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Timestamp: 2020-01-21 03:44:23+00:00

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INTENDENTE DE COLONIA WALTER ZIMMER PROCESADO CON PRISIÓN
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La Jueza Virginia Ginares comunicó su decisión este viernes 28 de marzo, minutos antes de las 17 en el Juzgado de Colonia. Tanto Zimmer como su abogado adelantaron que apelarán el fallo.
La Jueza Virginia Ginares entendió que el intendente de Colonia Walter Zimmer cometió el delito de "abuso de funciones". Mientras tanto el director de hacienda de la Intendencia de Colonia José Auchaín también fue procesado por los delitos de "abuso de funciones" y "falsificación de documento público".
Tras recibir el veredicto de la Jueza, el Intendente Walter Zimmer, fue acompañado por diferentes dirigentes politíticos de su sector, y de su equipo de trabajo que lo esperaban en la puerta del Juzgado Letrado de Colonia. Tambien estuvo presente para brindar su apoyo "Canela", amigo personal del Intendente.
Zimmer fue trasladado al Instituto Nacional de Rehabilitacion de Piedra de los Indios.
Colonia, 28 de marzo de 2014.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 370.
Las presentes actuaciones presumariales “I.M.C. Denuncia Z., W. y otro” IUE N° 222-138/2010, cumplidas con relación a W. Z. G. Y J. M. A. E., con la intervención de la Sra. Fiscal Departamental, Dra. Darviña Viera, las Defensas Onerosas, en las personas de los Dres. Gastón Chaves y Gustavo Bordes (Z.) y de los Dres. Amadeo Ottati y Mario Spangenberg (A.), tramitados ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de 1º Turno.
Que de autos surgen elementos de convicción suficientes acerca del acaecimiento de los siguientes hechos:
El 26 de mayo de 2010, el Dr. Oscar Lapalma en representación legalmente acreditada de la Intendencia Municipal de Colonia (fs. 19-26) presentó denuncia penal contra el Dr. W. Z. y el Cr. J. A., en sus calidades de Intendente y Director de Hacienda y Administración, respectivamente, como corolario de la investigación y sumario administrativos llevados a cabo en dicho Organismo a partir de las Resoluciones N° 493/2010 del 3 de marzo de 2010 y N° 699/2010 del 13 de abril siguiente, adjuntando como prueba documental las que obran de fs. 1 a 18. Conferida vista al Ministerio Público por la entonces Titular de la Sede, la Dra. Beatriz Larrieu, la anterior Titular de la Fiscalía Letrada Departamental, Dra. Ana Monteiro, solicitó la instrucción en legal forma. Por ello y por resolución N° 1255 del 18 de junio de 2010 se ordenó la citación del denunciante y de los denunciados.
Sin perjuicio de ello y por escritos de fs. 29 del 28 de junio de 2010, 65 del 9 de setiembre de 2010 y 107 del 20 de octubre de 2010, la denuncia fue ampliada por el mismo denunciante. En audiencia del 26 de agosto de 2010, el denunciante compareció a ratificar sus dichos con la presencia de los defensores designados. Sucintamente los hechos referían al empadronamiento de vehículos en enero de 2008 haciendo figurar como fecha del acto el 31 de diciembre de 2007, la falta de controles de la intendencia en la entrega de matrículas a gestores algunas de las cuales fueron devueltas con perforaciones como si hubieren sido utilizadas ilegalmente, el pago de sobresueldos a funcionarios municipales que gestionaban proyectos de cooperación internacional, incluída la concubina del Sr. Intendente, la Lic. G., con rendiciones de cuentas que no correspondían a las erogaciones efectuadas y cobros de saldos de cuentas cuando el Sr. Intendente se estaba retirando para iniciar campaña por su nueva candidatura y la existencia de varias empresas de arrendamiento de vehículos sin chofer que accedían a empadronarlos sin cumplir el requisito de tener domicilio en Colonia.
El mismo día, 26 de agosto, compareció el co-indagado J. M. A. E., oriental, casado, contador público, de 53 años de edad, con domicilio en Gral. Flores 425 de la ciudad de Rosario, legalmente asistido conforme art. 113 C.P.P. por los Dres. Julio Basanta y Pablo Manitto. El co-defensor Dr. Basanta se presentó posteriormente solicitando la clausura de los procedimientos por considerar que la instancia no fue válidamente formulada en tanto quien representaba a la Intendencia de Colonia al momento de las denuncias, ya no lo hacía, y dado que los hechos sucedieron entre 2007 y 2008 había caducado el derecho a instar. Conferida vista al Ministerio Público, la Dra. Monteiro, solicitó se continuara la instrucción dispuesta citándose a las personas referidas a fs. 2 y 87vto. Ya en audiencia la Sra. Fiscal había considerado inadmisible la postura sustentada por la Defensa en tanto la acción penal en este asunto es pública.
A fs. 91 comparecieron por escrito Z. y la Sra. G. asistidos por el Dr. Pablo Manitto a solicitar les fuera recabada declaración a la brevedad. El co-indagado, Sr. Intendente W. Z. G., oriental, casado, de 65 años de edad, cirujano, con domicilio en Gral. Flores 467, y la Sra. M. A. G. O., prestaron declaración al amparo del art. 113 del C.P.P. asistidos por el Dr. Pablo Manitto y Paula Chaves, respectivamente conforme resulta de actuaciones de fs. 143 (G.) y fs. 153 (Z.).
El mismo día 15 de febrero de 2011 se recabó declaración al Lic. W. A. M. I. quien fuera Intendente del 8 de febrero al 7 de julio de 2010 (fs. 113), Cra. V. J. W. Encargada de Contaduría (fs. 123), Sra. G. B. A. Sub Directora de Hacienda (fs. 129), M. B. B. Auditora de Recaudación (fs. 133), R. P. S. de Dirección de Recaudaciones (fs. 136) y G. P. P. de la Junta Local de Rosario (fs. 141).
Conferida vista al Ministerio Público, la Sra. Fiscal Monteiro se opuso a permitir al denunciante tener acceso a las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto por art. 113 C.P.P. y solicitó la declaración de Ing. G., M. G., O. N., gestor G. D. L., Instructora Sumariante Dra. E., Cr. E. R., Tesorero O. R. y la agregación de informe del Tribunal de Cuentas respecto de las gestiones cuestionadas, auditorías practicadas y resultado de sumarios conexos (fs. 166vto., 25 de abril de 2011).
Por resolución N° 828 del 28 de abril de 2011 se ordenaron las diligencias probatorias solicitadas, con plazo de 15 días para la presentación de los informes, notificándose personalmente a las Defensas.
En audiencia del 28 de junio de 2011 compareció la Dra. Ma. Del Carmen Espino, asesora legal de la Intendencia (fs. 172). Por su parte y vencido ampliamente el plazo concedido, compareció el mismo día el Dr. Pablo Manitto presentando testimonio de las Rendiciones de Cuentas de la Intendencia de Colonia de 2006 a 2009, facturas de honorarios de Cr. R. y Dr. L., expedientes tramitados por los contribuyentes G. y N., resolución N° 1134/007, recortes de prensa, resoluciones de M. cesando funcionarios en proyecto internacional “Tecale”, informes de Tribunal de Cuentas por funcionamiento convenios de Cooperación Internacional y sobresueldos a los funcionarios afectados, revocación del poder para pleitos al Dr. L. y copias de “provisorias” recibidas por M. durante su gestión, informando que el sumario al Cr. A. no había terminado aún aguardando las resultancias de la actuación jurisdiccional (fs. 350 y adjuntos).
Atento a que se carecía de domicilios donde poder citar a los restantes testigos solicitados por el Ministerio Público, su Representante por vista N° 2152 del 19 de octubre de 2011 solicitó la intervención técnica pericial de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, conforme art. 4° de la ley 17.060. Así se dispuso por resolución N° 1951 del 24 de octubre de 2011 previa notificación a las Defensas.
Conforme resulta de las actuaciones de fs. 360 a 388, la Junta de Transparencia y Ética Pública, tal su denominación por disposición de la ley 18.362, se expidió de acuerdo a lo ordenado, siendo recibido el informe en esta Sede el 29 de enero de 2012.
Se confirió vista Fiscal, solicitando (fs. 389 vto) se hiciere lo propio con los denunciados respecto del informe remitido, insistió con la citación de los testigos y requirió ampliación del informe de JUTEP, previa presentación de documentación por parte de la Intendencia. Por resolución N° 544 del 2 de mayo de 2012 se confirió vista a las Defensas y por el decreto N° 861 del 18 de junio siguiente se intimó al denunciado Z. en su calidad de Intendente la presentación de informes requeridos por la Sra. Fiscal con plazo de 10 días - lo que se efectivizó el 27 de junio de 2012 - y la citación de los testigos. A fs. 478 y recién el 24 de agosto de 2012, compareció el Dr. Manitto agregando informe del Departamento de Hacienda y Administración, Copia de la circular N° 18/DH/2007, copia del Oficio 324/DR/006, expedientes 01-2007-771, 01-2010-756, 01-2010-1480, 01-2011-414, 01-2011-420 y 01-2011-421, no pudiéndose agregar el 01-2006-7257 por no haber sido ubicado.
Por resolución N° 1201 del 29 de agosto de 2012, habiendo ya asumido la actual Titular, y teniendo presente la convocatoria a audiencia se ordenó remisión de testimonio de fs. 396-478 para la ampliación de informe por parte de JUTEP con plazo de 60 días. El Informe Complementario obra a fs. 503-505.
El 27 de setiembre de 2012 se recibió declaración al Ing. N. G. (fs. 486) y al Cr. E. R. (fs. 490).
Por resolución N° 163 (fs. 506vto.) se dispuso intimar a la Intendencia para que en un plazo de 10 días informara listado de gestores autorizados, domicilios de algunas arrendadoras de vehículos, resultado del Sumario iniciado a Cr. A., resultado de consulta efectuada a la Oficina Nacional de Servicio Civil, documento completo en sustitución del carente de firma de fs. 460, pasando luego en vista Fiscal para su dictamen por los hechos denunciados, probanzas diligenciadas y solicitud de Lic. W. M. para acceder al expediente.
Ante el incumplimiento tempestivo de la intimación, se materializó el pase al Ministerio Público el 14 de marzo de 2013. La actual Sra. Fiscal Letrada Departamental, Dra. Darviña Viera se expidió por Vista N° 2070 (fs. 510-517), efectuando un racconto de las denuncias, elementos de prueba, conclusiones y calificación jurídica, considerando que existen elementos de convicción suficientes para imputar prima facie a J. M. A. la comisión de un Delito Continuado de Abuso de Funciones en los casos no previstos por la ley y un Delito Continuado de Falsificación Ideológica por funcionario público, en reiteración real, en calidad de autor conforme arts. 18, 60, 162 y 238 del Código Penal, en tanto respecto de W. Z. se darían las mismas conclusiones primarias para solicitar el enjuiciamiento por la comisión de un Delito Continuado de Abuso de Funciones en los casos no previstos por la ley (arts. 18, 60 y 162 del C.P.), oponiéndose a la solicitud de acceso al expediente formulada por M..
El 17 de abril de 2013 y conforme actuaciones de fs. 518-538) el Sr. Intendente Dr. Z. presentó listado de gestores habilitados y domicilios requeridos, e informando que el sumario se encuentra a la espera de lo actuado en la esfera judicial y sin poder ubicar copia ni resultado de la consulta a la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Por resolución N° 1685 del 27 de junio de 2013 se ordenó la citación de los denunciados, legalmente asistidos a audiencia que se señaló para el 30 de julio de 2013.
A fs. 541 A. designa como nuevos Defensores a los Dres. Amadeo Ottati y Mario Spangenberg, quienes a fs. 543 oponen la excepción de inconstitucionalidad contra el artículo 162 del Código Penal. A fs. 561 Z. designa como nuevos Defensores a los Dres. Gastón Chaves y Gustavo Bordes, oponiendo asimismo la inconstitucionalidad de la norma referida por vía de excepción.
Por resolución N° 1833 del 30 de julio de 2013 (fs. 578) se suspendió el procedimiento incluyendo la audiencia del día elevándose los autos a la Suprema Corte de Justicia dada su competencia para dilucidar la cuestión planteada, notificándose a las partes y a los Defensores salientes. Por escritos de fs. 586 y 587 constituyeron el domicilio que les fuera intimado en el radio de la Corporación. Elevados los autos y luego del trámite constitucional y legal, los Sres. Ministros de la Suprema Corte de Justicia por Sentencia N° 25 del 19 de febrero de 2014 (fs. 634) por unanimidad y resolución anticipada desestimaron la excepción de inconstitucional promovida contra el artículo 162 del Código Penal, con costas.
Recibidos los autos el pasado 27 de febrero de 2014, la Sra. Jueza Suplente Dra. Elisa Zürbruck dispuso se convocara a audiencia cuyo señalamiento se difería al reintegro de la Titular. En efecto la proveyente se encontraba en usufructo de fin de semana libre y licencia reglamentaria del 22 de febrero al 9 de marzo. Finalmente y por resolución N° 454 del 11 de marzo de 2014 se convocó a audiencia a las partes para el día 24 de marzo de 2014 a las 15:30 horas, lo que fuera notificado por actuaciones de fs. 658-661.
En la audiencia referida se recibió declaraciones ratificatorias y ampliatorias de ambos indagados en presencia de sus Defensores, a quienes se les confirió vista del Dictamen Fiscal de fs. 510, optando por evacuarla con sendos escritos que se incorporaron a la audiencia como parte integrante del Acta respectiva.
La Defensa del Dr. Z. (fs. 662) consideró en lo medular que respecto de la cuestión del empadronamiento fuera del 31 de diciembre de 2007 ni ordenó ni cometió acto alguno, el que además no puede ser considerado arbitrario sea subjetiva sea objetivamente, la decisión fue tomada por el Cr. A. por delegación, siendo imposible para el Sr. Intendente controlar efectivamente todo el funcionamiento del organismo y considerando además que la demanda de los contribuyentes exigía esa respuesta y no otra que de todas formas le hubiera ocasionado perjuicios a la Intendencia, máxime cuando salvo el caso de tres particulares situaciones no hubo perjuicio para la Administración, sino un incremento de recaudación. Tampoco considera cierto que se haya exigido a los re-empadronadores el pago doble de las patentes en la Comuna de origen y en la de Colonia. Respecto de la exoneración del 50% de la patente a empresas arrendadoras de vehículos sin chofer y la situación de los gestores habilitados por la Intendencia para implementar el trámite abreviado de empadronamiento, si no hubo controles efectivos corresponde a los Jerarcas respectivos o Auditores responder por las irregularidades.
Por su parte la Defensa del Cr. A. (fs. 674) estimó, sucintamente dicho, que el encuadre fáctico de “Guerra de las Patentes” explica la solución arribada de tomar como fecha valor del empadronamiento una diversa de la real, problema que recién fue resuelto por ley 18.860 al establecer el “Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares” y que las denuncias planteadas por el Lic. M. obedecen a cobro de viejas cuentas. Respecto del abuso innominado de funciones además de hacer caudal de las objeciones al tipo penal planteadas ante la Suprema Corte de Justicia considera que no hubo abuso del cargo, ni acto arbitrario o fines espurios, sino que se favoreció a la Administración en su recaudación y a los contribuyentes en los beneficios resultantes de un monto de patente notablemente inferior respecto de las demás Comunas, quienes se presentaron en número cercano al millar a efectuar el trámite el 31 de diciembre, dentro del plazo establecido. Respecto de la falsificación ideológica prevista en el art. 238 del Código Penal no puede estimarse correcta la imputación dado que el soporte de la supuesta falsificación lo constituyen las libretas de conducir que ontológicamente constituyen certificados y no documento público, por lo que en todo caso la figura jurídica sería la prevista en art. 241 del mismo código, esto es certificación falsa, a cuyo respecto ha operado prescripción. Sin embargo y dado que el defendido consideró inocua la discordancia de fechas no puede considerarse probado el dolo requerido para el tipo penal. Asimismo la reiteración real que se ha solicitado en el Dictamen Fiscal como modo de concurrencia de los delitos individualmente tipificados no se adecua a la tipificación subsidiaria del abuso del art. 162 del Código Penal. Destaca finalmente que se trató de un acto de gobierno que conforme al principio de separación de poderes exilia la consideración de reproche penal a su respecto.
Por resolución N° 570 del 24 de marzo de 2014 (fs. 693) se dispuso, atento a las observaciones formuladas por las Defensas, y para el debido estudio de las cuestiones planteadas, prorrogar la presente audiencia para el día de la fecha, quedando notificadas las partes en legal forma.
Huelga decir que este asunto evade la esfera de lo que normalmente acaece. Una larga investigación, que requirió en múltiples etapas el aporte probatorio del propio denunciado ahora ya como Titular de la Intendencia de Colonia. La propia figura del Dr. Z., una persona de amplio respeto y que por elección popular accedió a su segundo mandato, en cuya calidad nombró al ahora co indagado como persona de confianza para un sector neurálgico del quehacer gubernamental del departamento, profesional también reconocido. Y la invocación de variables políticas, – a veces político partidarias – que explicarían fenómenos como las denuncias recíprocas, nombramientos y destituciones o la intensa competencia por acaparar contribuyentes por parte de distintas Intendencias en diversos períodos de tiempo. Sin embargo todo ello, debe quedar fuera de la valoración de esta proveyente. En primer lugar porque esta resolución no implica más que someter a enjuiciamiento a dos habitantes de la República que por mandato constitucional son iguales al resto de las personas ante la Ley y ante los Tribunales. En segundo lugar porque para poder arribar a la eventual sentencia de condena que defina sin hesitaciones la culpabilidad o no de los indagados y la calificación jurídica de los hechos resta aún un largo camino por recorrer partiendo desde la inocencia constitucional que hoy les ampara. Por último porque la firmante como integrante del Poder Judicial, poder llamado por Constitución y Ley a resolver conflictos jurídicos como éste, sólo puede considerar los hechos, la prueba y el derecho.
Efectuada esa precisión motivacional, corresponde decir que los hechos investigados se adecuan prima facie y sin perjuicio de ulterioridades a las figuras delictuales contenidas en los arts. 58, 60, 162, 175 y 238 del Código Penal por lo que los Sres. W. Z. G. y J. M. A. E. deberán ser procesados por ser autores ambos de un Delito Continuado de Abuso de Funciones en casos no previstos por la ley, y además en el caso del segundo de los mencionados, por un Delito Continuado de Falsificación Ideológica por un Funcionario Público.
La semiplena prueba de los hechos reseñados surge de las declaraciones de denunciante, contribuyentes afectados y funcionarios municipales intervinientes; declaraciones de los indagados efectuadas en presencia de sus Defensores conforme arts. 113 y 126 C.P.P.; Informes Primario (fs. 360-388) y Complementario (fs. 503-505) de JUTEP; consulta del Dr. M. L. (fs. 2); testimonios de resoluciones N° 493/010 y N° 699/010 (fs. 12-15); testimonio notarial de constancia de reempadronamiento de vehículo LFA 2585 (fs. 16); testimonio de nota entre Intendentes saliente y entrante (fs. 17); recortes de prensa en original o en fotocopias (fs. 46, 105-106, 287-293); copias de informes de los indagados a Representantes de Comisión Europea (fs. 47-51); copia de Informe N° 403/2010 de Dra. E. y Cr. R. (fs. 52-58); Oficio N° 047/DR/009 por gestor D. L. (fs. 59); Oficio N° 153/SG/10 por intervención de J. en proyecto y su respuesta negativa (fs. 60-64); copia Oficio N° 19/DH/2010 por “Arqueo de Oficina Central y Cuadro de descomposición y saldo de Disponibilidades” al cierre al 5 de febrero de 2010 (fs. 93-98); copia de Oficio N° 28/2010 por retiro de Euros 4.000 “Proyecto MI PYMES PARA TODOS”, Programa URB – AL (fs. 99); copia de Oficio N° 27/SG/2010 por retiro de Euros 49.954 “Proyecto Equidad: más desarrollo, mejor democracia” (fs. 100); copia orden de pago N° 1963/2010 por $ 1.364.743,28 de Proyecto Equidad (fs. 101); copia Oficio N° 29/2010 por retiro de Euros 16.624,68 “Proyecto Escuelas Seguras” (fs. 102); copia de orden de pago N° 2086/2010 por $ 416.751,66 de Proyecto Escuelas Seguras (fs. 104); testimonios de rendiciones de cuenta (fs. 176-202); testimonio de orden de pago a Cr. R. por honorarios y factura respectiva $ 210.000 (fs. 203 y 204); testimonio de resolución N° 925/2010 por contrato en régimen de arrendamiento de obra al Dr. M. L., contrato, orden de pago, autorización y factura por U$S 12.200 (fs. 205-211); testimonio Expte. N° 01-2009-4337 Petición Administrativa contribuyente afectado (fs. 212-243); testimonio Expte. N° 01-2010-1729 por petición de contribuyente afectado (fs. 244-277) que incluye Oficio N° 342/DR/007 que recoge orden telefónica de A. (fs. 261) y solicitud de aval (fs. 262); testimonio de Resolución N° 1134/007 de “Procedimiento Abreviado de Inscripción de Vehículos” (fs. 284-286); testimonio Expte. N° 01-2005-2442 por liquidación de dinero a favor de Fundación Canelones en 2005 (fs. 294-297); testimonio de Resolución N° 1380/006 “Proyecto TECALE (Tecnología y Ciencias Aplicadas al desarrollo de los gobiernos locales de América Latina y la Unión Europea”) (fs. 298-300); testimonios de Resoluciones N° 2126/006, N° 28/007 y N° 154/007 por ceses de funcionarios y por designación Cr. A. (fs. 301-303); testimonio de Resolución N° 312/010 (fs. 304) por suspensión de Proyectos a cargo de Oficina de Cooperación Internacional por parte de Lic. M.; copia de informe presentado por Lic. G. en cumplimiento de la resolución anterior (fs. 305); testimonio de Informe N° 223/2010 de Dra. E. por contratación de funcionarios municipales para proyectos de cooperación internacional (fs. 308-310); testimonio de Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas a ese respecto (fs. 312-314); copia de Carpeta N° 227.881 por proyectos de cooperación internacional y propuesta de respuesta a solicitud del Sr. Edil Prof. S. B. (fs. 318-333) sin firma de su aparente autora Dra. M. W., Asesora Letrada; testimonio de liquidaciones provisorias a Lic. M. por $ 10.000, $ 48.800, $ 33.000, $ 46.000, $ 120.000, $ 40.000, $ 16.000, $ 63.000, $ 51.500 y $ 104.000 del 11 de febrero al 25 de junio de 2010 (fs. 334-343); revocación de poder para pleitos del Dr. L. (fs. 344-348); testimonio Circular N° 18/DH/2007 exoneración “Permiso de Tránsito” (fs. 396); Oficio N° 324/DR/006 por empadronamientos de rentadora “Melysor S.A.” de Montevideo (fs. 398); testimonio Expte. 01-2007-771 por incidente de multa (fs. 404-422); testimonio Expte. N° 01-2010-756 por solicitud de Lic. M. sobre nómina de vehículos empadronados como alquiler sin chofer (fs. 423-446); testimonio Expte. N° 01-2010-1480 por idéntico tema (fs. 448-455); testimonio Expte. N° 01-2011-414 por movimientos de la cuenta en “Proyecto Escuelas Seguras” (fs. 457-466); testimonio Expte. N° 01-2011-420 por rendición de cuentas “Proyecto Equidad” (fs. 467-471); testimonio Expte. N° 01-2011-421 por factura de empresa “Cebra” por publicaciones de “Proyecto Mu Pymes para todos” (fs. 472-476); constancia de Sub Directora B. (fs. 477); listado de gestores y sus domicilios (fs. 526 y 528); informe de domicilios de Nezara S.A. y Melysor S.A. (fs. 529); testimonio de Informe N° 991/2011 de reserva de sumario a A. (fs. 531); testimonio Oficio N° 35/009 por retiro de Euros 1.300 (fs. 533); y demás actuaciones conducentes.
Ambos indagados reconocen sus calidades de funcionarios públicos, tanto Z. por ser Intendente en el momento de los hechos y hasta inicios de febrero de 2010 como A. por ser Director de Hacienda desde el año 2007 hasta febrero de 2010. La definición amplia del art. 175 del C.P. comprende las situaciones descriptas: “… se reputan funcionarios a todos los que ejercen un cargo o desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria, de carácter legislativo, administrativo o judicial, en el Estado, en el Municipio o en cualquier Ente Público o Persona Pública no estatal”.
En primer lugar resulta probado primariamente que aunque los re-empadronamientos de gran número vehículos se habría realizado en enero de 2008, se les declaró falsamente como un hecho ocurrido el 31 de diciembre de 2007 dando fe de un hecho real (reempadronamiento) pero alterando las circunstancias temporales. La orden verbal la habría impartido el Cr. A. en su calidad de Director de Hacienda de la Intendencia de Colonia a la Directora de Recaudación Sra. B. el 31 de diciembre de 2007 (fs. 261) quien lo comunica mediante Oficio N° 342/DR/007: “Por orden telefónica emanada en el día de la fecha, por el Sr. Director… A., se establece a partir del 02/01/2008 la operativa… 2) Hasta el 11 de enero de 2008 los re empadronamientos procedentes de otros departamentos se ingresarán al sistema con fecha de empadronamiento 31/12/2007. 3) El comunicado de re empadronamiento que se remite a la Intendencia/o Junta origen se realizará como hecho el 31/12/2007, exigiendo el pago total de patente 2007, continuando para estos casos con las tablas que se utilizaron en 2007. 4) lo demás trámites incluyendo empadronamientos 0 kmts. Se realizarán con fechas reales y nuevas tablas…”. Los resaltados corresponden al texto, el subrayado es propio. Este Oficio es elevado a su vez al Cr. A. el propio 2 de enero de 2008 “… a efectos de pedirle el aval correspondiente…”. A. lo admite a fs. 38vto. Las fechas de efectiva presentación se habrían prolongado más allá del 11 de enero y no habría existido mecanismo de control eficiente que definiera quienes se habían presentado realmente el 31 de diciembre. Aunque la Defensa plantea como objeción que debe considerarse que se trataría en todo caso de la certificación falsa por un funcionario público (art. 241 C.P.) en vez de la falsificación ideológica del art. 238 ejusdem reclamada por la Representante del Ministerio Público, no se tiene el honor de compartir la observación. La falsedad atañería a la fecha del acto jurídico de empadronar o re-empadronar un bien, que luego por consecuencia se trasladaría a la falsedad de la libreta de conducir.
En su calidad de Director de Hacienda y en la misma declaración expresa que su función consistiría en verificar que los fondos públicos no terminaran en los proyectos de cooperación internacional. Sin embargo a fs. 61 certifica que “… la Cra. V. J. ha participado como Técnico Contable tiempo completo en el Proyecto denominado “ESCUELAS SEGURAS”… por lo que el municipio … aporta como contraparte al proyecto … la suma de Euros 1.000 mensuales… ”. A fs. 63 resulta que la referida profesional tomó conocimiento de la designación, quedando a la espera de directivas en relación a la función a desempeñar. Finalmente a fs. 64 la Contadora mencionada informa a fs. 64 al Intendente Lic. M. en Oficio N° 153/SG/10 (fs. 60) que no realizó función adicional a la propia de su tarea como funcionaria de la Intendencia, salvo firmar cheques (fs. 128). Como parte de la documentación aportada por la entonces Defensa del Intendente Z. y a fs. 328vto. se informa que la Cra. J. estaría afectada por 12 meses al proyecto referido sin percibir aporte de la Unión Europea, no resultando evidente para esta proveyente si la profesional referida trabajó o no para el proyecto, si cobró por la UE o por la Intendencia y si esta le reclama al Proyecto que le pague una partida destinada a un recurso humano que dice no haber ejercido actividad.
La Resolución N° 1134/007 dictada por el Sr. Intendente Z. el 8 de agosto de 2007 (conforme testimonio de fs. 284) creó un “Procedimiento Abreviado de Inscripción de Vehículos” a efectos que empresas expresamente autorizadas por el Departamento de Hacienda y Administración pudieren empadronar unidades cero kilómetros. Las condiciones fueron establecidas en la propia resolución, como ser actuación continua mayor a tres años y buenos antecedentes. Estas empresas dispondrían de un stock de matrículas y permisos de circulación válidos por diez días, estableciendo un sistema de controles, permisos y sanciones cometidos a la Dirección de Hacienda y Administración, Dirección de Recaudación y Oficina de Auditoría Interna, según el caso, incluyendo la obligación de confeccionar formularios de control. A fs. 141 el funcionario P. expresa “Los gestores o empresas que realizaban las tareas supongo que estaban habilitadas… Entregabamos chapas con permisos provisorios, creo que era 40 juegos por vez y con un plazo de 30 días hábiles para terminar el trámite o renovar las chapas, se verificara que estuvieran sin usar y se les devolvía. El control de las que se entregaban era mediante un registro, un cuaderno. También se ingresaban en la computadora…”. El funcionario P. (fs. 137) expresa “… mientras se esperaba la documentación se las había entregado al gestor y por ello tenía el permiso provisorio, creo que de quince días hábiles para circular… había gestores que en un día empadronaban cien vehículos… (antes) como máximo diez por día, que es lo de hoy día… (fs. 138)”. El informe de la Dra. E. y el Cr. R. de fs. 52 refiere a que no se habría establecido mecanismo de control efectivo de la entrega de chapas y permisos ni la exigencia de constitución de garantías a los gestores en tanto aquellos valores de la Comuna se encontraban en poder de terceros, al punto que algún gestor habría detentado chapas por un extenso tiempo sin aparente sanción y otras habrían sido devueltas con perforaciones cual si hubieren sido ilegítimamente utilizadas. La Cra. J. (fs. 125) expresa “Tomé conocimiento también respecto de las gestorías de que había chapas pendientes de entrega que no habrían sido rendidas o no habría ingresado el tributo correspondiente a éstas”. A fs. 59 el 26 de febrero de 2009 el funcionario P. informa que a uno de los gestores se le “… cobró patente de rodados de rentadoras (más de 60 matrículas) … sin recargos y con los beneficios correspondientes de acuerdo a mandato verbal del Sr. … A.”. Existiría una resolución N° 1551/008 que limitaría la cantidad de chapas a 40 por gestor y por un plazo de 60 días. Si bien el informe de la Intendencia de Colonia, a solicitud de la Sede (fs. 526) da cuenta de 12 gestores autorizados, todos con domicilio en Montevideo, con expedientes con año de trámite entre 2007 y 2009, a fs. 528 en el 2013 sólo se informa de dos gestores que realizan actividad en la Dirección de Hacienda. Éstos no coinciden con los de fs. 526, a pesar que D. L. figura en el Oficio de fs. 59 del año 2009 y no en el listado de fs. 528, con otros gestores que habrían efectuado sus inscripciones entre 2007 y 2009. El Informe de JUTEP da cuenta que el “Permiso de Tránsito” está previsto en el art. 36 del Presupuesto quinquenal 2006/2010. La Circular N° 18/D.H/2007 firmada por el Cr. A. comunica “Por medio de la presente se comunica a Uds. que a partir del 09 de julio de 2007 se exonera el pago de Permiso de Tránsito para empadronamientos de vehículos cero kilómetros”. Esta exoneración y los eventuales beneficios del Oficio de fs. 59 vulnerarían los arts. 119 y concordantes del TOCAF.
Respecto de las empresas arrendadoras de autos conforme Expediente 01-2010-1480 la nómina de las registradas de fs. 451 incluyen algunas cuyo expediente de ingreso no resulta incorporado. Así parecería que Ancasud S.A. y Celmu S.A. no tendrían expedientes. No aparecen en dicha nómina ni Melysor S.A. ni Nezara S.A. El informe de JUTEP de fs. 375 releva que la primera referida tendría vehículos empadronados desde 2009 pero que no habría culminado el expediente N° 01/2006/7257 por falta de requisitos aunque habría sido habilitada a tales efectos por autorización del entonces Director de Hacienda, hoy fallecido, por Oficio N° 325/06. La segunda empresa y conforme el mismo informe, tendría vehículos empadronados desde enero de 2010, Expediente 01/2010/756, aunque del expediente de habilitación N° 01/2007/779 el local no habría sido ubicado. Según informe del 4 de abril de 2013 (fs. 529) la Intendencia a solicitud de la Sede da cuenta que Nezara S.A. posee domicilio en Colonia pero Melysor S.A. sólo lo tiene en Montevideo. Los listados de fs. 427 a 440 confirmarían el informe de JUTEP en los puntos referidos. Conforme Ordenanza Municipal las empresas arrendadoras de vehículos sin chofer deben estar habilitadas por la Comuna y contar con domicilio en este Departamento, entre otros requisitos, y así acceder el beneficio de exoneración del 50% del tributo de patente. El Decreto de la Junta Departamental del 27 de febrero de 1992, en su art. 16 expresa que “Este beneficio será exclusivamente para unidades que presten un servicio permanente en el Departamento de Colonia”. Parecería que por lo menos las empresas mencionadas se habrían beneficiado en forma legalmente inadmisible en perjuicio de las arcas municipales.
El mismo informe y a fs. 376vto. elabora consideraciones respecto del cobro de una “Tasa trámite administrativo” que no obra en el Presupuesto Quinquenal 2006/2010 y la omisión de cobro de la “Tasa de inscripción de vehículos” (vide Circular de 2007) por lo que el Cr. A. se habría apartado del Presupuesto vigente produciendo ganancias y/o pérdidas indebidas.
El Sr. Intendente Z. declara a fs. 153 que el Director de Hacienda lo habría consultado o comunicado la extensión del plazo pues había más de 1.000 vehículos para re empadronar dado que el mismo tiene la facultad de hacerlo. El motivo según sus dichos radicaría que a partir del 1 de enero de 2008 podía comenzar a regir un acuerdo del Congreso de Intendentes que impediría los re empadronamientos. Conforme Oficio N° 413/2010 del 20 de setiembre de 2010 el Sr. Intendente Z. comunica a la Intendencia de Montevideo que el empadronamiento de cierto vehículo (fs. 229) se había realizado efectivamente el 21 de enero de 2008, dada la petición administrativa formulada por un contribuyente afectado (G.). Posteriormente en enero de 2011 es archivado sin otro trámite sin perjuicio de constatar la existencia de una divergencia entre las fechas. La misma comunicación resulta del Expediente N° 01/2010/1729 (fs. 276) respecto de otro contribuyente damnificado (N.) peticionante de una solución administrativa. Según testimonio notarial de fs. 16 resulta acreditada la situación de discordancia entre fechas respecto de otro contribuyente (G.).
La ley 18.456 en su artículo 2 establece que a partir del 1 de enero de 2008 los trámites de empadronamiento o reempadronamiento sólo pueden efectuarse en las intendencias donde se domicilie su propietario “… Para las personas físicas el domicilio permanente será aquel en el que tiene la residencia con ánimo de permanecer en ella de acuerdo con lo dispuesto en el Título II del Código Civil en lo que sea pertinente y no se oponga expresamente a las previsiones de esta ley. Sin perjuicio de ello, en caso de tener actividades laborales o intereses económicos en otra jurisdicción que se relacionen con la circulación habitual de los vehículos empadronados o a empadronar podrán optar por radicarlos en la jurisdicción de esa actividad laboral o interés económico…”, requiriendo el artículo siguiente la prueba documental del domicilio. Parece en principio contrario a lo que normalmente acaece que miles de personas que tuvieren domicilio en el departamento de Colonia esperasen el último día para reempadronar vehículos considerando además que el Sr. Intendente Z. refirió a que inclusive en pequeñas localidades la demanda fue intensa. Aunque el razonamiento efectuado por los indagados resulta ser que el incremento de la recaudación tributaria de Colonia explicaría admitir que lo que sucedió en enero figurara como en diciembre, cabe considerar que tal vez otras administraciones fueron perjudicadas por ese corrimiento de contribuyentes quienes probablemente no tuvieren todos domicilios en Colonia, sin perjuicio que Z. declara además estar vinculado a un Convenio del Congreso de Intendentes.
Pero como destaca el Informe de JUTEP a fs. 363 y respecto de las discordancias de fechas “… las Intendencias de origen se negaron a dar la baja a los vehículos, hasta tanto Colonia no aclarara la irregularidad, generándose… vehículos que estaban al día en Colonia, presentaban una deuda importante en la Comuna de origen, la que no había dado de baja al vehículo… generándose perjuicios a los usuarios…”. A fs. 223 la Directora de Recaudación, Sra. B., expresa “Esta Dirección no puede validar fecha correspondiente al trámite de reempadronamiento dado que la documentación existente mantiene diferencias en cuanto a las mismas”. Esta imposibilidad para un organismo público de validar la fecha de un trámite implicaría per se un perjuicio para la Administración, más allá de las consideraciones que puedan hacerse respecto a la imagen que de la gestión pública pudieren percibir los administrados y los subalternos del Gobierno Departamental. Uno de los pilares más importantes de la tarea de administrar y de gestionar documentación pública es el respeto a la certeza de la fecha de ocurrencia de los actos jurídicos. Sin esa confianza sería imposible funcionar, pues dudaríamos si el trámite ocurrió cuando dice haber sucedido.
Si bien la preservación de un mal mayor parece haber impulsado a ambos indagados ante la existencia de contribuyentes al aguardo del reempadronamiento, no resulta aún evidente a esta proveyente qué impidió que existiera una resolución expresa que avalara lo actuado. Existió un mandato verbal telefónico de parte de A. del cual Z. estaba al tanto sea como “fecha valor” sea como “prórroga” pero no hubo luego ninguna actividad administrativa que validara lo actuado dándole el marco normativo del que carecía. Tampoco resulta de la prueba obrante en autos que luego de iniciada la investigación administrativa y sumario a A., el reelecto Intendente Z. observara, sancionara, corrigiera, impidiera, regulara o requiriera aclaraciones respecto de la discordancia de fechas (vide los informes a la Intendencia de Montevideo). Entonces si pudo haber perjuicios a otras administraciones, si pudo haber contribuyentes perjudicados y si pudo haber malas decisiones del jerarca A. actuando en función delegada, puede considerarse probado que Z. habría actuado arbitrariamente al permitir la pervivencia de actos presuntamente arbitrarios de su subalterno de confianza puestos de manifiesto por las denuncias del Lic. M.. El Intendente explica que no puede controlarlo todo, pero el máximo jerarca debería controlar a los controladores. La Constitución de la República en su artículo 275 nal. 1° incluye como atribuciones de los Intendentes el cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes.
Z. también admite a fs. 160 que los retiros de dinero conforme consta a fs. 99-104 de cuentas de Proyectos que según la Lic. G. (fs. 148) ya estaban finalizados, lo habría hecho a solicitud de la persona referida, su concubina desde 2008 pues la misma se encontraría en uso de licencia médica y para pagar proveedores a los que se les debía desde hacía más de seis meses. Habrían ido juntos a cobrar el dinero y frente al Tesorero se lo habría entregado Z. a la Lic. G.. Esta última había declarado que se trataba de proyectos finalizados con saldos de dinero que habrían sido destinados a usos municipales y que una de esas cuentas se habría utilizado para recibir dinero de aporte de Andalucía para “Proyecto ONG SUR”. Cabe preguntarse si cuando cualquier funcionario de la comuna está con licencia médica, el Intendente hace el trámite por él y luego le entrega el dinero a quien está indispuesto para que cumpla con sus funciones. Esta confianza sólo podría explicarse por la relación afectiva entre ambos. Por su parte la Lic. G. no renunció luego que el Intendente Z. lo hiciera para efectuar su campaña política, por lo que parecería posible aguardar a su reintegro para realizar en forma y con el nuevo Intendente los pagos pendientes de ejecución. Tampoco parece admisible contablemente efectuar depósitos de dineros de un convenio internacional en la cuenta abierta para otro ya culminado. Básicamente la transparencia en la gestión pública implica establecer mecanismos de control internos que funcionen sin obstáculos y permitir la visibilidad externa de lo actuado.
Respecto de la cuestión planteada sobre la concurrencia entre los delitos en la imputación prima facie efectuada respecto del Cr. A. considera esta proveyente que no es necesario al efecto preliminar del enjuiciamiento precisar un aspecto que puede definirse al momento de la Sentencia Definitiva, una vez valorada la totalidad de la prueba. Sin embargo y con la misma primariedad los delitos no se excluyen. Basta destacar que la falsificación ideológica requiere como presupuesto del delito que se ejecute “en el ejercicio de sus funciones” dando fe de la ocurrencia de hechos imaginarios o de hechos reales pero alterando las circunstancias o con omisión o modificación de las declaraciones prestadas con ese motivo o mediante supresión de tales declaraciones (art. 238 C. Penal). El abuso innominado de funciones del art. 162 del mismo cuerpo normativo, por su parte, se define por la conducta del funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de leyes especiales.
Tratándose, en principio, de varias infracciones a las mismas leyes penales, cometidas en diversos momentos, como acciones ejecutivas de una misma resolución criminal, se considera un solo delito continuado (art. 58 C.P.). Sobre este punto no medio observación de las Defensas aunque sí lo hicieren respecto de los tipos penales considerados. Asimismo y respecto de la observación introducida en audiencia sobre la eventual prescripción de los tipos penales y atento a lo dispuesto por arts. 117 y 119 del C.P. corresponde considerar que no se dan los presupuestos temporales para considerar en esta etapa que los reatos se hallan prescriptos dada su naturaleza de continuos.
En atención a la gravedad de los hechos reseñados, la pena de penitenciaría en el caso del art. 238 del C.P. y la continuidad reputada en las figuras delictivas referidas, tratándose de dos funcionarios de altísima jerarquía que no podrían ignorar las implicancias de las decisiones que toman - o de las que no toman debiendo hacerlo - en el desempeño de sus funciones, los procesamientos se dispondrán con prisión. La ley 17.060 en su artículo 20 expresa “Los funcionarios públicos deberán observar estrictamente el principio de probidad, que implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro. El interés público se expresa en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos”. Los artículos 119 y 121 del TOCAF establecen responsabilidades administrativas en materia financiero contable en forma mancomunada o solidaria. No resulta justo que el Director de Hacienda sea procesado con prisión por hechos que habría cometido con conocimiento y sin objeciones (previas, concomitantes y/o posteriores) de quien le colocó en posición de poder hacerlos.
Se ordenará la expedición de testimonio de la presente resolución y su remisión a la Junta Departamental de Colonia para su conocimiento.
Se requerirán conclusiones al Tribunal de Cuentas por lo expuesto a fs. 65vto-66, se citarán a los gestores referidos a fs. 528 y se ordenará la remisión del expediente completo de los Expedientes de Investigación Administrativa y Sumario Administrativo respecto de A..
Atento a lo expuesto y a lo dispuesto en los arts. 15 y 27 de la Constitución, arts. 1, 71, 72, 125 a 127, 133, 217 a 229 del Código del Proceso Penal, arts. 1, 3, 18, 58, 60, 162, 175 y 241 del Código Penal, normas de TOCAF, ley 17.060 y demás normas concordantes, SE RESUELVE:
DECRETAR EL ENJUICIAMIENTO, CON PRISIÓN, DE W. Z. G. Y J. M. A. E. BAJO LA IMPUTACIÓN “PRIMA FACIE” DE LA AUTORÍA DE UN DELITO CONTINUADO DE ABUSO DE FUNCIONES EN CASOS NO PREVISTOS ESPECIALMENTE POR LA LEY, PARA AMBOS, Y EN EL CASO DEL SEGUNDO DE LOS MENCIONADOS, ADEMÁS POR UN DELITO CONTINUADO DE FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA POR FUNCIONARIO PÚBLICO.
COMUNÍQUESE A LA JEFATURA DE POLICÍA DE COLONIA Y A I.N.R. A SUS EFECTOS, OFICIÁNDOSE.
TÉNGASE POR DESIGNADOS COMO DEFENSORES A LOS ACTUANTES Y POR RATIFICADAS E INCORPORADAS AL SUMARIO LAS PRESENTES ACTUACIONES PRESUMARIALES, CON CITACIÓN DE FISCALÍA Y DE LAS DEFENSAS.
SOLICÍTASE PRONTUARIOS POLICIALES Y PLANILLAS DE ANTECEDENTES JUDICIALES, OFICIÁNDOSE.
RECÍBASE LA DECLARACION DE LOS TESTIGOS DE CONDUCTA PROPUESTOS.
REQUIÉRASE EN FORMA LEGAL AL TRIBUNAL DE CUENTAS LA REMISIÓN DE LAS CONCLUSIONES ARRIBADAS EN RENDICIÓN/ES DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUSCRIPTOS POR LA INTENDENCIA DE COLONIA CULMINADOS ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2010, OFICIÁNDOSE.
CÍTESE A LOS GESTORES REFERIDOS A FS. 528, COMETIENDO SEÑALAMIENTO CON NOTICIA PERSONAL DE LAS PARTES.
REQUIÉRASE A LA INTENDENCIA DE COLONIA TESTIMONIO DE EXPEDIENTES COMPLETOS POR INVESTIGACIÓN Y SUMARIO ADMINISTRATIVOS DEL CR. A., OFICIÁNDOSE.
REMÍTASE TESTIMONIO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA PARA SU CONOCIMIENTO.
RELACIÓNESE Y COMUNÍQUESE A LA CORTE ELECTORAL, SI CORRESPONDIERE.
Dra. Virginia Ginares Echenique
Jueza Letrada
LANZAMIENTO DEL CURSO DE ÁRBITROS EN COLONIA

References: resolución 
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 artículo 162
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 artículo 2
 resolución 
 artículo 275
 resolución 
 artículo 20
 resolución 
 RESOLUCIÓN