Source: https://jurisprudencia.cladem.org/republica-dominicana/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-04-25 04:06:42+00:00

Document:
El Comité examinó el informe inicial de la República Dominicana (CEDAW/C/5/Add.37) en sus sesiones 106ª y 111ª, celebradas los días 17 y 19 de Febrero de 1988 (CEDAW/C/SR. 106 y 111).
Considerando las deficiencias del informe presentado, las recomendaciones del Comité se centran en solicitar datos estadísticos, sociales, económicos y políticos que permitan evaluar el pleno cumplimiento de la CEDAW.
2º Observaciones finales sobre los informes del segundo al cuarto presentados por el Estado adoptadas el 3 de febrero de 1998.2
El Comité examinó los informes periódicos segundo, tercero, y cuarto de la República Dominicana (CEDAW/C/DOM/2–3, y CEDAW/C/DOM/4) en sus sesiones 379ª y 380ª, celebradas el 3 de febrero de 1998 (véase CEDAW/C/SR. 379 y 380).
El Comité alienta al Gobierno a que vele porque no se interpongan obstáculos a la aplicación de ninguna de las disposiciones de la Convención y le solicita que en su próximo informe proporcione información detallada sobre la aplicación de la Convención en la práctica, destacando los efectos de los programas y políticas encaminados a lograr la igualdad de la mujer.
El Comité exhorta al Gobierno a que dote a la Dirección General de Promoción de la Mujer de la autoridad y los recursos humanos y financieros necesarios para ejecutar programas especiales destinados a la mujer, ejercer influencia en todo el proceso de adopción de decisiones del gobierno y garantizar que se aplique coherentemente una perspectiva de género en todas las políticas y programas oficiales.
El Comité alienta a la Dirección General de Promoción de la Mujer a que, utilizando el modelo de la Comisión Honorífica de Mujeres Asesoras del Senado, intensifique la cooperación con otros sectores y entidades de la vida civil, política y económica a efectos de garantizar que se preste atención más sistemáticamente a las cuestiones relacionadas con el género en esos sectores.
El Comité insta al Gobierno a que asigne prioridad a la mujer en su estrategia de erradicación de la pobreza. Se debería hacer hincapié especial en la incorporación de una perspectiva de género en todos los esfuerzos que se emprendan para la erradicación de la pobreza, y en ese contexto, se deberían adoptar medidas para garantizar que la mujer disfrute de sus derechos.
El Comité recomienda al Gobierno que siga emprendiendo esfuerzos para incorporar una perspectiva de género en todas sus reformas. También le sugiere que determine sectores prioritarios para iniciar acciones orientadas a la mujer. Entre esos sectores, se sugieren la reducción y eliminación del analfabetismo, la creación de puestos de trabajo y la aplicación de la legislación laboral y de las reformas correspondientes.
El Comité alienta al Gobierno a que siga atendiendo a las necesidades de las jefas de familia e investigando su situación con miras a elaborar políticas acertadas y eficaces para el fortalecimiento de su situación socioeconómica y la prevención de la pobreza y que garantice la prestación de los servicios y el apoyo necesarios a sus hogares. (Pobreza.
El Comité exhorta al Gobierno a mejorar la recopilación y utilización de datos desglosados por sexo de modo que se pueda desarrollar una base de datos sólida para determinar la situación de hecho de la mujer en todos los sectores comprendidos en la Convención y se puedan orientar las medidas más cuidadosamente a grupos específicos. Se debería hacer hincapié especialmente en los aspectos relativos a la salud, el trabajo, el empleo y los sueldos y beneficios de la mujer, los tipos de actos de violencia contra la mujer y su incidencia, y los efectos de las medidas encaminadas a poner coto a la violencia contra la mujer. Los datos también se deberían desglosar por edad y con respecto a otros criterios como el medio urbano o rural.
El Comité exhorta al Gobierno a que siga aplicando un criterio integrado para la eliminación y prevención de la violencia contra la mujer. En particular, se debería mejorar la recopilación de datos e información sobre los tipos actos de violencia contra la mujer y su incidencia y se deberían tener en cuenta los “crímenes pasionales”3, su frecuencia y la respuesta de las autoridades competentes.
El Comité exhorta enérgicamente al Gobierno a concertar acuerdos bilaterales y cooperar en los esfuerzos multilaterales para reducir y erradicar la trata de mujeres y proteger a las trabajadoras migrantes, entre ellas las trabajadoras domésticas, de la explotación, incluso de la explotación sexual. Esos acuerdos se deberían concertar en particular con los países elegidos como destino primario por las trabajadoras dominicanas. También se deberían emprender campañas de información pública orientadas a grupos de mujeres especialmente vulnerables a fin de alertarlas de los riesgos que pueden correr al buscar trabajo en otros países.4
El Comité invita al Gobierno a realizar evaluaciones periódicas de las consecuencias de la disposición de la legislación electoral relativa a la cuota del 25% a fin de garantizar la aplicación cabal de la ley y el aumento de los porcentajes de mujeres en el proceso de adopción de decisiones.5
El Comité exhorta al Gobierno a que fortalezca la capacitación profesional y técnica y el asesoramiento sobre perspectivas de carrera para las jóvenes y amplíe sus actividades de información acerca de labores no tradicionales para la mujer con objeto de debilitar las pautas de segregación en las ocupaciones y reducir las diferencias de sueldos entre mujeres y hombres.
El Comité invita al Gobierno a fortalecer los programas educativos para todos, tanto niñas como niños, sobre salud sexual y reproductiva, lucha contra la propagación del virus de inmunodeficiencia humana / síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDa. y planificación de la familia. Invita también al Gobierno a que revise la legislación en materia de salud reproductiva y sexual de la mujer, particularmente en relación con el aborto, con objeto de dar pleno cumplimiento a los artículos 10 y 12 de la Convención.
El Comité alienta al Gobierno a que preste atención especial a las necesidades de las campesinas y vele por que éstas participen activamente en la formulación, aplicación y vigilancia de todos los programas y políticas encaminados a beneficiarlas, incluso en aspectos como el acceso a los servicios sociales y de atención de la salud, la generación de ingresos y la vivienda. El Gobierno también debería considerar la posibilidad de establecer bancos especiales y de fortalecer el acceso de las campesinas al crédito.
El Comité exhorta al Gobierno a que adopte medidas para garantizar de hecho la separación de las esferas secular y religiosa con miras a garantizar la plena aplicación de la Convención.
El Comité exhorta al Gobierno a que siga adelante con la reforma de la legislación a efectos de eliminar las restantes leyes y disposiciones discriminatorias. Se debería dar prioridad a la reforma del Código Civil, de la ley que regula la nacionalidad y de la legislación laboral para que estén en plena consonancia con la Convención.
El Comité solicita que se dé amplia difusión en la República Dominicana a las presentes observaciones finales a fin de que la población de la República Dominicana, y especialmente sus políticos y funcionarios públicos, sean conscientes de las medidas que se han adoptado para garantizar la igualdad de facto de la mujer y las medidas que aún hace falta adoptar al respecto. El Comité pide también al Gobierno que siga difundiendo ampliamente, en particular a las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención, las recomendaciones generales del Comité y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.
3º Observaciones finales sobre el quinto informe presentado por el Estado adoptadas el 15 de julio de 2004.6
El Comité examinó el quinto informe periódico de la República Dominicana (CEDAW/C/DOM/5) en sus sesiones 658a y 659a, celebradas el 15 de julio del 2004 (véanse CEDAW/C/SR.658 y 659).
El Comité insta al Estado Parte a que desarrolle y aplique efectivamente una política general de erradicación de la pobreza que incorpore un enfoque de género y conceda una atención específica a los hogares de jefatura femenina.7
El Comité pide al Estado Parte que refuerce su rol en el proceso de reforma de los Códigos Civil y Penal, ya que se trata de una oportunidad histórica para asegurar que la nueva legislación esté en conformidad con las disposiciones de la Convención y con el principio de igualdad entre mujeres y hombres consagrado en la Constitución. (…)
(…) El Comité exhorta al Estado Parte a que promueva las propuestas de modificación del anteproyecto a fin de que el nuevo Código Penal esté en acorde a la recomendación general 19, relativa a la violencia contra la mujer.
El Comité insta al Estado Parte a tomar nota de que los términos equidad e igualdad no son sinónimos ni intercambiables y que la Convención está dirigida a la eliminación de la discriminación en contra de la mujer y a asegurar la igualdad entre mujeres y hombres.
El Comité insta al Estado Parte a que incorpore un mecanismo de monitoreo y evaluación en la implementación del Plan actual, de modo que se puedan adoptar medidas de corrección en caso de que sea necesario. Además, el Comité pide al Estado Parte que incluya en el próximo informe la evaluación y recopilación de datos sobre el impacto de las acciones, medidas, políticas y estudios que se hayan implementado para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.
El Comité recomienda que se formulen políticas y se ejecuten programas orientados a los hombres y las mujeres con objeto de contribuir a eliminar los estereotipos vinculados a los papeles tradicionales en la familia, el lugar de trabajo y la sociedad en general de acuerdo a lo estipulado en los artículos 2 f. y 5 a. de la Convención. También recomienda que continúe alentando a los medios de difusión a proyectar una imagen positiva de la mujer y de la igualdad de condición y responsabilidades de las mujeres y los hombres en las esferas tanto privada como pública.
El Comité insta al Estado Parte a que tenga en cuenta la recomendación general 19, sobre la violencia contra la mujer, en todos sus esfuerzos. Además, insta al Estado Parte a que establezca medidas para la aplicación y supervisión de la Ley 24-97, evaluando su eficacia, así como a que investigue las causas de los feminicidios y otras formas de violencia en contra de la mujer, y tome medidas al respecto. Adicionalmente, el Comité exhorta al Estado Parte a que proporcione suficientes recursos financieros a los programas de protección de mujeres víctimas de violencia para asegurar su implementación e imparta campañas de capacitación y sensibilización sobre esta problemática, principalmente destinadas a policías, funcionarios judiciales y jueces, periodistas y personal de salud, utilizando además los medios de comunicación, con el fin de cambiar las actitudes de carácter social, cultural y tradicional que perpetúan la violencia en contra de la mujer. (…)
(…) El Comité pide al Estado Parte la erradicación de la utilización del recurso de conciliación entre el agresor y la víctima en la fase prejudicial en los casos de violencia contra la mujer. El Comité exhorta al Estado Parte a vigilar que los agresores sean debidamente penalizados y a garantizar la protección total de los derechos humanos de las mujeres8.
El Comité insta al Estado Parte a que impulse la discusión del anteproyecto de Ley de Migración y asegure que se cumpla el artículo 9 de la Convención, a fin de eliminar todas las disposiciones que discriminen a las mujeres y niñas de origen haitiano, o extranjeros que se encuentren en igual situación, así como a las mujeres dominicanas que contraen matrimonio con un extranjero. Además, el Comité pide al Estado Parte que le informe sobre la aplicación de esas medidas en su próximo informe periódico.9
El Comité insta al Estado Parte a que vele porque en los hechos haya igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado de trabajo mediante la revisión de la legislación laboral, para asegurar que ésta se encuentre y sea implementada en conformidad con el artículo 11 de la Convención. Recomienda particularmente que se tomen las acciones necesarias para garantizar igualdad de remuneración entre mujeres y hombres, tanto en el sector público como en el privado, formulando políticas y medidas dirigidas a estos fines, incluso mediante evaluaciones de puestos, reunión de datos, nuevos estudios de las causas subyacentes de las diferencias salariales y el incremento de la asistencia a las partes sociales en la negociación colectiva sobre salarios, en particular en la determinación de las estructuras salariales en los sectores en que predominan las mujeres. En cuanto a los derechos de las trabajadoras domésticas, el Comité insta al Estado Parte a que tome medidas prácticas para seguir de cerca y supervisar la aplicación de la mencionada ley y evaluar su eficacia. Recomienda adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para garantizar a las trabajadoras domésticas, las asalariadas temporales, las del sector informal y las rurales, el acceso a la seguridad social y otras prestaciones laborales, incluyendo la licencia pagada por maternidad.10
El Comité urge al Estado Parte a continuar los esfuerzos por erradicar el trabajo infantil, apoyar la educación como medio para incrementar las posibilidades de empoderamiento en el futuro de todos esos niños y niñas y a asegurar el claro entendimiento y efectivo cumplimiento de la edad mínima de trabajo, así como eliminar de las estadísticas oficiales sobre la fuerza laboral los datos sobre trabajo infantil.
El Comité recomienda que se establezcan medidas para asegurar que la legislación laboral sea aplicada en las zonas francas y en conformidad con las disposiciones del artículo 11 de la Convención, y prohibir, sujeto a la imposición de sanciones, el despido por razones de embarazo. (…)
(…) El Comité recomienda que se establezcan también medidas para la aplicación y supervisión de la legislación en materia de acoso sexual y otras formas de violencia en contra de la mujer para garantizar la protección de las mujeres empleadas en las zonas francas y la sanción de los agresores.
El Comité recomienda que se adopten medidas para garantizar el acceso efectivo de las mujeres, especialmente las jóvenes, las de grupos desfavorecidos y las del medio rural, a la información y los servicios de atención de la salud, en particular los relacionados con la salud sexual y reproductiva y con la prevención del cáncer. Esas medidas son esenciales para reducir la mortalidad derivada de la maternidad e impedir que se recurra al aborto y proteger a la mujer de sus efectos negativos para la salud. En tal sentido el Comité recomienda que el Estado Parte preste, entre sus servicios de salud, la interrupción del embarazo cuando sea resultado de una violación o cuando esté en peligro la salud de la madre. También recomienda que se establezcan programas y políticas para aumentar los conocimientos sobre los métodos anticonceptivos y el acceso a ellos, en la inteligencia de que la planificación de la familia es responsabilidad de ambos integrantes de la pareja. El Comité también recomienda que se fomente ampliamente la educación sexual, particularmente dirigida a los adolescentes, prestando especial atención a la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA. Además el Comité pide al Estado Parte que adopte medidas para eliminar el tratamiento discriminatorio a las mujeres infectadas de VIH/SIDA.11
El Comité recomienda una recopilación más amplia y exhaustiva de datos desagregados por sexo e insta al Estado Parte a que incluya en su próximo informe estadísticas relevantes que muestren la evolución de los programas y su impacto en la población femenina del país, incluyendo en particular el impacto en las mujeres rurales.
(…) el Comité pide al Estado Parte que facilite información sobre la aplicación de los aspectos de esos documentos que guarden relación con los correspondientes artículos de la Convención en su próximo informe periódico.
(…) El Comité alienta al Gobierno de la República Dominicana a que considere la posibilidad de ratificar los tratados de los que todavía no es parte, a saber, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
El Comité pide que en el Estado Parte se difundan ampliamente las presentes observaciones finales a fin de dar a conocer a la población de la República Dominicana, en particular a los funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones no gubernamentales de mujeres, las medidas que se han adoptado o es preciso adoptar en el futuro para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer. También pide que sigan difundiéndose ampliamente, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en al año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
4º Observaciones finales sobre los informes periódicos sexto y séptimo combinados de la República Dominicana.12
El Comité examinó los informes periódicos sexto y séptimo combinados de la República Dominicana (CEDAW/C/DOM/6-7) en sus sesiones 1136ª y 1137ª, celebradas el 12 de julio de 2013 (véanse CEDAW/C/SR.1136 y 1137). La lista de cuestiones y preguntas del Comité está incluida en CEDAW/C/DOM/Q/6-7 y las respuestas del Gobierno de la República Dominicana figuran en CEDAW/C/DOM/Q/6-7/Add.1.
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones13
Al tiempo que reafirma que incumbe al Gobierno la responsabilidad primordial de cumplir plenamente las obligaciones que el Estado parte ha contraído en virtud de la Convención y especialmente de rendir cuentas al respecto, el Comité destaca que la Convención es vinculante para todos los poderes públicos. Invita al Estado parte a alentar al Congreso Nacional a que, de conformidad con su reglamento y cuando proceda, adopte las medidas necesarias para dar aplicación a las presentes observaciones finales desde el momento actual hasta el siguiente proceso de presentación de informes del Estado parte en el marco de la Convención.
Definición de la igualdad y la no discriminación
El Comité, aunque observa que la nueva Constitución consagra el principio de no discriminación, incluida la discriminación por razones de sexo (art. 39), y establece medidas para prevenir y combatir la discriminación por razones de sexo, está preocupado por la persistencia de múltiples formas de discriminación contra la mujer en el Estado parte, especialmente contra las mujeres de origen haitiano. El Comité toma nota con satisfacción de la declaración del Estado parte, durante el diálogo constructivo, de que el artículo 37 de la nueva Constitución, que protege la vida desde el momento de la concepción, se ha complementado con una revisión del Código Penal para proteger los derechos reproductivos de las mujeres que permite el aborto en caso de que la salud de la madre se vea amenazada.
Vele por la aplicación efectiva de la prohibición constitucional de la discriminación por razones de sexo;
Introduzca en la legislación el concepto de discriminación múltiple y garantice reparaciones adecuadas para las víctimas de este tipo de discriminación;
Se asegure de que se aprobará el actual proceso de examen de la legislación penal sobre derechos reproductivos y de que este marco legislativo respete plenamente la Convención y no traiga una regresión con su aplicación.
El Comité, aunque observa con satisfacción que la Convención prevalece sobre el derecho nacional (art. 74 de la Constitución), observa la ausencia de casos en que los tribunales hayan aplicado directamente la Convención. El Comité lamenta también que no existan medidas específicas para difundir el contenido de la Convención y su Protocolo Facultativo entre las mujeres, en particular entre las pertenecientes a los grupos desfavorecidos y marginados.
Se asegure de que los derechos de las mujeres y, en particular, las disposiciones de la Convención formen parte integrante de la educación jurídica, lo que permite a los jueces aplicar directamente las disposiciones de la Convención y de su Protocolo Facultativo e interpretar las disposiciones jurídicas nacionales a la luz de la Convención;
Desarrolle una estrategia sostenible para difundir el contenido de la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité entre todas las partes interesadas, y sensibilice a las mujeres, en particular a las mujeres que pertenecen a grupos desfavorecidos, sobre sus derechos en virtud de la Convención y el procedimiento para la investigación y la comunicación, incluida la jurisprudencia del Comité en el marco del Protocolo Facultativo.
Mecanismos de denuncia legal
El Comité, aunque observa con satisfacción que el artículo 72 de la Constitución prevé el recurso de amparo para proteger los derechos fundamentales, toma nota de la ausencia de información sobre el acceso de las mujeres a este recurso. Expresa su preocupación por la falta de información sobre el papel de la Defensoría del Pueblo en relación con los procedimientos para que las mujeres presenten casos de discriminación.
Que sensibilice a las mujeres y al público en general sobre la disponibilidad del recurso de amparo para protegerlos de violaciones de sus derechos constitucionales;
Que proporcione a la Defensoría del Pueblo los recursos financieros, técnicos y humanos suficientes para examinar las denuncias de las mujeres de casos de discriminación por razones de sexo y otras violaciones de los derechos reconocidos en la Convención.
El Comité elogia la creación de la Dirección de Mujer y Familia en la Suprema Corte de Justicia, pero le preocupa la falta de información acerca de las actividades específicas y de los resultados de esta dependencia. El Comité toma nota, con preocupación, de la existencia de barreras que dificultan el acceso de la mujer a la justicia, como por ejemplo las costas judiciales, la limitación de la asistencia letrada en los procedimientos penales y la falta de programas para la protección de las mujeres víctimas y testigos. Asimismo, el Comité está preocupado por la falta de vías de recurso eficaces para que las víctimas puedan presentar quejas en casos de discriminación por razones de sexo.
Aumente los recursos financieros de la Dirección de Mujer y Familia en la Suprema Corte de Justicia para que pueda desempeñar sus funciones;
Asigne recursos suficientes para facilitar el acceso a la asistencia letrada y permitir que las mujeres que no disponen de medios suficientes reclamen sus derechos en todos los ámbitos de la ley, en particular mediante litigios civiles y laborales;
Se asegure de que existen vías de recurso eficaces para que las mujeres puedan presentar quejas en casos de discriminación por razones de sexo.
El Comité reconoce los esfuerzos desplegados por el Estado parte para crear un mecanismo nacional de rango ministerial, pero al mismo tiempo observa el escaso porcentaje del presupuesto del Estado parte asignado al Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017. También observa la falta de un sistema de supervisión para evaluar los resultados de la estrategia. El Comité expresa asimismo su preocupación por la posible fusión del Ministerio de la Mujer con otros ministerios, lo que repercutiría negativamente en la capacidad del Estado parte para coordinar y poner en práctica políticas públicas en pro del adelanto de la mujer. Por último, expresa también su preocupación por la falta de recursos para promover la participación de las organizaciones de mujeres en la ejecución de los programas.
El Comité, recordando su recomendación general núm. 6 sobre los mecanismos nacionales efectivos y la publicidad, así como la orientación dada en la Plataforma de Acción de Beijing, sobre todo acerca de las condiciones necesarias para el funcionamiento eficaz de los mecanismos nacionales, recomienda al Estado parte que:
Refuerce los recursos humanos y técnicos del Ministerio de la Mujer y se asegure de que la reestructuración no va a debilitar su mandato de coordinar la realización de las políticas públicas para el adelanto de la mujer;
Garantice un incremento periódico y sostenido del presupuesto dedicado a la aplicación de políticas y leyes relativas a la igualdad entre los sexos, incluidos los presupuestos para el funcionamiento de los comités locales que se ocupan de las cuestiones de género;
Refuerce el papel del Ministerio de la Mujer en la coordinación de los equipos de enlace sobre cuestiones de género dentro de las instituciones gubernamentales a fin de disponer de estrategias para la integración de la perspectiva de género basadas en los resultados;
Adopte medidas para promover la cooperación entre las autoridades públicas y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la mujer para poner en práctica las políticas públicas en pro del adelanto de la mujer y supervisar su impacto, por ejemplo adoptando mecanismos participativos y celebrando amplias consultas con las mujeres cuando se adopten estrategias sobre la igualdad entre hombres y mujeres.
El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para aplicar medidas especiales de carácter temporal, como la aprobación y fijación de cuotas parlamentarias que garanticen la representación de las mujeres en la vida política. Al mismo tiempo, el Comité observa la falta de medidas especiales de carácter temporal en otros aspectos, como el empleo o las relaciones familiares, que permitirían al Estado parte lograr una igualdad sustancial entre las mujeres y los hombres. En particular, observa la falta de medidas especiales de carácter temporal en las políticas públicas y la falta de indicadores para evaluar los resultados de la estrategia de integración de la perspectiva de género.
En consonancia con la recomendación general núm. 25 del Comité sobre medidas especiales de carácter temporal, el Comité insta al Estado parte a:
Que prepare y apruebe medidas especiales de carácter temporal para garantizar de hecho la igualdad entre las mujeres y los hombres en las esferas de la educación, el empleo y las relaciones familiares e incluya tales medidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y el Plan Decenal de Educación 2008-2018;
Que considere la posibilidad de encomendar al Ministerio de la Mujer y a otras oficinas competentes la realización de evaluaciones periódicas de la efectividad de las medidas especiales de carácter temporal adoptadas.
Aunque el Comité valora debidamente los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el Estado parte acerca de los cambios de comportamiento cultural, señala la persistencia de una división estereotipada de las funciones de hombres y mujeres en la familia y la sociedad, además de actitudes de los medios de comunicación que refuerzan los mensajes discriminatorios sobre la mujer como objeto sexual y la presunta superioridad masculina. El Comité está especialmente preocupado por las campañas de promoción turística que perpetúan la discriminación contra las mujeres y las niñas. El Comité expresa su profunda inquietud por el hecho de que el Estado parte niegue las múltiples formas de discriminación contra las mujeres de origen haitiano, en particular la discriminación por motivos de raza y sexo.
Redoble sus esfuerzos para incluir en el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 estrategias a largo plazo para detectar y combatir los estereotipos tradicionales que hacen hincapié en la función de la mujer en la familia y la crianza de los niños;
Fomente la toma de conciencia en los medios de comunicación y el sector empresarial, en especial el sector turístico, acerca de la necesidad de dejar de utilizar mensajes que sean discriminatorios para las mujeres;
Promueva un debate público sobre la situación de las mujeres de origen haitiano que viven en el Estado parte, a fin de promover el respeto pleno de sus derechos humanos y dar a conocer mejor sus contribuciones a la sociedad.
El Comité toma nota con preocupación de la elevada incidencia de la violencia, incluida la violencia sexual y doméstica, contra la mujer en el Estado parte, teniendo en cuenta que las mujeres jóvenes y las mujeres con discapacidad son especialmente vulnerables a diferentes formas de violencia. El Comité, aunque toma nota de las iniciativas del Estado parte para combatir la violencia contra la mujer y recopilar datos desglosados sobre dicha violencia, expresa su preocupación por la falta de un sistema y procedimiento unificados para registrar las denuncias de violencia contra la mujer recibidas por la Procuraduría General. El Comité acoge con satisfacción la actual enmienda del Código Penal para penalizar el “feminicidio íntimo”; sin embargo, expresa su preocupación por el hecho de que no se hayan tipificado específicamente como delitos otras formas graves de violencia contra la mujer. El Comité también manifiesta su inquietud por: el número limitado de enjuiciamientos y condenas de perpetradores de actos de violencia contra la mujer; el alto grado de vulnerabilidad de las víctimas; y la falta de procedimientos y protocolos que tengan en cuenta las cuestiones de género para ayudar a las mujeres y niñas víctimas de la violencia.
De conformidad con su recomendación general núm. 19 sobre la violencia contra la mujer y con las recomendaciones que figuran en sus anteriores observaciones finales (A/59/38, parte dos, párr. 295), el Comité insta al Estado parte a:
Que elabore con carácter prioritario un plan nacional de acción para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y apruebe una ley general sobre la violencia contra la mujer que prevea evaluaciones de los riesgos que corren las víctimas, mecanismos de alerta rápida y campañas de concienciación acerca de las diversas formas que reviste la violencia contra la mujer, teniendo presentes las necesidades especiales de que las mujeres marginadas y las mujeres con discapacidad puedan acceder a la información;
Que refuerce el sistema judicial a fin de aplicar la ley sobre la violencia contra la mujer y adoptar medidas para proteger a posibles víctimas, incluidas órdenes de alejamiento para los perpetradores;
Que adopte protocolos específicos para unificar los procedimientos de denuncia de casos de violencia contra la mujer y cree una base de datos para recopilar y actualizar periódicamente los datos sobre dichos casos de violencia;
Que modifique el Código Penal para tipificar como delitos todas las formas de violencia contra la mujer;
Que se asegure de que las mujeres y las niñas, incluidas las mujeres con discapacidad, que sean víctimas de la violencia tengan un acceso adecuado a la asistencia médica, psicosocial y letrada, y a programas de protección de víctimas y testigos.
Aunque el Comité observa favorablemente el marco jurídico existente para combatir la trata y el tráfico de personas, expresa su preocupación por:
La incidencia de la trata de seres humanos, en especial de mujeres y niñas, que entran, salen o están en tránsito por el Estado parte y la explotación sexual de las mujeres y niñas;
El elevado riesgo que corren las mujeres de origen haitiano de ser víctimas de la trata de personas;
La falta de medidas eficaces para prevenir la trata de personas, como el asesoramiento de las mujeres migrantes antes de su partida acerca de los riesgos de la trata, para investigar y perseguir los casos de complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad con los traficantes y tratantes y para reforzar mecanismos de remisión que permitan identificar y proteger a las víctimas de la trata, a pesar de los esfuerzos del Estado parte por concienciar a la población acerca de la trata y el tráfico de personas;
La falta de datos oficiales sobre la trata de mujeres y niñas;
El escaso número de enjuiciamientos y condenas de responsables, a pesar del establecimiento de una unidad especializada adscrita a la Procuraduría General a fin de luchar contra la trata, el tráfico, la explotación comercial y sexual y el trabajo infantil;
La prevalencia de la prostitución de adolescentes en el Estado parte.
El Comité pide al Estado parte:
Que intensifique sus esfuerzos por ofrecer protección, vías de recurso y reparación a las mujeres víctimas de la trata de personas y de la explotación sexual, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales;
Que incluya en su estrategia de lucha contra la trata medidas para prestar asesoramiento letrado a las mujeres, incluidas las de origen haitiano, y reforzar la vigilancia y la imposición de sanciones a los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en casos de trata;
Que prepare un sistema general para recopilar datos desglosados por sexo acerca del tráfico y la trata de personas;
Que se asegure de que los responsables de la trata y del tráfico ilícito sean enjuiciados y debidamente castigados, impartiendo una formación sistemática a los jueces, fiscales y otros funcionarios encargados de aplicar la ley para la investigación y asignación de casos de trata y tráfico ilícito de personas, y aumente el número de refugios para las mujeres víctimas de la trata;
Que desarrolle acuerdos de cooperación bilaterales y multilaterales con los países de origen y de destino;
Que aborde las causas básicas de la prostitución de las mujeres y las niñas para eliminar su vulnerabilidad a la explotación sexual y garantice su rehabilitación y reintegración social.
Aun observando el número de medidas jurídicas adoptadas para potenciar la participación de la mujer en la vida política y pública, como el proyecto de ley sobre partidos políticos y las modificaciones de la Ley Electoral, cuyo objetivo es lograr la paridad en los cargos elegidos, el Comité sigue preocupado por la infrarrepresentación de las mujeres en los órganos legislativos de nivel nacional y municipal, en el Gobierno y en los altos cargos de la administración pública, en los partidos políticos y en el plano internacional. El Comité también expresa su preocupación por el hecho de que los partidos políticos y los mecanismos de aplicación no respeten las cuotas fijadas y por los obstáculos que siguen dificultando la participación de la mujer, como el machismo imperante y la falta de recursos, asistencia técnica y conocimientos de las mujeres para poder presentarse como candidatas en condiciones de igualdad con los hombres.
Siga reforzando el marco jurídico y las políticas públicas para hacer efectivas las cuotas fijadas, incluida la de igualdad de representación en los órganos elegidos y de libre designación, que abarca los cargos de toma de decisiones;
Asigne recursos presupuestarios y preste asesoramiento técnico a las mujeres candidatas a nivel nacional y municipal;
Introduzca medidas para supervisar la aplicación de las cuotas por los partidos políticos e imponer las sanciones apropiadas en caso de incumplimiento.
El Comité expresa su profunda preocupación por el hecho de que las mujeres de origen haitiano y sus hijos se enfrenten a grandes dificultades con respecto al reconocimiento o la adquisición de la nacionalidad dominicana, con lo que corren el riesgo de ser apátridas o tener una condición de residencia incierta durante largos períodos. En particular, observa que la definición de nacionalidad que figura en la Constitución (art. 18), en la Ley de Migración núm. 285-04 y en la práctica de conformidad con la Circular núm. 17 o la resolución 12 de la Junta Central Electoral excluye a las mujeres de origen haitiano y a los hijos de estas que no puedan demostrar su nacionalidad dominicana. El Comité está preocupado por el hecho de que la excepción al principio de jus soli referente a extranjeros “en tránsito” se aplique sistemáticamente de forma excesivamente generalizada incluso a las mujeres que han pasado muchos años, si no la vida entera, en la República Dominicana y a las mujeres migrantes sin prueba de una condición regular, y que, por tanto, sus niños no pueden recibir la nacionalidad dominicana al nacer. El Comité está muy preocupado por la aplicación de la ley por parte de la Junta Central Electoral que deniega la ciudadanía a las mujeres de origen haitiano y a sus hijos nacidos en la República Dominicana. Asimismo, le preocupan las dificultades que experimentan las mujeres para obtener certificados de nacimiento para sus hijos, que son necesarios para ejercer muchos derechos. El Comité toma nota del plan de regularización de la situación de los ciudadanos previsto por el Estado parte.
**Examine las disposiciones legales sobre nacionalidad y su aplicación con respecto a las mujeres de origen haitiano y a sus hijos;
**Elimine todos los obstáculos para que las mujeres de origen haitiano y las mujeres con una condición incierta obtengan certificados de nacimiento para sus hijos, que les garanticen el acceso a todos los derechos;
**Adopte un procedimiento flexible para regularizar la situación de las mujeres de origen haitiano y sus hijos, teniendo en cuenta la longitud de su presencia en el Estado parte;
Garantice que la Junta Central Electoral reconozca las debidas garantías procesales en todos los casos de revisión de la nacionalidad y la situación de los migrantes.
El Comité toma nota favorablemente del mayor acceso de las mujeres a todos los niveles de la educación, aunque reconoce que persisten prácticas discriminatorias y sexistas en el sector de la educación. Observa la persistencia de estereotipos tradicionales que discriminan a las mujeres y las niñas en los libros de texto de la enseñanza primaria, a pesar de los intentos de revisarlos y armonizarlos con el principio de no discriminación. El Comité lamenta la falta de datos desglosados por sexo y de información sobre los cursos que siguen las niñas, y de datos sobre el acceso a la educación de las refugiadas, las mujeres de origen haitiano y sus descendientes, y las mujeres y niñas con discapacidad. El Comité señala la falta de investigaciones y estadísticas desglosadas sobre los índices de deserción escolar de las niñas y la situación de las adolescentes embarazadas en las escuelas y sobre las medidas para prevenir que las niñas dejen la escuela prematuramente. Asimismo expresa su preocupación por la falta de medidas para proporcionar una educación integradora a las niñas y mujeres con discapacidad y por la persistencia de prejuicios sexistas en la elección de carrera por parte de las mujeres.
Prosiga sus esfuerzos por cambiar los patrones culturales que reproducen la discriminación por motivos de sexo en la educación;
Realice investigaciones y establezca un sistema para reunir información desglosada acerca de la situación de las mujeres de ascendencia haitiana, las refugiadas y las mujeres y niñas con discapacidad con respecto a la educación;
Adopte medidas en las instituciones académicas a fin de recopilar datos sobre los índices de deserción escolar relacionados con el embarazo de las adolescentes y aplique medidas para proteger a las niñas de las prácticas discriminatorias por motivos de nacionalidad;
Incluya, para las niñas y los niños adolescentes, formación apropiada para su edad sobre derechos sexuales y reproductivos en los planes de estudio escolares, incluyendo cuestiones tales como las relaciones entre los géneros y la conducta sexual responsable, con el objetivo de prevenir embarazos precoces;
Adopte medidas especiales de carácter temporal para promover y facilitar el acceso de la mujer a sectores no tradicionales de la educación y las carreras profesionales.
El Comité observa con preocupación la discriminación existente en el empleo de mujeres, en particular:
Las elevadas tasas de desempleo entre las mujeres, y la gran diferencia de salarios según los sexos, a pesar del mayor acceso de la mujer a la educación;
El acoso sexual de las mujeres en el lugar de trabajo y la falta de vías de recurso eficaces para las víctimas;
Las prácticas discriminatorias contra las mujeres embarazadas y las mujeres que viven con el VIH/SIDA, que les impiden conseguir empleo;
Las barreras que encuentran los trabajadores domésticos para obtener acceso a la seguridad social;
Las oportunidades limitadas de que disponen las mujeres y los hombres para conciliar la vida familiar y el trabajo, por ejemplo la falta de guarderías infantiles;
La explotación de las mujeres de origen haitiano en las plantaciones de caña de azúcar, donde corren peligro de estar sujetas a formas contemporáneas de esclavitud.
Introduzca medidas concretas, con plazos e indicadores precisos, para crear oportunidades de empleo para las mujeres en la economía estructurada y no estructurada;
Adopte medidas para alentar a las mujeres a optar por actividades profesionales no tradicionales, como carreras técnicas;
Proporcione vías de recurso eficaces a las víctimas del acoso sexual en el lugar de trabajo, aprobando para ello la legislación necesaria;
Prohíba y persiga judicialmente la obligatoriedad de las pruebas de embarazo y de infección por el VIH/SIDA como requisito para acceder al empleo y establezca un mecanismo de supervisión de las condiciones de trabajo de las mujeres que viven con el VIH/SIDA;
Establezca un mecanismo que se ocupe de las denuncias y las reparaciones a las mujeres embarazadas que son víctimas de discriminación en el lugar de trabajo;
Se asegure de que, al modificar el Código de trabajo, se incluyan medidas para prevenir el abuso y vigilar las condiciones de los trabajadores domésticos;
Asigne recursos suficientes, aumentándolos si es preciso, a las guarderías infantiles en todo el Estado parte e introduzca horarios de trabajo flexibles para las mujeres y los hombres tanto en el sector público como en el privado;
Procure que las mujeres y los hombres tomen conciencia de que tienen iguales responsabilidades familiares y aliente a los hombres a participar en condiciones de igualdad en el cuidado de los niños y las tareas domésticas;
Supervise las condiciones de trabajo en el sector agrícola, sobre todo en las plantaciones de caña de azúcar, a fin de prevenir el trabajo forzoso de las mujeres que trabajan en este sector y proteger sus derechos.
Aunque el Comité toma nota con reconocimiento de los esfuerzos desplegados por el Estado parte en el sector de la salud al adoptar el Plan Decenal de Salud 2006-2015, expresa su preocupación por:
La elevada tasa de mortalidad materna;
Las barreras económicas que encuentran las mujeres para tener acceso a los anticonceptivos, que no están incluidos en la lista de medicamentos proporcionados a bajo costo gracias al programa/apoyo logístico de medicamentos esenciales (PROMESE/CAL);
El nivel extremadamente alto de uso de la esterilización voluntaria como método anticonceptivo;
El hecho de que, si bien en el proyecto de enmienda del Código Penal se despenaliza el aborto en caso de que la vida de la madre se vea amenazada, se sigue penalizando el aborto en otras circunstancias, como la violación, el incesto y la malformación grave del feto;
El elevado número de mujeres, incluidas mujeres jóvenes, que viven con el VIH/SIDA en el Estado parte;
La discriminación contra las mujeres de origen haitiano en el sistema de salud y el deber de los trabajadores sanitarios de comunicar la situación regular o irregular de esas mujeres a las autoridades de migración;
La discriminación contra las mujeres lesbianas, denunciada al Comité, que puede impedirles el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Adopte un plan para reducir la mortalidad materna, prestando especial atención a las jóvenes;
Facilite a todas las mujeres un acceso libre o asequible a los servicios de planificación familiar y a los anticonceptivos, a fin de reducir la utilización de la esterilización voluntaria como método anticonceptivo;
Se asegure de que el proyecto de enmienda del Código Penal, que despenaliza el aborto en caso de que la vida de la madre se vea amenazada, se aprobará con prontitud y se ampliará para cubrir otras circunstancias, como la violación, el incesto y la malformación grave del feto, de acuerdo con la recomendación general núm. 24 del Comité;
Aplique medidas para la prevención del VIH/SIDA entre las mujeres, prestando especial atención a las campañas de información pública a nivel nacional y local, en particular promoviendo campañas de concienciación acerca del papel que desempeñan los hombres en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva;
Garantice que las mujeres y niñas migrantes tengan un acceso efectivo a la atención de salud, cualquiera que sea su situación como migrantes;
Garantice el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a todas las mujeres, incluidas las lesbianas, sin discriminación y evitando toda forma de estigmatización.
Las mujeres del medio rural
Aunque el Comité toma nota de las iniciativas del Estado parte en favor de las mujeres de zonas rurales, expresa su preocupación por el limitado acceso que tienen las mujeres de estas zonas a la propiedad de la tierra. También le preocupa la explotación de las mujeres y niñas de las zonas rurales que trabajan en el sector agrícola y la falta de un marco legislativo que las proteja. El Comité observa con preocupación que la estrategia de reducción de la pobreza del Estado parte y sus políticas de fomento de la actividad empresarial no llegan a la mayoría de las mujeres de las zonas rurales. El Comité ve con inquietud las barreras que encuentran las mujeres de las zonas rurales que les dificultan el acceso a la educación y la tecnología.
Adopte medidas legislativas para facilitar el acceso de las mujeres de las zonas rurales a la propiedad de la tierra y garantice su reconocimiento como propietarias;
Se asegure de que en las estrategias de reducción de la pobreza y generación de ingresos se incluyan disposiciones y objetivos concretos relativos a las mujeres de las zonas rurales;
Garantice el acceso de las mujeres y las niñas de zonas rurales a la educación y a los progresos tecnológicos y sus aplicaciones.
Las mujeres de origen haitiano
El Comité expresa su profunda preocupación por las múltiples formas de discriminación contra las mujeres de ascendencia haitiana en el Estado parte, que limitan el disfrute de sus derechos a la nacionalidad, la educación, el empleo y la salud. El Comité lamenta que el Estado parte no haya facilitado información desglosada acerca de la situación de las mujeres de origen haitiano que viven en su territorio y que no considere la posibilidad de adoptar medidas apropiadas para proteger los derechos de tales mujeres.
**El Comité insta al Estado parte a:
Que lleve a cabo investigaciones para determinar si las mujeres de origen haitiano que viven en el Estado parte pueden disfrutar de sus derechos humanos;
Que recopile datos desglosados acerca de la situación de las mujeres de origen haitiano que padecen múltiples formas de discriminación;
Que adopte, con la asistencia de organizaciones internacionales, buenas prácticas destinadas a erradicar las múltiples formas de discriminación a que deben hacer frente las mujeres de origen haitiano.
Al Comité, aunque toma nota de que la revisión del Código Civil reforzó algunos derechos de las mujeres en relación con la disolución del matrimonio, le preocupa que el Código establezca un período de nueve meses durante el cual las mujeres divorciadas, a diferencia de los hombres divorciados, no pueden volver a casarse. El Comité también expresa su preocupación por la edad mínima legal para contraer matrimonio, que sigue siendo de 15 años para las niñas, mientras que es de 18 años para los hombres en virtud del Código.
El Comité recomienda que el Estado parte modifique su Código Civil para eliminar la discriminación que prevalece contra las mujeres con respecto a los hombres en relación con los períodos de espera para volver a casarse, en consonancia con la Convención y la recomendación general núm. 29, sobre las consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución. También recomienda que el Estado parte aumente la edad mínima legal para contraer matrimonio de las mujeres a los 18 años y adopte medidas eficaces para impedir los matrimonios precoces.
Enmienda del artículo 20 1), de la Convención
El Comité alienta al Estado parte a que proceda a la aceptación de la enmienda del artículo 20 1), de la Convención relativa al tiempo asignado a las reuniones del Comité.
El Comité insta al Estado parte a que utilice la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en sus esfuerzos para aplicar las disposiciones de la Convención.
El Comité pide que se integre la perspectiva de género, de conformidad con las disposiciones de la Convención, en todas las actividades encaminadas al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el marco para el desarrollo después de 2015.
El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua las disposiciones de la Convención. El Comité insta al Estado parte a que preste atención prioritaria a la aplicación de las presentes observaciones finales y recomendaciones de aquí a la presentación del próximo informe periódico. El Comité pide pues la difusión oportuna de las observaciones finales, en el idioma oficial del Estado parte, a las instituciones estatales competentes a todos los niveles (nacional, regional y local), en particular al Gobierno, los ministerios, el Congreso Nacional y el poder judicial, para hacer posible su plena aplicación. El Comité alienta al Estado parte a colaborar con todas las partes interesadas, como las asociaciones de empleadores, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y de mujeres, las universidades y los centros de investigación, los medios de comunicación, etc. Además, recomienda que las observaciones finales se difundan de forma adecuada a nivel de la comunidad local, para permitir su aplicación. Además, el Comité pide al Estado parte que siga difundiendo la Convención, su Protocolo Facultativo, la jurisprudencia y las recomendaciones generales del Comité a todas las partes interesadas.
El Comité señala que la adhesión del Estado parte a los nueve instrumentos internacionales de derechos humanos principales facilitaría el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por parte de las mujeres en todos los aspectos de la vida. Por consiguiente, el Comité alienta al Estado parte a que considere la posibilidad de ratificar los tratados de los que todavía no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de dos años, proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones contenidas en los párrafos 25, apartados a., b. y e., y 35, apartados b., c., d., g. y h).
Suplemento No. 38 (A/43/38), 16 y 19 de Febrero, el 22, 26 y 29 de Febrero y el 2 de Marzo de 1988↩
19 de enero a 6 de febrero de 1998, Suplemento No. 38 (A/53/38/Rev.1)↩
Una recomendación a la recomendación: ¿Cómo se pueden llamar crímenes pasionales y no de género?, ¿se podría atribuir esta calificación a cualquier otro tipo penal como el desfalco, el hurto de los bienes públicos, todos por pasiones? Resulta absurdo que el Comité de la CEDAW, como instancia llamada a proteger los derechos de las mujeres, replique estos conceptos que tienden a justificar la violencia basada en género.↩
Conjuntamente con la Ley 137-03 sobre Tráfico y Trata, se estructuró un Programa de Apoyo a la Mujer Migrante: Comité Interinstitucional para la Protección a la Mujer Migrante (CIPROM).↩
Dos nuevas legislaciones fueron incorporadas en seguimiento a la cuotas: El artículo 68 de la Ley 275-97 fue modificado para llevar a 33% la cuota en el año 2001; y se establecen las leyes 12-00 y 13-00, para establecer cuotas en el nivel congresional y municipal. Para esto último fue necesario modificar además la Ley Municipal 3455, que actualmente ha sido abrogada.↩
6 a 23 de julio de 2004, Suplemento No. 38 (A/59/38)↩
Existe un Plan de Erradicación de la Pobreza, sin embargo no considera la perspectiva de género, ni las jefaturas femeninas. Este fue definido en el año 2003 y ha sido modificado a partir de nuevas prioridades de los programas de gobiernos de los partidos políticos que dirigen el Estado.↩
El 6 de septiembre del 2006, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 100, 128 y 398 del Código Procesal Penal, se estableció que la no comparecencia de las partes no puede ser interpretada como un desistimiento. Por otro lado, sin embargo, el recurso de la conciliación continúa siendo frecuente en las prácticas judiciales en el tratamiento de violencia basada en género.↩
Fue aprobada la Ley de migración pero sin considerar estos elementos. Sin embargo, esta situación es capítulo de discusión en la Constitución de la República Dominicana que actualmente está en proceso de revisión, y que mantiene la disposición de que la mujer sigue la condición de su marido. Ver Art. 11 párrafo 3. http://www.suprema.gov.do/novedades/sentencias/inconstitucionalleydemigracio ncertificada.htm.↩
Fue adoptada una ley sobre Derechos de las Trabajadoras Domésticas, Ley No 103-99: http://portal.set.gov.do/legislacion/resolucion2005_part2.asp.↩
El Estado ha creado un mecanismo de difusión para la prevención del VIH/Sida dirigida a toda la población con programas específicos a jóvenes COPRESIDA (Consejo Presidencial del Sida., esta entidad ha hecho algunas campañas sobre la estrategia nacional sobre prevención que consiste en uso de preservativos y la fidelidad así como el retraso de la primera relación sexual. Lo que evidencia una desvinculación con la autonomía de las mujeres y de la visión de Derechos sexuales y reproductivos.↩
CEDAW/C/DOM/CO/6-7, 30 de julio de 2013↩

References: artículo 9
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 37
 artículo 72
 resolución 
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 68