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Timestamp: 2019-01-18 06:04:35+00:00

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﻿ SENTENCIA T-281 DE JULIO 23 DE 2018
SENTENCIA T-281 DE 23 DE JULIO DE 2018
CONTENIDO:DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL PARA HIJOS DE CRIANZA EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. SE RECUERDA QUE NO SE DEBE DISTINGUIR LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN FAMILIAR QUE SE TENGA ENTRE HIJO Y PADRE, AL MOMENTO DE OTORGAR EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNA MESADA PENSIONAL POR MEDIO DE LA FIGURA DE LA SUSTITUCIÓN, CUANDO SE PRODUCE EL FALLECIMIENTO DEL TITULAR DE LA PRESTACIÓNEN CONSECUENCIA, A LAS ENTIDADES ESTATALES O PARTICULARES ENCARGADOS DEL RECONOCIMIENTO DE DICHA PRESTACIÓN, LES ESTÁ PROHIBIDO REALIZAR DISTINCIONES ENTRE FAMILIAS CONFIGURADAS POR VÍNCULOS DE FACTO, PUES ELLO SE TRADUCE EN LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LOS REVISTEN COMO PARTE DE UN GRUPO FAMILIAR. EN TODO CASO, SE DEBERÁ ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA ACCEDER A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL Y CONSTATAR LA CONFIGURACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR LA EXISTENCIA DE LA FAMILIA DE CRIANZA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, SUSTITUCIÓN PENSIONAL, MESADA PENSIONAL, PAGO DE LA MESADA PENSIONAL, DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL, CLASES DE FAMILIA, HIJO DE CRIANZA, BENEFICIARIO DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL, HIJO CON INCAPACIDAD FÍSICA
Sentencia T-281 de julio 23 de 2018
Acción de tutela instaurada por Agobardo Córdoba Aragonés, actuando en calidad de curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, contra la sociedad Riopaila Castilla S.A., la administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones— y la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza(1).
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali en primera instancia y del Juzgado 4 Civil del Circuito de la misma ciudad en segunda instancia, en la acción de tutela instaurada por Agobardo Córdoba Aragonés, actuando en calidad de curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, contra la sociedad Riopaila Castilla S.A.(2).
El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el Juzgado 4 Civil del Circuito de Cali, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. El 27 de febrero de 2018, la Sala de Selección de Tutelas número Dos de esta Corte(3) lo escogió para revisión(4).
5. El 14 de marzo de 2008, falleció la señora Clementina Aragonés, según señala el actor “de pena moral por verlos en ese estado”(5).
6. Posteriormente, el 4 de agosto de 2011 Agobardo Córdoba decidió registrar a Pedro Pablo con su apellido, en la Notaría de Andalucía, porque “lo amaba mucho, le daba todo lo necesario. Para todas las cosas, hacía como ‘padre putativo’ pues dependía emocional y económicamente de él”(6).
7. Actualmente, Pedro Pablo Córdoba se encuentra en una casa de paso llamada Fundación Gerontológica Luz y Esperanza, donde se pagan $400.000 mensuales. Sin embargo, de acuerdo a lo afirmado por el Agobardo Córdoba Aragonés, es necesario trasladarlo a un centro de rehabilitación “donde no logre salirse, pues no es solo un drogadicto sino con retardo mental, esquizofrenia, comportamientos desordenados, y en ese centro nos cobran $1.500.000”(7).
9. Mediante la Resolución 01205 del 21 de mayo de 1986, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez, la cual era sufragada en una cuota parte por el Ingenio Riopaila Castilla.
12. Surtido el trámite correspondiente, mediante sentencia del 31 de octubre de 2016 el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali declaró en interdicción judicial definitiva por discapacidad mental absoluta a Pedro Pablo Córdoba Aragonés y designó a Agobardo Córdoba Aragonés como su curador legítimo(8).
14. A través de la Resolución GNR 46366 del 13 de febrero de 2017 Colpensiones reconoció y ordenó el pago de dicha prestación a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés a partir del 30 de marzo de 2014, en calidad de hijo en condición de invalidez con una pérdida de capacidad laboral del 70.25%.
15. En oficio del 28 de julio de 2017 Riopaila Castilla S.A., negó la solicitud al considerar que una vez revisada la documentación, la realización de dos visitas domiciliarias y la práctica de otras pruebas, “el señor Pedro Pablo Córdoba (registrado como Pablo Aragonés) realmente es sobrino político del señor Agobardo, hijo de una hermana de quien fuera su esposa, la señora Rubiela Aragonés y no hijo del mencionado señor”(9).
19. Mencionó que las declaraciones extra juicio que anexa al expediente coinciden en señalar que cuando Pedro Pablo Córdoba nació fue abandonado por su madre, por lo que Agobardo Córdoba y Clementina Aragonés se hicieron cargo de él, “se lo llevaron para la casa y lo hicieron parte del hogar, dado que nunca se conoció quién era el padre biológico. Le brindaron apoyo económico, emocional y material determinante para su adecuado desarrollo. Desde que nació hasta que murió don Agobardo asumió todos los gastos de crianza, manutención, estudio, aseo personal (…) siempre lo consideró como un hijo y le brindó educación. (…) Les llamaba papá y mamá”(10).
20. Por otro lado, hizo referencia a la historia clínica de Pedro Pablo Córdoba, donde quedó registrado que su cuidado estaba a cargo de “sus padres adoptivos” y una vez fallecen “sus hermanas”. Así mismo, al informe de evaluación del instituto de terapia INTEI donde se consignó que “Pedro Pablo pertenece a una familia donde las relaciones son adecuadas”(11). Finalmente, a una petición radicada ante la Nueva EPS el 5 de noviembre de 2013, donde se lee “Mi hijo Pedro Pablo Aragonés (…)”(12).
22. Mediante Auto del 26 de septiembre de 2017, el Juzgado 26 Civil Municipal de Cali avocó conocimiento de la acción de tutela y vinculó al trámite a la administradora colombiana de pensiones —Colpensiones—.
24. La sociedad Riopaila Castilla S.A., resaltó que desde un principio la petición formulada por el señor Agobardo Córdoba Aragonés ante esa empresa lo fue bajo el entendido de que Pedro Pablo Córdoba Aragonés era hijo natural de Agobardo Córdoba, y no hijo de crianza como se evidenció posteriormente. Al respecto, indicó que esa empresa no tuvo la oportunidad de controvertir ninguna prueba o afirmación en ese sentido “lo que hace ilegal, injusto e inconstitucional cualquier determinación que pretenda reconocer sustitución a esa condición”(13). Así mismo, puso de presente que el actor también se presentó como hermano natural del señor Pedro Pablo Córdoba ante el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali, que conoció el proceso de interdicción judicial, y ante Colpensiones, toda vez que la resolución mediante la cual se reconoce la pensión de sobrevivientes en ningún aparte considera la condición de hijo de crianza del causante, sino de hijo natural.
25. La Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones— y la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza guardaron silencio(14).
Sobre el particular, adujo que en todo caso “no está a cargo del accionante (sic) demostrar la calidad de hijo (así sea de crianza) ante Riopaila Castilla por la vía ordinaria, toda vez que esta calidad se ventiló ante Colpensiones y ante un juez de familia en un proceso de interdicción”(15).
Sin embargo, estimó el ad aquem(sic) que no se demostró de manera contundente la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que hiciera viable la intervención del juez de tutela.
— Copia del Registro Civil de Nacimiento de Pedro Pablo Aragonés, serial 3423162(16).
— Copia del Registro Civil de Nacimiento de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, serial 39606715, que reemplaza aquel de serial 3423162(17).
— Copia del Registro Civil de Nacimiento de María Rubiela Aragonés Parga(18).
— Copia del Registro Civil de Defunción de la señora Clementina Aragonés Parga(19).
— Copia de la petición radicada por Agobardo Córdoba Aragonés el 20 de agosto de 2014 ante Recursos Humanos del Ingenio Riopaila Castilla, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la pensión sustitutiva a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés(20).
— Copia de la respuesta emitida el 12 de septiembre de 2014 por el Director de Gestión Laboral de Riopaila Castilla, donde le indica al peticionario que se requiere información sobre el representante legal o curador de Pedro Pablo Córdoba Aragonés para efectos de la pensión sustitutiva(21).
— Copia de la petición radicada por Agobardo Córdoba Aragonés el 22 de diciembre de 2016 ante el Director de Gestión Laboral de Riopaila Castilla, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la pensión sustitutiva a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés(22).
— Copia de la respuesta emitida el 28 de julio de 2017 por el Gerente de Gestión Laboral de Riopaila Castilla, en la cual niega el reconocimiento de la sustitución de la cuota parte de la pensión de jubilación a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, por no ser hijo del causante(23).
— Copia de la Resolución No. 46366 del 13 de febrero de 2017, a través de la cual Colpensiones reconoce la pensión de sobrevivientes al señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés(24).
— Copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés, emitido por el Grupo Médico Laboral de Colpensiones(25).
— Copia de la declaración extra juicio rendida por Luis Arnulfo Rayo Pérez y Luzmila Rivera de Victoria el 24 de noviembre de 2011 ante la Notaría Única de Andalucía, Valle(26).
— Copia de las declaraciones extra juicio rendidas por Rosenber Cataño Jaramillo, Gloria Josefa Cataño Jaramillo y Nohoralba Aragonés, autenticadas, las dos primeras el 13 de septiembre de 2017 ante la Notaría Única de Andalucía, Valle, y la tercera el 20 de septiembre de 2017 ante la Notaría 19 de Cali(27).
— Copia de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016 por el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali, en el proceso de interdicción judicial radicado No. 2015-00467-00 interpuesto por Agobardo Córdoba Aragonés(28).
— Copia del acta de la diligencia de posesión de Agobardo Córdoba Aragonés en el cargo de curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, celebrada el 31 de enero de 2017 ante el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali(29).
— Copia de la nota de urgencias siquiátricas emitida por el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle el 15 de mayo de 2003 ante el ingreso de Pedro Pablo Córdoba Aragonés(30).
— Copia de la historia clínica de Pedro Pablo Córdoba Aragonés expedida por el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle(31).
— Copia de la certificación expedida por el médico Julián Llanos Romero del Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, Valle, donde consta que Pedro Pablo Córdoba Aragonés depende totalmente de sus cuidadores (María Felinda Córdoba Aragonés – hermana del paciente)(32).
— Copia de la historia clínica de Pedro Pablo Córdoba Aragonés expedida por el Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, Valle(33).
— Copia de la certificación expedida por el médico siquiatra Juan Pablo Villamarín, sobre el estado de salud de Pedro Pablo Córdoba Aragonés(34).
— Copia del informe de evaluación realizado por el Instituto de Terapia Integral -INTEI- sobre el estado de salud de Pedro Pablo Córdoba Aragonés(35).
— Copia de la solicitud de entrega de medicamentos para Pedro Pablo Córdoba Aragonés, presentada el 5 de noviembre de 2013 por Agobardo Córdoba ante la Nueva EPS(36).
— Copia de la solicitud de la historia clínica de Pedro Pablo Córdoba Aragonés presentada por María Felinda Córdoba Aragonés el 24 de julio de 2014 ante el Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, Valle(37).
— Copia de la certificación expedida 19 de septiembre de 2017 por el Director de la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza de Cali, donde consta que Pedro Pablo Córdoba Aragonés es paciente en esa institución, donde se sufraga un aporte mensual de $450.000(38).
— Copia de la página de la IPS Renaseres donde obra el portafolio de servicios y precios de esta institución(39).
— Copia de la certificación expedida el 7 de julio de 2017 por la Coordinadora del Adulto Mayor de Baraya, Huila, donde consta que María Rubiela Aragonés Parga “tiene discapacidad mental y habita en la casa del abuelo de este municipio”(40).
39. La sociedad Rioapaila(sic) Castilla S.A., informó que la última mesada pensional que recibió el señor Agobardo Córdoba en el año 2014 fue por un valor de $616.000(41).
— Declaración extra juicio rendida el 11 de mayo de 2018 por Agobardo Córdoba Aragonés donde indica que: i) se desempeña como mensajero independiente de Fonaviemcali; ii) en promedio percibe $1’200.000; iii) tiene un crédito con el Banco Caja Social del cual debe 197 cuotas, cada una de $309.960, paga $227.300 de seguridad social y pensión, $70.000 aproximadamente de servicios públicos, $200.000 en transporte, ya que vive en una zona rural de Jamundí y debe desplazarse hasta Cali, y $200.000 en promedio de alimentación; iv) le quedan libres $192.000 con lo que sufraga los gastos de vestido y recreación, aunado a que ayuda a su hermano de crianza Pedro Pablo Córdoba y a su hijo de crianza Diego Alejandro Ordoñez; v) su hermana María Felinda Córdoba Aragonés recibió una indemnización sustitutiva, trabaja en casa de familia “y en lo que puede cuando le alcanza nos colabora para Pedro Pablo en ocasiones nos envía gallinas y frutos del campo”; vi) su hermano Sigifredo Córdoba Aragonés tampoco es pensionado y “se dedica a la venta de limones frutos del campo que recoge por ahí ya que no tiene finca, vive en un ranchito que dejó nuestro padre, ayuda lo que puede para los cuidados de Pedro Pablo”(42).
— Constancia de pago de seguridad social del señor Agobardo Córdoba Aragonés, correspondiente a los meses de abril y marzo de 2018(43).
— Copia del recibo del agua del mes de abril de 2018 a nombre de Agobardo Córdoba Aragonés, estrato 2, por un valor de $60.300(44).
— Certificado de afiliación a la EPS S.O.S donde constan como sus beneficiarios de Agobardo Córdoba Aragonés la señora Jhamilet Valencia y el menor Diego Alejandro Ordoñez Valencia(45).
— Extracto del último año de la cuenta bancaria del señor Agobardo Córdoba Aragonés(46).
— Estado de crédito de vivienda del señor Agobardo Córdoba Aragonés(47).
— Resolución GNR301382 del 12 de octubre de 2016, donde se documenta indemnización sustitutiva de pensión de vejez de la señora María Felinda Córdoba Aragonés(48).
— Declaración extra juicio rendida el 11 de mayo de 2018 por Nohoralba Aragonés, donde indica que: i) vive con su hija y su nieto, su hija Paola no tiene un trabajo estable y cuando está desempleada le ayuda con los gastos de su nieto; ii) es pensionada de Colpensiones por lo que recibe $687.442 mensuales, aunado al ingreso obtenido rentando piezas y el garaje de su casa, para un total de $2.287.422; iii) sufraga $600.000 por los gastos de alimentación y de ayuda a Pedro Pablo y a sus hermanos(49), $95.000 por el colegio de su nieto, $165.130 por los servicios públicos, $84.700 por teléfono, internet y parabólica y $14.155 por el gas, $532.000 de cuota por un carro que tiene prenda, $349.000 mensuales por un crédito con el Banco Caja Social y $345.000 mensuales por un crédito con Mundo Mujer; iv) sus egresos suman un total de $2.185.000; y v) con lo que recibe “no alcanza a cubrir los gastos de Pedro Pablo en un centro de rehabilitación donde le ofrezcan una mejor calidad de vida, donde se encuentra en este momento no ha tenido avance en la recuperación de su salud y en otro lugar nos cuesta $1.500.000”(50).
— Constancia de pago de la pensión para Nohoralba Aragonés por un valor de $687.442, para mayo de 2018(51).
— Copia del recibo del agua del mes de abril de 2018 a nombre de Nohoralba Aragonés, estrato 3, por un valor de $165.130(52), recibo de UNE por un valor de $84.700(53) y recibo del gas por $14.155(54).
— Tarjeta de propiedad del carro a nombre de Nohoralba Aragonés donde se evidencia la pignoración(55).
— Constancia del crédito con el Banco Caja Social y con Mundo Mujer a nombre de Nohoralba Aragonés(56).
— Constancia del pago del colegio del nieto de Nohoralba Aragonés por un valor de $94.817.
41. La Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones—(57) indicó que como la tutela se dirige contra la empresa Riopaila Castilla S.A., está acreditada la falta de legitimación por pasiva de Colpensiones.
De la planilla enviada por esa entidad se evidencia que: i) estuvo afiliado en calidad de beneficiario desde febrero de 2012 hasta el 9 de abril de 2014 y el documento de identificación del cotizante corresponde al del señor Agobardo Córdoba; ii) Pedro Pablo Córdoba aparece nuevamente afiliado a esa EPS desde el 1º de junio de 2017 hasta la fecha, en calidad de cotizante(58).
La seguridad social como derecho fundamental y su protección por medio de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia(59)
43. El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado(60).
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo”(61). Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos”(62).
Según ha sido interpretado por esta Corporación, los objetivos de la seguridad social guardan necesaria correspondencia con los fines esenciales del Estado social de derecho “como el servir a la comunidad; promover la prosperidad general; garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales; promover las condiciones para una igualdad real y efectiva; adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados; proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta; y reconocer sin discriminación alguna de la primacía de los derechos inalienables de la persona como sujeto, razón de ser y fin último del poder político”(63).
44. La protección de este derecho fundamental se refuerza además según lo consagrado en distintos instrumentos internacionales(64). En primer lugar, se tiene el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en virtud del cual “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
Al respecto, este Tribunal ha señalado que el legislador previó los mecanismos judiciales para la solución de las controversias relativas al reconocimiento y pago de las prestaciones que cubren las contingencias amparadas por el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, lo que significa que, por regla general, la acción de tutela resulta improcedente para resolver disputas de esa naturaleza(65).
“14. Para que la acción de tutela proceda como mecanismo principal y definitivo, el demandante debe acreditar que no tiene a su disposición otros medios de defensa judicial, o que, teniéndolos, estos no resultan idóneos ni eficaces para lograr la protección de los derechos presuntamente conculcados. El ejercicio del amparo constitucional como mecanismo transitorio implica, a su turno, que los medios de protección judicial ordinarios, aun siendo idóneos y eficaces, puedan ser desplazados por la tutela ante la necesidad de evitar la consumación de un perjuicio irremediable(66). En esos eventos, la protección constitucional opera provisionalmente, hasta que la controversia sea resuelta por la jurisdicción competente, de forma definitiva.
El examen de procedibilidad formal de las tutelas instauradas para obtener el reconocimiento o el pago de derechos pensionales resulta así, inevitablemente vinculado al análisis de la aptitud que los instrumentos judiciales ordinarios tengan para el efecto en cada caso concreto. La decisión sobre la viabilidad de resolver en esta sede acerca del reconocimiento de un derecho pensional debe considerar, por eso, el panorama fáctico y jurídico que sustenta la solicitud de amparo”(67).
En este punto es preciso mencionar además que “la Corte ha llamado la atención sobre la importancia de verificar que quien acude a la acción de tutela para obtener el reconocimiento de su pensión haya buscado antes, con un grado mínimo de diligencia, la salvaguarda del derecho que invoca y que su mínimo vital se haya visto efectivamente afectado como consecuencia de la negación del derecho pensional”(68).
Bajo ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido varias reglas para evaluar la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales como manifestación del derecho a la seguridad social, a saber: i) que la falta de pago de la prestación o su disminución genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital; ii) que el accionante haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial con el objetivo de que le sea reconocida la prestación reclamada; iii) que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados; iv) y que exista una mediana certeza sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado(69).
47. Con la implementación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones el Legislador consagró diferentes prestaciones económicas dirigidas a prevenir las contingencias de los trabajadores, como la viudez, la invalidez, la muerte y la vejez. Para ello, fueron creados derechos pensionales cuyo reconocimiento depende del cumplimiento de los requisitos establecidos según la eventualidad acaecida(70).
La sustitución pensional es una figura dirigida a que la familia de la persona que ostentaba una pensión ya constituida pueda acceder a la misma con el fin de que no se vea desmejorado ostensiblemente su mínimo vital y para evitar que haya una doble afectación, tanto moral, como material. En otras palabras, como su mismo nombre lo indica, lo que pretende tal prestación es sustituir el derecho que otro ha adquirido, situación que se puede llevar a cabo siempre y cuando el titular del mismo haya fallecido, con el propósito de que el apoyo monetario recaiga en quienes dependían económicamente del causante(71). En ese sentido, la Ley 100 de 1993 en su artículo 46 estipula:
PAR.—Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley”.(72) (Resaltado fuera de texto).
Desde sus primeros pronunciamientos, la Corte explicó que la sustitución pensional “tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Principios de justicia retributiva y de equidad justifican que las personas que constituían la familia del trabajador tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del status laboral del trabajador fallecido. (...)”(73).
Así mismo, ha señalado que esta figura persigue “suplir la ausencia repentina del apoyo económico que el pensionado ofrecía a sus familiares, y que el deceso de éste no determine el cambio sustancial de las condiciones de vida del beneficiario o beneficiarios, pues es un hecho cierto que en la mayoría de los casos la sustitución tiene el alcance de una ayuda vital para dichos beneficiarios, es decir, indispensable para su subsistencia”(74). Concretamente, se ha pronunciado en los siguientes términos:
“Esta Corporación en distintas ocasiones ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de medidas legislativas relacionadas con la pensión de sobrevivientes, señalando que la misma busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento. Desde esta perspectiva, la Corte ha dicho que la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para sus beneficiarios, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban en vida del pensionado o del afiliado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlos a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y que, además, en muchos casos compartían con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades mínimas”(75).
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste”.(76) (Resaltado fuera de texto).
50. El artículo 42 de la Constitución Política de 1991 definió la familia como el núcleo esencial de la sociedad(77). El numeral primero de esa disposición establece que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla(78).
El numeral 3º del artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”; esta definición fue reproducida en los mismos términos en el numeral 1º del artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica—(79); por otro lado, el numeral 1º del artículo 23 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos(80) dispone que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”; y el numeral 1º del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales(81) señala que “se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo”.
52. Esta Corporación ha definido el alcance del concepto de familia y, de manera general, ha señalado que es “un fenómeno sociológico que se comprueba cuando dentro de un grupo de personas se acreditan lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida común, construida bien por la relación de pareja, la existencia de vínculos filiales o la decisión libre de conformar esa unidad familiar”(82). De igual forma, ha sostenido que es un concepto dinámico, por lo que debe guardar correspondencia con la constante evolución e interacción de las relaciones humanas, de modo que “no es posible fijar su alcance a partir de una concepción meramente formal, sino atendiendo a criterios objetivos y sustanciales surgidos de las diversas maneras que tienen las personas de relacionarse y de la solidez y fortaleza de los vínculos que puedan surgir entre ellos”(83).
Bajo ese entendido, la conformación del grupo familiar no corresponde necesariamente a una estructura de tipo parental, sino que su existencia se determina a partir de la verificación de los lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida común, según se mencionó previamente(84). Este Tribunal entiende entonces que “la Constitución Política de 1991, no solo protege un único concepto de familia, en tanto esta protección se extiende a un sinnúmero de situaciones que por circunstancias de hecho se crean y que a pesar de no contar con las formalidades jurídicas, no implica el desconocimiento como familia”.(85)
De lo anterior surge el reconocimiento y la protección equitativa de las diversas modalidades de familia, lo cual encuentra sustento además en cuatro argumentos de índole constitucional, según se explica a continuación(86):
(i) La protección del derecho a la igualdad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. La Corte ha explicado que una de las vías para la construcción de la familia es la “voluntad responsable de conformarla”, según lo establece el artículo 42 de la Constitución, lo que significa que involucra un amplio grado de autonomía, esto es, que las personas pueden optar por “configurar su grupo familiar de acuerdo con su personal criterio, con la sola condición que se trate de una decisión responsable”(87).
(ii) La vigencia del derecho a la intimidad. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado que, en los términos del artículo 15 de la Carta, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal o familiar, por lo que cuando se privilegia injustificadamente una modalidad constitutiva de familia sobre otra, se está afectando este derecho, en tanto el Estado invade la órbita interna del sujeto, al indicarle qué modo de familia debe conformar con el fin de hacerse acreedor de la protección jurídica correspondiente(88).
(iii) La obligación de tratamiento jurídico paritario entre los hijos. Según el inciso 7º del artículo 42 de la Constitución, los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. A raíz de lo anterior, la Corte ha establecido que existe un mandato imperativo de protección jurídica equitativa a los hijos, sin que puedan establecerse discriminaciones entre ellos por ninguna circunstancia, pues asumir una postura contraria implicaría una distinción fundada en la naturaleza de la filiación, la cual se encuentra prohibida por la Carta. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha referido que “lo previsto en el artículo 42 C.P. no puede ser comprendido únicamente como la igualdad entre los hijos, sino que también incorpora la necesidad de equiparar a las diferentes formas de filiación y, de una manera más general, de vínculo familiar fundado en características de carácter material, según se ha explicado en precedencia”(89).
(iv) La necesidad de dotar de sentido al principio de respeto del pluralismo, como elemento definitorio del Estado Social y Democrático de Derecho. En cuanto a este argumento, la Corte ha indicado que la conformación de la familia constitucionalmente protegida no se limita a las opciones que confiere la filiación biológica, sino que adopta múltiples posibilidades, todas ellas sujeto de protección, “no solo porque esto es corolario del reconocimiento de la diversidad al interior de la sociedad, sino debido a que es la concepción más garantista de los derechos de sus integrantes”(90).
“El concepto de esta institución social puede estudiarse, entre otras, desde dos ópticas, por lo general, complementarias entre sí. La primera, concibiéndola como un conjunto de personas emparentadas por vínculos naturales o jurídicos, unidas por lazos de solidaridad, amor y respeto, y caracterizadas por la unidad de vida o de destino, presupuestos que, en su mayoría, se han mantenido constantes. La segunda, se puede desarrollar en consideración a sus integrantes, desde esta perspectiva el concepto de familia se ha visto permeado por una realidad sociológica cambiante que ha modificado su estructura. En este sentido se ha señalado que ‘el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio de pluralismo’, porque “en una sociedad plural, no puede existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a esta última únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonial”(91)
53. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se ha protegido la diversidad en las familias, y se han establecido directrices tendientes a garantizar el acceso en materia de derechos a todas sus formas, sin discriminación. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su observación número 19 sobre la familia, resaltó la importancia del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sosteniendo que(92):
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció de manera similar en el caso Atala Riffo y niñas contra el Estado de Chile, estableciendo que no hay modelos específicos de familia, en la medida en que la sociedad ha venido evolucionando y generando diferentes formas de convivencia y vida(93):
55. Esta Corporación ha definido a la familia de crianza como aquella que no se conforma por vínculos biológicos, sino por la comprobación de criterios materiales, y es una modalidad de grupo familiar con reconocimiento y protección constitucional(94). Se trata de una figura de creación jurisprudencial que se ha dado, por un lado, en respuesta al desarrollo de la sociedad, la cual consta en una relación entre padres e hijos que no tienen un lazo consanguíneo ni jurídico, y de características precisas que se abordarán más adelante; y por el otro, ante la ausencia de regulación sobre el particular en la legislación colombiana.
56. Este reconocimiento ha sido producto, en su mayoría, de pronunciamientos en fallos de revisión de tutela, por lo que se hará una referencia a las principales decisiones que sobre el particular ha adoptado esta Corporación(95):
Más adelante, en la sentencia T-586 de 1999 esta Corporación revisó el caso de una menor a la que le fue negado un subsidio por parte de una caja de compensación familiar, al no ser considerada hijastra, toda vez que la afiliada —compañera permanente del padre de la niña— no se encontraba casada con el progenitor de la menor. La Corte concluyó que esa distinción contrariaba tanto el mandato de protección equitativa de las distintas formas de familia, como la igualdad ante los hijos, al considerar que “si el constituyente quiso equiparar la familia que procede del matrimonio con la familia que surge de la unión de hecho, y a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, forzoso es concluir que proscribe cualquier tipo de discriminación procedente de la clase de vínculo que da origen a la familia. Por lo tanto, establecer que son ‘hijastros’ los hijos que aporta uno de los cónyuges al matrimonio, pero que no lo son los que aporta el compañero a una unión de hecho, se erige en un trato discriminatorio que el orden jurídico no puede tolerar”.
Tiempo después, mediante la sentencia T-606 de 2013 concedió la protección de los derechos de una persona trasgredidos por una empresa al no llevar a cabo el procedimiento administrativo requerido para inscribir a su hija de crianza como beneficiaria de ciertas prerrogativas convencionales, por no tener filiación biológica. A juicio de este Tribunal, “el derecho de los niños a tener una familia se puede materializar en el seno de cualquiera de los tipos de familia que protege la Carta Política(96), habida cuenta de que el primer espacio al cual el infante tiene derecho a pertenecer es su núcleo familiar, en el cual ha de encontrar las condiciones personales y afectivas más adecuadas para que su proceso de educación moral y formación ciudadana sea llevado a cabo cabalmente”.
57. Recientemente, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC6009-2018 del 9 de mayo de 2018(97), conoció una acción de tutela interpuesta por una ciudadana contra el Juzgado de Familia de Soacha, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, desconocidos por ese despacho judicial al rechazar una demanda por ella promovida con el objeto de que los señores Teófilo Romero Ríos (q. e. p. d) y Berenice Romero de Romero fueran declarados sus padres de crianza, quienes asumieron ese rol desde que ella tenía 3 años de edad. El juzgado accionado rechazó esa demanda bajo el argumento de que “la figura de padres de crianza no existe en la ley y tampoco se halla previsto procedimiento para tramitarlo”(98) y porque “tampoco acreditó a través de la prueba de ADN existencia de lazos de consanguinidad entre ella y los padres de crianza”(99).
Al conocer el asunto, la Sala Civil hizo referencia de manera preliminar al artículo 42 de la Constitución y señaló que, a partir de la definición del concepto de familia allí contenido, la jurisprudencia desarrollada por las Altas Cortes ha sido coincidente en ir más allá de los límites trazados en esa disposición, “entendiendo que la familia no solo se constituye por el vínculo biológico o jurídico, sino también a partir de las relaciones de hecho o crianza, edificadas en la solidaridad, el amor, la protección, el respeto, en cada una de las manifestaciones inequívocas del significado ontológico de una familia”(100).
Luego de ello, citó la jurisprudencia de la Corte Constitucional donde se ha fijado el alcance de la protección al núcleo familiar, la cual no se predica únicamente de la acepción rígida normal concebida de antaño, sino del criterio eminentemente sustancial(101). Así mismo, hizo referencia a la sentencia SCE, 2 sep. 2009, rad. 17997 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, reiterada en la SCE, 11 jul. 2013, rad. 31252, en la cual se dijo que:
Esta Corporación ha sostenido que debe garantizarse la igualdad de trato a todas las familias, incluyendo la verificación de los requisitos para acceder a tales derechos pensionales. Al respecto, ha resaltado que “limitar la protección de estos derechos a las familias expresamente reconocidas por mecanismos formales y jurídicos no se compagina con los fines del Estado en materia de protección, ni con las manifestaciones propias del principio de solidaridad, ya que la voluntad del constituyente ha sido la de defender la maleabilidad del vínculo familiar en el marco de un Estado pluricultural”(102).
Adicionalmente, la naturaleza y finalidad de la prestación misma permite la creación de esta regla puesto que el objetivo de la pensión de sobrevivientes es amparar a los beneficiarios de un afiliado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones al momento de su fallecimiento. Para así obtener una suma económica que les facilite suplir el auxilio material con que les protegía antes de su muerte”.(103) (Resaltado fuera de texto).
“Queda claro, entonces, que la figura de la pensión de sobrevivientes, o la sustitución pensional de ser el caso puede llegar a proceder en favor de los hijos de crianza en condiciones de igualdad a los hijos de las otras formas y tipologías de familia, siempre y cuando se den las condiciones para tal sustitución, así como algunos presupuestos que permitan entrever la existencia de una familia de crianza. Estos últimos deben ser analizados en cada caso concreto por parte del juez o las instituciones administradoras de pensiones, sin acudir a ninguna clase de taxatividad, ya que lo que primará al final serán las particularidades de cada caso. Lo anterior, con el fin de no vulnerar los derechos a la igualdad de que puede llegar a tener una familia de crianza, así como los derechos al mínimo vital, dignidad y seguridad social de sus miembros, que quedan en una situación de desamparo ante la muerte de quien garantizaba, a partir de sus aportes económicos y emocionales, el adecuado desarrollo del hogar”(104).
60. Teniendo claro, entonces, que la sustitución pensional procede en favor de los hijos de crianza, siempre y cuando se den las condiciones establecidas en la ley para tal sustitución, se deben acreditar adicionalmente los presupuestos que permitan evidenciar la existencia de una familia de crianza, los cuales han sido delimitados por la jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes términos(105):
Estos presupuestos deben ser evaluados de acuerdo a las circunstancias propias de cada caso, y pueden ser más amplios o restringidos conforme cada situación o familia. Por ejemplo, el último de ellos, referido a la igualdad solo se podría analizar en aquellos casos en los que se encuentre a una familia que ha sido discriminada o tratada en forma desigual por ser una unión de facto(106).
Cuando tenía diez años empezó a presentar ciertas dificultades en su comportamiento, como no continuar con sus estudios y consumir drogas, por lo que el señor Agobardo Córdoba se vio en la obligación de internarlo en centros de rehabilitación en varias oportunidades. Actualmente, se encuentra en una casa de paso llamada Fundación Gerontológica Luz y Esperanza, donde se pagan $400.000 mensuales. Sin embargo, de acuerdo a lo afirmado por el señor Agobardo Córdoba Aragonés, es necesario trasladarlo a un centro de rehabilitación “donde no logre salirse, pues no es solo un drogadicto sino con retardo mental (sic), esquizofrenia, comportamientos desordenados, y en ese centro nos cobran $1.500.000”(107).
El señor Agobardo Córdoba prestó sus servicios a la Empresa Ingenio Riopaila S.A., y el 21 de mayo de 1986 el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez, la cual era sufragada en una cuota parte por el Ingenio Riopaila Castilla. El 30 de marzo de 2014 el señor Agobardo Córdoba falleció, razón por la cual su hijo, Agobardo Córdoba Aragonés, solicitó tanto a Colpensiones como a dicha empresa y en nombre de Pedro Pablo Córdoba, el reconocimiento de la sustitución pensional. Esta prestación fue reconocida por Colpensiones a favor de Pedro Pablo en calidad de hijo en condición de invalidez con una pérdida de capacidad laboral del 70.25%, mientras que la sociedad Riopaila Castilla S.A., negó la solicitud al considerar que una vez revisada la documentación, la realización de dos visitas domiciliarias y la práctica de otras pruebas, “el señor Pedro Pablo Córdoba (registrado como Pablo Aragonés) realmente es sobrino político del señor Agobardo, hijo de una hermana de quien fuera su esposa, la señora Rubiela Aragonés y no hijo del mencionado señor”(108).
66. En sede de revisión, la sociedad Rioapaila(sic) Castilla S.A., informó que la última mesada pensional que recibió el señor Agobardo Córdoba en el año 2014 fue por un valor de $616.000(109). Por su parte, el señor Agobardo Córdoba Aragonés, a través de apoderado judicial, anexó varios documentos a través de los cuales informó sobre los ingresos y egresos de él y de los familiares que tienen a su cargo el sostenimiento de Pedro Pablo Córdoba. Colpensiones indicó que como la tutela se dirige contra la empresa Riopaila Castilla S.A., está acreditada la falta de legitimación por pasiva de esa entidad. Aclaró que esa administradora reconoció la sustitución pensional luego de que el beneficiario acreditara con los documentos pertinentes ser dependiente del causante y estar en situación de discapacidad. La Nueva EPS informó que el señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés: i) estuvo afiliado en calidad de beneficiario desde febrero de 2012 hasta el 9 de abril de 2014 y el documento de identificación del cotizante corresponde al del señor Agobardo Córdoba; ii) Pedro Pablo Córdoba aparece nuevamente afiliado a esa EPS desde el 1º de junio de 2017 hasta la fecha, en calidad de cotizante.
En el caso que ahora estudia el señor Agobardo Córdoba Aragonés manifiesta de manera expresa en el escrito de tutela que actúa “en calidad de curador legítimo del señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés, designado mediante sentencia de interdicción 260 proferida el 31 de octubre de 2016, por el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad, mediante la cual decreta la interdicción judicial definitiva por discapacidad mental absoluta”(110).
(i) Copia de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016 por el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali, en el proceso de interdicción judicial radicado No. 2015-00467-00 interpuesto por Agobardo Córdoba Aragonés, de la cual se extrae lo siguiente(111): “PRIMERO. DECLARAR EN INTERDICCIÓN JUDICIAL DEFINITIVA por discapacidad mental absoluta a Pedro Pablo Córdoba Aragonés (…) TERCERO. DESIGNAR a AGOBARDO CÓRDOBA ARAGONÉS, (…) en su condición de hermano como curador legítimo de PEDRO PABLO CÓRDOBA ARAGONÉS (…)”.
(ii) Copia del acta de la diligencia de posesión de Agobardo Córdoba Aragonés en el cargo de curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, celebrada el 31 de enero de 2017 ante el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali(112).
(iii) Copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés, emitido por el Grupo Médico Laboral de Colpensiones, donde se dictamina una PCL del 70.25% por enfermedad de origen común y con fecha de estructuración del 8 de febrero de 2012(113).
69. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13(114) y 42(115) del Decreto 2591 de 1991, se puede invocar la acción de tutela contra una autoridad pública o un particular que haya vulnerado o amenazado algún derecho de rango constitucional fundamental. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la “aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. Es un presupuesto procesal que exige que la persona contra quien se incoa la tutela sea la autoridad o el particular que efectivamente vulneró o amenaza vulnerar el derecho fundamental”(116).
Esta Corporación ha señalado que frente a la presunción de afectación al mínimo vital, pese a la informalidad de la acción de tutela, el accionante debe acompañar a su afirmación de que le asiste el derecho alguna prueba siquiera sumaria o esta debe ser decretada por el juez de tutela, de oficio(117). Por otro lado, ha establecido que el estudio de la procedencia de la acción de tutela en esta clase de asuntos deben responder a un “criterio amplio” cuando quien la presente tenga el carácter de sujeto de especial protección constitucional, lo que significa que el análisis debe efectuarse con una óptica, “si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad” (118).
Finalmente, es necesario recordar que el excepcional reconocimiento del derecho a la sustitución pensional por vía de tutela se encuentra sometido, además, a una última condición de tipo probatorio, consistente en: i) que el accionante haya agotado algún trámite administrativo o judicial tendiente a obtener el reconocimiento de tal prestación; y ii) que en el expediente esté acreditada la procedencia del derecho impetrado(119).
— Si bien el señor Agobardo Córdoba Aragonés percibe aproximadamente $1.200.000 mensuales, le quedan libres $192.000, con lo que sufraga los gastos de vestido y recreación, y ayuda a su hermano de crianza Pedro Pablo Córdoba y a su hijo de crianza Diego Alejandro Ordoñez.
— María Felinda Córdoba Aragonés recibió una indemnización sustitutiva, trabaja como auxiliar de servicios domésticos “y en lo que puede cuando le alcanza nos colabora para Pedro Pablo en ocasiones nos envía gallinas y frutos del campo”.
— Sigifredo Córdoba Aragonés tampoco es pensionado y “se dedica a la venta de limones frutos del campo que recoge por ahí ya que no tiene finca, vive en un ranchito que dejó nuestro padre, ayuda lo que puede para los cuidados de Pedro Pablo”(120).
— Nohoralba Aragonés, si bien tiene un ingreso de $2.287.422, sus egresos ascienden a la suma de $2.185.000, por lo que “no alcanza a cubrir los gastos de Pedro Pablo en un centro de rehabilitación donde le ofrezcan una mejor calidad de vida, donde se encuentra en este momento no ha tenido avance en la recuperación de su salud y en otro lugar nos cuesta $1.500.000”(121).
— El 20 de agosto de 2014, esto es, 5 meses y 9 días después del fallecimiento del causante, solicitó ante Riopaila Castilla S.A., la sustitución pensional a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés(122).
— El 12 de septiembre de 2014 la empresa le informó que requería información sobre el curador legítimo del beneficiario y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral(123).
— Ante dicho requerimiento, inició el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, así como el trámite de interdicción judicial. El primero, culminó el 4 de diciembre de 2014 cuando Colpensiones determinó una pérdida de capacidad laboral del 70.25%(124). El segundo, finalizó con la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016, mediante la cual el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali designó como curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba al señor Agobardo Córdoba Aragonés(125).
— El 22 de diciembre de 2016, solicitó nuevamente la sustitución pensional ante la empresa, recibiendo la respuesta el 29 de junio de 2017.
El señor Agobardo Córdona(sic) Aragonés indicó en el escrito de la tutela que: i) Agobardo Córdoba y Clementina Aragonés se hicieron cargo de Pedro Pablo desde el día que nació, debido a que la madre biológica lo abandonó(126); ii) fue bautizado por el señor Agobardo Córdoba como padre, pues no se conocía el paradero de su progenitor(127); iii) Agobardo Córdoba decidió darle el apellido el 4 de agosto de 2011 “pues lo amaba mucho, le daba todo lo necesario”(128).
“Conocemos desde hace más de 30 años de vista, trato y comunicación al señor Agobardo Córdoba, (…) quien es nuestro vecino. (…) Sabemos y nos consta que el señor Agobardo Córdoba es quien le suministra todo lo necesario a su hijo discapacitado el señor Pedro Pablo Córdoba tales como vestuario, alimentación, vivienda, medicamento, etc., puesto que viven bajo el mismo techo”(129).
“Cuando nació Pedro Pablo, quien era hijo de Rubiela Aragonés, persona que padecía de retardo mental, quien lo abandonó en el hospital desde el momento en que nació, a los esposos el señor Agobardo Córdoba y Clementina Aragonés (tía de Rubiela) en el hospital le entregaron al niño que nació con muchas deficiencias, a tal punto que no tenía talla normal de un bebé (…) Se lo llevaron para la casa y lo hicieron parte del hogar dado que nunca se conoció quién era el padre biológico, le brindaron apoyo económico, emocional y material determinante para su crianza (…) Como el padre ni la madre biológica lo reconocieron como hijo fue recogido por los esposos siendo este un recién nacido con la intención de asumirlo como propio con todas las obligaciones”(130).
“Soy hermana de crianza de Pedro Pablo Córdoba, no soy hija de Agobardo Córdoba, sino de Clementina Aragonés su esposa, soy la hija mayor. Mi mamá también fallecida siempre lo que iba hacer (sic) me lo hacía saber. Cuando Rubiela Aragonés sobrina de mi mamá fue a dar a luz hizo que llamaran a mi mamá. Ella inmediatamente me llamó aquí a Cali donde vivo. Desde ese día Pedro Pablo quedó al cuidado de mi mamá Clementina y su esposo Agobardo Córdoba era el que respondía por todos los gastos de alimentación, educación, ropa, bienestar del hogar conformado por Sigifredo, Agobardo, María Felinda, Pedro Pablo. Siempre y hasta el momento de su fallecimiento Agobardo a cada momento nos decía que no le fuéramos a desamparar a Pedro Pablo. Yo desde acá de Cali siempre he estado pendiente por todos ellos y ayudándoles en todo lo que más he podido. Aquí en Cali siempre llevo a Pedro al siquiatra y lo tengo por ahora en un centro, espero una ayuda más para colocarlo en un lugar donde se pueda rehabilitar como debe ser”(131).
Por ejemplo, está la nota de urgencias psiquiátricas emitida por el Hospital Departamental Siquiátrico Universitario del Valle el 15 de mayo de 2003, ante el ingreso de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, donde se registra como padres a Agobardo Córdoba y a Clementina Aragonés(132). Así mismo, en la historia clínica de Pedro Pablo emitida por ese mismo hospital, se consigna: “paciente asiste a consulta de control después de 9 años, viene en compañía de su familiar quien manifiesta que él se crio como su hermano pero en realidad fue acogido en su hogar recogido en un hospital y que su madre biológica tenía problemas mentales (…)”(133). De igual modo, la certificación expedida por el médico siquiatra Juan Pablo Villamarín, sobre el estado de salud de Pedro Pablo, donde se registra: “paciente con antecedente de retardo psicomotor y esquizofrenia, quien además consume marihuana y basuco (sic) cada vez que ‘se vuela’, nunca ha trabajado y su cuidado corría a cargo de sus padres adoptivos y una vez fallecen a cargo de sus hermanas (…)”(134).
La dependencia económica quedó igualmente demostrada con el reconocimiento de la sustitución pensional por parte de Colpensiones. Mediante la Resolución GNR 46366 del 13 de febrero de 2017 esa entidad accedió a dicha prestación teniendo en cuenta, entre otros documentos, las declaraciones extra juicio rendidas por terceros, allegadas como medio probatorio en la reclamación del derecho pensional, las cuales daban cuenta de la dependencia económica del peticionario del causante. Lo mismo fue afirmado por esa entidad en sede de revisión(135).
Incluso, el señor Agobardo Córdoba lo tenía afiliado como su beneficiario en el sistema de salud, según quedó demostrado con las pruebas enviadas por la Nueva EPS(136).
Han sido los hermanos de crianza de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, los que han manifestado las razones por las cuales se puede constatar que existió un vínculo de afecto, respeto, comprensión y protección en dicha familia de crianza, para lo cual se debe realizar una mirada retrospectiva a la época de nacimiento del representado, en el entendido de que se manifestó en las pruebas anexadas al expediente que “cuando nació (Pedro Pablo Córdoba) no tenía una talla de un recién nacido, demasiado pequeño, no comía pues todo se le devolvía, (Clementina Aragonés) lo alimentaba con un gotero hasta que lo operaron…”(137), así mismo, que “siempre y hasta el momento de su fallecimiento Agobardo a cada momento nos decía que no le fuéramos a desamparar a Pedro Pablo”(138), evidenciándose así, que desde su nacimiento tuvo la protección de ambos padres de crianza, que permite demostrar además el afecto que tenían hacia él, que se fue consolidando con el paso del tiempo.
De igual modo se deriva de la declaración de Rosenber Cataño Jaramillo y Gloria Josefa Cataño Jaramillo quienes señalaron que: “Pedro Pablo vivió con la familia Córdoba Aragonés desde el nacimiento hasta la muerte, sustentada en el cariño, amor, acompañamiento mutuo y comprensión entre ellos. Existiendo al interior del hogar un ambiente de cordialidad, tolerancia y respeto aun cuando existen dificultades. Les llamaba papá y mamá. La decisión del señor Agobardo fue desinteresada, fue su voluntad darle hogar adecuado y estable, ante el desamparo de la madre biológica y el abandono del padre biológico”(139).
Incluso, el señor Agobardo Córdoba efectuó dicho reconocimiento de manera formal, registrando a Pedro Pablo con su apellido, según consta en el Registro Civil de Nacimiento serial 39606715(140).
Motivo por el cual, al no darse los presupuestos legales para la sustitución solicitada Riopaila Castilla S.A., considera que no se ajusta a derecho y se niega”(141).
Ahora bien, en la contestación de la acción de tutela, la empresa resaltó que desde un principio la petición formulada por el señor Agobardo Córdoba Aragonés ante esa empresa lo fue bajo el entendido de que Pedro Pablo Córdoba Aragonés era hijo natural de Agobardo Córdoba, y no hijo de crianza como se evidenció posteriormente. Al respecto, indicó que no tuvo la oportunidad de controvertir ninguna prueba o afirmación en ese sentido “lo que hace ilegal, injusto e inconstitucional cualquier determinación que pretenda reconocer sustitución a esa condición”(142). De igual modo, sostuvo que las declaraciones que anexó el curador nunca fueron presentadas ante la empresa.
En primer lugar, como se expuso anteriormente, si bien el reconocimiento formal se dio hasta el 4 de agosto de 2011, según consta en el Registro Civil de Nacimiento serial 39606715, ese medio probatorio no puede ser analizado de forma aislada, pues del conjunto probatorio se logró establecer el vínculo afectivo desde el momento del nacimiento de Pedro Pablo. Ese documento lo único que permite evidenciar es la reafirmación formal del vínculo generado materialmente a lo largo de la vida del representado. En segundo lugar, en cuanto a la toma de la huella y la firma a ruego cuando el señor Córdoba sabía leer y escribir, la empresa intenta sugerir una falsedad sobre la firma del documento sin ningún sustento para hacer una afirmación en ese sentido, y siendo que de la copia de la cédula de ciudadanía del señor Agobardo Córdoba se desprende una inscripción igual de “NO FIRMA”(143).
1. REVOCAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali, que confirmó la emitida el 5 de octubre de 2017 por el Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali, que declaró improcedente el amparo, dentro de la acción de tutela instaurada por Agobardo Córdoba Aragonés, actuando en calidad de curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, contra la sociedad Riopaila Castilla S.A. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas de Pedro Pablo Córdoba Aragonés.
2. ORDENAR a la sociedad Riopaila Castilla S.A., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie los trámites correspondientes para reconocer y pagar la sustitución pensional del señor Agobardo Córdoba en favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, reconocimiento que deberá ser efectivo a más tardar dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia. La sociedad deberá pagar retroactivamente las mesadas pensionales a que haya lugar por dicho concepto a partir de la notificación de la presente providencia, en cuanto no estén prescritas, de conformidad con lo establecido en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo.
3. DESVINCULAR del presente trámite de tutela a la Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones— y a la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
4. LÍBRENSE por Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto ley 2591 de 1991.
1 La Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones— y la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza fueron vinculados por el Juzgado 26 Civil Municipal de Cali, que conoció el asunto en primera instancia.
2 La acción de tutela fue instaurada en contra del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla. Sin embargo, el Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali vinculó a la sociedad Riopaila Castilla S.A., luego de que esta última interviniera como entidad pagadora de la cuota parte pensional que se discute en este proceso y aclarara que dicho grupo agroindustrial no existe y no es una persona jurídica.
3 Conformada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
4 Los criterios orientadores por los cuales se seleccionó el asunto de la referencia fueron: i) objetivo: necesidad de pronunciarse sobre determinada línea jurisprudencial; y ii) subjetivo: urgencia de proteger un derecho fundamental.
5 Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 19. Folio 4.
6 Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 20. Folio 4.
7 Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 22. Folio 4.
8 Cuaderno de instancias. Sentencia del 31 de octubre de 2016 en el proceso de interdicción judicial 2015-00467. Folios 28 a 38.
9 Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 9. Folio 3.
10 Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 24. Folio 4.
11 Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 26. Folio 5.
12 Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 26. Folio 6.
13 Cuaderno de instancias. Contestación de la acción de tutela. Folio 89.
14 En el expediente se encuentra un documento allegado por Colpensiones, el cual se dirige a un juzgado que no corresponde al que conoce este asunto y se refiere a una acción de tutela diferente a la que ahora se revisa. Ver folios 155 a 159 del cuaderno de instancias.
15 Cuaderno de instancias. Escrito de impugnación. Folio 194.
16 Cuaderno de instancias, folio 10.
17 Cuaderno de instancias, folio 11.
18 Cuaderno de instancias, folio 27.
19 Cuaderno de instancias, folio 12.
20 Cuaderno de instancias, folios 13 y 14.
21 Cuaderno de instancias, folio 15.
22 Cuaderno de instancias, folios 202 a 205.
23 Cuaderno de instancias, folio 24.
24 Cuaderno de instancias, folios 16 a 20.
25 Cuaderno de instancias, folios 21 a 23.
26 Cuaderno de instancias, folio 54.
27 Cuaderno de instancias, folios 25 y 26.
28 Cuaderno de instancias, folios 28 a 39.
29 Cuaderno de instancias, folio 76.
30 Cuaderno de instancias, folio 40.
31 Cuaderno de instancias, folios 42 a 44.
32 Cuaderno de instancias, folio 45.
33 Cuaderno de instancias, folios 46 a 50.
34 Cuaderno de instancias, folio 51.
35 Cuaderno de instancias, folios 52 y 53.
36 Cuaderno de instancias, folios 55 y 56.
37 Cuaderno de instancias, folio 57.
38 Cuaderno de instancias, folio 58.
39 Cuaderno de instancias, folios 59 a 74.
40 Cuaderno de instancias, folio 75.
41 Cuaderno de la Corte. Folios 32 a 34.
42 Cuaderno de la Corte. Folio 37.
43 Cuaderno de la Corte. Folio 38 vto., y 39.
44 Cuaderno de la Corte. Folio 39 vto.
45 Cuaderno de la Corte. Folio 40.
46 Cuaderno de la Corte. Folios 40 vto., a 42.
47 Cuaderno de la Corte. Folios 41 vto.
48 Cuaderno de la Corte. Folios 43 a 46.
49 El apoderado del señor Agobardo Córdoba Aragonés aclaró que según la información dada por la señora Nohoralba, por error se repitió la suma de 600.000 pesos mensuales con lo cual ella paga los gastos de alimentación y le ayuda a sus hermanos. Indicó que no se pudo corregir la misma debido al costo del certificado.
50 Cuaderno de la Corte. Folio 47.
51 Cuaderno de la Corte. Folio 48.
52 Cuaderno de la Corte. Folio 48 vto.
53 Cuaderno de la Corte. Folio 50.
54 Cuaderno de la Corte. Folio 50 vto.
55 Cuaderno de la Corte. Folio 51 vto.
56 Cuaderno de la Corte. Folio 52.
57 Cuaderno de la Corte. Folios 73 a 75.
58 Cuaderno de la Corte. Folios 141 a 143.
59 Sobre el derecho a la seguridad social se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias T-628 de 2007, T-053 de 2010, T-295 de 2011, T-543 de 2012, T-164 de 2013, SU-918 de 2013, T-482 de 2015, T-173 de 2016, T-150 de 2017, T-379 de 2017. Cfr. Sentencia T-125 de 2018 proferida por esta misma Sala de Revisión.
60 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
61 Sentencia T-173 de 2016.
63 Sentencia T-628 de 2007.
64 Ver las sentencias T-164 de 2013 y SU-918 de 2013.
65 Sentencia T-079 de 2016.
66 Sobre la figura del perjuicio irremediable y sus características, la Corte, en sentencia T-786 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda) expresó: “Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.”. En un sentido semejante pueden consultarse las sentencias T-225/93 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), SU-544/01 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-1316/01 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-983/01 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.
67 Sentencia T-079 de 2016.
69 Sentencia T-482 de 2015.
70 Sentencia T-015 de 2017.
72 Ley 100 de 1993, artículo 46.
73 Sentencia T-190 de 1993
74 Sentencia C-002 de 1999. En esa oportunidad, la Corte estudió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5 del decreto ley 1305 de 1975.
75 Sentencia C-111 de 2016. Este Tribunal estudió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13, literal d), parcial, de la Ley 797 de 2003.
76 Ley 100 de 1993, artículo 47.
77 ART. 42.—“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
78 Sobre el particular se debe mencionar que el concepto de familia ha sido ampliado por la jurisprudencia de esta Corporación, bajo el entendido que no solo las parejas heterosexuales tienen la posibilidad de conformar una familia. Así, en la sentencia SU-214 de 2016, la Corte señaló: “Las líneas jurisprudenciales desarrolladas por esta Corte en decisiones de amparo (control concreto), así como de constitucionalidad (control abstracto) han señalado que los homosexuales son un grupo tradicionalmente discriminado; sin embargo, a la luz de los principios que inspiran la Constitución Política de 1991, toda diferencia de trato fundada en la orientación sexual de un ser humano, debe ser sometida a un control estricto de constitucionalidad y se presume violatoria de los principios de igualdad, dignidad humana y libertad.
79 Ley 16 de 1972.
80 Ley 74 de 1968.
82 Sentencia C-107 de 2017.
83 Sentencia C-026 de 2016. Reiterada en la sentencia T-316 de 2017.
84 Sentencia C-107 de 2017.
85 Sentencia T-233 de 2015.
86 Sentencia C-107 de 2017.
87 Ibíd. Consideración 18.1.
88 Ibíd. Consideración 18.2.
89 Ibíd. Consideración 18.3.
90 Ibíd. Consideración 18.4.
91 Sentencia T-292 de 2016.
92 Cfr. Sentencia T-525 de 2016.
94 Sentencia C-107 de 2017.
95 El análisis jurisprudencial es tomado de la recapitulación hecha por la Corte en las sentencias T-354 de 2016 y C-107 de 2017.
96 Sentencia T-292 de 2004.
97 Radicación 25000-22-13-000-2018-00071-01.
98 Antecedentes de la sentencia. Hecho 2.2.
99 Respuesta del accionado y vinculados. Numeral 1.
100 Consideración 2.2.
101 Citó las sentencias T-887 de 2009, T-572 de 2009 y T-606 de 2013
102 Sentencia T-525 de 2016.
103 Sentencia T-074 de 2016.
104 Sentencia T-525 de 2016.
105 Análisis adoptado en la sentencia T-525 de 2016.
106 Sentencia T-525 de 2016.
107 Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 22. Folio 4.
108 Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Hecho 9. Folio 3.
109 Cuaderno de la Corte. Folios 32 a 34.
110 Cuaderno de instancias. Encabezado del escrito de tutela, folio 2.
111 Cuaderno de instancias, folios 28 a 39.
112 Cuaderno de instancias, folio 76.
113 Cuaderno de instancias, folios 21 a 23.
114 ART. 13.—Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. “La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
115 ART. 2º—Procedencia. “La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:
116 Sentencia T-626 de 2016.
117 Sentencia T-316 de 2017.
118 Sentencia T-326 de 2007.
119 Sentencia T-316 de 2017
120 Cuaderno de la Corte. Folio 37.
121 Cuaderno de la Corte. Folio 47.
122 Cuaderno de instancias. Folios 13 y 14.
123 Cuaderno de instancias. Folio 15.
124 Cuaderno de instancias. Folios 21 a 23.
125 Cuaderno de instancias. Folios
126 Hecho 14.
127 Hecho 16.
128 Hecho 20.
129 Cuaderno de instancias. Folio 54.
130 Cuaderno de primera instancia. Folio 25.
131 Cuaderno de instancias. Folio 26.
132 Cuaderno de instancias. Folio 40.
133 Cuaderno de instancias. Folio 42.
134 Cuaderno de instancias. Folio 51.
135 Cuaderno de instancias. Folios 16 a 20.
136 Cuaderno de la Corte. Folios 141 a 143.
137 Cuaderno principal. Folio 26. Declaración de Nohoralba Aragonés.
139 Cuaderno de instancias. Folio 26.
140 Cuaderno de instancias. Folio 11.
141 Cuaderno de instancias. Folio 24.
142 Cuaderno de instancias. Contestación de la acción de tutela. Folio 89.
143 Cuaderno de instancias. Folio 211.

References: artículo 31
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 22
 artículo 46
 artículo 33
 artículo 42
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 23
 artículo 42
 artículo 15
 artículo 42
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 Artículo 48
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 artículo 5
 artículo 47
 artículo 13
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