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Timestamp: 2018-10-22 11:50:27+00:00

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Acuña Abogados | Abogados especialistas en Derecho Militar en Valencia | Página 2
Carro de combate T-26-B1 en el patio de mando de la Base General Menacho-Botoa-Badajoz. Foto: Adolfobrigido en Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0
El pasado mes de noviembre de 2015, un Sargento del Ejército de Tierra con destino en la Base Militar de Bótoa (Badajoz) sufrió un accidente de tráfico grave en el trayecto a dicha Base, fruto del cual causó baja para el servicio por diversos traumatismos, solicitando residir durante el período de incapacidad en su domicilio familiar, sito en Valencia, lo que inicialmente le fue concedido.
En marzo de 2016, amparándose en un informe de la Sanidad Militar en el que se indicaba que el citado suboficial podía pasar la baja en su unidad -y desoyendo los informes de los propios médicos que le trataban, que se manifestaban en sentido contrario- el Jefe de Unidad revocó la autorización para residir en domicilio distinto al de destino.
Frente a ello, el interesado interpuso recurso de alzada en el que, además, solicitó la suspensión de la ejecución de ese acto administrativo hasta que se resolviera el recurso. La Administración no se pronunció al respecto en el plazo de 30 días que fijaba el artículo 111.3 de la entonces vigente Ley 30/1992, por lo que la ejecución del auto impugnado (la revocación de la autorización de residencia en Valencia) quedó suspendida hasta la resolución del recurso.
En ese estado de la cuestión, tras intentar notificar, con resultado negativo, diversas resoluciones al Sargento en su residencia en Bótoa, el Jefe de Unidad elevó parte a la autoridad judicial competente por un presunto delito de abandono de destino o residencia.
Instruidas diligencias preparatorias ante el Juzgado Togado Militar Territorial nº 12 (Madrid) y practicadas diversas diligencias de investigación, el 13 de septiembre de 2016 se dictó auto de sobreseimiento definitivo por cuanto los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal alguna.
En efecto, el Código Penal Militar, en su artículo 56.1, tipifica como delito de abandono de destino o residencia -entre otras conductas- la de que el militar no se presente en su destino o residencia «pudiendo hacerlo». Pero en el presente supuesto, como hemos dicho, no ha quedado acreditado que el Sargento pudiera realizar el traslado, tal y como sostuvo desde el primer momento con informes de sus médicos, por lo que no concurren los requisitos del tipo para castigar la conducta.
El Tribunal Militar Territorial Primero, mediante auto de 17 de octubre de 2016, ha ratificado el sobreseimiento libre y total. Las cuestiones jurídicas quedan plenamente resueltas con las dos resoluciones judiciales, pero a nosotros nos queda una duda de mayor calado, pues todavía no sabemos en qué beneficia al servicio el hecho de que se obligue al militar a permanecer en su unidad durante la baja médica, a más de 650 kilómetros de su núcleo familiar.
Por nuestra parte, conseguimos cumplir uno de los principales objetivos de nuestra firma en la defensa en procedimientos penales: evitar la pena de banquillo, volcando todo nuestro empeño durante la fase de instrucción para obtener una resolución absolutoria sin que el cliente se vea ante la aflicción de llegar a ser juzgado ante un Tribunal.
Corporal J.M. Robins (1941). Laura Knight. © Imperial War Museum, London
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado día 7 de abril de 2016 (BOE. 84) la Orden DEF/482/2016, de 30 de marzo, por la que se regulan las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA,s), en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprobó el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas (BOE 312, de 30 de diciembre de 2015), guía de actuación que, como señalábamos en un artículo precedente («Tolerancia Cero» frente al acoso sexual en las Fuerzas Armadas: difícil apuesta sin presupuesto), venía a implementar medidas de distinta naturaleza (preventivas, de protección inmediata a la víctima, medidas cautelares en vía disciplinaria y penal, medidas de control y seguimiento) con el propósito de promocionar la tolerancia cero frente a conductas tan deleznables que, recordemos, ya encuentran su reproche disciplinario y penal, respectivamente, en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y, además y por primera vez, en la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Miliar.
Precisamente, y en el marco de las medidas apuntadas, las Unidades de Protección frente al Acoso –UPA,s-, vendrían a proporcionar la información y sensibilización necesarias a las víctimas y la protección necesaria canalizando, en su caso, la tramitación de denuncias y gestionando la atención médica y psicológica que pudieran precisar, y todo ello acompañado de un control y seguimiento adecuados para asegurar la indemnidad integral de las mismas.
En este sentido, las UPA,s que deberán estar constituidas en el plazo de dos meses, nacen como una unidad externa a la cadena orgánica de mando, cuyo ámbito de aplicación subjetivo comprende, con independencia de la naturaleza civil o militar del presunto acosador, el personal militar profesional -salvo que tengan la condición de militar en suspenso-, los reservistas activados o en periodo de formación y los alumnos de los centros militares de formación. Asimismo, y para el desarrollo de sus cometidos, las UPA,s contarán, según se señala, con “personal militar cualificado” –psicólogos, médicos y juristas- que se relacionarían con las distintas Unidades, Centros y Organismos para el cumplimiento de sus fines, y todo ello, recordemos, bajo el “mantra” de la contención del gasto.
Llegados a este punto, y aún reconociendo los avances normativos en la cultura de la “tolerancia cero”, no obstante quedan a menudo desdibujados cuando, desde el punto de vista organizativo, la asunción de las medidas de prevención, protección y control y seguimiento del acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas se supedita a estructuras estrictamente de índole castrense y, además, sujetas a un control estrictamente militar. Resulta curioso, a este respecto, que la creación de las UPA,s no haya contado, como sería preceptivo ex artículo 2.1.b.7ª del RD. 910/2012, de 8 de junio, con la interlocución del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas que, con sus aportaciones y la experiencia acumulada de sus asociados, podría haber contribuido a mejorar y/o perfeccionar el texto, tal y como han venido denunciando las asociaciones militares profesionales.
Por otra parte, y así lo expusimos en el artículo precedente, considerando los bienes jurídicos protegidos se impone una previsión específica de gasto más generosa, ahondando en campañas formativas y de sensibilización; además, y con carácter urgente, se precisa deslindar las UPA,s de la estructura militar, nutrirla de personal civil altamente cualificado, que de forma independiente y ajeno a la cadena de mando, atienda sus cometidos sin reparar en el empleo o “status” de la víctima. Sucede, a menudo, que gozan de notoriedad determinados casos de acoso cuando se trata de militares de carrera y, sin embargo, pese a ser más numerosos, pasan desapercibidos los supuestos de acoso de quienes sujetos a un relación profesional de carácter temporal ven peligrar, en caso de denuncia, su relación laboral con las Fuerzas Armadas.
Finalmente, y ante la aparente próxima publicación de las instrucciones y disposiciones de desarrollo de las UPA,s, denunciar que resulta, cuanto menos inaudito, que existan distintas Autoridades facultadas para el desarrollo de la orden ministerial, según el destino del personal militar afectado, cuando debería imponerse de forma unívoca directrices comunes, habida cuenta que la víctima de acoso no se distingue por el ejército de procedencia; a menudo, y ante supuestos idénticos, es frecuente que cada Ejército o Mando de Personal, según sus características funcionales, exija trámites o documentación distintas, haciendo factible la máxima muy extendida entre los militares de que “cada Ejército hace la guerra por libre”. Confiemos que, ante la relevancia de la materia regulada, se imponga la cordura.
Publicado el 14 marzo, 2016	por jmgacuna
Los lectores asiduos de este blog sabrán de nuestra constante reivindicación para la mejora de la conciliación profesional, personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
Uno de los objetivos de la conciliación en la profesión militar debe ir dirigido, ineludiblemente, a minorar los perniciosos efectos de la movilidad geográfica y la disponibilidad permanente para el servicio de los miembros de las Fuerzas Armadas.
En este sentido, la implementación del sistema de concurso de méritos en la provisión de puestos de trabajo ha venido a paliar, aunque de forma insuficiente, determinados supuestos de conciliación familiar atendiendo a circunstancias tasadas –destino previo del cónyuge militar o funcionario en el municipio donde radique la vacante solicitada, el cuidado de hijos y el cuidado de un familiar-, adjudicando el destino solicitado en función de la puntuación obtenida aplicando un baremo previamente establecido (artículo 10 del RD. 456/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Destinos del Personal Militar, y en especial, la Directiva 04/11, de 20 de junio).
Sin embargo, y así se reconoce por la Institución militar, “existen situaciones familiares y personales muy graves que en la reglamentación actual no tienen cabida” y, a tal efecto, estima la necesidad de articular un procedimiento que, valorando las circunstancias excepcionales denunciadas, permita dar una respuesta rápida y eficaz, aunque sea de forma temporal, a la situación de emergencia denunciada adoptando, en su caso, las medidas necesarias para paliarla. Precisamente y, fruto de ello, en el ámbito del Ejército de Tierra se aprobó la Directiva 06/14, de 25 de agosto de 2014, “Actuación ante circunstancias excepcionales del Personal del ET”, desarrollada a posteriori por la Instrucción Técnica 19/14, de 3 de diciembre de 2014 “Conciliación Familiar y Laboral del personal militar del ET, ante circunstancias excepcionales” normas que, lamentablemente, no han contado con la difusión deseada entre el personal militar de base –Tropa y Cuadros de Mando destinados en Unidades de la Fuerza y Apoyo a la Fuerza-, que ensimismados en su actividad diaria, normalmente resultan ajenos al alcance y contenido de la norma.
Expuesto lo anterior, y en cuanto al procedimiento para apreciar las circunstancias a evaluar respecto de las situaciones familiares graves y excepcionales alegadas por los peticionarios -generalmente referidas a enfermedades graves, cuidado de personas dependientes o menores del núcleo familiar del solicitante-, se inicia mediante instancia dirigida al General Jefe del Mando de Personal, acompañada de la documentación acreditativa de las circunstancias que motivan la solicitud y, en todo caso, de un informe-propuesta, no vinculante, del Jefe de UCO que, apreciando la gravedad de la situación valore la ineficacia de otras soluciones –medidas genéricas de conciliación familiar- y su repercusión en las actividades de la Unidad.
A tal efecto, y a fin de ponderar la gravedad de la enfermedad, la norma toma como referencia el listado de enfermedades graves referidas en el RD 1148/2011 de 29 de julio “para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave”, u otras de gravedad equivalente para personas adultas que, en todo caso deberán incapacitar temporalmente a la persona afectada en su actividad habitual durante un periodo continuado mínimo de tres meses o bien precisar cirugía mayor en un hospital o tratamiento en el mismo o, en su caso, deberá tratarse de secuelas permanentes que limiten parcialmente o impidan de forma total la actividad cotidiana de la persona afectada.
Asimismo, y para valorar el grado de dependencia acreditada, se establece que ésta vendrá clasificada de acuerdo con la Ley 39/2006 “de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia”.
Finalmente, y en caso de fallecimiento de progenitor con hijos a cargo menores de 16 años, la norma advierte que solo será causa excepcional cuando el fallecimiento se haya producido en plazo inferior a un año.
Aclarado cuanto antecede y, admitida y estudiada la solicitud por la Dirección de Personal, se iniciará un expediente comprensivo de la siguiente documentación: instancia del interesado, informe del Jefe de UCO, Ficha Resumen de la Hoja de Servicios y documentación acreditativa de la circunstancia excepcional, antecedentes que vendrán acompañados del acta, con la propuesta de resolución, emitida por la Comisión de Asesoramiento para Casos Excepcionales (CACEX), como órgano encargado de evaluar las circunstancias y medidas paliativas a adoptar. En este sentido, y entre las medidas de gestión paliativas, el CACEX podría proponer:
El nombramiento de una comisión de servicio no indemnizable (CSNI) a una UCO del ET ubicada en la localidad solicitada o, en su defecto, en el área geográfica próxima, inicialmente, por el plazo máximo de 6 meses, prorrogable como máximo hasta un año, a petición del interesado, conforme a lo previsto en el artículo 29.1 del RD.456/2011, de 1 de abril.
Activación temporal de un puesto adecuado al empleo, cuerpo, escala y especialidad fundamental del interesado en la relación de puestos militares (RPM) de una UCO ubicada en la localidad solicitada o, en su defecto, en el área geográfica próxima, que se publicará y asignará por el procedimiento de libre designación por un tiempo máximo de tres años. Asimismo, y en supuesto de que el plazo previsto para asignación de destino se dilatara en el tiempo, podrá proponer a la Dirección de Personal el nombramiento de una CSNI previa al destino. En todo caso, el solicitante vendrá obligado a pedir todas las vacantes que se publiquen en la plaza donde radique el puesto activado.
Finalmente, y no siendo posible aplicar las medidas precedentes, dirigiría propuesta al General Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) para que solicite al Ministro de Defensa la asignación de un destino sin publicación previa, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de Destinos, atendiendo a las especiales circunstancias del familiar del militar.
En todo caso, y resuelta la petición del interesado en sentido favorable, éste vendrá obligado a informar al Jefe de UCO sobre cualquier variación en su situación quien, a su vez, mantendrá un seguimiento específico acerca de la persistencia de la situación excepcional alegada informando a la Dirección de Personal de cualquier contingencia al respecto. Además, conviene advertir que, al decaer las circunstancias excepcionales que motivaron su destino a la localidad elegida o, en su caso, al finalizar el plazo máximo de permanencia en el destino, cesará en el mismo, quedando en situación de pendiente de asignación de destino, sin que pueda volver a solicitar la activación temporal de puesto o comisión de servicio por el mismo motivo. De igual forma, aquellos que hubieran sido comisionados, al finalizar la circunstancia excepcional que motivó su nombramiento, regresarán a su UCO de destino.
A nadie escapa pensar, que la aprobación de la Instrucción Técnica 19/14, de 3 de diciembre de 2014 “Conciliación Familiar y Laboral del personal militar del ET, ante circunstancias excepcionales”, como norma de referencia, viene a paliar situaciones excepcionales de difícil encaje en la normativa sobre de la vida profesional, personal y familiar en el ámbito de las Fuerzas Armadas; tan sólo un reproche, su nula difusión entre el personal militar, máxime cuando se trata de categorías normativas poco accesibles y carentes de publicación oficial. Por todo ello, y a nuestro juicio, se impone la necesidad de impartir charlas o sesiones formativas para orientar y clarificar la oportunidad de solicitar las medidas paliativas a adoptar en las circunstancias excepcionales apuntadas y, además, fomentar la participación activa del Jefe de UCO que, teniendo conocimiento de una situación familiar de excepcionalidad, y por iniciativa propia, informe al interesado de la posibilidad de acogerse a los beneficios que prevé la norma.
En el Cuerpo de la Guardia Civil, el artículo 81 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, ha previsto para estas situaciones la adscripción temporal a un puesto de trabajo de distinta localidad por períodos renovables de un año y con un máximo de cuatro años. Este artículo no ha sido desarrollado reglamentariamente y por el momento se está aplicando un protocolo provisional dimanante de la Subdirección General de Personal. En breve se analizará en este blog esta regulación para los miembros del Benemérito Instituto.
Por supuesto, si eres militar o guardia civil y te encuentras en una situación familiar que te permita solicitar las medidas de conciliación que se han detallado en este artículo, puedes contar con esta firma profesional para asesorarte en la petición.
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«Wreck of the ‘Birkenhead’»,de Lance Calkin. Óleo sobre lienzo. (c) The Black Watch Castle & Museum; Supplied by The Public Catalogue Foundation
En el Boletín Oficial del Estado del día de ayer se publicaba la creación de la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas (Orden DEF/83/2016, de 25 de enero, BOE. 28, de 2 de febrero) que dependerá orgánica y funcionalmente de la División del Servicio de Apoyo al Personal (Dirección General de Personal), que tiene como objetivo principal difundir y coordinar la política social para el personal militar, así como la prestación de apoyo continuado a los heridos y a los familiares de los fallecidos y heridos en acto de servicio.
La Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas nace con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos fijados en el Plan Integral de Apoyo a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas aglutinando las políticas y líneas de acción necesarias en el ámbito de la discapacidad, canalizando las demandas y necesidades del personal discapacitado, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y potenciar su integración y el desarrollo personal y profesional, eliminando cualquier tipo de discriminación o desventaja.
En este sentido, y en el marco del plan director apuntado, desde un punto de vista normativo basa su actuación en los principios inspiradores contenidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobados en la ONU, y ratificados por España el 23 de noviembre de 2007; el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; el mandato constitucional contenido en los artículos 9.2, 14 y 49 de la Constitución Española; y con carácter específico en los artículos 4 y 15 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y artículo 120 de la Ley 39/2007 de 19 de noviembre, de la carrera militar.
Expuesto lo anterior, y examinada su fuente de inspiración y objetivos fijados, pasamos a analizar de forma sucinta su contenido, en particular, su ámbito de actuación, funciones y composición.
Así, y en cuanto al ámbito subjetivo de la norma, cabe significar que limita sus funciones de asesoramiento al personal militar que se encuentre, bien en situación de servicio activo o en la reserva, bien adscrito a unidades del Ministerio de Defensa en especiales circunstancias o, en su caso, que haya cesado en su relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas con motivo de su pase a la situación de retiro o que haya causando baja por resolución del compromiso, cuando ambas situaciones sean consecuencia de una insuficiencia de condiciones psicofísicas, siempre que tengan reconocida o acreditada por los organismos competentes un grado de discapacidad igual o superior al 33%, con independencia de que la discapacidad se haya adquirido, o no, en acto de servicio. En cualquier caso, se prevé el establecimiento de distintos canales de comunicación (teléfono, correo electrónico, etc) para atender las inquietudes, sugerencias o propuestas del personal afectado por la norma.
La Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas asume como funciones principales procurar, tanto a nivel individual como orgánico -Unidades, Centros y Organismos-, la información y asesoramiento necesarios en la materia, proponiendo medidas que favorezcan y aseguren la integración del personal militar con discapacidad, elaborando memorias, informes y estudios estadísticos que evalúen las medidas y actuaciones realizadas, así como el establecimiento de mecanismos de control y cooperación, bien a nivel corporativo —Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, Oficinas de Apoyo al Personal, Asociaciones de militares retirados y discapacitados, legalmente inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, etc—, bien a nivel institucional —Administración General del Estado—, para salvaguardar la viabilidad del Plan de Apoyo a la Discapacidad.
Asimismo, y para asegurar el cumplimiento de las funciones atribuidas, la norma prevé la designación de un Oficial al frente de la Oficina de Atención a la Discapacidad, aunque no especifica su entidad a nivel orgánico, tan sólo una declaración de buenas intenciones cuando declara que “contará con los medios humanos y materiales adecuados para el cumplimiento de sus funciones”. Dicho argumento, a nuestro juicio, resulta poco creíble, y ello por cuanto para garantizar la viabilidad del Plan directriz se precisan inversiones tanto a nivel divulgativo —campañas de sensibilización (ámbito interno) y publicidad cara a la sociedad del modelo de integración de la discapacidad en las Fuerzas Armadas (ámbito externo)—, como a nivel formativo mediante planes de formación profesional en materia de discapacidad, que da al traste con la política de contención de gasto que predica el Ministerio al obligar a utilizar los medios personales y materiales propios de la División del Servicio de Apoyo al Personal.
Pese a todo ello, esperemos que la creación de la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas suponga un punto de inflexión en el trato que la Administración de Defensa está dispensando en los últimos años a los más fieles y esforzados servidores de la Nación que resultan lesionados durante su vida profesional y, especialmente, de los heridos en acto de servicio.
La puesta en funcionamiento de la Oficina está prevista para el próximo día 3 de abril de 2016, y goza del apoyo tanto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) como de la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME) que saludan esta iniciativa del Ministerio de Defensa y manifiestan su absoluta disposición para colaborar en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
Finalmente, hemos de denunciar que dicha norma no ha sido informada por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, trámite que sin lugar a dudas podría haberla mejorado y perfeccionado, además de que la intervención de dicho órgano resulta preceptiva ex artículo 2.1.b.7ª del Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (R.D. 910/2012, de 8 de junio).
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Publicado el 15 enero, 2016	por jmgacuna
Prisión militar de Alcalá Meco. Foto: Fernando Villar/EFE.
Hoy entra en vigor la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, que viene a sustituir al promulgado mediante Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre. Como acertadamente señala Santiago Casajús en su interesante artículo «4 claves para comprender (algo) el nuevo Código Penal militar», los más de treinta años transcurridos desde la promulgación de ese anterior Código obligaban a una profunda reforma del mismo, dada la transformación que tanto la sociedad como las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil han experimentado en ese período.
La necesidad de un nuevo Código Penal Militar también venía impuesta por el mandato del legislador contenido en la Disposición Final 8ª.3 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que instaba al Gobierno a remitir un proyecto de ley para adaptar el CPM a «la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre derechos y garantías fundamentales en el ejercicio de la potestad disciplinaria en el ámbito militar y su necesaria adaptación a la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, a la presencia de la mujer y a la organización y misiones que les vienen señaladas en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.»
El Código Penal Militar, dado su carácter de ley especial, y en atención al principio de complementariedad, ha de ponerse en relación con el Código Penal común, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, aplicándose de forma supletoria las normas contenidas en el mismo, razón que justificaría la drástica reducción en el número de sus artículos. De hecho, tal y como reza su Preámbulo, sólo «debe acoger en su articulado los preceptos que no tengan cabida en el texto común o, aún teniéndola, requieran una previsión singular que justifique su incorporación a la ley militar dentro del ámbito estrictamente castrense…».
Sin ánimo de ser excesivamente prolijo en la descripción del nuevo texto legal, apuntaremos inicialmente que cuenta con 85 artículos (frente a los 197 del texto anterior), contenidos en dos Libros; el primero, dedicado a las disposiciones de carácter general y el segundo, relativo a tipificar los delitos y sus penas. Veamos, sucintamente, las principales novedades de la Ley Penal Militar.
En primer lugar, como ya hemos apuntado, resulta destacable la supletoriedad de las disposiciones del Código Penal ordinario, como consecuencia del principio de complementariedad: el Código Penal Militar regula únicamente las disposiciones diferenciadas de aquel.
En segundo lugar, y en cuanto a su ámbito de aplicación, queda claro que el propósito de la norma es la protección de bienes jurídicos estrictamente castrenses; en este sentido, y desde esta perspectiva de naturaleza militar, limita su aplicación a la Guardia Civil y alumnos del Instituto armado en supuestos de conflicto armado, estado de sitio, misiones de carácter militar o mientras se encuentren integrados en unidades militares y delitos contra la disciplina; por otra parte, y recogiendo la doctrina de la Sala Quinta y de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo que interpretó de forma expansiva el artículo 7 bis del Código Penal Militar de 1985, proclama la exclusión del reproche penal militar a los miembros de la Guardia Civil respecto de «aquellas acciones u omisiones encuadrables en actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de naturaleza policial», cuando vengan referidos a delitos contra la seguridad y defensa nacionales (Titulo I), relativos al ejercicio de derechos y libertades públicas (Titulo III) y delitos contra los deberes del servicio (Título IV).
La amplitud de situaciones en las que resulta aplicable el Código Penal Militar a los guardias civiles genera, a nuestro juicio, una evidente inseguridad jurídica a los agentes de dicho Cuerpo.
En tercer lugar, conviene señalar que el concepto de delito militar, no sólo abarca las conductas típicas descritas en su parte especial, sino que, además, incluye aquellas conductas cometidas por un militar y tipificadas en el Código Penal común, cuando se lesione un bien jurídico militar y sean cualificados por la condición militar de su autor y, además, por su especial afección a los intereses, al servicio y a la eficacia de la organización castrense; resulta relevante, a este respecto, que cuando en la comisión del delito medie provocación u otra actuación injusta por parte del superior, y esta haya provocado en el subordinado arrebato, obcecación o estado similar, se reconocerá como circunstancia atenuante muy cualificada.
En cuarto lugar, asistimos a la simplificación del sistema penológico y su adecuación al del Código Penal, clasificando las penas en graves y menos graves; en este sentido, y aplicando el principio de complementariedad de la ley penal ordinaria, quedan establecidas las clases, efectos y reglas de aplicación y cumplimiento de las penas, incorporándose como principal novedad en el ámbito militar la inclusión de la pena de multa, la pena de localización permanente y la revocación de ascensos.
Asimismo, y en la medida que la sanción máxima prevista en el régimen disciplinario militar es de dos meses de arresto, se faculta a los Tribunales militares para reducir la pena mínima privativa de libertad de tres meses y un día, en uno o dos grados, conforme a las reglas del Código Penal, sin que en ningún caso pueda ser inferior a dos meses y un día.
Importante novedad supone la posibilidad de suspensión de las penas privativas de libertad, cuestión que hasta el momento se encontraba vedada a los condenados que conservaran su condición militar. La aplicación de las medidas sustitutivas, la suspensión de la pena y la libertad condicional se regirán por lo dispuesto en el Código Penal.
En quinto lugar, entre los delitos contra la disciplina, el delito de insulto a superior incluye, además del maltrato de obra, el atentado contra su libertad o indemnidad sexuales. Asimismo, y en cuanto al delito de desobediencia, de forma similar a lo establecido en el Código Penal, se exime de responsabilidad criminal por desobedecer órdenes que entrañen la ejecución de un delito contra la Constitución, la Ley o Derecho Internacional de los conflictos armados.
De igual forma, el delito de abuso de autoridad castiga el maltrato de obra, el trato degradante, inhumano o humillante, los actos de agresión o abusos sexuales, acoso sexual y profesional, amenazas, coacciones, injurias y calumnias, así como los atentados a la intimidad, dignidad personal y en el trabajo y los actos discriminatorios.
Conviene advertir, en sexto lugar, que una de las novedades más relevantes del nuevo Código Penal Militar viene referida a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares, abordándose en este caso, cuando no concurra relación jerárquica, aquellos delitos que, públicamente, en establecimientos militares o de la Guardia Civil o en acto de servicio, supongan maltrato de obra, trato degradante, inhumano o humillante, actos de agresión o abuso sexual o profesional, atentados contra la dignidad personal o en el trabajo, intimidad y, en general, cualquier acto de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Importante resulta la tipificación como delito de la acción de impedir o limitar arbitrariamente a otro militar el ejercicio de los derechos fundamentales o libertades públicas (en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil o en acto de servicio).
En séptimo lugar, respecto a los delitos contra los deberes del servicio, la principal novedad la hallamos en los delitos contra la eficacia del servicio en el que resultan incluidas aquellas conductas que afectan directamente a cometidos estrictamente castrenses: daños en bienes afectos a las Fuerzas Armadas, pérdida de recursos en favor del enemigo o perjuicio a operaciones militares, mediando siempre imprudencia grave. Además se tipifica (según el grado de imprudencia, situación –conflicto armado, estado de sitio-, y afectación al servicio), el incumplimiento de una consigna general u orden recibida, salvo los supuestos de exclusión de responsabilidad criminal inicialmente apuntados.
No obstante lo anterior, podríamos afirmar que la novedad más relevante es la remisión realizada al Código Penal respecto a la incriminación de las conductas de tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas cometidas por un militar en establecimientos militares o de la Guardia Civil, campamentos, ejercicios u operaciones, pudiéndose incluso agravar las penas hasta un quinto de su límite máximo, dada su afectación a la eficacia del servicio y el riesgo que comporta.
En octavo lugar, y refiriéndonos a los delitos contra el patrimonio militar, al margen de las conductas tipificadas de simulación de créditos para la atención supuesta de necesidades del servicio o derechos económicos para el personal y la figura del prevalimiento de la condición militar para obtener beneficios contractuales, resulta relevante la remisión al Código Penal para el enjuiciamiento de los delitos de hurto, robo, apropiación indebida, daños al equipo o material reglamentario y el delito de receptación.
En noveno lugar, aunque resulta más del ámbito procesal que del sustantivo propio de un código penal, se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, regulando el nombramiento de los jueces de los tribunales militares a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en lugar de recaer dicha potestad en el Ministro de Defensa, como sucedía hasta la fecha. Con ello se pretende asegurar, a través del mérito, la independencia de la jurisdicción militar en una institución tan jerarquizada.
En décimo y último lugar, en la medida que queda derogada la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar, se establece el régimen transitorio de que aquellos hechos punibles cometidos antes de la entrada en vigor del nuevo Código serán castigados conforme a la ley penal derogada, salvo que sean más favorables al reo conforme a la nueva Ley Penal Militar. Además, y en relación con las sentencias definitivas pendiente de recurso previo a la entrada en vigor del nuevo Código Penal, se prevé la aplicación de los preceptos de éste último si son más favorable al reo, bien de oficio o a instancia de parte, y ello sin perjuicio de la revisión de oficio de aquellas sentencias firmes no ejecutadas total o parcialmente antes de la vigencia de la nueva Ley Penal Militar en las que conforme a ésta, correspondiera la absolución o una condena más beneficiosa.
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Ejército del Aire. España. Foto: Coronel José Francisco Terol Albert (CC BY-NC 2.0)
El personal que ingresó al servicio de la Administración Pública a partir del 1 de enero de 2011 quedó incluido de forma obligatoria en el Régimen General de la Seguridad Social a los efectos de las prestaciones de Clases Pasivas, según se dispuso en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Finalizamos nuestro recorrido por los cuatro programas con mayor intención de voto en la última encuesta del CIS con el análisis de las propuestas del partido que actualmente desempeña las labores de Gobierno de la Nación.
En el epígrafe GARANTIZAR LA SEGURIDAD, el Partido Popular propone, en lo que se refiere a política de personal en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:
4 Incrementaremos los recursos policiales destinados a seguir mejorando los niveles de seguridad en nuestras calles, mediante la reorganización de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil y el aumento de sus efectivos. Destinaremos a este fin al menos en 3.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, actualmente ocupados en labores burocráticas y de custodia estática de edificios institucionales
Ya decíamos ayer que resulta necesaria la reorganización de la plantilla: primero, por la propia seguridad de los ciudadanos; y, segundo, porque la Administración está utilizando en ocasiones la escasez de personal para negar el disfrute de derechos a los guardias civiles, cuando esa falta de personal es responsabilidad, precisamente, de la propia Administración. Valoramos también positivamente que los efectivos empleados en la actualidad en tareas burocráticas y de custodia estática sean destinados a labores propias de la seguridad ciudadana.
5 Desarrollaremos un plan de modernización y adecuación de la red de infraestructuras de seguridad del Estado en los próximos cuatro años, para elevar la calidad de las instalaciones en donde Policías Nacionales y Guardias Civiles trabajan, cada día, al servicio de todos los españoles. En todas las actuaciones se pondrá especial atención a los criterios de eficiencia energética y de accesibilidad.
En algunos cuarteles esta medida es necesaria por razones de salud e higiene. Hay acuartelamientos en un estado de insalubridad total.
En lo que se refiere a la política de personal en Defensa, el programa electoral del PP apuesta por lo siguiente:
33 La política de Personal volverá a ocupar un lugar central en nuestra política de Defensa, ya que el mejor activo con el que contamos son los casi 120000 hombres y mujeres que forman las Fuerzas Armadas. Así, en primer lugar aprobaremos una nueva Ley de Movilidad, para atender las especiales circunstancias y necesidades que se generan en el entorno del militar y de su familia a consecuencia de la permanente disponibilidad y los cambios de destino inherentes a la profesión.
La propuesta de aprobar una Ley de Movilidad para mitigar las consecuencias de la permanente disponibilidad y los cambios de destino durante la carrera militar resulta muy loable, pero no contiene ninguna medida concreta en la que se plasme como se va a llevar a cabo esa actuación de protección.
34 Continuaremos con la aplicación de las medidas de apoyo y protección a las familias, especialmente para permitir la conciliación, y reforzaremos los acuerdos y convenios con Comunidades Autónomas para simplificar la obtención de plazas en colegios, así como con los centros infantiles cuando no estén disponibles los propios de la Defensa.
Resulta curioso que se inicie ese párrafo con la expresión «continuaremos», pues precisamente ha sido con este partido en el Gobierno cuando más se han recortado algunas de las medidas de conciliación de la vida profesional y familiar, como la reducción de jornada para el cuidado de un hijo (lo que en su día expusimos aquí). Parece que nos encontramos ante una falta de coherencia entre lo que se propone y lo que se hace.
La segunda parte de la propuesta no sólo nos parece adecuada, sino que además debería ser obligatorio que los militares que cambian de destino tuvieran plaza en el centro educativo de su elección de entre los existentes en la localidad de destino, cuestión que podría llevarse a cabo si los sucesivos gobiernos centrales no se hubieran desprendido de todas sus competencias en educación.
35 Garantizaremos las posibilidades de acceso y formación que refuercen la calidad profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como el progreso en una carrera plena y fructífera. Lo haremos asegurando la reposición necesaria de efectivos para dar cumplimiento a la planificación operativa del JEMAD con vistas al año 2025, mientras potenciamos el aprovechamiento de las capacidades militares en el sector público y privado mediante la implementación del plan SAPROMIL creado durante esta Legislatura.
No se hace mención alguna a combatir la precariedad laboral de la Tropa y Marinería, cuestión que nos parece fundamental.
36 Analizaremos los planes de estudio, y su adecuación, permitiendo la convalidación de créditos en los procesos de promoción, desarrollaremos las segundas especialidades de carrera profesional, lo que permitirá el mejor diseño de trayectorias profesionales, perfeccionaremos los procesos de evaluación para el ascenso y fortaleceremos los mecanismos que faciliten la promoción interna entre cuerpos y escalas.
Se habla de perfeccionar los procesos de evaluación, pero no se concreta ninguna medida, como la de eliminar criterios de evaluación subjetivos (IPEC).
38 Aplicaremos con la mayor diligencia el Plan Integral de apoyo a la Discapacidad, completando así las posibilidades de inserción y recuperación de nuestro personal.
Se trata de un Plan de reciente aprobación (septiembre de 2015) destinado a garantizar la igualdad de oportunidades e integración del personal militar con discapacidad dentro de las Fuerzas Armadas, siendo uno de sus objetivos el de promover el adecuado desarrollo de la actividad profesional, facilitando la reorientación de la carrera profesional en el caso del personal militar con discapacidad que permanece en las Fuerzas Armadas con limitación para ocupar determinados destinos o favoreciendo el acceso a la formación previa y a puestos de trabajo en el sector civil para aquellos militares que como consecuencia de su discapacidad han pasado a retiro o han causado baja en las Fuerzas Armadas.
Dado el escaso tiempo transcurrido desde la aprobación del plan, no podemos evaluar su cumplimiento hasta el momento, pero habremos de estar vigilantes al respecto.
39 Haremos del reservista voluntario un recurso altamente útil para las Fuerzas Armadas; para ello mejoraremos los perfiles profesionales y los destinos, así como su gestión y los procedimientos de activación.
La figura del reservista es necesaria para garantizar el derecho de de defender a España de todos los españoles que así lo deseen, pero ello no debe suplir una carencia de personal en las unidades, esto es, el reservista no debe ser empleado para cubrir plantilla. Ni debe servir de excusa para negar una carrera militar a los militares de complemento y a la Tropa y Marinería.
40 En materia de igualdad entre hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas, seguiremos potenciando el acceso y las condiciones de trabajo de la mujer en las FAS e implementaremos el Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. De esta forma, seguiremos exportando, mediante la cooperación y el intercambio de “buenas prácticas”, el modelo español de incorporación e integración de la mujer en las Fuerzas Armadas Españolas, pionero y ejemplo en las organizaciones internacionales, así como la cultura de tolerancia cero con respecto al acoso sexual y por razón de sexo.
Así debería ser sin necesidad de medida alguna: absoluta igualdad entre hombres y mujeres en las FAS.
41 Se desarrollará la Ley de Régimen Disciplinario de las FAS, así como se completará el de la Ley de carrera militar, modificando los Reglamentos de Especialidades Fundamentales; de Evaluaciones y sus normas subsiguientes; así como el de Destinos y de Ingreso y promoción para dar cumplimiento a las medidas para facilitar la promoción profesional.
Nada que añadir hasta que no se conozcan las concretas medidas de desarrollo.
42 Desarrollaremos también el nuevo Código Penal Militar, entre otras medidas mediante las subsiguientes reformas de la Ley Orgánica Procesal Militar y de la LO de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, aplicando así las decisiones adoptadas de refuerzo de la independencia de los jueces y para el óptimo funcionamiento de la jurisdicción.
Hemos de remitirnos a lo expresado en el párrafo anterior: se trata de medidas de desarrollo de una Ley Orgánica recientemente aprobada, por lo que habremos de estar al contenido de las concretas propuestas.
45 Potenciaremos la Cultura de Defensa con objeto de que los ciudadanos estén informados de los asuntos relacionados con la Defensa Nacional, así como para dar a conocer las actividades de las Fuerzas Armadas.
Avanzando en el programa, encontramos otro epígrafe con el título NUEVAS SOLUCIONES PARA NUEVOS RETOS: DEFENSA Y SEGURIDAD, en el que encontramos, entre otras, las siguientes medidas:
1 Seguiremos desarrollando una política en defensa y seguridad con especial atención a nuestros hombres y mujeres desplegados internacionalmente, apoyando en toda su dimensión esa labor en la que contribuyen a la seguridad, la estabilidad y la paz, para que nuestras Fuerzas Armadas dispongan de las capacidades y recursos necesarios para que cumplan con eficacia las labores que se les encomienden.
Parecida redacción a una de las propuestas que ya hemos analizado, referida en esta ocasión a los militares que se encuentran desplegados internacionalmente, pero sin concretar en qué va a consistir esa concreta «especial atención».
3 Continuaremos la labor de fomento de la igualdad, la conciliación y las mejores condiciones de vida para nuestros militares en activo. Proseguiremos aplicando medidas que permitan reforzar la vinculación de los heridos con las Fuerzas Armadas.
Es justo reconocer el sacrificio de aquellos que han resultado heridos en el cumplimiento del deber.
6 Fomentaremos la cultura de la defensa en el ámbito de la educación.
7 Agilizaremos los procesos de nacionalización de los extranjeros que sirvan en las Fuerzas Armadas.
Es de justicia que quien se consagra a la defensa de la Nación, goce de todos los derechos de pertenencia a la misma.
8 Impulsaremos la coordinación entre los ministerios de Educación y Defensa en materia de titulaciones universitarias para facilitar el acceso al desarrollo de una profesión dentro del Ejército español.
9 Estableceremos un programa para mejorar la atención a las familias de los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente las de aquellos que están desplegados en misiones internacionales.
Acertada medida. Al esfuerzo y sacrificio del militar desplegado en el extranjero ha de unirse el callado ahínco, tesón y dedicación de la familia que se queda en casa, por lo que cualquier apoyo será, a buen seguro, bienvenido.
En definitiva, hay material suficiente para debatir acerca de este programa, por lo que invitamos humildemente a nuestros lectores a participar en el mismo a través de los comentarios de esta página.
Quien desee consultar el programa íntegro del Partido Popular puede hacerlo aquí.

References: artículo 111
 resolución 
 artículo 56
 resolución 
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 13
 artículo 81
 Real Decreto 
 artículo 120
 resolución 
 artículo 2
 artículo 7
 Real Decreto