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Timestamp: 2017-02-26 23:39:40+00:00

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Costa Rica Normas Tributarias - Leyes y Decretos - Beneficios en Impuestos para Empresas. Facilidades en Aduanas para Exportacion e Importacion de Materia Prima y Productos en CostaRica
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Costa Rica Ley de Normas Tributarias
Artículo 1o- Campo de aplicación.
Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los tributos y a las relaciones jurídicas emergentes de ellos, excepto los regulados por el Código Aduanero Uniforme Centro Americano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA) o por la legislación especial relativa a entes autónomos o descentralizados
No obstante lo que se indica en el párrafo primero, las disposiciones del presente Código, son de aplicación supletoria, en defecto de normas expresas del CAUCA o del RECAUCA, o de la legislación privativa de los entes autónomos o descentralizados.
Artículo 2o- Fuentes del Derecho Tributario.
Artículo 3o- Resoluciones administrativas internas.
Artículo 4o- Definiciones.
Artículo 5o- Materia privativa de la ley.
Artículo 6o- Interpretación de las normas tributarias.
Artículo 7o- Principios aplicables.
Artículo 8o- Interpretación de la norma que regula el hecho generador de la obligación tributaria.
Artículo 9o- Vigencia de las leyes tributarias.
b) Los adquirientes de establecimientos mercantiles y los demás sucesores del activo, del pasivo o de ambos, de empresas o entes colectivos, con personalidad jurídica o sin ella. Para estos efectos, los socios o los accionistas de las sociedades liquidadas también se deben considerar sucesores. Esta responsabilidad no debe hacerse efectiva si en el documento del traspaso se incluye la constancia de la Administración Tributaria de que el transferidor o la sociedad en liquidación no tiene obligaciones tributarias pendientes.
(Reformado por Ley de Justicia Tributaria 7535 de 1 de agosto de 1995)
Artículo 38.- Prórrogas y facilidades de pago.
Las prórrogas deben solicitarse antes del vencimiento del plazo para efectuar el pago y sólo pueden ser concedidas en casos de excepción, cuando a juicio de la Administración Tributaria se justifiquen las causas que impiden el cumplimiento normal de la obligación de que se trata.
Las facilidades de pago pueden solicitarse en cualquier momento, pero sólo se concederán si a juicio de la Administración Tributaria han sobrevenido circunstancias que tornen difícil el cumplimiento normal de la obligación, o que puedan dañar seriamente la economía del deudor si dicho cumplimiento se produce.
Contra la resolución que deniegue el otorgamiento de prórrogas o facilidades de pago no cabe recurso alguno, pero en ambos casos la denegatoria debe ser razonada. Las prórrogas y facilidades de pago que se concedan deben devengar los intereses previstos en el artículo 57 de este Código.
Dentro de los plazos que fijen las leyes respectivas, debe pagarse el tributo que se determine de acuerdo con las declaraciones juradas, presentadas por el contribuyente o el responsable, o con base en cualquier otra forma de liquidación efectuada por uno u otro o la liquidación correspondiente a pagos parciales o retenciones.
Cuando la ley tributaria no fije plazo para pagar el tributo, debe pagarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra el hecho generador de la obligación tributaria.
Todos los demás pagos por concepto de tributos resultantes de resoluciones dictadas por la Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de este Código, deben efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el sujeto pasivo quede legalmente notificado de su obligación.
Los intereses y los recargos se calcularán a partir de la fecha en que los tributos debieron pagarse conforme a las leyes respectivas o al presente Código, en los siguientes supuestos:
a) Que la obligación tributaria se encuentre vinculada directamente con hechos configuradores de sanciones penales tributarias, condición que será determinada de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de este Código.
b) Que el sujeto pasivo de la obligación tributaria sea calificado como litigante temerario, por parte del Tribunal Fiscal Administrativo. Se considerará litigante temerario al sujeto pasivo que gestione con el ánimo evidente de retrasar la firmeza de la determinación de la obligación tributaria, sin contar con motivos razonables para litigar.
A los contribuyentes o los responsables que tengan en su favor sumas por concepto de pagos en exceso de tributos, intereses, recargos y multas, la Administración Tributaria deberá notificarles esas circunstancias, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de los pagos que originan el crédito. Si no se les notifica, el acreedor tendrá derecho al reconocimiento de un interés equivalente al establecido en el artículo 57 de este Código. Este interés correrá a partir del día siguiente al vencimiento del plazo indicado.
Los sujetos pasivos o los responsables pueden solicitar, por escrito, a la Administración Tributaria, la restitución de lo pagado indebidamente por tributos, intereses, recargos y multas o solicitar el crédito respectivo.
La acción para solicitar esa devolución prescribe una vez transcurridos cuatro años, desde el día siguiente a la fecha en que se efectuó cada pago o de la fecha de la presentación de la declaración jurada en la cual surgió el crédito.
Se deben compensar de oficio o a petición de parte los créditos líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos y sus accesorios, con las deudas tributarias determinadas por él y no pagadas, o con las determinadas de oficio, referentes a períodos no prescritos, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos siempre que sean administrados por el mismo órgano administrativo.
Artículo 46.- Procedimiento para la compensación.
En los casos en que la Administración Tributaria compruebe que un contribuyente ha pagado tributos en exceso, se le debe comunicar así y, antes de proceder a su devolución o crédito, ha de efectuar las siguientes compensaciones:
a) El saldo lo debe aplicar a cualquier deuda por tributos, intereses, recargos por mora o multas que el contribuyente tenga ante ella, inclusive a las deudas originadas en sus obligaciones como agente de retención o percepción;
b) Si después de la compensación indicada en el inciso anterior resulta un remanente a favor del contribuyente, lo debe aplicar para cancelar el importe de los pagos parciales a cuenta de obligaciones vencidas del período fiscal en curso; y
c) Las compensaciones deben ser notificadas al contribuyente, así como también la existencia de cualquier saldo resultante. Si éste es a su favor, debe serle acreditado para el pago de cualquier nueva deuda por tributos, salvo que el contribuyente opte por su devolución, la que debe tramitarse conforme a las normas del artículo siguiente.
Artículo 47.- Devolución y Fondo Especial.
Para los efectos de la devolución a que se refiere el inciso c) del artículo anterior, la Administración Tributaria debe emitir la resolución que fuere procedente.
Si dentro del plazo de tres meses contados desde la fecha de presentación del reclamo por pago en exceso, el importe respectivo no ha sido acreditado o, en su caso, puesto a disposición del interesado, dicho importe devenga el interés que establece el artículo 58 de este Código.
No procede crédito o devolución alguna por tributos correspondientes a períodos fiscales respecto de los cuales haya prescrito el derecho del Fisco para determinar y liquidar el tributo.
Para garantizar la devolución que se indica en este artículo, en lo relativo al Poder Central, se debe incluir anualmente una partida no menor de un millón de colones en el Capítulo correspondiente al Ministerio de Hacienda de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República. Dicho fondo debe depositarse en una cuenta especial, en un Banco del Estado, contra el cual sólo se puede girar con la firma concurrente del titular de ese Despacho, o del funcionario en quien él delegue esta función, y la del Tesorero Nacional.
Artículo 51.- Términos para la prescripción
La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación prescribe a los cuatro años. Igual término rige para exigir el pago del tributo y sus intereses.
Artículo 53.- Interrupción de la prescripción.
El curso de la prescripción se interrumpe por:
a) El traslado de observaciones y cargos o los actos sucesivos dictados por la Administración Tributaria para determinar el tributo.
Igualmente, se interrumpirá con la determinación del tributo efectuada por el sujeto pasivo. Como fecha de interrupción, se tomará la de la notificación del traslado de observaciones y cargos de la resolución administrativa o la presentación de la declaración respectiva fuera de término.
b) Cualquier solicitud de rectificación del sujeto pasivo.
d) El pedido de prórroga o de otras facilidades de pago.
e) La notificación de actos administrativos o jurisdiccionales tendientes a ejecutar el cobro de la deuda.
f) La interposición de toda petición o reclamo, en los términos establecidos en el artículo 102 del presente Código.
Interrumpida la prescripción, no se considera el tiempo transcurrido con anterioridad y el término comienza a computarse nuevamente, a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción.
En los casos de interposición de recursos contra resoluciones de la Administración Tributaria se interrumpe la prescripción y el nuevo término se computa desde el 1o de enero siguiente al año calendario en que la respectiva resolución quede firme.
Sin necesidad de actuación alguna de la Administración Tributaria, el pago efectuado fuera de término produce la obligación de pagar, junto con el tributo adeudado, un interés, el cual no será menor, en ningún caso, que la tasa básica pasiva que fije el Banco Central de Costa Rica.
La Administración Tributaria, mediante resolución publicada, fijará la tasa de interés, que no podrá superar en más de quince puntos esa tasa básica pasiva, tasa de interés que regirá a partir de su publicación.
No procederá condonar el pago de estos intereses, excepto cuando se demuestre error de la Administración.
El artículo anterior es también aplicable a las deudas de la Administración Tributaria resultantes del cobro indebido de tributos.
En tal caso, los intereses se deben liquidar por el período transcurrido desde el vencimiento del plazo que establece el artículo 47 de este Código y hasta la fecha de su crédito o del día en que se ponga a disposición del interesado.
a) Los garantizados con derecho real, salvo cuando existiere, anotado o inscrito en el respectivo Registro Público, un gravamen o medida cautelar, decretado para garantizar el pago de los tributos adeudados o en discusión, según el caso, a la fecha de inscripción de la correspondiente garantía real.
(Reformado por Ley de Ajuste Tributario 7543 de 14 setiembre de 1995)
La ley que establezca exenciones debe especificar las condiciones y requisitos exigidos para su otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o parcial y, en su caso, el plazo de su duración.
(Reformado por Ley 7293 de 31 de marzo de 1992)
Disposiciones Comunes Para Todos Los Hechos Ilícitos Tributarios
Los hechos ilícitos tributarios se clasifican en: infracciones administrativas, contravenciones tributarias y delitos tributarios.
El conocimiento de las contravenciones y los delitos tributarios corresponderá a los Tribunales de Justicia, por medio de las Alcaldías de Contravenciones Tributarias, la Agencia Fiscal Penal Tributaria, el Juzgado de Instrucción Penal Tributario y el Tribunal Superior Penal Tributario, que tendrán competencia en todo el territorio nacional.
El Tribunal Superior Tributario de lo Penal conocerá de los delitos tributarios, ya sean instruidos por citación directa o por instrucción formal.
Artículo 66.- Comprobación de los hechos ilícitos tributarios.
a) La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos.
b) En los supuestos en que la Administración Tributaria ya haya establecido una sanción, ello no impedirá el inicio y el desarrollo de la acción judicial.
Sin embargo, si esta resulta en una condenatoria del sujeto, las infracciones que puedan ser consideradas actos preparatorios del delito, ya sean acciones u omisiones incluidas en el tipo delictivo, se entenderán subsumidas en el delito. Por tanto, las sanciones administrativas impuestas deberán ser revocadas y, si su naturaleza lo permite, abonadas al cumplimiento de la pena establecida por los tribunales.
Artículo 67.- Responsabilidad de las personas jurídicas.
Las personas jurídicas y las demás entidades citadas en los incisos b) y c) del artículo 17 de este Código, no serán responsables penalmente. Sin embargo, en lo civil, responderán solidariamente por las acciones o las omisiones que sus representantes realicen en el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 68.- Responsabiliad de los representantes.
Los representantes, los apoderados, los directores, los agentes, los funcionarios o los empleados de una persona jurídica, serán responsables, en lo personal, por las acciones o las omisiones establecidas en la presente Ley. Tal responsabilidad no se presume y, por tanto, está sujeta a la demostración debida.
Artículo 69.- Elemento subjetivo de los hechos ilícitos tributarios.
Los hechos ilícitos tributarios únicamente son sancionables si son realizados con dolo o culpa, incluso a título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios.
Artículo 70.- Concepto de "salario base".
La denominación "salario base", utilizada en esta Ley, debe entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley No. 7337.
Artículo 71.- Concepto de "Administración Tributaria."
Para efecto del presente Título III, el término 'Administración Tributaria', debe entenderse como los órganos de la Administración Tributaria adscritos al Ministerio de Hacienda.
Artículo 72.- Medidas administrativas.
La Administración Tributaria impondrá las medidas administrativas establecidas en la ley: multas y cierre de negocio, que recaerán sobre el sujeto pasivo de la obligación tributaria. La aplicación de estas sanciones es independiente del pago del interés que se estipula en el artículo 57 de este Código.
Artículo 73.- Concurrencia formal.
Artículo 74.- Plazo de prescripción.
El derecho de aplicar sanciones prescribe en el plazo de cuatro años, contado a partir de la fecha en que se cometió la infracción.
La prescripción de la acción para aplicar sanciones se interrumpe por la notificación de las infracciones que se presumen o por la denuncia formulada ante el Ministerio Público.
Artículo 75.- Normativa supletoria.
La Administración Tributaria deberá imponer las sanciones establecidas en este capítulo, con apego a los principios de legalidad y al debido proceso.
En materia de procedimientos, a falta de norma expresa en este Código, deben aplicarse las disposiciones generales del procedimiento administrativo de la Ley General de la Administración Pública.
Artículo 76.- Morosidad.
Incurre en mora quien paga la deuda tributaria fuera de los términos establecidos por la legislación correspondiente, salvo que se le haya concedido la prórroga mencionada en el artículo 38 de este Código.
Los morosos tendrán un recargo del uno por ciento (1%) por cada mes o fracción de mes transcurrido desde el momento en que debió satisfacerse la obligación hasta la fecha del pago efectivo del tributo y se calculará sobre las sumas sin pagar a tiempo.
El pedido de facilidades de pago, aceptado por la Administración Tributaria, interrumpe el cómputo de este recargo.
Cuando la mora se refiera a sumas no enteradas al Fisco por los agentes retenedores o los perceptores, el recargo será de un tres por ciento (3%) mensual de la suma retenida. Este recargo debe aplicarse independientemente del pago del interés establecido en el artículo 57 y respetando lo dispuesto en el artículo 40, ambos artículos del presente Código.
Sección Segunda: Infracciones Administrativas
Artículo 77.- Multa de un salario base.
Se sancionará, con una multa equivalente a un salario base, a quienes:
No concurran a las oficinas de la Administración Tributaria
cuando se requiera su presencia, en los términos establecidos
en el artículo 112 de este Código.
No mantengan sus registros contables y los comprobantes respectivos
en el domicilio fiscal o en el lugar autorizado por la Administración
No permitan inspeccionar locales ocupados a cualquier título
por el administrado, cuando exista orden de allanamiento que autorice
a la Administración para realizar la inspección.
(Reformado por Ley de Justicia
Tributaria 7535 de 1 de agosto de 1995)
Normas y Procedimientos Tributarios
78.- Multa de tres salarios base.
Se sancionará, con una multa
equivalente a tres veces el salario base, a quienes:
a) Omitan
inscribir los bienes de registro obligatorio.
No comuniquen a la Administración Tributaria el cambio
de domicilio fiscal.
79.- Multa de seis salarios base.
equivalente a seis veces el salario base, a quienes:
a) Lleven
los libros o los registros contables, aludidos en el artículo
104 de este Código, con un atraso superior a tres meses.
No presenten las declaraciones tributarias dentro del plazo legalmente
Omitan o retarden la comunicación formal de haber iniciado
una actividad o de haber realizado un hecho generador.
Incumplan con su deber de retener y percibir tributos.
80.- Principios y normas aplicables.
Las disposiciones de este Código
se aplican a las contravenciones y los delitos tributarios, los
cuales serán de conocimiento de las alcaldías de
contravenciones tributarias y de los tribunales penales tributarios,
mediante el procedimiento establecido en el Código de Procedimientos
Penales. En igual forma, les serán aplicables las disposiciones
generales contenidas en el Código Penal.
Si en las leyes tributarias existen
disposiciones especiales, estas prevalecerán sobre las
81.- Procedimiento para aplicar sanciones penales tributarias.
Para aplicar las sanciones penales
tributarias, se observará el siguiente procedimiento:
Si en su labor fiscalizadora la Administración Tributaria
detecta hechos que, a su juicio, configuran contravenciones y
delitos penales tributarios cometidos por sujetos pasivos de las
obligaciones tributarias, deberá requerirlos formalmente,
mediante resolución administrativa notificada personalmente,
intimándolos para que, en un plazo hasta de veinte días
hábiles siguientes a la fecha de la notificación,
cumplan con los deberes formales o, en su caso, con el pago del
tributo, los recargos, los intereses y las multas que correspondan,
vinculados directamente con la comisión de hechos configuradores
de delitos y contravenciones tributarias.
Las obligaciones tributarias principales o las accesorias sin
vínculo directo con hechos configuradores de sanciones
penales tributarias, se determinarán según el procedimiento
fijado a partir del artículo 144 de este Código
que incluye el acceso a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El plazo de intimación comenzará a correr a partir
de la firmeza de la resolución del Director General de
Tributación o, en su caso, del Tribunal Fiscal Administrativo,
si se apela lo resuelto dentro de los cinco días hábiles.
El Tribunal deberá resolver en el plazo de un mes.
Vencido el plazo de intimación sin que el interesado cumpla
con el mandato de la resolución administrativa, la Administración
Tributaria enviará el expediente administrativo al Ministerio
Público, para que inicie la acción penal que corresponda.
No existirá delito ni contravención,
si dentro del plazo de intimación mencionado el sujeto
pasivo paga el tributo, los recargos, los intereses y las multas,
y cumple, si es del caso, con los deberes formales requeridos
en la resolución administrativa de intimación.
82.- Determinación del monto de las obligaciones tributarias.
En la sentencia, el Juez Penal
Tributario resolverá sobre la aplicación de las
sanciones penales tributarias al imputado. En el supuesto de condenatoria
y en lo aplicable, el Juez determinará el monto de las
obligaciones tributarias principales y las accesorias directamente
vinculadas con los hechos configuradores de sanciones penales
tributarias. El monto determinado no podrá exceder de la
determinación incluida en la resolución administrativa
confirmada en vía administrativa.
83.- Clasificación de las sanciones.
se sancionarán, según los casos, mediante:
Multa, que siempre se considerará como sanción principal.
Sanciones accesorias, que serán:
Pérdida del derecho de obtener subvenciones públicas
y a gozar de beneficios o incentivos fiscales, durante un plazo
hasta de tres años.
Prohibición de celebrar contratos con la Administración
Pública, durante un plazo hasta de tres años.
Inhabilitación para el ejercicio profesional, por un plazo
hasta de tres años, a quienes por ley se les haya encomendado
colaborar en la determinación o la recaudación de
los tributos, siempre que la conducta infractora se relacione
con el desempeño de la función o la profesión.
Destitución del cargo público.
Las sanciones accesorias establecidas
en los subincisos i) e ii) se aplicarán tanto a la persona
física contraventora como a la persona jurídica
que se haya beneficiado de la contravención.
84.- Criterios de gradación.
del perjuicio fiscal causado, características del hecho
ilícito tributario cometido y la conducta desarrollada
por el sujeto pasivo, el Juez, para determinar la sanción
aplicable, tomará en cuenta los criterios de gradación
establecidos en la sección VII del Título IV del
Libro Primero del Código Penal. En igual forma, según
las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, el juzgador
aplicará las sanciones accesorias establecidas en esta
85.- Reglas de prescripción.
La acción penal prescribe
en el plazo de cuatro años, contados a partir de la comisión
del hecho ilícito. La interposición del recurso
de apelación citado en el artículo 81 inciso c)
de este Código interrumpirá la prescripción.
86.- Regla general de tipicidad.
Los tipos de contravención
descritos presuponen la existencia de obligaciones precisas y
los deberes tributarios previstos en este Código o en otras
Las sanciones establecidas en la
sección siguiente para las contravenciones, no se aplicarán
cuando exista una sanción penal más severa.
Segunda: Contravenciones Tributarias
87.- Multa de cuatro a diez veces el impuesto sin pagar o el beneficio
de cuatro a diez veces el monto del impuesto dejado de pagar o
del beneficio percibido, a quien incurra en las siguientes acciones
u omisiones:
Disfrute u obtenga beneficios fiscales, exenciones o devoluciones
Determine y acredite ingresos, gastos o deducciones que no correspondan.
88.- Multa de ocho a veinte veces el salario base.
Se aplicará una multa de
ocho a veinte veces el salario base, a quien incurra en las siguientes
acciones u omisiones:
más de un juego de libros contables, sistemas de registros
o contabilidades.
Adultere o falsifique comprobantes o utilice conscientemente comprobantes,
adulterados o falsos, para respaldar su contabilidad.
89.- Multa de cinco a doce veces el salario base.
cinco a doce veces el salario base, a quien incurra en las siguientes
Inexactitud u omisión de una o varias operaciones de la
contabilidad y en los registros exigidos por normas de naturaleza
Transcripción inexacta en las declaraciones tributarias,
de los datos que figuran en los libros y los registros obligatorios.
Incumplimiento de la obligación de llevar la contabilidad
y los registros establecidos por disposiciones fiscales y mercantiles
de relevancia fiscal, según las normas y los principios
de contabilidad generalmente aceptados.
Tercera: Delitos Tributarios
90.- Sanciones por inducir a error a la Administración
Quien induzca a error a la Administración
Tributaria, mediante simulación de datos, deformación
u ocultamiento de información verdadera, con el propósito
de obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial,
una exención o una devolución, en perjuicio de la
hacienda pública, será sancionado de la siguiente
prisión de uno a tres años, si el monto defraudado
no excede de cincuenta veces el salario base.
Con prisión de tres a cinco años, si el monto defraudado
es superior a cincuenta veces el salario base.
91.- Sanciones por no entregar los tributos recaudados.
El agente retenedor o perceptor
de tributos que, tras haberlos retenido o percibido, no los entregue
al Fisco dentro del plazo debido, será sancionado con prisión
Tres a cinco años, si el monto retenido no excede de cincuenta
veces el salario base.
Cinco a diez años, si el monto retenido excede de esa suma.
92.- Sanciones para quien altere información.
Será sancionado, con prisión
de uno a tres años, quien, pese a estar obligado a decir
la verdad a la Administración Tributaria, niegue, oculte
o aporte, de manera incompleta o falsa, información de
trascendencia tributaria, sobre hechos o actuaciones de terceros,
que le consten por mantener relaciones económicas y financieras,
93.- Sanciones por manejo indebido de la información.
de uno a tres años, quien oculte o destruya información,
libros contables, bienes, documentos, registros, sistemas y programas
computarizados, soportes magnéticos u otros medios de trascendencia
tributaria en las investigaciones y los procedimientos tributarios.
94.- Sanciones por acceso desautorizado a la información.
de uno a tres años, quien, por cualquier medio tecnológico,
acceda a los sistemas de información o las bases de datos
de la Administración Tributaria, sin la autorización
95.- Sanciones por manejo indebido de programas de cómputo.
Será sancionado, con pena
de tres a diez años de prisión, quien se apodere,
copie, destruya, inutilice, altere, transfiera o tenga en su poder,
sin la autorización debida de la Administración
Tributaria, cualquier programa de cómputo utilizado por
ella para administrar la información tributaria y sus bases
de datos, siempre que la Administración Tributaria los
haya declarado de uso restringido, mediante resolución.
96.- Sanción por facilitar el código y la clave
de tres a cinco años, quien facilite su código y
su clave de acceso, asignados para ingresar a los sistemas de
información tributarios, para que otra persona los use.
97.- Sanción por prestar código y clave de acceso.
de seis meses a un año, quien culposamente permita que
su código o su clave de acceso, asignados para ingresar
a los sistemas de información tributaria, sean utilizados
98.- Sanción para el funcionario público por acción
u omisión dolosa.
de tres a diez años, el servidor público de la Administración
Tributaria que, de manera directa o indirecta, por acción
u omisión dolosa, colabore o facilite, de cualquier forma,
el incumplimiento de la obligación tributaria y la inobservancia
de los deberes formales del sujeto pasivo.
ANTE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
y Deberes de la Administración
99.- Concepto y facultades.
Se entiende por Administración
Tributaria al órgano administrativo que tenga a su cargo
la percepción y fiscalización de los tributos, ya
se trate del Fisco o de otros entes públicos que sean sujetos
activos, conforme a los artículos 11 y 14 del presente
Dicho órgano puede dictar
normas generales para los efectos de la correcta aplicación
de las leyes tributarias, dentro de los límites que fijen
las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
100.- Revisión por el superior jerárquico.
Las normas a que se refiere el
Artículo precedente pueden ser modificadas o derogadas
por el superior jerárquico, por medio de resoluciones razonadas.
101.- Publicidad de las normas y jurisprudencia tributarias.
Sin perjuicio de la publicidad
de las leyes, reglamentaciones y demás disposiciones de
carácter general dictadas por la Administración
Tributaria en uso de sus facultades legales, la dependencia que
tenga a su cargo la aplicación de los tributos debe dar
a conocer de inmediato, por medio del Diario Oficial y de otros
medios publicitarios adecuados a las circunstancias, las resoluciones
o sentencias recaídas en casos particulares que a su juicio
ofrezcan interés general, omitiendo las referencias que
puedan lesionar intereses particulares o la garantía del
carácter confidencial de las informaciones que instituye
el artículo 117 de este Código.
102.- Plazo para resolver.
está obligada a resolver toda petición o recurso
planteado por los interesados dentro de un plazo de dos meses
contado desde la fecha de presentación o interposición
de una u otro.
Por petición se debe entender
la reclamación sobre un caso real, fundado en razones de
Vencido el plazo que determina
el párrafo primero de este artículo sin que la Administración
Tributaria dicte resolución, se presume que ésta
es denegatoria, para que los interesados puedan interponer los
recursos y acciones que correspondan.
En los casos de consultas se debe
aplicar lo dispuesto en el artículo 119 de este Código.
103.- Fiscalización.
está facultada para verificar el correcto cumplimiento
de las obligaciones tributarias por todos los medios y procedimientos
A ese efecto dicha Administración
queda específicamente autorizada para:
a) Requerir
a cualquier persona natural o jurídica, esté o no
inscrita para el pago de los tributos, que declare sus obligaciones
tributarias dentro del plazo que al efecto le señale;
b) Cerciorarse
de la veracidad del contenido de las declaraciones juradas por
los medios y procedimientos de análisis e investigación
legales que estime convenientes, al efecto de determinar la verdadera
magnitud del hecho imponible y el tributo correspondiente;
c) Requerir
el pago y percibir de los contribuyentes y de los responsables
los tributos adeudados y, en su caso, el interés, recargos
y multas previstos en este Código y en las leyes tributarias
d) Organizar
y gestionar el cobro administrativo de los tributos, intereses
y recargos que aplique y para solicitar la intervención
de la dependencia que tenga a su cargo el cobro de los créditos
a favor del Estado; y
administrativamente las disposiciones de este Código, las
de las leyes tributarias y sus respectivos reglamentos, y para
evacuar consultas en los casos particulares fijando en cada caso
la posición de la Administración, sin perjuicio
de la interpretación auténtica que la Constitución
Política le otorga a la Asamblea Legislativa y la de los
organismos jurisdiccionales competentes.
104.- .- Requerimientos de información al contribuyente.
Para facilitar la verificación
oportuna de la situación tributaria de los contribuyentes,
la Administración Tributaria podrá requerirles la
presentación de los libros, los archivos, los registros
contables y toda otra información de trascendencia tributaria,
que se encuentre impresa en forma de documento, en soporte técnico
o registrada por cualquier otro medio tecnológico.
Sin perjuicio de estas facultades
generales, la Administración podrá solicitar a los
contribuyentes y los responsables:
de los libros, los archivos y los registros contables.
Información relativa al equipo de cómputo utilizado
y a las aplicaciones desarrolladas.
Copia de los soportes magnéticos que contengan información
Los gastos por la aplicación
de los incisos anteriores correrán por parte de la Administración
105.- Información de terceros.
Toda persona, física o jurídica,
pública o privada, estará obligada a proporcionar,
a la Administración Tributaria, la información de
trascendencia tributaria, deducida de sus relaciones económicas,
financieras y profesionales con otras personas. La proporcionará
como la Administración lo indique por medio de reglamento
o requerimiento individualizado. Este requerimiento de información
deberá ser justificado, debida y expresamente, en cuanto
a la relevancia tributaria.
La Administración no podrá
exigir información a:
ministros del culto, en cuanto a los asuntos relativos al ejercicio
Las personas que, por disposición legal expresa, pueden
invocar el secreto profesional, en cuanto a la información
amparada por él. Sin embargo, los profesionales no podrán
alegar el secreto profesional para impedir la comprobación
de su propia situación tributaria.
Los funcionarios que, por disposición legal, estén
obligados a guardar secreto de datos, correspondencia o comunicaciones
Los ascendientes o los descendientes hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad; tampoco el cónyuge del fiscalizado.
106.- Deberes específicos de terceros.
Los deberes estipulados en este
Artículo se cumplirán sin perjuicio de la obligación
general establecida en el artículo anterior, de la siguiente
Los retenedores estarán obligados a presentar los documentos
informativos de las cantidades satisfechas a otras personas, por
concepto de rentas del trabajo, capital mobiliario y actividades
Las sociedades, las asociaciones, las fundaciones y los colegios
profesionales deberán suministrar la información
de trascendencia tributaria que conste en sus registros, respecto
de sus socios, asociados, miembros y colegiados.
Las personas o las entidades, incluidas las bancarias, las crediticias
o las de intermediación financiera en general que, legal,
estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o la intervención
en el cobro de honorarios profesionales o de comisiones, deberán
informar sobre los rendimientos obtenidos en sus actividades de
captación, colocación, cesión o intermediación
Las personas o las entidades depositarias de dinero en efectivo
o en cuenta, valores u otros bienes de deudores de la hacienda
pública, en el período de cobro judicial, están
obligadas a informar a los órganos y a los agentes de recaudación
ejecutiva, así como a cumplir con los requerimientos que
ellos les formulen en el ejercicio de sus funciones legales.
Los bancos, las instituciones de crédito y las financieras,
públicas o privadas, deberán proporcionar información
relativa a las operaciones financieras y económicas de
sus clientes o usuarios. En este caso, el Director General de
la Tributación Directa, mediante resolución fundada,
solicitará a la autoridad judicial competente que ordene
entregar esa información, siempre que se cumpla con lo
establecido en los párrafos siguientes de este artículo.
Unicamente podrá solicitarse
información sobre contribuyentes o sujetos pasivos previamente
escogidos, mediante los criterios objetivos de selección
para auditoría, debidamente publicados por la Administración
Tributaria e incluidos en el Plan Anual de Auditoría vigente
a la fecha de la solicitud.
Asimismo, deberá demostrarse,
en la solicitud, la existencia de evidencias sólidas de
la configuración potencial de un acto ilícito tributario.
Además, en la solicitud
podrá incluirse información sobre terceros contribuyentes
cuando, a raíz de la investigación de uno de los
contribuyentes que cumpla con los requisitos anteriores, se determine
que estos terceros podrían estar vinculados con actos ilícitos
107.- Deberes de información de los funcionarios públicos
de cualquier dependencia u oficina pública, los de las
instituciones autónomas, semiautónomas, empresas
públicas y las demás instituciones descentralizadas
del Estado y los de las Municipalidades, estarán obligados
a suministrar, a la Administración Tributaria, cuantos
datos y antecedentes de trascendencia tributaria recaben en el
108.- Requerimientos de información.
podrá exigir, a los beneficiarios de incentivos fiscales,
información sobre el cumplimiento de los requisitos y los
hechos legitimadores de los incentivos recibidos.
109.- Directrices para consignar la información tributaria.
podrá establecer directrices respecto de la forma cómo
deberá consignarse la información tributaria.
Asimismo, podrá exigir que
los sujetos pasivos y los responsables lleven los libros, los
archivos o los registros de sus negociaciones, necesarios para
la fiscalización y la determinación correctas de
las obligaciones tributarias y los comprobantes, como facturas,
boletas u otros documentos, que faciliten la verificación.
Los contribuyentes o los responsables
deberán conservar los duplicados de estos documentos, por
La Administración podrá
exigir que los registros contables estén respaldados por
los comprobantes correspondientes.
110.- Contabilidad en el domicilio fiscal.
Los sujetos pasivos deberán
mantener toda la documentación contable y los respectivos
comprobantes, en el domicilio fiscal o en el lugar que expresamente
les autorice la Administración Tributaria.
111.- Inventarios.
podrá realizar inventarios, fiscalizar su levantamiento
o confrontarlos, con las existencias reales, procurando en lo
posible no afectar las operaciones del sujeto pasivo. De estas
diligencias, deberá levantarse un acta y entregar copia
al sujeto pasivo.
112.- Facultad para citar a sujetos pasivos y a terceros.
podrá citar a los sujetos pasivos y a terceros relacionados
con la obligación tributaria correspondiente, para que
comparezcan en las oficinas de la Administración Tributaria,
con el fin de contestar, oralmente o por escrito, las preguntas
o los requerimientos de información necesarios para verificar
y fiscalizar las obligaciones tributarias respectivas, con apego
al debido proceso. De toda comparecencia, deberá levantarse
113.- Inspección de locales.
Cuando sea necesario para determinar
o fiscalizar la situación tributaria de los sujetos pasivos,
la Administración Tributaria podrá inspeccionar
locales ocupados, por cualquier título, por el sujeto pasivo
respectivo. En caso de negativa o resistencia, la Administración,
mediante resolución fundada, deberá solicitar a
la autoridad judicial competente, la autorización para
proceder al allanamiento, el cual quedará sujeto a las
formalidades establecidas en el Código de Procedimientos
114.- Secuestro.
podrá solicitar, mediante resolución fundada, a
la autoridad judicial competente, autorización para el
secuestro de documentos o bienes cuya preservación se requiera
para determinar la obligación tributaria o, en su caso,
para asegurar las pruebas de la comisión de una infracción
o un acto ilícito tributario.
Esta medida tiene el propósito
de garantizar la conservación de tales documentos o bienes
y no podrá exceder de treinta días naturales prorrogables
por igual plazo.
Al practicarse esta diligencia,
deberán levantarse un acta y un inventario de los bienes
secuestrados y nombrarse un depositario judicial. El secuestro
de bienes estará sujeto a las formalidades establecidas
115.- Uso de la información.
o recabada sólo podrá usarse para fines tributarios
de la propia Administración Tributaria, la cual está
impedida para trasladarla o remitirla a otras oficinas, dependencias
o instituciones públicas o privadas.
El incumplimiento de esta disposición
constituirá el delito de divulgación de secretos,
tipificado en el artículo 337 del Código Penal.
La prohibición indicada
en este artículo no impide trasladar ni utilizar toda la
información necesaria requerida por los tribunales comunes.
La información y la prueba
general obtenidas o recabadas como resultado de actos ilegales
realizados por la Administración Tributaria, no producirán
ningún efecto jurídico contra el sujeto fiscalizado.
116.- Elementos para verificar y determinar la obligación
En sus funciones de fiscalización,
la Administración Tributaria puede utilizar como elementos
para la verificación y en su caso, para la determinación
de la obligación tributaria de los contribuyentes y de
libros y registros de contabilidad y la documentación que
compruebe las operaciones efectuadas; y
falta de libros y registros, de documentación o de ambos,
o cuando a juicio de la Administración los mismos fueran
insuficientes o contradictorios, se deben tener en cuenta los
indicios que permitan estimar la existencia y medida de la obligación
Sirven especialmente como indicios:
el capital invertido en la explotación; el volumen de las
transacciones de toda clase e ingresos de otros períodos;
la existencia de mercaderías y productos; el monto de las
compras y ventas efectuadas; el rendimiento normal del negocio
o explotación objeto de la investigación o el de
empresas similares ubicadas en la misma plaza; los salarios, alquiler
del negocio, combustibles, energía eléctrica y otros
gastos generales; el alquiler de la casa de habitación;
los gastos particulares del contribuyente y de su familia; el
monto de su patrimonio y cualesquiera otros elementos de juicio
que obren en poder de la Administración Tributaria o que
ésta reciba o requiera de terceros.
117.- Carácter confidencial de las informaciones.
Las informaciones que la Administración
Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros,
por cualquier medio, tienen carácter confidencial; y sus
funcionarios y empleados no pueden divulgar en forma alguna la
cuantía u origen de las rentas, ni ningún otro dato
que figure en las declaraciones, ni deben permitir que estas o
sus copias, libros o documentos, que contengan extractos o referencia
de ellas sean vistos por otras personas que las encargadas en
la Administración de velar por el cumplimiento de las disposiciones
legales reguladoras de los tributos a su cargo. No obstante lo
dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente, su
representante legal, o cualquier otra persona debidamente autorizada
por aquel, pueden examinar los datos y anexos consignados en sus
respectivas declaraciones juradas, lo mismo que cualquier expediente
que contemple ajustes o reclamaciones formuladas sobre dichas
La prohibición que señala
este artículo no impide la inspección de las declaraciones
por los Tribunales Comunes.
Tampoco impide el secreto de las
declaraciones, la publicación de datos estadísticos
o del registro de valores de los bienes inmuebles, así
como de la jurisprudencia tributaria conforme a lo previsto en
el artículo 101 de este Código, o el suministro
de informes a los personeros de los Poderes Públicos, siempre
que se hagan en tal forma que no pueda identificarse a las personas.
Las prohibiciones y las limitaciones
establecidas en este artículo alcanzan también a
los miembros y empleados del Tribunal Fiscal Administrativo, así
como a los servidores de los bancos del Sistema Bancario Nacional,
las sociedades financieras de inversión y crédito
especial de carácter no bancario y las demás entidades
reguladas por la Auditoría General de Entidades Financieras.
118.- Prohibición para el personal de la Administración
Los Directores Generales, los Subdirectores,
los Jefes o Subjefes de Departamento y de Sección, de las
dependencias de la Administración Tributaria, así
como los miembros propietarios del Tribunal Fiscal Administrativo
y los suplentes en funciones, no pueden ejercer otros puestos
públicos con o sin relación de dependencia, excepción
hecha de la docencia o de funciones desempeñadas con autorización
de su respectivo superior jerárquico, cuyos cargos estén
sólo remunerados con dietas.
En general queda prohibido al personal
de los entes precedentemente citados, con la única excepción
de la docencia, desempeñar en la empresa privada actividades
relativas a materias tributarias. Asimismo está prohibido
a dicho personal hacer reclamos a favor de los contribuyentes
o asesorarlos en sus alegatos o presentaciones en cualesquiera
de las instancias, salvo que se trate de sus intereses personales,
los de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos,
suegros, yernos y cuñados.
En los casos de excepción
a que se refiere este artículo, para acogerse a ellos,
debe comunicarse al superior de la dependencia su decisión
de hacer uso de las excepciones previstas en este Código.
(Reformado por Ley 5179 de 27
de febrero de 1973)
119.- Consultas.
Quien tenga un interés personal
y directo, puede consultar a la Administración Tributaria
sobre la aplicación del derecho a una situación
de hecho concreta y actual. A ese efecto, el consultante debe
exponer en escrito especial, con claridad y precisión,
todos los elementos constitutivos de la situación que motiva
la consulta y puede asimismo expresar su opinión fundada.
La nota o escrito en que se formule la consulta debe ser presentada
con copia fiel de su original, la que debidamente sellada y con
indicación de la fecha de su presentación, debe
ser devuelta como constancia al interesado.
La consulta presentada antes del
jurada o, en su caso, dentro del término para el pago del
tributo, exime de sanciones al consultante por el excedente que
resulte de la resolución administrativa, si es pagado dicho
excedente dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de notificada la respectiva resolución.
Para evacuar la consulta la Administración
dispone de cuarenta y cinco días y si al vencimiento de
dicho término, no dicta resolución, se debe entender
aprobada la interpretación del consultante, si éste
la ha expuesto.
Dicha aprobación se limita
al caso concreto consultado y no afecta a los hechos generadores
que ocurran con posterioridad a la notificación de la resolución
que en el futuro dicte la Administración.
Es nula la consulta evacuada sobre
la base de datos inexactos proporcionados por el consultante.
120.- Deber de iniciativa.
Ocurridos los hechos previstos
en la ley como generadores de una obligación tributaria,
los contribuyentes y demás responsables deben cumplir dicha
obligación por sí mismos, cuando no proceda la intervención
de la Administración Tributaria. Si esta intervención
correspondiere, deben indicar los hechos y proporcionar la información
necesaria para la determinación del tributo.
121.- Determinación por la Administración Tributaria.
La determinación por la
Administración Tributaria es el acto que declara la existencia
y cuantía de un crédito tributario o su inexistencia.
122.- Determinación por los contribuyentes y declaración
La determinación se debe
efectuar de acuerdo con las declaraciones juradas que presenten
los contribuyentes y responsables en el tiempo y condiciones que
establezca la Administración Tributaria, salvo cuando este
Código o leyes particulares fijen otro procedimiento. La
declaración se debe presentar en los formularios que la
Administración debe poner a disposición de los contribuyentes
Se debe entender por declaración
jurada, la determinación de la obligación tributaria
efectuada por los contribuyentes y responsables, bajo juramento,
en los formularios a que alude el párrafo anterior, con
los efectos y responsabilidades que determina este Código.
123.- Verificación de las declaraciones, libros y demás
Las declaraciones juradas presentadas
por los contribuyentes y responsables y cualesquiera libros, escrituras
y demás documentos, en cuanto en ellos deba constar la
información relativa a la liquidación o al pago
de los tributos, están sujetos a la comprobación
de la Administración Tributaria. Para tal efecto ésta
puede practicar, dentro de la ley y por intermedio de los funcionarios
debidamente autorizados, todas las investigaciones, diligencias
y exámenes que considere necesarios y útiles para
comprobar dichas declaraciones juradas y los datos contenidos
en los libros, escrituras y demás documentos antes mencionados.
Efectuada la verificación
se debe cobrar la diferencia de tributo que resulte a cargo del
contribuyente o responsable declarante; o, en su caso, de oficio
se le debe devolver el exceso que haya pagado.
124.- Determinación de oficio.
Cuando no se hayan presentado declaraciones
juradas, o cuando las presentadas sean objetadas por la Administración
Tributaria por considerarlas falsas, ilegales o incompletas, dicha
Administración puede determinar de oficio la obligación
tributaria del contribuyente o responsable, sea en forma directa,
por el conocimiento cierto de la materia imponible, o mediante
estimación, si los elementos conocidos sólo permiten
presumir la existencia y magnitud de aquélla.
Asimismo, aunque se haya presentado
la declaración jurada, la Administración Tributaria
puede proceder a la estimación de oficio si ocurre alguna
el contribuyente no lleve los libros de contabilidad y registros
a que alude el inciso a) del artículo 104 de este Código;
no se presenten los documentos justificativos de las operaciones
contables, o no se proporcionen los datos e informaciones que
se soliciten; y
la contabilidad sea llevada en forma irregular o defectuosa, o
que los libros tengan un atraso mayor de seis meses.
Para los efectos de las disposiciones
anteriores, se consideran indicios reveladores de la existencia
y cuantía de la obligación tributaria, los señalados
en el inciso b) del artículo 116 de este Código.
125.- Formas de determinación.
Administración Tributaria se debe realizar aplicando los
tesis general sobre base cierta, tomando en cuenta los elementos
que permitan conocer en forma directa los hechos generadores de
la obligación tributaria; y
no fuere posible, sobre base presunta, tomando en cuenta los hechos
y circunstancias que, por su vinculación o conexión
normal con el hecho generador de la obligación tributaria,
permitan determinar la existencia y cuantía de dicha obligación.
los anteriores incisos, la determinación puede hacerse
en forma provisional en los casos que señala el artículo
127 de este Código.
126.- Efectos.
La resolución que determine
la obligación tributaria, una vez firme, sólo puede
ser modificada en contra del contribuyente o responsable, cuando
la resolución contenga una determinación impositiva
parcial referida a los ajustes que no hayan sido impugnados por
el contribuyente o responsable, o que habiéndolo sido la
impugnación haya sido aceptada por la Administración
Tributaria. En estos casos, en la resolución debe dejarse
expresa constancia del carácter parcial de la determinación
y definirse los aspectos que han sido objeto de la misma, por
lo que en lo futuro sólo pueden ser modificados aquellos
aspectos no considerados expresamente en la determinación
ya hecha.
127.- Determinación provisional de tributos vencidos.
Cuando los contribuyentes o responsables
no presenten declaraciones juradas por uno o más períodos
fiscales y la Administración Tributaria conozca por declaraciones
o determinación de oficio la medida en que les ha correspondido
tributar en períodos anteriores, los debe emplazar para
que dentro de un término de treinta días presenten
las declaraciones juradas y paguen el impuesto correspondiente.
Si dentro de dicho plazo los contribuyentes
o responsables no regularizan su situación, la Administración
Tributaria, sin otro trámite, puede iniciar el procedimiento
de ejecución para que paguen, a cuenta del tributo que
en definitiva les corresponda enterar, una suma equivalente a
tantas veces el total del tributo declarado o determinado por
el último período fiscal, cuantos sean los períodos
por los cuales dejaron de presentar declaraciones juradas. En
este caso sólo proceden las excepciones previstas en el
Artículo 35 del presente Código, o la presentación
de la o las declaraciones juradas juntamente con el pago del impuesto
Formales de los Contribuyentes y Responsables
128.- Obligaciones de los particulares.
Los contribuyentes y responsables
están obligados a facilitar las tareas de determinación,
fiscalización e investigación que realice la Administración
Tributaria y, en especial, deben:
lo requieran las leyes o los reglamentos o lo exija dicha Administración
en virtud de las facultades que le otorga este Código:
Llevar los libros y registros especiales a que alude el inciso
a) del artículo 104 de este Código;
Inscribirse en los registros pertinentes, a los que deben aportar
los datos necesarios y comunicar oportunamente sus modificaciones;
Presentar las declaraciones que correspondan;
Conservar, en forma ordenada, los libros de comercio, los libros,
los registros, los documentos y los antecedentes de las operaciones
o situaciones que constituyan hechos gravados.
Dar facilidades a los funcionarios fiscales autorizados para que
realicen las inspecciones o verificaciones en sus establecimientos
comerciales o industriales, inmuebles, oficinas, depósitos
o en cualquier otro lugar;
Presentar o exhibir en las oficinas de la Administración
Tributaria o ante los funcionarios autorizados las declaraciones,
informes, documentos y demás comprobantes, relacionados
con hechos generadores de sus obligaciones tributarias y formular
las aplicaciones o aclaraciones que se les soliciten;
Comunicar, a la Administración, el cambio del domicilio
Concurrir personalmente o por medio de sus representantes debidamente
autorizados, a las oficinas de la Administración Tributaria,
cuando su presencia sea requerida.
129.- Entes colectivos.
Los deberes formales de los entes
colectivos han de ser cumplidos:
el caso de personas jurídicas, por sus representantes legales
o convencionales;
el caso de entidades previstas en el artículo 17, inciso
c), de este Código, por la persona que administre los bienes
o, en su defecto, por cualquiera de los integrantes de la entidad;
el caso de sucesiones y fideicomisos, por sus albaceas y fiduciarios
o, en su defecto, por cualquiera de los interesados.
130.- Responsabilidad de los declarantes.
Las declaraciones juradas o manifestaciones
que formulen los contribuyentes se presumen fiel reflejo de la
verdad y hacen responsable al declarante por los tributos que
de ellas resulten, así como también por la exactitud
de los demás datos contenidos en las mismas.
El declarante no puede reducir
el tributo determinado, mediante declaraciones posteriores, salvo
si dentro del año siguiente al vencimiento del plazo legal
para su pago demuestra, a juicio de la Administración Tributaria,
que ha incurrido en un error evidente de concepto.
Los errores de carácter
puramente aritmético, visibles en la propia declaración
jurada, se pueden rectificar en cualquier momento antes de que
131.- Obligación de los organismos que expiden patentes.
Los Tesoreros Municipales deben
enviar mensualmente a la oficina respectiva de la Administración
Tributaria la nómina de las patentes comerciales otorgadas
y el Ministerio de Industria y Comercio, por medio de la Oficina
que corresponda, lo concerniente a las patentes industriales.
132.- Colaboración de los funcionarios y empleados públicos.
Cuando la colaboración que
la Administración Tributaria requiera de los funcionarios
y empleados públicos sólo implique el cumplimiento
de los deberes establecidos en este Código, en las leyes
tributarias respectivas o en sus reglamentos, dicha Administración
debe dirigirse directamente a la oficina pública cuya información
o actuación le interese, inclusive cuando se trate de entidades
Sólo es necesario seguir
la vía jerárquica correspondiente cuando la cooperación
pedida exija la adopción de medidas de excepción.
Es también obligatorio seguir
esta última vía, cuando los funcionarios o empleados
públicos directamente requeridos por la Administración
Tributaria no presten en un plazo prudencial la colaboración
no debe requerir informaciones, ni los funcionarios y empleados
públicos están obligados a suministrarlas, cuando
en virtud de las disposiciones de este Código o de leyes
especiales, las informaciones respectivas estén amparadas
por la garantía de la confidencialidad.
Primera: Comparecencia
133.- Personería.
En todas las actuaciones los interesados
pueden actuar personalmente o por medio de sus representantes
debidamente autorizados por ellos. Quien invoque una representación
debe acreditar su personería en forma legal, sea por medio
de un poder suficiente o una autorización escrita debidamente
autenticada, extendida por el representado.
134.- Constitución de domicilio.
Los interesados están obligados
a indicar su domicilio fiscal en el primer escrito o audiencia,
siempre que no lo tengan registrado en la oficina correspondiente
135.- Fecha de presentación de escritos.
de un escrito se debe anotar en el mismo y entregarse en el acto
constancia oficial al interesado, si éste la solicita.
136.- Exención del papel sellado y timbres.
Todos los trámites y actuaciones
que se relacionen con la aplicación de los tributos a cargo
de la Administración Tributaria, incluso los que correspondan
a recursos interpuestos para ante el Tribunal Fiscal Administrativo,
están exentos de los impuestos de papel sellado y timbres.
Segunda: Notificaciones
137.- Formas de notificación.
puede utilizar las siguientes formas de notificación:
a) Personalmente,
cuando el interesado concurra a las oficinas de la Administración,
en cuyo caso se debe dejar constancia de su notificación
en el respectivo expediente;
medio de carta certificada con aviso de recepción dirigida
al último domicilio de la persona, que obre en conocimiento
de la Administración, en cuyo caso ese aviso es suficiente
prueba de la notificación. Cuando la Administración
envíe telegrama con acuse de recibo, para comunicar la
remisión de la carta certificada, la notificación
se debe considerar realizada ocho días después,
contados desde el día siguiente al del envío del
medio de carta que entreguen los funcionarios o empleados de la
Administración o de las oficinas públicas o autoridades
de policía a las que se encomiende tal diligencia. En estos
casos, los notificadores deben dejar constancia de la entrega
de la carta al interesado, requiriéndole su firma. Si el
interesado no supiere o no le fuere posible hacerlo, puede firmar
a su ruego un tercero mayor de edad. Si el interesado se negare
a firmar o a recibir la notificación o no se encontrare
en su domicilio, se debe entregar la carta a cualquier persona
mayor de quince años que se encuentre en el domicilio del
interesado, requiriéndole que firme el acta respectiva.
En todo caso, el acta de la diligencia debe expresar la entrega
de la carta o cédula y nombre de la persona que la reciba;
si ésta no sabe o no quiere o no puede firmar, el notificador
lo debe hacer constar así bajo su responsabilidad. El notificador,
al entregar la carta o cédula, debe indicar al pie de la
misma la fecha y hora de su entrega; y
medio de un solo edicto publicado en el Diario Oficial o en un
diario privado de los de mayor circulación en el país,
cuando no se conozca el domicilio del interesado o, tratándose
de personas no domiciliadas en el país, no fuera del conocimiento
de la Administración la existencia de un apoderado en la
En estos casos se considera notificado
el interesado a partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de publicación del edicto.
Para futuras notificaciones el
contribuyente o responsable debe señalar lugar para recibirlas
y, en caso de que no lo haga, las resoluciones que recaigan quedan
firmes veinticuatro horas después de dictadas.
138.- Copia de resoluciones.
Cuando se haga la notificación
de una resolución, debe acompañarse copia literal
139.- Fecha de notificación y cómputo de términos.
Las notificaciones se deben practicar
en día hábil. Si los documentos fueran entregados
en día inhábil, la notificación se debe entender
realizada el primer día hábil siguiente.
Salvo disposición especial
en contrario, los términos comienzan a correr al empezar
el día inmediato siguiente a aquel en que se haya notificado
la respectiva resolución a los interesados.
Tercera: Prueba
140.- Medios de prueba.
Pueden invocarse todos los medios
de prueba admitidos en Derecho Civil, con excepción de
la confesión de funcionarios y empleados públicos.
141.- Acceso a las actuaciones.
Los interesados o sus representantes
y sus abogados tienen acceso a las actuaciones relativas a aquéllos,
inclusive a las actas donde conste la investigación de
las infracciones y pueden consultarlas sin más exigencia
que la justificación de su identidad o personería.
142.- Término de prueba.
El término de prueba se
rige por los artículos 231, 234 y 235 del Código
de Procedimientos Civiles, así como por las demás
disposiciones de este cuerpo legal, en lo que fueran aplicables
En los asuntos de puro Derecho
se debe prescindir de ese término de prueba, de oficio
o a petición de parte.
143.- Pruebas para mejor proveer.
La autoridad administrativa debe
impulsar de oficio el procedimiento. En cualquier estado del trámite,
antes de dictar la resolución a que se refiere el artículo
146 de este Código, puede disponer la evacuación
de pruebas para mejor proveer.
Cuarta: Determinación por la Administración Tributaria
144.- Vista inicial.
Para realizar la determinación
a que se refiere el artículo 124 de este Código,
se debe principiar haciendo un traslado al contribuyente de las
observaciones o cargos que se le formulen y, en su caso, de las
infracciones que se estime que ha cometido. En tal supuesto, los
departamentos u oficinas de la Administración Tributaria
que tengan a su cargo la aplicación y fiscalización
de los respectivos tributos pueden, si lo estiman conveniente,
requerir al contribuyente la presentación de nuevas declaraciones
o la rectificación de las presentadas dentro del plazo
que al efecto se le acuerde.
145.- Impugnación por el contribuyente o responsable.
siguientes a la fecha de notificación del traslado que
menciona el artículo anterior, el contribuyente o responsable
puede impugnar por escrito las observaciones o cargos formulados
por los departamentos u oficinas a que alude el mismo artículo,
debiendo en tal caso especificar los hechos y las normas legales
en que fundamenta su reclamo y alegar las defensas que considere
pertinentes con respecto a las infracciones que se le atribuyan,
proporcionando u ofreciendo las pruebas respectivas.
Vencido el plazo de treinta días
a que se refiere este artículo, no cabe ningún recurso.
146.- Resolución del Director de la Administración
Interpuesta la impugnación
dentro del término de treinta días a que se refiere
el artículo anterior, el Director de la Administración
Tributaria debe resolver el reclamo, pronunciándose sobre
todas las cuestiones debatidas, previa consulta del cuerpo especializado
que debe crearse para asesorarlo en esta materia. Dicha resolución
debe dictarse dentro de los ocho días siguientes a aquel
en que el asunto se encuentre listo para resolver. Contra esta
resolución pueden interponerse los recursos de revocatoria
y apelación. Este último en las condiciones establecidas
en el artículo 156 del presente Código.
(Reformado por Ley 5909 de 10
de junio de 1976).
147.- Requisitos de la resolución.
Toda resolución administrativa
debe llenar los siguientes requisitos:
a) Enunciación
del lugar y fecha;
Indicación del tributo, del período fiscal correspondiente
y, en su caso, del avalúo practicado;
Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas;
Fundamentos de la decisión;
Elementos de determinación aplicados, en caso de estimación
sobre la base presunta;
Determinación de los montos exigibles por tributos e indicación
de las infracciones que se le atribuyan;
Calificación de las infracciones en que se haya incurrido,
para aplicar los recargos mencionados en los artículos
57 y 76 del presente Código;
Firma del funcionario legalmente autorizado para resolver.
La ausencia de cualquiera de estos
requisitos vicia de nulidad el acto.
Quinta: Procedimiento para aplicar sanciones administrativas
148.- Principios generales.
En todos los casos, a la Administración
Tributaria le corresponde acreditar, según el principio
de libre valoración de la prueba y mediante el procedimiento
sancionador referido en esta sección, que el sujeto pasivo
es el autor de las infracciones.
Siempre deberá respetarse
149.- Organos competentes para sancionar.
Las sanciones administrativas tributarias
serán impuestas por los órganos de la Administración
Tributaria que dicten los actos administrativos mediante los cuales
se determinen los tributos o, en su caso, los ingresos por retenciones
a cuenta de ellos.
150.- Procedimiento para sancionar.
El expediente sancionador se iniciará
mediante propuesta motivada del funcionario competente o del titular
de la unidad administrativa donde se tramite el expediente, o
bien, mediante propuesta motivada de los funcionarios de la Administración
Tributaria, cuando estos consten en las actas las diligencias,
las acciones o las omisiones constitutivas de infracciones tributarias.
Presentada la propuesta, se pondrán
en conocimiento del eventual infractor los cargos que se le imputan
y se le concederá un plazo de diez días hábiles
para expresar lo que desee y aportar la prueba correspondiente.
Agotado el procedimiento anterior,
la Administración Tributaria dictará la resolución
respectiva, dentro de los quince días hábiles siguientes.
La resolución del ente o
del órgano competente deberá basarse en los hechos
tenidos por probados para aplicar la sanción pecuniaria
principal, por parte de los órganos de la Administración
Tributaria; además, estará vinculada con lo establecido
para el tipo legal de infracción de que se trate.
La resolución tendrá
recurso de revocatoria ante el órgano que dictó
el acto, con apelación en subsidio para ante el Tribunal
Fiscal Administrativo. Ambos recursos deberán interponerse
dentro del plazo de cinco días hábiles, contados
a partir de la notificación. El Tribunal Fiscal deberá
resolver dentro del término de un año.
También se aplicará
el régimen general de impugnación en la vía
contencioso-administrativa previsto en este Código y en
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
sin embargo, no será aplicable la norma del inciso 9) del
Artículo 83 de esa última ley. Con respecto a la
sancionatorio, se aplicará el régimen general de
los artículos 91 y siguientes, de la Ley Reguladora de
151.- Caso especial.
Cuando la infracción se
relacione con el disfrute indebido de beneficios fiscales, previamente,
deberá agotarse el procedimiento previsto en el Capítulo
IX de la Ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su
derogatoria y excepciones, No.7293, del 31 de marzo de 1992.
152.- Resolución del órgano competente.
En todos los casos, la imposición
de sanciones requerirá la resolución expresa del
órgano competente y surtirá efecto a partir del
día siguiente a la fecha de la notificación al sujeto
153.- Inicio de causa.
Para iniciar la causa, no será
necesario que el procedimiento de determinación de los
tributos haya agotado la vía administrativa.
154.- Actas de inspección.
En los informes o las actas de
inspección, deben consignarse las circunstancias de la
infracción que se imputa. El interesado debe firmar el
acta y en ella puede dejar las constancias que estime conveniente.
Cuando se niegue a firmarla o no pueda, el funcionario actuante
debe dejar constancia de ello.
Sexta: Normas Supletorias
155.- Orden de aplicación.
En materia de procedimiento, a
falta de norma expresa en este Código, se deben aplicar
las disposiciones generales de procedimiento administrativo y
en su defecto, las de los Códigos de Procedimientos Civiles
o Penales, según el caso de que se trate.
156.- Recurso de apelación.
Contra las resoluciones administrativas
mencionadas en los artículos 29, 40, 43, 102, 119, 146,
y en el párrafo final del artículo 168 de este Código,
los interesados pueden interponer recurso de apelación
ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que fueron notificados.
Igual recurso procede si, dentro
del plazo de dos meses indicado en el segundo párrafo del
Artículo 46 de esta Ley, la Administración Tributaria
no dicta la resolución respectiva.
Recibido el recurso con los antecedentes,
según se especifica en el párrafo anterior, el Tribunal
Fiscal Administrativo lo pondrá en conocimiento del interesado
para que presente los alegatos y las pruebas pertinentes en defensa
de sus derechos, si lo tiene a bien.
157.- Apelación de hecho.
Denegada una apelación por
la Administración Tributaria, el interesado puede acudir
ante el Tribunal Fiscal Administrativo y apelar de hecho. En la
sustanciación y trámite de dicha apelación
se deben aplicar en lo pertinente las disposiciones de los artículos
877 a 882, ambos inclusive, del Código de Procedimientos
158.- Jurisdicción y competencia.
Las controversias tributarias administrativas
deben ser decididas por el Tribunal Fiscal Administrativo, el
que en adelante debe regirse por las disposiciones de este capítulo.
Dicho Tribunal es un órgano
de plena jurisdicción e independiente en su organización,
funcionamiento y competencia, del Poder Ejecutivo, y sus fallos
Debe funcionar con las dos Salas
especializadas a que se refiere el artículo 163* de este
Código, con sede en la ciudad de San José, y competencia
en toda la República para conocer de:
recursos de apelación de que trata el artículo 156
apelaciones de hecho previstas en el artículo 157 de este
otras funciones que le encomienden leyes especiales.
(Nota: con el cambio de
numeración la remisión debe hacerse al actual artículo
163, que sustituyó el anterior artículo 154, sin
embargo, el nuevo texto eliminó toda mención a la
existencia de dos Salas)
159.- Facultades disciplinarias del Tribunal.
El Tribunal Fiscal Administrativo
está facultado para corregir disciplinariamente, en definitiva
y de conformidad con las disposiciones del Capítulo I,
Título X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
en lo que sean aplicables:
los particulares y funcionarios o empleados públicos que
no sean del Tribunal, que falten al respecto y al orden debidos
en los actos de su competencia; y
las partes, profesionales, peritos, testigos o personas que intervengan
en los negocios sometidos a su conocimiento, con motivo de las
faltas que cometan en agravio del Tribunal, de cualquiera de sus
miembros, o de cualquier funcionario o empleado público
que haya intervenido en el asunto, por razón de su cargo.
Las multas se deben imponer de
acuerdo con los artículos 946 y siguientes del Código
160.- Integración del Tribunal y requisitos de sus miembros.
está integrado por un Presidente y cuatro propietarios.
El Presidente debe ser abogado, y los propietarios dos abogados,
un ingeniero civil y un ingeniero agrónomo, quienes deben
trabajar a tiempo completo y ser personas que en razón
de sus antecedentes, títulos profesionales y reconocida
competencia en la materia, sean garantía de imparcialidad
y acierto en el desempeño de sus funciones.
El Tribunal elaborará una
lista de seis abogados, tres ingenieros civiles y tres ingenieros
agrónomos, que reúnan los mismos requisitos de los
propietarios, para que suplan a éstos en caso de ausencias
temporales, de impedimentos o excusas.
Para ser miembro del Tribunal deben
reunirse los siguientes requisitos:
costarricense por nacimiento o naturalización con domicilio
en el país no menor de diez años después
de obtenida la carta respectiva;
ciudadano en ejercicio y pertenecer al estado seglar;
mayor de treinta años y tener cinco o más años
de ejercicio profesional;
de conocida solvencia moral y contar con una experiencia en materia
tributaria de dos años; y
hallarse ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta
el tercer grado inclusive, con un miembro de dicho Tribunal, con
las autoridades superiores de los organismos de la Administración
Tributaria, o con los jefes de los departamentos del Ministerio
de Hacienda que intervienen en la determinación de las
obligaciones tributarias, a la fecha de integrarse el Tribunal.
Si surge un impedimento de esta índole con posterioridad
al nombramiento, pierde el puesto el miembro nombrado en último
término. Si el impedimento entre los miembros es simultáneo,
debe ser repuesto el de menor edad.
161.- Integración del Tribunal Fiscal Administrativo
El Poder Ejecutivo debe designar,
individualmente, al Presidente y a los cuatro propietarios del
Tribunal Fiscal Administrativo, previo concurso de antecedentes,
que ha de efectuarse formalmente, con la intervención de
las autoridades que establece el Estatuto de Servicio Civil.
Las formalidades y las disposiciones
sustantivas fijadas en ese ordenamiento se observarán igualmente
para la remoción de los miembros de este Tribunal.
La retribución de los integrantes
del Tribunal debe ser igual al sueldo de los miembros de los tribunales
superiores del Poder Judicial, la del resto del personal deberá
equipararse, según el caso, a la de los cargos equivalentes
del personal de esos tribunales o de otros órganos del
Poder Judicial donde se desempeñen cargos iguales o similares.
162.- Estabilidad, remoción y reelección de los
Son causas de remoción de
los miembros del Tribunal:
ineficiente de sus funciones;
conducta en el desempeño de sus cargos;
reiterada que dilate la sustanciación de los procesos;
d) Comisión
de delitos, incluso tentativa y frustración, cuyas penas
afecten su buen nombre y honorabilidad; y
e) Falta
de excusa en los casos previstos en el artículo 164 de
este Código, o la violación de las prohibiciones
El Poder Ejecutivo, una vez finalizado
el período de nombramiento, procederá a reelegir
a los miembros en funciones, salvo que declare a alguno no elegible
en virtud de que haya incurrido en alguna causa que amerite su
163.-Actuación del Tribunal Fiscal Administrativo
debe ajustar su actuación al procedimiento y a las normas
de funcionamiento establecidas en el presente Código, así
como en la Ley General de Administración Pública,
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa
y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que sean aplicables
Para tramitar los asuntos a su
cargo, el Tribunal establecerá plazos comunes e improrrogables
a las partes para que presenten sus alegaciones y pruebas de descargo,
dentro del espíritu de la búsqueda de la verdad
real de los hechos y la necesaria celeridad del procedimiento.
Para desvirtuar las afirmaciones y los cargos hechos por la Administración
Tributaria, los administrados podrán acudir a cualquier
medio de prueba aceptado por el ordenamiento jurídico positivo
aplicable. Los informes y certificaciones de los contadores públicos
autorizados, de otros profesionales que tengan fe pública,
o de las autoridades públicas competentes, designadas en
forma independiente por el Tribunal Fiscal Administrativo, hacen
plena prueba y, en tal caso, la carga de la prueba para desvirtuarlos
correrá a cargo de la Administración Tributaria.
164. Impedimento y excusas de los miembros del Tribunal.
Todo miembro del Tribunal Fiscal
Administrativo está impedido y debe excusarse de conocer
de los reclamos de los contribuyentes, cuando:
a) Tenga
interés directo o indirecto en el reclamo venido en alzada
al Tribunal;
el reclamo o asunto tenga interés su cónyuge, sus
ascendientes o descendientes, hermanos, cuñados, tíos
y sobrinos carnales, suegros, yernos, padrastros, hijastros, padres
o hijos adoptivos;
o hubiere sido en los seis meses anteriores, tutor, abogado, curador,
apoderado, auditor, contador, empleado, representante, administrador,
o gerente de la persona o empresa interesada en el reclamo.
Asimismo está prohibido
i) Aplicar
decretos, reglamentos, acuerdos u otras disposiciones que sean
contrarias a la Ley;
ii) Ejercer
la profesión por la que fueron nombrados, con la salvedad
establecida en el artículo 118 de este Código;
iii) Expresar
y aun insinuar privadamente su opinión respecto de los
negocios que están llamados a fallar. El funcionario que
contraviniere esta prohibición se hará acreedor
a la pena prevista para el prevaricato.
165.- Trámite.
Contra los fallos del Tribunal
Fiscal Administrativo el interesado puede, dentro de los treinta
días siguientes a su notificación, iniciar juicio
contencioso-administrativo de acuerdo con las disposiciones de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cuando la dependencia o institución
encargada de la aplicación del tributo considere que el
fallo no ha agotado el análisis de los aspectos controvertidos
o no se ajusta a Derecho, dentro de igual término puede
impugnarlo por la vía contencioso-administrativa, iniciando
para ello el procedimiento respectivo, siempre que el escrito
del recurso se presente acompañado de autorización
escrita emanada del Ministerio de Hacienda, si se trata de un
tributo a favor del Poder Central, o de la autoridad máxima
de la respectiva Administración Tributaria, en su caso.
Para este efecto, la dependencia
o institución encargada de la aplicación del tributo,
debe presentar al referido ministerio o autoridad un informe fundado
señalando las razones por las que estima conveniente impugnar
el fallo de mérito.
El Ministerio o autoridad, previo
dictamen de la oficina o departamento legal respectivo, debe decidir
sobre la procedencia de la impugnación.
En los juicios contencioso-administrativos
en que haya condenatoria en costas a favor del Estado, los honorarios
respectivos se deben distribuir de acuerdo con lo que dispone
el artículo 100 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en cuyo caso por abogado del Estado
se entiende el abogado director del juicio por parte de la Administración
Los Tribunales Comunes deben enviar
a la correspondiente Administración Tributaria copia de
las sentencias que dicten, en materia de la competencia de ésta.
166.- Oficina de Cobros.
La Oficina de Cobros del Ministerio
de Hacienda debe cobrar los impuestos, tasas, contribuciones,
derechos fiscales, rentas por arrendamiento de bienes del Poder
Central no sujetos a leyes especiales, y de toda clase de créditos
a favor de éste, mediante el procedimiento instituido por
la ley No 2393 de 11 de julio de 1959, reformada por ley
No 3493 de 29 de enero de 1965 y por las disposiciones de
167.- Integración de la Oficina de Cobros.
Para el cobro judicial o extrajudicial
que le compete, la Oficina de Cobros debe estar integrada por:
jefe, quien debe ser abogado, cuyas funciones son atender todo
lo referente a la dirección, coordinación, supervisión
y ejecución de las actividades y programas de la dependencia
y ejercer las demás atribuciones que para tales efectos
le correspondan;
cuerpo de abogados que debe integrar la planta estable de la Oficina;
cuerpo de Fiscales Específicos, integrado también
por abogados, que puede designar el Ministerio de Hacienda en
el número que considere apropiado. El Poder Ejecutivo podrá
reducir o aumentar el número de fiscales específicos,
cuando así lo considere necesario el Ministerio de Hacienda.
El nombramiento de ellos se hará mediante Decreto Ejecutivo,
previa realización de un concurso de antecedentes.
(Reformado por Ley 7293 de 31
de marzo de 1992)
El Jefe de la Oficina y los abogados
del cuerpo a que se refiere el inciso b) deben ser nombrados por
el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con las regulaciones del
Estatuto de Servicio Civil.
También debe contar dicha
Oficina con el personal administrativo que requieran las necesidades
168.- Facultades de la Oficina de Cobros.
Para atender el cobro de los créditos
a favor del Poder Central a que se refiere el artículo
anterior, la Oficina de Cobros está específicamente
a) Disponer
el ejercicio de la acción de cobro:
b) Decretar
las medidas cautelares contenidas en este Título, cuando
se trate de créditos a favor del Poder Central originados
en tributos regulados por el presente Código, sus intereses,
recargos y multas y solicitar esas medidas a los órganos
jurisdiccionales en los casos de otros créditos; y
la inmediata vigilancia sobre la gestión cobratoria del
Cuerpo de Abogados de la Oficina y de los Fiscales Específicos.
La Oficina de Cobros puede, asimismo,
disponer de oficio o a petición de parte, la cancelación
de los créditos indicados en el artículo 166 de
este Código, cuando los términos de prescripción
correspondientes estén vencidos o se trate de cuentas o
créditos incobrables. La resolución que así
lo disponga debe contar con la aprobación de la Contraloría
General de la República y de la Dirección General
de Hacienda y debe ser puesta en conocimiento de la Contabilidad
Nacional y de los organismos correspondientes para que cancelen
en sus registros o libros las cuentas o créditos respectivos.
Contra la resolución que deniegue la cancelación
cabrá recurso ante el Tribunal Fiscal Administrativo.
169.- Créditos insolutos y emisión de certificaciones.
Las oficinas que controlen ingresos
o créditos a favor del Poder Central de la naturaleza indicada
en el artículo 166 de este Código, dentro de los
tres meses siguientes a la expiración del término
legal de pago, deben preparar las certificaciones de lo pendiente
de cobro y ordenar, en su caso, el retiro de los respectivos recibos
de los Bancos y demás oficinas recaudadoras.
No deben certificarse los créditos
fiscales originados en tributos regulados por el presente Código,
sus intereses y recargos que hayan sido objeto de impugnación
por el interesado en el trámite administrativo, hasta tanto
el Tribunal Fiscal Administrativo no haya dictado resolución
y, en tratándose de multas, no exista sentencia ejecutoria.
Antes de remitir las certificaciones
a la Oficina de Cobros, las oficinas que controlen los ingresos
o créditos a que se alude en el párrafo primero
de este artículo, deben notificar al deudor por cualesquiera
de los medios que autoriza el artículo 137 de este Código,
al domicilio que conste en sus registros, que se le concede un
plazo de quince días, contado a partir de su notificación,
para que proceda a la cancelación del crédito fiscal
Si vencido el plazo señalado
el deudor no regulariza su situación, dichas certificaciones
deben ser enviadas de inmediato a la Oficina de Cobros para los
efectos de ejercer la respectiva acción judicial o extrajudicial
Las certificaciones de adeudo expedidas
por las oficinas que indica este artículo, tienen el carácter
de título ejecutivo suficiente para iniciar el cobro judicial.
170.- Responsabilidad de los titulares de las oficinas que controlen
ingresos o créditos.
Los titulares de las oficinas que
controlen ingresos o créditos a favor del Poder Central,
deben cumplir las obligaciones que le señala el artículo
anterior, bajo pena de amonestación en caso de que incumplan
por una sola vez; de suspensión de sus puestos sin goce
de salario hasta por ocho días, cuando haya reincidencia,
y de destitución en la hipótesis de multireincidencia.
Estas sanciones deben aplicarse conforme a lo dispuesto en el
171.- Intervención del Cuerpo de Abogados y de los Fiscales
Conforme la Oficina de Cobros reciba
las certificaciones a que se refiere el artículo 169 de
este Código, su Jefe las debe distribuir entre los abogados
del cuerpo permanente respectivo y/o los Fiscales Específicos
para que ejerzan la acción de cobro.
Dichos profesionales deben gestionar
el pago de los créditos que se les encomienden mediante
los trámites a que se refiere este Título, pero
antes de iniciar la ejecución, deben dirigir al deudor
una nota de cobro por medio del correo o bien entregársela
personalmente, concediéndole un plazo de ocho días,
impago, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le van a embargar
bienes suficientes para hacer efectivo dicho crédito y
sus accesorios legales.
En todo caso, están obligados
a iniciar los trámites respectivos, a más tardar,
dentro del mes siguiente al recibo de los documentos correspondientes.
172.- Procedimiento en caso de responsabilidad solidaria.
Para iniciar el procedimiento de
cobro en contra de un responsable solidario por un crédito
fiscal, es necesario hacerle modificación, en la que debe
nombre del deudor;
resolución o documento de que se derive el crédito
fiscal y el monto de éste;
motivos y fundamentos por los que se le considera responsable
del crédito; y
plazo para el pago que debe ser el establecido en el artículo
171 de este Código.
173.- Casos en que proceden.
Con anterioridad a la interposición
de la demanda, la Oficina de Cobros puede decretar las medidas
cautelares que se indican en los artículos 174 y 175 siguientes
para la percepción de los créditos a favor del Poder
Central originados en tributos regulados por el presente Código,
sus intereses, recargos y multas, en los casos siguientes:
transcurre el plazo señalado en el artículo 171
de este Código, si el deudor no ha cancelado totalmente
el crédito fiscal, cuya certificación se hubiere
emitido con base en documentos emanados del mismo deudor o en
resolución que agote la vía administrativa;
exista, en caso de multas, sentencia ejecutoria, y si transcurrido
el plazo a que alude el inciso anterior no se hubiere pagado el
importe de la multa correspondiente;
lo pida el propio interesado, para garantizar su deuda fiscal;
esté en vías de determinación un crédito
fiscal y, a juicio de la autoridad administrativa competente,
exista peligro de que el obligado se ausente, enajene u oculte
sus bienes o realice cualquier maniobra tendiente a dejar insoluto
el crédito. En estos casos, dicha autoridad debe solicitar
a la Oficina de Cobros que decrete la correspondiente medida cautelar,
e iniciar seguidamente el procedimiento necesario para determinar
y liquidar el crédito fiscal en un plazo que no debe exceder
de treinta días. Si el crédito fiscal se cubre dentro
del término de quince días siguientes a la notificación
de dicha liquidación, el deudor no está obligado
a pagar gastos de ejecución.
Si pasados treinta días
de practicado el embargo, no se ha notificado la determinación
y liquidación del crédito fiscal, la Oficina de
Cobros debe proceder a levantar dicho embargo.
Cuando se trate de créditos
fiscales no regulados por el presente Código, estas medidas
cautelares deben solicitarse a los órganos jurisdiccionales
174.- Embargo de créditos al deudor y retención
de las sumas que debe percibir.
En los casos que autoriza el artículo
anterior, la Oficina de Cobros puede ordenar que el importe del
crédito fiscal impago se retenga a favor del Fisco de los
salarios, dietas, pensiones, jubilaciones, comisiones, y de cualquier
otra remuneración o crédito en dinero efectivo que
deba percibir o de que fuere acreedor el deudor.
Las retenciones antes dichas deben ser practicadas, a título de embargo, sobre los pagos parciales
o totales que se efectúen después de recibida la comunicación, hasta cancelar la deuda que el moroso tenga con el Fisco, por los patronos, entidades u oficinas públicaso privadas que realicen los pagos.
Las personas o entidades a que
se alude en el párrafo anterior deben depositar, dentro
de los diez días siguientes al del pago total o de los
pagos parciales, las sumas retenidas en una cuenta especial que
en fondos de terceros debe llevar la Oficina de Cobros, con el
contralor de la Tesorería Nacional.
Dichas sumas, una vez iniciada
la ejecución judicial, deben trasladarse a la cuenta respectiva
del Tribunal en el cual se encuentre en trámite la ejecución.
En caso de incumplimiento de las
obligaciones que estatuye el presente artículo, se deben
aplicar a tales personas o entidades las disposiciones que sobre
responsabilidad solidaria determina el artículo 24 del
presente Código y las sanciones previstas por el artículo
98 del mismo. (Nota la versión original de este
Artículo remite al anterior artículo 98, que establecía
la sanción en contra de los agentes retenedores. Luego
de la reforma introducida por la Ley de Justicia Tributaria, la
sanción que corresponde a estos agentes se encuentra en
el artículo 76, pero a pesar de esto no se hizo la remisión
expresa, única forma de extender la sanción a estos
175.- Embargo Administrativo.
177 de este Código, la Oficina de Cobros puede, asimismo,
decretar y practicar embargo administrativo sobre toda otra clase
de bienes del deudor, el que debe comunicar para su anotación
en los Registros Públicos o entidades públicas o
privadas competentes, cuando proceda.
Tratándose de un decreto
de embargo, su anotación tiene un término de validez
de tres meses y si dentro de este lapso no se presenta al embargo
practicado para su inscripción, queda cancelada sin necesidad
de declaratoria ni de asiento.
El embargo decretado y practicado
por la Oficina de Cobros surte todos sus efectos en la acción
judicial que llegue a establecerse contra el deudor, con la sola
presentación de una copia simple del oficio de comunicación
La práctica del embargo
se debe efectuar aplicando en lo pertinente los procedimientos
reglados por el Código de Procedimientos Civiles.
176.- Limitaciones al embargo administrativo y sustitución.
El embargo administrativo que autorizan
los artículos 174 y 175 de este Código se debe practicar
observando las limitaciones que establecen los artículos
984 del Código Civil y 172 del Código de Trabajo,
pudiendo ser sustituido por garantía suficiente a juicio
de la Oficina de Cobros.
177.- Honorarios abogados de la Oficina de Cobros.
de la Oficina de Cobros se deben regir por lo que dispone el artículo
100 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
178.- Disposiciones derogatorias.
la Ley de Impuesto sobre la Renta (Ley No 837 de 20 de diciembre
de 1946 y sus reformas): el segundo párrafo del artículo
11; el segundo párrafo del artículo 16; el segundo
párrafo del artículo 17; los artículos 18
y 24; el segundo párrafo del artículo 25; los artículo
26, 27 y 28; la parte final del párrafo tercero y los cuatro
últimos párrafos del artículo 29; los artículos
30, 31, 33, 34, 37 y los artículos 40 a 58;
la Ley de Impuesto sobre las Ventas (Ley No 3914 de 17 de
julio de 1967): el artículo 18, con excepción de
la norma que se refiere al cierre del negocio; el artículo
21, con excepción del literal a) del mismo y los artículos
22 a 32;
la Ley de Impuesto Territorial (Ley No 27 de 2 de marzo de
1939 y sus reformas); los artículos 9, 12, 13, 14 y 22;
y el último párrafo del artículo 23; la parte
final del artículo 25; los artículos 47 a 56; los
Artículo s 58 y 59 y los artículos 61 a 68;
interés del 2% que establece el artículo 2o
de la ley No 32 de 27 de junio de 1932 y los dos últimos
párrafos del citado artículo;
Artículo s 1o y 2o de la Ley No 1880 de 7
de junio de 1955;
decreto No 40 de 6 de diciembre de 1962; y
g) Todas
las disposiciones de las leyes y decretos que se opongan a lo
dispuesto en este Código.
179.- Vigencia.
son de orden público y excepción hecha de los casos
especialmente mencionados en los artículos transitorios,
rigen a partir del 1o de julio de 1971.
Integración del Tribunal Fiscal Administrativo. El Presidente
y los cuatro propietarios del actual Tribunal Fiscal Administrativo
deben pasar a integrar, hasta completar un período de ocho
años, el nuevo Tribunal que instituye el Título
V de este Código y deben desempeñar sus cargos conforme
a la siguiente división de funciones:
del Tribunal: El Presidente del actual Tribunal Fiscal Administrativo;
de la Sala Primera: Los dos miembros con títulos de abogado
y contador público autorizado; y
c) Propietarios
de la Sala Segunda: El Presidente del Tribunal y los dos miembros
con título de Ingeniero.
Al concluir dicho período
se aplicará lo establecido por el párrafo final
del artículo 153 (162), con aquellos
miembros que reúnan los requisitos enunciados en el artículo
151 (160) ibídem.
Excepto en cuanto al término
de duración de sus mandatos, que queda limitado al período
antes indicado, los funcionarios a que se alude precedentemente
estarán amparados por todos los derechos y garantías,
y sujetos a todas las obligaciones y prohibiciones, estatuidas
para tales funcionarios por el presente Código.
La renovación del citado
Tribunal, al vencimiento del período de cuatro años
referido, deberá efectuarse previo concurso de antecedentes
y observándose las demás formalidades que establece
el artículo 152 (161) de este Código.
Responsabilidad de los donatarios o legatarios y del propietario
de la empresa individual de responsabilidad limitada. Las disposiciones
del inciso a) del artículo 22 y las del artículo
25, rigen en relación con las obligaciones tributarias
generadas a partir de la fecha de vigencia del presente Código.
Modificación espontánea de declaraciones
y sanción por no llevar libros o llevarlos atrasados.
La disposición del párrafo segundo del artículo
125, la sanción que corresponda por la infracción
señalada en el inciso b) del artículo 100 y la que
proceda por no llevar los libros y registros a que se refiere
el inciso a) del artículo 110, todos de este Código,
se deben comenzar a aplicar una vez transcurridos seis meses contados
desde la fecha de vigencia del mismo.
Intereses. El interés que
establece el artículo 57, se debe aplicar con relación
a las obligaciones tributarias vencidas con posterioridad a la
fecha de vigencia de este Código.
Sanciones. Las sanciones que establecen
los artículos 91, 94, 96, 98 y 101. y la que corresponda
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103
de este Código, se deben aplicar con relación a
las infracciones cometidas a partir de la fecha de vigencia del
Transitorio VI.- Reincidencia
y reiteración.
Para efectos de la reincidencia y la reiteración previstas
en el artículo 71, no deben considerarse las infracciones
cometidas con anterioridad a la vigencia de este Código.
Prescripción. El término
de prescripción que establece el párrafo segundo
del artículo 51 para los contribuyentes o responsables
no registrados ante la Administración Tributaria, o que
estándolo, no hubieren presentado las declaraciones juradas
a que estuvieren obligados, se debe aplicar con relación
a las obligaciones tributarias cuya prescripción no se
hubiere operado a la fecha de entrada en vigencia de este Código.
En los demás casos, el término de tres años
de la prescripción que esté en curso, se empieza
a contar desde la vigencia del presente Código.
Organismo regulador de las tarifas de servicios públicos.
Mientras no se establezca por ley el organismo específico
que tendrá a su cargo la fijación de las tarifas
de los servicios públicos, la modificación de las
mismas, conforme a la facultad prevista en el último párrafo
del artículo 5o requerirá la aprobación
previa de la Contraloría General de la República.
Normas sobre prórrogas o facilidades.
Las normas del artículo 38 de este Código, deben
aplicarse con relación a las obligaciones tributarias cuyos
vencimientos no se hubieren operado con anterioridad a la fecha
de vigencia de este Código.
Reclamos contra avalúos inmobiliarios pendientes
en el Tribunal Fiscal Administrativo. Los reclamos
contra avalúos inmobiliarios que estén en trámite
en el Tribunal Fiscal Administrativo a la fecha de entrada en
vigencia de este Código, deben pasar a conocimiento de
la Sala Segunda del nuevo Tribunal, para su resolución
Aplicación de normas anteriores.
En los casos contemplados en los Transitorios que anteceden, en
que no corresponda la aplicación de las normas a que en
ellos se alude, deben aplicarse las disposiciones contenidas en
las leyes tributarias respectivas, que se derogan por el presente
de las reformas según artículo 35 de la Ley Justicia
Artículo 35.- Fechas
(Nota: según auto de corrección material
de la Asamblea Legislativa de 10 de agosto de 1995).
Las disposiciones de esta Ley son
de orden público y derogan toda disposición legal,
general o especial, que se le oponga. Las reformas de su artículo
2 (Nota: se refiere al Título III del presente
Código, artículos 65 a 98),
en lo referente a sanciones, entrarán en vigencia en el
plazo de seis meses a partir de la publicación, siempre
y cuando el Ministerio de Hacienda haya cumplido con las siguientes
a) Promulgar los reglamentos generales de fiscalización, gestión tributaria y recaudación.
b) Publicar los criterios objetivos de selección de los contribuyentes para la fiscalización.
c) Implementar un sistema o programa de información y educación, dirigido al contribuyente para que conozca los alcances de la presente Ley.
Las reformas citadas en los artículos 12 a 19 de esta Ley (Nota: modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta) rigen a partir del período fiscal siguiente a su publicación; su artículo 28 (Nota : se refiere a la sustitución de los Timbres policia, niño abandonado y hospitalario) rige a partir del ejercicio económico de 1996; las demás disposiciones de esta Ley, rigen a partir de su publicación.
(Nota: La Ley de Justicia Tributaria apareció publicada en el Diario Oficial el 14 de setiembre de 1995)
Ley Leyes en Costa Rica Costa Rica Costa Rica Personas
Tributaria Costa Rica 2017-02-26

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 38
 resolución 
 artículo 57
 artículo 146
 artículo 81
 artículo 57

Artículo 46

Artículo 47
 resolución 
 artículo 58

Artículo 51

Artículo 53
 resolución 
 artículo 102
 resolución 
 resolución 
 artículo 47

Artículo 66

Artículo 67
 artículo 17

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70
 artículo 2

Artículo 71

Artículo 72
 artículo 57

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76
 artículo 38
 artículo 57
 artículo 40

Artículo 77
 artículo 112
 artículo
104
 resolución 
 artículo 144
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 81
 artículo 117
 artículo 119
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 337
 artículo 101
 resolución 
 resolución

 artículo 104
 artículo 116
 artículo
127
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 35
 artículo 104
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 artículo
146
 artículo 124
 Resolución 
 resolución

resolución 
 artículo 156
 resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución 

Artículo 83
 Resolución 
 resolución 
 artículo 168

Artículo 46
 resolución 
 artículo 163
 artículo 156
 artículo 157
 artículo
163
 artículo 154
 artículo 164
 artículo 118
 artículo 100
 artículo 166
 resolución 
 resolución 
 artículo 166
 resolución

 artículo 137
 artículo 169

resolución 
 artículo
171
 artículo 171

resolución 
 artículo 24
 artículo
98
 artículo 98
 artículo 76
 artículo
100
 artículo
11
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 25
 artículo
26
 artículo 29
 artículo 18
 artículo
21
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 153
 artículo
151
 artículo 152
 artículo 22
 artículo
25
 artículo
125
 artículo 100
 artículo 110
 artículo 57
 artículo 103
 artículo 71
 artículo 51
 artículo 5
 artículo 38
 resolución

 artículo 35

Artículo 35
 artículo
2
 artículo 28