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Timestamp: 2018-02-18 22:12:40+00:00

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XXVII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas - Cartagena 2015
“Desigualdad y Mediación”
Entendemos que el auge de la mediación es el reflejo del anormal funcionamiento de la administración de justicia.
Ello no obstante, debemos permanecer alerta ante el fomento institucional de este mecanismo de resolución de conflictos, ya que sólo la vigilancia de su funcionamiento nos permitirá saber si la mediación es o no eficaz en la defensa de los derechos de las mujeres que es, y ha sido siempre, nuestro objetivo en esta Coordinadora.
CONCLUSIONES DEL TALLER ”LA MEDIACIÓN EN LOS JUZGADOS DE INSTANCIA Y FAMILIA DE NAVARRA”
PREVIA.- Acordamos ampliar las conclusiones no solo al ámbito territorial de Navarra sino a todo el Estado.
PRIMERA.- Proponemos que existan leyes de mediación en el ámbito de familia en todas las CCAA que decidan aprobarlas, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos mínimos: vinculación de la mediación al servicio de justicia y formación en género y DDHH de las personas mediadoras.
En todos los casos, deberá ser preceptiva la asistencia letrada durante todo el proceso de mediación desde el principio hasta el final.
SEGUNDA.- Respecto al ámbito de competencia de la mediación familiar la entendemos en sentido amplio, incluyendo como mínimo:
b) Los conflictos entre progenitoras o progenitores y su descendencia, sea biológica o en situación de adopción o de acogimiento, o entre hijas e hijos, así como los conflictos causados por una discrepancia sobre alimentos entre parientes.
d) Los conflictos surgidos cuando las progenitoras y progenitores impidan a las abuelas y abuelos mantener relaciones normalizadas con sus nietas y nietos.
TERCERA.- La actual consideración de la mediación familiar como una vía alternativa a la judicial no es garantía de defensa de los derechos de las partes en la resolución de los conflictos familiares. Por esta razón, proponemos que la mediación familiar se conciba, no como una solución alternativa a la resolución judicial sino como complementaria a la vía judicial. Entendemos la mediación como un servicio público de la administración de justicia, y por ello exigimos la inclusión de la mediación en toda su extensión dentro del catálogo de prestaciones de la Ley de Asistencia Jurídica gratuita.
CUARTA.- La mediación familiar regulada en la Ley 5/2012, y las de las CCAA en sus respectivos territorios, supone una dilación considerable en los procedimientos, es decir no sirve para descongestionar la Administración de Justicia como se pretendía.
QUINTA.- Y dos premisas esenciales:
La obligatoriedad del Juzgado de informar a las partes de la posibilidad de acudir a una sesión informativa sobre mediación familiar.
La mediación familiar será siempre y en todo caso voluntaria para las partes.
CONCLUSIONES DEL TALLER ”¿MEDIACIÓN HIPOTECARIA? ALGUNAS NOTAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO FEMINISTA”
1. Constatamos la violación sistemática del derecho humano a una vivienda digna que suponen los desalojos forzosos sin las debidas garantías y en concreto, las consecuencias específicas en las mujeres que provocan su mayor empobrecimiento.
2. Nos preocupa la manipulación perversa del lenguaje por invisibilizadora, que supone hablar de “lanzamientos” en vez de “desalojos forzosos”, terminología acorde con la normativa internacional de derechos humanos.
3. A la vista de las observaciones finales a España del Comité de la CEDAW de 29 de julio de 2015, exigimos al Estado español que realice estudios y evaluaciones sobre los efectos de la crisis financiera y económica con perspectiva de género adecuada, y reúna estadísticas desglosadas por sexo-género en todos los ámbitos.
4. Exigimos al Estado español la ratificación de la Carta Social Europea Revisada firmada en octubre de 2000 y su Protocolo.
5. Denunciamos, entre otros, la vulneración del artículo 103 de la Constitución, habida cuenta el desmantelamiento de las garantías legales y procesales en la ejecución judicial hipotecaria por parte:
a. De Notarias/os y Registradoras/es de la Propiedad, quienes en su condición de funcionarias/as públicas/os han incumplido con carácter general, su deber genérico de control de legalidad en la autorización e inscripción de préstamos con garantías hipotecarias suscritos por consumidoras.
b. De la Dirección General de Registros y Notariado por su desatinada doctrina emitida por primera vez en su resolución de 19 de Abril de 2006 y afortunadamente corregida por resolución de 1 de Octubre de 2010.
c. Del Tribunal Constitucional, por no haberse constituido en garante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y del derecho humano a una vivienda digna (que literalmente declaró que “al constituir la hipoteca, se consiente en que la defensa tenga una eficacia momentáneamente disminuida” Auto TC 113/2011 de 19 de junio).
d. Del Tribunal Supremo, por dar cobertura doctrinal y jurisprudencial a las referidas vulneraciones de la legalidad (por ejemplo, declarando la retroactividad limitada de las consecuencias de la nulidad de la cláusula suelo).
e. De Audiencias y Juzgados, que incumplen reiteradamente las sentencias del TJUE, haciendo una interpretación incorrecta de las mismas, siempre en claro perjuicio de la deudora hipotecaria cuya vivienda se ejecuta.
6. Hasta el completo restablecimiento de todas las garantías legales y procesales, entendemos que toda ejecución hipotecaria es nula de pleno derecho.
7. Exigimos la modificación del art. 698 de la LEC, en el sentido de que se permita la suspensión del procedimiento ejecutivo hipotecario cuando la deudora, cuya vivienda se pretende ejecutar, ejerza su derecho a someter cuantas pretensiones estimare oportunas en un procedimiento declarativo con plenitud de cognición, controversia y garantías procesales. Es la única posibilidad de garantizar el cumplimiento del principio de efectividad del Derecho Comunitario (Directiva 93/13/CE sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidoras).
8. Exigimos a la DGRN que dicte instrucciones estableciendo la obligación de inscribir el derecho de uso atribuido judicialmente.
9. Exigimos la publicación de las conclusiones adoptadas en las “Jornadas sobre endeudamiento” organizadas por el Consejo General del Poder Judicial en noviembre de 2014, posteriormente debatidas en las “Jornadas de Sobreendeudamiento y restructuración de deudas” en febrero de 2015 (con participación directa de la Asociación Hipotecaria Española, formada por bancos, cooperativas de crédito y establecimientos financieros de crédito), a las que se hace expresa referencia como criterios interpretativos en resoluciones judiciales.
10. Al constatar la incorrecta interpretación legal y las reformas legislativas “pro banca”, solicitamos la regulación de los grupos de interés y especialmente aquéllos de poder económico y financiero, todo ello con perspectiva de género.
11. Constatamos que las últimas reformas legislativas adoptadas para dar supuesto cumplimiento a lo declarado por el TJUE, han resultado más perjudiciales para la tutela judicial efectiva de las consumidoras que han suscrito contratos de préstamo con garantía hipotecaria sobre vivienda, en clara contradicción con lo exigido por dicho Tribunal.
12. Descubrimos la perversa práctica legislativa que supone notificar en el BOE el establecimiento de plazos procesales para el ejercicio de derechos fundamentales en ejecuciones hipotecarias ya iniciadas.
13. Declaramos vergonzoso que en el Estado español la sanción legal de la usura consista en multas irrisorias (entre 3 y 30 euros) y exigimos de nuevo su tipificación en el Código Penal como delito grave socioeconómico.
14. Ante el fraude social producido por la mercantilización del derecho humano a una vivienda digna, reconocemos el papel que han tenido los colectivos sociales y en especial las mujeres en la valiente defensa de este derecho.
15. Constatamos la improcedencia de la mediación en materia de consumo, por estar excluida, expresamente, por la Ley 5/2012 y el incontestable desequilibrio entre las partes.
16. Estando pendiente la trasposición de la Directiva europea 2013/11 relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, y a la vista del Anteproyecto de esta misma materia, nos preocupa en especial el conflicto de intereses que supone permitir a las entidades originadoras del conflicto facilitar personas empleadas por ellas para la resolución del mismo y la no obligación de asistencia letrada para resolver los conflictos.
17. Denunciamos los acuerdos firmados por el CGPJ, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos con entidades privadas y fundaciones notariales que realizan mediación en conflictos originados por préstamos de consumo con garantía hipotecaria aprovechando el limbo legal existente.
18. En relación a dicha mediación, dado su carácter confidencial, exigimos información detallada sobre los tipos de “acuerdos” de mediación a los que se está llegando, quien los está realizando y si se impone la cláusula de renuncia expresa de acciones, así como datos desagregados por sexo. Nos preguntamos hasta que punto dichas acciones podrían estar resultando en una suerte de amnistía de responsabilidades.
19. Constatamos la falta de información sistematizada sobre el trabajo y resultados de los llamados Servicios de Intermediación Hipotecaria y similares, en especial sobre tipos de acuerdos asesorados-mediados-negociados, evaluaciones sobre sus resultados y datos desagregados por sexo.
20. Solicitamos a los Colegios de Abogad@s y Consejo general de la abogacía que promuevan servicios de asesoramiento previo y negociación bancaria a realizar por letradas/os del turno de oficio, así como asegurar la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de ejecución hipotecaria.
21. Tomando nota de la preocupación manifestada por la Defensora del Pueblo estatal y Defensor del Pueblo catalán (Sindic de Greuges), nos sorprende que dada la situación de emergencia habitacional, la mayoría de instituciones y operadores jurídicos llamados a interesarse por la vulneración sistemática de los derechos humanos, no se hayan pronunciado con contundencia sobre dicha vulneración.
CONCLUSIONES DEL TALLER ”¿LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO PENAL?”
Entendemos que la mediación no debe ser presentada, como lo está siendo, como la panacea de la resolución pacífica de los conflictos. La mediación no es el único cauce en el que víctima y agresor pueden participar en la resolución del conflicto.
Consideramos que la mediación no es el remedio a las disfunciones de la administración de justicia, tales como el retraso, la insatisfacción del justiciable, la burocracia, la falta de eficacia en la ejecución de las sentencias, la falta de tutela judicial efectiva, etc.
La Administración de Justicia debe reformarse y ser ágil, próxima, efectiva, no sexista, reparadora, y debe garantizar que no se produzca victimización secundaria.
Aunque el procedimiento de mediación no está regulado, se ha incluido en el art. 84 del C.P, según la L.O 1/2015, la potestad judicial de condicionar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad al cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.
Hemos constatado que desde algunos órganos judiciales penales, se vienen derivando a mediación, en todas las fases del procedimiento, desde hace más de 10 años, según estudios publicados por el propio CGPJ, existiendo protocolos de mediación intrajudicial e incluso una Guía, editados también por el propio Consejo.
Por todo ello, estimamos que la práctica de la mediación penal debe estar regulada en la Lecrim y contener como requisitos mínimos los siguientes:
1º Ser intrajudicial.
2º Contemplar la obligatoriedad de asesoramiento letrado de las partes mientras dure el proceso de mediación.
3º La duración máxima de la mediación no podrá superar los 60 días hábiles.
4º Deberá ofrecerse la posibilidad de acudir a mediación a la persona imputada, al momento de la información de derechos y a la víctima al ofrecimiento de acciones, según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 4/15, y en caso de que opten por iniciar mediación se dará traslado al Ministerio Fiscal, quién quedará vinculado a aceptar los efectos civiles pactados por los mediados, si da su conformidad a la derivación al proceso de mediación.
5º Las sesiones de mediación deberán llevarse a cabo siempre, al menos, por dos mediador@s.
6º De conformidad con lo establecido en el art 3.1 de la Ley 4/15 del Estatuto de la Víctima del delito y dado que toda víctima tiene derecho a la participación activa en el proceso penal, no deberá limitarse ni prohibirse la mediación en ningún delito, por lo que proponemos la supresión del apartado5 del art. 87 ter) de la LOPJ.
7º La confidencialidad de las sesiones de mediación debe estar protegida con la misma fuerza que el secreto profesional de la abogacía.
8º Al ejercer la comediación penal, al menos una de las/os mediadoras/es deberá ser graduada en derecho y que ambas/os deberán tener formación de género.
9º Estarán obligad@s a cortar la mediación si en el transcurso de la misma se producen indicios de la comisión de un nuevo delito (p. ej. amenazas, coacciones, injurias, acoso, etc.)
10º Es imprescindible que sean reguladas por Ley las sanciones por la mala praxis en la mediación.
CONCLUSIONES DEL TALLER ”¿ES POSIBLE LA MEDIACIÓN LABORAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO?”
PRIMERA.- Pese a que la mediación en los conflictos colectivos laborales es una realidad, constatamos que no se han implementado todos los medios y recursos necesarios para llevarla a cabo, con las suficientes garantías.
No obstante lo anterior, consideramos la conveniencia de que los conflictos individuales puedan ser derivados a mediación y por ello, exigimos que el servicio o servicios públicos existentes y con competencias en la materia, regulen y ofrezcan a las partes un procedimiento eficaz de mediación que permita una resolución ágil y extrajudicial del conflicto; y en las Comunidades Autónomas donde no se hayan creado, se instauren y se les dote de medios, implantando medidas para derivar a mediación estos conflictos.
Como consecuencia de lo anterior, se insta la modificación del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales ASAC, de 7 de febrero de 2012, incluyendo en su objeto el mantenimiento y desarrollo de un sistema autónomo de solución de conflictos colectivos e individuales, surgidos entre empresas y trabajadores-trabajadoras.
Así mismo, se insta la adecuación de la Ley de la Jurisdicción Social a los procedimientos de mediación.
SEGUNDA.- Exigimos que los profesionales que realicen la mediación laboral, tengan una formación jurídica especializada y cualificada para ejercer ésta función, con conocimientos específicos en derecho laboral y formación en género.
TERCERA.- Instamos a los interlocutores sociales a introducir en la negociación colectiva, cláusulas o pactos que contemplen la mediación como herramienta destinada a promover la resolución de conflictos entre los trabajadores-trabajadoras en pro de la gestión socialmente responsable de los recursos humanos en conexión con lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
CUARTA.- La subsistencia de desigualdad entre trabajadores y trabajadoras, el incumplimiento de los derechos que estas tienen reconocidos, y la dificultad añadida que supone la prueba de estos incumplimientos, hace que sean necesarios mecanismos de información a las trabajadoras, sobre los procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos, que disminuyan su judicialización.
QUINTA.- Dada la naturaleza de las relaciones laborales y el conflicto sometido a mediación, exigimos que las partes puedan asistir a las sesiones de mediación acompañadas de Letrado/a, garantizando a los trabajadores y trabajadoras en su caso, la asistencia jurídica gratuita.
Como consecuencia de lo anterior se insta al legislador para que se incluya en la nueva ley de asistencia jurídica gratuita, el reconocimiento de este derecho.
Cartagena, 18 de octubre de 2015

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 103
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 resolución