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Timestamp: 2017-02-21 09:48:50+00:00

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Sentencia Juzgado de lo Penal Provincia de Huelva num. 3/2016 19-02-2016
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Marginal: PROV\2016\37282
Procedimiento abreviado núm. 3/2016
Ponente: José Manuel Balerdi Múgica
PREVARICACION DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS: NOMBRAMIENTO ILEGAL: INEXISTENCIA: Gerente de Hospital público en el que se crea una Unidad de Gestión Clínica que incluye la propuesta de nombramiento de Director, que luego se anulo en vía contenciosa por falta de convocatoria pública: cuestión que en aquellos tiempos no era pacífica.
DE LO PENAL 2 HUELVA
2107241P20092002157
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 3/16
ACUSADOS A. H. C.
M. P. M. G.
En Huelva a diecinueve de
El Magistrado-Juez,
titular, del Juzgado de lo Penal nº.
2 de esta ciudad, JOSE MANUEL BALERDI MUGICA, tras celebrar el correspondiente
juicio oral, pronuncia la siguiente,
Nº 53/16
han seguido autos de procedimiento abreviado para determinados delitos nº
3/16, procedentes del Juzgado de Instrucción
nº. 2 de Valverde del
Camino, por delitos de PREVARICACION contra
D. A. H. C. con DNI nº ...,
domiciliado en C/ ...
nº 39 de San Juan de
Aznalfarache (Sevilla), defendido por el Letrado D. Miguel A. Avilés
Pérez y representado
por el Procurador D. Manuel Díaz
Alfaro, DÑA.
con DNI nº ...,
domiciliada en C/ ...
nº 31 de
Bellavista-Aljaraque (Huelva), y DÑA. M. J. J.
nº 13-5º
B de Sevilla, defendidas por la Letrada Dª
Esperanza Gallego Calvente, siendo parte el Ministerio Fiscal, y D. R. P. C. con DNI nº ...,
domiciliado en C/ ... nº
33 de Minas de Riotinto (Huelva), en calidad de acusación
particular, representado por Procuradora Dª
Gema Tenor M.ez y asistido por Letrado D. Juan Fernández
PRIMERO: Convocadas
las partes a juicio oral, éste
el día de la fecha, con el
resultado que consta en el acta al efecto levantada, habiendo comparecido el
Ministerio Fiscal y los acusados arriba citados que están
defendido por los Letrados antes mencionado. SEGUNDO: El
Ministerio Fiscal solicitó
el sobreseimiento de las actuaciones, mientras la acusación
particular, en su escrito de acusación
en el Juzgado instructor, calificó
los hechos como constitutivos de delito de prevaricación
del Art. 405 CP, que imputó
a los acusados Sres. H. y M., delitos de prevaricación
del Art. 404 CP, que imputó
a las acusadas Sras. J. y M., y delito de prevaricación
del Art. 406 CP, que imputó
a la acusada Sra. J., no concurriendo circunstancia modificativa de
responsabilidad criminal, solicitando se les impusiera las penas
correspondientes, debiendo indemnizar los acusados, conjunta y solidariamente,
al Sr. P. por importe de 18.000 euros.
TERCERO: El Letrado
de la defensa solicitó
CUARTO: En el acto
del juicio oral el Ministerio Fiscal solicitó
dictado de sentencia absolutoria y las partes elevaron sus conclusiones
provisionales e informaron oralmente. Los acusados nada añadieron.
PRIMERO: Desde 1985 y
hasta enero de 2009, el acusado D. A. H. C.L, mayor de edad y sin antecedentes
penales, ostentaba el cargo de Gerente del Hospital Comarcal de Riotinto,
del Servicio Andaluz de Salud, dependiente de la Consejería
2005, el Servicio Andaluz de Salud acordó,
facultades organizativas del servicio sanitario, la creación
de Unidades de Gestión
Clínicas (UGC) como
estructura organizativa interna para ejercicio de sus funciones y prestación
de UGC en los diferentes centros del SAS se reguló
en Contratos Programas que el SAS puso a disposición
de los interesados: la mayoría
muy cualificada de profesionales afectados interesados y la dirección
del centro correspondiente debían
aprobar proyecto de creación
de UGC, adjuntar Acuerdo de Gestión,
y elevarlo como propuesta para aprobación,
en su caso, a los Servicios centrales del SAS.
posteriores a 2005, el SAS procedió
a aprobar la creación
de miles de proyectos de UGC en los distintos centros de la red pública
de salud dependiente de la Junta de Andalucía.
enero y febrero de 2007, una mayoría
muy cualificada, superior al 80%, de los profesionales que prestaban servicios
en los cuatro laboratorios del Hospital de Riotinto elaboraron y aprobaron un
de UGC que englobara la actividad de los cuatro laboratorios en servicio y lo
propusieron a la Dirección
Gerencia del Hospital.
normas de constitución
de UGC elaboradas por el SAS, el día
27 de febrero de 2008, el acusado Sr. H., en su calidad de gerente del Hospital
y la profesional participante en la elaboración
del proyecto designada en el proyecto elaborado por los profesionales afectados
para dirigir el mismo, la acusada DÑA.
M. J. J., mayor de edad y sin antecedentes penales, en su calidad de Directora
de la Unidad, suscribieron acuerdo de proponer a la Dirección
General de Asistencia Sanitaria del SAS para su valoración
y autorización,
si procede, Acuerdo de Gestión
que adjuntaron. El proyecto se
propuso y sometió
conjuntamente con otro proyecto para creación
de UGC de Cuidados Críticos
y Urgencias. Con anterioridad, en el Hospital de Riotinto ya se había
aprobado proyecto y propuesto creación
de UGC en el área
del SAS para constitución
de UGC ofertado a los profesionales en 2008 establecía
la figura de Director/a de la UGC, la persona designada para liderar el
proyecto, pero dicha figura no se incluía
en la plantilla orgánica
estructural del Centro en el que se constituían
las correspondientes UGC, por lo que era considerada plaza no estructural.
26 de Marzo de 2008, la Dirección
General del SAS dictó
aprobando el acuerdo-propuesta de creación
de UGC remitido desde el Hospital de Riotinto, para el período
2008 a 2011, quedando así
debidamente constituida y en funcionamiento, bajo la dirección
de la acusada, autorización
definitiva que la Dirección
General de Asistencia Sanitaria confirmó
en nota remitida el 12 de mayo de 2008.
SEGUNDO.- En los
meses de junio, julio y agosto de 2011, y tras sucesivas sentencia dictadas al
respecto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
a partir de la dictada el 22 de diciembre de 2008, sobre la vigencia del
contenido del Decreto 75/07 de del SAS de 13 de marzo y su aplicabilidad a los
de UGC, diversas Gerencias de Hospitales dependientes del SAS, siguiendo
instrucciones para corregir pautas adoptadas con anterioridad, realizaron
diversas convocatorias públicas
para cobertura de puestos de Director/a de UGC.
3 de febrero de 2013, resolviendo recurso interpuesto contra el Servicio
Andaluz de Salud por D. R. P. C., Jefe de Servicio del Laboratorio de Análisis
Clínicos (uno de los
cuatro en servicio que quedaban englobados en la creada UGC) en febrero de
2008, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sala de lo Contencioso Administrativo) dictó
sentencia en la que, sin cuestionarse la legalidad de la creación
de la UGC, ni de la creación
del cargo de Director de la misma, se declara nulo el nombramiento de la
acusada Sra. J. para ocupar dicha dirección,
al estimar que se trata de un nombramiento que debió
hacerse por el procedimiento de libre designación,
tras convocatoria pública
a la Ley 55/2003 (Art. 29) y el decreto 75/2007 (Art. 8 y siguientes)".
de lo judicialmente dispuesto, la acusada Sra. J. cesó
en sus funciones de Directora de la UGC Laboratorios.
TERCERO.- El día
25 de febrero de 2009, la acusada DÑA.
M. P. M. G., mayor de edad y sin antecedentes penales, tomó
posesión del cargo de
Gerente del Hospital de Riotinto, sucediendo al coacusado Sr. H., cargo en el
que se mantuvo hasta 2013.
sus funciones, y siguiendo concretas instrucciones de su superioridad al
respecto, procedió
al análisis de las causas
generadoras de desviaciones económicas
apreciadas en el capítulo
económico del personal,
tras lo que propuso a la Dirección
General de Personal del SAS las medidas económicas
y de modificación
de plantilla que estimó
oportunas, incluyendo amortización
en el mes de abril de 2009 por la acusada se elaboró
informe en el que, tras haberse sometido a trámite
de alegaciones de la Junta de Personal y del Sr. P. el 14 de abril de 2009,
propuso a la Dirección
General de Asistencia Sanitaria del SAS la amortización
de la Jefatura de Servicios ocupada provisionalmente por el Sr. P., así
como la Jefatura de Servicio de otro de los cuatro laboratorios englobados en
la UGC, vacante en aquella fecha, motivando la propuesta en criterios que
Al mencionado informe
siguieron otros, con propuestas de amortización
de otras veintidós
plazas de la plantilla estructural del Hospital.
4 de mayo, la Directora General de Asistencia Sanitaria del SAS resolvió
que consideraba oportuna y aprobaba la propuesta de la acusada para modificar
de 1 de julio, el Director Gerente del SAS estimó
que la propuesta se ajustaba a las instrucciones dictadas por la Consejería
y Hacienda de la Junta de Andalucía
y aprobó
modificar la plantilla del Hospital del Riotinto, junto con la plantilla de
siete centros mas.
de 29 de junio, la Intervención
Central del SAS emitió
informe favorable a la modificación
de plantilla, referida a la desdotación
de la plaza de Jefe de Servicio Facultativo ocupada por el Sr. P..
de 13 de julio, el Director General de Personal y Desarrollo Profesional del
SAS acordó,
en el ejercicio de sus funciones, amortizar la plaza de Jefe de Servicios de
clínicos, fijando como
fecha de cese de quien lo ocupaba con efecto el día
En consecuencia, por
de 28 de julio, la acusada titular de la Gerencia del Hospital acordó
y notificó
al afectado el cese del Sr. P. como Jefe de Servicio de Análisis
Clínicos, con efecto en
la fecha establecida por la Dirección
General, y por haberse amortizado por la Dirección
General la plaza que ocupaba. CUARTO.- En el mes de
marzo de 2010 se procedió
a convocatoria pública
para puesto de trabajo en el servicio de Hematología
del Hospital Comarcal de Riotinto.
La acusada Sra. J.
había intervenido, en su
calidad de directora de la UGC afectada, en la elaboración
profesionales y perfil de la plaza convocada, proponiendo que se incluyera
entre los requisitos a valorar en los aspirantes el de "capacidad
de liderazgo y conocimientos de gestión
de un laboratorio multidisciplinar, dado que el profesional podría
tener encomendadas las funciones de Dirección
de la UGC".
de Control competente, sin intervención
de la acusada, aprobó
los requisitos a valorar en los aspirantes a la plaza, si bien condicionando la
concreta reseñada
a supuestos en que fueran varios los que concurrieran como candidatos.
su candidatura al puesto, sin que concurrieran otros aspirantes, tras lo que
fue designada para la plaza convocada. FUNDAMENTOS DE
de hechos probados se ha llegado tras el análisis
en conciencia y depuración
racional de las pruebas practicadas en el plenario, de conformidad con lo
dispuesto en art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1) Declaraciones de
2) Testifical Sras. B.
3) Documental obrante
404: A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su
injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le
castigará con
la pena de inhabilitación
sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
405: A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio
de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere
el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los
requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de
tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a
406: La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la
propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que
carece de los requisitos legalmente exigibles.
Mantiene el Tribunal Supremo (sentencia 23/1/2014): "Por lo que se refiere al concepto de resolución,
cabe decir que lo único
discutirse es si la misma, en cuanto decisión de contratar, es expresa y
no meramente tácita.
decirse si se estima que la suscripción del contrato es meramente
ejecutiva de aquella decisión y no
el acto administrativo que "resuelve" contratar a la coacusada
absuelta. Pero lo que resulta inadmisible es la errónea
entre resolución tácita y
inexistente. Como no cabe excluir del tipo penal de prevaricación una
evidentes manifestaciones, cual es la vía de hecho con prescindencia
absoluta de todo asomo de procedimiento.
En cuanto al resto de los
elementos del tipo, antijuridicidad, con el plus que el delito exige, y
arbitrariedad, de la que el autor se ha de considerar consciente, conviene
recordar nuestra Jurisprudencia al respecto.
En la Sentencia nº 1160/2011 de 8 de noviembre dejamos dicho: Ciertamente la antijuridicidad tipificada como prevaricación va más allá de la ilicitud o contradicción entre la resolución adoptada por el sujeto
activo y el Derecho. ......., mientras en la prevaricación judicial el tipo penal
prescinde de la nota de arbitrariedad, tal exigencia típica, en la prevaricación administrativa hace que se
requiera un plus de antijuridicidad en la resolución con la que se comete aquella.
Jurisprudencialmente se puso el énfasis unas veces, en la fácil cognoscibilidad de la contradicción de lo resuelto con el
Derecho y, otras, en la subjetiva anteposición de la voluntad del autor
respecto a lo que la norma dispone, decidiendo que aquella voluntad
se erija en fuente de normatividad de manera conscientemente caprichosa, de tal
manera que falta cualquier fundamentación jurídica
razonable que no sea esa mera voluntad del funcionario prevaricador ( STS de
12 de diciembre de 2008 resolviendo el recurso 13/2008 ). En
relación al conocimiento de la
injusticia de la resolución hemos dicho también que: En el delito de prevaricación administrativa la
"arbitrariedad" de la resolución es un elemento normativo del tipo. Pero, a diferencia de otros
supuestos, como el del hurto de la cosa ajena, la diferenciación entre la injusticia de la
dictada y la del acto de dictarla -posibilitando concluir, en algún caso, que no es injusto
injusta - constituye un uso del lenguaje que lleva a una interpretación contraria al sentido de la
ley. Por eso la interpretación de la expresión, utilizada en el artículo 404 del Código Penal ,
"a sabiendas de su injusticia" no debe llevar a tener por atípica la decisión del funcionario, sino a su
mera exculpación,
cuando se estime que no actuó bajo esa condición. ( STS de 4 de marzo de 2010
resolviendo el recurso 1231/2009 ). De todas
esas múltiples versiones da cuenta nuestra
Sentencia de 4 de febrero de 2010, resolviendo el recurso 2528/2008 en la que se describen los
elementos del delito al decir: Será necesario, en definitiva, en primer lugar, una resolución dictada
por autoridad o funcionario en asunto administrativo; en segundo lugar que sea contraria
al Derecho, es decir, ilegal; en tercer lugar, que esa contradicción con el derecho o
ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la
omisión de trámites esenciales del
procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda
ser explicada con una argumentación técnico-
jurídica mínimamente razonable; en
cuarto lugar, que ocasione un resultado materialmente
injusto , y en quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad
de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, y con el
conocimiento de actuar en contra del derecho. Como
recordábamos en dicha sentencia:
Conviene resaltar que la omisión del procedimiento
legalmente establecido, ha sido considerada como una
de las razones que pueden dar lugar a la calificación delictiva de los hechos,
porque las pautas establecidas para la tramitación del procedimiento a seguir
en cada caso tienen normalmente la función de alejar los peligros de la arbitrariedad y la contradicción con el derecho (STS núm. 2340/2001, de 10 de diciembre). Así se ha dicho que el
procedimiento administrativo tiene la doble finalidad de servir de garantía de los derechos
individuales y de garantía de orden de la Administración, y de justicia y acierto en sus resoluciones. Y, si
bien no toda prescindencia de procedimiento aboca al tipo penal, la misma tendrá relevancia penal si de esa
forma lo que se procura es eliminar los mecanismos que se establecen
precisamente para asegurar que su decisión se sujeta a los fines que la Ley establece para la actuación administrativa concreta en
la que adopta su resolución. Son, en este sentido, trámites esenciales (STS
nº 331/2003, de 5 de marzo."
TERCERO.-Para que pueda
producirse un pronunciamiento condenatorio ha
de haber prueba de cargo suficiente que desvirtúe
de inocencia (art. 24 de la Constitución),
de la que gozan todos los acusados, declarando el Tribunal Constitucional en
doctrina que se resume en la STC. 201/89 de 30 de noviembre, tal presunción
descansa sobre dos ideas esenciales, de un lado el principio de libre valoración de la prueba en el
proceso penal que corresponde efectuar a los Jueces y Tribunales por imperativo
del art. 117.3 de la Constitución y de otro, que la
sentencia condenatoria se fundamente en auténticos
actos de prueba y que la actividad probatoria haya sido suficiente para
desvirtuarla, para lo cual se hace necesario que la evidencia que origine su
resultado lo sea, tanto con respecto a la
existencia del derecho punible, como en todo lo atinente a la participación
y responsabilidad que en él
tuvo el acusado. El
Tribunal Constitucional, afirma en sentencia de 17.12.85, que no basta por
practicada, acrediten la culpabilidad del acusado más
allá de toda duda
razonable /SS.TC. 124/01 de 04 de junio y 17/02, de 28 de enero, entre otras
muchas). La prueba de cargo sigue diciendo el citado Tribunal, debe estar
referida a los elementos esenciales del delito objeto de condena tanto de
naturaleza objetiva como subjetiva (SS.TC. 252/94, 35/95, 278/00, 68/01, 137/02
de 02 de junio y 180/02 de 14 de octubre).
Analizados los elementos probatorios aportados se aprecia:
reconocen su cualificación
profesional y los servicios prestados en el Hospital Comarcal de Riotinto: el
Sr. H. en el cargo de gerente durante el año
2008, la Sra. M. en el mismo cargo a partir de febrero de 2009 hasta 2013, la
Sra. J., directora de la Unidad de gestión
Clínica (UGC) de los
laboratorios del Hospital desde su creación
en marzo de 2008 hasta la declaración
de nulidad de su nombramiento en diciembre de 2013, y como facultativa de
del Hospital desde 2010.
El Sr. H. explicó
como gerente en el acuerdo propuesta de creación
de la UGC de laboratorios. Que en el Hospital ya se había
propuesto la creación
de otra anterior. Que se siguió
el procedimiento habitual: la mayoría
de los profesionales afectados (mínimo
del 80%), en este caso de los que prestaban servicios en los cuatro
laboratorios del Hospital, elaboran proyecto y acuerdo de proponer la creación
de UGC, lo que se acepta por la gerencia, propuesta que se somete a la aprobación
de los Servicios Centrales del SAS. Que en el proyecto que recibe la gerencia
ya se propone que la dirección
la ostentara la Sra. J., por lo que así
figura en la propuesta que se eleva. Que en marzo los Servicios Centrales
aprueban la propuesta de creación
de la UGC en los términos
de la propuesta, por lo que se entiende que queda aprobada la designación
de la directora, lo que explica que ejerza las funciones previstas. Siempre
estimó que ese era el
procedimiento correcto y, además
el habitual. Que no creía
el Decreto 75/07 previsto para nombramientos de cargos de plantilla,
estructurales, al no ser el director de UGC un puesto estructural, no estaba
incluido en la plantilla, sino que se incorporaba por así
estar previsto en el diseño
de las UGC realizado por el SAS, sin que esa designación
generara modificación
de la plantilla estructural. Que conoció
la discrepancia del Sr. P. con el proyecto suscrito por la inmensa mayoría
todo aprobado por el órgano
superior competente en la materia.
La Sra. M. explicó
a la gerencia del Hospital en febrero de 2009. Detalló
los criterios que se le establecieron por su superioridad tras su nombramiento,
incluyendo la exigencia de medidas de saneamiento económico
por desviaciones económicas
planteadas en el capítulo
de personal. Que estudió
exhaustivamente la situación
y formuló
propuestas en base a los motivos que hizo constar, en su opinión
las idóneas para alcanzar
los fines pretendidos. Que en 2.009 propuso la amortización
de dos jefaturas de servicios en laboratorios, una ocupada por el Sr. P. y otra
vacante. Que, en su plan de reestructuración,
se propuso, además,
sucesiva de otras 22 plazas. Que fue la Dirección
General de Personal del SAS la que resolvió
sobre las amortizaciones. No estima de aplicación
el Art. 8 del Decreto 75/07 para designación
de director/a de UGC, al no tratarse de una plaza estructural plaza prevista en
la plantilla del centro.
La Sra. J. reconoció
haber elaborado, con compañeros
a los que ya identificó
en sede judicial obrante en autos, (declaración
de 19/11/12, folio 427 y siguientes), proyecto para creación
de UGC de laboratorios del Hospital. Que lo suscribieron más
del 80% de los profesionales afectados y que lo asumió
la gerencia del Hospital. Que en el proyecto se propuso a ella como directora y
se hizo constar en la propuesta que se elevó
a los Servicios Centrales. Que al mes siguiente los Servicios Centrales
aprobaron la propuesta en sus propios términos,
por lo que entendió
quedaba nombrada directora y ejercicio sus funciones hasta 2013, en que se
declaró nulo su
La testigo Sra. B.,
en juicio haber autorizado la creación
de UGC de laboratorios del Hospital de Riotinto, en el ejercicio de sus
funciones en los Servicios Centrales del SAS. Que el procedimiento a seguir
en: que profesionales afectados y gerencia de cada centro podían
elaborar proyecto y proponerlo a los Servicios Centrales, donde, tras valorarse
su pertinencia, se resolvía
al respecto. Que si la propuesta incluía
de directora, entendía
que de aprobarse la propuesta en sus términos,
quedaba aprobada la designación.
haber remitido a la acusada Sra. M., al ser designada gerente, instrucciones
precisas para que adoptara las medidas precisas para cumplimiento de contrato
programa, incluyendo corregir desviaciones económicas
en capítulos como el de
La testigo Sra. L.,
de Control y Seguimiento del pacto sobre sistema de selección
de personal, confirmó
el procedimiento para creación
de UGC. Que debía
proponerlo al menos el 80% de profesionales afectados y debía
asumirlo la gerencia, debiendo ser aprobado por la Dirección
general de Asistencia Sanitaria del SAS. Confirmó
que la acusada Sra. J. intervino en la elaboración
del perfil de la plaza de hematóloga
los motivos por los que se incluyó
el requisito de experiencia en la gestión.
aspirante fue la acusada, lo que no era inhabitual en ese Hospital.
Constan en autos
declaraciones de los acusados en sede judicial: el acusado Sr. H. ya manifestó
fundamentales, los extremos a los que se refiere la imputación.
Que no nombró
a la Directora, que fue una propuesta de los profesionales que elaboraron el
proyecto y él
la asumió.
Que no se trata de puesto de plantilla, estructural, sino de una previsión
en los contratos programa para creación
de UGC, en lo que coincidió
con la coacusada Sra. M. (folios 182 y 202, respectivamente)). Constan
igualmente extensas y detallas declaraciones de la coacusada Sra. J. (folio 427
y siguientes tomo III), así
como de la testigo Sra. L. (folio 429 y siguientes tomo IV).
informe elaborado por la acusada Sra. M. sobre amortización
de plaza ocupada por el acusador (Folio 334 del tomo I) y su traslado para
alegaciones a la Junta de Personal así
como al acusador y a la Asesoría
Jurídica de la Delegación
Constan (folio 398 y
siguientes tomo I) resoluciones administrativas de las distintas áreas
del SAS aprobando la desdotación,
de la plaza y cese del acusador, obrando al folio 403 tomo I la resolución
de la acusada en ejecución
literal de lo acordado por su superioridad.
(folio 589 y siguientes tomo II) acta de aprobación
de los requisitos a valorar para las plazas convocadas, entre ellas la de
requisitos descritos en anexo de la convocatoria (folio 85 tomo II) y resolución
de plazas convocadas, entre otras la correspondiente a Hematología
para la que se designó
a la acusada Sra. J., única
aspirante a la plaza (folios 111 y siguientes tomo III). Constan en autos
(folios 457 y siguientes tomo II, folio 4 y siguientes tomo III) copias de
diversas resoluciones de junio, julio y agosto de 2.011 por las que se convocan
concursos para cobertura de puestos de Director/a de UGC, que se justifican en
su preámbulo por la situación
generada en los dos últimos
años al respecto por
criterios establecidos en diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia
sobre vigencia del contenido del Decreto 75/07, a partir de sentencia de
Obra en autos
sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Sevilla el 3 de Diciembre de 2013 en
procedimiento que tuvo como partes al Sr. P. C. y el Servicio Andaluz de Salud:
Sin cuestionar la legalidad de la creación
de la UGC, ni la del cargo de director de dicha unidad, la sentencia declara
nulo el nombramiento como directora de la acusada Sra. J., al estimar que debió
con convocatoria pública
y procedimiento de selección
y no, como se hizo, sin seguir trámite
ni procedimiento alguno.
Consta también
sentencia dictada en Primera instancia por el Juzgado Contencioso 2 de esta
Ciudad de 30 de noviembre de 2015, en procedimiento seguido por el Sr. P. C. contra
el Servicio Andaluz de Salud, en el que se declara la nulidad de la resolución
de 28 de julio de 2009 por la que la Gerencia del Hospital comunica al Sr. P.
de la plaza de jefe de Servicio de Análisis
Clínicos de dicho
Hospital y se le cesa en su desempeño.
La sentencia se encuentra pendiente de resolución
En el relato de la
sentencia se describe que la anulada resolución
de la gerencia de 28 de julio se corresponde con resolución
previa de 13 de julio por la que el Director General de personal y Desarrollo
Profesional del SAS resuelve amortizar la plaza.
El objeto del presente enjuiciamiento debe centrarse en analizar lo actuado
para determinar si en la actuación
de cada uno de los acusados concurren los elementos constitutivos de la
penal imputada. Dicho en otros términos,
y a la vista de los términos
de la única acusación,
si los acusados Sres. H. y M., propusieron, nombraron o dieron posesión
para el ejercicio de un determinado cargo público,
en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, a cualquier
persona sin que concurran los requisitos establecidos para ello (delito Art.
405 CP). Si las acusadas Sras. J. y M. dictaron, a sabiendas de su injusticia,
arbitraria en asunto administrativo (delito Art. 404 CP). Y si la acusada Sra. J.
aceptó propuesta,
nombramiento o toma de posesión
de cargo público,
sabiendo que carecía
de los requisitos legales exigibles (delito Art. 406 CP).
Se recuerda que los requisitos exigibles incluyen, en
ya citado criterio jurisprudencial vigente, en
primer lugar, una resolución dictada
por autoridad o funcionario en asunto administrativo; en segundo lugar que sea contraria al Derecho, es decir, ilegal; en tercer lugar, que esa
contradicción con el derecho o
omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el
propio contenido sustancial de la resolución, sea
de tal entidad que no pueda
ser explicada con una argumentación técnico- jurídica mínimamente razonable; en cuarto lugar, que ocasione un resultado materialmente injusto, y en quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad
particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho.
Además, el análisis debe apoyarse en principios y pautas
propias del Derecho Penal, con fines y objetivos autónomos, respecto de pronunciamientos y
actuaciones del ámbito
contencioso administrativo, igualmente autónomo.
Partiendo de que corresponde a esta última
jurisdicción la competencia exclusiva
para revisar la adecuaciones de las actuaciones administrativas a la legalidad
vigente, sin que pueda sustituirse a esa jurisdicción en su labor de control por la Jurisdicción Penal, a través del delito de prevaricación, intervención que
debe limitarse a supuestos límite, en
los que la actuación
administrativa, además de ilegal,
resulte injusta y arbitraria, según se
declara en jurisprudencia que el Ministerio Fiscal incluyó en su informe, en el que se aclara que es
preciso distinguir entre ilegalidad administrativa, aunque sea tan grave como
para provocar nulidad, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito, sin que en ningún caso puedan equipararse conceptos como nulo
de pleno derecho y delito.
El hecho de que las presentes actuaciones
penales hayan discurrido en paralelo a actuaciones en la jurisdicción contenciosa, en la que ya se dictó sentencia firme y otra pendiente de firmeza,
convierte en inevitables las referencias en la presente causa a lo allí acordado, con el consiguiente riesgo de
confusión: además de objetos distintos, aquellos procedimientos
y el presente giran en distintos planos por no resultar coincidentes las partes
intervinientes: mientras en aquellos el Sr. P. ejercita acciones contra el SAS,
lo que motiva el control y valoración de
actuaciones administrativas del SAS (sin personalizar), en el presente, como no
podía ser de otro modo en el ámbito penal, la acción se dirige contra personas concretas, lo que
impone el análisis de su concreta y
personal actuación
administrativa. Lo que, como se apreciará, habrá de resultar determinante para la valoración.
IMPUTACION AL ACUSADO SR. H.
La imputación gira
en torno a la intervención del
acusado, durante su mandato como gerente del Hospital, en el nombramiento de la
acusada Sra. J. como directora de la UGC, a la que se mantuvo en el cargo pese
a quejas del acusador.
La imputación se
expresa en términos ambiguos: "Se ha procedido a nombrar y dar posesión de un cargo público""El
documento del que resulta dicha "designación",
suscrito conjuntamente por el acusado", lo que
parece ser muestra de una ambigüedad,
además de impropia e inaceptable
en Derecho Penal, aparentemente calculada: ¿Por
quien se ha procedido a nombrar ....? ¿Con quién
suscribe conjuntamente el acusado el documento "del que resulta la designación? ¿la
designación resulta de haberlo suscrito
sólo el gerente o de la
suscripción conjunta?.
Lo expuesto en el juicio por los acusados
participantes, y confirmado por las cualificadas (por su directa intervención, en el caso de la Sra. B. desde posición jerárquicamente
superior a la de los acusados) testigos, permite estimar que la participación del acusado se concreta en asumir un proyecto
de creación de UGC de laboratorios del
Hospital, elaborado y suscrito por 48 (más del
80%) de los 52 profesionales afectados por la reorganización, en el marco de plan organizativo diseñado por el SAS desde 2005, que generó la creación de
miles de UGC.
En la iniciativa participó la acusada Sra. J. y otros profesionales que
ella identificó en sede judicial, logrando
el apoyo de la muy cualificada mayoría
exigida. La gerencia, el acusado, asume el proyecto, la propuesta de directora
del mismo y lo eleva a los Servicios Centrales, sin proceso de nombramiento de
Directora, sin convocatoria de concurso, sin resolución de nombramiento.
marzo de 2008, los Servicios Centrales del SAS aprueban la propuesta y la UGC,
con la directora propuesta al frente, se implementa y ejerce las funciones
Los testimonios resultan perfectamente
corroborados por la documentación
obrante en autos:
Folio 160: El Director Gerente del Hospital Sr.
H. y la acusada Sra. J. "en
calidad de Directora de la UGC" "proponen a la Dirección General de Asistencia Sanitaria, para su
valoración y aprobación, si procede, acuerdo de gestión para un período de
cuatro años." Folio 161: Contenido del Acuerdo de Gestión Clínica
para la UGC de Laboratorios del Hospital que incluye, introducción, marco de funcionamiento, descripción, objetivo y evaluación. Incluye anexos con relación de profesionales afectados (52) y relación de 48 profesionales que manifiestan conocer
el modelo de incentivos.
Folio 157: La Gerencia del Hospital informa a
los Jefes de Servicios afectados que "ha
propuesto la constitución de dos
UGC, identificando a los respectivos Directores.
Folio 158: Resolución de 12 de mayo de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, Servicio de
Gestión Sanitaria, en la que se
expresa que "una vez revisada la
documentación recibida del Hospital en
relación a nuestra nota de 27 de
marzo sobre el acuerdo propuesto para la Unidad de Gestión Clínica
Laboratorios, ésta queda autorizada de
manera definitiva para el período
No consta documento que refleje el origen de la
designación de la acusada Sra. J. como
directora, lo que impide determinar con rigor si, como todos manifiestan, se
corresponde con decisión de los
propios profesionales afectados que adoptan la iniciativa de proponer la creación de una UGC, o si el acusado mantuvo alguna
intervención al respecto. Y lo que
impide declarar que dicha designación se
realizó por decisión personal del acusado.
La primera tesis (designación autónoma de
los profesionales afectados proponentes), sostenida por los acusados y demás intervinientes, resultaría corroborada del análisis del modelo, de la herramienta
organizativa diseñada por
el SAS en los contratos programas ofrecidos a los profesionales, que se
correspondería con un modelo organizativo
diseñado en términos que establecen una constitución voluntaria por los propios profesionales
afectados, quienes, además,
determinarían quien de ellos asumiría el "liderazgo", la dirección del
proyecto. Como puede apreciarse, en el marco de funcionamiento que incluye el
propuesto, documento modelo, de tipo genérico
utilizado, se expone que cada UGC estará
liderada por un/a solo/a Director/a. Y que ese Director/a propondrá a la Dirección del
Hospital los objetivos que la Unidad considera debe incluirse en el Acuerdo de
Gestión. La Dirección podrá
modificar esos objetivos y actividades. Todas las UGC deberán cumplimentar y negociar el presente documento
con la Dirección Gerencia del Hospital
haciendo uso de su nivel de autonomía y
Competencias del Director/a de la Unidad se incluye, además de dirigir y organizar la Unidad, "negociar con la Dirección Gerencia del Hospital el acuerdo de gestión clínica", lo que se corresponde con un diseño por el SAS de "una herramienta de innovación de gestión de
servicios, para mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los mismos,
partiendo de la premisa de la capacidad de los profesionales para ser
responsables y autónomos", contexto en el que resultaría técnicamente
coherente la estrategia de designación
interna del líder del proyecto (la
horizontal es estimada hoy instrumento organizativo elemental para mejorar
Pues bien, si el acuerdo de gestión a incluir en la propuesta de creación de UGC debe negociarse por Director/a del
proyecto, quien propondrá los
objetivos que la Unidad considera deben incluirse, haciendo uso de su nivel de
autonomía y responsabilidad en la
organización (por usar los términos del acuerdo-tipo), todo parece confirmar
que, acorde con el diseño, se
trata de una propuesta autónoma de
los promotores, toda vez que no sólo no
consta resolución alguna
del acusado gerente, sino que tampoco consta que informara a nadie al respecto
en momento alguno, hasta que ha propuesto a la superioridad la constitución, aunque no cabe duda de su conformidad cuando
suscribe, con la propia Directora, esa propuesta de constitución de la UGC, en los términos establecidos en las normas reguladoras
para creación de las mismas.
Es cierto que esa designación, sin procedimiento ni convocatoria específica y pública,
fue declarada nula años después, en 2013, por no ajustada a lo dispuesto en
Art. 8 del Decreto 75/07. Pero, para la calificación jurídica de
la actuación del acusado en 2008,
resulta determinante la consideración de
que, ni consta de manera indubitada que le sea imputable la designación de la Sra. J. como directora de la UGC (ni
por resolución ni por la vía de hecho), ni que fuera quien la nombrara, en
la medida que resulta razonable y completamente verosímil su versión de que
siempre estimó que actuaba de modo
correcto, suscribiendo con la Directora una propuesta para su remisión a los Servicios Centrales "para su valoración y autorización, si procede", ajustándose de ese modo a lo establecido para creación de UGC, resultando comprensible que con
posterioridad estimara que su actuación
resultaba correcta a la vista de la aprobación del órgano superior competente, sin que con carácter previo a la aprobación, se requiriera para documentar la designación de la Directora, ni exigencia alguna
relacionada con la cuestión,
cuando era patente que siendo la iniciativa tan reciente (del mismo mes de
febrero de 2008 en que se formaliza la propuesta), resultaba flagrante la
ausencia de tramitación de
procedimiento previsto en Art. 8 y 9 del Decreto 75/07 del SAS de 13 de marzo. Es cierto, como ya se ha dicho, que años después se
declara judicialmente nulo, no la creación de la
UGC, ni la creación de
cargo de director, sino, exclusivamente, del nombramiento de la directora, por
ausencia de convocatoria pública y
proceso de selección. Pero
poca duda cabe que ese control y reproche debe entenderse referido a la actuación del SAS, no necesariamente del acusado.
Porque, en lo jurídicamente
relevante para la presente causa, no se aprecia que, en el contexto de la
organización administrativa jerárquica, quien "propone" y actúa tras constatar que su propuesta es aprobada
por la superioridad competente, pueda ser considerado el responsable de haber
omitido exigencias procedimentales para eludir controles sobre su decisión personal, y de haber actuado así a sabiendas de la injusticia.
Una propuesta que se somete a valoración y autorización, si procede, de la superioridad, no puede ser
calificada como resolución idónea para lesionar bien jurídico alguno. Y aunque pudiera resultar
incorrecta, no jurídicamente
sostenible, esperpéntica o
extravagante, la actuación del
acusado no puede generar resultado injusto alguno, en la medida que se somete a
aprobación del competente para
resolver, y sin cuya autorización no
cabe UGC, ni, en consecuencia, directora alguna.
Pero es que, además, la manifestación del acusado, al explicar que siempre estimó haber actuado correctamente en el proceso de
proponer la constitución de la
UGC, la confirman otros documentos obrantes en la causa ya citados, a los que
la acusación se refirió: es cierto que se produjeron convocatorias públicas para cubrir plazas de Director/a de UGC.
Pero lo que la acusación no
explica es que se realizaron en 2011, con un preámbulo en el que se justifica la convocatoria
por lo declarado por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a partir de diciembre de 2008, en relación con la vigencia del contenido del Decreto del
SAS 75/2007 de 13 de marzo. Es decir, se asume que, para adaptarse a lo
judicialmente resuelto, debe procederse a convocatoria pública, lo que pone de manifiesto que, con
anterioridad (a diciembre de 2008), la interpretación sobre designación de Director/a de UGC, no del acusado, sino
del propio SAS, era diferente. Lo que guarda inequívoca relación con lo
que los acusados manifestaron sobre la aplicabilidad al supuesto del decreto
75/2007 ya citado, al haberse previsto en los Contratos programas de UGC la
figura del Director/a, figura inexistente en la plantilla del centro, y que
ellos denominan "no
estructural". Y a lo expuesto debe añadirse que sobran motivos para descartar el
elemento subjetivo del delito imputado: que el acusado actuara de modo
irregular con la finalidad de hacer efectiva su voluntad
particular, con el objetivo de sustraer al Sr. P. de sus competencias como
represalia por hechos anteriores, cuando consta que en ese período se crearon miles de UGC, que la iniciativa
de la UGC que afectaba al acusador fue a iniciativa de sus compañeros afectados, aprobando 48 de 52 dicha creación y sin que conste que ninguno ofreciera el
menor reparo a que su proyecto fuera liderado por la coacusada, sin contar con
el hecho de que el primer objetivo de la creación no estaba destinado a modificar el área profesional del acusador, sino el de
englobar en una unidad los cuatro laboratorios del Hospital, práctica generalizada en la reestructuración seguida en la última década.
Por otro lado, y en relación con la tesis de la acusación, carece de cualquier relevancia el que el
acusado desatendiera quejas, o críticas, o
muestras de disconformidad del Sr. P.: aprobado por los Servicios Centrales la
creación de la UGC propuesta,
suscrita por la Directora en calidad de tal, nada justificaría que el acusado pudiera actuar de otro modo,
sin perjuicio, lógicamente,
de las posibilidades procesales del discrepante para el ejercicio de acciones
que estimara oportunas para modificar lo acordado, como lo pone de manifiesto
la resolución judicial firme ya reseñada.
No apreciando en la actuación del acusado elementos constitutivos del
delito de prevaricación que se
le imputó, procede dictar sentencia
absolutoria. SEPTIMO.-IMPUTACION
A LA ACUSADA SRA. M.
En lo referido a su implicación en el nombramiento en febrero de 2008 de la
Sra. J. como Directora de la UGC, vigente a su llegada al cargo en 2009,
resulta íntegramente de aplicación el argumento desarrollado en el párrafo anterior respecto del coacusado Sr. H.:
La Sra. M. toma posesión con
una situación general creada con
anterioridad. Y en el marco de lo ya aprobado, no por su antecesor, sino por
los Servicios Centrales, no se alcanza a vislumbrar su margen de maniobra sobre
una cuestión ya aprobada, pero caso de
apreciarse, en el mismo, en ningún caso
podría incluirse la posibilidad de
modificar unilateralmente lo acordado por la superioridad, por lo que la
imputación (nº 4 de su escrito de acusación) resulta tan gratuita como carente de
cualquier rigor: es la legalidad la que imponía a la
acusada actuar conforme a lo ya acordado y aprobado, lo que resultaba
incompatible con la pretensión
aparente de que actuara y resolviera modificar lo aprobado para atender las
quejas de un discrepante, salvo, como ocurrió, que no
ella, sino la autoridad judicial competente, estableciera lo contrario.
De existir infracción penal en el nombramiento, el delito se habría consolidado, consumado y agotado con el
mismo, sin que resulte exigible a futuros actores actuaciones de revocación posteriores a su aprobación por entidad competente, y sin que tales
actuaciones futuras puedan ser calificadas de cooperación con delito anterior, por lo que procede
rechazar la tesis acusatoria al respecto.
En lo que a su actuación en la decisión de amortización de la plaza de Jefe de Servicios ocupada por
el acusador se refiere (nº 5 del
escrito de acusación):
Se aprecia en la posición acusatoria una nueva muestra de ambigüedad: porque lo que se imputa a la acusada, no
es un acto administrativo, o varios, o una resolución concreta, o una omisión, sino que "la nueva
gerencia va más allá en la estrategia de suplantación del denunciante por la Sra. J., y lleva a
cabo actuaciones con el fin de hacer desaparecer el puesto de trabajo que ocupa
el jefe de Servicio y cesarlo....".
Respecto de la primera aseveración no resulta fácil apreciar el menor indicio de participación de la acusada en la estrategia que menciona,
dado que, de existir, la estrategia tuvo que ser, necesariamente, previa a la
supuesta suplantación, es
decir, en febrero de 2008, es decir, un año antes
de que la acusada tomara posesión de su
Respecto de la segunda aseveración, la ambigüedad,
genera interrogantes: ¿a qué "actuaciones" de la acusada se refiere la imputación, como llevadas a cabo con el fin de amortizar
la plaza de Jefe de Servicio? Porque el delito castiga resoluciones que ocasionen un resultado materialmente injusto y que sean dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad
particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho. Tan descontextualizada, la acusación daría la impresión de imputar a la acusada por la única amortización de plaza que se acordó en el sector público, y exclusivamente diseñada, motivada y dirigida a perjudicar a su
persona, obviando la lamentable amortización de
miles de plazas del sector público
durante la ultima década por
razones estrictamente económicas.
La acusada reconoció y detalló
minuciosamente en juicio, confirmando lo que ya había expuesto con anterioridad, que al ser
nombrada recibe instrucciones de su superioridad, a las que debía ajustar su actuación. Que debía
adoptar medidas precisas para alcanzar determinados fines, como el de resolver
capítulo de personal. Que propuso
amortización de 24 plazas.
Pero, en relación con la imputación de que hubiera procedido a "actuaciones" para
amortizar la plaza ocupada por el Sr. P., amortización que también fue
objeto de enjuiciamiento en la jurisdicción
contenciosa, a lo expuesto por al acusada debe añadirse lo que la documentación obrante en autos pone de manifiesto:
Al folio 102 obra documento aportado por el Sr.
P. con la denuncia, en el que la acusada resuelve el 28 de julio de 2009 cesar
al Sr. P. como Jefe de Servicio Facultativo de Análisis Clínico a
partir de 31 de julio. Pero en los antecedentes de la resolución se explicita que "Con fecha 1 de julio de 2009 la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud ha
dictado modificación de
plantilla presupuestaria del centro de gasto Hospital Minas de Riotinto, de
acuerdo con el procedimiento establecido por la resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda de fecha 13.03.98, sobre modificación de
plantilla presupuestaria, procediéndose a
la desdotación de la plaza de Jefe de
Servicio Facultativo de Análisis Clínicos. La vigencia de dicha plaza se ha de
considerar terminada en su desdotación económica, concluyéndose así el proceso de amortización de la misma. En su virtud, la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, con fecha 13 de julio de 2.009 dicta resolución amortizando a plaza de jefe de Servicio
Facultativo de Análisis Clínico con efectividad de 31 de julio de 2009."
El contenido del documento resulta definitivo:
al margen de que la acusada realizare estudios o propuestas, la resolución que acuerda la desdotación económica y
correspondiente amortización, la
que ha establecido fecha concreta de cese del Sr. P., la generadora de efectos
jurídicos y que podría resultar delictiva de concurrir los
requisitos legales, es la acordada por el Servicio Andaluz de Salud (Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional), limitándose la
acusada a resolver, como se expresa en su resolución "al
objeto de dar cumplimiento a la misma", es
decir para ejecutar lo resuelto por su superioridad, lo que obliga descartar su
responsabilidad en la decisión que el
acusador imputa, con independencia de que sea la resolución de ejecución la
impugnada en la jurisdicción
contenciosa, lo que resulta justificado porque es la notificación al afectado, es decir, su vía de conocimiento de lo resuelto por el SAS.
Por los motivos expuestos, estimando que las
actuaciones de la acusada deben interpretarse en el contexto de las
obligaciones derivadas de su cargo, sin que se aprecie resolución administrativa imputable contraria a la
legalidad, procede rechazar la imputación y
dictar sentencia absolutoria.
IMPUTACION A LA ACUSADA SRA. J. En el escrito de
se imputa a la acusada haber aceptado la propuesta de nombramiento de Directora
de la UGC (Art. 406 CP), a lo que resulta de aplicación
lo ya expuesto: subsiste margen de duda sobre si su designación
se produjo exclusivamente por los profesionales proponentes de la constitución
(48 de los 52 afectados por la reorganización),
o con intervención
del coacusado gerente en aquella fecha, pero, en cualquier caso, se trataba de
propuesta sometida a valoración
y fue aprobada por el SAS, lo que explica que resulte verosímil
su tesis de haber actuado en creencia de actuar correctamente, máxime
cuando, como ya se ha expuesto, la primera de las posibilidades resultaría
aparentemente la coherente con el diseño
de la herramienta organizativa, por más
que posteriormente se decretara judicialmente su incompatibilidad con lo
establecido en Art. 8 del Decreto 52/07, lo que motivó
la posterior anulación
judicial, y se a partir de 2009 se adecuara el procedimiento de nombramiento a
lo judicialmemte establecido, lo que justifica descartar que actuara con él
animo y el objetivo que el acusador describe, cuando aceptó
una propuesta a analizar, valorar y aprobar, en su caso, por entidad superior
ajena a los proponentes, que se ajustaba a los parámetros
entonces habituales, y sin que parezca razonable exigir precisamente a la
coacusada que actuara en contra de las pautas de sus superiores competentes en
la materia. Por otro lado se
imputa a la acusada el hecho de haber participado en proceso de consolidación
de su plaza, convocatoria de 18/3/2010, por haber sido la encargada de "diseñar
el perfil"
previamente, perfil que contemplaba "experiencia
de gestión"
de unidades, siendo finalmente la adjudicataria de la plaza.
Consta (folio 298)
Anexo IV: Requisitos específicos
valorables, que en lo referido a plaza FEA Hematología
y Hematoterapia establecen que se valorará "Dado
que el profesional podría
de la UGC, capacidad de liderazgo y conocimientos de gestión
de un laboratorio multidisciplinar".
La acusada reconoció
haber participado, en su calidad de Directora de la UGC, en la confección
(no en la aprobación)
del listado de requisitos valorables para esa plaza, explicando los motivos que
justificaron esa inclusión.
Consta en acta (folio
589) que el día
12 de marzo de 2010, la Comisión
para el Control y Seguimiento del Pacto sobre sistema de selección
de personal estatutario temporal para puestos básicos
en el Servicio Andaluz de Salud procedió
del perfil de la plaza, por cierto con el mismo resultado de la votación
de los vocales sindicales de todas los perfiles correspondientes a las
restantes plazas convocadas(1 abstención,
dos votos en contra y dos favorables), con el añadido
que ante la disconformidad alegada por un vocal sindical, se expresa que la
referencia a valorar capacidad de liderazgo y conocimientos de gestión
(el elemento cuya inclusión
se imputa a la propia acusada con la intención
de favorecerse) se valorará
sólo si hay varios
Como expuso la
afectada y la testigo Sra. L. (presidenta de la Comisión
de Control ya reseñada),
y como consta en autos (folio 112 tomo III), la Sra. J. fue la única
aspirante que concurrió
a la convocatoria (lo que excluía,
según lo aprobado,
valorar el requisito en cuya inclusión
había participado) y fue
admitida para el puesto convocado (folio 114 tomo III).
puede apreciarse la acusada no intervino en la aprobación
de los requisitos a valorar (perfil de una plaza), ni en la resolución
de la convocatoria, sin que conste acreditado que su participación
del perfil hubiera pudiera haber llegado a generar efecto alguno, toda vez que,
al margen de que no participara en su aprobación,
se trata de una propuesta, no de requisito para participar (lo que hubiera
podido explicar ausencia por desistimiento de competidores), sino de
posibilidad de valorar en el caso de varios competidores, lo que, al margen de
opiniones, no parece irrazonable o arbitrario cuando se explica el motivo que
lo justifica, y además
ni siquiera resultó
aplicable en el proceso, por lo que no habiendo dictado ni intervenido en
alguna generadora de efectos (su intervención
y propuesta bien pudo ser rechazada por la comisión
de control) resulta patente que no pueden apreciarse en su intervención,
al no haber dictado resolución
ni serle imputables efectos posteriores, los elementos integrantes del delito
previsto y penado en Art. 404 CP imputado, por lo que procede dictar sentencia
Las costas han de ser declaradas de oficio, en
de lo dispuesto en el art. 123 del Código
Vistos los preceptos
citados y concordantes:
a D. A. H. C., DÑA. M. P. M. G. y DÑA. M. J. J.
de los delitos que se les imputaron por los hechos objeto de la presente, con
de costas de oficio.
de esta resolución
que se unirá
a las actuaciones, haciendo saber a las partes que la misma no es firme, por
que contra ella cabe interponer recurso de apelación
que establece el art. 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
lo pronuncio y firmo.
La de la anterior sentencia que lo ha sido en el día
de su fecha, siendo leída por el Magistrado-Juez que la
estando celebrando audiencia pública, doy fe.

References: resolución 
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 artículo 404
 resolución 
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 Resolución 
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