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Timestamp: 2019-06-16 13:50:19+00:00

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Legislación: Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.
Fecha: 11/04/2003 Ambito: Nacional Colectivo: Población general Grupo: General
(Se incluye Real Decreto 2/2010, de 8 de enero, por el que se modifica el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, en materia de
incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. BOE núm. 16, Martes 19 de enero de 2010.)
BOE núm. 87 Viernes 11 de abril de 2003
Capítulo II. Incorporación a la mutualidad.
Capítulo IV. Normas generales de la acción protectora
Capítulo VII. Prestaciones por incapacidad permanente.
Capítulo VIII. Prestaciones de protección a la familia.
Capítulo IX. Servicios sociales y asistencia social.
Capítulo X. Régimen económico y financiero.
Capítulo XI. Recursos y régimen jurisdiccional.
REGLAMENTO GENERAL DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO.
El mutualismo administrativo, mecanismo de cobertura del Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado integrado en el Sistema de la Seguridad Social, previsto en el párrafo b del artículo 2 del texto refundido, se rige por lo dispuesto en éste, en el presente reglamento y en las demás disposiciones de aplicación y desarrollo.
2. Ninguna otra entidad podrá utilizar la denominación de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ni el acrónimo MUFACE.
SECCIÓN I. MUTUALISTAS: RÉGIMEN DE AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS.
Servicios especiales, salvo lo dispuesto en el párrafo c del apartado 1 y en el apartado 3 del artículo 8 del texto refundido.
Suspensión provisional o firme defunciones.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, podrán mantener la situación de alta como mutualistas voluntarios, con igualdad de derechos, los funcionarios señalados en los párrafos a, b y c del apartado anterior, siempre que abonen exclusivamente a su cargo las cuotas correspondientes al funcionario y al Estado.
1. Los funcionarios en prácticas que aspirán a ingresar en los cuerpos de la Administración Civil del Estado quedarán incluidos en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera hasta la fecha de su toma de posesión como tales, y serán afiliados a MUFACE con efectos del día de inicio del período de prácticas, salvo que ya tuvieran la condición de mutualistas.
SECCIÓN II. OTROS SUJETOS PROTEGIDOS POR EL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO.
Los descendientes, hijos adoptivos y hermanos. Los descendientes e hijos adoptivos podrán serlo de ambos cónyuges o de cualquiera de ellos, y los hijos también de la persona que conviva con el mutualista en análoga relación de afectividad a la de cónyuge con los requisitos establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social. Excepcionalmente, los acogidos de hecho quedan asimilados, a estos efectos, a los familiares mencionados, previo acuerdo, en cada caso, de la Mutualidad General.
1. En caso de fallecimiento del mutualista en alta, podrán ser beneficiarios del mutualismo administrativo los viudos y huérfanos de mutualistas, activos y jubilados, y de los funcionarios y pensionistas a que se refieren los apartados 2 y 3 de la disposición adicional tercera del texto refundido, si cumplen el requisito a que se refiere el párrafo c del apartado 2 del artículo anterior.
2. Igualmente, podrán conservar la condición de beneficiarios del mutualismo administrativo, con el mismo requisito mencionado en el apartado anterior, el cónyuge que viva separado de un mutualista en alta o cuyo matrimonio haya sido declarado nulo o disuelto por divorcio, y los hijos que convivan con aquel.
SECCIÓN III. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
2. Los mutualistas tendrán derecho a ser informados acerca de los datos a ellos referentes que obran en los ficheros informatizados y archivos de la Mutualidad General. De igual derecho gozarán las personas que acrediten un interés personal y directo, derivado de lo establecido en el texto refundido y en este reglamento, y con sujeción a la legislación de protección de datos de carácter personal.
]Capítulo III. Cotización. SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 22. La obligación de cotizar: objeto. 1. La cotización a la Mutualidad General es obligatoria. 2. La cotización comprende dos aportaciones: La cuota individual correspondiente a cada mutualista. La aportación del Estado. 3. Estas aportaciones financiarán las prestaciones a que se refiere el artículo 47 de este reglamento, a excepción de la indicada en el párrafo h de dicho artículo. SECCIÓN II. COTIZACIÓN INDIVIDUAL DEL MUTUALISTA. Artículo 23. Sujetos obligados al cumplimiento de la obligación de cotizar. 1. Están obligados a cotizar al Régimen del mutualismo administrativo los mutualistas en alta comprendidos en su campo de aplicación y que se hallen en alguna de las siguientes situaciones administrativas. Servicio activo, teniendo la consideración de esta situación el disfrute de licencias, incluida la correspondiente a la situación de incapacidad temporal. Servicios especiales, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo a del apartado 2 del artículo 9 de este reglamento. Servicios en comunidades autónomas. Expectativa de destino. Excedencia forzosa. Suspensión provisional o firme de funciones. 2. Quedan exceptuados de la obligación de cotizar: Los mutualistas jubilados. Los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia para atender al cuidado de hijos o familiares. 3. Los mutualistas voluntarios están obligados a cotizar mientras se encuentren en situación de alta facultativa, en la forma en que se determina en el texto refundido y en este reglamento. Artículo 24. Nacimiento, duración y extinción de la obligación de cotizar. 1. La obligación de cotizar nace desde la fecha de alta del funcionario en la mutualidad. 2. La obligación de cotizar se mantendrá durante todo el período en que el funcionario esté en alta, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo b del apartado 2 del artículo 23 precedente, y se extinguirá por la baja del mismo en la mutualidad. La comunicación a la Mutualidad General del alta o de la baja fuera del plazo señalado en el artículo 14 de este reglamento retrotraerá los efectos de la cotización a la fecha en que se hayan producido los supuestos determinantes de aquéllas. 3. La cotización de los mutualistas voluntarios retrotraerá sus efectos al día siguiente al de la fecha de baja como mutualistas obligatorios. 4. La exención de cotización de los mutualistas jubilados tendrá efectos desde el mes siguiente al de la fecha de jubilación. Artículo 25. Contenido de la obligación de cotizar. 1. La cuota expresa el importe de la obligación de cotizar a la Mutualidad General durante el período de liquidación. Dicha cantidad resulta de la operación liquidatoria de aplicar el tipo de cotización a la base de cotización total o reducida, determinados según lo dispuesto en el artículo 10 del texto refundido. 2. La cotización será mensual para los mutualistas en alta y su devengo tendrá lugar el último día de cada mes y, en caso de baja del mutualista, en la fecha de efectos de ésta, salvo que sea por fallecimiento. 3. El período de liquidación estará referido a mensualidades naturales completas, aunque el devengo y/o el pago de las cuotas se efectúe por período distinto al mes. 4. Para obtener la liquidación mensual se tendrá en cuenta lo siguiente: La base reguladora se reducirá en la misma proporción que las retribuciones, con la misma fecha de efectos de la reducción de éstas, en el caso de funcionarios a los que cualquier norma autorice a prestar servicio en régimen de jornada reducida, por tiempo que previsiblemente no haya de ser inferior al año. Las liquidaciones mensuales referidas a los mutualistas en el mes en que causen alta obligatoria y en el de baja como mutualistas obligatorios, siempre que no sea por fallecimiento, se calcularán por días. Igual criterio se adoptará para los mutualistas que pasen a la situación de excedencia para atender al cuidado de hijos o familiares y, en el mes que, desde esa situación, pasen a otra con obligación de cotizar. Se tomará como base de cotización de los funcionarios en prácticas que ya tuvieran la condición de mutualistas en alta la correspondiente a la opción ejercida por el funcionario de percibir las retribuciones del anterior o del nuevo cuerpo, según la legislación en materia de retribuciones de dichos funcionarios. [
2. Las habilitaciones u oficinas pagadoras existentes en los servicios de las distintas Administraciones públicas, órganos constitucionales y demás organismos y entidades del sector público, donde estén destinados los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de este régimen especial, deducirán, mensualmente, en las nóminas las cuotas individuales correspondientes a los funcionarios en servicio activo, o que se encuentren en las situaciones de servicios en comunidades autónomas, expectativa de destino, excedencia forzosa o suspensión provisional defunciones.
Sección III. RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO DE LAS CUOTAS.
El ingreso de las cuotas se llevará a cabo por mensualidades vencidas y en un solo acto, y se realizará dentro del mes siguiente al de la correspondiente liquidación y deducción en nómina, en el caso del régimen general de cotización, y dentro del mes siguiente al del período al que corresponda el ingreso, en el caso del régimen singular de cotización.
1. Las cuotas ingresadas fuera de plazo por los sujetos obligados a que se refiere el párrafo b del apartado 1 del artículo 28 tendrán el siguiente recargo de mora:
El 5 %, si se abonaren dentro de los dos meses naturales siguientes al vencimiento del plazo reglamentario.
El 20 %, si se abonaren transcurrido el plazo anterior y antes de iniciarse la vía de apremio.
2. En las nominas que se confeccionen por las oficinas pagadoras se especificará necesariamente el importe de las cotizaciones descontadas a los mutualistas.
SECCIÓN IV. RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA.
SECCIÓN V. NORMAS COMUNES A LAS COTIZACIONES INDIVIDUALES.
1. Los créditos por cotizaciones individuales a la Mutualidad y, en su caso, los recargos o intereses que sobre aquéllos procedan, gozarán, respecto de la totalidad de los mismos, de igual orden de preferencia que los créditos a que se refiere el apartado 1 del artículo 1924 del Código Civil y el párrafo D del apartado 1 del artículo 913 del Código de Comercio.
2. Los demás créditos del mutualismo administrativo gozarán del mismo orden de preferencia establecido en el párrafo E del apartado 2 del artículo 1924 del Código Civil y en el párrafo D del apartado 1 del artículo 913 del Código de Comercio.
SECCIÓN VI. APORTACIÓN DEL ESTADO.
1. El Estado consignará de modo permanente en sus presupuestos las aportaciones que anualmente conceda a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 12 del texto refundido, salvo la indicada en el párrafo h de dicho artículo.
2. El procedimiento para fijarla cuantía de las entregas a que se refiere el apartado anterior será establecido por Orden del Ministro de Administraciones Públicas, previo informe del Ministerio de Hacienda.
SECCIÓN I. RÉGIMEN DE LAS PRESTACIONES.
El incumplimiento por parte de los beneficiarios o causantes de las prestaciones económicas del Mutualismo administrativo de la obligación de presentar, en los plazos legales establecidos, declaraciones preceptivas o documentos, antecedentes, justificantes o datos que no obrán en la Mutualidad General, cuando a ello sean requeridos, así como la incomparecencia, salvo causa justificada, a los reconocimientos médicos ordenados por ésta en los supuestos así establecidos, siempre que puedan afectar a la conservación del derecho a las prestaciones, podrán dar lugar a que por MUFACE se adopten las medidas preventivas necesarias, mediante la suspensión cautelar del abono de las citadas prestaciones, hasta tanto quede debidamente acreditado por parte de los citados beneficiarios o causantes que se cumplen los requisitos legales imprescindibles para el mantenimiento del derecho a éstas.
1. Si iniciado de forma reglamentaria un procedimiento administrativo para el reconocimiento de alguna prestación falleciera el interesado durante su tramitación, y se instase su continuación por parte legítima, se ultimará aquel haciéndose la declaración que corresponda y abonándose, en su caso, a los herederos por derecho civil las cantidades devengadas.
1. El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se contemplan en este reglamento. La prescripción se interrumpirá, además de por la reclamación ante la Mutualidad General, por las causas ordinarias establecidas en el artículo 1973 del Código Civil.
1. Para causar derecho a prestaciones económicas para las que se exija un período mínimo de cotización se podrán totalizar los periodos de cotización acreditados en otros regímenes, siempre que no se superpongan con los de este régimen especial y que dichas prestaciones u otras de igual finalidad estén incluidas en la acción protectora del régimen cuyos periodos de cotización se tengan en cuenta para causar tal derecho.
SECCIÓN II. CONCEPTO DE LAS CONTINGENCIAS.
SECCIÓN II. BENEFICIARIOS DE LA ASISTENCIA SANITARIA.
SECCIÓN III. NORMAS SOBRE NACIMIENTO, DURACIÓN Y EXTINCIÓN DEL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA.
3. Cuando, por cualquier circunstancia, no se hubiera producido la incorporación a la Mutualidad de un funcionario en situación que conlleve la condición de mutualista obligatorio, conforme a lo establecido en este reglamento, y se ocasionaran gastos de asistencia sanitaria a aquel o a sus beneficiarios durante el tiempo que transcurra entre la fecha de efectos de la incorporación y la de su formalización, el mutualista podrá solicitar el reintegro de dichos gastos.
SECCIÓN IV. CONTENIDO DE LA ASISTENCIA SANITARIA.
SECCIÓN V. ACCESO ALA ASISTENCIA SANITARIA.
1. La asistencia sanitaria se facilitará por la Mutualidad General directamente o por concierto con otras entidades o establecimientos públicos o privados, preferentemente con instituciones de la Seguridad Social. Cuando la asistencia se facilite mediante concierto, los mutualistas podrán elegir, bien en el momento de la afiliación o alta, bien dentro del período que se señale al efecto, la entidad o establecimiento público o privado a través del cual hayan de recibir la prestación de dicha asistencia.
Si la utilización de dichos servicios sanitarios ha sido debida a una asistencia urgente de carácter vital. En este caso, el interesado podrá reclamar el reintegro de los gastos ocasionados por ésta, siendo indispensable que se notifique el comienzo de la asistencia sanitaria a la entidad de adscripción del beneficiario en los plazos, términos y condiciones que se establezcan en los oportunos conciertos.
SECCIÓN VI. PRESTACIÓN FARMACÉUTICA.
Los tratamientos que se realicen en los establecimientos sanitarios y demás medios previstos en el párrafo a del apartado 1 del artículo anterior.
Aquellos tratamientos que tengan su origen en accidente en acto de servicio o enfermedad profesional. En este último caso, si se hubiese abonado algún importe, procederá su reintegro.
2. En los demás casos, los beneficiarios participarán mediante el pago de un 30 % del precio de venta al público de los medicamentos y demás productos sanitarios, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la normativa sanitaria vigente establezca otra cantidad porcentual o un tope máximo de participación en la dispensación.
SECCIÓN VII. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL.
Según modificación presentada por el Real Decreto 2/2010, de 8 de enero, por el que se modifica el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, en materia de incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. BOE núm. 16, Martes 19 de enero de 2010. Se modifica el capítulo VI, quedando redactado como sigue:
CAPÍTULO VI .Prestaciones por incapacidad temporal y por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural
SECCIÓN I. INCAPACIDAD PERMANENTE: CONCEPTO Y GRADOS.
3. Cuando la causa de la incapacidad permanente parcial sea un accidente en acto de servicio o como consecuencia de él, o una enfermedad profesional, el funcionario, además de aplicársele lo establecido en el apartado anterior, tendrá derecho a percibir la indemnización que se establece en el párrafo b del artículo 110 de este reglamento.
SECCIÓN II. GRAN INVALIDEZ.
2. Si la gran invalidez sobreviniera con posterioridad a la jubilación por incapacidad permanente para el servicio, la declaración podrá efectuarse mientras el mutualista no haya cumplido la edad fijada legalmente para la jubilación forzosa de los funcionarios de su cuerpo, escala o plaza, o bien mientras se encuentre en el período que le faltase para completar la prórroga en el servicio activo, que le hubiere sido concedida de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2.a, segundo párrafo, del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
1. El mutualista declarado gran inválido tendrá derecho a una prestación económica de carácter mensual, incluidas dos pagas extraordinarias al año, a cargo de la Mutualidad General, destinada a remunerar a la persona encargada de su asistencia, equivalente al 50 % de la pensión de jubilación que le corresponda con arreglo a la cantidad íntegra que se le acredite en nómina por el Régimen de Clases Pasivas del Estado en cada momento.
1. Si la existencia de la gran invalidez concurriese en el momento de la jubilación por incapacidad permanente para el servicio, la prestación por gran invalidez se abonará con los efectos económicos de dicha pensión. En el supuesto de que el reconocimiento de la gran invalidez se instara una vez transcurridos cinco años desde el día siguiente a la recepción de la notificación relativa a la declaración de jubilación por incapacidad permanente para el servicio, los efectos económicos de la prestación de gran invalidez se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de presentación de la solicitud.
SECCIÓN III. LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 53 de este reglamento respecto al plazo general de prescripción del derecho a las prestaciones, en los casos de reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional o de accidente en acto de servicio o como consecuencia de él, y de reconocimiento de la indemnización por lesiones permanentes no invalidantes, dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que las lesiones, mutilaciones o deformidades hubieran alcanzado el carácter de definitivas.
SECCIÓN IV. NORMAS COMUNES A TODO EL CAPÍTULO.
Además de los requisitos generales a que se alude en el artículo 49 de este reglamento, para causar derecho a las prestaciones a que se refiere este capítulo, los funcionarios mutualistas deberán reunir los requisitos del apartado 1 del artículo 102. No se exigirá, sin embargo, la procedencia de la situación de incapacidad temporal para causar derecho a la prestación por lesiones permanentes no invalidantes a que se refiere la sección III de este capítulo.
SECCIÓN I. PRESTACIONES.
SECCIÓN II. PRESTACIÓN POR HIJO A CARGO MINUSVÁLIDO.
SECCIÓN III. SUBSIDIO ESPECIAL POR MATERNIDAD EN EL SUPUESTO DE PARTO MÚLTIPLE.
3. Tanto en uno como en otro supuesto, se deberá manifestar expresamente quien será beneficiario, cuando uno de los progenitores ostente la consideración de mutualista de MUFACE y el otro pudiera tener derecho al subsidio a través de algún régimen público de Seguridad Social.
La cuantía del subsidio será el 100 % de la base de cotización a la Mutualidad General que corresponda al día del hecho causante, aplicada al período de seis semanas de descanso obligatorio y calculada en función del número de hijos habidos en el mismo parto o de adoptados o acogidos simultáneamente, a partir del segundo.
SECCIÓN IV. PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO, POR PARTO MÚLTIPLE.
N° de hijos causantes N.° de veces del importe mensual del salario mínimo interprofesional
SECCIÓN V. NORMAS GENERALES PARA LAS PRESTACIONES DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA.
2. La concreción de las modalidades, las condiciones específicas de acceso a las mismas, el número de becas o ayudas dentro de cada una de ellas, así como las cuantías correspondientes, se fijarán, para cada curso académico, teniendo en cuenta el crédito consignado a tal fin en el presupuesto de la Mutualidad General y mediante la oportuna convocatoria pública, que se efectuará por resolución de la Dirección General de MUFACE y se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
2. Podrán ser beneficiarios del subsidio los familiares y asimilados que se relacionan en el apartado 1 del artículo 15, de este reglamento, siempre que cumplan el requisito señalado en el párrafo a del apartado 2 de dicho artículo.
2. La modificación de los programas, la concreción de las modalidades, las condiciones específicas de acceso a las mismas, el número de ayudas dentro de cada una de ellas, si ello fuera preciso, así como las cuantías correspondientes, se determinarán de acuerdo con el crédito consignado a tal fin en el presupuesto de la Mutualidad General para cada ejercicio económico, mediante la oportuna convocatoria pública, que se efectuará por resolución del Director General de MUFACE y se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
La Mutualidad General, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del texto refundido, se regirá en cuanto al régimen económico-financiero, patrimonial, presupuestario, contable y al de intervención y control financiero de las prestaciones, así como en lo referente al régimen de los conciertos para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica, por el texto refundido, por este reglamento y demás normas reglamentarias que desarrollen lo dispuesto en el citado texto refundido, por la Ley General Presupuestaria en las materias que sea de aplicación y, supletoríamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Las aportaciones económicas del Estado a que se refiere el párrafo b del apartado 2 del artículo 22 de este reglamento.
Artículo 146. Tesorería.
Los ingresos y pagos a realizar por la Mutualidad General se canalizarán a través de las cuentas abiertas en el Banco de España, con arreglo a lo establecido en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, y en otras entidades de crédito, con las que la mutualidad, por razones de agilidad en la gestión y de eficiencia económica, considere necesario con tratar la prestación del servicio. De estas contrataciones, que se llevarán a cabo mediante procedimiento negociado con un mínimo de tres ofertas, y sin necesidad de exigir prestación de garantía definitiva, así como de la apertura de las cuentas resultantes, se dará cuenta a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Los créditos para gastos de administración de la Mutualidad General no podrán exceder del 5 % de los recursos económicos previstos para el ejercicio económico correspondiente.
3. La prestación de servicios asistenciales por entidades públicas, sociedades médicas, colegios farmacéuticos y otras entidades o empresas que sean precisos para el cumplimiento de los fines de la acción protectora de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, cualquiera que sea su importe y la modalidad que revistan (convenios, conciertos, pólizas, u otras modalidades análogas), se convendrán de forma directa entre la mutualidad y la entidad correspondiente, con informe previo de la Abogacía del Estado del Ministerio de Administraciones Públicas y de la Intervención delegada en el organismo sobre el proyecto de convenio, concierto, póliza o documento en el que consten las condiciones de prestación.
SECCIÓN V. ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior y, en todo caso, pondrán fin a la vía administrativa, las resoluciones a que se refieren los párrafos a y b del artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y las dictadas en materia de personal por el Director General de la Mutualidad. En estos supuestos, procederá el recurso de reposición, con carácter potestativo, cuando corresponda, y el contencioso-administrativo con arreglo a su ley reguladora.
Las muy graves, con pérdida de la prestación hasta un período de seis meses o con extinción de la misma. Igualmente se les podrá excluir del derecho a percibir cualquier prestación económica hasta un año.
No facilitara la Mutualidad General los datos identificativos de titulares de prestaciones económicas, así como, en cuanto determinen o condicionen el derecho a percibirlas, los de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de la unidad familiar, o los de sus importes.
Disposición adicional segunda. Funcionarios que hayan causado baja por el ejercicio legal del derecho de opción.
Disposición adicional tercera. Pensionistas de clases pasivas.
Disposición adicional cuarta. Colegiados en colegios profesionales.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo c del apartado 2 del artículo 15 de este reglamento, se entenderá que están protegidos por título distinto quienes ejerciten la opción de pertenecer a una mutualidad de previsión social de un colegio profesional, prevista en la disposición adicional decimoquinta, apartado 1, párrafo tercero, de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
Disposición adicional quinta. Funcionarios que hubieran ejercitado el derecho de transferencia a la Unión Europea a efectos de derechos pasivos.
Los funcionarios que hayan causado baja en la mutualidad como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo c del apartado 1 del artículo 8 del texto refundido, causarán alta obligatoria en la mutualidad cuando pasen a una situación administrativa de las mencionadas en el artículo 7 del citado texto refundido.
Disposición adicional sexta. Conceptos equivalentes a licencia por enfermedad o accidente.
Se entenderán asimilados a las licencias por enfermedad o accidente previstas en la sección I del capítulo VI de este reglamento, aquellos otros conceptos que resulten equivalentes, de acuerdo con el régimen de la Función Pública aplicable.
Disposición adicional séptima. Prestaciones familiares por minusvalía a extinguir.
Disposición adicional octava. Criterios de homogeneización para la concesión de las ayudas asistenciales.
Disposición adicional novena. Cesión de datos entre la Mutualidad y las comunidades autónomas.
Según modificación presentada por el Real Decreto 2/2010,(BOE núm. 16 19/01/2010).
Se añade una disposición adicional décima con la siguiente redacción:
Disposición adicional décima. Tratamiento y cesión de datos de salud necesarios para el reconocimiento de las prestaciones económicas del Régimen del Mutualismo Administrativo y confidencialidad de estos datos.
Se añade una disposición adicional undécima con la siguiente redacción:
Disposición adicional undécima. Procedimiento informático para el control, seguimiento y gestión de las situaciones de incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural.
Disposición transitoria primera. Aplicación del régimen singular de cotización.
Según modificación presentada por el Real Decreto 2/2010,(BOE núm. 16 19/01/2010). La disposición transitoria única pasa a ser la disposición transitoria primera con la misma redacción.
Según modificación presentada por el Real Decreto 2/2010,(BOE núm. 16 19/01/2010). Se añade una disposición transitoria segunda con la siguiente redacción:
Disposición transitoria segunda. Cuantía y estructura de las retribuciones para el cálculo del subsidio por incapacidad temporal.
Disposición final primera. Aplicación del reglamento.
La regulación contenida en este reglamento será de aplicación general a todas las Administraciones públicas en relación con los funcionarios incluidos en su ámbito de aplicación, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.17 y 18 de la Constitución.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 8
 Artículo 22
 artículo 47
 Artículo 23
 artículo 9
 Artículo 24
 artículo 23
 artículo 14
 Artículo 25
 artículo 10
 artículo 28
 artículo 1924
 artículo 913
 artículo 1924
 artículo 913
 artículo 12
 artículo 1973
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 110
 artículo 28
 Real Decreto 
 artículo 53
 artículo 49
 artículo 102
 resolución 
 artículo 15
 resolución 
 artículo 5
 artículo 22

Artículo 146
 artículo 109
 artículo 15
 artículo 8
 artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149