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Timestamp: 2019-09-15 08:16:23+00:00

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﻿ SENTENCIA SC18476-2017/1998-00181 DE NOVIEMBRE 15 DE 2017
SENTENCIA SC18476-2017 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:COLIGAMIENTO CONTRACTUAL. PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS SE REQUIERE LA CELEBRACIÓN DE DOS O MÁS CONTRATOS, PUES DE LA COMPLETA Y OPORTUNA EJECUCIÓN DE CADA UNO Y TODOS EN CONJUNTO PUEDE CONSEGUIRSE EL PROPÓSITO PERSEGUIDO. SE TRATA DE LA UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS CONTRACTUALES QUE SE ENLAZAN PARA CONFORMAR UNA UNIDAD NEGOCIAL INESCINDIBLE, DE MODO QUE SURGEN ENTRE LAS DIVERSAS FORMAS APLICADAS UNA RELACIÓN YA SEA DE MUTUA DEPENDENCIA O DE SUBORDINACIÓN, TODO PARA FACILITAR EL INTERCAMBIO DE BIENES Y PRODUCTOS, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL CRÉDITO. SOLO EN LA MEDIDA QUE EL PRIMERO SE MATERIALICE TIENE RAZÓN DE SER EL SEGUNDO Y, CORRELATIVAMENTE, SOLO CUANDO ESTE SE CONCRETA AQUEL PUEDE ENTENDERSE CUMPLIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, GESTIÓN CONTRACTUAL, BUENA FE CONTRACTUAL, VALIDEZ DEL NEGOCIO JURÍDICO, DEBERES EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL, ELEMENTOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL, EXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO, CELEBRACIÓN DE NEGOCIO JURÍDICO, COMBINACIÓN DE NEGOCIOS, DEBER DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL., VOLUNTAD CONTRACTUAL, DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL, LIBERTAD CONTRACTUAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:553 DE ENERO DE 2018, PÁG.1
Sentencia SC18476-2017/1998-00181 de noviembre 15 de 2017
Rad.: 68001-31-03-001-1998-00181-02
(Aprobado en sesión de veintidós de febrero de dos mil diecisiete)
Procede la Corte a proferir la correspondiente sentencia sustitutiva dentro del presente proceso ordinario adelantado por el señor Daniel Villamizar Basto, quien actuó en su condición de heredero de Gilberto Villamizar Sánchez (q.e.p.d.) y en representación de la sucesión del mismo, contra el Banco Cooperativo de Colombia y la Compañía Seguros La Equidad O.C.
1. En la demanda que obra en los folios 88 a 110 del cuaderno 1, presentada para subsanar los defectos que provocaron la inadmisión de la primigeniamente allegada (auto mar. 13/98), se formularon las siguientes pretensiones:
1.1. Principales:
1.1.1. Declarar que “el contrato de [s]eguro [c]olectivo de vida deudores es conexo y requisito indispensable de los contratos de [m]utuo de cada uno de los créditos otorgados para el caso en demanda por el Banco Cooperativo de Colombia ‘Bancoop’”.
1.1.2. Declarar que el señor Gilberto Villamizar Sánchez cumplió “los contratos de mutuo, coetáneos y coexistentes con los contratos de seguro (…)”, como quiera que pagó cumplidamente las obligaciones a su cargo, derivadas de ellos.
1.1.3. Declarar que “de conformidad con el oficio G.R.F. # 3660058 de fecha 23 de [a]bril/96, expedido por el Banco Cooperativo de Colombia ‘Bancoop’ (…), los dineros fruto del pago de las primas de [los] seguros que garantizaban los créditos otorgados” al citado causante, “fueron [entregados] a Seguros La Equidad O.C.” por dicha entidad financiera.
1.1.4. Declarar que el demandado “tenía la obligación legal de comunicar al señor Gilberto Villamizar Sánchez que había sido rechazado por Seguros La Equidad O.C., para el ingreso a la póliza colectiva de vida-deudores, que el banco t[enía] contratada para garantizar los créditos otorgados a sus clientes”.
1.1.5. Declarar la “responsabilidad civil contractual del Banco Cooperativo de Colombia ‘Bancoop’ y [de] Seguros La Equidad O.C.” respecto de “los perjuicios materiales y morales causados con ocasión del no pago de los seguros de vida al señor Gilberto Villamizar Sánchez”.
1.1.6. Condenar a los entes accionados, como consecuencia de lo anterior, a pagar a la sucesión de Gilberto Villamizar Sánchez, los siguientes valores:
a) Las sumas de $ 78.714.433.33 y $ 39.695.584.03, que corresponden a los capitales cobrados por el banco en proceso ejecutivo seguido contra los herederos de Gilberto Villamizar Sánchez, junto con sus intereses moratorios comerciales.
b) La cantidad de $ 180.000 diarios, por concepto del lucro cesante dejado de percibir como consecuencia del embargo de los automotores de placas AVI 880 y XLA 575 efectuado en el referido proceso ejecutivo, junto con la corrección monetaria y los intereses moratorios causados.
c) El monto de $ 50.000.000, como mínimo, atinente a los perjuicios derivados del “tramite del proceso [e]jecutivo adelantado por el Bancoop contra los herederos [d]eterminados e [i]ndeterminados de Gilberto Villamizar Sánchez, y [del] presente proceso ordinario”, indexado y adicionado con los réditos causados durante la mora.
d) La cantidad de $ 50.000.000, como mínimo, actualizada y con intereses moratorios, resarcitoria del perjuicio consistente en el “bloqueo a la libre disposición” de los automotores atrás identificados, ocasionado por la negativa del banco a levantar las prendas con que fueron gravados.
1.2. Subsidiarias.
Como tales, se formularon idénticas súplicas a las atrás consignadas, salvo la quinta, en la que se solicitó declarar la “responsabilidad civil extracontractual” (se resalta) de los demandados, única modificación que se hizo.
2. En sustento de tales pedimentos, el actor adujo los hechos que a continuación se compendian:
2.1. El citado banco concedió al señor Gilberto Villamizar Sánchez (q.e.p.d.) los créditos 004-071-00678-1, por $ 40.000.000, y 004-007100695-0, por $ 80.000.000, desembolsados los días 10 y 23 de noviembre de 1995, respectivamente.
2.2. Para el otorgamiento de los mismos, el deudor, de un lado, cumplió “todos los requisitos médicos y/o clínicos” fijados por la entidad financiera y, de otro, satisfizo la exigencia de suscribir los correspondientes pagarés, en los que se previó la obligación a su cargo de “cancelar las primas de[l] [s]eguro de vida deudores en los términos, plazos, porcentajes y demás condiciones establecidas en la respectiva póliza colectiva”.
2.3. En el manual de procedimientos del banco de julio de 1995, se consagró que “(…) ‘[e]l crédito no se puede desembolsar hasta tanto la compañía de [s]eguros no apruebe la inclusión del usuario a la póliza de deudores”.
2.4. Para la época de los hechos, Bancoop tenía celebrado con la Compañía Seguros La Equidad O.C. el contrato de seguro de vida deudores 002245600, “para garantizar el pago de los créditos concedidos a sus clientes en caso de fallecimiento”.
2.5. Respecto del crédito 004-071-00678-1, el señor Villamizar Sánchez efectuó el pago de dos cuotas, que incluyeron el rubro “seguro de vida” por valor de $ 17.710.73 y $ 17.422.94, los días 10 de diciembre de 1995, la primera, y 10 y 15 de enero de 1996, la segunda; y en relación con el crédito 004-007100695-0 sufragó una sola cuota, los días 26 y 28 de diciembre también de 1995, igualmente comprensiva de la prima del seguro de vida, por la cantidad de $ 35.517.91.
2.6. El señor Gilberto Villamizar Sánchez falleció 15 de enero de 1996 de forma accidental, fruto de un “edema pulmonar” y de la “consecuente asfixia”.
2.7. El 12 de febrero siguiente, el aquí demandante, en su condición de heredero del nombrado causante, solicitó al banco el pago de los créditos por parte de la aseguradora, para lo cual puso de presente que a la fecha de la muerte de su progenitor, éste se encontraba al día en el pago de las cuotas de amortización de los créditos y de la prima correspondiente al seguro colectivo de vida deudores.
2.8. Bancoop, mediante oficio G.R.F. 366058 del 23 de abril de 1996, formuló la correspondiente reclamación de pago ante la Compañía Seguros La Equidad O.C., solicitud que ésta objetó el 13 de mayo siguiente, en consideración a que “el día 19 de [d]iciembre de 1995 en comunicación enviada al Banco Cooperativo de Colombia y ratificada por vía Fax[,] rechazó al [s]eñor Gilberto Villamizar Sánchez para ingresar a la póliza de vida deudores puesto que no cumplía con los requisitos de asegurabilidad exigidos por ésta aseguradora”, determinación que nunca fue comunicada a dicho interesado.
2.9. “Es un hecho y principio de [d]erecho, que toda norma posterior prevalece sobre la anterior, en consecuencia, siendo la estructura técnica de la propuesta presentada por la Compañía de Seguros La Equidad, al Banco Cooperativo de Colombia y aceptada por este, se convierte en [l]ey para las partes y por ende es de [o]bligatorio [c]umplimiento, en consecuencia el señor Gilberto Villamizar Sánchez, quedó amparado automáticamente por los seguros de vida, desde el momento mismo que el Banco Cooperativo de Colombia, le efectuó los desembolsos de los créditos citados en este libelo de demanda. El señor Gilberto Villamizar Sánchez, así lo entendió y pagó sus primas de seguro desde el momento en que le fue aceptado el desembolso, la cobertura del seguro inicia al momento del desembolso de cada crédito y está vigente hasta su cancelación total, esto igualmente se corrobora al remitirnos al manual de procedimientos - Manual de Seguros del Banco Cooperativo de Colombia ‘Bancoop’, con fecha de emisión [j]ulio de [m]il [n]ovencientos [n]oventa y [c]inco (1995)”.
2.10. Frente a las reclamaciones elevadas por el actor al banco, éste le respondió mediante misivas del 26 de septiembre de 1996 y 23 de abril de 1997, reproducidas a espacio, en las que se resaltó que el señor Gilberto Villamizar Sánchez, por su estado de salud, no fue incluido en el seguro colectivo de vida deudores y que esa determinación le fue comunicada a él telefónicamente, sin que, por lo tanto, hubiese operado en su favor la cobertura automática de la respectiva póliza.
2.11. El comportamiento de Bancoop lo hace civilmente responsable, puesto que ignoró su propia reglamentación interna; desconoció el contrato de mutuo que celebró con su cliente Villamizar Sánchez, en tanto que en él se previó la coexistencia del contrato de seguro para que se efectuara el desembolso de los créditos; cobró las primas del seguro; contrarió la confianza pública, que caracteriza el sistema financiero nacional; no informó por escrito al interesado del rechazo, por parte de la aseguradora, de la solicitud para su inclusión en el seguro de vida deudores; y no se ajustó a los postulados de la buena fe.
3. Asignada por el Tribunal Superior de Bucaramanga la competencia para conocer del asunto, al Juzgado Civil del Circuito Especializado Provisional (fls. 5 a 7, cdno. 4), éste mediante auto del 25 de agosto de 1998 admitió la demanda (fl. 116, cdno. 1), proveído que notificó personalmente tanto a la Compañía Seguros La Equidad O.C., el 11 de septiembre de 1998 (fl. 222, cdno. 1), como al Banco Cooperativo de Colombia, Bancoop, el 17 de noviembre del mismo año (fl. 243, cdno. 1).
4. Tempestivamente las dos demandadas, por separado y a través de distintos apoderados judiciales, contestaron el libelo introductorio, escritos en los que se opusieron al acogimiento de sus pretensiones y se pronunciaron de distinta manera frente a los hechos allí invocados (fls. 225 a 229 y 248 a 251, cdno. 1).
La Compañía Seguros La Equidad O.C., adicionalmente, propuso las excepciones meritorias que denominó “inexistencia del derecho a exigir la indemnización del seguro de vida deudores póliza V02245600, del cliente del Bancoop Gilberto Villamizar Sánchez, por haber sido rechazado oportunamente” e “inexistencia del derecho alegado”.
5. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga puso fin a la instancia con sentencia del 28 de junio de 2006, en la que denegó las pretensiones principales; respecto de las subsidiarias, absolvió a la Compañía Seguros La Equidad O.C., declaró la responsabilidad civil extracontractual del banco demandado, lo condenó a pagarle a la sucesión de Gilberto Villamizar Sánchez las sumas de $ 39.695.584.03 y $ 78.714.433.33, “más intereses moratorios al 63.48% anual” causados desde el 11 y 24 de enero de 1996, respectivamente, hasta cuando se verifique la cancelación total de tales obligaciones, “sin superar en ningún lapso de la liquidación el interés máximo permitido por la [l]ey”, denegó las restantes súplicas y condenó a la parte demandante a pagar las costas frente a la aseguradora y al banco en cuanto hace a los actores (fls. 416 a 436, cdno. 1).
6. Apelado que fue por las dos partes dicho fallo, el Tribunal Superior de Bucaramanga declaró la nulidad de lo actuado a partir del acto de notificación del mismo (auto ago. 28/2006; fls. 4 y 5, cdno. 6).
Renovada la actuación por el a quo y concedida nuevamente la alzada, previo el trámite pertinente de segunda instancia, esa Corporación, con proveído del 31 de julio de 2007, resolvió dicho recurso, en virtud del cual declaró “probada de oficio la excepción de mérito de pleito pendiente”; revocó los numerales 3º a 8º de la parte resolutiva de la sentencia cuestionada; en lugar de los mismos, señaló que “se deniegan tales pretensiones”; y condenó en las costas al extremo demandante (fls. 66 a 82, cdno. 7).
7. La Corte, mediante sentencia del 15 de enero de 2010, casó la arriba comentada; declaró “la nulidad de lo actuado en el proceso a partir de la providencia de 31 de julio de 2007, adoptada por el Tribunal referido en precedencia”; y dispuso la “devolución del expediente a dicha Corporación de origen para que proceda a resolver la instancia, adoptando la sentencia que corresponda, teniendo presente las pautas asentadas sobre el particular” (fls. 58 a 81, cdno. 9).
8. En acatamiento del proveído que acaba de relacionarse, el ad quem emitió la sentencia del 17 de septiembre de 2010, en la que revocó los numerales 3º, 4º, 7º y 8º del fallo de primera instancia; denegó, en reemplazo de esas determinaciones, “las pretensiones subsidiarias de la demanda”; y condenó a la parte demandada al pago de las costas (fls. 121 a 138, cdno. 7).
9. Recurrido en casación por la parte actora dicho pronunciamiento, esta Sala de la Corte, en sentencia del 5 de mayo de 2014, que milita del folio 131 al 148 precedente, optó por quebrarlo ante su incongruencia, derivada de haber dejado sin resolver las pretensiones principales del libelo introductorio, yerro denunciado en el cargo primero de la demanda sustentante del recurso extraordinario.
Además, de oficio, dispuso la práctica de algunas pruebas, que en lo pertinente ya fueron evacuadas.
10. Como el proyecto de fallo sustitutivo llevado a la Sala por la magistrada ponente, no tuvo acogida por la mayoría de sus integrantes, el expediente pasó al despacho de quien ahora funge como tal.
Las determinaciones referidas en el punto 5º del acápite que antecede, se fincaron en los razonamientos que pasan a compendiarse:
1. La satisfacción de los presupuestos procesales y la inexistencia de motivos de nulidad que pudieran provocar la invalidación de lo actuado.
2. La demostración en el proceso: de los créditos concedidos por el banco demandado al señor Gilberto Villamizar Sánchez, de su desembolso y de las garantías (prendas) constituidas para respaldarlos; del fallecimiento del nombrado deudor, el 15 de enero de 1996; del contrato de seguro de vida grupo deudores celebrado por las accionadas; del rechazo de la solicitud para incluir en dicha póliza al señor Villamizar Sánchez; de la convicción que éste tuvo de “encontrarse asegurado en su vida, por cuanto meses antes de morir alcanzó a pagar las cuotas de los créditos antes referidos, y de cada pago el banco demandado aplicó un valor al concepto ‘seguro de vida’. Adicionalmente el deudor había presentado los respectivos exámenes médicos exigidos, y nunca se le comunicó su inadmisión a la póliza”; y del cobro, en proceso ejecutivo, de los capitales mutuados y sus intereses, por parte de Bancoop a los herederos del citado causante, trámite dentro del que se embargaron y secuestraron los automotores prendados.
3. No “se acreditó, aunque allí descansaba en gran medida la defensa del banco demandado, que se hubiere comunicado a Villamizar Sánchez el rechazo de que había sido objeto por parte de la aseguradora demandada, para ser incluido en la póliza colectiva de deudores de Bancoop”.
4. Las pretensiones principales “no tienen viso de prosperidad”, toda vez que:
4.1. El único vínculo que ató a Gilberto Villamizar Sánchez con el banco accionado, estuvo representado en los contratos de mutuo que celebraron, los cuales son “unilateral[es]”, como quiera que en virtud de esa clase de convenciones, es el deudor el que se “obliga a restituir al acreedor el valor prestado, dentro del término estipulado, y a pagar los intereses generados por tratarse de un mutuo mercantil (una de las partes es comerciante)”, sin que, por lo tanto, surja, en principio, ninguna prestación a cargo del segundo, “pues no debe olvidarse que la entrega del bien prestado no es obligación” de éste, “sino que constituye el perfeccionamiento del contrato”.
4.2. “(…) no habiéndose acreditado alguna obligación especial que hubiera asumido la parte mutuante, que además hubiera sido incumplida, se deduce que en términos de responsabilidad civil contractual el Banco Cooperativo de Colombia no está llamado a responder”.
4.3. Entre Villamizar Sánchez y la aseguradora convocada al litigio, no se estableció un nexo del advertido linaje, ya que “resulta diáfano que el contrato de seguro colectivo existente entre Bancoop y La Equidad no [le] da acción para demandar por la vía contractual” a aquél, quien “no era parte en ese contrato”, amén que fue rechazada su inclusión dentro del mismo, “como ampliamente está probado en autos”.
4.4. Si “se abriera paso a la tesis del amparo automático como se expone en la demanda, bajo el entendido que el desembolso del crédito generó automáticamente amparo, lo cierto es que dicho amparo finiquitó el 19 de diciembre de 1995, cuando la aseguradora manifestó en forma expresa su consentimiento de no aceptar al deudor en la póliza de seguro, luego para la fecha de la muerte del deudor (16 de enero de 1996) ya había desaparecido el pretendido amparo automático. Por esta arista tampoco estaría llamada a responder contractualmente la aseguradora”.
5. Definido lo anterior, pasó al estudio de las suplicas subsidiarias, sobre las que estimó:
5.1. Versaron sobre la responsabilidad civil extracontractual derivada del “hecho propio donde debe probarse la culpa”, prevista en el artículo 2341 del Código Civil, que es bien diferente a la que surge de las “actividades peligrosas, donde la culpa se presume”, regida por el artículo 2356 de la misma obra.
5.2. El análisis del comportamiento reprochado al banco aquí demandado debe ser “estricto”, en atención a que él, “por la importancia de su función, es depositari[o] de la confianza pública”, inferencia que sustentó con la reproducción a espacio de un fallo de esta Corporación.
5.3. La culpa atribuida al banco, la derivó el actor de las siguientes actuaciones que él desarrolló: “haber desembolsado el crédito solicitado por Gilberto Villamizar Sánchez sin la existencia de amparo alguno de póliza de seguro, tal y como lo exigía su reglamento administrativo interno; (…) haber cobrado las primas de la póliza de seguro, creando la apariencia al deudor de que se encontraba debidamente asegurado, y el no haber comunicado al deudor el rechazo de que había sido objeto por parte de la aseguradora demandada, rechazo del cual obtuvo conocimiento por escrito de parte de la aseguradora La Equidad”.
5.4. Salta “de bulto (…) la comisión por parte del Banco Cooperativo demandado de la serie de hechos irregulares que se le imputan, no admisibles para un profesional de su categoría, que a la postre terminaron generando un daño al deudor Villamizar Sánchez, daño que es el que se pretende reparar con la demanda que dio origen al pleito”.
Al respecto, precisó, propio es comprender que resulta entendible y razonable que “quien adquiere un préstamo de gran cuantía con una entidad financiera quiera salvaguardar sus bienes, trasladando el deber de cubrir el pago de la deuda ante el evento de su muerte a una tercera persona, encargada de asumir riesgos ajenos que se le trasladan, como lo es una aseguradora”, aspiración del señor Villamizar Sánchez que, en definitiva, “se vio frustrada gracias al actuar reprochable” del banco demandado, que “no observó el (…) deber de cuidado que le correspondía, máxime tratándose de un profesional en su ramo”.
5.5. Las actuaciones “descuidadas y negligentes” del banco, consistieron en lo siguiente:
5.5.1. Desembolsar “dos créditos de cuantía significativa, a una persona perteneciente al grupo de la tercera edad, sin un seguro de vida que garantizara el pago de la obligación ante la ausencia, por muerte o incapacidad, del deudor”.
5.5.2. Aplicar “sumas de dinero al pago de la prima del supuesto contrato de seguro, creando así la imagen en el deudor de estar correctamente asegurado, cuando en realidad no existía contrato de seguro”.
5.5.3. “No comunicar al deudor, una vez conoci[ó] la novedad por parte de la aseguradora, que no había sido admitido en la póliza colectiva de seguro de vida, haciéndole perder la oportunidad o el chance de rebatir dicha decisión, ofreciendo quizá una extra-prima, o tramitando ante una aseguradora diferente el respectivo contrato de seguro”.
5.5.4. Remitir a la aseguradora, para su estudio, los exámenes médicos que se realizaron al señor Villamizar Sánchez solo hasta el 4 de diciembre de 1995, es decir, “después incluso de haber realizado los desembolsos del dinero mutuado”.
6. Esas “irregularidades” fueron la causa “del daño principal que se reclama en la demanda, que no es otro diferente que haber tenido que asumir con su propio patrimonio un riesgo que, al leal saber y entender de deudor, ya se había traslado a la aseguradora”.
7. De los prejuicios solicitados, solamente está llamado a acogerse el consistente en el pago del “valor cobrado a los herederos de Villamizar Sánchez ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito, (…), pues es el único que encuentra su causa directa en el actuar desacertado del [b]anco [d]emandado, lo cual no ocurre con los demás”.
Sobre el particular, el a quo explicó:
(…). En ningún momento puede aducirse que también pueden endilgarse a las conductas aquí examinadas perjuicios tales como los gastos procesales producto de este proceso y de la atención del proceso ejecutivo, o los supuestamente ocasionados por el ejercicio de medidas cautelares sobre bienes de la masa herencial del deudor, tales como lucro cesante por inmovilización o daños por imposibilidad de negociar los bienes cautelados, o la falta de cancelación de las prendas sobre los dos vehículos automotores, pues tales efectos son causa (sic) del actuar jurídico del [b]anco de ejercer los derechos que a su favor dimanan de los títulos valores y contratos de prenda que para el inicio de proceso ejecutivo exhibió. Nótese que en ningún momento se ha dicho que el cobro ejercido por el [b]anco no se ajusta a derecho, o sea también una conducta desafortunada del accionado, o sea abusivo. No lo es, y si eventualmente así fuera y así lo considerara el demandado (sic) lo cierto es que no fue causa para pedir dentro de la demanda que dio origen a este pleito.
Además de lo anterior, no puede perderse de vista que por tratarse de bienes de servicio público, al aplicar sobre ellos medidas cautelares el [j]uzgado de [c]onocimiento y el auxiliar de la [j]usticia —secuestre— designado deben observar las normas especiales que sobre la materia consagra el Código de Procedimiento Civil, para evitar una merma en la prestación del servicio y en la productividad como la que se ilustra en la demanda y pretende sea reparada en esta sentencia, y que es falso manifestar que el registro de una prenda (acto completamente voluntario del deudor) o de un embargo bloquee la libre disposición de los vehículos, pues contrario a lo estimado por el actor ni la prenda ni el embargo sustraen los bienes del comercio: les limita su negociabilidad, mas ellos pueden ser objeto de enajenación, bien sea con autorización del acreedor o la del [j]uez.
A más de lo anterior, y aparte del dictamen pericial logrado con base en averiguaciones y suposiciones privadas de los peritos, no acreditadas debidamente en autos, tales rubros nunca fueron debidamente demostrados a lo largo del proceso, solo mencionados y estimado su valor en la demanda.
Tanto el accionante (fl. 14, cdno. 6) como el banco demandado (fl. 11, ib.), recurrieron en apelación el fallo del a quo.
En desarrollo de esas impugnaciones, expusieron:
1. El actor.
1.1. Limitó la alzada, de un lado, al punto quinto de la parte dispositiva de la sentencia cuestionada, en cuanto allí se resolvió “denegar las demás pretensiones de la demanda”; y, de otro, al perjuicio indicado en el literal b) de la pretensión sexta subsidiaria, relativo al “lucro cesante dejado de percibir por los vehículos de placas XVI 880 y XLA 575 de propiedad de Gilberto Villamizar Sánchez, embargados en el proceso referido en el literal anterior; a partir del momento en que estos sean capturados, el cual asciende a la suma de $ 180.000 (…) diarios, por cada vehículo debidamente indexad[a] hasta la fecha del pago junto con los intereses moratorios, indemnización diaria determinada por prueba pericial”.
1.2. En apoyo de esa queja, luego de memorar las razones que esgrimió el juzgador de primer grado para negar el reconocimiento del perjuicio de que se trata, así como aquellas en las que fincó la culpa que atribuyó al banco demandado, el recurrente aseveró que “no existe explicación legal para negar la condena al lucro cesante solicitado”, cuando está plenamente acreditada la responsabilidad civil extracontractual de dicha entidad y que fue ella quien pidió las medidas cautelares que afectaron los identificados automotores.
1.3. Puso de presente que la negativa a reconocer el advertido lucro cesante, contradice el criterio jurisprudencial de que “los [b]ancos e [i]nstituciones financieras responden por las culpas y el dolo de sus empleados”, en pro de lo cual el censor citó un fallo de esta Corte.
1.4. Finalmente observó que “los peritos fueron nombrados por el mismo despacho judicial, de la lista de auxiliares de justicia reconocidos por el Consejo Superior de la Judicatura, lo cual prueba su idoneidad[,] y [é]stos dictaminaron lo que podían haber producido los vehículos (embargados y secuestrados) como lucro cesante de acuerdo [con] sus conocimientos técnicos y de acuerdo al producido general de otros vehículos de similares características y condiciones”, análisis que lo llevó a disentir de la ponderación que el juzgado del conocimiento hizo de la experticia presentada en el curso de lo actuado.
1.5. En la audiencia que se practicó con base en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, el accionante reiteró los anteriores planteamientos y enfatizó la improductividad y pérdida de los automotores cautelados en el proceso ejecutivo aludido (fls. 20 a 24, cdno. 7).
2. El banco convocado.
2.1. Estimó equivocada, de un lado, la calificación de “unilateral” que el Tribunal hizo del contrato de mutuo, pues en su concepto dicha tipología negocial es “real y por tanto surgen obligaciones para el acreedor, quien debe efectuar la entrega de lo mutuado (tradición)”; y, de otro, la consideración de que entre Villamizar Sánchez y la Compañía Seguros La Equidad O.C. no existía un nexo jurídico previo, pues si ello fuera así, aquél “no podría presentar la reclamación ni exigir (…) el cumplimiento de la obligación condicional”.
2.2. Señaló que las acciones de responsabilidad contractual y extracontractual propuestas en la demanda son confusas y, adicionalmente, que no hay claridad sobre la “condición” en la que actuó el demandante, si lo fue “como tercero perjudicado o como heredero de Villamizar Sánchez”. De entenderse que se trata de una “acción de herederos, porque la pretensión sexta subsidiaria habla de causahabientes, Daniel Villamizar Basto no ha acreditado el perjuicio en su contra ni la cuantía del mismo”.
2.3. La jurisprudencia invocada por el a quo “no es aplicable al caso”, error que obedeció a la generalización en que esa autoridad incurrió respecto de la doctrina que esgrimió.
2.4. La sentencia apelada “[c]on pasmoso cinismo[,] (…) revierte al [b]anco el beneficio otorgado a Villamizar Sánchez de haber desembolsado el crédito amparado tan solo en el cubrimiento del riesgo de vida por el amparo provisional y temporal automático”, toda vez que el nombrado deudor “jamás exigió” que la entrega del dinero prestado “estuviera condicionad[a] a la existencia de la cobertura del seguro de vida”, único supuesto en el que el fallo cuestionado sería razonable.
2.5. Esa conducta del banco no irrogó ningún daño a Villamizar Sánchez, puesto que solamente le causó perjuicio a la propia entidad, toda vez que aún “no ha podido recuperar lo mutuado”.
2.6. Partiendo de las razones en virtud de la cuales no se aceptó la inclusión del citado deudor en la póliza colectiva de vida deudores, cabe pensar que si el seguro hubiese sido otorgado, “todo indica que la reclamación que se presentara iba a ser objetada por reticencia, por negligencia en la declaración del estado del riesgo”.
2.7. La providencia acusada “es subjetivista”, en tanto que, sin prueba alguna, presume el pensamiento y el querer del deudor.
2.8. Los perjuicios reconocidos “son exagerados”, puesto que como ya se dijo, “[s]i la eventual acción de responsabilidad extracontractual es la acción de herederos (causahabientes) el perjuicio no existe, porque Villamizar Sánchez, como tampoco su sucesión y sus herederos han pagado la obligación al [b]anco y no pueden pretender que se les retorne un dinero mutuado que no han restituido. Por ello, condenar al [b]anco a pagar a la sucesión de Villamizar Sánchez los dineros que le entregó en mutuo y que no le han restituido, es un abuso grave del poder constitutivo que el juez tiene en sus sentencias, máxime cuando al capital le suma intereses, como si fuera el banco quien se estuviese beneficiando de esos dinero[s] y no Villamizar Sánchez y sus herederos, que repito, jamás lo restituyeron”.
2.9. En la audiencia de alegaciones surtida en el trámite de segunda instancia, insistió en los vacíos que presentan las acciones intentadas y en la indefinición de la calidad con la que actuó su gestor; del mismo modo, puso en duda que con el desembolso de los créditos en la forma como se hizo, se hubieren causado perjuicios al extremo demandante; aseveró que la obligación de informar al señor Villamizar Sánchez su no inclusión en el seguro colectivo de vida, recaía en la aseguradora y no en el banco; en líneas generales, sugirió la improcedencia de la responsabilidad civil extracontractual por la preexistencia de los negocios jurídicos que lo vincularon con el nombrado causante; y reiteró la inexistencia de los perjuicios reclamados (fls. 20 a 24, cdno. 7).
I. Alcance del presente fallo
1. Al respecto, es necesario recordar que, como acaba de compendiarse, en la sentencia de primera instancia, el juzgado del conocimiento, en síntesis, negó la responsabilidad civil contractual reclamada en las súplicas principales del libelo introductorio y accedió a la extracontractual planteada en las subsidiarias, pero sólo en frente del banco demandado y con relación a algunos de los factores de la indemnización solicitada.
2. También que dicho fallo fue apelado por el actor, únicamente en cuanto hace a la negativa de concederle el lucro cesante correspondiente al producido de los vehículos cautelados en el proceso ejecutivo que Bancoop adelantó contra los herederos de Gilberto Villamizar Sánchez para el cobro de los créditos sobre los que versó este asunto; y por la citada entidad, aquí demandada, en lo tocante con el acogimiento que se hizo de la responsabilidad civil extracontractual deprecada y de las condenas que en virtud de ella se le impusieron.
3. Del mismo modo, debe memorarse que el Tribunal, al desatar las alzadas, en líneas generales, se abstuvo de pronunciarse sobre la desestimación que el a quo hizo de las súplicas principales (responsabilidad contractual), en razón a que dicho proveimiento no fue objeto de reproche por parte de ninguno de los apelantes; revocó el acogimiento de las peticiones subsidiarias (responsabilidad extracontractual); y denegó las mismas.
4. La Corte, en atención al recurso extraordinario que introdujo el actor, casó la sentencia del ad quem por haberla hallado incongruente (causal segunda), como quiera que dicho juzgador dejó sin resolver las pretensiones principales del libelo introductorio.
Esa conclusión la soportó en que, ante la revocatoria de la decisión favorable de los pedimentos subsidiarios, el Tribunal estaba obligado a pronunciarse sobre los principales, sin que se lo impidiera el hecho de que la negativa que se hizo de las mismas, no fue blanco de ataque por los apelantes, pues en verdad que ninguno tenía interés para formular tal reproche, el actor, por haber triunfado en el proceso, toda vez que se accedió a la responsabilidad civil extracontractual que igualmente invocó en el libelo introductorio; y el banco, en tanto que la referida desestimación, le era por completo favorable.
Añadió que el examen de las suplicas primeramente elevadas, no comportaba la vulneración del principio de la no reformatio in pejus previsto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, puesto que con dicho estudio e, incluso, con el eventual reconocimiento de esas solicitudes, no se hacía más gravosa la situación de Bancoop, ya que éste fue declarado civilmente responsable en primera instancia y las dos clases de responsabilidad invocadas, se fundamentaron en similares hechos.
5. Traduce lo anterior, que la Corte aquí habrá de pronunciarse solamente respecto de las pretensiones principales, puesto que las subsidiarias fueron denegadas en segunda instancia, sin que esa específica determinación hubiese sido criticada por el casacionista, en los cargos que fueron admitidos a trámite (primero y cuarto).
II. Introducción. El coligamiento contractual, generalidades
1. Por lo que aquí habrá de resolverse, antes de abordar el estudio de la acción intentada se dilucidarán, en lo que resulta indispensable, las uniones de contratos, temática sin lugar a dudas novedosa y que, como se verá, orientará las decisiones que aquí van a adoptarse.
2. La realidad de los negocios enseña que hoy en día, muchos de ellos requieren para su materialización la celebración de dos o más contratos, en sentido estricto, puesto que sólo de la completa y oportuna ejecución de cada uno de ellos y de todos en conjunto, puede conseguirse el propósito perseguido, a diferencia de lo que, por regla general, ocurría antes, cuando el contrato era concebido aisladamente, de modo que su realización, entendida como un acto individual y completamente autónomo, satisfacía las necesidades de los interesados en su celebración.
Por eso, con razón se ha dicho que “[e]l individualismo contractual viene dejando paso a la contratación grupal. Y ello no resulta caprichoso, puesto que lo perseguido es ahora un resultado negocial, una operación económica global, buscada a través de un ‘programa’ que una o varias empresas proponen. (…). Se trata ahora de contratos entrelazados en un conjunto económico, persiguiendo lo que se ha dado en llamar una ‘misma prestación esencial’, un ‘todo’ contractual para un mismo y único negocio. (…). El acento aparece puesto en el ‘negocio’ y no en el ‘contrato’. (…). Y de allí la conexidad, vinculación, relación o colegiación. (…). Con las mismas ‘partes’ o con ‘partes’ que sólo coinciden a medias”(1).
3. Trátase de la utilización práctica de las diferentes tipologías contractuales, que se enlazan para conformar una unidad negocial inescindible, de modo que surgen entre las diversas formas aplicadas una relación ya sea de mutua dependencia, ora de subordinación, todo en procura de facilitar el intercambio de bienes y productos, la prestación de servicios y el crédito.
Es lo que la doctrina y la jurisprudencia han dado en designar como, entre muchas otras locuciones, unión, coligamiento o vinculación de contratos, figura que supone una pluralidad de ellos que, sin perder su fisonomía y autonomía propias, se conjugan para la efectiva realización de una operación económica, que sólo de esta manera puede obtenerse.
La compraventa con el otorgamiento de un crédito para atender parte del valor de la cosa transferida, por ejemplo, implica la realización de dos contratos íntimamente ligados entre sí: el de enajenación, propiamente dicho; y, aparejadamente, el del mutuo de dinero. Solamente en la medida que el primero se materialice, tiene razón de ser el segundo; y, correlativamente, sólo cuando éste se concreta, aquél puede entenderse cumplido. De suyo que si el inicial falla, el otro carece de causa; y que si el que tiene tropiezos es el último, la obligación de pagar el precio por parte del comprador, habrá de tenerse por insatisfecha.
4. El fenómeno que se comenta, no debe confundirse con los contratos complejos o mixtos, en los que se está en presencia de un único negocio jurídico, por lo general atípico, que integra diversas situaciones de variado temperamento, en procura de la consecución de su fin. Como se nota, en este supuesto hay un sólo contrato que refleja en su interior la previsión de diferentes figuras autónomas, que se suman, para permitir la concreción de su objeto.
Es del caso enfatizar, entonces, que el coligamiento de contratos se da cuando hay lugar a la celebración de dos o más convenciones, cada una sometida a las normas que la regulan y dirigida al fin que la caracteriza, pero que sirven a un propósito que las supera y arropa, cuyo logro sólo es posible en virtud de su armónica conjunción.
“Cuando existen varios contratos —señala un autorizado autor argentino— el fenómeno es distinto de la atipicidad, apreciada ésta en sentido estricto. En el contrato atípico existe una deformación del tipo en virtud de cláusulas que las partes incorporan a un contrato. En el supuesto de varios contratos, ellos mantienen su tipicidad y autonomía, pero existe una finalidad ‘supracontractual’, un negocio que se quiere hacer y para el cual se utilizan varios tipos contractuales”(2) (resaltado fuera del texto).
En otros términos: “Son hechos conocidos la aparición y el incremento constante de los contratos atípicos en el tráfico jurídico de los países industrializados. Su razón de ser está, principalmente, en el nacimiento de nuevas necesidades económicas, que exigen la búsqueda de formas contractuales distintas a las reguladas en las leyes. Sin embargo, no es éste el único efecto, en el ámbito del nacimiento de nuevos esquemas negociales, que el desarrollo socio-económico y la proclamación del principio de la autonomía de la voluntad han tenido en la práctica contractual. (…). Y es que, por un lado, se asiste al florecimiento de nuevos contratos que carecen de regulación propia, y son frecuentes los supuestos de utilización de los tipos contractuales para fines que se apartan de aquéllos que motivaron su plasmación legal (negocios indirectos). Pero, por otro lado, también se advierte en la práctica la existencia y la proliferación constante de contratos conexos. En efecto, a menudo los particulares concluyen simultánea o sucesivamente diversos contratos que presentan un vínculo de dependencia, vínculo que les resta autonomía y lleva a diferenciarlos del contrato considerado como figura cerrada, completa y aislada. No estamos aquí ante la formación de convenios ex novo o que resultan de la fusión de las prestaciones de diversos tipos; la especificidad del supuesto reside en la celebración de varios contratos —típicos o atípicos— formalmente independientes pero que, desde un punto de vista funcional, se relacionan entre sí en sentido unilateral o recíproco”(3) (resaltado fuera del texto).
5. La Corte, con notoria anticipación al desarrollo generalizado del fenómeno, respecto de él, en antaño, señaló:
Bajo nuestro régimen jurídico, la ley reglamenta ciertos tipos de contratos, lo cual no impide al tráfico moverse dentro de especies de convenciones distintas que satisfagan necesidades presentes no previstas por el legislador, debido a que él, que obtiene sus materiales del pasado, se halla a menudo en retardo respecto de los hechos económicos.
Las relaciones convencionales que no encajan dentro de ninguno de los tipos reglamentados de contrato, se aprecian por analogía del tipo contractual afín al punto de vista jurídico pertinente, o por los principios generales del derecho de las obligaciones y contratos, y, a título complementario, por el arbitrio judicial. Bien entendido que éstos criterios no han de violentar la voluntad libremente configurada de las partes dentro de los amplios límites a ella trazados por el legislador.
Procede observar que no pueden aplicarse en absoluto y sin excepción las reglas establecidas para un tipo determinado de contrato, cuando el que se celebró, no obstante corresponder en lo general a ese tipo, exija un trato divergente, debido a su fin especial, articulado en la convención misma.
Se reitera jurisprudencia, según la cual (con prescindencia de los contratos sui géneris o atípicos, esto es, aquellas convenciones cuyo contenido es tan particular que no puedan asimilarse a ninguno de los contratos tipos), la combinación de diferentes tipos de contrato o de prestaciones correspondientes a diversos contratos tipos, se presenta en estas formas: 1ª Uniones de contratos; 2ª Contratos mixtos y 3ª Contratos típicos con prestaciones de otra especie.
Las uniones de contratos se subdividen a su turno en tres especies: a) Unión simplemente externa. Los distintos contratos tipos, independientes unos de otros, aparecen unidos externamente sin que haya subordinación de los unos respecto de los otros. Por ejemplo, en una misma escritura pública concluyen las dos partes un contrato de compraventa de una cosa y de arrendamiento de otra. Esta unión no incide sobre la apreciación de las respectivas convenciones, cada una de las cuales sigue las pautas legales que le son propias. b) Unión con dependencia unilateral o bilateral. Los distintos contratos tipos que aparecen unidos exteriormente son queridos como un todo. Se establece entre ellos, por las partes, una recíproca dependencia en el sentido de que el uno o los unos dependan del otro o de los otros, pero no al contrario. Tal intención de los contratantes debe aparecer expresa o tácita. En este último caso, ella puede resultar de las relaciones económicas que medien entre las diferentes prestaciones. Por ejemplo, vendes una maquinaria para beneficiar café y al mismo tiempo, mediante una suma, te obligas a su montaje. Salvo para los efectos de la validez y de la revocación, en los cuales la de uno implica también la del otro, se juzgan por las normas del tipo a que se ajustan. c) Unión alternativa. Una condición enlaza los distintos contratos en forma que si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo, se entienda concluido uno u otro contrato. Por ejemplo, compras un cafetal si para la cosecha que se beneficiará dentro de un mes el precio del grano se sostiene, y en caso contrario, lo tomas en arrendamiento por un año. En este supuesto, existe solamente aquel de los contratos que, desenvuelta la condición, las partes desearon y, por lo tanto, decide el derecho propio del contrato que ello determinó.
Los contratos mixtos se subdividen igualmente en tres especies: a) Los gemelos o combinados. En esta hipótesis, una de las partes se obliga a una contraprestación unitaria a cambio de varias obligaciones principales que corresponde a distintos tipos de contratos contraídos por la otra parte. Aquí no se da el fenómeno de los contratos unidos entre sí. Sólo se trata de dos o más tipos de contratos mezclados. (…). b) Contratos mixtos en sentido estricto en donde se da un elemento que corresponde a un contrato de otro tipo. (…). c) Los contratos de doble tipo en los cuales su contenido se amolda a dos tipos de contratos distintos, de modo que todo el negocio se presenta como una convención que puede ser ya de la una o de la otra especie. (…).
En cuanto a los contratos específicos con prestaciones subordinadas de otra especie, se caracterizan en que en su conjunto se amoldan únicamente a un solo tipo. Por ejemplo, te vendo un artículo empacado, siendo entendido que los empaques debes devolvérmelos. Esta prestación de otra especie, subordinada al fin principal de la convención, puede revelarse bien en un sentido secundario a esa finalidad total del contrato, o bien como medio encaminado a facilitar o posibilitar la realización de la prestación principal. En ambos supuestos, se aplican los textos legales que rigen el contrato tipo. Excepcionalmente puede tratarse la prestación secundaria por analogía del contrato al cual pertenece (resaltado fuera del texto)(4).
En época mucho más reciente, la Sala tuvo oportunidad de explicar que:
En esos términos, en materia de concordatos, sucede con frecuencia que en ejercicio de la llamada autonomía negocial y tras de expresar su voluntad en un único documento, las partes le dan vida a diversos contratos que, aun conservando su identidad típica y por ende quedando sometidos a la regulación que les es propia, quedan sin embargo coligados entre sí, funcionalmente y con relación de recíproca dependencia, hasta el punto de que las vicisitudes de uno, en mayor o menor grado, pueden repercutir en los otros, casos en los cuales es deber de los jueces establecer con cuidado y con base en las pruebas recaudadas si, además de las finalidades de cada uno de los contratos celebrados, existe o no un objetivo conjunto y general querido por las partes.
Así, en los contratos coligados, según enseña la doctrina, no hay un único contrato atípico con causa mixta ‘… sino una pluralidad combinada de contratos, cada uno de los cuales responde a una causa autónoma, aun cuando en conjunto tiendan a la realización de una operación económica unitaria y compleja, luego el criterio de distinción no es aquél, formal, de la unidad o de la pluralidad de los documentos contractuales, ya que un contrato puede resultar de varios textos y, por contra, un único texto puede reunir varios contratos. El criterio es sustancial y resulta de la unidad o pluralidad de causas…’ (Francesco Galgano. El negocio jurídico, cap. IV, sec. 2ª, num. 26); en otras palabras, habrá conexión contractual cuando celebrados varios convenios deba entenderse que desde el punto de vista jurídico no pueden ser tratados como absolutamente independientes, bien porque su naturaleza y estructura así lo exija, o bien porque entonces quedaría sin sentido la disposición de intereses configurada por las partes y articulada mediante la combinación instrumental en cuestión(5) (resaltado fuera del texto).
Y en tiempo relativamente próximo, la Corte, con mayor amplitud, volvió a ocuparse del tema, en los términos que a espacio pasan a reproducirse, por su importancia:
(…) Ahora bien, en lo que concierne al cargo auscultado, patente resulta entonces que, dentro del elenco de novedades que la actividad comercial ha suscitado en las últimas décadas, ha de fijarse la atención en aquella que refiere a la conexidad contractual, fenómeno sobre el cual, huelga acotarse desde ya, la doctrina y la jurisprudencia no es unánime en cuanto a su definición o a sus características y, menos aún, a sus efectos y alcances. Es pues una materia controversial, más allá de que una sea la postura dominante en la dogmática jurídica.
Sobre este tema, ab initio, cabe advertir que las normas positivas, tanto civiles como comerciales, en el concierto nacional (Códigos Civil y Comercial), no se ocupan, stricto sensu, de regular específica y sustantivamente esa clase de operaciones negociales, como quiera que, por regla, la legislación patria y buena parte de la internacional, aún mantiene la concepción individual del contrato, concibiéndolo como una serie de prototipos aislados, como tangencialmente se señaló.
Desde un ángulo funcional, amén que realista, el fenómeno materia de análisis, revela que, en procura de la realización de una operación económica, los interesados celebran diversos contratos, de manera que solo el conjunto de ellos y, más concretamente, su cabal ejecución, los conduce a la consecución del objetivo que persiguen. Por ello acuden a la pluralidad negocial, como quiera que dicho objetivo, en sí mismo, no siempre pueden obtenerlo a través de la realización de un solo tipo negocial. De ahí que, lato sensu, se aluda a la expresión ‘operación económica’, sin duda de carácter más omnicomprensiva, a la vez que desprovista de alcances puramente jurídicos, ya que es una locución ante todo descriptiva.
Solo a título de elocuente ejemplo, puede mencionarse la compraventa aunada a un mutuo, que sirve a la financiación del precio; o las adquisiciones de bienes o servicios con tarjetas de crédito, entre otros supuestos, incluido el contrato que detiene la atención de la Corte en esta providencia —‘lease back’, retroarriendo o leasing de retorno, aclara la Sala—. En cada uno de esos casos, emerge que la obtención del resultado final, depende de la adecuada concreción de los diversos negocios celebrados, pues sin la compraventa o la prestación de servicios, no habría razón para el crédito y sin éste, a su turno, no podría verificarse uno u otro de aquellos. Por lo tanto, solamente la realización de la enajenación o del servicio contratado y el perfeccionamiento de la financiación, traduciría para los intervinientes, independientemente de su número, el logro de su objetivo deseado, específicamente del fin práctico que los condujo a celebrar los aducidos negocios jurídicos.
(…) Sin pretender elaborar un concepto terminado del fenómeno de que se trata, sino con ánimo, más bien, de destacar los elementos que lo estereotipan, cabe decir que él opera, así parezca obvio señalarlo, en el supuesto inexorable de una pluralidad de contratos autónomos (dos o más), entre los cuales existe un ligamen de dependencia que, jurídicamente, trasciende o puede transcender en su formación, ejecución o validez, o como bien lo puntualiza el doctrinante Renato Scognamiglio, ‘dos elementos se tornan necesarios para que pueda hablarse de negocios coligados: una pluralidad de negocios y la conexión entre ellos mismos’(6). Cuando el vínculo de dependencia apunta en un solo sentido, de un contrato a los demás, se habla de una subordinación o vinculación unilateral y cuando es bifronte, es decir, va y viene por igual entre los distintos contratos, el lazo es mutuo o recíproco, de interdependencia.
De suyo pues, que sólo ante la presencia de dos o más contratos, que en sí mismos considerados tienen su propio autogobierno y autonomía, ello es medular, puede darse el referido fenómeno, lo que excluye todos aquellos casos en que existe un sólo o único contrato, ya se trate de uno complejo, mixto o atípico —entre otras tipologías—, bien porque toma elementos de diferentes tipos contractuales preestablecidos legalmente o porque no corresponde a una de las formas contractuales previstas en las normas positivas, pero que, en definitiva, comporta la existencia de un único negocio jurídico (unicum negocial)(7) (negrillas fuera del texto).
6. Esa nueva forma de hacer los negocios, exige del derecho definir tanto el criterio para determinar los casos de coligamiento contractual, como los efectos jurídicos que de dicho instituto se desprenden, especialmente, en lo que tiene que ver con la incidencia que uno o unos de los contratos celebrados ejerce o ejercen sobre el otro o los otros, fundamentalmente, respecto de su validez, de su cumplimiento o incumplimiento y de las acciones que pueden adelantarse.
7. De todos esos efectos, habida cuenta que, como ya se determinó, el análisis que se impone efectuar a la Corte en el presente fallo sustitutivo se circunscribe a la responsabilidad civil contractual endilgada al banco por incumplimiento de sus deberes de conducta, interesa aquí explorar únicamente los concernientes con el factor identificador del coligamiento, con la determinación de las obligaciones que de los contratos conjuntados se deprenden para los intervinientes y con la naturaleza de la acción mediante la que se reclame por la desatención de las mismas, a lo que se sigue:
7.1. Sobre lo primero, basta aquí reiterar la postura que la Sala asumió en la última de las sentencias citadas, donde precisó:
En este orden de ideas, necesario es, por tanto, separar los supuestos de hecho en que el acuerdo de los interesados determina el surgimiento de un sólo negocio jurídico o de varios, conectados o articulados entre sí. Para el efecto, y sin desconocer que han sido diversas las tesis que apuntan a establecer cuál ha de ser el elemento que permita hacer tal diferenciación, es del caso coincidir con el criterio mayoritario, que señala que ‘la doctrina ha propuesto varias soluciones con razón agrupadas en tres categorías, según que se funden en el elemento subjetivo (voluntad de las partes), o sobre éste integrado con un elemento objetivo (conexión económica de las prestaciones), o sobre un elemento objetivo. Descartadas las dos primeras categorías se debe, en nuestra opinión, entre las tesis reagrupadas en la tercera, decidirse por la que recurre a la causa, más bien que por la que establece el criterio decisivo de la relación entre las diversas prestaciones. La preferencia se encuentra, en nuestra opinión, en la mayor seguridad que existe al basarse en un elemento objetivo como es, al menos para nosotros, la causa, y además en la mayor amplitud del concepto de causa, respecto al de relación entre prestaciones, el cual, por definición, se limita a los negocios patrimoniales, mientras que el problema puede ir más allá de éstos. Así que, aplicando el concepto de causa, el supuesto de hecho hay que considerarlo como constituyendo un único negocio si la causa es única (aunque conste de la conmixtión o fusión de varias causas) y, por el contrario, constituyendo varios negocios si se presentan varias causas autónomas y distintas”(8) (se resalta).
Ahora bien, la causa de cada uno de los contratos coligados o conexos en particular, no puede confundirse con la del negocio, en definitiva, perseguido por los interesados, analizado como una operación jurídica, en sentido amplio. Esta última, de un lado, se ubica por fuera los contratos mismos que, como eslabones, integran la cadena que sirve a ese propósito final y, de otro, opera como el faro que, a la distancia, guía la ejecución de todos los actos necesarios para la obtención de la meta, de suerte tal que la finalidad o propósito general podrá ser otro al de los acuerdos o tipos negociales, en concreto, vale decir a los que se agrupan, articulan o se comunican, sin perder por ello su autonomía tipológica o sustantiva. Entender lo contrario, impondría colegir que en todos los supuestos en que la conexidad contractual campea, se estaría siempre en presencia de una única causa —la realización de la operación económica— y, por lo mismo, de un sólo negocio jurídico, independientemente de la forma que tuviere, lo que significaría, per se, negar la ocurrencia del fenómeno contractual en cuestión.
Por eso bien se ha dicho que ‘Es necesario observar que el coligamento funcional comporta la unidad del interés globalmente perseguido, lo cual no excluye que tal interés sea realizado a través de contratos diversos, que se caracterizan por un interés inmediato, autónomamente identificable, que es instrumental o parcial respecto al interés unitario perseguido mediante el conjunto de contratos. En los contratos coligados debe por tanto identificarse la causa parcial de cada uno de los contratos y la comprensiva de la operación’(9).
Por consiguiente, y sin desconocer la existencia de un motivo supracontractual, esto es, un móvil que, en general, sirve de apoyo a la celebración de la operación económica, in complexu, el examen de la causa que permita establecer la pluralidad de contratos, deberá efectuarse en el interior de ellos. Se trata de comprobar si todos responden a una sola causa o a distintas, que los ligan entre sí. En la primera hipótesis, únicamente podrá reconocerse la existencia de un sólo negocio jurídico, no habiendo lugar a hablar de conexidad contractual; en la segunda, la conclusión será distinta: existen diversos contratos autónomos, pero con un vínculo relevante de dependencia, ora recíproca —interdependencia, unos con otros—, ora unilateral —unos de otros—.
Obsérvese, con carácter meramente ilustrativo, que en los ejemplos antes dados, cada uno de los contratos conexos tiene su propia causa —en sentido estricto—: la compraventa, transmitir el dominio del bien materia de la enajenación del vendedor al comprador; el mutuo o el crédito, facilitar al mutuario o tarjetabiente unos recursos económicos, así desde luego, claro está, estén todos permeados por un designio general: obtener un determinado bien o servicio que, a la postre, en muchos casos, se traducirá en el norte de la negociación, en la ratio de la referida operación, examinada desde una perspectiva más económica que jurídica, stricto sensu.
Adicionalmente habría que notar, y he aquí otro factor de interrelación, sin que por ello se desvirtúe la autonomía de causas mencionada, que en el supuesto comentado, la obtención de tales recursos económicos apunta a sufragar, en todo o en parte, el precio de la compraventa, de donde la razón que subyace a la celebración del mutuo o a la consecución de la financiación, es la enajenación misma (resaltado fuera del texto)(10).
La definición de una coligación depende, entonces, de la existencia de una causa supracontractual relativa a la operación negocial que, en definitiva, persiguen los interesados, claramente indicativa de que los contratos agrupados están llamados a actuar como un todo, y no aisladamente; y del mantenimiento de las causas propias de los convenios añadidos, independientemente considerados, de forma que en relación con cada uno de ellos, pueda seguir visualizándose su existencia jurídica autónoma.
En relación con dicho criterio objetivo, la doctrina foránea ha apuntado que “[m]uchos autores han tratado el tema de los contratos coligados señalando que hay ‘una pluralidad coordinada de contratos, cada uno de los cuales responde a una causa autónoma, aun cuando en conjunto tiendan a la realización de una operación económica unitaria y compleja’. Hay un negocio único que se desmembra en distintos contratos, como ocurre en la venta de equipos de computación: hay un contrato sobre el hardware, otro sobre el software, otro de asistencia. De este modo se prescinde de un enfoque voluntarista que encuentra el nexo en la voluntad de los contratantes para pasar a un abordaje objetivo basado en la noción de causa; la conexión objetiva es dada por el negocio al que sirven los contratos”(11).
7.2. En lo que atañe con las obligaciones que surgen de la conjugación de contratos, cabe señalar que, en línea de principio, deben diferenciarse, por una parte, las de cada tipo negocial utilizado y, de otra, las propias del conjunto, entendido como sistema.
Es que en el supuesto que se analiza, al lado de la pervivencia de cada convención y, por ende, de sus obligaciones particulares, aflora una realidad jurídica nueva y distinta de sus partes, que es el conjunto contractual, en sí mismo considerado, del que surgen deberes de conducta para todos los intervinientes, que responden al imperativo de que ese novo objeto se constituya debidamente, se mantenga y cumpla sus fines.
“En las relaciones internas —explica la doctrina—, las redes presentan un nexo que está vinculado a la colaboración entre las partes que la integran. El elemento unificador es la conexidad que debemos diferenciar claramente de la integración total o parcial, de naturaleza societaria. La referida conexidad es un componente que fundamenta la existencia de elementos propios de la red como la causa sistemática, la finalidad supracontractual y la reciprocidad sistemática de las obligaciones. Asimismo, da origen a obligaciones sistemáticas, de modo que las partes tienen entre sí obligaciones principales, accesorias y deberes secundarios de conducta y, además, deberes referidos al sistema que integran”(12) (resaltado fuera del texto).
En los casos de uniones de contratos, las obligaciones de los intervinientes, por lo tanto, no se reducen a las prestaciones propias de cada uno de los coligados; su actuación debe ir más allá, en tanto que, como ya se reseñó, la obtención del fin último, no depende del cumplimiento de las mismas, consideradas separadamente. El laborío de los interesados debe dirigirse también a lograr el engranaje de todas las convenciones aunadas, esto es, a la conformación y funcionamiento de un sistema, en el que ellas actúen como un todo.
El coligamiento no es la simple suma de unos elementos aislados. Es su relacionamiento, para hacerlos actuar conjunta y armónicamente.
Así las cosas, propio es ver que en los casos de conexidad contractual, las personas vinculadas a la cadena, están obligadas, en primer lugar, a celebrar de forma coordinada la totalidad de los contratos que se requieren para la debida configuración de la red, lo que deben hacer con plena sujeción al proyecto de negocio pretendido; y, en segundo término, a mantener el adecuado funcionamiento del sistema así constituido, por todo el tiempo que corresponda.
Se trata de obligaciones que no son propias de ninguno de los contratos coligados, pero de cuya satisfacción depende tanto el surgimiento como la existencia del entramado contractual y, por sobre todo, la consecución del fin último querido por los interesados.
Para el reconocimiento de tales deberes, basta hacer actuar el principio consagrado en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, conforme a los cuales, según el primero, “[l]os contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”; y, según el segundo, “[l]os contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural” (resaltado fuera de los textos).
Sobre la aplicación y desarrollo de tal principio, la Corporación, en tiempo cercano, sostuvo:
En cuanto a esa regla de oro como es la buena fe, no solo se erige en pilar de toda negociación sino que, además, de su percepción dimanan otros derechos o deberes, precisamente, por descollar como un referente inamovible de un debido comportamiento contractual. La buena fe contribuye a que en la proyección, celebración, desarrollo y terminación de uno cualquiera de los negocios que los interesados puedan llegar a celebrar, concurran valores que lleven a uno u otro a comportarse a tono con lo previsto y ajustado.
La Corte Suprema, en multitud de eventos, ha expuesto lo que sigue:
En efecto, principio vertebral de la convivencia social, como de cualquier sistema jurídico, en general, lo constituye la buena fe, con sujeción a la cual deben actuar las personas —sin distingo alguno— en el ámbito de las relaciones jurídicas e interpersonales en las que participan, bien a través del cumplimiento de deberes de índole positiva que se traducen en una determinada actuación, bien mediante la observancia de una conducta de carácter negativo (típica abstención), entre otras formas de manifestación.
Este adamantino axioma, insuflado al ordenamiento jurídico —constitucional y legal— y, en concreto, engastado en un apreciable número de instituciones, grosso modo, presupone que se actúe con honradez, probidad, honorabilidad, transparencia, diligencia, responsabilidad y sin dobleces. Identifícase entonces, en sentido muy lato, la bona fides con la confianza, la legítima creencia, la honestidad, la lealtad, la corrección y, especialmente, en las esferas prenegocial y negocial, con el vocablo ‘fe’, puesto que ‘fidelidad, quiere decir que una de las partes se entrega confiadamente a la conducta leal de la otra en el cumplimiento de sus obligaciones, fiando que esta no lo engañará’(13).
La buena fe, someramente esbozada en lo que a su alcance concierne, se torna bifronte, en atención a que se desdobla, preponderantemente para efectos metodológicos, en la apellidada ‘buena fe subjetiva’ (creencia o confianza), al igual que en la ‘objetiva’ (probidad, corrección o lealtad), sin que por ello se lesione su concepción unitaria que, con un carácter más panorámico, luce unívoca de cara al ordenamiento jurídico. Al fin y al cabo, se anticipó, es un principio general —e informador— del derecho, amén que un estándar o patrón jurídicos, sobre todo en el campo de la hermenéutica negocial y de la responsabilidad civil.
La subjetiva, in genere, propende por el respeto —o tutela— de una determinada apariencia que ha sido forjada con antelación, o por una creencia o confianza específicas que se han originado en un sujeto, en el sentido de estar actuando con arreglo a derecho, sin perjuicio de que se funden, en realidad, en un equívoco, todas con evidentes repercusiones legales, no obstante su claro y característico tinte subjetivo (‘actitud de conciencia’ o ‘estado psicológico’), connatural a la situación en que se encuentra en el marco de una relación jurídica, por vía de ejemplo la posesoria. La objetiva, en cambio, trascendiendo el referido estado psicológico, se traduce en una regla —o norma— orientadora del comportamiento (directiva o modelo tipo conductual) que atañe al dictado de precisos deberes de conducta que, por excelencia, se proyectan en la esfera pre-negocial y negocial, en procura de la satisfacción y salvaguarda de intereses ajenos (deberes de información; de claridad o precisión; de guarda material de la cosa; de reserva o secreto, etc.).
Y al mismo tiempo es bipolar, en razón de que ambas partes deben observarla, sin que sea predicable, a modo de unicum, respecto de una sola de ellas (…) —hace notar la Sala— (CSJ SC, ago. 2/2001, exp. 6146, revalidado el tema, entre otras, en decisiones de 19 de diciembre de 2006, exp. 10363 y 29 de junio de 2007, exp. 1998 04690 01).
(…) Pero no solamente esa directriz juega papel preponderante en esta clase de convenios (cuenta corriente); concurren, así mismo, provenientes del principio señalado en precedencia, lo que la doctrina y la jurisprudencia han dado en llamar ‘deberes secundarios de conducta’, es decir, algunas circunstancias provenientes de la naturaleza misma del negocio, amén del fin perseguido por los estipulantes. Entre ellos pueden citarse el de seguridad o protección, el de cooperación y, de no hacer más onerosa o complicada la satisfacción de los resultados pretendidos. Todo ello, sin duda, estará determinado por las condiciones que rodeen cada pacto, así como la injerencia del mismo en la dinámica social, económica, jurídica, cultural, etc., de la comunidad(14) (resaltado fuera del texto).
Sin duda, si el querer de los contratantes es la obtención de un negocio cuya realización exige la celebración de una pluralidad de acuerdos de voluntad funcionalmente vinculados entre sí, se impone a ellos, en aplicación del comentado principio de la buena fe, adecuar su comportamiento a los señalados deberes relacionados con la idónea conformación y el adecuado funcionamiento del sistema, en tanto que, en el caso de los circuitos contractuales, su cumplimiento está directamente relacionado con el logro efectivo de la operación económica proyectada desde el inicio por los interesados.
En el ejemplo atrás utilizado por la Corte, no bastará a los extremos de la compraventa, realizar la tradición de la cosa; y a los del mutuo, como gestión completamente independiente, concretar el préstamo del dinero. No. El deber de los intervinientes será el de ejecutar esos contratos integrándolos en la forma como se concibió el negocio, o en la que mejor corresponda para que sirvan a la consecución del mismo, guiados por la mutua dependencia que los contratantes establecieron entre ellos, de modo que la enajenación sea, en verdad, la razón del crédito y que éste, a la vez, sea el instrumento para el pago del precio.
En suma, el coligamiento de contratos impone a quienes integren la cadena por ellos conformada, el deber de atender las obligaciones propias de las convenciones conjuntadas y, adicionalmente, las que se derivan de la integración misma, entendida como sistema, particularmente, las relacionadas con su adecuada conformación y su apropiado funcionamiento.
7.3. Siguiendo el hilo de la cuestión como se trae, fácil es notar que cuando el incumplimiento atribuido a uno de los intervinientes en la red, versa sobre los compromisos concernientes con el sistema, ese comportamiento no es ajeno al desarrollo contractual, sino propio de él.
Es que puestas las convenciones celebradas en el contexto que les corresponde, esto es, en el de su unión o estrecha ligazón funcional, surge patente la idea de que el cumplimiento que se espera de los intervinientes y que, por lo mismo, les es exigible, concierne tanto con la satisfacción de las obligaciones derivadas de cada una de ellas, como del conjunto (sistema).
De allí que la insatisfacción de unas y otras califique como contractual, pues así como los contratos se integran para actuar como un todo, sin que luego pueda escindírseles, algo parecido pasa con las obligaciones, de modo que no sea factible separarlas para pensar que su desatención da lugar, en ciertos casos, a responsabilidad contractual y, en los restantes, a responsabilidad extracontractual.
De lo anterior se sigue que, por lo mismo, la acción mediante la cual se reproche al incumplido su conducta, cualquiera sea el deber que haya desconocido, ostenta el mismo linaje contractual.
III. La acción (pretensiones principales). Elementos estructurales. Análisis
1. Sentadas las bases generales atrás consignadas, pasa la Sala al estudio de las indicadas suplicas del libelo introductorio.
2. Como es conocido, la responsabilidad civil contractual está edificada sobre los siguientes pilares axiológicos: a) la preexistencia de un vínculo jurídico entre las partes; b) su incumplimiento relevante por quien es demandado; c) la generación de un perjuicio significativo para el actor; y d) la conexión causal entre la referida insatisfacción de los deberes convencionales y el correspondiente daño irrogado.
3. Síguese, pues, al análisis de estos elementos, en el caso sub lite.
3.1. Nexo contractual previo.
3.1.1. En el proceso se probaron los hechos que pasan a relacionarse:
a) Entre el señor Gilberto Villamizar Sánchez (q.e.p.d.) y el Banco Cooperativo de Colombia, se celebraron dos contratos de mutuo, uno por el capital de $ 40.000.000 y el otro por $ 80.000.000, los días 10 y 23 de noviembre de 1995, respectivamente, como se desprende de la confesión que por apoderado judicial operó en contra de la citada entidad, en la medida que ella, al contestar la demanda, admitió como ciertos sus hechos primero y trece, en los que se afirmó la existencia de dichos créditos.
Como pruebas de refuerzo de lo anterior, militan en autos las copias auténticas de los pagarés en los que se hicieron constar esos préstamos, tomadas de los originales que obran en el proceso ejecutivo que el Banco Cooperativo de Colombia adelanta contra los herederos determinados e indeterminados y la cónyuge supérstite del causante Villamizar Sánchez, en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, las cuales fueron remitidas por éste en atención a la solicitud que le hiciera el funcionario cognoscente del presente asunto, en cumplimiento del decreto de pruebas.
b) Para las fechas atrás indicadas, como de consuno lo admitieron las partes a lo largo del proceso, el banco accionado tenía celebrado con la otra demandada, Compañía Seguros La Equidad O.C., el seguro de vida colectivo de deudores recogido en la póliza V02245600, cuya vigencia se prorrogó entre el 2 de febrero de 1996 y el mismo día del año siguiente con el anexo obrante en el folio 27 del cuaderno principal, en el que, adicionalmente, se especificó la siguiente cobertura:
Máximo valor asegurado individual $ 210.000.000
tasa mensual: 0.410%
Amparo automático $ 35.000.000
Las demás condiciones de la póliza continúan en vigor.
c) Conforme el “manual de seguros” que imperaba en el banco demandado para la referida época, elemento de juicio recaudado en el curso de la inspección judicial practicada en las dependencias de la entidad el 11 de octubre de 1999 (fls. 8 a 14, cdno. 2), el desembolso de los prestamos aprobados a personas naturales no podía efectuarse “hasta tanto no se haya constituido la póliza de vida a favor del banco; ya sea a través de Seguros La Equidad o a través de otra compañía de seguros siempre y cuando esta sea endosada a favor del Bancoop. (…). Sin embargo para aquellos casos de excepción (Rechazo por parte de la compañía aseguradora o no aceptación por parte del cliente para constituir la póliza), deberá existir comunicación escrita por parte del cliente en donde solicite el desembolso del crédito sin el cumplimiento de tal requisito, y autorización por parte de la vicepresidencia de banca personal y empresarial. Dichas comunicaciones deberán reposar en el folder del crédito respectivo”.
d) Con carta del 4 de diciembre de 1995 (fl. 35, cdno. 2), el banco remitió a la Compañía Seguros La Equidad O.C. para su “estudio y aprobación”, en relación con la “póliza vida deudores V02245600. Crédito agencia San Andresito”, los exámenes de laboratorio, radiológicos y médico practicados al señor Gilberto Villamizar Sánchez (fls. 38 a 45, ib.), a efecto de que fuera incluido como asegurado.
e) Mediante misiva del 19 de diciembre del año en cita (fl. 47, cdno. 2), la referida aseguradora, respecto de tal solicitud, comunicó a Bancoop:
De acuerdo a los parámetros de asegurabilidad establecidos, nos permitimos confirmar lo siguiente para la póliza de vida deudores V02245600 (…)
Nombre agencia V/ Aseg. novedades
2. Gilberto Villamizar S. Sanandr. 65.000.000 rechazado
NOTA: El límite máximo asegurado es de $ 210.000.000
Seguros La Equidad O.C.
(Hay firma ilegible)
f) En los dos pagarés atrás mencionados, por igual, el deudor manifestó:
Me (…) obligo (…) a cancelar las primas de seguro de vida deudores en los términos, plazos porcentajes y demás condiciones establecidas en la respectiva póliza colectiva, la cual declaro (…) conocer, en las mismas fechas en que se cancele cada una de las cuotas estipuladas en el presente pagaré. Estas primas no se encuentran incluidas en el monto correspondiente a las cuotas de capital pactadas en este [t]ítulo-valor ni en las de sus intereses. En caso de que por mora en el pago de las primas de seguro de vida deudores Bancoop las cancele, me (…) obligo (…) a reintegrarle las sumas respectivas, así como sus intereses y demás accesorios, en forma inmediata. Lo anterior no implica la obligación de cancelar dichas cuotas por parte de Bancoop. (…).
g) Mediante documentos privados del 10 de noviembre de 1995, se perfeccionaron los contratos de prenda de los automotores de placas XVI 880 y XLA 575, de propiedad del citado deudor, con los que se garantizaron los referidos créditos (fls. 14 a 17, cdno. 1).
h) El señor Villamizar Sánchez falleció el 15 de enero de 1996, de lo que da cuenta el registro civil de defunción obrante en el folio 1 del cuaderno principal.
3.1.2. La apreciación conjunta de esos hechos y, por consiguiente, de las pruebas que los acreditan, dejan al descubierto que el propósito de Villamizar Sánchez y del banco demandado, fue la realización de una operación de crédito en desarrollo de la cual, de un lado, el último prestaría al primero los recursos económicos que le solicitó; de otro, éste garantizaría la acreencia prendando unos automotores de su propiedad; y, adicionalmente, se aseguraría la vida del deudor, para que en caso de incapacitarse o de fallecer, la empresa aseguradora asumiera el pago de la deuda.
Es ostensible, entonces, que la materialización de la operación descrita, requería de la celebración de tres tipos contratos, a saber: los de mutuo de dinero, los de prenda y el de seguro.
También es evidente la íntima relación de los mismos, porque los iniciales, constituían la causa de los otros (subordinación), amén que el perfeccionamiento de aquéllos, por requerir la efectiva entrega de la cosa mutuada (contrato real), dependía de la materialización del último, toda vez que, como ya se destacó, la reglamentación interna del banco (“manual de seguros”) exigía que el desembolso de los créditos se verificara únicamente luego de que el deudor estuviese asegurado, de donde el mutuo no podía surgir al mundo de lo jurídico sin el seguro.
Para el caso concreto de los créditos que le fueron concedidos al señor Gilberto Villamizar Sánchez, la conclusión precedente tiene mayor fuerza, en virtud a que él, en los pagarés mediante los cuales se instrumentalizaron los préstamos, asumió expresamente la obligación de pagar la prima del seguro de vida, previsión que carecería de sentido si dicho contrato —el de seguro— no hubiese estado llamado a conformar la operación de crédito de que se trata.
3.1.3. Ahora bien, que las cosas fueran así, es cuestión que interesaba a Villamizar Sánchez y a Bancoop, puesto que en el diseño de la negociación, el seguro comportaba, para el banco, una garantía adicional de pago de la deuda, en caso de fallecimiento del deudor; y para el mutuario, la tranquilidad de que en el supuesto de morir, ni los bienes de su activo sucesoral, ni sus herederos, se verían afectados con la acreencia.
Sobre el particular, tiene apuntado esta Corporación:
El marcado interés en proteger el patrimonio del acreedor, ha sido una constante en el desarrollo de las instituciones de derecho privado. Es tan relevante esa preocupación para el sistema jurídico, que no sólo grava de manera general el patrimonio del deudor como prenda general de garantía (C.C., art. 2448), sino que, además, se han implementado otras formas de hacer efectivo el pago de las acreencias, ya sea persiguiendo de manera preferente algunos de los bienes del solvens, ora otorgando la posibilidad de acudir al patrimonio de terceros para que ellos honren la obligación en caso de incumplimiento.
De la prenda, la hipoteca y la fianza, que tuvieron su génesis en el derecho romano y que se trasladaron a los ordenamientos modernos, se ha evolucionado hacia instrumentos más sofisticados, fruto de la necesidad y de la creciente movilidad de algunos sectores de la economía, como sucede con la fiducia de garantía, por ejemplo, o con diversas formas de seguro que hoy son de usanza en la actividad financiera.
En esta última hipótesis, el seguro puede amparar la incertidumbre del acreedor sobre el cobro de la deuda. Así, ante el advenimiento de sucesos futuros que pongan en riesgo el pago, como la enfermedad grave o la muerte del deudor, el seguro cumple una función de garantía, pues en caso de uno cualquiera de esos eventos, el acreedor obtendría la satisfacción de la deuda, dado que la aseguradora asume el pago, que puede ser total si la cobertura es plena. De otra parte, no podría el acreedor elegir entre acudir a la prenda general con olvido del amparo, pues en hipótesis semejante se estaría haciendo nugatoria la protección que el seguro también brinda al deudor, ya que cuando éste paga la prima, no sólo ampara al acreedor, sino que protege su patrimonio de ser perseguido en manos de sus herederos en caso de muerte. Se trata, entonces, de una garantía personal, según la cual, a la muerte o incapacidad física del deudor, otro, el asegurador, asume el pago.
Justamente, en este último caso, el seguro cumple una de sus más importantes funciones sociales, al ‘servir de sostén a la organización familiar. En efecto: … 3) representa un auxiliar en los planes de adquisición de vivienda a largo plazo, de acuerdo con estos planes, el adjudicatario se compromete a amortizar gradualmente la deuda cuya efectividad está garantizada con hipoteca sobre la vivienda adjudicada. Con la muerte del deudor, se torna imposible para su esposa e hijos cubrir las cuotas de amortización. De ahí que sea usual el seguro de vida para que, a la muerte del adjudicatario, la propiedad quede libre de todo gravamen mediante la imputación de aquel al pago de la obligación pendiente’(15), reflexiones que, mutatis mutandis, también serían de recibo en las demás formas de crédito, distintas al hipotecario(16) (negrillas y subrayas fuera del texto).
Ese doble interés, de mutuante y mutuario, guarda conformidad con las previsiones de los artículos 1137 del Código de Comercio, cuando establece que “[t]oda persona tiene interés asegurable: … 1. En su propia vida; … 2. …; 3. En la de aquellas cuya muerte o incapacidad pueden aparejarle un perjuicio económico, aunque éste no sea susceptible de una evaluación cierta. (…)”; y 1144 de la misma obra, en la medida que, refiriéndose a “los seguros sobre la vida del deudor”, consagra que “el acreedor sólo recibirá una parte del seguro igual al monto no pagado de la deuda” y que “[e]l saldo será entregado a los demás beneficiarios” (resaltado fuera de los textos).
Precisamente, en relación con el seguro colectivo de deudores, la Sala, en el fallo precitado, entre muchas otras características esenciales, señaló las siguientes:
6.7. El interés asegurable que en este tipo de contratos resulta relevante se halla en cabeza del deudor, así sea que al acreedor también le asista un interés eventual e indirecto en el seguro de vida grupo deudores.
En ese sentido, debe aclararse que, en principio, podría presentarse una concurrencia de intereses que, aunque no son excluyentes, tampoco tienen correspondencia exacta: de un lado, se presenta un interés directo del propio deudor para que no se vea afectado él mismo en caso de incapacidad física, o sus herederos con la transmisión de una deuda a causa de la muerte; y de otro, puede haber un interés indirecto del acreedor, quien pretende sustraerse de los efectos y las vicisitudes de la sucesión por causa de muerte, en procura de obtener de manera inmediata el pago; este último interés tiene su génesis en el artículo 1083 del Código de Comercio, que enseña que ‘tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo’, así como en el (…) inciso 2º del numeral 3º del artículo 1137, el cual expresa que ‘toda persona tiene interés asegurable: 3. En la [vida] de aquéllas cuya muerte o incapacidad pueden aparejarle un perjuicio económico, aunque éste no sea susceptible de una evaluación cierta’.
Sin embargo, el interés que en estos contratos resulta predominante —se recalca— pertenece al solvens, pues si se sobrepusiera el eventual interés que podría inspirar al acreedor, el seguro tornaríase como uno de crédito y escaparía a la regulación normativa que viene de mencionarse.
Es tanto así, que en el seguro de vida grupo deudores, para la celebración del contrato resulta necesario contar con la aquiescencia del deudor, plasmada en una solicitud individual de ingreso, cual dispone el numeral 3.6.3.4 del capítulo II del título VI de la Circular Externa 007 de 1996, modificada por la Circular Externa 052 de 2002, a cuyo tenor, ‘para contratar un seguro de vida grupo se debe presentar a la entidad aseguradora una solicitud firmada por el tomador, acompañada de las solicitudes individuales de ingreso de los asegurados iniciales’.
6.8. Por otra parte, por mandato del numeral 3.6.3.1., de la Circular Externa 007 de 1996 —modificada por la Circular Externa 052 de 2002—, el acreedor es el tomador del seguro, obrando, para tal efecto, ‘por cuenta de un tercero’ determinado. Ello armoniza con el artículo 1039 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 1042 ibídem, a cuyas voces ‘salvo estipulación en contrario, el seguro por cuenta valdrá como seguro a favor del tomador hasta concurrencia del interés que tenga en el contrato y, en lo demás, con la misma limitación, como estipulación en provecho de tercero’.
El acreedor obra por cuenta ajena, pues traslada al asegurador un riesgo que en principio no es propio, sino que está en cabeza del deudor. Valga memorar que lo ordinario, lo general, es que ‘el tomador’ celebra el contrato de seguro sea en su propio nombre o por medio del representante pero, en todo caso, ‘por su propia cuenta’, para proteger ‘su propio interés’ sobre la cosa o la vida asegurados, sobre el ‘objeto’ asegurado. En el ‘seguro por cuenta’, en cambio, el contrato está destinado a cubrir, básica y, las más de las veces, prioritariamente, un interés asegurable ‘ajeno’, el interés de un ‘tercero’ en la cosa asegurada o a la cual se hallan vinculados los ‘riesgos’ objeto del contrato… es… el caso del acreedor hipotecario o prendario que, interesado en la seguridad de su acreencia, contrata el seguro ‘por cuenta’ de su deudor…’(17) (negrillas fuera del texto).
3.1.4. Y no se diga que Villamizar Sánchez renunció, o perdió en algún momento el interés en el aseguramiento de su propia vida, como garantía adicional de los créditos que le fueron otorgados, puesto que su conducta indica todo lo contrario.
Véase cómo se realizó la totalidad de los exámenes de laboratorio, clínicos y médico, con el fin de ser vinculado, como asegurado, en la póliza colectiva de vida deudores que el banco tenía contratada con la Compañía Seguros La Equidad O.C.
Fuera de eso, el banco no logró demostrar, con sujeción a sus propios reglamentos, que aquél hubiese solicitado por escrito, que se efectuara el desembolso sin el aseguramiento.
Y como igualmente ya se registró, se comprometió a sufragar la prima del seguro, lo que en efecto hizo hasta antes de morir.
3.1.5. De lo precedentemente expuesto, se concluye que el primero de los presupuestos estructurales de la responsabilidad investigada se cumple, pero sólo en lo que respecta al banco demandado, puesto que fue solamente entre dicha entidad y el causante Gilberto Villamizar Sánchez que se convino la señalada operación de crédito, la cual, como ya se registró, comportó la celebración por parte de ellos dos de los contratos de mutuo y prenda, únicos que se materializaron.
3.1.6. No cabe similar prédica en cuanto hace a la aseguradora también accionada, puesto que ella no se obligó a la realización de la referida operación de crédito sin que, de otra parte, el seguro de vida de Villamizar Sánchez se hubiere perfeccionado, precisamente, porque debido a las deficitarias condiciones de salud del nombrado, ella lo rechazó como asegurado.
Es evidente, por lo tanto, la inexistencia de un vínculo jurídico en virtud del cual pudiera llamarse a responder a la Compañía Seguros La Equidad O.C. por los perjuicios reclamados en la demanda con la que se dio inicio a la presente controversia, conclusión que por sí sola determina el fracaso de sus súplicas principales frente a la citada empresa aseguradora.
3.2. El incumplimiento contractual.
3.2.1. Díjose atrás, y ahora se reitera, que el coligamiento contractual pretendido por Villamizar Sánchez y el banco, para la concreción de la operación de crédito por ellos proyectada, integraba tres tipos de contrato: mutuo, prenda y seguro.
Así mismo, que la relación entre los dos primeros fue de subordinación, en tanto que el crédito constituyó la causa de la garantía; y entre el mutuo y el seguro, de recíproca dependencia, puesto que aquél era el móvil de éste y su existencia jurídica estaba condicionada al efectivo aseguramiento del deudor.
3.2.2. De tales premisas se infiere que la celebración de esos negocios jurídicos no podía hacerse de cualquier manera.
Era necesario el aseguramiento de la vida del deudor, para que como consecuencia de ello, el banco pudiese proceder al desembolso de los recursos ofrecidos en préstamo a Villamizar Sánchez, entrega con la que se perfeccionarían los contratos de mutuo, lo que habilitaría la constitución de la prenda con la que se garantizarían las acreencias.
3.2.3. Pero resulta que el banco, contraviniendo esa proyección de negocio y sus propios reglamentos, efectuó el desembolso de los créditos los días 10 y 23 de noviembre de 1995, sin siquiera haber remitido a la aseguradora la solicitud de inclusión del deudor en el seguro colectivo de vida deudores que tenía contratado, lo que sólo vino a hacer hasta el 4 de diciembre posterior.
3.2.4. Más aún: una vez fue notificado por la precitada empresa, del rechazo del señor Villamizar Sánchez como asegurado, lo que tuvo ocurrencia el 19 de diciembre de 1995, no informó de ello a éste, ni revirtió el pago de la prima del seguro que se había hecho el día 10 de esos mismos mes y año y, por el contrario, permitió que con posterioridad a la memorada comunicación, se efectuaran nuevos descuentos por igual concepto.
3.2.5. Los descritos comportamientos del banco son claramente indicativos de su incumplimiento contractual, pues con ellos desconoció el deber que tenía de celebrar los contratos en la forma como había sido ideada —debida conformación de la red o sistema convencional—, lo que acarreó, fundamentalmente, el perfeccionamiento de los contratos de mutuo sin el aseguramiento del deudor y que éste creyera falsamente que tal garantía adicional de los créditos, sí se había constituido.
3.2.6. Pertinente es aclarar, entonces, que la culpa del banco no radicó en que el referido contrato de seguro no se hubiere concretado, pues la razón provocante de ese resultado, fue la deficiente condición de salud del señor Villamizar Sánchez.
El reproche que cabe formularse a dicho accionado, es la alteración unilateral que efectuó del negocio proyectado, en tanto que sobrepuso los contratos de mutuo al seguro y, en tal virtud, realizó la entrega de los recursos económicos materia de los créditos, sin la inclusión del nombrado en la póliza colectiva de vida deudores, pese a que sus reglamentos y la operación comercial pretendida exigían lo contrario, comportamiento con el que desconoció la recíproca dependencia con la que los interesados concibieron los dos negocios jurídicos de que aquí se trata —mutuo y seguro—.
3.2.7. Esa desatención, sumada a que no comunicó al deudor su rechazo parte de la Compañía Seguros La Equidad O.C. y a que, sin existir seguro, cobró el valor del mismo al presunto asegurado, o permitió que se le efectuaran los descuentos respectivos, actuaciones con las que fomentó que éste creyera que sí había sido incluido en la respectiva póliza de vida deudores, sin ser ello cierto, son actuaciones que contradicen abiertamente los deberes contractuales que tenía en relación con la operación de crédito que delineó con dicho cliente, particularmente, de aquellos que, en aplicación del principio de la buena fe, le eran exigibles, consistentes en velar porque la red contractual a través de la cual se materializaría el propósito final perseguido, se conformara correctamente; en suministrar toda la información correspondiente a la negociación misma; y en no crear falsas ideas en los contratantes.
Sobre la labor bancaria, bueno es recordar que:
1. Es indiscutible la trascendencia de la actividad financiera en la economía, tan es así que el artículo 335 de la Constitución Política consagra que a la par de la bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación “son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”.
Precisamente, el Decreto 663 de 1993, con el que se compilaron todas las normas que conforman el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, señala como integrantes de éste a los establecimientos de crédito, de los cuales hacen parte los establecimientos bancarios, que en el artículo 2º se definen como las “instituciones financieras que tienen por función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria, así como también la captación de otros depósitos a la vista o a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito”.
Se trata de un mercado de intermediación entre los ahorradores y los prestatarios potenciales, los primeros en pos de resguardar su capital y obtener una rentabilidad, y los otros con el fin de conseguir recursos para atender proyectos que retornarán aumentados con intereses.
1.1. La importancia de tal actividad en el orden social y económico, justifica el establecimiento de controles y políticas restrictivas en su desarrollo, amén de llevar ínsita la exigencia para las instituciones financieras de un mayor grado de diligencia y profesionalismo, porque la actividad que desarrollan además de profesional, tiene los rasgos de ser habitual, masiva y lucrativa, requiere de una organización para ejecutarla y del conocimiento experto y singular sobre las operaciones que comprende, así como de los productos y servicios que ofrece al público, razón por la cual los estándares de calidad, seguridad y eficiencia que se le reclaman, son más altos que los exigidos a un comerciante cualquiera.
Toda vez que los adquirentes de los productos ofrecidos por los bancos, entre los cuales están los titulares de cuentas corrientes y de ahorro, constituyen la parte débil de la relación y el banco, en principio, tiene una posición dominante, la intromisión estatal en esa dinámica mercantil tiene entre sus objetivos que “esté en concordancia con el interés público”; se tutelen preferentemente las expectativas de ahorradores y depositantes; y las operaciones “se realicen en adecuadas condiciones de seguridad y transparencia”, al tenor del artículo 46 ibídem.
De ahí que entre las reglas de competencia y protección al usuario se fijara a las instituciones del sector, según la redacción inicial del artículo 98 ordinal cuarto id), el deber de “emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios a sus clientes a fin de que éstos reciban la atención debida en el desarrollo de las relaciones contractuales que se establezcan con aquellas y, en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones”, así como la prohibición de “convenir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante” (se destaca).
A pesar de que la Ley 795 de 2003, en su artículo 24, introdujo una modificación a dicho ordinal, se conservó la esencia de la norma original en el numeral 4.1, pero con los numerales 4.2 al 4.4 fue institucionalizada la figura del defensor del cliente como vocero de los usuarios frente al establecimiento; la fijación de procedimientos para el conocimiento de quejas, y contemplar sanciones por el incumplimiento de las obligaciones que de allí se derivan.
Y si bien el artículo 101 de la Ley 1328 de 2009 derogó expresamente “los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 5º del artículo 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”, precisó que la pérdida de vigencia operaría “a partir del 1º de julio de 2010”, esto es, con mucha posterioridad a la ocurrencia de los hechos y al comienzo del litigio, por lo que cualquier análisis del caso se regía por el anterior precepto.
De todas maneras, no se puede pasar por alto que la razón de ser de la derogatoria fue que en la Ley 1328 de 2009, se desarrolló lo concerniente al Régimen de Protección del Consumidor Financiero, con el propósito de “establecer los principios y reglas que rigen la protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen medidas e instrumentos especiales de protección” (art. 1º).
Incluso se delimitaron como principios orientadores de las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, la “debida diligencia” de éstas al ofrecer los productos o prestar los servicios entregando la información y atención debida “en el desenvolvimiento normal de sus operaciones”, fuera de la “transparencia e información cierta, suficiente y oportuna” que le permita a aquellos conocer sus derechos, obligaciones y costos del vínculo (art. 3º, lits. a) y c)) (CSJ, SC 18614, dic. 19/2016, rad. 2008-00312-01).
3.2.8. Se concluye, en definitiva, que los deberes incumplidos por el banco, atrás identificados, a más de ser propios del lazo negocial particular que trabó con el señor Gilberto Villamizar Sánchez, se imponían a la entidad debido a su condición de profesional en la intermediación financiera y a la naturaleza de su actividad, condiciones estas que determinan una mayor estrictez en la evaluación de su desatención.
3.3. El daño y el nexo de causalidad.
3.3.1. Llegados a este punto, de entrada, debe ponerse de presente que el examen del primero de tales aspectos de la acción en el caso sub judice, está delimitado, de un lado, por la condena que el a quo impuso al banco, la cual se circunscribió al valor insoluto de los créditos concedidos al señor Villamizar Sánchez, con sus respectivos réditos; y, de otro, por la apelación que en relación con la indemnización formuló la parte demandante, quien únicamente protestó por la negativa a concederle el lucro cesante derivado de la imposibilidad de explotar los vehículos automotores embargados y secuestrados en el proceso ejecutivo seguido para el pago de las acreencias en comento.
De suyo que los restantes perjuicios, en la medida que fueron negados por el a quo sin queja del actor, quedaron excluidos de la contienda judicial.
3.3.2. En el caso de la responsabilidad contractual, el daño corresponde a toda afectación cierta de un derecho, de un interés legítimo o de una prorrogativa protegida por el legislador, derivada directamente “de no haberse ejecutado la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento” (C.C., arts. 1613 y 1614).
3.3.3. Dicho está atrás, y ahora se reitera, que el señor Villamizar Sánchez tenía interés en el aseguramiento de su propia vida, a efecto de que en caso de verse incapacitado para trabajar o de fallecer, fuera la empresa aseguradora quien efectuara el pago de los créditos que le habían sido otorgados por Bancoop, porque de esta forma salvaguardaba, en el primer supuesto, su propio patrimonio y, en el segundo, el de sus herederos, como quiera los activos de que era titular no tenían que destinarse a la solución efectiva de las deudas por él adquiridas.
3.3.4. Siendo ello así, como en efecto lo es, se tiene que el perfeccionamiento de los contratos de mutuo sin la concreción de referido seguro, significó la vulneración del indicado interés, quebranto que, una vez acaeció la muerte de aquél, recayó en su sucesión ilíquida, representada por los herederos, toda vez que ella, ante la inexistencia del seguro, está gravada con el pasivo representado por la reseñadas acreencias.
3.3.5. Se trata, pues, de un daño emergente futuro, en tanto que, en palabras de la Corte, tal modalidad de daño patrimonial “(…) ‘abarca la pérdida misma de elementos patrimoniales, los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento del pasivo, causados por los hechos de los cuales trata de deducirse la responsabilidad” (resaltado fuera del texto)(18).
3.3.6. En otros términos: la circunstancia de perfeccionarse los préstamos sin que se hubiera constituido el seguro de vida del deudor en beneficio del banco, tradujo que los herederos de aquél se vean, en la actualidad, afectados con un pasivo que no los gravaría, si dicho intermediario financiero, como era su deber, hubiese esperado para realizar el desembolso de los créditos que otorgó a Villamizar Sánchez, que éste fuera incluido como asegurado en la póliza colectiva de vida que tenía contratada con la Compañía Seguros La Equidad O.C., o que él, por aparte, contratara dicho seguro, designando al banco como beneficiario.
Ello por cuanto la inexistencia del seguro, cualquiera fueran las razones para ello, impedía el perfeccionamiento de los contratos de mutuo.
3.3.7. Probado queda, pues, el perjuicio patrimonial irrogado a la parte demandante, correspondiente al daño emergente anteriormente identificado, y que él es consecuencia directa del incumplimiento contractual atribuido al banco accionado.
3.3.8. No ocurre lo mismo con el lucro cesante cuya negativa el actor disputó en la apelación que propuso, toda vez que éste, como lo advirtió el a quo, no es consecuencia directa de la culpa contractual imputada al banco, sino de las cautelas decretadas en el proceso ejecutivo seguido para el pago de las deudas que en vida adquirió Villamizar Sánchez con Bancoop.
Y es que, consideradas las cosas como en definitiva se dieron, es del caso colegir que ante la existencia de los créditos y el no pago de las cuotas previstas para su amortización, el banco estaba habilitado para pretender su pago mediante la correspondiente acción ejecutiva, de donde los embargos y secuestros allí ordenados no se visualizan como actos con los que se hayan conculcado, de forma ilegítima, los derechos, intereses o prerrogativas de los herederos del citado deudor.
No mediando la causalidad necesaria entre el incumplimiento contractual del banco y el detrimento patrimonial de que ahora se ocupa la Sala, es del caso descartar que él, jurídicamente hablando, constituya daño resarcible en el asunto examinado.
III. Las excepciones
En atención al fracaso de las pretensiones principales frente a la Compañía Seguros La Equidad O.C., por no concurrir en relación con ella los presupuestos propios de la responsabilidad civil contractual allí reclamada, no hay lugar a pronunciarse sobre las excepciones meritorias que dicha accionada planteó al replicar el libelo introductorio.
El banco convocado, por su parte, no adujo mecanismos defensivos en su favor, sin que, adicionalmente, se establezca la demostración de alguno que deba acogerse de oficio.
En consonancia con las conclusiones que se obtuvieron al determinar el daño irrogado a la parte demandante, se establece que debería imponerse como tal el pago únicamente del saldo insoluto de los capitales representados en los pagarés 004-071-00678-0 y 004-071-00695-1 del 10 y 23 de noviembre de 1995, respectivamente, librados por Villamizar Sánchez en favor del Banco Cooperativo de Colombia ($ 78.714.433.33 y $ 39.695.584.03), junto con los intereses moratorios causados sobre los mismos, allí mismo previstos.
Ahora bien, como toda indemnización resarcitoria de perjuicios “tiene como límite cuantitativo aquel que, según su función de dejar indemne (sin daño), alcance a reparar directa o indirectamente el perjuicio ocasionado, para el restablecimiento, en sus diferentes formas, de la misma situación patrimonial anterior, lo que a su vez indica, de una parte, que aquélla debe ser completa para que como satisfactoria extinga la obligación correspondiente, y, de la otra, no se constituya el mismo daño como fuente de enriquecimiento”(19), en atención a que los identificados títulos valores están siendo cobrados en el proceso ejecutivo que Bancoop adelanta a la cónyuge y herederos del primigenio deudor, en el que se encuentra pendiente de resolver la apelación interpuesta contra el fallo de primera instancia, la Corte habrá de sujetar la condena de que se trata, a los valores por los que se ordene seguir adelante ese recaudo.
Colofón de lo dicho es que se condenará al banco demandado pagar al accionante y a los demás herederos de Villamizar Sánchez, la suma de dinero que éstos resulten deberle, por concepto de saldo insoluto de capital e intereses, según se resuelva en la sentencia con la que se defina el proceso ejecutivo atrás identificado.
En ambas instancias, correrán a cargo del actor, respecto de la Compañía Seguros La Equidad O.C.; y del Banco Cooperativo de Colombia, en relación con el demandante.
Las respectivas liquidaciones deberán ser realizadas por las secretarías del a quo y del ad quem.
En las dos de segunda instancia, inclúyase como agencias en derecho la suma de $ 8.289.000.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, en sede de segunda instancia, revoca la sentencia que en este proceso, identificado plenamente en los inicios de este fallo, dictó el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga y, en reemplazo del mismo,
1. DECLARAR civil y contractualmente responsable al Banco Cooperativo de Colombia de los perjuicios que con su conducta, descrita en las motivaciones de este pronunciamiento, irrogó a la parte demandante.
2. CONDENAR al citado banco, como consecuencia de lo anterior, a pagar al actor y a los demás herederos del señor Gilberto Villamizar Sánchez, representados por él, la suma de dinero que éstos resulten deberle a dicha entidad, por concepto de los capitales e intereses representados en los pagarés 004-071-00678-1 y 004-007100695-0 del 10 y 23 de noviembre de 1995, respectivamente, según se resuelva en la sentencia con la que se defina el proceso ejecutivo que Bancoop adelanta en contra de aquéllos, en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga.
3. Negar, en lo no contemplado en los dos puntos anteriores, las pretensiones, principales y subsidiarias, del libelo introductorio.
4. Costas en las dos instancias a cargo del actor, respecto de la Compañía Seguros La Equidad O.C.; y del Banco Cooperativo de Colombia, en cuanto hace a la parte demandante. Liquídense por las secretarías del juzgado del conocimiento y del tribunal, respectivamente. En las dos de segunda instancia, inclúyase por concepto de agencias en derecho, la suma de $ 8.289.000.
Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, presidente de Sala.—Margarita Cabello Blanco.—Álvaro Fernando García Restrepo.—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.—Ariel Salazar Ramírez.—Luis Armando Tolosa Villabona.
Con el respeto que se profesa por los compañeros de Sala que aprobaron la decisión, es de rigor dejar plasmado mediante este salvamento de voto las razones que soportaban la ponencia pero que no fueron acogidas, las cuales motivan nuestro disentimiento así:
1. Como se reseñó en la ponencia aprobada, la sentencia sustitutiva queda limitada a la reclamación de responsabilidad contractual del extremo convocado, por “los perjuicios materiales y morales causados con ocasión del no pago de los seguros de vida al señor Gilberto Villamizar Sánchez”, el escrutinio queda sujeto a esta particular fuente.
2. Del examen factico emerge prístino que el querer de las partes en contienda fue realizar varias operaciones jurídicas comerciales, cual eran el contrato de mutuo, de prenda y seguro, pretendiendo derivar la responsabilidad del incumplimiento del deber de información a la entidad financiera sobre la no aceptación de la vinculación de Gilberto Villamizar Sánchez como asegurado en la póliza de seguro vida deudores que la entidad financiera había tomado con seguros La Equidad S.A., aun cuando se habían ajustado debidamente los restantes.
En efecto, los hechos estructurantes de la controversia analizada surgen después de perfeccionado el contrato de mutuo, cuando ya desembolsado sendos créditos al deudor, la compañía aseguradora La Equidad O.C. rechaza el ingreso del señor Villamizar Sánchez al grupo de deudores asegurados, comunicando esa decisión a la tomadora y beneficiaria, quien no trasladó la misma información al usuario del sistema financiero, omisión que se mantuvo hasta el deceso de éste, pues no existe prueba demostrativa de lo contrario, no siendo suficiente la sola declaración de un empleado del banco, de que sí se hizo, pero, de manera verbal.
En esas condiciones el debate se enmarca dentro de la esfera de esas relaciones privadas; su estudio debe hacerse en ese preciso contexto, no por fuera de él, debido a la cercanía que existe entre ellas, dado que el contrato de mutuo es el antecedente inmediato de la celebración de los contratos de prenda y seguros deudores, donde en este último el tomador y beneficiario es el banco acreedor y el asegurado su deudor, sin que ello signifique legalmente que el contrato de seguro sea “requisito indispensable de los contratos de mutuo”, tal se pretende por la parte actora en su primera pretensión principal de que “el contrato de seguro colectivo de vida deudores, (…) es conexo y resulta un requisito indispensable de los contratos de mutuo celebrados con dicha entidad”.
3. Precisado esto, debe recordarse de manera previa la importancia del seguro de vida grupo deudores en el desarrollo de las operaciones de las entidades financieras, en cuanto garantiza al asegurado que sus acreencias, cualquiera que sea la línea de crédito utilizada, estarán amparadas por este ante el evento sobreviniente de su fallecimiento o incapacidad permanente o parcial, evitando así afectar el patrimonio familiar y el de los codeudores, según el caso.
Es una realidad que la contratación de seguros que cubren el riesgo de muerte o incapacidad permanente o parcial de los deudores de los establecimientos de crédito no corresponde a una obligación impuesta por el ordenamiento jurídico a dichas entidades, sino al ejercicio discrecional de la facultad de cada banco de exigir seguros de vida para respaldar préstamos otorgados a sus usuarios, que responde a una política interna para la administración del riesgo crediticio, la cual es recogida en sus manuales internos, pero en modo alguno se constituye en un imperativo absoluto para viabilizar la realización de las operaciones activas que dichas entidades realizan.
Es así que, siendo, como es, una facultad la decisión de requerir la contratación de seguros de vida para garantizar los préstamos concedidos a los deudores cada ente creditico goza de plena autonomía y libertad para adoptarla, sin que en todo caso resulte perentorio para la entidad tomar este tipo de seguros para amparar los dineros colocados en desarrollo de sus operaciones y/o exigirlo a sus usuarios para habilitar su acceso al crédito.
La Corte ha tenido la oportunidad de referirse a este eje temático en distintas ocasiones, manifestando que
“Su celebración no es obligatoria, ni constituye un requisito indispensable para el otorgamiento de un crédito. De hecho, debe recordarse que el artículo 191 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (D. 663, abr. 2/93), prescribe que “solamente por ley podrán crearse seguros obligatorios” y, en este caso, no existe una exigencia tal impuesta por el legislador.
Esta forma de aseguramiento, como está concebida, representa una garantía adicional de carácter personal, cuyo acogimiento depende de la aquiescencia del deudor y de las políticas sobre manejo de riesgo de las entidades financieras, todo, sin perjuicio de que el mismo obligado decida adquirir dicho amparo por iniciativa propia”(20).
4. En el presente caso los elementos demostrativos acreditaron que el Banco Cooperativo de Colombia “Bancoop” tiene previsto, como política en su manual interno de manejo del riesgo crediticio, el requerimiento de contratación de un seguro de vida deudores, y así lo demandó al señor Gilberto Villamizar Sánchez (q.e.p.d.), y este dio su asentimiento, pues no otra conclusión puede derivarse del hecho probado que hubiera presentado los exámenes médicos de rigor, pues ya con anterioridad la acreedora había tomado una póliza colectiva o de grupo deudores con Seguros La Equidad O.C. (V02245600), con vigencia inicial del 31 de diciembre de 1991.
Si bien el banco demandado actuó contrario a su manual interno, al desembolsar los referidos préstamos sin cobertura, esa conducta no genera per se un perjuicio económico al mutuario, ni se puede afirmar válidamente que con ello haya desconocido una disposición de contenido contractual por haberse regulado así por las partes, que implique el desconocimiento de una obligación pactada y constituirse en fuente de imputación de responsabilidad.
5. No se discute que el acervo probatorio evidencia que el Banco demandado no cumplió con el deber de informar tempestivamente a su cliente sobre su no asegurabilidad, cuando ello requería ser conocido por el solvens, en razón que sus legítimos intereses quedaron expuestos ante la inexistencia de una cobertura aseguraticia respecto de los riesgos de muerte e incapacidad permanente o parcial; conducta que puede calificarse de negligente y descuidada de la entidad cooperativa y que de suyo constituye el soporte medular de la reclamación, lo que obliga a examinar el alcance de dicho deber.
5.1. Se ha dicho que el deber de información forma parte de los denominados deberes de conducta y deriva de la aplicación del principio constitucional y legal de la buena fe, anclado en el artículo 83 de la Constitución Nacional y el artículo 1603 del Código Civil; este último traza como comportamiento contractual el que las partes ejecuten lo acordado de buena fe, lo que implica no solo obligarse a lo pactado, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación.
Por tanto, el principio de buena fe expande el marco obligacional más allá de lo estipulado por los sujetos contratantes, pues, no se remite exclusivamente a lo que expresamente se hubiere regulado sino también a ciertos comportamientos adicionales que son inherentes a la relación contractual, como actuar con lealtad, diligencia, probidad, sinceridad, valores que se hayan presentes en todas las relaciones negociales, dándoles contenido ético a las mismas.
Estos deberes surgen ante la necesidad de fortificar el periodo precontractual en orden a desarrollar el contenido jurídico propio de la negociación bajo el designio de la lealtad y diligencia, siendo hoy en día una figura autónoma e incorporada dentro del derecho de contratos, que juega un rol importante en la protección de la parte más débil del negocio jurídico (principio pro damnato), cuyo radio de acción cobija tanto a la fase de formación del contrato como elemento indispensable para la consolidación del consentimiento, como la que corresponde a su ejecución (todo el iter contractual), para superar la asimetría o desequilibrio informativo que puede existir entre los contratantes, que es más visible en los contratos de adhesión o con cláusulas o condiciones generales. Se desconoce el principio de buena fe objetiva cuando se retiene, omite o deforma la información que es trascendente para que la contraparte manifieste bien sea su consentimiento, o que no hubiese consentido en el contrato o que lo hubiese hecho de manera diferente.
Resulta entonces de lo anotado que si el asegurado (deudor) no es parte en el contrato de seguros deudores, siéndolo, de un lado, el asegurador, o sea la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, y de otro, el tomador (banco), o sea la persona que obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos (C. Co., art. 1037), la obligación de informar la no inclusión o rechazo de la solicitud del deudor en la póliza colectiva de seguros deudores le corresponde a la aseguradora frente a su contraparte sustancial o sea el banco tomador - beneficiario, no teniendo obligación alguna de hacerlo directamente al asegurado; en tanto que el acreedor (tomador - beneficiario) por rectitud negocial está llamado a poner en conocimiento de su deudor esa situación, ya que no se trata de un seguro de crédito sino de uno por cuenta ajena.
De manera que hubo una infracción del banco prestamista al deber de información que tiene por contenido dar a conocer a su deudor Gilberto Villamizar Sánchez la declaración conocida de su aseguradora de no incluirlo en la póliza de seguros deudores; incumplimiento cuya declaración reclama la activa en su pretensión cuarta principal.
6. Otro elemento que se incorpora al objeto de decisión se refiere al cobro de “primas” del seguro de vida deudores y que “canceló” el mutuario, con respecto a sus dos (2) créditos, a su prestamista, obligación que se insertó en el cuerpo de los pagarés firmados por el deudor y se pagaba junto con la cuota mensual del préstamo.
6.1. Tiene sentado esta Corporación que “[s]i la prima es el precio del seguro, pues éste no se puede concebir jurídicamente sin esa contraprestación, es claro que para hablar de ella debía estarse en presencia del contrato, inclusive para extinguirlo ante el incumplimiento del pago de la misma, sencillamente porque no se puede terminar, automáticamente, algo que no existe”. (CSJ SC, dic. 15/2008, exp. 11001310030352001-01021-01).
Es punto pacífico el recaudo de dinero de parte del banco demandado bajo el concepto de primas de seguros, modalidad pago anticipado, pues fue constatado directamente por el a quo a través de la inspección judicial que practicó en las instalaciones de “Bancoop”, en ese momento Banco Cooperativo de Crédito y Desarrollo Social Coopdesarrollo (fls. 8 al 14, cdno. 2).
No obstante, de esa realidad indiscutida no se puede colegir que el deudor tuviese amparada la cobertura de muerte o incapacidad permanente o parcial desde el mismo momento del desembolso de los créditos (10 y 23 de noviembre de 1995), por la potísima razón de que la documentación pertinente en orden a la inclusión del mutuario en la póliza de seguros deudores sólo se presentó con posterioridad a dicho desembolso a consideración de la aseguradora; entidad que finalmente rechazó la solicitud, por lo que debe decirse que aunque se hayan cobrado dineros bajo el anunciado carácter, en estricto sentido dicho aseguramiento no se concertó, lo que de suyo apareja que esos riesgos no fueron objeto de cobertura asegurativa, luego, “el cobro y pago de unas sumas, así lo fuere a título de primas, no podían tener como destino el precio de nada”(21).
De otra parte, si se exigió al mutuario la práctica de los correspondientes exámenes médicos, ello no es por una simple formalidad. En absoluto, se requería, para efectos de su incorporación en calidad de asegurado contar con elementos importantes, cuyo estudio le permitiera a la aseguradora determinar si era sujeto de asegurabilidad, lo que revela que la asunción del riesgo de muerte estaba condicionada a su buen estado de salud, sin desconocer que a la fecha de los desembolsos contaba con 64 años de edad.
En esa perspectiva, si lo rechazado fue la solicitud de inclusión del señor Villamizar Sánchez como asegurado en la póliza de seguros de vida deudores, su recto y natural entendimiento no puede ser distinto a comprender que jamás hizo parte del grupo de deudores amparados con aquella, porque si hubiese estado incluido, era obvio que existía amparo o cobertura, y, los motivos de salud que determinaron su condición de no asegurabilidad, caerían en un terreno distinto, ajeno al tema de este asunto objeto de estudio, que podría tratarse como un caso de reticencia atendiendo a la declaración emitida en cuanto a su salud en el formato predispuesto a tal finalidad, que afectaría, en principio, de nulidad relativa al contrato de seguro (C. Co., art. 1058).
6.2. En la demanda reclama la parte convocante, según el documento que consigna las condiciones técnicas del seguro cooperativo vida deudores, que como “[l]a cobertura del seguro inicia al momento del desembolso de cada crédito y está vigente hasta su cancelación total”, se produjo, en este caso, un amparo automático, cuando señala en el hecho 33 del libelo que “el señor Gilberto Villamizar Sánchez, quedó amparado automáticamente por los seguros de vida, desde el momento mismo que el Banco Cooperativo de Colombia, le efectuó los desembolsos”.
Intelección que lo lleva a exponer que el mencionado señor “así lo entendió y pagó sus primas de seguros desde el momento en que le fue aceptado el desembolso”, atendiendo lo establecido en el manual interno que indica: “[e]l crédito no se puede desembolsar hasta tanto la compañía de seguros no apruebe la inclusión del usuario a la póliza de deudores del Banco Cooperativo de Colombia”.
En igual sentido se expresa en el hecho 34 de la demanda, cuando asevera que “el señor [deudor] hasta el momento de su fallecimiento tuvo por hecho que estaba asegurado en su vida por el monto total de la deuda contraída con el Banco Cooperativo de Colombia”. Para arribar a tal conclusión, a más de lo indicado en precedencia, también se apoya en el hecho de que en los pagarés que instrumentan los créditos desembolsados aparece inserta la siguiente cláusula “Me (nos) obligo (obligamos) a cancelar las primas de seguros de vida en los términos, plazos, porcentajes y demás condiciones establecidas en la respectiva póliza colectiva, la cual declaro (declaramos) conocer, en las mismas fechas en que se cancele cada una de las cuotas estipuladas”; designio que se reitera en el hecho 40.
Y termina recalcando que la única obligación del asegurado era pagar las primas de seguros a Bancoop, para que este hiciera lo mismo con la aseguradora, obligación que, al criterio de la activa, cumplió el amparado estrictamente.
Por lógica, el rechazo de incorporar al mutuario en la póliza de seguros de vida deudores, significa sin más que nunca estuvo asegurado, lo que descarta la consideración de un amparo automático a partir del desembolso de los créditos. Precisamente, el amparo automático estaba condicionado al cumplimiento de los requisitos impuestos por la aseguradora, entre otros, que el deudor “gozar[a] de salud normal, entendiéndose por tal el hecho de ingresar a la póliza sin padecer de enfermedades graves o incapacidades”, situación que no cumplía el señor Villamizar Sánchez.
6.3. Debido a que el autor de la demanda parte de la convicción de la existencia del contrato de seguro, y la calidad de asegurado del deudor fallecido, vincula como sujeto pasivo de sus pretensiones no solamente al banco acreedor sino también a la compañía aseguradora, deprecando la correspondiente indemnización de perjuicios, la cual viene representada en los valores económicos que la entidad de crédito le cobra ejecutivamente a la sucesión del finado Gilberto Villamizar Sánchez ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, más el lucro cesante determinado en el literal b) de la pretensión 6 y los perjuicios por el trámite de ambos proceso, pedimento “c”.
El pago de la prima es un aspecto que se vincula a la etapa de ejecución contractual, lo que presupone la existencia de un contrato perfeccionado y situado en la esfera de las prestaciones a cargo del tomador y/o asegurado.
Los dineros facturados por el banco demandado y pagados por el solvens a título de prima, carecen por sí solos de fuerza vinculante frente a la aseguradora, ni de esa situación puede considerarse que ésta haya asumido el riesgo de su muerte, e incluso, ni la solicitud de inclusión o adhesión al seguro de vida deudores a ella dirigida acompañada de los documentos correspondientes posee la virtualidad de perfeccionar dicha vinculación, o inclusión como asegurado, por cuanto es fundamental que medie su aceptación, ya que es libre de aceptarla o rechazarla.
Adicionalmente, no está probado fehacientemente que seguros La Equidad O.C., haya aceptado el pago de la prima descontada al potencial asegurado, para pensar en la posibilidad de perfeccionamiento del contrato de seguro, por no ser suficiente la existencia de una partida global de dineros reportada por el banco demandado a la aseguradora, sin especificar el nombre y apellidos de los asegurados a quienes se le recaudó las primas, no pudiéndose aseverar, como se dice en el libelo que “los dineros frutos del pago de las primas de seguros que garantizaban los créditos otorgados por el Bancoop a Gilberto Villamizar Sánchez, fueron pagados a seguros La Equidad O.C.”.
Lo dicho en precedencia apunta a destacar que a la fecha de desembolso del dinero el contrato de seguros se encontraba en sus inicio o “iter formativo”, y aun cuando el proceder de ambas partes del contrato de mutuo estaba dirigido a su conclusión o perfeccionamiento definitivo, hasta ese momento, no había contrato de seguro nacido a la vida jurídica del cual se pudiera derivar obligación alguna; y no hay duda que la manifestación de rechazo por la aseguradora, puso punto final a la posibilidad de que el mutuario fuese asegurado dentro de la póliza de seguros deudores contratada por esta con el banco acreedor.
6.4. Ahora bien, sobre la base de la inexistencia del contrato de seguros se exoneró de responsabilidad civil al ente asegurador en el fallo de primer grado, decisión que, al no ser recurrida por las partes, la misma cobró ejecutoria, quedando derruido uno de los pilares sobre el cual se edificó la reclamación de perjuicios.
Más aún, si la decisión del juez a quo de denegar la pretensión de condena en contra de la demandada seguros La Equidad O.C., no fue recurrida por las partes, dado que el actor circunscribe la apelación al no reconocimiento de su pretensión relacionada con el lucro cesante, mientras que la entidad de crédito condenada limita su impugnación “en lo que es desfavorable, no comprende, los puntos 1 y 5 de la parte resolutiva que fueron emitidos a favor del banco”; aflora que la controversia en punto de inexistencia del contrato de seguro frente al finado Villamizar Sánchez se encuentra definida, por lo que la fundamentación de la alzada propuesta por Bancoop, situada en la eventualidad de un “amparo provisional” carece de trascendencia para la resolución de su recurso de apelación ante la ejecutoria de la antes dicha disposición judicial, la que no se puede modificar en sede de segunda instancia.
Similar predicamento aplica para el argumento toral de la parte demandante del pretendido amparo automático como soporte de su indemnización de perjuicios, ya tratado en párrafos antecedentes.
Surge entonces incontestable que, aceptado como fue por las partes la inexistencia del contrato de seguro no es dable pregonar a partir de la efectiva celebración del contrato de mutuo una responsabilidad contractual, por virtud de contratos coligados, habida cuenta que para ello deviene indispensable la pluralidad negocial, que en este caso no se da, pues se itera, el único negocio celebrado fue el contrato de mutuo, cuyas obligaciones inherentes fueron debidamente atendidas por la Cooperativa, sin que por demás sea objeto de reproche, lo que impediría en ese orden una imputación de incumplimiento contractual, por el hecho de no haberse podido cancelar la acreencia debida con el seguro deudores, al fallecimiento del solvens.
Pero aún si se hiciera abstracción de lo anterior, el fallo estimatorio del a quo dispuso condenar al Banco Cooperativo de Colombia —Bancoop en liquidación— y a favor de la sucesión de Gilberto Villamizar Sánchez, por las sumas de $ 78.714.433.33 y $ 39.695.584.03, más los intereses moratorios a la tasa del 63.48% desde el 24 y 11 de enero de 1996, respectivamente, y la decisión desestimatoria de las demás pretensiones de la demanda.
Admitido que (i) hubo una desatención de la entidad bancaria acreedora de su manual interno al desembolsar los dineros prestados al señor Gilberto Villamizar Sánchez mucho antes que la aseguradora decidiera sobre su inclusión o no en la póliza de seguros deudores, (ii) que el banco infringió el deber de informar al mutuario la comentada decisión negativa de la aseguradora, y (iii) que cobró dineros a título de “primas”, cuando todavía no se había perfeccionado el contrato de seguros deudores mediante la inclusión del deudor como asegurado, no puede sostenerse que dichas conductas son causa suficiente para el reconocimiento de los perjuicios pedidos por la parte actora.
No basta con indicar que el banco prestamista por el hecho de haber cobrado anticipadamente dineros a título de “primas”, antes que el mutuario haya sido incluido en la respectiva póliza de seguros colectiva éste haya decido asumir directamente el riesgo de la muerte del deudor que se quiere trasladar a la compañía de seguros.
7.1.(sic) Esto porque el incumplimiento del banco de la disposición de su manual interno no le reporta un daño patrimonial al mutuario, dado que, si bien la misma no es prudente de cara al manejo del riesgo crediticio, su violación no conlleva per se una afectación económica del deudor; por el contrario, la suma mutuada ingresó a su patrimonio como un activo más, lo aumentó, pudiendo disponer del mismo, según su voluntad. Realmente no es predicable un desmejoramiento de su peculio que tenga por causa la infracción del manual interno, luego no habría daño que resarcir.
Desde la óptica de la demanda, y contrario a lo anteriormente señalado, se interpreta esa conducta del ente bancario como si él hubiese asumido por su propia cuenta y riesgo, desde el momento que entregó el producto de los créditos sin haber sido incluido su deudor en la póliza de seguros de vida deudores, la cobertura que ofrecía esta última; lo que explica que la parte actora manifieste en el hecho 41 que “asumió el riesgo por su propia cuenta sin estar autorizado legalmente para ello”, denunciando como infringido el numeral 3º del artículo 108 del Estatuto Orgánico Financiero, lo cual no es de recibo, pues tal afirmación no es más que un intento para adecuar una realidad a los intereses de la parte demandante que carece de respaldo probatorio.
La violación al deber de información y el cobro de supuestas primas de seguros serán objeto de estudio conjunto por su interdependencia a fin de establecer la existencia del daño cuyo resarcimiento demanda la parte actora a favor de la sucesión del deudor fallecido.
7.2. En esencia, en la teoría de la responsabilidad civil si bien se impone al victimario, por regla general, la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte, injustificada y dañinamente, la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente, no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta.
De tal modo, que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesario su presencia y su justificación, para que se abra paso la indemnización de perjuicios.
Es cierto que la referida entidad financiera al momento del desembolso de los créditos aprobados a su deudor cobró, modalidad anticipada, primas de seguros; posteriormente, facturó nuevos pagos en diciembre de 1995 y enero de 1996, lo que es un punto apacible en este caso, y, ya definido que no hubo contrato de seguros deudores, la consecuencia de ello es que hubo un cobro irregular, que afectó el patrimonio del mutuario; un dinero que salió de sus arcas y se trasladó al patrimonio del ente demandado. Lo descrito viene a ser el daño directo e inmediato del anterior proceder anómalo que se imputa jurídicamente al banco.
Sin embargo, la parte demandante no imploró pretensión específica y particular relacionada con el daño sufrido a consecuencia del pago anticipado de dineros a título de “primas de seguros” de un contrato inexistente, pues, se reitera, no llegó a su perfeccionamiento por las condiciones de salud del deudor, sino que asimila ese comportamiento como si el banco hubiese asumido la obligación que sería propia de la aseguradora, y en tal virtud lo acusa de violar el numeral 3º del artículo 108 del Estatuto Orgánico Financiero.
Memórese, que en el escrito inicial del proceso se convocó como demandados tanto al banco como a la compañía aseguradora, ya que de ambas se solicitó la declaración de responsabilidad civil contractual, sólo que esta última quedó eximida de ésta en la decisión final que resolvió la controversia en 1ª instancia, por inexistencia del contrato de seguro, la que quedó en firme al no ser discutido por las partes; reclamo sustentado en el hecho de no haberse pagado el seguro de vida ante el fallecimiento del mutuario.
En este orden de ideas, si la responsabilidad contractual presupone la existencia de una obligación que tiene su origen en un contrato, le corresponde al demandante probar la presencia de la convención, la obligación que se expresa incumplida, la culpa, el daño resarcible y la relación de causalidad.
Eso en razón a que la obligación y sus elementos deben aparecer nítidos, sin asomo de duda, por así haberse pactado por las partes, por lo que la circunstancia de exigir a su deudor una garantía adicional a la prenda constituida sobre los vehículos de propiedad de éste, sumado al desembolso del crédito sin la mencionada inclusión, y al mismo tiempo cobrar anticipadamente dineros con cargo a “primas”, aunque todavía no se tenía la decisión definitiva de la empresa de seguros, no impone la conclusión de que por ello, el banco hubiera aceptado asumir contingencias a las que con el seguro logra desplazar.
Por el contrario, la conducta del ente cooperativo de enviar la solicitud de inclusión del señor Villamizar Sánchez, aparejada de los documentos médicos pertinentes de su cliente financiero, a su asegurador, posterior a la entrega de los dineros mutuados al prestatario, contradice el dicho de la parte demandante que aquél haya asumido como propia la actividad aseguradora, y de esta manera infringido el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
8. Lo anotado limita aún más la decisión sustitutiva, quedando patente e incuestionable que si algún daño se pudo ocasionar a la parte accionante no fue otro que el originado como consecuencia del incumplimiento del deber de información al deudor de su no inclusión en la póliza de seguros deudores, al quedar desprovisto de la oportunidad de gestionar la contratación de otro seguro de vida, para resguardar el patrimonio familiar ante el hecho de su muerte.
El actor pide se declare que Bancoop tenía la obligación “legal” de comunicar al [deudor] que había sido rechazado por seguros La Equidad O.C., para el ingreso a la póliza colectiva de vida deudores, que el banco había contratado para garantizar los créditos otorgados a sus clientes.
Reprocha en su libelo que no se le haya dado aviso inmediato, por escrito, al deudor fallecido de esa especial información relativa al rechazo de que fue objeto por parte de la aseguradora, “para que en primera instancia tenga la oportunidad de adelantar los trámites debidos, una nueva revisión médica, pagar una extraprima, es decir realizar todas las acciones conducentes para el cumplimiento de sus obligaciones” (lineado no corresponde al original).
Significa esto que en el escrito iniciador del proceso se alegó como violado el deber de información y su efecto de privar al causante de la oportunidad de adelantar gestiones en orden de obtener asegurar su patrimonio para no comprometer a sus descendientes a asumir las obligaciones cambiarias a su cargo, aspecto sobre el cual también se refirió la célula judicial de instancia. Por manera que lo referido enantes debe ser objeto de estudio.
8.1. El daño a resarcir en el evento de la pérdida de una oportunidad o chance, no encuentra venero en la realización positiva de la oportunidad, sino sólo de su existencia; pues no se trata de una pérdida efectiva o la privación de un beneficio, simplemente se mira la frustración seria de obtener un beneficio o evitar una pérdida.
Se sigue de lo expuesto, que en la pérdida de un chance u oportunidad lo único cierto y real es, esencialmente, el fracaso o malogro concreto de una expectativa. Por tal motivo, en la determinación del valor de la indemnización ha de tenerse en cuenta la mayor o menor probabilidad de que se hubiera concretado el resultado esperado, porque se trata de establecer si se está ante una contingencia razonable, contrario sensu, si la posibilidad o contingencia no es cierta sino vaga o genérica se caería en el terreno de un daño meramente hipotético o eventual, que no es objeto de indemnización.
8.2. La teoría de la pérdida de la oportunidad habilita una indemnización cuando se acredite que eran serias o considerables las probabilidades de que, de no haber mediado el hecho ilícito, la víctima habría obtenido un beneficio, ventaja o utilidad o evitado una pérdida (Luís Medina. Teoría de la pérdida de la oportunidad, Civitas, Madrid, 2007).
Con referencia a la pérdida de la oportunidad o chance, esta Corporación en fallo CSJ SC 10261-2014, ago. 4/2014, rad. 1998-07770-01, citando la sentencia de Casación Civil del 1º de noviembre de 2013, expediente 1994-26630-1, comentó:
“Ahora bien, dada la forma como se solicitó el resarcimiento de los perjuicios que dice haber padecido la sociedad actora, es menester preguntarse ¿qué ocurre cuándo la pérdida experimentada por la víctima no es de una ganancia, provecho o beneficio, propiamente dichos, sino de la oportunidad de obtenerlos? Estos supuestos, como se aprecia, son distintos, no obstante su cercanía y, por ende, son diversos de la real y cierta obtención de una ganancia actual o futura.
La pérdida de una oportunidad atañe a la supresión de ciertas prerrogativas de indiscutible valía para el interesado, porque en un plano objetivo, de contar con ellas, su concreción le habría significado la posibilidad de percibir, ahí sí, una ganancia, ventaja o beneficio, o de que no le sobrevenga un perjuicio. Expresado con otras palabras, existen ocasiones en las que la víctima se encuentra en la situación idónea para obtener un beneficio o evitar un detrimento, y el hecho ilícito de otra persona le impide aprovechar tal situación favorable.
Y es que, en tales casos, sin adentrarse la Corte en las disputas doctrinales que controvierten si el debate se debe situar en el requisito de la relación de causalidad o, por el contrario, en el de la certeza del daño, lo cierto es que respecto del sujeto que se encuentra en una situación como la descrita, puede llegar a predicarse certeza respecto de la idoneidad o aptitud de la situación para obtener la ventaja o evitar la desventaja, aunque exista incertidumbre en cuanto a la efectividad de estas últimas circunstancias.
Es claro, entonces, que si, como se señaló, una cosa es no percibir una ganancia y otra verse desprovisto de la posibilidad de obtenerla, el daño por pérdida de una oportunidad acaece sólo en frente de aquellas opciones revestidas de entidad suficiente que, consideradas en sí mismas, permitan colegir, por una parte, que son reales, verídicas, serias y actuales, reiterando aquí lo expresado por la Sala en el fallo precedentemente citado, y, por otra, idóneas para conseguir en verdad la utilidad esperada o para impedir la configuración de un detrimento para su titular, esto es, lo suficientemente fundadas como para que de su supresión pueda avizorarse la lesión que indefectiblemente ha de sufrir el afectado.
Por lo tanto, es indispensable precisar que la pérdida de cualquier oportunidad, expectativa o posibilidad no configura el daño que en el plano de la responsabilidad civil, ya sea contractual, ora extracontractual, es indemnizable. Cuando se trata de oportunidades débiles, incipientes, lejanas o frágiles, mal puede admitirse que, incluso, de continuar el normal desarrollo de los acontecimientos, su frustración necesariamente vaya a desembocar en la afectación negativa del patrimonio o de otro tipo de intereses lícitos de la persona que contó con ellas.
Adicionalmente, por parte de la doctrina se indica que “debe exigirse que la víctima se encuentre en situación fáctica o jurídica idónea para aspirar a la obtención de esas ventajas al momento del evento dañoso” (Zannoni, Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil, editorial Astrea, Buenos Aires, 2005, pp. 110 y 111). Y en relación con este último aspecto, resulta pertinente acudir a la opinión de Geneviève Viney y Patrice Jourdain, quienes señalan que la oportunidad debe existir para el momento en el que se realiza la conducta antijurídica que se imputa al demandado, pues “cuando el demandante no ha intentado su oportunidad en el momento en el que sobreviene el hecho que le impide definitivamente hacerlo, debe, para obtener reparación del daño, demostrar que en dicho momento estaba en capacidad de aprovechar la oportunidad o estar a punto de poder lograrlo. Esta directiva permite excluir la reparación de esperanzas puramente eventuales que no están sustentadas en hechos acaecidos al momento de advenimiento del hecho dañino imputable al demandado (…). La exigencia del carácter real y serio de la oportunidad perdida constituye un correctivo eficaz contra los abusos eventuales de la teoría” (Viney, Geneviève y Jourdain, Patrice. Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J., 3ª edición, París, 2006, pp. 101 y 102)”.
De acuerdo con lo anterior, para efectos de reparar el daño por la frustración de una oportunidad o chance, este no puede asimilarse con el valor total de la pérdida del beneficio que pudo haberse obtenido en el evento de aprovecharse la oportunidad, porque se trataría de un daño cierto, y, precisamente, lo indemnizable solo es, la frustración de la misma.
8.3. Aplicado el parámetro anterior al caso en estudio, salta a la vista que el verdadero daño, por consecuencia, se traduce no en la privación del beneficio derivado de la celebración del contrato de seguro de vida, en donde hubiese podido aparecer el señor Villamizar Sánchez como asegurado, y beneficiario Bancoop, pues el hecho incierto (la muerte) no tenía seguridad de presentarse en vigencia del crédito, de suerte que el perjuicio derivó, en esencia, de no haber tenido esa posibilidad de contratación de un seguro de vida.
La Corte en sentencia CSJ SC10103, ago. 5/2014, rad. 2004-00111-00037, tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre esta particular temática, así:
Deviene de lo dicho, entonces, que lo único cierto de la situación descrita es la incidencia negativa de la conducta desplegada por las accionadas que afecta esa expectativa del actor alrededor del acuerdo frustrado y, de manera concreta, la no inclusión del señor Londoño como asegurado; empero, tal circunstancia no puede darse por establecida, es decir, que de no haberse conculcado esa probabilidad, el beneficio esperado, con seguridad, hubiese tenido presencia; en otros términos, la pérdida de esa oportunidad es la medida del perjuicio irrogado.
9. Bajo esas circunstancias, correspondía al reclamante de la pérdida de oportunidad o chance probar, que a pesar de las razones que motivaron su no asegurabilidad, era razonablemente factible lograr contratar un seguro de vida con seguros La Equidad O.C. u otra aseguradora que asumiera esas contingencias; probabilidad que no surge de una mera alegación, sino que requiere de elementos materiales probatorios que hicieran creíble en mayor o menor grado esa posibilidad de contratación, que permitan determinar la existencia de un perjuicio con un grado de probabilidad de convertirse en cierto, carga incumplida por la demandante.
No debe perderse de vista que se trata de la frustración de un beneficio potencial, por lo que habrá de realizarse un razonado balance de sus perspectivas en pro y en contra, y atendiendo a su resultado establecer la procedencia o no de aquella y, si fuere procedente, ese trabajo facilita determinar la cuantía de lo indemnizable, obviamente en proporción con la ventaja o ganancia esperada o evitar un perjuicio y que se perdiera.
Quiere decir lo expuesto que al señor Villamizar Sánchez se le privó, itérese, en definitiva, no de un resultado determinado, infalible y positivo sino de la opción o posibilidad de tramitar la contratación de un seguro de vida individual, lo que, de suyo, evidencia que el deudor estaba expuesto, por razón del mismo contrato, a una incertidumbre que aparejaba, por esa misma circunstancia, un resultado vago e indeterminado, lejos de ser auspiciado por las partes; dependía de un tercero asegurador el perfeccionamiento del mencionado contrato. En efecto, la pérdida de una oportunidad o de un chance resulta indemnizable, siempre que la concreción de la posibilidad sea probable y no una mera ilusión.
Por esa razón, para que haya lugar a la indemnización ha de tenerse en cuenta que al momento de ocurrir el hecho dañoso la víctima se encontraba en una situación potencialmente apta para alcanzar el resultado esperado.
En tiempo reciente la Sala abordó lo concerniente a los presupuestos axiológicos para que pueda considerarse como daño indemnizable la pérdida de la oportunidad:
(i) Certeza respecto de la existencia de una legítima oportunidad, y aunque la misma envuelva un componente aleatorio, la “chance” diluida debe ser seria, verídica, real y actual; (ii) Imposibilidad concluyente de obtener el provecho o de evitar el detrimento por razón de la supresión definitiva de la oportunidad para conseguir el beneficio, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en inconveniente; y (iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado; no es cualquier expectativa o posibilidad la que configura el daño, porque si se trata de oportunidades débiles, lejanas o frágiles, no puede aceptarse que, incluso, de continuar el normal desarrollo de las cosas, su frustración inevitablemente conllevaría en la afectación negativa del patrimonio u otros intereses lícitos. Dicho de otro modo, el afectado tendría que hallarse, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en un escenario tanto fáctico como jurídicamente idóneo para alcanzar el provecho por el cual propugnaba (CSJ SC10261, ago. 4/2014, rad. 1998-07770-01).
9.1. Permite colegir lo expuesto que se equivocó el demandante cuando reclama el valor de la indemnización en atención al monto de la deuda que se le cobra ejecutivamente a la sucesión del finado Villamizar Sánchez, puesto que la causa de la ejecución es el no pago del mutuo en las condiciones pactadas; mientras que la falta de información de la pasiva a su deudor, de que no fue incluido en la póliza de seguros deudores que con antelación tenía contratada con Bancoop, podría traducir privación de la oportunidad de potencialmente celebrar un ajuste negocial de seguros, a fin de amparar los riesgos de muerte o incapacidad permanente o parcial, dejando a salvo su patrimonio ante la eventualidad de su ocurrencia durante la existencia del contrato de mutuo, sin que puedan válidamente asimilarse, puesto que ni siquiera puede afirmarse con contundencia que de haber sido vinculado a la póliza deudores por seguros La Equidad O.C. u otra aseguradora ante la ocurrencia del siniestro ésta hubiera liberado a la sucesión de la obligación de cancelar la acreencia insoluta, pues tal supuesto requiere a su vez del acatamiento cabal de otras exigencias que quedan en la incertidumbre su satisfacción o no.
9.2. En definitiva, no existiendo prueba alguna en el plenario que permita siquiera avizorar con algún grado de probabilidad que el deudor fallecido hubiera podido alcanzar u obtener la contratación de un seguro de vida, refleja que se está en presencia de un daño meramente hipotético o eventual, el que no resulta indemnizable, lo que conduce a la improsperidad de todas las pretensiones deprecadas en el libelo de demanda.
10. Por último, la ponencia a partir de la tesis de la existencia de contratos coligados, que como quedó anotado en precedencia requiere indefectiblemente una pluralidad negocial que en este caso quedó claramente determinado no se dio al no haberse contratado el de seguros, considerando un proceder inadecuado de la entidad cooperativa por no informar el rechazo que hiciera la aseguradora, infiere la responsabilidad civil contractual reclamada, imponiéndole a título de condena el pago del capital junto con los intereses correspondientes a los dos (2) créditos que le fueron otorgados a Gilberto Villamizar; empero, a la par, parece justificar la ejecución que la entidad adelanta contra la sucesión de éste para obtener el pago coercitivo de aquellas acreencias.
Ello, por cuanto se dice que “en atención a que los identificados títulos valores están siendo cobrados en el proceso ejecutivo que Bancoop adelanta a la cónyuge y herederos del primigenio deudor, en el que se encuentra pendiente resolver la apelación interpuesta contra el fallo de primera instancia, la Corte sujetará la condena de que se trata, a los valores por los que se ordene seguir adelante este recaudo” y en ese orden la entidad deberá pagar “la suma de dinero que éstos resulten deberle, por concepto de saldo insoluto de capital e intereses, según se resuelva en la sentencia con la que se defina el proceso ejecutivo atrás identificado”, dejando entrever cierta ambivalencia, habida cuenta que con la postura mayoritaria, en rigor, so pretexto de la existencia de contratos coligados, infiere una responsabilidad contractual, dando por sentada la ocurrencia de un proceder dañoso de la entidad demandada al exigir ese pago a la sucesión, al omitir informar oportunamente al deudor su rechazo por parte de la aseguradora, siendo que ante el no ajuste del vínculo aseguraticio esto sería eminentemente extracontractual, pero sujeta la decisión a las resultas del juicio ejecutivo donde se pretende el cumplimiento forzado del contrato de mutuo que resultó impago, como si las cosas pudieran ser y no ser al mismo tiempo.
11. En los términos que anteceden queda salvado el voto.
(1) Moseet Iturraspe, Jorge. “Contratos conexos. Grupos y redes de contratos”. Santa Fe, Rubinzal - Culzoni editores, 1999, p. 9.
(2) Lorenzetti, Ricardo Luis. “Tratado de los contratos”, tomo I, Santa Fe, Rubinzal - Culzoni editores, 2004, p. 33.
(3) López Frías, Ana. “Los contratos conexos. Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal”. Barcelona, José María Bosch Editor S.A., 1994, pp. 21 y 22.
(4) CSJ, SC del 31 de mayo de 1938. G.J., t. XLVI, pp. 670 y 671.
(5) CSJ, SC 068 del 6 de octubre de 1999, rad. 5224.
(6) Collegamento negociale, en Scritti giuridici, vol. I, Cedam, Milano, 1996, p. 119.
(7) CSJ, SC del 25 de septiembre de 2007, rad. 2000-00528-01.
(8) Cariota Ferrera, Luigi. “El negocio jurídico”, Madrid, ed. Aguilar, 1956, p. 264.
(9) C. Massimo Bianca. “Diritto civile”, t. III, II contratto. Milano, Giuffré Editore, 1987, p. 457.
(10) CSJ, SC del 25 de septiembre de 2007, rad. 2000-00528-01.
(11) Lorenzzeti, Ricardo Luis, ob. cit., pp. 50 y 51.
(12) Lorenzzeti, Ricardo Luis, ob. cit., p. 53.
(13) E. Danz. “La interpretación de los negocios jurídicos”. Madrid, librería general de Victoriano Suárez, p. 191. En sentido similar, Luigi Mosco. “Principi Sulla Interpretazione Dei Negozi Giuridici”. Nápoles, Dott, 1952, pp. 67 y ss.
(14) CSJ, SC 16496 del 16 de noviembre de 2016, rad. 1996-13623- 01.
(15) Ossa G., J. Efrén. “Teoría general del seguro. El contrato”. Bogotá, Temis S.A., 1991, pp. 175 y 176.
(16) CSJ, SC de 30 de junio de 2011, rad. 1999-00019-01.
(17) CSJ, SC de 30 de junio de 2011, rad. 1999-00019-01.
(18) CSJ, SC del 28 de junio de 2000, rad. 5348.
(19) CSJ, SC 198 del 3 de septiembre de 1991. G.J., t. CCXXII, pp. 85 y 86.
(20) Sentencia de casación de 30 de junio de 2011, exp. 76001-31-03-006-1999-0019-01, M.P. Edgardo Villamil Portilla.

References: artículo 2341
 artículo 2356
 artículo 360
 artículo 357
 artículo 1083
 artículo 1137
 artículo 1039
 artículo 1042
 artículo 335
 artículo 2
 artículo 46
 artículo 98
 artículo 24
 artículo 101
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 artículo 191
 artículo 83
 artículo 1603
 resolución 
 artículo 108
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