Source: https://www.scribd.com/document/146210966/Publicidad-Oficial-2012-o5-07-Oea
Timestamp: 2018-02-23 16:39:08+00:00

Document:
OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 6/12 7 marzo 2011 Original: Español
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2012 Internet: http://www.cidh.org/relatoria Email : cidhexpresion@oas.org
OAS Cataloging‐in‐Publication Data Inter‐American Commission on Human Rights. Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression. Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión = Principles on the regulation of government advertising and freedom of expression. v. ; cm. (OEA documentos oficiales ; OEA/Ser.L) ISBN 978‐0‐8270‐5840‐8 1. Freedom of expression‐‐America. 2. Civil rights‐‐America. 3. Human rights‐‐America. 4. Government advertising‐‐America. I. Title. II. Title: Principles on the regulation of government advertising and freedom of expression. III. Series. OAS official records ; OEA/Ser.L. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.6/12
Catalina Botero Marino Relatora Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organización de Estados Americanos Documento elaborado y publicado gracias al apoyo financiero de la Comisión Europea Convenio IEDDH Cris No. 2009 / 167‐432 El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 7 de marzo de 20111
La incorporación de este documento al Informe Anual de la CIDH fue aprobada en marzo de 2011 por el pleno de la Comisión integrada por Dinah Shelton, José de Jesús Orozco Henríquez, Rodrigo Escobar Gil, Luz Patricia Mejía Guerrero, Felipe González, Paulo Sérgio Pinheiro y Maria Silvia Guillen.
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS MIEMBROS José de Jesús Orozco Henríquez Tracy Robinson Felipe González Rose‐Marie Belle Antoine Rosa María Ortiz Dinah Shelton Rodrigo Escobar Gil ****** Secretario Ejecutivo: Santiago A. Canton Secretaria Ejecutiva Adjunta: Elizabeth Abi‐Mershed
Control externo de la asignación publicitaria 8. Transparencia y acceso a la información 7.v PRINCIPIOS SOBRE REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN ÍNDICE Página A. Pluralismo informativo y publicidad oficial 6 17 17 20 22 25 26 27 31 33 . Mecanismos de contratación 6. claras y precisas 2. El caso de la publicidad oficial Principios rectores en materia de publicidad oficial 1. Criterios de distribución de la pauta estatal 4. Planificación adecuada 5. B. Objetivos legítimos de la publicidad oficial 3. Establecimiento de leyes especiales.
TABLA DE ACRÓNIMOS Y REFERENCIAS CIDH: CADHP: Convención Americana: Corte Interamericana: Declaración de Principios: Declaración Americana: OEA: ONU: OSCE: PIDCP: Relatoría Especial: Comisión Interamericana de Derechos Humanos Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos Convención Americana sobre Derechos Humanos Corte Interamericana de Derechos Humanos Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Organización de los Estados Americanos Organización de las Naciones Unidas Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Relatoría Especial para la Libertad de Expresión .
Serie A No. en mayor medida o por medios distintos de los autorizados por la misma Convención”2.D. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos).3 de la Convención. Opinión Consultiva OC‐5/85 del 13 de noviembre de 1985. tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos. se configura una violación del artículo 13. 2.1 PRINCIPIOS SOBRE REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL Y LIBERTAD DE EXPRESION 1.H. Corte I. más sutiles y sofisticados. sin embargo. Los mecanismos indirectos de restricción se ocultan detrás de acciones aparentemente legítimas que. o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. 55. 3. de frecuencias radioeléctricas. Los mecanismos de censura “indirecta” prohibidos por el artículo 13. Como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante. 2 . son adelantadas con el propósito de condicionar el ejercicio de la libertad de expresión de los individuos. desde el extremo de su supresión radical mediante actos de censura previa hasta mecanismos menos evidentes. dicho artículo establece: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. resulta violatorio de la libertad de expresión “todo acto del poder público que implique una restricción al derecho de buscar. La Colegiación obligatoria de periodistas (Arts.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere. recibir y difundir informaciones e ideas. Existen distintas formas de afectar ilegítimamente la libertad de expresión. En efecto.3 de la Convención Americana fueron objeto de atención por parte de distintos órganos del sistema interamericano. la “Corte Interamericana” o “Corte”). 5. Cuando eso sucede. específicamente. a estos mecanismos indirectos que tienden a “impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. párr. El artículo 13.
La cuestión también fue abordada por esta oficina en sus Informes de 20085 y 20096. 25 de febrero de 2009. entre otros. la concesión de prebendas arancelarias. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Del mismo modo. interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión. artístico. Informe Anual 2003. con el objetivo de presionar y castigar. CIDH. el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal. OEA/Ser. Doc. 70. establece en su principio 5 que “[l]a censura previa. o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. “CIDH”). impuestas silenciosamente [que] no dan lugar a investigaciones ni merecen una censura generalizada”4.F. Informe Anual 2008. Capítulo III 5 4 3 . Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones. debe estar prohibida por la ley. visual o electrónico. Estos mecanismos de restricción fueron también objeto de análisis por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. 1. como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo. la Declaración de Chapultepec (adoptada por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en México. atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”3. 5. 29 de diciembre de 2003 Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. OEA/ Ser. 4. que en su Informe Anual 2003 llamó la atención sobre estas “obstrucciones oscuras. Aunque no es jurídicamente vinculante. opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral.118. Y en su principio 13 indica que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública. la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante.134. el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión. violan el derecho a la libertad de expresión”. párr. CIDH.3 citado. L/ V/ II. no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”. la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales. D. las licencias para la importación de papel o equipo periodístico. Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad de Expresión: Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficial). la Declaración es una manifestación de voluntad y apoyo de numerosos dirigentes a la defensa del derecho a la libertad de expresión. el 11 de marzo de 1994) establece en el Principio 7 explícitamente que: “Las políticas arancelarias y cambiarias. Doc. escrito.2 Interpretando el artículo 13.L/V/II.
Fondo. Corte I. Corte I. Caso Ríos y otros Vs. Serie C No. 30 de diciembre de 2009.. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. párr.H. Capítulo III (Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión). Caso Perozo y otros Vs. Sentencia de 28 de enero de 2009. Venezuela. Fondo. Reparaciones y Costas. Serie A No.H. Venezuela. Venezuela.H. En esta línea. Sentencia del 6 de febrero de 2001. 194.D. 194.H. 6. 86 y ss. 195. 139.. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha condenado en distintas ocasiones la adopción de medidas estatales que constituyen medios indirectos de restricción de la libertad de expresión. párr.D. Sentencia de 28 de enero de 2009. Corte I. ha condenado la exigencia de la colegiatura obligatoria de periodistas7. Sentencia de 28 de enero de 2009. párr. CIDH. Asimismo la Corte Interamericana ha sostenido que sería una restricción indirecta la exigencia desproporcionada o discriminatoria de “acreditaciones o autorizaciones a los medios de prensa para la participación en eventos oficiales”10. por ejemplo. Sentencia de 28 de enero de 2009. Reparaciones y Costas. 158 a 163. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Venezuela. Reparaciones y Costas. párrs. Reparaciones y Costas.D. la CIDH ha explicado que un mismo acto estatal puede constituir simultáneamente tanto una limitación de la (Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión: La prohibición de la censura y de las restricciones indirectas a la libertad de expresión). Caso Ríos y otros Vs. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. Corte I. Serie C No. Serie C No. Opinión Consultiva OC‐5/85 del 13 de noviembre de 1985.D. 346. y 157 y ss. Doc. Excepciones Preliminares. 5. párrs.D.H. párrs.3 5. Excepciones Preliminares. OEA/SER. Perú.D. 195. 151. 76.H. Informe Anual 2009. Así.L/V/II. o para revocar la nacionalidad del director de un medio como consecuencia de la línea editorial de los programas que transmite8. Fondo. También ha cuestionado las declaraciones de funcionarios públicos cuando. Fondo. Corte I. 375. dado el contexto. 97 y ss. Serie C No. 129 y ss. 10 9 8 7 6 . Excepciones Preliminares. Caso Perozo y otros Vs.51. párr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Corte I. el uso arbitrario de las facultades de regulación del Estado cuando éste ha sido utilizado para iniciar acciones intimidatorias contra las directivas de un medio de comunicación. Serie C No. pueden constituir “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”9. 74. párr. Excepciones Preliminares.
D.2 de la Convención Americana. Por ejemplo. Serie C No. 101. generan el mismo resultado que la censura directa11. Serie C No. Transcritos en: Corte I. Serie C No. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Palamara Iribarne Vs.D. Transcritos en: Corte I. Los relatores para la libertad de expresión de la ONU.4 libertad de expresión contraria a los requisitos del artículo 13. como un medio de restricción indirecto o sutil de la libertad de expresión. Sentencia de 2 de julio de 2004. la CIDH ha expresado que el procesamiento de personas. párr. Costa Rica.2. Transcritos en: Corte I. 72. 12 11 . que coartan la circulación de la información.H.k). que constituye una limitación directa de esta libertad contraria al artículo 13 por ser innecesaria y desproporcionada.2. “los gobiernos y los órganos públicos nunca deben abusar de su custodia de las finanzas públicas para tratar de influir en el contenido de la información de los medios de prensa.H.i).2). Costa Rica.H. 107. CIDH. 7.D. Costa Rica. viola la libertad de expresión al desestimular el debate público sobre asuntos de interés para la sociedad.2. Chile.a).e). Transcritos en: Corte I. 135. 111. Paraguay.. párrs. incluidos periodistas y comunicadores sociales. Serie C No.e) y 101. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa Vs.H. Caso Ricardo Canese Vs. por el mero hecho de investigar. Costa Rica. es decir. Sentencia de 31 de agosto de 2004. ya que la simple amenaza de ser procesado penalmente por expresiones críticas sobre asuntos de interés público puede generar autocensura dado su efecto amedrentador12. 107. 101.D. Caso Palamara Iribarne Vs. 101. el anuncio de publicidad debe basarse en razones de mercado”. párr. Sentencia de 2 de julio de 2004. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa Vs. CIDH. la aplicación de sanciones penales como consecuencia de determinadas expresiones contrarias a los intereses del gobierno.. Paraguay.. escribir y publicar información de interés público. Si bien el tema de la regulación de los medios de comunicación y los requisitos que se deben cumplir para no vulnerar la libertad de expresión no han sido CIDH. 64. Chile.. CIDH. también constituye una limitación indirecta de este derecho por sus efectos de silenciamiento y amedrentamiento de futuras expresiones. En igual línea de razonamiento. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Ricardo Canese Vs. la OEA y la OSCE también han abordado el tema de las restricciones indirectas a la libertad de expresión por parte de las autoridades. Por ejemplo. Caso Herrera Ulloa Vs. en su Declaración Conjunta de 2002 afirmaron que. párr. Caso Herrera Ulloa Vs. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.
Opinión Consultiva OC‐5/85 del 13 de noviembre de 1985. la Corte Interamericana ha afirmado que el artículo 13. Leído en conjunto con el artículo 1. como.H.5 objeto de un pronunciamiento expreso de parte de los organismos del sistema interamericano hasta la fecha. la Declaración Conjunta de 2003 de los relatores para la libertad de expresión de la ONU.3 impone a los Estados una obligación de garantía frente a las relaciones entre particulares que puedan derivar en limitaciones indirectas de la libertad de expresión: “el artículo 13. 14 13 . cabe destacar que las restricciones indirectas también pueden tener origen en actos de particulares. Caso Ríos y otros Vs.D. Sentencia de 28 de enero de 2009. En este sentido. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 340. 195. Excepciones Preliminares. Serie C No. Serie A No. aún en el ámbito de las relaciones entre particulares. cuando existe un monopolio sobre insumos vitales para el funcionamiento de la industria como. pues no sólo abarca restricciones gubernamentales indirectas. párr. por ejemplo. 367. 48. Caso Perozo y otros Vs. 5.D. que se viola dicho instrumento no sólo cuando el Estado impone a través de sus agentes restricciones indirectas sobre la circulación de ideas u opiniones. sino también cuando ha permitido que el establecimiento de controles particulares genere una restricción de la libertad de expresión14.H. Venezuela.. en criterio del tribunal.H. 194. Fondo. Corte I. Reparaciones y Costas. ello implica. Corte I. Fondo. Sentencia de 28 de enero de 2009. el papel para periódico o cuando particulares realizan bloqueos que impiden la distribución de medios impresos. sino también ‘controles […] particulares’ que produzcan el mismo resultado”13. la OEA y la OSCE abordó expresamente este tema condenando “los intentos de algunos gobiernos de limitar la libertad de expresión y de controlar a los medios de comunicación y/o a los periodistas a través de mecanismos regulatorios carentes de independencia o que. párr. Reparaciones y Costas.D. Excepciones Preliminares..3 de la Convención [Americana] impone al Estado obligaciones de garantía. Finalmente.1 de la Convención Americana. de cualquier manera. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. párr. por ejemplo. representan una amenaza a la libertad de expresión”. Corte I. Serie C No. 8. Venezuela.
como otros mecanismos de censura indirecta. 70. 13. OEA/ Ser. Doc. La distribución arbitraria de publicidad oficial. La distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial fue uno de los primeros mecanismos de censura indirecta abordados por el sistema interamericano. párr. 29 de diciembre de 2003 Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 70. los mecanismos de censura indirecta suelen esconderse detrás del aparente ejercicio legítimo de facultades estatales. Informe Anual 2003. 29 de diciembre de 2003. Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad de Expresión: Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficial). L/ V/ II. estas formas CIDH.118. CIDH. la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su Informe Anual 2003 dedicó un capítulo especial a estudiar el fenómeno y concluyó que “la obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”15. Doc. Según indicó en ese momento la Relatoría Especial: “este tema merece especial atención en las Américas. OEA/ Ser. muchas de las cuales se ejercen por los funcionarios en forma discrecional. Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad de Expresión: Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficial). el abuso de poder por parte de los gobernantes en la canalización del dinero destinado a la publicidad”16. 10. opera sobre distintos tipos de necesidades que los medios de comunicación tienen para funcionar e intereses que pueden afectarlos.6 A. 2. Informe Anual 2003. El caso de la publicidad oficial 9. Es una forma de presión que actúa como premio o castigo que tiene por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión. 11. párr. donde la concentración de los medios de comunicación ha fomentado. En consecuencia. Como ya fue mencionado. históricamente. En efecto. 16 15 . L/ V/ II.118.
Cfr. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Para que se configure una violación al artículo 13. Serie C No. sino que debe igualmente examinar dicho acto a la luz de los hechos del caso en su totalidad. párr. Desde este punto de vista.H. conf. aunque sea en forma indirecta.D. Serie C No. Sentencia de 28 de enero de 2009. párr. Sentencia de 6 de febrero de 2001. 195. Opinión Consultiva OC‐5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. Siguiendo el mismo razonamiento. 18 17 . ya que no es fácil determinar con exactitud la línea que separa al ejercicio legítimo de una facultad de la restricción ilegítima de un derecho. Para determinar cuando hubo o no violación a la libertad de expresión con motivo del ejercicio de esas facultades. la Corte Interamericana ha sostenido que “[al] evaluar una supuesta restricción o limitación a la libertad de expresión. Cfr.3 no es taxativa ni impide considerar 'cualesquiera otros medios' o vías indirectas derivados de nuevas tecnologías (…). es necesario analizar el contexto.H. 340. 5. sostuvo que “la enunciación de medios restrictivos que hace el artículo 13. Corte I.H. la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”18. Años después del diagnóstico inicial realizado por esta oficina en relación a la problemática de la publicidad oficial. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 154. Perú.D. 74. incluyendo las circunstancias y el contexto en los que éstos se presentaron”17. párr. asimismo Corte IDH in re Caso Ríos y otros vs. el Tribunal no debe sujetarse únicamente al estudio del acto en cuestión. el Corte I. Venezuela”. En sentido similar. 194. En el caso de la distribución de la publicidad oficial. 48.D. Corte I. una facultad legítima del Estado puede configurar una violación del derecho a la libertad de expresión si (a) el ejercicio de la facultad estuvo motivado en la posición editorial del sujeto afectado y (b) el ejercicio tuvo por objeto condicionar el libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Venezuela. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts.7 de censura indirecta son particularmente difíciles de detectar. “Caso Perozo y otros Vs. En efecto. 13. se configura un caso de censura indirecta cuando la misma es realizada con fines discriminatorios de acuerdo a la posición editorial del medio incluido o excluido en ese reparto y con el objeto de condicionar su posición editorial o línea informativa.3 de la Convención es necesario que la vía o el medio restrinjan efectivamente. Caso Baruch Ivcher Bronstein Vs. 12.
en el cual el tribunal indicó que la Provincia de Neuquén había violado la libertad de expresión de un diario al eliminar la publicidad oficial que allí tenía contratada como consecuencia de una cobertura crítica. en la mayoría de los países de las Américas subsiste una falta de regulación que favorece la discrecionalidad en la distribución de presupuestos publicitarios estatales que en algunos casos se miden en millones de dólares. c.C. la Corte Suprema de Chile resolvió un reclamo presentado por la Revista Punto Final contra la distribución de publicidad oficial realizada por algunos ministerios. la Fundación Pro Acceso (Chile). 15. la Fundación para la Libertad de Prensa (Colombia). 20 19 .C.19. Ver Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. la Asociación por los Derechos Civiles (Argentina). Audiencia pública realizada el 29 de octubre de 2010 en Washington D. el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Uruguay) y el Grupo Medios y Sociedad (Uruguay). el tribunal consideró que el orden jurídico chileno otorga a los funcionarios “un amplio margen de discrecionalidad” y recomendó que la inversión de publicidad estatal se haga “bajo criterios CIDH. Sentencia del 5 de septiembre de 2007. Allí.A. Provincia de Neuquén. el Instituto Prensa y Sociedad (Perú). La Corte Suprema señaló que la Provincia de Neuquén debería establecer un marco legal adecuado que limite la discrecionalidad de los funcionarios públicos e impida ese tipo de arbitrariedades20. Allí se indicó que la falta de regulación adecuada es la principal causa de que los presupuestos publicitarios puedan ser utilizados para influir en los contenidos de los medios de comunicación. Caso Río Negro.8 problema persiste en muchos países de la región. 14. Si bien se ha avanzado con algunas reformas legales y buenas prácticas. La audiencia fue solicitada por la Open Society Justice Initiative. La ausencia de normas legales que regulen la distribución de la pauta fue señalada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el caso Editorial Río Negro S. sobre “Censura Indirecta y Publicidad Oficial en las Américas”. Asimismo. Article 19 (México). Ello fue señalado por diversas organizaciones de la sociedad civil de la región en una audiencia llevada a cabo ante la CIDH el 29 de octubre de 2010 en Washington D. el Centro de Análisis e Investigación Fundar (México) y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Costa Rica).
23 22 . transparentes y no discriminatorios. http://www. Uno de los países de la región que cuenta con un marco regulatorio que merece ser estudiado es Canadá. tanto electrónicos como impresos”22. en la audiencia ante la CIDH. Si bien fue establecido a través de una reglamentación de la Ley de Administración Financiera. 17.9 transparentes y no discriminatorios”21. La CNDH señaló que es necesario que la empresa estatal “cuente con procedimientos y criterios objetivos. en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación. claros.ca/pol/doc‐eng.aspx?id=12316&section=text#cha1. Finalmente. disponible en. Comisión Nacional de Derechos Humanos. la Política Comunicacional del Gobierno de Canadá define el objetivo de la comunicación estatal y establece criterios de planificación y distribución de la pauta oficial. Recomendación 57/2009 del 14 de septiembre de 2009. uno de los principales anunciantes –si no el único‐ del mercado publicitario. Communication Policy of the Government of Canada. 1 de agosto de 2006. las organizaciones solicitantes señalaron que en los países de la región el Estado es. la seguridad.gc. en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la empresa estatal Petróleos Mexicanos había suspendido la publicidad oficial a la revista Contralínea como consecuencia de una investigación de ésta sobre posibles casos de corrupción en esa empresa. sentencia del 22 de abril de 2010. la sinceridad y el respeto”23. Asimismo. En efecto. en Chile. el Congreso de la Nación creó en 2006 una Comisión Especial Investigadora sobre Avisaje del Estado que recomendó que se establezca un régimen legal con reglas claras que determinen criterios y mecanismos de distribución de la pauta estatal. Recurso 9148/09.tbs‐sct. lo que le otorga un peso desmedido y aumenta enormemente el potencial condicionante de la pauta estatal. La reglamentación dispone 21 Ver Corte Suprema de Chile. Además. la reglamentación establece que la comunicación estatal debe procurar “satisfacer las necesidades informativas de la población” e informar al público respetando “la libertad. el pluralismo. en muchas ocasiones. 16.
entre otros. programas o servicios24. la ley prohíbe que los fondos públicos sean destinados a apoyar una candidatura a un puesto de elección popular o a un partido político. establece que el deber de informar incluye el deber de hacerlo de manera efectiva. sección 13.874 del Perú. Communication Policy of the Government of Canada. lo que implica que la información debe presentarse en forma clara y fácil de entender. Disponible en: http://www. Communication Policy of the Government of Canada.pdf. políticas. Communication Policy of the Government of Canada. 1 de agosto de 2006. 18. Ley 28.org/web_files/download/articulos/adjuntos/Ley‐28874‐de‐ Publicidad‐Estatal‐pdf‐1586. 28 27 26 . prohíbe las campañas publicitarias que difundan mensajes de partidos políticos y suspende la publicidad durante el período eleccionario27. sección 23.10 que las instituciones alcanzadas por la norma deben proveer información en forma gratuita cuando la misma es necesaria para que los individuos puedan utilizar los servicios públicos. beneficios y obligaciones de los individuos.censuraindirecta. y debe ser información objetiva. Asimismo. sección 2. 25 sección 3. relevante y útil25. 1 de agosto de 2006. La reglamentación también dispone que las comunicaciones y campañas publicitarias deben planificarse en el marco del plan anual de actividades de cada entidad26. La ley exige que las campañas se planifiquen y que se justifiquen técnicamente los medios de comunicación seleccionados para emitir las campañas. La norma tiene por objetivo. sancionada el 14 de agosto de 2006. Asimismo. También prohíbe que los funcionarios a cargo de las dependencias que realicen campañas 24 Communication Policy of the Government of Canada. Asimismo. 1 de agosto de 2006. cuando se trate de información personal del individuo que solicita esa información y cuando es necesaria para que los ciudadanos comprendan cambios en leyes. 1 de agosto de 2006. Perú cuenta con una ley que regula la Publicidad Oficial desde agosto de 200628. cuando la información explique los derechos. en parte como consecuencia de su falta de reglamentación. Cabe destacar que la norma no habría logrado eliminar la discrecionalidad en la distribución de la pauta publicitaria. establecer criterios generales para el uso de los recursos presupuestarios en materia de publicidad oficial.
Estos marcos regulatorios. la Ley 29 de Publicidad y Comunicación Institucional. sancionada en diciembre de 2005. Normas similares pueden encontrarse en España o el Reino Unido. sancionada el 29 de diciembre de 2005 disponible en PDF en http://www.pdf.boe.pdf.a. por ejemplo. sancionada el 29 de diciembre de 2005. 20. Finalmente. 19. En España. artículo 4. Ley 29/05 de Publicidad y Comunicación Institucional. establece que la misma no puede ser utilizada para “destacar los logros de gestión”29 y la prohíbe durante períodos eleccionarios30. 30 29 . la norma contiene disposiciones de transparencia y sanciones para los funcionarios que incumplen los deberes y obligaciones que prescribe la norma. de forma tal que estos fondos públicos no sean utilizados de un modo que restrinja la libertad de expresión. En el Reino Unido. Estas guías establecen criterios para desarrollar las campañas publicitarias impulsadas por el Estado. que regulan la actividad de los oficiales de prensa de las distintas dependencias del Estado.boe. si bien perfectibles. Ley 29/05 de Publicidad y Comunicación Institucional.es/boe/dias/2005/12/30/pdfs/A42902‐42905. disponible en PDF en http://www.es/boe/dias/2005/12/30/pdfs/A42902‐42905. establece un marco regulatorio que define los objetivos de la pauta oficial. existe un marco regulatorio en las llamadas “Guías de Decencia” (Propriety Guides). establecen ciertos parámetros básicos que en muchas ocasiones tienden a impedir que la comunicación institucional del Estado sea utilizada con fines electorales o como un mecanismo de presión sobre medios de comunicación y periodistas. las cuales nunca deberán ser de carácter “político”. incluyendo la promoción de campañas publicitarias.1.11 publicitarias aparezcan en los anuncios que se difundan en los medios de comunicación. Un régimen legal adecuado en materia de distribución de la pauta estatal debe necesariamente disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos para efectuar esa distribución. si bien no existe una ley que reglamente la comunicación institucional del Estado.
Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. [lo] que pueda dar lugar a asignaciones discriminatorias de la publicidad oficial”33. Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad de Expresión: Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficial). 24 y ss.cabinetoffice. Ley 28.118. 2007. Doc. 70. 56.118.gov. La Comisión Especial detectó que los presupuestos publicitarios eran distribuidos en forma discrecional.. 29 de diciembre de 2003. Cámara de Diputados. párr. En Chile. donde se explica que las pocas normas que regulan la materia en la mayoría de los países de la región son normas no destinadas específicamente a evitar que la distribución de publicidad oficial se convierta en un mecanismo de censura indirecta. Ver. 56. párr. Congreso Nacional de Chile. párrs.europarchive. lo que era permitido por la falta de reglas claras que determinen criterios y mecanismos de distribución. CIDH. “la mayor parte de los países de la OEA carecen de una legislación específica sobre la cuestión de la publicidad oficial”32. Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad de Expresión: Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficial). Propriety Guidance. incluidas las empresas públicas y las Municipalidades”34. 22. Disponible en: http://www. Doc.censuraindirecta. A excepción de Perú y Canadá. sancionada el 14 de agosto de 2006.pdf CIDH. disponible en: http://tna.pdf. Informe Anual 2003. el proceso de reforma legal comenzó con un detallado estudio realizado por la Comisión Especial Investigadora sobre Avisaje del Estado que se hizo público en 2008.org/20070807115016/http://www. 34 33 32 31 .874 del Perú. Informe Anual 2003. por ejemplo. en particular.org/web_files/download/articulos/adjuntos/Ley‐28874‐de‐ Publicidad‐Estatal‐pdf‐1586. pág 134.Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La Comisión Especial recomendó la elaboración de un proyecto de ley “que regule la publicidad oficial de los órganos de la Administración del Estado. OEA/ Ser. 29 de diciembre de 2003. 70.12 21. Informe de la Comisión Especial Investigadora sobre Avisaje del Estado. Si bien en algunas jurisdicciones se ha avanzado en el camino de la reforma legal. En dicha oportunidad se concluyó que esa falta de normativa puede “crear riesgos de una facultad discrecional excesiva en los órganos que toman las decisiones. no se han registrado grandes avances al respecto. Tal como señaló el Informe Anual 2003 de la Relatoría Especial. los países del hemisferio no tienen leyes específicas sobre este tema31. L/ V/ II. OEA/ Ser.uk/governme nt_communication/propriety/guidance. L/ V/ II. Cabinet Office.
la municipalidad ha avanzado con la implementación de normas expedidas en 2008 que crearon un comité oficial y establecieron una serie de criterios para la contratación de la publicidad oficial35.php?storyid=2336. por ejemplo. 30 de diciembre de 2009.51. La falta de marcos regulatorios adecuados permite que se produzcan los abusos en la distribución de la pauta oficial que han sido mencionados. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.medioslatinos. CIDH. 38 37 36 35 . 346. en Uruguay se presentó un proyecto de ley que promueve una regulación de la distribución de pauta oficial37 y a mediados de 2010 el gobierno de José Mujica retomó la iniciativa y propuso impulsar un proyecto elaborado por el Ministerio de Industria. Ver Medios latinos. 24. luego del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Informe Anual 2009. 114. 503.com/modules/news/article. “Gobernación colombiana reglamenta distribución equitativa de la publicidad oficial”. 26. párr.51. el gobierno de facto dejó de asignar publicidad oficial a medios que no simpatizaban con el golpe38. párr. OEA/Ser. En Colombia hubo varias experiencias locales en la ciudad de Cartagena y en el departamento de Caldas. dicho proyecto se encontraba en trámite. Informe Anual 2009. por ejemplo. párr. 25. Finalmente. el 6 de abril de 2009 el gobierno de Caldas dictó el decreto 0020 por medio del cual se establecieron mecanismos para la contratación de espacios de publicidad a cargo de las entidades centralizadas y descentralizadas del nivel departamental.L/V/II Doc.13 23. Informe Anual 2009. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). 30 de diciembre de 2009.L/V/II Doc. Energía y Minería. 23 de abril de 2009. disponible en http://www. En Cartagena. OEA/Ser. A nivel departamental. La ausencia de marcos regulatorios adecuados ha generado que la distribución arbitraria de publicidad oficial resulte cuestionada en varios países ante las autoridades judiciales. En Honduras. Como CIDH. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). CIDH. y se creó un comité asesor de publicidad36. Al momento de escribir este informe.
A. Dicho caso trataba sobre una demanda iniciada por el diario Río Negro contra la Provincia de Neuquén. decisión del 5 de septiembre de 2007. consideró que “el Estado no puede asignar los recursos por publicidad de manera arbitraria.e. caso Río Negro. En dicha oportunidad. afectando injustificadamente.14 ya fue mencionado. considerando 11. 28. cuyo gobierno había suspendido la pauta oficial en dicho medio de comunicación como consecuencia de una denuncia de corrupción que había publicado el periódico. decidido por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en septiembre de 2007. El Tribunal. que resolvió un reclamo de Editorial Perfil en contra del Estado Nacional por haber sido excluida del reparto de pauta oficial como consecuencia de su postura crítica. 2) no puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión”39. los jueces de Corte Suprema de Justicia de Argentina. Corte Suprema de Justicia de Argentina. con base en criterios irrazonables40” y estimó que esa distribución arbitraria “configura un supuesto de presión que lejos de preservar la integridad del debate público lo puso en riesgo. 41 40 39 . considerando 4. caso Río Negro. En esa oportunidad. debe hacerlo con base en dos criterios constitucionales: “1) [N]o puede manipular la publicidad. El criterio expresado por la Corte Suprema de Argentina en el caso Río Negro fue replicado por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de Argentina. considerando 9. c. la libertad de prensa y el legítimo interés que el diario ‘Río Negro’ y sus lectores tienen en el comportamiento de los funcionarios políticos de dicha provincia en el ejercicio de sus funciones”41. de un modo indirecto. 27. la Corte Suprema entendió que si el Estado decide distribuir publicidad oficial. caso Río Negro. decisión del 5 de septiembre de 2007. uno de los principales antecedentes a nivel local es el caso Editorial Río Negro S. Corte Suprema de Justicia de Argentina. citando el Informe Anual 2003 de esta oficina. dándola y retirándola a algunos medios [con base en] criterios discriminatorios. decisión del 5 de septiembre de 2007. Provincia de Neuquén.
18. 29. 12 de febrero de 2009. Sociedad Interamericana de Prensa. Disponible en: http://cpj. en el contenido de los medios. Argentine court orders official ads into critical publications. Este tipo de investigaciones son de vital importancia para identificar las deficiencias de la regulación o las asignaciones arbitrarias de los Estados tendientes a influir. como consecuencia de críticas que el periódico había hecho al gobernador.639/2006: Editorial Perfil S.A. la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito entendió que el retiro de publicidad oficial por parte de la administración del gobernador de Puerto Rico. En el caso El Día Vs. Asociación por los Derechos Civiles. Causa No. Asociación por los Derechos Civiles / Open Society Justice Initiative.php. 2008. 19 de febrero de 2009.11 de febrero de 2009. Abuso de la publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina.ar/sw_contenido. Caso Perfil: un fallo en contra de la censura indirecta. Es por ello. de manera indirecta..php?page=cont_comunicados&seccion=detalles&id=4136 &idioma=sp Ver Una Censura Sutil. los mecanismos de distribución de la publicidad oficial43. Abuso de publicidad y otras formas de censura indirecta en América Latina. Es decir. Comité para la Protección de los Periodistas.org/2009/02/argentine‐court‐orders‐official‐ ads‐into‐critical. Asociación por los Derechos Civiles / Open Society Justice Initiative.15 la Sala IV sostuvieron que “[e]l gobierno debe evitar las acciones que intencional o exclusivamente estén orientadas a limitar el ejercicio de la libertad de prensa y también aquellas que llegan indirectamente a ese resultado. Rossello.adc. Buenos Aires: Porter y Cía. a través de pedidos de acceso a la información pública. 2005 y El Precio del Silencio. 10 de febrero de 2009. Pedro Rossello al diario El Día.org.sipiapa. Satisface a la SIP fallo en Argentina sobre publicidad oficial.. Buenos Aires: Porter y Cía. Estos casos fueron precedidos por detallados estudios que documentaron. Colección Reformas Legales. y otro contra EN – Jefatura Gabinete de Ministros – SMC sobre amparo ley 16‐986. Disponible en: http://www. Disponible en: http://www. constituía una clara violación del derecho a la libertad de expresión garantizado por la Primera Enmienda a la Sala IV de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal. considerando 11.org/v4/index. Es posible encontrar otros antecedentes jurisprudenciales en países como Estados Unidos. que no resulta necesario la asfixia económica o quiebre del diario […]”42.php?id=513. basta con que la acción gubernamental tenga ese objetivo para que se configure un supuesto de afectación de dicha libertad. 43 42 .
la Alta Corte del Estado de Andhra Pradesh entendió que. decidido el 10 de octubre de 1980. párr. caso El Día vs. párr. En efecto. Corte de Apelaciones del Primer Circuito. Government of Andhra Pradesh and Others.16 Constitución de los Estados Unidos44. 30. decisión del 25 de enero de 1999. 8. 109. Vs. en el caso Ushodaya Publications Private Ltd. en la India. Vs. 110. la Corte de Apelaciones entendió que “usar fondos del gobierno para castigar el discurso político de miembros de la prensa y buscar coaccionar [a los medios de comunicación para que emitan] expresiones favorables al gobierno es contrario a la Primera Enmienda”45. Puerto Rico. y los casos concretos de discriminación en los que la distribución de los presupuestos publicitarios se hace con el objeto de castigar expresiones críticas pueden encontrar reparación en los tribunales. 165 F. si bien no es obligatorio para el Estado otorgar publicidad oficial. Además. decisión del 25 de enero de 1999. Así también. caso El Día vs. Puerto Rico. caso de Ushodaya Publications Private Ltd. Government of Andhra Pradesh and Others. decisión del 25 de enero de 1999. caso El Día vs. Rossello. pág. Alta Corte de Andhra Pradesh. pág. si el Estado decide hacerlo no puede distribuir ese presupuesto en forma discriminatoria. Rossello. 19. Si bien una justicia imparcial e independiente es fundamental para prevenir abusos. 165 F. caso de Ushodaya Publications Private Ltd. La Corte recordó que la Suprema Corte de la India entendió que la garantía de la libertad de expresión se vería afectada “mediante la imposición directa de una restricción o mediante la imposición de una restricción sobre un aspecto fundamental de esa libertad”48. Corte de Apelaciones del Primer Circuito. 48 47 46 45 44 . Goverment of Andhra Pradesh and Others. que garantiza el derecho a la igualdad47. 165 F. Puerto Rico. la Corte entendió que “el derecho claramente establecido prohíbe al gobierno condicionar la revocación de beneficios [en este caso. Alta Corte de Andhra Pradesh. En ese sentido.3d 106. la respuesta Corte de Apelaciones del Primer Circuito. decidido el 10 de octubre de 1980. Vs. 31. Rossello.3d 106. la Corte entendió que una disposición legal que establece la absoluta discrecionalidad en la distribución de la pauta sobre un solo funcionario público “viola el Artículo 14” de la Constitución.3d 106. la publicidad del Estado] sobre una base que infringe intereses constitucionalmente protegidos”46.
la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el mencionado caso Editorial Río Negro S. Estos principios. No basta con que los jueces reparen el daño producido. la Corte Suprema de Justicia de Argentina. las posibilidades de constituirse en mecanismos de restricción indirecta se ven seriamente disminuidas.A. se ejercen en forma transparente y están sometidas a controles adecuados. Principios rectores en materia de publicidad oficial Es lo que hizo. En este sentido. la Relatoría Especial presenta una serie de principios básicos que debería seguir una regulación adecuada en la materia. el uso indebido por parte del Estado de facultades ordinarias con el propósito de restringir derechos fundamentales se facilita en la medida en que exista una excesiva discrecionalidad en manos de los funcionarios públicos. basados en estándares interamericanos y en experiencias comparadas. responde de mejor manera a la problemática planteada.17 estructural a este tipo de amenazas a la libertad de expresión debe provenir de marcos legales adecuados. fijan criterios mínimos cuya implementación permitiría desactivar uno de los principales mecanismos a través de los cuales se canaliza la intervención del Estado en el contenido de los medios de comunicación. Si dichas facultades están debidamente regladas. 49 . resolvió que la provincia de Neuquén debía presentar a la Corte un marco jurídico adecuado que regule la distribución de la pauta oficial. en el caso Río Negro. B. para promover y controlar la sanción de un marco jurídico adecuado. sino que es necesario exigir a las administraciones que incurren en este tipo de prácticas discriminatorias que se sometan a reglas claras de modo tal que las violaciones no vuelvan a repetirse. de un marco regulatorio adecuado. la elaboración. 32. Provincia de Neuquén. por ejemplo. A continuación. c. No obstante. puede ser una herramienta fundamental para avanzar hacia la reforma legal en esta problemática de un modo efectivo49. Tal como se explicó anteriormente. desde el poder legislativo. El mantenimiento de competencia por parte de los jueces que intervienen en estos casos.
En el mismo informe. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. la Relatoría Especial señaló: “La multitud de casos denunciados prueban el carácter generalizado de las presuntas violaciones indirectas a la libertad de expresión. Párr. El Art. 2 de la Convención Americana establece en cabeza de los Estados parte el deber genérico de adecuar sus disposiciones de derecho interno. la Relatoría señaló que “la insuficiente precisión de las leyes y las facultades inaceptablemente discrecionales constituyen violaciones a la libertad de expresión. 35. 1. Para reducir las asignaciones discriminatorias o arbitrarias de los recursos públicos se precisan marcos legales claros y transparentes que impidan la arbitrariedad en las decisiones.18 33. y en relación a la publicidad oficial. Los Estados deben adoptar reglas legales específicas sobre publicidad oficial en cada uno de sus niveles de gobierno. Capítulo V. claras y precisas 34. [Cuando] las leyes vinculadas a la asignación de publicidad oficial no son claras o dejan las decisiones a la discreción de funcionarios públicos (…) existe un marco legal contrario a la libertad de expresión”50. 51 50 . Capítulo II. 18. Establecimiento de leyes especiales. Al respecto. contratación y control de la pauta estatal permite una utilización arbitraria de estos recursos en detrimento de la libertad de expresión. Estas posibles violaciones indirectas son promovidas por la falta de disposiciones legales que ofrezcan recursos adecuados frente a la asignación CIDH. La carencia de un marco legal específico y adecuado para la definición de los objetivos. la asignación. El Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 2003 advirtió que “es necesaria una mayor voluntad política por parte de los Estados miembros para llevar adelante reformas en sus legislaciones que garanticen a las sociedades un amplio ejercicio de la libertad de expresión e información51”. Informe Anual 2003. Los principios que se explican a continuación son desarrollo de esta doctrina. CIDH. párr. Informe Anual 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. y adoptar “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 23.
incluyendo a los pertenecientes al Poder Ejecutivo. párr. Las buenas prácticas. que debería incorporar a los órganos públicos de todos los niveles del Estado. el deber de adoptar lineamientos legales claros y concretos como parte integral de su deber de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. rendición de cuentas (accountability). estableciendo que es publicidad estatal toda comunicación. En materia de publicidad oficial. Capítulo V. eficiencia y buen uso de los fondos públicos. 52 . no discriminación. esto se traduce en una adecuada regulación de los mecanismos de producción y asignación de la pauta estatal con el objeto de limitar la excesiva discrecionalidad que permite la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. en consecuencia. 86. y –en general‐ la aplicación de reglas generales de contratación a los efectos de reducir la discrecionalidad y los abusos en materia de pauta estatal no son suficientes para evitar violaciones a la libertad de expresión. Informe Anual 2003. distribución y control del avisaje del sector público y privado costeado con fondos públicos. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. 36. 37. contratación. anuncio. las regulaciones defectuosas o dispersas. Los Estados tienen. o espacio solventado con fondos públicos. 39. pues este vacío legal da lugar a un poder discrecional excesivo por parte de las autoridades que adoptan las decisiones en la materia”52. Esos marcos legales deben definir a la publicidad oficial de manera sencilla y abarcadora. Judicial. a los órganos CIDH. los mecanismos informales. por ejemplo. Las reglas legales específicas de publicidad oficial deben incorporar los principios de interés público. Legislativo. 40. en cualquier medio de comunicación y en cualquier soporte. deben encontrarse comprendidas en esta regulación. El marco legal debe incluir una descripción exhaustiva de su ámbito de aplicación. transparencia. 38. Las diferentes etapas vinculadas a la producción.19 discriminatoria de publicidad oficial.
párr. Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios. a la salud o a la educación—. la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la pensión. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan. Capítulo V.20 creados por las constituciones o por otras leyes. entes autárquicos. funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado. el Estado debe proveer información por lo menos en cuanto a: “(a) [L]a estructura. las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado. para violar los derechos humanos de los ciudadanos. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha sostenido que “el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herramienta importante y útil para los Estados” 53. sociedades comerciales con capitales estatales. 43. Informe Anual 2003. asimismo. (c) la oferta de servicios. esto es. sanciones apropiadas para la violación de sus disposiciones. Tal como lo sostuvo la Relatoría Especial en su Informe Anual 2009. En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber. y cualquier otra persona jurídica que publicite con dineros provenientes del erario público. a conocer las actividades oficiales. o con fines electorales o partidarios. 3. 41. Objetivos legítimos de la publicidad oficial 42. beneficios. con la finalidad de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad. 2. subsidios o contratos de CIDH. como las empresas estatales. (b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos—por ejemplo. 53 . La regulación debe incluir. así como a organismos descentralizados.
y (d) el procedimiento para interponer quejas o consultas. muchos de sus derechos pueden depender de que conozcan la información sobre cómo hacerlos efectivos. CIDH. ya que la utilización de recursos públicos con ese fin vulneraría el principio de equidad e igualdad de condiciones que deben regir una contienda electoral. salvo en casos en los que exista un deber legal de informar o una emergencia sobre la cual es necesario comunicar cierto mensaje. Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos. 44. y deberían identificarse como publicidad oficial. tener un propósito de utilidad pública y el gobierno debe usar los medios. sin embargo. La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan el gobierno o de sus intereses. ni debe ser utilizada para la estigmatización de sectores opositores o críticos del gobierno55. el Estado debe encontrar formas eficaces para realizar la obligación de transparencia activa en tales circunstancias”54. 45. si existiere.21 cualquier tipo. comprensible. en consecuencia. esto es. 55 54 . Para lograr ese fin sería posible establecer normas que regulen la suspensión de la publicidad por un tiempo razonable durante las campañas políticas y los comicios. Durante dichos procesos es necesario que la legislación específica sobre la materia establezca mecanismos que impidan que las campañas que deben servir al interés comunitario sean utilizadas como herramientas de captación del sufragio. no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. con mención expresa del organismo promotor de la misma. La publicidad oficial debe. soportes y formatos que mejor garanticen el acceso y la difusión de la información. 32 y ss. Informe Anual 2009. dado que sectores importantes de la población no tienen acceso a las nuevas tecnologías y. Dicha información debe ser completa. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. de acuerdo al propósito y características de cada campaña. Asimismo. con un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. La información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede ser engañosa. Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información). ideas o imágenes empleadas por cualquier partido político u organización social. párrs. Existen estudios que muestran que en época de elecciones aumenta la utilización propagandística de la pauta estatal así como su distribución discriminatoria hacia medios afines para hacerlos más vigorosos.
Los recursos publicitarios nunca deben ser distribuidos discriminando. Los Estados deben establecer. positiva o negativamente. La pauta estatal nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios. procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas de favoritismos políticos en el reparto. claros. que “los gobiernos y los órganos públicos nunca deben abusar de su custodia de las finanzas públicas para tratar de influir en el contenido de la información de los medios de prensa. 47. en su principio 13. Los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos.22 3. el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión. para la contratación y distribución de la publicidad oficial. Declaración conjunta de los mecanismos internacionales para promover la libertad de expresión. sino que deberían participar asimismo funcionarios de carrera técnicos especializados en la materia. atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”. Del mismo modo. el anuncio de publicidad debe basarse en razones de mercado”56. Cómo sostiene la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. en una declaración conjunta. 48. La responsabilidad por las decisiones sobre contratación y distribución de la pauta publicitaria no debería recaer únicamente en manos de funcionarios de origen político. diciembre de 2002. Dicho uso debe encontrarse explícitamente sancionado. el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre la Libertad de los Medios de comunicación y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA señalaron. Véase. transparentes y objetivos. Criterios de distribución de la pauta estatal 46. “la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial (…) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. de acuerdo a la línea editorial de los medios de comunicación. Anexo al Informe de la Oficina del Relator 56 .
Sentencia del 5 de septiembre de 2007. Capítulo V. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. párr./L/V/II. como la afinidad personal o política. En sentido concordante conf. Doc. públicos y que hayan sido establecidos con anterioridad a la decisión publicitaria. 51. 52. CIDH. La primera opción para un Estado es dar o no publicidad. Informe Anual 2003. 2) no puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión. Los criterios de adjudicación deberían incluir y evaluar distintos factores. 11. donde se lee: “Existe un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos. Al momento de adjudicar la pauta. CSJN (República Argentina) “Caso Río Negro”. Informe Anual 2003. dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios. tales como el perfil del público al que va destinada Especial para la Libertad de Expresión 2001. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión.23 49. debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad. párr. OEA/Ser. la Relatoría para la Libertad de Expresión sostuvo que “cuando el Estado asigna esos recursos en forma discriminatoria se viola el derecho fundamental a la libre expresión”57. En otras palabras.114. y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. 12. una decisión no discriminatoria es aquella que se basa “en criterios ‘sustancialmente relacionados’ con el propósito descrito [de la publicidad a contratar] y que [sean] neutros en relación con los puntos de vista del medio”58. el Estado debería fundar por escrito y claramente cuáles fueron los parámetros utilizados. Las campañas deben decidirse sobre la base de criterios de asignación claros. como sostuvo la Relatoría para la Libertad de Expresión. Si decide darla. 5. Es discriminatoria y constituye un supuesto de censura indirecta la adjudicación que toma en cuenta las opiniones vertidas por los medios de comunicación u otras razones injustificadas desde el punto de vista de los objetivos del aviso oficial en cuestión. Capítulo V.” 58 57 . Si bien no existe un derecho intrínseco a recibir recursos publicitarios por parte de los medios de comunicación. y la manera en que fueron aplicados. CIDH. 16 de abril de 2002. 50.
A través del público objetivo se establece el universo de medios elegibles. que nunca deberá ser superior al que abona un anunciante privado. En cualquier caso. el marco jurídico deberá garantizar que se trata de mediciones comprensivas. las mismas podrían ser realizadas por instituciones imparciales que gocen de credibilidad. que tiene derecho a ser informada adecuadamente de las actividades y servicios del Estado. entre otras variables a considerar. los criterios deberían encontrarse claramente expuestos en la norma. luego. a que la pauta sea recibida por el público al que se desea impactar con la campaña. para que su utilización como herramienta de adjudicación no se convierta en una barrera indirecta al ejercicio de la libertad de expresión al marginarlos del otorgamiento de publicidad oficial. Esos medios deberían ser incluidos en . junto con un mecanismo de ponderación que precise el modo en que serán sopesadas las distintas variables de asignación. 54. Desde este punto de vista. comunitarios y locales. La pauta estatal forma parte de las libertades informativas de la población. En este sentido. Para ello. los precios.24 la campaña. no resulta aceptable que en la distribución de la pauta publicitaria se discrimine a los medios de comunicación por el modelo bajo el cual operan. 53. esto es. Como criterio preponderante los Estados deberían considerar a la audiencia o público objetivo de la campaña publicitaria de que se trate. la exclusión de los medios de difusión comunitarios o alternativos del reparto del presupuesto publicitario por el mero hecho de funcionar bajo criterios no comerciales resulta una discriminación inaceptable bajo los parámetros de la Convención Americana. la circulación o audiencia del medio respectivo. deberían ser consideradas las mediciones de circulación o audiencia –las que deben ser amplias y comprensivas‐ y el precio. Por ello. que abarcan a los distintos tipos de medios y que se realizan con criterios objetivos y confiables. En la medida en que los criterios de adjudicación precisen de mediciones. y reduzca de esta manera la discrecionalidad del funcionario u organismo interviniente. Las mediciones deberían incluir datos de medios pequeños. la publicidad oficial debe orientarse a la efectividad del mensaje.
57.25 condiciones de igualdad en los procesos de selección y criterios de asignación en consideración de su cobertura o audiencia. La falta de planificación favorece la utilización abusiva de la publicidad oficial al aumentar la discrecionalidad en manos de los funcionarios que tienen el poder de distribuirla. colocación en los medios. entre otras cuestiones) a técnicos especializados en dicha tarea. es necesario que especialistas técnicos compartan la responsabilidad por el manejo y la asignación de pauta. de acuerdo al principio de utilidad pública de la publicidad oficial. La pauta debe estar justificada en la existencia de campañas y avisos publicitarios que respondan a necesidades concretas y reales de comunicación. Finalmente. 55. ya que se trata de políticas públicas. plan de medios. Ello promueve una excesiva discrecionalidad y facilita el favoritismo en la asignación de estos fondos. el manejo de los fondos de la publicidad no deben quedar al arbitrio de funcionarios designados políticamente que dependen directa y únicamente de los poderes ejecutivos de turno. Por esa razón. dichas campañas deberían estar estipuladas dentro de una planificación adecuada. La norma regulatoria debe exigir que las distintas dependencias del Estado realicen una adecuada planificación del avisaje estatal. 4. La decisión de otorgar fondos públicos para publicidad oficial debe adoptarse de modo transparente. . deberían dejar el diseño y el manejo de las cuestiones técnicas (planificación. justificado y que permita el control público. Si bien es razonable que los funcionarios de origen político participen de las definiciones generales sobre las campañas. Planificación adecuada 56. 58. Por eso. Los Estados deberían hacer uso de los recursos destinados a pauta estatal a través de campañas publicitarias concretas y necesarias. además de criterios y procedimientos preestablecidos.
Los Estados deberían buscar dar cumplimiento al principio de concurrencia propio de las contrataciones públicas. En el diseño de los procedimientos se debería atender a las características geográficas y de mercado de cada jurisdicción. En estos casos deben extremarse los requisitos de transparencia. Los mecanismos de contratación deben ser lo suficientemente flexibles como para responder a las distintas situaciones que requieran de una reacción rápida en términos de comunicación por parte de los Estados. 60. Sólo excepcionalmente. y en casos de emergencia o imprevistos plenamente justificados. transparentes y no discriminatorios. de manera que se permita el control procedimental por parte de los oferentes. Los Estados deben seguir reglas de selección objetivas. Los Estados deben asignar los recursos publicitarios a través de procedimientos abiertos. Los Estados deben contratar espacios en los medios de comunicación a través de procedimientos preestablecidos que impidan decisiones arbitrarias. Todas las etapas implicadas en el circuito de contratación deben ser públicas. 63. la comunidad. 61. idóneos y efectivos. predeterminadas y transparentes en la elección de . los Estados pueden recurrir a sistemas de contratación cerrados o directos. La contratación directa de proveedores únicos sólo debería ser utilizada en casos de emergencia y extrema urgencia. salvando las situaciones de excepción que taxativamente se encuentren enumeradas en la ley. los órganos de control y la propia Administración Pública. La transparencia en estos procesos de contratación es fundamental para que los mismos puedan ser cuestionados cuando se detectan irregularidades. Mecanismos de contratación 59.26 5. atendiendo a las características de cada jurisdicción. para lo cual la ley que los regule debería prever recursos administrativos y judiciales. 62. supuestos que deberían encontrarse delimitados en la norma de aplicación para evitar su utilización abusiva.
Los Estados pueden establecer sistemas de información o registros de proveedores. Toda la información sobre publicidad oficial que se encuentre en poder del Estado es información pública. por funcionarios públicos con entrenamiento técnico cuya conducta y decisiones sean pasibles de control administrativo y judicial. correlativamente. presupuestos. campañas publicitarias y organismos contratantes. el acceso a esa información debe ser considerado un derecho fundamental de . gastos y contratos publicitarios. Los requisitos de registro deben ser los estrictamente necesarios para llevar a cabo exitosamente un proceso de selección objetiva. en última instancia. el Estado debe promover la transparencia de los datos relativos a pauta estatal de dos maneras. los programas y los agentes intermediarios. el fácil acceso a la información. en los que se inscribirán los medios de comunicación. Por ende. Para ello. De ninguna manera son admisibles los requisitos desproporcionados o discriminatorios. motivos de asignación. 66.27 agencias de publicidad u otros subcontratistas involucrados en el proceso de producción o distribución de la pauta oficial. De igual manera. ante cada requerimiento por parte del público en general. Los individuos tienen derecho a conocer toda la información sobre publicidad oficial que se encuentre en poder del Estado. el Estado posee una obligación positiva de brindar los datos sobre pauta estatal que estén en sus manos y. debe publicar periódicamente toda la información relevante sobre criterios de contratación. La inscripción en los registros debería hacerse con la exclusiva finalidad de facilitar la transparencia y objetividad de la contratación. 6. debe garantizar. En segundo lugar. Transparencia y acceso a la información 65. incluyendo los montos de publicidad discriminados por medios. 64. Todas las contrataciones deberían ser aprobadas. los Estados deben garantizar que los agentes intermediarios cumplan con los principios y criterios establecidos en la ley para la contratación de pauta publicitaria. Toda la información asentada en estas bases debería ser considerada pública. En primer lugar.
toda una gama de información de interés públicos (…) [así como] se establecerán sistemas para aumentar. por no conocer la lengua. deben proveerse recursos administrativos y judiciales sencillos. expeditos y no onerosos que permitan controvertir la decisión de cualquier autoridad que impida el acceso a la información en estos casos61. la cantidad de información sujeta a dicha rutina de divulgación). Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. y de manera que asegure que la información sea accesible y comprensible”). 29 (“Dicho recurso debe: (a) resolver el fondo de la controversia para determinar si se produjo una vulneración del derecho de acceso. incluso hasta el punto de que la propia autoridad haga la correspondiente remisión informando del trámite a la persona interesada. Ver CIDH. Conf. que sólo exija el cumplimiento de requisitos básicos tales como: la identificación razonable de la información solicitada y los datos requeridos para que la administración pueda entregarle la información al interesado. 7 de agosto de 2008. oportunidades de consultas. efectivos. Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información). ordenar al órgano correspondiente la entrega de la información. por ejemplo. la OEA y la OSCE. 26 (“La adecuada satisfacción del derecho de acceso a la información supone la necesidad de incorporar en el ordenamiento jurídico un recurso efectivo e idóneo que pueda ser utilizado por todas las personas para solicitar la información requerida. Además. (d) debe permitir que las solicitudes se hagan de forma oral en los casos en que no pueda realizarse por escrito. Para garantizar la verdadera universalidad del derecho de acceso. Comité Jurídico Interamericano. En estos casos. (e) debe establecer la obligación de la administración de asesorar al solicitante sobre la manera de formular la solicitud. y (b) en caso de encontrar tal vulneración. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.”). párr. con el tiempo. beneficios y contratos‐ de forma rutinaria y proactiva. actividades que afectan al público. Informe Anual 2009. de fácil acceso para todas las personas. por no saber escribir o en situaciones de extrema urgencia. como así también el deber de proveer a las personas una vía administrativa de acceso a la información pública60. subsidios. Declaración Conjunta de los Relatores Especiales sobre Libertad de Expresión de la ONU.28 los individuos que los Estados tienen la obligación de garantizar. aún en la ausencia de una petición específica. (c) debe establecer plazos cortos pero razonables para que las autoridades suministren la información requerida. incluso en la ausencia de una solicitud. presupuestos. y (f) debe establecer la obligación de que la respuesta negativa sea motivada y la posibilidad de que ésta pueda ser impugnada ante un órgano superior o autónomo y posteriormente cuestionada en la vía judicial. Informe Anual 2009. El Estado tiene la obligación de suministrar al público la máxima cantidad de información en esta materia de forma oficiosa59. 2004 (“(…) las autoridades públicas deberán tener la obligación de publicar de forma dinámica. incluyendo la asesoría sobre la autoridad facultada por la ley para responder. de tal forma que no desaliente las solicitudes de información. (b) debe ser gratuito o de bajo costo. los 61 60 59 . Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. este recurso debe reunir algunas características: (a) debe ser un recurso sencillo. Ver CIDH. Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información). punto resolutivo 4° (“los órganos públicos deben difundir información sobre sus funciones y actividades –incluyendo su política. párr.
Tal como dijo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión con anterioridad. “el derecho de acceso a la información se extiende a todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno. En este sentido. párr.. incluyendo a los pertenecientes al poder ejecutivo. Serie C No. Sentencia del 19 de septiembre de 2006. párr. Este derecho también vincula a quienes cumplen funciones públicas. 68. Para efectos de hacer efectivo el derecho de acceso a la información en poder del Estado. Comité Jurídico Interamericano. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. 151. Punto resolutivo 2. por Estado debe considerarse a todo el sector público. Respecto de estos últimos. Capítulo V. el derecho de acceso obliga a suministrar información exclusivamente respecto al manejo de los recursos públicos. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. la satisfacción de los servicios a recursos deben ser sencillos y rápidos. Como sostuvo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su Informe Anual 2009. pues la celeridad en la entrega de la información suele ser indispensable para el logro de las funciones que este derecho tiene aparejadas. órganos de propiedad o controlados por el gobierno.29 67. CIDH. 137.”). Informe Anual 2003. en nombre del Estado. y organizaciones que operan con fondos públicos o que desarrollan funciones públicas” 63. “los Estados deben tener en cuenta que la transparencia es un elemento imperiosamente necesario. a los órganos creados por las constituciones o por otras leyes. presten servicios públicos o ejecuten. al legislativo y al poder judicial. para garantizar la justicia y el respeto a la libertad de expresión” 62. “el derecho de acceso a la información genera obligaciones para todas las autoridades públicas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos. 89. Deben divulgarse públicamente los criterios que utilicen quienes toman las decisiones a nivel de gobierno para distribuir la publicidad del Estado. Ver además Corte IDH. recursos públicos. 63 62 . La asignación real de publicidad y la suma total del gasto en esta esfera deben ser también objeto de divulgación pública. Caso de Claude Reyes y otros. de todos los niveles de gobierno. 7 de agosto de 2008.
Las entidades privadas deben tener en cuenta que al participar de la contratación de publicidad oficial. 66 65 . Informe Anual 2009. CIDH. por campañas. cierta información estrictamente relacionada con el proceso de contratación que. que deberían publicarse de manera oficiosa o proactiva. adquiere carácter público. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información). que debe estar sujeto a informes detallados y periódicos. “la información que está bajo custodia. Informe Anual 2009. y la información que el Estado capta. 21. en los que se consignen los gastos discriminados por organismos. incluyendo toda la que es controlada y archivada en cualquier formato o medio”66. al qué. Toda la información relativa a la cuestión de la publicidad oficial debe ser pública. 70. 7 de agosto de 2008. en una enumeración meramente enunciativa. 19. al cómo y al por qué se realizó cualquier aviso o campaña estatal. administración o tenencia del Estado. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. Deben ser públicos todos los datos que respondan al cuánto. (…). Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información). Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comité Jurídico Interamericano. la información que el Estado produce o está obligado a producir. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. cuya definición debe ser amplia. y la que está obligado a recolectar en cumplimiento de sus funciones” 65. de otra manera podría ser considerada privada. el gasto en publicidad. Informe Anual 2009. Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información). la información que está bajo poder de quienes administran los servicios y los fondos públicos. párr. Así. Punto resolutivo 2. por rubros y por 64 CIDH. Los datos a ser considerados relevantes son “toda información significante. 71. párr.30 su cargo y el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas”64. párr. Entre los tipos de información sobre los cuales recae el derecho de acceso a la información pública sobre publicidad oficial debería incluirse. deberían transparentarse los presupuestos aprobados para publicidad. CIDH. 69. 22.
gastos por tipo de medio. los planes estratégicos de las campañas publicitarias que deben fundarse en objetivos y necesidades reales de comunicación. Control externo de la asignación publicitaria 72. y su búsqueda resulte fácil. así como informes especiales sobre las prácticas del Estado en la materia que tengan un adecuado control legislativo o parlamentario. Los Estados deben establecer sanciones adecuadas para los casos de incumplimiento de la ley. en principio: anuales. proveedores contratados y datos puntuales sobre cada campaña importante. 73. Dichos controles deberían incluir auditorías periódicas sobre los gastos y prácticas del gobierno en materia de contratación de pauta. También debe transparentarse los procesos de contratación.31 medios. deberían darse a conocer los criterios de selección que el Estado o el agente intermediario utilizó en la elección del medio para cada publicidad oficial. agencias de publicidad involucradas. Especialmente. Los Estados deben establecer mecanismos de control externo por un órgano autónomo que permitan un monitoreo exhaustivo de la asignación de publicidad oficial. así como también recursos apropiados que permitan identificar y controvertir asignaciones ilegales de publicidad oficial. Los datos deberían estar presentados de modo tal que la información pueda adquirirse de forma completa. que informen sobre la legalidad y la idoneidad de la pauta estatal. esta información se incluye en el “Informe Anual”. en Canadá. llevadas adelante por organismos o dependencias administrativas que tengan Por ejemplo. duración. accesible y oportuna. y el público poder acceder fácilmente a datos precisos sobre los mismos: objetivos. Los gobiernos deben rendir cuentas al público sobre los gastos efectuados y el modo en que son empleados los recursos publicitarios. Los controles deberían incluir auditorías periódicas. resultados en los casos en los que se haga una evaluación posterior. oferta de medios y medios pautados. etcétera67. la ley 29/2005 exige la elaboración de un informe anual en el que se incluyen las campañas. Para ello es necesario que se establezcan mecanismos de control externo: claros y públicos. 7. precio. un exhaustivo documento que contiene detalles sobre gastos por organismos. datos de circulación o audiencia. En España. entre otros. los adjudicatarios de los contratos celebrados y los planes de medios correspondientes. su importe. 67 .
Algunas legislaciones comparadas. Los Estados deben establecer consecuencias negativas ciertas para el incumplimiento de las obligaciones previstas en una norma que regule la publicidad oficial.php?id=26 [Consulta: Enero 2010]. En el caso de los fondos públicos destinados a publicidad. En La independencia de los órganos encargados de realizar los controles es fundamental para que los mismos puedan cumplir su cometido libres de presiones de todo tipo. Fundamentalmente. Los Estados poseen un deber general de auditoría. así como evaluar periódicamente la necesidad. ADC. todas las instituciones deben incluir dichas investigaciones posteriores en el proyecto de cada campaña como una parte integral de él. 74. Los mecanismos para garantizar esa independencia son múltiples y variados. la estabilidad en los cargos salvo supuestos de grave inconducta.32 garantías institucionales. oportunidad e impacto de las campañas publicitarias. Asimismo. 69 68 . los informes de los organismos de control deberían ser. Para garantizar la mayor transparencia sobre este tipo de controles. públicos y encontrarse disponibles para toda la ciudadanía a través de Internet. En ese país.org. 14.ar/sw_seccion. orgánicas y funcionales. los Estados deberían controlar la aplicación adecuada de los criterios de adjudicación en el momento de la distribución. 75. para asegurar que haya suficientes fondos para financiarlas. nombramientos que requieran la aprobación previa de un órgano colegiado con representación plural. para actuar de manera independiente del gobierno de turno y de los poderes económicos o sociales68. Legislación comparada sobre regulación de publicidad oficial. Agosto 2008. adoptan la exigencia de efectuar evaluaciones técnicas posteriores para medir el resultado cuando se trata de campañas grandes (que superan cierto monto).censuraindirecta. asimismo. pero puede mencionarse. como la de Canadá. Conf. deberían promover activamente la adecuación de sus prácticas a las recomendaciones que realicen las auditorías. Disponible en http://www. remuneraciones adecuadas y transparencia en su accionar. a los términos preestablecidos de mandato. entre otros. y corregir las prácticas de conformidad con esa evaluación69. a modo de ejemplo. la idoneidad técnica. dado que la pauta estatal puede ser utilizada como un instrumento para manipular a los medios de comunicación. se deberían realizar ciertos controles específicos. los gobiernos deberían demostrar el cumplimiento de las distintas obligaciones previstas en la ley. En primer lugar. p.
de la libertad de expresión71. individual y social. A. 78. implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias”. En este sentido. Pluralismo informativo y publicidad oficial 77. sino que comprende además. 14) “En su dimensión individual.. por ejemplo. garantiza el derecho de todas las demás personas a acceder a la mayor cantidad y diversidad de informaciones e ideas. aquellas campañas que consideren ilegítimas. Corte I. como requisito del debate robusto que exige el sistema democrático para su buen funcionamiento. 8. el incumplimiento legal debe ser sancionado de manera proporcional y adecuada a la falta cometida70. inseparablemente.D. prohibiting use of taxpayers’ money on party political advertising. La Corte Interamericana específicamente remarcó esta doble dimensión. diferenciados de los gastos de publicidad oficial. La pauta estatal no debe ser considerada como un mecanismo de sostenimiento de los medios de comunicación.33 segundo término. 76. y precisa una pena de prisión con un máximo preestablecido de siete años (Government Advertising Bill 2005. La Colegiación Obligatoria 71 . el ordenamiento legal considera que un funcionario o Ministro usó de manera inapropiada el dinero público al utilizarlo o permitir que se hayan utilizado fondos del erario público mediante publicidades que contradicen el interés comunitario que debe primar en las comunicaciones oficiales. Los Estados deberían establecer políticas y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de medios a través de mecanismos de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros. los defensores de intereses colectivos deberían estar facultados para impugnar asignaciones inadecuadas. la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir. Los Estados deben multiplicar las instancias de control de la pauta estatal. el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios […] En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista. mediante procedimientos adecuados. La libertad de expresión.H. además de proteger el derecho individual del emisor. así como también los particulares deberían poder cuestionar. y tanto esa Corte 70 En Australia.
“Violaciones indirectas a la libertad de expresión”. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. que destaca “la importancia fundamental de la diversidad en los medios comunicación para el libre intercambio de información e ideas en la sociedad. OEA/Ser. párr. 23 de febrero de 2005. párr. cualquiera sea la forma que pretenda adoptar (…)”. 18 y 20). 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC‐5/85 del 13 de noviembre de 1985. Para ello es indispensable. de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. la Comisión IDH tiene dicho que “la libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información” (CIDH. Serie A No. párr. el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europeas (OSCE) sobre Libertad de los Medios de Comunicación. Opinión Consultiva (OC5/85) del 13 de noviembre de 1985. la prohibición de todo monopolio respecto de ellos. Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2004. El Principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría y aprobada por la Comisión IDH en el año 2000 tiene particular relevancia ya que señala que: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los ciudadanos. en términos de dar voz y satisfacer tanto las necesidades de información como otros intereses de todos y todas”. 28).5. Por su parte. 30‐33. el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión. y la Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información.L/V/II. . Serie A No. la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA considera que esta provisión no limita en manera alguna la obligación del Estado de garantizar a través de la legislación la pluralidad en la propiedad de los medios” (CIDH.122. Capítulo V. emitida en diciembre de 2007 por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. 5. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 5. inter alia. 34). De esta forma los individuos podrían verse privados de recibir información proveniente de otras fuentes” y que “en este sentido. la pluralidad de medios. así como a una variedad de expresiones artísticas y culturales (…)” (CIDH.34 como la Comisión Interamericana han sostenido que la ausencia de pluralidad de fuentes de información y medios de comunicación representa un serio obstáculo para el efectivo ejercicio de este derecho72. En ningún caso esas leyes deber ser exclusivas para los medios de comunicación. Capítulo V. La Relatoría ha dicho que el principio 12 “fundamenta su lógica en el entendimiento que si los monopolios y oligopolios existen en los medios de comunicación social. En la misma línea se inscribe la “Declaración Conjunta Sobre Diversidad en la Radiodifusión”. sólo un pequeño número de individuos o sectores sociales podría ejercer control sobre las informaciones que se brindan a la sociedad. p. Sobre este punto también se ha pronunciado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH estableciendo que: “la libertad de expresión implica además que los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a diversas fuentes de información. 93 y 94). “son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Doc. (Corte IDH. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Caso Ivcher Bronstein. párr. Informe Anual 2004. 72 Según la Corte IDH. incluyendo opiniones e ideas. 31 de marzo de 1999. de Periodistas (arts.
” 73 . públicos y utilizar criterios claros. plurales. Por esta razón deben estar sometidos a los principios acá establecidos. diversos y no concentrados73. Sea que se utilicen franquicias tributarias. si los Estados decidiesen establecer un mecanismo de subsidios para promover el pluralismo y la diversidad en el ámbito de la comunicación pública. deben adoptar medidas para que los mercados en los que operan los medios de comunicación sean abiertos. en la mayor medida de lo posible. Argentina. dichos subsidios deberían ser otorgados de un modo transparente y no discriminatorio.35 79. Los subsidios o ayudas de cualquier tipo pueden convertirse también en un mecanismo indispensable de presión o de afectación de la línea editorial o del enfoque o cubrimiento noticioso de un medio de comunicación. En ese sentido. Sentencia del 2 de mayo de 2008.H. impulsando el pluralismo informativo.D. Conf. Corte I. 80. los Estados tienen el deber de impulsar el pluralismo informativo. sistemas de fondos. que resultan compatibles con su naturaleza. transparentes y neutros en relación a la línea editorial o al enroque político de los contenidos. 81. Caso Kimel Vs. Los Estados no deben utilizar nunca la publicidad oficial como un subsidio. o cualquier otro mecanismo para el fomento del pluralismo informativo. Serie C No 177 párr. con base en criterios objetivos relacionados con la necesidad de promover una mayor diversidad de voces a través de la inclusión en el ámbito comunicacional de voces minoritarias y excluidas de grupos desaventajados. Bajo los parámetros de la Convención Americana. el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar. ayudas o subsidios concursables. Para ello. de manera que evite cualquier clase de arbitrariedad. “Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social. la participación de las distintas informaciones en el debate público. abiertos. 57. y tal como lo han dicho en numerosas oportunidades los órganos del sistema. siempre los procedimientos de asignación deberán ser justos. ya que tienen objetivos distintos.
. (ii) obedecer a objetivos legítimos públicos y transparentes. clara y precisa. (iii) contar con criterios de distribución objetivos y no discriminatorios. (iv) obedecer a una cuidadosa planificación. (vi) contar con mecanismos externos e independientes de auditoría y control. transparentes y no discriminatorios. (v) contar con procedimientos de asignación claros. (i) deben estar regulados a través de una reglamentación especial. abiertos. se asegura que mediante la figura de subsidio no se influya o condicione el contenido de los medios menos robustos económicamente que requieren por ello de medidas de diferenciación positiva para poder funcionar y de mayores y mejores garantías para asegurar la independencia y fortaleza respecto del poder político.36 En particular. De esta manera. 82.
Documents Similar To Publicidad Oficial 2012 o5 07 Oea
proyecto real 2017.pptx
Don+Reynaldo+.CSJN+Solve+Et+Repete
Sagues - El Poder Judicial en 1994s
Formatos Publicitarios Shirley
La Estrategia Comunicacional Public It Aria
Publicidad Oficial 2012 o5 07 Oea will be available on

References: artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 4
 Artículo 14
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución