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Timestamp: 2019-03-23 22:46:45+00:00

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Registro Oficial No.167- Miércoles 24 de enero de 2018 Suplemento
Miércoles, 24 de enero de 2018 (R. O. 167, 24 -enero -2018) Suplemento
-............. Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica
ARCOTEL-2017-1286 Regúlense las tarifas preferenciales para el Servicio Móvil Avanzado
0088 Concejo Metropolitano de Quito: Mediante la cual se declara a las microcuencas de los ríos Mashpi, Guaycuyacu, y Sahuangal como Área Natural Protegida del Subsistema Metropolitano de Áreas Protegidas, y cambio de uso de suelo como Área de Protección Ecológica.............................................
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Recordando la importancia del artículo 8 j) del Convenio en relación con los conocimientos tradicionales asociados a
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recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de dichos conocimientos,
Tos términos definidos en el artículo 2 del Convenio se aplicarán a este Protocolo. Además, a los fines del presente Protocolo: Por "Conferencia de las Partes" se entiende la Conferencia de las Partes en el Convenio;
Por "Convenio" se entiende el Convenio sobre la Diversidad Biológica;
Por "utilización de recursos genéticos" se entiende la realización de actividades de investigación y desarrollo sobre la composición genética y/o composición bioquímica de los recursos genéticos, incluyendo mediante la aplicación de biotecnología conforme a la definición que se estipula en el artículo 2 del Convenio;
Por "biotecnología", conforme a la definición estipulada en el artículo 2 del Convenio, se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos, o sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos;
Por "derivado" se entiende un compuesto bioquímico que existe naturalmente producido por la expresión genética o el metabolismo de los recursos biológicos o genéticos, incluso aunque no contenga unidades funcionales de la herencia.
RETACIÓN CON ACUERDOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONATES
Tas disposiciones de este Protocolo no afectarán los derechos y obligaciones de toda Parte derivados de cualquier acuerdo internacional existente, excepto cuando el ejercicio de dichos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones pueda causar graves daños a la diversidad biológica o ponerla en peligro. Este párrafo no tiene por intención crear una jerarquía entre el presente Protocolo y otros instrumentos internacionales.
Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá a las Partes el desarrollo y la aplicación de otros acuerdos internacionales pertinentes, incluidos otros acuerdos especializados de acceso y participación en los beneficios, a condición de que estos apoyen y no se opongan a los objetivos del Convenio y del presente Protocolo.
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El presente Protocolo se aplicará de manera que se apoye mutuamente con otros instrumentos internacionales pertinentes al presente Protocolo. Se deberá prestar debida atención a la labor o las prácticas en curso útiles y pertinentes con arreglo a dichos instrumentos internacionales y organizaciones internacionales pertinentes, a condición de que estos apoyen y no se opongan a los objetivos del Convenio y del presente Protocolo.
Este Protocolo es el instrumento para la aplicación de las disposiciones sobre acceso y participación en los beneficios del Convenio. En aquellos casos en que se aplique un instrumento internacional especializado de acceso y participación en los beneficios que esté en consonancia con y no se oponga a los objetivos del Convenio y de este Protocolo, el presente Protocolo no se aplica para la Parte o las Partes en el instrumento especializado respecto a los recursos genéticos específicos cubiertos por el instrumento especializado y para los fines del mismo.
De conformidad con el artículo 15, párrafos 3 y 7, del Convenio, los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos, así como las aplicaciones y comercialización subsiguientes, se compartirán de manera justa y equitativa con la Parte que aporta dichos recursos que sea el país de origen de dichos recursos o una Parte que haya adquirido los recursos genéticos de conformidad con el Convenio. Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas.
Cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con miras a asegurar que los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y locales, de conformidad con las leyes nacionales respecto a los derechos establecidos de dichas comunidades indígenas y locales sobre estos recursos genéticos, se compartan de manera justa y equitativa con las comunidades en cuestión, sobre la base de condiciones mutuamente acordadas.
A fin de aplicar el párrafo 1 supra, cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda.
Los beneficios pueden incluir beneficios monetarios y no monetarios, incluidos pero sin limitarse a aquellos indicados en el anexo.
Cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, para asegurar que los beneficios que se deriven de la utilización de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos se compartan de manera justa y equitativa con las comunidades indígenas y locales
poseedoras de dichos conocimientos. Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas.
En el ejercicio de los derechos soberanos sobre los recursos naturales, y sujeto a la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y participación en los beneficios, el acceso a los recursos genéticos para su utilización estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de la Parte que aporta dichos recursos que es el país de origen de dichos recursos o una Parte que haya adquirido los recursos genéticos conforme al Convenio, a menos que dicha Parte determine otra cosa.
Conforme a las leyes nacionales, cada Parte adoptará medidas, según proceda, con miras a asegurar que se obtenga el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos genéticos cuando estas tengan el derecho establecido a otorgar acceso a dichos recursos.
De conformidad con el párrafo 1 supra, cada Parte que requiera consentimiento fundamentado previo adoptará las medidas legislativas, administrativas o de política necesarias, según proceda, para:
Proporcionar seguridad jurídica, claridad y transparencia en su legislación o requisitos reglamentarios nacionales de acceso y participación en los beneficios;
Proporcionar normas y procedimientos justos y no arbitrarios sobre el acceso a los recursos genéticos;
Proporcionar información sobre cómo solicitar el consentimiento fundamentado previo;
Conceder una decisión por escrito clara y transparente de una autoridad nacional competente, de manera eficiente en relación con los costos y dentro de un plazo razonable;
Disponer que se emita al momento del acceso un permiso o su equivalente como prueba de la decisión de otorgar el consentimiento fundamentado previo y de que se han establecido condiciones mutuamente acordadas, y notificar al Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios;
Según proceda y sujeto a la legislación nacional, establecer criterios y/o procesos para obtener el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos genéticos; y
Establecer normas y procedimientos claros para requerir y establecer condiciones mutuamente acordadas.
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Dichas condiciones se establecerán por escrito y pueden incluir, entre otras cosas:
Creará condiciones para promover y alentar la investigación que contribuya a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, particularmente en los países en desarrollo, incluyendo mediante medidas simplificadas de acceso para fines de investigación de índole no comercial, teniendo en cuenta la necesidad de abordar el cambio de intención para dicha investigación;
Prestará debida atención a los casos de emergencias presentes o inminentes que creen amenazas o daños para la salud humana, animal o vegetal, según se determine nacional o internacionalmente. Las Partes pueden tener en cuenta la necesidad de acceso expeditivo a los recursos genéticos y de una participación justa y equitativa y expeditiva en los beneficios que se deriven del uso de dichos recursos genéticos, incluido el acceso a tratamientos asequibles para los necesitados, especialmente en los países en desarrollo;
Considerará la importancia de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura y el rol especial que cumplen para la seguridad alimentaria.
En aquellos casos en que los mismos recursos genéticos se encuentren in situ dentro del territorio de más de una Parte, dichas Partes procurarán cooperar, según sea apropiado, con la participación de las comunidades indígenas y locales pertinentes, según proceda, con miras a aplicar el presente Protocolo.
En aquellos casos en que los mismos conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos sean compartidos por una o más comunidades indígenas y locales en varias Partes, dichas Partes procurarán cooperar, según proceda, con la participación de las comunidades indígenas y locales pertinentes, con miras a aplicar el objetivo del presente Protocolo.
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Las Partes, con la participación efectiva de las comunidades indígenas y locales pertinentes, establecerán mecanismos para informar a los posibles usuarios de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos acerca de sus obligaciones, incluidas las medidas que se den a conocer a través del Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios para el acceso a dichos conocimientos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de estos.
Las Partes procurarán apoyar, según proceda, el desarrollo, por parte de las comunidades indígenas y locales, incluidas las mujeres de dichas comunidades, de:
Protocolos comunitarios en relación con los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de tales conocimientos;
Requisitos mínimos en las condiciones mutuamente acordadas que garanticen la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos; y
Cláusulas contractuales modelo para la participación en los beneficios que se deriven de la utilización de los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos.
Para los solicitantes de acceso a recursos genéticos, información sobre los procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo y establecer condiciones mutuamente acordadas, incluida la participación en los beneficios;
Para los solicitantes de acceso a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, si es posible, información sobre los procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación, según proceda, de
las comunidades indígenas y locales, y establecer condiciones mutuamente acordadas, incluida la participación en los beneficios; e
Una Parte podrá designar a una sola entidad para cumplir las funciones de punto focal y autoridad nacional competente.
Cada Parte comunicará a la Secretaría, a más tardar en la fecha de entrada en vigor del Protocolo para esa Parte, la información de contacto de su punto focal y de su autoridad o autoridades nacionales competentes. Si una Parte designara más de una autoridad nacional competente, comunicará a la Secretaría, junto con la notificación correspondiente, la información pertinente sobre las responsabilidades respectivas de esas autoridades. En los casos en que corresponda, en esa información se deberá especificar, como mínimo, qué autoridad competente es responsable de los recursos genéticos solicitados. Cada Parte comunicará de inmediato a la Secretaría cualquier cambio en la designación de su punto focal nacional, o en la información de contacto o en las responsabilidades de su autoridad o autoridades nacionales competentes.
La Secretaría comunicará la información recibida con arreglo al párrafo 4 supra por conducto del Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios.
EL CENTRO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS E TNTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
1. Queda establecido un Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios como parte del mecanismo de facilitación al que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 18 del Convenio. Será un medio para compartir información relacionada con el acceso y la participación en los
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beneficios. En particular, facilitará el acceso a la información pertinente para la aplicación del presente Protocolo proporcionada por cada Parte.
Medidas legislativas, administrativas y de política sobre acceso y participación en los beneficios;
Información acerca del punto focal nacional y la autoridad o autoridades nacionales competentes; y
Permisos o su equivalente, emitidos en el momento del acceso como prueba de la decisión de otorgar el consentimiento fundamentado previo y de que se han establecido condiciones mutuamente acordadas.
Autoridades competentes pertinentes de las comunidades indígenas y locales, e información según se decida;
Cláusulas contractuales modelo;
Métodos e instrumentos desarrollados para vigilar los recursos genéticos; y
Códigos de conducta y prácticas óptimas.
1. Cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de política apropiadas, eficaces y proporcionales para asegurar que los recursos genéticos utilizados dentro de su jurisdicción hayan sido accedidos de conformidad con el consentimiento fundamentado previo y se hayan establecido condiciones mutuamente
acordadas como se especifica en la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales de acceso y participación en los beneficios de la otra Parte.
Las Partes adoptarán medidas apropiadas, eficaces y proporcionales para abordar situaciones de incumplimiento de las medidas adoptadas de conformidad con el párrafo 1 supra.
Las Partes, en la medida posible y según proceda, cooperarán en casos de presuntas infracciones de la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales de acceso y participación en los beneficios a los que se hace referencia en el párrafo 1 supra.
Cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de política apropiadas, eficaces y proporcionales, según proceda, para asegurar que se haya accedido a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos utilizados dentro de su jurisdicción de conformidad con el consentimiento fundamentado previo o con la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales y que se hayan establecido condiciones mutuamente acordadas como se especifica en la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales de acceso y participación en los beneficios de la otra Parte donde se encuentran dichas comunidades indígenas y locales.
Cada Parte adoptará medidas apropiadas, eficaces y proporcionales para abordar situaciones de incumplimiento de las medidas adoptadas de conformidad con el párrafo 1 supra.
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Alentar a los usuarios y proveedores de recursos genéticos a que incluyan en las condiciones mutuamente acordadas disposiciones sobre intercambio de información acerca de la aplicación de dichas condiciones, incluidos requisitos de presentación de informes; y
Alentar el uso de herramientas y sistemas de comunicación eficientes en relación con los costos.
Un permiso o su equivalente emitido conforme al párrafo 3 e) del artículo 6 y dado a conocer en el Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios constituirá un certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente.
Un certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente servirá como prueba de que se ha accedido al recurso que cubre conforme al consentimiento fundamentado previo y de que se han convenido condiciones mutuamente acordadas, conforme a lo requerido por la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y participación en los beneficios de la Parte que otorga el consentimiento fundamentado previo.
Cada Parte se asegurará de que sus sistemas jurídicos ofrezcan la posibilidad de presentar recursos, de conformidad con los requisitos jurisdiccionales correspondientes, en casos de controversias dimanantes de las condiciones mutuamente acordadas.
Cada Parte adoptará medidas efectivas, según proceda, respecto a:
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Cada Parte alentará, según proceda, el desarrollo, la actualización y la utilización de cláusulas contractuales modelo sectoriales e intersectoriales para las condiciones mutuamente acordadas.
La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo hará periódicamente un balance de la utilización de las cláusulas contractuales modelo sectoriales e intersectoriales.
Cada Parte alentará, según proceda, el desarrollo, la actualización y utilización de códigos de conducta voluntarios, directrices y prácticas óptimas y/o estándares en relación con el acceso y participación en los beneficios.
La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo hará periódicamente un balance de la utilización de códigos de conducta voluntarios, directrices y prácticas óptimas y/o estándares y examinará la adopción de códigos de conducta, directrices y prácticas óptimas y/o estándares específicos.
Las Partes cooperarán para crear capacidades, desarrollar capacidades y fortalecer los recursos humanos y las capacidades institucionales para aplicar el presente Protocolo de manera efectiva en las Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo entre ellos, y las Partes con economías en transición, incluso a través de las instituciones y organizaciones mundiales, regionales, subregionales y nacionales existentes. En este contexto, las Partes deberían facilitar la participación de las comunidades indígenas y locales y los interesados directos pertinentes, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.
La necesidad de recursos financieros de las Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo entre ellos, y las Partes con economías en transición, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio, se tendrá plenamente en cuenta para la creación y el desarrollo de capacidad para aplicar este Protocolo.
Como base para las medidas apropiadas en relación con la aplicación de este Protocolo, las Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo entre ellos, y las Partes con economías en transición deberían identificar sus necesidades y prioridades nacionales en cuanto a capacidad por medio de autoevaluaciones nacionales de capacidad. Para tal fin, dichas Partes deberían apoyar las necesidades y prioridades en cuanto capacidad de las comunidades indígenas y locales y los interesados directos pertinentes, según estas las hayan identificado, haciendo hincapié en las necesidades y priordades en cuanto a capacidad de las mujeres.
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6. La información sobre iniciativas de creación y desarrollo de capacidad en el nivel nacional, regional e
internacional emprendidas conforme a los párrafos 1 a 5 supra deberá proporcionarse al Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios a fin de promover sinergias y coordinación en la creación y el desarrollo de capacidad para el acceso y la participación en los beneficios.
Al examinar los recursos financieros para la aplicación del presente Protocolo, las Partes tendrán en cuenta las disposiciones del artículo 20 del Convenio.
El mecanismo financiero del Convenio será el mecanismo financiero para el presente Protocolo.
En lo relativo a la creación de capacidad a la que se hace referencia en el artículo 22 del presente Protocolo, la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo, al proporcionar orientación en relación con el mecanismo financiero al que se hace referencia en el párrafo 2 supra, para su examen por la Conferencia de las Partes, tendrá en cuenta la necesidad de recursos financieros de las Partes que son países en desarrollo, en particular los países
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menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo entre ellos, y de las Partes con economías en transición, así como las necesidades y prioridades en cuanto a capacidad de las comunidades indígenas y locales, incluidas las mujeres de dichas comunidades.
En el contexto del párrafo 1 supra, las Partes también tendrán en cuenta las necesidades de las Partes que son países en desarrollo, en particular de los países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo entre ellos, así como de las Partes con economías en transición, en sus esfuerzos por determinar y satisfacer sus requisitos de creación y desarrollo de capacidad para la aplicación del presente Protocolo.
Las orientaciones que se proporcionen al mecanismo financiero del Convenio en las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes, incluidas aquellas convenidas con anterioridad a la adopción del presente Protocolo, se aplicarán, mutatis mutandis, a las disposiciones del presente artículo.
Las Partes que son países desarrollados podrán también suministrar recursos financieros y otros recursos para la aplicación de las disposiciones del presente Protocolo por conductos bilaterales, regionales y multilaterales, y las Partes que son países en desarrollo y las Partes con economías en transición podrán acceder a dichos recursos.
La Conferencia de las Partes actuará como reunión de las Partes en el presente Protocolo.
Las Partes en el Convenio que no sean Partes en el presente Protocolo podrán participar en calidad de observadores en las deliberaciones de todas las reuniones de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo, las decisiones adoptadas en virtud del presente Protocolo sólo serán adoptadas por las Partes en este.
Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo, los miembros de la Mesa de la Conferencia de las Partes que representen a Partes en el Convenio que, en ese momento, no sean Partes en presente el Protocolo, serán reemplazados por miembros que serán elegidos por las Partes en el presente Protocolo y de entre las mismas.
La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará periódicamente la aplicación del presente Protocolo y adoptará, con arreglo a su mandato, las decisiones que
sean necesarias para promover su aplicación efectiva. Desempeñará las funciones que se le asignen en el presente Protocolo y deberá:
Formular recomendaciones sobre los asuntos que se consideren necesarios para la aplicación del presente Protocolo;
Establecer los órganos subsidiarios que se estimen necesarios para la aplicación del presente Protocolo;
Recabar y utilizar, según proceda, los servicios, la cooperación y la información que puedan proporcionar las organizaciones internacionales y órganos intergubernamentales y no gubernamentales competentes;
Establecer la forma y la periodicidad para transmitir la información que deba presentarse de conformidad con el artículo 29 del presente Protocolo y examinará esa información, así como los informes presentados por los órganos subsidiarios;
Examinar y aprobar, cuando proceda, las enmiendas al presente Protocolo y su Anexo, así como a otros anexos adicionales del presente Protocolo, que se consideren necesarias para la aplicación del presente Protocolo; y,
Desempeñar las demás funciones que sean necesarias para la aplicación del presente Protocolo.
El reglamento de la Conferencia de las Partes y el reglamento financiero del Convenio se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que se decida otra cosa por consenso en la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo.
La primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo será convocada por la Secretaría y celebrada en forma concurrente con la primera reunión de la Conferencia de las Partes que se prevea celebrar después de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. Las sucesivas reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de la Conferencia de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán en forma concurrente con las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes, a menos que la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo decida otra cosa.
Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán cuando lo estime necesario la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo, o cuando lo solicite por escrito cualquiera de las Partes, siempre
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que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la Secretaría haya comunicado a las Partes la solicitud, esta cuente con el apoyo de al menos un tercio de las Partes.
Cualquier órgano subsidiario establecido por el Convenio o en virtud de este podrá prestar servicios a este Protocolo, incluso mediante una decisión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo. Toda decisión a este respecto especificará las tareas que habrán de llevarse a cabo.
Las Partes en el Convenio que no sean Partes en el presente Protocolo podrán participar en calidad de observadores en los debates de las reuniones de los órganos subsidiarios del presente Protocolo. Cuando un órgano subsidiario del Convenio actúe como órgano subsidiario de este Protocolo, las decisiones relativas a este sólo serán adoptadas por las Partes en este Protocolo.
Cuando un órgano subsidiario del Convenio desempeñe sus funciones en relación con cuestiones relativas al presente Protocolo, los miembros de la mesa de ese órgano subsidiario que representen a Partes en el Convenio que, en ese momento, no sean Partes en este Protocolo, serán reemplazados por miembros que serán elegidos las Partes en este Protocolo y entre las mismas.
El párrafo 1 del artículo 24 del Convenio, relativo a las funciones de la Secretaría, se aplicará mutatis mutandis al presente Protocolo.
En la medida en que puedan diferenciarse, los gastos de los servicios de secretaría para el Protocolo serán sufragados por las Partes en este. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo decidirá, en su primera reunión, acerca de los arreglos presupuestarios necesarios con ese fin.
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El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados u organizaciones regionales de integración económica que sean Partes en el Convenio.
El presente Protocolo entrará en vigor para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o que se adhiera a él después de que se haya depositado el quincuagésimo instrumento, conforme se indica en el párrafo 1 supra, el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que dicho Estado u organización regional de integración económica haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en la fecha en que el Convenio entre en vigor para ese Estado u organización regional de integración económica, si esa segunda fecha fuera posterior.
En cualquier momento después de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para una Parte, esa Parte podrá denunciar este Protocolo mediante notificación por escrito al Depositario.
La denuncia será efectiva después de un año contado a partir de la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación, o en una fecha posterior que se haya especificado en la notificación de la denuncia.
Pagos hito;
Pago de regalías;
Tasas especiales por pagar a fondos fiduciarios que apoyen la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica;
Salarios y condiciones preferenciales si fueron mutuamente convenidos;
Intercambio de resultados de investigación y desarrollo;
Colaboración, cooperación y contribución en programas de investigación y desarrollo científicos, particularmente actividades de investigación biotecnológica, de ser posible en la Parte que aporta los recursos genéticos;
Colaboración, cooperación y contribución a la formación y capacitación;
Transferencia, al proveedor de los recursos genéticos de conocimientos y de tecnología en términos justos y más favorables, incluidos los términos sobre condiciones favorables y preferenciales, de ser convenidos, en paricula,
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1) Aportes a la economía local;
Je certifie que le texte qui precede est une copie conforme révisée du Protocole de Nagoya sur l'accés aux ressources génétiques et le partage juste et equitable des avantages découlant de leur utilisation relatif á la Convention sur la diversité biologique, adopté á Nagoya le 29 octobre 2010, dont roriginal se trouve déposé auprés du Secrétaire general des Nations Untes.
I hereby certify that the foregoing text is a rué revised copy of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, adopted at Nagoya on 29 October 2010, the original of which is deposited'with the Secretary-General of the United Nations,
For the Secretary-General, The Legal Coimsel (Under- Secretary-General for Legal Affairs)
Pour le Secrétaire general, Le Conseiller juridique
(Secrétaire general adjoint aux affaires juridiques)
f.) Patricia O'Brien
MINISTERO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.- Certifico que es cumpulsa del documento que se encuentra en los archivos de la Dirección de Asesoría Jurídica en Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.-Quito, a 15 de enero de 2018.- f.) Ilegible.
United Nations New York, 30 March2011
New York, le 30 mars 2011
No. ARCOTEL-2017-1286
LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES
Que, en los artículos 10,11 y 16, de la Constitución de la República del Ecuador se establecen los derechos de los ciudadanos, "Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.
"Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento (...)
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. (...)
El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia
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y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.
9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.".
"Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: (...)
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. (...)
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. ".
Que, en los artículos 35,36 y 37 de la Carta Magna, dispone: "Capítulo III- DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. Art. 35.-Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. ".
'Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. ".
'Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: (...) 4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos... ".
Que, en el artículo 38 de la Carta Magna dispone: "Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomará medidas de: (...)
Que, en el artículo 85 de la misma Carta Magna se establece: "Capítulo II- POLÍTICAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.-
1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad. (...) 3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos... ".
Que, en el artículo 226 se dispone: "Art 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. ".
Que, en el artículo 261 de la Constitución se dispone: "Art 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: (...) 10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. (...)".
Que, en el artículo 313 de la Constitución se dispone "Art 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. ".
Que, en el artículo 314 de la Constitución se dispone "Art 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.
El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación. ".
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Que, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el artículo 142 crea a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y con patrimonio propio encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico y su gestión.
Que, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el numeral 8 del artículo 3 Objetivos.- consta: "Son objetivos de la presente Ley: (...) 8.Establecer el marco legal para la emisión de regulación ex ante, que permita coadyuvar en el fomento, promoción y preservación de las condiciones de competencia en los mercados correspondientes en el sector de las telecomunicaciones, de manera que se propenda a la reducción de tarifas y a la mejora de la calidad en la prestación de servicios de telecomunicaciones ".
Que, en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Telecomu­nicaciones consta; "La provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones responderá a los principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, (...) precios y tarifas equitativos orientados a costos, uso eficiente de la infraestructura y recursos escasos, neutralidad tecnológica, neutralidad de red y convergencia.".
Que, en el artículo 28 de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, consta "Regulación económica. Consistente en adoptar medidas para establecer tarifas o precios regulados, evitar distorsiones en los mercados regulados, evitar el reforzamiento del poder de mercado o garantizar el acceso de los usuarios a los servicios públicos".
Que, en el artículo 63 de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, consta "Regulación tarifaria.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán fijar libremente sus tarifas, siempre que no sobrepasen los techos tarifarios definidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.
Para modificar los techos tarifarios que se encuentren en vigencia, se considerarán si existen o pueden existir distorsiones a la competencia en el mercado determinado, o que el nivel de tarifas o precios demuestre inexistencia de competencia efectiva, o cuando la calidad de los servicios no se ajuste a los niveles exigidos. Tal regulación, que puede incluir la modalidad de topes tarifarios u cualquier otra, podrá incluirse en los títulos habilitantes o ser aplicada en cualquier momento en que justificadamente se constate los supuestos antes mencionados. (...)
Para favorecer el desarrollo del servicio universal, se podrán regular tarifas preferenciales para favorecer el desarrollo económico de regiones y grupos sociales de atención prioritaria".
Que, en el artículo 64 de la LOT dispone: "Art. 64.-Reglas aplicables.- Las tarifas y precios para todos los servicios de telecomunicaciones deberán tener en cuenta los siguientes preceptos generales:
Los prestadores de los servicios podrán establecer planes tarifarios constituidos por uno o varios servicios o por uno o varios productos de un servicio, de conformidad con su o sus títulos habilitantes.
La estructura tarifaria atenderá los principios de acceso universal y uso prioritario, de tal manera que se podrán incluir opciones tarifarías para usuarias o usuarios de menores ingresos.
Las tarifas y precios deberán promover el uso y prestación eficiente de los servicios, tenderán a estimular la expansión eficiente de los servicios y a establecer la base para el establecimiento de un entorno competitivo.
Ningún proveedor de servicios podrá discriminar a abonados o usuarios que se encuentren en circunstancias similares, en relación a tarifas o precios.
En la tasación y facturación de los servicios, no se podrán redondear tiempos o unidades de tasación.
Los prestadores de servicios publicarán en su página web sus planes, promociones, tarifas y precios en los formatos y condiciones que permitan a los abonados y usuarios disponer de información completa, comparable y oportuna. De igual manera, los prestadores de servicios deberán proporcionar la información de sus planes, promociones, tarifas y precios en los formatos y condiciones que se determine en las regulaciones correspondientes.
Las tarifas y precios corresponderán a los servicios expresamente contratados y en ningún caso incorporarán valores de prestaciones, productos o servicios no solicitados por los usuarios. ". (Énfasis fuera de texto original).
Que, el numeral 10 del artículo 144 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, menciona entre las competencias de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones: 10. Regular y controlar las tarifas por la prestación de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con esta Ley.
Que, en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, entre las Atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, consta: "4. Aprobar la normativa para la prestación de cada uno de los servicios de telecomunicaciones, en los que se incluirán los aspectos técnicos, económicos, de acceso y legales, así como los requisitos, contenido, términos, condiciones y plazos de los títulos habilitantes y cualquier otro aspecto necesario para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley".
Que, el artículo 62 del Reglamento General a la LOT dispone Art. 62.- Tarifa-Es el valor que pagan los usuarios a los operadores a cambio de la prestación de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción.
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Está prohibido, tanto para el cálculo como para la facturación, el redondeo de unidades de tiempo o unidades de tasación.
Las tarifas sólo son aplicables a los servicios expresamente contratados y que hayan sido efectivamente prestados con posterioridad a la suscripción del respectivo contrato y sus anexos, en ningún caso incorporarán valores de prestaciones, productos o servicios no solicitados por los usuarios.
Las tarifas deben ser fijadas por los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, bajo el principio de costos más una utilidad razonable, buscando que sean equitativas y tiendan a estimular la expansión de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional.
Ningún prestador de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, podrá fijar tarifas o planes tarifarios con el fin de discriminar a usuarios que se encuentren en circunstancias similares. Está prohibido establecer tarifas o planes tarifarios con base en subsidios cruzados.
Los prestadores de servicios de telecomunicaciones que tengan título habilitante de Autorización, con el objetivo de cumplir sus obligaciones constitucionales, podrán establecer tarifas preferenciales, los cuales estarán sujetos a los conceptos de rentabilidad social establecida en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
La ARCOTEL, en cualquier momento, podrá regular las tarifas, de acuerdo a las normas y reglamentos que se dicten para el efecto. ". (Énfasis fuera de texto original).
Que, el artículo 69 del Reglamento General a la LOT dispone "De las tarifas para el servicio universal- Dentro de las tarifas y de los planes tarifarios de los prestadores, la ARCOTEL podrá establecer y regular tarifas preferenciales por servicio universal, para favorecer el desarrollo económico de regiones y grupos sociales de atención prioritaria, de acuerdo con las políticas emitidas por el Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y demás normas y reglamentos que se dicten para el efecto".
Que, en el Reglamento para la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones y Servicios de Radiodifusión por Suscripción, en la ficha descriptiva correspondiente al Servicio Móvil Avanzado, se ha establecido;
"Techos tarifarios a aplicar:
Fijados por la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL; además el régimen de tarifas está sujeto al TITULO VI de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, siendo de obligatorio cumplimiento para el prestador que facture al abonado, cliente, usuario.
El prestador del servicio podrá fijar libremente sus tarifas, siempre que no sobrepase los techos tarifarios regulados por la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL".
Que, mediante el Acuerdo Ministerial No. 011-2017 publicado en registro oficial de 15 de junio de 2017, que contiene la "Política Pública del Sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 2017-2021", señala lo siguiente: "Política No. 3: Promover el servicio universal de las TIC en la población, con énfasis en los sectores rurales, urbano marginales, propiciando la inclusión con pertinencia de género, intergeneracional, pueblos y nacionalidades, movilidad humana, discapacidad, grupos de atención prioritaria y actores de la economía popular y solidaria, deforma eficiente y sostenible; a través de tecnologías que tiendan a ser innovadoras y amigables con el medio ambiente, que contribuyan al desarrollo socio­económico del país, h) Fomentar tarifas preferenciales para los servicios de telecomunicaciones que conforman el servicio universal para favorecer el desarrollo económico de regiones y grupos sociales de atención prioritaria ". Lo resaltado no forma parte del texto original.
Que, se ha recibido del Ministerio de Inclusión Económica y Social los oficios Nro. MIES-VIE-2017-0159-O de 6 de julio de 2017, MTES-VTE-2017-0442-0 de 20 de septiembre de 2017, mediante los cuales el MIES solicita se articule regulatoriamente "la viabilidad de brindar mayor cobertura a los usuarios del BDH, considerando las operadoras móviles concesionadas para brindar el servicio en el territorio ecuatoriano, con el objetivo de generar una tarifa social para la telefonía celular y datos para las personas que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza", además solicitan canalizar acciones que permitan evaluar el alcance del convenio que mantiene el MIES con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones EP a través del Plan Promocional Prepago "Mi Compañerito", mismo que consiste en un servicio exclusivo para beneficiarios del bono de desarrollo humano.
Que, con memorando No. ARCOTEL- CREG-2017-0484 de 18 de diciembre de 2017 la Coordinación General Jurídica y la Coordinación Técnica de Regulación, remiten al Director Ejecutivo, el informe que contiene el análisis legal, técnico y económico, de una propuesta para la regulación de tarifas preferenciales para el Servicio Móvil Avanzado, a fin de que sea aplicado en grupos sociales de atención prioritaria.
REGULAR TARIFAS PREFERENCIALES PARA EL SERVICIO MÓVIL AVANZADO
ARTÍCULO UNO.- Avocar conocimiento del informe técnico-jurídico, emitido por las Coordinaciones Técnica de Regulación y General Jurídica, contenido en el memorando No. ARCOTEL-CREG-2017-0484 de 18 de diciembre de 2017, que contiene la propuesta de techos tarifarios para tarifas preferenciales en el Servicio Móvil Avanzado para grupos sociales de atención prioritaria.
ARTÍCULO DOS.- Para efectos de la presente resolución se define como grupo social de atención prioritaria para
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aplicación de tarifas preferenciales en el servicio móvil avanzado a las personas beneficiarlas del bono de desarrollo humano (BDH) y pensiones, que se encuentren registradas en el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES.
ARTÍCULO TRES.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 y 63 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, aprobar como techos tarifarios para la determinación de tarifas preferenciales para el servicio móvil avanzado, los siguientes:
Voz (Onnet y/o Offnet)*
Usd /minuto
Usd /megabyte
Voz (Onnet y/o Offnet)* adicional
Nota: *Techo tarifario Offnet será igual al Techo tarifario de las filas 1 o 3, más cargo de interconexión.
Tabla 1. Techos Tarifarios para Tarifas Preferenciales para Grupo Social de Atención Prioritaria
Para la aplicación de los techos de las filas uno y dos de la tabla anterior, las operadoras considerarán un consumo principal de hasta tres dólares mensuales con IVA. Para consumos adicionales se aplicarán los techos de las filas tres y cuatro hasta un máximo de tres dólares adicionales con IVA. Superado estos montos, las prestadoras del Servicio Móvil Avanzado SMA podrán establecer una tarifa, siempre que, no supere el techo tarifario aprobado en sus títulos habilitantes.
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá evaluar y revisar los techos tarifarios de las tarifas preferenciales aprobadas en esta resolución.
ARTICULO CUATRO.- Los beneficiarios del grupo social de atención prioritaria definido en el artículo dos de la presente resolución, podrán acceder a las tarifas preferenciales en una sola línea activa, y en un solo operador del servicio móvil avanzado.
ARTICULO CINCO.- Los prestadores del Servicio Móvil Avanzado SMA conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES realizarán las acciones y coordinaciones necesarias, a fin de definir los mecanismos de pago, así como la implementación y acceso a una base de datos de beneficiarios del grupo social de atención prioritaria, con el objetivo de cumplir lo dispuesto en la presente resolución.
ARTÍCULO SEIS.- Las operadoras del SMA deberán entregar en el formato y periodicidad que establezca la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la información estadística de consumo y aplicación de los techos tarifarios aprobados en la presente resolución.
ARTÍCULO SIETE.- Los prestadores del Servicio Móvil Avanzado deberán notificar las tarifas, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
ARTICULO OCHO.- Disponer a la Unidad de Gestión Documental y Archivo, notifique la presente Resolución, a las empresas prestadoras del Servicio Móvil Avanzado, MIES, Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes, Coordinación Técnica de Control, a la Coordinación de Regulación y a las Coordinaciones Zonales de la ARCOTEL para los fines pertinentes.
La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación en Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 28 de diciembre de 2017.
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.- Certifico que este documento es copia del que reposa en los archivos de a institución.- 6 fojas.- Quito, 18 de enero de 2018.- f.) Ilegible.
Vistos los informes Nos. IC-O-2011-228 de 17 de mayo de 2011, e IC-O-2011-236, de 23 de mayo del mismo año, expedidos por la Comisión de Ambiente.
Que, los numerales 1, 5, 6 y 7 del artículo 3 de la Constitución de la República establecen que son deberes primordiales del Estado: "1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales (...)"; "5. (...) Promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir"; "6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización"; y, "7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país";
Que, el capítulo segundo del Título II de la Constitución de la República establece que son derechos del buen vivir, entre otros, los derechos "a vivir en un ambiente sano,
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ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay"; "a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad"; "a un habitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica"; y, "al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respecto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural";
Que, el artículo 31 de la Norma Fundamental establece que: "el ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía";
Que, el capítulo séptimo del Título II del mismo cuerpo legal reconoce y se protege los derechos de la naturaleza;
Que, los artículos 264 y 266 de la Constitución de la República dispone que es competencia exclusiva de los gobiernos cantonales y de los distritos metropolitanos: "1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural"; y, "2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón";
Que, los artículos 375 y 376 de la Constitución de la República establecen que: "El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al habitat y a la vivienda digna"; y, "para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al habitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohibe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a privado";
Que, los artículos 409 y 410 de la Constitución de la República establece que la conservación del suelo es de interés público y prioridad nacional";
Que, los artículos 54, literal a), y 84, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establecen que es función de los gobiernos municipales y metropolitanos el promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
Que, los artículos 54 literal c) y 84 literal c) del mismo Código establece que es función de los gobiernos municipales y metropolitanos el establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico;
Que el Libro IV del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), determina las condiciones para la declaración de un área determinada como área protegida;
Que, el artículo 13 de la Ley de Gestión Ambiental faculta a las municipalidades la delimitación, manejo y administración de aéreas de conservación y reserva ecológica;
Que, de conformidad con el artículo 384.13 de la Ordenanza Metropolitana No. 213, el área de Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal cumple con los criterios de selección para integrar el Sistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas;
Que, el artículo 2 del mismo cuerpo normativo establece que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito cumplirá, entre otras, con las finalidades de regular el uso y la adecuada ocupación del suelo;
Que, los artículos 384 y siguientes de la Ordenanza Metropolitana No. 213, determinan el régimen de protección del patrimonio natural y establecimiento del subsistema de áreas naturales protegidas del Distrito Metropolitano de Quito;
Que, el artículo 384.15 del mismo cuerpo normativo establece que la declaratoria de área natural protegida requiere la expedición de una ordenanza especial de zonificación, en la que se precisen los términos en los cuales se modifican los usos de suelo;
Que, la Ordenanza Metropolitana No. 213 establece que el procedimiento para la declaratoria de un área natural protegida, integrante del Sistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas, puede iniciar por iniciativa de la misma Municipalidad o de terceros, en cuyo caso, se requiere la solicitud debidamente fundamentada; el análisis de pre factibilidad efectuado por la Secretaría de Ambiente; la elaboración de un Informe Técnico de Base, atendiendo los términos de referencia preparados por la Secretaría de Ambiente; la consulta previa a la comunidad; y, la aprobación del ITB y el informe técnico de la Secretaría de Ambiente.
Que, la Ordenanza Metropolitana No. 0031, que contiene el Plan de Uso y Ocupación de Suelo (PUOS) del Distrito Metropolitano de Quito, regula la zonificación de cada sector y zona del territorio del Distrito Metropolitano de Quito;
Que, la Ordenanza Metropolitana No. 255, que contiene el Régimen de Suelo para el Distrito Metropolitano de Quito, regula la ordenación, ocupación, habilitación, transformación y control del uso del suelo, edificaciones, subsuelo y el espacio aéreo urbano del Distrito Metropolitano de Quito;
Que, mediante Resolución Administrativa No. A 0086 de 15 de octubre de 2008, se expidió el Reglamento de procedimientos para la habilitación de suelo y edificación en el Distrito Metropolitano de Quito; y,
Que, corresponde al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, contar con una administración pública que constituya un servicio a la colectividad regido por los
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principios de eficacia, eficiencia, calidad, desconcen­tración, coordinación, planificación, transparencia y evaluación.
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículo 57, literales a) y x); 87, literales a) y v), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y 8 de la Ley del Régimen del Distrito Metropolitano de Quito.
LA ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA A LAS MICROCUENCAS DE LOS RÍOS MASHPI, GUAYCUYACU, Y SAHUANGAL COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA DEL SUBSISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS PROTEGIDAS, Y CAMBIO DE USO DE SUELO COMO ÁREA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA
Artículo 1.- Declaratoria.- Dentro de lo límites territoriales previstos en el artículo 3 de esta Ordenanza, se declara a las microcuencas de los ríos Mashpi, Guaycuyacu, y Sahuangal como área natural protegida, área que se integra al Subsistema Metropolitano de Áreas Protegidas y que se encuentra sujeta al ordenamiento jurídico nacional y metropolitano.
Artículo 2.- Denominación.- En lo posterior, esta área natural protegida se denominará simplemente "Mashpi, Guaycuyacu, y Sahuangal".
Artículo 3.- Ubicación y delimitación. -
El Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal se encuentra ubicada en la parroquia de Pacto, dentro de los límites del Distrito Metropolitano de Quito, al noroccidente de la provincia de Pichincha.
El Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal está comprendida dentro de los siguientes límites:
Norte: Río Guayllabamba.
Sur y Oeste: Microcuenca del Río Pachijal
Este: Microcuencas de los ríos Anope y
Chirape.
De acuerdo al sistema de coordenadas UTM Zona 17 Sur, Dátum WGS84, se encuentra en el extremo Sur Oeste 728398 mE, 10011555 mN, Extremo Noreste, 747400 mE, 10026670 mN.rea.
3. Los instrumentos cartográficos que determinan la superficie, ubicación, deslinde y zonificación del Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal forman parte integrante de esta Ordenanza.
Artículo 4.- Uso de Suelo y Categoría de Manejo del Uso de Suelo.- Se asigna el uso de suelo de "Protección
Ecológica", en la categoría de conservación "Área de desarrollo agrícola y agroforestal sostenible", de conformidad con el Plan de Manejo conforme a esta Ordenanza, al Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal.
Artículo 5.- Descripción de actividades permitidas, modalidades y limitaciones a las que se sujetarán. -
1. Son actividades permitidas en el Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal todas aquellas relacionadas con las siguientes actividades:
a. Científicas;
b. Investigación de flora y fauna;
c. Servidumbres ecológicas;
d. Recreativas;
e. Educación ambiental;
f. Forestación y reforestación;
g. Desarrollo agrícola, agropecuario y agroforestal sustentable;
h. Restauración ecológica;
i. Cadena productiva agrícola, agropecuario y forestal para el desarrollo sustentable;
j. Autoabastecimiento;
k. Turismo ecológico y cultural; y,
1. Conservación de Ecosistemas Locales.
La realización de las actividades permitidas se sujetarán a las modalidades y limitaciones previstas en el correspondiente Plan de Manejo del Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal.
De manera general, en el Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal no se autorizará el ejercicio de actividades extractivas de recursos no renovables o explotación forestal de bosques primarios.
Artículo 6.- Modalidades de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.-
1. El área natural protegida se crea con la finalidad de conservar y proteger los últimos remanentes de bosques verdes, montano bajo y bosques pluviales piemontanos, así como su biodiversidad asociada, adoptándose prácticas de conservación, uso y manejo sustentable de ecosistemas y recursos naturales, de desarrollo agroforestal sostenible, de manera que estas aporten al mantenimiento de la viabilidad ecológica, así como a la provisión de bienes y servicios ambientales para las
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comunidades involucradas, además de la protección de muestras significativas del patrimonio cultural del pueblo Yumbo.
El área natural protegida generará un modelo de desarrollo equitativo y ecológicamente sustentable que recupere saberes y prácticas ancestrales, así como la incorporación de formas de trabajo con la tierra de manera orgánica, el manejo de especies nativas, el aprovechamiento de productos no maderables, y sistemas de producción que aumenten la diversidad de cultivos sin afectar la integridad de los ecosistemas.
En el marco previsto en este artículo, el Plan de Manejo de Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal establecerá las modalidades de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Artículo 7.- Lineamientos para la realización de acciones de preservación, restauración, aprovechamiento y, en general, lineamientos para la administración de Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal
1. Las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable del Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal se sujetarán a los siguientes lineamientos, sin perjuicio de lo que se establezcan en el Plan de Manejo:
a. Proteger el Patrimonio Natural;
b. Sustentabilidad Ecológica que garantiza la inclusión, representatividad, conectividad y mantenimiento de los diferentes tipos de ecosistemas, sus funciones ambientales, procesos ecológicos y evolutivos, así como la resistencia y resiliencia de los ecosistemas terrestres;
c. Sostenibilidad Económica a través de mecanismos e instrumentos de apoyo para la generación de beneficios derivados del uso de los bienes y servicios que son parte de la diversidad biológica, sin poner en riesgo la existencia, funcionamiento e integridad del Patrimonio Natural;
d. Equidad en el acceso, uso y distribución de los recursos y beneficios generados a partir de la diversidad biológica, todo ello en forma concertada y acordada con todos los actores;
e. Corresponsabilidad y participación en la conservación, el manejo sustentable y costos por deterioro y pérdida por el Patrimonio Natural, por parte de los usuarios de la misma; y,
f. Reconocimiento del valor cultural del Patrimonio Natural, para garantizar el respeto, recuperación y fortalecimiento de la identidad y valoración de conocimientos ancestrales.
2. El Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal forma parte del Subsistema Metropolitano
de Áreas Naturales Protegidas, SMANP. Se deberá respetar y aplicar lo establecido en la normativa nacional y metropolitana, en especial lo que determina la Ordenanza Metropolitana No. 213 para su manejo, desarrollo, administración, protección y control.
La Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el órgano rector y coordinador del SMANP, por lo tanto, deberá coordinar de manera concertada la elaboración y aplicación de los instrumentos necesarios para la gestión y administración del Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal, en concordancia con lo establecido en el Plan de Manejo del Área.
El Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal será administrada con sujeción al Plan de Manejo, de conformidad con los contenidos del Anexo I: Guía para la Elaboración de los Planes de Manejo, del Capítulo VIII de la Ordenanza Metropolitana No. 213.
Sin perjuicio de lo que establezca el Plan de Manejo, se podrán establecer y ejecutar mecanismos y herramientas legales de conservación que contribuyan a cumplir con los objetivos de manejo y fines del área natural protegida.
Artículo 8.- Identificación de los propietarios de la tierra.-
Los propietarios y posesiónanos de los predios que forman parte del Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal que han sido identificados constan en la Tabla No. 1 del Informe Técnico de Base, que forma parte del expediente de declaratoria de área protegida.
Los derechos de propiedad o la posesión de los predios que forman parte del Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal no se afectan por efecto de esta declaratoria, que se limita a determinar el uso del suelo y los objetivos y mecanismos de gestión de área natural protegida.
Artículo 9.- Incentivos.-
Se reconocen los beneficios tributarios previstos en el ordenamiento jurídico nacional o metropolitano, a los propietarios de los predios que forman parte del Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal, de conformidad con la normativa vigente.
El Plan de Manejo del Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal determinará los proyectos y acciones de gestión pública y comunitaria que permita estimular conductas ajustadas a los objetivos de la presente declaratoria.
Primera.- En todo aquello no previsto en esta Ordenanza, la planificación, gestión y control referidos al Área Ntural
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Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal estarán sujetas al ordenamiento jurídico nacional y metro­politano.
Segunda.- La creación de ésta área protegida municipal será notificada con fines informativos, al Ministerio del Ambiente, en un plazo de treinta días.
Disposición transitoria.- A partir de la fecha de expedición de esta Ordenanza, y en un plazo no mayor de seis meses, se elaborará el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal, de conformidad con la normativa vigente. En el proceso participará la Secretaría de Ambiente, en representación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y se garantizará la participación de la comunidad.
Disposición Final.- Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción.
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el 26 de mayo de 2011.
f.) Sr. Jorge Albán, Primer Vicepresidente del Concejo Metropolitano de Quito.
La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la presente Ordenanza fue discutida
y aprobada en dos debates, en sesiones de 19 y 26 de mayo de 2011.- Quito, 31 de mayo de 2011.
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, 22 de junio de 2011.
CERTIFICO, que la presente Ordenanza fue sancionada por el Dr. Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de junio de 2011.
Distrito Metropolitano de Quito, 23 de junio de 2011.
SECRETARÍA GENERAL.- CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO.- Certifico que el documento que reposa en 011 fojas es fiel copia del original.- f.) Secretario(a) General.- Quito, 11 de enero de 2018.
QUITO ALCALDÍA.- SECRETARÍA GENERAL.-CONCEJO METROPOLITANO.- Esta Secretaría General del Concejo no se responsabiliza por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

References: artículo 8
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 18
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 29
 artículo 24
 artículo 38
 artículo 85
 artículo 226
 artículo 261
 artículo 313
 artículo 314
 artículo 142
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 28
 artículo 63
 artículo 64
 artículo 144
 artículo 148
 artículo 62
 artículo 69
 resolución 
 artículo 62
 artículo 65
 resolución 
 artículo 3
 artículo 31
 artículo 13
 artículo 384
 artículo 2
 artículo 384
 Resolución 
 artículo 57

Artículo 1
 artículo 3

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9