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Timestamp: 2020-02-28 03:42:07+00:00

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Informe sobre la desaparición forzada en México 2011 - Comité Cerezo México
Maandag 21 maart 2011 , por Comité Cerezo México , popularidad : 1%
CUADRO DE DESAPARICIÓN FORZADA POR MOTIVOS POLÍTICOS EN MÉXICO 2005-2011
Anexo 2. Concentrado de petitorios contenidos en el informe
1. La obligación del Estado mexicano de armonizar la legislación interna para ofrecer la mayor protección a las personas contra la desaparición forzada y garantizar la investigación y sanción del delito, ha sido históricamente desestimada. El panorama que ofrece el marco normativo mexicano en la materia redunda en la perpetuación de la condiciones de impunidad que posibilitan la comisión de este delito, como se desprende de las siguientes consideraciones que hemos dividido en tres apartados: 1.1 El marco normativo sustantivo, 1.2 La inexistencia de recursos judiciales efectivos contra la desaparición forzada y 1.3 El alcance de la aplicación extensiva de la jurisdicción militar en casos en los que el delito es cometido por militares en contra de civiles.
2. Status de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (CIPPDF). El artículo 133 de la Constitución Mexicana estipula que los tratados internacionales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico positivo. La CIPPDF está plenamente incorporada a nuestro derecho en virtud de que la adhesión de nuestro país a dicho instrumento se apegó al procedimiento previsto por la Constitución, siéndole aplicable el criterio jurisprudencial que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en 2007 sobre la jerarquía de las normas contenidas en tratados internacionales.[1] Por virtud de dicha tesis, los tratados internacionales tienen un rango supralegal y carecen de autoaplicabilidad, es decir, que de la disposición del tratado no se deriva directamente un derecho o una pretensión a favor de un individuo que comparece ante un juez solicitando su aplicación. De ahí que sea preciso que existan procedimientos e instancias internas que deben hacerse valer para que la norma internacional sea efectiva. Sin embargo, la inadecuación de la legislación interna con respecto a la norma internacional deja a las personas en una situación de indefensión frente a las desapariciones forzadas.
4. El tipo penal federal de desaparición forzada de personas. El delito fue tipificado a nivel federal mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1º de junio de 2001. La definición de desaparición forzada de personas consta en el artículo 215-A de esa legislación.[2] Sin embargo, el tipo penal resulta inadecuado por lo que hace a la definición del sujeto activo, ya que, por una parte, restringe la autoría del delito a “servidores públicos”, desatendiendo a aquellas terceras personas que con el apoyo, autorización o aquiescencia de agentes del Estado cometen el delito; y por la otra, reduce el “agente del Estado” que aparece en el estándar internacional mediante la denominación “servidor público”, que se circunscribe a los empleados del Poder Ejecutivo, lo cual “presenta un obstáculo para asegurar la sanción de ‘todos los autores, cómplices y encubridores’ provenientes de ‘cualesquiera de los poderes u órganos del Estado’” (cfr. Sentencia Corte IDH Rosendo Radilla, párr. 321).
7. Proyectos de legislación pendientes. Desde el año 2000 se han sometido a la discusión parlamentaria cinco propuestas legislativas para crear una ley federal contra la desaparición forzada de personas, pero hasta el momento no existe un dictamen al respecto.[3]
9. Requisitos de interposición de demanda de amparo. En la interposición de demandas de amparo pesan dos requisitos que vuelven inefectivo este recurso judicial en casos de desaparición forzada. Estos requisitos se desprenden del artículo 117 de la Ley de Amparo,[4] conforme a la cual en la demanda deben precisarse: 1) el lugar en el que se encuentre el agraviado, y 2) la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. Estos requisitos rematan la ineficacia del recurso dadas las exigencias procesales de exhibición personal o de identificación del paradero del agraviado y de la autoridad responsable del acto.
10. Requisitos de ratificación del amparo. Los requisitos de ratificación de la demanda previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo,[5] conforme a los cuales este acto jurídico en el procedimiento, indispensable para que la acción jurisdiccional tenga efecto, implica la presencia física del quejoso, que no puede ser otro que la persona que ha sufrido la violación de garantías. Evidentemente este requisito no podrá ser cubierto en casos de desaparición, pues se desconoce el paradero de la víctima.
11. Marco normativo de la justicia militar mexicana. Como lo establecen los instrumentos jurídicos y la jurisprudencia internacional, la jurisdicción militar debe ser restrictiva, excepcional y de competencia funcional. En México, en cambio, es amplia, recurrente y de competencia personal, pese a que la Constitución dispone lo contrario en su artículo 13. El Estado mexicano sigue permitiendo que el Ejército juzgue a sus elementos ante sus propios tribunales especiales, aplicando su normatividad de excepción en calidad de regla y vulnerando las garantías procesales de las víctimas civiles. Esto se debe a una lectura sesgada de la definición de “actos del servicio” como condición para considerar un hecho ilícito como delito contra la disciplina militar (artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar). Pese a que la Corte IDH condenó al Estado mexicano a reformar el Código de Justicia Militar para que se excluya de la jurisdicción militar los casos en los que están involucrados civiles,[6] el Estado mexicano ha incumplido con estas obligaciones (más información en el párrafo 40 de este Informe).
13. El contexto de las desapariciones forzadas masivas durante la llamada “guerra sucia”. Durante la segunda mitad del siglo XX, México fue escenario de diversas olas de protesta social así como del despliegue de políticas de Estado de alto impacto coercitivo. Durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) se desplegó una intensa actividad contrainsurgente en varios estados de la República, tales como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el Estado de México y el Distrito Federal.[7]
14. La tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y los juicios irregulares representaron, en conjunto, una política formal del estado contra la oposición armada pero que en la práctica se extendió al movimiento social, líderes de izquierda y sus familiares, así como personas totalmente ajenas a la protesta social o la lucha armada. Los métodos empleados para la tortura y asesinato de muchas de las víctimas de esta política brutal evidencian la saña e inhumanidad con que se ejecutó. Fueron frecuentes, por ejemplo, las prácticas de enterramiento masivo de cadáveres en fosas clandestinas, o las de arrojar personas vivas en medio del mar desde aviones del Ejército.[8] Las víctimas no sólo fueron militantes de organizaciones insurgentes, sino también sus redes sociales y, en el caso de la guerrilla rural, comunidades enteras.
16. La actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En 1977 se creó la primera agrupación nacional dedicada a la lucha contra la desaparición forzada: el Comité Nacional Pro Defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados por motivos políticos, el cual con el paso de los años se dividió en diversos comités regionales, perdiendo su carácter nacional.[9]Este Comité registró aproximadamente 532 desapariciones forzadas ocurridas entre 1969 y 1988, sin embargo, careció de las herramientas adecuadas para documentar los casos.
18. A partir del año 2000, con el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones presidenciales, se abrió la posibilidad de investigar los crímenes de Estado del pasado reciente. El primer intento serio por abordar el problema dio como resultado el “Informe Especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80” y el “Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en el estado de Guerrero durante 1971 a 1974”, elaborados y presentados por la CNDH en el 2001. En el primer informe, que es de carácter general, se acreditaron únicamente 275 desapariciones forzadas, se estimó que había indicios en 97 casos y se dieron por no acreditados 160.[10]
19. Creación de la FEMOSPP. Debido a la presión de un sector de la opinión pública y de las organizaciones de derechos humanos, el presidente Vicente Fox reconoció oficialmente el informe y se comprometió a esclarecer y castigar estos crímenes. De esta manera, al finalizar el 2001 se creó la Fiscalía Especial para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos en contra de personas vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).[11]
20. El único resultado tangible de la FEMOSPP fue el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana (IHSM), el cual planteó, entre otras cosas que las cifras de víctimas de desaparición forzada ascendían a 788 (643 casos acreditados y 145 presuntos).[12]Sin embargo, los autores lamentaron haberse encontrado con restricciones de información para el esclarecimiento del contexto y el destino de los detenidos-desaparecidos, aduciendo la opacidad y la falta de colaboración de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación y la propia PGR. El IHSM no contribuyó de la manera esperada al propósito de que la FEMOSPP satisficiera las legítimas demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas y la sociedad ni impactó en el combate de la impunidad alrededor de estos hechos.
21. Tras cuatro años y medio de trabajo, la FEMOSPP fue cerrada en 2006 sin haber resuelto favorablemente uno sólo de los casos que fueron denunciados en su oficina.[13]
22. Hasta la desaparición de la FEMOSPP se encontraban en proceso de integración 556 averiguaciones previas.[14] Al menos 532 expedientes correspondían al área de la Dirección General de Investigación Ministerial “A”, abocada a trabajar con la recomendación 26/2001 de la CNDH en torno a los desaparecidos.[15] Únicamente en ocho expedientes (correspondientes a catorce casos) se ejerció acción penal ante la autoridad judicial federal por privación ilegal de la libertad; no obstante, los acusados fueron dejados en libertad en condiciones poco claras.[16] Las averiguaciones no fueron concluidas y a partir de 2007 fueron trasladadas a la oficina de la Coordinación General de Investigación (CGI) de la PGR, que no contaba con la especialidad para atender este tipo de casos.
23. De acuerdo con el oficio SJAI/DGAJ/0204/08 girado por la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, hasta septiembre de 2008 existían 547 averiguaciones previas abiertas en la CGI relacionadas con los movimientos sociales y políticos del pasado.[17] Ningún expediente ha sido consignado desde 2005.
26. A partir de mediados de la década de los 90, la cifra de desapariciones forzadas vuelve a incrementarse en México,[18] sobre todo a raíz de la aparición pública de movimientos sociales armados como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1994) y el Ejército Popular Revolucionario (1996). En el año 2000, con el cambio de partido gobernante, la cifra sobre desapariciones forzadas vuelve a decrecer hasta 2006, cuando, bajo el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada” sostenida por el Gobierno Federal, la cifra de desapariciones forzadas nuevamente se incrementa de manera alarmante.
27. El contexto de violencia y militarización en México de 2006 a la fecha. La violencia en México se ha incrementado de manera sensible los últimos cuatro años y una de sus causas y manifestaciones más notorias es la militarización de la seguridad pública en México. Conforme a cifras oficiales, hay más de 60,000 elementos de las Fuerzas Armadas cumpliendo tareas que en un estado de normalidad democrática corresponderían exclusivamente a las autoridades civiles. Asimismo, en 17 de las 32 entidades federativas de la República, esto es, el 53.12% del total, los encargados de las instituciones policíacas locales son militares, sin contar con la presencia de militares al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad en al menos 25 estados.[19] Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1,000% entre 2006 y 2009; el 33% de las quejas recibidas en México durante 2010 correspondió a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de cuyo total alrededor del 13% se referían a desaparición forzada de personas.[20]De diciembre de 2006 a finales de 2010, el propio Gobierno Federal contabilizó un número de 34 mil 612 ejecuciones en el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”.[21] Como efecto de la actual política de seguridad federal, se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas[22] por parte del Ejército[23], policías y grupos paramilitares.
28. En este contexto, las desapariciones han proliferado. Entre las personas desaparecidas hay muchas que la prensa nacional registra como “víctimas de levantones” y que por lo regular, no son sujetas de investigación policial para determinar los autores materiales e intelectuales de la desaparición. Se han documentado numerosos casos, incluyendo la cifra de hasta 3,000 personas reportadas desaparecidas entre 2006 y 2010.[24]
31. Defensoras/es de Derechos Humanos. Como ha documentado e informado la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las y los defensores de derechos humanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad derivada del actual contexto de violencia, así como de la resistencia a cambios culturales (por ejemplo, la persistencia de prejuicios en materia de derechos de las mujeres y las personas LGBTTI), la persistencia de prácticas antidemocráticas y fuertes intereses económicos que la defensa de los derechos pone en riesgo. El Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México de la OACNUDH[25] y su actualización de 2010,[26] registraron 165 presuntos eventos de agresión y obstaculización a defensoras y defensores. El 98.5% de estos actos quedaron impunes. Por nuestra parte, las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada hemos registrado 30 casos de desaparición de defensoras y defensores, de 2005 a febrero de 2011 (ver Anexo 1).
32. Desapariciones en el actual contexto de violencia generalizada. En estos casos se trata de personas que no tienen ninguna militancia social o política, que son señaladas o estigmatizadas como miembros de organizaciones criminales por parte del Estado o que se encontraban en medio de operativos militares o policiales y fueron desaparecidas. En muchos casos, la prensa ha registrado a estas personas como “víctimas de levantones”. Un ejemplo de lo anterior es el de los 80 casos documentados de desaparición forzada de personas entre 2007 y 2010, registrados por la organización “Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila” (FUUNDEC).[27]
33. Este grupo de personas víctimas de desaparición forzada son los casos más difíciles de documentar, motivo por el cual no se tiene una cifra exacta de su incidencia. Estas víctimas de desaparición generalmente no cuentan con mecanismos de acción urgente y la mayoría de sus familiares, por miedo a que las autoridades estén involucradas o porque fueron intimidadas por las mismas para no hacer la denuncia por desaparición forzada, han dejado el caso al margen de la acción de la justicia.[28]
34. A pesar de las denuncias por desaparición forzada recibidas en los últimos 4 años, la CNDH sólo ha emitido una recomendación por desaparición forzada: la relativa al caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez,[29] recomendación que el Gobierno Federal, hasta la fecha, no ha aceptado en su totalidad.
41. Esta Sentencia ha significado un logro del movimiento de familiares y víctimas de delitos del pasado que, durante décadas, han luchado por obtener justicia por las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos durante la guerra sucia. La sentencia consta de 18 puntos resolutivos, además de determinar que la reserva y declaración interpretativa realizadas por el Estado mexicano, en el sentido de ampliar el fuero militar cuando fuera un elemento de las Fuerzas Armadas en servicio el que cometiera el delito de desaparición forzada de personas, es inválida, ya que “implica el desconocimiento del derecho humano al juez natural en la debida investigación y eventual sanción de los responsables de la comisión de desaparición forzada de personas.”[30]
42. De los 18 puntos resolutivos, el Estado sólo ha dado cumplimiento a uno: la publicación de diversos párrafos de la Sentencia en el Diario Oficial de la Federación (9 de febrero de 2010),[31] en algún diario de circulación nacional[32] y en la página web de la PGR, incurriendo en diversas deficiencias y omisiones, ya que las publicaciones se hicieron sin previa consulta y sin dar aviso a las víctimas ni a sus representantes.
45. Por lo que hace al cumplimiento de los resolutivos 10 y 11 de la sentencia de la CoIDH, en materia de reformas estructurales para la reforma del fuero militar y el tipo penal de desaparición forzada, el 18 de octubre pasado el Ejecutivo Federal envió al Senado una iniciativa de reforma del artículo 57 fracción II inciso a) del Código de Justicia Militar (CJM), así como del artículo 215 – A del Código Penal Federal (CPF) en lo que se refiere al delito de desaparición forzada de personas.[33] La exposición de motivos de dichas propuestas de reforma, precisan que estas han sido formuladas con el fin de cumplir con lo dispuesto por la Corte IDH en la Sentencia del caso Radilla. Sin embargo, la reforma no sólo resulta insuficiente, sino también regresiva. En el caso de la iniciativa reforma al CJM se limita a excluir del fuero militar sólo los delitos de violación sexual, tortura y desaparición forzada de personas cometida por militares en contra de civiles, sin considerar otras violaciones a los derechos humanos, además que la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal sigue dando competencia al ministerio público militar para la investigación y determinación del tipo penal. De ser aprobada, esta iniciativa de reforma, que limita de manera falaz la justicia militar, puede incentivar que los hechos delictivos que conozca la Procuraduría General de Justicia Militar, que es la autoridad investigadora, no sean encuadrados bajo las figuras que prevee la iniciativa, con la finalidad de que no sean investigados y juzgados en el fuero civil.
46. Además de lo anterior es importante señalar que el recurso de amparo no ha sido efectivo para salvaguardar los derechos de las víctimas de violaciones a los derecho humanos cometidas por militares. La SCJN en sus decisiones ha establecido que dicho recurso es inexistente para la víctima al tratar de cuestionar la competencia del órgano investigador. Más aún la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha evadido en la actualidad el tema del fuero militar. El primero de abril de 2009 la Suprema Corte publicó en su portal de internet su determinación de “reasumir su competencia originaria para conocer de un amparo relacionado con la interpretación del fuero militar, interpuesto por la esposa de un civil que fue privado de la vida en enfrentamiento militar."[34] Sin embargo el 10 de agosto de 2009, el amparo fue declarado improcedente bajo el argumento de que las víctimas de delito no cuentan con un derecho expreso que les permita cuestionar cuál es la jurisdicción competente para analizar presuntas violaciones de derechos humanos a civiles por parte de personal militar.
*Nota: se anexa tabla de casos recientes de desaparición forzada y concentrado de petitorios.
Autores de la desaparición
Paradero real
Diego Bahena Armenta,
Organización de los Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y antiguo ecologista en la Organización de Campesinos de la Sierra del Sur (OCSS)
Zihuatanejo, Estado de Guerrero.
En su denuncia del 3 de diciembre de 2005 ante la Coordinación Regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), la Sra. Zúñiga Nava cree que su cónyuge fue desaparecido por efectivos militares del 19 Batallón del Ejército.
Según los testimonios de las víctimas, esta agresión fue perpetrada por comuneros de Nueva Palestina, así como por aproximadamente 300 personas vestidas con uniforme de policías de Seguridad Pública.
Hubo testigos de que quienes se llevaron al ex judicial bajaron a Gabriel cuadras adelante, y en ese mismo punto se lo llevó un grupo de policías, que al parecer ya lo esperaba.
Ejército y policía de Oaxaca
Familiares acusan al gobierno federal de su desaparición.
Virginia Ortiz Ramírez
La familia ha sufrido acoso, hostigamiento y amenazas, por parte de grupos policiacos y paramilitares
Sergio Bautista Miguel
Unión Campesina Democrática (UCD
Se presume agentes policiacos
Alberto Santiago Velásquez
Miembro de la organización de base Organización Ecologista de la Sierra de Coyuca y Petatl
comunidad de La Morena, municipio de Petatlán, estado de Guerrero
La familia acusa a militares del 19 batallón del Ejército
El 13 de diciembre reapareció en la comunidad de La Morena. Presentaba señales de tortura.
integrante de la Organización Campesina Indígena Popular Ricardo Flores Magón (OCIP-RFM), parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
Comunidad Tabiquera La Loma, Uruapilla, Tenencia de Santiago Undameo, en el municipio de Morelia, Estado de Michoacán.
Liberado en la madrugada del 5 de julio de 2008
Molina Rodríguez, Moises
Es miembro activo de la Organización Campesina, Indígena y Popular “Ricardo Flores Magón” (OCIP-RFM-FNLS) perteneciente al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS
kilómetro 13 antigua carretera Morelia-Pátzcuaro, Comunidad Tabiquera La Loma de Uruapilla, Tenencia de Santiago Undameo, Municipio de Morelia, Michoacán.
Desaparece el día 12 de junio 2008, por la madrugada
Presuntos militares y policías
Barrientos Gaona, Bonifacio
Organización Indígena Totonaca (OIT),
La Organización Independiente Totonaca (OIT) de la Sierra Norte de Puebla acusó al gobierno estatal de ser el presunto responsable de la “desaparición política” del integrante de su agrupación
Miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM)
Ayutla de los Libres, estado de Guerrero.
Los asesinos pueden ser parte del grupo paramilitar que actúa en la región. Sus integrantes son vecinos de las comunidades que trabajan para el Ejército y que gozan de impunidad en sus fechorías.
Ejecutado extrajudicialmente el 10 de febrero 2008. Ayutla de los Libres, estado de Guerrero. Presentaba señales de tortura.
parcela en el camino que comunica la cabecera municipal de la Villa de San Blas Atempa con la Agencia de Santa Rosa, Oaxaca
la tarde del día 30 de Enero de 2008
Un grupo de policías municipales a bordo de patrullas, llegaron hasta el lugar donde el camarada se encontraba trabajando para someterlo con violencia y llevárselo con rumbo desconocido.
Ejecutado extrajudicialmente Tarde del día jueves 31 de Enero. Presentaba señales de tortura
Ecologista de Coyuca de Catalán
Comunidad de Palo Alto, Coyuca de Catalán, Guerrero
Fue sacado de su vivienda por soldados del Ejército mexicano, al parecer del 40 batallón de infantería, ubicado en la región de la Tierra Caliente.
Asociación Civil Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes
Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.
día 5 de noviembre de 2009
La denuncia por desaparición forzada de personas fue interpuesta ante las autoridades ministeriales por los familiares
Asesor de la Liga Estudiantil Democrática de la UAP y de la Organización Independiente Totonaca de laSierra Norte y consejero estatal del PRD
Después de que familiares protestaron frente a la Procuraduría estatal de Justicia para exigir información sobre el paradero del activista, las autoridades indicaron que posiblemente tenían noticias de Fermín.
Ejecutado extrajudicialmente 26 de junio de 2009. San Juan Totolac, Tlaxcala
Dirigente de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM
Municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero.
14 de febrero de 2009, hacia las 13h00
Tres hombres armados que se identificaron como policías, entraron al evento público en donde se encontraban Raúl y Manuel, procediendo a llevárselos a la fuerza.
Ejecutado extrajudicialmente. 21 de febrero del 2009. Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero.
Presidente del Frente Libre Hermenegildo Galeana (FLHG
Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero
14 de septiembre de 2010 alrededor de las 10.30am
En el momento de la detención de Víctor Ayala Tapia, dos furgones de la policía del estado estaban estacionadas a una calle de su casa
integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO
Colonia Brenamie, Oaxaca
Hombres vestidos de negro quienes llegaron en patrullas de la policía estatal.
Liberado por sus captores. 23 de junio de 2010. Presentaba señales de tortura
Poblado Juárez y Reforma, municipio de Guadalupe, Valle de Juárez, en el Distrito Bravo de Chihuahua,
7 de febrero de 2011, entre las 6:00 p.m. y las 7 p.m.
Ejecutada extrajudicialmente 23 de febrero 2011 Chihuahua.
Ejecutado extrajudicialmente 23 de febrero 2011 Chihuahua.
Luisa Ornelas de Reyes
[1]Tesis P. IX/2007, Novena Época, Pleno, “Tratados internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del Artículo 133 Constitucional.”, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, p. 6
[2]Dicha norma define el delito de la siguiente manera: “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.”
[3]Los proyectos de ley mencionados, son: a) diputado Benito Mirón Lince (Partido de la Revolución Democrática – PRD), en 2000; senadora Leticia Burgos Ochoa (PRD), 11 de diciembre de 2003; c) diputado Abdallán Guzmán Cruz (PRD), 2004; c) diputada Leticia Gutiérrez Corona (Partido Revolucionario Institucional – PRI), 17 de febrero de 2005; diputada Florentina Rosario (PRD), noviembre de 2010.
[4] Artículo 117.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará para la admisión de la demanda que se exprese en ella el acto reclamado; la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible al promovente; el lugar en que se encuentre el agraviado y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el juez.
[5] Artículo 17.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.En este caso, el Juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y, habido que sea, ordenará que se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado.
[6] Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos (E.U.M.), 23 de noviembre de 2009, punto resolutivo 10; Inés Fernández Ortega vs. E.U.M., 30 de agosto de 2010, punto resolutivo 13; Valentina Rosendo Cantú vs. E.U.M., 31 de agosto de 2010, punto resolutivo 12; Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, 26 de noviembre de 2010, punto resolutivo 15.
[7] Algunas regiones del estado de Guerrero, como la Sierra de Atoyac, fueron las más afectadas por la cantidad de tácticas antisubversivas que se ensayaron ahí (tierra arrasada, aldea estratégica, campos de concentración, vuelos de la muerte, etc.). Estas fueron las conclusiones del equipo de investigación que realizó el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana. ¡Qué no vuelva a suceder! México, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado-Procuraduría General de la República, 2006, (borrador), passim.
[8] El Informe Histórico de la FEMOSPP, citado por la Corte IDH en el párrafo 136 de la Sentencia de la Corte IDH sobre el caso Rosendo Radilla, abunda: “El objetivo explícito de la tortura a los detenidos era conseguir información. Los métodos no importaban. Debido a que el preso no era nunca puesto a disposición de la autoridad competente, se le podría aplicar todo tipo de tortura, incluyendo, desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, darles de tomar gasolina, romperles los huesos del cuerpo, cortarles o rebanarles la planta de los pies, darles toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo, amarrarlos por los testículos y colgarlos, introducir botellas de vidrio en la vagina de las mujeres y someterlas a vejación, introducir mangueras por el ano para llenarlos de agua y luego golpearlos”.
[9] De ahí surgieron el Comité Eureka (DF), la Asociación de familiares de detenidos, desaparecidos y víctimas de violaciones a los derechos humanos en México (AFADEM) en Guerrero, la Unión de Padres con hijos desaparecidos de Sinaloa, el Comité de madres de desaparecidos políticos de Chihuahua, la Fundación Diego Lucero de Michoacán y el Comité Eureka-Jalisco.
[10] http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/desap70s/graficas/fr_graficas.htm, fecha de consulta 20 de febrero de 2010. La metodología seguida por los autores del informe, que acreditaba las desapariciones únicamente en caso de que hubiera documentación oficial disponible, obligó a poner en un plano secundario los testimonios de familiares y de los testigos directos de las detenciones.
[11] Aunque no se especificó el periodo que abarcaría su mandato, si bien las denuncias que se presentaron iban aproximadamente de 1968 a 1995 (de la masacre de civiles en 1968 a la masacre de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, en 1995). Ante las críticas por no haber creado una Comisión de la Verdad, que actuara paralelamente al Ministerio Público, el gobierno dispuso que la FEMOSPP se ocupara de ambos rubros: verdad histórica e investigaciones ministeriales. De esta manera, la FEMOSPP integró una Dirección de Documentación e Investigación Histórica que elaboró el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana (IHSM), mismo que, a semejanza de los informes de las Comisiones de la Verdad de otros países, se convirtió en un catálogo general de las atrocidades cometidas durante la guerra sucia.
[12] El informe fue censurado por la propia FEMOSPP, aunque una versión no censurada se puede consultar en: http://www.gwu.edu/ nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm, fecha de consulta 20 de febrero de 2010.
[13] Cabe aclarar que el cierre de la FEMOSPP fue contrario a procedimiento, pues el 30 de noviembre de 2006, el entonces Procurador General de la República expidió el acuerdo A/317/06 por el que se abrogaban diversos acuerdos que daban cumplimiento al decreto presidencial antes mencionado. En el derecho interno, un decreto del ejecutivo federal no puede ser abrogado por una instancia menor, por tanto el acuerdo del Procurador General carece de validez formal.
[14] 106 iniciadas en 2002, 317 en 2003, 79 en 2004 y 54 en el primer semestre de 2005. “A reserva 547 averiguaciones de la PGR, incluida la del 68” en http://impreso.milenio.com/node/8112282, fecha de consulta 20 de febrero de 2011.
[15] http://www.cndh.org.mx/recomen/2001/026.htm Cabe aclarar que a este paquete se sumaron nuevas denuncias de familiares de desaparecidos.
[16] De acuerdo con las reformas al artículo 55 del Código Penal Federal y el 494 del Código Federal de Procedimiento Penales, realizadas en el año 2004, los mayores de 70 años tenían derecho al arresto domiciliario por razones humanitarias. De esta manera, tanto Miguel Nazar Haro, Luis de la Barreda Moreno y Wilfrido Castro Contreras, que fueron conocidos represores y torturadores de distintas corporaciones policíacas, pudieron afrontar los procesos penales en sus domicilios. Estos y otros acusados fueron dejados en libertad en 2006, tras una reforma que derogó el artículo 364 del Código Penal Federal, en la que se tipificaba como delito la violación de derechos y garantías contenidos en la Constitución mexicana, por el que habían sido acusados los susodichos.
[17] “A reserva 547 averiguaciones de la PGR, incluida la del 68” en http://impreso.milenio.com/node/8112282, fecha de consulta 20 de febrero de 2011. Las ocho consignaciones por privación ilegal de la libertad, más una correspondiente a una ejecución extrajudicial, ya no se turnaron a la CGI, por considerarse casos cerrados.
[18] Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." A. C y Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos A. C. INFORME SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS EN MEXICO. Ver en línea: http://www.desaparecidos.org/mex/doc/97.html
[19] http://www.eluniversal.com.mx/primera/36411.html
[20] CNDH. Informe de actividades 2010, Pág. 79. Ver en línea:
http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/anuales/2010activ.pdf
[21] Declaración de Alejandro Poiré, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CNS). Ver en línea: http://www.eluniversal.com.mx/primera/36178.html
[22]OSC. Informe sobre la situación de los derechos humanos en México elaborado por las organizaciones de la sociedad civil para el examen periódico universal. 2008. Ver en línea: http://www.fundar.org.mx/pdf/epu.pdf
[23] Amnistía Internacional. México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército. 2009. Ver en línea: http://amnistia.org.mx/abusosmilitares/informe.pdf
[24] Cfr. http://www.jornada.unam.mx/2010/08/30/index.php?section=politica&article=005n1pol
[25] Informe de la OACNUDH-México: “Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo. Informe sobre la situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México” (2009), disponible en: http://www.hchr.org.mx/documentos/libros/informepdf.pdf
[26] Actualización del Informe en op. cit., 2010, disponible en: http://www.hchr.org.mx/Documentos/Libros/2010/L241110B.pdf
[27] Información disponible en línea: http://desaparecidosencoahuila.wordpress.com/comunicados-2/comunicados/
[28]Ejemplos de este tipo de desaparición forzada de personas son los casos de: José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, vistos por última vez el 29 de diciembre de 2009, cuando un grupo formado por 10 soldados se los llevó de la localidad de Buenaventura, estado de Chihuahua; y Jehú Abraham Sepúlveda Garza y José Guadalupe Bernal Orzúa, documentados por Human Rights Watch en Nuevo León.
[29] CNDH. RECOMENDACIÓN 07/2009. SOBRE EL CASO DE LOS SEÑORES EDMUNDO REYES AMAYA O ANDRÉS REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ O RAYMUNDO RIVERA BRAVO
[30] Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209. Párrafo 311.
[31] Diario Oficial de la Federación de 9 de febrero de 2010. Disponible en:
http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol10/Oct/b124010.shtm
[32]El Universal de 9 de febrero de 2010. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/657308.html
[33] El 30 de diciembre de 2010, representantes de la CMDPDH señalaron en entrevista para el diario Reforma el incumplimiento de la Sentencia. La nota, titulada “Exigen cumplir fallos de la CIDH”, indicaba: "El 15 de diciembre se terminó el plazo y México no sólo no cumplió, sino que planteó reformas regresivas en materia de derechos humanos", […]. Las iniciativas presentadas por el Presidente Felipe Calderón para reformar el Código de Justicia Militar y al Código Penal Federal, […] no responden a lo ordenado por la CIDH. En el primer caso, […] plantea excluir del fuero militar sólo los delitos de abuso sexual, tortura y detención arbitraria, sin considerar el homicidio y otros, mientras que en el segundo se establece que la desaparición forzada prescribe a los 35 años, lo que contraviene diversos tratados internacionales en la materia. Respecto a la búsqueda y localización de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974 en Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) reinició en octubre de este año una excavación en un predio de dos hectáreas, pero no se encontraron los restos. No se han abierto averiguaciones previas contra los funcionarios responsables de la desaparición del maestro rural, ni se ha cumplido con la disculpa pública, la construcción de un memorial y la elaboración de un documento sobre la vida de Radilla, para reivindicar su lucha.” http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx En respuesta a estas declaraciones, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de SEGOB, Felipe Zamora, envió un oficio a la redacción de Reforma, misma que publicó una nota alusiva el 31 de diciembre pasado: “Sobre el caso de Rosendo Radilla, la Segob reportó que ofreció a las víctimas atención sicológica, indemnización, disculpa pública y placa conmemorativa del maestro rural, pero que las víctimas y abogados no han aceptado. En cuanto a las reformas al fuero militar y al Código Penal Federal, la Segob dijo que el gobierno ya cumplió. ‘El gobierno cumplió plenamente con su obligación de presentar una iniciativa para reformar el Código de Justicia Militar, y para modificar el Código Penal Federal exactamente en los términos ordenados por la Corte’. Cabe señalar que la Corte detalló que el fuero militar debe eliminarse para cualquier violación de derechos y no sólo para tortura, desaparición forzada y violación sexual, como planteó la iniciativa federal con la cual aseguraba cumplir la sentencia.” En la misma nota, un representante de la CMDPDH señaló que “Sobre la disculpa pública aseguró que pidieron a la Segob la condición de reconocer el contexto de desaparición sistemática en la Guerra Sucia y la búsqueda de justicia e impunidad. A la fecha, dijo, no tienen respuesta.”
[34] “Determinará Primera Sala si delitos cometidos por militares contra un civil son del orden común o federal.” En: Portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Medios y Publicaciones. Noticias 2009. Disponible en:
http://www.scjn.gob.mx/MediosPub/Noticias/2009/Paginas/01-Abril-2009c.aspx
Informe sobre la desaparición forzada en MéxicoDownload
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PeticionesDownload
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Peticiones de organizaciones de derechos humanos en torno a la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas de la ONU a México

References: artículo 133
 artículo 215
 artículo 117
 artículo 17
 artículo 13
 artículo 57
 artículo 215
 Artículo 133
 Artículo 117
 artículo 22
 Artículo 17
 artículo 22
e contrario
 artículo 55
 artículo 364