Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552008000100015
Timestamp: 2019-02-19 20:03:00+00:00

Document:
Un tránsito del Antiguo Régimen al estado liberal de derecho en España
http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552008000100015
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos XXX, 2008, pp. 425 - 464
A transit From the Old Regime to the liberal state of law in Spain
El estudio evoca la rica personalidad de Manuel Seijas Lozano, jurista, político y académico, verdadero artífice e impulsor del Código Penal español de 1848, titular de varias carteras ministeriales, entre ellas, la de Gracia y Justicia, con una importante producción legislativa, fiscal del Tribunal Supremo, académico de las Reales Academias de la Historia, de Jurisprudencia y Legislación y de la de Ciencias Morales y Políticas, catedrático de Filosofía del Derecho en el Ateneo Científico y Literario de Madrid, para cuyas Lecciones redacta su Teoría de las instituciones judiciarias, y partidario de la idea codificadora de Thibaut.
Palabras clave: Manuel Seijas Lozano  Código Penal español de 1848  Codificación española del siglo XIX.
This study evokes the rich personality of Manuel Seijas Lozano, lawyer, politician and academic, true author and promoter of the Spanish Criminal Code of 1848, holder of various public ministries, among them, that of Grace and Justice, with an important legislative production, prosecutor of the Supreme Tribunal, academic of the Royal Academies of History, of Jurisprudence and Legislation and that of Moral and Political Science, Professor of Philosophy of Law In the Ateneo Científico y Literario in Madrid, lessons for which he writes Teoría de las instituciones judiciarias (Theory of the judiciary Institutions), and supporter of Thibaut´s codifying idea.
Key words: Manuel Seijas Lozano  Spanish Criminal Code of 1848  Spanish codification of XIXth century.
1. El siglo XIX español: los pilares de la nueva legislación punitiva.
El siglo XIX en España se caracteriza por una lucha casi constante por la unificación jurídica[1], y en él se lleva a cabo una intensísima actividad para suplir las piezas de la etapa de la Monarquía Absoluta, por un nuevo sistema jurídico, adecuado y atemperado a la nueva realidad social[2], que representa el Estado Liberal de Derecho[3], y en cuya cúspide jurídica está un texto constitucional y una serie de códigos que, en cierta medida, suponen una nacionalización del Derecho, y que reglamentarán las diversas ramas jurídicas[4]. Se proyecta así un sistema estructural de códigos cuyo fin será sustituir, y por tanto derogar, la normativa del régimen anterior[5], todo ello bajo la influencia del reformismo ilustrado[6], tendente en lo que se refiere a la legislación punitiva[7], a la humanización de las penas[8].
Hasta este período, que podemos denominar, en palabras de Tomás y Valiente, del Derecho penal de la Monarquía absoluta[9], el sistema se acomodaba, siguiendo a Torres Sanz[10], a tres premisas fundamentales, a partir de las cuales: se desplegó una ideología penal caracterizada por la admisión de una represión muy amplia tanto desde el punto de vista de las personas que eventualmente podían incurrir en delito-pecado (en realidad todas o casi todas), como desde la perspectiva de las conductas que podían llegar a considerarse pecado-delito; por el vigoroso afianzamiento de una concepción subjetiva de la responsabilidad del pecador-delincuente; y por la utilización de un extremado rigor punitivo por el castigo de los delitos-pecados[11]: i) el absolutismo político[12]; ii) el confesionalismo católico[13]; y iii) el estamentalismo social[14].
A partir de ahora, el Constitucionalismo histórico español[15] sienta, entre sus postulados, la idea de la necesidad de la unificación de códigos[16] y de fueros[17].
En lo que se refiere al primer aspecto pueden citarse, entre otros, los siguientes mandatos constitucionales del siglo XIX[18]:
Artículo XCVI del Estatuto de Bayona de 1808: Las Españas y las Indias se gobernarán por un solo código de leyes civiles y criminales.
Artículo 258 de la Constitución de 1812: El Código civil y criminal, y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes.
Artículo 4 de la Constitución de 1837: Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales.
Artículo 4 de la Constitución de 1845: Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía.
Artículo 91 de la Constitución de 1869: [...] unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes.
Artículo 75 de la Constitución de 1876: Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes [...].
En este sentido, existe una imperiosa necesidad de cambiar el sistema penal español[19], pues, como señala Lasso Gaite: la necesidad de lograr la codificación penal[20] se va a dejar sentir antes que la codificación civil[21].
Escribe Manuel de Lardizábal (1739-1820), Alcalde del Crimen de la Real Chancillería de Granada y miembro del Consejo de Castilla[22], en el Prólogo de su Discurso sobre las penas contrahido a las leyes criminales de España para facilitar su reforma (1782), que: Nada interesa más a una nación, que el tener buenas leyes criminales, porque de ellas depende su libertad civil y en gran parte la buena constitución y seguridad del estado. Pero acaso no hay una empresa tan difícil como llevar a su entera perfección la legislación criminal[23].
Necesidad de reforma de la legislación penal en España, que ya se planificaba en pleno siglo XVIII, propiciada, fundamentalmente, tanto por la dureza, extrema dureza, de la propia normativa, como por los abusos existentes en la Administración de Justicia[24], aunque más que el ansia de formación de un Código criminal[25], primara la necesidad de reformar las disposiciones criminales en sí[26].
Dicho planteamiento se manifiesta, por ejemplo, ya en el opúsculo compuesto en 1753 por Gonzalo de Rioxa, Alcalde Mayor de Murcia[27], o en el Plan de Código criminal de 1787 realizado por la denominada Junta de Legislación[28], aunque como indica Lasso Gaite: la penetración del pensamiento filosófico de la ilustración en el terreno jurídico criminal, debió ser lenta y fluctuante, como el sistema constitucional en la vida cotidiana[29].
Así, siguiendo a Casabó Ruiz: la idea codificadora, tal y como modernamente se entiende, surge con el triunfo de la Ilustración, es decir, en el último tercio del siglo XVIII. Este es el momento en que los gobernantes ilustrados se aprestan a reformar la legislación criminal, a fin de ponerla en consonancia con las nuevas ideas[30].
Pero será necesario esperar, como expresa Beneyto, la promulgación del Código de 1848, para alcanzar la deseada unidad jurídico-penal de España[31].
El texto punitivo de 1848[32] se ha caracterizado por ser un texto técnicamente muy correcto, cuya estructura se ha respetado en los posteriores códigos españoles hasta la actualidad y que en muchos preceptos revela la rigurosa severidad de un Estado Liberal moderado, que lo utiliza para defender el orden establecido[33].
Siendo el Código penal de 1848 un texto de corte liberal moderado[34], pues acabará, como indica Sainz Cantero, con el régimen de arbitrio judicial y estableció los resortes de defensa de las garantías individuales, aunque conserva excesiva dureza en algunos pasajes[35], y aunque es obra de Seijas, en su redacción influyó muy notablemente la ideología de Pacheco[36].
Por la derogación del primero de los códigos penales españoles, el de 1822[37], y hasta la promulgación del Código de 1848, obra del granadino Manuel Seijas Hernández Lozano[38], se producirá la vuelta del absolutismo monárquico a tras el trienio liberal, rigiéndose pues España por el Derecho Penal del Antiguo Régimen o Monarquía Absoluta[39], aunque es cierto que con algunos matices y excepciones[40].
Esto quiere decir, como señala Fiestas Loza, que hasta mediados del siglo XIX[41], esto es, con la promulgación del Código Penal proyectado e ideado por Seijas Lozano, los órganos jurisdiccionales, jueces y Tribunales tenían que aplicar la mayoría de los preceptos penales de la terrorífica legislación del Antiguo Régimen[42], aunque ya, al menos teóricamente, como indica Antón Oneca, será en la época de la Ilustración cuando tengan origen las teorías penales contemporáneas[43], ocupando un lugar primordial al respecto, el jurisconsulto español Manuel Lardizábal y Uribe[44] y cuando surja, en palabras de A. Jorge Barreiro, el movimiento iluminista que -con sus postulados críticos respecto a los principios consagrados en la justicia criminal del siglo XVIII- imprime un cambio radical en la política de lucha contra el delito[45].
Nuestro propósito será analizar de la figura de un jurista español, que como Manuel Seijas Lozano, partidario de la idea codificadora de Thibaut[46], y precursor, por tanto, junto a otros juristas[47], de la codificación en España, logra con su actuación política y legislativa, suplir las piezas del llamado Antiguo Régimen por un nuevo sistema, donde tendrían cabida las ideas propias de la Ilustración, referentes, entre otras cuestiones, a la ponderación de las penas, realizando el más significativo texto punitivo español, el Código Penal de 1848, que tanta trascendencia posterior tendrá, rindiéndole así un merecido tributo a un jurista que ayudó a avanzar con pasos firmes, decisivos y agigantados a una ciencia jurídica española todavía anquilosada en su pasado.
2. Un breve apunte biográfico del jurisconsulto español: Manuel Seijas (Hernández) Lozano.
Manuel Seijas Lozano nació en Almuñécar (Granada), el 27 de diciembre de 1800. Hijo de D. Francisco de Paula Seijas y Dª. Josefa Hernández Lozano[48]. Cursó el bachillerato en el Colegio de Santo Domingo de Granada y estudió, entre 1816 y 1823, la carrera de Leyes (Derecho) en la Universidad de la ciudad nazarí, como colegial del Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago, el de mayor antigüedad de las instituciones de este tipo[49], pues fue fundado como tal Colegio Mayor originariamente en 1642[50].
Contrajo matrimonio con Dª. María Jesús Patiño, con la que tuvo ocho hijos. Como consecuencia de una enfermedad crónica intestinal, su salud fue siempre precaria, lo que le impidió el ejercicio de algunos cargos y la continuidad en otros[51].
3. Manuel Seijas Lozano: autor e impulsor del Código penal de 1848.
Hoy en día no cabe ninguna duda como lo puso de manifiesto primeramente Antón Oneca[52], y más tarde, Fiestas Loza[53] que el granadino Seijas Lozano es el auténtico impulsor[54]del segundo Código Penal español[55], tras la breve[56] y problemática experiencia del texto de 1822[57]; nos referimos al de 1848[58], cuya autoría se ha venido atribuyendo tradicionalmente a J. Francisco Pacheco, quizás porque redactó unos famosos e importantes comentarios al mismo en tres volúmenes Comentarios al Código Penal[59], y cuyos postulados son acordes con la política liberal pero severa de la época.
El error en cuanto a la atribución de la paternidad del texto jurídico-penal en cuestión, parte de Silvela[60], quien afirmaba que Pacheco fue uno de los redactores más influyentes de aquel Código; opinión, dicho sea de paso, ratificada hasta hace pocas fechas, por el prestigio alcanzado por Pacheco tras la publicación de cinco ediciones de sus Estudios de Derecho Penal y de seis ediciones de su obra El Código Penal concordado y comentado[61].
No obstante, puede comprobarse la autoría de Manuel Seijas Lozano en las actas de las sesiones del Congreso.
Así, en el acta de la sesión de 10 de marzo de 1848 se lee: Yo, señores [habla Seijas Lozano][62] tuve la honra de ser nombrado para redactar el proyecto de Código Penal por un acuerdo provocado por el señor Cortina en la Comisión, presenté las bases a la Comisión misma en las cuales debía fundar el Código que iba a formular, y estas bases fueron discutidas y aceptadas en un pequeño círculo de personas, las más competentes [...]. Yo tuve la desgracia, por un error del señor Cortina, de que se me hubiese encargado la redacción del Código Penal. No porque él, tal como se presenta, sea obra mía, pero al recibir el encargo hice lo que hubiera hecho cualquier otra persona a quien se hubiera encomendado. Lo primero que hice fue estudiar la legislación penal de todos los países europeos y de otros adelantados. Este estudio me relevó que la Europa se rige por el Código francés, que es el peor redactado, el peor combinado y peor calculado. En Brasil se dio un Código penal que considerada su parte artística es una cosa perfecta; considerada su redacción, es el colmo de la precisión y claridad, y considerada la penalidad, su exactitud es gradual, es geométrico [...]./ Sin embargo, la penalidad era tan tenue, que sería imposible que ninguna nación europea pudiera regirse por él; también vi que el Código de Nápoles, a pesar de estar regido aquel país por un gobierno absoluto, llevaba muchas ventajas al Código francés en su redacción y en su estructura. Entonces, señores, yo, que no debía tener ninguna prevención personal a favor o en contra de estas legislaciones, traté de consultar la legislación y la jurisprudencia del país y presenté a la Comisión los preliminares de un Código puramente español[63].
Asimismo, en el acta de la sesión de 13 de marzo 1848: Quien sabe [habla Gómez de la Serna] si dentro de veinte generaciones subsistirá la obra del Sr. Seijas y sus compañeros y si su nombre se leerá en este Código como yo me complazco en reconocerlo[64].
Por lo que se refiere a las influencias del Código Penal español de 1848, este recogerá, entre otras, la del Código Penal francés de 1810, la del Código Penal napolitano de 1819, y sobre todo, la del Código Penal brasileño de 1830[65], como el mismo Seijas reconoce[66], aunque lo presenta y defiende como un Código Penal puramente español[67], por otra parte, obra sobremanera estimable, en palabras del insigne penalista Luis Jiménez de Asúa[68].
Manuel Seijas Lozano, en la discusión del Código Penal, durante la sesión de 2 de octubre de 1844, sostuvo lo siguiente: Entre las ventajas que tienen los códigos articulados es la primera y principal la de conseguir esa unidad tan apetecida en la redacción de esta clase de leyes [...] la comisión sabe continúa Seijas quedó solo á mi cargo la redacción del Código Penal, creí que para redactarlo de la mejor manera posible debía consultar los modelos, que la Europa nos presenta [...][69].
En cuanto al proceso de elaboración, la Comisión General de Codificación[70], de la que el propio Seijas llegará a ser Vicepresidente el 20 de junio de 1844[71], bajo la presidencia de Manuel Cortina y Arenzana[72], encargó el Proyecto de Código Penal a Seijas[73], como miembro de la denominada Comisión Reducida, creada por Decreto de 31 de julio de 1846[74].
Miembros iniciales de dicha Comisión General[75], fueron, entre otros, los insignes juristas Juan Bravo Murillo, Francisco de Paula Castro y Bravo, Florencio García Goyena, o Joaquín Escriche, aparte de nuestro Seijas Lozano[76], quien elaboró la parte general del Proyecto de Código Penal de 1845[77].
Algunos de estos juristas fueron sustituidos algo más tarde por diversas causas; entre otros, su Presidente, Manuel Cortina, el 15 de mayo de 1844, por Bravo Murillo[78].
Pues bien, dicho Proyecto, una vez realizado y aprobado, con algunos retoques habidos en la propia Comisión[79], fue remitido al Gobierno en 1845, quien más tarde, lo llevaría a las Cortes, Senado (en 1847) y Congreso (en marzo de 1848), para su discusión parlamentaria y pertinente aprobación[80].
El texto definitivo[81] se promulgó el 19 de marzo de 1848[82], y de una vez por todas entró en vigor el 1 de julio de dicho año[83], de modo que, como hemos señalado anteriormente, hasta mediados del siglo XIX en nuestro país se aplicará la mayoría de los preceptos penales de la terrorífica legislación del Antiguo Régimen[84].
A partir de la Constitución española de 1837[85], ni el Código al que hacemos referencia ni ningún otro, entrarán en vigor en las denominadas provincias de Ultramar, esto es, Cuba, Puerto Rico y Filipinas[86]. Como ha puesto de manifiesto J. Alvarado Planas, de ello derivará una discriminación respecto de las colonias españolas, agravada por motivos obvios, en materia penal[87], que al contrario de lo que ocurría en la Península, seguirán rigiéndose por la normativa del Antiguo Régimen[88].
Con el texto de 1848, del que nos alejamos de nuestra tradición jurídica[89] y de la influencia francesa de tendencia humanitaria[90], que conecta con las ideas de Beccaria[91], y del que Seijas fue redactor material de su Parte general y de la temática de las Faltas[92], se va a determinar la sujeción de los delitos y penas al principio de legalidad[93], de manera que el juzgador ya no va a gozar de tan amplio arbitrio como hasta entonces. Habiendo sido un texto adaptado por más de quince países[94], no tuvo tanta fortuna en España, pues sufrió numerosas y estimables reformas, si bien se puede asegurar que es la base de la codificación penal española posterior[95].
El texto, como indica Tomás y Valiente, fue reformado, para endurecerlo, en 1850, y para adecuarlo a la Constitución de 1869, en 1870. Y así se quedó, aún con modificaciones parciales, hasta el de 1928 y, después, el de 1932 que fue a su vez una reforma del de 1870; tras la última guerra civil, la existencia de un Código de Justicia Militar severamente aplicado, permitió que el Código Penal de 1932 no fuese derogado, aunque sí fue objeto, entre otras, de la importante reforma de 1944[96].
Entre los principios que dicho texto jurídico-penal va a asentar[97] con el paso del tiempo, hallamos el precedente de la actual responsabilidad civil por delito, consagrado en el artículo 123 del Proyecto de Código Penal[98]; aunque en un primer momento fue un intento fallido, tanto en 1848 como en 1850, puesto que no llegaría a ser ley, hoy en día dicho principio aparece reflejado en el Código Penal de 1995 en su artículo 116.1[99].
No en vano, el Proyecto de Código Penal de 1848 propugnaba el avanzado criterio de que el ordenamiento jurídico penal reconozca y tutele a la víctima del delito a través de un sistema de resarcimiento e indemnizaciones de los daños causados, sistema novedoso, hasta entonces ignorado en nuestra legislación punitiva[100].
En este sentido, el que para una parte de la doctrina es autor del Código, Pacheco, muestra su escepticismo ante el principio aludido, quizás una prueba más, de su escasa participación en la redacción del proyecto, pues dice: 1º. He aquí un bello principio, una máxima llena de justicia. El ciudadano que cumple religiosamente sus cargas, y que contribuye con cuanto ha menester el Estado para su subsistencia, parece que tiene un derecho para reclamar del Estado algo más que la frecuentemente estéril protección, como la dispensa por lo común. Lo que el artículo indica sería el desiderátum de la Justicia criminal en sus relaciones individuales. 2º. Pero, ¿cuándo pasará de ser una máxima, cuándo se convertirá en hecho ese desiderátum?[101].
4. Manuel Seijas Lozano, como autor del Código Penal de 1848, en la Historiografía jurídica contemporánea.
La autoría de nuestro jurista respecto del texto punitivo de 1848, la podemos comprobar[102], entre otros, en:
Juan Francisco Lasso Gaite, para quien no cabe duda en cuanto al papel que nuestro jurista tiene en su redacción[103].
Enrique Gacto Fernández: La misión de redactarlo recayó en el moderado Manuel Seijas Lozano [...] su principal redactor, Manuel Seijas Lozano[104].
José Antonio Sainz Cantero afirma que el anteproyecto del Código fue obra de Manuel Seijas Lozano, el proyecto (el texto que resultó tras la discusión en el seno de la Comisión de Códigos) es obra colectiva, pudiendo atribuirse también a Seijas Lozano la participación más destacada[105].
Jesús Lalinde Abadía: Los estudios modernos sobre el Código Penal de 1848 han destacado como autor del proyecto a Seijas Lozano, aunque sin descartar la influencia de Pacheco en el pensamiento de su época[106].
Bernardino Bravo Lira: Este último [el Código Penal de 1848] obra principalmente de Manuel Seijas Lozano [...][107].
Francisco Tomás y Valiente: Cortina encargó a Manuel Seijas Lozano un proyecto que sirviera de base para ulteriores discusiones [...] el texto fue redactado por Seijas Lozano [...] Seijas y quienes con él colaboraron en la redacción del Código[108].
Ramón Fernández Espinar: el peso principal de este Código [se atribuye] al granadino Seijas Lozano[109].
Juan Baró Pazos declara con rotundidad la autoría de Seijas en el texto jurídico-penal de 1848[110].
José Manuel Pérez-Prendes y MuñozArraco: El de 1848 (al parecer redactado por Seijas Lozano y no por Pacheco, como se suele afirmar)[111].
M. Peset, P. García Trobat, J. Correa, J. Palao, P. Marzal y Y. Blasco: [...] se aprueba el segundo Código Penal en España, obra de Seijas Lozano[112].
Rogelio Pérez-Bustamante: La Comisión General de Códigos [...] encargó a Manuel Seijas Lozano la preparación de un Código Penal[113].
E. Gacto Fernández, J. A. Alejandre García y J. Mª. García Marín: La misión de redactarlo recayó en el moderado Manuel Seijas Lozano[114].
M. Peset, A. Mora, J. Correa, P. García Trobat, J. Palao, P. Marzal y Y. Blasco: [...] el Código Penal de 1848 obra de Seijas Lozano [...][115].
Antonio Álvarez de Morales: Serán los moderados, una vez conseguido el poder en 1844, los que darán fuerza decisiva al empeño y por fin será aprobado un nuevo Código Penal en 1848. Código que a la ligera se ha atribuido a Pacheco, a causa del desenfado con que se lo atribuyó en varias obras que publicó acerca de él; sin embargo, el verdadero autor fue Seijas Lozano[116].
J. Alvarado Planas, J. J. Montes Salguero, R. Mª. Pérez Marcos y D. del M. Sánchez González: La sección segunda (penal) de la mencionada Comisión General de Codificación concluyó el proyecto [...]. En su redacción intervinieron García Goyena, Bravo Murillo, Clarós, Pacheco (este último fue autor, además, de unos famosos comentarios [...]) y Seijas Lozano, su principal redactor[117].
Irene Iñesta Pastor: La influencia del Código del Brasil de 1830 en el texto español es reconocida por Manuel Seijas Lozano, considerado como autor del Código Penal del 48[118].
José Antonio Escudero, destaca el indudable protagonismo de Seijas en la elaboración del texto[119].
Miguel Ángel Morales Payán: Seijas Lozano, artífice del Código Penal de 1848 [...][120].
Y Mª. Dolores del Mar Sánchez González[121].
Sin embargo, algunos otros autores, siguen resaltando la figura de Pacheco, cuando se refieren al texto jurídico-penal de 1848, así:
Federico Puig Peña, califica a Pacheco como el inspirador, alma y uno de los principales redactores del texto de 1848[122].
José Mª. Font-Rius: [...] llegándose a su promulgación en 1848, obra principal de Juan F. Pacheco (que fue, luego, su comentador)[123].
Rafael Gibert y Sánchez de la Vega, Ramón Fernández Espinar y Rafael Zurita Cuenca: En el penal, la pluma destacada (a costa del oscuro Seijas Lozano, que redactó la base del proyecto) fue Pacheco [...][124].
Rafael Gibert y Sánchez de la Vega: Su labor efectiva en la elaboración del Código Penal quedó oscurecida por la figura de Pacheco[125].
Y Manuel Mª. Pérez-Victoria de Benavides señala que el Código Penal de 1848 es: [...] obra sobre todo de F. Pacheco[126].
Algunos otros autores, como J. Beneyto, destacan a ambos autores, tanto a Seijas como a Pacheco, en la redacción del texto de 1848, pero con un peso patente en su argumento respecto de este último en su redacción, así: Vigen en él las ideas de Rossi, aplicadas por Seijas Lozano y por Pacheco. Estamos ante una línea eclecticista, desarrollada por el propio Pacheco, que no sólo prepara el proyecto sino que comenta la ley promulgada y la concuerda, en la fecha misma de su puesta en vigor[127].
Respecto a esta cuestión, resulta al menos curioso, observar como un autor tan bien formado e informado como el burgalés, Benito Gutiérrez Fernández (1826-1885), abogado, diputado, senador, catedrático de Universidad, vocal de la Comisión Oficial de Códigos y uno de los autores de nuestro Código Civil[128], conocido por su excelentes Códigos o Estudios fundamentales sobre el Derecho Civil Español[129], en su también excelente Examen histórico del Derecho Penal[130], no cita entre los jurisconsultos posteriores al Código a M. Seijas Lozano, y dedica, sin embargo, las pp. 453-461 de esta obra, a Pacheco, eminente jurisconsulto perdido para la ciencia y para la patria [Pacheco acababa de fallecer], comparándolo con otro eminente jurista: Rossi[131]; bien es cierto, que en ningún momento le señala como autor del Código Penal de 1848, aunque sí resalta su influencia en el texto jurídico, a través de su obra Código Penal concordado y comentado.
Entre la lista de juristas posteriores al Código, al margen de Pacheco, B. Gutiérrez Fernández cita a: C. Álvarez, Vizmanos, Castro y Orozco, Ortiz de Zúñiga, Caravantes, La Serna, Montalván, Laso, Aramburu, Corzo (quien sustituye a Seijas al frente de la Fiscalía del Tribunal Supremo) y Azcutia, pero ni la más mínima referencia a nuestro Seijas Lozano, cuando, incluso en la Conclusión a la obra citada, Benito Gutiérrez dice: Creemos haber sido exactos.
Ello probablemente se deba a la influencia de la ideología y personalidad de Pacheco en la época que analizamos, seguramente mucho más acentuada que la del propio Seijas Lozano, hombre que a pesar de ocupar diversas carteras ministeriales y estar en la primera línea de la política nacional, se mantuvo más en la sombra, quizás por tener una personalidad mucho más modesta y un precario estado de salud[132].
5. La actuación política y la proyección jurídica de Manuel Seijas Lozano.
Nuestro autor tiene a lo largo de su vida una intensa carrera en la escena política[133] y en la judicatura española, dentro de la cual, y ocupando la cartera de Justicia, es el impulsor de diferentes e importantes novedades legislativas.
Manuel Seijas Lozano será Diputado electo por Granada en la legislatura de 1837-1838 y 1838-1839[134], en la de 1844-1845 y 1845-1846[135], en la de 1850-1851 (Distrito de Granada)[136], en la de 1851-1852 (Distrito de Granada y Distrito de Motril) y 1852 (Distrito de Motril)[137], en la de 1853 y 1853-1854 (Distrito de Loja)[138] y en las de 1857 y 1858 (Distrito de Motril)[139]; Diputado por Orense en la de 1846-1847 y 1847-1848 (Distrito de Carballino)[140], en la de 1848-1849 y 1849-1850 (Distrito de Carballino)[141], en la de 1850-1851 (Distrito de Carballino)[142], en la de 1857 (Distrito de Orense)[143] y en la de 1863-1864 (Distrito de Carballino)[144]; Diputado por Salamanca en la de 1850-1851 (Distrito de Salamanca)[145]; y Diputado por Pontevedra en la de 1857 (Distrito de Puenteareas)[146], ocupando asimismo la presidencia del Congreso, de forma interina en un brevísimo período que va desde el 16 al 19 de diciembre de 1848, y la del Consejo Real.
Ejercerá también, desde muy joven, el decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Granada[147], desempeñando distintos cargos jurisdiccionales: fiscal interino del Juzgado de la Alhambra, en Granada (1827), fiscal civil de la Audiencia Territorial de Albacete (cuando es creada dicha Audiencia por Decreto de 3 de febrero de 1834) y de la Audiencia de Valencia, ciudad donde contrajo el cólera morbo asiático y donde fallece uno de sus siete hijos[148]. Magistrado de la Audiencia de Granada (1835), Sevilla (1838) y Madrid, donde es nombrado presidente de la Sala Tercera el 30 de diciembre de 1843, aunque un año antes será separado como magistrado por sus ideas conservadoras.
Senador en la legislatura 1863-1864, en la que es nombrado senador vitalicio por Real Decreto de 8 de noviembre de 1863[149], ocupará la vicepresidencia[150] y la presidencia de la Cámara Alta en la legislatura de 1866-1867, siendo el undécimo presidente[151].
Igualmente ocupará el cargo de fiscal del Tribunal Supremo de Justicia[152], para el que fue nombrado el 30 de octubre de 1857, y que desempeña hasta su renuncia, aceptada el 20 de marzo de 1862, siendo sustituido por Antonio Corzo Granado.
Ocupará diversas carteras ministeriales, así en el año de 1847 es nombrado ministro de la Gobernación del Reino de la Península e Islas Adyacentes[153], en el gobierno presidido por el Duque de Sotomayor, Carlos Martínez de Irujo.
Asimismo, ocupa en 1849 la cartera de Comercio, Instrucción y Obras Públicas[154]. En 1850, por Real Decreto de 4 de septiembre, como tal ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas crea el Real Instituto Industrial[155], impulsando así la carrera de Ingeniero Industrial en España[156], con la finalidad de activar la industria en nuestro país[157].
Dicho decreto organizaría las carreras técnicas en tres grados: elemental[158], de ampliación[159] y grado superior; este último sólo se estudiaría en Madrid, en el Real Instituto Industrial creado al efecto[160].
En un breve período de tiempo, desde finales de noviembre de 1850 hasta enero de 1851, desempeñará la cartera de Hacienda[161]. Durante el gobierno de la Unión Liberal, presidido por otro ilustre granadino, Ramón María Narváez Campos, Duque de Valencia, es nombrado el 12 de octubre de 1856 ministro de Gracia y Justicia[162], cargo que desempeña durante un año, ocupando asimismo en 1864, y hasta junio de 1865 la cartera de Ultramar[163].
6. La producción legislativa más relevante de Manuel Seijas Lozano.
La autoría de Seijas Lozano respecto de la impulsión y redacción del Código Penal de 1848 no será el único legado legislativo de nuestro autor, pues como miembro integrante de la Comisión de Codificación, participará en la preparación, discusión y aprobación del Proyecto de Ley de organización, competencia y facultades de los Tribunales del Fuero General de 21 de diciembre de 1847[164], en realidad un fiel reflejo, aunque adaptado, del anterior Proyecto de Ley de la propia Comisión: Proyecto de Ley constitutiva de los Tribunales del fuero común de 1846.
A partir del 21 de febrero de 1855 destaca su participación en la Comisión especial de Jurisconsultos, creada por el Real decreto de 18 de agosto de 1854, encargada de la confección de las Leyes de Enjuiciamiento Civil y organización de los Tribunales[165], cuyos trabajos finales son la base de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 5 de octubre de 1855[166] el segundo Código de este tipo tras el Código procesal francés de 1806, y del Proyecto de ley orgánica de tribunales y juzgados presentado a las Cortes el 22 de octubre de 1855. Este último, en palabras de J. F. Lasso Gaite: supone un indudable avance sobre los anteriores en orden a la independencia de los Jueces, a los que introduce notables modificaciones[167].
También será el encargado de la redacción de un Proyecto de Reglamento de Policía Judicial por encargo de la recién creada Audiencia Territorial de Granada, de la que fue magistrado[168].
Ocupando la cartera de Gracia y Justicia, entre 1856-1857[169], su obra legislativa se puede describir como diversa y amplia; así, entre otros[170]: i) Decreto de 24 de octubre de 1856 para el arreglo del clero, donde se crea el Negociado de Estadística[171]; ii) Decreto de 12 de diciembre de 1856, que reorganiza el Ministerio de Gracia y Justicia, que crea la figura del Subsecretario; iii) Decreto de 28 de noviembre de 1856, restablecedor de los Jueces de Paz; iv) Ley de 28 de noviembre de 1856, que lleva a las Universidades la formación de los notarios; v) Decreto de 6 de marzo de 1857, creador del Registro de Sentencias y Votos Reservados[172]; vi) Decreto de 2 de enero de 1857, integrador del Tribunal Correccional de Madrid, como Sala Cuarta de su Audiencia; por último, y entre otros importantes proyectos legislativos, viii) redactó un Reglamento del Ministerio Fiscal[173], y otro de Ley Hipotecaria[174].
Sin embargo, tal y como afirman algunos autores[175], es poco probable la participación de nuestro jurista en los trabajos tendentes a la codificación del Derecho civil[176]. Aunque, como indica Baró Pazos, debemos destacar de Seijas Lozano sus atinadas observaciones en lo que respecta a la Codificación civil[177], basándonos, fundamentalmente, en su formación, preparación y experiencia en la redacción del texto punitivo de 1848, a la vez, que en su preocupación e inclinación por la idea codificadora en España, su participación en la elaboración del que, a la postre, será el más trascendente Proyecto de Código Civil de la historia jurídica contemporánea española, el tradicionalmente atribuido a Florencio García-Goyena de Ororbia[178], esto es, el de 1851[179], se reduciría a la simple condición de miembro de la [segunda] Comisión General de Codificación de 11 de septiembre de 1846[180], en los trabajos meramente iniciales y preparatorios del texto del Código[181], que daría lugar finalmente a la redacción del Anteproyecto de Código Civil de 10 de septiembre de 1849, base principal del Proyecto de 1851[182].
Por lo demás, nuestro autor fue reemplazado muy pronto en su cargo en dicha Comisión por Manuel Ortiz de Zúñiga, al ser nombrado, a finales de enero de 1847, Ministro de Gobernación[183]. Florencio García-Goyena, impulsor y alma de la conclusión del Proyecto de Código Civil[184], fue designado como Vicepresidente de la misma, o sea, en el puesto que desempeñaba el propio Seijas Lozano.
7. Manuel Seijas Lozano académico y la Cátedra de Filosofía del Derecho en el Ateneo de Madrid.
Manuel Seijas Lozano ejerció también, a lo largo de su fructífera vida y carrera, la docencia, y ostentando la cátedra de Filosofía del Derecho en el Ateneo Científico y Literario, luego también Artístico, de Madrid (creado en 1835), para la cual redactó una obra que podemos catalogar, sin temor a equivocarnos, de fundamental, y en la actualidad, todavía desconocida: Teoría de las Instituciones judiciarias, con proyectos formulados de códigos aplicables a España (Madrid, 1841)[185]. En ella resalta, entre otras cuestiones, las virtudes y aciertos de la tarea codificadora en España, de la que él era un precursor[186]. En 1832 es nombrado Socio de Mérito de la Sociedad Económica de Granada, por su memoria sobre el cultivo de la vid.
Como académico, Seijas ingresa en la Real Academia de la Historia[187], el 15 de diciembre de 1852, tomando posesión el 30 de mayo de 1853[188] con un admirable estudio crítico[189], titulado: Discurso sobre el régimen municipal de Castilla y su influjo en las instituciones políticas de este antiguo reino[190], citado, entre otros, por el también insigne granadino Eduardo de Hinojosa y Naveros en su Origen del régimen municipal en León y Castila[191], y cuya contestación corrió a cargo del Marqués de Pidal[192].
Miembro (académico), presidente en dos ocasiones (1840 y 1848[193]) y vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, será el encargado de inaugurar la sesión de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación el 24 de octubre de 1848, pronunciando un excelente Discurso sobre: Qué es la jurisprudencia y qué es el jurisconsulto[194].
Fue, además, Académico de Ciencias Naturales, fundador y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas por Real Decreto de 30 de septiembre de 1857[195], al margen de su participación en otras Academias, digamos, sin menosprecio alguno, de tipo secundario.
Tanto en Granada[196] como en Madrid[197] desempeñó la abogacía[198], obteniendo en su ejercicio fama, dinero y mucho prestigio[199]; de hecho, fue considerado uno de los abogados más acreditados de la Corte.
En este sentido, nuestro jurista en el ejercicio de la profesión, figura en una larga y prestigiosa nómina de abogados inscritos en el Colegio granadino en el siglo XIX[200], entre los que podemos destacar a Nicolás del Paso y Delgado, Francisco de Castro y Orozco, José de Castro y Orozco (Marqués de Gerona, Rector de la Universidad granadina, y otra figura clave en la codificación española), Francisco Hernández Carrillo, Francisco Angulo Prados, Manuel Rodríguez Bolívar, Eduardo Rodríguez Bolívar, José Martos de la Fuente, Melchor Almagro Díaz, Niceto Alcalá-Zamora y Torres (Presidente de la II República española)[201], o por ejemplo, a Eusebio Sánchez Reina, primer Catedrático de Historia del Derecho Español en la Facultad de Derecho de Granada, tras la implantación de la asignatura en la Universidad española por Real Decreto de 1883[202].
8. Sus Dictámenes como fiscal del Tribunal Supremo de Justicia.
Son célebres sus Dictámenes como fiscal del Tribunal Supremo, publicados por la Dirección de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia en 1864, bajo el título de: Colección de algunos dictámenes, emitidos por Manuel Seijas Lozano[203], algunos de los cuales fueron también publicados en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia[204].
Entre ellos merecen destacarse los siguientes:
Expediente reformado en el Tribunal Supremo de Justicia, con motivo del progresivo recargo en asunto de casación (1859)[205].
Dictamen fiscal en el expediente formado para evacuar el informe pedido de Real orden al Tribunal Supremo de Justicia, acerca de los medios de evitar los frecuentes conflictos que concurren entre la autoridad temporal del Estado, y la puramente espiritual de la Iglesia, y de deslindar el límite de ambas jurisdicciones (1859).
¿Qué valor y fe deben tener en España los instrumentos otorgados por súbditos extranjeros ante los cónsules españoles? Dictamen de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia (1860).
Dictamen fiscal acerca de cuál sea el Tribunal competente para conocer de las demandas contra el Estado, sobre reintegro e indemnización de prestaciones suprimidas por la Ley de Señoríos (1860).
Procedimiento criminal. Dictamen del Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia [...] de las empresas de ferrocarriles (1861).
Adopción y adrogación: Dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (1861).
Y Dictamen acerca de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer y fallar el pleito que radicó en el antiguo Consejo de Castilla, y respecto del cual, fallado ya en grado de segunda suplicación, se dignó acordar S. M. en Real orden de marzo de 1830, una nueva vista para Consejo pleno, que había solicitado el Conde de Puñonrostro (1862).
En todos estos Dictámenes va a analizar con la profundidad necesaria, las causas que provocan retrasos en la resolución del recurso de casación desde su puesta en marcha por la Ley 5 de octubre de 1855, así como su adaptación a las circunstancias particulares, proponiendo una reforma que se materializó en su totalidad en 1870.
Es por tanto Seijas, un profundo conocedor de la práctica jurídica y judicial, así como el artífice de una serie de reformas procesales que, entre otras cuestiones, van a permitir la transición del recurso de segunda suplicación al recurso de casación, creado como tal por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855[206].
Fijaba así las directrices necesarias para conseguir la uniformidad en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en aras de la igualdad jurídica, siendo partidario del respeto de los derechos de los litigantes en causas iniciadas en las Audiencias antes del 4 de noviembre de 1838, para la interposición del recurso de segunda súplica.
El conocimiento por parte de Seijas del estilo judicial, de la justicia acumulativa del Antiguo Régimen y de la alta instancia jurisdiccional, le hizo anticipar la necesaria reforma del Tribunal Supremo, tras la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, para dar respuesta al recurso de casación, bien por causas sustantivas, bien por causas procesales[207].
En uno de sus famosos Dictámenes, titulado: Dictamen acerca de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer y fallar el pleito que radicó en el antiguo Consejo de Castilla, y respecto del cual, fallado ya en grado de segunda suplicación, se dignó acordar S. M. en Real orden de marzo de 1830, una nueva vista para Consejo pleno, que había solicitado el Conde de Puñonrostro[208], Seijas Lozano muestra un exhaustivo conocimiento del proceso, naturaleza y características de la segunda suplicación, convertida ya en recurso ordinario, cuarta instancia procesal, y cuya derogación venía dada por el Decreto de 4 de noviembre de 1834[209], dando pie al recurso de nulidad. En el mismo, Seijas supo defender los principios que tutelaban a las partes en el proceso, en causas anteriores al Reglamento de la Administración de Justicia de 1835, glosando y concordando las confusas disposiciones transitorias del Decreto anterior y haciendo posible su incardinación con los nuevos principios procesales de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855; defendiendo de este modo que el Tribunal Supremo debía asumir la competencia para conocer, tras la abolición en 1834 del Consejo Real, de los recursos de segunda súplica, un claro ejemplo de la máxima reforma rupturista del siglo XIX[210].
En este sentido, Seijas dictaminó acerca de si el Tribunal Supremo tenía potestad para juzgar los pleitos reabiertos en la década ominosa, teniendo presente los nuevos principios informadores de la justicia constitucional.
Dicha cuestión es tratada por él en el citado dictamen, como fiscal del Tribunal Supremo en 1859, cuestionándose si debía continuar una causa instruida a partir de una Real Orden de Fernando VII de 1830, lo que determinaba que pese a haber llegado al grado de segunda suplicación, se reabriera y remitiera al Consejo pleno la causa[211].
9. Manuel Seijas Lozano, precursor de la codificación en España: el Thibaut español.
Entre sus obras merecen destacarse, junto a su discurso de ingreso en la Real Academia de Historia, antes citado, y otra serie de discursos[212], su Teoría de las Instituciones judiciarias, con proyectos formulados de códigos aplicables a España[213], obra publicada en dos volúmenes titulados, respectivamente: Proyecto del código de procedimientos en materia criminal, y Teoría del procedimiento en materia criminal, elaborado con ocasión de su cátedra de Filosofía del Derecho en el Ateneo y que sin duda representa una monografía fundamental para conocer los prolegómenos de la codificación del Derecho procesal, puesto que Seijas Lozano es uno de los juristas que con su trabajo contribuyó a dar un paso definitivo, el del estilo judicial propio del Antiguo Régimen al procedimentalismo de mediados del siglo XIX, con las distintas leyes de enjuiciamiento.
En dicha obra Seijas, como innovador y uno de los promotores de la Codificación en nuestro país, combate duramente los postulados de la Escuela Histórica del Derecho de Savigny[214] defendiendo la idea inicial propuesta por Thibaut[215], cuyo fallecimiento, según nuestro autor, va a privar a Alemania de la elaboración de una doctrina europea[216] que hubiera fijado el espíritu propio del siglo XIX: Mis opiniones en general no son las del estacionamiento, repugnante a nuestro ser y resentido por la naturaleza. La escuela histórica pura, si en teoría es inexplicable, en la parte de aplicación es imposible[217].
Seijas Lozano, defiende así el fin social del Derecho, y la necesaria concordancia entre los intereses del individuo y los del grupo[218], en el que éste se integra: La esencia de la legislación, no tiene otro objeto que el armonizar estos intereses opuestos, e impulsos encontrados, y encaminarlos a un punto, el desenvolvimiento intelectual, material y social, esto es, a la mejor y más cumplida civilización. La filosofía es, por ello, su maestra y la historia la antorcha que la ilumina[219].
10. Epílogo: Manuel Seijas Lozano, hombre de Estado.
Manuel Seijas Lozano es un autor poco conocido, y diría más, aún hoy en día, peor recordado, haciendo bueno el proverbio que reza que nadie es profeta en su tierra[220].
Este ilustre granadino falleció en Madrid el 10 de diciembre de 1868[221], contando entre sus condecoraciones, con el Collar de Carlos III y el Toisón de Oro, concedido este último el 2 de junio del mismo año, esto es, poco antes de morir.
Francisco Martínez Marina, sacerdote ovetense, político[222] e historiador, considerado como el padre de la Historia del Derecho en España, señala la idea, tanto en su célebre Ensayo histórico-crítico[223], como en su Teoría de las Cortes[224], de que no puede existir un buen gobierno sin unas buenas leyes; a lo que añadiría que no puede haber unas buenas leyes sin unos buenos y sabios hombres, políticos y legisladores, que las hagan y las materialicen, y en este sentido, Seijas Lozano era un sabio buen hombre y lo más interesante, al menos para el que suscribe las presentes líneas, era un hombre bueno[225].
Como Tomás y Valiente señala: Somos memoria de nosotros mismos, de lo que hemos sido y hemos hecho, y tenemos que apoyarnos en el suelo firme de la memoria reflexiva para orientarnos en el futuro[226].
[1]Beneyto, Juan, La ciencia jurídica en España entre 1700 y 1900. Explanación y explicación por un lector de libros de Derecho, en Annals of the Archive of Ferran Valls i Taberner´s Library: Studies in the History of Political Thought , Political & Moral Philosophy, Business & Medical Ethics, Public Health and Juridical Literature 11-12 (Barcelona, 1991), pp. 169-265. [ Links ]
[2]En este mismo sentido, Candil Jiménez, F., Manuel Seijas Lozano, miembro de la Comisión General de Códigos, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales (= ADPCP.) 34 (1981) 2-3, p. 413. [ Links ]
[3]Como indica Lasso Gaite, Juan Francisco, Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal (Madrid, 1970), I, p. 11: [ Links ] la legislación penal, como la procesal, están más vinculadas a la auctoritas del poder real y surge la codificación en el momento que hace crisis el absolutismo.
[4]Véase: Suárez, Federico, La crisis política del antiguo régimen en España -1800 a 1840- (Madrid, 1950). [ Links ]
[5]Font-Rius, José María en Apuntes de Historia del Derecho Español (Barcelona, 1969), p. 340: [ Links ] La idea codificadora (cuyas raíces parecen remontarse al pensamiento de Leibnitz, secundado por la escuela filosófica de Wolf y del iusnaturalismo racionalista) constituía un anhelo en toda Europa en los últimos siglos de la Edad Moderna. Con relación al Derecho penal, véase: Rosal, Juan del: Evolución del concepto técnico-jurídico del delito, en Acerca del pensamiento penal español y otros problemas penales (Madrid, 1942), pp. 105-179. [ Links ]
[6]Como indica, Rodríguez Devesa, José María, en Derecho Penal. Parte General, 8ª. ed. (Madrid, 1981, p. 91: [...] el origen inmediato del derecho penal moderno hay que buscarlo en el siglo XIX, influido en sus comienzos por el poderoso movimiento de ideas de la Ilustración, y en sus finales por el positivismo antropológico y sociológico, que hace que se incorporen las medidas de seguridad. Para los antecedentes y evolución histórica de las medidas de seguridad en el ordenamiento jurídico español, Véase: Jorge Barreiro, Agustín, Las medidas de seguridad en el Derecho Español (Estudio doctrinal y jurisprudencial de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 4-8-1970) (Madrid, 1976). [ Links ]
[7]Véase: Barbero Santos, Marino, Política y Derecho penal (Madrid, 1979). [ Links ]
[8]Según Escudero, José Antonio, Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones Político-administrativas (Madrid, 2003), p. 895, [ Links ] el Código Penal de 1848 armonizó con depurada técnica los principios de retribución e indemnización, estableció un riguroso sistema de garantías penales, y fue quizá, pese a las contradicciones inherentes a su espíritu transaccional, lo mejor que se podía hacer entonces. Respecto del origen de la ciencia del Derecho penal, y la necesidad de su reforma, véase: Ureña y Smenjaud, Rafael de, La antigua filiación de la moderna teoría correccionalista y el origen de la ciencia jurídico penal, Discurso leído en la apertura del curso académico 1881-1882 en la Universidad Literaria de Oviedo (Oviedo, 1881) [ Links ] [reeditado en El Grupo de Oviedo. Discursos de apertura de Curso (1862-1903) (Estudio preliminar y edición de Coronas González, Santos M., Universidad de Oviedo, 2002), II, pp. 61-96], donde partiendo del análisis de las raíces históricas de la ciencia jurídico penal española, pretende, la entonces necesaria, renovación completa del Derecho Penal en España (nuestra legislación penal mantiene instituciones, que la dignidad humana no puede consentir [...]. Hay, todavía, moho que desenmohecer), junto con el pronto planteamiento de un buen sistema penitenciario, con el cual puedan lograrse esos dos fines de toda sanción penal tan íntimamente unidos y que juntos constituyen la esencia de la pena moral y jurídica, la expiación de la culpa y el perfeccionamiento moral del penado; del mismo autor, El origen de la ciencia jurídico-penal, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia (= RGLJ.) 61 (1882), pp. 33-74, en la misma línea que el anterior [respecto de Rafael de Ureña, Véase: Martínez Dhier, Alejandro, Rafael de Ureña y Smenjaud y sus Observaciones acerca del desenvolvimiento de los estudios de Historia del Derecho español (Granada, 2007].
[9]Tomás y Valiente, Francisco, El Derecho penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII) (Madrid, 1969). [ Links ] Véase: Du Boys, Albert, Historia del Derecho Penal de España, versión al castellano, anotada y adicionada con Apéndice por José Vicente y Caravantes (Madrid, Imprenta de José María Pérez, 1872; [ Links ] Gómez De La Serna, P. y Montalbán, J. M., Elementos del Derecho civil y penal de España, precedidos de una reseña histórica de la legislación española (Madrid, 1877; Hinojosa y Naveros, Eduardo de, Influencia que tuvieron en el Derecho público de su patria y singularmente en el Derecho penal los filósofos y teólogos españoles anteriores a nuestro siglo, en Obras Completas, I (Madrid, 1948, pp. 25-151; Gacto Fernández, Enrique, Aproximación a la Historia del Derecho penal español, en Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno 34-35-I, pp. 501-530; [ Links ] y Escudero, José Antonio, Consideraciones sobre la historia del Derecho penal, en Administración y Estado en la España Moderna, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2002, pp. 583-589 [ Links ](antes publicado como Voz Derecho Penal, en la Gran Enciclopedia Rialp).
[10]Véase: Torres Sanz, David, La represión penal en la época de Felipe IV, en Merchán Fernández, C. (director y coordinador), Poder y Derecho bajo el reinado de Felipe IV, Actas del Congreso Nacional de Historia del Derecho y de las Instituciones político-administrativa (Valladolid, 2007), pp. 9-38, esp. p. 10: [ Links ] El Derecho Penal del Antiguo Régimen se configuró en el seno de un marco general político-social caracterizado [] por tres elementos determinantes.
[12] Ibídem: [...] formulado como supremacía regia sin límites jurídicos externos y perfeccionado en un continuo proceso de reforzamiento del poder regio.
[13]Ibídem: [...] impuesto y administrado de forma rigurosa y excluyente por el otro gran poder del sistema, la Iglesia, sobre una sociedad que, en el caso español, no conoció la moderna Reforma protestante [...]. El monopolio confesional de la sociedad viejorregimental indujo en el campo del Derecho en general y de la represión penal en particular una primera consecuencia puesta de relieve por los estudiosos y destinada a producir efectos profundos y duraderos, a saber, la confusión del plano religioso-moral con el jurídico, de manera que la conducta antijurídica o delito quedó en gran medida asimilada a la infracción religiosa o pecado, el delincuente al pecador y la pena a la expiación por el pecado cometido.
[14] Ibídem: [...] fundado sobre el reconocimiento jurídico de una esencial desigualdad entre las personas de acuerdo con su pertenencia a estamentos, corporaciones, instituciones [...] más o menos privilegiados.
[15]Para el Constitucionalismo histórico español, entre otros: Solé Tura, Jordi - Aja, Eliseo, Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936) (Madrid, 1977); [ Links ] Artola, M., El modelo constitucional español del siglo XIX (Madrid, 1979); [ Links ] Sánchez Agesta, Luis, Historia del Constitucionalismo español (4ª edición, Madrid, 1982); [ Links ] Clavero Salvador, Bartolomé, Evolución histórica del constitucionalismo español (Madrid, 1984); [ Links ] y Manual de historia constitucional de España (Madrid, 1989); [ Links ] y Tomás Villarroya, Joaquín, Breve historia del constitucionalismo español (Madrid, 1985). [ Links ]
[16]En este sentido: Clavero Salvador, Bartolomé, La idea de código en la Ilustración jurídica, en Historia, Instituciones y Documentos 6 (1979), pp. 49-88. [ Links ]
[17]Respecto de la unificación de fueros, el artículo 248 de la Constitución de 1812: En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá mas que un solo fuero para toda clase de personas (excepción hecha de los eclesiásticos, como señala el artículo 249).
[18]Se ha utilizado la edición de los textos constitucionales de Rico Linage, Raquel, Constituciones Históricas. Ediciones Oficiales (Sevilla, 1994). [ Links ] Véase asimismo: Tierno Galván, Enrique, Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936) (Madrid, 1968); [ Links ] Esteban, Jorge de, Las Constituciones de España (Madrid, reimpresión 1983); [ Links ] y Tomás y Valiente, Francisco, Códigos y Constituciones (1808-1978) (Madrid, 1989). [ Links ]
[19]Como indica Baró Pazos, Juan, en La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889) (Santander, Universidad de Cantabria, 1992), p. 102, [ Links ] más que la Codificación civil, la del Derecho penal: sufre más intensamente los avatares políticos que se traslucen inmediatamente en reformas de su legislación.
[20]Lasso Gaite, Juan Francisco, Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit., p. 11: [ Links ] Aparece en la política legislativa como el medio de alcanzar la reforma de la legislación criminal, tan severa como anticuada, ya que el sistema de las Recopilaciones o Códigos generales, vigentes en el siglo XVIII, significaba la supervivencia del derecho medieval, inadecuado a su tiempo por la transformación social operada. También en la Introducción, p. 9: Mientras que la codificación civil fue meta apetecida por afanes filosóficos principalmente, la penal se nos muestra inicialmente como anhelo de reforma de la legislación criminal antigua, cuya dureza había sido desbordada por otras corrientes humanitarias.
[21]No es de extrañar que el primer Código que surgiera, tras la Constitución de 1812, fuera el penal, pues como indica Iglesia Ferreirós, Aquilino, La creación del Derecho. Manual, II: Una historia de la formación de un derecho estatal español (2ª edición corregida, Madrid, 1996), p. 549: [ Links ] las ideas plasmadas en la Constitución de Cádiz debían encontrar pronta salvaguardia. La estrecha vinculación entre ideas políticas y su salvaguardia justifica que exista un cierto paralelismo entre Constitución y Código Penal, de tal manera que, exageradamente, se puede afirmar que cada nueva Constitución ha dado lugar a un nuevo Código Penal. Al respecto, Baró Pazos, Juan, Aproximación historiográfica a la codificación civil española, en Estudios de Historia del Derecho Europeo. Homenaje al Prof. Gonzalo Martínez Diez (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1994), III, pp. 359-386, esp. p. 360. [... [ Links ]] las primeras pretensiones unificadoras o codificadoras se formularon sobre la legislación penal, que planteaba en la práctica unas menores resistencias al no existir oposición alguna por parte de los diversos territorios que formaban la Monarquía española.
[22]Gutiérrez Fernández, Benito, Examen Histórico del Derecho Penal (Madrid, 1886), p. 427: [ Links ] [Manuel De Lardizábal y Uribe] uno de los más ilustres [jurisconsultos] de nuestro país, magistrado integro, profundo conocedor de la ciencia penal.
[23]Lardizábal y Uribe, Manuel de, Discurso sobre las penas (Madrid, 1782; edición de Moreno Mengíbar, Andrés, Cádiz, 2001), p. 89. [ Links ] También, entre otros: el Estudio preliminar de Antón Oneca, J. (Madrid, 1967), y la edición con Introducción de Serrano Butragueño, Ignacio, Clásicos del Derecho penal y procesal (Granada, 1997). Véase: Anton Oneca, J., El Derecho penal de la Ilustración y D. Manuel Lardizábal, en Revista de Estudios Penitenciarios 174 (1966), pp. 9-139; [ Links ] y Orella Unzúe, José Luis, Don Manuel de Lardizábal y Uribe (Txaxcala, 1734 - Madrid, 1820), Consejero de Castilla y firmante del Estatuto de Bayona, en Sánchez González (coord.) - Mª. Dolores del Mar, Corte y Monarquía en España (Madrid, 2003).
[24]Al respecto, Ortego Gil. Pedro, Irregularidades judiciales en el proceso penal durante el Antiguo Régimen: problemas, controles y sanciones, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid 91 (1999), pp. 211-261. [ Links ]
[25]O la idea de codificación, como indica Lasso Gaite, Juan F., Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit., p. 25. [ Links ]
[26]En este sentido, Martínez Dhier, Alejandro, La condición social y jurídica de los gitanos en la legislación histórica española. A partir de la pragmática de los Reyes Católicos de 1499 (Tesis doctoral, Universidad de Granada, Granada, 2007). [ Links ]
[27]Rioxa, Gonzalo de, Compendio para la formación de un Código a imitación de los de Nápoles y Prusia (Murcia, 1753). [ Links ]
[28]Casabó Ruiz, José Ramón, Los orígenes de la codificación penal en España: El Plan de Código criminal de 1787, en ADPCP. 22 (1969) 2, pp. 313-342. [ Links ]
[29]Lasso Gaite, Juan Francisco, Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit., p. 18. [ Links ]
[30]Casabó Ruiz, José Ramón, Los orígenes de la codificación penal en España: El Plan de Código criminal de 1787, cit., p. 313. [ Links ]
[31]Beneyto, Juan, La ciencia jurídica en España entre 1700 y 1900. Explanación y explicación por un lector de libros de Derecho, cit., p. 242: [ Links ] Hay que llegar a 1848 para volver a la unidad legislativa penal.
[32]Castejón, Federico Apuntes de historia política y legislativa del Código Penal de 1848, en RGLJ. 193 (1953) [Número extraordinario conmemorativo del Centenario], pp. 105-113. [ Links ]
[33]Tomás y Valiente, Francisco, Manual de Historia del Derecho Español (4ª edición, 4ª reimpresión, Madrid, 1990), pp. 498-500, [ Links ] esp. p. 500. Obviamente, hoy en día, la expresión de Tomás y Valiente: cuya estructura se ha respetado en los posteriores Códigos españoles hasta la actualidad, ha quedado un tanto desfasada puesto que se debería matizar (su vil e inútil asesinato en 1996, le impedirá realizarla personalmente): hasta la aprobación del Código Penal actual, de 1995; el texto punitivo vigente, se aparta, en este sentido, de nuestra tradición jurídica, adaptando su sistemática, de una forma lógica, al esquema de los derechos fundamentales reconocidos y consagrados en nuestra Constitución de 1978.
[34]Gacto Fernández, Enrique, Temas de Historia del Derecho: Derecho del Constitucionalismo y de la Codificación (Sevilla, 1981), p. 54: [ Links ] Desde el punto de vista científico se ha destacado en el Código Penal de 1848 su armonía y buen método y el rigor técnico de su redacción, muy superior al de la mayor parte de los que vinieron a sustituirle.
[35]Dicha dureza, se manifiesta así en los delitos contra la religión católica y los delitos contra el Estado, penando incluso, la huelga. Al respecto, Sainz Cantero, José Antonio, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, I: Introducción (Barcelona, 1982), pp. 223-229, esp. pp. 226-227. [ Links ]
[36]Como han puesto de manifiesto diversos autores: Antón Oneca, J., en El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco, en ADPCP. 18 (1965) 3, pp. 473 ss.; [ Links ] Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit.; Candil Jiménez, F., Observaciones sobre la intervención de don Joaquín Francisco Pacheco en la elaboración del Código Penal de 1848, en ADPCP. 28 (1975), pp. 405 ss.; [ Links ] y Sánchez González, Mª. Dolores del Mar, La codificación penal en España: los códigos de 1848 y 1850 (Madrid, 2004), [ Links ] para quien el Código de 1848 y su reforma de 1850, deben considerarse dos textos jurídicos diferentes, el realizado e impulsado por Seijas, esto es, el de 1848, de lo que hasta la fecha será considerada simple reforma y puesta al día, es decir, el texto de 1850 (esp. pp. 287 y ss.); así en p. 287: La reforma realizada en 1850 fue una reforma en profundidad, frente al talante que tenían las anteriores, y en p. 332: el Código de 1850 en puridad no puede considerarse el mismo Código que el de 1848 ya que en esos dos años ha sido profusamente modificado por el gobierno mediante decretos (en esencia el fondo es el mismo, pero más de una quinta parte del articulado más de cien artículos sufre modificaciones, algunas sustanciales como el endurecimiento de determinadas penas relativas a delitos políticos) [un estudio comparativo de ambos textos jurídicos, y de las modificaciones sufridas por el de 1848, hasta llegar al texto definitivo de 1850, puede verse al final de dicha monografía, Cuadros, pp. 379-439]. En este sentido, Sainz Cantero, José A., Lecciones de Derecho Penal, cit., quien señala en p. 230, que la labor de ajuste del texto de 1848: se ha hecho a través de sucesivas [] reformas de distinta entidad y ambiciones, algunas de las cuales, por su mayor amplitud, han recibido el rango de Código. El Código Penal de 1848 regulará todo lo relativo a los delitos políticos, esto es, los delitos contra la religión, contra la seguridad exterior del Estado, contra la seguridad interior del Estado y el orden público, dejando al margen los delitos de imprenta, que seguirían sujetos a una legislación especial; la severidad del texto de 1848 se mostrará evidente por diversos Decretos dados a lo largo de 1850, que entre otras cuestiones, agravarían las penas de los llamados delitos políticos; véase: al respecto, Eloy Montero, El Código de 1848 y los delitos contra la religión, en Revista Jurídica de Cataluña 56 (1948), pp. 19-30; [ Links ] Fiestas Loza, Alicia, Los delitos políticos (1808-1936) (Salamanca, 1994), pp. 142 ss.; [ Links ] y Sánchez González, Mª. D. del M. en La codificación penal en España: los códigos de 1848 y 1850, cit., esp. pp. 136-144. [ Links ]
[37]El palenque entre la normativa e ideas del antiguo y el nuevo régimen, como lo denomina Fiestas Loza, Alicia, en Algo más sobre la vigencia del Código Penal de 1822, en Revista de Historia del Derecho 2 (Granada, 1977) 1, p. 57. [ Links ]
[38]Rodríguez Devesa, José María, Derecho Penal Español. Parte General, cit., p. 99, nota 8, califica la atribución de la autoría a Seijas Lozano, como uno de los descubrimientos más sensacionales de los últimos años, verificado por Antón Oneca. En este sentido, véase: los trabajos de Antón Oneca, José, El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco, cit., pp. 473 ss.; y El Derecho Penal de la postguerra, en Problemas actuales de Derecho Penal y Procesal (Salamanca, 1971), pp. 161-174; Fiestas Loza, Alicia, Los delitos políticos (1808-1936), cit., esp. pp. 141-142 [ Links ] [véase: la recensión de dicha obra por Romero Sirvent, C. en AHDE. 48 (1978), pp. 636-639, esp. p. 637: El proyecto de este Código Penal es, a su juicio, y como opinan la mayoría de los penalistas, obra de Manuel Seijas Lozano por encargo de Manuel Cortina, presidente de la Comisión Codificadora]. Sobre todo ello, Martínez Dhier, Alejandro, La Codificación del Derecho Penal en España: el jurisconsulto andaluz Manuel Seijas (Hernández) Lozano y el Código Penal de 1848, en Codex, Boletín de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos 3 (Córdoba, 2007, en prensa).
[39]Véase: Tomás y Valiente, Francisco, Derecho Penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII), [ Links ] cit.
[40]Morales Payán, Miguel Ángel, La configuración legislativa del delito de lesiones en el Derecho Histórico Español (Madrid, 1997), p. 56 [ Links ]nota 220: Desde 1836 (fecha del triunfo de los progresistas) hasta 1848 (año en el que se promulgó un nuevo Código Penal), coexistieron, a nivel penal, las normas de Partidas, las de la Novísima Recopilación y algunas disposiciones concretas que habían sido aprobadas durante el trienio liberal y restablecidas por los progresistas (como la ley de imprenta de 22 de octubre de 1820).
[41]Hasta la promulgación del Código de 1848, tal y como indica Díaz Merry, R., Manuel Pérez Hernández, en Biografía de los Expresidentes de la Academia y de los Jurisconsultos anteriores al siglo XX, inscritos en sus lápidas, I: Biografías de jurisconsultos españoles publicadas por la Academia de Jurisprudencia y Legislación (Madrid, 1911, pp. 167-182, esp. p. 176) [ Links ]: era nuestro Derecho histórico en materia penal deficiente y casuístico y sus disposiciones aisladas, esparcidas por distintos cuerpos legales, publicadas en épocas muy varias e inspiradas en muy diversos sistemas, no obedecían a norma ni a principio alguno fijo.
[42]Fiestas Loza, Alicia, Los delitos políticos (1808-1936), cit., p. 142. [ Links ] En este mismo sentido, Lasso Gaite, Juan F., Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit., p. 11: La necesidad de lograr la codificación penal [] Aparece en la política legislativa como el medio de alcanzar la reforma de la legislación criminal, tan severa como anticuada, ya que el sistema de las Recopilaciones o Códigos generales, vigente en el siglo XVIII, significaba la supervivencia del derecho medieval, inadecuado a su tiempo por la transformación social operada.
[43]Antón Oneca, José, Los fines de la pena según los penalistas de la Ilustración, en Revista de Estudios Penitenciarios 166 (1964), pp. 415-427, esp. p. 415; [ Links ] y El Derecho Penal de la Ilustración y don Manuel de Lardizábal, en Revista de Estudios Penitenciarios 174 (1966), pp. 595-626, esp. p. 621. [ Links ]
[44]Manuel de Lardizábal elaboró, según, entre otros, Antón Oneca, Prevención general y la prevención especial en la teoría de la pena, Discurso de apertura del Curso Académico 1944-45 (Salamanca, 1944), la más completa teoría con relación a los fines de la pena, siguiendo así el pensamiento de Séneca. Véase también: Stampa Braun, José María, Las ideas penales y criminológicas de L. A. Séneca (Valladolid, 1950). [ Links ]
[45]Jorge Barreiro, A., Las medidas de seguridad en el Derecho Español (Estudio doctrinal y jurisprudencial de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 4-8-1970), cit., p. 28: [ Links ] Los reformistas pretenden corregir los abusos derivados de las penas rigurosas, demostrando la ineficacia del exceso de la crueldad para los efectos de la prevención general. Con tal finalidad proponen dos elementos moderadores: 1. La legalidad de los delitos y de las penas frente al desmedido arbitrio judicial; y 2. La proporcionalidad entre los castigos y las infracciones en oposición a la crueldad innecesaria.
[46]Véase: Seijas Lozano, Manuel, Teoría de las Instituciones judiciarias, con proyectos formulados de códigos aplicables a España, 2 volúmenes [Tomo I: Prólogo y Proyecto del código de procedimientos en materia criminal, y Tomo II: Introducción y Teoría del procedimiento en material criminal] (Madrid, Librería de la Sra. Viuda de Calleja e hijos, 1841-1842). Más adelante trataremos este aspecto.
[47]Entre todos ellos, figura, por ejemplo, el Dr. Nicolás María GarellI [o Garelly] Battifora (1777-1850), Catedrático de Derecho en la Universidad de Valencia, Ministro de Gracia y Justicia, Presidente del Tribunal Supremo y el verdadero artífice y propulsor del Proyecto de Código civil de 1821, a pesar de que, curiosamente, tiempo atrás colabora y auxilia a Juan de la Reguera y Valdelomar en la preparación, redacción y conclusión del último monumento legislativo español del Antiguo Régimen, vigente aún, como se sabe, en pleno Estado Liberal de Derecho: la Novísima Recopilación de las Leyes de España de 1805. Véase: entre otros, Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación española, IV: Codificación Civil (Génesis e historia del Código), I (Madrid, Ministerio de Justicia, 1970), esp. pág. 41 [ Links ]y nota núm. 28 bis (Antecedentes históricos); Peset Reig, Mariano, Análisis y concordancias del Proyecto de Código civil de 1821, en Anuario de Derecho Civil 28 (1975), pp. 29-100, esp. pp. 38-41; [ Links ] Gacto Fernández, Enrique, Derecho del Constitucionalismo y la Codificación, en Temas de Historia del Derecho (Sevilla, 1979), esp. p. 172; [ Links ] Hernández Gil, Antonio, La Comisión General de Codificación y su obra legislativa, en Obras Completas (Madrid, 1987), I, pp. 591-604, [ Links ] esp. p. 602; Baró Pazos, Juan, La Codificación del Derecho civil en España (1808-1889), cit., esp. p. 52 [ Links ](y nota núm. 7 en dicha pág.), y pp. 55-56 (y notas núm. 25 y 26 en p. 56); y Martínez Dhier, Alejandro, Reguera y Valdelomar, Juan. 1750 - 16.I.1817. Jurista, en Diccionario Biográfico Español (Madrid, Real Academia de la Historia, 2008, en prensa). [ Links ]
[48]Manuel [María José Juan Evangelista] Seijas Lozano fue bautizado el 29 de diciembre de 1800 en la Iglesia Parroquial Mayor de Almuñécar (Archivo Parroquial de Almuñécar, Libro 19 de Bautismo, fol. 253). Nuestro jurista antepondrá el segundo apellido materno (Seijas) al primero (Hernández). En todos los documentos y textos consultados que se refieren a nuestro jurista, se hace alusión a él con los apellidos Seijas Lozano; tan sólo Urquijo Goitia, José Ramón, Gobierno y Ministros españoles (1808-2000) (Madrid, 2001), p. 320, [ Links ] habla de Seijas Hernández Lozano, cuando en otras páginas dicho autor se refiere a él, simplemente como Seijas Lozano. A este respecto Candil Jiménez, F., Manuel Seijas Lozano, miembro de la Comisión General de Códigos, cit., p. 414, señala que: Nos es difícil explicar por qué suprime el apellido Hernández, primero de su madre. Sea como fuere, a partir de ahora nos referiremos a él como Manuel Seijas Lozano.
[49]En este sentido, Oriol Catena, Francisco, El Real Colegio de San Bartolomé y Santiago, en Anales de la Facultad de Filosofía y Letras 2 (Granada, 1925); y Osorio Pérez, María José, Historia del Real Colegio de San Bartolomé y Santiago (Granada, 1987), esp. p. 161, [ Links ] en lo que se refiere a la actuación de Seijas Lozano en la aprobación, como Ministro, del Reglamento de 16 de mayo de 1850.
[50]Aunque no se conserva su Expediente Académico en el Archivo de dicha Universidad. Sobre la vida y obra de nuestro jurista pueden verse, entre otras: Semblanzas de los 340 diputados a Cortes que han figurado en la legislatura de 1849-1850 (Madrid, Imprenta de Gabriel Gil, 1850); Vargas Machuca, Francisco - Lobo Rui Pérez, Vicente, El libro de la verdad o Semblanzas de los diputados del Congreso de 1851 (Madrid, Impr. de Antonio Mateis Muñoz, 1851); [ Links ] Llano Chinchón, M., Manuel Seijas Lozano, en Biografía de los Ex presidentes de la Academia y de los Jurisconsultos anteriores al siglo XX, inscritos en sus lápidas, I, cit., pp. 183-188; [ Links ] Rico y Amat, Juan, El libro de los diputados y senadores: juicios críticos de los oradores más notables desde las Cortes de Cádiz hasta nuestros días: con la inserción íntegra del mejor discurso que cada uno de ellos ha pronunciado (2ª parte de la Historia política y parlamentaria de España) (Madrid, Establecimiento tipográfico de Vicente y Lavajos, 1862-1866); Lasso Gaite, J. F. El Ministerio de Justicia. Su imagen histórica (1714-1981) (Madrid, 1984), pp. 107-108; [ Links ] Rull Sabater, Alberto, Diccionario sucinto de Ministros de Hacienda (siglos XIX y XX) (Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1991); [ Links ] Baró Pazos, Juan, La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889), cit., p. 93 (y nota núm. 16 en p. 93); [ Links ] Cuenca Toribio, José Manuel - Miranda García, Soledad, El poder y sus hombres: ¿por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998), Actas (Madrid, 1998); [ Links ] Valle De Juan, Mª Ángeles, Presidentes del Estamento de Próceres y del Senado (1834-1923) (Madrid, 2002); [ Links ] Ministros de Hacienda: de 1700 a 2004: tres siglos de historia (Madrid, Ministerio de Hacienda, Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones, 2003); Ministros de Hacienda y de Economía: de 1700 a 2005: tres siglos de historia (Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones, 2005); Sánchez González, Mª. D. del M., La codificación penal en España: los códigos de 1848 y 1850, cit., esp. y en lo que se refiere a la figura de M. Seijas Lozano, pp. 44-56; y La Comisión de Códigos (1843-1846), en AHDE. 74 (2004), pp. 291-331, [ Links ] esp. pp. 304-305; y los trabajos de Martínez Dhier, Alejandro, Manuel Seijas Lozano, en Diccionario Crítico de Juristas Españoles, Portugueses y Latinoamericanos (Hispánicos, Brasileños, Quebequenses y restantes francófonos), II (M-Z), 1 (M-Va) [hasta noviembre de 2006] (Zaragoza-Barcelona, Pórtico Librerías, 2006), pp. 523-525; En el aniversario del autor del Código Penal español de 1848: Manuel Seijas Lozano, jurista, académico y político español, en Estudios de Derecho Penal, Libro Homenaje a Domingo García Rada (Arequipa, Editorial Adrus, 2006), pp. 533-539; [ Links ] y la Conferencia La Codificación del Derecho Penal en España: el jurisconsulto andaluz Manuel Seijas (Hernández) Lozano y el Código Penal de 1848, en Actas de las VII Jornadas de Estudios Histórico-Jurídicos: Pasado y presente de la Administración de Justicia en Andalucía, en Codex. Boletín de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos 3 (Córdoba, 2008), cit. (en prensa). Al recapitular y cerrar las páginas de este estudio hemos tenido conocimiento de la publicación de la monografía de Nicolás Antonio Fernández, Manuel Seijas Lozano. Tras las huellas de un liberal olvidado (Madrid, Colegio de Registradores, 2007), [ Links ] cuyo contenido aún ignoramos. De antemano cabe apuntar que su título, cuando menos, resulta sorprendente, pues ni Manuel Seijas Lozano es un desconocido ni mucho menos un olvidado, al menos, para el que suscribe, quien ha dedicado ya algunas líneas a la evocación de su figura, haciendo especial hincapié en su obra y pensamiento jurídico; anteriormente otros autores también lo hicieron, y así se recoge en el presente estudio (F. Candil Jiménez o J. F. Lasso Gaite, entre otros).
[51]En el edificio del Senado puede verse un retrato de Manuel Seijas Lozano pintado por Francisco Jover Casanova. Existen otros que se deben a Isidoro Lozano, Ilustración de Historia de las Cortes de España, en Ovilo y Otero, Manuel, Historia de las Cortes de España y biografía de todos los diputados y senadores más notables contemporáneos (Madrid, 1847) [ Links ] y a José Vallejo y Galeazo. Véase: al respecto, Catálogo de las obras de arte existentes en el Palacio del Senado (2ª edición corregida y aumentada, Madrid, 1917). Otros retratos suyos los podemos encontrar en la sede de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia y en el Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid.
[52]Antón Oneca, J. El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco, cit., pp. 473 ss.; [ Links ] y El Derecho Penal de la postguerra, en Problemas actuales de Derecho Penal y Procesal, cit., pp. 161-174. Aunque, incluso, antes de la verificación por Antón Oneca, respecto de la autoría de Seijas, López-Rey y Arrojo, M., Derecho Penal. Parte Especial (Madrid, 1935), esp. p. 311, [ Links ] puso en duda la autoría de Pacheco, al destacar su escasa y tardía participación en los trabajos de elaboración del texto de 1848.
[53]Fiestas Loza, Alicia, Los delitos políticos (1808-1936), cit., esp. pp. 141-142. [ Links ]
[54]Rodríguez Devesa, J. Mª., Derecho Penal Español. Parte General (8ª edición, Madrid, 1981), pp. 99, [ Links ] nota 8, califica la atribución de la autoría a Seijas Lozano, como uno de los descubrimientos más sensacionales de los últimos años, verificado por Antón Oneca.
[55]Calificado como el primero y el más progresivo de su tiempo por Díaz Merry, R., Manuel Pérez Hernández, en Biografía de los Expresidentes de la Academia y de los Jurisconsultos anteriores al siglo XX, inscritos en sus lápidas, I, cit., p. 176. [ Links ]
[56]Su vigencia fue breve aunque trascendente para la legislación penal posterior; así Iglesia Ferreirós, Aquilino, La creación del Derecho. Manual, II: Una historia de la formación de un derecho estatal español, cit., p. 558: esta obra [el Código Penal de 1822] marcó la codificación posterior.
[57]Para el Código Penal de 1822, véanse entre otros: Antón Oneca, J., Historia del Código Penal de 1822, en ADPCP. 18 (1965), pp. 263-278; [ Links ] Alonso y Alonso, J., De la vigencia y aplicación del Código Penal de 1822, en Revista de la Escuela de Estudios Penitenciarios 11 (1946), pp. 2-15; [ Links ] Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit., pp. 41-171; Fiestas Loza, Alicia, Algo más sobre la vigencia del Código Penal de 1822, cit., pp. 55-77; Sainz Cantero, José Antonio, El informe de la Universidad de Granada sobre el Proyecto que dio lugar al Código Penal de 1822, en ADPCP. 20 (1967), pp. 505 ss.; [ Links ] Cuello Contreras, J., Análisis de un informe anónimo aparecido en Sevilla sobre el proyecto de Código Penal de 1822, en ADPCP. 30 (1977), pp. 83 ss.; [ Links ] Casabó Ruiz, J. R., La aplicación del Código Penal de 1822, ADPCP. 32 (1979), pp. 333-344; [ Links ] y Baró Pazos, Juan, Historiografía sobre la Codificación del Derecho Penal en el siglo XIX, en Doce Estudios de Historiografía Contemporánea, Santander, 1991, pp. 15 ss. [ Links ] Entre el Código Penal de 1822 y el de 1848, objeto de análisis, existen una serie de Proyectos de Código Criminal, entre otros: el Proyecto de 1830, el Proyecto de 1831 (de Pedro Sainz de Andino), el Proyecto de 1834, el Proyecto de 1836 (del Ministro Gómez Becerra), y el Proyecto de 1839 (que en un principio iba a ser una puesta al día del Código Penal de 1822), Para su estudio: véase: Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, cit., pp. 175-241. Los Proyectos de 1830, 1831 y 1834 han sido editados y estudiados por J. R. Casabó Ruiz (Murcia, 1978); para el Proyecto de 1831, véase: Castejón Calderón, R., El Proyecto Sainz de Andino de Código Criminal de 1830, en RGLJ. 174 (1943), pp. 38-41 (sobre un ejemplar de la Universidad de Sevilla); [ Links ] y Landrove Díaz, Gerardo, En torno al Proyecto Sainz de Andino de Código Criminal, en Anales de la Universidad de Murcia. Derecho, 34, Núms. 3-4 (Curso 1975-76, Murcia, 1980), [ Links ] pp. 437-460 (sobre un ejemplar de la Universidad de Santiago de Compostela); para el Proyecto de 1839, véase: Antón Oneca, J., El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco, cit., esp. p. 473 ss. Asimismo existen una serie de Códigos Penales particulares, entre los que destaca, el de García Goyena, F., Código criminal español, según las leyes y prácticas vigentes, comentado y comparado con el penal de 1822, el francés y el inglés (Madrid, 1843), dos volúmenes. Para el estudio de estos proyectos particulares, véase: Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, cit., pp. 242-250.
[58]De factura muchísimo más sobria que el anterior, como indica Rodríguez Devesa, José María, Derecho Penal. Parte General, cit., p. 99.
[59]Francisco Pacheco, J., Comentarios al Código Penal (Madrid, 1848-1849), [ Links ] tres volúmenes. Véase, al respecto: Candil Jiménez, F., Observaciones sobre la intervención de don Joaquín Francisco Pacheco en la elaboración del Código Penal de 1848, en ADPCP. 28 (1975), pp. 405 ss.; [ Links ] y Tomás y Valiente, Francisco, Estudio Preliminar a las Lecciones de Derecho Político de J. F. Pacheco (Madrid, 1984). [ Links ] Hasta la definitiva atribución de la autoría del Código Penal de 1848 a Seijas, la inmensa mayoría de la doctrina considera a Pacheco como su verdadero autor e impulsor, considerándose, además, sus Comentarios, no ya como una obra doctrinal o estudio científico del texto codificado, sino más bien, como indica, entre otros, Puig Peña, Federico, Código Penal, en Nueva Enciclopedia Jurídica Seix (publicada bajo la dirección de Carlo E. Mascarenas, Barcelona, 1952), IV, pp. 336-352, nota núm. 8 en p. 338: [ Links ] su interpretación auténtica, calificando en este sentido a Pacheco como su inspirador, el alma del Código. Entre los juristas nombrados por este autor, como partícipes en la elaboración del texto no aparece Manuel Seijas Lozano, y sí, al margen de Pacheco: Vizmanos, García Goyena, Castro, Orozco, Álvarez y Ortiz de Zuñiga; y su Código Penal concordado y comentado, como indica Jiménez De Asúa, Luis, La ciencia penal española, en El criminalista 3 (Buenos Aires, 1849), pp. 13-24, y pp. 15-16; y su Exposición de Motivos. En este sentido, Baró Pazos, Juan en La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889), cit., esp. nota 75 en p. 107: Obsérvese, que los equívocos en orden a la determinación del autor del Proyecto de 1851, son trasladables también a la autoría del Código Penal de 1848; precisamente la elaboración de Joaquín Francisco Pacheco de El Código Penal concordado y comentado (Madrid, 1848-1849), indujo a la doctrina del siglo pasado e incluso a parte de la de este siglo a atribuirle la paternidad de su redacción. Finalmente, ha sido atribuida la misma a quien efectivamente se hizo acreedor de ella, Manuel Seijas Lozano También Montanos Ferrín, Emma - Sánchez Arcilla, José, Historia del Derecho y de las Instituciones (Madrid, 1991), III, p. 514: [ Links ] Durante mucho tiempo se vino atribuyendo la autoría exclusiva del Código de 1848- a J. Francisco Pacheco, sin embargo este extremo parece hoy descartarse, y se resalta la participación que en la misma tuvo Manuel Seijas Lozano.
[60]Silvela, L., El Código Penal y el sentido común (Madrid, 1866); [ Links ] y El Derecho Penal estudiado en principios y en la legislación vigente en España (Madrid, 1874-1879), dos volúmenes. Señala Rodríguez Devesa, J. Mª., Derecho Penal Español. Parte General, cit., pp. 98-99 que: Cortina encargó a Manuel Seijas Lozano la redacción del proyecto, en el que Pacheco no tuvo la intervención que desde Silvela se le viene atribuyendo, aunque el eclecticismo francés del que fue el más alto representante, infórmase el proyecto remitido al Gobierno el 24 de diciembre 1845 [...].
[61]Fiestas Loza, Alicia, Los delitos políticos (1808-1936), cit., p. 142: El error, al parecer, arranca de Silvela. Este autor, en un conocido Tratado estudiado por dos generaciones de penalistas, afirmaba que Pacheco fue uno de los redactores más influyentes de aquel Código. Y esta opinión fue confirmada por el enorme prestigio alcanzado por Pacheco tras haberse publicado cinco ediciones de sus Estudios de Derecho Penal y seis ediciones del El Código Penal concordado y comentado. Asimismo Antón Oneca, J., El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco, cit., pp. 494-495, quien en p. 494 determina que Romero Girón, consideraba los Comentarios al Código Penal de Pacheco, la verdadera Exposición de Motivos de todos y cada uno de los preceptos del texto jurídico en cuestión.
[62]Aunque según J. Rico Amat, El Libro de los Diputados y Senadores (Madrid, 1865), III, pp. 286 ss., [ Links ] citado por F. Candil Jiménez, F., Manuel Seijas Lozano, miembro de la Comisión General de Códigos, cit., p. 415, una de las cualidades de Seijas no era precisamente la de orador parlamentario, lo compensaba con su tono reposado y la claridad en su exposición.
[63]Diario de Sesiones del Congreso, III, Sesión de 10.III.1848, pp. 1714-1715. En este sentido, Vizmanos, T. M. - Álvarez Martínez, C., Comentarios al Código Penal (Madrid, 1848); [ Links ] Antón Oneca, J., El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco, cit.; y Morales Payán, Miguel Ángel en La configuración legislativa del delito de lesiones en el Derecho Histórico Español (Madrid, 1997), p. 98, nota 220 en p. 56. [ Links ]
[64]Diario de Sesiones del Congreso, III, Sesión de 13.III.1848, p. 1748.
[65]Este aspecto ha sido destacado por Bravo Lira, Bernardino, La fortuna del Código Penal español de 1848. Historia en cuatro actos y tres continentes: de Mello Freire y Zeiller a Vasconcelos y Seijas Lozano, en AHDE. 74 (2004), pp. 23-57, esp. p. 45; [ Links ] y, del mismo autor: Bicentenario del Código Penal de Austria: Su proyección desde el Danubio a Filipinas en esta misma REHJ. 26 (Universidad Católica de Valparaíso, Chile, 2004), pp.115-155. Anteriormente: Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit., p. 270: Lo primero que hizo Seijas fue consultar los distintos Códigos de Europa y América; y Morales Payán, M. A., La Justicia penal en la Almería de la primera mitad del siglo XIX (Almería, 1998), p. 119 nota 317: [ Links ] [Seijas Lozano] reconocía cómo había recurrido a los Códigos Penales austriaco, francés, napolitano y brasileño para configurar el perfil de la regulación de las lesiones. Respecto a la influencia del Código Penal brasileño de 1830: Alvarado Planas, Javier, La codificación penal en la España Isabelina: la influencia del Código Penal del Brasil en el Código Penal de 1848, en V Seminario Duque de Ahumada: España en la época de la fundación de la Guardia Civil (Madrid, 1994), pp. 43-82; e Iñesta Pastor, Irene, La proyección hispanoamericana del Código Penal Español de 1848, en González Vale, Luis (coord.), Actas y estudios del XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, San Juan, 21-25 de mayo de 2000. Estudios (2003) II, pp. 493-520, realizando una comparación respecto de la estructura y contenido de ambos Código Penales.
[66]Arrazola García, Lorenzo, en su monumental Enciclopedia Española del Derecho y Administración o Nuevo Teatro Universal de la Legislación de España e Indias (Madrid, 1856), IX, , pp. 330-331: [ Links ] tiene bastante semejanza [el Código Penal español de 1848] con el del Brasil, el cual [] sirvió de norma a los que le redactaron. Para una biografía de este autor y su obra, véase: Martínez Dhier, Alejandro, Arrazola y García, Lorenzo (1797-1873), en Apéndices del Diccionario Crítico de Juristas Españoles, II (M-Z), 2º (Ve-Z) (editor y coordinador Manuel J. Peláez Albendea, 2008, en prensa)]. También Beneyto, Juan, La ciencia jurídica en España entre 1700 y 1900. Explanación y explicación por un lector de libros de Derecho, cit., p. 242: Es interesante señalar que no sólo se atienden sino experiencias, y así el código de 1848 toma cuenta de las leyes penales vigentes en Nápoles y en el Brasil.
[67]Asimismo fue fuente del texto de 1848 su inmediato antecesor: el Código Penal de 1822, y mucho más de lo que puede parecer y decirse, incorporándose gran parte de su espíritu, Sainz Cantero, J. A., Lecciones de Derecho Penal. Parte General, I: Introducción, cit., p. 227. También Peset, M. - García Trobat, P. - Correa, J. - Palao, J. - Marzal, P. - Blasco, Y., Historia de las Constituciones y los Códigos (Valencia, 1997), p. 96: [ Links ] Pacheco, en su comentario al código, trae las concordancias del derecho romano, del Fuero Juzgo, Fuero Real, Partidas y Novísima Recopilación, junto al código francés y otros modernos desde luego, el español de 1822. Pero en las soluciones encuentra evidente que se aparta del derecho tradicional [] Este aspecto es destacado por Morales Payán, Miguel Ángel en La Justicia penal en la Almería de la primera mitad del siglo XIX, cit., quien señala en p. 117 que: Si bien el andamiaje jurídico de la regulación del delito de lesiones ha sido construido por el Código Penal de 1822, es sin embargo el Código Penal de 1848 el que retomando este esqueleto lo adiciona convenientemente para fijar un modelo que perdurará, con leves modificaciones por parte del resto de códigos, hasta prácticamente nuestros días, recalcando en relación al homicidio y lesiones, pp. 117-188, que a pesar de existir diferencias entre ambos Códigos, la influencia del texto de 1822 en la regulación del de 1848: es decisiva.
[68]En este sentido Jiménez De Asúa, Luis, Tratado de Derecho Penal (Buenos Aires, 1964), [ Links ] I. Sobre este autor, véase: Martínez Dhier, Alejandro - Sánchez Aranda, Antonio, Jiménez de Asúa, Luis, en Diccionario Crítico de Juristas Españoles, Portugueses y Latinoamericanos, I (A-L) [hasta 2005] (Editor y Coordinador Manuel J. Peláez Albendea, Zaragoza-Barcelona, 2005), pp. 434-437].
[69]Archivo de la Comisión General de Códigos, Ministerio de Justicia, folio 2º, legajo 9. Como indica Escudero, José Antonio, Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones Político-administrativas (Madrid, 2003), p. 895: El granadino Seijas redactó un anteproyecto que, discutido y modificado en el seno de la Comisión, fue enviado al gobierno. Tras el ulterior debate en el Senado y el Congreso, se aprobó el texto.
[70]La Comisión General de Codificación fue creada por Real Decreto de 19 de agosto de 1843, y se la distribuyó en cuatro secciones: la primera para la elaboración de un Código Civil, la segunda para la elaboración del Código Penal, la tercera para la elaboración de un Código de Procedimientos Civiles, y la cuarta para el Código de Procedimientos Criminales. Véase: Sánchez González, M. D. del M., La Comisión de Códigos (1843-1846), cit., pp. 291-331, esp. pp. 321-324 para la Comisión o sección penal. En este sentido, Morales Payán, Miguel Ángel, La configuración legislativa del delito de lesiones en el Derecho Histórico Español, cit., p. 97, nota 220 en p. 56, destaca el hecho que para la codificación penal tiene la creación de la Comisión, de la siguiente manera: Aunque exista una relación muy directa entre el proceso constitucional y la codificación penal, la Constitución de 1837 no tuvo su reflejo directo en un nuevo Código Penal. En cambio, sí será decisiva la creación de la Comisión General de Codificación en 1843 como órgano permanente encargado de preparar leyes o códigos. Como señala Sánchez-Arcilla Bernal, José, Manual de Historia del Derecho (Madrid, 2004), p. 584: [ Links ] El primer gran resultado de dicha Comisión fue el Código Penal de 1848.
[71]En 1846, Seijas Lozano ocupó de forma interina la presidencia, por ausencia del entonces presidente, J. Bravo Murillo. Véase: Candil Jiménez, F., Manuel Seijas Lozano, miembro de la Comisión General de Códigos, cit., pp. 413-432. También, y anteriormente, del mismo autor, Observaciones sobre la intervención de D. Joaquín Francisco Pacheco en la elaboración del Código Penal de 1848, cit., pp. 405-441; y Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación española, I: Organización Judicial (Madrid, 1998), esp. p. 47 y nota núm. 1 de la misma- y p. 59.
[72]Calvo González, José, Cortina y Arenzana, Manuel, en Diccionario Crítico de Juristas Españoles, Portugueses y Latinoamericanos, I (A-L), cit., pp. 247-249.
[73] Dicha Comisión fue suprimida en julio de 1846, restableciéndose unos meses más tarde, el 11 de septiembre, donde fue nombrado Vocal de la misma, hasta que el 5 de febrero del año siguiente cesa por su nombramiento como Ministro de Gobernación; volviendo de nuevo, a instancia de J. Bravo Murillo, el 8 de mayo de 1848.
[74]Fiestas Loza, Alicia, Los delitos políticos (1808-1936), cit, p. 141: El Presidente de la Comisión, Cortina, encargó a Manuel Seijas Lozano la redacción del proyecto de Código Penal. Así lo confesó el propio Seijas en las Cortes y así lo confirmaron el ministro de Gracia y Justicia, Arrazola, y el diputado Gómez de la Serna. ¿Por qué se ha venido atribuyendo, entonces la paternidad del Código de 1848 a Pacheco?. Véase: Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación española, I: Organización Judicial, cit., pp.58-59. [ Links ]
[75]Artículo 4 del Real Decreto de creación de la Comisión General de Codificación, de 19 de agosto de 1843: Se compondrá esta Comisión de D. Manuel Cortina, Presidente; D. Juan Bravo Murillo, D. Pascual Madoz, D. Manuel Pérez Hernández, D. Luis González Bravo, D. Francisco de Paula Castro y Orozco, D. José María Tejada, D. Manuel Seijas Lozano, D. Domingo Vila, D. Manuel Gallardo, D. Claudio Antón de Luzuriaga, D. Manuel Urbina y Daoiz, D. Javier de Quinto, D. Florencio García Goyena, D. Cirilo Álvarez, D. Domingo Ruiz de la Vega, D. Manuel Ortiz de Zuñiga y D. Joaquín Escriche.- Dado en Madrid a 19 de agosto de 1843. Véase: Martínez Dhier, Alejandro, biografías de Manuel García Gallardo, Luis González Bravo, y Manuel Pérez Hernández, en Apéndices del Diccionario Crítico de Juristas Españoles, II (M-Z), 2 (Ve-Z) (Editor y Coordinador Manuel J. Peláez Albendea, en prensa).
[76]Como miembro de la Comisión participa, entre otros, en la redacción del Proyecto de Ley de organización, competencia y facultades de los Tribunales del Fuero General (21 de diciembre de 1847), donde se establecerán catorce Reales Audiencias en el territorio nacional, teniendo la Real Audiencia de Granada jurisdicción en las provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga y Murcia. Véase: Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación española, I: Organización Judicial, cit., p. 61.
[77]Antón Oneca, J., El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco, cit., p. 484.
[78]Como miembro de la Comisión, Manuel Seijas Lozano, conjuntamente con otros integrantes, renunciará a su sueldo de 60.000 reales, superior al sueldo de un magistrado del Tribunal Supremo, para poder dedicarse a otros menesteres; lógicamente ello provocará una ralentización en los trabajos de dicha Comisión. En este sentido, Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación española, I: Organización Judicial, cit., p. 47 y nota núm. 1.
[79]Díaz Merry, R., Manuel Pérez Hernández, en Biografía de los Ex presidentes de la Academia y de los Jurisconsultos anteriores al siglo XX, inscritos en sus lápidas, I, cit., pp. 176-177: Procedió la Comisión al redactarlo con un tacto y una prudencia superior a todo encomio, huyendo cuidadosamente de todo lo que fuera exclusivismo de escuela y mereciendo que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en un notable informe que sobre él emitió, dijera que el nuevo Código Penal considerando en gran parte el deber, el principio moral, como medida del delito, ha adoptado la base capital de la escuela espiritualista; proponiéndose la utilidad como fin, ha complacido en parte a la escuela utilitaria; conservando vestigios de nuestro antiguo Derecho ha pretendido satisfacer las exigencias de la escuela histórica; ni ha considerado a la Sociedad como un ídolo a que todo debiera sacrificarse, principio que algunas veces estravió el Rey Sabio, ni por el contrario ha sublimado al individualismo hasta el punto de olvidar el interés social como lo hizo frecuentemente el Fuero Juzgo. Eclécticos sus autores, han tomado de todos los sistemas, de todas las opiniones para levantar el edificio; prudentes, no han querido entregar a la Sociedad a utopías y a principios que en el hecho de ser exclusivos, se hacen peligrosos. La Comisión prestó, como el propio Díaz Merry sigue indicando (p. 177): un inmenso servicio con la redacción de su proyecto y realizó una obra digna del mérito y de la ilustración de sus autores.
[80]Teruel Carralero, D., El Código de 1848 en su centenario, en Revista de Estudios Penitenciarios 40 (1948), pp. 11-46. [ Links ]
[81]Domingo De Morató, Domingo Ramón, Estudios de Ampliación de la Historia de los Códigos Españoles y de sus instituciones sociales, civiles y políticas (2ª ed. corregida y ampliada, Valladolid, 1871), p. 309: [ Links ] No es menester, que nos detengamos en exponer la necesidad que había de su formación, cuando nadie ignora, que nuestras antiguas leyes penales, por ser poco conformes con las costumbres y situación de la época presente, habían caído enteramente en desuso, y que apenas había otra ley, ni otra jurisprudencia sobre el particular, que el prudente arbitrio de los Tribunales.
[82]Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación española, II: Procedimiento Civil (Madrid, 1998), p. 39. [ Links ] Señala Sainz Cantero, J. A., Lecciones de Derecho Penal, cit., p. 226, que en el período comprendido entre el envío del Proyecto de Código Penal por parte de la Comisión al Gobierno (24 de diciembre de 1845), y la remisión por este al Senado (13 de febrero de 1847), junto con el Proyecto de Ley de Autorizaciones para su publicación, el texto, en cuestión, sufrió diversas modificaciones, sin que pueda afirmarse quién las hizo, no descartando de este modo a Pacheco en las mismas, señalando sin embargo, que la influencia de Pacheco: no fue otra, por tanto, que la que imponía el peso de su gran prestigio científico y la extensión de las ideas eclécticas, que él defendía, entre los miembros de la Comisión y entre los anónimos modificadores que con posterioridad pusieron sus manos en el proyecto. El hecho de descartar la autoría de Pacheco, no ofrece ninguna duda para Candil Jiménez, F., Observaciones sobre la intervención de don Joaquín Francisco Pacheco en la elaboración del Código Penal de 1848, cit., la escasa participación de este jurista en dicha tarea codificadora. Anteriormente López-Rey y Arrojo, M., Derecho Penal. Parte especial, cit., también resaltará la escasa y tardía participación de Pacheco en la Comisión que terminaría por elaborar el Código. Igualmente, Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit., p. 263: [...] no aparecen referencia a la participación de Pacheco en la redacción de estos libros ni en la revisión del Código Penal, quedando su intervención reducida a lo que reflejan las actas de las conferencias generales en 1844 y 1845.
[83]Como señala Díaz Merry, R., Manuel Pérez Hernández, en Biografía de los Expresidentes de la Academia y de los Jurisconsultos anteriores al siglo XX, inscritos en sus lápidas, I, cit., p. 176, con su entrada en vigor, se puso fin a una situación verdaderamente caótica. En este mismo sentido se expresa, Jiménez De Asúa, Luis, en Don Joaquín Francisco Pacheco en el centenario del Código Penal español, en El Criminalista 9 (Buenos Aires, 1951), p. 32, [ Links ] destacando la superioridad técnica del texto punitivo español de 1848, en relación con el resto de Códigos penales europeos. El artículo 2 de la Ley de promulgación del Código Penal de 1848, determinaba la posibilidad de que el Gobierno propusiera a las Cortes, las reformas o mejoras pertinentes, si lo creía conveniente, en el plazo de tres años, o incluso, antes [el tenor del artículo es el siguiente: El Gobierno propondrá a las Cortes dentro de tres años, o antes si lo estimare conveniente, las reformas o mejoras que deban hacerse en el Código, acompañando las observaciones que anualmente por lo menos deberán dirigirle los Tribunales. Así se hizo por parte del Gobierno: Decretos de 1 de julio, 21 y 22 de septiembre y 30 de octubre de 1848, 30 de mayo, 2 y 5 julio y 28 de noviembre de 1849, y 7 y 8 de junio de 1850; por Decreto de 9 de junio de 1850 se dispuso de forma inmediata una nueva edición del Código Penal de 1848. Por parte de los tribunales, según Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit., p. 321: quedaron obligados a elevar sus observaciones y consultas que la práctica del Código Penal les sugiriera; y así lo hizo la Audiencia de Granada el 5 de julio de 1848 [véase: Lasso Gaite, J. F. Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit., p. 322], siguiendo, entre otras: la Audiencia de Oviedo, Valladolid, Valencia, Burgos (Madrid, Barcelona, Albacete y Sevilla, en relación a diversos preceptos del texto. A este respecto: Antón Oneca, J., Los antecedentes del nuevo Código Penal (Madrid, 1929), esp. p. 9; Lasso Gaite, J. F. Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit., pp. 321-338; Morales Payán, M. A. La configuración legislativa del delito de lesiones en el Derecho Histórico Español, cit., esp. pp. 57-59; y Sánchez González, Mª. D. del M., La codificación penal en España: los códigos de 1848 y 1850, cit.
[84]Fiestas Loza, A., Los delitos políticos (1808-1936), cit., p. 142. En este mismo sentido, Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit., p. 11: La necesidad de lograr la codificación penal [] Aparece en la política legislativa como el medio de alcanzar la reforma de la legislación criminal, tan severa como anticuada, ya que el sistema de las Recopilaciones o Códigos generales, vigente en el siglo XVIII, significaba la supervivencia del derecho medieval, inadecuado a su tiempo por la transformación social operada.
[85]Colomer Viadel, A., El sistema político de la Constitución de 1837 (Madrid, 1989). [ Links ]
[86]Artículo adicional 2º de la Constitución española de 1837: Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales.
[87]Véase: Armaza Galdós, Julio, Influencia de los códigos penales españoles en la legislación peruana decimonónica, en Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos: in memoriam (coord. por I. Berdugo Gómez de la Torre y L. A. Arroyo Zapatero, 2001), I, pp. 49-84. [ Links ]
[88]Alvarado Planas, Javier, Constituciones y Códigos en las provincias de Ultramar. La supervivencia del Antiguo Régimen en la España del siglo XIX (Madrid, 2001). [ Links ] En esta obra indica Alvarado que la tarea codificadora no extendió sus dominios a dichas provincias (de Ultramar), para evitar que los propios criollos pudieran aprovecharse de las prerrogativas dadas por los textos constitucionales españoles, para alcanzar, lo que a la postre sería definitivo: su independencia, como ya ocurriría anteriormente con otros territorios americanos con la Constitución gaditana de 1812. Así habría un espacio en el que el titular de la soberanía era la Monarquía, dividido jurídicamente en dos grandes bloques: de un lado la España peninsular, a la que se aplicarían los sucesivos Códigos, entre ellos el penal de 1848, con la consiguiente graduación de la pena en función de la gravedad del acto ilícito; y de otro, la España de Ultramar, a la que se aplicaría la tradicional legislación de la Monarquía Absoluta, esto es, Recopilaciones indianas, Novísima Recopilación de 1805, El Código de las Siete Partidas, que suponía la discrecionalidad casi absoluta del juzgador, con las correspondientes penas arbitrarias. Como indica Javier Alvarado Planas, en la obra anteriormente citada, ante las numerosas quejas de los criollos, y de sus instituciones, se crearía, dependiente del Ministerio de Justicia, una Comisión de Codificación de las Provincias de Ultramar en 1874, para la aplicación también a dichos territorios de la nueva legislación codificadora (así y dentro de la materia que nos ocupa, el Código Penal de 1879 para Cuba y Puerto Rico, y el de 1884 para Filipinas), que por motivos obvios desaparecería tras el desastre de 1898.
[89]Aunque para Beneyto, Juan, Estamos ante una línea eclecticista, en La ciencia jurídica en España entre 1700 y 1900. Explanación y explicación por un lector de libros de Derecho, cit. p. 242: Vigen en él las ideas de Rossi, aplicadas por Seijas Lozano y por Pacheco.
[90]Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit., señala en p.11, que: [la codificación penal] se nos muestra inicialmente como anhelo de reforma de la legislación criminal antigua, cuya dureza había sido desbordada por otras corrientes humanitarias. Como indica Beneyto, Juan, La ciencia jurídica en España entre 1700 y 1900. Explanación y explicación por un lector de libros de Derecho, cit., p. 243: En el medio del siglo XIX la gran preocupación en la pena de muerte. ¿Hasta qué punto se puede disponer de la vida del prójimo? Surge y se asienta una corriente abolicionista [...].
[91]Beccaria, C. De los delitos y de las penas (Introducción, notas y traducción de F. Tomás y Valiente, Madrid, 1969). [ Links ] Respecto de Beccaria y su escuela, véase entre otros: Gutiérrez Fernández, Benito, Examen Histórico del Derecho Penal, cit., pp. 327-408.
[92]Como señala Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit., p. 268: [...] el anteproyecto o ponencia del Libro I, fue elaborado por Seijas que desarrolló también el Libro IV sobre las faltas. También Bravo Lira, B., La fortuna del Código Penal español de 1848. Historia en cuatro actos y tres continentes: de Mello Freire y Zeiller a Vasconcelos y Seijas Lozano, cit., p. 46.
[93]Se puede comprobar, entre otros, en su artículo 19: No será castigado ningún delito o falta con pena que no se halle establecida por la ley con anterioridad a su perpetración, en López Borja de Quiroga, J. - Rodríguez Ramos, L. - Ruiz De Gordejuela López, L. (recopiladores), Códigos Penales españoles, 1822-1848-1850-1870-1928-1932-1944 (Madrid, 1988).
[94]La influencia del texto punitivo de 1848 en la América española ha sido puesto de manifiesto por Bravo Lira, B., El Derecho Indiano y sus raíces europeas. Derecho Común y propio de Castilla, cit., pp. 75-76: Varios Estados de América española adoptaron con mayores o menores modificaciones este Código: El Salvador en 1859, Perú en 1863, México en 1871, Venezuela en 1873, Chile en 1874, Nicaragua en 1879, Costa Rica en 1880, Guatemala en 1889 y Honduras en 1898. Además, se extendió a Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1872. También al respecto, Iñesta Pastor, Irene, La proyección hispanoamericana del Código Penal Español de 1848, cit., pp. 493-520, esp. p. 519: la presencia del Código Penal español de 1848 es clara en algunas naciones americanas, como en Chile cuyo Código [] es prácticamente una transposición literal del Código español. También en el segundo Código Penal salvadoreño [...], en el primer Código Penal hondureño, [] Guatemala, [...] el primer Código Penal de Perú [...] el primer Código venezolano [...]. En Colombia [...]. Por lo tanto, en todos esos textos penales, se mantiene el Código Penal del 48, bien directamente, bien a través de su reforma de 1850 que mantiene la misma estructura y principios de aquél.
[95]Entre otros, Lasso Gaite, J. F. Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit.; y Sánchez González, Mª. D. del M., La codificación penal en España: los códigos de 1848 y 1850, cit., quien afirma, p. 17, que el Código de 1848 ha sido uno de los más longevos de toda nuestra Historia jurídica. En este sentido Iglesia Ferreirós, A. La creación del Derecho. Manual, II, cit., p. 568: El proceso codificador penal consiste, en definitiva, en reorganizar el sistema del Código Penal de 1848, que incorpora las conquistas del Código de 1822, aunque no siempre muestra una línea ininterrumpida de adquisiciones [...]. El Código Penal de 1848 supuso la tecnificación del derecho penal instaurado en 1822, aportando una definición de delito y pena que prácticamente es la que se conserva hoy [...].
[96]Tomás y Valiente, F. El pensamiento jurídico, en Artola , J. (director), Enciclopedia de Historia de España (Madrid, 1998), III, pp. 327-408, esp. p. 394. [ Links ] Véase: González Miranda y Pizarro, J., Historia de la Codificación penal española y ligera crítica del Código vigente (Madrid, 1907). [ Links ] Como indica Rosal, Juan del, Esquema de un Anteproyecto de Código Penal español, Discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Madrid, 1964), p. 11: [ Links ] Ninguna nación [como España] presenta tal número de Códigos ni de proyectos totales o parciales de reforma penal. A este respecto, Rodríguez Devesa, J. Mª., La reforma de la legislación penal, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 71 (Curso 1984-85, Madrid, 1985), p. 138: [ Links ] La reforma de la legislación penal constituye un tema de perenne actualidad. Como señala Sánchez González, Mª. D. del M., La codificación penal en España: los códigos de 1848 y 1850, cit., p. 19: Un texto penal no sólo es un conjunto de disposiciones penales más o menos llenas o vacías, es también su aceptación por la sociedad, los problemas que supone, y que requieren su modificación, o los que resuelve, y el sentimiento o no de seguridad de los ciudadanos, que en última instancia es a los que van dirigidas las normas para su propia tranquilidad, y también los que las padecen.
[97]Para las novedades introducidas en el texto de 1848, Véase: Sánchez González, Mª. D. del M., La codificación penal en España: los códigos de 1848 y 1850, cit., pp. 99-149. [ Links ]
[98]Candil Jiménez, F. Manuel Seijas Lozano, miembro de la Comisión General de Códigos, cit., p. 429.
[99]Hoy en día esta responsabilidad civil por el delito cometido, se extiende no sólo al perjudicado, victima directa del delito, sino también a las víctimas indirectas de la infracción penal cometida. Así el artículo 113 del Código Penal: La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros.
[100]Candil Jiménez, F., Manuel Seijas Lozano, miembro de la Comisión General de Códigos, cit., p. 429.
[101]Artículo 123 en F. Pacheco, El Código Penal concordado y comentado (Madrid, 1848), I.
[102]Además de los trabajos, ya citados, de M. López-Rey y Arrojo, Derecho Penal. Parte Especial; de J. Antón Oneca, El Código Penal de 1848 y D. Joaquín Francisco Pacheco; de F. Candil Jiménez, Manuel Seijas Lozano, miembro de la Comisión General de Códigos; y de A. Fiestas Loza, Los delitos políticos.
[103]Lasso Gaite, J. F. Crónica de la Codificación Española, V: Codificación Penal, I, cit., pp. 251-416. [ Links ]
[104]Gacto Fernández, Enrique, Temas de Historia del Derecho: Derecho del Constitucionalismo y de la Codificación, cit., pp. 50 y 51. [ Links ]
[105]Sainz Cantero, J. A. Lecciones de Derecho Penal. Parte General, I: Introducción, cit., pp. 225-226. [ Links ]
[106]Lalinde Abadía, Jesús, Iniciación Histórica al Derecho Español (Barcelona, 1983), p. 671. [ Links ]
[107]Bravo Lira, B., El Derecho Indiano y sus raíces europeas. Derecho Común y propio de Castilla, en AHDE. 58 (1988), pp. 5-79, esp. p. 75. [ Links ]
[108]Tomás y Valiente, F. Manual de Historia del Derecho Español, cit., pp. 498 y 499. [ Links ]
[109]Fernández Espinar, Ramón, Manual de Historia Español; I: Las fuentes (Madrid, 1991), p. 667. [ Links ]
[110]Baró Pazos, Juan, La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889), cit., esp. nota 75 en p. 107. [ Links ]
[111]Pérez-Prendes y MuñozArraco, José Manuel, Interpretación Histórica del Derecho. Notas. Esquemas. Prácticas (Madrid, 1996), p. 1073. [ Links ]
[112]Peset, M. - García Trobat, P. - Correa, J. - Palao, J. - Marzal, P. - Blasco, Y., Historia de las Constituciones y los Códigos (Valencia, 1997), p. 95. [ Links ]
[113]Pérez-Bustamante, Rogelio, Historia del Derecho Español. Las Fuentes del Derecho (Madrid, 1997), p. 294. [ Links ]
[114]Gacto Fernández, Enrique - Alejandre García, Juan Antonio - García Marín, José María, Manual Básico de Historia del Derecho (Temas y antología de textos) (Madrid, 1997), p. 362 [ Links ][anteriormente en El Derecho Histórico de los pueblos de España (Temas y Textos para un curso de Historia del Derecho) (8ª edición, Madrid, 1994), p. 581].
[115]Peset, M. - García Trobat, P. - Correa, J. - Palao, J. - Marzal, P. - Blasco, Y., Lecciones de Historia del Derecho (Valencia, 2000), p. 351. [ Links ]
[116]Álvarez De Morales, Antonio, Historia del Derecho y de las Instituciones (Granada, 2002), p. 362. [ Links ]
[117]Alvarado Planas, Javier (coord.) - Montes Salguero, J. J. - Pérez Marcos, R. Mª. (coord.) - Sánchez González, D. del M., Lecciones de Historia del Derecho y de las Instituciones (Madrid, UNED., 2002), II, p. 345 [ Links ][también en Manual de Historia del Derecho y de las Instituciones (Madrid, 2006), p. 818: En su redacción intervinieron García Goyena, Bravo Murillo, Clarós, Pacheco [...] y Seijas Lozano, su principal redactor, y 819: Además Clarós, que había redactado el libro sobre las faltas, no pudo entregar su borrador por caer enfermo, y tuvo que reiniciarlo apresuradamente Seijas. En definitiva que Seijas había elaborado el borrador del libro primero y el dedicado a las faltas, mientras que los libros segundo y tercero, luego refundidos en uno solo, fueron redactados por Clarós].
[118]Iñesta Pastor, Irene, La proyección hispanoamericana del Código Penal Español de 1848, cit., p. 502.
[119]Escudero, J. A., Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones Político-administrativas, cit., p. 895.
[120]Morales Payán, M. A., La configuración legislativa del delito de lesiones en el Derecho Histórico Español, cit., p. 97, p. 56, nota 220, igualmente en La Justicia penal en la Almería de la primera mitad del siglo XIX, cit., p. 119, nota 317.
[121]Sánchez González, Mª. D. del M., La codificación penal en España: los códigos de 1848 y 1850, cit., esp. pp. 40-56. [ Links ]
[122]Puig Peña, Federico, Código Penal, en Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, cit., p. 338. [ Links ]
[123]Font-Rius, José Mª., Apuntes de Historia del Derecho Español, cit., p. 357. [ Links ]
[124]Gibert y Sánchez De La Vega, Rafael - Fernández Espinar, Ramón - Zurita Cuenca, Rafael, Historia del Derecho. Unidades Didácticas (Madrid, UNED, 1976), en la Unidad Didáctica 6, Tema XXXV, Explicaciones complementarias, p. 106. [ Links ]
[125]Gibert y Sánchez De La Vega, Rafael, Ciencia Jurídica Española (Granada, 1983), p. 68. [ Links ]
[126]Pérez-Victoria de Benavides, Manuel María, Una Historia del Derecho (Granada, 2003), p. 408. [ Links ]
[127]Beneyto, Juan, La ciencia jurídica en España entre 1700 y 1900. Explanación y explicación por un lector de libros de Derecho, cit., p. 242. [ Links ]
[128]Véase: Domínguez Nafría, Juan Carlos, Gutiérrez Fernández, Benito, en Diccionario Crítico de Juristas Españoles, Portugueses y Latinoamericanos, I (A-L), cit., p. 409. [ Links ]
[129]Gutiérrez Fernández, Benito, Códigos o Estudios fundamentales sobre el Derecho Civil Español (Madrid, 1862-1874), siete volúmenes, obra básica y fundamental para el conocimiento del Derecho Civil, Común y Foral de mitad del siglo XIX.
[130]Gutiérrez Fernández, Benito, Examen histórico del Derecho Penal, cit.
[131]En este sentido, Puig Peña, Federico Código Penal, en Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, cit., p. 338: [ Links ] En cuanto a las influencias que en él se dejaron sentir, [] en cuanto al aspecto científico, la particular influencia de Rossi, teorizante principal del eclecticismo francés [...].
[132]Prueba de la modesta personalidad que recalcamos, la tenemos en la sesión de 10 de marzo de 1848 en el Congreso, ya vista, con su discurso parlamentario, cuando se estaba tramitando la aprobación del Código Penal de 1848.
[133]Como señala Candil Jiménez, F., Manuel Seijas Lozano, miembro de la Comisión General de Códigos, cit., p. 414, debemos considerar políticamente a Seijas Lozano como un conservador o ultraconservador dentro del partido moderado, si bien unido a Narváez en todo momento, sin una vinculación definitiva a los puritanos de Pacheco, señalando además, que nuestro autor pudo haber sido nombrado, incluso, Presidente del Gobierno de España, a propuesta de Pacheco, aunque finalmente la iniciativa no prosperara.
[134] Elecciones de 22 de septiembre de 1837.
[135] Elecciones de 3 de septiembre de 1844.
[136] Elecciones de 31 de agosto de 1850.
[137] Elecciones de 10 de mayo de 1851.
[138] Elecciones de 4 de febrero de 1853.
[139] Elecciones de 25 de marzo de 1857.
[140] Elecciones de 6 de diciembre de 1846.
[141] Elecciones de 6 de diciembre de 1846.
[142] Elecciones de 31 de agosto de 1850.
[143] Elecciones de 25 de marzo de 1857.
[144] Elecciones de 11 de octubre de 1863.
[145] Elecciones de 31 de agosto de 1850.
[146] Elecciones de 25 de marzo de 1857.
[147]Llano Chinchón, M., Manuel Seijas Lozano, en Biografía de los Expresidentes de la Academia y de los Jurisconsultos anteriores al siglo XX, inscritos en sus lápidas, cit., p. 183; y Fernández, Victoria, 500 años de Abogacía en Granada (Granada, Ilustre Colegio de Abogados de Granada, 2005), esp. p. 202. [ Links ]
[148] Y cuyo tratamiento de cura realizaba a menudo en el Balneario de Lanjarón (Granada).
[149] Como Senador, Seijas Lozano, llevará a cabo una muy intensa actividad parlamentaria, entre otros, en la Legislatura 1864-1865: miembro de la Comisión encargada de dar dictamen sobre el Proyecto de Ley en que se hacen aclaraciones acerca de la disposición sexta de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862; en la Legislatura 1865-1866: miembro de la Comisión que había de informar sobre el Proyecto de Ley declarando vigente la segunda parte de la Ley 35ª, Tít. I, Libro quinto de la Novísima Recopilación; en la Legislatura 1867-1868: miembro de la Comisión sobre la organización de Tribunales; o en la Legislatura 1867-1868: como Presidente de la Comisión de Tribunales. Puede verse su expediente personal como Senador en: http://www.senado.es/historia/senadores/index.htm
[150] Real Decreto de 19 de marzo de 1867. Ejerce la Vicepresidencia de la Cámara Alta (como primer Vicepresidente) junto a Joaquín Ignacio Mencos y Manso de Zúñiga , Santiago de Tejada y José María Huet.
[151]Real Decreto de 1 de mayo de 1867. Manuel Seijas Lozano reemplazó en el cargo a Manuel de Pando, Marqués de Miraflores (Diario de las Sesiones de Cortes. Senado, núm. 13, Sesión del viernes 3 de mayo de 1867). Véase ahí su discurso al ocupar la presidencia en p. 106: [habla Seijas Lozano, ya como Presidente del Senado] La Reina (Q.D.G.) se ha dignado elevarme á este sitial, aunque falto de títulos y merecimientos para ocupar este puesto. Si al menos poseyese yo las dotes necesarias para su desempeño, mi timidez sería menor y no me arredraría este cargo, difícil siempre y hoy dificilísimo. Todos los conocéis; la más consumada prudencia, el tacto más exquisito y la más inquebrantable energía pudieran hoy no ser suficientes para llenarla fructuosamente. Así, careciendo yo de esas dotes, y aún de la experiencia que tanto enseña en la dirección de las altas y numerosas corporaciones, ni aún podría dar vado á mi cometido sin vuestra ayuda eficaz, sin vuestra cooperación asidua y sin vuestra franca benevolencia. Pidoos pues encarecidamente que me otorguéis estas concesiones, no en beneficio mío, sino en gracia de este alto Cuerpo y en bien del país, al que hemos jurado procurárselo. Por lo demás, yo os afirmo que los respetos, consideraciones y fueros del Senado, cuya defensa me toca más inmediatamente, le serán cumplidamente guardados. También os prometo que una severa imparcialidad será la regla de mi conducta en las discusiones, y creed que mi anhelo es el de que al cesar en mi cargo pueda decir y afirmar que ninguno de mis dignos de mis compañeros abriga una queja fundada de mí. He dicho.
[152]Llano Chinchón, M., Manuel Seijas Lozano, en Biografía de los Expresidentes de la Academia y de los Jurisconsultos anteriores al siglo XX, inscritos en sus lápidas, cit., p. 184: [...] emitió su informe en notables dictámenes, muchos de los cuales se conservan impresos, entre los que se pueden encontrar algunos como el dado acerca del recurso extraordinario conocido en el antiguo reino de Mallorca con la denominación de Causa videndi et recognoscendi, que pone de manifiesto su profundo conocimiento de la historia de nuestra legislación y de nuestras instituciones judiciales, estudios casi abandonados entonces.
[153]Del 28 de enero (BOE. 30 de enero) al 28 de marzo de 1847 (BOE. de 30 de marzo). Por Real Decreto de 5 de febrero de 1847, dicho Ministerio pasó a denominarse tan sólo como de la Gobernación del Reino, y como tal, y de forma interina (por ausencia del titular, Luis José Sartorius Tapia, Conde de San Luis), nuestro autor será nombrado de nuevo, en un breve período de tiempo, que va del 19 de septiembre (BOE. de 21 de septiembre) al 8 de octubre de 1850 (BOE. de 9 de octubre), en el gobierno presidido por el General Narváez. Regentando dicha cartera, presentará, entre otros, un Proyecto de Ley sobre establecimientos de beneficencia.
[154]Del 31 de agosto (BOE. de 2 de septiembre) al 19 de octubre de 1849 (BOE. de 20 de octubre), y del 20 de octubre de 1849 (BOE. de 21 de octubre) al 29 de noviembre de 1850 (BOE de 30 noviembre). Ocupando dicha cartera ministerial, Seijas Lozano presentará al Parlamento un Proyecto de Ley General de Ferrocarriles, que estudiará en enero de 1850 una Comisión parlamentaria presidida por Salustiano de Olózaga Almandoz, aunque la propuesta no fructifica, máxime cuando nuestro jurista preocupado en la tarea, pasa a desempeñar la cartera de Hacienda. Véase: al respecto, Larrinaga Rodríguez, Carlos, La Concesión Vascongada y los antecedentes de la línea ferroviaria del Norte (1844-1855), en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V: Historia Contemporánea, 17 (2005), pp. 67-92, esp. referencia a Seijas Lozano en pp. 80 y 85. [ Links ]
[155]Fernández, Victoria, en 500 años de Abogacía en Granada, cit., p. 202: [...] su mayor logro como ministro [de Comercio, Instrucción y Obras Públicas] fue, curiosamente, la creación de la carrera de ingeniero industrial en un momento en que se realizaban los primeros tendidos ferroviarios en España y se consolidaban las grandes industrias en Europa. Dicho Real Decreto señala lo siguiente: [...] Ocupado el Gobierno hace algunos años en la reorganización general de la instrucción pública para ponerla en armonía con las necesidades del siglo, no podía olvidar uno de los ramos más interesantes de ella, y el que más influencia puede ejercer en la prosperidad y riqueza de nuestra patria. No basta dar impulso a la enseñanza clásica ni mejorar los estudios literarios o científicos, para completar la obra es preciso crear escuelas en que los que se dedican a las carreras industriales puedan hallar toda la instrucción que han menester para sobresalir en las artes o llegar a ser perfectos químicos y hábiles mecánicos; de esta suerte se abrirán nuevos caminos la juventud ansiosa de enseñanza y apartándolos del estudio de las facultades superiores, a que afluyen hoy en excesivo número, se dedicaran a la ciencia de aplicación, a propósito de profesiones para las cuales hay que buscar en las naciones extranjeras personas que sepan ejercerlas con todo el pleno de conocimiento que exigen.
[156]Cano Pavón, José María. La enseñanza de la ingeniería industrial en España, entre 1850 y 1868: La Escuela Industrial de Sevilla, en Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas 19 (1996) 36, pp. 27-50. [ Links ]
[157] Asimismo, Seijas Lozano será el impulsor para la creación del Puerto de Motril (Granada), entre otras importantes acciones referentes a la modernización de su tierra y, en general, de toda España.
[158] El grado elemental se impartía en Institutos de segunda enseñanza.
[159]El estudio del grado de ampliación se impartiría en las Escuelas Industriales, recién creadas, de Madrid, Barcelona, Sevilla y Vergara. Véase: Cano Pavón, José María, El Real Instituto Industrial de Madrid (1850-1867): medios humanos y materiales, en Llull. Revista de la Sociedad española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas 21(1998) 40, pp. 33-62; [ Links ] y Lusa Monforte, Guillermo, Creación de la Escuela Industrial barcelonesa: (1851), en Actes de les II trobades d´històrias de la ciència i de la tècnica (Peníscola, 5-8 de diciembre de 1992) (Coord. V. Navarro Brotons, 1994), pp. 151-160. [ Links ] En sentido, y entre otros, para un exhaustivo análisis histórico de la Escuela Industrial de la localidad guipuzcoana de Vergara, Véase: Cano Pavón, José María, La Escuela Industrial de Vergara (1848-1860), en Historia de la Educación. Revista Interuniversitari 19 (2000), pp. 225-248; [ Links ] y para la de Barcelona, véase: Lusa Monforte, Guillermo, La creación de la Escuela Industrial Barcelonesa (1851), en Quaderns d´història de l´enginyeria 1 (1996). [ Links ]
[160]En el período 1857-1860, se transformaron en superiores las Escuelas Industriales de Barcelona, Sevilla y Vergara, creándose asimismo las Escuelas de Gijón y Valencia. Sin embargo, este auge se iría al traste entre 1860-1867 con una crisis de estos estudios, cuando desaparecen todas las Escuelas Industriales, incluido el Real Instituto Industrial de Madrid, a excepción de la Escuela de Barcelona, que seguirá con su labor. Al respecto, Cano Pavón, J. M., La enseñanza de la ingeniería industrial en España, entre 1850 y 1868: La Escuela Industrial de Sevilla, cit., quien analiza de forma detallada el instituto sevillano, desde su creación hasta su desaparición, acaecida en 1866, que supondrá la desaparición en Andalucía, durante un siglo, de los estudios de Ingeniería Industrial; y del mismo autor, La Escuela Industrial de Valencia (1852-1865), en Llull. Revista de la Sociedad española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas 20 (1997) 38, pp. 117-142. En su memoria, y como reconocimiento a su labor, se instituye por la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, el Premio Manuel Seijas Lozano de los Estudios de Ingeniería Industrial. En este sentido, Fernández, Victoria, en 500 años de Abogacía en Granada, cit., p. 202: Su apuesta porque se desarrollara en nuestro país una potente industria para despegar económicamente y la necesidad de técnicos que respondieran a sus necesidades, ha sido reconocida hoy día por la propia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid que tiene instituido el Premio ´Manuel Seijas Lozano´ para galardonar la misma labor que él realizó hace [más] de 150 años.
[161] Del 29 de noviembre de 1850 (BOE. de 30 de noviembre) al 14 de enero de 1851 (BOE. de 15 de enero).
[162] Del 12 de octubre de 1856 (BOE. de 13 de octubre) al 15 de octubre de 1857 (BOE. de 16 de octubre).
[163]De 16 de septiembre de 1864 (BOE. de 17 de septiembre) al 21 de junio de 1865 (BOE. de 22 de junio). Como indica Llano Chinchón, M., Manuel Seijas Lozano, en Biografía, cit., p. 184, es complicado encontrar a un político, como Seijas Lozano, al frente de tan distintas y diversas carteras ministeriales.
Aparece como ministro. Al respecto veáse: Urquijo Goitia, J. R., Gobierno y Ministros españoles (1808-2000), cit., esp. p. 320. [ Links ]
[164]Lasso Gaite, J. F. Crónica de la Codificación española, I: Organización Judicial, cit., pp. 61-62. [ Links ]
[165] Ibídem., pp. 71-75.
[166]Lasso Gaite, J. F. Crónica de la Codificación española, II: Procedimiento Civil, cit., esp. Capítulo V, Primera Ley de Enjuiciamiento Civil española, de 1855, pp. 57-77. [ Links ]
[167]Lasso Gaite, J. F. Crónica de la Codificación española, I: Organización Judicial, cit., p. 72. [ Links ]
[168]Candil Jiménez, F., Manuel Seijas Lozano, miembro de la Comisión General de Códigos, cit., p. 417. [ Links ]
[169]Para la actuación de Manuel Seijas Lozano como miembro del Gobierno, y su actitud ante la Ley de Instrucción Pública española de 1857, véase: Álvarez De Morales, Antonio, Moderados y progresistas ante la Ley de Instrucción Pública española de 1857, en Estudios de Historia de la Universidad española (Madrid, 1993), pp. 249-268, esp. p. 265. [ Links ]
[170]Puede verse la referencia histórico-biográfica como Ministro de Gracia y Justicia de M. Seijas Lozano, en Lasso Gaite, J. F., El Ministerio de Justicia. Su imagen histórica (1714-1981), cit., pp. 107-108.
[171]M. Seijas Lozano, formó parte de una Junta Mixta, para consensuar un acuerdo por un conflicto de intereses entre el Estado español y la Santa Sede, y que dio lugar a un Proyecto de Ley para la dotación de culto y clero de nuestro país.
[172]Seijas Lozano, M., Registro de Sentencias y votos reservados, en RGLJ. 19 (1861), pp. 325-342, [ Links ] cree ver un registro de éstas en las Partidas de Alfonso X el Sabio. En este sentido las Cortes de Briviesca de 1387, en la Petición 19ª recoge la necesidad de la existencia de un registro de sentencias, con las propias sentencias, con señalamiento de quienes la profirieron y de aquellos que fueren de contraria opinión, así en Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla (1863), II, p. 386: Otrosy alo que nos pidistes por merçet que sy los oydores no fizieren [justiçia por] maliçia o por negligencia, quelos poniesemos e diesemos pena segund su maliçia e su negligencia./ A esto vos respondemos que por quanto esta es petiçion justa e buena, anos plaze delo fazer assy; e porque ellos se guarden mas de errar, e fagan lo que anuestro seruiçio e aprouecho cunple e de nuestro rregnos, nos les damos dos rreglas [...] la segunda rregla es que todas las sentençias que dieren tengan rregristro, e para esto nos queremos ordenar vn escriuano que ande enla chançelleria, el qual tenga rregistro dellas, e tenga por escripto los quelas dieron, e quales son de contraria opinión, por que anos sea fecha relación de commo se faze toda via quelo nos queramos saber, e que ninguno dellos non sea osado de fazer el contrario sopena de perder la quitación de vn anno.
[173]Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación española, I: Organización Judicial, cit., p. 61. [ Links ] La figura del Ministerio Fiscal se corresponde con la del antiguo Procurador Fiscal y Promotor de la Justicia, o de la acción de la Justicia, de origen bajomedieval, que se articula, como tal, en el siglo XIX a raíz de la llamada revolución burguesa. En este sentido, Fairén Guillen, Víctor, La reorganización del Ministerio Fiscal español, en Temas del ordenamiento procesal (Madrid, 1969), I, pp. 485-486, [ Links ] entre otros trabajos, analiza la terminología en torno a la institución, reivindicando la antigua denominación de Promotor de la Justicia, o mejor aún, la de Promotores de la acción de la Justicia. También, y en este mismo sentido, Sánchez Arcilla, J., Procurador Fiscal y Promotor de la Justicia. Notas para su estudio, en Revista de Derecho Privado (1982), pp. 675-702, quien en nota núm. 1 en p. 676, se muestra partidario del razonamiento de Fairén Guillen, y señala que: la realidad jurídica actual del Ministerio Fiscal es el resultado de un largo proceso evolutivo de un oficial real que ha ido acumulando unas veces, perdiendo otras, un gran número de funciones y competencias, de contornos no muy precisos en ocasiones, que dificultan a menudo el estudio sistemático de la institución.
[174]Proyecto de Ley Hipotecaria de 8 de enero de 1861, y su Reglamento, estando M. Cortina en la Presidencia de la Comisión General de Codificación, de nuevo recuperada por el Real Decreto de 1 de octubre de 1856 del entonces Ministro C. Álvarez.
[175]Díaz Merry, A., Manuel Pérez Hernández, en Biografía de los Ex presidentes de la Academia y de los Jurisconsultos anteriores al siglo XX, inscritos en sus lápidas, I, cit., p. 177: La misma Comisión que redactó el Código Penal, no obstante haber sido disuelta por R. D. de 31 de julio de 1846, dejó también establecidas las bases que sirvieron para la redacción del proyecto del Código civil de 1851, que no tuvo la suerte de pasar de la categoría de proyecto, defraudando las esperanzas que entonces se concibieron de que fuera el término de nuestra desorganización legislativa. Digno fue también ese trabajo de los sabios jurisconsultos que intervinieron en su formación. Asimismo, Fernández, Victoria, 500 años de Abogacía en Granada, cit., p. 202.
[176]Véase: Mora Cañada, Adela - Barrero, Ana, Algunas reflexiones en torno a la codificación civil (Mucho ruido y pocas nueces), en AHDE. 67 (1997), pp. 243-260. [ Links ]
[177]Baró Pazos, Juan, La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889), cit., p. 93. [ Links ]
[178]Ibídem, nota núm. 54. A este respecto: García Goyena, Florencio, Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español (Madrid, 1852, reed. Barcelona, 1973 y Zaragoza, 1974). Véase: Sánchez Román, Felipe, Estudios de Derecho civil. Historia General de la Legislación española (Madrid, 1888-1891), tres volúmenes; y La Codificación civil en España, en sus dos períodos de preparación y consumación. Estado del Derecho civil de España, común y foral, antes y después de la promulgación del Código Civil (Madrid, 1890).
[179]Para Baró Pazos, Juan, La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889), cit., p. 101, el Proyecto de 1851 marca un hito en el proceso de la Codificación del Derecho civil de nuestro país.
[180]Colección Legislativa (Madrid, 1849), XXXVIII, pp. 337-338. [ Links ]
[181]Más adelante se producirá la especialización de la Comisión, en la Sección civil y en la Sección de procedimientos civiles y criminales. La ausencia de una Sección penal se justifica por el hecho de que el texto relativo al Código Penal ya se encuentra prácticamente concluido. Véase: Antequera Bobadilla, J. Mª., La Codificación moderna en España (Madrid, 1886-1887), esp. pp. 303-304 [ Links ](dicha obra será publicada también en la RGLJ. 68 (1885), pp. 397 ss. y pp. 493 ss.; 69 (1886), pp. 5 ss., pp. 81 ss., pp. 161 ss., pp. 297 ss., pp. 377 ss., y pp. 513 ss.; y 70 (1887), pp. 5 ss., pp. 125 ss., pp. 277 ss., pp. 453 ss., pp. 565 ss., y pp. 661 ss.). Al respecto, Lasso Gaite, Juan F., Crónica de la Codificación española,IV: Codificación Civil (Génesis e historia del Código), I, cit., esp. p. 197, y Baró Pazos, Juan, La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889), cit., esp. pp. 99-100.
[182]Baró Pazos, Juan, La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889), cit., p. 100. [ Links ]
[183] Ibíd., nota 145.
[184]Lasso Gaite, J. F. Crónica de la Codificación española, IV: Codificación Civil (Génesis e historia del Código), I, cit., esp. p. 197; [ Links ] y Baró Pazos, Juan, La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889), cit., esp. p. 99. [ Links ] Díaz Merry, A., Manuel Pérez Hernández, en Biografía de los Expresidentes de la Academia y de los Jurisconsultos anteriores al siglo XX, inscritos en sus lápidas, I, cit., p. 178: Faltole, pues, al proyecto de 1851, la consagración que el del Código Penal obtuvo. Por lo demás, no es dable descender, [] basta por consiguiente indicar que sus autores tal confianza tuvieron en que corriera igual suerte que el del Código Penal, como que en éste hacen continuas referencias a los preceptos de derecho sustantivo consignados en aquél. Para salvar esas referencias, fue necesario que por R. D. de 22 de septiembre de 1848, se dispusiera que siempre que el Código Penal se refiriera a disposiciones del Código civil, se entendieran las referencias a la legislación civil entonces vigente, y en su defecto a los que se hallare establecido por la jurisprudencia general.
[185]Con dicha obra, Gibert y Sánchez de La Vega, Rafael - Fernández Espinar, Ramón - Zurita Cuenca, Rafael, Historia del Derecho. Unidades Didácticas, cit., Unidad Didáctica 6, Tema XXXVI, Explicaciones complementarias, p. 138, sitúan a Manuel Seijas Lozano, entre los procesalistas, dentro de los autores de Exposiciones sistemáticas.
[186]Así destaca su labor como filósofo del Derecho Candil Jiménez, F., Manuel Seijas Lozano, miembro de la Comisión General de Códigos, cit., p. 416: demuestra un sólido conocimiento de la filosofía, que desarrolla con profundidad y acierto en su cátedra del Ateneo matritense, sobre filosofía del Derecho. Conoce la doctrina del seusismo de Condillac, perteneciente a la primera fase de la Ilustración francesa y a su seguidor Desttut de Tracy, destacando que sin proponérselo y creyendo que desenvolvían la teoría del empirismo inglés de Locke, cayeron en el sistema opuesto que combatían. Estima que Condillac determinó a Kant, lo mismo que Bichat a Broussais, y se identifica con la doctrina del profesor de la Universidad de Erlangen y Munich Schelling, sobre el concepto filosófico del hombre. En este sentido, el propio Manuel Seijas Lozano, en su Teoría de las Instituciones Judiciarias, con proyectos formulados de Códigos aplicables a España, Introducción (Madrid, 1842), II, p. viii.
[187]Pérez De Guzmán y Gallo, Juan, en Noticias, dentro del Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid, Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1920), LXXVII, p. 384, [ Links ] describe el hallazgo del llamado Libro de Oro de la Real Academia de la Historia (concesión de las primeras medallas y firmas autógrafas de los académicos), con motivo de la elaboración del Inventario que se estaba realizando en el verano de 1919 en el Archivo de la Secretaría de la institución, entre las cuales tenemos la de Seijas Lozano: Entre los libros de la antigua organización de la Academia, el llamado Libro de Oro, con la distribución de las primeras medallas después de su creación, y las firmas autógrafas de los que las recibieron, entre ellos los Sres. Cuadrado, López Ballesteros, Barón de la Joyosa, Sabau, Quinto, Salvá, Sainz de Baranda, Benavides, Govantes, Gayangos, Delgado, Cavanilles, Caballero, Amador de los Ríos, Clonard, Arjona, Caveda, Escosura, Sancha, Carderera, el Duque de Osuna, Zarco del Valle, Canga-Argüelles, Olózaga, Lafuente (D. Modesto), Martínez de la Rosa, D. Pedro J. Pidal, San Miguel, el Duque de Rivas, Seijas Lozano, Fernández-Guerra, D. Martín de los Heros, Colmeiro, Gómez de la Serna, Muños y Romero, etc., etc.
[188] No toma Seijas Lozano, sin embargo, la dirección de dicha institución, como erróneamente he manifestado (siguiendo a algunos autores), y he de reconocer, en mis estudios anteriores
[189]Llano Chinchón, M., Manuel Seijas Lozano. Biografía, cit., p. 186.
[190]Seijas Lozano, M., Discursos leídos en sesión pública de la Real Academia de la Historia en la recepción de D. Manuel Seijas Lozano, el día 30 de mayo de 1853 (Imprenta de D. José C. de la Peña, Madrid, 1853), 62 pp.; [ Links ] y Discurso sobre el régimen municipal de Castilla y su influjo en las instituciones políticas de este antiguo reino, leído en la sesión pública que para dar posesión de plaza de número ha celebrado desde 1852 la Real Academia de la Historia. Contestación del Sr. Marqués de Pidal. Real Academia de la Historia (Madrid, 1858), 338 pp.
[191]Hinojosa y Naveros Eduardo de, Origen del régimen municipal en León y Castilla, en Obras Completas (Madrid, 1974), III, pp. 271-317 [ Links ][sobre este autor, véase entre otros: Martínez Dhier, Alejandro, 150 años del nacimiento de Eduardo de Hinojosa y Naveros, historiador del Derecho español, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (3ª época) 6 (Granada, 2003), pp. 549-559; y Martínez Dhier, Alejandro - Peláez Albendea, Manuel J., Hinojosa y Naveros, Eduardo de, en Diccionario Crítico de Juristas Españoles, I (A-L), cit., pp. 415-421].
[192]Pidal, P. J., Marqués de Pidal, Lecciones sobre la historia del gobierno y legislación de España (desde los tiempos primitivos hasta la reconquista), pronunciadas en el Ateneo de Madrid en los años de 1841 y 1842, ahora por primera vez dadas á la luz. Biblioteca Jurídica de Autores Españoles, Imprenta de la Revista de Legislación (Madrid, 1880), esp. pp. 301-312
[193] Fue elegido presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el 22 de noviembre de 1840 y el 30 de mayo de 1848.
[194]Seijas Lozano, Manuel, Qué es la jurisprudencia y qué es el jurisconsulto. Acta de la sesión inaugural de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación celebrada el 24.X.1848 (Madrid [s.n.], Imp. de la Don Eusebio Aguado, 1849).
[195] Medalla Nº 3 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
[196]Al respecto, Fernández, Victoria, 500 años de Abogacía en Granada, cit., p. 202: [...] antes de trasladarse a Madrid ocupó los cargos de decano, secretario, tesorero y diputado en el Colegio de Abogados de Granada entre 1830-34.
[197]En el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al igual que ocurre en el de Granada, Manuel Seijas Lozano forma parte de su Junta directiva. Así, Pérez-Bustamante, Rogelio, Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 1596-1996 (Madrid, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 1998) [hay versión reducida de la obra: El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 1596-1996, para la conmemoración del IV Centenario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid], p. 251: En las Juntas Generales y de Gobierno de 1845 se trató de las incorporaciones al Colegio de Abogados de Madrid de nuevos letrados procedentes de las más diversas provincias. Proseguían las elecciones anuales de la Junta de Gobierno, tal como conocemos por la Junta General de 21 de diciembre de 1845, en la cual fue reelegido Decano D. Juan Manuel González Acevedo, y encontrándose en aquella Junta como Diputado 2º Manuel de Seijas Lozano [...].
[198]Llano Chinchón, M., Manuel Seijas Lozano, en Biografía de los Expresidentes de la Academia y de los Jurisconsultos anteriores al siglo XX, inscritos en sus lápidas, cit., p. 183: [ Links ] Una vez terminada su carrera, ejerció la profesión de Abogado, incorporándose al Colegio de la Chancillería de Granada, y ganando tal ascendiente por su saber y por su elocuencia, que bien pronto conquistó el primer puesto entre sus compañeros, llegando muy joven á ejercer el Decanato del Colegio, cargo que desempeñó hasta que, suprimidas las Chancillerías y creada la nueva división judicial, el Gobierno, queriendo dotar las Audiencias de nueva creación de jurisconsultos de reconocido mérito, hubo de nombrarle Fiscal de Albacete []
[199]En el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, Manuel Seijas Lozano desempeña, entre 1830 y 1834, los cargos de Secretario (Junta de Gobierno de 1830), Tesorero (Junta de Gobierno de 1831), Diputado 3º (Junta de Gobierno de 1832), Decano (Junta de Gobierno de 1833) y Diputado 1º (Junta de Gobierno de 1834). En este sentido, Lapresa Molina, Eladio de, Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, 1726-1850 (Granada, 1976), esp. pp. 186-187. [ Links ] Convirtiéndose de este modo, nuestro autor, en uno de los abogados granadinos con más proyección política en el siglo XIX, tal y como señala, Fernández, Victoria, 500 años de Abogacía en Granada, cit., esp. p. 202.
[200]Gibert y Sánchez De La Vega, Rafael, Ciencia Jurídica Española, cit., en el añadido de p. 68 al título 36 Abogados y Políticos (pp. 44-56): Manuel Seijas Lozano [...] abogado en 1823 ante aquella chancillería [Granada] [...] en 1840 volvió a la abogacía, era tenido por uno de los mejores letrados de Madrid por el tino, la profundidad con que trataba las cuestiones del foro, la claridad y el orden con que los presentaba y por sus buenas dotes oratorias [...]; y Escudero, J. A. Curso de Historia del Derecho, cit., pp. 894-895: [...] la codificación penal quedó fundamentalmente en manos de un abogado erudito, Manuel Seijas Lozano, quien ya había publicado algunos trabajos sobre estas cuestiones. La actuación de Seijas como abogado puede verse en Candil Jiménez, F. Manuel Seijas Lozano, miembro de la Comisión General de Códigos, cit., p. 415: Defendió y obtuvo la absolución de don Manuel Cortina y Joaquín María López, cuando colocados al frente de la coalición para deponer al Duque de la Victoria, en 1843 y obtenido el fin propuesto, desaparecido el interés común entre moderados y progresistas, procesados y encarcelados, por defender sus ideas progresistas de siempre; y en p. 416: Seijas Lozano, como abogado es un orador parlamentario y como orador parlamentario es un abogado. También Llanos Chichón, M., Manuel Seijas Lozano, Biografía, cit., pp. 187-188. En este mismo sentido, véase: Madoz, Pascual, Defensas pronunciadas ante la sala tercera de la Audiencia de Madrid por D. Pascual Madoz, D. Manuel de Seijas Lozano, D. Joaquín María López en la causa formada contra varios exdiputados por los sucesos de Alicante (Defensa pronunciada ante la sala tercera de Madrid por D. Manuel Seijas Lozano, en la causa [...] contra los Señores D. Manuel Cortina, D. Juan Antonio Garnica y D. Joaquín Garrido) (Madrid [s.n.], Est. Literario-Tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1845), 88 pp.
[201]Véase: Martínez Dhier, Alejandro - Sánchez Aranda, Antonio, Niceto Alcalá-Zamora, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, en RFDUGr., cit., pp. 561-567; y la biografía Alcalá-Zamora y Torres, Niceto, en Diccionario Crítico de Juristas Españoles, Portugueses y Latinoamericanos, I (A-L), cit., pp. 66-68.
[202]Martínez Dhier, Alejandro, Sánchez Reina, Eusebio, en Diccionario Crítico de Juristas Españoles, II (M-Z), 1 (M-Va) [hasta noviembre de 2006], cit., pp. 488-489; y Eusebio Sánchez Reina, en Diccionario Biográfico Español (Madrid, Real Academia de la Historia, 2008, en prensa). [ Links ]
[203]Seijas Lozano, Manuel - Gómez De La Serna, Pedro - Corzo, Antonio, Colección de algunos Dictámenes emitidos como Fiscales del Tribunal Supremo de Justicia (y del Sr. [D. Pedro] Gómez de la Serna, como Fiscal de la Cámara del Real Patronato) (Madrid, Dirección General de la Revista de Legislación y Jurisprudencia, 1863 y Madrid, Revista de Legislación y Jurisprudencia, 1864).
[204]Así en la RGLJ. 17 (1859); 18 (1860); 19 (1861); y 20 (1862). En este sentido, véase: Seijas Lozano, Manuel, en RGLJ. 7 (1859), Dictámenes fiscales dados en el Tribunal Supremo de Justicia, pp. 97-110; De los fideicomisos y patronatos familiares piadosos, pp. 303-316; y Recursos de casación, pp. 332-380; y en RGLJ. 19 (1861), Procedimiento criminal: Dictamen del Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia [...]. De las empresas de ferrocarriles, pp. 69-88, y Adopción y adrogación: Dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, pp. 153-159.
[205]Véase: Seijas Lozano, Manuel, Dictamen emitido por el Excmo. Sr. D. Manuel de Seijas Lozano, fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, en el espediente consultivo instruido en dicho tribunal con motivo del progresivo recargo en asuntos de casación (Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1859), 54 pp.
[206]En este sentido, Sánchez Aranda, Antonio, El recurso de segunda suplicación en el Derecho castellano (Tesis doctoral, Universidad de Granada, Granada, 2007), donde se señala el tránsito de la segunda suplicación al recurso de nulidad. Véase: Los recursos de nulidad, segunda suplicación e injusticia notoria y la casación, y otras disposiciones procesales hasta 1843, en Lasso Gaite, J. F., Crónica de la Codificación española, II: Procedimiento Civil, cit., pp. 12-21.
[207]Martínez Dhier, Alejandro - Sánchez Aranda, Antonio, La consolidación de la tercera instancia en el ordenamiento jurídico español de la Codificación: el recurso de nulidad (1810-1855) (artículo en prensa).
[208]Seijas Lozano, Manuel, en Dictamen acerca de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer y fallar el pleito que radicó en el antiguo Consejo de Castilla [...], en RGLJ., 20 (1862), pp. 529-541.
[209] En sus artículos 1 y 2.
[210]Seijas Lozano, M., Dictamen acerca de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer y fallar el pleito que radicó en el antiguo Consejo de Castilla, cit, pp. 529-541. [ Links ]
[211]Ibídem.
[212]El discurso antes aludido, de 24 de octubre de 1848: Qué es la jurisprudencia y qué es el jurisconsulto, en la sesión inaugural de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación.
[213]Seijas Lozano, M., Teoría de las Instituciones judiciarias, con proyectos formulados de códigos aplicables a España (Madrid, Librería de la Sra. Viuda de Calleja e hijos, 1841-1842), dos volúmenes.
[214]Para la Escuela Histórica del Derecho, entre otros: La Escuela Histórica del Derecho. Documentos para su estudio por Savigny, Eichorn, Gierke, Stammler (traducciones del alemán por Atard, R., Madrid, 1908); y Escudero López, J. A., La problemática de la Escuela Histórica del Derecho, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid 11 (Madrid, 1967) 28, pp. 107-129 [ Links ][publicado más adelante en Historia del Derecho: Historiografía y problemas (1ª edición, Madrid, 1973, 2ª edición, Madrid, 1988), pp. 89-117].
[215]Sobre la problemática de la Codificación surgida en Alemania, entre muchos otros véase: Thibaut - Savigny. La Codificación, una controversia programática basada en sus obras, Sobre la necesidad de un Derecho Civil general para Alemania, y De la vocación de nuestra época para la legislación y la ciencia del Derecho. Con adiciones de los autores y juicios contemporáneos. Introducción y selección de textos de Stern J. (Traducción del alemán de Díaz García, J., Madrid, 1970), p. 11: Yo opino [habla Thibaut] [...] que nuestro Derecho civil (por el que entenderé siempre aquí el Derecho Privado y el penal, así como el procesal) necesita una rápida transformación y que los alemanes no podrán ser felices en sus relaciones civiles más que cuando todos los gobiernos alemanes traten de poner en vigor, uniendo sus fuerzas, un código promulgado para toda Alemania, sustraído al arbitrio de los gobiernos singulares. En lo que se refiere a la Historia del Derecho europeo, entre muchos otros, Thieme, Hans, Unidad y pluralidad en la historia del Derecho europeo, en Revista de Derecho Privado 49 (1965), pp. 699 ss. [ Links ]
[216]Seijas Lozano, M., Teoría de las Instituciones judiciarias, cit., I, Prólogo, p. xl.
[217]Seijas Lozano, M., Teoría de las Instituciones judiciarias, cit., II, Introducción, p. xlviii.
[218]Candil Jiménez, F., Manuel Seijas Lozano, miembro de la Comisión General de Códigos, cit., pp. 416-417.
[219]Seijas Lozano, M., Teoría de las Instituciones judiciarias, con proyectos formulados de códigos aplicables a España, cit., II, Introducción, p. ix.
[220]R. Gibert y Sánchez De La Vega, Ciencia Jurídica Española, cit., p. 68, lo califica como: Sabio hurón oscuro, poco comunicativo, lleno de creciente aplicación, de un voraz anhelo de saber, no muy común por cierto en nuestra patria.
[221]Llano Chinchón, M., Manuel Seijas Lozano, en Biografía, cit., p. 188: [M. Seijas Lozano] era de aquellos personajes cuya muerte se quisiera alejar definitivamente por el bien de la nación que los posee.
[222]Así por ejemplo como diputado, F. Martínez Marina participa en la elaboración del Código Penal de 1822, y en la redacción del Proyecto de Código Civil de 1823. Para un conocimiento exhaustivo de la vida, obra y pensamiento de F. Martínez Marina, véase: el Estudio Introductorio de J. A. Escudero en el Tomo I. Primera parte, a la edición de la Teoría de las Cortes de F. Martínez Marina (Oviedo, 1996), pp. xv-clxxx, más recientemente publicado en Administración y Estado en la España Moderna, cit., pp. 327-465.
[223]Martínez Marina, Francisco, Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los Reynos de Leon y Castilla, especialmente sobre el Código de D. Alonso el Sabio, conocido con el nombre de las Siete Partidas (Madrid, 1808), p. 1, indica: [...] la sabiduría por sí misma es el mayor don que la Providencia podía dispensar á los mortales, y que nada es comparable con ella [...] y que ella forma la verdadera y sólida grandeza del hombre.
[224]Martínez Marina, Francisco, Teoría de las Cortes (ed. en Clásicos Asturianos del Pensamiento Político, Oviedo, 1996), [ Links ] especialmente el Discurso Preliminar, pp. 5-49; en este sentido, la Conferencia Teoría de las Cortes, de Francisco Martínez Marina, de J. A. Escudero, publicada en Administración y Estado en la España Moderna, cit., pp. 531-534.
[225]Llanos Chichón, M., Manuel Seijas Lozano, Biografía, cit., p. 188: Jurisconsulto eminente, escritor profundo y correcto, orador de fácil y brillante palabra, de amplio espíritu y elevado juicio, es de aquellos cuya muerte se quisiera alejar indefinidamente para bien de la nación que los posee.
[226]Tomás y Valiente, Francisco, Discurso de investidura como Doctor honoris causa de la Universidad de Salamanca (Salamanca, 1995) [ Links ] [Véase: Tomás y Valiente, Francisco, Obras Completas (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997)].
Recibido el 4 de marzo de 2008. Aprobado el 13 de abril de 2008.
Dirección para correspondencia: Profesor Contratado de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Dirección postal: Plaza de la Universidad s/n, 18071, Granada, España. Correo electrónico: amdhier@ugr.es

References: Artículo 258

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 91

Artículo 75
 artículo 123
 artículo 116
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 248
 artículo 249
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 113
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto