Source: https://nortesur.media/2019/06/06/chile-pinera-a-la-justicia-por-fraude-en-consulta-indigena/
Timestamp: 2019-06-24 19:20:48+00:00

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Chile: Piñera a la justicia por fraude en consulta indígena – NORTESUR
Piñera y su gobierno empresarial, persiguen usurpar los territorios indígenas para continuar con la depredación del medio ambiente, debilitando el carácter colectivo de la propiedad mapuche, permitiendo su enajenación a las transnacionales y forestales vinculadas a los grupos más ricos de Chile, que fueron beneficiadas por la dictadura de Pinochet con la subvención de plantaciones, a través del D.L. 701.
En la Corte de Apelaciones de Santiago, ingresó recurso de protección en contra de Sebastián Piñera, caratulado: Antilef contra Piñera, rol : 46433-2019, patrocinado por los abogados de derechos humanos, Rubén Jerez Atenas y Mónica Araya Flores.
El tenor de la acción judicial es el siguiente:
OTROSÍ: PIDE ORDEN DE NO INNOVAR
I.CORTE DE SANTIAGO
Rubén Jerez Atenas y Mónica Araya Flores, ambos con domicilio en calle Huérfanos 1160, Santiago, a S.S.I. Respetuosamente decimos:
AFECTADOS: Que, en nombre de las Sras. Elizabeth Antilef Henríquez, RUT 7.864.585 – 7; Marcela Díaz Díaz, RUT 13.438.094 – 2; y Andrea Vergara Cayuqueo, RUT 15.413.922 – 2, de ascendencia indígena – mapuche, todas con nuestro domicilio; y de conformidad con el artículo 20 de la Constitución, RECURRIDOS: Venimos en interponer recurso de protección en contra del Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera Echeñique, del Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sr. Alfredo Moreno Charme y el Director Nacional de la CONADI – Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Sr. Fernando Saenz Taladriz, todos con domicilio en calle Moneda S/N – Palacio del Gobierno de Chile, por las razones que venimos en exponer:
1.- ACTOS ARBITRARIOS O ILEGALES: El gobierno de Chile, representado por las autoridades recurridas, ha iniciado un proceso de consulta indígena 2019, que, en Santiago, realizará actividades el día 7 de junio del presente año, en calle Bandera N° 46, piso 1, Santiago.
La consulta 2019[1] recae en las siguientes preguntas sueltas:
Permitir el acceso a beneficios asociados a la calidad indígena solamente a personas con calidad indígena adquiridas por el artículo 2° letras a) y b) de ley N° 19.253.
2.- ANTIJURIDICIDAD DE FONDO: Tal consulta indígena, como resulta manifiesto, es abiertamente inconstitucional dado que, a diferencia de lo que pregona[2], – modificar la Ley Indígena N°19.253 -, busca derogar, material y soterradamente, un tratado internacional como el Convenio 169 de la OIT de 1989[3], contraviniendo, en consecuencia, los artículos 26 y 27[4] de la Convención de Viena Sobre El Derecho de los Tratados[5] en relación con el artículo 54 N° 1 de la Carta Fundamental que, en la parte respectiva, señala:
3.- Se persigue, mediante preguntas, aparentemente inofensivas cuya formulación se confeccionó en la clandestinidad, iniciar el proceso de derogación unilateral de principios y deberes del Estado, comprometidos internacionalmente, mediante el Convenio 169 de la OIT, a saber:
Artículo 4 N° 1 que dice:
El artículo 3 N° 2 garantiza los derechos anteriores, así como la intangibilidad del propio Convenio 169, con una prohibición:
Uno de estos derechos es la especial relación cultural y espiritual con la Tierra, – que trasciende a la condición de recurso económico como lo predica la barbarie capitalista occidental -; y a su carácter colectivo, cuya titularidad corresponde a los pueblos o comunidades indígenas y no a los individuos, como se desprende de los artículos 13 y 14 que reproducimos en lo pertinente:
4.- Que, en consecuencia, un mínimo de nivel educacional[6] permite entender que los pueblos indígenas ven a la Tierra en términos comunitarios, como su madre, eje central de su cultura y sentido de vida, por lo que la protección de esta relación resulta indispensable. Este derecho a la propiedad colectiva de la Tierra se traduce en un régimen de afectación reflejado y garantizado, además del citado Convenio 169 de la OIT, por la Ley N° 19.253, principalmente en sus artículos 1 y 13, que indican:
Artículo 1°.- El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura.
Artículo 13.- Las tierras a que se refiere el artículo precedente, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. No obstante, se permitirá gravarlas, previa autorización de la Corporación. Este gravamen no podrá comprender la casa-habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia.
5.- Por lo expuesto, toda consulta iniciada por el gobierno que pretenda abierta o subrepticiamente derogar el Convenio 169 de la OIT, o debilitar el régimen comunitario indígena sobre la Tierra, es contraria al interés nacional,- (así declarado por el legislador sobre el cual las Comunidades tienen un derecho de propiedad protegido por el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental) -, y, por tanto, ES NULA. Además, genera responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de tratados internacionales.
6.- ANTIJURIDICIDAD DE FORMA: Adicionalmente a la antijuridicidad material o de fondo, que salta a la vista, debemos agregar la forma irregular de la consulta. En efecto, el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, impone:
7.- Como puede apreciarse, lo que debe ser consultado son las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas. En el caso de Chile, las medidas legislativas que se prevean aplicar deben, a lo menos, comunicarse y consultarse en la forma de proyectos de ley, en etapa de entrar al proceso de formación legislativa, regulado por los artículos 65 y siguientes de la Constitución. Es decir, no pueden ser materias o preguntas sueltas. Deben describirse como normativas estructuradas y sistémicas lo más cercanas a las reglas definitivas. De lo contrario, nos encontramos en el campo de la mala fe, dado que las medidas que pueden afectar a los pueblos indígenas no serán presentadas en los términos más auténticos que, por vía y forma legislativa, se pretende aplicarles. Entonces, no estamos frente a una consulta sino a un engaño o burla.
8.- La falta de transparencia y publicidad en la entrega de la información, ya que la consulta no versa sobre el proyecto de ley que se pretende presentar por el gobierno al congreso para modificar la Ley Indígena – N° 19.253, ha conculcado el deber del Estado de asegurar el derecho a la participación, como lo ordena el inciso final del artículo 1 de la Constitución, infraccionándose, de paso, su artículo 8,- principios de publicidad y transparencia de los actos estatales, de sus fundamentos y procedimientos -, generando una discriminación arbitraria en el trato ante la Ley y la autoridad, que violenta el artículo 19 N° 2 del código político.
9.-Los órganos del Estado, para actuar válidamente, deben someterse a la forma que prescriba la Constitución y la ley. Así lo indica, bajo sanción de nulidad de derecho público, el inciso primero del artículo 7 de la Carta Fundamental. En atención a que la consulta cuestionada recae sobre la modificación de la Ley Indígena, los responsables a cargo de convocar, coordinar y ejecutar la misma, solo pueden ser los órganos colegisladores, es decir, el Presidente de la República y el Congreso Nacional, al tenor de los artículos 65 y siguientes de la Constitución. Por tanto, la regulación de la consulta es materia de Ley Orgánica Constitucional, de acuerdo con los artículos 55 y 63 N° 1 de la Constitución, ya que ésta incide en la tramitación interna de la ley. En efecto, el Convenio 169 de la OIT, – artículos 2 N° 1 en relación al 6 -, exige que lo acordado en la respectiva consulta, sea considerado en el proceso de formación legislativa.
En consecuencia, cuando las medidas que afectan a los pueblos indígenas son de carácter legislativo, las consultas reguladas por un decreto supremo reglamentario son palmariamente inconstitucionales.
Está prohibido, al Presidente de la República y, por tanto, a la Administración del Estado, dictar reglamentos en materias propias de ley, como lo indica el artículo 32 N° 6 de la Constitución.
Entonces, y para este caso en particular, no resulta procedente la aplicación del decreto supremo N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social – Subsecretaría de Servicios Sociales, que aprueba el reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena, en virtud del artículo 6 Nº 1 letra a) y nº 2 del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
10.- DERECHOS AFECTADOS: Los actos que denunciamos, son, a lo menos, constitutivos de perturbación de la integridad psíquica, considerando que, con la consulta cuestionada, se persigue alterar el patrón espiritual de quienes tienen a la Tierra como un valor colectivo, esencial para la mantención y desarrollo de su cultura.
Lo explicamos de manera más simple. La vinculación ancestral a la Tierra, como valor cultural, está sustentada en el carácter comunitario de la misma.
Si se cambia dicho régimen por la propiedad individual y transable en el mercado, la Tierra pasa a ser un bien transferible y, potencialmente, enajenable, perdiendo, de esta forma y de manera definitiva, su vinculación con el pueblo indígena que la venera y la protege para las futuras generaciones.
La propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre la Tierra, configura la esencia del Convenio 169 de la OIT. Este tratado es parte de nuestro ordenamiento jurídico y los interesados tienen derecho de exigir al Estado su plena aplicación.
La consulta ordenada por el gobierno busca la derogación tácita, solapada e indirecta de tal convenio internacional, al margen de la Constitución y del respectivo tratado. Quiere, además, hacer partícipe a los pueblos indígenas, por medio de dicha consulta, de su propio genocidio cultural, lo que resulta del todo inaceptable. En efecto, se llega al dislate, entre otros, de preguntar si las Asociaciones Indígenas pueden ser constituidas por 2 integrantes.
Reiteramos, el Estado no solo pretende, con esta consulta, modificar la Ley Indígena. Va más allá. En la práctica trata de dejar sin efecto, en lo sustantivo, el Convenio 169 de la OIT. En consecuencia, el Estado amenaza al Derecho.
Con esta consulta, se inicia un proceso destinado a transformar la Ley Indígena, para dejarla desprovista de su esencialidad. Es el mecanismo, no revelado, que impediría a los afectados, en el futuro, – discriminándolos ante el derecho-, de asilarse en el citado convenio internacional para proteger el patrimonio indígena, que oscuros intereses economicistas buscan usurpar.
La vulneración del ejercicio de los derechos asegurados por el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución, se encuentra absolutamente acreditada.
PEDIMOS A S.S.I. Tener por interpuesto recurso de protección de garantías constitucionales, en los términos antes indicados, con el objeto de darle protección a los afectados y restablecer el imperio del derecho, ordenando la suspensión de la consulta descrita por encontrarse viciada de manifiesta antijuridicidad.
OTROSÍ: En atención a la gravedad de los antecedentes descritos, que pueden provocar la responsabilidad internacional del Estado, solicitamos se decrete orden de no innovar para evitar males mayores.
[1] http://consultaindigena2019.gob.cl/medidas
[2] http://consultaindigena2019.gob.cl/medidas
[3] Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Núm. 236.- Santiago, 2 de octubre de 2008. PROMULGA EL CONVENIO Nº 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
[4] ARTÍCULO 26. Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
ARTÍCULO 27. El derecho interno y la observancia de los tratados Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.
[5] Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Núm. 381.- Santiago, 5 de mayo de 1981. PROMULGA LA CONVENCIÓN SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS Y SU ANEXO, SUSCRITA POR EL GOBIERNO DE CHILE EN VIENA, EL 23 DE MAYO DE 1969.
[6] http://www.icarito.cl/2009/12/45-8711-9-los-mapuches.shtml/
- 6 Jun 2019 7 Jun 2019
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References: artículo 20
 artículo 2
 artículo 54

Artículo 4
 artículo 3

Artículo 1

Artículo 13
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 19
 artículo 7
 artículo 32
 artículo 6
 artículo 19
 ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27
 artículo 46