Source: https://issuu.com/tsjneuquen/docs/acuerdo_n__5
Timestamp: 2018-06-25 03:16:22+00:00

Document:
Acuerdo Nº5 by TSJ Neuquén - Issuu
ACUERDO N° la
.- En la ciudad de Neuquén, capital de
días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia integrado
su los
RICARDO TOMAS KOHON y ALFREDO ELOSU LARUMBE, el señor Vocal Subrogante Doctor JOSÉ IGNACIO GEREZ y el señor Vocal Subrogante Conjuez Doctor ADOLFO GUILLERMO MANSON, con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas dictar
caratulados:
“ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA DEL NEUQUEN Y OTROS C/PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. N° 3147/10, en trámite por ante
conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor
presentan los Dres. Walter Richard Trincheri y Miguel Ángel Valero, por derecho propio, y en su carácter de apoderados de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Neuquén, con patrocinio letrado, e inician
Provincia del Neuquén. Pretenden se declare la nulidad de la reforma introducida en el inciso 3º del artículo 251 de la Constitución Provincial, en virtud de lo prescripto por el artículo 4º de la Ley 2471, declarativa de la necesidad de reforma constitucional, y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley Nro. 2533 y
“Reglamento
Evaluaciones 1
Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales” (en adelante “El Reglamento”) dictado por el Consejo de la Magistratura,
abiertamente contra expresas previsiones constitucionales contenidas en los artículos 1, 18, 19, 21, 63, 229, 240 inc. a) de la Ley Fundamental Provincial. Realizan
normativos que sustentan la pretensión. Indican que en el año 2004, la Legislatura de la Provincia de Neuquén dictó la Ley Nro. 2471 (sancionada el 07/10/2004, promulgada el 08/10/2004 y publicada el 15/10/2004) en virtud de la cual se declaró la necesidad de reforma parcial de la Constitución y se convocó a una Convención Constituyente. Manifiestan
norma, habilitó a la Convención a debatir y tratar, entre otros temas, la “Profundización de la independencia del Poder
(conforme apartado IV de la Ley). Por su parte, en el apartado VI, ítem 40, referido a los órganos de control, encomendó: “La elaboración de un nuevo sistema mediante el
funcionarios un
judiciales de
pluralista, con un mecanismo transparente y participación ciudadana y de demás sectores interesados, sin descartar ni
cuerpo ni la obligación de reválidas periódicas”. Continúan narrando que a través de dicha reforma constitucional, se incorporó a la Constitución de la
extrapoder,
Consejo de la Magistratura, regulado por los artículos
Expte. 3147/10.-
249 a 251. Asimismo, dice que el inciso 3º del artículo 251,
“Periódicamente, evaluar la idoneidad y el desempeño de los
insatisfactorio,
Poder caso
miembros, elevar sus conclusiones al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento a sus efectos”. Asimismo, aseguran que también se reformó el artículo 229, el que quedó redactado de la siguiente manera: “Los magistrados judiciales y los funcionarios de los ministerios públicos a los que se refiere el artículo 239 serán inamovibles mientras dure su buena conducta y no
consentimiento. enjuiciamiento
trasladados Sólo en
Constitución, por mal desempeño o comisión de delito, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 251, inciso 3)…”. Relatan que la Ley Nro. 2533 (sancionada el 09/11/2006) reglamentó el funcionamiento e integración del
dispuso: “El Consejo de la Magistratura efectuará, cada cuatro (4) años como mínimo, una evaluación de desempeño e idoneidad de magistrados y funcionarios, agrupándolos por fuero y categorías de cargos. A
desempeño, el Consejo de la Magistratura podrá tomar en consideración, entre otros antecedentes, los informes que produzca el Tribunal Superior de Justicia.
idoneidad, el Consejo de la Magistratura podrá calificar a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a través de un trabajo de investigación, la publicación de un
académico, todos ellos que tengan directa relación con el cargo que desempeña. En todos los casos el Consejo remitirá sus conclusiones
Tribunal de Enjuiciamiento a sus efectos.” Señalan que, posteriormente, se sancionó el “Reglamento de Evaluación de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales” elaborado por el Consejo
suspendida en virtud de la medida cautelar dictada por este Cuerpo en los autos: “Trincheri, Walter Richard y otro c/Provincia del Neuquén s/Medida Cautelar” Expte. 2986/10. Luego de explayarse sobre la competencia de este Tribunal para entender en el planteo que se expone y de fundamentar su legitimación activa, desarrollan los argumentos
pretensiones. Así, respecto de la nulidad de la reforma a la Constitución Provincial introducida en el inciso 3º del artículo 251, señalan que la Convención Constituyente se ha extralimitado del mandato específico reformador que fuera expuesto en la Ley Nro. 2471, colocando en cabeza del Consejo de la Magistratura -órgano creado también por ella- atribuciones que desnaturalizan la finalidad que
profundización de la independencia del Poder Judicial. Interpretan
organismo creado, sumado a sus excesivas facultades, ha configurado
constituidos, en desmedro del Poder Judicial, situación que trasgrede preceptos que hacen a la esencia misma de la forma republicana de gobierno. Sostienen forma
Jurado de Enjuiciamiento, órgano constitucional anterior a
Convención reformadora sólo podía debatir y consensuar sobre su nueva integración. Con Badeni,
cita que
constitucionalista aspectos
reforma sólo son revisables judicialmente si modifican las
motivo del ejercicio del poder constituyente originario, o si la Convención se aparta del temario establecido por el Congreso –en este caso, la Legislatura Provincialmodificando cláusulas de la Convención cuya reforma no fue declarada necesaria. Resaltan
estableció en su artículo 7º que serán nulas, de nulidad absoluta las modificaciones, derogaciones y agregados que realice
Convención establecida
Constituyente y,
apartándose delimitó
dentro del cual debía producirse el debate constitucional respecto a la reforma de la justicia.
En este sentido, afirman que todo el punto 40 del artículo 4º, apartado VI de la Ley 2471 hace referencia a la creación e integración del Consejo de la Magistratura
selección de los magistrados y funcionarios judiciales. Sostienen
párrafo analizado indica que la última parte que impone a los Constituyentes que deberán elaborar un nuevo sistema de selección de magistrados y funcionarios “sin descartar ni
elección ni
periódicas”
encuentra referido a la integración del Consejo de la Magistratura y no a la facultad de evaluar periódicamente la
funcionarios judiciales (cfr. inciso 3º del artículo 251 de la C.P.). Insisten
sólo surge de la circunstancia de estar todo en un mismo párrafo que refiere al mentado Consejo, sino también por la
legislador –en
órgano a crearse- y no en plural como lo hace cuando se refiere a “los magistrados y funcionarios judiciales”. Manifiestan que la reforma introducida por la Convención Constituyente, en este punto, atenta contra la
Judicial, toda vez que el Consejo de la Magistratura ha sido ubicado como “órgano extrapoder”, registrando en su composición una mayoría absoluta de cuatro integrantes
designados por el poder político sobre un total de siete miembros. Afirman que ello importa colocar en cabeza de
integrado por mayoría de uno de los poderes políticos la función de “evaluar la idoneidad y el desempeño de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial” con el consiguiente
mecanismo pueda ser utilizado por el gobernante de turno como factor de presión al recaer sobre los magistrados una permanente evaluación de sus labores. Insisten
carecía de facultades para establecer un mecanismo de reválidas para los magistrados sino que, al momento de fijar la composición pluralista del organismo, se decidió a favor de una integración compuesta por una mayoría absoluta de representantes de la Legislatura. Traen a colación el dictamen efectuado por el Dr. Daniel Sabsay quien afirma que la facultad de evaluación dada al Consejo de la Magistratura de Neuquén atenta
afectar severamente la independencia del Poder Judicial. Transcriben parte del mencionado dictamen, donde
“…todo
ejercicio de sus funciones de manera permanente, ya que vivirá invadido por el temor a lo que en realidad importa una “renovación encubierta” en el ejercicio de su cargo. Sin duda que dicha renovación dependerá de la mayor o menor irritación que sus fallos provoquen a los ocupantes ocasionales
“leales”.”
“eventuales”
que “…un
se sean
comparados que contemplan la institución del Consejo de la Magistratura, en 12 provincias argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires… ()… ningún estado ha adoptado un sistema parecido al neuquino, o mejor dicho, directamente no poseen un procedimiento de evaluación… (…) además se advierte que el Poder Político (Legislativo y
Provincial”. Concluyen en que la Convención reformadora ha incurrido en una doble transgresión constitucional, dado
armónica y semántica de la letra de la Ley 2471, la Convención no se encontraba habilitada a crear un órgano cuya función fuera la de evaluar a los magistrados y funcionarios
vulneró
independencia del Poder Judicial, al poner en jaque la inamovilidad de los jueces en sus cargos a instancias de los representantes políticos que conforman las restantes fuerzas del Estado. Luego, se explayan respecto de la segunda pretensión
esgrimida:
inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley 2533 y del “Reglamento”. Sostienen que uno de los pilares básicos del sistema republicano de gobierno, es la periodicidad de los cargos públicos, con la única excepción de los
magistrados judiciales que se mantienen en sus cargos mientras
excepción tiene su razón de ser en la preservación de la independencia poderes
frente Estado
necesariamente un Estado de Justicia. Desde estas premisas, afirman que cuando el Reglamento dispone
Magistratura, desempeño
idoneidad de los magistrados y funcionarios, contraría los
republicano de gobierno. Agregan
avasalla e invade facultades que la Constitución neuquina pone
Tribunal Superior de Justicia –a través de la Secretaría de Superintendencia y de la Auditoría General-, ya que la evaluación importa la apertura de un juicio donde se evalúa
idoneidad de
magistrado, al
con del
enjuiciado de ser oído. Manifiestan
que el Reglamento también se
excede al contemplar la evaluación de la idoneidad y el desempeño de magistrados y funcionarios que se encuentran excluidos del proceso de selección que efectúa el Consejo de la Magistratura. Explica que el mentado órgano se encuentra facultado para realizar el proceso de selección de
Públicos, pero el artículo 3 del Reglamento incluye a los funcionarios que se desempeñan en el Registro Público de
Comercio, Registro Único de Adoptantes, Registro de la Propiedad Inmueble, Archivo General y Registro de Juicios Universales, Oficina de Mandamientos y Notificaciones, el Administrador General y, el artículo 26 incluye también a la
Superior de Justicia. Asimismo,
constitucionales dadas por el Reglamento. Para su demostración, plantean la hipótesis dada por la tramitación de un procedimiento de evaluación de un magistrado que finalizara con un resultado “no satisfactorio”. Dicen
Reglamento, el Consejo debería remitir los antecedentes al Tribunal Superior de Justicia, por un lado y al Jurado de Enjuiciamiento, por el otro, además de publicitar sus conclusiones en el Boletín Oficial y comunicarlas a la Legislatura
Organizaciones de Magistrados, etc. (cfr. arts. 23 y 24 del Reglamento). Continúan exponiendo que, si el Jurado de Enjuiciamiento jury-
–luego
correspondiente del
magistrado, la previa publicidad de las conclusiones del proceso
–“no
satisfactorio”-
grave daño institucional, dado que se estaría frente a un supuesto de mantener en sus funciones a un magistrado “inidóneo” que ha sido tildado de tal por el Consejo de la Magistratura y de manera pública frente a la sociedad.
Ello acarrearía –prosiguen- una lluvia de recusaciones
“supuesta
inidoneidad” publicitada por el Consejo. Aseveran que, más grave aún sería la recusación en aquellos procesos que se encuentran tramitando o ya han sido sentenciados por
negativamente. Asimismo, estipulación
evaluatorio,
indefinidamente a los magistrados y funcionarios a la revisión debido
idoneidad, y
defensa. Por último, plantean cuestión federal y formulan petitorio. II.-
39/40,
(dictamen fs. 33/37), se declara la admisibilidad de la acción (RI N° 6/11) y se corre traslado de la demanda a la Provincia del Neuquén y al Fiscal de Estado (fs. 43). III.- A fs. 48/70 la demandada contesta el planteo solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas. En forma preliminar, recusa con expresión de causa a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén y solicita que el Tribunal sea integrado por conjueces, dado que estima que la cuestión debatida es de interés directo de todos los que pertenecen al Poder Judicial.
Luego, niega y rechaza las interpretaciones y
postulatorio. Afirma que existe un interés sectorial y corporativo
defensa se
jurídico vigente tres actos que gozan de presunción de legitimidad, dos de los cuales constituyen emanaciones directas de la voluntad del Pueblo de la Provincia, por medio de sus representantes electos. Explica
realidad en juego y no verla sólo desde el acotado prisma de la “independencia judicial” como hacen los actores. En este
Constitución Provincial puede o no instaurar mecanismos adicionales a los controles internos del Poder Judicial para evaluar la idoneidad y desempeño de los magistrados y funcionarios judiciales, aun cuando éste les resulte engorroso,
pudiese
común con el control interno que ejerce la Auditoría del Poder
acota:
“bastante
democrático e imparcial que el que efectuaría el Consejo de la Magistratura, por cierto”- porque es lo que la sociedad
constitucional. En
pretensión de nulidad de “la reforma introducida en el inciso 3º del artículo 251 inc. a) de la Constitución Provincial”
intentada no es el carril por el cual puede analizarse la constitucionalidad o no de la Constitución misma. Se explaya sobre esta defensa, explicando que la Ley 2130 sólo reconoce acción para demandar sobre la “constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos,
estatuyan sobre materia regida por esta Constitución…” y no sobre la constitucionalidad o no de la Constitución misma o de procesos constitucionales que la modifiquen, como es este caso. Refiere que el planteo carece del requisito esencial en toda petición de nulidad: no consigna cuál es el perjuicio. Dice que ello se debe a que el mismo no existe, ya que toda la demanda se estructura en base a una queja sobre la existencia de un hipotético perjuicio porque el Consejo de la Magistratura aún no ha emprendido acto material tendiente a ejecutar el citado inciso 3º del artículo 251 de la C.P. Por ello, estima que los actores promueven la nulidad ante una mera sospecha de perjuicio, lo es que igual que decir que persiguen la nulidad por la nulidad misma. Asimismo,
Constituyente se excediera de los límites impuestos por la Ley 2471. Afirma tuvo
independencia judicial” como aseguran los actores. Dice que, por el contrario, el propósito de la Convención se encuentra
“La reforma tiene el siguiente sentido y finalidad, a) concretar una profunda reforma política, b) Democratización del sistema político, c) Fortalecimiento de
gobernabilidad controles
democráticos,
derechos y declaraciones.” Manifiesta
contextualizada de la Ley 2471, indica que dos de los ejes
Judicial, el vinculado a la “eficiencia y gobernabilidad del
“reforzamiento
democráticos”. Alega que como derivación del primero de ellos,
artículo segundo,
153 se
como órgano
independiente, el Defensor del Pueblo (art. 265) y un órgano extrapoder, el Consejo de la Magistratura (art. 249 a 251). Interpreta
estableció 53 ítems que podía tratar o no la Convención, entre los cuales se incluyó la “profundización de la independencia del Poder Judicial”, lo que no importa una “finalidad” de la reforma, sino “simples elementos de orden temático establecidos por el legislador en la norma para dar mayor claridad y coherencia a su discurso que en esta
extenso”.
Refuerza su postura indicando que se trata sólo de “un epígrafe, un rótulo temático”. Por su parte, prosigue, bajo el rótulo VI: órganos de control, agrupó los ítems 40 a 44, entre los
discutiera
instauración de un “nuevo sistema mediante el cual los jueces y funcionarios judiciales se seleccionen a través de
pluralista,
demás sectores interesados, sin descartar ni la elección en
obligación de reválidas periódicas.” Entiende habilitante
Magistratura con dos funciones primordiales: la selección de magistrados y funcionarios judiciales pertenecientes a los Ministerios Públicos y la potestad de evaluar la idoneidad
funcionarios judiciales. Dice que la evaluación hace a la finalidad de optimización del funcionamiento del Poder Judicial y esa finalidad está en la Ley 2471. Luego, asegura, es el Constituyente
deposita tal función, decantándose en este caso, por el Consejo de la Magistratura y reservando en el Jurado de Enjuiciamiento la potestad disciplinaria. A continuación señala la contradicción en la que, a su juicio, incurren los actores cuando indican que la evaluación de la idoneidad y desempeño en manos del Consejo de la Magistratura importa un control de tipo “político”, lo que atentaría contra la independencia del Poder
externos existentes hoy en día –el Juicio Político y el Jury
Enjuiciamiento-
político que no parece perturbar el principio republicano de gobierno ni inquietar a los accionantes. Alega
instituidos en 1957, se encuentran actualmente en crisis, ya que no configuran la perfección institucionalizada, razón
comparado se experimenta con órganos como el Consejo de la Magistratura a fin de perfeccionar el sistema vigente. Insiste
ejercería el Consejo de la Magistratura es en parte de índole
atenta contra los valores de la República sin revelar un prejuicio negativo sobre la rectitud de los miembros de un organismo del Estado. Respecto a la existencia de superposición de controles entre el que ejercería el Consejo de la Magistratura
interna del Poder Judicial, afirma que dobles y triples controles son comúnmente admitidos en las organizaciones porque ello hace a una buena práctica. Y, si bien admite que tal situación puede incomodar a los miembros del Poder Judicial, cree que ello no importa una flagrante violación del sistema republicano de gobierno. Posteriormente
cita al Estatuto del Juez Iberoamericano, el que en su artículo
posibilidad de evaluar el desempeño de los jueces.
razonabilidad tanto de la Ley 2533 como del Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño impugnado. Asegura
razonablemente la facultad de evaluación periódica que prevé
efectivizada
disponer lo
correlato con el tiempo de duración de los Consejeros en sus cargos, de suerte tal que al menos una vez durante su gestión,
judiciales y no sólo a quienes hayan sido seleccionados mediante los concursos que deben llevar a cabo. Hace mención a un proyecto de ley que la Asociación
Provincial (Expte. Nº 13/08), donde admitía la facultad de evaluar a los magistrados, pero solamente en lo que hace a su desempeño. Se explaya en la descripción del proyecto, su comparación con el existente actualmente y hace hincapié en la existencia de contradicción en el accionar de los actores. Luego realiza un repaso histórico sobre la incorporación
vigente actualmente en las constituciones provinciales y un relato pormenorizado sobre la composición y funciones de
comparado. Resume las principales notas de la potestad evaluativa en cabeza del Consejo, a fin de distinguirla de la llevada a cabo por la Auditoría del Poder Judicial.
En este sentido, indica que: 1.-
controlante
jerárquica con el controlado porque lo ejerce un órgano extrapoder. En cambio, dice, en la Auditoría interna el controlante depende del controlado. 2.- Al igual que en el juicio político y en el Jury de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura se
“institucionales” (cfr. Marienhoff). 3.-
facultades instructorias vinculadas a lo disciplinario, aunque sí ordenatorias (art. 14 parr. 2º del Reglamento) y
denuncia al Jurado de Enjuiciamiento). 4.- El Consejo de la Magistratura ejerce un control
comprobaciones in situ y no meramente documentarias. 5.-
Constitución manda a evaluar el desempeño y la idoneidad de
“magistrados
judiciales”
indirectamente a organismos. Sostiene que, en cambio, la Auditoría,
indirectamente a los sujetos. 6.- No utiliza como técnica principal el control de auditoría, aunque efectúa algunas operaciones típicas de ésta (cfr. arts. 12 inc. 3, 7º, 9º, 10º inc. 3 in fine del Reglamento). Interpreta
asigne a los jueces la última palabra en las cuestiones jurisdiccionales no lleva a afirmar que quien posea y
destaca, el Consejo no tiene potestades de remoción. Concluye afirmando que la facultad genérica de contralor, bajo distintas formas y modalidades, es consustancial al sistema democrático ya que el mismo se autodefine,
contrapesos recíprocos entre las distintas instituciones, destinado
poder y limitar el mismo. Ofrece
reserva de cuestión federal y formula petitorio. IV.- A fs. 84/88 mediante R.I. Nro. 30/11 se rechazan in limine las recusaciones formuladas en el escrito de contestación de demanda. A
actores del traslado de la documental adjuntada por la Fiscalía
explayan
relevantes del proyecto de ley enviado por la Asociación de Magistrados a la Legislatura Provincial, con motivo de la creación del Consejo de la Magistratura, a fin de refutar la supuesta incoherencia de argumentos. V.- A fs. 97 se decide la apertura de la causa a prueba, período que es clausurado a fs. 104, disponiéndose el pase de las actuaciones en vista Fiscal. A fs. 112 obra excusación formulada por el Sr. Fiscal Subrogante, Dr. Cancela, quien solicita se lo aparte del conocimiento de esta causa. Mediante
excusación formulada y se ordena realizar sorteo para la designación del Sr. Fiscal Subrogante.
sorteo público llevado a cabo el día 24/10/12, mediante el cual resultó desinsaculado el Dr. Pablo Vignaroli. A fs. 119 obra excusación formulada por el Sr. Fiscal Subrogante sorteado, la que es desestimada mediante
obrante
121/123,
ordenándose correr nueva vista a su Ministerio. VI.Fiscal
fs. Dr.
Vignaroli,
dictamen quien
declaración de inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley 2533 y del Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño dictado
Magistrados el
independencia Reglamento,
funcional a
normas del
Magistratura, ponen
invade ha
Enjuiciamiento y al propio Tribunal Superior de Justicia y se excede al pretender evaluar a funcionarios cuya selección no está a cargo de tal órgano. VII.autos
providencia las
vinculadas con la integración del Tribunal que obligaron a suspender y reanudar dicho llamado (cfr. a partir de fs. 130 hasta fs. 215 y Resoluciones dictadas Nros. 7/14, 23/15, 6/16), el Cuerpo quedó debidamente conformado para el dictado de la sentencia. VIII.-
Tribunal en reiteradas oportunidades, cada vez que le
toca ser árbitro final de la interpretación y aplicación de
provinciales,
tarea que
resolución que se adopte, trasciende la esfera particular de
influir sobre la comunidad toda. Sin lugar a dudas, toda declaración de inconstitucionalidad, constituye una de las más delicadas funciones a cargo de un Tribunal de Justicia. Más
pretensión se deduce en el específico y extraordinario ámbito cuya
autónoma principal
alcance general de la norma contraria a la Constitución Provincial (art. 16 de la Constitución Provincial). Este particular efecto abrogatorio que se acuerda
constitucional deba ser muy riguroso y estricto en punto a
formales y sustanciales establecidos en la Constitución Provincial y reglamentados por la Ley 2130. El caso traído a estudio, presenta ribetes peculiares
constitucional consistente no sólo en la revisión de la validez de una norma de carácter general –Ley 2533 y su reglamento-
cláusula introducida en el texto constitucional neuquino mediante la reforma acaecida en el año 2006. La revisión jurisdiccional de la validez de una reforma constitucional, es un tópico que ha sido
largamente debatido en doctrina y que presenta varios interrogantes acerca de su procedencia, su extensión, la vía idónea para propiciar el control, los efectos del mismo, etc. Sin
Máximo Tribunal desde hace más de cincuenta años se ha encargado de establecer parámetros que delinean la tarea del juez constitucional en relación con la posibilidad de controlar judicialmente una reforma constitucional (cfr. Soria de Guerrero, Juana Ana c/Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos, S.A., F: 256:556). Explica
“…frente
impugnación de la validez de leyes por incumplimiento en algún
Constitución, la Corte Suprema ha encuadrado el caso en su doctrina de la no judiciabilidad de las cuestiones políticas y se ha negado a investigar si se cumplieron los
quórum,
reglamentarias, etcétera, entendiendo que “cada uno de los tres poderes que conforman el gobierno de la Nación, aplica e interpreta la Constitución por sí mismo, cuando ejercita
respectivamente”. excepción:
“salvo
constitucionales mínimos e indispensables que condicionan la
ley”
53:420,
141:27,
143:131,
210:555), habiéndose considerado que se da uno de estos supuestos cuando se produce la promulgación de una ley en la parte no vetada (F. 268:352)….”
Y prosigue: “La impugnación de la validez de
principio, una cuestión no justiciable. Las discrepancias sobre
acierto,
reformas sancionadas por la Convención en ejercicio de una
configuran cuestiones políticas exentas de revisión por los
principio. Recordemos que, en materia de contenido, la Convención está limitada en dos aspectos: en cuanto (a) la
irreformabilidad
disposición constitucional; y (b) a la irreformabilidad de las partes de la Constitución que el Congreso no haya declarado necesario reformar. Dadas estas limitaciones, los jueces estarían habilitados para negarse a aplicar las
excediendo
competencia.” (Bidegain, Carlos María “Curso de Derecho Constitucional, tomo IV, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003). Así es como en el renombrado caso “Fayt” (Fallos 322:1609) se propició el control judicial de la reforma
acaecida
introducida por el artículo 99 inc. 4, párrafo tercero al anterior artículo 86 inc. 5 del texto de 1853/60, por entender que “aquélla es fruto de un ejercicio indebido de
reformadora”. Los aquél
Convención Constituyente, Ley 24.309- se asemejan en un grado
Tribunal sustraerse al examen propuesto. Ello expresa
perjuicio nuestra
artículo 315 donde establece que “La Convención no podrá comprender en la reforma otros puntos que los expresados en la Ley de Convocatoria…” lo que supone la existencia de
(etapa
preconstituyente) y, consecuentemente, la posibilidad de controlar la sujeción de la Convención a las mismas. Facultad que se encuentra reforzada por los expresos términos de la Ley 2471, que fulminan de nulidad absoluta cualquier modificación, derogación o agregado que
(art. 7), lo que “presupone la existencia de un poder dotado de facultades suficientes para realizar el control sobre
alcance por
efectos a las realizadas en infracción a los límites impuestos, el cual no puede ser otro que aquél que tiene como atribución esencial la de preservar la supremacía constitucional: el Judicial” (F. 322:1609). Bajo Tribunal,
parámetros, del
jurisdicción y efectuar el control que se propicia.
este de la
IX.- De la lectura del escrito inicial se desprende que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Neuquén pretende la declaración de nulidad de la reforma constitucional del año 2006 que introdujo el artículo 251 inc. 3, al texto Constitucional sancionado en el año 1957 y enmendado en el año 1993 por Ley 2039 convalidada por referéndum popular en el mes de marzo de 1994-. Argumentan que al introducir el inciso 3º del
Constituyente se excedió en sus facultades, puesto que la ley declarativa de la necesidad de reforma no previó la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura –u otro órgano- pudiera evaluar, en forma periódica, la idoneidad y el desempeño de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Alegan que dicha incorporación vulnera el principio de separación de poderes propio del sistema republicano
gobierno, de
contemplada en el actual artículo 229 de la Constitución Provincial y la independencia del Poder Judicial dado que somete
órgano con mayoría política y ajeno a sus funciones, superponiéndose establecidos
externos (jury
enjuiciamiento y juicio político) y al control interno llevado
solicitan la declaración de nulidad del inciso 3º del artículo 251 de la Constitución Provincial, sino también la inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley 2533, en
magistrados y funcionarios por parte del Consejo de la Magistratura
dictó en su consecuencia. Como
hipotético caso de no prosperar la nulidad peticionada, solicitan
artículo 28 de la Ley 2533 y de su reglamentación, con base en la vulneración de la garantía de estabilidad de los jueces y por exceso reglamentario. Por
constitucionalidad del precepto con argumentos que pueden sistematizarse en formales y sustanciales. Respecto de los primeros, afirma que la vía de la acción de inconstitucionalidad no es la idónea para provocar impugnado
emanado o
“proceso
Convención reformador”,
descartando su naturaleza normativa; y que no se cumple con el requisito esencial de procedencia de toda nulidad ya que no existe perjuicio porque aún no se ha puesto en funcionamiento el sistema de evaluaciones. Respecto de los segundos, afirman que: a) la Convención Constituyente se encontraba habilitada para introducir el inc. 3º del artículo 251 de la Constitución Provincial, en virtud del artículo 3º de la Ley 2471, que
“Eficacia
democráticos”;
control externo introducido por la reforma es fruto de una
“participación popular”, requisito que no está presente en los controles anteriores a la reforma y que fueron insuficientes; c) el control introducido es distinto de aquél que efectúa el Poder Judicial mediante su Auditoría General; d) la finalidad del control no es la “remoción” del
posibilidad de vulnerar la garantía de estabilidad; e) no es incongruente que el Consejo sólo pueda seleccionar a los jueces y funcionarios del ministerio público y pueda “evaluar
magistrados y funcionarios del Poder Judicial, dado que son
periódica a los Magistrados se enmarca en los principios democráticos que hacen a la república. Respecto del artículo 28 de la ley 2533, afirma que: a) constituye una reglamentación razonable de la cláusula constitucional el fijar en cuatro años el período
las un
evaluaciones;
magistrados, lo que contraviene la doctrina de los actos propios; c)la existencia de un Consejo de la Magistratura supone la idea de un “control sobre la idoneidad”, que cabe llevarlo a cabo tanto al seleccionar a los jueces y funcionarios como durante su desempeño; d) el sistema
impuesto por la reforma puede resultar incómodo al Poder judicial pero no es inconstitucional. X.-
Sistematizadas
partes, cabe abordar en primer lugar, los reparos de índole formal a la procedencia de la acción, para luego superados éstos, abocarse de lleno al tratamiento de los argumentos planteados en torno a la constitucionalidad del precepto señalado (art. 251 inc. 3º C.P.) y, en su caso, de ser necesario, la evaluación sobre la normativa que reglamenta el mismo. a.)-
señalar que las críticas que plantea la demandada en punto a la vía elegida para provocar el control -en razón de estimar que el específico carril de la acción autónoma sólo habilita el análisis de compatibilidad entre normas generales y la Constitución Provincial, no así del texto constitucional en sí mismo y menos aún de un “proceso de reforma”- deben ser rechazadas. En efecto, la superación de la concepción racional normativa del derecho, propia del siglo XIX, importa asumir a la Constitución como una norma jurídica fundamental, cualitativamente distinta a las demás, por cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha de
informar todo el ordenamiento. Esta naturaleza jurídica de la Constitución ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos precedentes: “Nuestra Ley Fundamental es una norma jurídica y que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios,
sobre todo cuando está en discusión un derecho humano” (Fallos: 327:3677, 330:1989, entre otros); concepto que es plenamente aplicable a nuestra Carta Fundamental. Luego,
fuente de derecho y que simultáneamente regula al resto de las fuentes del Derecho, las incorporaciones a su texto
susceptibles de ser analizadas por este medio, a fin de lograr
particular, con los principios informadores y valores que hacen a la esencia del Estado Constitucional de Derecho. Al decir de Bidart Campos, la supremacía de la Constitución tiene dos sentidos: uno fáctico, propio de la constitución material, que significa que la misma es el fundamento y la base del orden jurídico-político de un estado; el otro, apunta a la noción moderna que la constitución forma, revestida de superlegalidad, obliga a que
ajusten a ella (cfr. Bidart Campos, Germán J. “Tratado de Derecho Constitucional Argentino,” Ediar, Buenos Aires, 2001, p. 398 y ss.). La entonces,
supone,
constitucional en todo momento, analizando las supuestas incompatibilidades de las normas jurídicas generales con la
ejercicio de la función legislativa ordinaria o, sean producto
derivado, puesto que éste, al igual que todos los poderes
constituidos,
límites en la misma Constitución que le ha dado origen. Así
numerosos precedentes, donde se habilitó el específico control que surge de esta acción autónoma para analizar la
Cartas orgánicas municipales (Ac. 308/94 “Crocco”; 447/96 “Berbel”; 480/97 “Baca Cau”; 649/00 “Aspitia”). Al respecto es ilustrativo el voto del Dr. Vidal en la causa “Crocco” al señalar “… es labor de este Tribunal,
todas las leyes contrarias al sentido manifiesto de la Constitución en orden a lo dispuesto para la Legislatura en su función legislativa (art. 101 inc 1) como de las leyes
alterarla, por ser una competencia basada en el Derecho Constitucional Positivo, que éste regula en el caso con la
Constitución, así como el ordenamiento constitucional que inspiró a los Convencionales del Estado Neuquino” (Ac. 308/94). “Y es que no debe confundirse el ejercicio de la jurisdicción para la revisión de la conveniencia o el
introduce en la zona de la no justiciabilidad, y que en el
plasmado en la norma ha sido facultad privativa de la Convención Constituyente; con la materialización de ese
criterio en una norma que luego se está cuestionando por inconstitucional. Es este último motivo y no otro, el que moviliza la intervención de este Tribunal y, constituye cuestión suficiente para provocar su revisión judicial.” (del voto del citado magistrado en la causa “Baca Cau”, Ac. 480/97). b.)conceptualizan
puros-
prescinden de la noción de “perjuicio” que configure el casus
difuso de constitucionalidad. En efecto, sabido es que el control que este Cuerpo efectúa a través de la acción prevista en el artículo 241 inc. a) de la C.P., es de tipo abstracto. Ello implica que el planteo es objetivo en un juicio entre dos o más disposiciones, siendo una (o un grupo) de ellas de nivel constitucional. La compatibilidad que el Tribunal
significará
sobreviva, pero si eso no ocurre dejará de tener validez y será expulsada del ordenamiento jurídico vigente (art. 16 C.P). Y si esto último sucede se cumple con el fin de la
Constitución local. Por
inconstitucionalidad un medio impugnativo que se promueve en interés de garantizar el respeto a la Constitución y la
salvaguardar derechos propios de quien la ejerce, resulta evidente que para su procedencia basta con que se ejerza
por parte legitimada, sin necesidad de que acredite la afectación o no de sus derechos individuales, los que, en su caso, sólo servirán para determinar la tempestividad de la acción intentada (art. 3 y 4 de la Ley 2130). Es
inconstitucionalidad de la normativa
impugnada, si bien
produce la caducidad automática de la norma, no tiene efectos retroactivos, siendo impotente para solucionar los perjuicios que pudieron haberse consumado al amparo de la misma. Precisamente una de las diferencias de la acción
ejerce,
fundamentalmente, en interés de la constitucionalidad, esto es, para salvaguardar el principio de supremacía constitucional, ajustarse Suprema
inmodificables
inspiran. Luego, debate
siendo en
facultades en
proceso de reforma constitucional conforme los anteriores artículos 295 y sgtes. -actuales arts. 313 y sgtes.- de la
irrelevante en
marco, la circunstancia de que la cláusula constitucional impugnada –y la legislación consecuente- no haya tenido aplicación
derechos de los aquí actores.
Por ello, en tanto lo que se procura es la vigencia de la Supremacía constitucional, no puede sino habilitarse la instancia originaria de la acción directa intentada. XI.para
genera alcances
2471)
Convención la
planteada concierne a los límites del poder constituyente derivado. Así, la cuestión planteada exige analizar si
dentro de los límites impuestos por la ley declarativa de la necesidad de reforma o, por el contrario, se excedió en su actividad reformadora, lo que conllevaría a su nulidad. Es que, como se ha expresado, el ejercicio del
límites. La Convención, como los otros órganos supremos, está organizada por la Constitución y las leyes que le fijan su misión y alcances posibles de la reforma. Esta misión es bien definida: estudiar las reformas en los aspectos indicados por la Legislatura y aprobarlas o no. No
indicaciones, pero no puede reformar apartándose de los límites que ellas le fijan (cfr. Bidegain,
ob. cit. pág.
18). Al respecto, señala Bidart Campos que “… el poder
positivo: unos en cuanto a procedimiento, otros en cuanto a la materia. Los límites al poder constituyente derivado están
dirigidos:
iniciativa o declaración de la necesidad de reforma- b´) a la convención – en la etapa de revisión- b´´) a ambos; así el quórum de votos para declarar la necesidad de la reforma limita al congreso; el temario de puntos que el congreso
convención;
necesitados contenidos
congreso como a la convención”. (autor citado, Manual de la Constitución reformada, Tomo I, Ediar, Buenos Aires, Año 1998, pág. 378). El Poder constituyente derivado se presenta entonces como esencialmente limitado, debiendo adecuar sus
originario; “esa separación es la última ratio de la nulidad de todo acto del poder constituido contrario a la Constitución”
constitucional, Tomo I, pág. 173). Nuestra artículo
Constitución (anterior
prevé art.
ss.)
procedimiento a través del cual debe llevarse a cabo la reforma
naturaleza rígida de la misma. De su lectura se desprende que el mismo se asemeja al existente a nivel federal; esto es, debe ser ejercido por una Convención Constituyente convocada al efecto, que desarrolla su tarea con las limitaciones que le establece la ley declarativa de la reforma
–etapa
preconstituyente- que se encuentra en cabeza del órgano representativo por antonomasia: el Poder Legislativo. En
Justicia de la Nación ha expresado que: “…la facultad de reformar la Constitución no puede exceder el marco de la regulación
–constitucional-
Tribunal ha afirmado recientemente esta doctrina respecto del
(Fallos
316:2743), con cita de la opinión coincidente de Manuel Gorostiaga, atribuidas
convenciones constituyentes están limitadas (conf. Manuel Gorostiaga,
“Facultades
Constitucionales”,
Restricción que también resulta del texto del artículo 30 de
posibilidad de que aquélla sea reformada “en el todo o en cualquiera de sus partes” y conferir al Congreso de la Nación la función de declarar la necesidad de la reforma, atribuye su realización a “una Convención convocada al efecto”
agregado);
expresión que se subraya, situada al final del artículo citado, pone de manifiesto que la convención se reúne con la
constitucionales que el Congreso declaró que podían ser reformadas y sobre las que el pueblo de la Nación tuvo oportunidad
convencionales y no otras, sobre las que no concurren dichos
requisitos”
(cfr.
“Fayt,
Santiago c/Estado Nacional s/proceso de conocimiento”).
XII.1.-
Nacional, nuestro texto constitucional prescribe: “Esta Constitución
Constituyente integrada por igual número de diputados que la
elegidos de la misma forma.” (art 313 C.P.). A
determinará por ley especial la necesidad de la reforma, conforme
atribuciones.”
314),
expresamente que: “La Convención no podrá comprender en la reforma otros puntos que los expresados en la ley de convocatoria, pero no estará tampoco obligada a variar, suprimir
Constitución, cuando considere que no existe necesidad o conveniencia
315). En
dictó se
Legislatura 2471 la
dichas la
–sancionada necesidad
Provincia el
07/10/2004la
constitucional y se convocó a una Convención ad hoc. Considerando
sobre los límites del Poder Constituyente derivado, que se encuentran establecidos en esta ley de convocatoria ( L.
intención de los convencionales constituyentes plasmadas en sus debates en el seno de la Convención reformadora, sino,
anterior: los debates parlamentarios que precedieron la ley provincial 2471, donde las diversas fuerzas políticas
representativas de la ciudadanía neuquina acordaron las cláusulas que podían ser objeto de reforma, estableciendo la
constituyente. Es así que a fin de analizar la tarea de los
recurrir,
primer lugar, a los términos de la ley que la convocó y fijó su competencia, sancionada bajo el número 2471. La misma se estructura en dos Títulos, el primero de ellos declara
(artículos 1º a 7) y el segundo, contiene la convocatoria y las facultades de la Convención (arts. 8 a 17). Dentro del primer Título, el artículo 3º fija los lineamientos que deberán aplicarse a toda la reforma
finalidad de este proceso. El mismo dispone: “La reforma tiene el siguiente sentido y finalidad: a) Concretar una profunda reforma política. b) Democratización del sistema político.
Fortalecimiento d)
sistema. e) Reforzamiento de los controles democráticos. f) Reconocimiento de nuevos derechos y declaraciones.” A continuación, establece qué temas podrán ser debatidos y tratados en el seno de la Convención. En este sentido el extenso artículo 4º, se estructura en varios acápites, a saber: I- DECLARACIONES, DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES (que incluye los siguientes puntos:
1.Símbolos
2.Defensa
democrático, 3.Ocupación territorial, 4. Regionalización, 5.Organización
6.Ambiente,
7.Usuarios
consumidores, 8. Comunidades originarias, 9.Víctimas de delitos,
10.Derechos
11.Juventud, 12.Personas con capacidades especiales, 13. Organizaciones no gubernamentales, 14.Deberes, 15.Acción de amparo y medidas autosatisfactivas, 16.Derecho a la información, 17.Hábeas data.); II- SEGURIDAD PUBLICA Y MANEJO
19.Deber
coordinación de los Poderes del Estado, 20.Principios en la
Estado.);
incluye los puntos: 21.Funcionamiento e integración de los Cuerpos Legislativos, 22.Ampliación del período de sesiones de los cuerpos legislativos, 23.Prohibición de la
24.Imposibilidad
reelección por más de un (1) período para cualquier cargo electivo,
25.Incorporación
Fortalecimiento de los partidos políticos, 27.Desafuero, 28.Poder
29.Régimen
electoral.);
PROFUNDIZACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y OPTIMIZACIÓN siguientes Tribunal
puntos: Superior
FUNCIONAMIENTO. 30.Designación de
(que de
31.Remuneraciones
32.Capacitación
permanente de magistrados y funcionarios judiciales, 33. Ministerio Público, 34.Reorganización de la Justicia de Paz, 35.Doble instancia contencioso-administrativa, 36. Juicio
jurados.)
V.-MEJORAS
SISTEMA DEMOCRÁTICO (que incluye los puntos: 37.Enmienda
38.Mecanismos
semidirecta, 39.Juicio político) VI.-ORGANOS DE CONTROL (que
40.Organos
remoción de magistrados y funcionarios judiciales, 41. Jurado
Enjuiciamiento,
Contaduría Pueblo.)
42.Tribunal
VII-RECURSOS
44.Defensor
SERVICIOS PUBLICOS. EMPRESAS PUBLICAS (que incluye los siguientes recursos
45.Propiedad
46.Espectro
radioeléctrico.
Radiodifusión, 47.Servicios públicos y ente regulador, 48.Cooperativas, PRODUCCIÓN,
49.Empresas
públicas.) Y
incluye los puntos: 50.Fondo fiduciario, 51.Defensa de la producción
participativo);
54.Educación
52.Coparticipación, IX.-
55.Salud
53. los
asistencia social); X.- REGIMEN MUNICIPAL y XI- VETERANOS DE GUERRA. Luego, en el artículo 5, se enumeran los artículos pasibles de reforma; el artículo 6 establece que “la Convención Constituyente podrá modificar, derogar o sancionar las normas que estime convenientes y que sean manifiestamente compatibles con el sentido y finalidad de la reforma. Asimismo, deberá enumerar los artículos y podrá
Constitución Provincial reformada”; y el artículo 7 prevé que “serán nulas de nulidad absoluta las modificaciones,
Constituyente apartándose de la competencia establecida en los artículos 3º, 4º y 5º de la presente ley”. Como se advierte, del articulado citado no surge explícitamente la facultad de los convencionales de introducir sobre
funcionarios judiciales. XII.2.-
PROFUNDIZACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y OPTIMIZACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO, donde se establece, entre
magistrados y funcionarios de una constante capacitación formal en su profesión –lo que hace a la “optimización del funcionamiento de la justicia” -, no se prevé un mecanismo de evaluación sobre su “idoneidad y desempeño” que lleve a cabo el Consejo de la Magistratura. Por
acento en la profundización de la independencia del Poder Judicial que se ve reflejada –entre otras cláusulas- en la
intangibilidad inamovilidad
remuneraciones, cargos
funcionarios judiciales (pto. 31) y en el diseño y perfil del
Fiscalía autonomía
Administrativas, financiera
(pto.
una con 33);
órgano éste que, finalmente, no vio la luz en la reforma constitucional.
Tampoco periódica”
“potestad
evaluatoria
legislador facultó al constituyente para su reforma e incorporación al texto constitucional. Es así que en el acápite VI. ORGANOS DE CONTROL,
“40.Órganos
remoción de magistrados y funcionarios judiciales”, se prevé “La elaboración de un nuevo sistema mediante el cual los jueces y funcionarios judiciales se seleccionen a través de un organismo con composición pluralista, con un mecanismo transparente y participación ciudadana y de demás sectores interesados, sin descartar ni la elección en
obligación de reválidas periódicas.” Cabe
particular, desde que el título del punto sugiere la habilitación
procedimiento de “selección y remoción” de los jueces y funcionarios
“consejo para
magistratura”
la sólo
la u la
“selección” de los sujetos indicados omitiendo consignar las pautas para modificar el procedimiento existente para la “remoción” de los mismos. Y ello no puede ser suplido con el punto siguiente (41) que refiere al “Jurado de Enjuiciamiento”, dado que allí sólo habilita a modificar la composición del órgano sin hacer mención alguna al procedimiento; y menos aún, con la redacción del punto 39, que refiere al Juicio político, ya que éste se ubica en otro acápite
FUNCIONAMIENTO referido
SISTEMA sujetos
DEMOCRÁTICO), pasivos
algunos pertenecen al Poder Judicial –los Vocales del Tribunal Superior de Justicia-, es llevado a cabo por la Legislatura
distinto del jury de enjuiciamiento. Continuando con el análisis del punto 40, en lo que ya se vislumbra como una deficiente técnica de redacción, el legislador hace referencia, en el mismo párrafo
órgano encargado de llevarla a cabo. En efecto, cuando menciona que los jueces y funcionarios judiciales se seleccionen transparente
“con un mecanismo
sectores interesados” se está refiriendo al proceso de selección cuya modificación propicia. Pero lleve
indica “un
pluralista” y “sin descartar ni la elección en forma directa para integrar dicho cuerpo ni la obligación de reválidas periódicas” claramente está haciendo alusión al órgano encargado de llevar a cabo tal procedimiento. No
legal. Una exégesis gramatical de la sintaxis del párrafo analizado “órgano”
indica cuya
alude no
al los
“magistrados y funcionarios” en particular, ya que cuando
se refiere a los individuos, el legislador utiliza el plural y cuando alude al organismo, utiliza el singular. Refuerza esta hermenéutica la circunstancia que suponer lo contrario importaría la contradicción o inconsecuencia del propio legislador en un mismo texto legal,
principio de “inamovilidad” en los cargos de los jueces y funcionarios
31),
inclinarse por el sistema de “reválidas periódicas” para permanecer en sus cargos. XII.3.- Estas conclusiones aparecerían como apresuradas legislador
preconstituyentes, que motivaron el dictado de la Ley 2471, declarativa de la necesidad de reforma. Más aún si se repara en la argumentación justificatoria exhibida por la demandada como fundamento de la incorporación del inc. 3 del artículo 251 de la C.P.
desempeño se
enmarca
potestad de en
finalidad de dotar de “Eficiencia y gobernabilidad” al sistema y, más precisamente aún, al “Reforzamiento de los controles democráticos” (incs. d y e del artículo 3º de la Ley 2471). En
colación los discursos e intervenciones dadas en el seno de la Honorable Legislatura Provincial, al debatirse la sanción de la ley 2471, aun cuando su análisis evidencia escasas referencias al tema en cuestión (cfr. diario de
neuquina,
Período Legislativo, 3ra sesión especial, Reunión Nro. 20, del 6 de octubre de 2004). El
(miembro
por el MPN), en su exposición, y en lo que aquí interesa, expresa
“…Habilitamos
concordancia con la doctrina sentada por la Corte Suprema en el fallo Strada, que… “es facultad no delegada por las provincias
administración tramitación
que, es
exclusiva, por lo que pueden establecerse las instancias que
convenientes”…
continúa;
aseguramiento de la “administración de Justicia” a cargo de
–conforme
Nacional-
necesidad, que sus jueces no estén cegados al principio de
supremacía,
“administración
Justicia” sea plena y cabalmente tal”. Para luego agregar: “En el mismo sentido, proponemos que el fortalecimiento de las instituciones debe alcanzar los tres Poderes del Estado, así el Poder Judicial, en lo que respecta a los mecanismos para la designación
funcionarios es
procedimiento funcionarios
magistrados mediante el juicio político. Asimismo se hace necesario acrecentar y profundizar los controles; en este
tienden a la transparencia de la gestión pública.” Asimismo, el Diputado MESTRE (de RECREAR), menciona al respecto que: “Creemos en la capacitación de los
caramba!. Por ahí designamos a un juez en lo civil y comercial que, casi casi, recién sale de las aulas y qué sabe este hombre del proceso comercial y las quiebras (…), entonces a lo mejor, haya que crear toda una escuela para magistrados, previo a los concursos y filtros a los que tenemos que someterlos, para tener calidad…. Porque creemos que los miembros de la magistratura tienen que llegar por cursos honorus, por mérito y no por el voto popular, por lo menos en esta etapa y en el República Argentina… Vamos a trabajar mucho con los órganos de designación
judiciales, ahí tenemos una cuenta pendiente muy grande y sobre todo trabajar en esta etapa muy bien presentada en el caso que les voy a citar sobre la defensa de los recursos naturales…” Por
señala. “… Aspiramos a profundizar la independencia del Poder Judicial propiciando –de una vez por todas- un Consejo de la Magistratura que brinde mayor transparencia y
mayorías que se requieren para la designación de los jueces
Tribunal de Cuentas una verdadera y auténtica autonomía presupuestaria
Pueblo para el control de los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública y de la adecuada prestación de
pertinente otorgar entidad o jerarquía constitucional a la
descartamos –y lo dejamos como un tema abierto para ser debatido
Constituyente-
popular de esta figura que va a ser clave dentro del Poder Judicial y que va a tener que estar dotada de una gran legitimidad, teniendo en cuenta la delicadeza de las acciones que va a tener que llevar a cabo.” De
efectuados en el seno de la Legislatura provincial, con motivo del tratamiento de ley declarativa de la necesidad de
representantes del pueblo, de propiciar la modificación del
incorporación de un órgano –Consejo de la Magistraturaque trasparentara la tarea que anteriormente estaba en cabeza de los Poderes Judicial –encargado de realizar la propuesta- y Legislativo –órgano que otorgaba acuerdo(cfr. anterior art. 151 de la C.P.) en lo que hace a la designación; y del Jurado de Enjuiciamiento, en lo que hace a su remoción (anterior art. 173 y siguientes). Sin embargo, en el debate parlamentario no surge la voluntad de los legisladores de someter a los magistrados y funcionarios judiciales a una evaluación
periódica, llevada a cabo por un órgano independiente del Poder Judicial, que se expidiera sobre la idoneidad de los mismos y monitoreara el desempeño en sus labores. No existe ninguna referencia en el texto legal ni en los debates producidos en el seno de la Legislatura Provincial que habiliten a pensar que los representantes del pueblo neuquino propiciaron un sistema de
evaluaciones periódicas y mucho menos, que el mismo se encuentre Judicial
en o,
cabeza que
órgano a
distinto por
distintos del control recursivo previsto en las leyes procesales. Por
preocupación mayor de los legisladores era asegurar y profundizar la independencia de este Poder, a fin de librarlo de posibles presiones e interferencias ajenas a su tarea. En reforzar
control que el Poder Judicial debe realizar sobre los actos
del Estado a
–para
ampliación de la legitimación activa, la consagración del principio de tutela judicial efectiva, la creación de la doble instancia en materia procesal administrativa con revisión judicial en el ámbito provincial, etc.-; y a una mayor
fiscalización sobre la gestión pública, para el
que proponen la creación de organismos tales como el
autonomía funcional y financiera al Tribunal de Cuentas. En su caso, también se alude al control que la ciudadanía puede ejercer a través de su participación directa o indirecta en los procesos de selección y remoción de los jueces y funcionarios. Es
reformar la
selección y la remoción de los magistrados y funcionarios judiciales. En dichos aspectos la Convención sólo se hallaba limitada por el principio republicano de gobierno (contenido pétreo) y el sentido y finalidad de la reforma consignado en el artículo 3 de la Ley 2471. Fuera de esos aspectos, la Convención no se encontraba habilitada para producir ninguna reforma; por más eficaz, transparente y democrática que ésta pudiera parecer. En
magistrados y funcionarios judiciales sólo podía haber sido considerada por los convencionales para ser evaluada al momento de realizar la selección de los candidatos a ocupar algunas de las magistraturas judiciales. Al igual que el desempeño en el cargo, sólo podría ser examinado en caso de ser sometido a un jurado de enjuiciamiento (remoción). Pero nunca se habilitó a que se modificara el diseño constitucional de la labor del Poder Judicial, incorporando una “evaluación periódica del desempeño e
idoneidad” de los magistrados y funcionarios durante el ejercicio de sus funciones, cualquiera fuera la finalidad de la misma (correctora, disciplinaria o de remoción). Es por ello que cabe desestimar el intento de la demandada de justificar la constitucionalidad de la cláusula en discusión, mediante la afirmación de que ella surgía del “sentido y finalidad” de la reforma, plasmado en
interpretar el sentido de aquellos temas que expresamente la ley declarativa de la necesidad de reforma, habilitaba para ser reformados. Pero nunca podrían ser considerados como habilitantes de la competencia de la Convención por fuera de los límites expresamente delineados. Cabe citar, una vez más al Máximo Tribunal al decir que “Sin duda, quien tiene poderes para realizar un cometido, debe contar con las facultades implícitas necesarias para llevar a buen término la misión deferida. Más predicar la presencia de poderes de dicha naturaleza es
imprescindibles concedidas,
ciertas ejercicio
atribuciones de
expresamente adecuadas
compatibles con el diseño general de la Constitución, pero que no son substantivas ni independientes de los poderes
concedidos,
subordinadas (Fallos 300:1282; 301:205). La invocación de la denominada teoría de los poderes implícitos no puede justificar un desconocimiento de que el principio que sostiene el diseño institucional de la república es que ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las
que le hayan sido expresamente conferidas, pues si de un poder
consistencia se destruyen los límites de la concesión y no
tardaría
equilibro de la Constitución (Fallos 318:1967)” (Fallos 322:1609). XIII.- La exhortación estaba escrita en la misma Constitución que debían reformar: “La Convención no podrá
expresados en la ley de convocatoria…” (anterior art. 297 C.P.) y reiterada en la ley habilitante “Serán nulas, de nulidad
apartándose
artículos 3, 4 y 5 de la presente Ley”.(art. 7, L. 2471). En
exceso en el ejercicio de la competencia otorgada a la Convención
reformadora.
omnímodo y la facultad de reformar la Constitución no escapa a ello. Lo
pronunciamiento sobre aspectos de naturaleza substancial de
impugnada propias
–juicio
Judicial-,
comprobación de que aquélla es fruto de un ejercicio indebido
convención reformadora” (Fallos 322:1609). En consecuencia, la transgresión verificada en
actuados
habilitantes-
exceso el
instaurada y la consecuente declaración de nulidad del inciso 3 del artículo 251 de la Constitución Provincial introducida
configurar un tópico susceptible de reforma conforme la Ley 2471. Como derivación de ello, ha de declararse también la inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley 2533 y de las normas dictadas en su consecuencia, en tanto legisla respecto de una facultad del Consejo de la Magistratura receptada en el inciso 3 del artículo 251 de la Constitución Provincial cuya nulidad aquí se declara. Por lo expuesto, propicio al Acuerdo que haga
instaurada,
declarándose
nulidad del inciso 3 del artículo 251 de la Constitución Provincial introducida por la reforma del año 2006, por no configurar un tópico susceptible de reforma conforme la Ley 2471 y la inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley 2533 por legislar sobre el inciso anteriormente declarado nulo. XIV.-
complejidad del tema constitucional traído, la índole y naturaleza
cuestionamientos,
particulares aristas interpretativas postuladas por ambas partes,
causado (art. 68 segunda parte del CPC y C, aplicable por reenvío del art. 11 de la Ley 2130). El
MI VOTO. EVALDO
dijo: comparto la línea argumental desarrollada por el Vocal
conclusiones, por lo que emito mi voto del mismo modo. MI VOTO. El
LARUMBE, dijo: Comparto la línea argumental desarrollada por
KOHON,
sus mismos
fundamentos emito mi voto en idéntico sentido. MI VOTO. El
IGNACIO GEREZ, dijo: adhiero a la postura sustentada por el Señor Vocal que emitiera su voto en primer término, por lo que voto del mismo modo. MI VOTO. El ADOLFO
KOHON, por lo que emito mi voto en igual sentido. MI VOTO. De habiéndose
presente señor
unanimidad, SE RESUELVE: 1º) HACER LUGAR a la demanda instaurada
TRINCHERI,
MIGUEL ANGEL VALERO y la ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
NEUQUEN del
artículo 251 de la Constitución Provincial introducida por la reforma del año 2006 y la inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley 2533 y de las normas dictadas en su consecuencia,
considerandos que anteceden. 2º) Imponer las costas en el orden
(art.68
aplicable por reenvío previsto en el art. 11 de la Ley 2130). 3º) Regular los honorarios profesionales de los
Dres. Julia Beatriz Buisson y Silvio Leandro Baggio, por su actuación como patrocinantes de la parte actora, en las
conjunto.(arts.
pesos 6,
cuarenta 10
($40.000) Ley
1594).
en 4º)
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívense. Con lo que se dio por finalizado el acto que previa
presentes por ante la Actuaria, que certifica.
Dr. EVALDO DARIO MOYA Presidente
Dr. RICARDO TOMAS KOHON Vocal
Dr. ALFREDO ELOSU LARUMBE Vocal
Dr. JOSE IGNACIO GEREZ Vocal Subrogante
Dr. ADOLFO GUILLERMO MANSON Vocal Subrogante - Conjuez -
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ Secretaria
TSJ Neuquén
Acuerdo Nº5
El Consejo de la Magistratura no podrá evaluar a magistrados y funcionarios. Lo resolvió el Tribunal Superior de Justicia, al declarar la nu...
tsjneuquen

References: artículo 251
 artículo 4
 artículo 28
 artículo 251
 artículo 229
 artículo 239
 artículo 251
 artículo 251
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 251
 artículo 28
 artículo 3
 artículo 26
 artículo 251
 artículo 251
in fine
 artículo 28

resolución 
 artículo 99
 artículo 86

artículo 315
 artículo 251
 artículo 229
 artículo 251
 artículo 28

artículo 28
 artículo 251
 artículo 3
 artículo 28
 artículo 241
 artículo 30
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 251
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 251
 artículo 28
 artículo 251
 artículo 251
 artículo 28

artículo 251
 artículo 28