Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24341
Timestamp: 2020-02-29 04:02:24+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 39/2015
SENTENCIA 39/2015, de 2 de marzo
ECLI:ES:TC:2015:39
En el recurso de amparo núm. 4219-2012, promovido por don Miguel Ángel Gutiérrez Peinado, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Infante Ruiz y asistido por el Abogado don Rafael Núñez Páez, contra el Auto de 17 de abril de 2012, que desestimó el incidente de oposición a la ejecución hipotecaria núm. 4/2012 seguida ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Villarrobledo (Albacete). El presente recurso de amparo se promueve también contra la providencia del mismo Juzgado, de 23 de mayo de 2012, que inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones contra dicho Auto. Ha sido parte el Banco Popular Español, S. A., representado por la Procuradora de los Tribunales doña María José Bueno Ramírez y asistido por el Abogado don Ricardo Martínez Pardo, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
De acuerdo con los términos del contrato, el Banco, como prestamista, entregaba a los cónyuges —en calidad de prestatarios— la cantidad de setenta y dos mil euros (72.000 €) en concepto de principal, obligándose éstos solidariamente a devolverlo a plazos junto con las comisiones y gastos devengados a favor del banco, con garantía de hipoteca del inmueble que se describe en la escritura (vivienda unifamiliar destinada a su uso como vivienda habitual). En la cláusula tercera, apartado cinco, de la escritura se señalaba, como “tipo en la subasta que corresponda”, el importe de la responsabilidad por principal reflejada en la letra a) del apartado 1 de la cláusula segunda de la escritura; es decir, setenta y dos mil euros (72.000 €).
Una vez compensadas las cantidades hasta entonces amortizadas del principal, se fijó en esta segunda escritura como principal pendiente de pago, la cantidad de ciento veintiséis mil setecientos cuarenta y cinco euros con cincuenta y ocho céntimos (126.745,58 €), más dieciséis mil cuatrocientos setenta y seis euros con noventa y tres céntimos (16.476,93 €) en concepto de intereses ordinarios, veinticinco mil novecientos ochenta y dos euros con ochenta y cuatro céntimos (25.982,84 €) por intereses de demora y diecinueve mil once euros con ochenta y cuatro céntimos (19.011,84 €) para costas y gastos. De acuerdo con las nuevas condiciones del contrato, se modificaba el tipo de interés y el plazo de amortización del préstamo. En esta segunda escritura se mantuvo la estipulación que fijaba en la primera escritura la regla para determinar el tipo de la subasta: su estipulación tercera (folio 8T3348349) establece que “[e]n cuanto a las restantes condiciones del préstamo antes relacionado, así como la hipoteca constituida en garantía del mismo …, continúan sin novación ni modificación de clase alguna, quedando ratificado y plenamente vigente entre las partes aquí contratantes el contenido íntegro de la mencionada escritura de préstamo hipotecario”.
c) Por Auto de 4 de enero de 2012, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Villarrobledo (Albacete) ordenó el despacho de la ejecución contra el demandante de amparo y su esposa, por la cantidad de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un euros con cuarenta y ocho céntimos (120.491,48 €) en concepto de principal de deuda e intereses ordinarios, más otros treinta y seis mil euros (36.000 €) en concepto de intereses provisionales a devengarse durante la ejecución, en virtud de demanda ejecutiva que presentó el 3 de enero de 2012 la representación procesal del Banco Popular Español, S.A. A la ejecución forzosa se le dio el trámite del procedimiento especial que regulan los arts. 681 a 698 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC) (autos de ejecución hipotecaria núm. 4-2012).
La oposición se basaba en que la escritura pública de 17 de julio de 2008, por la que se novó la relación contractual garantizada, no fijaba precio alguno de tasación de la finca hipotecada, ni a efectos de subasta ni a ningún otro, por lo cual “la ejecución interesada no reúne los requisitos establecidos en el artículo 682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni puede ser tramitada conforme a las deposiciones (sic) del Capítulo V de la misma, determinando la inadmisión de la ejecución solicitada y nulidad de su despacho” (hecho tercero). En el suplico de la demanda de oposición se pide la declaración de nulidad de la ejecución despachada por incumplimiento de los presupuestos de procedibilidad (falta de fijación del tipo de la subasta en el título hipotecario) y, subsidiariamente, de ser esa pretensión desestimada, que se fije por el Juzgado un tipo de la subasta acorde con una tasación privada obrante en las actuaciones y que eleva el valor del inmueble a 277.904,38 €.
En segundo lugar, se afirma en la demanda que la providencia de 23 de mayo de 2012 que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones, “incide en la vulneración denunciada” y resulta “manifiestamente errónea e incongruente”, pues no tiene en absoluto en cuenta el motivo de nulidad alegado. La providencia se escuda en que el incumplimiento de los requisitos formales para el despacho de ejecución fue denunciado previamente, pero olvida que el motivo del incidente de nulidad es precisamente la falta de resolución de esa alegación por el Auto de 17 abril de 2012. En tal sentido, el incidente no resuelve con base en los motivos justificados que se alegaron en tiempo y forma, por lo que habrá de ser decretada su nulidad y dictar resolución en el sentido que proceda.
4. Con posterioridad a la interposición de la demanda de amparo, el aquí recurrente y su esposa promovieron un segundo incidente de oposición a la ejecución en el mismo procedimiento hipotecario, al amparo de la previsión extraordinaria contenida en la disposición transitoria cuarta, párrafo segundo, de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, “de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”. La oposición se basó en la nueva causa prevista por el artículo 695.1.4 LEC: el “carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible”; suplicando “el sobreseimiento de la ejecución o subsidiariamente su continuación con inaplicación de las cláusulas consideradas abusivas”, en referencia a la cláusula relativa a la fijación del valor del bien inmueble para que sirva de tipo de la subasta y de aquella otra que impone un tipo de interés mínimo (cláusula suelo), además de cuestionar la liquidación unilateral de deuda efectuada por la entidad acreedora.
Por Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2, de Villarrobledo, de 10 de septiembre de 2013, se estimó parcialmente la demanda incidental y se declaró abusiva la cláusula suelo contenida en la escritura constitutiva de la garantía hipotecaria, ordenándose continuar adelante con la ejecución despachada, esto es, desestimando la solicitud de nulidad de la cláusula que fija el valor de tasación en setenta y dos mil euros (72.000 €).
A partir de ahí, se destaca que según la regulación legal del procedimiento especial de ejecución hipotecaria (arts. 681 y ss. LEC), su procedencia se vincula al cumplimiento, entre otros, del requisito de determinar el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado para que sirva de tipo para la subasta (art. 682.2.1 LEC). Seguidamente se afirma que en la primera escritura pública de hipoteca figura como cuantía del préstamo 72.000 €, pero no como precio tipo de la subasta, según el Fiscal; y que en la segunda escritura pública en ningún caso se precisa la fijación del precio acordado para la subasta del bien, para concluir que el estudio de ambas escrituras no revela dato alguno en relación con el precio del bien, a efectos de la subasta futura. Se alude también a la existencia de un peritaje alternativo de carácter privado que tasa el bien hipotecado en más de 270.000 €, que al no fijarse por consenso no obliga ni al banco ni el juez como precio base para la subasta. De todo ello deduce el escrito de alegaciones que no existe ninguna cuantía que fuera acordada con consentimiento de las partes y tampoco se deriva de las escrituras de constitución de la hipoteca.
En cuanto a la providencia por la que se inadmite la solicitud de nulidad de actuaciones, el Fiscal entiende que se ha lesionado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al no remediar la situación creada tras el Auto. No es de recibo, termina el escrito de alegaciones, argüir que la temática ha sido ya resuelta por el Auto desestimando la oposición, ya que lo que se hizo en el Auto no puede considerarse resolución de lo planteado cuando “se ha expulsado el examen de un presupuesto procesal del procedimiento hipotecario y además se plantea por la parte la óptica constitucional con invocación del derecho tutela judicial efectiva”, que debió llevar al Juez “a la reconsideración de la temática a la vista de la indefensión alegada”.
Es precisamente la negación de esa premisa, lo que nos debe conducir a rechazar dicha tesis: el incidente de nulidad de actuaciones no puede tenerse por manifiestamente improcedente, con la relevancia pretendida por la representación procesal del Banco Popular Español, S.A., dado que las nulidades procesales que se imputan al Auto de 17 de abril de 2012, contra el que no cabía recurso alguno conforme con la legislación procesal aplicable (art. 695.4 LEC) en la fecha en que se dictó —antes de la reforma de dicho precepto por la Ley 1/2013, de 14 de mayo—, no pudieron ser combatidas en el seno del propio incidente de oposición a la ejecución. Siendo así, es correcto el cómputo del plazo de treinta días para la interposición del recurso de amparo desde la notificación de la providencia que puso fin al incidente de nulidad de actuaciones, al haberse cumplido el requisito establecido por el art. 44.2 LOTC, por lo que la alegación de inadmisión debe ser rechazada.
Sostiene el actor que en el título ejecutivo (esto es, en la escritura de constitución de la hipoteca) no se determinó el precio en el que los interesados tasaban el bien hipotecado para que sirviera de tipo en la subasta. El Auto recurrido en amparo, en lugar de entrar a resolver la excepción procesal, remitió a los ejecutados al procedimiento declarativo correspondiente para obtener respuesta a esa alegación, decisión basada en que el art. 695 LEC no incluye expresamente ésta ni otras excepciones procesales entre las causas tasadas que pueden servir de fundamento al incidente de oposición a la ejecución hipotecaria. De acuerdo con el escrito rector del presente proceso de amparo, esa interpretación de la norma procesal sería contraria a la tutela judicial efectiva y también causante de real y efectiva indefensión, “en función de la precariedad de medios que tiene el deudor para su defensa” en este procedimiento, así como a la proyección que conlleva sobre el derecho a la propiedad y la lesión del derecho fundamental a una vivienda digna (art. 47 CE). Tratándose, además, de una excepción que afecta a un requisito de procedibilidad que, como tal puede ser apreciable de oficio por el Juzgado en cualquier momento del procedimiento, dando sin embargo éste una solución contraria al principio de economía procesal.
4. Debe señalarse, en primer término, que esta queja de amparo no puede ser ubicada en el terreno de la incongruencia omisiva, en cuanto lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). La demanda entiende contrario al derecho fundamental que el órgano judicial afirme que hay “imposibilidad de pronunciarse” sobre la excepción interpuesta, pero eso no quiere decir que el recurrente no haya obtenido una respuesta del órgano judicial a la petición de nulidad del procedimiento por incumplimiento del requisito del art. 682.1.1 LEC. Con arreglo a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la incongruencia omisiva se produce cuando “una pretensión relevante y debidamente planteada ante un órgano judicial no encuentra respuesta alguna, siquiera tácita, por parte de éste” (SSTC 155/2012, de 16 de julio, FJ 2, y 269/2006, de 11 de septiembre, FJ 4; por todas). En el caso, no hay falta de respuesta judicial, con vulneración de la prohibición del non liquet, sino una decisión consistente en no entrar en la cuestión controvertida sobre la base de la concurrencia de un óbice procesal que lo imposibilita, decisión que satisface las exigencias constitucionales de exhaustividad en las resoluciones judiciales.
La queja de amparo se refiere, más bien, al derecho a obtener una resolución sobre el fondo de la cuestión objeto de debate (derecho de acceso a la jurisdicción), integrado también en el art. 24.1 CE. En relación con esta concreta vertiente del derecho fundamental, la doctrina de este Tribunal Constitucional ha mantenido de forma constante que el derecho a la tutela judicial efectiva, “que incluye el derecho a obtener una resolución judicial de fondo cuando no existen obstáculos legales para ello” (STC 107/1993, de 22 de marzo, FJ 2), puede satisfacerse igualmente con “una decisión de inadmisión, siempre y cuando esta respuesta sea consecuencia de la aplicación razonada y proporcionada de una causa legal en la que se prevea tal consecuencia” (STC 158/2000, de 12 de junio, FJ 5. En igual sentido, SSTC 115/1999, de 14 de junio, FJ 2; 157/1999, de 14 de septiembre, FJ 2; 33/2002, de 11 de febrero de 2002, FJ 5, y 111/2009, de 11 de mayo, FJ 2). Al ser la tutela judicial efectiva “un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal … De ahí que quede satisfecho cuando los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión o meramente procesal, apreciando razonadamente la concurrencia en el caso de un óbice fundado en un precepto expreso de la Ley, si éste es, a su vez, respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental” [SSTC 231/2012, de 19 de diciembre, FJ 2 a), y 167/2014, de 22 de octubre, FJ 4].
No está de más recordar que la decisión sobre la admisión o no de una demanda (como lo es, desde luego, la demanda ejecutiva basada en un título hipotecario, y como lo es también la demanda incidental de oposición), así como la apreciación de la concurrencia o no de los presupuestos y requisitos materiales y procesales constituyen cuestiones de estricta legalidad ordinaria, cuya resolución compete a los órganos judiciales en el ejercicio de la potestad que privativamente les confiere el art. 117.3 CE, siendo facultad propia de la jurisdicción ordinaria determinar cuál sea la norma aplicable al supuesto controvertido (STC 122/1999, de 28 de junio, FJ 3). Ahora bien, el Tribunal Constitucional sí puede someter a control las decisiones sobre la concurrencia o no de presupuestos y requisitos procesales en “aquellos supuestos en los cuales la interpretación efectuada por el órgano judicial de la normativa declarada aplicable sea arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente y cuando del acceso a la jurisdicción se trate, en los casos en los que dicha normativa se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y la relevancia de los intereses que se sacrifican” (STC 33/2002, de 11 de febrero, FJ 5. En el mismo sentido, SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; 92/2008, de 21 de julio, FJ 2, y, más recientemente, 129/2014, de 21 de julio de 2014, FJ 4). Asimismo, hemos sostenido que “el derecho a la tutela judicial efectiva excluye que la normativa procesal se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican cuando se trata del acceso a la jurisdicción, y que tal derecho fundamental no exige necesariamente seleccionar la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las que resulten posibles” (STC 44/2013, de 25 de febrero, FJ 4, y las que en ella se citan). “En definitiva, y conforme a lo anteriormente expuesto, en nuestro enjuiciamiento habremos de partir de que resultan constitucionalmente legítimas desde la perspectiva del derecho fundamental de acceder a la jurisdicción, aquellas decisiones de inadmisión o de finalización anticipada del proceso, sin que se resuelva sobre el fondo de las pretensiones deducidas en él, cuando encuentren amparo en una norma legal interpretada y aplicada razonablemente y sin rigorismo, formalismo excesivo o desproporción.” (STC 44/2013, de 25 de febrero, FJ 4).
6. A la luz de la doctrina anterior, la decisión del órgano judicial de no entrar a resolver la causa de nulidad del procedimiento en que se basó la oposición a la ejecución hipotecaria, remitiendo al ahora demandante y a su esposa —como coejecutados— al procedimiento declarativo correspondiente para resolver sobre la procedencia misma del procedimiento especial que se seguía contra ellos, no cumple con las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva.
Este Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor de entender “excesivamente formalista y rigurosa”, desde el punto de vista del derecho de acceso a la jurisdicción, la decisión judicial que, por ejemplo, impidió al tercer acreedor hipotecario intervenir en el avalúo y la subasta del bien hipotecado (STC 6/2008, de 21 de enero, FJ 3); igualmente se otorgó el amparo por considerarse rigorista la interpretación dada a la norma procesal que condujo a tener por transcurrido el plazo de oposición a la ejecución ordinaria, como consecuencia de dar por válida, por aplicación de la norma procesal civil, la comunicación del despacho de la ejecución a un procurador que ya había cesado en su representación (STC 110/2008, de 22 de septiembre, FJ 3).
Ese mismo exceso de formalismo concurre mutatis mutandis en el presente caso, en el que el Auto de 17 de abril de 2012 decidió no entrar a resolver sobre un óbice procesal que determinaría la procedencia misma del cauce especial de ejecución seguido. Es cierto que la STC 41/1986, de 2 de abril, que resolvió un recurso de amparo en el que el demandante se quejaba del incumplimiento de las normas que regulan el procedimiento a seguir, al haber admitido el órgano judicial una causa de oposición suspensiva no prevista en el procedimiento de ejecución que entonces regulaba el art. 131 de la Ley hipotecaria, afirmó (FJ 4) que la decisión sobre si las causas establecidas en el art. 132 de la Ley hipotecaria, antecedente del actual art. 695 LEC, “son de interpretación estricta y de carácter exhaustivo, o si, por el contrario, pueden los Tribunales paralizar o sobreseer un procedimiento hipotecario por razones diversas de las comprendidas en dicho artículo, o acogiéndose a las establecidas en él, si se lleva a cabo una interpretación extensiva de las mismas”, cualquiera que sea la respuesta que se estime más correcta desde el punto de vista del Derecho hipotecario, no viola “el derecho a la tutela judicial efectiva del acreedor hipotecario cuando éste dispone de otros procedimientos para hacer valer, en definitiva, su derecho”. En el presente caso, sin embargo, la decisión del órgano judicial de no resolver la cuestión procesal planteada por los ejecutados se refiere a un óbice apreciable de oficio por el juez, que afecta a la procedencia misma del procedimiento de ejecución hipotecaria, lo que debería justificar en el presente caso que el órgano judicial hubiera dado respuesta a la alegación de la parte de improcedencia del procedimiento especial.
2º Restablecerlo en el citado derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto de 17 de abril de 2013, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Villarrobledo (Albacete), en los autos sobre ejecución hipotecaria núm. 4-2012, así como también la nulidad de la providencia de 23 de mayo de 2012 y el Auto de 10 de septiembre de 2013, dictados por el propio Juzgado.
3º Retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al de resolver el incidente de oposición a la ejecución planteado por la parte ejecutada, para que en su lugar se dicte una resolución que sea respetuosa del contenido del derecho fundamental que le ha sido reconocido, en los términos y con el alcance que se concreta en el anterior fundamento 7 de esta Sentencia.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 4219-2012
Promovido por don Miguel Ángel Gutiérrez Peinado respecto del Auto de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villarrobledo desestimatorio del incidente de oposición a la ejecución hipotecaria.
El Auto de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción desestimó el incidente de oposición a la ejecución hipotecaria sin entrar a resolver la excepción procesal basada en la ausencia de tasación a efectos de subasta en el contrato de préstamo hipotecario, remitiéndole a un juicio declarativo ulterior para su resolución.
Se otorga el amparo. La negativa del órgano judicial de examinar el requisito procesal alegado por el recurrente, pese a no estar expresamente previsto en la ley aplicable, supuso una interpretación rigorista y excesivamente formalista de la norma, impidiendo un adecuado acceso a la jurisdicción. Por tanto, la decisión judicial de no resolver el requisito de procedibilidad que afectaba al propio título de ejecución y que era apreciable de oficio por el juez, resultó desproporcionada y contraria al derecho a la tutela judicial efectiva.
La decisión del órgano judicial de no entrar a resolver la causa de nulidad del procedimiento en que se basó la oposición a la ejecución hipotecaria, remitiendo al recurrente al procedimiento declarativo correspondiente para resolver sobre la procedencia del procedimiento especial que se seguía contra él, incumple las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva [FJ 6].
La negativa judicial a examinar una cuestión que debería constituir una premisa lógica en el proceso racional de formación de la decisión, remitiendo a la parte demandante a un proceso posterior, resulta a todas luces desproporcionada, por excesivamente formalista, e incompatible con el derecho fundamental invocado pues, el incumplimiento de un requisito procesal derivado del propio título de ejecución y apreciable de oficio por el órgano judicial, era argumento suficiente para que hubiera sido resuelto en el seno del incidente de oposición, a pesar de no estar previsto así expresamente por la norma [FJ 6].
El derecho a la tutela judicial efectiva excluye que la normativa procesal se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican cuando se trata del acceso a la jurisdicción, resultando constitucionalmente legítimas aquellas decisiones de inadmisión o de finalización anticipada del proceso, sin que se resuelva sobre el fondo de las pretensiones deducidas en él, cuando encuentren amparo en una norma legal interpretada y aplicada razonablemente y sin rigorismo, formalismo excesivo o desproporción (STC 44/2013) [FJ 5].
Doctrina sobre la incongruencia omisiva de las resoluciones judiciales (SSTC 269/2006, 155/2012) [FJ 4].
Doctrina sobre la necesidad de una resolución razonada y proporcionada en las decisiones procesales o de admisión, respetuosas con el derecho de la tutela judicial efectiva [FJ 4].
Declaración de nulidad del Auto que desestimó el incidente de oposición a la ejecución hipotecaria seguida ante un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, que debe ser sustituido por una nueva resolución judicial en la que se dé respuesta a la alegación procesal planteada sobre la falta del presupuesto procesal que establece el art. 682.2.1 LEC; se declara nula la providencia de inadmisión a trámite de la nulidad de actuaciones, en cuanto no repara la vulneración causada por aquella resolución [FJ 7].
Artículo 682.1.1, f. 4
Artículo 682.2.1, ff. 3, 7
Artículo 695, ff. 3, 6
Artículo 695.4, f. 2
Artículo 698, f. 1
Interpretación rigoristaInterpretación rigorista, ff. 5, 6
Actuación judicial de oficioActuación judicial de oficio, f. 6
Excepciones procesalesExcepciones procesales, ff. 3, 6
Oposición a la ejecución hipotecariaOposición a la ejecución hipotecaria, ff. 3, 6, 7
Principio de economía procesalPrincipio de economía procesal, ff. 6, 7

References: artículo 682
 resolución 
 resolución 
 artículo 695
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 682

Artículo 682

Artículo 695

Artículo 695

Artículo 698