Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2002/A037-02.htm
Timestamp: 2017-11-24 11:11:08+00:00

Document:
A037-02
Auto 037/02
Referencia: ICC-353 Conflicto de Competencia acción de tutela interpuesta por Amado de Jesús Martínez Sierra ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta.
Se decide por la Corte en relación con el conflicto de competencia para el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Amado de Jesús Martínez Sierra ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, y remitido por éste para reparto a los Juzgados Civiles del Circuito de esa ciudad.
1. El ciudadano Amado de Jesús Martínez Sierra, privado de la libertad en la Penitenciaria de Villavicencio, interpuso acción de tutela que dirigió al Tribunal Administrativo del Meta, en la que impetra protección al derecho a la salud.
2. El Tribunal Administrativo del Meta, en auto de 10 de abril del presente año, declaró su incompetencia para conocer de la acción de tutela mencionada, bajo la consideración de que ello corresponde a los Juzgados Civiles del Circuito de Villavicencio, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º, numeral primero inciso 2º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000.
3. Repartida la acción de tutela a que se ha hecho referencia, le fue asignada al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio, despacho judicial que, a su turno, en auto de 12 de abril del presente año, se declaró incompetente para conocer de ella invocando para el efecto que el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 en su artículo 1º establece que conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces del lugar donde ocurriere la violación o la amenaza del derecho fundamental, razón esta por la cual ha de remitirse el expediente al Juez Civil del Circuito de Acacias (Meta) por estar dirigida esa acción contra el Director de la Penitenciaria con sede en ese municipio.
4. El Juzgado Civil del Circuito de Acacias (Meta), en auto de 15 de abril de “dos mil uno” (sic), se declaró incompetente para conocer de esta acción de tutela, bajo la consideración de que a pesar de que el Decreto 1382 de 2000, salvo el inciso cuarto del numeral 1º del artículo 1º del mismo se encuentra actualmente vigente, lo cierto es que el Consejo de Estado no ha resuelto de manera definitiva en relación con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho decreto, razón por la cual ese Juzgado en cumplimiento del artículo 4º de la Constitución Política, opta por aplicar la excepción de inconstitucionalidad, considera que la competencia para conocer de esta acción de tutela corresponde a la autoridad judicial ante quien se promovió conforme a lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y, en consecuencia, ordena remitir el expediente a la Corte Constitucional para que esta Corporación decida sobre el conflicto así planteado.
3. Transcurrido el término de un año a que hacía referencia el artículo 1º del Decreto 404 de 2001, sin que exista sentencia del Consejo de Estado en relación con la constitucionalidad del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, este de nuevo entró en vigor, por lo que ha de resolverse si es procedente su aplicación o si persisten en relación con sus disposiciones las razones que antes de su suspensión se invocaron para dejar de aplicarlo en virtud del mandato contenido en el artículo 4º de la Carta Política según el cual en caso de incompatibilidad entre una norma de rango inferior y la Constitución Política, ha de darse aplicación preferente a las disposiciones de esta última, en razón de su supremacía.
7. Si, como ya se vio, el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 es incompatible con la Constitución Política, razón por la cual ha de darse aplicación preferente a esta última para garantizar su supremacía en relación con normas de rango inferior como las contenidas en el Decreto aludido, resulta apenas obvio que ha de inaplicarse el artículo 1º del mismo Decreto invocado por el Tribunal Administrativo del Meta para abstenerse de conocer de esta acción de tutela, así como por los Juzgados Tercero Civil del Circuito de Villavicencio y Civil del Circuito de Acacias (Meta) en las providencias de 12 de abril y 15 de abril de este año, respectivamente.
8. Viene entonces como consecuencia de lo expuesto, que si el ciudadano Amado de Jesús Martínez Sierra interpuso la acción de tutela contra el Director de la Penitenciaria Nacional de Acacias (Meta) ante el Tribunal Contencioso Administrativo de ese Departamento, ese y no otro es el despacho judicial que ha de resolverla, conforme al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en plena armonía con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución Política, por lo que se dispondrá el envío inmediato a ese Tribunal (magistrado ponente, doctor Alfredo Vargas Morales), para los efectos pertinentes.
Primero. Inaplicar, en relación con la acción de tutela promovida por el ciudadano Amado de Jesús Martínez Sierra, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, por ser contrario a la Constitución Política conforme a lo expuesto en la parte motiva de este auto.
Segundo.- Envíese el expediente en forma inmediata al Tribunal Administrativo del Meta (Magistrado ponente, doctor Alfredo Vargas Morales) para los efectos legales.
Tercero.- Para su conocimiento envíese copia de este auto a los Juzgados Tercero Civil del Circuito de Villavicencio y Civil del Circuito de Acacias (Meta).

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 1