Source: https://www.scribd.com/document/91739958/El-Principio-Constitucional-de-La-Doble-Instancia
Timestamp: 2018-12-11 11:21:46+00:00

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Bielsa Grana
causalista.finalista
El principio constitucional de la doble instancia (art. 31, C.P.
) y sus excepciones La Constitución Nacional consagra expresamente el principio de la doble instancia en los artículos 29[ 1], 31[2] y 86[3]. Estas normas indican, en su conjunto, que el principio de la doble instancia no tiene un carácter absoluto, en el sentido de que necesariamente toda sentencia o cualquier otra providencia judicial deba tener la posibilidad de ser apelada; más aún cuando el artículo 31 Superior expresamente faculta al Legislador para introducir las excepciones que considere procedentes a dicho principio, siempre y cuando no desconozca mandatos constitucionales expresos –como los de los artículos 29 y 86 Superiores, recién citados, que consagran dos hipótesis en las cuales se prevé expresamente la impugnación-. La Corte Constitucional ya ha reconocido el carácter relativo del principio de la doble instancia en múltiples oportunidades.[4] Lo anterior no significa que el Legislador esté en completa libertad de excluir la doble instancia para cualquier tipo de procesos. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, el Legislador debe respetar ciertos parámetros mínimos al momento de decidir que una determinada actuación procesal o proceso únicamente podrá tramitarse en única instancia y no estará sujeta(o) a impugnación; en particular, debe mantenerse dentro del “límite impuesto por los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, específicamente en lo que atañe al principio de igualdad”.*5+ En relación con sentencias judiciales, la Corte ha indicado que es necesario estudiar cada caso individual para determinar la constitucionalidad de las exclusiones de la doble instancia[6], pero al mismo tiempo ha precisado ciertos criterios que deben ser respetados por el Legislador para que su decisión de someter un procedimiento o acto procesal determinado a trámite de única instancia no riña con la Constitución: (a) La exclusión de la doble instancia debe ser excepcional;[7] (b) Deben existir otros recursos, acciones u oportunidades procesales que garanticen adecuadamente el derecho de defensa y el derecho de acceso a la administración de justicia de quienes se ven afectados por lo actuado o por lo decidido en procesos de única instancia;[8] (c) La exclusión de la doble instancia debe propender por el logro de una finalidad constitucionalmente legítima;[9] (d) La exclusión no puede dar lugar a discriminación.[10] (Corte constitucional, Sentencia 103 de 2005). * 1+ Artículo 29. “Quien sea sindicado tiene derecho a (…) impugnar la sentencia condenatoria”. * 2+ Artículo 31. “Toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”. * 3+ Artículo 86. “El fallo (de tutela), que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente (…).”
2°) De la sentencia del tribunal en lo criminal que lo condene a más de tres (3) años de prisión. [ 9] Sentencia C-788 de 2002. Ver también las sentencias C-055 de 1993 (M. en la cual la Corte consideró que la eficacia de la justicia y la celeridad del proceso o economía procesal eran finalidades legítimas para la exclusión de la doble instancia. en la sentencia C-900 de 2003 (M.P. . C-040 de 2002 (M.P.P.P. Carlos Gaviria Díaz). y que por ende violaba el principio de igualdad.P. M. se explicó que la norma constitucional que establece la doble instancia como regla general. un (1) año de inhabilitación o cien mil australes (A100. por ejemplo.[ 4] Ver.000) de multa. Ver también las sentencias C-040 de 2002. [ 5] Sentencia C-153 de 1995. M. C-377 de 2002. la sentencia C-153 de 1995 (M. En éste caso consideró que no existía un trato desigual que mereciera reproche desde el punto de vista constitucional. C-245 de 2001. [ 7] Sobre el carácter excepcional de la doble instancia. Manuel José Cepeda Espinosa.P. [ 10] Sentencias C-179 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell). en la sentencia C-345 de 1994 (M. la Corte declaró inexequible el artículo 2º del Decreto 597 de 1988. en la que la Corte declaró la constitucionalidad de una disposición del Código Contencioso Administrativo que regulaba el grado de consulta respecto de autos de liquidación de condenas en abstracto a favor de la Administración. Clara Inés Vargas). Ver igualmente la sentencia C-377 de 2002 (M.P.P.000) de multa o cinco (5) años de inhabilitación. José Gregorio Hernández) y la sentencia C-345 de 1993 (M. C-345 de 1993. 459. Alejandro Martínez Caballero). Recurso del imputado Art.P. Alejandro Martínez Caballero. doscientos mil australes (A200. y C-345 de 1993. Alejandro Martínez Caballero). [ 8] Ver las sentencias C-788 de 2002.El imputado o su defensor podrán recurrir: 1°) De la sentencia del juez en lo correccional que condene a aquél a más de seis (6) meses de prisión.era irrazonable e injusto. que son la excepción. Eduardo Montealegre Lynett) y C-377 de 2002 (M.P. . [ 6] Por ejemplo. impone al Legislador un límite en el sentido de que no pueden terminar prevaleciendo las sentencias de única instancia. que excluía la apelación en ciertos procesos laborales administrativos por considerar que el criterio de exclusión –el salario devengado por el trabajador. puesto que se atendía a una finalidad legítima y el acceso a la administración de justicia de los particulares no se veía obstruido por dicha disposición. Jaime Araujo Rentería) –en la cual se declaró la constitucionalidad de la norma del Código de Procedimiento Civil que excluye el mandamiento ejecutivo de la doble instancia y lo conserva para el auto que deniega el mandamiento de pago y el que por vía de reposición lo revoque-. Clara Inés Vargas Hernández).
000.3°) De la resolución que le imponga una medida de seguridad por tiempo indeterminado. 4°) De los autos en que se le deniegue la extinción. .000). conmutación o suspensión de la pena. 5°) De la sentencia que lo condene a restitución o indemnización de un valor superior a once millones de australes (A11.
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References: artículo 31
 Artículo 29
 Artículo 31
 Artículo 86
 artículo 2
 resolución