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Timestamp: 2019-05-21 17:41:57+00:00

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﻿ SENTENCIA 159 DE JUNIO 16 DE 1986
SENTENCIA 159 DE 16 DE JUNIO DE 1986
CONTENIDO:FIGURA PROCESAL DE LA APELACIÓN ADHESIVA. NO TIENE APLICACIÓN FRENTE AL PRINCIPIO DE LA ANALOGÍA O DE INTEGRACIÓN CON LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL. FRENTE A LA FIGURA PROCESAL DE LA APELACIÓN ADHESIVA NO ES APLICABLE EL PRINCIPIO DE LA ANALOGÍA O DE INTEGRACIÓN CON LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO CIVIL, TODA VEZ QUE EN EL ORDENAMIENTO PROCESAL LABORAL EXISTE NORMA QUE CONSAGRA Y REGLAMENTA EN FORMA EXPRESA EL RECURSO DE APELACIÓN, NO PRESENTÁNDOSE VACÍO ALGUNO QUE PUEDA SER LLENADO A TRAVÉS DEL MENCIONADO PRINCIPIO. SALARIOS PACTADOS POR COMISIÓN VENTAS PERFECCIONADAS DESPUÉS DE TERMINADO EL CONTRATO DE TRABAJO CON EL EMPLEADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, PROCESO LABORAL, APELACIÓN ADHESIVA, PROCEDIMIENTO LABORAL, LEY DE PROCEDIMIENTO CIVIL
Sentencia 159 de junio 16 de 1986
FIGURA PROCESAL DE LA APELACIÓN ADHESIVA. NO TIENE APLICACIÓN FRENTE AL PRINCIPIO DE LA ANALOGÍA O DE INTEGRACIÓN CON LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL
Frente a la figura procesal de la apelación adhesiva no es aplicable el principio de la analogía o de integración con las normas del procedimiento civil, toda vez que en el ordenamiento procesal laboral existe norma que consagra y reglamenta en forma expresa el recurso de apelación, no presentándose vacío alguno que pueda ser llenado a través del mencionado principio
SALARIOS PACTADOS POR COMISIÓN
Ventas perfeccionadas después de terminado el contrato de trabajo con el empleado
Radicación Nº 159. Acta Nº 19
Bogotá, D.E., dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y seis.
El señor Carlos Alberto Herrera Gracia demandó en proceso ordinario a la sociedad Electroquímica West S.A., el cual fue conocido en primera instancia por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá que mediante sentencia de agosto 29 de 1985, resolvió lo siguiente:
“1. Condenar a la sociedad demandada Electroquímica West S.A., representada legalmente por la señora Liliana Montes de Mejía, a pagar al señor Carlos Alberto Herrera Gracia, de condiciones civiles y personales conocidas de autos, las siguientes sumas y por los conceptos que a continuación se enuncian:
a) La suma de un millón ciento treinta y siete mil ciento cincuenta pesos ($ 1.137.150) moneda corriente, por concepto de comisiones insolutas, y
b) Por concepto de reajustes de cesantía, vacaciones y prima de servicios, las cantidades de cuatrocientos trece mil doscientos sesenta y nueve pesos con setenta y nueve centavos ($ 413.269.79) moneda corriente; treinta y siete mil novecientos cinco pesos ($ 37.905) moneda corriente y veintitrés mil seiscientos noventa pesos con sesenta y dos centavos ($ 23.690.62) moneda corriente, respectivamente.
2. Absolver a la sociedad demandada de las restantes súplicas que le fueron formuladas en la demanda por el actor.
3. Declarar no probadas, las excepciones propuestas por la demanda.
4. Condenar en costas a la sociedad demandada. Tásense”.
El señor apoderado de la demandada interpuso el recurso de apelación y a su vez la parte demandante hizo lo propio mediante apelación adhesiva, por lo cual el proceso llegó al conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que mediante sentencia de octubre 4 de 1985 revocó la decisión del a quo y dispuso la absolución para la demandada respecto de la totalidad de las pretensiones planteadas por el actor, disponiendo la condena en costas de ambas instancias a cargo de éste.
El procurador judicial del demandante interpuso el recurso de casación que fue concedido por el tribunal y admitido por Corte que de igual manera admitió la demanda extraordinaria, cuyo estudio enfrenta ahora conjuntamente con el escrito de réplica presentado por la parte opositora. Fundándose en la causal primera de casación laboral, el recurrente formula dos cargos, señalando el siguiente alcance respecto de su impugnación:
“Solicito a la honorable Corte la casación total de la sentencia impugnada o sea la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el día 4 de octubre de 1985, que absolvió de todas las peticiones de la demanda a la sociedad demandada y una vez constituida en sede instancia, confirme los ordinales a y b del numeral primero y los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva del fallo de primer grado y revoque el numeral segundo del mismo fallo, para despachar favorablemente las súplicas de la demanda relacionadas con el pago de los descansos en domingos y festivos, el reajuste de cesantía, vacaciones y primas, para incluir el promedio respectivo de tales descansos, la indemnización por despido unilateral y con justa causa imputable a culpa de la sociedad demandada y la indemnización moratoria.
En subsidio, también en sede de instancia y una vez casada la sentencia recurrida, confirme en todas sus partes el fallo de primer grado y en ambos casos, provea sobre las costas de la segunda instancia”.
Se encuentra formulado así:
“Primer cargo. Acuso a la sentencia recurrida por la primera causal de casación, señalada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, esto es por ser violatoria de la ley sustancial, a través de la vía directa, por las modalidad de infracción directa (falta de aplicación) de los artículos 62-2, 66 y 145 del Código Procesal Laboral 304, 305, 351, 353, en concordancia este último con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 y 357 del Código de Procedimiento Civil, lo que la llevó también a infringir directamente (falta de aplicación), los artículos 22, 23, 57 ordinal 4º, 127, 172, 176, 177, 186, 189 (D. 2351/65, art. 14), 249, 253 (D. 2351/65, art. 17), 306 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 6º y 8º del Decreto 2351 de 1965 y artículo 3º de la Ley 48 de 1968.
La violación de las normas procedimentales y sustanciales, en que incurrió la sentencia recurrida, se produjo en forma directa, con independencia de los aspectos fácticos y de las probanzas aportadas al plenario del proceso.
Demostración del cargo. El tribunal después de señalar que con base en las probanzas que obran en los autos, se infiere que el actor prestó sus servicios entre el 22 de mayo de 1978 al 30 de septiembre de 1982, inicialmente como almacenista en la zona de Bogotá, y luego como representante de ventas, con un salario variable (comisiones), procede a analizar las súplicas condenativas de la demanda (sic) por ser la demandada la única apelante, ya que en materia laboral, no existe apelación adhesiva (el subrayado no es del texto).
¿Debe entonces, examinarse si la sucinta declaración del a quo, tiene respaldo legal o por el contrario, quebrantó de manera ostensible los textos legales indicados en la formulación del cargo, en principio los artículos pertinentes al recurso de apelación establecidos tanto en el Código Procesal Laboral, como el Código de Procedimiento Civil?
El artículo 62 del Código Procesal Laboral (D. 2158/48), enumera las diversas clases de recursos, que proceden contra las “providencias judiciales del trabajo” y en su numeral segundo (2º), establece el de apelación.
A su vez, el artículo 66 ibídem, determina que serán apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, de palabra en el acto de la notificación, o por escrito, dentro de los tres días siguientes; interpuesto en la audiencia, el juez lo concederá o denegará inmediatamente; si por escrito, resolverá dentro de los días siguientes.
Esta norma contiene dos situaciones o etapas: la primera, la oportunidad de interponer el recurso de apelación y la segunda, el momento en que el juez la debe conceder.
A su vez, el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, le impone al recurrente una nueva obligación que es la de sustentar ante el inferior el recurso de apelación, dentro del término que tiene el juez para resolverlo, pero si se interpuso dentro de la audiencia, debe sustentarlo de una vez y si se hizo por escrito, debe hacerlo dentro del plazo legal (2 días), so pena que se lo declaren desierto.
Se puede decir válidamente, que éstas son las disposiciones procedimentales en materia laboral, que regulan el recurso de apelación pero sin olvidar que el Decreto 2158 de 1948 (CPL), entró en vigencia el 8 de junio de ese año (D. 2215/48, art. 1º) y los decretos 1400 y 2019 de agosto 6 y octubre 26 de 1970, por medio de los cuales se expidió el Código de Procedimiento Civil entraron a regir el 1º de julio de 1971 (art. 699), en otras palabras, que el último es mucho más reciente que el primero y es lógico que las nuevas instituciones que se consagran en el Código de Procedimiento Civil, no tenía vida jurídica en nuestro procedimiento laboral.
De tal manera, que mientras el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal (sic), regula el recurso de apelación contra las sentencias de primera instancia, el artículo 353 ibídem, crea una nueva figura que es la apelación adhesiva, que como se dice en el párrafo anterior no estaba consagrada en el Código Procesal Laboral.
Esta nueva figura jurídica, establecida en el Código de Procedimiento Civil, tiene su razón lógica de ser, ya que da una nueva oportunidad a las partes, en especial a la que no recurrió inicialmente, para que el superior pueda revisar íntegramente la sentencia impugnada, todo de acuerdo con los principios reguladores indicados en los artículos 304 (contenido de la sentencia) y 305 (congruencia) y en esa forma darle el derecho correspondiente al que lo tiene y lo demostró válidamente en el proceso respectivo.
Se podría alegar, hasta aquí, que el tribunal tenía soporte legal para decir con razones plausibles, que la apelación adhesiva no tiene cabida en “materia laboral”.
Pero olvidó, de manera lamentable y sin el menor esfuerzo mental, que existe una disposición que lo obliga, como es el artículo 145 del Código Procesal Laboral, que regula el procedimiento analógico o como otros lo llaman el sistema de la integración, cuando expresamente decreta, que “a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo se aplicarán las normas análogas de este decreto, y en su defecto, las del Código Judicial”.
O sea, que este texto legal, que está vigente, regula un trámite analógico, que es el siguiente:
“1. Si existe la norma especial, en el Código Procesal Laboral, se aplica.
2. Si no existe, se aplica la norma analógica del Código Procesal Laboral.
3. Si no es posible la aplicación analógica del propio código, se acude por el mismo sistema al Código Judicial (hoy CPC), sin que nadie pueda poner en entredicho la remisión al último código”.
Pero podría argumentarse, sin que lo insinué, el ad quem, que el capítulo del código, relacionado con los recursos es completo y que no procede ninguno nuevo. Eso es pertinente, cuando en el Código de Procedimiento Civil, se crea uno nuevo, por ejemplo el de revisión y con mucha sapiencia, la honorable sala en sentencia de julio 15 de 1959, dispuso que este recurso, no lo contempla el artículo 62 del Código Procesal Laboral, de tal manera que la aplicación analógica en este caso, no podía aceptarse porque se está frente a una materia expresamente regulada en dicho estatuto laboral; pero la situación jurídica, frente a la modalidad adhesiva del recurso de apelación es diferente.
En efecto, el Código de Procedimiento Civil, crea una nueva posibilidad para las partes para interponer y sustentar ese recurso, pero no puede decirse con razones válidas que se trata de un nuevo recurso diferente al de apelación. Basta leer los artículos 350 y siguientes de ese código, para llegar a la simple conclusión, que no es medio de impugnación distinta, sino una nueva forma de oportunidad para las partes para impetrar ante el superior dicho recurso.
Además no debe olvidarse, que frente a un término tan preclusivo como es el artículo 66 del Código Procesal Laboral, la propia doctrina y en el proyecto de Código de Procedimiento Laboral de 1979, donde por bondad del Gobierno Nacional participamos, se amplió dicho término (Derecho Social 18, art. 199, págs. 52 y 53).
En el presente caso, se formuló la apelación adhesiva, en su oportunidad, ya que ella se hizo, mucho antes de tener que sustentar el recurso ante el superior (CPC, art. 353, parte final), ya que el escrito pertinente se presentó ante el propio inferior, tal como obra en autos (fls. 287 y 288), dando cabal cumplimiento a la norma tantas veces citada.
En tales condiciones, es ostensible la transgresión de los textos legales procedimentales indicados en la formulación del cargo, porque el tribunal tenía la obligación legal de revisar adecuadamente toda la sentencia impugnada (CPC, art. 357), ya que al haberse formulado en tiempo el escrito contentivo de la apelación adhesiva, no podía limitarse a decidir sobre las pretensiones condenatorias de la sentencia del a quo, y no de la demanda, como equivocadamente lo expresa, sin sindéresis alguna.
Al quebrantar las normas procedimentales civiles y laborales, violó de igual manera las normas sustanciales de los derechos que se reclaman, como son el pago de descansos en domingos y días festivos, los reajustes de cesantía, vacaciones y primas, la indemnización por despido unilateral y con justa causa por parte del acto, imputable a culpa del patrono, la indemnización moratoria por la mala fe patronal en el pago de salarios y prestaciones sociales y las costas del juicio.
De tal manera , que la honorable sala, deberá una vez casada la sentencia y en sede de instancia, estudiar adecuadamente cada una de las súplicas que no fueron examinadas por el tribunal, para darle el derecho que debidamente el demandante reclamó al presentar el libelo de la demanda y que con posterioridad, demostró dentro del proceso”.
La inconformidad del recurrente se origina en la descalificación que hizo el tribunal de su recurso de apelación en el aparte de la sentencia que se transcribe a continuación:
“Sentados los anteriores presupuestos es el caso entrar a analizar las súplicas condenatorias de la demanda, por ser la demandada la única apelante, ya que en materia laboral, no existe la apelación adhesiva”.
Tal afirmación del ad quem, aunque no se encuentra sustentada, coincide con el criterio mayoritario de la sala que considera que frente a la figura procesal de la apelación adhesiva no es aplicable el principio de analogía o de integración con las normas del procedimiento civil, toda vez que en el ordenamiento procesal laboral existe norma que consagra y reglamenta en forma expresa el recurso de apelación, no presentándose vacío alguno que pueda ser llenado a través del mencionado principio.
Con base en la opinión expresada anteriormente, de la cual disiente el magistrado ponente y cuya salvedad de voto se presenta en forma separada, no resulta admisible la violación medio que plantea el censor y por tanto, el cargo no alcanza la prosperidad pretendida.
Lo plantea el recurrente en los siguientes términos:
“Acuso a la sentencia recurrida por la primera causal de casación señalada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, esto es por ser violatoria de la ley sustancial, a través de la vía indirecta, por la indebida aplicación de los artículos 13, 14, 22, 23, 43, 57 ordinal 4º, 127, 132, 186, 189 (D. 2351/65, ord. 14), 249, 253 (D. 2351/65, ord. 17), 306 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 3º de la Ley 48 de 1968 y artículo 1602, 1603, 1618 y 1857 del Código Civil, en concordancia con el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo.
La violación de las anteriores normas sustanciales se debió a los protuberantes errores de hecho, en que incurrió el sentenciador de segunda instancia, lo que lo llevó a revocar el fallo de primer grado, absolviendo a la sociedad demandada de las pretensiones de la demanda, cuando si las hubiera estimado debidamente, por lo menos, habría procedido a confirmar las condenas decretadas por el a quo, en la sentencia materia de este recurso.
Los manifiestos yerros fácticos, en que incurrió el tribunal, en el fallo impetrado, son los siguientes:
“1. No dar por demostrado, estándolo, que fue el demandante quien inició y adelantó debidamente la venta que se hizo a la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, por conducto de la CIAC.
2. Dar por demostrado, no estándolo, que el actor sólo se limitó a hacer algunas demostraciones del producto ofrecido en venta a la FAC pero sin haberse causado la comisión pactada en la adición al contrato original firmado entre las partes.
3. No dar por demostrado, estándolo, que la venta a la FAC, se hizo por las gestiones realizadas por el actor y que el hecho de su desvinculación de la sociedad demandada, no le quita su derecho legítimo a recibir el valor de la comisión causada a su favor.
4. No dar por demostrado, estándolo, que al causarse la comisión por la venta efectuada a la Fuerza Aérea Colombiana FAC, la sociedad demandada debía reajustar las prestaciones sociales del actor (cesantía, vacaciones y primas)”.
Los protuberantes yerros fácticos en que incurrió el ad quem, se debió a la apreciación errónea de algunas pruebas y a la falta de apreciación de otras, según la siguiente relación:
a) Carta del 24 de septiembre de 1979 dirigida al actor por la sociedad demandada (fls. 25 a 26 y 142 a 143);
b) Interrogatorio de parte respondido por el demandante (fls. 123 a 127);
c) Pedido de compra local CIAC 0107-DA-82 de agosto 25 de 1982 (fls. 77 y 199);
d) Carta de 23 del abril de 1980 dirigida a la Fuerza Aérea Colombiana por el demandante, como representante en Bogotá de la sociedad demandada (fls. 79 y 80);
e) Cotización de agosto 27 de 1982 dirigida a la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana por la empresa demandada (fl. 78);
f) Carta de septiembre 30 de 1982 dirigida a la sociedad demandada por el actor (fls. 27 y 198);
g) Inspección judicial efectuada en las dependencias de la demandada el 7 de octubre de 1983, en la ciudad de Medellín (fls. 189 a 191);
h) Documentos de noviembre 15, noviembre 12, noviembre 18, diciembre 14 y 23 de junio de 1982 (fls. 74 a 80), e
i) Reconocimiento de documentos por Alberto Silva Peña (fl. 136). Como pruebas no calificadas los testimonios de Álvaro Mejía Soto (fl. 95), Daniel Horacio Riveros Corrales (fl. 99), Luis Alberto González Melo (fl. 108) y Rafael Ángel Ramón Mahé (fl. 110) y Alberto Silva Peña (fls. 131 a 136).
a) Comunicación de febrero 8 de 1979 (fls. 67 a 68);
b) Certificación del gerente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (fls. 69 y 211);
c) Solicitud de compra local de junio 22 de 1982 (fls. 75 y 208);
d) Comunicación de agosto 19 de 1982 dirigida por la Fuerza Aérea Colombiana al gerente de la CIAC (fl. 76);
e) Comunicación de septiembre 17 de 1980 (fls. 83 y 84), abril 28 de 1980 (fl. 85), mayo 12 de 1981 (fls. 86 y 87), 18 de febrero de 1981 (fl. 88), febrero 15 de 1982 (fl. 89);
f) Certificación de junio 23 de 1983 de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (fl. 107), y
g) Comunicación de febrero 15 de 1982 dirigida a la Fuerza Aérea Colombiana de febrero 15 de 1982 por el actor, como representante de ventas de la sociedad demandada (fls. 109 y 230)”.
El tribunal una vez establecido que entre las partes, existió una relación laboral del 22 de mayo de 1978 al 30 de septiembre de 1982, inicialmente desempeñando el cargo de almacenista en la zona de Bogotá, modificado a partir del 1º de octubre de 1979 en el sentido de que el actor, actuó a partir de esa fecha, como representante de ventas en la misma zona con un salario consistente en comisiones por ventas efectuadas y recaudadas, según los porcentajes establecidos, en la carta de septiembre 24 de 1979 (fls. 25 y 26), se refiere a continuación, al cobro de las comisiones insolutas reclamadas por el demandante.
El ad quem hace referencia a las condenas decretadas por el juzgado, por pago de una comisión insoluta de $ 1.137.150, con fundamento en el interrogatorio del actor, los documentos que sirvieron para determinar la relación laboral (fls. 31 a 43) y los testimonios de Luis Alberto González y Rafael Ángel Ramón Mahé, para inferir una venta a través de la CIAC, para la FAC, gestionada por el demandante, pero advirtiendo que el a quo, olvidó que en materia laboral no opera la presunción del salario, sino que por el contrario al trabajador le incumbe demostrarlo.
Sostiene el tribunal, que el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, permite que el patrono y el trabajador puedan convenir libremente la forma del salario, pero respetando siempre el mínimo legal o el fijado en pactos o convenciones colectivas o fallos arbitrales. Que de la versión del actor en su demanda (sic), se infiere que a partir del 1º de octubre de 1979, se modificó el salario pactado que sería en comisiones por las ventas efectuadas y recaudadas en los porcentajes pactados (fls. 25 a 26), según las propias subrayas del sentenciador.
Afirma, que existiendo libertad para determinar la forma y modalidad del salario, siempre que se respete el mínimo legal convencional, lo pactado en el contrato, es una ley para las partes, como lo dispone el artículo 1602 del Código Civil. Que además, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella, más que a lo literal de las palabras; que las reglas de interpretación tienen un carácter subsidiario y que el juez, no debe recurrir a ello, sino cuando le resulte imposible, descubrir lo que hayan querido los contratantes, cuáles fueron sus objetivos y las finalidades que éstos se propusieron al celebrar el convenio, remata diciendo, que los jueces tienen facultad amplia para interpretar los contratos oscuros, pero que no pueden olvidar que esta atribución no los autoriza, so pretexto de ella, a distorsionar ni desnaturalizar pactos cuyos sentidos sean claros y determinantes, ni medios para quitarles o reducirles sus efectos legales.
Con fundamento en las anteriores aseveraciones, el tribunal llega al convencimiento, una vez que hace una sucinta relación de algunos medios probatorios, a la conclusión que el actor, no demostró que en forma personal hubiera efectuado la venta a la FAC, por conducto de la CIAC y el correspondiente recaudo y por tanto, tomó la determinación de revocar la condena impartida por el a quo y en su lugar, absuelve a la demandada.
Pero precisamente, el sentenciador de instancia se equivocó en la apreciación de las pruebas en que soporta su decisión, como más adelante se analizará, lo que lo llevó a aplicar en forma indebida los textos sustanciales laborales y civiles señalados en la formulación del cargo, para lo cual es pertinente hacer una sucinta explicación de ellos, ya que tienen notoria incidencia en la decisión final del ad quem.
Nadie discute, que el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo establece la libertad para las partes, patrono y trabajador, de convenir su salario, respetando el mínimo legal, convencional o arbitral (CST, art. 132) y que ese pacto o estipulación, es válida o sea que en principio a las partes: pero sin olvidar como lo hizo el fallador, que la autonomía de la voluntad, continúa sufriendo serios recortes, ya por motivos de interés social y aun de orden público, ya por un empeño de tutela en amparo de los derechos de las personas, en nuestro caso de los trabajadores y en guarda de la equidad, tal como lo estipulan los artículos 13 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo.
De tal manera, que el patrono y el trabajador pueden acordar el salario, en cualquiera de las modalidades que el Código Sustantivo del Trabajo determina, pero sin olvidar que la propia ley laboral protege al trabajador y que debe a la vez, darse una interpretación lógica y justa de las cláusulas pactadas, y no como lo pretende el ad quem, con un criterio eminentemente contractualista, que como se estipuló que la comisión se causaría con la venta y el recaudo, el trabajador la pierde porque físicamente en el momento del pago; había dejado de prestar sus servicios a la empleadora, que es en definitiva la decisión recurrida. Precisamente, en contra de ese criterio contractualista y de derecho privado, que en el fallo acusado se sostiene indebidamente, la honorable Corte en sentencia del 1º de marzo de 1979, radicación 5207 (Jurisprudencia y Doctrina, T. Vlll, Nº 88, págs. 249 a 251), entiende que cuando la comisión es el medio de retribuir al trabajador, el resultado que obtenga constituye la causa de la remuneración, pues al estipularse esa clase de salario, lo que se retribuye es el resultado.
Sostiene valederamente, la honorable Corte, que cuando queda sólo pendiente la culminación del negocio encomendado o sea las diligencias necesarias para el pago, si éste se realiza con posterioridad a la desvinculación del trabajador, la comisión no puede ser desconocida válidamente por el patrono pretextando ese hecho, ya que por parte del asalariado se ha realizado la prestación debida.
Dice la ameritada sentencia, con mucha sapiencia, que si así lo convienen patrono y trabajador, la estipulación es ilícita, como lo enseña el artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo, porque significa imponerle al trabajador una condición en detrimento de su derecho cierto al salario.
A pesar de lo anterior, podría contra-argumentarse, que como se pactó que la comisión se causaría, cuando se efectuara la venta y el recaudo y este último, sucedió después de la terminación de la relación laboral, el trabajador no tendría derecho a ella, pero aquí vuelve a equivocarse el ad quem, cuando afirma que la venta y menos el recaudo no lo efectuó el actor; todo lo contrario y como se demostrará al analizar las pruebas mal apreciadas y las no tenidas en cuenta, lo que llevará a la honorable sala a la conclusión inequívoca que la primera se hizo y que la segunda o sea el pago, si buen se efectuó después de la finalización del vínculo contractual, el derecho a la comisión, ya se había generado y que la posición de la demandada es injusta e inequitativa y no tiene respaldo, ni soporte legal alguno.
En efecto, del examen prolijo de las pruebas mal apreciadas, como de los no confrontados por el tribunal, se demuestran en forma fehaciente los yerros fácticos atrás resaltados, como a continuación se demuestra:
“En la comunicación de abril 23 de 1980 (fls. 79 y 80), el demandante a nombre de la empresa demandada, cotizó los productos que más tarde se venderían a la FAC. A su vez, en oficio del 28 de los mismos mes y año, en nota dirigida por T.P. Mariano Castellanos Sánchez al director de mantenimiento aeronáutico, solicita se hagan los contactos del caso con la firma Electrowest, para el suministro de los productos químicos producidos por la demandada (fl. 85).
Según comunicación de 17 de septiembre de 1980, el director de mantenimiento aeronáutico, se dirige al brigadier general - jefe de apoyo logístico, solicitando la adquisición de los productos producidos por Electrowest, haciendo la advertencia que los tres asesores de esa dirección, asistieron a la demostración que en el mes de abril se hizo por la compañía, dando su visto bueno con respecto a la calidad de los productos (fl. 83).
En comunicación de febrero 18 de 1981, el actor Carlos Alberto Herrera, en nombre de Electrowest, corrige los precios de la cotización inicial que había hecho el 20 de agosto de 1980 (fl. 88), como también a nombre de ella, actualiza los precios en nota del 15 de febrero de 1982 (fl. 89).
El 22 de junio de 1982, se envía el pedido de compra local de la Fuerza Aérea Colombiana a la Corporación de la Industria Aeronáutica de los productos químicos elaborados por Electroquímica West S.A. (fls. 75 y 208) y el 22 de agosto del mismo año, la última o sea la CIAC, produce el pedido local por la compra de tales productos por la suma de $ 6.538.612.50 (fls. 77, 199 y 210), corroborándose que el actor tuvo una intervención directa en todo el trámite para llegar a que la CIAC, formalizara el pedido de la FAC, tal como consta en la certificación que obra a folio 211 del expediente, sin olvidar que la FAC, se había dirigido a la CIAC, recordándole la adquisición del material, en nota del 19 de agosto de 1982 (fl. 76).
De todas maneras, es un hecho concluyente que la actuación del demandante, fue decisiva para que se hiciera la compra de los productos de la sociedad demandada y la circunstancia, que se hubiera producido una cotización el 27 de agosto de 1982 dirigida a la corporación por la demandada, no cambia, ni modifica la compra que por intermedio de la CIAC hacía la FAC, como mal lo entiende el tribunal al decir que en esa fecha se hizo la oferta.
Todo lo contrario, ella se inició con la propuesta hecha por Herrera en abril 23 de 1980 (fls. 79 y 80), se actualizaron los valores con las notas dirigidas por el mismo, el 20 de agosto de 1980 (fl. 88) y 15 de febrero de 1982 (fl. 89) y finalizó la negociación con la solicitud de compra de la FAC a la CIAC, el 22 de junio de 1982 (fl. 75) y el pedido de compra de la CIAC, el 25 de agosto de 1982 (fl. 77). De ahí en adelante, se puede decir válidamente que sólo quedó el trámite interno de la corporación para cancelar a Electrowest, el pedido de compra local Nº 0107 - DA/82, tal como dan cuenta los documentos que obran a folios 70 a 73 del expediente y que dieron margen para que el fallador de instancia, apreciara en forma errónea tales probanzas, argumentando que la venta no se había perfeccionado y que no se sabía con exactitud la fecha exacta de la negociación.
Por tanto, puede afirmarse con plena validez y respaldado con los documentos atrás analizados de los cuales algunos fueron aportados o corroborados en la inspección judicial (fls. 189 a 191), que el actor Carlos A. Herrera, sí intervino en todo el trámite de la oferta, como lo sostuvo en su declaración de folios 123 a 127 y que terminó con la venta de los productos de la demandada para la FAC, por conducto de la CIAC, demostrándose los manifiestos errores de hecho, en que incurrió el ad quem, quien equivocadamente determinó, que no se había demostrado por el demandante que hubiese actuado personalmente en dicha negociación y que si el pago se operó después del retiro del trabajador, este último no puede perder su derecho legítimo a la comisión pactada en la carta de septiembre 24 de 1979 (fls. 25 a 26).
Una vez acreditados los protuberantes yerros de la sentencia impugnada, con los llamados pruebas calificadas, es procedente ratificarlos con los testimonios de Álvaro Mejía Soto (fl. 95), Daniel Horacio Riveros Corrales (fl. 99), Luis Alberto González Melo (fl. 108), Rafael Ángel Ramón Mahé (fl. 110) y Alberto Silva Peña (fl. 131).
El general Álvaro Enrique Mejía Soto, gerente de la CIAC, en su declaración de folios 95 a 98, es preciso en anotar que la CIAC, cumple una función de pagadora, ya que es la FAC quien hace el pedido, previa comprobación de la bondad de los productos que adquiere y que allí se hace un trámite interno para cancelar a la firma vendedora, el valor de la compra, sin que se pueda colegir que la corporación pueda modificar, cambiar o negarse a efectuar la compra de los elementos para la FAC. Igualmente, el testigo es enfático en afirmar que expidió una certificación (fl. 79), donde consta que la única persona que a nombre de Electroquímica West S.A., actuó y estuvo en contacto con ella, fue el demandante.
El coronel Daniel Horacio Riveros Corrales subgerente de la CIAC, en su declaración de folios 99 a 105, tan responsiva como la anterior, corrobora en todas sus partes lo expresado por el gerente, dando una serie de detalles pormenorizados del trámite interno de la corporación para efectuar el pago del pedido de la FAC, pero es muy enfático en afirmar que ella no puede oponerse a comprar la orden dada por la Fuerza Aérea o a cambiar de vendedor, ya que la última no lo recibiría y se quedarían con una mercancía que no puede utilizar (fls. 101 a 102), como también que aprobado el pedido tiene fecha 25 de agosto de 1982, cuando el demandante tenía vigente su contrato con la sociedad demandada.
Luis Alberto González Melo (fls. 108 a 110) y Rafael Ángel Ramón Mahé (fls. 110 a 111), técnicos de la FAC, deponen de manera pormenorizada sobre la demostración de los productos de Electro West, que dio base para que esa institución hiciera el pedido de compra a la CIAC y están unísonos, en el sentido de que la única persona que a nombre de la vendedora se hizo presente en todos esos trámites fue el demandante Carlos A. Herrera G.
Por último, es conveniente expresar que el testimonio del señor Alberto Silva Peña, superior jerárquico del actor y ejecutivo de la empresa demandada, ha debido ser desechado por el juzgador por el lógico interés en favorecer el patrimonio de su empleador; pero fuera de ello, su declaración no desvirtúa en ningún caso la numerosa prueba documental allegada a los autos y los testimonios del gerente y subgerente de la CIAC general Álvaro Mejía Soto y coronel Daniel Horacio Rivero Corrales, con los cuales se demuestra en forma fehaciente que la única persona que actuó a nombre de Electro West en la venta a la FAC, fue el demandante y que la intervención del declarante a última hora, cuando ya el pedido se había efectuado, aprobado por el gerente de la CIAC, no modificaba, ni cambiaba las condiciones y valor de la venta y que sólo limitaron a recaudar la operación, por conducto del nuevo representante en Bogotá, señor Henry Marín.
En tales condiciones, con las pruebas no calificadas, citadas precisamente por el ad quem, también se demuestran los manifiestos errores de hecho que cometió y que llevaron necesariamente a la honorable sala, a casar la sentencia recurrida, en los términos solicitados en el alcance de la impugnación, y en sede de instancia, a tomar las determinaciones allí pedidas, como lo reitero respetuosamente”.
Como regla general, la relación de causa a efecto entre el servicio subordinado y el salario representa que siempre en presencia del primero, debe producirse el segundo.
El salario constituye la contraprestación del servicio prestado personalmente y dentro de los lineamientos determinados por el empleador en ejercicio de la facultad subordinante.
Luego, siempre que medie un servicio de tales condiciones y circunstancias se genera el derecho a percibir la retribución correspondiente pues dentro de la reglamentación del servicio prestado bajo la especial protección del derecho laboral, no se admite la gratuidad del mismo e incluso, se llega más allá, hasta prohibir la renuncia o cesión del salario que pretenda hacer el empleado, norma imperativa que por sus alcances sociales y por su condición de orden público es de aplicación obligatoria negándole en consecuencia todo efecto a la manifestación o estipulación que resulte contraria.
Ello significa que si dentro de un contrato de trabajo se llega a pactar cualquier modalidad que en la práctica llegue a afectar los principios que se han reseñado tocantes con la obligatoriedad de la remuneración del servicio prestado bajo la subordinación laboral y con la irrenunciabilidad del salario, ellas carecen de eficacia.
Ahora bien. Es lícito que el empleador pretenda algunos mecanismos de seguridad en lo tocante con la prestación de servicios que ha contratado y cuyo objetivo es alcanzar resultados que sólo pueden tener por consolidados en el momento en que se formaliza un acto jurídico final sin el cual todo lo gestionado anteriormente carece realmente de eficacia, como sucede en el caso de las ventas que es precisamente el que se encuentra vinculado al aspecto debatido en este proceso.
Es una gestión de resultado. Es un trabajo condicionado al logro de su propósito y por ello dentro de la remuneración del mismo resulta admisible incluir el condicionamiento representado por el alcance del objetivo que en el presente caso es la venta.
Ello supone que ante esta clase de gestiones originadas en un contrato de trabajo, pueden darse dos situaciones: la que a la postre no conduce a la concreción de la venta perseguida y la que alcanza su objetivo.
Naturalmente dentro de estos dos extremos pueden darse situaciones intermedias que impiden una generalización y, por el contrario, hacen aconsejable su estudio individual para analizar adecuadamente las circunstancias de cada situación y los factores que puedan incidir en que se alcance uno u otro de los extremos que se han planteado. Incluso, en el caso de las ventas y otros análogos, media otro factor de análisis que es el recaudo.
Pero lo cierto es que si se ha prestado un servicio y éste ha permitido que se alcance el resultado, éste debe necesariamente ser remunerado, aunque la concreción de la venta misma y el recaudo, operen con posterioridad al momento en que ha concluido la relación laboral de quien ha prestado el servicio, pues ello no quiere decir que su trabajo no se haya prestado o que no haya permitido la obtención del fin-condición que se ha señalado en el contrato como generante de la remuneración, sino que su efecto se ha producido posteriormente como consecuencia de tratarse de una actividad cuyos resultados no son inmediatos sino que operan en circunstancias muy diferentes, diferidas en el tiempo, que no por ello hacen inexistente el servicio ni la eficacia del mismo. Es decir, la venta y el recaudo han sido posibles gracias a la prestación del servicio del trabajador que se ha retirado anteriormente. Luego debe aceptarse que tal servicio fue factor determinante de una y otra y por tanto, además de la realidad de la prestación del servicio, se ha dado como consecuencia del mismo, la obtención del fin perseguido y por ello se consolida el derecho a la retribución por su relación de causa a efecto con el servicio prestado y por su eficacia al haber permitido la consolidación del resultado-condición pactado dentro del contrato de trabajo.
Una cosa diferente es que el empleado no hubiera intervenido sino en parte de las gestiones o actividades correspondientes, es decir, que la actividad que permitió alcanzar el resultado, en este caso de la venta, hubiera sido compartida con otras personas. Ello supone de igual manera que se debe dividir o compartir proporcionalmente la retribución generada entre quienes simultánea o sucesivamente intervinieron en la obtención del resultado, pero ésta es una circunstancia que si bien tiene nexo con la materia litigiosa que origina este proceso, no se encuentra planteada ni aludida por la sentencia que se revisa.
Debe distinguirse entre la causación del salario, que opera por la prestación misma del servicio en las condiciones convenidas, y la exigibilidad de aquél que opera al momento de consolidarse la venta y/o el recaudo.
Tal marco conceptual difiere del que sirvió de punto de partida para la decisión del ad quem y por ello ha sido necesario reseñarlo para entrar en el análisis de los yerros fácticos que se denuncian en la censura.
Las pruebas documentales señaladas por el censor muestran lo siguiente:
a) En febrero de 1979 (fls. 67 y 68) el demandante contactó como cliente potencial de la empresa a la cual servía, a la FAC e hizo demostraciones que permitieron generar interés en la bondad del producto ofrecido;
b) En abril de 1980 (fls. 79 y 80) el demandante presentó a la FAC cotizaciones vinculadas a los productos que fueron objeto de la demostración, fecha para la cual se había hecho un nuevo convenio incluyendo la modalidad de comisiones para la retribución de los servicios (fls. 25 y 26);
c) En agosto 25 de 1982, estando aún vigente la relación laboral (fls. 77 y 199), se formalizó el pedido 0-107-DA/82, y
d) La gestión anterior y el resultado se encuentran vinculados, como aparece en la certificación que obra a folio 69.
Lo anterior significa que se había consolidado la oferta, se había aceptado ésta a través del pedido y en tal operación había mediado la actividad personal del demandante y, teniendo en cuenta el marco conceptual inicialmente planteado al estudiar este cargo, resulta que efectivamente el tribunal incurrió en los errores fácticos reseñados por el recurrente bajo los números 1, 2 y 3, siendo el cuarto de ellos una consecuencia necesaria del hecho de aceptar la causación de un salario por la prestación del servicio debatido, pues la suma correspondiente debe incluirse para determinar el promedio del último año de servicios con las consecuencias en el incremento de las prestaciones sociales y demás derechos cuya liquidación se hace con base en el salario total que para este caso resulta incrementado por la comisión insoluta que al constituirse esta sala en tribunal de instancia, debe declararse como causada con la consecuente incidencia en el reajuste de la liquidación final del contrato de trabajo.
El cargo prospera y en sede de instancia la Corte reitera las consideraciones hechas al analizar el mismo y procede a confirmar la decisión del a quo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el día 4 de octubre de 1985, dentro del presente proceso y en su lugar, constituida en tribunal de instancia, CONFIRMA el fallo de primer grado proferido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá el 29 de agosto de 1985.
Sin costas en la segunda instancia ni en el recurso extraordinario.
Germán Valdés Sánchez (con salvamento de voto)—Rafael Baquero Herrera—Juan Hernández Sáenz.

References: artículo 60
 artículo 7
 artículo 57
 artículo 3
 artículo 62
 artículo 66
 artículo 57
 artículo 351
 artículo 353
 artículo 145
 artículo 62
 artículo 66
 artículo 60
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 1602
 artículo 19
 artículo 132
 artículo 1602
 artículo 132
 artículo 43