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Timestamp: 2019-12-13 00:58:33+00:00

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Órganos de Control y Alcance del Sistema
En el esquema de la organización y estructura del Estado establecido por la Constitución Política de Colombia de 1991, el legislador conservó el concepto de las tres ramas del Poder Público y previó la existencia de otros Órganos independientes y autónomos, denominados Organismos de Control, encargados de velar por el buen manejo de los recursos públicos del Estado y de la vigilancia y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos colombianos.
El Artículo 92 de la Constitución establece que "cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas”. De igual manera, el Artículo 117 de la misma señala que “El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son Órganos de Control”. Estos Órganos de Control Externo permiten a la Administración Pública adoptar mejores prácticas destinadas específicamente al control interno de las instituciones, en todo nivel; es decir, en el nivel de gestión, en el manejo de recursos públicos o en la eficiencia y eficacia del control Interno de cada Entidad; y por último, el inciso 2 del Artículo 209 se refiere a los órganos internos de cada entidad del Estado, así: “La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley".
La Contraloría General de la República es conocida como el órgano de control más antiguo que cumple funciones macro y micro y está bajo la dirección del Contralor General de la República. Conforme a lo establecido por la Constitución Política de Colombia en sus Artículos 267 y 268, la Contraloría General es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal, encargada de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación.” La primera función consiste en realizar, evaluar, y publicar informes sobre el comportamiento de las finanzas del Estado, llevar a cabo la auditoría al Balance General de la Nación, realizar estudios e investigaciones, atender solicitudes de información, análisis de proyectos de ley, cumplir con las agendas interpuestas por el Congreso de la República, analizar el impacto de las políticas económicas sobre el crecimiento económico, la distribución del ingreso, el bienestar general y la posición fiscal del sector público. La segunda función de la CGR es detectar debilidades y fallas en la gestión de las entidades o de los particulares que manejan recursos públicos y así determinar hallazgos fiscales, disciplinarios, penales y administrativos, evaluar el sistema de control interno de las instituciones estatales, en cuanto a su gestión y transparencia en la utilización de los recursos financieros, emitir informes de auditoría, realizar controles de advertencia, iniciar procesos fiscales, sancionar, resarcir y/o responder a una denuncia de un ciudadano o entidad interesada, realizar indagaciones preliminares, y hacerle seguimiento a los planes de mejoramiento.
En la búsqueda de la transparencia, la responsabilidad y la efectividad en la rendición de cuentas, el sistema de supervisión fiscal contempla una cooperación mutua entre la Contraloría General y La Auditoría General de la República, la cual se encarga de supervisar la gestión administrativa de las contralorías. La Constitución Colombiana dispone el nombramiento por el Consejo de Estado de la Presidencia, de un Auditor General de la República encargado de vigilar las funciones de contabilidad y contraloría.
La función principal de la Auditoría General señalada por la Constitución es ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría. Las demás funciones se han establecido en el Artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000.
El sistema de supervisión también involucra a la Comisión de Cuentas del Congreso de la República y a la Contaduría General de la Nación. Esta Comisión es la encargada de efectuar la supervisión de las cuentas nacionales. El Contralor General debe presentar un reporte anual al Congreso sobre las cuentas del presupuesto general y del tesoro.
La Constitución, en su Artículo 354, establece que la Contaduría General es la encargada de consolidar las cuentas públicas (según los datos que le envía cada entidad de la Nación) así como de vigilar las cuentas nacionales. Además, esta institución presta asistencia técnica a los contadores de las diferentes entidades sectoriales y verifica la integridad de los informes.
El Ministerio Público, como lo manifiesta el Artículo 118 de la Carta Fundamental, “será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo (Art. 281) por los Procuradores Delegados y los Agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los Personeros Municipales y por los demás funcionarios que determine la Ley. Al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”.
La Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio Público, con autonomía administrativa, financiera, y presupuestal. Esta entidad representa a los ciudadanos ante el Estado y cumple 3 funciones principales: Preventiva, de Intervención y Disciplinaria.
El Manual de Calidad de la Procuraduría señala la función preventiva como “la principal responsabilidad de la Procuraduría que está empeñada en “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique co administración o intromisión en la gestión de las entidades estatales.” En virtud de la función de intervención, la entidad actúa en calidad de sujeto procesal ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa, Constitucional y ante las instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, laboral, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía, con el fin de proteger los derechos y las garantías fundamentales.
Por último, la función disciplinaria, “es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del estado”. Esto está contemplado en la Ley No. 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, en su Artículo 16 al establecer que “La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública”. La acción disciplinaria es ejercida por la Procuraduría General de la Nación, las oficinas de control disciplinario interno de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y los nominadores y superiores jerárquicos inmediatos, en los casos en los que se refiere esta ley.
La Defensoría del Pueblo cumple la función de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. El Artículo 282 de la Constitución Política de Colombia, establece las funciones del Defensor del Pueblo y la Ley No. 24 de 1992, establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.
La Personería Municipal es una institución con autonomía presupuestal y administrativa, responsable del bienestar de la ciudadanía y de la guarda de la Constitución y las Leyes, con el fin de alcanzar una verdadera democracia a escala local. El Personero Municipal cumple funciones de agente del Ministerio Público, de defensor de los derechos humanos y de veedor del tesoro municipal; y está considerado como el representante del pueblo y el fiscalizador de la gestión administrativa en el nivel local. Dichas funciones están reglamentadas por la Ley 136 de 1994, Artículos 168 al 182.
En el 2000 la Contraloría General de la República emprendió un proyecto de estandarización de procesos bajo las normas ISO 9000:2000, con el objetivo de implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la Contraloría.
Las políticas de control de calidad de la Procuraduría General de la Nación buscan el mejoramiento de la prestación de los servicios disciplinarios, preventivos y de intervención, con el fin de alcanzar, cada vez más, procedimientos y procesos más confiables, transparentes, oportunos, eficaces, justos y pertinentes; y así, satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos. Para ello, se ha promovido el Sistema de Gestión de Calidad y Manual de Calidad de la Procuraduría General de la República, de acuerdo con la Norma Técnica para la Gestión Pública NTCGP 1000:2004.
En materia de Control Interno, mediante el Decreto No. 1599 de 2005, el Gobierno Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública adoptaron el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano a fin de facilitar el proceso de control en los organismos y entidades públicas. Este modelo “proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado”.
Como complemento de los sistemas de control interno y de desarrollo administrativo establecidos por la Ley 489 de 1998 se ha venido realizando también la implementación del sistema de calidad en la gestión pública, constituyéndose en una “herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios”. Este sistema de gestión de calidad se ha venido implementando mediante la Ley 872 de 2003, proceso también liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
A través del Sistema de Gestión y Seguimiento de las Metas del Gobierno (SIGOB) se reportan los avances obtenidos de la aplicación del sistema de Gestión de Calidad. Actualmente se planea el próximo lanzamiento del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual formará parte de los Sistemas de información que el Gobierno Nacional está gestionando actualmente y facilitará la interoperabilidad entre los mismos a fin de reducir la duplicidad de información entre ellos.
Lineamientos para la Implementación de la Política de Lucha Contra la Corrupción, Directiva Presidencial No. 9
El documento Propuesta de una Política para el control de la corrupción realizado en cumplimiento de una directiva presidencial durante el período de Andrés Pastrana (1998-2002), ofrece una visión de la corrupción en Colombia, a partir de la experiencia de servidores públicos y representantes de la sociedad civil vinculados con el tema; y propone unas líneas de acción que sirvan de base para la adopción de una política de Estado, fundamentadas en "información combinada de fuentes secundarias diversas, de tipo cuantitativo y cualitativo, así como fuentes primarias con énfasis en técnicas participativas dirigidas a población calificada”.
La primera línea de acción es la Prevención de la Corrupción: fomentando valores éticos en la conducta de los funcionarios públicos, a través de procesos pedagógicos que estimulen y fomenten una cultura de transparencia e integridad, tales como la capacitación y mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la gestión pública.
La segunda línea de acción es el Control y Sanción de la Corrupción a través de estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación ciudadana en el seguimiento y monitoreo de la gestión pública.
El Gobierno del Presidente Álvaro Uribe adoptó el Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP) en el año 2002.
El PRAP se creó con el fin de "fortalecer los sectores administrativos, mejorar su capacidad para proveer los bienes y servicios públicos a su cargo y permitir la reasignación de recursos de las áreas de apoyo a las áreas misionales". La principal línea de acción del programa es la racionalización de las plantas de personal de los organismos y entidades que conforman la Rama Ejecutiva del poder público.
En conjunto, el programa se propone adecuar la administración pública a las necesidades y a las condiciones del país y contribuir a fortalecer su capacidad para brindar seguridad democrática, sanear las finanzas públicas, promover la equidad, garantizar la estabilidad y el crecimiento sostenible de la economía. Lo anterior, con el fin de contribuir a la transparencia y eficiencia de la administración pública y favorecer las acciones del gobierno en materia de responsabilidad fiscal y rendición de cuentas.
El Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción es "la organización responsable, al interior de la Presidencia de la República, de coordinar la implementación de las políticas gubernamentales orientadas a disminuir la corrupción en la Administración Pública”. Se creó originalmente mediante el Decreto 2405 del 30 de noviembre de 1998, y fue posteriormente sustituido por el Decreto 127 del 19 de enero de 2001, y modificado mas adelante por el Decreto 519 del 5 de marzo de 2003. El programa es la organización responsable de coordinar las políticas gubernamentales orientadas a disminuir la corrupción en la Administración Pública.
Algunas de las funciones de este programa son, coordinar el diseño e implementación de positivas orientadas a promover la lucha contra la corrupción, impulsar estudios que permitan determinar algunas de las principales causas que dan origen a la corrupción y diseñar e implementar proyectos que promuevan "la modernización, ética, eficiencia y transparencia de la gestión del Estado".
De acuerdo con los lineamientos del Programa Presidencial, Los ciudadanos tienen derecho a participar de la actividad normativa y de control político de la Asamblea en forma presencial o virtual, a través de las siguientes formas: propuestas sobre proyectos de ordenanza, estudio de proyectos, participación en sesiones abiertas, propuestas para el ejercicio del control político y sesiones de comunidades educativas.
Existen actualmente 6 proyectos en los que ciudadanos pueden participar a través de un cuestionario en línea que apunta a identificar lo que se debe modificar, adicionar u eliminar de las propuestas:
Proyecto de Visibilidad y Rendición de Cuentas del Consejo y de los Concejales
Proyecto de Visibilidad y Rendición de Cuentas de la Asamblea y de los Diputados
Proyecto de Visibilidad y Rendición de Cuentas de la Administración Departamental
Proyecto de Visibilidad y Rendición de Cuentas de la Administración Municipal
Proyecto de Decreto de Auditorías Visibles de la Administración Departamental
Proyecto de Decreto de Auditorías Visibles de la Administración Municipal
- Proyectos Ordenanzas, Acuerdos, Decretos Departamentales y Decretos Municipales
A través del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción se ha avanzado en la adopción de políticas que tienen como objetivo establecer mecanismos de participación ciudadana en la actividad normativa y de rendición de cuentas y visibilidad de los concejos, las alcaldías, las asambleas departamentales, y las gobernaciones. Las políticas adoptadas son:
Durante la gestión de 2009 se aprobaron ordenanzas en las Asambleas Departamentales de Caldas, Guaviare y Quindío.
En 2009 Acuerdos fueron aprobados en los Concejos Municipales de Ciénaga, Bucaramanga, Manizales y los municipios El Calvario, Puerto Rico y San Carlos de Guaroa (Meta).
En 2009 las gobernaciones de 14 departamentos aprobaron Decretos por medio de los cuales se busca crear auditorías visibles y reglamentar la rendición de cuentas y visibilidad de las administraciones departamentales.
Las alcaldías de 28 municipios adoptaron Decretos durante la gestión de 2009.
Aguas de Magdalena adoptó las auditorías visibles promovidas por el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción con el objeto de fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia y control de los recursos de la empresa.
Los Pactos por la Transparencia son una iniciativa que promueve el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en la cual se suscriben acuerdos de voluntades entre los gobernantes y la ciudadanía, comprometiéndose los primeros a implementar buenas prácticas administrativas que le permitan a los segundos acceder a la información pública y conocer el avance de los Planes de Desarrollo mediante ejercicios de Rendición de Cuentas.
Esta iniciativa también es promovida con las Corporaciones Autónomas y vincula activamente a la ciudadanía en el seguimiento y evaluación de los compromisos adquiridos por las partes con la firma del Pacto por la Transparencia.
Las Auditorías Visibles son una herramienta diseñada por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, enfocada a controlar la ejecución de los recursos destinados a proyectos de infraestructura pública. Con ellas se busca la participación activa de la ciudadanía beneficiaria de la inversión en sectores prioritarios como agua potable y saneamiento básico, salud, educación y vivienda de interés social.
Las auditorías visibles generan un espacio de participación donde la ciudadanía beneficiaria interactúa con la administración, los contratistas y las interventoras, conociendo de primera mano el presupuesto, los cronogramas de obra, los informes de interventorías y en general todo aquello relacionado con la ejecución de la obra.
Vigías de la Democracia es una herramienta diseñada e implementada por el Programa de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción cuyo objetivo es presentar a la ciudadanía los aspirantes a las alcaldías municipales y sus planes de gobierno.
El candidato que resulte electo socializa y construye con la ciudadanía el Plan Municipal de Desarrollo, utilizando como insumo la propuesta de gobierno presentada en campaña y lo acordado con la comunidad que se compromete a realizar el seguimiento a la ejecución del Plan.
El Programa Presidencial genera el espacio de interacción, convoca a los candidatos a foros públicos y acompaña el seguimiento ciudadano a la gestión del alcalde electo.
Contraloría General de la República: Control Fiscal Participativo
Como parte de su Misión, la Contraloría General de la República facilita los medios de participación y control ciudadano a través de estrategias de formación, información, denuncias y quejas, acción ciudadana organizada, que incluye veedurías o comités de vigilancia ciudadana y las llamadas Auditorías Articuladas, por las cuales se convoca a las organizaciones sociales, gremiales, académicas y otras organizaciones civiles a participar, con el acompañamiento de los auditores, en algunas etapas del ejercicio del control fiscal, con el objetivo de facilitar la vigilancia, por parte de la ciudadanía, del uso adecuado de los recursos públicos.
La Contraloría General de la República con el apoyo de la Real Embajada de los Países Bajos ha creado el proyecto de Agendas Ciudadanas donde se brinda un espacio de diálogo con las comunidades en temas previamente aprobados con el fin de lograr una interacción con la ciudadanía para fortalecer los esfuerzos en materia de lucha contra la corrupción.
A través de este proyecto, la Contraloría General de la República busca fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión fiscal mediante la conceptualización, la intervención y la medición de las categorías de capital social, control social y corrupción; el apoyo a procesos ciudadanos para combatir la corrupción en los niveles municipal, departamental y nacional y en los sectores de salud, educación, vivienda, servicios públicos domiciliarios, medio ambiente, género y corrupción; el afianzamiento de las auditorías articuladas con organizaciones de la sociedad civil y el incremento de la oferta de información y de formación de la ciudadanía aplicando una estrategia de convergencia de medios.
Héroes del Control
Héroes del Control es una campaña por parte de la Contraloría General de la República, cuyo objetivo es generar una cultura de control fiscal desde la infancia. Esta iniciativa empezó en abril de 2007 en la ciudad de Bogotá y está dirigido a colegios y escuelas, y a líderes comunitarios. Se han llevado a cabo múltiples campañas exitosas alrededor de todo el país, cómics y canciones cantadas por los niños héroes del control, sobre temas como el medio ambiente, el control de la corrupción, la transparencia y la moralidad.
La comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes de la República de Colombia "conocerá del conflicto de interés y de las violaciones al régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los congresistas. Así mismo, del comportamiento indecoroso, irregular o moral que pueda afectar a alguno de los miembros de las Cámaras en su gestión pública y si fuera el caso de los funcionarios o empleados que en ella presten su servicio”.
El Manual de Conducta Ética de la Cámara de Representantes incluye los principios y valores que deben ser "observados, considerados y cumplidos por todos los funcionarios y trabajadores de la Cámara de Representantes”. Estos principios son la buena fe, el respeto a la dignidad humana y la solidaridad. Los valores incluyen la equidad, la justicia, la tolerancia, la transparencia, la honestidad, la lealtad, la libertad, la autonomía, el liderazgo, la espiritualidad, la imparcialidad, la responsabilidad, el compromiso, el diálogo y la autoestima.
Contraloría General de la República Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia -CEPAT-
La Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT) está conformada por Entidades Fiscalizadoras Superiores de Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Perú, con el fin de controlar el ejercicio de la Ética Pública en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) y promover el "desarrollo de actividades relacionadas con transparencia, rendición de cuentas y lucha contra el fraude y la corrupción".
Dentro de estas actividades se encuentran: cursos sobre la ética pública, concursos internacionales tales como "Por la Recuperación de Valores" y "Rendición de Cuentas de las EFS y Participación Ciudadana", promoción del sello ético, difusión a través de la página Web, etc.
El Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación surgió con la firma del contrato de préstamo BID/1459 OC-CO, entre la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 30 de julio de 2003. Su objetivo es modernizar la Procuraduría General de la Nación y desarrollar sus capacidades institucionales en materia de protección de los derechos humanos y de vigilancia de la conducta de los servidores públicos.
Ley No. 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas)
La ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas, define estas como "el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público." La ley establece los principios y objetos de la institución y procedimientos correspondientes. Asimismo, se definen las funciones, medios de acción, autoridades y obligaciones de la instancia.
Gestión y Seguimiento a la Metas del Gobierno –SIGOB-
Es un sistema de información en línea y una herramienta de control ciudadano, que muestra y permite hacer seguimiento a las metas presidenciales así como verificar su nivel de cumplimiento.
La Estrategia de Gobierno en Línea, liderada por el Ministerio de comunicaciones, tiene por objeto contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo, que brinde mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Los principios por los que se rige este programa señalan que el gobierno en línea debe ser “más que tecnología”, puesto que debe incluir aspectos sociales y culturales, y requiere un cambio organizacional que conduzca a un “estado centrado en el ciudadano”. Igualmente, debe impulsar una visión unificada del Estado, el acceso equitativo y multicanal, la protección de la información de las personas y la credibilidad y confianza en el Gobierno en línea.
El Decreto 1151 de 2008 señala las fases en las cuales se desarrollará el gobierno en línea en Colombia, y define los plazos para la implementación de las mismas. Estos plazos se extienden hasta diciembre de 2012. Dichas fases son las siguientes:
Fase de Información en Línea: es la fase inicial en la cual las entidades habilitan sus propios sitios Web para proveer información vía Internet, junto con esquemas de búsqueda básica;
Fase de Interacción en Línea: en esta fase se habilita la comunicación de dos vías entre entidades y ciudadanos y empresas con las consultas en línea e interacción con servidores públicos;
Fase de Transacción en Línea: en esta etapa se proveen transacciones electrónicas para la obtención de productos y servicios;
Fase de Transformación en Línea: es la fase en la cual se realizan cambios en la forma de operar de las entidades para organizar los servicios alrededor de necesidades de ciudadanos y empresas, con Ventanillas únicas Virtuales y mediante el uso de la Intranet Gubernamental;
Fase de Democracia en Línea: a partir de esta etapa, se incentiva a la ciudadanía a participar de manera activa en la toma de decisiones del Estado y se definen las políticas públicas involucrando el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación.
El Programa Gobierno en Línea, liderado por el Ministerio de Comunicaciones es el responsable de coordinar la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en Colombia y de definir las políticas y estándares de obligatorio cumplimiento por parte de las diferentes instituciones que conforman la administración pública. Se estableció originalmente a partir del Documento CONPES 3072 de 2000 y de la Directiva Presidencial No. 02 del mismo año. Los lineamientos para la implementación de esta Estrategia están definidos en el Decreto 1151 de 2008 y el Manual de Gobierno en Línea, reglamentado por este mismo Decreto.
El Programa de Gobierno en Línea hace parte de las acciones del Plan Nacional de Desarrollo para “un mejor Estado al servicio de los ciudadanos”; es uno de los componentes del Programa de Renovación de la Administración Pública, se articula con la Política de Racionalización y Automatización de Tramites y es uno de los programas estratégicos del Plan Nacional de TIC.
El Portal del Estado Colombiano es el punto integrado de acceso y ubicación de la información y servicios que las entidades publican en sus propios sitios Web. Tiene enlazados los sitios Web estatales y cuenta con la información, pasos y requisitos de los trámites de la administración pública.
Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno (SIGOB)
El Sistema Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno (SIGOB) es un sistema de información en línea y una herramienta de control ciudadano, que muestra y permite hacer seguimiento detallado a las políticas sociales, económicas y en, general, a los temas prioritarios de la Administración Pública, a partir de sus metas y el cumplimiento de las mismas.
El SIGOB permite obtener información actualizada sobre el cumplimiento de proyectos y programas en los diferentes sectores del gobierno: agropecuario, ambiente, vivienda, desarrollo territorial, comercio, industria, turismo, comunicaciones, cultura, deporte, defensa, economía, educación, hacienda, crédito público, interior y justicia. La Presidencia de la República ha replicado su experiencia con este sistema para realizar la gestión y seguimiento de compromisos del Gobierno Nacional durante los Consejos comunales de Gobierno, Consejos de Ministros y Agenda Legislativa.
Compartel es un Programa de Telecomunicaciones Sociales creado por el Ministerio de Comunicaciones, y cuyo objetivo es permitir que las zonas apartadas y los estratos bajos del país se beneficien con las tecnologías de las telecomunicaciones como son la telefonía rural y el servicio de Internet. Mediante recursos de fomento, se incentiva a los operadores a prestar servicios en las regiones apartadas y en los estratos bajos del país. Actualmente, nueve operadores están prestando los servicios de telefonía e Internet, por medio de los proyectos de Telefonía Rural Comunitaria, Servicio de Internet de banda ancha para instituciones públicas, Internet social y el proyecto de Ampliación y Reposición de líneas telefónicas, financiados con los recursos del Fondo de Comunicaciones que han sido destinados para la ejecución de la política social.
Uno de los programas de Compartel es el de “Conectividad”, acorde con la meta SIGOB según la cual Conectividad a Instituciones públicas tiene alcance nacional.
En obediencia a la Ley 489 de 1998, a través de la cual se crea el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, y a través del Decreto 1145 de 2004, el Gobierno de Colombia estableció el sistema SUIP, Sistema Único de Información de Personal. El SUIP es un sistema implementado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual está a cargo de organizar y mejorar la gestión de recursos humanos del sector público y a la vez proporcionar mecanismos útiles para detectar y prevenir los conflictos de intereses. Así, el SUIP registra la información personal y profesional de las personas que laboran o han laborado para el Gobierno Central.
El SUIP permite obtener información actualizada sobre antecedentes laborales de los funcionarios públicos registrados, lo cual facilita la verificación rápida de datos y documentos. Todas las personas que solicitan puestos públicos, o que pretenden celebrar contratos o prestar servicios al Gobierno Colombiano deben presentar un informe completo de sus antecedentes al SUIP.
Sistema de Información para el Control y Seguimiento de la Declaración de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos (SIDEC)
El Sistema de Información para el Control y Seguimiento de la Declaración de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos (SIDEC), desarrollado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), es una plataforma informática (software) que permite a las entidades públicas manejar de forma sistematizada la Información consignada en la declaración jurada de bienes y rentas de los servidores públicos. Su objetivo fundamental es “administrar la información del formulario de declaración y permitir el seguimiento de los bienes y rentas de los servidores públicos.” Dentro de este sistema, el DAFP recibe, unifica, analiza e interpreta la información sobre las declaraciones y genera indicadores.
El sistema permite realizar un seguimiento y control de los bienes y rentas de los servidores públicos. Las entidades públicas como los organismos de control, la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, tienen acceso a la información del sistema a través del cual pueden procesar el Formulario Único de Declaración Juramentada, pueden verificar el cumplimiento de la presentación de la declaración en cada momento, la veracidad del contenido y los cambios realizados.
El Portal Único de Contratación constituye la Fase Informativa del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 066 de 2008. Se trata de un sistema electrónico que permite la consulta de información sobre los procesos contractuales que gestionan, tanto las entidades del Estado, sujetas al Régimen de Contratación (Ley 80 de 1993), como las que voluntariamente coadyuvan a la difusión de la actividad contractual. El principal objetivo del Portal es promover la transparencia, eficiencia y el uso de tecnologías en el proceso de las adquisiciones públicas, beneficiando así a los empresarios, organismos públicos y a la ciudadanía en general.
La segunda fase corresponde a la posibilidad de llevar a cabo la gestión pública contractual a través de medios electrónicos y se alcanzará una vez sea implementado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. En esta fase se podrá realizar la contratación en línea (cero papel, audiencias en línea, subastas en línea, entre otros, y los proveedores recibirán avisos a su correo electrónico de acuerdo con sus intereses.
El portal permite el acceso a la información sobre la demanda de bienes y servicios por parte del Estado además de presentar los documentos básicos de estos procesos de contratación, desde la etapa precontractual y contractual tanto para las modalidades de selección con base en Licitación Pública, Contratación Directa y regímenes especiales de contratación. Adicionalmente, mediante este portal, las entidades públicas tienen acceso a la información y capacitación necesaria para publicar la información relacionada con su contratación.
Municipio Colombiano, hace parte de la Estrategia de Gobierno en Línea Territorial, Gel-T, la cual busca dotar a las entidades territoriales de una solución tecnológica para soportar su gestión administrativa y manejo de trámites, y facilitar el acceso de los ciudadanos y funcionarios a los servicios de Gobierno en Línea en el orden territorial y nacional, incluyendo trámites, información y quejas y reclamos.
El 100% de los municipios del país se encuentran en línea. 1.046 alcaldías han recibido conectividad, equipos, correos electrónicos, sitio Web, acompañamiento y capacitación, facilitando que cada municipio presente información dirigida a su comunidad y a su vez, cada comunidad puede darse a conocer dentro y fuera de Colombia.
Buzones de denuncias de corrupción administrativa, solicitudes, quejas o reclamos.
Programa Presidencial a la Lucha contra la Corrupción
El Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción (PPLCC), a cargo de la Oficina de la Vicepresidencia de la República, presenta en su sitio Web información variada sobre legislación, noticias y conceptos básicos relacionados con la corrupción, además de información sobre el Programa. Igualmente, ofrece a los ciudadanos la posibilidad de realizar solicitudes, quejas o reclamos y denuncias vía Internet.
Otros sitios en los que se pueden presentar denuncias relacionadas con la corrupción administrativa son los siguientes: Fiscalía General De La Nación, Procuraduría General De La Nación, Contraloría General de la República:
El Plan Nacional Decenal de Educación se construyó y mantiene su seguimiento de manera democrática con los Colombianos mediante una plataforma en línea. Esta iniciativa habilitó espacios de deliberación virtual, mecanismo de consolidación de la información y seguimiento en línea al Plan y permitió ampliar el espectro de participación, compartir la información como bien público y presentar en forma oportuna y adecuada los resultados.
Fue galardonada como la mejor solución de Gobierno Electrónico para la participación ciudadana en America Latina y el Caribe por los premios excelGOV07.
Esta plataforma fue galardonada como la mejor solución de Gobierno Electrónico en América Latina y el Caribe por los premios ExcelGov 2007 de la OEA en la categoría Participación Ciudadana.
A través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior se pueden obtener las autorizaciones, permisos, certificaciones y vistos buenos requeridos para importaciones y exportaciones, lo cual involucra la gestión de más de 90 trámites con 18 entidades.
Fue catalogada como una de las tres mejores soluciones de Gobierno Electrónico para la Transparencia en la gestión pública en América Latina y el Caribe por los premios excelGOV07.
La Contraloría General de la República de Colombia ha diseñado una herramienta de información en línea: Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE) con el fin de lograr mayor transparencia en el proceso de contratación estatal. Este es un sistema de Información que integra todos los datos relevantes de los procesos, permitiendo su autorregulación, control institucional y publicidad de las operaciones.
Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causales de Inhabilidad (SIRI)
El Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) es un sistema adoptado por la Procuraduría General de la Nación en el cual se registran las decisiones ejecutoriadas y notificadas remitidas a esa institución por las autoridades competentes.
El SIRI permite el acceso vía Internet a la información sobre las sanciones disciplinarias, penales e inhabilidades para el ejercicio de funciones públicas, para lo cual basta introducir el número de cédula de la persona investigada.
El SIIF ha sido puesto en funcionamiento por el Ministerio de Hacienda. El sistema controla todos los registros relacionados con la información financiera de las entidades ejecutoras del presupuesto nacional. Se trata de informes de las entidades ejecutoras del presupuesto nacional, el cual es restringido a quienes manejan la información presupuestal financiera del Estado Colombiano.
Cada registro puede ser identificado (entidad que lo realizó, fecha, valor, etc. Dicha información es actualizada en línea y en tiempo real. El acceso es restringido a los organismos de control. Sin embargo, existe la posibilidad de consulta remota dirigiendo una solicitud a: siifnacion2@minhacienda.gov.co
“Internet para la Rendición de Cuentas” es una herramienta orientada a fortalecer la transparencia de la información pública y facilitar el control social de la gestión pública” en las alcaldías y las contralorías territoriales.
Permite a las alcaldías y contralorías de las distintas regiones del país montar sus páginas Web con el fin de facilitar la rendición de cuentas y proporcionar información a la ciudadanía sobre la gestión pública, específicamente en los gobiernos locales. Este es un proyecto diseñado y desarrollado por la organización Transparencia por Colombia, en asociación con Colnodo y con el apoyo financiero de USAID a través de Casals & Asociados.
La Corporación Transparencia por Colombia es una organización sin ánimo de lucro cuya finalidad es “liderar, desde la sociedad civil, esfuerzos sistemáticos de lucha contra la corrupción”.Para ello, sus acciones se encaminan hacia la construcción de coaliciones amplias con distintos actores; la generación y divulgación de conocimientos y prácticas de anticorrupción; el fortalecimiento de una ciudadanía organizada, actuante y responsable.
Esta Organización participó en la Primera y Segunda Ronda de Evaluación del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción -MESICIC-.
-AC-COLOMBIA- Corporación de Acción Ciudadana Colombia
-AC- Colombia- Corporación de Acción Ciudadana Colombia es una organización sin ánimo de lucro cuya finalidad es “la promoción y consolidación de la democracia en conjunto con instituciones gubernamentales, la empresa privada y organizaciones sociales y comunitarias, para aumentar los niveles de gobernabilidad y participación democrática de los ciudadanos en las decisiones del Estado”. Su trabajo se orienta hacia el impulso de procesos de rediseño institucional; deliberación pública e intercambio de experiencias entre los diferentes actores de la sociedad; profundización del conocimiento acerca del desarrollo institucional, comunitario y ciudadano; incidencia política y formación integral de los actores institucionales y sociales.
Fundación Probidad y Transparencia del Atlántico
Fundación Probidad y Transparencia del Atlántico es una organización sin ánimo de lucro cuya finalidad es promover la participación y control de la sociedad civil en los asuntos de la administración publica local, al igual que desarrollar tareas conducentes a la defensa de los bienes públicos y de los derechos ciudadanos, a fin de generar la construcción de entornos éticos que mejores los niveles de probidad y transparencia en la localidad.
Corporación Ocasa – Jóvenes contra la Corrupción
La Corporación Ocasa es una organización compuesta por jóvenes, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la integridad y el control social. Esta Corporación desarrolla 3 líneas de acción: 1. “Fomento de la toma de conciencia de los jóvenes frente a la corrupción; 2. formación de valores para jóvenes; y 3. promoción del control ciudadano y de la rendición de cuentas”.
“A través de capacitación presencial, o del uso de nuevas tecnologías, Ocasa busca capacitar a jóvenes líderes para que velen por el cuidado de lo público y que multipliquen sus experiencias en la comunidad en donde se desarrollan.
Red de ONGxT – ONG por la Transparencia
La Red de ONGxT “es la expresión colectiva de unas organizaciones de la sociedad civil interesadas en consolidar una cultura de transparencia dentro del sector de las ONG colombianas, orientada por el principio de la auto-regulación, y encaminada a visibilizar y a generar confianza en lo que somos y en lo que hacemos”. Su misión es brindar apoyo a las organizaciones miembros de la Red para mejorar sus estándares de información y desarrollar ejercicios de rendición de cuentas sobre los aportes de las ONG a la sociedad. Para facilitar su labor, ha creado mecanismos de coordinación y ejecución con el concurso de organizaciones afiliadas.
Se creó en 2004 a partir de una convocatoria de Transparencia por Colombia y la Comisión Colombiana de Juristas, y agrupa en la actualidad cerca de 55 organizaciones.
La Constitución Política de Colombia, dentro de su Artículo 4º, se define como “norma de normas”, en virtud de la jerarquía impuesta por el legislador como la suprema fuerza normativa ante las demás Leyes. El articulo 2º de la Constitución contempla los fines del Estado de la siguiente manera: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo…”
El Código Penal Colombiano contempla las normas rectoras dictadas por el Legislador, las cuales constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Establece la tipificación de los delitos o conductas punibles, requiriéndose para ello los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, cometidos por particulares o funcionarios públicos. Este Código establece dentro de su Titulo XV, del Libro II, los “Delitos contra la Administración Pública”.
La Ley No. 734 o Código Único disciplinario contempla la regulación de la faltas y sanciones impuestas al servidor público y al particular que vulneren los principios que garantizan los fines previstos en la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales. Esta facultad está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación quien es la entidad titular del ejercicio preferente de la potestad disciplinaria.
Ley 24 de 1992 (La Defensoría del Pueblo)
La Ley No. 24, define la organización y las funciones de "la Defensoría del Pueblo“, ejercidas bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Una de sus principales funciones consiste en velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos."
La Ley es de aplicación a nivel nacional.
Esta ley define la organización y las funciones de "la Defensoría del Pueblo" que es "un organismo que forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación y le corresponde esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos." Así mismo, establece que "La Defensoría del Pueblo tiene autonomía administrativa y presupuestal."
Esta Ley crea el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, y el Catalogo Único de Precios de Referencia, La Ley No. 598, crea el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, y el Catalogo Único de Precios de Referencia, CUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública. Lo anterior, con el fin de garantizar la transparencia de la actividad contractual en cumplimiento de los fines del Estado, y en aras de ejercer la vigilancia de la gestión fiscal en la administración pública y en los particulares y/o entidades que manejan recursos públicos.
La Ley No. 190, contempla las normas tendientes a la preservación de la moralidad de la administración pública y la erradicación de la corrupción administrativa. Igualmente, adopta estrategias orientadas a la obtención de la transparencia, eficiencia, eficacia, economía y los demás principios que rigen la administración pública.
La Ley No. 87, establece las normas que regulan el ejercicio del control interno en las Entidades y Organismos del Estado, atendiendo los principios de moralidad, eficiencia, igualdad, celeridad, publicidad, economía, imparcialidad y valoración de costos ambientales. Lo anterior, con el fin de procurar que todas las actividades, actuaciones y operaciones, se realicen de acuerdo a la Constitución y la Ley.
La Ley No. 489, establece como objeto en su Artículo 1º, la regulación del ejercicio de la función administrativa, la determinación de la estructura y la definición de los principios como los son: Buena fe, moralidad, igualdad, economía, celeridad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, publicidad, participación, responsabilidad y transparencia. Estos principios deberán ser tenidos en cuenta por los Órganos de Control y el Departamento Nacional de Planeación, en lo referente a lo contemplado en el Art.. 343 de la Constitución Política.
Ley No. 80 de 1993
ELa Ley No. 80, dispone las reglas de interpretación de la Contratación Estatal en Colombia y establece como principios rectores, los de transparencia, responsabilidad, economía y demás que rige la función pública, en procura de la correcta ejecución de las actuaciones en los procesos de la Contratación Estatal.
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Marco legal:
19 de Enero de 2001 (Decreto 127)
7 de Marzo de 2003 (Decreto 591)
El Decreto No. 127 crea el "Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción." Se establecen sus funciones en el Artículo 6 del Decreto 519 de la siguiente manera:
"1. Asistir al Presidente de la República, al Vicepresidente de la República y al Gobierno Nacional en el diseño de las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha contra la corrupción.
13. Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de cualquier orden, darles, el trámite ante la autoridad competente y hacer el seguimiento respectivo. 14. Rendir periódicamente informes al Vicepresidente de la República sobre el desarrollo y resultados del programa.
15. Las demás que correspondan con la naturaleza y objetivos de la dependencia.
Estas normas son de aplicación nacional.
(Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF-)
Decreto 1497
12 de Agosto de 1999 (Ley 526)
19 de Julio de 2002 (Decreto 1497)
La Ley No. 526, en su Artículo 1, crea "la Unidad de Información y Análisis Financiero“, la cual tiene como objetivos " la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los Artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos." La ley define la estructura, las funciones de cada componente de la instancia y las obligaciones.
El Decreto 1497, en su Art. 1, establece que el ámbito de aplicación se dirige a las entidades públicas a las que sea solicitada información. En desarrollo del Artículo 9º de la Ley 526 de 1999, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá solicitar a cualquier entidad pública, salvo la información reservada en poder de la Fiscalía General de la Nación, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones."
La Ley No. 859, crea las Veedurías Ciudadanas y las define como "el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público." (Art. 1) La ley establece los principios y objetos de la institución y procedimientos correspondientes. Asimismo, define las funciones, medios de acción, autoridades y obligaciones de la instancia.
Para una información detallada, visitar los informes presentados por Colombia en la Primera y Segunda Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción -MESICIC-
A. Instrumentos e Iniciativas Internacionales suscritos por Colombia
Colombia ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1999 y es Estado parte del Mecanismo de Seguimiento de La Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) desde el 2001.
Ratificado por Colombia en el 2006, los objetivos de la Convención son los siguientes:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Colombia
Proyecto de Modernización de la Administración Financiera (2001-2008) (PNUD)
El Proyecto de Modernización de la Administración Financiera tiene como finalidad ayudar a obtener una mayor eficiencia en el sector público mediante el fortalecimiento de las mejoras realizadas en la administración del recaudo y la administración del gasto público.
Proyecto de documento del Programa para Colombia (200-2012) (PNUD)
Este Programa toma como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo y se enmarca en la Estrategia de Cooperación Internacional 2007 – 2010 del Gobierno.
Proyecto Red Latinoamericana Prólogo (2008-2010) (PNUD)
El proyecto tiene como objetivo fortalecer la gobernabilidad democrática a nivel local para contribuir al alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Con este fin, el proyecto se propone tender puentes entre la sociedad civil y los gobiernos locales para analizar las condiciones de gobernabilidad y formular propuestas de acción para su mejoramiento.
En este contexto, en Colombia el proyecto está orientado a incrementar la participación política de la comunidad afro-cartagenera en los órganos de representación política (alcaldía, concejo distrital, juntas administradoras locales y asamblea departamental, entre otros) en el 2011, mediante el apoyo de actividades de formación y acción política de los sujetos y redes políticas del Distrito de Cartagena.
Transparencia en la gestión pública y territorial (2009-2010) (PNUD)
El presente proyecto busca mejorar las condiciones de transparencia en gobiernos locales donde el PNUD tiene una intervención ínter temática.
El proyecto permite avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y la sociedad civil local, así como el concurso concertado de todos los actores locales para mejorar el manejo de información, la rendición de cuentas, la contratación, la selección de beneficiarios, los procesos de control interno y el control social. También procura el desarrollo de mecanismos de transferencia horizontal de experiencias a través de diversos instrumentos metodológicos.
Mejoramiento de la gestión pública a nivel local (2009-2010) (PNUD)
Con la presente iniciativa se busca brindar apoyo técnico a las Gobernaciones de Cesar, Nariño y Santander, y a la Alcaldía de Cartagena para el desarrollo de las capacidades de gestión pública y el ejercicio de la ciudadanía política a nivel departamental.
Las tareas están enfocadas a fortalecer la formulación y seguimiento de los Planes Departamentales/Distrital de Desarrollo. Así mismo, se trata de fortalecer las capacidades locales para la formulación y seguimiento de políticas sectoriales claves para el desarrollo humano de la región, y de apoyar los procesos de seguimiento y rendición de cuentas de las autoridades locales seleccionadas.
Estrategia del Banco en Colombia (2007-2010) (BID)
La Estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia tiene como fin identificar líneas de acción para apoyar el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 -PND-, el Plan Plurianual de Inversiones de Colombia 2007-2010, y la Estrategia de Cooperación Internacional de Colombia 2007-2010.
Apoyo Técnico en la Definición de una Política Nacional de Rendición de Cuentas (2008) (BID)
Este proyecto responde al apoyo técnico del Departamento Nacional de Planeación DNP en la definición de un documento CONPES, sobre una Política Nacional de Rendición de Cuentas -PNRC-.
Programa de Modernización de la Procuraduría General de la República – BID (2003–2007) (BID)
Este programa tiene como objetivo el de modernizar a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que sus capacidades institucionales, en cuanto a la protección de los derechos humanos y la vigilancia de la conducta de los servidores públicos, se fortalezcan.
Alianza Estratégica con el País para la República de Colombia (2008-2011) (BM)
El proyecto Alianza Estratégica por el País – AEP -, incorpora la estrategia para los países de ingreso medio, con el fin de contribuir económicamente para el desarrollo de programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de los colombianos. La última Estrategia de Asistencia al País EAP, del Banco Mundial a Colombia, se presentó a la junta en Diciembre del 2002.
Durante el último período de la EAP el Grupo del Banco Mundial realizó una importante contribución que duplicó el promedio anual de préstamos del Banco, y proporcionó a la nueva administración un fuerte paquete de asesorías.
Reporte de Información sobre Colombia, 1996-2009 (Country Data Report for Colombia, 1996-2009) (Banco Mundial)
Índice de Transparencia Nacional 2007 – 2008 (Transparencia por Colombia)
El Índice de Transparencia Nacional (ITN) mide el nivel de transparencia y los riesgos de corrupción de las entidades públicas del nivel central Nacional, tres ramas del poder público y órganos de control. Mayores niveles de transparencia significan menores riesgos de corrupción, y bajos niveles de transparencia, altos riesgos de corrupción. Transparencia por Colombia ha producido y publicado tres ediciones del Índice de las Entidades Públicas Nacionales.
La primera edición fue en el 2002 con una cobertura de 88 entidades; en el 2003 se produjo la segunda, donde el número de entidades evaluadas ascendió a 146. La tercera -que abarca los años 2003 y 2004-, incrementó la muestra a 178 entidades de todos los poderes del Estado, lo cual representa un incremento del 25% en la muestra del Índice y una cobertura de más del 80% de la rama ejecutiva y el 100% de las rama legislativa y judicial. Así mismo, presentó una nueva metodología de cálculo y 10 nuevos indicadores objetivos que materializaron el esfuerzo de la Corporación por hacer cada vez más confiables los resultados. En 2007 se realizó la cuarta índice con 158 entidades a nivel nacional.
Cultura Política de la Democracia en Colombia: 2010 (Proyecto de Opinión Pública en América Latina, LAPOP por sus siglas en inglés)
El estudio forma parte de Barómetro de las Américas y está hecho a base de cuestionarios sobre corrupción, percepción de la democracia, gobernabilidad en Colombia, entre otros. La investigación sobre Colombia se basa en una encuesta nacional con 1.500 entrevistados, sobre valores, actitudes, opiniones. La investigación nos permite examinar temas como legitimidad política, tolerancia política, apoyo a una democracia estable, participación de la sociedad civil y capital social, el estado de derecho, evaluación de los gobiernos locales y la participación en ellos, victimización por el delito, victimización por la corrupción y comportamiento electoral. El estudio contiene un análisis de las áreas relacionadas con los valores y comportamientos democráticos.
Índice de Transparencia Departamental, 2005-2006 (segunda edición) (Transparencia por Colombia)
Transparencia por Colombia también ha producido dos ediciones el Índice de Gobiernos, Asambleas y Contralorías Departamentales para los 32 departamentos cobijando dependencias del Gobierno Departamental (Despachos y Secretarías de Hacienda, Salud, Educación, Obras Públicas e Infraestructura, Tránsito y Transporte), las Asambleas y Contralorías Departamentales, para un total de 268 en total. Es de notar que también son objeto de monitoreo, las loterías y las licoreras, cuando existen.
Índice de Transparencia Municipal (Transparencia por Colombia)
En el año 2005, la Federación Colombiana de Municipios, el Consejo Nacional de Planeación y la Corporación Transparencia por Colombia conformaron una alianza desde la sociedad civil para lanzar de manera conjunta el Índice de Transparencia Municipal. Esta alianza invitó a los municipios del país, con excepción de las grandes ciudades, a participar en este ejercicio de medición y obtuvo respuesta en 146 municipios que voluntariamente se vincularon al proceso. Es de anotar, que este Índice además de medir visibilidad e institucionalidad, pone especial atención a la rendición de cuentas a la ciudadanía y la promoción de la participación ciudadana desde la administración municipal.
Diagnóstico acerca de la Corrupción y Gobernabilidad en Colombia: Elementos para la construcción de una estrategia anticorrupción
El Diagnóstico acerca de la Corrupción y Gobernabilidad en Colombia fue realizada en 2002 por la Vicepresidencia de la República en colaboración con el Banco Mundial, el Centro Nacional de Consultoría y organizaciones no gubernamentales. El Diagnóstico tiene como fin facilitar el apoyo en el diseño de una estrategia dirigida a promover la gobernabilidad, combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas.
Encuesta PROBIDAD III: Encuesta de Percepción Empresarial Sobre Corrupción, Confecámaras, Confederación de Cámaras de Comercio
La Encuesta Probidad III, sobre percepción de empresarios, es una encuesta que surge como iniciativa de Confecámaras y las cámaras de comercio regionales para indagar sobre temas relacionados con la ética empresarial, la integridad regional, la contratación pública y la captura del Estado. Esta iniciativa bianual se constituye actualmente en la más completa indagación sobre comportamientos y prácticas éticas realizada en Latinoamérica por el sector privado con un cubrimiento de 1.519 empresarios en 15 ciudades del país.
Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
La Encuesta de Desempeño Institucional fue realizada en 2010 por la Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN). Es una encuesta dirigida a los servidores públicos sobre la motivación, la gestión de la entidad, la administración del recurso humano, los procesos de programación y el ajuste presupuestal, la contratación, el ambiente ético y el desempeño institucional de las entidades públicas del orden nacional. Los resultados obtenidos son representativos para las entidades del nivel nacional incluidas en la muestra.
La metodología utilizada en este proyecto fue diseñada en el año 2000 y aplicada en 2001 en varios países de del hemisferio Americano. En lo que se refiere a los países que se han incluido en esta parte de la guía, el estudio comprende también a Chile, Ecuador y Perú.
De los 180 países incluidos en el estudio, Colombia ocupa el lugar 75 y tiene una puntuación de 3,7. Nueva Zelandia queda en primer lugar con 9,4 y Somalia tiene la percepción más baja con 1,1.
En cuanto a la corrupción, la percepción de Colombia del progreso en la reducción de la corrupción queda 9 puntos más alto que el promedio de 39. En primer lugar se ubica Uruguay con una puntuación de 56 y Argentina con la menor puntuación de 13. Frente a la pregunta de conocer algún pariente involucrado en algún acto de corrupción en los últimos doce meses, Colombia quedó con la puntuación de 11 puntos. El promedio fue 13 y en primer lugar quedó Brasil con una puntuación de 34.
Con base en lo anterior, el ranking significa que Colombia, en términos de democracia, mercado y transparencia, es el país ubicado en el puesto 79º de los 168 países en el índice.

References: Artículo 92
 Artículo 117
 Artículo 209
 Artículo 17
 Artículo 354
 Artículo 118
 Artículo 16
 Artículo 282
 artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 1
 Artículo 6
 Artículo 1
 Artículo 9