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Timestamp: 2019-01-17 15:44:35+00:00

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﻿ SENTENCIA STC5860-2017/2017-00024 DE ABRIL 28 DE 2017
SENTENCIA STC5860-2017/2017-00024 DE 28 DE ABRIL DE 2017
CONTENIDO:PRESUNCIÓN LEGAL DE LA CALIDAD DE COMERCIANTE. SE RECUERDA QUE EL ALTO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA SOSTENIDO, A PARTIR DE LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE LA FIGURACIÓN DE UNA PERSONA EN EL REGISTRO MERCANTIL, BIEN SEA COMO PROFESIONAL DEL COMERCIO O PROPIETARIO DE UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO AL MISMO, CONLLEVA LA PRESUNCIÓN LEGAL DE QUE DESARROLLA ESA ACTIVIDAD. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SOBRE LA BASE DE HALLARSE DEMOSTRADA LA INSCRIPCIÓN COMO COMERCIANTE, Y ESTA CALIDAD ESTABLECIDA CON LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CÁMARA DE COMERCIO, EN LA CUAL CONSTA SU MATRÍCULA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 1º DEL ARTÍCULO 13 DEL ESTATUTO MERCANTIL, SE PRESUME QUE DESDE ENTONCES EL ACTOR HA EJERCIDO EL COMERCIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, CÁMARA DE COMERCIO, REGISTRO COMERCIAL, COMERCIANTE, ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, MATRÍCULA COMERCIAL, CÓDIGO DE COMERCIO
Sentencia STC5860-2017 de abril 28 de 2017
Rad.: 68679-22-14-000-2017-00024-01
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2107).
1. El promotor reclamó la protección constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.
2. Arguyó, en sustento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:
2.1. Que el 18 de noviembre de 2015, ante la Notaría Primera de Socorro, inició el «trámite de insolvencia de persona natural no comerciante (...) en aplicación de los artículos 537 numeral 4°, 538 y 539 del Código General del Proceso. Actuación que fue debidamente notificada a todos los acreedores, incluidos el Banco Agrario de Colombia y la Cooperativa de Ahorro Coomuldesa Ltda.».
2.2. Que «al no concretarse un acuerdo de pago con los acreedores, en aplicación del artículo 563 del Código General del Proceso» la Notaría remitió las diligencias a los jueces civiles municipales.
2.4. Que el 25 de junio siguiente Coomudelsa Ltda., y el Banco Agrario formularon «petición de nulidad», aduciendo, sólo hasta ese momento, que el solicitante ostenta la calidad de comerciante, por lo que debe aplicarse el procedimiento previsto en la Ley 1116 de 2006.
2.6. Que interpuso reposición, pero por auto de 20 de octubre siguiente, se «desconoció la personería de [su] apoderada que procedía de la notaría (...) igual con el recurso o sin él [la determinación] fue arbitraria y desde el momento de aceptar la nulidad ya se conocía cual sería la decisión».
3. Pidió, en consecuencia, respetar «lo iniciado por la Notaría Primera de Socorro y continuar con [el] trámite de liquidación patrimonial» como persona natural no comerciante (fls. 37-46, cdno. 1).
1. El Banco convocado indicó que los créditos a cargo del actor «fueron adquiridos bajo la vigencia de su registro como comerciante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la sola circunstancia de que cincuenta días antes de presentar su solicitud ante la Notaría del Círculo de Socorro hubiese cancelado tal registro de comerciante, no lo legitimaba para tomar el camino de insolvencia de persona natural no comerciante» (fl. 98, ibidem).
2. El fallador del circuito encartado afirmó que «atendió el conocimiento del proceso de liquidación judicial de que trata la Ley 1116 de 2006, ante la firmeza de la decisión tomada por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal del Socorro (...) la cual estableció la calidad de comerciante del accionante (...) es ante ese escenario que el demandante debió plantear sus diferentes argumentaciones, para desvirtuar la calidad que se le otorgó» (fl. 103, cdno. 1).
3. El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal manifestó que no decretó la nulidad sino que, simplemente, declaró su «falta de competencia por el factor funcional», resolución contra la que se presentó «escrito de reposición y en subsidio apelación, una vez revisado el expediente no se encontró poder para actuar por lo que fue rechazado» (fls. 104-106 idem).
El tribunal denegó el resguardo porque el interesado «ostentaba la posibilidad de interponer el recurso de reposición o apelación, contra la determinación del Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Socorro, el cual declaró la falta de competencia funcional. Ahora si bien se incoaron tales recursos a través de apodero judicial, se observa que éstos fueron rechazados precisamente por falta de poder especial para incoar tales medios de defensa, sin que contra tal determinación se utilizara recurso alguno, pues se ventilaba la posibilidad de interponer el recurso de queja en subsidio con el de reposición tal como lo establece el artículo 353 del Código General del Proceso».
Añadió que «la negación de la apertura del trámite de liquidación judicial (...) no se advierte caprichosa o arbitraria, vale decir constitutiva de vía de hecho, toda vez que los argumentos que se expusieron en torno a la falta de requisitos por parte del solicitante (...) son razonables, pues se indicaron cuáles eran los fundamentos legales para su cumplimiento. En efecto (...) el artículo 47 de la Ley 1116 de 2006 exige que de acuerdo a las causales allí impuestas, se expresen los fundamentos de la apertura; también de conformidad con el artículo 49 ibidem debe presentarse la solicitud en los términos allí indicados, además que bajo el artículo 50 idem la solicitud debía encaminar lo efectos de la apertura, para efectos de impartir órdenes consecuenciales».
Asegura que no ejerce labores mercantiles, pues se dedica al campo, de ahí que sus créditos correspondan a la «línea Finagro, exclusiva para agricultores», al tiempo que ante la DIAN su actividad económica es «eminentemente agrícola»; y si bien participó en la “Trilladora Cafemar”, el «proyecto no pudo iniciarse (...) por eso se canceló la matrícula porque no hubo ni maquinaria ni dinero para iniciar esa empresa».
Y como el trámite de es de única instancia, no es correcto el reproche del a quo por no perseverar en la apelación (fls. 125-130 cdno. 1).
1. Reiteradamente se ha explicado que tratándose de actuaciones judiciales este amparo no es la senda idónea para censurar las decisiones que se adopten y únicamente, de manera excepcional, puede acudirse a esa herramienta cuando el funcionario proceda «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’»; bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).
2. Observada la inconformidad planteada, el accionante discute, en suma, que el fallador municipal no podía apartarse del conocimiento de su solicitud de insolvencia como «persona natural no comerciante», ni el circuito podía entenderla como de «persona natural comerciante», puesto que no ejerce esa actividad.
3. Del examen de las pruebas arrimadas, encuentra la Corte lo siguiente:
3.2. Actas de audiencias del 15 de diciembre de 2015 y 24 febrero de 2016, en las que intervino Judith Otálora Reyes como apoderada del accionante (fls. 9 y 10, 29 y 30 idem).
3.5. Memorial presentado, el 11 de mayo pasado, por el Banco Agrario de Colombia S.A., deprecando que se «declare la falta de competencia (...) para conocer del proceso de liquidación patrimonial (...) toda vez que se dio el trámite contemplado por el Código General del Proceso a la persona natural no comerciante siendo lo correcto el trámite de la Ley 1116 de 2006 contemplado para las personas comerciantes» (fl. 72, cdno. 2).
3.7. Recurso de reposición, y subsidiario apelación, formulado contra esa resolución judicial por la abogada Judith Otálora Reyes (fls. 90-94 id.).
Preliminarmente, consignó el juzgador: «(...) la competencia se radica en determinados funcionarios judiciales en consideración a la calidad del sujeto que debe intervenir en la relación procesal, es decir, teniendo en cuenta la connotación especial que se predica respecto de determinado sujeto de derecho; mientras el factor funcional hace referencia a la designación de determinado funcionario para que conozca de un proceso atendiendo la organización jerárquica y división territorial del país (fl. 85, cdno. 2)
Pasó a destacar que según el Código de Comercio son «comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles» (art. 10), y que cabe presumir esa calidad respecto de quienes figuran en el registro mercantil o tienen abierto un «establecimiento de comercio» (art. 13).
Luego de lo cual, con apoyo en la referida evidencia, concluyó: «son los anteriores actos reflejo de la actividad comercial o mercantil, pues desde el enfoque normativo es claro deducir que Marco Tulio Manosalva Quintero ejerció en varias ocasiones y en distintas modalidades la actividad comercial y bajo dicho ejercicio adquirió las obligaciones dinerarias con entidades bancarias como también con particulares, mientras se encontraba vigente su inscripción mercantil en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, [por] lo que es fácil deducir que las acreencias y deudas fueron adquiridas dentro de los postulados del marco normativo comercial en su artículo 10, pues, nótese que se encontraba inscrito con su propia marca (...) como también ejercía el comercio con los establecimientos comerciales Fosters Café y Trilladora Cafemar (...) luego no puede desconocerse que transcurrido un corto término de tiempo desde la fecha de cancelación de la matrícula, se presentó para trámite de insolvencia de persona natural no comerciante y relacionó obligaciones o acreencias adquiridas bajo la condición subjetiva de comerciante» (fl. 88, cdno. 2).
«(...) sobre la base de hallarse demostrada la inscripción del demandante (...) como comerciante, y esta calidad la dio por establecida con la certificación expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, en la cual consta su matrícula (...) y sobre ese particular, de conformidad con el numeral 1º del artículo 13 del estatuto mercantil, se presume que desde entonces el actor ha ejercido el comercio» (CSJ, SC2068-2016, 22, feb., rad. 2007-00682-01).
«(...), la autoridad que le dé inicio a la actuación conservará su competencia, sin que pueda (...) variarla o modificarla por factores distintos al de la cuantía (...) si por alguna circunstancia la manifestación del demandante resultare inconsistente (...) es carga procesal del extremo demandado alegar la incompetencia del juez, lo que debe hacer en las oportunidades procesales que se establecen para el efecto» (CSJ, AC 12 dic. 2014, rad. 2014-02688-00, citado en AC6263-2016, 20 sep., rad. 02631-00).
«(...) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resultado de una actuación subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales”» (CSJ; STC 20 sep. 2012, rad. 00245-01, citada en STC139-2017, 19 en., rad. 2016-01985-01).
«— Expresión del trámite solicitado.
— Expresión del fundamento de la apertura del proceso de liquidación, de conformidad con las causales previstas en el artículo 47 de la Ley 1116 de 2006.
— Presentación de la solicitud en los términos del artículo 49 de la citada ley –liquidación judicial inmediata-, así como los documentos allí enunciados.
— Presentación de la solicitud de cara a los efectos de la apertura del proceso de liquidación previstos en el artículo 50 de la ley en comento (...).
— Presentación del balance que sirvió de base para la liquidación con su respectivo dictamen, si lo hubiere, y un estado de inventario de activos y pasivos, debidamente certificado y valorado» (fl. 104, cdno. 2).
De esa forma, la providencia del sentenciador resulta no arbitraria, en la medida que efectivamente los presupuestos de la solicitud del actor, insístase, de negociación de deudas, no podían amalgamarse, o desdibujarse mejor, para asimilarlos a de la reorganización empresarial o la liquidación judicial, lo que impide la intromisión de la jurisdicción constitucional, pues, como ha dicho insistentemente la Sala, «al juez de tutela le está vedado examinar si los funcionarios realizaron la más convincente o adecuada de las interpretaciones, pues, tal tarea está por fuera de sus facultades» (CSJ, STC2713-2015, 12 mar., rad. 00502-00, citada en STC1946-2016, 18 feb., rad. 2015-03001-01).
«La motivación de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, razón por la cual esta debe ser, para el asunto concreto, suficiente, es decir, «...la función del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisión que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideración» (CSJ, STC, 13 mar. 2013, rad. 2012-00208-01, reiterado en STC11096-2016, 1° ago., rad. 02134-00).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, RESUELVE:
1. Conceder el amparo el debido proceso de Marco Tulio Manosalva Quintero frente al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Socorro.
2. Dejar sin efecto la condena en costas impuesta al accionante por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Socorro en auto de 5 de agosto de 2016. En todo lo demás dicha decisión permanece incólume.
3. Remítasele copia al aludido despacho de la presente providencia.
4. Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión.

References: ARTÍCULO 13
 ARTÍCULO 13
 artículo 563
 resolución 
 artículo 353
 artículo 47
 artículo 49
 artículo 50
 resolución 
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 47
 artículo 49
 artículo 50