Source: http://docplayer.es/799007-La-extincion-de-dominio-en-la-legislacion-mexicana-su-justificacion-juridico-valorativa-oscar-antonio-muller-creel.html
Timestamp: 2017-04-26 01:15:47+00:00

Document:
La extinción de dominio en la legislación mexicana: su justificación jurídico-valorativa Oscar Antonio Müller Creel * - PDF
La extinción de dominio en la legislación mexicana: su justificación jurídico-valorativa Oscar Antonio Müller Creel *
Download "La extinción de dominio en la legislación mexicana: su justificación jurídico-valorativa Oscar Antonio Müller Creel *"
Héctor Plaza Carrasco
1 La extinción de dominio en la legislación mexicana La extinción de dominio en la legislación mexicana: su justificación jurídico-valorativa Oscar Antonio Müller Creel * Resumen Se analiza el reciente proceso mexicano para establecer la extinción de dominio como instrumento jurídico para el combate al crimen organizado. Se concluye que esta figura corresponde a un derecho personal indemnizatorio, del que es titular la sociedad y que se ejerce a través del Estado, y se da respuesta a las críticas que a esta figura se han hecho en México. Palabras claves Extinción de dominio, decomiso, decomiso civil, delincuencia organizada. Abstract This article discusses the recent Mexican process to establish civil forfeiture as a legal instrument to fight organized crime. The author concludes that this figure corresponds to an in personam right of compensation, which corresponds to society and upon which the state acts as plaintiff. The paper answers objections that have been put forth against this legal institution in Mexico. Keywords Confiscation, forfeiture, civil forfeiture, organized crime. Sumario I. Introducción. II. Antecedentes. 1. Generales. 2. En el ámbito Internacional. 3. En la Legislación Interna. 4. Exposición de Motivos de la Reforma Constitucional. III. La naturaleza real de la extinción de dominio. 1. El Estado como ente jurídico. 2. Sociedad y delito. 3. La indemnización civil por actos ilícitos. 4. Conclusiones sobre la naturaleza de la figura de extinción de dominio. IV. Respuesta a las críticas planteadas sobre la extinción de dominio. * El autor es Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado y Catedrático e Investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México. Actualmente se encuentra asignado, en funciones docentes y de investigación al Centro de Estudios Penales y Forenses de la Procuraduría General de Justicia del mismo Estado. Correo electrónico: Criterio Jurídico Santiago de Cali V. 9, No pp ISSN Recibido: 28 de agosto de 2009 Aprobado: 8 de septiembre de2 Oscar A. Müller Creel I. Introducción El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de la República Mexicana la reforma constitucional en materia de justicia penal, en ella se establece reforma al artículo 22, en la cual se crea la figura de la extinción del dominio. Debemos recordar que el artículo 22 previamente establecía la prohibición de la confiscación determinando la naturaleza de esta figura en forma de excepción, al instituir que no tendría el carácter de confiscación: a. Cuando fuese decretada para el pago de multas o impuestos; b. Cuando fuese decretada por la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito; c. Cuando se decretase con motivo del enriquecimiento ilícito planteado por el artículo ciento nueve constitucional y d. En los casos de abandono de bienes. En la reforma constitucional se agrega una nueva figura jurídica a través de la cual el dominio sobre bienes relacionados con la comisión de delitos podrá revertirse a favor del Estado. Esta es la figura de la extinción de dominio y se regula estableciendo que tampoco se considerará como confiscación [ ] la aplicación a favor del estado [ ] de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. Se señalan las reglas que deberán reunir el procedimiento relativo a la extinción del dominio: I. Se llevará a cabo mediante un procedimiento jurisdiccional, diverso al de la materia penal. II. Es requisito de procedencia la relación de los actos que motiva la extinción de dominio con los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas 1. III. Sólo podrá aplicarse respecto de los siguientes bienes: 1 El delito de delincuencia organizada se encuentra regulado en la ley federal de la materia, en los siguientes términos: Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: [ ]. 1243 La extinción de dominio en la legislación mexicana a. Los que sean instrumento, objeto o producto del delito, siempre que se acredite que se presentó el hecho ilícito. b. Los que aún sin ser instrumento objeto o producto del delito, se hubiesen utilizado o destinado para ocultar o mezclar bienes producto del delito (blanqueo de dinero). c. Aquellos que se utilizan para la comisión de delitos por un tercero que no sea el dueño de los bienes, cuando éste tuvo conocimiento de aquello y no procuró impedirlo. d. Los bienes que se encuentren a nombre de terceros, siempre y cuando se demuestre que derivan del producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada y el acusado por esos delitos se haya comportado como dueño de los bienes mencionados. IV. Las personas que se consideren afectadas (terceros) podrán interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes, así como su actuación de buena fe o que desconocían la utilización ilícita de dichos bienes. De lo anterior se puede observar que para la procedencia de la acción de extinción de dominio se requiere la comprobación de: La existencia de los hechos que encuadran dentro del tipo delictivo en los términos del segundo párrafo del artículo dieciséis constitucional y exclusivamente respecto de las conductas típicas: de delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Debe observarse que para el caso de la extinción de dominio, al contrario de los requisitos para girar una orden de aprehensión, no se requiere la comprobación de la probable responsabilidad de la persona que esté siendo investigada o procesada por la comisión de los hechos considerados delictivos. Esto determina la naturaleza propia e independiente de la acción de extinción de dominio respecto de la acción penal que ejercita el ministerio público. La existencia de bienes y la relación de estos con los actos delictivos. 1254 Oscar A. Müller Creel II. Antecedentes 1. Generales Los avances tecnológicos en materia de comunicaciones, así como la globalización comercial y cultural, han traído no tan sólo beneficios para las sociedades sino también circunstancias que han favorecido el crecimiento de la delincuencia organizada, terrorismo, narcotráfico, trata de seres humanos, tráfico de armas, etc., a través de grupos delincuenciales que han sabido expandir sus fronteras. De esta criminalidad surgida en las últimas décadas se ha dicho lo siguiente: La nueva delincuencia -que no desplaza a la antigua o tradicional- ha salido de sus confinamientos acostumbrados: una ciudad o un país, y 'viaja' por encima de las fronteras nacionales, e incluso de los linderos regionales. Díganlo, si no, el terrorismo, el comercio de personas -desde la conocida 'trata de blancas' y él 'turismo sexual', hasta el comercio con migrantes, acentuado por las fuertes corrientes migratorias determinadas, a su vez, por ciertos procesos económicos-, los fraudes cibernéticos a gran escala, el narcotráfico, el comercio de armas. Las características de esa novedosa criminalidad, que plantea retos mayores a la acción de la sociedad y del Estado, implican modificaciones importantes en los personajes del crimen, sean los victimarios, sean las víctimas. Hay una delincuencia difusa, protagonizada por sujetos innominados, si se permite la expresión, que tiene al frente una víctimación también difusa: ésta se vuelca sobre grupos humanos, poblaciones, sociedades nacionales. De ahí la atención y la reacción internacionales. Los delincuentes se organizan; las víctimas dependen de la organización defensiva que provean los Estados a los que pertenecen, a lo largo de la cadena de daño o peligro que entraña el delito trascendente, y sin perjuicio de la también creciente participación de potenciales victimados -a menudo, grandes empresas o uniones de interés económico o profesional- en su propia defensa, a través de acciones preventivas o de colaboraciones persecutorias. (García Ramírez, 2004: XVII y XVIII). 1265 La extinción de dominio en la legislación mexicana 2. En el ámbito internacional México ha suscrito la Convención 2 de la Organización de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, lo que le convierte en norma jurídica vigente en el país, estableciéndose en ella reglas relacionadas con la figura que se analiza. En el artículo 2 se definen los conceptos que se manejan en el texto del tratado, definiéndose al decomiso como la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente. Establece en su artículo doce que las medidas para autorizar decomiso deberán darse respecto de los siguientes bienes: De los productos de los delitos regulados en la convención. De los bienes, el equipo o instrumentos utilizados o destinados para la comisión de los delitos. También se menciona la posibilidad de aplicar esta medida a los casos en que el producto del delito se transformó en otros bienes y en el caso que se mezclen con bienes de origen lícito. También podrán ser objeto de decomiso bienes hasta por cierto valor, derivados de las actividades delincuenciales. En el artículo 13 se establecen las medidas para lograr la cooperación internacional en materia de decomiso. Los estados deberán facultar a los tribunales y otras autoridades competentes para poder decomisar o incautar documentos bancarios, financieros o comerciales, sin que el secreto bancario sea un motivo para negar esas investigaciones. Se podrá exigir al delincuente que demuestre el origen lícito de los bienes presuntamente producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso. 3. En la legislación interna En el artículo 22 constitucional se regulan las figuras de confiscación y de decomiso. La diferencia entre ambas figuras ha sido determinada por la 2 Según publicación del Diario Oficial de la Federación del 11 de abril del Suscrita Ad Referendum el trece de diciembre del Aprobada por la Cámara de Senadores el 22 de octubre del6 Oscar A. Müller Creel práctica judicial mexicana, estableciendo que la confiscación implica una apropiación autoritaria y carente de legitimidad respecto de la totalidad de los bienes de una persona. Por su parte, el decomiso es una sanción derivada de la violación a las normas de tenor prohibitivo respecto de los bienes que tienen relación con la conducta criminal 3. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 4 siguiente manera en el artículo 4: regula el decomiso de la Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes: [ ] En todos los casos a que este artículo se refiere, además, se decomisarán los objetos, instrumentos o productos del delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes. En la exposición de motivos de esta legislación se justifica la figura del decomiso de que se habla refiriendo que: En las tiempos actuales, sin embargo, en que se ha desarrollada ampliamente cierto tipo de delincuencia, con modernas métodos y técnicas, con un indiscutible carácter transnacional, que fomenta el lavado de dinero moviendo grandes sumas de ganancias mal habidas a través del sistema financiero con absoluta impunidad, la experiencia internacional muestra que entre las acciones que han probado su eficacia frente a la delincuencia organizada, que se aplican con respeto a un marco legal y a las derechos humanos, se encuentra la confiscación de bienes en caso de sentencia condenatoria. Así, por ejemplo, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América, en su Programa sobre Crimen Organizado y Drogas, abarca en sus investigaciones una gama de actividades que involucran el "lavado de dinero" y su circulación, conduciendo al decomiso y a la confiscación de bienes y ganancias provenientes de actividades ilegales. La necesidad de este tipo de medidas también se ha reiterado en diferentes foros de la Organización de las Naciones Unidas; así lo ha expresado el gobierno mexicano en la ceremonia del L Aniversario de la Asamblea General de las Naciones Unidas (octubre de 1995) y en otros foros internacionales, 3 Véase tesis consultable bajo el epígrafe CONFISCACION Y DECOMISO. SUS DIFERENCIAS BASICAS. En: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno. III, mayo de México Página Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de Noviembre de7 La extinción de dominio en la legislación mexicana de buscar mejores estrategias frente al crimen organizado, particularmente frente al narcotráfico y al lavado de dinero 5. Es conveniente observar que el antecedente directo en materia internacional, de la legislación contra la delincuencia organizada en México, se deriva de la Conferencia Ministerial Mundial sobre la Delincuencia Trasnacional Organizada celebrada en Nápoles, Italia, en Esto explica por qué la legislación nacional existe desde 1996, en tanto que la convención internacional a que se hace referencia en el apartado anterior es del año 2002 (Ibarrola Nicolín, 2002). En el Código Penal Federal el decomiso se regula de la siguiente manera: En el artículo 24 se establecen las penas y medidas de seguridad, incluyéndose en el apartado 8 el decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito. En el artículo 40 se dispone la procedencia del decomiso respecto de los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto, si estas son de uso prohibido. En caso de que sean de uso lícito se decomisarán cuando el delito sea intencional. Si pertenecen a un tercero, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero (propietario o poseedor) y de la relación que aquél tenga con el delincuente, se decomisarán cuando encuadre en alguno de los supuestos de encubrimiento e intervención de terceros que se establecen en el propio Código. Se establece la posibilidad de practicar aseguramientos desde las primeras etapas de la investigación penal. En los casos de encubrimiento e intervención de terceros, se reglan las condiciones que debe reunir la conducta de terceros para su punibilidad y, en consecuencia, para la procedencia del decomiso bajo los siguientes supuestos: Cuando un tercero, con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste adquiera, reciba u oculte el producto de aquel a sabiendas de esta circunstancia, o cuando no hubiese tomado las precauciones necesarias para enterarse de la procedencia de los bienes. Cuando se auxilie al autor de un delito, con conocimiento de estas circunstancias, por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito. 5 Visible en Compila XIV. Disco óptico de consulta de la legislación mexicana. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación (2007). 1298 Oscar A. Müller Creel En los casos de ocultamiento del responsable de un delito o de los efectos, objetos o instrumentos del mismo o cuando se impida que se averigüe. Cuando el tercero hubiese sido requerido por las autoridades y preste auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes. Cuando el tercero no procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo. Se excluyen de la sanción penal los casos en que el tercero tenga alguna liga afectiva o de parentesco cercano con el autor del delito. De la regulación de la figura del decomiso penal que se ha mencionado, considero conveniente destacar los siguientes aspectos: El decomiso, al atribuírsele el carácter de pena, se encuentra estrechamente ligado con la responsabilidad penal de la persona a la que se le atribuye la culpabilidad en la comisión de los actos delictivos. De aquí que sólo pueda autorizarse el decomiso cuando existe una sentencia firme que determina dicha culpabilidad en el proceso penal. El decomiso puede aplicarse a terceros, cuando existe alguna relación entre estos y el delincuente, de acuerdo a las circunstancias que se describen en los dispositivos legales mencionados. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2009, se expidió la ley Federal de extinción de dominio, reglamentaria del artículo 22 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que establece la normativa secundaria a la reforma constitucional antes mencionada. 4. Exposición de motivos de la reforma constitucional La iniciativa para modificar el sistema penal mexicano fue presentada por el ejecutivo federal el nueve de marzo del 2007, y en ella se mencionan circunstancias relativas a la necesidad de adecuar la legislación de nuestro país a la experiencia y normatividad internacional. De este impulso legislativo formó parte lo referente a la reforma del artículo 22 constitucional. Al respecto se menciona lo siguiente: 1309 La extinción de dominio en la legislación mexicana En efecto, se propone establecer la posibilidad del Estado de aplicar a su favor, bienes respecto a los cuales existan datos suficientes para considerar que son instrumento, objeto o producto de actividades de la delincuencia organizada. En la actualidad, la suerte de los bienes depende, en primer término de que exista un aseguramiento. Adicionalmente a ello, es necesario esperar la declaratoria de responsabilidad penal plena de una o varias personas. Sin embargo, en ocasiones los bienes pueden no tener una relación directa o visible con los procesados, aún cuando sí hay elementos de prueba suficientes para considerar que son instrumento o, producto o un objeto o de un delito o de delincuencia organizada. [ ] En consecuencia, se propone un cuarto párrafo al artículo 22 para establecer un procedimiento judicial independiente, distinto al que se siga contra los inculpados de delitos de delincuencia organizada, en donde la que se juzgue es si el bien fue objeto, instrumento o producto de la delincuencia organizada y, si ello es así, se proceda a la aplicación de dichos bienes en favor del Estado. Por supuesto, la nueva norma establece expresamente que no procede la aplicación a favor del Estado de los bienes propiedad de personas de buena fe, o poseídos por estas, con el objeto o de que no se incurra en arbitrariedades. La idea es perseguir los bienes de la delincuencia organizada, independientemente de donde se encuentren o de su situación jurídica, con el fin de minar sus estructuras financieras, lo que permitirá un mayor combate al crimen organizado. El 28 de mayo de 2008, la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores declaró aprobado el decreto y se turnó al ejecutivo federal para su publicación, la que se realizó el 18 de junio del mismo año. Observaciones De la exposición de motivos, llama la atención que la iniciativa pretende sustentarse en situaciones prácticas que se refieren al crecimiento y capacidad operativa de la delincuencia organizada y a la incapacidad del Estado para combatir esa capacidad operativa. En esta iniciativa, impactará fuertemente la necesidad de establecer instrumentos que permitan combatir efectivamente dicha delincuencia, la ineficiencia de los instrumentos jurídicos con los que se cuenta y el hecho de que el combate al aspecto económico de la delincuencia organizada. Lo anterior implica un enfoque funcionalista que atienda a la búsqueda de instrumentos útiles pero sin preocuparse por establecer una propuesta valorativa, desde un punto de vista jurídico, que dé una base firme a la 13110 Oscar A. Müller Creel figura que se analiza y que sustente su eficacia; este es uno de los propósitos del presente trabajo. Por otro lado, observamos que las principales críticas que se hicieron a la figura de extinción de dominio afirman que esta figura viola el derecho al debido proceso, dado que para la privación de los derechos posesorios y de dominio no se requiere que exista una sentencia que declare la culpabilidad del individuo procesado. Esto también violenta el principio de presunción de inocencia, puesto que la carga de la prueba recae sobre la persona que detenta los bienes, a fin de que acredite la licitud del origen de estos o su buena fe respecto de esa posesión. Esto se hace sin que se le llegue a probar su culpa en el proceso penal. También se ha mencionado el hecho de que la acción de extinción de dominio está regulada de tal manera que puede afectar a terceros de buena fe. Es también propósito del presente estudio dar respuesta a dichas críticas y establecer una plataforma que dé validez y permanencia a la figura jurídica que se diserta. Esta propuesta encuentra sustento en la circunstancia que la validez del Estado de Derecho se sustenta no tan solo en la existencia de un mínimo de reglas jurídicas, sino que éstas se encuentran sustentadas en lo que en la actualidad se conoce como positivismo conceptual, de acuerdo al cual el derecho debe reflejar valores y aspiraciones morales de la comunidad. Esto implica la simbiosis entre los intereses de la sociedad y del Estado, pues en caso contrario el derecho será desobedecido por la comunidad. Así, el sistema legal carece de legitimidad por no aplicarse o por hacerlo a través de la fuerza, que es precisamente lo contrario a una legitimidad social (Cárdenas García, 2000: 26). Lo analizado nos lleva a concluir que todo el actuar del Estado, y junto a éste el sistema jurídico, encuentre su sustento no sólo en la formalidad de un proceso legislativo democrático, entendiendo por tal la intervención representativa de la sociedad, sino también práctico en cuanto refleje las necesidades regulatorias de la comunidad y sustentado en valores, lo que se manifiesta en las pautas culturales que son reconocidas dentro del grupo a regir. Todo esto para lograr un sistema jurídico que se cumpla en forma espontánea y con un mínimo de reacción coactiva del Estado. De lo anterior, la necesidad de justificar la inclusión de la figura de la extinción del dominio dentro de nuestro sistema de derecho y las pautas en que se encuentra enmarcada la cultura jurídica a la cual va a regir. 13211 La extinción de dominio en la legislación mexicana III. La naturaleza real de la extinción de dominio La regulación secundaria incipiente en nuestro país, al igual que la legislación de Colombia, atribuye a la extinción de dominio la naturaleza de un derecho real. Observamos cómo la ley Federal de Extinción de Dominio menciona en el primer párrafo del artículo 5 que: La acción de extinción de dominio es de carácter real, de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder, o lo haya adquirido. Por su parte, la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal 6 menciona, en el segundo párrafo del artículo 4, lo siguiente: La Extinción de Dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido. En lo que concierne a la legislación colombiana, la ley 333 de 1996 a través de la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita del Estado colombiano menciona, en el primer párrafo del artículo siete, lo siguiente: De la naturaleza de la acción. La acción de extinción del dominio de que trata esta ley es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o presunto y beneficiarios reales de los bienes, independientemente de quien los tenga en su poder o lo haya adquirido, y sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. En ningún caso se podrá intentar la acción de extinción de dominio en forma independiente, si hay actuaciones penales en curso. No se desprende de la exposición de motivos de la legislación federal mexicana el por qué se atribuye el carácter de real a la acción de extinción de dominio. Relacionado con esto sólo se menciona que: [ ] es una figura distinta e independiente de la responsabilidad penal, y que no implica la imposición de una pena a un delincuente por la comisión de un delito, sino que se trata de una acción real, autónoma y de carácter patrimonial, que se inicia y desarrolla en relación con bienes concretos y determinados con observancia de las garantías del debido proceso 7. 6 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 08 de diciembre de Suprema Corte de Justicia de la Nación. La exposición de motivos puede ser consultada en el servidor 13312 Oscar A. Müller Creel La maestra María Eloisa Quintero, en la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley Federal de Extinción de Dominio (2008 s/n), menciona que debemos distinguir el fideicomiso por causas penales y el decomiso por motivos de la cosa, que es el decomiso de naturaleza civil. Sobre este último menciona que: [...] la acción va hacia los bienes, porque tienen características particulares, son el producto, el objeto, el instrumento de la delincuencia organizada [...]. Se desprende de lo observado que la atribución de carácter real a la acción de extinción de dominio obedece a la circunstancia de que la acción se ejercita respecto de ciertos bienes identificados e individualizados. Lo anterior pudiera tener su motivación en la circunstancia de que los derechos reales otorgan a su titular la facultad de persecución del bien independientemente de quién sea su detentador. Sin embargo, el derecho de persecución pertenece al titular del derecho sobre el bien y precisamente la intención de la acción de extinción de dominio es la pérdida del derecho que tiene el demandado sobre los bienes, y por consecuencia el Estado no es titular de un derecho real. La naturaleza de las acciones reales ha sido definida de la siguiente manera: Son las que protegen los derechos reales. Ahora bien, podemos decir que el derecho real es la facultad que una persona tiene de usar, disfrutar y disponer de una cosa propia o ajena. Se dice que las acciones reales son persecutorias de la cosa, porque se ejercitan contra todas las personas que las tengan en su poder (Dorantes Tamayo, 1986: 99). En el presente estudio se busca comprobar que la verdadera naturaleza de la acción de extinción de dominio es de carácter personal, es decir que se ejerce hacia las personas para llegar a través de ellas a los bienes cuyo dominio se pretende revertir a favor del Estado. 1. El Estado como ente jurídico El Estado ha sido definido (Cárdenas García, 2000: 18) como un sistema integrado por un conjunto de seres humanos que convive en forma permanente en una área geográfica determinada y se organiza a través de la coincidencia &ctitulo [consultado el 16 de junio del 2009]. 13413 La extinción de dominio en la legislación mexicana de voluntades de los integrantes de la parte más fuerte de este conjunto, a través de la sujeción a un orden jurídico propio, lo que determina su soberanía. En la actualidad se pretende el establecimiento de un Estado de Derecho democrático que se apoye en las decisiones de las mayorías, pero que permita a las minorías ejercer sus derechos. La teoría consensual de la constitución del Estado se refleja en el artículo 40 constitucional, que establece que El Estado Mexicano se constituye por voluntad del pueblo, como una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. En el Código Civil Federal se reconoce la calidad de persona moral al Estado mexicano en el artículo 25, que establece: ARTÍCULO 25.- Son personas morales: I.- La Nación, los Estados y los Municipios; II.- Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; III.- Las sociedades civiles o mercantiles; IV.- Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; V.- Las sociedades cooperativas y mutualistas; VI.- Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. VII.- Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo En el artículo 26 se establece la capacidad de ejercicio de dichas personas, al mencionar que son capaces de ejercitar [...] Todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de la institución. La función del Estado mexicano se encuentra determinada, en su esencia, en el artículo 25 constitucional que establece como su obligación el propiciar un desarrollo sustentable que fortalezca a la nación y su régimen democrático, procurar una justa distribución de la riqueza y permitir el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. De lo anterior, que el Estado pueda ser detentador de bienes, conforme se observa de los artículos 764 y 765 del Código Civil Federal, que establecen la clasificación de los bienes en aquellos de dominio público y los que son 13514 Oscar A. Müller Creel propiedad de los particulares, y que los mencionados en primer término pertenecen a la Federación, los estados y los municipios. Igualmente la capacidad de ser propietario de bienes raíces se le otorga a la nación en los párrafos primero y sexto del artículo 27 constitucional, fracción VI, que establece la plena capacidad de goce de los órganos del Estado en este sentido. Es conveniente observar que los bienes de dominio público pertenecen a la nación, es decir la sociedad que se ha unido para formar la organización política que es el Estado. De aquí que el artículo 27 de la Ley General de Bienes Nacionales establezca, en su artículo primero, que tiene por objeto establecer los bienes que constituyen el patrimonio de la nación. Lo anterior lleva a las siguientes conclusiones: El Estado mexicano es una persona moral y por consecuencia tiene capacidad de ser titular de derechos y obligaciones y también de efectuar todos los actos jurídicos necesarios para cumplir con sus finalidades. De lo mencionado se colige que tiene a su cargo la administración de los bienes que pertenecen a la nación, entendiendo por ésta la sociedad mexicana unida en esa organización estatal. Como administrador, tiene la obligación de llevar a cabo todas las acciones necesarias para preservar y, en su caso, acrecentar dichos bienes en beneficio de la propia sociedad que le conforma. Debido a lo anterior, frente a una situación en la que se violenten los bienes de la sociedad, el Estado está obligado a realizar la defensa de esos bienes ante los órganos jurisdiccionales. Es de observarse que el ejercicio de las acciones que le competen no es una facultad de libre disposición, como pudiera corresponder a un particular respecto de sus propios bienes, sino que la regla general es el deber de ejercitar las acciones que correspondan, salvo el ejercicio de una facultad discrecional, que deberá estar sustentada en los principios de la lógica, la economía y la proporcionalidad. 2. Sociedad y delito Las conductas que se encuentran reguladas como crímenes en los sistemas jurídicos modernos presentan aspectos que son pertinentes para el presente análisis. Estas conductas reflejan un sentido cultural, en tanto son consideradas por esa sociedad como aquellas actividades que alteran la convivencia a través de un grave daño al tejido social. Además, reflejan un sentido democrático en 13615 La extinción de dominio en la legislación mexicana la medida en que son asignadas con esa categoría a través de un proceso legislativo que se sustenta en la representatividad política. Desde un punto de vista sociológico, la criminalidad suele ser definida como [ ] Un cúmulo de conductas desviadas, con las cuales la sociedad se muestra inconforme porque atentan contra sus normas y valores. Por ello, es necesario un castigo para garantizar la integridad y el orden (Plata Luna, 2007: 10). Toda sociedad crea un cuadro de los valores y principios de aquello que considera de interés para la convivencia, y establece su jerarquización de acuerdo a sus prioridades. De aquí que las conductas contrarias a dichos intereses sean vistas como antisociales por perjudicar la manera en la que se estima que debe ser la convivencia en la sociedad. Estas pautas pueden ser muy variables, de acuerdo a los lugares y tiempos. Se observa cómo hace cincuenta años el homosexualismo era considerado como una conducta antisocial y actualmente está considerado como una actividad protegida por muchos sistemas legales. Igualmente, el terrorismo no era considerada una actividad de alto riesgo, sin embargo en la actualidad ha modificado el sistema legal, la forma de vida y las libertades del mundo. Esta referencia del Derecho Penal a los valores sociales se reconoce por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En palabras del tribunal: La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social 8. 8 Véase la tesis aislada consultable bajo el epígrafe DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. Registro: 922,740. Tercera Época. Sala Superior. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, Página16 Oscar A. Müller Creel La variabilidad que se pueda dar en el catálogo delincuencial de un país no incide en su gravedad, esto al considerar que las pautas culturales que una sociedad conforma son el elemento que permite amalgamar su tejido social. Así que, aun cuando algunas conductas sean consideradas como delictuosas por algunas sociedades y no por otras como es el caso de la tortura, que era jurídicamente permitida en Israel a finales del siglo pasado (Greco, 2007: 5), esto es así porque el status cultural y la necesidad de supervivencia de una sociedad pueden ser muy heterogéneos. Además, esto se debe a que es la propia sociedad la que establece cuáles son las conductas que se consideran como de grave afectación a su permanencia y, en consecuencia, deben ser consideradas como delitos. El otro aspecto que deseamos resaltar en este estudio es el carácter democrático de la elaboración de esa descripción de conductas antisociales. Éste deriva del principio de legalidad, que consiste en el hecho de que para que una conducta sea incluida en el catálogo delincuencial tiene que pasar por el proceso legislativo, a través de los órganos y formalidades que se establecen en el sistema jurídico para crear ese tipo de normatividad. Este principio se encuentra asentado en el artículo 14 constitucional al determinar: En lo juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. De acuerdo con García Ramírez (García Ramírez, 1990: 26-27) de dicha disposición se desprenden: los principios penales de estricta legalidad, continuidad del derecho penal y proscripción de la integración en las resoluciones judiciales en materia penal, considerando al primero de ellos como la necesidad que las conductas criminales y sus sanciones sean establecidas por el órgano legislativo y a través del proceso formal que se encuentra regulado para esta actividad. En el Código Penal Federal este principio se reitera en el primer párrafo del artículo séptimo al establecer que: Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. El principio de estricta legalidad en materia penal, denominado también de reserva de ley (Carbonell, 2004: 671), surge como uno de los instrumentos que brotan de la Revolución francesa para evitar el abuso del poder del Estado. Este principio prevee que la determinación de los delitos debe corresponder al poder legislativo. Con esto se denota que la pauta que establezca la conducta considerada como delictiva deberá estar descrita en una norma elaborada por 13817 La extinción de dominio en la legislación mexicana el poder legislativo. Esta norma se considerará una ley desde un punto de vista formal, en cuanto haya sido elaborada por el órgano del Estado que tiene a su cargo la finalidad específica de crear tal tipo de normatividad que en los Estados modernos es el legislativo: Por un lado se puede entender el término ley- en el sentido técnico de ley formal- ordinaria, o sea como acto del órgano por lo general representativo- que es titular de la función legislativa (Guastini, 2001: 118). Para cumplimentar el principio de legalidad es necesario que el acto de autoridad signifique también una ley desde el punto de vista material, lo que implica que debe contener una regla general e impersonal. Este principio de reserva de ley cumple con dos funciones: garantista y democrática (Carbonell, 2004: 675). La función garantista se da en el sentido de que la posibilidad de crear normas jurídicas en algún aspecto como el penal en el caso que nos ocupa, queda fuera de los poderes del Estado que tienen como finalidad la aplicación de las normas jurídicas, es decir, el ejecutivo y el judicial, con lo cual se preserva la integridad del individuo frente a actos autoritarios. La función democrática se observa desde el momento en que el órgano legislativo tiene una función representativa, tanto de las mayorías como de las minorías de una sociedad (Carpizo y Madrazo, 1991: 30). Carpizo, al comentar el sistema mexicano, lo describe como representativo mixto con dominante mayoritario y menciona que éste es el que prevalece en nuestro país a partir de las reformas constitucionales de Refiriéndose a las motivaciones de la reforma, el autor señala lo siguiente: La filosofía que vibra en esa exposición de motivos es: gobierno de la mayoría; evitando que las decisiones de esta se vayan a ver obstaculizadas; pero la mayoría deberá oír y tomar en cuenta a las minorías antes de decidir. Las mayorías son quienes deben de gobernar, pero permitiendo la participación política de las minorías, ya que el gobierno que las excluye no es popular. Estos aspectos son acogidos en la práctica judicial mexicana, y se dispone que: [ ] la determinación de las conductas merecedoras de una pena, debe ser responsabilidad del Poder Legislativo, como un acto en el que se manifiesta la voluntad mayoritaria del pueblo, y que tales conductas deben tener la publicidad necesaria para que el ciudadano como destinatario de la norma penal, conociendo los hechos punibles, pueda orientar su conducta 9. 9 Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito. Tesis consultable bajo el epígrafe SALUD, DELITO CONTRA LA. NARCÓTICOS, SU CARÁCTER SE 13918 Oscar A. Müller Creel Como corolario a lo analizado podemos afirmar que las conductas tipificadas como delitos son aquellas que la sociedad considera como más dañinas para la convivencia común, y que el proceso de determinación de estas conductas tiene la cualidad de democrático. Por ende, los patrimonios que tienen su origen en actividades ilícitas se han formado en perjuicio de la comunidad, de donde nace la obligación de indemnización respectiva, conforme se estudia en el siguiente apartado. 3. La indemnización civil por actos ilícitos Debe considerarse que la sanción penal no es la única consecuencia que pudiera derivar de la realización de actos ilícitos, y que éstos no necesariamente constituyen una conducta que se encuentra tipificada como delito por la legislación penal. Al respecto, Jerónimo Betegón (Betegón et al., 1997: 88), refiere: [ ] Si bien la acción antijurídica representa una situación típica del derecho penal, el delito no agota todos los supuestos posibles de actos antijurídicos. Y si, ciertamente, la teoría general del delito elaborada en el seno de la ciencia penal es uno de los ejemplos de ciencia dogmática que mayor grado de desarrollo y refinamiento ha alcanzado, el interés de la teoría general del Derecho por el análisis de los llamados conceptos jurídicos fundamentales -y el de ilícito o acción antijurídica debe ser considerado uno de ellos- se justificó porque vio en ellos un carácter constitutivo del propio fenómeno jurídico. La obligación de indemnizar, que nace a cargo de quien realiza actos ilícitos, es reconocida como un principio universal del derecho. Sobre el particular, debe considerarse que las conductas ilícitas son reprobadas en todas las ramas del derecho, aunque la sanción puede ser diversa. En el caso del Derecho Civil, las sanciones se presentan bajo dos manifestaciones: la nulidad del acto ilícito y la obligación de indemnizar a quien se ha visto afectado por la conducta sancionada. La primera de esas manifestaciones se determina en el sistema jurídico mexicano, en el artículo 8 del Código Civil Federal, que establece: Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los caso que la ley ordene lo contrario. ESTABLECE ÚNICAMENTE A TRAVÉS DEL PROCESO LEGISLATIVO. No. Registro: 195,245. Tesis aislada. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, México noviembre de Página19 La extinción de dominio en la legislación mexicana La obligación de indemnizar surge de lo establecido en el artículo 1910 del mismo código: El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. La naturaleza de la reparación del daño se establece en el primer párrafo del artículo 1915: La reparación del año debe consistir a elección del ofendido, en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de los daños y perjuicios. El concepto de daño lo da el artículo 2108: Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. La noción de perjuicio se establece en el siguiente artículo: Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. La obligación de reparar el daño por conductas ilícitas como una obligación de naturaleza civil ha sido atribuida a las conductas descritas como criminales en los catálogos penales en el sistema judicial mexicano, al establecerse que este deber no es exclusivo de los procedimientos penales. Esto se observa en los siguientes criterios: [ ] siendo de explorado derecho que todo delito es ilícito, pero no todo ilícito es delito, resulta incuestionable que esta responsabilidad no es privativa solamente de los procesos penales. Por otro lado, tampoco es acertado que la responsabilidad de que se viene hablando nace como consecuencia de la violación de los contratos y convenios celebrados por las partes, pues en forma alguna el numeral legal del multicitado ordenamiento sustantivo exige la existencia de un pacto contractual para que con motivo de su incumplimiento, pueda darse la responsabilidad subjetiva [ ] 10. En otro caso, se menciona: [ ] la invocación de tales preceptos no significa otra cosa sino que el actor, hoy quejoso, eligió el procedimiento de exigir la reparación del 10 Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis consultable bajo el epígrafe RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. SE SURTE INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DEL ORDENAMIENTO DE CUYA VIOLACION SE DESPRENDA (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). Véase IUS No. Registro: 241,030. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación Cuarta Parte. Página 145. México (1978). 14120 Oscar A. Müller Creel daño proveniente de un hecho ilícito, independientemente de que dicho hecho ilícito fuera considerado como delito por alguna sentencia y en esa virtud, es claro que este negocio tiene las características de civil 11. El carácter autónomo e independiente del proceso penal, que corresponde de la acción judicial que se ejerce para obtener la reparación del daño como obligación derivada de la comisión de delitos, puede desprenderse del siguiente criterio: [ ] no se requiere que antes de dictar sentencia definitiva en el juicio de responsabilidad civil proveniente de delito, exista sentencia penal condenatoria, toda vez que admitir ese criterio haría nugatorio el derecho que establecen los artículos en comento, a fin de que la víctima del delito o los parientes o personas facultadas legalmente para ello, puedan hacer efectivo a través de la vía civil, el daño causado por el delito o como consecuencia de éste, porque se podría llegar al extremo de que si no se aprehende al inculpado oportunamente, la acción penal se extinguiría y nunca se dictaría sentencia, menos condenatoria, en el proceso penal y correlativamente tampoco se pronunciaría en el juicio civil. El fallo que se emita en éste no está condicionado, ni debe condicionarse a la sentencia penal, pues ambos procesos y consecuentemente las sentencias, son de naturaleza distinta [ ] 12. Le atribuimos a la extinción de dominio el carácter civil, implicando con esto la autonomía que tienen respecto del procedimiento penal y, por consecuencia, su procedencia independientemente del resultado de este último. Esta situación explica el por qué en la reforma al artículo 22 constitucional se menciona que este derecho se ejercitará a través de un procedimiento jurisdiccional y autónomo del de materia penal. El artículo 22 constitucional, al referir que la extinción de dominio implica un procedimiento jurisdiccional, evidentemente se está refiriendo a la necesidad 11 Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis consultable bajo el epígrafe REPARACION DEL DAÑO PROVENIENTE DE HECHO ILICITO, CARACTER CIVIL DE LA ACCION DE. Véase IUS número de registro: 385,206. Quinta Época. Sala Auxiliar. Semanario Judicial de la Federación. CXVIII. Página Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Tesis consultable bajo el epígrafe RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. NO ES INDISPENSABLE QUE SE CONDENE CRIMINALMENTE AL ACUSADO, PARA QUE SE LE CONSIDERE RESPONSABLE EN LA VÍA CIVIL, POR SER AMBOS PROCESOS DE NATURALEZA DISTINTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Véase IUS número de registro: 192,649. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. X, Diciembre de Página Mostrar más
ANÁLISIS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO Más detalles LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES A FAVOR DEL ESTADO Federico Escóbar Klose Asesor Legal
LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES A FAVOR DEL ESTADO Federico Escóbar Klose Asesor Legal Causo diversas reacciones el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado; es así Más detalles LIC. Y C. P NÉSTOR FRANCO RÍOS.
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN EL DERECHO FISCAL. INTRODUCCIÓN. LIC. Y C. P NÉSTOR FRANCO RÍOS. De conformidad con la definición que otorga el maestro Rafael de Pina Vara en su Diccionario de Derecho, la Más detalles RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Prof. Dr. Wilson Alejandro Martínez Sánchez
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Prof. Dr. Wilson Alejandro Martínez Sánchez CRIMINALIDAD DE EMPRESA Delincuencia DESDE la empresa. Delincuencia A TRAVÉS de la empresa. Delincuencia Más detalles VOTO PARTICULAR EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2011
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2011, SUSCITADA ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, FALLADA Más detalles Exposición de motivos
Iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que proceda la extinción del dominio en casos de delincuencia organizada, delitos contra Más detalles ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN N EN CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS: UNA EXPERIENCIA REAL
ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN N EN CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS: UNA EXPERIENCIA REAL FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA EL SALVADOR, C.A. LAVADO DE DINERO Y CRIMEN ORGANIZADO Más detalles POSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS LAUDOS A NIVEL MUNICIPAL
POSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS LAUDOS A NIVEL MUNICIPAL Concepto de Laudo La Ley Federal del Trabajo lo define como la resolución que decide sobre el fondo del Más detalles DERECHO A LA SALUD JURISPRUDENCIA Y ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
DERECHO A LA SALUD JURISPRUDENCIA Y ACTIVIDAD JURISDICCIONAL Registro No. 167088 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Más detalles QUE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS LASTIRI QUIRÓS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS LASTIRI QUIRÓS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI Exposición de Motivos En general los delitos que tienen Más detalles LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA EN EL NUEVO SISTEMA PENAL.
LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA EN EL NUEVO SISTEMA PENAL. Con la reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo Más detalles LA REPARACION DEL DAÑO. JURISPRUDENCIA CUESTIONABLE.
LA REPARACION DEL DAÑO. JURISPRUDENCIA CUESTIONABLE. El artículo 21 de la Constitución General de la República, establece que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Más detalles PARTE DISPOSITIVA. De acuerdo a los fundamentos expuestos en la Declaración, el TCP resuelve declarar:
Fundamentos: La Declaración parte del análisis de la naturaleza de la acción de extinción de dominio estableciendo que en el derecho comparado dicho instituto, surge como respuesta frente al enriquecimiento Más detalles DIPUTADO FRANCISCO FLORES SOLANO PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO SEXAGESÍMA SEGUNDA LEGISLATURA.
DIPUTADO FRANCISCO FLORES SOLANO PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO SEXAGESÍMA SEGUNDA LEGISLATURA. Ma. Juana Georgina Miranda Arroyo, José Luis Martínez Bocanegra y Ma. Guadalupe Torres Más detalles COMPETENCIA DE LA SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Y LABORAL)
COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL Natalio Vodanovic Schnake* 1 INTRODUCCIÓN Más detalles RETOS Y PERSPECTIVAS DEL NUEVO CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Ley 1708 de 2014. Bogotá D.C. Noviembre 14 de 2014
RETOS Y PERSPECTIVAS DEL NUEVO CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Ley 1708 de 2014 Bogotá D.C. Noviembre 14 de 2014 Que es la Extinción de Dominio? Facultad del Estado para contrarrestar los beneficios que Más detalles http://www.westlaw.es/westlaw/verficheroimpresion.do;jsessionid=a06b6443817f4a3b8ad99f8b958...
Página 1 de 5 RCL 2003\1048 Legislación (Disposición Vigente a 9/2/2006) Instrucción 3/2003, de 9 abril CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL BOE 15 abril 2003, núm. 90, [pág. 14756]; ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Más detalles INSTRUCTIVO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Honduras, C. A. INSTRUCTIVO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO. La Corte Suprema Más detalles CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA
CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA SECUESTRO EXPRÉS. LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Más detalles Pagaré. Objetivos. Al finalizar la unidad, el alumno:
6 Pagaré Objetivos Al finalizar la unidad, el alumno: Conceptos centrales Introducción El pagaré desde su nacimiento ha sido objeto de confusión con la letra de cambio, no en balde el legislador se dio Más detalles subrayaba la Corte, la quejosa no denunciaba la discriminación mediante, por ejemplo, una queja o reclamación ante organismos no jurisdiccionales,
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesión de 23 de junio de 2010, determinó que los autos dictados en los juicios mercantiles que por su cuantía no admitan el recurso Más detalles EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO. Mag.Walther Delgado Tovar
EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO Mag.Walther Delgado Tovar Antecedentes Decreto Legislativo 992 (22/07/2007) Ley 29212 (16/04/2008) Decreto Legislativo 1104 (19/04/2012) Qué hacer con los patrimonios criminales? Más detalles REFORMA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
REFORMA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA resumen ejecutivo I. Introducción El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones Más detalles CONFIDENCIAL, CON BASE EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS.
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO CLASIFICAR DETERMINADA INFORMACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR ZACATECAS COMO DE ACCESO RESTRINGIDO EN LA MODALIDAD DE RESERVADA Y CONFIDENCIAL, Más detalles REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE TABASCO TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES
REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE TABASCO TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento es de orden público, interés general y observancia Más detalles QUE REFORMA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL ROCÍO REBOLLO MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL ROCÍO REBOLLO MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI La suscrita, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario Más detalles Delitos fiscales y la responsabilidad de representantes legales, socios o accionistas
ANÁLISIS Y OPINIÓN Delitos fiscales y la responsabilidad de representantes legales, socios o accionistas 64 Evaluación y análisis del papel que desempeñan las obligaciones fiscales en el esquema tributario, Más detalles DIP. JOSE SABINO HERRERA DAGDUG Presidente dela Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Presente.
Asunto: INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, EL ARTÍCULO 266 BIS, EN MATERIA DE INDEMNIZACIÒN DEL CONYUGE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL Más detalles Arteaga, Azzolini y García Abogados. Comentarios y observaciones con relación al proyecto de reformas a la Ley de seguridad nacional
Arteaga, Azzolini y García Abogados Comentarios y observaciones con relación al proyecto de reformas a la Ley de seguridad nacional El documento contiene una propuesta de reformas a la Ley de seguridad Más detalles BREVES COMENTARIOS ACERCA DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
Ruperto Patiño Manffer Sumario: I. Antecedentes constitucionales; II. El objeto de la ley; III. Las prácticas monopólicas; IV. Las concentraciones; V. La comisión federal de competencia. I. ANTECEDENTES Más detalles Responsabilidad civil y penal de las personas con discapacidad intelectual
Responsabilidad civil y penal de las personas con discapacidad intelectual Responsabilidad penal Introducción En virtud del art. 20 del Código penal, están exentos de responsabilidad criminal: 1º.- El Más detalles R E S U L T A N D O S:
1 EXPEDIENTE NUMERO: 518/2012 SENTENCIA DEFINITIVA. Pachuca de Soto, Hidalgo, a 18 dieciocho de enero de 2013 dos mil trece. Vistos los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por (***) por conducto Más detalles REPUBLICA DOMINICANA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AÑO NACIONAL DE LA RECUPERACIÓN
RESOLUCIÓN NO. REPUBLICA DOMINICANA Nos, Lic. Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley No. 78-03, sobre el Estatuto del Ministerio Más detalles C o n t r o l D o c e n c i a
C o n t r o l D o c e n c i a E s t a t u t o b á s i c o e m p l e a d o p ú b l i c o Ley 7/2007, 12 de abril CAPÍTULO III. DERECHOS RETRIBUTIVOS Artículo 30. Deducción de retribuciones. 1. Sin perjuicio Más detalles Efectos jurídicos de los contratos en materia fiscal
ANÁLISIS Y OPINIÓN Efectos jurídicos de los contratos en materia fiscal 124 Hoy en día, el argumento que utiliza la autoridad fiscal al momento de determinar un crédito fiscal, de que el acto o contrato Más detalles LA PRIVACIÓN DE DOMINIO COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. Gilmar Giovanny Santander Abril
LA PRIVACIÓN DE DOMINIO COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Gilmar Giovanny Santander Abril UN PUNTO DE REFERENCIA * Se estiman las ganancias del Crimen Organizado en el orden del 2,3 a 5,5 Más detalles Lección 18 AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
Lección 18 AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN Los tipos penales están pensados para el delito consumado y para el autor singular. Sin embargo, lo habitual es que en la realización de un hecho delictivo intervengan Más detalles MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
En contestación al escrito de un particular formulando consulta sobre sendas cuestiones relacionadas con la verificación de las señales de alarma por las centrales de alarmas y con la constitución de garantía Más detalles TERCER PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS LX LEGISLATURA
TERCER PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS LX LEGISLATURA INTRODUCCIÓN La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 39 la integración Más detalles EXPOSICION DE MOTIVOS
DIP. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. PRESENTE: DIP. EDUARDO ORIHUELA ESTEFAN, en ejercicio de las facultades que me confiere Más detalles CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, de la Ley de la Administración Más detalles IMPLICACIONES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE
FOROS DE ANÁLISIS NACIONAL: LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO IMPLICACIONES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA Más detalles Sesiones del 1 de julio, 3, 5, 9, 10, 12 y 16 de agosto de 2010. Sinopsis de Asuntos destacados del Tribunal en Pleno
Sinopsis de Asuntos destacados del Tribunal en Pleno Sesiones del 1 de julio, 3, 5, 9, 10, 12 y 16 de agosto de 2010 REFORMA A LOS ARTÍCULOS 146 Y 391 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. REFORMAS Más detalles SEGUROS. NATURALEZA DE LA INDEMNIZACIÓN QUE LAS INSTITUCIONES RELATIVAS PAGAN COMO CONSECUENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SINIESTRO.
Registro No. 174348 Instancia: Segunda Sala XXIV, Agosto de 2006 Página: 316 Tesis: 2a./J. 108/2006 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa SEGUROS. NATURALEZA DE LA INDEMNIZACIÓN QUE LAS INSTITUCIONES Más detalles Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DOF 7 de mayo de 2008 Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 74 fracción IV, Más detalles FORMAS Y RIESGOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD EN MÉXICO
FORMAS Y RIESGOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD EN MÉXICO Por: Gerardo Trejo Cantú Una de las actividades reguladas por el derecho mexicano y de mayor importancia, no solo por su suma necesidad, sino porque Más detalles Tratado Modelo sobre la Remisión del Proceso en Materia Penal. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 45/118, de 14 diciembre de 1990
Tratado Modelo sobre la Remisión del Proceso en Materia Penal Adoptado por la Asamblea General en su resolución 45/118, de 14 diciembre de 1990 El [La] --------- y el [la] --------, Deseosos[as] de fortalecer Más detalles CUARTO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMERICA LATINA
CUARTO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMERICA LATINA MODULO 3. MARCAS (III) NORMATIVA RELATIVA A LA PONENCIA: PROBLEMAS DE VALORACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN Más detalles 3. LA CLASIFICACIÓN EN GRADOS Y EL PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN CIENTÍFICA
Los jóvenes menores de veintiún años sólo podrán ser trasladados a los Departamentos de adultos cuando así lo autorice la Junta de Tratamiento, poniéndolo en conocimiento del Juez de Vigilancia. (Art. Más detalles La firma de abogados Barrancos & Henríquez, S.P.C., actuando en. nombre y representación del señor Héctor Requena, ha presentado demanda
ENTRADA N 671-06 MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR L. BENAVIDES P. DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS BARRANCOS & HENRÍQUEZ, S.P.C. ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN Más detalles Gabinete Jurídico. Informe 0119/2010
Informe 0119/2010 La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Más detalles I. OBJETIVO II. EJES RECTORES III. CULTURA DE LA LEGALIDAD V. FUNCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD VI. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y ELECCIONES LA LEGALIDAD COMO CAMINO PARA LA RESPONSABILIDAD PÚBLICA C O N T E N I D O I. OBJETIVO II. EJES RECTORES III. CULTURA DE LA LEGALIDAD IV. RIESGOS DE INCURRIRENUNA Más detalles La responsabilidad de los funcionarios públicos. Armando Mendoza Ugarte
La responsabilidad de los funcionarios públicos Armando Mendoza Ugarte La función pública La función pública tiene por finalidad satisfacer el interés general y el bien común mediante la prestación de Más detalles Unidad 13. Derecho penal fiscal
Unidad 13 Derecho penal fiscal El derecho penal fiscal establece normas y principios sustanciales y procesales de carácter general, aplicables para sancionar violaciones especificas de la legislación tributaria Más detalles EL JUICIO FALTAS ATENCIÓN AL CIUDADANO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO EL JUICIO DE FALTAS Qué es el juicio de faltas Trámites del juicio inmediato Trámites del juicio ordinario Derechos de denunciantes Derechos de denunciados Fases principales del juicio Más detalles Exposición de Motivos
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 212 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A CARGO DE LA DIPUTADA ESTHER QUINTANA SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN La que suscribe, Más detalles LA HONORABLE XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, D E C R E T A:
DECRETO NÚMERO: 273 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADOPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA HONORABLE XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y Más detalles LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL. CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE Catedrático de la Universidad de Panamá
1 LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE Catedrático de la Universidad de Panamá Conferencia pronunciada el día 11 de agosto de 2009, en la Escuela Judicial. 2 I. Más detalles CAPÍTULO IV DELITOS COMETIDOS POR ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES.
CAPÍTULO IV DELITOS COMETIDOS POR ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES. 4.1. LA CONDUCTA TÍPICA. Los delitos de abogados, patronos y litigantes se encuentran previstos en los artículos 231, 232 y 233 del Código Más detalles En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde. las que favorecen a los obligados tributarios
FISCALMANÍA NÚMERO 49 Noviembre 2013 www.fiscalmania.es NOTICIAS QUE DEBEMOS CONOCER En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde las que favorecen a los obligados tributarios Proyecto Más detalles PROYECTO DE LEY EXTINCIÓN DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS LIBRO I DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
PROYECTO DE LEY El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, EXTINCIÓN DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS LIBRO I DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Artículo 1 : Objeto. La presente Más detalles DILIGENCIA.- En Madrid, a 6 de marzo de 2013.
DILIGENCIA.- En Madrid, a 6 de marzo de 2013. La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que en los autos de juicio verbal de desahucio número 1649/12 se dictó sentencia estimatoria de Más detalles LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Con la reforma del Código Penal, las empresas tienen la obligación de implantar medidas de prevención y detección de delitos Más detalles Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857 Comentario: Mediante la llamada reforma constitucional en materia religiosa de 1992, se reformaron los artículos Más detalles An t e ce de n t e s
EL SI STEMA LEGAL DE LOS EE.UU. Una descripción breve Centro Judicial Federal Antecedentes La constitución de los Estados Unidos establece un sistema de gobierno federal y por lo tanto otorga poderes específicos Más detalles ( ) la persona física que realiza la conducta típica, y puede ser material o intelectual. 1
3. CONCURSO DE PERSONAS. 3.1. Autor material. De la misma forma que en delito, en el que existe concurso, también es posible que se actualice la figura jurídica penal denominada concurso de personas, en Más detalles El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.
PROYECTO DE LEY EXPTE. S-1171/14 AUTOR: SENADOR GERARDO MORALES PROYECTO DE LEY El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc. Artículo 1.- A los efectos de la presente ley, se entenderá Más detalles ASUNTO: INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
bependencia SE CCI ON SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Subsecretaria para Asuntos Legislativos NUMERO DEL OFICIO Titular EXPEDIENTE ASUNTO: El que se indica. Mexicali, Baja California, a 08 de Agosto de Más detalles Un nuevo órgano constitucional autónomo. Miguel Carbonell. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM.
Un nuevo órgano constitucional autónomo. Miguel Carbonell. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. En el Diario Oficial de la Federación del 7 de abril de 2006 apareció publicada una reforma constitucional Más detalles JUICO ESPECIAL HIPOTECARIO EXPEDIENTE 977/2012 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A 28 VEINTIOCHO DE JUNIO DE 2013 DOS MIL TRECE. VISTOS los autos para dictar
JUICO ESPECIAL HIPOTECARIO EXPEDIENTE 977/2012 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A 28 VEINTIOCHO DE JUNIO DE 2013 DOS MIL TRECE. VISTOS los autos para dictar SENTENCIA DEFINITIVA dentro del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO Más detalles Diputado Oscar O. Moguel Ballado
A LA HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,, PRESENTE El que suscribe, Diputado, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: Más detalles ASUNTO: PRESTAMOS DE MUTUO POR PARTE DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
OFICIO 220-087485 DEL 10 DE JUNIO DE 2014 ASUNTO: PRESTAMOS DE MUTUO POR PARTE DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Me refiero a sus escritos radicados en esta Entidad con los números 2014-01-237382 Más detalles Gabinete Jurídico. Informe 0086/2010
Informe 0086/2010 La consulta plantea si al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal un albergue municipal puede ceder los datos a la policía local. Más detalles EL JUICIO RÁPIDO ATENCIÓN AL CIUDADANO DE DELITOS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO EL JUICIO RÁPIDO DE DELITOS Qué delitos se pueden enjuiciar Trámites del juicio rápido Derechos y obligaciones de víctimas y perjudicados La citación y modos de citación CONSEJO GENERAL Más detalles Manual de Inducción De la Consejería jurídica Del Ejecutivo Federal
De la Consejería jurídica Del Ejecutivo Federal Página 1 de 15 ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN...4 1.1 La República y la División de Poderes....4 1.2 Poder Ejecutivo Federal...7 2 ANTECEDENTES DE LA CJEF...8 3 SITUACIÓN Más detalles Control Judicial de los Actos de la COFECE
Control Judicial de los Actos de la COFECE Mauricio Alejandro Marín Valdez Director General Adjunto Dirección de Asuntos Contenciosos Comisión Federal de Competencia Económica mmarin@cofece.mx Marzo, 2015 Más detalles TRIBUNAL SUPREMO POPULAR
M.Sc. CARIDAD M. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SECRETARIA DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR----------------------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICO: Que el Más detalles LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FRAUDE FISCAL COMO MOTOR DE LA RECAUDACIÓN FISCAL EN MÉXICO
LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FRAUDE FISCAL COMO MOTOR DE LA RECAUDACIÓN FISCAL EN MÉXICO ARTURO DE J. URBINA NANDAYAPA Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM www.noticierofiscal.com 1 Políticas Más detalles QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 273, 282 Y 288 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 273, 282 Y 288 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN La suscrita, diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, integrante Más detalles CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS * CASO LIAKAT ALI ALIBUX VS. SURINAME
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS * CASO LIAKAT ALI ALIBUX VS. SURINAME RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA SENTENCIA DE 30 DE ENERO DE 2014 (EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO, REPARACIONES Más detalles Comentarios al criterio no vinculativo 31/ISR Outsourcing. Retención de salarios
TEMAS DE ACTUALIDAD 18 Comentarios al criterio no vinculativo 31/ISR Outsourcing. Retención de salarios Analizaremos este criterio, el cual señala lo que es considerado por la autoridad hacendaria como Más detalles EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY SOBRE Más detalles FOLLETO INFORMATIVO. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Centro de Estudios Judiciales
FOLLETO INFORMATIVO Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Centro de Estudios Judiciales Año Judicial 2011-2012 No. 11 Junio 25 de 2012 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Más detalles Conservación de datos de carácter personal relativos a los números de tarjeta de crédito de clientes. Informe 127/2006
Conservación de datos de carácter personal relativos a los números de tarjeta de crédito de clientes. Informe 127/2006 La consulta se refiere al mantenimiento, conservación y cancelación del número de Más detalles 4. Asimismo, los medios materiales no quedan determinados. Qué medios materiales se le van a exigir para tal fin?
En contestación a escrito de un particular, formulando consulta sobre diversas cuestiones derivadas de las últimas modificaciones normativas en materia de seguridad privada, en relación con la posibilidad Más detalles LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS AGENTES ECONÓMICOS FRENTE A LA REGULACIÓN PARA ACCEDER A LOS INSUMOS ESENCIALES
LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS AGENTES ECONÓMICOS FRENTE A LA REGULACIÓN PARA ACCEDER A LOS INSUMOS ESENCIALES SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA ESTUDIADO. 3. PROPUESTA PARA RESOLVER Más detalles 1.- TERCERO INTERESADO. PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE LLAMAMIENTO
1.- TERCERO INTERESADO. PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE LLAMAMIENTO Por virtud del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, publicado en el Más detalles EXCELENTES NOTICIAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS EN MÉXICO: EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA LEY
EXCELENTES NOTICIAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS EN MÉXICO: EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA LEY Hasta el pasado 27 de abril de 2010, México no contaba con una ley federal que regulara integralmente el tratamiento Más detalles LEY DE ATENCION Y PROTECCION A LA VICTIMA O EL OFENDIDO DEL DELITO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. CAPITULO PRIMERO Disposiciones Generales
LEY DE ATENCION Y PROTECCION A LA VICTIMA O EL OFENDIDO DEL DELITO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Publicado en el Periódico Oficial No. 39, de fecha 22 de Agosto de 2003, Tomo CX CAPITULO PRIMERO Disposiciones Más detalles MARCO LEGAL DE LOS PODERES OTORGADOS EN EL EXTRANJERO Y SUS EFECTOS EN TERRITORIO NACIONAL.
MARCO LEGAL DE LOS PODERES OTORGADOS EN EL EXTRANJERO Y SUS EFECTOS EN TERRITORIO NACIONAL. Por el Lic. Pablo Mauricio Díaz Soto El presente estudio tiene como finalidad darles a conocer algunos aspectos Más detalles PODER JUDICIAL. Modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1-7-1985 (RCL 1985\1578 y 2635), del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
( Disposición Vigente ) Ley Orgánica núm. 1/2014, de 13 de marzo. Ley Orgánica 1/2014, de 13 marzo Version vigente de: 15/3/2014 RCL 2014\381 PODER JUDICIAL. Modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1-7-1985 Más detalles REGLAMENTO PARA EL PAGO DEL RIESGO POLICIAL Nº 29597-SP-G EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, Y SEGURIDAD PÚBLICA
REGLAMENTO PARA EL PAGO DEL RIESGO POLICIAL Nº 29597-SP-G EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, Y SEGURIDAD PÚBLICA Con fundamento en lo dispuesto en incisos 3 y 18 del Más detalles TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE COMPRA
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE COMPRA INTRODUCCIÓN La Terminal de Transporte S.A. es una sociedad de economía mixta del orden Distrital, con autonomía administrativa, financiera Más detalles Tema: Investigaciones y procesos penales
Tema: Investigaciones y procesos penales Resumen del contenido: Límites de acceso a información de investigaciones y procesos penales, Información acumulada para prevención e investigación de delitos, Más detalles La Familia en Derecho Civil. Sesión 11: Medidas de protección de los menores
La Familia en Derecho Civil Sesión 11: Medidas de protección de los menores Contextualización La patria potestad es considerada una de las instituciones jurídicas más importantes en cuestiones de orden Más detalles Tratados y Derecho Informático
Tratados y Derecho Informático Min. Joel Hernández G. INTRODUCCIÓN I II III IV V LOS TRATADOS EN EL ORDEN JURÍDICO NACIONAL JURISPRUDENCIA TRATADOS VIGENTES HERRAMIENTAS PARA CONSULTA DE TRATADOS EN LÍNEA Más detalles ASESORÍA E INTERPRETACIÓN DE LA LEY AGRARIA
Doctrina ASESORÍA E INTERPRETACIÓN DE LA LEY AGRARIA Carlos Mario Tovar Hassanille * Con la reforma al artículo 27 Constitucional y la promulgación de la nueva Ley Agraria, son ahora los ejidos y comunidades Más detalles LEY Nº 631/95 ORGANICA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE L E Y :. TITULO I
Artículo 1º.- Naturaleza jurídica.- LEY Nº 631/95 ORGANICA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE L E Y :. TITULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES El Defensor Más detalles Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América
Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA El Gobierno de la República Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: artículo 22
 artículo 22
 Artículo 2
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 22
 artículo 4
 artículo 24
 artículo 40
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 40
 artículo 25
 ARTÍCULO 25
 artículo 123
 artículo 26
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 1910
 artículo 1915
 artículo 2108
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 resolución 
 ARTÍCULO 101
 ARTÍCULO 101
 artículo 73
 artículo 21
 ARTÍCULO 73
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 151
 ARTÍCULO 151
 ARTÍCULO 266

RESOLUCIÓN 
 Artículo 30
 artículo 39
 resolución 
 resolución 
 Artículo 1
 Artículo 1
 ARTÍCULO 81
 artículo 27

Artículo 1