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Timestamp: 2019-10-18 08:02:16+00:00

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Artículo 4 Acceso a la información sobre el medio ambiente
Artículo 5 Recogida y difusión de informaciones sobre el medio ambiente
Artículo 6 Participación del público en las decisiones relativas a actividades específicas
Artículo 7 Participación del público en los planes, programas y políticas relativos al medio ambiente
Artículo 8 Participación del público durante la fase de elaboración de disposiciones reglamentarias o de instrumentos normativos jurídicamente obligatorios de aplicación general
Artículo 9 Acceso a la justicia
Artículo 10 Reunión de las Partes
Artículo 11 Derecho de voto
Artículo 14 Enmiendas al Convenio
Artículo 15 Examen del cumplimiento de las disposiciones
Artículo 18 Depositario
Artículo 19 Ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
ANEXO I . Lista de actividades a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 6
ANEXO II . Arbitraje
Véase el apartado DD de la Res. 5 octubre 2010, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 15 octubre), por el que se publica la adhesión de Guinea Bissau, con entrada en vigor el 17 de agosto de 2010.
Véase el apartado DD. de la Res. 14 junio 2010, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 22 junio), por el que se publica la adhesión por parte de Montenegro, con entrada en vigor el 31 de enero de 2010.
Véase el apartado DD. de la Res. 12 febrero 2010, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 23 febrero), por el que se publica la adhesión por parte de Serbia, con entrada en vigor el 29 de octubre de 2009.
Véase el apartado DD. de la Res. de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaria General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 13 noviembre), por el que se publica la adhesión por parte de Bosnia-Herzegovina, con entrada en vigor el 30 de diciembre de 2008.
Véase el apartado DD. de la Res. 5 octubre 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 5 noviembre), por el que se publica la ratificación por parte de Croacia, con entrada en vigor el 25 de junio de 2007.
Véase el apartado D.D. de la Res. 18 junio 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 3 julio), por el que se publica ratificación por parte de Alemania, con entrada en vigor el 15 de abril de 2007.
Decisión 2006/957 CE del Consejo, 18 Dic. (aprueba enmienda al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente)
Véase la Decisión 2006/957/CE del Consejo, 18 diciembre 2006, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, de una enmienda al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente («D.O.U.E.L.» 29 diciembre).
Véase el apartado DD. de la Res. 7 junio 2006, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 21 junio), por el que se publica la adhesión por parte de Eslovaquia con entrada en vigor el 5 de marzo de 2006, y la ratificación por parte de Grecia, con entrada en vigor el 27 de abril de 2006.
Véase apartado D.D de Res. 2 febrero 2006, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 16 febrero), por el que se publican las ratificaciones por parte de Luxemburgo y Suecia, ésta última con formulación de reservas.
Véase apartado D.D de Res. 4 octubre 2005, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 17 octubre), por el que se publica la ratificación de Austria y la aprobación de la Comunidad Europea, ambas con formulación de declaraciones.
Véase la Decisión 2006/957/CE del Consejo, 18 diciembre 2006, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, de una enmienda al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente («D.O.U.E.L.» 29 diciembre). Véase el Reglamento (CE) nº 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 septiembre 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente («D.O.U.E.L.» 25 septiembre).
Por cuanto el día 25 de junio de 1998, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Aarhus (Dinamarca) el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, adoptado en el mismo lugar y fecha,
Vistos y examinados el preámbulo, los veintidós artículos y los dos anexos que integran dicho Convenio,
a quince de diciembre de dos mil cuatro.
Recordando además las resoluciones de la Asamblea General 37/7, de 28 de octubre de 1982, relativa a la Carta Mundial de la Naturaleza, y 45/94, de 14 de diciembre de 1990, relativa a la necesidad de garantizar un medio ambiente sano para el bienestar de las personas,
Recordando también la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud adoptada en la Primera Conferencia Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud que se celebró bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud en Frankfurt-am-Main (Alemania), el 8 de diciembre de 1989,
Afirmando la necesidad de proteger, preservar y mejorar el estado del medio ambiente y de garantizar un desarrollo sostenible y ecológicamente idóneo,
Reconociendo que una protección adecuada del medio ambiente es esencial para el bienestar humano, así como para el goce de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida,
Reconociendo también que toda persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente que le permita garantizar su salud y su bienestar, y el deber, tanto individualmente como en asociación con otros, de proteger y mejorar el medio ambiente en interés de las generaciones presentes y futuras,
Considerando que para estar en condiciones de hacer valer este derecho y de cumplir con ese deber, los ciudadanos deben tener acceso a la información, estar facultados para participar en la toma de decisiones y tener acceso a la justicia en materia medioambiental, y reconociendo a este respecto que los ciudadanos pueden necesitar asistencia para ejercer sus derechos,
Reconociendo que, en la esfera del medio ambiente, un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permiten tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, contribuyen a sensibilizar al público respecto de los problemas medioambientales, le dan la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudan a las autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta,
Reconociendo que es deseable que la transparencia reine en todas las ramas de la administración pública e invitando a los órganos legislativos a aplicar en sus trabajos los principios del presente Convenio,
Reconociendo también que el público debe tener conocimiento de los procedimientos de participación pública e invitando a los órganos legislativos a aplicar en sus trabajos los principios del presente Convenio,
Deseosas de promover la educación ecológica a fin de hacer comprender mejor lo que son el medio ambiente y el desarrollo sostenible, y de alentar al público en general a estar atento a las decisiones que inciden en el medio ambiente y en el desarrollo sostenible, y a participar en esas decisiones,
Observando a este respecto que es importante recurrir a los medios de comunicación, así como a los modos de comunicación electrónicos y a otros modos de comunicación que aparecerán en el futuro,
Reconociendo que es importante que en la toma de decisiones los gobiernos tengan plenamente en cuenta consideraciones relacionadas con el medio ambiente y que, por tanto, las autoridades públicas deben disponer de informaciones exactas, detalladas y actualizadas sobre el medio ambiente,
Conscientes de que las autoridades públicas tienen en su poder informaciones relativas al medio ambiente en el interés general,
Deseando que el público, incluidas las organizaciones, tengan acceso a mecanismos judiciales eficaces para que los intereses legítimos estén protegidos y para que se respete la ley,
Observando que es importante informar debidamente a los consumidores sobre los productos para que puedan tomar opciones ecológicas con pleno conocimiento de causa,
Conscientes de la inquietud del público respecto de la diseminación voluntaria de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente y la necesidad de aumentar la transparencia y de fortalecer la participación del público en la toma de decisiones en esta esfera,
Convencidas de que la aplicación del presente Convenio contribuirá a fortalecer la democracia en la región de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE),
Conscientes del papel desempeñado a este respecto por la CEPE y recordando en particular las directrices de la CEPE para el acceso a la información sobre el medio ambiente y la participación del público en la toma de decisiones en materia medioambiental, aprobadas en la declaración ministerial adoptada en la tercera conferencia ministerial sobre el tema «Un medio ambiente para Europa» celebrada en Sofía, Bulgaria, el 25 de octubre de 1995,
Teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, adoptado en Espoo, Finlandia, el 25 de febrero de 1991, así como el Convenio sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales y el Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, adoptados ambos en Helsinki el 17 de marzo de 1992 y otros convenios regionales,
Conscientes de que la adopción del presente Convenio contribuirá al fortalecimiento del proceso «Un medio ambiente para Europa» y al éxito de la Cuarta Conferencia Ministerial que se celebrará en Aarhus, Dinamarca, en junio de 1998,
1. Por «Parte» se entiende, a menos que el texto indique otra cosa, una Parte Contratante en el presente Convenio.
2. Por «autoridad pública» se entiende:
c) cualquier otra persona física o jurídica que asuma responsabilidades o funciones públicas o preste servicios públicos relacionados con el medio ambiente bajo la autoridad de un órgano o de una persona comprendida dentro de las categorías mencionadas en las letras a) y b) supra;
3. Por «información(es) sobre el medio ambiente» se entiende toda información, disponible en forma escrita, visual, oral o electrónica o en cualquier otro soporte material y que se refiera a:
b) factores tales como las sustancias, la energía, el ruido y las radiaciones y las actividades o medidas, en particular las medidas administrativas, los acuerdos relativos al medio ambiente, las políticas, leyes, planes y programas que tengan o puedan tener efectos sobre los elementos del medio ambiente a que hace referencia el apartado 1 supra sobre el análisis de costos-beneficios y otros análisis e hipótesis económicos utilizados en la toma de decisiones en materia medioambiental;
c) el estado de la salud, la seguridad y las condiciones de vida de los seres humanos, así como el estado de los emplazamientos culturales y de las construcciones en la medida en que sean o puedan ser alterados por el estado de los elementos del medio ambiente o, a través de estos elementos, por los factores, actividades o medidas a que hace referencia la letra b) supra.
4. Por «público» se entiende una o varias personas físicas o jurídicas y, con arreglo a la legislación o la costumbre del país, las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas.
5. Por «público interesado» se entiende el público que resulta o puede resultar afectado por las decisiones adoptadas en materia medioambiental o que tiene un interés que invocar en la toma de decisiones.
A los efectos de la presente definición, se considerará que tienen tal interés las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la protección del medio ambiente y que cumplen los requisitos exigidos por el derecho interno.
6. Cada Parte procurará, si la información exenta de divulgación según la letra c) del apartado 3 y el apartado 4 del presente artículo puede disociarse sin menoscabar su confidencialidad, que las autoridades públicas faciliten el resto de la información medioambiental solicitada.
8. Cada Parte podrá autorizar a las autoridades públicas que faciliten informaciones a percibir un derecho por este servicio, pero ese derecho no deberá exceder de una cuantía razonable. Las autoridades públicas que tengan la intención de imponer el pago de un derecho por las informaciones que faciliten comunicarán a los solicitantes de información las tarifas de los derechos que hayan de pagarse, indicando los casos en que las autoridades pueden renunciar a la percepción de esos derechos y los casos en que la comunicación de informaciones está sujeta a su pago anticipado.
b) aplicará también las disposiciones del presente artículo, de conformidad con su derecho interno, cuando se trate de adoptar una decisión respecto de actividades propuestas no enumeradas en el anexo I que puedan tener un efecto importante sobre el medio ambiente. Las Partes determinarán en cada caso si la actividad propuesta entra en el ámbito de estas disposiciones; y
ii) las posibilidades que se ofrecen al público de participar en el mismo;
6. Cada Parte exigirá a las autoridades públicas competentes que obren de forma que el público interesado pueda consultar cuando lo pida y cuando el derecho interno lo exija, de forma gratuita, en cuanto estén disponibles, todas las informaciones que ofrezcan interés para la toma de decisiones a que se refiere el presente artículo que puedan obtenerse en el momento del procedimiento de participación del público, sin perjuicio del derecho de las Partes a negarse a divulgar determinadas informaciones con arreglo a los apartados 3 y 4 del artículo 4. Las informaciones pertinentes comprenderán como mínimo y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4:
Cada Parte adoptará disposiciones prácticas u otras disposiciones necesarias para que el público participe en la elaboración de los planes y programas relativos al medio ambiente en un marco transparente y equitativo, tras haberle facilitado las informaciones necesarias. En este marco se aplicarán los apartados 3, 4 y 8 del artículo 6. El público que pueda participar será designado por la autoridad pública competente, teniendo en cuenta los objetivos del presente Convenio. En la medida en que proceda, cada Parte se esforzará por brindar al público la posibilidad de participar en la elaboración de las políticas relativas al medio ambiente.
b) que invoquen la lesión de un derecho, cuando el Código de procedimiento administrativo de una Parte imponga tal condición, podrán interponer recurso ante un órgano judicial u otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo y en cuanto al procedimiento, de cualquier decisión, o cualquier acción u omisión que entre en el ámbito de las disposiciones del artículo 6 y, si el derecho interno lo prevé y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 infra, de otras disposiciones pertinentes del presente Convenio.
Lo que constituye interés suficiente y lesión de un derecho se determinará con arreglo a las disposiciones del derecho interno y conforme al objetivo de conceder al público interesado un amplio acceso a la justicia en el marco del presente Convenio. A tal efecto, el interés de toda organización no gubernamental que cumpla las condiciones previstas en el apartado 5 del artículo 2 se considerará suficiente en el sentido de la letra a) supra. Se considerará igualmente que esas organizaciones tienen derechos que podrían ser lesionados en el sentido de la letra b) supra.
3. Además, sin perjuicio de los procedimientos de recurso a que se refieren los apartados 1 y 2 supra, cada Parte velará por que los miembros del público que reúnan los eventuales criterios previstos por su derecho interno puedan entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las disposiciones del derecho medioambiental nacional.
4. Además, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los procedimientos a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 supra deberán ofrecer recursos suficientes y efectivos, en particular una orden de reparación, si procede, y deberán ser objetivos, equitativos y rápidos sin que su costo sea prohibitivo. Las decisiones adoptadas en virtud del presente artículo se pronunciarán o consignarán por escrito. Las decisiones de los tribunales y, en lo posible, las de otros órganos deberán ser accesibles al público.
6. A los efectos de los apartados 4 y 5 supra, el reglamento de régimen interior mencionado en la letra h) del apartado 2 supra regulará las modalidades prácticas de admisión y las demás condiciones pertinentes.
7. A los efectos del presente artículo, por «Partes presentes y votantes» se entenderá las Partes presentes en la reunión que emitan un voto afirmativo o negativo.
El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados miembros de la Comisión Económica para Europa, así como de los Estados que gocen de estatuto consultivo ante la Comisión Económica para Europa, en virtud de los apartados 8 y 11 de la resolución 36 (IV) del Consejo Económico y Social de 28 de marzo de 1947, y de las organizaciones de integración económica regional constituidas por Estados soberanos, miembros de la Comisión Económica para Europa, que les hayan transferido competencias en las materias de que trata el presente Convenio, incluida la competencia para concertar tratados sobre estas materias, en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998, y posteriormente en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hasta el 21 de diciembre de 1998.
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados para ello, firman el presente Convenio,
Hecho en Aarhus (Dinamarca),
el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y ocho.
Refinerías de petróleo y de gas;
instalaciones de gasificación y licuefacción;
centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con un aporte térmico de, por lo menos, 50 megawatios (MW);
hornos de coque;
centrales nucleares y otros reactores nucleares, inclusive el desmantelamiento o la retirada del servicio de esas centrales o reactores (1) (con excepción de las instalaciones de investigación para la producción y la transformación de materias fisibles y fértiles, cuya potencia máxima no exceda de 1 kW de carga térmica continua);
instalaciones para el retratamiento de combustibles nucleares irradiados;
instalaciones destinadas:
a la producción o al enriquecimiento de combustibles nucleares;
al tratamiento de combustibles nucleares irradiados o de desechos sumamente radiactivos;
a la eliminación definitiva de combustibles nucleares irradiados;
exclusivamente a la eliminación definitiva de desechos radiactivos;
exclusivamente al almacenamiento (previsto para más de diez años) de combustibles nucleares irradiados o de desechos radiactivos en un sitio diferente del sitio de producción.
instalaciones de tostado o sinterizado de mineral metálico (en particular mineral sulfurado);
instalaciones para la producción de hierro fundido o de acero (fusión primaria o secundaria), incluidos los equipamientos para la fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora;
instalaciones destinadas a la transformación de metales ferrosos:
i) por laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por hora;
iii) aplicación de capas de protección de metal en fusión con una capacidad de tratamiento superior a dos toneladas de acero bruto por hora.
fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción superior a 20 toneladas por día; instalaciones:
ii) destinadas a la fusión, incluida la aleación, de metales no ferrosos, comprendidos los productos de recuperación (afino, moldeado en fundición), con una capacidad de fusión superior a 4 toneladas por día para el plomo y el cadmio o de 20 toneladas por día para todos los demás metales.
instalaciones de tratamiento de superficie de metales y materias plásticas en las que se utilice un procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubas de tratamiento sea superior a 30 m³.
instalaciones destinadas a la producción de clinker (cemento) en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas por día, o de cales en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día, o en otros tipos de hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día;
instalaciones destinadas a la producción de amianto y a la fabricación de productos a base de amianto;
instalaciones destinadas a la fabricación de vidrio, incluidas las destinadas a la producción de fibras de vidrio con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día;
instalaciones destinadas a la fusión de materias minerales, incluidas las destinadas a la producción de fibras minerales, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día;
instalaciones destinadas a la fabricación de productos cerámicos por cocción, en particular tejas, ladrillos, piedras refractarias, baldosas, gres o porcelana, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, o una capacidad de horno de más de 4 m³ y de más de 300 kg/m³ por horno.
i) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos);
viii) materias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa);
i) gases, en particular amoníaco, cloro y cloruro de hidrógeno, flúor o fluoruro de hidrógeno, óxidos de carbono, compuestos azufrados, óxidos de nitrógeno, hidrógeno, dióxido de azufre, dicloruro de carbonilo;
iii) bases, entre ellas hidróxido de amonio, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio;
iv) sales, entre ellas cloruro de amonio, clorato de potasio, carbonato de potasio, carbonato de sodio, perborato, nitrato de plata;
v) no metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos, tales como carburo de calcio, silicio, carburo de silicio.
instalaciones para la incineración, aprovechamiento, tratamiento químico y vertido de residuos peligrosos;
instalaciones para la incineración de basuras urbanas, con una capacidad superior a 3 toneladas por hora;
instalaciones para la eliminación de residuos no peligrosos, con una capacidad de más de 50 toneladas por día;
vertederos que reciban más de 10 toneladas por día o con una capacidad total de más de 25.000 toneladas, con exclusión de los vertederos de residuos inertes.
a) construcción de vías para el tráfico ferroviario de larga distancia, así como de aeropuertos (2) dotados de una pista principal de despegue y de aterrizaje con una longitud de 2.100 metros como mínimo;
b) construcción de autopistas y de vías rápidas (3) ;
a) vías navegables y puertos de navegación interior que permitan el acceso de barcos de más de 1.350 toneladas;
10. Dispositivos de captación o de recarga artificial de aguas subterráneas cuando el volumen anual de las aguas captadas o recargadas sea igual o superior a 10 millones de m³.
a) obras destinadas al trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales cuando esta operación tenga por objeto prevenir una eventual escasez de agua y el volumen anual de las aguas trasvasadas exceda de 100 millones de m³;
b) en todos los demás casos, las obras destinadas al trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales cuando el caudal anual medio, a lo largo de varios años, de la cuenca de origen exceda de 2.000 millones de m³ y cuando el volumen de las aguas trasvasadas exceda del 5 por 100 de ese caudal.
En los dos casos quedan excluidos los travases de agua potable conducida por canalizaciones.
12. Extracción de petróleo y de gas natural con fines comerciales cuando las cantidades extraídas excedan de 500 toneladas de petróleo y de 500.000 m³ de gas por día.
13. Presas y otras instalaciones destinadas a retener las aguas o almacenarlas de forma permanente, cuando el nuevo volumen de agua o el volumen suplementario de agua retenida o almacenada exceda de 10 millones de m³.
a) 40.000 plazas para aves;
b) 20.000 plazas para cerdos de producción (de más de 30 kilogramos), o
17. Construcción de tendidos aéreos para el transporte de energía eléctrica con una tensión de 220 kV o más y una longitud superior a 15 kilómetros.
instalaciones destinadas al pretratamiento (operaciones de lavado, blanqueo y mercerización) o la tintura de fibras o de textiles cuya capacidad de tratamiento sea superior a 10 toneladas por día;
instalaciones destinadas al curtido de pieles, cuando la capacidad de tratamiento sea superior a 12 toneladas de productos terminados por día:
ii) materias primas vegetales, con una capacidad de produccion de productos terminados superior a 300 toneladas por día (valor medio trimestral).
c) tratamiento y transformación de la leche, cuando la cantidad de leche recibida sea superior a 200 toneladas por día (valor medio anual).
instalaciones destinadas a la eliminación o al reciclado de piezas en canal y de despojos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas por día;
instalaciones destinadas al tratamiento de superficie de materias, objetos o productos, y en que se utilicen disolventes orgánicos, en particular para las operaciones de apresto, impresión, revestimiento, desengrasado, impermeabilizacion, encolado, pintura, limpieza o impregnación, con una capacidad de consumo de disolvente de más de 150 kilogramos por hora o de más de 200 toneladas por año;
instalaciones destinadas a la fabricación de carbón (carbón cocido duro) o de electrografito por combustión o grafitización.
22. Toda modificación o ampliación de las actividades que responda en sí a los criterios o umbrales expresados en el presente anexo se regirá por el apartado 1.a) del artículo 6 del presente Convenio. Cualquier otra modificación o ampliación de las actividades se regirá por la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del presente Convenio.
Estados parte Fecha firma Fecha depósito instrumento
Albania 25-06-1998 27-06-2001 R
Alemania (4) 21-12-1998
Armenia 25-06-1998 01-08-2001 R
Austria 25-06-1998
23-03-2000 AD
Belarús 16-12-1998 09-03-2000 AP
Bélgica 25-06-1998 21-01-2003 R
Bulgaria 25-06-1998 17-12-2003 R
Comunidad Europea (CE) (4) 25-06-1998
Croacia 25-06-1998
Chipre 25-06-1998 19-09-2003 R
Dinamarca (4) 25-06-1998 29-09-2000 AP
Eslovenia 25-06-1998 29-07-2004 R
España 25-06-1998 29-12-2004 R
Estonia 25-06-1998 02-08-2001 R
Finlandia (4) 25-06-1998 01-09-2004-AC
Francia (4) Excluye Nueva Caledonia, Polinesia Francesa y Walis y Futuna 25-06-1998 08-07-2002 AP
Georgia 25-06-1998 11-04-2000 R
Grecia 25-06-1998
Hungría 18-12-1998 03-07-2001 R
Irlanda 25-06-1998
Islandia 25-06-1998
Italia 25-06-1998 13-06-2001 R
Kazajstán 25-06-1998 11-01-2001 R
01-05-2001 AD
Letonia 25-06-1998 14-06-2002 R
Liechtenstein 25-06-1998
Lituania 25-06-1998 28-01-2002 R
Luxemburgo 25-06-1998
22-07-1999 AD
Malta 18-12-1998 23-04-2002 R
Mónaco 25-06-1998
Noruega (4) 25-06-1998 02-05-2003 R
Países Bajos. Por el Reino en Europa 25-06-1998 29-12-2004 AC
Polonia 25-06-1998 15-02-2002 R
Portugal 25-06-1998 09-06-2003 R
Reino Unido (4) 25-06-1998
República Checa 25-06-1998 06-07-2004 R
República Moldova 25-06-1998 09-08-1999 R
Rumania 25-06-1998 11-07-2000 R
Suecia 25-06-1998
Suiza 25-06-1998
17-07-2001 AD
25-06-1999 AD
Ucrania 25-06-1998 18-11-1999 R
R: Ratificación; AD: Adhesión; AP: Aprobación; AC: Aceptación.
El texto del Convenio plantea una serie de dificultades por lo que se refiere a su aplicación práctica al ordenamiento jurídico alemán que no han podido resolverse definitivamente durante el plazo establecido para la firma del Convenio. Dichas cuestiones requieren un estudio cuidadoso, incluida la consideración de las consecuencias de tipo legislativo, antes de que el Convenio pase a ser vinculante con arreglo al derecho internacional.
La República Federal de Alemania entiende que la aplicación del Convenio mediante medidas administrativas alemanas de carácter coercitivo no producirá cambios que contrarresten los esfuerzos tendentes a la desregulación y agilización de los procedimientos.
«La Comunidad Europea desea expresar su gran satisfacción por el presente Convenio, ya que constituye un paso adelante esencial para seguir estimulando y apoyando la concienciación del público en el ámbito del medio ambiente, así como para mejorar la aplicación de la legislación medioambiental en la región de la CEPE/ONU, de conformidad con el principio del desarrollo sostenible.
Apoyando plenamente los objetivos perseguidos por el Convenio y considerando que la propia Comunidad Europea está participando activamente en la protección del medio ambiente mediante un conjunto legislativo integral y en desarrollo, se ha considerado importante no sólo la firma del Convenio a nivel comunitario, sino también su aplicación a sus propias instituciones, junto con las autoridades públicas nacionales.
En el contexto institucional y jurídico de la Comunidad y teniendo igualmente en cuenta las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la legislación futura sobre la transparencia, la Comunidad declara asimismo que las instituciones comunitarias aplicarán el Convenio en el marco de sus normas presentes y futuras sobre el acceso a los documentos y otras normas pertinentes del derecho comunitario en el ámbito contemplado en el Convenio.
La Comunidad considerará si es necesario formular más declaraciones en el momento de ratificar el Convenio a efectos de su aplicación a las instituciones comunitarias.»
«Tanto las Islas Feroe como Groenlandia gozan de autonomía en virtud de sus Leyes Autonómicas, lo que supone, entre otras cosas, que los asuntos medioambientales en general y las materias contempladas en el Convenio se rijan por el derecho de autodeterminación. Tanto el Gobierno Autónomo de Feroe como el de Groenlandia tienen gran interés político en promover en la medida de lo posible las ideas y los principios fundamentales contenidos en el Convenio. Sin embargo, dado que el Convenio ha sido elaborado teniendo en mente a países europeos con poblaciones relativamente grandes con sus correspondientes estructuras administrativas y sociales, no todos los aspectos del Convenio resultan adecuados de manera automática para las sociedades de las Islas Feroe y de Groenlandia, escasamente pobladas y con una diversidad mucho menor. Así, la plena aplicación del Convenio a dichos ámbitos podría implicar una burocratización innecesaria e inadecuada. Las autoridades de las Islas Feroe y de Groenlandia estudiarán a fondo esta cuestión.
Por lo tanto, la firma del Convenio por Dinamarca no significa necesariamente que la ratificación danesa incluya en su momento a las Islas Feroe y a Groenlandia.»
«1. Finlandia considera que las disposiciones del párrafo 2 del artículo 9 sobre el acceso a un procedimiento de revisión no exigen que dichas disposiciones se apliquen en una fase de la toma de decisiones de una actividad en la cual la decisión se toma en principio por el Gobierno y posteriormente es refrendada o rechazada por el Parlamento nacional, siempre que las disposiciones del párrafo 2 del artículo 9 sean aplicables a una fase posterior de la toma de decisiones de la actividad.
2. Algunas de las actividades que figuran en el Anexo I del Convenio pueden exigir decisiones consecutivas por parte de una autoridad o autoridades públicas sobre la posibilidad de permitir la actividad en cuestión. Finlandia considera que cada una de las Partes deberá determinar, en el marco de su legislación nacional, en qué fase se podrá impugnar, con arreglo al párrafo 2 del artículo 9, la legalidad en cuanto al fondo y en cuanto al procedimiento de una decisión, acción u omisión con sujeción a lo dispuesto en el artículo 6.»
Declaración interpretativa en relación con los artículos 4, 5 y 6 del Convenio:
El Gobierno de Francia se ocupará de la difusión de la información pertinente para la protección del medio ambiente y, al mismo tiempo, de garantizar la protección de los secretos industriales y comerciales, en relación con la práctica jurídica establecida aplicable en Francia.
«De conformidad con la letra a) del párrafo 2 del artículo 18 del Convenio, Noruega declara por la presente que someterá las disputas a la Corte Internacional de Justicia.»
«El Reino Unido entiende que las referencias que se hacen en el artículo 1 y en el párrafo séptimo del preámbulo del presente Convenio al «derecho» de toda persona «a vivir en un medio ambiente que le permita garantizar su salud y su bienestar» expresa una aspiración que ha impulsado a negociar el presente Convenio y que el Reino Unido comparte plenamente. Los derechos jurídicos que cada una de las Partes se compromete a garantizar en virtud del artículo 1 se limitan a los derechos de acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.»
Véase apartado D.D de Res. 4 octubre 2005, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 17 octubre), por el que se publica la ratificación de Austria y la aprobación de la Comunidad Europea, ambas con formulación de declaraciones. Véase apartado D.D de Res. 2 febrero 2006, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 16 febrero), por el que se publican las ratificaciones por parte de Luxemburgo y Suecia, ésta última con formulación de reservas. Véase el apartado DD. de la Res. 7 junio 2006, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 21 junio), por el que se publica la adhesión por parte de Eslovaquia con entrada en vigor el 5 de marzo de 2006, y la ratificación por parte de Grecia, con entrada en vigor el 27 de abril de 2006. Véase el apartado D.D. de la Res. 18 junio 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 3 julio), por el que se publica ratificación por parte de Alemania, con entrada en vigor el 15 de abril de 2007. Véase el apartado DD. de la Res. 5 octubre 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 5 noviembre), por el que se publica la ratificación por parte de Croacia, con entrada en vigor el 25 de junio de 2007. Véase el apartado DD. de la Res. de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaria General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 13 noviembre), por el que se publica la adhesión por parte de Bosnia-Herzegovina, con entrada en vigor el 30 de diciembre de 2008. Véase el apartado DD. de la Res. 12 febrero 2010, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 23 febrero), por el que se publica la adhesión por parte de Serbia, con entrada en vigor el 29 de octubre de 2009. Véase el apartado DD. de la Res. 14 junio 2010, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 22 junio), por el que se publica la adhesión por parte de Montenegro, con entrada en vigor el 31 de enero de 2010. Véase el apartado DD de la Res. 5 octubre 2010, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 15 octubre), por el que se publica la adhesión de Guinea Bissau, con entrada en vigor el 17 de agosto de 2010.
El presente Convenio entró en vigor de forma general el 30 de octubre de 2001 y entrará en vigor para España el 29 de marzo de 2005, de conformidad con lo establecido en su artículo 20.
31 de enero de 2005.-
Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de ser instalaciones nucleares cuando todos los combustibles nucleares y todos los demás elementos contaminados han sido retirados definitivamente del emplazamiento de las instalaciones.
A los efectos del presente Convenio, la noción de «aeropuerto» corresponde a la definición dada en el Convenio de Chicago sobre la creación de la Organización de la Aviación Civil Internacional (Anexo 14).
A los efectos del presente Convenio, por «vía rápida» se entiende una carretera que corresponda a la definición dada en el Acuerdo europeo de 15 de noviembre de 1975 sobre las grandes carreteras de tráfico internacional.

References: Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 6
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
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 artículo 32
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 artículo 4
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 artículo 6
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 artículo 2
 resolución 
 artículo 6
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 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 18
 artículo 1
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 artículo 32
 artículo 32
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 artículo 32
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 artículo 32
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 artículo 32
 artículo 20