Source: http://www.nexos.co.cr/archivo/decretos/promocion-competencia-defensa-consumidor.htm
Timestamp: 2018-01-19 07:49:53+00:00

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Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor
Artículo 1.­ Objetivo y fines
Las expresiones o las palabras, empleadas en esta Ley, tienen el sentido y los alcances que, para cada caso, se mencionan en este artículo:
Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano en los términos definidos en el Reglamento de esta Ley -que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros.
Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública que, en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes, o a prestar servicios, sin que necesariamente ésta sea su actividad principal.
Organos y entes públicos de la Administración Central y descentralizada del Estado, a los que esta Ley y leyes especiales atribuyan competencias en materia de restricciones al ejercicio de las actividades comerciales, la regulación y el control del comercio de determinados bienes o la prestación de servicios, para su expendio en el mercado interno o para su exportación o importación, así como en lo concerniente al registro y la inspección de los productos, la apertura y el funcionamiento de establecimientos relacionados con la protección de la salud humana, vegetal y animal; así como con la seguridad, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de estándares de calidad de los productos.
Remuneración que establezca como tal el Poder Ejecutivo, mediante decreto, por recomendación del Consejo Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o de la autoridad competente.
Artículo 3.­ Eliminación de trámites y excepciones
Los trámites y los requisitos de control y regulación delas actividades económicas no deben impedir, entorpecer, ni distorsionar las transacciones en el mercado interno ni en el internacional. La administración pública debe revisar, analizar y eliminar, cuando corresponda, esos trámites y requisitos para proteger el ejercicio de la libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad, siempre y cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humana, animal o vegetal, la seguridad, el ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad. Todo ello deberá concordar con lo establecido en leyes especiales y convenios internacionales, así como en las exigencias de la economía en general y una equitativa distribución de la riqueza.
Los trámites y los requisitos que deban cumplirse para el acceso de bienes producidos en el exterior al mercado nacional, así como las regulaciones al comercio que deban mantenerse, se rigen por el principio de celeridad en el procedimiento administrativo. Cumplidas las formalidades esenciales a cargo del administrado, la Administración Pública debe resolver lo pertinente en un plazo máximo de ocho días, según lo establezca el Reglamento de esta Ley. vencido ese plazo, sin que haya resolución expresa, se tendrá por autorizada la solicitud del interesado.
La Comisión para promover la competencia, creada en esta Ley, debe velar permanentemente porque los trámites y los requisitos de regulación al comercio cumplan con las exigencias anteriores, mediante su revisión "ex post». Además, debe velar, en particular, para que el principio de celeridad se cumpla y para que las regulaciones y los requisitos, que se mantengan por razones de salud, medio ambiente, seguridad y calidad, no se conviertan en obstáculos para el libre comercio.
Cuando los trámites, los requisitos o las regulaciones sean autorizados mediante silencio administrativo positivo, la Comisión de Desregulación escogerá algunos casos utilizando el mecanismo de muestreo al azar para exigir una explicación sobre las razones que motivaron ese silencio a los funcionarios responsables de esos casos. Si se determina una falta grave del funcionario, se procederá conforme a lo establecido en la Ley General de Administración Pública.
Artículo 4.­ Racionalización y eliminación de trámites
Todos los entes y los órganos de la Administración Pública deben realizar un análisis costo­beneficio de las regulaciones de las actividades económicas que tengan efectos sobre el comercio, los procedimientos y los trámites establecidos para permitir el acceso al mercado, de bienes producidos y servicios prestados en el país o en el extranjero. En virtud de lo anterior, se deben eliminar todos los procedimientos y los trámites innecesarios de acuerdo con el estudio y racionalizar los que deban mantenerse.
La Comisión para promover la competencia goza de plenas facultades para verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Los entes y los órganos de la Administración Pública, a los que se refiere este artículo, deben suministrar toda la información que ésta requiera para cumplir con su cometido.
Se faculta al Poder Ejecutivo, previa recomendación de la Comisión para promover la competencia y el informe técnico-jurídico del órgano o entidad competente de la Administración Pública, cuyo criterio no es vinculante para esa Comisión para modificar, simplificar o eliminar cualquier trámite o requisito para inscribir o registrar productos farmacéuticos, medicinales, alimenticios, agroquímicos y veterinarios, así como para inscribir laboratorios y establecimientos donde se pueden producir o comercializar esos productos. Igualmente, queda facultado el Poder Ejecutivo, previa recomendación de esa misma Comisión en los términos expresados, para sustituir los procedimientos, los trámites y los requisitos de inscripción y registro de esos productos o de los laboratorios y establecimientos mencionados, por otros medios más eficaces, a su juicio, que promuevan la libre competencia y, a su vez, protejan la salud humana, animal y vegetal, el medio ambiente, la seguridad y el cumplimiento de los estándares de calidad.
Artículo 5.­ Casos en que procede la regulación de precios
La Administración Pública puede regular los precios de bienes y servicios sólo en situaciones de excepción, en forma temporal; en tal caso, debe fundar y motivar apropiadamente esa medida. Esta facultad no puede ejercerse cuando un producto o servicio es vendido o prestado por la Administración Pública, en concurrencia con particulares, en virtud de las funciones de estabilización de precios que expresamente se señalan en la ley.
Los bienesy servicios sujetos a la regulación mencionada en el párrafo anterior, deben fijarse por decreto ejecutivo, previo parecer de la Comisión para promover la competencia acerca de la conveniencia de la medida. En ese decreto, se debe establecer el vencimiento de la medida cuando hayan desaparecido las causas que motivaron la respectiva regulación, según resolución fundada de esa Comisión, que debe comunicarse al Poder Ejecutivo para los fines correspondientes. En todo caso, esta regulación debe revisarse dentro de períodos no superiores a seis meses o en cualquier momento, a solicitud de los interesados. Para determinar los precios por regular, deben ponderarse los efectos que la medida pueda ocasionar en el abastecimiento.
Asimismo, la Administración Plíblica podrá regular y fijar el precio mínimo de salida del banano para la exportación.
Artículo 6.­ Eliminación de restricciones al comercio
Se eliminan las licencias y toda otra autorización para el ejercicio del comercio, así como las restricciones para ejercer actividades comerciales, en virtud de la nacionalidad y sin perjuicio de la normativa particular en materia laboral y migratoria
La Administración Pública puede establecer, excepcionalmente, mediante decreto ejecutivo y previa recomendación favorable de la Comisión para promover la competencia, licencias de importación o exportación. Esta medida se propone restringir el comercio de productos específicos, cuando existan circunstancias anormales o desórdenes en el mercado interno o externo, debidos a fuerza mayor, caso fortuito y toda situación que genere o pueda generar un problema grave de desabastecimiento en el mercado local, que no pueda satisfacerse acudiendo a los mecanismos del mercado, o cuando estos deban aplicarse en virtud de restricciones negociadas o impuestas por socios comerciales, mientras estas circunstancias excepcionales subsistan, ajuicio de esa Comisión, en los términos expresados en el párrafo siguiente. En todo caso, las causas que motivaron la medida deben revisarse dentro de períodos no superiores a seis meses.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, la Administración Pública debe realizar un estudio técnico que sustente esa medida; además, debe recabar el parecer de la Comisión para promover la competencia y puede apartarse de ella mediante decisión razonada. Antes de resolver sobre su procedencia, los términos y condiciones de la restricción, esa Comisión debe conceder una audiencia escrita a los interesados, por un término de cinco días, sobre el citado estudio.
Se reconoce la facultad de las cámaras y las asociaciones privadas para autoregular su actividad económica, para garantizar la prestación eficiente de servicios a la sociedad, con estricta observancia de los principios éticos y de respeto por la libertad de concurrencia de los agentes económicos y para prevenir las conductas que en esta Ley se prohíben y sancionan. La participación de esas entidades no podrá limitar el libre acceso al mercado correspondiente ni impedir la competitividad de nuevos ajustes económicos.
Artículo 7.­ Participación de proporcionales y técnicos
Artículo 8.­ Acreditamiento
La Administración Pública puede acreditar a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que cumplan con los requisitos técnicos y de idoneidad material y profesional, exigidos en las normas reglamentarias dictadas por el Poder Ejecutivo, para operar como organismos de certificación y laboratorios de prueba o ensayo, en los campos de la salud humana, animal y vegetal, el medio ambiente, la seguridad y los estándares de calidad, a fin de que sus certificados y análisisse reconozcan of icialmente. De igual manera, la Administración Pública queda facultada, según lo disponga por decreto el Poder Ejecutivo, para acreditar a las entidades de verificación y control que fiscalicen la labor de los organismos acreditados, sin perjuicio de la supervisión y el control general que la Administración Pública ejerce, como potestad indelegable, sobre el sistema.
Los entes y los órganos de la Administración Pública que acrediten a organismos certificadores y laboratorios para realizar ensayos y análisis acreditados, están obligados a fiscalizar el cumplimiento de la normativa de acreditamiento aplicable y están facultados para cobrar por esos servicios de fiscalización.
Asimismo, la Administración Pública puede acreditar a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para verificar los productos y los servicios mencionados en el artículo 42 de esta Ley.
Artículo 9.­ Campo de aplicación
La normativa de este capítulo se aplica a todos los agentes económicos, con las salvedades y las previsiones indicadas en este capítulo:
Se exceptúan de la aplicación de la normativa de este capítulo:
a) Los agentes prestadores de servicios públicos en virtud de una concesión, en los términos que señalen las leyes para celebrar las actividades necesarias para prestar esos servicios, de acuerdo con las limitaciones establecidas en la concesión y en regulaciones especiales.
b) Los monopolios del Estado creados por ley, mientras subsistan por leyes especiales para celebrar las actividades expresamente autorizadas en ellas, en áreas como: seguros, depósitos bancarios en cuenta corriente o a la vista, destilación de alcohol, y comercialización para consumo interno, distribución de combustibles y los servicios telefónicos, de telecomunicaciones, de distribución eléctrica y de agua.
Artículo 10.­ Prohibiciones generales
Se prohíben y deben sancionarse de conformidad con los artículos 24, 25 y 26 de esta Ley, los monopolios públicos o privados y las prácticas monopolísticas que impidan o limiten la competencia, el acceso de competidores al mercado o promuevan su salida de él, con las salvedades indicadas en el artículo 9 de esta Ley.
Artículo 11.­ Prácticas monopolísticas absolutas
b) Establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número. un volúmen o una frecuencia restringidos o limitados de servicios
d) Establecer,concertar o coordinar lasofertas o la abstención en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas.
Artículo 12.­ Prácticas monopolísticas relativas
b) La imposición de precio o las demás condiciones que debe observarun distribuidor o proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar servicios.
Artículo 13.­ Comprobación
Artículo 14.­ Mercado relevante
Para determinar el mercado relevante, deben considerar:
b) Los costos de distribución del bien mismo, sus insumos relevantes, sus complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y del extranjero; para ello se téndran en cuenta los fletes, los seguros, los aranceles y las restricciones que no sean arancelarias, así como las limitaciones impuestas por los agentes económicos o sus organizaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde otros sitios.
Artículo 15.­ Poder sustancial en el mercado
b ) La existencia de barreras a la entrada y los elementos que! previsiblemente, puedan alterar tanto esas barreras como la oferta de otros competidores.
Artículo 16.­ Concentraciones
Se entiende por concentración la fusión la adquisición del control o cualquier otro acto en virtud del cual se concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital social, los fideicomisos o los activos en general, que se realicen entre competidores, proveedores, clientes u otros agentes económicos, con el objeto o efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia o la libre concurrencia, respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.
Artículo 17.­ Competencia desleal
c ) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exagedas en comparación con lo exiguo del beneficio.
Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en este artículo, para hacer valer sus derechos sólo pueden acudir a la vía judicial, por medio del procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que se realicen para proteger al consumidor, por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal en los términos del inciso b) del artículo 50 de esta Ley.
COMISION PARA PROMOVER LA COMPETENCIA
Artículo 18.­ Creación de la Comisión para promover la competencia
Se crea la Comisión para promover la competencia, como órgano de máxima desconcentración; estará adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Se encargará de conocer, de oficio o por denuncia. y sancionar, cuando proceda, todas las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado.
La instancia administrativa ante esta Comisión es obligatoria y de previo agotamiento para acudir a la vía judicial, salvo lo establecido en el articulo 17 de esta Ley.
Artículo 19.­ Integración de la Comisión y requisitos de sus miembros
Los suplentes ocuparán los cargos de los propietarios, en caso de ausencia temporal, impedimento o excusa, por eso deberán reunir los mismos requisitos que los propietarios. A las sesiones pueden concurrir los propietarios y los suplentes, pero sólo los titulares votarán.
Cuando a una sesión asistan el propietario y el suplente, éste tendrá derecho a voz y devengará media dieta.
Artículo 20.­ Causas de remoción
c) Culpabilidad declarada por la Comisión de un delito doloso. incluso en grado de tentativa.
d ) Falta de excusa en los casos previstos en el artículo 21 de esta Ley.
Artículo 21.­ Impedimento, excusa y recusación
Artículo 22.­ Quórum y votaciones
El quórum estará constituido por cuatro miembros. Las resoluciones deben dictarse con el voto concurrente de por lo menos tres de ellos. Quien no coincida, debe razonar su voto
Artículo 23.­ Unidad técnica de apoyo y asesoria externa
Artículo 24.­ Potestades de la Comisión
a) Velar porque los entes y los órganos de la Administración Pública cumplan con la obligación de racionalizar los procedimientos y los trámites que deban mantenerse; además, eliminar los innecesarios, según se dispone en los artículos 3 y 4 de esta Ley. En caso de incumplimiento, le compete recomendar al jerarca imponer las sanciones administrativas correspondientes a los funcionarios que cometan falta graves en el ejercicio de sus funciones.
b) Recomendar, a la Administración Publica, la regulación de precios y el establecimiento de restricciones que no sean arancelarias, cuando proceda de conformidad con los artículos 5 y 6 de esta Ley.
d) Sancionar los actos de restricción de la oferta estipulada en el artículo 33 de esta Ley, cuando lesionen, en forma refleja, la libre competencia en el mercado.
f) Cuando lo considere pertinente, emitir opinión en la materia de competencia y libre concurrencia, respecto de las leyes, los reglamentos, los acuerdos. Ias circulares y los demás actos administrativos. sin que tales criterios tengan ningún efecto jurídico. La Comisión no puede ser obligada a opinar.
A esta Comisión no le corresponde conocer de los actos de competencia desleal en los términos que establece el artículo 17 de esta Ley. Estos casos son del conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales competentes.
Artículo 25.­ Sanciones
c ) El pago de una multa, hasta por sesenta y cinco veces el monto del menor salario mínimo mensual, por haber declarado falsamente o haberle entregado información falsa a la Comisión para promover la competencia, con independencia de otras responsabilidades en que incurra.
f) El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el monto del menor salario mínimo mensual, por haber incurlido en alguna práctica monopolística relativa.
En el caso de las infracciones mencionadas en los incisos del e) al h) de este artículo, a juicio de la Comisión para promover la competencia, revistan gravedad particular, esta Comisión puede imponer como sanción una multa equivalente al diez por ciento ( 10 %) de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior o una hasta por el diez por ciento (10%) del valor de los activos del infractor. De esas dos multas se impondrá la que resulte más alta.
Si el infractor se niega a pagar la suma establecida por la Comisión para promover la competencia, mencionado en los incisos d) a h) de este artículo, la Comisión certificará el adeudo, que constituye título ejecutivo, a fin de que, con base en él, se plantee el proceso de ejecución en vía judicial, en los términos que se dispone en el Código Procesal Civil
Artículo 26.­ Criterios de valoración
Artículo 27.­ Caducidad de la acción
Artículo 28.­ Sujetos
Artículo 29.­ Derechos del consumidor
Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones internacionales de las que Costa Rica sea parte, legislación interna ordinaria, reglamentos, principios generales de derecho, usos y costumbres, son derechos fundarnentales e irrenunciables del consumidor, los siguientes:
b) La protección de sus legitimos intereses económicos y sociales.
Artículo 30.­ Funciones del Poder Ejecutivo
c ) Fomentar y promover las organizaciones de consumidores y garantizar su participación en los procesos de decisión y reclamo, en torno a cuestiones que afectan sus intereses.
d ) Garantizar el acceso a mecanismos efectivos y ágiles de tutela administrativa y judicial, para defender los derechos y los intereses legítimos de los consumidores.
Artículo 31.­ Obligaciones del comerciante
Son obligaciones del comerciante y el productor, con el consumidor las siguientes:
a ) Respetar las condiciones de la contratación.
b ) Informar, clara. veraz y suficientemente, al consumidor. de todos los elementos que incidan directamente en su decisión de consumo. Debe informar sobre la naturaleza, la composición, el contenido, el peso, cuando corresponda, las características de los bienes y servicios, el precio al contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del producto, la góndola o el anaquel del establecimiento comercial y sobre cualquier otro dato determinante. Cuando el producto que se vende o el servicio que se presta se pague al crédito, debe indicarse siempre, en forma visible, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley, el plazo, la tasa de interés anual sobre saldos, la base, las comisiones y la persona física o jurídica que brinda el financiamiento, si es un tercero.
c) Ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de esta Ley.
e ) Informar al consumidor si las partes o los repuestos utilizados en reparaciones son usados. Si no existe advertencia sobre el particular, tales bienes se consideran nuevos.
f) Informar cuando no existan en el país selvicios técnicos de reparación o repuestos para un bien determinado.
g) Garantizar todo bien o servicio que se of rezca al consumidor, de conformidad con el artículo 40 de esta Ley.
l) Cumplir con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37 38, 39, 40 y 41 de esta Ley.
ñ) Extender la factura o el comprobante de compra, donde conste, en forma clara, la identificación de los bienes o servicios, así como el precio efectivamente cobrado. En los casos de ventas masivas se faculta al Ministerio de Economía, Industria y Comercio para autorizar el establecimiento de otros sistemas mediante los cuales se compruebe la compra.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones enumeradas en este artículo, faculta al interesado para acudir a la Comisión Nacional del Consumidor creada en esta Ley, o a los órganos jurisdiccionales competentes y para hacer valer sus derechos. en los términos que señala el artículo 43 de la presente Ley.
Artículo 32.­ Régimen de responsabilidad
El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos.
Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o. en su caso los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor.
Artículo 33.­ Prohibiciones
c) Se ofrezcan o se vendan bienes o servicios, en los diversos niveles de la comercialización, a precios superiores a los regulados u ofrecidos de conformidad con los artículos 5; 31, inciso b); 34 y 38 de esta Ley (especulación).
d ) Se niegue a proveer un producto o prestar un servicio, o cuando lo ofrezca o lo preste en forma irregular o dilatoria, salvo que medie justa causa, debidamente comprobada por el comerciante o productor (discriminación al consumo).
Artículo 34.­ Oferta, promoción y publicidad
Al productor o al comerciante que, en la oferta, la promoción, la publicidad o la información, incumpla con las exigencias previstas en este artículo, se le debe obligar a rectificar la publicidad, costearla y divulgar la información veraz u omitida por el mismo medio y forma antes empleados.
Artículo 35.­ Indeterminación de la especie y la calidad
Artículo 36.­ Bienes usados y reconstruidos
Artículo 37.­ Ventas a domicilio
Artículo 38.­ Promociones y ofertas especiales
Artículo 39.­ Cláusulas abusivas en contratos de adhesión
La eficacia de las condiciones generales en los contratos de adhesión está sujeta al conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o a la posibilidad cierta de haber tenido ese conocimiento con una diligencia ordinaria.
e) Faculten al predisponente para rescindir unilateralmente el contrato, modificar sus condiciones suspender su ejecución, revocar o limitar cualquier derecho del adherente, nacido del contrato, excepto cuando tal rescisión, modificación, suspensión, revocación o limitación esté condicionada al incumplimiento imputable al último.
Artículo 40.­ Garantía
Todo bien que se venda o servicio que se preste debe estar implícitamente garantizado en cuanto al cumplimiento de estándares de calidad y los requerimientos técnicos que, por razones de salud, medio ambiente y seguridad, establezcan las leyes, los reglamentos y las normas respectivas, dictadas por la Administración Pública.
Los consumidores tienen hasta treinta días, contados a partir de la entrega del bien o de la prestación del servicio, para hacer valer la garantía ante la Comisión para promover la competencia. Si se trata de daños ocultos del bien que no se hayan advertido expresamente, el plazo comienza a correr a partir del momento en que se conocieron esos daños. Si el contrato entre las partes establece plazos mayores, estos prevalecen .
Artículo 41.­ Ventas a plazo
Las ventas a plazo de bienes, tales como bienes inmuebles, apartamentos y casas, la prestación futura de servicios, tales como las ventas de clubes de viaje, acciones, títulos y derechos que den participación a los consumidores como dueños, socios o asociados y los proyectos futuros de desarrollo, como centros sociales y turísticos, urbanizaciones, explotación de actividades industriales, agropecuarias y comerciales, deben cumplir con lo establecido en este artículo siempre que concurran las siguientes condiciones:
c ) Que la realización de ese hecho futuro, en los términos ofrecidos y pactados, dependa de la persona física o de la entidad, de hecho o de derecho, según el caso, que debe entregar el bien, prestar el servicio o colocar a los consumidores en ejercicio del derecho en el proyecto futuro.
Antes de su ofrecimiento público o generalizado, los planes de las ventas a plazo, en los términos y condiciones indicados en el párrafo anterior, deben ser autorizados, de acuerdo con la materia de que se trate, por la oficina o la entidad competente que se señale en el Reglamento de esta Ley, según los usos, las costumbres mercantiles y, en particular, la necesidad cle proteger al consumidor. Antes de autorizar la ejecución del plan de ventas a plazo, en los términos expresados en este artículo, aquél debe inscribirse ante las oficinas o las entidades competentes, cumpliendo con los siguientes requisitos:
c) Demostración de la solvencia económica de los responsables del plan. Si no se comprueba satisfactoriamente esta solvencia, debe rendirse garantía o caución suficiente para responder si se incumplen los términos que se expresen en el Reglamento de esta Ley, a juicio de la oficina o ente que inscriba el plan.
Artículo 42.­ Verificación en el mercado
Estas labores pueden realizarlas las personas o los organismos acreditados en los términos establecidos en el articulo 8 de esta Ley.
Artículo 43.­ Acceso a la vía judicial
Para hacer valer sus derechos, el consumidor puede acudir a la vía administrativa o a la judicial, sin que éstas se excluyan entre sí, excepto si se opta por la vía judicial.
Los procesos que se entablen para reclamar la anulación de contratos de adhesión o de resarcimiento de daños y perjuicios en virtud de violaciones a esta Ley, para los cuales la Comisión Nacional del Consumidor no tiene competencia, serán conocidos sólo por los órganos jurisdiccionales competentes, de conformidad con este artículo.
Artículo 44.­ Creación de la Comisión nacional del consumidor
Artículo 4.­ Integración de la Comisión nacional del consumidor y requisitos de sus miembros
Artículo 46.­ Quórum y votaciones
Artículo 47.­ Causas de remoción
c) Declaratoria de culpabilidad por lacomisión de cualquier delito doloso, incluso en grado de tentativa.
d) Falta de excusa en los casos previstos en el artículo 48 de esta Ley.
Artículo 48.­ lmpedimento, excusa y recusación
Son motivos de impedimento, excusa o recusación, los establecidos en el capítulo V del Titulo I del Código de Procedimientos Civiles. El procedimiento por seguir en los casos anteriores es el establecido en ese Código.
Artículo 49.­ Unidad técnica de apoyo y asesoría externa
Artículo 50.­ Potestades de la Comisión nacional del consumidor
d) Ordenar la suspensión del plan de ventas a plazo o de prestación futura de servicios, cuando se viole lo prescrito en el artículo 41 de esta Ley. La parte dispositiva de la resolucin debe publicarse para que sea del conocimiento general.
f) Trasladar, al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, todas las prácticas que configuren los delitos perjudiciales para el consumidor, establecidos en el artículo 60 de esta Ley.
La Comisión nacional del consumidor no tiene competencia para conocer de la anulación de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, conforme al artículo 39 de esta Ley, ni del resarcimiento de daños y perjuicios. Estos casos deben ser conocidos sólo por los órganos jurisdiccionales competentes .
Artículo 51.­ Legitimación procesal
Artículo 52.­ Conciliación
Antes del inicio forrnal del procedimiento y cuando se trate de intereses puramente patrimoniales, la Unidad técnica de apoyo de la Comisión nacional del consumidor debe convocar a una audiencia de conciliación a las partes en conflicto. En casos extraordinarios y según se autorice en el Reglamento, las partes pueden realizar sus presentaciones por cualquier medio que lo permita.
En el acta correspondiente, que deben firmar las partes y el funcionario, se debe dejar constancia de todo acuerdo al que lleguen. En el mismo acto, el funcionario debe aprobar el arreglo, salvo cuando sea contrario a la ley. Este arreglo tendrá la misma eficacia de la resolución de la Comisión para promover la competencia en los términos del artículo 61 de esta Ley, pero sin recurso ulterior.
De no lograrse un acuerdo durante la audiencia de conciliación o si las partes no se presentan a ella, se debe iniciar el procedimiento indicado en el artículo 53 de esta Ley.
Artículo 53.­ Procedimiento
La acción ante la Comisión nacional del consumidor sólo puede iniciarse en virtud de una denuncia de cualquier consumidor o persona, sin que sea necesariamente el agraviado por el hecho que denuncia. Las denuncias no están sujetas a formalidades ni se requiere autenticación de la firma del denunciante. Pueden plantearse personalmente, ante la Comisión nacional del consumidor, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación escrito.
La Comisión nacional del consumidor siempre evacuará. con prioridad, las denuncias relacionadas con los bienes y los servicios consumidos por la población de menores ingresos. ya sea los incluidos en la canasta de bienes y servicios establecida por el Poder Ejecutivo o, en su defecto, los considerados para calcular el índice de precios al consumidor. En este caso, se atenderán con mayor celeridad las denuncias de bienes incluidos en los subgrupos alimentación y vivienda de ese índice.
La acción para denunciar caduca en un plazo de dos meses desde el acaecimiento de la falta o desde que ésta se conoció, salvo para los hechos continuados, en cuyo caso, comienza a correr a partir del último hecho.
La Comisión nacional del consumidor dentro de los diez días posteriores al recibo del expediente, si por medio de la Unidad técnica de apoyo, no ordena prueba para mejor resolver, debe dictar la resolución final y notificarla a las partes. Si ordena nuevas pruebas, el término citado correrá a partir de la evacuación de ellas.
Artículo 54.­ Sanciones
La Comisión nacional del consumidor debe conocer y sancionar las infracciones administrativas cometidas en materia de consumo, estipuladas en esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil correspondiente.
a) De una a cinco veces el menor salario mínimo mensual establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, por las infracciones indicadas en los incisos d), e), f ), j ) y n) del artículo 31 y en el artículo 35 de esta Ley.
b) De cinco a veinte veces el menor salario mínimo mensual establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, por las infracciones mencionadas en los incisos b), h), i), k) y m) del artículo 31 de la presente Ley.
Se debe aplicar el máximo de la sanción administrativa indicada en el párrafo anterior cuando, de la infracción a la presente Ley, se deriven daños para la salud, la seguridad o el medio ambiente, que ejerzan un efecto adverso sobre uno o más consumidores.
Artículo 55.­ Arbitraje
En cualquier momento y de común acuerdo, las partes pueden someter su diferendo de forma definitiva, ante un árbitro o tribunal arbitral, para lo cual deben cubrir los gastos que se originen.
Las partes pueden escoger al árbitro o al tribunal arbitral de una lista­registro que, al efecto, debe llevar la Comisión nacional del consumidor. Los árbitros pueden cobrar honorarios por sus servicios.
Artículo 56.­ Criterios de valoración
Artículo 57.­ Publicidad de la sanción
Artículo 58.­ Medidas cautelares
Como medida cautelar, la Comisión nacional del consumidor puede ordenar el congelamiento de bienes o la sus pensión de servicios, según corresponda, ante el indicio claro de la existencia de mercadería dañada, adulterada, vencida, ofrecida a un precio superior al permitido o acaparada que, de alguna manera, pueda perjudicar gravemente al consumidor o engañarlo.
Cumplido ese trámite, la Comisión nacional del consumidor, mediante resolución fundada, debe resolver si procede o no el decomiso de los bienes. En el caso de la suspensión de servicios, en el mismo plazo puede ordenar que ésta se mantenga hasta que el asunto no se resuelva finalmente en su sede.
Artículo 59.­ Pago de gastos
Artículo 60.­ Delitos en perjuicio del consumidor
Se reprimirá con la pena prevista en el artículo 216 del Código Penal, tipificado como "estafa", a quien debiendo entregar un bien o prestar un servicio, ofrecido públicamente en los términos de los artículos 31, 34 y 38 de esta Ley, no lo realice en las condiciones pactadas, sino que se valga de un engaño o cualquier otra acción manipuladora.
En esos casos. la Comisión nacional del consumidor debe remitir el expediente a los órganos jurisdiccionales penales, de conformidad con el inciso f) del artículo 50 de la presente ley.
Artículo 61.- Resoluciones de la Comisión para promover la competencia y de la Comisión nacional del consumidor
Las resoluciones finales, emanadas de la Comisión para promover la competencia y de la Comisión nacional del consumidor, deben reunir los requisitos establecidos en los artículos 128 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Asimismo, la notificación debe realizarse en debida forma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 245 de esa misma Ley.
Agotada la vía administrativa, las resoluciones finales podrán impugnarse directamente por ilegalidad, ante la jurisdicción contencioso administrativa, según el procedimiento que se detalla en el artículo 62 de esta Ley.
Las resoluciones dictadas por ambas Comisiones se ejecutarán desde que se notifiquen, excepto que contra ellas proceda la suspensión de sus efectos, en los términos y las condiciones establecidos en el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública.
Artículo 62.­ Procedimiento contencioso adminitrativo abreviado
Se agrega el artículo 83 bis a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, No. 3667 del 12 de marzo de 1966, cuyo texto dirá:
"Artículo 83 bis.­Cuando la impugnación tenga por objeto cualquier acto emanado de la Comisión para promover la competencia o de la Comisión nacional del consumidor, en las materias atribuidas a ellas en la Ley de Promnción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el procedimiento se ajustará a lo siguiente:
a) El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda, conocerá de esa impugnación.
b) El plazo para interponer la acción será de un mes contado a partir de la notificación del acto final.
c)El escrito de interposición deberá acompañarse con una copia certificada de la resolución final que se impugna.
d) El expediente administrativo deberá remitirse en el plazo único de cinco días. so pena de apercibimiento de apremio corporal.
e) Los plazos de formalización de la demanda y la contestación serán de diez días.
f)Las defensas previas deberán invocarse en el escrito de la contestación de la demanda.
g) El plazo para evacuar la prueba, que habrá de ofrecerse en los escritos de demanda y contestación, será de diez días.
h) Contra las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo, Seccion Segunda, cabrá recurso de segunda instancia ante la Seccinn Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo"
Artículo 63.­ Ejecución de sentencia
En la materia de ejecución de sentencias, se observarán las siguientes reglas, según corresponda:
a) Si en la sentencia judicial se condena al Estado al pago de daños y perjuicios, la ejecución respectiva deberá realizarse conforme a los artículos 76 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
b) Si de la sentencia judicial se deriva la obligación del pago por concepto de daños y perjuicios, cuya satisfacción deba ser realizada por particulares, se ejecutará de conformidad con el Código Procesal Civil y en particular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 692 y siguientes de este cuerpo normativo.
Artículo 64.­ Documentos e información
La negativa de entrega, la falsedad o la inclusión de datos inexactos o incompletos, en los documentos requeridos, debe ser sancionada como falta grave por las respectivas comisiones, según proceda. Cuando las faltas se cometan en virtud de la solicitud formulada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, éste remitirá esos documentos a la comisión competente para la sanción.
Las facturas de las ventas a mayoristas deben consignar el nombre del vendedor y del comprador, sus respectivos números de cédula, de persona física o jurídica, así como la identíficación de los productos o los servicios transados.
Artículo 65.­ Desobediencia
Las resoluciones o las órdenes dictadas por la Comisión para promover la competencia y la Comisión nacional del consumidor, en el ámbito de sus competencias, que no sean observadas ni cumplidas dentro de los plazos correspondientes establecidos por esos órganos, constituyen la comisión del delito previsto en el artículo 295 del Código Penal. En tales circunstancias, los citados órganos deben proceder a testimoniar piezas, con el propósito de sustentar la denuncia ante el Ministerio Público para los fines correspondientes.
Artículo 66.­ Transferencias de recursos
Artículo 67.­ Interpretación
Artículo 68.­ Supletoriedad de la Ley General de la Administración Pública
Artículo 69.­ Alcance
La presente Ley no será aplicable a las municipalidades, tanto en su régimen interno. cómo en sus relaciones con terceros.
Artículo 70.­ Derogaciones
Quedan sin efecto las funciones y potestades de regulación del comercio y, en particular. para otorgar licencias de importación o exportación, fijar cuotas y otorgar autorizaciones a una actividad económica, en los siguientes casos:
a.­ Ley de Fomento de la Producción de Cabuya, No. 7153, del 29 de junio de 1993.
b. ­ Ley de Fomento Avícola, No. 4981 del 26 de mayo de 1972 y sus reformas.
c.­ Ley de Fomento a la Actividad Porcina, No.6433, del 22 de mayo de 1978 y sus reformas.
d.­ Ley de Fomento Salinero, No. 6080, del 30 de agosto de 1977.
Además, se derogan las siguientes normas
a.­ El inciso a) del artículo 9, los incisos b), j), y k) del artículo 10 y los artículos 32, 33 y 34 de la Ley de Creación de la Oficina del Arroz, No. 7014, del 14 de noviembre de 1985.
b.­ Los incisos c) y d) del artículo 443 del Código Fiscal, Ley No. 8, del 31 de octubre de 1885 y sus reformas, en lo que a licencias de exportación de alcoholes se refiere.
c.­ Los incisos a), b) y q) del artículo 4 de la Ley Reguladora de las relaciones entre productores e industriales de tabaco, No. 2072, del 15 de noviembre de 1956 y sus reformas.
d.­ El párrafo segundo del artículo 7, párrafos 1 y 3 del artículo 8, artículo 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 en cuanto a lo que a permisos de exportación se refiere.y el 18 de la Ley de Ganado, No. 6247, del 2 de mayo de 1978.
e.­ El inciso f) del artículo 20 de la Ley de Semillas, No. 6289, del 04 de diciembre de 1978.
f.­ El artículo 32 de la Ley de Salud Animal, No. 6243, del 2 de mayo de 1978.
g. ­ Los apartes 8.A y 14.B del anexo 4 y el artículo 10 de la Ley No.7134, del 5 de octubre de 1989, en lo que a licencias de importación de arroz, frijoles y maíz blanco se refiere.
h.­ El inciso d) y el párrafo segundo in fine del artículo 361 del Código de Comercio, en lo que se refiere a la inscripción de las licencias de representantes de casas extranjeras en el Registro Mercantil y los artículos 362 y 364 del Código de Comercio.
i.­ Los artículos 2, 6,7, 8,9 y 10, en lo que se refiere al título­licencia de la agencia de viajes y los artículos 11, 12, inciso e) y h), 17, 18, 21 in fine,22, 23 y 24 de la Ley Reguladora de las Agencias de Viajes, del 23 de agosto de 1973.
j.­ La Ley de Protección al Consumidor, No. 5665, del 29 de febrero de 1975.
Artículo 71.­ Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley dentro del término de seis meses, contados a partir de su vigencia.
Artículo 72.­ Vigencia
TRANSlTORIOS
Transitorio I.­ Todos los entes y los órganos de la Administración Pública tienen el plazo de un año, a partir de la vigencia de esta Ley, para realizar los análisis costo­beneficio de los trámites y los requisitos mencionados en el artículo 4, con el fin de eliminar los innecesarios y agilizar los que deban mantenerse.
Dentro del:plazo previsto en el párrafo anterior, los jerarcas de los entes y los órganos de la Administración Pública deben comunicar,a laComisión para promover la competencia, el resultado del estudio y los cambios realizados, so pena de incurrir en falta grave en el desempeño de sus funciones y de ser declarados responsables, de conformidad con los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, la obligación se mantiene si dentro de ese plazo no se cumple con lo estipulado allí .
Transitorio II.­ Unicamente para el primer período, dos de los cinco miembros de la Comisión para promover la competencia cesarán en sus funciones después de dos años de haberlas iniciado, en virtud del sorteo que se realice. A partir de esta misma fecha se procederá a nombrar los dos nuevos propietarios, por el período mencionado en el artículo 19 de esta Ley. Los tres restantes continuarán en sus cargos durante el período para el cual fueron designados. El mismo procedimiento se seguirá para dos de los tres miembros de la Comisión nacional del consumidor, quienes, en la misma fecha, cesarán en sus cargos y deberán nombrarse sus sustitutos. El tercer miembro continuará en funciones durante el período para el cual fue nombrado, de conformidad con el artículo 45 de esta Ley.
Transitorio III.­ Se autoriza al Poder Ejecutivo para trasladar personal del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y de otras instituciones y ministerios, en este último caso siempre que medie anuencia de los servidores, a fin de integrarlas unidades técnicas de apoyo y las áreas administrativas de la Comisión para promover la competencia y la Comisión nacional del consumidor, creadas en esta Ley, quienes conservarán todos sus derechos laborales y las situaciones jurídicas consolidadas.
Transitorio IV.­ El Ministerio de Educación Pública, dentro del plazo de un año desde la promulgación de esta Ley, debe adecuar los planes de estudio en el primero, segundo y tercer ciclos, incluyendo como contenido el tema: "Los derechos del consumidor", estipulados en el Capítulo V de esta misma Ley.
ASAMBLEA LEGISLATIVA .--San José, a los diecinueve días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Alberto F. Cañas, Presidente.-Juan Luis Jiménez Succar, Primer Secretario. -Mario A. Alvarez G. Segundo Secretario.
JOSE MARÍA FIGUERES OLSEN -El Ministro de Economía, Industria y Comercio, Marco A. Vargas D.
(Publicada en La Gaceta No. 14 del 19 de enero de 1995).

References: Artículo 1

Artículo 3
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Artículo 4

Artículo 5
 resolución 

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 42

Artículo 9

Artículo 10
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Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
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Artículo 18

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Artículo 20
 artículo 21

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Artículo 22

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Artículo 24
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Artículo 49

Artículo 50
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Artículo 51

Artículo 52
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 artículo 61
 artículo 53

Artículo 53
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Artículo 54
 artículo 31
 artículo 35
 artículo 31

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58
 resolución 

Artículo 59

Artículo 60
 artículo 216
 artículo 50

Artículo 61
 artículo 245
 artículo 62
 artículo 148

Artículo 62
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Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65
 artículo 295

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 443
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 20
 artículo 32
 artículo 10
in fine
 artículo 361
in fine

Artículo 71

Artículo 72
 artículo 4
 artículo 19
 artículo 45