Source: http://www.slideshare.net/EnricMarti/escrito-suspensionejecuciones-tjue
Timestamp: 2014-09-02 10:55:36+00:00

Document:
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Propostes sobre sobreendeutament familiar feta per jutges al CGPJ
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Presentación básica de expliquemos
EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ALERTA:
MILES DE AFECTADOS POR HIPOTECAS
PUEDEN QUEDAR INDEFENSOS.
.Adjuntamos el escrito de solicitud de suspensión en formato pdf. para presentar urgentemente el lunes como fecha tope. La nueva ley 1/2013 da un mes de plazo, a contar desde el 16 de mayo, para paralizar los procesos de ejecución. Los Juzgados no tienen la obligación de advertir sobre este plazo
Los 83 Colegios de Abogados, a través del Consejo General de la Abogacía Española, alertan de que la nueva Ley 1/2013, de 14 de
mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios ha abierto un plazo de un mes, a contar desde el 16 de mayo, para que todos los procesos de ejecución hipotecaria puedan ser revisados por si pudieran contener cláusulas abusivas. Este plazo no admite prórroga por lo que una vez transcurrido ya no podrá formularse oposición.
, Gerente contemplativo at ICAM
1Juzgado Primera Instancia nºEjecución hipotecaria nºAL JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº........ DE …………..(SI LO PRESENTA DIRECTAMENTE EL CIUDADANO)D. con DNI , en supropio nombre y derecho, con domicilio a efectos de notificaciones en, C.P. , localidad de, ante el Juzgado y como mejor proceda en Derecho, DIGO:(SI LO PRESENTA A TRAVÉS DE PROCURADOR), Procurador de los Tribunales y de , según tengoacreditado en el procedimiento de ejecución hipotecaria nº , ante el Juzgado ycomo mejor en Derecho proceda, DIGO:Que mediante el presente escrito interesamos la suspensión inmediata de laspresentes actuaciones, en base a las siguientes,A L E G A C I O N E SPRIMERO- EMERGENCIA SOCIAL Y ALARMA SOCIALEs un hecho manifiesto y notorio que el presente procedimiento de ejecuciónhipotecaria se enmarca una situación de emergencia social causada por las más de400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en España desde 2007, comoresultado de la actividad antisocial de las entidades financieras y de una legislacióninjusta.La alarma social generada por esta situación se ha hecho aún más evidente en lasúltimas semanas, en las que el drama de las ejecuciones hipotecarias ha irrumpidocon mayor fuerza en primera línea de la actualidad.Esta situación de emergencia social ha sido reconocida por la propia AsociaciónEspañola de Banca, que en un comunicado hecho público el pasado día 12 denoviembre, se hace eco de la “alarma social generada por los desahucioshipotecarios”, y expone el “compromiso de las entidades miembros de la AEB, porrazones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social, deparalizar los lanzamientos durante los dos próximos años, en aquellos casos en queconcurran circunstancias de extrema necesidad”. De igual modo la CECA haacordado suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivosespecialmente vulnerables hasta la entrada en vigor de la reforma normativaanunciada por las autoridades.El presidente del Gobierno también ha reconocido el carácter extraordinario de lasituación social generada por los procedimientos de ejecución hipotecaria,manifestando que “estamos viendo cosas terribles, inhumanas” y que estudia“paralizar los desahucios que afectan a las familias más vulnerables”. 2El sindicato de policía SUP ha expresado que apoyará y respaldará jurídicamente a lospolicías que se nieguen a participar en desahucios.El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha manifestado que los juecespueden actuar para "suspender, paralizar, modificar o adaptar la decisión judicial alcaso concreto” amparándose tanto en normativas comunitarias como en principiosconstitucionales o de derecho contractual, máxime cuando se trata de situaciones "deverdadera crispación o de atentado a un derecho fundamental como es el de lavivienda”.Jueces para la Democracia ha hecho un llamamiento a los jueces para que"suspendan automáticamente todos los desahucios”.Desde el Foro Judicial Independiente se “recomienda a los miembros de la carrerajudicial con competencias en la materia la suspensión de todos los procedimientos deejecución hipotecaria pendientes de tramitación en los juzgados de toda España".Recientemente desde la Asociación Profesional de la Magistratura se afirmaba que“Las entidades han convertido los tribunales en sus oficinas recaudatorias” y que setrata de “de una situación preocupante y muy dolorosa. Un drama social”.Y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española ha expuesto también suposición de una forma rotunda: “No más desahucios por impago de deudashipotecarias”.Las anteriores manifestaciones son prueba de que existe una auténtica alarma socialen materia de desahucios, alarma concretada en los 400.000 desahucios que se hanproducido en los años de la crisis económica, y en los miles que se están tramitandoen los juzgados españoles; esta trágica situación ha de ser tenida en cuenta a la horade interpretar las normas vigentes pues, de conformidad con lo establecido en elartículo 3.1 del Código Civil, las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo “a larealidad social del tiempo en que de ser aplicadas”, lo que en el tiempo presente exigeuna clara visión pro ciudadano.SEGUNDO.- VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS: ELDERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA.Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y diferentes entidades de la sociedadcivil han denunciado reiteradamente que los procedimientos de ejecución hipotecariamasivos constituyen una violación sistemática de derechos humanos puesto quesitúan a la persona ejecutada en una situación de absoluta indefensión.Corresponde al juzgador interpretar las normas relativas a derechos fundamentalesque la Constitución Española reconoce de conformidad con la Declaración Universalde Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismasmaterias ratificados por España (art. 10.2 CE). Los derechos humanos están llamadospara que resulten efectivos y no meramente ilusorios.La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en las ejecuciones hipotecariasmasivas llevadas a cabo por las entidades financieras también vulnera el derecho delas personas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE). Se trata de underecho humano consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por España y que forma parte del 3ordenamiento interno español (art. 96.1 CE), y que en su art. 11.1 establece que losEstados se comprometen a tomar las medidas necesarias para realizar “el derecho detoda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso (…) viviendaadecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los EstadosPartes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacionalfundada en el libre consentimiento.”Las referidas ejecuciones hipotecarias masivas en el actual entorno de crisiseconómica-financiera y con alta tasa de desempleo que imposibilita a las personascostear la financiación de sus viviendas, conllevan a la práctica de desalojos forzosos,con igual carácter masivo, incompatibles con las normas del PIDESC y su realizaciónconculca gravemente otros derechos fundamentales como “violaciones de derechosciviles y políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal,el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, y el derecho adisfrutar en paz de los bienes propios”, según indica en su Observación General n° 7el Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, que constituye el intérpreteautorizado del Pacto homónimo en el plano internacional y cuya interpretación debeser tenida en cuenta ya que comprende las “condiciones de vigencia” de esteinstrumento. La referida Observación general expresa que “el término "desalojosforzosos" se define como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/ocomunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente oprovisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole nipermitirles su acceso a ellos”Según el Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada, RaquelRolnik (Naciones Unidas A/67/286 Asamblea General) de fecha 10 de agosto de2012 “en España se han ejecutado más de 350.000 hipotecas desde 2007, y en 2011tuvieron lugar aproximadamente 212 ejecuciones y 159 desalojos al día. La crisis haafectado desproporcionadamente a los más pobres y vulnerables, que fueron losúltimos en ingresar en los mercados hipotecarios y los primeros en sufrir lasconsecuencias de las crisis en razón de su escasa resiliencia a las conmocioneseconómicas y su poca capacidad de pago. Algunas investigaciones recientes indicanque la mayor parte (el 70%) de los impagos registrados en España guarda relacióncon la crisis del empleo y que el 35% de las propiedades ejecutadas pertenecen amigrantes.".De acuerdo con los últimos datos del CGPJ en su informe "efectos de la crisis en losórganos judiciales" en el segundo semestre de 2012 se han iniciado más de 50.000procesos de ejecución hipotecaria por lo que se superarán las 400.000 ejecucioneshipotecarias desde el inicio de la crisis.La violación del derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas lasgarantías sería a su vez constitutivo de una violación de derechos fundamentales delas personas de la que podría devenir responsabilidad del Estado por violaciónsistemática de los derechos humanos, puesto que la mencionada violación se derivade la aplicación del derecho interno y por la aplicación masiva ante la que nosencontramos.TERCERO.- NORMATIVA DE CONSUMIDORESLa hipoteca que se ejecuta fue otorgada a una persona física para la adquisición deuna vivienda por lo que goza de la condición de consumidor según establece el Art. 3 4del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios yotras leyes complementarias (en adelante ROL 1/2007).De la lectura del artículo 51 en relación con el 53.3 CE se concluye que la defensa delos consumidores y usuarios ha de considerarse un principio general informador delordenamiento jurídico en un doble sentido: por una parte, obligando al legislador aadoptar las medidas normativas precisas y, por otra, atribuyendo a los órganosencargados de aplicarlas el deber de interpretar las normas en un sentido favorable alos legítimos intereses de los mismos. Y este principio se ve reforzado cuando losderechos del consumidor guardan relación directa con un bien o servicio de usocomún, ordinario y generalizado, como es el caso de los préstamos con garantíahipotecaria y más cuando son otorgados con la garantía de la vivienda familiar. Ladefensa de los consumidores y usuarios es, en consecuencia, una de las exigenciasque derivan del componente social de nuestro Estado de Derecho que, en palabras delTribunal Constitucional en STC 123/1992, de 28 de septiembre, cuya tendenciasiguen otras Sentencias del Tribunal Constitucional 98/1993 y 177/1993 “…significauna acción tuitiva del más débil o desvalido cuando surge un conflicto en el cual laprepotencia del contrario le haría ser siempre el perdedor, para conseguir así laigualdad real o efectiva de individuos y grupos, a la cual encamina el artículo 9 de laConstitución y, con ella, la justicia.”Debiendo señalar para finalizar que tal y como se indicó en la STC 12/1994, de 17 deenero, FJ 6, nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos oilusorios, sino reales y efectivos.CUARTO.- ALEGACIÓN NULIDAD DE CLAÚSULAS ABUSIVAS DE EJCUCIÓNHIPOTECARIA. APLICACIÓN SENTENCIA TJUE 14-03-2013.-La regulación actual del procedimiento de ejecución hipotecaria español ha sido objetode numerosas críticas desde múltiples sectores jurídicos, principalmente dada laindefensión en la que sitúa al ejecutado.Estas dudas jurídicas se plantearon por el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona ante elTribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de que valorara si el sistema deejecución hipotecario español respetaba los parámetros mínimos que exige lanormativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios, y dio origen a la cuestiónprejudicial C415/2011. La STJUE de 14 de marzo de 2013 ha confirmado que lalegislación española de ejecuciones hipotecarias, artículos 695 y siguientes de la LEC,vulnera la normativa comunitaria de protección de consumidores y usuarios al nopermitir la alegación por el ejecutado de la existencia de cláusulas abusivas.Se planteó al TJUE si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bieneshipotecados o pignorados, establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley deEnjuiciamiento Civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previstoen el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela delconsumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización alconsumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen unatutela efectiva de sus derechos.Asimismo, en la cuestión prejudicial se requería al Tribunal de Justicia de la UniónEuropea a fin de que pudiera dar contenido al concepto de desproporción de lanormativa de consumidores a la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos 5proyectados en un largo lapso de tiempo por incumplimientos en un periodo muyconcreto, a la fijación de intereses de demora abusivos, y a la fijación de mecanismosde liquidación de los intereses variables realizados unilateralmente por el prestamistavinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria, dado que no permiten al deudorejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propioprocedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuandohaya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuandomenos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión deespecial trascendencia cuando el préstamo se solicita para adquirir una vivienda y laejecución determina el desalojo del inmueble.La Comisión Europea en su informe de febrero de 2012, aportado al procedimiento,advertía que la LEC no respeta el derecho comunitario si mantiene un sistema deoposición por cláusulas abusivas que sólo se puede activar una vez efectuado ellanzamiento al deudor, y si los Intereses moratorios que se pudieran aplicar al deudorfueran desproporcionados.Las conclusiones de la Abogada General del TJUE, presentadas el 8 de noviembre de2012, son contundentes al sostener que la normativa española sobre ejecucioneshipotecarias vulnera la normativa comunitaria, dado que es incompatible con laDirectiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivasen los contratos celebrados con consumidores. Estima que no supone una protecciónefectiva contra las cláusulas abusivas del contrato que el consumidor que pretendeinstar la nulidad de las cláusulas deba soportar sin posibilidad de defensa la ejecuciónhipotecaria, la subasta de la vivienda y el desalojo de la misma, y que solo conposterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios. La Directivaeuropea exige que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrarel carácter abusivo de las cláusulas del préstamo que permita detener la ejecuciónforzosa. Considera que la efectividad de los derechos reconocidos por la Directivaexige que el órgano judicial que conoce del procedimiento declarativo deba disponerde la posibilidad de suspender de forma provisional el procedimiento ejecutivo, conobjeto de detener la ejecución forzosa, hasta que se haya comprobado el carácterabusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimientoejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación como la pérdida de la viviendaque posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.El Tribunal responde que la Directiva sobre las cláusulas abusivas se opone a unanormativa nacional, como la española, que no permite al juez que conozca del procesodeclarativo (el que tiene por objeto declara el carácter abusivo de una cláusula)adoptar medidas cautelares, en particular la suspensión del procedimiento deejecución, cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisiónfinal.“En efecto, consta en autos que el sistema procesal español prohíbe al juez que conoce de unproceso declarativo vinculado al procedimiento de ejecución hipotecaria adoptar medidascautelares que garanticen la plena eficacia de su decisión final, no sólo cuando aprecie elcarácter abusivo, con arreglo al artículo 6 de la Directiva, de una cláusula contenida en uncontrato celebrado entre un profesional y un consumidor, sino también cuando compruebe queesa cláusula resulta contraria a las normas nacionales de orden público, lo que le corresponde aél verificar.(…)Por consiguiente, procede declarar que un régimen procesal de este tipo, al no permitirque el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya presentado unademanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamentodel título ejecutivo, adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer elprocedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas resulte necesario para 6garantizar la plena eficacia de su decisión final, puede menoscabar la efectividad de la protecciónque pretende garantizar la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, apartado 77).(…)Así ocurre con mayor razón cuando, como en el litigio principal, el bien que constituye elobjeto de la garantía hipotecaria es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia,puesto que el mencionado mecanismo de protección de los consumidores, limitado al pago deuna indemnización por daños y perjuicios, no es adecuado para evitar la pérdida definitiva eirreversible de la vivienda.(…)En estas circunstancias, procede declarar que la normativa española controvertida en ellitigio principal no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible oexcesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de losprofesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que laDirectiva pretende conferir a estos últimos.La sentencia dictada por el TJUE vincula a los demás tribunales que conozcande un problema similarEl TJ considera que el régimen procesal español menoscaba la efectividad de laprotección que pretende garantizar la Directiva, lo que sucede en todos casos en quela ejecución del inmueble se lleva a cabo antes de que el juez que conozca delproceso declarativo declare abusiva la cláusula contractual en la que se basa lahipoteca y, en consecuencia, la nulidad del proceso de ejecución, que sólo permitiríagarantizar una protección al consumidor meramente indemnizatoria, a todas resultasincompleta e insuficiente pues no evitaría la pérdida definitiva e irreversible de lavivienda. Así, el TJ declara que la normativa española no se ajusta al principio deefectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en losprocedimientos de ejecución hipotecaria aplicar la protección que la Directiva confierea los consumidores.Por otro lado, el TJ al examinar el concepto de cláusula abusiva recuerda que eldesequilibrio importante creado por éstas debe apreciarse teniendo en cuenta lasnormas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes enese sentido.En el presente caso, como consta en el declarativo interpuesto y pendiente ante elJuzgado … se han instado la nulidad de las cláusulas de la escritura hipotecaria …referentes a … (Cláusula de intereses de demora. Cláusula relativa al vencimientoanticipado. Cláusula relativa a la liquidación unilateral de la deuda impagada), ya quesi continuara la ejecución se produciría un perjuicio irreparable.Procede entonces que declare la suspensión de la ejecución hipotecaria, como medidacautelar, hasta que decida sobre la consideración y, en su caso, la nulidad de lascláusulas de la hipoteca.QUINTO.- VULNERACIÓN DEL DERECHO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVAA resultas de lo planteado, y habiendo sido el procedimiento de ejecución hipotecariade España considerado por el TJUE contrario a la normativa sobre consumidores, seestaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa de los 7deudores hipotecados y a la prohibición de indefensión, y es imperativa para eljuzgador la protección de derechos fundamentales en el procedimiento y su actuaciónurgente.Por todo ello,SOLICITO AL JUZGADO: Que tenga por presentado el escrito y por realizadas lasmanifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo acordando lasuspensión inmediata del mismo hasta en tanto en cuanto no se lleve a cabo lamodificación en la Ley procesal que permita el planteamiento de motivos de oposiciónbasado en la existencia de clausulas abusivas o, subsidiariamente la declaración denulidad de actuaciones y petición de retroacción al momento procesal de admisión dela demanda.Por ser justicia que pido en …........, a *** de .. de 2013OTROSI DIGO PRIMERO: Que para el supuesto de que SSª considerara que esteescrito debe ser presentado por Abogado y procurador me sea notificada dicharesolución, y sea igualmente suspendido el procedimiento a los efectos de solicitud deJusticia Gratuita o presentación por el letrado de oficio que pudiera representarme.Por ello,SOLICITO: Que tenga por hechas las manifestaciones anteriores, a los efectosoportunos y acuerde de conformidad.OTROSI DIGO SEGUNDO: Que dado que la presente petición se formulaamparándose en el incumplimiento del Estado español de una normativa comunitariaque en modo alguno me puede ser imputada, que en tanto en cuando se mantenganlas causas de suspensión ello no me suponga mayores perjuicios derivados de lacontinuidad en el devengo de los intereses moratorios.Por ello, nuevamente,SOLICITO: Que tenga por hechas las manifestaciones anteriores, a los efectosoportunos y acuerde de conformidad. English

References: Real Decreto 
 artículo 51
 artículo 9
 artículo 695
 artículo 6
E contrario