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Timestamp: 2019-01-23 00:09:45+00:00

Document:
STC 352/1993, 29 de Noviembre de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 15355974
STC 352/1993, 29 de Noviembre de 1993
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 2.582/1990
1. Los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan sanados porque la demanda haya sido inicialmente admitida, pues el examen de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede siempre abordarse o reemprenderse en la Sentencia, de oficio o a instancia de parte (SSTC 90/1987 y 50/1991) [F.J. 1]. 2. Constituye doctrina reiterada de este Tribunal que el plazo para la interposición del recurso de amparo establecido en el art. 44.2 de la LOTC es un plazo de Derecho sustantivo, de caducidad, improrrogable, no susceptible de suspensión y, por consiguiente, de inexorable cumplimiento, que ha de computarse desde que se tiene conocimiento de la decisión lesiva al derecho fundamental o de la resolución del medio impugnatorio articulado contra ella, sin que sea admisible una prolongación artificial de la vía judicial previa a través de la interposición de recursos manifiestamente improcedentes o legalmente inexistentes contra una resolución firme [F.J. 2].
Sentencia citada en: 352 sentencias, 13 artículos doctrinales, un tema práctico
En el recurso de amparo núm. 2.582/90, promovido por don Ramón G. F. don Santos V. O. don José Luis A. G. don Antonio M. S. don Demetrio J. G. don Federico G. L. don Dionisio M. V. don Manuel M. D. don Constancio L. F. don Ricardo F. M. don Ignacio D. J. y don Evaristo N. G. representados por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Codes Feijoo y asistidos del Letrado don Clementino Alfonso Simón, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de abril de 1990 y el Auto de 28 de junio siguiente, que desestimó el recurso de aclaración interpuesto contra la misma, dictados en autos sobre prestaciones de jubilación. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por el Procurador don Carlos Jiménez Padrón y asistido de la Letrada doña Marta Díez García. Ha sido Ponente el Magistrado don José Gabaldón López, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en este Tribunal el día 8 de noviembre de 1990, el Procurador de los Tribunales don Eduardo Codes Feijoo, en nombre y representación de don Ramón G. F. don Santos V. O. don José Luis A. G. don Antonio M. S. don Demetrio J. G. don Federico G. L. don Dionisio M. V. don Manuel M. D. don Constancio L. F. don Ricardo F. M. don Ignacio D. J. y don Evaristo N. G. interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 3 de abril de 1990, y el Auto, de 28 de junio, siguiente, resolutorio del recurso de aclaración interpuesto contra la misma.
a) Los ahora recurrentes prestaron servicios por cuenta de la empresa «Echevarría, S.A.», hasta que la autoridad laboral autorizó la extinción de sus respectivos contratos de trabajo por la concurrencia de causas económicas. En concreto, dos de los demandantes -los señores M. V. y F. M. fueron incluidos en el expediente de reestructuración de plantillas aprobado por Resolución de la Delegación Provincial en Bilbao del Ministerio de Trabajo de 19 de agosto de 1978 y los restantes en el aprobado por Resolución de 11 de enero de 1979. Ambas Resoluciones reconocían el derecho a disfrutar la ayuda de jubilación anticipada con cargo al Plan de Inversiones del Fondo Nacional de Protección al Trabajo aprobado por Orden ministerial de 6 de abril de 1978, ayuda que subsistiría hasta cumplir la edad de sesenta y cinco años en que se jubilarán reglamentariamente.
d) Mediante escrito de 18 de mayo de 1990 los demandantes formularon recurso de aclaración interesando la íntegra confirmación de la Sentencia de instancia. Aun conscientes «de la dificultad que entraña la aclaración» postulada, se interpuso para evitar «la prosecución de trámites procesales que (...) forzarían a solicitar la tutela judicial a través del recurso de amparo», porque pese a que la argumentación jurídica mantenida en la Sentencia concordaba con la por ellos propugnada, se había incurrido en un error involuntario en cuanto al Plan de Inversiones que amparaba su jubilación.
Como reconoce la Sentencia recurrida, según reiterada doctrina jurisprudencial los trabajadores afectados por los sucesivos Planes de Inversiones del Fondo Nacional de Protección al Trabajo hasta el Plan XVII tienen derecho a la revalorización de sus pensiones, mediante la ficción de considerarles como si hubieran permanecido en activo hasta los sesenta y cinco años. Sin duda este Plan aprobado por Orden ministerial de 6 de abril de 1978 es el aplicable a los recurrentes: dos de ellos quedaron afectados por un expediente de regulación de empleo de fecha 19 de agosto de 1978 y los restantes, por otro resuelto antes de que se dictara la Orden ministerial reguladora del Plan XVIII y en cuya resolución se hace expresa referencia al Plan de Inversiones entonces vigente. Es más, numerosos trabajadores afectados por el referido expediente han visto reconocidos sus derechos no sólo por Sentencias del Tribunal Central de Trabajo y de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sino también porque las entidades gestoras han desistido de los recursos planteados por considerar indudable el derecho controvertido.
Cumplimentando el requerimiento, la representación de los recurrentes aportó certificación expresiva de cuándo se les notificó el Auto de 28 de junio de 1990. El Ministerio Fiscal, por su parte, interesó la inadmisión de la demanda por ser extemporánea, al haberse producido una prolongación artificial del plazo para recurrir en amparo. En efecto, la resolución judicial causante del agravio constitucional sería la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a partir de su notificación debe computarse el plazo que establece el art. 44.2 de la LOTC; los recurrentes, no obstante, acudieron a un recurso de aclaración notoriamente improcedente, pues se interpuso -según ellos mismos reconocen- «tratando de evitar la costosa y única vía posterior del recurso de amparo».
La Sección Cuarta, por providencia de 6 de junio de 1991, acordó tener por comparecido y parte en el presente proceso al Procurador don Carlos Jiménez Padrón, en nombre y representación del I.N.S.S.; acusar recibo a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Juzgado de lo Social núm. 2 de Vizcaya de las actuaciones remitidas y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 de la LOTC, dar vista de las mismas al Ministerio Fiscal y a los Procuradores señores C. F. y J. P. para presentar las alegaciones que estimen procedentes.
Desde estas premisas la Sentencia impugnada adolece de las siguientes fisuras: a) No distingue entre la distinta posición de los trabajadores, pues dos de los recurrentes están afectados por una Resolución administrativa que ni siquiera se menciona; b) No explica la razón por la que quedan acogidos al Plan XVIII y no al XVII; c) Reconoce en el contexto de su argumentación que si se les aplicara éste tendrían derecho a la pensión actualizada. La lectura de las actuaciones revela, sin embargo, que ambas resoluciones administrativas se referían expresamente a que la jubilación se regiría por la norma aprobatoria del Plan XVII y son además de fecha anterior al Plan de Inversiones aprobado por Orden ministerial de 12 de enero de 1979 (publicado en el «B.O.E.» del 22). De otra parte, los recurrentes adjuntan a su demanda diversas resoluciones judiciales de las que se desprende que, aun cuando la situación era idéntica, se dio una solución distinta.
Procede, sin embargo, examinar antes las causas de inadmisibilidad, opuestas por la representación del I.N.S.S. No es óbice para ello que la demanda fuera admitida tras la apertura del trámite previsto en el art. 50.3 de la LOTC. «Los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan sanados porque la demanda haya sido inicialmente admitida», pues «el examen de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede siempre abordarse o reemprenderse en la Sentencia, de oficio o a instancia de parte» (SSTC 90/1987 y 50/1991). Sin perjuicio de que «la resolución preliminar de admisión dictada después de la sustanciación de dicho incidente pueda adoptarse con el fin de posponer la consideración de los vicios a una fase ulterior del procedimiento» por razones que así lo aconsejen (STC 90/1987), y ello no impide que los llamados al proceso los denuncien en la primera ocasión en que pueden hacerlo, pues de lo contrario se privaría a la parte comparecida después del ejercicio de su derecho a oponer a la admisibilidad del recurso todas aquellas objeciones procesales que convengan a su defensa, ni tampoco obstaculiza que este Tribunal cumpla el deber de examinarlos ex officio, como se cuida de señalar el art. 84 de la LOTC (SSTC 27/1982, 53/1983, 2/1984, 21/1984 y 92/1984).
La improcedencia, pues, del recurso ha de ser evidente, es decir, constatable prima facie sin intervención de dudas interpretativas que sea necesario despejar por medio de criterios hermenéuticos no absolutamente indiscutibles (SSTC 50/1990, 224/1992 y 99/1993) y, de otra parte, la ineficacia interruptiva de los recursos judiciales improcedentes exige de manera inexcusable que su interposición haya sido decidida libre mente por la parte en términos tales que únicamente sea imputable a su propia responsabilidad o a la de su representante o defensor (STC 231/1991).
SAP Murcia 185/2006, 5 de Julio de 2006
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