Source: http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe197.htm
Timestamp: 2013-06-18 05:26:07+00:00

Document:
NYR. Informe n� 197. BOE de febrero de 2011.
www.notariosyregistradores.com INFORME N� 197. (BOE de FEBRERO de 2011)
Registro empresas pr�stamos
Portugal: informaci�n registral
TS: Demarcaci�n registral
Resoluci�n contrato admvo
Agrupaci�n p.h. sin o.n.
Sociedades RDL 13/2010
CASTILLA Y LE�N. Ley 20/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y Le�n para 2011.
1-Incremento del presupuesto en materia de sanidad p�blica, a pesar de la fuerte reducci�n de ingresos; as� como un incremento de las dotaciones a las personas en situaci�n de dependencia.
2-Desde el punto de vista de la actividad econ�mica se destina el 3% de los presupuestos a I+D+i.
3-En materia de agricultura y ganader�a, se consignan los cr�ditos que permitan alcanzar los objetivos previstos en el Plan Integral para el Desarrollo Rural de Castilla y Le�n dentro de los plazos previstos por la Uni�n Europea para el Plan de Desarrollo Rural y, la Administraci�n Local, manteniendo los compromisos asumidos en el �mbito de la cooperaci�n local por el Pacto Local.
El T�tulo VIII se dedica a los Tributos y otros ingresos. De los tributos y otros ingresos. Para el a�o 2011 se elevan con car�cter general los tipos de cuant�a fija de las tasas
en un 2% con respecto a las cantidades exigibles en el a�o 2010.
PDF (BOE-A-2011-1960 - 49 p�gs. - 934 KB) Otros formatos
ARAG�N. Ley 10/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1991, de 4 de enero, reguladora de las Cajas de Ahorros en Arag�n.
De conformidad con la atribuci�n competencial del art�culo 71.33.� del Estatuto de Autonom�a de Arag�n y con fundamento en las nuevas exigencias contenidas en el
Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de �rganos de gobierno y otros aspectos del r�gimen jur�dico de las Cajas de Ahorros en su disposici�n transitoria segunda, se procede a acometer las reformas pertinentes que permitan la adaptaci�n de la
Ley 1/1991, de 4 de enero, reguladora de las Cajas de Ahorros en Arag�n.
PDF (BOE-A-2011-2105 - 10 p�gs. - 229 KB) Otros formatos
CANARIAS. Ley 1/2011, de 21 de enero, del impuesto sobre las labores del tabaco y otras medidas tributarias.
Se regula fundamentalmente el impuesto auton�mico sobre labores del tabaco. El �mbito de aplicaci�n espacial del impuesto se circunscribe a todo el territorio de las Islas Canarias, gravando �nicamente aquellas labores de tabaco que se consumen en las islas, tal como exigen los art�culos 157.2 de la Constituci�n y 9 de la LOFCA.
IRPF: La disposici�n adicional quinta recoge la
escala auton�mica aplicable a la base liquidable general, a que se refiere el art�culo 74 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto. Los tipos oscilan entre el 12% y el 21,50%.
Son de especial inter�s las cuatro disposiciones finales que regulan lo siguiente:
b) La segunda reforma el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios p�blicos de la Comunidad Aut�noma de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, para suprimir la tasa de entrega material del �Bolet�n Oficial de Canarias�, crear tres nuevas tasas:
- una, por impresi�n de copias de autoliquidaciones tributarias; - otra, por emisi�n de informe sobre el valor a efectos fiscales de bienes inmuebles; - y una �ltima, por participar en el procedimiento correspondiente al reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a trav�s de la experiencia laboral o de v�as no formales de formaci�n.
c) La tercera modifica el texto refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Aut�noma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril:
- Art�culo 37. Tipo de gravamen reducido aplicable a los documentos notariales.
1. En los supuestos previstos en el art�culo anterior, se aplicar� el tipo de gravamen reducido del 0,40 por 100 cuando se trate de primeras copias de escrituras que documenten la adquisici�n de un inmueble, o cuando se trate de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios destinados a su financiaci�n, siempre que se trate de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual y en los que concurran los requisitos para la aplicaci�n del tipo reducido a que refieren los art�culos 32, 33, 34 y 35 del presente texto refundido.
- Se crea el art�culo 38 bis. Tipo de gravamen reducido aplicable a la novaci�n de cr�ditos hipotecarios. En la modalidad gradual de Actos Jur�dicos Documentados ser� de aplicaci�n el tipo cero a las escrituras p�blicas de novaci�n modificativa de cr�ditos hipotecarios pactados de com�n acuerdo entre acreedor y deudor, siempre que el acreedor sea una de las entidades a que se refiere el art�culo 1 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogaci�n y Modificaci�n de Pr�stamos Hipotecarios, y la modificaci�n se refiera a las condiciones del tipo de inter�s inicialmente pactado o vigente, a la alteraci�n del plazo, o a ambas. Con ello,
se equiparan en efectos las novaciones de cr�ditos hipotecarios y de pr�stamos hipotecarios.
- Art�culo 41. Equiparaci�n a c�nyuges. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 12 de la Ley
5/2003, de 6 de marzo, para la regulaci�n de las parejas de hecho en la Comunidad Aut�noma de Canarias, los miembros de las parejas de hecho tienen la asimilaci�n a los c�nyuges, con respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados y a las deducciones auton�micas del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas. Lo anterior no ser� de aplicaci�n a la tributaci�n conjunta respecto al tramo auton�mico del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas. Los efectos de esta asimilaci�n s�lo se producir�n con relaci�n a las materias, que en el ejercicio de las competencias normativas delegadas por el Estado, hayan sido dictadas por la Comunidad Aut�noma de Canarias.
d) Y la cuarta establece la entrada en vigor de la Ley el d�a 1 de febrero de 2011
PDF (BOE-A-2011-2106 - 25 p�gs. - 405 KB) Otros formatos
MURCIA. Ley 1/2008, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley
4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Regi�n de Murcia.
Las l�neas directrices sobre las que se articula esta reforma son tres:
a) El fortalecimiento de las asociaciones de consumidores y usuarios como cauce natural de la representaci�n, participaci�n y consulta de los consumidores y usuarios.
b) La potenciaci�n de los instrumentos administrativos para la protecci�n de los consumidores y usuarios.
c) La definici�n y reconocimiento del papel de las administraciones locales en este �mbito. La ley consta de siete art�culos, a trav�s de los cuales, mediante bloques tem�ticos uniformes, se realiza una modificaci�n de la redacci�n de veinticinco art�culos y se a�aden nuevos preceptos
Entro en vigor el 24 de Julio de 2008
PDF (BOE-A-2011-2209 - 19 p�gs. - 318 KB) Otros formatos
MURCIA. Ley 2/2008, de 21 de abril, de carreteras de la Comunidad Aut�noma de la Regi�n de Murcia
La Ley se estructura en cuatro t�tulos, tres disposiciones adicionales, una disposici�n transitoria, una disposici�n derogatoria y tres disposiciones finales.
Se recoge expresamente en el texto la
exenci�n de licencia municipal u otro acto de control preventivo para las carreteras incluidas en su �mbito de aplicaci�n por constituir obras p�blicas de inter�s general.
En el cap�tulo III, dedicado a la explotaci�n, despu�s de definirla, se recuperan, dentro de la llamada hasta ahora �zona de protecci�n� de las carreteras, la franja de servidumbre y la de afecci�n, regul�ndose �stas de forma semejante a como lo hace la normativa estatal.
En el cap�tulo V la principal novedad se centra en la atribuci�n de la competencia a la Administraci�n regional cuando se trate de autorizar actuaciones en la zona de dominio p�blico, quedando las restantes en el �mbito de poder de los ayuntamientos respectivos.
PDF (BOE-A-2011-2210 - 28 p�gs. - 705 KB) Otros formatos
ECUADOR. Convenio de Seguridad Social entre el Reino de Espa�a y la Rep�blica del Ecuador, hecho en Madrid el 4 de diciembre de 2009.
- En lo que se refiere a Espa�a, el Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n.
- En lo que se refiere a la Rep�blica del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Entr� en vigor el 1� de enero de 2011.
PDF (BOE-A-2011-2278 - 14 p�gs. - 258 KB) Otros formatos
CONTROL TRIBUTARIO. Resoluci�n de 2 de febrero de 2011, de la Direcci�n General de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria, por la que se aprueban las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de 2011.
El Plan General de Control constituye un instrumento fundamental en la planificaci�n de las actuaciones de control tributario y aduanero que la Agencia Tributaria va a realizar anualmente. El Plan detalla la cuant�a y cualidad de las actuaciones de control a desarrollar para alcanzar los objetivos fijados del ejercicio. El art�culo 116 de la Ley General Tributaria establece la obligaci�n de elaborarlo
anualmente, y le atribuye car�cter reservado, salvo en lo que afecta a las directrices generales que lo informan, las cuales son publicadas en el Bolet�n Oficial del Estado. El Plan General se estructura en los siguientes apartados:
a) Directrices Generales, en las que se enuncian las principales �reas de riesgo fiscal que requieren una atenci�n preferente y los criterios b�sicos de desarrollo del Plan.
b) Planes Parciales de Control de cada una de las �reas que desarrollan tareas de control: Inspecci�n Financiera y Tributaria, Aduanas e Impuestos Especiales, Gesti�n Tributaria y Recaudaci�n. En los Planes Parciales se definen los criterios que presiden la programaci�n de actuaciones de cada �rea y su distribuci�n entre las distintas unidades y �mbitos territoriales.
c) Normas de integraci�n de los planes parciales, incluida la previsi�n de actuaciones conjuntas, sucesivas o coordinadas y cuantas sean precisas para dar unidad a la actuaci�n de control de la Agencia Tributaria. Asimismo, se planifican las actuaciones prioritarias a desarrollar en colaboraci�n con las Administraciones tributarias auton�micas en el marco del control de los tributos cedidos.
Los retos a los que se enfrenta la Agencia Tributaria para 2011 se enmarcan en un contexto econ�mico y social en el que destacan la crisis econ�mica, el fen�meno de la globalizaci�n, la internacionalizaci�n de la econom�a espa�ola y la r�pida implantaci�n de las nuevas tecnolog�as.
Con el fin de allegar los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos p�blicos, la prevenci�n y la lucha contra el fraude se constituyen en la l�nea estrat�gica b�sica y prioritaria de la Agencia Tributaria con el marco de Planes previos y del Plan Integral de Prevenci�n y Correcci�n del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social de 2010.
Las principales �reas de riesgo y los criterios b�sicos de desarrollo del Plan General de Control Tributario se agrupan en tres grandes �mbitos. El primero de ellos lo integran las actuaciones de comprobaci�n e investigaci�n sobre el fraude fiscal, con especial atenci�n a los profesionales o los contribuyentes con signos externos de riqueza que no se correspondan con los niveles de renta declarados.
- Acciones destinadas a combatir la econom�a sumergida, que se acometer�n de un modo conjunto y coordinado con la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social y con la Tesorer�a General de la Seguridad Social, para lo que se prev�n acciones de car�cter presencial.
- La ingenier�a fiscal y la planificaci�n fiscal abusiva ser�n �reas de atenci�n preferente, as� como la persecuci�n de las estructuras fiduciarias y entramados societarios creados para evadir el pago de impuestos, o la creaci�n de pasivos financieros intragrupo generadores de gastos financieros para reducir o eliminar bases imponibles obtenidas y que deben tributar en Espa�a.
- El refuerzo de los intercambios de informaci�n permitir� acometer con mayor eficacia la lucha contra los para�sos fiscales y territorios de baja tributaci�n, en particular para la detecci�n de activos, dep�sitos y productos financieros en dichos territorios cuya titularidad corresponda a ciudadanos residentes en Espa�a. - Otras �reas relacionadas con la fiscalidad internacional, como la utilizaci�n abusiva de los precios de transferencia sobre todo en tres grandes conceptos: las reestructuraciones empresariales, la valoraci�n de los intangibles y el tratamiento de las p�rdidas derivadas de la crisis econ�mica global.
- Continuar�n las actuaciones relacionadas con las tramas de fraude en el IVA en operaciones intracomunitarias.
- Seguir�n las comprobaciones de grupos fiscales del Impuesto sobre Sociedades y de grupos de entidades en el IVA, las del sector inmobiliario y otras.
- En relaci�n con el control del comercio exterior, se prestar� especial atenci�n al control del valor en Aduana de las mercanc�as importadas.
- Se aprovechar�n las nuevas tecnolog�as de la informaci�n y las comunicaciones, que permiten, entre otros, poner en marcha el sistema de notificaciones electr�nicas destinadas a un buen n�mero de entidades.
El segundo �mbito se centra en la lucha contra el fraude en la fase recaudatoria. Se prev� la generalizaci�n del programa de actuaciones coordinadas que hace posible anticipar las actuaciones recaudatorias a la fase de liquidaci�n. - Se impulsar� el control de deudores con incumplimiento sistem�tico de obligaciones;
- actuaciones de control recaudatorio espec�ficas en relaci�n con los procesos concursales que estar�n presididas por el criterio de reforzar la participaci�n de la Agencia Tributaria en las diferentes fases del concurso, - y actuaciones de control recaudatorio en relaci�n con los delitos contra la Hacienda P�blica.
Y el tercer �mbito se refiere al control sobre los tributos cedidos, como expresi�n de la necesidad de realizar actuaciones coordinadas con las Administraciones tributarias de las Comunidades Aut�nomas responsables de la gesti�n de tales tributos entre las que destacan:
- La plena consolidaci�n a lo largo de 2011 del Censo �nico Compartido y
- operaciones inmobiliarias o societarias m�s significativas con incidencia en los tributos cedidos.
PDF (BOE-A-2011-2280 - 13 p�gs. - 252 KB) Otros formatos
MURCIA. Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Regi�n de Murcia.
Se regula mediante ley la instituci�n de Defensor del Pueblo de la Regi�n de Murcia, como Alto Comisionado de la Asamblea Regional.
La iniciativa de esta Ley encuentra su cobertura legal adem�s de en la propia Constituci�n Espa�ola, en la Ley Org�nica 3/1981, de 6 de abril, de desarrollo de las funciones de dicha instituci�n, que contempla la posibilidad de existencia de �rganos similares al Defensor del Pueblo en las comunidades aut�nomas.
Entr� en vigor el 25 de noviembre de 2008
PDF (BOE-A-2011-2281 - 15 p�gs. - 276 KB) Otros formatos
MURCIA. Ley 7/2008, de 26 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas en materia de tributos cedidos, tributos propios y tasas regionales para el a�o 2009.
En el �mbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas se modifica, por primera vez, la escala auton�mica del IRPF. Se produce la rebaja de un cuarto de punto, inici�ndose as� una reducci�n de esta escala a lo largo de la legislatura, hasta alcanzar un punto de la citada escala.
El t�tulo II de la Ley recoge, en sus cap�tulos I y II, las modificaciones de los tributos propios. En concreto, el cap�tulo I regula modificaciones en los tributos medioambientales
El cap�tulo II desarrolla las medidas normativas adoptadas en el �mbito de las tasas regionales, donde se introducen, como cada a�o, modificaciones de diversa �ndole. Afectan, en este a�o, a la Tasa General de Administraci�n, declarando exentos los certificados e inscripciones que se realicen por medios telem�ticos; a tasas en materia de servicios portuarios, ordenaci�n de actividades e instalaciones industriales y energ�ticas y administrativas de car�cter sanitario, regulando nuevos hechos imponibles, y modifica, por �ltimo, la Tasa de �Bolet�n Oficial de la Regi�n de Murcia�, ante la inminente desaparici�n de su edici�n impresa, que ser� sustituida por su edici�n electr�nica.
En segundo lugar, se aborda la regulaci�n de la llamada mutaci�n interadministrativa de bienes demaniales. Esta figura, consiste en afectar bienes y derechos demaniales del Patrimonio de la Comunidad Aut�noma a otra administraci�n p�blica sin p�rdida de la demanialidad, y podr� efectuarse con o sin transferencia de la titularidad, permitiendo as� facilitar las cesiones de bienes y derechos de dominio p�blico entre administraciones p�blicas.
Finalmente, con la modificaci�n de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorro de la Regi�n de Murcia, el objetivo es precisar el momento del cese efectivo en el cargo de los consejeros generales, de los vocales del Consejo de Administraci�n y de los miembros de la Comisi�n de Control, cuando se cumpla el plazo m�ximo de doce a�os de duraci�n del mandato.
Destacar la Disposici�n adicional quinta que modifica
la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Regi�n de Murcia
Entrada en vigor de la norma: el 1 de enero del 2009
PDF (BOE-A-2011-2282 - 19 p�gs. - 321 KB) Otros formatos
MURCIA. Ley 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut�noma de la Regi�n de Murcia para el ejercicio 2009.
Destacar el T�tulo VI, �De las normas tributarias�, establece un incremento de las tasas y precios p�blicos de la Comunidad Aut�noma cifrado en el dos por ciento; porcentaje que coincide con la inflaci�n prevista, y por tanto con el incremento del coste que le supone a la Administraci�n Regional la prestaci�n de los correspondientes servicios sujetos a tasa o precio p�blico.
Se introducen asimismo en la Ley de Presupuestos para el a�o 2009, nuevas disposiciones adicionales, relativas a la suspensi�n de pagos a favor de las entidades del sector p�blico que no cumplan el deber de informaci�n en materia de estabilidad presupuestaria, a la condonaci�n de deuda del Instituto de la Vivienda y Suelo de la Regi�n de Murcia
Entr� en vigor el 1 de enero de 2009
PDF (BOE-A-2011-2283 - 37 p�gs. - 649 KB) Otros formatos
GALICIA. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organizaci�n y funcionamiento de la Administraci�n general y del sector p�blico auton�mico de Galicia.
La presente ley pretende reunir en un solo texto, por una parte, los contenidos propios de una ley de r�gimen jur�dico de la Administraci�n de la Comunidad Aut�noma gallega y, por otro, los elementos esenciales del r�gimen jur�dico sustantivo y procedimental de los reglamentos auton�micos, cuya incorporaci�n a una norma con rango de ley ya fue recomendada por el Consejo Consultivo de Galicia en el a�o 2001.
Para ello, la presente ley se estructura en un t�tulo preliminar y tres t�tulos m�s: el primero, sobre r�gimen jur�dico de la Administraci�n general de la Comunidad Aut�noma de Galicia; el segundo, sobre la potestad reglamentaria; y el �ltimo, sobre r�gimen jur�dico de las entidades integrantes del sector p�blico auton�mico.
El t�tulo II regula la potestad reglamentaria. Esta materia se eleva a rango de ley, y para su dise�o se han tenido en cuenta las recomendaciones formuladas por el supremo �rgano consultivo de Galicia.
PDF (BOE-A-2011-2544 - 49 p�gs. - 766 KB) Otros formatos
GALICIA. Ley 14/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut�noma de Galicia para el a�o 2011.
Destacar como novedad en el t�tulo IV la incorporaci�n de un precepto dedicado a los contratos de colaboraci�n p�blico-privada y de concesi�n de obra p�blica, en el cual se establece como requisito para su autorizaci�n un informe previo y vinculante de la Conseller�a de Hacienda. En el t�tulo VI, �Normas tributarias�, por lo que se refiere a los tributos propios, se introducen modificaciones de tasas debidas, principalmente, a la adaptaci�n de tarifas y a la revisi�n de algunas de las reglas establecidas en las tasas exigidas en la actividad portuaria de la Comunidad.
La ley cuenta con tres disposiciones transitorias, entre las que se encuentra el r�gimen transitorio de ocupaci�n del dominio p�blico, mediante medios personales, de inmuebles afectos a actividades administrativas, que seguir�n rigi�ndose por lo dispuesto en su t�tulo hasta su extinci�n.
PDF (BOE-A-2011-2545 - 121 p�gs. - 13885 KB) Otros formatos
GALICIA. Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
Se rese�an las siguientes novedades en materia de tributos:
Por lo que se refiere al IRPF, se establecen tres deducciones nuevas y se ampl�a el �mbito de una ya existente. La deducci�n por autoempleo beneficiaba a las mujeres, cualquiera que fuese su edad, y a los hombres menores de 35 a�os.
En cuanto a las deducciones nuevas, se establece una deducci�n por acogimiento familiar, as� como dos deducciones orientadas a fomentar la inversi�n en la Comunidad Aut�noma por lo que se exige que esa inversi�n venga acompa�ada de la creaci�n de empleo y se mantenga durante un per�odo de tres a�os. En este sentido, se establece la deducci�n, en la cuota �ntegra auton�mica, por inversi�n en la adquisici�n de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creaci�n y tambi�n la correspondiente a las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisici�n de acciones como consecuencia de acuerdos de ampliaci�n de capital suscritos por medio del segmento de empresas en expansi�n del Mercado Alternativo Burs�til.
En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, se establece para las adquisiciones, por causa de muerte o por donaci�n, de parcelas forestales incluidas en la superficie de gesti�n conjunta de estas agrupaciones, una reducci�n del 99% del valor de estas parcelas.
En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur�dicos documentados, por una parte, se fija una deducci�n en la cuota del 100% en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, aplicable a los arrendamientos de terrenos r�sticos. Por otra, se establece una deducci�n en la cuota del 100% para las transmisiones onerosas de parcelas forestales incluidas en la superficie de gesti�n conjunta o de comercializaci�n de producciones que realicen este tipo de agrupaciones. Por lo que se refiere a los tributos propios, se procede al establecimiento de exenciones en los tributos sobre el juego, en concreto en el impuesto sobre el bingo, para aquellos que, dada su entidad, est�n excluidos del �mbito de aplicaci�n.
En el T�tulo I, cap�tulo III se modifican normas relativas a la aplicaci�n de los tributos. Se introducen ciertas modificaciones en las obligaciones formales de los notarios a favor de la remisi�n por v�a telem�tica de la declaraci�n informativa comprensiva de los elementos b�sicos de la escritura.
En materia de comprobaci�n de valores, se modifica la normativa existente por dos motivos. - Para dar validez jur�dica, en el �mbito de esta Comunidad Aut�noma, a los valores publicados por otras comunidades aut�nomas para los bienes situados en sus territorios (que no tendr�n que ser dict�menes de peritos). - El segundo consiste en adecuar la normativa a la eliminaci�n de la obligaci�n del visado colegial para los dict�menes periciales.
El cap�tulo IV recoge una nueva regulaci�n de la encomienda de competencias en la aplicaci�n de los tributos a las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario. En segundo lugar, se autoriza la creaci�n de la Agencia Tributaria de Galicia. Destacar tambi�n las modificaciones del Titulo II, Capitulo II en materias de concentraci�n parcelaria, montes y suelo r�stico protegido gallego.
Entr� en vigor el 1 de enero de 2011 PDF (BOE-A-2011-2546 - 36 p�gs. - 553 KB) Otros formatos
MURCIA. Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protecci�n ambiental integrada.
Esta ley tiene un marcado car�cter procedimental, dirigido a simplificar e integrar los tr�mites, corregir la dispersi�n originada por el excesivo n�mero de normas y autorizaciones ya existentes. Se dirige fundamentalmente a desarrollar las normas reguladoras de los procedimientos y autorizaciones con fines medioambientales, clarific�ndolas, integr�ndolas, coordin�ndolas y moderniz�ndolas.
Para unificar todos los controles en esta materia se crea una autorizaci�n ambiental que se denomina �nica, que integra las distintas autorizaciones y evaluaciones ambientales auton�micas existentes.
La ley se estructura en un t�tulo preliminar y ocho t�tulos m�s, a los que se acompa�an cuatro anexos.
Al r�gimen de la evaluaci�n ambiental de planes y programas se dedica el t�tulo V, con especial atenci�n a los instrumentos de ordenaci�n urban�stica (que constituyen en la pr�ctica el grueso de planes y programas evaluables), especificando el nuevo anexo IV los planes urban�sticos incluidos y excluidos.
PDF (BOE-A-2011-2547 - 96 p�gs. - 1948 KB) Otros formatos
MURCIA. Ley 6/2009, de 9 de octubre, de creaci�n del Organismo Aut�nomo "Bolet�n Oficial de la Regi�n de Murcia".
En la presente Ley se ha optado por la supresi�n del organismo aut�nomo Imprenta Regional de Murcia y la creaci�n del �Bolet�n Oficial de la Regi�n de Murcia� como un nuevo organismo aut�nomo, con la pretensi�n de contar con un organismo m�s eficaz que garantice el cumplimiento del principio constitucional y estatutario de publicidad de las normas.
Tal vez de aqu� proceda la avalancha de normas murcianas que ha publicado este mes el BOE con tanto retraso�
PDF (BOE-A-2011-2549 - 10 p�gs. - 232 KB) Otros formatos
*REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS. Real Decreto 106/2011, de 28 de enero, por el que se crea y regula el Registro estatal de empresas previsto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contrataci�n con los consumidores de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios y de servicios de intermediaci�n para la celebraci�n de contratos de pr�stamo o cr�dito, y se fija el importe m�nimo del seguro de responsabilidad o aval bancario para el ejercicio de estas actividades.
Para valorar la importancia de esta disposici�n hay que conectarla con la Ley
2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contrataci�n con los consumidores de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios y de servicios de intermediaci�n para la celebraci�n de contratos de pr�stamo o cr�dito
Dice el art�culo 18.1 de la Ley
2/2009, de 31 de marzo: �Deberes notariales y registrales. 1. En su condici�n de funcionarios p�blicos y derivado de su deber gen�rico de control de legalidad de los actos y negocios que autorizan, los notarios denegar�n la autorizaci�n del pr�stamo o cr�dito con garant�a hipotecaria cuando el mismo no cumpla la legalidad vigente y, muy especialmente, los requisitos previstos en esta Ley. Del mismo modo, los registradores denegar�n la inscripci�n de las escrituras p�blicas de pr�stamo o cr�dito con garant�a hipotecaria cuando no cumplan la legalidad vigente y, muy especialmente, los requisitos previstos en esta Ley.�
Entre los requisitos previstos en la ley que notarios y registradores deber�n controlar se encuentran:
- Seg�n su art�culo 3, �con car�cter previo al inicio del ejercicio de su actividad, las empresas deber�n inscribirse en los registros de las comunidades aut�nomas correspondientes a su domicilio social�.
- Seg�n el art�culo 7, �con car�cter previo a su inscripci�n en los registros previstos en el art�culo 3, las empresas deber�n contratar un seguro de responsabilidad civil con entidad autorizada o un aval bancario que cubra las responsabilidades en que pudieran incurrir frente a los consumidores por los perjuicios derivados de la realizaci�n de los servicios propios de la actividad de intermediaci�n o concesi�n de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios. La suma asegurada m�nima y el importe m�nimo del aval se determinar�n reglamentariamente�.
Objeto del real decreto: crear y regular el Registro estatal de empresas previsto en la Ley
2/2009, de 31 de marzo, as� como fijar el importe m�nimo del seguro de responsabilidad civil o aval bancario para el ejercicio de las actividades de
contrataci�n con los consumidores de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios y de servicios de intermediaci�n para la celebraci�n de contratos de pr�stamo o cr�dito.
�mbito subjetivo. Debemos de partir del art�culo 1 de la Ley que alude a las personas f�sicas o jur�dicas, distintas de las entidades de cr�dito o sus agentes, que, de manera profesional, realicen las actividades en ella tipificadas - Deber�n inscribirse provisionalmente las empresas domiciliadas en Espa�a, cuando la comunidad aut�noma en que radique su domicilio no haya constituido el correspondiente registro auton�mico.
- Tambi�n deben inscribirse las empresas domiciliadas en el extranjero que desarrollen en territorio espa�ol las actividades reguladas por la Ley 2/2009, de 31 de marzo. - Las empresas actuales tienen
tres meses de plazo para inscribirse, a contar desde la entrada en vigor de este real decreto, por lo que el plazo termina el 12 de mayo de 2011. La notificaci�n de la inscripci�n al interesado deber� de ser en tres meses.
Seguro o aval. Las empresas que desarrollen en territorio espa�ol las actividades reguladas por la Ley 2/2009, de 31 de marzo, deber�n contratar un seguro de responsabilidad civil o un aval bancario por el importe m�nimo establecido.
- Cubrir� las responsabilidades en que pueda incurrir frente a los consumidores por los perjuicios derivados de la realizaci�n de los servicios propios de la actividad de intermediaci�n o concesi�n de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios.
- El importe m�nimo asegurado o avalado ser� de 300.000 euros para el primer a�o de la actividad, multiplicado por el n�mero de establecimientos.
- Para a�os sucesivos ser� el importe mayor de los dos siguientes: la actualizaci�n en funci�n del IPC o el 30 por ciento de la facturaci�n. - La falta de vigencia del seguro o del aval ser� causa que autom�ticamente impedir� el ejercicio de la actividad de la empresa, procedi�ndose de oficio a la cancelaci�n de su inscripci�n en el Registro estatal.
Naturaleza del Registro.
- Tendr� car�cter p�blico y naturaleza administrativa y se gestionar� por el Instituto Nacional del Consumo, a trav�s de la Subdirecci�n General de Calidad del Consumo.
- Ser� accesible a trav�s de la p�gina web del
- La inscripci�n en el mismo, as� como la realizaci�n de consultas y la expedici�n de certificados, ser� gratuita y no requerir� justificar ning�n tipo de inter�s espec�fico.
- Contra sus resoluciones se podr� interponer recurso de alzada ante la Direcci�n del Instituto Nacional del Consumo, conforme a la
a) Inscribir a las empresas aludidas.
b) Evaluar y controlar la legalidad del contenido de los folletos y dem�s documentaci�n que se remita para su inscripci�n, dando cuenta a las comunidades aut�nomas afectadas de cualquier anomal�a.
c) Publicar en la p�gina web del Instituto Nacional del Consumo, el folleto sobre precios, tarifas y gastos repercutibles.
d) Expedir las oportunas certificaciones acreditativas de las empresas inscritas.
e) Elaborar peri�dicamente una relaci�n actualizada de empresas inscritas en el Registro estatal, en funci�n de la actividad desarrollada por cada una de ellas.
Obligaciones de las empresas inscritas.
- Notificar al Registro estatal toda modificaci�n o actualizaci�n del folleto informativo.
- Justificar anualmente ante el Registro estatal la vigencia de la p�liza contratada o del aval, as� como la adecuaci�n de su importe a lo contemplado en el art�culo 12 de este real decreto.
- Comunicar al Registro estatal las alteraciones o modificaciones de los datos que figuren en la correspondiente inscripci�n.
El incumplimiento por la empresa de las obligaciones que se establecen en este art�culo, as� como la negativa a aportar los datos solicitados o la falta de veracidad de los mismos, dar� lugar a la cancelaci�n de oficio de su inscripci�n en el Registro estatal, sin perjuicio de la apertura del expediente sancionador que proceda.
Algunos apuntes pr�cticos:
- Si existe registro auton�mico, la empresa debe de estar inscrita en �l y acreditarlo.
- De no existir, ha de estar inscrita en el registro estatal antes del 12 mayo de 2011.
- Antes de la inscripci�n deben de contar con un seguro de responsabilidad civil con entidad autorizada o un aval bancario. No consta cu�nto tiempo antes por lo que no necesariamente ha de ser a la entrada en vigor del real decreto.
- A partir del 12 de mayo de 2011, podr� entenderse cumplido el requisito del seguro o aval si se acredita la inscripci�n pues han de ser previos y controlables por el Registro ahora creado.
- Hasta entonces, s�lo precisan aval o seguro si han de estar inscritas en un registro auton�mico en funcionamiento. Se desconoce si se ha creado ya alguno.
Entr� en vigor el 12 de febrero de 2011.
Ver R. 18 de enero de 2001.
PDF (BOE-A-2011-2618 - 8 p�gs. - 248 KB) Otros formatos
PA�S VASCO. Ley 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut�noma de Euskadi para el ejercicio 2011. Como normas de car�cter tributario, tan s�lo hay una sobre tasas: Las tasas de la Hacienda General del Pa�s Vasco de cuant�a fija, por no estar fijadas en un porcentaje de la base o no estar �sta valorada en unidades monetarias, se elevan en un dos por ciento.
Cabe destacar la Disposici�n adicional primera. Medidas financieras en materia de vivienda y suelo.
1. A los efectos de la normativa en vigor sobre r�gimen de viviendas de protecci�n oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, durante el ejercicio 2011 el importe de las operaciones financieras a trav�s de l�neas de descuento a formalizar no podr� exceder de la cantidad de 174.000.000 de euros.
2. Se autoriza al Departamento de Econom�a y Hacienda para concertar y cancelar operaciones financieras destinadas a la reconversi�n o el aseguramiento de las obligaciones de pago derivadas de los convenios financieros en materia de vivienda y suelo, en los t�rminos que disponga el Consejo de Gobierno.
PDF (BOE-A-2011-2619 - 104 p�gs. - 2049 KB) Otros formatos
ASTURIAS. Ley 9/2010, de 17 de diciembre, de comercio interior.
El T�tulo preliminar recoge las definiciones de actividad comercial, as� como las condiciones para su ejercicio; y, adem�s, se fijan las condiciones de la oferta, de los precios y garant�as, incorpor�ndose las previsiones de la normativa europea en materia de venta y garant�as de los bienes de consumo. En el cap�tulo IV de este T�tulo, relativo al Registro de Empresas y Actividades Comerciales del Principado de Asturias y al Consejo Asesor de Comercio del Principado de Asturias, se recogen las exigencias que derivan de la Directiva de Servicios, suprimiendo, por una parte, la obligaci�n de inscripci�n registral para el acceso a la prestaci�n de servicios y adaptando, por otra parte, las funciones del citado Consejo.
El T�tulo VI, relativo al r�gimen de infracciones y sanciones, pretende, con sujeci�n a la legislaci�n b�sica del Estado, ofrecer garant�as a los consumidores, as� como dar respuesta eficaz y proporcionada a la competencia desleal que pueda surgir de las pol�ticas empresariales en el �mbito de la distribuci�n comercial. Por �ltimo, la Ley se completa con dos disposiciones transitorias, una derogatoria y tres disposiciones finales. En particular, mediante las disposiciones transitorias se concreta, por una parte, la normativa aplicable a las licencias comerciales espec�ficas que se encuentren en tramitaci�n y, por otra parte, la aplicabilidad de la Ley al planeamiento urban�stico en proceso de revisi�n o elaboraci�n.
PDF (BOE-A-2011-2621 - 30 p�gs. - 456 KB) Otros formatos
ASTURIAS. Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de cuarta modificaci�n de la Ley 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro.
El prop�sito de esta modificaci�n no es otro que fortalecer a las Cajas de Ahorro, habida cuenta de su funci�n esencial en el sistema financiero y tambi�n en el entramado social.
Cabe resaltar la regulaci�n del ejercicio indirecto de toda la actividad financiera de las Cajas mediante entidades bancarias y de la segregaci�n de las actividades financiera y ben�fico-social; el reconocimiento de derechos pol�ticos a los cuotapart�cipes; la implicaci�n en los �rganos de gobierno del sector asociativo de gran arraigo en el Principado de Asturias, y un m�s alto grado de profesionalizaci�n e independencia de tales �rganos de gobierno.
PDF (BOE-A-2011-2623 - 19 p�gs. - 322 KB) Otros formatos
*EMPLEO. MEDIDAS URGENTES. Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transici�n al empleo estable y la recualificaci�n profesional de las personas desempleadas.
Se publica este Real Decreto Ley, como consecuencia del Acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros del mismo d�a que la disposici�n, desarrollando el conocido como Plan de Choque, incluido en el Acuerdo Econ�mico y Social suscrito con los agentes sociales:
- Ayudar a las empresas a adelantar decisiones de contrataci�n de trabajadores, fundamentalmente j�venes y parados de larga duraci�n; - dar cobertura econ�mica a las
personas que agoten su protecci�n por desempleo mientras mejoran su empleabilidad; - dar apoyo personalizado a las personas en desempleo en la b�squeda activa de empleo e - incrementar las posibilidades de formaci�n de las personas desempleadas.
Medidas. Son cuatro y de car�cter coyuntural:
1�.- Programa excepcional de empleo para la transici�n hacia la contrataci�n estable. Tendr� un car�cter extraordinario y limitado en el tiempo, 12 meses, y favorecer� la contrataci�n de j�venes de hasta treinta a�os y personas en desempleo de larga duraci�n (personas inscritas en la Oficina de Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contrataci�n), con una jornada a tiempo parcial de entre el 50 y el 75 por 100 del total.
- Esta contrataci�n dar� derecho durante doce meses a una reducci�n de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social del 100 por 100, si son empresas de menos de 250 trabajadores, o del 75 por 100, en el caso de empresas de m�s de 250 trabajadores, siempre que suponga un aumento de la plantilla de la empresa y este aumento se mantenga durante la bonificaci�n.
- En los supuestos de contratos temporales, podr�n acceder a las reducciones de cuotas referidas los que se concierten por una duraci�n inicial prevista igual o superior a seis meses, mediante cualquier modalidad de contrataci�n de duraci�n determinada o temporal, incluida la modalidad del contrato en pr�cticas, que permita su celebraci�n a tiempo parcial conforme a lo establecido legalmente.
- En ning�n caso se podr� aplicar esta reducci�n a los contratos de trabajo celebrados bajo las modalidades de interinidad y de relevo.
- Adem�s, cuando estos contratos tengan car�cter temporal, siempre que la duraci�n m�nima sea de seis meses, se prev�n est�mulos para su transformaci�n en contratos estables.
2�.- Programa de recualificaci�n profesional de las personas que hayan agotado su protecci�n por desempleo. Este programa espec�fico de car�cter nacional beneficiar� a aquellas personas que, a partir del 16 de febrero de 2011, agoten su protecci�n por desempleo.
No podr�n acogerse a este programa las personas que hubieran percibido la prestaci�n extraordinaria del programa temporal de protecci�n por desempleo e inserci�n, ni las que hubieran agotado o pudieran tener derecho a la renta activa de inserci�n.
El programa establece como derechos de las personas beneficiarias:
- Realizar un itinerario individualizado y personalizado de inserci�n que contemple un diagn�stico sobre su empleabilidad, as� como las medidas de pol�tica activa de empleo dirigidas a mejorarla.
- Participar en medidas de pol�tica activa de empleo encaminadas a la recualificaci�n y/o reinserci�n profesional necesarias para favorecer su incorporaci�n al mercado de trabajo.
- Percibir, hasta un m�ximo de
seis meses, una ayuda econ�mica de acompa�amiento de cuatrocientos euros, vinculada a la realizaci�n de dichas acciones de pol�tica activa de empleo, cuando las rentas en la unidad familiar no superen el 75 por 100 del Salario M�nimo Interprofesional.
3�.- Acciones de mejora de la empleabilidad que combine actuaciones de orientaci�n y formaci�n para el empleo. Los Servicios P�blicos de Empleo pondr�n en marcha itinerarios individualizados y personalizados de empleo dirigidos a j�venes, mayores de 45 a�os en desempleo de larga duraci�n y personas procedentes del sector de la construcci�n y otros afectados por la crisis que, dentro de estos colectivos, tengan baja cualificaci�n.
4�.- Inclusi�n de personas desempleadas en las acciones formativas dirigidas a personas ocupadas. Durante 2011 los Servicios P�blicos de Empleo garantizar�n que, en los planes de formaci�n dirigidos prioritariamente a personas ocupadas, participen en el conjunto del correspondiente plan y en relaci�n con el total de personas que inicien la formaci�n dentro del mismo, entre un 20 por 100 y un 40 por 100 de personas desempleadas.
Entr� en vigor el 13 de febrero de 2011.
Ver Reforma Laboral 2012. PDF (BOE-A-2011-2701 - 8 p�gs. - 219 KB) Otros formatos
CASTILLA-LA MANCHA. Ley 10/2010, de 21 de octubre, de promoci�n de la seguridad y salud en el trabajo en Castilla-La Mancha.
La Ley aborda, desde una vertiente transversal, medidas dirigidas tanto a la sensibilizaci�n social sobre los valores de seguridad y salud en el trabajo y a la incorporaci�n de objetivos y contenidos relativos a la prevenci�n de riesgos laborales en los diversos niveles del sistema educativo castellano-manchego, como a incentivar la adopci�n de comportamientos preventivos por quienes pretendan acceder a subvenciones p�blicas o participar en la contrataci�n administrativa.
PDF (BOE-A-2011-2706 - 14 p�gs. - 260 KB) Otros formatos
CASTILLA-LA MANCHA. Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.
Son muchas las novedades que se introducen en esta materia, se�alaremos solo algunas de las m�s interesantes:
Esta Ley se centra en dos claros aspectos.
A) Fomentar la constituci�n de cooperativas.
B) Reforzar el papel de las cooperativas en su �mbito empresarial.
La Ley se estructura en un t�tulo preliminar y cuatro t�tulos, con ciento sesenta y siete art�culos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposici�n derogatoria y cinco disposiciones finales.
Destacar en el procedimiento de constituci�n de la cooperativa, desde el inicio hasta la adquisici�n de la personalidad jur�dica, la exigencia de escritura p�blica, la calificaci�n previa de los estatutos sociales para garantizar su adecuaci�n a la legalidad y facilitar su elevaci�n a documento p�blico y, finalmente, la inscripci�n de la sociedad en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, completan este cap�tulo. Se introduce, una regulaci�n m�s detallada de la sociedad irregular.
El cap�tulo tercero se�ala y define los principios b�sicos del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, calificando el mismo como un registro jur�dico y no administrativo, cuyo fin �ltimo es dar certeza y seguridad al tr�fico y no un mero instrumento necesario de la Administraci�n para el desarrollo de sus funciones. Se introduce un novedoso sistema de transmisi�n de la condici�n de socio, a semejanza con el medio normal de salida voluntaria que existe en cualquier tipo de sociedad, civil o mercantil, cual es la transmisi�n de sus participaciones sociales a otra persona, sea socio o no, siempre que la cooperativa optase estatutariamente por prohibir el derecho de baja voluntaria.
La nueva regulaci�n del derecho de voto es una de las disposiciones m�s importantes de la Ley. As�, adem�s del sistema com�n de un voto por socio, se introduce la posibilidad de optar, que necesariamente deber� establecerse estatutariamente, por la posibilidad del voto plural ponderado, en funci�n de la participaci�n en la actividad cooperativizada para cualquier tipo de socios, con las limitaciones que se se�alan en la Ley para cada clase de cooperativas.
Como importante novedad, se contempla la posibilidad de permitir la repartibilidad parcial del Fondo de Reserva Obligatorio, siempre que se establezca en los estatutos sociales, si bien se establecen cautelas, especialmente de car�cter temporal, que tienen por finalidad favorecer la viabilidad de la cooperativa y los derechos de los socios que la componen.
En el cap�tulo s�ptimo (documentaci�n social y contabilidad), hay que destacar la regulaci�n de los efectos que el incumplimiento de la obligaci�n del dep�sito de cuentas en la correspondiente Unidad del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, producen, esto es, el cierre del Registro a posteriores anotaciones, y que tiene una finalidad de publicidad garantista frente a los socios y frente a terceros.
PDF (BOE-A-2011-2707 - 98 p�gs. - 2019 KB) Otros formatos
CASTILLA-LA MANCHA. Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha.
La Ley de Castilla-La Mancha de Igualdad entre Mujeres y Hombres est� estructurada del siguiente modo:
El T�tulo Preliminar establece el objeto, los fines, �mbito de aplicaci�n y los principios generales de actuaci�n de las administraciones p�blicas en el territorio de Castilla-La Mancha, as� como las instituciones para el impulso de la Ley.
El T�tulo I, Derecho a la igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminaci�n por raz�n de sexo.
El T�tulo II, Medidas activas para implantar la igualdad de trato y de oportunidades de hombres y mujeres.
El T�tulo III contempla medidas que principalmente se refieren a la prevenci�n del acoso sexual, acoso por raz�n de sexo y la discriminaci�n retributiva. El T�tulo IV contempla las competencias del Defensor del Pueblo para que incorpore en su informe anual, un cap�tulo espec�fico dedicado a las quejas y reclamaciones en materia de igualdad de trato y oportunidades y no discriminaci�n por raz�n de sexo. El T�tulo V, Entidades no gubernamentales colaboradoras para la implantaci�n de la igualdad, aborda la funci�n colaboradora de las entidades no gubernamentales para hacer efectivo el principio de igualdad, incorporando a las asociaciones de mujeres en los �rganos de consulta, participaci�n y asesoramiento de las administraciones p�blicas. PDF (BOE-A-2011-2708 - 24 p�gs. - 377 KB) Otros formatos
CASTILLA-LA MANCHA. Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de reordenaci�n del sector p�blico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La presente Ley pretende configurar
un sector p�blico m�s eficiente y competitivo, a trav�s de una menor atomizaci�n de la organizaci�n y una m�s �ptima ordenaci�n de sus esfuerzos, para lo cual instrumenta en sus dos cap�tulos, seis disposiciones adicionales, una derogatoria y tres finales, dos tipos de medidas.
En primer lugar, la supresi�n de los organismos aut�nomos �Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha�, el �Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha�, el �Instituto de Estad�stica de Castilla-La Mancha�, el �Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha�, cuyas competencias y funciones ser�n asumidas por la administraci�n general de la Junta de Comunidades. En segundo lugar, la modificaci�n de algunas leyes auton�micas, bien por ser consecuencia de la supresi�n mencionada, bien porque se considera conveniente para asegurar los citados objetivos de racionalidad, eficacia y eficiencia de la organizaci�n instrumental.
PDF (BOE-A-2011-2709 - 14 p�gs. - 270 KB) Otros formatos
CASTILLA-LA MANCHA. Ley 16/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el a�o 2011.
El t�tulo VI, denominado �De las tasas y otras medidas tributarias� (art�culos 49 a 52), regula la actualizaci�n de las tasas de la Comunidad Aut�noma, el tipo de gravamen del canon de aducci�n y del canon de depuraci�n y establece la afectaci�n de los ingresos obtenidos por la recaudaci�n de los impuestos sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y de la venta minorista de determinados hidrocarburos.
Se introduce un nuevo precepto que establece los tipos de gravamen y las cuotas fijas aplicables a los tributos sobre juegos de suerte, envite o azar.
PDF (BOE-A-2011-2754 - 61 p�gs. - 5425 KB) Otros formatos
CASTILLA-LA MANCHA. Ley 17/2010, de 29 de diciembre, de las familias numerosas de Castilla-La Mancha y de la maternidad.
Esta Ley introduce una serie de disposiciones en relaci�n con estos colectivos. Entre estas medidas, se encuentran:
- Las ayudas econ�micas directas que perciben los hijos y las hijas menores de familias numerosas hasta su mayor�a de edad
- Los beneficios derivados de la ayuda al transporte para familias numerosas
Se procede a su regulaci�n por norma con rango legal, as� como al establecimiento de medidas adicionales en distintos campos espec�ficos de actuaci�n de la Administraci�n auton�mica.
Se contienen previsiones relativas a la posibilidad de que los municipios castellano-manchegos puedan ampliar los beneficios otorgados por esta Ley y de que la Administraci�n auton�mica pueda colaborar con ellos en esta labor.
La Ley se compone de 24 art�culos estructurados en tres Cap�tulos: - El Cap�tulo I se destina a regular disposiciones generales, - El Cap�tulo II recoge la acci�n protectora concreta mediante el establecimiento de medidas espec�ficas en distintas materias: sociales, de apoyo a la conciliaci�n de la vida personal y familiar, de salud, educativas, para vivienda, para actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre y relativas a la funci�n p�blica.
- Por �ltimo, en el Cap�tulo III se reconoce la funci�n social de la maternidad y se refuerzan los servicios de ayuda a la mujer embarazada.
Entr� en vigor el 20 de enero de 2011
PDF (BOE-A-2011-2755 - 7 p�gs. - 205 KB) Otros formatos
CASTILLA-LA MANCHA. Ley 18/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueba la escala auton�mica del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas.
En el art�culo �nico se aprueba la escala auton�mica aplicable desde el ejercicio 2011. La disposici�n final primera habilita a la modificaci�n de la escala mediante la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
PDF (BOE-A-2011-2756 - 2 p�gs. - 170 KB) Otros formatos
MURCIA. Ley 9/2009, de 23 de noviembre, de modificaci�n de la Ley
6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Regi�n de Murcia.
La modificaci�n de la Ley tiene como fin el ampliar la actuaci�n del Defensor del Pueblo para proteger los derechos y libertades reconocidos en el t�tulo I de la Constituci�n, supervisando no solo la actuaci�n de la Administraci�n, sus entes, organismos o empresas, sino tambi�n la de los prestadores de servicios p�blicos esenciales y de las corporaciones de derecho p�blico radicadas en la Regi�n de Murcia.
Asimismo, se procede a introducir precisiones en relaci�n con la tramitaci�n de las quejas ante el Defensor estableciendo mayores garant�as de los derechos de los ciudadanos.
PDF (BOE-A-2011-2907 - 6 p�gs. - 196 KB) Otros formatos
DESEMPLEO. Resoluci�n de 15 de febrero de 2011, del Servicio P�blico de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos de presentaci�n de solicitudes y de tramitaci�n para la concesi�n de ayudas econ�micas de acompa�amiento por la participaci�n en el programa de recualificaci�n profesional de las personas que agoten su protecci�n por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transici�n al empleo estable y la recualificaci�n profesional de las personas desempleadas.
Esta Resoluci�n, aplicable a todo el territorio nacional, tiene por objeto determinar la forma y plazos de presentaci�n de las solicitudes, as� como la tramitaci�n y pago de las ayudas establecidas en el art�culo 2 del Real
Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero.
En el art�culo 2 citado se recoge el Programa de recualificaci�n profesional de las personas que hayan agotado su protecci�n por desempleo. Este programa espec�fico beneficiar� a aquellas personas que, a partir del 16 de febrero de 2011, agoten su protecci�n por desempleo.
PDF (BOE-A-2011-3011 - 9 p�gs. - 2986 KB) Otros formatos
MURCIA. Ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptaci�n a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
El objetivo de la Ley es adaptar la normativa regional de rango legal a la Directivas comunitarias, persiguiendo el fin �ltimo de mejorar el marco regulatorio y liberalizar actividades de servicios suprimiendo requisitos o trabas no justificadas o desproporcionadas.
Entr� en vigor el 28 de diciembre de 2009
PDF (BOE-A-2011-3015 - 18 p�gs. - 310 KB) Otros formatos
MURCIA. Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios y medidas administrativas para el a�o 2010.
En el �mbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas:
Se contin�a el proceso de mejora en la aplicabilidad de las deducciones vigentes. La deducci�n auton�mica por adquisici�n de vivienda habitual por j�venes menores de 35 a�os mejora las condiciones de su aplicabilidad, aumentando la cuant�a de la base que permite la aplicaci�n del porcentaje de deducci�n incrementado. Similar decisi�n se ha adoptado en cuanto a la deducci�n auton�mica por gastos de guarder�a para hijos menores de tres a�os.
Las medidas que afectan al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:
Se contin�a con el proceso de desfiscalizaci�n progresiva de las donaciones inter vivos, siempre vinculadas a operaciones que tengan incidencia positiva en la econom�a real. As� se introduce una reducci�n auton�mica en la modalidad de Donaciones, para las transmisiones �inter vivos� de un solar para la construcci�n de una vivienda que vaya a constituir la habitual del sujeto pasivo. Y se regula una reducci�n para las donaciones de explotaciones agrarias, que garanticen la supervivencia intergeneracional de estas importantes actividades productivas.
Las novedades en el �mbito del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados:
En lo que respecta a las familias numerosas, se incide en la reducci�n del tipo de gravamen aplicable a la adquisici�n de viviendas usadas destinadas a la vivienda habitual, desde el 4 por ciento al 3 por ciento, con unos l�mites de renta que se ampl�an progresivamente en funci�n del n�mero de integrantes de la unidad familiar. En esa misma l�nea, introduce la novedad de la reducci�n de la carga tributaria en la constituci�n de hipotecas, en la modalidad de Actos Jur�dicos Documentados, para esas mismas adquisiciones.
Tambi�n se establece la reducci�n del tipo de gravamen aplicable a la adquisici�n de viviendas usadas destinadas a la vivienda habitual por parte de personas j�venes, desde el 4 por ciento al 3 por ciento, y se ampl�an los l�mites de renta para la aplicaci�n de los tipos reducidos, tanto en Transmisiones Onerosas como en Actos Jur�dicos Documentados.
La presente Ley extiende los beneficios fiscales en la modalidad de Actos Jur�dicos Documentados a la reducci�n del tipo de gravamen en la constituci�n de hipotecas para la adquisici�n de viviendas que tengan la condici�n de habituales, por parte de sujetos pasivos con discapacidad superior al 65%. Y, en esa misma modalidad, tambi�n se reduce el tipo de gravamen aplicable a la constituci�n de pr�stamos y cr�ditos hipotecarios que formalicen aut�nomos, siempre que �stos se afecten a su actividad, seg�n lo recogido en el Programa de Apoyo y Fomento del Trabajo Aut�nomo en la Regi�n de Murcia.
En esta Ley, se extiende la posibilidad de la reserva del derecho a promover la Tasaci�n Pericial Contradictoria al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ya que no estaba expresamente recogida en la normativa estatal reguladora del impuesto.
El T�tulo II desarrolla las medidas normativas adoptadas en el �mbito de las Tasas Regionales donde se incorporan, como cada a�o, modificaciones de diversa �ndole. Entr� en vigor el 1 de enero de 2010
PDF (BOE-A-2011-3016 - 29 p�gs. - 440 KB) Otros formatos
MURCIA. Ley 14/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut�noma de la Regi�n de Murcia para el ejercicio 2010.
Destacar el T�tulo VI, � De las normas tributarias�, donde se establece la congelaci�n del importe de las tasas y precios p�blicos de la Comunidad Aut�noma para el ejercicio 2010, manteni�ndose pues para el pr�ximo ejercicio las mismas cuant�as que se han aplicado durante el ejercicio 2009.
PDF (BOE-A-2011-3017 - 38 p�gs. - 661 KB) Otros formatos
EXTREMADURA. Ley 1/2011, de 31 de enero, de modificaci�n de la Ley 8/1994, de 23 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Extremadura.
En relaci�n a los �rganos de gobierno se introducen, entre otras, las siguientes modificaciones: - se ampl�an los �rganos de las Cajas de Ahorros, - se introduce un nuevo grupo de representaci�n,
- se limita la representaci�n de las Administraciones P�blicas al 40%,
- se determina la incompatibilidad del ejercicio del cargo de miembro de un �rgano de gobierno con el de todo cargo pol�tico electo y con el de alto cargo de las administraciones p�blicas, - se refuerza el nivel de profesionalizaci�n exigible a los miembros del Consejo de Administraci�n, de la Comisi�n de Control y al Director General, - se dota de derechos de representaci�n a los cuotapart�cipes en los �rganos de gobierno de las Cajas proporcionales al porcentaje que los mismos supongan sobre el patrimonio de la Caja con el l�mite del 50% del citado patrimonio, etc.
Asimismo se modifica el r�gimen jur�dico de las cuotas participativas a las que, al margen de incorporar derechos pol�ticos, se afianza su consideraci�n como recursos propios de m�xima calidad y se facilita su consideraci�n como un instrumento de eficaz capitalizaci�n.
Se concretan las facultades de autorizaci�n y supervisi�n de la Comunidad Aut�noma en relaci�n a las diferentes alternativas de ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas de forma que se coadyuve a garantizar que, en caso de producirse, los procesos de reestructuraci�n institucional se ajusten a lo establecido en la normativa reguladora.
Entr� en vigor el 3 de febrero de 2011
PDF (BOE-A-2011-3178 - 22 p�gs. - 353 KB) Otros formatos
*SISTEMA FINANCIERO. Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.
Se pretende con esta norma de urgencia reforzar la solvencia de las entidades de cr�dito, favorecer la
canalizaci�n del cr�dito hacia la econom�a real y superar cualquier duda acerca del sector financiero espa�ol.
Capital m�nimo:
- La regla general ser� la de un capital principal del 8 por 100 de los activos ponderados por riesgo, y del 10 por 100 para aquellas entidades que superen el 20 por 100 de financiaci�n mayorista y no hayan colocado al menos un 20 por 100 de su capital entre terceros. Puede haber mayores exigencias, seg�n los resultados de los stress de solvencia.
- Ser� el mismo para bancos y cajas (que mantienen su estatuto jur�dico actual y las distintas alternativas institucionales previstos en la reforma de los �rganos rectores de estas entidades,
llevada a cabo en julio de 2010).
- Los elementos que integran el capital principal, en l�nea con lo establecido en Basilea III, son el capital, las reservas, las primas de emisi�n, los ajustes positivos por valoraci�n, los intereses minoritarios; adicionalmente, los instrumentos suscritos por el FROB y, transitoriamente, los instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones antes de 2014. Estos elementos ser�n minorados por los resultados negativos y p�rdidas, los ajustes negativos por valoraci�n y los activos inmateriales.
- Los nuevos requerimientos entrar�n en vigor el 10 de marzo de 2011. - Para las entidades con dificultades para alcanzar este nuevo requisito en un plazo corto, se abre un calendario que finaliza el 30 de septiembre de 2011, aunque el Banco de Espa�a puede conceder una pr�rroga hasta el 31 de diciembre de 2011 para finalizar la recapitalizaci�n. Para procesos de admisi�n a negociaci�n de valores, la pr�rroga puede llegar hasta el primer trimestre del a�o 2012. El FROB (Fondo de Regulaci�n y Ordenaci�n Bancaria):
- Aportar� capital, asociado a un plan de recapitalizaci�n, a aquellas entidades que, vencido el plazo, no cumplan el nivel exigido.
- Para ello se reforma, modificando la composici�n de su Comisi�n Rectora y dot�ndole de nuevas facultades de apoyo financiero. - Se le autoriza a adquirir acciones o aportaciones al capital social de las entidades para el reforzamiento de sus recursos propios, lo que puede implicar la entrada del sector p�blico en el capital social de entidades de cr�dito, con vocaci�n de transitoriedad y condicionada a la elaboraci�n por la entidad de un Plan de Recapitalizaci�n.
- Si la entidad de cr�dito que solicitara el apoyo financiero es una caja de ahorros, tendr� un plazo de tres meses para el traspaso de la totalidad de su actividad financiera a un banco.
Art�culo 67 y dos disposiciones transitorias nuevas.
- Las reformas que se introducen pretenden garantizar la neutralidad fiscal de los procesos de reestructuraci�n del sector financiero y evitar que surjan costes fiscales adicionales en los mismos.
- Se permite que los SIP (fusiones fr�as) apliquen el R�gimen Especial de Consolidaci�n Fiscal del Impuesto sobre Sociedades con el �nico requisito de que exista una mutualizaci�n del 100 por 100 de los resultados de las entidades que los integren y, por tanto, sea tambi�n total el compromiso de mutua solvencia y liquidez entre dichas entidades. - Los SIP puedan aplicarse los cr�ditos fiscales generados por cada entidad individual con anterioridad al momento de la integraci�n. Entr� en vigor el 20 de febrero de 2011.
PDF (BOE-A-2011-3254 - 27 p�gs. - 421 KB) Otros formatos Correcci�n de errores.
EMPLEO. Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las pol�ticas activas de empleo.
Su objetivo fundamental es el de preparar a los desempleados para su vuelta al mercado laboral.
Previa a su redacci�n ha habido un consenso sobre su contenido por parte de los agentes sociales (organizaciones empresariales y sindicales) plasmado en la firma el 2 de febrero de 2011 del Acuerdo Social y Econ�mico para el crecimiento, el empleo y la garant�a de las pensiones.
1. Estrategia Espa�ola de Empleo. Aprobada por el Gobierno con car�cter plurianual, incluir� orientaciones y objetivos para el conjunto del Estado. Las claves de esta Estrategia consistir�n en:
- Situar a las necesidades de los desempleados y de las empresas en el centro del sistema.
- Fortalecer los servicios p�blicos de empleo y colaborar con agencias de colocaci�n y entidades y empresas que intervienen en la ejecuci�n de las pol�ticas activas de empleo.
- Impulsar la b�squeda de empleo, con mejores servicios, en los perceptores de las pol�ticas activas.
2. Plan Anual de Pol�ticas de Empleo. Concretar� anualmente los objetivos de la Estrategia.
3. Regulaci�n real de derechos y garant�as.
- Itinerarios individualizados con diagn�stico temprano y exhaustivo para cada persona.
- Cat�logo de servicios a la ciudadan�a. Con tres modalidades para desempleados, ocupados y empresas. Se garantiza as� en todo el Estado el acceso en condiciones de igualdad a un servicio p�blico y gratuito de empleo y la igualdad de oportunidades en el acceso al mismo 4. Transformar/redefinir pol�ticas activas. Las Comunidades Aut�nomas dise�ar�n y ejecutar�n las acciones y medidas que consideren oportunas para lograr los objetivos fijados en la Estrategia Espa�ola de Empleo, tanto para el conjunto del Estado, como para cada Comunidad Aut�noma.
5.- Fondo de pol�ticas de empleo.
Se constituir� con la finalidad de atender a necesidades futuras de financiaci�n en la ejecuci�n de acciones y medidas que integren las pol�ticas activas de empleo. Se financiar� con remanentes presupuestarios del Servicio P�blico de Empleo y en el caso de pol�ticas de formaci�n para el empleo, adem�s, cuando se produzca una recaudaci�n superior a la presupuestada.
PDF (BOE-A-2011-3255 - 21 p�gs. - 337 KB) Otros formatos
AUDITOR�A DE CUENTAS. Orden EHA/328/2011, de 16 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidaci�n y pago de la Tasa prevista en el art�culo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor�a de Cuentas.
La emisi�n de informes de auditor�a de cuentas tiene una tasa del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas Esta Orden sustituye el modelo de autoliquidaci�n y pago existente y actualiza los importes a pagar por los auditores.
El modelo se incluye como anexo, pero tambi�n puede descargarse desde la p�gina web del Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas, cuya direcci�n es www.icac.meh.es.
La presentaci�n de este modelo de impreso de declaraci�n-liquidaci�n, as� como el pago de la tasa, se podr� realizar de forma telem�tica.
PDF (BOE-A-2011-3343 - 4 p�gs. - 944 KB) Otros formatos
NAVARRA. Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el a�o 2011.
Destacar en lo que se refiere a los tributos propios, las modificaciones de tasas debidas, principalmente, a la adaptaci�n de tarifas y a la revisi�n de algunas de las reglas establecidas en las tasas exigidas en determinadas actividades de la Comunidad
PDF (BOE-A-2011-3430 - 36 p�gs. - 653 KB) Otros formatos
NAVARRA. Ley Foral 23/2010, de 28 de diciembre, de modificaci�n de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
El art�culo 1 introduce diversas variaciones en el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas:
- Se incorporan nuevas rentas exentas al art�culo 7.
- Los rendimientos procedentes del arrendamiento de viviendas experimentan dos cambios. Se establece que las personas f�sicas que adquieran su residencia fiscal en Navarra como consecuencia de su desplazamiento a territorio espa�ol, podr�n optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, durante el per�odo impositivo en que se efect�e el cambio de residencia y durante los cinco per�odos impositivos siguientes, siempre que el desplazamiento a Navarra se produzca para el desempe�o de trabajos relacionados, directa y principalmente, con las actividades de investigaci�n y desarrollo, o se trate de personal docente universitario de reconocido prestigio.
Las reducciones de capital que tengan por finalidad la devoluci�n de aportaciones y las distribuciones de la prima de emisi�n de las sociedades de inversi�n de capital variable tributar�n desde el primer euro como rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la participaci�n en fondos propios de entidades.
Al objeto de paliar los efectos de la inflaci�n sobre la presi�n fiscal, se deflactan en 1,6 por 100 las bases liquidables inferiores a 45.480 euros. As� mismo, se incrementan los tipos de gravamen para las rentas superiores a 88.000 euros.
Respecto a la deducci�n de la cuota por inversi�n en vivienda habitual, se incrementa el importe total de las bases de deducci�n hasta 120.000 euros para el conjunto de los periodos impositivos del sujeto pasivo.
Por otra parte, determinados trabajadores aut�nomos podr�n aplicarse la deducci�n por trabajo en igualdad de cuant�as que los trabajadores por cuenta ajena.
El art�culo 2 se ocupa de introducir modificaciones en determinados preceptos del Impuesto sobre Sociedades.
En primer lugar, se exonera a determinados sujetos pasivos del deber de mantener y de aportar la documentaci�n, establecida en el Reglamento del Impuesto, sobre las operaciones entre personas o entidades vinculadas.
En segundo lugar, se realizan cambios normativos que impulsan las actividades de investigaci�n y desarrollo. En tercer lugar, se clarifica la tributaci�n de las entidades parcialmente exentas determin�ndose con precisi�n las clases de rentas de estas entidades que est�n exentas, y se concreta la manera de fijar la base imponible.
En el art�culo 3, referido al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados, se establecen determinadas exenciones y bonificaciones fiscales para diversas operaciones societarias, sistemas institucionales de protecci�n de entidades de cr�dito y procesos de reestructuraci�n de estas, y arrendamientos de viviendas por la Sociedad P�blica �Viviendas de Navarra, S.A.�.
El art�culo 4, relativo al Impuesto sobre el Valor A�adido, a�ade una disposici�n adicional tercera a la Ley del Impuesto sobre el Valor A�adido, con el fin de que los integrantes de un sistema institucional de protecci�n (SIP) puedan aplicar el r�gimen especial del grupo de entidades.
El art�culo 8 efect�a cambios en la Ley Foral de Tasas y Precios P�blicos de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Aut�nomos, con el objetivo de actualizar determinadas tarifas de las tasas y de introducir algunas nuevas con motivo de la prestaci�n de determinados servicios.
El art�culo 9 se ocupa de modificar la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra. Se crea un nuevo procedimiento de modificaci�n de los datos b�sicos del Registro de la Riqueza Territorial: el de renovaci�n colectiva de varias parcelas o de una determinada zona. Asimismo se retoca el concepto de modificaciones de orden f�sico de los bienes inmuebles.
El art�culo 10 modifica el art�culo 12.3 del r�gimen fiscal de las cooperativas, para aplicar el mismo sistema de valoraci�n tanto a los servicios y suministros que las cooperativas agrarias realicen a sus socios como para los que estos realicen a aqu�llas.
Entro en vigor el 1 de enero de 2011
PDF (BOE-A-2011-3431 - 44 p�gs. - 875 KB) Otros formatos
GALICIA. Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las directrices de ordenaci�n del territorio.
Las directrices de ordenaci�n del territorio (DOT) tienen como finalidad b�sica definir un Modelo territorial para Galicia que permita orientar las actuaciones sectoriales, dot�ndolas de coherencia espacial y de las referencias necesarias para que se desarrollen de acuerdo con los objetivos generales de la pol�tica territorial de Galicia.
Se aprueban, de conformidad con la Ley
10/1995, de 23 de noviembre, de ordenaci�n del territorio de Galicia, incorpor�ndose como anexo al presente decreto.
El modelo territorial de Galicia toma como referencias fundamentales el desarrollo econ�mico equilibrado y sostenible, la cohesi�n social, la mejora de la calidad de vida de la poblaci�n, la utilizaci�n racional del territorio y la sostenibilidad ambiental.
En el marco de la Ley de ordenaci�n del territorio de Galicia las Directrices son el instrumento que ofrece la visi�n global de la ordenaci�n territorial de Galicia y sirven como referencia para el resto de las figuras de planificaci�n y para las actuaciones que desarrollen tanto las Administraciones como los particulares.
PDF (BOE-A-2011-3588 - 43 p�gs. - 663 KB) Otros formatos
ARAG�N. Ley 11/2010, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Aut�noma de Arag�n para el ejercicio 2011.
Las cuant�as de las tasas experimentar�n, para el ejercicio 2011, un incremento general del 3%.
Las Disposiciones adicionales tercera y cuarta hacen referencia, respectivamente, a los certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para la concesi�n de subvenciones y para contratar con las Administraciones p�blicas.
PDF (BOE-A-2011-3638 - 58 p�gs. - 1556 KB) Otros formatos
ARAG�N. Ley 12/2010, de 29 de diciembre, de medidas tributarias de la Comunidad Aut�noma de Arag�n.
- Se determina la escala auton�mica aplicable a la base liquidable general.
- Se regulan deducciones por inversi�n en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansi�n del Mercado Alternativo Burs�til.
- Tambi�n se modifica la deducci�n por donaciones con finalidad ecol�gica y en investigaci�n y desarrollo cient�fico y t�cnico.
- Se extiende la bonificaci�n del 100 por 100 de la cuota tributaria del impuesto para los arrendamientos de inmuebles, tambi�n para las fincas r�sticas, con independencia del destino o actividad a que se afecte la misma, hasta 9000 euros.
- Se equiparan los cr�ditos y los pr�stamos hipotecarios, a efectos de la bonificaci�n del 100 por 100 para las primeras copias de escrituras de novaci�n modificativa que no est�n exentas por otros conceptos.
- Bonificaci�n de la cuota tributaria en operaciones de pr�stamo a microempresas. Ser� del 50% en el subconcepto �Documentos Notariales� y estar� condicionada al cumplimiento de los requisitos que se enuncian.
- Obligaci�n de informaci�n en la autoliquidaci�n de determinadas operaciones societarias. Junto con la autoliquidaci�n del impuesto correspondiente a operaciones societarias de ampliaci�n de capital, en la que los suscriptores quieran aplicar la deducci�n prevista en
el art�culo 110-8 (acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansi�n del Mercado Alternativo Burs�til, deber�n comunicarse los datos identificativos de los suscriptores y el importe del capital suscrito por cada uno de ellos.
- Se ampl�a el beneficio de la
reducci�n, por la adquisici�n mortis causa, de determinados bienes, puesto que en la reducci�n del 99 por 100 del valor neto de la vivienda habitual del causante, el l�mite cuantitativo vigente en la legislaci�n estatal, se eleva ahora a la cantidad de 125.000 euros.
- En el a�o 2011 culmina el proceso progresivo de modificaci�n del porcentaje de reducci�n de la base imponible del Impuesto en determinados supuestos, fij�ndose dicho porcentaje de reducci�n en el 99 por 100.
Se modifica la regulaci�n respecto del perito tercero. Art. 211-3.
Valoraciones inmobiliarias. Se regula la utilizaci�n de valores determinados por otra comunidad aut�noma.
Se realizan adaptaciones terminol�gicas a la nueva normativa reguladora del r�gimen de cesi�n de tributos.
Tasas. Se realiza una amplia revisi�n, actualizando sus elementos definidores y cuantificadores. PDF (BOE-A-2011-3639 - 155 p�gs. - 4359 KB) Otros formatos
PORTUGAL. Acuerdo entre la Rep�blica Portuguesa y el Reino de Espa�a sobre el acceso a informaci�n en materia de Registro Civil y Mercantil, hecho "ad referendum" en Zamora el 22 de enero de 2009.
El presente Acuerdo promueve la creaci�n de condiciones para facilitar a las personas f�sicas y jur�dicas el acceso a determinada informaci�n en materia de registro civil y mercantil.
- Se utilizar� para la verificaci�n de hechos inscritos en el registro civil de ambas Partes, cuando sea necesario para la resoluci�n de peticiones de registro civil.
- Se podr�n usar medios electr�nicos.
- Las autoridades competentes para la presentaci�n de solicitudes de informaci�n y respuesta ser�n las autoridades de las Partes con competencia en materia de registro civil.
- El contenido de la informaci�n transmitida estar� regulado por la legislaci�n de la Parte en la que el registro se encuentre.
- La facilitaci�n de la informaci�n solicitada ser� gratuita.
- Se utilizar� para permitir el
acceso por v�a electr�nica a informaci�n del registro mercantil de ambas Partes, por parte de personas f�sicas y jur�dicas.
- El acceso electr�nico debe facilitarse del mismo modo a los servicios de las autoridades con competencia en materia de registro mercantil cuando sea necesario para la resoluci�n de peticiones de registro mercantil.
- Se crear� un portal �nico de Internet, en lengua portuguesa y castellana, para el acceso a la informaci�n del registro mercantil de ambas Partes.
- Se regular�n por la legislaci�n de la Parte en la que el registro se encuentre las finalidades del registro mercantil, los hechos sujetos al registro, los efectos, los emolumentos y otros aspectos relacionados con este registro. - El acceso a la informaci�n del registro mercantil por parte de las autoridades con competencia en esa materia para la resoluci�n de peticiones de registro mercantil ser� gratuito.
Entr� en vigor el 17 de febrero de 2001, con vigencia indefinida.
PDF (BOE-A-2011-3661 - 3 p�gs. - 174 KB) Otros formatos
MODELO 140. Orden EHA/394/2011, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono anticipado y comunicaci�n de variaciones de la deducci�n por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas.
Aparte de incluir el modelo como anexo, se concretan los supuestos y requisitos precisos para la solicitud del abono anticipado de la deducci�n por maternidad.
Se prev� que la presentaci�n tambi�n pueda ser por correo (a la AEAT), telef�nica y telem�tica.
PDF (BOE-A-2011-3776 - 10 p�gs. - 367 KB) Otros formatos
Recurso de inconstitucionalidad n.� 8912-2010, en relaci�n a los art�culos 1 a 30, 43 y 45 de la Ley de Catalu�a 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por v�a de refer�ndum.
PDF (BOE-A-2011-3581 - 1 p�g. - 150 KB) Otros formatos
DEMARCACI�N REGISTRAL. Sentencia de 19 de enero de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad de la divisi�n del Registro de la Propiedad n.� 1 de Calvi�.
Se transcribe el texto publicado:
�En el recurso contencioso-administrativo n.� 134/2007, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Argimiro V�zquez Guill�n, actuando en nombre y representaci�n de D. Dami�n Antonio Canals Prats, D. Jos� Manuel Garc�a Garc�a, D.� Margarita M.� Grau Sancho, D. Juan Manuel Llopis Giner, D. Eduardo Mart�nez Garc�a, D. Fernando P. M�ndez, D. Jes�s-Nicol�s Juez P�rez, D. Nicol�s Nogueroles Peir�, D. Celestino Pardo N��ez, D. Ricardo Prada �lvarez-Buylla, D. �ngel de la Puente Jim�nez, D. Juan Carlos Ram�n Chornet, D. Hip�lito Rodr�guez Ayuso y D. Javier Sola Palerm, la Sala Tercera (Secci�n Sexta) ha dictado sentencia, en fecha 19 de enero de 2011, que contiene el siguiente fallo:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el presente recurso exclusivamente en lo que se refiere al art�culo 1 del
Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcaci�n de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles y en lo que afecta al Registro de la Propiedad de Calvi�, a que se refiere el anexo I, declarando la nulidad de la divisi�n de dicho Registro n.� 1 por su disconformidad a derecho, desestimando el recurso en todo lo dem�s. Sin costas.�
La anulaci�n se basa fundamentalmente en que en dicho Registro no se lleg� en 2004 ni en a�os sucesivos, por bastante diferencia, a las 8.000 inscripciones a las que alude la Orden Ministerial de la Orden de 29 de julio de 1997, seg�n datos de la propia Direcci�n General de los Registros y del Notariado
Enlace. Si no funciona, probar
PDF (BOE-A-2011-3100 - 1 p�g. - 152 KB) Otros formatos
OPOSICIONES ENTRE NOTARIOS. Resoluci�n de 21 de enero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba con car�cter provisional la lista de admitidos para tomar parte en la oposici�n entre notarios, convocada por Resoluci�n de 22 de noviembre de 2010.
Ver la lista provisional con los 21 candidatos.
PDF (BOE-A-2011-2037 - 1 p�g. - 154 KB) Otros formatos
Don Carlos Mar�n Albornoz, registrador de la propiedad de Alcal� de Guadaira n.� 2 (voluntaria).
Don Jos� Periel Garc�a, registrador mercantil y de bienes muebles de Madrid XIX y notario excedente.
El notario de Moguer, don Vicente Moreno-Torres Camy.
El notario de Utrera, don Juan Rey S�nchez-Osorio S�nchez.
Se declara en excedencia voluntaria al notario de Tarifa, don Antonio S�nchez G�mez.
24. INSCRIPCION PARCIAL DE UN NEGOCIO. OPCION: PLAZO PARA SU EJERCICIO. Resoluci�n de 14 de diciembre de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto frente a la negativa del registrador de la propiedad de El Rosario, a cancelar una opci�n de compra y el asiento de presentaci�n de una hipoteca vinculada con dicha opci�n. Supuesto planteado: Inscrita una finca de reemplazo con car�cter provisional a nombre de los dos titulares de las parcelas de procedencia en tanto se acredite su mejor derecho, se presenta y se inscribe un acuerdo transaccional homologado judicialmente en el que se reconoce el dominio a favor de uno de los titulares, concedi�ndose al otro una opci�n de compra por plazo de 20 d�as. Adem�s figura presentada una hipoteca sobre la finca de procedencia del optante. Ahora se solicita por el titular del dominio que se cancele la opci�n as� como cualquier otra carga que recaiga sobre la finca, alegando que nunca se solicit� su inscripci�n y que adem�s ya caduc� el plazo para su ejercicio.
El Registrador suspende la cancelaci�n de la opci�n por tres motivos, confirmados todos por la Direcci�n:
1�:- La inscripci�n del testimonio del Auto que homologaba el acuerdo entre las partes fue practicada correctamente: como ya ten�a declarado el Centro Directivo, la inscripci�n parcial de un documento tiene como presupuesto que el pacto o estipulaci�n rechazados no afecten a la esencialidad del contrato: en el Registro espa�ol no se inscriben abstractamente las titularidades reales inmobiliarias, sino el completo hecho, acto o negocio que las causa, y no puede desconocerse la unidad negocial tal y como aparece configurada por las partes en su acuerdo transaccional, de modo que si han querido establecer como contraprestaci�n del reconocimiento del dominio un derecho de opci�n de compra no podr� inscribirse aquel y denegar el acceso registral a la opci�n de compra, por cuanto que ello implicar�a la alteraci�n del equilibrio resultante del acuerdo, atribuyendo a este efectos distintos de los requeridos por los interesados.
2�.- Respecto a la posibilidad de la cancelaci�n de la opci�n por haber transcurrido el plazo establecido para su ejercicio, tambi�n es una cuesti�n resuelta reiteradamente en el sentido de que si bien el transcurso del plazo fijado para el ejercicio de la opci�n supone la extinci�n del derecho, esto no implica que pueda ser cancelado el asiento sin la conformidad de su titular o resoluci�n judicial que as� lo ordene, pues el Registrador en su calificaci�n para apreciar un hecho negativo, como es la falta de ejercicio extrarregistral de un derecho durante su plazo de vigencia. En consecuencia, el mero transcurso del plazo previsto para ejercitar la opci�n no permite por s� solo cancelar el asiento en que consta.
3�.- Y finalmente, sobre la posibilidad de cancelar el asiento de presentaci�n de la hipoteca que afecta a la opci�n concedida, tambi�n es forzosamente negativa, ya que es evidente que afecta a un derecho inscrito y �nicamente decaer� dicho asiento de presentaci�n en el supuesto de que aquel derecho sea cancelado. (MN)
PDF (BOE-A-2011-2341 - 6 p�gs. - 192 KB) Otros formatos
26. HIPOTECA INVERSA. Resoluci�n de 21 de diciembre de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por "Manchester Building Society" contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Vera, por la que se deniega la inscripci�n de una escritura de constituci�n de hipoteca. Similar a las Resoluciones de
1 octubre 2010 y
4 noviembre 2010, afirmando el �mbito y alcance general de la calificaci�n registral en materia de hipotecas, y revocando defectos concretos en materia de hipoteca inversa. (JDR)
PDF (BOE-A-2011-2814 - 11 p�gs. - 237 KB) Otros formatos
27. HIPOTECA INVERSA. Resoluci�n de 11 de enero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por "Manchester Building Society", contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Estepona n.� 2, por la que se deniega la inscripci�n de una escritura de constituci�n de hipoteca. Similar a las Resoluciones de
*28. RESOLUCION DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA POR ACUERDO ADMINISTRATIVO: INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES NO INSCRITO. Resoluci�n de 11 de diciembre de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Alconera contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Zafra, por la que se suspende la inscripci�n de una certificaci�n de acuerdo municipal de reversi�n de finca a favor del Ayuntamiento en uni�n de sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.� 2 de Badajoz ratificando dicho acuerdo. (MN)
Hechos: Se presenta certificaci�n administrativa de un acuerdo del Ayuntamiento por el que se resuelve una venta por incumplimiento de la condici�n resolutoria establecida en el Pliego de condiciones econ�mico-administrativas. Se acompa�a sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo por la que se afirma la naturaleza administrativa del contrato resuelto y se ratifica el acuerdo impugnado.
El Registrador suspende la inscripci�n por no constar inscrita la condici�n resolutoria y entender que es precisa escritura en que presten su consentimiento los titulares registrales -que son los mismos compradores- o sentencia firme en procedimiento dirigido contra los mismos. La Direcci�n revoca el defecto y confirma el recurso. Entiende que si en virtud de sentencia firme reca�da en un procedimiento instado por el titular registral el contrato resuelto ha sido calificado de administrativo y el acuerdo de resoluci�n ratificado judicialmente ha de entenderse resuelta la venta. Seg�n el art. 4.2 de la Ley de Contratos del Estado de 1965 (aplicable seg�n las disposiciones transitorias de las Leyes 13/1995, de 18 de mayo; Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio; y Ley 30/2007, de 30 de octubre), debe aplicarse lo dispuesto en el art. 52 del mismo texto, de forma que al Ayuntamiento le corresponde acordar la resoluci�n del contrato. Adem�s �ste es el criterio sostenido en la actualidad por el art. 39.4 a), del TR de la Ley del Suelo, RDLeg 2/2008, que permite la resoluci�n unilateral por la Administraci�n por incumplimiento de condiciones impuestas en la transmisi�n, siempre que la resoluci�n sea firme en v�a administrativa y jurisdiccional. El hecho de que no conste inscrita la condici�n resolutoria administrativa no impide la reinscripci�n ya que no habiendo terceros, la persona contra quien se ejercita queda afectada por la resoluci�n como parte contractual. (MN)
PDF (BOE-A-2011-3032 - 6 p�gs. - 198 KB) Otros formatos
30. PROCEDIMIENTO DE EJECUCI�N DIRECTA CONTRA CAUSAHABIENTE TITULAR REGISTRAL. FALTA CERTIFICACION DE CARGAS. Resoluci�n de 20 de diciembre de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Las Rozas n.� 1, por la que se deniega la inscripci�n de un auto de adjudicaci�n en procedimiento de ejecuci�n directa sobre bienes hipotecados. Se presenta un auto de adjudicaci�n en procedimiento de ejecuci�n directa sobre bienes hipotecados y se rechaza su inscripci�n por dos defectos:
1.- La falta de llamada al procedimiento del titular registral (el procedimiento se sigui� contra un causahabiente no inscrito del titular registral). La Direcci�n confirma el defecto: El registrador, con arreglo al art. 100 RH, debe calificar la existencia de tracto respecto del titular registral a fin de evitar la indefensi�n del mismo; as� resulta tambi�n del principio de legitimaci�n registral (art. 38 LH), con sus consecuencias en el �mbito procesal que obliga a llamar al procedimiento de ejecuci�n al titular registral, con independencia de que pueda haber adem�s un llamamiento a titulares posteriores que no constan en el Registro. Y de igual modo resulta del. 132 LH que dispone: �A los efectos de las inscripciones y cancelaciones a que den lugar los procedimientos de ejecuci�n directa sobre los bienes hipotecados, la calificaci�n del Registrador se extender� a los extremos siguientes: 1. Que se ha demandado y requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor y terceros poseedores que tengan inscritos su derecho en el Registro en el momento de expedirse certificaci�n de cargas en el procedimiento�
2.- la ausencia de expedici�n de certificaci�n de cargas: Este defecto tambi�n se confirma en cuanto que est� en �ntima relaci�n con el anterior ya que la expedici�n de certificaci�n es un tr�mite esencial del procedimiento que tambi�n tiene por objeto evitar la indefensi�n, puesto que es el mecanismo a trav�s del cual se conoce qui�n es el titular registral al que debe notific�rsele y darle la necesaria intervenci�n. (MN)
Nota: Tal vez el segundo defecto no hubiera impedido la inscripci�n del auto si el titular registral hubiese sido demandado, pues la DG confirma el defecto, pero haciendo hincapi� en su conexi�n directa con el primero. M�s dificultades presentar�a la cancelaci�n de las cargas posteriores.
PDF (BOE-A-2011-3370 - 3 p�gs. - 174 KB) Otros formatos
31. ESCRITURA PARA ADJUDICAR POR DIVORCIO BIENES PRIVATIVOS DEL OTRO C�NYUGE. Resoluci�n de 22 de diciembre de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Palencia, por el que se deniega la inscripci�n de una sentencia de divorcio. �
Dentro de un procedimiento judicial de divorcio de dos c�nyuges casados en separaci�n de bienes se aprueba un convenio regulador con adjudicaciones de bienes privativos de un solo c�nyuge en favor del otro. El registrador exige el otorgamiento de escritura p�blica porque los actos jur�dicos contenidos en el convenio regulador son complejos, tienen una entidad propia y exceden del �mbito de un convenio regulador de divorcio, conforme a la doctrina de la DGRN.
La DGRN contesta recordando su doctrina de que el convenio regulador no puede ser el cauce formal de actos jur�dicos con significado negocial propio diferente del procedimiento judicial.
En el caso concreto considera que estamos ante un negocio jur�dico independiente del procedimiento de divorcio, aunque formalmente incluido en el convenio, cual es la adjudicaci�n de los bienes privativos de un c�nyuge a favor del otro con contraprestaci�n en met�lico. La causa negocial de esta adjudicaci�n es ajena a la liquidaci�n de un patrimonio ganancial o la liquidaci�n de bienes adquiridos durante el matrimonio por ambos c�nyuges proindiviso, pues todos los bienes adjudicados pertenecen en su totalidad a un c�nyuge. En definitiva, exige la escritura p�blica y confirma la calificaci�n del registrador. (AFS)
PDF (BOE-A-2011-3371 - 5 p�gs. - 184 KB) Otros formatos
32. MODO DE SUBSANAR LA DIFERENCIA DE SUPERFICIE CON EL CATASTRO PARA INMATRICULAR. Resoluci�n de 23 de diciembre de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Sanl�car de Barrameda, a inmatricular una finca.
Se tramita un expediente de dominio en el juzgado que finaliza en Auto en el que se declara justificado el dominio sobre dos fincas. Una de las fincas tiene seg�n Catastro 77 metros cuadrados, y seg�n dicho Auto 67,35 metros cuadrados. La registradora suspende la inscripci�n porque no se expresa el estado civil de los titulares ni el car�cter privativo o ganancial de los bienes. Adem�s se�ala que existe una diferencia con el Catastro en la cabida de una de las fincas que es tambi�n defecto subsanable.
Resuelve la DGRN confirmando la nota. En cuanto al primer defecto, aunque el recurrente intenta subsanar el defecto acreditando en el recurso el estado civil de los titulares y car�cter de los bienes, pues ello no pudo ser apreciado por el registrador en el momento de emitir la calificaci�n y el recurso no es la v�a adecuada para subsanar.
En cuanto al segundo defecto lo confirma tambi�n por falta de total coincidencia de la superficie de la finca con el certificado Catastral. Rechaza la posible interpretaci�n anal�gica de los art�culos 41 a 49 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de Marzo que permiten una diferencia de hasta un 10% de la superficie con el certificado catastral, pues ello s�lo es aplicable a los casos de constancia de la referencia catastral respecto de las fincas ya inscritas. Tampoco es aceptable que se pretenda subsanar el defecto dentro del recurso aportando una instancia dirigida al catastro solicitando la rectificaci�n. Sugiere este modo de subsanarlo: declaraci�n de los titulares catastrales por la que se manifieste ante el Catastro -ex art�culo 13 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y 28 de su Reglamento- la modificaci�n de la descripci�n del inmueble respecto de la superficie conforme al Auto del expediente de dominio y resoluci�n estimatoria por parte de la Gerencia catastral. (AFS)
PDF (BOE-A-2011-3478 - 4 p�gs. - 174 KB) Otros formatos
33. AGRUPACI�N DE ELEMENTOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL SIN MODIFICACI�N DE OBRA NUEVA. Resoluci�n de 27 de diciembre de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Barcelona, contra la negativa de la registradora de la propiedad de C�ceres n.� 2, a la inscripci�n de una escritura de agrupaci�n de elementos privativos de una propiedad horizontal. En un edificio en propiedad horizontal el propietario de 9 elementos privativos los agrupa, formando el elemento n�mero tres, y al describirlo se dice que es un conjunto de 18 apartamentos, que se describen f�sicamente con sus linderos. Cuenta con autorizaci�n estatutaria para la agrupaci�n y con licencia municipal, pues se han realizado obras de reforma interior, compareciendo tambi�n el arquitecto para certificar su adecuaci�n al proyecto y a la licencia. No se modifica la superficie construida ni la volumetr�a, ni la estructura del edificio.
Despu�s de esta agrupaci�n el edificio tiene dos locales independientes en la planta baja, y adem�s el elemento agrupado que se va a destinar a una explotaci�n hotelera, integrado por las plantas primera a cuarta en su totalidad, m�s un vest�bulo y escalera interior privativa que lo comunican con la calle.
La registradora suspende la inscripci�n pues considera que hay que modificar la obra nueva del edificio (al haber 18 apartamentos) y tambi�n entiende que no se puede practicar la agrupaci�n pues en realidad habr�a que hacer una divisi�n material formando las 18 fincas correspondientes a los 18 apartamentos. Considera que la descripci�n de la finca agrupada no es unitaria, como un solo elemento independiente, ya que alude a la existencia de 18 apartamentos dentro de la misma, que se describen, y a una especie de divisi�n material impl�cita que no se realiza en la pr�ctica.
Resuelve la DGRN revocando la calificaci�n. En cuanto al primer defecto no puede presuponerse que el edificio sea distinto por el mero hecho de que haya habido una modificaci�n interior o reparaci�n o rehabilitaci�n. El aumento de elementos susceptibles de aprovechamiento independiente podr�a suponer, en principio, una modificaci�n de la obra nueva, pero en el caso concreto es irrelevante, pues se cuenta con licencia municipal y adem�s no hay variaci�n en el aprovechamiento, pues el elemento privativo resultante �integrado por los 18 apartamentos- va a ser explotado bajo el principio de unidad de explotaci�n hotelera, y tiene salida a la v�a p�blica a trav�s de vest�bulo y escalera privativa.
En cuanto al segundo defecto lo revoca tambi�n, pues aunque los 18 apartamentos fueran susceptibles de aprovechamiento independiente ello no significa que obligatoriamente deban configurarse como elementos privativos independientes, ya que tambi�n es posible que formen un solo elemento privativo conforme al art�culo 8 de la LPH, y m�s si como en el presente caso van a ser objeto de una unidad de explotaci�n.
Finalmente se�ala que la descripci�n de la finca agrupada s� es unitaria, como un solo elemento, aunque haga referencia a que est� integrado por 18 apartamentos, en contra de lo afirmado por la registradora, y por tanto no existe el problema que ella se�ala y que le sirve de base para fundamentar el segundo defecto.(AFS)
PDF (BOE-A-2011-3479 - 6 p�gs. - 192 KB) Otros formatos
34. DISTRIBUCI�N DE HIPOTECA EN DOCUMENTO PRIVADO: ACREDITACI�N DEL PODER POR TESTIMONIO NOTARIAL. ALCANCE DEL REQUISITO DE �PAPEL DE USO EXCLUSIVO PARA DOCUMENTO NOTARIAL�. Resoluci�n de 4 de enero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valladolid, contra la nota extendida por la registradora de la propiedad de Valladolid n.� 5, por la que resuelve no practicar la inscripci�n de un documento privado de distribuci�n de hipoteca.
En un documento privado de distribuci�n de hipoteca la registradora aleg� como defecto no acreditarse la representaci�n de los apoderados al no hallarse extendidos los testimonios expedidos en papel de uso exclusivo para documentos notariales.
El notario recurre y alega que la registradora confunde el �papel timbrado de uso exclusivo notarial�, expedido por la f�brica notarial de la moneda y timbre y a trav�s del cual se paga el impuesto de actos jur�dicos documentados y �el papel de uso exclusivo notarial� que es distribuido por los colegios notariales y que no conlleva el pago de ning�n impuesto; y que en este �ltimo es en el que se han extendido los testimonios. La Direcci�n rechaza el defecto porque, seg�n resulta del expediente s� se encuentran expedidos en papel de uso exclusivo notarial, correlativamente numerados en orden a su identificaci�n. Adem�s a�ade que tal requisito, impuesto por el art.
262 RN, es un deber reglamentario cuyo incumplimiento genera responsabilidad disciplinaria, pero sin afectar a la eficacia del documento en s� ni constituir defecto que impida la inscripci�n (MN)
PDF (BOE-A-2011-3480 - 4 p�gs. - 179 KB) Otros formatos
D25. SOCIEDAD LIMITADA: AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS Y PATRIMONIO NETO NEGATIVO. Resoluci�n de 18 de diciembre de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por "Sanelec Electricidad, SL", contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles IV de Madrid, a inscribir una escritura de aumento del capital social de la citada entidad.
Hechos: Se trata de una escritura de aumento de capital, parte en met�lico y parte por transformaci�n de reservas, efectuado respecto de estas �ltimas, sobre la base de un balance aprobado por la Junta en el que si bien existen dichas reservas en cuant�a suficiente, las mismas aparecen disminuidas como consecuencia de p�rdidas no compensadas, siendo el patrimonio neto de la sociedad negativo.
La registradora, en su acuerdo, considera que no es posible dicho aumento dada la existencia de p�rdidas en el balance que agotan completamente las reservas. Cita las RDGRN de 24-9-99, 18-10-2002 y 9-4-05.
Se recurre alegando que la doctrina de la DGRN en dicho sentido se refiere a una sociedad an�nima y citando en apoyo de su recurso la sentencia del TS de 28 de mayo de 1990.
Doctrina: La DGRN, en una did�ctica resoluci�n, confirma el acuerdo de la registradora haciendo, entre otras, las siguientes declaraciones:
1. Por exigencias del principio de realidad del capital social, no cabe crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportaci�n patrimonial a la sociedad.
2. La ampliaci�n del capital con cargo a reservas, se traduce en la necesidad de adecuada justificaci�n de la efectiva existencia de esos fondos en el patrimonio social y su disponibilidad para transformarse en capital, justificaci�n que seg�n el legislador deber� consistir en un balance debidamente aprobado por la Junta General con una determinada antelaci�n m�xima.
3. Aunque la operaci�n de aumento de capital por transformaci�n de reservas es una mera operaci�n contable, que no altera el patrimonio de la sociedad, s� supone una modificaci�n cualitativa de dicho patrimonio, pues los fondos as� transferidos pasan del r�gimen de disponibilidad de que gozaban como reservas a la indisponibilidad a que quedan sujetos como capital.
4. Aunque en nuestro derecho no existe, como en el derecho alem�n, una prohibici�n de aumento del capital por transformaci�n de reservas existiendo p�rdidas de la sociedad, la conclusi�n a que se llega es la misma pues lo decisivo es la efectiva existencia de excedente del activo sobre el capital anterior y el pasivo exigible.
Comentario: Se trata de una resoluci�n confirmatoria del criterio de otras anteriores, siendo le verdaderamente importante de todas ellas, el reiterar las facultades calificatorias del registrador mercantil sobre el balance de la sociedad tenido en cuenta para un acuerdo de ampliaci�n del capital social.
Dado que la resoluci�n se dicta bajo el imperio de la Ley 2/1995, la DG no entra en el discutido y espinosos tema de si es necesario que el balance de la sociedad limitada que aumenta el capital social por reservas est� o no auditado como en la actualidad exige el art. 303.2 de la LSC. (JAGV)
PDF (BOE-A-2011-2342 - 3 p�gs. - 174 KB) Otros formatos
29. ACUERDOS CONTRADICTORIOS ENTRE SI. NULIDAD DE ACUERDOS. REDUCCI�N DE CAPITAL. ACUMULACI�N DE RECURSOS. Resoluci�n de 21 de diciembre de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en los recursos interpuestos por "Comercial Vascongada Recalde, SA" contra las notas de calificaci�n de los registradores mercantiles y de bienes muebles XII y VIII de Madrid, recursos todos acumulados en el mismo expediente, por las que se deniegan las inscripciones de escrituras de elevaci�n a p�blico de acuerdos sociales. Hechos: Se trata, seg�n resulta de la propia resoluci�n, de �tres escrituras de elevaci�n a p�blico de acuerdos de la Junta General de accionistas relativos a reducci�n de capital, transformaci�n de acciones al portador en nominativas y nombramiento de administrador, entre otros, contradictorios entre s� y tambi�n contradictorios respecto de otros acuerdos de Junta General, previamente inscritos en fechas recientes, o que resultan de t�tulos presentados con posterioridad, que evidencian una situaci�n de conflicto entre dos grupos que se atribuyen la titularidad de las acciones. Unos proceden de Juntas Universales adoptados por quienes se consideran socios en cuanto legatarios de cosa espec�fica de las acciones; y otros acuerdos proceden de Juntas Universales de otros personas que se consideran accionistas como
herederos de las acciones, sin que conste la entrega del legado por los herederos�.
Los Registradores -hay una acumulaci�n de recursos por tratarse de presentaciones sucesivas- deniegan la inscripci�n de los acuerdos por cuatro defectos �tomados en conjunto�: 1) porque los acuerdos cuya inscripci�n se pretende han sido declarados nulos en virtud de otra Junta Universal y en consecuencia el administrador �nico que los eleva a p�blicos carece de legitimaci�n registral para ello;
2) porque no se re�nen los requisitos exigibles para la reducci�n de capital, aunque no se especifican; 3) porque no pueden inscribirse acuerdos de modificaci�n estatutaria mientras no est� inscrita la reducci�n de capital, en cuanto afecta a la determinaci�n de las mayor�as exigibles; 4) y porque no se puede inscribir el nombramiento de administrador del grupo legatarios por ser incompatible con los t�tulos presentados con anterioridad�.
Doctrina: La DG confirma el primer defecto, revoca el segundo relativo a la reducci�n de capital y no entra en los otros dos, dada la estimaci�n del primero.
Se basa la DG para la confirmaci�n del primer defecto en que se aprecia una situaci�n de conflicto entre dos grupos de accionistas que pretenden ostentar los derechos pol�ticos de las acciones. �La pretensi�n del primer grupo deriva de su condici�n de legatarios de cosa espec�fica (las acciones de la sociedad), y como tales, propietarios de las acciones legadas desde la muerte del testador, conforme al art�culo 882 del C�digo Civil; mientras que la pretensi�n de los segundos, deriva de su condici�n de herederos, quienes ostentan la posesi�n civil�sima, conforme al art�culo 440 del C�digo Civil. No obstante, debe partirse de la necesaria entrega del legado por el heredero o albacea, si se hallare autorizado para darla, conforme al art�culo 885 del C�digo Civil, entrega que no se ha efectuado�. Por ello, dada la situaci�n de conflicto existente respecto de la titularidad civil de las acciones, la DG entiende con acierto que no le corresponde a ella decidir. En definitiva �se advierte que se est� haciendo un uso impropio del Registro Mercantil, instituci�n encaminada a la publicidad de situaciones jur�dicas ciertas y no a la resoluci�n de las diferencias entre los eventuales titulares de las acciones, siendo los Tribunales de Justicia quienes deben resolver esos conflictos�.
Respecto del segundo defecto es revocado pues, seg�n expresa la DG, �la simple remisi�n a los art�culos 164, 165 y 166 de la Ley de Sociedades An�nimas, y 170 del Reglamento del Registro Mercantil, es insuficiente, dados los m�ltiples requisitos que establecen dichos preceptos para la inscripci�n de un acuerdo de reducci�n de capital social. El Registrador deber�a haber precisado los concretos requisitos que imponen dichos preceptos y que no han sido debidamente cumplidos, de modo que permitiese, al interesado, alegar cuanto le conviniese en su defensa�.
Comentario: Son relativamente frecuentes en los RRMM, los casos en que unos socios enfrentados entre s�, pretenden que sea el RM el que les solucione sus cuitas a trav�s de la inscripci�n o denegaci�n de la inscripci�n de los acuerdos que toman de forma independiente. Todos ellos deben ser resueltos en la forma en que se hace en esta resoluci�n. Es decir ante la falta de transparencia o contradicci�n entre los distintos acuerdos, lo que procede es suspender la inscripci�n por falta de claridad suficiente en cuanto a los acuerdos adoptados o en cuanto a los elementos que debe contener la inscripci�n (Cfr. Art. 58.2 del RRM). (JAGV)
PDF (BOE-A-2011-3033 - 9 p�gs. - 220 KB) Otros formatos
35. ART. 111 DEL RRM: NO ES PRECISA NOTIFICACI�N A CONSEJERO RENUNCIANTE QUE TAMBI�N ERA SECRETARIO DEL CONSEJO. Resoluci�n de 8 de enero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de M�laga, contra la nota de calificaci�n del registrador mercantil y de bienes muebles III de M�laga, por la que se deniega la inscripci�n de una escritura de elevaci�n a p�blico de acuerdos sociales autorizada por el citado notario. Hechos: La situaci�n de hecho que provoca este recurso es la siguiente:
1. Sociedad Limitada con Consejo como �rgano de administraci�n.
2. Se inscribe la renuncia de un Consejero, que tambi�n era Secretario del Consejo, sin hacer constar nada sobre su cese como tal Secretario.
3. Ahora se presenta una escritura de cambio de �rgano de administraci�n en la que se cesa a todo el Consejo, cuyos consejeros se dan por notificados (sic) de su cese y se nombran administradores mancomunados.
El Registrador considera que es necesario, a los efectos del art. 111 del RRM, notificar su cese al Consejero renunciante pues pod�a seguir siendo Secretario no Consejero.
El Notario recurre aduciendo que la renuncia como Consejero conlleva la renuncia como secretario y que por tanto ya no es precisa la notificaci�n pues su cargo no consta inscrito en el registro.
Doctrina: La DG revoca la nota de calificaci�n sobre la base de que la dimisi�n de un Consejero que era secretario del Consejo no implica necesariamente que se convierta en Secretario no Consejero, sobre todo porque dicho Consejero NO figura inscrito de forma expresa, por acuerdo del Consejo, como Secretario no consejero.
Comentario: Pese a su simplicidad, varias cuestiones debemos considerar en esta resoluci�n:
1�. La claridad en los acuerdos de cese o dimisi�n de Consejeros que ostentan cargo en el Consejo y tambi�n la claridad en los ceses o dimisiones de cargos del Consejo. Las dudas en estos casos suelen ser provocadas por la situaci�n contraria a la que se planteaba en la resoluci�n: Es decir se trata de aquellas certificaciones que expresan la dimisi�n o cese de presidentes, secretarios, consejeros delegados o cualquier otro cargo del consejo, sin decir ni expresar nada sobre si ese cese o dimisi�n se extiende a su cargo de consejero. En estos casos lo aconsejable es pedir, sobre la base del art. 58.2 del RRM, que se aclare dicho extremo y por tanto no proceder a la inscripci�n sin que se nos diga sin cesan o dimiten tambi�n como consejeros o siguen siendo miembros del consejo. La situaci�n contraria, que era la que se planteaba en el recurso, creo que debe solucionarse en el sentido que se hace en el mismo: Es decir, en este supuesto, cuando un consejero dimite, debe inscribirse tambi�n su cese en el cargo que ostentaba en el consejo. Ello es evidente cuando se trata de presidentes o consejeros delegados, pues para ostentar dichos cargos es preciso ser consejero, pero tambi�n debe ser evidente en otros cargos del consejo, como el de secretario o vicesecretario, que pueden ser no consejeros. La presunci�n debe ser que si una persona se desvincula del �rgano de administraci�n de la sociedad, se desvincula tambi�n de los cargos que ostentaba, salvo que por acuerdo del propio consejo, o, en su caso, de la junta, por establecerlo as� los estatutos, se diga lo contrario. Por tanto, en el caso contemplado en la resoluci�n, al dimitir como consejero debi� inscribirse tambi�n su cese como secretario, haci�ndolo constar en la nota de despacho y public�ndolo en el Borme, para evitar dudas y cuestiones con los interesados.
2�. La segunda cuesti�n que plantea la resoluci�n es a qui�n se hace la notificaci�n en estos casos en que figura inscrito el cese o dimisi�n de la persona que ten�a facultades certificantes.
El art. 111 del RRM exige que la notificaci�n fehaciente, en caso de certificaci�n expedida por persona no inscrita, se haga al anterior cargo con facultades certificantes inscrito. En el caso de la resoluci�n se dice, sin m�s especificaciones, que el resto de los consejeros, asistentes a la reuni�n de la Junta, se dieron por notificados. No sabemos si firmaron la certificaci�n o si el notario legitim� su firma. Era un problema que no se planteaba en la nota pero en definitiva parece que la DG admite la notificaci�n en la forma en que se hac�a pues dice que basta �la notificaci�n a quienes en ese momento ostentaban la condici�n de consejeros con cargo vigente e inscrito�.
No obstante y, para evitar confusiones, pese a lo que se deriva de la resoluci�n, entendemos que la notificaci�n, se haga a quien se haga, siempre debe ser fehaciente y que la mera asistencia a la Junta, seg�n resulte de la propia certificaci�n, en ning�n caso se puede considerar notificaci�n a los efectos de lo establecido en el art. 111 del RRM.
Por lo dem�s, ante la desaparici�n por dimisi�n o cese de anterior cargo certificante, si dicho cese o dimisi�n consta ya inscrito en la hoja de la sociedad, nos debemos plantear a qui�n, en estos casos, debe hacerse la notificaci�n para considerar cumplida la exigencia del art. 111.
1. Dimisi�n de administrador �nico en sede de Junta general, que no adopta acuerdo de nombrar otro administrador: parece que la �nica soluci�n a este supuesto es que la nueva Junta General que se celebre, en su caso, para nombrar cargo con facultad certificante, se celebre notarialmente, pues es uno de los supuestos que debe excluirse de la aplicabilidad del art. 111.
2. Caso del administrador solidario: Bastar� con notificarlo a cualquiera de los dem�s que consten inscritos.
3. Caso de administradores mancomunados: Si cesa alguno de ellos entendemos que basta la notificaci�n al que quede con cargo inscrito en el registro. Si son varios los que quedan inscritos, depender� de la forma de actuaci�n que conste en estatutos.
4. Caso del secretario del Consejo: En el supuesto de la resoluci�n parece que estaban todos los dem�s consejeros presentes en la Junta y la DG da por cumplido el requisito. Por ello si se notifica a todos, se entiende cumplida la norma. Cuando no sea as� creemos que
bastar� con notificar al presidente, dada la finalidad del precepto.
Finalmente indiquemos que existen, seg�n el tenor del propio art�culo, otros dos supuestos en que no ser� precisa la notificaci�n fehaciente al anterior titular: El caso de que se eleve a p�blico la escritura que se otorgue, en su caso, para la inscripci�n por persona distinta del nuevo cargo certificante, es decir por otro administrador inscrito debidamente facultado por el pertinente �rgano colegiado y el otro supuesto es tambi�n el relativo al consentimiento prestado por el anterior titular al contenido de la certificaci�n (Cfr. 111.2 y 3.). Dada la importancia del tema planteado, si hubiera otras opiniones o casos no solucionados, se pueden hacer consideraciones o correcciones a lo expuesto, a trav�s de la red social Notyreg. (JAGV)
PDF (BOE-A-2011-3481 - 3 p�gs. - 166 KB) Otros formatos
***36. SOCIEDADES DEL RDL 13/2010: CERTIFICACI�N DE DENOMINACI�N EN PAPEL. PLAZOS DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA, ARANCELES Y BORME. Resoluci�n de 26 de enero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de C�rdoba, contra la negativa del registrador mercantil de dicha capital, a inscribir la escritura de constituci�n de una sociedad de responsabilidad limitada por v�a telem�tica.
Hechos: Se presenta en el RM de C�rdoba, una escritura de constituci�n de sociedad limitada por v�a telem�tica, sin que la misma contenga indicaci�n alguna acerca de su sujeci�n a los tr�mites previstos en el art. 5, n� 1 del RDL 13/2010. El registrador la califica como defectuosa por falta de la oportuna provisi�n de fondos para el Borme, de conformidad con el art. 426 del RRM. Notificada la calificaci�n el notario remite telem�ticamente una diligencia en la que expresa que la sociedad se ha constituido con arreglo al procedimiento telem�tico del art. 5 del RDL 13/2010 y como consecuencia de ello est� exenta del pago de las tasas del BORME. El registrador ratifica su calificaci�n. Se da la circunstancia de que la certificaci�n de denominaci�n del RMC ha sido expedida en formato papel, aunque nada se dice ni en la nota, ni en el recurso, de la fecha en que fue expedida la certificaci�n. El notario interpone recurso centrando su argumentaci�n en si para la obtenci�n de los beneficios establecidos en el RDL es necesario, de forma imperativa, que la certificaci�n de denominaci�n haya sido tambi�n obtenida de forma telem�tica. En su opini�n ello no es necesario por las siguientes razones:
a) Lo que condiciona la certificaci�n telem�tica es el plazo para otorgar la escritura. b) La certificaci�n no forma parte del proceso de constituci�n de la sociedad (Cfr. Art. 20 LSC).
c) La interpretaci�n finalista o teleol�gica de la norma.
d) La no discriminaci�n de un emprendedor que ya tiene en su poder una certificaci�n de denominaci�n en soporte papel.
Doctrina: La DG, acogiendo los argumentos del recurrente, revoca el acuerdo de calificaci�n y, sobrepasando lo realmente discutido en el recurso, establece, sobre las sociedades telem�tica del RDL 13/2010, la siguiente doctrina:
1. El RDL 13/2010, dentro de un marco m�s general, configura una serie de medidas cuya finalidad es la agilizaci�n y reducci�n de costes del proceso constitutivo de las sociedades de capital.
2. Dichas medidas se dirigen especialmente a las peque�as sociedades, considerando como tales las de capital
no superior a 30.000 euros, cuyos socios no sean personas jur�dicas y cuyo �rgano de administraci�n se estructure como administrador �nico, varios solidarios o dos mancomunados.
3. Las normas reguladoras de este tipo societario, deben ser interpretadas de la manera m�s adecuada de forma tal que se permita la pretendida agilizaci�n en el proceso de constituci�n de la sociedad.
4. Por todo ello s�lo proceder� la no aplicaci�n de las normas previstas sobre agilizaci�n y reducci�n de costes �cuando falta alguno de los presupuestos que se exigen relativos al tipo societario, al capital social y a la estructura del �rgano de administraci�n�.
5. No todo incumplimiento de las obligaciones que la norma impone a notarios y registradores tiene como consecuencia la exclusi�n de la sociedad del r�gimen en el RDL disciplinado.
6. Por todo ello el incumplimiento por el notario de su obligaci�n de otorgar la escritura en el plazo de un d�a h�bil �no autoriza al registrador a negarse a practicar la calificaci�n e inscripci�n en el plazo abreviado legalmente establecido�.
7. Lo mismo cabe decir del incumplimiento por el registrador de su obligaci�n de calificar e inscribir en tres d�as h�biles o, en su caso, en siete horas h�biles desde la recepci�n telem�tica de la escritura.
8. Si es el notario el que solicita la certificaci�n, la misma debe ser obtenida telem�ticamente y la escritura deber� otorgarse en el plazo previsto, siempre que disponga de todos los antecedentes necesarios para ello.
9. Si la certificaci�n de denominaci�n es solicitada por el interesado o su autorizado, el plazo de otorgamiento de escritura empieza a contarse desde que �es aportado al notario dicho certificado y no desde la recepci�n por el solicitante, seg�n resulta de la �ratio� de la norma�. En estos casos ese certificado forma parte de los antecedentes necesarios para el otorgamiento de la escritura.
10. El hecho de que el certificado sea presentado por el interesado en formato papel no puede considerarse un impedimento para la constituci�n de la sociedad v�a RDL.
11. Tampoco el hecho de que la solicitud de denominaci�n no sea telem�tica, exime al RMC de emitirla y enviarla al interesado en el plazo de un d�a h�bil previsto en la Ley.
12. Finalmente a�ade la DG que si la certificaci�n en papel no fuera admisible y se considerara defecto se obligar�a al interesado a �solicitar una nueva y abonar los costes del nuevo certificado, lo que ser�a un resultado poco compatible con los fines de celeridad y reducci�n de costes pretendidos por la norma�.
Comentario: Se articula, en esta importante resoluci�n de la DG, una respuesta a los
dos principales problemas que plantean las sociedades telem�ticas del art. 5 del RDL 13/2010. Efectivamente, como ya hab�amos expuesto en alg�n otro trabajo de esta web, los dos cardinales problemas de las sociedades telem�ticas o Express, y al mismo tiempo los m�s dif�ciles resolver, se centran en la posibilidad de que la certificaci�n de denominaci�n fuera o no telem�tica y en el estricto cumplimiento de los plazos previstos en el RDL para el otorgamiento de la escritura. Muchas han sido las opiniones que se han dado sobre el tema, en uno u otro sentido, que ahora, en principio, y si la resoluci�n gana firmeza por su no impugnaci�n judicial, aparecen resueltas en la misma. No obstante todo ello y dado que la cuesti�n, al menos en un plano te�rico o doctrinal, seguir� sin ser pac�fica, creemos que merece la pena hacer las siguientes consideraciones, tanto a la nota de calificaci�n del registrador, como a la argumentaci�n del recurrente y a la misma resoluci�n de la DG. Estas observaciones o comentarios, hechos desde un punto de vista constructivo y con pleno respeto a los que han intervenido en la resoluci�n, podemos concretarlos en los siguientes puntos:
1�. Debemos reconocer de entrada que el acuerdo de calificaci�n del registrador pecaba, como pone de relieve la propia resoluci�n, de excesivamente escueto y poco fundamentado, quiz�s motivado por el hecho, achacable a la escritura, de haberse omitido en ella la pretensi�n de sus otorgantes de acogerse a los beneficios del RDL. Ello es subsanado en posterior diligencia pero el registrador, a su vista, en lugar de ampliar la fundamentaci�n jur�dica de su nota, la reitera simplemente.
2�. Pero si la fundamentaci�n jur�dica del registrador era escasa, el apoyo jur�dico de la argumentaci�n del recurrente, no es mucho m�s rico, pues en el fondo toda su bater�a de razones para la admisi�n de la certificaci�n v�a papel, no habla para nada de plazos de otorgamiento, se limita a constatar que la intenci�n del legislador, al establecer esta especial forma de constituci�n de sociedades, con la obtenci�n telem�tica de la certificaci�n de denominaci�n �s�lo trata de simplificar el tr�mite previo al otorgamiento de la escritura�. Adem�s, aunque no de forma clara, parece que toda su argumentaci�n se basa en el hecho de que emprendedores que ya tengan la denominaci�n en papel a la entrada en vigor del RDL puedan constituir este tipo de sociedades. As� cuando expone que �lo que no dice la ley es que el emprendedor, necesariamente, tenga que utilizar este sistema telem�tico (se refiere a la obtenci�n de la certificaci�n), pues es posible, como as� sucede en la pr�ctica, que ya disponga de la denominaci�n con anterioridad�. El �nico argumento propiamente jur�dico utilizado en su recurso, se apoya en el art. 20 de la LSC que s�lo exige para la constituci�n de una sociedad �escritura p�blica que deber� inscribirse en el Registro Mercantil�. Pese a ser ello cierto olvida que, de conformidad con el art. 413.1 del RRM, �no podr� autorizarse escritura de constituci�n de sociedades�.sin que se le presente al notario la certificaci�n que acredite que no figura registrada la denominaci�n elegida�. Si ello es as� no parece que la petici�n y obtenci�n del certificado de denominaci�n social sea un tr�mite tan inocuo y carente de trascendencia como se deriva de su argumentaci�n. De hecho en todas las Escuelas de Negocios cuando se explica el proceso constitutivo de una sociedad mercantil, siempre se empieza estudiando la forma y tr�mites necesarios para la obtenci�n de la denominaci�n social. Sin ella no hay sociedad, aunque indudablemente no sea, por s� sola, un elemento esencial en el iter constitutivo o de nacimiento de la persona jur�dica. No vamos a entrar en la tremenda importancia de la denominaci�n social para el tr�fico jur�dico, pues ello ha sido puesto de relieve en m�ltiples resoluciones de la DG, pero lo que s� queremos dejar claro es que dicho requisito es esencial en la constituci�n de la sociedad. Por ello cuando el art. 5.1.a. habla de que la certificaci�n �se expedir� por v�a telem�tica en el plazo de un d�a h�bil desde su solicitud�, parece que est� obligando a todos, no s�lo al notario, a la obtenci�n de la certificaci�n por dicho medio. A la misma conclusi�n se llega cuando el art. 5.1 empieza diciendo que �la constituci�n de sociedades� por v�a telem�tica se har� de acuerdo con las siguientes reglas�. Por ello parece que la intenci�n del legislador es doble: Por un lado agilizar y abaratar la constituci�n de sociedades y por otra primar el uso de medios telem�ticos e inform�ticos en la constituci�n de las mismas. Si el legislador hubiera querido que las certificaciones en papel fueran admisibles, lo hubiera dicho expresamente, al igual que admite que la certificaci�n la pida el interesado o su autorizado. Cuando no hace ninguna referencia a la certificaci�n en papel, parece que anuda la concesi�n de los beneficios establecidos en la norma, a una completa tramitaci�n telem�tica en la constituci�n de la sociedad, es decir, desde la obtenci�n de la certificaci�n de denominaci�n, hasta el completo despacho de la escritura.
En el mismo sentido lo expone con acierto Alvaro J. Mart�n Mart�n, RM de Murcia, en su fundamentado trabajo, a�n no publicado, sobre la cuesti�n, al decir que la propia coherencia del sistema de constituci�n telem�tica exige que la certificaci�n de denominaci�n haya sido obtenida por dicho medio. Carece de sentido que todo el proceso sea telem�tico y que ello no se exija precisamente en el inicio del procedimiento.
3�. Distinto y quiz�s m�s consistente es el argumento del recurrente relativo a la no discriminaci�n del emprendedor por el origen de la certificaci�n. Pero para que el mismo sea atendible, desde nuestro punto de vista, entendemos que debe limitarse en un doble plano: Uno, el relativo a las certificaciones en papel obtenidas antes de la entrada en vigor del RDL y otro, el de las denominaciones en papel obtenidas con posterioridad por el interesado o su autorizado, mientras no existan los medios electr�nicos adecuados para que puedan solicitarla por v�a telem�tica. El primer problema se soluciona con su admisi�n por aplicaci�n de las reglas de derecho transitorio establecidas en nuestro C�digo Civil y el segundo tambi�n se soluciona con su admisi�n por unas elementales reglas de justicia al ser por ahora imposible la obtenci�n para el particular de la certificaci�n por v�a telem�tica. Con ello se evita toda discriminaci�n, pues lo que s� ser�a una verdadera discriminaci�n con el emprendedor diligente que ajusta su comportamiento a las disposiciones legales, es que se admitieran certificaciones en papel, tuvieran la fecha que tuvieran, cuando las mismas se puedan obtener por v�a telem�tica. Aparte de ello si lo que se pretende es la agilidad en la constituci�n de sociedades y para conseguir esa agilidad se priman los medios telem�ticos, flaco favor se le est� haciendo al sistema dise�ado por el legislador si el primer paso que da el emprendedor que quiere constituir una sociedad se aparta de forma radical del sistema establecido legalmente. El emprendedor, con conocimiento de la ley o debidamente asesorado, debe conocer los tr�mites necesarios para constituir su sociedad con las ventajas del RDL y si quiere esas ventajas debe someterse a todas las prescripciones legales.
4�. Aunque m�s fundamentada, tampoco es excesivamente rica en argumentos jur�dicos, la resoluci�n del Centro Directivo. Sus razonamientos van por una l�nea utilitarista, de oportunidad pol�tica y econ�mica y tambi�n finalista de intenci�n del legislador, pero sin un claro apoyo en los textos legales.
Efectivamente la DG, tras hacer un resumen de lo dispuesto en el n� 1 del art. 5 del RDL, concluye que para el logro de lo pretendido por el RDL se parte de unos presupuestos relativos al tipo societario, al capital social y a la estructura del �rgano de administraci�n. Sigue diciendo que tambi�n �se establecen determinados requisitos y obligaciones procedimentales a los que se anudan espec�ficos efectos para conseguir el pretendido ahorro de tr�mites y costes en la constituci�n de tales sociedades�. A primera vista parece que la DG considera que tanto los requisitos objetivos o estructurales, como los procedimentales son totalmente necesarios para conseguir los beneficios del RDL. Pero a continuaci�n da un giro en su argumentaci�n y expresa que todo ello debe ser interpretado de la manera m�s adecuada para conseguir la agilizaci�n en la constituci�n de sociedades. Por tanto, es necesario determinar las consecuencias, tanto de la falta de requisitos estructurales o tipol�gicos, como del incumplimiento de las obligaciones notariales y registrales.
Tras esta exposici�n del problema y sin una clara argumentaci�n saca una primera conclusi�n: Que el art. 5.1 no se aplica si faltan los presupuestos de tipo societario, de capital social o de estructura de �rgano de administraci�n. En cambio, para el cumplimiento de las obligaciones notariales y registrales, que obviamente inciden de forma directa en lo que pretende el RDL de agilizaci�n en la constituci�n de sociedades, dice que su eventual incumplimiento no debe tener como consecuencia la exclusi�n de la sociedad del r�gimen del RDL. Es decir parece que ya aqu� la finalidad de agilizaci�n que pretende el RDL pierde importancia y consistencia, pues ninguna de las medidas adoptadas para agilizar el primer tr�mite para la constituci�n de la sociedad, como es el otorgamiento de la escritura, si se incumple, provoca que la constituci�n quede fuera del sistema dise�ado por el legislador. Por tanto parece que en tesis de la DG la agilizaci�n pretendida por el RDL s�lo empieza cuando se otorga la escritura p�blica pues los tr�mites previos a dicho otorgamiento, se cumplan o no, en nada influyen en el resto de los tr�mites, ni tampoco en la aplicaci�n de las dem�s ventajas atribuidas a la especial constituci�n de estas sociedades. Expresamente se dice que el hecho de que el notario no autorice la escritura en el plazo establecido, no autoriza al registrador para negarse a calificar e inscribir en el plazo legalmente establecido.
Por todo ello la DG razona que si es el notario el que solicita y recibe la certificaci�n queda obligado al cumplimiento de los plazos de autorizaci�n y remisi�n al Registro Mercantil, pero si es el interesado el que solicita la certificaci�n en formato papel y la aporta al notario el plazo empezar� precisamente en dicho momento pues la certificaci�n formar� parte de los antecedentes necesarios para la autorizaci�n de la escritura de constituci�n de la sociedad.
En cuanto al concreto formato de la certificaci�n de denominaci�n lo plantea la DG de la siguiente forma: Dando por supuesto de que si lo solicita el notario su formato debe ser electr�nico, se pregunta si ese mismo formato es tambi�n preceptivo cuando la certificaci�n la solicita el interesado. Tambi�n aqu� el CD hace un salto interpretativo, pues despu�s de se�alar que la ley pretende que se impulse para los ciudadanos el uso de las nuevas tecnolog�as, el hecho de que no se usen no es un impedimento para la consecuci�n de las ventajas establecidas en el RDL. No da ning�n argumento en que basar su opini�n pues simplemente dice que si al ser en papel la certificaci�n se considerara defecto que impidiera la inscripci�n, se obligar�a al interesado a solicitar una nueva lo que parece �poco compatible con los fines de celeridad y reducci�n de costes que pretende la norma�. Olvida la DG en este argumento, que parece decisivo para ella, dos cosas; Una, que la certificaci�n en papel en ning�n caso es defecto que impida la inscripci�n de la sociedad, sino que simplemente elimina la posibilidad de acogerse al RDL, pero la sociedad ser�a inscrita sin m�s problemas. Y otra, que si se solicita una nueva certificaci�n al RMC, con la misma denominaci�n, la respuesta de dicho registro, vigente la primera, es que dicha denominaci�n ya figura registrada.
5�. Pese a todo ello, podemos compartir, con las salvedades que despu�s en sede de conclusiones expondremos, las opiniones de la DG, en todo lo que afecta a notarios y registradores. Es decir que el hecho de que todo el proceso no sea telem�tico o que no se cumplan los plazos de otorgamiento o de remisi�n de la escritura al RM, en nada afecta a la concesi�n por parte del notario de las ventajas arancelarias establecidas y por parte del registrador de esas mismas ventajas y de la celeridad en el despacho de la escritura. En definitiva ello est� a la libre disposici�n del Notario, aunque para este con alguna limitaci�n por razones de competencia, y del registrador que pueden actuar como si todos los requisitos se hubieran cumplido, aunque ello no sea as�. Pero se olvida que existe un elemento ajeno a la voluntad de notarios y registradores como es la concesi�n de la exenci�n de tasas en la publicaci�n de la sociedad en el Borme. A la AEBOE, de la que depende el Borme, no le debe ser indiferente que se concedan en su nombre beneficios sin que se tenga derecho para ello. Ello afecta a su presupuesto de ingresos y por tanto s�lo se debe conceder la exenci�n de la tasa cuando se hayan dado todos los presupuestos determinados por la Ley para su concesi�n. Y ahora viene el fundamental problema que se plantea en este punto �Qui�n determina si existen o no las condiciones para que la publicaci�n en el Borme est� exenta de la tasa correspondiente? �Ser� el notario con su manifestaci�n en la escritura de que la sociedad est� sujeta al RDL 13/2010, n� 1 o 2? �Ser� el registrador que cuando estime que se han dado todos los presupuestos legales remitir� la publicaci�n haciendo constar que se trata de sociedad acogida al RDL? Creemos que no, que ni uno ni otro tiene competencias suficientes para determinar la exenci�n de una tasa que no est� a su libre disponibilidad. �Qui�n ser� entonces el que determine la exenci�n correspondiente? Obviamente es el legislador y este lo establece muy claramente en el precepto del art. 5 y lo ratifica la misma DG al inicio de su resoluci�n al decir que el cumplimiento de los requisitos estructurales y de los procedimentales determina la concesi�n de los beneficios de toda �ndole establecidos en el RDL. A este respecto es muy importante la norma establecida en el art. 14 de la ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, cuando bajo el t�tulo de prohibici�n de la analog�a dice que �No se admitir� la analog�a para extender m�s all� de sus t�rminos estrictos el �mbito del hecho imponible, de las exenciones y dem�s beneficios o incentivos fiscales�. Por tanto y seg�n este precepto toda interpretaci�n de una norma que establezca una exenci�n fiscal debe ser objeto de interpretaci�n estricta, sin utilizar la analog�a, ni las supuestas intenciones del legislador, ni tampoco la finalidad de la norma, que adem�s, siguiendo la tesis de la DG, no se cumple porque no se exige se cumplan los plazos establecidos por la misma precisamente para conseguir esa finalidad de agilizaci�n pretendida. Es un contrasentido y una paradoja apoyar una interpretaci�n en la agilizaci�n de tr�mites para concluir que si no se da esa agilizaci�n en la tramitaci�n, ello no tiene ninguna consecuencia, salvo la disciplinaria para notarios y registradores, que se da por supuesta, no solo en estas cuestiones sino en cualesquiera otras obligaciones establecidas por las leyes a cargo de los mismos. �Qu� ocurrir�a si en una eventual inspecci�n de la AEBOE a un RM detectara la concesi�n de la exenci�n de la tasas del Borme a sociedades que a su juicio no est� exentas?
Tambi�n Alvaro J. Mart�n Mart�n, en el mismo trabajo antes citado, trata de forma muy coherente el tema de los plazos. As� dice que existe un plazo que vincula al emprendedor como sujeto pasivo de la tasa del Borme y que si lo incumple quedar�a obligado a su pago. Este plazo es el del otorgamiento de la escritura. Es decir el emprendedor debe suministrar al notario todos los antecedentes necesarios para que la escritura se otorgue el mismo d�a o el siguiente h�bil, no a la expedici�n de la certificaci�n, sino a la recepci�n de la misma y si as� no lo hace puede perder los beneficios por incumplimiento de sus obligaciones. Si obtiene o pretende obtener unos beneficios, es l�gico y razonable que se someta al cumplimiento de unas obligaciones. Por ello consideramos esencial, dado que la recepci�n o entrega de la certificaci�n negativa determina el inicio del c�mputo del plazo, tambi�n lo dice en su resoluci�n la DG, que mientras sean admisibles las certificaciones en papel el notario de fe del d�a de su entrega, consignando la fecha de entrega de la certificaci�n a los efectos de determinar la sujeci�n o no de la sociedad constituida al RDL 13/2010.
6�. A la vista de todo lo dicho y con af�n constructivo y eminentemente pr�ctico, podemos, con pleno respeto a la resoluci�n de la DGRN, establecer las siguientes conclusiones:
a) En nuestra opini�n la certificaci�n de denominaci�n del RMC debe ser telem�tica, si bien durante el per�odo transitorio de seis meses a partir del 3 de Diciembre de 2010 pueden ser admitidas las certificaciones en papel anteriores a dicha fecha y del mismo modo, en tanto no sea posible t�cnicamente que el interesado o su autorizado reciban la certificaci�n de forma telem�tica, dicha certificaci�n debe ser admisible en formato papel. b) En cuanto a los plazos, la cuesti�n se presenta m�s dudosa. A juicio de la DG, el cumplimiento de los plazos es responsabilidad del notario o del registrador que intervienen en el proceso. Por tanto su incumplimiento en nada afecta a la sujeci�n del proceso constitutivo al RDL 13/2010. No obstante consideramos de peso la argumentaci�n antes expuesta de Alvaro J. Mart�n Mart�n y por tanto si la escritura no se otorga en el plazo establecido, por culpa o negligencia del interesado, sujeto pasivo de la tasa del Borme, no podr� acogerse al RDL.
c) Parece tambi�n, a la vista de la resoluci�n y de la primera subsanaci�n realizada por el notario, que es necesario que en la escritura conste la solicitud de que la sociedad se tramite conforme al art. 5 del RDL 13/2010 o bien la constancia de que la sociedad se constituye conforme a dicha norma.
d) Parece deducirse tambi�n de la resoluci�n que si el incumplimiento del plazo del otorgamiento de la escritura es debido a la actuaci�n notarial, se genera una responsabilidad disciplinaria para el mismo, de donde tambi�n debe deducirse, en la l�nea de lo sostenido por Martin Mart�n, que si ese incumplimiento es debido a la actuaci�n del emprendedor por no aportaci�n de certificaci�n telem�tica o por no suministro de los antecedentes necesarios para el otorgamiento de la escritura, la consecuencia debe ser el que la misma no pueda gozar de los beneficios del RDL. Por ello insistimos en la tremenda importancia de la daci�n de fe notarial sobre estos extremos.
e) Finalmente y como los supuestos que pueden darse son muy variados, en caso de duda acerca de la sujeci�n o no de la escritura de constituci�n de la sociedad al pago del Borme, se optar� por despacharla exenta del dicho pago, sobre la base de la resoluci�n, pero notificando a la Agencia del Bolet�n Oficial del Estado las incidencias surgidas en el despacho de la escritura o los tr�mites no cumplidos en el iter constitutivo de la sociedad, para que sea ella la que en definitiva determine la sujeci�n o no al pago del Borme y act�e en consecuencia. (JAGV)
PDF (BOE-A-2011-3482 - 7 p�gs. - 198 KB) Otros formatos
*37. DEP�SITO DE CUENTAS DE SUCURSALES EXTRANJERAS: SU TRADUCCION ES OBLIGATORIA, AS� COMO LA LEGALIZACI�N DE LOS DOCUMENTOS PERTINENTES. Resoluci�n de 7 de enero de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Solesi, SRL Sucursal en Espa�a, contra la nota de calificaci�n de la registradora mercantil y de bienes muebles X de Barcelona, por la que se deniega el dep�sito de las cuentas anuales de la citada compa��a.
Hechos: Se presenta, para su dep�sito en el RM de BCN, los documentos contables de la sucursal en Espa�a de una sociedad italiana. Dichos documentos, al no estar debidamente traducidos, son objeto de la siguiente calificaci�n: �Los documentos extranjeros deber�n acompa�arse debidamente traducidos y en su caso apostillados (art�culos 36 y 37 del Reglamento Hipotecario, Resoluci�n de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado de
23 de abril de 2003 y Directiva de la Comunidad Econ�mica Europea de
9 de marzo de 1968).
Los documentos han sido presentados redactados en italiano, junto con firma electr�nica de la C�mara de Comercio de Siracusa acreditativa de que se ha verificado su dep�sito. Se acompa�a traducci�n jurada al espa�ol del testimonio notarial de los acuerdos de la Junta General de la compa��a de aprobaci�n de los respectivos balances. La firma de la traductora aparece adverada ante el Canciller del Tribunal de Siracusa, y a continuaci�n figura la correspondiente apostilla de la firma del Canciller, conforme al Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961.
Se recurre alegando fundamentalmente
el art. 375.2 del RRM seg�n el cual �Si las cuentas ya estuvieran depositadas en el Registro de la sociedad extranjera, la calificaci�n del Registrador se limitar� a la comprobaci�n de este extremo�.
Doctrina: La DG confirma la nota de calificaci�n distinguiendo en la misma dos aspectos:
Uno, la traducci�n a idioma oficial espa�ol de las cuentas de la sociedad extranjera, confirmando su necesidad; y el otro relativo a si es necesario cumplir con los requisitos de legalizaci�n para su autenticidad en Espa�a respecto de los distintos documentos presentados, confirmando solamente la necesidad de que la firma del representante de la C�mara de Comercio de Siracusa, que certifica que se han depositado las cuentas, sea debidamente aportillada conforme al Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961.
Comentario: Aparte de los problemas tratados espec�ficamente en la resoluci�n, resueltos de forma clara por la misma, esta resoluci�n puede prestar gran utilidad en el mercado interno en aquellos supuestos de traslado del domicilio de una autonom�a con lengua cooficial propia a otra autonom�a con lengua oficial com�n a toda Espa�a. En estos casos se ven�a exigiendo, obviamente, que si alguna de las inscripciones, fundamentalmente de sociedades catalanas, ven�a en la lengua auton�mica, se acompa�ara una traducci�n oficial por interprete jurado de dicha lengua que la trasladara al espa�ol, transcribi�ndose en el libro de inscripciones, tanto la inscripci�n original en catal�n, como su traducci�n y ello a efectos de calificaci�n -antecedentes del registro- y tambi�n de publicidad formal. Ello implica un coste, que no es siempre bien entendido por el empresario que hac�a el traslado, pues normalmente para �ste era totalmente desconocido que alguna de las inscripciones de la hoja registral de la sociedad que adquir�a, en su caso, para su traslado, no estaban en la lengua oficial que se establece en el art. 36.1 del RRM, que es el castellano. Este coste en algunos traslados aparece minimizado y facilitado pues la traducci�n ya viene hecha e incluida en la certificaci�n literal del registro de origen.
En materia de dep�sito de cuentas, la RDGRN de
25 de mayo de 2009, facilita enormemente el dep�sito pues los modelos aprobados por dicha resoluci�n son biling�es, es decir en la lengua cooficial propia de la CA de que se trate y en castellano. Por tanto para el dep�sito no habr� de exigirse ninguna traducci�n oficial salvo en aquellas partes variables del mismo que no formen parte del modelo aprobado por la DG. En cambio s� habr� de exigirse la traducci�n completa, en su caso, de las certificaciones de los acuerdos de la junta aprobatorias de las cuentas anuales. Y por supuesto tambi�n, si son obligatorios, del informe de gesti�n, de auditor�a y dem�s documentos no traducidos. En este punto pudiera plantearse la cuesti�n de si ser�a posible prescindir de la traducci�n en base al art. 36 p�rrafo 3 del RH, es decir el supuesto de que el registrador conociera la lengua cooficial de que se trate. Pensamos que no, pues, como dice la DG en la resoluci�n que comentamos, la redacci�n en idioma oficial com�n para toda Espa�a, lo exige la oponibilidad erga omnes del registro y sus efectos publicitarios. La norma del art. 36.3 est� pensada en sede de calificaci�n. Es decir el registrador puede calificar el documento en lengua extranjera si la conoce pero la inscripci�n la har� en castellano para conocimiento de todos.
Pero como en el dep�sito de cuentas no se trata de hacer una inscripci�n, sino de practicar un dep�sito que permanece en el registro al menos 6 a�os, el hecho de que el registrador actual pudiera prescindir de la traducci�n no obligar�a a sus sucesores en el cargo que es posible que no sean conocedores de la lengua en la que aparezcan redactadas las cuentas y por tanto no podr�an llevar a cabo la traducci�n de las mismas a efectos de su publicidad. Por ello parece insoslayable que en materia de dep�sito de cuentas siempre deber� exigirse la traducci�n de todos los documentos contables, y acompa�ados, salvo, claro es, para aquellos que aparezcan redactados a doble columna. (JAGV)
PDF (BOE-A-2011-3829 - 4 p�gs. - 176 KB) Otros formatos
N� de consulta: V2724-10.
Materia: �La sociedad consultante no ha ejercido desde su constituci�n actividad empresarial o profesional alguna. Todo su patrimonio ha sido una finca r�stica.
En 2004, la finca r�stica se transmiti� con el acuerdo de aplazar una parte del pago. El adquirente de la finca pudo optar entre pagar la cantidad aplazada o reintegrar el 40 por ciento de la superficie de la finca a los 7 � 10 a�os desde su transmisi�n.�
Se pregunta sobre la condici�n �de empresario o profesional de la consultante. Posibilidad de la consultante de deducir el Impuesto soportado por el reintegro del 40 por ciento de la finca.�
Se responde que �en cuanto al concepto de empresario o profesional, el art�culo 5.uno.b) de la Ley 37/1992 en su redacci�n dada por la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devoluci�n mensual en el Impuesto sobre el Valor A�adido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, (BOE del 25), establece que se reputar�n como tales a las sociedades mercantiles salvo prueba en contrario.
Con esta redacci�n se elimina la presunci�n iure et de iure de que a toda sociedad, por el mero hecho de serlo, es decir, de tener car�cter mercantil, se le presume un �nimo de lucro que implicaba considerarla invariablemente como empresario o profesional. La Ley 4/2008 introduce dicha prueba en contrario, de modo que es posible, que una sociedad mercantil no deba ser considerada como empresario o profesional si efectivamente no realiza una actividad de dicha naturaleza. La presunci�n se transforma en iuris tantum y por tanto de acuerdo con el art�culo 105 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003 de 17 de diciembre, corresponder� la prueba de dicha condici�n empresarial a qui�n haga valer su derecho.
La consultante, pese a su condici�n de entidad mercantil, no tiene la condici�n de empresario o profesional, en la medida en que, seg�n manifiesta en su escrito, no realiza operaciones o actividades que permitan atribuirle esta condici�n.
Sin embargo, s� tiene la condici�n de empresario o profesional la sociedad transmitente del 40 por ciento de la finca r�stica objeto de la compraventa descrita por el consultante.�
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu�a de 21 de mayo de 2009, declar� la no sujeci�n del IVA de la transmisi�n de un solar por un sujeto pasivo del IVA, dado de alta en el ep�grafe del alquiler de viviendas, por no desarrollar su actividad en el ejercicio de su actividad empresarial. En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 31 de marzo de 2008, en el supuesto de unos solares segregados de una explotaci�n agraria, que posteriormente se venden, sujet�ndose la operaci�n a IVA, consider� que dado que la actividad del transmitente era la de agr�cola, no puede entenderse sujeta a IVA la operaci�n sino a ITP, ya que la actividad empresarial agr�cola no puede llevarse a cabo sobre solares.
Fuenlabrada, Santa F�, Bilbao, La Laguna, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas y Bolta�a, a 7 de marzo de 2011.
visitas desde el 1 de febrero de 2011

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto