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Timestamp: 2018-09-24 10:25:21+00:00

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﻿ SENTENCIA SP17155-2014/42301 DE DICIEMBRE 16 DE 2014
SENTENCIA SP17155-2014 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:AUMENTO PUNITIVO EN CASOS DE ACEPTACIÓN DE CARGOS. ES IMPROCEDENTE EL INCREMENTO GENERALIZADO DE PENAS CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 890 DEL 2004 FRENTE A LOS DELITOS DE EXTORSIÓN Y CONEXOS, EN LOS CASOS DE ACEPTACIÓN DE CARGOS O PREACUERDOS CON LA FISCALÍA. DICHO AUMENTO VIOLA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, EXTORSIÓN, INCREMENTO DE LA PENA, ACEPTACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS, DISMINUCIÓN DE LA PENA POR ACEPTACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, CÓDIGO PENAL
Sentencia SP17155-2014 de diciembre 16 de 2014
SP17155-2014
Rad.: 42301
Aprobado mediante Acta 438
Bogotá D.C., dieciséis de diciembre de dos mil catorce.
De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para conocer de la demanda de revisión presentada por A.M.O.M. a través de apoderado, como quiera que se promueve contra sentencia dictada por Tribunal Superior de Distrito Judicial.
«En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado.» (Sent. C-871/2003)(3).
«1. La acción de revisión, a diferencia del recurso extraordinario de casación —a través del cual, con apoyo en los motivos legales que lo hacen procedente, es posible discutir la regularidad del trámite procesal, el cumplimiento de las garantías debidas a las partes, los supuestos de hecho de la sentencia de segunda instancia no ejecutoriada y sus consecuencias jurídicas—, tiene como objeto una sentencia, un auto de cesación de procedimiento o una resolución de preclusión de la investigación que hizo tránsito a cosa juzgada y como finalidad remediar errores judiciales originados en causas que no se conocieron durante el desarrollo de la actuación y que están limitadas a las previstas en la ley.
Lo anterior significa que por medio de la acción de revisión no se puede abrir de nuevo el debate sobre lo declarado en la sentencia.» (CSJ AP, 6 Feb. 2007, Rad. 23839)
«No busca pues, la acción de revisión, subsanar errores de juicio o de procedimiento porque esa es la función de los recursos de instancia y de la casación. La revisión, en cambio pretende la reparación de injusticias a partir de la demostración de una Realidad Histórica diferente a la del proceso y únicamente dentro del marco de invocación precisado por las causales establecidas.» (CSJ AP, 23 Ag. 2000, Rad. 15322)
Hechas las anteriores precisiones(4), lo primero que habrá de señalarse y como bien lo reconociera el demandante, la acción apunta no a derruir los juicios de responsabilidad sino a morigerar sus efectos, en tanto los juzgadores de instancia, impartieron una condena e impusieron una sanción, basados en una precisa interpretación jurisprudencial que posteriormente fue variada.
Concretamente solicita la inaplicabilidad del incremento de pena del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pues la Corte con posterioridad al criterio sostenido en las sentencias de instancias concluyó que en los supuestos en los cuales el procesado se allane a cargos o acuerde con la Fiscalía, pero se estuviese ante las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, no hay lugar a aplicar el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
En el caso concreto, los jueces de instancia ciertamente negaron a A.M.O.M. la rebaja de pena prevista en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal no obstante haber aceptado los cargos en la audiencia de acusación, por expresa prohibición del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, asimismo estimaron al dosificar la pena las modificaciones que el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 realizara al 244 del Código Penal.
Al respecto señaló el Tribunal Superior de Neiva:
«Por lo tanto, pese a que el Art. 351 contenido en la Ley 906 de 2004, consagra la posibilidad de conceder una rebaja de hasta el 50% por el allanamiento a cargos, teniendo en cuenta para la ponderación de la diminuente al momento procesal en que se presente, con posterioridad a tal preceptiva y como se explicó en párrafo anterior, por razones de política criminal y con el ánimo de combatir flagelos de mayor trascendencia que como la extorsión y el secuestro azotan a nuestra sociedad, el Congreso de la República expidió la Ley 1121 de 2006, excluyendo de forma precisa y concreta a los condenados por tales conductas delictivas de los beneficios y subrogados consagrados para los demás procesados.
Es así como con fundamento en el precedente invocado por la defensa, se reitera que la prohibición legal establecida en la Ley 1121 de 2006 impide conceder la rebaja de pena por allanamiento a cargos y la concesión de subrogados a favor de los procesados, como quiera que se trata de una normativa elevada a ley de la República, expedida por motivos de política criminal para castigar más enfáticamente a los condenados por delitos como extorsión y secuestro, sin que las determinaciones tomadas por los Tribunales de Buga o Ibagué, impongan un cambio de criterio como quiera que se trata de precedentes horizontales sin fuerza vinculantes, como la tendría un pronunciamiento de nuestra máxima autoridad en materia constitucional o del Alto Tribunal de Justicia ordinara que implique un cambio de criterio…».
Sin embargo, con posterioridad a las citadas sentencias la Sala de Casación Penal profirió el fallo 33.254 del 27 de febrero de 2013, considerando que en los supuestos en los cuales el procesado se allane a cargos o acuerde con la Fiscalía, pero se estuviese ante las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, no hay lugar a aplicar el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 del 2004.
«Por consiguiente, a la luz de la argumentación aquí desarrollada, fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del art. 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos incluidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006 —para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo—, tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose de esta manera la garantía de proporcionalidad de la pena.
Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la jurisprudencia, la Sala advierte que, en lo sucesivo, una hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de pena previstos en el art. 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a los delitos reseñados en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006. No sin antes advertir que tal determinación de ninguna manera comporta una discriminación injustificada, en relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en eventos de condenas precedidas del juicio oral, la mayor intensidad punitiva no sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; mientras que, frente a sentencias condenatorias por aceptación de cargos, la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse acudido a ese margen de negociación, actualmente inaccesible a los delitos referidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006.»
«Durante las alegaciones orales, de consuno la Fiscalía y la representación del Ministerio Público, pidieron se aplicase de oficio, en favor del procesado, la más reciente jurisprudencia de la Sala, consignada en el radicado 33254 del 27 de febrero de 2013.
Postura que se acredita en el caso sub examine, dado que A.M.O.M. en la audiencia de formulación de acusación de manera libre, consciente y voluntaria se allanó a los cargos por los cuales la Fiscalía había presentado escrito de acusación, aceptación que constituyó el soporte de la sentencia de condena y en la dosificación punitiva se aplicó el aumento de pena consagrado en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, negándosele la rebaja del artículo 351 procesal, porque así lo reglaba el 26 de La Ley 1121 del 2006.
En consecuencia, la Sala declarará fundada la acción de revisión objeto de estudio, por lo que dejará sin efecto la dosificación punitiva contenida en la sentencia condenatoria dictada contra A.M.O.M. y, en su lugar, procederá a emitir la providencia respectiva, tal y como lo dispone el numeral 1º del artículo 196 de la Ley 906 de 2004(5), sin tener en cuenta los aumentos contemplados en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, con la precisión que se respetaran los criterios adoptados por el a quo al momento de dosificar la pena.
Consecuencias que se extenderán a J.J.V.V., conforme lo previsto en el artículo 198 de la Ley 906 de 2004(6), al encontrarse en las mismas condiciones que Ortiz Martínez, pues, éste en la audiencia de formulación de acusación de manera libre, consciente y voluntaria igualmente se allanó a los cargos y al momento de dosificarle la pena se aplicó el aumento consagrado en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, negándosele la rebaja del artículo 351 procesal, tal cual quedara precisado en el acápite de antecedentes procesales.
Ahora, el artículo 244 del Código Penal, modificado por el artículo 5º de la Ley 733 de 2002, contempla una pena de prisión de 12 a 16 años —144 a 192 meses— y multa de 600 a 1200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero al ser la conducta agravada por lo previsto en el numeral 3º del artículo 245 ibídem, modificado por el artículo 6º de la Ley 733 de 2002, dicha sanción se aumenta hasta en una tercera parte y la multa queda de 3.000 a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes; luego; hecho el cálculo según el artículo 60 numeral 2º del Código Penal, deja los topes de prisión entre 144 a 256 meses.
Como se trata de una conducta en grado de tentativa, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 27 del Código Penal, es decir, la pena no puede ser menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. De esta forma, la pena, queda de 72 a 192 meses de prisión y multa de 1.500 a 4.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes
El juzgador se ubicó en el cuarto inferior, que en este caso y atendiendo la prosperidad de la acción, oscila entre 72 a 102 meses de prisión y multa de 1.500 a 2.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ahora, como las instancias individualizaron la pena en los citados mínimos, criterio que como se indicara no puede ser modificado, se fija la sanción en 72 meses (6 años) de prisión y multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que será la pena que tendrán que purgar los sentenciados A.M.O.M. y J.J.V.V.
Como el artículo 52 del Código Penal inciso 3º, prevé que la pena de prisión conllevara la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede, ésta se fijará en el mismo término de la pena principal privativa de la libertad que se les impone.
En conclusión, se tiene que las penas que debe cumplir los sentenciados A.M.O.M. y J.J.V.V. son de 72 meses de prisión (6 años) y multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2007, al igual que la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual que el de la pena privativa de la libertad.
Finalmente, procedente es que la Sala verifique si J.J.V.V. tiene derecho a la libertad por pena cumplida, atendiendo la prosperidad de la causal y el tiempo que lleva privado de su libertad. No se hará referencia a A.M.O.M., pues según constancias secretariales(7) éste fue puesto en libertad el 24 de enero de 2014 por parte del Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, circunstancia que conlleva a exhortar al Juez que vigila la sanción para que verifique tal situación y proceda de conformidad, toda vez que la Corporación no cuenta con elementos probatorios suficientes para corroborar tal situación.
En ese orden, se tiene que J.J.V.V. fue capturado el 18 de diciembre de 2007(8), de donde se concluye que por tiempo físico al momento de registro de esta decisión (dic. 16/2014), lleva 84 meses o lo que es lo mismo 7 años privado de su libertad(9), tiempo muy superior al de la condena que se les impone en razón de la prosperidad de la acción de revisión.
En tales condiciones, se ordena conceder la libertad inmediata e incondicional a J.J.V.V. por razón de este proceso, para lo cual se ordena librar la correspondiente boleta de libertad dirigida al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario Las Heliconias de Florencia Caquetá, quien la hará efectiva siempre que no sea requerido por otra autoridad judicial y diverso asunto.
1. DECLARAR FUNDADA la causal de revisión invocada por el defensor de A.M.O.M. , la que se hace extensiva a J.J.V.V.
2. DECLARAR SIN VALOR, PARCIALMENTE, la sanción impuesta en las Sentencias del 6 de marzo y 21 de abril de 2008, proferidas, en su orden, por el Juzgado 2º Penal Municipal de Conocimiento de Pitalito (Huila) y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, exclusivamente para dejar en setenta y dos (72) meses de prisión (6 años) y multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2007 e inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la pena privativa de la libertad, siendo estas las penas que deben cumplir A.M.O.M. y J.J.V.V., como coautores del delito de tentativa de extorsión agravada por el que fueron condenados.
3. CONCEDER la libertad inmediata e incondicional a J.J.V.V., acorde con las consideraciones plasmadas en la parte motiva.
En consecuencia, se ordena librar la correspondiente boleta de libertad a favor de J.J.V.V. ante el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario Las Heliconias de Florencia Caquetá, quien la hará efectiva siempre que no sea requerido por otra autoridad judicial y diverso asunto.
3. Citada en la Sentencia T 442 de 2007 de la Corte Constitucional.
4. Con la jurisprudencia cita del radicado 43624 se modificó el criterio que se aplicó en la acción de tutela con radicado 64892.
5. “Revisión de la sentencia. Si la Sala encuentra fundada la causal invocada, procederá de la siguiente forma:
1. Declarará sin valor la sentencia motivo de la acción y dictará la providencia que corresponda cuando se trate de prescripción de la acción penal, ilegitimidad del querellante, caducidad de la querella, o cualquier otro evento generador de extinción de la acción penal, y la causal aludida sea el cambio favorable del criterio jurídico de sentencia emanada de la Corte.” (Se destaca).
6. “ART. 198.— Consecuencias del fallo rescindete. Salvo que se trate de las causales de revisión previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 191, los efectos del fallo rescindete se extenderán a los no accionantes.”
7. Ver folios 108 y 138 del cuaderno original de la Corte.
8. A folios 10 y 11 de la carpeta resumen de la actuación del juzgado de instancia obra el acta de derechos del capturado de los sentenciados J.J.V.V. y A.M.O.M., donde se consigna que la captura de éstos se llevó a cabo “el día 18 mes 12 años 07 siendo las 11:15 en (lugar y/o dirección) Diagonal 3 sur con 1 B Esquina.”
9. La captura del sentenciado fue el 18 de diciembre de 2007, por tanto durante el año 2007 purgó físicamente 14 días; en el 2008 12 meses; en el 2009 12 meses; en el 2010 12 meses, en el 2011 12 meses y en el 2012 12 meses; en el 2013 12 meses y, en el 2014 11 meses y 16 días, para un total de 84 meses o lo que es lo mismo 7 años.
ii) “La razón que sustenta tales incrementos (de las penas establecidas en la Ley 599/2000, se aclara) está ligada con la adopción de un sistema de rebaja de penas, materia regulada en el Código de Procedimiento Penal, que surge como resultado de la implementación de mecanismos de ‘colaboración’ con la justicia que permitan el desarrollo eficaz de las investigaciones en contra de grupos de delincuencia organizada y, al mismo tiempo, aseguren la imposición de sanciones proporcionales a la naturaleza de los delitos que se castigan”(3) (resaltado fuera de texto).
1. Cfr. Sentencia de 26 de febrero de 2013, rad. 33254.
2. Exposición de motivos del Proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 599 de 2000.
3. Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 01 de 2003 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Senado.
4. Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.
5. Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.
6. Intervención del Vicefiscal General de la Nación en el segundo debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.
7. Discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.

References: ARTÍCULO 14
 artículo 32
 resolución 
 artículo 14
 artículo 26
 artículo 14
 artículo 351
 artículo 26
 artículo 14
 artículo 26
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 351
 artículo 196
 artículo 14
 artículo 198
 artículo 14
 artículo 351
 artículo 244
 artículo 5
 artículo 245
 artículo 6
 artículo 60
 artículo 27
 artículo 52
 artículo 191