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Timestamp: 2020-06-06 20:08:31+00:00

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Una respuesta legal al problema del coronavirus - Pabogados.com
14 marzo 2020 Articulos Asesoria Articulos Concursal Articulos Mercantil
Son días muy complicados para todo el Sistema, no sólo sanitario, ni humanitario, sin duda lo más trascendente e impactante, también para el sistema jurídico y financiero. El coronavirus se ha convertido en pandemia mundial (según la OMS), y en España se va a decretar el Estado de Alarma en el día de hoy. Las consecuencias finales de un proceso que se acaba de iniciar, y que no se sabe cuánto va a durar, son impredecibles.
Lo que si se empieza a valorar por muchos empresarios y autónomos, con cierto miedo e incertidumbre, es qué va a ocurrir con sus negocios. A día de hoy las empresas han dejado de producir, han cerrado tiendas, oficinas… y asisten con gran impotencia al devenir de los acontecimientos, como un barco a la deriva en un mar absolutamente enrabietado y descontrolado que sólo permite prever un fatal desenlace. Ojalá no sea así.
Vamos a intentar abordar en este artículo los aspectos legales de la situación del Coronavirus, en PYMES y autónomos. Es un artículo que extrae las consecuencias jurídicas del COVID-19 y su impacto conforme a la actual legislación y jurisprudencia.
Es posible (y deseable) que en próximas fechas se aprueban distintas medidas desde el Gobierno para mitigar el impacto del virus, o al menos para facilitar ciertos procesos regulatorios, no preparados en la actualidad para absorber la gran demanda que se prevé (por ejemplo en la tramitación de expedientes temporales de regulación de empleo, o medidas fiscales para mitigar el impacto en PYMES y autónomos).
¿Tiene nuestro ordenamiento jurídico respuesta a situaciones como la que se está viviendo actualmente con la crisis del Coronavirus?. La respuesta es SI, aunque no existe una respuesta ad hoc al problema, porque nos enfrentamos a un problema sin precedentes. El presente artículo pretende valorar la situación actual con las herramientas legales actualmente disponibles… aunque susceptibles de variar en un futuro.
Antes de ahondar en el contenido del artículo, resulta importante definir el concepto de “fuerza mayor” que comúnmente se emplea para describir situaciones imprevistas y que escapan del control del individuo.
Efectivamente, la “fuerza mayor” se asocia a acontecimientos imprevistos y que no dependen del actuar humano. No es lo mismo que “caso fortuito” aunque comparten consecuencias jurídicas. La fuerza mayor se suele emplear para casos de mayor gravedad, normalmente de fuerza sobrehumana (terremotos, guerra… pandemias), y que son imposibles de predecir, aún empleando una diligencia mínima; incluso aunque pudieran predecirse, son acontecimientos que no hubieran podido evitarse (lo que se denomina “irresestibilidad”).
Tanto la fuerza mayor como el caso fortuito, producen el mismo efecto exonerador de responsabilidad (en la mayoría de los casos).
A los efectos que aquí interesan, y para no extendernos en cuestiones doctrinales altamente complejas, nos referiremos a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª) Sentencia núm. 712/2008 de 17 julio, que establece que establece que la distinción entre fuerza mayo y caso fortuito “se funda en la ajeneidad de aquélla a la actividad de la empresa”.
¿Es el coronavirus (pandemia mundial y generador de la mayor crisis sanitaria y posiblemente económica que se conoce) un caso de fuerza mayor?. Entendemos que SI dado que cumple con todos los elementos para considerarla como tal.
Impacto en los contratos civiles/mercantiles.
El mayor impacto de la crisis del COVID-19 se materializa (para PYMES y autónomos), en contratos de uso habitual en el tráfico como los contratos de arrendamiento, suministros, prestación de servicios…
En nuestro sistema de derecho impera el principio de “pacta sunt servanda”, es decir, los contratos son obligatorios, y las obligaciones nacidas de los mismos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes (artículos 1091 y 1278).
Frente a este principio, se alza otro, el de “Rebus sic stantibus“ (“el estado de las cosas”), que supone una modificación de las obligaciones inicialmente asumidas por las partes. Es decir, una alteración del principio sagrado del “pacta sunt servanda”, siempre y cuando se den circunstancias extraordinarias que permitan una clara ruptura de la equivalencia de las prestaciones.
Veamos cómo interpretar ambos preceptos, en el ámbito legal y jurisprudencial actual.
El Código Civil establece en su artículo 1.105 lo siguiente:
“Artículo 1105
Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o, que, previstos, fueran inevitables.”
Es decir, el citado artículo, enclavado en LIBRO IV del Código Civil (de las obligaciones y contratos) pero en su Capítulo II (de la naturaleza y efectos de las obligaciones), permitiría una exoneración de responsabilidad en caso fortuito o de fuerza mayor.
El Código Civil establece también en su artículo 1.184 lo siguiente:
“Artículo 1184
También quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible.”
Por su parte el Tribunal Supremo, respecto de la imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de la prestación (como puede ser por ejemplo pagar la renta del alquiler, u otros contratos de tracto sucesivo), analiza que las deudas pecuniarias tienen una fisonomía especial, que las distingue del resto de las obligaciones genéricas, a las que anuda una serie de características, entre las que destaca la «perpetuatio obligationis» en el sistema de riesgos. Consecuencia de ello es que: (i) se niega la imposibilidad del cumplimiento, admitiendo todo lo más el incumplimiento temporal o retraso, así como que (ii) la falta de cumplimiento de la prestación dineraria conlleva la condena al pago del dinero. En definitiva, «el deudor pecuniario viene obligado a cumplir la prestación principal, sin que sus sobrevenidas adversidades económicas le liberen de ello, pues lo adeudado no es algo individualizado que ha perecido, sino algo genérico como es el dinero».
La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2015, diferencia entre la imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación, que sólo afecta a las obligaciones de entregar cosa determinada o de hacer, y no a las deudas pecuniarias (como es el caso concreto enjuiciado), y la de aquellos supuestos en que la prestación resulta exorbitante o excesivamente onerosa, que entra dentro de la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, aplicable con independencia de cuál sea el contenido de la prestación pactada.
Esta sentencia debe ponerse en valor con otra sentencia del Tribunal Supremo, (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 333/2014 de 30 junio, que establece las bases aplicables para la cláusula “rebus sic stantibus”, sobre la base de una excesiva onerosidad y una clara ruptura de la equivalencia de las prestaciones, concluyendo lo siguiente:
“… aun siendo la empresa adjudicataria una empresa de relevancia del sector y, por tanto, conocedora del riesgo empresarial que entraña la explotación del negocio, no obstante, nada hacía previsible en el año 2006, momento de la contratación, del riesgo y la envergadura de la crisis económica que se revelaba dos años después de forma devastadora. De este contexto se comprende que en el momento de la contratación, de claras expectativas de crecimiento, solo se tuvieron en cuenta, de acuerdo con las prácticas negociales del sector, la participación de la empresa ofertante en el incremento esperado de la facturación en los años sucesivos, pero no la situación contraria o su posible modificación, caso que si ocurrió, de forma llamativa, cuando dicha empresa, ya en la situación de crisis del sector, y desligada del anterior contrato, adapta su nueva oferta de adjudicación a la realidad del nuevo contexto económico.
… Esta línea, por lo demás, también es seguida por la doctrina de la Sala Tercera de este Tribunal al valorar la teoría de la imprevisión en el ámbito de la contratación pública; supuestos, ente otros, de los contratos afectados por la denominada crisis del petróleo, SSTS de 12 de diciembre de 1979 (RJ 1979, 4346) y 16 de septiembre de 1988 (RJ 1988, 7046) , de su repercusión en el incremento extraordinario de los ligantes asfálticos, SSTS de 26 (RJ 1990, 9646) y 27 de diciembre de 1990 (RJ 1990, 10151) , o de los contratos afectados por la actual crisis económico- financiara, STS de 16 de mayo de 2011 (RJ 2011, 4351) . Todo ello, en la medida en que, por el carácter extraordinario y profundo de la alteración económica, su acaecimiento no pudiera razonablemente precaverse, de forma que se cercene el principio de equilibrio financiero entre las partes reportando una excesiva onerosidad contraria a los principios de equidad y buena fe contractual.
… Determinado el carácter extraordinario de la alteración de las circunstancias, por el hecho notorio de la actual crisis económica, su notable incidencia en el contexto del mercado publicitario del transporte y su nota de imprevisibilidad en el marco de razonabilidad de la distribución asignación de los riesgos del contrato, la tipicidad contractual de la figura requiere, además, que dicha alteración o cambio de circunstancias produzca una ruptura de la razón de conmutatividad del contrato traducida en una excesiva onerosidad en el cumplimiento de la prestación de la parte afectada.
… En el presente caso, según la doctrina jurisprudencial expuesta, y siguiendo las periciales aceptadas por ambas instancias, cabe constatar dicha excesiva onerosidad que se desprende, de un modo claro, en el tránsito del ejercicio del 2008 al 2009, con el balance negativo, ante la caída desmesurada de la facturación, que no solo cierra con sustanciales pérdidas la concreta línea de negocio en cuestión, sino que compromete la viabilidad del resto de áreas de explotación de la empresa, en caso de cumplimiento íntegro del contrato según lo pactado.
… Del examen realizado, debe concluirse que procede la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus y, por tanto, la modificación del contrato según la correcta ponderación que realiza la sentencia de Primera Instancia.”
En nuestra opinión, combinando el artículo 1.105 del Código Civil con la doctrina jurisprudencial de la cláusula “rebus sic stantibus”, atendiendo a la extraordinaria circunstancia sobrevenida, e impredecible, del COVID-19, entendemos que es factible plantear, cuanto menos, una suspensión de los contratos por parte de PYMES y autónomos, sobre la base de la ruptura de la equivalencia de las prestaciones (téngase en cuenta que el cierre de locales y centros de trabajo viene impuesto por una orden del Gobierno), dada la excesiva onerosidad como consecuencia de mantener los contratos en vigor sin posibilidad de poder desarrollar actividad alguna. En todo caso habrá que valorar caso por caso, porque hay determinados ramos de actividad, que no se van a ver igual de afectados que el resto (existen empresas que puede seguir prestando servicios de forma no presencial), y otros factores a tener en consideración, en función del desarrollo y expansión de la pandemia.
Impacto en los contratos de trabajo.
Otra cuestión que preocupe a PYMES y empresarios autónomos, es qué va a pasar con sus trabajadores, dado el parón de la actividad, y el confinamiento en sus respectivos domicilios.
Exista una respuesta legal a los supuestos donde se produce un descenso de la actividad de la empresa en un periodo concreto de tiempo, y debido a causas excepcionales como las que estamos viviendo en estos momentos. Todo ello permitiría la suspensión del contrato a la plantilla o parte de ella, o la reducción forzosa de la jornada de trabajo.
Se trata de los Expedientes Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), que permiten como decimos la suspensión de los contratos de trabajo, estando el trabajador (durante la tramitación del mismo) vinculado a la empresa, pero sin derecho a percibir su sueldo (ni el resto de complementos como pagas extra o vacaciones). Terminada la situación excepcional, se reincorporan al trabajo.
Las empresas que decidan aplicar un Expediente Temporal de Regulación de Empleo deben justificar debidamente la medida por “causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor”, según el Estatuto de los Trabajadores.
La actual regulación prevé un sistema que puede extenderse a varias semanas (sobre todo si no hay acuerdo con los trabajadores), con un periodo de consultas y reuniones presenciales con el presentante de los trabajadores, que podría colapsar el sistema y además mostrarse inútil por la demora en su tramitación. Además, existe incertidumbre sobre la duración de dichos expedientes, dado que se desconoce el alcance del Coronavirus y el tiempo que se requerirá para considerar extinguida la pandemia.
Aunque se espera algún movimiento inminente por parte del Gobierno, en nuestra opinión, dada la situación de emergencia declarada, y la orden del Gobierno de cesar la actividad de muchas empresas, podría plantearse un ERTE por FUERZA MAYOR, cuya tramitación es mucho más sencilla y rápida, y que permitiría en un plazo de 5 días (desde la comunicación a la Autoridad Laboral del inicio del Expediente), poder suspender los contratos de trabajo de los trabajadores afectados. Posteriormente, y en función de la duración de la pandemia, podrían solicitarse prórrogas, hasta la supresión de la fuerza mayor.
Impacto en las obligaciones fiscales.
El gobierno ha aprobado (Real Decreto-ley 7/2020) un paquete de medidas, que previsiblemente podrá aumentar en próximas fechas, para mitigar el impacto fiscal en PYMES y trabajadores autónomos. Dichas medidas, se concretan en un aplazamiento de deudas tributarias: Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del RD-Ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El plazo será de seis meses, y no se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.
Otras medidas legales al alcance del empresario.
Sin perjuicio de que el Gobierno también ha implementado medidas de apoyo financiero a las PYMES y autónomos, la actual situación de crisis vivida por el Coronavirus implica un claro colapso del proceso productivo empresarial, que se va a traducir, de manera irremediable, en una situación de insolvencia de muchas empresas y autónomos.
Nos situamos en un escenario real de cese de actividad, donde las empresas han cerrado sus centros de trabajo, locales, cercenando cualquier fuente de ingreso… y sin embargo, el empresario, se enfrenta a obligaciones que difícilmente puede seguir asumiendo, como pago a proveedores, impuestos…
La Ley concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal), establece que la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común, y que se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.
La ley habla de un estado de insolvencia que podrá ser actual o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.
En la actual situación, son muchas las PYMES y los autónomos que no van a poder cumplir sus obligaciones exigibles, por lo que se encuentran en un estado de insolvencia. La Ley además prevé que en tales casos, el deudor deberá promover el concurso de acreedores en el plazo de 2 meses:
Desconocemos si en el actual contexto, el Gobierno implementará alguna medida excepcional, en relación a la situación creada con el COVID-19, pero lo cierto, a día de hoy, la norma es plenamente aplicable, y la no adopción de las medidas legales anteriormente reseñadas (promover concurso de acreedores si se está en situación de insolvencia actual o inminente), puede acarrear para el administrados social, las consecuencias que la propia Ley concursal señala en su artículo 165, que establece una presunción de culpabilidad cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores, hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso.
Las consecuencias de un concurso culpable son las establecidas en el artículo 172, que podría comprender, incluso, la responsabilidad personal del administrador social de la deuda o pasivo no satisfecho por la empresa en el seno del concurso.
En todo caso, el proceso concursal, es un proceso que permite al empresario y autónomo intentar cerrar un acuerdo o convenio con los acreedores, procediéndose a la paralización de todos los procesos de ejecución contra la empresa, y permitiendo, para el caso de no poder alcanzar un acuerdo, una liquidación ordenada de los activos de la empresa para satisfacer el pasivo concursal. Si se actúa con diligencia, y se cumplen los requisitos que establece la ley concursal, no se podrá derivar responsabilidad personal al administrador social.
En todo caso, ante el cataclismo generado por el COVID-19, y a la espera de alguna medida que pueda mitigar o agilizar el proceso concursal, recomendamos que, al menos, el empresario plantee un pre-concurso de acreedores (regulado en el artículo 5 BIS de la Ley Concursal), para abrir un periodo extrajudicial de negociaciones con los acreedores durante 3 meses, y para el caso de que la situación no mejore en dicho plazo, y sobre todo no alcance acuerdos con sus acreedores, puedan presentar concurso dentro del mes siguiente (el cuarto mes), a fin de cumplir con la legalidad vigente, y evitar de ese modo una derivación de responsabilidad personal para el empresario.
Este informe sólo refleja las opiniones y recomendaciones de la Firma PÉREZ ÁLVAREZ ABOGADOS, que ha sido despacho pionero en procesos de insolvencia durante la crisis de 2007, y teniendo en cuenta la tremenda situación que actualmente se está viviendo, susceptible de poder modificar las conclusiones aquí recogidas si se producen cambios normativos o jurisprudenciales por las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 65
 artículo 165
 artículo 172
 artículo 5