Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/925
Timestamp: 2019-01-16 15:24:15+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 193/1987
SENTENCIA 193/1987, de 9 de diciembre
ECLI:ES:TC:1987:193
En el recurso de amparo núm.385/86, promovido por don José Ramón Rodríguez-Sabugo Fernández, en su propio nombre, contra Orden del Ministerio de Administración Territorial, confirmada por Sentencia de la Audiencia Nacional, sobre nombramiento de Secretarios de Administración Local. Han comparecido en este proceso, además del Ministerio Fiscal, el Letrado del Estado don Alejandro Díez Tristán, en su propio nombre, y el Procurador don Francisco Alvarez del Valle García, en representación del Ayuntamiento de León. Ha sido Ponente el Magistrado don Carlos de la Vega Benayas, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito que tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el 9 de abril de 1986, don José Ramón Rodríguez-Sabugo Fernández, en su propio nombre, interpuso recurso de amparo contra Orden del Ministerio de Administración Territorial de 30 de junio de 1983, por la que se otorgan nombramientos de Secretario de Administración Local.
2. Convocado concurso de traslado de Secretarios de Administración Local de primera categoría, fue resuelto por la Orden hoy impugnada, que no nombra al recurrente para ninguna de las plazas por él solicitadas y, en concreto, para la del Ayuntamiento de León, para la que se nombró a otro funcionario con menor puntuación en el escalafón, don Alejandro Díez Tristán, que hasta entonces ocupaba la de Oficial Mayor del citado Ayuntamiento. Dicho nombramiento se realizó en virtud del Real Decreto 642/1981, de 27 de marzo, y conforme a los arts. 196, 197 y 198 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local, a que se remite el art. 72 del Real Decreto 3.046/1977, de 5 de octubre, que aprueba el Texto Refundido Parcial de la Ley de Bases de Régimen Local de 1975, es decir, por el régimen de nombramiento discrecional dentro de una terna formada por los funcionarios con mayor puntuación solicitantes de la vacante. En el presente caso el funcionario nombrado ocupaba el tercer lugar de la terna por orden de puntuación, mientras que el recurrente ocupaba el primero, pero aquél fue propuesto por la Corporación Municipal de León, aceptando la propuesta el Ministerio de Administración Territorial.
En consecuencia solicita el recurrente de este Tribunal que tenga por formalizada la demanda contra la Orden del Ministerio de Administración Territorial de 30 de junio de 1983 mencionada y contra la Resolución que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la misma, estimando que la legislación en que se basó el concurso de traslado no es conforme a los arts. 14 y 23.2 de la C.E., y declare el derecho del recurrente a ser nombrado Secretario del Ayuntamiento de León.
7. Por providencia de 10 de septiembre de 1986 se tuvieron por recibidas las actuaciones remitidas por el Ministerio de Administración Territorial y la Audiencia Nacional, así como por personados y parte al Letrado del Estado y a don Alejandro Díez Tristán, este último una vez que confirmara su condición de Licenciado en Derecho, lo que realizó a continuación, concediendo a ambos, así como al Ministerio Fiscal y al recurrente, el plazo común de veinte días para alegaciones, a que se refiere el art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Personado posteriormente el Procurador don Francisco Alvarez del Valle García, en nombre del Ayuntamiento de León, solicitando se le tuviera por parte, la Sección acordó, por providencia de 8 de octubre de 1986, tenerle por personado, concediéndose el plazo de once días pendiente desde la última notificación a las demás partes en la fecha de presentación de su escrito de personación, para que pudiera presentar sus alegaciones.
8. El 3 de octubre de 1986 presentó las suyas don Alejandro Díez Tristán, Secretario general del Ayuntamiento de León. Estima el mismo que sólo puede alegarse una violación del principio de igualdad cuando, ante situaciones iguales, dos personas son tratadas de diferente manera sin justificación objetiva y suficiente para ello. Y esto no ocurre en el presente caso, pues el recurrente fue sometido al cumplimiento de unas reglas comunes a todos los candidatos en el concurso de referencia, que fueron aplicadas escrupulosamente, como el propio recurrente reconoce. Lo que pasa es que en el momento de la decisión entran en juego factores que rompen esa situación de igualdad, al permitir la norma que, a la puntuación estricta del escalafón, se unan otros criterios, dentro siempre de unos límites muy concretos y reducidos, con la finalidad de cohonestar los derechos de los funcionarios con la autonomía de las Corporaciones para seleccionar a quienes consideren más idóneos para el desempeño del puesto. Esta matización o corrección del automatismo, permitida y querida por el legislador, en función de los criterios que las Corporaciones tengan sobre unos u otros funcionarios, es lo que justifica precisamente la elección posible del segundo o tercero de la terna, en virtud de las facultades discrecionales que la norma concede a la Dirección General de la Administración Local, que, como un criterio más de selección, juega con el informe que las Corporaciones facilitan sobre funcionarios que, generalmente, como ocurre en el presente caso, mantienen muy escasas diferencias en la puntuación escalafonal. Con ello no se conculca la aplicación de los principios de mérito y capacidad para el acceso a los cargos públicos, sino que se conjugan estos principios con las constantes reivindicaciones de las Corporaciones para poder seleccionar los funcionarios más idóneos, en aplicación del principio de autonomía que la Constitución les reconoce. Esta misma necesidad, que en su día dio lugar al sistema de ternas, permanece hoy en el art. 99 y siguientes de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, que concede a las Corporaciones la posibilidad de señalar baremos específicos con una influencia en la puntuación de hasta un 25 por 100, lo que seguramente determina en mayor medida el resultado que el sistema de ternas.
Por último, resalta el señor Díez Tristán que el recurrente aceptó sin restricción alguna participar en el concurso conforme a unas normas que se respetaron escrupulosamente y que luego impugna al resultarle desfavorable, haciendo constar que la declaración de inconstitucionalidad de dichas normas afectaría a miles de funcionarios trasladados en virtud de las mismas.
12. El 27 de octubre se recibieron las alegaciones presentadas por la representación del Ayuntamiento de León. Refiere dicha representación que la diferencia entre las puntuaciones del recurrente y del nombrado Secretario General de la Corporación es tan sólo de 0,38250 puntos, con lo que, en definitiva, toda la incidencia del criterio municipal en el resultado se ha limitado a atribuir al señor Díez Tristán poco más de un tercio de punto, siendo de destacar también que la propuesta municipal se adoptó por unanimidad. Los criterios corporativos adoptados por unanimidad gozan de las imprescindibles garantías de objetividad e imparcialidad, por lo que los recelos del recurrente ni son de utilidad alguna ni pueden ser acogidos.
1. La cuestión planteada es la de si la Orden del Ministerio de Administración Territorial de 30 de junio de 1983, por la que se otorga nombramientos en propiedad para Secretarios de primera categoría, Interventores y Depositarios de Fondos de Administración Local, en el particular relativo al nombramiento de Secretario del Ayuntamiento de León, ha vulnerado o no los derechos fundamentales del recurrente reconocidos en los arts. 14 y 23.2 de la Constitución.
2. Cuestión previa es la del motivo de inadmisibilidad del recurso alegado implícitamente tanto por el Letrado del Estado como por la representación procesal del señor Díez Tristán, consistente en la extemporaneidad del mismo, por no haber impugnado en su día el recurrente las bases del concurso que la mencionada Orden vino a resolver, motivo de inadmisibilidad que en la actual fase del proceso sería de desestimación.
El concurso a que se contrae el presente proceso de amparo se resolvió por el Ministerio de Administración Territorial basándose en una terna propuesta por el Ayuntamiento de León en la que figuraba, en primer lugar, el señor Díez Tristán y, en tercer término, el señor Rodríguez-Sabugo, ahora demandante de amparo, terna en la que venía a expresar su preferencia la Corporación leonesa, alterando, por lo demás, el orden resultante de la puntuación otorgada a los candidatos según el baremo de méritos reglamentariamente establecido, orden en el que figuraba, precisamente, en primer lugar, el señor Rodríguez-Sabugo, y en el tercero, el señor Díez Tristán. Aceptando la propuesta del Ayuntamiento de León, el Ministerio nombró Secretario de esta Corporación a quien figuraba en primer lugar en la correspondiente terna. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 196 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local, de 30 de mayo de 1952 y 4 del Real Decreto 642/1981, de 27 de marzo, por el que se establece un régimen especial para la realización de concursos de traslados entre funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Administración Local.
Y ello porque la autonomía local consiste, fundamentalmente, en la capacidad de decidir libremente, entre varias opciones legalmente posibles, de acuerdo con un criterio de naturaleza esencialmente política (STC 4/1981, fundamento jurídico 3.°), mientras que la resolución de un concurso de méritos para cubrir una plaza vacante de funcionarios ha de hacerse de acuerdo con un criterio estrictamente técnico, valorando exclusivamente el mérito y la capacidad del aspirante a la plaza de que se trate, conforme establece el art. 103.3 de la Constitución. Criterio o juicio de naturaleza política en un caso, técnica en otros, opuestos entre sí, y emitidos, por lo demás, por órganos de carácter también diferente: un Ente o Corporación Local en primer caso, una Comisión o Tribunal, en el segundo.
Y es que, preciso es advertirlo, la preferencia a la que se refiere la normativa en la que se apoyó la propuesta en terna para cubrir la vacante de Secretario general del Ayuntamiento de León no se manifestó por un órgano de naturaleza técnica -un Tribunal o Comisión calificadora-, sino por un órgano de naturaleza política y, en concreto, por el Pleno de la Corporación mencionada. Sin que, por lo demás, sea relevante el que la referida preferencia, manifestada en la correspondiente terna elevada al Ministerio de Administración Territorial, obtuviera, si no la unanimidad, como afirma el señor Díez Tristán y el Ayuntamiento de León -dado que hubo abstenciones en la votación de la misma-, si la conformidad de los miembros de la Corporación, pues tal preferencia -que alteró completamente la terna, tal como se deducía de la aplicación estricta del baremo de méritos- sigue siendo el producto, insistimos, de la voluntad de un órgano de naturaleza política -el Pleno del Ayuntamiento- y no de naturaleza técnica.
No cabe oponer a ello (como se hace por el Ministerio Fiscal y las representaciones procesales del Ayuntamiento leonés y del señor Díez Tristán) que el sistema actualmente en vigor -contenido en los arts. 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 30.3 y 4, 34 y 35 del reciente Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional- es equiparable al sistema anterior de las ternas, y que ambos son manifestación del principio de autonomía local, ya que el sistema vigente lo único que permite a la Corporación Local es establecer con carácter previo a la convocatoria del concurso un baremo de méritos específicos, en un porcentaje ciertamente importante (el 25 por 100 del total), pero que no corresponde aplicar a la propia Corporación, en cuanto tal, sino al Tribunal o Comisión que ha de resolver, en cada caso, el oportuno concurso. Con lo que, como es obvio, es a un órgano que emite valoraciones o juicios estrictamente técnicos, al que corresponde aplicar, respecto de cada candidato o aspirante a cubrir la plaza de que se trate, el baremo previamente establecido con carácter general. Bien entendido, además, que es al citado Tribunal al que compete no sólo evaluar los méritos de los candidatos, sino también formular la propuesta de nombramiento al Ministerio, que procederá a realizarlo en favor del candidato con mejor calificación.
5. Volviendo al caso concreto, hay que señalar que el concurso para cubrir la plaza de Secretario del Ayuntamiento de León, resuelto por la Orden ministerial ahora impugnada, si bien se atuvo a la legislación entonces aplicable, y en este sentido el recurrente quedó sometido a las mismas reglas que los demás aspirantes, vulneró el derecho del ahora solicitante de amparo a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, consagrado en el art. 23.2 de la Constitución, en la medida en que permitió a la Corporación Local -como así ocurrió- alterar, a su voluntad, el criterio establecido objetivamente de acuerdo con el baremo de méritos fijado con carácter previo y general.
Estimar el amparo solicitado por don José Ramón Rodríguez-Sabugo Fernández, y en su virtud:
1.° Declarar la nulidad de la Orden del Ministerio de Administración Territorial de 30 de junio de 1983, por la que se efectúan nombramientos en propiedad para Secretarios de primera categoría, Intervención y Depositarias de Fondos de Administración Local, en el particular relativo al nombramiento de Secretario del Ayuntamiento de León.
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 309 ] 26/12/1987
Type and record number Recurso de amparo 385-1986
Descriptive Synthesis Contra Orden del Ministerio de Administración Territorial, confirmada por Sentencia de la Audiencia Nacional, sobre nombramiento de Secretarios de la Administración Local.
Analytical Synthesis Derecho a acceder a los cargos públicos
1. La resolución de un concurso de méritos para cubrir una plaza vacante de funcionarios ha de hacerse de acuerdo con un criterio estrictamente técnico, valorando exclusivamente el mérito y la capacidad del aspirante a la plaza de que se trate, conforme el artículo 103.3 de la Constitución.
2. El art. 23.2 C.E. «impone la obligación de no exigir para el acceso a la función pública requisito o condición alguna que no sea referible a los indicados conceptos de mérito y capacidad, de manera que pudieran considerarse también violatorios del principio de igualdad todos aquellos que, sin esa referencia, establezcan una desigualdad entre españoles» (STC 50/1986). El mencionado art. 23.2 introduce, así, un criterio igualatorio que constituye una garantía, reforzada por tratarse de un derecho fundamental del principio de imparcialidad de los funcionarios públicos proclamado en el art. 103.3, inherente por esencia al Estado de Derecho que la Constitución consagra.
3. El recurso de amparo es una vía de protección de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, frente a las violaciones concretas originadas por los poderes públicos, no un mecanismo de depuración abstracta de las disposiciones normativas en las que se basan los actos presuntamente lesivos de tales derechos y libertades, con lo que es abiertamente improcedente una declaración de nulidad de las disposiciones en cuestión con efectos «erga omnes», al margen y con independencia de la existencia o no de una lesión concreta y actual de un derecho fundamental. De ahí que, según ha declarado este Tribunal ( STC 167/1986), sea preciso notar el carácter esencialmente subjetivo de dicho recurso como vía de protección de derechos y libertades, procediendo el examen de la constitucionalidad de las disposiciones generales en este tipo de recurso sólo en cuanto «prius» necesario para determinar si se han violado derechos fundamentales protegibles en esta vía.
Artículo 30.3, f. 4
Autonomía municipalAutonomía municipal, f. 4
Impugnación indirecta de disposiciones de carácter generalImpugnación indirecta de disposiciones de carácter general, ff. 3, 4, 6
Acceso a la función públicaAcceso a la función pública, ff. 4, 5
Concurso de méritosConcurso de méritos, f. 4
Nombramiento de funcionarios públicosNombramiento de funcionarios públicos, f. 4

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 103

Artículo 30