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Timestamp: 2017-09-24 12:16:17+00:00

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« EX-MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JU...
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SECCIÓN 1: DATOS DEL PETICIONARIO / PRESUNTA VÍCTIMA
1. Datos de la persona o personas afectadas por las violaciones de derechos humanos. (En el caso de tratarse de más de una persona poner la información adicional en el campo de información adicional).
¿Más de una víctima?->
Nombre Victima:
NICOLAS MADURO MOROS Y OTROS
Sexo de la presunta víctima:
Ocupación de la presunta víctima:
Dirección de la presunta víctima:
PALACIO DE MIRAFLORES, AVENIDA URDANETA, CARACAS, ZONA POSTAL 1010, VENEZUELA
Teléfono de la presunta víctima:
0058810811
Fax de la presunta víctima:
Correo electrónico de la presunta víctima:
defensor300@hotmail.com
Información Adicional (respecto de los datos de la presunta víctima):
Nombre/Name/Nom/Nome:
Sexo/Gender/Genre:
Ocupación/Occupation/Ocupação:
Nacionalidad/Nationality/Nationalité/Nacionalidade:
Dirección/Address/Adresse/Endereço:
Teléfono/Telephone/Téléphone/Telefone:
2. Persona, grupo de personas u organización que presentan la petición. (En caso de tratarse de una organización no gubernamental, incluir el nombre de su representante o representantes legales que recibirán las comunicaciones. En caso de tratarse de más de una organización o persona poner la información adicional en el campo de información adicional).
Nombre del Peticionario o representante de la Organización:
Ocupación del Peticionario:
Dirección del Peticionario: (NOTA: La Comisión no podrá tramitar su denuncia si no contiene una dirección postal)
APARTADO POSTAL 688, VALENCIA 2001, VENEZUELA
Teléfono del Peticionario:
00584144380488
Fax del Peticionario:
Correo Electrónico del Peticionario:
comite300@hotmail.com
Información Adicional (respecto de los datos del Peticionario):
Organización/Organization/Organisation/Organização:
PRESIDENTE DEL COMITE INTERNACIONAL SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS, DETENCIONES ARBITRARIAS Y DELITOS DE GENOCIDIO Y DE LESA HUMANIDAD
3. En caso de que la presunta víctima haya fallecido, identifique también a sus familiares cercanos (en caso de ser posible poner la dirección). Si hay más de una persona, poner la información adicional en el campo así indicado.
Nombre del Familiar y relación de parentezco con la presunta víctima:
Sexo del Familiar:
Ocupación del Familiar:
Dirección del Familiar:
Teléfono del Familiar:
Fax del Familiar:
Correo Electrónico del Familiar:
Información Adicional (respecto de los datos del familiar):
SECCIÓN 2 - HECHOS DENUNCIADOS
Estado miembro de la OEA contra el cual se presenta la denuncia:
Identifique, si es posible, a las personas y/o autoridades responsables por los hechos denunciados:
Fecha de los Hechos (mes/día/año):
Relate los hechos de manera completa y detallada incluyendo las circunstancias y contexto en que ocurrieron; el lugar y fecha donde se cometió la violación denunciada; y la situación actual de la presunta víctima.
Consta en autos que, el 11 de febrero de 2015, el ciudadano REINALDO ENRIQUE MUÑOZ PEDROZA, titular de la cédula de identidad número 10.869.426, actuando con el carácter de VICEPROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, de conformidad con designación y delegación contenidas en las Resoluciones Nros. 078/2014 y 079/2014, emanadas de la Procuraduría General de la República en fecha 19 de diciembre de 2014, y publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.567, de fecha 22 de diciembre de 2014; interpuso ante esta Sala, en ejercicio de la representación de los derechos e intereses de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, demanda de interpretación constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con la jurisprudencia de esta Sala. Tal solicitud “tiene como finalidad obtener de es[ta] Sala Constitucional la determinación del alcance y límite del contenido de los artículos 1, 5 y 322 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los dos primeros relacionados con la declaración de Venezuela como una República libre e independiente, siendo el pueblo el que ostenta la soberanía, y el último referente a la Seguridad de la Nación”.
En la misma oportunidad, atendiendo a las designaciones efectuadas por la Sala Plena del Máximo Juzgado, se reconstituyó la Sala Constitucional de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Vicepresidente y, los Magistrados Francisco Antonio Carrasquero López, Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza Jover.
El 12 de febrero del presente año, el abogado Leyduin Eduardo Morales Castrillo, titular de la cédula de identidad número 15.573.074 e inscrito ante el IPSA bajo el número 142.392, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República, según oficio poder número 0066 del 09 de febrero de 2015, emanado de dicho Órgano Superior de Consulta, que corre inserto en el expediente, consignó diligencia en la que reiteró la solicitud antes indicada, aludiendo además a “recientes declaraciones emitidas mediante comunicado por el portavoz de la Embajada de la República Federal de Alemania en Caracas”; a informaciones de la“Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos [de América]”; así como a “lo esgrimido [por el] Parlamento Europeo”, todo ello en referencia a eventuales afectaciones al orden público interno en la República Bolivariana de Venezuela.
La representación de la Procuraduría General de la República señaló lo siguiente:
Que “[e]n un análisis un poco más cercano a la mencionada Ley norteamericana, se observa que ésta va dirigida a imponer sanciones a cualquier funcionarioactual o anterior, o cualquier persona que actúe en representación del gobierno venezolano, que haya perpetrado o sea responsable por ordenar o dirigir actos de violencia o de abusos de los derechos humanos en Venezuela, contra las personas que participaron en las protestas antigubernamentales que iniciaron el 4 de febrero de 2014 y de futuros actos de violencia similares, previendo para ello, que el Presidente de ese país impondrá a las personas que él determine, las siguientes sanciones:
•	Bloqueo de Activos: busca bloquear y prohibir todas las operaciones en todas las propiedades e intereses de las personas sujetas a aplicación de esa Ley, si dicha propiedad e intereses se encuentran ubicados en los Estados Unidos de América, los cuales pueden ser considerados bajo la posición y control de un ciudadano de ese país.
•	Exclusión del país, rechazo de una visa, revocatoria de la inmigración o nacionalidad de conformidad con la Ley que regula la materia inmigratoria de ese país, u otra documentación del extranjero.
•	Adicionalmente, dicha Ley prevé que cualquier persona que viole o intente violar cualquier autorización, resolución judicial o prohibición, establecida en ese texto legal.” (sic)
(2) Trabajar con otros miembros de la Organización de los Estados Americanos, además de los países de la Unión Europea, con la finalidad degarantizar la resolución pacífica de la situación actual en Venezuela y el cese inmediato de la violencia en contra de los manifestantes opositores;
En consecuencia, la representación de la República Bolivariana de Venezuela, encabezada por el Viceprocurador General de la República, solicitó a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
Que “[d]eclare con lugar el presente recurso extraordinario de interpretación constitucional, despejando las incertidumbres interpretativas de los artículos 1, 5 y 322 de la Constitución, como máximo y último interprete que es de la misma y, como guardián de su uniforme sentido y aplicación, tal como lo establece el artículo 335 eiusdem”.
Que, “asimismo, solicitamos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela sea dictada sentencia definitivamente firme sin relación ni informes”.
La facultad de dirimir las controversias suscitadas con ocasión de la interpretación de normas y principios constitucionales, en su rol de máximo y último intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los términos que postula su artículo 335, en concordancia con el artículo 336 eiusdem, fue reconocida tempranamente por esta Sala mediante fallo n° 1.077/2000 (caso: Servio Tulio León) como un mecanismo de integración de las disposiciones pertenecientes al “bloque de la constitucionalidad” y garantía esencial del carácter normativo de la Carta Magna reconocido en su artículo 7 (cfr. entre otras, sentencias números 1415/2000, caso: Freddy Rangel Rojas; 1563/2000, caso: Alfredo Peña y 1860/2001, caso: Consejo Legislativo del Estado Barinas).
Al respecto, se observa que la petición de la parte demandante de autos estriba en interpretar los “artículos 1, 5 y 322 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los dos primeros relacionados con la declaración de Venezuela como una República libre e independiente, siendo el pueblo el que ostenta la soberanía, y el último referente a la Seguridad de la Nación”, en el contexto fáctico planteado, razón por la que, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales señalados y en atención a lo dispuesto en la aludida disposición de la ley que regula las funciones de este Máximo Juzgado, esta Sala resulta competente para decidir el asunto sometido a su conocimiento. Así se declara.
Con fundamento en los precedentes jurisprudenciales de esta Sala contenidos en sentencias números 226/2001, 1.684/2008 y 1.547/2011, considerando, por una parte, que el presente asunto es de mero derecho, en tanto no requiere la evacuación de prueba alguna, al estar centrado en la obtención de un pronunciamiento interpretativo de varios artículos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, por la otra, en atención a la gravedad y urgencia de los señalamientos que subyacen en la solicitud de interpretación formulada, los cuales se vinculan al instrumento llamado como “ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 2014” y a otras actuaciones desplegadas por los Estados Unidos de América, con incidencia directa en todo el Pueblo venezolano, en su Estado y en la Comunidad Internacional, esta Sala declara que la presente causa es de mero derecho, así como la urgencia en su resolución.
Una vez efectuado el repaso sobre los anteriores preceptos internacionales, se ha fijado un marco referencial netamente enunciativo sobre algunos de los principales derechos humanos y de otros órdenes, lo cual interesa inmediatamente al examen jurídico que ocupa a esta Sala en la presente ocasión, del que se coligen las graves violaciones del orden que vincula jurídicamente a los Estados Unidos de América con la República Bolivariana de Venezuela y, en general, con la comunidad internacional. Así, esta Sala se referirá como parte del análisis, esencialmente, a los principios de soberanía, independencia e igualdad soberana, los cualesson conceptos interrelacionados que “constituyen el núcleo denso y vertebral de la organización política y actor fundamental del sistema internacional que, en estratos sucesivos y articulados de la existencia política son la identidad y su dinámica; la autodeterminación y la soberanía” (Toro Jiménez, Fermín. Derecho Internacional Público. v. II, UCAB, Caracas, 2004, p. 539).
Sobre la autodeterminación, el jurista Ferrajoli sostiene que “se trata pues, de un derecho complejo de ‘autonomía’, articulado en dos dimensiones: a) la ‘autodeterminación interna’, que consistente en el derecho de los pueblos a ‘decidir libremente su estatuto político’ en el plano del derecho interno; b) ‘la autodeterminación externa’, que consiste en el mismo derecho en el plano internacional, así como en el derecho de los pueblos al desarrollo y a la libre disposición de las propias riquezas y recursos. De estas dos dimensiones, la más sencilla e inequívoca es la de la ‘autodeterminación interna’, que equivale al derecho fundamental de los pueblos a darse un ordenamiento democrático a través del ejercicio de los derechos políticos o, si se quiere, de la ‘soberanía popular’ (…)” (Ferrajoli, Luigi.Democracia y garantismo. Trotta, Madrid, 2008, pág. 45).
Esa sentencia de la Corte Internacional de Justicia decidió que en virtud de los actos ejecutados por los Estados Unidos de América fue infringida, en relación a la República de Nicaragua, la obligación que le impone el Derecho Internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado, de no recurrir a la fuerza contra otro Estado, de no atentar contra la Soberanía de otro Estado, así como también violaron la obligación de no interrumpir el comercio marítimo pacífico. Asimismo, la Corte Internacional de Justicia señaló en su Sentencia, que en virtud de tales actos los Estados Unidos violaron respecto de la República de Nicaragua sus obligaciones derivadas del artículo 19 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Nicaragua y los Estados Unidos de América, firmado en Managua el 21 de enero de 1956. De la misma manera, la Sentencia decidió que los Estados Unidos habían instigado a las fuerzas
Derechos humanos violados (En caso de ser posible, especifique las normas de la Convención Americana o las de otros instrumentos aplicables que considere violadas). Consulte los instrumentos interamericanos de derechos humanos en nuestra página de internet
LA DECLARACION AMERICANA
SECCIÓN 3 - PRUEBAS DISPONIBLES
Indique los documentos que puedan probar las violaciones denunciadas (por ejemplo, expedientes judiciales, informes forenses, fotografías, filmaciones, etc.). Si los documentos están en su poder, por favor adjunte, si es posible, una copia electrónica en este formulario o envíe una copia por correo postal. NO ENVÍE ORIGINALES. No es necesario que las copias estén certificadas.
Identifique, de ser posible, a los testigos de las violaciones denunciadas. Si esas personas han declarado ante las autoridades judiciales remita, de ser posible, copia del testimonio correspondiente o señale si es posible remitirlo en el futuro. Indique si es necesario que la identidad de los testigos sea mantenida en reserva.
SE ENVIARAN POR SEPARADO
SECCIÓN 4 - GESTIONES JUDICIALES REALIZADAS
Detalle las gestiones realizadas por la presunta víctima o el peticionario ante los jueces, los tribunales u otras autoridades, destinadas a denunciar y a reparar las consecuencias de los hechos denunciados. Remita de ser posible la o las resoluciones judiciales. Señale si no le ha sido posible iniciar o agotar este tipo de gestiones debido a que (1) no existe en la legislación interna del Estado el debido proceso legal para la protección del derecho violado; (2) no se le ha permitido el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; (3) hay retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Explique las razones.
Señale si hubo una investigación judicial. Indique cuándo comenzó y los datos del proceso judicial: nombre y número del expediente judicial, juzgado interviniente, etc. Si ha finalizado, indique cuándo y su resultado. Si no ha finalizado, indique, si conoce, las causas.
ACTUALMENTE INVESTIGA EL MINISTERIO PUBLICO
En caso de que los trámites judiciales hayan finalizado, señale la fecha en la cual la presunta víctima fue notificada de la decisión final.
SECCIÓN 5 - SITUACIÓN DE RIESGO
Indique si hay algún peligro para la vida, la integridad o la salud de la presunta victima, sus familiares, testigos o denunciante.
Explique si ha pedido ayuda a las autoridades, y cuál fue la respuesta:
SECCIÓN 6 - OTRAS DENUNCIAS
Indique si el reclamo contenido en su petición ha sido presentado ante otro órgano internacional.
En caso de ser afirmativa la respuesta anterior indique cuál:
Información Adicional: (Utilice este espacio para agregar cualquier información adicional que considere necesaria)

References: artículo 335
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 artículo 335
 artículo 335
 artículo 336
 artículo 7
 artículo 19