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www.losgenoveses.net : Las otras noticias PPopulares nº 345 . Del 03 al 09 de Junio del 2006
( Del 03 AL 09 DE JUNIO 2006 )
1. RAJOY ANUNCIA QUE EL PP ROMPE TODA RELACIÓN EN MATERIA ANTITERRORISTA Y LE RETIRA SU APOYO (05/06/06)
2. ACEBES ACUSA AL GOBIERNO DE "ENTREGAR LAS LLAVES DEL ESTADO A LOS TERRORISTAS" Y AFIRMA QUE "EL PROYECTO DE ZAPATERO ES EL PROYECTO DE ETA" (05 y 06/06/06)
3. EL PP JUSTIFICA LA COMPARACIÓN QUE HIZO ACEBES ENTRE ZAPATERO Y ETA (06/06/06)
4. DE LA UNANIMIDAD EN EL APOYO AL GOBIERNO AL ENFRENTAMIENTO TOTAL (07/06/06)
5.LE FIGARO VE AL PP TOCADO POR LA TREGUA (07/06/06)
6. EL JUEZ ESTUDIA LAS DENUNCIAS CONTRA AZNAR POR EL BORRADO DE ARCHIVOS DE MONCLOA (05/06/06)
7. EL EX EMBAJADOR ESPAÑOL EN LA ONU ADMITE LA "TORPEZA" DEL PP AL ACHACAR EL 11-M A ETA (08/06/06)
8. CATALUÑA: UN CONCEJAL DEL PP DE LLEIDA DICE QUE VOTARÁ 'SÍ' AL ESTATUTO (07/06/06)
9. CATALUÑA: RETIRAN LA MEDALLA DE ORO A FRANCO, Y EL PP SE ABSTIENE (09/06/06)
10. GALICIA: VECINOS DE NIGRÁN SE PONEN EN PIE DE GUERRA CONTRA EL PLAN GENERAL DEL PP (03/06/06)
11. GALICIA: DOS DE LOS IMPUTADOS LOGRARON MÁS DE MIL CONTRATOS DE LA DIPUTACIÓN DE LUGO (03/06/06)
12. GALICIA: EL GOBIERNO DE XOVE ABANDONA EL PP POR SENTIRSE MARGINADO (03/06/06)
13. GALICIA: EL ALCALDE DE TOQUES (PP) SIGUE TENIENDO CITA EN LOS JUZGADOS, PESE A LO QUE SE NIEGA A DIMITIR (07/06/06)
14. ANDALUCÍA: TEÓFILA MARTÍNEZ ELUDE RESPONDER SOBRE SU AMISTAD CON RODRÍGUEZ DE CASTRO (06/06/06)
15. MADRID: AGUIRRE DENUNCIA UN "ESTATUTO MALÍSIMO PARA CATALUÑA" Y CRITICA A ZAPATERO POR NO PEDIR PERDÓN POR LOS CRÍMENES DE STALIN (06/06/06)
16. MADRID: EL DEFENSOR DEL PUEBLO ESTUDIARÁ EL PELOTAZO DE AGUIRRE (07/06/06)
17. MADRID: UN INFORME DEL COLEGIO DE MÉDICOS CONCLUYE QUE NO SE PUEDEN ATRIBUIR LAS MUERTES A LA SEDACIÓN (03/06/06)
18. MADRID: LOSANTOS INSULTA A GALLARDÓN Y SUS COMPAÑEROS NO SE SOLIDARIZAN CON EL ALCALDE. (09/06/06)
19. MADRID: EL 70% DE LAS OBRAS DEL RECONSTRUIDO PALACIO DE LOS DEPORTES FUE ADJUDICADO A DEDO (08/06/06)
20. MADRID: EL PP REGIONAL ARREMETE CONTRA LA CONCEJAL DE CULTURA POR IR A LA PROTESTA DEL TEATRO ALBÉNIZ (07/06/06)
21. MADRID: UN CONSEJERO DEL CES DE MADRID, EL INEFABLE DE MIGUEL, SENTENCIA: "EL AUMENTO DE LA INMIGRACIÓN PUEDE LEGITIMAR LAS ABLACIONES" (05/06/06)
22. COMUNIDAD VALENCIANA: EL JUEZ SE DESDICE Y ADMITE INVESTIGAR EL DELITO DE FALSEDAD EN EL 'CASO TERRA MÍTICA' (04/06/06)
23. COMUNIDAD VALENCIANA: DOS IMPUTADOS EN EL 'CASO TERRA MÍTICA' DAN AL JUEZ DETALLES DE LA TRAMA DE FACTURAS (07/06/06)
24. COMUNIDAD VALENCIANA: EL FISCAL ARCHIVA LA DENUNCIA DEL PP SOBRE LAS GRABACIONES DE TERRA MÍTICA (09/06/06)
25. COMUNIDAD VALENCIANA: LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN ABRE LA POSIBILIDAD DE IMPUTAR A FABRA UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA (08/06/06)
26. COMUNIDAD VALENCIANA EL FISCAL DEL 'CASO FABRA' TUVO CARGOS DE CONFIANZA CON DOS MINISTROS DEL PP (09/06/06)
27. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE TORREVIEJA RECALIFICÓ SUELO PROTEGIDO AL PROMOTOR QUE LE COMPRÓ LA FINCA (07/06/06)
28. ISLAS BALEARES: CASO ´SES SALINES´. LA ACUSACIÓN PIDE NUEVOS TESTIMONIOS A PARTIR DE LAS DECLARACIONES DE LOS ALCALDES DEL PP (03/06/06)
29. ISLAS CANARIAS: EL ‘CASO EÓLICO’ AFECTA A FAMILIARES PRESIDENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO POPULAR (07/06/06)
30. CASTILLA Y LEÓN: EL SEGUNDO CESE DE UN ALTO CARGO EN SEIS DÍAS SUME A SANIDAD DE LA COMUNIDAD EN SU MAYOR CRISIS POLÍTICA (09/06/06)
31. CASTILLA Y LEÓN: UN ALCALDE DEL PP SE ENFRENTA A SEIS AÑOS DE PRISIÓN, ACUSADO ENGAÑAR A UNO DE SUS SOCIOS (09/06/06)
32. CASTILLA-LA MANCHA: LA CUNERA DE COSPEDAL, NUEVA PRESIDENTA DEL PP EN CASTILLA-LA MANCHA (04/06/06)
33. REGIÓN DE MURCIA: CIUDADANOS DE MURCIA, CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA (07/06/06)
En su intervención ante el Pleno del Congreso para defender la propuesta de resolución del PP en contra del actual proceso de paz y de la política antiterrorista que está desarrollando el Gobierno, Mariano Rajoy anunció que su partido rompe toda relación con el Gobierno y le retira su apoyo. Sin embargo, Rajoy luego ha matizado que la ruptura es sólo en materia antiterrorista. Finalmente, la propuesta del PP fue rechazada por todos los demás grupos parlamentarios. La moción, que contó con 144 votos a favor —los del PP— y 193 en contra señalaba que "no cabe iniciar ningún diálogo político" con Batasuna y que la desaparición de ETA es "condición previa a cualquier otra iniciativa".En relación con la entrevista de los socialistas vascos con Batasuna, el presidente del PP ha llegado a decir: "Si semejante reunión se realiza acarreará consecuencias muy graves: compartir con ETA el diseño del futuro de España". "Hemos visto muchas cosas y ninguna tranquilizadora", dijo Rajoy para dar paso a una serie de acusaciones en las que supuestos movimientos secretos del Gobierno se daban por ciertos, llegando incluso a señalar el precio político que se va a pagar a los terroristas: la anexión de Navarra, la libertad de los presos de ETA y la derogación de la Ley de Partidos y el final del Pacto Antiterrorista.La intervención que Rajoy leyó desde la tribuna de oradores estaba orientada a justificar la ruptura de su partido con el Gobierno en la búsqueda del fin de la violencia terrorista de ETA. El presidente del PP ha pintado un panorama lleno de deslealtades, mentiras y dobles juegos del presidente del Gobierno. Ha acusado a Zapatero de haber pactado una "hoja de ruta" con los terroristas, de mentir cuando dijo que no pagaría precio político a ETA y de buscar con la mesa de partidos el pago de las contrapartidas políticas al abandono de las armas por parte de ETA. En respuesta a las acusaciones de Rajoy sobre la forma en la que está llevando el Gobierno este proceso, el presidente recordó la forma en que había gestionado el Gobierno del PP la anterior tregua de ETA y la información que había facilitado a quienes entonces estaban en la oposición. Sobre las acusaciones de los dirigentes del PP en los últimos días, en una clara alusión a las manifestaciones de Acebes, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero dijo: "Estoy dispuesto a olvidarlo, porque sé que eso es lo que quiere la inmensa mayoría de los españoles".
"Han entregado las llaves del Estado de Derecho a Batasuna, que es tanto como entregarlas a los terroristas y esto es tremendo". Para el secretario general del PP, Angel Acebes, esa frase es la consigna de este fin de semana. La ha pronunciado en un acto de partido en Marbella, este sábado por la mañana, dando un paso más hacia una ruptura –casi evidente ya- de cualquier puente de colaboración entre el PP con el Gobierno cuando este se dispone a intentar el fin dialogado del terrorismo de ETA.
Acebes ha querido dar un nuevo estirón a la cuerda, a punto de romperse ya, entre el Partido Popular y el Gobierno. Las palabras del ex ministro derechista, como de costumbre, no dejan ningún puente en pie: "Esto no puede llamarse un proceso de paz, esto es una farsa, es un chantaje de ETA y tenemos la obligación como partido político con el respaldo de más de diez millones de españoles de denunciar lo que está ocurriendo". Acusa a la fiscalía de estar haciendo "el trabajo sucio de legalizar judicialmente a Batasuna", a los socialistas vascos de "pagar un precio político a los terroristas por llevar 40 años matando" y al gobierno de dar "impulso directo a la rehabilitación política de Batasuna".
La dura andanada de Acebes, sigue a la que lanzó Eduardo Zaplana, al dar directamente por rotas las relaciones con el Gobierno y con el PSOE en materia antiterrorista, después de que el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, anunciara esta semana su intención de reunirse con Batasuna.
Pero aquí no queda la cosa. Un día después, Acebes dijo textualmente que "en este momento, el proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA". Con esta frase culminó Ángel Acebes, número dos del PP, su censura al proceso de paz. A su juicio, el Gobierno "está en la plena aceptación de la propuesta de ETA en Anoeta [en referencia al mitin de Batasuna en el velódromo donostiarra de Anoeta el 14 de noviembre de 2004] de crear dos mesas, una de ellas de partidos. Es decir, el inicio de la negociación política de la que avisó [ETA] en su entrevista en Gara" el pasado 14 de mayo. Tras la reunión semanal del Comité de Dirección del PP, Acebes afirmó que "la paz nunca puede ser el resultado de dar a los terroristas lo que pidan".
Según él, en eso "consiste la paz de Zapatero: darle a ETA la oportunidad de sentir que su terrorismo ha merecido la pena". Por eso, mantuvo que no estamos ante un proceso de paz: "Este proceso es un engaño de Zapatero y ETA. La verdadera paz no necesita este proceso de beneficios políticos recíprocos entre el PSOE y los terroristas". Aún más: "Este proceso es un fraude porque no busca la derrota de ETA, sino un escenario político que permita al PSOE pactar con ETA-Batasuna, cambiar el modelo constitucional y marginar al PP". Tras esta introducción, Acebes pidió a sus militantes, simpatizantes y votantes que acudan el próximo sábado a la manifestación convocada por la AVT porque, según él, "al chantaje de ETA sólo se le puede parar desde la movilización ciudadana".
Todas estas opiniones de Acebes quedaron superadas después, en el turno de preguntas, con la afirmación: "El proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA". Le habían preguntado si había alguna posibilidad de recuperar el acuerdo con el Gobierno en este asunto. Contestó que no. "Nosotros por supuesto que no vamos a acompañar al Gobierno ni al PSOE en este chantaje de ETA". Argumentó que "estamos en un camino hacia las propuestas de ETA. Aunque parezca muy duro decirlo, e incluso increíble creerlo, en este momento el proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA. Es el proyecto de una mesa política en la que se negocie políticamente, al margen de la ley, incumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo. Para que se negocie lo que ETA ha querido siempre: autodeterminación, anexión de Navarra. Todo sin desaparecer como banda terrorista, sino como tutora del proceso".
Todo ello pese a que Zapatero negó en el Congreso que se pueda hablar de autodeterminación. Le dijo al portavoz del PNV, Josu Erkoreka: "No hay ningún anclaje en nuestro sistema constitucional que permita hablar del derecho de autodeterminación".
El secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, ha señalado que las declaraciones de de Acebes ("el proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA") no es un exceso, sino "la constatación de una realidad". En cuanto a las declaraciones de Ángel Acebes, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, ha afirmado que esa es la postura de su partido. Gabriel Elorriaga ha afirmado que "no hay que prestar atención a las formas con las que se dicen las cosas, sino al fondo". Por ello ha justificado las declaraciones del secretario general de su partido. "Lo que se ha aceptado públicamente por el presidente del Gobierno es lo que públicamente a propuesto ETA y Batasuna, un proceso de doble mesa", ha dicho Elorriaga.
Sobre el hecho de que el presidente Rodríguez Zapatero aplace su comparecencia en el Congreso para iniciar el diálogo con ETA, Elorriaga ha dicho que es un "ejercicio de cinismo", ya que salió el asunto en el debate sobre el estado de la nación "cuando el PP no tenía oportunidad de darle réplica". Sobre el debate en el que el PP se ha quedado sólo en contra de los contactos con Batasuna, Elorriaga ha dicho que es un escenario "lamentable" que les resulte conocido. "Lo de menos es que estemos o no sólos, sino que se inicia una situación política realmente compleja".
El diario de sesiones del Congreso es la prueba más evidente de los cambios de posición de los partidos. También con respecto a las treguas de ETA. El 7 de octubre de 1998, tres semanas después de que la banda anunciara el anterior alto el fuego, y a pesar de la negativa del PP a llevar el asunto al Congreso, IU forzó el debate de una interpelación urgente sobre la política penitenciaria. Sólo unos días antes, Aznar había hablado en La Moncloa para "agradecer a todas las fuerzas políticas su disposición al diálogo", después de que todos los partidos mostraran su apoyo al Ejecutivo para lograr que la tregua fuera definitiva. Aznar también anunció "una nueva orientación de la política penitenciaria consensuada, flexible y dinámica que acompañe los avances que se vayan produciendo en el aseguramiento de la paz".
Rosa Aguilar, entonces portavoz de Izquierda Unida en el Congreso abrió el debate: "Valoramos lo que significa para el presidente del Gobierno pasar del escepticismo de la tregua trampa a plantear el cambio de la política penitenciaria". Le respondió el portavoz del Ejecutivo y ministro de Industria, Josep Piqué. Sus palabras se parecen mucho a las de José Luis Rodríguez Zapatero en las últimas semanas. El PP entonces sí hablaba de "proceso de paz", término del que hoy abomina. "Hay una gran coincidencia de fondo respecto a dar cumplimiento efectivo a la gran ansia de paz que tiene nuestro pueblo", explicó Piqué. "Estamos hablando de un camino largo, difícil", "estamos ante una oportunidad histórica", "Nada me alegraría más que esto pudiera ser el punto de partida para iniciar un auténtico proceso de paz", fueron otras de sus expresiones.
Piqué también utilizó un término repetido por Zapatero: generosidad. "Claro que estamos dispuestos a utilizar la generosidad, es imprescindible que actuemos con altura de miras, pero con unos límites: que sea algo que acompañe al proceso de paz". El ambiente político de consenso que se instaló esos días en el Parlamento permitió que pocas semanas después, el 10 de noviembre, se aprobara por unanimidad y sin debate la resolución de IU sobre la necesidad de esa nueva orientación de política penitenciaria. El Ejecutivo trasladó hasta 143 presos de cárcel, y Aznar autorizó el 19 de diciembre un diálogo con todos los partidos, incluida Batasuna.
Siete meses después, el 26 de mayo, Piqué defendía de nuevo el acercamiento de presos, aunque con cautelas, e iba más allá: "Están en estudio otras medidas, como la regularización de la situación de personas que abandonaron España por su vinculación con ETA. Más de 300". María Teresa Fernández de la Vega no tenía dudas: "Por parte del Grupo Socialista, tiene nuestra lealtad en la política antiterrorista".
5. LE FIGARO VE AL PP TOCADO POR LA TREGUA (07/06/06)
El diario conservador francés Le Figaro , el segundo en importancia, dedicó un artículo a la ruptura del Partido Popular con el Gobierno, como consecuencia del futuro encuentro entre PSE y Batasuna. El periódico considera que el alto el fuego de ETA ha trastocado la estrategia del PP para recuperar el poder. Le Figaro, el segundo en importancia por detrás de Le Monde, es el diario de referencia del centro derecha en Francia. Es decir, su línea editorial es conservadora en lo político, lo económico y lo social. Por eso, resulta significativa su valoración sobre el papel del Partido Popular en la situación actual. El periódico francés comienza escribiendo que "la unión sagrada que se estableció al comienzo del proceso de paz en el País Vasco ha sido de corta duración".
Después de explicar el desarrollo del debate entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, Le Figaro entra a valorar la posición de éste último. Recuerda que "después de tres años, los terroristas no han cometido ningún atentado mortal" y añade que ese hecho "ha dejado de piedra a la derecha española, dispuesta a todo para recuperar el apoyo popular, a menos de dos años de las próximas elecciones legislativas". El diario del país vecino inscribe en esa estrategia de recuperación de votos, a toda costa, la participación del PP en la manifestación organizada por la AVT. La concentración incluye una mención a la "verdad sobre el 11-M", algo que, según explica Le Figaro a sus lectores, responde a que "los conservadores españoles persisten en considerar que ETA fue la instigadora de la masacre de Madrid".
El borrado de archivos informáticos del Palacio de la Moncloa, en 2004, antes del traspaso de poderes en el Gobierno entre el PP y el PSOE, sigue en los juzgados. El titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Mario Pestaña debe decidir si admite a trámite o no las querellas presentadas por varias personas contra el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, a quien los denunciantes quieren que se aplique el Código Penal por la desaparición de datos. El pasado 25 de mayo, se ratificó en su querella contra Aznar uno de los denunciantes, el perito forense Miguel Ángel Gallardo Ortiz, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA).
El juez Pestaña ya inició diligencias previas en 2004 para aclarar si existió delito en el borrado de archivos a raíz de la primera denuncia interpuesta por el abogado murciano José Luis Mazón. Dicho letrado también pidió que se investigara la actuación del Ministerio del Interior bajo la dirección de Ángel Acebes, por un "volcado" de documentos relacionados con los atentados del 11-M. La abogada Encarnación Martínez presentó a su vez otra querella criminal por los mismos motivos. Ahora, ratificada la denuncia y las dos querellas, el titular del Juzgado nº 9 de Madrid, debe determinar si hay fundamentos para seguir o no con el caso. Las querellas presentadas responsabilizan a José María Aznar de un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos, por el borrado de archivos informáticos realizado en el Palacio de la Moncloa tras perder el PP las elecciones de marzo de 2004.
El borrado masivo de archivos informáticos en Presidencia del Gobierno, antes de la llegada de Zapatero a la Moncloa fue revelado en diciembre de 2004. Quedó, eso sí, una factura de 12.000 € de la empresa a la que la administración Aznar encargó la limpieza telemática. El propio José Luis Rodríguez Zapatero, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación que abrió el Congreso sobre los atentados del 11-M, confirmó que tras la toma de posesión, el nuevo equipo gubernamental se encontró los ordenadores vacíos.
Cuando la comisión de investigación del 11-M reclamó el acta del Gabinete de Crisis que presidió Aznar tras los atentados, el nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero no pudo hallarla. No encontró ni el acta, ni ningún otro documento sobre lo que ocurrió el 11 de marzo de 2004 en Moncloa. No quedó rastro de las conversaciones que mantuvo Aznar ese día con mandatarios extranjeros o con directores de medios de comunicación españoles, conversaciones que algunos de estos responsables periodísticos han relatado con posterioridad. La eliminación de archivos fue un trabajo especializado. No se limitó al 11-M sino que afectó a los ocho años de mandato del Partido Popular, entre mayo de 1996 y abril de 2004. La empresa a la que se encargó la labor borró también las copias de seguridad de todos los archivos.
El ex embajador de España en al ONU bajo el mandato de Aznar, Inocencio Arias, reconoció errores en la gestión que hizo el Gobierno del PP del 11-M. El diplomático calificó de "torpeza" el telegrama que envió el Ministerio de Asuntos Exteriores a todos sus representantes instando a defender la autoría de ETA. "Nos columpiamos en toda regla", reconoció. Estas declaraciones las hizo durante la presentación del libro Confesiones de un diplomático; del 11-S al 11-M. El diplomático, que actualmente ejerce como cónsul general en Los Angeles, aseguró que, en su opinión, "sin ese atentado, el PP estaría en el poder".
La actitud del PP de esos días, dijo, desembocó en una resolución de condena con la que el Consejo de Seguridad de la ONU "metió la pata". Sin embargo, no se planteó la posibilidad de dimitir ya que no fue él quien ejecutó la orden recibida de Exteriores, sino la encargada de negocios de la embajada.
Arias aseguró que, de haber estado ese día en Nueva York, habría conseguido que la resolución aprobada incluyera un "supuestamente" al hablar de la autoría de ETA. Además destacó en el acto que en EEUU "hay el convencimiento" de que los atentados del 11 de marzo fueron preparados "adrede para las elecciones". De Bush quiso destacar que "no quería engañar a nadie'" en relación a Irak, porque 'todo el mundo creía que las armas de destrucción masiva existían".
El concejal del Partido Popular por Lleida Enric Oró votará sí al Estatuto, desafiando así la consigna del partido, que le ha abierto expediente y que probablemente acabará en expulsión, según afirmó el presidente del PP de Lleida, Xavier Montanyà. Oró, ex militante de Unión de Centro Democrático, anunció su posición en un artículo publicado en un diario de Lleida, en el que asegura que el nuevo texto "supone un salto cualitativo" si se compara con el de 1979. La decisión de publicar el artículo la tomó el sábado sin consultar a nadie. Recalcó, sin embargo, que otros militantes y simpatizantes del PP en Lleida también discrepan sobre la campaña del no del partido y en la ofensiva contra las negociaciones con ETA, lo que les llevará también a estos a votar sí el próximo 18 de junio.
Posteriormente, Josep Piqué reconoció que el referéndum sobre el Estatuto está provocando tensiones en el seno del Partido Popular (PP) de Cataluña, lo que llevará a una parte de la militancia a votar sí. La fuga de votos podría proceder del sector más centrista del PP, pero también, según reconoció Piqué, hacerse efectiva por la "angustia" que provoca en algunos votantes apoyar un no que, a efectos prácticos, coincide con la postura propugnada por Esquerra Republicana (ERC). "Les engañaría si no les dijera que algunos de nuestros votantes y nuestros militantes me han hecho llegar su angustia por coincidir con ERC".
En el último pleno del ayuntamiento de Granollers se decidió retirarle a Francisco Franco la Medalla de Oro de la Ciudad, que le había sido concedida en 1947. El PP fue el único grupo que no quiso votar a favor, y se abstuvo. La retirada de la Medalla de Oro al dictador fue una iniciativa conjunta de todos los partidos políticos representados en el consistorio, excepto los populares, inscrita en el marco de la conmemoración del bombardeo que las tropas franquistas hicieron sobre Granollers, el 31 de mayo de 1938. La moción fue aprobada por todos los grupos, con la abstención del PP. La votaron los socialistas (que son mayoría y tiene la alcaldía), Convergencia i Unió (CiU), Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya (IC-Verds). El Partido Popular consideró que no debían posicionarse sobre la cuestión.
Juan Manuel Segovia, del grupo socialista de Granollers, ha explicado que la importancia de la moción está en su "carácter simbólico" y que pretende "ser una llamada de atención para que nunca más se vuelva a repetir un acto como aquél", en referencia al bombardeo de la Guerra Civil. La moción aprobada por el ayuntamiento pretendía ser un acto más de esas conmemoraciones, para evitar el olvido y como hecho simbólico "contra la guerra y a favor de la paz". Pero el PP "escabulló el bulto", según afirmó Segovia.
Fuerzas antidisturbios escoltaron a las autoridades locales al salir del ayuntamiento bajo una lluvia de piedras que lanzaron los manifestantes Vecinos de Nigrán que asaltaron el salón de plenos de la casa consistorial para impedir que el gobierno municipal aprobara inicialmente el Plan General de Ordenación Municipal. El alcalde, Alfredo Rodríguez Millares, del PP, quiso tomar el acuerdo plenario a puerta cerrada, pero finalmente tuvo que ceder a la presión vecinal debido a que tres concejales de su equipo se negaron a votar en esas circunstancias. Los concejales tuvieron que salir del ayuntamiento protegidos por las fuerzas antidisturbios bajo una lluvia de piedras -algunas de gran tamaño- lanzadas por decenas de personas furiosas por un planeamiento urbanístico que consideran que bloqueará el crecimiento del municipio.
El pleno iba a comenzar a las nueve de la mañana y a esa hora todas las asociaciones vecinales del municipio habían convocado una concentración de rechazo al documento urbanístico. Más de mil personas respondieron a la cita, pero la Policía Local sólo dejó entrar al consistorio a 20, y tras haberlos identificado previamente. Esta medida de seguridad calentó los ánimos de los manifestantes, que comenzaron primero a zarandear las ventanas y después arrojaron piedras y rompieron los cristales de la estancia. En vista del cariz que estaban tomando los acontecimientos, a los pocos minutos de iniciarse la sesión, el regidor decidió interrumpir el pleno y se encerró en su despacho con el resto de los miembros del equipo de gobierno. El PP posee cinco concejales y gobierna en coalición con otros cinco ediles del Partido Independiente de Nigrán, fundado por el ex alcalde Avelino Fernández.
Alfredo Rodríguez quiso reanudar el pleno a puerta cerrada, pero los concejales de la oposición, cinco del PSOE y dos del BNG, decidieron no subir a la oficina del alcalde y permanecer dentro del salón de plenos, ubicado en la planta baja. Los miembros del equipo de gobierno intentaron negociar con los representantes de las asociaciones vecinales, pero no llegaron a ningún acuerdo porque el alcalde se empeñaba en proceder a la aprobación inicial para después introducir las modificaciones que fueran necesarias con el fin de satisfacer las demandas de los vecinos. Este compromiso no contentó a los dirigentes vecinales, que pedían la suspensión del pleno y la redacción de un nuevo plan general que estuviera consensuado con todos los colectivos. Los vecinos anunciaron que continuarán movilizándose para impedir que el gobierno apruebe un plan general que consideran inaceptable.
Dos de los detenidos en el transcurso de la operación Muralla como presuntos testaferros de la empresa Senén Prieto S.L. consiguieron de la Diputación de Lugo más de mil contratos de redacción de proyectos de obras y dirección y asistencia técnicas de las mismas desde el año 1993 hasta el 2004. Los listados de las adjudicaciones fueron facilitados por el presidente del organismo provincial, Francisco Cacharro. Los adjudicatarios son los ingenieros José Enrique Cacicedo Herrero y Luis María Álvarez Delgado. En la relación facilitada también constan más de 60 adjudicaciones directas a Senén Prieto Ingeniería y unas 80 a Manuel Rodríguez López quien, según el BNG, siendo socio de la empresa investigada desempeñó diversos cargos en la Confederación Hidrográfica. Los dos ingenieros ya mencionados obtuvieron más de 2 millones y medio € en las adjudicaciones. El mayor volumen de contratos corresponde a José Enrique Cacicedo Herrero, en torno a los mil. Su compañero, por su parte, consiguió algo más de 150.
Entre la documentación entregada por el presidente de la Diputación hay también listados de adjudicaciones a Setramur o Reboleira de Negocios, las otras dos empresas investigadas. Curiosamente, en algunos casos en los que se produjeron empates en las ofertas una resolución de la presidencia decidía otorgar el contrato de suministro de señales a una de las dos empresas.
El alcalde de Xove (Lugo), Jesús López González, alcalde de Xove (Lugo), al anunciar que todo el equipo de gobierno local abandona el PP por las "grandes desavenencias y la marginación a que nos somete (el PP) siempre". El ahora alcalde independiente aseguró que la decisión estaba tomada antes de las pasadas elecciones autonómicas: "Ganara o perdiera el PP nos íbamos a ir". Así dio por finalizada López González una relación política que, según explicó, no ha sido un camino de rosas, no sólo con el PP, sino con la anterior Xunta y la Diputación de Lugo. "Desde un principio el PP tuvo a Xove como un recaudador de votos: cuando había algo importante no contaban con nosotros, nos discriminaban con argumento de que éramos un concello privilegiado". Los "agravios son tantos" que el alcalde recurrió a una chuleta para anunciar la decisión.
El regidor condenado por abusar de una menor se sentó de nuevo ante un juez, esta vez para responder de la denuncia de veinte periodistas que fueron agredidos en un polémico pleno. Hasta el año 2001 el municipio coruñés de Toques era famoso por ostentar un tremendo récord electoral: el 84% de sus habitantes votaban como uno solo al Partido Popular.
Pero en el 2001 ocurrió algo que restó protagonismo al pueblo para dárselo al regidor: Ares fue acusado de abusar sexualmente de una menor, procesado por ello y condenado, primero por un juzgado coruñés y más tarde por la Audiencia Provincial de A Coruña en octubre del 2004. Pero ni todo el peso de la Justicia, ni el haber roto con su antigua formación política, ni siquiera su edad de jubilación -72 años- han servido para descabalgar a Ares Vázquez de una silla que considera propia, contra viento y contra marea.El controvertido alcalde volvió a sentarse ante un juez, esta vez en un juicio de faltas, para responder, junto con otros seis vecinos, de los cargos formulados por veinte periodistas compostelanos que lo acusan de perturbación del orden público y de la figura que el Código Penal recoge como "maltrato de obra". Los informadores ratificaron ante el juez de Arzúa que el regidor fue quien azuzó, el 28 de enero del 2004, a algunos de sus vecinos contra los periodistas. Ocurrió durante el pleno en el que estos fueron expulsados y agredidos, una sesión que tuvo una gran cobertura mediática porque se especulaba con la posibilidad de que Jesús Ares dimitiese tras ser condenado. Los periodistas aportaron los vídeos grabados aquel día, en el que la voz de un indignado Ares gritando "¡Cámaras fóra!" desencadenaba una airada reacción de los vecinos, que arremetieron, sobre todo, contra los informadores gráficos.
La alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca gaditana, Teófila Martínez (PP), se negó a responder a ninguna pregunta relacionada con el ex delegado del recinto fiscal Manuel Rodríguez de Castro, también del PP, quien la pasada semana, tras su declaración ante el juez por el caso Rilco, aseguró tener el apoyo y conservar la amistad de la primera edil. El PSOE ha exigido a la dirigente popular que explique cuáles son las relaciones que mantiene con Rodríguez de Castro, quien está acusado de varios delitos por su gestión al frente de la Zona Franca entre 1996 y 2001. En un acto público Martínez rechazó responder por dos veces a las preguntas de la prensa sobre su opinión acerca de la comparecencia de Rodríguez de Castro y sobre la supuesta amistad que el ex delegado aseguraba mantener con ella. "No tengo nada que decir", repitió hasta en cuatro ocasiones.
Rodríguez de Castro había defendido que, a pesar de los delitos que se le acusan como malversación de fondos, apropiación indebida o prevaricación por el caso Rilco y por gastos injustificados que investiga el Tribunal de Cuentas, todavía mantiene el apoyo de su partido, particularmente el de la alcaldesa de Cádiz. "No he hablado con ella estos cinco años pero hay amistades que no necesitan conversaciones", sostuvo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Esperanza Aguirre, se sumó a la campaña del no contra el Estatuto y contra el Gobierno Zapatero. Con una fórmula estudiada mezcló argumentos políticos con descalificaciones personales: "Vengo a denunciar un Estatuto malísimo para Cataluña y para España". "No quisiera parafrasear a Francesc de Carreras y decir que a los militantes del PP en Cataluña se les trata como judíos en la Alemania nazi", pero "la voluntad de exclusión es cada vez mayor". Aguirre presidió una comida mitin en un lujoso hotel de Lleida, al que asistieron 300 militantes y simpatizantes.
"¿Ha pedido perdón Zapatero por el Gulag?". Con esta pregunta Aguirre quiso responder a Rodríguez Zapatero, quien, el domingo en Lleida, criticó al presidente del PP catalán, Josep Piqué, por reivindicar el Estatuto de Sau, de 1979, que no votó Alianza Popular. "El PSOE se definía como marxista en 1979". "Este Estatuto será un salto hacia atrás en la historia de España. Zapatero quiere llevar al país a la primera mitad del siglo XIX". "Sin el PP, Cataluña se hundiría en un régimen nacionalista y socialista", en el que "se impondría el pensamiento único". "El PP es el único partido catalán que no es rehén de los dogmas antiguos". "Por la libertad, Cataluña necesita al PP", añadió.
La presidenta del PP madrileño conquistó al auditorio reivindicando sus orígenes. "Tengo más sangre catalana que muchos de los que van por ahí de independentistas radicales; mi tercer apellido es Borrell y mi abuela era catalana". La revelación fue acogida con una salva de aplausos.
El PSOE tricantino presentará ante el Defensor del Pueblo español un amplio dossier sobre la trama de especulación urbanística de la ciudad, con especial incidencia en la operación en la que han participado familiares directos de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. "Creemos que la especulación sobre el suelo y la preponderancia del interés privado de algunas empresas y propietarios del suelo se está anteponiendo sobre el derecho constitucional a tener una vivienda digna y asequible. A medida que algunos ganan mucho dinero especulando, el precio final de la vivienda será más y más caro, al tiempo que se retrasa cada vez más" afirman desde el PSOE de Tres Cantos.
El dossier que entregarán en los próximos días los socialistas de Tres Cantos tendrá un apartado especial y concreto sobre la trama de especulación de suelo que llevaron a cabo hasta siete familiares directos de la Presidenta Regional, Esperanza Aguirre (PP). De "inmoral e indecente" calificó Miguel Aguado, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos, esta operación al considerar que mientras que la principal obligación de Esperanza Aguirre es trabajar por facilitar vivienda digna y a precios asequibles a los madrileños, en cambio permite que su familia se enriquezca a costa de aumentar el valor del suelo y, por ende, el precio final de la vivienda.
Como se recordará, cuatro tíos maternos y cinco primos carnales de Esperanza Aguirre adquirieron con pocas fechas de anterioridad al Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos (PGOU) 23 fincas de 176.000 m2 de terreno rústico que a los pocos días se recalificaron, pagando por ello 4.800.000 €. A los tres años y con la recalificación volvieron a vender 17 de las 23 fincas por 11.500.000 millones €. El anterior vendedor afirma que nadie le informó que esos terrenos se revalorizarían posteriormente y que de haberlo sabido no los habría vendido por ese precio. Además, por los terrenos donde familiares de Esperanza Aguirre obtienen grandes plusvalías pasa el trazado del AVE diseñado desde el Ministerio de Fomento gobernado en aquel entonces por su propio partido.
El Colegio Oficial de Médicos de Madrid emitió su informe sobre las sedaciones de enfermos terminales en el hospital de Leganés. El estudio, elaborado con las historias clínicas (muchas incompletas) y sin consultar con los facultativos implicados, concluye que hubo 34 casos de mala práctica médica, de los cuales cuatro son graves porque la "historia clínica no documenta enfermedad terminal" y, por tanto, la sedación no estaba justificada. El informe, que también recoge casos de dosis "injustificadamente altas y potencialmente peligrosas", admite, sin embargo, que no se puede afirmar que la causa directa de las 34 muertes fuese la medicación. Fuentes judiciales indican que esta afirmación resta relevancia penal a los hechos.
Treinta y cuatro sedaciones terminales aplicadas a enfermos del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) incumplieron la buena práctica médica, aunque en ningún caso puede concluirse que la sedación fue la causa de la muerte de los enfermos. Ésta es la conclusión más importante del informe hecho público y realizado por un equipo de 11 médicos seleccionados por el Colegio de Médicos de Madrid. El estudio, solicitado por el juez que instruye el caso, no incluye la versión de los médicos de Leganés, que no han sido consultados, y se basa en el estudio de 73 historias clínicas de pacientes fallecidos en el hospital entre septiembre de 2003 y marzo de 2005.El informe concluye que 20 de estos enfermos estaban en coma profundo, por lo que las sedaciones eran "innecesarias" y "no estaban indicadas". Las sedaciones a enfermos en coma han sido avaladas por numerosos expertos y por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. En otros 10 pacientes, el informe sostiene que la historia médica no informa de si los médicos buscaron alternativas de tratamiento a los síntomas que sufrían los pacientes, antes de la sedación. Los cuatro casos más graves, que el informe califica de "sedaciones contraindicadas", son de pacientes cuya historia clínica no permite concluir que estuvieran en situación terminal.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, denunció en una conferencia de prensa en el Ayuntamiento los "graves insultos" que el periodista de la cadena Cope Federico Jiménez Losantos le dirigió por la mañana. Losantos dijo que el alcalde es un "traidor a su partido", un "bandido", un "lacayo del Gobierno" y añadió que a Ruiz-Gallardón le "dan igual" las víctimas del 11-M. Gallardón replicó que irá a la concentración convocada en Madrid por la AVT pese a esas "amenazas radicales".
Las declaraciones de Ruiz-Gallardón en el foro de Abc en las que el alcalde recomendó a Rajoy que huya "de la radicalización" y evite "miradas hacia atrás" sobre lo que ocurrió entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 ocuparon ayer buena parte del programa matutino en la cadena de radio de la Conferencia Episcopal. Jiménez Losantos calificó a Ruiz-Gallardón como "el hombre que [Jesús de] Polanco quiere poner al frente de la derecha española". Se burló de él: "Tú vas a presidir el PP como yo el Real Madrid, del que no soy socio", aseguró. Le llamó "bandido", "caradura", "redomadamente traidor" a su partido y "lacayo" del PSOE.
No es la primera vez que Losantos critica a un dirigente del PP. A Mariano Rajoy suele llamarle "maricomplejines". También suele descalificar a Gabriel Elorriaga, a quien llama "blandengue", y a Josep Piqué, a quien califica de "criptonacionalista". Sí es la primera vez que uno de esos dirigentes se atreve a replicar públicamente al periodista de la cadena de los obispos. Ruiz-Gallardón retó a Losantos a que le entreviste hoy mismo para poder defenderse de todas las acusaciones. "Decir que me da igual que haya 200 muertos y 1.500 heridos con tal de llegar al poder es el mayor insulto, la afirmación más brutal, que he recibido en mis 23 años de ejercicio de la política", aseguró.
El alcalde aseguró que ha recibido muestras de apoyo de sus compañeros de partido en el Ayuntamiento. Pero esas muestras de apoyo no fueron, en todo caso, públicas. Ningún dirigente del PP consultado dio su nombre para solidarizarse con el alcalde. El departamento de prensa del PP replicó que no tenía declaraciones que hacer de parte de Mariano Rajoy. Ángel Acebes y Eduardo Zaplana estaban ayer de viaje fuera de Madrid, según sus colaboradores. No pudo oír el programa el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, que pasó el día en Oviedo. El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, no hizo comentarios porque "nunca hace declaraciones sobre medios de comunicación", según una colaboradora
La Cámara de Cuentas de Madrid aprobó el pasado 1 de junio un informe fiscalizador de la empresa pública Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid (Arproma), encargada de reconstruir el Palacio de los Deportes. El dictamen señala que "solamente el 33% del importe [de ejecución de las obras] fue adjudicado mediante concurso precedido de publicidad". Además, la Cámara de Cuentas considera que existe un desajuste entre el coste real del nuevo inmueble, que fija en 145 millones €, y el presupuestado, que el Gobierno regional elevó a 153 millones. "Puede afirmarse con carácter general que en la construcción del palacio no se han respetado suficientemente los principios de publicidad y concurrencia", afirma el informe de la Cámara de Cuentas sobre la reedificación del Palacio de los Deportes, reducido a escombros tras el voraz incendio que sufrió el 28 de junio de 2001.
Unos meses después, el equipo de Gobierno regional, que entonces estaba presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, estipuló el coste de reconstruir el edificio en 24 millones de €. El presupuesto fue creciendo a medida que cambiaba el plan de obras, pues con el tiempo Gallardón optó por edificar un nuevo Palacio de Deportes. Los 20 meses previstos para la ejecución de las obras terminaron siendo 43. Entretanto, el presupuesto fue variando, hasta que el Consejo de Gobierno aprobó en julio de 2004 -ya con Esperanza Aguirre como presidenta regional- un importe de 153 millones de €, un 537% más que la cifra inicial.
El estudio de fiscalización, elaborado en diciembre pasado, achaca este cambio de criterio a "una escasa e imprecisa planificación" y sostiene que eso provocó "una merma de los principios de publicidad y concurrencia", puesto que derivó en un complejo proceso de modificaciones y ampliaciones del contrato inicial. Las conclusiones iniciales del informe de la Cámara recibieron el pasado abril las alegaciones de Arproma, que, tras ser valoradas, fueron incluidas en el documento final, aprobado el pasado jueves. El documento es muy crítico con las cuentas de la Comunidad de Madrid en cuanto a la reconstrucción del palacio, pero también sobre la contratación.
Según el informe, varios contratos fueron fraccionados "indebidamente", lo que permitió a Arproma tramitarlos como contratos menores y, por tanto, acudir al "procedimiento negociado", sin publicidad. Algunos de esos contratos, según la Cámara, no justificaron adecuadamente el "procedimiento negociado" utilizado y, en otros, la participación de otras empresas en el concurso fue "mera apariencia", porque pertenecían al mismo grupo empresarial que la adjudicataria. El fraccionamiento de los contratos provocó, por ejemplo, que fueran adjudicados precipitadamente.
También encuentra desajustes entre el presupuesto final (154 millones) y el coste real de los trabajos, 145 millones. "Los conceptos de gasto descritos en el plan económico financiero y sus actualizaciones son genéricos y no definen con precisión las actuaciones a realizar, por lo que no puede determinarse una correspondencia exacta entre los gastos realizados y los aprobados en el plan", indica el informe.
Alicia Moreno, responsable de la política cultural del Ayuntamiento, se manifestó en defensa del teatro Albéniz, que corre riesgo de desaparecer. Eso ha causado malestar en el PP. Al acto de protesta asistieron entre 1.000 y 1.500 personas, entre ellas políticos y destacados profesionales del mundo de la cultura. La manifestación fue convocada por la plataforma ciudadana Amigos del Albéniz. El secretario regional del PP, Francisco Granados, manifestó con sarcasmo: "No, Alicia Moreno no asistió a la protesta contra la política cultural del PP. Eso es imposible. No me lo creo. Allí se lanzaron consignas contra el alcalde de Madrid, su jefe, y contra la presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, en cuyas listas Moreno ha sido elegida".
Granados añadió: "Si hubiese acudido, algo que repito no me puedo creer, habría demostrado escasa inteligencia, una completa falta de responsabilidad política y, por supuesto, una enorme incoherencia interna". "Desde mi despacho pude ver la protesta y los manifestantes, con todo el derecho del mundo, criticaban a Aguirre y Ruiz-Gallardón. Y está claro que un cargo político del PP en el Ayuntamiento que fuera mínimamente coherente e inteligente jamás compartiría manifestación con personas que lanzasen semejantes consignas. No, Alicia Moreno no estuvo allí", concluyó el secretario regional del PP.
Rosa León, concejal del Grupo Municipal Socialista, calificó de "delirante" la presencia de Moreno. "Por coherencia y ética, la concejal podía estar en la manifestación, pero a continuación tendría que dimitir. No puede protestar contra sí misma", afirmó la edil socialista.
El sociólogo Amando de Miguel ha vuelto a relacionar la violencia doméstica y la delincuencia con la inmigración. En un foro organizado por la Diputación de Pontevedra, De Miguel afirmó que los inmigrantes provocan "grandes conflictos" y que, por su llegada desordenada, "no se podrá parar la poligamia". mando de Miguel fue el encargado de inaugurar el Foro de las Migraciones, organizado por la Diputación de Pontevedra, que preside Rafael Louzán, del PP. El sociólogo declaró que la inmigración genera problemas negativos como "el déficit fiscal y la facilidad con la que entran algunos delincuentes, mafias organizadas e incluso terroristas". De Miguel fue más lejos al decir que el aumento de inmigrantes puede convertir en "legítimas y aplicables" la poligamia o incluso la ablación a mujeres, "a cargo de la Seguridad Social".
Además del calado de las afirmaciones xenófobas, lo llamativo de este episodio es que el sociólogo realizó estas declaraciones en un Foro financiado con fondos de la Unión Europea, dedicados al fomento de la multiculturalidad y la convivencia pacífica. Por si esto no fuera suficiente, la audiencia que atendía a De Miguel estaba compuesta por un centenar de técnicos que trabajan cotidianamente con inmigrantes.
La forma y el fondo de estas palabras, con todo, no resultan del todo novedosas y sorprendentes, a la vista de la trayectoria verbal de Amando de Miguel. En enero de este año la FAES de Aznar le publicó un artículo en el que pronosticaba "el aumento de casos de violencia doméstica, debido a la población foránea y a las parejas de hecho". En otra ocasión, atribuyó el crecimiento de los caso de violencia contra las mujeres a la "desorganización social y a la pérdida de valores morales y referentes religiosos". Además, conocida es su aversión a la Ley Integral contra la Violencia de Género. Declaraciones como éstas le valieron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, peticiones para que cesara como miembro del Consejo Económico y Social a Amando de Miguel, que a finales del año pasado debió pedir perdón a la directora de la Mujer de la Comunidad, Patricia Flores, por preguntarle públicamente si tenía clítoris.
El titular del Juzgado de Instrucción número de 3 de Valencia ha revocado una de sus resoluciones y ha dictado un auto en el que anula la prescripción del delito de falsedad en la denuncia por la trama de facturas falsas en el parque temático Terra Mítica de Benidorm. La decisión del magistrado, que contradice otra dictada el pasado mes de abril, se produce a raíz de un recurso del fiscal y ante los hechos incluidos en las nuevas denuncias acumuladas en la causa. Por estos hechos hay 31 imputados, entre otros, directivos del complejo lúdico, ahora en suspensión de pagos.
La resolución da un nuevo giro a la investigación judicial sobre la gestión del parque temático. El magistrado revoca un auto dictado el pasado mes de abril que archivó las diligencias por prescripción en lo relativo al delito de falsedad. En el nuevo auto, el magistrado asegura: "Antes de que la resolución recurrida adquiera firmeza, ha recobrado su fuerza la doctrina que alegaban los recurrentes [el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y el abogado del Estado], en sentido de que hay delitos conexos y, dentro de ello, delitos calificados con una pena grave". "Y es posible que no haya transcurrido el plazo para la prescripción", añade.En la base del nuevo auto del juez que dirige la investigación por la trama de facturas falsas de Terra Mítica se encuentran las nuevas denuncias acumuladas a la causa, entre ellas las formuladas por la Agencia Tributaria y la última a instancias del ministerio público. La nueva denuncia del fiscal es la derivada de unas grabaciones de una conversación entre dos empresarios y dos diputados autonómicos del PSPV. En la cinta, los empresarios, también imputados en la denuncia, aluden al cobro de comisiones ilegales por obras no realizadas en Terra Mítica que aseguran que supuestamente se repartían el empresario Vicente Conesa, también imputado, y el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana.
Además de las nuevas denuncias aportadas a las diligencias, otro motivo de la resolución del magistrado es que su primer auto de sobreseimiento, dictado el pasado mes de abril, no era firme y estaban pendientes los recursos presentados. El auto del juez se produce, asimismo, dos días después de que la mayoría de los imputados citados a declarar rechazaron el interrogatorio. Y también justo el día en que la dirección del complejo lúdico decidió personarse oficialmente en el sumario. El consejo de Terra Mítica comparece en la causa como "perjudicado" ante el supuesto de que finalmente se pruebe que el parque fue objeto de una estafa. Un portavoz oficial del parque precisó que la personación no presupone "que se acuse ni se vaya contra nadie".
Siete de los 31 imputados en el caso Terra Mítica comparecieron ante el juez instructor. Uta Scheerbarth, médica y relacionada con la mercantil Mecanizados de Levante (una de las 20 empresas denunciadas, entre las que está Terra Mítica), y Pedro Belén Álex, que figura como gerente de Ximo Dual, SL, decidieron hablar. A las preguntas de las partes, reconocieron que participaron en la creación de las respectivas sociedades a cambio de trabajo, que fueron a firmar ante un notario y que nunca volvieron a saber de una actividad económica que creyeron que no había existido nunca.
Uta Scheerbarth, alemana, trabaja en un ambulatorio. En 1989, conoció a través de su marido, cirujano, a Emilio Muñoz (padre de Emilio Muñoz Mateo, imputado en la causa por defraudación a la Hacienda Pública de 4,4 millones que investiga el juzgado de instrucción número tres de Valencia y en el que están implicadas 20 mercantiles, entre ellas Terra Mítica). Scheerbarth accedió a participar en la creación de una mercantil, junto a la cuñada de Emilio Muñoz, porque, según fuentes del caso, entonces no tenía trabajo estable y aún no había podido homologar su título médico. En el acto de la constitución de la empresa firmó poderes en favor de Emilio Muñoz Mateo, administrador único de las sociedades Mecanizados de Levante y Mecanizados Muñoz.
Scheerbarth afirmó en la sala que nunca más supo nada de la empresa, que nunca le facilitaron el trabajo prometido y que nunca supo que en su nombre se estuviera realizando actividad alguna. Mecanizados de Levante aparece en los hechos denunciados por la fiscalía de Valencia como proveedora de Altos de Carrichal, entre las que existe un intercambio de facturas en el ejercicio 2000 que sirvieron para justificar pagos por servicios realizados a Terra Mítica por otras firmas y que no se hicieron.
Un testimonio similar fue el que ofreció a Pedro Belén Álex. Su nombre aparece en la causa porque figura como gerente de Ximo Dual, SL. Belén Álex relató ante el juez instructor que fue en 1998 cuando accedió a formar una sociedad junto a José Luis Rubio y Javier Alós, imputados también en la causa y que el jueves comparecieron ante el juez y decidieron acogerse a su derecho a no declarar. Los oficios de todos ellos les pusieron en contacto en Paterna (población del área metropolitana de Valencia). Pedro Belén había tenido un accidente y se encontraba sin empleo. En su testifical aseguró que lo único que supo desde el principio fue que figuraría como gerente, pero que entendió que quedaba desvinculado al firmar unos poderes en favor de Rubio y Alós. La firma Ximo Dual, SL, aparece en la documentación de la investigación relacionada con Gribal, SA, a través de facturas datadas en 2001 por servicios inexistentes que se repercutieron a Terra Mítica y que sirvieron para hinchar facturas y defraudar a Hacienda.
Los únicos dos imputados que han decidido responder ante el juez desvelaron parte del mecanismo de activación de sociedades que con escasa o nula actividad giraban o aceptaban facturas sobre servicios no realizados y de cuyo trasiego no tenían conocimiento quienes figuraban como administradores únicos.
El resto de imputados citados guardó silencio. Antonio Vicente Moreno Carpio hizo su aparición. Su nombre aparece en la causa como representante de la mercantil Altos del Carrichal, a la que se imputa un fraude de 143.904 €. Y es, además, el empresario que en unas grabaciones realizadas por dos diputados autonómicos socialistas afirmó que en la cadena de contrataciones para la ejecución de las obras de Terra Mítica se pagaron comisiones al también empresario Vicente Conesa, imputado igualmente en la causa, y que supuestamente le dijo que parte de ese dinero se entregaba al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. Pero Antonio Vicente Moreno Carpio se acogió a su derecho a no declarar. Dijo que no conocía la documentación de la que se desprenden las acusaciones.
No fue el único. Sus dos hermanos, Jesús Felipe y Juan Carlos Moreno Carpio, Emilio Muñoz Mateo y Ginés Avilés (también vinculado a Altos del Carrichal) hicieron lo mismo. El juzgado citó para los días 26 y 27 a los ex directivos del parque: Luis Esteban, Miguel Navarro, Antonio Rincón y Miguel Izquierdo. El juzgado busca aún el paradero de José Herrero García, el otro empresario que figura en las grabaciones que denuncian pago ilegal de comisiones. Y está pendiente de declarar el empresario Francisco Escoto, de Excavaciones Escoto, acusado de fraude de cerca de 800.000 €.
La fiscalía de Valencia ha archivado la denuncia presentada por el Parlamento autónomo, a instancias del PP, en la que se planteaba la posibilidad de que fuesen constitutivas de delito las grabaciones de las conversaciones que los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such realizaron a los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero, imputados en el caso Terra Mítica. La decisión de la fiscalía, que considera legales las grabaciones efectuadas por alguno de los propios interlocutores, desató un nuevo rifirrafe entre populares y socialistas, en el que participaron el propio presidente de la Generalitat, el popular Francisco Camps, y el líder de la oposición, el socialista Joan Ignasi Pla, y varios diputados.
La Audiencia de Castellón ha dictado un auto en el que se expresa la posibilidad de que el juzgado número 2 de Nules investigue al presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, Carlos Fabra, por un presunto delito contra la salud pública. El dirigente popular ya está siendo investigado por posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal, en una causa en el juzgado número 1 de Nules, e igualmente imputado por un presunto delito de falsedad de documentos, en otra causa abierta en el juzgado número 2 de Nules.
Estas últimas diligencias se abrieron cuando Vicente Vilar, el empresario que denunció a Fabra por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, desveló, además, la utilización de sellos y analíticas falsificadas para la rápida obtención de licencias de productos fitosanitarios. Una vez iniciadas estas diligencias, la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) presentó una querella tanto por el presunto delito de falsedad de los documentos, como por otro posible delito contra la salud pública, ya que se trata de pesticidas. Pese a que la juez admitió la personación de la UCE como acusación popular, no explicitó la admisión de la querella. Por ello, la UCE presentó un recurso en el que solicitaba un auto específico de admisión de la querella.
Ahora, la sección segunda de la Audiencia ha desestimado el recurso ya que entiende que no es necesario puesto que "el pronunciamiento consistente en tener por personada a la querellante conllevaba implícitamente la admisión de la querella". Aunque en esta causa, tanto Fabra como el resto de querellados solo están imputados por un presunto delito de falsedad, el auto de la Audiencia considera que no se han excluido "expresamente del objeto del proceso ninguno de los hechos expuestos" en la denuncia.
El fiscal anticorrupción Luis Pastor, que actualmente actúa como representante del ministerio público en el llamado caso Fabra, ocupó cargos de libre designación con dos ministros del Gobierno de José María Aznar. Pastor ejerció como asesor en el Ministerio de Justicia, dirigido por José María Michavila, diputado del PP por Valencia, y también en el de Asuntos Exteriores, que entonces encabezaba Abel Matutes. Luis Pastor ejerce como fiscal en las diligencias por las que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, Carlos Fabra, ante la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas, además de un presunto fraude fiscal.
Las pesquisas están encaminadas a aclarar si Fabra medió ante varios ministerios y si cobró por tratar de acelerar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios durante un período que abarca desde 1999 hasta 2002. Por ello, varios altos cargos de los ministerios de Sanidad y Agricultura aparecen como imputados en la causa, mientras que están llamados a declarar cuatro ex ministros del PP (Celia Villalobos, Jesús Posada, Miguel Arias Cañete y Juan Costa), en calidad de testigos. Los cuatro han pedido eludir su paso por el juzgado y prestar declaración por escrito, a lo que el fiscal no se ha opuesto. Además, fuentes del caso han manifestado haber percibido en el fiscal una actitud menos activa que la de sus predecesores, que habían atribuido a la voluminosidad y complejidad de unas diligencias a las que se incorporó en el mes de noviembre, poco después de ser nombrado fiscal para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción.
La primera comisión de servicios especiales para el que entonces era fiscal en Móstoles (Madrid) se otorgó en 1998, cuando fue nombrado asesor técnico principal en la Oficina Técnica de Cooperación de Guatemala, que pertenece la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Esta agencia depende del ministerio de Asuntos Exteriores cuya cartera estaba en manos de Abel Matutes. Tal como publicó el BOE meses después, el decreto del paso a la situación de servicios especiales fue firmada por la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. Un año después, en septiembre de 1999, el BOE publicó el reingresó de Luis Pastor en la carrera fiscal y su incorporación a la plaza de la Adscripción Permanente de Móstoles de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la que era titular.
La relación del actual fiscal del caso Fabra con el Gobierno del PP se retomó en octubre de 2002, cuando pasó a ocupar otro puesto de confianza como asesor de la dirección general para la modernización de la Administración de Justicia, ocupada por Alberto Dorrego. Para ocupar dicho puesto, contó con un informe favorable del fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y con otro de la comisión permanente del consejo fiscal. El ministerio estaba liderado entonces por José María Michavila que, además, es diputado por Valencia y guarda una estrecha relación con la provincia de Castellón. Además, una de las hermanas de Michavila, Ana, es jefa de gabinete del actual presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Ana Michavila fue elegida diputada autonómica por Castellón en las elecciones autonómicas de 2003 aunque, tras revalidar Camps la mayoría absoluta del PP, dimitió para dedicarse exclusivamente al puesto que ocupa en la actualidad. Carlos Fabra ha sido uno de los apoyos más importantes de Camps en su pugna con los zaplanistas. El nombramiento como asesor de Justicia fue por seis meses aunque se prorrogó otros tres más, con lo que Luis Pastor se mantuvo en el puesto hasta antes del verano de 2003. Meses después, estalló el caso Fabra.
El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, recalificó 90.000 m2 de suelo protegido al grupo constructor Edén del Mar. La reclasificación del terreno para viviendas, en el límite del parque natural de las Lagunas, se produjo en junio de 2000, fecha en la que el alcalde compró por 180.000 € a la misma promotora una finca rústica en la vecina localidad de Almoradí. Hernández Mateo vendió dos años más tarde, también al grupo Edén del Mar, la finca por 5,4 millones €. La millonaria plusvalía es objeto de una investigación judicial. El acuerdo para la reclasificación del terreno en favor de la mercantil Altos del Mar, SL (del grupo Edén del Mar), se adoptó en la comisión de gobierno del 19 de junio de 2000. Mientras, el alcalde había formalizado la operación de compra de la finca rústica de Almoradí el 4 de junio de ese mismo año.
El expediente de homologación para la ampliación del sector 17 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incluía la reclasificación de 90.000 m2 de suelo rústico protegido como suelo urbanizable para la construcción de 460 viviendas. El expediente, aprobado provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento merced a la mayoría absoluta del Grupo Popular, fue paralizado por la Consejería de Territorio y Vivienda.
Seis años más tarde el promotor remitió un escrito al Ayuntamiento de Torrevieja solicitando que se continúe la tramitación del mencionado expediente de homologación y se proceda a la adjudicación de la condición de agente urbanizador a la mercantil Promociones Altos del Mar. El representante de la mercantil basa su petición en la constatación, a partir de consultas realizadas con los servicios de la consejería competente en medio ambiente y ordenación del territorio, "del próximo levantamiento de la suspensión cautelar, ya que la calificación de los terrenos objeto de la modificación del planeamiento dentro del ámbito de la ampliación del sector 17 figuran en la redacción del plan de la consejería como suelos compatibles con la clasificación que se pretendía en la homologación y plan parcial presentados en su día".
La compraventa de la finca del alcalde es objeto de una investigación judicial, que dirige el Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrevieja, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. El alcalde ya ha declarado como imputado.
El abogado de la acusación en la querella que se instruye pelo "caso ses Salines", Josep de Luis, pidió el miércoles pasado que se practiquen más diligencias y se llame a más testigos a partir del contenido de las declaraciones que realizaron el mismo día en los juzgados de Manacor cuatro de los alcaldes del PP implicados en el caso: Miquel Vidal (Santanyí), Catalina Soler (Felanitx), Gabriel Matas (Montuïri) y Andreu Prohens (Campos). En esta solicitud al juzgado de instrucción número 8 de Palma que instruye la querella se solicita que se requiera más información y documentación a estos alcaldes y a algunos funcionarios de sus ayuntamientos, a partir de las declaraciones que realizaron por exhorto el mismo miércoles en los juzgados de Manacor, y donde defendieron la validez de sus certificados a fin de que Sebastià Vidal, ex alcalde del PP en ses Salines, pidiera un interés general que se demostró fraudulento.
Así, el abogado de la acusación pide que sean llamados a declarar como testigos las personas que han ocupado el cargo de concejal de Fiestas del Ajuntament de Santanyí desde el año 1995 hasta 2004. Hay que recordar que los alcaldes del PP implicados defienden la veracidad de sus certificados sobre las actuaciones desde 1995 en sus municipios de la Agrupació de Cavallistes de ses Salines, aunque ésta no se constituyó realmente hasta el año 2001. Así también se pide que sean llamados a declarar Felipe Martín y Gabriel Tauler, personas a las que la alcaldesa de Felanitx señaló como las encargadas de concertar las actuaciones ecuestres en su municipio. Por la misma razón, pero citados por el alcalde de Montuïri, se solicita que declaren Rafel Fullana, Jaume Bauzà y Mateo Fiol. La acusación también reclama la declaración del empresario Jaume Rosselló, que los alcaldes de las localidades de Montuïri, Felanitx y Campos apuntaron como la persona encargada de gestionar las actuaciones de los caballistas.
Tras cuatro horas de comparecencia, el presidente del grupo parlamentario del Partido Popular, José Manuel Soria, puso el broche final al interrogatorio al que sometió al ex consejero de la empresa pública Megaturbinas, Francisco Cabrera, señalándole que "he dado instrucciones a mi abogado para ejercer las acciones que se consideren oportunas sobre lo que usted ha declarado". A este comentario reaccionó enseguida el diputado del Partido Socialista Canario (PSC), Santiago Pérez, que protestó porque Soria ha "enjuiciado, acusado e investigado a un compareciente, lo cual es un hecho absolutamente insólito dado que se van a utilizar judicialmente sus declaraciones hechas en sede parlamentaria". Soria y Pérez se enzarzaron en una agria disputa que zanjó a duras penas González Taño. Francisco Cabrera replicó en su turno de palabra que "me alegra que me amenace con sus abogados y no con la policía".
Horas antes, el ex consejero de Megaturbinas respondió al diputado del grupo Mixto, Celso Betancor, que con su denuncia de presuntas irregularidades en el concurso eólico se evitó "un pelotazo" que hubiera beneficiado "a un chiringuito de 3.000 €" relacionado "con los hermanos Soria". De haber obtenido la concesión, la empresa Promotora de Recursos Eólicos podría haber tenido en Arinaga unos beneficios de 7,21 millones de € al año, según Cabrera, quien recalcó que esta empresa nunca antes se había dedicado al negocio eólico y no lo hizo después.
Con tan solamente un año por delante para elecciones y después de cuatro ejercicios desde la transferencia de las competencias, la Consejería de Sanidad ha cesado a seis cargos directivos en tan solamente cinco meses. Presentó su dimisión, tras la petición de la misma por parte de la Administración sanitaria, el que fuera director general de Desarrollo Sanitario, Fernando Uribe, tan solo seis días después de que lo hiciera el que ocupara el mismo cargo en Asistencia Sanitaria, Carlos Fernández Rodríguez. Supone así que dos de las cuatro direcciones generales de Sacyl se quedan sin cabeza tras años de gestión del cargo, dado que ambos ya formaban parte del equipo del anterior consejero, Carlos Fernández Carriedo.
Dimisiones o ceses que se suman a los del jefe del servicio de Concertación, José Miguel Hernández Gallego, también del pasado viernes y a los anteriores de las gerencias provinciales de Salud de Valladolid, que ocupaba Pedro Antona al que la Consejería de Sanidad llevó ante el fiscal por presuntas irregularidades en la gestión de los conciertos con la privada, y de Segovia, cargo ostentado por Víctor Vázquez. Hace unos días también presentó su renuncia al puesto el director del Río Hortega de Valladolid, Antonio Ibáñez.
Esta cascada de ceses de cargos directivos de libre designación, es decir, de confianza, todos ellos de la legislatura de Carriedo, ha sumido a Sacyl en su mayor crisis sanitaria desde que fuera responsable, a partir de enero del 2002, de la asistencia heredada del Insalud.
Sin embargo, la vicepresidenta primera y portavoz de la Junta, María Jesús Ruiz, negó de forma rotunda que haya crisis en la sanidad regional tras restar importancia a la cadena de dimisiones. Ruiz insistió en que los abandonos de estos cargos habían sido "a petición propia" y en que "ahora lo que procede es su sustitución". "No hay una valoración a mayores", destacó y añadió que "esto ocurre con frecuencia en otras consejerías". El Gobierno regional intentó así dar apariencia de normalidad a los seis ceses en cinco meses y al argumento de la petición propia. Sin embargo, de las dimisiones presentadas, cinco fueron solicitadas por la propia Consejería de Sanidad y solo en algunos casos con la explicación de "pérdida de confianza". Formalmente, el Consejo de Gobierno agradeció los servicios prestados por los dos directores generales cuya cese aceptaba y la Junta ha rechazado dar una mayor información sobre las causas que han llevado a esa pérdida del respaldo a los gestores sanitarios que, además, la propia Junta preparó en cursos específicos antes de las transferencias para la asunción de competencias.
Detrás de esta crisis de Sacyl, según apuntan fuentes del sector, hay un fondo de intereses políticos y económicos enfrentados, apoyos incompatibles y acusaciones más veladas en unos casos, más claras en otros, sobre presuntas irregularidades en las actuaciones que la Sanidad pública ha contratado con la privada; pero sin precisar ni definir en exceso, solo sugeridas por la concatenación de los hechos.
José Manuel Méndez Freijo, actual alcalde de Arroyo de la Encomienda por el PP, se sentará los próximos días en el banquillo, junto a otras dos personas más, para responder de varios presuntos delitos relacionados con las actividades privadas en una de sus empresas, Recreativos Dema, por los que la acusación particular solicita un total de seis años de cárcel y la Fiscalía de Valladolid dos años. La vista oral, que celebrará el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, tiene lugar después de cuatro años de instrucción de este procedimiento, que se inició a raíz de la denuncia de uno de los tres accionistas de la empresa dedicada a la comercialización de máquinas recreativas. Éste acusó en julio del 2001 a José Manuel Méndez, José Presas Zobra y Javier Rodríguez García de haber llevado una doble contabilidad con el objetivo de lucrarse particularmente y eludir el pago de impuestos a la Hacienda pública.
Aunque tanto el fiscal como la acusación particular que representa el socio difieren del tipo de delitos por los que se acusa a Méndez, coinciden básicamente en el desarrollo de los hechos. Según su relato, en marzo de 1994 tanto el denunciante, vecino de Valladolid, como los otros dos socios, Méndez y Presas, de ascendencia gallega, constituyeron Recreativos Dema para comercializar máquinas recreativas y expendedoras de bebidas y tabaco. El accionista denunciante fue administrador hasta mayo del 2000, fecha en la que se negó a continuar, asumiendo los otros dos socios la gestión, a la vez que se contrató a Javier Rodríguez como gerente de Dema. Según la acusación particular, la empresa de recreativos no recibió dividendo alguno en los primeros años, y fueron Méndez y Presas los que convencieron al querellante para que hiciera aportaciones, como un préstamo de 30 millones pesetas entregado en 1997. El denunciante firmó también avales de unos 200 millones de pesetas en 1999.
La Fiscalía se apoya la acusación en un informe encargado en el 2003 por el juez a un economista, donde se recoge que, durante los ejercicios 1998, 1999 y 2000, tanto el actual alcalde de Arroyo como los otros dos acusados mantuvieron doble contabilidad, en las que se superaron los 15 millones de pesetas no cotizados al fisco. "Al denunciante se le hizo ver por los imputados una situación de pérdidas en la empresa cuando en mayo del 2000 los beneficios eran cercanos a los 60 millones de pesetas", señala el fiscal. Los delitos por los que se acusan son societarios, de falsedad de cuentas y contra la Hacienda.
María Dolores de Cospedal fue elegida presidenta del PP de Castilla-La Mancha por unanimidad del Comité Ejecutivo Regional, que se reunió con carácter extraordinario en Toledo. De Cospedal coge así las riendas del partido por el que será candidata a las elecciones autonómicas, en las que se medirá con el socialista José Maria Barreda. Antes tiene que dimitir como consejera de Obras Públicas de Madrid.
Lograr la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en un año es el objetivo de De Cospedal: "Voy a hacer todo lo que este en mi mano para que sea una realidad".
De Cospedal no quiere que la confundan con quien fue el último candidato estrella de los populares en esta región, Adolfo Suárez Illana. Y remarca que no llega sólo para pasar un "proceso electoral". Acompañada de José Manuel Molina, que le cedió el puesto tras renunciar, y flanqueada por los cinco presidentes provinciales, aseguró que no piensa introducir "cambios radicales" en la estructura regional del partido: "Es el momento de trabajar y de seguir tal y como estamos". Sabe que tiene un año para darse a conocer a la militancia y a los sectores económicos y sociales en la región. Esto es lo que el PSOE de Castilla-La Mancha critica, que un miembro de otro Gobierno recale en Castilla-La Mancha para las elecciones.
La coordinadora La Región de Murcia No se Vende volvió a convocar una concentración contra la especulación urbanística en su región. Más de 15.000 personas (según los organizadores) se manifestaron el pasado sábado por las calles de Murcia en defensa de la naturaleza, la cultura y el futuro sostenible, y en contra de la especulación y la corrupción.
Tal y como dijo Julia Martínez, miembro de Ecologistas en Acción-Región de Murcia, en el comunicado que leyó el sábado pasado, un número creciente de ciudadanos vienen "luchando contra este monocultivo del hormigón y el campo de golf con todos los instrumentos posibles" desde hace ya cinco años.
Lanzaron un triple mensaje al gobierno regional, presidido por Ramón Luis Valcárcel (del PP): "los ciudadanos no vamos a consentir su desprecio por el territorio, por el patrimonio ambiental, cultural y social y por los intereses generales de todos los murcianos, y su servidumbre al club del ladrillo y del enriquecimiento rápido".
Martínez finalizó diciendo que "en Murcia no hay sitio para los especuladores ni para un gobierno regional y unos ayuntamientos que allanan el camino a las excavadoras, destruyendo paisajes, espacios naturales y patrimonios culturales mantenidos desde siglos". Y mencionó diferentes casos urbanísticos de la región como el del proyecto de parking de San Esteban –con supuestas irregularidades que han generado movilizaciones ciudadanas–, el del Puerto Mayor, las urbanizaciones del Valle de Ricote en el Mar Menor, la de La Cerrichera en Aguilas o la de la Marina de Cope.

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