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Ley sobre el Derecho de Autor de Venezuela Vigente 2014 ~ Abogados de Venezuela Alexander Racini & Associates Abogados Venezolanos Internacionales
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Ley sobre el Derecho de Autor de Venezuela Vigente 2014
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CATEGORÍA: LEYES VIGENTES EN VENEZUELA
Ley sobre el Derecho de Autor de Venezuela Vigente
LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR *
Las disposiciones de esta Ley protegen los derechos de los autores sobre todas las obras
del ingenio de carácter creador, ya sean de índole literaria, científica o artística,
cualesquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino.
Los derechos reconocidos en esta Ley son independientes de la propiedad del objeto
material en el cual esté incorporada la obra y no están sometidos al cumplimiento de
Quedan también protegidos los derechos conexos a que se refiere el Título IV de esta
Transcrito de la Gaceta Oficial N° 4.638 Extraordinario del 1° de octubre de 1993
NOTA: Reforma la Ley de 12-12-62 (G.O. 823 del 3-1-63).
Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a que se refiere el artículo
anterior, especialmente las siguientes: los libros, folletos y otros escritos literarios,
artísticos y científicos, incluidos los programas de computación, así como su
documentación técnica y manuales de uso; las conferencias, alocuciones, sermones y
otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático- musicales, las
obras coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito
o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras; las obras
cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;
las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; las obras de arte aplicado,
que no sean meros modelos y dibujos industriales; las ilustraciones y cartas geográficas;
los planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la
arquitectura o a las ciencias; y, en fin, toda producción literaria, científica o artística
susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento.
Son obras del ingenio distintas de la obra original, las traducciones, adaptaciones,
transformaciones o arreglos de otras obras, así como también las antologías o
compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición
de las materias constituyen creaciones personales.
No están protegidos por esta Ley los textos de las leyes, decretos, reglamentos oficiales,
tratados públicos, decisiones judiciales y demás actos oficiales.
El autor de una obra del ingenio tiene por el solo hecho de su creación un derecho sobre
la obra que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados
Los derechos de orden moral son inalienables, inembargables, irrenunciables e
El derecho de autor sobre las traducciones y demás obras indicadas en el artículo 3º
puede existir aún cuando las obras originales no estén ya protegidas por esta Ley o se
trate de los textos a que se refiere el artículo 4º; pero no entraña ningún derecho exclusivo
sobre dichas obras ya originales o textos.
Se considera creada la obra, independientemente de su divulgación o publicación, por el
solo hecho de la realización del pensamiento del autor, aunque la obra sea inconclusa. La
obra se estima divulgada cuando se ha hecho accesible al público por cualquier medio o
procedimiento. Se entiende por obra publicada la que ha sido reproducida en forma
material y puesta a disposición del público en un número de ejemplares suficientes para
que se tome conocimiento de ella.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104, se presume, salvo prueba en contrario,
que es autor de la obra la persona cuyo nombre aparece indicado como tal en la obra de
la manera acostumbrada o, en su caso, la persona que es anunciada como autor en la
A los efectos de la disposición anterior se equipara a la indicación del nombre, el empleo
de un seudónimo o de cualquier signo que no deje lugar a dudas sobre la identidad de la
persona que se presenta como autor de la obra.
Mientras el autor no revele su identidad y compruebe su condición de tal, la persona que
haya publicado la obra o, en su defecto, quien la haya hecho divulgar, queda autorizada
para hacer valer los derechos conferidos en esta Ley, en representación del autor de la
obra anónima o seudónima. La revelación se hará en las formas señaladas en el artículo
precedente o mediante declaración ante el Registro de la Producción Intelectual.
Las disposiciones de este artículo no serán aplicables cuando el seudónimo adoptado por
el autor no deje ninguna duda sobre su identidad civil.
Se considera obra hecha en colaboración aquélla a cuya creación han contribuido varias
Se denomina compuesta la obra nueva en la cual esté incorporada una obra preexistente
El derecho de autor sobre las obras hechas en colaboración pertenece en común a los
Los coautores deben ejercer sus derechos de común acuerdo. Se presume, salvo prueba
en contrario, que cada uno de ellos es mandatario de los otros en relación con los
En caso de desacuerdo, cada uno de los coautores puede solicitar del Juez de Primera
Instancia en lo Civil que tome las providencias oportunas conforme a los fines de la
Cuando la participación de cada uno de los coautores pertenece a géneros distintos, cada
uno de ellos podrá, salvo pacto en contrario, explotar separadamente su contribución
personal, siempre que no perjudique la explotación de la obra común.
El derecho de autor sobre la obra compuesta corresponde al autor que la haya realizado;
pero quedan a salvo los derechos del autor de la obra preexistente.
Se entiende por obra audiovisual toda creación expresada mediante una serie de
imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada
esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio
de comunicación de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza o
La calidad de autor de una obra audiovisual corresponde a la persona o las personas
físicas que realizan su creación intelectual.
Salvo prueba en contrario se presume coautores de la obra audiovisual, hecha en
Salvo pacto en contrario entre los coautores, el director o realizador tiene el ejercicio de
los derechos morales sobre la obra audiovisual, sin perjuicio de los que correspondan a
los coautores en relación con sus respectivas contribuciones, ni de los que pueda ejercer
el productor de conformidad con el artículo 15 de esta Ley.
Cuando la obra audiovisual ha sido tomada de una preexistente, todavía protegida, el
autor de la originaria queda equiparado a los autores de la obra nueva.
Si uno de los autores se niega a terminar su contribución, o se encuentra impedido de
hacerlo por fuerza mayor, no podrá oponerse a que se utilice la parte ya realizada de su
contribución con el fin de terminar la obra, sin que ello obste a que respecto de esta
contribución tenga la calidad de autor y goce de los derechos que de ella se deriven.
Se considera terminada la obra cuando la primera copia modelo (copia "standard"), ha
sido establecida de común acuerdo entre el realizador o director, o eventualmente los
coautores, por una parte, y el productor por la otra. Salvo pacto en contrario, cada uno de
los coautores puede disponer libremente de la parte de la obra que constituye su
contribución personal, para explotarla en un género diferente y dentro de los límites
establecidos en el último aparte del artículo 10 de esta Ley.
El productor de una obra audiovisual es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa
y la responsabilidad de la realización de la obra. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
104 de esta Ley, y salvo prueba en contrario, es productor la persona que aparezca
indicada como tal en la obra audiovisual.
El productor puede ser el autor o uno de los coautores de la obra, siempre que llene los
extremos indicados en el artículo 12 de esta Ley.
Se presume, salvo pacto expreso en contrario, que los autores de la obra audiovisual han
cedido al productor, en forma ilimitada y por toda su duración el derecho exclusivo de
explotación sobre la obra audiovisual, definido en el artículo 23 y contenido en el Título II,
incluso la autorización para ejercer los derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 de
esta Ley, así como también el consentimiento para decidir acerca de la divulgación.
Sin perjuicio de los derechos de los autores, el productor puede, salvo estipulación en
contrario, ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra audiovisual, en la
medida en que ello sea necesario para la explotación de la misma.
Se entiende por obra radiofónica la creación producida específicamente para su
transmisión a través de la radio o televisión, sin perjuicio de los derechos de los autores
de las obras preexistentes.
Tiene la calidad de autor de una obra radiofónica, la persona o personas físicas que
realizan la creación intelectual de dicha obra.
Se presume, salvo pacto expreso en contrario, que los autores de la obra radiofónica han
cedido al productor en forma ilimitada y por toda su duración el derecho exclusivo de
explotar la obra radiofónica, definido en el artículo 23 y contenido en el Título II, inclusive
la autorización para ejercer los derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta
Ley, y el consentimiento para decidir acerca de la divulgación de la obra.
Sin perjuicio de los derechos de los autores el productor de la obra radiofónica puede,
salvo estipulación en contrario, ejercer los derechos morales sobre la obra, en la medida
en que ello sea necesario para la explotación de la misma.
Son aplicables a las obras radiofónicas, las disposiciones relativas a las obras
audiovisuales, en cuanto corresponda.
Se entiende por programa de computación a la expresión en cualquier modo, lenguaje,
notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un computador
lleve a cabo una tarea o una función determinada, cualquiera que sea su forma de
expresarse o el soporte material en que se haya realizado la fijación.
El productor del programa de computación es la persona natural o jurídica que toma la
iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 de esta Ley, y salvo prueba en contrario, es
productor del programa de computación la persona que aparezca indicada como tal de la
manera acostumbrada.
Se presume salvo pacto expreso en contrario, que los autores del programa de
computación han cedido al productor, en forma ilimitada y por toda su duración, el
derecho exclusivo de explotación de la obra, definido en el artículo 23 y contenido en el
Título II, inclusive la autorización para ejercer los derechos a que se refieren los artículos
21 y 24 de esta Ley, así como el consentimiento para decidir sobre su divulgación y la de
ejercer los derechos morales sobre la obra, en la medida que ello sea necesario para la
Corresponde exclusivamente al autor la facultad de resolver sobre la divulgación total o
parcial de la obra y, en su caso, acerca del modo de hacer dicha divulgación, de manera
que nadie puede dar a conocer sin el consentimiento de su autor el contenido esencial o
la descripción de la obra, antes de que aquél lo haya hecho o la misma se haya divulgado.
La constitución del usufructo sobre el derecho de autor, por acto entre vivos o por
testamento, implica la autorización al usufructuario para divulgar la obra. No obstante, si
no existe una disposición testamentaria específica acerca de la obra y ésta queda
comprendida en una cuota usufructuaria, se requiere el consentimiento de los
derechohabientes del autor para divulgarla.
En caso de que una determinada obra sea publicada o divulgada por persona distinta a su
autor, éste tiene el derecho de ser reconocido como tal, determinando que la obra lleve
las indicaciones correspondientes.
El autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material de la obra, el derecho de
prohibir toda modificación de la misma que pueda poner en peligro su decoro o
El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieran
necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella. Pero si la obra reviste
carácter artístico, el autor tendrá preferencia para el estudio y realización de las mismas.
En cualquier caso, si las modificaciones de la obra arquitectónica se realizaren sin el
consentimiento del autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y
quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre del autor del proyecto
El autor tiene el derecho exclusivo de hacer o autorizar las traducciones, así como las
adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra.
El autor puede exigir al propietario del objeto material el acceso al mismo, en la forma que
mejor convenga a los intereses de ambos, siempre que ello sea necesario para el
ejercicio de sus derechos morales o los de explotación.
El autor goza también del derecho exclusivo de explotar su obra en la forma que le plazca
y de sacar de ella beneficio. En los casos de expropiación de ese derecho por causa de
utilidad pública o de interés general, se aplicarán las normas especiales que rigen esta
El derecho de explotación no es embargable mientras la obra se encuentre inédita, pero
los créditos del autor contra sus cesionarios o contra quien viole su derecho, pueden ser
gravados o embargados. En los casos de embargo, el Juez podrá limitar sus efectos para
que el autor reciba a título alimentario, una determinada cantidad o un porcentaje de la
No puede emplearse sin el consentimiento del autor el título de una obra, siempre que sea
original e individualice efectivamente a ésta, para identificar otra del mismo género
cuando existe peligro de confusión entre ambas.
El derecho de autor dura toda la vida de éste y se extingue a los sesenta años contados a
partir del primero de enero del año siguiente al de su muerte, incluso respecto a las obras
no divulgadas durante su vida.
Para las obras hechas en colaboración, los sesenta años a que se refiere el artículo
anterior comenzarán a contarse a partir del primero de enero del año siguiente al de la
muerte del colaborador que sobreviva a los demás.
No obstante, el derecho de explotación de una obra audiovisual, de una obra radiofónica o
de un programa de computación, se extingue a los sesenta años contados a partir del
primero de enero del año siguiente al de su primera publicación o, en defecto de ésta, al
de su terminación. Esta limitación no afecta a los derechos morales de cada uno de los
coautores ni al derecho establecido en el último aparte del artículo 10 de esta Ley.
El derecho de autor sobre obras anónimas o seudónimas se extingue a los sesenta años
contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su primera publicación. La
fecha de ésta se determinará por cualquier medio de prueba y especialmente por el
depósito legal de la obra.
No se aplica tal limitación en los casos previstos en el aparte único del artículo 7º ni
cuando, dentro del plazo indicado, el autor o sus derechohabientes revelen la identidad de
aquél conforme al artículo 8º de esta Ley.
Respecto de las obras anónimas o seudónimas publicadas en forma escalonada, el plazo
comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la publicación de cada
elemento. No obstante, si se publica la totalidad de la obra dentro de los veinte años
siguientes al de la publicación de su primer elemento, el derecho sobre la totalidad de la
misma se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año que
sigue al de la publicación del último de sus elementos.
Aun después de extinguido el derecho de autor no puede emplearse el título de una obra
en las condiciones indicadas en el artículo 24 de esta Ley, en perjuicio de quienes
divulguen la obra.
SECCIÓN TERCERA, De la Transmisión del Derecho de Autor por Causa de
A la muerte del autor, su derecho sobre la obra se transmite conforme a lo dispuesto en el
Código Civil, sin perjuicio de lo establecido en el aparte único del artículo 34 de esta Ley.
En caso de conflicto entre derechohabientes respecto del ejercicio del derecho de autor,
el Juez de Primera Instancia en lo Civil tomará las medidas oportunas, a solicitud de
cualquiera de los interesados y previa audiencia de los demás si fuere posible.
El autor puede constituir por acto de última voluntad un fideicomiso sobre el derecho de
autor por todo el período de duración del mismo o por parte de él. Este fideicomiso se
regirá, en cuanto corresponda, por la ley de la materia, sin perjuicio de las disposiciones
Pueden ser nombrados fiduciarios las personas jurídicas y las personas capaces de
contratar. Procede la remoción del fiduciario por incapacidad sobreveniente.
Puede constituirse el fideicomiso sobre la legítima o parte de ella en favor de los
herederos forzosos aun cuando no se reúnan las condiciones del artículo 10 de la Ley de
Fideicomiso. Pero, los herederos forzosos tendrán siempre derecho a recibir las rentas
correspondientes, por lo menos semestralmente, y en todo caso, si el fideicomiso
constituido sobre la legítima o parte de ella termina antes de la extinción del derecho de
autor fideicometido, éste deberá ser transferido a los herederos forzosos del autor o a los
herederos de éstos.
El artículo 31 de la Ley de Fideicomiso se aplicará también a los fiduciarios que sean
personas naturales y a los administradores de personas jurídicas que no sean bancos
comerciales o compañías de seguros.
El menor que ha cumplido dieciséis años de edad, puede realizar todos los actos jurídicos
relativos a la obra creada por él, en las mismas condiciones que el menor emancipado,
pero para la autorización de explotación mediante declaración pública prevista en el
artículo 60 de esta Ley, o para la cesión de derechos a título gratuito, se requerirá la
autorización del Juez competente.
El menor que ha cumplido dieciséis años de edad, puede ejercer en juicio las acciones
derivadas de su derecho de autor y de los actos jurídicos relativos a la obra creada por él,
mediante la asistencia de las personas indicadas en el único aparte del artículo 383 del
El entredicho por condena penal, no obstante su incapacidad, puede realizar por medio de
mandatario, cualquier acto jurídico relativo a la obra creada por él y ejercer en juicio las
acciones derivadas de estos actos jurídicos o de sus condiciones de autor.
No obstante cualquier cláusula en contrario de las capitulaciones matrimoniales, el
derecho de autor corresponde exclusivamente al cónyuge autor o derechohabiente del
autor. En caso de comunidad legal de bienes, el cónyuge titular del derecho podrá
administrarlo y disponer de él sin las limitaciones del artículo 154 del Código Civil.
Sin embargo, a la muerte del cónyuge autor, siempre que el otro cónyuge lo sobreviva, los
derechos de autor sobre las obras creadas durante el matrimonio, se incluirán dentro de
los bienes comunes a los efectos de la liquidación de la comunidad legal de bienes que
entre ellos existiere. Las disposiciones de esta ley, referentes a los derechohabientes del
autor, son aplicables al cónyuge respecto de su participación en estos bienes comunes.
En el régimen de la comunidad legal de bienes, los proventos derivados de la explotación
de una obra del ingenio obtenidos durante el matrimonio, directamente o mediante la
cesión de los derechos de explotación, son bienes de la comunidad, pero su
administración corresponde exclusivamente al cónyuge autor o derechohabiente del autor.
Las ediciones de obras ajenas o de textos cuando representen el resultado de una labor
científica están protegidas de modo análogo a las obras del ingenio indicadas en el
El derecho del autor de la edición o de su derecho habiente se extingue a los quince años
después de la primera publicación de la misma. No obstante, se extinguirá a los quince
años de preparada la edición si no hubiese sido publicada durante este período. Dichos
lapsos se contarán a partir del 1º de enero del año siguiente al de la primera publicación o
El divulgador de una obra del ingenio que no haya sido hecha accesible al público dentro
del plazo establecido en el artículo 25, tiene el derecho exclusivo de explotar dicha obra.
Este derecho se regirá en cuanto le sea aplicable por lo dispuesto en esta Ley para la
explotación de las obras del ingenio por parte del autor y de sus derechohabientes.
El derecho del divulgador se extingue a los diez años contados a partir del 1º de enero del
año siguiente al de la divulgación de la obra.
Las fotografías y las reproducciones e impresiones obtenidas por un procedimiento
análogo, están protegidas en igual forma a las obras del ingenio señaladas en el artículo
1º de esta Ley. El derecho del fotógrafo y de sus derechohabientes se extingue a los
sesenta años de la divulgación de la obra. No obstante, se extinguirá a los sesenta años
de su realización si no hubiere sido divulgada durante ese período. Dichos lapsos se
contarán a partir del primero de enero del año siguiente a la divulgación o a la realización,
El derecho de explotar una fotografía realizada por un fotógrafo profesional, puede ser
objeto de cesión en las mismas condiciones que la efectuada bajo una relación laboral, en
los términos del artículo 59 de esta Ley.
Se equiparan a las fotografías las imágenes impresas en las cintas audiovisuales siempre
que no constituyan propiamente una obra audiovisual.
TÍTULO II, DEL CONTENIDO Y DE LOS LÍMITES DE LOS DERECHOS DE
El derecho de explotación de una obra del ingenio, indicado en el artículo 23 de esta Ley,
comprende el derecho de comunicación pública y el derecho de reproducción.
Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas
puede tener acceso a la obra, y particularmente mediante:
1. Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de
las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales mediante cualquier
forma o procedimiento.
2. La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y demás obras
3. La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier medio que sirva
para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.
4. La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro
5. La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartes anteriores y por
entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada.
6. La captación, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de
la obra difundida por radio o televisión.
8. El acceso público a bases de datos de computador por medio de telecomunicación,
cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas
9. En fin, la difusión, por cualquier procedimiento que sea, conocido o por conocerse, de
los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.
La reproducción consiste en la fijación material de la obra por cualquier forma o
procedimiento que permita hacerla conocer al público u obtener copias de toda o parte de
ella, y especialmente por imprenta, dibujo, grabado, fotografía, modelado o cualquier
procedimiento de las artes gráficas, plásticas, registro mecánico, electrónico, fonográfico o
audiovisual, inclusive el cinematográfico.
El derecho de reproducción comprende también la distribución, que consiste en la puesta
a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta u otra forma
de transmisión de la propiedad, alquiler u otra modalidad de uso a título oneroso.
Sin embargo, cuando la comercialización autorizada de los ejemplares se realice
mediante venta, el titular del derecho de explotación conserva los de comunicación
pública y reproducción, así como el de autorizar o no el arrendamiento de dichos
Siempre que la ley no dispusiere otra cosa, es ilícita la comunicación, reproducción o
distribución total o parcial de una obra sin el consentimiento del autor o, en su caso, de los
derechohabientes o causahabientes de éste.
En la disposición anterior quedan comprendidas también la comunicación, reproducción o
distribución de la obra traducida, adaptada, transformada, arreglada o copiada por un arte
o procedimiento cualquiera.
2. Las realizadas con fines de utilidad general en el curso de actos oficiales y ceremonias
religiosas, siempre que el público pueda asistir a ellas gratuitamente y ninguno de los
participantes en la comunicación perciba una remuneración específica por su
3. Las efectuadas con fines exclusivamente científicos y didácticos, en establecimientos
de enseñanza, siempre que no haya fines lucrativos.
1. La reproducción de una copia de la obra impresa, sonora o audiovisual, salvo en el
programa de computación que se regirá conforme al numeral 5 de este artículo,
siempre que sea realizada para la utilización personal y exclusiva del usuario,
efectuada por el interesado con sus propios medios.
2. Las reproducciones fotomecánicas para el exclusivo uso personal, como la fotocopia y
el microfilme, siempre que se limiten a pequeñas partes de una obra protegida o a
obras agotadas, y sin perjuicio de la remuneración equitativa que deban abonar las
empresas, instituciones y demás organizaciones que presten ese servicio al público, a
los titulares del respectivo derecho de reproducción. Se equipara a la reproducción
ilícita, toda utilización de las piezas reproducidas para un uso distinto del personal que
se haga en concurrencia con el derecho exclusivo del autor de explotar su obra.
3. La reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de
exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la
medida justificada por el objetivo perseguido, de artículos, breves extractos de obras u
obras breves lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga
conforme a los usos honrados.
4. La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos que no tengan fines
de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, para preservar
dicho ejemplar y sustituirlo en caso de necesidad o para sustituir en la colección
permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado,
destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo y
5. La reproducción de una sola copia del programa de computación, exclusivamente con
fines de resguardo o seguridad.
6. La introducción del programa de computación en la memoria interna del equipo, a los
solos efectos de su utilización por el usuario lícito, y sin perjuicio de su participación al
titular del derecho cuando así se haya pactado en el contrato de enajenación del
soporte material o en la licencia de uso.
7. La reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la
medida justificada por el fin que se persiga.
9. La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en las calles, plazas
u otros lugares públicos, por medio de un arte diverso del empleado para la
elaboración del original. Respecto de los edificios, dicha facultad se limita a la fachada
El autor de una obra musical puede utilizar como letra o libreto de ésta, pequeñas partes
de un texto literario o poema de extensión reducida después de su publicación, siempre
que el texto o poema por su género no deban considerarse escritos especialmente para el
fin indicado; pero el autor de la obra musical deberá pagar al autor del texto o poema, una
parte equitativa de los provechos que obtenga por la explotación de su obra junto con la
letra o libreto.
En todos los casos en que de conformidad con este artículo sea lícita la utilización
indicada, será lícita también la reproducción del texto sin la obra musical:
1. Para ser usado por los asistentes en el propio lugar donde representen la obra musical
artistas ejecutantes;
3. Estampado en instrumentos de registro de sonidos de la obra musical o en hojas
adjuntas a éstos debidamente caracterizadas como tales.
1. La inclusión de una obra ya publicada dentro de una obra científica original con el
objeto de aclarar su contenido en la extensión en que lo justifique esta finalidad; sin
embargo, la reproducción de una obra de arte con tal fin será lícita aun cuando la obra
no haya sido publicada siempre que esté expuesta públicamente de modo
2. La cita de determinadas partes de una obra ya divulgada dentro de una obra original
en la cual el autor haya empleado el idioma como medio de expresión.
1. La difusión aun integral, por la prensa o radiodifusión a título de información de
actualidad, de los discursos dirigidos al público pronunciados en asambleas, reuniones
o ceremonias públicas o en debates públicos sobre asuntos públicos ante órganos de
los poderes nacionales, estadales o municipales.
2. La difusión por la prensa o radiodifusión de artículos de actualidad sobre cuestiones
económicas, sociales, artísticas, políticas o religiosas, publicados en periódicos o
revistas, si la reproducción no ha sido reservada expresamente. La difusión puede
hacerse, incluso, en forma de revista de prensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, corresponde al autor el derecho de publicar
sus discursos y artículos, así como el derecho de reunirlos en una colección.
Es lícita la reproducción de las noticias del día o de hechos diversos que tengan carácter
de simples informaciones de prensa, publicados por ésta o por radiodifusión, siempre que
no constituyan obras de ingenio en razón de la forma y sin perjuicio de los principios que
rigen la competencia desleal.
A los fines de la información sobre sucesos de actualidad por radiodifusión o
cinematografía, es lícito radiodifundir o registrar las imágenes y sonidos de breves
fragmentos de obras que se hagan perceptibles, visual o auditivamente, durante el
transcurso de los sucesos sobre los cuales versa la información.
TÍTULO III, DE LA EXPLOTACION DE LA OBRA POR TERCEROS
SECCIÓN PRIMERA, Del Alcance y de las Formas de Cesión de los Derechos
El derecho de explotación indicado en el artículo 23 y definido en el artículo 39 de esta
Ley, puede ser cedido a título gratuito u oneroso; pero revertirá al autor o a sus
derechohabientes al extinguirse el derecho del cesionario.
Salvo pacto en contrario, toda cesión de derechos de explotación se presume realizada a
El titular del derecho de explotación puede igualmente conceder a terceros una licencia de
uso, no exclusiva e intransferible, a cambio de una remuneración y la cual se rige por las
estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de derechos de
explotación, en cuanto sean aplicables.
Los derechos de explotación son independientes entre sí y, en consecuencia, la cesión
del derecho de reproducción no implica la del derecho de comunicación pública, ni
Siempre que no se hubiese convenido otra cosa, los efectos de la cesión de cualesquiera
de los derechos patrimoniales, se limitan a los modos de explotación previstos
específicamente en el contrato.
Salvo en las cesiones a título gratuito, pactadas expresamente, es necesario que en el
contrato de cesión se estipule, con sujeción a lo dispuesto en la Sección Segunda de este
Capítulo, la remuneración del autor, correspondiente a la explotación que se realice por
los modos previstos específicamente en el contrato.
Es válida la cesión de los derechos de explotación del autor sobre sus obras futuras si se
las determina particularmente o por su género; pero la cesión sólo surte efecto por un
término máximo de cinco años contados a partir de la fecha del contrato, aun cuando en
éste se haya fijado un plazo mayor.
Salvo disposición expresa de la Ley, los contratos de cesión de derechos de explotación y
los de licencia de uso, deben hacerse por escrito.
Sin embargo, no será necesaria esta formalidad en las obras audiovisuales, en las
radiofónicas, en los programas de computación y en las realizadas bajo relación laboral,
de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16, 17 y 59 de esta Ley.
La enajenación del objeto material en el cual esté incorporada una obra, no produce en
favor del adquirente la cesión de los derechos de explotación del autor.
Sin embargo, salvo pacto en contrario, el contrato de enajenación del objeto material que
contiene una obra de arte, confiere al adquirente el derecho de exponer públicamente la
obra, sea a título gratuito u oneroso.
En caso de reventa de obras de artes plásticas, efectuada en pública subasta o por
intermedio de un negociante profesional en obras de arte, el autor, y a su muerte los
herederos o legatarios, por el tiempo a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, goza del
derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un dos por ciento (2%) del
La recaudación de la remuneración prevista precedentemente, deberá ser encomendada
a una entidad de gestión colectiva.
En caso de cesión a título oneroso de los derechos del autor sobre su obra, debe
establecerse en su provecho una participación proporcional en los ingresos que obtenga
el cesionario por la explotación de la obra.
No obstante, la remuneración del autor puede consistir en una cantidad fija en los casos
1. Si no puede ser determinada prácticamente la base del cálculo de la participación
3. Si los gastos de las operaciones de cálculo y de fiscalización no guardan proporción
razonable con la suma a la cual alcanzaría la remuneración del autor.
4. Si la naturaleza o las condiciones de la explotación hacen imposible la aplicación de la
regla de la remuneración proporcional sea porque la contribución del autor no
constituye uno de los elementos esenciales de la creación intelectual de la obra o
porque la utilización de la obra sólo presente un carácter accesorio en relación al
objeto explotado.
Es igualmente lícita, a pedido del autor, la conversión entre las partes contratantes de los
derechos provenientes de contratos en vigor, en anualidades vitalicias de monto fijo.
En lo que concierne a la publicación de libros, la remuneración del autor puede consistir
en una cantidad fija cuando se trata de obras de carácter netamente científico; de
antologías o enciclopedias; de prefacios, anotaciones, introducciones o presentaciones;
de ilustraciones de una obra; de ediciones de lujo con tiraje limitado; de álbumes para
niños; de ediciones populares; de libros de oraciones; y de traducciones, siempre que lo
pidiere el traductor.
La transferencia de los derechos de explotación por parte del cesionario a un tercero
mediante acto entre vivos implica también la transmisión al tercero de las obligaciones del
cesionario frente al cedente.
Salvo pacto en contrario, la transferencia no puede efectuarse sino con el consentimiento
del cedente dado por escrito, excepto el caso de que ella quede comprendida dentro de la
enajenación del fondo de comercio del cesionario o de parte del mismo. No obstante, si
en tal caso la transferencia compromete gravemente los intereses del autor, éste puede
demandar al adquirente por la rescisión del contrato de cesión.
También debe darse por escrito al cesionario el consentimiento del autor en una
transferencia ulterior.
No obstante cualquier estipulación en contrario, el autor, aún después de la publicación de
la obra, tiene frente al cesionario de sus derechos o, en su caso, frente a los
causahabientes de éste, el derecho moral de revocar la cesión; pero no puede ejercer ese
derecho sin indemnizarles los daños y perjuicios que con ello les cause.
El Juez puede moderar el monto de cualquier pago que haya convenido hacer el autor al
cesionario en razón del ejercicio del derecho a que se refiere el encabezamiento de este
artículo, cuando dicho monto haya sido fijado con anterioridad al momento en que ejerció
el derecho indicado.
El derecho contenido en este artículo, no será aplicable a las cesiones efectuadas
respecto de las obras creadas bajo relación de trabajo, en los términos del artículo 59 de
SECCIÓN QUINTA, De los Derechos Sobre las Obras Creadas Bajo Relación
Laboral o Realizadas por Encargo
Se presume, salvo pacto expreso en contrario, que los autores de las obras creadas bajo
relación de trabajo o por encargo, han cedido al patrono o al comitente, según los casos,
en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho exclusivo de explotación definido en
el artículo 23 y contenido en el Título II de esta Ley.
La entrega de la obra al patrono o a quien encarga la creación, según corresponda,
implica la autorización para que éstos puedan divulgarla, así como para ejercer los
derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta Ley y la de defender los derechos
morales, en cuanto sea necesario para la explotación de la obra.
La cesión a que se refiere este artículo, no se efectúa implícitamente respecto de las
conferencias o lecciones dictadas por los profesores en Universidades, liceos y demás
SECCIÓN SEXTA, De la Autorización de Explotación Mediante Declaración
El autor puede consentir públicamente en que cualquier persona explote su obra; pero
esta autorización puede ser revocada por justa causa en la misma forma en que fue
conferida o en forma equivalente.
La revocación no es oponible a quienes hayan comenzado de buena fe la explotación de
la obra con anterioridad a aquella. No obstante, dichas personas no pueden iniciar una
explotación que por su forma o extensión sea distinta de la que tenían en curso para el
momento de la revocación.
Las entidades de gestión colectiva constituidas o por constituirse para defender los
derechos patrimoniales reconocidos en esta Ley, de sus asociados o representados, o de
los afiliados o representados por entidades extranjeras de la misma naturaleza, además
de tener personalidad jurídica, necesitan a los fines de su funcionamiento una
autorización del Estado y estarán sujetas a su fiscalización, en los términos de esta Ley y
de lo que disponga el Reglamento.
Las entidades de gestión estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios
estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los
derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos
Las entidades de gestión podrán establecer tarifas relativas a las remuneraciones
correspondientes a la cesión de los derechos de explotación o a las licencias de uso que
otorguen sobre las obras, productos o producciones que constituyan su repertorio.
Las tarifas y sus modificaciones serán publicadas conforme lo determine el Reglamento,
salvo lo dispuesto en el artículo 144 de esta Ley.
Si una organización de usuarios o un organismo de radiodifusión consideran que la tarifa
establecida por una entidad de gestión para la comunicación pública de obras,
interpretaciones o producciones musicales preexistentes es abusiva, podrán recurrir al
arbitraje de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la publicación de la tarifa, y sin perjuicio de la obligación de
abstenerse de utilizar el repertorio correspondiente.
Las determinaciones de este artículo se entenderán sin perjuicio de las acciones judiciales
que las partes puedan ejercer ante la jurisdicción competente.
Las autoridades administrativas que ejerzan en cada caso las funciones de vigilancia e
inspección sobre las actividades que puedan dar lugar a las remuneraciones indicadas en
el artículo anterior, están obligadas a informar a las entidades de gestión, a pedido de
éstas y contra reembolso de los gastos, acerca de las comunicaciones públicas realizadas
Quien explote una obra, producto o producción administrados por una entidad de gestión
colectiva, sin que se le hubiere cedido el derecho correspondiente o se le hubiere
otorgado la respectiva licencia de uso, debe pagar, a título de indemnización, un recargo
del cincuenta por ciento (50%) sobre la remuneración en la tarifa, aplicada durante todo el
tiempo en que se haya efectuado la explotación, siempre que no se pruebe un daño
superior en el caso concreto.
El contrato de representación es aquel por el cual el autor de una obra del ingenio o sus
derechohabientes ceden a una persona natural o jurídica el derecho de representar la
obra, en las condiciones que determinen. El contrato de representación puede celebrarse
por tiempo determinado o por número determinado de representaciones públicas.
Las disposiciones relativas al contrato de representación son también aplicables a las
demás modalidades de comunicación pública, en cuanto corresponda.
Salvo estipulación expresa de derechos exclusivos, el contrato no confiere al empresario
de espectáculos ningún monopolio de explotación.
La validez de los derechos exclusivos acordados por un autor dramático no puede
exceder de los cinco años; la falta o la interrupción de las representaciones por dos años
consecutivos pone fin al contrato de pleno derecho.
Salvo estipulación en contrario, la cesión del derecho de radiodifundir una obra o de
comunicarla públicamente por cualquier otro medio de difusión inalámbrica de sonidos o
imágenes, cubre la totalidad de las comunicaciones hechas por la empresa radiodifusora.
Conforme a las disposiciones del artículo 51 de esta Ley, la cesión del derecho de
radiodifundir no implica la del derecho de fijar los sonidos o imágenes de la obra
radiodifundida. No obstante, la empresa radiodifusora podrá realizar la fijación con medios
propios a los fines de utilizarla por una sola vez, a través de una o varias de sus
estaciones, dentro de los seis (6) meses siguientes, para la radiodifusión destinada al
mismo círculo de usuarios. Sin embargo, los registros podrán ser conservados en un
archivo oficial instituido al efecto si tienen un carácter excepcional de documentación.
La cesión del derecho de comunicación de la obra por cualquier medio alámbrico o
inalámbrico, no implica la del derecho de comunicar públicamente la obra transmitida, a
través de altoparlantes o pantallas o por cualquier otro instrumento análogo de
transmisión de sonido o imágenes.
Si se ha convenido en entregar al cedente una remuneración proporcional, el empresario
de espectáculos está obligado a comunicar a aquél o a sus representantes el programa
exacto de las representaciones públicas anotando al efecto en planillas diarias las obras
representadas y sus autores, y a presentarles una relación fidedigna de sus entradas.
El empresario de espectáculos se obliga a que la representación pública de la obra se
realice en condiciones técnicas que garanticen el decoro y la reputación del autor.
Aun en los casos en que la obra no esté divulgada, se presume que el empresario está
autorizado para que, con anterioridad a la representación, dé a conocer la obra a los
críticos, y suministre su argumento a la prensa.
El contrato de edición es aquél por el cual el autor de una obra del ingenio o sus
derechohabientes ceden, en condiciones determinadas, el derecho de producir o hacer
producir un número de ejemplares de la obra, a una persona llamada editor, quien se
obliga a asegurar la publicación y difusión de la obra por su propia cuenta.
A falta de estipulación expresa, se presume que el derecho del editor tiene carácter
El contrato de edición debe indicar el número mínimo de los ejemplares que constituyen la
primera edición de la obra, salvo que el editor haya garantizado al cedente el pago de una
cantidad fija a título de provento mínimo.
Los ejemplares que por disposición de la Ley o del contrato hayan de distribuirse
gratuitamente, no se cuentan en el número de ejemplares de la edición.
Salvo pacto en contrario, el contrato sólo confiere al editor el derecho de publicar una
edición de la obra; pero si autorizare más de una, las estipulaciones relativas a la primera
se aplicarán a las demás si en el contrato no se hubiere dispuesto otra cosa.
El cedente debe entregar la obra al editor en las condiciones previstas en el contrato y de
manera que permita la producción normal. Salvo pacto en contrario o imposibilidad de
orden técnico, el cedente conserva la propiedad del objeto que suministre al editor en
cumplimiento de la obligación precedente; pero la responsabilidad del editor por la guarda
de dicho objeto cesa al año de terminada la producción.
El cedente debe garantizar al editor el goce pacífico y, en su caso, exclusivo del derecho
cedido por toda la duración del contrato.
El cedente tiene también, en su caso, la obligación y el derecho de corregir las pruebas
según las modalidades fijadas por los usos.
Mientras no esté publicada la obra el cedente puede introducirle todas las modificaciones
que considere convenientes, siempre que éstas no alteren el carácter y el destino de
aquélla; pero deberá pagar el aumento de los gastos causados por las modificaciones
cuando sobrepasen el límite admitido por los usos. Igual derecho corresponde al cedente,
respecto a nuevas ediciones eventualmente previstas en el contrato, en cuyo caso podrá
ejercerlo a solicitud del editor, con anterioridad a cada nueva edición. A falta de acuerdo
entre las partes, el Tribunal fijará un plazo para que el cedente realice y entregue al editor
las modificaciones de la obra.
El editor no puede hacer ninguna modificación de la obra, sin autorización escrita del
cedente. Sin embargo, puede corregir errores de mecanografía u ortográficos a menos
que estos últimos se hayan puesto deliberadamente.
Si el carácter de la obra requiere que se la ponga al día para una nueva edición
eventualmente prevista por las partes y el cedente se niega a ello, el editor puede hacerlo
valiéndose de peritos en la materia; pero en la nueva edición debe señalarse y
distinguirse la obra de estos últimos.
El editor debe producir o hacer producir los ejemplares de la obra conforme a las normas
técnicas del caso y debe ponerlos en el comercio según los usos de la profesión.
Salvo pacto en contrario, debe hacer figurar en cada uno de los ejemplares el nombre, el
seudónimo o el signo distintivo del autor, y, si se trata de una traducción, también el
nombre del traductor y el título que en su idioma original tiene la obra traducida.
Si al cedente corresponde una remuneración proporcional, éste podrá exigir al editor la
presentación anual de un estado de cuentas en el cual deberá indicarse la fecha y tiraje
de las ediciones realizadas durante el ejercicio y el número de ejemplares en depósito
Salvo uso o pacto en contrario, dicho estado debe mencionar también los ejemplares
vendidos por el editor y los ejemplares inutilizados o destruidos por caso fortuito o de
Si dentro del plazo estipulado o del que fije el Tribunal, el editor no ha producido o hecho
producir los ejemplares de la obra, o no los ha puesto en venta o, en caso de haberse
agotado la misma, no ha reeditado la obra a pesar de estar obligado a ello, el cedente
tiene derecho a pedir la resolución del contrato, la devolución del objeto que hubiere
entregado al editor conforme al artículo 74 y también la indemnización de daños y
perjuicios cuando el editor no pruebe que la falta de producción o de comercio de los
ejemplares o la falta de reedición de la obra proviene de una causa extraña que no le es
Se considera agotada la edición si no han sido satisfechos dentro de los seis meses
siguientes, varios pedidos de ejemplares dirigidos al editor.
El Tribunal puede conceder al editor una prórroga no superior a la mitad del término
original, subordinándola, cuando lo estime necesario, a la prestación de una garantía
Puede también limitar la resolución a una parte del contenido del contrato.
En caso de contratos con duración determinada, los derechos del editor se extinguirán de
pleno derecho al vencimiento del término.
No obstante, salvo pacto en contrario, el editor podrá vender al precio normal dentro de
los tres años siguientes al vencimiento del término, los ejemplares que se encuentren en
depósito, a menos que el cedente prefiera rescatar estos ejemplares mediante un precio
fijado por las partes o si no hubiere acuerdo entre ellas por el Tribunal, después de haber
oído a expertos en la materia. Esta facultad del editor no afecta el derecho del cedente de
proceder a una nueva edición, salvo que las partes hubiesen establecido alguna limitación
temporal al respecto.
La muerte del autor antes de la conclusión de la obra resuelve de pleno derecho el
Sin embargo, si el autor muriere o se encontrare en la imposibilidad de concluir la obra
después de haber realizado y entregado al editor una parte considerable de la misma
susceptible de una publicación separada, éste puede, a su elección, considerar resuelto el
contrato o darlo por cumplido por la parte realizada y entregada mediante disminución
proporcional de la remuneración eventualmente estipulada, salvo que el autor o sus
derechohabientes hayan manifestado su voluntad de que no se publique la obra si no ha
sido concluida íntegramente. En este último caso, si con posterioridad el autor o sus
derechohabientes ceden a otro el derecho de reproducción de la obra inconclusa, deberán
indemnizar al editor los daños y perjuicios ocasionados por la resolución del contrato.
La quiebra del editor no produce la resolución del contrato.
No obstante, el cedente podrá pedir la resolución del contrato de edición, cuando el
Síndico, dentro de los tres (3) meses siguientes a la sentencia declarativa de quiebra, no
continuare la explotación del fondo de comercio del editor, ni lo enajenare a otro editor en
las condiciones indicadas en el artículo 57 de esta Ley.
Siempre que no haya pacto en contrario, la cesión de artículos para periódicos o revistas,
sólo confiere al dueño del periódico o de la revista el derecho de insertarlo por una vez,
quedando a salvo los demás derechos de explotación del cedente.
Si el artículo cedido debe aparecer con la firma del autor o su pseudónimo, el cesionario
no puede modificarlo y si el dueño del periódico o revista lo modifica, sin consentimiento
del cedente, éste puede pedir la inserción íntegra y fiel del artículo cedido, sin perjuicio de
su eventual derecho a daños y perjuicios.
Cuando el artículo cedido deba aparecer sin la firma del autor, el dueño del periódico o de
la revista puede hacerle modificaciones o cambios de forma, sin el consentimiento del
Si un artículo cedido no fuere publicado y difundido dentro del lapso estipulado, o a falta
de estipulación, dentro del año siguiente a la entrega del mismo, el cedente puede
denunciar el contrato, sin perjuicio de su derecho al pago de la remuneración convenida.
Lo establecido en la presente Sección se aplica analógicamente a los dibujos, chistes,
gráficos, fotografías y demás obras susceptibles de ser publicadas en un periódico o
La protección prevista para los derechos conexos al derecho de autor, no afectará en
modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras científicas, artísticas o
literarias. En consecuencia, ninguna de las disposiciones comprendidas en este Título
podrá interpretarse en menoscabo de esa protección, y en caso de conflicto se estará
siempre a lo que más favorezca al autor.
Los titulares de los derechos conexos reconocidos en este Título, podrán invocar todas
las disposiciones relativas a los autores, en cuanto estén conformes con la naturaleza de
sus respectivos derechos, inclusive las acciones y procedimientos previstos en el Título VI
y las relativas a los límites de los derechos de explotación, contemplados en el Título II de
También le serán aplicables, cuando corresponda, las disposiciones previstas en los
artículos 15, 16 y 59 de esta Ley.
Los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo
de autorizar o no la fijación, la reproducción o la comunicación al público, por cualquier
medio o procedimiento, de sus interpretaciones o ejecuciones. Sin embargo, no podrán
oponerse a la comunicación cuando ésta se efectúe a partir de una fijación realizada con
su previo consentimiento, publicada con fines comerciales.
Los artistas intérpretes tendrán igualmente el derecho moral de vincular su nombre o
seudónimo a la interpretación y de impedir cualquier deformación de la misma que ponga
en peligro su decoro o reputación.
Las orquestas, grupos vocales y demás agrupaciones de intérpretes o ejecutantes,
designarán un representante a los efectos del ejercicio de los derechos reconocidos por
esta Ley. A falta de designación, corresponderá la representación a los respectivos
La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes, será de
sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la actuación,
cuando se trate de interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o de la publicación, cuando
la actuación esté grabada en un soporte sonoro o audiovisual.
Los productores fonográficos tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la reproducción
de sus fonogramas, así como la importación, distribución al público, alquiler u otra
utilización, por cualquier forma o medio, de las copias de sus fonogramas.
Los productores de fonogramas tienen el derecho a recibir una remuneración por la
comunicación del fonograma al público, salvo en los casos previstos en el artículo 43 de
Los productores de fonogramas o sus derechohabientes percibirán las remuneraciones a
que se refiere el artículo anterior, y abonarán a los intérpretes y ejecutantes de las obras
incluidas en el fonograma, el cincuenta por ciento (50%) de la cantidad neta que el
productor reciba de la entidad de gestión recaudadora a que se refieren los artículos 61 al
64 de esta Ley.
Salvo convenio distinto entre ellos, el abono debido a los artistas será repartido en razón
de dos terceras partes para los intérpretes y una tercera parte para los músicos
ejecutantes, inclusive orquestadores y directores.
La totalidad de las remuneraciones a que se refieren los artículos precedentes, no podrán
exceder del sesenta por ciento (60%) de aquellas que correspondan a los autores de las
obras contenidas en el fonograma.
Las remuneraciones establecidas en este Capítulo, serán recaudadas por las entidades
de gestión constituidas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 de esta Ley. Las
cantidades correspondientes serán entregadas a los productores de fonogramas, previa la
deducción de los gastos de recaudación y administración.
La protección concedida al productor de fonogramas será de sesenta años, contados a
partir del primero de enero del año siguiente a la primera publicación del fonograma.
Los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la fijación,
la reproducción y la retransmisión de sus emisiones.
La protección concedida a los organismos de radiodifusión será de sesenta años,
contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la emisión radiodifundida.
Se crea el Registro de la Producción Intelectual, adscrito a la Dirección Nacional del
Derecho de Autor a la cual se refiere el Título IX de esta Ley.
Las obras del ingenio, los productos y las producciones protegidas por esta Ley podrán
inscribirse en el Registro de la Producción Intelectual.
En la inscripción se expresará, según los casos, el nombre del autor, del artista, del
productor, y, cuando se trate del artículo 37 de esta Ley, del divulgador; la fecha de la
divulgación o publicación y las demás indicaciones que establezca el Reglamento.
En todo lo no previsto en esta Ley o en su Reglamento, el Registro de la Producción
Intelectual aplicará las disposiciones pertinentes de la Ley de Registro Público.
El registro dará fe, salvo prueba en contrario, de la existencia de la obra, producto o
producción y del hecho de su divulgación o publicación. Se presume, salvo prueba en
contrario, que las personas indicadas en el registro son los titulares del derecho que se
les atribuye en tal carácter.
Pueden registrarse también, con las formalidades establecidas en la Ley y los
Reglamentos, los actos entre vivos que transfieran, total o parcialmente los derechos
reconocidos por esta Ley, o constituyan sobre ellos derechos de goce, así como también
los actos de partición o de sociedades relativas a aquellos derechos.
Se registrará igualmente la declaración a que se refiere el artículo 8º de esta Ley.
Los derechos de registro por la inscripción de las obras, productos y producciones, y los
correspondientes a la cesión u otras formas de constitución de derechos y demás
documentos a que se refiere este Título, se calcularán de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Registro Público.
Los autores, artistas, productores o divulgadores de las obras y de los productos
protegidos por esta Ley o sus derechohabientes, podrán depositar en el registro dos
ejemplares o reproducciones de la obra, del producto o producción, en los términos y
formas establecidos por el Reglamento.
El Registro de la Producción Intelectual remitirá uno de los ejemplares o copias
depositados al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Esa
remisión no afecta la obligación de depósito prevista en la Ley que dispone el envío de
obras a la Biblioteca Nacional y a otros institutos similares.
Las fotografías están excluidas de la obligación del depósito, pero pueden ser
depositadas a los fines de su inscripción en el registro establecido en el artículo 103 de
La omisión del registro o del depósito previsto en los artículos precedentes, no perjudica
la adquisición y el ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley.
Sin perjuicio de las formalidades registrales previstas en el Código Civil, las entidades de
gestión colectiva de derechos patrimoniales deberán inscribir su Acta Constitutiva y
Estatutos en el Registro de la Producción Intelectual, así como sus tarifas, reglamentos
internos, normas sobre recaudación y distribución, contratos de representación con
entidades extranjeras y demás documentos que establezca el Reglamento.
El titular de cualquiera de los derechos de explotación previstos en esta Ley, que tuviere
razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que se continúe o se reincida en
una violación ya realizada, podrá pedir al Juez que declare su derecho y prohiba a la otra
persona su violación, sin perjuicio de la acción por resarcimiento de daños morales y
materiales que pueda intentar contra el infractor.
Para la efectividad de la prohibición el Juez conminará en la sentencia con multa al ocurrir
una contravención. El Juez impondrá la sanción a solicitud de la parte agraviada. La multa
no excederá del equivalente a veinte veces el salario mínimo urbano fijado por el
Ejecutivo Nacional, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, y es convertible en arresto
proporcional a razón de quinientos bolívares por cada día de arresto.
El titular de uno de los derechos de explotación previstos en esta Ley y que resulte
lesionado en su ejercicio, podrá pedir al Juez que ordene la destrucción o retiro de los
ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la
reproducción, siempre que éstos últimos, por su naturaleza, no puedan ser utilizados para
una reproducción o comunicación diferente. Queda a salvo, en su caso, la acción por la
indemnización de los daños y perjuicios causados al titular de uno de los derechos de
explotación indicados.
Si una parte del aparato de que se trata puede ser empleado para una reproducción o
comunicación diferente, el interesado puede exigir que a sus expensas se haga la
separación de esta parte, para salvarla de la destrucción o remoción. Si el ejemplar o el
aparato cuya remoción o destrucción se pidiere tiene especial mérito artístico o científico,
no podrá ser destruido, y el Juez podrá ordenar de oficio, su entrega a un museo público.
En todo caso el perjudicado puede pedir que le sean adjudicados los ejemplares, copias o
aparatos cuya destrucción se ordene. El Juez determinará el precio de la adjudicación, el
cual se deducirá de la estimación de los daños y perjuicios causados.
Las medidas a que se refiere este artículo no surtirán efectos contra quienes hayan
adquirido de buena fe y para su uso personal un ejemplar o copia ilícitamente
A los efectos del ejercicio de las acciones previstas en los artículos precedentes, el Juez
podrá ordenar inspecciones judiciales y experticias, así como cualquier otro medio de
prueba previsto en el Código de Procedimiento Civil.
El Juez podrá decretar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de
El Juez podrá ordenar también el embargo de los proventos que correspondan al titular
del derecho de explotación litigioso. Las medidas de secuestro y embargo sólo se
decretarán si se acompaña un medio probatorio que constituya presunción grave del
derecho que se reclama, o si dicha presunción surge en la práctica de algunas de las
pruebas indicadas en el encabezamiento de este artículo.
Si hubiere litigio entre las partes, las pruebas y medidas previstas en el artículo
precedente serán decretadas por el Juez de la causa. Pero si la urgencia lo exigiere,
podrán ser decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba
ejecutarlas, cualquiera que sea la cuantía. En tal caso, la parte contra quien obre podrá
reclamar de la misma ante el Juez de la causa, sin que ello obste a la práctica de la
prueba o la ejecución de la medida.
Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el
Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo
exigiere, sin que el propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar
donde deban efectuarse pueda oponerse a su práctica o ejecución. El mismo Juez
levantará las medidas a solicitud de la parte contra quien obren, al vencimiento de treinta
(30) días continuos, desde su ejecución, si no se le hubiese comprobado la iniciación del
Las pruebas y medidas serán practicadas por el Juez que las decretare, por su
comisionado o por la autoridad policial a quien el Juez requiera para ello, con la
intervención, si fuere necesario, de uno o más peritos designados en el decreto respectivo
o por decreto del Juez comisionado.
A solicitud de la parte interesada, el Tribunal podrá ordenar que el dispositivo de la
sentencia sea publicado a costa de la parte vencida, en uno o varios periódicos que
indicará el Juez.
Las disposiciones de este Título se aplicarán también, en cuanto sean pertinentes, a la
protección de los derechos morales previstos en esta Ley.
En defensa del derecho de paternidad sobre la obra, producto o producción, no se
decretarán las medidas previstas en el artículo 110 de esta Ley, sino cuando la violación
del derecho no pueda ser subsanada convenientemente mediante agregados o
supresiones en los ejemplares lícitamente reproducidos, o con otros medios de publicidad,
siempre que los ejemplares o copias hayan sido reproducidas con autorización del titular
del respectivo derecho.
En defensa de los derechos relativos a la integridad de la obra, producto o producción, no
se decretará la remoción o destrucción del ejemplar deformado, mutilado o modificado de
cualquier manera, sino cuando sea imposible restaurarlo a la forma primitiva, a costa de la
parte interesada en evitar la remoción o la destrucción, y siempre que dicho ejemplar haya
sido producido con el consentimiento del titular del derecho respectivo.
Las disposiciones de este Título se aplicarán en cuanto sean pertinentes a la defensa del
derecho sobre el título de una obra.
El titular de un derecho de comunicación pública puede por sí o por medio de la entidad
de gestión que administre el repertorio correspondiente, solicitar del Alcalde del Municipio,
de la autoridad competente para el control de espectáculos o de aquella a quien
corresponda la inspección de la respectiva modalidad de comunicación pública, que
prohiba dicha comunicación a quien no acredite, por escrito, la condición de cesionario o
titular de la licencia de uso del respectivo derecho.
La autoridad prohibirá la comunicación si el responsable de la misma no acredita la cesión
o la licencia, en los términos de los artículos 42 y 53 de esta Ley, sin perjuicio de la
facultad de la parte interesada de dirigirse a la autoridad judicial para que tome las
medidas definitivas de su competencia.
Siempre que el hecho no constituya un delito más grave previsto en el Código Penal u
otras leyes, será castigado con prisión de seis (6) a dieciocho (18) meses, todo aquel que
con intención y sin tener derecho a ello, emplee el título de una obra, con infracción del
artículo 24; o comunique, en violación del artículo 40 de esta Ley, en forma original o
elaborada, íntegra o parcialmente, obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de
textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o
imágenes impresas en cintas cinematográficas, equiparadas a la fotografía; o distribuya,
en violación del primero o segundo apartes del artículo 41, ejemplares de obras del
ingenio protegidas por esta Ley, inclusive de ejemplares de fonogramas; o retransmita,
con infracción del artículo 101, una emisión de radiodifusión sin el consentimiento del
Será penado con prisión de uno a cuatro (4) años, todo aquel que con intención y sin
derecho reproduzca, con infracción del encabezamiento del artículo 41 de esta Ley, en
forma original o elaborada, íntegra o parcialmente, obras del ingenio, ediciones de obras
ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la
fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas equiparadas a la fotografía; o
quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga de cualquier otra
manera en circulación reproducciones ilícitas de las obras del ingenio o productos
protegidos por esta Ley.
En la misma pena prevista en el artículo anterior, incurrirá todo aquel que
intencionalmente y sin derecho, reproduzca o copie, por cualquier medio, la actuación de
un intérprete o ejecutante, o un fonograma, o una emisión de radiodifusión, en todo o en
parte, sin autorización expresa del titular del derecho respectivo, sus derechohabientes o
causahabientes, o a quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga de
cualquier otra manera en circulación dichas reproducciones o copias.
Las penas previstas en los artículos precedentes se aumentarán en la mitad cuando los
delitos señalados sean cometidos respecto de una obra, producto o producción no
destinados a la divulgación, o con usurpación de paternidad, o con deformación,
mutilación u otra modificación de la obra, producto o producción que ponga en peligro su
decoro o la reputación de una de las personas protegidas por la Ley.
El enjuiciamiento de los hechos a que se refieren los artículos anteriores, sólo se iniciará
mediante denuncia de parte interesada.
En la medida prevista en el artículo 113 de esta Ley, el Juez podrá decretar la publicación
por la prensa de la sentencia condenatoria o absolutoria, a costa del reo o del
denunciante, según los casos.
Salvo lo dispuesto en el artículo 127, están sometidas a esta Ley las obras del ingenio y
las ediciones de obras ajenas o de textos, cuando el autor de la obra o edición o, por lo
menos, uno de los coautores sea venezolano o esté domiciliado en la República, o
cuando independientemente de la nacionalidad o domicilio del autor, hayan sido
publicados en la República por primera vez o dentro de los treinta (30) días siguientes a
Las obras de arte permanentemente incorporadas a un inmueble situado en la República
se equiparan a las publicadas en ella.
Las obras del ingenio y las ediciones de obras ajenas o de textos de autor extranjero, no
comprendidas en el artículo precedente, estarán protegidas conforme a las convenciones
internacionales que la República haya celebrado o celebrare en el futuro.
A falta de convención aplicable, las obras y ediciones indicadas gozarán de la protección
establecida por esta Ley, siempre que el Estado al cual pertenezca el autor conceda una
protección equivalente a los autores venezolanos. Corresponde al Tribunal comprobar de
oficio el requisito de la reciprocidad, pero la parte interesada podrá justificarla mediante
certificación de dos abogados en ejercicio en el país del cual se trate. Dicha certificación
deberá presentarse debidamente legalizada y no excluye otros medios probatorios.
Además de las reglas de aplicación contenidas en los artículos anteriores, están
sometidas a esta Ley, las obras cinematográficas, las demás obras audiovisuales y las
obtenidas por un procedimiento análogo a la cinematografía; los programas de
computación; las fotografías y los productos obtenidos por un procedimiento similar a la
fotografía o equiparados a éstas; y las divulgaciones de obras póstumas hechas con
posterioridad a la extinción del derecho de autor, cuando estas obras, productos o
divulgaciones hayan sido realizados en la República o publicados en ésta, por primera vez
o dentro de los treinta (30) días siguientes a su primera publicación.
Las interpretaciones o ejecuciones artísticas, las producciones fonográficas y las
emisiones radiofónicas protegidas en el Título IV, están sometidas a esta Ley siempre que
el titular del respectivo derecho, o uno cualquiera de ellos, sea venezolano o esté
domiciliado en la República, o cuando, independientemente de la nacionalidad o domicilio
del titular, dichos productos o producciones hayan sido realizados en la República o
publicados en ésta por primera vez o dentro de los treinta (30) días siguientes a su
La norma del artículo 126 de esta Ley es aplicable a las producciones extranjeras y
demás derechos conexos a que se refiere el Título IV de esta Ley.
Los apátridas y refugiados quedan equiparados, a los efectos de este Título, a los
nacionales del Estado donde tengan su domicilio.
Para ejercer las funciones de registro, vigilancia e inspección, en el ámbito administrativo
y las demás contempladas en esta Ley, se crea la Dirección Nacional del Derecho de
Autor, adscrita al Ministerio que la Ley Orgánica de la Administración Central le
establezca competencia en la materia. Esta Dirección tendrá las atribuciones siguientes:
2º Llevar el Registro de la Producción Intelectual, en los términos previstos en el Título
V de esta Ley.
3º Decidir sobre los requisitos que deben llevar la inscripción y el depósito de las obras,
productos y producciones, salvo en aquellos casos resueltos expresamente por el
4º Autorizar el funcionamiento de las entidades de gestión de derechos patrimoniales,
conforme lo disponga el Reglamento y ejercer su fiscalización.
5º Supervisar a las personas naturales o jurídicas que utilicen las obras, productos y
producciones protegidas, en cuanto den lugar al goce y ejercicio de los derechos
6º Servir de árbitro, cuando lo soliciten los interesados, en los conflictos que se
susciten entre titulares de derechos; entre las entidades de gestión colectiva; entre
éstas y sus miembros; y entre las entidades de gestión o titulares de derechos y los
usuarios de las obras, productos o producciones protegidos en esta Ley.
8º Llevar el Centro de Información relativo a las obras, productos y producciones,
nacionales y extranjeras, que se utilicen en el territorio de la República.
En los casos de arbitraje sometidos a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, se
aplicará el procedimiento breve contemplado en el Código de Procedimiento Civil.
La Dirección Nacional del Derecho de Autor podrá imponer sanciones a las entidades de
gestión colectiva que infrinjan sus propios estatutos o reglamentos, o que incurran en
hechos que afecten los intereses de sus representados, sin perjuicio de las sanciones
penales o de las acciones civiles que correspondan.
2. Amonestación pública difundida por un medio de comunicación escrita de circulación
nacional, a costa del infractor;
3. Multa que no será menor de dos ni mayor de diez veces del monto equivalente al
salario mínimo urbano, fijado por el Ejecutivo Nacional de conformidad con la Ley
Orgánica del Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta;
4. Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por el lapso de un año, de
acuerdo a la gravedad de la infracción; y
5. Cancelación de la autorización para funcionar, en casos particularmente graves y en
los términos que señale el Reglamento.
Las infracciones a esta Ley o a su Reglamento que no constituyan delito, serán
sancionadas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, previa audiencia del
infractor, con multa calculada de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo
precedente. A tal efecto, se notificará al presunto responsable, emplazándolo para que
dentro de un plazo de quince (15) días ofrezca las pruebas para su defensa. En caso de
reincidencia, que se considerará como tal la repetición de un acto de la misma naturaleza
en un lapso de un año, se podrá imponer el doble de la multa.
De las decisiones de la Dirección Nacional del Derecho de Autor se podrá apelar ante el
Ministerio al cual esté adscrita dicha Dirección, en los plazos y mediante el procedimiento
establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
El monto de las multas impuestas conforme a este Título y la restitución de los gastos en
caso de amonestación pública, ingresarán al patrimonio del Ministerio al cual esté adscrita
dicha Dirección, con los privilegios y prerrogativas contemplados en la Ley Orgánica de la
El titular de la Dirección Nacional del Derecho de Autor será designado por el Ministerio al
cual esté adscrita dicha Dirección.
Para publicar una colección legislativa venezolana o de tratados públicos celebrados por
la República o de sentencias judiciales nacionales, es necesario el permiso del Ministerio
de Relaciones Interiores, de Relaciones Exteriores o del Tribunal en cuestión, según los
El permiso será dado previa revisión y confrontación de la obra con los originales de tales
leyes, tratados o sentencias a costa del interesado. A falta de tal permiso, la autoridad
competente para su otorgamiento declarará que la obra no está autorizada y no tiene
Son competentes para conocer de los asuntos judiciales relativos al derecho de autor y
demás derechos protegidos por esta Ley, los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y
de Primera Instancia en lo Penal, según los casos, salvo en los supuestos en que esta
misma Ley atribuye competencia a los Juzgados de Parroquia o de Municipio.
El Consejo de la Judicatura queda facultado para atribuir a uno o varios de los Juzgados
de Primera Instancia en lo Civil y a uno o varios de los Juzgados de Primera Instancia en
lo Penal del Distrito Federal, respectivamente, jurisdicción en todo el territorio de la
República para conocer de los asuntos relativos al derecho de autor y demás derechos
protegidos por esta Ley, que no sean de la competencia de los Juzgados de Parroquia o
de Municipio, incluso para el caso en que de otra manera, en razón de lo dispuesto en el
artículo 3º, ordinal 1º del Código de Enjuiciamiento Criminal, la acción civil no pudiere ser
ejercida conjuntamente con la penal.
Se deroga la Ley sobre el Derecho de Autor del 29 de noviembre de 1962 y todas las
disposiciones sobre la materia que se opongan a esta Ley.
Los derechos sobre las obras protegidas de conformidad con las disposiciones de la Ley
anterior, gozarán de los lapsos de protección más largos fijados por esta Ley.
Los derechos sobre las obras que no gozaban de protección conforme a la Ley de
Propiedad Intelectual del 13 de julio de 1928 por no haber sido registradas, que
ingresaron al dominio privado de acuerdo al artículo 113 de la Ley sobre el Derecho de
Autor del 29 de noviembre de 1962, gozan también automáticamente de la protección que
concede esta Ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros con anterioridad a
la entrada en vigor de la misma.
Hasta cuando se dicte el Reglamento a que se refiere el artículo 61 de esta Ley, las
entidades autorales y de titulares de derechos conexos que existan como entidades de
gestión a la entrada en vigor de esta Ley, pueden continuar sus actividades y ejercer las
funciones previstas en los artículos 62 al 64, y demás disposiciones de esta Ley. A los
efectos de los artículos 62 y 64 deberán hacer conocer públicamente las tarifas de las
remuneraciones a pagar, a través de uno, por lo menos, de los medios escritos de
comunicación social de circulación nacional.
La Dirección Nacional del Derecho de Autor, una vez que entre en funcionamiento, fijará
un plazo a las entidades indicadas precedentemente, que no será mayor de noventa (90)
días, para que inscriban en el Registro de la Producción Intelectual los documentos a que
se refiere el artículo 108 de esta Ley. Dictado el Reglamento, aquellas entidades deberán
solicitar de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, dentro de los tres (3) meses
siguientes a su publicación, la autorización requerida por el artículo 61 de esta Ley, para
poder continuar su funcionamiento, y sin perjuicio de lo que disponga el Reglamento para
tramitar y obtener la autorización definitiva.
Se concede un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la publicación de esta Ley,
para que el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio con competencia en la materia,
ponga en funcionamiento la Dirección Nacional de Derecho del Autor.
Hasta tanto la Dirección Nacional del Derecho de Autor inicie sus actividades, los registros
subalternos continuarán llevando el Registro de la Producción Intelectual, de acuerdo a la
Ley de Registro Público.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los catorce días
del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres. Años 183º de la Independencia y
134º de la Federación.
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References: artículo 3
 artículo 4
 artículo 104
 artículo 15
 artículo 10
 artículo
104
 artículo 12
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 104
 artículo 23
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 24
 artículo 34
 artículo 10
 artículo 31

artículo 60
 artículo 383
 artículo 154
 artículo 25
 artículo
1
 artículo 59
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 39
 artículo 25
 artículo 59
 artículo 23
 artículo 144
 artículo 51
 resolución 
 artículo 74
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 57
 artículo 43
 artículo 61
 artículo 37
 artículo 8
 artículo 103
 artículo 110

artículo 24
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 101
 artículo 41
 artículo 113
 artículo 127
 artículo 126

artículo 3
 artículo 113
 artículo 61
 artículo 108
 artículo 61