Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1997/C-622-97.htm
Timestamp: 2017-10-22 13:23:48+00:00

Document:
C-622-97
Actoras: María Del Pilar Leyva y Sandra Cadena Cortazar
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, las ciudadanas MARIA DEL PILAR LEYVA y SANDRA CADENA CORTAZAR promovieron demanda ante la Corte Constitucional contra el numeral primero del artículo 342 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual se procede a decidir una vez tramitado el juicio correspondiente y previas las siguientes consideraciones.
“ARTICULO 242. Trabajos prohibidos. Modificado. D. 13/67, art. 9o. 1. Las mujeres, sin distinción de edad, no pueden ser empleadas durante la noche en ninguna empresa industrial, salvo que se trate de una empresa en que estén empleados únicamente los miembros de una misma familia.
Mediante oficio No. 1363 del 6 de agosto de 1997, el señor Procurador General de la Nación rindió concepto dentro del término legal, solicitando a esta Corporación declarar la inconstitucionalidad del numeral acusado, con fundamento en las siguientes consideraciones:
En concepto del señor Procurador, la medida prevista en la disposición demandada presentada como instrumento de protección, limita a la mujer para vincularse laboralmente en condiciones de igualdad, pues la prohibición no opera "cuando se trate de una empresa en que estén empleados únicamente los miembros de una familia", quedando de manifiesto el carácter discriminatorio de la restricción. Por ende, con excepción de las situaciones generadas, entre otras causas por el estado de gravidez o la maternidad, no existe razón para prohibir que las mujeres puedan ser empleadas durante la noche en empresas industriales.
Por todo lo anterior, concluye el Procurador, no puede reputarse constitucional una norma jurídica que so pretexto de proteger a la mujer, tiene en cuenta únicamente su condición para impedirle ejercer el derecho al trabajo.
En efecto, como lo reconoció la Corte, en Sentencia N° C-410 de 1994, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, "El sexo es el primer motivo de discriminación que el artículo 13 constitucional prohibe. La situación de desventaja que en múltiples campos han padecido las mujeres durante largo tiempo, se halla ligada a la existencia de un vasto movimiento feminista, a las repercusiones que los reclamos de liberación producen, incluso en el ámbito constitucional, y a la consecuente proyección de esa lucha en el campo de la igualdad formal y sustancial."
Por su parte, en cuanto hace a la aplicación del principio de igualdad en asuntos laborales, esta Corporación señaló en sentencia N° T-326 de 1995, M. P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, que:
Así mismo, en la sentencia N° T-026 de 1996, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, sostuvo la Corte lo siguiente:
10. Finalmente, cabe apuntar que la identificación de actividades excluidas del principio de no discriminación, en todo caso, debe atender a la evolución de las condiciones culturales y sociales que, paulatinamente, contribuyen a desdibujar barreras erigidas sobre prejuicios que, con el pasar del tiempo, devienen arcaicos y desuetos; así, las limitaciones del trabajo nocturno de las mujeres o la incorporación de éstas a las fuerzas armadas son ejemplos destacados de actividades que, habiendo sido vedadas a los miembros de uno de los sexos, en forma progresiva y gracias la evolución aludida, vienen a ubicarse dentro de la categoría de actividades realizables por ambos sexos, en diversos países".
b. No es posible perder de vista que, si atendiendo a la naturaleza de la actividad de que se trate y de las condiciones de su realización, se establece que el sexo es condición determinante del correcto ejercicio profesional, es porque existe una conexión necesaria y no de simple conveniencia entre el sexo del trabajador y el cumplimiento del trabajo.
c. Del anterior predicado se desprende que la conexión entre el sexo y el cumplimiento del trabajo es objetiva y por tanto, no depende de la mera apreciación subjetiva del empleador o de prácticas empresariales que sin ningún respaldo hayan impuesto la pertenencia a un sexo específico."
Para el juez estatal y para las autoridades nacionales rige el principio de que el derecho constitucional precede al orden internacional, por lo cual los tratados tienen el valor que la constitución les asigne. Por ello un juez colombiano está en la obligación de permitir el trabajo nocturno de las mujeres, pues la Corte, máximo intérprete de la Constitución, ha considerado que es violatorio de la igualdad entre los sexos excluir a las mujeres de esas posibilidades de empleo. Sin embargo, para el juez internacional rige el principio de la prevalencia del derecho internacional, por lo cual Colombia podría incurrir en responsabilidad internacional por violar el Convenio No 04 de la OIT. Por ende, cuando un Estado enfrenta una contradicción entre un tratado y una norma constitucional, los órganos competentes en materia de relaciones exteriores y de reforma de la constitución -esto es, el Presidente y el Congreso en el caso colombiano- tienen la obligación de modificar, ya sea el orden interno, a fin de no comprometer la responsabilidad internacional del Estado, ya sea sus compromisos internacionales, a fin de no comprometer su responsabilidad constitucional. De esa manera, si bien las contradicciones entre el derecho internacional y el derecho interno son inevitables en un determinado momento histórico, la evolución jurídica permite una armonización dinámica entre ambos órdenes jurídicos.
Jurídicamente, a partir de la sentencia de la Corte, es posible el trabajo nocturno de las mujeres en Colombia, a pesar de la validez internacional del Convenio O4 de la OIT, pero como tal situación puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado colombiano, entonces es deber del Presidente, como jefe de Estado, ya sea denunciar el tratado, o ya sea proponer una reforma de la Constitución que permita aplicar internamente el tratado. Lo que no puede el Gobierno es mantener una contradicción normativa que pone en entredicho, ya sea la supremacía de la Constitución, ya sea el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano. Por tal razón, y en el entendido que no conviene una reforma constitucional en ese aspecto, creo que la presente decisión de la Corte tiene una consecuencia ineludible, y es la obligación que tiene el Gobierno colombiano de denunciar el mencionado Convenio No. 04 de la OIT, denuncia que es perfectamente posible en cualquier momento, pues se encuentra prevista por el artículo 13 del mismo Convenio. considero que el Convenio 04 de 1919 se encuentra formalmente vigente para Colombia, por lo cual es deber del Gobierno proceder a su denuncia, a fin de armonizar los compromisos internacionales de nuestro Estado con los mandatos constitucionales, tal y como lo han hecho otros países. Considero que el Convenio 04 de 1919 se encuentra formalmente vigente para Colombia, por lo cual es deber del Gobierno proceder a su denuncia, a fin de armonizar los compromisos internacionales de nuestro Estado con los mandatos constitucionales, tal y como lo han hecho otros países.
Con mi acostumbrado respeto, me permito aclarar parcialmente el voto en la presente decisión de la Corte, que declaró inexequible el numeral 1º del artículo 342 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual, las mujeres “sin distinción alguna no pueden ser empleadas durante la noche en ninguna empresa industrial, salvo que se trate de una empresa en que estén empleados únicamente los miembros de una misma familia.”
2- Conforme a la propia jurisprudencia de la Corte, el compromiso internacional adquirido por Colombia conforme al Convenio 04 de la OIT sigue vigente, pero ese tratado no es aplicable internamente a partir de la presente decisión de la Corte, pues la Constitución es norma de normas, y en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y cualquier otra norma jurídica, se aplicarán las normas constitucionales (CP art. 4º). Por consiguiente, como el tratado es contrario al principio de igualdad entre los sexos, entonces no puede aplicarse internamente, por más de que subsista el compromiso internacional, puesto esta Corporación tiene bien establecido que los tratados contrarios a la Constitución no tienen eficacia interna, aun cuando puedan seguir siendo válidos ante el derecho internacional[1].
Sin embargo, considero que la Corte no ha dado el paso necesario que se desprende de la anterior tesis, pues lo menos que puede decirse es que es problemático admitir que un tratado ratificado por Colombia puede ser válido ante el derecho internacional pero inaplicable internamente, por violar la Constitución que es norma de normas (CP art. 4º). En efecto, en estos casos, y como lo ha mostrado la doctrina, las autoridades se encuentran en un difícil dilema, pues deben violar la Constitución y prohibir el trabajo nocturno de las mujeres, para no comprometer la responsabilidad internacional de Colombia; o, por el contrario, deben violar el tratado, y admitir el trabajo nocturno, con el fin de respetar el principio de igualdad entre los sexos consagrado la Carta. Sin embargo, la misma doctrina ha mostrado que es posible salir de ese dilema, si se abandonan las tesis clásicas dualistas y monistas que pretenden eliminar ipso facto las contradicciones inevitables entre los tratados y las constituciones[2].
3- Así, frente a esas doctrinas extremas, Alfred Verdross ha defendido con lucidez una tesis intermedia, que él califica de monismo moderado pero que otros autores denominan de la integración dinámica entre el derecho internacional y el derecho interno[3]. Según esta concepción, la doctrina dualista es inadmisible en la realidad jurídica contemporánea, pues existen conflictos y relaciones entre las Constituciones y los mandatos del derecho internacional. No son pues órdenes paralelos. El monismo constitucionalista tampoco es aceptable pues conduce a la incertidumbre de las relaciones internacionales y a la erosión misma del derecho internacional. Pero, agrega este autor, el monismo internacionalista radical, como el de Kelsen, tampoco refleja la práctica jurídica, pues no es cierto que toda norma estatal -y sobre todo constitucional- contraria al derecho internacional sea automáticamente nula en el plano interno de los Estados, pues los tribunales estatales deben obediencia primariamente a su propio ordenamiento jurídico. Por consiguiente, concluye Verdross "sólo puede dar cuenta de la realidad jurídica una teoría que, reconociendo, desde luego, la posibilidad de conflictos entre el Derecho Internacional y el derecho interno, advierta que tales conflictos no tienen carácter definitivo y encuentran su solución en la unidad del sistema jurídico." Esto es, una teoría que "mantiene la distinción entre el Derecho Internacional y el derecho estatal, pero subraya al propio tiempo su conexión dentro de un sistema jurídico unitario basado en la constitución de la comunidad jurídica internacional".
¿Qué significa lo anterior? Algo muy elemental pero profundo: que para el juez estatal y para las autoridades nacionales rige el principio de que el derecho constitucional precede al orden internacional, por lo cual los tratados tienen el valor que la constitución les asigne. Por ello un juez colombiano está en la obligación de permitir el trabajo nocturno de las mujeres, pues la Corte, máximo intérprete de la Constitución, ha considerado que es violatorio de la igualdad entre los sexos excluir a las mujeres de esas posibilidades de empleo. Sin embargo, para el juez internacional rige el principio de la prevalencia del derecho internacional, por lo cual Colombia podría incurrir en responsabilidad internacional por violar el Convenio No 04 de la OIT. Por ende, cuando un Estado enfrenta una contradicción entre un tratado y una norma constitucional, los órganos competentes en materia de relaciones exteriores y de reforma de la constitución -esto es, el Presidente y el Congreso en el caso colombiano- tienen la obligación de modificar, ya sea el orden interno, a fin de no comprometer la responsabilidad internacional del Estado, ya sea sus compromisos internacionales, a fin de no comprometer su responsabilidad constitucional. De esa manera, si bien las contradicciones entre el derecho internacional y el derecho interno son inevitables en un determinado momento histórico, la evolución jurídica permite una armonización dinámica entre ambos órdenes jurídicos.
4- Esta concepción intermedia permite solucionar el presente conflicto, pues simplemente indica que jurídicamente, a partir de la sentencia de la Corte, es posible el trabajo nocturno de las mujeres en Colombia, a pesar de la validez internacional del Convenio O4 de la OIT, pero como tal situación puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado colombiano, entonces es deber del Presidente, como jefe de Estado, ya sea denunciar el tratado, o ya sea proponer una reforma de la Constitución que permita aplicar internamente el tratado. Lo que no puede el Gobierno es mantener una contradicción normativa que pone en entredicho, ya sea la supremacía de la Constitución, ya sea el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano. Por tal razón, y en el entendido que no conviene una reforma constitucional en ese aspecto, creo que la presente decisión de la Corte tiene una consecuencia ineludible, y es la obligación que tiene el Gobierno colombiano de denunciar el mencionado Convenio No 04 de la OIT, denuncia que es perfectamente posible en cualquier momento, pues se encuentra prevista por el artículo 13 del mismo Convenio.
Por lo demás, el artículo 9o. de la Carta, estatuye que, si bien es cierto las relaciones internacionales se fundamentan en la Soberanía Nacional, también parten del supuesto del "reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia". Y es una verdad incontrovertible que uno de esos principios es el cumplimiento de los tratados, como medida de seguridad y estabilidad jurídica dentro del orden internacional. Esa es la correspondencia lógica con el principio universal Pacta Sunt Servanda, cuyo fundamento jurídico reside en la paz, la seguridad y la convivencia entre los Estados, principio el cual no puede ser desconocido bajo ningún pretexto, por ser una exigencia de la recta razón.
Según esta tesis, el Convenio 04 fue reformado expresamente por dos convenios ulteriores de la misma OIT, a saber el 41 de 1934 y el 89 de 1948, que regulan nuevamente el tema del trabajo femenino nocturno. El sentido general de esa evolución es la siguiente: los convenios posteriores mantienen la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en la industria, pero establecen excepciones cada vez más amplias a esa prohibición. Así, en el Convenio 04, estas excepciones eran limitadas, pero aumentaron con el Convenio 41, en donde, por ejemplo, se señaló que esa prohibición no se aplicaba a las mujeres que no realizaran trabajos manuales y ocuparan puestos directivos, y en el 89 también se excluyeron de tal prohibición a las mujeres empleadas en los servicios de sanidad, y que no efectúen trabajo manual[4]. Finalmente, los más recientes documentos internacionales sobre protección a la mujer en el ámbito laboral, ya no sólo no prevén la prohibición del trabajo nocturno femenino en la industria sino que parecen permitirlo genéricamente. Es más, incluso, estos instrumentos internacionales parecieran prohibir que se estableciera esa limitación al trabajo femenino por cuanto se podría violar la igualdad entre los sexos en este campo. Por ejemplo, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas de 1979, aprobada por Colombia por la Ley 51 de 1981, no sólo no incluye la prohibición del trabajo femenino industrial en las noches, sino que establece normas que parecen contrarias a ellas, como el derecho a las mismas oportunidades de empleo entre hombres y mujeres (art. 11). Podría entonces considerarse que la prohibición del trabajo femenino nocturno industrial es contraria a lo establecido por la convención de Naciones Unidas de 1979, por lo cual debería entenderse que este tratado, por ser un convenio multilateral posterior al Convenio 04 de la OIT, lo derogó, en virtud del principio equivalente en el derecho internacional a la regla “ley posterior deroga ley anterior”.
7- La anterior tesis parece en principio tener algún sustento, puesto que, a nivel internacional, el principio según el cual prevalece la norma posterior tiene alguna aplicación. Así, es aceptado que una de las formas de terminación de un tratado es por la voluntad de las partes, por lo cual se considera que un tratado cesa de regir si todas las partes en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia, y se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intención de las partes que la materia se rija por este tratado; o, si las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente[5]. Por ende, podría decirse que los convenios posteriores de la OIT modificaron el Convenio O4, por lo cual no es deber de Colombia denunciar este último. Podría incluso considerarse que la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas de 1979 derogó la prohibición internacional del trabajo nocturno entre las mujeres en la industria, al establecer la igualdad de oportunidades en materia laboral entre hombres y mujeres.
En segundo término, es claro en la doctrina y la jurisprudencia internacionales que los convenios de la OIT son tratados autónomos, por lo cual en principio no cabe una derogación tácita de los mismos por instrumentos internacionales en la materia, ni siquiera por convenios ulteriores. Así, al discutirse en el seno de la OIT qué efectos deberían tener los nuevos convenios de un tema sobre la vigencia del convenio originario, se llegó a la conclusión de que el nuevo instrumento internacional no podía sustituir automáticamente el antiguo, si éste ya había empezado a regir, pues no podía imponerse el nuevo texto a los Estados que habían ratificado el anterior, y decidían no hacer parte del nuevo tratado[6]. Por ello, la tesis que se estableció es que la adopción de un nuevo convenio no deroga el anterior, que seguiría vigente para aquellos Estados que hubieren ratificado el primero y no aprobaran el segundo. Por tal razón, Colombia, al no haber adoptado los nuevos convenios sobre trabajo nocturno, mantiene intactas las obligaciones derivadas del Convenio 04 de 1919.
[1] Ver las sentencias C-276 de 1993, C-295 de 1993 y C-087 de 1997.
[2] En los párrafos siguientes me baso en Rodrigo Uprimny “¿Es posible extraditar colombianos a los Etados Unidos? La situación jurídica del problema?” en VV.AA. La extradición ¿Nudo gordiano o corredizo?. Bogotá: Editorial jurídica de Colombia, 1997.
[3]Cf Alfred Verdross. Derecho internacional público. (6 Ed). Madrid: Aguilar, 1980, capítulo 2.
[4] Sobre esta evolución, ver, por ejemplo, Nicolas Valticos. Derecho Internacional del Trabajo. Madrid: Tecnos,. 1977, pp 414 y ss.
[5] Al respecto, ver por ejemplo los artículos 54 y 59 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados de 1969. Es cierto que esa convención no es formalmente aplicable al presente caso, puesto que regula los tratados entre Estados y , además, el artículo 4º precisa que la Convención no es retroactiva, por lo cual sus cláusulas se aplican sólo a los acuerdos que sean celebrados después de la entrada en vigor de la misma. Sin embargo sus normas son relevantes para este examen, pues la mayor parte de las disposiciones de la Convención de Viena son una codificación de principios consuetudinarios de derecho internacional, y el propio preámbulo de ese instrumento internacional precisa que esas normas siguen rigiendo las cuestiones no reguladas por la Convención.
[6] Sobre este debate, ver Nicolas Valticos. Loc-cit, , pp 110 y ss.

References: artículo 342
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 342
 artículo 13
 artículo 9
 artículo 4