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⭐ASOCIACIONES GREMIALES Y EMPRESARIALES ANTE EL DERECHO DE LA COMPETENCIA CHILENO. Fichas de Jurisprudencia de las
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Emilio Santos Cáceres
1 ASOCIACIONES GREMIALES Y EMPRESARIALES ANTE EL DERECHO DE LA COMPETENCIA CHILENO Fichas de Jurisprudencia de las Sentencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 1 2 Índice N Fecha Recurso Partes Asociación 9 05 de octubre Denuncia y de 2004 Consulta Asociación Gremial de Industrias Proveedoras A.G con D&S, Hipermercados Jumbo S.A., y Asociación Gremial de Supermercados de Chile A.G. (ASACH) Asociación Gremial de Supermercados de Chile A.G. (ASACH) de junio de de agosto de de enero de de abril de 2007 Denuncia Reclamación Demanda Demanda Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile con Asociación de Bancos e Instituciones Financieras A.G. Asociación Gremial de Industrias Proveedoras del Sector Privado de Comercio y de Supermercados A.G con IANSA Asociación de Exportadores de Chile con Ultramar Agencia Marítima S.A y Sudamericana Agencia Aérea y Marítima S.A. Asociación de Químicos Farmacéuticos de Farmacias Independientes de Chile con Novasalud.com, Laboratorios Boehringer Ingelheim, Laboratorios Pfizer Chile, y otros Asociación de Bancos e Instituciones Financieras A.G. Asociación Gremial de Industrias Proveedoras del Sector Privado de Comercio y de Supermercados A.G Asociación de Exportadores de Chile Asociación de Químicos Farmacéuticos de Farmacias Independientes de Chile 1 Estas fichas de jurisprudencia fueron elaboradas por el equipo de investigación del Centro de Regulación y Competencia (RegCom) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, liderado por su director, Sr. Santiago Montt Oyarzún. Este documento forma parte del estudio Asociaciones Gremiales y Empresariales ante el Derecho de la Competencia Chileno, mandatado por la Fiscalía Nacional Económica. 2 La Fiscalía Nacional Económica pone este documento a disposición del público, el que puede ser reproducido total o parcialmente, citando como fuente a la Fiscalía Nacional Económica. 12 N Fecha Recurso Partes Asociación de junio de 2007 Requerimiento FNE con Cámara de Comercio de Santiago Cámara de Comercio de Santiago de julio de Requerimiento FNE con Isapre ING y Isapre ING y otros 2007 otros de noviembre de 2008 Requerimiento FNE con AM PATAGONIA S.A. y otros AM PATAGONIA S.A. y otros (médicos de la ciudad de Punta Arenas) de septiembre de de enero de de agosto de 2010 Demanda Requerimiento Requerimiento Asociación de Transporte Expreso Internacional A.G. y otros con SCL Terminal Aéreo de Santiago S.A. FNE con Asociación Gremial de Buses Interbus FNE con Asociación Gremial de Dueños de Mini Buses Agmital Asociación de Transporte Expreso Internacional A.G. Asociación Gremial de Buses Interbus Asociación Gremial de Dueños de Mini Buses Agmital 23 Órgano Competente Tipo de Acción Partes Rol C Sentencia 9/2004 Fecha 05 de octubre de 2004 Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (iniciado en Comisión Preventiva) Denuncia (no formalizada), acumula consulta Asociación Gremial de Industrias Proveedoras A.G con D&S Consulta: AGIP con D & S, Hipermercados Jumbo S.A., y Asociación Gremial de Supermercados de Chile A.G. (ASACH) Resultado Acogido Ministros Mayoría Eduardo Jara Miranda, Andrea Butelmann Peisajoff, Radoslav Depolo Razmilic, Tomás Menchaca Olivares, José Tomás Morel Lara. Minoría No hay Mercado Supermercados Causas Relacionadas C Conductas Abuso posición dominante Riesgos Agrupaciones Empresariales Descripción de los Hechos Alegaciones denunciante/requirente Intercambios de información entre los asociados Recomendaciones de precios o de otras condiciones comerciales Boicot Agenda y registro de reuniones Condiciones de afiliación Autorregulación y códigos de conducta Fijación de estándares técnicos Publicidad Compras conjuntas Contratos tipo Durante la navidad de 2001 Supermercados Líder realizó una promoción de chocolates, los que se comercializarían con un descuento del 30%, obligando a los proveedores a participar en dicha promoción. Una de las marcas (Nestlé) se niega a participar en dicha promoción por lo que Líder retiró los chocolates de esa marca desde las estanterías de sus distintos puntos de venta. AGIP denuncia ante la Comisión Preventiva Central estos hechos y luego consulta respecto de la licitud, frente a las normas de la libre competencia, de diversas conductas de los supermercados o cadenas de supermercados. AGIP señala que la no comercialización de los chocolates de la marca Nestlé, significan una negativa de venta, lo que, sumado a la publicidad en que sí incluía a los productos de dicha marca, significarían una barrera arbitraria para Nestlé, a la vez que implicaría un engaño a los consumidores. En la consulta dirigida a la Comisión, AGIP plantea que existiría competencia desleal por parte de las cadenas de supermercados en la comercialización de productos con marcas propias, en perjuicio de las marcas de la industria proveedora, cuando se exhiben con el propósito de 34 Alegaciones denunciado/requerido Posición FNE (su rol de informante) confundir a los consumidores. A la vez existiría venta de productos bajo el costo, sirviendo como gancho para vender otros productos, generándose subsidios cruzados entre ambos, situación que termina produciendo efectos negativos no solo para los proveedores sino que también para los supermercados o comercios más pequeños que no pueden realizar ventas bajo el costo. A lo anterior se suma que los supermercados no solo compran los productos a los proveedores, sino que, a la vez, venden a los mismos diferentes servicios. Además, señala que es frecuente que las cadenas de supermercados cambien las condiciones de compra de sus productos y de venta de sus servicios a sus proveedores, en términos más convenientes para los supermercados, pero con abuso y perjuicio de éstos. Todo lo anterior, configuraría un abuso de la posición dominante por parte de los supermercados. D&S señala que el mercado al que pertenece es eminentemente competitivo, es abierto y con indudables posibilidades de expansión y desarrollo futuro, no existiendo barreras de entrada que impidan el acceso de nuevos competidores. A la vez, señala que no es real que se abuse de una posición de mercado, por cuanto en tal denuncia no se consideran que existan otros canales comerciales de distribución. Tampoco existiría tal abuso, por cuanto su relación con los proveedores se da en un plano de horizontalidad, dado que es la lealtad a la marca y no hacia los distribuidores lo que contribuye a aumentar el poder de mercado de los proveedores. Por último, señala que D&S no ostenta un poder de mercado, en consideración a su porcentaje de participación en el mismo. Por su parte, Jumbo S.A., indica que realiza acuerdos comerciales ex-ante con cada uno de sus proveedores sin imposiciones unilaterales posteriores o extracontractuales. Por otra parte, señala que los actos de Jumbo no constituyen atentados a la libre competencia toda vez que éste no detenta una posición dominante respecto del mercado de las cadenas de distribución o incluso al mercado de los supermercados, ambos desafiables. ASACH por su parte, plantea que hay una fuerte competencia en el mercado debido a que no existen barreras a la entrada y que el mercado relevante de los supermercados está fuertemente diversificado, ya que los referidas cadenas compiten con todos quienes distribuyen los bienes que se comercializan o son susceptibles de ser comercializados en supermercados. En cuanto a la venta de productos con marcas propias, aclara que esta no persigue imitar productos sino que busca introducir elementos de mayor competencia tanto en la industria de la distribución como en la de abastecimiento. La FNE define que, en este caso, existen dos tipos de mercados: el mercado de abastecimiento y el de los supermercados. En el primer caso, se trata del mercado de los 45 proveedores -abastecimiento primario-, el que se caracteriza por tener cierto grado de concentración, pero con atomicidad en la oferta residual y evidencia de rivalidad competitiva. En el segundo, es más difícil la definición del mercado relevante de producto, pero concluye que es aquel que engloba la generalidad de los bienes que se venden en los supermercados y que, por tanto, estaría conformado por las tiendas de superficie que ofrecen la posibilidad, en modalidad de autoservicio, de abastecer periódicamente un hogar, con una canasta de productos. En cuanto a las conductas consultadas, la FNE constata que existe la venta a bajo costo y que esta puede ser practicada solo por aquellos capaces de realizar subsidios cruzados. Señala que esta capacidad la tienen los grandes supermercados al elevar el precio de los demás productos habitualmente comprados por el consumidor y al aumentar la concentración en la industria supermercadista y, por ende, la dependencia de los proveedores. La FNE también reconoce que existe una imposición a los proveedores para participar en las promociones realizadas por los supermercados. Además, es común que los supermercados modifiquen unilateralmente las condiciones de compra, en especial la modificación de los precios de adquisición y el aplazamiento de los pagos sin previo acuerdo. Esto genera incertidumbre respecto de la rentabilidad de la industria, desincentivando el ingreso de nuevos actores en la industria del abastecimiento, lo que redunda en una mayor concentración en dicha industria. Por último, y en relación con las marcas propias, la FNE señala que los supermercados han imitado las marcas, envases y otros distintivos de algunos de sus proveedores, lo que condiciona la salida de proveedores de la industria de abastecimiento, lo cual grafica el la enorme dependencia de los proveedores respecto a los supermercados. Todo esto determina alteraciones unilaterales en los términos de la relación vertical entre los supermercados y los proveedores, en perjuicio de éstos últimos y de la libre competencia. Resumen decisión El Tribunal señala que AGIP no formalizó su denuncia y, por tanto, solo se limita a resolver la consulta no sancionando a D&S, sino que entregando recomendaciones a la industria de los supermercados en general. Realiza esto señalando que la discusión en cuestión se basa en la relación entre los supermercados y los proveedores, al mismo tiempo que aclara que el mercado relevante entre supermercados y consumidores es distinto al anterior, aun cuando exista una relación lógica por ser parte de una misma cadena (C.9). De este modo, el Tribunal indica que desde la perspectiva del proveedor, el aprovisionamiento a supermercados constituye un canal de distribución que no es plenamente sustituible por las otras alternativas de distribución 56 descritas por los supermercados (C.11). Lo anterior se ve respaldado por el nivel de concentración de la industria de los supermercados, que significa un alto grado del poder de compra por parte de estos (C.14). En relación a las prácticas planteadas tanto por AGIP como por la FNE, el Tribunal señala que, aun cuando parezcan abusivas, pueden existir tanto en un mercado competitivo como en uno en que los supermercados tengan poder de compra del que estén abusando, por lo que su ilicitud deberá ser analizada caso a caso en el futuro por ese mismo órgano (C.18). Sin embargo, el Tribunal, igualmente se pronuncia respecto de las prácticas planteadas, señalando que los actos unilaterales ex post cobros y descuentos no acordados previamente-, pueden aumentar la incertidumbre del negocio del proveedor afectado, lo que puede producir en el largo plazo incluso su salida del mercado y, dado el aumento del riesgo, puede dificultar que entren nuevos competidores (C.25). Respecto de las prácticas unilaterales ex ante, señala que si los supermercados no tuviesen tal poder de compra, los proveedores podrían optar entre los compradores que les ofrecieran mejores condiciones (C.26). Por último, y en relación a las ventas bajo costo, señala que éstas no son ilícitas per se, si no cuando causan una mayor concentración en el mercado al destruir a los minoristas más pequeños, quienes no pueden utilizar los subsidios cruzados (C.28). Respecto a las marcas propias, si éstas se exhiben en forma tal que confunden a los consumidores, ello podría constituir un acto de competencia desleal y, en el caso de los supermercados que cuentan con poder de mercado, podría tener el efecto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante en el respectivo mercado, siendo en tal caso una conducta contraria a las normas que protegen la libre competencia, según lo dispuesto en el artículo 3, letra c), del D. L. 211 (C.29). En definitiva, el Tribunal resuelve que las cadenas de supermercados deben abstenerse de realizar conductas que implican alterar ex post y unilateralmente el precio y las demás condiciones de las compras previamente acordadas, que las cadenas deben establecer en forma objetiva y no discriminatoria las condiciones en las que efectuarán sus compras a los proveedores y hace un llamado para que cada una de las cadenas de supermercados que han sido parte en esta causa y las personas relacionadas con cualesquiera de ellas consulten a éste (sic) Tribunal, en forma previa, cualquier negociación, operación, pacto, acuerdo de actuación conjunta, acto o contrato que implique directa o indirectamente su integración o fusión con empresas del mismo rubro a la adquisición de las mismas Impugnación SI X NO Resumen decisión: Acoge recurso de reclamación, dejando sin efecto el considerando tercero de la sentencia 67 Conclusión del TDLC que ordenaba a cada una de las cadenas de supermercados consultar al Tribunal, en forma previa, sobre cualquier negociación, operación, pacto, acuerdo de actuación conjunta, acto o contrato que implique directa o indirectamente su integración o fusión con empresas del mismo rubro o la adquisición de las mismas. Esto por no haber sido discutido dicho remedio durante la tramitación del proceso. Los supermercados tienen un poder de compra que es susceptible de usado para cometer abusos en contra de sus proveedores. 78 Órgano Competente Tipo de Acción Partes Rol C Sentencia 15/2005 Fecha 13 de junio de 2002 Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (iniciado en Comisión Preventiva) Denuncia Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) con Asociación de Bancos e Instituciones Financieras A.G. (ABIF) Resultado Rechazada Ministros Mayoría Eduardo Jara Miranda, Andrea Butelmann Peisajoff, Radoslav Depolo Razmilic, Pablo Serra Banfi, Blanca Palumbo Ossa. Mercado Causas Relacionadas Conductas Riesgos Agrupaciones Empresariales Descripción de los Hechos Alegaciones denunciante/requirente Alegaciones denunciado/requerido Minoría Prevención de Andrea Butelmann Peisajoff Peisajof, Pablo Serra Banfi. Bancario No hay Colusión Intercambios de información entre los asociados Recomendaciones de precios o de otras condiciones comerciales Boicot Agenda y registro de reuniones Condiciones de afiliación Autorregulación y códigos de conducta Fijación de estándares técnicos Publicidad Compras conjuntas Contratos tipo A partir del año 1998, la Tasa de Política Monetaria disminuyó paulatinamente, movimiento que no ha sido similar a lo ofrecido por los Bancos. Por ello, Conadecus denuncia dicha realidad. Conadecus señala que los bancos en Chile han obtenido grandes utilidades y que eso se debe a que no traspasan a sus clientes las bajas de tasas de interés que ha efectuado el Banco Central. A su vez, existen cada vez menos bancos, y los que hay son cada vez más grandes, lo que aumenta el riesgo de colusión entre ellos. Argumenta que esa es la razón por la que las bajas de de tasas no se constatan en el mercado, los que les generaría a los bancos un claro beneficio económico. Por otra parte, Conadecus considera que la información entregada a los consumidores es escasa y poco transparente. El denunciado ha señalado que la Banca no ha podido disminuir la tasa de interés debido al riesgo y a los costos administrativos asociados a los productos crediticios ofrecidos. Por otra parte, y en respuesta a la conducta que se le imputa, la ABIF señala que jamás se ha utilizado a esa Asociación Gremial para lograr acuerdos explícitos o x x 89 Posición FNE (su rol de informante) Resumen decisión implícitos-, que tengan por objeto evitar el traspaso de las tasas de interés a los clientes finales. La FNE investiga las prácticas denunciadas y en el informe indica que no encuentra indicios de algún supuesto acuerdo. A su vez, y en torno al mercado bancario chileno, señala que efectivamente en el periodo entre 1998 y 2003 los bancos han tenido un aumento en su rentabilidad. Por otra parte, constata lo difícil que resulta instalar un nuevo banco, haciendo incapié en que la entrada de nuevos competidores a la industria se ha generado a partir de las entidades vinculadas a grandes tiendas de superficie que han aprovechado sus economías de ámbito. Pese a ello y a las altas rentabilidades de la banca, la realidad es, según la FNE, la de un mercado altamente concentrado, aduciendo en ello que dicha concentración se debería a la existencia de barreras de entrada. En cuanto a las tasas que cobran los bancos a sus clientes y al traspaso efectivo de la tasa de política monetaria, la FNE señala que a pesar de la dificultad para precisar la comparación de las tasas entre los bancos, la conclusión es que éstas difieren y, por tanto, no existe una uniformidad que permita, a lo menos, demostrar un comportamiento paralelo ni menos un acuerdo. El Tribunal rechaza la denuncia, aduciendo que según los antecedentes del caso no existe evidencia que acredite el acuerdo que se le imputa a la denunciada (C.4). En relación a si la baja en la tasa de política monetaria no ha sido traspasada a los clientes por un acto de colusión, el Tribunal indica que esta baja no se aprecia porque las tasas de colocación que ofrecen los bancos no refleja sólo la tasa de política monetaria, sino que refleja además otras condiciones de la economía (C.6). A esto se suma que, en Chile, el traspaso de variaciones de la tasa interbancaria a las tasas de colocación es simétrico, lo que demuestra que en el sistema financiero nacional no existe poder de mercado, disminuyendo aún más la probabilidad de existencia de una acuerdo entre los bancos en torno a esta materia (C.10). A lo anterior, se suma que en el segmento de las grandes empresas existe mayor competencia por cuanto éstas tienen la posibilidad de endeudarse en el exterior o de emitir bonos (C.11). En cuanto a la imputación de que los bancos entregarían información escasa y poco transparente, el Tribunal recomienda a la Superintendencia de Bancos mejorar la regulación en materia de entrega de información a los consumidores (C.13). En la prevención, los ministros señalan que el control de determinadas sociedades de apoyo al giro, por parte de los mayores bancos, podría considerarse una barrera de entrada al ingreso de nuevas instituciones a la industria. La existencia de barreras de entrada al sistema financiero, reduce la velocidad con que los cambios en la tasa de interés de mercado se traspasa a las tasas que pagan los consumidores y, por tanto, se sugiere a la FNE vigilar que los cobros de los servicios prestados por la banca sean 910 bajo condiciones objetivas, competitivas y no discriminatorias. Impugnación SI NO x Resumen decisión: Conclusión Las tasas de colocación de los bancos no reflejan únicamente las variaciones de las tasas de interés que fija el Banco Central, ya que otros factores como el desempeño de la economía se observan en aquellas tasas. Además, no se observa la existencia de un acuerdo colusivo para no disminuirlas. En lo que se refiere a las carencias de información que publican los bancos, el Tribunal estima que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras debería mejorar su regulación. 1011 Órgano Competente Tipo de Acción Partes Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Reclamación Asociación Gremial de Industrias Proveedoras del Sector Privado de Comercio y de Supermercados A.G(AGIP) con IANSA Rol C N Sentencia 27/2005 Fecha 23 de agosto de 2005 Resultado Rechazada Ministros Mayoría Eduardo Jara Miranda, Radoslav Depolo Razmilic, Tomás Menchaca Olivares, Pablo Serra Banfi, José Tomás Morel Lara. Minoría No hay Mercado Azúcar y edulcorantes Causas Relacionadas Dictamen N 1283/2004 Conductas Abuso de posición dominante Riesgos Agrupaciones Empresariales Intercambios de información entre los asociados Recomendaciones de precios o de otras condiciones comerciales Boicot Agenda y registro de reuniones Condiciones de afiliación Autorregulación y códigos de conducta Fijación de estándares técnicos Publicidad Compras conjuntas Contratos tipo Descripción de los Hechos Se presenta reclamación en contra del Dictamen de la Comisión Preventiva Central (CPC) que rechazó la acción interpuesta por AGIP en contra de IANSA por supuestos abusos de posición dominante, en consideración al poder de mercado que esta última tiene en nuestro país en el mercado de la remolacha y de los procesos para la obtención de azúcar. Es importante señalar que IANSA ha solicitado en más de alguna oportunidad la obtención de salvaguardia para productos similares a la azúcar. Dado el tamaño de la Empresa, ella presiona a la autoridad sectorial para obtener beneficios. Alegaciones denunciante/requirente El argumento central radica en que i) IANSA abusa de su posición de dominio en el mercado del azúcar, aun cuando el origen de las bandas de precios del azúcar esté establecido en la ley Nº , sobre salvaguardias; ii) IANSA ha hecho un uso indebido de las facultades y herramientas que le otorga el ordenamiento jurídico, para atentar en contra de la libre competencia; iii) IANSA actuó con el objeto de eliminar indebidamente a la competencia del mercado del azúcar y de los edulcorantes, utilizando los siguientes medios para alcanzar dichos fines: solicitudes de salvaguardia del 51% a la importación de fructosa en el primer semestre de 2002 y solicitudes de extensión de la banda de precios del azúcar al 1112 Alegaciones denunciado/requerido mercado de los edulcorantes con el objetivo de frenar el desarrollo de la fructosa en el mercado Chileno, temiendo que pudiese llegar a copar el mercado intermedio(industrial) del azúcar como sustituto perfecto de la misma, según consta en las declaraciones del representante legal de la empresa denunciada; iv) la denunciante señala que la fructosa no es una amenaza real a la producción de azúcar, toda vez que se trata de un producto alternativo de aplicación limitada que sustituye parcialmente al azúcar en procesos industriales específicos y que, ciertamente, no la reemplaza en su principal destino, esto es, el consumo final; v) AGIP asegura que IANSA aprovechó su condición monopsónica en el mercado de la remolacha para presionar a las autoridades con la amenaza de no comprar su producto a más de 7000 agricultores de la zona centro-sur y sur del país, mientras no se estableciera la solicitada salvaguardia a la fructosa; vi) señala la denunciante que IANSA solicitó la incorporación de las mezclas de azúcar o preparaciones a las bandas de precios del azúcar, en el segundo semestre de 2002, ellos con la intención de eliminar o restringir la competencia de AGIP; vii) sostiene que IANSA abusa de su condición monopsónica en relación con los agricultores remolacheros, en su condición de única refinadora del país. En este sentido, utiliza su poder para obtener mejores condiciones en los contratos que celebra con los productores, como asimismo realiza discriminaciones anticompetitivas de precios, directamente o a través de precios de sus filiales, que no tienen relación con los volúmenes comprados a los distintos productores. AGIP solicita en definitiva que se acoja la reclamación en todas sus partes y se revoque el Dictamen Nº 1238 de la CPC, impidiendo que IANSA desarrolle conductas que afecten o pueden afectar a la libre competencia en el mercado del azúcar. IANSA señala que su supuesta posición dominante no es atentatoria, por sí misma, de la libre competencia, a menos que sea acompañada de conductas abusivas. En cuanto al encarecimiento artificial del valor de la azúcar a partir de la existencia de la banda de precios, no puede sostenerse la existencia de una conducta anticompetitiva por parte de IANSA, puesto que dicha banda fue establecida por ley y opera en base a un sistema de cálculo que la misma ley contempla. Con respecto a la petición realizada por IANSA de una salvaguardia para la fructosa en virtud del artículo 11 de la ley , esta se enmarcó y realizó conforme a la ley antes señalada, sin que ningún interesado presentara oposición a la solicitud. Que, en cuanto a la posición monopsónica de IANSA en relación con los agricultores, señala que la FNE no ha recibida ninguna denuncia por parte de las asociaciones de remolacheros y tampoco se aprecia algún tipo de abuso en la 1213 política de precios de la refinadora. IANSA presentó a la FNE toda la documentación correspondiente a las compras anuales, volúmenes de venta, importación, exportación de azúcar, estados financieros auditados y contratos firmados entre los años 1999 y Posición FNE (su rol de informante) Luego de un detallado análisis del caso, la FNE ha decidido desechar la denuncia presentada por AGI, dado que considera que no existió, para el caso en estudio, una conducta contraria al DL 211. Resumen decisión El Tribunal resolvió que las decisiones cuestionadas por AGIP fueron adoptadas por los organismos competentes en estas materias, en el curso de procedimientos legalmente establecidos, en los cuales AGIP no ha intervenido ni tampoco ha ejercido los derechos que le podrían haber asistido. Los instrumentos de política comercial (aranceles, cuotas de importación, bandas de precios) afectan el grado de competencia en el mercado doméstico, en el caso concreto. Los efectos de ellos han tenido como resultado la atenuación de la competencia externa, con el consiguiente impacto en los precios internos de los productos en cuestión (C. 3) En cuanto a los efectos que para la libre competencia podrían haber tenido las medidas de la política comercial adoptada por las autoridades, la reclamante no desarrolló una argumentación económica suficiente acerca de la manera en que los instrumentos antes señalados le habrían permitido a IANSA interferir en el precio del producto (C. 4). Ahora bien, en relación a la supuesta conducta de abuso de la posición monopsónica, esto es que IANSA, como único refinador en el país, habría abusado de su poder de mercado en la compra de la remolacha a los agricultores, se puede concluir que AGIP tampoco realizó las alegaciones de orden económico idóneas para determinar cuáles fueron las conductas abusivas (C. 5). En conclusión, en el presente caso, las conductas denunciadas están dentro del proceso de debate y de implementación de los instrumentos políticos comerciales regidos por leyes especiales; a mayor abundamiento, no se aportaron argumentos suficientes para determinar la existencia de las conductas de IANSA que pudiese producir efectos restrictivos de la competencia. Por todo lo anterior, se desecha el recurso de reclamación. Queda establecido un voto de minoría que señala que se debería proponer al Presidente de la Republica la promoción de la derogación de las normas que establecen las bandas de precios al azúcar por considerar que facilitan la existencia de un monopolio. Impugnación SI X NO Resumen decisión: Rechaza recurso de reclamación y confirma sentencia 27/2005 de Tribunal de Defensa la Libre Competencia Conclusión La denunciante no fue capaz de probar los hechos alegados. El solo hecho de tener una posición de dominio no implica una violación al DL14 Órgano Competente Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Tipo de Acción Demanda Partes Asociación de Exportadores de Chile (Asoex) con Ultramar Agencia Marítima S.A (Ultramar) y Sudamericana Agencia Aérea y Marítima S.A. (SAAM). Rol Sentencia Fecha 4 de enero de 2007 Resultado Rechazado Ministros Mayoría Eduardo Jara Miranda, Radoslav Depolo Razmilic, Tomás Menchaca Olivares, Julio Peña Torres. Minoría Mercado Rol Causas Relacionadas Transporte marítimo de mercancías vegetales en contenedores con servicios regulares. Conductas Abuso de posición dominante en contra de los exportadores y prácticas explotativas. Riesgos Agrupaciones Empresariales Intercambios de información entre los asociados Recomendaciones de precios o de otras condiciones comerciales Boicot Agenda y registro de reuniones Condiciones de afiliación Autorregulación y códigos de conducta Fijación de estándares técnicos Publicidad Compras conjuntas Contratos tipo Descripción de los Hechos Las agencias navieras denunciadas anunciaron a sus clientes (exportadores) el cobro de una cierta suma de dinero por la solicitud y tramitación de la verificación de embarque por vía marítima para la emisión de certificado fitosanitario, documento que tiene su origen en la Resolución N 91, de 28 de febrero de 2005, del Servicio Agrícola y Ganadero, y que tiene como objetivo evitar la gran reemisión de certificados fitosanitarios a causa de cambios en la nave y fecha de embarque de las mercaderías que van en los contenedores. Alegaciones denunciante/requirente La Asociación de Exportadores de Chile, presenta una demanda, señalando que: i) Producto de la sobreventa de espacios en los barcos y de las modificaciones en la fecha de embarque por parte de las agencias navieras, se ha producido una gran demanda de reemisiones de los certificados fitosanitarios, lo cual ha forzado al SAG a dictar la resolución N 916, mediante la cual ese servicio sólo emitirá los certificados fitosanitarios una vez que se le presente un documento de verificación de embarque que contenga la información sobre los productos efectivamente embarcados y la nave correspondiente; ii) conforme a lo anterior, las navieras anunciaron y realizaron nuevos cobros, acordados colusivamente, por la emisión de nuevos documentos de embarque; iii) las conductas de las agencias navieras son 1415 constitutivas de abuso de posición dominante ya que los exportadores no pueden oponerse al cobro. En este sentido señala que los exportadores, de oponerse al cobro, se verían privados del documento esencial para la carga de sus productos, y de cambiarse de compañía naviera se verían actuando en contravención a los contratos marítimos suscritos precedentemente. Alegaciones denunciado/requerido Las Agencias Navieras solicitan el rechazo de la demanda en los siguientes términos: i) La gran cantidad de reemisión de certificado fitosanitarios se debe a la falta de cuidado e ineficiencia a la hora de coordinar la información y preparación de la documentación por parte de los exportadores y no, como señalan los exportadores, a una supuesta sobreventa de espacios; ii) la resolución N 916 sería ilegal al imponer a las compañías navieras y agentes de naves obligaciones que afecten el normal desenvolvimiento de sus actividades; iii) es falso que las navieras estén privando al exportador de un documento esencial para que las mercaderías sean aceptadas en el puerto de destino, ya que el exportador y agente de Aduanas puede tramitar el certificado fitosanitario por sí mismos, junto con el manifiesto de embarque; iv) los cobros son justificados en el hecho de que para emitir dichos documentos, las navieras y agencia de naves deben dedicar recursos materiales y humanos que tienen un costo. Posición FNE (su rol de informante) El mercado relevante para este caso corresponde al del transporte marítimo de mercancías vegetales en contenedores con servicios regulares, en régimen de conocimiento de embarque, desde puertos chilenos. Existe un reducido número de oferentes (agencias de naves) y casi 4000 empresas exportadoras por el lado de la demanda. Existen barreras de entrada, pues estas agencias demandadas tienen la representación de las compañías navieras nacionales y extranjeras más grandes que funcionan en el país. Los exportadores no se pueden cambiar de compañías navieras, debido a la existencia de contratos firmados y debido también a las diferencias de frecuencias de itinerarios y tiempos involucrados en esos itinerarios, aumentando excesivamente los costos para el exportador que desee cambiarse de compañía naviera. Existen ciertas condiciones para que existan prácticas de conductas atentatorias a la libre competencia: i) No existe competencia entre las agencias de naves; ii) la estructura del mercado establecida por las mismas agencias de naves y sus relacionadas muestra un importante grado de integración horizontal; iii) existen instancias permanentes en que se reúnen agencias de naves. Resumen decisión Se acoge la denuncia de ASOEX y el requerimiento de la FNE, condenándose a las agencias navieras por colusión. Impugnación SI X NO Resumen decisión: La Corte Suprema, Rol , revoca la decisión, declarando que no hay prueba suficiente de la colusión. Conclusión La Corte Suprema sostuvo un criterio antiguo que corresponde a un estándar de prueba muy alto de la colusión. 1516 Órgano Competente Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Tipo de Acción Demanda Partes Asociación de Químicos Farmacéuticos de Farmacias Independientes de Chile v. Novasalud.com, Laboratorios Boehringer Ingelheim, Laboratorios Pfizer Chile, y otros Rol C Sentencia 51/2007 Fecha 26 de abril de 2007 Resultado Rechazada. Ministros Mayoría Tomás Menchaca Olivares, Andrea Butelmann Peisajoff, Julio Peña Torres, Blanca Palumbo Ossa. Minoría Mercado Farmacéutico Causas Relacionadas Conductas Abuso de posición dominante. Precios discriminatorios. Riesgos Agrupaciones Empresariales Intercambios de información entre los asociados Recomendaciones de precios o de otras condiciones comerciales Boicot Agenda y registro de reuniones Condiciones de afiliación Autorregulación y códigos de conducta Fijación de estándares técnicos Publicidad Compras conjuntas Contratos tipo Descripción de los Hechos En el mercado farmacéutico de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas, o de largo aliento, es habitual que los diferentes laboratorios ofrezcan una serie de beneficios a sus consumidores con la finalidad de aumentar sus volúmenes de ventas y lograr la fidelización de la clientela. Estos beneficios consisten en descuentos de hasta un 50% en el precio de compra de un medicamento o la entrega gratuita de un segundo producto, a los que se accede ya sea por obtener cupones facilitados por el médico especialista tratante o por comprar estos productos en aquellas cadenas farmacéuticas que hubieren suscrito el programa de beneficios de alguno de los laboratorios productores de aquel fármaco, que les obliga a llevar registro informático de estas adquisiciones y obtienen por pago una cierta comisión por concepto de costo de administración de este sistema tecnológico. Los dueños de farmacias independientes alegan que estos acuerdos serían contrarios a la libre competencia, por cuanto son excluidos discriminatoriamente de ofrecer el mismo servicio, de modo que estarían quedando fuera del mercado de venta de estos productos. Alegaciones denunciante/requirente La Asociación de Químicos Farmacéuticos de Farmacias Independientes de Chile (en adelante, la Asociación ) imputa a los laboratorios farmacéuticos y cadenas de farmacia, en primer lugar, el concertar acuerdos con la 1617 Alegaciones denunciado/requerido finalidad de asignar o repartir cuotas de mercado de la venta minorista de fármacos para el tratamiento de enfermedades crónicas, mediante el ofrecimiento de descuentos que importarían competencia desleal y precios predatorios a los que no pueden hacer frente, y, en segundo lugar, que los convenios a fin de que las cadenas puedan operar la entrega de beneficios significan una barrera de entrada a este mercado, el cual de por sí es un mercado manejado por un grupo de empresas que detentan posición dominante en el segmento de distribución minorista de medicamentos. Además, señalan que se induce a los consumidores a comprar en aquellas farmacias ya que los programas de beneficios otorgados por los laboratorios no habrían sido puestos al alcance de las farmacias independientes, de modo que se discrimina estas últimas. Junto con ello, existirían relaciones verticales entre los laboratorios y las cadenas. Cada uno de los laboratorios demandados plantea la licitud de su accionar, teniendo en consideración los niveles de atomización en que se desenvuelven cada uno de los productos que ofrecen y, especialmente, respecto de los que entrega beneficios de descuentos. Ahondan en el hecho de que algunos medicamentos posean determinados principios activos únicos y que no son observados en los ofrecidos por los rivales, en caso alguno representa un peligro para la libre competencia, por cuanto existe una amplia gama de sustitutos que ofrecen tratamiento para la misma enfermedad. En lo que se refiere a las barreras de entrada que significan los convenios que exigen suscribir los laboratorios, los demandados sostienen que en caso alguno esto entorpece la competencia, por cuanto están abiertos a toda farmacia que desee adherir a estos y cuente con la tecnología apropiada para llevar registro del acceso a los beneficios, de manera que no es exclusividad de las cadenas farmacéuticas. Concluyen diciendo que pese a los niveles de concentración en que operan las cadenas de farmacias, no podrían estar abusando de una posición dominante en desmedro de las farmacias independientes. En cuanto a los precios predatorios que son cobrados por las cadenas de farmacias, estas últimas sostienen que son los laboratorios quienes soportan el costo de estos beneficios, de modo que no son ellas quienes los afrontan. Incluso, señalan que toda farmacia que adhiera al convenio de estos beneficios, en caso alguno debe hacer suyos estos costos. Descartan toda discriminación a las farmacias independientes y recalcan el hecho de que estos convenios de beneficios están abiertos para quienes deseen adherir a ellos. Posición FNE (su rol de informante) Siendo solicitado su informe, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) analiza cada uno de los productos que son ofrecidos por cada uno de los laboratorios 1718 Resumen decisión farmacéuticos y que están sujetos a los beneficios puestos en tela de juicio, verificando el nivel de concentración de cada mercado de medicamentos por volumen vendido para determinada enfermedad, considerando la posibilidad de sustitución y de oferta monopolística en razón de la utilización de cierto principio activo que no se observan en productos de la competencia. A partir de esto, la FNE observa que cada uno de los productos sujetos a beneficios posee una serie de sustitutos para la misma enfermedad, con lo que se reafirma los niveles de atomización del mercado. No obstante, si consideramos el análisis centrándolo en la existencia de cierto principio activo contenido en cada producto, se concluye que en ciertos casos existen un 100% de control del mercado para la venta de estos medicamentos, por cuanto empresas rivales ofrecen para la misma enfermedad productos con diversos principios activos. Por último, la FNE pone de manifiesto la falta de antecedentes que den constancia de que las condiciones de comercialización ofrecidas por las demandadas fueron puestas a disposición del público, conforme a resolución n 634 de la Comisión Resolutiva. En primer lugar, el Tribunal circunscribe el mercado relevante a la distribución minorista de los productos farmacéuticos que contengan cada uno de los principios activos que han sido informados y que constan en juicio. En relación a posibles integraciones verticales, no se dio por acreditada su concurrencia mediante los antecedentes aportados en juicio, de modo que el juzgador desechó este asunto. En cuanto al trato discriminatorio arbitrario, el Tribunal señala que esto no existe si las condiciones para que una farmacia participe de los programas de beneficios son generales, uniformes, objetivos, razonablemente necesarias para cumplir con sus objetivos y se encuentren a disposición de quien los solicite. En lo que respecta al caso concreto, el juzgador estimó que no existen antecedentes aportados por la demandante que permitan concluir que las farmacias independientes fueron excluidas injustificadamente. Respecto a la participación de las cadenas de farmacias, el órgano jurisdiccional descarta su participación en hechos ilícitos, puntualmente en lo referente a precios predatorios, ya que el costo asociado a los programas de descuentos era de cargo del laboratorio que lo ofrecía, de modo que no le cabe necesario interés en la venta de estos productos, sin perjuicio de la legítima remuneración obtenida por la administración del soporte tecnológico para registrar los descuentos a los que cada consumidor accedía. En lo referido a imputaciones sobre acuerdos anticompetitivos, prácticas predatorias y de competencia desleal de las cadenas de farmacias, primeramente no se efectuaban imputaciones específicas a las demandadas, ni 1819 se generó material probatorio que asentará juicio alguno que acreditará la ilicitud de los hechos. Por último, el Tribunal rechaza en todas sus partes la demanda de autos, pero realiza recomendaciones en el sentido de que estos programas de beneficios no redunden en barreras a la entrada, para lo que es necesario poner a disposición del público la información relativa a las condiciones de ofrecimiento de esos programas. Impugnación SI X NO Resumen decisión: Rechaza recurso de reclamación y confirma sentencia 51/2007. Conclusión El ofrecimiento de descuentos es un hecho habitual en la totalidad de los mercados de la actividad económica nacional, por ser una estrategia de marketing y que busca aumentar los niveles de venta por parte de quién los ofrece. De esta forma, no es contrario a la libre competencia el que un productor de un cierto bien ofrezca beneficios a clientes finales en el segmento minorista, siempre que aquellas empresas que intermedian estos productos en este sector hayan contado con la información y oportunidad para decidir administrar estos privilegios entre sus clientes. 1920 Órgano Competente Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Tipo de Acción Requerimiento Partes FNE con Cámara de Comercio de Santiago Rol C Sentencia 56/2007 Fecha 27 de junio de 2007 Resultado Rechazada Ministros Mayoría Radoslav Depolo Razmilic, Tomás Menchaca Olivares, Andrea Butelmann Peisajoff, Julio Peña Torres. Minoría Mercado Auxiliares de la intermediación financiera Causas Relacionadas Conductas Cobros abusivos y discriminatorios Riesgos Agrupaciones Empresariales Intercambios de información entre los asociados Recomendaciones de precios o de otras X condiciones comerciales Boicot Agenda y registro de reuniones Condiciones de afiliación Autorregulación y códigos de conducta Fijación de estándares técnicos Publicidad Compras conjuntas Contratos tipo Descripción de los Hechos La FNE acusa a la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) de realizar cobros abusivos y discriminatorios por las aclaraciones que realiza (consistentes en registrar la extinción de las obligaciones de pago de documentos y deudas). La CCS tiene a su cargo, desde el DS n 950 de Hacienda de 1928, la distribución del Boletín de Informaciones Comerciales (BIC) que recoge la información respecto a la morosidad del sistema financiero nacional, específicamente sobre el protesto de cheques que le deben informar tanto los bancos como las sociedades financieras. Desde el DS n 4368 del Ministerio de Hacienda, de 1946, se reconoce expresamente a la Cámara el derecho a percibir un pago por borrar de los registros a los deudores morosos. Ahora bien, con motivo de la dictación de la ley se prescribe sobre el deber de actualizar estos antecedentes para comunicar al público información exacta, actual y veraz, lo que la FNE interpreta como el establecimiento legal de la gratuidad por aquellas solicitudes de aclaración que se realicen. Además de lo anterior, la FNE acusa que a fin de percibir el pago por las solicitudes de aclaración comercial, la CCS ha establecido montos progresivos por tramos, los cuáles serían ilegítimos dados los fundamentos para diferenciar. Alegaciones denunciante/requirente La FNE inicia el requerimiento refiriéndose a la situación (FNE como requirente) privilegiada en que se encuentra la CCS, por cuanto la base de datos de la información financiera no es 20 Mostrar más
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