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Timestamp: 2018-07-19 11:03:21+00:00

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Notas sobre la inscripción de resoluciones judiciales por los Registradores de la Propiedad. | Giménez-Salinas Abogados
por Pablo Arévalo | Jun 21, 2018 | Administrativo y Urbanismo, Artículos GS, Inmobiliario | 0 Comentarios
La concurrencia del principio de legalidad es básica en los Registros de la Propiedad. Es un requisito que tiene que cumplirse para que accedan al Registro títulos judiciales y/o no judiciales.
Los Registradores exigen que los títulos deben contener los requisitos técnicos establecidos en la normativa propia registral como los de aplicación que corresponda a la naturaleza jurídica de cada uno de los títulos de los interesamos su pacifica inscripción.
Se amparan en el artículo 1 de la Ley Hipotecaria que excluye la posibilidad de registrar títulos que no sean perfectos y validos material y formalmente.
El artículo 1 dice: El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.
En cuanto a su autenticidad los títulos judiciales generados digitalmente tienen la consideración legal de ser documentos de naturaleza pública sirviendo para ello que la firma electrónica del letrado de la administración de justicia que lo emite esté reconocida.
Para que se produzca la legalidad absoluta la Ley Hipotecaria en el párrafo primero del artículo 18 de la misma indica que los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro.
Con respecto a los documentos expedidos por la autoridad judicial el artículo 100 del Reglamento Hipotecario señala que los Registradores calificarán también, bajo su responsabilidad, la competencia de los Jueces o Tribunales que ordenen las cancelaciones, cuando no firmare el despacho el mismo que hubiere decretado la inscripción o anotación preventiva.
En definitiva, podemos afirmar que el Registrador tiene facultades muy amplias para calificar sobre si se cumplen en el documento judicial los requisitos de formalización, los de autenticidad, y si se da o no se da, en su opinión, el requisito de congruencia del contenido del mandato judicial respecto de inscripciones existentes en el Registro.
Frente a las decisiones que se toman por los registradores/ras de la propiedad cabe utilizar el proceso especial revisorio del artículo 328 de la Ley Hipotecaria para determinar judicialmente si la denegación del Registrador es acertada o no ajustada en derecho. El precepto indicado dice : Las calificaciones negativas del registrador y en su caso, las resoluciones expresas y presuntas de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia del recurso contra la calificación de los registradores serán recurribles ante los órganos del orden jurisdiccional civil, siendo de aplicación las normas del juicio verbal.
La demanda deberá interponerse dentro del plazo de dos meses, contados de la notificación de la calificación o, en su caso, de la resolución dictada por la Dirección General, o, tratándose de recursos desestimados por silencio administrativo, en el plazo de cinco meses y un día desde la fecha de interposición del recurso, ante los juzgados de la capital de la provincia a la que pertenezca el lugar en que esté situado el inmueble.
Están legitimados para la interposición de la misma los que lo estuvieren para recurrir ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. A este fin, recibido el expediente, el Letrado de la Administración de Justicia, a la vista de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, les emplazará para que puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve días.
La demanda debe interponerse contra el registrador o registradora que han calificado el documento judicial siguiendo la doctrina fijada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2015 sala primera de lo Civil sentencia 762/2014 que textualmente dice : La demanda contra la calificación del registrador o de la registradora formulada en juicio verbal se deberá dirigir contra el registrador o de la registradora responsable de dicha calificación”.
Son competentes los juzgados de primera instancia de la capital de la provincia a la que pertenezca el lugar en que esté situado el inmueble, siendo de aplicación las normas del juicio verbal.
La demanda deberá interponerse dentro del plazo de dos meses, contados de la notificación de la calificación.
En cuanto a terceros posibles interesados el Letrado de la Administración de Justicia, a la vista de cuantos aparezcan como interesados en el expediente registral les emplazará para que puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve días.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 100
 artículo 328
 resolución