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Timestamp: 2020-01-27 21:55:37+00:00

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RGPD - DPO & it law
By Gonzalo de la Cruz No comments yet COREPER, Protección de Datos
IV. Terceros intervinientes y los códigos de conducta y certificación (III)
La figura del Delegado de Protección de Datos viene recogida en los art. 37 a 39 y en el considerando 97.
el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;
las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, o
las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales con arreglo al artículo 9 (Tratamiento de categorías especiales de datos personales)y de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10 (Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales).
En casos distintos de los contemplados en el apartado 1, el responsable o el encargado del tratamiento o las asociaciones y otros organismos que representen a categorías de responsables o encargados podrán designar un Delegado de Protección de Datos o deberán designarlo si así lo exige el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. El Delegado de Protección de Datos podrá actuar por cuenta de estas asociaciones y otros organismos que representen a responsables o encargados.
El Delegado de Protección de Datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones indicadas en el artículo 39 (Funciones del Delegado de Protección de Datos).
El Delegado de Protección de Datos podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento o desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios.
El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos y los comunicarán a la autoridad de control.
Artículo 38: Posición del Delegado de Protección de Datos
El responsable y el encargado del tratamiento respaldarán al Delegado de Protección de Datos en el desempeño de las funciones mencionadas en el artículo 39 (Funciones del Delegado de Protección de Datos), facilitando los recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento, y para el mantenimiento de sus conocimientos especializados.
El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el Delegado de Protección de Datos no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño de dichas funciones. No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones. El Delegado de Protección de Datos rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado.
Artículo 39: Funciones del Delegado de Protección de Datos
ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35 (Evaluación de impacto relativa a la protección de datos);
actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36 (Consulta previa), y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.
La designación de un Delegado de Protección de datos es obligatoria para el responsable y encargado de tratamiento en los supuestos en los que:
las actividades principales consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, o
las actividades principales consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales y de datos relativos a condenas e infracciones penales.
Es necesario, por tanto, tener la condición de autoridad u organismo público o realizar actividades a gran escala de monitorización o de observación habitual y sistemática de los interesados, o de categorías especiales de datos o aquellos relativos a condenas o infracciones penales. Es importante, por tanto, resaltar que nuevamente se incorpora el concepto gran escala, es decir, no sólo deben de existir tratamientos de categorías especiales de datos o tratamientos sistemáticos habituales del interesado, si no que los mismos deben de ser realizados a gran escala.
Por tanto, al igual que en la Evaluación de Impacto, es necesario realizar una mención al considerando 91 para tratar de esclarecer que se entiende por gran escala según el RGPD:
(91)….las operaciones de tratamiento a gran escala que persiguen tratar una cantidad considerable de datos personales a nivel regional, nacional o supranacional y que podrían afectar a un gran número de interesados y entrañen probablemente un alto riesgo, por ejemplo, debido a su sensibilidad, cuando, en función del nivel de conocimientos técnicos alcanzado, se haya utilizado una nueva tecnología a gran escala y a otras operaciones de tratamiento que entrañan un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados, en particular cuando estas operaciones hace más difícil para los interesados el ejercicio de sus derechos.
En este sentido los tratamientos a nivel local, aunque se realicen a través de tratamientos sistemáticos habituales o de categorías especiales de datos, no supondrán la obligación de designación de un Delegado de Protección de Datos ya que los mismos no se producen a nivel regional, nacional o supranacional.
No obstante, el principio de Accountability o Responsabilidad Proactiva demanda la existencia de un órgano de control que vele por el cumplimiento del RGPD en la empresa u organización, siendo por tanto recomendable encomendar dichos trabajos de verificación y supervisión del cumplimiento a una Persona física u órgano colegiado que se encargará de la eficaz implantación del RGPD dentro de la organización o empresa. A este respecto, llama la atención la referencia que se realiza en el art. 47.2 h) relativo al contenido de las normas corporativas vinculantes:
h) las funciones de todo Delegado de Protección de Datos designado de conformidad con el artículo 37 (Designación del delegado de protección de datos), o de cualquier otra persona o entidad encargada de la supervisión del cumplimiento de las normas corporativas vinculantes dentro del grupo empresarial o de la unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta, así como de la supervisión de la formación y de la tramitación de las reclamaciones;
Consideramos por tanto, que si bien no es necesario su nombramiento y por tanto no sancionable su designación es recomendable su existencia como órgano de supervisión del cumplimiento del RGPD en la organización o empresa.
En los supuestos de grupos empresariales se podrá nombrar un único Delegado de Protección de Datos siempre que sea fácilmente accesible desde cada establecimiento. Igualmente, en el caso de autoridades u organismos públicos, se podrá designar un único Delegado de Protección de Datos para varias autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño.
El Delegado de Protección de Datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones indicadas en el artículo 39 del RGPD. Así mismo podrá ser externalizado o formar parte de la plantilla del responsable o encargado. Sus datos de contacto deberán ser publicados y comunicados a la Autoridad de Control competente. A este respecto conviene señalar que no necesariamente se deben publicar el nombre y apellidos del Delegado de Protección de Datos bastando identificar los datos de contacto del mismo.
En el art 38 de RGPD se establece la Posición del Delegado de Protección de Datos
Debe participar de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales.
Se le deberán facilitar los recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento, y para el mantenimiento de sus conocimientos especializados.
No puede recibir instrucciones en lo que respecta al desempeño de dichas funciones.
Rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado.
Los interesados podrán ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos para cualesquiera cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos.
Estará obligado a mantener el secreto o la confidencialidad en lo que respecta al desempeño de sus funciones, de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
Podrá desempeñar otras funciones y cometidos, debiendo garantizarse que las mismas no den lugar a un conflicto de intereses.
Respecto a las funciones del Delegado de Protección de Datos el art. 39 del RGPD señala que las funciones mínimas serán:
Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les conforme al RGPD, así como de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros;
Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en RGPD y de otras disposiciones o políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes;
Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35 del RGPD.
El Delegado de Protección de Datos será obligatorio en los supuestos de autoridades y organismos públicos, y en los supuestos de tratamiento a gran escala de datos para actividades de tratamientos sistemáticos habituales o tratamientos de categorías especiales de datos.
Puede ser externalizado.
Debe tener conocimientos especializados en Derecho y en la práctica de Protección de Datos
IV. Terceros intervinientes y los códigos de conducta y certificación (II)
La figura del encargado de tratamiento viene recogida en el art. 4.8, 28 y 29 y considerando 81 del RGPD.
«encargado del tratamiento» o «encargado»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento;
Artículo 28: encargado del tratamiento
El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. Dicho contrato o acto jurídico estipulará, en particular, que el encargado:
garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria;
tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 (Cooperación con la autoridad de control);
respetará las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 para recurrir a otro encargado del tratamiento;
asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III;
ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 (Seguridad del tratamiento) a 36 (Consulta previa), teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado;
a elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros;
pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.
Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondrán a este otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, las mismas obligaciones de protección de datos que las estipuladas en el contrato u otro acto jurídico entre el responsable y el encargado a que se refiere el apartado 3, en particular la prestación de garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del presente Reglamento. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.
La adhesión del encargado del tratamiento a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 (Códigos de conducta) o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 (Certificación) podrá utilizarse como elemento para demostrar la existencia de las garantías suficientes a que se refieren los apartados 1 y 4 del presente artículo.
Sin perjuicio de que el responsable y el encargado del tratamiento celebren un contrato individual, el contrato u otro acto jurídico a que se refieren los apartados 3 y 4 del presente artículo podrá basarse, total o parcialmente, en las cláusulas contractuales tipo a que se refieren los apartados 7 y 8 del presente artículo, inclusive cuando formen parte de una certificación concedida al responsable o encargado de conformidad con los artículos 42 (Certificación) y 43. (Organismo de certificación).
La Comisión podrá fijar cláusulas contractuales tipo para los asuntos a que se refieren los apartados 3 y 4 del presente artículo, de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, (Procedimiento de comité) apartado 2.
Una autoridad de control podrá adoptar cláusulas contractuales tipo para los asuntos a que se refieren los apartados 3 y 4 del presente artículo, de acuerdo con el mecanismo de coherencia a que se refiere el artículo 63 (Mecanismo de coherencia).
El contrato u otro acto jurídico a que se refieren los apartados 3 y 4 constará por escrito, inclusive en formato electrónico.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 82, (Derecho a indemnización y responsabilidad) 83 (Condiciones generales para la imposición de multas administrativas) y 84, (Sanciones) si un encargado del tratamiento infringe el presente Reglamento al determinar los fines y medios del tratamiento, será considerado responsable del tratamiento con respecto a dicho tratamiento.
Artículo 29: Tratamiento bajo la autoridad del responsable o del encargado del tratamiento
Tanto el considerando 81 como el propio art. 28.1 nos avanza que los encargados de tratamiento deben de ser cualificados y que por tanto el responsable está obligado a elegir exclusivamente a aquellos encargados de tratamiento que puedan garantizar el cumplimiento del RGPD respecto del tratamiento que lleven a cabo por cuenta del responsable.
Por tanto, todo encargado de tratamiento debe de reunir conocimientos especializados, fiabilidad y recursos, de cara a la aplicación de medidas técnicas y organizativas que cumplan los requisitos del RGPD, incluida la seguridad del tratamiento.
La adhesión del encargado a un código de conducta aprobado o a un mecanismo de certificación puede servir como elemento para demostrar el cumplimiento de las obligaciones por parte del responsable de elección de un encargado de tratamiento cualificado. En la práctica, esta medida va a suponer una verdadera carrera por la certificación o aprobación de códigos de conducta que permitan demostrar o cualificar a los encargados de tratamiento y por tanto garantizar el cumplimiento del RGPD. Se prevé, por tanto, que aquellos encargados de tratamiento que cumplan con las respectivas certificaciones o códigos de conducta tendrán menos barreras de entrada en la prestación de servicios a responsables de tratamiento, ya que con la obtención de dichas certificaciones estarán cumpliendo indirectamente con la obligación del responsable de contratar con un encargado de tratamiento cualificado.
La prestación de los servicios con acceso a datos por parte de un encargado deberá regirse por un contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros que vincule al encargado con el responsable el cual deberá constar por escrito, inclusive en formato electrónico.
Si bien nuestra normativa ya preveía la redacción de este contrato entre responsable y encargado, el RGPD establece prácticamente las mismas obligaciones que nuestra normativa establecía en cuanto contenido que debía ser incluido en dichos contratos. El contrato de encargado de tratamiento por tanto deberá hacer mención expresa a los siguientes contenidos:
Naturaleza y finalidad del tratamiento.
Categorías de datos personales tratados.
Interesados afectados.
Obligaciones y derechos del responsable del tratamiento.
Obligación del encargado de tratar los datos únicamente siguiendo instrucciones del responsable las cuales deberán estar documentadas.
Establecer imponer el deber de confidencialidad de todas personas que accedan a los datos de carácter personal en la prestación de los servicios.
Garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad conforme el art. 32 del RGP.
En los supuestos de contratación de subencargados del tratamiento será necesaria la autorización del responsable que podrá ser:
Una autorización específica para la subcontratación identificando por tanto al subencargado.
Una autorización general, debiendo en este caso informar al responsable sobre la incorporación de encargados o sustitución de existentes con el objeto de que el mismo pueda oponerse a dichos cambios.
Asistencia al responsable en ejercicio de derechos y en el cumplimiento de las obligaciones marcadas por los art. 33 a 36 del RGPD (Violación de Seguridad, Evaluaciones de impacto y Consulta Previa).
Establecer a elección del responsable la devolución o destrucción datos, suprimiendo las copias existentes salvo que se requiera la conservación de datos en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones del art. 28, es decir las propias del encargado, así como permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable u otro auditor autorizado por dicho responsable.
Por último, se establece también la posibilidad por parte de la Comisión y las Autoridades de Control nacionales de desarrollar contratos modelo para regular y fijar este tipo de relaciones.
El responsable está obligado a elegir exclusivamente a aquellos encargados de tratamiento que puedan garantizar el cumplimiento del RGPD.
En los supuestos de autorizaciones generales para la subcontratación el responsable se podrá oponer a la inclusión de nuevos subencargados.
El encargado está obligado a facilitar la información necesaria para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, incluidas las auditorías e inspecciones realizadas por el responsable o un tercero.
IV. Terceros intervinientes y los códigos de conducta y certificación (I)
TERCEROS INTERVINIENTES Y LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA Y CERTIFICACIÓNCORRESPONSABLES Y REPRESENTANTES NO ESTABLECIDOS EN LA UE
La figura del Corresponsable viene recogida en el art. 26, 82.3-5 y considerandos 79 y 146 del RGPD.
Artículo 26: Corresponsables del tratamiento
Cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento serán considerados corresponsables del tratamiento. Los corresponsables determinarán de modo transparente y de mutuo acuerdo sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente Reglamento, en particular en cuanto al ejercicio de los derechos del interesado y a sus respectivas obligaciones de suministro de información a que se refieren los artículos 13 (Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado) y 14, (Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado) salvo, y en la medida en que, sus responsabilidades respectivas se rijan por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique a ellos. Dicho acuerdo podrá designar un punto de contacto para los interesados.
El acuerdo indicado en el apartado 1 reflejará debidamente las funciones y relaciones respectivas de los corresponsables en relación con los interesados. Se pondrán a disposición del interesado los aspectos esenciales del acuerdo.
Independientemente de los términos del acuerdo a que se refiere el apartado 1, los interesados podrán ejercer los derechos que les reconoce el presente Reglamento frente a, y en contra de, cada uno de los responsables.
Artículo 82: Derecho a indemnización y responsabilidad
El responsable o encargado del tratamiento estará exento de responsabilidad en virtud del apartado 2 si demuestra que no es en modo alguno responsable del hecho que haya causado los daños y perjuicios.
Cuando, de conformidad con el apartado 4, un responsable o encargado del tratamiento haya pagado una indemnización total por el perjuicio ocasionado, dicho responsable o encargado tendrá derecho a reclamar a los demás responsables o encargados que hayan participado en esa misma operación de tratamiento la parte de la indemnización correspondiente a su parte de responsabilidad por los daños y perjuicios causados, de conformidad con las condiciones fijadas en el apartado 2.
El RGPD establece la posibilidad de que exista un tratamiento conjunto de datos de carácter personal, siempre y cuando los responsables del tratamiento determinen conjuntamente los objetivos o finalidades del tratamiento y establezcan los medios necesarios para el mismo. Se pueden dar por ejemplo estos supuestos en la recogida de datos realizada por Grupos Empresariales.
Serán por tanto corresponsables del tratamiento y deberán determinar de forma transparente y de mutuo acuerdo, qué responsabilidad ostentan cada uno en cumplimiento de las obligaciones que marca el RGPD. Para ello, deberán formalizar un acuerdo, en el que se expresen dichas obligaciones y en particular, en el que se indique la forma en la que los interesados serán informados, así como el punto de contacto para ejercitar el derecho de acceso. Dicho acuerdo o un resumen del mismo deberá estar a disposición de los interesados.
Con independencia del establecimiento de un único punto de contacto para el ejercicio de los derechos, lo interesados podrán ejercitar sus derechos frente a cualquiera de los responsables del tratamiento.
Por otro lado y en relación con las posibles responsabilidades que surgen respecto a los daños y perjuicios causados a los interesados, el art. 82 apartado 3 establece que el responsable o encargado de tratamiento no será responsable si demuestra su fala de culpabilidad respecto al daños causado, y por otro lado el art.82 apartado 5, establece que aquel corresponsable que haya pagado una sanción o indemnización de daños y perjuicios podrá reclamar a los demás corresponsables la parte proporcional en función de las responsabilidades asumidas por cada responsable. Se establece por tanto la posibilidad del interesado de reclamar a cualquiera de los corresponsables, los cuales deberán responder por la totalidad con independencia de que con posterioridad puedan repetir contra los demás corresponsables por la parte proporcional en función de la responsabilidad asumida.
El RGPD establece por tanto la completa responsabilidad de los Corresponsables, de tal manera que el interesado puede ejercer sus derechos frente o contra cualquiera de los responsables, asumiendo los mismos la indemnización o reparación del daño con independencia de que fueren o no responsables del mismo. Estos derechos del interesado implican por parte de los corresponsables un análisis y estudio previo del grado de responsabilidad que deberán asumir en los supuestos en los que traten datos personales de forma conjunta, ya que deberán responder ante cualquier demanda o solicitud de indemnización de daños y perjuicios producidos por el ellos mismos o por terceros responsables del tratamiento o corresponsables.
La figura del Representante viene recogida en el art. 4, 27, y considerando 80.
«representante»: persona física o jurídica establecida en la Unión que, habiendo sido designada por escrito por el responsable o el encargado del tratamiento con arreglo al artículo 27 (Representantes de responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión), represente al responsable o al encargado en lo que respecta a sus respectivas 0obligaciones en virtud del presente Reglamento;
Artículo 27: Representantes de responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión
Cuando sea de aplicación el artículo 3, (Ámbito territorial) apartado 2, el responsable o el encargado del tratamiento designará por escrito un representante en la Unión.
Esta obligación no será aplicable a:
el tratamiento que sea ocasional, que no incluyan el manejo a gran escala de categorías especiales de datos indicadas en el artículo 9, (Tratamiento de categorías especiales) apartado 1, o de datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10, (Condenas e infracciones) y que sea improbable que entrañe un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, teniendo en cuenta la naturaleza, contexto, alcance y objetivos del tratamiento, o
las autoridades u organismos públicos.
El representante estará establecido en uno de los Estados miembros en que estén los interesados y cuyos datos personales se traten en el contexto de una oferta de bienes o servicios, o cuyo comportamiento esté siendo controlado.
El responsable o el encargado del tratamiento encomendará al representante que atienda, junto al responsable o al encargado, o en su lugar, a las consultas, en particular, de las autoridades de control y de los interesados, sobre todos los asuntos relativos al tratamiento, a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.
La obligación de la designación de un representante surge para aquellos responsables o encargados de tratamiento no establecidos en la UE pero que realicen tratamiento de datos personales de interesados que residan en la UE y cuyas actividades de tratamiento estén relacionadas con ofertas de bienes o servicios a dichos interesados, o en el control de su comportamiento, es decir para toda empresa extranjera que ofrezcan bienes o servicios a residentes Europeos, o simplemente estudie el control de su comportamiento en la Unión Europea. (Ver pág. 11 Unidad 1, 3.3 Ámbito Territorial).
No seré necesaria dicha designación:
Al tratamiento ocasional siempre y cuando el mismo no suponga:
Un tratamiento a gran escala de datos personales de categoría especial o de condenas e infracciones penales.
Que sea improbable que el tratamiento entrañe riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
El Representante podrá establecerse en cualquier de los Estados miembros en los que se encuentren los interesados y cuyos datos personales son tratados, bien para la oferta de bienes y servicios o bien para el estudio del comportamiento.
Entre sus funciones se encargarán fundamentalmente la atención de las consultas de cualquier Autoridad de Control y así como de los interesados sobre cualquier asunto relativo al tratamiento de datos.
La designación deberá constar por escrito según lo establecido en el considerando 80, y con independencia de las funciones que ostenta de cooperación con las autoridades de control o de consulta éstas últimas o de los interesados, se podrán ejercitar acciones contra el propio responsable o el encargado. Así mismo, se establece expresamente por el considerando 80 que el representante podrá ser objeto de sanción o de medidas coercitivas en supuestos de incumplimiento por parte del responsable o del encargado, siendo por tanto recomendable en los acuerdos de designación el establecimiento de fuertes cláusulas de indemnización en el supuesto de sanción por el incumplimiento del responsable o encargado.
Los corresponsables deberán establecer por escrito el acuerdo en el que se identifique la responsabilidad de cada uno, debiendo facilitar copia o resumen el mismo a los interesados.
Cualquier de los corresponsables podrá responder de los daños y perjuicios causados, pudiendo con posterioridad repetir contra los mismos por la parte proporcional de responsabilidad que corresponda a cada uno.
La designación de Representante es obligatoria para aquellos responsables o encargados no establecidos en la UE cuyas actividades de tratamiento estén relacionadas con ofertas de bienes o servicios a residentes europeos o estudios en el control de su comportamiento.
El Representante podrá ser responsable de los incumplimientos del responsable o encargado.
Autorización previa o consultas previas con la autoridad de control
La consulta previa a la Autoridad de control en supuestos de Evaluación de Impacto viene recogida en el art. 36 y en el considerando 94 del RGPD.
Artículo 36 Consulta previa
El responsable consultará a la autoridad de control antes de proceder al tratamiento cuando una evaluación de impacto relativa a la protección de los datos en virtud del artículo 35 (Evaluación de impacto relativa a la protección de datos) muestre que el tratamiento entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para mitigarlo.
Cuando la autoridad de control considere que el tratamiento previsto a que se refiere el apartado 1 podría infringir el presente Reglamento, en particular cuando el responsable no haya identificado o mitigado suficientemente el riesgo, la autoridad de control deberá, en un plazo de ocho semanas desde la solicitud de la consulta, asesorar por escrito al responsable, y en su caso al encargado, y podrá utilizar cualquiera de sus poderes mencionados en el artículo 58 (Poderes de la Autoridad de Control). Dicho plazo podrá prorrogarse seis semanas, en función de la complejidad del tratamiento previsto. La autoridad de control informará al responsable y, en su caso, al encargado de tal prórroga en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud de consulta, indicando los motivos de la dilación. Estos plazos podrán suspenderse hasta que la autoridad de control haya obtenido la información solicitada a los fines de la consulta.
Cuando consulte a la autoridad de control con arreglo al apartado 1, el responsable del tratamiento le facilitará la información siguiente:
en su caso, las responsabilidades respectivas del responsable, los corresponsables y los encargados implicados en el tratamiento, en particular en caso de tratamiento dentro de un grupo empresarial;
los fines y medios del tratamiento previsto;
las medidas y garantías establecidas para proteger los derechos y libertades de los interesados de conformidad con el presente Reglamento;
en su caso, los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos;
la evaluación de impacto relativa a la protección de datos establecida en el artículo 35 (Evaluación de impacto relativa a la protección de datos), y
cualquier otra información que solicite la autoridad de control.
Los Estados miembros garantizarán que se consulte a la autoridad de control durante la elaboración de toda propuesta de medida legislativa que haya de adoptar un Parlamento nacional, o de una medida reglamentaria basada en dicha medida legislativa, que se refiera al tratamiento.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Derecho de los Estados miembros podrá obligar a los responsables del tratamiento a consultar a la autoridad de control y a recabar su autorización previa en relación con el tratamiento por un responsable en el ejercicio de una misión realizada en interés público, en particular el tratamiento en relación con la protección social y la salud pública.
Es necesario analizar el considerando 94 para identificar cuando es necesaria la realización de la consulta a la Autoridad de control ya que del tenor literal del art. 36 no se identifica exactamente cuándo es necesaria la misma:
(94) Debe consultarse a la autoridad de control antes de iniciar las actividades de tratamiento si una evaluación de impacto relativa a la protección de datos muestra que, en ausencia de garantías, medidas de seguridad y mecanismos destinados a mitigar los riesgos, el tratamiento entrañaría un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, y el responsable del tratamiento considera que el riesgo no puede mitigarse por medios razonables en cuanto a tecnología disponible y costes de aplicación.
Requerirá, por tanto, la Consulta previa de la Autoridad de control cuando en aquellos supuestos en los que el responsable de tratamiento considera que en la Evaluación de Impacto el riesgo no puede mitigarse por medios razonables en cuanto a tecnología disponible y costes de aplicación.
Recibida la consulta la Autoridad de control podrá:
Asesorar por escrito al responsable o encargado.
Utilizar cualquiera de sus poderes para prohibir el tratamiento.
Por último, además de la consulta o autorización identificada en los supuestos de Evaluaciones de Impacto el RGPD señala que el Derecho Nacional de los Estados miembros podrá establecer consulta y petición de autorización previa en relación con los tratamientos derivados de una misión realizada en interés público por parte del responsable.
La consulta a la Autoridad de Control deberá realizarse cuando el responsable considere en la Evaluación de Impacto que el riesgo no puede mitigarse por medios razonables en cuanto a tecnología disponible y costes de aplicación.
Los Estados miembros podrán a través de su derecho nacional someter a consulta o autorización previa de la Autoridad de Control aquellos tratamientos derivados de una misión de interés público.
1.3.4. VIOLACIONES DE SEGURIDAD
La comunicación al interesado contemplada en el apartado 1 del presente artículo describirá en un lenguaje claro y sencillo la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales y contendrá como mínimo la información y las recomendaciones establecidas en el artículo 33, (Notificación de violación de seguridad) apartado 3, letras b), c) y d).
1.3.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO
La evaluación de impacto viene recogida en el art. 35 y en los considerandos 90 a 93 del RGPD.
Artículo 35: Evaluación de impacto relativa a la protección de datos
La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a que se refiere el apartado 1 se requerirá en particular en caso de:
tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a que se refiere el artículo 9 (Tratamiento de categorías especiales de datos personales), apartado 1, o de los datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10 (Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales), o
La autoridad de control establecerá y publicará una lista de los tipos de operaciones de tratamiento que requieran una evaluación de impacto relativa a la protección de datos de conformidad con el apartado 1. La autoridad de control comunicará esas listas al Comité a que se refiere el artículo 68 (Comité Europeo de Protección de Datos).
La autoridad de control podrá asimismo establecer y publicar la lista de los tipos de tratamiento que no requieren evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos. La autoridad de control comunicará esas listas al Comité.
Antes de adoptar las listas a que se refieren los apartados 4 y 5, la autoridad de control competente aplicará el mecanismo de coherencia contemplado en el artículo 63 (Mecanismo de coherencia) si esas listas incluyen actividades de tratamiento que guarden relación con la oferta de bienes o servicios a interesados o con la observación del comportamiento de estos en varios Estados miembros, o actividades de tratamiento que puedan afectar sustancialmente a la libre circulación de datos personales en la Unión.
una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados a que se refiere el apartado 1, y
las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de datos personales, y a demostrar la conformidad con el presente Reglamento, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.
El cumplimiento de los códigos de conducta aprobados a que se refiere el artículo 40 (Códigos de conducta) por los responsables o encargados correspondientes se tendrá debidamente en cuenta al evaluar las repercusiones de las operaciones de tratamiento realizadas por dichos responsables o encargados, en particular a efectos de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos.
Cuando proceda, el responsable recabará la opinión de los interesados o de sus representantes en relación con el tratamiento previsto, sin perjuicio de la protección de intereses públicos o comerciales o de la seguridad de las operaciones de tratamiento.
Cuando el tratamiento de conformidad con el artículo 6 (Licitud del tratamiento), apartado 1, letras c) o e), tenga su base jurídica en el Derecho de la Unión o en el Derecho del Estado miembro que se aplique al responsable del tratamiento, tal Derecho regule la operación específica de tratamiento o conjunto de operaciones en cuestión, y ya se haya realizado una evaluación de impacto relativa a la protección de datos como parte de una evaluación de impacto general en el contexto de la adopción de dicha base jurídica, los apartados 1 a 7 no serán de aplicación excepto si los Estados miembros consideran necesario proceder a dicha evaluación previa a las actividades de tratamiento.
En caso necesario, el responsable examinará si el tratamiento es conforme con la evaluación de impacto relativa a la protección de datos, al menos cuando exista un cambio del riesgo que representen las operaciones de tratamiento.
Un análisis en profundidad de las Evaluaciones de Impacto excede del ámbito del presente curso de Actualización al RGPD. No obstante, conviene señalar algunos aspectos.
La Evaluación de Impacto deberá realizarse cuando sea probable que un tipo de tratamiento por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, art.35.1
En todo caso la Evaluación de Impacto deberá realzarse en tres supuestos:
Elaboración de perfiles sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las personas físicas.
Tratamiento a gran escala de datos sensibles.
Es también es necesario realizar una mención al considerando 91 para tratar de esclarecer que se entiende por gran escala según el RGPD:
Así mismo, permite a las Autoridades de Control de los Estados miembros establecer listas de tipos de operaciones de tratamiento que requieren Evaluación de Impacto o que consideren que no es necesaria dicha evaluación.
Respecto al contenido mínimo de la Evaluación el art. 35.7 del RGPD señala que deberá como mínimo contener:
Una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados;
Las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de datos personales y demuestren la conformidad con el presente Reglamento, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.
Así mismo, se establece que en los supuestos en los que exista un Delegado de Protección de datos habrá que recabarse asesoramiento del mismo y, en su caso, cuando proceda de los propios interesados.
La evaluación de Impacto deberá realizarse cuando sea probable que un tipo de tratamiento por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
Deberá realizarse en todo caso en la elaboración de perfiles, tratamiento a gran escala de datos sensibles, observación a gran escala de zona de acceso público.
Se define gran escala como cantidad considerable de datos personales a nivel regional, nacional o supranacional y que podrían afectar a un gran número de interesados y entrañen probablemente un alto riesgo.

References: artículo 9
 artículo 10
 artículo 39

Artículo 38
 artículo 39

Artículo 39
 artículo 35
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 39
 artículo 35

Artículo 28
 artículo 32
 artículo 40
 artículo 42
 artículo 93
 artículo 63

Artículo 29

Artículo 26

Artículo 82
 artículo 27

Artículo 27
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 10

Artículo 36
 artículo 35
 artículo 58
 artículo 35
 artículo 33

Artículo 35
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 68
 artículo 63
 artículo 40
 artículo 6