Source: http://blog.bufetefajula.com/2016/10/
Timestamp: 2018-04-24 12:15:06+00:00

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por Yolanda RS | Oct 26, 2016 | Noticias
El tiempo por el que se atribuye a un cónyuge el uso de la vivienda propiedad del otro, debe someterse al principio de proporcionalidad.
En los casos de custodia compartida en los que la vivienda familiar es privativa de uno de los cónyuges, la atribución de su uso al otro cónyuge está sometido al principio de proporcionalidad, dado que el art. 96.3 del CC, exige que este plazo sea prudencial. Así lo ha establecido la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en una sentencia número 522/2016 de fecha 21 de julio de 2016.
Ello equivale a tener en cuenta las circunstancias de cada uno de los cónyuges antes de decidir el espacio temporal durante el período de tiempo en que el inmueble sea usado por el cónyuge no propietario.
Fuente: http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11272-custodia-compartida:-el-tiempo-por-el-que-se-atribuye-a-un-conyuge-el-uso-de-la-vivienda-propiedad-del-otro-debe-someterse-al-principio-de-proporcionalidad-/
Sentencia: Sentencia Tribunal Supremo 522/2016 de 21 de julio 2016.
Es bueno saber cual es la postura del Tribunal de La Haya al respecto de la DUI y el referéndum de Catalunya.
por Yolanda RS | Oct 5, 2016 | Noticias
Ahora que se habla tanto de la DUI y el referéndum de Cataluña, es bueno saber cual es la postura del Tribunal de La Haya al respecto. Esta sentencia es histórica y regula y clarifica los procesos de secesión en los estados.
SOBRE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA Y SU SENTENCIA SOBRE LA DUI DE KÓSOVO
Hablar de unilateralidad, legalidad internacional y legitimidad para el ejercicio del derecho a la autodeterminación en el siglo XXI requiere de una aproximación a la Corte Internacional de Justicia (en adelante CIJ), un análisis superficial de algunos aspectos de la resolución respete Kósovo y una proyección respete qué podría ser aplicable en Cataluña.
La CIJ está compuesta por 15 miembros, teniéndose que garantizar la representación de las grandes civilizaciones y de los diferentes sistemas jurídicos a nivel mundial. Los candidatos tienen que tener la confianza de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad y tienen mandatos de 9 años, no pueden ejercer ninguna otra actividad profesional y tienen inmunidad diplomática durante el ejercicio de la función judicial.
Con sede a la Haya (Países Bajos), se configura como el órgano judicial principal de las Naciones Unidas para resolver dos tipos de cuestiones: controversias jurídicas que los estados miembros le quieran someter y opiniones consultivas sobre aspectos de legalidad internacional planteados por los órganos de las Naciones Unidas.
Queda claro, pues, que para someter cualquier cuestión jurídica a la CIJ hay que ser: o bien un Sido miembro de la ONU o bien la Asamblea o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (el resto de órganos de la ONU requieren del consentimiento de la Asamblea).
Los estados miembro de la ONU pueden someterle todo tipo de litigios respecto de la interpretación de un Tratado internacional, el análisis de si se ha producido una violación de derecho internacional o cualquier duda respecto de derecho internacional.
Cómo podemos comprender, esta primera vía de acceso a la CIJ tiene pocas opciones de ser ejercida para supuestos de ejercicio del derecho a la autodeterminación puesto que la parte que desea ejercer el derecho no forma parte de las Naciones Unidas y no tiene, por lo tanto, legitimación activa para personarse ante la CIJ. Sí se podrían resolver, por esta vía, litigios sobre la territorialidad de algún territorio en litigio entre dos estados ya existentes.
La Asamblea General y el Consejo de seguridad pueden plantear a la CIJ dudas respecto de cualquier aspecto de carácter legal dentro del ámbito de competencias de la ONU. Es en este contexto que el 9 de octubre de 2008, el entonces Secretario General de la ONU, Sr. BANDO Ki-moon, remitía a la Corte internacional de Justicia la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/NADA/63/3 (A/63/L.2), que reunida en sesión de 8 de octubre de 2008 acordó solicitar a la Corte internacional una opinión consultiva bajo el siguiente título:
“¿Se ajusta a derecho la declaración unilateral de independencia de las instituciones provisionales de autogobierno de Kósovo, de acuerdo con el derecho internacional?”
La Asamblea General aprobó remitir esta consulta, a iniciativa de Serbia, con 77 votos favorables (entre los cuales el voto favorable de España), 6 contrarios (Albania, Islas Marshall, Federación de estados de micronesia, Nauru, Palau y los Estados Unidos de América) y 74 abstenciones.
La resolución, redactada por Serbia, fue defendida por su ministro de asuntos exteriores, Vuk Jeremic, afirmando que “… impediría la crisis de Kósovo de servir como un precedente muy problemático en todo el mundo donde hubiera ambiciones secesionistas”.
Por este motivo, es oportuno recordar que la resolución de la CIJ no sólo es aplicable a España. Hace falta, además, tener en cuenta que esta resolución fue dictada con el voto a favor de España y, en palabras del representante español, Sr. Yañez-Barnuevo, argumentó el voto favorable a la resolución presentada por Serbia, antes de la votación, con los siguientes argumentos:
“Como es bien conocido, el Gobierno español considera el respeto a la legalidad internacional como un principio fundamental que ha de regir la actuación de los Estados, así como de las organizaciones internacionales y, en particular, de las Naciones Unidas, en las relaciones internacionales. Por este motivo, España lo ha convertido en el eje principal sobre el que articula toda su actuación en el ámbito internacional, otorgando al mismo tiempo a las Naciones Unidas un protagonismo sin igual en dicho ámbito. También es bien conocida la importancia que el Gobierno español atribuye al correcto funcionamiento de los órganos principales de esta Organización, entre los que se cuenta esta Asamblea, así como la Corte Internacional de Justicia, incluyendo, asimismo, la interacción entre esos órganos, a fin de promover la realización de los propósitos y principios de la Organización de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, estimamos que por el interés general de la Organización y del conjunto de la comunidad internacional sería deseable que esta Asamblea dispusiera de una opinión autorizada por parte del órgano judicial principal de las Naciones Unidas respecto de los aspectos jurídicos de aquellas cuestiones que, como la presente, que afecta a Kossove, hayan sido objeto de diversas interpretaciones por parte de los Estados Miembros. Por lo demás, creemos que a esta Asamblea y a los demás órganos de las Naciones Unidas es a quienes corresponderá en última instancia sacar las conclusiones que estimen oportunas respecto de la opinión consultiva que pronuncie, llegado el momento, la Corte Internacional de Justicia, sin que sea procedente, al menos hasta ese momento, anticipar esas conclusiones, ni condicionar en manera alguna la actuación de la Corte como órgano judicial dotado de plena independencia e imparcialidad conforme a la Carta de las Naciones Unidas y al Estatuto de la Corte. Por todo ello, España votará a favor del proyecto de resolución presentado por Serbia y contenido en el documento A/63/L.2.”
Cómo es evidente, la opinión consultiva de la CIJ no resolvió de la manera que deseaba Serbia cuando la propuso a la Asamblea General, ni de la manera en que el Reino de España pensaba que iría cuando le apoyó. Es el que tienen los verdaderos tribunales de justicia. Que mantienen su independencia e imparcialidad.
Lastimosamente, España sigue sin reconocer un estado que nació de acuerdo con la legalidad internacional, amparándose en una resolución de la CIJ que España promovió. Cataluña puede aprovechar aquellos aspectos que le son aplicables de la opinión consultiva de la CIJ, pero esto será objeto de otro análisis jurídico.
Fuente: http://unilateral.cat/2016/03/29/sobre-la-cort-internacional-de-justicia-1a-part/

References: resolución 
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