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Timestamp: 2018-01-24 07:51:36+00:00

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Instituto Virtual Derecho Penal y Política Criminal: Corrupción de Menores – Fallo del Tribunal de Casación de la Pcia. de Bs. As.
Corrupción de Menores – Fallo del Tribunal de Casación de la Pcia. de Bs. As.
Extracto: Con fecha 09 de diciembre de 2008, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, en la causa N º 30.247 "L., C., J. O. s / Recurso de Casación", se refirió al delito contenido en el art. 125 del C.P.
Sostuvo el Tribunal que dicha norma pretende reprimir aquellas prácticas sexuales que, por sus características objetivas - prematuras, perversas o excesivas-, resultan idóneas en sí mismas para depravar sexualmente a la víctima, interfiriendo en su libre crecimiento sexual, bastando que el autor tenga conocimiento de esa idoneidad, sin que resulte necesario que la provocación de dicho estado en la víctima esté presente en el plan del autor como un objetivo específicamente perseguido.
En la ciudad de La Plata a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil ocho, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Fernando Luis María Mancini y Jorge Hugo Celesia, para resolver el presente recurso de casación interpuesto en favor de J. O. L. C. en la presente Causa Nro. 30.247 de trámite ante este Tribunal; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: CELESIA – MANCINI (arts. 2, 440 y ccdtes. del C.P.P y 6, 16 y ccdtes. de la ley 11.982).
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial del Departamento Judicial San Martín, Dr. Santiago Eduardo Reil, respecto del pronunciamiento recaído en la Causa Nro. 2301 del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 del mismo Departamento Judicial, por el que se condenó, mediante trámite de juicio abreviado, a J. O. L. C. a la pena de seis años de prisión, con más las accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de corrupción de menores en concurso ideal con abuso sexual simple reiterado, en los términos de los artículos 54, 55, 119 primer párrafo y 125 segundo párrafo del Código Penal, cometidos entre diciembre de 2003 y febrero de 2004, en perjuicio de J. A. G.
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación impetrado?
El recurso resulta admisible toda vez que se han observado los recaudos de tiempo y forma que regulan su interposición conforme lo previsto en el art. 451 del C.P.P., abasteciendo además los requisitos de impugnabilidad, tanto en el plano objetivo como subjetivo, pues se trata la resolución recurrida de una sentencia definitiva condenatoria y el impugnante se encuentra legitimado en virtud del art. 401 del C.P.P.
Se han indicado los motivos de agravio, citando las disposiciones legales que se consideran infringidas y se ha expresado asimismo cual es la solución pretendida.
Estimo que el disconformado se encuentra legitimado para recurrir el fallo atacado puesto que en el marco del proceso abreviado sólo corresponde consensuar la calificación legal y el monto de la pena, pero la parte conserva el interés recursivo cuando alega motivos de casación que tiendan a demostrar que la sentencia carece de la motivación y fundamentación suficiente exigida tanto por el artículo 106 del Código Procesal Penal, como por los artículos 168 de la Constitución Provincial y 18 de la Constitución Nacional.
La conformidad del imputado supone solamente aceptar como adecuadas a una hipótesis fáctica la calificación legal y la pena solicitada por el Fiscal, de tal manera que el suceso histórico que sustenta dicha conformidad aparece como una hipótesis cuya acreditación legal debe decidir y fundar el juzgador en cumplimiento de la exigencia constitucional expresamente contemplada por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 106 y 371 del Código Procesal Penal.
Entiendo, en consecuencia, que el recurso sustentado en la errónea aplicación de las citadas disposiciones es formalmente admisible, debiendo el Tribunal abocarse a decidir sobre la fundabilidad de los motivos que lo sustentan (Arts. 106, 371, 401, 421, 451, 454 inc. 1º, 464 inc. 2º, 465 inc. 2º y c.c. del C.P.P. y 168 de la Constitución provincial).
Adhiero al voto del doctor Celesia en igual sentido y por los mismos fundamentos, más allá de entender que el interés recursivo pueda existir siempre que exista un agravio, no resultando invocable como obstáculo al mismo la existencia de un acuerdo de abreviación no exorbitado (conf. causa N° 7641, registro 485 del 15/8/02).
I.- Como primer motivo de agravio esgrime la defensa la inobservancia de lo normado por los artículos 18 de la Constitución Nacional, 168 de la Constitución Provincial, 106 y 371, tercer párrafo, apartado 1º del Código Procesal Penal y errónea aplicación del artículo 125 del Código Penal. En efecto plantea que en la sentencia no existió desarrollo, explicación, pronunciamiento o detalle alguno relativo a la materialidad ilícita del delito calificado como corrupción de menores, por lo que tal cuestión esencial no fue fundamentada al omitirse especificar en qué consistió el accionar del imputado.
Agrega que ello trae aparejado como lógica consecuencia la omisión de tratamiento del dolo de su asistido, es decir de la tipicidad subjetiva requerida por el delito enrostrado.
Considera legalmente inaceptable argumentar que el relato de los reiterados tocamientos inverecundos efectuados sobre la menor abastece tácitamente la descripción de la conducta, por otro lado distinta, contenida en la figura penal de corrupción, deviniendo insoslayable el tratamiento de la materialidad correspondiente a la promoción de la corrupción, imposible de salvar de manera implícita a través de la sola evocación de tocamientos referidos al delito de abuso sexual simple por el que también se lo condenara.
Solicita se case parcialmente la sentencia y se absuelva a su pupilo en orden al delito de promoción de la corrupción.
Adelanto que el agravio no merece favorable acogida.
No coincido con el recurrente en cuanto a que el “a quo” ha hecho un inadecuado desarrollo de los extremos fácticos de la imputación delictiva a fin de contenerlos en el art. 125 del Código Penal.
En efecto, la plataforma fáctica que el Tribunal entendió acreditada resulta idónea a fin de describir la acción de promover la corrupción de un menor reprimida por el art. 125 del Código Fondal, toda vez que los sentenciantes no se limitaron a enunciar el núcleo de la acción típica sino que especificaron el modo en que ello se llevó a cabo al afirmar que: “Queda acreditado que entre los meses de diciembre de 2003 y febrero de 2004, en el interior de la finca..., el imputado promueve la corrupción de la menor de once años de edad... a quien mediante amenazas que la iba a matar a palos con un fierro, abusa sexualmente con tocamientos inverecundos en la zona genital de la menor, vagina, cola y pechos, en por los menos veinte oportunidades.”
Para así decidir es dable aclarar que tal normativa pretende reprimir aquellas prácticas sexuales que, por sus características objetivas, vale decir, prematuras, perversas o excesivas, resultan idóneas en sí mismas para depravar sexualmente a la víctima interfiriendo en su libre crecimiento sexual, y que basta que el autor tenga conocimiento de esa idoneidad, sin que resulte necesario que la provocación del estado corrupto este presente en el plan del autor como una objetivo específicamente perseguido.
En efecto, la figura requiere que el autor ejecute actos idóneos con potencialidad corruptora que entrañen peligro de desviar el futuro comportamiento sexual de la víctima, y que se represente y asuma la realización de esos actos y el riesgo que importa para perturbar la conformación de su personalidad, quedando estructurado de esta manera el juicio de tipicidad objetivo-subjetivo.
Las conductas establecidas en la primera cuestión del veredicto, acreditadas luego del análisis valorativo de los elementos de convicción arrimados a la causa, comparten objetivamente las características de idoneidad antes reseñadas en tanto resultan prematuras, implicando una irrupción notoriamente precipitada en aspectos de la sexualidad al no estar de acuerdo con la edad de la víctima –once años- y el consecuente estadio de su desarrollo sexual.
A ello cabe adunar la pluralidad de hechos que por su continuidad en el tiempo derivan en hábiles para alterar el normal desarrollo psicosexual de la menor y afianzar una línea de conducta sexual desviada, pues si bien no pudo ser precisado el número de episodios delictivos siendo indeterminada la cantidad de ataques sexuales padecidos por la víctima, si quedó establecido un marco temporal ubicado entre los meses de diciembre de 2003 y febrero de 2004 durante el cual se reiteraron de manera sistemática los hechos materia de acusación alcanzando así proyección corruptora.
Sumado a que de la forma en que se exteriorizó el comportamiento y de las demás circunstancias que rodearon el caso, a la sazón la diferencia de edad entre víctima y victimario, puede inferirse que las conductas fueron asumidas voluntariamente por su autor, en conocimiento del influjo pernicioso que su accionar podría tener en el desarrollo de la sexualidad de la víctima, no otro entendimiento puede asignarse al hecho de llevar adelante en forma reiterada acciones con contenido sexual con una menor que contaba con apenas once años de edad.
No resulta ocioso agregar que una correcta intelección del antecedente jurisprudencial traído a colación por el quejoso en el cual la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires resolvió en la causa Nº 66.349 que “...no basta con la pura actividad de ejecutar actos idóneos para corromper...Promover significa iniciar, comenzar, empezar, dar principio a una cosa, adelantar algo -procurando su logro-, mover, llevar hacia adelante. De modo que para perfeccionarse este núcleo no es necesario que se concrete la corrupción, pero no es suficiente que se realicen actos indónes para ello; se requiere que el autor inicie (...) la corrupción del sujeto pasivo..”, requiere conectarlo con lo resuelto también por el Superior en el precedente Nº 34.247 dictado con fecha 26/diciembre/1984, en el cual si bien se dejó asentada tal interpretación del art. 125 del código fondal, se concluyó que “....la propia objetividad de tal serie de acciones constituye un comienzo de corrupción que se corresponde con la cuestionada descripción legal...”.
Por otro lado, encontrándose el argumento relativo a la falta de tratamiento y fundamentación de la tipicidad (objetiva-subjetiva) necesariamente vinculado con la valoración probatoria, encuentro oportuno analizar la forma en que los magistrados formaron su convicción acerca de los dichos extremos.
Se ponderaron diversos elementos de convicción pues se tuvo en cuenta prueba testimonial y pericial ingresada en la causa.
En ese orden de ideas se valoró lo depuesto por el padre de la víctima, R. J. G., en cuanto denunció que tomó conocimiento por parte de su esposa que su hija J. le había contado que había sido abusada sexualmente en el mes de diciembre o enero por parte de un sujeto que conoce. Que luego J. le relata que en el mes de diciembre, acompañada por su hermano, pasan por la casa de un conocido de nombre Jorge de unos cuarenta años, quien los hacía ingresar a la casa y, previo mandar al niño a cortar uvas o comprar golosinas, la manoseaba a través de tocamientos en la zona de los pechos, genitales y cola, situación que se repite durante dos meses. Agrega que, poco tiempo después, ese mismo sujeto la lleva a la parte trasera de la casa, y comienza a manosearla, luego levanta su pollera, le saca la bombacha, se desviste, la sienta frente a él y coloca su miembro en la cola de la niña y luego comienza a moverse, para posteriormente sacar a la niña de arriba suyo y manifestarle que si algo decía la iba a matar a golpes con un fierro.
Corroboran sus dichos los testimonios brindados por J. A. G., al ratificar lo denunciado por su padre, y por L. E. G. y M. N. V. en cuanto resultaron contestes respecto de las circunstancias de tiempo, oportunidad y modalidad de la ejecución.
Asimismo merituó el tribunal de juicio las conclusiones a las que se arribó en la pericia psicológica practicada sobre la menor J., apuntando que los test indicaron las marcas traumáticas padecidas por la situación de abuso, revelando el miedo que le inspiraban las amenazas del sujeto abusador, agregando que el relato de lo vivido se exteriorizó con espontaneidad, con connotaciones propias de la edad y sin indicadores de fabulación.
Tal plexo convictivo permite concluir que la conducta de L. C. contuvo el dolo que requiere el art. 125 segundo párrafo del C.P., entendido en el caso como la aceptación del peligro potencial de la conducta para tercer la sexualidad de la víctima, por lo cual propicio el rechazo de este motivo de agravio.
Luego de haber realizado el máximo esfuerzo revisorio, entiendo que el Tribunal ha hecho un acabado tratamiento de las cuestiones esenciales relativas al juicio de subsunción tanto en el aspecto objetivo como subjetivo de la tipicidad, observando así lo normado por los artículos 106, 371 del C.P.P, y 168 de la Constitución Provincial, por lo cual no advierto en el fallo defectos invalidantes en la construcción del injusto penal en el nivel de la materialidad ilícita que permitan desvirtuar el rumbo de la decisión.
Conforme quedó expuesto, propicio el rechazo de este tramo del recurso (arts. 106, 210, 371, 373, ss y ccdtes. del C.P.P, y 168 de la Constitución Provincial.)
II.- Como segundo motivo casatorio esgrime el disconformado inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal, 373 y 210 del Código Procesal Penal.
Aduce que el “a quo” al momento de cuantificar la pena ha ignorado el buen concepto personal que del imputado informan las testimoniales recogidas en autos y la ausencia de antecedentes penales, apuntando que ambas circunstancias probadas deben necesariamente traducirse en computables pautas atenuantes a la hora de graduar el castigo.
Tampoco prosperará el planteo referido, por las razones que a continuación pasaré a desarrollar, ello sin perjuicio de sobrevenir abstracto atento lo resuelto en el considerando que antecede con relación al primer motivo de impugnación y la pena efectivamente impuesta por el “a quo” que por implicar el mínimo imponible de la escala conformada por el juego concursal de los tipos penales involucrados, obsta cualquier posible minoración.
Según surge de las constancias obrantes a fs. 440/vta y 441 –foliatura original- por las cuales se solicitó imprimir el trámite de juicio abreviado, acordando la calificación legal del hecho y la cuantía de la pena, ni el Fiscal ni la Defensa plantearon circunstancias atenuantes, no obstante haber tenido ocasión para hacerlo toda vez que al momento de convenir las cuestiones que hacen al trámite especial las partes contaban con todos aquellos elementos que la defensa pretende introducir en esta instancia con la finalidad de menguar la cuantía de la pena.
En concordancia con lo esbozado el sentenciante, en la cuarta cuestión del veredicto, enunció que “...Conforme el presente convenio y la normativa vigente, no se valora atenuante ni agravante alguno.”
Pues bien, sentado ello surge que ni el Fiscal ni la Defensa realizaron ninguna consideración respecto a aquellas circunstancias atenuantes útiles como pautas para determinar la sanción punitiva, entonces el Tribunal no estaba constreñido a pronunciarse respecto de las que no encontrara pertinentes, en función de lo normado por el artículo 371 del C.P.P. aplicable al caso en virtud del artículo 399 “in fine” de mismo cuerpo legal.
Considero que la alegación de circunstancias atenuantes en esta instancia deviene extemporánea (conf. precedente “Cayo”, c.7557, sent. del 7-III-2002, entre otras), correspondiendo, si se considera la imposibilidad de reducir la pena impuesta en su mínimo, el rechazo del agravio deducido.
Por todo lo expuesto, me pronuncio en favor del rechazo del recurso traído a examen, sin costas en esta instancia (arts. 40, 41, 54, 55, 119 primer párrafo, 125 segundo párrafo, del C.P.P., 106, 210, 371, 373, 399, 448, 451, 530 y 531 y ccdtes del C.P.P. y 168 de la Const. Pcial.).
Adhiero por sus fundamentos al voto del Sr. Juez Dr. Celesia.
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal,
I.- DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el defensor oficial del Departamento Judicial San Martín, Dr. Santiago Eduardo Reil, contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 del mismo Departamento Judicial, mediante la cual se decidió condenar a J. O. L. C. a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de corrupción de menores en concurso ideal con abuso sexual simple reiterado (arts. 401, 421, 450, 451, 454 inciso 1º, 456, 464 inc. 2º, 465 y ccdtes. del C.P.P.).
II.- RECHAZAR el recurso deducido por los motivos expuestos en la cuestión segunda, sin costas en esta instancia (Arts. 40, 41, 54, 55, 119 primer párrafo, 125 segundo párrafo, del C.P.P., 106, 210, 371, 373, 399, 448, 451, 530 y 531 y ccdtes del C.P.P. y 168 de la Const. Pcial.).
III.- Regístrese, notifíquese y devuélvase a la instancia de origen.
FERNANDO LUIS MARIA MANCINI – JORGE HUGO CELESIA
Ante mi: Gonzalo Santillán
Publicadas por Dr. Fabián Ramón González - Dr. Juan José Nazareno Eulogio a la/s 14:42

References: resolución 
 artículo 106
 artículo 125
 artículo 371
 artículo 399
in fine