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Timestamp: 2018-09-26 11:18:34+00:00

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﻿ Sentencia 36606 de enero 22 de 2013
SENTENCIA 36606 DE 22 DE ENERO DE 2013
CONTENIDO:TASACIÓN DE HONORARIOS DEL MANDATO. LA TASACIÓN DE HONORARIOS DEL MANDATO, CONFORME CON LO USUAL POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE UNA PROFESIÓN LIBERAL COMO LO ES LA DE LOS ABOGADOS, SOLO PROCEDE A FALTA DE SU EXPRESA ESTIPULACIÓN POR LAS PARTES CONTRATANTES. EL HECHO DE QUE EL MANDANTE NO PAGUE AL MANDATARIO LO ACORDADO NO LEGITIMA A ESTE PARA RECLAMAR JUDICIALMENTE UN VALOR DISTINTO AL EXPRESAMENTE ESTIPULADO, SINO PARA QUE HAGA EFECTIVO SU PAGO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1617 Y 1627 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, MANDATO, JUNTA DE COPROPIETARIOS, RETASA DE HONORARIOS DEL ABOGADO
Sentencia 36606 de enero 22 de 2013
Rad.: 36606
La discusión que plantea el recurrente en los tres cargos de su demanda de casación se contrae al derecho que según él le asiste a percibir $57’104.081, debidamente indexados, por haber recopilado para la demandada las disposiciones reglamentarias que se encontraban diseminadas en varios actos escriturarios, pues, afirma en los tres ataques, esas tareas constituyeron “labores jurídicas recopilatorias y de análisis que excedieron la propuesta económica inicial suscrita por las partes”; esto es, una efectiva “gestión superior a las actividades previamente pactadas y que no fueron objeto de regulación entre las partes”, sin embargo, ocurre que el petitum de la demanda inicial que dio lugar al pleito, como se dejó dicho en los antecedentes, se orientó a obtener que la demandada fuera condenada a pagarle los honorarios profesionales que pericialmente se determinen, indexados, causados por el estudio, análisis, diagnóstico y elaboración de la minuta de escritura pública mediante la cual se adecuó el régimen de propiedad horizontal del centro comercial demandado a la Ley 675 de 2001, así como se definió la situación jurídica de las zonas anexas a los locales del primer piso —antes comunes— para su venta a los copropietarios de ese piso y se elaboraron las 19 minutas de escrituras públicas de venta respectivas, con fundamento en que, a pesar de que por las dichas tareas pactó como honorarios profesionales con la demandada la suma de $4’900.000, más $120.000,00 por cada una de las minutas de las escrituras públicas de venta de las áreas desafectadas de la de mayor extensión y anexas a los locales del primer piso del centro comercial, las cuales cumplió a cabalidad no obstante lo dispendioso de su ejecución, y que ésta no ha estado presta a cumplir los actos que le corresponden para ello, ha eludido su pago con el pretexto de que las mentadas minutas no han pasado el control notarial y registral correspondiente, aparte de que estos resultaron “muy inferiores a las tarifas legales estipuladas en la tabla de honorarios establecida en la Resolución 3 del 20 de diciembre de 2002, por medio de la cual se adopta la tarifa oficial de honorarios profesionales del Colegio Nacional del Abogados, Conalbos, para Antioquia”, razones suficientes para que, “ante la actitud culposa, inexplicable poco seria y negligente de la demandada (...), para efectos de aportar el acta de la asamblea general de copropietarios en que se apruebe el sometimiento a la Ley 765 de 2001 y en aportar los documentos que siempre se han requerido y que son necesarios para finiquitar las escrituras (...)”, que no pueden tenerse como disculpa legalmente valedera para sustraerse al pago a que tiene derecho, pericialmente se establezcan los honorarios que “aplican usualmente en consideración a la índole, cantidad e intensidad de las labores cumplidas por el actor”, los cuales deben ser por lo menos de $60’000.000, indexados.
Al rompe se advierte que el recurrente en el recurso extraordinario altera el marco del petitum del pleito, como la causa petendi que le dio origen, pues en manera alguna pidió en aquél que se condenara a la demandada al pago de labores jurídicas ejecutadas que tuvieron por resultado la recopilación de una información diseminada en diversos actos escriturarios, por constituir actividades profesionales superiores al encargo inicial pactado, dado que lo que en aquél se pidió, se reitera, fue la condena al pago de los honorarios causados por el estudio, análisis, diagnóstico y elaboración de la minuta de la escritura pública de adecuación de la copropiedad demandada al régimen de propiedad horizontal de la Ley 675 de 2001, así como el mismo estudio, análisis y diagnóstico de la situación jurídica de la demandada en cuanto a las zonas anexas a los locales del primer piso —antes áreas comunes—, para la venta a los copropietarios de ese piso, conjuntamente con la elaboración de las 19 minutas de compra venta resultantes, por cuanto a pesar de haberse hecho un pacto de honorarios la demandada por esas tareas se había sustraído a su cumplimiento con el argumento de que las mentadas minutas aún no habían superado el control notarial y registral que se requería para su perfeccionamiento, siendo que él había ejecutado con suma diligencia profesional todos los actos que le demandaba el encargo, no obstante lo dispendioso, arduo y complicado de su trabajo, lo cual lo único que reflejaba era una actitud culposa, inexplicable, poco seria y negligente de la demandada que debía ser observada por el juez para de ese modo no violarle sus derechos y proceder, en consecuencia, mediante dictamen pericial, a establecer el monto de los honorarios que por la labor idóneamente ejecutada le corresponden.
Siendo ello así, se impone a la Corte recordar que no es objeto del recurso extraordinario, como en este caso infructuosamente lo pretende el recurrente según se ha visto, variar el petitum de la demanda inicial, o modificar la causa petendi del mismo, dado que éste se limita es a establecer si la sentencia del tribunal se dictó conforme a la ley, ejercicio para el cual corresponde a la parte recurrente confrontar lo en aquella descrito con lo que al interior del proceso se planteó por las partes y lo que en materia de pruebas existía al momento de proferir la decisión atacada.
De esa suerte, enderezar el recurso de casación al cuestionamiento de pretensiones o hechos que no hicieron parte del marco inicial del pleito, aparte de constituir un medio inadmisible en casación, por desconocer el derecho de defensa y contradicción que comporta la necesidad del agotamiento de las dos instancias en favor de quien es convocado forzosamente al proceso, comporta una situación de variabilidad de la litis por cuestiones sobrevenidas en juicio que, salvo excepciones legales, como lo son los fallos extra y ultra petita que puede dictar el juez del trabajo según las exigencias y permisiones del artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, como también la de los hechos sobrevivientes al proceso que modifican o extinguen el derecho litigado en los precisos términos del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (art. 280, nuevo CPC), aplicable a los procesos del trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no es permitida a la congruencia debida al fallo, principio universal del proceso judicial contenido en la norma procedimental civil ya citada.
Más aún, ello resulta contrario a la congruencia del recurso extraordinario, por ser este, además de resultado de un ejercicio eminentemente impugnaticio de parte contra la sentencia del tribunal que resuelve la apelación o la consulta de la proferida a su vez por el juzgado de primer grado, un pronunciamiento judicial de carácter eminentemente rogado y dispositivo, lo que entraña, necesariamente, que el recurrente se refiera expresa y, exclusivamente, a la forma como el tribunal al desatar las materias de la alzada apreció la demanda y su contestación, así como expuso el examen de las pruebas y los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios en los que, según él, fundamentó erróneamente sus conclusiones.
Como si lo anterior no fuera suficiente para el rechazo de los tres cargos de la demanda de casación, que con toda claridad lo es, resulta que no empece orientarse el primero por la vía indirecta de violación de ley, por haber incurrido el tribunal en el error de hecho de no dar por probado que la labor realizada por el profesional del derecho fue superior a la encomendada en el contrato acordado con la demandada —dado que el segundo que allí se incluyó no es un yerro de tal naturaleza sino uno de orden jurídico, por cuanto elucidar si debe acudirse a un específico estatuto normativo ante la falta del pacto sobre honorarios requiere de análisis jurídicos y no fácticos—, al apreciar incorrectamente unos medios de prueba y dejar de apreciar otros, y los dos últimos por la vía de los yerros jurídicos por interpretar erróneamente —el segundo— o infringir directamente —el tercero— los preceptos que regulan la remuneración del mandato civil, lo cierto es que los edifica sobre el dictamen pericial arrimado a los autos, en el que por parte del perito designado se asentó que si bien demandante y demandada habían acordado que el estudio, análisis, diagnóstico y elaboración jurídica de la minuta de escritura pública de adecuación del reglamento de propiedad horizontal del centro comercial demandado a la Ley 675 de 2001 tendría un costo de $4’900.000, resultaba que para él, y dado que “(...) la labor recopilatoria, en este caso —la cual no hizo parte de la propuesta económica— es más extensa y dispendiosa, requiriéndose inexorablemente de mayor destreza, conocimiento y cuidado que la misma labora de adecuación del reglamento de propiedad horizontal a la Ley 675 (...)” (fl. 4, cdno. anexo), ese costo debía ser de $57’104.081, tal y como se copió en la demostración del primer cargo.
Así las cosas, surge también incontrastable que la alegación sobre la cual edifica los tres cargos que dirige el recurrente contra el fallo del tribunal, se soporta es en el dictamen pericial arrimado a los autos, pues fue de allí de donde tomó la aseveración de haber ejecutado una labor superior a la pactada en el mandato, por la cual la demandada debía reconocerle 57’104.081, no obstante lo acordado. De consiguiente, como ese es el único medio de prueba de donde surge la socorrida alegación por el valor ya indicado, basta decir que ninguna vocación de prosperidad podría estar llamada a tener, por ser indiscutible, incluso para el mismo actor, que dicho medio de prueba no es de los calificados en la casación del trabajo, en conformidad con el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que prevé, en principio que el error de hecho será motivo de casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular.
Con todo, y muy a pesar de lo hasta ahora dicho, para los exclusivos fines de la casación, importa a la Corte observar, por una parte, que el artículo 2160 del Código Civil establece que la recta ejecución del mandato comprende no solo la ‘sustancia’ del negocio encomendado, sino los medios por los cuales el mandante ha querido que se lleve a cabo, razón por la cual el mandatario responde más estrictamente, cuando es remunerado, hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo (art. 2155 ibídem), que es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios (art. 63 ibídem) y, en este caso, las discutidas actividades, lo reconoce el mismo recurrente al desarrollar el primer cargo, “eran necesarias y consubstanciales para desarrollar el objeto contractual propuesto”, de suerte que, como lo concluyera atinadamente el Tribunal, lo ocurrido no fue ni más ni menos que resultado de la liberalidad de la profesión de abogado que “permite pactar libremente el valor de los servicios, en donde se acepta por completo, que esa será la remuneración que se debe percibir por los servicios profesionales, contando en ello todo el esfuerzo profesional y ético que deba desplegar[se] para cumplir con el mandato” (resaltado fuera del texto). Es decir, siendo tales actividades parte de la sustancia (consubstanciales en palabras del propio recurrente) del objeto del contrato, por razón además de la naturaleza de la pericia profesional exigida para su cumplimiento (según la aseveración no discutida del tribunal), se cae de su peso que hubieran sido no pactadas en el contrato.
Y por otra, que la tasación de honorarios del mandato conforme a lo ‘usual’ de esta clase de prestación de servicios personales (art. 2184-3 ibídem), sólo procede a falta de su expresa estipulación por las partes contratantes, por manera que, el hecho de que el mandante no pague al mandatario lo acordado, no legitima a éste para que variando la contraprestación de su contratante, reclame judicialmente a aquél un valor distinto al expresamente estipulado, sino apenas, para que haga efectivo su pago en los términos que rigen en esta materia los artículos 1617 y 1627 ibídem.
Así lo ha asentado constantemente la jurisprudencia, como en el fallo atacado atinadamente lo indicó el tribunal.
De lo que viene de decirse, se rechazan los cargos.
Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente, dado que hubo réplica. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($3.000.0000).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2007 por el Tribunal Superior de Medellín, en el proceso que David Alejandro Castañeda Duquepromovió contra el Centro Comercial ‘Plazuelas de San Diego’ Propiedad Horizontal.

References: Resolución 
 artículo 50
 artículo 305
 artículo 145
 artículo 7
 artículo 2160