Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2016/03/registro-oficial-no-712---martes-15-de-marzo-de-2016-suplemento
Timestamp: 2019-12-13 15:15:04+00:00

Document:
Registro Oficial No 712 - Martes 15 de Marzo de 2016 Suplemento
Última modificación: Jueves, 05 de mayo de 2016 | 17:08
001-16-DCP-CC Declárese la constitucionalidad del proyecto de convocatoria a consulta popular propuesto por el economista Rafael Correa Delgado, Presidente de la República, contenido en el oficio N.° T.7180-SGJ-15-709 del 02 de octubre de 2015, por el cual se dispone la convocatoria a consulta popular a fin de que las ciudadanas y los ciudadanos habitantes del sector denominado ?Las Golondrinas? definan a cual jurisdicción territorial provincial desean que pertenezca (Esmeraldas o Imbabura)
264-15-SEP-CC Acéptese la acción extraordinaria de protección presentada por el doctor Edison Yépez Vinueza
278-15-SEP-CC Acéptese la acción extraordinaria de protección presentada por el señor Ramiro Javier Felipe Cordovez Escobar
305-15-SEP-CC Niéguese la acción extraordinaria de protección presentada por la señora Sonia Inés Córdova Rodas y otras
332-15-SEP-CC Acéptese la acción extraordinaria de protección presentada por Henry Aníbal Ayala Espinoza
001-16-SEP-CC Niéguese la acción extraordinaria de protección planteada por Hilda Rebeca Jácome Pilaguano
001-16-SIN-CC Niéguese la acción pública de inconstitucionalidad planteada por Freddy David Ponce Palma y otros
001-16-SIS-CC Acéptese la acción de incumplimiento de sentencia planteada por el señor Leandro Anselmo Ordoñez Salinas
002-16-SEP-CC Acéptese la acción extraordinaria de protección presentada por el señor Julio Vega Vaca
002-16-SIS-CC Acéptese la acción de incumplimiento de sentencia planteada por el economista Guillermo Antonio Quezada Terán
003-16-SEP-CC Acéptese la acción extraordinaria de protección planteada por el señor José Ramiro Utreras Aguirre
003-16-SIN-CC Niéguense las acciones públicas de inconstitucionalidad planteadas por el señor Lenin Javier Maingón Martínez
003-16-SIS-CC Niéguese la acción de incumplimiento planteada por el doctor César Augusto Cordero Moscoso
004-16-SEP-CC Acéptese la acción extraordinaria de protección planteada por el doctor Celso Enrique Romero Aguilar
004-16-SIN-CC Acéptese la demanda de inconstitucionalidad planteada por la abogada María del Carmen Burgos Macías
005-16-SEP-CC Acéptese la acción extraordinaria de protección planteada por Francisco Israel Guzmán Buitrón
Quito, D. M., 13 de enero de 2016
DICTAMEN N.° 001-16-DCP-CC
CASO N.° 0007-15-CP
La presente solicitud de dictamen constitucional fue presentada ante la Corte Constitucional, por el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador, mediante ofi cio N.° T.7180-SGJ-15-709 del 02 de octubre de 2015, por el cual solicita que la Corte Constitucional emita su dictamen previo y vinculante de constitucionalidad respecto de la convocatoria a consulta popular, que tendrá lugar para definir la jurisdicción territorial provincial a la cual pertenecerá el sector denominado ?Las Golondrinas? (Esmeraldas o Imbabura).
La Secretaría General de la Corte Constitucional certificó, de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, vigente a ese entonces, que en referencia a la acción N.° 0007-15-CP, no se presentó previamente otra demanda con identidad de
objeto y acción.
Mediante providencia del 20 de octubre de 2015, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, integrada por jueces constitucionales Tatiana Ordeñana Sierra, María del Carmen Maldonado Sánchez y Manuel Viteri Olvera, resolvió admitir a trámite la presente acción. Mediante memorando N.°1546-CCE-SG-SUS-2015 del 18 de noviembre de 2015, suscrito por el Secretario General de la Corte Constitucional y de conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión ordinaria del 18 de noviembre de 2015, se remitió al despacho de la jueza constitucional Tatiana Ordeñana Sierra, la causa N.° 0007-15-CP para su correspondiente sustanciación.
Mediante providencia dictada el 23 de noviembre de 2015, la jueza sustanciadora avocó conocimiento de la petición de dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de la convocatoria a consulta popular N.° 0007-15-CP, presentada por el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, mediante la cual solicita a la Corte Constitucional emita dictamen de constitucionalidad, previo a la convocatoria a consulta popular que tendrá lugar en el sector denominado ?Las Golondrinas? 1. Provincia de Esmeraldas 2. Provincia de Imbabura. En lo principal se dispone: ?PRIMERO.- Que se notifi que con el contenido de esta providencia a las partes procesales, para el efecto tómese en cuenta las casillas constitucionales, casillas judiciales y correos electrónicos señalados en la presente casusa (?)?.
El economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, mediante oficio N.° T.7180-SGJ-15-709 del 02 de octubre de 2015, solicitó que la Corte Constitucional emita su dictamen previo y vinculante de constitucionalidad respecto de la convocatoria a consulta popular, para defi nir la jurisdicción territorial provincial a la cual pertenecerá el sector denominado ?Las Golondrinas? (Esmeraldas o Imbabura) y cuyo texto íntegro es el siguiente:
La Disposición Transitoria Décima Sexta de la Constitución de la República establece que en caso de conflicto de límites territoriales, de ser necesario, el señor Presidente Constitucional de la República convocará a consulta popular para resolver los conflictos de pertenencia.
Concordante con la disposición constitucional, el artículo 27 de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 934 de 16 de abril de 2013, establece que para resolver los conflictos limítrofes y de pertenencia, el Presidente de la República, previo informe del Comité Nacional de Límites Internos, podrá convocar a consulta.
¿A qué jurisdicción provincial quiere usted que pertenezca el sectordenominado ?Las Golondrinas??
Mediante comunicación de 24 de marzo de 2015, los
Gobiernos Autónomos Descentralizados de Esmeraldas e Imbabura, remiten a la Presidencia de la República el ?Acuerdo Parcial de delimitación territorial entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura?, acordando que el diferendo limítrofe en la zona de estudio ?Las Golondrinas?, sea resuelto por el Ejecutivo en aplicación a la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos.
Mediante oficio N.º SNGP-STLI-2015-0815-OF de 18 de agosto de 2015, el Secretario Técnico del Comité Nacional de Límites Internos, remite a la Presidencia de la República el Informe de Diagnóstico Técnico Jurídico y Social de Límites Territoriales sobre el conflicto existente entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura, en el sector denominado ?Las Golondrinas?, por falta de precisión en los linderos, caso señalado en el artículo 18, letra b) de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos.
Mediante oficio N.º SNGP-STLI-2015-0833-OF de 16 de septiembre de 2015, el Secretario Técnico del Comité Nacional de Límites Internos, remite a la Presidencia de la República el Informe Técnico de Consulta Popular del mencionado diferendo limítrofe recomendando que el Procedimiento Institucional de mejor pertinencia para resolver el referido diferendo limítrofe es la Consulta Popular.
El conflicto territorial entre las provincias de Esmeraldas
Emitido el dictamen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional dispondré al Consejo nacional Electoral que levante el respectivo censo electoral y proceda con la convocatoria de la consulta popular.
El presidente de la República solicita que la Corte Constitucional emita su dictamen previo y vinculante de constitucionalidad, previo a la convocatoria a consulta popular, que tendrá lugar en el sector denominado ?Las Golondrinas?, de conformidad con lo previsto en el último inciso del artículo 104 de la Constitución de la República y numeral 3 del artículo 75 literal e) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
e Imbabura, en la zona denominada ?Las Golondrinas? es de larga data, sin que hasta la presente fecha se haya podido dar una solución, en consecuencia dicho diferendo debe ser solucionado mediante la expresión
de la voluntad popular que decida sobre el destino de su propia comunidad.
Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el último inciso del artículo 104 de la Constitución de la República y la letra e) del número 3 del artículo 75 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, les solicito, que se sirvan emitir dictamen de constitucionalidad, previo a la convocatoria a consulta popular, que tendrá lugar en el sector denominado ?Las Golondrinas?, en la cual se formularía la siguiente pregunta:
A foja 50 de expediente constitucional consta la razón
sentada por la actuaria del despacho en la cual certificó que el 05 de enero de 2016 a las 10h30, se celebró la audiencia pública convocada mediante providencia dictada el 16 de diciembre de 2015. En esta diligencia intervino en calidad de legitimado activo el abogado Jose Luis Alarcón en representación de la Presidencia de la República. En calidad de legitimados pasivos el señor Línder Altafuya Loor, viceprefecto de la provincia de Esmeraldas, en representación del Gobierno Provincial de Esmeraldas, y el señor Pablo Jurado Moreno, prefecto de la provincia de Imbabura. Como terceros interesados: el señor Manuel Casanova, en calidad de alcalde del cantón Quinindé
señor Gullberi Nazareno, en calidad de presidente de la Junta Parroquial de Malimpia, el señor José Morocho, en calidad de miembro del Comité Pro-Mejoras ?Las Golondrinas? y el señor Fidel Vélez, en calidad de miembro del Comité Pro-Mejoras ?Las Golondrinas?. Finalmente, intervino el abogado Fabricio Vásquez, en representación de la procuraduría general del Estado, por medio de videoconferencia.
La Corte Constitucional es competente para emitir dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de las convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, de conformidad con lo que establece el artículo 438, numeral 2 de la Constitución de la República. De la misma forma, según dispone el último inciso del artículo 104 de la Norma Suprema, todas las consultas populares solicitadas por la presidenta o presidente de la República, por la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o por la iniciativa popular, requieren dictamen previo de la Corte Constitucional.
En concordancia, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 127 ratifica la competencia de la Corte Constitucional para la realización del control previo de constitucionalidad de todas las convocatorias de consulta popular; en efecto, la norma textualmente señala:
La Corte Constitucional realizará un control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular. El control de constitucionalidad se ejercerá en los mismos términos y condiciones que el control previsto en la sección tercera del capítulo cuarto del presente Título, y estará encaminado a garantizar la libertad de la electora o elector y la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a adoptar a través de este procedimiento.
En tanto que los artículos 102 al 105 del mismo cuerpo legal determinan el procedimiento que debe ser observado para ejercer el control constitucional, de tal forma que se garantice la libertad de la electora o elector y la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a adoptar.
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al referirse a las consultas populares, señala expresamente que su control automático por parte de la Corte Constitucional estará regido ?en los mismos términos y condiciones?, que aquel a efectuarse respecto de la convocatoria a referéndum reformatorio de la Constitución de la República.
Dichas reglas contenidas en los artículos 102 a 105 de la ley. La primera encaminada a determinar si se cumplen los requisitos procesales para la realización de la consulta, si existe la competencia para efectuar la pregunta planteada y si se ha garantizado la libertad del elector, específicamente respecto de cargas de ?lealtad? y ?claridad?. Esta dimensión protege la legitimidad democrática que se debe tener para realizar la pregunta, la que constituye un elemento sin el cual no se hace posible pasar a otro tipo de control.
Posteriormente, en este control se abarcará no solo el análisis del cuestionario, sino también los considerandos introductorios a las mismas. El control material se basa, entonces, en el asunto respecto del cual se hace la pregunta.
En el mismo sentido, el artículo 85 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional1 prescribe la atribución de este Organismo para efectuar el control automático de constitucionalidad de las convocatorias a consulta popular.
Una de las características más importantes de la Constitución de la República tiene relación a su amplio catálogo de derechos de participación, dirigidos hacia una efectiva participación ciudadana en las decisiones políticas, tanto a nivel nacional como local, a través de varios mecanismos de democracia directa. De acuerdo a la Norma Suprema, todas las ciudadanas y ciudadanos ya sea en forma individual o colectiva, tienen el derecho de participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos.
Bajo este nuevo paradigma, la consulta popular constituye uno de los más eficaces mecanismos de democracia directa. De acuerdo al contenido del artículo 104 de la Constitución de la República, la consulta popular debe ser convocada por el Consejo Nacional Electoral a pedido de la presidenta o presidente de la República, de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o en atención a la iniciativa ciudadana, de lo cual se colige que la iniciativa para consulta popular corresponde a:
La presidenta o presidente de la República, sobre los asuntos que estime convenientes;
Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes, sobre temas de interés para su jurisdicción; y,
La ciudadanía sobre cualquier asunto. Debiendo contar con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro electoral cuando la consulta sea de carácter nacional; o no menos del diez por ciento de personas del registro electoral correspondiente, cuando la consulta sea de carácter local2.
En efecto, la consulta popular constituye la mejor forma
1 Publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.° 613 de 22 de octubre de 2015.
2 Artículo 104 de la Constitución de la República, publicada en el Registro Oficial N.? 449 de 20 de octubre del 2008.
de participación en la democracia directa, dado que las ciudadanas y los ciudadanos deciden o emiten su opinión en las urnas a través del sufragio universal y secreto, más allá del proceso electivo regular de autoridades. Por lo tanto, puede considerarse a este mecanismo como la forma más desarrollada de un sistema democrático avanzado.
El artículo 103 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que la Corte Constitucional debe realizar un control formal en relación con el cumplimiento de las reglas procesales para la realización de la convocatoria, así como el de la legitimidad del convocante y acerca de la garantía plena de los electores.
Además, es importante definir si el oficio presentado por el presidente de la República3 es susceptible o no de control previo y vinculante conforme lo establece el artículo 438, numeral 2 de la Constitución de la República.
En referencia con la competencia general de la Corte Constitucional para conocer sobre la constitucionalidad de la realización de consultas populares, se considera que es necesario contextualizar el alcance de sus atribuciones. Al respecto, cabe mencionar que existen tres tipos de control constitucional reconocidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano: control posterior, control automático y control previo.
En relación al control posterior, es competencia de las cortes constitucionales realizar un examen de constitucionalidad abstracto de las normas legales que forman parte del ordenamiento jurídico de un Estado. Es un control regresivo ex post facto y se constituye en la regla general, ya que se ejerce una vez que la norma objeto de control ingresó a formar parte del ordenamiento jurídico.
La segunda forma de control constitucional es el control automático o de oficio, en virtud del cual las Cortes y Tribunales Constitucionales pueden en casos excepcionales, revisar la constitucionalidad de ciertos actos jurídicos sin impugnación de parte; es decir, este tipo de control es el realizado a tratados internacionales y declaratoria de estados de excepción, conforme al contenido de los artículos 110, numeral 1 y del 119 al 125 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Finalmente, el ordenamiento constitucional ecuatoriano prevé un último tipo de control de constitucionalidad: el control previo que a diferencia de los dos anteriores, es un examen realizado antes de la existencia jurídica de la norma.
104 menciona que se requerirá de un dictamen previo por parte de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas, así como un dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de la convocatoria a consulta popular remitida por el presidente de la República.
En este caso es evidente que el control respecto a la solicitud enviada por el Ejecutivo a la Corte Constitucional mediante oficio N.? T.7180-SGJ-15-709 del 02 de octubre de 2015, se enmarca dentro del concepto de control previo.
En consecuencia, la Corte Constitucional realizará un control formal, previo y automático del procedimiento seguido por el Ejecutivo para conocer el contenido de la propuesta presidencial de consulta popular, la legitimidad del convocante y la garantía plena de los electores.
Al Pleno de la Corte Constitucional le corresponde examinar, si el oficio del presidente constitucional de la República cumple con las disposiciones constitucionales y legales para su procedencia; ante lo cual, se plantea el siguiente problema jurídico:
La pregunta formulada por el presidente de la República para ser sometida a consulta popular, ¿cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantáis Jurisdiccionales y Control Constitucional?
El artículo 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional5 establece que la Corte Constitucional realizará un control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular y que dicho control se efectúa en los mismos términos y condiciones que el control previsto en la sección 3 del capítulo 4 del título II del mismo cuerpo normativo.
Por tanto, corresponde a esta Corte Constitucional examinar y determinar si en el presente caso se han cumplido los presupuestos y requisitos que exigen los artículos 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, referentes a: 1) El alcance del control constitucional; 2) Control constitucional de los considerandos que introducen las preguntas, y 3) Control constitucional del cuestionario.
El artículo 103 de la Ley Orgánica de Garantías
La jurisprudencia comparada ha señalado en diferentes
ocasiones que el control previo es la excepción ya que, en términos generales, lo que existe es el control del acto ya formado4. La Constitución de la República en el artículo
3 Oficio N.? T.7180-SGJ-15-709, del 02 de octubre de 2015
4 Corte Constitucional de Colombia, sentencia N.? C-180/1994.
5 Art. 1237.- Alcance.- La Corte Constitucional realizará un control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular. El control de constitucionalidad se ejercerá en los mismos términos y condiciones que el control previsto en la Sección Tercera del Capítulo Cuarto del presente Título, y estará encaminado a garantizar la libertad de la electora o elector y la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a adoptar a través de este procedimiento.
Jurisdiccionales y Control Constitucional6 determina que la Corte Constitucional efectuará un control formal de la convocatoria a referendo. En el desarrollo de este control, la Corte Constitucional verificará al menos: 1. El cumplimiento de las reglas procesales para la realización de la convocatoria, 2. La competencia en el ejercicio del poder de reforma a la Constitución, y 3. La garantía plena de la libertad del elector, y en particular, el cumplimiento de las cargas de claridad y lealtad.
Mediante oficio N.? T.7180-SGJ-15-709 del 02 de octubre de 2015, el presidente de la República solicitó que la Corte Constitucional emita su dictamen previo y vinculante de constitucionalidad, previo a la convocatoria a consulta popular, de los considerandos y del cuestionario o pregunta formulada.
Es importante señalar, además, que el oficio enviado por el ejecutivo, no es el decreto de convocatoria a consulta popular, este más bien constituye un acto jurídico cuyo objetivo es hacer conocer a la Corte Constitucional la pregunta formulada que se aplicará en la consulta popular, que tendrá lugar en el sector denominado ?Las Golondrinas?, a fin que se proceda a analizar su constitucionalidad.
La Corte Constitucional una vez que ha examinado el contenido del oficio N.° T.7180-SGJ-15-709 del 02 de octubre de 2015, evidencia que éste cumple con las disposiciones de los artículos 104 y 438 de la Constitución de la República. Por lo tanto, no ha habido incumplimiento de las reglas procesales para la presentación de la solicitud de convocatoria, motivo por el que se procede a realizar el control previo de constitucionalidad de la misma.
Sobre la competencia - legitimación del presidente de la República
La Norma Constitucional, en su artículo 104, otorga al presidente de la república la facultad de disponer al Consejo Nacional Electoral ?que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes?. Asimismo, el artículo 147, numeral 14 de la Norma Suprema señala que una de las atribuciones del presidente de la República es convocar a consulta popular en los casos y requisitos previstos en la Constitución.
Por su parte, la disposición transitoria decimosexta de la Constitución de la República (vigente desde el 28 de octubre de 2008), ordenó que ?para resolver los conflictos
de límites territoriales y de pertenencia, se remitirán los informes correspondientes a la Presidencia de la República, que en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución remitirá el proyecto de ley de fijación de límites territoriales al órgano legislativo y, de ser el caso, instará la convocatoria de consulta popular para resolver conflictos de pertenencia? (Énfasis fuera del texto).
En consecuencia, el presidente de la República se halla constitucional y legalmente legitimado para disponer la realizacióndeconsultapopularysolicitarelpronunciamiento de las ciudadanas y los ciudadanos, sobre aspectos que a su criterio, puedan ser convenientes para aquellos, siempre que las preguntas sometidas a consulta popular no vulneren derechos ni garantías constitucionales, aspecto sobre el cual ha de pronunciarse la Corte Constitucional.
En cuanto a la verificación de la garantía plena de los electores, respecto a la claridad y lealtad de los actos preparatorios, esta Corte Constitucional considera que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 103 y 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, este dictamen versará únicamente sobre la solicitud de convocatoria a consulta popular, los considerandos y del cuestionario o pregunta formulada. Por lo tanto, el control de constitucionalidad, materia de este dictamen, se referirá a los considerandos que se introducen en las preguntas sometidas a consulta popular y al respectivo cuestionario de conformidad con los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
En cuanto al control constitucional de los considerandos que se introducen en las preguntas sometidas a consulta popular, se verificará que en ellos no haya inducción de las respuestas de los electores; que exista concordancia entre el considerando que introduce la pregunta y el texto de la misma; que los considerandos contengan un lenguaje valorativamente neutro y sin carga emotiva, sencillo y comprensible para el elector; que exista relación directa de causalidad entre el texto materia de consulta y finalidad o propósito que se señala en los considerandos que introducen las preguntas, y que no se proporcione información superflua o ninguna otra cosa que no guarde relación con el texto de la pregunta a ser aprobada por el elector, conforme lo señalado en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional7.
6 Art. 103.- Alcance del control constitucional.- La Corte
Constitucional efectuará un control formal de la convocatoria a referendo.
En el desarrollo de este control, la Corte Constitucional verificará al menos:
7 Art. 104.- Control constitucional de los considerandos que introducen la pregunta.- Para controlar la constitucionalidad de los considerandos introductorios, la Corte Constitucional verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:
De la revisión de la solicitud de dictamen, presentada por el presidente de la República, esta Corte Constitucional advierte que en los considerandos que anteceden a la formulación de la pregunta, se hace referencia a los siguientes aspectos: a) Concordante con la disposición constitucional, el artículo 27 de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos, publicada en el suplemento del Registro Oficial N.? 934 del 16 de abril de 2013, establece que para resolver los conflictos limítrofes y de pertenencia, el presidente de la República, previo informe del Comité Nacional de Límites Internos, podrá convocar a consulta; b) Mediante comunicación del 24 de marzo de 2015, los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Esmeraldas e Imbabura remiten a la Presidencia de la República el ?Acuerdo Parcial de delimitación territorial entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura?, acordando que el diferendo limítrofe en la zona de estudio ?Las Golondrinas?, sea resuelto por el Ejecutivo en aplicación a la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos;
c) Mediante oficio N.? SNGP-STLI-2015-0815-OF del 18 de agosto de 2015, el secretario técnico del Comité Nacional de Límites Internos remitió a la Presidencia de la República el Informe de Diagnóstico Técnico Jurídico y Social de Límites Territoriales sobre el conflicto existente entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura, en el sector denominado ?Las Golondrinas?, por falta de precisión en los linderos, caso señalado en el artículo 18 literal b de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos; d) Mediante oficio N.? SNGP-STLI-2015-0833-OF del 16 de septiembre de 2015, el secretario técnico del Comité Nacional de Límites Internos, remite a la Presidencia de la República el informe técnico de consulta popular del mencionado diferendo limítrofe recomendando que el Procedimiento Institucional de mejor pertinencia para resolver el referido diferendo limítrofe es la consulta popular y, e) El conflicto territorial entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura, en la zona denominada ?Las Golondrinas?, es de larga data, sin que hasta la presente fecha se haya podido dar una solución, en consecuencia dicho diferendo debe ser solucionado mediante la expresión de la voluntad popular que decida sobre el destino de su propia comunidad.
De lo anotado se colige que en los considerandos señalados ut supra no existe una inducción de respuestas a la electora o elector, toda vez que los considerandos evidencian elementos descriptivos relacionados con la competencia del presidente de la República para convocar a consulta popular para resolver los conflictos limítrofes y de pertenencia; así como los informes técnicos que fueren remitidos por el secretario técnico del Comité Nacional de Límites Internos hacia la Presidencia de la República, en el que se
Relación directa de causalidad entre el texto normativo sometido a
recomienda ?que el Procedimiento Institucional de mejor pertinencia para resolver el referido diferendo limítrofe es la Consulta Popular?.
De otro lado, se advierte que los considerandos que anteceden a la pregunta a ser sometida a consulta popular evidencian absoluta neutralidad, carencia de carga emotiva y de ninguna manera advierte la intención de inducir las respuestas de los electores (pobladores del sector denominado ?Las Golondrinas?) para decidir a favor de una u otra jurisdicción provincial a la que desearían pertenecer (Esmeraldas o Imbabura).
Adicionalmente en los considerandos se hace notar que el conflicto territorial entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura, en la zona denominada ?Las Golondrinas? es de larga data, expresando como finalidad que el mismo debe ser solucionado a través de la expresión de la voluntad popular; aquello denota que los considerandos que sirven de fundamento a la solicitud de dictamen, formulada por el presidente de la República, guardan concordancia con el hecho objeto de consulta contenido en la pregunta cuya constitucionalidad se examina, esto es, el diferendo limítrofe entre las provincia de Esmeraldas e Imbabura, mismo que no ha sido solucionado por los representantes de ambos gobiernos provinciales, en los términos que prevé la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos.
De igual forma se evidencia el empleo de un lenguaje valorativamente neutro, sin carga emotiva, expresado de forma sencilla y comprensible para el elector; existe una relación de causalidad entre el texto sometido a consulta popular y el objeto que persigue la misma, permitiendo una solución al problema territorial antes descrito.
Finalmente, se observa que los considerandos introductorios no contienen información superflua dirigida al electorado. En consecuencia, los considerandos expuestos por el presidente de la República y que anteceden a la pregunta a ser sometida a consulta popular, no contradicen la Norma Constitucional.
Sobre el control constitucional del cuestionario
Finalmente, corresponde también a esta Corte Constitucional verificar la constitucionalidad del cuestionario sometido a consulta popular, misma que debe reunir los siguientes parámetros: la formulación de una sola cuestión por cada pregunta; la posibilidad de aprobar o negar varios temas individualmente en la misma consulta; que la pregunta propuesta no esté encaminada a establecer excepciones puntuales que beneficien un proyecto político específico y que las preguntas propuestas tengan efectos jurídicos y modificaciones al sistema jurídico, conforme lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional8.
aprobación del pueblo y la finalidad o propósito que se señala en
el considerando que introduce la pregunta, de modo que una vez aprobada la disposición jurídica, la finalidad perseguida se obtenga con una alta probabilidad; y,
8 Art. 105.- Control constitucional del cuestionario.- para garantizar la libertad del elector o electora, la Corte Constitucional verificará que el cuestionario some

References: artículo 17
 artículo 27
 artículo 18
 artículo 104
 artículo 75
 artículo 104
 artículo 75
 artículo 438
 artículo 104
 artículo 127
 artículo 85
 artículo 104
 Artículo 104
 artículo 103
 artículo 438
 artículo 127
 artículo 103
 artículo
3
 artículo 104
 artículo 147
 artículo 104
 artículo 27
 artículo 18
 artículo 105