Source: https://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/backgrounders.shtml
Timestamp: 2020-03-31 00:08:04+00:00

Document:
Testimonio de una superviviente del genocidio de 1994 en Rwanda.
La violencia sexual: un instrumento de guerra
Antecedentes sobre el proceso de justicia y reconciliación en Rwanda
Rwanda se ha embarcado en un ambicioso proceso de justicia y reconciliación con el objetivo final de que todos los rwandeses vivan una vez más unidos y en paz.
el sistema judicial nacional de Rwanda, y
los tribunales gacaca.
El primer juicio comenzó en enero de 1997 y para diciembre de 2012, el Tribunal había completado la primera parte de su mandato. Durante sus dos décadas de trabajo en Arusha, Tanzanía, el Tribunal condenó a 61 personas a penas de hasta cadena perpetua por su participación en las masacres. Catorce acusados fueron absueltos y otros 10 remitidos a los tribunales nacionales. El Tribunal celebró 5.800 días de actuaciones, inició actuaciones contra 93 personas acusadas, emitió 55 juicios de primera instancia y 45 de apelación, y escuchó los "testimonios de más de 3.000 testigos que valientemente relataron algunos de los eventos más traumáticos imaginables durante los juicios del Tribunal", dijo el Presidente del Tribunal, Juez Vagn Joensen, al Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2015.
El Mecanismo de los Tribunales Penales Internacionales (MTPI ), establecido por el Consejo de Seguridad en diciembre de 2010, se hizo cargo de las tareas pendientes del ICTR y del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). El Mecanismo es esencial para que el cierre de ambos Tribunales no deje la puerta abierta a la impunidad de los prófugos restantes. En lo que se refiere a Rwanda, el Mecanismo entró en vigor el 1 de julio de 2012.
La causa Medios de información vista por el Tribunal en 2003 fue el primer juicio, desde que se condenó a Julius Streicher en Nuremberg a raíz de la segunda guerra mundial, en que se examinó la función de los medios de información en el contexto de la justicia penal internacional.
20 años desafiando la impunidad; el TPIR de la ONU ha estado a la vanguardia de la lucha mundial contra la impunidad, procesando a los que se consideran los más responsables de los delitos más graves cometidos en 1994.
A medida que el Tribunal se acerca al final de su mandato, su legado sienta las bases para una nueva era en la justicia penal internacional.
Conferencia de prensa, el Tribunal Penal para Rwanda y Rwanda 20 años después.
Bongani Majola, Subsecretario General y Secretario del Tribunal Penal para Rwanda y Ousman Njikam, Oficial Jurídico de la Secretaría del Tribunal.
Antecedentes acerca de la Prevención del Genocidio
— Secretario General António Guterres
durante el lanzamiento en Nueva York de Kwibuka20,
en el 20º aniversario del genocidio en Rwanda
La Convención confirma que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que las Partes se comprometen "a prevenir y a sancionar". La responsabilidad primordial de prevenir y detener el genocidio corresponde al Estado en el que ese delito se esté cometiendo.
En 1994, en presencia de toda la comunidad internacional, más de 800.000 rwandeses, fundamentalmente de la etnia tutsi, murieron masacrados por las milicias y las fuerzas gubernamentales hutu durante un período de apenas 100 días. Las matanzas comenzaron el día después de que un avión que transportaba a los presidentes de Rwanda y Burundi fue derribado mientras se disponía a aterrizar en Kigali, la capital de Rwanda. Los presidentes regresaban de las conversaciones de paz destinadas a apuntalar un precario acuerdo de paz y a poner fin al conflicto entre el gobierno predominantemente de la etnia hutu y el ejército rebelde mayormente tutsi.
El accidente avivó nuevamente la guerra. Las fuerzas gubernamentales en retirada se sumaron a las milicias étnicas hutu para incitar a los civiles a que mataran a los miembros de la etnia tutsi. Alegaban que los civiles estaban ayudando a los rebeldes tutsi y utilizaban este pretexto para justificar la matanza de personas inocentes. No se autorizó la intervención de una pequeña fuerza de mantenimiento de la paz que había sido enviada por las Naciones Unidas. Se alertó de que el genocidio estaba a las puertas pero no se adoptó medida alguna.
Hoy día, los efectos del genocidio en Rwanda se hacen sentir aún de muchas maneras diferentes tanto dentro del país como en los Estados vecinos, incluidas las regiones orientales de la República Democrática del Congo, donde vastas zonas de la provincia de Kivu meridional siguen bajo el control de las milicias hutu de Rwanda y sus aliados locales. Junto con otros combatientes de la guerra del Congo, siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen secuestros, matanzas y violación. La violencia sexual, en particular contra las mujeres y los niños, se ha generalizado.
El genocidio no es algo que ocurre de la noche a la mañana o sin previo aviso. El genocidio requiere organización y constituye de hecho una estrategia deliberada que ha sido llevada a cabo fundamentalmente por gobiernos o grupos que controlan el aparato estatal. Conocer la manera en que el genocidio se produce y aprender a reconocer los indicios que podrían conducir al genocidio tiene importancia para asegurarse de que esos horrores no vuelvan a ocurrir.
El 7 de abril de 2004, décimo aniversario del genocidio en Rwanda, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, expuso un plan de acción de cinco puntos para prevenir el genocidio:
Evitar el conflicto armado, que suele ser el contexto del genocidio;
Proteger a los civiles en un conflicto armado incluso por medio del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas;
Poner fin a la impunidad mediante la acción judicial en los tribunales nacionales e internacionales;
Reunir información y establecer un sistema de alerta anticipada; y
Adoptar medidas rápidas y decisivas, que incluyan la acción militar.
1.	Prevenir el conflicto armado
Debido a que el genocidio tiene más probabilidades de ocurrir durante una guerra, una de las mejores manera de reducir las posibilidades de genocidio es abordar las causas fundamentales de la violencia y el conflicto: odio, intolerancia, racismo, discriminación, tiranía y el discurso político deshumanizante que niega a grupos enteros de la población su dignidad y sus derechos. Buscar solución a la desigualdad de acceso a los recursos constituye una estrategia de prevención decisiva. La primera responsabilidad por la prevención de los conflictos corresponde a los gobiernos nacionales. Las Naciones Unidas apoyan los esfuerzos nacionales, que incluyen las actividades políticas, diplomáticas, humanitarias, de derechos humanos e institucionales. El desarrollo económico y social y la mitigación de la pobreza aportan también una contribución sustancial a la prevención del conflicto.
2.	Proteger a los civiles, incluso por medio del personal de mantenimiento de la paz
Cuando los esfuerzos para prevenir el conflicto fracasan, una de las prioridades máximas debe ser proteger a los civiles. Siempre que los civiles constituyen un objetivo deliberado porque pertenecen a una comunidad determinada, existe el riesgo de genocidio. Durante el último decenio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha ampliado con frecuencia el mandato del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para que puedan proteger físicamente a los civiles que están amenazados de violencia. En la actualidad, las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas ayudan de ordinario a las autoridades nacionales a establecer acuerdos eficaces para investigar y perseguir violaciones graves del derecho; desarmar y desmovilizar a los combatientes y ayudar a reintegrarlos en la comunidad; hacer cumplir las medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia sexual; e informar sobre cualquier medio de difusión esté incitando a la población al genocidio, a cometer crímenes de lesa humanidad u otras violaciones del derecho internacional humanitario.
3.	Poner fin a la impunidad mediante la acción judicial
Para disuadir a las personas de cometer crímenes de genocidio, los responsables de esos crímenes tienes que ser llevados ante la justicia. La lucha contra la impunidad y el establecimiento de expectativas verosímiles de que los perpetradores del genocidio y otros delitos de esa índole responderán ante la justicia puede contribuir con eficacia a la cultura de la prevención.
En la actualidad, si un Estado no está dispuesto o es incapaz de ejercer su jurisdicción sobre los presuntos perpetradores del genocidio, el Tribunal Penal Internacional tiene facultades, dentro del marco de su estatuto, para investigar y enjuiciar a los más responsables. El Tribunal Penal Internacional es un tribunal permanente, separado de las Naciones Unidas, con sede en La Haya (Países Bajos), para juzgar a personas por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Fue establecido el 1 de julio de 2002, fecha en que el Estatuto de Roma, el tratado por el que se fundó entró en vigor. Hasta la fecha, el Tribunal Penal Internacional ha conocido de 21 casos relacionados con 8 países. En marzo de 2012, el Tribunal pronunció el primer veredicto de su historia al dictar sentencia sobre crímenes de guerra contra Thomas Lubanga Dyilo, jefe de milicia acusado de participar en el reclutamiento de niños soldados en la República Democrática del Congo.
Antes de que se estableciera el Tribunal Penal Internacional, se crearon tribunales especiales encargados de enjuiciar a los responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la ex Yugoslavia y Rwanda:
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY) , que tiene su sede en La Haya (Países Bajos) fue establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993. Ha procesado a 161 personas por graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia. De ese total se ha concluido el juicio contra 141, y se están tramitando 20. Hasta la fecha los juicios más prominentes han sido los del ex dirigente serbio de Bosnia Radovan Karadzic, que comenzó en octubre de 2009, y el ex comandante militar serbio de Bosnia, Ratko Mladic, que empezaron en mayo de 2012. Ambos están acusados de llevar a cabo el genocidio y de otros crímenes contra los musulmanes bosnios, los croatas bosnios y otros civiles no serbios entre 1992 y 1995.
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (ICTR) , que tiene su sede en Arusha (Tanzania), comenzó sus actividades en 1995, a raíz de la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de noviembre de 1994. El ICTR ha formulado cargos contra 92 personas, 2 de los cuales han sido retirados y 10 derivados a jurisdicciones nacionales —2 a Francia y 8 a Rwanda—. Dos acusados fallecieron antes de la finalización de sus juicios. En marzo de 2014, de los 63 casos finalizados, 14 fueron absueltos y 49 condenados y sentenciados. De los casos transferidos a Rwanda, 6 de los acusados permanecen huidos. Existen 3 casos más de fugitivos, que serán tratados por el Mecanismo de la ONU para las Tribunales Penales Internacionales en el caso de ser aprehendidos. Entre los casos completados están los de dueños de organizaciones de medios de comunicación que participaron en la incitación al odio, así como ex jefes militares y dirigentes de gobierno, entre ellos el ex primer ministro Jean Kambanda, condenado a cadena perpetua por el delito de genocidio, y el ex alcalde Jean Paul Akayesu, cuyo juicio en 1998 fue el primero en el que por primera vez se especificó que la violación sexual constituía un genocidio si se cometía con la intención de destruir a un grupo en particular.
Tanto el ICTY como el ICTR esperan terminar sus trabajos a finales de 2014. A continuación, el Mecanismo de la ONU para de los Tribunales Penales Internacionales (MITPI), establecido por el Consejo de Seguridad en diciembre de 2010, tomará el relevo y finalizará la tarea del ICTR.
Además, en 2003 se estableció un tribunal especial para enjuiciar a los acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el régimen Khmer Rojo en Camboya entre 1975 y 1979. Las Salas extraordinarias de los tribunales de Camboya – establecidas como resultado de un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Camboya, en febrero de 2012 condenaron a Kaing Guek Eav, de sobrenombre Duch, antiguo jefe de un campamento de detención de mala reputación, a cadena perpetua, la condena máxima prevista en las leyes camboyanas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los convenios de Ginebra de 1949. Las salas extraordinarias de los tribunales de Camboya hasta la fecha han detenido y encausado a otros cuatro ex funcionarios públicos.
El Tribunal Especial para Sierra Leona y el Tribunal Especial para el Líbano – mecanismos judiciales basados en acuerdos entre la ONU y los gobiernos de Sierra Leona y el Líbano- no tienen jurisdicción en los casos de genocidio.
4.	Establecer sistemas de alerta anticipada
Las tragedias de Rwanda y los Balcanes en los años noventa demostraron, de la peor manera posible, que la comunidad internacional tenían que hacer más para impedir el genocidio. Con esto en mente, el Secretario General nombré en 2004 a Juan Méndez,Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio, al que sucedieron Francis Deng en 2007 y Adama Dieng en 2012.
Los asesores especiales reúnen información sobre situaciones en las que puede existir riesgo de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad. Debido al carácter delicado de este mandato, gran parte de su labor queda fuera de la vista pública. Sin embargo, cuando los asesores especiales determinan que dar a conocer sus preocupaciones a la opinión pública reducirá el riesgo de genocidio y de delitos de esa índole en una situación específica o promoverá la causa de la paz y la estabilidad, hacen públicas sus declaraciones como en el caso de Siria y Myanmar. Los asesores especiales tienen también la responsabilidad de señalar a la atención del Secretario General y, por su conducto, al Consejo de Seguridad determinadas situaciones y de formular recomendaciones sobre medidas para prevenir o poner fin al genocidio.
5.	Adoptar medidas rápidas, incluido el uso de la fuerza militar
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, corresponde al Consejo de Seguridad decidir cuándo, dónde y cómo intervenir militarmente en situaciones internas para prevenir o responder al genocidio u otras atrocidades masivas.
En septiembre de 2005, en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas , todos los países acordaron oficialmente que, cuando los métodos pacíficos fuesen insuficientes y cuando "fuese evidente" que las autoridades nacionales no protegían a su población de los cuatro crímenes que constituían atrocidades masivas, los Estados deberían adoptar medidas colectivas "de manera oportuna y decisiva" por medio del Consejo de Seguridad y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
En el caso de Libia, la comunidad internacional se movilizó rápidamente para impedir que el Gobierno matase a sus propios ciudadanos. En la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de marzo de 2011 se viabilizó una coalición internacional que intervino para detener la matanza los que protestaban contra el régimen de Qadhafi. Esta resolución complementaba una resolución anterior, la 1970, en la que se consideraban y aplicaban medidas que no contemplaban el uso de la fuerza militar.
En el caso de Côte d’Ivoire, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el 30 de marzo de 2011 la resolución 1975 , en la que condenó las burdas violaciones de los derechos humanos cometidas por los partidarios del ex Presidente Laurent Gbagbo y del Presidente Ouattara a raíz de las elecciones presidenciales de noviembre de 2011 y autorizaba una operación militar de las Naciones Unidas para prevenir el uso de armas pesadas contra los civiles.
En el caso del Sudán del Sur, el Consejo de Seguridad, en la resolución 1996 de julio de 2011, estableció una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (UNMISS) que, entre otras cosas, asesora y presta asistencia al Gobierno en el cumplimiento de su responsabilidad de proteger a los civiles. En febrero de 2014, el Consejo de Seguridad reiteró su firme apoyo a UNMISS y a su misión vital de proteger a la población civil de Sudán del Sur en nombre de la comunidad internacional.
En el caso de la República Centroafricana, el Secretario General de la ONU presentó en marzo de 2014 su propuesta de establecimiento de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU, compuesta por unas 12.000 tropas, cuyo objetivo primordial es la protección de los civiles en este país asolado por el conflicto.
En el caso de Siria, el Consejo de Seguridad no pudo llegar a acuerdo sobre una resolución en la que se pedía al Gobierno de Siria que pusiese fin a la violencia contra los civiles y retirara sus fuerzas armadas de ciudades y pueblos en febrero de 2012.
De la prevención a la protección — La Convención sobre Genocidio 65 años después — Panel de discusión.
Convención sobre el genocidio — Entrevista con Raphael Lemkin, abogado polaco que acuñó el término "genocidio" en 1944.
Nunca más — Entrevista a Adama Dieng, Asesora Especial en Prevención del Genocidio.
Antecedentes sobre la responsabilidad de proteger
¿Quién es responsable de proteger a la población contra las burdas violaciones de los derechos humanos?
Debate sobre el derecho a la "intervención humanitaria" (decenio de 1990)
A raíz de las tragedias de Rwanda y los Balcanes en los años noventa, la comunidad internacional comenzó a debatir seriamente sobre cómo reaccionar con eficacia cuando los derechos humanos de los ciudadanos son objeto de violaciones graves y sistemáticas. Lo fundamental de esta cuestión es si los Estados tienen soberanía incondicional sobre sus asuntos o si la comunidad internacional tiene el derecho de intervenir en un país con fines humanitarios.
En su Informe de 2000 sobre el Milenio el entonces Secretario General Kofi Annan, recordando que el Consejo de Seguridad no había actuado con decisión en Rwanda y en la ex Yugoslavia, ponía a los Estados Miembros ante la disyuntiva siguiente: "Si la intervención humanitaria es, en realidad, un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo deberíamos responder a situaciones como las de Rwanda o Srebrenica y a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que transgreden todos los principios de nuestra humanidad común?".
De la intervención humanitaria a la responsabilidad de proteger (2001)
La expresión «responsabilidad de proteger» apareció por primera vez en el informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (ICISS), establecida por el Gobierno del Canadá en diciembre de 2001. La Comisión se había establecido atendiendo a una pregunta de Kofi Annan sobre si la humanidad debía intervenir con fines humanitarios. En su informe, "La Responsabilidad de Proteger" se llegó a la conclusión de que la soberanía no solo daba al Estado el derecho de «controlar» sus asuntos, sino que le confería la «responsabilidad» primordial de proteger a la población dentro de sus fronteras. También proponía que cuando un Estado no protegiese a su población, ya fuera por falta de capacidad o de voluntad, la comunidad internacional en general asumiera esa responsabilidad.
Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio (2004)
En 2004, el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio , establecido por el Secretario General Kofi Annan, hizo suya la norma que acababa de plantearse acerca de la responsabilidad de proteger, a menudo denominada «R de P», y dijo que se trataba de una responsabilidad colectiva internacional, ‘ejercida por el Consejo de Seguridad por la que se autorizaba la intervención militar como último recurso en caso de genocidio y otras matanzas en gran escala, limpieza étnica y graves violaciones del derecho humanitario, que los gobiernos soberanos hubiesen demostrado no poder o no querer evitar». El grupo propuso los criterios básicos que legitimarían la autorización del uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluida la gravedad de la amenaza, el hecho de que debe ser el último recursos, y la proporcionalidad de la respuesta.
Informe del Secretario General: Un concepto más amplio de la libertad (2005)
En su informe "Un concepto más amplio de la libertad" el Secretario General Kofi Annan «estuvo muy de acuerdo» con el criterio expresado por el Grupo de alto nivel y propuso que, para autorizar el uso de la fuerza en general se aplicase una lista de los criterios propuestos, que incluyesen la gravedad de la amenaza, la proporcionalidad y la posibilidad de éxito.
En la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas , celebrada en septiembre de 2005, todos los Estados Miembros aceptaron oficialmente la responsabilidad de cada Estado de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En la Cumbre, los dirigentes mundiales acordaron también que cuando un Estado no cumpla esa responsabilidad, todos los Estados (la "comunidad internacional") tendrán la responsabilidad de ayudar a proteger a la población amenazada de esos crímenes. La comunidad internacional deberá estar dispuesta a adoptar medidas colectivas "de manera oportuna y decisiva", por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en cada caso concreto y en cooperación con las organizaciones regionales pertinentes, cuando proceda, si los medios pacíficos, que incluyen los diplomáticos, humanitarios y de otra índole, resultan inadecuados y "es evidente" que las autoridades nacionales no protegen a su población.
La primera vez que el Consejo de Seguridad se refirió oficialmente a la responsabilidad de proteger fue en abril de 2006, en la resolución 1674 sobre la protección de los civiles en los conflictos armados. El Consejo de Seguridad se remitió a esa resolución en agosto de 2006, al aprobar la resolución 1706 por la que se autorizaba el despliegue de las tropas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Darfur (Sudán). Recientemente, la responsabilidad de proteger ha figurado en un lugar destacado en algunas resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad:
Tras los ataques sistemáticos y generalizados del régimen de la Jamahiriya Árabe Libia (para decirlo brevemente: Libia) contra la población civil, el 26 de febrero de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 1970 , en la que se hizo referencia explícita a la responsabilidad de proteger. Deplorando lo que denominó "la violación burda y sistemática de los derechos humanos" en una Libia devastada por los conflictos, el Consejo de Seguridad exigió que se pusiera fin a la violencia, "recordando a las autoridades libias su responsabilidad de proteger a su población" y le impuso un conjunto de sanciones internacionales. El Consejo decidió también remitir la situación al Tribunal Penal Internacional.
En la resolución 1973 , aprobada el 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad exigió la cesación inmediata del fuego en Libia, incluso el fin de los constantes ataques contra la población civil, que, según dijo, podían constituir "crímenes de lesa humanidad". El Consejo autorizó a los Estados Miembros a adoptar "todas las medidas necesarias" para proteger a la población civil bajo amenaza de ataque en el país, aunque excluyó la posibilidad de que una fuerza extranjera ocupase de alguna forma alguna parte del territorio libio. Algunos días después, en aplicación de la resolución, los aviones de la OTAN iniciaron sus ataques contra las fuerzas de Qadhafi.
En respuesta al incremento después de las elecciones de la violencia contra la población de Côte d’Ivoire a finales de 2010 y principios de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 1975 de 30 de marzo de 2011, en la que condenaba las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por los partidarios del ex Presidente Laurent Gbagbo y del Presidente Ouattara, que ganó las elecciones. En la resolución se citaba «la responsabilidad primordial de cada Estado de proteger a la población civil», se pedía el inmediato traspaso de poder al Presidente Ouattara y se reafirmaba que la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (UNOCI) podría utilizar «todos los medios necesarios para proteger la vida y los bienes». En un esfuerzo para proteger a la población de Côte d’Ivoire frente a nuevas atrocidades, la UNOCI inició el 4 de abril de 2011 una operación militar y la ocupación del poder por el Presidente Gbagbo terminó el 11 de abril cuando las fuerzas del Presidente Ouattara lo detuvieron tras varios días de combate con la UNOCI y los militares franceses. En noviembre de 2011, el presidente Gbagbo fue transferido al Tribunal Penal Internacional acusado de crímenes contra la humanidad por perpetrado indirectamente asesinatos, violaciones, persecuciones y otros actos inhumanos. El 26 de julio de 2012, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2062 que renovó el mandato de UNOCI hasta el 31 de julio de 2013.
Sudán del Sur (2011)
El 8 de julio de 2011, el Consejo de Seguridad, en la resolución 1996 , estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS), encargada, entre otras cosas, de asesorar y prestar asistencia al gobierno en el cumplimiento de su responsabilidad de proteger a la población civil. Sudán del Sur se convirtió oficialmente en país independiente el 9 de julio de 2011, culminación de un proceso posibilitado por un acuerdo de paz en 2005 que puso fin a una prolongada guerra civil. En diciembre de 2013, estallaron los enfrentamientos entre las fuerzas progubernamentales y las de la oposición. Como consecuencia, aproximadamente 706.000 personas fueron desplazadas, de las cuales unas 77.000 buscaron refugio en las bases de UNMISS. En febrero de 2104, el Consejo de Seguridad reiteró su firme apoyo a UNMISS y a sus objetivos prioritarios: proteger en nombre de la comunidad internacional a la población civil en Sudán del Sur, incluyendo el personal extranjero; y evaluar e investigar la situación de los derechos humanos, así como facilitarle asistencia a la población necesitada.
Los violentos enfrentamientos étnicos entre los lou nuer y los murle del estado Jonglei en Sudán del Sur se intensificaron en diciembre de 2011. El 5 de julio de 2012, el Consejo adoptó la resolución 2057 que renovó el mandato de UNMISS hasta julio de 2013.
El 21 de octubre de 2011, en la resolución 2014 se condenó a las autoridades yemeníes por las violaciones de los derechos humanos y se alentó el inició de un proceso político inclusivo de transición de poder dirigido por los yemeníes, que abarcó la celebración de elecciones presidenciales anticipadas. En esta resolución se recordaba explícitamente al Gobierno del Yemen "la responsabilidad primordial de proteger a su población".
El Secretario General Ban Ki-moon ha subrayado la urgente necesidad de encontrar una solución política a la crisis en Siria, que en estos tres últimos años se ha cobrado la vida de más de 100.000 personas y ha creado una terrible crisis humanitaria. Ha pedido a la región y a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad, que unan sus posiciones y respalden los esfuerzos del representante especial de la ONU y la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, para ayudar al pueblo sirio a encontrar una solución política al conflicto.
Tanto la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos condenaron enérgicamente las constantes violaciones «generalizadas y sistemáticas» de los derechos humanos por las autoridades sirias y exigieron que ese Gobierno de ese país pusiese fin de inmediato a toda la violencia y protegiese a su población. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos refiriéndose a la situación en Siria ante el Tribunal Penal Internacional recomendó e instó al Consejo de Seguridad a que asumiera su responsabilidad de proteger a la población de Siria.
"El gobierno de Siria no está protegiendo a su población", declaró el Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio , Adama Dieng, en un comunicado en diciembre de 2012. "La comunidad internacional debe actuar basándose en el compromiso alcanzado por los jefe de Estado y de Gobierno en la cumbre mundial de 2005 para proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, las limpiezas étnicas y los crímenes contra la humanidad", dijo Dieng.
República Centroafricana (2013)
El conflicto en la República Centroafricana se inició con los ataques de los rebeldes Seleka en diciembre de 2012, que ha ido progresivamente tomando más tintes sectarios, principalmente desde que las milicias cristianas se alzaron en armas. El 10 de octubre de 2013, el Consejo de Seguridad, en su resolución 2121, recalca que “las autoridades de la República Centroafricana son las principales responsable de proteger a la población civil y garantizar la seguridad y la unidad en su territorio” y destaca “la obligación que les incumbe de velar por que se respeten el derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y el derecho de los refugiados”. En marzo de 2014, el Secretario General presentó su propuesta de establecimiento de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU, compuesta por unas 12.000 tropas, en este país.
Hacer efectiva la responsabilidad de proteger (2009)
Sobre la base del documento final de la Cumbre Mundial de 2005 , en un informe de 2009 del Secretario General se esbozaba una estrategia que giraba en torno a los tres pilares de la responsabilidad de proteger :
El Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad y de la incitación a cometerlos;
Corresponde a la comunidad internacional alentar a los Estados a que cumplan esta responsabilidad y prestarles asistencia al respecto;
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados para proteger a la población contra esos crímenes. Si es evidente que un Estado no está protegiendo a su población, la comunidad internacional debe estar dispuesta a adoptar medidas colectivas para proteger a esa población de conformidad con la Carta de las naciones Unidas.
En la estrategia se subrayaba el valor de la prevención y, cuando esta fracasa, de una respuesta pronta y flexible adaptada a las circunstancias específicas de cada caso. En el informe se subraya que ninguno de los pilares es más importante que el otro y que no es necesario que se apliquen consecutivamente.
Alerta temprana y evaluación y la responsabilidad de proteger (2010)
En el informe del Secretario General sobre alerta temprana, evaluación y la responsabilidad de proteger se señalaron deficiencias y se propusieron maneras de aumentar la capacidad de las Naciones Unidas para utilizar con más eficacia las señales de alerta, incluso la información de las operaciones sobre el terreno y responder mejor de manera oportuna, flexible y equilibrada dondequiera que haya riesgo de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o depuración étnica.
El papel de los acuerdos regionales y subregionales (2011)
En un informe del Secretario General de 2011 se hacía hincapié en la necesidad de establecer una colaboración mundial-regional eficaz para ayudar a asumir la responsabilidad de proteger. En el informe se señalaban deficiencias y se proponían maneras para que las Naciones Unidas aumenten su cooperación y aprovechen la información y los análisis de los acuerdos regionales y subregionales para detectar indicios de peligro y emprender o apoyar medidas preventivas oportunas y eficaces a nivel subregional, regional o mundial. Además de insistir en que el principio de proteger es universal y en que cada región "debe avanzar", en el informe se reconoce que "cada región llevará a la práctica el principio a su propio ritmo y a su propia manera".
Responsabilidad de proteger: respuesta contundente y oportuna (2012)
El cuarto informe del Secretario General sobre la responsabilidad de proteger, presentado en septiembre de 2012, examinó la idea de «una respuesta contundente y oportuna» cuando un Estado no protege a su población, incluidas las herramientas y los socios disponibles, y la estrecha relación entre prevención y respuesta.
Responsabilidad del Estado y prevención (2013)
El quinto informe del Secretario General sobre la responsabilidad de proteger, publicado en agosto de 2013, se centra en la prevención. El objetivo del informe es analizar y proponer estrategias que puedan ayudar a los Estados a cumplir con su responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y la limpieza étnica.
Entrevista con Jennifer Welsh, Asesora Especial de la ONU sobre la Responsabilidad de Proteger.
Antecedentes sobre la violencia sexual, como un instrumento de guerra
La violencia sexual en los conflictos debe considerarse como el crimen de guerra que es; ya no puede considerarse como un daño colateral desafortunado de las guerras.
— Zainab Hawa Bangura,
Es mucho más probable que las víctimas de un conflicto armado moderno sean civiles y no soldados. Según la Iniciativa de las Naciones Unidas contra la violencia sexual en los conflictos armados, la inmensa mayoría de las víctimas de las guerras de nuestros días son civiles, principalmente mujeres y niños. Las mujeres en particular pueden enfrentar formas devastadoras de violencia sexual, que se aplican a veces sistemáticamente para lograr objetivos militares o políticos.
En Rwanda, entre 100.000 y 250.000 mujeres fueron violadas durante los tres meses de genocidio en 1994.
Los organismos de las Naciones Unidas calculan que más de 60.000 mujeres fueron violadas durante la guerra civil en Sierra Leona (1991-2002), más de 40.000 en Liberia (1989-2003), hasta unas 60.000 en la ex Yugoslavia (1992-1995) y al menos 200.000 en la República Democrática del Congo desde 1998.
Incluso después de que concluyera el conflicto, persisten los efectos de la violencia sexual en la forma de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y estigmatización. La violencia sexual generalizada de por sí puede continuar o incluso incrementarse después de un conflicto como consecuencia de la inseguridad y la impunidad. Y para atender a las necesidades de los sobrevivientes, que incluyen atención médica, tratamiento del VIH, apoyo psicológico, asistencia económica y las vías jurídicas de reparación, hacen falta recursos que no tienen muchos de los países que acaban de salir de un conflicto.
Ocurrió durante el genocidio de 1994 en Rwanda, una violencia brutal y generalizada. Los horrores que ocurrieron dejaron un legado devastador que todavía se siente en todo el país. Más de una década después, las Fuerzas de Defensa de Rwanda (RDF, por sus siglas en inglés) calificaron a este tipo de violencia como una amenaza importante para la seguridad nacional.
Notas de antecedentes - Otros
Marco de Análisis de los Crímenes Atroces
Una herramienta para la prevención

References: resolución 
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