Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10013
Timestamp: 2019-12-11 00:30:25+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2016-10013
Documento BOE-A-2016-10013
«BOE» núm. 263, de 31 de octubre de 2016, páginas 75720 a 75730 (11 págs.)
En el recurso de amparo núm. 4700-2015, promovido por doña Elisabeth Flores Donado, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Victoria Brualla Gómez de la Torre y asistida por el Abogado don Íñigo Molina Martínez, contra el Auto de 2 de junio de 2015 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictado en el recurso de queja núm. 412-2015, que tuvo por no anunciado el recurso de suplicación contra la Sentencia dictada el 2 de octubre de 2014 en los autos núm. 319-2014 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao, confirmando el Auto de este último órgano judicial de fecha 11 de febrero de 2015. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido el Procurador de los Tribunales don Joaquín Fanjul de Antonio, en nombre y representación de Ataco, S.L. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.
a) La recurrente en amparo interpuso demanda en materia de modificación sustancial de las condiciones de trabajo contra la empresa Ataco, S.L., solicitando que se declarasen vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, a la garantía de indemnidad y a la libertad sindical (respectivamente, arts. 14, 24.1 y 28.1 CE), así como la nulidad radical de la conducta empresarial, o subsidiariamente su improcedencia, condenando a la empresa a la inmediata reposición en las condiciones de trabajo que venía disfrutando la demandante con anterioridad, a las demás consecuencias inherentes a dicha declaración, al pago de la cantidad de tres mil euros en razón del daño moral sufrido por la vulneración de derechos fundamentales cometida y a los daños y perjuicios causados por los días no trabajados como consecuencia de la modificación sustancial impugnada. El litigio nacía de discrepancias entre la empresa y la trabajadora sobre el régimen horario, de jornada y lugar de la prestación de servicios en relación con una situación de reducción de jornada por guarda legal [art. 37.5 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET)]
c) El letrado de la parte actora presentó, en fecha 16 de octubre de 2014, escrito anunciando recurso de suplicación al amparo de los arts. 178.2 y 184 LJS, toda vez que, afirmaba, «en todas aquellas modalidades procesales en las que se invoque la lesión de derechos fundamentales serán de aplicación ‘las reglas y garantías previstas’ para la modalidad especial de tutela de derechos fundamentales… Lo que significa que el procedimiento alternativo al de tutela (en este caso de modificación sustancial) tendrá las mismas garantías que el de tutela, incluida la citación como parte del Ministerio Fiscal, así como que dicha sentencia tendrá acceso a la suplicación de conformidad con el art. 178.2, 184 y 191.3 f) LJS».
«El recurso de reposición interpuesto frente al decreto de 28 de noviembre de 2014 debe ser íntegramente desestimado.
Como se señala en el decreto recurrido los procesos seguidos en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo no tienen acceso al recurso de suplicación; siendo que en el supuesto de litis el procedimiento elegido por la parte actora ha sido el de modificación sustancial de condiciones de trabajo, razón por la cual la sentencia dictada no es susceptible de recurso de suplicación. Art. 138 LJS.»
En dicho recurso alegó, entre otros motivos, la vulneración de la doctrina constitucional relativa a las garantías del procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales, enunciada en la STC 257/2000, de 30 de octubre, aduciendo que a la vista de lo que en ella se establece no puede existir una menor garantía jurisdiccional de un mismo derecho fundamental en función de la modalidad procesal seguida por razón de la materia en litigio o el acto o conducta del que pueda haberse derivado la lesión que se alegue. La legislación procesal, así, decía en su escrito, cuando en los arts. 178.2 y 184 dispone que en todas las modalidades procesales en las que se invoque la lesión de derechos fundamentales serán de aplicación «las reglas y garantías previstas» en la modalidad de tutela de los arts. 177 y ss. LJS, opta por la «exportabilidad de las garantías» o el «efecto migratorio de las reglas y garantías del procedimiento», en consonancia con lo declarado por el Tribunal Constitucional.
Dicho Auto contiene los siguientes fundamentos de Derecho para razonar la decisión desestimatoria: El apartado 2 del artículo 178 LJS viene a señalar que «cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las modalidades procesales a que se refiere el artículo 184, se aplicarán en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías previstas en este Capítulo, incluida la citación como parte al Ministerio Fiscal».
Y el art. 184 del mismo texto legal dispone que «no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 178, las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos y las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva».
No puede negarse, como ya señalamos en el Auto de fecha 10 de junio de 2014, dictado en el recurso de queja 730-2014, que resolvía sobre un supuesto totalmente asimilable al presente, que al derivarse del art. 184 la naturaleza mixta de la demanda articulada, podríamos reconducirnos al art. 191.3 f) LJS en que se establece la recurribilidad en suplicación de los procesos relativos a la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, lo que nos llevaría a acoger la tesis de la recurrente, pero al enlazarlo con el art. 192.2 párrafo segundo de la misma Ley, en el que se dice que procederá el recurso de suplicación cuando se ejerciten acciones acumuladas de las que sólo alguna sea recurrible a través de dicho recurso, como seguidamente se matiza esta posibilidad con la frase «salvo expresa disposición en contrario», en este caso operaría como tal, en virtud de la modalidad procesal preferente prevista en el art. 184, el art. 138.6 LJS, que es inequívoco tanto a la hora de establecer la inexistencia de suplicación con carácter general en la modalidad de modificación sustancial de condiciones de trabajo, como para configurar los supuestos que lo excepcionan y entre los cuales no figura el que nos ocupa.
En el mismo Auto antes referido se añadió que «es cierto que en una primera aproximación el resultado procesal que hemos expuesto pudiera parecer injustificado, vista la importancia de los valores sometidos a litigio. Incluso pudiera hacernos dudar de la constitucionalidad de esa limitación dada la materia de que se trata y en conjunción del principio “pro actione”. Sin embargo, no llegamos a obtener la necesaria motivación para plantear cuestión de inconstitucionalidad al respecto, y todo ello sin perjuicio de aquellas acciones que la actora pudiera individualmente articular».
3. A juicio de la recurrente en amparo se ha vulnerado el art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente previstos. Para sustentar su queja invoca resoluciones de este Tribunal, señaladamente las SSTC 90/1997, de 6 de mayo; 257/2000, de 30 de octubre; 10/2001, de 29 de enero, y 66/2002, de 21 de marzo. En su opinión, la remisión legal que efectúa el art. 184 LJS a específicas modalidades procesales en función del objeto del proceso en modo alguno consiente una distinta protección de un mismo derecho fundamental, como resulta del Auto recurrido en amparo, que negó el derecho a la suplicación laboral a la demandante con base en un pretendido mandato legal contenido en aquel precepto de la Ley procesal, en su relación con el art. 138.6 del mismo texto normativo. Antes al contrario, la jurisprudencia constitucional aludida y los arts. 178.2 y 184 LJS determinan la aplicación de «las reglas y garantías previstas» para la modalidad especial de tutela de derechos fundamentales en las correspondientes modalidades procesales a las que su regulación remite en atención al objeto del litigio. El procedimiento alternativo al de tutela que opere por razón de la remisión deberá contar, en suma, con las mismas garantías que aquél, incluido el acceso a la suplicación [art. 191.3 f) en conexión con los arts. 178.2 y 184 LJS].
Por ello, concluye, como quiera que en el caso enjuiciado se impugnaba una modificación sustancial de condiciones de trabajo adoptada con vulneración de diversos derechos fundamentales, aducidos en el proceso, la regulación del art. 184 LJS no podía conducir a la privación del recurso de suplicación, ya que debe atenderse a la «exportabilidad de las garantías» o el «efecto migratorio de las reglas y garantías del procedimiento» especial de tutela a todas las modalidades procesales remitidas. En otras palabras, argumentar como hace el Auto recurrido que la regla general del art. 192.2, párrafo segundo, LJS queda enervada por el régimen del art. 184 en relación con el art. 138 del mismo texto legal provoca un resultado absurdo y contrario a las garantías de los derechos fundamentales.
4. En virtud de providencia de la Sección Cuarta de la Sala Segunda de este Tribunal, de 1 de marzo de 2016, se acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, «apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)]», y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y al Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes y, por el último órgano judicial citado, se emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en el presente proceso constitucional.
8. Evacuó el trámite el Procurador don Joaquín Fanjul de Antonio por escrito registrado el día 31 de mayo de 2016. En oposición a la pretensión de la recurrente, aduce que el mero hecho de referir o enunciar en la demanda rectora del proceso determinados derechos fundamentales no implica necesariamente que quede encuadrada la pretensión en el procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas (capítulo XI, del título II, del libro II LJS), ni tampoco que se hayan ejercitado dos acciones acumuladas (esto es, «ad casum», la de modificación sustancial de condiciones de trabajo y la de tutela de los derechos fundamentales invocados –arts. 14, 24.1 y 28.1 CE–).
En su opinión, la remisión legal contenida en el art. 184 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LJS), a específicas modalidades procesales en función del objeto del proceso en modo alguno consiente una distinta protección de un mismo derecho fundamental. Los procedimientos excluyentes del de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 177 y ss. LJS) al que la norma remite en aquel precepto en función del objeto del litigio, como ocurre con la modalidad procesal de modificación sustancial de condiciones de trabajo, deberán contar con las mismas garantías que aquél, incluido el acceso a la suplicación [art. 191.3 f) en relación con los arts. 178.2 y 184 LJS], pues se deduce de la jurisprudencia constitucional y de la propia regulación procesal la «exportabilidad de las garantías» o el «efecto migratorio de las reglas y garantías del procedimiento», a fin de que en todas las modalidades procesales citadas por el art. 184 LJS operen «las reglas y garantías previstas» de la modalidad especial de tutela, cuando se trate de procesos en las que se invoque la lesión de derechos fundamentales.
3. A este respecto no podemos sino recordar la doctrina sentada por el Pleno de este Tribunal, que inauguró una línea constante y ya consolidada en nuestra jurisprudencia en materia de acceso al recurso. La STC 37/1995, de 7 de febrero, recoge esa posición reiterada y estable en la actualidad, que diferencia la tutela constitucional de distintas vertientes o derechos comprendidos en el genérico derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), señaladamente la correspondiente al acceso a la jurisdicción y al derecho de acceso a los recursos. Destacábamos entonces el acceso a la justicia como elemento esencial del contenido de la tutela judicial, consistente en provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en la decisión de un Juez, y que en dicho acceso, o entrada, funciona con toda su intensidad el principio «pro actione» que, sin embargo, ha de ser matizado cuando se trata de los siguientes grados procesales que, eventualmente, puedan configurarse, puesto que el derecho a poder dirigirse a un Juez en busca de protección para hacer valer el derecho de cada quien tiene naturaleza constitucional por nacer directamente de la propia Ley suprema, mientras que, una vez recaída la primera respuesta judicial, que es el núcleo de la tutela, el derecho a seguir manteniendo viva la controversia se defiere a las leyes. Son, por tanto, cualitativa y cuantitativamente distintos, concluíamos, el acceso a la jurisdicción y el derecho a los recursos.
De ahí se deduce una conclusión principal, que reproducimos en los términos literales de aquel pronunciamiento (FJ 5): «El sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le dé cada una de esas leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal (SSTC 140/1985, 37/1988 y 106/1988). No puede encontrarse en la Constitución ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador (STC 3/1983)». Como consecuencia de la anterior configuración, añadíamos más tarde: «el principio hermenéutico «pro actione» no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión cuya es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos. Es distinto el enjuiciamiento que puedan recibir las normas obstaculizadoras o impeditivas del acceso a la jurisdicción o aquellas otras que limitan la admisibilidad de un recurso extraordinario contra una Sentencia anterior dictada en un proceso celebrado con todas las garantías (SSTC 3/1983 y 294/1994)».
La reciente STC 149/2015, de 6 de julio, FJ 3, insiste en el contenido del canon de constitucionalidad en la materia: «la interpretación de los requisitos procesales y supuestos en que, conforme a la ley, proceden los recursos corresponde a los Tribunales ordinarios, no debiendo este Tribunal Constitucional revisar sus decisiones en la vía de amparo más que cuando se haya producido una denegación de la admisión a trámite del mismo arbitraria, irrazonable, «intuitu personae», o incurriendo en error patente (SSTC 128/1998, de 16 de junio, FJ 4; 65/2002, de 11 de marzo, FJ 3, o 167/2003, de 29 de septiembre, entre otras). No se trata, por tanto, de interpretar las normas procesales en juego, sino de ver si la interpretación dada en el caso es compatible con el derecho fundamental».
En suma, con excepción del derecho a la revisión en materia penal en los concretos y matizados términos que ha precisado nuestra doctrina, el derecho a los recursos tiene su fuente en la configuración legal, sin que exista un imperativo o mandato constitucional de una segunda instancia; tampoco –y es éste un dato relevante– cuando en el objeto del litigio tenga protagonismo central la posible vulneración de derechos fundamentales.
Así, en definitiva, que una resolución judicial niegue la admisión de un recurso no la hace sólo por ello constitucionalmente sospechosa, más aún si tenemos en cuenta que, en atención a lo ya expuesto, ni siquiera una interpretación de los requisitos de acceso a un recurso caracterizada por su severidad o rigor es, en principio, contraria a la Constitución (STC 71/2002, de 8 de abril, FJ 6, por todas), siempre que constituya una de las posibles lecturas de la norma y que, se comparta o no, no resulte arbitraria, manifiestamente irrazonable ni incursa en error patente, no pudiendo este Tribunal Constitucional inclinarse por otra también admisible en Derecho, ni siquiera –decíamos en la Sentencia recién citada– si respondiese más plenamente a los valores incorporados al art. 24.1 CE, pues con ello rebasaríamos los límites trazados a nuestra jurisdicción.
4. La cuestión que se nos plantea exige atender, en suma, no tanto al sentido del pronunciamiento judicial impugnado –la denegación de la suplicación laboral en una determinada materia litigiosa resulta constitucionalmente posible–, sino al razonamiento seguido para alcanzarlo. Es precisamente en este contexto, el de la motivación de la decisión de inadmisión del recurso de suplicación en el presente supuesto de hecho, donde encuentra acomodo la tesis favorable al otorgamiento del amparo.
Tal y como se ha relatado en los antecedentes de esta Sentencia, con reproducción literal del Auto que cerró el proceso, el órgano judicial sostiene en su interpretación de la regulación legal que: (i) cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las modalidades procesales a las que se remite el art. 184 LJS, se aplicarán en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías referidas en el apartado 2 del art. 178 LJS; (ii) los casos remitidos por el mencionado art. 184, sin perjuicio de la garantía recién señalada, se tramitarán con arreglo a la modalidad procesal correspondiente, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del art. 26 LJS, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva; (iii) una lectura integrada o sistemática de los arts. 191.3 f) LJS (en el que se establece la recurribilidad en suplicación de los procesos relativos a la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas) y 192.2 párrafo segundo de la misma Ley (en el que se dispone que «salvo expresa disposición en contrario» procederá el recurso de suplicación también cuando se ejerciten acciones acumuladas de las que sólo alguna sea recurrible a través de dicho recurso) determina que prevalezca en esta ocasión, como «expresa disposición en contrario», el art. 138.6 LJS, «que es inequívoco tanto a la hora de establecer la inexistencia de suplicación con carácter general en la modalidad de modificación sustancial de condiciones de trabajo, como para configurar los supuestos que lo excepcionan y entre los cuales no figura el que nos ocupa».
Pese a ello no es inoportuno dar cuenta de que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, señaladamente en la STS de 3 de noviembre de 2015 (rec. 2753-2014), en un asunto sobre vacaciones y tutela de derechos fundamentales, coincidente por tanto con el actual en cuanto al juego de la remisión del art. 184 LJS, ha considerado recurrible en suplicación toda sentencia que resuelva una demanda que verse sobre tutela de derechos fundamentales, con independencia de la modalidad procesal que se haya seguido. Así, señala el Alto Tribunal: (i) que el tenor literal del art. 191.3 LJS, con su expresión «en todo caso», únicamente puede significar que, en cualquier proceso en el que se interese la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, procede la suplicación [letra f)], aunque en dicho proceso se ejercite una acción que esté excluida de la suplicación; (ii) que la finalidad de la regla enmarcada en el art. 191.3 f), al conceder recurso de suplicación, obedece a la preeminencia que la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas tiene en nuestro ordenamiento jurídico, manifestada en la regulación contenida en el art. 53 CE; (iii) que la imposibilidad de acudir a la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas en las materias que cita el art. 184 LJS resultaría restrictiva de derechos si implicara impedir el acceso al recurso de suplicación y, por el contrario, este recurso se concediera a quien ejercite únicamente la acción de tutela de derechos fundamentales por el cauce de la modalidad especial prevista a ese fin; (iv) que si a las acciones que se ejerciten por el cauce procesal que prevé el art. 184 LJS se les aplican todas las reglas y garantías del proceso de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, habrá de aplicárseles también, por identidad de razón, la regla que establece la recurribilidad de la sentencia recaída en el proceso de tutela; y, (v) en fin, que la procedencia del recurso de suplicación no se establece en el art. 191.3 f) LJS contra las sentencias dictadas en la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, sino respecto a las sentencias dictadas en materia de tutela de derechos fundamentales, por lo que procede el recurso de suplicación siempre que el objeto del pleito verse sobre tutela de derechos fundamentales, con independencia de la modalidad procesal que se haya seguido.
Ya hemos hecho constar que el respeto que con carácter general ha de guardarse a la decisión de los Jueces y Tribunales adoptada en la aplicación e interpretación de la legalidad ordinaria debe ser, si cabe, aún más escrupuloso cuando el juicio se refiere a resoluciones del Tribunal Supremo, a quien está conferida la función de interpretar la legalidad ordinaria con el carácter complementario que le atribuye el art. 1.6 del Código civil (por todas, STC 83/2016, de 28 de abril, FJ 5). No obstante, la deferencia hacia el máximo intérprete de la legalidad ordinaria (art. 123.1 CE), que como se ha expuesto ha sentado en la materia controvertida una jurisprudencia contraria a la que ha acogido la resolución recurrida en amparo, debe conciliarse en el presente caso con el canon de constitucionalidad que opera, y que anteriormente definimos (FJ 3), en el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos (art. 24.1 CE). Y este canon no coincide –y es ésta la aproximación que nos corresponde– con un control de corrección jurídica en la interpretación de la norma, pues los derechos y garantías previstos en el art. 24 CE (también el derecho de acceso a los recursos) no garantizan la justicia de la decisión o la corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, ya que no existe un derecho al acierto judicial, ni tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes.
5. Es la STC 257/2000, de 30 de octubre, la que ofrece el soporte argumental que debemos trasladar al actual recurso. Analizaba ese pronunciamiento una resolución judicial que había denegado el derecho de un sindicato a comparecer en un procedimiento por despido en calidad de coadyuvante. Un derecho que había sido solicitado conforme a lo previsto en los arts. 175.2 y 182 de la entonces vigente Ley de procedimiento laboral (LPL), Ley que –como ahora hace la Ley reguladora de la jurisdicción social en su art.184– remitía a la modalidad procesal de despido las causas por extinción contractual con invocación de derechos fundamentales; esto es, una remisión que, en aquel caso, reconducía a un procedimiento (el de despido) que, a diferencia de lo previsto en la de tutela de derechos fundamentales, no preveía la presencia del sindicato en la condición de coadyuvante. En dicho examen, que no era sino un juicio sobre la extensión de las garantías del proceso de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas a otras modalidades procesales, anotamos en relación con la Ley de procedimiento laboral unos parámetros del todo apropiados para ser traídos a colación en este nuevo recurso de amparo. Conviene por ese motivo una reproducción parcial de nuestra Sentencia:
«5. La modalidad procesal laboral de tutela de derechos fundamentales presenta una serie de singularidades orientadas genéricamente a procurar una más eficaz protección jurisdiccional de aquéllos en diversos aspectos, integrando las distintas manifestaciones de los principios de preferencia y sumariedad que lo inspiran (arts. 64, 70, 177.1, 179.1 y 3, 178 LPL), la preceptiva intervención del Ministerio Fiscal (art. 175.3 LPL), la referencia expresa a la prueba indiciaria (art. 179.2 LPL), la viabilidad en cualquier caso del recurso de suplicación [art. 189.1 f) LPL], la inmediata ejecutividad de la Sentencia (art. 301 LPL) y, en fin, la posibilidad de que el Sindicato intervenga como coadyuvante, según se viene repitiendo. Estas singularidades procesales no aparecen expresamente previstas para el resto de las modalidades que, según la materia objeto de la pretensión, deban servir de cauce a otras demandas en las que eventualmente se alegue también la lesión de un derecho fundamental. Desde esta perspectiva, la Confederación demandante ha defendido en la vía judicial previa al amparo y en su demanda ante este Tribunal, la tesis interpretativa según la cual, al menos algunas de aquellas particularidades habrían de ser también aplicadas en otras modalidades distintas a la de tutela cuando lo que se pretende es la protección de un derecho fundamental, tesis que el Juzgado de lo Social ha rechazado según las razones que se han expuesto.
En efecto, cuando el legislador del art. 182 LPL remite a las modalidades procesales correspondientes el conocimiento de las demandas que allí se citan lo hace en función justamente de la materia en litigio para una mejor atención de aquélla y por diversas razones que justifican la propia existencia de una distinta modalidad procesal o la extensión del objeto de conocimiento, pero no, desde luego, porque pueda otorgarse a un mismo derecho fundamental una menor garantía jurisdiccional en función de cuál sea el acto o conducta del que pueda haberse derivado la lesión que se alega. Desde esta perspectiva, el interés del Sindicato a intervenir como coadyuvante en un proceso en el que el trabajador afirma vulnerado su derecho de libertad sindical no se altera, obviamente, según la naturaleza del acto lesivo; lo contrario supondría, como bien afirma el recurrente, un resultado absurdo, como el de que podría intervenir en una reclamación salarial tramitada con arreglo a la modalidad de tutela pero no en un despido vulnerador del art. 28.1 CE de un afiliado, que virtualmente afectaría de manera más grave los intereses propios del Sindicato.»
No es difícil sobre esas bases de nuestra doctrina concluir en el otorgamiento del amparo. En efecto, aunque no exista un mandato constitucional que asegure el acceso a los recursos en materia de derechos fundamentales, una vez que (configuración legal) ha sido prevista la suplicación por la norma «en todo caso» contra sentencias dictadas en procedimientos de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas [art. 191.3 f) LJS], no cabe interpretar que la remisión del legislador a las modalidades procesales correspondientes del conocimiento de las demandas que allí se citan, sin dar opción al demandante, en función de la materia en litigio y para una mejor atención del objeto del proceso, pueda dar como resultado una menor garantía jurisdiccional de un mismo derecho fundamental. Es la línea señalada por la STC 257/2000, trasladada ahora al derecho de acceso a los recursos (art. 24.1 CE), con independencia de que cada órgano judicial llegue a ello de acuerdo a los criterios interpretativos sentados por el Tribunal Supremo, a la vista del tenor literal de los preceptos comprometidos en estos casos, o de acuerdo a una lógica de directa atención o plena asunción de la denominada tesis integrativa, enderezada a no fracturar o diversificar la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en el ámbito laboral.
Otra interpretación, limitativa del derecho a la suplicación, ni es la única potencial lectura de la Ley, como expone la elaborada construcción de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ni atiende a un factor decisivo en un enfoque de constitucionalidad, a saber: que el deber de motivación judicial se refuerza y nuestra revisión se convierte en un control material más exigente cuando la decisión, aunque afecte aparentemente solo a la admisibilidad de un recurso, se proyecta sobre un proceso en la que se invocan lesiones de derechos fundamentales. Cuando se trata de la protección jurisdiccional de éstos, el control del pronunciamiento judicial requiere un mayor rigor. Acogiendo «mutatis mutandis» la línea marcada en la STC 105/1997, de 2 de junio, FJ 3, es obligado destacar que estamos ante decisiones judiciales especialmente cualificadas en función del derecho material sobre el que recaen, sin que a este Tribunal, garante último de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo, pueda resultarle indiferente aquella cualificación cuando se impugnan ante él este tipo de resoluciones, pues no sólo se encuentra en juego el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) sino que la denegación del recurso puede producir, además, un efecto derivado o reflejo sobre la reparación del derecho fundamental cuya invocación sostenía la pretensión ante el órgano judicial –con independencia de que la declaración de la lesión fuera sólo una de las hipótesis–.
1.º Declarar vulnerado el derecho fundamental de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos.
2.º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto de 2 de junio de 2015 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictado en el recurso de queja núm. 412-2015, y de los pronunciamientos que dicho Auto vino a confirmar.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento en el que, por diligencia de ordenación de 17 de octubre de 2014, el recurso de suplicación se tuvo por anunciado, para que el mismo siga la tramitación procesal que corresponda.

References: artículo 178
 artículo 184
 artículo 178
 artículo 139
 artículo 26
 resolución 
 resolución 
 resolución