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Timestamp: 2019-03-25 09:23:02+00:00

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Constitucional nº AC-1075-15 de Corte Suprema de Justicia, 23 de Mayo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 692840221
Constitucional nº AC-1075-15 de Corte Suprema de Justicia, 23 de Mayo de 2017
Actor: Dolores Sulema Yanes Reyes
Demandado: Corte de Apelaciones de lo Civil, Francisco Morazán
Hechos relevantes: Sentencia sobreseyó acción de amparo contra la resolución del juzgado de primera instancia que desestimó la nulidad desde el auto de admisión a trámite de la demanda promovida por la recurrente
CERTI F ICACIÓ N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA , la Sentencia que literalmente dice: “ COR TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL .- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. - VISTA : En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE F.M. , de fecha nueve (9) de de noviembre del año dos mil quince (2015), que sobresee la acción de amparo interpuesto por el Abogado V.F.M., apoderado Legal de la señora DOLORES SULEMA YANES REYES, contra actuaciones de fecha veintiséis (26) de octubre del dos mil quince (2015), dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda de Ejecución de un titulo extrajudicial promovida por el Centro de Desarrollo Humano (CDH), contra los señores D.S.Y.R., J.D. CASTILLO FLORES y EBEN ONI BENJAMIN BENGUCHE ALVAREZ . Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. - ANTECEDENTES .- 1) Que según resulta del expediente original de actuaciones de primera instancia, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ABY L.C.M. , en su condición de Apoderada Legal del CENTRO DE DESARROLLO HUMANO (CDH) en fecha veinte (20) de junio del año dos mil trece (2013) , interponiendo DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL, contra de los señores D.S.Y.R., en su condición de deudora principal, J.D. CASTILLO FLORES y BEN ONI BENJAMIN BENGUCHE ALVAREZ . ( Folio 1 al 4 de la pieza del Juzgado) .- 2) Que el Juzgado antes citado, en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil quince (2015), emitió resolución mediante la cual resolvió: (sic) “ PRIMERO: DESESTIMAR LA SOLICITUD DE NULIDAD, promovida por la señora DOLORES SULEMA YANES REYES, como parte ejecutada en virtud de que el auto de admisión de fecha 24 de julio del 2013, desde donde ella solicita nulidad se encuentra dictado conforme a derecho ya que siendo que la demanda se admitió a trámite, debido a que reunía todo los requisitos para su admisión y en el mismo auto se acordó requerir de pago a la parte ejecutada, y consta que dicho requerimientos fue realizado conforme a la ley, en consecuencia la parte ejecutada, tenía conocimiento de tales actuaciones si ella presentaba oposición, pues consta en autos (a folio 15) que fue requerida de pago en fecha 8 de octubre del 2010 la señora DOLORES SULEMAYANES REYES , otorgándosele el plazo de tres días para que se opusiera, por los motivos de oposición ya señalados en la Ley procesal vigente, dejando transcurrir ese plazo, sin hacer uso de él, haciéndose las prevenciones de Ley correspondientes. En consecuencia, no se le ha causado indefensión alguna a la señora D.S.Y.R. , pues los motivos de nulidad solicitados, como ser la nulidad del mantenimiento la prescripción y la falta de requisitos del título valor debieron ser alegados dentro de la oposición por ser los mismos, motivos de oposición que puede plantear el ejecutivo cuando el titulo valor es pagaré o lo que manifiesto que la cantidad reclamada fue cancelada e n su totalidad pudiendo haber presentado dichos recibos en el momento procesal oportuno, no mediante un incidente de Nulidad como pretende”. (F. del 64 al 66 de la pieza del Juzgado) .- 3) Que en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil quince (2015), compareció ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE F.M. , el Abogado V.F.M., interponiendo recurso de amparo a favor de la señora DOLORES Z.Y.R., contra actuaciones de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil quince (2015), dictadas por el Juzgado de Letras Civil del departamento de F.M.án, por considerar que la misma es violatoria de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ( Folios 1 al 11 de la pieza de Corte de Apelaciones) .- 4) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil quince (2015) emitió su fallo, mediante el cual resuelve: (sic) “PRIMERO : S. la acción de amparo interpuesta por el Abogado V.F.M., en su condición de apoderado legal de la señora D.S.Y.R., QUIEN RECURRE CONTRA LA RESOLUCIÒN DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2015, EMITIDA POR EL Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: Que se notifique este fallo, que se eleve a trámite de consulta obligatoria la presente sentencia a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes y certificación del fallo, al Juzgado de su procedencia para su debido cumplimiento.- NOTIFIQUESE….” (Folios del 21 al 23 de la pieza de segunda instancia) .- 5 ) Que en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil quince (2015), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito , en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. - CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República ; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5 , 7 , 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. - CONSIDERA N DO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. - CONSIDERA N DO TRES (3): Que la acción de A. es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución , interponiéndose de conformidad con la ley. - CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce el recurso de amparo venido en consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE F.M. , de fecha nueve (9) de de noviembre del año dos mil quince (2015), que sobresee la acción de amparo interpuesto por el Abogado V.F.M., apoderado Legal de la señora DOLORES SULEMA YANES REYES, contra las actuaciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha veintiséis (26) de octubre del dos mil quince (2015), en relación a la demanda de e jecución de un t í tulo extrajudicial promovida por el Centro de Desarrollo Humano (CDH), contra los señores D.S.Y.R., J.D. CASTILLO FLORES y EBEN ONI BENJAMIN BENGUCHE ALVAREZ. - CONSIDERANDO CINCO (5): E stablece el recurrente en la interpo sición del recurso de amparo contra el auto emitido por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha veintiséis ( 26 ) de octubre de dos mil quince (2015), que con la resolución antes referida él A Q uo violenta normas esenciales de procedimiento como ser el derecho al debido proceso y el derecho de petición al desestimar la resolución promovida, argumentando situaciones aisladas en relaciones a la motivación del fundado auto, ya que el mismo fue planteado en base a los preceptos establecidos por el Código Procesal Civil y demás leyes aplicables, siendo así que el Código de Comercio establece lo relacionado a los títulos valores siendo el caso que nos ocupa el documento denominado PAGARE . Se establece en la demanda interpuesta a nte el A Quo, que el título extrajudicial no llena los requisitos establecidos para su validez ni mucho menos para la ejecución de un título judicial, sin embargo se limita a manifestar con un auto contradictorio y ambiguo argumenta ndo que en sus fundamentos a l requerir a su representada la señora D.S.Y.R. , le vulnera el derecho de acceso a la justicia al dejar a un lado varios elementos relevantes al constar en el expediente la nulidad invocada en la demanda y únicamente se basa en manifestar que su representada no contestó en los tres (3) días que la ley le otorga para este tipo de acciones , no toma ndo en cu enta las razones y motivos de fundamentación de la nulidad planteada, en vista que el t í tulo como tal no posee las características que la ley señala por lo tanto, al haber declarado sin lugar el incidente promovido deja en indefensión a su representada, más a ú n cuando esta no fue requerida como deudora principal sino que fue supuest amente fue requerida por interpó sita persona, este se desnaturalizó al haber incluidos elementos no contemplados en el Código de Comercio, sin embargo la J uez admitió el mismo como un t í tulo más aun cuando la acción y a había prescrito, debiendo la J uez decretado de oficio la nulidad por la simple y sencilla razón que la acción ya había prescrito aprecia ndo los elementos contenidos en el referido t í tulo denominado pagaré. En el caso de mérito se establece que el pagar é fue suscrito en fecha veintiséis (26) de febrero del dos mil diez (2010) y la demanda fue promovida e n fecha veinte (20) de junio del dos mil trece (2013) , al efectuar una simple operación aritmética se comprueba que han transcurrido tres (3) años con tres (3) meses y días para reclamar la deuda , por lo que el documento deja de ser un tí tulo valor para reclamar una obligación que no es vencido ni actualmente exigible. - CONS IDERANDO SEIS (6 ): De los argumentos expuestos por el impetrante se desprende del estudio de sus antecedentes, así como de lo planteado en el recurso de amparo interpuesto , se evidencia que no se han violentado las garantías constitucionales citadas como infringidas, en virtud que en el caso de autos no es procedente otorgar el amparo contra la resolución recurrida, ante la in conformidad del recurrente, al no oponerse a la ejecución que se le sigue en el presente juicio, dentro del plazo concedido para ello, es decir los tres (3) días siguientes a su requerimiento, en aplicación estricta a lo dispuesto en el articulo 46 numeral 3. d e la Ley sobre Justicia Constitucional, alegando además la falta de existencia de requisitos esenciales en el título, sin embargo, la señora Juez, dio curso al incidente promovido en el juicio, el que fue desestimado , considerando que la ejecutada no se opuso a la ejecución en el plazo legalmente establecido y además interpone el amparo alegando cuestiones de mera legalidad, que debieron alegarse en su momento oportuno, es decir, dentro del plazo concedido para la oposición en el juicio. [1] Estable ce la norma subjetiva que cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, de igual manera en este mismo precepto jurídico en su último párrafo establece que el órgano jurisdiccional dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. Al analizar, el expediente, se colige de las mismas, que la demanda promovida en primera instancia es una ejecución de un título extrajudicial, por lo que es procedente en cuanto a la parte ejecutada, interponer OPOSICION a la misma, en virtud del artículo 790.1 del Código Procesal Civil , debiendo el ejecutado plantear en un solo escrito oposición a la ejecución en el plazo de tres (3) días desde la notificación del mandamiento de ejecución, aportando todas las justificaciones documentales que tuviera, alegando los motivos de oposición señalados en el artículo 465 del Código de Comercio, entre los cuales se encuentran los que el recurrente considera en su escrito de nulidad, por lo que es improcedente promover un incidente de nulidad contra la demanda de ejecución de t í tulo extrajudicial, argumentando prescripción de la acción y la nulidad del mandamiento de ejecución por la falta de requisitos esenciales en el título, pues son estos los razonamientos del recurrente para manifestar que se han violentando las garantías constitucionales, basta ver las normas adjetivas y sustantivas, que el amparista , considera que el A Quo no ha tomando en cuenta. Abonado que la señora D OLORES SULEMA REYES (Ejecutada), fue requerida de pago a través del señor BEN ONI BENJAMIN , a quien el S. delJ., hizo las advertencias de Ley correspondientes [2], quien pretende después de un año (1), siete (7) meses y diecisiete (17) días después de haber sido requerida de pago, promover un incidente de nulidad, cuando en realidad debió promover un motivo de oposición en el plazo antes mencionado. - CONSIDERANDO SIETE ( 7 ) : Del expediente de mérito se desprende que las partes intervinientes en el proceso han tenido las oportunidades procesales que la Ley les confiere, han hecho uso de los recursos que han estimado a su favor, recursos que han sido resueltos por él A Quo en los términos legales, por lo que se considera que en ningún momento se han violentando las garantías constitucionales señaladas por el recurrente, si bien es cierto no se ha resuelto a favor del mismo, ese no es motivo para afirmar que se ha violentados el derecho alegado, pudiéndose observar en la causa de mérito que el proceso se ha llevado bajo los procedimientos legalmente establecidos, por lo que tampoco logra acreditar el recurrente que se han violentado normas procedimentales ; en tal sentido no se aprecia ninguna garantía constitucional vulnerada, ya que el proceso se ha desarrollado con todas las garantías, pues ambas partes han sido oídos y han hecho valer sus pretensiones frente l a J. competente , respetando el derecho de defensa y el debido proceso e igualmente manteniendo igualdad de las partes en el proceso. POR TANTO : La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República , en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del F., por UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los Artículos 80 , 90, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República , 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 Declaración Americana de los Derechos del Hombre; 8, 7 63 , 764, 783, 784, 790.1, 792, y 794 d el Código de Proce sal Civil; 465, 590, 591, 592 del Código de Comercio; 1, 55 numeral segundo, 78 numeral 5, 86 y 137 Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 3 numeral segundo , 7, 8, 9 numeral 2, 41, 45, 51, 52 , 54 , 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA : CONFIRMANDO la s entencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE F.M. , de fecha nueve (9) de de noviembre del año dos mil quince (2015). Y MANDA : Que con la certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA . NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado J.A.Z.Z.ÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- E.F.O. CRUZ.- REINA A.H.R..- J.A.S.V. .- L.A.S..- Firma y S. CARLOSA.A.C. , Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26 ) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23 ) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil venido en Consulta , registrado en este Tribunal bajo el número 1075-2015 .
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA , la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- VISTA : En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE F.M. , de fecha nueve (9) de de noviembre del año dos mil quince (2015), que sobresee la acción de amparo interpuesto por el Abogado V.F.M., apoderado Legal de la señora DOLORES SULEMA YANES REYES, contra actuaciones de fecha veintiséis (26) de octubre del dos mil quince (2015), dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda de Ejecución de un titulo extrajudicial promovida por el Centro de Desarrollo Humano (CDH), contra los señores D.S.Y.R., J.D. CASTILLO FLORES y EBEN ONI BENJAMIN BENGUCHE ALVAREZ . Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que según resulta del expediente original de actuaciones de primera instancia, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ABY L.C.M. , en su condición de Apoderada Legal del CENTRO DE DESARROLLO HUMANO (CDH) en fecha veinte (20) de junio del año dos mil trece (2013) , interponiendo DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL, contra de los señores D.S.Y.R., en su condición de deudora principal, J.D. CASTILLO FLORES y BEN ONI BENJAMIN BENGUCHE ALVAREZ . ( Folio 1 al 4 de la pieza del Juzgado).- 2) Que el Juzgado antes citado, en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil quince (2015), emitió resolución mediante la cual resolvió: (sic) “ PRIMERO: DESESTIMAR LA SOLICITUD DE NULIDAD, promovida por la señora DOLORES SULEMA YANES REYES, como parte ejecutada en virtud de que el auto de admisión de fecha 24 de julio del 2013, desde donde ella solicita nulidad se encuentra dictado conforme a derecho ya que siendo que la demanda se admitió a trámite, debido a que reunía todo los requisitos para su admisión y en el mismo auto se acordó requerir de pago a la parte ejecutada, y consta que dicho requerimientos fue realizado conforme a la ley, en consecuencia la parte ejecutada, tenía conocimiento de tales actuaciones si ella presentaba oposición, pues consta en autos (a folio 15) que fue requerida de pago en fecha 8 de octubre del 2010 la señora DOLORES SULEMAYANES REYES , otorgándosele el plazo de tres días para que se opusiera, por los motivos de oposición ya señalados en la Ley procesal vigente, dejando transcurrir ese plazo, sin hacer uso de él, haciéndose las prevenciones de Ley correspondientes. En consecuencia, no se le ha causado indefensión alguna a la señora D.S.Y.R. , pues los motivos de nulidad solicitados, como ser la nulidad del mantenimiento la prescripción y la falta de requisitos del título valor debieron ser alegados dentro de la oposición por ser los mismos, motivos de oposición que puede plantear el ejecutivo cuando el titulo valor es pagaré o lo que manifiesto que la cantidad reclamada fue cancelada en su totalidad pudiendo haber presentado dichos recibos en el momento procesal oportuno, no mediante un incidente de Nulidad como pretende”. (F. del 64 al 66 de la pieza del Juzgado).- 3) Que en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil quince (2015), compareció ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE F.M. , el Abogado V.F.M., interponiendo recurso de amparo a favor de la señora DOLORES Z.Y.R., contra actuaciones de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil quince (2015), dictadas por el Juzgado de Letras Civil del departamento de F.M.án, por considerar que la misma es violatoria de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ( Folios 1 al 11 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 4) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil quince (2015) emitió su fallo, mediante el cual resuelve: (sic) “PRIMERO : Sobreseer la acción de amparo interpuesta por el Abogado V.F.M., en su condición de apoderado legal de la señora D.S.Y.R., QUIEN RECURRE CONTRA LA RESOLUCIÒN DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2015, EMITIDA POR EL Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: Que se notifique este fallo, que se eleve a trámite de consulta obligatoria la presente sentencia a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes y certificación del fallo, al Juzgado de su procedencia para su debido cumplimiento.- NOTIFIQUESE….” (Folios del 21 al 23 de la pieza de segunda instancia).- 5) Que en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil quince (2015), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito , en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República ; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5 , 7 , 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la acción de A. es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución , interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce el recurso de amparo venido en consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE F.M. , de fecha nueve (9) de de noviembre del año dos mil quince (2015), que sobresee la acción de amparo interpuesto por el Abogado V.F.M., apoderado Legal de la señora DOLORES SULEMA YANES REYES, contra las actuaciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha veintiséis (26) de octubre del dos mil quince (2015), en relación a la demanda de ejecución de un título extrajudicial promovida por el Centro de Desarrollo Humano (CDH), contra los señores D.S.Y.R., J.D. CASTILLO FLORES y EBEN ONI BENJAMIN BENGUCHE ALVAREZ.- CONSIDERANDO CINCO (5): Establece el recurrente en la interposición del recurso de amparo contra el auto emitido por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil quince (2015), que con la resolución antes referida él A Quo violenta normas esenciales de procedimiento como ser el derecho al debido proceso y el derecho de petición al desestimar la resolución promovida, argumentando situaciones aisladas en relaciones a la motivación del fundado auto, ya que el mismo fue planteado en base a los preceptos establecidos por el Código Procesal Civil y demás leyes aplicables, siendo así que el Código de Comercio establece lo relacionado a los títulos valores siendo el caso que nos ocupa el documento denominado PAGARE. Se establece en la demanda interpuesta ante el A Quo, que el título extrajudicial no llena los requisitos establecidos para su validez ni mucho menos para la ejecución de un título judicial, sin embargo se limita a manifestar con un auto contradictorio y ambiguo argumentando que en sus fundamentos al requerir a su representada la señora D.S.Y.R. , le vulnera el derecho de acceso a la justicia al dejar a un lado varios elementos relevantes al constar en el expediente la nulidad invocada en la demanda y únicamente se basa en manifestar que su representada no contestó en los tres (3) días que la ley le otorga para este tipo de acciones, no tomando en cuenta las razones y motivos de fundamentación de la nulidad planteada, en vista que el título como tal no posee las características que la ley señala por lo tanto, al haber declarado sin lugar el incidente promovido deja en indefensión a su representada, más aún cuando esta no fue requerida como deudora principal sino que fue supuestamente fue requerida por interpósita persona, este se desnaturalizó al haber incluidos elementos no contemplados en el Código de Comercio, sin embargo la Juez admitió el mismo como un título más aun cuando la acción ya había prescrito, debiendo la Juez decretado de oficio la nulidad por la simple y sencilla razón que la acción ya había prescrito apreciando los elementos contenidos en el referido título denominado pagaré. En el caso de mérito se establece que el pagaré fue suscrito en fecha veintiséis (26) de febrero del dos mil diez (2010) y la demanda fue promovida en fecha veinte (20) de junio del dos mil trece (2013), al efectuar una simple operación aritmética se comprueba que han transcurrido tres (3) años con tres (3) meses y días para reclamar la deuda, por lo que el documento deja de ser un título valor para reclamar una obligación que no es vencido ni actualmente exigible.- CONSIDERANDO SEIS (6): De los argumentos expuestos por el impetrante se desprende del estudio de sus antecedentes, así como de lo planteado en el recurso de amparo interpuesto, se evidencia que no se han violentado las garantías constitucionales citadas como infringidas, en virtud que en el caso de autos no es procedente otorgar el amparo contra la resolución recurrida, ante la inconformidad del recurrente, al no oponerse a la ejecución que se le sigue en el presente juicio, dentro del plazo concedido para ello, es decir los tres (3) días siguientes a su requerimiento, en aplicación estricta a lo dispuesto en el articulo 46 numeral 3. de la Ley sobre Justicia Constitucional, alegando además la falta de existencia de requisitos esenciales en el título, sin embargo, la señora Juez, dio curso al incidente promovido en el juicio, el que fue desestimado, considerando que la ejecutada no se opuso a la ejecución en el plazo legalmente establecido y además interpone el amparo alegando cuestiones de mera legalidad, que debieron alegarse en su momento oportuno, es decir, dentro del plazo concedido para la oposición en el juicio. [3]Establece la norma subjetiva que cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, de igual manera en este mismo precepto jurídico en su último párrafo establece que el órgano jurisdiccional dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. Al analizar, el expediente, se colige de las mismas, que la demanda promovida en primera instancia es una ejecución de un título extrajudicial, por lo que es procedente en cuanto a la parte ejecutada, interponer OPOSICION a la misma, en virtud del artículo 790.1 del Código Procesal Civil, debiendo el ejecutado plantear en un solo escrito oposición a la ejecución en el plazo de tres (3) días desde la notificación del mandamiento de ejecución, aportando todas las justificaciones documentales que tuviera, alegando los motivos de oposición señalados en el artículo 465 del Código de Comercio, entre los cuales se encuentran los que el recurrente considera en su escrito de nulidad, por lo que es improcedente promover un incidente de nulidad contra la demanda de ejecución de título extrajudicial, argumentando prescripción de la acción y la nulidad del mandamiento de ejecución por la falta de requisitos esenciales en el título, pues son estos los razonamientos del recurrente para manifestar que se han violentando las garantías constitucionales, basta ver las normas adjetivas y sustantivas, que el amparista , considera que el A Quo no ha tomando en cuenta. Abonado que la señora D OLORES SULEMA REYES (Ejecutada), fue requerida de pago a través del señor BEN ONI BENJAMIN , a quien el S. delJ., hizo las advertencias de Ley correspondientes [4], quien pretende después de un año (1), siete (7) meses y diecisiete (17) días después de haber sido requerida de pago, promover un incidente de nulidad, cuando en realidad debió promover un motivo de oposición en el plazo antes mencionado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Del expediente de mérito se desprende que las partes intervinientes en el proceso han tenido las oportunidades procesales que la Ley les confiere, han hecho uso de los recursos que han estimado a su favor, recursos que han sido resueltos por él A Quo en los términos legales, por lo que se considera que en ningún momento se han violentando las garantías constitucionales señaladas por el recurrente, si bien es cierto no se ha resuelto a favor del mismo, ese no es motivo para afirmar que se ha violentados el derecho alegado, pudiéndose observar en la causa de mérito que el proceso se ha llevado bajo los procedimientos legalmente establecidos, por lo que tampoco logra acreditar el recurrente que se han violentado normas procedimentales; en tal sentido no se aprecia ninguna garantía constitucional vulnerada, ya que el proceso se ha desarrollado con todas las garantías, pues ambas partes han sido oídos y han hecho valer sus pretensiones frente la Juez competente, respetando el derecho de defensa y el debido proceso e igualmente manteniendo igualdad de las partes en el proceso. POR TANTO : La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República , en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del F., por UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los Artículos 80, 90, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República , 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 Declaración Americana de los Derechos del Hombre; 8, 763, 764, 783, 784, 790.1, 792, y 794 del Código de Procesal Civil; 465, 590, 591, 592 del Código de Comercio; 1, 55 numeral segundo, 78 numeral 5, 86 y 137 Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral 2, 41, 45, 51, 52, 54, 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA : CONFIRMANDO la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE F.M. , de fecha nueve (9) de de noviembre del año dos mil quince (2015). Y MANDA : Que con la certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA . NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado J.A.Z.Z.ÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- E.F.O. CRUZ.- REINA A.H.R..- J.A.S.V. .- L.A.S..- Firma y S. CARLOSA.A.C. , Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1075-2015.- Firma y Sello
[1] Artículo 46.1.3 de la Ley sobre Justicia Constitucional
[2] Ver folio 15 de la pieza de primera instancia.
[3] Artículo 46.1.3 de la Ley sobre Justicia Constitucional
[4] Ver folio 15 de la pieza de primera instancia.
Sentencia nº CL-1012-12 de Corte Suprema de Justicia, 21 de Enero de 2014

References: resolución 
 resolución 
 artículo 68
 artículo 313
 artículo 303
 artículo 69
 artículo 68
 artículo 183
 artículo 2
 resolución 
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 resolución 
 artículo 790
 artículo 465
 resolución 
 artículo 68
 artículo 313
 artículo 303
 artículo 69
 artículo 68
 artículo 183
 artículo 2
 resolución 
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 artículo 790
 artículo 465
 Artículo 46
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