Source: https://enfoquejuridico.org/2016/07/28/exceso-de-la-sala-de-lo-constitucional-en-inconstitucionalidad-de-diputados-suplentes/
Timestamp: 2019-09-17 14:41:25+00:00

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¿EXCESO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL, EN INCONSTITUCIONALIDAD DE DIPUTADOS SUPLENTES? - Enfoque
“Se trata del primer milagro de la 35-2015: De la nada aparecen diputados, un verdadero milagro…”
Vi la nota y me pareció graciosa: “Medardo González reaparece luego de 7 plenarias”, luego pensé para mi mismo: “Se trata del primer milagro de la 35-2015: De la nada aparecen diputados, un verdadero milagro… ¿Cuántos milagros son necesarios para canonizar la 35-2015 y olvidar sus imperdonables fallos en la congruencia?”.
En lo que sigue a continuación, pretendo argumentar que la resolución 35-2015 excedió los márgenes de congruencia que se había marcado para sí misma la Sala de lo Constitucional en previos precedentes utilizando una argumentación tan deficiente como abstracta y peligrosa, en el fondo, pretendo someter una simple duda a reflexión ¿Sobrepasó los límites la Sala? ¿Qué tan arbitraria o abusiva puede ser una resolución que busca controlar el ejercicio del poder arbitrario y abusivo?
Finalmente las anteriores interrogantes nos llevan a una última ¿Qué tanta similitud puede construirse entre la Sala de lo Constitucional con su resolución 35-2015 y la Asamblea Legislativa con su autorización para emitir bonos por $900,000,000? Para contestar estas preguntas es necesario un previo contexto.
El nueve de diciembre del año 2015, meses antes de la resolución que declaró inconstitucional la emisión de 900 millones de dólares en títulos valores (julio 2016), la Sala de lo Constitucional conocía dentro del proceso 137-2015 la demanda de inconstitucionalidad promovida por el ciudadano Danilo Vega, mediante la cual se pedía la inconstitucionalidad de una resolución proveniente del Instituto de Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, la demanda del ciudadano tuvo un problema de justificación que significó su improcedencia, pues a juicio del máximo tribunal el demandante no había justificado las razones de competencia por las cuales la Sala de lo Constitucional podía conocer esa pretensión. Aunque es posible que dichas razones o motivos existieran, el problema residió en que el ciudadano Vega no lo justificó, y para la Sala de lo Constitucional “la suplencia de la queja deficiente no es predicable del proceso de inconstitucionalidad”[1].
La Sala fue enfática en lo anterior, el artículo 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales permite al máximo Tribunal suplir “de oficio los errores u omisiones pertenecientes al derecho en que incurrieren las partes”, pero esto únicamente sucede en procesos de Exhibición Personal y Amparo, no en los procedimientos de Inconstitucionalidad, mismos en los cuales toda demanda debe contener “Los motivos en que se haga descansar la inconstitucionalidad expresada, citando los artículos pertinentes de la Constitución” (art. 6 ord. 3° Ley de Procedimientos Constitucionales), sin que esta motivación pueda ser subsanada o provista por el tribunal.
Más allá de lo anterior, la Sala de lo Constitucional en diciembre del 2015, consideró que suplir justificaciones jurídicas, o como las llamó, “confrontaciones inter-normativas”, representaría algo así como “la configuración de uno de los elementos integrantes del objeto del proceso”, y la Sala no puede configurar oficiosamente el objeto del proceso, lo anterior está fuera de sus competencias, en palabras del máximo Tribunal:
“La función del parámetro y objeto de control, y de los motivos de inconstitucionalidad, es la de identificar la pretensión y el tipo de proceso constitucional. La Sala no puede configurar la pretensión, pero si puede corregir la vía procesal utilizada por el actor (…)
En consecuencia, la prohibición de suplir la queja deficiente en el proceso de inconstitucionalidad se aplica únicamente a los elementos del control constitucional (parámetro y objeto de control, y motivos de inconstitucionalidad), no al proceso mismo” (negritas son nuestras)[2]
Esta imposibilidad de “hacerle la tarea” al demandante, supliendo los motivos de derecho que justifican la inconstitucionalidad, está lejos de ser una restricción novedosa para la Sala, la misma se corresponde con una significativa línea jurisprudencial que arranca desde hace más de una década. Para el caso, la resolución en comento cita como precedente la Inconstitucionalidad dentro del proceso 8-97 acumulado del 23 de marzo de 2001, pero pueden citarse otras decisiones, como la Inconstitucionalidad 4-99 del 28 de mayo de 2001, la 23-97 del día 22 de octubre de 2001, o la 19-98 del 26 de febrero de 2002, en esta última, la Sala califica como un “vicio en la pretensión” que no puede suplirse oficiosamente “cuando la argumentación expuesta por el demandante no logra evidenciar la contradicción por él advertida –y requerida para el tipo de pretensión– entre la normativa impugnada y las disposiciones constitucionales supuestamente violadas”.
Se trata de un razonamiento bastante sencillo en realidad, si la Sala de lo Constitucional suple las falencias de los demandantes, la Sala se convierte en juez y parte, es decir, construye el objeto o los argumentos que posteriormente conocerá, para luego decidir si sus propios argumentos le parecen convincentes. Adiós imparcialidad, pues no puede existir imparcialidad en donde el juez construye la pretensión que posteriormente conocerá.
Por supuesto, sobra decir que la suerte del ciudadano Danilo Vega fue como mínimo, ecléctica, buena y mala a la vez, fue buena pues en la decisión 137-2015 de diciembre del 2015 se resolvió improcedente su demanda inconstitucionalidad, pero como la vía procesal si se puede suplir (no así, la motivación jurídica), terminaron encausando su demanda como Amparo. Aun con todo, la suerte del ciudadano Danilo Vega fue un tanto mala, pues su demanda no tuvo la suerte de plantearse luego de la resolución 35-2015 del 13 de julio de 2016, cuando la Sala de lo Constitucional se toma la atribución de suplir lo que corresponda a la motivación de la demanda. De esto hablamos a continuación.
¿Exceso de la Sala de lo Constitucional en Inconstitucionalidad de Diputados suplentes?
La “singularidad democrática” de la Sala VS. LA CONGRUENCIA.
En principio, puede decirse que la demanda del ciudadano Danilo Vega tuvo una historia muy parecida a la demanda que derivó en la inconstitucionalidad de toda la planilla de diputados suplentes de la Asamblea Legislativa, en el sentido que ambas estaban extraviadas en cuanto a la motivación del libelo.
Todos conocemos los hechos que alimentaron a esta última, y que no están exentos de algún toque fraudulento y caótico. En la sesión plenaria número 143 del 23 de abril del 2015, se intenta por primera ocasión la aprobación del decreto 1000/2015 que autorizaba la emisión de bonos por 900 millones de dólares, mismos que requería el gobierno para financiar distintos programas sociales y de seguridad, la votación en el pleno de la Asamblea no alcanza la aritmética deseada para la aprobación (mayoría calificada) por apenas un diputado, o más bien dicho una diputada, Sandra Marlene Salgado García, que se abstuvo de votar. Las fracciones legislativas que buscaban la aprobación persisten, y logran cerca de la medianoche una segunda intentona, esta vez siendo sustituida la diputada Sandra Marlene Salgado por José Wilfredo Guevara Díaz, suplente del diputado Guillermo Gallegos, el “milagro” se produce y se aprueba la emisión de los títulos valores[3].
La constitucionalidad de este acto se conoce en el proceso 35-2015 que pone bajo la lupa la autorización para emitir los bonos mencionados, la demanda a su vez descansa en dos puntos: 1) Que la Asamblea Legislativa había realizado un rechazo tácito de aprobación del decreto con la primera votación, por lo que se imponía el archivo del decreto, y, 2) El diputado suplente que sustituyó a la diputada propietaria Sandra Salgado, ni siquiera es el suplente de dicha diputada. Por supuesto, se traslada opinión a la Asamblea Legislativa sobre estos dos puntos, contestando consecuentemente el primer órgano del Estado.
En la parte resolutiva, la Sala comienza por darle la razón a la Asamblea, y ambos argumentos del demandante son rechazados, pero aquí viene el dilema, esto no detiene a la Sala de lo Constitucional, que relaja aun más el alcance del principio de congruencia, y decide construir sus propios argumentos sobre la base de los artículos mencionados por el demandante, todo ello amparado en lo que el mismo tribunal denominó como la “singularidad del papel democrático y el carácter guardián de la Constitución” que solo posee la Sala de lo Constitucional, o que al menos solo perdona estos excesos a la Sala de lo Constitucional.
Ver: PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL VS. FUNCIÓN DE LEGISLADOR POSITIVO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
Antes de la resolución 35-2015, solo existía un supuesto que “flexibilizaba” el principio de congruencia, nos referimos a la inconstitucionalidad por conexión[4] mediante la cual se declara la inconstitucionalidad de una norma coincidente, instrumental o complementaria con la que se expulsa del ordenamiento jurídico. Después de la resolución 35-2015 se agrega un nuevo supuesto:
“A la excepción anterior (inconstitucionalidad por conexión), puede sumarse otra. Y es la que versa cuando se desestima el motivo de inconstitucionalidad alegado (…) por violación a una norma constitucional, pero persiste la incompatibilidad entre una y otra por una razón diversa. La identidad entre el objeto y el parámetro de control, sumados a los argumentos ya expresados, relativos a la singularidad del papel democrático y al carácter de guardián de la Constitución que este tribunal posee así como por las funciones que la Constitución está llamada a cumplir, justifican el análisis constitucional de parte de esta Sala, aunque ello no coincida con el que fue planteado originalmente por el interesado”.
En otros términos, la Sala puede “hacerle la plana” al demandante si cita la norma correcta, no importando lo equivocado de su argumentación, el juez suple el derecho, al menos la motivación de derecho.
Con lo anterior, “el obstáculo” de la falta de motivación por parte del demandante fue salvado, y ya poco importaba que los motivos jurídicos del anterior fueron desestimados, en un momento de suprema iluminación el máximo Tribunal se vio así mismo como “el llamado”, el “guardián de la Constitución”, un soldado con un extraordinario y “singular rol democrático” y esto basta para que construya sus propios argumentos, suyos, no del demandante, los que quiera, pues siempre y cuando se cite un artículo de la Constitución, la Sala puede crear e imaginar la motivación que estime pertinente, todo depende de la agilidad mental del magistrado de turno.
El final de la historia también es conocido, se declaró la inconstitucionalidad del decreto 1000/2015 que autorizaba la emisión de bonos por 900 millones de dólares (al no haberse justificado suficientemente el cambio del suplente), pero por si esto no fuese suficiente, también se declaró inconstitucional toda la planilla de diputados suplentes por considerar que los mismos requerían legitimación democrática. Un punto que no esperaba el demandante ni la Asamblea Legislativa, un punto que no esperaba nadie salvo la misma Sala. Un exceso que aparentemente solo puede permitirse “el guardián de la Constitución”.
Dos réplicas contra “El Guardián”.
En lo personal, creo que pueden construirse dos replicas contra esta re-valoración de la congruencia que realiza la Sala de lo Constitucional en la resolución 35-2015, primero, se trata de un cambio de precedente que no fue debidamente justificado, en segundo lugar, considero que la justificación realizada es tan abstracta que se presta a todo tipo de abuso.
En cuanto al primer punto, la Sala de lo Constitucional realizó un cambio de precedente artificioso y no justificado, esto pues en la sentencia 137-2015 de diciembre de 2015 y sus respectivos precedentes, se establecía que la motivación del demandante en un proceso de inconstitucionalidad NO PODIA SER SUPLIDA por tratarse de un elemento integral de “la pretensión” o del “control de constitucionalidad”, siete meses después, en julio del 2016 con la resolución 35-2015, se sostiene que la motivación SI PUEDE SER SUPLIDA, siempre y cuando se mantenga “el objeto y el parámetro de control”, gracias a la “singularidad democrática” que posee la Sala de lo Constitucional. La segunda resolución no se trata de un mero complemento de la primera, se trata de una franca y abierta contradicción.
Definitivamente hay un cambio en la forma de entender la congruencia, pero lo que nunca se valora es una circunstancia válida para cambiar el precedente, ¿Por qué cambió el precedente? La Sala, en la resolución 44-2013/145-2013 nos recordó que un cambio de precedente solo es válido en tres circunstancias:
“a) estar en presencia de un pronunciamiento cuyos fundamentos normativos son incompletos o erróneamente interpretados; b) que los fundamentos fácticos que le motivaron han variado sustancialmente al grado de volver incoherente el pronunciamiento originario, con la realidad normada y c) el cambio en la conformación subjetiva del Tribunal”[5].
¿Cuál de estos motivos justificó el cambio? La Sala nunca explicó por qué la 137-2015 y precedentes eran “incompletas” o estaban “erróneamente interpretadas”, tampoco explicó si ha existido un cambio en los fundamentos fácticos, y ciertamente no ha existido un cambio de conformación subjetiva del Tribunal Constitucional entre diciembre del 2015 y julio del 2016. No hay una solo motivación sobre este punto, salvo la genérica y abstracta referencia de una auto-proclamación, ser “guardián de la constitución”.
Con esto llegamos al siguiente punto, ¿Qué significa ser “El Guardián” de la Constitución? ¿Qué poderes otorga ostentar un poder democrático “singular”? Digo, si vamos a recortar el marco de una garantía del debido proceso, como lo es la garantía de congruencia, creo que estas son preguntas válidas. Para la Sala, en su resolución 35-2015, ser guardián de la Constitución representa que puede suplir los argumentos que presentan las partes, basta con que le mencionen el artículo correcto ¿Por qué quedarse allí?, ¿Por qué la Sala no puede también suplir el artículo?, ¿Por qué no pronunciarse oficiosamente en todos los aspectos? Después de todo es “El Guardián” ¿Hasta dónde puede llegar un auto-proclamado guardián?
El problema de recurrir a formulas tan abstractas es que básicamente pueden moldearse y utilizarse para lo que sea, la Asamblea Legislativa el día de mañana podría auto-proclamarse “El Guardián de la voluntad popular” y salirse de cualquier marco legal y constitucional previo, a lo mejor muchos de los abusos realizados dentro del primer órgano del Estado se justificaron arguyendo el “singular papel democrático de la Asamblea Legislativa”. Las fórmulas vagas que utiliza nuestra Sala de lo Constitucional deben verse como cheques en blanco que otros pueden cobrar, puertas abiertas que pueden cruzar otras configuraciones subjetivas del máximo Tribunal, a lo mejor sin fines tan loables como la de los presentes “guardianes”.
En lo personal, no me cabe duda que la resolución 35-2015 seguirá siendo una resolución celebrada, no tanto por su arsenal argumentativo, que me parece poroso y peligroso, sino más bien porque hace daño a un Órgano sumamente impopular como lo es la Asamblea Legislativa[6], o bien, porque hace daño a “determinado partido”. En lo personal, reitero que me alegra mucho ver trabajar a don Medardo González, pero si para ello se necesita de una jurisdicción constitucional que se sostenga por su popularidad y no por su racionalidad, a lo mejor no vale la pena.
Ver: MANIPULACIÓN DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE AMNISTÍA EN CASO JESUITAS
[1] Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Inconstitucionalidad-Improcedencia bajo la referencia 137-2015, del nueve de diciembre del 2015
[2] Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Inconstitucionalidad-Improcedencia bajo la referencia 137-2015, del nueve de diciembre del 2015
[3] http://www.laprensagrafica.com/2015/04/24/asamblea-aprueba-900-millones-en-emision-de-bonos
[4] Es decir, la expulsión del ordenamiento jurídico de las disposiciones cuya invalidez deriva como efecto de la decisión adoptada (Sentencia de Inconstitucionalidad del 21 de abril de 2004, referencia 52-2003)
[5] Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Inconstitucionalidad Ref. 44-2013/145-2013, del 13 de julio del 2016
[6] Lo que no significa que la Corte Suprema de Justicia sea un órgano popular (ver http://www.transparenciaactiva.gob.sv/uca-el-67-de-la-poblacion-cree-que-magistrados-responden-a-grupos-de-poder)
FEUSIER, OSWALDO. “¿EXCESO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL EN INCONSTITUCIONALIDAD DE DIPUTADOS SUPLENTES?”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 28 de julio de 2016.
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