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Timestamp: 2018-06-23 08:04:44+00:00

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C. Contenido y alcance del derecho de acceso a la información - Comisión interamericana de derechos humanos
C. Contenido y alcance del derecho de acceso a la información
El derecho de acceso a la información contempla una serie de condiciones normativas para su adecuada implementación y garantía. En efecto, como lo han establecido la Corte Interamericana y la CIDH, para que se entienda que dicho derecho se encuentra realmente garantizado es necesario, entre otros: (a) que las leyes que lo regulan aseguren la garantía de este derecho para todas las personas, sin discriminación y sin necesidad de manifestar interés alguno; (b) que todos los órganos estatales de todas las ramas del poder y de todos los niveles de gobierno, así como quienes ejecuten recursos públicos o presten servicios públicos esenciales para la comunidad, se encuentren obligados; y finalmente, (c) el objeto del derecho debe ser regulado de manera adecuada de forma tal que no existan exclusiones arbitrarias o desproporcionadas. En el aparte que sigue de este informe, se indica cómo están regulados estos asuntos en los distintos ordenamientos jurídicos consultados.
1. Toda persona es titular del derecho de acceso a la información
El derecho de acceso a la información es un derecho humano universal. En consecuencia, toda persona, sin consideración de fronteras, tiene derecho a solicitar acceso a la información tal y como lo establece el artículo 13 de la Convención Americana1.
En este sentido, la Corte Interamericana ha precisado que no es necesario acreditar un interés directo ni una afectación personal para obtener la información en poder del Estado, excepto en los casos en que se aplique una legítima restricción permitida por la Convención Americana, en los términos que se explican más adelante2.
La Ley Modelo adoptada por la Asamblea General se rige por el principio de universalidad en el acceso al derecho y, en virtud de éste, prescribe que “[t]oda persona que solicite información a cualquier autoridad pública” tendrá el derecho a “realizar solicitudes de información en forma anónima” y a “solicitar información sin tener que justificar las razones por las cuales se solicita la información”3.
Por otra parte, quien accede a información bajo control del Estado tiene, a su vez, derecho a divulgar la información en forma tal que circule en la sociedad para que ésta pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. El derecho de acceso a la información comparte así las dimensiones individual y social del derecho a la libertad de expresión, las cuales deben ser garantizadas simultáneamente por el Estado4.
La mayoría de ordenamientos jurídicos estudiados establecen que todas las personas son titulares del derecho al acceso a la información. En algunos países esta definición no comporta más detalles acerca del derecho, mientras que en otros va acompañada de precisiones sobre su ejercicio.
Así, en Colombia el artículo 12 de la Ley 57 de 1985 dispone que “[t]oda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la Ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional”5. No obstante, el Código Contencioso Administrativo cuando establece, en su artículo 5, que “[t]oda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, a través de cualquier medio”, prescribe como requisito de las peticiones escritas: “[l]as razones en que se apoya [la petición]”, con lo cual se restringe la universalidad del derecho6.
La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública de la República Dominicana establece, en su artículo primero, que “[t]oda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal”. Sin embargo, el procedimiento para el ejercicio del derecho de Información y Acceso a la Información requiere, de acuerdo con el artículo 7 de la ley, que en las solicitudes de acceso se identifique “la motivación de las razones por las cuales se requieren los datos e informaciones solicitadas”. No obstante, el Reglamento de la referida norma, adoptado mediante el Decreto 130-05, en su artículo 15, indica que “[l]a descripción de la motivación de las razones por las cuales se requiere la información solicitada, en los términos del Artículo 7 inciso d) de la LGLAIP, en modo alguno y en ningún caso puede impedir el más amplio acceso del requirente a la misma, ni otorga al funcionario la facultad de rechazar la solicitud. En este sentido, al solicitante le basta con invocar cualquier simple interés relacionado con la información buscada”7.
Por su parte, el artículo 1º de la Ley Orgánica de Ecuador establece el principio de que “el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado”8.
En Jamaica, la Ley de Acceso a la Información establece que todas las personas tienen el derecho de acceder a la información pública y que para ello no es necesario demostrar un interés directo en ella. Así, en virtud de la Sección 6(1) de la ley, “toda persona” es titular del derecho. De acuerdo con la Sección 6(3), a los solicitantes de acceso a información pública no se les exigirá expresar los motivos de su petición9.
En Antigua y Barbuda, la sección 15(1) establece el derecho de toda persona a acceder a la información. Por su parte, la sección 17(4) aclara que “la razón por la cual una persona eleva una solicitud de información ante una autoridad pública es irrelevante para decidir si la información debe ser suministrada”10.
En los Estados Unidos de América, la FOIA reconoce el derecho universal a la información pública al establecer el derecho de todas las personas de solicitar información del gobierno. En la sección § 552 (a)(3)(A) se establece que los organismos gubernamentales “[…] deben poner prontamente los documentos a disposición de cualquier persona”. La legislación no establece restricciones por concepto de ciudadanía o residencia11.
En sentido similar se reconoce este principio en la legislación de Trinidad y Tobago. Según la sección 4 de la Ley de Acceso a la Información de Trinidad, “solicitante” significa toda persona que ha hecho una solicitud acorde con la sección 13. Además, la sección 11(1) establece que “[s]in menoscabo de cualquier ley en sentido contrario y sujeto a las provisiones de esta Ley, deberá ser el derecho de toda persona obtener acceso a un documento oficial”12.
En El Salvador, el artículo 18 de la Constitución dispone que toda persona es titular del derecho de petición ante cualquier entidad estatal13. En armonía con este precepto, el artículo 2 de la Ley de Acceso de 2011 prescribe que “[t]oda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna”14.
En Guatemala y Chile, las leyes de acceso a la información pública disponen que todas las personas, naturales o jurídicas, son titulares del derecho a solicitar y tener acceso a la información pública. Además, ellas agregan que ese derecho se puede ejercer sin discriminación alguna. Así, en Guatemala, la Ley de Acceso a la Información dispone que su objeto es “[g]arantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la presente ley”, y establece que es sujeto activo del derecho “toda persona individual o jurídica, pública o privada, que tiene derecho a solicitar, tener acceso y obtener la información pública que hubiere solicitado conforme lo establecido en esta ley” (subrayas no originales)15.
En Chile también se prevé el principio de acceso universal y no discriminación. Allí, el artículo 11 g) de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que “los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud” (subrayas no originales)16.
En Nicaragua, además del principio de no discriminación, se reconoce el principio de multietnicidad, lo que en términos prácticos implica que la información solicitada por personas de diferentes etnias se debe proveer en su lengua nativa para garantizar la comprensión del contenido17. Similar disposición se encuentra en México, donde el artículo 1° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que la finalidad de la Ley es garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los poderes de la Unión18.
En otros países, la determinación acerca de que todas las personas tienen el derecho de acceder a la información viene acompañada por la mención explícita de que los solicitantes de la información no deben acreditar un interés directo en la solicitud. Así, en Perú, el artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública dispone que “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho”19. De la misma manera, la Ley de Transparencia de Panamá también establece que toda persona “tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de acceso público en poder o en conocimiento de las instituciones indicadas en la presente Ley”20. En este mismo sentido, en Uruguay se prevé que “[e]l acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información”21.
En la Argentina, el artículo 6º del Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Ejecutivo Federal, que fue aprobado, junto con otros reglamentos, mediante el Decreto 1172 de 2003, establece que: “[t]oda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado”22. Este principio de la legitimación activa ha sido desarrollado por la jurisprudencia. En el caso Jorge A. Vago contra Ediciones La Urraca S. A. y otros, la Corte Suprema reconoció que:
“[L]a Constitución Nacional en sus arts. 14 y 32, y el Pacto de San José de Costa Rica aprobado por la ley 23.054 contemplan el derecho de toda persona a pensar y expresar su pensamiento y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección (Art. 13, inc. 1° del Pacto cit.). El derecho de información, de naturaleza individual, adquiere conexión de sentido con el derecho a la información, de naturaleza social, al garantizar a toda persona el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos, los recursos de la cultura y las manifestaciones del espíritu como un derecho humano esencial”23.
La Ley canadiense establece ciertas restricciones directas a la universalidad del derecho al acceso a la información. En efecto, la Ley de Acceso a la Información, en la sección 4(1), restringe el ejercicio del derecho a los ciudadanos canadienses y a los residentes permanentes, dentro de lo definido en la sección 2(1) de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados24. Esta disposición resulta problemática pues limita injustificadamente el ejercicio del derecho, en contra del principio de universalidad desarrollado por los estándares interamericanos. El Comisionado de la Información de Canadá se ha pronunciado acerca de este tema, en el sentido de promover un debate con miras a modificar dicha disposición25.
Por otra parte, en ninguno de los países estudiados se prohíbe a los particulares que divulguen la información pública, lo cual sería un retroceso respecto de la protección del ámbito colectivo del derecho al acceso a la información. Asimismo, se encuentran desarrollos jurisprudenciales orientados en este sentido, como la decisión en la cual el Tribunal Constitucional peruano reconoció que el derecho al acceso a la información tiene una dimensión colectiva que permite la fiscalización de la función pública26.
2. Sujetos obligados por el derecho de acceso a la información
El derecho de acceso a la información genera obligaciones para todas las autoridades públicas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos, de todos los niveles de gobierno. Este derecho también vincula a quienes cumplen funciones públicas, presten servicios públicos o ejecuten, en nombre del Estado, recursos públicos. Respecto de estos últimos, el derecho de acceso obliga a suministrar información exclusivamente respecto al manejo de los recursos públicos, la satisfacción de los servicios a su cargo y el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas27.
En este sentido, reiterando la jurisprudencia existente, la resolución del Comité Jurídico Interamericano sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información” precisa, en su principio 2, que “el derecho de acceso a la información se extiende a todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno, incluyendo a los pertenecientes al poder ejecutivo, al legislativo y al poder judicial, a los órganos creados por las constituciones o por otras leyes, órganos de propiedad o controlados por el gobierno, y organizaciones que operan con fondos públicos o que desarrollan funciones públicas”28.
De la misma manera, la Ley Modelo sobre Acceso a la Información adoptada por la Asamblea General de la OEA recomienda a los Estados que la ley se aplique a “toda autoridad pública perteneciente a todas las ramas del gobierno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en todos los niveles de la estructura gubernamental interna (central o federal, regional, provincial o municipal) […]; a los órganos, organismos o entidades independientes o autónomos de propiedad del gobierno o controlados por el mismo, bien actuando por facultades otorgadas por la Constitución o por otras leyes y […] a las organizaciones privadas que reciben fondos o beneficios públicos sustanciales (directa o indirectamente), o que desempeñan funciones y servicios públicos, pero solamente con respecto a los fondos o beneficios públicos recibidos o a las funciones y servicios públicos desempeñados”29.
Como se explica adelante, en algunos Estados la obligación de acceso se extiende directamente a sujetos que pese a no tener naturaleza pública cumplen funciones públicas o ejecutan servicios públicos, -como es el caso de Antigua y Barbuda, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Panamá y Perú-, mientras en otros se trata de sujetos indirectamente obligados -como es el caso de México-, u omitidos de la legislación. En este punto no sobra mencionar que si bien los Estados deben reconocer como sujetos obligados, además de las instituciones estatales, a personas privadas que cumplen funciones públicas o reciben aportes del Estado, en estos casos el deber de suministrar información se refiere exclusivamente a las actividades públicas que prestan o a las que realizan con los aportes del Estado, de manera tal que se proteja, simultáneamente, el derecho a la reserva de información privada.
En Guatemala, el artículo 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que están obligados por la publicidad los “organismos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que perciban, inviertan o administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o administración”30.
Así mismo, en el artículo 6° se afirma que por sujeto obligado por la Ley se debe entender “toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la administración pública en general, que está obligado a proporcionar la información pública que se le solicite”31.
La Ley de Transparencia de Panamá establece, en el numeral 8 del artículo 1º, que por institución obligada por las normas de la ley se entiende “[t]oda agencia o dependencia del Estado, incluyendo las pertenecientes a los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, las entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas, la Autoridad del Canal de Panamá, los municipios, los gobiernos locales, las juntas comunales, las empresas de capital mixto, las cooperativas, las fundaciones, los patronatos y los organismos no gubernamentales que hayan recibido o reciban fondos, capital o bienes del Estado”32.
En el mismo sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública de Nicaragua establece, en su artículo 1°, que están obligados a la publicidad de la información las “entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas”33. El artículo 4°, en su literal d), también incluye dentro de los sujetos obligados a “toda entidad mixta o privada que sea concesionaria de servicios públicos; y las personas de derecho público o privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en apoyo de las entidades antes citadas o reciban recursos provenientes del Presupuesto General de la República sujetos a la rendición de cuentas”34.
Por su parte, el artículo 1º de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública de la República Dominicana establece que todas las personas tienen el derecho de recibir información de cualquier órgano del Estado Dominicano, y a todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal. En estas categorías se incluyen: los organismos y entidades de la administración pública centralizada; los organismos y entidades autónomos y/o descentralizados del Estado, incluyendo el Distrito Nacional y los organismos municipales; los organismos y entidades autárquicos y/o descentralizados del Estado; las empresas y sociedades comerciales propiedad del Estado; las sociedades anónimas, compañías anónimas y compañías por acciones con participación estatal; los organismos e instituciones de derecho privado que reciban recursos provenientes del presupuesto nacional para la consecución de sus ﬁnes; el Poder Legislativo, en cuanto a sus actividades administrativas; y el Poder Judicial, en cuanto a sus actividades administrativas35.
En El Salvador, el artículo 7 de la Ley de Acceso dispone que son sujetos obligados por la Ley “los órganos del Estado, sus dependencias, las instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la administración pública en general.” La norma aclara que también se entienden como recursos públicos “aquellos fondos provenientes de convenios o tratados que celebre el Estado con otros Estados o con organismos internacionales”. Además, en el artículo se establece que las normas de la Ley también se aplican a “las sociedades de economía mixta y las personas naturales o jurídicas que manejen recursos o información pública o ejecuten actos de la función estatal, nacional o local tales como las contrataciones públicas, concesiones de obras o servicios públicos.” En estos últimos casos la obligación se restringe “a permitir el acceso a la información concerniente a la administración de los fondos o información pública otorgados y la función pública conferida, en su caso”36.
El artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú establece que están obligadas a brindar información las entidades de la Administración Pública37. De acuerdo con el Art. 1 de la Ley 27444, la Ley de Procedimiento Administrativo General, entre ellas se cuentan las entidades del Estado y las personas jurídicas de régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen funciones administrativas, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado38. Además, el artículo 9 de la Ley de Transparencia dispone que las personas jurídicas del régimen privado que prestan servicios públicos sólo están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan, sus tarifas y las funciones administrativas que ejerce39.
En Chile, Jamaica y Colombia se establece como sujeto obligado solamente a personas jurídicas que cuenten con una participación estatal igual o superior al 50% de las acciones.
En Chile, el artículo 2° de la Ley de Transparencia dispone que son sujetos obligados por el derecho al acceso a la información pública en los términos de la Ley “los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa”. También están obligadas las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y las sociedades en las que éste tenga una participación accionaria mayor al 50% o mayoría en el directorio. Igualmente, la Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de la ley, en los casos que ella expresamente señale40.
En Jamaica, la Ley de Acceso a la Información obliga a todas las autoridades públicas, incluyendo aquellas compañías en las que el Estado posee más del 50% del capital accionario o está en condiciones de influenciarlas en su proceso de toma de decisiones (Sección 3(d)). Además, aplica a cualquier otra entidad que provea servicios públicos esenciales para el bienestar de la sociedad, siempre que así lo decida el ministro responsable de la entidad que posee el documento y lo apruebe el Parlamento (Sección 5(3)(b)). Sin embargo, la misma ley, en la Sección 5 (6), establece que no se aplicará al Gobernador General cuando actúe en el ejercicio de los poderes y deberes que le confieren o imponen la Constitución de Jamaica o cualquier otra ley. Tampoco aplica a las funciones judiciales de (i) una Corte, o de (ii) los funcionarios judiciales o de oficinas relacionadas con una Corte; a los servicios de seguridad e inteligencia en sus actividades de recolección de inteligencia estratégica u operacional; y a las entidades que determine el Primer Ministro, mediante una resolución afirmativa, es decir, una resolución que solamente entrará en vigor si es aprobada por el Parlamento41.
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 57 de 1985 de Colombia dispone que son oficinas públicas – y por tanto sujetos obligados – las de “la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, los Ministerios, los Departamentos Administrativos, las Superintendencias y las Unidades Administrativas Especiales; las de las Gobernaciones, Intendencias, Comisarías, Alcaldías y Secretarías de estos Despachos, así como las de las demás dependencias administrativas que creen las Asambleas Departamentales, los Consejos Intendenciales o Comisariales y los Concejos Municipales o que se funden con autorización de estas mismas Corporaciones; y las de los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales o Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta en las cuales la participación oficial sea superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital social, ya se trate de entidades nacionales, departamentales o municipales y todas las demás respecto de las cuales la Contraloría General de la República ejerce el control fiscal”42.
En México, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) en su artículo 3, numeral 14, establece como “sujetos obligados” al Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República; el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal; los Órganos Constitucionales Autónomos43; los Tribunales Administrativos Federales, y cualquier otro órgano federal. En el Título Segundo de la Ley se regula el acceso a la información que posee el Poder Ejecutivo Federal. El Título Tercero trata sobre el acceso a la información de la que disponen los “demás sujetos obligados”. Allí se establece, en el artículo 61, que aquellos órganos del poder público federal que están sometidos al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia, distintos al Poder Ejecutivo de la Unión, “establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta Ley”44.
Existe una categoría adicional a la que se conoce como sujetos indirectamente obligados. Según el artículo 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: “[l]os informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al Instituto Federal Electoral, así como las auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización de los Recursos Públicos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo”. En virtud del artículo 12 de la ley, es deber de los sujetos obligados “hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos”45.
En relación con Uruguay, la Ley menciona en varias ocasiones las obligaciones de los sujetos obligados y formula una amplia definición de estos, pero no identifica de manera taxativa cuáles son. A este respecto, el artículo 2º de la Ley establece que sujeto obligado es “cualquier organismo público, sea o no estatal”46.
En Argentina, Canadá, Estados Unidos y Trinidad y Tobago hay autoridades oficiales excluidas de la obligación de otorgar acceso al derecho. La particularidad de Argentina tiene que ver con la inexistencia de una ley de acceso a la información pública. El Poder Ejecutivo Nacional (en adelante PEN) dictó el Decreto 1172 de 2003, que contiene el Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Ejecutivo Federal. El Reglamento obliga a las entidades de la rama Ejecutiva de nivel federal a publicar y divulgar la información que producen o que reposa en ellas. También se aplica a las organizaciones privadas que hayan recibido aportes del sector público nacional y a las empresas privadas que presten un servicio público o exploten un bien de dominio público47. Sin embargo, sus disposiciones no son aplicables a las demás ramas del Poder ni a otros niveles de Gobierno y pueden ser modificadas en cualquier momento por decisión del Poder Ejecutivo. Pese a estas limitaciones, la Corte Suprema de Justicia ha emitido algunos fallos en los que ordena al Poder Legislativo Nacional que permita el acceso a la información de que dispone.
Así, ocurrió en el caso Centro de Implementación de Políticas Públicas E. y C. (CIPPEC) contra la Cámara de Senadores, referido a la omisión del Senado de publicar sus decretos parlamentarios y administrativos. El Senado había argumentado que ello no vulneraba el derecho a la información establecido en el artículo 42 de la Constitución, entre otras cosas, porque la información requerida no versaba sobre actos de gobierno, sino sobre actos orgánicos internos que corresponden exclusivamente a la administración y gestión institucional del Senado, actividad administrativa que queda en la esfera de reserva del organismo48.
Al respecto la Corte indicó que si no existe una excepción legal expresa, impera el principio de publicidad, tal como ocurría en este caso en el que el Senado “no ha acreditado […] la vigencia de norma de rango -o incluso infralegal- previa que coloque bajo calificación o privilegio alguno la información táctica, financiera y normativa requerida”49.
En Trinidad y Tobago, la sección 4 de la Ley de Libertad de Información precisa lo que se entiende como “autoridad pública”, a través de una lista exhaustiva de las entidades que quedan sujetas a la misma, en donde se incluyen: al Parlamento; la Corte de Apelaciones, la Suprema Corte, la Corte Industrial, la Junta de Apelaciones Fiscales y las cortes de jurisdicción sumaria; el Gabinete constitucionalmente constituido; los ministerios y sus divisiones; la Asamblea de Diputados de Tobago, el Consejo Ejecutivo de la Asamblea de Diputados de Tobago o cualquiera de sus divisiones; las corporaciones municipales; las autoridades de salud regionales; los órganos creados por ley bajo la responsabilidad del Ministro de Gobierno; las empresas constituidas conforme a las leyes de la República de Trinidad y Tobago que le pertenezcan al Estado o estén bajo su control; y la comisión de la función pública establecida por la Constitución o por otras leyes escritas50.
La ley también incluye, en la misma sección 4, a las “personas jurídicas y a las entidades sin reconocimiento jurídico”, entre las que se incluyen aquellas que ejercen alguna función pública a nombre del Estado; las que sean establecidas en virtud de la prerrogativa del Presidente, por un Ministro del Gobierno en uso de sus facultades o por otra autoridad pública; y las que sean financiadas directa o indirectamente con fondos gubernamentales y se encuentran bajo el control del Gobierno51.
Sin embargo, en la sección 5(1) de la Ley se señala que ella no se aplica al Presidente ni a las comisiones de investigación creadas por él ni a cualquier autoridad pública o función de una autoridad pública que el Presidente pueda determinar, decisión que puede ser anulada por el Parlamento.
En los Estados Unidos de América, la FOIA obliga únicamente a los organismos que forman parte del Poder Ejecutivo Federal. La Ley no se aplica al Poder Legislativo, al Poder Judicial o a los gobiernos estatales y locales. La sección § 552(f)(1) de la Ley establece que por “organismo gubernamental” (agency) se entiende “cualquier dependencia del Ejecutivo, dependencia militar, empresa gubernamental, empresa bajo control del gobierno, otra dependencia del Poder Ejecutivo (incluyendo la Oficina Ejecutiva del Presidente), o cualquier organismo regulatorio independiente”52.
En el caso de Canadá, la Ley de Acceso a la Información define en su artículo 3(a) como “institución gubernamental” a “(a) cualquier secretaría o ministerio de estado del Gobierno de Canadá, o cualquier órgano u oficina, listada en el Anexo I, y (b) cualquier empresa industrial o comercial del Estado y cualquier filial que sea de propiedad integral de tales empresas, dentro de lo definido en el artículo 83 de la Ley de Administración Financiera”53.
Es importante anotar que la Corte Federal ha interpretado restrictivamente esta disposición. En 2008, el Comisionado de la Información de Canadá sometió a revisión judicial cuatro casos (2008 FC 766): Comisionado de la Información vs. el Ministro de la Defensa Nacional (Expediente T-210-05), Comisionado de la Información vs. el Primer Ministro (Expediente T-1209-05), Comisionado de la Información vs. el Ministro del Transporte (Expediente T-1211-05) y Comisionado de la Información vs. el Comisionado de la Real Policía Montada de Canadá (Expediente T-1210-05)54. Entre los problemas jurídicos por resolver estaba el de si la Oficina del Primer Ministro, la Oficina del Ministro del Transporte y la Oficina del Ministro de la Defensa Nacional eran “instituciones gubernamentales” de acuerdo con el artículo 4(1) y el Anexo I de la Ley de Acceso55.
La Corte concluyó que las oficinas de los ministros y la Oficina del Primer Ministro son entidades distintas de los ministerios que ellos presiden y, en consecuencia, no son “instituciones gubernamentales” de acuerdo con la definición de la Ley.
En su sentencia, la Corte destacó que los Ministerios de Defensa Nacional y de Transporte de Canadá y la Oficina del Consejo Privado están entre las “instituciones gubernamentales” expresamente enlistadas en el Anexo I, pero que, por el contrario, las oficinas de los ministros de defensa y transporte y la Oficina del Primer Ministro no lo están. Si bien la Corte reconoció que los ministerios y el Primer Ministro son los titulares de sus respectivas carteras, concluyó que ni ellos ni sus oficinas son “parte de” esas instituciones56.
Finalmente, en Antigua y Barbuda la Ley incluye dentro de los sujetos obligados tanto a las autoridades públicas como a algunas instituciones privadas. En cuanto a las autoridades públicas obligadas, la Sección 3 de la Ley consagra su aplicación a: el gobierno; los ministerios y sus dependencias; y el Consejo de Barbuda. Las instituciones privadas obligadas son aquellas: (a) establecidas por la Constitución o la ley, (b) controladas o sustancialmente financiadas por fondos públicos; y (c) que desarrollen una función establecida por la ley o conferida por el Gobierno. También constituyen sujetos obligados las instituciones privadas designadas por un ministro, que desarrollen funciones públicas57.

References: artículo 13
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 15
 Artículo 7
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 6
 resolución 
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 3
 artículo 61
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 42
 artículo 3
 artículo 83
 artículo 4