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Informe CIE. Media diaria de. repatriaciones forzadas
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Juan Luis Alvarado Cordero
1 Informe CIE 2016 Media diaria de repatriaciones forzadas
2 El Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E) es una red que trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía, a través de: El acompañamiento personal y colectivo de procesos de incorporación social, empoderamiento personal y participación social y comunitaria. El ofrecimiento de servicios de carácter formativo, de orientación, de fortalecimiento asociativo, etc., que refuerzan al acompañamiento. La incidencia pública para promover marcos legales, políticas y prácticas garantes y respetuosas de los derechos humanos de las personas migrantes. La promoción de una cultura de la hospitalidad y la inclusión, promoviendo espacios de encuentro, acogida y amistad en la esfera personal y comunitaria, así como herramientas para la gestión positiva de la diversidad en el ámbito social. El análisis de las situaciones que producen vulneración de derechos de las personas migrantes, de sus causas y de posibles alternativas. El SJM-E está impulsado por la Compañía de Jesús y es la concreción de su prioridad apostólica, tanto internacionalmente como en la provincia de España, en el ámbito de las migraciones. Son miembros del SJM-E las entidades sociales vinculadas a la Provincia de España que trabajan con y por las personas migrantes. La red se articula en torno a la asociación civil Servicio Jesuita a Migrantes España, con oficinas en Madrid (Centro Pueblos Unidos, de la Fundación San Juan del Castillo), Barcelona (Fundación Migra Studium), Sevilla, (Asociación Claver), Bilbao (Fundación Ellacuría), Valencia (SJM- Valencia) y Melilla. Se permite el uso del contenido de este informe citando en todo caso su procedencia.
3 Índice Introducción 5 Los Centros de Internamiento de Extranjeros 7 Francisco Fernández Marugán. Adjunto Primero de la Defensora del Pueblo Archipiélagos de la desesperanza 9 Dr. Javier de Lucas. Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política Resumen del Informe 11 Cifras de expulsiones e internamiento en Perspectiva general sobre movimientos migratorios 2 Personas que entran irregularmente en España 3 Repatriaciones forzadas 4 Datos relativos al internamiento de extranjeros Visitas a personas internadas en los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia y Tarifa 30 1 Sexo 2 Nacionalidad 3 Tipología de situaciones según el menor o mayor arraigo La contratación en torno a los CIE en perspectivas de seguridad y dignidad 36 1 Obras 2 Suministros 3 Provisión de comidas 4 Asistencia sanitaria 5 Asistencia integral 6 Servicios de transporte aéreo Testimonios de personas visitadas 48 Puertas que se cierran, puertas que se abren 52 1 Protestas desesperadas de personas desesperadas 2 Qué dice la Justicia sobre los CIE 3 Condiciones de posibilidad de un diálogo político sobre los CIE Alternativas al internamiento y alternativas a la expulsión 60 Las conclusiones del SJM
4 Índice de tablas y gráficos Tabla 1. Personas que entraron irregularmente en España (2016) 16 Tabla 2. España, CC.AA., ciudades autónomas y provincias. 17 Personas detenidas por estancia en situación irregular (2016) Tabla 3. España. Expulsiones incoadas, dictadas y ejecutadas; devoluciones ejecutadas; 19 y total de repatriaciones forzosas ejecutadas (2016) Tabla 4. España. Causa de las repatriaciones forzosas ejecutadas (2016) 19 Tabla 5. España. Expulsiones cualificadas y no cualificadas (2016) 20 Tabla 6. España. Internados, % de internados respecto del total de CIE; expulsados, devueltos, 22 total de repatriados y % de repatriados en cada CIE (2016) Tabla 7. España. Según sexo masculino y femenino; internados, % de internados respecto del total 23 de CIE; expulsados, devueltos, total de repatriados y % de repatriados en cada CIE (2016) Tabla 8. España. Menores detectados en CIE (2016) 24 Tabla 9. España. Solicitudes de protección internacional presentadas y admitidas desde cada 24 CIE (2016) Tabla 10. España. Personas que salen de cada CIE por traslado (2016) 25 Tabla 11. España. Duración media, en días, del internamiento en cada CIE (2016) 26 Tabla 12. España. Evolución de la cifra de personas internadas en los CIE ( ) 26 Tabla 13. Personas visitadas y nº de visitas a internos por parte del SJM ( ) 32 Tabla 14. Personas visitadas, por sexo y CIE (2016) 33 Tabla 15. Nacionalidades de las personas internadas en CIE visitadas por el SJM (2016) 34 Tabla 16. Horarios de cobertura sanitaria en los CIE (2016) 42 Gráfico 1. España. Evolución de la población empadronada con nacionalidad extranjera y 14 nacida en el extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de residencia ( ) Gráfico 2. España. Evolución comparativa de los movimientos de emigración al extranjero, 15 inmigración desde el extranjero y saldo migratorio de personas extranjeras ( ) Gráfico 3. España. Evolución de las repatriaciones forzosas (expulsión y devolución) 21 ejecutadas ( ) Gráfico 4. Evolución de la cifra de personas internadas en los CIE ( ) 27 Gráfico 5. Evolución del porcentaje de personas efectivamente repatriadas sobre el total 28 de internadas ( ) Gráfico 6. Evolución de las cifras de personas internadas y efectivamente repatriadas desde 28 un CIE ( ) 4
5 Introducción Protestas desesperadas de personas desesperadas. Traemos a esta introducción las palabras utilizadas por el juez Don Ramiro García de Dios para referirse a los incidentes sucedidos en octubre de 2016 en el CIE de Aluche, de cuyo control se encarga el juzgado de su titularidad. Y las hacemos extensivas a los distintos episodios de malestar desatados este pasado año, no solo en el centro de internamiento de Madrid en varias ocasiones, sino también en los de Murcia y Barcelona. Tal desesperación es alimentada por una doble fuente: la incertidumbre provocada por la amenaza de una inminente repatriación y las condiciones materiales en las que tiene lugar la privación de libertad mientras se produce la espera. De esto último, constatamos nuevamente las deficientes condiciones de vida, la ausencia de despliegue efectivo del reglamento sobre los CIE de 2014, y la persistencia de grandes diferencias en el régimen de funcionamiento interno de cada establecimiento, en función de las iniciativas de la dirección de cada uno y, particularmente, de los autos de los juzgados de control, cuyo efecto es limitado a su jurisdicción correspondiente. Sobre la amenaza de expulsión señalemos lo siguiente 25,66 es la media diaria de repatriaciones forzosas que llevó a cabo España el {pasado año. Más de personas. Sin embargo, la gran mayoría no fueron llevadas a cabo desde los CIE. De las personas que habían sido recluidas en ellos, fueron expulsadas Estas cifras suscitan importantes interrogantes que abordamos en este informe. He aquí algunas: cómo justificar la privación de la libertad de quien no ha cometido ningún delito, cuando dos de cada tres personas recluidas son finalmente puestas en libertad? Dónde queda la idea del encierro como último recurso? Cómo se sustancia toda esa mayoría de repatriaciones que no pasan por el CIE, ni por sus mecanismos de supervisión? En marzo de este año, el comisario europeo de migraciones, el señor Avramopoulos, instó a los Estados miembros a incrementar y acelerar las expulsiones de los migrantes indocumentados. Parece que, junto al intento de frenar las llegadas a través de ominosos acuerdos con terceros países de dudoso compromiso con los derechos humanos, la expulsión se instala en la cúspide de las estrategias oficiales europeas para gestionar la movilidad humana. Una de las recomendaciones hacía referencia a aumentar los tiempos legales de privación de libertad (60 días es el máximo en España). Vistos los datos, no es de extrañar que el Gobierno de España rechazara el aumento de los días de internamiento. Este, además de inhumano, se ha revelado ineficaz. Por qué mantener esta medida tan extrema? Por qué no avanzar en la reducción de plazos, hasta su total eliminación? Por qué no destinar esos recursos a la acogida y hospitalidad, en vez de al encierro? 5
6 Y por último, ahora que socialmente ha crecido el interés y la demanda de transparencia sobre lo que ocurre en los CIE, en parte por los incidentes con que abríamos este texto, cómo poner luz también sobre todo el resto de repatriaciones y analizar si se realizan con el respeto necesario a los derechos y al procedimiento? En el Servicio Jesuita a Migrantes somos testigos a diario de la angustia que genera la privación de libertad para la expulsión. Este informe, además de repasar datos provenientes de fuentes oficiales y resoluciones judiciales, se apoya en la experiencia de haber realizado visitas a 658 personas, en cuatro centros de internamiento para extranjeros diferentes (Madrid, Barcelona, Valencia y Tarifa). Para concluir esta introducción, quiero expresar varios agradecimientos en nombre del SJM. En primer lugar, cómo no, a la amplia red de voluntariado que acompaña a las personas internas en los CIE, ofreciendo orientación y, sobre todo, soporte humano y emocional. Esta cercanía cotidiana es el fundamento de nuestro trabajo de divulgación e incidencia. En segundo lugar, nos sentimos muy agradecidos a los autores de este texto, Santiago Yerga y Josep Buades SJ. Ellos complementan su cercanía personal hacia los internos con el sólido conocimiento jurídico, la aguda capacidad analítica y una prosa resuelta que hace accesible una realidad llena de matices y complejidades técnicas. Por último, ahora que se cumplen 30 años desde la puesta en marcha de los centros de internamiento, hemos querido incluir alguna colaboración especial. Nos honra contar con dos textos excepcionales de dos personas hondamente comprometidas en la defensa de los derechos de las personas inmigrantes. Nuestro agradecimiento a D. Francisco Fernández Marugán, Adjunto Primero de la Defensora del Pueblo, y al profesor D. Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, por compartir sus valiosas reflexiones. Este informe es nuestra humilde contribución a un debate en marcha y se suma a tantas otras voces preocupadas por la dignidad humana y el sano funcionamiento de las instituciones. Nos mueve el horizonte utópico de una sociedad acogedora e inclusiva, donde a nadie se le prive de libertad por carecer de documentación en regla. Creemos que esto último está al alcance de nuestra mano. Miguel González Martín Coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes - España 6
7 Los Centros de Internamiento de Extranjeros Francisco Fernández Marugán Adjunto Primero de la Defensora del Pueblo Por qué se priva de libertad a quien no ha cometido un delito? Esta pregunta me la formuló, en mayo de 2014, un interno en una visita al CIE de Algeciras. La respuesta a esta pregunta desde los valores superiores que fundamentan nuestra Constitución, requiere de alguna explicación, que nos lleva al año 1985, fecha de la promulgación de la primera ley de extranjería en España y de la instauración de los centros de internamiento de extranjeros. La pregunta que me hizo el interno en mi visita al CIE de Algeciras, ya se la había formulado 29 años antes el que fuera primer Defensor del Pueblo en España, Don Joaquín Ruiz Giménez. A la vista de lo acontecido posteriormente, la respuesta no debía ser nada fácil, puesto que provocó que el Defensor del Pueblo interpusiese un recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley. La lectura del recurso, y de la posterior sentencia del Tribunal Constitucional dictada en 1987, plantea una serie de consideraciones básicas sobre los valores constitucionales, en relación con la posibilidad de establecer restricciones a los extranjeros en España para el ejercicio de sus derechos que aún hoy resultan de plena actualidad. El Defensor del Pueblo consideraba que la privación de libertad de una persona que no había cometido ningún delito resultaba contraria al artículo 25.3 de la Constitución. El Tribunal Constitucional no compartió en su totalidad la argumentación del Defensor del Pueblo y estableció que la posibilidad de privar de libertad a personas extranjeras por la comisión de una infracción administrativa no es inconstitucional, siempre que esté sometida a un control judicial. Señaló también que la decisión que acuerde el internamiento ha de ser adoptada mediante resolución judicial motivada, y que esta, no solo controle el carácter imprescindible de la pérdida de libertad, sino que, además, permita al interesado presentar sus medios de defensa, evitando así que la detención pueda tener un carácter de internamiento arbitrario. Por último, estableció la excepcionalidad de la medida de internamiento y que este ha de tener lugar en centros que no tengan carácter penitenciario. Me temo que todos estos argumentos, sin duda de gran peso jurídico, no contestan a la pregunta que se me hizo. Quien no ha cometido delito alguno, es difícil que comprenda que ha sido detenido, puesto a disposición judicial y privado de libertad hasta 60 días, en centros que, pese a su supuesto carácter no penitenciario, se parecen tanto a las prisiones. Todo ello, por haber sido interceptado intentado acceder irregularmente a España o por haber caído en situación de irregularidad documental. 7
8 Una vez zanjada por el Tribunal Constitucional la cuestión de la legalidad de esta privación de libertad, parece que la respuesta a la pregunta podría ser más utilitarista. Es decir, se le priva a usted de libertad para asegurar que va a cumplir la sanción de expulsión que se le impone y para conseguir así evitar ese temido efecto llamada para que otros que, como usted, quieran intentarlo, dejen de hacerlo. Con estos antecedentes, y trascurridos 30 años, podemos analizar ahora la existencia de los centros de internamiento de extranjeros en España desde dos perspectivas: el cumplimiento de las garantías establecidas por el Alto Tribunal y la efectividad de estos centros para la función que han de cumplir, que es asegurar la expulsión. La lectura de este informe del SJM nos ayuda a mirar con perspectiva. Por una parte, para reconocer la importancia de la presencia de entidades de la sociedad civil en los centros de internamiento acompañando a estas personas, detectando aquellos casos más vulnerables y denunciando, en su caso, los incumplimientos de las garantías previstas en las normas. Por otra parte, analizando los datos oficiales, que facilita el informe, debemos reflexionar acerca de la eficacia de la medida del internamiento para garantizar la expulsión. Cuando, en los años 80 desde otras responsabilidades distintas a las que ostento ahora participaba en esa tarea ilusionante de incorporar a España a la Unión Europea, era difícil imaginar el impacto que la inmigración iba a tener en nuestro país. Ahora, con más de cinco millones de extranjeros en España, podemos decir sin temor a la autocomplacencia, que hemos sabido crear un clima de convivencia más que razonable con personas venidas de todo el mundo. Un rápido vistazo a la situación de los países de nuestro entorno nos debe llevar a pensar que algo habremos hecho bien. Quizás, eso que algunos llaman ya el modelo español de integración sea una buena cosa. Por eso, quiero concluir con esta reflexión Si hemos sido capaces de llegar hasta aquí con circunstancias económicas tan adversas, si hemos podidos legislar de manera razonable para contribuir a la integración en nuestro país de un número tan importante de personas, cómo no vamos a ser capaces de buscar alternativas razonables y respetuosas con los derechos de esas personas que anualmente pasan por los centros de internamiento de extranjeros en España? Es el momento de realizar un análisis sosegado de la concepción de estos centros, de su finalidad y del régimen de vida de las personas internadas, entre otras cuestiones. Tenemos que ser capaces de buscar alternativas para todos aquellos que acceden de manera irregular a España, identificar de manera eficaz a los que tienen necesidades de protección internacional o son víctimas de trata o son menores de edad, y asegurarnos de que, bajo ninguna circunstancia, acaben en un centro de internamiento. Hemos de pensar también en las personas extranjeras que, por circunstancias muy diversas, han caído en la irregularidad documental y en los mecanismos legales que les ofrecemos para que puedan volver a recuperar su residencia legal, antes de acabar en un centro de internamiento. Y, por último, hemos de pensar en qué hacer para que aquellos extranjeros que son condenados por la comisión de delitos, tras cumplir su condena en prisión, no acaben en un centro de internamiento. Quizás, si conseguimos dar las respuestas adecuadas a estas situaciones, nos encontremos con un número muy inferior de personas que cumplen los requisitos para ser privadas de libertad para su expulsión. Posiblemente leeríamos entonces un informe muy distinto del que viene a continuación. 8
9 ARCHIPIÉLAGOS DE LA DESESPERANZA Dr. Javier de Lucas Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política El Informe que el lector tiene en sus manos es un contundente y coherente alegato sobre la necesidad de acabar con una institución tan inútil como injusta, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), y además en un aniversario tan importante como el que recordaba recientemente el Defensor del Pueblo en la presentación de su informe correspondiente a 2016: se cumplen treinta años de una sentencia del TC sobre los CIE que, al decir de esta Alta Institución no ha sido aplicada en toda su extensión por parte de los distintos organismos con competencias, lo que justificaría una revisión profunda del modelo de los CIE. Hay que agradecer a quienes lo han preparado su trabajo paciente y riguroso, que huye de toda demagogia para exponer datos, contrastar denuncias, examinar argumentos y así posibilitar propuestas constructivas. Un primer dato me parece digno de subrayar: dos de cada tres extranjeros que han sido internados en los CIE acaban siendo puestos en libertad, lo que acredita empíricamente el fracaso de la finalidad que supuestamente justificaría la existencia de este inicuo tertium genus (no son cárceles, como dejó claro el TC en la sentencia de 1987 ya aludida, pero tampoco Centros de acogida, ni Centros de Estancia Temporal), esto es, asegurar la expulsión de nuestro país de todos aquellos a los que jurídicamente se debe considerar expulsables. Hay en el fondo de la opción por su mantenimiento una lógica jurídica que a muchos de nosotros nos repugna, por muchos y fuertes argumentos. El primero de ellos, la suspensión de derechos, de iure y de facto. El segundo, la noción misma de expulsables, que evoca la de desechables, tal y como argumentara el desaparecido Zygmunt Bauman, al que recordaré de inmediato y de quien tomo prestada la fórmula que da título a esta introducción. El tercero, importante para quien al cabo es, como yo, un profesor de Derecho, es el detrimento que estas instituciones suponen para la noción de Estado de Derecho, para el proyecto de una democracia constitucional que ha de ser necesariamente inclusiva y plural. La primera razón por la que considero que, hoy, este informe es más que oportuno, necesario, es que en los meses que hemos vivido de este 2017, tenemos suficientes indicios de que vivimos un momento de acusado repliegue de la garantía de los derechos humanos y fundamentales de personas que, en su inmensa mayoría, no son delincuentes condenados por sentencia firme en virtud de la cual haya quedado acreditado que cometieron un delito de tal gravedad que les haga merecedores de la máxima sanción que un ordenamiento jurídico puede disponer, que es la privación de libertad. Por supuesto, hablo de Ordenamientos jurídicos que hayan incorporado esa exigencia civilizadora que es la abolición de la pena de muerte, lo que, por cierto, está lejos de ser todavía hoy una conquista unánime en la comunidad internacional. Las excepciones son bien conocidas. Pues bien, en el pasado mes de marzo, dos instituciones de la Unión Europea han asestado un duro golpe a la legitimidad de sus políticas de inmigración y asilo: de un lado, la Comisión, que impulsa un plan de retorno en el que cuenta nada menos que con un Estado fallido como Libia, para insistir en la externalización de su política de expulsiones. De otro, la atrabiliaria Sentencia del pasado 4 de marzo de la Corte de Luxemburgo a favor de Bélgica en el asunto de visados humanitarios, por no hablar, evidentemente, del malhadado Convenio entre la UE y Turquía, del uso de la noción de país seguro y de otros mecanismos del sistema de Dublín, 9
10 etc. Eso significa insistir en la lógica orwelliana (la del cerdo Napoleón en Rebelión en la Granja) de que no todos los seres humanos son titulares iguales de derechos, algo inaceptable para cualquier persona con el más mínimo sentimiento de lo jurídico del que hablara el gran jurista alemán Jhering. Pero hay otra razón más profunda, la que explicaba Bauman en su imprescindible Archipiélagos de exclusión: los CIE son una pieza de una concepción que somete a millones de seres humanos a la condición de piezas desechables de un sistema sometido a la más radical concepción de un mercado global desregulado que se autodirige por el principio del máximo beneficio y en el que los trabajadores son cada vez más concebidos y tratados como coste a reducir, no como sujetos de derechos y desde luego no, de derechos económicos y sociales. Los Centros de Internamientos de Extranjeros, la transformación de los centros de acogida de refugiados en otros tantos centros de internamiento (el ejemplo más terrible es la política australiana), los barrios periféricos de nuestras ciudades en los que viven inmigrantes a los que no se trata de integrar sino de contener, y de los que el Estado deserta, son, al decir de Bauman, los escenarios de esa nueva industria del desecho humano en la que parecemos empeñados. Suprimirlos es una exigencia de dignidad. 10
11 RESUMEN DEL INFORME 25,66 Media diaria de repatriaciones forzadas 1. En 2016, personas fueron internadas en CIE: tras su arribada a costas españolas, 63 trasladadas desde un CETI, fueron internadas durante la tramitación de un expediente de devolución. Entre las personas internadas hubo 513 mujeres y 51 menores. Se presentaron 770 solicitudes de protección internacional, de las que se admitieron a trámite 158. Entre las personas internadas, fueron expulsadas y 95 devueltas, de modo que un 29,02% de las personas internadas fue repatriado forzosamente. Téngase en cuenta que se ejecutaron órdenes de expulsión y de devolución: repatriaciones forzosas de personas extranjeras, hubieran sido internadas o no. La duración media de los internamientos fue de 24,47 días. Así como el número de personas internadas había disminuido en los años anteriores, aumenta en 2016, especialmente por los internamientos en Algeciras-Tarifa: esto es, en los CIE de la Frontera Sur. 2. Las cifras de personas visitadas por los equipos del SJM reflejan un año irregular: por los cierres temporales de los CIE de Barcelona y Valencia, y por el inicio tardío y accidentado de visitas a Tarifa. En términos generales, se contabilizaron 658 personas (52 mujeres) y visitas. Un 36% de las personas visitadas son recién llegadas a España por vía marítima. El 5% manifestó llevar entre uno y cuatro años en territorio nacional, mientras que otro 5% expresó llevar más de cuatro y menos de siete años. El 7% de personas acompañadas llevaba residiendo en España entre siete y diez años, mientras que el 16% afirmaba haberlo hecho entre diez y quince años. Por último, más de una cuarta parte de las personas visitadas (26%) superaba los quince años de residencia en España. 3. Los CIE constituyen una fuente de negocio económico para las empresas a las que contratan la provisión de bienes y servicios: flete de vuelos, obras, prendas de vestir y artículos higiénicos, productos alimentarios y comidas, asistencia sanitaria, etc. Lo más llamativo es que la Administración programe las inversiones bajo el prisma de la seguridad policial, y no tanto bajo un concepto amplio, omnicomprensivo, de seguridad: protección adecuada de la intemperie con la ropa y calzado adecuados, salud individual y pública, facilitar la comprensión mediante servicios de interpretación y traducción, respeto de las diversas manifestaciones del derecho fundamental a la libertad religiosa y de la diversidad cultural, ejercicio del derecho a la comunicación, especialmente mediante el teléfono, etc. 4. Los numerosos incidentes ocurridos durante 2016 en los diferentes CIE españoles: protestas desesperadas de personas desesperadas, ponen el foco sobre las condiciones en las que se encuentran las personas internas. Ayunas de información, de asistencia jurídica efectiva, de vestuario digno, de actividades de ocio y formativas, pero ahítas de incertidumbre. Así encuentran los equipos del SJM a las personas internas en los CIE visitadas: desconocen cuánto tiempo van a estar en esas condiciones, si serán o no repatriadas, etc. 5. Lo anterior se refleja en las resoluciones judiciales sobre los CIE. Lo más destacable de ellas es que insisten en el ejercicio de derechos como solicitar protección internacional o saber con antelación suficiente la fecha de la ejecución de la expulsión o devolución; estado de las instalaciones y condiciones de vida Lo aprendido de las iniciativas políticas sobre los CIE: el margen de influencia e incidencia de los Ayuntamientos desde el ejercicio de sus competencias municipales. 7. Preocupa la falta de aplicación efectiva del reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros: sobre todo la injustificada disparidad de normativas de régimen interior entre unos y otros CIE. En este informe se pasa revista a los pronunciamientos judiciales y del Ministerio Fiscal al respecto. 8. El SJM insiste en reclamar el cierre de los CIE (por lo cual repasa la agenda pública y política al respecto), entre tanto, aboga por que se acuda al internamiento solo como último recurso, cuando falle toda otra medida cautelar alternativa; pero que también se potencien las alternativas a la expulsión. En todo caso, es preciso seguir mejorando las condiciones de vida de las personas que sufren internamiento. 11
12 media diaria de detenciones por estancia irregular
13 Cifras de expulsiones e internamiento en 2016 Conviene estudiar en perspectiva las cifras que proporciona el Ministerio del Interior sobre detenciones de personas sin la autorización de extranjería correspondiente, procedimientos de devolución e expulsión y sobre el internamiento como medida cautelar. En efecto, son procedimientos que pueden vincularse a la entrada irregular en territorio español, a la residencia no autorizada, a la comisión de algún delito. Procedimientos que pueden afectar a personas con alguna situación de vulnerabilidad (menores, víctimas de trata, potenciales solicitantes de protección internacional). La perspectiva vendría dada por la evolución de la población inmigrada en España y de los flujos de inmigración y emigración de personas extranjeras a lo largo de algunos años. 13
14 1. Perspectiva general sobre movimientos migratorios El 25 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística publicó las cifras provisionales del padrón municipal de habitantes a primero de enero de Aunque resulten más fiables las Cifras de población, como expresión de la población que tiene su residencia habitual en España, las cifras del padrón resultan suficientemente expresivas. Es interesante comparar las cifras de personas extranjeras con las cifras de personas nacidas en el extranjero (sean estas extranjeras o españolas, incluso españolas de origen venidas a España o personas naturalizadas españolas después de unos años de residencia). Más aún, vale la pena compararlas con las cifras de personas extranjeras titulares de certificado de registro (si son ciudadanas UE) o autorización de residencia (si son extracomunitarias) a 31 de diciembre de 2016, que publica el Observatorio Permanente de la Inmigración. El Gráfico 1 refleja la evolución de estas tres magnitudes desde 2006: España. Evolución de la población empadronada con nacionalidad extranjera y nacida en el extranjero, así como de la población extranjera titular de certificado de registro o autorización de residencia ( ) extranjeros empadronados nacidos extrajero emp. extranjeros titulares tarjeta Fuente: elaboración propia SJM a partir de datos del INE y el OPI. En el gráfico, lo que resulta más llamativo, es que son muchas más las personas nacidas en el extranjero que las extranjeras: personas españolas de origen, hijas de emigrantes, que vinieron a España como inmigrantes; junto con un número creciente de personas inmigradas naturalizadas españolas después de unos años de residencia. También resulta llamativo que sean más las personas extranjeras titulares de certificado de registro o autorización de residencia, que las empadronadas. Esto llama la atención sobre la inadecuación del padrón para reflejar la población efectivamente residente. Pero también puede responder a otro fenómeno: personas titulares de una tarjeta de residencia que viven, siquiera temporalmente, en otros países. También puede resultar llamativa la disminución de la cifra de personas extranjeras empadronadas, cosa que se explica por la naturalización de muchas, que siguen residiendo en España, ya como españolas, así como por el retorno o re-migración de otras. En su conjunto, el gráfico sugiere que, en España, reside un número importante de personas inmigradas, pero que no hay una especial presión migratoria. Se diría que, pasados los años con crisis más severa, se estabiliza la población de origen inmigrado; incluso, que crece levemente. 14
15 Si se trata de pensar la presión migratoria como expresión de unos movimientos migratorios que canalizar mediante procedimientos legales para autorizarla, mecanismos de control de fronteras y acciones para luchar contra la inmigración irregular, podría ser útil observar la evolución de los movimientos de inmigración y emigración de personas extranjeras, así como el saldo migratorio, a lo largo del tiempo. El Gráfico 2 muestra dicha evolución entre 2008 y En realidad, el INE publica cifras provisionales del primer semestre de A efectos de observar tendencias, se dobla esta cifra por lo que respecta a 2016: España. Evolución comparativa de los movimientos de emigración al extranjero, inmigración desde el extranjero y saldo migratorio de personas extranjeras ( ) FLUJO DE INMIGRACIÓN extranjeros SALDO MIGRATORIO EXTRANJEROS FLUJO DE EMIGRACIÓN extranjeros Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos del INE. Es muy interesante observar las diferentes tendencias en dos periodos. Entre 2008 y 2013, cuando la crisis era más severa, disminuyeron notablemente los movimientos de inmigración, a la vez que crecían muchísimo los de emigración. En 2013, el saldo migratorio de personas extranjeras, negativo desde 2010, tocó fondo con Entre 2013 y 2016, los movimientos de inmigración de personas extranjeras aumentan levemente, mientras que menguan los de emigración. A 30 de junio de 2016, el saldo migratorio provisional de personas extranjeras asciende a : puede inferirse que dicho saldo para el conjunto de 2016 rebase ligeramente los cien mil. De cara al estudio de las cifras de expulsión y devolución, y del internamiento como medida cautelar, es preciso enfocar la mirada en la población extranjera que entra en España de modo irregular, a la que sobreviene una situación de irregularidad tras un periodo de estancia o residencia regulares, o que comete delitos cuya condena conlleva la expulsión. 2. Personas que entran irregularmente en España El Ministerio del Interior proporciona cifras de personas que entraron irregularmente en España a lo largo de La Tabla 1 desglosa las cifras según la provincia o ciudad autónoma por la que entraron, agrupándolas en tres zonas genéricas: la del Estrecho (que comprende el Estrecho propiamente dicho, el mar de Alborán, Ceuta y Melilla), el Mediterráneo oriental (costas murcianas, valencianas y baleares) y Canarias. 15
16 Personas que entraron irregularmente en España (2016) >> estrecho Almería Cádiz Ceuta Granada Málaga Melilla Total mediterráneo oriental Alicante Baleares Murcia Valencia Total 680 canarias Las Palmas Total Total Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. En el momento en el que se redacta este informe no está disponible el Balance 2016 de la lucha contra la inmigración irregular, que publica anualmente el Ministerio del Interior y que desglosa de otro modo las cifras: personas arribadas a las costas, sirios que entran por Melilla, cifras de personas que saltan las vallas de Ceuta y Melilla (cifras que no desglosan las entradas irregulares en Ceuta y Melilla por mar o por los puestos fronterizos habilitados, ni las entradas de otros solicitantes de protección que no sean sirios). Consultado el Balance correspondiente a 2015, cabe apreciar la similitud de las cifras (en torno a las personas). Quizá convenga observar las fluctuaciones de cifras de personas sirias que entran por Melilla (probablemente menores en 2016) y de personas que arriban a costas peninsulares (ciertamente incrementadas en 2016). En efecto, si se sustraen las cifras de personas llegadas a Ceuta y Melilla del total de la Tabla 1, podría afirmarse que las personas arribadas irregularmente a costas peninsulares, baleares y canarias en 2016 ascienden a 8.115: cifra notablemente superior a las arribadas en 2014 y que se sitúa en parámetros similares al de 2009 (9.531). Será preciso poner en relación estas cifras con las que se expondrán más adelante sobre órdenes de devolución previstas en el artículo 58.3 b) LOEX: para los que pretendan entrar ilegalmente en el país, sin perjuicio de que, entre los mismos, se encuentren algunos que, habiendo sido expulsados, contravengan la prohibición de entrada en España, a los que se refiere el artículo 85.3 a) LOEX. Por lo que respecta a las personas entradas por Ceuta y Melilla, será interesante observar cuántas personas son trasladadas de un CETI a un CIE. También será interesante comprobar cuántas personas internadas en CIE habían llegado en patera y otros datos similares. Pero, antes, conviene dirigir la mirada hacia las personas que pueden ser sancionadas con la expulsión al comprobarse que su estancia en España es irregular. 16
17 3. Repatriaciones forzadas La categoría repatriaciones forzadas no tiene especial asiento legal. La normativa europea habla de retornos. La LOEX, por su parte, distingue distintas figuras que podrían quedar englobadas en las repatriaciones forzadas: la devolución y la expulsión, de las que tratará principalmente este apartado, pero también el rechazo en frontera y la salida obligatoria. Los datos que se expondrán a continuación tienen que ver con las detenciones practicadas en relación con la estancia irregular, los expedientes de devolución y expulsión, las órdenes dictadas y, sobre todo, las devoluciones y expulsiones ejecutadas. El Ministerio del Interior informa sobre el número de personas detenidas en todas las CC.AA., ciudades autónomas y provincias en 2016 por encontrarse en situación irregular, cifras que refleja la Tabla 2: España, CC.AA., ciudades autónomas y provincias. Personas detenidas por estancia en situación irregular (2016) >> Territorio Detenciones en 2016 Andalucía Almería Cádiz Córdoba 123 Granada Huelva 94 Jaén 100 Málaga Sevilla 336 Aragón 539 Huesca 97 Teruel 35 Zaragoza 407 Principado de Asturias 324 Illes Balears 360 Canarias 735 Las Palmas 668 Santa Cruz de Tenerife 67 Cantabria 328 Castilla-La Mancha 665 Albacete 60 Ciudad Real 149 Cuenca 119 Guadalajara 59 Toledo 278 Castilla y León 864 Ávila 46 Burgos 133 León 201 Palencia 141 Salamanca 142 Segovia 29 17
18 Que se hayan practicado detenciones, da qué pensar. Soria 33 Valladolid 102 Zamora 37 Catalunya Barcelona 2074 Girona 483 Lleida 78 Tarragona 100 Ceuta Comunitat Valenciana Alicante/Alacant Castellón/Castelló 332 Valencia/València 823 Extremadura 127 Badajoz 87 Cáceres 40 Galicia 360 A Coruña 124 Lugo 58 Ourense 61 Pontevedra 117 La Rioja 173 Comunidad de Madrid Melilla Murcia Navarra 168 País Vasco Álava/Araba 321 Guipúzcoa/Gipuzkoa Vizcaya/Bizkaia 652 Organismos centrales 35 Total Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. Que se hayan practicado detenciones, da qué pensar. Al comparar las cifras por comunidad o ciudad autónoma, las más elevadas corresponden a Andalucía y Ceuta: es fácil pensar que se trata de detenciones practicadas sobre personas al poco de su entrada en el territorio. Madrid también muestra cifras elevadas, apenas inferiores a las de Ceuta: cabría preguntarse cuántas detenciones se practican sobre personas que hayan entrado irregularmente por el aeropuerto internacional Adolfo Suárez, en Barajas. Conviene observar la relación entre la cifra de detenciones y el conjunto de repatriaciones impuestas mediante procedimiento de expulsión o mediante devolución. El Ministerio del Interior ha detallado los datos de procedimientos de expulsión incoados, órdenes de expulsión dictadas y órdenes de expulsión ejecutadas. En cambio, solo proporciona datos sobre devoluciones ejecutadas. Vienen en la Tabla 3: 18
19 España. Expulsiones incoadas, dictadas y ejecutadas; devoluciones ejecutadas; y total de repatriaciones forzosas ejecutadas (2016) >> Repatriaciones forzosas 2016 Órdenes de expulsión Incoadas Dictadas Ejecutadas Devolución Ejecutadas Total de repatriaciones Ejecutadas Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. No se puede negar la consistencia entre la cifra de detenciones practicadas y de procedimientos de expulsión incoados, a falta de datos sobre las devoluciones que puedan haber llegado a decidirse. Lo más llamativo, es la desproporción entre procedimientos de expulsión incoados y órdenes dictadas, y luego entre órdenes dictadas y ejecutadas: se dicta un 51% de las incoadas y se ejecuta un 40% de las dictadas. Si se quiere comparar el número de repatriaciones forzosas con las detenciones practicadas, suponen un 26% de estas. No es baladí distinguir las causas por las que se decide la repatriación forzada. Hay devoluciones que siguen a la mera entrada ilegal, como hay expulsiones por mera estancia irregular. Otras devoluciones se aplican a personas sobre las que pesa una prohibición de entrada, normalmente como consecuencia de una previa expulsión. Y hay expulsiones asociadas a la comisión de delitos: sea tras la finalización de la condena, sea como sustitución de una condena a privación de libertad. Las cifras aparecen en la Tabla 4: España. Causa de las repatriaciones forzosas ejecutadas (2016) >> Causa repatriación forzosa 2016 Expulsiones ejecutadas Art. 53,1 A LO 4/ Art. 57,2 LO 4/ Art. 89 C.P. 951 Devoluciones ejecutadas Entrada ilegal Prohibición de entrada Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. De las expulsiones ejecutadas en 2016, tuvieron como causa la mera estancia irregular, infracción grave tipificada en el artículo 53.1 a) de la LOEX; cifra bastante inferior a la de 2015, que sumaba De nuevo en 2016, expulsiones ejecutadas tuvieron como causa la finalización de una condena por conducta dolosa con pena de más de un año de prisión, no habiendo sido cancelados los antecedentes penales, prevista en el artículo 57.2 de la LOEX; cifra algo inferior a la de 2015, que sumaba Por fin, en 2016 se ejecutaron 951 órdenes de expulsión dictadas en sustitución de penas de prisión de más de un año, como prevé el artículo 89 del Código Penal; una vez más, cifra inferior a las de
20 De las devoluciones ejecutadas, lo fueron por entrada ilegal, mientras que por contravenir la prohibición de entrada. Son cifras similares a las de 2015: y 1.632, respectivamente. La Administración ha establecido una categoría que no se halla en la LOEX: la que distingue entre expulsiones cualificadas y no cualificadas, tal como muestra la Tabla 5: España. Expulsiones cualificadas y no cualificadas (2016) >> Cualificadas No cualificadas 248 Total Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. Esta distinción entre expulsiones cualificadas y no cualificadas fue establecida por la Administración. En principio, la cualificación respondería a la vigencia de antecedentes penales o policiales. En cierto modo, debería corresponderse con las causas de expulsión previstas en los artículos 57.2 de la LOEX y 89 CP. Sin embargo, las expulsiones ejecutadas en 2016 por estas dos causas sumaban Ello supondría que se ejecutaron órdenes de expulsión falsamente cualificadas, integradas entre las que remiten a la mera estancia irregular del artículo 53.1 a) de la LOEX. Su cualificación provendría más bien de la existencia de simples antecedentes policiales. Llama poderosamente la atención el descenso del número de expulsiones no cualificadas registrado entre los años 2015 y Si en 2015 las expulsiones no cualificadas ascendieron a 1.330, en 2016 disminuyen hasta 248: un 80% aproximadamente en un solo año. Aun valorando positivamente este dato, no obstante, seguimos comprobando que los antecedentes policiales vinculados exclusivamente a la normativa de extranjería siguen computándose de cara a revestir artificialmente un expediente de expulsión En 2015 En expulsiones no cualificadas -80% expulsiones no cualificadas Cabría añadir que, en 2016, 515 ciudadanos de la UE fueron expulsados de España (de los que se internó en CIE a 115). Nos preguntamos cómo se ejecutó la expulsión de todos aquellos que no fueron internados. Lógicamente, tenemos que concluir que fue a través de las denominadas expulsiones exprés. Antes de centrar la atención en el internamiento de extranjeros, ya apuntado a propósito de los ciudadanos UE, es interesante observar la evolución de las repatriaciones forzosas, mediante expulsión o devolución, en el periodo comprendido entre 2002 y 2016, tal como muestra el Gráfico 3: 20
21 España. Evolución de las repatriaciones forzosas (expulsión y devolución) ejecutadas ( ) expulsiones DEVOLUCIONES TOTAL Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. Es notable la tendencia menguante del total de repatriaciones. La disminución de las cifras de expulsiones, constante desde 2009, apunta al efecto que produjo la crisis sobre los movimientos migratorios. Los repuntes de las cifras de devoluciones, muy notable en torno a 2006, e incipiente en 2016, apuntan a los años en los que se incrementan las entradas irregulares por las costas españolas o por las ciudades autónomas norteafricanas. 4. Datos relativos al internamiento de extranjeros En 2016, un total de personas fueron internadas en CIE. Resulta que personas fueron internadas después de su arribada a costas españolas en una zodiac o patera. Por otra parte, 12 personas habían sido trasladadas a un CIE desde el CETI de Ceuta y 51 desde el CETI de Melilla. También se puede señalar que fueron internadas durante la tramitación de un expediente de devolución. Tal como muestra la Tabla 6, personas, el 40,82% de las internadas a lo largo de 2016, lo fueron en el CIE de Algeciras (comprendida su extensión paralegal de Tarifa). Se caracteriza por su condición de CIE de Frontera, puesto que recoge a las personas arribadas irregularmente a las costas españolas en la zona marítima del Estrecho (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) o que habían entrado irregularmente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También son significativas las personas internadas en el CIE de Madrid, circunstancia fácilmente explicada por la cercanía al aeropuerto internacional Adolfo Suárez (Madrid-Barajas). Representan el 20,09% del total (porcentaje similar al 21,19% de 2015). Entre las personas internadas en el conjunto de CIE, fueron expulsadas y 95 devueltas, de modo que fueron repatriadas forzosamente. 21
22 Si tenemos en cuenta las personas efectivamente expulsadas, resulta que un 58,23% no fue internado en un CIE. Y si tenemos en cuenta las personas efectivamente devueltas, un 97,73% no fueron internadas en CIE. En conjunto, un 76,14% de las personas repatriadas forzosamente no fueron internadas en CIE. Son cifras que dan qué pensar: siempre se trata de procesos traumáticos de repatriación forzosa, en los que la mayoría prescinde de una medida cautelar especialmente aflictiva, pero que deben poner sobre aviso de modos de proceder exprés en los que no se salvaguarden las garantías procesales. Así como de la Tabla 6 se deduce que la mayoría de personas expulsadas y devueltas no fue internada en un CIE, se observan directamente los escasos porcentajes de personas internadas efectivamente repatriadas. Donde más, en Valencia y Murcia, con el 59,11% y el 57,95%, respectivamente. Cabe preguntarse si ello tiene relación directa con el mayor recurso a dichos CIE para internar a personas de nacionalidad argelina. Madrid se encontraría en un rango intermedio, con un 46,13% de personas internadas efectivamente repatriadas. En los demás CIE, los porcentajes son muy bajos: 21,44% en Barcelona, 15,00% en Algeciras, 12,09% en Tenerife y 0,63% en Las Palmas. valencia murcia madrid barcelona algeciras 59,11% 57,95% 46,13% 21,44% 15,00% tenerife 12,09% las palmas 0,63% Estas cifras expresan lo gratuito del sufrimiento que se inflige a 2 de cada 3 personas internadas en España o, si se prefiere, lo desproporcionado de una medida cautelar tan costosa en términos económicos y humanos, siquiera sea en términos de eficiencia. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el internamiento debería justificarse por la expulsión como finalidad, a cuya eficacia sirve como medida cautelar. Cuando resulta que solo un 29% de personas internadas es efectivamente expulsada o devuelta, porcentaje drásticamente elevado en los CIE de frontera, significa que el internamiento no queda legitimado por su finalidad. Cabe deducir una mala práctica policial, que solicita el internamiento meramente para identificar a un sujeto, aun a sabiendas de que el internamiento no va a desembocar en la repatriación. Mala práctica prolongada por la facilidad con la que el Ministerio Fiscal se atiene al criterio de la Policía y con la que los jueces se atienen al criterio de la fiscalía. España. Internados, % de internados respecto del total de CIE; expulsados, devueltos, total de repatriados y % de repatriados en cada CIE (2016) T. internados % internados T. expulsados T. devueltos T. repatriados % repatriados Algeciras ,82% ,00% Barcelona 639 8,41% ,44% Madrid ,09% ,13% Murcia 654 8,61% ,95% Valencia ,91% ,11% Tenerife 215 2,83% ,09% Las Palmas 633 8,33% ,63% Total ,00% ,02% Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. 22
23 Cabe desglosar las cifras anteriores según sexos, tal como muestra la Tabla 7: España. Según sexo masculino y femenino; internados, % de internados respecto del total de CIE; expulsados, devueltos, total de repatriados y % de repatriados en cada CIE (2016) Sexo Internados % internados Expulsados Devueltos Repatriados % repatriados Algeciras M F ,70% 3,12% ,45% 0,63% Barcelona M F ,41% 0,00% ,21% 0,00% Madrid M F ,85% 1,24% ,20% 1,72% Murcia M F ,61% 0,00% ,19% 0,00% Valencia M F ,04% 0,87% ,77% 0,45% Tenerife M F ,45% 0,38% ,09% 0,09% Las Palmas M F ,19% 1,15% ,05% 0,14% Total M F ,25% 6,75% ,96% 3,04% Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. Es muy llamativa la desproporción entre varones y mujeres. La explicación resulta compleja, por la multiplicidad de factores que intervienen. Solo cabría señalar que las cifras de mujeres son de mayor calado en Algeciras (237) y Las Palmas (87): dos CIE de Frontera Sur. Por otra parte, como se desprende de las propias cifras, estos CIE que internan al mayor número de mujeres tienen una escasa ratio de repatriaciones femeninas, lo que nos interpela, como ya pusimos de manifiesto el pasado año, acerca del sentido y finalidad de estos internamientos. Es más preocupante encontrarse con que se han detectado 51 menores internados, como muestra la Tabla 8: 23
24 España. Menores detectados en CIE (2016) >> Menores identificados 2016 Valencia 15 Murcia 17 Madrid 8 Algeciras 7 Barcelona 4 Tenerife 0 Las Palmas 0 Total 51 Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. Causa estupor, cuando menos, que casi se haya triplicado el número de menores identificados en los CIE solo en un año. Si en el informe correspondiente a 2015 avanzábamos la cifra de 19, la cifra de 51 en 2016 debe suponer algo más que una nueva alerta en relación con la protección de los menores y las obligaciones asumidas por España. La identificación de estos menores, todos procedentes de entradas irregulares, cuestiona una vez más los procedimientos de determinación de la edad utilizados en España y, por extensión, el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados 1. Es llamativo que el mayor número de menores detectados lo haya sido en los CIE de Murcia y Valencia, mientras que en los CIE de Frontera Sur, las cifras se mantengan bajas. Así como preocupa el internamiento de mujeres y menores por las circunstancias que las hacen vulnerables, también preocupa el internamiento de personas susceptibles de que se les otorgue protección internacional. La Tabla 9 muestra el número de solicitudes de protección internacional presentadas y admitidas en cada CIE, así como el porcentaje de solicitudes presentadas en cada CIE sobre el total de solicitudes en el conjunto de los CIE; y el porcentaje de solicitudes admitidas sobre el conjunto de presentadas en cada CIE: España. Solicitudes de protección internacional presentadas y admitidas desde cada CIE (2016) >> Presentadas % Admitidas % Algeciras 94 12,21% 30 31,91% Barcelona 86 11,17% 11 12,79% Madrid ,96% 40 17,94% Murcia ,69% 32 19,16% Valencia ,69% 27 16,17% Las Palmas 21 2,73% 11 52,38% Tenerife 12 1,56% 7 58,33% Total ,00% ,52% Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior
25 Llama la atención que las cifras más altas de solicitudes se formalicen en Madrid, Murcia y Valencia. Son CIE en los que hay números significativos de personas internadas, pero muy lejos de las internadas en Algeciras, donde la cifra de solicitudes formalizadas es relativamente bajo respecto de todas las solicitudes presentadas en el conjunto de los CIE. En Algeciras, solo un 3,03% de las personas internadas (3.101) solicitaron protección; mientras que en Madrid lo hizo un 14,61% de las personas internadas. Por lo que respecta a las solicitudes admitidas, los porcentajes son bajos: un 20,52% respecto del total. Conviene observar en perspectiva los elevados porcentajes observados en Tenerife y Las Palmas, puesto que las cifras absolutas son muy bajas. Quizá tenga algo más de relieve el casi 32% de solicitudes admitidas en Algeciras: junto a Las Palmas y Tenerife, un CIE de frontera. El SJM ha sido alertado de un fenómeno incipiente, muy preocupante: el internamiento de algunas personas solicitantes de protección internacional. Este fenómeno ha sido detectado, sobre todo, en los CIE de frontera y abordado especialmente por el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. En los sucesivos informes será importante documentar casos para incidir más en esta aberración. Sería interesante contar con datos sobre las nacionalidades de las personas internadas, tanto con expedientes de devolución como de expulsión. El Ministerio del Interior no las ha proporcionado: limitándose a indicar el número de nacionalidades de las personas internadas por devolución o expulsión en cada CIE. Lo que sí puede apuntarse, es que más del 50% de personas internadas son africanas subsaharianas, origen geográfico ampliamente predominante en los CIE de Algeciras y Tarifa. El segundo grupo más numeroso viene constituido por la población magrebí, especialmente de Argelia. El resto de orígenes geográficos podría rondar un 10%. En cualquier caso, es preocupante observar que la población internada no se corresponde con la composición geográfica de la población extranjera en España, tan siquiera de la población extranjera en situación irregular. La desproporción de población africana subsahariana, especialmente patente en Algeciras y Tarifa, apunta a un uso perverso del CIE como recurso de primera acogida en el territorio de personas que, luego, quedarán en un limbo jurídico durante años. La salida de un CIE no tiene por qué producirse por liberación o por ejecución de la expulsión o devolución. Aunque parezca más anecdótico, la Tabla 10 muestra las cifras de personas que salen de cada CIE para su traslado a otro centro, fundamentalmente, a efectos de ejecutar desde ahí la repatriación: España. Personas que salen de cada CIE por traslado (2016) >> Salidas traslado a otro CIE 2016 Valencia 24 Murcia 1 Madrid 95 Algeciras 78 Barcelona 4 Tenerife 93 Las Palmas 541 Total 836 Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. 25
26 Lo más notable es el elevadísimo porcentaje de traslados desde Las Palmas (541 personas de las 633 internadas), o en Tenerife (93 personas de las 215 internadas). En los demás CIE, las cifras de traslados son menos importantes. Por otra parte, es interesante observar la duración media del internamiento en cada CIE, lo que muestra la Tabla 11: España. Duración media, en días, del internamiento en cada CIE (2016) >> Media estancia en días 2016 Algeciras 21,11 Barcelona 25,17 Madrid 21,96 Murcia 24,63 Valencia 23,29 Las Palmas 13,79 Tenerife 34,27 Total 24,47 Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. Aunque la LOEX marca el tope de 60 días, solo en Tenerife se rebasa el mes de media. En la medida en la que se mantenga el internamiento, es importante reducir su duración. Y esta es responsabilidad compartida por los jueces de instrucción que tienen en su mano fijar la duración máxima dentro del marco de 60 días, y por el Ministerio del Interior, que debe agilizar las gestiones hasta comprobar la posibilidad o imposibilidad de ejecutar la orden de expulsión o devolución dictada. Después de observar las cifras de algunos aspectos del internamiento en 2016, merece la pena adoptar una cierta perspectiva temporal la cifra de personas internadas en cada CIE de los incluidos en la lista, al menos desde el año 2012; lo que muestra la Tabla 12: España. Evolución de la cifra de personas internadas en los CIE ( ) >> CIE Algeciras Barcelona Las Palmas Madrid Murcia Tenerife Valencia Total Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. 26
27 En términos generales, después de una evolución a la baja entre 2012 y 2014, vuelve a aumentar la cifra total de personas internadas. Para captar más fácilmente la evolución de las cifras en cada CIE, resulta más útil observar el Gráfico 4: Evolución de la cifra de personas internadas en los CIE ( ) algeciras barcelona las palmas murcia tenerife Valencia madrid Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. La disparidad es notable, y obedece a causas diversas, que conviene diferenciar. A pesar del cierre temporal del CIE de Barcelona, la disminución de la cifra de personas internadas no es significativa, quizás porque también había sufrido un cierre durante algunos meses de El CIE de Las Palmas, después de aumentar la cifra entre 2014 y 2015, disminuye ligeramente la cantidad de personas internadas en 2016, como disminuye ligeramente en Murcia. Por el contrario, crecen ligeramente las cifras de personas internadas en Tenerife y en Madrid. La evolución más notable, por lo disonante, es la que muestra en CIE de Algeciras (entiéndase la suma de cifras de personas internadas en Algeciras y Tarifa), lo cual se corresponde en grandísima medida con el aumento de personas arribadas irregularmente a costas peninsulares y que entraron irregularmente en las ciudades autónomas comprendidas en la zona del Estrecho. Aunque las cifras de personas internadas en el CIE de Algeciras se ponían en relación con su localización geográfica, que lo sitúa como el más indicado para internar a personas entradas irregularmente por alguno de los territorios de la zona del Estrecho, es notable la diferencia entre las personas entradas irregularmente y las personas internadas, máxime cuando son diversas las circunstancias que motivan el internamiento: procedimientos de devolución, procedimientos de expulsión por mera estancia irregular, o por una condena por conducta dolosa con pena de más de un año de prisión, no habiendo sido cancelados los antecedentes penales, o en sustitución de penas de prisión de más de un año. Las Tablas 6 y 7 ponían de manifiesto los porcentajes de personas efectivamente repatriadas, sobre el total de personas internadas en 2016 (distinguiendo según sexo masculino y femenino en la Tabla 7). Lo cierto, es que, al observar la evolución de personas efectivamente repatriadas respecto del total de internadas en cada CIE en el periodo comprendido entre 2012 y 2016, se perciben trayectorias erráticas. En cambio, para el conjunto de los CIE, se percibe claramente una disminución de dicho porcentaje, entre el 52,30% en 2016 y el 27,71% en Evolución más visible en el Gráfico 5: 27
28 Evolución del porcentaje de personas efectivamente repatriadas sobre el total de internadas ( ) algeciras barcelona las palmas madrid murcia tenerife Valencia total Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. Si se prefiere una visión de conjunto sobre el desfase creciente entre las cifras de personas internadas y efectivamente repatriadas desde los CIE en España en el mismo periodo, se puede observar el Gráfico 6: Evolución de las cifras de personas internadas y efectivamente repatriadas desde un CIE ( ) internados expulsados Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior. 28
29 Estas son las cifras proporcionadas por el Ministerio del interior que hemos podido analizar. Frías en apariencia, ayudan a vislumbrar la desproporción e ineficiencia de una medida el internamiento que añade sufrimiento al propio de la amenaza de expulsión y devolución. También ayudan a comprender la importancia creciente de los CIE en la gestión de la Frontera Sur, más como recursos de acogida inadecuados que como medida cautelar en procedimientos de expulsión contra personas extranjeras que han cometido algún delito o que no cuentan con autorización administrativa de residencia. 29
30 personas visitadas por sjm
31 Visitas a personas internadas en los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia y Tarifa Antes de abordar los datos extraídos de las visitas llevadas a cabo por las personas voluntarias de los equipos de las diferentes entidades que componen el SJM, es preciso hacer una breve referencia a las circunstancias que, en los diferentes CIE, han incidido en las propias visitas, con independencia de que se vuelva a hacer referencia en otros apartados de este informe: es importante para explicar los mismos datos.
32 Es imprescindible señalar que, en el CIE de Barcelona solo se han podido cursar visitas entre julio y diciembre de 2016 como consecuencia del cierre prolongado de las instalaciones por la realización de obras. Por su parte, el CIE de Valencia permaneció cerrado desde octubre de 2016 hasta marzo de 2017 por una plaga de chinches, periodo en el que, obviamente, no se giraron visitas. En 2016, un equipo del SJM a través de la asociación Claver empezó a visitar el CIE de Tarifa. Sin embargo, las especiales peculiaridades del entorno de ese establecimiento obstaculizaron la regularidad y la personalización de las visitas, de modo que acabaron siendo esporádicas y para actividades colectivas. Afortunadamente, a comienzos de 2017 se sortearon las dificultades, lo que se reflejará en el informe del próximo año. Este cúmulo de incidencias se traduce, desgraciadamente, en un desequilibrio entre las visitas realizadas por las diferentes entidades que nos sitúa en un ámbito más de estimación que de precisión, dado que el único CIE que ha mantenido la actividad durante todo el año ha sido el CIE de Madrid. En cualquier caso, nuestras visitas a los CIE nos sitúan en espacios cuyo carácter, a pesar de lo dispuesto en la ley, es penitenciario, permaneciendo inmutable nuestra posición al respecto, como así se recoge en el informe 2016 correspondiente a España, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos 2. La Tabla 13 detalla el número de personas visitadas y de visitas giradas a internos por parte de los equipos del SJM en Madrid, Barcelona, Valencia y Tarifa, así como en total, entre 2012 y 2016: Personas visitadas y nº de visitas a internos por parte del SJM ( ) Madrid Barcelona Valencia Tarifa Total Personas Visitas Personas Visitas Personas Visitas Personas Visitas Personas Visitas Fuente: elaboración propia SJM
33 1. Sexo De entre los CIE visitados por equipos del SJM, solo en Valencia y Madrid se interna a mujeres, por lo que el 100% de los internos visitados en Barcelona y en Tarifa son hombres, en este último, normalmente subsaharianos. En Madrid, han sido visitadas 42 mujeres, el 16% de las visitas. En Valencia, lo han sido 24 mujeres, el 9,5% de las visitas. En el caso de mujeres, persiste la deficiente información en cuanto a supuestos de trata de seres humanos y violencia de género. El descenso en el número de mujeres visitadas, paradójicamente, apunta a un escenario de mayor vulnerabilidad de las mismas. Las mujeres visitadas soportan trágicas historias de vida, en su mayor parte con cargas familiares (bien en España, bien en sus países de origen), vinculadas a entornos de prostitución o trata no declarada o reconocida. Merece la pena destacar, por su relevancia, dos situaciones vividas en el CIE de Madrid durante Una de ellas, relativa a una mujer brasileña reconocida como víctima de trata de seres humanos por la Guardia Civil y que, como tal, solicitó autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Las declaraciones de esta mujer sirvieron para la desarticulación, enjuiciamiento y condena de una red dedicada a la prostitución, al tráfico de drogas y al tráfico de armas. Por un error burocrático la Guardia Civil no puede grabar en la base de datos correspondiente la concesión del estatuto de víctima de trata al ser competencia de la Policía Nacional, y el encargado de esta grabación olvidó proceder a su mecanización esta mujer fue detenida e internada durante 28 días en el CIE. Finalmente, gracias a la labor de nuestros voluntarios, en colaboración con el Defensor del Pueblo, fue puesta en libertad y obtuvo su autorización de residencia. La otra situación tuvo que ver con otra mujer de nacionalidad brasileña. Fue detenida en un piso dedicado a la prostitución y, en ese mismo lugar, según las afirmaciones de la Policía Nacional, se le preguntó si se dedicaba voluntariamente a la prostitución, a lo que respondió que sí. Como consecuencia de su estancia irregular, fue internada en el CIE de Madrid. En las visitas, nuestro personal voluntario evidenció claros indicios de que era víctima de trata. Al ponerse de manifiesto estos indicios a las autoridades, se contestó que ya se le había aplicado el protocolo durante su detención. Nos preguntamos qué operatividad tiene la formulación del protocolo de trata durante una detención, con el conjunto de personas detenidas presente, entre los cuales se encontraban personas relacionadas con la red. La Tabla 14 detalla el número de personas visitadas en 2016, por sexo y CIE: Personas visitadas, por sexo y CIE (2016) >> CIE Hombres Mujeres Barcelona 146 Madrid Tarifa 144 Valencia Total Fuente: elaboración propia SJM. 2. Nacionalidad Respecto a las nacionalidades de las personas visitadas, sigue la tónica de años anteriores, puesto que sobresalen Argelia (19,60%), Marruecos (6,68%) y Colombia (6,5%). No obstante, hay que volver a reiterar que el hecho de que las visitas realizadas en Tarifa durante 2016 fueran de carácter colectivo y en circunstancias muy adversas impidió que pudiera llevarse a efecto un desglose preciso de las nacionalidades, todas ellas africanas subsaharianas. La mayor importancia numérica de estas nacionalidades no es casualidad: son más las personas visitadas porque son más las personas internadas y porque resulta más fácil repatriarlas. Ello queda puesto de manifiesto con claridad en el Informe del Defensor del Pueblo, en cuanto Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura correspondiente al año TRANJEROS.pdf 33
34 La Tabla 15 detalla las nacionalidades de las personas internadas en CIE, visitadas por los equipos del SJM en 2016: Nacionalidades de las personas internadas en CIE visitadas por el SJM (2016) Nacionalidades Madrid Valencia Barcelona Tarifa Total Albania Alemania 1 1 Angola 1 1 Argelia Armenia 2 2 Argentina 3 3 Bangladesh 1 1 Bolivia Brasil 7 7 Bulgaria Burkina Faso 4 4 Cabo Verde 1 1 Camerún Colombia Costa de Marfil Croacia 1 1 Chile China 1 1 Ecuador Eslovaquia 1 1 Francia 1 1 Gabón 1 1 Gambia 9 9 Georgia Ghana 6 6 Grecia 1 1 Guinea Guinea Bissau 2 2 Guinea Ecuatorial Honduras 1 1 Hungría 1 1 India Kosovo 4 4 Mali Marruecos Mauritania México 2 2 Moldavia Montenegro
35 Nicaragua 1 1 Nigeria Paquistán Paraguay 1 1 Perú Rep. Centroafricana 1 1 República Democrática del Congo 1 1 Rep. Dominicana Rumanía Rusia 5 5 Senegal Serbia 1 1 Sierra Leona 1 1 Siria 2 2 Túnez Ucrania 2 2 Venezuela N/C Totales Tipología de situaciones según el menor o mayor arraigo Las cifras oficiales expresadas en este informe dan idea de unos centros de retención que, en realidad, actúan más como siniestros centros de acogida en los que se encierra a personas a las que, luego, se dejará en libertad en un limbo jurídico, que como espacios destinados a asegurar la eficacia de la expulsión. Dicho con otras palabras, los CIE se nutren esencialmente de las personas que acceden irregularmente a España a través de pequeñas embarcaciones, durante una primera fase de su estancia en España. Ahora bien, en nuestras visitas a los CIE encontramos el arco completo de posibilidades, en el sentido de que, atendiendo a un importante número de personas recién llegadas a España, también acompañamos a una cifra significativa de personas que llevan residiendo en España muchos años. 36% Un 36% de las personas visitadas son recién llegadas a España por vía marítima. El 5% manifestó llevar entre uno y cuatro años en territorio nacional, mientras que otro 5% expresó llevar más de cuatro y menos de siete años. El 7% de personas acompañadas llevaba residiendo en España entre siete y diez años, mientras que el 16% afirmaba haberlo hecho entre diez y quince años. Por último, más de una cuarta parte de las personas visitadas (26%) superaba los quince años de residencia en España. 35
36 asistencia sanitaria vuelos de repatriación alimentación
37 La contratación en torno a los CIE en perspectivas de seguridad y dignidad Son varios los CIE en los que se han acometido obras de reforma a finales de 2016 y comienzos de Obras que responden a las deficiencias estructurales y las malas condiciones de conservación de las instalaciones, como pone de manifiesto la serie de incidentes e intentos de huida de varios CIE a lo largo del último trimestre de A la hora de contratar obras de reforma de los CIE, la primera y principal preocupación de la Dirección General de la Policía es aumentar la seguridad: frente a los intentos de huida, y la del personal policial que presta sus servicios en el CIE.
38 De ahí la importancia de voces que insisten en las deficiencias de los CIE para quienes se ven forzados a vivir internados en los mismos hasta sesenta días. Es significativa la opinión de la Defensora del Pueblo, Dª. Soledad Becerril, en su comparecencia ante la Comisión Mixta del Senado para la relación con el Defensor del Pueblo el 20 de diciembre de : Cuáles son las condiciones en las que están los centros en la actualidad? Varios de ellos han sido reformados, es decir, sus instalaciones han sido objeto de reformas o ampliaciones. En términos generales, creo que hablar de mejoras y reformas comprende muchas de las obras hechas, pero existen todavía muchas deficiencias. Y me refiero a la infraestructura de los centros. Ahora hablaremos de las personas. La mirada de la Defensora del Pueblo sobre los CIE abordaba sus deficiencias estructurales desde la perspectiva de la dignidad y salvaguarda de los derechos de las personas internadas. De ahí su insistencia en la necesidad de cambiar el modelo de gestión, hoy policial, para ceñir la labor de la Policía Nacional al mantenimiento de la seguridad, confiando a otros funcionarios y a las ONG otras funciones y servicios. Su insistencia en ampliar la cobertura sanitaria, en proporcionar una buena información a las personas internadas sobre la marcha del procedimiento y la previsión de ejecución de la expulsión, en detectar a las personas menores de edad y a otras que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, en proporcionar recursos para el ocio y esparcimiento de los internos, en mejorar las instalaciones para la asistencia letrada, etc. En resumen, reclama mejoras en las infraestructuras de los centros, un mejor mantenimiento, y procurar una mayor y más constante atención y mayores servicios a esas personas. A lo largo de los años, las organizaciones de la sociedad civil que abanderan el clamor por el cierre de los CIE son las que más han manifestado su preocupación por las deficientes condiciones de habitabilidad de los CIE. En ocasiones, los Ayuntamientos han hecho suya la preocupación, lamentablemente según la posición acerca del internamiento de personas extranjeras defendida por el partido que asume el gobierno municipal. Pocas veces se ha procedido al cierre definitivo de unas instalaciones (como fue el caso del CIE de la Fuensanta en Málaga). Sí se han producido cierres temporales para desinsectar (caso de los CIE de Barcelona-Zona Franca Valencia-Zapadores) o para acometer obras de reforma (como sucede en marzo de 2017 en el CIE de Algeciras). Del mismo modo que la sociedad civil y el Defensor del Pueblo se preocupan por el mantenimiento y las obras de reforma requeridas por los CIE para asegurar unas condiciones dignas de habitabilidad, hasta tanto se cierren definitivamente, conviene que presten atención a los procedimientos y condiciones de contratación, al modo como se ejecutan los contratos, en definitiva, al negocio que mueven los CIE. En una institución tan problemática desde el punto de vista ético como los CIE, es preciso velar porque la actividad remunerada sirva al máximo a la dignidad de las personas. La contratación en torno a los CIE suscita interrogantes sobre el grado de publicidad de los procedimientos, la cantidad de empresas que presentan ofertas cuando se licita un contrato, la calidad de los servicios de acuerdo al precio estipulado. Conviene preguntarse qué sucede en campos de contratación como las obras, los suministros de ropa y útiles de aseo, la provisión de comidas, los servicios de asistencia médica, e incluso los convenios con la Cruz Roja para la asistencia integral. Por conexión con los centros de internamiento de extranjeros, cabe preguntarse también por la contratación de los vuelos en los que se ejecutan las órdenes de expulsión. 4 Para más información, Cfr. la versión digital del diario de sesiones del Senado correspondiente al 20 de diciembre de 2016, accesible online el 20/03/2017 en: 38
39 Afortunadamente, la contratación del Estado cuenta con un cierto grado de publicidad: la licitación y adjudicación de muchos contratos queda reflejada en el BOE, se pueden consultar los detalles de la licitación, adjudicación y formalización en la plataforma de contratación del Estado, incluso conocer al detalle los pliegos de prescripciones técnicas, etc. Ese grado de transparencia para quien investiga, propio del Estado de Derecho, no puede eximir de interrogarse sobre la accesibilidad de la información a lo largo del proceso, más allá de las empresas contratistas del Estado que permanecen atentas a las oportunidades de contratación. 1. Obras Por lo que respecta al CIE de Sangonera Verde (Murcia), en la plataforma de contratación del Estado se publicó el 28 de febrero de 2017 la formalización de un contrato adjudicado el 7 del mismo mes a la empresa MEDIO- HABIT SL para acometer obras de emergencia para la mejora de la seguridad. El acuerdo de adjudicación se había adoptado el 14 de diciembre de La tramitación que siguió fue de emergencia, y el procedimiento negociado sin publicidad. Ninguna otra empresa presentó una oferta. La División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía justificaba así la adopción de un procedimiento acelerado: Con motivo del amotinamiento y fuga de numerosos internos, extranjeros en situación irregular en España, se han puesto de manifiesto deficiencias, que pueden suponer peligro para la integridad física, en materia de seguridad que ha sido necesario corregir. La cuantía del contrato es de ,09 ( ,00 con impuestos incluidos). Por lo que respecta al CIE de Madrid-Aluche, el 17 de diciembre, el BOE publicaba la formalización de un contrato entre la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía y la empresa Aranea Arquitectura, S.L., con el objeto de acometer obras de emergencia. Se trata de un contrato por valor de ,18 ( ,00 con impuestos), cuya tramitación ha sido calificada como de emergencia y cuyo procedimiento ha carecido de publicidad. Ninguna otra empresa había presentado oferta. Podría pensarse que ello es fruto de la situación generada tras los incidentes del 18 y 19 de octubre. Lo curioso es que ese preciso contrato había sido adjudicado el 23 de agosto y formalizado el 9 de septiembre. El mismo 18 de agosto de 2016 se había adjudicado otro contrato de obras para la seguridad del CIE de Madrid-Aluche: un contrato menor, por valor de ,14, adjudicado al contratista José Luis Bernal Hernández, sin que haya habido otras ofertas. Por lo que respecta al CIE de Algeciras, y al que se denomina anexo en Tarifa, el Gobierno de España respondió a una pregunta de la senadora María Isabel Mora Grande (GPPOD) sobre la climatización de las instalaciones, así como la mejora del aislamiento térmico, proporcionado información sobre los gastos de mantenimiento entre 2012 y 2016, así como la relación de inversiones realizadas entre 2005 y Indica los módulos del CIE de Algeciras clausurados en el momento de formularse la pregunta (B y E). Igualmente, alude a las inspecciones de la Secretaría de Estado de Seguridad-Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, cuyos informes emitidos en 2015 y 2016 recomiendan mejoras relacionadas con la climatización. Llama la atención que la inspección haya solicitado obras de climatización y aislamiento térmico en el CIE de Algeciras y no en el de Tarifa, cuyas instalaciones considera ajustadas a las normas de habitabilidad, entendiendo que, el que dicho Centro no disponga de sistema de calefacción ni de aire acondicionado, se ajusta a las condiciones climáticas de la localidad. 2. Suministros Al rastrear el BOE, el Portal de la Transparencia y la Plataforma de Contratación del Estado en busca de contratos de suministros a los CIE, principalmente en 2016, se encuentran algunos ejemplos relativos a efectos que entregar a las personas internadas: El 12 de febrero se adjudicó un contrato menor, para la adquisición de kits de aseo con destino al CIE de Madrid-Aluche, a la empresa SUMINISTROS MUNDIALES SUMUN, S.L., por ,00, en una licitación para la que no se presentaron más ofertas. El mismo día se adjudicó otro contrato menor, para la adquisición de colchones y mantas ignífugos con destino a los CIE, a la empresa SUMICOLTEX, S.L. por ,00 en una licitación para la que se presentaron 3 ofertas. Poco después, el 16 de febrero, se adjudicó otro contrato menor para la adquisición de 400 kits de ropa masculina y femenina (prendas sin especificar), a la empresa SUMICOLTEX, S.L. por ,00, en una licitación para la que se habían presentado 2 ofertas. Y el 31 de mayo se adjudicó otro contrato menor, para la adquisición de 420 kits de ropa masculina y femenina (zapatillas, chándal, camiseta, calcetines y ropa interior), a la empresa ANKARA CITY TRES, S.L. por ,60, en una licitación para la que no se presentaron otras ofertas. Por lo que respecta a años anteriores, se encuentran ejemplos similares de contratos menores para la adquisición de colchones y mantas ignífugos, sábanas y toallas, varias prendas de vestir masculinas y femeninas, y productos de aseo. Las cuantías tampoco varían: normalmente entre los 39
40 diez mil y los dieciocho mil euros. Así como el escaso número de ofertas de empresas concurrentes en cada licitación. En principio, no extraña la precaución de adquirir colchones y mantas ignífugos, por una noción de seguridad ambivalente: para proteger la vida e integridad de las personas internadas en caso de incendio y para minimizar el uso de la ropa de cama como combustible en posibles motines. Sin embargo, conviene preguntarse en qué medida la composición y grosor de los colchones afectan a su calidad, siendo saludables para la espalda y facilitando un sueño suficientemente confortable. Igualmente, conviene preguntarse si la composición y espesura de las mantas las hacen aptas para retener el calor. Sería interesante comparar este punto con los colchones y mantas usados en otros edificios públicos con carácter residencial como acuartelamientos, incluso en los establecimientos penitenciarios. Tampoco extraña que, a lo largo de los años, tenga que renovarse la ropa de cama y toallas. Quizá, valga la pena notar que los equipos del SJM que visitan los CIE manifiestan con frecuencia la carencia de prendas de vestir y de calzado disponible para cubrir las carencias de las personas internadas, especialmente cuando se trata de migrantes recién arribados a la Península o a Canarias mediante embarcaciones. Como se apuntará a propósito del convenio con la Cruz Roja española para la asistencia integral, se perciben lagunas en la responsabilidad de proveer de ropa suficiente a las personas internadas. No es infrecuente que las direcciones de los CIE sondeen al voluntariado de ONG que los visitan la posibilidad de conseguir prendas de roperos parroquiales, de Cáritas o de redes de donantes particulares. El problema de falta de ropa y útiles de aseo e higiene también ha sido denunciado por los jueces de control, precisamente por las consecuencias que tiene sobre la higiene y salud personal, así como sobre la salud pública. Sería preciso revisar la política de contratación de suministros, tanto en los efectos que deben comprender, como en la cuantía disponible, de modo que se ajusten a las necesidades reales. La negligencia en este punto lesiona la dignidad de las personas y demuestra, más si cabe, la perversión de una medida como el internamiento. 3. Provisión de comidas El 12 de febrero de 2017 se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de un contrato para la provisión, elaboración y servicio diario de alimentación a las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) existentes en dependencias policiales. El valor del contrato se estima en , mientras que su importe en ,00 (en realidad, con impuestos). Y el plazo de ejecución se extiende entre el primero de julio de 2017 y el 31 de diciembre de Es un contrato importante, desde luego en el sentido propio del término, siquiera sea por la cuantía económica. Lo es también para la empresa a la que se adjudique y su personal contratado, por la relativa estabilidad que le da contar con un plazo de dos años y medio. Pero lo es, principalmente, para las personas internadas en los CIE, a quienes debe asegurarse una nutrición correcta, y unos menús acomodados a la diversidad de situaciones médicas y de exigencias religiosas en conciencia, tal como dispone el artículo a) del reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE. Interesa conocer más detalles del proceso de contratación abierto con la licitación mencionada: especialmente el pliego de prescripciones técnicas, como el que establece el marco al que la empresa adjudicataria debe conformar su servicio. También merece la pena retrotraerse en el tiempo para observar las incidencias en la contratación de este servicio a lo largo de la última década. 3.1 Criterio de adjudicación La licitación especifica, como criterio de adjudicación, el compromiso de la empresa en la realización de análisis bacteriológicos, desarrollo del servicio, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de los lugares de trabajo y de los puestos de trabajo y precio. Además de otros criterios específicos del contratista, como (capacidad de obrar; no prohibición para contratar; cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; cumplimiento con las obligaciones tributarias), la licitación insiste en su solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional. Mide su solvencia económica y financiera según la cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos, que deberá ser al menos de ). Mide su solvencia técnica y profesional según los trabajos realizados: relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos años, que incluya 40
41 importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, deberá ser igual o superior a Detalle del contrato en el pliego de prescripciones técnicas El pliego de prescripciones técnicas y sus cuatro anexos llenan un documento, preciso y detallado, de 31 páginas. En primer lugar, precisa el objeto del contrato y su duración (en los términos ya apuntados), así como la identificación de los centros en los que la empresa prestará sus servicios: Algeciras (190 internos), Barcelona (145 internos), Madrid (290 internos), Murcia (120 internos), Fuerteventura (910 internos), Santa Cruz de Tenerife (335 internos), Las Palmas de Gran Canaria (170 internos) y Valencia (145 internos). Al respecto, llama la atención que no se identifiquen las dependencias del CIE de Algeciras en Tarifa, puesto que solo se indica la dirección postal de Algeciras. El pliego establece el carácter diario (domingos y festivos incluidos) de los servicios de desayuno, comida y cena en los términos descritos en los anexos. Precisa que se tomarán en consideración las prohibiciones impuestas por las diferentes creencias o religiones de los internos sobre la ingestión de determinados alimentos, desarrollando lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del reglamento. Esta fórmula da cierta holgura a la empresa para buscar un acomodo razonable. En cambio, cuando median estrictas razones de enfermedad que requieran el consumo de alimentación específica, y bajo prescripción facultativa, la empresa sí se verá obligada a sustituir el menú ordinario por otro alternativo que contenga la alimentación específica prescrita, sin aumento de costes. Dentro de los márgenes dados por las especificaciones de desayunos, comidas y cenas en los anexos al pliego, la dirección de los centros podrá solicitar de la empresa adjudicataria el envío con una semana de antelación de distintas alternativas de menú para elegir la que estime más conveniente. Algunos CIE disponen de cocinas, de las que se valdrá la empresa adjudicataria: Algeciras, Barcelona, Madrid y Murcia. Para los demás CIE, la empresa usará sus propias instalaciones, transportando las comidas al CIE en los términos especificados en el pliego. De nuevo, llama la atención que no se mencionen las instalaciones de Tarifa. Dentro del servicio se comprende la elaboración de comidas de traslado (entre CIE y CIE o al aeropuerto), así como la instalación de máquinas de vending, en el número y ubicación que la dirección de cada CIE determine. El listado de obligaciones de la empresa es detallado. Además de la provisión, elaboración y servicio de los alimentos; de la limpieza e higiene (desinfección, desratización y desinsectación); o de mantener al día licencias y autorizaciones varias; llama la atención la adquisición de las instalaciones, equipamientos, menaje y utillaje especificados en anexo, dada la obsolescencia de los actuales en las cocinas de los CIE de Algeciras, Barcelona, Madrid y Murcia. Cuando el pliego las cuestiones de personal, además de excluir cualquier tipo de relación laboral de este con la Dirección General de Policía, impone a la empresa adjudicataria la subrogación del que presta actualmente sus servicios en las cocinas de los CIE de Algeciras, Barcelona, Madrid y Murcia. Hay otras cláusulas, como las que tocan a las condiciones sanitarias, las medidas de seguridad, etc. Resultan de interés los anexos. El primero detalla la estructura de los desayunos, comidas y cenas; así como las calorías, proteínas y vitaminas que deben aportar, en su conjunto, al día. El segundo precisa 7 modelos de desayuno. El tercero detalla los gramajes de ingredientes en fresco, para cada persona, en categorías como: verduras y hortalizas (congeladas y frescas), legumbres, patatas, arroz, ensaladas, huevos y tortillas, pescados, pollos y aves, carnes, fiambres, precocinados, bocadillos, postres, desayunos y guarniciones. También entra en las especificaciones de hasta 20 categorías de materias primas. En suma, el detalle al que desciende el pliego de prescripciones técnicas denota la importancia del servicio objeto del contrato. A su vez, proporciona un excelente marco para el control, no solo de la labor de la empresa adjudicataria del contrato, sino también de la Administración en su obligación de alimentar a las personas internadas, siguiendo las prescripciones facultativas cuando las haya y tomando en consideración las prohibiciones alimenticias según las creencias y tradiciones religiosas de los internos. 3.3 Incidencias en la contratación En la actualidad, la empresa adjudicataria del contrato de provisión, elaboración y servicio diario de alimentación en los CIE es Albie. Restauración social, catering y vending. Se presenta como una empresa con más de 20 años de experiencia en cubrir las necesidades de entidades educativas, residencias de personas mayores, empresas, centros sanitarios y otras instituciones. A este respecto, insiste en que su compromiso social incluye, de modo muy especial, ofrecer soluciones de restauración para el ejército y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (centros de formación del Ministerio del Interior, centros penitenciarios, comisarías...). Por lo que respecta al conjunto de los CIE, Albie presta sus servicios desde Antes, desde 2004, lo hacía en algunos CIE y no en otros, 41
42 puesto que el contrato se adjudicaba a distintas empresas, según lotes que coincidían con cada centro. En 2013 se le adjudicó el contrato por 31 meses. En 2016 se modificó ese mismo contrato, prorrogándolo por 12 meses, posibilidad prevista en las licitaciones. 4. Asistencia sanitaria El BOE de 23 de mayo de 2016 publicaba el anuncio de formalización de un contrato de la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía con el objeto de realizar reconocimientos médicos y de asistencia sanitaria de personas extranjeras sometidas a custodia en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Su licitación se había publicado el primero de julio de Tramitado de modo ordinario y mediante un procedimiento abierto, se había adjudicado a CLÍNICA MADRID, S.A., como la oferta más ventajosa que cumplía con las condiciones prescritas en los pliegos, entre las 6 presentadas. Estimado el valor del contrato en ,00 y fijado el presupuesto base de la licitación en ,00, se adjudicó por ,90. La empresa adjudicataria había ganado las licitaciones previas, al menos desde Llama la atención que la cuantía de los contratos para la prestación de asistencia sanitaria en los CIE sigue una tendencia a la baja, al menos desde Por ejemplo: ,00 en 2012 y ,00 en En 2010, había sido de ,00 (contrato entonces adjudicado a Servicios Médicos Especializados S.L.). Pensando en las condiciones de vida de las personas internadas, la asistencia sanitaria debería tener el mismo nivel de prioridad que la alimentación y la habitabilidad, higiene y seguridad de las instalaciones. Por ello, la simple disminución de las cuantías de los contratos suscita una inquietud. Conviene analizar los pliegos de prescripciones técnicas previstas para contratar los reconocimientos médicos y la asistencia sanitaria en los CIE, siquiera para tener una primera idea acerca del planteamiento que tiene sobre la misma la Dirección General de Policía. Y conviene contrastar dicho planteamiento con la observación que hacen los voluntarios que acompañan a las personas internadas. 4.1 El pliego de prescripciones técnicas Un primer detalle formal del pliego contrasta con el analizado a propósito de la provisión de comidas: las escasas 4 páginas, frente a las 31 que llenaban el pliego con sus anexos. Otro segundo detalle formal interesante se refiere a los centros en los que se prestará el servicio: Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Algeciras, Las Palmas, Tenerife, Fuerteventura y Tarifa. En efecto, se identifica el CIE de Tarifa, que no viene mencionado en el contrato para la provisión de comidas, ni siquiera como dependencias del CIE de Algeciras. La Administración debería homogeneizar la relación de CIE, identificando siempre al de Tarifa como uno más de la serie. Llama la atención la disparidad de horarios de servicios de médico y enfermero entre los distintos CIE, que pone de relieve la Tabla 16. Horarios de cobertura sanitaria en los CIE (2016) CIE Médico Enfermero Madrid L-V: 08:00-22:00; S-D (F): 08:00-13:00 L-D 08:00-22:00 Barcelona L-V: 08:00-15:00; S-D (F): 10:00-13:00 L-V: 08:00-22:00; S-D (F): 08:00-15:00 Valencia L-V: 08:00-15:00; S-D: 10:00-13:00 L-V: 08:00-22:00; S-D (F): 08:00-15:00 Murcia L-V: 08:00-15:00; S: 10:00-13:00 L-V: 08:00-22:00; S: 08:00-15:00 Algeciras L-V: 08:00-15:00; S: 10:00-13:00 L-V: 08:00-22:00; S: 08:00-15:00 Las Palmas L-V: 10:00-12:00 L-V: 08:00-12:00 Tenerife L-V: 11:00-13:00 L-V: 09:00-13:00 Fuerteventura L-V: 10:30-12:30 L-V: 08:30-12:30 Tarifa L-V: 08:00-13:00; S-D (F): 10:00-13:00 L-V: 08:00-13:00; S-D (F): 08:00-15:00 Fuente: elaboración propia SJM a partir del pliego de prescripciones técnicas del contrato para los servicios de reconocimiento médico y asistencia sanitaria en los CIE. 42
43 Se explica difícilmente que los CIE con mayor capacidad, el de Fuerteventura (910 internos) y Tenerife (335 internos) estén entre los que tienen un horario más restringido, salvo que la ocupación efectiva se mantenga siempre en niveles muy bajos. Incluso resulta un horario restringido el de Las Palmas de Gran Canaria (170 internos). El horario más extenso, el de Madrid (290 internos), parece el más razonable. Tendría que verse si la referencia a los 190 internos de Algeciras comprende a los de Tarifa, en cuyo caso podrían resultar medianamente razonables los horarios de asistencia sanitaria en uno y otro. Los horarios de Barcelona (145 internos) y Murcia (120 internos) quedarían en un rango intermedio, si bien les faltaría la asistencia en domingo prevista en Valencia (145 internos). Los servicios previstos en el pliego son muy básicos. En primer lugar, la elaboración de un historial médico con los datos de filiación y algunos campos relativos a la historia clínica: antecedentes familiares y personales, historia actual (hábitos, patologías actuales, tratamientos farmacológicos, alergias, etc.) y anamnesis sistemática por aparatos. En segundo lugar, se les realizará una exploración general para determinar datos biométricos (peso, talla, tensión arterial y pulso). La asistencia sanitaria controlada se limita a los reconocimientos médicos a la entrada y salida, además de los que fueren necesarios por razón de salud colectiva. Esta cláusula contiene una referencia cuyo sentido no queda muy claro: cuando añade sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente a fin de cubrir la necesidad eventual de hospitalización de los extranjeros ingresados, así como de la asistencia médica especializada. Se añaden menciones al tratamiento y retirada de residuos peligrosos. Una obligación añadida toca a la colaboración con el responsable de asistencia sanitaria del CIE en cuestiones que toquen a la alimentación, higiene y salubridad. Conviene notar los informes previstos en el contrato. En efecto, se prevé que los interesados puedan recibir informes médicos personalizados que reflejen los exámenes de salud realizados, su situación sanitaria y la propuesta terapéutica si la hubiere. Del mismo modo, el servicio de asistencia sanitaria debe contar con informes globales de los exámenes de salud de los internos respetuosos de la intimidad, dignidad y confidencialidad. Antes de que se ejecute la orden de expulsión, la empresa adjudicataria deberá elaborar informes médicos en los que conste que no existen contraindicaciones de tipo sanitario para los desplazamientos por medios terrestres, marítimos y aéreos. Quizá sea conveniente contrastar los servicios previstos en el pliego con los números 1 y 2 del artículo 30 del reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE, relativos al reconocimiento médico: 1. Tras su ingreso en el centro los extranjeros serán sometidos a examen por el servicio de asistencia sanitaria del centro, con el objeto de conocer si padecen enfermedades de tipo físico o psíquico o presentan cuadro de toxicomanía y disponer al efecto el tratamiento adecuado. Si el tipo de enfermedad o padecimiento, a juicio del facultativo, hiciera aconsejable su ingreso en un centro hospitalario, elevará propuesta motivada en tal sentido al director, quien adoptará las medidas necesarias para llevarlo a efecto, dando cuenta al juez o tribunal a cuya disposición se encuentre el extranjero. 2. Si en el reconocimiento se detectaran lesiones, el servicio de asistencia sanitaria del centro procederá a elaborar el correspondiente parte facultativo y, de ser necesario, ordenará el traslado del paciente a un centro hospitalario conforme al procedimiento establecido en este reglamento. En todo caso, se hará constar si las lesiones son o no anteriores a la entrada en el centro y si habían sido o no previamente descritas en el parte facultativo de lesiones contemplado en el artículo 26.1.h). De no estar descritas en el parte facultativo inicial, el servicio de asistencia sanitaria, además de ponerlo en conocimiento del director, deberá remitir el parte de lesiones al juzgado de instrucción del partido judicial donde se encuentre radicado el centro. El reglamento es más específico que el pliego de prescripciones técnicas, lo cual dice mal del pliego. La finalidad del examen médico inicial es la disposición del tratamiento adecuado de las enfermedades físicas o psíquicas, de los cuadros de toxicomanía o de las lesiones que presenten las personas internadas, o su ingreso en un centro hospitalario. Prevé también otros reconocimientos médicos para el mismo efecto, solo que, de comprobarse que la persona internada sufre lesiones que no aparecían en el examen inicial, se dé cuenta al juez o tribunal a cuya disposición se encuentre. 43
44 El pliego de prescripciones técnicas especifica que toda la asistencia sanitaria se prestará en las instalaciones del CIE, por parte de personal técnico cualificado de la empresa, que deberá mantener actualizados sus registros documentales. Y se añade un anexo con la relación del material técnico mínimo para la realización de las consultas en el CIE, que deberá estar homologado. 4.2 Sobre la legalidad de este sistema de contratación El artículo 14 del reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE regula el servicio de asistencia sanitaria. En su apartado primero pone dicho servicio bajo la responsabilidad de un médico perteneciente a la Administración General del Estado, que estará auxiliado en sus cometidos por, al menos, un ayudante técnico sanitario o diplomado o graduado universitario en enfermería. Sin embargo, el contrato con CLINICA MADRID, S.A. en la práctica externaliza dicha responsabilidad en facultativos y ayudantes técnicos sanitarios de una empresa privada. Es cierto que el apartado tercero prevé la posibilidad de celebrar contratos con empresas privadas... solo que, para cubrir la necesidad eventual de hospitalización de los extranjeros internados, así como de asistencia médica especializada. Es decir, que la Administración podría estar incumpliendo la normativa vigente. Artículo 14. Servicio de asistencia sanitaria. 1. En cada centro existirá un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico perteneciente a la Administración General del Estado, que estará auxiliado en sus cometidos por, al menos, un ayudante técnico sanitario o diplomado o graduado universitario en enfermería. La Dirección General de la Policía dispondrá lo necesario para garantizar la adaptación de dicho servicio a las necesidades existentes en cada momento en el centro, en función del nivel de ocupación. 2. Corresponde al servicio de asistencia sanitaria, además de la atención sanitaria, médica y farmacéutica de los extranjeros internados, la inspección de los servicios de higiene, informando y proponiendo a la dirección, para su aprobación y previo examen de la junta de coordinación, las medidas necesarias y suficientes, en relación con: a) El estado, preparación y distribución de los alimentos, que serán los adecuados para el mantenimiento de una dieta normal de los extranjeros internados, teniendo en consideración las adaptaciones necesarias en caso de enfermedad o creencia religiosa, o de aquella especial que, a juicio del facultativo, requieran determinados extranjeros. b) El aseo e higiene de los extranjeros internados, así como de sus ropas y pertenencias. c) La higiene, calefacción, iluminación y ventilación de las dependencias. d) Los servicios de control periódico de la salubridad. e) La prevención de epidemias y adopción de medidas de aislamiento de pacientes infecto-contagiosos. 3. A fin de cubrir la necesidad eventual de hospitalización de los extranjeros internados, así como de asistencia médica especializada, la Dirección General de la Policía podrá celebrar acuerdos, convenios o contratos con otros ministerios, administraciones públicas y entidades públicas o privadas, conforme a la normativa vigente en materia de contratación del sector público, y con cargo a los programas establecidos en las correspondientes partidas presupuestarias. 44
45 Más aún, el pliego de prescripciones técnicas, al tratar sobre la colaboración de la empresa adjudicataria con el responsable de asistencia sanitaria del centro en servicios de higiene, alimentación y salubridad de los internos extranjeros, no desciende al grado de detalle del reglamento. 5. Asistencia integral El 14 de marzo de 2016, la sala de prensa del Ministerio del Interior publicaba la noticia del destino de euros a Cruz Roja Española para la prestación de programas de asistencia social y humanitaria en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Algeciras y Tarifa a lo largo del año Subvención otorgada directamente mediante la firma de un convenio de colaboración, por una cuantía que doblaba la destinada el año anterior. Según la misma fuente, mediante dicha subvención se financian actuaciones en materia de intervención con las personas internadas, especialmente la interpretación de lenguas, facilitación de las relaciones familiares con el exterior, tramitación de documentos, mediación social para favorecer el diálogo y la comprensión mutua entre los internos y las autoridades con el fin de prevenir y reducir los posibles conflictos, facilitar toda la información sobre los requisitos para solicitar protección internacional, así como servir de agentes colaboradores en todas aquellas labores de planificación y desarrollo de todo tipo de actividades y gestiones necesarias que se deriven de ellas. Para la prestación de los servicios mencionados, la Cruz Roja dispondrá de espacios diferenciados habilitados en los CIE. La nota afirma como cierto un elemento subjetivo loable en la intención, pero que no queda comprobado, lamentablemente, en la práctica: Este convenio, no sólo demuestra el compromiso del Ministerio del Interior con las personas internadas en los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) en España, sino que proporciona y fomenta una respuesta urgente, adecuada y efectiva a las necesidades planteadas por las personas que se encuentran temporalmente en estos centros. Este tipo de convenios se remonta a 2010, momento en que la asistencia integral se limitaba al CIE de Madrid- Aluche. La subvención canalizada a través de aquel primer convenio vino regulada por Real Decreto 6. En 2014, el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE reguló los servicios de asistencia social, jurídica y cultural en su artículo 15, que prevé la posibilidad de concertar su prestación con otros ministerios, otras administraciones públicas, o de encomendarla a entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales u otras sin ánimo de lucro, mediante la suscripción de acuerdos, convenios o contratos. Por lo que un convenio como el suscrito con la Cruz Roja española se ajusta a la normativa vigente. Artículo 15. Servicios de asistencia social, jurídica y cultural 1. Los centros dispondrán de los correspondientes servicios de asistencia social y cultural a los extranjeros internados, atendidos por trabajadores sociales, bajo la dependencia directa del director, a quien se someterán, para su aprobación, los oportunos planes o proyectos de actuación, previo análisis de los mismos por la junta de coordinación. 5 Información accesible online (26/03/2017) en: 6 Real Decreto 167/2010, de 19 de febrero, por el que se regula la concesión de una subvención directa a favor de Cruz Roja Española para el desarrollo de programas de asistencia integral en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid durante el ejercicio Accesible online (26/03/2017) en: 45
46 2. La prestación de servicios de asistencia social que se faciliten en los centros podrá ser concertada por la Dirección General de la Policía con órganos de otros ministerios o pertenecientes a otras administraciones públicas o mediante la suscripción de acuerdos, convenios o contratos, conforme a la normativa vigente en materia de contratación del sector público, con entidades públicas o privadas y con organizaciones no gubernamentales u otras sin ánimo de lucro, con experiencia en la colaboración en la prestación de estos servicios. En todo caso, el personal integrante de los servicios de asistencia social deberá contar con formación o conocimientos adecuados en materia de derechos humanos, extranjería, protección internacional, mediación intercultural, así como de enfoque de género y violencia contra las mujeres. 3. La asistencia social y cultural se orientará fundamentalmente a la resolución de los problemas surgidos a los extranjeros internados y, en su caso, a sus familias, como consecuencia de la situación de ingreso, en especial los relacionados con interpretación de lenguas, relaciones familiares con el exterior o tramitación de documentos. 4. Los centros dispondrán de dependencias que aseguren la confidencialidad de la orientación jurídica que preste al interno su abogado. Se suscribirán acuerdos de colaboración con los colegios de abogados en orden a establecer las condiciones de funcionamiento del servicio de asistencia jurídica, encargado de asistir jurídicamente a los internos que lo soliciten. Conviene observar en qué medida se ajustan a las previsiones normativas las cláusulas del convenio, especialmente en lo tocante a las prestaciones. Intervención con todas las personas internas, en especial la interpretación de lenguas y relaciones familiares con el exterior o tramitación de documento. Restablecimiento del contacto familiar, aquí y con los países de origen. Mediación social, favoreciendo (sic) diálogo y comprensión mutua entre internos y autoridades, previniendo o reduciendo los posibles conflictos. Facilitar información sobre los requisitos para solicitar, en su caso, protección internacional. Planificación y desarrollo de todo tipo de actividades. Realización de las gestiones necesarias derivadas de la intervención. Dada la relación de prestaciones incluidas en el convenio, no parece que haya contradicción con el reglamento. Sí podría decirse que, más que asistencia integral, se trata de una asistencia socio-jurídica, en la que lo cultural se limita a la interpretación de lenguas y, quizá, a un aspecto de la mediación social para la prevención o reducción de posibles conflictos. Eso sí, la cláusula abierta alusiva a la planificación y desarrollo de todo tipo de actividades, podría canalizar y dar cuerpo a una oferta cultural, y para compensar el ocio forzoso. Llama la atención que, en el elenco de prestaciones, no se incluya la provisión de ropa y artículos de aseo e higiene a las personas internadas, cuando la relación de gastos financiables indica expresamente los útiles de higiene personal y vestido destinados a los internos. En la práctica, la Cruz Roja niega que la provisión de ropa y útiles de aseo e higiene sea obligación suya. Por otra parte, al revisar los contratos celebrados por la Administración para la adquisición de ropa y kits de aseo, se hacía notar los problemas de desabastecimiento, agravados cuando las personas internadas están recién arribadas a costas españolas, situación muy distinta de quien posee redes familiares y sociales. Igualmente, al abordar los gastos financiables, sí queda clara la inclusión de materiales didácticos, de ocio y tiempo libre (juegos, deporte, prensa, manualidades, etc.). También es interesante la previsión de cualificación del personal que aporte la Cruz Roja española para la prestación de dicha asistencia. 46
47 6. Servicios de transporte aéreo El BOE de 25 de noviembre de 2016 publicaba el anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial con el objeto de prestar servicios de trasporte aéreo para el traslado de pasajeros entre diversos puntos del territorio nacional y desde estos a otros países, en aplicación de medidas relacionadas con el ingreso en Centros de Internamiento de Extranjeros o con la ejecución de repatriaciones de extranjeros a sus países de origen. Propiamente, se trata de un servicio externo a los CIE, pero su conexión es más que evidente. El contrato cuya formalización anunciaba el BOE mencionado fue suscrito con una Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por: EVELOP AIRLINES, S.L.; OR- BEST, S.A. y AIR NOSTRUM LAM, S.A. Su duración prevista era de 18 meses, tenía un valor estimado e importe de ,00, reducido a ,00 cuando el importe se consideraba sin impuestos. Es preciso señalar que había habido 2 ofertas presentadas en respuesta a la licitación de dicho contrato, publicada. Y la adjudicación anunciada venía a propuesta de la Mesa de contratación como consecuencia de la Resolución nº 487/2016 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (24 de junio de 2016). En efecto, el 25 de febrero, a propuesta de la Mesa de contratación, el contrato había sido adjudicado a la UTE formada por AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A.U. y SWIFT AIR, como en licitaciones anteriores de 2013 y 2015, a pesar de que la oferta económica de la UTE formada por EVE- LOP AIRLINES, S.L.; ORBEST, S.A. y AIR NOSTRUM LAM, S.A. había sido más ventajosa, alegando que no había presentado toda la documentación establecida en el artículo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El TACRC estimó el recurso interpuesto contra dicha decisión porque la necesidad de aportar la documentación que se estimaba faltante no se deducía del pliego de prescripciones técnicas. Es interesante el pliego de prescripciones técnicas del contrato, cuyo nivel de detalle y atención a cuestiones de seguridad está cerca del correspondiente a la provisión de alimentos. En primer lugar, establece que los servicios de transporte aéreo contratados se organizan mediante vuelos no integrados en líneas regulares o comerciales de pasajeros en general. Pueden ser tanto vuelos nacionales como internacionales (con origen en España), entendiendo siempre que cada vuelo comporta trayectos de ida y vuelta, admitiendo escalas intermedias por razones técnicas o para la recogida o bajada de pasajeros. Igualmente comprende vuelos conjuntos bajo los auspicios de FRONTEX, organizados por España. El pliego distingue hasta 7 grupos de personas para los que se requiere dicho servicio de transporte. Cuatro comprenden a las personas extranjeras: que deben ingresar en un CIE o ser trasladadas entre dos CIE, a las que se repatría en ejecución de una orden de expulsión forzosa, a las que se traslada a diversos recursos de acogida dentro de procedimientos administrativos o judiciales de expulsión, así como las que permanecen bajo la custodia de autoridades de otros Estados miembro de la UE y que deban ser repatriados en vuelos auspiciados por FRONTEX y organizados por España. Tres grupos se refieren a funcionarios policiales y a otras categorías de funcionarios, tanto de España como de otros Estados miembro de la UE que deban acompañar a las personas extranjeras en su transporte. La Secretaría de Estado de Seguridad (SES) es la que determina la relación de personas a transportar, el número de vuelos, las fechas, los puntos de origen y destino. Lo hace según las necesidades, solo que trata de prevenir trimestralmente a la UTE sobre sus previsiones al respecto a efectos de una mayor organización. Pero avisará con 48 horas de antelación de la fecha del vuelo, aeropuertos (origen, destino y eventuales escalas), número de pasajeros (luego adjuntará la relación nominal). La empresa adjudicataria deberá organizar el vuelo, salvo que medien causas de fuerza mayor o circunstancias insalvables. La UTE debe tener disponible la flota de aeronaves (cuya antigüedad nunca puede superar los 25 años) y la tripulación (siempre en plantilla, nunca subcontratada). Debe transportar a las personas incluidas en la relación proporcionada por la SES, sin que le esté permitido ocupar las plazas restantes con otros pasajeros (vendiendo billetes u ofreciéndolas gratuitamente). Sería prolijo descender a todas las cláusulas relativas a seguros, condiciones técnicas, equipamiento para la seguridad y confort de los viajeros, servicios auxiliares (como el handling)... Sí cabe resaltar que se especifica que la calidad del servicio debe corresponder, como mínimo, a la propia de la clase turista; que siempre debe proveerse a los viajeros de agua mineral y que, para vuelos internacionales con más de 2 horas de duración, se proporcionarán desayunos, comidas o cenas (según el caso) con intervalos de 3 horas. Como sucede en la contratación de la provisión de alimentos, los servicios de cáterin deberán adaptarse a las peculiaridades de orden cultural o religioso de los componentes del pasaje. En ningún caso se servirán bebidas alcohólicas. El régimen económico del contrato, con el tope del importe del contrato, viene determinado por los costes unitarios de los aviones necesitados para cada vuelo (según las plazas disponibles); de los suplementos por posicionamiento de las aeronaves de cada tipo en los aeropuertos de Península y Baleares, Melilla, y Canarias; así como de los precios unitarios por las estancias en tierra. 47
48 Testimonios de personas visitadas 7 7 Los nombres utilizados son ficticios para proteger la identidad real de las personas.
49 ANTONIA Liberada del CIE tras comprobarse que había sido identificada como víctima de trata de seres humanos. Fue detenida e ingresada en el CIE. Manifestaba haber estado ejerciendo la prostitución. En una de nuestras visitas nos mostró un documento expedido por la Guardia Civil en el que se la identificaba como víctima de trata de seres humanos, comprometiéndose a colaborar con las autoridades policiales y judiciales. Tras nuestras investigaciones, en colaboración con el Defensor del Pueblo, se descubrió que había participado como testigo en procedimientos penales que acabaron con la condena de los acusados por delitos tales como tráfico de drogas, tenencia de armas, etc.; también se descubrió que había solicitado una autorización de residencia por circunstancias excepcionales que no se había tramitado. Sin embargo, lo más grave fue averiguar que no se había grabado la identificación como víctima de trata, ya que la Guardia Civil no tiene competencias para ello, y, por motivos que se desconocen, no se había efectuado la grabación informática por Policía Nacional. Salió en libertad tras un mes internada y el mismo día se le concedió la autorización de residencia por circunstancias excepcionales. ALEXIA Liberada del CIE, tras autolesionarse en dos ocasiones. Fue detenida en un local en el que se ejercía la prostitución. En el momento de su detención, en presencia del resto de personas detenidas, se le ofreció la aplicación del protocolo de víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que rechazó. Presentaba adicciones a sustancias estupefacientes, que superó tras más de cincuenta días de internamiento. Se le intentó expulsar en dos ocasiones, evitándolas tras sendas autolesiones. Fue liberada y reside con su hijo. iván Liberado del CIE, tras ser ingresado acusado de un delito del que resultó absuelto. Tras residir durante seis años en España, fue acusado de un delito que siempre negó haber cometido. Finalmente resultó absuelto, aunque se encontró en situación de estancia irregular. Al ser identificado en la vía pública, y dado que en la base de datos policial aparecía ese antecedente, fue detenido e ingresado en el CIE. Tras más de cincuenta días en el CIE, fue puesto en libertad, habiendo sido intentada su expulsión en dos ocasiones, que no se materializaron, en un caso, por su resistencia y, en el otro caso, por las protestas del pasaje por viajar con una persona inmovilizada. JOSEE Liberada del CIE, vive en un centro de acogida. Europa era su destino final, para poder trabajar y poder reagrupar con ella a sus hijos. Llegó en patera y fue transferida a un CIE. En el CIE compartía la celda-habitación con otras cinco mujeres. No conoce las razones por las que se expulsa a las personas, pero veía que las expulsaban. Fue puesta en libertad y enviada a un albergue, en el que continúa. 49
50 AMBROISE Liberado del CIE y acogido en la campaña para personas sin hogar por tiempo limitado. Llegó en patera e inmediatamente fue ingresado en un CIE. Estaba internado junto con personas que habían cometido delitos. En dos ocasiones, él y otros internos se negaron a comer como protesta por su situación. Durante su estancia en el CIE vio como expulsaban a muchas personas, pero no a los que viajaron con él en la embarcación. Posteriormente, todos ellos fueron liberados y conducidos, salvo él, a un albergue gestionado por una ONG. A él se le remitió a un dispositivo de personas sin hogar para el invierno. Actualmente, duerme en la calle. EMMANUEL Ingresado en varios CIE. Llegó en patera y fue directamente internado en un CIE. Pensaba que iba a un centro de inmigrantes, pero se encontró en algo que era una cárcel. Nadie podía ir al baño por la noche ni tenía derecho a hablar a partir de esa hora. Lo único que le quedaba era rezar a Dios. Después de un tiempo lo trasladaron a otro CIE y cuando quedaba poco tiempo para cumplir los sesenta días, fue trasladado a un tercero. Finalmente, fue puesto en libertad y acogido por una ONG. No tiene papeles, no ha pedido asilo y tiene que esperar que pase el tiempo para poder pedir la residencia por arraigo, permaneciendo mientras tanto en situación irregular. BOUBACAR Ingresado en el CIE sin comprender los motivos. Forma parte de una familia de cinco hijos y la madre. No tiene padre. Él es el mayor de todos. Se fue de su país porque, tras la guerra, se quedó sin nada. Tuvo que salir para buscarse la vida y poder ayudar a su familia. Llegó a España en patera y desde el litoral fue trasladado al CIE. Fue atendido por un abogado, pero no se enteró de nada. Todos los documentos estaban en español. Simplemente, firmó donde le dijeron. Tras un mes detenido, fue liberado y reside en España acogido por una ONG. KHALID Se declara apátrida, pero nunca le fue reconocido el estatuto. Vivía en España desde Tiene pareja española estable desde hace ocho años, pero no viven juntos porque trabajan en distintos lugares y esto les dificulta demostrar el arraigo. Después de pasar alrededor de 40 días en el CIE fue expulsado a Argelia. Al no tener la nacionalidad argelina, estuvo tres meses en un centro de detención y luego fue devuelto a España. Después de tres días en una comisaría española fue expulsado a Marruecos, donde ahora vive libre, pero lejos de sus seres queridos. 50
51 HAMID Expulsado y separado de su mujer, embarazada de gemelos. Llegó junto a su esposa a Andalucía en una patera. Estuvieron dos noches en el calabozo. Después ella salió, acogida por Cruz Roja, y él fue enviado por el juez a un CIE. Su mujer pidió a Cruz Roja que la trasladaran a la misma ciudad que a su esposo, pero le dijeron que no era posible. Desesperado, se tragó una pieza de metal y tuvo que ser trasladado al hospital. Sin embargo, esto no fue obstáculo para acabar siendo expulsado. No consta que se le realizara un informe médico previo a la expulsión. Ya desde Argelia, asegura que volverá para reunirse con su mujer, aunque le cueste la vida. MOHAMED Es menor de edad y no le hicieron una prueba para determinarlo. Su objetivo es escapar de la miseria. Estuvo veinte horas en la patera que lo llevó hasta el litoral español. Pasó una noche en el calabozo y luego lo mandaron al CIE, donde estuvo 32 días. Lo pasó muy mal, tenía miedo, evitaba al resto porque no le gustaba estar con gente mayor o con antecedentes penales. Salió, acogido por una ONG, sin ser reconocido como menor. OMAR Ha intentado entrar en España tres veces. La primera vez que vino a España se quedó cuatro meses y luego fue expulsado. La segunda vez fue devuelto directamente. La tercera, iba en una patera que fue interceptada y lo llevaron al CIE. Quiere irse a Francia a buscar a su madre, que lo abandonó cuando tenía cinco años y vive en Marsella. Su única razón de vida es encontrarla. ABDELILAH Sufrió la persecución de un grupo radical. Quemaron su casa y atacaron a su familia. A su hermano lo han dejado mal de la cabeza. Su cuerpo está lleno de cicatrices, del ataque sufrido con cuchillos y con un perro. Llegó en patera. Tiene miedo de la posibilidad de regresar a su país. Anteriormente, en Melilla, fue admitida a trámite su solicitud de asilo, pero no llegó a prosperar. Comenta la baja calidad de la comida, el escaso desayuno, que se le ha entregado solo un pantalón largo (él tiene uno corto) y que ha sido trasladado y atendido en un hospital, fuera del CIE, con esposas. Salió de allí acogido por una ONG. 51
52 personas internadas no repatriadas
53 Puertas que se cierran, puertas que se abren 1. Protestas desesperadas de personas desesperadas A lo largo del segundo semestre de 2016 se produjeron diferentes incidentes en los CIE, que tuvieron repercusión mediática durante algunas semanas. Desórdenes en los que primaba un denominador común: la indignación por las condiciones de la privación de libertad, más allá de la desesperación que esta misma produce. Los medios de comunicación, al transmitir la noticia, y actores sociales muy diversos, utilizaron una terminología propia del sistema penitenciario: motines y fugas. 53
54 Dicha asociación entre el internamiento de extranjeros y la privación de libertad en establecimientos penitenciarios no se ajusta a la pretensión de la LOEX, según la cual el internamiento como medida cautelar en un procedimiento de expulsión o devolución no tiene carácter penitenciario. Pero refleja bien la realidad social: algunos CIE en antiguas dependencias penitenciarias y un régimen de detención sin las garantías que le son propias. Para evitar el uso de un lenguaje penitenciario, se podría hablar de incidentes en vez de motines, y huidas en vez de fugas. Pero dicho lenguaje no respondería a la raíz más profunda de los sucesos y sus causas. Don Ramiro García de Dios, titular del juzgado de instrucción número 6, con función de control del CIE de Madrid-Aluche, acuño la expresión más ajustada, de la que dieron cuenta algunos medios de comunicación, como la Cadena SER: Protestas desesperadas de personas desesperadas. Valgan unos apuntes breves sobre las protestas y su repercusión mediática: El 17 de agosto, siete internos del CIE de Madrid se escaparon del recinto policial arrancando una de las planchas metálicas que cubren las ventanas exteriores. Una semana más tarde, se producía otro intento de huida en el mismo CIE, esta vez abortado por la actuación de las fuerzas policiales. Merece la pena destacar que, con motivo de estos hechos, fuerzas pertenecientes a la unidad de intervención policial (UIP) quedaron basadas en el CIE durante más de dos meses. En el CIE de Sangonera Verde (Murcia), se produjeron dos incidentes. El primero sucedió el 5 de octubre, cuando 77 personas internadas generaron una algarada. Huyeron 67, quedando heridos algunos internos y 5 policías, como refleja La opinión de Murcia. Eran más de la mitad de las personas internadas. El 31 de octubre, cinco internos se escaparon de las instalaciones policiales, aprovechando el descuido como consecuencia de una trifulca que se estaba produciendo. El 14 noviembre volvió a producirse un intento de huida tras una algarada, como refleja El mundo: la situación fue mucho más grave, puesto que varios funcionarios de policía resultaron heridos, alguno de ellos de gravedad, al tratar de impedir la huida de nueve internos. En el CIE de Aluche (Madrid) se produjeron tres nuevas revueltas después de la de agosto. La primera el 18 de octubre. Durante la noche, 39 hombres se encaramaron a una de las azoteas de las instalaciones, solicitando mejoras en la atención recibida. Después de 12 tensas horas, depusieron su protesta y se retiraron al interior de las dependencias. Como consecuencia de las diligencias judiciales practicadas, así como por la visita girada por el Defensor del Pueblo, se vino en conocimiento de que varios internos manifestaban haber sido víctimas de supuestos delitos de lesiones, de delitos contra los sentimientos religiosos, etc. La prensa se hizo eco, como refleja este artículo en El Español. La segunda se produjo el 3 de noviembre, cuando dos internos consiguieron huir. La tercera se produjo el 23 del mismo mes, esta vez por parte de 13 internos, tras sabotear el tendido eléctrico, como indica la Cadena SER. El CIE de Zapadores (Valencia) permaneció cerrado desde comienzos de octubre de 2016 como consecuencia de una nueva plaga de chinches, como relata El Confidencial. El cierre se prolongó hasta febrero de El 23 de octubre, en el CIE de Barcelona, alrededor de setenta internos se declararon en huelga de hambre durante 24 horas, exigiendo el fin de su internamiento y su puesta en libertad. El 2 de noviembre de 2016, alrededor de 40 internos intentaron escapar del recinto, sin conseguirlo. Posteriormente, durante la misma noche, se produjeron nuevos incidentes con un amplio grupo de internos, lo que motivó una serie de daños en el centro. 2.Qué dice la Justicia sobre los CIE El año 2016 no ha sido especialmente productivo desde el punto de vista de la creación jurisprudencial. Dos razones justifican esta disminución en la generación de resoluciones judiciales: por una parte, no se tratan de nuevo los grandes temas sobre los CIE abordados a lo largo de estas tres décadas; por otra, los cierres temporales de determinados CIE han mermado las ocasiones sobre las que tenga que pronunciarse la judicatura. Con todo, los órganos judiciales de control de los CIE han dictado resoluciones de gran interés, que evidencian, tanto las grandes carencias de estos centros de detención, como su naturaleza intrínsecamente vulneradora de la dignidad de la persona. 54
55 Resolución conjunta de los jueces de control de CIE de Madrid, de 16 de mayo de 2016 Reconoce el derecho del interno a conocer la fecha y hora en la que se procederá a su repatriación, con una antelación de, al menos, doce horas, sin que pueda computarse a esos efectos el período de tiempo comprendido entre las 20:00 horas y las 08:00 de la mañana. Con esta resolución se ha puesto fin a la práctica consistente de utilizar cualquier horario para notificar la inminente ejecución de la expulsión o devolución que, aunque respetaba el plazo de doce horas, suponía una vulneración del derecho de las personas internadas a estar informados de su situación y del derecho fundamental a un trato digno. Auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, en función de control de CIE, de 29 de julio de 2016 Requiere a la dirección del CIE de Madrid y a la Dirección General de la Policía para que se subsanen las deficiencias contempladas en el Plan de Autoprotección del centro, así como para que se confeccionen carteles con indicaciones de señalizaciones en distintos idiomas y manuales de seguridad y autoprotección para entregar a las personas internadas. Todo ello, con la advertencia de cierre temporal en caso de que no se llevaran a efecto. El Auto hacía referencia prolija a las deficiencias encontradas en el Plan de Autoprotección del CIE, indicando cómo corregirlas. Entre ellas, cabe destacar: la colocación de puertas cortafuegos, la sustitución de cerraduras de las celdas-habitaciones por mecanismos eléctricos de apertura, la instalación de nuevos detectores de humo, la instalación de nuevos extintores, etc. Acuerdo del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, en función de control de CIE, de 28 de septiembre de 2016 Esta resolución judicial pone en evidencia la situación del CIE de Las Palmas, perfectamente extrapolable a otros CIE, como tendremos ocasión de comprobar, especialmente en lo relativo a las condiciones materiales del internamiento. Considera trato discriminatorio que en el CIE de Las Palmas no existan servicios que sí reciben las personas internas en CIE peninsulares, tratándose de una competencia estatal, refiriéndose en concreto al convenio suscrito con la Cruz Roja, objeto de mención en otros apartados de este informe, y a la Junta de Coordinación que debería estar constituida. Asimismo, requiere que se remita al órgano judicial el Boletín Informativo de derechos y obligaciones y las normas de régimen interior para poder evaluar el estatuto jurídico de las personas internas en el CIE de Las Palmas. Por otra parte, requiere a la dirección del CIE para que en, un plazo máximo de diez días, instale un buzón para quejas en sobre cerrado y para que notifique a las entidades especializadas en trata de seres humanos los ingresos de mujeres que se produzcan en el CIE. 55
56 Finalmente, requiere a la dirección del CIE para que subsane las deficiencias advertidas en los kits de ropa facilitados para las personas internas, medida urgente en el caso de las mujeres, al disponer de una sola muda ; asimismo requiere a la dirección para que de forma inmediata se facilite a cada a mujer a su llegada al CIE, junto con el kit de aseo, como mínimo, un paquete de 20 compresas, ofreciendo otro paquete, y no compresas sueltas a demanda, cuando entreguen el anterior vacío. Se deduce de todo lo anterior una situación que deja bastante que desear, abundantemente descrita por la jueza en su resolución, que afecta a cuestiones vinculadas con el estatuto jurídico de la persona interna, así como el incumplimiento de cuestiones tan elementales como es la provisión de ropa adecuada y de productos de higiene íntima a las personas internas y, especialmente, a las mujeres internadas. Merece la pena destacar que este acuerdo trata de fijar un estándar mínimo sobre las prendas de vestir, calzado y artículos higiénicos que proveer a las personas internadas, para lo cual toma como referencia la Directiva 2001/55/CE sobre protección temporal en el caso de flujo masivo de personas desplazadas, y la Directiva 2013/33/UE, por la que se aprueban normas para la acogida de solicitantes de protección internacional, indicando expresamente que el estándar debe ser superior en el CIE. Auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, en funciones de control de CIE, de 3 de octubre de 2016 Requiere a la dirección del CIE de Madrid para que establezca horario, lugar y personal suficiente para que las personas internas puedan entregar y recibir copia sellada de su solicitud de asilo y documentos anexos; también requiere a la dirección para que las peticiones de asilo se registren en el libro registro del centro; finalmente, establece que se haga constar en la presentación de la solicitud hora, día, mes y año en el que se realiza, así como que se entregue copia sellada al interno. Hasta el dictado de esta resolución judicial, la práctica para solicitar asilo en el CIE de Madrid pasaba por depositar un papel con la petición en el buzón del director, quien, a su vez, lo ponía en conocimiento de las autoridades competentes en materia de protección internacional. Han sido muchas las quejas recibidas de personas internas que afirmaban haber depositado en dicho buzón su petición y sin que luego se hubiera iniciado el correspondiente procedimiento, con los riesgos que supone para la persona internada, ante la incertidumbre de una repatriación. Algunos internos han referido haber presenciado el traslado al aeropuerto, para su repatriación, de personas que habían depositado su petición en el buzón, pero a la que se había hecho caso omiso, vulnerando gravemente la legislación nacional e internacional en materia de protección internacional. En respuesta a este requerimiento, por parte de la dirección del CIE se ha fijado un horario comprendido entre las 9:30 y las 10:30 horas los días laborables para que puedan sellarse las solicitudes de protección internacional de las personas internas. No parece muy acertada la fijación de un horario tan evidentemente restringido; máxime cuando en el CIE hay oficinas y personal disponible en las mismas que podría llevar a cabo perfectamente la recepción y sellado de la solicitud sin especiales dificultades. 56
57 Resolución conjunta de los jueces de control de CIE de Madrid, de 28 de octubre de 2016 Requiere a la dirección del CIE para que, con carácter urgente, instale en el CIE cámaras de seguridad en todos los espacios, salvo dormitorios y baños, y otros que se consideren reservados o íntimos. Esta resolución trae causa de los incidentes acaecidos los días 18 y 19 de octubre de 2016 en el CIE de Madrid, en los que un grupo de internos se encaramó a los tejados del CIE en protesta por su situación en el centro. Tras estos incidentes, varios de los internos refirieron a la autoridad judicial haber sufrido lesiones de manos de funcionarios policiales en lugares en los que no hay cámaras de seguridad. Estas afirmaciones, además de la apertura de unas diligencias judiciales para perseguir un supuesto delito de lesiones, motivaron la decisión de dotar de cámaras de seguridad a todos los espacios del CIE, salvo aquellos especialmente protegidos. Autos del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, en función de control de CIE, de 12 de diciembre de 2016 Amén de la novedad que supone el dictado de una resolución de este calado por parte del Juzgado que ostenta la competencia del control del CIE de Algeciras y de su denominado anexo en Tarifa, destaca en este instrumento la meticulosidad y precisión con la que aborda la situación de esos centros de detención. Aunque se trata de dos resoluciones, el contenido es idéntico en ambos casos, tratándose de notificaciones dirigidas, por un lado, al CIE de Algeciras y, por otro, al CIE de Tarifa. Este detalle nos permite reiterar una vez más la falta de cobertura legal de las instalaciones de Tarifa, ubicadas en la isla de las Palomas de dicha localidad, puesto que la titular del Juzgado de control de CIE de Algeciras dispone requerir a los Sres. Directores de los Centros de Internamiento de Algeciras y de Tarifa, distinguiendo ambos espacios como establecimientos autónomos, lo que, pese a estas evidencias, es negado una y otra vez por la Administración. La parte dispositiva de las resoluciones distingue entre deficiencias comunes a subsanar y deficiencias individualizadas en el CIE de Algeciras y en el CIE de Tarifa. En el caso de las carencias comunes, se requiere a ambos directores para que dispongan la construcción de espacios lúdicos adecuados en espacio y contenido; la instalación de luz natural en las habitaciones de los internos; la supresión de rejas en las habitaciones de los internos; la instalación de apertura inmediata de las habitaciones desde el exterior; el suministro de muda interior para los internos. Al CIE de Algeciras, en concreto, se le requiere la construcción de pistas deportivas en el módulo de hombres y en el de mujeres; la instalación de servicio de lavandería para los internos; la supresión de las mamparas de cristal y hierro en la sala destinada a las comunicaciones y visitas del exterior; la instalación de máquinas de refrescos o de tabaco; la instalación de duchas individuales en las habitaciones de los internos que ocupan el módulo II. También se le ordena que requiera a la Cruz Roja para que gestione adecuadamente el servicio de biblioteca, evitando a toda costa la presencia de libros dispersos por el suelo. 57
58 Por su parte, al CIE de Tarifa se le ordena la supresión de habitaciones con más de tres internos, así como la instalación en cada una de ellas de ducha, WC con retrete y cisterna, y lavabo, así como una pared o una puerta que cubra todo el cuerpo del interno; la supresión de las duchas colectivas; la reparación de la máquina de refrescos; la instalación de un espacio concreto y reservado donde los internos puedan recibir visitas del exterior. Se desprende de lo anterior el lamentable estado de las instalaciones, en especial las de Algeciras, así como las condiciones materiales en las que las personas internadas deben desarrollar su período de internamiento, con celdas sin ducha ni retrete privado, con espacio para comunicaciones de carácter totalmente penitenciario, sin espacios donde poder realizar actividades lúdicas o deportivas, etc. Otras consideraciones >> Durante 2016 hemos venido asistiendo con preocupación a una tendencia en las resoluciones judiciales sobre internamiento, especialmente acusada en los autos procedentes del litoral andaluz: fijar una parte dispositiva que refleja, en cierta medida, la consideración que, para un amplio número de titulares de juzgados de instrucción, supone acordar el internamiento de una persona extranjera en un CIE. En primer lugar, constatamos la imposición de un período máximo de internamiento: los 60 días que la legislación establece como tope. En su lugar, estimamos que sería más conveniente que se fijen períodos más reducidos con una doble finalidad: que la medida cautelar no imponga un periodo tan prolongado de privación de libertad en unas condiciones tales que multiplica el carácter aflictivo de la medida, y no incentivar la lentitud de la Administración en la tramitación de una sanción con consecuencias tan gravosas como la expulsión o la devolución. En segundo lugar, venimos comprobando cómo se incluye una cláusula que, cuando menos, menoscaba la responsabilidad de control sobre las garantías del internamiento individualizado, ya que se dispone cada vez más que se autoriza el cambio de CIE, dentro del territorio nacional, sin necesidad de autorización expresa, y a fin de ejecutar la expulsión referida. En algunos casos, hemos verificado que algunas resoluciones sí exigen que, al menos, se informe de los traslados de CIE que se produzcan, pero en otros muchos, ni siquiera eso. En tercer lugar, hemos documentado autos de internamiento en los que se anticipa el cese del internamiento (paradójicamente, a la misma vez que se acuerda) para materializar la repatriación, sin necesidad de recabar la autorización judicial, que se concede pro futuro. No parece correcta esta burocratización del internamiento de una persona extranjera por parte de la autoridad judicial, puesto que dicha tendencia convierte al juez en un mero fedatario de la situación del internamiento, sin ejercer su responsabilidad como de juez de garantías, que no solo corresponde a los jueces encargados del control de los CIE. Esta llamada de atención, entendemos, ha de extenderse a todos los operadores jurídicos que intervienen en procedimientos de internamiento. 3.Condiciones de posibilidad de un diálogo político sobre los CIE En 2016, por vez primera, las Corporaciones Locales en cuyos términos municipales hay CIE se han pronunciado públicamente, poniendo en tela de juicio la presencia de esos centros de detención en su territorio. En concreto, hay que destacar las propuestas realizadas por los Ayuntamientos de Barcelona y de Madrid, que siguen caminos diametralmente opuestos. En abril de 2016, el Ayuntamiento de Barcelona incoó un expediente contra el Ministerio del Interior por falta de licencia municipal adecuada a los usos del CIE y por incumplimiento de la normativa de prevención de incendios. Lo hizo tras el acuerdo adoptado mientras las dependencias del CIE de Barcelona se encontraban cerradas por obras. 58
59 En julio, el Ayuntamiento emitió una orden de cese de la actividad, que fue ignorada por el propio Ministerio del Interior, reanudando la actividad del CIE como centro de detención de personas extranjeras. A lo cual respondió el Ayuntamiento instando ante la justicia la adopción de medidas cautelares para inspeccionar el CIE; medida denegada por el órgano judicial competente. La lectura del Auto 212/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Barcelona, de fecha 20 de julio de 2016, aunque lógicamente no entra en el fondo de la cuestión, aborda algunas cuestiones interesantes, que podemos resumir en tres: 1. en primer lugar, que existen serias dudas sobre la competencia del Ayuntamiento para ordenar el cierre del CIE por no disponer de licencia de actividad ; 2. en segundo lugar, el hecho de que el Ayuntamiento exige una licencia de actividad como establecimiento asimilado a los de hostelería (sic); 3. finalmente, que esa licencia no se ha exigido por el Consistorio en los diez años de funcionamiento del centro 8. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, sigue una estrategia muy diferente para una finalidad similar. Aunque su actitud de denuncia contra el CIE de Aluche es clara y sin fisuras, como en la Ciudad Condal, no ha optado por la judicialización, instando eventuales medidas destinadas al cierre, sino que ha configurado una mesa de trabajo que, dentro de las competencias municipales, propone medidas para preservar los derechos humanos de las personas internadas. En esta mesa participan representantes de las áreas de Gobierno, de asociaciones de la sociedad civil, el Defensor del Pueblo y el Colegio de Abogados de Madrid. Del trabajo de esta mesa surgirán propuestas para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el CIE de Aluche 9. Estas propuestas, en su redacción primigenia, tienen como objetivos: intentar reducir el número de personas que ingresan en el CIE de Madrid, considerando que el internamiento debe ser el último recurso; promover los retornos voluntarios; ofrecer al órgano judicial que va a decidir sobre el internamiento un informe social elaborado especialmente en aquellos aspectos que tienen que ver con el arraigo u otras circunstancias personales; y, finalmente, atender a personas en situaciones de especial vulnerabilidad. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid expresamente formuló instar al Gobierno de la Nación a que inicie un proceso que conduzca al cierre del centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, proponiendo una serie de medidas transitorias mientras este cierre no se lleve a efecto: a) Exigir al Gobierno que adopte todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir el respeto absoluto de los derechos humanos en este centro y en los CIE del resto del territorio español. b) Exigir transparencia en la gestión cotidiana de estos centros y la facilitación del acceso de entidades ciudadanas dedicadas al apoyo a la población inmigrante. c) Exigir una atención social, sanitaria y jurídica realmente efectivas y adecuadas a las personas internas. d) Exigir al Congreso de los Diputados la inmediata puesta en marcha de una mesa o comisión parlamentaria que se replantee toda la normativa referente a extranjería, incluyendo el cierre de los CIE. Por último, aunque no relacionada con una posición crítica con los CIE, como en los dos casos anteriores, sino todo lo contrario, hay que hacer referencia al acuerdo de julio de 2016, suscrito entre el Ayuntamiento de Algeciras y el Ministerio del Interior, en virtud del cual el primero cede al segundo una parcela de metros cuadrados junto al centro penitenciario de Botafuegos para la edificación de un nuevo CIE 10. Este anuncio, que cobra relieve en la actualidad por el anuncio de la construcción de tres nuevos CIE, pone de relieve de nuevo la paradoja de los CIE, ya que, aunque no deben tener carácter penitenciario, este en concreto se ubicará en un complejo penitenciario, por más que, formalmente, no se integre en el mismo Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, nº 7804 (15/12/2016), moción de urgencia, Punto nº 33, pág
60 Alternativas al internamiento y alternativas a la expulsión Las conclusiones del SJM
61 En los últimos informes sobre CIE venimos constatando la tendencia en el cambio de modelo del CIE, en términos de ineficiencia y costes económicos, así como la consiguiente maximización de la expulsión exprés. Es decir, la tendencia va de menos internamientos a más expulsiones exprés, con el consiguiente menoscabo en las garantías jurídicas que corresponden a todas las personas en España, con independencia de su situación administrativa. Frente a las llamadas de la Unión Europea, expresas y tácitas, para incrementar el período de internamiento y el número de repatriaciones efectuadas por los Estados miembros 11, la realidad se impone, y nos pone ante un panorama en el que el número de expulsiones se convierte en una cifra virtual, que su posibilidad de materialización suele ser años después de su incoación, en diferido, cuando la persona ya ha adquirido un notorio arraigo en España. Es cada vez más amplio el movimiento a escala internacional que promueve la alternativa a la detención y a su utilización como último recurso 12. Como decíamos el año pasado el número, el creciente número de personas que pasa por el CIE y no es finalmente expulsado nos habla de un fracaso: no solo de la medida cautelar de internamiento, sino de la decisión misma de expulsión. Nos sentimos obligados a reflexionar sobre la legitimidad, proporcionalidad e idoneidad de la expulsión como respuesta de la política de extranjería a la irregularidad administrativa de la residencia. Por lo tanto, resulta insoslayable arbitrar medidas que impidan que los migrantes no expulsados, ni los inexpulsables, pasen a constituir un colectivo de personas en una vía muerta de ilegalidad, sin poder ser expulsados ni poder entrar en procesos de regularización. A ello se une el ya señalado carácter de centros de recepción que vienen asumiendo los CIE, con unas estructuras y normas manifiestamente incompatibles con esta realidad. Centros en los que se mezclan, sin mucho criterio, personas recién llegadas, con personas arraigadas y con personas procedentes de prisión. Tres realidades que no pueden tener un tratamiento idéntico, como se pretende por parte de la Administración. Por ello, tenemos que insistir una vez más en que la Administración sea valiente y explore no sólo las posibilidades que le confiere la vigente legislación en materia de extranjería, sino nuevas posibilidades ya operativas en otros países de nuestro entorno Pueden encontrarse iniciativas muy interesantes en: y 61
62 Las conclusiones del SJM 1. La institución de los centros de internamiento de extranjeros se creó con un fin: asegurar que las personas sobre las que pesaba una orden de expulsión no eludirían la sanción. Sin embargo, a la vista del escaso porcentaje de personas internadas luego repatriadas forzosamente, y más cuando esta circunstancia se da en las personas internadas nada más desembarcar irregularmente en las costas españolas, resulta que los CIE sirven a otro fin para el que no fueron concebidos, y que contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se necesitan centros, pero no cerrados, sino de acogida. 2. El papel de los operadores jurídicos, jueces, fiscales y abogados, en la autorización de internamientos es esencial: no deben concederla de modo automático. De acuerdo con la ley y con la jurisprudencia constitucional, solo deberían autorizarla excepcionalmente, como último recurso, y en casos en los que sea plausible la ejecución de la expulsión o devolución. Ello plantea la exigencia de formación específica de los operadores jurídicos, también en lugares en los que no hay CIE, pero en los que se autorizan medidas de internamiento. 3. La labor de los jueces de control de los CIE es inestimable. Con todo, convendría que se creara una instancia superior que ayude a unificar la doctrina. 4. El Gobierno de España sigue sin publicar de oficio las cifras relativas a repatriaciones forzosas y al internamiento, contraviniendo la disposición adicional tercera del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, que dispone que, anualmente, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras publique los datos relativos a la estancia y la ocupación de cada centro. 5. Más aún, reconocido el papel de las organizaciones sociales en lo que respecta a la defensa y asesoramiento de las personas internadas, deberían poder acceder a más información sobre las personas internadas, las circunstancias de su internamiento y los procedimientos que pesan sobre las mismas, información que debe facilitar el Gobierno de España por la transparencia exigible a su función. 6. Los episodios de protestas observados a lo largo de 2016 y la política de contratación estudiada revelan concepciones y preocupaciones distintas acerca de la seguridad. La Administración concibe la seguridad desde una óptica policial: como todo lo que coarta o impide la libertad deambulatoria, sí, pero también todo lo que reduce o priva al sujeto del ejercicio de otros derechos. Dicha óptica refleja una visión de la persona internada como un sujeto peligroso para la sociedad en general y para los funcionarios que la custodian. Las organizaciones sociales tenemos otra perspectiva sobre la seguridad, que tiene en cuenta a la persona internada, el ejercicio de sus derechos, el respeto a su dignidad durante su internamiento reflejado en unas condiciones de vida aceptables, etc. 7. Es muy importante que los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas se preocupen por los CIE establecidos en su territorio, y que incidan en la esfera de sus competencias respectivas. Más aún, es muy conveniente que las Administraciones locales, autonómicas y central del Estado lleguen a acuerdos para articular las competencias que inciden en las personas internadas, siempre buscando el mayor respeto de su dignidad y derechos. 8. La responsabilidad de las Administraciones locales y autonómicas no se detiene en el periodo de internamiento: deberían incidir más en las personas una vez liberadas de los CIE sin haber sido repatriadas forzosamente. 62

References: artículo 25
 resolución 
 artículo 58
 artículo 85
 artículo 53
 artículo 57
 artículo 89
 artículo 53
 artículo 14
 artículo 30
 artículo 26
 artículo 14
 Artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 15
 Artículo 15
 Real Decreto 
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