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Timestamp: 2018-11-13 15:55:59+00:00

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ESTUDIO JURIDICO 4 - Abogados - Asesoria en Valencia (Lucia Checa y Jose Checa Abogados): 06/01/2013 - 07/01/2013
Criterios de selección de los trabajadores afectados por despido colectivo: Límites a la libertad decisoria de la empresa
Continuando con el análisis realizado por los tribunales de justicia sobre los presupuestos y requisitos de validez de los despidos colectivos y otras medidas empresariales de ajuste, nos encontramos con esta interesante sentencia, dictada por un Juzgado de lo Social el pasado 4 de enero, que examina en profundidad un tema muy concreto: ¿ Cuáles son los criterios o forma de selección que hace la empresa de los trabajadores afectados por un despido colectivo? ¿Qué requisitos debe tener la comunicación de los mismos? ¿Hasta donde llega la libertad empresarial en su fijación y cuáles son sus límites?.
El pleito comenzó por demanda individual interpuesta por un trabajador despedido en el marco de un expediente de extinción y suspensión de contratos por motivos económicos, organizativos y de producción, al entender que la empresa no había seguido el sistema de selección que se había indicado en la comunicación escrita, y que además desconocía la forma en que se habían aplicado los criterios en su persona (puntuación, polivalencia, absentismo….) lo que le causó indefensión.
En cuanto a los requisitos de la comunicación escrita al trabajador afectado sobre los criterios de selección generales o concretos aplicados y cuál ha sido la valoración obtenida por él y por el resto de no afectados para poder ejercitar su derecho a impugnar, indica el Juzgado que NO existe obligación legal de comunicar dichas circunstancias por escrito a cada trabajador (no se contienen ni en artículos 51 y 53 ET ni en el RD 801/2011). Si bien es cierto que para poder impugnar de forma efectiva la decisión empresarial puede ser necesario que el trabajador conozca dichos criterios y su aplicación antes del juicio oral, puede acudir sin embargo a las vías de los actos preparatorios o de prueba anticipada previstas en la legislación procesal, y conocidos dichos datos, puede proponer prueba que desvirtúe la aplicación realizada por la empresa. Ciertamente -indica el Juzgador- la empresa no puede actuar de forma obstruccionista y negarse a aportar la documentación que permita al trabajador realizar esa labor fiscalizadora o de control, ni puede ampararse en los derechos de protección de datos de otros trabajadores para denegar la aportación de la prueba documental que pudiera solicitarse.
En cuanto a la libertad empresarial para la fijación de criterios de selección y sus límites, indica que efectivamente existe una libertad decisoria de la empresa para seleccionar a los trabajadores afectados por un despido colectivo, pues es una manifestación más de su poder de dirección. Sin embargo este poder está sujeto a límites, dado que deben respetarse en todo caso los derechos fundamentales de los trabajadores de la plantilla, lo que incluye la prohibición de trato discriminatorio. Los criterios deben basarse en la razonabilidad y ser coherentes con los fines buscados. Existen además otros límites que se aplican al ejercicio de cualquier derecho: la ausencia de fraude de ley y abuso de derecho.
En este caso concreto la empresa había pactado un criterio con la representación de los trabajadores que limitaba su libertad decisoria en caso de ser necesaria la extinción de contratos, consistente en que quedarían afectos, preferentemente, el personal de menor antigüedad en la empresa en igualdad de circunstancias y similares funciones.
Este criterio pactado, que limita la liberad empresarial, lo era no con carácter de permanencia absoluta, pero sí como criterio principal. En el expediente la empresa había utilizado 6 criterios para la selección de los trabajadores (absentismo, amortización del puesto, antigüedad en igualdad de circunstancias, coste, capacitación y polivalencia), entre los cuales la antigüedad no tenía un carácter principal o prioritario, lo que supone desconocer el contenido del Pacto de Empresa. Incluso en el caso de que se estimara que los criterios utilizados por la empresa se ajustan al Pacto de la empresa, tampoco aplicó los criterios expuestos en la memoria entregada en el período de consultas, pues a pesar de que en dicha memoria se interpreta que se iba a realizar una valoración de todos los criterios en cada uno de los trabajadores, lo cierto es que se acreditaron prioridades tanto para la exclusión y como para la inclusión de los trabajadores, habiéndose aplicado en la mayor parte de los casos un único criterio (excluyente o incluyente).
En el caso concreto del trabajador demandante el único criterio para su inclusión en el ERE fue que presentaba un absentismo superior al 10%, pero no se valoraron el resto de circunstancias indicadas en la memoria (amortización del puesto, antigüedad, coste, capacitación y polivalencia). Todo ello determina -razona el Juzgador- que la actuación empresarial debe considerarse como fraudulenta y arbitraria, vulnerándose tanto lo dispuesto en el artículo 51.2 ET como en el artículo 8 del RD 801/2001, lo que conlleva la declaración de nulidad del despido y la obligación de la empresa a readmitir al trabajador injustamente despedido.
ESTUDIO JURIDICO 4 ASESORES
De ESTUDIO JURIDICO4- CHECA ABOGADOS en junio 27, 2013
¿Cómo hacer para eliminar una cláusula suelo de nuestros préstamos hipotecarios?
Las entidades bancarias y financieras condenadas por esta sentencia, tras mucho deliberar,empiezan a mover ficha (no todas). Y en cumplimiento de aquélla, algunas ya están eliminando de motu propio la aplicación de interés suelo a sus clientes, que incluso en consultas por banca on line a sus datos, pueden comprobar como la entidad ha hecho ya los cambios oportunos en el tipo de interés que aplican a su préstamo, e incluso han devuelto el exceso pagado con posterioridad a la sentencia del T.S. (no lo anterior por causa de la declaración de no retroactividad).
De ESTUDIO JURIDICO4- CHECA ABOGADOS en junio 24, 2013
8.320,60
8.266,60
15.248,12
IPC GENERAL - interanual – MAYO 2012 / MAYO 2013: 1,7%
Índice rúbrica Vivienda Alquiler – MAYO 2012/MAYO 2013: -0,1%
· RSL 3 de Junio de 2013. Determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario de MAYO 2013. BOE 04-06-2013 (definición y forma cálculo Circular del BE 5/2012):
MIBOR a 1 año: 0,484. EURIBOR a 1 año: 0,484. Interest Rate Swap (IRS) a 5 años: 0,827
· RSL 19 de Junio de 2013. Determinados tipos de referencia del mercado hipotecario de MAYO 2013. BOE 20-06-2013 (definición y forma de cálculo Circular del BE 5/2012 de BOE 06-07-2012):
- Tipo medio préstamos hipotecarios a más de 3 años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por entidades de crédito en España: 3,331
- Tipo medio préstamos hipotecarios entre 1 y 5 años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por entidades de crédito en la Zona Euro: (referido al mes anterior) 3,130
OTROS TIPOS DE REFERENCIA: para préstamos contratados con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden EHA/2899/2011(BOE 29-10-11):
- Tipo medio préstamos hipotecarios a más de 3 años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por BANCO: 3,149%; CAJAS DE AHORRO: 3,862%
Hipoteca Azul - BANESTO
Euribor 1 año + 2,64%
Hipoteca sin más - BANKINTER
4,50% durante 12 meses
Euribor 1 año + 3,00% después
De ESTUDIO JURIDICO4- CHECA ABOGADOS en junio 20, 2013
Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo obliga a cotizar nuevamente por los becarios. De hecho, estos podrían reclamar que las empresas abonen las cotizaciones no realizadas desde noviembre de 2011, fecha del Decreto anulado por la Sentencia.
En relación a una supuesta retroactividad de los efectos de la Sentencia, la cuestión resulta muy compleja, ya que si bien una eventual retroactividad de la obligación de cotización conllevaría un perjuicio para las empresas y entidades en las que los estudiantes universitarios hayan realizado las prácticas, por culpa exclusiva de la Administración autora de la norma ahora declarada nula, la falta de retroactividad de los efectos de la Sentencia comportaría un claro perjuicio para esos estudiantes, dado que en su carrera, de cara a futuras prestaciones del Sistema, no aparecerían cotizados unos periodos de tiempo en los que sí existía la obligación de cotizar a la Seguridad Social.
Siendo así, lo más probable es que sea la propia la Tesorería General de la Seguridad Social la que adopte un criterio o dicte una Resolución en la que establezca el alcance retroactivo de la obligación, concediendo, en su caso, una plazo a los obligados para que regularicen su situación con la Seguridad Social.
En tanto la Tesorería adopta ese criterio o dicte esa Resolución, nuestra recomendación es que los sujetos obligados permanezcan a la espera y no realicen ninguna actuación unilateral tendente a regularizar con efectos retroactivos su obligación de cotización a la Seguridad social.
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, publicada en el BOE de 2 de agosto de 2011, establece en su DA 3ª que en el plazo de 3 meses a partir de esa publicación, el Gobierno establecerá los mecanismos de inclusión de la misma de los participantes en programas de formación financiados por organismos o entidades públicos o privados, que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven contraprestación económica para los afectados, siempre que, en razón de la realización de dichos programas, y conforme a las disposiciones en vigor, no viniesen obligados a estar de alta en el respectivo Régimen de la Seguridad Social.
En aplicación de tal previsión se publicaron dos RRDD, a saber, el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, y el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
La primera de estas normas, acorde con la previsión de la DA 3ª de la Ley 27/2011 estableció la inclusión de las personas que participan en programas de formación en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Por el contrario, el RD 1707/2011, ahora declarado nulo de pleno derecho por la STS de 21 de mayo de 2013, tenía por finalidad el efecto contrario, procediendo su DA 1ª a excluir del ámbito de aplicación de la Seguridad social a los estudiantes universitarios que realizaran prácticas académicas externas que constituyeran una actividad de naturaleza formativa supervisada por las Universidades, y, de forma correlativa exonerar de la obligación de cotizar a la propia Universidad y a las entidades colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y entidades públicas y privadas, en las que esos estudiantes realizaran aquellas prácticas.
Pues bien en torno al alcance de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo referenciada, lo primero que se hace necesario observar es que, pese a que el recurso de la parte recurrente (CC.OO.) tenía por objeto la declaración de nulidad de esa DA 1ª, la Sala resuelve la nulidad de pleno derecho de la totalidad de la norma impugnada, al haberse omitido en su elaboración un trámite preceptivo como es el relativo del sometimiento del proyecto normativo a la consulta al Consejo de Estado.
Siendo así una cuestión como la plateada en torno al efecto de esa declaración de nulidad en relación con la concreta obligación de cotizar a la Seguridad Social, deviene extremadamente compleja ya que la Sentencia no se pronuncia a este respecto.
En principio, parece obvio que la nulidad del RD 1707/2011, y con él de su DA 1ª, determinará que se activen las previsiones del Real Decreto 1493/2011, de forma que en la actualidad las empresas y entidades en las que los estudiantes universitario realicen prácticas académicas, estarán obligadas a dar de alta a dichos estudiantes en el Régimen General de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en los términos que establece el RD 1493/2011.
De ESTUDIO JURIDICO4- CHECA ABOGADOS en junio 17, 2013
SENTENCIAS ORIGEN DEL RECURSO 485/2012 ante el Tribunal Supremo sobre ‘cláusulas suelo’ del Juzgado Mercantil 2 de Sevilla y de la Audiencia de Sevilla
No vamos a entrar en los derechos y obligaciones que puedan derivarse, tanto desde el punto de vista de la legislación mercantil como de los acuerdos entre socios que puedan firmarse, se trata de clarificar la repercusión que pueda tener el hecho de participar en una sociedad cuando se dan determinadas circunstancias.
Con las limitaciones descritas, la facilidad de constitución de sociedades limitadas con aportaciones dinerarias y no dinerarias y los riesgos de responsabilidad que conlleva este formato para las sociedades, es muy previsible que no se constituyan muchas sociEste formato de sociedad limitada de formación sucesiva, se podrá constituir aportando una cantidad inferior a los 3.000 euros iníciales del capital social, fijando el umbral mínimo de capital depositado en un euro y marcando un plazo temporal para realizar el resto de aportaciones de capital, con la sociedad ya constituida.
edades en este formato, dado que de entrada, tienen más inconvenientes que ventajas.
De ESTUDIO JURIDICO4- CHECA ABOGADOS en junio 05, 2013
Obligados a darles de alta
A raíz de esta decisión del Supremo, los jóvenes que se encuentren en situación de becarios tanto en organismos públicos como empresas privadas o estén vinculados de algún modo a estudios universitarios o de formación profesional y perciban por ellas algún tipo de contra prestación económica de cualquier cuantía, deben ser considerados en situación asimilada al alta en Seguridad Social.
Esto es un cambio importante para la sociedad estudiantil, ya que de esta por y después de los recortes en las pensiones y ampliación del numero de años necesarios para tener derecho a cualquier prestación de la Seguridad Social, se abre a este colectivo que vaya acumulando carencia en sus cotizaciones.

References: artículo 51
 artículo 8
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto