Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520324.html
Timestamp: 2019-03-18 18:04:30+00:00

Document:
as201521324
Auto Supremo: 324/2015 -L
Expediente: B-9-11-S
Partes: Crisanto Rodríguez Rapu c/ Ministerio de Defensa Nacional
Proceso: Reivindicación, Reconocimiento de derecho de propiedad y otros.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma, de fs. 371 a 373 y vta., interpuesto por Rubens Rivarola Muñoz en representación de Crisanto Rodríguez Rapu, contra el Auto de Vista Nº 170, de fecha 24 de diciembre de 2010, cursante de fs. 357 a 359, pronunciado por la Sala Civil de la entontes Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, dentro del proceso ordinario de reivindicación, reconocimiento de derecho propietario, mas pago de daños y perjuicios, seguido por Crisanto Rodríguez Rapu contra el Ministerio de Defensa Nacional; la concesión del mismo mediante Auto interlocutorio Nº 006, de 24 de enero de 2011 cursante a fs. 376; los antecedentes del proceso; y:
Tramitado el Proceso, el Juez Primero de Partido de Familia de la Capital, emitió la Sentencia Nº 54, de fecha 29 de julio de 2010, cursante de fs. 297 a 301 y vta., declarando IMPROBADA la demanda ordinaria de reivindicación del derecho de propiedad u posesión del inmueble “San Borjita”, reconocimiento del legítimo derecho de propiedad y de posesión del referido predio, así como la demanda de pago de daños y perjuicios por el despojo que refiere la demandante, con costas conforme a los parámetros señalados en el parágrafo I del Art.198 del Código de Procedimiento Civil.
Contra la referida Sentencia, Rubens Rivarola Muñoz por Crisanto Rodríguez Rapu, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 334 a 337 y vta.
En merito a esos antecedentes, la Sala Civil de la entonces Corte Superior de Justicia del Beni, emitió Auto de Vista Nº 170, de fecha 24 de diciembre de 2010, cursante de fs. 357 a 359, mediante el cual CONFIRMO TOTALMENTE la sentencia Nº 54, de fecha 29 de julio de 2010, cursante a fs. 297 a 301 vta., con costas.
Resolución que dio lugar al Recurso de Casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Rubens Rivarola Muñoz en representación de Crisanto Rodríguez Rapu, el que se pasa a considerar y resolver.
Denuncia que el Auto de Vista no se pronunció respecto a la emisión de no registrar en el Libro de Ingreso y Salida Diaria de causas al despacho de la Juzgadora, actitud que entrañaría malicioso incumplimiento de deberes, reflejando serios indicios de fraude. Acusa también, que el Auto de Vista no se pronunció respecto a la retardación de justicia, la que se produjo desde el 29 de julio al 10 de agosto de 2010, incumpliendo consiguientemente con el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y art. 120 parágrafo I) de la Constitución Política del Estado.
Solicita la nulidad del Auto de Vista por pérdida de competencia, por haber sido dictada fuera del plazo establecido en el art. 204-III) del Código de Procedimiento Civil, pues del 27 de noviembre, fecha en que fue sorteado el expediente, hasta el 28 de diciembre de 2010 transcurrieron 31 días, aunque fraudulentamente habrían insertado como fecha del Auto de Vista el 24 de diciembre de 2010.
Acusa que el Auto de Vista cuando señala que la observación al Mandato otorgado en el Poder Notarial Nº 499/2009 de que no reuniría los requisitos exigidos en los arts. 834-I y 835-I del Código Civil, debió habérselo hecho en el momento del apersonamiento de los apoderados legales y no en apelación de Sentencia, por lo que habría precluído dicho derecho, sería una determinación que viola los principios constitucionales de Transparencia, Legalidad, Debido Proceso e Igualdad Jurídica, porque contrastaría con otras determinaciones adoptadas por esa sala durante la misma gestión, específicamente hace referencia al Auto de Vista Nº 063/10 donde se revocó el Auto apelado por no haber sido especifico el mandato.
Denuncia que los miembros del Tribunal de Alzada no tomaron en cuenta su tradición propietaria, la que tuvo a través de anteriores propietarios y poseedores del mismo fundo “San Borjita”, contenida en la Escritura Pública Nº 68 de 8 de diciembre de 1988, prueba que al igual que las inmersas a fs. 242 a 277 y fs. 24 no habrían sido valoradas, por lo que denuncia la violación de los arts. 1-I), 3-3), 236 y 397 del Código de Procedimiento Civil, 1562, 1538 y 1453-I) del Código Civil, 115-II, 119-I y 120-I de la Constitución Política del Estado.
Acusa que no se tomó en cuenta las pruebas de fs. 24, 239 a 241 y de 242 a 277 sobre el registro del fundo rustico “San Borjita”, pues acusa que simplemente reconocen a medias que habría acreditado la tenencia corporal de la cosa demandada, omitiendo referir que la cosa demandada es un fundo rustico en el que demostró que cumplía la función económica social dentro de la actividad lechera agropecuaria, así como también habrían omitido la prueba referente al título propietario registrado el 3 de mayo de 1988, por lo que el Tribunal de Alzada habría incurrido en la nulidad prevista en el art. 122 de la Constitución Política del Estado, arts. 30 y 39 de la Ley 1715, arts. 1-I, 3-1) y 391 del Código de Procedimiento Civil.
Acusa la violación del derecho constitucional hacer oído, pues el Juez A quo así como el Tribunal de Alzada incurriría en la misma vulneración al convalidar esa conculcación de derechos en lugar de enmendarlos, toda vez que cuando se solicitó expresamente se recepcione o diligencie la prueba pericial y de inspección negaron la misma mediante Resolución de fs. 279 vta., error que considera debe ser enmendado en casación.
Denuncia que los señores vocales se empeñaron en favorecer al demandado, pues omitieron valorar la prueba respecto al derecho propietario del fundo rustico “San Borjita”, razón por la cual acusan la vulneración del debido proceso de igualdad jurídica y a ser oído.
Por lo expuesto solicitan que éste Tribunal Supremo anule el Auto de Vista disponiendo se efectúe un nuevo sorteo o bien se remita el proceso a la autoridad competente, paralelamente solicita se case el Auto de Vista y la Sentencia y deliberando en el fondo se declare probada la demanda en todas sus partes.
En razón a la revisión del recurso de casación que fue interpuesto, como señala el recurrente, tanto en la forma como en el fondo, se observa que en el mismo únicamente existen agravios que hacen a la forma del proceso y no así al fondo, en ese sentido se pasa a considerar los mismos.
El recurrente acusa que en el Auto de Vista no existiría pronunciamiento respecto a la falta de registro del proceso en el Libro de Ingresos y salidas diarias de causas al despacho de la juez, así como tampoco se hubiera pronunciado sobre la retardación de justicia que se produjo desde el 29 de julio al 10 de agosto de 2010, lo que ocasionaría indicios de fraude e incumplimiento del art. 236 del Código de Procedimiento Civil; al respecto diremos que, revisado el Auto de Vista recurrido, en el segundo considerando, específicamente en el inciso 1) de dicha Resolución se tiene que, sobre los extremos acusados, los de Alzada señalaron que respecto a que la Sentencia habría sido dictada con fraude procesal, esa aseveración no sería evidente, toda vez que el decreto de Autos sería de fecha 22 de junio de 2010 y la Sentencia de fecha 29 de julio de 2010, es decir que la sentencia de primera instancia habría sido dictada el día 37, por lo tanto consideraron que fue dictada dentro de plazo legal, consiguientemente se tiene que la supuesta retardación de justicia que fue acusada en el recurso de apelación mereció el respectivo pronunciamiento por parte del Tribunal de Apelación. Asimismo, con relación a que el Tribunal de Alzada no se habría pronunciado sobre la falta de registro del proceso para pronunciamiento de Sentencia en el libro diario, corresponde hacer referencia que dentro de los principios que rigen las nulidades se encuentra el principio de trascendencia, que establece que para que resulte procedente la declaratoria de nulidad, que es el fin que persigue el recurso de casación en la forma, deben mediar requisitos que demuestren que el vicio que se acusa ha producido perjuicio en la parte que se siente afectada, resultando el daño producido, cierto e insubsanable, en ese sentido, diremos que si bien el Tribunal de Alzada no se pronuncia de manera específica sobre la falta de registro en el libro diario del ingreso del proceso para el dictamen de la Sentencia, este hecho no causa agravio alguno al recurrente, toda vez que la anulación del Auto de Vista para que se pronuncie de manera expresa sobre esta falta de registro en el libro diario, no modificaría el fondo de la determinación que asumió el Tribunal de Apelación y lo único que se ocasionaría sería dilatar aún más el proceso, máxime si con dicha omisión lo que el recurrente denuncia es que la Sentencia de primera instancia habría sido dictada fuera de plazo, acusación que si mereció pronunciamiento conforme a lo anteriormente desarrollado.
Con relación a que el Auto de Vista habría sido dictado fuera del plazo establecido en el art. 204-III del Código de Procedimiento Civil, diremos que, de conformidad a los datos que cursan en obrados, la presente causa fue sorteada en fecha sábado 27 de noviembre de 2010 (fs. 356 vta.) y el Auto de Vista fue pronunciado en fecha 24 de diciembre de 2010, es decir dentro de los treinta días computables desde la fecha en que se sorteó el expediente, por lo tanto no es evidente que la Resolución de segunda instancia haya sido dictada de manera fraudulenta, asimismo debemos señalar que el hecho de que el registro de dicha Resolución en el libro correspondiente haya sido realizado en fecha posterior por parte de la auxiliar de Sala no implica que esa fecha sea la que se toma en cuenta para razones de computo, pues la fecha que si debe tomarse en cuenta es la que se consigna en el Auto de Vista.
Con relación a la violación de los principios constitucionales de transparencia, legalidad, debido proceso e igualdad jurídica que habrían sido vulnerados en el Auto de Vista recurrido por haber determinado que el derecho a reclamar sobre la falta de requisitos en el Poder Notarial Nº 499/2009 habría precluído, siendo que esta determinación contrastaría con otras dictadas por la misma sala durante la misma gestión, corresponde en principio aclarar al recurrente que existe un nuevo régimen de nulidades que fue incorporado por la Ley Nº 025 del Órgano Judicial promulgada en fecha 24 de junio de 2010, misma que en su art. 16 impone a los operadores de justicia proseguir con la continuidad del desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas ya concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente que viole el derecho a la defensa; norma legal que también establece y ratifica el principio procesal de preclusión y es concordante con el art. 17.III del mismo cuerpo legal, en ese sentido, en el caso de Autos el recurrente, pese a su legal notificación (fs.103), no hizo ninguna observación de manera oportuna al Poder Notarial Nº 499/2009 la que fue adjuntada por el demandado en su memorial de apersonamiento y oposición de excepcion previa de incompetencia, más al contrario éste convalido el mismo con la realización de actos posteriores en los que tampoco reclamó dicho aspecto, por lo tanto la determinación asumida por el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista Nº 170, de fecha 24 de diciembre de 2010, es correcta, y el hecho de que existiría el Auto de Vista Nº 63/2010 a la cual hace referencia el recurrente y que habría sido pronunciado por la misma sala, que sería contraria a la determinación asumida en el caso de Autos, diremos que al ser el Auto de Vista recurrido posterior a la Resolución a la cual hacen referencia no existe trasgresión alguna de derechos, pues este hecho lo único que demuestra es que el Tribunal de Alzada en razón a la promulgación de la Ley Nº 025 de fecha 24 de junio de 2010 puso en práctica el nuevo régimen de nulidades, por lo tanto este punto de su recurso también deviene en infundado.
Como otro agravio, el recurrente acusó que el Tribunal de Alzada no habría tomado en cuenta su tradición propietaria que estaría contenida en la Escritura Pública Nº 68, de 8 de diciembre de 1988, ni la prueba inmersa a fs. 242 a 277 y fs. 24, sobre el particular diremos que, en el inciso 3) del segundo considerando del Auto de Vista los de Alzada señalaron: “…De otro lado, la relación de la tradición del derecho propietario del fundo “SAN BORJA” y posteriormente “SAN BORJITA”, así como la existencia de un crédito hipotecario anterior al registro del derecho propietario de la Armada Boliviano, carecen de relevancia por cuanto el derecho propietario del señor Crisanto Rodríguez Rapu, objeto de la litis, fue registrado con posterioridad al de la Armada Boliviana”, de lo señalado, se evidencia que los de Alzada si realizaron el análisis respectivo de las literales que acusa el recurrente, empero éstos razonaron que carecería de relevancia por haber sido registrado con anterioridad a su derecho, el derecho propietario de la Armada Boliviana, como tampoco existiría violación de los arts. 1-I), 3-3), 236 y 397 del Código de Procedimiento Civil, 1562, 1538 y 1453-I) del Código Civil, 115-II, 119-I y 120-I de la Constitución Política del Estado, normas que solo fueron indicadas mas no fundamentadas.
Respecto a la omisión de que la cosa demandada sería un fundo rústico en el que habría demostrado que cumplía la función económica social y que dicha omisión ocasionaría la nulidad prevista en el art. 122 de la Constitución Política del Estado, arts. 30 y 39 de la Ley 1715, arts. 1-I, 3-1) y 391 del Código de Procedimiento Civil, debemos señalar que este agravio resulta totalmente confuso, pues el recurrente señala que al ser el objeto del proceso un fundo rustico correspondía su tramitación a la jurisdicción agraria y no así a la ordinaria, razón por la cual pretende la nulidad de obrados, en ese sentido diremos que si el recurrente consideraba que la tramitación del proceso debía ser conocido en la jurisdicción agraria, éste debió interponer la presente demanda en dicha jurisdicción y no tramitarla en la vía ordinaria a la cual consideró competente para conocer el proceso, de igual modo se hace notar al recurrente que cuando se apersonó el Ministro de Defensa, éste interpuso excepción previa de incompetencia aduciendo que la jurisdicción agraria sería la competente para conocer el presente proceso y no así la ordinaria por tratarse justamente de un fundo rústico, el recurrente debió allanarse a la misma en razón al agravio que acusa en este punto y no así responder a dicha excepción solicitando se rechace el mismo, y toda vez que la citada excepción fue declarada improbada porque el predio “San Borjita” pertenece al radio urbano de la ciudad de Trinidad, el agravio acusado por el recurrente carece de fundamento.
En razón a la vulneración del derecho a ser oído, porque el Tribunal de Alzada al confirmar la Sentencia y señalar que el art. 378 del Código de Procedimiento Civil otorgaría al Juez una atribución potestativa y no imperativa, y que con dicho análisis se habría omitido la solicitud de recepción de la prueba pericial y la inspección, debemos señalar que conforme hace referencia el recurrente, cuando éste mediante memorial de fs. 278 a 279, pese a la clausura del término probatorio, solicitó la realización de la inspección judicial del inmueble objeto de la litis, pericia y confesión del mismo, la juez A quo, en aplicación del art. 377 del Código de Procedimiento Civil, determinó no haber lugar a dicha solicitud y sobre la atribución conferida en el art. 378 del mismo cuerpo legal, norma en la cual se basó el recurrente para solicitar la realización de la prueba señalada supra, señaló que esa atribución puede o no ser usada, fundamento que compartió el Tribunal de Alzada razón por la cual en el inciso 5) del segundo considerando del Auto de Vista determinó que el hecho de que la juez A quo no haya ordenado de oficio la producción de prueba, no se trata de ningún incumplimiento al art. 378 del Código de Procedimiento Civil por las razones ahí expuestas, consecuentemente, la acusación del recurrente no resulta evidente.
Finalmente, respecto a que los jueces de Alzada habrían favorecido a la parte demanda porque no valoraron la prueba respecto al derecho propietario del fundo rustico “San Borjita” corresponde señalar que este agravio referente a la falta de valoración del derecho propietario del recurrente ya fue respondido en el párrafo cuarto de este considerando, por lo tanto el agravio acusado en este punto resulta también infundado.
Consiguientemente, por las razones expuestas precedentemente, corresponde fallar en la forma prevista en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rubens Rivarola Muñoz en representación de Crisanto Rodríguez Rapu, contra el Auto de Vista Nº 170, de fecha 24 de diciembre de 2010, cursante de fs. 357 a 359, pronunciado por la Sala Civil de la entontes Corte Superior del Distrito Judicial de Beni. Sin costas por no existir respuesta al recurso.

References: Resolución 
 Resolución 
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