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Timestamp: 2017-09-25 07:56:54+00:00

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1917 La Gestión Hacendaria de la Revolución. Colección de artículos publicados en "El Economista".
LA GESTIÓN HACENDARIA DE LA REVOLUCIÓN
Tomado del informe que rindió a las Cámaras de la Unión el C.
Electo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Las labores de la Primera Jefatura en materia de Hacienda fueron, después de las de la campaña militar, las que tuvieron que absorber mayor suma de atención, por tratarse de los medios de arbitrar fondos para la campana. Para mayor facilidad, en este informe en materia de Hacienda podemos distinguir un primer período de ludia armada contra Huerta, que abarca desde el principio de la Revolución hasta la ocupación de la parte Sur de la República Mexicana, en agosto y septiembre de 1914. Un segundo periodo, que podrá llamarse del Gobierno en Veracruz, que comprende la época transcurrida desde la Convención de Aguascalientes hasta el regreso del Gobierno Constitucionalista a la ciudad de México, y que abarca toda la época de lucha contra Villa y Zapata y demás jefes infidentes; y un tercer periodo que es el de la época de reconstrucción y que se extiende desde el reconocimiento internacional de nuestro Gobierno, hasta el restablecimiento del orden constitucional. En materia de Hacienda, como en casi todos los demás ramos de la Administración pública, deben distinguirse dos clases de labores: las que tuvieron por objeto hacer frente a las necesidades inmediatas de la Revolución, y las encaminadas a reformar los sistemas adoptados por el antiguo régimen. [3]
Durante el primero y segundo períodos de la Revolución, las labores de la Primera Jefatura en Hacienda se redujeron, casi exclusivamente, a la arbitración de fondos para la campaña. Durante el tercer periodo se procuró remediar, en parte, los males causados a la riqueza pública del país y en la materia hacendaria por la guerra misma, y comenzar las reformas que imponía la Revolución.
Al iniciarse la Revolución contra el régimen de Huerta, no pudo seguirse propiamente ningún sistema de finanzas, pues cada jefe militar independientemente tenía que arbitrarse recursos de donde podía obtenerlos. Estos recursos consistían, en la mayor parte de los casos, en requisiciones de monturas, provisiones y artículos indispensables para la campaña en los lugares que ocupaban nuestras fuerzas; y por lo que hace a atenciones que exigían desembolso de dinero, los jefes revolucionarios no podían hacer otra cosa que tomar préstamos forzosos y utilizar los recursos ganaderos de la frontera del país, donde la Revolución se había iniciado, a fin de arbitrarse los fondos necesarios para compra de armas, municiones y equipo militar.
Es natural que los recursos obtenidos así, no bastaran para las necesidades de una campaña que se desarrollaba en la región fronteriza del país, y que requería aprovisionarse pagando al contado y en metálico. Desde que quedó ya unificada la Revolución por virtud del Plan de Guadalupe, consideré necesario acudir al sistema de emisiones de papel moneda, las cuales, no obstante las desventajas que en lo futuro pudieran traer, presentaban, sin embargo, como procedimiento revolucionario, la ventaja de ser la más justa distribución de préstamos entre los habitantes de las regiones ocupadas por los ejércitos revolucionarios, al mismo tiempo que nos permitían no estar atenidos en [4] ningún caso a préstamos particulares que habrían influido desfavorablemente en la marcha de la Revolución.
Fue siempre una política de la que nunca se apartó la Primera Jefatura, el rehusarse en todo caso a solicitar o admitir préstamos de particulares para ayuda de la Revolución, pues comprendí desde un principio que estos préstamos, limitados naturalmente a pequeñas cantidades, no harían más que entorpecer el movimiento, poniendo la suerte de la Revolución a merced de los prestamistas. Tal es el origen de las emisiones de papel moneda de que adelante se hablará, y que constituyeron una de las fuentes de ingresos para hacer frente a los actos de la Revolución.
ORGANIZACIÓN DE HACIENDA
Fuera de los fondos que se arbitraba la Revolución, por medio de emisiones de papel moneda, y conforme se extendía el territorio ocupado, podía comenzarse un principio de organización hacendaria, que permitiera obtener algunos ingresos, los que en un principio consistieron, casi exclusivamente, en los productos de los derechos de importación y exportación de las aduanas que se encontraban en nuestro poder.
Durante el primero y segundo períodos del Gobierno Revolucionario, en muchos casos hubo necesidad de dejar enteramente las oficinas recaudadoras de Hacienda a disposición dejos jefes militares, con el fin de que éstos pudieran proveerse inmediatamente de fondos, y en la mayor parte de los casos, los Comandantes Militares asumían, obligados por la necesidad, facultades hacendarias que llegaban hasta imponer contribuciones especiales.
Más tarde y conforme fue regularizándose el Gobierno y venciéndose al enemigo, ha podido la Primera Jefatura ir rescatando poco a poco todas las oficinas recaudadoras, y poniéndolas bajo la dirección de la Secretaría de Hacienda. [5]
Los detalles de la reorganización de las oficinas hacendarías serían sumamente extensos, y tienen mejor cabida en el informe general de la Secretaría de Hacienda, que se encuentra en preparación, en el cual podrá hacerse referencia a la reorganización de la Tesorería y de la Dirección de Contabilidad y Glosa, restablecimiento de la Dirección General de Aduanas, creación de la Comisión Monetaria, nueva legislación sobre Bancos, etc., etc.
Respecto de esta materia, baste decir que siendo la Hacienda un órgano de funcionamiento diario, la Revolución tuvo necesidad de continuar usando los procedimientos hacendados ya establecidos, para no carecer de dinero, al mismo tiempo que introducía las reformas en la organización de esa Secretaría; y la organización de la Secretaría de Hacienda se ha llevado a cabo sin dejar de atender diariamente a las necesidades de la campaña.
La tendencia principal que ha guiado a la Primera Jefatura en las reformas de organización hacendaría, ha sido hacer de la Secretaría de Hacienda un órgano independiente, librándolo de la subordinación a determinadas instituciones de crédito, en que siempre se había encontrado en las administraciones anteriores.
DERECHOS AL COMERCIO EXTERIOR
El Gobierno Constitucionalista, aun durante las épocas más difíciles de la campaña militar, no pudo limitarse exclusivamente a vivir del producto de sus emisiones de papel moneda, sino que procuró por todos los medios, reorganizar sus ingresos, tanto los que se causaban en papel como los que se consideró necesario exigir en metálico, para poder hacer frente a nuestras necesidades en oro, sobre todo, a la provisión de armas, municiones, provisiones y equipo, que muchas veces había necesidad de comprar en el extranjero. [6]
El Gobierno, desde un principio, siguió la costumbre de cobrar algunos de sus ingresos en metálico, y éstos eran principalmente los que recaían sobre el comercio exterior, mientras que la mayor parte de las contribuciones de carácter interior, eran pagaderas en papel moneda.
En el principio de la campaña, no fue posible tener otros ingresos en metálico que los que nos proporcionaban las exportaciones de ganado y metales, que se hacían por las aduanas que se encontraban en nuestro poder.
Más tarde, al tomar posesión de la región petrolífera del Estado de Tamaulipas y Veracruz, el Gobierno tuvo ya oportunidad de recaudar un nuevo impuesto en metálico, derivándolo del petróleo. De esta manera, el Gobierno Revolucionario no solamente pudo arbitrarse fondos, sino que comenzó a resolver un problema que desde hacía mucho tiempo estaba pendiente, y que consistía en hacer contribuir a las compañías petrolíferas que se consideraban exentas del pago de impuestos. La política del Gobierno Constitucionalista en materia de exportación, fue la de hacer pagar impuestos a todos los productos que se enviaban al extranjero sin transformación alguna, en forma de materia prima, apartándose radicalmente de la política que se había seguido en el antiguo régimen, de exceptuar de impuestos las exportaciones, sin distinguir si esas exportaciones eran de productos manufacturados o de materias en bruto.
El Gobierno encontró también necesario y práctico levantar los derechos del Timbre a los metales y minerales, y lo ha hecho hasta donde la natural protección a la minería se lo ha permitido. El Gobierno continuó constantemente ensanchando la tarifa de exportación, para incluir en ella todas aquellas materias primas que se exportan, sin dejar ningún provecho a la industria mexicana. En este sentido impuso por primera vez un derecho de exportación al henequén, que durante mucho tiempo había salido libre, y que en la actualidad se paga ya sin dificultad, no obstante que en un [8] principio este impuesto estuvo a punto de causar serios trastornos en nuestro país, y de hecho fue la causa del intento de sublevación en la Península de Yucatán, en febrero de 1915.
BIENES INTERVENIDOS.
Una fuente de ingresos, más nominal que efectiva, consistió en la ocupación de bienes de enemigos.
Esta ocupación de bienes fue en un principio un movimiento de carácter enteramente espontáneo de parte de las fuerzas militares que ocupaban regiones enemigas y que, al tomar posesión de esas regiones, se incautaban de los bienes considerados de enemigos, tanto para evitar que sus productos pudieran ser utilizados contra la Revolución, cuanto para arbitrarse fondos. En el fondo, había también la idea de una responsabilidad contraída por los enemigos de la Revolución, por hechos ejecutados contra el régimen legal, y en muchos casos, un principio de justicia que aconsejaba a los jefes militares deshacer usurpaciones notoriamente injustas, que habían existido durante el antiguo régimen.
La Primera Jefatura consideró que, ya sea por las razones de defensa militar, ya como fuente de ingresos, ya como medio de hacer efectivas responsabilidades, las incautaciones de bienes de enemigos podían subsistir, sujetas sin embargo, a lo que más tarde el Gobierno Constitucional resolviera respecto de ellas.
Las ocupaciones de bienes intervenidos que se han hecho hasta ahora, han sido hechas casi siempre por las autoridades locales de los Estados o por las autoridades militares, y solamente cuando quedó restablecido en México el Gobierno Constitucionalista, en fines de 1915, la Primera Jefatura tuvo que dar alguna organización y dictar algunas reglas para el manejo de esos bienes, para hacer nuevas incautaciones o para el levantamiento de incautaciones hechas.
Por lo que hace a los provechos obtenidos de esos bienes, [8] puede decirse que han sido muy pocos, debido al natural desorden en la administración de propiedades cuya, posesión era irregular.
La administración de los bienes intervenidos estuvo por algún tiempo en manos de los Comandantes Militares de los Estados, y durante esa administración se obtuvo algo más de productos, que en la mayor parte de los casos eran utilizados por los Gobiernos locales mismos.
Al restablecerse el Gobierno Constitucionalista en la ciudad de México, y durante el tercer período de la Revolución, que propiamente fue ya período de organización, se ordenó que todos los bienes intervenidos fuesen administrados por la Secretaría de Hacienda. Los Jefes de Hacienda en los diversos Estados, comenzaron a tomar posesión de ellos, y aun cuando en la actualidad todavía no podría decirse que la Secretaría de Hacienda se encuentra en posesión de todos los bienes que se hayan intervenido, sin embargo, existe ya una organización encargada de la administración de los bienes que aún quedan en poder del Gobierno. La administración de los bienes intervenidos por la Secretaría de Hacienda, ha producido ya mejores resultados, aun cuando naturalmente no todos los que sería de desearse.
La Primera Jefatura ha seguido en esta materia el criterio de devolver la mayor parte de las propiedades intervenidas, a excepción de aquellas cuyos dueños pudieran ser responsables civilmente, como autores o como cómplices manifiestos del derrocamiento del Gobierno Constitucional. La Primera Jefatura ha preferido dejar a la resolución del Congreso la suerte que deban correr esos bienes y la forma de dilucidar las responsabilidades civiles de los enemigos de la Revolución.
EMISIONES DE PAPEL MONEDA.
La primera emisión de papel moneda fue ordenada por decreto de 26 de abril de 1913, únicamente por la suma de [9] $5.000 000, pues al principio de la Revolución no se tenía idea de las necesidades efectivas de la campaña, ni podía preverse la duración de la guerra, ni se tenía experiencia respecto del valor efectivo que pudiera llegar a alcanzar el papel. Por virtud de esta autorización, se imprimieron $5.000,000. que más tarde fueron conocidos con el nombre de «Emisión de Monclova.»
En diciembre de 1913 se mandó ampliar esa emisión hasta la cantidad de $20.000,000, y en febrero de 1914 hubo necesidad de aumentarla a $30.000.000.
Las emisiones que se efectuaron para completar esta cifra, y que importaron la suma de $25.000.000, son lo que se conoce con el nombre de «Emisión del Ejército Constitucionalista.»
Habiendo llegado el Ejército Constitucionalista a la ciudad de México, en agosto de 1914, se sintió desde luego la necesidad de hacer una conversión de las emisiones anteriores, al mismo tiempo que de ampliar considerablemente su monto para atender a las múltiples necesidades que se presentaron desde luego, al ocupar la parte Sur del país. Al efecto, en 19 de noviembre de 1914, se creó una deuda interior por $130.000,000, para amortizar los billetes conocidos con los nombres de «Emisión de Monclova» y «Ejército Constitucionalista,» y hacer frente a los gastos que siguiera requiriendo la Revolución, pues en esa época ya había comenzado la lucha contra el villismo.
La impresión de los billetes correspondientes a esta emisión, se comenzó en la ciudad de México, en donde se imprimieron cerca de $43.000,000, que fueron los que más tarde se conocieron con el nombre de «Emisión del Gobierno Provisional en México.» La impresión de billetes se continuó en Veracruz, ampliándose la emisión a otros $ 70.000,000, hasta hacer un total de autorización de $200.000,000. Más tarde fue necesario ampliar esta emisión a $250.000,000.
La emisión de billetes hecha en Veracruz, en virtud de [10] estas autorizaciones, es la que más tarde se conoció con el nombre de «papel de Veracruz.» La cifra efectiva emitida de papel de Veracruz, excedió considerablemente de lo que acusaban las autorizaciones, por haberse tenido que comenzara recoger los billetes de la «Emisión de México,); cuya circulación se hizo difícil a consecuencia de la falsificación hecha en México por el Gobierno de la Convención, y que se conoce con el nombre de «Revalidados.»
El total de las emisiones hechas por el Gobierno Constitucionalista, durante el primero y segundo períodos de la Revolución, es el siguiente:
Papel de Monclova
$ 5.000,000.00
25.000,000.00
42.625,000.00
Gobierno Provisional de Veracruz
599.329,221.00
671.954,221.00
Como puede verse, el monto de la emisión de Veracruz excedió en mucho al fijado en las autorizaciones. Esto se debió a las apremiantes necesidades de la campaña militar; pero no puede perjudicar/el buen nombre del Gobierno Constitucionalista, porque las emisiones estaban estrictamente vigiladas, y en todo caso, el papel moneda impreso ingresaba a la Tesorería para su distribución, y se llevó cuenta exacta de su aplicación.
El papel moneda del Gobierno Constitucionalista, nunca fue vendido para arbitrarse fondos en el extranjero.
EMISIONES DE JEFES MILITARES.
El alejamiento y la independencia con que obraban muchas veces los jefes militares, sobre todo al principio de la [11] Revolución, hacía, imposible que éstos pudieran ser provistos de fondos por la Primera Jefatura. A esto se debió la necesidad en que me vi en un principio, de autorizar a varios jefes militares para que hicieran emisiones de carácter local, para arbitrarse fondos para la campaña. Los principales jefes autorizados para hacer esas emisiones, fueron naturalmente, los que tenían mayor cantidad de fuerzas a su mando, entre ellos el general Villa, el general Obregón y el general González.
Más tarde, en el segundo período de la campaña militar, hubo necesidad de dar autorización a otros jefes para arbitrarse fondos emitiendo papel transitorio, mientras no recibían el que pudiera proporcionarles la Primera Jefatura. Tal fue el origen de otras autorizaciones, como por ejemplo, las dadas a Arrieta, Diéguez, Caballero, Murguía, Morales y Molina, etc., etc.
No hay datos suficientes para poder decir el monto exacto de las emisiones hechas por virtud de autorizaciones aje-fes militares. En algunos casos, el monto de las autorizaciones estaba determinado, y en otros, el jefe militar quedaba autorizado para obrar conforme a las necesidades de la campaña.
La mayor parte de los jefes militares se sujetaron a sus instrucciones, pero en otros casos, se excedieron de las autorizaciones. El general Villa, por ejemplo, fue autorizado a emitir diez millones de pesos para las necesidades de su campaña en el Estado de Chihuahua, y sin embargo, desde antes de su infidencia había ya comenzado a excederse en sus emisiones en cantidades considerables, pudiendo decirse que las emisiones de papel del Estado de Chihuahua, montan a varios cientos de millones de pesos, y se confunden con las emisiones de papel falso y de enemigos.
Puede, sin embargo, decirse que el monto total de las emisiones hechas por los jefes militares, con autorización de la Primera Jefatura, no excedió de $30.000,000.
Estas emisiones fueron retiradas más tarde, algunas [12] canjeadas, y en la actualidad no quedan más que cerca de $2.000,000 depositados en la Comisión Monetaria, pendientes de conversión.
Teniendo en cuenta la organización precipitada de una revolución, no debe extrañar que no haya sido posible calcular egresos para la campaña del Ejército Constitucionalista, durante los dos primeros períodos de la lucha.
Cada vez que ha sido posible, sin embargo, se ha procurado ajustarlos desembolsos a algún presupuesto, y especialmente por lo que hace a sueldos, constantemente se ha tomado el de 1912-13, último que puede considerarse legalmente existente, como guía para organización de oficinas y para calcular sueldos de empleados.
Es natural, sin embargo, que la organización que ha tenido que darse a las diversas Secretarías de la Primera Jefatura, no corresponda con la organización del Gobierno Constitucional de 1912, y a eso se debe que de hecho haya sido imposible la aplicación del Presupuesto de 1912-13.
Al instalarse nuevamente el Gobierno en la Mesa Central, se hicieron constantes esfuerzos, tanto en México como en Querétaro, para someter a presupuesto los gastos de los diversos Departamentos del Gobierno Constitucionalista. Pudieron aún calcularse con aproximación los presupuestos de los empleados civiles de las diversas Secretarías, pero nada de extraño tiene que aun cuando pudieran hacerse cálculos aproximados en los diversos ramos, fuera sin embargo, totalmente imposible calcular egresos en el ramo de guerra, dada la natural incertidumbre de las necesidades de la campaña.
GASTOS DE LA REVOLUCIÓN.
Al principio de la Revolución, los gastos que la campaña exigía se hacían casi siempre por los jefes militares, procurándose, al mismo tiempo, los fondos de donde podían [13] hallarlos; y las contingencias de la lucha, y algunas veces la ignorancia o el natural desorden, hacían imposible que pudiera llevarse una cuenta aproximada de lo que se gastaba.
Al concluir el primer período de Revolución, es decir, cuando el Gobierno Constitucionalista tomó posesión de la ciudad de México, fue cuando realmente se pudo comenzar a llevar una contabilidad ordenada de los desembolsos hechos. No puede, sin embargo, decirse que existan cuentas exactas de egresos, sino de las cantidades que han salido directamente de la Tesorería General de la Nación, o de las oficinas dependientes de ella.
La dificultad principal no consiste en conocer las cantidades que han salido de la Tesorería, para ser empleadas en las diversas atenciones del Gobierno, sino en justificar la inversión de los gastos hechos de parte de los pagadores y agentes encargados de su distribución.
En materia de guerra, sobre todo, ha sido enteramente imposible obtener los datos necesarios para justificar las inversiones hechas. En muchos casos, las cantidades proporcionadas para las atenciones de campaña, se hacían en forma global, entregándolas a los jefes militares o a los pagadores habilitados que los acompañaban, y muchas veces no existe otro dato respecto a dichos egresos, que la entrega hecha.
La Dirección de Contabilidad y Glosa continúa, sin embargo, haciendo la concentración de todos los gastos de que se tenga conocimiento, y es muy posible que antes de comenzar el nuevo año fiscal, pueda saberse de una manera aproximada, a cuánto montan los ingresos y egresos de la Revolución.
Los datos que arrojan los trabajos de concentración y glosa de la Dirección de Contabilidad y Glosa, no pueden ser, sin embargo, exactos respecto de los egresos, supuesto que ha habido un gran número de gastos que se han hecho y de los cuales no se tiene conocimiento.
Las cifras que arroja la Tesorería General de la Nación, [14] son necesariamente incompletas, debido a las dificultades de concentración de datos, que aún no se concluye. Para que se tenga, sin embargo, una idea del movimiento de caudales de la Revolución, sobre el cual ha podido llevarse cuenta, debo manifestar que los ingresos totales por impuestos, que acusa la Tesorería General de la Nación, son en oro, $75.000,000, y en papel, $236.000,000.
Los egresos de la Revolución, hasta donde han podido ser concentrados por la Dirección de Contabilidad y Glosa, acusan un total de $96.000,000 oro, y $855.000,000 papel en números redondos.
La mejor comparación que puede hacerse entre los ingresos y los egresos de la Revolución, tienen que obtenerse por medios indirectos calculando el déficit de la Revolución o sea la deuda pública, imputable al período revolucionario.
Los egresos que «acusan los libros de la Tesorería General, por cada uno de los Departamentos del Gobierno, son los siguientes:
$230,565 00
7.726,583 00
271,203 0
10,156 00
1.268,577 00
3.088,188 00
5.754,302 00
43.220,765 00
Secretaría de Justicia....
192,826 00
2.927,916 00
Secretaría de Instrucción Pública
1.131,853 00
20.787,246 00
Secretaría de Fomento..
345,144 00
4.606,880 00
2.586,049 00
43.942,951 00
23.082,848 00
72.699,276 00
61.564,096 00
656.800,958 00
Los egresos anteriores hacen un total de
$ 96.427,463 00
$ 855.810,919 00
Es natural suponer que ha existido constantemente y existe en la actualidad, un considerable déficit entre los ingresos y los egresos de la Revolución.
Durante mucho tiempo, este déficit no pudo conocerse, ni mucho menos preeverse; pero en la actualidad, en que ha comenzado a pagarse todo a base metálica, desde el principio del corriente año, puede y debe decirse que durante los cuatro primeros meses que van transcurridos, el déficit no baja de cinco millones mensuales, por término medio, lo cual dará para un año sesenta millones de déficit.
Este déficit de sesenta millones anuales, no es, sin embargo, tan considerable como pudiera creerse, si se tiene en cuenta que el Presupuesto de 1912-13, calculado para tiempos comparativamente normales, ascendía ya a la cantidad de ciento veinte millones de pesos al año.
Mientras el déficit de nuestros gastos pudo cubrirse en papel, no se hacía sentir tan considerablemente; pero al restablecerse el régimen de circulación metálica, el Gobierno se encontró en situación de tener que vivir enteramente de sus ingresos en metálico.
Un gran número de impuestos que se habían venido cobrando en papel moneda, no fue posible, desde luego, convertirlos a metálico y exigir inmediatamente a los causantes su pago en especie, sin provocar grandes trastornos.
El Gobierno tenía necesariamente que vivir, a pesar de lo que desearan sus enemigos, y obligado por la necesidad, se vio en el caso de tener que tomar dinero de las reservas metálicas de los Bancos, para continuar subsistiendo.
Las cantidades hasta ahora tomadas de los Bancos, ascienden, aproximadamente, a veinte millones de pesos. [16]
El Gobierno ha procurado llevar a cabo una política de estricta economía, intentando considerables reducciones en el número de sus empleados; y al restablecer la circulación monetaria, se vio en el caso de no poder pagar más de un 50 por ciento de los sueldos nominales de sus empleados civiles, reservando, con carácter de deuda flotante, el saldo de sus sueldos.
En muchos casos, sin embargo, y sobre todo en el ramo militar, no le habría sido posible obtener servicios eficientes, si hubiera tenido que pagar únicamente la mitad de los sueldos. Se ha visto, por lo tanto, en el caso de tener que pagar a la tropa por haberes íntegros, y a muchos de sus empleados, el 75 por ciento o el total de sus sueldos. En otros muchos casos, ha habido necesidad de conceder, discrecional-mente, gratificaciones o ayudas pecuniarias a los empleados, para que puedan subsistir.
Esto por lo que hace a los gastos que ha demandado la campaña militar en el interior, que es en donde el Gobierno ha tenido un constante déficit, que sumado durante los últimos cuatro años, puede decirse que constituye la deuda pública interior de la Revolución.
Por lo que hace a los crecidos gastos que la Revolución ha tenido que hacer en el extranjero, todos se han cubierto con escrupulosidad, y a ese respecto me cabe la satisfacción de anunciar que México ha cubierto sus servicios consulares y diplomáticos con regularidad, y ha pagado hasta la última de las facturas de municiones, pertrechos de guerra, provisiones y equipos que ha tenido que comprar fuera del país, y que, por consiguiente, no se debe nada en el extranjero por causa de la Revolución.
La expresada circunstancia de las falsificaciones, las emisiones espurias del papel del Gobierno Provisional, hechas [17] por la Convención, y conocidas con el nombre de «Revalidados.» y las naturales perturbaciones en la situación monetaria, causadas por la existencia de diversas clases de papel moneda, hicieron necesario pensar en la conversión de toda aquella deuda a un solo papel, que al mismo tiempo que presentara la ventaja de la unidad, tuviera la de hacer imposible la falsificación.
El propósito de esta emisión fue substituir el papel viejo por un papel infalsificable; limitar la cantidad de papel circulante, a la suma de $500.000,000, y dar a esta emisión un valor fijo, por medio de una garantía en metálico, sin emitir más que las cantidades que pudieran garantizarse.
La impresión de este papel infalsificable se hizo en los Estados Unidos, por una de las casas grabadoras y de más reputación, y montó a la suma de $450.000,000. Hubo, sin embargo, necesidad de imprimir, en México, moneda fiduciaria de $2. $ 1, 5 centavos, 10 centavos, y 20 centavos, con todo lo cual llegó la emisión a cerca de $540.000,000, que no llegaron todos a lanzarse a la circulación. Se encuentran actualmente en poder del Gobierno, como $140.000,000, quedando, por lo tanto en poder del público, como $400.000.000 que sin atender al valor comercial, si se computaran a 20 centavos por peso, representarían un adeudo de $80.000,000.
Para manejar y garantizar este papel, se creó una Comisión Monetaria que debiera encargarse del manejo del fondo de garantía.
RETIRO DEL PAPEL ANTIGUO.
El programa que el Gobierno se propuso seguir para retirar el papel antiguo y poner en circulación el nuevo, consistía en admitir el papel de «Veracruz» y «Ejército Constitucionalista,» en pago de la mayor parte de los impuestos tanto de [18] la Federación como de los Estados, en pago de fletes y pasajes ferrocarrileros, portes de correo, telegramas, y en general, en pago de todas las obligaciones para con el Gobierno, que no fueran de naturaleza especialmente metálica. En cambio, el Gobierno se proponía cubrir sus presupuestos, tanto los federales como los locales, con papel infalsificable, a partir del 1º de mayo de 1916, emitiéndolo a medida, que tuviera metálico para garantizar 20 centavos oro por cada peso papel.
Al ponerse en circulación el papel infalsificable, en esa fecha se hizo sentir, naturalmente, una baja en el valor del papel de Veracruz, lo cual obligó al Gobierno a acelerar su retiro de la circulación, para evitar los perjuicios a que daba lugar la coexistencia de dos papeles de distinto valor.
A ese efecto, a partir del 5 de junio, quedaron retirados de la circulación los billetes de $20, $50 y $100, del Ejército Constitucionalista, y el 30 de junio quedaron retirados los billetes de $10, $5, $2 y $1 y la moneda fiduciaria.
Se dispuso que el papel moneda de «Veracruz» y «Ejército Constitucionalista» que no quisieran o que no pudieran sus tenedores utilizar en pago de impuestos, fuese depositado en las Oficinas del Gobierno y de la Comisión Monetaria, para que en su oportunidad, se canjeara a razón de 10 centavos, oro, o un peso, papel, por certificados en oro nacional, pagaderos en cinco anualidades.
El papel de Veracruz se retiró de la circulación, como se había proyectado, recibiéndolo en impuestos y aceptándolo en pago de Metes y pasajes; pero además, se hizo necesario, en los momentos de la mayor depreciación de ese papel, comprar grandes cantidades, y por último, se vio el Gobierno obligado a canjear a las clases menesterosas el papel de Veracruz que quedaba en sus manos.
De esta manera se recogieron, aproximadamente, $500.000,000 de papel de Veracruz.
En cuanto a los depósitos de este papel, para su canje por certificados de oro, solamente ascendieron a $50.000,000, que [19] es lo que aproximadamente ha recibido la Comisión Monetaria para canjear por certificados oro. Estos $50.000,000, al tipo de 10 centavos, oro nacional, significan una deuda de cerca de $5.000,000, oro, como saldo vivo de las emisiones de «Veracruz» y «Ejército Constitucionalista.»
Las diversas emisiones de papel, hechas por jefes militares, fueron igualmente retiradas, algunas en forma de canje, como se hizo en Sinaloa, Tepic y Jalisco, y algunas en forma de depósito. De éstas, solamente hay depositadas en poder de la Comisión Monetaria, cerca de $2.000,000, papel.
CIRCULACIÓN METÁLICA.
Al comenzar la circulación del papel infalsificable, el Gobierno se propuso garantizar un valor de 20 centavos, oro nacional, por cada peso. No tuvo, sin embargo, el Gobierno suficientes reservas de oro, ni suficientes ingresos en metálico, para, poder sostener el precio de este papel, cambiándolo libremente al precio de garantía. Los egresos del Gobierno en metálico, continuaron haciéndose cada vez más apremiantes, y la elevación de los precios de los materiales, municiones, equipo y provisiones de fuerzas, que el Gobierno tenía que adquirir en metálico, lo hacían disponer constantemente de sus ingresos en oro.
El Gobierno hizo lo posible por sostener el papel infalsificable, pero paulatinamente y por razón natural, el valor del papel continuó descendiendo.
En los momentos de lucha intestina, la circulación del papel moneda estaba enteramente indicada; pero aun concluida la Revolución, las condiciones del resto del mundo aconsejaban continuar transitoriamente un régimen de papel moneda, y el Gobierno lo habría continuado si hubiese podido conseguir fondos suficientes para garantizar su circulación. [20]
Los Bancos fueron un factor eficaz para procurar la caída del papel, y muchas personas, aun de las que podrían suponerse amigas de la Revolución, no sólo no ayudaban al Gobierno a sostener el papel, sino que aceleraron su caída.
El comercio de las principales ciudades del país elevó considerablemente sus precios en papel moneda, y de allí que las clases trabajadoras, después de agotar sus esfuerzos para obtener la baja del precio de las mercancías, se vieron obligadas a exigir el pago de sus salarios en metálico, contribuyendo con esto a la mayor depreciación del papel moneda y forzando, en cierto modo, la circulación metálica.
En noviembre del año de 1916, el precio del papel infalsificable era tan bajo, que fue ya imposible utilizarlo como moneda, y la Primera Jefatura se vio obligada a dictar la disposición reasumiendo la circulación metálica, que se encuentra ya restablecida desde el 1º de diciembre del año pasado.
El problema monetario continúa, sin embargo, sin resolverse, pues no existiendo billetes de, banco, ni otras formas de crédito que substituyan la circulación metálica, ésta ha tenido que hacerse casi enteramente sobre la base de la circulación de monedas de oro, plata y cobre.
Al restablecerse la circulación metálica, una complicación se presentó, y fue el alto valor de la plata en los mercados extranjeros, que ha hecho que nuestro peso se encuentre por encima de la paridad legal, y que, por tanto, se haya retirado de la circulación últimamente.
El Gobierno está acudiendo a la acuñación constante de tostones, que por su ley más baja, se han conservado en circulación hasta la fecha, aunque es de temerse que si continúa ascendiendo el valor de la plata, la eliminación de estas especies pondrá otra vez la circulación metálica en peligro.
Una comparación entre el régimen de papel moneda y el régimen de circulación metálica, resulta desfavorable a ésta, por lo que hace a las necesidades de las clases consumidoras? pues el precio de los artículos de primera necesidad, sobre todo [21] los de producción nacional, aparentemente mucho más elevado en papel moneda, era, sin embargo, considerablemente más bajo que el precio de los mismos artículos bajo el régimen de circulación metálica.
El Gobierno tiene la conciencia de haber hecho todo lo posible por sostener el papel infalsificable como moneda circulante; pero, desgraciadamente, hubo un gran número de factores, y entre ellos muchos intencionales, que contribuyeron también a hacerlo descender, y obligaron al Gobierno a volver al régimen de circulación metálica.
PAPEL MONEDA DE LOS ENEMIGOS
Cada uno de los enemigos de la Revolución, procuró hacer emisiones de papel en la misma forma que lo había hecho el Gobierno Constitucionalista, ya sea de propia autoridad, ya sea tratando de hacer pasar su papel como salido del Gobierno Constitucionalista mismo.
Villa hizo dos emisiones, ambas en cantidad considerable: las conocidas con el nombre de «dos caras» y de «sábanas.»
Al desocupar la ciudad de México el Gobierno Constitucionalista, en noviembre de 1914, el llamado Gobierno de la Convención encontró en la Imprenta del Gobierno, elementos tipográficos que le permitieron continuar la impresión de billetes, hecha por el Gobierno Constitucionalista en la ciudad de México, agregando solamente un sello de revalidación, con el fin de hacer creer al público que se trataba del papel mismo de la Primera Jefatura. Este fue el papel que se llamó «revalidado.» [22]
El Gobierno Constitucionalista no se dio cuenta oportuna de esta falsificación de sus emisiones, lanzada por sus propios enemigos, sino hasta la ocupación de la ciudad de México, en febrero de 1915, que fue cuando se aclaró que se trataba de una emisión falsa, la que por fortuna pudo identificarse, pero que obligó, sin embargo, al Gobierno Constitucionalista, a retirar la emisión del «Gobierno Provisional de México.»
En iguales condiciones, otros enemigos de la Revolución, hicieron emisiones de papel, como las de Yucatán y Sonora.
El Gobierno Constitucionalista, sin vacilación, obrando en justicia, y como, medida política y militar, desconoció el papel emitido por los enemigos, y prohibió su circulación en cada lugar que ocupábamos. Esto causó algunos trastornos a las clases menesterosas, que procuraron atenuarse ayudándolas con provisiones, en los grandes centros de población; pero en cambio, debilitó considerablemente a los enemigos, cuya moneda cayó rápidamente.
Vino, por último, a perturbar seriamente lo circulación de nuestra moneda fiduciaria, el gran número de falsificaciones efectuadas, tanto para lucrar, como con propósitos políticos.
DEUDA DE LA REVOLUCIÓN
Descartando las cantidades adeudadas por la Nación, por virtud de compromisos anteriores al movimiento revolucionario, puede decirse que el monto de las cantidades nuevamente adeudadas, apenas llegará a la cantidad de $125.000,000 oro nacional, que es la suma que el país queda a deber después de cuatro años de lucha, y que constituye el resultado de la gestión hacendarla de la Primera Jefatura.
Dicha deuda es como sigue: [23]
Por papel infalsificable en circulación si llegare a redimirse a razón de 20 centavos oro
$80.000.000 00
Por papel de Veracruz
5.000,000 00
Préstamo de los Bancos
20.000,000 00
Diversos adeudos pendientes y adeudos a los empleados, aproximadamente hasta el 30 de abril
$125.000,000 00
Debe considerarse como una deuda que tarde o temprano surgirá contra la Revolución, el monto de las indemnizaciones por perjuicios causados durante la guerra. Entre esos perjuicios deben considerarse las sumas destinadas a la reparación de las líneas ferrocarrileras del sistema de las Líneas Nacionales, y las indemnizaciones que deben pagarse a la Empresa incautada, conforme a la Ley de Ferrocarriles.
Aunque la Primera Jefatura, por decreto de 10 de mayo de 1913, reconoció desde un principio, las deudas por indemnizaciones, y dio las bases generales para la formación de las comisiones que deberían conocer de las reclamaciones por perjuicios, hasta la fecha, sin embargo, no ha sido ni posible, ni conveniente proceder a formar estas comisiones, sabiendo de antemano, que el Gobierno no se encuentra en situación de poder cubrir estos adeudos.
Desde el principio de la Revolución, el Gobierno Constitucionalista resolvió desconocer los empréstitos que pudiera contraer Huerta en el extranjero, y al efecto, hizo pública [24] su determinación de no reconocer fuerza legal a cualquier préstamo que a éste se le hiciera. Más tarde han quedado legalmente desconocidos todos los actos emanados de la administración huertista.
El Gobierno Constitucionalista, sin embargo, nunca se ha negado a reconocer las obligaciones legitimas anteriores a la Revolución, y por consiguiente, considera vivas las deudas que fueron cubiertas por la administración de Huerta, con bonos o fondos obtenidos por virtud de préstamos ilegales.
A pesar de su buena voluntad, el Gobierno Revolucionario no podía hacer frente a los servicios de réditos y amortización a la deuda pública, vencidos desde 1913; pero en lugar de procurar aplazamientos constantes que hubieran sido origen de repetidas dificultades, prefirió aplazar, indefinidamente, el servicio de su deuda pública.
La cantidad que importaba la deuda pública, en principios de 1913, era, aproximadamente de $427.000,000 y los réditos caídos y pendientes de pago, desde esa fecha hasta ahora, importarán aproximadamente $70.000,000 al vencerse el presente semestre.
Desde el Gobierno del general Díaz, el sistema de bancos existentes en México, a base de concesión, implicaba un sistema de privilegios, cuyos inconvenientes se habían hecho notar desde hacía mucho tiempo.
Los bancos de emisión de México prestaron al Gobierno de Huerta, para que luchara contra la Revolución Constitucionalista, aproximadamente, la cantidad de $46.500,000. El Gobierno de Huerta autorizó, en cambio, el régimen de circulación forzosa de sus billetes que el Gobierno Constitucionalista encontró a su llegada.
El Gobierno Constitucionalista, ocupado en otras [26] atenciones de la campaña, no pudo atender desde luego la materia bancaria, por más que los bancos constituían de hecho poderosos enemigos financieros de la Revolución.
Los propios bancos, por otra parte, se encontraban en condiciones de no poder restablecer la circulación voluntaria de su papel, pues aun cuando algunos pudieron tener casi completas sus reservas, si se les hubiera obligado a pagar sus billetes a la par, habrían tenido que ponerse en liquidación.
No deseando, por otra parte, el Gobierno, que el acervo metálico acumulado en los bancos desapareciese, prefirió tomar medidas para evitar que se dispusiera de dicho acervo. Dictó, al efecto, disposiciones para obligar a las instituciones de crédito a completar sus reservas; y no habiéndose logrado ese objeto, hubo necesidad de decretar la incautación de los bancos, medida que se llevó a cabo prácticamente, sin necesidad de tomar posesión de los bancos mismos, sino pasando la administración de éstos a manos de un Consejo de Incautación.
El problema bancario se encuentra pendiente de resolución, pues habiendo decretado el Congreso Constituyente que debe haber un Banco Único de Emisión, no ha podido resolverse la situación definitiva de los bancos, hasta tanto no pueda procederse a fundar el Banco único que deba substituir a las instituciones bancarias actuales.
El Gobierno Constitucionalista, apremiado por las circunstancias, ha tenido necesidad de tomar de todos los bancos, para las atenciones del Gobierno, muy cerca de 20.000,000 de pesos. Esto constituye una deuda del Gobierno para las instituciones bancarias, que éste reconoce como un préstamo a corto plazo y para el cual está dispuesto a proporcionar garantías suficientes.
Deseo llamar la atención del Congreso sobre que el Gobierno Constitucionalista no acudió a tomar dinero de las reservas de los bancos, sino cuando el papel moneda había sido enteramente vencido. [26]
Debe hacerse notar, sin embargo, que solamente entre el Banco Nacional y el Banco de Londres, prestaron al Gobierno de la usurpación $ 20.000,000
Para concluirla parte relativa a la gestión hacendaría de la Revolución, puedo decir, como resumen, que la Revolución se ha hecho con elementos exclusivamente nacionales; que no obstante la considerable reducción de los ingresos, hemos podido luchar contra el régimen de Huerta, triunfar de él, vencer en seguida a la infidencia villista, triunfar de ella y comenzar la reorganización del Gobierno, sin que hasta la fecha haya costado el movimiento revolucionario más que la cantidad de $125.000,000, que pueden considerarse como la Deuda Pública imputable a esta Revolución, que México ha ejecutado sin necesidad de tomar en el extranjero un solo centavo. [26]
Publicamos íntegra en el número de ayer, la parte del Informe del ciudadano Venustiano Carranza, Presidente Constitucional electo, relativa a los trabajos financieros de la Revolución, leída ante numeroso público, en la sesión solemne de las Cámaras, el 15 del corriente.
De los datos suministrados por las Secretarías de Estado del Gobierno Constitucionalista, fueron los de Hacienda los únicos que en tres períodos distintos, cosecharon aplausos entusiastas del público, cuyo interés por conocerlos era notorio.
La notable y patriótica labor hacendaría, como ¡Dudo apreciarla el lector, presenta esta novedad: es sincera, se aleja de los procedimientos antiguos, no fue escrita para una camarilla de favorecidos e inteligentes, sino para el pueblo, que ansioso de libertades, hizo la Revolución con sus esfuerzos y con su riqueza; no se presenta vestida con galas oratorias, no disfraza los hechos, no se ampara con optimismos medrosos, ni con pesimismos rebuscados; dice la verdad, lisa y llana, en estilo sobrio; la verdad, que es el arma de los políticos honrados, que tiene el privilegio de llegar al cerebro de las masas, que es la cúspide de la existencia y el alma de la rectitud en los asuntos públicos.
La exposición hacendaría no persigue las impresiones falsas, creadas siempre por medio de detalles imaginativos e incomprobables; es realista, descarnada, sincera. Es para el pueblo mexicano, que harto de embustes y pictórico de energías, quiere conocer con exactitud hechos ciertos vividos, sin nada que los trastroqué ni los desvirtúe. El pueblo posee la conciencia de sus actos y de sus responsabilidades, y quiere que se le expongan con lealtad, sin atenuaciones cobardes, [28] tales como son, para que le sirvan de norma futura y los aprecie por sí mismo, sin sugestiones solapadas. Quiere conservar intacto su papel de juez soberano, para decidir libremente en lo que es suyo.
El informe manifiesta cuál ha sido el esfuerzo económico necesario, para dar desarrollo al movimiento armado, para destruir la tiranía de Huerta, aniquilar las infidencias de los ambiciosos y llegar a la cima de la reorganización política. Una lucha larga por un país dilatado reclamaba mucho dinero. La Revolución carecía de recursos materiales; sobrábanle entusiasmos patrióticos y fe en la bondad y justicia de su causa; pero estos elementos grandiosos y salvadores no pueden acuñarse. Y sin embargo, la obra se hizo, el esfuerzo cristalizó en realidades asombrosas, y la libertad alumbró con sus rayos la conciencia nacional. ¿Cómo pudo triunfar de fuertes y ricos enemigos, una Revolución exhausta de recursos?
El milagro se ha realizado: los asesinos fueron vencidos, los infidentes derrotados, la ley recuperó su asiento, y el pueblo trabajador sus franquicias. El papel-moneda, como ya lo ha dicho alguna vez el señor licenciado don Luis Cabrera, Secretario de Hacienda, salvó a la Revolución y a la dignidad nacional. El esfuerzo no necesitó ayudas extrañas, alentó con sus propios elementos, y consumó la obra; con mil vicisitudes y sacrificios, pero sin mengua de su orgullo; no solicitó dinero extranjero, se bastó a sí misma.
Los sacrificios y los sufrimientos se han sucedido. El progreso humano es obra predilecta del dolor; por tal circunstancia, sólo la acometen con éxito los pueblos viriles que, conscientes de su deber y de su grandeza, perseveran con constancia invencible, y no ceden nunca al desfallecimiento.
Cuando la serenidad ocupe el lugar de las pasiones, necesarias para toda lucha; cuando la razón, sin obstáculos, pueda explorar el campo de las investigaciones que llevan al hombre a la verdad, entonces, la Justicia colocará sus [29] mejores laureles sobre las frentes de los buenos patriotas, guiadores de las muchedumbres, baluarte de su soberanía y de sus derechos más sagrados; entonces, se aquilatarán las ventajas y las desventajas del papel-moneda, cuya creación, debida al ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, dio ser e impulsos al movimiento armado, y condujo al triunfo del pueblo; entonces resaltarán la virilidad, la honradez, el patriotismo de esos ciudadanos, que frente al obstáculo, sin tacha y sin miedo, supieron desafiarlo y vencerlo.
Han recibido ya la primera y bien ganada recompensa: los aplausos entusiastas y espontáneos del pueblo, a que nos hemos referido, son el mejor galardón de su conducta.
La gestión hacendaría de nuestros luchadores, es algo titánico, cuya realización ha demandado dosis inconcebibles de firmeza. El valor civil es una gran virtud. Acarrea contrariedades que no siempre se miran compensadas. El hombre que sabe vencer, que domina las dificultades, que se substrae a la atmósfera malsana del egoísmo y de la envidia, que cumple fielmente con el DEBER, es acreedor al respeto y al cariño de sus semejantes, y lleva consigo su propia recompensa.
La batalla del patriotismo se riñe, cuesta arriba, en la mayoría de los casos, y ganarla sin lucha, sería ganarla quizá sin honra. Si no existieran dificultades, no habría éxito; si no hubiera nada por qué luchar, no habría nada que llevar a cabo. Las penas podrán intimidar a los débiles; pero obran como estímulo saludable sobre los hombres resueltos y de valor. La Revolución mexicana es buena prueba de que los impedimentos arrojados en el camino del progreso, pueden ser vencidos, en su mayor parte, por una conducta firme y constante, un celo honrado, actividad y perseverancia, y especialmente, por una resolución determinada, para superar las dificultades y mantenerse de pié, viril y conscientemente contra el infortunio.
Hacer revolución sin dinero, es una proeza; y el vencedor de tales dificultades es un carácter disciplinado, que [31] practica el consejo de D'Alembert: «seguid siempre adelante, y la fe y la fuerza irán a vos.»
Para, estudiar los puntos importantes que abarca la exposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que forma parte integrante del Informe del señor Presidente electo, vamos a seguir un método de crítica enteramente honrado, y que consiste en transcribir, textualmente, aquellos puntos que se sometan al comentario; de esta suerte el lector tendrá a la vista las expresiones mismas que fueren comentadas y podrá por sí mismo, juzgar de sus términos y apreciar la exactitud o inexactitud de la crítica.
La parte expositiva, formulada por el señor licenciado don Luis Cabrera, para que sirviera de base al Informe del señor Carranza, indica con justísima razón, que las finanzas revolucionarias tuvieron su origen desde el momento en que el movimiento revolucionario tomó cuerpo, adquirió cohesión, principió a unificarse y a evolucionar convenientemente. Sin la idea de concentración y de unidad, no puede haber finanzas; éstas suponen necesariamente para su existencia, un fondo común que sólo puede tener vida y ponerse en acción, cuando todos los elementos componentes de un movimiento se unifican y convergen a un solo punto determinado. Las fuerzas económicas dispersas, carecen de objetivo, marchan por diversos caminos, sin propósito fijo, no dan nacimiento a la acción vivificadora, indispensable para formar lo que debe entenderse por Hacienda.
Con estos antecedentes se alcanza toda la verdad que encierran las siguientes líneas de la exposición que examinamos:
«Desde que quedó ya unificada la Revolución, por virtud del plan de Guadalupe, consideré necesario acudir al sistema de emisiones de papel moneda, las cuales, no obstante las [31] desventajas que en lo futuro pudieran traer, presentaban, sin embargo, como procedimiento revolucionario, la ventaja de serla más JUSTA DISTRIBUCIÓN de préstamos entre los habitantes de las regiones ocupadas por los ejércitos revolucionarios, al mismo tiempo que me permitían no estar atete nido, en ningún caso, a préstamos particulares que habrían influido desfavorablemente en la marcha de la Revolución.»
El párrafo copiado delínea con toda claridad el plan financiero revolucionario. Abarca dos conceptos: emitir papel moneda de curso forzoso, para atender con prontitud y en la proporción necesaria, a las exigencias de la Revolución, y prescindir en absoluto del recurso de préstamos interiores o exteriores.
La medida extraordinaria, de carácter político, que consistió en autorizar la emisión de papel moneda, ha sido usada por todos los países del mundo. Es cierto que ella, como acontece con todas las cosas de la vida, origina trastornos económicos que suelen, en ocasiones, ofrecer caracteres muy graves; pero es un hecho comprobado que el curso forzoso responde a ciertas necesidades intensas, que como casos extraordinarios, resultan siempre de las grandes conmociones armadas. Pocos países, al menos por algún tiempo, han podido substraerse al régimen del papel moneda de curso forzoso, y la ciencia enseña que, ciertamente, se puede concebir un intermedio de cambios sin valor intrínseco, susceptible de conservar su valor nominal en el país, por su necesidad y su rareza misma, si se tiene la prudencia de limitar estrictamente las emisiones a las necesidades del mercado; pues en este caso, el cambio conservará cierta regularidad. Todos los que combaten el curso forzoso, indican los efectos desastrosos de los asignados franceses; pero cuidan sigilosamente de no mencionar que el papel moneda dio en Francia, en 1870, buenos resultados, pues aquel país soportó el papel sin graves inconvenientes, dando prueba inconcusa de una gran vitalidad comercial. Por lo demás, TODOS LOS PAÍSES han [32] puesto en práctica, cuando a ello se han visto compelidos, el mismo régimen adoptado por la Revolución Mexicana.
Y es necesario precisar este punto: los inconvenientes económicos experimentados en México por el curso forzoso, han quedado de sobra compensados con las ventajas económicas y políticas obtenidas por la Revolución en beneficio del pueblo, dentro de los órdenes moral y político. Hemos ganado en libertad, nos hemos librado de la esclavitud odiosa del capitalismo, hemos vuelto a contar con la influencia bienhechora de los intermediarios sociales que la Dictadura había abolido, en obsequio de ciertas camarillas de individuos privilegiados, que habían convertido la riqueza pública en negocio privado; nuestra personalidad de ciudadanos en un país libre, ha recobrado su soberanía, y todos pueden ahora, trabajar, seguros de que el rendimiento de su trabajo no será, tutoreado ni esquilmado por nadie. Y más tarde, cuando todo el mecanismo gubernamental entre en plenas funciones, y la acción de la ley, bajo la vigilancia de un Estado, consciente de sus deberes, sea verdaderamente eficaz, el progreso adquirirá en todo el territorio una extensión maravillosa, que permitirá para todos los ciudadanos, beneficios comunes. Las expoliaciones de todo género, en una palabra, han quedado borradas.
Es muy atinada la observación de que el papel moneda significa «la más justa distribución de préstamos» entre los habitantes. Nadie puede prescindir, en las funciones de la vida moderna, de los servicios que proporcionan los instrumentos de cambio, necesarios para la satisfacción, aun de las más insignificantes necesidades: todos se sirven de la moneda, cualquiera que ella sea, en la proporción requerida por su aptitud económica, por su habilidad individual para cambiar y para producir; y siendo esto así de manera rigurosa, la proporcionalidad se establece, y todos, sin excepción, contribuyan dentro de su capacidad, a la erogación que demanda un anhelo común, por todos reclamado, experimentando por [33] igual y también proporcionalmente, los daños y los trastornos que se originaren.
La idea de equidad de que siempre prescinden los gobernantes autócratas, no se hubiera realizado con el sistema de préstamos, aparte de que ellos vulneran, naturalmente, la independencia absoluta que los pueblos deben conservar para el arreglo de sus propios negocios.
Si se hubiera recurrido a arbitrarse fondos por medio de préstamos, para hacer viable la Revolución, éstos habrían sido negociados fuera o dentro del país. Los prestamistas extranjeros claro es que habrían establecido condiciones onerosas para nuestra riqueza futura, cobrando primas e intereses exagerados, e imponiendo condiciones de seguridad que siempre lesionan la soberanía y la dignidad de los pueblos. Las Revoluciones, cuando principian, presentan un cariz de inseguridad que hace que los prestamistas, valiéndose de él como argumento de fuerza, exageren las condiciones del préstamo que siempre son leoninas. Además, esta clase de compromisos acarrean, más tarde o más temprano, complicaciones diplomáticas que la prudencia y el patriotismo deben alejar. Procedió muy cuerda y patrióticamente el ciudadano Presidente electo al rechazar como Jefe de la Revolución, la idea de solicitar para las exigencias del conflicto, fondos extranjeros; pues al obrar así, trabajó dignamente, manteniendo incólume nuestra independencia, cuyo rescate en lo político y en lo económico era el ideal supremo del movimiento. Hubiera sido ilógico y atentatorio comprometer en el extranjero aquello por cuya libertad se peleaba. Con la soberanía, con la dignidad y con la independencia de las naciones, no debe trancarse; los empréstitos extranjeros resultan siempre sospechosos para el criterio popular, cuyo alcance no los percibe, y especialmente, cuando son además revolucionarios. [34]
Los préstamos interiores tienen también iguales o parecidas desventajas, pues socavan la libre acción de las revoluciones, y preparan a los Gobiernos futuros situaciones comprometidas y ruinosas.
No han faltado en nuestra historia patriotas que, al igual del ciudadano Venustiano Carranza, condenaran esos procedimientos. El Ministro de Hacienda don Manuel E. Gorostiza, en 1838, decía en la Memoria respectiva:
«Los empréstitos a interés tienen su punto de vista particular, por las influencias directas sobre el Gobierno, la situación del Erario y el movimiento de la riqueza pública, manteniendo al primero en vergonzosa tutela, absorbiendo «los fondos del segundo y retirando de la circulación vital cuantiosos capitales que se destinarían a empresas industriales y de comercio, si no estuvieren destinados a la espete dilación más seductora de las inventadas por la codicia del hombre. »
Don Luis de la Rosa, Ministro también de Hacienda, en 1845, se expresaba así:
«Al llegar a su desenlace cada guerra civil, la Nación ha pagado los caudales que prodigaron los sublevados para atacar al Gobierno y los que prodigó el Gobierno para sostener su poder; la misma guerra de Independencia, tan justa y tan gloriosa como fue, dejó a la Nación en el gravamen de pagar las deudas que contrajo el Gobierno Colonial para sostener su dominación y las que contrajeron los jefes del pueblo para conquistar la independencia. Cada guerra civil ha dejado también al país un nuevo gravamen de premios y recompensas que han aumentado excesivamente los gastos del Erario.»
A la Revolución Constitucionalista, gracias al régimen adoptado del papel-moneda, no pueden aplicarse ni las palabras del Ministro Gorostiza, ni las del-Ministro de la Rosa; todos los habitantes del país, interesados actualmente en el triunfo de ella, la han pagado proporcionalmente, [35] contribuyendo cada uno en la medida de su aptitud económica, determinada por sus propias necesidades. Cuando el papel-moneda quede retirado en definitiva de la circulación, todos habremos contribuido con nuestra parte, de manera justa e insensible; nada deberá entonces la Nación, las generaciones futuras no resentirán, como consecuencia del movimiento armado, ningún gravamen en cambio de los beneficios que produzca. En consecuencia, el medio elegido, tal como fue propuesto y ejecutado, resultó expedito en el terreno político, y equitativo y justo en el económico.
Cabe también decir, en obsequio de los iniciadores del sistema y de sus ejecutores, entre los cuales muy buena parte de gloria corresponde al señor licenciado don Luis Cabrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público y a su estimable colaborador, don Rafael Nieto, que en el fondo, la colectividad mexicana tan propensa a los negocios de carácter aleatorio, ha sacado en lo general, muchas y muy buenas ganancias durante el curso forzoso del papel, que sirvió para que aun los más pobres pudieran disponer de cantidades de dinero con las que ni siquiera habían soñado. El comercio al por menor y al por mayor, hizo en la ciudad de México fuertes operaciones de rendimientos envidiables. ¡Con razón hay comerciantes que suspiran por el papel y que algo darían porque volviese a circular!
No constituyen las emisiones de papel las únicas entradas de que dispuso la Revolución, pues como lo indica el informe, a medida que ésta avanzaba, fue sistemándose el cobro de impuestos, merced a las medidas organizadoras de la Secretaría de Hacienda que en su oportunidad se darán a conocer al público en una memoria especial. El avance revolucionario fue marcando paso a paso la reorganización de la Hacienda Pública, entrando a funcionar de lleno la Tesorería General, la Dirección de Contabilidad y Glosa, la Dirección General de Aduanas, la nueva Comisión Monetaria, etc., etc.
«... siendo la Hacienda un órgano de funcionamiento [36] diario, dice el Informe, la Revolución tuvo necesidad de continuar usando los procedimientos hacendarios ya establecidos, para no carecer de dinero, al mismo tiempo que introducir las reformas en la organización de esa Secretaría, siendo de advertir que dicha organización se ha llevado a cabo sin dejar de atender diariamente a las necesidades de la campaña. »
Esta doble labor es altamente meritoria y plausible. Los esfuerzos patrióticos de los encargados de la gestión hacendaría han sido en extremo halagüeños y de gran provecho para el país.
Leemos en el interesante Informe que nos ocupa, que «la «tendencia principal que ha guiado a la Primera Jefatura, en la reforma y organización hacendarías, ha sido hacer de la Secretaría de Hacienda UN ÓRGANO INDEPENDIENTE, librándolo de la, subordinación a determinadas Instituciones de Crédito, en que siempre se había encontrado en las Administraciones anteriores.»
La mayor independencia de la Secretaría de Hacienda, asegurará la eficacia de sus trascendentales funciones en beneficio del pueblo y del Estado. Esa independencia capacitará al Ministerio para obrar libremente, de acuerdo con las circunstancias, tomando las disposiciones precisas, y haciendo modificaciones adecuadas a las ya existentes. La Hacienda Pública exige orden perfecto, y para, implantarlo se necesita unidad de criterio y de acción, que sólo se obtienen con un poder libre, activo y acertado. El Secretario de Hacienda debe ser la única autoridad en los asuntos que le competen; a él sólo ha de corresponder la dirección de las finanzas; la centralización absoluta de fondos y de cuentas, es prenda firme de buena marcha; si diversas personas ordenan, cobran y distribuyen, el sistema de unidad se rompe y sobreviene el caos. [37]
En 1848, el Ministro don Luis de la Rosa, ya citado por nosotros, manifestaba a las Cámaras lo siguiente:
«No sé si pueda decirse con propiedad, que haya un sistema de Hacienda en México, e ignoro si se pueden fijar con seguridad las bases sobre que tal sistema se halle establecido. Al ver que casi todo lo que es o puede ser riqueza, se halla gravado con impuestos, y que, no obstante, las contribuciones NO RINDEN sino un producto muy pequeño, comparado con el valor de la riqueza pública, se creería que el sistema de Hacienda adoptado en nuestro país, consiste únicamente EN AUMENTAR los Ingresos del Erario, (así se hizo en la época del ex-Ministro Limantour.) más bien multiplicando las contribuciones que haciendo rendir a cada una de «ellas todo el producto que daría una Administración BIEN SISTEMATIZADA. Sin duda que ha habido en nuestro país hombres dotados de todos los talentos e instrucción necesaria para sistematizar la Hacienda; pero dos grandes obstáculos se han opuesto a los esfuerzos con que esos hombres «han procurado dirigir y regularizar la Hacienda Pública: la «anarquía política y económica, y la confusión de ideas en materia hacendaria, que ha desorganizado constantemente las rentas públicas y ha hecho de la Hacienda Pública UN CAOS, en cuya confusión ya no se puede seguir masque este principio: conservar y no destruir ya lo que ahora ya «existe.... »
El Ministro De la Rosa mostrábase, como se ve, impotente para dominar EL CAOS HACENDARIO que prevaleció en aquella época. El Ministro carecía de independencia, de fuerza de acción para imponer el criterio de unidad y de orden a que alude el Primer Jefe, criterio que es el único que debe imperar en los asuntos hacendarios. La confusión de ideas, el desorden financiero, derivado de una dirección bifurcada, arrolló los sanos propósitos del Ministro de la Rosa, y el pueblo sufrió las consecuencias.
No aconteció lo propio al ex-Ministro Limautour quien, [38] a toda su satisfacción, concentró en su oficina la mayor fuerza hacendaría de que jamás había dispuesto un Secretario de Estado: dictó las leyes necesarias a su sistema, recargó exageradamente los impuestos, implantando muchos nuevos, contrajo empréstitos y mantuvo con los Bancos de Emisión un maridaje que puso en juego los resortes del capitalismo, para, explotar a toda máquina las fuerzas productoras del país. Si tanta independencia y libertad se hubieran consagrado al servicio honrado de los genuinos intereses del pueblo, el sistema hacendario de aquellos tiempos habría sido, sin duda, menos funesto.
Ahora, dentro de los principios revolucionarios triunfantes, la reorganización debe emprenderse sobre sólidas bases. La Secretaría de Hacienda, de conformidad con las oportunas indicaciones del Primer Jefe, tendrá a no dudarlo, amplísima facultad para desempeñar sus funciones, aunque subordinadas siempre a la máxima de TODO PARA EL PUEBLO Y NADA CONTRA EL PUEBLO; ahora no subsistirán los maridajes creados por conveniencias de carácter particular; el objetivo, en la actualidad, es patriótico y no mercantil. Actualmente se buscan el orden y la concentración como medios propicios para fomentar la riqueza pública y para distribuirla equitativamente; se anhela el bienestar común, no se trabaja por el engrandecimiento de camarillas previlegiadas.
Incúrrese, a menudo, en una grave falta contraria a la justicia y que cabe señalar en esta oportunidad. Los enemigos de la Revolución y algunos partidarios inconscientes, con especial empeño atribuyen cuanto malo acontece—hasta lo que por natuleza [sic] y ramificaciones es ajeno en absoluto al ramo—a la Secretaría de Hacienda. A juicio de ellos ésta es la causante de todo: la inestabilidad de la moneda, la fuga del metal, la depreciación del papel, la carestía del maíz y de los demás artículos alimenticios, el alza del descuento y de los cambios, la falta o abundancia de operaciones mercantiles, la baja del valor de la propiedad, los trastornos ferroviarios y [39] hasta los crímenes de zapatistas y villistas; todo, sin excepción, se carga a la Secretaría de Hacienda, con criterio absurdo, con injusticia temeraria. ¡Ni siquiera advierten los ilógicos opositores, que la Secretaría no goza de independencia para llenar debidamente sus propias funciones! ¡No toman en cuenta que no hay poder humano que pueda contrariar las leves naturales que gobiernan ciertos fenómenos, y que el desorden no se remedia sino con lentitud desesperante, y con trabajos inauditos!
La Primera Jefatura revela dotes de alta organización al indicar que su tendencia en el ramo de Hacienda, va encaminada a hacer de la Secretaría respectiva un órgano independiente, como lo piden sus elevadas funciones y como lo reclama el anhelo revolucionario que ambiciona paz y riqueza colectiva.
Las necesidades y los apremios de un movimiento armado son múltiples y de distinto carácter, y naturalmente no bastaban para cubrirlos los productos que por impuestos interiores recaudaba la Revolución en el país, parte en papel-moneda, parte en oro nacional. La compra de pertrechos de guerra, hecha en el exterior para atender y violentar la campaña, exigía fuertes desembolsos en metálico, y para llenarlos a medida que las circunstancias lo permitieron, se crearon impuestos sobre el comercio exterior, pero sobre una base científica.
En su oportunidad informamos a nuestros lectores que en noviembre último, el señor licenciado don Luis Cabrera, cediendo a galante invitación, pronunció en Filadelfia, Estados Unidos, ante los miembros de la «American Academy of Political and Social Science» y de la «Pennsylvania Arbitration and Peace Society,» un discurso muy aplaudido y comentado, explicando los móviles económico-políticos de [40] la Revolución que, entre otras cosas, se colocaba enfrente de las manifestaciones abusivas del capital, para defender los derechos del pueblo. Las ideas enunciadas en este notable trabajo científico por el señor licenciado Cabrera, que habló únicamente con su carácter profesional, hállanse plenamente corroboradas en el Informe sobre el Ramo de Hacienda que ahora examinamos. En ese documento se dice:
«… al tomar posesión de la región petrolífera de los Estados de Tamaulipas y Veracruz, el Gobierno tuvo ya oportunidad de recaudar un nuevo impuesto en metálico, derivándolo del petróleo. De esta manera el Gobierno revolucionario no solamente pudo arbitrarse fondos, sino que comenzó a resolver un problema que desde hacía mucho tiempo estaba pendiente, y que consistía en hacer contribuir a las compañías petrolíferas que se consideraban exentas del pago de impuestos. La política del Gobierno Constitucionalista, en materia de exportación, fue la de hacer pagar impuestos a todos los productos que se enviaban al extranjero sin transformación alguna, en forma de materia prima, apartándose radicalmente de la política que se había seguido en el antiguo régimen, de exceptuar de impuestos las exportaciones, sin distinguir si eran de productos manufacturados o de materias en bruto... El Gobierno continuó constantemente ensanchando la tarifa de exportación, para incluir en ella todas aquellas materias primas que se exportan, sin dejar ningún provecho a la industria mexicana. En este sentido, impuso por primera vez un derecho de exportación al henequén, que durante mucho tiempo había salido libre, y que en la actualidad se paga ya sin dificultad, no obstante que en un principio este impuesto estuvo a punto de causar serios trastornos en nuestro país, y de hecho fue la causa del intento de sublevación en la península de Yucatán, en febrero de 1915.»
En esta forma inauguró su política económica antiproteccionista el Gobierno del señor don Venustiano Carranza, [41] inspirada en ideales científicos y con el propósito de vigorizar el verdadero criterio de justicia en materia de contribuciones.
¿Por qué se concedía un privilegio al petróleo y al henequén? ¿Por qué se establecían diferencias odiosas entre las industrias de un mismo país, favoreciendo a unas y gravando a otras?
Muy bien ha hecho la Revolución en destruir ese absurdo económico. No es así como se favorece el trabajo nacional; lo que precisa, lo que es indispensable, es amparar el BIEN SUPREMO de que nos habla Leroy Beaulieu en materia de industrias, y que consiste, no en el trabajo, sino en abundancia y baratura de los productos.
«La industria PROTEGIDA, lejos de ganar—enseña Wilfrido Laurier, exministro de Canadá—no puede más que enervarse y esterilizarse con el régimen de la tutela. Segura de obtener beneficios con demasiada facilidad, se abandona a la rutina en lugar de perfeccionarse, y por una producción exagerada hace descender los precios aun en el mismo mercado nacional. Por el contrario, aguijoneada por la concurrencia, lucha y se fortifica. Sin duda algunas industrias no podrán soportar estas condiciones y sucumbirán en la lucha ante los concurrentes extranjeros, pero serán las débiles, las enclenques, cuya vida no hubiera procurado riquezas a la sociedad. Las VIABLES, las robustas, por el contrario, se desarrollarán para el bien general. La repartición de las industrias se hará según la verdad y no según los artificios de la legislación.»
Conviene añadir a la respetable opinión citada, que la industria protegida abusa fácilmente de los favores que se le otorgan. Tal es el caso de los monopolios artificiales que explotan el mercado y. del cual son prueba concluyente esas concentraciones de capital que, con el nombre de TRUSTS, abundan en los Estados Unidos. Una protección inconsiderada puede, sin duda alguna, originar crisis y ruinas, provocando la creación de industrias desproporcionadas con el [42] mercado, especulaciones irreflexivas, y por lo tanto, un desquiciamiento de precios y de empresas en el mercado interior. La protección parece entonces volverse contra su fin. En ese sentido opinan los economistas Vlieberg y Toniolo.
Las industrias se relacionan mutuamente; la protección dada a una, grava y pone trabas a las otras; eleva los salarios, sube los precios de las máquinas, de las primeras materias, y en suma, empobrece al país y disminuye la fabricación. El impuesto, por ejemplo, sobre la hilaza, perjudica a los tejedores; el del hierro, eleva el precio de las máquinas, etc.
Iríamos muy lejos si tratásemos de ahondar más acerca de este punto. Dentro del sistema esencialmente capitalista —y entiéndase que con este nombre designamos únicamente los abusos del capital—el sistema de impuestos del ex-Ministro Limantour, eliminaba las aspiraciones de grandeza para el pueblo; impedía que germinaran las altiveces que caracterizan a las naciones, que han de perdurar en el curso del tiempo. Con ese sistema no se forman hombres libres, seguros de sí mismos, capaces de labrar su porvenir con el esfuerzo de su trabajo; porque ese sistema ha de apoyarse siempre en las munificencias del poder público, y éstas se adquieren por medio de la corrupción, la intriga y la bajeza, en el afán de alcanzar la fortuna sin la acción decisiva, la inteligencia y la perseverancia que son la savia que fructifica el trabajo humano.
Aplaudimos sin reservas, la política económica honrada del ciudadano Primer Jefe y de su ilustrado y talentoso Secretario de Hacienda.
Hemos llegado a la parte del Informe que se refiere a «Bienes Intervenidos.» A este respecto, se hace constar, por el ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, que [43] la ocupación de bienes fue UN MOVIMIENTO ESPONTANEO de parte de las fuerzas militares; ya para restar fondos y valores al enemigo, ya por un sentimiento de justicia, pues esos bienes, en algunos casos, representan usurpaciones cometidas durante el antiguo régimen. Razones de conveniencia militar decidieron a la Primera Jefatura a dejaren pie ese sistema de incautación, para estudiarlo y resolverlo más tarde.
«Las ocupaciones de Bienes Intervenidos, que se han hecho hasta ahora, lo han sido por las autoridades locales de los Estados o por las autoridades militares, y solamente cuando quedó restablecido en México el Gobierno Constitucionalista, a fines de 1915, la Primera Jefatura tuvo que dar alguna organización y dictar algunas reglas para el manejo de esos bienes, para hacer nuevas incautaciones, o para el levantamiento de incautaciones hechas. »
Mientras esos bienes fueron indistintamente administrados, produjeron muy poco; últimamente se hizo cargo de ellos la Secretaría de Hacienda, y desde entonces, regularizada su administración, producen algo más.
El criterio político que impera, es el de «devolver la mayor parte de las propiedades intervenidas, a excepción de aquellas cuyos dueños pudieran ser responsables civilmente, como autores o como cómplices manifiestos del derrocamiento del Gobierno Constitucional. » La Primera Jefatura ha dejado al Congreso la resolución definitiva de cuanto se relaciona con este asunto.
La conducta revolucionaria contra los bienes de los plutócratas, es un movimiento de reacción, de represalias, exigido por el trabajo del pueblo contra los desmanes del capital. El abuso produce el abuso: el pueblo explotado durante muchos años, esquilmado hasta el último extremo por los señores de la fuerza moral y material; esclavo del dinero que traficó a sus anchas e inhumanamente con el trabajo, al [44] sentirse libre, rehabilitado, dueño absoluto de su dignidad y de sus actos, los propios ímpetus de la victoria lo llevaron a las justas represalias: ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, el pueblo nada ha destruido, la propiedad ha sido respetada; la venganza, hasta hoy, no pasa de ser meramente platónica.
Mas hay que recordar que no es la propiedad en sí misma la causa determinante de esa indignación, sentida y dominada por el pueblo. La afluencia de la riqueza — como lo hace notar la Encíclica «Rerum Novarum» — en manos de un pequeño número, al lado de la indigencia de la multitud, es una de las principales causas de malestar que sufre nuestro pueblo, y que lo precipita contra los opresores. No es la propiedad la enemiga, sino el negocio, el AGIOTAJE, más bien, el que es necesario hacer responsable de estas desigualdades de fortuna que han creado el antagonismo de clases y la lucha formidable de intereses. Henry George piensa, con razón, «que la injusta concentración de la fortuna en manos de algunos pocos, con perjuicio de los individuos pobres, cuyo número aumenta de día en día, es principalmente el resultado de esos monopolios irritantes, ejercidos por propietarios, cada vez más numerosos.» Y aún va más lejos: «para suprimir la pobreza, para hacer que los salarios sean lo que la justicia exige, es decir, todo lo que gana el trabajador con su trabajo, es necesario substituir a la propiedad individual la propiedad comunal. Ningún otro remedio llegará a las raíces del mal, ningún otro puede darnos una esperanza seria. Este, por el contrario, es sencillo, pero soberano.» («Progress and Poverty,» pág. 315).
No pasará mucho tiempo sin que vuelva a oírse — por segunda vez—la voz de los medrosos, denunciándonos como mantenedores del conflicto entre el Capital y el Trabajo, y como desquiciadores de los principios del orden social. Pero anticipándonos a la nueva plegaria gemebunda y estéril, declaramos desde ahora que nuestros intentos han sido y serán siempre en favor de la verdad, del pueblo y del [45] trabajo, y contrarios al monopolio de este último y de los créditos de comercio, que han venido a reunirse en manos de un pequeño número de ricos y de opulentos, para imponer así un yugo casi servil a la infinita multitud de proletarios.
La política de incautación es uno de tantos recursos esgrimidos contra el Capitalismo, contra esa opresión creada y fortalecida a expensas del sudor de los trabajadores. Nada hay inmoral ni opuesto al orden, cuando se dirige en obsequio del pueblo y en contra de sus expoliadores.
John Spargo — citado por el señor don Rafael Nieto, inteligente Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, en su brillante traducción de «Socialismo: ¿Promesa o Amenaza?» — escribe con entereza:
«Si la clase a que pertenezco pudiera libertarse de la explotación, de las leyes hechas por la clase opresora, por medio de la violencia, por la abierta rebelión, por la posesión de la propiedad del rico, por la colocación de la tea incendiaria en algunos edificios, o por la ejecución sumaria de algunos miembros de la clase poseedora, espero tener la suficiente firmeza para ayudar en la labor.» («Sindicalism, Industrial Unionism and Socialism,» páginas 172-173).
¿Qué valor tiene, al lado de esto, nuestra política sobre bienes intervenidos? ¿Habrá quien la tilde de exagerada? de monstruosa, después de conocer la prédica del tratadista Spargo?
El sufrimiento humano es sagrado y tiene derechos trascendentalísimos; pero en nuestro medio, y en ocasión del último movimiento reivindicado!, no ha perdido, por fortuna, su instinto de justicia, ni alcanzado desbordamientos temibles. Ese sufrimiento, empapado en nobleza, suprimió hasta donde era posible, las explosiones de odio; dejó indiferente que se perdieran por igual la generosidad y la sangre del pueblo.
Como intérprete fiel de semejante modo de ser, el Primer Jefe abandona la resolución del asunto de los Bienes Intervenidos, que han sido respetados, al fallo definitivo del Congreso. [46]
La parte relativa a las EMISIONES DE PAPEL MONEDA se presenta ahora a nuestra consideración, y nos ofrece fechas y guarismos de grande importancia estadística y económica.
La primera emisión por $5.000,000, fue autorizada por Decreto de 26 de abril de 1913. Las necesidades de la campaña hicieron que se ampliara dicha emisión a $20.000,000 en diciembre del mismo año, y a $30.000,000 en febrero de 1914. La primera emisión se llamó EMISIÓN DE MONCLOVA, y las segundas, EMISIÓN DEL EJERCITO CONSTITUCIONALISTA.
En 19 de noviembre de 1914 se creó una deuda interior por $130.000,000, para amortizar los billetes de MONCLOVA y CONSTITUCIONALISTA, y hacer frente a los gastos que demandaba la campaña contra el villismo. La impresión de estos billetes se hizo, parte en la ciudad de México, «Emisión del Gobierno Provisional,» por $ 42.625,000; y parte en la ciudad de Veracruz, «Emisión provisional de Veracruz,» por $599.329.221.
El total de las emisiones hechas, escomo sigue:
Emisión de Monclova
Id. CONSTITUCIONALISTA
Id. Gobierno Provisional de México
Id. Gobierno provisional de Veracruz
$671.954,221.00
«Como puede verse—dice el informe—el monto de la Emisión de Veracruz excedió en mucho al fijado por las autorizaciones. Esto se debió a las apremiantes necesidades de la campaña militar, pero no puede perjudicar el buen nombre del Gobierno Constitucionalista, porque las emisiones [47] estaban estrictamente vigiladas, y porque en todo caso, el «papel moneda impreso ingresaba a la Tesorería para su distribución, y se llevó cuenta de su aplicación.»
Se hace constar de manera expresa en la exposición que examinamos, que el papel moneda del Gobierno Constitucionalista NUNCA FUE VENDIDO para arbitrarse fondos en el extranjero. Lo que quiere decir que el Gobierno revolucionario empleó el papel EN EL INTERIOR DEL PAÍS, para cubrir las necesidades de la causa, sin hacer ninguna otra operación extraña. Y esta circunstancia, sumada a la ya expuesta, de que el total de las emisiones ingresó íntegro a la Tesorería General para su distribución, demuestra la perfecta corrección del manejo de fondos.
Los Jefes militares fueron autorizados para emitir también papel moneda. Así lo requirió la urgencia de la campaña. En algunos casos, las instrucciones de la Primera Jefatura pudieron cumplirse, y en otros no. Sabido es por el público, que Villa se excedió mucho en las emisiones de papel. El informe estima que el total de las emisiones hechas por los jefes militares, con autorización del Primer Jefe, asciende a la suma de $30.000,000. «Estas emisiones—leemos—fueron retiradas más tarde, algunas canjeadas, y en la actualidad no quedan más que cerca de $2.000,000 depositados en la Comisión «Monetaria, pendientes de conversión.»
Las erogaciones de una Revolución no pueden sujetarse a las reglas invariables y fijas de un presupuesto. La Revolución tiene por base lo imprevisto, lo que forzosamente se aparta de la exactitud de los números. En consecuencia, durante la lucha en los dos primeros períodos a que alude el Informe, los egresos no pudieron presuponerse, sin embargo de las reiteradas tentativas que se hicieran para lograrlo. El señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, en los datos suministrados para la redacción del Informe, dice:
«Cada vez que ha sido posible, sin embargo, se ha procurado ajustar los desembolsos a algún presupuesto, y [48] especialmente, por lo que hace a sueldos, con frecuencia se ha tomado el de 1912-13, último que puede considerarse legalmente existente, como guía para la organización de oficinas y para calcular sueldos de empleados.»
Pero se comprende que la aplicación de dicho presupuesto resultara a menudo imperfecta, y que los esfuerzos de reorganización sólo pudieran ser viables desde que se instaló en México el Gobierno. Entonces los gastos de empleados pudieron fijarse; pero no las erogaciones de guerra que continuaron sujetas a las vicisitudes e irregularidades de la lucha.
Los gastos de una Revolución no pueden estimarse sino aproximadamente. La formación de la cuenta exige cantidades precisas, que no se conocen con exactitud, o que se desconocen por completo, por sinnúmero de circunstancias; y aún los datos que llegan a la Dirección de Contabilidad y Glosa son, en muchas ocasiones, incompletos por ausencia de determinados requisitos imposibles de llenar en campaña. Se conocen, como dato cierto, las sumas totales y parciales erogadas por la Tesorería; todo lo demás es notoriamente aproximado. Pero como lo hace notar muy bien el Informe, «la dificultad principal no consiste en conocer las cantidades que «han salido de la Tesorería, para ser empleadas en las diversas atenciones del Gobierno, sino en justificar la inversión de los gastos hechos por parte de los Pagadores y Agentes «encargados de su distribución.»
Sobre una base aproximada, y mientras no se concentren todas las cuentas, los ingresos de la Revolución se calculan en $ 75.000,000 oro, y en $236.000,000 papel; y los egresos en $96.000,000 oro y en $855.000,000 papel.
Hasta aquí los datos del Informe; veamos ahora las reflexiones a que se prestan.
La emisión total de billetes fue de $ 671.954,000, cifra que, sin duda, resulta de consideración. Pero en realidad, ES SOLO NOMINAL.
Los billetes emitidos por el Gobierno Constitucionalista, [49] no deben considerarse por el público CON EL VALOR DE EMISIÓN, sino con el valor que el comercio les ha dado, o sea con el precio que alcanzaron en el mercado. Es cierto que el Gobierno dio a. cada billete EL VALOR NOMINAL DE UN PESO; pero loes también, que el público los cotizó a precios mucho más bajos. El valor de circulación y no el de emisión, es el que debe tomarse en cuenta para apreciar el monto de las emisiones. La emisión total representa un valor que, para que sea real, debe calcularse tomando el promedio del precio de circulación de los billetes durante el tiempo que tuvieron vida en el mercado.
Punto es este de suma importancia, que trataremos en otro artículo.
El público, en presencia del carácter de inseguridad del papel moneda, olvidó su propia conveniencia, desoyó los consejos del patriotismo, y se entregó de lleno a los alucinamientos vertiginosos de la especulación, que tanto trabajan en perjuicio del crédito. Para precaverlos daños consiguientes a esa conducta antipatriótica y antieconómica, el señor licenciado don Luis Cabrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público, publicó en la prensa capitalina un artículo muy sensato, explicando al público las ventajas que reportarían sus propios intereses, si procuraba robustecer el crédito del Gobierno—que es el crédito del pueblo—manteniendo el poder de adquisición del papel en un precio razonable, sin que la especulación y los manejos de Bolsa pudieran alterarlo. Las reflexiones del señor licenciado Cabrera no fueron escuchadas; pudo más que la razón y que la conveniencia nacional, el instinto de lucro fácil y usurario, y el papel moneda, arrebatado por los traficantes de toda clase, sufrió las oscilaciones más bruscas y más inmotivadas. El comercio [50] convirtió la depreciación del papel en negocio: el crédito del país, con mengua del patriotismo, fue trocado en elemento especulativo.
La prueba más concluyente de lo que hemos dicho, nos la da la Tabla de Valores aceptados por los comerciantes y bolsistas, para las operaciones del papel moneda, desde la fecha de su emisión, 26 de abril de 1913, hasta el 5 de diciembre de 1916, en que fue retirada; y si a las cotizaciones fijadas en dicha Tabla, con arreglo a las cuales se hicieron en esta plaza y en otras de la República, las transacciones de compra, y venta con papel infalsificable, hubiéramos de sujetar el monto total de la emisión, que fue de $671.954,221, resultaría, sin duda, que esta cifra quedaría reducida a una cantidad cada vez más inferior, a medida que fue gradualmente disminuyendo el precio del papel. Es inconcuso que el infalsificable no tuvo en plaza más valor, que el que le dio el comercio, de acuerdo con las cotizaciones de esa Tabla; y en consecuencia, como ya lo hemos indicado, el valor de la emisión no puede considerarse sino como NOMINAL. Por supuesto que, entre las distintas fechas marcadas en la Tabla, que abarcan un período de cerca de cuatro años, las fluctuaciones han variado hasta lo increíble, aunque siempre en escala descendente. El estudio de la curva recorrida por el precio del papel moneda, nos llevaría afijar, como precio medio de cálculo, una cantidad verdaderamente ínfima para cada peso de papel; resultando que la emisión total vendría a representar, para el público, un guarismo verdaderamente insignificante, en relación a los beneficios que la Revolución representa, y que con tanto entusiasmo han sido acogidos por el público patriota.
Dentro del desequilibrio que producen los movimientos armados, es imposible de toda imposibilidad, calcular los egresos y regularizar los ingresos: sin orden perfecto, no puede haber equilibrio, y de aquí nace siempre el déficit inevitable. El señor Secretario de Hacienda observa lo siguiente: [51]
«Durante mucho tiempo, el déficit no pudo conocerse, ni mucho menos preveerse; pero en la actualidad, en que ha comenzado a pagarse todo a base metálica, desde el principio del corriente año, puede ya decirse que durante los cuatro primeros meses que van transcurridos, el déficit no baja de cinco millones de pesos mensuales, por término medio, lo cual dará para un año sesenta millones de déficit. Este déficit de sesenta millones de pesos anuales, no es sin embargo, tan considerable como pudiera creerse, si se tiene en cuenta que el Presupuesto de 1912-13, calculado para tiempos comparativamente normales, ascendía ya a la cantidad de ciento veinte millones de pesos.»
Para apreciar la verdadera significación del déficit, calculado en el Informe, indicaremos al lector que el licenciado Pablo Macedo, en su obra «Tres Monografías,» página 422, inserta la estadística de los deficientes habidos en la Hacienda Pública, durante cuarenta y tres años fiscales, contados desde 1825 a 1866-67. El total de los ingresos en ese período de tiempo, fue de $450.927,470.66 y el de los egresos de $746.859,352.20; resultando un deficiente de $295.931,872.54. Repartido este déficit entre los cuarenta y tres años, resultan SESENTA Y NUEVE MILLONES POR AÑO. Nueve millones más que el déficit actual, por año, de la Revolución.
Otro economista mexicano, el señor Carlos Díaz Dufoo, en su obra «LIMANTOUR,» página 95, dice que: «en la República Argentina, el notable desarrollo de las rentas públicas no ha bastado a cubrir el monto, siempre creciente, de su presupuesto de egresos;» es decir, que hay un deficiente a pesar de hallarse aquel país no sólo en paz, sino en estado próspero. No es, pues, extraño, que la Revolución Mexicana llegue al Gobierno cargando un deficiente.
El Gobierno del general Díaz, desde fines de 1876, hasta 1897, no pudo nivelar sus presupuestos; el desequilibrio, más ó menos grande, fue compañero inseparable de él. ¡Y no había entonces Revolución, sino paz! [52]
El licenciado don Matías Romero, en su memoria, de Hacienda de 1892, habla de la situación económica, en estos términos:
«No ha sido posible, hasta ahora, conseguir la completa nivelación de los ingresos con los egresos, ni aun durante la administración del actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en que la nación ha estado disfrutando de «los beneficios de la paz, y se ha fomentado tan activamente su progreso material. En cada año ha habido un deficiente más o menos considerable, que se ha saldado con el sobrante de algunos de los préstamos negociados en Europa en forma de empréstitos públicos, como los de 1888 y 1890, que se sacaron al mercado, y por los que se emitieron bonos con el rédito de seis por ciento, ya de suplementos hechos por algunas casas bancarias europeas, en conexión con el Banco Nacional.»
De suerte que nuestro actual déficit, por su monto y por su origen, tiene perfecta explicación, resulta económicamente justificado y no puede tacharse de excesivo.
¿Cómo ha sido cubierto el déficit de la Revolución? ¡Loable es el esfuerzo! exclama un escritor desde las columnas de un flamante periódico, cuyo nombre no necesita conocer el público; y tanto más loable, repetimos nosotros, cuanto que, el Gobierno Constitucionalista no ha contratado préstamos extranjeros, y ha pagado todo lo que ha adquirido en el exterior, y ha continuado afirmando su marcha, a pesar de innumerables obstáculos!
«Mientras el déficit de nuestros gastos — consigna él Informe — pudo cubrirse en papel, no se hacía sentir tan considerablemente; pero al restablecerse el régimen de circulación metálica, el Gobierno se encontró en situación de tener […] de vivir enteramente de sus ingresos en metálico. Un gran «número de impuestos que se habían venido pagando en papel moneda, no fue posible desde luego, convertirlos a metálico, y exigir inmediatamente a los causantes su pago en «esa especie, sin provocar grandes trastornos.»
«El Gobierno tenía necesariamente que vivir, a pesar de lo que desearan sus enemigos, y obligado por la necesidad, se vio en el caso de tomar dinero de las reservas metálicas de los bancos, para continuar subsistiendo.»
Esta franca declaración honra al Gobierno revolucionario, que siendo la representación del pueblo, y hasta pudiéramos decir, EL PUEBLO MISMO, puesto que existe y subsiste por su voluntad soberana, necesita ir siempre armado de la verdad para que sus actos no desmerezcan. La Dictadura pasada, desligada del pueblo, dueña absoluta de sus destinos y de sus intereses, tuvo como base para su conducta, una política DE OCULTACIÓN falsa y antipatriótica. A pesar de que abundaba el dinero, recurrió siempre a los Bancos de Emisión, y coludida con ellos, por medio de la ex-Comisión de Cambios y Moneda, o bien directamente, dispuso de fondos a su arbitrio, sin dar al pueblo cuenta clara de sus manejos. Los Bancos se prestaban gustosos a toda componenda, por las ventajas pecuniarias que obtenían, por la amplísima libertad económica de que gozaban, y por el ascendiente que habían adquirido y que tenían empeño en conservar, para disponer del crédito público, de los recursos e intereses del pueblo en forma mercantil. Gobierno y Bancos constituían una sola entidad comercial que explotaba a su arbitrio la riqueza pública. El capitalismo, con todas sus máculas, había llegado al funcionamiento más perfecto, y los NEGOCIOS DE GOBIERNO daban a la camarilla científica pingües ganancias.
La Revolución, defensora de todos los derechos, en nombre del pueblo cuyas ambiciones de libertad y de vida representa y encarna, destruyó esa tiranía bancaria, eje principal del capitalismo que tanto ha explotado el trabajo, el dinero [55] y el crédito de la Nación. El dinero de los Bancos, en su mayor parte, es DINERO DEL PUEBLO; y esto hay que decirlo y repetirlo en tono muy alto, para que los procedimientos del Gobierno revolucionario no se interpreten torcidamente.
Los fondos depositados en los Bancos para cubrir los billetes puestos en circulación, son fondos del público que posee los billetes que circulan y que tiene derecho a cobrarlos, pues los ha recibido en cambio de dinero.
Las reservas destinadas al reembolso de los depósitos, pertenecen al público. Este ha depositado sus caudales en las Instituciones de Crédito, dispensándolas confianza.
Los accionistas y los acreedores de los Bancos, que no sean extranjeros, forman parte del pueblo mexicano; y en tal virtud, sus intereses quedan sujetos a la conveniencia general. Y aun suponiendo que esos accionistas o acreedores no estuviesen conformes con los fines de la Revolución, el deseo de la mayoría, ampliamente significado, es ley inquebrantable.
Los Bancos, por regla general, no especulan sino con el dinero del público, y como lo afirma M. Rossi, «un Banco que no produce, no es más que un garante, un deudor fiel, solvente, siempre pronto a pagar. No secunda la producción nacional, sino de una manera indirecta, ayudando al movimiento y a las diversas combinaciones del capital productor.» (Informe a la Cámara de los Pares de Francia, 1840).
Convencidos los Gobiernos de todos los países de esta verdad, han exigido a los Bancos que, cuando menos, una parte de las utilidades que alcanzan con el dinero del pueblo, se la devuelvan para su beneficio. En Estados Unidos y en Bélgica, los Bancos pagan al Estado un tanto por ciento sobre el exceso de billetes que ponen en circulación, fuera del límite que tienen acordado. En Alemania, el Tesoro Imperial cobra un cinco por ciento sobre los beneficios obtenidos por el excedente de los billetes que circulen, sin estar cubiertos por un fondo metálico. Decía el Secretario de la Tesorería de Nueva York: «La circulación de los billetes en Estados [56] Unidos, se elevaba el 1º de enero de 1861, a 202.000,000 de dólares. ESTA SUMA SE PRESTA POR EL PUBLICO A LOS BANCOS, SIN INTERÉS. Conviene que las ventajas de este préstamo sean transferidas, al menos en parte, de los Bancos QUE NO REPRESENTAN MAS QUE EL INTERÉS DE SUS ACCIONISTAS, AL GOBIERNO QUE REPRESENTA EL INTERÉS DEL PUEBLO.» (Courcelle-Seneuil, libro IV, Cap. II).
Nuestros Bancos están mal acostumbrados, porque llevan muchos años de existencia, a que todos los beneficios eran suyos, sin ceder ninguno al público, dueño de los fondos; ni prestar tampoco servicio de ninguna clase al Gobierno; y naturalmente, les duele que se quebrante esa conducta, en realidad cómoda y ventajosa para ellos, pero no para un Gobierno que representa y defiende el interés común.
Enemigos declarados, los Bancos, de la Revolución, posesionados de los fondos del pueblo, creyeron cosa fácil estorbar sus propósitos, creándole serias dificultades, para aniquilarla. Mas no lo consiguieron. El pueblo necesitó dinero PARA VIVIR, y tomó una parte de lo que es suyo, de lo que le pertenece, de lo que, voluntariamente, y a título de restitución, había depositado en los Bancos.
Pero con la honradez propia de un pueblo noble, que sabe triunfar, declara, por conducto del Primer Jefe de la Revolución Constitucionalista, que la suma tomada asciende a 20 millones de pesos, y que representa un préstamo a corto plazo.
Además de lo expuesto, el Gobierno Constitucionalista, «para hacer frente al déficit, ha recurrido a poner en práctica todas aquellas medidas que aconsejan una política severa de economía y orden. El número de empleados se redujo considerablemente, y a los que se conservaron se les paga un [56] cincuenta por ciento de sus sueldos, «reservando el saldo con carácter de deuda flotante.»
Pero agrega el informe: «en muchos casos, sin embargo, y sobre todo en el ramo militar, no le habría sido posible al Gobierno obtener servicios suficientes, si hubiera tenido que pagar únicamente la mitad de los sueldos. Se ha visto, por lo tanto, en el caso de tener que pagar a la tropa sus haberes íntegros, y a muchos de sus empleados, el setenta y cinco por ciento o el total de su sueldo. En muchos casos ha habido necesidad de conceder, discrecionalmente, gratificaciones o ayudas pecuniarias a los empleados para que puedan subsistir. »
La cordura y el buen juicio gobiernan el plan de economías adoptado para los servicios civiles. El público tiene confianza en que el Gobierno, marchando dentro de esa ruta, logrará sus propósitos.
El equilibrio en asuntos fiscales no se obtiene sino en virtud de un esfuerzo máximo de conjunto, de orden y economía, que tienda a conciliar la fuerza colectiva de moralidad, con el menor gasto de dinero. Debe existir de parte de todos—Gobierno y pueblo—el mismo grado de empeño y de vigilancia para que dicha conciliación se manifieste de manera eficaz: los gastos necesitan ser siempre proporcionados a las entradas: una economía juiciosa—como la que practica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público—y una observación constante y atinada, que cuide previsoramente del aumento de ingresos, son en las materias hacendarías, los factores determinantes del éxito.
Así lo estima, con notable acierto, el señor licenciado don Luis Cabrera, Secretario de Hacienda, quien se propone implantar un sistema que no tenga nada de arbitrario; y para que sea duradero, procura como es de rigor, la centralización absoluta del manejo de cuanto se relacione con la recaudación y distribución de los fondos públicos, y con una contabilidad perfecta. [58]
El señor licenciado Cabrera sabe que la dirección de la Hacienda Pública debe ser unilateral, para que sea efectiva: todo ha de ser previsto, ordenado y dirigido por una sola persona, con amplias facultades, pues de otra suerte se pierde la unidad de acción, involúcranse las disposiciones transitorias o finales que se dictaren, se dislocan los fines y se aleja como consecuencia forzosa, el fin que se persigue. La centralización y la contabilidad, en las condiciones enunciadas, son el eje indispensable para el arreglo de los problemas fiscales, y el único que conduce, con lentitud, pero con seguridad, a la destrucción de las tiranías y al buen arreglo de la recaudación y distribución de fondos.
Es en extremo halagador para el sentimiento patrio, saber por el mensaje del ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, que: «por lo que hace a los crecidos gaste tos que la Revolución ha tenido que hacer en el extranjero, TODOS SE HAN CUBIERTO con escrupulosidad, lo «mismo que los sueldos de los Agentes Diplomáticos y Consulares.» LA REVOLUCIÓN NADA DEBE EN EL EXTERIOR.
Ocúpase a continuación el informe del papel moneda llamado INFALSIFICABLE. El Gobierno Revolucionario lo mandó imprimir y lo puso en circulación, por varios motivos justificados económicamente: para uniformar el tipo del papel circulante, para que hubiera unidad, y para impedir las falsificaciones que de las diversas especies de papel se habían hecho, con grave perjuicio del Gobierno y del público. Se pensó, además, en mejorar el estado económico, limitando la emisión del nuevo papel a la suma de $ 500.000,000, y dando a la emisión un valor fijo, «por medio de una garantía en metálico, «sin emitir más que las cantidades que pudieran garantizarse.» La impresión se hizo en Estados Unidos, y montó a $ 450.000,000. En México se imprimieron billetes de $ 2, $ 1, cinco centavos, diez centavos y veinte centavos, para facilitar las transacciones. El total de la [59] emisión alcanzó la cifra de $ 540.000,000, que llegaron a circular. Dice el Informe:
«Se encuentran actualmente en poder del Gobierno, como 140.000,000 de pesos, quedando en poder del público «como cuatrocientos millones, que sin atender al valor comercial, si se computaran a $ 0. 20 por peso, representarían un adeudo de $ 80.000,000. Una comisión creada al efecto, con el nombre de COMISIÓN MONETARIA, debería encargarse del fondo de garantía.»
Para retirar el papel antiguo de la circulación, el Gobierno se propuso recibirlo «en pago de la mayor parte de los impuestos, tanto de la Federación como de los Estados, en pago de fletes y pasajes ferrocarrileros, portes de correo, telegramas, y en general, en pago de todas las obligaciones para con el Gobierno, que no fueran de naturaleza especialmente metálica.»
Este programa o plan de redención del antiguo papel moneda, importaba para el público ventajas innegables de economía, pues pagaba las obligaciones que contrajera con el Gobierno, con un papel que podía adquirir a precios comerciales muy bajos, y darlo en cambio por su verdadero valor nominal, realizando así utilidades considerables. El Gobierno, al proceder en esta forma, continúa observando la conducta invariable que se ha trazado, de no perjudicar en lo más mínimo el interés general, sino protegerlo y garantizarlo.
El Gobierno, por su lado, se proponía cubrir sus Presupuestos Federales y Locales con papel infalsificable, «a partir del 1º de mayo de 1916, emitiéndolo a medida que tuviera metálico, para garantizar veinte centavos oro, por «cada peso papel.»
Este plan de redención, que dentro de las circunstancias económicas del país era ventajoso y aceptable, no pudo realizarse por circunstancias diversas, independientes de la acción oficial, como vamos a verlo. [60]
Al poner en circulación el Gobierno revolucionario el papel infalsificable, el público no secundó sus propósitos; un espíritu de marcada desconfianza influyó desde luego en el descenso del nuevo papel. Para apreciar este fenómeno y fijar las causas verdaderas, es preciso traer a la memoria algunos antecedentes que ciertos escritores parece que tienen empeño en desconocer u olvidar, con el fin malévolo de echar sobre la Revolución responsabilidades que no tiene.
Bueno es decir, como referencia histórica, que el Gobierno imperial de don Agustín de Iturbide, a fines del año de 1822, decretó—por primera vez en el país—la emisión de papel moneda que circuló a principios de 1823. A este respecto, el señor licenciado don Matías Romero dice, en la Memoria que ya hemos citado:
«Considerando el señor don Antonio de Medina, Ministro de Hacienda, que aun cuando en el curso del año (1823) quedarán los ingresos nivelados con los egresos, en los primeros meses habría dificultades para cubrir los gastos, propuso la emisión de cuatro millones de pesos de papel moneda, admisible en una tercera parte, en pago de todo impuesto. Esta indicación fue adoptada; y LOS MALOS AUSPICIOS bajo los cuales se ensayó este arbitrio, han contribuido a desacreditarlo entre nosotros, hasta el grado de no haberse vuelto a usar de él, sin embargo de las grandes urgencias que ha habido en épocas ulteriores.»
Hasta la época del Gobierno usurpador de Victoriano Huerta, no volvió a hacerse uso del papel moneda en la República. fue este gobernante quien, por decreto de 5 de noviembre de 1913, declaró, de acuerdo con los Bancos de Emisión, la inconversión de sus billetes, autorizándolos, además, para emitir sobre las cantidades muy crecidas que había en el mercado, nuevas emisiones cuyo monto no se conoce. De aquí arranca el trastorno económico; de aquí proviene la [61] natural desconfianza del público, exacerbada, además, por una especulación ruinosa que, en primer término, partió de los Bancos de Emisión. Y como quiera que en estos días un escritor público bien conocido, al examinar las cuestiones relacionadas con nuestra circulación monetaria, ha afirmado en tono dogmático, que «por la fuerza de las cosas, el Gobierno fue el primero, si no precisamente en depreciar el papel, sí en posponerlo a la moneda metálica,» es absolutamente indispensable, para el restablecimiento de la verdad, necesarísimo en asuntos de ciencia, recordar ese antecedente y sus consecuencias, para fijar la responsabilidad en términos que no resulten sospechosos.
Huerta celebró con los Bancos de Emisión un contrato que nosotros no calificamos, pero que le produjo una cantidad fuerte de dinero, con la cual pudo resistir a los embates de la Revolución Constitucionalistas y, en cambio de esa suma, los facultó para emitir fuertes cantidades de billetes de Banco, cuya circulación fue declarada de curso forzoso. Los Bancos, al aceptar la inconversión de sus billetes, vulneraron su crédito y violaron la ley de sus concesiones. Provocaron una crisis cuyas consecuencias fatales estamos soportando, pues la inconversión del papel de Banco originó, inevitablemente, la prima del oro y de la plata, el alza de los cambios, la ocultación de la moneda de oro y plata, el alza general de los precios y las manifestaciones del doble precio. Todos estos trastornos experimentáronse, sucesivamente uno tras otro, a medida que el llamado Gobierno de Victoriano Huerta, hábilmente secundado por los Bancos de Emisión, invadió o inundó de papel obligatorio el mercado; y aquí cabe afirmar, con el apoyo irrecusable de la Ciencia, que dichos fenómenos son la mejor prueba de que el usurpador y los Bancos traspasaron sin escrúpulo, el límite económico de emisión, lanzando indebidas cantidades de papel, con lo cual atropellaron sin miramiento, los intereses del pueblo, y franquearon la prohibición del artículo 16, [62] entonces vigente, de la Ley General de Instituciones de Crédito de 19 de marzo de 1897, que ordena: que «la emisión de billetes no podrá exceder del triple del capital efectivamente pagado; ni tampoco podrá, unida al importe de los depósitos reembolsables a la vista, o a un plazo no mayor de tres días, exceder del doble de la existencia en Caja, en dinero efectivo o en barras de oro o de plata. »
Alterado de manera grave el medio circulante, por la inconversión del billete y por el exceso de papel puesto en circulación, cuando el Gobierno del ciudadano Venustiano Carranza llegó triunfante a México, en agosto de 1914, la circulación de papel de Veracruz encontró una situación económica desastrosa, anteriormente creada, y la hostilidad de los Bancos y de los enemigos solapados que, como era forzoso, inclinaron el ánimo del público, en su mayor parte, del lado de la especulación que constituye en asuntos de crédito, un enemigo traidor y formidable. Entablóse entonces la lucha entre el Gobierno y el pueblo, para convencerlo de que debía desistir de toda maquinación antipatriótica, y colocarse francamente del lado de sus intereses, que no eran otros sino los que presentaba la Revolución triunfante; y que para llegar a ser perfectamente provechosos, necesitaban el apoyo sincero de la comunidad, dando al efecto al papel revolucionario, toda confianza y crédito para su circulación. Y si cuanto queda dicho, es verdad, por estar plenamente comprobado por hechos que nadie puede desconocer, resulta monstruosa la acusación que se dirige al Gobierno revolucionario, haciéndolo responsable, en grado mayor o menor, de la depreciación de su papel moneda. Es absolutamente indispensable en estas cuestiones proceder con absoluta buena fe: hay necesidad de no ocultar el verdadero origen de las causas, para que el criterio del público no se extravíe; el patriotismo quiere, con necesidad imperiosa, que el engaño astuto no se convierta en arma de ataque, ni se vista con el ropaje de la certidumbre. A nosotros nos complace que los estudios económicos los emprenda la [63] prensa; y si se rehúye la discusión por cualquier motivo, pedimos sólo que los hechos no se alteren, que no se prescinda de las causas verdaderas, y que la lealtad y la honradez presidan los actos de los escritores que se propongan ilustrar al pueblo.
La depreciación de papel moneda revolucionario se debe en primer término al Gobierno usurpador de Huerta, que declaró la inconversión del billete de Banco; a las Instituciones de Crédito, que admitieron dicha conversión en connivencia con el usurpador, violando la ley; a las maniobras especuladoras de los Bancos y de los comerciantes; y, finalmente, a una gran mayoría de público que, falto de patriotismo y de solidaridad, trabajó contra sus intereses, rodeando de desconfianzas un papel que ha sido la base económica del triunfo de la libertad, y la defensa de sus derechos.
El papel de Veracruz encontró al país pictórico de papel de Banco, y el Infalsificable, al coexistir con aquél en el mercado, produjo una baja brusca en el de Veracruz, que obligó al Gobierno a retirarlo, pero en términos tales, que originasen al público los menores daños.
Retiráronse primero los billetes de 20, 50 y 100 pesos, del Ejército Constitucionalista (5 de junio de 1916); y después, los de 1, 2, 5 y 10 pesos, y la moneda fraccionaria (30 de junio de 1916).
El papel se recibió en pago de impuestos, por su valor nominal, para que el público aprovechara la diferencia entre éste y el valor de circulación; y se dispuso que la Comisión Monetaria lo recibiese en depósito, para canjearlo en su oportunidad, a razón de diez centavos oro, o un peso papel infalsificable, por certificados en oro nacional, pagaderos en cinco anualidades. Las oficinas recaudadoras del Gobierno, encargáronse también de idénticos servicios. [64]
El Gobierno, por su cuenta, y en beneficio de la clase proletaria, compró grandes cantidades de papel de Veracruz.
El Informe consigna estos datos: en la forma indicada se recogieron 500.000,000 de papel de Veracruz: la suma depositada para su canje, por certificados en oro, es de 50.000,000 de pesos, que representan una deuda de 5.000,000 de pesos en oro, «como saldo vivo.»
Las emisiones hechas por los jefes militares, también fueron retiradas, «algunas en forma de canje — dice el Informe — como se hizo en Sinaloa, Tepic y Jalisco, y algunas en forma de depósito. De éstas, solamente hay depositadas, en poder de la Comisión Monetaria, cerca de 2.000,000 papel.»
La circulación del Infalsificable fue efímera. Su precio en el mercado, descendió rápidamente por los motivos ya señalados; la garantía, ofrecida como estímulo a la solidaridad y al patriotismo que debieron mantener el precio nominal, no pudo hacerse efectiva. El ciudadano Primer Jefe indica textualmente: «LOS BANCOS fueron un factor eficaz para procurar la caída del papel, y muchas personas, aun de las que podrían suponerse amigas de la Revolución, no sólo no ayudaban al Gobierno a sostener el papel, sino que aceleraron su caída.»
Al estudiar la circulación monetaria, un conocido economista, familiarizado con la escuela limanturiana, escuela que reconoce como base una doble tiranía económica y política, oculta capciosamente la responsabilidad de los Bancos, y habla sólo de la que corresponde a las personas amigas de la Revolución, de que trata el Informe. Denunciamos al público esta falta de lealtad periodística.
Cuando se estudia honradamente la crisis del papel, nadie puede ni debe desconocer el hecho de que los Bancos, olvidando el respeto que debían a su crédito y a los fondos que manejaban del público, pactaron con Huerta la inconversión de sus billetes; le prestaron dinero del pueblo para que combatiera a la Revolución; alteraron radicalmente el espíritu legal de sus [65] concesiones, e incurrieron en grave responsabilidad civil, según esta doctrina:
«El que ha dado lugar con su falta, omisión o hecho, al acontecimiento inesperado que produce el daño, debe dar la competente indemnización. La persona a quien concedemos el uso de una cosa (emitir billetes de Banco convertibles), para cierto objeto determinado, y se sirve de ella para otro distinto, (emitir billetes de Banco INCONVERTIBLES), SE HACE RESPONSABLE por su imprudencia, del daño que sobreviniere. » (Escriche, Diccionario. — Fuerza mayor y Caso fortuito).
Esta doctrina universal está reconocida en los artículos 1,270, 1,278, 1,419 y 1,421 del Código Civil vigente. Dice este último artículo:
«Si el obligado (los Bancos de Emisión), en un contrato (las concesiones respectivas), dejare de cumplir su obligación, (emitir en CIERTA PROPORCIÓN billetes REEMBOLSABLES), podrá el otro interesado (el Gobierno), exigir judicialmente el cumplimiento de lo convenido o la rescisión del contrato, y en uno y otro caso, EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.»
¡Con razón el articulista limanturiano silencia cuidadosamente la responsabilidad de los Bancos, causantes principales de la crisis y cómplices de Huerta!
Las Instituciones de Crédito, con un instinto especial de especulación y con los recursos formidables de que disponen en el campo comercial e industrial, fomentaron la baja del Infalsificable. Compraron a precios reducidos grandes cantidades de este papel para recoger sus billetes, realizando así ganancias fabulosas. Este juego de Bolsa, desleal y antipatriótico, defraudó los intereses del público y constituyó un ataque terrible para las funciones económicas de la Revolución, ataque que ésta no pudo contrarrestar por falta de dinero metálico. Los Bancos han sido los promotores de la crisis.
Invitamos al escritor que tan inclinado se encuentra al [65] estudio de estas cuestiones, a que las analice en el terreno de los hechos, sin ocultamientos ni tergiversaciones, teniendo en cuenta que el público conoce ya a maravilla el secreto de las prestidigitaciones económicas del maestro Limantour, para aumentar las fortunas particulares con el dinero del tesoro del pueblo.
Asegurada actualmente la libertad de imprenta, franco el camino para toda lid periodística, es el momento para que se discutan los asuntos públicos y, preferentemente, los económicos que tanto preocupan la atención general. Los directores de nuestra política hacendaría, señores licenciado Luis Cabrera y Rafael Nieto, como funcionarios y como particulares, no rehúyen ninguna responsabilidad, y grato les sería que sus procedimientos se discutieran: piden únicamente que al hacerlo, sus enemigos, para servir la causa del pueblo y no ofender a la razón, proclamen la verdad de los hechos.
La depreciación del papel Infalsificable produjo automáticamente la circulación metálica. El Informe lo reconoce así, pues declara que el comercio, al elevar los precios, obligó a los trabajadores a exigir el pago de salarios en metálico, «contribuyendo con esto a la mayor depreciación del papel moneda, y forzando en cierto modo, la circulación metálica.»
Los hechos obligaron a la Primera Jefatura a dictar las disposiciones conducentes para reasumir la circulación metálica, que se encuentra ya restablecida desde el 1º de diciembre del año pasado. ¿Significa esto que la crisis del papel se hubiese extinguido? ¿Qué grado de estabilidad o de fijeza presenta la circulación monetaria?
Puntos son estos que reclaman estudio especial.
La crisis del papel—crisis monetaria—no es más que una de las manifestaciones de la situación económico-política del [67] país, y estando ésta en vías de resolución, claro es que lo está también aquélla.
La circulación monetaria es factor importante en el problema, pero no es el único. Atribuirle una importancia exclusiva es caer en los extremos. El país necesita la moneda que reclamen LOS CAMBIOS, y la producción, al aumentar éstos, determinará la resolución del fenómeno.
La crisis con su cortejo de signos fatales, irá progresivamente desapareciendo a medida que las fuerzas vivas entren en acción y produzcan más, para satisfacer ampliamente nuestras necesidades, que crecen siempre en relación con aquélla. PRODUCIR en condiciones económicas, es lo indispensable; y para ello conviene estimular el trabajo, el capital y el crédito. La paz y el orden, como ya lo hemos inpicado, son en este punto de lo más importante.
La vida económica moderna, en sus extensas ramificaciones y con la celeridad que le caracteriza, tiende cada vez más a la eliminación de la moneda metálica en las transacciones, y a substituirla con los efectos de comercio y con los billetes de Banco, que son moneda de papel. Los Bancos de Emisión, en su calidad de intermediarios eficaces, son indispensables, y sus funciones no se reemplazan fácilmente. La circulación monetaria sin ellos, aparece incompleta.
Falta actualmente en nuestro mercado la ayuda del papel fiduciario, y la implantación del «Banco Único,» subsanará el mal. Mientras tanto, el Gobierno acude a las exigencias monetarias acuñando tostones, alimentando así la circulación, que huelga estudiar si es o no estable, puesto que existe y se mejora paulatinamente de acuerdo con los términos generales de la situación del país. Estos mismos términos serán los que indiquen en lo venidero, las modificaciones que fueren precisas en uno u otro sentido; bien para afirmar la base metálica o bien para substituirla con otro sistema parcial o totalmente. Pero mientras esos términos no se conozcan de modo preciso y puedan analizarse en [68] todas sus consecuencias, nada que no sea hipotético puede afirmarse, y sabido es que las hipótesis no arguyen seriedad ni convicción.
Mientras la crisis que padecemos no desaparezca, el volumen de los negocios será forzosamente reducido, ante todo, por la falta de producción; y pobre, en consecuencia, la circulación monetaria. Los especuladores tendrán que lamentarse, pues no hallarán oportunidades propicias para sus maniobras que, por fortuna, no son vitales. Si los grandes negocios no se realizan al presente, la causa no radica en la escasez de numerario, como generalmente se cree, sino en la falta de potencialidad, en el enervamiento de nuestras fuerzas productoras, en la anemia económica que caracteriza al mercado de un pueblo que, por espacio de cuatro años, ha sostenido, SIN PRODUCIR, una lucha intestina. No se hacen negocios porque no los hay; si los hubiera, la ley natural que rige el cambio, supliría de mil maneras la falta de moneda acuñada; el comercio se valdría del crédito por medio de la Cámara que tiene establecida o de algunos establecimientos acreditados, y crearía certificados especiales para suplir con ellos la deficiencia metálica. La necesidad de cambiar y de ganar no pide esperas ni recursos. Se manifiesta siempre activa e ingeniosa, como lo evidencia la experiencia de todos los países.
Esta es la verdad y, en tal concepto, el Informe que analizamos asienta con perfecto conocimiento, «que el problema monetario continúa sin resolverse.»
Nos parece encontrar en las palabras de algún escritor limanturista—palabras ambiguas, por supuesto—alguna insinuación acerca de la conveniencia de que, para salir de la crisis presente, se recurra de nuevo al régimen de papel moneda de curso obligatorio. Semejante insinuación—si es que existiere—equivale a aconsejar a un enfermo convaleciente, que para que se alivie, procure contraer otra enfermedad; si por ejemplo, el paciente sufre de reumatismo, el remedio [68] infalible sería que le atacara el tifo. ¿Puede semejante sistema —llamémosle así—tomarse en serio? Hace pocos días, el mismo distinguido escritor limanturista nos hablaba, con unción filosófica, de las excelencias del MAÍZ BARATO para nivelar los presupuestos, hacer progresar las industrias, suprimir las salidas del dinero acuñado, dar estabilidad a la moneda y aumentar el censo de población; y francamente, entre el MAÍZ BARATO, como panacea general, y el papel moneda, preferimos el maíz, aunque no sintamos en forma alguna la predilección que por el cereal manifiesta el escritor a que aludimos.
Se lanza al Gobierno este cargo: «… por la fuerza de las cosas, el Gobierno fue el primero, si no precisamente en depreciar su papel, SI EN POSPONERLO a la moneda metálica, lo que en el fondo favorecía la depreciación.» Hemos señalado ya las causas precisas que, independientemente de la acción oficial, produjeron la caída del papel, y no insistimos de nuevo en ellas; mas asegurar que el Gobierno POSPUSO EL PAPEL A LA MONEDA, porque no pudo reunir la garantía metálica, por haber invertido los fondos en la compra de armas y municiones en el exterior, con objeto de activar la campaña, es en verdad afirmación peregrina, que corre parejas con la indicación de volver al régimen de papel moneda para salvar la crisis actual.
El Informe está en lo justo al referirse a la circulación monetaria, y la estima muy atinadamente. Perseverando en la política adoptada de orden y economía, la acción vital del país producirá, poco a poco, efectos bienhechores, corrigiendo trastornos y encauzando el fenómeno de la producción, para que adquiera mayor volumen. Todo lo demás vendrá por sus pasos contados. Pero es necesario, mientras tanto, ahogar las impaciencias y soportar los males que son el precio obligado de los beneficios grandiosos adquiridos por la Revolución. [69]
Ocúpase a continuación el Informe de lo relativo a la Deuda de la Revolución, fijándola en la suma de $125.000,000, formada por estas partidas:
Infalsificable en circulación, computado a razón de 20 centavos, oro
$80.000,000
Papel de Veracruz
Diversos adeudos
$ 125.000,000
«Debe considerarse como una deuda, que tarde o temprano surgirá contra la Revolución, el monto de las indemnizaciones por perjuicios causados durante la guerra. Entre esos perjuicios deben incluirse las sumas destinadas a la reparación de las líneas ferrocarrileras del sistema de las «Líneas Nacionales, y las indemnizaciones que deben pagarse a la empresa incautada, conforme a la ley de ferrocarriles.»
El Gobierno de la Revolución desconoció los empréstitos contratados por el Gobierno de la usurpación, y todos sus actos; pero dando una prueba de notoria rectitud, declara expresamente en el Informe que tenemos a la vista, que «nunca se ha negado a reconocer las obligaciones legítimas, anteriores a la Revolución, y por consiguiente, considera vivas las deudas que fueron cubiertas por la Administración «de Huerta, con bonos o fondos obtenidos por virtud de préstamos ilegales.»
La Deuda Publicaren principios de 1913, se fija aproximadamente en la suma de $427.000,000, y los réditos devengados y pendientes de pago, hasta el próximo semestre, se calculan en $70.000,000. [70]
En el capítulo relativo a los bancos, el ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalistas actualmente en ejercicio de la Presidencia de la República por el voto del pueblo, condena el sistema de privilegios, y declara que esos establecimientos facilitaron al usurpador Huerta la cantidad de $46.500,000, para que luchara contra la Revolución, autorizando, en cambio, la inconversión de sus billetes.
Todas estas irregularidades han sido ya ampliamente juzgadas por nosotros, en estos y otros artículos anteriores, de acuerdo con los principios de la ciencia y con el criterio del pueblo, que abiertamente las condena por haber sufrido todas las explotaciones a que dieron origen y que llevaban por única tendencia el aniquilamiento de la riqueza pública.
La Revolución, apremiada por sinnúmero de urgentes circunstancias, no pudo desde los primeros momentos, dedicar toda su atención al problema bancario, para asegurar los intereses del público y para embotar el arma enemiga, que esgrimían en el campo económico; mas tan luego como le fue posible, ocupóse de dicho problema dictando las disposiciones que juzgó oportunas para ese doble objeto. Los Acuerdos tomados son de sobra conocidos en su forma y en sus fundamentos; y acerca de este punto dice el Informe: «el problema bancario se encuentra pendiente de resolución, pues «habiendo decretado el Congreso Constituyente que debe haber un BANCO ÚNICO DE EMISIÓN, no ha podido resolverse la situación definitiva de los Bancos, hasta tanto no «pueda procederse a fundar el Banco Único que deba substituir a las Instituciones Bancarias actuales.»
Para concluir con esta serie de artículos, en los cuales hemos seguido punto por punto, la importantísima gestión hacendaría de la Revolución Constitucionalistas sin apartarnos un ápice de la letra del Informe del ciudadano Primer Jefe, condensaremos en breve resumen final, los capítulos principales que abarcan: [72]
La Revolución se arbitró recursos por medio de emisiones de papel moneda.
Fué muy reducido el producto de los ingresos normales.
La deuda depurada de la Revolución, asciende a la suma de $125.000,000.
NO SE DEBE UN SOLO CENTAVO POR COMPRAS HECHAS EN EL EXTERIOR.
NO SE PIDIÓ DINERO EXTRANJERO PARA HACER LA REVOLUCIÓN que, con los propios elementos del pueblo, luchó sin descanso durante cuatro años, hasta vencer a Huerta, a los infidentes, y encauzar los trabajos de reconstrucción del país.
La obra patriótica sostenida con tenacidad por el anhelo popular, pasará a la Historia y vivirá eternamente en sus anales; y para que los hechos económicos que le dieron ser no se desvirtúen, hemos querido comentarlos con el auxilio de la Ciencia, a raíz de su enunciación oficial, para que más tarde la razón serena, libre en absoluto de resquemores políticos, los depure y convierta en lecciones eternas.
Los hombres que han figurado como factores principales en la lucha hacendaría, ciudadanos Venustiano Carranza — como iniciador y Primer Jefe — y licenciado don Luis Cabrera y don Rafael Nieto, como Secretario y Subsecretario de Hacienda, respectivamente, esperan tranquilos el fallo de sus conciudadanos, amparados por el cumplimiento del deber: someten su patriótica labor al criterio del pueblo, repitiendo cada uno estas frases del ex-Ministro de Hacienda, don Manuel Payno:
«Las palabras pomposas con que se hace agradable la calumnia y la detracción, no pueden destruir la verdad eterna de la Aritmética, ni arrebatar a un funcionario público el consuelo de haber hecho el bien, no a una persona, no a un partido, sino a la Nación que le colocó alguna vez en un alto y distinguido puesto.»
Acosta Alfredo N. La Gestión Hacendaria de la Revolución. Colección de artículos publicados en "El Economista" bajo la dirección del C. Socio de número de la "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística" Alfredo N. Acosta. México. Tipografía de la Oficina Impresora de la Secretaría de Hacienda, Palacio Nacional. 1917. 143 pp. Págs. 1-72.

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 artículo 16
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