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Timestamp: 2018-06-18 13:31:01+00:00

Document:
Curso de Derecho Internacional Privado: CASO CANTOS VS. ARGENTINA - Supervicion
RESOLUCION DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (*)
SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida el 28 de noviembre de 2002 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte", "la Corte Interamericana" o "el Tribunal"), mediante la cual el Tribunal declaró, inter alia, que: el Estado violó el derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos
8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor José María Cantos, en los términos de los párrafos 54, 55 y 56 de la […] Sentencia[;]
y en consecuencia, por unanimidad, decid[ió] que:
el Estado debe de abstenerse de cobrar al señor José María Cantos la tasa de justicia y la multa por falta de pago oportuno de la misma[;]
el Estado debe fijar en un monto razonable los honorarios regulados en el caso C-1099 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, en los términos de los párrafos 70.b. y 74 [de la Sentencia;]
el Estado debe asumir el pago de los honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado y de la Provincia de Santiago del Estero, bajo las condiciones establecidas en el punto anterior[;]
el Estado debe levantar los embargos, la inhibición general y demás medidas que hayan sido decretadas sobre los bienes y las actividades comerciales del señor José María Cantos para garantizar el pago de la tasa de justicia y de los honorarios regulados [;]
el Estado debe pagar a los representantes de la víctima la cantidad total de US$15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de gastos causados en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 73 y 74 de la […] Sentencia [;]
desestima por no ser procedentes las demás pretensiones de la demanda [;]
el Estado debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre las medidas tomadas para dar cumplimiento la […] Sentencia cada seis meses a partir de la notificación de la misma [, y]
supervisará el cumplimiento de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en el […] fallo.
2. La Resolución sobre Cumplimiento de Sentencia emitida por el Tribunal el 28 de noviembre de 2005, mediante la cual declaró:
[q]ue de conformidad con lo señalado en el Considerando octavo de la […] Resolución, el Estado ha dado cumplimiento a lo indicado en el punto resolutivo quinto de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas en relación con el pago por concepto de gastos causados en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos[;]
[q]ue mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en el presente caso, a saber:
a) "abstenerse de cobrar al señor José María Cantos la tasa de justicia y la multa por falta de pago oportuno de la misma" (punto resolutivo primero de la Sentencia de 28 de noviembre de 2002);
b) "fijar en un monto razonable los honorarios regulados en el caso C-1099 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, en los términos de los párrafos 70.b. y 74 [de la Sentencia]" (punto resolutivo segundo de la Sentencia de 28 de noviembre de 2002);
c) "asumir el pago de los honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado y de la Provincia de Santiago del Estero, bajo las condiciones establecidas en el punto anterior" (punto resolutivo tercero de la Sentencia de 28 de noviembre de 2002); y
d) "levantar los embargos, la inhibición general y demás medidas que hayan sido decretadas sobre los bienes y las actividades comerciales del señor José María Cantos para garantizar el pago de la tasa de justicia y de los honorarios regulados" (punto resolutivo cuarto de la Sentencia de 28 de noviembre de 2002).
Y RES[OLVIÓ]:
[r]equerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efecto y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas de 28 de noviembre de 2002, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[;]
[s]olicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 6 de marzo de 2006, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el Considerando décimo y en el punto declarativo segundo de la […] Resolución[;]
[s]olicitar a los representantes de la víctima y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del informe[, y]
[c]ontinuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la
Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas de 28 de noviembre de 2002. […]
3. Las comunicaciones presentadas por el Ilustrado Estado de Argentina (en adelante "el Estado" o "Argentina") el 6 de marzo de 2006 y el 14 de mayo de 2007, mediante las cuales informó que:
a) el 25 de enero de 2006 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto No 99/06, mediante el cual ordenó, inter alia, a efectos de dar cumplimiento a la Sentencia de fondo emitida por la Corte el 28 de noviembre de 2002 en el presente caso,
i) [i]nstr[uir] a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS [… que] se abstenga de ejecutar la tasa y la multa por falta
de pago oportuno de la misma[;]
ii) [c]onv[ocar] a las partes interesadas a efectos de establecer las bases para la ejecución de la sentencia [de la Corte Interamericana] en lo relativo al pago de los honorarios regulados en el caso C-1099 de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION en las condiciones indicadas en la Sentencia de dicho Tribunal[;]
iii) [i]nstr[uir] a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS […] para que en la oportunidad procesal pertinente proceda a dar cumplimiento al requerimiento impuesto en el punto 4 del párrafo 77 de la Sentencia de [la Corte Interamericana, y]
iv) [r]equ[erir] la participación del HONORABLE CONGRESO DE
LA NACIÓN respecto del cumplimiento del punto 1 del párrafo 77 de la
Sentencia de la [Corte Interamericana].
b) en la misma fecha, el Poder Ejecutivo Nacional sometió a consideración del Congreso de la Nación argentino un proyecto de ley cuyo texto versa:
"ARTICULO 1: Dése cumplimiento a lo resuelto por el punto 1 del párrafo 77 de la Sentencia emitida por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el caso CANTOS-CDH 11.636 con fecha 28 de noviembre de 2002."
c) el 10 de mayo de 2007 la Procuración del Tesoro de la Nación solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, "por ser [este] órgano [el] responsable de las medidas requeridas por la Corte Interamericana", un informe sobre "las medidas tomadas y/o proyectadas particularmente respecto al cumplimiento de los puntos resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto de la Sentencia de la Corte Interamericana".
4. Las comunicaciones presentadas por los representantes de la víctima (en adelante "los representantes") el 20 de marzo de 2006 y el 7 de junio de 2007, mediante las cuales informaron que:
a) se encuentran "desconc[ertados] por el paso del tiempo sin el cumplimiento efectivo de la sentencia, con la excepción del pago de los gastos ocasionado[s] con motivo del proceso internacional";
b) consideran que "[l]a no ejecución de sentencias internacionales vulnera el debido proceso legal";
c) han transcurrido cuatro años y seis meses sin el efectivo cumplimiento de la Sentencia;
d) "las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes o funciones del Estado, por lo que un funcionario del mismo no puede pretender deshacerse de responsabilidad alguna mostrando que cumplió su función y que es otro funcionario el que no la cumple. Aún así, continúa siendo el Estado Parte quien incumple su responsabilidad internacional", y e) "ent[ienden] que la […] Corte debe determinar y aplicar una sanción para el Estado por haber permitido con su accionar no dar cumplimiento a una sentencia internacional dentro de un plazo razonable".
5. Las comunicaciones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") el 20 de abril de 2006 y el 26 de junio de 2007, mediante las cuales manifestó que:
a) en su última comunicación "el Estado se ha limitado a informar que la Procuración del Tesoro de la Nación remitió dos comunicaciones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consultando sobre los avances en el proceso de cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana". Al respecto, la Comisión reconoció que "en todo proceso de cumplimiento están involucradas diferentes entidades y procesos internos a nivel del Estado. Sin embargo, ante el Tribunal y en el proceso interamericano, la responsabilidad del Estado es unitaria";
b) "valora que el Estado tom[ó] las medidas necesarias para finalizar y emitir el Decreto Presidencial N° 99/06 que ordena un curso de acción destinado a cumplir con las reparaciones ordenadas por la Corte", no obstante, "es necesario observar que las medidas ordenadas se refieren no a la ejecución concreta de las reparaciones ordenadas, sino a procesos orientados a cumplirlas […] que requieren ser instrumentados y completados";
c) "observa con preocupación el incumplimiento de la casi totalidad de las medidas de reparación ordenadas por el Tribunal" y que "el Estado no [haya] ofreci[do] información alguna respecto a los avances que pudieran haberse producido en el curso de los últimos dos años en relación con el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal", y
d) "solicita a la Corte que requiera al Estado informar con precisión cu[á]l es el cronograma y cuáles son los plazos previstos para concretizar las medidas previstas por el Poder Ejecutivo que siguen pendientes".
Que es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte la supervisión del cumplimiento de sus decisiones.
Que Argentina es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana") desde el 5 de septiembre de 1984 y reconoció la competencia obligatoria de la Corte el mismo día. El 28 de noviembre de 2002 la Corte emitió la Sentencia de fondo, reparaciones y costas en este caso (supra Visto 1).
Que el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que "[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo
caso en que sean partes". Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones (1).
Que la obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado (2).
Que los Estados Partes en la Convención Americana deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, tales como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos (3). 7.
Que los Estados Partes en la Convención Americana que han reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre la medidas adoptadas para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal en la mencionada Sentencia, así como en la presente Resolución. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados por éste es fundamental para evaluar el estado del cumplimiento del caso (4). Asimismo, la Asamblea General de la OEA ha reiterado que, con el propósito de que el Tribunal pueda cumplir cabalmente con la obligación de informarle sobre el cumplimiento de sus fallos, es necesario que los Estados Parte le brinden oportunamente la información que aquélla les requiera (5).
Que el deber de informar a la Corte no se cumple con la sola presentación formal de un documento ante el Tribunal, sino que constituye una obligación de carácter dual que requiere para su efectivo cumplimiento la presentación formal de un documento en plazo y la referencia material específica, actual, cierta y detallada a los temas sobre los cuales recae dicha obligación (6).
Que al supervisar el cumplimiento integral de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas emitida en el presente caso, y después de analizar la información aportada por el Estado, la Comisión Interamericana y los representantes de la víctima en sus escritos sobre el cumplimiento de la Sentencia (supra Vistos 3 a 5), la Corte observa que el Poder Ejecutivo de Argentina, mediante la sanción del decreto 99/06 y la remisión de un proyecto de ley al Poder Legislativo Nacional (supra Vistos 3.a y 3.b), ha adoptado medidas tendientes a dar pleno cumplimiento a los puntos resolutivos pendientes de la Sentencia de 28 de noviembre de 2002, mas no ha cumplido con dichas obligaciones de manera concreta.
Que a más de cuatro años y medio de haberse dictado la Sentencia de 28 de noviembre de 2002, hay una falta de cumplimiento de cuatro de las cinco medidas de reparación ordenadas por el Tribunal en dicha Sentencia.
Que según la información aportada por las partes, las siguientes medidas de reparación se encuentran aún pendientes de cumplimiento:
c) "asumir el pago de los honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado y de la Provincia de Santiago del Estero, bajo las condiciones establecidas en el punto anterior" (punto resolutivo tercero de la Sentencia de 28 de noviembre de 2002), y
12. Que dada la naturaleza de la presente Resolución, cuyo objeto es constatar el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia en el presente caso, resulta improcedente expedirse en esta oportunidad acerca de la alegación de los representantes de que el incumplimiento de dicha Sentencia constituiría una violación al debido proceso (supra Visto 4.e).
en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones y de conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25.1 y 30 del Estatuto y 29.2 de su Reglamento,
1. Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en el presente caso, a saber:
Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efecto y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas de 28 de noviembre de 2002, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 28 de septiembre de 2007, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el Considerando undécimo y en el punto declarativo de la presente Resolución.
Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de la víctima que presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de seis y cuatro semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del referido informe.
Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas de 28 de noviembre de 2002.
Notificar la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de la víctima.
(*) El Juez Leonardo A. Franco, de nacionalidad argentina, se excusó de conocer el presente caso, de conformidad con los artículos 19.2 del Estatuto de la Corte y 19 del Reglamento de la Corte.
(1) Cfr. Caso del Tribunal Constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano). Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 2004, Considerando tercero; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero de 2007, Considerando segundo, y Caso Yatama. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de noviembre de 2006, Considerando tercero.
(2) Cfr. Caso Baena Ricardo y otros. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2002, Considerandos segundo y tercero; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, Considerando tercero, y Caso Yatama. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, Considerando quinto.
(3) Cfr. Caso del Tribunal Constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano). Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, Considerando sexto; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, Considerando cuarto, y Caso Yatama. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, Considerando sexto.
(4) Cfr. Caso Barrios Altos. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de Noviembre de 2004, considerando séptimo; Caso Yatama. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 1, Considerando séptimo, y Caso Ricardo Canese. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2006, considerando decimotercero. (5) Asamblea General, Resolución AG/RES. 2129 (XXXV-O/05) aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2005, titulada "Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
(6) Cfr. Asunto Luisiana Ríos y otros. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de diciembre de 2003, considerando duodécimo; Caso Loayza Tamayo. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2006, considerando séptimo, y Caso Tibi. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2006, considerando séptimo.
Publicado por INDUVIOEDITORA en 5:45

References: artículo 1
 Resolución 
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 27
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