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Timestamp: 2019-05-22 07:21:56+00:00

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Nueva Ley de Quiebras: Ley de Insolvencia y Reemprendimiento
En octubre de 2014 entró en vigencia la Ley N° 20.720 que “sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo”, sustituyendo la Ley de Quiebras.
Esta ley pone el acento en la reorganización de empresas viables, estableciendo procedimientos para la reestructuración de sus deudas, conservando a la empresa como unidad productiva y generadora de empleo. Una de las grandes novedades que incorpora esta ley es la la posibilidad de repactación de deudas para personas naturales (deudores no comerciantes) o bien que estos logren una ejecución expedita y simplificada de sus bienes. Además se crea la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (que viene a reemplazar a la Superintendencia de Quiebras), y que contará con cobertura nacional, presencia regional y se relacionará con el ejecutivo a través de la cartera de Economía.
Por último, las quiebras, convenios y cesiones de bienes en actual tramitación y aquellas que se inicien antes de la entrada en vigencia de la presente ley se regirán por las disposiciones contendidas en el Libro IV del Código de Comercio.
Ámbito de Aplicación de la nueva Ley de Quiebras
La presente ley se aplicara a los procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una Empresa Deudora, y a repactar los pasivos y/o liquidar los activos de una Persona Deudora.
La nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento cambia la nomenclatura de la antigua ley de quiebras, incluyendo una serie de nuevos autoridades y actores:
1- Veedor: Aquella persona natural sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión principal es propiciar los acuerdos entre el Deudor y sus acreedores, facilitar la proposición de Acuerdos de Reorganización Judicial y resguardar los intereses de los acreedores, requiriendo las medidas precautorias y de conservación de los activos del Deudor, de acuerdo a lo establecido en esta ley.
Sus facultades son similares a los que la antigua legislación otorgaba al experto facilitador y al síndico en los convenios que buscaban evitar o poner fin a un estado de quiebra. Ahora el objeto del Procedimiento Concursal de Reorganización será reestructurar los pasivos y activos de una empresa deudora, respecto de la cual no se ha declarado su liquidación.
2- Liquidador: Aquella persona natural sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión principal es realizar el activo del Deudor y propender al pago de los créditos de sus acreedores, de acuerdo a lo establecido en esta ley. Este nuevo actor reemplazara las funciones que desempeñaba el Síndico de Quiebras, en los nuevos procedimientos de liquidación del deudor.
3- Martillero Concursal: Aquel martillero público que voluntariamente se somete a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión principal es realizar los bienes del Deudor, en conformidad a lo encomendado por la Junta de Acreedores y de acuerdo a lo establecido en esta ley.
4- Deudor: Con el fin de evitar la estigmatización que conlleva el proceso de quiebra la nueva ley ya no emplea la expresión fallido siendo esta reemplazada por la de deudor, que se entiende como toda Empresa Deudora o Persona Deudora, atendido el Procedimiento Concursal de que se trate y la naturaleza de la disposición a que se refiera.
5- Empresa Deudora: Será toda persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, y toda persona natural contribuyente de primera categoría o del número 2) del artículo 42 del decreto ley Nº 824, del Ministerio de Hacienda, de 1974, que aprueba la ley sobre impuesto a la renta.
6- Persona Deudora: será Toda persona natural no comprendida en la definición de Empresa Deudora.
Principales cambios introducidos por la ley
Nuevo Procedimientos
1. Procedimiento Concursal de Reorganización de la Empresa Deudora
Con la nueva ley, los convenios pasarán a llamarse Acuerdos de Reorganización y, dado el nuevo enfoque pro reorganización, la protección al deudor es mayor.
Los nuevos procedimientos se inician a petición de la empresa deudora mediante un formulario de Solicitud de Reorganización ante el tribunal correspondiente a su domicilio. El tribunal que conozca del proceso con la sola presentación de este formulario, decretara la Protección Financiera Concursal (que podrá durar entre 30 a 90 días hábiles dependiendo del porcentaje de apoyo de los acreedores), por lo que en este período:
No podrá declararse ni iniciarse en contra del deudor procedimientos concursales de liquidación, ni juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restitución en los juicios de arrendamiento.
Si el Deudor formare parte de algún registro público como contratista o prestador de cualquier servicio, y siempre que se encuentre al día en sus obligaciones contractuales con el respectivo mandante, no podrá ser eliminado ni se le privará de participar en procesos de licitación fundado en el inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganización.
Con esto, todos los contratos del deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago. Así, los contratos no podrán terminarse en forma anticipada y unilateral (pactos comisorios), tampoco exigirse anticipadamente su cumplimiento (cláusulas de aceleración) o hacerse efectivas las garantías contratadas (como boletas de garantías y otros), invocando como causal, el inicio de un procedimiento concursal de reorganización. El acreedor que viole esta prohibición quedará pospuesto en el pago, incluso luego de los acreedores relacionados al deudor.
El objetivo de la nueva ley, es que una vez determinado el pasivo del deudor y sus acreedores, sea el deudor el que proponga un acuerdo de reorganización, el cual quedara sujeto a la aprobación de sus acreedores.
Uno de los efectos los efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial, se da respecto a los créditos. La nueva ley establece en su Artículo 93 que los créditos que sean parte de este acuerdo se entenderán remitidos, novados o repactados, según corresponda, para todos los efectos legales. Señala también que el acreedor, contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, podrá deducir como gasto necesario conforme a lo dispuesto en el número 4º del artículo 31 de dicha ley, las cantidades que correspondan a la condonación o remisión de deudas, intereses, reajustes u otras cantidades que se hayan devengado en su favor, siempre y cuando cumpla con una serie de condiciones copulativas:
Que se trate de créditos otorgados o adquiridos con anterioridad al plazo de un año contado desde la celebración del Acuerdo.
Que dicha condonación o remisión conste detalladamente en el referido Acuerdo o sus modificaciones,y
Que no correspondan a créditos de Personas Relacionadas con el Deudor ni a créditos de acreedores Personas Relacionadas entre sí, cuando éstos, en su conjunto, representen el 50% o más del pasivo reconocido con derecho a voto.
Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación del Deudor de reconocer como ingreso, para efectos tributarios, aquellas cantidades que se hubieren devengado a favor del acreedor y que se condonen o remitan.
Acreedores Garantizados y Acuerdos de Reorganización
Un cambio importante que introduce la nueva ley es respecto a los acreedores prendarios e hipotecarios. Se establece que estos podrán votar sin perder la preferencia de pago. Sin embargo, si el Acuerdo de Reorganización es aprobado por el 66% del pasivo, los acreedores prendarios e hipotecarios quedarán sujetos a dicho acuerdo, aún si hubieran votado en contra del mismo.
Lo anterior podría significar, por ejemplo, que dichos acreedores prendarios e hipotecarios no podrán, durante la vigencia del acuerdo, ejecutar los bienes que garantizan sus créditos, en caso que (i) el acuerdo así lo establezca, y (ii) el tribunal declare que dichos bienes son esenciales para el giro del deudor. En la antigua ley, esos acreedores conservaban el derecho a ejecutar, en cualquier momento, los bienes dados en garantía.
2. Procedimiento concursal de liquidación de la Empresa Deudora
El nuevo procedimiento viene a reemplazar el antiguo Juicio de Quiebra, y tiene por objeto la realización de los bienes del deudor. Este puede adoptar dos formas:
Voluntaria: Cuando quien solicite la liquidación sea el propio deudor.
Forzosa: cuando los acreedores soliciten la liquidación fundándose en alguna de las causales establecidas por la ley.
Los nuevos objetivos de este procedimiento dicen relación con hacer el proceso de liquidación más expedito y también dar mayor protección y derechos a los deudores, es por esto que se establecen plazos más cortos y se busca mayor recuperación de activos, se refuerza el derecho a defensa del deudor, quien anteriormente sólo tenía opción de oponerse a la quiebra una vez que ha sido pronunciada la sentencia que la declara y se vela por la continuación de actividades económicas que puede ser provisional o definitiva, lo que se traduce en continuar desarrollando la actividad económica y a su vez se protege el empleo.
3. Procedimiento concursal de renegociación de la Persona Deudora
Señalamos anteriormente que una de las novedades de la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento es que introduce la posibilidad de que personas naturales puedan renegociar sus deudas o pedir la ejecución expedita de sus bienes, para dar cumplimiento a sus obligaciones.
La nueva ley contempla dos procedimientos que se aplican exclusivamente a la Persona Deudora, es decir, la persona natural que no quede comprendida en la definición de Empresa Deudora.
Los requisitos para poder someterse a este procedimiento son los siguientes:
Tener dos o más deudas vencidas por más de 90 días corridos, actualmente exigibles, provenientes de obligaciones distintas, que sumen más de 80 UF.
No haber sido notificado de una demanda de Liquidación Forzosa de Persona Deudora o de cualquier otro juicio ejecutivo, salvo que sea de origen laboral.
El procedimiento de renegociación que será siempre voluntario, se inicia por el deudor mediante una solicitud presentada ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento , la cual realiza un examen de admisibilidad, verificado que se cumplan los requisitos antes señalados, se da paso a :
Audiencia de determinación del pasivo, en ella con el voto de la Persona Deudora y de la mayoría absoluta del pasivo, se determinará el pasivo con derecho a voto.
Audiencia de renegociación, en la cual con el voto conforme de la Persona Deudora y de dos o más acreedores que en conjunto representen más del 50% del pasivo reconocido se buscara acordar la renegociación del pasivo.
Audiencia de ejecución, en el caso que no se alcanzare acuerdo respecto del pasivo de la Persona Deudora o respecto de la renegociación de sus obligaciones, la Superintendencia citará a los acreedores a una audiencia de ejecución, en la previa propuesta de las Superintendencia, se acordara la fórmula de realización del activo del deudor, por el Deudor y dos o más acreedores que representen a lo menos el 50% del pasivo reconocido con derecho a voto o el 50% del pasivo que consta en la propuesta que la Superintendencia presenta en la audiencia de determinación del pasivo.
Finalmente señalemos, que una vez vencido el plazo para impugnar el Acuerdo de Renegociación o el Acuerdo de Ejecución, según corresponda, o una vez resuelta y desechada la Superintendencia declarará finalizado el Procedimiento Concursal de Renegociación.
Si hubiere finalizado en virtud de un Acuerdo de Ejecución: se entenderán extinguidos, por el solo ministerio de la ley, los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Persona Deudora respecto de los créditos parte de dicho acuerdo, a contar de la publicación de esta resolución en el Boletín Concursal.
Si hubiere finalizado en virtud de un Acuerdo de Renegociación: las obligaciones respecto de los créditos que conforman dicho acuerdo se entenderán extinguidas, novadas o repactadas, según lo acordado, y la Persona Deudora se entenderá rehabilitada para todos los efectos legales.
4. Procedimiento concursal de liquidación de los bienes de la Persona Deudora
Al igual que la liquidación del Deudor Empresa esta puede ser:
a)Voluntaria: cuando se produzca a instancias del deudor, previa entrega de determinados antecedentes.
b)Forzada: cuando cualquier acreedor lo solicite, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
i. La existencia de dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas
ii.Se encuentren iniciadas a los menos dos ejecuciones
iii. Que dentro del plazo de 4 días siguientes al requerimiento, el deudor no presentare bienes suficientes para responder a sus deudas y costas
iv. Que no se hubiere declarado la admisibilidad de un Procedimiento Concursal de Renegociación de la Persona Deudora
En general, podemos señalar que el procedimiento es similar al contemplado para la liquidación del Deudor Empresa, estableciendo reglas distintas sólo en cuanto resulten contrarias con la naturaleza de la Persona Deudora.
Otras Cambios que introduce la ley
En cuanto a las Notificaciones: Se crea el Boletín Concursal, la ley lo define como una Plataforma electrónica a cargo de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de libre acceso al público, gratuito, en la que se publicarán todas las resoluciones que se dicten y las actuaciones que se realicen en los procedimientos concursales, salvo que la ley ordene otra forma de notificación. Esto hará que el procedimiento sea más rápido y económico, al reemplazar las publicaciones en el Diario Oficial.
Mecanismo para casos de insolvencia transfronteriza: Por primera vez en Chile se instauran normas relativas a insolvencia transfronteriza, estableciéndose como principio, que los acreedores extranjeros gozarán de los mismos derechos que los acreedores nacionales, tanto respecto del inicio de un procedimiento concursal, como respecto de la participación en él. Estas normas serán útiles para los inversionistas extranjeros, al facilitar la cooperación judicial entre Chile y los países extranjeros, proporcionando una mayor seguridad jurídica para el comercio y las inversiones.
En Materia Laboral: Desde el punto de vista laboral se establecen normas para asegurar el pago de los finiquitos de los trabajadores, tipificando como nueva causal de terminación del contrato de trabajo el hecho que el empleador sea sometido a un procedimiento concursal de liquidación, la fecha del término será, para todos los efectos legales, aquella en que dicte la resolución de liquidación. Dicho finiquito será autorizado por un ministro de fe aún cuando se encuentren impagas las cotizaciones previsionales, con lo cual se busca agilizar el pago a los trabajadores.
Delitos Concursales: Asimismo se establece un nuevo régimen penal, se crean nuevos tipos penales en el Código del ramo, describiendo conductas ilícitas relativas a procedimientos concursales y se sancionan efectivamente a aquellos que provocan o agravan la insolvencia, trasladándose al Código Penal las figuras respectivas.
REFORMA TRIBUTARIA LEY N°20.780: Modificaciones al Impuesto a la Renta. →← Especial Derecho Tributario en el año 2014

References: in fine
 artículo 42
 Artículo 93
 artículo 31
 resolución 
 resolución