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Timestamp: 2020-01-19 16:02:08+00:00

Document:
DICTAMEN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA -SENADO NOVIEMBRE 2018 | Derecho penal | Corrupción política
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.
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CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19
MEXICANOS, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.
A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos
Segunda, les fueron turnadas para su estudio, análisis y elaboración de dictamen, las
iniciativas con proyecto de decreto en materia de prisión preventiva oficiosa que se
describen en la parte de antecedentes, presentadas por los Senadores integrantes del
Grupo Parlamentario Morena; de Senadores integrantes del Partido del Trabajo; de
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al análisis de las iniciativas
en cuestión, y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que
sustentan las iniciativas de reforma en comento, con el fin de emitir el presente
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 162, 163, 174,
182, 183, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el
contenido de las Iniciativas referidas, nos permitimos someter a la consideración de los
integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente:
I. En el apartado de “ANTECEDENTES”, se deja constancia del inicio del proceso
legislativo con la recepción y turno de las iniciativas para la elaboración del
dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas
II. En el apartado relativo al “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS”, se
hace referencia a los antecedentes, propósito y alcances de las propuestas de
iniciativas materia de nuestro estudio.
III. En el apartado de “CONSIDERACIONES”, se expresan las razones que sustentan
la valoración realizada por estas Comisiones Unidas en torno a las iniciativas que
nos ocupan, relativa a las reformas y adiciones en la Constitución Política de los
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IV. En el apartado relativo a “PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN
TRANSITORIO”, se presenta las propuestas específicas de reformas, adiciones y
derogaciones y de efectos del Decreto planteado para su entrada en vigor.
1. El día 18 de septiembre de 2018, la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una Iniciativa con proyecto
de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, sobre la inclusión de la prisión preventiva oficiosa para delitos
cometidos en materia de hidrocarburos. Se adhirió a la propuesta la Senadora
Geovanna Bañuelos de la Torre.
2. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar
dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y Estudios Legislativos,
3. El día 20 de septiembre de 2018, el Senador Javier May Rodríguez, a nombre del
Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena,
presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos
graves. Se adhirieron a la propuesta la Senadora Sasil de León Villareal; la
Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza; la Senadora Margarita Valdez
Martínez; el Senador Daniel Gutiérrez Castorena; el Senador Rubén Rocha Moya; el
Senador Miguel A. Navarro Quintero; el Senador Víctor Manuel Castro Cosío y la
Senadora Susana Harp Iturribarría.
4. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y Estudios Legislativos.
5. El día 27 de septiembre de 2018, los Senadores María Guadalupe Murguía
Gutiérrez, Mauricio Kuri González, Ismael García Cabeza de Vaca y Juan Antonio
Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo
párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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sobre la inclusión de los delitos de extorsión, robo a casa habitación y negocio, en
los supuestos de tipo penal, en los que el Ministerio Publico puede solicitar al Juez
prisión preventiva oficiosa para el imputado. Se adhirieron a la propuesta la
Senadora Minerva Hernández Ramos; la Senadora María Guadalupe Saldaña
Cisneros; la Senadora Vanesa Rubio Márquez; el Senador Mario Zamora Gastélum;
la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez; el Senador Eruviel Ávila Villegas; la
Senadora Kenia López Rabadán; la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez;
y el Senador Miguel Ángel Osorio Chong.
6. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y Estudios Legislativos
7. El día 25 de octubre de 2018, el Senador Alejandro González Yáñez, a nombre
propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la
clasificación del delito de robo a transporte de carga como uno que amerita prisión
preventiva oficiosa. Se adhirieron a la propuesta la Senadora Eunice Renata Romo
Molina; la Senadora Kaya Elizabeth Álvarez Vázquez; el Senador Cristóbal Arias
Solís; el Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y la Senadora Minerva Hernández
8. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar
9. El día 25 de octubre, el Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto
por la que se reforma el artículo 19 constitucional, en materia de prisión preventiva
oficiosa para el delito de portación de arma. Se adhirieron a la propuesta el Senador
Erandi Bermúdez Méndez; el Senador Alejandro González Yáñez; el Senador
Miguel Ángel Mancera Espinoza y el Senador Ismael García Cabeza de Vaca.
10. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar
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11. El día 08 de noviembre de 2018, la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa
con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 19 constitucional, en
materia de prisión preventiva oficiosa pata delitos de violencia intrafamiliar, abuso
de menores, robo a casa- habitación, transporte y negocio, como delitos que
12. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar
13. El día 08 de noviembre de 2018, la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, a nombre
propio y del Senador Alejandro González Yáñez, ambos del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
considerar el fraude electoral y la corrupción como delitos graves.
14. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación y Estudios
15. El día 22 de noviembre de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República,
mediante oficio DGPL-1P1A.-4099, acordó homologar el turno de las iniciativas de
la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo; la iniciativa del Sen. Ricardo Monreal
Ávila; la iniciativa de los Senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mauricio
Kuri González, Ismael García Cabeza de Vaca y Juan Antonio Martín del Campo; la
iniciativa del Sen. Alejandro González Yáñez; y la iniciativa de la Sen. Sylvana
Beltrones Sánchez, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen.
16. El día 28 de noviembre del año 2018, en reunión de las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, fue puesto a la
consideración de los integrantes el proyecto de Dictamen, mismo que posterior a su
análisis, discusión y deliberación se llevó a cabo la votación en términos del
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Reglamento del Senado, siendo aprobado por mayoría de los presentes. Se adjunta
lista de votación.
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS
Se hace del conocimiento de la Asamblea, que las iniciativas enlistadas en los
numerales 9 y 13 del apartado de ANTECEDENTES de este Dictamen, han sido
consideradas para su análisis, no obstante, al estar turnadas a comisiones diversas,
continúan su trámite legislativo en términos reglamentarios.
1. El objeto de la Iniciativa presentada por la Senadora Nancy De la Sierra
Arámburo, del grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, es incluir a los delitos
de en materia de hidrocarburos, dentro del catálogo de delitos graves
contemplados en el artículo 19 constitucional.
Esta iniciativa se basa en información proporcionada por la Dirección General de
Análisis Legislativo de la Cámara de Senadores (concretamente por el Instituto
Belisario Domínguez), y del INEGI, quienes señalan que 88% de la energía
primaria que se consume en México proviene del petróleo, la fuente de energía
que sigue prevaleciendo en el mundo; de tal suerte, es el principal insumo para la
generación de energía eléctrica. En la Ley de Ingresos de la Federación 2018, los
ingresos presupuestarios petroleros ascendieron al 17.6% del total de la
La iniciativa también rescata datos proporcionados por Petróleos Mexicanos
(PEMEX), quien manifiesta una tendencia alarmantemente alcista en los delitos
cometidos en materia de hidrocarburos; la Paraestatal señala un aumento
insostenible en el número de tomas clandestinas en sus ductos; en los últimos
cuatro años las denuncias sobre estas tomas han aumentado 404%, siendo el
Estado de Puebla el que mayor incidencia delictiva tiene al respecto.
El Director de PEMEX, Carlos Treviño, estimó en 30 mil millones de pesos la
inversión perdida en 2017, aunque la autora de la Iniciativa señala que hay otras
fuentes que realizan un cálculo mayor. El gasto reportado por PEMEX en 2016
para la rehabilitación y mantenimiento de la red de ductos fue de 3 mil 891.1
millones de pesos, cifra que ha resultado insuficiente de acuerdo con el número
alarmante de tomas clandestinas denunciadas.
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La autora señala que el robo de combustible es ejecutado por una estructura bien
definida, con un número de individuos vinculados, con actores legales, así como
con conocimiento - al menos básicos- del tratamiento e infraestructura de la red de
ductos; por esto, se puede desprender un manejo previo del procedimiento técnico
que conlleva a su extracción, almacenamiento y distribución. Sin embargo, estas
extracciones también suelen ser realizadas por individuos que no cuentan con una
estructura bien definida y organizada, lo que genera muchas veces accidentes
graves (fugas, explosiones, incendios).
Sobre la extracción, la Iniciativa menciona que se lleva a cabo básicamente
mediante dos métodos: por un lado, robo de pipas y, por el otro, extracción directa
de los ductos. En el último supuesto se pueden encontrar numerosas tomas
clandestinas, cuya pérdida patrimonial no solo se refleja en el robo, sino que
también en el derrame ocasionado por dicha acción.
Esta grave situación ha derivado en el reconocimiento tácito de PEMEX sobre que
los resultados de operaciones, así como su situación financiera, podrían afectarse
debido al incremento de las actividades delictivas en el país y que afectan los
canales de transporte y distribución de sus productos.
Sobre la justificación de la petición de prisión preventiva oficiosa para los delitos
cometidos en materia de hidrocarburos, la autora de la Iniciativa señala que la
libertad de una persona, a título de prisión preventiva, puede restringirse en forma
apegada al principio de Supremacía Constitucional, cuando perpetrado un delito
sancionado con pena privativa de la libertad, existe riesgo de que la persona a la
que se le atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicia; hay
posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse una reiteración delictiva;
o cuando sea factible que se provoquen daños al ofendido y a la sociedad.
Finalmente, la autora considera que con la inclusión de los delitos en materia de
hidrocarburos en el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa,
establecidos en el artículo 19 constitucional, se incorporara un delito que cumple
con lo establecido en el proceso cognoscitivo del legislador que aprobó la reforma
de Seguridad y Justicia. En este sentido, se busca evitar el peligro de reincidencia
o comisión de nuevos delitos, así como preservar el orden nacional, atendiendo a
la circunstancia excepcional de la gravedad especial del crimen.
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2. La iniciativa del Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos
graves, pretende incluir al catálogo de este tipo de delitos los siguientes: en
materia de corrupción, hidrocarburos, electoral, armas de fuego y explosivos, así
como solicitar al Congreso de la Unión que emita en un plazo máximo de 180 días,
las adecuaciones normativas necesarias para dar cumplimiento a la modificación
Sobre estos delitos, el legislador proponente señala que es evidente que las penas
más graves se deben dirigir a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos
más importantes; de igual manera, la restricción de la libertad se debe acotar a
aquellas conductas que atenten contra esos bienes jurídicos e implique, además,
el riesgo de que se pueda ver afectado el desarrollo eficaz del procedimiento
Al respecto, el proponente menciona que las razones por las que se amplia el
catálogo de delitos graves, deben responder a una política criminal tendiente a dar
respuesta a la situación generada por la incidencia de esos delitos. Y es que la
actual situación en el país, donde abundan los hechos constitutivos de los delitos
de corrupción, los delitos graves en contra del correcto desarrollo de los procesos
electorales, así como ilícitos de carácter penal que constituyen grave riesgo para
la seguridad pública (como son los delitos en materia de hidrocarburos y los que
involucran el uso y tráfico de armas de fuego y explosivos), transmiten un mensaje
equivocado de impunidad.
Sobre los delitos en materia de corrupción, el legislador señala que, en el actual
sistema penal acusatorio, el Ministerio Público debe justificar la necesidad de
mantener bajo prisión preventiva durante su proceso a un servidor público; de esto
se deriva que el dictado de la prisión preventiva esté condicionado a la valoración
del Ministerio Público, así como del Juez de la causa.
Ante el actual reclamo social respecto al combate a la corrupción y a la impunidad,
el proponente enfatiza la necesidad de establecer nuevas reglas procesales para
los funcionarios públicos sometidos a juicio por hechos de corrupción. La
propuesta concreta es que los servidores públicos se sometan a prisión preventiva
para enfrentar el proceso que se les siga, siempre que existan pruebas suficientes
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que evidencien la comisión directa y/o su participación en la realización de
conductas tipificadas como delitos por actos de corrupción.
Sobre los delitos cometidos en materia electoral, el legislador proponente
manifiesta que su inclusión en el catálogo de delitos graves que ameritan prisión
preventiva oficiosa responde a la necesidad de fortalecer las instituciones
democráticas y lograr la observancia de los principios que rigen la materia
electoral. Por ende, se propone endurecer los procedimientos penales que se
sigan como consecuencia de la comisión de delitos durante el desarrollo de la
actividad más significativa de una democracia: los procesos electorales.
Respecto a los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, el legislador refiere
que estos han impactado severamente en las condiciones de seguridad pública,
debido a que su comisión está vinculada a otras conductas ilícitas que atentan
gravemente contra la vida de las comunidades y los centros de población.
Preocupa no sólo la manera peligrosa y violenta como se comete este delito, sino
la complejidad de la red para distribuir el combustible robado. El mensaje de
impunidad que manda este hecho no se debe tolerar más.
El legislador rescata el espíritu de la reforma constitucional en materia penal de
2008, que estableció la obligación de dictar prisión preventiva oficiosa con
respecto a delitos de fuerte impacto. De manera que es necesaria la inclusión de
ciertos ilícitos penales previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los
Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con independencia de los que ya
prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esto es para que el
catálogo se amplíe y no sólo se consideren graves los delitos que no caen en el
supuesto de delincuencia organizada.
Referente a los delitos en materia de armas de fuego y explosivos, el proponente
manifiesta que estas son un factor que ha contribuido gravemente a la crisis de
seguridad pública en el país.
La iniciativa menciona que los sujetos involucrados en la portación y uso de armas
de fuego y explosivos no están dispuestos a afrontar las consecuencias
procesales legales de su comportamiento, y con ello muestran desprecio por la
seguridad de las comunidades en donde habitan.
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Ante este hecho, la sociedad reclama un mayor rigor en los procedimientos
relacionados con delitos cometidos con el uso de armas de fuego y explosivos,
pues lo contrario abona a generar condiciones de impunidad.
Finalmente, el legislador propone incluir estos cuatro nuevos supuestos entre los
delitos graves que enlista el artículo 19 Constitucional.
3. La Iniciativa de los Senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mauricio
Kuri González, Ismael García Cabeza de Vaca y Juan Antonio Martín del Campo,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por
el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, busca anexar en el artículo 19 los delitos de
extorsión y de robo a casa habitación y negocio, como delitos graves que
requieren prisión preventiva oficiosa.
Los proponentes señalan que la prisión preventiva como medida cautelar es un
tema controvertido, pues restringe el Derecho Humano a la libertad personal sin
sentencia judicial firme; pero por otra parte, contribuye a garantizar la
comparecencia del imputado al juicio; el desarrollo de la investigación; la
protección de la víctima, los testigos o la comunidad; o que el imputado enfrente
otros procesos o sea reincidente.
Adicionalmente, mencionan que hay dos sistemas de aplicación de la prisión
preventiva: los que atañen a la decisión del juez y los que atañen al criterio del
legislador (aplicación oficiosa, que son los que incluye el artículo 19 constitucional
en comento).
Los Senadores proponentes resaltan que las dos motivaciones principales de esta
iniciativa son, por una parte, la propuesta de quien fuera magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el Licenciado Javier David Garfias
Sitges; y por otra, las reiteradas peticiones ciudadanas durante las campañas
políticas al Senado de la República.
Sobre la configuración de los delitos que se pretenden adicionar, los legisladores
definen a la extorsión como una figura delictiva que consiste en las amenazas que
se ejercen contra una persona, para obtener un beneficio.
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Respecto al robo a casa habitación, mencionan que de acuerdo con el
“Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad”, en México
cada 06 minutos y medio, en promedio, fue abierta una carpeta por este delito en
febrero de 2017. La misma fuente señala que aproximadamente el 93.6% de los
delitos de este tipo no fueron denunciados.
Y por último, señalan que el robo a negocio afecta gravemente al país, pues
atenta contra la economía, al poner el riesgo los empleos que generan los
negocios, y en algunas ocasiones, extingue fuentes de trabajo.
Aunado a esto, los legisladores mencionan que por ser delitos “fáciles”, que se
cometen sin gran infraestructura, se cometen en mucha mayor medida que otro
tipo de delitos, lo que afecta la tranquilidad, seguridad y economía de la sociedad,
porque deja en un estado de incertidumbre a las víctimas, tanto en su persona,
como sobre su patrimonio y la seguridad de quienes lo rodean. Estos delitos, dicen
los proponentes, sin de alto impacto.
Finalizan su argumentación manifestando que estos delitos ponen en riesgo a la
sociedad, además de que hay una alta posibilidad de que haya represalias contra
los denunciantes, por lo que es necesaria esta reforma constitucional.
4. La iniciativa de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
busca adicionar el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, para incluir al
robo a transporte de carga (en cualquiera de sus modalidades) en la lista de
delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Los proponentes señalan que de acuerdo con datos de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (CANACAR), en tan solo tres años, de 2014 a 2017, el
delito de robo al autotransporte de mercancías aumentó en un 117 por ciento.
Manifiestan que en 2017 el transporte terrestre de carga se dividió en 72%
autotransporte, 28% ferrocarril. En ese mismo año el autotransporte de carga
acumuló 4 mil 30 robos, de acuerdo con el reporte de SensiGuard Supply Chain
Intelligence Center, mientras que los delitos de robo al ferrocarril sumaron 12 mil
619 eventos, de acuerdo con las cifras de la Agencia Reguladora del Transporte
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En los primeros cuatro meses de 2018, fueron abiertas 3 mil 895 carpetas de
investigación, casi 4% más que en el mismo periodo de 2017 cuando se
registraron 3 mil 666 indagatorias, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad
De acuerdo con la Comisión Económica para América y el Caribe de Naciones
Unidas (CEPAL), el creciente poder organizacional, territorial y de fuego de los
grupos delictivos y de narcotráfico, sumado a las penas relativamente bajas que
estos delitos reciben, han hecho que se haya acrecentado y multiplicado sin
control alguno. Además, tan solo en 2017, entre costos directos e indirectos, el
costo del robo al autotransporte ascendió́ a 92,500 millones de pesos, lo que
representa medio punto porcentual del PIB.
Los proponentes manifiestan que el robo al transporte de carga en cualquiera de
sus modalidades representa costos e impactos sociales altos, por lo que
consideran que se encuentra plenamente justificado incluir este delito en el
catálogo previsto en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional.
5. La iniciativa del Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, tiene como finalidad adicionar al catálogo de
delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a la portación de armas de fuego.
El proponente señala que la violencia y la tasa de homicidios en México comenzó
a aumentar en 2008, llegando a un máximo histórico en 2011. Entre 2013 y 2015
se observó un descenso de casi 25%. Posteriormente, los homicidios comenzaron
a aumentar de nuevo en 2016.
Menciona que en México, a partir del aumento de los delitos del fuero común, las
armas de fuego han sido utilizadas en más de la mitad de los homicidios en la
última década. De acuerdo con el documento titulado "Mortalidad Global por
Armas de Fuego 1990 - 2016", más de 250 mil personas murieron en 2016 por
heridas relacionadas con armas, de las cuales 15,400 se registraron en nuestro
El legislador propone que todo aquel que sea detenido por el delito de portación
ilegal de armas de fuego, sea sujeto de prisión preventiva oficiosa .
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Esta modificación involucra cualquier tipo de calibre, sin hacer distinción alguna. Si
bien en cierto momento el AK47 (cuerno de chivo) era de las armas más
utilizadas, ya está siendo desplazada por calibres más pequeños.
Si bien el artículo 10 de la Constitución otorga el derecho a poseer armas en su
domicilio para su seguridad y legítima defensa, se deben establecer medidas
estrictas para prevenir que se utilice un arma de fuego para un fin distinto a la
legítima defensa y esto se logra a través de los controles que marca la Ley federal
El Senador concluye mencionando que si algún ciudadano mexicano porta un
arma sin el permiso emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se
asegura que su portación no pone en riesgo a los miembros de la sociedad, debe
ser sujeto de prisión preventiva oficiosa para garantizar la seguridad del Estado
mexicano y sus habitantes.
6. La Iniciativa de la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene como finalidad
adicionar los delitos de violencia intrafamiliar, abuso de menores, robo a casa-
habitación, transporte y negocio, como delitos graves que ameritan prisión
La proponente señala que el problema que enfrenta México de violencia
intrafamiliar es grave; los datos que arroja el diagnóstico del Programa Nacional
para la Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las Mujeres 2013-
2018 señalan que el 46.1% de las mujeres mayores de 15 años han sido víctimas
de violencia a manos de sus parejas; de ellas: el 42.4% de violencia emocional
(humillaciones, amenazas); el 24.5% sufrieron de violencia económica (son
reprimidas, no se les permite trabajar o estudiar); el 13.5% de violencia física
(golpeadas, amarradas); y el 7.3% han sido agredidas sexualmente al ser
obligadas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento.
Sobre el abuso de menores, la proponente manifiesta que México es el primer
lugar en casos de violencia y abuso sexual a niñas entre las naciones que
conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
México es el primer lugar del mundo en delitos de abuso sexual a menores y en
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difusión de pornografía infantil; pese a esto, solo 7 de las 32 entidades federativas
tipifican como delito grave la pederastía.
Sobre el robo a casa- habitación, a transporte y negocio, la proponente señala que
la incidencia de delitos sensibles para la población ha representado una tendencia
a la alta en la mayoría de los casos, por lo cual resulta imprescindible que se
realicen adecuaciones al marco jurídico que eviten el fenómeno denominado
“puerta giratoria”, en donde las medidas cautelares que se han dado en éstos no
han sido suficientes para inhibir la conducta delictiva, sino, por el contrario, al
llevarse dichos procesos en libertad, se ha verificado un grave problema de
reincidencia por los presuntos infractores.
La proponente menciona que a nivel nacional 25.9% de la población privada de la
libertad fue juzgada penalmente por la comisión de un delito antes de su reclusión
actual; 24.7% estuvo recluida previamente en un Centro Penitenciario. De este
número, el 60% de la población privada de la libertad con antecedentes penales
fue sentenciada por el delito de robo la última vez que fue juzgada, y de forma
específica robo de vehículo (16.2%), robo a transeúnte en vía pública (16%), robo
a casa habitación (13.3%), robo a negocio (12%), portación ilegal de armas
(9.7%), lesiones (8.8%), entre otros delitos.
6. La iniciativa de la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso y del Senador Alejandro
González Yáñez, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, tiene como objetivo adicionar al catálogo de delitos graves que ameritan
prisión preventiva oficiosa, los de fraude electoral y corrupción.
Los proponentes señalan que los servidores públicos a quienes se les logra abrir
alguna carpeta de investigación por hechos constitutivos de delitos siguen su
proceso penal en plena libertad.
Los delitos en materia de corrupción y electorales no solamente representan, por
una parte, hechos de gran impacto y dañosidad en términos sociales, al afectar la
vida democrática del país, vulnerar y manipular el libre ejercicio de la voluntad
popular electoral, desviar recursos públicos destinados a obras o programas
sociales; y, por otro lado, al dañar la confianza de la ciudadanía en sus
instituciones y en la forma de acceso y ejercicio de los gobernantes y legisladores
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Continúan argumentando que los delitos relacionados con actos de corrupción y
en materia electoral también afectan gravemente las finanzas y el patrimonio
nacionales. De acuerdo con el informe de Transparencia Internacional, Las
personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, México es el país con el
mayor índice de corrupción de América Latina y el Caribe en la prestación de
servicios. En el mismo sentido, el índice de percepción de corrupción de
Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 142 de 183 países. Es
decir, lo cataloga como uno de los países en el mundo con mayor percepción de
corrupción en el sector público.
Finalizan señalando que en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la corrupción le cuesta a cada mexicano, en promedio, 2 mil 273 pesos;
asimismo, estima que el costo a consecuencia de la corrupción por trámites
vehiculares, de educación pública, registro civil o contacto con autoridades de
seguridad pública es de siete mil 217 millones, equivalente al 0.4% del PIB. La
corrupción es el segundo problema que más preocupa a la población, sólo detrás
de la inseguridad y la delincuencia. Obliga esta percepción social a legislar para
atender la problemática de manera urgente.
Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, después de hacer un análisis de
las iniciativas presentadas y enunciadas en el capítulo de Antecedentes, llegamos a la
conclusión de emitir el presente Dictamen en sentido positivo, con Proyecto de Decreto
por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, en razón de
PRIMERA. DE LA COMPETENCIA. Las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República de la
LXIV Legislatura, resultan competentes para dictaminar las Iniciativas con Proyecto de
Decreto que reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
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SEGUNDA. DE LOS ANTECEDENTES.
El Derecho Penal es una forma de control social, a la cual el Estado confía los bienes
jurídicos más importantes de la sociedad, al menos los que el consenso social
considera como de mayor valía, y ello lo hace, sin duda, porque sabe que quien se
atreve a atentar contra tales valores está consiente de que la reacción del sistema
jurídico será la más severa y que, por ende, enfrentará graves consecuencias. No
obstante, a este derecho, los hombres se han preocupado y ocupado de buscarle
límites; así se trabajó y se sigue trabajando en la creación de las más complejas
construcciones de derechos fundamentales.1
En lo que concierne a la materia penal, los derechos y garantías fundamentales,
propias de un Estado de Derecho se representan en los principios de legalidad, de
intervención mínima, de culpabilidad, de presunción de inocencia, a la tutela judicial y a
no declarar contra sí mismos, entre otros.
Sin embargo, hay contextos especiales en los que es necesario aplicar un derecho
penal más restrictivo, que ayude a desincentivar la comisión de un determinado tipo de
delitos que lesionan los bienes jurídicos más sensibles de la sociedad.
Al respecto, Günter Jakobs plantea en la teoría del Derecho Penal del Enemigo, los
siguientes supuestos básicos:
1) La ley no se orienta a fines preventivos, sino a emprender una lucha en contra de
los enemigos del Estado, diferentes en su comportamiento a los ciudadanos
2) Es necesario hacer un adelantamiento de la línea defensiva para preservar el
orden social;
3) Deben sancionarse incluso actos preparatorios;
4) La ley penal se ocupa del sujeto, y lo tipifica por las características o atribuciones
de éste;
5) Hay una restricción de garantías procesales para los enemigos, pues estos no
tienen porque beneficiarse de los principios que restringen la actuación estatal
Miguel	Ángel	Mancera	Espinosa.	¿Derecho	penal	del	enemigo	en	México?	En:	GARCÍA	RAMÍREZ,	Sergio;	ISLAS	DE
GONZÁLEZ	MARISCAL,	Olga	(coords.).	Panorama	internacional	sobre	justicia	penal.	Política	criminal,	derecho	penal
y	criminología.	Culturas	y	Sistemas	Jurídicos	Comparados.	Séptimas	Jornadas	sobre	Justicia	Penal.	IIJ-	UNAM;
México,	2007.
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respecto al derecho penal. Los extraños a la normatividad se ubican en el plano
de excepción de aquellos sujetos que, por su peligrosidad potencial para la
sociedad, deben contar con una restricción a sus derechos procesales.
De manera que para Jakobs, la pena no sólo significa (algo), sino que también produce
algo físico: un efecto de aseguramiento, a través de la prevención especial que supone
el lapso efectivo de la pena privativa de libertad; en este ámbito, la pena no pretende
significar nada sino ser efectiva, dirigiéndose no contra la persona del infractor –en
cuanto persona en Derecho– sino contra el individuo peligroso.
El Derecho Penal del enemigo se sostiene en el hecho de que existe una serie de
sujetos que por su tenacidad para vulnerar la ley requieren un tratamiento especial
(enemigos), diferenciado del que se les da a los ciudadanos normales; la violación
sistemática de la ley por parte de los enemigos se debe tratar dentro de la normalidad
que implica la imposición de una pena, a fin de dar vigencia a la prevención general
para Jakobs el derecho penal reconoce dos polos: el trato con el ciudadano y el trato
con el enemigo. En el primero se espera hasta que el ciudadano exteriorice su hecho
para reaccionar; en el segundo, se intercepta al enemigo en un estadio previo.
En términos generales, Jakobs señala como enemigos a los narcotraficantes, a los
terroristas, a los que cometen delitos económicos, y, en general, a aquellos que se
ubican dentro de la delincuencia organizada.
A estas consideraciones llega Jakobs partiendo de una realidad que no tiene discusión:
hay grupos en la sociedad que han hecho del delito una empresa, y respecto de los
cuáles la gran mayoría de los Estados no han encontrado la manera idónea de
reaccionar, y, por ello, es necesario encontrar una forma efectiva de contrarrestar sus
efectos dentro de la sociedad, esto es, afianzar la parte cognitiva de los
La misión del Derecho Penal del enemigo se enmarca en la reconstrucción de
condiciones ambientales soportables, es decir que a través de este tipo de derecho
penal se logre alcanzar una seguridad cognitiva, dado que ésta se ha ido perdiendo por
los ciudadanos, y la recobrarán en tanto se logre apartar, excluir de la sociedad, a
aquéllos que de manera sistemática transgreden las normas de convivencia.
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La justificación de Jakobs para ejercer este tipo de derecho es la ausencia de
alternativas a esta forma de derecho de combate. Ello, porque los enemigos ni quieren
ni pueden comportarse de otra manera, lo que obliga al Estado a buscar formas
jurídicas que puedan garantizar una reacción acorde al comportamiento de esos
delincuentes que hacen del delito una forma de vida.
Por lo que cuando se habla de derecho penal del enemigo, se puede decir que por el
hecho de que es derecho positivo, permite cumplir en su instrumentación con los
Jakobs sostiene que, al tratarse al enemigo como a cualquier otra persona, o sea, de
igual modo que a cualquier delincuente, y bajo el pretexto de mantener la ficción de la
vigencia de los derechos humanos, se encubre que en realidad se crea un orden en vez
de mantenerlo –el orden “comunitario-legal” de una Constitución mundial– que no aplica
penas contra personas culpables sino que persigue enemigos, en este caso de la
vigencia de los derechos humanos; realidad que Jakobs considera debe ser llamada
por lo que es: un Derecho Penal del Enemigo.
Mario Schilling es uno de los juristas que defiende al Derecho Penal del Enemigo,
señalando que en este “se procede con medidas de seguridad más que penas. Se
lucha contra un peligro, y el Estado puede proceder de dos modos con los delincuentes:
puede ver en ellos personas que han cometido un error, o individuos a los que hay que
impedir mediante coacción que destruyan el ordenamiento jurídico; a quien no presta
una seguridad cognitiva suficiente de un comportamiento personal, no solo no puede
esperar ser tratado como cualquier delincuente, sino que el Estado no debe tratarlo
como tal, ya que de lo contrario vulneraria el derecho a la seguridad de las demás
personas; no todo delincuente es un enemigo, pero los enemigos no pueden ser
tratados igual que los delincuentes comunes.”2
Respecto a los criterios internacionales que rigen a la prisión preventiva oficiosa, en
circunstancias excepcionales, esta puede justificarse debido a la peligrosidad presunta
o real de la persona, cual afecta en forma grave e irreparable el estado de inocencia. Es
SCHILLING,	Mario.	El	nuevo	Derecho	Penal	del	Enemigo.	Librotecnia.	Santiago	de	Chile,	199	pp.
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decir que la utilización de una detención con fines de prevención general constituye una
violación a las garantías procesales, en tanto el Estado, como Estado de derecho, sólo
puede privar de la libertad a una persona, que es inocente, luego de la realización de un
Es clara la postura de la doctrina y jurisprudencia más moderna en tanto que sólo los
peligros procesales pueden justificar esta medida.
La prisión preventiva está prevista en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en el artículo 7.5, que señala:
7.5 Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin
perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
De estas dos normas convencionales, la Corte Interamericana ha derivado varias
jurisprudencias, de las cuales podemos extraer cuatro reglas o principios
La prisión preventiva constituye una medida excepcional
La Corte Interamericana resolvió en 2004 que la prisión preventiva era una medida que
debía aplicarse sólo excepcionalmente.
Lo hizo al dictar sentencia en el Caso Tibi vs. Ecuador. El caso se refiere a la
responsabilidad internacional del Estado por la privación de libertad ilegal y arbitraria de
Daniel David Tibi, así como por los maltratos recibidos y las condiciones de su
detención.3
En su resolutivo 106, se establece que:
La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la
medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo
Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas,
sentencia del 7 de septiembre de 2004, serie C, núm. 114, parr. 106.
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por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que
se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia,
necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática.
En un caso posterior, Barreto Leiva vs Venezuela, la Corte sentenció que “La regla
debe ser la libertad del procesado mientras se resuelva a cerca de su responsabilidad
penal.”4
Estas Comisiones Dictaminadoras sostenemos que el criterio de la Corte, al mencionar
que la prisión preventiva debe ser excepcional, se refiere precisamente a que no debe
aplicarse en la mayoría de los casos, ni en la mitad de ellos. Es una medida que debe
ser inusual, debe utilizarse sólo de manera insólita.
Aunado a lo anterior, estas Comisiones rescatan el artículo 9.3 del Pacto Internacional
de derechos Civiles y Políticos, ratificado por México en el marco de las Naciones
Unidas el 23 de marzo de 1981, que dispone: “La prisión preventiva de las personas
que hayan de ser juzgadas, no debe ser la regla general.”
De la misma manera, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no
Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio), adoptadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 45/110, el 14 de diciembre de 1990, establecen en
su artículo sexto que “… en el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión
preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del
supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima.”
La prisión preventiva debe ser proporcional
Este principio fue establecido en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela. La determinación
de la Corte fue que “la prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de
proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir
igual o peor trato que una persona condenada (…). El principio de proporcionalidad
implica, además, una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de
tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte
exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción.”5
Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas, sentencia del 17
de noviembre de 2009, serie C, núm 206.
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La prisión preventiva es necesaria
En el caso Palamara Iribarne vs Chile, la Corte estableció el principio de necesidad en
materia de prisión preventiva:
En ocasiones excepcionales, el Estado puede ordenar la prisión preventiva
cuando se cumpla con los requisitos necesarios para restringir el derecho a
la libertad personal, existan indicios suficientes que permitan suponer
razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que
sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el
desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia.6
De modo que el principio de necesidad de la prisión preventiva implica tres requisitos:
que existan indicios que permitan suponer la culpabilidad del procesado; que sea
necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de la
investigación, y que sea indispensable para que el procesado no eluda la acción de la
La prisión preventiva no puede estar determinada por la gravedad del delito
La Corte Interamericana resolvió sobre esta cuestión en el caso López Álvarez vs.
Honduras. En su sentencia, la Corte es tajante al señalar que “las características
personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí
mismos, justificación suficiente para la prisión preventiva. La prisión preventiva es una
medida cautelar y no punitiva.”7
En la misma resolución, la Corte recuerda que la prisión preventiva está limitada por los
principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad,
indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se
puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe
ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal.
Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 22
Corte IDH. Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 1
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La reforma penal de 2008 en México trajo consigo la creación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal, que en su contenido sólo considera graves siete tipos de delitos, y
precisa que quienes los cometan iniciarán su proceso en prisión; el resto de los
acusados podrá ser procesado en libertad.
Los supuestos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
su artículo 19, para dictar la prisión preventiva oficiosa, derivan de que otras medidas
cautelares no sean suficientes para:
Garantizar la comparecencia del imputado en el juicio.
Garantizar el desarrollo de la investigación.
Garantizar la protección de los testigos.
Garantizar la protección de la comunidad.
También se incluye la condicionante de que el imputado esté siendo procesado o haya
sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
Hay también un catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa:
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas,
El artículo 19 también enlista a los “delitos graves que determine la ley en contra de la
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.”
Podemos observar que están claramente establecidos las condiciones en las que otras
medidas cautelares no serían suficientes; están establecidos también los delitos
particulares y los principios generales bajo los que se puede aplicar la prisión preventiva
oficiosa, así como la condición de que el delito doloso presuntamente cometido sea el
primero en el historial del imputado. Por ende, la inclusión de otro delito u otra condición
en estos supuestos debe estar justificada plenamente, no sólo bajo el argumento único
de que la comisión del delito hace al sujeto merecedor de la prisión preventiva, sino
bajo un supuesto más complejo y que incluya un peligro inminente para la continuidad
del proceso penal, así como un potencial peligro para la víctima o la sociedad.
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Esta condición se establece en la tesis II.1o.P.12 P (10ª), emitida por el primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, titulada “Prisión preventiva
justificada. Imponer esta medida cautelar prevista en el artículo 19 Constitucional, bajo
único argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso
imputado al acusado, éste podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer
a Juicio, sin ponderar los aspectos del artículo 168 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, viola el derecho a la presunción de inocencia como regla de
trato procesal”:
El párrafo segundo del precepto constitucional mencionado, regula el carácter
excepcional de la medida cautelar de prisión preventiva, ya que establece la
posibilidad de que el Ministerio Público la solicite al Juez cuando otras medidas
cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el
juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o
de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido
sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Asimismo, el artículo
168 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que para decidir si está
garantizada la comparecencia del imputado, el Juez de control tomará en cuenta,
entre otras circunstancias, el arraigo del inculpado, el máximo de la pena que en su
caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo con el delito de que se trate y la actitud
que voluntariamente adopte ante éste, así como su comportamiento posterior al
hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que
indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Por su parte, el
artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Federal, reconoce el derecho
fundamental de presunción de inocencia, cuya vertiente de "regla de trato procesal",
ha sido interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), de título y subtítulo:
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL.", en el
sentido de que toda persona sometida a un proceso penal debe ser tratada como
inocente, en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia
condenatoria, lo que constriñe a los Jueces a impedir, en la mayor medida, la
aplicación de disposiciones que impliquen una equiparación de hecho entre
imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución
judicial que suponga la anticipación de la pena. Sobre esta base, la imposición de la
medida cautelar de prisión preventiva justificada, bajo el único argumento de que
por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso que se imputa al acusado,
éste podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio, sin
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ponderar los demás aspectos del artículo 168 aludido, viola el derecho invocado,
pues dicho pronunciamiento presupone de suyo la anticipación de la pena, lo cual
está proscrito constitucionalmente en el actuar de los juzgadores, en atención a la
vertiente regla de trato procesal. Lo anterior, sobre todo si como en el caso de la
porción normativa analizada, se prevé que debe atenderse al máximo de la pena
que pudiera llegar a imponerse.
En esta resolución, la Corte establece que no sólo es necesario el peligro de
sustracción, sino que debe haber más supuestos involucrados en la petición de la
prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, estas Comisiones Dictaminadoras buscan que
las modificaciones que se lleven a cabo en el artículo 19 sean en el catálogo de delitos
que ameritan prisión preventiva oficiosa, toda vez que se configuran como conductas
típicas graves que vulneran la seguridad del Estado Mexicano y de los ciudadanos.
TERCERA. DEL SENTIDO DEL DICTAMEN.
Respecto a la inclusión de los casos de abuso o violencia sexual contra menores dentro
del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, debemos hacer una
diferenciación entre lo que ya se encuentra comprendido dentro del artículo 19
constitucional y lo que se busca lograr con esta incorporación.
El artículo constitucional en comento establece al final de su segundo párrafo que serán
causales de prisión preventiva oficiosa los “delitos graves que determine la ley en
contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.”
Dichos delitos graves se encuentran enlistados en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, que en su artículo 167 señala:
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Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los
previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:
I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313,
315, 315 Bis, 320 y 323;
VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo
internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;
IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en
el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de
edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el
resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas
que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203
Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de
el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;
XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter,
197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.
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Con respecto al delito de Pederastia, el Código Penal Federal lo define en su artículo
209 Bis:
Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a dieciocho años de prisión y de
setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, a quien
se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene
sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en
cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente,
religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y
ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual,
La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita del
párrafo anterior, en contra de la persona que no tenga la capacidad de
Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una
mitad más.
El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo
que se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena
Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la
patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos
y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en
términos de la legislación civil.
Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista
en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de
prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su
empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.
Estas Comisiones Dictaminadoras destacamos que el tipo penal de pederastia requiere
que haya un nexo entre el victimario y la víctima, además de que contiene elementos
subjetivos de conducta. Esto deriva en que no puedan atenderse todos los casos de
violencia sexual contra menores, sobre todo si quien los comete es un extraño.
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Al respecto, las cifras sobre el tipo de abusadores sexuales de menores,
proporcionadas por UNICEF, señalan que del total de violentadores sexuales
• El 88.5% son conocidos de los niños y niñas.
• El 50.4% son familiares de los niños y niñas.
• 19.4% Son tíos/as
• 9.7% Son primos/as mayores
• 7% Son padrastros
• 4.4% Son hermanos/as
• El 11.5% Son “amigos/as de la familia”
• El 6.2 % a “alguien que no conocía pero que había visto antes”
• El 5.3% corresponde a “un vecino/a”
Las cifras nos dicen que una gran cantidad de desconocidos ejercen violencia sexual
contra menores de edad; ante la restricción del tipo penal de pederastia ya comentada,
estas Comisiones Dictaminadoras consideramos necesario poder brindar protección a
aquellos menores que no tienen ningún tipo de relación con su agresor, pues tal como
está redactado el artículo 19 constitucional en este momento, quedan indefensos ante
un ataque sexual; de manera que debe incluirse un nuevo tipo penal más inclusivo al
En el Código Penal Federal se establece, en el Título Décimo Quinto, un catálogo de
delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, es decir, en materia de
violencia sexual; a pesar de que cada uno de estos delitos (hostigamiento sexual,
abuso sexual, estupro y violación) contienen agravantes para el caso de que sean
cometidos contra menores o personas que no tengan la capacidad de comprender el
significado del hecho, no están catalogados como graves para ameritar prisión
preventiva como medida de protección de la victima, por lo que ante una omisión de
solicitud del Ministerio Público, el Juez se encuentra incapacitado para aplicar dicha
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Estas Comisiones Dictaminadoras argumentamos que es necesario equiparar la
violación con cualquier tipo de abuso o violencia sexual ejercida contra un menor, en
tanto que el daño psicológico generado es grave y compromete el desarrollo mental e
incluso físico de la víctima.
Respecto al abuso contra menores, el maltrato, el abuso físico y el abandono
constituyen en la actualidad los principales problemas de los menores en la sociedad,
ya que se manifiestan en todos los estratos económicos y en todos los sectores
sociales mediante la ejecución de actos diversos de violencia que se presentan de
forma reiterada, y que se ejecutan en primer término en el seno de la familia y en
segundo término por otras personas que los tienen a su cargo.
La violencia infantil se define como toda conducta de acción u omisión, basada en la
concepción de superioridad y/o en el ejercicio abusivo de poder, que tiene como objeto
producir un daño físico, psicológico o sexual, alterando con ella el adecuado, pleno y
armonioso desarrollo del menor, y que se generan en el seno familiar o en la
comunidad (en la calle, en el lugar de trabajo, en las escuelas, en instituciones del
sector salud, de asistencia social y de readaptación social o en cualquier otro lugar).
Sobre este tipo de violencia, es indispensable que el Estado mexicano adopte las
medidas necesarias para salvaguardar la integridad de la víctima, por lo que estas
Comisiones Dictaminadoras determinamos que es la imposición de la prisión preventiva
oficiosa puede servir como un medio para salvaguardar la integridad de los menores.
Por la peligrosidad de las agresiones en materia física y sexual, y atendiendo la
necesidad de protección de los menores de edad, así como la estadística en la
comisión de dichos delitos, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos necesario
incorporar los delitos en materia de violencia sexual cometidos contra menores como
proporcionales a la coartación provisional de la libertad del imputado, esto es, a que se
dicte prisión preventiva como medida cautelar.
Estas Comisiones Dictaminadoras entendemos la necesidad de imponer castigos más
severos para quienes atentan contra la democracia a través de prácticas ilegales
cometidas durante los procesos electorales. Ante la ola de denuncias presentadas por
diversos Partidos Políticos y miembros de la Sociedad Civil en el último proceso federal
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electoral llevado a cabo en julio de 2018, es necesario que las medidas cautelares se
endurezcan, sobre todo para salvaguardar la investigación en curso e incluso para
evitar el riesgo de sustracción del imputado.
En el pasado proceso electoral se presentaron 1,106 denuncias por probables delitos
electorales; 640 pertenecientes al fuero común y 466 al fuero federal. Las denuncias
van desde la alteración al Registro Federal de Electores o la expedición ilícita de
credenciales para votar con fotografía, hasta el robo de urnas con boletas electorales.
No se ha logrado ninguna condena hasta el momento.
Datos del Observatorio Nacional Ciudadano muestran que a partir de 2009, los
expedientes iniciados por la FEPADE mantienen un franco crecimiento. La clasificación
de los procesados por delitos electorales disponible en los registros administrativos
cambió a partir de 2009. Previamente se reconocían únicamente cuatro tipos de
personas que cometían delitos en esta materia (ciudadano, funcionario electoral,
representante de partido y servidor público), ahora hay seis tipos. Los que se
adicionaron son los cometidos por representantes populares electos y por personas
ajenas al sistema de elección popular (por terceros).
En el periodo comprendido entre 2013 y 2017, se promulgó la Ley General en Materia
de Delitos Electorales y entró en operación el sistema de justicia acusatorio, lo que
impactó de forma considerable los procesos de procuración e impartición de justicia en
materia de delitos electorales así como los tipos penales. De acuerdo con las
estadísticas de la FEPADE, de 2013 a 2017, se registraron en total 10 mil 605
averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas.
En la desagregación de las víctimas de delitos electorales, la sociedad es la más
afectada (25% de los delitos cometidos en su contra); seguida por los hombres, con un
24% y las mujeres, con el 12%.
Como cualquier conducta antijurídica tipificada en los ordenamientos vigentes e
investigada por las autoridades competentes, es factible conocer el grado de impunidad
aproximado con que se cometen estos delitos con base en la estadística judicial
disponible. En la medida que no haya sanciones efectivas y acciones preventivas, se
promueve la comisión de delitos electorales en detrimento de la integridad electoral.
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Estas Comisiones Dictaminadoras consideramos necesario citar el documento
entregado por el Titular de la FEPADE, Héctor Marcos Díaz Santana, al Senado de la
República, el día 07 de noviembre de 2018. En dicho documento, la Fiscalía señala que
durante el proceso electoral 2017- 2018 se presentaron conductas que afectaron en
diversos modos la elección, muchas de las cuales no están tipificadas en las leyes en
materia electoral, a pesar de ser agravantes del proceso electoral. De la misma manera,
señala que el Ministerio Público Especializado carece de las suficientes herramientas
jurídicas para una pronta y profunda investigación de los hechos, cuyo resultado
impacte en la calificación de los resultados.
Sin menoscabo la peligrosidad que representan los delitos en materia electoral para la
democracia mexicana, no puede categorizarse todos por igual, pues la gravedad de los
hechos ilícitos varía; esto se aprecia en las distintas medias aritméticas de los delitos
contenidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que van desde 1 año 8
meses hasta los 10 años.
Es por esta razón que estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que es
necesario incluir únicamente los delitos en materia de “uso de programas sociales con
fines electorales” para que sean estos los que amerite prisión preventiva oficiosa, dado
que son los que más profundamente impactan en la sociedad, al utilizarse programas
que tienen fines muy distintos al uso electoral. Estos delitos se encuentran en la Ley en
Materia de Delitos Electorales:
Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y
prisión de dos a nueve años, al servidor público que:
I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos
proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de
votar por un candidato, partido político o coalición;
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de
programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos,
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de
obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio
en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la
abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a
favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.
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Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando
programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena
prevista en este artículo;
III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos,
bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al
apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición,
agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan
corresponder por el delito de peculado;
IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido
político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí
mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;
V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de
dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido
político, coalición o agrupación política, o
V. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que
le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con
Artículo 14. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al
precandidato, candidato, funcionario partidista o a los
organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o
servicios en los términos de la fracción III del artículo 11 de esta Ley.
Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a
quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice,
destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de
algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación
política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los
fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los
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La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad
más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o
La modificación constitucional que proponemos atiende el principio de proporcionalidad
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalada en sus jurisprudencias
respecto a la prisión preventiva oficiosa, pues un delito electoral daña todo un sistema
democrático, y las afectaciones a este sistema pueden ser catastróficas. Además, si
quien lo comete es un funcionario al servicio del Estado, o participa de alguna manera
en el proceso electoral, es un hecho más grave aún, puesto que violan su
responsabilidad para con el Estado, y dejarlos en la impunidad es un aliciente a que
sigan cometiendo dichos delitos electorales.
Robo a casa habitación y negocio, robo a transporte de carga y extorsión.
Estas Comisiones Dictaminadoras consideramos fundamental la protección al Derecho
Humano a la libertad. En este sentido, concordamos con los proponentes sobre que la
prisión preventiva como medida cautelar delicada y de la cuál se debe evitar su abuso,
y sólo debe utilizarse de una forma subsidiaria, proporcional al riesgo que se busca
Estas Comisiones Dictaminadoras también coincidimos en la clasificación de los
sistemas de aplicación de la prisión preventiva, que pueden ser de dos tipos:
a) Sujetos al ámbito de decisión del Juez: “cuando otras medidas cautelares no
sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el
desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la
comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido
sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
b) Aplicación oficiosa por decisión del legislador: “en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos
cometidos por medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves
que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la
personalidad y de la salud”.
Por otra parte, a pesar de que estas comisiones coinciden con los proponentes en que
el robo a casa habitación y comercio, así como el robo a transporte de carga y extorsión
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se ha acrecentado dramáticamente en los últimos años, y que estos delitos impactan de
manera grave la tranquilidad de las familias mexicanas, estos delitos ya están
comprendidos hasta cierto punto en el artículo 19.
Primeramente, en la parte que se especifican los “delitos cometidos con medios
violentos como armas y explosivos”. La mayoría de los delitos de robo a casa
habitación o negocio se cometen con estos medios, por lo que resulta redundante hacer
una clasificación más exhaustiva en el citado artículo.
Segundo, en los casos de delincuencia organizada, también ya recogidos en los
supuestos del articulo 19. Recientemente se han disparado los delitos de robo a
vivienda por bandas bien articuladas, lo que da sustento al Ministerio Público para pedir
su prisión preventiva por delincuencia organizada, que es una agravante del delito de
Respecto al delito de extorsión, el Código Penal Federal lo define en su artículo 390 de
Artículo 390. Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o
tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un
prejuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de
cuarenta a ciento sesenta días de multa.
Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se
realiza por una asociación delictuoso, o por servidor público o ex-servidor
público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las
Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá́ además al servidor
o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación
policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno
a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de
un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de
reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca
y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión
La media aritmética de la pena para el delito de extorsión es de 5 años; además, al
igual que el delito de robo, se inserta en el título vigésimo segundo “Delitos en contra de
las personas en su patrimonio”. Ambos tutelan bienes jurídicos patrimoniales.
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Con respecto al artículo 19 constitucional, los supuestos específicos a los que se refiere
este artículo para poder dictar prisión preventiva oficiosa (homicidio doloso, violación,
secuestro y trata de personas) atentan contra la libertad, la vida y el libre desarrollo de
la personalidad. En el caso de robo y extorsión, como se señaló, estos atentan
únicamente contra el patrimonio, por lo que no se puede equiparar con los bienes
jurídicos tutelados en el artículo 19.
Y es que si bien es cierto que los bienes materiales también deben ser resguardados y
protegidos por el Estado, ciertamente estos no pueden equipararse para solicitar la
prisión preventiva oficiosa, pues con la excepción de que se cometan estructurada y
reiteradamente (lo que como ya se mencionó, daría pie a establecer el caso de
delincuencia organizada), la prisión preventiva se debe aplicar en supuestos muy
específicos, como ya ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en
este caso se estaría coartando la libertad por la protección de un bien material (el
patrimonio). No sería proporcional una medida por la otra.
La media aritmética de la punibilidad para el delito de robo varía dependiendo del valor
de lo robado, y va desde 2 años hasta 10 años. No pasa lo mismo con los otros delitos
enlistados en el artículo 19 constitucional: para homicidio doloso, el Código Penal
Federal especifica que, en el caso de que este sea simple, la media aritmética de la
pena será de 18 años:
Artículo 307.- Al responsable de cualquier homicidio simple intencional que no tenga
prevista una sanción especial en este Código, se le impondrán de doce a
veinticuatro años de prisión.
Para violación, el Código Penal federal marca una media aritmética de la pena de 14
Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o
moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho
a veinte años.
Por su parte, la sanción para el delito de secuestro se establece en la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y es sancionado con una
media aritmética de la pena de 60 años:
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I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la
privación de la libertad se efectúa con el propósito de:
b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida
o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice
o deje de realizar un acto cualquiera;
d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización,
entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión,
prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás
sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su
conducta resulten.
Mientras que el delito de trata de personas tiene una media aritmética de la pena de 10
años, misma que se establece en la Ley general para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las
víctimas de estos delitos:
Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar,
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias
personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de
un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para
cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los
códigos penales correspondientes.
En el Código Penal Federal, la media aritmética máxima de la pena para el delito de
robo es de 7 años de prisión, y sólo con agravantes:
Artículo 370.- Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario, se
impondrá hasta dos años de prisión y multa hasta de cien veces el salario.
Cuando exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas, la sanción será de
dos a cuatro años de prisión y multa de cien hasta ciento ochenta veces el salario.
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Cuando exceda de quinientas veces el salario, la sanción será de cuatro a diez
años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quinientas veces el salario.
Por lo tanto, no pueden considerarse todos los delitos de robo por igual, sino sólo los
que tengan mayor impacto, tanto en el sentido económico como en el social; de manera
que se deberán tomar en cuenta ambos elementos para poder establecer el delito de
robo en el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Estas Comisiones Dictaminadoras rescatamos los criterios de jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, los cuales sostienen que la aplicación de la
prisión preventiva debe ser proporcional; el principio de proporcionalidad presenta cinco
reglas establecidas por la Corte Interamericana:
1) Debe existir una relación entre la medida cautelar determinada y el fin que se
persigue con ella, de manera que el sacrificio impuesto al reo no sea exagerado o
2) El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o, incluso, más
gravosa que la pena que puede esperar el procesado en caso de condena.
3) No se debe autorizar la privación cautelar de la libertad en supuesto en los que no
sería posible aplicarla pena de prisión.
4) La prisión preventiva debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de
dicha medida;
5) Una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una
Con base en los artículos citados, así como en los criterios Internacionales establecidos
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas Comisiones Dictaminadoras
concluimos que no se puede equiparar el robo a casa habitación y negocio, ni el delito
de extorsión, con ninguno de los delitos enlistados en el artículo 19, como para
establecer la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar; y que en los casos de
que este se determine como grave, ya se encuentra contemplado bajo la figura de
delincuencia organizada y delitos cometidos con medios violentos como armas y
explosivos. Establecer los delitos de robo simple y extorsión como delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa, también rebasa el supuesto de proporcionalidad enunciado
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No obstante, el robo al transporte de carga ha pasado de 4,959 delitos a 10,230 en los
últimos cinco años, lo que representa un incremento de 106%, de acuerdo con datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estimaciones
contenidas en el reporte del Sistema Ferroviario Mexicano señalan que hasta el tercer
semestre de 2017, hubo un incremento de más del 74% en robo y vandalismo al
transporte de carga, lo que ha detenido las operaciones de plantas industriales y
puertos marítimos. Esto ha derivado en la pérdida de abastecimiento y distribución de
comercio que movilizan cargas agrícolas, de hidrocarburos, minerales, automotrices,
químicas, etcétera.
Respecto al robo al autotransporte de pasajeros, de enero a agosto de 2018 se
reportaron 8,765 casos. Este aumento genera incertidumbre en los pasajeros, y puede
derivar en afectaciones a su salud. Respecto a los extranjeros que pueden ser victimas
de este delito, consideramos que la situación impacta de forma directa en la atracción
de nuevos visitantes al país.
De manera que con base en el crecimiento que han tenido los delitos de robo a
autotransporte de carga, pasajeros y turístico, y puesto que este delito impacta de
manera directa en la economía del país, así como en la generación de empleos y la
distribución de materias primas, estas Comisiones Dictaminadoras proponemos su
inclusión en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror
en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a
los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto
En 2017, en nuestro país fue aprobada la Ley General en materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas, ordenamiento que prevé hasta 90 años de prisión para
quien prive de la libertad a otra persona con el apoyo de un servidor público.
La ley contempla penas de 40 a 60 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días de multa
para el delito de desaparición forzada de personas, es decir, para el servidor público o
el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un funcionario, prive
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de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa de
reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la mismas
o su suerte, destino o paradero. La misma pena a quien se niegue a proporcionar
información sobre los casos de desaparición se le impondrán.
Contempla penas de 20 a 30 años de prisión y de 500 a 800 días de multa a quien
omita entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctima del delito de
desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de
tal circunstancia y de 25 a 35 años de prisión a quien, sin haber participado
directamente en la comisión del delito de desaparición forzada, retenga o mantenga
oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a
sabiendas de la circunstancia.
Las penas aumentarán hasta en una mitad cuando la persona desaparecida muera
debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia del delito o por previa
enfermedad que no se hubiera atendido; cuando la víctima sea menor de edad, mujer,
mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor; cuando el delito se
motive por la condición migrante, afrodescendiente o pertenencia a una comunidad
indígena de la víctima, o por su identidad de género u orientación sexual.
También aumentarán hasta en una mitad cuando la persona haya sido desparecida por
su labor como periodista o por la defensa de derechos humanos o cuando la víctima
sea integrante de una institución de seguridad pública; cando los autores tengan
vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima y
cuando el delito se realice para impedir otros delitos.
También se tipifica el delito de desaparición cometida por particulares, es decir, quien
prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o
paradero. A quien incurra en este ilícito podría tener penas de 25 a 50 años de prisión y
de 4 mil a 8 mil días de multa.
Además, se castiga con penas de 15 a 20 años de prisión y de mil a mil 500 días de
multa a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o
parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de
ocultar la comisión de un delito.
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En concordancia con los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en el sentido de que deben considerarse graves y de prisión preventiva oficiosa,
aquellos delitos cuya comisión atente contra los bienes jurídicos de primer orden
tutelados por el Estado (la vida, la libertad, la libertad sexual, la seguridad), y
atendiendo la peligrosidad y el impacto social de la desaparición forzada de personas,
así como en armonía con las reformas que ha emprendido el Estado Mexicano en la
materia, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos procedente incluir en el
artículo 19 los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
particulares, como supuestos delictivos en los que el Juez tendrá que dictar la prisión
preventiva oficiosa como medida cautelar.
Delitos en materia de armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada
y las Fuerzas Aéreas
Estas Comisiones Dictaminadoras consideramos de gravedad el tráfico ilegal que hay
en el país de armas de fuego y explosivos. Somos conscientes de que gran parte del
problema de inseguridad en el país es derivado del relativamente fácil acceso que tiene
la población en general a este tipo de artefactos. Al respecto, algunos datos recientes:
El Center for American Progress (CAP), señaló que el impacto rampante del tráfico
de armas de Estados Unidos a México ha sido devastador. Afirma que en 2017
México registró el nivel más alto de homicidios cometidos en los últimos 20 años,
con un promedio de 20.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Aunque estas
cifras se derivan en parte por los altos niveles de impunidad para con el
comportamiento criminal, el acceso a las armas de fuego es uno de los factores que
lo han disparado. En 1997, 15% de los homicidios se cometieron con armas de
fuego, pero en 2017 se incrementó a 66%”, subraya el informe.
Sobre el importador de estas armas, Estados Unidos, el documento señala que de
2014 a 2016, en 15 naciones de América del Norte, Centroamérica y el Caribe,
50,133 armas confiscadas como parte de una investigación criminal se exportaron
de los Estados Unidos. Esto deriva en que las armas estadunidenses utilizadas
para cometer crímenes en países cercanos se utilizaron cada 31 minutos.
En promedio, Estados Unidos legalmente exporta unas 298 mil armas cada año, y
el tráfico ilegal que se facilita por la debilidad de las leyes que favorecen la compra,
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uso y portación de armas de todo tipo en la Unión Americana, podría superar en
mucho a las estadísticas oficiales, como lo calcula el CAP.8
Bajo estas consideraciones, estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la
propuesta de los legisladores, en el sentido de la importancia de paliar el grave
problema de la utilización de armas de fuego y elementos explosivos. Aunque
actualmente el artículo 19 ya señala el uso de armas de fuego y explosivos como
supuestos para ordenar la prisión preventiva oficiosa, es necesario incluir todos los
delitos en materia de armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y las
Fuerzas Aéreas, toda vez que lo que se busca es evitar la comisión de crímenes con
estos instrumentos, así como que lleguen a manos no deseadas.
Los tipos penales exclusivos de estos delitos se detallan en la Ley Federal de Armas de
fuego y explosivos, que en su Título Cuarto- Sanciones, señala:
Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo
del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:
I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de
las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;
II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando
se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y
III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando
se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta
En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará
Cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las
comprendidas en la fracción III del presente artículo, la pena correspondiente a
cada una de ellas se aumentará al doble.
Artículo 83 Bis.- Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se
le sancionará:
I.- Con prisión de dos a nueve años y de diez a trescientos días multa, si las armas
están comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11, de esta Ley. En el caso
Chelsea	Parsons	y	Eugenio	Weigend	Vargas.	Beyond	our	borders.	How	Weak	U.S.	Gun	Laws	Contribute	to	Violent
Crime	Abroad.	Center	for	American	Progress.	Disponible	en:	https://www.americanprogress.org/issues/guns-
crime/reports/2018/02/02/445659/beyond-our-borders/
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del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de cinco
a quince días multa; y
II.- Con prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos días multa, si se trata
de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.
Por acopio debe entenderse la posesión de más de cinco armas de las de uso
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Para la aplicación de la sanción por delitos de portación o acopio de armas, el Juez
deberá tomar en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus antecedentes y
las circunstancias en que fue detenido.
Artículo 83 Ter.- Al que sin el permiso correspondiente posea un arma de uso
exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:
II.- Con prisión de uno a siete años y de veinte a cien días multa, cuando se trate de
las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y
III. Con prisión de dos a doce años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando
Artículo 84.- Se impondrá de cinco a treinta años de prisión y de veinte a
quinientos días multa:
I. Al que participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina,
de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, de acuerdo con esta Ley;
II. Al servidor público, que estando obligado por sus funciones a impedir esta
introducción, no lo haga. Además, se le impondrá la destitución del empleo o
cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos, y
III. A quien adquiera los objetos a que se refiere la fracción I para fines
Artículo 84 Bis.- Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina
armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea, se le impondrá de tres a diez años de prisión.
Al residente en el extranjero que por primera ocasión introduzca una sola arma de
las referidas en el párrafo anterior, únicamente se le impondrá sanción
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administrativa de doscientos días multa y se le recogerá el arma previa expedición
del recibo correspondiente. Cuando a la persona a quien se le haya recogido el
arma salga del país, se le devolverá el arma previa entrega del recibo
Artículo 84 Ter.- Las penas a que se refieren los artículos 82, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83
Quat, 84 y 84 Bis de esta Ley se aumentarán hasta en una mitad cuando el
responsable sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial,
miembro de algún servicio privado de seguridad o miembro del Ejército, Armada
o Fuerza Aérea en situación de retiro, de reserva o en activo.
Artículo 85 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a
I. A quienes fabriquen o exporten armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el
II. A los comerciantes en armas que sin permiso transmitan la propiedad de los
objetos a que se refiere la fracción I, y
III. A quienes dispongan indebidamente de las armas con que se haya dotado a
los cuerpos de policía federales, estatales o municipales o al Ejército, Armada o
Obedeciendo el mandato constitucional de las condiciones bajo las que se funda la
solicitud de la prisión preventiva, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que
cualquier acción relacionada con armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la
Armada o las Fuerzas Aéreas, pone en riesgo a la víctima, los testigos y a la
comunidad, de manera que la modificación constitucional que estas Comisiones
Dictaminadoras proponemos busca no sólo sancionar los delitos cometidos con armas
o explosivos de uso exclusivo del Ejército, sino que se amplía el espectro a:
• la portación,
• el acopio,
• la posesión,
• la introducción al territorio nacional en forma clandestina,
• la permisividad de esta introducción por parte del servidor público obligado a
• la adquisición para fines mercantiles,
• la fabricación o exportación sin el permiso correspondiente,
• la transmisión de la propiedad sin permiso y
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• la disposición indebida.
Con la finalidad de que haya armonía con lo señalado en la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, estas Comisiones Dictaminadoras concordamos en agregar el uso
de armas exclusivas de “la Armada o las Fuerzas Aéreas” a las utilizadas
exclusivamente por el Ejército, dado que sí se categorizan de manera diferente. Con
esta reforma se busca que cualquier sujeto que lleve a cabo cualquier actividad
relacionada con este tipo de instrumentos sumamente peligrosos, pueda quedar en
custodia de la autoridad desde que se le vincule a proceso, con la finalidad de no poner
en peligro a la comunidad, ni la investigación, así como reducir la comisión de los
delitos en la materia.
Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con los proponentes en que los delitos
cometidos en materia de hidrocarburos son un peligro grave para la nación, y si bien se
podría garantizar la comparecencia del imputado (bajo los supuestos que establece el
artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales), dejar en libertad a las
personas que cometen este tipo de delitos, puede poner en peligro tanto el desarrollo
de la investigación como la protección de la comunidad.
Es importante resaltar que la Ley Federal para prevenir y sancionar los de delitos
cometidos en materia de hidrocarburos señala que su objeto es “establecer los delitos
en particular y sanciones que serán aplicables en materia de hidrocarburos, petrolíferos
o petroquímicos y demás activos, así como establecer las medidas necesarias para
prevenir la comisión de los mismos o suspender sus efectos.” Por ello, estas
Comisiones Dictaminadoras consideramos necesario adicionar a los delitos graves que
ameritan prisión preventiva oficiosa no sólo los cometidos en materia de hidrocarburos,
sino todos los comprendidos por la Ley en comento, con el fin de que exista armonía
entre el mandato Constitucional y el federal.
Sobre la garantía de la comparecencia del imputado, estas comisiones consideramos
preocupantes los datos proporcionados por Petróleos Mexicanos en materia de los
presuntos responsables de robo de hidrocarburos, que apuntan que, de 1,600 personas
detenidas en flagrancia, tanto en brechas como conduciendo camiones para hacer
perforaciones, sólo entre el 1 y 2% han concluido el proceso penal.
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También resulta preocupante que la mayoría de los delitos en materia de hidrocarburos
atentan contra la seguridad de la nación y la salud. Ambos puntos se detallan en los
La seguridad de la nación incluye las amenazas listadas en la Ley de Seguridad
Nacional, publicada en el DOF el 31 de enero de 2005:
Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad
I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la
II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar
una afectación al Estado Mexicano;
IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la
Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra
VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de
armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o
contrainteligencia, y
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico
o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.
Con base en estas amenazas, y con relación a los delitos en materia de hidrocarburos,
podemos considerar tres afectaciones fundamentales por su comisión: la primera es la
afectación en materia económica, la segunda en materia ecológica y la tercera en
materia de salvaguarda de la integridad física de la población.
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La primera de ellas se manifiesta en las importantes repercusiones que los delitos en
materia de hidrocarburos representan para las finanzas de PEMEX. En los últimos
años, la Empresa Productiva del Estado ha señalado que se ha visto gravemente
perjudicada por la ordeña ilegal de combustible en sus ductos.
En abril del 2018 el Director General de PEMEX, Carlos Treviño Medina, informó en
una conferencia de prensa que la pérdida económica generada por el robo de
combustibles en el país era de 30 mil millones de pesos anuales, un incremento de 50%
respecto a las estimaciones que hacía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
mediados de 2017, la cual se calculaba en 20 mil millones de pesos.
En el primer bimestre del 2018, el número de tomas clandestinas era de 2 mil 274, lo
que representó un crecimiento de 38% con respecto al mismo periodo de 2017.
El robo de combustible a la paraestatal la ha hecho mantenerse en números rojos, con
pérdidas que impiden una mejoría en los sistemas de producción de la empresa,
manteniendo baja su capacidad de extracción de crudo y nula su capacidad de
inversión en refinación.
La segunda gran afectación que concierne a la seguridad de la nación tiene que ver con
el impacto ecológico que generan los delitos en materia de hidrocarburos,
específicamente la extracción ilegal de combustible. Esta práctica puede generar daños
en los suelos que tardan hasta 25 años en resanarse.
Investigadores del posgrado de Ciencias Ambientales del Departamento de
Investigación de Ciencias Agrícolas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), ha evaluado los efectos ambientales en derrames por accidentes en
oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este estudio señala que la remediación
del suelo contaminado por combustible es de aproximadamente 175 mil pesos por
hectárea, un costo muy elevado que deben pagar los campesinos afectados, pues la
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que Pemex no será responsable de
reparar el daño ecológico causado por la extracción ilegal de combustible, sino que los
trabajos de resanación tienen que estar a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, que no se da abasto con las reparaciones.9
Amparo Directo 9/2017. Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán. Disponible en:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2017-06/AD%209-
2017%20PROYECTO05062017134520.pdf
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En cuanto a los daños que causa el derrame de combustible, se ha destacado que en el
aire, la combustión de estos hidrocarburos provoca un incremento en los gases de
efecto invernadero, ya que existe un aumento de dióxido de carbono (CO2), óxidos de
nitrógeno (NOx), gases derivados del azufre como óxidos de azufre, entre otros
contaminantes que permanecen en el ambiente.
Asimismo, el derrame de hidrocarburo también causa efectos en las propiedades físicas
del suelo, sobre todo en su capacidad para retener agua y en sus mecanismos para
absorber nutrientes. Se daña el espacio del suelo donde se realizan reacciones que son
importantes para el ecosistema en general, dañan esa parte física porque revisten estas
partículas de hidrocarburo que impiden su actividad normal.
En cuanto a sus propiedades químicas, el derrame afecta en buena medida el pH del
suelo, dañando su conductividad eléctrica e incrementando los niveles de
contaminantes que vienen en los hidrocarburos, como los compuestos aromáticos y los
compuestos alifáticos de cadenas largas que el suelo tardará años en poderlos destruir.
Asimismo, afecta las condiciones redox de los suelos, lo que impide que estos realicen
numerosas reacciones biogeoquímicas que son importantes para el ecosistema.
En su actividad biológica, los hidrocarburos derramados matan la microbiota que existe
en el suelo, afectando todas las actividades de síntesis y de reorganización de
sustancias para producir nutrientes en las plantas, ya que se ven eliminados.
La contaminación por derrame también afecta los recursos hídricos, ya que pueden
llegar a ríos y lagunas naturales e incluso mantos acuíferos si el derrame no se
controla. De manera que observamos los graves impactos que tiene la actividad ilegal
del robo de combustibles, que cada vez va más en aumento.
Por último, es necesario señalar la gravedad que representa la extracción ilegal de
hidrocarburos, más allá de los riesgos de derrame. En varios Estados del país se han
detectado tomas clandestinas por enormes fugas de gas, que ponen en peligro a las
personas vecinas de la toma. También se han incrementado los delitos de robo en las
zonas aledañas a estas extracciones, muchos de ellos con extrema violencia. Por
último, se han presentado casos de molestias respiratorias entre los vecinos; una
exposición constante a los gases tóxicos que emanan de las tomas clandestinas, puede
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Estas Comisiones Dictaminadoras, en concordancia con lo propuesto en los casos de
delitos en materia electoral, proponemos que el Congreso de la Unión establezca las
reformas necesarias en la ley que contiene estos delitos, y que deberán de
considerarse graves si su media aritmética es igual o mayor a cinco años, o si son
cometidos por servidores públicos:
Artículo 8.- Se sancionará con pena de 20 a 30 años de prisión y multa
de 20,000 a 25,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización
vigente a quien:
I. Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos,
vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin
consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores
o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
II. Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y
sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios,
distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
I. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin
II. Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u
oculte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin
III. Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin
derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios,
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Las conductas descritas en el presente artículo se sancionarán de la
a) Cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, se
impondrá de 4 a 6 años de prisión y multa de 4,000 a 6,000 veces el valor
de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
b) Cuando la cantidad sea mayor a 300 litros pero menor o equivalente
a 1,000 litros, se impondrá de 6 a 10 años de prisión y multa de 6,000 a
10,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
c) Cuando la cantidad sea mayor a 1,000 litros pero menor a 2,000
litros, se impondrá de 10 a 12 años de prisión y multa de 10,000 a 14,000
veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
d) Cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de 12
a 17 años de prisión y multa de 12,000 a 17,000 veces el valor de la
Unidad de Medida y Actualización vigente.
Para los efectos de los supuestos señalados en la fracción III incisos a),
b) y c) del presente artículo deberá mediar querella del órgano regulador o
En caso de no poder cuantificarse el volumen de los hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímicos, objeto de las conductas descritas en las
fracciones I, II y III, se impondrá de 12 a 17 años de prisión y multa de
12,000 a 17,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización
vigente, siempre que se acredite que por las condiciones en que se
encuentra contenido dicho volumen, se presuma que se trata de
cantidades mayores a los 2,000 litros.
Artículo 10.- A quien auxilie, facilite o preste ayuda, por cualquier medio
para la realización de las conductas previstas en los artículos 8 y 9 de la
presente Ley, se impondrá hasta tres cuartas partes de las penas
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Asimismo, se sancionará hasta en una mitad más de las penas que
correspondan al que cometa dichas conductas, cuando:
a) Se realice en plataformas y demás instalaciones en altamar,
propiedad o en uso de asignatarios, contratistas, permisionarios o
distribuidores, o
b) Utilice información o datos obtenidos ilícitamente sobre el
funcionamiento de la operación, instalaciones, actividades, movimientos
del personal o vehículos de asignatarios, contratistas, permisionarios o
Artículo 11.- Se sancionará de 10 a 15 años de prisión y multa de 7,000 a
12,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, al
que invada las áreas de exclusión a bordo de una embarcación y que
utilice bandera o matrícula apócrifa simulando su propiedad a favor de
algún asignatario, contratista, permisionario, distribuidor o naviero.
Artículo 12.- Al que sustraiga sin derecho y sin consentimiento de la
persona que puede disponer de ellos con arreglo a la ley, bienes muebles
afectos y característicos para la operación de la industria petrolera,
susceptibles de ser utilizados en cualquiera de las conductas tipificadas
por esta Ley, propiedad de asignatarios, contratistas, permisionarios o
distribuidores, se le aplicará la pena siguiente:
I. Hasta 5 años de prisión y multa hasta de 200 veces el valor de la
Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando el valor de lo
robado no exceda de cien veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización vigente.
II. De 5 a 8 años de prisión y multa de 200 hasta 320 veces el valor de
la Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando exceda de cien
veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, pero no de
III. De 8 a 17 años de prisión y multa de 320 hasta 800 veces el valor de
la Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando exceda de
quinientas veces el mismo.
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Artículo 13.- Se sancionará de 3 a 7 años de prisión y multa de 6,000 a
9,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a
cualquier servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas, tenga conocimiento de la probable comisión de algún
delito materia de esta Ley y no lo denuncie ante la autoridad competente.
Lo anterior, independientemente de las sanciones aplicables conforme a
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Artículo 14.- Se sancionará de 8 a 12 años de prisión y multa de 8,000 a
que comercialice o transporte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos,
cuando no contengan los marcadores o las demás especificaciones que
para estos productos establezca la autoridad competente, determinados
en la documentación que así lo prevea.
La misma pena se impondrá a quien sin derecho y sin consentimiento de
asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda
disponer de ellos con arreglo a la ley, sustraiga, altere, modifique o
destruya los marcadores a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 15.- Se impondrá de 6 a 8 años de prisión y multa de 6,000 a
8,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, al
arrendatario, propietario o poseedor o a quien se ostente como tal, de
algún predio donde exista una derivación clandestina o toma clandestina y
tenga conocimiento de esta situación y no lo denuncie a las autoridades
Se impondrá de 9 a 16 años de prisión y multa de 9,000 a 16,000 veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien con
conocimiento de que se lleve a cabo algún delito objeto de la presente
Ley, facilite, colabore o consienta que lo realice en su propiedad o no lo
denuncie a las autoridades correspondientes.
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Artículo 16.- Se impondrá de 5 a 8 años de prisión y multa de 5,000 a
8,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a
I. Enajene o suministre gasolinas o diésel con conocimiento de que
está entregando una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la cantidad
que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se
emplean para su enajenación o suministro.
II. Enajene o suministre gas licuado de petróleo con conocimiento de
que está entregando una cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la
cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que
se emplean para su enajenación o suministro.
III. Enajene o suministre gas natural, con conocimiento de que está
entregando una cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la cantidad que
aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean
para su enajenación o suministro.
Para los efectos de los supuestos señalados en este artículo deberá
mediar querella del órgano regulador o de parte ofendida.
Artículo 17.- Se impondrá pena de 12 a 20 años de prisión y multa de
12,000 a 20,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización
vigente, a quien:
I. Altere los sistemas de medición en posesión o al servicio de los
asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, con
conocimiento que producirá un daño o afectación a la normal operación
Las mismas penas se aplicarán a quien realice la conducta
enunciada en el párrafo anterior y que cause un riesgo de daño o de
afectación a la normal operación de los sistemas de medición.
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II. Permita o realice el intercambio o sustitución de otras sustancias por
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin contar con la autorización
respectiva de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.
III. Realice cualquier sustracción o alteración de ductos, equipos,
instalaciones o activos de la industria petrolera, sin derecho y sin
consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo.
Artículo 18.- Se impondrá pena de 17 a 25 años de prisión y multa de
17,000 a 27,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización
vigente, a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos
económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán
utilizados para cometer alguna conducta tipificada en esta Ley.
Artículo 19.- Se sancionará de 10 a 14 años de prisión y multa de 10,000
a 14,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a
quien obligue o intimide mediante coerción, amenaza o cualquier tipo de
violencia, a quien preste sus servicios o realice cualquier actividad para
asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos
reguladores, con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta
tipificada en esta Ley.
Artículo 20.- Se aumentará hasta en una mitad la sanción que
corresponda por el delito de que se trate, a quien o quienes cometan
dolosamente algunas de las conductas descritas en esta Ley y que con
ello provoquen un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a
los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.
Por lo anteriormente señalado, los Integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras
consideramos pertinente incluir a los delitos cometidos en materia de hidrocarburos
como parte del catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa,
buscando garantizar en todo momento la seguridad, la vida y la salud de quienes se
ven afectados por estos delitos.
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El 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal
en Materia de Combate a la Corrupción. Esta modificación tiene por objeto fortalecer los
controles internos y externos para combatir a la corrupción bajo un esquema legal
homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes.
Actualmente, los actos de corrupción son la mayor barrera a la entrada para hacer
negocios en México, aun por encima de la inseguridad. Ante la situación de emergencia
en la que se encuentra el Estado Mexicano, resulta necesario mandar un mensaje claro
sobre el trato que recibirán aquellos funcionarios públicos que se presten a la comisión
de actos de corrupción: la pérdida de su libertad para enfrentar el proceso penal al que
sean sujetos.
La peligrosidad de estos enemigos del Estado radica en que sus delitos, al no ser
considerados de gravedad, quedan impunes o son castigados con penas que no logran
resarcir a la sociedad por el daño que han causado. Muchos más logran huir sin
enfrentar las consecuencias de sus delitos. Sólo 2% de los delitos de corrupción son
castigados, siempre los cometidos por mandos inferiores. Además, de las 444
denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 1998 hasta
2012, sólo 7 fueron consignadas, es decir, 1.5%.
La corrupción es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que
ocasiona en los países que la padecen con mayor agudeza. En México entre 3 y 4 de
cada 10 personas han pagado un soborno para tener acceso a la educación, a la salud,
a los trámites de documentos de identidad y a los servicios públicos.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia
Internacional, entre 2008 y 2014 México cayó 31 posiciones. La corrupción le cuesta a
nuestro país unos 347 mil millones de pesos (mmdp) al año, lo que de acuerdo con la
organización Transparencia Internacional, es equivalente a 10% del crecimiento
económico de México. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha
estimado que este problema equivale a 2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Ante el panorama de la corrupción en el país, así como por la nocividad de sus efectos,
estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que no se violenta la proporcionalidad
de la prisión preventiva oficiosa con el nivel de impacto que tiene la corrupción en la
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sociedad, pues la corrupción impacta de manera directa en bienes jurídicos tutelados
de primer orden, como la salud o incluso la vida.
El problema de corrupción se ha exacerbado y extendido al ámbito de la vida
empresarial; de acuerdo con el Reporte Global de Fraude y Riesgo 2016-2017,
recientemente publicado por la firma consultora Kroll, las empresas mexicanas
aumentaron en el último año las actividades relacionadas con el fraude, el soborno y la
corrupción. De esta manera se colocaron a nivel nacional en esta materia por encima
de los índices globales.
De acuerdo con este reporte, las compañías que operan en el país aumentaron en el
último año en 2% las actividades como el fraude y el soborno, colocando el índice de
México en 18%, un 3% más alto que el promedio global, además de que se muestra
una tendencia a que seguirá creciendo el problema en lo que resta del año.
Aunado a lo anterior, se reporta que el 45% de las empresas del país se han enfrentado
con agentes gubernamentales y/o privados que les exigen realizar algún tipo de
soborno para agilizar trámites; en ocasiones son los empleados, exempleados, y
trabajadores ocasionales los responsables de llevar a la inestabilidad jurídica y
económica a las compañías cometiendo acciones corruptas.
Por su parte, de acuerdo con una encuesta global de fraude de Ernst & Young (EY), en
México 8 de cada 10 compañías considera que las prácticas de soborno y corrupción
ocurren de manera común al interior de las organizaciones. Este dato está muy por
encima del promedio mundial que alcanza apenas el 39%.
De manera que la corrupción impacta en diversos bienes jurídicos tutelados por el
Estado, más allá de los bienes materiales, pues de estos actos derivan problemas más
graves como la inseguridad y la falta de recursos para proporcionar servicios de salud,
educación, transporte, entre otros. Por esta razón, es necesario que se incluya dentro
del catálogo de delitos graves que la ley considera para establecer la prisión preventiva
oficiosa, con la finalidad de que desde el inicio del proceso se coarte la libertad del
imputado, se garantice su comparecencia durante todo el proceso y no se ponga en
riesgo la investigación, pues hasta el momento las medidas que se han tomado no han
resultado suficientes para paliar este problema.
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En concordancia con el principio de proporcionalidad, es necesario retomar la regla de
que se consideran delitos graves aquellos cuya media aritmética de la pena exceda los
cinco años de prisión, por lo que el Congreso de la Unión deberá establecer en un
periodo máximo de 90 días hábiles, en el Código Nacional de Procedimientos Penales,
qué delitos cumplen con dicha regla en los casos de delitos en materia de armas de
fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; de
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; uso de programas sociales con fines
electorales; hechos de corrupción; y robo de transporte de carga; la finalidad es que
queden delimitados, tal y como ya está establecido en los supuestos de delitos graves
en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO
La imposición de la prisión preventiva oficiosa no es una medida punitiva, sino una
medida cautelar, la cual no se establece de manera arbitraria ni inmediata a la
detención. Para que el Juez proceda a ordenar la prisión preventiva oficiosa, ésta debe
estar sujeta al auto de vinculación a proceso, y esto sucede sólo si el Ministerio Público
aporta elementos de convicción que, una vez analizados por el juzgador, se determinan
como suficientes para presumir la probable comisión del delito por parte del imputado y
con ello iniciar el proceso jurisdiccional en su contra. Esto dentro de las reglas del
debido proceso penal, acusatorio donde el Ministerio público tiene la carga de la
Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, estamos conscientes que la
reforma constitucional planteada no resuelve per se el problema de inseguridad ni es en
sí una medida dilatoria de la comisión de delitos, ya que el problema está más allá por
la falta de impunidad y de solidez de los expedientes presentados por los agentes del
ministerio público al momento de solicitar el acto de vinculación a proceso frente al juez
y sustentar la acusación. Por ello sabemos que además de la reforma se deben
acompañar medidas de formación y capacitación de los operadores del sistema de
justicia penal en nuestro país, fundamentalmente en la capacitación a los Ministerios
Públicos, mayores recursos para los departamentos que llevan a cabo las
investigaciones y una mayor cantidad de defensores públicos; la finalidad de esta
modificación no es inhibir la comisión de los delitos, sino contar con la certeza de que
en los delitos de mayor impacto, los imputados permanecerán bajo la custodia del
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sistema de justicia penal, asegurando así la a las víctimas y el buen manejo de la
Por lo anterior, se propone reformar el artículo 19 constitucional, con la finalidad de
incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, las siguientes
conductas antijurídicas y punibles:
• En los casos de abuso o violencia sexual contra menores;
• El uso de programas sociales con fines electorales;
• El robo de transporte en cualquiera de sus modalidades;
• Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida
por particulares;
• Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército,
• Los delitos cuya media aritmética de la pena exceda de cinco años de prisión
(incluidas sus calificativas, sus atenuantes o agravantes), en materia de
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; y en materia de corrupción.
En el Segundo artículo transitorio se establece que el Congreso de la Unión deberá
realizar las adecuaciones normativas necesarias para que se incluyan los hechos
delictivos que ameritarán prisión preventiva oficiosa en los casos de: delitos de armas
de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea;
delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; uso de programas
sociales con fines electorales; hechos de corrupción; y robo de transporte de carga.
Estas modificaciones se realizarán al artículo 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, en concordancia con lo que se encuentra establecido.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado de la República, y
demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, sometemos a
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:
SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución
en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o
sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión
preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores,
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, uso
de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de
sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y
desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos
como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de
uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves
en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la
salud; respecto de los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o
petroquímicos, y hechos de corrupción, procederá en las hipótesis delictivas
cuya media aritmética exceda de cinco años de prisión, incluidas sus
calificativas, atenuantes o agravantes.
Página	56	de	57
SEGUNDO. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19,
materia de este decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días, deberá
realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, las hipótesis delictivas para la
procedencia en los casos de delitos en materia de armas de fuego y explosivos
de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; de hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímicos; uso de programas sociales con fines electorales;
hechos de corrupción, y robo de transporte.
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 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 86
 artículo 7
 artículo 9
 resolución 
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 168
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168

artículo 20
 resolución

 artículo 168
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 167
 artículo 201
 artículo 202
 artículo 204
 artículo 209
 artículo
209

Artículo 209
 artículo 19

Artículo 11

Artículo 14
 artículo 11

Artículo 15
 artículo 19
 artículo 390

Artículo 390
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19

Artículo 307

Artículo 265

Artículo 10

Artículo 370
 artículo 19

artículo 19
 artículo 19

Artículo 83
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11

Artículo 83
 artículo 11
 artículo 11

Artículo 83
 artículo 11

Artículo 84

Artículo 84

Artículo 84

Artículo 85

artículo 168

Artículo 5
 artículo 43

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 19
 artículo 167
 ARTÍCULO 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 167