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Jhon jairo marulanda osorio
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Tutela Nº 26.603
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil seis (2006)
Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela interpuesta por el abogado JHON JAIRO PÉREZ ARANGO, apoderado especial de JHON JAIRO MARULANDA OSORIO, contra la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA y el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE LA CEJA (Antioquia), ante la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y, en desarrollo de éste, al principio de la doble instancia, por considerar que las autoridades demandadas incurren en vía de hecho al negarle al sentenciado la prisión domiciliaria.
LOS FUNDAMENTOS Y LA ACCIÓN
1. Funcionarios de la Policía Judicial de Rionegro (Ant.), el 30 de abril de 2005 hallaron un cultivo de marihuana en la finca La Honda en jurisdicción de ese municipio. Entre los retenidos figuraba FERNANDO ANTONIO CARDONA, quien informó a los servidores públicos que la siembra era propiedad de ENRIQUE GARCÍA SANTA, dueño de otra parcela cultivada con el mismo narcótico, localizada en la vereda Las Lomitas en la localidad de La Ceja (Ant.), y administrada por JHON JAIRO MARULANDA.
2. Para el 6 de mayo del pasado año, ahora en compañía de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, los agentes de policía procedieron a revisar el predio administrado por JHON JAIRO MARULANDA OSORIO, en donde encontraron 288 plantas de marihuana en producción y 333 almácigos. Al mismo tiempo, sorprendieron a MARLENY VARELA y LUZ MARINA GRAJALES, cuando se dedicaban a recolectar las hojas y los capullos de la referida hierba.
3. Los retenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Al calificar el mérito de la investigación, el ente investigador resolvió precluir a favor de MARLENY VARELA y LUZ MARINA GRAJALES y acusar a JHON JAIRO MARULANDA OSORIO por el delito de conservación o financiación de plantaciones de marihuana que describe el artículo 375 del Código Penal.
4. La etapa del juicio le correspondió al Juzgado Penal del Circuito de la Ceja. Ante ese despacho JHON JAIRO MARULANDA OSORIO solicitó la emisión de sentencia anticipada, aceptando los cargos que previamente se le habían deducido en la resolución de acusación.
5. El 30 de noviembre de 2005, el Juzgado de conocimiento dictó sentencia anticipada condenado a JHON JAIRO MARULANDA OSORIO, por el delito de conservación o financiación de plantaciones. Lo sentenció a 63 meses de prisión y multa por valor de 175 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2005, previa rebaja de una octava parte (1/8) de la sanción, acorde con la preceptiva del artículo 40 de la Ley 600 de 2000. Igualmente, le impuso la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual al de la privación de la libertad.
6. Al sentenciado le negaron la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
7. La sentencia no fue apelada por ninguno de los sujetos procesales.
8. En firme el fallo, el defensor del accionante solicitó del Juzgado Penal del Circuito de La Ceja, readecuar la pena impuesta al sentenciado para reconocerle una rebaja de la tercera parte, aplicando el artículo 356 (sic)1 de la Ley 906 de 2004, y concederle la “detención” domiciliaria, como sustitutiva de la “detención” preventiva.
9. La señora Jueza Penal del Circuito, despachó desfavorablemente las pretensiones del defensor, argumentando en relación con la rebaja de pena, que la sentencia anticipada no había sido consagrada en el actual régimen procesal acusatorio, el cual regulaba instituciones de terminación anticipada del proceso absolutamente diferentes. Y refiriéndose a la prisión domiciliara, consideró que a favor del sentenciado no se cumplían las exigencias objetivas y subjetivas, conforme lo había explicado en la sentencia.
10. El apoderado de JHON JAIRO MARULANDA OSORIO, interpuso el recurso de apelación contra la decisión que negó la rebaja de pena que consagra el artículo 352 de la Ley 906 de 2004 y sustentó su desacuerdo. Guardó silencio en relación con la denegación de la prisión domiciliaria, empero solicitó de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia que le concediera al sentenciado la libertad condicional, porque la pena a imponer sería inferior a cuatro (4) años.
11. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia, acogiendo el criterio de la Corte Constitucional fijado en la sentencia T – 091 de 2006, en relación con el cual el allanamiento a los cargos, al que se refiere la Ley 906 de 2004 guarda correspondencia con la sentencia anticipada, regulada en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, por auto del 27 de marzo de 2006 revocó parcialmente la providencia impugnada: le reconoció al sentenciado una rebaja de pena equivalente a la tercera parte por haberse acogido a sentencia anticipada durante la etapa del juicio, antes de celebrarse la audiencia pública y determinó la sanción en 4 años de prisión, multa equivalente a 133,34 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el período señalado para la privación de la libertad. No le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por superar ella los tres años de prisión. Y, en cuanto a la solicitud de libertad condicional, respondió el Tribunal que para acceder a esa gracia debía aportar la documentación que se relaciona en el artículo 480 de la Ley 600 de 2000. En lo demás, confirmó el auto recurrido.
12. Nuevamente el apoderado judicial solicitó del Juzgado Penal del Circuito de La Ceja que le concediera al sentenciado el beneficio de la prisión domiciliaria. Por auto de sustanciación del 24 de abril de 2006, la señora Jueza le respondió que ya esa petición se había denegado al dictarse la sentencia y con posterioridad cuando solicitó conjuntamente la rebaja de pena que consagra el artículo 352 de la Ley 906 de 2004, sin que en ninguno de los dos casos hubiese sido objeto de impugnación. En consecuencia, dispuso atenerse a lo resuelto en tales providencias.
13. Ahora depreca el accionante que se tutelen los derechos fundamentales invocados y “se decida por parte del Honorable Tribunal si el señor JHON JAIRO MARULANDO (sic) OSORIO es acreedor al subrogado penal consistente en detención domiciliaria” (se resalta), con fundamento en que la pena que finalmente se le impuso no supera los cinco (5) años de prisión. Subsidiariamente, demanda que “se ordene que el auto fechado el 24 de abril de 2006 le sean procedentes los recursos de ley.”
La acción de tutela que ocupa la atención de la Sala se dirige contra la sentencia condenatoria dictada en primera instancia y contra los autos de primero y segundo grado, con los que se denegó la prisión domiciliaria como sustitutiva de la reclusión formal y se confirmó esa determinación, respectivamente, en el proceso que se le adelantó a JHON JAIRO MARULANDA OSORIO por el delito de financiación o conservación de plantaciones de marihuana; es decir, tiene como propósito controvertir las decisiones judiciales proferidas por los Jueces naturales.
Aunque se advierte la confusión que absorbe al apoderado del accionante en relación con las figuras de la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria, así como de los mecanismos sustitutivos de la libertad – suspensión condicional de la ejecución de la pena y libertad condicional –, la Sala asume que su petición se encamina al reconocimiento del derecho a la prisión domiciliaria, por considerar que se cumplen las exigencias que consagra el artículo 38 del Código Penal.
Aduce el accionante que convergen a su favor las exigencias normativas para descontar la pena en su domicilio, especialmente lo relativo al monto de la sanción privativa de la libertad que, a su juicio, no supera los cinco años de prisión, y en razón de ello estima que las dependencias judiciales demandadas incurrieron en vías de hecho.
Sin embargo, debe destacarse que al dictar la sentencia de primer grado el A quo negó el beneficio de la prisión domiciliaria y esa decisión no fue impugnada. Posteriormente solicitó la concesión de esa gracia y fue improbada su pretensión. En este último caso, al recurrir, omitió manifestar su desacuerdo sobre ese punto y se limitó a pedir la libertad condicional. Empero, se constata que las decisiones judiciales no han desconocido la preceptiva de los artículos 38, 63 y 64 del Código Penal, como quiera que cuentan con una argumentación jurídica que razonadamente conduce a señalar la improcedencia de cualquiera de esos beneficios, por no concurrir en favor del sentenciado los requisitos, al menos objetivos, para su reconocimiento.
Es decir, las autoridades judiciales demandadas, a la luz de las evidencias allegadas a la actuación, determinaron la inexistencia de los requerimientos previstos en la legislación, para sustituir la pena privativa de la libertad (art. 63 y 64 C.P.) o para reemplazar la prisión formal por domiciliaria (art. 38 C.P.). Circunstancias que sustentan la improcedencia de la solicitud de amparo que reclama por ser inexistente la vía de hecho que denuncia.
En efecto, el sentenciado no allegó la documentación a la que se refiere el artículo 480 de la Ley 600 de 2000, para demostrar, entre otros, que cumplía la exigencia temporal que prevista en el artículo 64 del Código Penal.
En cuanto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es claro que la privación de la libertad se concretó en cuatro (4) años de prisión, lo que descarta la posibilidad del beneficio por no cumplirse la condición del artículo 63 – 1°, ibídem.
Y en relación con la sustitución de la prisión formal por la reclusión domiciliaria, se tiene que el artículo 38 de la citada obra exige “Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos.”
Esa exigencia, por si sola, permitía predicar la improcedencia de la petición del demandante, porque se entiende que al referirse a la pena mínima prevista en la ley, se alude es la sanción privativa de la libertad en abstracto y no a la que se deduzca en la sentencia luego agotar el proceso de individualización. En este caso la pena mínima para el delito de conservación o financiación de plantaciones de marihuana, conforme estaba prevista en el artículo 375 de la Ley 599 de 2000, era en abstracto de seis (6) años de prisión, cifra que supera el de 5 años establecido como tope para la procedencia de la prisión domiciliaria.
En reciente pronunciamiento de la Sala2, se explicó el alcance de la disposición en los siguientes términos:
“Así, resulta imperioso entonces recordar el pronunciamiento de la Sala relacionado con el alcance de la expresión “conducta punible” inserta en el Art. 38-1 del C. Penal, al fijar el condicionamiento objetivo para la procedencia de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramuros o carcelaria, tema ampliamente discutido, entre otras decisiones, en las casaciones de 11 de febrero de 2004, Rad. 20.945; de 15 de septiembre de 2004, Rad.19.948; y 13 de abril de 2005, Rdo. 21.734; así como en sentencia de única instancia de 29 de junio de 2005.
“En síntesis, por conducta punible para efectos de lo dispuesto en el artículo 38 numeral 1° del Código Penal, ha de entenderse la conducta propiamente dicha, con las circunstancias modales, temporales o espaciales que la califican o privilegian, o que de alguna manera los especifican, cuya concurrencia tiene la virtualidad de incidir en el ámbito de movilidad punitivo previsto por el legislador, en cuanto determina la variación de sus extremos mínimo y máximo, como ocurre con los dispositivos amplificadores del tipo, la atenuante de la ira o intenso dolor, y demás hipótesis relacionadas a manera de ejemplo.”3
En el asunto a examen, uno de los delitos por los que se procede -extorsión agravada imperfecta- tiene señalada en abstracto pena mínima de 8 años de prisión, tal como se dejó reseñado en el acápite de la dosificación punitiva, término que supera ampliamente el de 5 años establecido como tope para la procedencia de la prisión domiciliaria. Por consiguiente, la decisión del A-Quo de negar el pluricitado sustituto al acusado, ningún reparo merece.”
De esa manera, se descubre que la pretensión del demandante apunta a que por parte del juez de tutela, se decida en forma favorable a sus intereses, finalidad que no puede ser satisfecha, pues, la tutela no faculta para desplazar las funciones que, bajo las pautas del debido proceso, han desarrollado los Jueces competentes conforme a la autonomía e independencia que para el cumplimiento de su labor les asegura la propia Constitución.
Ahora bien, el accionante no señala, mucho menos demuestra, una sola razón para la procedencia excepcional de la tutela como mecanismo transitorio, es decir, no evidencia que de no concedérsele el amparo reclamado recibirá un perjuicio irremediable.
Es que, no puede asegurarse que la privación de la libertad que soporta JHON JAIRO MARULANDA OSORIO en virtud de la condena a pena de prisión constituya el dicho agravio, cuando es apenas la consecuencia constitucional y legal por haberse demostrado su responsabilidad en la comisión de un delito, misma que aceptó libre y voluntariamente, circunstancia que revela la improcedencia de la acción en este asunto.
1. NEGAR, por improcedente la tutela de los derechos constitucionales fundamentales invocados por JHON JAIRO MARULANDA OSORIO.
1 La reducción de la pena en una tercera parte, está prevista en el artículo 352, inc. 2°, de la Ley 906 de 2004, en caso de preacuerdos presentados con posterioridad a la acusación y hasta cuando sea interrogado el acusado en el juicio oral.
2 Sentencia de Casación Rdo. 24.764 del 1° de junio de 2006.
3 Sentencia de 31 de agosto de 2005, Rdo. 21.720.

References: artículo 375
 resolución 
 artículo 40
 artículo 356
 artículo 352
 artículo 40
 artículo 480
 artículo 352
 artículo 38
 artículo 480
 artículo 64
 artículo 63
 artículo 38
 artículo 375
 artículo 38
 artículo 352