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Timestamp: 2019-12-06 07:49:37+00:00

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Fases del Procedimiento Administrativo Común y la Ejecución (III -… Coggle
Fases del Procedimiento Administrativo Común y la Ejecución (III -…
Fases del Procedimiento Administrativo Común y la Ejecución
A conocer, en cualquier momento
el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución
el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo
el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados
los actos de trámite dictados
Además, tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.
c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.
h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos
I - LA INICIACIÓN
acto por el que cualquier persona, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración
Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa recogerán
la fecha de su comisión
cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.
denunciante implicado
el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario
Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores y sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.
el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario
(no competente para iniciarlo)
las solicitudes de iniciación deberán contener
b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación.
Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que consistirá en la
declaración de la circunstancia que concurra, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 5 días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.
Si alguno de los sujetos que están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
Definición de Declaración responsable
se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener EL RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO O FACULTAD O PARA SU EJERCICIO, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.
se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para EL INICIO DE UNA ACTIVIDAD o EL EJERCICIO DE UN DERECHO.
No obstante, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente
la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
Información y actuaciones previas.
antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados
Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
podrán acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:
II - ORDENACIÓN
tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico
se hará de acuerdo con lo previsto
en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad,
se enviará completo
un índice autentificado
La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.
los documentos que contenga el índice.
foliado (folios numerados)
Concentración de trámites
Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de 10 días para cumplimentarlo.
Si los interesados no cumplen con los plazos anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
Aclaración: (La suspensión del plazo máximo no implica la suspensión del procedimiento, y la administración podrá continuar con los distintos trámites.
En la figura especial de de la recusación, sin embargo, la administración no puede continuar con la tramitación del procedimiento. Por ejemplo, si está contestando unas alegaciones o solicitando informes, deberá paralizar las actuaciones hasta que sea resuelta la recusación. Esta circunstancia especial de paralización total de la actividad administrativa solo ocurre en los incidentes de recusación, no así en las otras suspensiones previstas en la Ley.)
III - INSTRUCCIÓN
Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días.
En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba.
La prueba es la actividad que permite acreditar (o destruir) los hechos en los que se tiene que fundamentar la decisión de un procedimiento administrativo
Los informes son actuaciones administrativas a cargo, normalmente, de órganos especializados que sirven para ilustrar al órgano decisor. Se trata de manifestaciones de juicio jurídicos o técnicos, pero nunca de voluntad.
Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos (opcionales, según criterio del órgano competente) y no vinculantes (las conclusiones del informe pueden ser tenidas en cuenta o no por el órgano competente para resolver).
Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de 10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento durante 3 meses
El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días.
Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes
Los interesados, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. (si en el expediente hay cualquier documento, prueba o hecho no aportado por el interesado, es obligatorio el trámite de audiencia, ya que en caso contrario, se produciría inseguridad jurídica).
IV - FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO
La resolución (forma normal de finalizar el procedimiento).
El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de 7 días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 15 días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias.
Cuando se trate de cuestiones conexas (no son las principales, sino las secundarias) que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a 15 días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.
Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos establecidos en la ley 39/2015.
Expresarán, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse
En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición individual y colectiva
El desistimiento a la solicitud (el interesado abandona su pretensión, pero no su derecho. El desistimiento se refiere al procedimiento o acción actual, pudiendo ejercer su derecho posteriormente).
Desistimiento y renuncia por los interesados
La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
Desistimiento por la Administracion
La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida (el interesado abandona definitivamente su derecho, lo cual le impide volver a ejercitarlo posteriormente o iniciar otro procedimiento basado en el mismo derecho).
se aplica la sección anterior "Desistimiento y renuncia por los interesados"
La declaración de caducidad (por transcurrir el plazo establecido para la conclusión del procedimiento o inactividad del interesado durante el plazo concedido).
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos 3 meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.
La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración (si hay todavía plazo de ejercitar el derecho, el interesado o la Administración
podrá hacerlo), pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción (la prescripción se interrumpe al efectuar el interesado o la Administración la acción
de su derecho, volviendo a contar la prescripción desde el principio).
La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. En este supuesto, la resolución que se dicte deberá ser motivada.
Los citados instrumentos
deberán establecer como contenido mínimo
el plazo de vigencia
la identificación de las partes intervinientes
Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento.
Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas (razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento), podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de 5 días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de 5 días se entenderá desestimada la solicitud.
Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en 30 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites:
c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de 5 días.
g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo.
El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de 15 días si así lo solicita el órgano competente.
En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución.
Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados.
En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.
Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.
Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que
se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley
cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.
a) Apremio (obligar al pago) sobre el patrimonio.
Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos (los que puede realizar cualquier persona) puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
c) Multa coercitiva (forzada, obligatoria).
(su fin es lograr vencer la resistencia del administrado y que cumpla con sus obligaciones)
a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. (obligarle por la fuerza)
b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente. (por el daño físico que se podría producir)
Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer (p.ejem. no acceder a un local) o soportar (p.ejem. vacunaciones, reconocimientos médicos, privación de libertad, etc) podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas (coactivamente por medio de la fuerza física) en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución.

References: resolución

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