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Timestamp: 2020-02-21 22:28:38+00:00

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Medios economicos para acudir a un abogado – Despacho de abogados
Medios economicos para acudir a un abogado
La validez y eficacia de los contratos relativos a bienes inmuebles quedará condicionada, además, al cumplimiento de los requisitos que impone su legislación específica. Por reconocimiento de deuda se atienden figuras jurídicas de contenido y naturaleza muy diferentes. Otras recomendaciones Más allá de los requisitos legales mínimos, y en contra de lo que se suele encontrar en muchas webs, conviene que todo quede muy claro y que incluyamos todas las informaciones y condiciones que creamos necesarias. El Art.23.2 del Reglamento 44/2001 dice que sí cabe esta opción siempre y cuando se haga de forma duradera (la opción ha de quedar guardada en un registro duradero). Este Reglamento distingue entre varios tipos de contratos. Es importante cumplir toda la legislación que regula la contratación a distancia y, cuando los clientes sean particulares, ser muy escrupulosos con los requisitos de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. La primera llamada llega a las ocho de la mañana.
Las principales novedades que introduce la norma, son las siguientes: El denominado “preconcurso” La principal novedad incorporada en relación al preconcurso del artículo 5 bis LC es que desde la presentación de la comunicación no podrán iniciarse ejecuciones judiciales sobre bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Sin embargo, en el caso de intervención en la contratación de un consumidor, la elección no podrá privar al consumidor de la protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia habitual. Si el comportamiento abusivo no cesa, hay que advertir que se interpondrá una denuncia ante las autoridades competentes. III. Tomemos el ejemplo del caso Yahoo, planteado a causa de una disputa internacional creada por la subasta de artículos nazis en este portal. b) personas jurídicas: El domicilio se define en función del lugar en que se encuentra el domicilio social (sede estatutaria), su administración central o su establecimiento principal (centro de la actividad).
En la comparecencia, el Juez tratará en primer lugar de que las partes lleguen a un acuerdo amistoso. lo que buscan es, precisamente, evitar las malas prácticas. Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial”. Auditorías jurídicas de páginas web. “Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) atestiguan que la necesidad de estar conectado a la Red está cada vez más extendida. El deudor deberá entonces pagar o entregar la posesión de los bienes sobre los que recae el derecho real de garantía.
Se establece el principio de conformidad de los bienes con el contrato. Deber de información previa del vendedor Comprende los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato; si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible; los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos, y la lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato y las condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario. Se calcula que en el año 2004 estos ataques han sido 40 veces superiores a los del 2003. En la práctica, la nueva lex mercatoria la están elaborando los grandes holdings o empresas internacionales, y este es el caso de Internet. Sin embargo, no cabe recurso de apelación contra las sentencias que se dicten en asuntos cuya cuantía no exceda de 3.000 euros. Ley 7/1995 de 23 de Marzo, de Crédito al Consumo. Precisamente como alternativa a la vía judicial de reclamación de deudas dinerarias, la Ley 15/2015, de Jurisidicción Voluntaria, creó un nuevo procedimiento para exigir el pago de ese tipo de deudas, donde el papel protagonista corresponde a los notarios (de ahí que a veces se le llame “monitorio notarial”).
En el fondo el que elige es el demandante como perjudicado en una relación contractual. ¿Cómo cree que influyen en el comercio electrónico iniciativas como PayPal? ¿Considera que las entidades bancarias deben incentivar el comercio electrónico de alguna manera? Realmente los medios de pago son la gran asignatura pendiente del Comercio Electrónico. Un conocimiento completo de estos elementos permitirá obtener al comerciante las claves de un mayor y más seguro rendimiento de su actividad, y al consumidor una garantía de ejercicio de derechos. Sin embargo, ese negocio que mueve tanto dinero (sólo en los ficheros de Asnef Equifax hay más de 4 millones de datos de morosos, con posibles deudas que superan los 70.000 millones de euros) ha venido a menos, fundamentalmente porque cobrar es mucho más complicado. Antes de endeudarse por una nueva adquisición, consulte el presupuesto.
¿Resulta aplicable el derecho público económico francés, o por el contrario se aplica la normativa liberal estadounidense? Y si esto se produjere en España ¿esa empresa americana podría vender o subastar material nazi en la red? Nuestro Código Civil, en su artº 8.1 nos dice que las normas de derecho público se aplican a todos los actos ocurridos en el territorio español. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan. Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de Octubre de 1997 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. Solo cabría reseñar que si la cuantía de la reclamación es baja, quizá los costos del procedimiento serían lo suficientemente disuasorios como para iniciar una acción judicial. Características.- Se trata del procedimiento declarativo más complejo de los dos que regula la Ley española. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, justifica el establecimiento de un marco jurídico para la utilización de una herramienta que aporta confianza en la realización de transacciones electrónicas en redes abiertas como es el caso de Internet.
Conocerla y aprovecharla es una de las claves del éxito en la Red. r) Cuando proceda, la existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías financieras que el consumidor y usuario tenga que pagar o aportar a solicitud del empresario. Y por el transcurso de un año prescriben las reclamaciones derivadas de los servicios de transporte y las reclamaciones fundadas en la reclamación extracontractual del artículo 1.902 del Código civil. ¿Qúe es el e-commerce o comercio electrónico? De conformidad a lo establecido en la exposición de motivos II de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, se podría definir como: Cualquier contratación de bienes y servicios por vía electrónica o digital; ya sea un bien físico como una tableta o un ordenador, un bien inmaterial como una creación intelectual (patente, obra, software) o un derecho de crédito (deuda u obligación), o finalmente un bien inmaterial de corte digital como el alojamiento en nube, las pasarelas de pago como paypal o las aplicaciones de bazares virtuales como appstore o google play.
Esta Ley, establece un régimen de responsabilidad civil, penal y administrativa que corresponda de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en la propia norma. En todos los casos, consulte el presupuesto y no asuma ninguna deuda si no puede cumplir con las cuotas. Es una legislación hecha al margen de los parlamentos de los Estado que podría beneficiar a las grandes empresas multinacionales, y con ello podría surgir el derecho del mas fuerte, los lobbies y los grandes servidores/compañías que pretenderán imponer sus servicios. Las de crédito al consumo se venden a menos precio», La empresa que compra la deuda, como en el caso de Intrum, aplica intereses, lo que sumado a la venta por debajo del costo, proporciona beneficios que multiplican lo pagado, aunque algunas deudas sean causa perdida porque, tras una investigación del deudor, si no hay nada que embargar, ni avalistas.
Las deudas que se reclaman no tienen por qué ser grandes cantidades. Recomendamos utilizar el modelo de cláusula que figura en el anexo a la Ley, que incluye un formulario (no obligatorio para el cliente) para ejercerlo. La empresa suiza con la que contrato tiene esta base de datos alojada en un servidor americano. Se amplia pues a cualquier tipo de contrato, sin tener en cuenta la prestación que se efectúe a través de la red. En caso contrario, el teléfono seguirá sonando. Entender la importancia y cumplimiento de una política de privacidad adecuada a nivel de colaboradores y/o partners. Sin embargo, se echa en falta una mayor coordinación y apoyo estructurado en el proceso por parte de nuestra legislación e instituciones: a menudo las leyes llegan tarde y más que una ayuda suponen un obstáculo para el correcto desarrollo de la Red. Expreso: En el momento de la celebración del contrato las partes han acordado la sumisión a determinados tribunales.
Relativo a las clases de reconocimiento de deuda, afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2002 que en nuestro Derecho todo reconocimiento de deuda ha de ser causal, en el sentido de que ha de tener causa porque, como regla general, no se admite el negocio abstracto, pero puede ocurrir que la causa no está indicada o lo esté solamente de forma genérica; o bien que se halle plenamente expresada, en cuyo caso resulta perfectamente conocida la fuente u origen de la obligación y la función negocial a que responde. A tal efecto, se entiende por código de conducta el acuerdo o conjunto de normas no impuestas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, en el que se define el comportamiento de aquellos empresarios que se comprometen a cumplir el código en relación con una o más prácticas comerciales o sectores económicos. de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y da una nueva redacción a su artículo 38; además de modificar los artículos 92 a 113 del citado Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, donde quedan regulados los contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil (Véanse Contratos celebrados a distancia y Contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles), con una regulación prácticamente idéntica de ambos..
El problema surge cuando se cruza la línea que convierte un requerimiento legítimo en un atosigamiento ilegal o incluso acoso. Es por ello que la idea del International cyber law es incompatible con la idea de soberanía nacional de los Estados y éstos en última instancia jamás renunciarán a su vertiente reguladora. Cuando dichos contratos se cobren con arreglo a una tarifa fija, el precio total también significará el total de los costes mensuales. El soporte electrónico en el que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental. ¿Es necesario cobrar impuesto de ventas del Estado? ¿Cómo puedo cobrar dinero que me deben mis clientes? ¿Necesito una licencia o permiso para abrir mi negocio?
¿Qué beneficios debo legalmente proveer a mis empleados? ¿Qué Es Responsabilidad Limitada? ¿Cuáles son las ventajas de organizar un negocio como una sociedad unipersonal? ¿Soy legalmente responsable si mi perro muerde a un ser humano? ¿Cuáles son las ventajas de una sociedad de responsabilidad limitada (LLP)? ¿Cuáles son las ventajas de una sociedad de responsabilidad limitada (LLC)? ¿Con qué frecuencia tengo que pagar impuestos? ¿Necesito un seguro para la empresa? El sistema procesal español concede determinadas ventajas a los acreedores de deudas dinerarias. En España la LSSI establece la obligación de identificar su domicilio real en las páginas web. La buena, que algunas de esas empresas van cerrando ante la imposibilidad de cobrar o por sanciones debido a sus malas prácticas. Mientras que el juicio verbal se utiliza para reclamaciones de hasta 6.000 euros, el ordinario se utiliza cuando la cuantía supera dicho importe. La existencia de códigos de conducta pertinentes y la forma de conseguir ejemplares de los mismos, en su caso.
V. El primer área sería España donde hay un buen nivel de protección y de defensa del consumidor, en segundo lugar la Unión Europea, también con un elevado nivel de protección. La letra ha de ser legible. Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos el vídeo casi bajo demanda), contemplados en el artículo 3.a) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de la actividad de radiodifusión televisiva, o cualquier otra que la sustituya. Es obligatoria la representación de las partes por Procurador y la defensa por medio de Abogado. Recoge tanto los criterios norteamericanos de doing business y el criterio stream of commerce (corriente de comercio). La AEPD alerta sobre auditorías telefónicas.
Cuando proceda, la indicación de que el consumidor y usuario tendrá que asumir el coste de la devolución de los bienes en caso de desistimiento y, para los contratos a distancia, cuando los bienes, por su naturaleza, no puedan devolverse normalmente por correo, el coste de la devolución de los mismos. Ante cualquier duda sobre la legalidad de la utilización de sus datos de carácter personal, póngase en contacto con la Agencia de Protección de Datos. Recomendamos quedarse con copia, incluso en caso de incidencias u operaciones fallidas por errores informáticos. Trámites esenciales.- Presentada la demanda por escrito, el Juzgado decidirá si debe admitirla a trámite o no. Contenido La contratación electrónica impone numerosos deberes al oferente, que se traducen en protección para el adquirente, en particular: a) Información previa La cual deberá facilitar el oferente al adquirente con la debida antelación, con arreglo al artículo 97 LGDCU, los siguientes datos: a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios.
Estafas en las compras por Internet El uso de Internet, ha propiciado que también a través de él y del comercio electrónico se produzcan delitos que pueden ser considerados como estafa por Internet, hoy desgraciadamente frecuente, sobre todo por el anonimato en el autor del hecho delictivo y por la distancia desde donde puede cometerse, ha proliferado de forma que es uno de los delitos más habituales en el ámbito judicial. ¿Hay algún lector que no haya oído hablar del Cobrador del Frac?, ¿Hay alguno de ustedes que no conozca a alguien que por alguna deuda, incluso mínima o errónea, no se haya visto acosado por una empresa de recobro?, ¿o que se haya visto, sin saberlo, inmerso en listas de morosos por deudas desconocidas o que se creían pagadas, o que se reclamaron en su momento y fueron canceladas? En efecto, las empresas de recuperación de créditos impagados, o en tono más cercano, las agencias de recobros, tienen una mala fama ganada a pulso. En su conjunto, en definitiva, el Reglamento 44/2001 adopta criterios norteamericanos.
Y las que se pagaron parcialmente o se dejaron de pagar, supusieron más de un 20%. La nueva regulación no considera personas especialmente relacionadas con el deudor a los acreedores que hayan capitalizado sus créditos y adquirido así la condición de socios del deudor, todo ello con el objetivo de fomentar este tipo de operaciones de refinanciación, sin la subordinación de créditos que normalmente supondría tener la condición de socio de la sociedad concursada. Aunque no exista una regulación específica para la actividad de recobro de deuda, “sí que existe un marco legal, aunque mejorable; el problema son las malas prácticas no atajadas debidamente por las autoridades”, insiste.
Foro Domicilio del Demandado El principio fundamental es que la jurisdicción competente es la del Estado miembro donde el demandado tiene establecido su domicilio, cualquiera que sea su nacionalidad. Pero un sector con más de 800 jugadores —donde las 10 compañías más grandes copan más de la mitad del valor del mercado— y sin una regulación ad hoc puede convertirse fácilmente en una jungla. «En seis años nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios de dos gobiernos. Las órdenes ahora son aceptar cualquier acuerdo, dentro de lo razonable, que se llegue con el deudor, con tal de que pague algo», Encontramos cobradores hasta en la Biblia. Esto permitirá afrontar los escenarios de reestructuración desde postulados más eficaces y, si bien aún queda mucho camino por recorrer para tener un sistema ágil de restructuración empresarial, podemos considerar esta norma como un gran paso para poder resolver la problemática del sobreendeudamiento financiero de las empresas. Éste puede optar entre pagar, oponerse a la pretensión del acreedor, explicando brevemente sus razones, o bien no hacer ni una cosa ni otra. El deudor, ante el requerimiento efectuado, tiene la obligación de pagar las cantidades adeudadas, o bien de entregar los bienes adquiridos a plazos.
LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CIVILES La Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero 2000, regula diferentes tipos de procedimientos judiciales para la resolución de conflictos y la reclamación de deudas: los procedimientos declarativos, los de ejecución y los especiales. Estudio y análisis jurídico de actividades de comercio electrónico. El cliente debe aceptar, marcando una casilla de verificación por ejemplo, los términos antes de realizar el pago, ya que la carga de la prueba de que se ha informado es del empresario. Si no se informa al respecto, el periodo de desistimiento se extiende doce meses más. Recursos.- Contra la sentencia que se dicte en el juicio verbal, las partes pueden interponer recurso de apelación, para que el órgano jerárquicamente superior, la Audiencia Provincial, decida de nuevo. A.3 Foro materia contractual Según el Art.5.1 del Reglamento 44/2001, en materia contractual se puede demandar ante el tribunal correspondiente al lugar donde hubiere sido o debiera haberse cumplido la obligación que sirve de base a la demanda.
Si lo que se pretende es el pago de una cantidad de dinero, entonces la ejecución consistirá en el embargo de bienes del deudor. Trámites esenciales.- El procedimiento se inicia mediante una demanda, con la que se debe aportar el documento en que se fundamenta, es decir, el título ejecutivo. Las dos clases de juicios declarativos que se regulan en la Ley española son: el juicio verbal y el ordinario. Hace seis años que la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobros ( Angeco), que aglutina a 49 empresas de recuperación de deudas, intenta que se lleve a cabo la regulación legal de esta actividad. ¿Si yo obtengo una sentencia favorable en España…puedo exigir la ejecución en Pekín? Teóricamente, y digo teóricamente porque en la práctica si la cuantía es pequeña, necesariamente habríamos de desistir de cualquier acción, tendríamos dos opciones a nuestro alcance: La primera es optar por un derecho internacional cibernético (internacional ciber Law) al margen de los estados.
Calcule cuánto van a suponer al mes los gastos adicionales del reembolso del préstamo o crédito más los intereses. Al igual que los llamados «productos milagro » que podrían infringir la ley al tratarse en la mayoría de los casos de publicidad engañosa. Estos fraudes y engaños se acentúan en Internet. Establece una serie de especialidades a tener en cuenta Tiene un concepto propio de consumidor Establecía hasta el año 2000 una limitación exclusiva de los contratos que podían entrar en su ámbito: 1) compraventa de bienes muebles comprados a plazos 2) contratos de créditos para los anteriores contratos Mediante el Art.15.1.c) Reglamento 44/2001 “se amplia a cualquier otro contrato que tenga por objeto una prestación de servicios o un suministro de mercaderías siempre que sea para un uso distinto al de la actividad profesional”. Las ejecuciones de dichos bienes que ya estuvieran en tramitación se suspenderán con la constancia de la comunicación del deudor al Juzgado. Un conocimiento completo de estos elementos permitirá obtener al comerciante las claves de un mayor y más seguro rendimiento de su actividad, y al consumidor una garantía de ejercicio de derechos. Servicios Revisión y adecuación de páginas web a la LSSI.
En definitiva esa clase de reconocimientos de deuda se sitúa en la esfera de lo probatorio. Cuando no sea posible calcular razonablemente de antemano el coste total, se indicará la forma en que se determina el precio. Si alguien ha contratado antes de poder tener acceso a las cláusulas se entiende que esas cláusulas no se incorporan al contrato. ¿De dónde sacaron mis datos? ¿Es legal? La respuesta es sí, siempre y cuando exista un interés legítimo a satisfacer un crédito impagado y legalmente constituido. ¿podría demandar a esta empresa en España?. Por su parte, la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el R.D. Por otro lado, no se tendrá en cuenta a efectos de cómputo de porcentajes para aprobar la refinanciación, los créditos de acreedores considerados personas especialmente relacionada con el deudor que, sin embargo sí quedarán afectados por el acuerdo. Está vedada la sumisión expresa en la contratación con consumidores, salvo que se pacte con posterioridad al litigio o sea electivo el fuero para el consumidor. Lo que incluye las comunicaciones comerciales por vía electrónica y sobre la información, tanto previa como posterior, que se exige para la validez y eficacia de los de los contratos electrónicos.
La venta de productos de segunda mano por Internet Se producen a través de portales de todo tipo de venta de segunda mano que existen en Internet, en el que el anunciante del producto, que bien puede estar en un país fuera de la Comunidad Europea ofrece un precio muy asequible como gancho y determinadas personas caen en esa gancho. Los servicios, por otra parte, son de una rica variedad que se multiplica constantemente. En tal sentido se orienta la Jurisprudencia (entre otras, Sentencias de 24 de octubre de 1994, 13 de febrero de 1998 y 27 de noviembre de 1999). Representamos también a nuestros clientes en los procedimientos sancionadores iniciados por la Agencia Española de Protección de Datos y desarrollamos auditorías y programas de compliance que permiten a nuestros clientes conocer su estado de cumplimiento normativo y las gestiones necesarias para evitar potenciales sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Cabe hacer remisión, por lo tanto, a lo expuesto en los apartados correspondientes a estos procesos. Hasta 2002 existía una obligación de registro de las empresas de venta a distancia.
En cualquier caso, el vendedor debe devolverle el precio del producto en un máximo de treinta días. Los medios de pago también pueden articularse electrónicamente. Tampoco se incorporan al contrato las cláusulas que son elegibles o ambiguas. ¿Cuál es la regulación aplicable? Al tratarse España de un estado miembro de la Unión Europea, debemos empezar haciendo referencia a la normativa de nivel comunitario más importante sobre esta materia: Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior. El medio más fiable para conseguirlo es el cifrado de los mismos. Tampoco se incorporan al contrato las cláusulas que son elegibles o ambiguas.
Características.- El juicio verbal es exclusivamente oral. Concretamente, en el caso de comunicaciones telefónicas, deberá precisarse explícita y claramente, al principio de cualquier conversación con el comprador, la identidad del vendedor y la finalidad comercial de la llamada. Sin embargo, se echa en falta una mayor coordinación y apoyo estructurado en el proceso por parte de nuestra legislación e instituciones: a menudo las leyes llegan tarde y más que una ayuda suponen un obstáculo para el correcto desarrollo de la Red. Resultar necesarios, pero que no se podrían pagar en efectivo sin liquidar los ahorros u otras inversiones (por ejemplo un coche).
Hay que tener en cuenta, que lo dicho anteriormente incluye la descarga de archivos informáticos que no han respetado los derechos de propiedad intelectual, tales como música, fotografía, etc. Regulación legal A causa de los abusos que los consumidores sufren por parte de las empresas con las que realizan transacciones electrónicas, el Estado Social ha optado por limitar el derecho público económico en lo relativo a determinados objetivos y valores, tales como la protección de la infancia, el racismo, la xenofobia, la igualdad de sexos, la parte débil del contrato, etc. En definitiva los Estados estarían renunciando a su papel fundamental de dictar normas jurídicas y lo dejarían en manos de empresas privadas. Adaptación a la LSSI-CE de todo tipo de páginas web. En otros casos el engaño deriva por el ofrecimiento de contratos de trabajo falsos. También se considera una práctica muy negativa utilizar préstamos de consumo cuyos plazos de amortización sean superiores a la vida del producto financiado.
Obligaciones no pecuniarias: será competente en el país del sujeto donde se realiza la prestación no pecuniaria. “O por cualquier medio dirigiere tales actividades a dicho Estado miembro o a varios estados miembros, incluido este último”. Por último, cuando tratemos de comerciar en otros países, la situación ya es mas compleja y el grado de inseguridad jurídica muy grande, inseguridad que aun se agravará mas por la problemática fiscal que la transacción puede tener en las aduanas de entrada de la mercancía. Nuestra firma, especialista en abogados de Startups, facilita a profesionales y empresas los recursos necesarios para el cumplimiento de las normas que rigen en el ámbito del Comercio Electrónico, mediante la elaboración de los textos legales que en función de su actividad deben contener las respectivas Tiendas Online y Páginas Webs. Los servicios, por otra parte, son de una rica variedad que se multiplica constantemente.
Esta plataforma de resolución se organiza en una serie de fases o etapas: El consumidor o usuario afectado debe rellenar el formulario de reclamación, creado a tal efecto, y enviarlo online desde la propia plataforma. Esta última expresión parece equívoca, debiendo entenderse que hace referencia a la resolución del contrato; pues las causas de rescisión están tasadas por la Ley sin que vengan referidas al cumplimiento, sino más bien a la capacidad de los otorgantes. t) Cuando proceda, toda interoperabilidad relevante del contenido digital con los aparatos y programas conocidos por el empresario o que quepa esperar razonablemente que éste pueda conocer. En cuanto a las empresas recobradoras, se les pide un mínimo de experiencia y conocimientos para poder ser asociados. La característica fundamental del comercio electrónico es que la contratación, es decir, la oferta y la aceptación de la misma, se realizan on-line, pudiendo o no efectuarse el pago también on-line.
Se trata de reglas uniformes que regulan el comercio electrónico a escala internacional, y que podrían tener distintas presentaciones jurídicas, tales como tratados internacionales, códigos de conductas en los e-Business, sellos o distintivos de confianza o lo que sea, pero a través de un cuerpo de conductas global y general internacional. Ayudamos a nuestros clientes tanto en cuestiones puntuales como en la elaboración de los contratos y documentos que la normativa europea y nacional exigen para garantizar el adecuado tratamiento, y la cesión de los datos personales. ¿De dónde sacaron mis datos? ¿Es legal? La respuesta es sí, siempre y cuando exista un interés legítimo a satisfacer un crédito impagado y legalmente constituido. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de la posesión, al igual que la hipoteca inmobiliaria, han de constituirse en escritura pública, que deberá inscribirse en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento. Controlar la publicidad de los sitios web: Los artículo 4 y 5 de la Ley General de Publicidad castigan la publicidad engañosa.
Mientras que el comprador y el vendedor no se van a encontrar físicamente durante la transacción, sí se van a usar mecanismos de comunicación electrónica para establecer el contrato. También se introduce la publicidad de la comunicación del 5 bis LC, que deberá publicarse en el Registro Público Concursal, aunque el deudor podrá solicitar que dicha comunicación tenga carácter reservado. Es más, ¿por qué no puedo eliminar ese seguro si ahora soy autónomo? Pagué cuanto pude hasta que me quedé sin ingresos. Recomendaciones a usuarios del comercio electrónico Información en la recogida de datos Cuando suministre datos personales a cualquier organización (proveedores de acceso, proveedores de contenido, vendedores a través de comercio electrónico, etc.) sea consciente de a quién se los facilita y con qué finalidad. El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan.
Deber de información previa del vendedor Comprende los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato; si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible; los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos, y la lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato y las condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario. Estas deudas son sumamente peligrosas porque si no se controlan puede provocar el efecto bola de nieve y crecer con gran rapidez. – Ley sobre Contratos celebrados fuera de los Establecimientos Mercantiles, Ley 26/91 de 21 de noviembre. Como se ha visto, para el comercio electrónico interno español, los niveles de protección son abundantes y el consumidor no debería de tener más desconfianza o reservas de las que pueda tener en el comercio tradicional a nivel de tienda.
Actualmente, la regulación se ha trasladado, como se ha dicho, a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Así, el citado artículo 92 de la LGDCU define la venta a distancia, como aquella realizada con los consumidores y usuarios en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia, sin la presencia física simultánea del empresario y del consumidor y usuario, y en el que se hayan utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia celebración del mismo. Comercio electrónico directo El comercio electrónico directo es aquel que puede perfeccionarse contractualmente y completarse la ejecución del contrato y la satisfacción de los contratantes únicamente a través de la Red, utilizando solamente medios electrónicos. Las transacciones en España celebradas por Internet Los aspectos fiscales del comercio electrónico ejercido por personas físicas o jurídicas residentes en territorio español no ofrecen ninguna diferencia respecto de los derivados del comercio tradicional.
Los juristas suelen estar de acuerdo en que las más complicadas cuestiones legales que plantea el comercio electrónico, relativas a la competencia judicial, al derecho aplicable y al reconocimiento y ejecución de las sentencias, corresponden al derecho internacional privado. Los servicios de radiodifusión sonora. Los procedimientos especiales 4.3.1.- EL JUICIO MONITORIO Casos en que procede.- Solamente puede hacerse uso de este procedimiento, para exigir el pago de una deuda dineraria de cualquier importe, que sea líquida, determinada, vencida y exigible, siempre y cuando se cuente con un documento del que derive la existencia de la deuda, y que cumpla determinados requisitos exigidos en la Ley. La respuesta de la administración, sin embargo, está pendiente de llegar. Ley 29/2006 de 26 de Julio de Garantía y Uso Racional de los medicamentos y productos sanitarios. El régimen del comercio electrónico está regulado en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Se regirán por lo dispuesto en este título los contratos celebrados con los consumidores y usuarios en el marco de una actividad empresarial, sin la presencia física simultánea de los contratantes, siempre que la oferta y aceptación se realicen de forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado por el empresario. Recuerda, si no sabes cómo crear una tienda online llámanos. Sin embargo, este plazo general de cinco años para reclamar una deuda puede verse reducido por la concreta naturaleza de la deuda. Y no solo se dedicaban a los impuestos sino que en la Edad Media ya existían los mediadores entre acreedores y deudores. Trámites esenciales.- Presentada la demanda, el Juez ordena que se requiera al deudor y, si no paga inmediatamente, que se proceda a embargar sus bienes. Auditorías jurídicas de páginas web.
Estas condiciones se han de poder descargar en un pdf en cualquier momento y tienen que estar siempre disponibles. Un negocio que maneja millones de euros El recobro de deudas ha sido un gran negocio a cuyo carro se subieron entre 800 y 1.000 empresas, incluso autónomos. j) Cuando proceda, la indicación de que el consumidor y usuario tendrá que asumir el coste de la devolución de los bienes en caso de desistimiento y, para los contratos a distancia, cuando los bienes, por su naturaleza, no puedan devolverse normalmente por correo, el coste de la devolución de los mismos. Los servicios de radiodifusión sonora.
La legislación pretende que el empresario otorgue al consumidor un alto nivel de información sobre el producto o servicio que va a adquirir, con la finalidad de: Evitar fraudes. La compra-venta de productos farmacéuticos por comercio electrónico Un grave problema lo plantea la compra electrónica de productos farmacéuticos que no están autorizados en España o para los que se requiere receta médica.
Trámites esenciales. El procedimiento del juicio verbal comienza con una demanda breve en la que se debe fijar con claridad qué es lo que se pide. En la Convención se regula la determinación de la ubicación de la parte en un entorno electrónico; el momento y lugar de envío y de recepción de las comunicaciones electrónicas; la utilización de sistemas de mensajes automatizados para la formación de contratos; y los criterios a que debe recurrirse para establecer la equivalencia funcional entre las comunicaciones electrónicas y los documentos sobre papel, incluidos los documentos sobre papel «originales», así como entre los métodos de autenticación electrónica y las firmas manuscritas. Cuando una parte no tiene un domicilio en el Estado miembro cuyos tribunales conocen del asunto, para determinar si dicha persona tiene un domicilio en otro Estado miembro, el juez deberá aplicar su legislación interna.
Comercio Electrónico B2B (relaciones entre empresas): Los mercados virtuales o e-marketplaces son entornos virtuales que facilitan procesos de negocio entre empresas, utilizando la tecnología para realizar transacciones, facilitar la relación entre compradores y vendedores y optimizar los gastos de gestión y dar transparencia al mercado. A lo largo de este artículo voy a tratar de abordar los problemas e incidencias que se plantean en el comercio electrónico internacional, que en el ámbito comunitario está regulado por la Directiva 2000/31CE de 8 de Junio del Parlamento Europeo, y que se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Requerir cantidades impagadas y plasmadas en un contrato es absolutamente lícito, también cuando es una empresa de recobro quien exige saldar el pago. Si no paga, la duración dependerá de la mayor o menor facilidad para encontrar bienes del deudor, así como del tipo de bienes que puedan ser embargados. Otros derechos En caso de cobro fraudulento utilizando el número de una tarjeta de pago, su titular podrá exigir la inmediata anulación del cargo.
Principio de libertad de forma de los contratos (artículo 1278 CC). Estos dos ejemplos primeros se corresponden a productos de inversión. Duración.- En este tipo de procedimientos es imprevisible la duración, puesto que dependerá de si el deudor paga voluntariamente o no. En el juicio se practican las pruebas propuestas y admitidas y cada parte expresa, verbalmente, sus conclusiones sobre la prueba practicada. Así, por ejemplo, se recuerda que no puede cobrarse un precio distinto dependiendo de si el cliente vende el producto en un establecimiento o en internet; pero que se permiten, acciones de soporte para la venta en un canal; y que la diferenciación de precios por canal puede ser necesaria y aceptable si tiene como objetivo evitar prácticas desleales de free-riding. El artículo 103 LGDCU fija las excepciones a dicho derecho de desistimiento: a) La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y con el reconocimiento por su parte de que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente ejecutado por el empresario, habrá perdido su derecho de desistimiento.
EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Casos en que procede.- Además de ser procedente para las reclamaciones de cantidad superiores a 6.000 euros, el procedimiento ordinario es el que deberá utilizarse cuando se presenten demandas relativas a derechos honoríficos de la persona, al derecho al honor o a la intimidad, sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas de sociedades; sobre competencia desleal, propiedad industrial o intelectual, y otras especificadas en la Ley. Reforzar la seguridad del comercio electrónico, simplificar las normas que lo rigen y aplicar medidas específicas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) son los ejes en los que actualmente se está moviendo el Parlamento Europeo. El reconocimiento (contractual) de una deuda puede tener por objeto exclusivo dar a la otra parte un medio de prueba, puede prometerse también no exigir prueba alguna de la deuda y, finalmente, el reconocimiento puede hacerse en el sentido de querer considerar la deuda como existiendo contra el que la reconoce.
De nuevo, el Gobierno utiliza la doble vara de medir, imponiendo un sacrificio a los acreedores ordinarios del que exime a las Administraciones Públicas cuando este sacrificio debería ser igual para todos los acreedores. La estafa del Spoofing: Así se conoce a la técnica de creación de tramas TCP/IP utilizando una dirección IP falseada. Restricciones a la prestación de servicios. Problemática de la protección en el comercio electrónico internacional Aun con todos estos medios legales, el consumidor no confía en el comercio electrónico fuera de nuestras fronteras, ya que duda de su eficacia, máxime cuando se trata de exigir pretensiones de baja cuantía que generarán altos costes procesales. Éste puede optar entre pagar, oponerse a la pretensión del acreedor, explicando brevemente sus razones, o bien no hacer ni una cosa ni otra.
Y no cabe duda que tiene razón al pensar así. Destinada a regular la prestación de servicios de sociedad de la información en general. A este respecto, hay que tener en consideración el punto en que nos encontramos en la implementación de las condiciones marco de imposición sobre el comercio electrónico (conferencia Ottawa de 1998) por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE La responsabilidad en el comercio electrónico En la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico se regula la responsabilidad en el comercio electrónico e Internet, a la cual le es aplicable el bloque normativo de la responsabilidad civil de los intermediarios en general, incluida la normativa de responsabilidad civil derivada del delito, en particular por daños derivados de los ilícitos penales consistentes en la introducción de virus (artículo 264.2 CP) y por acceder, a través de ordenador, a ordenadores de terceros sin consentimiento o a sitios de acceso no autorizados (artículo 197.1 y 278 a 280 CP).
Entender la importancia y creación de una política interna de propiedad intelectual. Como resumen clarificador de esta doctrina jurisprudencial, podría citarse, en definitiva, la Sentencia de la Sala, de 29 de junio de 1998, al decir la misma, más sucintamente, que la jurisprudencia admite que mediante el acto unilateral, el o los que lo hacen, “reconocen la existencia de una deuda previamente constituida y que contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente”. Solicite que sus datos personales no vayan unidos a su identificación de acceso a Internet. El acreedor que tiene reconocido un crédito a su favor por el deudor goza de la presunción favorable a su existencia, correspondiendo a éste la carga de probar su inexistencia, lo que, en el caso que resuelve la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2008, no han hecho los prestatarios.
Como punto de contacto de la plataforma en España para cualquier consulta o asistencia, se ha designado al Centro Europeo del Consumidor (CEC), adscrito a la Agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición. 5.2.- El procedimiento de ejecución de la hipoteca mobiliaria y de la prenda sin desplazamiento de la posesión. Supongamos la situación de un consumidor de Málaga que compra una motocicleta, por medio de la página web de una empresa cuyo centro de operaciones está en Málaga. La validez y eficacia de los contratos relativos a bienes inmuebles quedará condicionada, además, al cumplimiento de los requisitos que impone su legislación específica. Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, al reconocimiento de deuda, negocio jurídico unilateral que contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, se le ha admitido por doctrina y jurisprudencia el efecto material de quedar obligado al cumplimiento, por razón de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el efecto procesal de la dispensa de la prueba de la relación jurídica obligacional preexistente”.
Además, si es objeto de cualquier tipo de reclamación, tampoco cabe la inclusión en un fichero. Esta libertad de forma permite que en el comercio electrónico se utilicen modalidades de perfeccionamiento del contrato muy particulares: acuerdos click-wrap (te bajas el programa de ordenador y en el proceso de instalación te aparece la licencia) y web-wrap (en la página de Internet te aparece el acuerdo). Recursos.- Contra la sentencia que se dicte en los procedimientos ordinarios pueden interponer las partes recurso de apelación, si no están conformes con su contenido, de manera que tendrá que decidir nuevamente sobre el asunto el Tribunal superior al que dictó la resolución, es decir, la Audiencia Provincial. La Constitución española, en su artículo 18, protege el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y “garantiza el secreto de las comunicaciones”. Al igual que los llamados «productos milagro » que podrían infringir la ley al tratarse en la mayoría de los casos de publicidad engañosa.
Entrega de las mercancías Deberán ser puestas a disposición del comprador en el plazo máximo de treinta días; en caso de no verificarlo, el comprador podrá instar la devolución del importe abonado, que se le hará efectivo en el plazo máximo de treinta días, transcurrido el cual podrá reclamar el doble de dicha cifra así como el importe a que asciendan daños y perjuicios que se le hubieran irrogado. Así mismo, la elección puede llevarse a cabo de modo expreso on line si se ha realizado mediante soporte estable y duradero. Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.
EL CONTRATO DE COMERCIO ELECTRÓNICO SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS A CONSUMIDORES El contrato en cuestión no presenta otras especialidades que la de extender la protección del consumidor a este tipo de servicios, imponiendo deberes al oferente en relación a las características del producto, con incremento del periodo de desistimiento pues frente al de siete días previsto en la normativa anterior, se establece en un margen entre catorce y treinta días, en determinados casos, y constitución de fondos de garantía, todo ello conforme a la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Y si esta sentencia es favorable a los intereses del acreedor, el recurso no impedirá que se ejecute lo resuelto.
Según un informe de la entidad pública cuatro millones de personas de nuestro país compramos a través de la red, lo que representa un 11,2% de la población y señala asimismo que las tendencias de crecimiento serán continuadas y estables. En el juicio, al igual que sucedía en el procedimiento ordinario, se practican las pruebas que aporten las partes, siempre que el Juez las declare pertinentes. Naturalmente, también la sentencia queda recogida por escrito. Para ello, es preciso que los interesados estén de acuerdo en someter el conflicto a la decisión de los árbitros. La regulación de los contratos electrónicos se regula en los artículo 9 y siguientes.
En resumen el prestador de servicios antes de que el destinatario del servicio efectúe un pedido debe facilitar datos imprescindibles como los pasos técnicos a seguir para formalizar el contrato; si se va registrar el contrato, las lenguas en las que se puede celebrar, códigos de conducta a los que se acoge, facilitar las condiciones generales de contratación y que puedan almacenarlas y reproducirlas. Lo mismo ocurre con los productos financieros extranjeros no controlados por el Banco de España, y generalmente radicados en los llamados paraísos fiscales. Controlar las comunicaciones comerciales electrónicas. Si el deudor no paga dentro del plazo concedido, directamente se sacan a subasta los bienes hipotecados o dados en prenda. Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, En cuanto a los procedimientos judiciales civiles, todos los que se examinan en este apartado están regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000 de 7 de enero, que sustituyó a la antigua ley procesal del año 1881.
Dicho desarrollo se efectúa mediante Real Decreto 1906/1999 de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales, actualmente derogado por la citada Ley 3/2014, de 27 de marzo. Dicha deuda ha de constar en algún documento que sea fiable, y no puede afectar a la relación entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, ni derivarse de cuotas impagadas de propiedad horizontal, ni ser deudas relativas a menores, incapaces o Administraciones Públicas. La financiación de la deuda es cuando una persona, empresa, banco u otra entidad que provee capital para un negocio y la empresa tiene la obligación de pagar el capital en préstamo, más la tasa de interés que se acuerde. En la primera hipótesis, a la que se le suele denominar reconocimiento de deuda abstracto o formal, es de aplicación el artículo 1277 del Código Civil, con arreglo al que se presume que la causa existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario, y la doctrina jurisprudencial consistente en que, en virtud de una abstracción procesal, se dispensa de probar al titular del derecho de crédito objeto de reconocimiento y se hace recaer el “onus probando” (carga de la prueba) sobre el obligado.
Normas especiales para contratos de consumo internacionales. Y si esta sentencia es favorable a los intereses del acreedor, el recurso no impedirá que se ejecute lo resuelto. Este puede hacerlo, sin duda, demostrando que se trata del mismo crédito fundado por el contrato causal, y entonces la satisfacción de uno extingue al otro. Comportamientos ilícitos como la falsificación, la piratería, el fraude, la violación de la seguridad de las transacciones y la invasión de la esfera privada de los ciudadanos preexistían en el «mundo físico», si bien estas actividades se han visto «facilitadas y exacerbadas» por las abundantes posibilidades tecnológicas que proporciona Internet.
Sin embargo, está previsto que para finales de 2013 cambien algunos aspecto en la regulación del comercio electrónico, adaptándose de este modo a la nueva directiva europea. Vende con unas condiciones que demuestren confianza y garantía. k) Los contratos celebrados mediante subastas públicas. Obligaciones referidas al contenido del contrato: Obligación de poner a disposición las cláusulas o CGC del contrato con la antelación necesaria a la perfección del contrato. Efectos del contrato celebrado por Internet Según lo establecido en la LCE los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, no siendo necesario para su validez nada más que los requisitos generales para su celebración por otro medio no electrónico, sin necesidad, siquiera, del previo acuerdo de las partes para la utilización de estos medios. Pero, ¿que ocurre cuando el domicilio aparente no coincide con el domicilio real? Los prestadores de Servicios en Internet (Directiva) están obligados a identificarse, siempre que estén registrados en la Unión Europea.
Del auge de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles, ha surgido una derivación del concepto denominada m-commerce: mismo significado, pero aplicado exclusivamente a dispositivos móviles. Se trata, pues de un procedimiento flexible, basado en el acuerdo entre las partes, que garantiza los principios de igualdad, audiencia y contradicción y que resuelve definitivamente la controversia con celeridad. RÉGIMEN JURÍDICO Como hemos anticipado, son principalmente dos las normas internas que desarrollan las Directivas comunitarias en la materia, y numerosas las que inciden tangencialmente en ella. Transacciones más comunes por comercio electrónico Por citar algunos de los que han alcanzado hasta ahora un mayor desarrollo: la adquisición de viajes, los servicios financieros, servicios de subasta de bienes, servicios de intermediación de bienes muebles o inmuebles, servicios jurídicos y de asesoramiento económico o financiero, consultorios médicos y relacionados con la salud y la forma física, servicios de información y comunicación, medios de difusión, entre otros.
En todo caso el consumidor o destinatario tiene derecho a oponerse: puede pedirle al proveedor que le borre de su lista de distribución. El plazo de entrega El sistema de reclamaciones El derecho al desistimiento (si existe) y todas las consecuencias y posibles costes del mismo. La respuesta de la administración, sin embargo, está pendiente de llegar. Esta práctica además, plantea ciertos peligros añadidos, derivados de la fácil accesibilidad a Internet en relación con los datos suministrados, multiplicando la posibilidad de que se produzca un uso ilegítimo de la información bancaria de los clientes, cediendo, vendiendo o alquilando sus datos a otras empresas, debido a la dificultad de garantizar su seguridad. Nuestro despacho cuenta con una dilatada experiencia asesorando a empresas en el ámbito de la protección de datos personales. Iniciativas como PayPal simplifican el proceso de pago y limitan los datos que damos a la tienda final pero a cambio de dejar nuestros datos de pago en una empresa americana que no tiene una obligación legal de proteger nuestra privacidad, como en Europa, con el consiguiente riesgo.
Cuanto más ahorremos para pagar la entrada, menos mensualidades, o más bajas, tendremos que afrontar. Es la llamada abstracción procesal o presunción de existencia y licitud de causa, que no es otra que la de la obligación reconocida y precedente, se traduce en un desplazamiento del tema necesitado de prueba y en una inversión de la carga de probar. El contrato se perfecciona con el sólo click del consumidor. En cuanto al consumidor, su único coste será el de devolución del bien, y no será responsable de la disminución de valor del bien, salvo que haya realizado en los mismos una manipulación que no sea necesaria para conocer la naturaleza, características o funcionamiento. b) El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pueda controlar y que puedan producirse durante el periodo de desistimiento.
Foro de sumisión Según el artº 23 RBI y 17 CB hay sumisión al tribunal elegido por las partes de modo: Tácito: Se presenta la demanda en un determinado Foro y la parte contraria contesta a la misma, con lo que tácitamente está asumiendo la competencia de ese Tribunal. Y ¿qué ocurriría si esta página francesa estuviere traducida o editada en inglés? ¿podríamos considerar que la empresa con esto desea extender su actividad comercial a cualquier parte del mundo, con lo que sí podríamos demandar en España?. Generar ingresos (por ejemplo, los gastos en formación o el lanzamiento de un negocio) o reducen gastos durante la vida del préstamo (por ejemplo comprar una casa para no tener que pagar alquiler) por importes que superan los costes de la deuda. En el ámbito de Internet, lo mas habitual es la presencia de elementos extranjeros, habida cuenta de su carácter internacional y transfronterizo.
Parece que hubiera habido un efecto similar al del negocio inmobiliario, al que se sumaron profesionales del sector, menos profesionales e incluso chapuceros. Este es un ejemplo que sucede en la vida real, y que causa serios problemas en caso de necesitarse una acción judicial para exigir unos derechos, debido a los fuertes costes que generaría el procedimiento necesario. La directiva define el lugar de establecimiento del prestatario como el sitio en donde un operador ejerce de manera efectiva una actividad económica, a través de una instalación estable y por un tiempo indeterminado. Entre los derechos que asisten al consumidor está el derecho de desistimiento el cual, según el artículo 102 de la Ley de consumidores citada, establece un plazo de catorce días naturales para su ejercicio, siendo nula cualquier clausula que penalice al consumidor por el ejercicio de este derecho. Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. La determinación del domicilio se efectúa en función de la ley del Estado miembro del tribunal competente.
La Convención tiene la finalidad de fomentar la seguridad jurídica y la previsibilidad comercial cuando se utilicen comunicaciones electrónicas en la negociación de contratos internacionales. En tal caso no se persigue la producción de un efecto jurídico consistente en la creación de una deuda, sino la mera constatación de la ya existente. Deuda «muy mala» foto una tarjeta de crédito Las peores deudas son las que tienen una TAE muy elevada: los descubiertos en cuenta, créditos de los cajeros automáticos, pagos aplazados de las tarjetas de crédito y los créditos rápidos. Duración.- Teóricamente, el procedimiento ordinario no debería demorarse más allá de unos seis meses. ¿Es necesario cobrar impuesto de ventas del Estado? ¿Cómo puedo cobrar dinero que me deben mis clientes? ¿Necesito una licencia o permiso para abrir mi negocio? ¿Qué beneficios debo legalmente proveer a mis empleados? ¿Qué Es Responsabilidad Limitada? ¿Cuáles son las ventajas de organizar un negocio como una sociedad unipersonal? ¿Soy legalmente responsable si mi perro muerde a un ser humano?
¿Cuáles son las ventajas de una sociedad de responsabilidad limitada (LLP)? ¿Cuáles son las ventajas de una sociedad de responsabilidad limitada (LLC)? ¿Con qué frecuencia tengo que pagar impuestos? ¿Necesito un seguro para la empresa? El sistema procesal español concede determinadas ventajas a los acreedores de deudas dinerarias. Si no se produce la oposición o si, producida, es rechazada por el Juez, continuará la ejecución, con los actos que sean necesarios para obligar al demandado a cumplir su obligación. Control del carácter abusivo de las cláusulas del contrato (artículo 10 bis y DA 1ª LDCU). En España la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, entre otras normas, conforman el derecho de las tecnologías de la información y comunicación y del comercio electrónico. En este caso, el banco ha cedido la gestión del cobro de la deuda a una empresa para que actúe en su nombre. Todas estas condiciones deben ser planteadas antes del proceso de compra en sí.
El mal uso en el comercio electrónico Las infracciones a la LEC se califican como muy graves, graves y leves, a las que corresponderán sanciones que llevan aparejadas multas de 150.001 hasta 600.000 euros las muy graves, de 30.001 hasta 150.000 euros las graves y de hasta 30.000 euros las leves, pudiendo las muy graves y graves llevar aparejada la publicación a costa de la empresa infractora en el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial de la Administración pública en su caso. A la hora de ejecutar la hipoteca o la prenda, en primer lugar el Notario ha de requerir al deudor para que pague. Algunas se venden al costo. Recursos adicionales de derecho mercantil Quiero empezar mi propio negocio. Sobre las clases de reconocimiento de deuda cabe distinguir entre un reconocimiento abstracto y un reconocimiento causal, teniendo efecto probatorio si se hace de manera abstracta y también constitutivo si se expresa su causa justificativa.
Elaboración de Condiciones Generales de Contratación para la práctica de actividades de comercio electrónico. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha hecho pública una nota informativa en la que advierte sobre la práctica de algunas empresas de realizar auditorías de medidas de seguridad por teléfono. Trámites ante la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). Se amplia pues a cualquier tipo de contrato, sin tener en cuenta la prestación que se efectúe a través de la red. Básicamente, el procedimiento para ejecutar estos derechos de garantía es similar al ejecutivo antes visto, pero con algunas particularidades. La AEPD alerta sobre auditorías telefónicas. La Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su Título IV se refiere a la contratación por vía electrónica: Artículo 23. España, por supuesto, no es una excepción y tiene un desafío mayor que otros países al haber basado su modelo productivo en bienes reales más que en bienes intelectuales o en la innovación. La primera llamada llega a las ocho de la mañana.
La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de la posesión, al igual que la hipoteca inmobiliaria, han de constituirse en escritura pública, que deberá inscribirse en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento. En el supuesto de que las partes hubiesen determinado la aplicación de arbitraje internacional, cabe acudir al sistema de fuentes o normativa aplicable: Convenio de Nueva York de 1958 y Convenio de Ginebra de 1961, ambos de carácter multilateral; Convenios bilaterales, la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional, enmendada en 2006, y a nivel español la Ley de Arbitraje de 2003. Si no paga, pero entrega el bien, se procederá a su venta en pública subasta por el propio Notario. Un árbitro es una persona imparcial, ajena a las partes, a quien éstas someten una determinada cuestión, para que la resuelva de forma objetiva, siempre que previamente las dos partes se hayan mostrado de acuerdo en aceptar la decisión que adopte el árbitro.
Tenemos que considerar que una situación privada se transforma en internacional en cuanto aparece un elemento extranjero. Sólo hay una manera de aprender a nadar y lo mismo se aplica a la Red. Un dato significativo es que cuatro de cada cinco ínternautas, compramos por internet. En definitiva esa clase de reconocimientos de deuda se sitúa en la esfera de lo probatorio. Veamos aquellos casos en los que todos los elementos de la transacción, sean virtuales. artículo 39 LOCM: debe aparecer el carácter de oferta. El acreedor ha de acudir a cualquier nNotario del domicilio del deudor, para reclamar a éste una deuda dineraria, líquida, vencida y exigible. Recuerde que existen sistemas de dinero electrónico que preservan el anonimato de sus compras en Internet. Igualmente no cabe aplicar estas presunciones cuando no se hubiese especificado cual será el lugar de cumplimiento de las obligaciones a)contratos on line que se ejecutan off-line: contratos online que se ejecutan on-line: en estos supuestos es donde surge la problemática de determinación la presunción de entrega de la mercancía si esta se produce en el cyber espacio.
Del auge de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles, ha surgido una derivación del concepto denominada m-commerce: mismo significado, pero aplicado exclusivamente a dispositivos móviles. De esta forma se permite la negociación directa y más flexible con sus acreedores, siempre que ello suponga una mejora de su situación patrimonial. Y ¿qué ocurriría si esta página francesa estuviere traducida o editada en inglés? ¿podríamos considerar que la empresa con esto desea extender su actividad comercial a cualquier parte del mundo, con lo que sí podríamos demandar en España?. Pero, tratándose de prenda sin desplazamiento de la posesión, el acreedor no tiene opción posible: el procedimiento de venta en subasta pública no puede continuar si el deudor no entrega la posesión de los bienes, de manera que será preciso acudir al procedimiento judicial oportuno.
Es decir, la posesión no se desplaza del propietario al acreedor. Solamente por motivos muy determinados y taxativamente enumerados en la Ley puede el deudor oponerse a la ejecución y, si se produce esta oposición, se tramita de forma rápida, mediante una comparecencia, dictándose sentencia a continuación. Referida a la formación del contrato y a su contenido. Comercio electrónico: una realidad internacional Cuando nos encontramos ante una transacción electrónica en la que todos los elementos y sus efectos, están vinculados a un Estado, no se nos plantea ninguna duda de que van a resultar competentes los tribunales de este Estado y a que se va a resultar aplicable su ley interna. «Depende de la antigüedad de la deuda y del tipo de deuda. Se trataría de una “lex mercatoria” del Ciberespacio-International con un cuerpo de reglas uniformes, instituciones y principios provenientes de diferentes fuentes que regulan las actividades de los operadores del comercio electrónico internacional.
La presencia online de un sitio web corporativo, el desarrollo de portales, las redes sociales… También, se amplía el ámbito subjetivo de los acreedores financieros afectados por el acuerdo que pasa a ser todo acreedor titular de un pasivo financiero, estén o no sometidos a supervisión financiera, exceptuando los que lo sean por operaciones comerciales y los acreedores de derecho público. La entrega de bienes o servicios se produce sin soporte físico, únicamente a través de la Red. Se trata de un giro importante respecto a los postulados que tradicionalmente se habían mantenido respecto a la deuda de las entidades financieras en los procesos de reestructuración, que supone aproximarnos a posiciones de países del entorno de la OCDE. Normativa Comunitaria: Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado Interior (Directiva sobre el comercio electrónico) Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Mayo, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia.
Comprobar de que estamos comprando en un página web segura, para ello fijarse que en la barra del navegador Antes de proceder a la compra recomendamos que se comprueben las condiciones de la misma, es decir, plazos de entrega, formas de pago, política de devolución, características del producto o servicio… Leer atentamente las condiciones generales del contrato, ya que cuando se marque la casilla aceptando las condiciones es como si se firmara el contrato. – Además de la necesaria alfabetización digital, ¿que fórmulas podrían aplicarse para conectar con la población y fomentar la participación ciudadana en este ámbito? Además de medidas educativas y de formación continua, creo que la implicación de los padres es esencial: mal vamos a poder enseñar a nuestros menores a cruzar la calle si nosotros no andamos por ella: dejemos de tener y sembrar miedo a la Red y empecemos a usarla nosotros también.
Tenemos que considerar que una situación privada se transforma en internacional en cuanto aparece un elemento extranjero.
Las dudas y por ende el problema, nos van a surgir cuando en esa transacción electrónica entren elementos extranjeros, ya que entonces tendremos dificultades para determinar cual es el tribunal competente y cual la ley aplicable. n) Cuando proceda, la existencia de asistencia posventa al consumidor y usuario, servicios posventa y garantías comerciales, así como sus condiciones. ¿Qué puede hacer el afectado ante estos atropellos? Saber a qué se enfrenta y denunciar los abusos ante los organismos competentes. Los certificados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores. Guardar copias de las operaciones de compra realizadas. Un Tribunal francés ordenó a Yahoo bloquear el acceso de esos artículos a sus usuarios de Francia, ya que sus normas de derecho público prohibían la venta o subasta de productos nazis.
En lo que se refiere a EEUU, dado que se trata de un mercado muy maduro, bastante avanzado en el comercio electrónico, tampoco deberíamos de tener especial desconfianza en cuanto a que se vaya a producir incumplimiento por parte del vendedor, pero no por las garantías jurídicas (que tendríamos muy pocas) si no por la buena praxis comercial que existe en ese mercado. Redacción de avisos legales y políticas de privacidad. Normativa Comunitaria: Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado Interior (Directiva sobre el comercio electrónico) Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Mayo, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia. Una reciente recomendación del Defensor del Pueblo dirigida al Ministerio de Economía ha invitado a regular el sector y establecer “las cautelas necesarias” para proteger el deudor. La revolución tecnológica constante en la que vivimos, abanderada por internet, ha conseguido trasladar completamente al ámbito digitaluna de las actividades más antiguas e inmutables de la civilización humana, como es la actividad comercial o mercantil.
Por ejemplo: Pensemos en una empresa francesa que vende CDs de música mediante su web en lengua francesa y ubicada en Francia. Ello conlleva cambios en las estructuras de comercialización y la utilización de nuevas plataformas de venta que pueden resultar tremendamente útiles y ayudar a globalizar nuestro negocio. La competencia objetiva corresponde a la jurisdicción civil ordinaria, conforme al artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al no integrarse en la competencia específica de Juzgados Mercantiles, prevista en el artículo 86 ter LOPJ.
En este momento los analistas estiman que ya supone un 1,6% del comercio total nacional, aunque aun está muy por debajo del 5% que representa en Estados Unidos. Abogados elaboramos las Condiciones Generales de Contratación de forma meticulosa, estudiando toda la casuística y cuidando todos los detalles, de forma que el resultado sea un contrato completo pero a la vez sencillo, garantía de que todo quede perfectamente claro y regulado. Solamente la demanda se presenta por escrito, y el resto de las actuaciones tienen lugar en un único acto, de forma verbal y ante la presencia del Juez. Si paga, se entregará la cantidad al demandante, y se dará por terminado el proceso. Geo-blocking La Comisión reconoce que las medidas de geo-blocking establecidas unilateralmente por empresas no dominantes son aceptables; y se remite a los principios generales aplicables a los acuerdos de distribución respecto de las medidas que se incluyan en pactos entre fabricantes y distribuidores. Regulación legal A causa de los abusos que los consumidores sufren por parte de las empresas con las que realizan transacciones electrónicas, el Estado Social ha optado por limitar el derecho público económico en lo relativo a determinados objetivos y valores, tales como la protección de la infancia, el racismo, la xenofobia, la igualdad de sexos, la parte débil del contrato, etc.
Real Decreto 1133/1997, de 11 de julio, por el que se regula la autorización de las ventas a distancia y la inscripción en el Registro de empresas de venta a Distancia. Plazo mínimo de dos años tras la celebración del contrato de garantía de los bienes muebles corporales de consumo. A lo largo de este artículo voy a tratar de abordar los problemas e incidencias que se plantean en el comercio electrónico internacional, que en el ámbito comunitario está regulado por la Directiva 2000/31CE de 8 de Junio del Parlamento Europeo, y que se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. No obstante, dicho lo que se ha dicho, por otro lado habríamos de tener en cuenta que existen algunos sectores en internet en los que el establecimiento de un International Cyber Law sería altamente positivo.
En el Derecho español no está especialmente regulado el reconocimiento de deuda, si bien la doctrina entiende que puede darse, y se da en la práctica, al amparo del artículo 1277 del Código Civil, sin que se exija para su conclusión ninguna forma determinada, aunque en la práctica, y con una finalidad “ad probationem”, lo aconsejable será hacerlo en forma escrita. Pero, el problema sin duda alguna, aparecería en el momento de solicitar la ejecución de esta resolución por parte de los Tribunales norteamericanos. Restricciones a la prestación de servicios. Compramos billetes de avión o tren, reservamos hoteles, alquilamos coches, compramos en grandes superficies, en Ebay, etc., etc.. Contratación electrónica Implantación de procedimientos legales para la venta a distancia, medios de pago y no repudio. Antes de endeudarse por una nueva adquisición, consulte el presupuesto. Objetivo general de la reforma El objetivo general de la reforma se centra en la relación del comercio con el consumidor, se pretende una defensa más eficaz de este último y evitar así los posibles abusos que vengan del primero.
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Para contratar por teléfono ya no bastará la “grabación” del cliente, se debe enviar “copia por escrito” que deberá ser devuelta firmada antes de que tenga efecto el contrato suscrito. Pero es en estos últimos tiempos cuando los mercados financieros hacen que se produzca una evolución vertiginosa. Una vez terminado el juicio, el Juez dictará sentencia en el plazo de 20 días. Esta apuesta por el International ciber law tuvo su precedente el los Icoterms creados por la Cámara de Comercio Internacional, y por tanto en el mundo del business law surgió la idea de la nueva lex mercatoria con normas que aparecen al margen de los Estados y que son directamente aplicables, formadas por usos uniformes, reglas de comercio formadas por la Cámara de Comercio Internacional, normas supraestatales aplicables por los comerciantes en sus relaciones comerciales.
La clásica y antigua lex mercatoria, empezó a transformarse a partir de los años setenta, debido fundamentalmente al enorme desarrollo del comercio internacional, cuando se empiezan a configurar códigos privados independientes de los derechos nacionales. Revelar a terceros la presunta situación de morosidad de una persona atenta a su derecho a la dignidad y al honor. Protección legal otrogada al consumidor en la contratación en internet Hay abundante normativa comunitaria ya incorporada al ordenamiento jurídico español y una muy completa legislación española. Es innegable el crecimiento cada vez mas acelerado del comercio electrónico: Mientras que en el año 2005 este comercio se incrementó en España en un 16% respecto al año anterior, en 2006 su incremento ya fue de un 30% y en 2007 parece que ya está situado en el 46%. Si así fuera, este acuerdo tendría los mismos efectos que una sentencia, pues su contenido sería obligatorio para ambas partes, y las dos podrían compelerse mutuamente a cumplirlo.
Pero incluso si la deuda se recoge en otro tipo de documento que no lleve aparejada ejecución, puede obtener ésta sin pasar por el declarativo instando un proceso judicial especial denominado monitorio, eso sí, siempre que el deudor no se oponga a la reclamación y consienta así tácitamente en lo reclamado. No siempre es fácil por lo que, en ocasiones, debemos actuar legalmente. Se habla de bienes muebles corporales ¿Se aplica a los bienes inmateriales? Basándonos en el principio de neutralidad tecnológica la respuesta debería ser que sí. Aunque no tengamos correo electrónico ni cuenta en Facebook o cualquier otro servicio o perfil social, nuestros datos ya se encuentran en la Red. Nuestra Ley siguiendo la recomendación de las Naciones Unidas, acoge como base la Ley Modelo, que responde a un sutil compromiso entre las tradiciones jurídicas europeo-continental y anglosajona.
Dejando el Internacional Cyberlaw para los contratos de Internet de las grandes multinacionales, el derecho internacional pivado no es la panacea y tiene grandes problemas de aplicación, ya que tiene un esquema antiguo y una legislación muy poco actualizada. Una de las formas de señalar al moroso, al igual que al que incumplía un acuerdo, era la parodia. En materia de competencia judicial internacional los documentos de referencia, fundamentalmente son: el Reglamento (CE) 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, El Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, y en menor medida, al Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, al Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988 y a la Ley Orgánica del Poder Judicial española.
El artículo 20 de la LSSI determina la información exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos. CONCEPTO Una primera definición de servicios de la sociedad de la información aparece en la Directiva 98/34/CE y se refiere a cualquier servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, mediante un equipo electrónico para el tratamiento (incluida la compresión digital) y el almacenamiento de datos, y a petición individual del receptor de un servicio. En este tipo de reclamaciones, al acreedor le interesa conocer cuanto antes si el deudor está dispuesto o no a pagar la deuda y si va a plantear o no batalla. En los últimos años han surgido las empresas de recobro especializadas en pequeñas deudas (muchas de ellas de telefonía). En la comparecencia, el Juez tratará en primer lugar de que las partes lleguen a un acuerdo amistoso. El art.10 de la LSSI recoge la información mínima necesaria. Se establece como fecha de entrada en vigor de la norma, el día siguiente a su publicación.
Si no paga, pero entrega el bien, se procederá a su venta en pública subasta por el propio Notario. Política de Privacidad Donde se informa del cumplimiento de los principios y derechos contenidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), como consecuencia de la recogida a través de la página web mediante formularios online o consultas, de datos personales de los consumidores o usuarios. Definiciones Empezaremos por definir el comercio electrónico como cualquier modo de transacción o intercambio de información con contenido comercial, en la que las partes se comunican utilizando tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo. En la práctica, la nueva lex mercatoria la están elaborando los grandes holdings o empresas internacionales, y este es el caso de Internet. Anteriormente se dijo que la hipoteca es un derecho de garantía que recae, normalmente, sobre bienes inmuebles. Una especie de boom del cobro de deudas.
En 2005 las agencias de recobros lograban recuperar casi el 100% de la deuda que se reclamaba. Pero, cuando hablamos de Internet, los criterios del derecho internacional privado pierden poder localizador y la aplicación a la red, puede resultar muy complicada. Con lo que se obtenga de la subasta, se hará pago al acreedor. El comercio electrónico da a sus usuarios la oportunidad de consumir en un mercado más amplio y competitivo, pero también fomenta la contratación en masa, el consumismo y el riesgo para los consumidores de sufrir abusos y fraudes por parte de las empresas. ¿Qué no se debe hacer? No se deben copiar y pegar las condiciones de otra web similar. Y el artículo 1101 le reconoce el derecho a hacerlo por vía judicial o extrajudicialmente, que es la primera vía por la que se opta debido a que es mucho más barato.
Derecho Internacional Privado El artículo 1262 del Código Civil se refiere ya a la contratación a distancia, estableciendo en su párrafo segundo como lugar de celebración del contrato, aquel en que se hizo la oferta, tratándose, según la doctrina, de una norma dispositiva que puede dejarse sin efecto mediante convenio (Diez-Picazo y Gullón). Al mismo tiempo, se reconoce que la competencia entre marcas y entre canales de comercialización se basa también en parámetros muy importantes distintos del precio, tales como la calidad, la imagen de marca, o la innovación. Cuando navegue por Internet, sea consciente de que los servidores Web que visita pueden registrar tanto las páginas a las que accede como la frecuencia y los temas o materias por las que busca, aunque no le informen de ello.
Si no se llega a un acuerdo, tras el examen de determinadas cuestiones procesales, cada parte propondrá los medios de prueba de que intente valerse, y se señalará fecha para la celebración del juicio. En vez de modificar dichos modelos y adaptarse a los tiempos dando opciones sencillas y económicas de acceder a sus obras, dicha Industria ha presionado para endurecer la legislación e ilegalizar prácticas, como la copia privada, que siempre fueron legales en nuestro país: para eso estaba el canon y no para compensar la piratería.
Si así fuera, este acuerdo tendría los mismos efectos que una sentencia, pues su contenido sería obligatorio para ambas partes, y las dos podrían compelerse mutuamente a cumplirlo. La Ley Orgánica de Protección de Datos entiende que en los casos de cobro de deudas, la cesión de datos a terceros es lícita, siempre dentro de unos límites que han quedado plasmados en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios 1/2007, y que se resumen en que hay que respetar en todo momento los derechos de los deudores a su intimidad personal y familiar, a su honor y a su imagen. Ley 23/2003. EL PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO Se trata, en realidad, de una modalidad del procedimiento ejecutivo que se utiliza cuando se haya constituido una hipoteca o una prenda sobre bienes determinados para garantizar el cumplimiento de una obligación. El letrado se refiere a varias normativas que amparan al deudor, como la ley de protección de datos o de enjuiciamiento civil.
Deber de facilitar una dirección de correo electrónico válida. Está prohibido llamar, enviar cartas o dejar notas que informen a familiares, vecinos o compañeros de trabajo, así como colocar carteles en el buzón, en la puerta de la vivienda del interesado, en su edificio o acudir al lugar de trabajo. b) Obligaciones no pecuniarias: será competente en el país del sujeto donde se realiza la prestación no pecuniaria.
¿Qúe es el e-commerce o comercio electrónico? De conformidad a lo establecido en la exposición de motivos II de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, se podría definir como: Cualquier contratación de bienes y servicios por vía electrónica o digital; ya sea un bien físico como una tableta o un ordenador, un bien inmaterial como una creación intelectual (patente, obra, software) o un derecho de crédito (deuda u obligación), o finalmente un bien inmaterial de corte digital como el alojamiento en nube, las pasarelas de pago como paypal o las aplicaciones de bazares virtuales como appstore o google play.
Estos gastos están constituidos básicamente por los honorarios y derechos que los Abogados y Procuradores cobran a los litigantes. La actividad económica en Internet se ve afectada por una legislación amplia y cambiante. La homologación de los acuerdos de refinanciación Se reduce de un 55% a un 51% el porcentaje de acreedores financieros que deben suscribir el acuerdo de refinanciación con el deudor para que pueda ser homologado judicialmente y no pueda ser objeto de rescisión. – Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Ley 15/1999 de 13 de diciembre – Ley de Condiciones Generales de Contratación, Ley 7/1998, de 13 de abril. Entre otras, las causas por las que el consumidor es la parte débil, son: Uso de contratos de adhesión o condiciones generales de la contratación. Esto lleva como contrapartida que el envío debe hacerse por la modalidad menos costosa y que el empresario puede retener el reembolso de esas cantidades hasta haber recibido el bien.
Su redacción no responde, por ello, plenamente a los cánones tradicionales de nuestro ordenamiento, pero facilita su difusión entre operadores. Es mucho el dinero en juego, pero las acreedoras, sobre todo bancos, prefieren relegar la recuperación de las deudas en manos de filiales de la propia entidad o de terceros ajenos a la misma. Sin embargo, en el caso de intervención en la contratación de un consumidor, la elección no podrá privar al consumidor de la protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia habitual. Las prácticas habituales consisten en que las partes se regulen por sí mismas, estableciendo contratos o cláusulas semejantes. En Internet este déficit es mayor, ya que no puedes ver el objeto físico, sólo fotografías.
Desde mi punto de vista, quedan tres ámbitos esenciales sobre los que se debería avanzar en los próximos años: uno es el voto electrónico (que debería facilitar una verdadera Democracia 2.0 continua y no solo cada 4 años), otro es el fomento real de la generalización del uso de la firma electrónica e identidad online en todas nuestras transacciones (y no sólo en las públicas) y finalmente la consecución de una verdadera interoperabilidad y neutralidad tecnológica que permita a cualquier persona acceder a los mismos servicios con independencia del sistema informático que use y de dónde se ubique. Inseguridad jurídica en los contratos internacionales. Lo que incluye las comunicaciones comerciales por vía electrónica y sobre la información, tanto previa como posterior, que se exige para la validez y eficacia de los de los contratos electrónicos. Cualquier resolución que dicte el órgano judicial será notificada al Procurador, quien, además es el encargado de presentar los escritos que los litigantes hayan de dirigir al Juzgado o Tribunal. Artículo 8. Asesoramos sobre el régimen jurídico de la contratación de todo tipo de bienes y servicios por Internet y sobre las obligaciones de las empresas que prestan lo que se entiende por “servicios de la sociedad de información”.
Si procede la duración y si existe duración mínima Si hay limitaciones al derecho de desistimiento (son casos concretos que especifica la Ley) Importante: El botón de pedido debe etiquetarse de forma inequívoca para que se entienda que pulsándolo se procederá al pago. El precio no es todo El comercio electrónico ha supuesto un aumento de la transparencia de precios, y el informe de la Comisión apunta a la necesidad de intervenir en caso de que se restrinja la competencia en precios de forma indebida. Sting el cantante, se opuso. El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y La protección de la juventud y de la infancia.
Además de ser informado sobre las modalidades de desistimiento y resolución, se deberá entregar al comprador un documento de revocación, facilitarse el establecimiento del vendedor donde el comprador pueda presentar reclamaciones, así como los servicios postventa y las garantías comerciales existentes; asimismo en los casos de contrato de duración indeterminada o de duración superior a un año, las condiciones de rescisión del contrato. Pero también hay determinados servicios que están expresamente excluidos de la ley reguladora del comercio electrónico, como, los prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles y los ofrecidos por abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio.
Se habla de bienes muebles corporales ¿Se aplica a los bienes inmateriales? Basándonos en el principio de neutralidad tecnológica la respuesta debería ser que sí. La ley sugiere “Pedido con obligación de pago”. Finalidad para la que se recogen los datos Desconfíe si los datos que le solicitan son excesivos para la finalidad con la que se recogen o innecesarios para el servicio que se le presta.
Asimismo el artículo 5.4 de la Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, siendo en su generalidad aplicable a la materia que nos ocupa, pues la contratación electrónica constituye una muestra paradigmática de la contratación en masa, contiene una específica regulación de la contratación electrónica, que se remite a desarrollo reglamentario en cuanto al contenido del contrato y su comunicación escrita. En cuanto a los bienes, son inmateriales, objeto de propiedad intelectual, tales como obras editoriales, musicales, obras audiovisuales, imágenes, bases de datos, programas de ordenador. O lo que es lo mismo, ese código sirve de guía para distinguir quiénes son profesionales del cobro de deudas y quiénes no. Las normas de protección del consumidor tienen un carácter internacionalmente imperativo. Y las que se pagaron parcialmente o se dejaron de pagar, supusieron más de un 20%. Muchos consumidores se quedan anonadados cuando reciben la llamada de una empresa desconocida que les reclama el pago de una presunta deuda.
Solamente la demanda se presenta por escrito, y el resto de las actuaciones tienen lugar en un único acto, de forma verbal y ante la presencia del Juez. Nuestro despacho cuenta con una dilatada experiencia asesorando a empresas en el ámbito de la protección de datos personales. Si voluntariamente entregara el deudor los bienes, el Notario procederá a venderlos en subasta pública para pagar al acreedor con el producto de la venta, salvo que el propio acreedor prefiera adjudicarse los bienes. Uno de los primeros referentes aparecido en el marco de la Comunidad Europea, en relación al comercio electrónico, es la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia. Deuda «buena» En términos muy generales, tiene sentido endeudarse para adquirir bienes o servicios que puedan: foto urbanización de pisos Aumentar su valor con el paso del tiempo, de forma que en el futuro valdrán más de su precio inicial más coste de financiación (por ejemplo, una vivienda u otro inmueble).
La dirección completa del establecimiento del empresario y el número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del mismo, cuando proceda, con objeto de que el consumidor y usuario pueda ponerse en contacto y comunicarse con él de forma rápida y eficaz, así como, cuando proceda, la dirección completa y la identidad del empresario por cuya cuenta actúa. Estos dos ejemplos primeros se corresponden a productos de inversión. Del mismo modo, el número de obras se ha multiplicado: cualquiera puede escribir, componer o grabar un vídeo y publicarlo en la Red con acceso a millones de personas. Si lo que se pretende es el pago de una cantidad de dinero, entonces la ejecución consistirá en el embargo de bienes del deudor. 4.2.- Los procedimientos de ejecución. Para la consecución de este objetivo hay algunos cambios que van directamente dirigidos a la “experiencia de usuario” o lo que es lo mismo “el funcionamiento de los sitios web de comercio electrónico”, entre otros.
Contratos que supongan la intervención de tribunales, autoridades públicas, notarios o registradores. Solicitar la inclusión del deudor en un fichero de morosos es legal cuando se haya requerido anteriormente el pago de la deuda a través de un medio fehaciente que justifique el origen del pasivo. «Ojo, pero mucho ojo, porque hay deudas que han sido canceladas, o deudas que no son exigibles porque no existe contrato detrás, ni verbal ni escrito. La LSSI se declara aplicable a los empresarios de terceros países que no sean miembros de la Unión Europea. Se establece el principio de conformidad de los bienes con el contrato. Salvo la hipoteca mobiliaria, a la que más adelante nos referiremos, la hipoteca se constituye sobre bienes inmuebles y la prenda sobre bienes muebles. Se trata en definitiva, de un derecho espontáneo que nace de las prácticas comerciales de Internet, con el objetivo de sustraerse a la aplicación de ordenamientos jurídicos nacionales.
La segunda es el derecho Internacional Privado para dirimir los conflictos de jurisdicción, los de ley aplicable y los de ejecución. Habrá que estar, pues, atentos a los datos de la actividad judicial de 2016, para comprobar si se ha producido o no este desplazamiento; pero la lógica empuja a pensar que, tarde o temprano, el monitorio notarial terminará sustituyendo en la mayoría de las reclamaciones a su equivalente judicial. International Cyber Law o Derecho Internacional Privado Para la resolución de los conflictos que surgen en las transacciones electrónicas que se realizan mediante el uso de Internet, hay dos corrientes predominantes en su forma de regulación: Una es el International Cyber law y otra el Derecho Internacional Privado. Pero ni así te puede quitar hasta el último céntimo: la ley fija una cantidad de la nómina o ingresos —dependiendo del importe y de las personas a cargo— “inembargables”, que nunca puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. Abogado Comercio Electrónico.
De otra parte La Organización de las Naciones Unidas ha creado un grupo de trabajo formado por juristas de los estados miembros, especializados en comercio electrónico, que se denomina LWG (Legal Working Group) y actúa en el seno de CEFACT. El cliente debe aceptar, marcando una casilla de verificación por ejemplo, los términos antes de realizar el pago, ya que la carga de la prueba de que se ha informado es del empresario. Aquí una pequeña recopilación. Regular las comunicaciones comerciales no solicitadas (spamming). Destinada a la incorporación al contrato y la interpretación de las CGC. El informe final incluye diversas ideas interesantes en torno al mercado de productos de consumo y a la vez revela que intervenir en el mercado de contenidos digitales es mucho más complicado. Básicamente, el procedimiento para ejecutar estos derechos de garantía es similar al ejecutivo antes visto, pero con algunas particularidades. La utilización de estas formas de perfeccionamiento pueden llevar a la manifestación de voluntad impulsiva, ya que a veces no se es consciente de las consecuencias que el click tiene en cuanto al perfeccionamiento del contrato.
Existen excepciones en las que no se puede aplicar este derecho, por ejemplo, si es un producto personalizado, si se deteriora o caduca, si es duplicable (caso de música o software), o si tiene un precio oscilante. Además, es aconsejable imprimir la página que contiene el nombre del negocio, la dirección, el número telefónico y los términos legales de la compra. La Comisión es prudente al respecto, dado que el Tribunal Europeo está actualmente analizando un caso remitido desde Alemania, pero todo parece indicar que su posición es favorable a que los fabricantes puedan establecer restricciones de este tipo a menos que la situación de un determinado mercado aconseje una posición diferente. Pero un sector con más de 800 jugadores —donde las 10 compañías más grandes copan más de la mitad del valor del mercado— y sin una regulación ad hoc puede convertirse fácilmente en una jungla.
Todos nos escuchan, todos están de acuerdo, pero después la realidad es otra, y es que no hemos logrado pasar a reuniones más concretas para alcanzar una ley que homologue nuestra actividad», Entre sus propuestas legales, reflejadas en el código ético de Angeco, figuran no reclamar más que el importe de las sumas contractual y legalmente debidas; identificarse claramente, sin ambigüedad, sin disimulos y sin atribuirse otra personalidad o representación; respetar las personas y su vida privada; procurar que la deuda se liquide lo antes posible y en vía amistosa (extrajudicial); responder a las demandas de información sobre las deudas, y utilizar un lenguaje simple y comprensible. Han sido desarrolladas en nuestro país por sendas leyes específicas, si bien inciden en esta materia otras muchas normas, como tendremos ocasión de comprobar. Ahora bien, si lo que se embargan son inmuebles, o acciones, será necesario proceder a su venta, lo que prolongará considerablemente el procedimiento. Cómo hacer Marketing on-line cumpliendo la normativa jurídica.
La AEPD, que tutela los derechos de los ciudadanos en materia de datos personales (los llamados derechos ARCO: acceso, cancelación, rectificación, oposición), es uno de los terrores de las empresas de recobro de deuda. Todas estas condiciones deben ser planteadas antes del proceso de compra en sí. Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación. Destinada a la incorporación al contrato y la interpretación de las CGC. Es en estos casos en los que la cesión de datos a terceros suele chocar con la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999 y su Reglamento, de 2007. En las ofertas y la información precontractual. Lo que se busca es ahorrar gastos y personal, y aunque son las acreedoras las que ponen condiciones para cancelar o no una deuda, o si se cobran intereses o no se cobran, resulta menos gravoso dejar el problema en otras manos. Expreso: En el momento de la celebración del contrato las partes han acordado la sumisión a determinados tribunales. Naturalmente, también la sentencia queda recogida por escrito.
Si tenemos un litigio con una empresa o un profesional localizados en otro Estado, necesitaremos averiguar qué órganos judiciales de qué Estado son competentes. Si lo embargado es dinero efectivo, saldos de cuentas corrientes, divisas convertibles u otros bienes cuyo valor nominal coincida con el de mercado, serán entregados directamente al acreedor. Sin embargo, para otro tipo de compras es muy poco recomendable. La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores. Es importante cumplir toda la legislación que regula la contratación a distancia y, cuando los clientes sean particulares, ser muy escrupulosos con los requisitos de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Por último, si el deudor no paga ni se opone, el Juez dictará un auto despachando ejecución, es decir, ordenando que se embarguen bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el importe reclamado.
La AEPD afirma en su nota que el concepto de auditoría de los ficheros de seguridad de nivel medio y/o alto implica necesariamente la realización de comprobaciones en los sistemas de información auditados, algo que no es posible llevar a cabo por vía telefónica. Entre esos efectos constan posibles esperas de hasta diez años, quitas de deuda sin límites y conversiones de deuda en capital, en préstamos participativos o daciones de bienes o derechos en pago de deudas. Sin embargo, también tienen su propia normativa y especificaciones que la diferencian del comercio tradicional. Las resoluciones judiciales que aprueben transacciones judiciales. Transacciones más comunes por comercio electrónico Por citar algunos de los que han alcanzado hasta ahora un mayor desarrollo: la adquisición de viajes, los servicios financieros, servicios de subasta de bienes, servicios de intermediación de bienes muebles o inmuebles, servicios jurídicos y de asesoramiento económico o financiero, consultorios médicos y relacionados con la salud y la forma física, servicios de información y comunicación, medios de difusión, entre otros.
Pero lo primero es solicitar los datos de la empresa que precisa el pago y exigirle que justifique la existencia de la deuda. Derecho de resolución del contrato celebrado a distancia durante los 7 días posteriores a la entrega del producto o del momento a partir del cual empieza a prestarse el servicio. Condiciones Generales de la Contratación Donde se informa al consumidor o usuario del procedimiento a seguir para la contratación o uso de bienes y servicios a través de la página web, y de los derechos y responsabilidades que conforme a la legislación sobre consumidores y usuarios tienen las partes. El organismo es competente para frenar el comportamiento abusivo de la compañía —relativo a los datos personales— y sancionarla —la multa varía entre los 900 hasta los 600.000 euros—. En el juicio se practican las pruebas propuestas y admitidas y cada parte expresa, verbalmente, sus conclusiones sobre la prueba practicada. Seguridad en el intercambio de datos informáticos Utilice, siempre que sea posible, las últimas versiones de los programas navegadores, ya que cada vez suelen incorporar mejores medidas de seguridad.
Está prohibido llamar, enviar cartas o dejar notas que informen a familiares, vecinos o compañeros de trabajo, así como colocar carteles en el buzón, en la puerta de la vivienda del interesado, en su edificio o acudir al lugar de trabajo. Esto no existía para las ventas a distancia, es una novedad. Jurisdicción y competencia Conforme al artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, se atribuye, en defecto de pacto, competencia a los Órganos del estado en que debiera ser cumplida la obligación, esto es, entregadas las mercancías o prestados los servicios; sin embargo, en cuanto intervenga un consumidor, es de aplicación el artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 44/2001, que otorga un fuero electivo al consumidor, entre su propio domicilio y el del oferente, y otro imperativo al prestador, que es el domicilio del consumidor.
Dichos riesgos se derivan fundamentalmente de no poder examinar la calidad del producto que se compra, de un posible incumplimiento del plazo de entrega, de que el producto llegue deteriorado a causa del transporte, de que se dificulten las reclamaciones si el vendedor es de otro país o no proporciona un domicilio físico de la empresa o que el vendedor cobre el dinero y no envíe el producto. También es probable que en un futuro próximo, estos códigos de conducta podrían servir de patrón para el desarrollo legislativo de normas unitarias para las transacciones comerciales. ¿A qué nos obligan? La obligación básica es la de informar claramente al cliente, antes de que realice la compra, de todos los aspectos relativos a la misma. La competencia objetiva corresponde a la jurisdicción civil ordinaria, conforme al artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al no integrarse en la competencia específica de Juzgados Mercantiles, prevista en el artículo 86 ter LOPJ.
En 2013, las deudas que no hay manera de cobrar superaron el porcentaje. Este sector no cuenta con una regulación específica y, pese a que hayan existido tímidas propuestas de regulación, todavía no hay ninguna señal de avance normativo. La venta de productos defectuosos por Internet Las transacciones a través de Internet, por venta de productos defectuosos en muchos casos, o bien por engaños por la no entrega del producto que se anuncia están a la orden del día. “El vacío legal favorece el intrusismo, pero del malo. artículo 39 LOCM: debe aparecer el carácter de oferta. Cuando exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer ese derecho, así como el modelo de formulario de desistimiento. En el Derecho español no está especialmente regulado el reconocimiento de deuda, si bien la doctrina entiende que puede darse, y se da en la práctica, al amparo del artículo 1277 del Código Civil, sin que se exija para su conclusión ninguna forma determinada, aunque en la práctica, y con una finalidad “ad probationem”, lo aconsejable será hacerlo en forma escrita.
Sólo sería aconsejable una transacción con estos países, con productos de bajo costo y siempre a riesgo y ventura del comprador. El artículo 4 del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales de ámbito europeo, establece como criterio de determinación de la norma aplicable la pactada por las partes y en su defecto, la del lugar con el que el contrato presente vínculos más estrechos. “Vas a acabar en la cárcel si no pagas”. artículo 4.5: queda excluido en los casos en los que por la naturaleza del contenido de las prestaciones sea imposible llevarlo a cabo (programas informáticos). Ahora bien, si lo que se embargan son inmuebles, o acciones, será necesario proceder a su venta, lo que prolongará considerablemente el procedimiento.
Los bienes de otro tipo que hayan resultado embargados, serán vendidos por personas o entidades especializadas (si el ejecutante está de acuerdo), o en subasta pública, salvo que previamente hayan establecido un convenio de realización, es decir, un pacto sobre cómo transformar en dinero los bienes. Asimismo, su pertenencia a determinados grupos de noticias y listas de distribución puede contribuir a la elaboración de perfiles más o menos detallados sobre su persona. Reclamar judicialmente el pago es absolutamente legal, ya que solo un juez puede obligar al cobro forzoso de una deuda. La figura del reconocimiento de deuda, dice la Sentencia de 28 de septiembre de 2001, ha sido reconocida por la jurisprudencia y por la doctrina científica como válida y lícita, permitida por el principio de autonomía privada o de libertad contractual sancionado por el artículo 1255 del Código Civil y vinculante para quien la hace, con efecto probatorio si se hace de manera abstracta y también constitutiva si se expresa su causa justificativa.
¿Cómo se reclama en caso de un contrato establecido a través de la red, entre un comprador español y una empresa no situada en el espacio europeo, por ejemplo China?. Por esta causa, en este mes de Febrero de 2009, los eurodiputados están pidiendo a la Comisión Europea, que establezca mecanismos que refuercen la confianza en los pagos on line internacionales entre empresas y particulares y que cree sistemas adecuados de resolución de conflictos en caso de prácticas ilegales. Efectos del contrato celebrado por Internet Según lo establecido en la LCE los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, no siendo necesario para su validez nada más que los requisitos generales para su celebración por otro medio no electrónico, sin necesidad, siquiera, del previo acuerdo de las partes para la utilización de estos medios. No siempre es fácil por lo que, en ocasiones, debemos actuar legalmente. 3.- Comercio Electrónico Consumer to Consumer (C2C). Fraudes y engaños en las ofertas.
Si no sabes cómo iniciar o cómo empezar un negocio de comercio electrónico o cómo crear una tienda on line ponte en contacto con nosotros. En la práctica, los contratos puros ejecutados on-line son escasos, ya que siempre llevan aparejadas una serie de prestaciones accesorias, por lo que se puede acudir a los criterios tradicionales de derecho Internacional Privado. Lo importante es la residencia del prestador característico que es el oferente o el exportador. El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega. Hay otras como el DNS Spoofing (falseamiento de una dirección IP); ARP Spoofing (construcción de tramas de solicitud y respuesta, ARP falseadas, de forma que en una red local se puede forzar a una determinada máquina a que envíe paquetes a un determinado host en vez de a un destino legítimo), y Web Spoofing (con el que un pirata podría visualizar y modificar cualquier página web que su víctima solicite a través de un navegador, incluyendo las conexiones seguras tipo SSL).
Esto permitirá afrontar los escenarios de reestructuración desde postulados más eficaces y, si bien aún queda mucho camino por recorrer para tener un sistema ágil de restructuración empresarial, podemos considerar esta norma como un gran paso para poder resolver la problemática del sobreendeudamiento financiero de las empresas. Téngase en cuenta que con estos procedimientos solamente se obtiene una declaración, es decir, una decisión del Juez por la que declara la existencia de una determinada obligación. Ya hemos comentado que para algunas adquisiciones resulta más beneficioso endeudarse que desembolsar su precio en efectivo. “España, junto con Portugal, es el único país de la Unión Europea donde no existe un marco legal para la gestión de la deuda impagada”, recuerda la presidenta de la asociación, Para paliar este vacío legal, las compañías adscritas a Angeco se han “autorregulado” a través de un código ético que impone una serie de obligaciones hacia el deudor. Ofertas de contratos por Internet Generalmente se trata de una aparente oferta de trabajo, en la que se solicitan una serie de datos personales para trabajar como comisionista en una empresa a cambio de retener un porcentaje de una cantidad de dinero que será traspasada a nuestra cuenta.
Cuando no sea posible calcular razonablemente de antemano el coste total, se indicará la forma en que se determina el precio. En todas las propuestas de contratación deberá constar inequívocamente que se trata de una oferta comercial. Jurisdicción y competencia Conforme al artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, se atribuye, en defecto de pacto, competencia a los Órganos del estado en que debiera ser cumplida la obligación, esto es, entregadas las mercancías o prestados los servicios; sin embargo, en cuanto intervenga un consumidor, es de aplicación el artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 44/2001, que otorga un fuero electivo al consumidor, entre su propio domicilio y el del oferente, y otro imperativo al prestador, que es el domicilio del consumidor. En el pasado año 2008, 3.418 litigios fueron resueltos en la OMPI a través de las normas del ICANN.
Se suprime en este caso el trámite escrito de la contestación a la demanda, así como la audiencia previa. Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación. Ofertas de contratos por Internet Generalmente se trata de una aparente oferta de trabajo, en la que se solicitan una serie de datos personales para trabajar como comisionista en una empresa a cambio de retener un porcentaje de una cantidad de dinero que será traspasada a nuestra cuenta. Son aplicables con independencia de la voluntad de las partes y con independencia del derecho aplicable al contrato. Seguridad en el intercambio de datos informáticos Utilice, siempre que sea posible, las últimas versiones de los programas navegadores, ya que cada vez suelen incorporar mejores medidas de seguridad.
Se trata, pues de un procedimiento flexible, basado en el acuerdo entre las partes, que garantiza los principios de igualdad, audiencia y contradicción y que resuelve definitivamente la controversia con celeridad. e) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega. Téngase en cuenta que con estos procedimientos solamente se obtiene una declaración, es decir, una decisión del Juez por la que declara la existencia de una determinada obligación. Esta autorregulación a base de códigos de conducta, normas o principios básicos, quedarían completados con el recurso al arbitraje, ya que, por su propia naturaleza sería menos rígido y formalista que los procedimientos judiciales de los diferentes Estados y se adaptaría mucho mejor al comercio electrónico.
Esta venta del bien hipotecado puede llevarse a cabo, o bien acudiendo a los Tribunales de justicia como se ha señalado más arriba, o bien mediante un procedimiento extrajudicial, que deberá llevarse a efecto ante Notario y cuyos trámites vienen regulados en el Reglamento Hipotecario de 14 de febrero de 1947. No será de aplicación a los contratos relativos al Derechos de familia y sucesiones. Supongamos la situación de un consumidor de Málaga que compra una motocicleta, por medio de la página web de una empresa cuyo centro de operaciones está en Málaga. Es también evidente que el reconocimiento abstracto o sin expresión de causa interrumpe la prescripción del correlativo crédito causal, pues conforme al artículo 1973 del Código Civil la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.
Autor abogadosPublicado el 28/02/2014 23/08/2017 Categorías censo de letradosEtiquetas Malaga
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