Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520358.html
Timestamp: 2019-03-22 04:16:57+00:00

Document:
as201520358
Auto Supremo: 358/2015
Sucre: 22 de Mayo 2015
Expediente: SC-51-15-A
Partes: Mary Susy Jiménez de Cuellar c/ Gobierno Autónomo Municipal de
VISTOS: La solicitud planteada por Mary Susy Jiménez de Cuellar de fs. 205 a 213 para que se promueva Acción de Inconstitucionalidad Concreta de los Decretos Leyes Nº 14375 de 21 de febrero y 15071 de 15 de octubre de 1977; la respuesta del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra mediante memorial de fecha 20 de mayo de 2015; los antecedentes del proceso, y:
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente se evidencia que Mary Susy Jiménez de Cuellar, por memorial de fs. 20 a 23 subsanado a fs. 27, con fines de indemnización, en la vía de auxilio judicial solicitó nombramiento de perito evaluador para que determine el justiprecio de terreno afectado por expropiación por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra dirigiendo su demanda contra dicha Institución; tramitada la causa por ante el Juez Décimo Primero de Partido en lo Civil de la ciudad de Santa Cruz y presentado el informe pericial, éste fue objetado por la Entidad demanda y resuelto por la misma autoridad judicial mediante Auto de 30 de octubre de 2014 (fs. 155 y vta.) rechazando la objeción.
Apelada dicha Resolución por la Institución demandada; la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 53 de 06 de febrero de 2015, revoca parcialmente el Auto apelado, reduciendo el 40% de la superficie a cuantificar quedando como superficie hábil 2.980,34 mts2 a razón de $us. 100 por metro cuadrado, totalizando el monto de $us. 298.034,4 como justiprecio a ser cancelado por el Gobierno Municipal; contra dicha Resolución la Entidad demandada interpuso recurso de casación en la forma, encontrándose la causa en este Tribunal Supremo con decreto de Autos, estado en el cual la demandante interpuso demanda de inconstitucionalidad concreta contra los Decretos Leyes Nº 14375 y 15071 de 21 de febrero y 15 de octubre, ambos de 1977 respectivamente.
La accionante por memorial de 29 de abril de 2015 de fs. 205 a 213 solicita a la Sala Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, promueva acción de inconstitucionalidad concreta del art. 11 del Decreto Ley Nº 14375 de 21 de febrero de 1977 y art. 2 del Decreto Supremo Nº 15071 de 15 de octubre del mismo año, señalando que su persona sigue siendo la única y legítima propietaria de un terreno (que ha sido expropiado y no pagado por el Municipio de Santa Cruz de la Sierra); hace referencia al Estado Social de Derecho poniendo de manifiesto los valores supremos, principios, derechos y garantías que establece la Constitución Política del Estado indicando que el derecho civil y su procedimiento solo pueden ser aplicados dentro del marco que señala la Constitución.
Refiere que el proceso tiene su origen en una petición de auxilio judicial para establecer el justiprecio de los terrenos de su propiedad que fueron expropiados por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, relatando todo lo ocurrido en el curso de dicho proceso; indica además que este Tribunal Supremo habría estado aplicando en casos similares, los Decretos Leyes Nº 14375 y 15071, pese a que dichas normas son a todas luces inconstitucionales y de aplicarse los mismos al presente caso, se incurriría en una ilegalidad y arbitrariedad que le ocasionaría graves e irreparables perjuicios y para que se garantice un fallo justo y apegado a la Constitución, dependerá de la inconstitucionalidad de dichas normas legales.
Afirma que los Decretos Leyes de referencia, ambos son inconstitucionales en su totalidad en la forma, ya que fueron aprobados y promulgados en un Gabinete Ministerial de un Gobierno de Facto durante la vigencia de la Constitución Política del Estado de 1967. Por otra parte indica que también son inconstitucionales en el fondo para tal efecto hace referencia al art. 11 del Decreto Ley Nº 14375 y art. 2 del Decreto Ley Nº 15071 trascribiendo en forma textual dichas disposiciones legales, la primera establece; “La expropiación de inmuebles urbanos que efectúen las entidades del sector público se realizará cubriendo el cien por cien (100%) del valor catastral actualizado como monto indemnizable”, y la segunda ratifica esa situación.
Indica que la actual Constitución Política del Estado reconoce en su art. 56 el derecho a la propiedad privada y en su art. 57 el derecho a una justa indemnización en caso de expropiación, siendo éste un derecho derivado del derecho a la propiedad privada. Seguidamente hace referencia a la actual C.P.E. como a la de 1967 referido a la indemnización justa por expropiación, tratados internacionales, jurisprudencia constitucional plasmada en distintas Sentencias que están referidas al principio de supremacía constitucional, derecho de propiedad, diferencia entre valor catastral y valor real, pago de justiprecio, etc., resaltando la SCP Nº 2621/2012 transcribiendo in extenso su contenido.
Finalmente, hace referencia al art. 123.I de la Ley de Municipalidades N º 2028; al 84 de la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985; al art. 7 de la Ley de Expropiación del 30 de diciembre de 1884 y concluye indicando que los Decretos Leyes Nº 14375 y 15071 son absolutamente inconstitucionales en la forma por haber sido aprobados por un Gabinete Ministerial de un Gobierno de Facto, y en el fondo indica que son inconstitucionales el art. 11 del primer Decreto de referencia y el art. 2 del segundo, los que vulnerarían dos Constituciones Políticas del Estado (la de 1967 y la actual); violan los Tratados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica y las tres Leyes de referencia.
Finaliza solicitando en su petitorio que se promueva su acción intentada y sea tramitada conforme al art. 80 del Código Procesal Constitucional para que el Tribunal Constitucional Plurinacional declare la inconstitucionalidad de los indicados Decretos Leyes Nº 14375 y 15071 (por la forma) o en su defecto declare la inconstitucionalidad (por el fondo) del art. 11 del primero y el art. 2 del segundo.
Corrido en traslado, la Entidad demandada respondió a la acción planteada de manera negativa pidiendo su rechazo indicando desde su perspectiva que la base imponible del impuesto de los bienes inmuebles está constituido por el 100% del valor catastral en función al cual los propietarios pagan sus impuestos y no así sobre en función al avaluó comercial, no pudiendo concebirse que un sujeto que paga los tributos de su inmueble en base al avaluó catastral, ante una expropiación tenga que ser indemnizado en base a un avaluó comercial, aspecto que implicaría anteponerse al principio de razonabilidad y coherencia normativa.
Expuestos los hechos como se encuentran descritos en calidad de resumen en el Considerando que antecede, corresponde a este Tribunal Supremo emitir Resolución en sujeción al siguiente razonamiento:
El Art. 132 de la Constitución Política del Estado establece: “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley”.
Concordante con la norma Constitucional de referencia, se tiene a la Ley Nº 254 Código Procesal Constitucional que en su art. 79 señala: “Tienen legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucional Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, dependa de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueva la acción”; el subrayado y resaltado nos corresponde.
La Acción a la cual nos referimos, tiene por finalidad someter a control de constitucionalidad una disposición legal o de algunas de sus normas que la contiene, de las cuales se tenga duda razonable y fundada de la constitucionalidad en aquellos casos donde la norma legal tenga que ser aplicada en un caso concreto ya sea un proceso judicial o administrativo, de cuyo aspecto dependerá la validez del fallo a ser emitido; es decir la norma debe ser manifiestamente incompatible con la Ley Fundamental del Estado requiriéndose previamente de su verificación y pronunciamiento por parte del órgano competente a objeto de que éste determine la constitucionalidad o no de la norma legal cuestionada.
De acuerdo al criterio asumido por José Antonio Rivera Santivañez en su Obra “Jurisdicción Constitucional”, Tercera Edición 2011 página 252 y 253, son dos las condiciones para curso a la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta:
1.- “La existencia de una duda razonable y fundada sobre la constitucionalidad de la disposición legal aplicable al caso concreto. En efecto, la acción solo será promovida en aquellos casos en los que al tramitarse un proceso judicial o administrativo, surja, en el juez, tribunal o autoridad administrativa y, en su caso, en una de las partes que intervienen en el proceso, una duda razonable respecto a la constitucionalidad de la disposición legal o cualesquiera de sus normas que será aplicada al resolver la causa principal o accesoria del proceso”.
2.- “La vinculación necesaria entre la validez constitucional de la disposición legal que será impugnada con la decisión que deba adoptar la autoridad judicial o administrativa en el caso concreto, vale decir, la decisión que deba adoptar el juez, tribunal o autoridad administrativa debe depender de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal. Esto quiere decir que la acción solo procederá cuando la disposición legal, sobre cuya constitucionalidad exista duda, tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso concreto dilucidado dentro del proceso judicial o administrativo”.
En el caso presente el proceso se encuentra en etapa de casación y en ese entendido habrá que tomar en cuenta el tipo de recurso a ser resuelto por ser éste el que marca el límite de actuación del Tribunal de casación; en ese entendido diremos el recurso que fue interpuesto por Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra que cursa de fs. 182 a 184 se trata de un recurso de casación en la forma donde se cuestiona la forma de nombramiento del perito en cuyo petitorio solicita se anulen obrados hasta fs. 107 y se disponga que el Juez de la causa practique nueva designación de perito mediante sorteo de la terna de profesionales enviados por el Colegio de Arquitectos.
Así planteado y el recurso, este Tribunal en caso de ingresar a considerar y resolver el mismo, simplemente se limitará a verificar si es evidente o no la infracción de normas de carácter procedimental del Código adjetivo civil denunciado por el recurrente, sin que sea necesario ingresar a analizar el fondo del asunto y la decisión que vaya a asumir respecto a dicho recurso, de ninguna manera dependerá de la aplicación de las normas legales que se acusan de inconstitucionales como son los Decretos Leyes N° 14375 y 15071, ni mucho menos en la acción de inconstitucionalidad se pone en tela de juicio la inconstitucionalidad de ninguna norma procesal; consiguientemente la solicitud de la actora no se subsume dentro de los alcances de la última parte del art. 79 de la Ley N° 254 Código Procesal Constitucional y menos se cumplen las condiciones descritas líneas arriba para dar curso a la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta impetrada por la actora.
La accionante no comprendió la naturaleza del recurso de casación planteado por su adversario, mismo que delimita el accionar de este Tribunal en cuya decisión a ser asumida no concurre absolutamente para nada la aplicación de las disposiciones legales que se acusan de inconstitucionales para que este Tribunal Supremo de Justicia promueva la acción de inconstitucionalidad impetrada por la parte demandante, motivo por el que corresponde desestimar la acción planteada.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 80.IV de la Ley N° 254, RECHAZA PROMOVER la Acción de Inconstitucionalidad Concreta planteada por Mary Susy Jiménez de Cuellar por considerar manifiestamente improcedente dicha solicitud, debiendo remitirse la presente Resolución en consulta a la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo correspondiente.
En cumplimiento del art. 80.III del Código Procesal Constitucional, adjúntese a la presente Resolución copia legalizada de la demanda de fs. 20 a 23 y 27 y vta., contestación de fs. 100 a 103 y vta., designación de perito de fs. 107, memorial de fs. 147 a 148 de impugnación a avaluó pericial, Resolución de fs. 155 y vta., apelación de fs. 157 a 158 y vta., Auto de Vista de fs. 176 y vta., recurso de casación de fs. 182 a 184, respuesta de fs. 188 y vta., memorial de acción de inconstitucional concreta de fs. 205 a 213, memorial de respuesta de fecha 20 de mayo de 2015 y Decretos Leyes Nº 14375 y 15071 de fs. 200 a 204.
En tanto la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional no absuelva la consulta no corresponde someter a sorteo la causa hasta la notificación con la Resolución correspondiente.
No interviene el Magistrado Rómulo Calle Mamani por estar declarado en comisión oficial.

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