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Instrucciones de Trafico
03-INSTRUCCION 19 Del 2005 Desnudo Inbtegra
03-INSTRUCCION 19 del 2005 desnudo inbtegra.pdf
INSTRUCCIÓN NÚMERO 19/2005, DE 13 DE SEPTIEMBRE, DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD, RELATIVA A LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS DE REGISTRO PERSONAL POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
Como consecuencia de la diversidad de criterios seguidos en las actuaciones policiales y con objeto de coadyuvar a una mejor interpretación y comprensión en la aplicación y práctica de las diligencias de cacheo (simple o exhaustivo con desnudo integral) y el control de los efectos u objetos personales de los sujetos afectados y, asimismo, para recordar la Instrucción 7/1996, de 20 de diciembre, dictada por esta Secretaria de Estado sobre esta materia, es necesario tener en cuenta lo siguiente: Ante todo, hay que señalar que nos encontramos ante actuaciones materiales que inciden sobre los derechos fundamentales de la persona, vinculados a la propia personalidad, reconocidos en los arts. 18.1º y 10.1º de la Constitución Española, en concreto el Derecho a la Intimidad Personal, tal y como señala el Tribunal Constitucional en Sentencia 37/1989, de 15 de febrero, que considera la intimidad corporal como una parte de la intimidad personal. El mismo Tribunal Constitucional, en Sentencia de amparo 57/1994, de 28 de febrero, referida al ámbito penitenciario, se ha pronunciado sobre la limitación de los derechos fundamentales de la persona en el sentido de que “(...) todo acto o resolución que limite derechos fundamentales ha de asegurar que las medidas limitadoras sean necesarias para conseguir el fin perseguido (...)”, de tal manera que, para adoptar dicha medida, es preciso ponderar adecuadamente y de forma equilibrada, de una parte, la gravedad de la intromisión que comporta en la intimidad personal y, de otra parte, si la medida es imprescindible para asegurar la defensa del interés público que se pretende proteger. Procesalmente considerada, la diligencia de cacheo es una actuación material que forma parte del Atestado Policial, ostentando jurídicamente el valor de denuncia, según contempla el art. 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Además, según la Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de 7 de julio de 1.995, el cacheo es un acto de investigación policial efectuado por los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, consistente en el registro de una persona para comprobar si oculta elementos que puedan servir como medio probatorio de la comisión de un delito. En cuanto al derecho positivo, únicamente se refieren a la materia el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los arts. 68 y 71.1 del Real Decreto 190/1996, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario y el art. 19 de la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Así, mientras el primero se refiere a “la persona del detenido” al establecer que la detención se efectuará de la forma que menos le perjudique en su persona, reputación y patrimonio; el segundo y el tercero se refieren a “el interno” en centros penitenciarios, en los que establece que “por motivos de seguridad concretos y específicos, cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las personas (…) se podrá realizar cacheo con desnudo integral” y, asimismo, que “las medidas de seguridad se regirán por los principios de necesidad y proporcionalidad y se llevarán siempre a cabo con el respeto debido a la dignidad y a los derechos fundamentales, especialmente las que se practiquen directamente sobre las personas. Ante la opción de utilizar medios de igual eficacia, se dará preferencia a los de carácter
electrónico” ; por último, el cuarto de los artículos citados sólo permite el control superficial de los efectos personales de la persona identificada, con objeto de comprobar que no porta sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. Por lo tanto, en las diligencias policiales de cacheo, valorando y ponderando los derechos e intereses en juego, habría que distinguir: - Por una parte, los sujetos pasivos, detenidos o presos, en los que sí encontraría una adecuada justificación la medida, como precaución para garantizar la seguridad de los funcionarios actuantes y/o la de los propios detenidos o de otras personas presentes. En estos casos, en circunstancias especiales, podría estar justificada, incluso, la práctica de un desnudo integral para descubrir y retirar los objetos que puedan ser usados para vulnerar la previsión anterior, así como los efectos o instrumentos que porten y que puedan servir como base probatoria para determinar su culpabilidad. - Y por otra, aquellos sujetos que son objeto de identificación, sobre los que únicamente cabría ejercer un control superficial de los efectos personales que porten con los fines anteriormente señalados. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el contenido de la Instrucción 7/1996, de 20 de diciembre, de esta Secretaría de Estado, así como varios informes y recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre los mencionados extremos, tengo a bien dictar la siguiente instrucción:
PRIMERA.- La práctica del desnudo integral durante los cacheos policiales, con el fin de averiguar si el sujeto porta en los pliegues u otras partes de su cuerpo o entre sus ropas algún objeto peligroso o prueba incriminatoria, únicamente se efectuará en la persona del detenido o preso y deberá ajustarse a las condiciones y requisitos siguientes:
1º Se entiende por desnudo integral la diligencia policial consistente en poner al descubierto las partes pudendas o íntimas de una persona, así como el tipo de cacheo que suponga introducción directa de manos u otros objetos en contacto con las mismas.
3º. Para llevar a cabo la práctica de un desnudo integral, dicha medida deberá ser acordada por el Instructor del correspondiente Atestado Policial, figurando en diligencia, en la que se hará constar que se ha llevado a efecto, así como la justificación de los motivos o circunstancias que la aconsejan, que no podrán ser otros que los expresados en el apartado anterior, y será convenientemente anotada en el libro de custodia de detenidos. En su defecto, será acordada por el funcionario responsable del ingreso y de la custodia del detenido en los calabozos, siendo
anotada en el correspondiente libro oficial de custodia de detenidos, incluyendo, en el apartado de observaciones, las causas o motivos que justifiquen el haberla efectuado.
4º. Dicha práctica se llevará a efecto de forma individual (evitando la práctica a varios detenidos a la vez), ante los funcionarios que asuman la custodia del detenido (si es posible, en presencia de los funcionarios que realizaron la detención) y respetando en todo momento la intervención de funcionarios del mismo sexo que el del detenido. Se realizará en dependencias contiguas a los calabozos y de la forma que menos perjudique a la intimidad del preso o detenido.
SEGUNDA.- No podrán ser objeto de la práctica de un desnudo integral las personas que sean trasladadas a dependencias policiales con el único objeto de proceder a su identificación, en virtud de la habilitación contemplada en el art. 20 de la Ley Orgánica 1/1992, ya que estos ciudadanos, aunque privados temporalmente de la libertad deambulatoria, no se consideran detenidos y la ley de referencia solamente les impone el sometimiento a un control superficial sobre los objetos que portan las personas a identificar, lo que podría comprender el cacheo superficial sobre sus ropas o su vestimenta externa.
Madrid, a 13 de septiembre de 2.005 EL SECRETARIO DE ESTADO
Fdo.: Antonio Camacho Vizcaíno EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
Category: Instrucción de Seguridad
09-INSTRUCCION 7 DEL 1996 Desnudo Integral
09-INSTRUCCION 7 DEL 1996 desnudo integral.pdf
INSTRUCCION NUMERO 7/1996, DE 20 DE DICIEMBRE, DEL SECRETARIO DE ESTADO
DE SEGURIDAD, EN RELACION CON LA PRACTICA DE DESNUDOS INTEGRALES A
DETENIDOS, CON EL FIN DE AVERIGUAR SI PORTAN ENTRE SUS ROPAS O EN LOS
PLIEGUES DE SU CUERPO ALGUN OBJETO PELIGROSO O PRUEBA INCRIMINATORIA
A práctica del desnudo integral a los detenidos, con el objeto de comprobar si éstos portan
entre sus ropas o en los pliegues de su cuerpo algún objeto peligroso o prueba incriminatoria,
cuenta con una escasa regulación en el ámbito de nuestra vigente legislación procesal.
Unicamente el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que la detención
deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y
patrimonio, y el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de diciembre, de protección de la
seguridad ciudadana, permite el control superficial de los efectos personales, con el fin de
comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos.
Ambos preceptos resultan a todas luces insuficientes para perfilar los límites de los registros
personales o cacheos, y no permiten saber cuándo y de qué modo es posible acudir a este tipo
Ello, en cambio, no es obstáculo para encontrar justificación a su práctica en determinadas
ocasiones, en cuanto garantiza la seguridad de los funcionarios actuantes y la de los propios
detenidos, permitiendo que puedan serles retirados objetos que puedan utilizar para
autolesionarse o para agredir a funcionarios o a otras personas, y asimismo ocurre en relación
con los efectos, instrumentos o pruebas que porten y puedan servir como base para determinar
En el ámbito penitenciario esta materia se encuentra regulada de un modo más concreto, y así
el articulo 23 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que los registros y cacheos
en las personas de los internos han de respetar la dignidad de la persona, desarrollándose
pormenorizadamente en el Real Decreto 190/1996, que aprueba el Reglamento Penitenciario y
que contempla, entre las medidas que cabe adoptar, la del desnudo integral.
El Tribunal Constitucional en su sentencia de amparo 57/1994, de 28 de febrero, se ha
pronunciado sobre la cuestión, señalando que todo acto o resolución que limite derechos
fundamentales ha de asegurar que las medidas limitadoras sean necesarias para conseguir el
fin perseguido... de tal manera que para adoptar tal medida es preciso ponderar
adecuadamente y, de forma equilibrada, la gravedad de la intromisión que comporta en la
intimidad personal, por un lado y, por otra parte, si dicha medida es imprescindible para
asegurar la defensa del interés jurídico que se pretende proteger.
Aunque dicha sentencia se ha dictado en relación con el ámbito penitenciario y la regulación
positiva de esta materia cuenta con mayor concreción en dicho ámbito, existe un elemento
común entre los dos ámbitos que permite la traslación de tal doctrina al ámbito de los
detenidos, y es precisamente el hecho de que en uno y otro caso la decisión de proceder al
cacheo con desnudo integral la adoptan los responsables de la Administración, en un caso
penitenciaria y, en otro, policial.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones jurídicas, el Defensor del Pueblo ha dirigido
con fecha 13 de diciembre, a esta Secretaría de Estado un escrito, en el que sobre la base de
los argumentos mencionados y teniendo en cuenta la tramitación de una queja dicta una
recomendación, con el objeto de que se dicte una instrucción de la Secretaría de Estado de
Seguridad en relación con la materia.
El Defensor del Pueblo, en el mismo escrito, pone igualmente de relieve el hecho de que esta
cuestión ya había sido objeto de tratamiento por parte de esta Institución, tal y como se
desprende de los informes de 1992, 1993, 1994 y 1995, señalando asimismo que del examen
de los informes remitidos por los distintos responsables en materia de seguridad pública se
desprende una diversidad de criterios seguidos para la práctica de estos cacheos y registros
personales, así como la falta de una mínima constancia escrita que justifique la adopción de
esta medida y su control posterior.
Por todo lo anteriormente expuesto tengo a bien dictar la siguiente
La práctica del desnudo integral de detenidos, durante los cacheos policiales, con el fin de
averiguar si portan entre sus ropas o en los pliegues de su cuerpo algún objeto peligroso o
prueba incriminatoria, se deberá ajustar a las condiciones y requisitos siguientes:
Primero. La práctica del desnudo integral en el cacheo deberá acordarse por el funcionario
policial responsable del ingreso en los calabozos del detenido y bajo su responsabilidad.
Segundo. La determinación de la intensidad del cacheo y, en su caso, del desnudo integral del
detenido, únicamente podrá justificarse en razón de la protección de la integridad del propio
detenido, así como de la de los funcionarios o de otras personas que se encuentren próximas,
o bien con el objeto de recuperar los efectos, instrumentos o pruebas que razonablemente
pudiera aportar y pudieran servir de base para determinar su culpabilidad.
Tercero. La resolución de proceder al desnudo integral de detenidos deberá motivarse de
forma sucinta y suficiente por el funcionario responsable, amparándola en alguna o algunas de
las razones señaladas en el apartado anterior.
La medida de registro personal mediante desnudo integral, con objeto de determinar si el
detenido porta escondido entre sus ropas o en pliegues de su cuerpo algún objeto o
instrumento, sólo podrá efectuarse cuando de las circunstancias de la detención, de la
naturaleza del hecho presuntamente delictivo, de la actitud del detenido o de otras
circunstancias debidamente valoradas por el responsable policial encargado de autorizar dicha
práctica, se pueda resolver su adopción.
Cuarto. La práctica de este registro deberá efectuarse en sala próxima o inmediata a los
calabozos, llevada a efecto por los funcionarios que asuman la custodia del detenido,
participando si es posible aquéllos que hayan efectuado la detención y respetando la
intervención de agentes masculinos o femeninos, según el sexo del detenido.
Quinto. La práctica del desnudo integral de detenidos, con el objeto de comprobar si portan
entre sus ropas o en los pliegues de su cuerpo objetos o instrumentos peligrosos, deberá
hacerse constar en el correspondiente Libro-Registro de Detenidos.
Madrid, 20 de diciembre de 1996.
Fdo.: EL SECRETARIO DE ESTADO,
EXCMOS. SEÑORES DIRECTORES GENERALES DE LA POLICIA Y DE LA GUARDIA CIVIL.
Inst Ses 1 2011 Bienesdecomisadosdelitostrafico
inst_ses_1_2011_bienesdecomisadosdelitostrafico.pdf
Instruccion de bienes decomisados por delitos de trafico
INSTRUCCION 11 2007 PROTOCOLO MENORES
PROTOCOLO MENORES.pdf
EXCMOS. SEÑORES DIRECTORES GENERALES DE LA POLICIA Y DE LA GUARDIA CIVIL.INSTRUCCION NUMERO 7/1996, DE 20 DE DICIEMBRE, DEL SECRETARIO DE ESTADO
INSTRUCCION 12 2007 PRACTICOAS DE LA DETENCION
INSTRUCCION 12 2007 PRACTICOAS DE LA DETENCION.pdf
MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD
Los derechos de las personas detenidas cuentan con un marco protector configurado por la normativa interna y los instrumentos internacionales ratificados por España e incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de éstos destacan los emanados de la Organización de Naciones Unidas (entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales de 1966) y los procedentes del Consejo de Europa (el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes de 1987).
Este marco jurídico internacional también se ha preocupado de definir una serie de principios y reglas de conducta ética profesional aplicables a la labor policial, a fin de evitar la aparición de comportamientos arbitrarios, que han influido notablemente en la configuración del vigente estatuto policial español. Tal es el caso del "Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley" aprobado por Naciones Unidas en 1978, la "Declaración sobre la Policía" de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 1974 y, más recientemente, las recomendaciones de este último organismo contenidas en el "Código Europeo de Ética de la Policía" de 2001.
Por lo que se refiere a nuestra normativa interna, la Constitución Española salvaguarda los derechos fundamentales de los ciudadanos aplicando, para proteger su eficacia, una serie de garantías, desarrolladas por diferentes leyes, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina los casos en que procede la detención, sus circunstancias y formalidades o el Código Penal que califica como delitos determinadas conductas y establece penas para quienes ataquen bienes tan importantes como la vida, la integridad física y moral, la libertad, la intimidad o la propia imagen.
Respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, desarrolla los principios constitucionales básicos que rigen su actuación. Asimismo, las Leyes que regulan sus regímenes disciplinarios tipifican y sancionan las conductas que supongan una vulneración de derechos, trasladándose sistemáticamente a los agentes, a través de Circulares internas de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, la absoluta necesidad de mantener un respeto estricto a los derechos de las personas durante sus intervenciones de detención y custodia.
No obstante, para alcanzar una más eficaz protección de los derechos del detenido y mayor claridad en las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se considera necesario impartir nuevas instrucciones, precisas y actualizadas, que permitan continuar salvaguardando tales derechos y, simultáneamente, dotar a los agentes de las garantías jurídicas suficientes con ocasión de la práctica de la detención y la posterior custodia.
Por ello, una vez finalizadas cuantas diligencias hubiera sido preciso realizar, el detenido debe, sin más demora, ser puesto a disposición de la Autoridad judicial o en libertad.
3.- También se le informará de su derecho constitucional a solicitar el "habeas corpus", si considera que su detención no está justificada legalmente o que transcurre en condiciones ilegales, facilitándole a tal efecto el impreso de solicitud que se acompaña como anexo.
10.- Deberá tenerse en cuenta el contenido de la Instrucción de la Dirección General de la Seguridad del Estado, de 12 de noviembre de 1984, sobre "Reconocimientos médicos y tratamiento a detenidos", y la Instrucción del Secretario de Estado de Seguridad 7/1997, sobre "Elaboración de atestados", así como los "Criterios generales para la práctica de diligencias por la Policía Judicial", aprobados por la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial.
a) Detenciones derivadas de la existencia de indicios de un delito.
Solicitar que se comunique su detención a la Oficina Consular de su país.
En el caso de no hablar castellano, a que se le proporcione gratuitamente un intérprete.
b) Detenciones derivadas de infracciones de la Lev Orgánica 4/ 2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España.
1.- En los supuestos de extranjeros interceptados en la frontera o sus inmediaciones, que pretendan entrar ilegalmente en el país, respecto de los cuales se sigan los trámites para adoptar una resolución de devolución conforme a lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Instrucción del Secretario de Estado de Seguridad número 20/2005, sobre "Control de la inmigración irregular que llega a España en embarcaciones" y, muy especialmente, lo dispuesto en su norma tercera, en lo que se refiere a la información de derechos al detenido y a la atención preferente de sus necesidades asistenciales y, en su caso, sanitarias.
c) Detenciones en las que concurran los supuestos avb.
1.- Desde el primer momento de la detención se valorará prioritariamente el interés del menor, primando los criterios reeducativos y protectores por encima de los puramente sancionadores.
El menor detenido por delitos de terrorismo que haya sido incomunicado será asistido siempre por el letrado del turno de oficio, no teniendo derecho a la designación de letrado de confianza ni a la entrevista reservada con el abogado antes y después de la declaración (artículo 17.4 de la LORPM en relación con los artículos 520 bis y 527 de la LECrim).
10.- Para el resto de detalles, se observará el contenido de los protocolos de actuación policial con menores de que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las Instrucciones del Secretario de Estado de Seguridad 7/2005, sobre "Libro-registro de Menores Detenidos" y 3/2005, sobre "Traslado de Menores Ingresados en Centros de Internamiento", así como las Instrucciones o Circulares específicas, dictadas para el caso de menores extranjeros no acompañados.
2.- Como primera medida de actuación, el agente policial debe identificarse y dar a conocer la legitimidad de su presencia. Puede añadir otras palabras conminatorias para que el sujeto deponga cualquier posible actitud violenta.
a) Por oportunidad debe entenderse la necesidad o no de recurrir a la coacción física en la detención, de acuerdo con los datos conocidos sobre la situación y el sujeto en cuestión.
- Tendrá la obligación de causar la menor lesividad posible. La selección de las partes no vitales, la graduación en la contundencia y el modo de ejecución de los actos violentos deben estar dirigidos a neutralizar a la persona objeto de la detención.
- Proporcionará una respuesta gradual y apropiada a cada situación. La graduación de la mayor o menor fuerza empleada por el agente se corresponderá a la agresividad de la respuesta del detenido, debiendo volver a ser descendente en la medida en que la situación se vuelva propicia para facilitar la detención deseada.
5.- Está terminantemente prohibida la utilización, durante la detención o en cualquier otro servicio policial, de armas que no estén incluidas en los equipamientos oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o cuya utilización no haya sido autorizada expresamente.
a) El cacheo.
8.- Son de aplicación las "Normas de actuación de la Policía Judicial en recintos aduaneros respecto a las personas presuntamente portadoras de drogas en cavidades corporales", de 14 de noviembre de 1988, dictadas por la Fiscalía Especial para la prevención y represión de tráfico ilegal de drogas, así como la Instrucción 6/1988 de la
Fiscalía General del Estado sobre el "Examen radiológico de personas posibles portadoras de drogas".
b) Registro con desnudo integral.
Para esta modalidad de registro, los agentes actuantes se atendrán a lo dispuesto en las Instrucciones del Secretario de Estado de Seguridad números 7/1996 y 19/2005.
El esposamiento de un detenido se considera incluido entre las medidas de seguridad que pueden adoptarse en los supuestos previstos en el artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, salvo orden contraria de la Autoridad Judicial.
El esposamiento, con carácter general, se llevará a cabo después de proceder al registro o cacheo del detenido, con el fin de inmovilizarle para prevenir agresiones o intentos de fuga, situando las manos en la espalda, sin perjuicio de las situaciones que aconsejen realizarlo frontalmente.
Se utilizarán los medios materiales y humanos que aconsejen las circunstancias en cada supuesto, teniendo en cuenta la peligrosidad del detenido, los hechos que se le imputan, la duración del recorrido y cualquier otra circunstancia que pudiera concurrir.
7.- Una vez practicadas las diligencias policiales que procedan y previo el control de las medidas de seguridad personales a cargo del agente de policía responsable de la custodia, el instructor podrá autorizar que el detenido reciba visitas de sus familiares y allegados en los horarios establecidos.
2- Con idéntica finalidad, las Circulares internas de actualización profesional pondrán especial énfasis en los aspectos relativos al empleo de la fuerza y el respeto a los derechos humanos durante la práctica del servicio. Especialmente
se procurará que los contenidos de dichas Circulares sean suficientes para mantener actualizados en esos aspectos a aquellos agentes cuyos cometidos no demanden, habitualmente, el trato directo con los ciudadanos.
-DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL.
INSPECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
Instruccion 14 2014 Instrucción SES Sistema Alerta Desaparecidos
Instruccion 14 2014 Instrucción SES sistema alerta desaparecidos.pdf
Autor: Instruccion 14 2014 Instrucción SES Sistema Alerta Desaparecidos
Fecha: agosto 9, 2014
Reforma Codigo Penal LO 1/15 » Entrada
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Reforma Codigo Penal LO 1/15
Autor: www.serpolicia.es
reforma codigo penal LO 2/15 » Entrada
BOE-A-2015-3440.pdf
reforma codigo penal LO 215

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 520
 artículo 19
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 157
 artículo 525