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Timestamp: 2019-05-19 16:59:27+00:00

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﻿ SENTENCIA C-850 DE AGOSTO 17 DE 2005
SENTENCIA C-850 DE 17 DE AGOSTO DE 2005
CONTENIDO:CONDUCCIÓN A LA FUERZA DE TESTIGOS QUE HAYAN PRESENCIADO UNA CONTRAVENCIÓN. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 70 DEL DECRETO-LEY 1355 DE 1970. SE ESTÁ A LO RESUELTO EN LA SENTENCIA C-024 DE 1994, EN RELACIÓN CON LA EXPRESIÓN "EL TESTIGO QUE NO CUMPLA ESTA ORDEN DEBERÁ SER CAPTURADO" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 70 DEL DECRETO-LEY 1355 DE 1970.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMPARECENCIA DEL TESTIGO, DESOBEDIENCIA DEL TESTIGO, PROCEDIMIENTO PENAL, CAPTURA DEL TESTIGO, DETENCIÓN DEL TESTIGO
Sentencia C-850 de agosto 17 de 2005
Ref.: expedientes D-5599, 5600 y 5607
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 70 (parcial) del Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía)
Demandantes: Sandra Lorena Guacaneme Urueña y otros.
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 33.139 del cuatro (4) de septiembre de mil novecientos setenta (1970) y se resalta el aparte demandado:
Cuando el contraventor no fuere capturado sino citado para que comparezca más tarde, a los testigos se entregará orden de comparendo con el mismo plazo. El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado”.
2. Los demandantes consideran que la norma acusada podría ser contraria a la Constitución por cuanto la conducción a la fuerza y la captura a que hace referencia el artículo demandado vulneran el principio establecido en el artículo 28 constitucional. Así las cosas, dicha conducción y dicha captura no estarían precedidas de los requisitos que tanto la Constitución como la jurisprudencia de esta corporación han establecido.
Por consiguiente, esta Corte analizará en una primera parte (I), si sobre el contenido normativo demandado esta corporación ya se ha pronunciado, para determinar en una segunda parte (II) si sobre alguno de los apartes acusados se debe realizar la confrontación con el artículo 28 Constitucional.
I. Contenido normativo demandado y la sentencia C-024 de 1994.
De un lado, se estudiará el artículo demandado y su contenido normativo en relación con la sentencia C-024 de 1994 y de otro lado, se analizará si respecto de algunos de los apartes demandados a operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Primeramente, encuentra esta corporación, que el contenido normativo y el artículo 70 acusado versa sobre la posibilidad de que autoridades administrativas, en este caso autoridades de policía, puedan conducir a la fuerza o capturar a testigos de contravenciones para trasladarlos ante el jefe de policía. En otras palabras, que exista privación de la libertad por parte de autoridades administrativas.
La Corte constata, que respecto del mismo artículo y el mismo contenido normativo demandado en esta oportunidad, la Corte Constitucional se pronunció a través de la sentencia C-024 de 1994.
Por ser importante, se transcriben los apartes sustanciales de la sentencia C-024 de 1994:
“1.5. Artículo 70.
ART. 70.—En el caso del artículo anterior si el contraventor fuere capturado para llevarlo ante el jefe de policía, los testigos, si los hubiere, deberán ser trasladados junto con el contraventor. El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza.
Acerca del artículo 71(sic), el actor afirmó que “viola la Constitución en su artículo 28 por cuanto autoriza a llevar los testigos por la fuerza, y también que se pueden capturar los testigos que no cumplan con una orden de comparendo”.
Cosa distinta es la negativa a una orden de comparendo para rendir testimonio. En este caso, si el funcionario judicial —y solo el funcionario judicial— estima necesario la presencia del testigo, puede expedir una orden de captura. Es en este sentido que la norma estudiada es constitucional. En ninguna de las dos hipótesis se consagra facultad administrativa para expedir órdenes de captura. En este orden de ideas, también la parte acusada de esta disposición es constitucional”.
“Acerca del artículo 71(sic), el actor afirmó que “viola la Constitución en su artículo 28 por cuanto autoriza a llevar los testigos por la fuerza, y también que se pueden capturar los testigos que no cumplan con una orden de comparendo”.
No obstante, evidencia esta corporación que el estudio realizado en la sentencia C-024 de 1994 sobre el artículo 70 mencionado no fue el mismo respecto de los dos apartes demandados, es decir respecto de “El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza” y “El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado”.
Así entonces, se analizará en primer lugar, las razón de la decisión tomada en la sentencia C-024 de 1994 en relación con el primer aparte demandado y en un segundo lugar, se estudiará la última sección.
A. Razón de la decisión en la sentencia C-024 de 1994 en relación con el aparte del artículo 70 del Decreto Ley 1355 de 1970 que determina “El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza”.
La sentencia referida y respecto del aparte mencionado no efectuó un análisis con relación al artículo 28 Constitucional y la reserva judicial en materia de privación de la libertad. Por el contrario, el estudio realizado en dicha ocasión giro en torno al derecho de no autoincriminarse y al deber ciudadano de declarar, establecidos en los artículos 33 y 95 de la Constitución. Veamos:
“(…) El artículo 95 numeral 7º de la Constitución consagra el deber de todos los ciudadanos de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Por lo tanto rendir testimonio es una obligación y solamente en las circunstancias excepcionales previstas en la Constitución la persona se encuentra exonerada de este deber.
La obligación de declarar debe surgir de la conciencia del ciudadano de cumplir voluntariamente con el deber de colaborar en el esclarecimiento de una investigación. Es una responsabilidad que incluso constitucionalmente se encuentra protegida (C.P., art. 250-4). Ahora si el testigo no desea colaborar con la administración de justicia, contrariando así la Carta, la policía podrá aprehenderlo y conducirlo inmediatamente al funcionario responsable de la investigación preliminar, el cual deberá recibirle el testimonio en el acto o convocarlo a futura declaración. En todo caso, el testigo no podrá ser retenido por más de doce (12) horas, en concordancia con el artículo siguiente, que se analiza justamente a continuación, como quiera que dice que respecto de las personas distintas a los procesados “la captura no podrá prolongarse por 12 horas”. El artículo 95 numeral 7º de la Constitución consagra el deber de todos los ciudadanos de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Por lo tanto rendir testimonio es una obligación y solamente en las circunstancias excepcionales previstas en la Constitución la persona se encuentra exonerada de este deber.
La obligación de declarar debe surgir de la conciencia del ciudadano de cumplir voluntariamente con el deber de colaborar en el esclarecimiento de una investigación. Es una responsabilidad que incluso constitucionalmente se encuentra protegida (C.P., art. 250-4). Ahora si el testigo no desea colaborar con la administración de justicia, contrariando así la Carta, la policía podrá aprehenderlo y conducirlo inmediatamente al funcionario responsable de la investigación preliminar, el cual deberá recibirle el testimonio en el acto o convocarlo a futura declaración. En todo caso, el testigo no podrá ser retenido por más de doce (12) horas, en concordancia con el artículo siguiente, que se analiza justamente a continuación, como quiera que dice que respecto de las personas distintas a los procesados “la captura no podrá prolongarse por 12 horas”. Es en este marco justamente que la norma debe ser leída y por tanto declarada conforme con la Carta. En este orden de ideas, la conducción incluso forzosa de los testigos no es inconstitucional sino que es el desarrollo normativo de un deber superior. Lo que se pretende es que se proceda a una investigación rápida a fin de evitar que las pruebas se pierdan y redunde esto en la investigación -como fin inmediato-, para lograr la búsqueda de la verdad —fin mediato—”.
De lo transcrito no cabe dudas, que la sentencia C-024 de 1994, no evaluó el aparte demandado a la luz del artículo 28 Constitucional que establece la reserva judicial en materia de privación de la libertad, sino que lo hizo desde la óptica de los artículo 33 (derecho de no autoincriminación) y 95 (deber de declarar) de la Constitución Política.
En este orden de ideas, en cuanto se refiere a la frase demandada del inciso primero del artículo 70 del Código Nacional de Policía, existe cosa juzgada relativa implícita, toda vez que si bien en el caso fallado en la sentencia C-024 de 1994, el demandante había formulado cargos por violación entre otras normas, del artículo 28 de la Constitución, la Corte únicamente se pronunció frente al derecho a la no autoincriminación (C.P., art. 33) y al deber ciudadano de rendir testimonio (C.P., art. 95-7). Por consiguiente, en relación con la expresión “El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza”, no opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, por la posible vulneración del principio de reserva judicial en materia de libertad personal consagrado en el artículo 28 de la Carta.
B. Razón de la Decisión en la sentencia C-024 de 1994 en relación con el aparte del artículo 70 del Decreto Ley 1355 de 1970 que determina “El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado”.
“Cosa distinta es la negativa a una orden de comparendo para rendir testimonio. En este caso, si el funcionario judicial —y solo el funcionario judicial— estima necesario la presencia del testigo, puede expedir una orden de captura. Es en este sentido que la norma estudiada es constitucional. En ninguna de las dos hipótesis se consagra facultad administrativa para expedir órdenes de captura. En este orden de ideas, también la parte acusada de esta disposición es constitucional”.
De lo transcrito, se extrae que el condicionamiento efectuado de constitucionalidad surge de la confrontación con el artículo 28 constitucional, así entonces respecto de la expresión “El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado”, debe operar el fenómeno de la cosa juzgada constitucional por cuanto en la sentencia referida se estudió el aparte demando bajo los mismo cargos esgrimidos en las presentes demandas.
II. Análisis de la expresión “El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza” a la luz del artículo 28 constitucional. El caso concreto.
La Corte Constitucional plasmó en la sentencia C-237 de 2005, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería, un estudio sobre la concepción de la libertad personal al interior del Estado de derecho, por ser de interés se señalan los apartes pertinentes:
La libertad personal comprende “la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente” (1) .
Pues bien, un logro fundamental del Estado de derecho fue obtener el respeto de la libertad personal. Característica que se ha trasladado al Estado social de derecho. Dicho derecho fundamental ha vivido un proceso de constitucionalización que también ha tocado los convenios y tratados internacionales (2) .
En efecto, en vigencia del “Antiguo Régimen” existía una confusión de poderes al interior del Estado, lo que permitía que quien detentaba el poder dispusiera a su antojo de los derechos fundamentales de las personas, en especial de la libertad personal. No obstante, fruto de las revoluciones liberales, en especial de la Revolución Francesa, dicho poder absoluto fue dividido y se establecieron controles con el propósito de evitar nuevos abusos (3) .
En resumen se puede afirmar, que la privación de la libertad, a través de la captura, entendida como el acto material de aprehensión que puede realizarse durante o después de un proceso, encuentra fundamento constitucional en el artículo 28 de la Carta Política que, a su vez, determina las garantías que deben rodearla. Es decir, la detención de una persona solo procede (1) por motivos previamente definidos en la ley, (2) con acatamiento de las formalidades legales y (3) por mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Con ello puede concluirse que la Carta establece una estricta reserva judicial en materia de libertad personal” (4) .
Ahora bien, de un lado, la expresión demandada establece que “El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza”. De otro lado, el contenido completo de inciso primero determina que “En el caso del artículo anterior si el contraventor fuere capturado para llevarlo inmediatamente ante el jefe de policía, los testigos, si los hubiere, deberán ser trasladados junto con el contraventor. El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza”.
De lo anterior se colige, que en el evento que un contraventor sea capturado para llevarlo ante el jefe de policía , existe la posibilidad que los testigos que hubiere sean trasladados junto con el contraventor. Es decir, no obstante que el testigo no es el contraventor puede ser trasladado ante el jefe de policía de la misma forma que el contraventor, o sea a través de la fuerza. Téngase presente que el testigo no es el autor material ni intelectual de la contravención, ni es el cómplice en ninguna de sus formas , ni frente a él se está en presencia de flagrancia o cuasiflagrancia; es simplemente un testigo de la contravención sin tener participación alguna en su acaecimiento. No obstante, el inciso demandado permite que sea capturado y llevado a la fuerza ante el jefe de policía.
Así las cosas, examinada la disposición contenida en el inciso primero del artículo demandado, esta Corte encuentra que la frase demandada está ligada al resto del inciso que regula el traslado del contraventor capturado en flagrancia, por tal razón se procederá a integrar la unidad normativa, con la totalidad del inciso primero del artículo 70 del Código Nacional de Policía.
Ahora bien, la libertad como derecho fundamental es la cláusula general protegida por la Constitución, no obstante su límite solo puede ser efectuado por intermedio de orden judicial, situación no contemplada en la frase acusada, sino que por el contrario se deja al arbitrio de una autoridad administrativa, en este caso las autoridades de policía, la conducción a la fuerza de los testigos que hayan presenciado una contravención. Esta situación constata una privación de la libertad violatoria del artículo 28 Constitucional, por cuanto se quebranta el principio de reserva judicial como límite de la libertad personal.
Lo anterior, no significa que el testigo de la ocurrencia de una contravención no tenga el deber de declarar cuando se le cite para ello y que también puede hacerlo inmediatamente después de ocurridos los hechos , si lo quiere. Así entonces, una cosa es que el testigo asista voluntariamente a una citación pero sin ser privado de la libertad. La regla general es la citación de los testigos. Si el testigo citado no asiste puede justificar su no asistencia, existiendo la posibilidad de que sea conducido cuando no medie justificación o haya sido renuente, esto siempre que medie la orden de un juez.
En conclusión, en primer lugar, esta Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza” contenida en el artículo 70 del Decreto Ley 1355 de 1970 por ser violatoria del artículo 28 constitucional. En segundo lugar, esta corporación habrá de estarse a lo resuelto en la sentencia C-024 de 1994 con relación a la expresión “El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado” contenida en el artículo 70 del Decreto Ley 1355 de 1970. Lo anterior, por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada constitucional , en los términos señalados por el artículo 243 de la Constitución Política.
1. Declarar INEXEQUIBLE , el inciso primero del artículo 70 del Decreto – Ley 1355 de 1970 , por los cargos analizados.
2. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-024 de 1994, en relación con expresión “El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado” contenida en el artículo 70 del Decreto – Ley 1355 de 1970.
(1) Sentencia C-774 de 2001, Corte Constitucional.
(2) Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de diciembre de 1948, artículo 12; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 9º; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7º; y la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, artículo 5º.
(3) Artículo 16 de la Declaración de Derechos del hombre “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”.
(4) Sentencia C-403 de 1997 Corte Constitucional.

References: ARTÍCULO 70
 ARTÍCULO 70
 artículo 70
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 70
 Artículo 70
 artículo 71
 artículo 28
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 artículo 28
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 28
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 28
 artículo 33
 artículo 70
 artículo 28
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 artículo 70
 artículo 28
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 artículo 70
 artículo 28
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 artículo 70
 artículo 243
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 5
 Artículo 16