Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510084.html
Timestamp: 2019-03-18 22:18:03+00:00

Document:
as201510084
AUTO SUPREMO Nº 084/2015-RRC
Expediente : Tarija 49/2014
Parte imputada : Víctor Romero Cuéllar y otros
El recurso de casación interpuesto el 16 de septiembre de 2014, por Víctor Romero Cuéllar, cursante de fs. 224 a 244 vta., mediante el cual impugna el Auto de Vista 52/2014 de 22 de agosto, de fs. 198 a 202, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Raúl Salvatierra Vaca, Nelly Villalba y el recurrente, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).
A consecuencia de la acusación fiscal (fs. 14 a 19) y desarrollado el juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunció la Sentencia 20/2011 de 19 de mayo (fs. 161 a 166), mediante la cual declaró a los imputados Raúl Salvatierra Coca y Víctor Romero Cuéllar, autores de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, imponiendo la pena de diez años de privación de libertad; asimismo, dictó Sentencia absolutoria a favor de Nelly Villalba, por la acusación del mismo delito.
Contra la citada Sentencia, los imputados Víctor Romero Cuéllar (fs. 169 a 170 vta.) y Raúl Salvatierra Vaca (fs. 173 a 176), interpusieron recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista 52/2014 de 22 de agosto, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija que declaró sin lugar ambos recursos y confirmó la Sentencia impugnada, motivando la formulación del presente recurso de casación.
Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 612/2014-RA de 4 de noviembre, se tienen como motivos para su análisis de fondo, los siguientes:
1) Con la cita de los Autos Supremos 91 de 28 de marzo de 2006 y 157/2013-RA de 31 de mayo, el recurrente señala que su recurso fue rechazado mediante la revalorización de la prueba, puesto que se añadieron aspectos no considerados en la Sentencia ni probados con medio probatorio idóneo; con ese antecedente, señala que pese a que las pruebas “MPE3” y “MPE4”, no fueron admitidas, merecieron valoración por el Tribunal de Sentencia, razón por la que considera vulnerados sus derechos al debido proceso, al derecho a la defensa y por ende se incurre en defecto absoluto insubsanable al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP.
2) El recurrente denuncia que de manera errónea se pretende aplicar principios que rigen la nulidad de obrados en el proceso civil para declarar la improcedencia de la nulidad del proceso penal, pues ambas materias son distintas, y que en el caso particular, el Vocal relator “estaba convencido” (sic) de que existía causa de nulidad en lo referido a la pericia realizada en etapa preparatoria; sin embargo, se basó en doctrina civil para desestimar dicho agravio.
3) También denuncia que el Tribunal de apelación, incurrió en actividad procesal defectuosa, al no responder respecto a la falta de fundamentación, en relación a la falta de valoración de las intervenciones y del uso de la última palabra, extremo que se evidencia, según manifiesta el recurrente, cuando el Tribunal de apelación decide remitirse a lo expuesto en los puntos III-1.1 y II.1.2 del Auto de Vista, razón por la que considera vulnerado sus derechos al debido proceso, a la defensa, la garantía de la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, incurriendo de esa manera en actividad procesal defectuosa, al no haber respondido a cada uno de los puntos apelados en forma separada, motivada y fundamentada, razón por la cual, señala que corresponde al Tribunal Supremo, en observancia al deber de fundamentación deje sin efecto el Auto de Vista impugnado. Dentro de este motivo el recurrente invoca el Auto Supremo 177/2013-RRC de 27 de junio.
El recurrente solicita se admita el presente recurso y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado.
Mediante el Auto Supremo 612/2014-RA de 4 de noviembre, se admitió el recurso de casación para el análisis de fondo de los motivos expuestos precedentemente.
El Ministerio Público fundamentó señalando que: “…acusa a RAUL SALVATIERRA VACA, NELLY VILLALBA Y VÍCTOR ROMERO CUELLAR de ser autores del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS tipificado y sancionado en la Ley 1008 Art. 48, en concordancia con el Art. 33 inc. m), con relación a la Lista No. 1 del Anexo de la citada Ley. Por cuanto estos fueron sorprendidos en flagrante actividad ilícita de Tráfico de Sustancias Controladas (COCAINA Y MARIHUANA), en su domicilio particular, hasta que fueron descubiertos por funcionarios policiales de la Felcn.
La acción de los imputados es típica, pues se halla descrita en el Art. 48 y 33 inc. m) de la Ley 1008, Dolosa porque al momento del hecho obraron con conocimiento de lo que realizaban y manifestaron externamente su voluntad de ejecutarlo, es antijurídica pues sus conductas les es reprochable por haber atentado contra las normas que previenen la salud y sancionan el Tráfico ilícito de Sustancias Controladas (cocaína y marihuana en estado seco y en granel), y culpables por cuanto obraron en pleno uso de sus facultades conociendo el hecho que realizaban” (sic).
El Tribunal de Sentencia, en el numeral 5 de la resolución, fundamentó de la siguiente manera: “En cuanto a la responsabilidad en el hecho acusado.
Víctor Romero Cuellar. De la declaración de ambos testigos presenciales Celso Castedo Banegas y Epifania Acuña Carlos, se tiene que cuando llegaron a la casa fueron atendidos por el dueño que era un abogado que tenia su oficina en el mismo inmueble pero hacia la calle, el que les sirve de testigo de actuación, ambos testigos refieren que adentro era sólo de inquilinos. Y cuando ya tocan la puerta para entrar hacia su interior son atendidos por Víctor Romero Cuellar. Claramente el testigo Celso Castedo dice que le pregunta y Víctor le indica su habitación, que era la número dos comenzando desde la derecha, que se queda callado en la puerta observando.
El tribunal en pleno da credibilidad a ese testimonio, ya que ambos policías sólo cumplen su función, no tienen razón para mentir, no conocían al acusado ni se advierte ánimo de dañarlo. No es creíble lo afirmado por el acusado en su última palabra cuando dice que fue a buscar a Castillo que sería el de la pieza 1, y que hubiera sido atendido por su empleada cuando llega la policía, eso no es creíble porque de ser cierto, con seguridad que el dueño Darwin Caballero que además es abogado hubiera dicho y aclarado en ese momento que no era inquilino y no hubiera firmado las actas de la habitación No. 2 donde se señala que la habita Víctor Romero Villalba, véase MP3 y tampoco la hubiera firmado el acusado. Con seguridad que si era un visitante ese momento lo hubiera manifestado, pero no lo hizo, tampoco en juicio oral ha demostrado con prueba alguna de que su domicilio fuera en otra dirección, ya que si hace una afirmación o crea una coartada la prueba se invierte y era su deber demostrarlo. Se toma en cuenta también que tenía dos rollos de papel aluminio, un rollo de plástico delgado transparente, de lo que se colige que en ese lugar se dedicaba al tráfico ilícito de sustancias controladas.
Se adquiere certeza de que era inquilino de ese inmueble y ocupaba la habitación Nº 2 donde fueron encontradas las cinco capsulas de cocaína y la bolsita con semillas de marihuana, el acusado las poseía ilícitamente” (sic).
Previa referencia a los arts. 48 y 33 inc. m) de la Ley 1008, agregó: “En este delito el bien jurídico protegido es la salud pública y no la individual, por el riesgo que en sí mismas llevan sus formas comisivas para la colectividad, siendo un delito de peligro en abstracto. La acción típica para el delito de Tráfico de Sustancias Controladas es poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento sustancias controladas. La agravante se da en realizar tráfico de sustancias controladas en volúmenes mayores.
Por lo explicado la conducta de los acusados es típica debido a que la misma se subsume en los supuestos de hecho previstos en el art. 48 en relación al art. 33 de la Ley 1008, es antijurídica ya que no se encuentra en causa de justificación en su actuar en el ilícito que se le acusa, que a juicio de los miembros del Tribunal fue con plena conciencia de su responsabilidad, sabiendo del alcance y límites de sus actos, y finalmente dicha conducta es culpable por ser reprochable su actuar al no haberse motivado a actuar de un modo ilícito y en consecuencia merece sanción.
En cuanto se refiere a la pena y teniendo en consideración las disposiciones contenidas en los arts. 37 y siguientes del código penal, el tribunal considera las condiciones personales de los acusados las circunstancias que señala el art. 38 del citado Código, de las que se tiene la prueba documental de descargo PDV1 informe de antecedentes del REJAP que Victor Romero Cuellar no registra ninguno (…) se considera que es padre de familia.
a) Que el delito de tráfico de sustancias controladas establece como sanción un mínimo de diez años y máximo de veinticinco de presidio y multa; b) Que los acusados no tienen antecedentes penales con sentencia condenatoria ejecutoriada en este tipo de delito.
En consecuencia la pena a imponerse a Raúl Salvatierra Vaca y Víctor Romero Cuellar, debe tener en cuenta las circunstancias descritas y los fines de enmienda y readaptación social, aspectos estos que a consideración del Tribunal llevan al convencimiento de que dicha sanción debe ser el mínimo penal; es decir diez años de presidio tomando en cuenta que el código penal en su art. 29 establece una multa máxima de 500 días…” (sic).
II.3. Apelación restringida.
Mediante recurso de apelación restringida el imputado Víctor Romero Cuellar denunció: 1) Que ninguna de las declaraciones de los testigos fueron uniformes, pues ninguno pudo advertir con certeza qué tipo de acción en concreto realizó su persona; 2) Que la prueba documental fue admitida de manera irregular, en especial la concerniente al acta de registro de allanamiento de domicilio, pues no tiene estampada la firma del recurrente en la parte posterior; 3) Que de igual manera, el informe pericial fue admitido de manera ilícita, al no haberse cumplido lo establecido en el art. 209 del CPP que obliga a fijar con precisión los temas de la pericia; 4) Que el Ministerio Público, nunca aportó prueba que cree convicción plena de su responsabilidad en el hecho ilícito; 5) Que la prueba “MPE1” fue objetada pues el Ministerio Público en ningún momento veló por el principio de inmediación al no haber sido realizada bajo dirección funcional, y pese a ello fueron admitidas en franca vulneración a la seguridad jurídica; y, 6) Finalmente, denunció que una sentencia debe sustentarse en bases legales sólidas y no en criterios subjetivos y supuestos.
El recurso fue resuelto mediante el Auto de Vista 52/2014 de 22 de agosto, que al resolver los motivos de los recursos de apelación restringida formulados en la causa, en el “CONSIDERANDO II Análisis del Caso concreto” (sic), concluyó señalando que: “II.1.1. Ambos apelantes arguyen defectuosa valoración de la prueba. Al respecto cabe precisar que desde el plano o perspectiva temporal, constituye la última etapa o fase, es decir, el último de los actos procesales que integra la actividad probatoria (producción-proposición, admisión y práctica-asunción, y valoración), y desde la óptica cualitativa o esencial constituye la actividad procesal determinante del objeto del proceso, que incumbe únicamente al sujeto destinatario de la prueba, en este caso el Tribunal de instancia, que entraña la inmediación que es la directa relación con el medio de prueba en el momento de su práctica. Con este proceder asume los datos que le ofrece el medio o fuente de prueba lo que pone de relieve su componente intelectivo y va conformando ‘su juicio acerca de la credulidad y eficacia de la fuente de prueba’. En ese ámbito tras el análisis de la relación fáctica, en el punto ‘IV Valoración de la Prueba y Votos del Tribunal Acerca de los Motivos de Hecho y Derecho’ en el acápite 4) asumen convicción del hecho ilícito afirmando: ‘La totalidad del Tribunal adquiere certeza de que lo encontrado en la habitación 2 del inmueble consistente en cinco cápsulas, eran cocaína y las semillas eran marihuana. Como también lo encontrado en la habitación Nº 3 del inmueble consistente en 164 bolsitas eran marihuana, la cápsula era de cocaína, los diez sobrecitos eran de cocaína y lo que había en el envase plástico era marihuana. Se adquiere convicción de que eran poseídas ilícitamente’.
II.2.1 En cuanto a la alegación que hace el apelante Víctor Romero Cuellar, relativo al supuesto incumplimiento del Ministerio Público sobre la obtención de la prueba MPE1 vulnerando los Arts. 5, 8 y 12 CPP, obviando el Art. 60 de la Ley del MP; y al similar cuestionamiento que hace el otro sentenciado Raúl Salvatierra Vaca, descrito en el punto I.2.1 de esta resolución aduciendo defecto absoluto, al sustentar la sentencia con prueba obtenida de manera ilegal debido a la irregularidad de la ejecución del mandamiento de allanamiento, porque notificaron al propietario del inmueble que no ocupa el mismo infringiendo el Art. 183 CPP. Al respecto, cabe destacar que los actos procesales, según Carneluttise catalogan en actos procesales perfectos y actos procesales imperfectos. Los primeros siempre eficaces, porque cumplen todos los requisitos legales, de fondo y de forma mientras que los segundos adolecen de defectos, por incumplimiento de alguno o varios de los requisitos fijados para su validez, ocasionando según sea su caso, su irregularidad, inadmisibilidad o la nulidad, de ahí que al principio de especificidad se agrega el principio de transcendencia, derivado de la máxima romana ‘pas de nullitatesangrief ( no hay nulidad sin daño o perjuicio), o sea ‘que no puede admitirse la nulidad por la nulidad misma o para satisfacer pruritos formales, o sea que no toda ausencia de formalidad deviene necesariamente en nulidad, por cuanto conforme razona el destacado procesalista Alberto Luis Maurino, en su libro Nulidades Procesales, refiriéndose a su interpretación señaló: ‘Además de los principios que rigen los presupuestos de las nulidades, como por ejemplo los de especificidad, finalidad, trascendencia, convalidación, etc., existen reglas de interpretación de ellas, que la jurisprudencia y la doctrina ha consagrado’. Las nulidades procesales son de interpretación restringida. Enseña COUTURE, con claridad meridiana, que en el derecho procesal hay necesidad de obtener actos válidos y firmes. En la disyuntiva, y siempre que exista duda, debe darse preeminencia a la validez del acto y no a su nulidad. ‘Se infiere por tanto, que el criterio de interpretación de las nulidades procesales debe ser restrictivo’.
II.2.3 Raúl Salvatierra Vaca, aduce también inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, en cuanto a forzar su adecuación al tipo penal, al no dar credibilidad que compró la sustancia para su consumo. Al respecto si partimos del entendimiento que, inobservancia significa desconocimiento, desobediencia o falta de aplicación de la norma jurídica, mientras de Errónea aplicación es la inadecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada con el caso concreto; la alegación del apelante no es pertinente, dado que lo pretende es una nueva valoración de su versión y se le otorgue credibilidad a lo expresado en su derecho a la última palabra, lo que es inadmisible bajo este epígrafe de errónea aplicación de la ley, que se circunscribe a lo anotado, la adecuación de los hechos probados al tipo penal que corresponda y no la mera versión del imputado, dicha sea en su declaración o en uso de su derecho a la última palabra, que no está sujeta a juramento, ni promesa de decir verdad, por lo que no es un testimonio, sino un acto de defensa, consecuentemente no es prueba, en consecuencia corresponde declarar sin lugar este agravio.
II.3.1 El mismo apelante alega falta de fundamentación al limitarse a la transcripción de las declaraciones de los testigos, sin una explicación razonable por qué no se valora sus intervenciones y su última palabra. Al ser una alegación reiterativa nos remitimos a lo expuesto en los puntos II.1.1 y II.1.2 de la presente resolución, que reseña el razonamiento asumido por el Tribunal a quo, sobre la hipótesis inculpatoria otorgando valor positivo a la prueba de cargo de conformidad con las reglas de la sana crítica y considera acreditados los hechos puntualizando que fue de forma unánime ‘…la totalidad del tribunal adquiere certeza…’ en los acápites del punto IV ‘Valoración de la Prueba y Votos del Tribunal Acerca de los Motivos de Hecho y Derecho’, descritos en sus cinco incisos, narrando secuencialmente cómo ocurrieron, desde el momento del allanamiento del domicilio de los imputados. Queda en consecuencia acreditado que no se limitaron ‘a la transcripción de las declaraciones de los testigos’, sino conforme anota el tribunal a quo, evaluó los acontecimientos a la luz de las pruebas, de conformidad con el Art. 173 CPP asumiendo convicción sobre los hechos y la responsabilidad penal de los imputados, en base a los elementos de prueba incorporados y detallados en el punto de referencia de la sentencia impugnada, exteriorizando un adecuado razonamiento que patentiza de forma categórica el hecho, como el derecho, al exponerse los motivos que justifican la decisión, que a su vez se sustenta en los preceptos aplicables del orden sustantivo y adjetivo conforme se ha referido en la ya examinada fundamentación jurídica, en la que se destaca la certidumbre de la hipótesis fáctica demostrada por elementos de prueba, que valorados de manera integral determinan directamente la decisión.
II.5 Finalmente en relación al principio del in dubio pro reo, reclamado por el apelante, es oportuno señalar que los tratadistas E. GÓMEZ ORBANEJA y V. HERCE QUEMADA, al respecto afirman: ‘Dentro de este marco legal, el principio in dubio pro reo se ha considerado como una consecuencia indudable del principio nulla poena sine crimine, nullum crimen sine culpa, y se ha interpretado por la mejor doctrina como la exigencia de que la condena vaya precedida de la certidumbre de la culpa, pues la duda en el ánimo del juzgador debe conducir a la absolución’. Esto es: ‘El juez penal no puede condenar por un hecho que, según su libre convencimiento, es posiblemente no punible’, porque ‘la falta de prueba de la culpabilidad equivale a la prueba de la inocencia’, situación que no se da en la presente causa, en virtud a las consideraciones expuestas en los puntos anteriores, por las que se hace énfasis que en razón a los elementos de prueba ilícitamente obtenidos y legalmente incorporados a juicio –como se tiene dicho– el tribunal a quo, asume en grado certeza los hechos y la responsabilidad penal de los imputados, no teniendo trascendencia lo que hubieran dicho en ejercicio de su derecho a la última palabra en juicio, que tiene tan solo una función de alegato de defensa, o sea, no se ha generado duda alguna que haga factible dicho principio, declarándose sin lugar este último agravio” (sic).
El Tribunal de alzada declaró sin lugar los recursos de apelación restringida interpuestos por los imputados Víctor Romero Cuellar y Raúl Salvatierra Vaca; en consecuencia, confirmó la sentencia apelada.
Antes de realizar la labor de contraste encargada por el art. 419 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es menester precisar que una de las funciones primordiales del recurso de casación es la de uniformar la jurisprudencia, la que debe ser acatada y cumplida por los Jueces y Tribunales, cuyos fallos serán revisados por el Tribunal de casación, quien verificará si éstos no se apartaron del entendimiento establecido en los precedentes pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia y del Tribunal Supremo de Justicia; correspondiendo resolver cada uno de los motivos alegados por la parte recurrente en el presente recurso de casación.
III.1. Respecto a la denuncia de revalorización probatoria y valoración de prueba literal no admitida.
En este primer motivo, la parte recurrente invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 91 de 28 de marzo de 2006, emitido dentro de un proceso penal seguido por el Ministerio Público contra E.D.P. por la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, en el cual el Auto de Vista impugnado ingresó en revalorización de la prueba y omitió su deber jurisdiccional de evidenciar que los puntos apelados se encuentran sustentados fáctica y jurídicamente, razones por las cuales la ex Corte Suprema determinó dejar sin efecto la citada resolución, estableciendo como doctrina:
“Que, la valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia por cuanto ellos son los que se encuentran directamente involucrados en todo el proceso de la producción de la prueba con la intervención contradictoria de las partes procesales; ahora en caso de que dicha valoración sea confusa, contradictoria o insuficiente porque no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento, o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación; en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además debe observar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la consistencia de lograr convicción en las partes, sobre todo en la autoridad que controla la sentencia apelada, que las impugnaciones hechas por las partes sean verídicas y tengan fundamento jurídico.
3.- Que el Tribunal de Alzada tiene el deber de analizar y ponderar los puntos apelados, pudiendo el resultado coincidir o no con los criterios del recurrente; en cualquiera de los casos, el fundamento debe reflejar los actos procesales o hechos, de manera que tengan sustento fáctico, asimismo el argumento deberá tener una base jurídica; la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional deberá imponerse sobre toda las cosas al margen de coincidir o no con los criterios de las partes procesales, sólo así se podrá practicar el principio de una tutela efectiva y enaltecer la administración de la justicia penal.
4.- Que los tipos penales incursos en el artículo 48 con relación al 33 inciso m) de la Ley Nº 1008, se encuentra expresados en los siguientes verbos nucleares: "producir, fabricar, poseer, tener, almacenar, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas"; la ejecución de una de estas acciones es de carácter formal y no de resultados”.
También invocó el Auto Supremo 157/2013-RA de 31 de mayo, que no contiene doctrina legal aplicable que pueda ser considerada dentro de la labor contrastiva con el Auto de Vista impugnado, puesto que los argumentos en él referidos destacan los requisitos y presupuestos de flexibilización que deben observarse en la admisión de un recurso de casación, por lo cual no serán considerados en el análisis de fondo.
Ingresando en análisis del motivo, se tiene que la recurrente denuncia el rechazo de su apelación restringida por los de alzada mediante una revalorización de la prueba, al haber añadido aspectos no considerados en la Sentencia ni probados con medio probatorio idóneo y, que las pruebas “MPE3” y “MPE4”, no obstante que no fueron admitidas, merecieron valoración por el Tribunal de Sentencia, razón por la que considera vulnerados sus derechos al debido proceso, al derecho a la defensa y por ende se incurre en defecto absoluto insubsanable al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP; al respecto, corresponde precisar que, examinado el Auto de Vista impugnado (fs. 198 a 202) y la apelación restringida del recurrente (fs. 169 a 170 vta.), se advierte que los argumentos aducidos en casación resultan inverosímiles, inicialmente porque la supuesta revalorización de la prueba por parte del Tribunal de alzada, no es evidente, toda vez que los de alzada refiriéndose a las conclusiones del Tribunal de Sentencia sobre la responsabilidad penal, señaló que se expusieron: “las razones por las cuales otorga valoración positiva a las atestaciones de los testigos presenciales, los policías Celso Castedo Banegas y Epifania Acuña Carlos, primero en relación al encausado Víctor Romero Cuellar, puntualizando los motivos por los que desechan la versión del encausado, haciendo hincapié en que además de la sustancia controlada encontrada en su habitación también se tuvo en cuenta los dos rollos de papel aluminio y el rollo de plástico delgado transparente, coligiendo que en ese lugar se dedicaba al tráfico de sustancias controladas” (sic); en ningún momento, el Tribunal de alzada toma para sí el hecho que los rollos de papel aluminio y plástico corroborarían que el imputado en ese lugar se dedicaba al Tráfico de Sustancias Controladas, cuando tales fundamentos fueron vertidos por el Tribunal de juicio con base a las declaraciones testificales vertidas por Celso Castedo Banegas y Epifania Acuña Carlos que manifestaron la existencia de los rollos de plástico y aluminio cuando se realizó la requisa del inmueble; es decir, que las pruebas denunciadas como valoradas (MPE3 y MPE4) nunca fueron valoradas por el Tribunal de Sentencia, siendo congruente con su proveído de 8 de noviembre de 2010 cursante a fs. 24 vta.
Por otra parte, el Tribunal de alzada resolvió cada punto en la citada apelación en la cual no consta denuncia alguna que las pruebas signadas como “MPE-3” y “MPE-4” hubiesen sido valoradas por el tribunal de juicio pese a su rechazo por proveído de 8 de noviembre de 2010, es más, revisada la apelación restringida de fs. 169 a 170 vta., los agravios denunciados refieren: i) Que las declaraciones testificales no fueron uniformes para establecer si el habitaba el lugar de los hechos; ii) La irregularidad en la admisión del acta de allanamiento por carecer de su firma; iii) La admisión ilícita de la prueba pericial; iv) Que la prueba aportada por el Ministerio Público no aportó convicción sobre la responsabilidad de su persona; v) Que la prueba “MPE1” fue admitida irregularmente vulnerando los arts. 5, 8 y 12 del CPP, vulnerándose la seguridad jurídica; y, vi) Que la sentencia debe sustentarse en bases legales y no en criterios subjetivos; no advirtiéndose alguna denuncia específica sobre la supuesta valoración de las pruebas “MPE3” y “MPE4”, como refiere el recurrente, además que confrontada la sentencia consta únicamente la valoración de las pruebas de cargo desde la “MP-1” hasta a “MP- 16” y “MPE-1”.
De lo expuesto, se concluye que el motivo carece de sustento y no resulta contradictorio a la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 91 de 28 de marzo de 2006, donde se establece que la valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia y al Tribunal de alzada le compete identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, observando el cumplimiento de las reglas de la sana crítica y la debida fundamentación.
III.2. En cuanto a la denuncia de aplicación de principios que rigen la nulidad en materia civil.
En la presente causa, el recurrente denuncia que de manera errónea se pretende aplicar principios que rigen la nulidad de obrados en el proceso civil para declarar la improcedencia de la nulidad del proceso penal, y que en el caso particular, el Vocal relator “estaba convencido” (sic), de que existía causa de nulidad en lo referido a la pericia realizada en etapa preparatoria; sin embargo, se basó en doctrina civil para desestimar dicho agravio. Al respecto, cabe señalar que, en el punto II.2.2 de la Resolución impugnada, los de alzada concluyen que el ahora recurrente equivoca el señalamiento de la prueba “MPE1” que considera introducida vulnerando los arts. 5, 8 y 12 del CPP y obviando el art. 60 de la Ley del Ministerio Público, cuando, por los argumentos expuestos, debió referirse a la “MP1” consistente en el informe policial de 24 de abril de 2010, donde aduce la falta de su firma, estableciendo que la ausencia de la firma del imputado no invalida ni viola el citado art. 60 de la entonces vigente Ley 2175 que señalaba: “Los fiscales en la acumulación y producción de la prueba, preservarán las condiciones de inmediación de todos los sujetos procesales con los medios de convicción” en razón a que: “…al momento del diligenciamiento del Mandamiento de Allanamiento de Domicilio el imputado estuvo presente, consecuentemente se cumplió la exigencia del precepto de inmediación de todos los sujetos procesales con los medios de convicción; y porque además a la audiencia de juicio oral, concurrieron en calidad de testigos, los policías que intervinieron en el operativo policial, no solo ratificando el contenido de dicho informe, sino respondiendo a las interrogantes que les formularon al momento de sus deposiciones, coligiéndose que no se vulneraron los arts. 5, 8 y 12 del CPP (…) Tampoco es relevante argüir irregularidad en la ejecución del mandamiento de allanamiento, porque, según la sentencia, no sólo que el notificado propietario tiene su oficina en su inmueble, sino que estuvo presente durante todo el operativo…” (sic); es decir, que el Tribunal de apelación otorgó una respuesta fundamentada al agravio denunciado por el recurrente en su apelación restringida, pese al error cometido por el imputado al señalar la prueba “MPE1” que consideró introducida violando los arts. 5, 8 y 12 del CPP y 60 de la Ley 2175 vigente en ese entonces, por cuanto la nulidad de la sentencia no correspondería.
Ahora bien, sobre el señalamiento de la doctrina de tratadistas en materia civil, evidentemente se advierte un lapsus en su enunciación; sin embargo, el mismo no resulta suficiente argumento para dejar sin efecto el Auto de Vista que, como se manifestó en forma precedente, otorgó una razonada respuesta a la denuncia de vulneración de los arts. 5, 8 y 12 del CPP y 60 de la Ley del Ministerio Público, aun cuando pudo omitir pronunciarse al respecto debido al erróneo señalamiento de la prueba cuestionada como vulneratoria. En ese mismo sentido, el Auto Supremo 67/2013-RRC de 11 de marzo, respecto a las nulidades, estableció en su doctrina legal aplicable que: “El art. 180.I de la CPE establece como un principio constitucional el de la verdad material, desarrollada como la obligación que tiene todo juzgador en la labor efectuada sobre este principio, anteponiendo la verdad de los hechos antes que cualquier formalidad. Asimismo el art. 115.I de la referida Ley Fundamental, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; también reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.
III.3. Sobre la denuncia de omisión de pronunciamiento del Tribunal de alzada.
En el último motivo de casación cuyo análisis de fondo corresponde por parte de este Tribunal, la parte recurrente invocó el Auto Supremo 177/2013-RRC de 27 de junio, pronunciado dentro de un proceso en el que se alegó en casación la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente de la debida fundamentación y la defensa, debido a que el Auto de Vista impugnado no resolvió todos los puntos apelados o lo hizo sin la debida fundamentación; ante la evidencia de tales infracciones, el Tribunal de casación determinó dejar sin efecto la resolución impugnada, cuyos fundamentos jurídicos refieren:
“La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce y garantiza el derecho al debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I, constituyendo uno de los elementos esenciales del debido proceso la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales, referida a la obligación que tienen los Jueces y Tribunales de fundamentar y motivar sus resoluciones, labor ineludible que debe plasmarse en la respuesta expresa, clara, completa, legitima y lógica a cada uno de los puntos impugnados con argumentos específicos. Expresa, porque debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez aquo; y, lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.
Requisitos de la fundamentación o motivación, que deben ser tomados en cuenta por el juzgador a momento de emitir la Resolución; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación o motivación. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.
Lo anterior significa, que se estará ante una la falta de fundamentación o motivación cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carece de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP y vulnerando los derechos al debido proceso y de la publicidad.
El derecho a una tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución fundada en Derecho, lo cual quiere decir que la resolución que se adopte ha de estar motivada, por esto ambos derechos están vinculados. La fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales es una consecuencia necesaria de la propia función judicial y de su vinculación a la ley y al derecho constitucional del justiciable a exigirla encuentra su fundamento en que el conocimiento de las razones que conducen al órgano judicial a adoptar sus decisiones constituye instrumento, igualmente necesario, para contrastar la razonabilidad a los efectos de ejercitar los recursos judiciales que procedan y, en último término a oponerse a las decisiones arbitrarias.
Además, la doctrina constitucional sobre el derecho a una resolución congruente se refiere a que en proceso debe existir una correlación entre la Sentencia y la acusación, aplicado al caso es la necesaria co-relación que debe existir entre lo solicitado y lo resuelto.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría la existencia de una incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), que se produce cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, el deber de fundamentación establecido el art. 124 del CPP y la competencia definida por el art. 398 del mismo Código para los Tribunales de alzada”.
En el caso presente, el recurrente denuncia una supuesta omisión del Tribunal de apelación para responder la denuncia de falta de valoración de las intervenciones y del uso de la última palabra que violaría su derecho a la defensa y la certidumbre, verificándose de los antecedentes que el aparente agravio fue denunciado por Raúl Salvatierra Vaca en el punto IV de su apelación restringida al referir la inexistencia de una explicación razonable en cuanto a por qué no se valoró su intervención a través de su defensa material y su última palabra, no siendo un reclamo interpuesto por el ahora recurrente; sin embargo, cabe precisar que el Tribunal de apelación sobre el particular, manifestó que: “…la alegación del apelante no es pertinente, dado lo que pretende es una nueva valoración de su versión y se le otorgue credibilidad a lo expresado en su derecho a la última palabra, lo que es inadmisible bajo este epígrafe de errónea aplicación de la ley, que se circunscribe a lo anotado, la adecuación de los hechos probados al tipo penal que corresponda y no a la mera versión del imputado dicha sea en su declaración o en uso de su derecho a la última palabra, que no está sujeta a juramento, ni promesa de decir la verdad, por lo que no es un testimonio, sino un acto de defensa consiguientemente no es prueba…” (sic).
Por lo referido no es evidente la denuncia formulada por el recurrente, debiendo agregarse que el Código de Procedimiento Penal vigente, no considera las declaraciones de los imputados como prueba, puesto que no es una declaración testifical formalmente entendida que es la única prueba que puede ser valorada, por tratarse de argumentaciones de rechazo genérico de los cargos y afirmaciones de algunos aspectos expuestos por las declaraciones testificales o de las documentales; pretender que se analice y valore una simple negativa de la comisión del hecho, es tanto como proponer que se examine una mera abstención de declaración. Lo que racionalmente puede exigirse al tribunal para fundar la condena, es que valore las pruebas efectivamente recibidas, exponga las conclusiones que infirió de ellas, los razonamientos que amparan esas inferencias y por qué resultan aptas para destruir el estado de inocencia que resguarda al imputado. Al hacerlo de este modo, los juzgadores cumplen su deber de fundamentar el fallo, con clara exposición de los elementos objetivos que permiten desvirtuar la simple negativa de los cargos que hizo el imputado, alcanzando la meta propuesta de asegurar que lo resuelto sea racionalmente verificable y responda a la verdad material. En ese contexto, no se evidencia contradicción alguna con la doctrina con el Auto Supremo 177/2013-RRC de 27 de junio, siendo la fundamentación expuesta por el Tribunal de apelación expresa, clara, concreta, legítima y lógica, dando respuesta a cada agravio denunciado por ambos apelantes, exponiendo las razones que condujeron al tribunal a concluir que la sentencia cumplía con la exigencia de la fundamentación fáctica y jurídica debidamente pormenorizada y respaldada por elementos de prueba.
Bajo tal contexto, los motivos traídos en casación, carecen de fundamento evidenciándose una mera disconformidad con los argumentos esbozados por el Tribunal de alzada que contiene los elementos esenciales de una debida fundamentación, aun cuando ésta no sea extensiva o ampulosa, es concreta y lógica conteniendo las razones de hecho y derecho; además, de no ser evidente la existencia de contradicción con la doctrina legal sentada en los precedentes invocados, deviniendo el recurso de casación en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Víctor Romero Cuellar.

References: resolución 
in dubio
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 artículo 48
 Resolución 
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