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Timestamp: 2018-02-23 04:23:54+00:00

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ADSPC Convocatoria para organizar la Marea Blanca Canaria
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La respuesta pues no se puede hacer esperar, es más, dadas las circunstancias es absolutamente necesario que se plantee con carácter "preventivo" que debemos adelantarnos a lo que evidentemente va a ocurrir si no nos movilizamos de inmediato. ¿Y que podría ocurrir?, pues que Baltar, mediante lo que denomina "colaboración público-privada" cuya necesidad dice que "van a estudiar", vacíe buena parte de la dotación presupuestaria de la sanidad pública hacia la concertación con la privada ofreciendo encima como "resultado" la disminución de determinados tramos de la lista de espera quirúrgica, los más rentables para la privada sobre todo, transgrediendo la normativa legal que exige "que antes de cualquier concierto el sector público esté al 100% de su rendimiento" y a costa de hundir aún más a la atención sanitaria con medios públicos, es decir, a la que debe garantizar la equidad en salud para toda la población sin ningún tipo de distinción. Es a esa consecuencia última a la que apunta el proceso privatizador que venimos sufriendo desde hace muchos años, la del desmantelamiento de la sanidad pública que quedaría como "beneficencia" para personas sin recursos y la de una boyante sanidad lucrativa privada como opción "obligada".
Nota sobre las declaraciones de la Ministra de Sanidad sobre “hacer más justo” el copago de los pensionistas
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El Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, supuso, entre otras nefastas consecuencias
· La ruptura del principio de universalidad del sistema sanitario, derecho recogido en la Ley General de Sanidad
· El copago de medicamentos por los pensionistas, la eliminación de 400 fármacos de gran uso y un importante incremento de la aportación económica de todos los usuarios
· La fragmentación de la Cartera de Servicios ofertada por los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, para incluir copagos por algunas prestaciones que son actualmente gratuitas (pendiente de desarrollo normativo .
Este RD ha tenido serias repercusiones sobre la asistencia sanitaria de los grupos más desfavorecidos como inmigrantes sin papeles, pensionistas, jóvenes emigrantes españoles y parados de larga duración:
· Entre el 15 y el 25% de los pensionistas, trabajadores precarios y parados de larga duración, no pueden retirar los medicamentos prescritos por sus médicos por motivos económicos.
· Se ha imposibilitado el acceso a los servicios sanitarios a miles de personas que viven y trabajan en nuestro país en condiciones de gran precariedad y ha provocado la interrupción del tratamiento y seguimiento de enfermedades graves de muchos de ellos (que en algunos casos han llegado a la muerte)
Los parches puestos en marcha en algunas Comunidades Autónomas, para contrarrestar los terribles efectos de este Decreto, han tenido efectos diversos y en algún caso han fracasado por falta de información y por responder a un modelo carente de integralidad. Por otro lado los ahorros de estas medidas son un enorme fracaso (el ahorro real fue de menos de 400 millones de euros frente a los casi 2.000 millones previstos, que se han reducido a nada con los últimos incrementos del gasto farmacéutico).
Ante las últimas declaraciones de la Ministra de Sanidad de introducir progresividad en el copago de los pensionistas, para hacerlo más justo y equitativo, desde la FADSP queremos comunicar:
1.- Que el fracaso de la introducción del copago farmacéutico de pensionistas debería obligar a su retirada inmediata, para no hacer más daño a los colectivos afectados.
2.- La progresividad de la financiación de los servicios sanitarios no pasa por hacer más o menos tramos de copago a los pensionistas, sino por hacer que quienes tienen más riqueza, patrimonio e ingresos contribuyan más a la financiación del sistema con sus impuestos de manera justa y progresiva, acabando con las exenciones fiscales a las grandes fortunas y empresas multinacionales; las reducciones del impuesto de patrimonio o trasmisiones; o las sucesivas amnistías a los defraudadores (el fraude fiscal alcanza el 25% del PIB español) .
Resulta escandaloso que el 86% de los impuestos corren a cargo de los asalariados a través del IRPF (44%) y consumidores independientemente de su nivel de renta como el IVA (23%) y los impuestos especiales (que gravan el consumo de electricidad, productos energéticos y bebidas) (13%). Las empresas y sociedades apenas pagan el 14% de los ingresos fiscales totales.
3. Finalmente reiterar que los copagos son un impuesto a la enfermedad porque recaen sobre quienes tienen mas problemas de salud y no sobre quienes tienen mas dinero
Desde la FADSP exigimos que se derogue el Real Decreto 16/2012 para suprimir los copagos de los pensionistas y se restituya el derecho a una atención de salud universal y equitativa.
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Cuando va a finalizar el año, merece la pena hacer una breve evaluación de lo que ha sido la política sanitaria en 2016, tanto a nivel del gobierno central como de las CCAA.
A nivel del Gobierno se ha vivido una situación de interinidad que ha llevado a la inacción, y que en el caso de Sanidad ha sido más acusada porque es bien conocido que el titular del Ministerio dimitió en medio del año para presentarse a las elecciones en Euskadi.
Estas circunstancias han hecho que las cosas hayan seguido su curso, empeorando progresivamente. A resaltar algunas cuestiones como son la continuidad en el mantenimiento del RDL 16/2012 con los afectos negativos que tiene sobre el acceso a las prestaciones asistenciales, las exclusiones y la equidad, favoreciendo la desatención sanitaria y el aumento del gasto de bolsillo (lo que pagan las personas directamente para acceder a prestaciones sanitarias, bien en la Sanidad Pública, bien en el sector privado) que se ha incrementado en un 53%. Mientras tanto, y a pesar del importante incremento del gasto farmacéutico en 2015 (especialmente el hospitalario, pero también el de recetas a pesar del copago) y de que los presupuestos de Sanidad evolucionan por debajo del aumento del PIB, el Ministerio de Sanidad mantiene un acuerdo con Farmaindustria garantizándole un incremento del gasto farmacéutico ligado al PIB y continua haciendo el ridículo intentando paralizar las subastas de medicamentos (por suerte el Tribunal Constitucional por fin ha rechazado los recursos) y cualesquiera intentos de poner coto a los incontrolados precios que intenta imponer la industria farmacéutica.
Por otro lado se ha favorecido la deriva privatizadora del conjunto del sistema favoreciendo la provisión privada a cargo de los fondos públicos y la infrautilización de los recursos de la Sanidad Pública, como un ejemplo mas, Muface (cuyos fondos mayoritariamente acaban financiando al sector privado) ha visto incrementarse su presupuesto en un entorno de recortes generalizados de la Sanidad Pública.
Por otro lado no se ha producido ninguna iniciativa para solucionar los problemas pendientes, como la ausencia de fondos de cohesión, el desaguisado de la prescripción enfermera, etc, y el nombramiento de la nueva ministra no plantea perspectivas muy halagüeñas.
El resultado es que en el CIS de noviembre de 2016 la Sanidad aparece como el principal problema para el 13,6% de los encuestados (el valor más alto desde 2010).
En las CCAA ha habido más cambios, especialmente en las que tuvieron cambios de gobierno en mayo de 2015, aunque la tónica general ha sido de un ligero incremento presupuestario en 2016 que no ha superado los recortes realizados desde 2009 (parece que en 2017 la situación tendrá una mejora), y la continuación del proceso privatizador en marcha aunque de manera más lenta y silenciosa para evitar el contundente rechazo social y profesional.
Conviene destacar el caso de Valencia, que ha garantizado la universalización de la atención sanitaria, ha prometido la no continuidad de la concesión del hospital de Alzira (el paradigma del modelo de concesiones administrativas) y está haciendo un amplio trabajo de detección de las irregularidades y corruptelas en los centros sanitarios. Baleares, Castilla la Mancha y Extremadura son otras CCAA donde se han producido cambios positivos de diversa entidad, aunque con repercusiones distintas, porque su grado de recorte y/o privatización era distinto y también lo era el tiempo que los gobiernos del PP habían destinado a desmantelar la Sanidad Pública.
En esta situación desde la FADSP entendemos que sería prioritario:
- Acabar con los recortes recuperando cuando menos los presupuestos sanitarios de 2009 y establecer una formula más equitativa de financiación sanitaria en la línea de una financiación finalista.
- Recuperar los fondos de cohesión sanitaria y elaborar un Plan Integrado de Salud para asegurar la equidad, coherencia y coordinación del Sistema Nacional de Salud.
- Derogar el RDL 16/2012 para acabar con las exclusiones y avalar la universalidad del derecho a la atención sanitaria
- Recuperar el empleo perdido en el sistema sanitario público comprometiéndose con la utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública.
- Paralizar los procesos de privatización sanitaria y recuperar los centros privatizados - Control del gasto farmacéutico priorizando el derecho de las personas al acceso a los medicamentos por delante de los beneficios empresariales de la industria. - Poner en funcionamiento sistemas eficaces de participación social y profesional en todo el sistema sanitario público.
Algunas de estas medidas dependen directamente del Gobierno central, otras de las CCAA y otras de ambos, en todo caso entendemos que es el momento de apostar seriamente por la Sanidad Pública porque de ello depende la salud de la población.
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Como ya habíamos anunciado desde la AGDSP y la Plataforma SOS Sanidade Pública de Vigo, pesar de la benignidad de la climatología y de que no existe una situación de repunte epidémiológico de la patología invernal , el servicio de urgencias del nuevo Hospital de Vigo, vuelve a padecer una situación de colapso asistencial cuando hace poco más de un año que se ha inaugurado un nuevo hospital. El diseño inicial del Nuevo Hospital respondía a una serie de líneas estratégicas entre las que tenía especial relevancia la potenciación de la atención de Urgencias y la Reordenación de los dispositivos asistenciales del área sanitaria de Vigo. Se preveía la creación de un Centro de Alta Resolución en Vigo dotado de un Servicio de Urgencias Extrahospitalario con capacidad de resolución diagnóstica y terapeútica ( diagnóstico por imagen, laboratorio, camas de observación etc ...)para evitar situaciones como las que se están produciendo en este momento de colapso asistencial del Servicio de Urgencias del Nuevo Hospital.
Lejos de responder a esta estrategia, el gobierno de la actual Xunta de Galicia, cambió el diseño original del Nuevo Hospital y optó por un modelo privatizador de concesión de obra pública tipo PFI. Para favorecer la rentabilidad privada y el beneficio de la empresa concesionaria, se redujo sustancialmente el proyecto inicial del hospital y concretamente el Servicio de Urgencias que pasó de 72 camas de observación a 34. Irresponsablemente se abandonó la reordenación asistencial del área sanitaria de Vigo, cerrando los centros existentes y dejando a Vigo-Ciudad sin ningún dispositivo de atención especializada. Concretamente se desechó la creación del Centro de Alta Resolución y sólo se sustituyeron los PAC de Bolivia y Coya por un PAC único en el Anexo II de las antiguas dependencias del Hospital Xeral que no mejora la capacidad de resolución de los anteriores y no responde a las necesidades de atención urgente de la ciudad de Vigo.
Se ha perpetuado así el problema de saturacion y colapso asistencial del Servicio de Urgencias del Nuevo Hospital.
Por todo ello reiteramos la exigencia de abrir una auditoria sobre los déficit estructurales y funcionales del centro, como paso previo a corregir los aspectos más lesivos, que provocan colapsos asistenciales, y de recuperación del mismos para la sanidad pública
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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha celebrado el acto de conmemoración de su 35 aniversario en Madrid el día 24 de noviembre.
En el acto en el participaron varios centenares de personas estuvieron presentes representantes de diversas organizaciones sociales, profesionales y políticas (CCOO, UGT, AMASAP, Médicos del Mundo, CECU, FACUA, FRAVM, AEN, AMSM, Colegio de Médicos y de Trabajdores Sociales, PSOE, IU, Podemos, Ciudadanos, etc). En el acto, conducido por la periodista Elena Jiménez, en el que intervinieron Manuela Carmena, Ismael Serrano, Antonio Gutiérrez, Jesús Cintora, Javier Segura y Belen Padilla dirigiendo unas palabras a los asistentes.
Por parte de la Asociación intervinieron Araceli Ortiz, Sergio Fernández y Marciano Sánchez que hicieron un recorrido por la evolución del sistema sanitario en España en los últimos 35 años y plantearon los retos a los que se enfrenta en la actualidad.
Se hicieron reconocimiento a los hechos más destacados para la Sanidad Pública: Ley General de Sanidad, Atención Primaria de Salud, Salud sexual y reproductiva, Salud Pública, Profesión de enfermería, Salud Mental, activistas sanitarios y a las plataformas de SOS Sanidade Pública, Salamanca, Granada y Alcañiz.
Se hizo especial hincapié en el gran desarrollo del sistema sanitario en España en estos 35 años, su gran reconocimiento internacional y los importantes problemas que se han producido en los ultimos años por una política de recortes indiscriminados, desmantelamiento y privatización del sistema sanitario expresado en medidas como el RDL 16/2012. Finalmente se señaló la importancia del apoyo social y profesional a la Sanidad Pública expresada en las numerosas movilizaciones y la necesidad de seguir articulando amplias alianzas sociales, políticas y profesionales para paralizar la ofensiva neoliberal contra la salud de la población y el reforzamiento de la Sanidad Pública, actuando siempre con "el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la Razón", conscientes de que se está luchando por los intereses del 90% dela población.
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE MADDRID

References: Real Decreto 
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 Resolución 
 resolución 
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