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Timestamp: 2019-06-25 05:55:18+00:00

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STS 878/2013, 3 de Diciembre de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 483974782
STS 878/2013, 3 de Diciembre de 2013
Número de Recurso: 10499/2013
Número de Resolución: 878/2013
ROBO. ALLANAMIENTO DE MORADA. LESIONES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Por tanto no puede considerarse que la valoración de la Sala haya sido manifiestamente errónea. Por el contrario ha contado con suficiente prueba de carácter incriminatorio con aptitud para enervar la presunción de inocencia. Convicción de la Sala que resulta lógica y racional y conforme a las máximas de experiencia común y que conlleva la desestimación del motivo, por cuento el hecho de que la Sala de instancia dé valor preferente a aquellas pruebas incriminatorias frente a la versión que pretende sostener el recurrente, no implica en modo alguno, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, antes al contrario, es fiel expresión del significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de la función jurisdiccional, y se olvida que el respeto al derecho constitucional que se dice violado no se mide, desde luego, por el grado de aceptación por el grado decisorio de las manifestaciones de descargo del acusado, sino por si se ha explicitado de forma razonable y coherente el elenco probatorio a partir del que ha considerado enervada la presunción de inocencia. Se desestima la casación.
Sentencia citada en: 130 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 temas prácticos
En los recursos de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos penden, interpuestos por Urbano Pascual y Eutimio Juan , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Gerona, Sección 4ª, que condenó a los acusados como autores penalmente responsables de un delito robo, allanamiento de morada y lesiones; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida Segundo Domingo , representados por la Procuradora Sra. Dª María Abellan, y dichos recurrentes representados por los Procuradores Sres. Morales Menéndez y Galán Cia respectivamente.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Figueres, instruyó sumario con el número 1 de 2012, contra Urbano Pascual y Eutimio Juan , y otros, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Gerona, cuya Sección 4ª, con fecha 21 de marzo de 2.013, dictó sentencia , que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: PRIMERO.- En la madrugada del día 21-12-10 los acusados Segundo Domingo , de nacionalidad marroquí, mayor de edad y sin antecedentes penales, Everardo Dionisio , de nacionalidad marroquí, mayor de edad y sin antecedentes penales, Urbano Pascual , de nacionalidad marroquí, mayor de edad y condenado por sentencia firma de fecha 20-1-10 del Juzgado de lo Penal ó 2 de Figueres en la causa n° 268/09, actualmente ejecutoria n° 19/10, por un delito de robo con fuerza a la pena de 3 meses de prisión, y Eutimio Juan de nacionalidad marroquí, mayor de edad y sin antecedentes penales, se reunieron en un bar de la localidad de Figueres en donde decidieron entrar a robar en un piso sito en la calle Tapis nº 16 de la misma localidad, en donde sabían que vivían varias mujeres que utilizaban también dicho inmueble para el ejercicio de la prostitución, conociendo todos ellos que en la ejecución de ese delito se utilizarían, al menos, un cuchillo y un destornillador, instrumentos cuya finalidad era la de ejercer temor sobre las mujeres as corno otros actos indeterminados de agresión, si es que estos oran necesarios para doblegar su voluntad.
Miras cosas, sobre las 4:00 horas, Urbano Pascual llamó al timbre de la vivienda entrando en ella al serle abierta la puerta sin dificultad, al simular que quería contratar los servicios sexuales de alguna de las mujeres; poco después llamaron al timbre los otros tres acusados, a los que Almudena Amalia no quería abrir la puerta; sin embargo acabó cediendo por los golpes que daban y temiendo que tirasen la puerta abajo. En ese momento entraran los tres en tromba dando gritos para atemorizar a las tres mujeres que vivían allí, la mencionada Almudena Amalia , Blanca Yolanda , y una tercera no identificada, agarrando a Almudena Amalia del cuello y poniéndole una pistola, cuyas características no han podido determinarse, en la cabeza. Igualmente hicieron con las otras dos mujeres. Una vez hubieron entrado en la vivienda, y siendo consciente de lo que allá estaba sucediendo, al poder ver con claridad tanto las iniciales agresiones como el uso de un objeto con forma de pistola, un cuchillo y un destornillador, Urbano Pascual salió de la finca cerrando tras de si la puerta.
Los tres acusados q quedaron en el interior del inmueble Segundo Domingo , Everardo Dionisio y Eutimio Juan de forma indeterminada, siguieron golpeando y atemorizando a Almudena Amalia a Blanca Yolanda y a la tercer mujer no identificada. golpeándolas con saña ante cualquier atisbo de resistencia, hasta el punto que uno de ellos, ejecutando lo que antes habían convenido, las atacó con el destornillador causándoles heridas incisas a las dos primeras; al mismo tiempo que las golpeaban y atemorizaban, registraban la casa en busca de objetas de valor.
Al poco tiempo volvió a la casa Urbano Pascual , al que se le franqueó la entrada a la vivienda sin ningún problema después de que llamara al timbre, uniéndose a las labores de apoderamiento que estaban ejecutando en ese momento los otros tres hombres. En un momento dado todos ellos salieron a la carrera del piso, logrando las perjudicada, que estaban parcialmente desnudas, cerrarla puerta.
Los acusados lograron llevarse del interior del inmueble tres teléfonos móviles un ordenado portátil y cuatro anillos de oro. No ha quedado acreditado que se hicieran con más joyas, ni con un reloj ni con dinero en metálico.
Goma consecuencia de estos hechas Almudena Amalia sufrió varias erosiones en cuello y en tórax, una herida incisa en el muslo izquierdo, diversas heridas puntiformes, y equimosis en cuello y piernas, las cuales tardaron en curar 7 días tras una primera asistencia y la imposición de varios puntos de sutura, días durante los cuales no estuvo incapacitada para sus labores habituales, quedándole una cicatriz de un centímetro en el muslo.
Como consecuencia de estos hechos Blanca Yolanda sufrió una herida incisa superficial en la zona frontal, una herida inciso contusa en la cara posterior del brazo izquierdo, una escoriación en brazo izquierdo, una herida inciso contusa en el hemitórax y una contusión con equimosis en el pómulo derecho, las cuales tardaron en curar 21 días tras una primera asistencia y la imposición de varios puntos de sutura, días durante Pos cuales 10 de ellos estuvo incapacitada para sus labores habituales, quedándole una cicatriz en el hemitórax como secuela.
SEGUNDO.- No ha quedado acreditado que el curso de tales hechos el acusado Eutimio Juan introdujera a Blanca Yolanda y la obligara, mostrándole una pistola, a que le chupara el pene.
TERCERO.- Al modificar sus conclusiones provisionales el MINISTERIO FISCAL retiró la acusación que mantenía por la comisión de tres delitos intentados de agresión sexual con penetración.
FALLO: Que debemos ABSOLVER a la acusada Eutimio Juan como autor responsable de un delito de agresión sexual con penetración.
Que debemos ABSOLVER a los acusados Eutimio Juan , Segundo Domingo y Everardo Dionisio , como autores responsables de un delito intentado cada uno de ellos de agresión sexual con penetración.
Que debemos condenar al acusado Eutimio Juan como autor responsable de UN DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN EN CONCURSO IDEAL CON UN DELITO DE ALLANAMIENTO DE MORADA, y de DOS DELITOS DE LESIONES AGRAVADOS POR EL USO DE INSTRUMENTO PELIGROSO sin la concurrencia de -circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de 4 AÑOS DE PRISIÓN por el delito de robo. 2 AÑOS DE PRISIÓN por un delito de lesiones y 2 AÑOS DE PRISIÓN por otro delito de lesiones, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, debiendo indemnizar a Almudena Amalia en la suma de 1.280 euros, ya Blanca Yolanda en la de 2.040 euros.
Que debemos condenar al acusado Segundo Domingo corno autor responsable de UN DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACION EN CONCURSO IDEAL CON UN DELITO DE ALLANAMIENTO DE MORADA, y de DOS DELITOS DE LESIONES AGRAVADOS POR EL USO DE INSTRUMENTO PELIGROSO, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de 4 AÑOS DE PRISIÓN por el delito de robo, 2 AÑOS DE PRISIÓN por un delito de lesionas y 2 AÑOS DE PRISION por el otro delito de lesiones, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, debiendo indemnizar a Almudena Amalia en la suma de 1250 euros, ya Blanca Yolanda en la de 2040 euros.
Que debemos condenar al acusado Urbano Pascual como autor responsable de UN DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN EN CONCURSO IDEAL CON UN DELITO DE ALLANAMIENTO DE MORADA, y de DOS DELITOS DE LESIONES AGRAVADOS POR EL USO DE INSTRUMENTO PELIGROSO, con la concurrencia de l circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal AGRAVANTE DE REINCIDENCIA y ATENUANTE ANALÓGICA A LA CONFESION a las penas de 4 AÑOS DE PRISION por el delito de robo, 2 AÑOS DE PRISIÓN por un delito de lesiones y 2 AÑOS DE PRISIÓN por el otro delito de lesiones, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, debiendo indemnizar a Almudena Amalia EN LA SUMA DE .280 euros, y a Blanca Yolanda en la de 2.040 euros.
Se impone a los condenados el pago conjunto de las 4/10 partes de las costas causadas, declarando de oficio las restantes.
Contra esta Sentencia puede interponerse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá presentarse ante esta Audiencia Provincial, en el plazo de cinco días a partir de la última notificación".
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Urbano Pascual y Eutimio Juan que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
RECURSO INTERPUESTO POR Eutimio Juan
PRIMERO .- Al amparo del art. 5.4 LOPJ . por vulneraron del derecho a la presunción de inocencia.
SEGUNDO .- Al amparo del art. 849.1 LECrim . por aplicación indebida de los arts. 147 , 148.1 , 202 , 237 y 242 CP .
TERCERO .- Al amparo del art. 849.2 LECrim . por errores valorativos respecto a la prueba practicada.
CUARTO .- Al amparo del art. 851 LECrim .
QUINTO .-Al amparo del art. 850.2 LECrim .
RECURSO INTERPUESTO POR Urbano Pascual
SEGUNDO .- Al amparo del art. 849.1 LECrim . por inaplicación del art. 29 CP .
TERCERO .- Al amparo del art. 849.1 LECrim . por aplicación indebida del art. 148 CP .
CUARTO .- Al amparo del art. 849.1 LECrim . por infracción de los arts. 21.1 , 20.2 y 21.7 CP .
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día diecinueve de noviembre de dos mil trece.
RECURSO INTERPEUSTO POR Eutimio Juan
El motivo primero al amparo del art. 5.4 LOPJ . por violación del art. 24 CE , ya que ninguna prueba de cargo válidamente obtenida, con suficiente entidad se ha practicado en el acto del juicio, sin que quede por tanto, demostrada la autoría del recurrente de los delitos por los que se le condenan.
El motivo cuestiona la prueba en que el Ministerio Fiscal sustentaba la acusación:
-la declaración de otro de los detenidos y ahora condenado Urbano Pascual .
-La venta de joyas por parte del recurrente.
-Los reconocimientos de las testigos Almudena Amalia y Blanca Yolanda .
Con carácter previo debemos recordar -como hemos explicado en reciente sentencia 503/2013 de 19.6 - cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero si puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal "a quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso de un raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia ( STS. 1125/2001 de 12.7 ).
En el caso actual el recurrente en el desarrollo del motivo denuncia en primer lugar, la ilegalidad de la prueba obtenida a raíz de la confesión del coimputado Urbano Pascual , declaración que considera nula al ser simples manifestaciones espontáneas de un detenido ante los agentes policiales que lo custodiaban, con una serie de irregularidades que señala. Así que dicho acusado, con asistencia de un letrado, se negó a declarar en el atestado y sin embargo en el atestado se recogen unas manifestaciones que se dicen espontáneas del mismo, realizadas una vez leídos sus derechos en los que reconoce los hechos e implica al coacusado Boujahjaoui en su comisión, figurando una hora de emisión de estas manifestaciones las 17,06, hora posterior a su negativa a declarar en presencia de letrado, lo que denota que tales manifestaciones no fueron libres, ni espontáneas y corroboran su versión de que fue presionado por la Policía, que le interrogaron cuando ya no estaba presente el letrado que le asistió.
En efecto, como precisa el Ministerio Fiscal en su documentado escrito de impugnación, el examen de las actuaciones permisible vía art. 899 LECrim , acredita que:
-el acusado fue detenido el 29.12.2010 a las 12,20 horas (folio 90).
-la notificación al detenido de sus derechos se realiza a las 13,00 horas del mismo día, y se documenta por diligencia a las 16,03 horas (folios 100 y 89).
-el acta de declaración con asistencia de letrado, se realiza a las 16,53 horas del mencionado día (folio 99).
-por diligencia informativa extendida a las 17,06 horas del 29.12.2010 (folio 91) se hace constar que el detenido, una vez informado de sus derechos y el motivo de la detención, de manera espontánea ha relatado a los agentes lo que había sucedido en el Club de la c/Tapis nº 16, comentando que momentos antes del atraco se reunieron en el bar Graffiti de Figueres, que decidieron que él entrase primero, facilitando la identidad de los restantes participes en el hecho, entre los que se encontraba el hoy recurrente.
Examen de las actuaciones que permite constatar que las manifestaciones espontáneas del detenido se produjeron inmediatamente después de ser informado de sus derechos y antes de la comparecencia de letrado, aunque la diligencia se documentara en el atestado en hora posterior a la toma de declaración, tal como pusieron de relieve los agentes policiales en el juicio oral y admite la propia sentencia.
Cuestión distinta es el valor probatorio que puede darse a tales manifestaciones espontáneas.
Las declaraciones espontáneas de un detenido ante los funcionarios policiales, bien en dependencias policiales, bien en sus traslados, han sido consideradas aptas para enervar la presunción de inocencia por la jurisprudencia, SSS. 292/2012 de 11.4, 23/2009 de 25.1, 418/2006 de 12.4, 415/2005 de 23.2, 251/2005 de 3.3.
Como se dice en la STS 1236/2011, de 22-11 es preciso diferenciar entre lo que son manifestaciones espontáneas de un sospechoso a terceros o ante los agentes de la Policía, de lo que es una declaración oficial efectuada en sede policial, con asistencia de letrado y previa advertencia de los derechos. En cuanto a las primeras no existe inconveniente en admitir como medio probatorio el testimonio de referencia de los terceros o funcionarios policiales que hayan recibido esas manifestaciones espontáneas del acusado, si bien aclarando que en cualquier caso el testimonio es de referencia auditio alieno- y así debe ser tratado en cuanto al contenido de la manifestación del acusado. No puede aportar fehaciencia en cuanto a la realidad o veracidad del contenido de lo manifestado, lo que evidentemente queda ajeno a su conocimiento, pero es directo -auditio propio- en cuanto al hecho en si de haberse producido o exteriorizado por el acusado y de las circunstancias en que se produjo. En este extremo respecto a las manifestaciones espontáneas del acusado fuera del atestado, la doctrina de esta Sala, STS 418/2006, de 12-4 , 667/2008, de 5-11 ) precisó que el derecho a no declarar, que el recurrente habría expresado a los investigadores policiales, no se extiende a las declaraciones libres y espontáneas que el detenido quiera realizar, porque lo prohibido es la indagación, antes de la información de derechos o cuando ya se ha ejercido el derecho a no declarar, pero no la audición de manifestaciones por los funcionarios policiales. Como decimos en sentencia 25/2005, de 21-1 , la manifestación que fuera del atestado efectúa el detenido, voluntaria y espontáneamente, no pueden considerarse contrarias al ordenamiento jurídico y pueden ser concluyentes con los fines juez de la justicia, en definitiva, del interés social.
- Ahora bien estas manifestaciones no constituyen el único indicio de la participación de Eutimio Juan sino que se ven complementadas por otros elementos probatorios, cuales son la venta de parte de las joyas sustraídas por el recurrente en el establecimiento público y los reconocimientos en fotografía y en rueda de este por dos de las victimas.
Por ello, cuestiona el motivo en segundo lugar l a errónea valoración de la prueba en cuanto a la venta de joyas, por cuanto no resulta lógico que Eutimio Juan proceda a vender las joyas sustraídas un día después de la detención de Urbano Pascual , en cuanto no sabia si este le ha delatada, e insiste en que el recurrente vendió las joyas porque una mujer de nacionalidad marroquí si las dio, desconociendo él su procedencia.
La queja del recurrente parte de una premisa equivocada, la venta de las joyas no se produce un día después de la detención de Urbano Pascual -que tuvo lugar el día 29.12.2010- sino un día después de producirse los hechos el 22.12.10.
Siendo así con carácter general puede decirse que la posesión de los objetos sustraídos, o de parte de ellos, indica una evidente relación del acusado con la sustracción, pero no es suficiente para afirmar más allá de toda duda razonable que precisamente él haya sido el autor del apoderamiento, peus como recuerdan las SSTS. 1873/2001 de 9.10 , 174/2000 de 11.2 , el solo indicio de la ocupación en poder del acusado de objetos procedentes de un apoderamiento patrimonial no es por sí solo prueba indirecta para estimar la existencia de aquel, pues son compatibles varias versiones -entre ellas la de una receptación- y por ello no debe escogerse la menos favorable para el acusado.
Para llegar a la conclusión de la autoría del robo es necesario aportar otros datos que vinculan al acusado, no sólo a la tenencia de los objetos, sino al acto concreto de apoderamiento, esto es otros datos concomitantes o interrelacionados entre sí de los que se derive inequívocamente su autoría ( SSTS. 989/99 de 19.6 , 1144/99 de 13.7 , 433/2002 de 11.3 , 1483/2002 de 19.9 , 1007/2003 de 28.6 ), como puede ser, por citar un ejemplo, la inmediatez temporal entre el acto contra el patrimonio y la tenencia y disposición de los efectos sustraídos por el acusado.
Situación que seria la contemplada en las presentes diligencias en la que la venta de parte de las joyas sustraídas por parte del recurrente se produce al día siguiente de producirse los hechos, fecha tan cercana que -como razona la sentencia recurrida- "permite atribuir al vendedor la participación en el delito de robo, puesto que especular con una transmisión intermedia que solo permitiera imputarle como receptador parece contrario a la lógica, especialmente cuando esa transmisión intermedia queda terriblemente diluida y nos parece una legitima excusa", explicando a continuación, de forma lógica y racional, las razones por las que la versión exculpatoria del recurrente carece de fundamento alguno.
Razonamiento que debe ser compartido en esta sede casacional. En efecto en lo que concierne a las alegaciones, excusas o coartadas afirmadas por el acusado importa recordar los siguientes extremos:
-la versión que de los hechos ofrezca el acusado deberá ser aceptada o rechazada por el tribual de modo razonado ( SSTC. 174/85 , 24/97 y 45/97 ).
-los denominados contraindicios -por ejemplo, las coartadas poco convincentes, no deben servir para considerar al acusado culpable ( SSTC 229/1998 y 24/19997), aunque si pueden ser idóneos para corroborar la convicción de culpabilidad alcanzada con apoyo en prueba directa o indiciaria, que se sumen a la falsedad o falta de credibilidad de las explicaciones dadas por el acusado ( SSTC 76/1990 y 220/1998 ).
-la coartada o excusa ofrecida por el acusado no tiene que ser forzosamente desvirtuada por la acusación, ya que la presunción de inocencia exige partir de la inocencia del acusado respecto de los hechos delictivos que se le imputan, pero en absoluto obliga a dar por sentada la veracidad de sus afirmaciones ( SSTC 197/1995 , 36/1996 y 49/19998, y ATC 110/19990). En otras palabras: la carga de la prueba de los hechos exculpatorios recae sobre la defensa.
Por ello, se debe insistir en que la valoración de la manifiesta inverosimilitud de las manifestaciones exculpatorias del acusado no implica invertir la carga de la prueba, cuando existen otros indicios relevantes de cargo. Se trata únicamente de constatar que existiendo prueba directa de los elementos objetivos del tipo delictivo y una prueba indiciaria constitucionalmente válida, suficiente y convincente, acerca de la participación en el hecho del acusado, a dicha prueba no se le contrapone una explicación racional y mínimamente verosímil, sino por el contrario las manifestaciones del acusado, que en total ausencia de explicación alternativa plausible, refuerzan la convicción, ya racionalmente deducida de la prueba practicada ( STS 29.10.2001 ).
- Y en cuanto a la nulidad de los reconocimientos realizados por las testigos Almudena Amalia y Blanca Yolanda , con independencia de que ciertamente el realizado por ésta última no fue ratificado en el plenario, dado que Salete no compareció al juicio oral, lo cierto es que la Sala en la sentencia no analiza los reconocimientos como base de un pronunciamiento condenatorio, y en todo caso el practicado en sede judicial por Almudena Amalia (folios 323-324) no adolece de ningún tipo de irregularidad y fue ratificado en el plenario, por lo que seria de aplicación la doctrina recogida en la STS. 503/2008 de 17.7 y 428/2013 de 29.5 en el sentido de que ni siquiera el reconocimiento en rueda practicado en fase de instrucción es la diligencia de prueba susceptible de valoración, al señalar que tal diligencia, aun a pesar de ser hecha con todas las garantías, no puede considerarse que sea configurada como una prueba anticipada y preconstituida de imposible reproducción en el juicio oral en virtud de su supuesto carácter irrepetible. Para que pueda ser entendida como prueba válida y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, la diligencia ha de ser reproducida en el juicio oral mediante la ratificación de la víctima o testigo en dicho juicio, a fin de poder ser sometida su declaración a contradicción con oralidad e inmediación, como las garantías constitucionales del proceso exigen. Es esencial, pues, que, siendo posible, la víctima o testigo acudan al plenario para ratificar dicha diligencia ya que, como prueba testifical, es, por su naturaleza, perfectamente reproducible en el acto del juicio oral y debe ser, por tanto, sometida a contraste y contradicción por las partes de forma oral y sin mengua de los derechos de defensa del imputado. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 6.3 d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos , que manifiesta que todo acusado tiene, entre sus mínimos derechos, el de "interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él", así como con el art. 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , del mismo tenor" y asimismo el Tribunal Constitucional ha estimado como prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia, el reconocimiento efectuado en el juicio oral, sin género de dudas, por parte del testigo, a pesar de las irregularidades de los reconocimientos fotográficos, o incluso de reconocimiento en rueda anteriores (STS 323/9 y 172/97 ). Y esta Sala ha declarado también, STS 127/2003, de 5-2 , y 1202/2003 de 22-9 , que "cuando el testigo señala inequívocamente a una persona durante el plenario, su fuerza probatoria radica en la credibilidad o fiabilidad del testimonio de quien realiza la identificación ( STS 1278/2011, de 29-11 ).
- Por último la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por indefensión al no haberse valorado otras pruebas en el acto del juicio oral, con vulneración de los arts. 24 y 25 CE , como son: el no hallazgo de huellas, no haber resto de ADN y que las propias imágenes de los hechos demuestran el ilícito pero no la participación del recurrente, resulta inatendible.
El no haberse pronunciado expresamente la sentencia sobre la no aparición de huellas o restos de ADN en el lugar de los hechos o sobre las deficiencias de las imágenes grabadas en las cámaras instaladas en la vivienda, no implica vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva causante de indefensión al ser evidente que no es necesaria la existencia de vestigios personales del acusado para poder llegar al convencimiento de su participación en los hechos. Lo trascendente en orden a esa vulneración de derechos fundamentales no es la ausencia de pruebas como huellas dactilares o restos de ADN del acusado, que acreditarían la presencia del recurrente en el lugar de los hechos, sino si la valorada por el tribunal lo ha sido de forma lógica y coherente y sustenta el pronunciamiento condenatorio.
Procede a continuación , conforme lo preceptuado en los arts. 901 bis a) y 901 bis b), el análisis de los motivos articulados por quebrantamiento de forma.
Así el motivo cuarto al amparo del art. 851 LECrim . se vulnera el art. 24 CE , por cuanto en la sentencia no se expresa clara y terminantemente cuales hechos se consideran probados o resulten contradicciones entre ellos, y no se resuelven todos los puntos que han sido objeto de acusación y defensa, así no se argumenta sobre porqué da plena validez a las testificales de las victimas, no se dice nada sobre el grado de participación de Eutimio Juan en las lesiones, si portaba pistola o destornillador, y tampoco se dice porqué Eutimio Juan no aparece en las imágenes de los hechos.
-Para que el hecho por falta de claridad en los hechos probados pueda prosperar es preciso que el recurrente señale los párrafos que resultan incomprensibles por su falta de claridad (SSTS. 636%2004 de 14.5, 1253/2005 de 26.10 , 1425/2005 de 5.12), por lo que una alegación de falta de claridad sin precisar la frase en la que se encuentra la oscuridad, carece de viabilidad, de manera que la falta de claridad en el relato fáctico solo "deberá apreciarse cuando el Tribunal lo haya redactado utilizando términos, frases o expresiones ininteligibles, oscuras o dubitativas, en extremos jurídicamente relevantes del mismo, de tal modo que no sea posible conocer con precisión qué es lo que el Tribunal declara probado y, por tanto, resulte imposible su calificación jurídica" ( STS nº 161/2.004, de 9.2 ).
Asimismo la esencia de la contradicción consiste en el empleo en el hecho probado de términos o frases que, por ser antitéticos, resulten incompatibles entre si, de tal suerte que la afirmación de una, resta eficacia a la otra al excluirse uno al otro, produciendo una laguna en la fijación de los hechos ( STS. 299/2004 de 4.3 , 771/2006 de 18.7 , 244/2007 de 22.3 , 1044/2007 de 12.12 ).
Por ello la contradicción a que se refiere este motivo ha de encontrarse en los hechos probados, es, pues, una contradicción de orden lógico o ideal. En este motivo no cabe denunciar incongruencia con las alegaciones de las partes, éstas son de orden externo y, en su caso, se denomina "incongruencia omisiva" prevista en el art. 851.3 LECrim .
En el caso actual no se señala por el recurrente en qué consiste esa falta de claridad u oscuridad del relato ni qué pasajes del relato fáctico entran en contradicción entre si con consecuencias relevantes para la calificación jurídica.
Se trata por tanto, de una denuncia genérica e indeterminada que debe ser desestimada, máxime cuando del propio relato fáctico no se constata falta de claridad alguna ni existencia de contradicciones.
-Y en cuanto a la incongruencia omisiva, vicio de la sentencia denominado también por la jurisprudencia "fallo corto", aparece en aquellos casos en los que el Tribunal de instancia vulnera el deber de atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte, integrado en el de tutela judicial efectiva, a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada ( STS. 170/2000 de 14.2 , 1041/2005 de 23.11 ). Aparece, por consiguiente, cuando la falta o ausencia de respuesta del Juzgador se refiere a cuestiones de derecho planteadas por las partes, no comprendiéndose en el mismo las cuestiones fácticas, que tendrán su cauce adecuado a través de otros hechos impugnativos, cual es el ya mencionado previsto en el art. 849.2 LECrim . error en la apreciación de la prueba, o a través del cauce del derecho fundamental a la presunción de inocencia ( STS. 182/2000 de 8.2 ). Por ello, no puede prosperar una impugnación basada en este motivo en el caso de que la cuestión se centre en la omisión de una argumentación, pues el Tribunal no viene obligado a dar una respuesta explícita a todas y cada una de las alegaciones o argumentaciones, bastando con la respuesta a la pretensión realizada, en la medida en que implique también una desestimación de las argumentaciones efectuadas en sentido contrario a su decisión ( STS. 636/2004 de 14.5 ) y desde luego, como ya hemos dicho, tampoco prosperará el motivo del recurso se base en omisiones fácticas, pues el defecto procesal de incongruencia omisiva en ningún caso se refiere a cuestiones de hecho ( STS. 161/2004 de 9.2 , 1172/2005 de 11.10 , 544/2006 de 23.5 , 77/2007 de 7.2 , 995/2009 de 7.10 , 24/2010 de 1.2 ).
En el caso presente las cuestiones que señala el recurrente se refieren más bien al resultado de la valoración probatoria y son propias del motivo precedente por infracción de lo derechos fundamentales a la presunción de inocencia y tutela judicial efectiva y ya han recibido adecuada respuesta.
El motivo quinto por quebrantamiento de Ley y de forma del art. 850 LECrim , con vulneración del art. 24 CE . cuando no se ha citado al tío de Eutimio Juan quien pudiera haber constatado que éste se encontrado en su vivienda en el momento de los hechos y no ha testificado la testigo Blanca Yolanda dejando importantes lagunas, en cuanto a la supuesta participación de los imputados, ahora condenados.
Como cuestiones previas, debemos precisar que aunque la queja se articula por la doble vía apuntada, art. 850 LECrim . -sin especificar que concreto apartado, aunque debe entenderse que se refiere al primero, denegación de prueba -y vulneración derechos fundamentales art. 24 CE - debe entenderse del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, el motivo debe ser analizado desde la primera perspectiva, desde el momento en que el art. 852 no puede convertirse en un expediente para burlar los requisitos de los tradicionales motivos de casación por error iu procedendo ( SSTS. 430/2000 de 17.3 , 1073/2012 de 29.11 ). La invocación del art. 852, en lugar del art. 850.1 LECrim , no permite eludir los condicionantes de este precepto. Si fuera así sobraba el art. 850 LECrim , pues "siempre cabria analizar esas quejas por el cauce del art. 852 LECrim , sin necesidad de requisito adicional alguno. Por tanto in casu debemos exigir para la viabilidad del motivo que se trate de prueba propuesta en tiempo y forma y que se haya formulado en su momento la preceptiva protesta ( STS. 327/2013 de 4.3 ).
Asimismo la STC. 2/2011 de 14.2 , con cita de las SSTC. 136/2007 y 156/2008 , precisa que: "la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa ( art. 24.2 CE ) exige, en primer lugar, que el recurrente haya instado a los órganos judiciales la práctica de una actividad probatoria, respetando las previsiones legales al respecto. En segundo lugar, que los órganos judiciales hayan rechazado su práctica sin motivación, con una motivación incongruente, arbitraria o irrazonable, de una manera tardía o que habiendo admitido la prueba finalmente no hubiera podido practicarse por causas imputables al propio órgano judicial. En tercer lugar, que la actividad probatoria que no fue fundamentada o practicada hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito, generando indefensión al recurrente. Y por último, que éste en la demanda de amparo -en este aso en el recurso de casación- alegue y fundamente los anteriores extremos.
Por lo que se refiere a la legalidad de la petición probatoria se destaca que tiene el doble sentido de que el medio de prueba esté autorizado por el ordenamiento y de que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, correspondiendo dicha valoración a los órganos judiciales. En cuanto a que la prueba no admitida o no practicada hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del procedimiento, el TC ha puesto de manifiesto que no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba causa por si misma indefensión material constitucionalmente relevante, toda vez que el elemento esencial para que pueda considerarse vulnerado este derecho fundamental, en tanto que queda condicionado por su carácter de derecho constitucional de carácter procedimental, reside en la necesidad de demostrar que la actividad probatoria era decisiva en términos de defensa, esto es, que de haberse practicado la prueba omitida la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta en el sentido de ser favorable a quien denuncia la infracción del derecho fundamental ( STC 185/2007, de 10-9 ) .
Pues bien en el caso presente un examen de las actuaciones permite constatar que la defensa del recurrente no propuso como prueba testifical, la declaración del tío del acusado, por lo que no se denegó tal prueba.
En este punto debe recordarse que compete a la defensa la proposición de las pruebas de descargo que considere necesarias para fundamentar su pretensión absolutoria, en este caso la de un familiar que según el recurrente podría acreditar que Eutimio Juan se encontraba en su domicilio el día y la hora de los hechos. Siendo así no puede alegarse indefensión al tratarse de una diligencia de prueba, cuya practica debió solicitar y proponer en tiempo y forma y que si no se practicó, se debió exclusivamente a su propia inactividad procesal, por cuanto, como dice la STC. 25/2011 de 14.3 , para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el art. 24 CE , se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones, esto es, que la indefensión sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional. Es decir, el contenido de la indefensión con relevancia constitucional queda circunscrito a los casos en que la misma sea imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que tenga su origen inmediato y directo en tales actos u omisiones de los órganos judiciales y que tenga su origen inmediato y directo en tales actos u omisiones, esto es, que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector del art. 24 CE , la indefensión debida a la pasividad, desinterés, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan.
Y en cuanto a la testigo Blanca Yolanda , el examen del acta del juicio oral y su video grabación pone de manifiesto que al inicio de las sesiones del juicio oral, el Presidente del Tribunal informó a las partes que se había contactado telefónicamente con este testigo, manifestando ésta que residía en Valencia, tenia problemas de salud y carecía de dinero para desplazarse a Gerona. Ante esta información el Ministerio Fiscal teniendo en cuenta que el juicio oral ya se había suspendido en otra ocasión por la inasistencia de dicha testigo, interesó que su declaración fuera introducida en el plenario por la vía del art. 730 LECrim , propuesta a la que se adhirieron todas las defensas, interesando el letrado del acusado que se leyera también la declaración policial de la perjudicada, propuesta que reiteró en la practica de la prueba documental, y a lo que accedió el tribunal.
Consecuentemente no se ha producido indefensión alguna. La defensa no interesó la suspensión del juicio y admitió expresamente la lectura de las declaraciones anteriores a la testigo incomparecida, por lo que el motivo carece de fundamento.
El motivo segundo "se vulnera la más mínima seguridad jurídica con infracción del art. 24 CE , en cuanto el recurso de casación se interpuso en infracción de Ley, en base al art. 849.1 LECrim . al haber cometido la sentencia recurrida error de derecho calificando los hechos enjuiciados como constitutivos de un delito de robo con violencia e intimidación de los arts. 237 y 242 CP , allanamiento de morada del art. 202 CP , y lesiones de los arts. 147 , 148 CP .
Dado que el recurrente no desarrolla el motivo, al limitarse a señalar que no ha participado en los hechos, según se ha expuesto con anterioridad, por lo que resulta improcedente su imputación, el motivo debe ser desestimado dado que el propio recurrente admite que los delitos pueden existir pero no hay elementos objetivos para poder afirmar que haya cometido los delitos que se le imputan. Cuestión relativa a la participación propia de la vía casación de la presunción de inocencia y que ya ha sido analizada en el motivo primero.
El motivo tercero "se vulnera el art. 24 CE , al haberse interpuesto el recurso de casación por quebrantamiento de Ley, del apartado 2º del art. 849 LECrim , cuando en la sentencia incurre en errores valorativos respecto a la prueba practicada".
El recurrente confunde la vía casacional elegida, por cuanto el motivo del art. 849.2 LECrim ., STS. 93/2012 de 16.2 , se circunscribe al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza por si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron. En todo caso, el error a que atiende este motivo de casación se predica sobre aspectos o extremos de naturaleza fáctica, nunca respecto a los pronunciamientos de orden jurídico que son la materia propia del motivo que por "error iuris" se contempla en el primer apartado del precepto procesal, motivo éste, art. 849.1 LECrim . que, a su vez, obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados que han de ser los fijados al efecto por el Tribunal de instancia salvo que hayan sido previamente corregidos por estimación de algún motivo fundado en el art. 849.2 LECrim . o en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
Asimismo han de citarse con toda precisión los documentos con designación expresa de aquellos particulares de los que se deduzca inequívocamente el error padecido y proponerse por el recurrente una nueva redacción del "factum" derivada del error de hecho denunciado en el motivo. Rectificación del "factum" que no es su fin en si mismo sino un medio para crear una premisa distinta a la establecida y consiguientemente, para posibilitar una subsunción jurídica distinta de la que se impugna.
Por tanto, como hemos dicho en STS. 1390/2011 de 27.12 , el motivo de casación alegado no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto, sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el tribunal omitió erróneamente declarar probado, cuando su existencia resulte incuestionablemente del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato un hecho que el tribunal declaró probado erróneamente, ya que su inexistencia resulta de la misma forma incuestionable del particular del documento que el recurrente designa.
Prevenciones todas omitidas por el recurrente que vuelve a reiterar lo expuesto en motivos anteriores en relación a los reconocimientos de los testigos plagadazos de contradicciones, la nulidad de la declaración espontánea de Urbano Pascual , la falta de imágenes del recurrente en el video, la inexistencia de huellas y ADN, la teoría de la venta de joyas que ofrece la sentencia recurrida, la falta de valoración del grado de participación en las lesiones sufridas por el recurrente, esto es cuestiona la convicción de que llega el tribunal de su participación en los hechos a partir de la prueba que se ha analizado en el motivo primero, vulneración del derecho de presunción de inocencia.
En todo caso no resulta ociosos señalar que quedan excluidos del concepto de documento a efectos casacionales, todos aquellos que sean declaraciones personales aunque aparezcan documentadas. La razón se encuentra en que las pruebas personales, como la testifical, están sujetas a la valoración del tribunal que con inmediación la percibe ( SSTS. 1006/2000 de 5.6 , 769/2004 de 16.6 , 994/2007 de 5.12 ). Asimismo tampoco son documentos las actas de diligencias de reconocimiento en rueda, en las que se recogen las manifestaciones de quien la efectúa, pues, no son más que una manifestación documentada ( SSTS. 11.2.2004 , 5.5.2004 ).
El motivo primero por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 LECrim , por haberse infringido el derecho fundamental a la presunción de inocencia, por cuanto de ninguna de las pruebas practicadas en el plenario acredita la participación del recurrente en los términos en los que se le ha condenado.
Retomando lo ya argumentado en el motivo primero del anterior recurrente en orden al alcance en casación de la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia, debemos solo recordar, SSTC. 25/2011 de 14.3 y 70/2010 de 18.10 , que el derecho a la presunción de inocencia se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válida, lo que exige una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. Así "sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, por ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado.
Igualmente se ha destacado STC. 127/2011, de 18 de julio , que a falta de prueba directa, la prueba de cargo sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito puede ser indiciaria, siempre que se parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, puesto de manifiesto en la sentencia, y que el control de la solidez de la inferencia puede llevarse a cabo tanto desde el canon de su lógica o coherencia, siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él, como desde el de su suficiencia o carácter concluyente, excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia (por todas STC. 148/2009 de 15.6 ).
En el caso presente la sentencia de instancia parte de su presencia en el lugar de los hechos, presencia que considera clave para el atraco al ser la persona que fue en reconocimiento al lugar de los hechos para comprobar que no existían más personas que pudieran impedir el robo y facilitar de alguna manera la entrada del resto de los acusados en el interior de la vivienda.
Para ello analiza la versión exculpatoria del hoy recurrente de que fue a contratar los servicios de alguna de las prostitutas que trabajaban en el piso y que al no ponerse de acuerdo en el precio, marchó del lugar, momento en el que entraron tres personas y poco después al oír ruidos propios de una pelea o una agresión decidió volver al piso por si podía impedir tal hecho y ayudar a las chicas.
Versión que considera desmentida por la grabación de lo sucedido, en la que si bien no se aprecia con claridad si la apertura de la puerta y retirada de la cadena fue llevada a cabo por Urbano Pascual o una de las victimas, Almudena Amalia , que acabó reconociendo que fue ella la que terminó en abrir la puerta por los golpes que daban desde fuera y temiendo que la tirasen abajo, es lo suficiente explicita en cuanto a la extrema violencia ejercida por los tres sujetos que entraron en segundo lugar y en lo que referente al consorcio participativo en el que intervenía Urbano Pascual .
Así destaca como los ruidos de pelea o agresión no los oye por las escaleras, sino que todavía está en la vivienda cuando entran en tromba los tres componentes del grupo y pese a ello consigue salir sin que nadie le diga nada, actuación contraria a la lógica mas elemental dado que no se compadece con la intención depredatoria de aquellos dejar escapar a una persona que puede dar la voz de alerta, pedir ayuda o avisar a la policía.
Asimismo es cierto que el recurrente vuelve luego pero el tribunal a quo considera que en modo alguno para defender a las chicas, dado que se une a los atracadores en la actividad que están realizando, sin hacer ningún acto de defensa y sin impedir ninguna agresión, saliendo finalmente del piso junto con ellos con rapidez y urgencia, resultando para la Sala "inconcebible que si tres personas se hallan atracando un piso y llaman a la puerta, en principio alguien desconocido para ellos, la abran con la campechanía que puede apreciarse en la grabación, permitiéndole la entrada sin problema alguna e integrándose a las actividades de los demás, sintonía evidente de que el que entra después de haber salido está incluido también en la perpetración del delito. Y por último tiene en cuenta la manifestación espontánea que este acusado hizo ante los agentes que le detuvieron, en la que reconoció que hubo una cierta planificación del robo en un bar de Figueres, en la que intervinieron los cuatro acusados y otra persona que no ha conseguido ser identificada, manifestación espontánea cuyo valor acreditativa ya ha sido analizado en el motivo primero del anterior recurrente.
Por tanto no puede considerarse que la valoración de la Sala haya sido manifiestamente errónea. Por el contrario ha contado con suficiente prueba de carácter incriminatorio con aptitud para enervar la presunción de inocencia. Convicción de la Sala que resulta lógica y racional y conforme a las máximas de experiencia común y que conlleva la desestimación del motivo, por cuento el hecho de que la Sala de instancia dé valor preferente a aquellas pruebas incriminatorias frente a la versión que pretende sostener el recurrente, no implica en modo alguno, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, antes al contrario, es fiel expresión del significado de la valoración probatoria que integra el ejercicio de la función jurisdiccional, y se olvida que el respeto al derecho constitucional que se dice violado no se mide, desde luego, por el grado de aceptación por el grado decisorio de las manifestaciones de descargo del acusado, sino por si se ha explicitado de forma razonable y coherente el elenco probatorio a partir del que ha considerado enervada la presunción de inocencia.
El motivo segundo por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim . por infracción del art. 28 CP , al haber sido condenado como autor y no como cómplice sin respetar la configuración legal y jurisprudencial de ambas figuras, al no estimarse probado ningún acto que permite tal condena ni en cuanto a su supuesta ayuda inicial, ni en su actuar en el espacio intermedio mientras se desarrollan los hechos, ni en cuanto a su supuesta participación final.
Se diferencia la coautoria de la cooperación o de la participación, en el carácter o no, subordinado del participe a la acción del autor. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo con dominio en la acción, que será funcional si existe la división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría", y existe cooperación necesaria cuando se colabora con el ejecutor directo aportando una conducta sin la cual el delito no se habría cometido (teoría de la "condictio sine qua non"), cuando se colabora mediante la aportación de algo que no es fácil de obtener de otro modo (teoría de los bienes escasos) o cuando el que colabora puede impedir la comisión del delito, retirando su concurso (teoría del dominio del hecho), pero, en todo caso, será necesario que este participe en la acción del autor material se hubiese representado no solo la posibilidad sino aún la probabilidad de que en el iter realizado por éste pudiese llegar a ataques corporales de imprevisibles consecuencias para la víctima, normalmente impuestas por el porte de armas o medios peligrosos eficaces por aquel autor material ( SSTS. 1315/2005 de 10.11 , 535/2008 de 18.9 ).
La complicidad, requiere el concierto previo o por admisión ("pactum scaeleris"), la conciencia de la ilicitud del acto proyectado ("consciencia scaeleris"), el denominado "animus adiurandi" o voluntad de participar, contribuyendo a la consecución del acto conocidamente ilícito y finalmente la aportación de un esfuerzo propio, de carácter secundario o auxiliar, para la realización del empeño común. Se distingue de la coautoria en la carencia del dominio funcional del acto y de la cooperación necesaria en el carácter secundario de la intervención, sin la cual la acción delictiva podría igualmente haberse realizado, por no ser su aportación de carácter necesario, bien en sentido propio, bien en sentido de ser fácilmente sustituible al no tratarse de un bien escaso.
En el caso actual debemos partir de que el motivo por la vía casacional del art. 849.1 LECrim , obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser los fijados al efecto por el tribunal de instancia, salvo que hayan sido corregidos previamente por estimación de algún motivo fundado en el art. 849.2 LECrim . -error en la apreciación de la prueba- o en el art. 852 LECrim -vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
Pues bien, desestimado que ha sido el motivo precedente e incólume el relato histórico -como con acierto señala el Ministerio Fiscal en su documento escrito de impugnación : " Sin embargo la descripción del "factum" imposibilita la calificación alternativa que se propone, pues se describe un previo concierto de voluntades entre los acusados que disidieron robar en un piso de Figueres en el que sabían que habitaban unas mujeres que se dedicaban a la prostitución, conociendo todos ellos que en la ejecución del delito se utilizarían al menos un cuchillo y un destornillador, para atemorizar a las mujeres y, en su caso, para agredirlas si era necesario para doblegar su voluntad. En ejecución de dicho acuerdo el acusado, simulando que quería contratar los servicios de una de las mujeres, accedió al interior del piso y poco después los otros tres acusados armados con los instrumentos descritos y una pistola, atemorizando a las mujeres y agrediéndolas, momento en el que se ausentó Urbano Pascual durante un lapso de tiempo, regresando a la vivienda e incorporándose a los hechos de apoderamiento que estaban ejecutando sus acompañantes.
La descripción fáctica conduce a estimar la consideración del acusado como autor de los delitos objeto de condena por aplicación de la llamada coautoría por realización conjunta de! hecho v dominio funcional del mismo según lo cual todos los que concurren en la ejecución del hecho se ven ligados por un vínculo de solidaridad que les corresponsabiliza en el mismo grado, cualquiera que sea la parte que cada uno tome, ya que todos coadyuvan de modo eficaz y directo a la persecución del fin propuesto, con independencia de los actos que individualmente realizasen para el logro de la ilícita finalidad perseguida, actos que dependen de la llamada distribución de roles o funciones entre los distintos intervinientes. cuando aparece afirmada la unidad de acción, recíproca cooperación y mutuo concurso, ello da lugar a que todos los responsables sean condenados como autores del delito
En el caso, acreditado el concierto previo, el acusado en ejecución del plan diseñado se persona en solitario en el lugar para inspeccionar el terreno "in situ". allanar el camino a sus compañeros que irrumpen violentamente armados en el piso iniciando acciones violentas, siendo plenamente consciente del uso de las armas y de la alta probabilidad de que de su uso se derive la producción de lesiones en las personas agredidas, ausentándose unos instantes para regresar y unirse a sus acompañantes en las labores depredatorias, acciones ejecutadas por el acusado que le convierten en autor del delito, siguiendo los criterios reiterados en numerosos precedentes jurisprudenciales,", citados ut supra.
El motivo tercero por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim . por infracción del art. 148 CP . al haber sido condenado el recurrente por dos delitos de lesiones sin concurrir los requisitos necesarios.
Considera el motivo que la participación del acusado no puede extenderse a los delitos de lesiones porque no ha quedado que hubiera acuerdo previo más allá de los actos de apoderamiento, no consta que conociera el uso de instrumentos peligrosos o se cometieran actos concretos de violencia física, por cuanto a él no se le entregó ni llevaba ninguno de ellos, no usó violencia en ningún momento y no estuvo presente durante los mismos.
Retomando la doctrina jurisprudencial expuesta en el motivo precedente, como hemos dicho en SSTS. 703/2013 de 8.10 , 729/2012 de 25.9 , 107/2009 de 17.12 , entre los principios fundamentales del Derecho penal ha sido reconocido sin excepciones el de la responsabilidad personal. De acuerdo con este principio la base de la responsabilidad penal requiere, como mínimo, la realización de una acción culpable, de tal manera que nadie puede ser responsable por las acciones de otro. En este sentido se ha sostenido por el Tribunal Constitucional sentencia 131/87 que " "el principio de personalidad de las consecuencias jurídico- penales se contiene en el principio de legalidad" de lo que deriva, como dice la STS. 9.5.90 , " exigencias para la interpretación de la Ley penal". No obstante también lo es que la doctrina jurisprudencial viene considerando coautores en base a lo que denominan " dominio funcional del hecho" , siendo muy reiteradas las sentencias en las que esta Sala ha mantenido tal doctrina y de las que podemos citar las de 10.2.92 , 5.10.93 , 2.7.94 , 28.11.97 y 2.7.98 , basta por su claridad, con reproducir literalmente lo mantenido en ésta última, ni la que se reconoció lo siguiente: "El art. 28 del C.P . vigente nos permite disponer ya de una definición legal de la coautoría que, por otra parte, era de uso común en la jurisprudencia y en la doctrina antes de que el mismo fuese promulgado: son coautores quienes realizan conjuntamente el hecho delictivo. Realización conjunta que debe estar animada por un dolo compartido, siendo éste, en rigor, el significado que debe darse en determinados casos al previo y mutuo acuerdo que ha sido constantemente exigido para afirmar la existencia de la codelincuencia - SS. 31/5/85 , 13/5/86 entre otras- por la doctrina de esta Sala. Preciso es pues, esclarecer que debemos entender por uno y otro elemento -objetivo y subjetivo- de la coautoría. La realización conjunta no supone que todos y cada uno de los elementos del tipo, sean ejecutados por los coautores, lo que es necesario para que se hable de realización conjunta de un hecho y para que el mismo sea atribuido, como a sus coautores, a quienes intervienen en él, es que todos aporten durante la fase de ejecución un elemento esencial para la realización del propósito común. A la misma consecuencia práctica lleva la utilización del instrumento teórico del dominio del hecho, acogido por esta Sala en numerosas y recientes sentencias como las de 12/2/86 , 24/3/86 , 15/7/88 , 8/2/91 y 4/10/94 . Según esta teoría, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aún no reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del hecho, de suerte que sea este, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. Por lo que se refiere al acuerdo previo, elemento o soporte subjetivo de la coautoría, en que se funda el principio de "imputación recíproca" de las distintas contribuciones al resultado y en cuya virtud se entiende que todos aceptan implícitamente lo que cada uno vaya a hacer, tanto la doctrina como la jurisprudencia, SS. T.S. 3/7/86, Y 20/11/81, han estimado suficiente que el acuerdo surja durante la ejecución, coautoría adhesiva, siendo también posible la sucesiva, que se produce cuando alguien suma un comportamiento al ya realizado por otro a fin de lograr la conclusión de un delito cuyos actos ejecutivos ya habían sido parcialmente realizados por este ( SS. 10/2/92 , 5/10/93 , 2/7/94 ) y que el acuerdo sea tácito y no producto explícito de una deliberación en que se hayan distribuido los papeles a desempeñar. El acuerdo, en definitiva, especialmente en. los delitos en que la ejecución es prácticamente simultánea a la idea criminal, se identifica con la mera coincidencia de voluntades de los partícipes, esto es, con lo que se ha llamado el dolo compartido.
En el caso presente aunque se admitiera que el recurrente no participó de forma directa en la acusación de las lesiones a Almudena Amalia y a Blanca Yolanda , en el hecho probado se declara que en el acuerdo de entrar a robar en el piso, todos conocía que "en la ejecución de este delito se utilizarían al menos, un cuchillo y un destornillador, instrumentos cuya finalidad era la de ejercer temor sobre las mujeres así como otros actos indeterminados de agresión si es que estos eran necesarios para doblegar su voluntad". Asimismo el acusado está presente cuando sus tres acompañantes irrumpen violentamente en la casa dando gritos para atemorizar a las mujeres que allí Vivian e iniciaron los actos de violencia -agarrando a Almudena Amalia por el cuello y poniéndola una pistola, cuyas características no han podido determinarse en la cabeza e igual hicieron con las otras dos mujeres y si bien el acusado salio de la casa, lo hizo "siendo consciente de lo que allí estaba sucediendo al poder ver con claridad tanto las iniciales agresiones como el uso de un objeto con forma de pistola, un cuchillo y un destornillador". Y si a eso se añade que al poco tiempo volvió a la casa, siéndole franqueada la entrada, tras llamar al timbre, sin ningún problema, uniéndose a las acciones de apoderamiento que estaban ejecutando los otros tres autores, para salir finalmente todos corriendo del piso, tal supuesto de aclaración se suscribe en el ámbito a la llamada teoría de las desviaciones previsibles, reiteradamente aplicada por esta Sala - SSTS. 434/2008 de 20.6 , 1278/2011 de 29.11 , 1320/2011 de 9.12 , al examinar la cuestión de la comunicabilidad de la responsabilidad por la muerte o las lesiones producidas a la víctima del acto depredatorio por uno de los integrantes del robo. A este respecto, la jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que «el previo concierto para llevar a término un delito de robo con violencia o intimidación que no excluya «a priori» todo riesgo para la vida o la integridad corporal de las personas, responsabiliza a todos los partícipes directos del robo con cuya ocasión se causa una muerte o unas lesiones, aunque sólo alguno de ellos sean ejecutores de semejantes resultados personales», pues el partícipe no ejecutor material del acto homicida o lesivo que prevé y admite del modo más o menos implícito que en el «iter» del acto depredatorio pueda llegarse a ataques corporales, cuando menos se sitúa en el plano del dolo eventual, justificándose tanto en el campo de la causalidad como en el de la culpabilidad su responsabilidad en la acción omisiva o lesiva ( SSTS de 31 de marzo de 1993 , 18 de octubre y 7 de diciembre de 1994 , 20 de noviembre de 1995 y 20 de julio de 2001 ), especificando la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1995 que no se excluye el carácter de coautor en los casos de desviaciones de alguno de los partícipes del plan inicial, siempre que dichas desviaciones tengan lugar en el marco habitual de los hechos emprendidos , es decir, que de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, no quepa considerar imprevisibles para los partícipes.
En las SSTS. 14.7.2010 y 575/2012 de 3.7, ya asumimos esas definiciones aplicándolas al sujeto que, en virtud de tal acuerdo realiza funciones decisivas de espera y cobertura en el exterior del inmueble en el que el coautor lleva a cabo el hecho delictivo. Relacionábamos allí la aportación causal con la denominada teoría del dominio funcional del hecho, y el acuerdo entre los coautores con el elemento subjetivo soporte de la denominada por la doctrina imputación recíproca de las distintas contribuciones al resultado y en cuya virtud se entiende que todos aceptan implícitamente lo que cada uno vaya a hacer.
Tal acuerdo ha de entenderse como coincidencias de voluntades dirigidas a una misma finalidad, más que como pacto de connotaciones de reciprocidad o sin amalgama . Es lo que se ha denominado dolo compartido. La realización conjunta del hecho sólo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en la acción. Sólo pueden ser dominados los hechos que se conocen ( STS de 22 de diciembre del 2010 resolviendo el recurso: 1604/2010 ). Más que de responsabilidades individuales sumadas cabe hablar de una responsabilidad por la totalidad del hecho . Esta responsabilidad alcanza a lo que se ha denominado cooperadores no ejecutivos pero que contribuyen de manera objetiva esencial en lo causal pese a ser ajena al núcleo del tipo.
El motivo cuarto por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim . por infracción de los arts. 21.1 , 20.2 y 21.7 CP , al haber sido condenado el recurrente sin aplicación de las circunstancias relativas a intoxicación etílica y por drogas.
El motivo carente de cualquier sustento fáctico debe ser desestimado.
1) En efecto en relación al consumo de alcohol, debe diferenciarse entre alcoholismo y embriaguez. El primero implica una intoxicación crónica y la segunda una intoxicación aguda, con encaje jurídico ya en la enajenación mental, ya en el trastorno mental transitorio, exigiéndose en todo caso una afectación de las bases de imputabilidad -intelecto y voluntad- de modo que será la intensidad de la alteración la que nos dará la pauta para graduar la imputabilidad, desde la inoperancia de la responsabilidad hasta la exoneración completa e incompleta de la misma ( SSTS. 6/2010 de 27.1 , 1424/2005 de 5.12 ).
Ahora bien en supuestos de adicción acreditada del sujeto a las bebidas alcohólicas, dicha dependencia por sí sola seria relevante si además concurren alguna de las siguientes condiciones. O bien la existencia de anomalías o alteraciones psíquicas que tengan en causa en dicha adicción, lo que podría constituir también base para estimar la eximente completa o incompleta según el grado de afectación del entendimiento o la voluntad; o en segundo lugar, por la vía de la atenuante del art. 21.2, atendida su relevancia motivacional, supuesta la gravedad de la adicción, debiendo constatarse una relación causal o motivacional entre dependencia y perpetración del delito STS. 1353/2005 de 16.11 , que añade que no basta el consumo de bebidas alcohólicas para que se entienda siempre disminuida la imputabilidad y la responsabilidad penal del sujeto, pues en cualquier caso, en el actual sistema del Código Penal se trata de circunstancias que afectan a las capacidades del sujeto, no es suficiente con determinar la causa que las origina, sino que es preciso además especificar los efectos producidos en el caso concreto. En particular, cuando se trata de la ingesta de bebidas alcohólicas, es necesario determinar de alguna forma los líquidos ingeridos o al menos la existencia del consumo junto con datos que permitan su valoración, y además precisar suficientemente los efectos que ha causado en la capacidad del sujeto para entender la ilicitud del hecho o para actuar conforme a esa comprensión.
-Y en cuanto a la incidencia de la drogadicción en el ámbito de las circunstancias modificativas de la resp9nsabilidad criminal, hemos dicho en SSTS. 741/2013 de 17.10 , 38/2013 de 31.1 , 347/2012 de 25.4 , 11/2010 de 24.2 que según la Organización Mundial de la Salud, por droga ha de entenderse "cualquier sustancia, terapéutica o no, que introducida en el organismo por cualquier mecanismo (ingestión, inhalación, administración, intramuscular o intravenosa, etc.) es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central del consumidor provocando un cambio en su comportamiento, ya sea una alteración física o intelectual, una experimentación de nuevas sensaciones o una modificación de su estado psíquico, caracterizado por:
3)Requisito temporal o cronológico, en el sentido que la afectación psicológica tiene que concurrir en el momento mismo de la comisión delictiva, o actuar el culpable bajo los efectos del síndrome de abstinencia, requisito éste que, aún siendo necesario, cabe deducirse de la grave adicción a las sustancias estupefacientes, como más adelante veremos. Dentro del mismo, cabrá analizar todas aquellas conductas en las cuales el sujeto se habrá determinado bajo el efecto de la grave adicción a sustancias estupefacientes, siempre que tal estado no haya sido buscado con el propósito de cometer la infracción delictiva o no se hubiere previsto o debido prever su comisión (en correspondencia con la doctrina de las "actiones liberae in causa").
4) Requisito normativo, o sea la intensidad o influencia en los resortes mentales del sujeto, lo cual nos llevará a su apreciación como eximente completa, incompleta o meramente como atenuante de la responsabilidad penal, sin que generalmente haya de recurrirse a construcciones de atenuantes muy cualificadas, como cuarto grado de encuadramiento de dicha problemática, por cuanto, como ha declarado la Sentencia de 14 de julio de 1999 , hoy no resulta aconsejable pues los supuestos de especial intensidad que pudieran justificarla tienen un encaje más adecuado en la eximente incompleta, con idénticos efectos penológicos.
2) En el caso presente lo único que podría entenderse acreditado es esa invocada adicción al alcohol y a las drogas, pero sin embargo, más allá de sus imprecisas y genéricas manifestaciones, no se conoce respecto al recurrente su consumo real ni la incidencia en sus capacidades volitiva y cognoscitiva en las fechas de los hechos.
Por todo ello, todo apunta a que la aplicación de la atenuación de Urbano Pascual supondría conferir a aquélla un carácter puramente objetivo, ligado a la simple constatación de la presencia de droga en el organismo, al margen de su verdadera influencia en la capacidad de culpabilidad, propugnándose así una concepción de la atenuación de aplicación aritmética, ligada al segmento de la población que en uno u otro momento ha podido tener contacto con alguna sustancia estupefaciente. Y ello implica, desde luego, apartar la atenuación del fundamento que le es propio.
El motivo quinto por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim , en concreto art. 62 (sic), al haber sido condenado el recurrente a una pena no proporcionada a los criterios establecidos en dicho articulo y a los principios de la determinación de la pena.
En el caso presente se impone a todos los acusados por el concurso del delito de robo con el allanamiento de morada, como consecuencia de la "brutalidad ejercida", la pena de 4 años prisión, aunque respecto del recurrente no consta probado que ejerciera ningún tipo de violencia y se estima que permaneció fuera del inmueble en el que ocurrieron los hechos durante buena parte de los mismos, y, por tanto no llevó a cabo ningún acto de brutalidad. Por tanto concurriendo en el mismo una atenuante y una agravante que deben compensarse y no pudiéndose aplicar la motivación de la agravación utilizada para los otros condenados, procedería imponerle la pena en su grado mínimo, tres años y seis meses.
Como la jurisprudencia tiene establecido - SSTS. 503/2013 de 19.6 , 93/2012 de 16.2 , 540/2010 de 8.6 , 665/2009 de 24.6 , 620/2008 de 9.10 , el derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva en el concreto aspecto de la motivación de la sentencia exige una explicitación suficiente de la concreta pena que se vaya a imponer a la persona concernida . En tal sentido basta citar la doctrina constitucional en esta materia concretada en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, en su sentencia 21/2008 de 31 de Enero .
En el caso presente la sentencia de instancia, fundamento jurídico octavo, penas al tratarse de un concurso ideal de robo con allanamiento de morada, parte que la pena ha de establecerse en la mitad superior del robo violento, tres años y seis meses a cinco años, y en el caso concreto la Sala considera que "a la vista de la brutalidad ejercida, siendo especialmente elocuentes las imágenes precedentes a la grabación, que la pena ha de incrementarse respecto de sus niveles mínimos, por ello estimamos procedente la de 4 años de prisión. Esta pena se impondrá también al acusado Urbano Pascual , puesto que, aunque respecto del mismo concurre una agravante y una atenuante, entendemos que deben compensarse siguiendo el mismo camino penológico del resto de sus compañeros.
Motivación en cuanto a la individualización de la pena que contiene los elementos mínimos suficientes para verificar en este trance casacional que los jueces de instancia no han obrado caprichosamente al establecer la respuesta punitiva en la mitad inferior del marco penológico resultante, máxime cuando la estimación de la atenuante analógica de confesión es cuando menos discutible al tratarse de unas manifestaciones espontáneas ante la policía, identificando a uno de los autores, que luego desmintió ante el juez instructor y que tampoco mantuvo en el juicio oral, negando su participación en los hechos.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de casación, interpuestos por Urbano Pascual y Eutimio Juan , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Gerona, Sección 4ª, que condenó a los acusados como autores penalmente responsables de un delito robo, allanamiento de morada y lesiones; y condenamos a los recurrentes al pago de las costas causadas en la tramitación de sus respectivos recursos.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamosD. Candido Conde-Pumpido Touron D. Julian Sanchez Melgar D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Antonio del Moral Garcia D. Perfecto Andres Ibañez
STSJ Cataluña , 7 de Marzo de 2003
SAP Pontevedra 568/2012, 5 de Julio de 2012

References: e contrario
 resolución 
in casu
 resolución 
 resolución 
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