Source: https://www.e-coordina.es/2015/12/
Timestamp: 2020-07-12 06:07:25+00:00

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diciembre 2015 - e-coordina
Por ello la normativa en PRL – tanto en la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales como en toda los reglamentos de desarrollo – hace mención a la formación y le dedica al menos un artículo en el que se establece con claridad la obligación del empresario de formar a sus trabajadores en los riesgos existentes en sus puestos de trabajo.
El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece cuáles son las bases de la formación que los trabajadores deben recibir de sus empresas:
En primer lugar establece cuál es el contenido de la formación. Esta debe versar sobre los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo o funciones que desempeñen. También debe contener las actividades y medidas de protección y prevención frente a esos riesgos y, por último, las medidas contra incendios, primeros auxilios y evacuación que se deben de tomar en situaciones de emergencia.
La formación debe ser adecuada y suficiente. Mediante el criterio de adecuación se quiere poner de manifiesto que la formación tiene que estar adaptada a los riesgos del puesto de trabajo o tareas que va desempeñar el trabajador, por lo que no valdrá cualquier formación en materia preventiva, sino que esta deberá ser específica de su puesto de trabajo. Mediante el criterio de suficiencia la norma pretende que los contenidos, duración y metodología de cada formación se adapte a las necesidades de cada puesto de trabajo y al grado de peligrosidad y complejidad de la tarea.
¿Cuándo se impartirá la formación a los trabajadores? En el momento de la contratación, por lo que se entiende que esta formación la deben recibir los trabajadores previamente a su incorporación al puesto de trabajo; de otra forma se iría contra el espíritu de la Ley, ya que el principio general de la prevención es salvaguardar la integridad física de los trabajadores.
También se ha de formar a los trabajadores cuando estos cambien sus funciones o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Esto nos lleva a pensar que la formación en la empresa no ha de considerarse como algo estático sino que debe estar adaptada en todo momento a las nuevas circunstancias que puedan darse.
Debido a la importancia que la normativa da a la formación PRL, la incluye como uno de los requisitos de la Coordinación de Actividades Empresariales. El Real Decreto 171/2004 establece que el empresario principal exigirá a sus empresas contratistas o subcontratistas que le acrediten por escrito que sus trabajadores han sido formados de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ante esta obligación nos preguntamos qué es lo que el gestor CAE debe tener en cuenta a la hora de comprobar si la justificación de la formación que presenta las contratas se adecúa a los requisitos de la norma:
En primer lugar, antes de solicitar la formación de los trabajadores, deberán quedar definidos cuáles son los trabajos que va a desempeñar cada uno de los trabajadores de estas empresas contratistas, así como los riesgos y medidas preventivas derivados de dichas tareas.
En segundo lugar, se deberá solicitar un certificado de formación en el que figuren al menos: los contenidos del curso (no bastando solo con el título genérico del curso sino que debe incluir un detalle de las materias tratadas), la duración del curso en horas y la metodología de impartición del mismo. Asimismo, deberá figurar el nombre de la persona ha impartido el curso. Esto es importante porque no cualquiera puede impartir formación en prevención de riesgos laborales: sólo los técnicos intermedios o superiores de la organización preventiva interna de la empresa o de un servicio de prevención ajeno están capacitados para impartir formación.
En tercer lugar, los contenidos de la formación deben corresponderse con los riesgos de la actividad que la contrata va realizar en el centro de trabajo de la empresa principal. Sólo si coinciden, la formación podrá ser considerada como válida.
Pero la vigilancia del cumplimiento del requisito de formación no acaba aquí, puesto que la práctica nos dice que los trabajadores de empresas contratistas, por circunstancias de la producción, ocasionalmente desempeñan tareas distintas de aquellas para las que han sido formados. Esto es especialmente grave, puesto que en este caso se debe considerar que para estas nuevas tareas no está formado.
En e-coordina somos expertos en coordinación de actividades empresariales. Ponemos a tu disposición a un equipo de técnicos superiores en PRL para resolver toda tu gestión en CAE.
A continuación enumeramos lo más leído en nuestro blog durante el mes de noviembre, con los cinco artículos que han resultado más interesantes para nuestros lectores:
2. Medios de coordinación: el coordinador (I)
Uno de los medios más eficaces para la gestión de la coordinación de actividades empresariales es la designaciónde personas que desarrollen las funciones recogidas en el artículo 14 del Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El Real Decreto 171/2004 considera este medio como preferente en aquellos supuestos en los que existan situaciones de especial peligrosidad, o bien en aquellos supuestos que por el número de trabajadores o complejidad de los trabajos a desarrollar así se aconseje. Leer más
3. Medios de coordinación: el coordinador (II)
La designación de las personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales la debe realizar el empresario titular del centro de trabajo.La persona designada por el empresario debe tener unas competencias mínimas en materia de prevención de riesgos laborales, pues no basta con demostrar una experiencia dilatada, sino que debe conocer los aspectos técnicos.La norma establece que la formación mínima que deben tener los coordinadores será la de técnico intermedio de prevención de riesgos laborales. Leer más
4. Condenados por no facilitar medidas de seguridad
El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a seis responsables de una obra en Albox por un delito contra los derechos de los trabajadores. No facilitaron a estos las medidas de seguridad adecuadas y actuaron “a sabiendas de la posible existencia de riesgos”. La condena supone un año de prisión para el promotor de la obra, el representante de una de las subcontratas, el encargado de la obra, la coordinadora en materia de seguridad, el arquitecto y director de los trabajos, y el aparejador y encargado de ejecución. Leer más
5. ¿Por qué documentar la CAE?
Aquí no se hace referencia a la concurrencia de distintas empresas en el centro de trabajo, si no que se habla de concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente o de actividades que reglamentariamente sean considerados peligrosas.
Es la actividad y la peligrosidad de la tarea la que determina la necesidad de presencia de un recurso preventivo, que debe controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo. Por tanto, el recurso preventivo debe estar presente y supervisar estas tareas, intervengan una o varias empresas en la ejecución de las mismas.
Actividades que requieren recurso preventivo
Un recurso preventivo debe ser nombrado en atención a la peligrosidad de los trabajos y estos tienen que estar identificados en la evaluación de riesgos, que tendrá que determinar en qué tareas u operaciones es necesaria su presencia. Así lo recoge el nº 2 del artículo 22 bis del RD 39/1997. Asimismo, el número 8 del mismo artículo identifica las actividades que se consideran como de especial peligrosidad:
Recurso preventivo y concurrencia de empresas
El número 9 de este artículo contempla las situaciones de concurrencia de empresas en un mismo centro de trabajo y establece que serán las empresas que realicen operaciones concurrentes o de especial peligrosidad las que deban nombrar un recurso preventivo.
Asimismo establece que, si son varias las empresas que realicen este tipo de tareas, cada una de ella deberá nombrar un recurso preventivo y entre estos recursos preventivos deberán colaborar.
También impone la obligación de colaboración de los recursos preventivos con las personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales del empresario titular del centro de trabajo.
Por tanto, en los centros de trabajo en los que concurran varías empresas deberán existir recursos preventivos sólo cuando se den los supuestos comentados. Deberán nombrarse por las empresas que realicen tareas contempladas en dichos supuestos, lo que implica que no en todas las situaciones de concurrencia de empresas debe existir la figura de un recurso preventivo. En aquellas situaciones en las que sí deba existir esta figura, no todas las empresas concurrentes tienen la obligación de nombrarlo.
El Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de Coordinación de Actividades Empresariales de la Ley 31/1995 da la posibilidad a los recursos preventivos que desarrollen las actividades propias de la coordinación de actividades empresariales.
Esta posibilidad se entiende basada en la obligatoriedad de que el recurso preventivo esté presente en el centro de trabajo, aunque es de difícil puesta en práctica porque las funciones del recurso preventivo y las del coordinador de actividades empresariales no son las mismas, y el recurso preventivo tendrá que tener una dedicación exclusiva al control de las operaciones por las cuales fue nombrado mientras estas se estén desempeñando. Su misión no es vigilar el cumplimiento de todas las medidas previstas para la coordinación de actividades empresariales, sino solamente en las que se determine que debe estar presente el recurso preventivo.
Esto nos lleva a concluir que las tareas propias de un recurso preventivo y las de un coordinador de actividades empresariales no pueden ser simultáneas en el tiempo, salvo que sólo sean las tareas que han dado lugar al nombramiento del recurso preventivo el objeto de la coordinación de actividades empresariales.
Existe otro tipo de limitación para que el recurso preventivo pueda realizar las tareas propias de un coordinador de actividades empresariales y esta viene determinada por la capacitación de la persona que vaya a desempeñarlo.
El artículo 32 bis) de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece quiénes pueden ser nombrados recursos preventivos y de todos los supuestos que contempla, el regulado en su número 4 es proporcionalmente el más utilizado por las empresas. La norma dice que el empresario podrá asignar la presencia de uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico.
De esta forma se podrán nombrar recursos preventivos miembros de la propia empresa con la cualificación y experiencia suficientes y con una formación en materia de prevención de riesgos laborales de como mínimo nivel básico. Ahora bien, el Real Decreto 171/2004 requiere que la formación en materia de prevención de riesgos laborales del coordinador de actividades empresariales sea como mínimo de técnico intermedio.
En la práctica, en la mayoría de los casos, la capacitación en materia de prevención de riesgos laborales es la de técnico de nivel básico, lo que implica la imposibilidad de que estos recursos preventivos puedan realizar las tareas propias de un coordinador de actividades empresariales.
Existen otros motivos por los que los recursos preventivos estén limitados para realizar actividades de coordinación de actividades empresariales. Hemos comentado que el nombramiento de los recursos preventivos lo ha de hacer la empresa en la que se dan las situaciones de aplicación. Esa empresa que está obligada al nombramiento del recurso preventivo, en la mayoría de los casos no será la empresa titular del centro de trabajo, sino que serán otras empresas que concurren en el mismo.
La empresa titular es la que debe nombrar a la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales y, como hemos comentado, no en todos los casos tiene la obligación de nombrar un recurso preventivo de su propia organización. Por lo que si quiere acudir al nombramiento de esta figura tendrá que ser una persona de otra empresa concurrente, lo que implica que una aceptación por parte de esta y, salvo excepciones, será difícil de conseguir.
En conclusión, aunque el RD 171/2004 contempla la posibilidad de que se pueda encargar las tareas propias de la coordinación de actividades empresariales a un recurso preventivo, lo hace como un supuesto especial que sólo tiene encaje en el caso de que el objeto de la coordinación de actividades empresariales coincida con las tareas que han dado lugar al nombramiento del recurso preventivo, ya que de otro modo tendría una dedicación que excede las funciones del recurso preventivo y que tendrían un tratamiento propio y diferenciado.

References: artículo 19
 Real Decreto 
 artículo 19
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 22
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 32
 Real Decreto