Source: http://guidetobusinessinspain.com/establecimiento-en-espana/
Timestamp: 2018-05-26 13:22:36+00:00

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En este Capítulo se describen los aspectos básicos de las principales fórmulas para invertir en España, así como los trámites esenciales que el inversor extranjero debe cumplir tanto para constituir como para poner en funcionamiento cada una de las mismas.
Establecer una empresa en España es sencillo. Los tipos de empresas se encuentran en línea con las existentes en los países OCDE y existe además una amplia gama de posibilidades, capaces de responder a las necesidades de los diferentes tipos de inversores que deseen invertir en España o desde España.
Asimismo, en este Capítulo se analiza la apertura de una sucursal; el desarrollo de la actividad directamente por el empresario persona física a través de la figura del “emprendedor de responsabilidad limitada”; la formación de una joint venture con otro u otros empresarios ya establecidos; la adquisición de bienes inmuebles; la compraventa de negocios; la inversión en entidades de capital-riesgo y los acuerdos de distribución, agencia, comisión y franquicia.
Este Capítulo analiza, desde un punto de vista muy práctico, las principales alternativas existentes en España a disposición del inversor extranjero para establecerse, así como los principales pasos, costes y obligaciones legales para su realización.
En cuanto a las formas de hacer negocios o establecerse en España, se analizan diversas alternativas: constitución de una sociedad; apertura de una sucursal, desarrollo de la actividad directamente por el empresario persona física, entre cuyas posibles alternativas esta Guía destaca en especial la figura del “emprendedor de responsabilidad limitada”; formación de una joint venture con otro u otros empresarios ya establecidos, adquisición de bienes inmuebles; compraventa de negocios; inversión en entidades de capital-riesgo; o acuerdos de distribución, agencia, comisión o franquicia.
Se detallan en este Capítulo los pasos requeridos para llevar a cabo los siguientes tipos de inversiones:
Constitución de una sociedad – anónima o de responsabilidad limitada – y apertura de una sucursal en España (apartado 4 y apartado 6).
Desarrollo de la actividad directamente por el empresario persona física través de la figura del “emprendedor de responsabilidad limitada” (apartado 5).
Adquisición de acciones/participaciones de una sociedad española ya existente (apartado 8.1).
Adquisición de bienes inmuebles situados en España(apartado 8.2).
Adquisición de negocios, mediante la compraventa o cesión global de activos y pasivos (apartado 8.3).
Inversión en entidades de capital-riesgo (apartado 8.4).
Por último, este Capítulo contiene un epígrafe final relativo a la resolución de disputas en España, ya sea a través de procedimientos judiciales o del arbitraje, una alternativa real y eficaz para la resolución de conflictos.
2. Diferentes formas de operar en España
Una vez que el inversor extranjero ha decidido operar o invertir en España, existen varias alternativas.
FORMAS DE OPERAR EN ESPAÑA
Constitución de sociedad española con personalidad jurídica propia
El inversor extranjero tiene a su disposición varios tipos de entidades mercantiles para invertir en España previstos por la legislación española. Las formas societarias más utilizadas son la sociedad anónima (S.A.) y, principalmente, la sociedad de responsabilidad limitada (S.L.).
Desarrollo de la actividad directamente por persona física en caso de cumplir con determinados requisitos.
Sucursal o establecimiento permanente
Ambas figuras carecen de personalidad jurídica propia por lo que su actividad y su responsabilidad jurídica siempre irán directamente vinculadas a la sociedad matriz del inversor extranjero.
Asociaciones con otros empresarios ya establecidos en España. Permiten compartir los riesgos y combinar recursos y experiencia.
En el ordenamiento español se pueden distinguir diferentes formas de joint venture que se desarrollan en el presente Capítulo:
Agrupación de Interés Económico (A.I.E.) y Agrupación Europea de Interés Económico (A.E.I.E.).
Unión Temporal de Empresas (U.T.E.).
Celebración con uno o más empresarios españoles de una forma de colaboración propia del sistema jurídico español: “la cuenta en participación”.
Joint ventures a través de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.
Sin constituir una entidad o asociarse con otras entidades ya existentes o sin establecer físicamente un centro de operaciones en España
Las diversas alternativas en este sentido son las siguientes:
Celebración de un acuerdo de distribución.
Adquisiación de bienes inmuebles situados en España o adquisición de negocios.
Inversión en entidades de capital-riesgo.
Cada una de estas alternativas comerciales ofrece diversas ventajas que deben ser contrastadas, tanto desde el punto de vista legal como fiscal, con sus posibles inconvenientes.
3. Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) y Número de Identidad de Extranjeros (N.I.E.)
La normativa de aplicación española establece en la actualidad que todas aquellas personas físicas o jurídicas con intereses económicos o profesionales en España o con una implicación relevante a efectos fiscales deberán dotarse de un N.I.F. (para el caso de personas jurídicas) o N.I.E. (personas físicas). En concreto, y entre otros casos, deberá solicitarse el N.I.F./N.I.E. siempre y cuando un inversor extranjero realice una inversión directa en España o nos encontremos ante un socio o administrador de una entidad residente en España o de un establecimiento permanente situado en España de una entidad extranjera.
El siguiente cuadro muestra de forma esquemática la documentación y pasos para la solicitud (i) del N.I.E. para aquellas personas físicas que vayan a ser socios o administradores de sociedades residentes en España o emprendedores de responsabilidad limitada, (ii) del N.I.F. para aquellas personas jurídicas que vayan a ser socios o administradores de sociedades residentes en España y (iii) del N.I.F. provisional y definitivo de la sociedad residente en España que se va a constituir.
3.1. N.I.E. para aquellas personas físicas que vayan a ser socios o administradores de sociedades residentes en España o emprendedores de responsabilidad limitada.
N.I.E. (PARA PERSONAS FÍSICAS)
PAÍS DONDE SE SOLICITA
PLAZO DE RESOLUCIÓN
Dirección General de Policía y de la Guardia Civil u Oficinas de Extranjería o comisarías de policía.
Modelo oficial (EX15) por duplicado 1.
Original y copia del pasaporte completo del solicitante, título de viaje o cédula de inscripción o documento de identidad si es ciudadano de la Unión Europea.
Si se solicita a través de representante: (i) copia del pasaportedel solicitante legitimado ante notario y legalizado y, en su caso, apostillado; (ii) acreditación de que tiene poder suficiente en su caso debidamente traducido (traducción jurada) y legalizado y/o apostillado.
(modelo 790 2).
5 días
Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a través de las Oficinas Consulares de España en el exterior.
3.2. N.I.F. para aquellas personas jurídicas que vayan a ser socios o administradores de sociedades residentes en España
N.I.F. (SOCIEDAD EXTRANJERA QUE SERÁ SOCIO / ADMINISTRADOR DE SOCIEDAD ESPAÑOLA)
Agencia Estatal de Administración Tributaria o telemáticamente.
Certificado o Extracto del Registro Mercantil del domicilio de residencia de la sociedad, apostillado y traducción jurada del mismo, donde aparezca necesariamente la denominación, domicilio, fecha de constitución, capital social y representante/s.
Modelo 036 3 (declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, casilla 120), que debe estar firmado por el representante legal que figure en el certificado mencionado anteriormente o apoderado de la compañía. Si el representante legal no fuera español y no tuviera N.I.E. la Agencia Tributaria le asignará un N.I.E. instrumental, válido únicamente para esta gestión.
Fotocopia del DNI o NIE y pasaporte (copia de la primera página donde figura la firma) del firmante del modelo 036 y/o del representante legal.
Si el representante legal o el firmante tuviera N.I.E. pero no estuviera censado en la Agencia Tributaria, habría que censarlo a través del modelo 030.
Asignación del N.I.F. el mismo día y envío de tarjeta identificativa del N.I.F. en un plazo de 10 días hábiles.
Nota: Los documentos de otros países (tales como poderes de representación para comparecer ante las autoridades y solicitar los N.I.F./N.I.E.) deben estar traducidos al castellano o lengua cooficial de la Comunidad Autónoma 4 donde se presente la solicitud. Asimismo, todo documento público no español deberá ser previamente legalizado por la Oficina Consular de España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho documento y por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación salvo en el caso en que dicho documento haya sido apostillado por la autoridad competente del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961
3.3. N.I.F. provisional y definitivo de la sociedad residente en España que se va a constituir
N.I.F. PROVISIONAL (ANTERIOR A LA CONSTITUCIÓN)
Modelo 036 5 (declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, casilla 110), firmado por un representante de la sociedad con N.I.E. o D.N.I español 6.
Copia del N.I.E. o documento nacional de identidad español del firmante.
Certificación negativa de denominación del Registro Mercantil Central.
Acuerdo de voluntad de constitución de sociedad 7.
El notario autorizante de la escritura de constitución le solicita telemáticamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la asignación provisional del N.I.F. Es necesario que los socios y administradores tengan N.I.E. o D.N.I español.
N.I.F. DEFINITIVO (POSTERIOR A LA CONSTITUCIÓN)
Modelo 036 (declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, casilla 120), que debe estar firmado por un representante de la sociedad con N.I.E. o documento nacional de identidad español.
Original y fotocopia del documento que acredite la capacidad de representación de quien firma el modelo 036.
Copia del N.I.E. o documento nacional de identidad español del firmante.
Original y copia de la escritura de constitución en la que conste impreso el sello de la inscripción registral.
10 días hábiles
Una vez inscrita la sociedad, el encargado del Registro Mercantil remitirá telemáticamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la inscripción de la sociedad, y ésta última notificará al notario y al Registrador el carácter definitivo del N.I.F.
Nota: Los documentos de otros países (tales como poderes de representación para comparecer ante las autoridades y solicitar los N.I.F./N.I.E.) deben estar traducidos al castellano o lengua cooficial de la Comunidad Autónoma 8 donde se presente la solicitud. Asimismo, todo documento público no español deberá ser previamente legalizado por la Oficina consular de España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho documento y por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación salvo en el caso en que dicho documento haya sido apostillado por la autoridad competente del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961
Tanto el N.I.F. provisional como el definitivo para sociedades residentes en España, a diferencia del N.I.F. para personas físicas o jurídicas extranjeras que vayan a ser socios o administradores de sociedades residentes en España, sólo pueden solicitarse en España, directamente por el solicitante o mediante representante, siendo su obtención gratuita.
4. Constitución de una sociedad
Las formas societarias más comunes previstas por la legislación mercantil española son la sociedad anónima (S.A.) y la sociedad de responsabilidad limitada (S.L.) (ver Anexo I, apartado 2 para el estudio de otras formas societarias).
A continuación se recogen las principales diferencias entre las Sociedades Anónimas y las Sociedades de Responsabilidad Limitada.
DIFERENCIAS ENTRE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADAS
3.000 Euros 9.
Son valores mobiliarios. Se pueden emitir obligaciones y otros valores que reconozcan o creen una deuda, incluso obligaciones convertibles en acciones.
No son valores mobiliarios. Se pueden emitir obligaciones y otros valores que reconozcan o creen una deuda.
Transmisión de acciones/ participaciones sociales
Generalmente las participaciones no serán libremente transmisibles (a menos que sean adquiridas por otros socios, ascendientes, descendientes o compañías del mismo grupo). Así, salvo previsión estatutaria en contrario, la Ley prevé un derecho de adquisición preferente a favor de los restantes socios o de la sociedad misma en caso de transmisión de las participaciones sociales a persona distinta de las señaladas.
Rigen los estatutos sociales. En su defecto en el término municipal del domicilio social.
Se establecen distintas mayorías según el contenido de los acuerdos, que podrán ser elevados por los estatutos.
Las emisiones de obligaciones pueden utilizarse como medio para la recaudación de fondos. Se pueden emitir o garantizar obligaciones convertibles en acciones.
Las emisiones de obligaciones puedan utilizarse como medio para la recaudación de fondos., si bien el importe total de las emisiones no podró ser superior al doble de los recursos propios de la sociedad, salvo que la emisión está garantizada con hipoteca, con prenda de valores, con garantía pública o con un aval solidario de entidad de crédito.
A este respecto, cualquier ciudadano o persona jurídica extranjera puede ser socio libremente de una sociedad española siempre que solicite el NIE o NIF correspondiente en los términos indicados en el presente Capítulo.
Asimismo, cualquier ciudadano o persona jurídica extranjera puede ser también administrador de una sociedad española, con la misma exigencia de solicitar el NIE o NIF 10 y, en caso de tener participaciones en dicha sociedad que le confieran el control efectivo de la misma y/o percibir una remuneración como contraprestación por sus servicios como administrador, estar además dados de alta en la Seguridad Social 11 y, por tanto, ser residentes legales en España.
4.1. Trámites legales
Los trámites ordinarios de constitución y los gastos en que se incurre son similares en ambos tipos sociales y se detallan en el siguiente cuadro.
TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL
APLICABLE A CUALQUIER TIPO DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y SOCIEDADES ANÓNIMAS
Solicitud al Registro Mercantil Central por el propio interesado o su autorizado (pudiendo incluirse hasta 5 denominaciones sociales alternativas) 12. El Registro Mercantil Central emitirá un certificado de reserva de denominación para la nueva sociedad. La reserva de denominación tiene una duración de seis meses contados desde la fecha de expedición.
2. Solicitud de N.I.F. Provisional
Ver apartado 3.3 anterior.
3. Apertura cuenta bancaria
Apertura de una cuenta bancaria a nombre de la entidad para el desembolso del capital social. Una vez realizados los desembolsos por los socios fundadores, la entidad bancaria deberá emitir los certificados de desembolso.
4. Acta de manifestaciones de titularidad real
Los socios fundadores deberán otorgar ante notario un acta de manifestaciones de titular real en cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril 13.
5. Otorgamiento de escritura ante notario
Ante notario público, los socios constituyentes otorgarán escritura pública indicando e incluyendo:
Acreditación de la identidad de los socios fundadores. Si alguno de los socios es representado en el acto de la constitución será necesario aportar al notario un poder notarial para representar a dicho socio. En caso de haberse otorgado en el extranjero, debe estar debidamente legalizado 14.
Manifestación sobre el titular real (ver requisito 4º anterior).
Justificación de la aportación y del medio de pago de la misma (en su caso), mediante la correspondiente documentación bancaria, así como el detalle del capital social y su suscripción por los accionistas (ver requisito 3º anterior) 15.
Certificación negativa de denominación social para el uso del nombre emitido por el Registro Mercantil (ver requisito 1º anterior).
Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada, la escritura de constitución determinará el modo concreto en que inicialmente se organice la administración, si los estatutos prevén diferentes alternativas.
Identificación y aceptación de los administradores de la sociedad.
Declaración a posteriori de la inversión extranjera ante el Registro de Inversiones Extranjeras de la Dirección General de Comercio e Inversiones (“D.G.C.I.“) del Ministerio de Economóa, Industria y Competitividad (véase el apartado 8 del Capítulo 1 para información más detallada). En ciertos casos, limitados fundamentalmente a los supuestos de inversiones extranjeras procedentes de territorios o países considerados paraísos fiscales, habrá que realizar declaración previa (véase el apartado 8 del Capítulo 1 para información más detallada).
Identificación de código de actividad económica que describa la actividad conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
La escritura deberá otorgarse dentro de los tres meses siguientes a la emisión de la certificación negativa de denominación expedida por el Registro Mercantil Central.
6. Solicitud de inscripción en el Registro Mercantil del domicilio social.
La escritura de constitución se remitirá (i) en forma telemática por el notario o (ii) de forma presencial por el interesado.
7. Plazo de calificación e inscripción Registro Mercantil.
Quince (15) días a contar desde la fecha del asiento de presentación de la escritura salvo que concurriese justa causa, en cuyo caso, el plazo será de treinta (30) días.
8. Obtención N.I.F. Definitivo.
9. Trámites censales a efectos fiscales y laborales.
Alta a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas: presentación del Modelo 036. Las sociedades que se constituyan indicarán la descripción de la actividad que van a desarrollar y el motivo por el que estén exentas de este impuesto.
Entre otros casos, existen las siguientes exenciones en este impuesto:
Las personas físicas están exentas en todo caso.
Las personas jurídicas durante los dos primeros años de ejercicio de actividades.
Las personas jurídicas cuyo importe neto de cifra de negocios sea inferior a un millón de euros.
También están exentas las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico y asistencial.
Los sujetos pasivos a los que les sea aplicable la exención en virtud de Tratados o Convenios Internacionales.
Este trámite debe realizarse antes de que la compañía inicie sus actividades.
Alta a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.).
Obtención de la licencia de apertura/funcionamiento o título habilitante suficiente para el ejercicio de la actividad ante el Ayuntamiento correspondiente 16.
A efectos laborales, ver apartado 10 del Capitulo 5.
La constitución de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada mediante el procedimiento ordinario, por regla general, se realiza en un plazo de entre 6 y 8 semanas.
Para aspectos relativos a trámites y autorizaciones en materia laboral y de permisos laborales (ver capítulo 5)
Para más información, consultar en www.investinspain.org.
Adicionalmente, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización (la “Ley de Emprendedores”) prevé un régimen expreso para la constitución telemática de sociedades de responsabilidad limitada, con y sin estatutos tipo en formato estandarizado, cuyo contenido se desarrolla reglamentariamente por el Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo (por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva) y por la Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre (por la que se aprueba el modelo de escritura pública en formato estandarizado y campos codificados de las sociedades de responsabilidad limitada, así como la relación de actividades que pueden formar parte del objeto social 17). Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo dispuesto en la citada Ley de Emprendedores, constará de los siguientes pasos:
Cuadro 8A
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON ESTATUTOS TIPO
En los Puntos de Atención al Emprendedor (“PAE”):
1.1. Se cumplimentará el Documento Único Electrónico (“DUE”) y se iniciará la tramitación telemática.
1.2. Se solicitará la reserva de denominación (hasta 5 denominaciones alternativas) al Registro Mercantil Central, que expedirá el certificado dentro de las 6 horas hábiles siguientes.
1.3. Se concertará inmediatamente fecha de otorgamiento de escritura de constitución mediante la comunicación en tiempo real con la agenda electrónica notarial obteniéndose los datos de la notaría, fecha y hora del otorgamiento que será dentro de las 12 horas hábiles siguientes al inicio de la solicitud.
2.1. Autorizará la escritura de constitución aportándole el documento justificativo del desembolso del capital social 18.
2.2. Enviará de forma inmediata copia de la escritura a la Administración Tributaria solicitando asignación de un N.I.F. provisional a través del sistema de tramitación telemática denominado Centro de Información y Red de Creación de Empresas (“CIRCE”).
2.3 Remitirá copia autorizada de la escritura de constitución al Registro Mercantil correspondiente al domicilio social a través del sistema de tramitación telemática CIRCE.
2.4. Entregará copia simple electrónica de la escritura de constitución a los otorgantes sin coste adicional, la cual estará disponible en el PAE.
El Registrador Mercantil, cuando reciba a través de CIRCE: (a) copia electrónica de la escritura de constitución junto con el N.I.F. provisional asignado y (b) acreditación de la exención del ITPAJD (Impuesto de ´Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados):
3.1. Calificará e inscribirá en el plazo de 6 horas hábiles.
3.2. Remitirá certificación de la inscripción al CIRCE el mismo día de la inscripción.
3.3. Solicitará el N.I.F. definitivo.
La autoridad tributaria:
4.1. Notificará el carácter definitivo del N.I.F. a través de CIRCE.
4.2. Dará traslado del N.I.F. a través del CIRCE.
Desde el PAE se realizarán los trámites relativos al inicio de la actividad mediante el envío de la información contenida en el DUE a:
5.1. La Agencia Tributaria.
5.2. La Tesorería General de la Seguridad Social.
5.3. En su caso, a las administraciones locales y autonómicas.
Cuadro 8B
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SIN ESTATUTOS TIPO
En los Puntos de Atención al Emprendedor (“PAE”) los socios fundadores podrán:
• Solicitar la reserva de denominación.
• Concertar la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución.
2.1. Autorizará la escritura de constitución aportándole el documento justificativo del desembolso del capital social 19.
2.4. Entregará copia simple electrónica de la escritura de constitución a los otorgantes sin coste adicional.
El Registrador Mercantil, recibida la copia electrónica de la escritura de constitución, inscribirá inicialmente a la sociedad en el Registro Mercantil en el plazo de 6 horas hábiles, indicando exclusivamente los datos relativos a: (i) denominación, (ii) domicilio, (iii) objeto social, (iv) capital social y (v) órgano de administración.
La inscripción definitiva se producirá dentro del plazo de calificación ordinario.
Practicada la inscripción, el Registrador Mercantil notificará telemáticamente a la autoridad tributaria competente la inscripción de la sociedad, solicitando el N.I.F. definitivo
4.2. Dará traslado del N.I.F. a través del CIRCE
Nota: cuando los socios fundadores opten por la constitución de una S.L. sin estatutos tipo, la tramitación de la constitución se podrá realizar utilizando el DUE y el sistema de tramitación electrónica CIRCE.
A estos efectos es importante señalar que conforme a la Ley de Emprendedores:
Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) son oficinas pertenecientes a organismos públicos y privados, incluidas las notarías, que se encargarán de facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de información, tramitación y de documentación y asesoramiento.
El Documento Único Electrónico (“DUE”) es el documento en el que se incluyen los datos que deban remitirse a los registros jurídicos y a las administraciones públicas competentes para:
— La constitución de sociedades de responsabilidad limitada.
— La inscripción en el Registro Mercantil del Emprendedor de Responsabilidad Limitada.
— El cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de seguridad social al inicio de la actividad.
— La realización de cualquier otro trámite al inicio de la actividad ante autoridades estatales, autonómicas y locales.
La constitución telemática de sociedades de responsabilidad limitada, por regla general, se realiza en un plazo de 15 días hábiles, aproximadamente.
4.2. Legalización telemática de libros
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Emprendedores y en la Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre Legalización de Libros de los Empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las disposiciones legales aplicables se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio.
En relación con los libros societarios de llevanza obligatoria, cabe destacar lo siguiente:
Todas las actas de reuniones de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles, incluyendo las decisiones adoptadas por el socio único, deberán reflejarse en soporte electrónico y ser presentados de forma telemática para su legalización dentro de los cuatro (4) meses siguientes al cierre del ejercicio social.
Dicho libro podrá ser único para las actas de todos los órganos colegiados de la sociedad, o también un libro para cada uno de los órganos colegiados.
En cada libro deberá constas la fecha de apertura y cierre del ejercicio.
En cualquier momento del ejercicio social se podrán legalizar libros de detalles de actas con actas del ejercicio corriente a efectos probatorios o de cualquier otra naturaleza y sin perjuicio de que en el libro de actas de todo el ejercicio se incluyan de formar obligatoria todas las actas.
Libro registro de socios (S.L.) o libro registro de acciones nominativas (S.A. con acciones nominativas):
Una vez inscrita la sociedad en el Registro Mercantil, se deberá legalizar un libro en el que conste la titularidad inicial de los fundadores y, una vez legalizado este libro inicial, sólo será obligatoria la legalización de un nuevo libro en los cuatros meses siguientes a la finalización del ejercicio en el que se haya producido cualquier alteración en la titularidad inicial o sucesiva de las participaciones o acciones o se hubieran constituido gravámenes sobre las mismas.
En dichos libros deberá constar la identidad completa de los titulares, su nacionalidad y domicilios. La omisión de la constancia de la nacionalidad o del domicilio no impedirá la legalización del libro de que se trate, pero en la nota de legalización se dejará constancia de dicha omisión.
Libro de contratos con el socio / accionista único de la sociedad: serán de aplicación las mismas reglas que para el libro registro de socios / libro registro de acciones nominativas.
Es posible legalizar cualquiera de los anteriores libros de un ejercicio determinado sin que lo estén los de ejercicios inmediatamente anteriores.
4.3. Aranceles y costes
Arancel del notario por su intervención en la constitución:
Con carácter general, para sociedades anónimas y sociedades limitadas constituidas por el régimen ordinario, el arancel se aplica de acuerdo con una escala en función del importe de capital. A efectos orientativos, el arancel asciende a 90 euros aproximadamente para los primeros 6.010 euros, aplicándose luego unos tipos que oscilan entre el 0,45% y el 0,03% a la cantidad que exceda de 6.010.121 euros hasta 601.012,10 euros. Por lo que excede de 6.010.121,10 euros el notario recibirá la cantidad que libremente acuerde con las partes otorgantes.
Para sociedades de responsabilidad limitada constituidas por vía telemática cuyo capital exceda de 3.100 euros o cuyos estatutos sociales no se adapten a algunos de los aprobados por el Ministerio de Justicia, el arancel será de 150 euros.
Para sociedades de responsabilidad limitada constituidas por vía telemática cuyo capital no exceda de 3.100 euros y sus estatutos se adapten a algunos de los aprobados por el Ministerio de Justicia, el arancel será de 60 euros.
Arancel por el registro de la sociedad en el Registro Mercantil:
Con carácter general, para sociedades anónimas y sociedades limitadas constituidas por el régimen ordinario, existe una escala oficial que oscila entre 6,01 euros para los primeros 3.005 euros, aplicándose luego unos tipos que varían desde el 0,10% hasta el 0,005% para capitales superiores a los 6.010.121 euros. En todo caso, el arancel global aplicable no podrá superar los 2.181 euros.
Para sociedades de responsabilidad limitada constituidas por vía telemática cuyo capital exceda de 3.100 euros o cuyos estatutos sociales no se adapten a algunos de los aprobados por el Ministerio de Justicia, el arancel será de 100 euros.
Para sociedades de responsabilidad limitada constituidas por vía telemática cuyo capital no exceda de 3.100 euros y sus estatutos se adapten a algunos de los aprobados por el Ministerio de Justicia, el arancel será de 40 euros.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de “Operaciones Societarias”, exento conforme al Real Decreto-Ley 3/2010 (ver Capítulo 3) 20.
Tasas correspondientes a la tramitación de la licencia de apertura/ funcionamiento o declaración responsable ante la Administración municipal. Es un tributo municipal que se paga una sola vez y generalmente de cuantía relativamente baja 21.
Otros gastos (por ejemplo, honorarios profesionales) de difícil cuantificación.
5. Emprendedor de responsabilidad limitada
La Ley de Emprendedores creó la figura del “Emprendedor de responsabilidad limitada” (ERL) cuyas notas características se indican a continuación.
EMPRENDEDORES CON RESPONSABILIDAD LIMITADA
El ERL, cualquiera que sea su actividad empresarial o profesional, mediante la asunción de dicha condición, podrá limitar su responsabilidad por las deudas que traigan causa del ejercicio de dicha actividad de modo que ésta no afecte a su vivienda habitual bajo determinadas condiciones. Se exceptúa de la limitación de responsabilidad a la deuda de derecho público de que resulte titular el ERL para cuya gestión recaudatoria resulte de aplicación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el Real Decreto-legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Inscripción de la condición de ERL en el Registro Mercantil de su domicilio.
Será título para inmatricular al ERL el acta notarial que presentará obligatoriamente el notario en el Registro Mercantil el mismo día o el día hábil siguiente a su autorización, o la instancia suscrita con la firma electrónica del empresario y remitida telemáticamente al Registro Mercantil.
Valor de la vivienda habitual para que la responsabilidad por deudas empresariales o profesionales no alcance a dicho bien 22:
No superior a 300.000 € (valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible del ITPAJD en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil).
En caso de viviendas en poblaciones de más de 1.000.000 de habitantes, se aplicará un coeficiente del 1,5 al valor del apartado (a) anterior.
Publicidad de su condición de ERL.
Lo hará constar en toda documentación con expresión de los datos registrales.
Inscripción en el Registro de la Propiedad.
Inscripción en el Registro de la Propiedad de la no sujeción de la vivienda habitual a su actividad profesional. El Registrador Mercantil expedirá certificación y la remitirá telemáticamente al Registrador de la Propiedad el mismo día hábil de la inscripción de la condición de ERL en el Registro Mercantil correspondiente.
La Ley de Emprendedores prevé la realización de los trámites necesarios para la inscripción del ERL a través del sistema telemático CIRCE y el DOU. En ese caso, el procedimiento sería:
INSCRIPCIÓN DEL ERL
En los Puntos de Atención al Emprendedor (“PAE”) se cumplimentará el Documento Único Electrónico (“DUE”) y se aportará la documentación necesaria para la inscripción en el Registro Mercantil, así como en el Registro de la Propiedad
2.1. El PAE enviará el DUE junto con la documentación correspondiente al Registro Mercantil, solicitando la inscripción del ERL.
2.2. El Registro Mercantil contará con 6 horas hábiles para practicar el asiento y remitir telemáticamente al sistema CIRCE la certificación de la inscripción practicada.
El Registrador Mercantil solicitará al Registro de la Propiedad la inscripción de la circunstancia respecto de los bienes inembargables por deudas profesionales, con respecto a la vivienda habitual del ER.
El Registrador de la Propiedad practicará la inscripción en el plazo de 6 horas hábiles desde la recepción de la solicitud, e informará inmediatamente de la inscripción practicada al sistema de tramitación telemática del CIRCE, que lo trasladará a la autoridad tributaria competente.
En todo momento el emprendedor podrá conocer, a través del PAE en que haya iniciado la tramitación, el estado de la misma.
En relación con esta forma de inversión cabe destacar el reciente Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, en virtud del cual, entre otras reformas, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores personas físicas en el marco de un procedimiento concursal consistente en la exoneración automática de sus deudas pendientes cuando.
El deudor sea de buena fe; y
Se liquide previamente su patrimonio (o se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa); y
El deudor haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y, si no se ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25% de los créditos ordinarios; o
Cuando no se hayan satisfecho los créditos indicados en el apartado (iii), si el deudor acepta someterse a un plan de pagos de 5 años (en este caso quedará liberado de todos sus créditos salvo los públicos, por alimentos, contra la masa y privilegiados).
6. Apertura de sucursal
En términos generales, los requisitos, trámites formales y costes relacionados con la apertura de una sucursal en España de una sociedad extranjera son muy similares a los de la constitución de una filial (como sociedad). Se resumen a continuación los pasos legales y los costes más importantes, destacando las diferencias principales respecto a la constitución de una filial.
6.1. Trámites legales y costes
TRÁMITES LEGALES Y COSTES
1. Certificación negativa de denominación
Sigue los mismos procedimientos que en el caso de una sociedad.
2. Obtención del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) y nombramiento de representante de la sociedad matriz ante Administración tributaria española
Nombramiento de una persona física o jurídica con residencia en España para que represente a la sociedad matriz ante la Administración tributaria española en relación con sus obligaciones por cualquier impuesto.
3. Acta de manifestaciones de titularidad real
4. Otorgamiento de escritura pública deapertura de sucursal ante notario español
Este trámite consiste en formalizar públicamente ante notario el acuerdo de apertura de la sucursal adoptado previamente por el órgano competente de la sociedad matriz extranjera.
El notario pedirá (i) documentación similar a la que se requiere en el caso de una filial (es decir, evidencia de la identidad de la persona que comparece ante él, poder para representar a la sociedad matriz, declaración del titular real, justificación del pago y del medio de aportación, si procede), (ii) prueba suficiente (y, en su caso, traducida, legalizada y/o apostillada) de la existencia de la sociedad matriz, sus estatutos y los nombres y datos personales de sus administradores, (iii) así como la resolución de constituir la sucursal, adoptada por el órgano competente de la sociedad matriz.
En la escritura podrá incluirse la declaración a posteriori de la inversión extranjera ante el Registro de Inversiones Extranjeras de la Dirección General de Comercio e Inversiones (“D.G.C.I.”) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. En algunos casos, al igual que en las filiales, habrá que realizar declaración previa (véase el apartado 8 del Capítulo 1).
5. Solicitud de inscripción en el Registro Mercantil
6. Trámites censales
Alta de la sucursal a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas: sigue los mismos procedimientos que en el caso de una sociedad.
Alta de la sucursal a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido: sigue los mismos procedimientos que en el caso de una sociedad.
Pago de las tasas correspondientes a la tramitación de la licencia de apertura funcionamiento o declaración responsable: sigue los mismos procedimientos que en el caso de una sociedad 23.
Alta en la Seguridad Social (ver apartado 13 del Capítulo 5, para información más detallada)
La constitución de una sucursal, por regla general, se realiza en un plazo de entre 6 y 8 semanas.
6.2. Sucursal frente a filial
Se resumen a continuación las principales diferencias existentes y a tener en cuenta entre una sucursal y una filial desde el punto de vista legal y fiscal.
SUCURSAL FRENTE A FILIAL
No requiere ninguna asignación mínima.
S.A. 60.000 €.
S.L. 3.000 € 24.
Personalidad jurídica
No tiene personalidad jurídica propia sino que es la misma persona jurídica que la sociedad matriz.
Órgano de administración y gobierno
Representante residente en España (quien actúa como apoderado de la sucursal en representación de la sociedad matriz a todos los efectos y, en particular, a efectos fiscales 25).
Junta General y órgano de administración.
Responsabilidad accionistas/socios
No existe límite a la responsabilidad de la sociedad matriz.
La responsabilidad de los accionistas/socios de una S.A. o S.L. respecto de las deudas de la filial está limitada al importe de sus aportaciones de capital (salvo las excepciones analizadas en el Anexo I, apartado 3).
Desde el punto de vista fiscal, tanto la sucursal como la filial tributan, en términos generales, por el Impuesto sobre Sociedades (la filial) o por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (la sucursal) al 25% de su beneficio neto (tipo aplicable para ejercicios iniciados en 2016 en adelante).
Cabe destacar los siguientes aspectos en relación con la tributación de las filiales y las sucursales y de las rentas pagadas o repatriadas por las mismas:
La repatriación de los beneficios de una sucursal a su principal o el reparto de dividendos de una filial a su sociedad matriz tributarán en España dependiendo de la residencia de la matriz o principal.
Si no residen en un Estado miembro de la UE y además no residen en un país con el cual exista un convenio para evitar la doble imposición suscrito con España, se gravarán en España a un tipo del 19% a partir de 2016.
Si residen en un Estado miembro de la UE, la repatriación / reparto estarán normalmente exentos de tributación. Si no pudiera aplicarse exención en el reparto de los dividendos, se aplicará el tipo reducido del correspondiente Convenio para evitar la doble imposición suscrito con España. Si no hay Convenio (lo que solo ocurre con Chipre) y además no aplica la exención, el tipo aplicable será el 19%.
Si residen en un país no perteneciente a la UE con el cual España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición, los dividendos tributarán al tipo reducido del convenio y la repatriación de los beneficios de la sucursal no tributará (según la mayoría de los convenios) en España.
Una sucursal constituye un establecimiento permanente a efectos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Sin embargo, no solo existe un establecimiento permanente cuando hay una sucursal. Para identificar si estamos o no ante un establecimiento permanente, hay que ponderar, en primer lugar, la existencia o no de un convenio de doble imposición con el país de residencia del interesado:
Si existe convenio entre el país de residencia del contribuyente y España, ha de estarse a la definición de establecimiento permanente que se contenga en ese convenio. En general, los convenios actualmente vigentes se adaptan a la definición contenida en el artículo 5 del Modelo de Convenio de la OCDE, el cual define el concepto de establecimiento permanente por dos vías.El primer tipo de establecimiento permanente es el lugar fijo de negocios. Se trata de un lugar mediante el que una empresa realiza toda o parte de su actividad. En general, existirá por tanto un lugar fijo de negocios si se cumplen los siguientes requisitos:
Utilización de una instalación, centro o emplazamiento desde el cual se desarrolla la actividad.
Fijeza o vinculación de las instalaciones a un lugar o espacio determinado, con cierto grado de permanencia temporal.
Necesidad de que la actividad sea productiva y contribuya al beneficio global de la empresa.
No será establecimiento permanente el lugar fijo de negocios desde el que se realicen determinadas actividades auxiliares o preparatorias, listadas en los propios convenios.
Si no existe convenio de doble imposición aplicable, ha de estarse a la delimitación que de establecimiento permanente esté contenida en la legislación interna española. En este sentido, el artículo 13.1.a del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes se adapta en gran medida al concepto de establecimiento permanente indicado según el Modelo de Convenio de la OCDE.
La Dirección General de Tributos viene interpretando en diversas consultas que los Regímenes Especiales regulados en el Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades son de aplicación a los establecimientos permanentes localizados en España pertenecientes a entidades no residentes, entre otros el régimen especial aplicable a las entidades de reducida dimensión (para más información sobre los regímenes especiales ver el Capítulo 3).
Participación en los gastos generales de la matriz. En la práctica, suele ser más fácil que estos gastos imputados (en su caso) se consideren deducibles en el caso de una sucursal que en el de una filial.
Los intereses de los préstamos concedidos por una casa matriz extranjera a su sucursal española no son, en principio, deducibles fiscalmente para la sucursal. En cambio, los intereses de préstamos concedidos por los accionistas de una filial normalmente son deducibles para la misma, siempre que la transacción sea valorada a precios de mercado y se cumplan ciertos requisitos, sometido a los límites para la deducibilidad establecidos en la normativa del Impuesto sobre Sociedades. El límite general es del 30% del EBITDA de la filial, existiendo algunas prohibiciones a la deducibilidad, por ejemplo, para casos en los que el endeudamiento se destine a la adquisición de participaciones de entidades a otras entidades del grupo —salvo que se haga por motivos económicos válidos—, o cuando los gastos financieros no generen un ingreso o generen un ingreso exento, o que tribute por menos de un 10% en el perceptor, con motivo de que ese ingreso no se califique como rendimiento financiero.
6.3. Cálculo del Impuesto sobre Sociedades español
Se detalla a continuación un ejemplo sencillo del cálculo del Impuesto sobre Sociedades español de una filial española y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes de una sucursal en España de una sociedad extranjera (para más información sobre estos impuestos ver el Capítulo 3, apartado 2.1. sobre el Sistema Fiscal).
CÁLCULO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
PAÍS UE 26
MATRIZ RESIDENTE EN PAÍS CON CONVENIO
MATRIZ RESIDENTE EN PAÍS SIN CONVENIO
Beneficio filial española
I.S. español (25%) 27
14,25 28
Impuesto total en España
Beneficio sucursal española
I.S. español (25%) 27
Beneficio repatriado
6.4. Oficinas de representación
Además de mediante una sociedad mercantil o una sucursal, entre otras opciones, el inversor extranjero puede operar en España a través de una oficina de representación.
Ante la ausencia de regulación específica de esta figura, una definición de la misma puede encontrarse en los convenios para evitar la doble imposición firmados por el Estado Español con terceros países: se entiende por oficina de representación aquel lugar fijo de negocios, establecido por una empresa no residente, que desarrolla funciones meramente publicitarias e informativas sobre cuestiones comerciales, financieras y económicas, sin llevar a cabo labores efectivas. Se regirán por convenios firmados con España o, en ausencia de convenios, por la legislación española y se considerará que la oficina de representación es un establecimiento permanente.
Esta forma de establecimiento en España permite obtener información de todo tipo que sirva de base para adoptar la decisión de invertir, sin tener que llevar a cabo demasiados trámites legales. De esta manera, constituyen el medio idóneo para realizar actividades de sondeo de mercado, estudiar el grado de competencia existente en el sector donde se proyecta realizar la inversión, realizar proyecciones financieras y previsión de beneficios derivados de dicha inversión o negociar la adquisición de empresas por la vía de compra de acciones o de activos y pasivos.
Entre sus rasgos más relevantes deben destacarse los siguientes:
La oficina de representación no tiene personalidad jurídica propia independiente de su casa matriz.
La sociedad no residente es responsable de las deudas contraídas por la oficina de representación en su totalidad.
No puede realizar operaciones comerciales por sí misma.
En general para su apertura no se requieren formalidades mercantiles, si bien a efectos principalmente fiscales, laborales y de seguridad social podría ser necesario el otorgamiento de una escritura pública (o documento otorgado ante notario público extranjero, debidamente legalizado con la Apostilla de la Haya o cualquier otro sistema de legalización que sea de aplicación) en la que se haga constar la apertura de la oficina de representación, la asignación de fondos, la identidad de su representante fiscal, persona física o jurídica residente en España, y sus facultades. La apertura de la oficina de representación no se inscribe en el Registro Mercantil.
No existen órganos formales de administración, sino que las actuaciones las lleva a cabo el representante de dicha oficina en virtud de las facultades que se le hayan conferido.
En cuanto a los aspectos laborales y fiscales principales de las oficinas de representación, véanse los epígrafes correspondientes del Capítulo 3 y Capítulo 5.
7. Otras formas de operar en España
7.1. Formas de cooperación empresarial
Una de las fórmulas más frecuentes de cooperación empresarial es la joint venture. El ordenamiento español no regula de forma expresa esta figura, por lo que estaríamos en presencia de un contrato atípico que encuentra su fundamento en el principio de autonomía de la voluntad previsto en el artículo 1.255 del Código Civil.
De conformidad con la legislación vigente las siguientes son las principales formas a través de las que se puede desarrollar una joint venture que permita realizar operaciones entre una o más partes:
A través de una Unión Temporal de Empresas (ver apartado 7.2.).
Como Agrupación de Interés Económico (ver apartado 7.3.).
A través de Cuentas en Participación (ver apartado 7.4.).
A través de la constitución de una sociedad (ver apartado 7.5.).
7.2. Uniones Temporales de Empresas (U.T.E.)
Concepto/Finalidad: De acuerdo con la legislación española, las U.T.E. son sistemas de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado, para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro. Las U.T.E. permiten a varios empresarios operar conjuntamente en un proyecto común. Esta forma de asociación es muy frecuente en grandes obras de ingeniería y construcción, lo que no implica que no pueda utilizarse en otros sectores empresariales.
Personalidad jurídica: Las U.T.E. no son sociedades propiamente dichas y carecen de personalidad jurídica propia.
Régimen fiscal de transparencia: Aunque no tienen personalidad jurídica, para optar al régimen fiscal de transparencia fiscal previsto para las U.T.E., su constitución se debe formalizar en escritura pública y deben registrarse en el Registro Especial de U.T.E. del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Deben a su vez cumplir con los correspondientes requisitos contables y de tenencia de libros, similares a los exigidos para las sociedades españolas. Además, se pueden inscribir en el Registro Mercantil. Los trámites para la formalización son similares a los de una sociedad o sucursal, con las especialidades de esta figura.
Regulación: Su regulación legal se contiene en la Ley 18/1982 sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional, modificada, entre otras, por la Ley 12/1991, Ley 43/1995 y la Ley 62/2003.
7.3. Agrupaciones de Interés Económico (A.I.E.)
Concepto/Finalidad: La constitución de A.I.E. tiene como finalidad facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios. Las A.I.E. no pueden actuar en nombre de sus miembros ni sustituirlos en sus operaciones. Por ello, se utilizan habitualmente para la prestación de servicios auxiliares como las compras o ventas centralizadas, la gestión centralizada de información o de servicios administrativos, etc., dentro del contexto de una asociación más amplia o de un grupo de sociedades.
Personalidad jurídica: Es importante remarcar que una de las principales diferencias entre las U.T.E. y las A.I.E. es que estas últimas sí son entidades mercantiles que cuentan con personalidad jurídica propia.
Requisitos de constitución: La legislación española establece determinados requisitos para la constitución de las A.I.E.:
Prohibición de interferir en las decisiones en materia de personal, financiera o de inversión por parte de sus socios, y prohibición de dirigir o controlar las actividades de sus socios.
Prohibición de poseer, directa o indirectamente, participaciones en sociedades que sean a su vez sus propios socios, salvo que la adquisición de acciones o participaciones sea necesaria para el logro de su objeto. En este caso, las acciones o participaciones deberán ser inmediatamente transferidas a sus miembros.
Deben formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil competente.
Responsabilidad de los socios: Los socios de la A.I.E. responderán personal y solidariamente entre sí por las deudas de aquélla. La responsabilidad de los socios es subsidiaria de la de la A.I.E. La obligación principal de los socios consiste en contribuir al capital de la A.I.E. en la forma acordada y participar en sus gastos.
Órganos de gobierno:
La asamblea de socios; y
Los administradores, quienes responden solidariamente de las obligaciones fiscales y de los daños causados a la agrupación, salvo que demuestren haber actuado con la diligencia debida.
Regulación: Fundamentalmente, la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico.
Agrupación Europea de Interés Económico (A.E.I.E.): Posee también personalidad jurídica, gozando de las características reguladas por el Reglamento Comunitario 2137/85, que contiene la normativa básica aplicable a las A.E.I.E.
7.4. Cuentas en Participación (C.E.P.)
Concepto: La esencia de esta modalidad asociativa, no sujeta a requisito de solemnidad alguno, consiste en una colaboración financiera en virtud de la cual uno o más empresarios (cuentapartícipe no gestor) se interesan en las operaciones de otro (cuentapartícipe gestor), contribuyendo a ellas con la parte del capital que convinieren y haciéndose partícipes de sus resultados prósperos o adversos en la proporción que determinen.
Aportaciones: Las aportaciones, dinerarias o no, no tienen carácter de aportaciones al capital, representando únicamente el nacimiento de un derecho a favor del cuentapartícipe no gestor de participar en los resultados de la actividad de que se trate. Por ello, los inversores no gestores no son accionistas de la sociedad gestora.
Requisitos formales: Según lo dispuesto en el Código de Comercio, este tipo de acuerdo no requiere ninguna solemnidad (escritura pública o inscripción en el Registro Mercantil) aunque, en la práctica, ambas partes suelen reflejarlo en una escritura pública a efectos de prueba ante terceros.
Regulación: Artículos 239 a 243 del Código de Comercio, englobándose en el Título II «De las cuentas en participación» (Libro II del Código de Comercio).
7.5. Joint ventures a través de sociedades anónimas o de responsabilidad limitad
Un número significativo de joint ventures utilizan como vehículo las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, por lo que recomendamos examinar las menciones hechas en otros apartados de esta Guía relativas a la constitución, características básicas y particularidades de los órganos sociales de las sociedades anónimas y limitadas (véanse los apartados correspondientes de este Capítulo y el Anexo I).
7.6. Contratos de distribución, agencia, comisión y franquicia
Existen diversas alternativas para operar en España sin necesidad de constituir una sociedad o asociarse con otras entidades existentes o sin establecer físicamente un centro de operaciones en España. Entre ellas destacamos las citadas en el presente apartado.
7.6.1. Contratos de distribución, agencia, comisión y franquicia
En la práctica, es habitual confundir un contrato de distribución con un contrato de agencia. No obstante, ambos son distintos y tienen regulaciones y características diferenciadas.
Concepto: en el acuerdo de distribución, una de las partes —el distribuidor— se compromete a adquirir para su posterior reventa productos de la otra parte contratante.
Los distribuidores aparecen como entes jurídicos que son parte integrante de la red comercial de la empresa, sin pertenecer a ella, a la que les une un nexo comercial y un mismo deseo: aumentar las ventas.
Clasificación: cabe distinguir tres grandes categorías, correspondientes a los tipos de redes o sistema de distribución:
Concesión comercial o distribución exclusiva.
El proveedor no sólo se compromete a no entregar sus productos más que a un solo distribuidor en un territorio determinado, sino también a no vender él mismo esos productos en el territorio del distribuidor exclusivo.
Acuerdo de distribución única.
La única diferencia con la distribución exclusiva consiste en que en el caso de la distribución única el proveedor se reserva el derecho a suministrar los productos objeto del acuerdo a los usuarios del territorio en cuestión.
Contrato de distribución autorizada, en el sistema de distribución selectiva.
Existe una serie de productos que, por su naturaleza, exigen un trato especial por parte de distribuidores y vendedores. El tipo de distribución que se utiliza en estos dos casos es el de distribución selectiva, denominado así porque los distribuidores son cuidadosamente seleccionados en función de su capacidad para la comercialización de productos técnicamente complejos o para el mantenimiento de una imagen o una marca.
7.6.2. Contrato de agencia
Concepto: la Ley 12/1992, sobre el Contrato de Agencia traspuso la Directiva 86/653/CEE al ordenamiento español y define el contrato de agencia en su artículo 1:
Por el contrato de agencia una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable, a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones.
El agente es un intermediario independiente, que no actúa en su nombre y por cuenta propia, sino en nombre y por cuenta de uno o más empresarios.
Es obligación del agente, bien personalmente, o bien a través de sus empleados, negociar y, si así lo contempla el contrato, concluir los acuerdos u operaciones comerciales que tuviera a su cargo en nombre del empresario. Se establecen, entre otras, las siguientes obligaciones:
La prohibición de subcontratar sus actividades salvo autorización expresa al efecto.
El agente está autorizado a negociar los acuerdos u operaciones contenidos en su contrato pero únicamente puede concluirlos en nombre del empresario por cuya cuenta actúa cuando haya sido autorizado expresamente para ello.
Todo agente puede actuar en nombre de varios empresarios siempre que sea respecto de bienes o servicios que no sean idénticos o análogos ya que, en ese caso, se requiere consentimiento expreso.
Pactos de limitación de competencia: los pactos de limitación de la competencia (que restringen las actividades que pueden ser realizadas por el agente una vez que haya concluido el contrato de agencia), tienen un período de validez máxima de dos años desde la terminación de dicho contrato. No obstante, si el contrato de agencia se hubiera pactado por un tiempo menor, el pacto de limitación de la competencia no podrá tener una duración superior a un año.
En sus relaciones con el agente debe actuar lealmente y de buena fe.
Poner a disposición del agente toda la documentación necesaria para el ejercicio de su actividad.
Procurar al agente todas las informaciones necesarias para la ejecución del contrato.
Aceptar o rechazar la operación propuesta por el agente.
Remuneración: Una de las notas esenciales del contrato de agencia es que el trabajo del agente debe ser siempre remunerado. La remuneración puede consistir en una cantidad fija, en una comisión o en ambos sistema a la vez.
7.6.3. Contrato de comisión
Concepto: es el mandato en virtud del cual el mandatario (comisionista) se obliga a realizar o participa en un acto o contrato mercantil por cuenta de otra persona (comitente). El comisionista puede actuar:
En nombre propio, es decir, siendo él quien adquiere los derechos frente a los terceros con los que contrata y viceversa.
En nombre del comitente, que es quien adquiere los derechos frente a terceros y éstos contra él.
Principales obligaciones del comisionista:
Proteger los intereses del comitente como si fueran propios y desempeñar el encargo personalmente. El comisionista puede delegar sus funciones si está autorizado a ello y utilizar a sus propios empleados bajo su responsabilidad.
Rendir cuentas de las cantidades que percibió en comisión y reintegrar el sobrante. Debe devolver las mercancías no vendidas.
En general, no responde frente al comitente del cumplimiento del contrato por parte de un tercero que haya concertado con él, aunque este riesgo se puede asegurar con la comisión de garantía.
Se prohíbe al comisionista, salvo autorización del comitente, comprar para sí o para otro lo que se le haya encomendado vender, y que venda lo que se le haya encargado comprar.
Comisión: a su vez, el comitente se obliga a satisfacer una comisión y a respetar los derechos de retención y preferencia del comisionista. Los créditos del comisionista frente al comitente están protegidos a través del derecho de retención sobre las mercancías.
Diferencias y similitudes entre los contratos de agencia y de comisión
Principal similitud: en ambos casos, una persona física o jurídica se compromete a pagar a otra una cantidad por concertar la posibilidad de concluir una transacción legal con un tercero o por actuar como su intermediario en la conclusión de dicha transacción.
Principal diferencia: el contrato de agencia implica una relación continuada o estable, mientras que el de comisión consiste en un compromiso ocasional.
7.6.4. Franquicia
Concepto: la franquicia es un sistema de comercialización de productos y/o servicios y/o tecnología basado en una colaboración estrecha y continua entre empresas independientes (el franquiciador y sus franquiciados individuales). En la franquicia, el franquiciador concede a sus franquiciados individuales, para un mercado determinado, el derecho e impone la obligación de llevar un negocio o actividad mercantil que el primero venga desarrollando anteriormente con suficiente experiencia y éxito, de conformidad con el concepto y el sistema definido por el franquiciador.
Este derecho faculta y obliga al franquiciado, a cambio de una contraprestación económica directa, indirecta o ambas, a utilizar el nombre comercial y/o la marca de productos y/o servicios, el know-how y los métodos técnicos y de negocio, que deberá ser propio, sustancial y singular, los procedimientos y otros derechos de propiedad industrial y/o intelectual del franquiciador, apoyado en la prestación continua de asistencia comercial y técnica, dentro del marco y por la duración de un contrato de franquicia pactado entre las partes a tal efecto, y todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión del franquiciador que puedan establecerse contractualmente.
No tendrá necesariamente la consideración de franquicia el contrato de concesión mercantil o de distribución en exclusiva por el cual un empresario se compromete a adquirir, bajo determinadas condiciones de cierta exclusividad en una zona, productos normalmente de marca, y a revenderlos también bajo ciertas condiciones, así como a prestar a los compradores de estos productos asistencia una vez realizada la venta.
Tampoco tendrán la consideración de franquicia (i) la concesión de una licencia de fabricación, (ii) la cesión de una marca registrada para utilizarla en una determinada zona, (iii) la transferencia de tecnología o (iv) la cesión de la utilización de una enseña o rótulo comercial.
Legislación: la legislación española aplicable es (i) la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, relativo a la regulación del régimen de franquicia, y se crea el registro de franquiciadores (modificada por la Ley 1/2010, de 1 de marzo); (ii) el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores; y (iii) el Real Decreto 378/2003, que remite al Reglamento (CE) nº 2790/1999, de 22 de diciembre, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas y al Reglamento (CE) nº 1400/2002, de 31 de julio, para el sector de los vehículos de motor.
Franquiciadores con domicilio social en España o en otro país miembro de la Unión Europea: registro de franquiciadores de la Comunidad Autónoma donde radique su domicilio social, si la Comunidad Autónoma ha establecido la obligación de comunicación de datos o, en caso contrario, al registro de franquiciadores del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Dicha comunicación deberá realizarse en el plazo de tres meses desde el inicio de la actividad.
Franquiciadores con domicilio social en un país no miembro de la Unión Europea: registro de franquiciadores del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Tipos de contratos de franquicia: la franquicia industrial (fabricación de productos), la franquicia de distribución (venta de productos) y la franquicia de servicios (referida a la prestación de servicios).
Entre las ventajas que ofrece un contrato de franquicia se encuentra el hecho de que, al ser estos acuerdos una forma de distribución de los productos y/o prestación de servicios, crean rápidamente una red de distribución uniforme mediante inversiones limitadas. También permite que los comerciantes independientes puedan establecer instalaciones más rápidamente y con más posibilidades de éxito que si tuvieran que hacerlo por su cuenta sin la experiencia y ayuda del franquiciador.
A la hora de establecer el contenido de los contratos de franquicia deben tenerse muy presentes los requisitos que establece la normativa sobre defensa de la competencia.
Según los expertos la franquicia ha tenido en España un crecimiento espectacular en los últimos años, pudiendo hablarse de un sistema de franquicias que está ya consolidado.
8. Otras formas de invertir en España
8.1. Adquisición de acciones de una sociedad anónima o de participaciones sociales de una sociedad de responsabilidad limitada existente
El cuadro 14 muestra de forma resumida los trámites legales fundamentales en la adquisición de acciones de una sociedad anónima o de participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada existente.
Intervención de fedatario público
Necesaria en aquellos casos en que la normativa española o los estatutos sociales así lo exija o cuando las partes lo hayan acordado.
Necesaria siempre
Documentación que debe çaportarse al notario
Poderes, en su caso, para comparecer en nombre de vendedor y comprador, según corresponda. En caso de haberse otorgado en el extranjero, debe estar debidamente legalizado (ver requisito 5 del apartado 4 anterior).
N.I.E./N.I.F., D.N.I. español del vendedor y comprador (ver apartado 3 anterior).
Manifestación sobre el titular real tanto para comprador como para vendedor, en caso de que sean personas jurídicas: podrá aportarse un acta notarial de manifestaciones de titularidad real o declararse en la propia escritura (ver requisito 4 del apartado 4 anterior).
Declaración posterior de la inversión ante la D.G.C.I.
Presentación del modelo D-1A ante el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Este modelo de declaración debe incluir obligatoriamente el protocolo y fecha del documento público por medio del que se formaliza la inversión, deberá firmarse telemáticamente por la persona física o jurídica que efectúa la inversión, su representante o persona autorizada al efecto, contrafirmada por el fedatario público y presentada telemáticamente a través de la sede electrónica de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Véase el Capítulo 3
Dependiendo de ante qué fedatario público se realice la transmisión:
En relación con esta forma de inversión, resulta interesante destacar que, con efectos desde el 1 de enero de 2017, a los socios de sociedades de responsabilidad limitada o accionistas de sociedades anónimas (excepto cotizadas) se les reconoce un derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior 32. En particular, este derecho se reconoce a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad a aquellos socios o accionistas que hubieran votado a favor de la distribución de los beneficios y dispondrán de un plazo de un mes desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios para ejercitar este derecho.
8.2. Adquisición de inmuebles situados en España
En el cuadro 15 se describen los principales trámites legales que deben realizarse para la adquisición de un inmueble situado en España.
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES EN ESPAÑA
ADQUISICIÓN INMUEBLE SITO EN ESPAÑA
Debe formalizarse ante un notario español o un cónsul español en el extranjero.
Documentación que debe aportarse al notario
Manifestación sobre el titular real, tanto para comprador como para vendedor en caso de personas jurídicas, podrá aportarse un acta notarial de manifestaciones de titularidad real o declararse en la propia escritura de compraventa (ver requisito 4 del apartado 4 anterior).
En algunos casos (véase el apartado 8 del Capítulo 1 para más información).
Inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente
Tan pronto como se formalice la escritura pública de compraventa ante notario y se hayan liquidado los impuestos correspondientes, deberá procederse a la inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente para asegurar que los derechos de propiedad del adquirente quedan debidamente protegidos.
Arancel del Registro de la Propiedad: a efectos orientativos, el arancel asciende a 24 euros si el valor de la finca no excede de 6.010 euros, aplicándose además unos tipos variables que oscilan entre 0,00175% y 0,0002%. En todo caso, el arancel global no podrá superar los 2.181 euros.
8.3. Adquisición de negocio
Como alternativa a la compraventa de acciones o participaciones de sociedades españolas, la inversión en España podría asimismo articularse mediante una adquisición de negocio, bien a través de un contrato de compraventa de activos y pasivos de sociedades españolas o bien a través de una cesión global del activo y pasivo de una sociedad.
ADQUISICIÓN DE NEGOCIO
COMPRAVENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS
CESIÓN GLOBAL.
En caso de que el vendedor o el comprador fuera una persona jurídica y dicha venta o compra, respectivamente, fuera de un activo esencial (por ejemplo. el importe de la operación supera el 25% del valor de los activos que figuran en el último balance aprobado), será necesaria la aprobación de la operación por la junta de socios de la sociedad vendedora o de la sociedad compradora, según corresponda.
De conformidad con la Ley de Modificaciones Estructurales:
• Proyecto de cesión global, redactado por parte de los administradores de la sociedad cedente.
• Informe aplicando y justificando el proyecto de cesión global redactado por parte de los administradores de la sociedad cedente.
• Aprobación de la cesión global por parte de los socios/accionistas de la sociedad cedente.
• Publicación del acuerdo de cesión global aprobado por los socios de la sociedad cedente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de gran circulación en la provincia del domicilio social de la sociedad cedente 33.
• Transcurso del plazo legal de oposición de acreedores: un mes desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de cesión global 34.
• Otorgamiento de escritura pública ante notario (ver trámite siguiente “Documentación que debe aportarse al notario”).
• Inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad cedente (eficacia de la cesión) (ver trámite siguiente “Inscripción en el Registro correspondiente”).
Intervención de fedatario público
Documentación que debe aportarse al notario
Manifestación sobre el titular real, tanto para comprador como vendedor, en caso de personas jurídicas: podrá aportarse un acta notarial de manifestaciones de titularidad real o declararse en la propia escritura de compraventa (ver requisito 4 del apartado 4 anterior).
Poderes, en su caso, para comparecer en nombre de sociedad cedente y cesionaria. En caso de haberse otorgado en el extranjero, debe estar debidamente legalizado (ver requisito 5 del apartado 4 anterior).
N.I.E./N.I.F. español de la sociedad cedente y cesionaria. • Manifestación sobre el titular real, tanto para comprador como vendedor, en caso de personas jurídicas: podrá aportarse un acta notarial de manifestaciones de titularidad real o declararse en la propia escritura de cesión global (ver requisito 4 del apartado 4 anterior).
Inscripción en el Registro correspondiente
Tan pronto como se formalice la escritura pública de compra ante notario y se hayan liquidado los impuestos correspondientes, deberá procederse a la inscripción de los bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad correspondiente así como de los bienes muebles con acceso al Registro de Bienes Muebles, para asegurar que los derechos de propiedad del adquirente quedan debidamente protegidos.
La eficacia se producirá con la inscripción en el Registro Mercantil del domicilio social de la sociedad cedente. Si la sociedad se extinguiera como consecuencia de la cesión, se cancelarán sus asientos registrales.
Arancel del Registro de la Propiedad: a efectos orientativos, el arancel asciende a 24 euros si el valor de la finca no excede de 6.010 euros, aplicándose luego unos tipos que oscilan entre 0,175% y 0,02%. En todo caso, el arancel global no podrá superar los 2.181 euros.
Arancel del Registro de Bienes Muebles: a efectos orientativos, el arancel asciende a 2,4 euros si el valor del bien no excede de 600 euros, aplicándose luego unos aranceles que oscilan entre 6 euros y 13 euros hasta un valor del bien de 18.000 euros. Por el exceso sobre 18.000 euros se aplicará un arancel de 1,20 euros por cada 3.000 euros de exceso.
Arancel del Registro Mercantil: efectos orientativos, el arancel asciende a 6,010121 euros si el valor de los activos no excede de 3.005,06 euros, aplicándose luego unos tipos que oscilan entre 0,1% y 0,005 %. En todo caso, el arancel global no podrá superar los 2.181,673939 euros.
8.4. Entidades de capital riesgo
Otra forma de inversión es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas establecidas en España, de naturaleza no inmobiliaria ni financiera y no cotizadas, a través de la constitución de entidades de capital riesgo. El capital riesgo se define como aquellas estrategias de inversión que canalizan financiación de forma directa o indirecta a empresas, maximizan el valor de la empresa generando gestión y asesoramiento profesional y desinvierten en la misma con el objetivo de aportar elevadas plusvalías para los inversores. A través de esta vía, se podrá invertir tanto en proyectos empresariales en primera fase de desarrollo (venture capital), como en empresas ya maduras con una trayectoria consolidada de rentabilidad (private equity).
La actual regulación del capital riesgo en España, de reciente introducción por la Ley 22/2014 de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado (Ley de Capital Riesgo), que flexibiliza el marco normativo de dichas entidades con, entre otros, el objeto de fomentar una mayor captación de fondos que permita la financiación de un mayor número de empresas.
9. Resolución de disputas
9.1. Procedimientos judiciales
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula la constitución, funcionamiento y gobierno de los jueces y tribunales en España. El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas, en los que los Juzgados de Paz, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, los Juzgados de lo Mercantil, los Juzgados de lo Penal, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, los Juzgados de lo Social, las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, tienen jurisdicción. El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional (esta última sólo en relación con materias concretas) tienen jurisdicción sobre todo el territorio nacional. Eprimero es la máxima autoridad judicial con la sola excepción de la garantía de los derechos constitucionales, cuya salvaguarda compete al Tribunal Constitucional.
La Ley 1/2000 es la Ley de Enjuiciamiento Civil y entró en vigor el 8 de enero de 2001. Los procedimientos penal, laboral y contenciosoadministrativos se rigen, respectivamente, por la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y por la Ley 29/1998 de Procedimiento Contencioso-Administrativo.
Aunque el sistema procesal español debe considerarse como un sistema de derecho continental, algunos elementos de la Ley de Enjuiciamiento Civil son próximos al sistema anglosajón. Es el caso del predominio del procedimiento oral. La Ley de Enjuiciamiento Civil reduce los formalismos y promueve procedimientos más expeditivos así como una más rápida y eficiente respuesta de los jueces y tribunales.
España ha ratificado numerosos tratados bilaterales y multilaterales sobre el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras.
9.2. Arbitraje
El arbitraje se perfila cada vez más como una alternativa real para la solución de conflictos comerciales. Las empresas, conscientes de la mayor rapidez, eficiencia y flexibilidad del arbitraje en comparación con las demandas ante los tribunales, están cada vez más dispuestas a recurrir al arbitraje. Además, la jurisprudencia española se muestra cada vez más favorable al arbitraje, tanto en lo que respecta al convenio arbitral como a la ejecución de los laudos arbitrales.
La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, (la Ley de Arbitraje) permite tanto a las personas físicas como a las empresas suscribir acuerdos para someter a uno o más árbitros las disputas que hayan surgido o puedan surgir en materias de libre disposición conforme a Derecho. La Ley de Arbitraje está inspirada casi en su totalidad en la Ley Modelo UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional. Asimismo, el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero regula el Sistema Arbitral del Consumo para aquellos conflictos que surjan entre consumidores y usuarios y empresarios en relación con los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor.
La Ley de Arbitraje faculta a los árbitros para conceder medidas cautelares. Esta facultad no excluye la potestad que tienen los jueces de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil de dictar medidas cautelares estando pendiente un procedimiento arbitral. De este modo, la jurisdicción de los jueces y de los árbitros para dictar medidas cautelares es concurrente, permitiendo a las partes dirigir su solicitud de adopción de medidas cautelares indistintamente al juez competente o al tribunal arbitral.
De conformidad con la Ley de Arbitraje, la ejecución del laudo arbitral dictado en España es posible aun cuando se haya ejercitado la acción de anulación del mismo. En este caso, un Tribunal sólo podrá suspender la ejecución del laudo arbitral cuando el ejecutado ofrezca caución por el valor de la condena contenida en el laudo más los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la demora en la ejecución del mismo.
Los motivos de denegación del reconocimiento o ejecución de laudos arbitrales contenidos en la Ley de Arbitraje se basan en los contenidos en la Ley Modelo UNCITRAL, que a su vez está basada casi en su totalidad en el Convenio de Nueva York de 1958. España ha ratificado este Convenio y el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional firmado en Ginebra el 21 de abril de 1961.
La adhesión de España a un régimen arbitral inspirado en la Ley Modelo UNCITRAL hace que el arbitraje internacional en España sea más accesible a los abogados de distintas jurisdicciones y a sus clientes. La Ley de Arbitraje contribuye a hacer de España una sede ideal de arbitrajes internacionales, especialmente cuando involucran intereses latinoamericanos, gracias a su adecuada situación geográfica en el sur de Europa, sus costes competitivos en comparación con otras sedes europeas y sus lazos culturales e idiomáticos con Latinoamérica.
10. Anexo I
CUADRO RESUMEN RÉGIMEN FISCAL DE LAS DISTINTAS FORMAS DE INVERTIR EN ESPAÑA
FORMAS DE INVERSIÓN EN ESPAÑA
RÉGIMEN FISCAL
Constitución de una filial (sociedad anónima / sociedad de responsabilidad limitada)
Régimen general del Impuesto sobre Sociedades regulado por la Ley del Impuesto sobre Sociedades (véase el apartado 2.1. del Capítulo 3 para información más detallada).
Apertura de Sucursal
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con establecimiento permanente (Véase el apartado 2.3.1 del Capítulo 3 para información más detallada).
Agrupaciones de Interés Económico (AIE), Uniones Temporales de Empresas (UTE) y joint venture
Régimen especial de agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas. En concreto:
No tributan por el Impuesto sobre Sociedades por la parte de la base imponible imputable a los socios residentes en territorio español.
Las bases imponibles, las deducciones y bonificaciones en cuota y las retenciones e ingresos a cuenta de las AIE o UTE se imputan/atribuyen a los socios residentes.
Los dividendos que correspondan a socios no residentes en territorio español de AIE o UTE españolas tributarán de conformidad con las normas establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y los convenios para evitar la doble imposición suscritos por España.
(véase el apartado 2.1.12. del Capítulo 3 para información más detallada)
Contrato de distribución
La tributación de los no residentes en España que contraten con distribuidores españoles dependerá de si dicha contratación genera o no la existencia de un establecimiento permanente en España para los no residentes:
Si existe establecimiento permanente tributarán conforme las reglas contenidas para los establecimientos permanentes en la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes o en los convenios para evitar la doble imposición aplicables (véase el apartado 2.3.1. del Capítulo 3 para información más detallada).
Si no existe un establecimiento permanente tributarán conforme a la misma normativa, pero para sujetos sin establecimiento permanente. En general, las rentas se calificarán como beneficios empresariales, que en términos generales estarán exentos si aplica un convenio para evitar la doble imposición (véase el apartado 2.3.2. del Capítulo 3 para información más detallada).
La existencia de establecimiento permanente o no dependerá, en general, de si se entiende que el no residente es realmente el que está distribuyendo en España a través de un lugar fijo de negocios o un agente dependiente.
Contrato de agencia
La tributación es similar a la establecida para los contratos de distribución.
La existencia de establecimiento permanente o no dependerá, en general, de si el agente tiene poderes para vincular al no residente.
Para el caso de existencia de establecimiento permanente (véase el apartado 2.3.1. del Capítulo 3 para información más detallada).
Para el caso en que no existe establecimiento permanente (véase el apartado 2.3.2. del Capítulo 3 para información más detallada).
Contrato de comisión
La tributación es similar a la establecida para los contratos de distribución y agencia.
La existencia de establecimiento permanente o no dependerá, en general, de si el comisionista tiene poderes para vincular al comitente no residente.
Contrato de franquicia
El pago que el franquiciado realiza al franquiciador, dependiendo de los diferentes servicios prestados, y derechos otorgados, tiene las siguientes consideraciones:
Puede ser considerara en parte como un canon y en parte como un rendimiento empresarial o;
Solamente como un canon.
(véase el apartado 7.6.4. del Capítulo 2 para información más detallada)
Compraventa de negocio (activos y pasivos o cesión global de activos y pasivos)
Las principales implicaciones fiscales en las compraventas de negocios se localizan en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados. Así:
Si el conjunto de activos y pasivos transmitidos pueden considerarse una unidad económica autónoma, la compraventa no estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. En este caso, si entre los activos transmitidos hay inmuebles, la transmisión de estos últimos estará sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas.
Si el conjunto de activos y pasivos transmitidos no pueden considerarse una unidad económica autónoma, la compraventa estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. En este caso, habría que analizar si, en función de los activos transmitidos, es de aplicación alguna exención. Si entre los activos transmitidos hay alguno inscribible y la operación se documenta en escritura pública, también se devengará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de actos jurídicos documentados.
1. Si es ciudadano de la Unión Europea, bastaría únicamente con la copia de la primera página del pasaporte.
4. Téngase en cuenta que debe hacerse una traducción jurada tanto del documento, como de su legalización y de la propia apostilla
5. Los modelos 036 se pueden adquirir en las Administraciones y Delegaciones de la Agencia Tributaria y directamente a través de la página web www.aeat.es (Modelos y formularios / Declaraciones/Todas las Declaraciones).
6. Si el firmante del modelo 036 no consta ni como accionista/socio ni como miembro del órgano de administración en el acuerdo de voluntades, será necesaria presentar una autorización a favor del firmante.
7. Con el siguiente contenido: (a) tipo de sociedad mercantil, (b) objeto social, (c) capital social inicial, (d) el domicilio social, (e) socios/accionistas, y (f) quiénes serán miembros del órgano de administración. Asimismo, habrá que aportar copia del N.I.F./N.I.E./documento nacional de identidad de los socios y miembros del órgano de administración.
8. Téngase en cuenta que debe hacerse una traducción jurada tanto del documento, como de su legalización y de la propia apostilla.
9. Salvo en el supuesto de sociedad limitada de formación sucesiva. A tal efecto, ver el apartado 4.2 del Anexo I.
10. DGRN de 18 de enero de 2012.
11. Artículos 136 y 305 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
12.La certificación negativa de denominación se podrá solicitar:
• Directamente en las oficinas del Registro Mercantil Central con un impreso de solicitud de certificación.
• Por correo remitiendo una solicitud o una carta a las oficinas del Registro Mercantil Central. El Registro contestará remitiendo la certificación contra reembolso a la dirección indicada en la solicitud.
• Por vía telemática rellenando el formulario que se obtiene de la página web www.rmc.es (http://www.rmc.es/Deno_solicitud.aspx).
13. La Ley 10/2010, de 28 de abril, dePrevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, exige a los constituyentes de la sociedad la declaración del “titular real”, es decir, de la persona o personas físicas:
• Por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones; y/o
• Que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes; y/o
• Que sean titulares o ejerzan el control del 25% o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicas que administre o distribuya fondos o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o instrumento jurídicos.
14. Existen dos procedimientos principales para dicha legalización:
• Otorgar el poder notarial ante cónsul español en el país del inversor extranjero. El inversor extranjero tendría que comparecer ante un cónsul español en el extranjero, acreditar su identidad y otorgar el correspondiente poder notarial. Si el accionista extranjero no es una persona física sino una sociedad, la persona que comparezca ante el cónsul deberá acreditar, además de su identidad, su capacidad para otorgar, en nombre y por cuenta del accionista, el poder notarial en favor de la persona designada.
El cónsul español exigirá la presentación de toda la documentación que considere necesaria y procederá a otorgar una escritura pública de apoderamiento, en español, a favor de la persona designada. Este poder notarial podrá usarse directamente en España.
• Otorgar el poder notarial ante fedatario público extranjero. En este caso, el inversor extranjero comparecería ante el fedatario público y, una vez acreditada su identidad, otorgaría el correspondiente poder notarial. Si el inversor extranjero fuera una sociedad, su representante formalizará el poder notarial en presencia del fedatario, quien certificará el documento y la identidad y capacidad del representante del inversor extranjero para otorgar el poder. Además, la firma del fedatario extranjero tendría que ser legalizada a continuación (bien mediante el procedimiento de la “apostilla” aprobado por la Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961 o bien a través de un cónsul español en el extranjero). De acuerdo con este segundo procedimiento, el poder normalmente se redactaría en el idioma del fedatario interviniente. Por este motivo, habría que obtener posteriormente una traducción jurada al español.
15. No será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias en el caso de sociedades de responsabilidad limitada de formación sucesiva (ver apartado 4.2 del Anexo I)
16. En este sentido, conforme a lo dispuesto en la Ley 12/2012, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, los establecimientos con una superficie útil de hasta 750 metros cuadrados cuya actividad se encuentre incluida en el Anexo de dicha Ley no necesitarán la obtención de una licencia previa de apertura y actividad, sino la presentación de una declaración responsable o comunicación previa.
17. A estos efectos, se establece que el modelo estandarizado de escritura pública se utilizará para la constitución de sociedades limitadas con y sin estatutos-tipo (art. 6 Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo).
18. No será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias en el caso de sociedades de responsabilidad limitada de formación sucesiva (ver apartado 4.2. del Capítulo 2).
19. No será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias en el caso de sociedades de responsabilidad limitada de formación sucesiva (ver apartado 4.2. del Capítulo 2).
20. La resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de enero de 2012 establece que en la constitución de sociedades domiciliadas en territorios donde sí se hayan dictado normas o instrucciones en materia de liquidación del ITPAJD (que incluya la modalidad de operaciones societarias) sí será necesario presentar la correspondiente liquidación del impuesto junto con la escritura de constitución en el Registro Mercantil correspondiente.
21. Conforme a lo dispuesto en la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios los establecimientos con una superficie útil de hasta 750 metros cuadrados cuya actividad se encuentre incluida en el Anexo de dicha Ley no necesitarán la obtención de una licencia previa de apertura y actividad, si no la presentación de una declaración responsable o comunicación previa.
22. El Emprendedor de Responsabilidad Limitada podrá obtener que su responsabilidad y la acción del acreedor, que tenga origen en las deudas empresariales o profesionales, no alcance al bien no sujeto, por excepción de lo que disponen el artículo 1.911 del Código Civil y el artículo 6 del Código de Comercio, con arreglo al apartado 2 del artículo 8 de la Ley de Emprendedores y siempre que dicha no vinculación se publique en la forma establecida en la citada Ley.
23. Conforme a lo dispuesto en la Ley 12/2012, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios los establecimientos con una superficie útil de hasta 750 metros cuadrados cuya actividad se encuentre incluida en el Anexo de dicha Ley no necesitarán la obtención de una licencia previa de apertura y actividad, si no la presentación de una declaración responsable o comunicación previa.
24. Salvo en el supuesto de sociedad limitada de formación sucesiva. A tal efecto, ver el apartado 4.2.4. del Anexo I.
25. Artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
26. España tiene firmados convenios para evitar la doble imposición con todos los países de la UE salvo Chipre.
27. El tipo general en el Impuesto sobre Sociedades es el 25%.
28. Retención del 19%.
29. Exento, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
30. El tipo de retención sobre dividendos utilizado es el 10% (el más común en los convenios).
31. Se aplicaría el impuesto sobre la repatriación del beneficio de las sucursales si se previese en el correspondiente convenio (por ejemplo, EE.UU., Canadá y Brasil).
32. Artículo 348.bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cuya aplicación se encontraba suspendida hasta el 31 de diciembre de 2016.
33. No es necesaria la publicación del acuerdo de cesión global cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores. Asimismo, deberá ponerse a disposición de los representantes de los trabajadores el proyecto de cesión global y el informe de los administradores.
34. En el caso de comunicación por escrito a todos los socios y acreedores, un mes antes desde el envío de la comunicación al último de ellos.

References: Real Decreto 
 artículo 18
 artículo 18
 resolución 
 artículo 5
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 81
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 8
 Artículo 10
 Real Decreto 
 Artículo 348
 Real Decreto