Source: http://atrsonmer.blogspot.mx/2008/06/medios-de-defensa-del-contribuyente.html
Timestamp: 2018-03-19 06:37:32+00:00

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AUDITORIA TRIBUTARIA: Medios de Defensa del Contribuyente frente a la Administración Tributaria
Medios de Defensa del Contribuyente frente a la Administración Tributaria
FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1
Luis Fraga Pittaluga 2
Como es sabido, el SENIAT ha asumido una posición más activa en el ejercicio de sus potestades y competencias dentro de un proyecto que a modo de slogan publicitario ha denominado "Evasión 0". Más allá de las connotaciones políticas y de otra índole que dicho plan pueda tener, sobre lo cual no estamos en capacidad de opinar y en todo caso escapa totalmente el objeto de nuestra intervención, conviene señalar que la Constitución venezolana en su artículo 133, impone a todos los ciudadanos el deber de coadyuvar en el sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones especiales, y en cuanto concierne a los tributos nacionales, las potestades y competencias legales destinadas a asegurar que las obligaciones y deberes formales tributarios que derivan de ese deber constitucional de contribuir, sean cabalmente cumplidos, corresponden al SENIAT.
De modo que la actuación más enérgica que ha asumido del SENIAT no es criticable sino digna de elogio, pero, eso sí, siempre que la misma se produzca dentro del marco de la Constitución y las leyes.
Partiendo de las anteriores premisas, nos interesa aclarar que nuestra exposición no tiene por objeto ofrecer consejos legales para evadir o postergar el cumplimiento de las obligaciones y deberes formales tributarios, pues ello configuraría un delito.
El propósito de nuestras reflexiones es brindar una orientación en torno a cuáles son los mecanismos que la Constitución, el COT y otras leyes, ponen a disposición de los ciudadanos para que defiendan sus derechos subjetivos e intereses legítimos frente a cualquier acto, omisión o vía de hecho de la Administración Tributaria Nacional que pueda suponer lesión o quebranto de tales derechos e intereses.
1 Texto de la conferencia dictada por el Dr. Luis Fraga Pittaluga, el día 26 de mayo de 2004, en el Foro “EVASIÓN CERO, SANCIONES, PROCESOS Y LEGÍTIMA DEFENSA, ¿QUÉ HACER?”, organizado por FEDECÁMARAS.
2 Abogado egresado de la UCAB en 1987, con especialización en Derecho Procesal (UCV) y Derecho Administrativo (UCAB). Es profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Monteavila y en los cursos de postgrado en Derecho Tributario y Derecho Administrativo de la Universidad Católica del Táchira. Es Profesor Invitado del Instituto Nacional de Administración Pública de España y fue profesor en el postgrado de Gerencia Tributaria de la UNIMET. Fue Conjuez de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y Relator de la misma Corte, y ha sido Juez Asociado en causas tributarias. Es Árbitro del Centre de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje de VENAMCHAM. Fue Director del Contencioso Administrativo en la Procuraduría General de la República y Jefe de la División de Recursos Administrativos y Judiciales del SENIAT. Fue socio de la firma internacional de abogados ROMERO-MUCI & ASOCIADOS, miembros de ANDERSEN LEGAL. Ha escrito 7 libros y más de 30 trabajos de investigación en materia de Derecho Tributario y Derecho Administrativo publicados en obras colectivas y revistas jurídicas nacionales y extranjeras. En el mes de septiembre será uno de los dos ponentes venezolanos que intervendrán en las XII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario organizadas por el ILADT, en Quito-Ecuador, en el tema del Arbitraje Tributario y en noviembre será uno de los dos Relatores Generales de las VII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, en el tema de Las Potestades de la Administración Tributaria y las Garantías y Derechos de los Contribuyentes. Actualmente es socio de la firma de abogados FRAGA, SÁNCHEZ & ASOCIADOS.
DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE DURANTE LA FISCALIZACIÓN
Sin la menor duda la fiscalización tributaria es el evento de mayor tensión entre la Administración y el administrado y ello por la sencilla razón de que, en la mayoría de los casos, esta actuación tan importante se degrada a una especie de contienda entre el fiscal y el administrado, quien se tiene por evasor mientras no demuestre lo contrario.
Esta relación poco productiva y que normalmente desemboca en conflictos totalmente inútiles para ambas partes puede originarse:
i. Como consecuencia de una mala aplicación de las leyes, bien por el funcionario actuante o bien por el ciudadano fiscalizado; o,
ii. Como resultado de un desconocimiento de las garantías y derechos del ciudadano fiscalizado por parte del ente fiscalizador o de la ignorancia del ciudadano fiscalizado en cuanto a cuáles son las competencias del funcionario que fiscaliza;
1.- La fiscalización es un procedimiento administrativo y como tal sólo puede iniciarse y conducirse por un funcionario debidamente autorizado para ello. La primera defensa del fiscalizado frente a la fiscalización consiste entonces en cerciorarse de que el funcionario actuante es quien dice ser y cuenta con un oficio suscrito por el Gerente Regional de la Región del SENIAT de que se trate, mediante el cual se la autoriza para realizar la fiscalización al contribuyente respectivo. Ese oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 178 del COT, debe identificar al funcionario actuante, al contribuyente o responsable, el tributo que será objeto de fiscalización, los períodos fiscales a ser revisados, así como cualquier otra información que permita individualizar las actuaciones fiscales. Si ese oficio falta, la fiscalización no puede llevarse a cabo y si a pesar de ello el funcionario intenta ejecutarla, el sujeto fiscalizado debe dejar constancia de lo que ocurre, preferiblemente a través de un juez. En adición a esto, se puede interponer contra el funcionario un reclamo con fundamento en los artículos 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 6, numeral 2do., de la Ley Orgánica de la Administración Pública además acudir ante cualquier juez para que reciba una información de nudo hecho contra el funcionario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 939 del Código de Procedimiento Civil, con miras a exigir a posteriori la responsabilidad administrativa, civil y penal del mismo.
2.- Siendo la fiscalización un procedimiento administrativo, todo lo que ocurra dentro del mismo debe constar por escrito. Por esa razón la segunda defensa del ciudadano en una fiscalización tributaria consiste en velar porque tanto las actuaciones del SENIAT como las propias consten por escrito y sean agregadas al expediente administrativo que ordena abrir el artículo 179 del COT, al cual tendrá acceso el sujeto fiscalizado en todo momento de acuerdo con los artículos 49 de la Constitución y 151 del COT.
3.- La fiscalización tributaria es una potestad administrativa y las potestades administrativas se desarrollan mediante el ejercicio de competencias. Por su parte, la competencia es la atribución de una facultad que sólo puede provenir de la ley y ejercerse dentro del marco de la misma. Esto significa que los funcionarios fiscalizadores sólo pueden hacer aquello que la ley les autoriza de manera expresa y no lo que según su criterio pueden hacer, todo ello de conformidad con los artículos 137 y 138 de la Constitución y 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
La lectura conjunta de los artículos 121, 127 y 145 del COT es un poco desalentadora porque revela que la Administración Tributaria Nacional tiene una exagerada cantidad de competencias para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. Pero a la vez, estas normas fijan lo único que puede hacer la Administración Tributaria en el curso de una fiscalización. La tercera defensa de un contribuyente o responsable en el curso de una fiscalización consiste en precisar si el funcionario actuante está facultado legalmente para hacer lo que pretende hacer y en caso contrario, debe dejarse constancia escrita de ello. Esta constancia puede realizarse:
i. Mediante una comunicación dirigida al Gerente Regional que autorizó la fiscalización;
ii. A través del escrito de descargos que en su oportunidad se presente contra el acta fiscal o
iii. Con el auxilio de un juez que esté presente durante el curso de la fiscalización. En los tres supuestos, la constancia respectiva quedará en el expediente administrativo del caso y servirá para fundamentar más adelante el vicio de incompetencia manifiesta previsto en el artículo 240, numeral 4, del COT.
4.- La fiscalización tributaria es un procedimiento administrativo orientado a verificar el cumplimiento de las obligaciones y deberes formales tributarios, que eventualmente puede desembocar en un procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta en la cual se determine el alcance y cuantía de la obligación que ha sido incumplida, se liquiden los intereses moratorios que resultaren procedentes y se impongan las sanciones correspondientes. Para ejecutar la fiscalización, la Administración Tributaria tiene competencia para requerir, examinar, copiar e incluso retener: libros de contabilidad, facturas y demás comprobantes, libros legales, contratos, soportes informáticos, etc. Si la Administración Tributaria ejerce alguna de estas atribuciones, la defensa del contribuyente frente al proceso de fiscalización estará centrada en los siguientes aspectos:
• Sólo existe la obligación de entregar la información que es relevante a los fines tributarios, es decir, aquella de la cual es posible determinar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y deberes formales tributarios, según lo dispuesto en los artículos 130 y 131 del COT.
• La información no pertinente a los fines tributarios no puede exigirse y está protegida por la garantía prevista en el artículo 48 de la Constitución sobre el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas, las cuales no pueden ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso.
• Tanto los requerimientos de información que hace el fiscal, como la información que entrega el fiscalizado, tienen que constar por escrito.
Si el funcionario fiscalizador no cumple con estos extremos, el fiscalizado, a través de su abogado, debe dejar constancia de estos hechos, preferiblemente a través de una inspección judicial, en la cual el juez actuante describa la información que se ha requerido y revisado y que el sujeto fiscalizado considera que no es relevante para fines tributarios y que está protegida por la garantía del secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Estos hechos pueden igualmente hacerse constar:
i. Mediante un escrito dirigido al Gerente Regional que autorizó la fiscalización o
ii. A través del escrito de descargos.
5.- Durante el curso de la fiscalización, la Administración Tributaria puede adoptar medidas administrativas para retener archivos, documentos o equipos electrónicos y otros elementos propiedad del contribuyente que supuestamente es necesario asegurar para que no se extravíe o altere cierta información relevante para los fines tributarios.
En este caso, la defensa del sujeto fiscalizado contempla los siguientes aspectos:
i. Exigir por escrito que sólo sean retirados aquellos elementos que son indispensables para la determinación de las obligaciones y deberes formales, en virtud del principio de proporcionalidad previsto en el artículo 128 del COT;
ii. Dejar constancia en un acta de todo aquello que sea objeto de la medida administrativa, según lo previsto en el artículo 128, parágrafo único del COT o, de lo contrario, dejar constancia de la omisión del acta a través de una inspección judicial o mediante una comunicación dirigida al Gerente Regional competente;
iii. Solicitar por escrito la devolución inmediata de los archivos, documentos y equipos incautados si los mismos son imprescindibles para la realización de la actividad del sujeto fiscalizado; (iv) En el caso que lo incautado sea la contabilidad, la medida no procede sino en los supuestos taxativamente previstos en el artículo 128, parágrafo único del COT, y no puede prolongarse por más de 30 días,
iv. Exigir por escrito la reserva y confidencialidad de la información entregada;
v. No permitir que las medidas se apliquen fuera del horario normal de oficina del sujeto fiscalizado, a menos que exista una orden de allanamiento de un Tribunal.
Si la Administración Tributaria no respeta estos extremos, el sujeto fiscalizado puede:
1. Intentar una acción de amparo constitucional para impedir la aplicación de la medida u obtener la devolución de los archivos, documentos y equipos incautados.
2. Intentar una acción de daños y perjuicios, para que se le indemnice por el daño emergente, el lucro cesante, así como el daño moral que la aplicación de las medidas le haya causado.
3. Intentar una acción de daños y perjuicios para que se le indemnice por el daño emergente y el daño moral que le haya causado el uso indebido de la información reservada y confidencial que haya obtenido la Administración Tributaria.
4. Intentar una acción penal contra los funcionarios que han usado indebidamente información confidencial y reservada, por la comisión del delito sancionado con pena privativa de la libertad previsto en el artículo 115, numeral 3ro., del COT.
Cada vez que sea pertinente la presencia de un juez durante el procedimiento, tal como ya lo hemos señalado, ello deberá solicitarse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil, si lo que se quiere es dejar constancia de ciertos hechos y con base en el artículo 939 del mismo Código, si lo que se quiere es dejar constancia del estado de ciertas cosas antes de que desaparezcan señales marcas que pudieren interesar a las partes, en cuyo caso el juez se va a hacer asistir de un perito o práctico.
También puede ser oportuna la evacuación anticipada de una prueba mediante el llamado procedimiento de retardo perjudicial, previsto en los artículos 813 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, si existe el temor fundado de que durante la fiscalización desaparezcan ciertos medios de prueba que el sujeto fiscalizado quiere utilizar más adelante en su defensa.
DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE CONCLUIDA UNA VEZ CONCLUIDA LA FISCALIZACIÓN
La fiscalización tributaria va a culminar con el levantamiento de un acta que debe ser notificada al sujeto fiscalizado. Esa acta puede ser de dos clases:
i. Según el artículo 187 del COT, un Acta de Conformidad si la fiscalización estimase correcta la situación tributaria del contribuyente o responsable, respecto a los tributos, períodos, elementos de la base imponible fiscalizados o conceptos objeto de comprobación. Esa acta es vinculante para la Administración quien no puede revisar de nuevo lo que ya revisó, a menos que se trate de tributos, períodos o elementos de la base imponible no incluidos en la fiscalización, o cuando se trate de hechos, elementos o documentos que de haberse conocido o apreciado hubieren producido un resultado distinto.
ii. En segundo lugar y de acuerdo con el artículo 183 del COT un Acta de Reparo.
Frente a esta acta de reparo, en la cual se determina el alcance y cuantía de las obligaciones tributarias supuestamente insatisfechas por el sujeto fiscalizado, así como los hechos que pueden dar lugar a la imposición de sanciones, el sujeto fiscalizado puede adoptar tres alternativas:
• Aceptar el reparo, lo cual puede hacer de acuerdo con el artículo 185 del COT, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Acta, presentando las declaraciones omitidas o rectificando las presentadas y pagando la diferencia de impuesto resultante y los intereses moratorios. En este supuesto y de acuerdo con lo que indica el artículo 111, parágrafo segundo del COT, el sujeto fiscalizado tiene derecho a que se le imponga una sanción reducida, equivalente al 10% del tributo omitido, en vez de la del 112,5% del tributo omitido que es la normalmente aplicable.
• El sujeto fiscalizado puede también no aceptar el reparo y presentar un escrito de descargos en un plazo de 25 días hábiles contados a partir del vencimiento de los 15 días a que ya hice referencia, todo de acuerdo con el artículo 188 del COT. El escrito de descargos contendrá los argumentos de hecho y de derecho que expondrá el sujeto fiscalizado para desvirtuar el contenido del acta de reparo. Junto con los descargos el sujeto fiscalizado puede presentar las pruebas que sustenten los argumentos expuestos, pero también puede solicitarse en el escrito que el procedimiento se abra a pruebas, para consignar las pruebas en una oportunidad posterior o evacuar una prueba de experticia o cualquier otra prueba que fuere legal y pertinente.
• Finalmente el sujeto fiscalizado puede no allanarse al acta de reparo ni presentar descargos. Aunque los descargos son el mecanismo fundamental de defensa frente a la fiscalización tributaria, su presentación no es obligatoria y no hacerlo no supone en modo alguno que se acepta el contenido de la misma.
LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RECURSIVO O DE SEGUNDO GRADO
Una vez presentados los descargos o si el contribuyente no se allanó ni tampoco presentó descargos, se va a abrir el llamado procedimiento sumario, el cual debe culminar con una resolución, en la cual puede decidirse lo siguiente:
• O se confirma total o parcialmente el contenido del acta fiscal, liquidándose el impuesto, los intereses moratorios y las multas que fueren aplicables.
• O se revoca totalmente el contenido del acta fiscal y se cierra el procedimiento.
En el primer caso, el contribuyente puede escoger, indistintamente, tres alternativas:
• Acepta el contenido de la resolución y paga el reparo, los intereses y las multas liquidadas, sin obtener por ello ningún beneficio de reducción de las sanciones.
• Intenta un recurso jerárquico, de lo cual hablaremos seguidamente.
• Intenta un recurso contencioso tributario de lo cual hablaremos más adelante.
A.- Recurso ordinario: Jerárquico
1.- Si la resolución del sumario afecta en cualquier forma los derechos e intereses del ciudadano, éste puede intentar un recurso contra la misma ante la máxima autoridad de la Administración Tributaria Nacional, dentro del plazo de 25 días hábiles siguientes a la notificación del acto.
2.- Para intentar este recurso no es preciso pagar la diferencia de impuesto, ni los intereses, ni las multas liquidados por la Administración Tributaria.
3.- La interposición del recurso jerárquico suspende de manera automática la ejecución del acto de modo que mientras esté pendiente la decisión del mismo, la Administración Tributaria no puede iniciar ninguna gestión de cobro ni extrajudicial ni judicial por la deuda liquidada en el reparo ni por sus accesorios.
4.- El recurso jerárquico debe fundamentarse en las razones de hecho y derecho que desvirtúan los fundamentos del acto que se recurre, pero dicho recurso no está condicionado por lo que se haya alegado en el escrito de descargos, ni tampoco resulta afectado por el hecho de no haber presentado descargos o pruebas.
5.- La interposición del recurso jerárquico puede ser paralela al amparo constitucional, las acciones por daños y perjuicios o las acciones penales a las que nos referimos anteriormente, porque éstas acciones se fundamentan en hechos relacionados pero independientes de los que se van a discutir en el procedimiento administrativo recursivo.
6.- Durante el procedimiento del recurso el recurrente puede aportar todas las pruebas que crea necesarias y que sean legales y pertinentes para la demostración de sus alegatos.
7.- El superior jerárquico tiene 60 días continuos para decidir el recurso en los términos del artículo 254 del COT y si no lo hace se entiende que éste fue denegado, en cuyo caso el recurrente tienen dos opciones:
• Intenta la acción contencioso-tributaria ante el juez superior en lo contencioso tributario competente por el territorio dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de 60 días que tiene el SENIAT para decidir el recurso jerárquico, supuesto en el cual la Administración Tributaria pierde la facultad de decidir dicho recurso.
• Espera la decisión expresa del recurso jerárquico y cuando ésta se produzca, si no está de acuerdo con los términos de la misma, la impugna a través del recurso contencioso tributario.
B.- Recursos Extraordinarios: Reconocimiento de Nulidad y Recurso de Revisión
Además del recurso jerárquico, el contribuyente tiene dos opciones de defensa en vía administrativa cuando la resolución de sumario ha quedado firme, es decir, cuando feneció el plazo para intentar contra la misma el recurso jerárquico o el contencioso tributario:
1.- La primera opción es la solicitud de reconocimiento de nulidad absoluta, basada en el artículo 239 del COT. Esta es una petición que se dirige al autor del acto para que reconozca su nulidad, cuando el mismo está afectado por alguno de los vicios previstos en el artículo 240 del COT, que son:
• Que la resolución viole una norma constitucional expresa.
• Que se pronuncie sobre un asunto ya decidido previamente que creó derechos subjetivos.
• Cuando el contenido de la resolución sea de imposible o ilegal ejecución.
• Cuando el funcionario que la dictó es manifiestamente incompetente.
• Cuando al resolución se dictó con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.
El Código no dice qué plazo tiene la autoridad para decidir esta petición, por lo que debe aplicarse el plazo genérico previsto en el artículo 153 del COT que es de 30 días hábiles.
2.- La segunda opción es un recurso de revisión, pero éste sólo procede en los supuestos previstos en el artículo 256 del COT.
• Cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto, no disponibles para la época de la tramitación del expediente.
• Cuando en la resolución hubieren influido en forma decisiva, documentos o testimonios declarados falsos, por sentencia judicial definitivamente firme.
• Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado establecido en sentencia judicial definitivamente firme.
Este recurso debe ser decidido en un plazo de 30 días continuos.
LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE EN LA VIA JUDICIAL
A.- Recurso contencioso tributario
1.- Dijimos que la otra opción que tenía el destinatario de la resolución de sumario que le impone un reparo, con intereses moratorios y multas, además de ir a la vía administrativa mediante la interposición de un recurso jerárquico, era intentar un recurso contencioso tributario de conformidad con lo previsto en los artículos 259 y siguientes del COT. Este es el medio idóneo cuando el contribuyente o responsable puede anticipar que la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria no va a cambiar el criterio contenido en la resolución del sumario y en consecuencia no vale la pena recurrir en vía administrativa.
Este recurso también procede cuando el interesado no quiere defenderse de un reparo, sino de la negativa de la Administración Tributaria de concederle un reintegro derivado del pago indebido o en exceso de un tributo, o de la negativa de otorgarle la devolución de impuesto soportado, a cuya devolución tiene derecho de acuerdo con la ley.
2.- Si el recurso es contra una resolución de reparo, debe interponerse dentro de los 25 días hábiles contados a partir de la notificación de la misma o a partir del vencimiento de los 60 días continuos que tiene el SENIAT para pronunciarse de manera expresa con respecto al recurso jerárquico si éste hubiese sido intentado, todo de acuerdo con el artículo 261 del COT. Si el recurso se intenta contra la negativa o denegación tácita de otorgar un reintegro o una devolución de impuestos soportados, puede interponerse en cualquier tiempo, mientras el crédito derivado del derecho al reintegro o a la devolución, no haya prescrito.
3.- Al igual que ocurre con el jerárquico, en el caso del recurso contencioso tributario contra un reparo no es necesario pagar el impuesto, los intereses y las multas para poder intentarlo, pero a diferencia del recurso jerárquico, la interposición del contencioso no suspende de manera automática la ejecución del acto, por lo que la Administración Tributaria puede iniciar el juicio ejecutivo fiscal del cual hablaremos más adelante, pero el recurrente puede pedirle al juez que suspenda la ejecución forzosa de la resolución del sumario, si demuestra de manera sumaria ante éste que dicha ejecución puede causarle un daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva en caso de ganar el juicio, o si demuestra sumariamente que es posible presumir que la resolución está viciada de nulidad. Si se da cualesquiera de éstas dos circunstancias, el juez va a dictar una medida cautelar para que mientras dure el juicio en primera y segunda instancia, la Administración Tributaria no pueda ejecutar forzosamente la resolución.
5.- Al recurso contencioso tributario de nulidad pueden acumularse dos pretensiones muy importantes (i) Una que veremos más adelante para que se condene a la Administración Tributaria al resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el acto recurrido y (ii) Otra destinada a que el juez contencioso tributario, en uso de la facultad que le confieren los artículos 334 de la Constitución y 20 del Código de Procedimiento Civil, desaplique para el caso concreto la o las normas legales que sean el fundamento total o parcial del acto recurrido.
B.- Amparo Tributario
El ciudadano no sólo puede defenderse de los actos de la Administración Tributaria que lesionen sus derechos e intereses legítimos, sino también de las ausencias de actuación por parte de ésta, o sea, de las omisiones.
Comoquiera que el derecho de petición y oportuna y adecuada respuesta es un derecho protegido por la Constitución en su artículo 51 y desarrollado en el artículo 153 del COT, los artículos 302 y siguientes del COT regulan una acción que puede interponer el interesado cuando la Administración Tributaria ha dejado de responder a una petición que éste ha hecho, incurriendo en una demora excesiva que le causa un daño.
Cuando el juez contencioso tributario ante quien se interpone la acción encuentra que la misma es razonablemente fundada, va a declarar con lugar el amparo tributario y va ordenar a la Administración Tributaria que explique las razones de la demora en un plazo no menor de 3 días ni mayor de 5. Se haya o no producido esta respuesta el Tribunal va a dictar su sentencia en un plazo de 5 días y ordenará a la Administración Tributaria a que realice el trámite omitido o si fuere procedente sustituirá la decisión administrativa previo afianzamiento del interés fiscal comprometido.
C.- Amparo constitucional
El ciudadano también puede defenderse judicialmente de las acciones, omisiones o vías de hecho de la Administración Tributaria, mediante la interposición de un amparo constitucional, que es totalmente distinto del amparo tributario, cuando se violen o se amenace con violar derechos y garantías constitucionales. Esta acción es la que debe utilizarse cuando la protección judicial requerida es urgente y no puede lograrse por otro mecanismo procesal ordinario. Puede ser muy útil en supuestos tales como:
• Cierre o amenaza de cierre de establecimientos
• Aplicación o amenaza de aplicación de medidas de embargo o prohibición de enajenar y gravar que fueren infundadas.
• Incautación o amenaza de incautación de archivos, documentos y equipos que son indispensables para el contribuyente o el responsable
• Aplicación o amenaza de aplicación de medidas de comiso ilegales
• Aplicación o amenaza de aplicación de medidas ilegales de allanamiento
• Intervención o amenaza de intervención de comunicaciones privadas
• Ordenes de comparencia a declarar que sean ilegales
• Aplicación o amenaza de aplicación de penas infamantes, violatorias de la garantía constitucional prevista en el artículo 60 de la Constitución.
La acción de amparo debe ser intentada ante el juez contencioso tributario y debe ser tramitada por el procedimiento previsto en la Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 1 de febrero de 2000, en el caso José Amando Mejía y en las normas de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
D.- Acción de daños y perjuicios
También puede el ciudadano defenderse de los actos, omisiones o vías de hecho de la Administración Tributaria que le causan un daño patrimonial, con fundamento en los artículos 140, 141 y 259 de la Constitución, 12 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 327 del Código Orgánico Tributario.
La acción de daños puede ser:
i. Autónoma lo que supone demandar formalmente a la República Bolivariana de Venezuela ante el juez contencioso administrativo ordinario competente según la cuantía, previo agotamiento del procedimiento previsto en los artículos 54 y siguientes de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con el artículo 21, párrafo 18, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esta es la acción idónea cuando el daño no proviene de un acto sino de una omisión o de una vía de hecho de la Administración Tributaria, o puede ser una acción de daños
ii. Acumulada al recurso contencioso tributario de nulidad que se ha intentado contra determinado acto de la Administración Tributaria.
En este caso no será necesario agotar el procedimiento previsto en la LOPGR y la pretensión se interpone ante el juez contencioso tributario quien podrá, además de anular total o parcialmente el acto administrativo recurrido, condenar a la Administración Tributarias al resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados al particular de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 259 de la Constitución y 21, párrafo 18, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
E.- Acción de nulidad contra leyes, reglamentos y otros actos administrativos de efectos generales
Finalmente el ciudadano puede defenderse judicialmente frente a la Administración Tributaria, demandando la nulidad de las leyes, los reglamentos, o los actos administrativos de efectos generales que hayan servido de fundamento a sus actuaciones. El régimen procesal aplicable a estas acciones es exactamente el mismo que se aplica para el resto de las acciones de nulidad que se intentan contra las leyes, reglamentos y actos administrativos de efectos generales que sirven de fundamento a las actuaciones de cualquier ente de la Administración Pública y su fundamento está en los artículos 259 y 266 de la Constitución y 21, párrafo 9, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE EN LA VIA EJECUTIVA
El último escenario en que puede plantearse la defensa del contribuyente frente a la
Administración Tributaria se vincula al momento en que la resolución de sumario es definitivamente firme y la Administración Tributaria inicia el juicio ejecutivo fiscal. En este caso la Administración Tributaria va a demandar la ejecución forzosa de la deuda determinada en la resolución, así como los intereses y las multas, solicitando el embargo de bienes del contribuyente o el responsable hasta por el doble de la suma demandada más una cantidad prudencialmente fijada para las costas procesales, a menos que los bienes a embargar sean sumas de dinero, en cuyo caso el embargo se limitará al monto de la suma demandada.
El juez admite la demanda y decreta el embargo, intimando al demandado a que pague o demuestre haber pagado en un plazo de 5 días, apercibido de ejecución.
El demandado podrá oponerse a esta solicitud, demostrando:
• Que pagó
• Que la obligación está prescrita
• Que la obligación se extinguió por remisión, compensación, confusión o declaratoria de incobrabilidad.
También puede el demandado demostrar que la resolución del sumario cuya ejecución se demanda fue anulada por la propia Administración Tributaria o por el juez contencioso tributario, o que sus efectos están suspendidos, bien automáticamente por la interposición de un recurso jerárquico, bien por una medida cautelar de suspensión otorgada por el juez contencioso tributario, en cuyo caso el juicio ejecutivo debe suspenderse de inmediato y levantarse el embargo decretado.
También un tercero puede oponerse al embargo demostrando ante el juez que los bienes demandados son de su propiedad, de acuerdo con lo previsto en los artículos
293 COT y 370, numeral 2, y 546 del CPC.
Si existe un proceso contencioso tributario contra la resolución cuya ejecución forzosa demanda el Fisco, pero no se ha decretado la suspensión de efectos de la misma o ésta fue denegada, el juicio ejecutivo fiscal prosigue pero los bienes embargados no se van a rematar hasta tanto culmine el juicio contencioso tributario.
Como puede advertirse el ordenamiento jurídico venezolano ofrece numerosos medios de defensa a los contribuyentes y a los responsables frente a las actuaciones arbitrarias de la Administración Tributaria. Sin embargo, la efectividad de todos estos mecanismos está total y absolutamente sustentada en la existencia de jueces independientes, imparciales e idóneos, capaces de administrar justicia de acuerdo con la Constitución y las leyes, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
Artículo 34.- En el libro Diario se asentarán, día por día, las operaciones que haga el comerciante, de modo que cada partida exprese claramente quién es el acreedor y quién el deudor, en la negociación a que se refiere, o se resumirán mensualmente, por lo menos, los totales de esas operaciones siempre que, en este caso, se conserven todos los documentos que permitan comprobar tales operaciones, día por día.
El inventario debe cerrarse con el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas; ésta debe demostrar con evidencia y verdad los beneficios obtenidos y las pérdidas sufridas. Cortesía de: http://marval.tripod.com.ve Se hará mención expresa de las fianzas otorgadas, así como de cualesquiera otras obligaciones contraídas bajo condición suspensiva con anotación de la respectiva contrapartida.
Artículo 43.- Si uno de los litigantes ofrece estar y pasar por lo que constare de los libros de su contender, y éste se niega a exhibirlos sin causa suficiente a juicio del Tribunal de Comercio, el Tribunal podrá deferir el juramento a la otra parte, o decidir la controversia por lo que resulte de los libros de éste, si fuere comerciante y aquellos estuvieren llevados en debida forma.
Artículo 44.- Los libros y sus comprobantes deben ser conservados durante diez años, a partir del último asiento de cada libro.
PROVIDENCIA N° 0073
Caracas, 06 Febrero 2006
Artículo 10. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes, reglamentos y demás formas de carácter tributario, los sujetos pasivos inscritos en el Registro Único de Información Fiscal (RIF), tendrán la obligación de:
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.566 de fecha 28/12/2001
Artículo 91. Los contribuyentes están obligados a llevar en forma ordenada y ajustados a principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela, los libros y registros que esta Ley, su Reglamento y las demás Leyes especiales determinen, de manera que constituyan medios integrados de control y comprobación de todos sus bienes activos y pasivos, muebles e inmuebles, corporales e incorporales, relacionados o no con el enriquecimiento que se declara, a exhibirlos a los funcionarios fiscales competentes y a adoptar normas expresas de contabilidad que con este fin se establezcan.
Las anotaciones o asientos que se hagan en dichos libros y registros deberán estar apoyados en los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que de estos merezca surgirá el valor probatorio de aquellos.
Artículo 92. Los emisores de comprobantes de ventas o de prestación de servicios realizados en el país, deberán cumplir con los requisitos de facturación establecidos por la Administración Tributaria, incluyendo en los mismos su número de Registro de Información Fiscal. A todos los efectos previstos en esta Ley, sólo se aceptarán estos comprobantes como prueba de haberse efectuado el desembolso, cuando aparezca en ellos el número de Registro de Información Fiscal del emisor y sean emitidos de acuerdo a la normativa sobre facturación establecida por la
Artículo 98. Los contribuyentes que se dediquen a realizar actividades comerciales, industriales, de servicios y los titulares de enriquecimientos provenientes del ejercicio de profesiones liberales, sin relación de dependencia, deberán exhibir en el lugar más visible de su establecimiento, oficina, escritorio, consultorio o clínica, el comprobante numerado, fechado y sellado por la Administración respectiva, de haber presentado la declaración de rentas del año inmediatamente anterior al ejercicio en curso. Igual requisito deberán cumplir las empresas agrícolas y pecuarias cuando operen bajo forma de sociedades.
Artículo 99. La Administración Tributaria llevará un Registro de Información Fiscal numerado, en el cual deberán inscribirse las personas naturales o jurídicas, las comunidades y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, susceptibles, en razón de sus bienes o actividades de ser sujetos o responsables del impuesto sobre la renta, así como los agentes de retención.
Artículo 102 Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de llevar libros y registros especiales y contables:
Artículo 104 Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de permitir el control de la Administración Tributaria:
Quienes incurran en cualesquiera de los ilícitos descritos en los numerales 1 al 8 será sancionado con multa de diez unidades tributarias (10 U.T.), la cual se incrementará en diez unidades tributarias (10 U.T.) por cada nueva infracción hasta un máximo de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.). Además quienes incurran en los ilícitos descritos en los numerales 5, 6, 7 y 8, le será revocada la respectiva autorización.
Artículo 112. Quien omita el pago de anticipos a cuenta de la obligación tributaria principal o no efectúe la retención o percepción, será sancionado:
4. Por retener o percibir menos de lo que corresponde, con el cincuenta por ciento al ciento cincuenta por ciento (50 al 150%) de lo no retenido o no percibido.
Artículo 118. Quien con intención no entere las cantidades retenidas o percibidas de los contribuyentes, responsables o terceros, dentro de los plazos establecidos en las disposiciones respectivas y obtenga para sí o para un tercero un enriquecimiento indebido, será penado con prisión de dos (2) a cuatro (4) años.
Artículo 126. Las informaciones y documentos que la Administración Tributaria obtenga por cualquier medio, tendrán carácter reservado y solo serán comunicadas a la autoridad judicial o a cualquier otra autoridad en los casos que establezcan las leyes. El uso indebido de la información reservada dará lugar a la aplicación de las sanciones respectivas.
Parágrafo Único: Las informaciones relativas a la identidad de los terceros independientes en operaciones comparables y la información de los comparables utilizados para motivar los acuerdos anticipados de precios de transferencia, sólo podrán ser reveladas por la Administración Tributaria a la autoridad judicial que conozca del recurso contencioso tributario interpuesto contra el acto administrativo de determinación que involucre el uso de tal información.
4. Requerir a los contribuyentes, responsables y terceros que comparezcan antes sus oficinas a responder a las preguntas que se le formulen o a reconocer firmas, documentos o bienes.
7. Retener y asegurar los documentos revisados durante la fiscalización, incluidos los registrados en medios magnéticos o similares y tomar las medidas necesarias para su conservación. A tales fines se levantará un acta en la cual se especificarán los documentos retenidos.
8. Requerir copia de la totalidad o parte de los soportes magnéticos, así como información relativa a los equipos y aplicaciones utilizados, características técnicas del hardware o software, sin importar que el procesamiento de datos se desarrolle a con equipos propios o arrendados o que el servicio sea prestado por un tercero.
9. Utilizar programas y utilidades de aplicación en auditoría fiscal que faciliten la obtención de datos contenidos en los equipos informáticos de los contribuyentes o responsables y que resulten necesarios en el procedimiento de fiscalización y determinación.
10. Adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la destrucción, desaparición o alteración de la documentación que se exija conforme las disposiciones de este Código, incluidos los registrados en medios magnéticos o similares, así como de cualquier otro documento de prueba relevante para la determinación de la Administración Tributaria, cuando se encuentre éste en poder del contribuyente, responsables o terceros.
Artículo 128. Para la conservación de la documentación exigida con base en las disposiciones de este Código y de cualquier otro elemento de prueba relevante para la determinación de la obligación tributaria, se podrán adoptar las medidas administrativas que estime necesarias la Administración Tributaria a objeto de impedir su desaparición, destrucción o alteración. Las medidas habrán de ser proporcionales al fin que se persiga.
Las medidas podrán consistir en la retención de los archivos, documentos y equipos electrónicos de procesamiento de datos que pueda contener la documentación requerida. Las medidas así adoptadas se levantarán si desaparecen las circunstancias que las justificaron.
Parágrafo Único: Los funcionarios encargados de la fiscalización podrán retener la contabilidad o los medios que la contengan, por un plazo no mayor de treinta (30) días continuos, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:
a) El contribuyente o responsable, sus representantes o quienes se encuentren en el lugar donde se practique la fiscalización, se nieguen a permitir la fiscalización o el acceso a los lugares donde ésta deba realizarse, así como se nieguen a mantener a su disposición la contabilidad, correspondencia o contenido de cajas de seguridad u obstaculicen en cualquier forma la fiscalización.
En todo caso, se levantará acta en la que se especificará lo retenido, continuándose el ejercicio de las facultades de fiscalización en las oficinas de la Administración Tributaria. Finalizada la fiscalización o vencido el plazo señalado en el encabezamiento de este Parágrafo, deberá devolverse la documentación incautada, so pena de la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicio que ocasione la demora en la devolución. No obstante, dicho plazo podrá ser prorrogado por un período igual, mediante Resolución firmada por el superior jerárquico del funcionario fiscal actuante.
En el caso que la documentación incautada sea imprescindible para el contribuyente o responsable, este deberá solicitar su devolución a la Administración Tributaria, quien ordenará lo conducente previa certificación de la misma a expensas del contribuyente o responsable.
Artículo 129. Las facultades de fiscalización podrán desarrollarse indistintamente:
Artículo 145: Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir con los deberes formales relativos a las tareas de fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria y, en especial, deberán:
c. Colocar el número de inscripción en los documentos, declaraciones y en las actuaciones ante la Administración Tributaria o en los demás casos en que se exija hacerlo.
7. Comparecer a las oficinas de la Administración Tributaria cuando su presencia sea requerida.
8. Dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones dictadas por los órganos y autoridades tributarias, debidamente notificadas.
Artículo 146: Los deberes formales deben ser cumplidos:
4. En el caso de sociedades conyugales, uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer, sucesiones y fideicomisos, por sus representantes, administradores, albaceas, fiduciarios o personas que designen los componentes del grupo y en su defecto por cualquiera de los interesados.
Artículo 147: Las declaraciones o manifestaciones que se formulen se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriban, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 91 de este Código. Incurren en responsabilidad conforme a lo previsto en el artículo 88 de este Código, los profesionales que emitan dictámenes técnicos o científicos en contradicción con las leyes, normas o principios que regulen el ejercicio de su profesión o ciencia.
Dichas declaraciones y manifestaciones se tendrán como definitivas aun cuando podrán ser modificadas espontáneamente, siempre y cuando no se hubiere iniciado el procedimiento de fiscalización y determinación previsto en este Código y, sin perjuicio de las facultades de la Administración Tributaria y de la aplicación de las sanciones que correspondan, si tal modificación ha sido hecha a raíz de denuncias u observación de la Administración. No obstante, la presentación de dos (2) o más declaraciones sustitutivas o la presentación de la primera declaración sustitutiva después de los doce (12) meses siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la declaración sustituida, dará lugar a la sanción prevista en el artículo 103.
a. Cuando en la nueva declaración se disminuyan sus costos, deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables.
b. Cuando la presentación de la declaración que modifica la original se establezca como obligación por disposición expresa de la Ley.
c. Cuando la sustitución de la declaración se realice en virtud de las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria.
Publicado por Sonmer Garrido Díaz en 6:53
Servio PAREDES TORRES dijo...
Excelente artículo, felicitaciones Dr. Luis.
20 de noviembre de 2015, 12:12

References: artículo 133
 artículo 178
 artículo 6
 artículo 939
 artículo 179
 artículo 240
 artículo 48
 artículo 128
 artículo 128
 artículo 128
 artículo 115
 artículo 936
 artículo 939
 artículo 187
 artículo 183
 artículo 185
 artículo 111
 artículo 188
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 artículo 239
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 artículo 153
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Artículo 44

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 Resolución 

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 artículo 103