereses, luego, es posible llegar a la conclusin de que la ausencia de ciertos puntos de vista de la discusin de los asuntos comunes (y, obviamente, mucho peor, como ocurre en democracias como la nuestra: la ausencia sistemtica de ciertos puntos de vista) genera riesgos muy altos de que la decisin no resulte imparcial. En otros trminos, genera el riesgo de que dicha decisin resulte sesgada indebidamente a favor de los (pocos o privilegiados) que controlan el proceso de toma de decisiones. La idea de inclusin amplia contrasta con la aproximacin que era propia de las versiones conservadoras de la democracia elitista como la que poda defender Edmund Burke, en donde la discusin se concentraba en la elite dominante, en los pocos iluminados o the wise few (Burke 1960). Ello as, del mismo modo en que la nocin de discusin pblica
contrasta con los acercamientos meramente populistas sobre la organizacin del poder (acercamientos tan en boga, hoy todava, en la regin). Principios como los citados pueden resultar de una enorme ayuda, a la hora de pensar los contenidos, alcances y lmites de los diferentes artculos de la Constitucin. Derechos: Principios constitucionales para la libertad de expresin En esta seccin, tratar de mostrar de qu forma los principios examinados en el apartado anterior impactan en la estructura constitucional, particularmente en la seccin dedicada a los derechos. Me detendr, de modo especial, a analizar de qu modo ellos nos ayudan a precisar el significado del fundamental derecho a la libertad de expresin recogido en nuestra Constitucin. A lo largo de nuestra historia, segn entiendo, se fueron ofreciendo varias lecturas posibles en torno a la lista de derechos y, muy en particular en el caso que nos ocupa- de la libertad de expresin. Existi, por caso, una todava presente aunque debilitada lectura conservadora de la libertad de expresin, que pretenda someter a la misma a principios en apariencia supra-constitucionales, como los relacionados con la religin mayoritaria o (intercambiablemente) verdadera. De all se derivaron decisiones judiciales de todo nivel, que aceptaron el establecimiento de estrictos lmites sobre las denominadas publicaciones y exhibiciones obscenas (caso Musotto de la Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional, en el que se apelara a la necesidad de evitar la corrupcin y desintegracin social); invocaron al cristianismo como razn para limitar los derechos de los homosexuales (caso CHA); o consideraron constitucional la restriccin a la circulacin de publicaciones ideolgicamente desafiantes, que fueron consideradas contrarias a la moral establecida (caso Bertotto). Es decir, se trat o trata de una visin ideolgica que cruz toda la historia constitucional argentina, y que tuvo impacto tanto sobre cuestiones de moral privada como pblica, esferas ambas sobre las que procur instalar firmes lmites relacionados con valores religiosos y principios de moralidad puritana. Esta propuesta de interpretacin constitucional encuentra ms dificultades, en la actualidad, para ser invocada en fallos y decisiones pblicas, pero de ningn modo puede considerarse desplazada de la vida institucional argentina. La suerte del liberalismo un liberalismo por lo general vinculado a la defensa del estado de cosas dominante- ha sido diferente, sobre todo como fundamento de razones pblicas invocadas por los poderes de Estado, y en particular por el Poder Judicial. Todava se
asume con razn- el peso de la ideologa liberal como ideologa primaria en los orgenes del constitucionalismo, y desde all se derivan, sin mucho ms, y como si ello fuera suficiente, razones para leer la estructura de los derechos desde la ptica de un prisma liberal. Por supuesto, hay razones independientes y compartibles hoy, que permiten reconocer peso propio a la lectura liberal de la Constitucin: el liberalismo encaja bien con la genuina preocupacin existente por asegurar (al menos) uno de los compromisos fundamentales de la Constitucin aqu asumidos- relacionado con la proteccin de la autonoma individual. Sin embargo, y por lo mismo, ese tipo de liberalismo no resulta especialmente atractivo para satisfacer el otro gran compromiso constitucional relacionado con el autogobierno colectivo. Por el contrario, resultara un problema el querer aplicar como algunos intentan- los mismos principios aplicables sobre las vidas personales, en el mbito de la vida pblica. En otros trminos, el respeto a la prioridad de la eleccin personal que puede resultar defendible en trminos de la eleccin de planes de vida individuales, no debe ser utilizado sin ms como principio organizador de la vida colectiva. Producto de dicha desafortunada aproximacin al liberalismo, es la tambin desafortunada lectura del derecho de libertad de expresin en clave liberal (o, ms precisamente, liberalconservadora). Lo que se dice entonces es que la libertad de expresin requiere (tambin) el dejar hacer, esto es decir, que las palabras protectivas que dedica la Constitucin a la libre expresin implican que (estrictamente) nada puede hacerse en la materia (sobre el art. 32: no restringir significa no restringir, no establecer la jurisdiccin federal sobre ella implica no establecer la jurisdiccin federal); que la mejor regulacin en materia de prensa es la que no existe. No es dicho enfoque, sin embargo, el que aqu se propicia, desde el asumido compromiso con una filosofa poltica igualitaria, y una concepcin robusta (deliberativa) de la democracia. Contra la aproximacin liberal sealada, que recupera para la esfera pblica el principio de laissez faire, aqu se reivindica otro diferente, que implica leer a la libertad de expresin como un compromiso, ante todo, con un debate pblico robusto. Esta ltima interpretacin parece naturalmente derivada de puntos de partida como los arriba referidos: a la hora de tomar decisiones pblicas, nadie est en condiciones de definir para todos qu es lo que debe hacerse para el beneficio comn; todos tenemos una racionalidad y conocimientos limitados; pertenecemos a una sociedad plural, compuesta de personas que razonablemente difieren en cuanto a sus ideales polticos, convicciones personales, proyectos de vida. En definitiva, necesitamos de modo indispensable- la oportunidad de discutir y ponernos de acuerdo acerca de lo que ms nos importa, y que
refiere a cuestiones en torno a las cuales razonablemente diferimos. Las ideas de igualdad y democracia como discusin, entonces, aparecen entrelazadas en el espacio comn que las rene. Afortunadamente, una lectura como la sugerida forma parte central del texto escrito de la Constitucin argentina, que en numerosas oportunidades deja en claro su abierto compromiso con la deliberacin pblica, y la idea de que las decisiones normativas deben resultar de un debate poltico colectivo (pinsese, por ejemplo, en textos como los del art. 78; art. 83; art.100, inc. 9; art. 106). Afortunadamente tambin, dicha lectura se deriva de algunos de los fallos ms relevantes en la historia universal de la libertad de expresin pinsese, por caso, en New York Times vs. Sullivan- retomados ampliamente en la Argentina; lo cual es as advertido por algunos de los doctrinarios ms notables en materia de libertad de expresin pinsese, por caso, en los trabajos de autores como Owen Fiss (Fiss, 1996, 1987) o Cass Sunstein (1995). No se trata, de todos modos, de apoyarse en citas de autoridad, porque no es necesario. Insisto: en una sociedad de iguales, en la que se quiere tomar en serio la diversidad de pensamientos y preferencias existente, es difcil no considerar que las decisiones no deban resultar sino de un acuerdo deliberado, colectivo. La idea de debate pblico robusto, como principio fundamental en materia de interpretacin de libertad de expresin, tiene muchas y en general obvias implicaciones, que explorar con mayor detalle ms abajo. Por el momento, sin embargo, adelantara lo siguiente. Ante todo, esa idea de debate pblico requiere de acciones, ms que de dejar hacer. Requiere, en particular, acciones de un determinado tipo, relacionadas especialmente con los principios de inclusin y debate pblico, en un marco social que sigue estando fuertemente caracterizado por situaciones de marginacin y exclusin social, y prcticas de imposicin y negociacin detrs de la escena. Ms especficamente an, requiere de acciones dirigidas al cambio social, y orientadas por tanto a confrontar con una estructura organizacional montada sobre desigualdades histricas, injustificadas, y que cotidianamente refuerzan y reproducen la fractura existente en la sociedad. De lo contrario -y para decirlo de modo ms directo- el principio del dejar hacer como principio para interpretar la libertad de expresin- en un contexto marcado por las desigualdades injustificadas, significara comprometerse con la preservacin y predominio de esas desigualdades (Fiss 1986). Prctica: Libertad de expresin en la Ley de Medios En vistas de lo descripto y examinado ms arriba, quedamos en mejores condiciones para estudiar la nueva Ley de Medios, como as tambin los primeros pasos que se han dado en
su implementacin. Al respecto, y ante todo, podra resaltarse la pobreza de algunas de las crticas que prontamente surgieron contra aquella. Por caso, a la luz de los principios enunciados, no resulta interesante la objecin que nos dice que la ley viola el art. 32 de la Constitucin porque el Congreso no debe dictar leyes que restrinjan la libertad de expresin o establezcan sobre ella la jurisdiccin federal. Por un lado, y contra dicho argumento, merece recordarse que la libertad de expresin no debe leerse a la luz de un principio de laissez faire que convierte en derecho vigente a un estado de cosas desigual e injustificado, propiciador de la idea de que la mejor Ley de Medios es la que no existe. Contra dicha interpretacin, propusimos aqu otra que exige lo contrario: la libertad de expresin se realiza slo cuando se ponen en marcha las condiciones de un debate pblico robusto, vigoroso, desinhibido (conforme a los trminos del famoso fallo New York Times), por lo cual debe darse la bienvenida en lugar de rechazar- a todas aquellas medidas capaces de tornar al debate ms inclusivo y ms amplio. En lnea con lo que dijera alguna vez la Corte norteamericana en el fallo Red Lion, podramos agregar que ya habr tiempo suficiente para invalidar la norma, si en sus efectos concretos la misma termina limitando, antes que expandiendo, el universo de voces. En otros trminos, y para cerrar este primer punto, el art. 32 no viene a fulminar cualquier norma relacionada con la libertad de expresin, sino a obstaculizar a aquellas que se dirijan a restringir la libre expresin, lo que es lo mismo que decir que habilita a las que buscan dar fuerza a la deliberacin pblica. En sentido similar, tampoco parece interesante la mayor parte de las cosas que se dicho, en crtica a la Ley, y en nombre de la propiedad privada y los derechos adquiridos. El derecho de propiedad es, en el mejor de los casos, un derecho instrumental y subordinado en la jerarqua institucional, sometido a ciertas prioridades relacionadas con otros derechos ms bsicos. As, por caso, la dignidad humana prima, y por ello nadie pudo ver un problema en la abolicin de la esclavitud en trminos constitucionales. Asimismo, es poco lo que puede decir la idea de derechos adquiridos frente a cualquier sensato intento que haga el poder pblico para la regulacin de los abusos empresarios, de los emprendimientos monoplicos u oligoplicos, de las maniobras destinadas a engaar a usuarios o consumidores. Otra vez, la Constitucin saluda y celebra la llegada de normas regulatorias de la propiedad, destinadas a favorecer una vida pblica ms respetuosa de nuestra igual dignidad simplemente, lo que no es siempre obvio, en la medida en que lo sean. El hecho de que la ley tenga un origen coyuntural, que oculte intenciones inatendibles, que tenga en vista un conflicto particular el conflicto existente entre el gobierno y el Grupo Clarn- tampoco nos sirve para descartar el valor de la Ley de Medios. Todo ello
forma parte de la vida habitual y esperable de cualquier norma. Ella nacer promovida, de modo habitual, por disputas y enojos particulares, y lo que importa es reconocer si ella puede ser sostenida por razones pblicas, atendibles por todos, con independencia de cul haya sido su punto de origen (claramente, no sera aceptable el caso de que se tratara de una ley hecha con nombre y apellido, esto es, una ley bsicamente dirigida a favorecer o a afectar, irrazonablemente, a una persona o grupo). Lo mismo que puede decirse respecto de algunas de las principales crticas hechas a la Ley puede decirse de algunas de los principales respaldos que ha recibido. Se ha dicho, a favor de la misma, que la Ley fue como pocas leyes- el resultado de un amplio consenso y debate, dentro de la sociedad civil. Dicho debate y dicho acuerdo habra abarcado a organizaciones no gubernamentales, grupos de activismo social, organismos de derechos humanos, y especialistas en comunicacin un acuerdo que habra quedado plasmado, por caso, en los llamados 21 puntos bsicos. Hacia una nueva ley de radiodifusin.4 De modo tan o ms relevante, el dictado de la Ley habra estado rodeado -como pocas veces- de un llamado previo a audiencias pblicas en el rgano legislativo, que habra permitido conocer el punto de vista de los ms destacados abogados y especialistas en la materia. Lamentablemente, y contra lo sugerido, entiendo, por un lado, que la distancia entre la Ley de Medios y los 21 puntos result demasiado amplia. Ello, sobre todo, en cuestiones centralsimas del acuerdo, como las referidas a la independencia de los medios de comunicacin, la no concentracin de medios, y la presencia de medios pblicos no gubernamentales.5 Ms grave fue lo que ocurri en la esfera legislativa, en donde una vez ms- el Congreso fue el escenario de un desfile apresurado un amontonamiento- de voces diversas, que de ningn modo insisto, de ningn modo- fueron tomadas en cuenta para la construccin de la decisin final. La Ley se escribi de espaldas a tales voces, lo cual representa una doble afrenta al ideal deliberativo. No se trata, simplemente, de que la decisin legislativa se hizo sin atender las objeciones y propuesta presentadas por las personas consultadas. Se trata de que esas voces consultadas terminaron sirviendo para revestir de legitimidad y amplitud a una Ley que pudo haberse escrito, perfectamente, en ausencia de tales procesos de consulta.6 Es decir, se produjo entonces justamente en contra
http://www.paralavictoria.com.ar/documentos/21puntos.pdf encontrarse en
Me apoyo aqu en un reporte de Ramiro lvarez Ugarte, que puede http://seminariogargarella.blogspot.com.ar/2009/09/el-proyecto-oficial-frente-los-21.html
La postura de la Red Nacional de Medios Alternativos inicialmente una frrea defensora del proyecto es muy grfica respecto de este proceso. En un documento de mayo de 2010 reconocen que aceptando las reglas de juego impuestas por los impulsores de la ley, participamos de foros y debates, que en muchas
de lo que dicen los defensores de la Ley- un bastardeo y una burla del procedimiento de deliberacin democrtica. En trminos procedimentales, la Ley de Medios no fue un buen ejemplo de lo que el modelo de la deliberacin exige, sino ms bien una muestra de las manipulaciones que rechaza. Pero qu decir de ella en trminos sustantivos? Aunque son muchas las cuestiones que podran mencionarse en dicho respecto, aqu me limitar a sealar unas pocas, de especial relevancia para el punto de vista terico por el que aqu se aboga. En general, podra decirse que la Ley era necesaria y deseable una deuda de la nueva democracia argentina, que haba hecho intentado infructuosamente llegar a producir una norma semejante.7 Ello, en particular, teniendo en cuenta los modos en que gracias a la accin de sucesivos gobiernos (incluyendo, en particular, los de Carlos Menem y Nstor Kirchner)- fueron favorecidas la privatizacin y concentracin de la palabra, en el marco de sociedades cada vez ms desiguales. Valores: Crtica a la Ley de Medios Desde el paradigma igualitario y deliberativo que a lo largo de este trabajo he defendido, tres son las cuestiones fundamentales que propondra tomar en cuenta, prioritariamente, para valorar la Ley de Medios adoptada, y la prctica que ha comenzado a generarse a partir de su dictado: i) la igualdad; ii) la inclusin de voces tradicionalmente ausentes; y iii) la promocin del debate pblico. Segn entiendo, los tres valores fundamentales definidos por la perspectiva elegida resultaron perjudicados, ms que favorecidos, por la sancin y aplicacin de la Ley de Medios. El principio igualitario, cabe aclararlo, no requiere que todos los actores en el escenario de medios pesen de modo idntico (no se defiende aqu un sentido absoluto,
ocasiones consistieron simplemente en exposiciones en defensa del proyecto de ley. Y luego narran que: a las puertas de la aprobacin definitiva del proyecto planteamos que la mayora de las modificaciones que presentamos en foros y audiencias no haban sido incluidas. Vase el Documento del 14 de mayo de 2010 de la Red Nacional de Medios Alternativos, Posicin de la RNMA sobre la Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual, disponible en http://www.rnma.org.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=997&Itemid=29.
El mejor intento al respecto, seguramente, fue el realizado por el Consejo para la Consolidacin de la Democracia a travs de su proyecto de Ley de Radiodifusin.
rgido o torpe de igualdad), ni mucho menos resiste la posibilidad de que el Estado se convierta en principal agente regulador en la materia. Ms bien, y conforme aclarramos, en un contexto de desigualdad estructural e injustificada, la intervencin activa y orientada del Estado, en contra de dicho estado de cosas injusto, resulta exigible. El primer gran problema de la Ley, sin embargo, se deriva del modo en que persistentemente tendi a confundir Estado con gobierno de turno. A resultas de ello, en lugar de insistir como lo haca el proyecto de Ley de Radiodifusin del Consejo para la Consolidacin de la Democracia- en la formacin de comisiones parlamentarias plurales, o comisiones de expertos y representantes de la cultura, la Ley de Medios tendi a dejar en manos del Ejecutivo el control de las principales herramientas de aplicacin y supervisin de la norma.8 As ocurri, de modo especial, con la Autoridad Federal de aplicacin de la Ley
Un documento de septiembre de 2009 elaborado por la Asociacin de Derechos Civiles (ADC), analiza en profundidad este aspecto de la ley, y concluye que en el diseo institucional propuesto se observan serias deficiencias que tienen que ver, principalmente, con la falta de autonoma que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicacin Audiovisual verdadero rgano decisor-, presentara frente al Poder Ejecutivo Nacional debido, en gran medida, a la composicin y estructura de su Directorio. Segn la ADC, se trata de una cuestin clave en la regulacin de la materia, dado que una autoridad de aplicacin autnoma, que est protegida contra la indebida interferencia poltica y de otra ndole, es la nica manera de garantizar un marco plural, diverso y democrtico en las comunicaciones audiovisuales. El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo no satisface dicho criterio y presenta notorias falencias. Si bien la propuesta incluye aspectos positivos, estos quedan opacados por la falta de autonoma de la nueva autoridad de aplicacin. En su redaccin actual, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicacin Audiovisual estara integrada por una mayora de miembros designados por el Poder Ejecutivo, quedando bajo el control e influencia del gobierno de turno. La ADC considera que esto sera sumamente perjudicial, ya que la falta de autonoma podra impedir el ejercicio independiente de su funcin y por ende atentar contra la libertad de expresin. Vase el Documento Aportes para la discusin legislativa sobre una nueva ley de servicios de comunicacin audiovisual. Observaciones sobre autoridades de regulacin y medios pblicos de la Asociacin de Derechos Civiles, de septiembre de 2009, disponible en http://www.adc.org.ar/download.php?fileId=456. No solamente la ADC se expres con preocupacin respecto de este tema. El responsable de la regin del Committee to Protect Journalists, una ONG que promueve la libertad de expresin a nivel global, afirm que Mientras que esta legislacin representa una mejora significativa respecto a la ley de la dictadura que remplaz, nos preocupa que su implementacin puede quedar sometida a la manipulacin poltica. Las declaraciones fueron hechas al momento de la implementacin de la ley, y no solo tuvieron en cuenta el texto de la norma, sino tambin la prctica del gobierno respecto de ella: Sobre la base de las recientes designaciones propuestas para la autoridad de aplicacin, nos preocupa su eventual autonoma. Seguiremos monitoreando su implementacin para asegurar que la ley cumpla con los objetivos propuestos de crear un ambiente meditico ms plural y diverso. Vase http://cpj.org/es/2009/12/argentina-el-cpj-monitoreaimplementacion-de-nueva.php
(AFSCA), que vino a quedar bajo la rbita del Poder Ejecutivo (ttulo II, cap. 1 de la Ley);9 con el Directorio del AFSCA, que qued compuesto por 7 miembros designados en su totalidad- por el Poder Ejecutivo (art. 13); y con la prctica de la norma, que ha terminado siendo an ms favorable al poder de turno, dada la negativa del Ejecutivo a designar a alguno de los miembros que deban ser propuestos por la (tercera) minora parlamentaria10. La fuerte y muy grave dependencia que se ha creado entre el Poder Ejecutivo y el rganos de aplicacin e interpretacin de la Ley afectan seriamente el carcter democrtico de la norma, en trminos deliberativos. Cabe sealar, por lo dems, que criterios como los que aqu utilizamos para evaluar a la norma son enteramente consistentes con los exigidos por la Relatora para la Libertad de Expresin de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos de la Organizacin de Estados Americanos, para llevar a cabo los procesos de asignacin y regulacin de licencias. Para la Relatora, resulta imprescindible que tal tipo de procesos queden orientados por un rgano tcnico, independiente del gobierno, y con
Dice la ADC al respecto: La independencia de este organismo es de particular relevancia para la adecuada consecucin de todas sus funciones. Entre ellas es de especial mencin que, de acuerdo a las disposiciones del artculo 13 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, es fundamental que los procesos de asignacin de las licencias sean abiertos, pblicos y transparentes, se sometan a requisitos justos y equitativos que no impongan barreras desproporcionadas o inequitativas de acceso a los medios, y que se evite la asignacin, el retiro o la no renovacin de las licencias por razones discriminatorias o arbitrarias. Para que todo esto sea posible es esencial una autoridad de aplicacin libre de presiones tanto gubernamentales como de grupos econmicos y empresariales. En particular en este caso, la autoridad de aplicacin debe gozar de autonoma, poseer una estructura que balancee adecuadamente la posibilidad de actuar de modo operativo y eficiente, y contar con una representacin plural. Y esto porque slo de esta manera podr favorecer un marco plural, diverso y democrtico en las comunicaciones audiovisuales. Como consecuencia de ello, la ADC plantea que deben realizarse siete modificaciones al texto de la norma: a) que no dependa de la Secretara de Medios; b) que el PEN no elija a la mayora de sus miembros; c) que el nombramiento de los miembros permita algn proceso de participacin ciudadana; d) que la duracin de los mandatos de los directores no coincida con trminos presidenciales; e) que se detallen las incompatibilidades de los directores; f) que los directores gocen de beneficios de estabilidad en sus cargos; y g) que se publiciten todas las decisiones del AFSCA.
No solamente la estructura poltica del AFSCA responde mayoritariamente al oficialismo, sino que, en la prctica, tambin el funcionariado tcnico de la entidad forma parte, en su mayora, del partido del presidente del rgano, Martn Sabbatella. En efecto, el AFSCA les retiene a 60 de sus empleados un 8% de sus sueldos para financiar al partido Nuevo Encuentro (vase http://www.clarin.com/politica/Sabbatella-recauda-AFSCApartido_0_886711389.html).
capacidad de mantenerse autnomo frente a las presiones polticas de coyuntura. 11 Todos estos requisitos todos- resultan violados gravemente por la letra y prctica de la nueva Ley de Medios. El segundo criterio mencionado tena que ver con la capacidad de la nueva Ley para tornar la discusin pblica ms inclusiva. En principio, otra vez, las promesas de la Ley en la materia resultaron ms que significativas. Ante todo, el texto de la Ley se ocupa insistentemente de las organizaciones sin fines de lucro, y de modo ms especfico- en el art. 89 inc. f, reserva el treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones radioelctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusin sonora y de televisin terrestres, en todas las reas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro. Lamentablemente, sin embargo, y luego de ms de tres aos de aprobacin de la Ley, tales
Especficamente, la Relatora dice que En este proceso es necesario garantizar que no se impongan barreras desproporcionadas o inequitativas de acceso a los medios y que se evite la asignacin, el retiro o la no renovacin de las frecuencias o licencias por razones discriminatorias o arbitrarias. Es esencial que todo el proceso de asignacin y regulacin est orientado por un rgano tcnico independiente del gobierno, que goce de autonoma frente a presiones polticas coyunturales, que se encuentre sometido a todas las garantas del debido proceso y que se someta al control judicial. Vase http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_AHDLE .html La postura de la Relatora tiene sustento, a su vez, en precedentes del sistema europeo de derechos humanos. En 1986, la Comisin Europea de Derechos Humanos afirm que Los Estados no tienen un margen de apreciacin ilimitado respecto de los sistemas de licencias. Pese a que las empresas de radiodifusin no tienen la garanta de ningn derecho a una licencia bajo la Convencin, es el caso, sin embargo, que el rechazo de una licencia por parte de un Estado no debe ser manifiestamente arbitraria o discriminatoria, y por lo tanto contraria a los principios enunciados en el Prembulo de la Convencin, y a los derechos contenidos en ella. Por esta razn, un sistema de asignacin de licencias que no respete los requisitos de pluralismo, tolerancia y amplitud de criterio sin los cuales no hay sociedad democrtica posible () infringira el artculo 10, prrafo I de la Convencin. (Comisin Europea de Derechos Humanos, Application 10746/84 Verein Alternatives Lokalradio Bern v. Switzerland, (1986), pp. 139-140.) En 2007, la Corte Europea de Derechos Humanos retom estos argumentos y entendi en un caso que Bulgaria haba violado la Convencin dado que su sistema de asignacin de licencias no daba suficientes garantas de falta de arbitrariedad: la Corte nota que el NRTC [el equivalente blgaro al AFSCA argentino] no realiz ningn tipo de audiencia pblica y que sus deliberaciones fueron mantenidas en secreto, incluso a pesar de una orden judicial de que se les provea a los demandantes una copia de las minutas de esas deliberaciones ( Corte Europea de Derechos Humanos, Glas Nadezhda EOOD and Anatoliy Elenkov v. Bulgaria , no. 14134/02, ECHR 2007). En 2008, en un caso similar, la Corte afirm que la forma en que se aplican los criterios de asignacin de licencias en el proceso de asignacin de licencias debe proveer suficientes garantas contra la arbitrariedad, incluyendo el razonamiento adecuado de las autoridades de sus decisiones denegando una licencia de radiodifusin (Corte Europea de Derechos Humanos, Meltex Ltd and Mesrop Movsesyan v Armenia (App. No.32283/04), judgment of June 17, 2008 ECtHR).
organizaciones siguen siendo las grandes olvidadas por la norma.12 Una ilustracin especialmente relevante, en tal sentido, fue que las autoridades del caso debieron dejar sin efecto el concurso pblico ms importante de los que haban abierto, buscando instalar 220 nuevos canales de televisin en todo el pas, por falta de interesados. Fue unnime, entonces, el reconocimiento de que el carcter desierto del concurso se debi, centralmente, al alto costo de los pliegos necesarios para participar en el concurso (originalmente, de entre 70.000 y 140.000 pesos en Capital Federal, y 42.000 y 105.000 en la provincia de Buenos Aires, conforme a la zona y la cantidad de habitantes). 13 Dichos altos costos dejaron fuera de participacin a una enorme cantidad de organizaciones no
As, conforme a uno de los principales expertos en la nueva Ley, Martn Becerra, quien consider que uno de los problemas ms graves que afectan la prctica de la nueva normativa tienen que ver con el olvido de los sectores sin fines de lucro como destinatarios centrales de la poltica de medios http://www.perfil.com/ediciones/2013/1/edicion_745/contenidos/noticia_0004.html El olvido se distingue, claramente, analizando el apoyo econmico provisto por el Estado a los medios alternativos. Como sealan Henkel y Morcillo, La ley deja abierta, ante la total omisin de precisiones, la definicin con respecto a las prestadoras sin fines de lucro, colocando en igualdad de condiciones a los medios populares, comunitarios y alternativos con, por ejemplo, a la Iglesia y las ONGs financiadas por los mismos grandes multimedios que hoy el gobierno dice enfrentar. Al mismo tiempo, ningn prrafo de la nueva ley garantiza una forma de financiamiento y de acceso a los recursos tcnicos y materiales que los medios populares requieren para poder desarrollar sus actividades, por lo que cualquier variable de desarrollo independiente de los mismos quedara sometida, como en la actualidad, a las presiones de la publicidad oficial o privada. Solo un tercio del espacio ser reservado para las organizaciones sin fines de lucro, mientras el 66% restante ser administrado por el Estado Nacional y los grupos privados en una proporcin desconocida, ya que el Estado podr entregar al usufructo privado parte del espectro que le corresponde por ley (como hace, por cierto, con el resto de los servicios pblicos), existiendo concretamente la posibilidad de una presencia mayor de los privados. De esta forma, la ley no divide al espectro en tres tercios sino que solo asigna un tercio a las entidades privadas sin fines de lucro, con lo que queda abierta la posibilidad de que lo que no sea utilizado por los medios pblicos o estatales quede para ser explotado por las entidades comerciales. (Henkel y Morcillo, 2012)
El propio AFSCA, en su Resolucin 929/2012, bas su decisin de suspender el concurso por dos razones: i) porque an estaban implementando medidas tcnicas que permitieran el ingreso de los nuevos prestadores; y ii) las quejas de los medios alternativos, excluidos del proceso por los costos de los pliegos. En palabras de la Resolucin: Que, en particular, personas jurdicas sin fines de lucro han solicitado la reduccin de los valores de los pliegos argumentando que resultaban excesivamente onerosos para el sector . Vase Resolucin N 929-AFSCA/12, disponible en http://www.afsca.gob.ar/pecfr/2012/R20120929.pdf.
gubernamentales y afines, deseosas de asumir un rol protagnico en esta esperada nueva etapa14. La posicin asumida sobre el tema por los representantes de la Red Nacional de Medios Alternativos deja pocas dudas de la marginacin efectiva a la que han sido sometidos quienes en apariencia iban a ser los destinatarios principales de la nueva normativa. Dichos representantes sealaron entonces:
La ley establece, como requisito previo a la entrega de licencias, la obligacin de armar y hacer pblico un Plan Tcnico de Frecuencias: un mapa de todo el pas que muestre cmo est el espectro (qu porcin est ocupada, por quines y cunto queda libre). Recin cuando sea elaborado, la Afsca debera, tambin segn la ley, reservar el 33 por ciento para los medios sin fines de lucro. El Estado no ha realizado este plan tcnico y, en consecuencia, no ha hecho la reserva del 33 por ciento. Sin embargo, contina con la entrega de licencias y la apertura de concursos. Este incumplimiento, adems de no respetar lo que la ley exige, deja la puerta abierta a la entrega discrecional de las mismas. Por otro lado, en los concursos convocados por la Afsca, los medios comunitarios, alternativos y populares tenemos que cumplir con bases y condiciones de pliegos que poco contemplan la diferenciacin entre las entidades con y sin fines de lucro. Tampoco diferencian y especifican a nuestros medios dentro de los prestadores sin fines de lucro, equiparando a cualquier medio comunitario con fundaciones o asociaciones ligadas a estructuras sindicales, eclesisticas u otras, cuyo poder 15 poltico y econmico est muy lejos del que pudiera tener una asamblea de vecinos autoconvocados
Entiendo que estas objeciones, provenientes de sujetos de la sociedad civil, activamente partidarios de la norma, ayudan a dimensionar bien los problemas que afectan a la misma, en la materia. Obviamente, los problemas sugeridos se agravan si prestamos atencin al modo en que, todava hoy, siguen estando absolutamente ausentes del debate pblico, las voces e intereses de grupos marginados, desempleados estructurales, sujetos en condicin de pobreza extrema.
En un documento de septiembre de 2012, la Red puntualiz algunos de los motivos por los cuales la implementacin de la ley dejaba olvidados a los medios alternativos. All, se sealaba, entre otras cuestiones, que los requisitos formales y materiales impuestos a los concursantes por licencias excedan largamente sus posiblidades. Por este motivo, la Red rechazaba los comunicados oficiales que utilizando la figura de los Medios Comunitarios, Alternativos y Populares justifican la suspensin de Resoluciones y Concursos que en su momento denunciamos como excluyentes y que no nos contemplaban. Vase el Documento A tres aos de la sancin de la nueva Ley de Medios, disponible en http://www.rnma.org.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=1551&Itemid=1.
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-205259-2012-10-10.html. Vase tambin el Documento A tres aos de la sancin de la nueva Ley de Medios, disponible en http://www.rnma.org.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=1551&Itemid=1.
El tercer aspecto que quedara por examinar, para pensar en cmo evaluar a la nueva Ley, sera el de su contribucin al debate pblico. En este respecto, las fallas recin sealadas las fallas evidenciadas por la Ley, en relacin con los organismos sin fines de lucroconstituye una primera fuente de problemas serios, para el objetivo de asegurar un debate pblico robusto, alimentado por puntos de vista contrapuestos entre s. Tales voces las que hoy todava no se escuchan- son las que ms resultan necesarias para enriquecer nuestros debates. Sin embargo, a dicha deficiencia se suman al menos otras dos adicionales. La primera se encuentra relacionada con las licencias ya otorgadas, y los procesos de desinversin o venta de medios ya aprobados por la Autoridad de Aplicacin. Estos procesos se han realizado de modo tal que no slo no han venido a favorecer el fortalecimiento del tercer sector en materia de comunicaciones, sino que- han permitido la concentracin de medios de comunicacin en pocas manos. Ms especficamente, la labor de la Autoridad de Aplicacin ha favorecido hoy, de modo sistemtico, a grupos afines al gobierno de turno, an a travs de decisiones directamente violatorias de la letra explcita de la propia Ley.16
En este sentido, hubo tres casos paradigmticos de la como mnimo excesiva permisividad del AFSCA respecto de la adecuacin de grupos de medios afines al gobierno a los requisitos establecidos en la ley. El primero de ellos fue el caso de Telef, el canal de televisin abierta con mayor audiencia de la Argentina. De acuerdo con la ley, i) ningn medio puede tener ms de 30% de sus acciones en manos de capitales extranjeros, y ii) ninguna empresa puede prestar servicios pblicos como los de telefona y ser propietaria de medios a la vez. Telef es propiedad de Telefnica de Espaa, que es, a su vez, accionista de Telefnica de Argentina, proveedora de servicios de telefona (vase, al respecto, el trabajo publicado por el actual Subsecretario de la Presidencia, Gustavo Lpez, en http://www.culturaymedios.com.ar/editorial_23.html). Por lo tanto, la situacin de Telef es abiertamente incompatible con los dos puntos de la ley de medios bajo anlisis (vase en general, el informe del equipo de chequado.com sobre el tema: http://www.chequeado.com/el-explicador/1379-ique-relacion-hay-entre-telefonica-y-telefe.html). Sin embargo, el AFSCA decidi aceptar la situacin actual de Telef y no intimarla a adecuarse con referencia a estos dos puntos. La lnea editorial de Telef suele ser afn al gobierno, al punto que el ex jefe de gabinete de ministros y actual senador, Anbal Fernndez supo tener una columna diaria en su noticiero. El segundo caso notorio fue el de los distintos grupos propietarios de medios que se excedan en la cantidad de licencias de acuerdo con la ley, y que para cumplir con los requisitos de desinversin se repartieron las licencias entre familiares y testaferros de los antiguos titulares. El ejemplo paradigmtico de esta prctica fue la situacin del poderoso grupo Uno-Medios, que reparti sus licencias entre sus dos propietarios, Daniel Vila y Jos Luis Manzano, y los hijos y el hermano de Vila, Esto fue aceptado explcitamente por el titular del AFSCA como compatible con la ley (vase http://www.lanacion.com.ar/1533177-sabbatella-sugirio-dividirlas-empresas-para-cumplir-con-la-ley). Es evidente que este procedimiento es contrario al espritu de la norma, y que constituye un salvoconducto para sostener la concentracin de los medios a pesar de la ley. Vila y Manzano, quienes originalmente se opusieron a la ley, aparecieron cerca del kirchnerismo poco tiempo antes de que se aprobara su propuesta de readecuacin ( vase por ejemplo, el siguiente video en el cual el ex
En segundo lugar y lo que resulta tanto o ms grave que lo anterior- encontramos hechos como los siguientes, relacionados con la citada confusin entre Estado y gobierno: los medios pblicos se han venido manejando de modo abiertamente partidario17; la televisin
ministro menemista Manzano aplaude sonriente un discurso de Cristina Fernndez de Kirchner, a fines de 2012: http://www.youtube.com/watch?v=5QHoeHij_IA). El tercer ejemplo de la parcialidad en la aplicacin de la ley respecto de los grupos de medios afines al gobierno es el de la transferencia de los medios del Grupo Hadad al Grupo Indalo, propiedad de Cristbal Lpez, empresario muy cercano al gobierno kirchnerista. La transferencia es abiertamente incompatible con el artculo 41 de la norma, que prohbe explcitamente este tipo de transacciones. El AFSCA, no obstante, decidi aprobarla. http://www.lanacion.com.ar/1560010-el-gobierno-aprobo-la-transferencia-de-los-medios-de-hadad-alempresario-kirchnerista-cristobal-lopez. En idntico sentido, la opinin del abogado experto en comunicacin (candidato de la oposicin para la AFSCA, no designado por el oficialismo), Alejandro Pereyra, en http://www.lanacion.com.ar/1560162-las-contradicciones-en-el-relato-del-oficialismo
El Observatorio Comunicacional de la Facultad de Ciencias de la Educacin de la Universidad Nacional de Entre Ros ha afirmado que nunca se ha dado como en la actualidad el caso de que el canal [estatal] llegue a tal grado de propaganda del propio gobierno, a devenir tan oficialista. Esto se observa no slo en los contenidos que difunde (monocordes funcionales al partido en el gobierno), sino tambin en las voces que no tienen posibilidad de expresarse y en la informacin que no aparece en ese espacio, cuando se ve afectada la gestin oficial (vase el documento Canal 7 hoy: entre lo pblico y lo gubernamental, disponible en http://observatorio-comunicacional.blogspot.com.ar/2011/08/canal-7-hoy-entro-lo-publico-y-lo.html). Lo ms impresionante es que esto no es negado por los responsables de estas prcticas, sino ms bien todo lo contrario, reivindicado: el conductor de 6-7-8, el programa insignia de la TV Pblica, Luciano Galende, por ejemplo, ante la consulta de si su programa era de apoyo explcito al gobierno, afirm que s, claro que s. Muy explcito. 6-7-8 se califica a s mismo jocosamente de mierda oficialista, y en eso somos ms honestos que otros. Decimos lo que somos. Y continu: Nosotros compensamos el mensaje hegemnico contra el Gobierno y divulgamos su pensamiento (vase http://elpais.com/diario/2010/07/28/internacional/1280268009_850215.html). Los ejemplos de este tipo de prcticas son innumerables: en 2009, durante la discusin de la ley de medios, la TV Pblica cort su transmisin luego de que hablaran los senadores oficialistas (http://www.perfil.com/contenidos/2009/09/24/noticia_0037.html); en 2010, en el marco de la furia oficialista por la rebelin qom, un pueblo que se niega a vender su dignidad y su cultura por planes sociales, el canal estatal realiz un informe catalogado por los propios indgenas como mentiroso (http://www.perfil.com/contenidos/2011/05/24/noticia_0018.html); a principios de 2012 fue designado Gerente de Noticias de Canal 7 un joven periodista sin mayor mrito profesional, pero militante de La Cmpora (http://www.lanacion.com.ar/1447346-un-joven-periodista-militante-de-la-campora-nuevo-gerentede-noticias-de-canal-7); y en ese mismo ao, para transmitir un programa de Luciano Galende el oficialista conductor de 6-7-8 Radio Nacional sac del aire programas locales en 48 emisoras estatales
estatal se emplea cotidiana y sistemticamente para ofender y calumniar a integrantes de la oposicin18; las pautas publicitarias (en la actualidad, una de las pocas grandes fuentes de financiacin que permiten la supervivencia de los medios de comunicacin) se han manejado de modo abiertamente discrecional19; el gobierno ha desobedecido
(http://www.lanacion.com.ar/1535690-para-transmitir-a-galende-sacan-del-aire-programas-locales-en-48emisoras-estatales).
El mejor ejemplo de este punto es, nuevamente, el programa de la TV Pblica, 6-7-8. Beatriz Sarlo lo explica del siguiente modo: Dividido el mundo de 6-7-8 en medios que se critican y medios sobre los cuales no se ejerce ningn examen, el programa, en verdad, no habla de los medios, sino de los opositores. () La principal estrategia del programa consiste en presentar a los opositores del modo ms conveniente para las abrumadoras crticas que siguen a los clips audiovisuales, donde previamente el montaje hizo pedazos cualquier discurso emitido en algn canal o diario enemigos. La manipulacin sonora y visual a travs del montaje es un viejo tema de la teora. La discusin todava sigue. Pero, sin hacerse cargo del refinamiento de ese debate, queda claro que no se puede presentar el pensamiento de nadie por medio de tres operaciones combinadas: cortar frases en picadillo, descontextualizarlas y repetirlas para que den la impresin de que han sido pronunciadas por un obsesivo grave. Todos los polticos de la oposicin se convierten as en Chirolitas de la consola de edicin de 6-7-8. Esta manipulacin por montaje es la matriz ideolgica y formal del programa, que podra resumirse en una frase pronunciada por Pern que parece especialmente adecuada a Kirchner: Al enemigo, ni justicia (Sarlo, 2011).
En un informe de 2011 en el que estudia la publicidad oficial en la Argentina, Martn Becerra afirma que la gestin discrecional de la publicidad oficial opera sobreexponiendo al gobierno, que ya cuenta con ventajas comparativas por la visibilidad y la capacidad de organizar la agenda pblica que le otorga el propio rol institucional, porque administra otros recursos que facilitan su contacto directo e intermediado con la sociedad y porque al haber triunfado en las ltimas elecciones dispone de una mayor proporcin relativa de minutos de publicidad electoral gratuita (Becerra, 2011, p. 32).Y luego concluye que la publicidad oficial al no estar regida por pautas objetivas, claras, pblicas y ecunimes a nivel nacional (ni en la mayora de las provincias), distorsiona el juego deliberativo y la capacidad de interpelacin ciudadana que tienen las diferentes fuerzas polticas en provecho del gobierno de turno. La cantidad de recursos que en la Argentina se canalizan como publicidad oficial ha crecido exponencialmente en los ltimos diez aos y hoy el Estado es el primer anunciante del sistema de medios, duplicando en la masa de recursos publicitarios que administra al segundo inversor (que es Unilever) (Becerra, 2011, p. 31). Segn reportes periodsticos recientes, esos recursos habran sido distribuidos durante 2012 en funcin de la cercana de cada grupo de medios con el gobierno nacional (http://www.lanacion.com.ar/1556542-nueve-empresas-se-quedaron-con-el-80-de-la-pautaoficial). Como se explica en el mismo informe de Becerra, la Relatora para la Libertad de Expresin de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que esta prctica es violatoria del artculo 13 del Pacto de San Jos de Costa Rica. En palabras de la Relatora: Histricamente, una porcin considerable del capital productivo de los medios de comunicacin en las Amricas se ha originado en la asignacin de publicidad oficial por los Estados. Este hecho, sumado a la selectividad discrecional en la colocacin de la publicidad, crea el peligro de autocensura para evitar penurias financieras que pudieran enfrentar los medios a los que se
sistemticamente, y durante aos, decisiones de la Corte Suprema exigindole la utilizacin ecunime de los recursos de publicidad (i.e., luego del caso Perfil)20; a la vez que ha generado presiones destinadas a impedir que los medios opositores lleguen a recibir financiamiento alternativo21. En conclusin nos encontramos frente a una situacin muy preocupante. A tres aos de aprobada la Ley, seguimos encontrndonos con que los medios alternativos no han resultado favorecidos en su surgimiento y desarrollo; los medios privados han pasado a concentrarse rpidamente en manos amigas del gobierno; y el gobierno continua utilizando sus recursos y los medios pblicos que controla, de modo arbitrario y partidario. A resultas de lo anterior, el debate pblico nacional sigue encontrndose afectado tanto en sus aspectos de inclusin como de intercambio de argumentos, y las voces e intereses de los grupos ms dbiles de la sociedad siguen estando por tanto- efectivamente ausentes del proceso colectivo de toma de decisiones.
BIBLIOGRAFIA Alberdi, J. (1920), Obras Selectas, Buenos Aires: Librera La Facultad.
niega la publicidad del Estado. Y luego: La obstruccin indirecta a travs de la distribucin de publicidad estatal acta como un fuerte disuasivo de la libertad de expresin. Aunque la jurisprudencia en esta esfera es escasa dentro del sistema interamericano, la Convencin Americana sobre Derechos Humanos ofrece un marco legal contra esas violaciones indirectas, al establecer que la asignacin discriminatoria de publicidad estatal, con base en la informacin crtica de una publicacin o una radio, es violatoria del derecho a la libre expresin garantizado por la Convencin. (http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=270&lID=2).
Vanse los fallos i) Editorial Ro Negro S.A c/Neuqun, Provincia del s/accin de amparo , CSJN, Fallos 330:3907, 5 de septiembre de 2007; ii) Radiodifusora Pampeana S.A. c/ La Pampa, provincia de s/ accin declarativa de inconstitucionalidad, CSJN, Fallos 331:2893, 22 de diciembre de 2008; iii) Editorial Perfil S.A. y otro c/ E.N. Jefatura Gabinete de Ministros SMC s/ amparo ley 16.986, CSJN, Fallos 334:109; 2 de marzo de 2011. Vase al respecto, adems, por ejemplo, el comentario de Marcela Basterra (Basterra, 2009).
Un ejemplo reciente de esta prctica fue la prohibicin o al menos, la sugerencia fuertemente coaccionada de que los supermercados no publiciten sus productos en los diarios, haciendo que stos pierdan una fuente importante de financiamiento.
Alvarez Ugarte, R., http://seminariogargarella.blogspot.com.ar/2009/09/el-proyecto-oficialfrente-los-21.html Basterra, Marcela (2009), Otra vez la distribucin de publicidad oficial en el debate, LA LEY 23/02/2009 , 10; LA LEY 2009-B , 99 . Becerra, Martn (2011), Quid pro quo. La publicidad oficial en la argentina y sus mltiples facetas. Disponible en http://poderciudadano.org/wp/wpcontent/uploads/2011/12/InformeFinalPublicidadOficiaArgentina20111.pdf Burke, E. (1960), Selected Writings, Nueva York: The Modern Library. Dahl, R. (1963), A Preface to Democratic Theory, Chicago: The University of Chicago Press. Dworkin, R. (1984), Los derechos en serio, Barcelona: Ariel. Fiss, O. (1986), Free Speech and Social Structure, 71 Iowa Law Review 1405. Fiss, O. (1987), Why the State, 100 Harvard Law Review 781. Fiss, O. (1996), The Irony of Free Speech, Cambridge: Harvard University Press. Gargarella, R. (2005), Los fundamentos legales de la desigualdad, Madrid: Siglo XXI. Habermas, J. (1998), Between Facts and Norms, Cambridge: The MIT Press. Henkel, C. y Morcillo, J. (2012), Estatalismo y marxismo. A propsito de la llamada Ley de Medios, Revista Hic Rhodus. Crisis capitalista, polmica y controversias., ISSN: 2250-5482, No. 2, julio de 2012, pp. 31-44. Disponible en http://www.revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/article/view/206 Nino, C. (1984), tica y derechos humanos, Barcelona: Paids.
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