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Timestamp: 2017-06-24 20:34:48+00:00

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[Sentencia C-649/10 ]- Constitucionalidad contra el artículo 134 D, literal c del Código Contencioso Administrativo-COMPETENCIA POR RAZON DEL TERRITORIO | laboralparatodos.com
[Sentencia C-649/10 ]- Constitucionalidad contra el artículo 134 D, literal c del Código Contencioso Administrativo-COMPETENCIA POR RAZON DEL TERRITORIO
Inicio » Sentencias » [Sentencia C-649/10 ]- Constitucionalidad contra el artículo 134 D, literal c del Código Contencioso Administrativo-COMPETENCIA POR RAZON DEL TERRITORIO	Sentencia C-649/10 Referencia: expediente D- 8076
“DECRETO 1 DE 1984 ARTICULO 134-D. COMPETENCIA POR RAZON DEL TERRITORIO. La competencia por razón del territorio se fijará con sujeción a las siguientes reglas: (…)
c.	Defensoría del Pueblo. Karin Irina Kuhfeldt Salazar, actuando en representación de la Defensoría del Pueblo, intervine en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declararse inhibida por inepta demanda.
En definitiva, según el interviniente, suprimir las expresiones demandadas no equipara la normatividad vigente en materia contencioso administrativa con aquella del Código Procesal del Trabajo. c. José Miguel Copete Rivera y Manuel Ernesto Castañeda Vargas.
Inicia por señalar que es necesario tener en cuenta que la Corte, mediante sentencia C- 540 de 1999, declaró la exequibilidad del artículo 43 de la Ley 446 de 1998, el cual adicionó íntegramente el artículo 134 D del Código Contencioso Administrativo. En tal sentido, según la Vista Fiscal, la Corte analizó unos cargos muy similares a los empleados en el presente asunto, en el cual se citaba como violado el mismo precepto constitucional. En efecto, “en esa sentencia la Corte se refirió de manera explícita a la proporcionalidad y razonabilidad del literal c) del artículo 134 D, al fijar la competencia para el conocimiento de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en materia laboral. Esas circunstancias son suficientes para considerar que existe cosa juzgada material. Por lo tanto, el Ministerio Público piensa que lo que procede en derecho es que la Corte reconozca la existencia de dicha cosa juzgada y, en consecuencia, declare estarse a lo resuelto en la precitada sentencia”.
No obstante lo anterior, la Corte ha insistido también, como se expresó más arriba, en que la consagración de estos requisitos mínimos no puede entenderse como una limitación a los derechos políticos del ciudadano ya referidos, pues lo que se persigue al identificar el contenido de la demanda de inconstitucionalidad es fijar unos elementos que informen adecuadamente al juez para poder proferir un pronunciamiento de fondo, y evitar un fallo inhibitorio que torna inocuo el ejercicio de este derecho político. Esto supone una carga mínima de comunicación y argumentación que ilustre a la Corte sobre la norma que se acusan los preceptos constitucionales que resultan vulnerados, el concepto de dicha violación y la razón por la cual la Corte es competente para pronunciarse sobre la materia. En este orden de ideas, “la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte da inicio a un diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior. Esto supone como mínimo la exposición de razones conducentes para hacer posible el debate.” De otro lado, la jurisprudencia también se ha pronunciado sobre las demandas de inconstitucionalidad cuyo sentido es presentar una interpretación de la disposición acusada como contraria a la Constitución. Así, cuando la demanda surge de una determinada interpretación, se hace necesario distinguir entre enunciados normativos (disposiciones) y normas (contenidos normativos) , pues de un mismo enunciado normativo se pueden desprender varios contenidos normativos autónomos que según cómo se les interprete en conjunto, pueden resultar inconstitucionales o no. Por esto, si la demanda tiene como punto de partida una determinada interpretación – la que hace el demandante – de los contenidos normativos que se derivan de las disposiciones normativas, debe resultar claro para el juez constitucional, y así fundamentarlo el demandante, que esta interpretación es la única posible, o por lo menos es razonable, mientras que las otras son poco plausibles o inconstitucionales. Lo anterior debe estar representado en el escrito de la demanda, como presupuesto necesario de la naturaleza del control abstracto de constitucionalidad de las leyes que hace la Corte Constitucional. En este orden de ideas, se puede concluir que, en principio, el objeto de un cargo de inconstitucionalidad es lograr que el juez constitucional expulse del orden jurídico un precepto legal; luego, no puede perseguir el propósito general consistente en que se establezca una interpretación conforme a la Constitución, pues este principio obliga a los operadores jurídicos en sede de aplicación, y su vigencia implica que la Corte sólo podrá dictar una sentencia interpretativa de manera excepcional, si el precepto tiene como interpretación más razonable, una que resulta constitucional. 3.2. Examen del caso concreto.
En cuanto al requisito de la claridad, esta Corporación encuentra que, tomando en consideración el carácter público que caracteriza a la acción de inconstitucionalidad, se podría afirmar que el ciudadano cumplió con tal requisito. De hecho, la totalidad de los intervinientes, al igual que el Ministerio Público, comprendieron lo que podría denominarse la esencia o el sentido de la demanda; tanto es así que algunos de ellos la coadyuvaron, mientras que otros solicitaron declarar exequibles las expresiones legales acusadas. No obstante lo anterior, la Corte encuentra que el ciudadano no cumplió con otros requisitos constitucionales propios de tales demandas, por las siguientes razones.
Aunado a lo anterior, no se cumplió con el requisito de certeza, por cuanto la argumentación del demandante se termina soportando sobre un error. En efecto, según el ciudadano la discriminación tendría origen en la expedición de la Ley 712 de 2001, normatividad que, en su concepto, consagró un nuevo beneficio procesal a favor de los trabajadores oficiales, consistente en la alternativa de elegir para demandar entre el juez del último lugar donde prestó sus servicios, o ante aquél de su domicilio. En relación con el anterior planteamiento, conviene precisar que la legislación anterior a la expedición de la Ley 712 de 2001 ya estipulaba tal prerrogativa, facultad que, al igual que hoy, no estaba contemplada en su momento en el Código Contencioso Administrativo para quien demandara a la Nación dentro de un proceso laboral administrativo, situación que igualmente se presentaba al momento de proferirse la sentencia C- 540 de 1999. Efectivamente, antes de la expedición de la Ley 712 de 2001, el Código Procesal del Trabajo disponía lo siguiente:

References: artículo 134
 artículo 134
 artículo 134
 artículo 43
 artículo 134
 artículo 134