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Timestamp: 2019-08-26 09:44:05+00:00

Document:
LEY 1782 DE 20 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:APRUEBA EL "TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS", ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 67/234 B DE 2 DE ABRIL DE 2013 Y SUSCRITO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, TRATADO INTERNACIONAL, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, LEY PENAL, ORDEN PÚBLICO, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CONVENCIÓN INTERNACIONAL, TRÁFICO DE ARMAS, UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, FUNCIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, ONU, COMERCIALIZACIÓN DE ARMAS, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, ARMAS DE FUEGO, MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIO DE ARMAS, VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, SUMINISTRO DE ARMAS A MENOR DE EDAD, INTERVINIENTES EN EL TRATADO INTERNACIONAL, ARMAS DE GUERRA
“Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre el comercio de armas’, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013”
(Nota: Declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-47 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
“Por medio de la cual se prueba el ‘Tratado sobre el comercio de armas’, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013.
Naciones Unidas - 2013
- La solución de controversias internacionales por medios pacíficos de manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia, de conformidad con el artículo 2º, párrafo 3, de la Carta de las Naciones Unidas;
- La renuncia a recurrir, en las relaciones internacionales, a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 2º, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas;
- La no intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de cada Estado, de conformidad con el artículo 2º, párrafo 7, de la Carta de las Naciones Unidas;
Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para regular la exportación de municiones disparadas, lanzadas o propulsadas por las armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1 y aplicará lo dispuesto en los artículos 6º y 7º antes de autorizar la exportación de tales municiones.
Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para regular la exportación de piezas y componentes cuando dicha exportación permita la fabricación de las armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, y aplicará lo dispuesto en los artículos 6º y 7º antes de autorizar la exportación de tales piezas y componentes.
3. Se alienta a cada Estado parte a que aplique lo dispuesto en el presente tratado a la mayor variedad posible de armas convencionales. Las definiciones nacionales de cualquiera de las categorías comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, apartados a) a g), no podrán ser más restrictivas que las descripciones utilizadas en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas en el momento en que entre en vigor el presente tratado. En relación con la categoría comprendida en el artículo 2º, párrafo 1, apartado h), las definiciones nacionales no podrán ser más restrictivas que las descripciones utilizadas en los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas en el momento en que entre en vigor el presente tratado.
5. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para aplicar las disposiciones del presente tratado y designará a las autoridades nacionales competentes a fin de disponer de un sistema nacional de control eficaz y transparente para regular la transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, y de elementos comprendidos en el artículo 3º y el artículo 4º.
1. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3º o el artículo 4º, si la transferencia supone una violación de las obligaciones que le incumben en virtud de las medidas que haya adoptado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en particular los embargos de armas.
2. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3º o el artículo 4º, si la transferencia supone una violación de sus obligaciones internacionales pertinentes en virtud de los acuerdos internacionales en los que es parte, especialmente los relativos a la transferencia internacional o el tráfico ilícito de armas convencionales.
3. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3º o el artículo 4º, si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte.
1. Si la exportación no está prohibida en virtud del artículo 6º, cada Estado parte exportador, antes de autorizar la exportación bajo su jurisdicción de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, o de elementos comprendidos en el artículo 3º o el artículo 4º, y de conformidad con su sistema nacional de control, evaluará, de manera objetiva y no discriminatoria y teniendo en cuenta los factores pertinentes, incluida la información proporcionada por el Estado importador de conformidad con el artículo 8º, párrafo 1, si las armas convencionales o los elementos podrían:
4. Al realizar la evaluación, el Estado parte exportador tendrá en cuenta el riesgo de que las armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, o los elementos comprendidos en el artículo 3º o el artículo 4º se utilicen para cometer o facilitar actos graves de violencia por motivos de género o actos graves de violencia contra las mujeres y los niños.
5. Cada Estado parte exportador tomará medidas para asegurar que todas las autorizaciones de exportación de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, o de elementos comprendidos en el artículo 3º o el artículo 4º, se detallen y expidan antes de que se realice la exportación.
1. Cada Estado parte importador tomará medidas para suministrar, de conformidad con sus leyes nacionales, información apropiada y pertinente al Estado parte exportador que así lo solicite a fin de ayudarlo a realizar su evaluación nacional de exportación con arreglo al artículo 7º. Tales medidas podrán incluir el suministro de documentación sobre los usos o usuarios finales.
2. Cada Estado parte importador tomará medidas que le permitan regular, cuando proceda, las importaciones bajo su jurisdicción de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1. Tales medidas podrán incluir sistemas de importación.
Cada Estado parte tomará medidas apropiadas para regular siempre que proceda y sea factible, el tránsito o transbordo bajo su jurisdicción de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1 de conformidad con el Derecho Internacional aplicable.
Cada Estado parte tomará medidas de conformidad con sus leyes nacionales, para regular las actividades de corretaje que tengan lugar en su jurisdicción en relación con las armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1. Tales medidas podrán incluir la exigencia de que los intermediarios se inscriban en un registro u obtengan una autorización escrita antes de comenzar su actividad.
1. Cada Estado parte que participe en una transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, tomará medidas para evitar su desvío.
2. El Estado parte exportador tratará de evitar el desvío de las transferencias de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, por medio de su sistema nacional de control establecido con arreglo al artículo 5º, párrafo 2, evaluando el riesgo de que se desvíe la exportación y examinando la posibilidad de establecer medidas de mitigación, como medidas de fomento de la confianza o programas elaborados y acordados conjuntamente por los Estados exportador e importador. Otras medidas de prevención podrían consistir, en su caso, en examinar a las partes que participación en la exportación, exigir documentación adicional, certificados o garantías, no autorizar la exportación o imponer otras medidas adecuadas.
3. Los estados partes importadores, exportadores, de tránsito y de transbordo cooperarán entre sí e intercambiarán información, de conformidad con sus leyes nacionales, cuando sea adecuado y factible, a fin de mitigar el riesgo de desvío de las transferencias de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1.
4. Si un Estado parte detecta el desvío de una transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, tomará las medidas necesarias, con arreglo a sus leyes nacionales y de conformidad con el Derecho Internacional, para hacer frente a ese desvío. Tales medidas podrán consistir en alertar a los estados partes potencialmente afectados, examinar los envíos desviados de dichas armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, y adoptar medidas de seguimiento en materia de investigación y cumplimiento.
5. A fin de comprender mejor y prevenir el desvío de las transferencias de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, se alienta a los estados partes a que compartan información pertinente sobre medidas eficaces para hacer frente a los desvíos. Tal información podrá incluir datos sobre actividades ilícitas, incluida la corrupción, rutas de tráfico internacional, intermediarios ilegales, fuentes ilícitas de suministro, métodos de ocultación, puntos comunes de envío o destinos utilizados por grupos organizados que se dedican al desvío.
6. Se alienta a los estados partes a que informen a los demás estados partes, a través de la Secretaría, sobre las medidas que hayan adoptado para hacer frente al desvío de transferencias de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1.
1. Cada Estado parte llevará registros nacionales, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos, de las autorizaciones de exportación que expida o de las exportaciones realizadas de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1.
2. Se alienta a cada Estado parte a que lleve registros de las armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, que tengan como destino final su territorio o sean objeto de una autorización de tránsito o transbordo a través de él.
3. Se alienta a cada Estado parte a que incluya en esos registros información sobre la cantidad, el valor y el modelo o tipo de armas, las transferencias internacionales de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, que hayan sido autorizadas, las armas convencionales efectivamente transferidas, y datos precisos sobre los Estados exportadores, importadores, de tránsito y transbordo y sobre los usuarios finales, según proceda.
2. Se alienta a los estados partes a que proporcionen a los demás estados partes, a través de la Secretaría, información sobre las medidas adoptadas que hayan resultado eficaces para hacer frente al desvío de transferencias de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1.
3. Cada Estado parte presentará anualmente a la Secretaría, a más tardar el 31 de mayo, un informe sobre las exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1, correspondientes al año civil anterior. La Secretaría distribuirá los informes y los pondrá a disposición de los estados partes. El informe presentado a la Secretaría podrá contener la misma información que el Estado parte haya presentado en los marcos pertinentes de las Naciones Unidas, incluido el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas. Los informes podrán excluir datos comercialmente sensibles o relativos a la seguridad nacional.
4. Se alienta a los estados partes a que cooperen, de conformidad con sus leyes nacionales, para contribuir a la aplicación en el ámbito nacional de las disposiciones del presente tratado, en particular mediante el intercambio de información sobre actividades y actores ilegales y a fin de prevenir y erradicar el desvío de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1º.
6. Se alienta a los estados partes a que adopten medidas nacionales y cooperen entre sí a fin de prevenir que las transferencias de armas convencionales comprendidas en el artículo 2º, párrafo 1º, sean objeto de prácticas corruptas.
4. Las enmiendas aprobadas conforme al párrafo 3º entrarán en vigor, para cada Estado parte que haya depositado su instrumento de aceptación de dicha enmienda, noventa días después de la fecha en que la mayoría de los Estados que eran partes en el Tratado cuando se aprobó la enmienda hayan depositado ante el Depositario sus instrumentos de aceptación. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para cualquier otro Estado parte noventa días después de la fecha en que este deposite su instrumento de aceptación de dicha enmienda.
Cualquier Estado podrá declarar, en el momento de la firma o el depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que aplicará provisionalmente lo dispuesto en los artículos 6º y 7º del presente tratado mientras no se produzca su entrada en vigor respecto de ese Estado.
La coordinadora del grupo interno de trabajo de tratados, María Alejandra Encinales Jaramillo.
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 150, numeral 16; 189, numeral 2º; y 224 de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del honorable Congreso de la República el proyecto de ley, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre Comercio de Armas”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución número 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013.
Mediante Resolución A/64/48, el grupo de expertos gubernamentales se transformó en un comité preparatorio de una conferencia de las Naciones Unidas relativa al tratado sobre el comercio de armas. El Comité sesionó cuatro veces, a saber: del 12 al 23 de julio de 2010; del 28 de febrero al 4 de marzo de 2011; del 11 al 15 de julio de 2011; y del 13 al 17 de febrero de 2012. Colombia participó en todas las sesiones.
• Permitir un verdadero control al comercio de armas.
• Evitar el desvío de armamento.
• Prohibir la transferencia de armas convencionales a actores armados no estatales.
• Incluir las armas pequeñas y ligeras, las municiones, piezas y componentes, como una categoría de las armas convencionales.
• Regular las transferencias en un sentido amplio; es decir, que fueran incluidas todas las actividades relacionadas con la cadena del comercio de armas: compra, venta, intermediación, exportación, importación tránsito o trasbordo, corretaje, desvío, registro, financiación, etc.
• Incluir el principio de no discriminación, es decir, que las decisiones en virtud de este Tratado no sean tomadas con criterios políticos, y que el mismo no se convierta en una herramienta o excusa para vetar la venta de armas a un Estado.
• Establecer un diálogo positivo entre los Estados exportadores, importadores y de tránsito.
Los postulados anteriormente descritos fueron los derroteros para la participación de Colombia durante las dos Conferencias relativas al Tratado sobre el comercio de armas, realizadas en Nueva York, del 2 al 27 de julio de 2012 y del 18 al 28 de marzo de 2013. Durante la última Conferencia se presentó el proyecto de la Decisión número A/ CONF.217/2013/L3, mediante la cual se adoptaba el texto del Tratado; sin embargo, no se logró consenso para acoger el texto presentado, dado que Irán, Siria y Corea del Norte objetaron la referida decisión.
Es por ello que el Secretario General de las Naciones Unidas ha hecho un llamado a todos los Estados a firmar y devenir Parte del ATT a la brevedad posible. A la fecha, 118 Estados han firmado el ATT —entre ellos Colombia— y 31 lo han ratificado; a saber: Albania, Antigua y Barbuda, Bulgaria, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Granada, Guyana, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Mali, Malta, México, Nigeria, Noruega, Panamá, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Macedonia, Trinidad y Tobago y Reino Unido. El ATT entrará en vigor noventa (90) días después del depósito del quincuagésimo (50) instrumento de ratificación.
La aprobación del ATT tiene un gran significado para Colombia. El propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, durante la Cumbre CELAC-Unión Europea, realizada en Santiago de Chile el 26 y 27 enero de 2013, resaltó la necesidad de buscar un mayor control al comercio de armas y estudiar nuevas alternativas para su efectiva regulación: “Las armas, como las drogas, están generando problemas crecientes de violencia en nuestras sociedades”(1), aseguró el Presidente.
Así mismo, en el marco de la Segunda Cumbre de la CELAC, que se adelantó en La Habana, Cuba, los días 28 y 29 de enero de 2014, se presentó el Documento 3.24 — Proyecto Declaración Especial sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos en América Latina y el Caribe, en el cual se hizo la siguiente mención al “Tratado sobre el comercio de armas”: “Tomamos nota de la adopción del Tratado de Comercio de Armas por la Asamblea General de la ONU. Esperamos que este primer instrumento jurídicamente vinculante sobre el comercio de consecuencias que el tráfico ilícito y el comercio no regulado de armas presenta a actores no estatales o usuarios no autorizados, a menudo vinculados a la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico. Esperamos asimismo que este tratado pueda contribuir a la prevención de los conflictos armados, la violencia armada y a las violaciones del derecho internacional, incluidos los instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Al mismo tiempo, en anticipación a la entrada en vigor del presente tratado, invocamos que el tratado sea aplicado de una manera equilibrada, transparente y objetiva y que se respete el derecho soberano de todos los Estados a garantizar su legítima defensa, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”.
Como es bien sabido, la protección de la población civil de los efectos de los conflictos armados es un asunto de especial relevancia para nuestro país, en tanto ha debido enfrentarse por alrededor de cinco décadas a grupos armados ilegales cuyas estrategias de guerra transgreden abiertamente la normativa humanitaria, con la comisión de actos que constituyen reclutamiento forzado(2) y violencia sexual(3).
En este orden de ideas, un tratado de esta naturaleza se convertirá en una herramienta para la protección de la población colombiana, además de facilitar al Gobierno el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de protección a civiles(4), a niños(5) y a mujeres(6) en contexto de conflicto armado, de conformidad con los instrumentos internacionales ratificados en la materia(7), y las exigencias del Consejo de Seguridad en las resoluciones adoptadas.
En este sentido, siguiendo el estudio de armas ligeras, se destaca que “las armas de fuego juegan un rol preponderante en las muertes violentas en Colombia. En términos históricos, casi 4 de cada 5 homicidios cometidos en el país involucran armas de fuego, y esta tendencia se ha mantenido, incluso a pesar de la notable reducción de la tasa de homicidios registrada en los últimos años. De esta forma, si bien en el 2002 se presentaron 28.534 homicidios y en el 2008 esta cifra se redujo a 15.251 —la más baja en 30 años—, la proporción de homicidios desarrollados con armas de fuego solo se redujo del 84,1% al 70,9% en el mismo periodo”(8).
En consecuencia, es importante señalar que para el año 2012 se decomisaron a favor del Estado por acto administrativo y sentencia judicial en firme y ejecutoriada 75.213 armas de fuego; para el año 2013 se decomisaron a favor del Estado por acto administrativo y sentencia judicial en firme y ejecutoriada 44.139 armas de fuego. Es importante tener en cuenta que estas cifras corresponden al total de armas de fuego que ingresaron al Almacén de Armamento Decomisado del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, las cuales se someten al proceso de selección para fundición o traspaso a las Fuerzas o son asignadas a la Fiscalía General de la Nación u otros cuerpos oficiales armados de carácter permanente(9).
1. Hurto – Total sindicados y condenados 30.340, es decir, el 17.24%.
2. Homicidio – Total sindicados y condenados 29.321, es decir, el 16.67%.
3. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones – Total sindicados y condenados 25.778, es decir, el 14.65%.
5. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones – Total sindicados y condenados 2.290, es decir, 1.30%.
– Promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los estados partes en el comercio internacional de armas convencionales, fomentando así la confianza entre ellos”(10).
De conformidad con las disposiciones del Tratado, se fijan obligaciones específicas tanto para los Estados exportadores de armas como para los importadores, las cuales aplicarán a todas las armas convencionales comprendidas en las siguientes categorías: carros de combate; vehículos blindados de combate; sistemas de artillería de gran calibre; aeronaves de combate; helicópteros de ataque; buques de guerra, misiles y lanzamisiles; y armas pequeñas y armas ligeras (artículo 2º). Se destaca que uno de los logros trascendentales de Colombia en el marco de las negociaciones fue la inclusión de las armas pequeñas y ligeras en el ámbito de aplicación del tratado.
En relación con las prohibiciones, en el artículo 6º del ATT se establece que un Estado Parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales, en las siguientes situaciones:
• Si la transferencia supone una violación de las obligaciones que le incumben al Estado en virtud de las medidas que haya adoptado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en particular los embargos de armas.
• Si la transferencia supone una violación de sus obligaciones internacionales pertinentes en virtud de los acuerdos internacionales en los que es parte, especialmente los relativos a la transferencia internacional o el tráfico ilícito de armas convencionales.
• Si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte.
Con respecto a la exportación y evaluación de las exportaciones, el artículo 7º estipula que si la exportación no está prohibida en virtud del artículo 6º, cada Estado parte exportador, antes de autorizar la exportación bajo su jurisdicción de armas convencionales, evaluará, de manera objetiva y no discriminatoria y teniendo en cuenta los factores pertinentes, incluida la información proporcionada por el Estado importador, si las armas convencionales o los elementos podrían contribuir a la paz y la seguridad o menoscabarlas; o utilizarse para cometer o facilitar:
• Una violación grave del Derecho Internacional Humanitario.
• Una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos.
• Un acto que constituya un delito en virtud de las convenciones o los protocolos internacionales relativos al terrorismo en los que sea parte el Estado exportador, o
• Un acto que constituya un delito en virtud de las convenciones o los protocolos internacionales relativos a la delincuencia organizada transnacional en los que sea parte el Estado exportador.
Con respecto a la importación de armas, el artículo 8º dispone que cada Estado importador:
•Tomará medidas para suministrar, de conformidad con sus leyes nacionales, información apropiada y pertinente al Estado parte exportador que así lo solicite a fin de ayudarlo a realizar su evaluación nacional de exportación. Tales medidas podrán incluir el suministro de documentación sobre los usos o usuarios finales.
• Tomará medidas que le permitan regular, cuando proceda, las importaciones bajo su jurisdicción de armas convencionales. Tales medidas podrán incluir sistemas de importación.
• Podrá solicitar información al Estado parte exportador en relación con las autorizaciones de exportación pendientes o ya concedidas en las que el Estado parte importador sea el país de destino final.
De igual forma, el ATT establece obligaciones específicas en relación con el tema de tránsito o transbordo (artículo 9º), corretaje (artículo 10) y desvío (artículo 11). Sobre este último punto es importante destacar la obligación de cada Estado Parte que participe en una transferencia de armas convencionales de tomar medidas para evitar su desvío por medio de su sistema nacional de control. De esta manera se evaluará el riesgo de que se desvíe la exportación y se examinará “(…) la posibilidad de establecer medidas de mitigación, como medidas de fomento de la confianza o programas elaborados y acordados conjuntamente por los Estados exportador e importador”.
Por las anteriores consideraciones, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacional, solicita al Honorable Congreso de la República aprobar el “Tratado sobre Comercio de Armas”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York el 24 de septiembre de 2013.
El Ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón Bueno.
La Ministra de Relaciones Exteriores, (Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.
ART. 1º—Apruébese el “Tratado sobre el comercio de armas”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución número 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Tratado sobre el comercio de armas”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
ART. 1º—Apruébese el “Tratado sobre el comercio de armas”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013.
El Presidente del honorable Senado de la República, Luis Fernando Velasco Chaves.
2 Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre Niños en Conflicto Armado, A/67/845- S/2013/245 del 15 de mayo de 2013.
3 Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre Violencia Sexual en Conflicto, A/67/792- S/2013/149 del 14 de marzo de 2013.
10 “Tratado sobre el comercio de armas”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York el 24 de septiembre de 2013. Artículo 1º.

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