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Resumen. Palabras clave. Bien jurídico, legitimidad, límites, legislador, principios. Abstract - PDF
Resumen. Palabras clave. Bien jurídico, legitimidad, límites, legislador, principios. Abstract
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Teresa Sandoval Carrasco
1 SZCZARANSKI, Federico. Sobre la evolución del bien jurídico penal: un intento Polít. crim. Vol. 7, Nº 14 (Diciembre 2012), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_07/n_14/vol7n14a5.pdf] Sobre la evolución del bien jurídico penal: un intento de saltar más allá de la propia sombra* Federico León Szczaranski Vargas Abogado, Universidad de Chile Magister en Derecho Penal, Universidad de Talca y Universidad Pompeu Fabra. Centro de Estudios Penales y Penitenciarios, Facultad de Derecho Universidad Mayor. Resumen El autor recorre la historia y evolución del concepto del bien jurídico, analizando la relación entre aquel y la pregunta por la legitimidad de las normas penales. Así, se repasan los inicios del concepto en el trabajo de Birnbaum y se exponen las principales corrientes dogmáticas relativas al contenido del bien jurídico. En consecuencia, se explican tanto las distintas teorías que se pueden identificar con una visión crítica o material del bien jurídico, en la que la protección de éstos se constituye en requisito de legitimidad; como aquellas en las que dicho concepto se identifica con la ratio legis y según las cuales la función del derecho penal se encuentra en reafirmar la vigencia de la norma infringida. Luego de analizar las teorías que recurren a nuevos criterios y principios de legitimación que buscan complementar el rol del bien jurídico, se concluye intentando hacer patente el dilema que enfrenta la teoría del bien jurídico: sin contenido independiente del legislador no puede limitarlo, pero con contenido independiente se constituye en una barrera contramayoritaria que afecta principios democráticos. Palabras clave Bien jurídico, legitimidad, límites, legislador, principios Abstract The author reviews the history and evolution of the legal good, analyzing its relationship with inquiry regarding the legitimacy of penal norms. The origins of the concept in Birnbaum s work are thus reviewed and the main dogmatic positions regarding the legal good s content are explained. Consequently, both the diverse theories related to a critical or material vision of the legal good where the legal goods protection is a condition of legitimacy- as well the theories in which said concept is identified with the ratio legis and according to which the function of Penal law is to reaffirm the validity of the infringed norm. After analyzing the theories that use new criteria and principles of legitimacy that seek to complement the role of the legal good, the article concludes attempting to show the 3782 SZCZARANSKI, Federico. Sobre la evolución del bien jurídico penal: un intento dilemma facing the legal good theory: without independent content provided by the legislator it cannot be limited, but with independent content it rises as a countermajoritarian barrier that affects democratic principles. Key words Legal good, legitimacy, limits, legislator, principles Introducción El estudio de la teoría del bien jurídico se enlaza con diversos tópicos de la dogmática penal, siendo tal vez el principal de ellos aquel referido a la posibilidad de limitar mediante este concepto el ámbito de lo legítimamente criminalizable. Esta necesidad de limitar al legislador se explica en el temor a que el poder de Estado destruya la libertad que debe resguardar: El problema de orden social más importante es la limitación efectiva del poder. El gobierno es indispensable para la formación de tal orden, solo para proteger a todos contra la coerción y la violencia por parte de los demás. Pero tan pronto como, para conseguirlo, el gobierno adquiere el monopolio de la coerción y la violencia, se convierte a su vez en la principal amenaza a la libertad individual. 1 Para evitar que el legislador pueda excederse en la criminalización de conductas, una formulación tradicional del principio de lesividad supedita el establecimiento de la responsabilidad penal a la lesión de un bien jurídico, de manera que éstos son concebidos como fuentes de validez material. 2 En línea con esta función limitadora, es posible encontrar un grupo de teorías en las que se seleccionan, con independencia de lo dispuesto en la norma penal positiva, ciertos bienes cuyas características éticas, sociológicas, políticas o constitucionales, los hacen acreedores del estatus de bien jurídico, de forma tal que sólo ellos podrán ser legítimamente protegidos por la norma penal. 3 En una corriente paralela a la anterior se encuentran aquellas teorías que definen el bien jurídico a partir de la misma norma penal, es decir, lo entienden como aquel interés (o bien) efectivamente protegido con la norma, relacionando directamente al concepto con la ratio legis. En estas concepciones, afirmar que el derecho penal debe proteger bienes *El artículo corresponde, salvo modificaciones menores, a la tesis que defendí para optar al grado de Magister en Derecho Penal de la Universidad de Talca, la cual fue dirigida por Alex van Weezel, a quien agradezco por sus valiosos comentarios, ideas y orientación. Agradezco también a Francisco Maldonado, con quien conversé varios de los temas acá tratados. Muchas virtudes de este trabajo son imputables a ambos profesores, no así sus errores. Finalmente agradezco a Juan Ignacio Rosas y Juan José Rondón por sus observaciones, y a Paulina Gálvez y José Luis Szczaranski por su apoyo moral e intelectual. 1 HAYEK, Friedrich, El ideal democrático y la contención del poder, Estudios públicos n 1 (1980), p BUSTOS, Juan; HORMAZÁBAL, Hernán, Lecciones de Derecho Penal, Tomo I, Madrid: Editorial Trotta, 1997, p LASCURAIN, Juan Antonio, Bien jurídico y legitimidad de la intervención penal, Revista Chilena de Derecho, Vol. 22, n 2 (1995), p3 Polít. crim. Vol. 7, Nº 14 (Diciembre 2012), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_07/n_14/vol7n14a5.pdf] jurídicos es una tautología, puesto que será bien jurídico justamente aquello que el derecho penal proteja, y por lo mismo, éstas no sirven para ofrecer un criterio de lo legítimamente criminalizable. 4 La tensión entre ambas corrientes materiales o trascendentes las primeras, formales o inmanentes las segundas se condice con la tensión existente entre una teoría trascendente de bien jurídico que busque limitar efectivamente al legislador y los principios de la democracia liberal. En este marco, caracterizado por el intento de afirmar una teoría que pueda coherentemente restringir el ámbito de lo criminalizable, el recurso al contrato social como fundamento de un límite a lo punible juega un rol destacado que se analizará brevemente antes de entrar al análisis de las distintas tesis sobre el bien jurídico. 1. Sobre el contrato social y sus límites. Considerando que en palabras de Schünemann, la teoría del contrato social de la ilustración ha afirmado un concepto material de delito seguido de forma más o menos directa desde Beccaria hasta Birnbaum, 5 parece razonable iniciar el presente estudio haciendo un breve repaso a distintas teorías contractuales, remarcando que no cualquier concepción del contrato social tendrá la capacidad de fundamentar una teoría del bien jurídico que pueda cumplir su objetivo de constituirse en un baremo que permita medir las decisiones del legislador con criterios justos y claros, utilizándolos al mismo tiempo para su justificación y crítica. 6 Así, si entendemos que con el contrato lo que se hace es abandonar un estado de guerra permanente, en el que no existen derechos, y que ello se hace mediante la entrega total del poder al soberano ajeno al contrato, entonces no podremos afirmar límites al poder estatal, ya que la soberanía o es total, o no evita que la guerra se retome. Por ello, para Hobbes no es admisible la resistencia al soberano, ya que se reintroduciría el bellum ómnium contra omnes. A pesar de lo anterior, dicho autor sí reconoce un ámbito en el cual el soberano no podría involucrarse: el culto interno a cuestiones de fe y milagros, con lo que el único límite a lo criminalizable se encontraría en aspectos del fuero interno de los súbditos, lo que malamente podría servir para fijar un límite aceptable al legislador. 4 DE TOLEDO, Emilio, Función y límites del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo XLIII, Fascículo I (1990), p. 6. Igualmente: BACIGALUPO, Enrique, Manual de Derecho Penal. Parte General, Bogotá: Editorial Temis S.A., 1996, p SCHÜNEMANN, Bernd, El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los límites constitucionales de los tipos penales y su interpretación, Trad.: MARTÍN LORENZO, María; FELDMAN, Mirja, en: HEFENDEHL, Roland, La teoría del bien jurídico: fundamento de legitimación del derecho penal o juego de abalorios dogmáticos?, Madrid: Marcial Pons, 2007, p En el mismo sentido: FRISTER, Helmut, Derecho Penal. Parte General, Trad.: DE LAS MERCEDES GALLI, María, Buenos Aires, Hammurabi, 2011, p HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco, Introducción a la criminología y al derecho penal, Valencia: Tirant lo Blanch, 1989, p4 SZCZARANSKI, Federico. Sobre la evolución del bien jurídico penal: un intento En contra de este modelo, Locke entiende que en el estado de naturaleza ya hay ley natural y derechos, existiendo entonces una sociedad civil previa al Estado. Es en dicha sociedad que se ceden al Estado sólo los derechos necesarios para la conservación del orden, siendo por ello posible la resistencia legítima en reclamo de los derechos anteriores al contrato. 7 Así, con Locke el derecho a castigar se funda en el carácter eterno de la ley natural, de forma tal que con la estructuración de la sociedad civil, el poder punitivo derivado de la obligación natural de los individuos a no lesionar la vida, salud, libertad o propiedad ajena se transmite a la comunidad, consintiendo los individuos en su propia punición en caso de infringir el contrato mediante delito, con lo que el delincuente se convierte en traidor a la patria. 8 Podemos encontrar un fundamento diverso en una concepción del contrato que tenga de base una teoría de derecho natural de corte racionalista, en que los deberes se ordenan en función de la razón humana. Así, la legitimidad de la ley depende de aquellos sometidos a ella y se enjuicia según su coincidencia con un entendimiento de los ciudadanos como personas que racionalmente deciden todos ceder parte de su libertad para poder convivir. 9 En éste sentido Roxin afirma que, conforme al pensamiento de la ilustración, se ceden al legislador sólo aquellas facultades requeridas para asegurar existencia libre y pacífica con los medios más suaves posibles. 10 Hassemer indica que en este marco, el Estado está allí para garantizar que se respete el contrato, y puede el mismo violarlo si restringe la libertad más de lo autorizado. Por lo anterior, no se funcionaliza a la persona en aras del Estado, sino que éste es un medio para asegurar libertades cuya vulneración constituye delito. 11 Conforme a ello, para Alcacer las normas jurídico penales sólo deben dirigirse a asegurar condiciones esenciales de libertad, de forma tal que se justifica la prohibición de aquellas conductas que dañen esas condiciones. 12 En sentido similar, Schünemann afirma que en base al contrato social se ha sostenido un concepto de delito que se define por el daño social ocasionado a bienes naturales o sociales de los miembros de la sociedad. El autor agrega que en razón del contrato, y del deber del Estado de asegurar condiciones de desarrollo, surgen coordenadas de lo protegible mediante derecho penal que contarían con respaldo constitucional, por cuanto toda Constitución supone al contrato social. 13 Esta 7 ZAFFARONI, Raúl, El leviatán y el derecho penal, en: 8 ESER, Albin, Sobre la exaltación del bien jurídico a costa de la víctima, Cuadernos de conferencias y artículos n 18 (1998), p. 57. Trad.: CANCIO, Manuel. 9 GÜNTHER, Klaus, De la vulneración de un derecho a la infracción de un deber. Un cambio de paradigma en el Derecho Penal?, Trad.: SILVA SÁNCHEZ, Jesús, en: INSTITUTO DE CIENCIAS CRIMINALES DE FRANKFURT Y ÁREA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA, La insostenible situación del derecho penal, Granada: Editorial Comares, 2000, p ROXIN, Claus, Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?, Trad.: ORTIZ DE URBINA, Íñigo, en: HEFENDEHL, Roland, La teoría del bien jurídico: fundamento de legitimación del derecho penal o juego de abalorios dogmáticos?, Madrid: Marcial Pons, 2007, pp. 446 y HASSEMER, Winfried, Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoría de la imputación en derecho penal, Trad.: MUÑOZ CONDE, Francisco; DIAZ PITA, María, Santa fe de Bogotá: Editorial Temis S.A., 1999, pp. 3 y ss. y ALCÁCER, Rafael, Sobre el concepto de delito: lesión de bien jurídico o lesión de deber?, Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc, 2003, pp. 77 y SCHÜNEMANN, El principio de protección, cit. nota n 5, pp. 207 y5 Polít. crim. Vol. 7, Nº 14 (Diciembre 2012), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_07/n_14/vol7n14a5.pdf] misma base racional lleva a que la reacción estatal sólo deba servir a su cometido de asegurar los derechos individuales y los propios que se han atribuido para garantizar la convivencia. 14 Ahora bien, ante esto, Amelung hace ver que en el contrato social de la ilustración el delito no sólo vulnera el derecho que debe garantizar el Estado, sino que también lesiona el estatuto organizativo mismo. 15 Un caso aparte es el de la teoría de John Rawls variante de la teoría kantiana, conforme a la cual se puede fundamentar un límite a la actuación del Estado en base a los principios que se elegirían en la posición original caracterizada por el velo de ignorancia : 1 a cada uno le corresponde el esquema más amplio de libertades que sea compatible con uno semejante para los demás; y 2 las desigualdades sociales y económicas se conforman de modo tal que: a) se espere que sean convenientes a todos, b) se refieran a empleos y cargos accesibles para todos. Así, Rawls afirma que la única razón para circunscribir los derechos que definen la libertad y hacer menos extensivas las libertades básicas, es que de otra manera estos derechos, como están institucionalmente definidos, interfieran unos con otros. 16 Ahora bien, a pesar de lo anterior, sería un error considerar que en la Teoría de la Justicia es el contrato el que establece límites a lo criminalizable. Resulta que Rawls justamente retira a las normas penales del ámbito que es objeto del contrato, de forma tal que no es la racionalidad de los agentes manifestada en los principios indicados lo que determina aquello que debe ser protegido por del derecho penal. Por el contrario, en el párrafo 48 del libro en comento, el autor sostiene que: En una sociedad razonablemente ordenada, los que son castigados por violar leyes justas normalmente ha hecho algo malo. Esto se debe a que el propósito del derecho penal es sostener los deberes naturales básicos, aquellos que nos prohíben dañar a otras personas en su vida y salud, o privarlas de su libertad o de sus propiedades, y los castigos tratan de conseguir este fin. 17 Así, la pena en Rawls no se fundamenta en un juicio racional, sino que constituye un castigo a un demérito pre-social, encontrándose el delito ya en el estado de naturaleza. Por ello, si se buscara un límite al derecho penal, entonces no corresponde acudir al contrato o a la razón, sino que a deberes naturales anteriores. 2. Las distintas tesis y la evolución del concepto. 14 POLAINO, Miguel, El bien jurídico en el derecho penal, Sevilla: Publicaciones Universidad de Sevilla, 1974, p AMELUNG, Knut, El concepto de <bien jurídico> en la teoría de la protección penal de bienes jurídicos, Trad.: ORTIZ DE URBINA, Íñigo, en: HEFENDEHL, Roland, La teoría del bien jurídico: fundamento de legitimación del derecho penal o juego de abalorios dogmáticos?, Madrid: Marcial Pons, 2007, p RAWLS, John, Teoría de la Justicia, Trad.: GONZÁLEZ, María, México: Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 25, 67 a 71 y RAWLS, Teoría de la Justicia, cit. nota n 16, p6 SZCZARANSKI, Federico. Sobre la evolución del bien jurídico penal: un intento Existe consenso en ubicar el inicio de la teoría del bien jurídico en la obra de Birnbaum. Su concepto de delito busca hacer frente a la hasta entonces dominante teoría de Feuerbach que comprendía el delito como lesión de derecho. En Feuerbach, la unión de voluntades importa la fundación de la sociedad civil, la cual, al organizarse constitucionalmente y someterse a la voluntad común, constituye al Estado. 18 Éste asegura mediante leyes los derechos anteriores al mismo, 19 garantizando así la libertad. Luego y entendiendo que el núcleo del delito se encuentra en la esfera individual de la libertad para el desarrollo, 20 para Feuerbach el delito se comprende como lesión de alguno de los derechos anteriores al Estado que se encuentra protegido por una ley penal, 21 de forma tal que sólo en la medida que dichas leyes protejan efectivamente la libertad, se podría llamar crimen a la vulneración de aquellas (aún cuando al referirse a los sujetos del crimen, el autor defina a éste simplemente como infracción a una ley 22 ). De esta forma, entendemos que el delito en Feuerbach se encuentra constituido tanto por un aspecto substantivo y principal (la lesión de derechos anteriores al Estado), como por otro que podemos considerar formal y accesorio al primero (que dicho derecho se encuentre protegido por norma penal). En esta medida, el delito rompe la igualdad entre autor y víctima, produciéndose una lesión de la libertad garantizada estatalmente, 23 y subordinándose el concepto de delito al principio material de preservación de la libertad individual. 24 En este marco, el rol del derecho penal consiste en proteger la esfera negativa de libertad de los ciudadanos; y la pena, entendida como consecuencia jurídica de una lesión, resulta necesaria para preservar derechos externos. 25 En este sentido, la finalidad del Estado consistente en que no tengan lugar lesiones jurídicas, 26 no puede entenderse como finalidad de evitar infracciones a leyes FEUERBACH, Anselm, Tratado de derecho penal común vigente en Alemania, Trad.: ZAFFARONI, Raúl; HAGEMEIER, Irma, Buenos Aires: Editorial Hammurabi S.R.L., 1989, p Al respecto: ZAFFARONI, Eugenio Raúl, La legitimación del control penal del los extraños, en: CANCIO MELIÁ, Manuel; GOMEZ-JARA, Carlos, Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión, Madrid: Edisofer S.L., 2006, p ESER, Sobre la exaltación, cit. nota n 8, p. 57. En el mismo sentido: HASSEMER/MUÑOZ CONDE, Introducción, cit. nota n 6, p Igualmente Klaus, quien afirma que en Feuerbach, puesto que el derecho es una forma de aseguramiento coactivo de la compatibilización reciproca de libertades iguales, el delito es vulneración de derechos subjetivos iguales de libertad que gozan de estatus pre-positivo, garantizados por contrato estatal y asegurados por ley penal; en: GÜNTHER, De la vulneración de un derecho, cit. nota n 9, pp. 489 a FEUERBACH, Tratado, cit. nota n 18, p FEUERBACH, Tratado, cit. nota n 18, p ALCÁCER, Sobre el concepto de delito, cit. nota n 12, p TAVARES, Juárez, Bien jurídico y función en Derecho Penal, Trad.: CUÑARRO, Mónica, Buenos Aires: Hammurabi, 2004, p ALCÁCER, Sobre el concepto de delito, cit. nota n 12, p FEUERBACH, Tratado, cit. nota n 18, p Esto no se ve modificado por el hecho que Feuerbach acepte prohibiciones de conductas que no sean en sí mismas antijurídicas, ya que sólo habrá derecho a establecer esas prohibiciones en la medida que ellas puedan ser consideradas necesarias para asegurar el objetivo de evitar lesiones de derechos; en: FEUERBACH, Tratado, cit. nota n 18, p7 Polít. crim. Vol. 7, Nº 14 (Diciembre 2012), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_07/n_14/vol7n14a5.pdf] Ante este escenario, Birnbaum argumenta que la privación de un bien sobre el que se tiene derecho en nada afecta al derecho mismo, y por ello, la acción prohibida no puede ser entendida como lesión de derechos. Por el contrario, siguiendo a Henrion de Panfeu, el objeto de la ciencia penal es preservar beneficios de la asociación política, y el crimen consiste en conductas realizadas para quitar o menoscabar esos beneficios. 28 De allí se afirma que la esencia del delito debe ser la lesión de un bien y no de un derecho. 29 Respecto de estos bienes, el autor sostiene que ellos corresponderán a aquellos cuyo disfrute debe garantizar el Estado y que se dan al hombre por naturaleza o desarrollo social; 30 distinguiendo además entre acciones que lesionan a personas determinadas en alguno de estos bienes, y acciones que afectan a la colectividad toda, dentro de las cuales incluye al conjunto de ideas religiosas. 31 Conforme a lo dicho, en Birnbaum se debe considerar delito o punible en el Estado, según la naturaleza de la cosa o conforme a la razón, toda lesión o puesta en peligro, imputable a la voluntad humana, de un bien que el poder público ha de garantizar parejamente a cada cual, siempre que no quepa conseguir una garantía general sino a través de la conminación de una pena determinada y la ejecución de la amenaza legal contra cualquier infractor, 32 con lo que se reconoce un principio de ultima ratio que puede morigerar la extensión de lo punible producida por la introducción del concepto de bien. 33 Su tesis, además de esta 28 Al respecto, Pérez del Valle remarca cómo esta oposición entre Birnbaum y Feuerbach consiste en el intento por parte del primero de recuperar el suum qui que frente a la restricción del derecho al neminem laede por parte del segundo; en: PÉREZ DEL VALLE, Carlos, En el punto de mira. La crítica a la teoría de los bienes jurídicos, InDret n 379, 4/2006, p BIRNBAUM, Franz, Sobre la necesidad de una lesión de derecho para el concepto de delito, Trad.: GUZMÁN DALBORA, José; Montevideo-Buenos Aires: Editorial B de F, 2010, pp. 54 a 57. Además, Birnbaum (p. 59) agrega que con esta configuración del delito es posible distinguir correctamente entre tentativas y consumaciones, lo que no era posible en la teoría de Feuerbach: a diferencia de lo que ocurría en la tentativa, Feuerbach no consideraba que al escapárseme un tiro y casi herir a alguien se pudiera hablar de lesión de derechos. Pero, si la lesión de derechos debe entenderse como acción contraria a ese derecho, entonces también en el descuido hay delito, ya que la prohibición de lesionar incluye a la de no poner en peligro, y el peligro está presente igualmente en el descuido (pp. 53 y 62). Además de afirmar que no habría lesión de derecho en infracciones de policía, y que el derecho no puede ser lesionado, Birnbaum también critica a Feuerbach la insuficiencia de sus tesis en relación a la necesidad de los jueces de contar con elementos generales para reconocer aquello que el Estado contempla como delito; en ese sentido: GÜNTHER, De la vulneración de un derecho, cit. nota n 9, p De lo que se sigue una división entre delitos naturales y sociales. 31 BIRNBAUM, Sobre la necesidad, cit. nota n 29, pp. 58 y BIRNBAUM, Sobre la necesidad, cit. nota n 29, p. 60. Se agrega que lo castigable, entonces, no puede depender de la arbitrariedad del legislador (p. 82). 33 Se argumenta que el paso desde la lesión de derechos a la lesión de bien supone una ampliación de lo criminalizable, ya que se carece de una exigencia de dañosidad social derivada de la lesión de derechos. Tavarez insiste en ello al señalar que la finalidad de Birnbaum era adecuar la teoría del delito a las normas de derecho vigente de forma que se pudiera contemplar como delito aquellos actos contrarios a la religión; en: TAVARES, Bien jurídico, cit. nota n 24, pp. 18 y 20. Günther sostiene que al no resolverse quien, ni bajo qué criterios decide lo que debe ser protegido en cuanto bien, se produce una expansión de lo que puede ser objeto de delito, y se relaja la correlación entre derecho subjetivo de libertad y deber negativo. Al afirmar Birnbaum que la antijuridicidad -en cuanto relación con la ley estatal- es el elemento común de todos los delitos, abre la puerta a la protección de intereses comunitarios, lo que corresponde a una de las metas del autor, quien entiende que si el derecho penal se ocupa de ideas morales o religiosas, es suponiendo que la 3848 SZCZARANSKI, Federico. Sobre la evolución del bien jurídico penal: un intento limitación al legislador, reconoce una al juez, ya que si bien afirma que por concepto jurídico natural de delito se debe entender aquello que conforme a la naturaleza del derecho penal puede ser considerado punible en la sociedad civil -y por lo tanto es correcto hablar de un concepto de delito preexistente a la ley- ello no autoriza al juez a penar a falta de norma. 34 Por lo anterior, el concepto de bien en Birnbaum, al igual que el de derecho en Feuerbach, es previo al derecho positivo 35 e indisponible para el legislador. 36 Por lo mismo, en ambas teorías, es posible establecer un límite a lo criminalizable que resulta, al menos en principio, independiente de la concreta configuración del ordenamiento jurídico. En Feuerbach ello ocurrirá en base al los derechos anteriores a la constitución de la sociedad civil, mientras que en Birnbaum el centro se encuentra en el ordenamiento social centrado en el bienestar individual del hombre. En el extremo opuesto a la tesis de Birnbaum, la teoría de Binding quien entiende el delito como infracción culpable de una norma amenazada con pena 37 utiliza una base jurídico-positiva para establecer el bien jurídico, directamente y en todo caso, en el contenido mismo de cada norma. 38 De esta forma, recurre al derecho positivo y extrae los bienes del ordenamiento, determinando su extensión en base a los objetos que para el legislador son importantes. Así, el bien jurídico se conceptualiza cómo aquello que el legislador considera valioso 39 como condición de vida sana y en cuyo mantenimiento la comunidad en opinión del legislador tiene interés; 40 reduciéndose el bien jurídico a un elemento de la propia norma 41 y siendo concebido como ratio legis. 42 ofensa se dirige contra bienes comunes del pueblo en: GÜNTHER, De la vulneración de un derecho, cit. nota n 9, pp. 496 a 498. Al respecto, Eser señala que la ampliación de lo jurídico-penalmente protegible que se hace posible con Birnbaum, no importa una despersonalización del delito; en: ESER, Sobre la exaltación, cit. nota n 8, p. 58. Bustos, por su lado, afirma con Birnbaum hay una limitación a lo punible ya que su concepto de bien se encuentra más allá del derecho, por lo que al Estado sólo le queda reconocerlo, identificándolo entonces con una teoría trascendente; en: BUSTOS, Juan, Manual de Derecho Penal. Parte General, Barcelona: PPU, 1994, pp.100 y BIRNBAUM, Sobre la necesidad, cit. nota n 29, pp. 39 y BUSTOS, Manual, cit. nota n 33, p En el mismo sentido: STRATENWERTH, Günther, Derecho Penal Parte General I. El hecho punible, Trad.: CANCIO, Manuel; SANCINETTI, Marcelo, Buenos Aires: Hammurabi, 2005, p SCHÜNEMANN, El principio de protección, cit. nota n 5, p. 207, agregando que dicha limitación, en un Estado Constitucional, podría imponerse por el Tribunal Constitucional. 37 ESER, Sobre la exaltación, cit. nota n 8, p. 59. Igualmente: POLAINO, El bien jurídico, cit. nota n 14, p. 108, en donde se señala que las normas penales anidan en su esencia misma el concepto del objeto de tutela. 38 BUSTOS, Manual, cit. nota n 33, p El autor indica que en Binding la infracción de la norma supone negar obediencia al querer del Estado, lesionando así el derecho subjetivo de sometimiento conjuntamente con el bien jurídico. 39 Fernández afirma que en dicho juicio de valor, conforme a la teoría de Binding, el legislador no se encuentra limitado de manera alguna; en: FERNÁNDEZ, Gonzalo, Bien jurídico y sistema del delito, Montevideo- Buenos Aires: Editorial B de F, 2004, p. 19. Zaffaroni agrega que dicho juicio de valor puede recaer en personas, cosas o estados, correspondiendo al legislador dar el criterio selectivo; en: ZAFFARONI, Raúl, Tratado de derecho penal parte general III, Buenos Aires: Ediar, 1981, p ESER, Sobre la exaltación, cit. nota n 8, p TAVARES, Bien jurídico, cit. nota n 24, p9 Polít. crim. Vol. 7, Nº 14 (Diciembre 2012), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_07/n_14/vol7n14a5.pdf] Por lo anterior, en Binding se afirma que toda norma tiene bien jurídico, y que éste es lesionado en toda contravención a la misma, con lo que el delito es siempre infracción del deber de obediencia al Estado, 43 resultando entonces que todo injusto material punible es también injusto formal. 44 De esta forma, la infracción de ley, que en Feuerbach era necesaria para la configuración del crimen, pero secundaria y dependiente de la lesión de derechos conocibles mediante la razón, es ahora con Binding directamente el núcleo del delito, sin que haya nada relevante detrás de ella. En base a las dos teorías recién vistas es ya posible distinguir entre dos corrientes en las que se podrán agrupar a los autores siguientes. Así, junto a Birnbaum, por un lado estarán von Liszt y Welzel, los cuales también conciben al bien jurídico cómo un concepto independiente de la legislación; y por otro, tendremos a Binding, Honig y Mezger, para quienes no tiene sentido hablar de que el derecho penal deba proteger bienes jurídicos, sino que aquello que el derecho penal proteja será considerado bien jurídico. Actualmente, Jakobs (al afirmar que el bien jurídico se corresponde con el objeto de protección de la norma o los procesos valorados positivamente que gozan de protección jurídica, y al concebir el injusto de una forma alejada del mundo empírico) es un representante de éste último grupo; mientras que por regla general los autores que sostienen como misión del derecho penal la protección de bienes jurídicos, pueden ser vistos como continuadores de los primeros. Como resulta evidente, sólo en la medida que se conciba al bien jurídico como independiente de la norma al menos en su sustrato, éste puede constituirse en un factor legitimante o limitador de la criminalización por parte del legislador. 45 Conforme a lo dicho, y dentro de las corrientes neokantianas según las cuales las ciencias del espíritu se deben regir por normatividad y en referencia a valores 46 la tesis de Honig 42 SCHÜNEMANN, El principio de protección, cit. nota n 5, pp. 101 y FERNÁNDEZ, Bien jurídico, cit. nota n 39, pp. 18 y 19. En este sentido se afirma que el derecho se constituye por normas deducibles de la ley penal, y anteriores a ella consistentes en imperativos, importando el delito una contravención a esa norma, configurándose a su vez como lesión del derecho subjetivo del Estado a mandar. 44 POLAINO, El bien jurídico, cit. nota n 14, p En ese sentido se sostiene que el derecho protege los intereses que le parecen relevantes mediante tutelas constituidas por normas prohibitivas de lesiones de bienes, o por normas sancionatorias de la desobediencia a mandato legal (pp. 108 y 109), criticándose la existencia de injustos exclusivamente formales (p. 111). En el mismo sentido: POLAINO NAVARRETE, Miguel, Protección de bienes jurídicos y confirmación de la vigencia de la norma: Dos funciones excluyentes?, en: JAKOBS, Günther; POLAINO NAVARRETE, Miguel; POLAINO-ORTS, Miguel, Bien Jurídico, vigencia de la norma y daño social, Perú: ARA Editores, 2010, pp. 38 y 39, señalando que en Binding la lesión formal de las normas prohibitivas o de mandato constituyen ya el objeto de protección. 45 BACIGALUPO, Enrique, Concepto de bien jurídico y límites del derecho penal, en: MONTEALEGRA, Eduardo; CARO, José Antonio, El sistema penal normativista en el mundo contemporáneo. Libro homenaje al profesor Günther Jakobs en su 70 aniversario, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008, p FERNÁNDEZ, Bien jurídico, cit. nota n 39, p. 25. Se abandona entonces una noción material de bien jurídico a favor de una concepción de valor cultural hipotético, cuyo origen se encuentra en los imperativos y prohibiciones de la norma. En el mismo sentido: TAVARES, Bien jurídico, cit. nota n 24, p. 26. Eser, por su parte, señala que en tanto se concibe al delito como afectación de derechos de terceros, se posibilita un rol más 38610 SZCZARANSKI, Federico. Sobre la evolución del bien jurídico penal: un intento ve el bien jurídico como un valor identificado con la finalidad de la norma, 47 de forma tal que el concepto mismo pierde cualquier contenido real y concreto. 48 Así, no hay un bien o valor que merezca protección y en virtud del cual se genera una norma, sino que la norma determina un objeto protegido conocible en razón de la finalidad perseguida por el legislador, consistiendo el bien jurídico simplemente en el fin perseguido por el legislador en cada tipo. En esta teoría no se recurre a la naturaleza de bienes o valores, 49 sino que se espiritualiza el concepto 50 y se renuncia a toda autonomía del objeto de tutela respecto de la voluntad del legislador, por lo que no hay posibilidad de que cumpla función garantista alguna. 51 A diferencia de Honig, en el trabajo de von Liszt el bien jurídico corresponde a una realidad previa al derecho que recibe de éste un reconocimiento que lo eleva desde la categoría de interés a la de bien jurídico. En este sentido, se afirma que la pena, como acción adecuada a un fin cuya previsión pasa a ser su motivo, reconoce en la protección de condiciones de vida del individuo y del grupo a su finalidad. Así, al objetivizar la pena las condiciones de vida de la comunidad estatal y de los individuos miembros del grupo, aquellas son fijadas, sopesadas recíprocamente, declaradas intereses protegidos, elevadas a bienes jurídicos, todo ello mediante imperativos generales: no debes matar, ni hurtar, ni cometer adulterio, ni llenar de insidia la vida de tu príncipe, etc. 52 Por ello, luego de reflexionar sobre la imposibilidad de fundar metafísicamente la medida de la pena, von Liszt recurre al bien jurídico como baremo para fijar su magnitud justa, afirmando que si la pena protege bienes jurídicos 53 mediante la lesión de los mismos, protagónico de la víctima, lo que sin embargo es moderado por la previsión de una consecuencia estatal al delito: la perdida de ciudadanía; en: ESER, Sobre la exaltación, cit. nota n 8, p TAVARES, Bien jurídico, cit. nota n 24, p BUSTOS, Manual, cit. nota n 33, p En el mismo sentido: ESER, Sobre la exaltación, cit. nota n 8, p. 62, quien señala que Honig no concibe el bien jurídico como algo real y concreto, sino como un elemento categorial, un mero principio rector de la configuración conceptual. También: ZAFFARONI, Tratado de derecho penal, cit. nota n 39, p POLAINO, El bien jurídico, cit. nota n 14, p. 145 y ss., agregando que conforme a lo dicho, lo protegido por la norma no corresponde a un bien jurídico en sí mismo, sino que sólo en relación a conductas determinadas. 50 BUSTOS, Manual, cit. nota n 33, p Igualmente: POLAINO, El bien jurídico, cit. nota n 14, p También: FERNÁNDEZ, Bien jurídico, cit. nota n 39, pp. 25 y 26, quien señala que con Honig se elude el problema del sustrato material mediante la formalización del concepto y otorgándole el valor de un principio teleológico. En la distinción entre un concepto material y uno espiritualizado, Alcácer señala que en el primer caso el bien jurídico se configura como el objeto valorado, mientras que en el segundo se remite a la valoración del objeto: una cosa es la situación fáctica de ausencia de impedimentos a la libertad, y otra es la valoración positiva respecto de la libertad. Una versión material entiende que lo protegido es la vida en concreto de cada ciudadano, en tanto realidad positivamente valorada; mientras que la visión espiritualizada entiende que lo protegido es el valor social vida (ALCÁCER, Sobre el concepto de delito, cit. nota n 12, pp. 82 y 83). 51 FERNÁNDEZ, Bien jurídico, cit. nota n 39, p VON LISZT, Franz, La idea de fin en el derecho penal, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, p. 84 a Lo que se materializa por motivación y neutralización mediante secuestro; en: VON LISZT, La idea de fin, cit. nota n 52, pp. 111 y11 Polít. crim. Vol. 7, Nº 14 (Diciembre 2012), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_07/n_14/vol7n14a5.pdf] entonces se debe exigir la mayor economía en su uso, y por tanto corresponde aplicar en cada caso la pena necesaria para proteger el mundo de los bienes jurídicos. 54 En la línea de Birnbaum, para von Liszt los bienes no tienen su origen en el ordenamiento jurídico, sino que en la vida, 55 y dependen de las necesidades de los seres humanos. 56 Con esta configuración independiente del derecho, el bien jurídico es apto para señalar límites al legislador. 57 Respecto del centro de gravedad de su concepto, éste no prioriza entre las condiciones de subsistencia del sistema y las del individuo. En el trabajo de Mezger, 58 y a diferencia de lo que ocurre con von Liszt, se entiende que el bien jurídico es una figura ideológica, la valoración objetiva en su forma más sencilla, que el bien protegido lleva en sí o la síntesis realizada en ideas de lo que e1 tipo abarca en conjunto de acuerdo con su sentido. De esta forma, el bien jurídico se corresponde con el objeto de protección de la ley o el objeto de ataque del delincuente, sin que recaiga necesariamente en un objeto concreto del mundo exterior. Por lo mismo, y debido a que el autor distingue claramente entre objeto de acción y objeto de protección, su concepto de bien jurídico es marcadamente espiritualizado, abarcando a los medios y modalidades de la acción -como la tranquilidad doméstica o la seguridad pública- en la medida que la ley los mencione especialmente o que dicha calidad sea posible de deducir en base a una interpretación sistemática. Así, conforme a la visión de Mezger el bien jurídico depende directamente del legislador 59 y por lo mismo, no puede servir de criterio limitador a su actuar. En contraposición al rol que von Liszt le asigna a los bienes jurídicos (en tanto objetos a ser directamente protegidos) y con lejanía a las ataduras materiales, en la tesis de Welzel se entiende que la finalidad positiva y ético-social del derecho penal se encuentra en el 54 VON LISZT, La idea de fin, cit. nota n 52, p En este sentido: BUSTOS, Manual, cit. nota n 33, p Igualmente: ZAFFARONI, Tratado de derecho penal, cit. nota n 39, p Al respecto: ESER, Sobre la exaltación, cit. nota n 8, p. 60. Eser afirma que a consecuencia de esta base previa al juicio de valor jurídico, el bien se desmaterializa producto de la distinción entre aquel y el objeto de ataque, generándose un interés de protección espiritual, en contraposición a una acción extremadamente física, con lo que no cabría entender el bien jurídico como la vida concretamente afectada, sino que en referencia a la protección de la vida en general. Al respecto, Polaino Navarrete señala que en von Liszt lo que el derecho penal protege son intereses humanos procedentes del mundo de los valores sociales y que conforman el contenido de la norma; en: POLAINO NAVARRETE, Protección de bienes, cit. nota n 44, pp. 38 y POLAINO, El bien jurídico, cit. nota n 14, p Igualmente: MIR, Santiago, Introducción a las bases del derecho penal. Concepto y método, Montevideo-Buenos Aires: Editorial B de F, 2003, p MEZGER, Edmund, Derecho penal. Libro de estudio. Parte general, Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958, pp. 148 a 159. Conforme a este autor, el derecho es una ordenación objetiva de la vida que se materializa en una norma objetiva de valoración, la cual puede referirse a una conducta externa o interna, y de la cual a su vez se deduce una norma de determinación en forma de mandatos o prohibiciones (p. 134). 59 En este sentido: FERNÁNDEZ, Bien jurídico, cit. nota n 39, pp. 28 y 29; también: TAVARES, Bien jurídico, cit. nota n 24, p12 SZCZARANSKI, Federico. Sobre la evolución del bien jurídico penal: un intento amparo de los valores elementales de la vida en comunidad, 60 y sólo de forma indirecta y como consecuencia de ello, en tanto misión negativa, policial y preventiva, se alcanza la protección de los bienes jurídicos. 61 Así, Welzel sostiene que la única forma de lograr un amparo duradero de los bienes jurídicos es mediante el aseguramiento de valores. El bien jurídico en este esquema es un bien vital para el grupo o el individuo, que en razón de su significación social es amparado jurídicamente, sin que se requiera su corporeidad. Con este concepto amplio, se entiende que el orden social en su conjunto se constituye por la suma de todos los bienes jurídicos. La lesión de éstos es en general esencial para caracterizar el injusto, pero nunca suficiente por sí sola, por cuanto se requiere además que el autor imprima su sello en el hecho mediante un contenido de voluntad. 62 Dentro de su concepción, el bien jurídico tiene un anclaje fuera del derecho y en la realidad social, 63 correspondiéndose con una situación o estado, 64 y por ello en principio podría servir para construir una limitación al actuar estatal: se podría argumentar que en determinado caso se está amparando un bien que no resulta vital para el grupo o individuo. 65 Conforme a lo visto, la idea de Birnbaum según la cual el bien jurídico es externo al derecho es compartida por Welzel y von Liszt, no obstante lo cual estos últimos lo conciben en una dimensión más social que el primero. Así, en los trabajos de Welzel y von Liszt se incluyen sin problemas dentro del concepto a aquellos bienes vitales para el grupo y a las condiciones de vida de la comunidad; mientras que en Birnbaum, por cuanto la calidad de bien jurídico supone afirmar que se está ante un bien que debe garantizar el Estado a todas las personas por igual, las características fundamentales de su concepto son 60 WELZEL, Hans, Derecho penal. Parte general, Trad.: FONTÁN BALESTRA, Carlos, Buenos Aires: Roque De Palma Editor, 1956, p. 1. Esta función ético social no tiene lugar respecto de delincuentes habituales, ya que respecto de ellos el Derecho penal no logra dar sostén a la moral, debiendo por tanto combatirse mediante una media de seguridad que logre la efectiva protección de bienes jurídicos, sin necesidad de establecer tipos claros, o fijar la pena en relación con la culpabilidad. Respecto de ellos el Derecho penal se presenta como protección de bienes jurídicos mediante acción preventiva, y se trabaja con el concepto de peligrosidad social, aplicando penas de duración indeterminada (pp. 11 y ss.). 61 WELZEL, Derecho penal, cit. nota n 60, p. 3. Esta misión negativa se lleva a cabo prohibiendo conductas y asegurando con ello la vigencia de valores que se encuentran detrás de las prohibiciones, y cuyo contenido, por regla general, se resumen en la prohibición de daño (p. 6). Idéntica relación tiene lugar en la tesis de Bernardo Feijoo (FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo, El injusto penal y su prevención ante el nuevo código penal de 1995, Madrid: Editorial Colex, 1997, p. 83). 62 WELZEL, Derecho penal, cit. nota n 60, pp. 3 a 6, y MÜSSIG, Bernd, Desmaterialización del bien jurídico y de la política criminal. Sobre las perspectivas y los fundamentos de una teoría del bien jurídico crítica hacia el sistema, Trad.: CANCIO MELIÁ, Manuel, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001, p FERNÁNDEZ, Bien jurídico, cit. nota n 39, p Sobre el potencial limitador de la teoría de Welzel, Mir afirma que al entender el bien jurídico como aquel concreto objeto empírico del mundo que resulta lesionado por el delito, la tesis de Welzel no puede limitar al legislador (MIR, Introducción, cit. nota n 57, p. 114). Bustos, por su lado, afirma que si bien Welzel debe entenderse como continuador de Binding (ya que lo significativo es la norma y el deber en ella implícito), de todas formas coincide también con Von Liszt, puesto que en su tesis el bien jurídico se encuentra más allá de la norma, del derecho y del Estado, en base a lo que le atribuye un giro liberal; en: BUSTOS, Manual, cit. nota n 33, pp. 106 y13 Polít. crim. Vol. 7, Nº 14 (Diciembre 2012), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_07/n_14/vol7n14a5.pdf] primordialmente personales. Es por esta razón que, como hace ver Schünemann, los delitos contra la religión y la moralidad resultan comprendidos un tanto a la fuerza en su teoría, reconociendo que en sentido estricto (serían) ajenas al verdadero fundamento del derecho penal. 66 En base a estas diferentes formas de comprender el bien jurídico, ya sea en con mayor énfasis en el sistema social, o en relación estrecha con los intereses individuales, o como ratio legis es posible intentar una clasificación de las teorías que a continuación veremos en tres grupos: teorías sociales, teoría personal individual y teoría funcional de derecho penal. Ahora bien, no siendo posible demarcar rígidamente los límites entre unas y otras, se clasificarán las teorías en base a si las características principales del concepto se encuentran referidas a la persona o a la sociedad, aún cuando la limitación precisa del bien jurídico suponga considerar otros factores Teorías sociales del bien jurídico. Todas las teorías aquí agrupadas encuentran su base en la idea de que el derecho penal tiene como finalidad el proteger a la sociedad. Desde este punto, las diferencias entre los autores radican en la forma en que dicha finalidad en relación con criterios políticocriminales, principios y fundamentos del estado de derecho o requisitos de legitimidad suprapositivos se ve reflejada en un concepto de bien jurídico. Así, mientras que Rudolphi, Mir y Bustos definen al bien jurídico como proceso de interacción social, o relación o función social; Kindhäuser y Silva lo relacionan con las propiedades o medios que permiten participar en procesos sociales o políticos. Gimbernat y Maurach, por su lado, recurren al concepto de interés. De esta forma, el primero recogiendo la idea de interés reconocido y elevado de von Liszt lo define como interés legítimo no opuesto a derecho subjetivo; y el segundo, lo hace depender de las convicciones generales de la comunidad El bien jurídico como interés. La teoría de Maurach y Zipf sobre el bien jurídico tiene su origen en la afirmación de que la soberanía reside en el Estado. Puesto que esto es así se argumenta, la función de la pena se encuentra referida a la relación entre éste y el ciudadano. En este sentido, siendo el primero un instrumento para beneficiar al segundo posibilitando el cumplimiento de tareas importantes y complejas resulta imprescindible que el Estado mismo cree un orden comunitario capaz de conservar su existencia, para poder efectivamente servir al hombre. De ésta forma, la infracción de su orden estructural mediante lesión de sus mandatos debe ser castigada para asegurar la observancia de sus normas elementales de conducta, y con ello mantener la estructura comunitaria SCHÜNEMANN, El principio de protección, cit. nota n 5, pp. 206 y 207. El autor concluye afirmando que Birnbaum se encontraba en un atolladero respecto a los delitos contra la moral y contra la religión. 67 MAURACH, Reinhart; ZIPF, Heinz, Derecho penal. Parte general, Trad.: BOFILL GENZSCH, Jorge; AIMONE GIBSON, Enrique, Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma; 1994, pp. 104 y ss. 39014 SZCZARANSKI, Federico. Sobre la evolución del bien jurídico penal: un intento En base a esta justificación de la pena, se afirma que el estado sólo puede castigar aquellas conductas que afectan la estabilidad de la vida social, es decir, aquellas que por incidir de forma inaceptable en la capacidad de mantener la estabilidad y funcionalidad de la vida social generan dañosidad social. 68 A su vez, la mayor perturbación social tiene lugar cuando las acciones afectan intereses que para la convicción general de la comunidad ( ) aparecen como particularmente valiosos y, por lo mismo, especialmente necesitados de protección. Estos intereses son bienes jurídicos. 69 Ahora bien, para los autores, sólo pueden regir como bienes jurídicos los intereses que son reconocidos por la totalidad o al menos la mayoría social. Por ello, se sostiene que regirán de forma más genérica como bienes jurídicos los intereses más cercanos a los derechos naturales del individuo y de la comunidad. 70 Al depender los bienes jurídicos de las valoraciones generales, se entiende que la pena protege los valores comunitarios más elementales e importantes, 71 los cuales son seleccionados mediante decisión legislativa. 72 Ahora bien, que se sostenga ese concepto material de delito, no niega la obligación del juez de respetar la ley, incluso si aquel fuere en un caso concreto interpretado erróneamente. 73 En términos similares, Gimbernat sostiene que la finalidad de la pena se encuentra en la protección de intereses sociales, y en tanto ésta constituye una intervención intensa, debe ser dejada como última instancia de protección y recaer sólo respecto de bienes jurídicos de máxima envergadura, lo que dependerá del valor que la cultura le atribuya. 74 En un sentido similar al de von Liszt, Gimbernat concibe el bien jurídico como interés que, por constituir un derecho subjetivo o por ser socialmente legítimo, es valorado positivamente 68 MAURACH/ZIPF, Derecho penal, cit. nota n 67, p MAURACH/ZIPF, Derecho penal, cit. nota n 67, p MAURACH/ZIPF, Derecho penal, cit. nota n 67, p No obstante que los bienes jurídicos dependen de valoraciones sociales, su titularidad puede corresponder tanto a individuos como a la comunidad (p. 337). 71 MAURACH/ZIPF, Derecho penal, cit. nota n 67, p En términos similares se manifiestan Jescheck y Weigend: afirman que el derecho penal protege la convivencia social, la cual depende tanto del orden social conformado por normas preexsitentes a las jurídicas- como del ordenamiento jurídico (JESCHECK, Hans- Heinrich; WEIGEND, Thomas, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Trad.: OLMEDO, Manuel, Granada: Editorial Comares, 2002, pp. 2 y 3). Para otorgar esta protección, se seleccionan los valores del orden social que resultan imprescindibles para la convivencia, los cuales corresponde a relaciones entre las personas y sus intereses, pudiendo incluirse las convicciones valorativas de la misma sociedad (pp. 274 y ss.). El bien jurídico entendido como relación social se analiza en el punto siguiente. 72 MAURACH/ZIPF, Derecho penal, cit. nota n 67, p MAURACH/ZIPF, Derecho penal, cit. nota n 67, p GIMBERNAT, Enrique, Concepto y método de la ciencia del derecho penal, Madrid: Editorial Tecnos, 1999, pp. 25 a 27. En Chile, Matus parece seguir un camino similar: se identifica el bien jurídico con un interés relevante y protegido por norma; agregando que dichos intereses sólo podrán derivarse de la vida en sociedad y de las relaciones interpersonales que ello conlleva. Con esto, entendemos que en la configuración de los bienes jurídicos al legislador sólo le cabe reconocerlos y que la naturaleza de los mismos depende de la estructura social. en: MATUS, Jean Pierre, La ley penal y su interpretación, Santiago: Ediciones Jurídicas Congreso, 1994, pp. 125 y15 Polít. crim. Vol. 7, Nº 14 (Diciembre 2012), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_07/n_14/vol7n14a5.pdf] por el ordenamiento. Ahora bien, al señalar el autor que sólo podrá hablarse de bien jurídico en la medida que el interés en cuestión no se oponga a un interés preponderante constitucionalmente protegido, se puede entender que su concepto de bien jurídico es relativo, por cuanto la consideración como tal de un interés requiere que se juzgue si en el caso concreto éste se encuentra en colisión con otro interés predominante. 75 Para Gimbernat, entonces, un sentimiento puede constituir bien jurídico en tanto se trate de uno legítimo que no se ve opuesto a ningún derecho subjetivo. 76 Según lo anterior, y en la medida que el legislador sea quien define los derechos subjetivos, la teoría parece no poder ofrecer un límite a la creación de normas penales. Así, se señala como sentimiento legítimo y por ello protegible el de angustia generada por los accidentes de tránsito, en virtud de lo cual se justifica la sanción del no uso de cinturones de seguridad, ya que con ella se protegen dichos sentimientos comprensibles. 77 Sin embargo, y hasta antes de que se prohibiera el no uso del cinturón, era correcto afirmar que les asistía a los conductores el derecho a no usar el implemento de seguridad. De acuerdo a lo anterior, cuando se objeta el delito consistente en la negación del holocausto, 78 indicando que el interés en no verse ofendido por esos comentarios se opone a la libertad de expresión de los autores, se podría argumentar que de la misma manera que el derecho a no utilizar cinturón de seguridad desaparece cuando esa conducta es penada deja de haber derecho a proferir esas expresiones desde que se dispone el castigo de ellas. Por lo anterior, en la tesis de Gimbernat debe entenderse como ilegítima aquella protección de intereses que se opone, no a lo que se encuentra de hecho amparado por un derecho subjetivo, sino que a lo que debería estar amparado por uno. Ahora bien, para que esto no suponga traspasar la incertidumbre desde la pregunta por aquello que debe constituir un bien jurídico a la pregunta por aquello que debe ser amparado por un derecho subjetivo, sería necesario ofrecer un criterio para delimitar lo que debería constituirse en derecho subjetivo El bien jurídico como elemento estructural de lo social. Un buen punto de partida para esta concepción del bien jurídico se encuentra en la tesis de Rudolphi. Lo que él busca es dar con una concepción que concilie aspectos tanto de las corrientes materiales como de las formales: por un lado, su teoría pretende constituir un límite al legislador, para lo cual su concepto debe ser previo a la norma penal; pero por otro lado, y al mismo tiempo, busca que dicho límite sea vinculante, por lo que no podrá obtenerlo ni del derecho natural ni de relaciones sociales preexistentes al derecho. De esta 75 GIMBERNAT, Enrique, Presentación, Trad: ROBLES, Ricardo, en: HEFENDEHL, Roland, La teoría del bien jurídico: fundamento de legitimación del derecho penal o juego de abalorios dogmáticos?, Madrid: Marcial Pons, 2007, pp. 14 y ss. 76 GIMBERNAT, Presentación, cit. nota n 75, p GIMBERNAT, Enrique, Origen de las penas, en: Beccaria 250 años después Dei delitti e delle penne, Montevideo-Buenos Aires: Editorial B de F, 2011, p En el mismo sentido: LASCURAIN, Juan Antonio, Bien jurídico y objeto protegible, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo LX (2007), p16 SZCZARANSKI, Federico. Sobre la evolución del bien jurídico penal: un intento forma, se intenta combinar características de un concepto metodológico junto con las propias de un concepto liberal. 79 Para ello, el autor recurre a la Constitución, afirmando que en tanto ésta ordena la República como un Estado de Derecho, es posible vincular legalmente al Estado mismo con la finalidad de alcanzar justicia material, de lo que se sigue la necesidad de respetar la libertad personal, la protección de ella, y la moderación y juridicidad de todo el ejercicio del poder. 80 En base a ello, Rudolphi infiere que el derecho penal debe limitarse a proteger, de manera razonable, las condiciones de vida de una sociedad estructurada sobre la base de la libertad. 81 Esta idea es utilizada como punto valorativo de partida, de origen constitucional, a partir del cual se construye el concepto de bien jurídico. Este último se concreta mediante un rastreo de los fenómenos sociales que, siendo presupuestos de una próspera vida en común de ciudadanos libres, son lesionados por comportamientos humanos. 82 Así, el autor afirma que, en tanto el Estado no es estático, sino que se transforma y reproduce impulsado por fuerzas y situaciones sociales, los presupuestos de la vida social deben concebirse como unidades funcionales vivientes. De lo anterior, Rudolphi extrae una concepción de los bienes jurídicos en la que éstos corresponden a funciones sociales que conforme a una Constitución particular y al momento histórico concreto son valiosas en la estructura social. 83 En la concepción de Mir, al igual que con Rudolphi, es a partir de la estructura del Estado que se afirman los límites al derecho penal. En este caso, se sostiene que en un Estado social el fundamento del derecho penal es la protección de la sociedad, 84 por lo que su intervención debe traducirse en la evitación de delitos. Esta protección, a su vez, será coherente con la lógica del Estado social en tanto se lleve a cabo con la menor lesión de derechos individuales posibles. Luego, el derecho penal deberá limitarse en su ejercicio al castigo de las conductas más peligrosas realizadas contra los intereses sociales más relevantes, 85 los cuales constituirán bienes jurídicos RUDOLPHI, Hans Joachim, Los diferentes aspectos del concepto de bien jurídico, Nuevo pensamiento penal, Trad.: BACIGALUPO, Enrique, n 5 a 8 (1975), p RUDOLPHI, Los diferentes aspectos, cit. nota n 79, p RUDOLPHI, Los diferentes aspectos, cit. nota n 79, p RUDOLPHI, Los diferentes aspectos, cit. nota n 79, p RUDOLPHI, Los diferentes aspectos, cit. nota n 79, pp. 344 y MIR, Santiago, Derecho penal parte general, Montevideo-Buenos Aires: B de F, 2004, p El autor señala expresamente que el derecho penal se legitima sólo si protege a la sociedad, y que en dicha empresa, es la economía social la que impone la obligación de optar, en la medida de lo posible, por mecanismos menos lesivos para los derechos de las personas; en: MIR, Derecho penal, cit. nota n 84, pp. 125 a MIR, Introducción, cit. nota n 57, pp. 109 y 110. En idéntico sentido: MIR, Santiago, Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y democrático de derecho, Barcelona: BOSCH casa editorial, 1982, p17 Polít. crim. Vol. 7, Nº 14 (Diciembre 2012), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_07/n_14/vol7n14a5.pdf] Ahora bien, para concretar el contenido del concepto, se debe atender a aquello que en ciertas condiciones es necesario para mantener el funcionamiento de la estructura social; 87 en particular, se deberá atender a aquellos procesos de interacción social que a corto o largo plazo, son requeridos para la subsistencia o mínimo funcionamiento de ella. 88 Luego, y entendiendo la estructura social como distribución de posibilidades de participación, los bienes jurídicos deben consistir precisamente posibilidades de participación del individuo en esta. 89 De conformidad con ello, se afirma que en una sociedad plural la existencia democrática supone renunciar a imponer exigencias meramente éticas, limitándose a evitar lesión de bienes sociales. 90 Mir sostiene que ya que en el Estado social el derecho penal se justifica como sistema de protección social, los intereses puramente morales no pueden ser considerados bienes jurídicos. 91 El autor agrega que entender el bien jurídico cómo interés o valor distinto de la realidad en que descansa, supone una espiritualización que conlleva a su evaporación por pérdida de anclaje en objetos concretos, confundiéndose con finalidad de ley, es decir, volviendo el bien jurídico a una concepción como la de Binding, Mezger o Honig, las cuales no tienen capacidad de limitar la creación legislativa. Sin embargo, Mir afirma que el bien jurídico es algo más que la cosa en que recae y no sólo ella, insistiendo en que los objetos reales le importan al derecho penal en la medida que constituyen una necesidad social que condiciona posibilidades de participación del individuo en sistemas sociales. 92 A efectos de limitar aún más aquello que debe ser considerado bien jurídico, el autor sostiene que se requiere suficiente importancia social y que exista a su respecto necesidad de protección penal, debiendo tratarse de mandatos y prohibiciones fundamentales de la vida social y sin que sea suficiente con que se trate de un bien constitucional. Al respecto, Mir agrega que en la medida que la pena también lesiona derechos, nos encontramos ante una ponderación de intereses que la Constitución no resuelve, de forma tal que no basta atender sólo al bien en cuestión, ya que su configuración como tal dependerá también del ataque particular que se produzca en cada caso. 93 En una línea similar a las anteriores, para Bustos los bienes jurídicos son entendidos como aquellos aspectos centrales del sistema democrático, los cuales son destacados y protegidos mediante el proceso de auto-constatación que constituye la pena -proceso a través del cual 87 MIR, Introducción, cit. nota n 57, p MIR, Introducción, cit. nota n 57, p MIR, Derecho penal, cit. nota n 84, p Expresamente, Mir rechaza un entendimiento del bien jurídico como realidad naturalística o como valor ético-individual, en: MIR, Función de la pena, cit. nota n 86, p MIR, Santiago, El derecho penal en el estado social y democrático de derecho, Barcelona: editorial Ariel, 1994, pp. 116 y ss. 91 MIR, Derecho penal, cit. nota n 84, p MIR, Derecho penal, cit. nota n 84, pp. 168 y MIR, El derecho penal en el estado social, cit. nota n 90, pp. 162 a 166. Sobre el rol de la Constitución, Mir hace ver que la función primordial de la Constitución no es regular comportamientos entre ciudadanos, por lo que los bienes en ella contenidos tienen como objeto fundamental fijar los límites al poder político. 39418 SZCZARANSKI, Federico. Sobre la evolución del bien jurídico penal: un intento el Estado expresa su existencia-. Así, los bienes jurídicos se encuentran en la base de la fundamentación y legitimidad de la pena, siendo condición sine qua non de ella 94 y estando ligados a las condiciones de existencia del sistema. 95 Luego, en tanto que el bien jurídico depende del sistema social, Bustos siguiendo a von Liszt afirma que aún cuando aquel es determinado por el ordenamiento jurídico por lo que se ubica dentro de éste, su contenido se proyecta hacia el cuerpo social, entendiéndolo entonces como una síntesis normativa de una relación social determinada y dinámica que ha sido seleccionada por el derecho. 96 De ésta forma, el autor señala que lo central será determinar aquello que sirve de base al bien jurídico, o dicho de otra manera, precisar los elementos de la realidad social que al derecho penal le interesa proteger. 97 Para concretar esto, Bustos sostiene que un concepto crítico de bien jurídico que permita limitar todavía más el principio conforme al cual la intervención estatal sólo debe tener lugar en tanto sirva para mantener la organización política dentro de una concepción hegemónica democrática 98 debe girar en torno a la persona humana en tanto ente de una sociedad democrática. Por ello, y afirmando que lo propio a un ser social en democracia es una relación social concreta y determinada, 99 el autor entiende que el objeto de protección está constituido precisamente por relaciones sociales correspondientes a procesos de comunicación y participación que tienen lugar entre individuos, o entre éstos y objetos; concibiendo materialmente el injusto como afectación de la posición de la persona en la sociedad o de la relación social. 100 De ésta forma, serán esas relaciones sociales las cuales deben ser recogidas por el ordenamiento jurídico de forma concreta y simbólica, constituyéndose entonces en bienes jurídicos El bien jurídico como medio para la participación social. A diferencia de las teorías anteriores, en que el bien jurídico se consideraba como una relación o proceso característico y estructural de la organización social, acá se le concibe como condiciones o posibilidades que permitirían a los individuos participar en la organización social. Para llegar a ese concepto, Silva parte preguntándose por los fines que debe cumplir el derecho penal para que su actuación sea legítima, indicando que a este respecto el derecho positivo entrega sólo un marco en el que se deben mover las construcciones doctrinales, el cual podría servir para excluir algunas fundamentaciones, pero no alcanza a indicar la 94 BUSTOS, Juan, Obras completas. Control social y otros cambios. Tomo II, Santiago: Ediciones Jurídicas, 2007, p BUSTOS, Manual, cit. nota n 33, p BUSTOS, Obras completas, cit. nota n 94, p BUSTOS, Obras completas, cit. nota n 94, p Así, el autor afirma que la génesis, significación y legitimidad de lo que se protege no surge del bien jurídico el cual es sólo la forma sintética concreta de lo que se protege-, sino que de los presupuestos del bien jurídico: de relaciones sociales. 98 BUSTOS, Manual, cit. nota n 33, p BUSTOS, Manual, cit. nota n 33, p BUSTOS, Obras completas, cit. nota n 94, p BUSTOS, Obras completas, cit. nota n 94, p19 Polít. crim. Vol. 7, Nº 14 (Diciembre 2012), Art. 5, pp [http://www.politicacriminal.cl/vol_07/n_14/vol7n14a5.pdf] fundamentación correcta. Por ello, Silva señala que los fines que justifican el derecho penal deben elaborarse de forma incondicionada por el derecho positivo. 102 En este sentido, se sostiene que la misma la idea de teoría jurídica del delito contiene una finalidad garantista no escrita y supra legal que impide penar conductas que parecen ser punibles pero que no superan los filtros de la misma teoría. 103 De esta forma, y sin estar limitado por el texto positivo, se afirma que en tanto la pena no es la única consecuencia del derecho penal, los fines del mismo no deben reducirse a la protección de bienes jurídicos, sino que conjuntamente con la finalidad de prevención se debe considerar la finalidad de reducir la propia violencia estatal. 104 De lo que se trata, en el fondo, es de disminuir la violencia total de la sociedad relacionada con el derecho penal, y no sólo prevenir delitos y reacciones informales. 105 Ahora bien, para poder disminuir la violencia generada por el mismo derecho, se debe incorporar el principio de mínima intervención y aplicar principios de garantía. 106 Dentro de estos últimos, la protección exclusiva de bienes jurídicos constituye un principio elemental del derecho penal moderno. En este punto, el autor afirma que un puro concepto funcionalista que comprenda al bien jurídico como condiciones necesaria para conservación del orden social, puede llevar a perjudicar a los individuos, evitar la evolución social y no da un quantum mínimo de dañosidad que justifique la intervención penal. En base a ello, propone unir el concepto de dañosidad social con una referencia individual, entendiendo como bien jurídico a las condiciones que hacen posible un libre desarrollo del individuo a través de su participación en la vida social. La dañosidad pasa por privar de medios para actuar en sociedad, correspondiéndose con conductas que dificulten o imposibiliten participar en procesos de distribución o producción de riqueza. 107 Con ello, y a diferencia de Mir, el bien jurídico no es concebido como proceso de interacción, sino que en referencia a los medios o condiciones para poder ser parte de dichos procesos. 102 SILVA SÁNCHEZ, Jesús, Aproximación al derecho penal contemporáneo, Montevideo-Buenos Aires: B de F, 2010, pp. 314 y ss. 103 SILVA SÁNCHEZ, Aproximación, cit. nota n 102, pp. 311 y SILVA SÁNCHEZ, Aproximación, cit. nota n 102, p En el mismo sentido: SILVA SÁNCHEZ, Jesús. Prevención del delito y reducción de la violencia, Ita Ius Esto, n 8, p. 28. También en: SILVA SÁNCHEZ, Jesús, Función de la pena, prevención y reducción de la violencia en sociedad, en: MINISTERIO DE JUSTICIA DE CHILE, Congreso Internacional: Violencia, delincuencia y política criminal, Santiago: Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Justicia, 2007, p En una línea similar: LASCURAIN, Bien jurídico y objeto protegible, cit. nota n 78, pp. 145 a SILVA SÁNCHEZ, Aproximación, cit. nota n 102, pp. 340 y SILVA SÁNCHEZ, Aproximación, cit. nota n 102, pp. 430 y ss. De forma similar, Carnevali adopta una concepción sociológica organizada en torno a la dañosidad social, entendiendo como bienes jurídicos aquellas condiciones de conservación del orden social que presenten referencia individual, debiendo vincularse a los medios necesarios para que el individuo se realice dentro del contexto social. Igualmente, el autor distingue entre bien jurídico y bien jurídico penal, afirmando que a la hora de juzgar si la lesión del bien debe ser tipificada como delito es necesario evaluar aspectos relativos al merecimiento -por repercutir su afectación de forma intensa en la esfera social- y necesidad de pena -referente a la posibilidad de protección del bien mediante otros mecanismos-, criterios que serían exigibles y vinculantes para el legislador. En: CARNEVALI, Raúl, Algunas reflexiones en relación a la protección penal de los bienes jurídicos supraindividuales, Revista Chilena de Derecho, Vol. 27 N 1 (2000), pp. 138 y20 SZCZARANSKI, Federico. Sobre la evolución del bien jurídico penal: un intento Para concretar este concepto, en opinión de Silva no basta con recurrir a la Constitución, ya que el marco de acción seguirá siendo muy amplio: no todo objeto de protección por el derecho es a la vez objeto de protección penal, lo que queda de manifiesto en el hecho de que el derecho penal dispone de normas primarias propias y que lo que convierte en penal a una infracción no es su sanción con una pena, sino que determinadas características materias de la propia infracción. 108 Así, se debe recurrir a criterios de necesidad y subsidiariedad, con lo que la teoría del bien jurídico penal resulta de la superposición a la teoría del bien jurídico del principio utilitarista de mínima intervención, y de efectuar también evaluaciones de principio relativas al merecimiento de protección, con lo que se introducen consideraciones sobre la importancia del bien y la gravedad de la infracción. 109 Dentro de su concepción entonces, la protección de bienes jurídicos corresponde a un principio de garantía que debe limitar el ejercicio de violencia estatal, lo que constituye a su vez una finalidad de un derecho penal moderno. Ahora bien, la configuración de los bienes jurídicos en este esquema debe ser tal, que efectivamente asegure una disminución tan intensa como sea posible sin afectar la finalidad de prevención. En la medida que ello no ocurra, se podrá afirmar la ilegitimidad del derecho penal en su forma concreta, con independencia del derecho positivo. Kindhäuser, por su lado, deriva los bienes jurídicos desde las bases de la culpabilidad penal, la cual a su vez, se encuentra referida a los supuestos de la estructura política. Al respecto, el autor sostiene que la culpabilidad material se encuentra referida a las razones por las cuales se debe penar el no seguir una norma. Sobre el particular, Kindhäuser indica que en una teoría contractualista, en la cual el fundamento del contrato social se encuentra en el cálculo racional según el cual la conveniencia de renunciar a una parte de la propia libertad radica en que con ello se favorecen los intereses de todos en contra de una racionalidad tendiente a maximizar los intereses propios, ya que con esa base no es posible reprochar el incumplimiento del contrato en los casos en que ello importe beneficio individual no sólo se está suponiendo una racionalidad anterior a la sociedad misma, sino que además se está afirmando que hay una particular razón por la que el individuo en concreto debió haber seguido la norma el cálculo racional de conveniencia a los intereses comunes, y por ello se violenta el principio liberal de irreflexión sobre los motivos para cumplir con ella, SILVA SÁNCHEZ, Aproximación, cit. nota n 102, p SILVA SÁNCHEZ, Aproximación, cit. nota n 102, p. 441 y KINDHÄUSER, Urs, La fidelidad al derecho como categoría de la culpabilidad, Trad.: MAÑALICH, Juan Pablo, en: KINDHÄUSER, Urs y MAÑALICH, Juan Pablo, Pena y culpabilidad en el estado democrático de derecho, Perú: ARA Editores, 2009, pp. 79 a 84. El mismo problema se opone al comunitarismo, en tanto que pretende obediencia como virtud ciudadana (p. 89). En este sentido, el autor afirma que el derecho legitimado democráticamente debe ser neutral respecto de los motivos para seguir sus normas: no hay fuerzas racionalmente vinculantes en la argumentación, sólo se exige consenso en el resultado, y no consenso en las razones para ese resultado. Por ello, la culpabilidad no puede consistir en un reproche relativo a ceguera moral (p. 106). Ahora bien, en relación con la Teoría de la Justicia de Rawls (RAWLS, Teoría de la Justicia, cit. nota n 16) no resulta acertado indicar que hay una razón de conveniencia en la no infracción de normas penales: si bien el autor sostiene que el principio de diferencia llevaría a no atribuir ni 397 Mostrar más
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 RESOLUCIÓN 
 Artículo 1

RESOLUCIÓN 
 artículo 323
 artículo 1
 Resolución 
 Artículo 1
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 73