Source: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2008/10.08sp.htm
Timestamp: 2017-05-26 03:45:43+00:00

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CIDH CULMINA SU 131º PERIODO DE SESIONES Washington, D.C., 14 de marzo de 2008 – Al finalizar hoy su 131º Período de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la resolución pacífica de las tensiones surgidas en la región andina en las últimas dos semanas, recordando que la paz es esencial y necesaria para el goce de los derechos humanos. La CIDH desea expresar su preocupación sobre la posible aplicación de la pena de muerte en Guatemala, tras la aprobación de la nueva Ley Reguladora del Indulto. La CIDH recuerda que la Comisión y la Corte Interamericana ya se han pronunciado en el sentido de que el Estado guatemalteco debe adoptar remedios adecuados para impedir la ejecución de la pena de muerte en los supuestos prohibidos por la Convención Americana. Asimismo, la Comisión manifiesta su preocupación por la información recibida en las audiencias celebradas en este Período de Sesiones sobre graves situaciones de violación a los derechos humanos en la región. La situación de continuo empeoramiento en la inseguridad ciudadana, la discriminación que sufren los afrodescendientes y los pueblos indígenas, así como los pobres y las mujeres, el deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales, los graves obstáculos en el acceso a la justicia, las dificultades en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la persistencia del uso de la justicia militar para delitos que deberían conocerse en los tribunales civiles, y el impacto sobre los derechos humanos que tiene el creciente deterioro ambiental en la región son algunos de los múltiples problemas sobre los cuales la Comisión recibió información preocupante. La Comisión Interamericana desea manifestar su satisfacción por el espíritu de cooperación que pusieron de manifiesto los Estados, los peticionarios y las organizaciones de la sociedad civil en el curso de las audiencias y de las reuniones de trabajo realizadas en estas sesiones. Esta positiva disposición hizo posible celebrar 36 audiencias con una nutrida participación, durante las cuales varios Estados invitaron a la CIDH a realizar visitas, incluyendo Argentina, Bolivia y Panamá. Asimismo, se celebraron 33 reuniones de trabajo sobre peticiones y casos en trámite, en muchas de las cuales se lograron significativos avances. Por ejemplo, se firmó un
Acta de Compromiso sobre la situación de comunidades cautivas en Bolivia y se avanzó hacia acuerdos de solución amistosa en casos de Bolivia, Chile y México. La Comisión expresa su satisfacción por la firma de estos acuerdos, y señala que dará seguimiento a su cumplimiento, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, la CIDH informa sobre los períodos de sesiones a realizarse en los próximos meses. El 132º Período ordinario de Sesiones tendrá lugar del 17 al 25 de julio de 2008 en la sede de la CIDH en Washington, D.C., y será destinado exclusivamente a sesiones internas de la Comisión, es decir que no se realizarán audiencias ni reuniones de trabajo. El 133º Período ordinario de Sesiones tendrá lugar del 16 al 31 de octubre de 2008, y el plazo para solicitar audiencias y reuniones de trabajo vence el 27 de agosto de 2008. El 134º Período ordinario de Sesiones tendrá lugar del 16 al 27 de marzo de 2009 y el plazo para solicitar audiencias y reuniones de trabajo vence el 25 de enero de 2009.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 131º período ordinario de sesiones del 3 al 14 de marzo de 2008. La CIDH está integrada por Paolo Carozza, Presidente; Luz Patricia Mejía, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; y los Comisionados Víctor Abramovich, Sir Clare K. Roberts, Florentín Meléndez y Paulo Sérgio Pinheiro. El Secretario Ejecutivo de la CIDH es el Dr. Santiago A. Canton. En la inauguración del 131º Período de Sesiones, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, felicitó al Comisionado Carozza por su elección como Presidente de la CIDH y dio la bienvenida a los nuevos Comisionados, Felipe González y Luz Patricia Mejía. El Secretario General de la OEA destacó la “creciente legitimidad y relevancia” del sistema interamericano de derechos humanos y señaló que el aumento en el número de peticiones que se presentan en la CIDH, que se ha triplicado en los últimos diez años, es resultado de esa legitimidad. “Esa relevancia en el actuar de la Comisión en el hemisferio hace que sobre ella pesen una serie de expectativas. Mientras más crece su legitimidad, y mientras continúen los desafíos que enfrentan los sistemas nacionales de justicia, más y más personas acudirán a la Comisión Interamericana en búsqueda de respuestas a sus demandas de protección de derechos humanos, lo que traerá como consecuencia el aumento de asuntos pendientes ante la Comisión, sin que se haya aumentado al mismo ritmo la capacidad administrativa y financiera de la Comisión para responder de forma eficaz”, indicó el Secretario General. En este sentido, opinó que para poder dar respuesta al creciente número de demandas que recibe la CIDH, será necesario contar con el “compromiso y apoyo de los Estados miembros”, y puntualizó que ese apoyo debe “materializarse sin poner en riesgo la independencia de las decisiones de los organismos que componen el sistema”. Insulza reafirmó la autonomía de la Comisión indicando que “sus decisiones deben ser tomadas libres de toda presión, directa o indirecta, proveniente de los Estados miembros o de los órganos políticos de la OEA. De esa manera preservaremos y fortaleceremos la credibilidad y legitimidad del mismo sistema”.
Durante este período de sesiones, la CIDH aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales. Los días 7, 10 y 12 de marzo se celebraron 36 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos. Además se realizaron 33 reuniones de trabajo en las que participaron representantes de las dos partes en el marco de peticiones y casos en trámite en la Comisión. La participación en audiencias y reuniones de trabajo de representantes de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de quienes lo hicieron en carácter de víctimas o peticionarios, constituye una contribución importante al fortalecimiento del trabajo de protección de los derechos humanos de los habitantes del Hemisferio. La Comisión Interamericana valora y agradece dicha asistencia y participación. Al respecto, cabe destacar la participación de altas autoridades gubernamentales de varios países, en una demostración de voluntad de diálogo de sus respectivos Estados con la CIDH y con la sociedad civil. Igualmente, se realizaron diversas reuniones y actividades con otras agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales. El 4 de marzo tuvo lugar un almuerzo de trabajo con el Comité contra la Tortura (CAT), el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanas o Degradantes (SPT) y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), con el objetivo de profundizar los mecanismos de cooperación mutua. En la reunión se enfatizó la importancia de que todos los Estados miembros de la OEA ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), adoptado el 18 de diciembre de 2002 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Protocolo, que entró en vigor el 22 de junio de 2006, crea un sistema de prevención y protección contra la tortura, a través de visitas periódicas por parte de organismos independientes, tanto nacionales como internacionales, a los lugares donde haya personas privadas de libertad. Al ratificar este protocolo, los Estados fortalecen su compromiso de mantener sus centros de detención libres de tortura y otros tratos crueles, y acuerdan crear mecanismos específicos para alcanzar ese objetivo. En este marco, la CIDH expresa su reconocimiento a los nueve países americanos que ratificaron el Protocolo Facultativo: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay; alienta a Chile, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, que han firmado el instrumento, a completar el proceso; y urge a todos los demás Estados miembros a ratificarlo, de manera que se convierta en una herramienta efectiva para la eliminación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la región.
La CIDH organizó su trabajo para 2008 y definió las fechas de los períodos de sesiones a realizarse en el próximo año. El 132º Período ordinario de Sesiones tendrá lugar del 17 al 25 de julio de 2008 en la sede de la CIDH en Washington, D.C., y será destinado exclusivamente a sesiones internas de la Comisión, es decir que no se realizarán audiencias ni reuniones de trabajo. El 133º Período ordinario de Sesiones tendrá lugar del 16 al 31 de octubre de 2008. El plazo para solicitar audiencias para el 133º Período de Sesiones vence el 27 de agosto de 2008, de acuerdo a los artículos 62.2 y 64.1 del
Reglamento de la CIDH. La Comisión ha decidido además aplicar el mismo plazo para recibir solicitudes de reuniones de trabajo para el 133º Período de Sesiones. El 134º Período ordinario de Sesiones tendrá lugar del 16 al 27 de marzo de 2009. El plazo para solicitar audiencias y reuniones de trabajo para el 134º Período de Sesiones vence el 25 de enero de 2009. I. INFORMES SOBRE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES La CIDH prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y otros instrumentos interamericanos.
Los informes aprobados por la CIDH reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de los niños, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de las personas privadas de libertad, entre otros asuntos. II. AUDIENCIAS
Los días 7, 10 y 12 de marzo se celebraron 36 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos. Las audiencias referidas a casos y peticiones individuales versaron sobre cuestiones de admisibilidad, fondo, y seguimiento. Las personas que acuden a brindar testimonios o información durante las audiencias deben gozar de todas las garantías necesarias. En la resolución de la Asamblea General de la OEA del 8 de junio de 1990 se solicita a los Gobiernos “que otorguen las garantías y facilidades necesarias a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a fin de que puedan continuar contribuyendo a la promoción y defensa de los derechos humanos y respeten la libertad e integridad de los miembros de tales organizaciones”. Asimismo, el artículo 61 del Reglamento de la CIDH dispone: “El Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”. Las audiencias que tuvieron lugar en la Sala A fueron transmitidas en vivo por Internet. Los videos de esas audiencias están a disposición de los interesados en el sitio
Videos on Demand de la página en Internet de la OEA. Asimismo, las grabaciones de audio de todas las audiencias públicas (realizadas en Sala A y Sala B) están disponibles en la
página de audiencias públicas de la CIDH, donde también se encuentran enlaces a los videos y a las fotografías de alta definición tomadas en las audiencias. Queda autorizada la inclusión de enlaces a esos audios y videos en sitios web externos, a condición que se incluyan los créditos correspondientes a la OEA. La CIDH agradece a Primestream Corporation y a su presidente, Claudio Lisman, por proveer el ancho de banda necesario para transmitir los videos de las audiencias en alta calidad y para una amplia audiencia. Su generosa contribución ha permitido aumentar el número de computadoras que pueden conectarse simultáneamente a la transmisión, dando respuesta así al creciente interés por ver las audiencias desde todos los países de la región.
Situación de discriminación laboral, educación y acceso a la justicia de los afrodescendientes en las Américas Audio
Prevención de la tortura en América Latina Audio Video
Situación general de los derechos humanos en Venezuela Audio Video
Violaciones de derechos humanos en los centros penitenciarios de Panamá Audio Video
Acceso de las mujeres a los sistemas de administración de justicia en las Américas Audio
La audiencia temática sobre el acceso de las mujeres a los sistemas de administración de justicia en las Américas fue solicitada por la Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género, integrada por las organizaciones Corporación Humanas – Colombia, Chile y Ecuador; ELA – Argentina; Coordinadora Política de la Mujer - Bolivia; y Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer de Perú – DEMUS. Las solicitantes presentaron un estudio exploratorio que permite identificar tendencias generales comunes sobre la situación en el acceso de las mujeres a los sistemas de administración de justicia en
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Indicaron que las tendencias identificadas muestran que el porcentaje de mujeres que ocupan cargos de alta jerarquía en los sistemas de administración de justicia es mucho menor al porcentaje de población femenina. Agregaron que si bien ha aumentado el número de mujeres en el sistema de administración de justicia, esta situación no garantiza que las mujeres lleguen a ocupar altos cargos, ni la paridad en el sistema.
Enfatizaron que los mecanismos de selección y nombramiento para acceder y ascender en el poder judicial o en el ministerio público son neutros en apariencia, pero que persisten estereotipos de género en las y los operadores de justicia que refuerzan las construcciones culturales que asignan determinadas características a hombres y a mujeres, contribuyendo a la división sexual de trabajo. Asimismo resaltaron el escaso conocimiento sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará entre las personas entrevistadas en el marco del estudio. A modo de recomendaciones destacaron la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral de las mujeres y de vincular la relación que existe entre los derechos humanos y la democracia para un ejercicio real de derechos que no sea meramente declarativo.
Uso de fuerza letal por la policía de Jamaica Audio
Situación de las prisiones en las Américas Audio
La organización CURE (Citizens United for the Rehabilitation of Errants) solicitó esta audiencia a fin de informar a la CIDH sobre la situación de las prisiones en los 35 Estados del continente americano, a través de la presentación de un informe sobre sus sistemas penitenciarios. Según los solicitantes, los problemas principales en los países de la región incluyen hacinamiento, gran cantidad de internos no sentenciados, condiciones inhumanas, violencia y crimen al interior de las prisiones y presión social a favor de políticas de “mano dura”. Adicionalmente, los solicitantes presentaron una serie de recomendaciones respecto de cada uno de los problemas principales citados y otros temas de particular importancia, por ejemplo: invertir en los programas de rehabilitación que desarrollan habilidades laborales útiles en el mercado de trabajo, mejorar la eficiencia de los sistemas judiciales para enfrentar el problema del uso excesivo de la prisión preventiva, ampliar las alternativas al encarcelamiento como forma de aliviar el hacinamiento, eliminar todas las formas de tortura y de tratamiento cruel o inhumano, así como la pena de muerte, apoyar a las agencias independientes para supervisar prisiones y cárceles, y promover una cultura de respeto mutuo entre los encarcelados y el personal de la prisión. Obstáculos en Argentina para el cumplimiento de informes, decisiones y recomendaciones de los órganos de protección de los derechos humanos del sistema interamericano Audio Video
La audiencia fue solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuyos representantes informaron a la CIDH sobre problemas en el cumplimiento de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos por parte del Estado argentino. Resaltaron problemas de coordinación entre Ministerios, discontinuidad en la representación del Estado, falta de participación del Poder Legislativo en la aprobación de reformas legales, ineficiencia del Poder Judicial en la investigación y resolución de los casos, no acatamiento de las decisiones internacionales por parte de los gobiernos provinciales, entre otros. Asimismo, los peticionarios solicitaron la formulación de una ley federal que implemente un mecanismo interno nacional de cumplimiento de decisiones internacionales y que establezca claramente la coordinación entre agencias, las atribuciones de los funcionarios designados para representar al Estado, y las responsabilidades del Estado nacional o provincial en cada caso. Por su parte, los representantes del Estado coincidieron en la necesidad de crear un mecanismo interno que regule los procedimientos tanto para interponer denuncias ante los órganos internacionales de protección de los derechos humanos como para ejecutar las decisiones emitidas por los mismos. En este sentido, propusieron la implementación de dicho mecanismo a través de un decreto del Poder Ejecutivo y, posteriormente, a través de una ley federal. Sobre esta propuesta, los peticionarios insistieron en la necesidad de implementar el mecanismo directamente a través de una ley federal. Situación de defensores de derechos humanos del pueblo mapuche en Chile Audio Video
El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas en Chile informó en esta audiencia que la legislación de Chile en relación a los pueblos indígenas está muy por debajo de los estándares internacionales. Alegó que las políticas públicas impulsadas en la última década en relación a los pueblos indígenas han sido insuficientes y contradictorias, destacando la lentitud en la demarcación de las tierras ancestrales indígenas, principalmente del Pueblo Mapuche, al tiempo que se promueven y ejecutan proyectos de inversión de industrias extractivas e infraestructura dentro de territorios indígenas. Los expositores presentaron información sobre la persecución judicial que se inició contra los mapuches y sus defensores a partir de la década de los 90, utilizando la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista, en base a la cual se ha condenado a diez defensores de derechos humanos con penas que oscilan entre cinco y diez años. Informaron que entre 2001 y 2003 se iniciaron más de 200 procesos por acciones vinculadas a la reclamación de tierras ancestrales. Además, plantearon que existe un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, principalmente respecto de mujeres, niños y ancianos, y en especial autoridades tradicionales. En este sentido destacaron que los delitos cometidos por particulares o por la policía en contra de los defensores han quedado en la impunidad y rara vez el Poder Ejecutivo o el Ministerio Público se han hecho parte en estas causas. Asimismo, señalaron que los delitos cometidos por agentes policiales del Estado son conocidos por tribunales militares según la legislación vigente, quedando en la impunidad en la gran mayoría de los casos. El Estado, por su parte, dijo que se han adoptado medidas para mejorar esta situación, aunque reconoció que existe un déficit y que muchos aspectos deben perfeccionarse. El Estado aseguró que en Chile no existe una política destinada a ejercer el uso de la fuerza en contra de los mapuche, indicó que en 2005 se cesó la práctica de aplicar la legislación antiterrorista en procesos judiciales contra miembros del Pueblo Mapuche e informó que existe un proyecto de ley para restringir la aplicación de los Tribunales Penales Militares. Además, señaló que en Chile se creó la Defensoría Penal Indígena en 2001 y que muchos de los mapuches procesados contaron con defensores públicos. En relación al Convenio 169 de la OIT, el Estado indicó que recientemente fue aprobado por el Senado y que existe voluntad del Gobierno actual de ratificarlo. Investigación, juicio y sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos del pasado y presente en Guatemala Audio Video
Los peticionarios expusieron que en Guatemala persistía un patrón de impunidad sistemática respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en (1962-1996). Expusieron además sobre las profundas deficiencias en las diligencias realizadas por el Ministerio Público, en los procesos donde se investigan delitos cometidos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Por su parte, el Estado manifestó que en los últimos años se han logrado algunos avances en especial en materia de resarcimiento. Sin embargo, reconoció que una de las deudas históricas con las víctimas del conflicto armado interno era la justicia y ratificó el compromiso del nuevo gobierno con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Áreas protegidas en territorios indígenas en Guatemala Audio Video
Consecuencias sobre los derechos humanos de las graves violaciones ambientales cometidas por la actividad minera en Honduras Audio Video
Restricciones indirectas a la libertad de expresión en Brasil Audio
Situación de los derechos humanos de las comunidades cautivas en Bolivia Audio
A la audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades guaraníes cautivas en el departamento de Chuquisaca, en Bolivia, comparecieron diversas organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado boliviano. Los solicitantes de esta audiencia fueron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Consejo de Capitanes de Chuquisaca, quienes expusieron sobre las violaciones de derechos humanos que está generando la implementación de la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria, la cual establece el proceso de reversión de tierras cuando en ella se presentan situaciones de servidumbre. Los solicitantes detallaron que como mecanismo para evadir la aplicación de la ley, los terratenientes y latifundistas han expulsado a varias familias cautivas de las haciendas sin reconocimiento de sus derechos y con la finalidad de que no puedan reivindicar la tierra que ancestralmente les pertenece. En consideración de los solicitantes, esta situación amenaza seriamente la continuidad del proceso legal, por lo cual solicitaron a la CIDH que requiera al Estado adoptar medidas de protección a favor de estas familias y que realice una visita a Bolivia para verificar la situación denunciada y darle seguimiento. Por su parte, el Estado boliviano tras efectuar un resumen de las medidas adoptadas por el actual gobierno para erradicar la situación de servidumbre y trabajo forzoso, reconoció la gravedad de la situación indicada por los solicitantes, indicando que incluso algunas autoridades municipales y regionales se encuentran vinculadas con las expulsiones de familias guaraníes de las haciendas y obstaculizando el proceso de saneamiento de tierras. Ambas partes coincidieron en manifestar su preocupación por las amenazas a la vida e integridad personal propinadas por los latifundistas y funcionarios regionales contra los dirigentes de las poblaciones cautivas y los funcionarios de Estado responsables de implementar la reversión y expropiación de las tierras. El Estado manifestó su anuencia para la realización de una eventual visita a fin de que la Comisión pueda contribuir en la solución a esta problemática. Como resultado de esta audiencia, las partes firmaron el 11 de marzo de 2008 un
Acta de Compromiso en la cual acordaron la adopción por parte del Estado de medidas de protección para asegurar la integridad de las familias cautivas y de sus dirigentes y asesores, el aporte de información periódica a la CIDH sobre las medidas adoptadas y los avances logrados, así como la adopción de las medidas necesarias para garantizar que el Tribunal Agrario Nacional resuelva en forma expedita las acciones relacionadas con el proceso guaraní. (Enlace al
video del acto de firma). Concentración de medios y libertad de expresión en México
La audiencia sobre concentración de medios y libertad de expresión en México fue solicitada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) y asistieron representantes del Estado de México. Las organizaciones plantearon que persiste la violencia contra los comunicadores y resaltaron la importancia de que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión haga una visita al país. Señalaron que desde la sentencia de la Suprema Corte de Justicia mexicana que declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión no se ha avanzado en la aprobación de una nueva ley. También plantearon que se debe discutir hasta dónde la libertad de las empresas puede afectar el derecho a la información y pusieron el ejemplo del caso de la periodista Carmen Aristegui. Por su parte, los representantes del Estado dijeron que esperaban una respuesta para organizar la visita de la Relatoría Especial para mayo. Subrayaron el avance en la legislación con la despenalización federal del delito de difamación e injurias y sostuvieron que la violencia contra los comunicadores está vinculada al crimen organizado. Indicaron que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y sus recomendaciones para modificar la Ley Federal de Radio y Televisión requiere un proceso de debate, que ya se inició en el Congreso mexicano, pero que tomará tiempo. Los peticionarios solicitaron a la CIDH que emita criterios sobre los límites entre la libertad de empresa y el derecho a la información de la sociedad, que haga un seguimiento a las modificaciones a la legislación sobre concesiones de frecuencias radioeléctricas y que el Estado procure agilizar la discusión para aprobar esa norma. Derechos humanos de los trabajadores migratorios en tránsito en México
Los peticionarios alegaron que la reciente aprobación de la Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial se realizó en un contexto normativo de regresión en materia de derechos humanos y argumentaron que es violatoria de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. Asimismo, indicaron que a través de esta ley, la justicia militar vigente en el Perú no asegura adecuadamente la garantía de un juez competente, independiente e imparcial, ya que faculta a los oficiales en situación de actividad a desempeñar la función de jueces o fiscales militares policiales y establece que la designación de los jueces militares corresponde al Poder Ejecutivo en lugar de al órgano constitucional autónomo facultado para ello. En ese sentido, los peticionarios solicitaron que la CIDH recomiende al Estado la reforma de la ley y que elabore de un informe temático sobre la materia. Por su parte, el Estado sostuvo que la ley no implica un incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana ni del Tribunal Constitucional. Asimismo, el Estado aseguró que la referida legislación no implica vulneración a la garantía de un juez competente, independiente e imparcial dado que la ley establece que no existe dependencia o subordinación de los jueces militares con respecto a sus superiores en grado, que hay garantía de inamovilidad y adecuada regulación sobre los ascensos, y que los jueces militares no proceden en el juzgamiento de civiles. Seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú
El Centro Memorial Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos y las Facultades de Derecho de las Universidades de Virginia y Cornell presentaron los datos y las conclusiones de un informe sobre el derecho a la educación para pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. El informe analiza las obligaciones del Estado para cumplir con el derecho a la educación sin discriminación y emplea el documento de la CIDH sobre Lineamientos para la Preparación de Indicadores de Progreso en el Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según el estudio, el 33,4% de la población indígena de Colombia y el 31,3 por ciento de la población afrocolombiana es analfabeta; también se presentó información sobre la situación en Guatemala y República Dominicana. Situación general de los derechos humanos en Colombia
A solicitud de las organizaciones Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y Global Rights, y con la participación del Estado colombiano, se llevó a cabo una audiencia en la que se brindó información a la CIDH sobre la situación de derechos humanos de las comunidades afrocolombianas desplazadas. Los peticionarios presentaron un informe elaborado por AFRODES con el apoyo técnico de Global Rights, como información complementaria a la visita que realizara a Colombia la Relatoría Especial sobre Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial en mayo de 2007. El informe presenta recomendaciones al Estado colombiano y a la comunidad internacional orientadas a la superación de la exclusión de los afrocolombianos. Los peticionarios solicitaron a la CIDH que requiera al Estado el diseño de un plan de acción para la promoción y protección de los derechos humanos y la prevención de infracciones al derecho internacional humanitario; que se garantice de manera efectiva el derecho a la consulta a las comunidades afrodescendientes; que se aseguren los recursos suficientes para la gestión del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010; que se concluya el proceso de reglamentación de la Ley 70, y que se apruebe una ley sobre discriminación que establezca sanciones penales y disciplinarias. El Estado destacó el esfuerzo realizado por los peticionarios para la elaboración del informe y se pronunció sobre los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto de ley sobre discriminación y el Plan Nacional de Acción. Asesinatos de mujeres en El Salvador
Los peticionaros expusieron que el sistema de administración de justicia Nicaragua no garantiza el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos y que se ha profundizado el deterioro del Poder Judicial, en razón del tráfico de influencias, el clientelismo político y la corrupción tradicional. Explicaron que las más altas autoridades judiciales son elegidas por su adscripción política y no en virtud de sus méritos e idoneidad. Agregaron que el sistema de justicia se instrumentaliza para proteger a quienes están en el poder y perseguir a las defensoras y los defensores de derechos humanos y a los adversarios políticos. El Estado compartió alguna de las preocupaciones planteadas por los peticionarios, sin embargo, hizo énfasis en señalar que la pertenencia a un partido político no debe ser vista como un factor de exclusión de participación en las instituciones del país e insistió en que el Poder Ejecutivo no interfiere en las decisiones del Poder Judicial. B. Audiencias sobre peticiones y casos individuales
En este Período de Sesiones hubo audiencias sobre los casos y peticiones, las cuales se detallan a continuación en el orden de su realización. Se incluyen los enlaces a las grabaciones de audio y al video de aquéllas que fueron filmadas. P478/05 – Víctimas de actividades anti-inmigrantes y violencia en el sur de Arizona, Estados Unidos Audio Video
Caso 12.644 – José Medellín Rojas (MC 317/06), Rubén Ramírez Cárdenas (MC 328/06) y Humberto Leal García (MC 349/06) Audio Video
Caso 12.459 – Lysias Fleury, Haití Audio
En esta audiencia la Comisión escuchó el testimonio directo de la presunta víctima y de un testigo, en conexión con los hechos ocurridos en 2002, cuando Lysias Fleury, un defensor de derechos humanos que entonces trabajaba en la Commission Episcopale Nationale Justice et Paix (Comisión Episcopal Nacional Justicia y Paz), fue presuntamente arrestado arbitrariamente, detenido, y sometido a castigos crueles e inusuales por parte de la Policía Nacional de Haití. El Sr. Fleury buscó una respuesta del Estado respecto a la presunta falta de acción estatal en relación a sus demandas de juzgar y castigar a los presuntos perpetradores, responsables de los alegados abusos en su contra, y en relación al presunto fracaso del Estado para tomar medidas a fin de proteger su vida y la de sus familiares. Esta petición fue declarada admisible por la Comisión el 26 de febrero de 2004, a través del
informe No. 20/04, y se encuentra actualmente en la etapa de fondo.
Petición 1345/05 – Profesores de Chañaral, Chile Audio Video
En agosto de 2003, la CIDH recibió una petición relacionada con una acción de despido de los trabajadores de la empresa FERTICA, incluyendo los afiliados al sindicato. El 2 de marzo de 2006 la CIDH emitió el
Informe de Admisibilidad N° 21/06. En la audiencia, celebrada a solicitud de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamericana (FUNDEHUCA), se escucharon presentaciones de ambas partes sobre el estado actual de los procesos al interior de Costa Rica. El Gobierno de dicho país propuso durante la audiencia iniciar el procedimiento de solución amistosa en el marco de la CIDH, propuesta que fue aceptada por los peticionarios. La Comisión solicitó que se formulen las respectivas propuestas, se acuerde un calendario para el desarrollo de las negociaciones y se mantenga informada a la CIDH de todos los aspectos formales de la negociación.
Caso 12.405 – Vicente Grijalva Bueno, Ecuador Audio
Se celebró esta audiencia para tratar los asuntos relacionados con el fondo del caso. La CIDH aprobó el 10 de octubre de 2002 el
Informe de Admisibilidad Nº 68/02 por posible violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el deber de respeto y garantía reconocido en el artículo 1.1 del mismo instrumento.
En esta audiencia se trataron asuntos sobre el fondo del caso sobre el cese de los Vocales del Tribunal Constitucional por el Congreso Nacional el 25 de noviembre de 2004, lo cual según los peticionarios se realizó sin seguir el proceso establecido por la ley, y la destitución de 31 Magistrados de la Corte Suprema de Ecuador el 8 de diciembre de 2004 a través de la Resolución Parlamentaria Nº 25-181. Los peticionarios señalan que según la legislación constitucional ecuatoriana la duración de los cargos de los Magistrados de la Corte Suprema es indefinida. Por su parte, el Estado indicó que de acuerdo a la legislación constitucional, estos cargos no eran vitalicios, sino que expiraron en 2003, y lo que se produjo fue una “cesación en funciones”. Además, el Estado indicó que la Comisión no puede revisar decisiones internas de los países, por lo que no puede conocer estos casos. La CIDH aprobó el
Informe de Admisibilidad No 08/07 el 27 de febrero de 2007 sobre la petición de Hugo Quintanilla Coello y Otros.
A solicitud del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos se llevó a cabo una audiencia para recibir el testimonio de Mery del Socorro Naranjo, testigo común de los tres casos de referencia. La señora Naranjo rindió testimonio sobre los hechos del contexto en el que se produjo el presunto desplazamiento forzado de las víctimas sobrevivientes de los casos y las circunstancias de la muerte de la señora Ana Teresa Yarce. Los casos se refieren a la alegada responsabilidad del Estado colombiano por las presuntas violaciones a los derechos humanos en perjuicio de mujeres líderes sociales y de organizaciones femeninas, ocurridas en 2002 en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. El Estado, por su parte, interrogó a la testigo sobre el objeto de su testimonio. La CIDH aprobó en 2007 los Informes de Admisibilidad No.
3/07,
4/07 y
46/07 sobre estas tres peticiones. III. REUNIONES DE TRABAJO
En el marco del 131º Período de Sesiones se llevaron a cabo 33 reuniones de trabajo sobre peticiones, casos y medidas cautelares de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela. La Comisión desea destacar la voluntad demostrada por las partes en varios de los casos para continuar progresando hacia un acuerdo de solución amistosa y alienta a continuar los esfuerzos para acercar posiciones y alcanzar el consenso. En especial, la Comisión desea expresar su satisfacción por los dos acuerdos de solución amistosa firmados el 11 de marzo.
A. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial La Relatoría ha continuado asesorando al Grupo de Trabajo de la OEA encargado de preparar una Convención Interamericana contra el Racismo y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. Además, la Comisión Interamericana ha seguido con atención este tema a través las audiencias temáticas y su sistema de peticiones y casos individuales. Asimismo, la Relatoría ha continuado con su labor de colaboración en el estudio de peticiones y de solicitudes de medidas cautelares recibidas en la Comisión relacionadas con los derechos de afro-descendientes y la no-discriminación. En el 131º Período de Sesiones, se celebraron audiencias sobre la situación de discriminación contra los afrodescendientes en las Américas en el ámbito laboral y educativo y en el acceso a la justicia; sobre la situación de derechos humanos de afrocolombianos desplazados, y sobre el derecho a la educación de afrodescendientes y miembros de comunidades indígenas en las Américas. El Relator continúa siendo el Comisionado Sir Clare K. Roberts.
La Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres viene emprendiendo actividades que abordan los problemas de la discriminación y la violencia contra las mujeres como principales barreras para que sus derechos sean efectivamente protegidos y garantizados. Una de estas actividades es la elaboración de recomendaciones especializadas destinadas a los Estados Miembros de la OEA en el área de la discriminación contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Ha continuado además su trabajo de seguimiento de las recomendaciones de su informe temático sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas y de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. Esto se logra a través de la realización de visitas de trabajo a países como Haití y Chile y la subsiguiente publicación de informes. Asimismo, la Relatoría ha continuado ofreciendo apoyo técnico a los abogados de la Secretaría Ejecutiva en el procesamiento de peticiones individuales y medidas cautelares que se relacionan con derechos de las mujeres. En el 131º Período de Sesiones se celebraron audiencias sobre el acceso de las mujeres a los sistemas de administración de justicia en las Américas, sobre la situación de los derechos de las mujeres en Chiapas, México, y sobre asesinatos de mujeres en El Salvador. A partir de estas sesiones, la Relatora es la Comisionada Luz Patricia Mejía.
La Relatoría ha continuado asesorando al Presidente del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. En el marco del proceso de negociación para la búsqueda de consenso sobre este proyecto de declaración, la Relatoría participó en la sesión de reflexión del grupo de trabajo desarrollado en la sede de la OEA del 26 al 28 de noviembre de 2007. La Relatoría reitera su reconocimiento al esfuerzo realizado por los Estados miembros de la OEA y los representantes de los pueblos indígenas del continente en el proceso de negociación del proyecto. No obstante, la Comisión urge a los Estados miembros de la OEA a maximizar sus esfuerzos para aprobar la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y reitera su exhortación a los Estados a considerar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas como estándar mínimo en la discusión y reflexión del proyecto interamericano. El 4 de febrero de 2008, la Relatoría participó en las audiencias privadas sobre seguimiento de cumplimiento de sentencia de la CorteIDH en los casos de la Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay y el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay, en la sede de la Corte en San José, Costa Rica. Asimismo, en el marco de las actividades de promoción sobre los derechos humanos y pueblos indígenas, la Relatoría participó en un taller sobre “La investigación en beneficio de los derechos de las mujeres indígenas de América Latina”, con mujeres indígenas de las Américas, en la ciudad de Panamá, del 21 al 23 de noviembre de 2007. Con el objetivo de fortalecer la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el 1 de noviembre de 2007, la CIDH publicó la convocatoria a concurso para contratar a un o una especialista en derechos humanos y derecho indígena para trabajar en la Relatoría. Asimismo, el 10 de diciembre de 2007 se anunció la implementación por quinta vez de una beca para abogados indígenas destinada a realizar una práctica profesional, que iniciará el 1 de abril de 2008 en la sede de la CIDH por el período de un año. La CIDH ha continuado recibiendo información sobre la situación de pueblos indígenas afectados por terceros en sus territorios ancestrales, así como la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La Relatoría hace un llamado especial a los Estados miembros de la OEA a reconocer y respetar el derecho de los pueblos indígenas a su identidad cultural, tierras, territorio y recursos naturales, constituida a partir de su estrecha relación con sus territorios ancestrales, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integral de su cosmovisión, fundamental para su supervivencia como pueblo. La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas continuó con sus actividades de apoyo en el sistema de casos individuales y medidas cautelares en las peticiones y solicitudes que refieren a derechos de los pueblos indígenas y/o sus miembros. Durante el 131º Período de Sesiones se aprobaron informes que refieren a derechos de pueblos indígenas, se desarrollaron reuniones de trabajo con organizaciones indígenas y peticionarios y se realizaron audiencias en las que se trataron temas como la situación de las comunidades cautivas en Bolivia, la situación de defensores de derechos humanos del pueblo mapuche en Chile y el derecho a la educación de afrodescendientes y comunidades indígenas en las Américas. A partir de estas sesiones, el Relator es el Comisionado Víctor Abramovich.
La Relatoría se encuentra abocada a la elaboración del Informe Temático sobre el Fenómeno de las Maras en América Central. Con este propósito, la Relatoría solicitó información a los Estados de El Salvador, Guatemala y Honduras y a organizaciones de la sociedad civil de estos países. Al cumplirse el plazo para la presentación de información, la CIDH contaba sólo con la respuesta del Gobierno de Honduras y algunas organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente, la Relatoría presentó una ponencia en el marco de la sesión de trabajo organizada por la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA sobre el tema de pandillas que tuvo lugar el 18 de enero. El equipo de la Relatoría asistió a la presentación del libro “Street gangs in Central America” realizado el 29 de enero. Asimismo, la Relatoría ha continuado su trabajo de análisis y evaluación de peticiones, casos y solicitudes de medidas cautelares en trámite ante la CIDH en esta materia. En este marco, se elaboraron tres informes de admisibilidad que se refieren a presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con los siguientes temas: adopciones ilegales en Guatemala, derecho a la identidad en Costa Rica y debido proceso en relación a la derecho a la vida de infantes. La Relatoría evaluó y propuso acciones concretas en relación a las medidas cautelares otorgadas para proteger a niños y niñas guatemaltecos contra las adopciones ilegales.
En este período, la Relatoría también estuvo abocada a trabajar en la elaboración del contenido y diseño de su sitio de Internet. El 17 de diciembre se suscribió un Convenio de Cooperación entre la CIDH y la organización no gubernamental Save the Children Suecia, que tiene como fin fortalecer las actividades de la Relatoría en defensa de la niñez en el hemisferio.
El Comisionado Florentín Meléndez, entonces Relator sobre Derechos de los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, participó como expositor en el VII Curso Regional Andino de Derechos Humanos, en noviembre de 2007 en Lima, Perú, referente a “Los derechos humanos de los y las migrantes de la región andina”. A partir del 131º Período de Sesiones, el Relator es el Comisionado Felipe González. En el ámbito de la Secretaría Ejecutiva, la Relatoría ha acompañado el proceso de instalación de la Comisión Especial sobre Asuntos Migratorios creada por el Consejo Permanente de la OEA, a la cual también le ha brindado asesoría. Asimismo, ha continuado con su labor de colaboración en el estudio de peticiones y de solicitudes de medidas cautelares recibidas en la Comisión relacionadas con trabajadores migratorios. En el 131º Período de Sesiones se celebraron audiencias sobre una petición que refiere a víctimas de actividades anti-inmigrantes y violencia en el sur de Arizona, Estados Unidos, sobre la aplicación de la Ley de Migración de 2004 en República Dominicana, y sobre los derechos humanos de los trabajadores migratorios en tránsito en México.
Entre el 29 y el 30 de noviembre de 2007 la especialista de la Relatoría Alejandra Gonza participó y presentó una ponencia en el seminario Internacional “Sistemas de alertas y metodología para el registro de documentación y seguimiento a agresiones a periodistas y medios de comunicación en México” celebrado en la Ciudad de México, organizado por diversas agrupaciones. El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Ignacio J. Álvarez, y la especialista de la Relatoría Alejandra Gonza asistieron a la Reunión para la elaboración de la Declaración Conjunta de los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión 2007 que organizaron Artículo 19, el IVIR (Instituto de Leyes de la Información de la Universidad de Ámsterdam) y Campaña Global para la Libertad de Expresión, celebrada en Holanda el 7 de diciembre de 2007. En esta oportunidad, el Relator Especial y los Relatores para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, de Europa y de África suscribieron una declaración conjunta sobre la necesidad de promover la diversidad en el acceso a los medios de comunicación, en particular respecto a los medios electrónicos como radio y televisión.
La Unidad de Defensores ha continuado con su labor de impulso a las peticiones individuales, casos y medidas cautelares referentes a defensores y defensoras de derechos humanos en la región americana. En ese sentido, ha podido corroborar la persistencia de las amenazas y hostigamientos en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos, tales como atentados en contra de su vida e integridad personal, detenciones arbitrarias, seguimientos y vigilancias, entre otros. Por ello, la Comisión exhorta a los Estados a implementar de manera efectiva las recomendaciones contenidas en el “Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas”. V. TRABAJO RELACIONADO CON LA CORTE INTERAMERICANA La CIDH consideró durante sus sesiones el estado general de los casos y medidas provisionales que ha sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analizó los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal. La Comisión Interamericana ha sometido 115 casos contenciosos a conocimiento de la Corte. De ellos, once se encuentran en espera de audiencia pública; siete en espera de sentencia; 85 en etapa de cumplimiento de sentencia y doce se encuentran cerrados. Asimismo, hay 44 medidas provisionales activas.
Audiencias sobre cumplimiento de sentencia: Garrido y Baigorria (Argentina), Blake (Guatemala), de la Panel Blanca (Guatemala), Cantoral Benavides (Perú), Loayza Tamayo (Perú), Caballero Delgado y Santana (Colombia), Ricardo Canese (Paraguay), Instituto de Reeducación del Menor (Paraguay), Comunidad Indígena Yakye Axa (Paraguay) y Comunidad Indígena Sawhoyamaxa (Paraguay). VI. APORTES FINANCIEROS La CIDH desea agradecer muy especialmente los importantes aportes financieros efectuados por países de dentro y fuera de la región, así como por fundaciones y otras entidades. Estas donaciones hacen posible que la CIDH realice gran parte de sus actividades relativas a los mandatos provenientes de los órganos políticos de la OEA.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 61
 resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Artículo 19