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Timestamp: 2019-09-23 13:16:34+00:00

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STS 714/2014, 12 de Noviembre de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 550869802
Número de Recurso: 346/2014
Número de Resolución: 714/2014
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Se desestima la casación.
Sentencia citada en: 91 sentencias, un artículo doctrinal
En los recursos de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos penden, interpuestos por Javier y Penélope , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada, Sección Segunda, que condenó a los acusados como autores penalmente responsables de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y dichos recurrentes representados por el Procuradores Sres. Francisco Salcedo y José Manuel Merino.
El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 4 de Motril, incoó Procedimiento Abreviado con el número 8 de 2011, contra Javier y Penélope , y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Granada, cuya Sección Segunda, con fecha 27 de noviembre de 2013, dictó sentencia , que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: Probado y así se declara de forma expresa que Javier , mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de la presente causa, entre los meses de febrero y marzo de 2008, actuaba por cuenta de la empresa "Concesión y Taller Axarquía", sita en la Avda. de la Estación n° 10 de Vélez Málaga (Málaga), de la que era administradora única su hermana, Penélope , mayor de edad y sin antecedentes penales, en esas tareas, aparentando que la mencionada empresa podía disponer del mismo, concertó la venta del vehículo Audi, modelo A-8, 3.0-TDI- Quattro Triptonic con n° de bastidor NUM000 , con BANKINTER S.A., que iba a cederlo a la S.L. Santoro e Hijos través de un contrato de arrendamiento financiero concertado en Motril (Granada) el 6 de marzo de 2008 y documentado en póliza n° NUM001 .
A tal fin, BANKINTER S.A. hizo efectivo el 11 de marzo de ese año el pago del precio del automóvil, ascendente a 68.000 euros, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente n° 0093 1610 33 0000162553 de la sucursal del Banco de Valencia en la localidad de Málaga, de la que era titular la mercantil CONCESIÓN Y TALLER AXARQUÍA S.L. Recibido el dinero en esa cuenta, los acusados se apropiaron de él con ánimo de obtener un beneficio ilícito y no hicieron entrega del automóvil antes mencionado, que en realidad pertenecía a la empresa SEVILLA WAGEN, concesionaria de Volkswagen en esa ciudad, en cuyo stock de vehículos sigue figurando actualmente, habiendo procedido Penélope , tras requerimiento notarial de fecha 31/10/08 efectuado por BANKINTER S.A., a consignar y devolverle e ésta la cantidad de 6.000 .
FALLO: FALLAMOS : Que debemos CONDENAR a los acusados Javier y Penélope , como responsables en concepto de autores de un delito de ESTAFA agravado por el valor de lo defraudado, concurriendo la atenuante de reparación parcial del daño, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN a cada uno de ellos, con inhabilitación durante ese período para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, y a la acusada Penélope , además, a la inhabilitación especial para ejercicio del cargo de consejera delegada y administradora única de sociedades; así como a la pena de MULTA de OCHO MESES, con cuota diaria de 10 euros y el apremio personal legalmente previsto, también a cada uno de ellos, siendo responsable directa y solidaria de la multa que corresponde a la acusada Penélope la empresa CONCESIÓN Y TALLER AXARQUIA SL.
Indemnizarán los dos, conjunta y solidariamente y con la responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil antes mencionada a BANKINTER S.A., en la persona de su legal representante, en 62.000 euros con los intereses previstos en el art. 576.1 de la LEC , y abonarán por mitad el pago de las COSTAS PROCESALES, con inclusión de las que correspondan a la acusación particular.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Javier y Penélope que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
RECURSO INTERPUESTO POR Penélope
PRIMERO.- Infracción del artículo 24.1.de la C. E . Infracción del derecho a la tutela judicial efectiva indebida del art. 21.6 en relación con el art. 21.1 y 20.1 CP .
SEGUNDO.- Infracción del artículo 24.2 de la C. E .
TERCERO.- Al amparo del artículo 849 n° 2° de la LECrim . Error en la apreciación de la prueba.
CUARTO.- Infracción de ley. Al amparo del artículo 849 n° 1° de la LECrim .Aplicación indebida de los artículos 248 y 250 del C. P .
QUINTO.-Infracción de ley. Al amparo del artículo 849 n° 1° de la LECrim . Aplicación indebida del artículo 31 del C. P .
SEXTO.- Infracción de ley. Al amparo del artículo 849 n° 1° de la LECrim . Aplicación indebida del artículo 21,6 del C. P . Atenuante de dilaciones indebidas.
RECURSO INTERPUESTO POR Javier
PRIMERO.- Infracción de ley. Al amparo del artículo 849 n° 1° de la LECrim . Aplicación indebida del artículo 31 del C. P .
SEGUNDO.- Aplicación indebida de los artículos 248 y 250 del C. P .
CUARTO.- Infracción del articulo 24.1.de la C. E . Infracción del derecho a la tutela judicial efectiva.
QUINTO.- Infracción del artículo 24. 2. de la C. E .
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día veintinueve de octubre de dos mil catorce.
Los motivos primero por infracción de precepto constitucional, art. 24.1 CE , que consagra la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con la motivación de las sentencias, exigida en el art. 120.3 del mismo Texto al no encontrarse motivación suficiente de los hechos que se declaran probados, ni explicitación del razonamiento jurídico que llevó a la Sala "a quo" a condenar a esta acusada; y segundo por infracción del art. 24.2 CE . en concordancia con el art. 5.4 LOPJ , por entender vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia en cuanto íntimamente relacionado con el anterior al calificar la sentencia la conducta de la acusada como de estafa, sin existir prueba de cargo que acredite su culpabilidad distinguiendo la presunción de inocencia, pueden y deben ser analizados conjuntamente.
En efecto el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el art. 24.1 CE , comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada un derecho de los jueces y tribunales y exige que las sentencias expliciten de forma bastante, lo que además ya venia preceptuado en el art. 142 LECrim . está prescrito en el art. 120.3 CE , y se deduce implícitamente de la prohibición de la arbitrariedad que impone el art. 9.3 de la misma Supra Ley.
) Siendo así en relación a la presunción de inocencia esta Sala tiene declarado (SSTS. 129/2014 de 26.2 , 428/2013 de 29.5 , 1278/2011 de 29.11 , entre otras muchas que nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas por el restringido cauce que ofrece el art. 849.2 LECrim . pues como señala la STC. 136/2006 de 8.5 ; en virtud del art. 852 LECrim , el recurso de casación puede interponerse, en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del 24.2 CE (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que el Tribunal Supremo controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (por todas STC. 60/2008 de 26.5 ).
-En el caso presente se insiste en el motivo en que los elementos de prueba tenidos en cuenta por la Sala "a quo" en la sentencia recurrida, en modo alguno, pueden calificarse de signos incriminatorio pues jamás se dedicó a intervenir en gestiones de compra y venta, dado que todos los actos relaciones con la adquisición del vehículo se realizaron directamente con el otro coacusado, y ello permite afirmar que no existió engaño por su parte, incluyéndose el dolo, al no actuar con conciencia y voluntad de realizar la conducta típica, no teniendo conocimiento de la operación concertada, hasta que es requerida notarialmente en octubre 2008, momento en que lejos de eludir cualquier tipo de responsabilidad, efectuó consignación de 6000 E a favor de la querellante.
Queja de la recurrente que resulta infundada.
La sentencia impugnada entiende acreditados los hechos constitutivos de un delito de estafa previsto en el art. 248 CP , y penado en los arts. 249 y 250.1.5, por el valor de lo defraudado, en la redacción vigente ( art. 250.1.6 en la anterior a la LO. 5/2010 ), por la declaración de los acusados, testifical practicada - Sr. Pedro Enrique y Sra. Bárbara , en el sentido de que el Audi 8 que vendió la mercantil "Concesión y Taller Axarquia SL, de la que la recurrente era administradora única, era un vehículo de la empresa concesionaria Sevilla Wagen y documental - factura correspondiente a un Audi 8 cuyo nº de chasis coincide con el vehículo venido a Bankinter, expedida por una sociedad limitada con el anagrama de Audi y con nombre comercial incluyendo la palabra "concesión" (folios 16 y 17) y carta con firma apócrifa pero con el membrete de "Audi Axarquia", así como factura entregada por Doña. Bárbara en el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, en la que se plasma con sello de Sevilla Wagen la venta de otro vehículo Audi 8, cuyo pago verificó Concesión y Talleres Axarquia el 12.3.2008 (folio 268) esto es, un día después de que Bankinter hubiese ingresado los 68.000 E del precio del otro vehículo.
Y a continuación fundamenta la participación de la coacusada Penélope en base a los arts. 27 , 28 y 31 CP , en consideración a que responde penalmente también por actuar como administradora de derecho de la mercantil Concesión y Taller, y para ello analiza su versión exculpatoria de la ignorancia de las operaciones de compra y venta y de cualquier extremo relacionado con la sociedad de la que era administradora única, que no puede excluirla de responsabilidad por la realización de actos sin los cuales la defraudación no podría haberse llevado a cargo, pues, aun asumiendo que toda la mecánica falsaria que provocó el desplazamiento patrimonial a favor de la sociedad se hiciese a sus espaldas, está acreditado que, al no estar autorizado el coacusado y hermano Javier para hacer pago alguno en nombre de la sociedad, la transferencia de la mayor parte de la cantidad entregada por Bankinter, ordenada al día siguiente de su percepción, sí entraba dentro del cometido específicamente atribuido a la acusada, quien nunca alegó tener delega ninguna de las funciones del cargo, lo que unido a esa remisión de la factura mendaz a la sucursal de Bankinter en Motril (folios 16 y 17) hecha bajo su rubrica, asumiendo el nombre de la entidad, sus funciones de gestor del negocio, Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la experiencia, y a los parámetros de racionalidad y modificación exigibles, quedando extramuros de la competencia de esta Sala censurar el criterio de dicho Tribunal sustituyéndole mediante otra valoración alternativa del significado de los elementos de prueba disponibles, por lo que no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de los hoy recurrentes quienes en su argumentación critican la fuerza de convicción de las pruebas de apoyo en sus exclusivas manifestaciones exculpatorias, olvidando que el problema no es que no haya mas pruebas de cargo, o incluso que existan pruebas de descargo que la Sala no haya creído, sino determinar si las pruebas de cargo en las que se ha apoyado la Sala de instancia para condenar son suficientes y han sido racional y lógicamente valoradas.
Y en este caso no puede considerarse que la valoración de la Sala haya sido manifiestamente errónea. Por el contrario ha contado con suficiente prueba de carácter incriminatorio con aptitud para enervar la presunción de inocencia. Convicción de la Sala lógica y racional y conforme a las máximas de experiencia común, y que conlleva la desestimación del motivo, por cuanto - como recuerda la STS. 849/2013 de 12.11 - "el hecho de que la Sala de instancia dé valor preferente a aquellas pruebas incriminatorias frente a la versión que pretende sostener el recurrente, no implica, en modo alguno, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, antes al contrario, es fiel expresión del significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de la función jurisdiccional, y se olvida que el respeto al derecho constitucional que se dice violado no se mide, desde luego, por el grado de aceptación por el órgano decisorio de las manifestaciones de descargo del recurrente". posibilita también la aplicación del art. 31 CP .
El motivo tercero por infracción de Ley, al amparo del art. 849.2 LECrim , por error en la valoración de la prueba basado en documentos obrantes en autos, en concreto la documental aportada por la querellante en su escrito inicial del procedimiento, así como la aportada por la representación procesal del coacusado Javier consistentes en la plasmación del contrato de venta del vehículo ente este último y la querellante.
En concreto señala los documentos 3 y 4 aportados junto con la querella (folios 16 y 17): fax remitido desde administración de Concesión y Taller, donde se adjunta la factura del vehículo objeto de contrato y diversos emails entre el Sr. Javier y el asesor de ventas de Sevilla Wagen SA, Pedro Enrique de fechas 14.2 y 14.7.2008, documentos que muestran claramente que la operación de compra desde los inicios fue llevada a cabo por persona distinta y al margen de la recurrente.
Como hemos dicho en reiterada jurisprudencia -por todas SSTS. 327/2014 de 24.4 y 539/2013 de 27.6 - el ámbito de aplicación del motivo de casación previsto en el art. 849.2 LECrim . se circunscribe al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza que sí hubieran tenido lugar, o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron.
En el caso presente los documentos que designa la recurrente han sido valorados por el Tribunal de instancia que admite que aquella no participó en la venta del vehículo a la querellante pero deduce su participación de otras pruebas tal como se ha expuesto en los motivos precedentes.
El motivo cuarto por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim , pues dados los hechos que se consideran probados se aplica en la sentencia impugnada de forma indebida el art. 248 CP , y 250 del mismo texto legal en relación con el anterior, al no existir ninguno de los elementos básicos del tipo que configuran tal ilícito penal: no concurre ni engaño, ni dolo, ni tampoco concurre el elemento subjetivo distinto del dolo constituido por la intención de incumplir con el animo de lucrarse en perjuicio ajeno.
Con carácter previo debemos recordar la doctrina de esta Sala, contenida entre otras en SSTS. 807/2011 de 19.7 , 327/2014 de 24.4 , 605/2014 de 1.10 , que establece los requisitos de este motivo casacional:
En el caso presente el relato fáctico describe como los acusados se apropiaron del dinero que Bankinter ingresó en la cuenta de la mercantil Concesión y Taller Axarquia, de la que era administradora única la recurrente, con animo de obtener un beneficio ilícito y no hicieron entrega del vehículo objeto de la venta ya que en realidad pertenecía a la empresa Sevilla Wagen, concesionaria de la Volkswagen en esa ciudad.
Además la recurrente participó en el engaño previo mediante la remisión de la factura mendaz (folios 16 y 17), en su calidad de administradora única de la sociedad, y una vez recibido el dinero de la venta, dispuso al día siguiente de la mayor parte de su importe, consumándose así el desplazamiento patrimonial y patentizándose el animo de lucro en perjuicio de tercero.
Por tanto, aun cuando se admitiera que este recurrente no participó directamente en la operación de venta, la jurisprudencia ha admitido como supuesto de coautoria, lo que se ha denominado participación adhesiva o sucesiva y también coautoria aditiva, que requiere la concurrencia de los siguientes elementos:
En el caso analizado la recurrente contribuyó a generar la confianza precisa en la querellante con la remisión de la factura que aparentaba la previa adquisición del vehículo y una vez abonado por aquella el precio, hizo suyo su importe disponiendo al día siguiente de la transferencia bancaria en la cuenta de la sociedad de la que era administradora única.
El motivo quinto por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim , pues dados los hechos que se consideran probados se aplica en la sentencia impugnada de forma indebida el art. 31 del CP , dado que en la sentencia no se especifica cuales son las condiciones, cualidades o relaciones que deben concurrir en el sujeto activo, a que alude el art. 31, resultando improcedente su aplicación al no tratarse de un delito especial, sino de un delito común como es la estafa. Y aún entendiendo que fuera aplicable el art. 31 citado éste debería ser interpretado con corrección y de acuerdo con los arts. 5 y 10 CP , so pena de infringir el derecho a la presunción de inocencia.
La doctrina de esta Sala en orden a la aplicación del art. 31 CP , se contiene entre otras en SSTS. 607/2010 de 30.6 , 598/2012 de 5.7 , recuerda como los delitos producidos en el ámbito organizativo, empresarial no suelen responder, por regla general a comportamientos criminales aislados de una sola persona, más bien, son normalmente el resultado de la conjunción de numerosas acciones, así como de diversas personas entre las que se reparten decisiones y omisiones, y junto a ello el Derecho penal se encuentra frente a la realidad con mayores dificultades inmanentes al sistema ya que, a menudo, deberá responder a la cuestión de quien, como sujeto individual, debe ser, en el ámbito de una empresa, el responsable de las infracciones externas de determinados deberes y tal cuestión de la imputación individual de hechos realizados en el ámbito de una sociedad hace que el recurso a la tradicional Parte General del Derecho Penal plantee problemas y soluciones no del todo satisfactorias, hasta el punto de que se defienda la llamada "autoría social-funcional", pues en la medida en que se trata de sucesos en el ámbito y seno de una empresa u organización debe considerarse autor a aquél que realmente domina la organización -sea empresarial o de otro tipo- en la que se produce un resultado penalmente responsable. Así, deberían considerarse responsables, en primera línea a los directivos de la empresa afectada y a los subordinados solo en casos excepcionales. La valoración penal debe realizarse siguiendo dos pasos: en primer lugar, las actividades y formas de actuar de la empresa se consideran comportamientos penalmente relevantes (acciones u omisiones); en segundo lugar, éstos se imputan penalmente a los directivos de la empresa u organización como acciones propias, siguiendo el orden interno de atribución de responsabilidad. Así se vislumbra en la nueva orientación del Derecho penal alemán y existen iguales referencias en el Derecho Penal del medio ambiente belga, donde se recoge el "concepto social de autor" según el cual el dominio del hecho se sustituye por la responsabilidad social.
Por ello el art. 31 ciertamente, no puede servir como criterio de atribución de responsabilidad penal por sí mismo en los delitos empresariales. Esto es si se constata que en la empresa se ha cometido un delito no puede concluirse, sin más, que el responsable sea el administrador. El art. 31.1 CP , no regula la responsabilidad de los administradores por delitos que se cometan en la empresa, únicamente pretende que no exista una laguna de punibilidad en casos en que, en el delito especial propio, la calificación de la autoría recaiga en una persona jurídica. Este modo de operar lo que provocaría es la creación de una inaceptable responsabilidad objetiva por el cargo, una responsabilidad por la mera circunstancia de ser administrador y no una responsabilidad por el hecho, única que debe aceptarse, conforme al principio de culpabilidad.
En definitiva, se pretende exigir responsabilidad penal al administrador de la persona jurídica de que se trate, no basta con que el mismo ostente un cargo, sino que además habrá de desarrollar una acción u omisión contributiva a la realización del tipo por el que se le haya condenado, o dicho de otro modo, debería realizar algún acto de ejecución material que contribuya al resultado típico ( STS. 297/2005 de 7.3 ).
No se trata de una presunción de autoría que prescinde del art. 28 sino un complemento del mismo para aquellos supuestos en los que el tipo delictivo exige ciertos y especiales elementos de la autoría que concurran en la persona representada (persona física o jurídica) pero no en la del representante (persona física que actúa como representante de hecho o de derecho) STS. 304/2008 de 29.5 .
En el caso actual, no puede concluirse que la conducta de la recurrente se base, solo y exclusivamente en la mera circunstancia de ser administradora única de la sociedad, sino por la realización de las conductas que se especifican en el factum que conllevan la aplicación de los arts. 248 , 249 y 250.1.5 CP .
El motivo sexto por infracción de Ley en virtud de lo dispuesto en el art. 849.1 LECrim , por no apreciar la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 CP .
Se señala en el motivo que desde que se presentó el escrito de defensa por la representación de Penélope el día 30.1.2012, se llevan las actuaciones a la Audiencia Provincial por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Motril por Diligencia de Ordenación de 21.9.2012, señalándose finalmente la celebración del juicio oral el 26.11.2013-
En el caso presente la recurrente se limita a señalar que desde que se presentan escrito de defensa por su representación hasta la celebración del juicio han transcurrido cerca de dos años. Así el escrito de defensa se presentó el 30.1.2012, se elevan las actuaciones a la Audiencia Provincial por parte del Juzgado por Diligencia de ordenación de 21.9.2012, y se señala la celebración del juicio oral el 26.11.2013.
Ahora bien un examen de las actuaciones permisible vía art. 899 LECrim , permite constatar que en ese periodo no hubo ninguna paralización relevante.
Con fecha 10.4.2012 se personó en las actuaciones el otro acusado Javier recayendo providencia de 12.4.2012 teniéndole por personado y dándole traslado por 10 días para presentación escrito de defensa.
Con fecha 10.4.2012 se presentó por dicho acusado escrito solicitando nulidad de actuaciones por no haberse notificado el auto de apertura del juicio oral. Por providencia de 18.4, se acuerda tal notificación, dejando en suspenso las actuaciones.
Con fecha 16.4.2012, se presenta recurso de reforma y subsidiario de apelación por dicho acusado contra el auto de transformación de procedimiento abreviado tramitándose con traslado a las demás partes para alegaciones y siendo desestimado por auto de 24.5.2012, con admisión a tramite del recurso de apelación.
Por providencia 9.5.2012, se dio nuevo traslado al Ministerio Fiscal al haber acordado la apertura del juicio oral frente a Javier solo a instancias de la Acusación Particular, para formular en su caso escrito acusación. El Ministerio Fiscal presentó con fecha 14.6.2012 escrito de acusado referido solo a Taller y Concesión Axarquia y Penélope .
Con fecha 14.6.2012, diligencia ordenación, acordando exhorto a Vélez Málaga, para traslado al representante legal de Talleres y Concesión por 10 días, para presentar escrito de defensa, lo que verificó por escrito de 25.7.2012.
Con fecha 4.9 se remitió a la Audiencia testimonio del recurso de apelación interpuesto, documentos justificativos y particulares designados.
Con fecha 19.9 se presentó escrito defensa del acusado Javier y con fecha 21.9.2012 se admiten las pruebas, y al existir prueba anticipada a practicar antes del juicio oral y pendientes de resolver su recurso de apelación se señala para el inicio del juicio oral el 26.11.2013.
Consecuentemente no ha habido periodo de paralización relevante para la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas.
No obstante haber sido articulados en cuarto y quinto lugar procede por razones metodológicas el análisis prioritario de los motivos por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 LECrim , en relación con el art. 5.4 LOPJ , y con el art. 24.1 CE , en intima relación con la motivación de las sentencias exigida por el art. 120.3 CE , y por la misma vía por infracción de precepto constitucional por vulneración del art. 24.2, derecho constitucional de presunción de inocencia, al no explicitar la sentencia porqué considera el recurrente administrador de hecho y no motivar el proceso lógico y racional que sirva de motivación a los indicios que señala para que adquieran fuerza probatoria suficiente.
Dado por reproducida la doctrina jurisprudencial expuesta en los motivos primero y segundo del anterior recurrente, debemos insistir en que el ámbito de conocimiento de esta Sala de casación, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia queda delimitado por estos tres aspectos:
1) La comprobación de si el juzgador de instancia contó con suficiente prueba de cargo, aunque fuese mínima para dictar un fallo condenatorio. Ello integra la afirmación de que la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión concretada en la pretensión penal, corresponde exclusivamente a la parte acusadora, sin que le sea exigible a la defensa una probatio diabólica de los hechos negativos.
2) La comprobación de que tales pruebas se han obtenido sin violar los derechos fundamentales, lo que las haría inválidas a los efectos probatorios, debiendo estar incorporadas dichas pruebas con respeto a los principios de inmediación y contradicción.
3) Constatación de la racionalidad de las deducciones y conclusiones alcanzadas por la Sala sentenciadora, lo que es de mayor importancia en los supuestos de prueba indiciaria.
En efecto, a falta de prueba directa de cargo, -se dice en STC. 133/2011 de 18.7 - la prueba indiciaria es valida para enervar el derecho a la presunción de inocencia siempre que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales de la cual quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos (por todas SSTC. 1/2009 de 12.1 , 108/2009 de 11.5 , y 25/2011 de 14.3 ).
En el caso presente ya hemos explicitado en los motivos primero y segundo de la anterior recurrente, la prueba tenida en cuenta por el Tribunal de instancia para entender acreditada la comisión de un delito de estafa, y llegar a la convicción de que los dos acusados hicieron suyos los 68.000 E percibidos de Bankinter, sin destinarlos al pago de su vehículo que simularon estar en condiciones de transmitir, mediante los documentos inveraces consistentes en la factura de su adquisición y en lagarta apócrifa, pero con el membrete "audi Axarquia" que se hicieron llegar a la sucursal en Motril de Bankinter, y la testifical del Sr. Pedro Enrique quien negó que existiera discrepancia alguna por las comisiones entre Concesión y Taller Axarquia y Sevilla Wagen, aclarando que el vehículo Audi 8 ofertado en venta era un vehículo interno de la empresa Sevilla Wagen, el cual todavía figuraba bajo su titularidad y que si bien se podía haber hecho una oferta de venta de ese automóvil, en ningún caso se llevó a cabo transacción alguna del mismo.
Partiendo de estas premisas no cabe sino ratificar la conclusión alcanzada por el tribunal de instancia en orden a la participación de Javier en la maniobra defraudatoria, ya que se basó en prueba suficiente, ajustándose el juicio de inferencia a los principios de experiencia y a los parámetros de racionalidad y motivación exigibles, quedando extramuros de la competencia de esta Sala censurar el criterio de dicho tribunal sustituyéndole mediante otra valoración alternativa del significado de los elementos de prueba disponibles, por lo que no se ha producido vulneración del derecho a la presunción de inocencia del hoy recurrente, quien en su argumentación critica la fuerza de convicción de cada uno de los indicios. Olvidando que el problema no es que no haya más pruebas de cargo e incluso que existan pruebas de descargo que la Sala no haya creído, sino determinar si las pruebas de cargo en las que se ha apoyado la Sala de instancia para condenar son suficientes y han sido racional y lógicamente valoradas.
El motivo primero por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 LECrim , por considerar que se ha infringido precepto penal sustantivo, concretamente por aplicación indebida del art. 31 CP , en relación con el art. 28 del mismo al considerar el tribunal de instancia al recurrente como administrador de hecho apoyándose solo en que "todos los tratos y negociaciones relacionadas con el vehículo las llevó a cabo por sí mismo".
Previamente habrá que recordar STS. 605/2014 de 1.10 , que tiene la cualidad de administrador de hecho, quien sin ostentar formalmente la condición de administrador de la sociedad, ejerza poderes de decisión de la sociedad y concretando en él los poderes de un administrador de derecho.
Es la persona que, en realidad manda en la empresa, ejerciendo los actos de administración, de obligación de la empresa, aunque formalmente sean realizados por otra persona que figure como o su administrador. La STS. 59/2007 de 26.1 , insiste en que en la concepción de administrador de hecho no ha de estarse a la formalización del nombramiento de acuerdo a la respectiva modalidad societaria, ni a la jerarquía en el entramado social, sino a la realización efectiva de funciones de administración, del poder de decisión de la sociedad, la realización material de funciones de dirección.
En definitiva como precisan las SSTS. 816/2006 de 26.7 , y 598/2012 de 5.7 , por administradores "de derecho" se entiende en cada sociedad los que administran en virtud de un titulo jurídicamente válido o, en general, los que pertenezcan al órgano de administración de la Sociedad inscrita en el Registro Mercantil. Los "de hecho" serán todos los demás que hayan ejercido tales funciones en nombre de la sociedad, siempre que esto se acredite, o los que ofrezcan alguna irregularidad en su situación jurídica, por nombramiento defectuoso no aceptado, no inscrito o caducado; o prescindiendo de conceptos extra-penales, se entenderá por administrador de hecho a toda persona que por si sola o conjuntamente con otras, adopta e impone las decisiones de la gestión de una sociedad, y concretamente los expresados en los tipos penales, quien de hecho manda o gobierna desde la sombra.
Por ello la responsabilidad penal de los administradores de la entidad es exigible siempre que esos administradores hayan tenido real intervención como tales en los hechos típicos, mediante actos de dirección y gestión en la empresa de titularidad social en el ámbito económico ( STS. 1599/2005 de 14.11 ).
Ahora bien en el caso presente -a diferencia de la coacusada Penélope - la sentencia de instancia no fundamenta la responsabilidad de este recurrente, también en el art. 31 CP . En los hechos probados no se hace referencia alguna a su condición de administrador de hecho, y la única vez que utiliza esta expresión es en el fundamento jurídico 2º, párrafo último in fine, cuando para declarar procedente la condena de la Mercantil Concesión y Talleres Axarquia con arreglo al antiguo art. 31.2 CP . refiere "el haberse perpetrado la estafa en nombre y en provecho de ella, por parte de dos de sus administradores, tanto de derecho como de hecho". Y tal es así, consecuente con ello, solo le hace responsable del pago de la multa que corresponda a la acusada Penélope y no de la impuesta a este recurrente.
Siendo así no ha habido infracción del art. 31 CP , en relación a Javier y el motivo deviene improsperable.
El motivo segundo por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 LECrim , por infracción de precepto penal sustantivo, en concreto por indebida aplicación de los arts. 248 , 249 y 250.1.6, en la redacción anterior a la LO. 5/2010 .
El motivo, no obstante la vía casacional elegida, plantea cuestiones propias de la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, como son que la acusación debió acreditar que el acusado, antes de la firma del contrato de arrendamiento financiero el 6.3.2008 (folios 18 y ss) y antes del 11.3.2008, fecha del traspaso patrimonial, ideó un plan tendente a engañar a Bankinter y al representante legal del arrendatario financiero Santero e Hijos SL, para que el segundo quisiera comprarle un coche que no tenia intención de venderlo y que la primera le pagara mediante el arrendamiento financiero el precio del vehículo que no tenia intención de entregar.
Destaca además que no se dan los requisitos jurisprudenciales sobre la prueba indiciaria para acreditar que los dos documentos a que se refiere la sentencia como acreditativos de la estafa, hubieran sido confeccionados por este acusado; que la administradora de Concesiones y Talleres Axarquia reconoció la deuda y efectuó un pago de 6.000 E y si no abonó el resto fue por las dificultades económicas de la sociedad; y que por último al arrendatario financiero se le entregó otro vehículo en sustitución del Audi 8, disfrutándolo Hermanos Santero durante 10 días, devolviéndolo por su propia voluntad.
En definitiva considera que no existía la idea preconcebida de no querer entregar el vehículo, ni el dolo antecedente, sino un supuesto de incumplimiento contractual a resolver por la jurisdicción civil.
Cuestiones por tanto ya analizadas en los motivos precedentes en los que se ha hecho referencia a la prueba valorada por el tribunal de instancia para desvirtuar la presunción de inocencia.
No obstante no resulta ocioso recordar como hemos dicho en SSTS. 42/2014 de 6.2 , 483/2012 , 987/2011, de 5-10 ; 909/2009 de 23-9 y 564/2007, de 25-6 ; entre otras: el engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La doctrina de esta Sala (Sentencia 17 de noviembre de 1999 y Sentencia de 26 de junio de 2000, núm. 634/2000 , entre otras) considera como engaño "bastante" a los efectos de estimar concurrente el elemento esencial de la estafa, aquél que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, debiendo tener la suficiente entidad para que en la convivencia social actué como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto. La maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de realidad y seriedad suficiente para engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia, complementándose la idoneidad abstracta con la suficiencia en el específico supuesto contemplado.
En el caso presente en el factum se considera probado que este acusado actuando por cuenta de la empresa Concesión y Taller Axarquia, de la que era administradora única su hermana, concertó la venta de un vehículo, aparentando que dicha empresa podía disponer del mismo -mediante la presentación de documentos inveraces- con la entidad Bankinter SA, quien a su vez iba a cederlo a un tercero mediante un contrato de arrendamiento financiero- a tal fin Bankinter hizo efectivo el 11.3.2008, el pago del precio del vehículo, mediante transferencia bancaria de 68.000 E en la cuenta corriente de la que era titular la mercantil Concesión y Taller Axarquia SL. Recibido el dinero, este recurrente y su hermana se apropiaron y dispusieron del mismo y no hicieron entrega del automóvil que en realidad pertenecía a la empresa Sevilla Wagen, concesionaria de Volkswagen en esa ciudad.
Consecuentemente hubo un engaño -aparentar que podía disponer del vehículo cuando no era así por pertenecer a otra persona- que fue suficiente y precedente con el acto de disposición de la víctima que constituyó la consecuencia o efecto de la actuación engañosa, sin la cual no se habría producido el traspaso patrimonial, acto de disposición que realizó el propio perjudicado bajo la influencia del engaño que movió su voluntad ( SSTS. 267/2003 de 29.2 , 577/2002 de 8.3 ), que puede consistir en cualquier acción del engañado que causa un perjuicio patrimonial propio o de tercero, entendiéndose portal, tanto la entrega de una cosa como la prestación de un servicio por el que no se obtiene la contraprestación.
El motivo por lo expuesto debe ser desestimado, sin que la alegación del recurrente Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la experiencia, y a los parámetros de racionalidad y modificación exigibles, quedando extramuros de la competencia de esta Sala censurar el criterio de dicho Tribunal sustituyéndole mediante otra valoración alternativa del significado de los elementos de prueba disponibles, por lo que no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de los hoy recurrentes quienes en su argumentación critican la fuerza de convicción de las pruebas de apoyo en sus exclusivas manifestaciones exculpatorias, olvidando que el problema no es que no haya mas pruebas de cargo, o incluso que existan pruebas de descargo que la Sala no haya creído, sino determinar si las pruebas de cargo en las que se ha apoyado la Sala de instancia para condenar son suficientes y han sido racional y lógicamente valoradas.
Y en este caso no puede considerarse que la valoración de la Sala haya sido manifiestamente errónea. Por el contrario ha contado con suficiente prueba de carácter incriminatorio con aptitud para enervar la presunción de inocencia. Convicción de la Sala lógica y racional y conforme a las máximas de experiencia común, y que conlleva la desestimación del motivo, por cuanto - como recuerda la STS. 849/2013 de 12.11 - "el hecho de que la Sala de instancia dé valor preferente a aquellas pruebas incriminatorias frente a la versión que pretende sostener el recurrente, no implica, en modo alguno, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, antes al contrario, es fiel expresión del significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de la función jurisdiccional, y se olvida que el respeto al derecho constitucional que se dice violado no se mide, desde luego, por el grado de aceptación por el órgano decisorio de las manifestaciones de descargo del recurrente".Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la experiencia, y a los parámetros de racionalidad y modificación exigibles, quedando extramuros de la competencia de esta Sala censurar el criterio de dicho Tribunal sustituyéndole mediante otra valoración alternativa del significado de los elementos de prueba disponibles, por lo que no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de los hoy recurrentes quienes en su argumentación critican la fuerza de convicción de las pruebas de apoyo en sus exclusivas manifestaciones exculpatorias, olvidando que el problema no es que no haya mas pruebas de cargo, o incluso que existan pruebas de descargo que la Sala no haya creído, sino determinar si las pruebas de cargo en las que se ha apoyado la Sala de instancia para condenar son suficientes y han sido racional y lógicamente valoradas.
Y en este caso no puede considerarse que la valoración de la Sala haya sido manifiestamente errónea. Por el contrario ha contado con suficiente prueba de carácter incriminatorio con aptitud para enervar la presunción de inocencia. Convicción de la Sala lógica y racional y conforme a las máximas de experiencia común, y que conlleva la desestimación del motivo, por cuanto - como recuerda la STS. 849/2013 de 12.11 - "el hecho de que la Sala de instancia dé valor preferente a aquellas pruebas incriminatorias frente a la versión que pretende sostener el recurrente, no implica, en modo alguno, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, antes al contrario, es fiel expresión del significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de la función jurisdiccional, y se olvida que el respeto al derecho constitucional que se dice violado no se mide, desde luego, por el grado de aceptación por el órgano decisorio de las manifestaciones de descargo del recurrente". de que al arrendatario financiero se le entregó otro vehículo, que este devolvió a los 10 días por su propia voluntad y sin que hubiera razón para ello suficientemente acreditada, incida en la inexistencia del engaño previo. así la sentencia califica tal entrega como un intento de paliar el fraude y tal vehículo que lo suministra un concesionario diferente a Sevilla Wagen (AVISA) y se le ofrece en compra estando ya a nombre de un tercero, algo de imposible asunción dadas las condiciones en las que se había celebrado la venta del Audi 8 (en arrendamiento financiero en el que figuraba como propietario Bankinter).
El motivo tercero por infracción de Ley al amparo del art. 849.2 LECrim , error de hecho en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.
El motivo incide en lo ya desarrollado en motivos anteriores y el error en que incide el juzgador consiste en calificar al recurrente como administrador de hecho y en considerar probado que la elaboración de dos documentos, uno de ellos además apócrifo, supone la existencia de un engaño bastante con dolo antecedente que movió a Bankinter a realizar la transferencia.
El recurrente pretende extraer consecuencias distintas a las de la Sala de la prueba practicada, sin designar documento alguno acreditativo del error padecido por lo que el motivo deviene improsperable.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de casación, interpuestos por Javier y Penélope , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada, Sección Segunda, que condenó a los acusados como autores penalmente responsables de un delito de estafa; y condenamos a los recurrentes al pago de las costas causadas en la tramitación de sus respectivos recursos.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamosD. Julian Sanchez Melgar D. Jose Manuel Maza Martin D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Antonio del Moral Garcia D. Perfecto Andres Ibañez

References: artículo 24
 artículo 24
 artículo 849
 artículo 849
 artículo 849
 artículo 31
 artículo 849
 artículo 21
 artículo 849
 artículo 31
 artículo 24
 resolución 
in fine