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JURISPRUDENCIA DE INTERÉS DERECHO PREVISIONAL - PDF
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Sandra Segura Silva
1 161 JURISPRUDENCIA DE INTERÉS DERECHO PREVISIONAL Schaffahauser Camposano, Francisco y otros con Fisco de Chile y Caja de Previsión de la Defensa Nacional Corte Suprema 14 de abril de 2008 RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo. DOCTRINA: La controversia de autos pasa por determinar la forma de cálculo del remanente del desahucio que a la época de retiro y jubilación les correspondía percibir a los actores, como miembros de las Fuerzas Armadas y en conformidad a lo previsto en la letra b) del artículo 6 de la Ley Nº La acción deducida busca obtener la reliquidación del desahucio que corresponde a los demandantes, es decir, se cobran las diferencias que se habrían producido por un errado cálculo en cuanto a la forma de imputar el anticipo recibido para la compra de acción CORFO, al optar los actores por hacer uso del denominado capitalismo popular, que la citada ley autorizó en el año La norma en estudio otorgó a los personales afectos a los regímenes de desahucio contenidos en los Decretos con Fuerza de Ley N 1 (G) y N 2 (I), ambos de 1968, y el Decreto Ley N 2.049, de 1977, la opción de destinar la cantidad que se fi je conforme a este artículo, a título de anticipo de desahucio, a la adquisición de acciones de propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción. La correcta interpretación de la norma contenida de la letra b) del artículo 6 de la Ley Nº conduce a concluir que cuando el precepto alude al número de mensualidades está haciendo referencia a los años de servicio considerados para el cálculo del anticipo, de CDE 8219 Revista de Derecho Nº 19 Interior.indd Sec6:161 16/10/ :45:24
2 162 PREVISIONAL modo que lo que cabe deducir de la liquidación defi nitiva es, precisamente, lo pagado, esto es, parte del desahucio a que tendrían derecho a la época del retiro, pero en el entendido que lo adelantado fue un número de años servidos, según liquidación al tiempo en que los interesados ejercieron el derecho a opción que les reconoció la Ley N , y no la suma dineraria que los representó. Tratándose de trabajadores del sector público, regidos por esta norma, no se les anticipó dinero para efectos de adquirir acciones CORFO, sino que se les indemnizó un número de años trabajados para el empleador y ese concepto es el que corresponde descontar o deducir al término de los servicios. A los trabajadores se les anticipó el desahucio a que tendrían derecho al momento del retiro de la institución, con el único fi n de comprar acciones. En consecuencia, a la data del retiro, se les descuenta lo entregado por ese concepto -tiempo servido- utilizado en la determinación del monto pagado. Conforme a lo razonado ha de concluirse que la demandada realizó un cálculo correcto del desahucio que correspondía a los actores, por cuanto entendió anticipado el tiempo servido y solucionado, razón por la cual los demandantes carecen del derecho que reclaman. Santiago, catorce de abril de dos mil ocho. VISTOS: En estos autos, Rol N , seguidos ante el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, caratulados Schaffahauser Camposano y otros con Fisco de Chile y Caja de Previsión de la Defensa Nacional, por sentencia de nueve de agosto de dos mil dos, escrita a fojas 325, el Tribunal de primer grado rechazó en todas sus partes la demanda intentada, sin costas, por estimar que los actores tuvieron motivo plausible para litigar. Se alzaron los demandantes y una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de veintidós de octubre de dos mil siete, que se lee a fojas 385, con distintos fundamentos, por decisión de mayoría, confirmó la de primer grado. En contra de esta última decisión, los actores dedujeron recurso de casación en el fondo pidiendo que se la invalide y se dicte una de reemplazo en los términos que exponen. CDE 8219 Revista de Derecho Nº 19 Interior.indd Sec6:162 16/10/ :45:24
3 JURISPRUDENCIA 163 Se trajeron estos autos en relación. CONSIDERANDO: Primero: Que el recurrente basa su recurso de nulidad, en un primer capítulo, en las infracciones a los artículos 6 de la ley y 5 transitorio de la ley , argumentando, en síntesis, que el citado artículo 6 se refirió específicamente al personal de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, reiterando los conceptos de aplicación general a todo el sector público, pero agregó disposiciones de tipo particular para esta clase específica de funcionarios. Los demandantes resolvieron optar por el sistema de capitalismo popular que les ofrecía la ley , obtuvieron la autorización necesaria para anticipar su desahucio y este les fue calculado, obviamente, en la proporción de un mes por cada año de imposiciones efectuadas a la fecha en que se hizo el cálculo. Los dineros así anticipados fueron entregados directamente a la CORFO, en el pago del precio de las acciones que cada uno de los interesados escogió. Finalmente, los actores obtuvieron su retiro de la institución militar a la que pertenecían y, con ello su respectiva jubilación y el saldo del desahucio. En opinión del recurrente para efectos de determinar el remanente adeudado era necesario calcular primeramente el desahucio completo, que correspondía a cada cual según el número de años efectivamente trabajados y a esa suma era necesario deducir el anticipo que ellos hubieran recibido. El error en que se incurrió al efectuar estas liquidaciones corresponde a la segunda parte de los cálculos, pues se tomó cada mensualidad anticipada, según el valor que ella tenía al momento del retiro y no al tiempo del anticipo, como debía hacerse. Expone que debió considerarse que en la especie se trata de funcionarios de las Fuerzas Armadas, que ordinariamente van ascendiendo en la escala de jerarquía y que los grados obtenidos implican siempre una mayor remuneración. Agrega que los actores no recibieron mensualidades como anticipo de un desahucio, sino una suma de dinero, de la cual no pudieron disponer porque estaba destinada a ser entregada a la CORFO, como precio de las acciones que compraron. La interpretación equivocada de los sentenciadores acerca del alcance del artículo 6 letra b) de la Ley , los llevó a concluir que es correcto descontar ahora las CDE 8219 Revista de Derecho Nº 19 Interior.indd Sec6:163 16/10/ :45:24
4 164 PREVISIONAL mensualidades de su última remuneración y no de aquellas que se utilizaron para el cálculo del anticipo. Indica que el artículo 3 de la ley se aplica a los organismos y servicios del sector público cuyos personales se rigen por las normas del Código del Trabajo. Estos trabajadores gozaron también del derecho a opción que se ofreció a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y la letra f) de la citada norma estableció que si los contratos de trabajadores terminaran posteriormente por la causal de la letra f) del artículo 155 del Código del Trabajo, del valor de la indemnización que les correspondiere se descontaría el anticipo recibido, en la forma establecida en el inciso 3 de su artículo 160. El descuento, en este caso, se ordenó hacer en dinero, sin considerar el grado o la remuneración en el tiempo intermedio. El recurrente cita la norma del artículo 22 del Código Civil y sostiene que su parte pide se aplique a la resolución del conflicto la interpretación lógica sin perjuicio de la gramatical. Aplicar a un funcionario un descuento calculado en dinero y a otros según la remuneración que mucho más tarde llegaron a tener es además de ilegal una discriminación arbitraria. En cuanto a la conculcación de la norma del artículo 5 de ley , Orgánica Constitucional de la Fuerzas Armadas, expone que el precepto no hace más que reiterar que el cálculo del desahucio se hace sobre la base del número de años efectivos de servicios al momento del retiro y en relación con la última remuneración imponible, lo que en la especie no ha sido respetado. La naturaleza jurídica del anticipo a que se refiere la ley y el artículo 5 transitorio de la ley no es otra que la de un mutuo o préstamo de dinero y lo recibido debe restituir en la misma cantidad, con sus respectivos reajustes, más los intereses, de ser ello procedente, sin otro agregado. Segundo: Que dilucidar la controversia de autos pasa por determinar la forma de cálculo del remanente del desahucio que a la época de retiro y jubilación les correspondía percibir a los actores, como miembros de las Fuerzas Armadas y en conformidad a lo previsto en la letra b) del artículo 6 de la ley La acción deducida busca obtener la reliquidación del desahucio que corresponde a los demandantes, es decir, se cobran las diferencias que se habrían producido por un CDE 8219 Revista de Derecho Nº 19 Interior.indd Sec6:164 16/10/ :45:24
5 JURISPRUDENCIA 165 errado cálculo en cuanto a la forma de imputar el anticipo recibido para la compra de acción CORFO, al optar los actores por hacer uso del denominado capitalismo popular, que la cita ley autorizó en el año Tercero: Que la norma en estudio previene: Otórgase a los personales afectos a los regímenes de desahucio contenidos en los decretos con fuerza de ley N 1 (G) y N 2 (I), ambos de 1968 y el decreto ley N 2.049, de 1977, la opción de destinar la cantidad que se fije conforme a este artículo, a título de anticipo de desahucio, a la adquisición de acciones de propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción, que esta ofrecerá con tal objeto. La determinación de dicho anticipo y la deducción del beneficio que les corresponda al momento del retiro se sujetarán a las normas siguientes: a) se considerará para estos efectos un mes de la última remuneración imponible al Fondo de Desahucio respectivo anterior a la fecha de la toma de razón por la Contraloría General de la República de la liquidación del beneficio, por cada año de imposiciones efectuadas a tal fecha, con un máximo de 24 mensualidades, respecto del personal que tenga 20 o más años de servicios imputables para el desahucio... ; en su letra b) dispone: Del número de mensualidades que por concepto de desahucio les corresponda al momento del retiro, se deducirá el número de éstas que se hubieren utilizado en la determinación del monto a que se refieren las normas anteriores. Cuarto: Que, para mejor comprensión del asunto propuesto, es del caso consignar que el artículo 210 del decreto con fuerza de ley (G) N 1, de 1968, prevenía: El desahucio consistirá en el pago de un mes de remuneración sobre las cuales se efectúen imposiciones a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, por cada año o fracción superior a seis meses de servicios efectivos válidos para este efecto, y hasta enterar un máximo de 24 mensualidades. Esta franquicia indemnizatoria se determina en función del tiempo servido y la remuneración imponible. Quinto: Que, en este contexto, considerando que los elementos que delimitan el desahucio son -como ya se dijo- el tiempo y la remuneración imponible, es a ellos a los que ha de estarse para determinar el sentido y alcance del artículo 6 de la Ley CDE 8219 Revista de Derecho Nº 19 Interior.indd Sec6:165 16/10/ :45:24
6 166 PREVISIONAL Sexto: Que del tenor del precepto antes referido se desprende que el legislador no autorizó a los funcionarios públicos, en este caso, al personal de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, para recibir dineros a cuenta de su desahucio, sino que les adelantó el beneficio correspondiente a un determinado lapso servido y el dinero en que se concretó, por imperativo legal, debió destinarse a la compra o adquisición de acciones de la Corporación de Fomento de la Producción. La correcta interpretación de la norma contenida de la letra b) del artículo 6 de la ley conduce a concluir que cuando el precepto alude al número de mensualidades está haciendo referencia a los años de servicio considerados para el cálculo del anticipo, de modo que lo que cabe deducir de la liquidación definitiva es, precisamente, lo pagado, esto es, parte del desahucio a que tendrían derecho a la época del retiro, pero en el entendido que lo adelantado fue un número de años servidos, según liquidación al tiempo en que los interesados ejercieron el derecho a opción que les reconoció la ley N , y no la suma dineraria que los representó. Séptimo: Que la conclusión anterior se ratifica con el artículo 3 de la ley , pues contrario a lo sostenido por el recurrente, la indemnización por antigüedad a que tienen derecho los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, nace para el dependiente en el evento que el término de la relación laboral obedezca a causales no imputables al afectado. Este resarcimiento se cuantifica en relación al tiempo laborado y a la última remuneración mensual devengada. Tratándose de trabajadores del sector público, regidos por esta norma -como lo ha resuelto esta Corte con anterioridad- tampoco se les anticipó dinero para efectos de adquirir acciones CORFO, sino que se les indemnizó un número de años trabajados para el empleador y ese concepto es el que corresponde descontar o deducir al término de los servicios. Así lo establece el artículo 10 transitorio del Código del Trabajo y, a diferencia de lo afirmado por el recurrente, no existe discriminación en relación a la situación que se revisa, pues en la hipótesis de esta regla, igualmente, debe descontarse el tiempo servido y pagado en forma anticipada y no la suma de dinero debidamente reajustada. Octavo: Que, en fin, la Ley tiene su origen en el denominado capitalismo popular, programa impulsado por el Gobierno de la época con el fin de privatizar empresa del Estado, cuyas acciones serían vendidas por la CORFO. La citada ley otorgó a los funcionarios CDE 8219 Revista de Derecho Nº 19 Interior.indd Sec6:166 16/10/ :45:24
7 JURISPRUDENCIA 167 públicos la opción de destinar la cantidad que se fije conforme a esa normativa, a título de anticipo de desahucio, a la adquisición de acciones de propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción, que esta ofreció con tal objeto. Si los trabajadores optaron por ella se les anticipó el desahucio a que tendrían derecho al momento del retiro de la institución, con el único fin de comprar acciones. En consecuencia, a la data del retiro, se le descuenta lo entregado por ese concepto -tiempo servido- utilizado en la determinación del monto pagado. Noveno: Que el artículo 5 transitorio de la Ley , Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, no hizo más que precisar la forma de liquidar el remanente de desahucio de aquellos funcionarios que ejercieron, en su oportunidad, la opción de compra a que se refiere el tantas veces citado artículo 6 de la ley , disponiendo que tendrán derecho a que el saldo del beneficio les sea liquidado de acuerdo con el numero de años efectivos de servicios al momento de producirse el retiro y el relación con su última remuneración imponible, lo que en nada altera lo antes concluido. Décimo: Que conforme a lo razonado ha de concluirse que la demandada realizó un cálculo correcto del desahucio que correspondía a los actores, por cuanto entendió anticipado el tiempo servido y solucionado, razón por la cual los demandantes carecen del derecho que reclaman. Undécimo: Que, en estas condiciones, no cabe sino el rechazo del recurso de nulidad en estudio, toda vez que los sentenciadores asignaron a los artículos decisorio litis su real sentido y alcance. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 765, 766, 767, 768, 769, 783 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por los demandantes a fojas 389, contra la sentencia de veintidós de octubre de dos mil siete, que se lee a fojas 385 y siguientes. Regístrese y devuélvase. N Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señora Gabriela Pérez P., Mi- CDE 8219 Revista de Derecho Nº 19 Interior.indd Sec6:167 16/10/ :45:24
8 168 PREVISIONAL nistro Suplente señor Julio Torres A., y los Abogados Integrantes señores Roberto Jacob Ch., y Ricardo Peralta V. No firma el Abogado Integrante señor Peralta, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente. Santiago, 14 de abril de Autoriza el Secretario de la Corte Suprema, señor Carlos Meneses Pizarro. CDE 8219 Revista de Derecho Nº 19 Interior.indd Sec6:168 16/10/ :45:24
Foja: 216. Doscientos dieciséis.
Foja: 216. Doscientos dieciséis. Santiago, veinticuatro de julio de dos mil nueve. Vistos: Se reproduce la sentencia apelada de fecha catorce de mayo de dos mil siete, escrita de fojas 179 a 199, pero
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 artículo 3
 artículo 155
 artículo 160
 artículo 22
 resolución 
 artículo 5
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 artículo 6
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 artículo 6
 artículo 6
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 artículo 10
 artículo 5
 artículo 6