Source: http://kirchnerista.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
Timestamp: 2017-05-29 04:00:49+00:00

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¿Quienes pueden ingresar al programa? Aquellos ciudadanos que cumplan con los “requisitos de admisibilidad”, esto es argentinos nativos o por opción de entre 14 y 24 años, permitiendo además el ingreso a “extranjeros con residencia permanente en el país” Obvia referencia no a hijos de anglosajones o europeos, que seguramente no se cuentan entre los “jóvenes en riesgo” sino a los hijos de los residentes de países limítrofes. El carácter disciplinario y de contención militarizada se revela en las condiciones de alojamiento en “instalaciones de las Fuerzas Armadas” y el dictado de los cursos “a cargo del personal idóneo de dichas fuerzas”, debiendo además, cuando esten alojados en unidades militares “respetar los reglamentos de éstas, referidos a normas de convivencia.” El pack fascistoide incluye además un incentivo económico y la promesa de una salida profesional.
El juez Elvio Sagarra, a cargo del Juzgado Civil Nº 6 de La Plata, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación y ejecución de la resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, que había decretado la caducidad de la licencia de la empresa Fibertel para la prestación de servicios de internet.Lo primero que hay que decir es que el estado, a través de esa resolución en ningún momento le niega a los usuarios el derecho a acceder a Internet sino que Fibertel no puede brindar el servicio porque carece de licencia habilitante.Dice Segarra en el fallo: "y sostengo lo establecido, avocándome al tratamiento de la medida cautelar, desde que es mi convicción que resulta prioritario y fundamental hacer cesar y ponerle coto a las vicisitudes y ese estado de indefensión que atraviesan todos los abonados del servicio de internet que provee la firma cablevisión bajo la marca Fibertel, y por ende deslindando ipso facto las controversias que se han suscitadoentre Cablevisión -como empresa integrante del grupo Clarin-, y el gobierno nacional, propagando lo que aquí se dispone, con efectos erga omnes.”Para el Juez Segarra Fibertel es una “marca” y le otorga el derecho a Cablevisión para proveer un servicio por encima de las leyes. Pero lo más insólito es que una medida cautelar se otorgue “erga omnes” (de carácter general)Pero no es el ùnico Juez que dice semejante disparate: Hace unos dìas, el Conjuez de Dolores, Adolfo Harisgarat hizo lugar a una medida de no innovar sobre el reordenamiento de la grilla de canales.En esa sentencia, el Juez resolvió: “I) Hacer lugar a la medida de no innovar y ordenar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), la suspensión de la vigencia de la Resolución Nro. 296/10 con respecto a El Haieck Producciones S.A. y a la Sucursal Cablevisión Dolores, empresa que deberá seguir emitiendo la señal de titularidad de la actora en las mismas condiciones y modalidades con que actualmente se emite (art. 230 del CPCCN). II) Ordenar a AFSCA se abstenga de dictar actos administrativos y/o realizar hechos que impliquen poner en ejercicio la citada Resolución hasta tanto en el presente proceso se dicte sentencia definitiva. III) A efectos de abarcar todas las sucursales de Cablevisión se otorga a la presente efecto erga omnes.”El primer punto de la resolución puede ajustarse a derecho siempre que la productora haya fundamentado el recurso pero el fallo no termina ahí.Ordena además la abstenciòn por parte del poder ejecutivo para ejercer su potestad regulatoria y en el tercer punto es verdaderamente desopilante, extiende la cautelar a “todas las sucursales de cablevisiòn” con efectos erga omnes, yendo incluso más alla del petitorio del demandante y sin ningun tipo de fundamentoHace poco tiempo la Corte Suprema fijó posición sobre las cautelares suspensivas generales, cuando resolvió una cautelar contra la ley de medios. Dijo la Corte en ese fallo (C:8) Existen dos "modelos de control deconstitucionalidad: o concentrado y erga omnes, o difuso y para el caso. Lo que no puede existir es un modelo difuso con efectos erga omnes.”Mas allá de las razones jurìdicas, el hecho es que Clarìn siempre encontrara un juez que defienda sus intereses en cualquier rincón del paìs y le ponga la firma a cualquier cosa. Esa es una tarea pendiente de la democracia: acabar con una corporación judicial que tiene entre sus integrantes a jueces rapidos para responder a las necesidades de los grupos monopolicos y lentos para defender los derechos de los ciudadanos. 0
Se conocieron los resultados electorales en Venezuela demostrando que el PSUV sigue siendo la fuerza mayoritaria, aunque hay que destacar que los votos obtenidos por la oposición unida, les permite finalmente participar del régimen democrático que habían rechazado primero con el golpe del 2001 y con el boicot electoral en anteriores elecciones.Como análisis, es interesante este parrafo extraido de los compañeros de Aporrea“Pero un dato muy importante que no se puede ignorar es que el volumen nacional total de los votos contrarios al chavismo se ubicaron esta vez en un 52%, a pesar de que los triunfos en las circunscripciones le dieron la mayoría al PSUV. No se descarta que ese porcentaje esté incrustada una buena dosis de votos-castigo de sectores que antes votaban a favor de Chávez. Este hecho, levanta en el horizonte electoral y político una seria amenaza, con vista al próximo período que se abre a partir de estas elecciones. Deberá ser tomado muy encuenta a la hora de evaluar las causas de tales resultados, sus posibles consecuencias, las grietas y peligros nuevos que emergen y los correctivos o ajustes que el rumbo revolucionario reclama, más allá de cualquier eslogan de revisión, rectificación y reimpulso. La camisa de fuerza del Estado burgués se estrecha para la revolución bolivariana: de verdad llegó la hora de revisar los ritmos de la revolución y de la transición, de arreglar cuentas con el burocratismo y otros lastres del proceso. Más que nunca requerimos... ¡limpieza y más revolución!”
"Bueno mis queridos Compatriotas, ha sido una gran jornada y hemos obtenido una sólida victoria. Suficiente para continuar profundizando el Socialismo Bolivariano y Democrático. Debemos continuar fortaleciendo la Revolución!! Una nueva Victoria del Pueblo. Les felicito a todos" Presidente Hugo Chavez 0
Los distintos proyectos presentados ante la Cámara de Diputados de la Nación en los que expresan su preocupación por el incumplimiento por parte del Gobernador de la Provincia de Santa Cruz de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le impuso la carga de reponer al Dr. Eduardo Emilio Sosa en el cargo de Agente Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de esa Provincia, y solicitan la intervención federal de la misma, no tiene ningún tipo de asidero legal, puesto que el relato que efectúan del desarrollo que han tenido las causas judiciales aludidas resulta ser antojadizo y parcializado y no reflejan la verdad de los hechos acontecidos como así tampoco tienen en cuenta la autonomía de los gobiernos provinciales. Voy a tratar de aclarar un poco la situación del tema principalmente de la imposibilidad de cumplimiento de lo exigido por la Corte Suprema, ya que en los proyectos presentados solo se menciona en líneas generales, lo dictaminado últimamente por el Superior Tribunal de la Nación, sin entrar en debate sobre la cuestión.
En lo que respecta a la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena restituir al actor en el cargo de Procurador General con las funciones que ejercía antes de la sanción de la Ley 2404 requiriendo a su vez a los jueces de la causa que se pronuncien sobre la situación de las personas designadas en los cargos de Agente Fiscal y Defensor (Sentencia del 02 de Octubre de 2001), el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia hace lugar al pedido de sustitución de sentencia presentado por la Fiscalía de Estado, en el entendimiento que la Sentencia dictada por la Corte resultaba de cumplimiento imposible, ya que no puede dejarse sin efecto la creación del cargo de Agente Fiscal y Defensor ante el Tribunal Superior de Justicia, no habiéndose declarado la inconstitucional del art. 7º de la Ley 2404 que dispone su creación, y sin que ello genere un grave daño irreparable para el interés u orden público puesto que tendrían que convivir dos (o tres) funcionarios en dos cargos que tendrían competencias superpuestas, siendo plenamente aplicable el instituto de sustitución de sentencia previsto en los arts. 99 y 100 de la Ley Provincial Nº 2600. Ante la imposibilidad de retrotraer las cosas al momento en que se dictó la Ley 2404, dicho Tribunal establece una indemnización a favor del Dr. Sosa por los perjuicios que le pudiera ocasionar la sustitución dispuesta por la suma de $ 1.216.182.-
Ahora bien el considerando 17º de dicha Sentencia expresa: "Que, como consecuencia de lo expuesto, el demandante Eduardo Emilio Sosa deberá ser repuesto en el cargo de Agente Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz. Por su parte los Jueces de la causa deberán pronunciarse sobre la situación de la persona que estuviese desempeñándose en dicho cargo, teniendo en cuenta que a los fines del cumplimiento de esta sentencia no será oponible la estabilidad o inamovilidad que pudiere invocar quien se desempeñe actualmente como Agente Fiscal". Asimismo en el punto 19º establece que dicha reposición deberá ser llevada a cabo por el Gobernador de la Provincia, bajo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal para que investigue la eventual comisión de un delito de acción pública.- En función de ello, el Gobernador de la Provincia con fecha 26 de Octubre de 2009 plantea una Aclaratoria al Fallo de mención, manifestando que no advierte la manera de dar curso a lo resuelto por dicho Tribunal, planteando las incongruencias de dicha Sentencia, requiriendo finalmente a la Corte le aclare la sentencia en lo relativo a la modalidad de cumplimiento de la misma, de manera que la carga impuesta, en su condición de Gobernador de la Provincia, no resulte violatoria del derecho público provincial.- Este Recurso de Aclaratoria, al igual que el Recurso de Nulidad interpuesto por el propio afectado por el Fallo en cuestión, esto es, el Dr. Claudio Espinoza, actual Agente Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, es objeto de rechazo por Resolución de fecha 10 de Noviembre de 2009 sin ningún tipo de fundamentación.-
Ante dicha situación, el Poder Ejecutivo Provincial dicta el Decreto Nº 3026 de fecha 21 de Diciembre de 2009 en el que se dilucida la carga impuesta por la Corte Suprema en sus diversos considerandos, y que sintéticamente dan cuenta de un exceso de jurisdicción puesto que se introduce en forma sorpresiva una nueva modalidad en la ejecución de la sentencia, que deriva del reconocimiento de la imposibilidad de restitución del actor en el cargo de Procurador Fiscal que ostentaba con anterioridad de la sanción de la Ley 2404, disponiendo que se haga efectiva ahora en un nuevo cargo, este es el de Agente Fiscal, y el valladar jurídico que conlleva esta nueva imposición de la Corte en el orden público nacional y provincial, ya que para la designación de Dr. Sosa en el cargo de Agente Fiscal, necesariamente el Poder Ejecutivo Provincial debe contar con el respectivo acuerdo de la Legislatura Provincial, no pudiendo proceder a su designación directamente, obviando la participación que constitucionalmente se requiere de otro poder del Estado, máxime cuando el acuerdo otorgado oportunamente por la Honorable Cámara de Diputados al Dr. Sosa, lo fue para la cobertura del cargo de Procurador General, y no para el de Agente Fiscal, por lo que esta nueva designación, necesariamente requiere de la intervención de dicho Cuerpo Legislativo (conforme art. 7º de la Ley 2404, Ley Provincial Nº 1 Orgánica del Poder Judicial - 104 inc. 20, 119 inc. 6 y 127º de la Constitución Provincial), caso contrario se estaría avasallando una atribución constitucional expresa que le asiste al Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz en el régimen de nombramiento de los funcionarios judiciales.- Que otra circunstancia que ha sido merituada en el referido Decreto en relación a la manda que se le impone al Señor Gobernador de la Provincia, es el hecho de que en la actualidad el cargo de Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia se encuentra cubierto por el Dr. Claudio Roberto Espinosa, no pudiendo coexistir ambos funcionarios, desempeñándose en el mismo cargo, con idénticas funciones, por lo que la designación del Dr. Sosa en dicho cargo, implica de hecho la remoción del actual Funcionario Judicial que ostenta dicho cargo, y respecto del cual no se ha seguido el procedimiento vigente para su remoción - Juicio Político - y respecto del cual procede exclusivamente por las causales previstas en el art. 138º de la Constitución Provincial.-
En lo que respecta al citado funcionario judicial corresponde mencionar que en ningún proceso judicial ha sido declarada inconstitucional la designación del Dr. Claudio Roberto Espinosa en el cargo de Agente Fiscal, por lo que siendo plenamente legitima su designación, su remoción solamente puede operarse por el procedimiento señalado, caso contrario se vulneraría la garantía de inamovilidad de la que goza el Dr. Espinosa, y de la que ni siquiera la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación puede privarlo.- En consecuencia no habiéndose operado ninguna de las causales que habiliten el procedimiento del "juicio político", constitucionalmente le está vedado al Poder Ejecutivo Provincial proceder a la remoción del citado funcionario.-
En virtud de lo expuesto, resulta a todas luces claro que el dictado del Decreto Provincial Nº 3026/09 no implica desconocer el mandato del máximo Tribunal, por el contrario el Poder Ejecutivo Provincial ha acatado el mismo, lo que así se ha expresado textualmente en el art. 4º de dicho instrumento, disponiendo el procedimiento que constitucionalmente corresponde para su cumplimiento, teniendo en miras resguardar el mismo principio de "inamovilidad de los magistrados" que se invoca en la persona del Dr. Sosa, el cual también ostenta el Dr. Espinosa, actual Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia.- Asimismo cabe reseñar respecto de la firme convicción y voluntad del Gobernador de la Provincia de acactar el Fallo de la Corte, sin menoscabar el orden público provincial, conciliando los intereses y garantías constitucionales aludidas, que con fecha 03 de Mayo de 2010 remite la Nota Gob Nº 007/10 al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, señalando que "habiendo tomado estado parlamentario la iniciativa propuesta en el Decreto de mención, con motivo de su giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la primera sesión ordinaria celebrada con fecha 11 de Marzo de 2010, es que se requiere se agilicen los mecanismos internos pertinentes a los fines de su pronto tratamiento en el recinto.-
Culmina dicha misiva señalando "El presente requerimiento se motiva en el estricto acatamiento de la normativa y razones de orden público plasmado en el Decreto de mención, que para hacer efectiva la manda dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, necesariamente se requiere la intervención de ese Poder Legislativo".- Este requerimiento de pronto despacho solicitado por el Gobernador a la Legislatura Local es informado a la Corte con fecha 28 de Mayo de 2010, adjuntando asimismo una certificación de la Honorable Cámara de Diputados que da cuenta de tal situación.-
En cuanto a la intervención federal requerida en los proyectos de mención, hay que tener en cuenta que la misma constituye un instrumento institucional de carácter excepcional. La decisión de intervenir una jurisdicción (una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) tiene siempre como finalidad exclusiva mantener la supremacía de la Constitución Nacional y todos sus derechos y garantías. A lo largo de la historia de nuestro país, se han dado casos puntuales de intervención por cuestiones generalmente políticas, y de una gravedad institucional tal que ameritaban, por un plazo determinado, intervenir los poderes del Estado Provincial, principalmente para establecer un orden en provincias con revueltas sociales graves y abusos de poder de una gravedad institucional tal que implicaban la urgente intervención.
Para Alberdi la "soberanía" pertenece originariamente al pueblo, quien la delega en autoridades lo que da origen al Gobierno representativo. Pero en esta delegación en un sistema mixto de central y provincial, el pueblo divide en dos partes el ejercicio de su soberanía: uno solidariamente con las demás provincias por medio de autoridades comunes que gobiernan en los objetos esencialmente nacionales; otro aisladamente y separadamente por medio de autoridades locales que gobiernan en los objetos peculiares de la provincia." (Obras Completas de Juan Bautista Alberdi Pág 26) A su vez sostiene una de las definiciones que fueron plasmadas en nuestra constitución Nacional referidas a que "El poder reservado al gobierno local es más extenso porque es indefinido y comprende todo lo que abraza la soberanía del pueblo. El poder general es limitado y excepcional. Sólo es de su incumbencia lo que está escrito en la Constitución; todo lo demás es de las provincias." (Obras Completas de Juan Bautista Alberdi Pág 124).
Ahora bien, en otro orden de ideas, y adentrándonos profundamente al tema en cuestión, sobre la irresponsable y temeraria manifestación de la Corte Suprema de considerar la posibilidad de la Intervención Federal de la Provincia de Santa Cruz, en suma de sendas iniciativas en este mismo orden, debemos presentar un cabal análisis del instituto Constitucional de la Intervención Provincial. El artículo 6º de nuestro Constitución establece el Instituto de la Intervención Federal de una provincia. "El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia." De esta norma se desprende el alcance y legalidad de la Intervención, del cual se puede apreciar que la Constitución prevé este instituto en forma excepcional y extremadamente restrictiva, permitiendo el mismo solo en cuatro supuestos, a saber: i) Garantizar la forma Republicana de Gobierno; ii) Repeler invasiones extranjeras; iii) Sostener o reconstruir las autoridades constituidas por sedición o Invasión iv) Sostener o reconstruir las autoridades constituidas por invasión. Los supuestos ii), iii) y iv) resultan extremadamente ajenos a este caso puntual, sobre el cual a modo de economizar el presente obviare analizar. Respecto a la intervención por la causal de garantizar la Forma Republicana de Gobierno, causal alegada por la Corte, merece un análisis en profundidad.
Este precepto constitucional sobre la protección de la forma republicana de gobierno debe interpretarse en el marco de todo el orden normativo federal y desde las bases más esenciales de nuestra república. Así desde la sanción de la Constitución Nacional, se han delimitados las potestades del Estado central y las facultades y atribuciones de las provincias vedándose al Estado Central y en especial a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la intromisión en los conflictos internos entre poderes e instituciones de una misma provincia. Citando a María Angélica Gelli en relación a la intervención federal por causa de garantizar la forma Republicana de Gobierno ha sostenido que: "empleando una interpretación armónica y finalista de las disposiciones constitucionales, la intervención federal por aquella causal (refiriéndose al derecho público provincial) debe darse cuando el conflicto sea de tal envergadura que impida el funcionamiento o trabe la independencia de algún poder del Estado." (María Angélica Gelli. Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada. 3 era edición ampliada y actualizada, Ed. La Ley, año 2005; P. 53)
En el artìculo 1º del proyecto se establece que “todos los trabajadores, empleados u obreros que presten servicios en virtud de un contrato de trabajo en una empresa con fines de lucro, tendrán derecho a una retribución anual en concepto de participación de las ganancias” fijándose esta participación en el 10% de las ganancias netas que seràn distribuìdas entre los trabajadores esta retribución "no integra ni sustituye el salario legal y convencional" y no se computa para la determinación de cargas sociales (art. 2º) Tambien se fijan excepciones para empresas al régimen general (nueva empresa y ganancia mínima) además de una vigencia escalonada segùn la cantidad de trabajadores. Es importante destacar el art. 18 del proyecto que establece que la empresa debe a los fines de la ley, "informar a los trabajadores de la empresa y a la asociación sindical que los represente la ganancia neta de la empresa." Y lo más importante: "Esta ley es de orden público. Consecuentemente, será nulo y sin valor todo pacto o convención de partes, anterior o posterior a la entrada en vigencia de la presente ley, que suprima o reduzca los derechos previstos por ésta y quedan derogadas todas las disposiciones en contrario."
Gran revuelo se armo en la sesión de ayer cuando el Jefe de Gabinete cuestionó el informe de la Relatoría acerca de trata de personas producida por la relatora de la ONU. En ese marco dijo Aníbal Fernandez: “Hay un grupo de personas que dicen saber mucho sobre este tema y viven hablando mal de nuestro país cada vez que tienen oportunidad de hacerlo. Y voy a decir de quiénes se trata. Me refiero a la señora Mercedes Azorati; a la señora Sara Torres, que es empleada de la señora diputada Gil Lozano; al señor Fernando Mao (…)" Esto dijo Anibal Fernandez cuando se refirió al tema y defendió, como era previsible que lo hiciera, las acciones del gobierno encaradas a partir de la ley de trata aprobada en el año 2008. Es conocida la oposición de Sara Torres a algunos aspectos de esta ley y su militancia por la necesidad de reformarla. En todo caso la discusión gira en torno de cuál es la mejor legislación pero a lo que apuntó Anibal Fernandez es a la falta de reconocimiento de los avances en la gestión del gobierno sobre ese tema. Ni mas ni menos que eso.Pero la oposición crispada respondió desvirtuando los dichos y los hechos: Dijeron los diputados opositores: Bullrich.- ¡¿Cómo va a hablar así de una señora diputada?!, Macaluse, “solicitamos que el jefe de Gabinete de Ministros retire lo dicho sobre la señora diputada y su asesora, se teste de la versión taquigráfica su comentario” Stolbizer. “una gratuita provocación” Hotton: “una persona de bien y que trabaja con convicción y honestidad.” Favario.- “solidaridad con la señora diputada Gil Lozano y su asesora” Sola: “Lo que dijo el señor jefe de Gabinete es que la persona en cuestión(…) hace traición a la patria.”
Ahora, lo que no se entiende es que si todos están de acuerdo en que la ley 26364 sobre trata es imperfecta o insuficiente para tratar el problema y si existe el consenso necesario para tratar una modificación a esa ley, ¿porqué no lo hacen? Seguramente tendrán el apoyo de varios legisladores del Frente para la Victoria que también presentaron proyectos de modificación.Lo que es cierto es que el problema de la trata no se resuelve con reacciones airadas y oportunistas, sino con trabajo. 0
“Boudou presentó el presupuesto en un trámite exprés y sin debate” dice Clarin. Y sí, la presentación de un proyecto de ley sea de Presupuesto o cualquier otro es un “trámite exprés” que comprende el ingreso por la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados donde se le da un numero de expediente. Así es la presentación de un proyecto.
En una entrevista en TVR a Aliverti, uno de los pocos periodistas que uno admira y respeta, se le preguntó acerca de la actual posición crítica al gobierno nacional de algunos “ex progres”Se armó un pequeño debate que concluyó con la afirmación de Aliverti “aca los egos juegan mucho mas de lo que se cree” cuestión que además de una buena remuneración, seguramente es determinante. Sin embargo, Aliverti coincidió con los conductores del programa en la necesidad de mantener cierta independencia frente a los hechos polìticos, con el argumento de que el apoyo incondicional al gobierno podria acabar con el pensamiento crítico.
El problema es que este sobrevuelo a la realidad y el tasado de una identidad polìtica se entiende para algunos veedores como una posición superadora a la defensa del proyecto kirchnerista Posición que resulta engañosa porque nunca responde a la interpelación del “¿Qué hacer?” y "cómo", y desde ese lugar la defensa del kirchnerismo, es decir, la identidad con el referente y la identificación con el proyecto asume para ellos el lugar de una “religión” o adhesión irracional. Pero ser kirchnerista, mal que les pese, es comprender al movimiento nacional, reconocer nuestros avances y nuestras derrotas, conocer a nuestros adversarios, aliados y enemigos, vivir esta epoca.. Entender nuestras limitaciones, las aspiraciones de nuestro pueblo, sus contradicciones y nuestras contradicciones.
Acostumbrado a las medias verdades o completas mentiras de Lilita, miramos el Diario de Sesiones del tratamiento de la ley de desafuero y constatamos sus dichos. Hay dos aclaraciones necesarias a partir de sus afirmaciones Primera : Carrio no fue “autora” del proyecto, sino que en el año 2000 era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y firmo el dictamen 65/2000 basado en el dictamen 2597/99 que tiene entre otros antecedentes un proyecto firmado por Cristina Fernandez de Kirchner. Ni en uno ni en otro dictamen hay como antecedente ningún proyecto firmado por Carrio
Segunda: La diputada Cristina Fernandez, a pesar de ser autora y firmante del proyecto se abstuvo de la votación en el recinto y fundamento su posición. “Es raro” dice Carrió pero en aquella oportunidad Cristina le explicó claramente.los motivos de su abstención. A pesar de impulsar el proyecto desde que fue legisladora, Cristina sostuvo que frente a la crisis de representación de aquel momento (hablamos del año 2000) y la denuncia de compra de votos por parte del gobierno de la Alianza a varios senadores (no individualizados) el remedio institucional era construir una nueva representación del Senado basado en acuerdos políticos y la caducidad de los mandatos de los senadores. Cristina preveìa que el proyecto de desafuero era una salida elegante negociada a cambio de impunidad y que "nadie iba a terminar preso" por el tema de la Banelco. Dijo Cristina “No estaría siendo sincera sino dijera porqué están esperando esta norma desde algún lado que todos identificamos, porque pese a las declaraciones realizadas por los senadores en el sentido de que se despojaban de sus fueros, lo que ellos quieren es seguir conservando la calidad de Senadores de la Nación, porque hay mecanismos que seguramente no tienen que ver con los que establecen la Constitución o las leyes sino con códigos que funcionan en otros ámbitos y que nada tienen que ver con los que tuvimos en cuenta cuando pensábamos en la norma que ahora estamos tratando. Quieren seguir siendo senadores porque entienden que de esa manera seguirá funcionando un código de protección, que es la base mínima que se requiere para que se continúe el otro, el del silencio y el del secreto”
La semana pasada, la oposición y Clarín denunciaron a diputados oficialistas de utilizar “ardides” para evitar sesionar. Uno de los acusados, el Diputado Salim, presidente de la Comisión de Comercio, presentó una cuestión de privilegio contra los opositores desmontando cada una de las mentiras que se dijeron para encubrir la inoperancia opositora. "Sr. Salim.- Señor presidente: no sabía si iba a plantear una cuestión de privilegio, pero dada la sintonía de todos los miembros de este cuerpo de que este es un tema que atañe a todos, voy a plantear algunas consideraciones que se hicieron la semana anterior en este recinto y que agraviaron mi persona, como presidente de la Comisión de Turismo, vinculadas casualmente con la insensibilidad respecto de las salideras bancarias.Uno de los pilares fundamentales para que la sociedad crea que estamos trabajando seriamente en materia de seguridad es precisamente considerar la iniciativa denominada “verdad”. Evidentemente, el miércoles pasado no ha sido aplicada la verdad con el tratamiento que le dieron tanto a mi persona como a la comisión. Algunas diputadas manifestaron en este recinto que mientras se estaba sesionando yo continuaba con la reunión de la Comisión de Turismo; cosa que es absolutamente mentira. Tengo aquí la versión taquigráfica de la sesión de aquel día como así también la correspondiente a la reunión de la Comisión de Turismo, y debo decir que los dichos no coinciden en absoluto.El señor presidente levantó la sesión a la 12 y 40, y yo di por finalizada la reunión de la comisión a las 12 y 31; voy a explicar por qué. La semana anterior cursamos una invitación a funcionarios del Banco Nación para que dieran una explicación sobre la falta de dinero en los cajeros automáticos del interior, y sobre todo en aquellos ubicados en destinos turísticos en crecimiento.Gentilmente el presidente del banco envió a tres altos funcionarios de dicha entidad para que dieran una explicación al respecto. También invitamos a funcionarios del Ministerio de Turismo con el objeto de tener un conocimiento más acabado sobre los pueblos rurales, tema que planteaba una iniciativa de la oposición.Debo decir que esta comisión trabaja con absoluta armonía. Me dolieron los dichos de algunas señoras diputadas, como el caso de la señora diputada Giudici, quien, según la versión taquigráfica de la sesión pasada, señalaba: “Las dificultades climáticas de hoy son concretas, todavía hay diputados que están en Aeroparque. Pero además quiero señalar algo irregular que acaba de suceder y sé que usted lo va a poder resolver, señor presidente; confío en su intervención en este punto. “Había comisiones que estaban reunidas mientras ya estaba sonando la chicharra llamando a sesión, y ante el requerimiento de diputados de nuestro bloque indicando que debían asistir a la sesión el presidente de la Comisión de Turismo continuó con la reunión como si nada hubiera pasado. Esos diputados se sentaron recién en sus bancas, pero la sesión ya había sido levantada.” Primera gran mentira.Entre quienes estaban en la comisión se encontraban los señores diputados Del Campillo y Portela, las cuales ante mi pregunta, contestaron que estábamos en tiempo y forma, antes de que se levantara la sesión. No sé cómo puede ser que yo retenga a los diputados. En los titulares de los diarios hablaron de un ardid kirchneristaque consistía en dejar sin quórum la sesión sobre el tema de las salideras bancarias, que es una cuestión muy sensible que involucra el dolor de los familiares de las víctimas.Voy a leer lo que informó uno de los diarios y en el que se nombra al señor presidente. Dice: “La oposición denunció la superposición del debate en la Comisión de Turismo con el llamado a sesión dos horas más temprano que lo habitual, según lo acordado por los bloques. Su titular, el kirchnerista tucumano Juan Salim, abrió el temario a las 11 y 30...” –exactamente fue a las 11 y 20- “...media hora antes de la hora fijada para la sesión y lo hizo continuar cuando ésta se levantó por falta de quórum. Los radicales Mario Barbieri...” –lo he visto por acá, quiere decir que se ha mejorado- “...y Hugo Castañón le pidieron a Salim que terminara el debate y éste les replicó ‘tengo la orden de Fellner de seguir’. Hasta Gerardo Milman, autor del proyecto de salideras bancarias, quedó anclado en Turismo y no dio quórum.”Otra mentira más. Aquí tengo el memorándum para quien lo quiera leer donde el diputado Barbieri manifiesta que no podrá concurrir a la reunión de comisión por encontrarse por prescripción médica en reposo absoluto.El diputado Gerardo Milman estaba acá al momento de comenzar la sesión, pero fue llamado por los medios y al momento de levantarse la sesión el diputado estaba haciendo declaraciones a esos medios. Por lo tanto, el diputado Milman nunca estuvo en la reunión de comisión.Creo que para que comencemos a construir en serio, sobre todo en este tema de seguridad, debemos tener como pilar fundamental la verdad.La diputada Carrió se hizo eco de las palabras manifestadas por la diputada Giudici, que expresaba que antirreglamentariamente yo había seguido con la reunión. Tengo aquí la versión taquigráfica de esa reunión, donde en varias oportunidades consta que digo que estábamos cerca del horario de sesión y que por lo tanto íbamos a terminar. Al final manifiesto que había comenzado a sonar la chicharra y por lo tanto agradecía a quienes nos habían visitado y daba por terminada la reunión de comisión a la hora 12 y 31. Tengo entendido que la sesión se levantó a las 12 y 40.Digo esto porque tenemos que comenzar a hablar con la verdad, si pretendemos que la gente comience a creernos de una vez por todas. Si predicamos con la mentira, ésta tiene patas cortas y en algún momento aparece. Me sentí agraviado y ofendido. Que a nosotros nos agravien será una cosa constante porque son las reglas de juego de la política, pero que hayan hecho quedar –por decirlo de alguna manera- como inocentes a los diputados de la oposición, me parece que por lo menos merece una disculpa."
En un rato se vota en la Cámara de Diputados lo que realmente le importa la oposición, el cambio de Comisiones para bloquear el proyecto de Papel prensa. Ayer, Proyecto Sur y los socialistas prestaron su apoyo para que la discusión sobre las comisiones de tratamiento pase a la sesión de hoy. Sin embrago, el oficialismo avanzó con la agenda. Hay que tener presente que no solo el proyecto oficialista fue girado a la Comisión de Comercio, sino también un proyecto presentado por el diputado opositor De Marchi.Dijo Alcira Argumedo: “Como asesora de la Unesco en la década de 1980, siempre me opuse a la dictadura de las mayorías. Sin embargo, hay cuestiones reglamentarias que no pueden obviarse. Por eso voy a apoyar que el tema sea tratado en el recinto, a pesar de tener grandes diferencias con el Grupo A”Veremos si el "progresisimo" apoya en el recinto al Grupo A .... 0
Se publicó hoy en Boletin Oficial, la Res. 297/2010 de la AFSCA, que establece los mecanismos de adecuación para los titulares de licencias de servicios y registros regulados por la Ley Nº 26.522.En su art. 1, dispone que el plazo para la adecuación será no mayor a un año desde el 9 de septiembre de 2010.
ANEXO IPROCESO DE ADECUACION PARA LOS TITULARES DE LICENCIAS DE SERVICIOS Y REGISTROS REGULADOS POR LA LEY Nº 26.522 DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
CAPITULO I.- ADECUACION VOLUNTARIASe posibilitará a los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por la Ley Nº 26.522, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de la entrada en vigencia de dicha Ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, iniciar el trámite de adecuación mediante declaración jurada, a través de la cual propongan la regularización de su situación.1. A los fines determinados precedentemente los titulares de licencias de los servicios y registros contemplados en la norma deberán presentar en el plazo de TREINTA (30) días, la propuesta de adecuación y la planilla individualizada como “Declaración Jurada de Servicios o Registros”, que integra el ANEXO A de la presente. El cómputo de este plazo comenzará a regir partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución.2. Presentada la propuesta, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL podrá, en caso de considerarlo necesario, requerir opinión fundada a la autoridad de aplicación de la ley Nº 25.156 sobre la propuesta efectuada, para que esta analice el impacto sobre la competencia en el mercado del sector, que derivará de la aceptación de la propuesta.3. Una vez presentada la propuesta y —en su caso— producido el informe de impacto sobre la competencia en el mercado del sector de la misma, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL emitirá el correspondiente acto de administrativo que declare admisible o rechace la propuesta.4. Si la propuesta incluyese la transferencia de licencias, o acciones de sociedades licenciatarias, se estará a lo dispuesto por el Capítulo III del presente.
CAPITULO II - CONSTATACION DE OFICIO La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL podrá constatar de oficio la efectiva adecuación a las disposiciones de la Ley Nº 26.522, en los términos establecidos por el artículo 161 de la misma, por parte de los titulares de licencias de servicios y registrosregulados por la citada norma.La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL podrá, en caso de considerarlo necesario, requerir opinión fundada a la autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.156 sobre procesos de concentración económica detectados o actos o conductas, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en el mercado del sector, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés general.1. En caso de detectarse el incumplimiento a las limitaciones establecidas por la Ley Nº 26.522, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, notificará dicho extremo al titular, intimándolo para que en el plazo de TREINTA (30) días presente la propuesta de adecuación a la normativa vigente.2. La falta de presentación de la propuesta habilitará en forma automática a dictar el acto administrativo a través del cual se declare el incumplimiento.3. Dictado el acto administrativo que declare el incumplimiento, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL deberá publicar el mismo y su correspondiente sanción en el BOLETIN OFICIAL de la REPUBLICA ARGENTINA.
CAPITULO III - ADECUACION POR TRANSFERENCIASAl solo efecto de la adecuación prevista en el artículo 161 de la Ley Nº 26.522, se permitirá la transferencia de licencias, la que podrá efectuarse mediante los siguientes mecanismos:a. Transferencia voluntaria: Los licenciatarios podrán transferir las licencias a un tercero que cumpla con las condiciones previstas por la Ley Nº 26.522.El titular del servicio deberá presentar una propuesta de transferencia de licencia con un potencial adquirente, quien deberá reunir los requisitos y condiciones para acceder a las licencias de los servicios de comunicación audiovisual o a la titularidad de los registros regulados por la Ley Nº 26.522, debiendo la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL expedirse sobre el particular:La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL podrá, en caso de considerarlo necesario, requerir opinión fundada a la autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.156, en cuanto al impacto sobre la competencia en el mercado del sector, de la oferta realizada.Para el caso en que el potencial adquirente reúna las condiciones y la propuesta fuera aprobada, mediante acto administrativo expreso, deberá realizarse la transferencia, la cual a su vez deberá ser autorizada por acto administrativo.Para el caso en que el potencial adquirente no reúna las condiciones o la propuesta no resultara aprobada, se procederá al rechazo de la misma a través del dictado del acto administrativo correspondiente.b. Oferta por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL:El titular de servicio o registro que se encontrare en infracción y/o que no haya presentado potencial adquirente en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días o que habiéndolo presentado, el mismo resultase rechazado, podrá autorizar a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para que oferte públicamente la licencias o bien realice un concurso de precios y condiciones de adquisición.La autorización del titular de los servicios y registros regulados por la Ley Nº 26.522 deberá ser realizada por éste en forma expresa.A los efectos de la oferta realizada por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, esta deberá ordenar una tasación del servicio de comunicación audiovisual que se ofertará, debidamente certificada por el colegio profesional respectivo, la que tendrá carácter de orientativa y deberá ser aprobada por el titular de la licencia de la que se trate.Cuando en la oferta pública de las licencias en infracción realizada por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, resultase más de un oferente, deberá convocarse a un concurso de precios y condiciones ofrecidas.En forma previa a la autorización de la transferencia, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL podrá, en caso de considerarlo necesario, requerir opinión fundada a la autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.156, en cuanto al impacto sobre la competencia en el mercado del sector, de la/s oferta/s realizada/s.En caso de aceptación por parte del titular de las licencias de servicios de comunicación audiovisual o titularidad de registros regulados por la Ley Nº 26.522 en infracción, de su valuación o de una valuación distinta, y acreditado que el oferente reúne los requisitos y condiciones para acceder a licencias de servicios de comunicación audiovisual o titularidad de registros regulados por la Ley Nº 26.522, se materializará la transferencia a través del acto administrativo respectivo.La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, podrá aceptar propuestas de menor valor únicamente con acuerdo del titular de las licencias de servicios de comunicación audiovisual o titularidad de registros regulados por la Ley Nº 26.522 en infracción.La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL deberá publicar en su página web un listado con las licencias que se encuentren disponibles para su transferencia.c. Transferencia de oficio.- LA AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL dispondrá la transferencia de las licencias a los efectos de la adecuación en caso de que los titulares de las mismas no dieran cumplimiento a las disposiciones de la Ley y su reglamentación en los plazos previstos.Para ello, en primer término la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL deberá declarar el incumplimiento por parte de los titulares, requiriendo en ese mismo acto la intervención del colegio profesional respectivo a fin de determinar el valor del servicio de comunicación audiovisual en cuestión.Con su resultado, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL procederá a dar publicidad las licencias disponibles y ofertar las mismas.Los interesados en acceder a las licencias que se contemplan en el presente régimen deberán efectuar las presentaciones de donde surjan que reúnen las condiciones para acceder a las licencias ofertadas de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 26.522.La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL podrá, en caso de considerarlo necesario, requerir opinión fundada a la autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.156, en cuanto al impacto sobre la competencia en el mercado del sector, de la/s oferta/s realizada/s.Una vez determinado que el/los oferentes cumplen los requisitos previstos por la Ley Nº 26.522, se deberá notificar al infractor para que proceda a transferir la licencia.Cumplido el plazo previsto por el artículo 161 de la Ley Nº 26.522 y no habiéndose presentado oferta alguna con relación a las licencias en infracción o bien, no habiendo el titular de la licencia del servicio o registro en infracción aceptado ninguna de las ofertas presentadas, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL dictará el acto administrativo a través del cual aplicará las medidas que al incumplimiento —en cada caso— correspondiesen.
Esta tarde se reunió la Comisión de Comercio para comenzar el tratamiento del proyecto. La oposición se presentó y hubo quórum, aunque inmediatamente cuestionaron el debate en esa comisión y firmaron un dictamen para retirarlo y cambiar el destino del proyecto hacia una Comisión que presidan con el objeto de cajonearlo. Recordemos que la razón por la cual el oficialismo no prestó quórum el miércoles pasado fue porque sabía que la oposición buscaba imponer esta maniobra. Sin embargo, con este dictamen antirreglamentario en la mano, intentarán nuevamente derivar el proyecto aunque el Reglamento de la Cámara dispone que al comenzarse el tratamiento de un tema en una Comisión esta ya no puede cambiarse. 1 comentarios
Bajo la consigna “El Congreso no tiene que legislar para salvar a una empresa sino en función de los usuarios” Proyecto Sur y otros diputados de centroizquierda realizaron una “audiencia pública” en el anexo del Congreso de La Nación donde presentaron un proyecto sobre telecomunicaciones y que busca además instaurar el servicio de Internet como “servicio público”.Según explicó el legislador Claudio Lozano, “este proyecto es consecuencia de la decisión gubernamental de caducar Fibertel y contra la pretensión de anular la medida que propone el resto de la oposición parlamentaria”.
Sin embargo, quienes ayer dijeron que “no se debía legislar para salvar una empresa” y “contra la pretensión de anular la medida que propone el resto de la oposición” presentaron la semana pasada un Proyecto de Resolución (6226-D-2010), firmado por LOZANO, CLAUDIO - PARADA, LILIANA BEATRIZ - ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA - MACALUSE, EDUARDO GABRIEL - CARDELLI, JORGE JUSTO - DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA - MERCHAN, PAULA CECILIA - ITURRASPE, NORA GRACIELA - BENAS, VERONICA CLAUDIA. Que precisamente pretende “salvar a una empresa” solicitando la suspensión de la caducidad de la licencia.Dice el art, 1 del proyecto “1- Suspenda la resolución de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación por la que se dispone la caducidad de la habilitación para prestar el servicio de acceso a internet por parte de CABLEVISION- FIBERTEL”
Aparentemente, el proyecto fue presentado a las apuradas y para no quedar tan pegados al resto del Grupo A ni a Clarin, acudieron a la audiencia publica “a posteriori” y al recurso progresista de proponer el debate de una nueva ley marco de telecomunicaciones seduciendo a la audiencia con la “declaración de interés publico” a Internet. La intención es clara, tal como la leyó Clarin “Proponen una nueva regulación para Internet y que Fibertel siga” sostenida en la afirmación de Solanas “hasta tanto salga una nueva ley, que regule al conjunto del sector de las telecomunicaciones, se suspenda la resolución sobre Fibertel”Es decir, legislemos para un sector –después de un largo proceso parlamentario-, mientras tanto salvamos a la empresa. 1 comentarios

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 artículo 6
 artículo 161
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