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Timestamp: 2019-10-24 02:15:45+00:00

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Ir a la Gaceta del día Miércoles 26 de septiembre de 2012
Gaceta: LXII/1PPO-17/37018
El Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.
Propone señalar de manera expresa en el artículo 133 constitucional la jerarquía de normas que debe regir en el sistema normativo. Quedando en primer término la Constitución, segundo, los tratados internacionales celebrados conforme a la misma y como tercer lugar, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella.
Pretende adicionar un segundo párrafo al artículo mencionado para establecer que las disposiciones de los tratados internacionales que regulen derechos humanos tendrán rango constitucional y se interpretarán conforme la Constitución.
INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El que suscribe, ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforma y adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente
La Constitución puede definirse como “el ordenamiento jurídico fundamental, escrito o no, de un Estado soberano, que contiene las disposiciones fundamentales de éste, y que establece las bases para su gobierno y para la organización de sus instituciones, así como el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales del pueblo.” 1
De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica OMEBA, la Constitución es “todos los entes, comunidades o instituciones en general que forman parte del orden jurídico, se rigen por un complejo de normas, jurídicas y extrajurídicas, que son impuestas unas veces, a sus integrantes, en forma coactiva por órganos especializados, y otras, acatadas voluntariamente por los mismos. Cuando estas normas rigen la vida del Estado, organizando sus poderes, delimitando sus funciones y estableciendo los derechos y garantías de los habitantes y del Estado, reciben el nombre de Constitución. Aquí su concepto como punto de partida.
En el Manual de Derecho Constitucional de Efraín Polo Bernal se define como “un complejo normativo en el que el pueblo de una sola vez y de manera total, exhaustiva y sistemática establece los derechos del hombre, las funciones fundamentales del Estado, las autoridades que lo integran, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos y con los particulares”.
Y el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, conceptualiza Constitución como “la forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado; ley fundamental de la organización de un Estado”.
El sistema jurídico mexicano tradicionalmente encontró sustento en la construcción escalonada del ordenamiento jurídico sostenida por Hans Kelsen, quien señalaba que la constitución en su sentido material debería entenderse como “la norma o normas positivas que regulan la producción de normas jurídicas generales”,2 ya fuera que ésta norma superior tuviera forma escrita o se tratase de normas no escritas producidas consuetudinariamente. Esto es, la norma superior prescribe el procedimiento mediante el cual se produce otra norma, y en ocasiones también señala o limita el contenido de la nueva norma.
A partir de la norma fundamental donde se establecen principios rectores que regulan el desarrollo y las relaciones entre particulares y de éstos con el Estado, surgen normas secundarias que tienen como fin desarrollar principios fundamentales a través de disposiciones complementarias y reglamentarias que se les reconocen con una jerarquía distinta a otras establecidas en el andamiaje jurídico, con efectos de validez de acuerdo a dicha jerarquía.
Esto dio sustento al principio de supremacía constitucional, que se deduce de que es la Constitución la que crea los poderes públicos, delimita sus funciones, establece los procedimientos legislativos, regula la celebración y ratificación de tratados internacionales, reconoce los derechos fundamentales e incorpora los valores esenciales del pueblo, así entonces en nuestra Constitución el artículo 133 establece:
Este artículo se plasmó y atinadamente se interpretó en el sentido de que la Constitución de 1917 se encontraba en un plano superior, en tanto que las leyes federales y los tratados internacionales se encontraban en un sustrato inferior.
En función de interpretación jurisdiccional de la norma fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró conveniente abandonar el criterio rígido que se mantuvo por cierto tiempo en torno a la supremacía constitucional, iniciando así una época de interpretación sobre la jerarquía de las normas que devino en el reconocimiento de supremacía de los tratados internacionales con relación a las leyes federales, de tal suerte que en el año de 1999 se emitió, finalmente, la siguiente tesis de jurisprudencia:
Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...” parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: “Leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa”; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.3
En función de lo anterior, se modificó el criterio para determinar la jerarquía normativa, sobreponiendo los tratados internacionales a las leyes federales, siempre que hubiesen sido suscritos y ratificados de conformidad con la norma constitucional. Esto es, en tanto que los tratados sean celebrados conforme a las normas que rigen la suscripción respectiva por el Ejecutivo Federal y su ratificación por el Senado de la República, se asume su constitucionalidad en tanto esta no sea cuestionada ante los tribunales competentes.
Tratados internacionales. Deben presumirse apegados al texto constitucional hasta en tanto se demuestre su inconstitucionalidad en la vía procedente.
El artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todo servidor público de protestar guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen; obligación que recae, en el caso de los tratados internacionales, entre otros, en el Presidente y en los miembros del Senado de la República, por lo que los actos provenientes de dichos servidores se presumen constitucionales hasta en tanto se pruebe su inconstitucionalidad ante los Tribunales de la Federación o su ilegalidad ante los Tribunales Contenciosos Administrativos. Así, basta que un tratado internacional lo firme el Ejecutivo, por sí o por conducto de plenipotenciario facultado, lo apruebe el Senado y se publique en el Diario Oficial de la Federación, para presumir que es acorde con la Constitución Federal, en el entendido de que esta presunción legal subsistirá hasta en tanto se declare la inconstitucionalidad o ilegalidad correspondiente por el órgano competente y en vía idónea.4
De esta manera, los tratados internacionales adquirieron en su interpretación una nueva dimensión como fuente de derechos que deben ser observados y protegidos por todas las autoridades nacionales.
En otro orden, la doctrina constitucional contemporánea ha abandonado la rigidez del positivismo jurídico, reconociendo la existencia de derechos inherentes a la persona, independientemente de que estos se encuentren consagrados de manera literal en el texto constitucional, es decir, atiende a los valores contenidos en la norma suprema para inferir e interpretar los derechos fundamentales, así como los principios que deben regir en la organización del estado en su conjunto.
Sólo de esta manera una constitución puede ejercer su función integradora de las distintas aspiraciones de los factores reales de poder que intervienen en su creación y modificación.
Cabe señalar que en 2011 se aprobaron dos reformas constitucionales de gran impacto en el sistema jurídico mexicano. La primera5 consistió en una reforma a la institución del juicio de amparo, incorporando la protección de derechos colectivos o difusos en función del interés legítimo, así como la posibilidad de otorgar efectos ergaomnes a las resoluciones que determinen la inconstitucionalidad de una norma y obliga al legislador a realizar la adecuación de aquella norma declarada inconstitucional.
Asimismo, esta reforma instituye la posibilidad de invocar los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en los juicios de garantías, de conformidad con el artículo 103 fracción I que a la letra dice:
A este respecto, cabe destacar el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias, Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito:
Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial.6
De esta manera, la reforma adquiere una nueva dimensión, ya que la violación de un derecho fundamental consagrado en un tratado internacional puede ser el origen de la declaración general de inconstitucionalidad y en su caso de una o varias reformas de ley.
La segunda reforma7 que se introdujo se refiere a la modificación de 11 artículos constitucionales entre otros la denominación del capítulo primero de la Constitución y adición al artículo primero para otorgar reconocimiento y protección no sólo a los derechos consagrados en las garantías, sino también a los derechos humanos reconocidos por la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales, en este sentido se establece el principio “pro-personae” que obliga a que en la interpretación de hechos frente a los derechos humanos siempre se atienda a la mayor protección al individuo, es decir, se hará prioritariamente una interpretación extensiva y no restrictiva de estos derechos.
Ambas reformas fortalecen a nivel del texto constitucional el criterio ya sustentado de la prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes federales toda vez que éstos obligan al estado en su totalidad, e incluso, tratándose específicamente de derechos humanos, en ocasiones se pondrán al mismo nivel de la Constitución en tanto que otorguen una mayor protección al individuo.
Es menester precisar que en fechas recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio en el sentido de que en el análisis y discusión de aquellos asuntos en que se invoquen o se interpreten garantías y derechos humanos, debe hacerse una revisión de oficio de los tratados internacionales que incidan en la materia, por lo que se implementó a partir de dicho criterio su aplicabilidad como fuente de derecho interno en la esfera jurisdiccional.
En algunos textos constitucionales iberoamericanos, ya se contiene de manera textual esta disposición. Tal es el caso de la Constitución de la República de Colombia, que dispone en su artículo 93:
Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
En función de las anteriores aseveraciones, es que considero necesario adecuar el texto del artículo 133 constitucional a la nueva realidad de nuestro sistema jurídico, que otorga un papel preponderante a los tratados internacionales. Como se ha argumentado, en tanto estos se ubican jerárquicamente por debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales; no obstante, tratándose de derechos humanos, los tratados internacionales a partir de la reforma vigente desde el 11 de junio de 2011 adquieren rango equivalente a la Constitución.
Luego de esta gran reforma, nuestro país ha saltado a los primeros planos en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos. La Organización de las Naciones Unidas y no pocos Estados del orbe saludan con entusiasmo que México se haya atrevido a catalogar su nombre entre las naciones con aspiraciones realmente civilizadas.
El día 11 de junio del 2011 entraron en vigor las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, surgiendo con esto una relación nueva entre el ámbito del Derecho y las facultades que poseen los poderes del Estado mexicano y las tres instancias de gobierno, que tienen la obligación de conocer, velar y cumplir dichas disposiciones legales.
En este sentido, la reforma que se propone pretende señalar de manera expresa en nuestra norma fundamental la jerarquía de normas que debe regir en nuestro sistema normativo, y que materialmente se infiere de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y sobre todo en función de los precedentes y los criterios que de manera reiterada ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido.
La interpretación de las normas en el ámbito administrativo jurisdiccional, doctrinal y legislativo debe tener bases ciertas que determinen la validez de las mismas en función de su valor jerárquico por tanto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único.- Se reforma y adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 133. Esta Constitución, los Tratados Internacionales celebrados conforme a la misma, y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, serán, en ese orden, la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, tratados y leyes, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.
Las disposiciones de los Tratados Internacionales que regulen derechos humanos tendrán rango constitucional y se interpretarán conforme al artículo 1º párrafo segundo de esta Constitución.
SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
1Biebrich Torres, Carlos Armando y otros. Diccionario de la Constitución mexicana. Editorial Miguel Ángel Porrúa, México 2009, p. 125.
2 Kelsen, Hans. Teoría pura del derecho. Editorial Porrúa, novena edición. México, 1997, p. 232.
3 Novena época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Pág. 46
4 Novena época; Segunda Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, julio de 2007; página 384.
5 Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de junio de 2011, primera sección.
6 Novena época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXXI, mayo de 2010, página 2079.
7 Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de junio de 2011, primera sección.

References: artículo 133
 artículo 133
 ARTÍCULO 133
 artículo 71
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 124
 artículo 128
 artículo 103
 artículo 133
 artículo 93

Artículo 93
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 133

Artículo 133
 artículo 1