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Timestamp: 2017-09-21 01:38:25+00:00

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Acuerdo y Sentencia 17/2016 Tribunales de Apelación
ACUERDO Y SENTENCIA T.A. EN LO PENAL 2ª SALA Nº 17/16
En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los seis días del mes de mayo de dos mil diez y seis, estando reunidos los Excmos. Sres. Miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, en la Sala de Acuerdos, los Doctores JOSÉ AGUSTÍN FERNANDEZ; DELIO VERA NAVARRO y CRISTOBAL SANCHEZ, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a estudio el expediente caratulado: “WALTER PINTOS, JAVIER JESÚS ORTEGA, LUCIA DUARTE Y MA. JOSÉ ALONSO S/ HOMICIDIO DOLOSO, ABUSO SEXUAL EN PERSONAS INDEFENSAS Y OTROS”, a fin de resolver el Recurso de Apelación Especial, interpuesto contra la S.D. N° 374 del 30 de noviembre de 2015, dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los Jueces, Abg. Gustavo Enrique Santander Dans, como Presidente, y como Miembros Titulares Abg. Juan Carlos Zarate y Abg. Héctor Capurro Radice.
Previo al estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvió plantear y votas las siguientes cuestiones:
1. Es competente este Tribunal para conocer y decidir en el presente recurso?
2. Es admisible el recurso interpuesto o en su caso, se debe rechazar?
3. Se ajusta a derecho la sentencia condenatoria?
Practicado el sorteo de Ley, dio el siguiente resultado: DELIO VERA NAVARRO, JOSÉ AGUSTÍN FERNÁNDEZ RODRIGUEZ y CRISTOBAL SANCHEZ.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA El Miembro preopinante Doctor DELIO VERA NAVARRO, dijo: El estudio en Alzada del Recurso de Apelación Especial interpuesto contra la S.D. N° 374 del 30 de noviembre de 2015, dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los Jueces, Abg. Gustavo Enrique Santander Dans, como Presidente, y como Miembros Titulares Abg. Juan Carlos Zarate y Abg. Héctor Capurro Radice, es de competencia, sin lugar a dudas, de este Tribunal de Apelaciones. En efecto, las reglas establecidas en el Art. 40 inc. 1° otorga facultades al mismo para decidir en Apelación. Consecuentemente, la competencia del Tribunal de Apelaciones es insoslayable. Es mi voto.
A sus tumos los Doctores FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y SANCHEZ manifiestan adherirse al voto precedente por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA el Doctor VERA NAVARRO dijo: Es deber del Tribunal examinar el recurso de apelación especial interpuesto a los efectos de decidir sobre su admisibilidad de conformidad en el art. 471 del Código Procesal Penal.
Al respecto, notamos que el recurso de apelación especial planteado por el Defensor Público Abg. Ronald González, fue interpuesto en tiempo y forma, por lo que corresponde declarar la admisibilidad del mismo.
A sus turnos los Doctores FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y SANCHEZ manifiestan adherirse al voto precedente por los mismos fundamentos.
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Doctor DELIO VERA NAVARRO dijo: Que, por la sentencia recurrida, el Tribunal Sentenciante ha resuelto cuanto sigue: “1) RATIFICAR, la competencia del TRIBUNAL DE SENTENCIA: Abog. GUSTAVO ENRIQUE SANTANDER DANS, como presidente, Abgs. HECTOR CAPURRO RADICE Y JUAN CARLOS ZARATE, como miembros titulares, para entender en el juicio y la procedencia de la acción. 2) DECLARAR comprobada la participación de las acusadas MARIA JOSE ALONSO ROJAS Y LUCIA RAMONA DUARTE INSFRAN como autoras del hecho punible de OMISION DE AUXILIO, conforme a lo relatados en el exordio de la presente resolución. 3) DECLARAR la reprochabilidad de las acusadas MARIA JOSÉ ALONSO ROJAS Y LUCIA RAMONA DUARTE INSFRAN, por la conducta típica, antijurídica del hecho punible de omisión de auxilio. 4) CALIFICAR las conductas de las acusadas MARIA JOSÉ ALONSO ROJAS Y LUCIA RAMONA DUARTE INSFRAN dentro de las disposiciones del Art. 117, en concordancia con el Art. 29 inciso 2°, Código Penal. 5) CONDENAR a las acusadas MARIA JOSÉ ALONSO ROJAS, apodada Majo, paraguaya, soltera, estudiante, domiciliada en 11 proyectadas NI 760 entre Antequera y Tacuary, Barrio Obrero de Asunción, nacida el 19 de diciembre de 1989, hija de Alcides Alonso y Asurina Rojas, con C.I.N° 4.817.857; y LUCIA RAMONA DUARTE INSFRAN, sin apodo, paraguaya, casada, bailarina, domiciliada en Fortín Camocho c/ Manuel Chaparro, Zona Sur de Fernando de la Mora, nacida el 01 de marzo de 1989, hija de Esteban Duarte y Asunción Insfrán, con CJ.M° 5.116.689, a la pena privativa de libertad de ONCE (11) MESES que la cumplirán en la Penitenciaría de Mujeres, Casa del Buen Pastor en libre comunicación y a disposición del Juzgado de Ejecución. 6) IMPONER las costas a las condenadas. 7) FIRME que sea esta sentencia, líbrense los oficios correspondientes y remítase estos autos al Juzgado Penal de Ejecución para el cumplimiento de lo resuelto. 8) ANOTAR, registrar y remitir una copia la Excma. Corte Suprema de Justicia...”.
Contra dicha resolución, se alza el Abg. Ronal González, Defensor Público del Fuero Penal de la Capital, por la Defensa Técnica de MARIA JOSÉ ALONSO y LUCIA RAMONA DUARTE; fundando en síntesis que:
“...En la Sentencia recurrida se condena a mis representadas MARIA JOSE ALONSO Y LUCIA RAMONA DUARTE, por la comisión del Hecho Punible previsto en el art. 117 inc. 1° en concordancia con el art. 29 inc. 1°, todos del Código Penal. ...///...Al realizar un análisis de los elementos constitutivos del tipo penal por el cual se condena a mis representadas, debe tenerse especial atención en examinarlo en base a la estructura propia de un hecho omisivo, la cual dogmáticamente requiere un tratamiento diferente al de los hechos punibles por comisión. Como puede observarse, el Tribunal de Sentencia ha obviado dicho tratamiento,... ...En ese sentido, esta Defensa considera que necesariamente el estudio de la tipicidad debe realizarse de la siguiente manera: en primer lugar debe considerarse si se da la “situación típica ”, la cual en este caso corresponde a una persona por morir. La víctima Fany efectivamente a causa de la sobredosis de cocaína, marihuana y alcohol, puso en peligro su vida por lo que este primer elemento se da. Posteriormente, debe darse la “falta de un acción tendiente a salvar la vida con probabilidad rayana a la certeza”. Conforme a las declaraciones de las acusadas María José Alonso y Lucia Duarte, ambas consumieron cocaína aquella noche, más alcohol; circunstancia que se haya acreditada con el Informe pericial N° 71/2013 de la Sección Toxicología del Ministerio Púbico, en cual en base a las muestras de sangre tomadas de las acusadas concluyó que se detectó la presencia de cocaína en las mismas. Es decir, tanto Lucia como María José se encontraban bajo los efectos de la cocaína. Ahora bien, con respecto a María José Alonso, la misma relató que aquella noche a causa de la cocaína perdió la consciencia, y cuando se despertó Fany ya había sido llevada por Javier Ortega al hospital. Lucia Duarte confirmó esta manifestación, y no existe ningún elemento probatorio que contradiga este hecho. Por ello, a María José Alonso no se le puede atribuir la falta de una acción de su parte de evitar el resultado concreto de la muerte de Fany, considerando que la misma perdió la consciencia a causa de la cocaína, o en el peor de los casos al no existir elemento probatorio alguno que demuestre lo contrario, surge una “duda razonable”. Por otro lado, Lucia Duarte dijo que la misma a pesar de que se encontraba bajo los efectos de la cocaína recordó haber ayudado a Javier Ortega a bajar con vida a Fany y llevarla hasta el auto de Javier, para que éste la llevará al hospital; por ello, se puede tener por realizado de parte de Lucia Duarte, lo que estuvo a su alcance para ayudar a Fany, ya que la ayuda de llevarla a Fany al hospital se ve materializada por el tal Javier Ortega quien efectivamente la llevó hasta el Centro de Emergencias Médicas, conforme consta en las documentales y testificales que acreditaron en juicio que Fany fue llevada al hospital por el señor Javier Ortega. Es importante además analizar si existió de parte de ambas procesadas la “capacidad físico real” de ayudar a la víctima. Quedó probado que las mismas se encontraban bajo los efectos de la cocaína, se debe considerar como hecho notorio que esta sustancia, como así también el alcohol, limitan la capacidad física y psíquicas de quien la consuma, produciendo además de una disminución de reflejos, convulsiones, la perturbación de la consciencia. ...Definitivamente no corresponde atribuir a una persona en estas condiciones una conducta tal como refiere la SD recurrida. Más aún, como puede observarse la SD mencionada ni si quiera expone una argumentación detallada de por qué se dan los elementos del tipo; siendo que mis representadas pudieron haber resultado ser también víctimas de la sobredosis; esto en evidente violación a las reglas de la Sana Critica en el sentido de valorar las pruebas en forma armónica y conjunta. ...la Sentencia condenatoria no realiza un análisis correcto conforme a la estructura que un hecho omisivo requiere; y más aún es insuficiente la fundamentación al simplemente citar los elementos probatorios, sin ni siquiera contrastarlos y peor aún; no existiendo ninguna prueba de que exactamente ocurrió aquella noche en la fiesta privada; ya que ningún testigo participó de la misma. Las únicas personas que estuvieron en la fiesta fueron mis defendidas quienes relataron al Tribunal lo acontecido. A pesar de ello, el tribunal da por sentado que Fany convulsionó esa noche, en base a la declaración de Lucía Duarte quien refirió este hecho al declarar, sin embargo, el Tribunal omitió considerar las demás circunstancias que también Lucia como María José relataron al Tribunal, sirviéndose el Tribunal de Sentencia únicamente de aquello que pueda vincular a mis representadas con el hecho que se les atribuye, y no así de las circunstancias fácticas favorables para las mismas. ...esta Defensa considera la existencia de duda con respecto a la hora en que falleció la víctima; si bien quedó claro que las 8:30 horas aproximadamente el señor Javier Ortega llevo a Fany al Centro de Emergencias Médicas, y que la misma llegó sin signos de vida; no existe prueba alguna que confirme si Fany salió o no con vida del lugar donde se realizaba la fiesta privada, y menos aún de la hora de su deceso; haciendo notar que el Tribunal determina la hora del fallecimiento de Fany realizando una simple operación matemática, omitiendo considerar las variables que representa cada cuerpo humano para presentar un nivel determinado de rigidez cadavérica, y consecuentemente obviando que es imposible determinar con certeza una hora en base solamente a que el médico Víctor Cabral le dijo al Dr. Vargas que el cuerpo ingresó con un rigidez de 6 horas. Es decir, no existe informe pericial que dictamine la hora probable de muerte en base a sustentos científicos que se encuentren explicados, únicamente lo que le dijo el Dr. Cabral al Dr. Vargas. Por ello, no se ha aplicado lo previsto en el artículo 5 del CPP, ya que claramente existe duda con relación a la circunstancia fáctica de la hora del fallecimiento y más aún de si salió o no con vida la víctima del lugar donde se encontraban mis defendidas. ...sobre este punto no hay certeza suficiente, ya que el fundamento del Tribunal, de Sentencia conforme lo expresé más arriba es insuficiente, haciendo caso omiso a la duda razonable que surge con respecto a esta circunstancia. Por lo que desde esas perspectivas, la conducta de mis representadas ni siquiera supera la acreditación de la tipicidad del tipo penal de omisión de auxilio. ...Esta Defensa considera que la transcripción de la SD que fundamenta la reprochabilidad de las procesadas, no es suficiente ya que se ha hecho mención a que el pedido de la Defensa de aplicar lo previsto en el art. 23 en lo que respecta a que las procesadas se encontraban bajo grave perturbación de la conciencia; “no se encuentra probado contra toda duda por otros elementos ” omitiendo el dictamen pericial que acredita la presencia de cocaína en la sangre de las procesadas; circunstancia que vulnera gravemente el principio de presunción de inocencia y la valoración conforme a la Sana Critica. ...es claro que las acusadas se encontraban bajo una grave perturbación de la consciencia a causa de la ingesta de alcohol y cocaína, y coma consecuencia, su capacidad de abstenerse de cometer el hecho que se le atribuye se vio considerablemente reducida. ...existe certeza de la condición en que se encontraron las acusadas. Por lo que el Tribunal ha obviado considerar las circunstancias fácticas arriba descriptas que mínimamente nos llevan a un estado de duda; cuya consecuencia es la aplicación del art. 5 arriba citado. Si bien esta Defensa considera que en el caso que nos ocupa ni siquiera se supera la acreditación de la tipicidad con respecto al hecho de omisión de auxilio que se le atribuye a mis defendidas; en caso que en la inteligencia del Tribunal si se den los elementos para sostenerla, en atención a lo expuesto más arriba, debe ser aplicado el art. 23 inc. 1° del Código Penal. ...El Tribunal de Sentencia ha calificado la conducta de mis representadas conforme al art. 117 inc. 1° numeral 1, en concordancia con el art. 29 del Código Penal que estipula como pena a ser impuesta de hasta un año o con multa y ha condenado a ambas procesadas a la pena privativa de libertad de 11 meses. ...Esta defensa considera que no se ha aplicado correctamente lo previsto en el art. 65 en concordancia con el art. 2 inc. 2 del Código Penal, es decir la gravedad de la pena impuesta no es proporcional a la gravedad del reproche del autor. Resulta un despropósito la medición de pena en la que el A-quo en los motivos mensuradores expresamente señala que “no puede ser valorada” esto es que no se computa ni en contra ni a favor del acusado. El problema es que estos parámetros mensuradores están proyectados para sumar (agravar) o restar (atenuar) la reprochabilidad, mas no para que no cumplan ninguna de las finalidades para los que el legislador penal los ha regulado. Eso significa, en esencia, que el valor neutro aplicado es creación pretoriana del A-quo, y más grave aún porque desnaturaliza el objetivo que el ministerio legis está llamado a cumplir. Entonces, si los mismos no agravan la reprochabilidad, necesariamente debían atenuarla, porque son las únicas opciones posibles que en materia de cuantificación punitiva se les reconoce, por lo tanto, es evidente que ha existido un exceso en el monto de la pena impuesta. Además queda claro que existen 5 puntos del artículo 65 del CP tenidos a favor de las procesadas, más 2 incisos ya valorados o tenidos como no susceptibles de valoración; en contrapartida solo 3 puntos en contra, y a pesar de ello el Tribunal de Sentencia condeno a mis representadas a la pena privativa de libertad de 11 meses; es decir un mes menos de la pena máxima que esperaría para el hecho que se les atribuye. A los efectos de que el Tribunal Revisor pueda confirmar todo lo expresado por mi parte, ofrezco como pruebas el acta de juicio oral y público y la SD recurrida.”.
Que, en oportunidad del traslado corrídole a la Agente Fiscal Abg. Patricia Calabrese Dávalos, asignada a la Unidad Penal N° 2, de Asunción, contesta el recurso interpuesto por el Defensor Público Ronald González; y manifiesta cuanto sigue: “...Que el representante de la defensa fundamenta la apelación de la resolución recurrida... ...Refiere que el dictamiento de la citada Resolución, hoy recurrida, Tribunal de Sentencia A-quo supuestamente ha procedido con inobservancia y errónea aplicación de preceptos legales, de los cuales se derivan las causales de los supuestos agravios que reclama, citando varias disposiciones legales, sin fundamentación alguna. Seguidamente para a la exposición de sus supuestos agravios, limitándose a reproducir partes de la Resolución hoy recurrida por él mismo y a conjeturar soluciones ajenas a la sana critica, que convienen a sus defendidas, pretendiendo poner en duda la existencia de la punibilidad en relación a las mismas, hoy condenadas y expresando que en caso de duda debería estarse a favor de ellas, llegando al extremo de afirmar que ha existido falta de fundamentación en la resolución recurrida, cuando de las mismas partes de las transcripciones que realiza el propio recurrente ya se desprende la existencia del hecho punible y la autoría del mismo por parte de sus defendidas, hoy condenadas. ...Asimismo, el recurrente refiere que el Tribunal de Sentencias supuestamente ha procedido con inobservancia en relación a las reglas de la medición de la pena, desconociendo de que el Derecho no es una cuestión matemática y que no cada uno de los factores que deben tenerse en cuenta para su medición tienen la misma importancia; máxime aún teniendo en cuenta el hecho punible de OMISION DE AUXILIO en cuestión OCASIONO LA MUERTE DE LA JOVEN VÍCTIMA. ...del referido escrito presentado por la defensa de las condenadas resulta que la pretensión del mismo, a criterio de esta Fiscalía, es absurda y confusa, pues se impugna la referida sentencia sosteniendo que el Tribunal no ha realizado valoración integral de las pruebas con arreglo a la sana critica, refiriendo en forma repetitiva y sin ninguna fundamentación de hecho valida tal afirmación. En efecto, el mismo refiere en forma reiterada que no se valoraron todos los elementos de prueba existentes, que se tuvieron en cuenta solamente los que iban en contra de sus defendidas y no a su favor, en relación a sus declaraciones indagatorias. ...al respecto, se debe destacar que ambas acusadas, hoy condenadas, prestaron declaración indagatoria en oportunidad de llevarse a cabo el Juicio Oral y Público correspondiente a la presente causa, recordando la forma en que ocurrieron los hechos, refiriendo que contaban con aparatos celulares, por lo cual perfectamente se encontraban en posibilidad de prestar auxilio a la víctima, que la vieron convulsionar. Una de ellas incluso refirió que la ayudó a bajar y a subir a un vehículo para trasladarse a un lugar desconocido, cuando ya, según declaración testifical del Jefe de Guardia del Centro de Emergencias Médicas, a esa hora la misma había fallecido. La otra, entonces acusada, refirió que se sintió mal durante aproximadamente 40 minutos y luego se recuperó y siguió con la fiesta, por lo que a tenor de sus propias declaraciones indagatorias, que si bien en principio son medios de defensa, tampoco pueden ser ignoradas cuando se hallan en coincidencia con declaraciones testificales, como ser las del personal policial de guardia y el Médico de Guardia del Centro de Emergencias Médicas, correspondientes al día del ingreso de la víctima, ya con signos de rigidez y lividez cadavérica, a las 8:30 horas; en coincidencia con el cuaderno de novedades del Centro de Emergencias Médicas, que corrobora tales testimonios; la autopsia correspondiente a la víctima, entre muchos otros, conforme Sentencia Definitiva y Acta de Juicio Oral y Público correspondientes a la presente causa; existiendo en efecto numerosos elementos probatorios válidos, los cuales fueron debidamente producidos y valorados en oportunidad del Juicio Oral y Público respectivo, los cuales son coincidentes, contundentes y categóricos al concluir en la existencia del hecho punible de OMISION DE AUXILIO, objeto de la presente causa penal y en la Autoría del mismo parte de las hoy condenadas, MARIA JOSE ALONSO Y LUCIA RAMONA DUARTE. También se debe tener en cuenta lo ya mencionado en relación a la medición de la pena; la misma se realiza de acuerdo a la sana crítica y no teniendo en cuenta criterios de pura matemática, por lo cual los argumentos esgrimidos por el recurrente como supuesta fundamentación de los agravios aducidos, a criterio de la Fiscalía, devienen totalmente improcedentes; ello es así teniendo en cuenta la gravedad del hecho punible de OMISION DE AUXILIO en cuestión, debido al cual se produjo LA MUERTE DE LA JOVEN VICTIMA. ...teniendo en cuenta la claridad y contundencia de todos los elementos de prueba referidos, los cuales se encuentran plasmados en la resolución hoy recurrida, los argumentos sostenidos por la defensa carecen de completo valor. Por tanto y en virtud a lo señalado, contrariamente a lo que la recurrente manifiesta, el Tribunal de Sentencia ha valorado todas las pruebas producidas en el Juicio Oral y Público en virtud y conforme a la sana critica. ...sabido es que la mayoría de los hechos punibles se producen en la clandestinidad y en ausencia de testigos; habiéndose en la presente causa valorado el conjunto de las numerosas pruebas rendidas en el presente juicio. Los referidos elementos probatorios son en efecto numerosos, concordantes y coincidentes, los cuales unidos lógica y racionalmente, permiten llevar a la total convicción, debidamente fundada en la sana crítica, para concluir en la existencia del hecho punible de OMISIÓN DE AUXILIO del que resulto VICTIMA FATAL LA JOVEN FANY ROCIO GONZALEZ CUBILLA. ...en efecto, las mencionadas pruebas reúnen las características de ser numerosas, graves, coincidentes, concluyentes y por tanto autorizan al Tribunal al valorarlas conjuntamente a los efectos de llegar a la certeza requerida para emitir el veredicto. ...a través de este recurso se ejerce el control jurisdiccional sobre los actos de los tribunales de instancias inferiores y en relación al presente caso en particular, esta Representación Fiscal concluye que se han respetado las reglas del debido proceso, ajustándose a las normativas constitucionales y legales atinentes al desarrollo del mismo, con el pronunciamiento jurisdiccional correspondiente… ...consecuentemente disponer el rechazo del Recurso de Apelación interpuesto...".
Ya en atención de lo sustancial del conflicto, conviene recordar que, cualquiera sea la concepción doctrinaria asumida por el juzgador en lo que respecta a la “teoría del delito”, “teoría de la participación criminal" y “teoría de la pena”, existe puntos de confluencia sobre las posibilidades que tiene el Estado de ejercer el iuspuniendi, a consecuencia del hecho punible que va referido al caudal probatorio. Tales puntos esenciales, demostrados en juicio, hacen relación a: 1) la justificación del hecho penalmente...///. ...///...relevante; y, 2) la acreditación de la reprochabilidad en el participante.
Entorno a ambos “juicios”, imprescindibles en la etapa del debate, se asientan las posibilidades del ejercicio del ius puniendi por parte del Estado y en ese orden, conviene señalar que la Corte Suprema de Justicia ha sentado precedente respecto de las atribuciones del Tribunal de Apelaciones, en los términos que siguen: "...El órgano de alzada si bien no estudia las cuestiones de hecho, tiene la obligación de analizar qué argumentos ha dado el órgano inferior para fundar sus resoluciones. Este punto debe ser realizado por el superior y sus propios razonamientos deben aparecer claramente... No es suficiente la excusa destacando que la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la Sentencia de Primera Instancia no son atacables por la vía de la Apelación Especial de Sentencia. El Tribunal de Alzada, está obligado a controlar el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento, y al expresar su conclusión sobre dicha verificación es su deber, expresar la correlación lógica de argumentos o de razones suficientes que demuestren su conclusión, lo cual, no significa necesariamente incursión del tribunal en el terreno de los hechos...” (Ver Ac. y Sent. N° 816 de fecha 12 de setiembre de 2008, dictada por la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa: “NADIA RAQUEL ACHAR ESPÍNOLA S/ HOMICIDIO CULPOSO”.
Los Tribunales de Alzada, en el ámbito de los recursos, disponen de la potestad de modificar la medición de la pena efectuada por el Juez de juicio, según lo establecido en decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como la que se cita seguidamente: “Recurso de Casación Interpuesto por el Defensor Público Abogado Cesar Eduardo Rojas Galeano en: Ministerio Público C/Edgar Delvalle Gavilán S/Homicidio Doloso": “...A su turno la Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo:...el Tribunal de Apelaciones, ha cometido un error de juzgamiento al expresar que el mismo se halla impedido de darle una calificación legal y medición de la sanción penal diferente, al contrario de como lo hiciera el Tribunal de Mérito y, la supuesta determinación arbitraria del mismo, no puede ser modificada por el Tribunal de Alzada. Al contrario, resulta acertado recordar que para el debido control sobre la aplicación del derecho y legitimidad de la sentencia, el órgano jurisdiccional de alzada debe considerar la reconstrucción histórica de los hechos realizada por el Tribunal sentenciante y ceñirse a ella. Esto se debe al modelo de casación que cimienta sobre el principio de la inalterabilidad de los hechos y del respecto de la valoración probatoria de la instancia de mérito, en esta etapa sí puede realizarse un control lógico de la motivación seguida por los jueces, cuando existe sospecha de razonamientos arbitrarios o absurdos, que de por sí vulneran los principios rectores del debido proceso y las facultades que hacen al derecho a la defensa. Dentro del control de legalidad, se incluye, el análisis de la correcta aplicación del derecho. En cuanto al control de logicidad, se verifica el cumplimiento de las reglas de la lógica formal o del pensamiento correcto...cabe apuntar que la cuestión de fijación de la sanción a imponer refiere a circunstancias fácticas que la ley propone para la medición de la misma...Los presupuestos del Art. 65 del C.P., deben ser analizadas inexorablemente por el Tribunal A quo...ahora bien, esto no significa en manera alguna que lo pueda hacer con total libertad y sin limitaciones o que no pueda ser controlada o revisada por los Tribunales de Alzada. A éste órgano revisor le compete el estudio de la legalidad de la imposición de la sanción, si la misma ha sido determinada conforme a la ley y a los principios de la lógica, lo cual debe constar debidamente en la resolución bajo forma de fundamentos, conforme a lo dispuesto por el art. 256 de la C.N... (Ver Acuerdo y Sentencia N° 41 de fecha 05 de marzo de 2013 - Sala Penal C.S.J,)”.
Con tales líneas de decisiones, queda en claro la imposibilidad de formular criterios en cuanto a la evaluación o no, de la dimensión otorgada por el Tribunal de Sentencia a los testimonios efectuados en el juicio oral, así como la eficacia probatoria o contradicciones que puedan existir entre los mismos. Esas cuestiones esenciales debieron ser objeto de contradicción en el juicio oral y público, pues si sobrepasa el filtro del examen y contraexamen, ellas adquieren la dimensión que les otorga el juzgamiento oral, habida cuenta de la instalación de la instancia única diseñado en nuestra Carta Magna. No obstante el órgano de alzada si bien no estudia las cuestiones de hecho, tiene el deber de analizar los argumentos que ha dado el órgano inferior para fundar sus resoluciones.
En lo que atañe a la labor de este Tribunal, más allá de lo expuesto precedentemente, la misma consistirá en el examen de la logicidad argumentativa, dimensionada hacia la verificación de la existencia de “errores de razonamiento”, “vicios de sentencia” o casos de “nulidad absoluta”, mencionados en los correspondientes agravios.
Los errores de razonamiento, al que se hace referencia, son detectables a través de los defectos in iudicando o in procedendo, mientras que los vicios de sentencia se hallan enunciados en el Art. 403*1 C.P.P. y, finalmente, los casos de nulidad absoluta, por inobservancia de las garantías de defensa, se hallan enunciados en los Arts. 165*2 y 166*3 del C.P.P.
Siguiendo la ilación que antecede, la labor esencial a ser desarrollada por los órganos de alzada, consistirá en la verificación del cómo el Tribunal de Sentencia construye la idea del “acontecimiento penalmente relevante”, así como la de la “responsabilidad penar. Ello será posible a través de una correcta concreción y conjunción del caso, detectable a través del relato fictico", “argumento probatorio” y “sustento jurídico”, utilizados por el Tribunal de Sentencia.
Para tal menester, los órganos de alzada, cuentan con dos documentos relevantes: “el acta de juicio” y “la sentencia propiamente dicha". El primer documento señala la cronología evolutiva del acto procesal de juzgamiento y, el segundo, esencialmente, la dimensión otorgada a los medios probatorios, la concreción del juicio sobre la reprochabilidad y finalmente, la respuesta penal atinente al caso. Analicemos los planteamientos, según las constancias del proceso.
*1Art 403 C.P.P. VICIOS DE LA SENTENCIA. Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación y la casación, serán los siguientes.
1) que el imputado no esté suficientemente identificado; 2) que carezca la enunciación del hecho objeto del juicio y la determinación circunstanciada de aquel que el tribunal estimó acreditado; 3) que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este Titulo; 4) que carezca, sea insuficiente o contradictoria la fundamentación de la mayoría del tribunal. Se entenderá que la fundamentación es insuficiente cuando se utilicen formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias o se utilice, como fundamentación, el simple relato de los hechoso cualquier otra forma de reemplazarla por relatos insustanciales. Se entenderá que es contradictora a fundamentación cuando no se han observado en el fallo las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo; 5) que la parte dispositiva carezca de elementos esenciales; 6) que carezca de la fecha del acto y no sea posible fijarlo o falte la firma de alguno de los jueces y no se pueda determinar si ha participado en la deliberación, salvo los casos de excepción previstos legalmente; 7) la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia, y, 8) inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia, la acusación y el auto de apertura a juicio. Los demás defectos serán saneados de oficio por el tribunal o a petición del interesado.
*2 Art. 165 C.P.P. PRINCIPIO. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los
actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional vigente y en este código, salvo que la nulidad haya sido convalidada. Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que causen agravio, fundadas en el defecto, en los casos y formas previstos por este código, siempre que no hayan contribuido a provocar la nulidad.
Sin embargo, el imputado podrá impugnar una decisión judicial aunque haya contribuido a provocarla.- Se procederá de igual modo cuando la nulidad consista en la omisión de un acto que la ley prevé.
*3 Art. 166 C.P.P. NULIDADES ABSOLUTAS. Además de los casos expresamente señalados en este código, serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, el Derecho Internacional vigente y este código.
Como punto de partida, debe recordarse que el órgano fiscal ha acusado a MARIA JOSE ALONSO Y LUCIA RAMONA DUARTE, por la consumación del tipo penal previsto en el artículo 117 en concordancia con el artículo 29 inc. 1° ambos del Código Penal y por ende la pena solicitada es de un (1) año de pena privativa de libertad.
Mientras que el Tribunal de Sentencia incursiona la conducta de las acusadas en el Artículo 117, en concordancia con el Artículo 29 inciso 2do. del Código Penal, razón por la cual, en virtud del Art. 456*4 del C.P.P., esa será la medida de atención del recurso por el Tribunal de alzada.
Sentado lo que antecede, veamos cómo construye el Tribunal de Sentencia la idea de la comprobación del hecho y la cuantificación de la sanción.
Con respecto al “juicio sobre el hecho” debe expresarse que el Tribunal de Sentencia construye la idea del acontecimiento penalmente relevante en base a los testimonios de: Olga Beatriz Cubilla López; Braian Alberto Guerrero Benítez; Marcelo Emanuel Giménez Núñez; Shamir Israel Bogarín Lewkowiez; Sergio Javier Giménez González; Cecilio Britos Estigarribia; Víctor Cabral Dorigoni; Delia Rosa Cubilla López; Ramón Guerrero Yodice y; Felicia Mora, documentales referidas a fojas 1068 y 1068vlto; y de la apreciación y valoración de las mismas el Tribunal de Sentencia, llego a la conclusión, de que “ ...Fany González Cubilla falleció en la playa de vehículos donde se realizó la fiesta, por tanto según testimonios y libro de novedades del personal policial apostado en Emergencias Médicas, la misma ingresó a las 08:30 horas, entonces la misma falleció a las 04:30 horas de la mañana aproximadamente, esto se halla plenamente probado en juicio; es por ello que existe el hecho típico, ya que las acusadas pudieron haber salvado la vida de la fallecida, ya que una de las acusadas indicó que inclusive le bajo a la víctima para subirla en el vehículo, es decir que estaba en condiciones de hacerlo por diversas formas, y en especial con una simple llamada telefónica que no requiere de mayor esfuerzo física ni mental, por ende está demostrados contra toda duda la conducta típica de las acusada...".
En cuanto a los agravios expuestos por el Abg.. Ronald González, en relación a que los aportes probatorios no han sido valorados de conformidad a las reglas de la sana crítica, al basar el fallo únicamente en los dichos de algunos de los testigos, podemos observar del análisis de los fundamentos esgrimidos por el recurrente, que el mismo pretende que en esta instancia se realice una revaloración de aquellos elementos de convicción que se han tenido en cuenta y que han sido valorados por el Tribunal de Sentencia
*4 Art. 456 C.P.P. COMPETENCIA. Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del procedimiento, exclusivamente en cuanto a los puntos de la resolución que han sido impugnados.
en oportunidad del juicio oral y público. Así las cosas, tenemos que la valoración de las pruebas no puede ser motivo de estudio por parte de este Tribunal, en razón de que la misma ha sido analizada ampliamente en oportunidad del juicio oral y público. No obstante el órgano de alzada si bien no estudia las cuestiones de hecho, tiene el deber de analizar los argumentos que ha dado el órgano inferior para fundar sus resoluciones.
En tal sentido, de la lectura del acta de juicio obrante a fs. 1050/1059 Vlto. Tomo VI, y de la sentencia obrante a fs. 1060/1071 Vlto. Tomo VI, se desprende que el Tribunal A- quo, hace un recuento de las probanzas aportadas en juicio, concluyendo que “...quedo probado que no auxiliaron a la víctima, estando en condiciones de hacerlo por diversas formas, y en especial con una simple llamada telefónica que no requiere de mayor esfuerzo físico ni mental, por ende está demostrado contra toda duda la conducta típica de las acusadas...”.
El Tribunal de Sentencias realizó un análisis conjunto de las pruebas, (testimonios, informes periciales, laboratoriales, cruces de llamadas, etc.), y durante el debate del Juicio Oral y Público se produjo el contacto personal, directo y permanente entre el Tribunal de Sentencias, las partes, los defensores, las acusados, arribando el órgano sentenciante, a la conclusión de las circunstancias fácticas, y determinando el grado de participación de María José Alonso Jara y Lucia en el hecho punible de Omisión de Auxilio, sin que se aprecie una sentencia parcialista de los elementos probatorios arrimados en el juicio oral.
Por lo que surge claramente que el Tribunal de Sentencia, realizó un análisis detallado con fundamento de orden procesal, nexo causal entre producción de evidencias arrimadas y testimonios con el tipo penal de Omisión de Auxilio, estableciendo una relación pormenorizada entre los hechos probados en juicio y el tipo legal en lo cual subsumió, justipreciando los elementos de convicción para establecer la conducta de las inculpados.
Por tanto, insistimos en que queda claro la imposibilidad de formular criterio en cuanto a la evaluación o no, de la dimensión otorgada por el Tribunal de Sentencia a los testimonios efectuados en el juicio oral, así como la eficacia probatoria o contradicciones que puedan existir entre los mismos.
Surge entonces de las constancias de autos, que la admisión y producción de las pruebas se cumplieron bajo la observancia de las garantías procesales y fueron valoradas en función a las reglas de la sana crítica, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 175 del C.P.P., en concordancia con lo previsto por el Art. 397 del mismo cuerpo legal.
Asimismo en relación al agravio que hace alusión a la medición de la pena, este preopinante se abocará al estudio de dicha circunstancia al momento de analizar la sanción penal impuesta por el Tribunal A-quo.
Con respecto al juicio sobre la pena debe señalarse que una correcta dosimetría penal debe observar: 1) el grado de reproche al autor o partícipe, quien tiene condiciones, por conocimiento y voluntad, de motivarse conforme a la norma y no lo hace, por expresa disposición de voluntad, Art. 2° del C.P.; 2) las bases de medición de penas, señalados en el Art. 65 del Código Penal, sobre los cuales se volverá más adelante por constituir el eje central de los agravios; y, por último, 3) los objetivos de la pena, previstos en los Arts. 20 de la C.N. y 39 del Código Penal, de rehabilitación o readaptación y defensa de la sociedad.
En cuanto a la pretensión punitiva el representante del Ministerio Público ha peticionado la pena privativa de libertad de 01 (un años y la defensa ha solicitado la absolución de culpa y pena de las acusadas María José Alonso y Lucia Ramona Duarte.
El tipo penal examinado, Artículo 117, en concordancia con el Artículo 29 inciso 2do. del Código Penal, en las circunstancias, dentro del cual fue finalmente calificada la conducta, prevé como sanción pena privativa de libertad que será de hasta 01 año o multa. Aplicando, finalmente el Tribunal de Sentencia, la pena privativa de libertad de 11 (once meses) a María José Alonso y Lucia Ramona Duarte.
En consecuencia corresponde determinar si la sanción aplicada por el Tribunal A-quo, se ajusta a las reglas establecidas por el Art. 65 del Código Penal. La pena correcta, es decir, la justa, es la pena útil. La misma debe cumplir con la finalidad de protección de los bienes jurídicos y readaptación del autor a una vida sin delinquir. En efecto, el citado cuerpo legal de fondo establece que la medición de la pena se basará en el grado de reproche del autor y será limitada por ella; se atenderán también los efectos de la pena en su vida futura en sociedad”.
Así entonces, se advierte que el Tribunal Sentenciador, al momento de imponer la condena, ha tomado en cuenta las circunstancias relevantes para la medición de la pena, como ser; el reproche del autor, la forma de realización (no auxiliaron a la víctima, estando en condiciones de hacerlo), los medios empleados (tenían conocimiento de la situación de la víctima y la consecuencia que ello implicaría) y la importancia del daño (por la muerte de la víctima), la vida anterior del autor, sus condiciones personales y su conducta posterior.
En atención a los principios de prevención y a los fines de la sanción penal conforme al artículo 20 de la Constitución Nacional y los artículos 2 y 3 del Código Penal, notamos que el Tribunal de Sentencia ha aplicado correctamente la proporcionalidad de la pena conforme al grado del reproche de María José Alonso y Lucia Ramona Duarte, por lo que corresponde afirmar que la sanción de pena privativa de libertad de once meses se encuentra ajustada a derecho.
De lo expuesto, se concluye que la fundamentación del Tribunal de Sentencia que sustenta la resolución apelada, se basa en valoraciones objetivas siguiendo los lincamientos del recto entendimiento, como queda dicho, no se advierte en la sentencia apelada ninguna inobservancia o errónea aplicación de la ley penal de fondo ni de forma, en consecuencia, corresponde confirmar en todos sus puntos la sentencia apelada.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los Excmos. Miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, por ante mí de que certifico, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 06 de mayo de 2016.
VISTO: Los méritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Segunda Sala;
1. DECLARAR la competencia de éste Tribunal para resolver el recurso de apelación especial interpuesto.
2. DECLARAR LA ADMISIBILIDAD del recurso de Apelación Especial interpuesto por el Defensor Público Abg. Ronald González contra la S.D. N° 374 del 30 de noviembre de 2015.
3. CONFIRMAR en todas sus partes la S.D. N° 374 del 30 de noviembre de 2015, dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los Jueces, Abg. Gustavo Enrique Santander Dans, como Presidente, y como Miembros Titulares Abg. Juan Carlos Zarate y Abg. Héctor Capurro Radice en base a las consideraciones expuestas en el exordio de la presente resolución.
4. ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.
Cristobal Sanchez. Miembro
Delio Vera Navarro. Miembro
Abg. José A. Parquet. Actuario

References: artículo 5
 artículo 65
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 117
 artículo 29
 Artículo 117
 Artículo 29
 resolución 
 Artículo 117
 Artículo 29
 artículo 20
 resolución