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Timestamp: 2018-12-16 04:13:59+00:00

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﻿ SENTENCIA C-245 DE MARZO 16 DE 2004
SENTENCIA C-245 DE 16 DE MARZO DE 2004
CONTENIDO:ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y LA MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS. ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN LA DESTRUCCIÓN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS. SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE UN SEGMENTO NORMATIVO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 2 Y EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 785 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:LICENCIA AMBIENTAL, INTERVINIENTES EN EL DERECHO AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES, CULTIVOS ILÍCITOS, INCAUTACIÓN DE BIEN, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, AUTORIDAD AMBIENTAL, SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS, ADMINISTRACIÓN DE BIEN INCAUTADO, ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS
Sentencia C-245 de marzo 16 de 2004
Sentencia C-245 de 2004
Ref.: Expediente D-4803
Actor: José Gregorio Ospino Callejas.
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo (parcial) del artículo 2º y el artículo 12 de la Ley 785 de 2002, “por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las leyes 30 de 1986 y 333 de 1996”.
EXTRACTOS: «II. Texto de las normas acusadas.
Se transcribe a continuación el texto parágrafo del artículo 2º y el artículo 12 de la Ley 785 de 2002 conforme a su publicación en el Diario Oficial 45.046 y se resalta el aparte acusado.
ART. 12.—Plan de manejo ambiental.En todos los casos en que se requiera un plan de manejo ambiental para efectos de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos o manipulación de sustancias controladas, la elaboración, ejecución y control de dichos planes será responsabilidad de la autoridad ambiental competente”.
2. Cargos de la demanda y planteamiento del problema jurídico.
En concepto del demandante, el segmento acusado del artículo 2º de la Ley 785 de 2002 es inconstitucional, pues al radicar en las autoridades ambientales la responsabilidad por la destrucción de sustancias controladas, desdibuja las funciones constitucionales de dichas autoridades de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, vulnerando de esta forma el artículo 8º de la Carta Política.
Sostiene que el artículo 12 del citado ordenamiento legal es igualmente inconstitucional, porque i) al encargar a la autoridad ambiental competente la elaboración, ejecución y control de un plan de manejo ambiental para efectos de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos o manipulación de sustancias controladas, impone una carga que le impide ejercer de manera imparcial la protección y defensa de los recursos naturales, infringiendo de esta forma el artículo 79 superior, ii) viola el artículo 80 ibídem, por cuanto la asignación de dicha competencia impide el ejercicio de la función de planificación y aprovechamiento de los recursos naturales, obligando a las autoridades ambientales a deteriorar el medio ambiente; y iii) desconoce el principio superior de la unidad de materia, por cuanto su contenido normativo no guarda relación alguna con la temática de la Ley 785 de 2002.
El decano de la facultad de medio ambiente y recursos naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, considera que las normas censuradas son constitucionales.
La Organización Nacional Indígena, ONIC, sostiene, por su parte, que las normas acusadas son inconstitucionales porque desconocen el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas.
• Si las normas demandadas al radicar en cabeza de las autoridades ambientales la responsabilidad por la destrucción de sustancias incautadas, así como la elaboración, ejecución y control de un plan de manejo ambiental para la erradicación y manipulación de dichas sustancias, desconocen el principio de la unidad de materia.
• Si la responsabilidad asignada por las normas acusadas a las autoridades ambientales en la destrucción de sustancias controladas, desdibuja la función constitucional de protección del medio ambiente que cumplen dichas autoridades.
• Si las funciones de elaboración, ejecución y control de un plan de manejo ambiental para la erradicación y manipulación de sustancias controladas en cabeza de las autoridades ambientales, impide que estas ejerzan en forma libre e independiente la protección del medio ambiente.
• Si la responsabilidad de las autoridades ambientales en la destrucción de sustancias controladas, y la elaboración, control y ejecución del plan de manejo ambiental para la erradicación y manipulación de las mismas, impide que dichas autoridades puedan cumplir con su tarea constitucional de planificar y aprovechar los recursos naturales y propender por su conservación y prevención.
3. Sobre el supuesto desconocimiento de la unidad de materia.
En primer término, debe la Corte definir si, como lo afirma el actor, tanto el segmento normativo del parágrafo del artículo 2º como el artículo 12 de la Ley 785, desconocen el principio de la unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Constitución.
Al efecto, es necesario tener presente que para que la Corte pueda ejercer control cuando se alega infracción a la citada norma superior, es menester que el actor efectúe un triple señalamiento: a) el de la materia que es objeto de la ley que demanda; b) el de las disposiciones de tal ordenamiento que, en su criterio, no se relacionan con dicha materia, y c) el de las razones por las cuales considera que las normas señaladas no guardan relación con el tema de la ley y, por lo mismo, lesionan el artículo 158 superior(1).
“(...) Cuando los tribunales constitucionales entran a determinar si una ley ha cumplido o no con el principio de unidad de materia deben ponderar también el principio democrático que alienta la actividad parlamentaria y en esa ponderación pueden optar por ejercer un control de diversa intensidad. Esto es, el alcance que se le reconozca al principio de unidad de materia tiene implicaciones en la intensidad del control constitucional pues la percepción que se tenga de él permite inferir de qué grado es el rigor de la Corte al momento del examen de las normas. Así, si se opta por un control rígido, violaría la Carta toda norma que no esté directamente relacionada con la materia que es objeto de regulación y, por el contrario, si se opta por un control de menor rigurosidad, solo violarían la Carta aquellas disposiciones que resulten ajenas a la materia regulada. La Corte estima que un control rígido desconocería la vocación democrática del Congreso y sería contrario a la cláusula general de competencia que le asiste en materia legislativa. Ante ello, debe optarse por un control que no opte por un rigor extremo pues lo que impone el principio de unidad de materia es que exista un núcleo rector de los distintos contenidos de una ley y que entre ese núcleo temático y los otros diversos contenidos se presente una relación de conexidad determinada con un criterio objetivo y razonable (4) .
... para respetar el amplio margen de configuración del órgano constitucionalmente competente para hacer las leyes y para diseñar las políticas públicas básicas de orden nacional, la intensidad con la cual se analiza si se viola o no el principio de unidad de materia, es de nivel bajo en la medida en que, si es posible encontrar alguna relación entre el tema tratado en un artículo y la materia de la ley, entonces la disposición acusada es, por ese concepto, exequible. Tal relación no tiene que ser directa, ni estrecha. Lo que la Constitución prohíbe es que “no se relacionen” los temas de un artículo y la materia de la ley (C.P., art. 158) y al demandante le corresponde la carga de señalar que no hay relación alguna. La relación puede ser de distinto orden puesto que la conexión puede ser de tipo causal, temático, sistemático o teleológico. A estos criterios reiterados por la jurisprudencia se agrega una modalidad de relación teleológica, la de la conexión de tipo consecuencial ya que recientemente, la Corte aceptó que se respeta el principio de unidad de materia cuando hay una conexión en razón a los efectos fácticos de una norma que aparentemente no guarda relación alguna con el tema de la ley (5) ” (6) .
Al responder este interrogante la Corte ha dicho que la Constitución fija en su artículo 158 dos condiciones al Congreso para el ejercicio de la función legislativa, “pues este se halla obligado a definir con precisión, como lo exige la Carta, desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias en que se ocupe al expedir esa ley, y simultáneamente ha de observar una estricta relación interna, desde el punto de vista sustancial, entre las normas que harán parte de la ley, para que todas ellas estén referidas a igual materia, la cual, desde luego, deberá corresponder al título de aquella” (7) . De esta manera, el Congreso vulnerará el principio constitucional sobre unidad de materia “cuando incluye cánones específicos que, o bien encajan dentro del título que delimita la materia objeto de legislación, o bien no guardan relación interna con el contenido global del articulado” (8) .
“... resulta fundamental determinar el núcleo temático de una ley pues es ese núcleo el que permite inferir si una disposición cualquiera vulnera o no el principio de unidad de materia. En ese sentido resultan valiosos elementos como el contenido de la exposición de motivos en cuanto allí se exponen las razones por las cuales se promueve el ejercicio de la función legislativa y se determinan los espacios de las relaciones sociales que se pretenden interferir; el desarrollo y contenido de los debates surtidos en las comisiones y en las plenarias de las cámaras; las variaciones existentes entre los textos originales y los textos definitivos; la producción de efectos jurídicos en las distintas esferas de una misma materia; su inclusión o exclusión de la cobertura indicada en el título de la ley; etc. La valoración conjunta de todos esos elementos permite inferir si una norma constituye el desarrollo de la materia de la ley de que hace parte” (9) .
Uno de los sistemas de administración de los bienes incautados es la enajenación, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º de la citada ley recae sobre bienes fungibles o consumibles o en general muebles que amenacen deterioro y los demás que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, siempre y cuando, de manera motivada se establezca que amenazan perder severamente su valor comercial. Se determina que los dineros producto de tales enajenaciones ingresarán al fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado administrado por el director nacional de estupefacientes.
Es fácil evidenciar, entonces, una conexidad no solo de orden temático sino también de índole sistemática y teleológica entre el segmento normativo demandado y la Ley 785 de 2002, pues la destrucción de sustancias controladas es una medida de carácter subsidiario que procede ante la imposibilidad de su enajenación o exportación, que precisamente constituye una de las formas de administración de los bienes incautados que se regulan en dicha normatividad. Así, pues, no se presenta por parte de esta disposición la alegada violación del principio de unidad de materia.
“La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta corporación ha señalado, en anteriores decisiones, que la protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la Carta contiene una verdadera “Constitución ecológica”, conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente. Igualmente la Corte ha precisado que esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. Es más, en varias oportunidades, la Corte ha insistido en que la importancia del medio ambiente en la Constitución es tal que implica para el Estado, en materia ecológica, “unos deberes calificados de protección” (10) .
Atiende entonces nuestra Constitución, en armonía con los instrumentos internacionales, a la necesidad universal de preservación de los ecosistemas naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras, consagrando para el efecto un catálogo de disposiciones tendientes a la protección y preservación del medio ambiente y los recursos naturales del país. Se consagra por un lado el ambiente como un derecho, ligado íntimamente con la vida, la salud y la integridad física de los asociados; y también como un deber, por cuanto exige de las autoridades y particulares acciones encaminadas a su protección.
Y para el debido cumplimiento y logro de los fines constitucionales de protección del medio ambiente a través de la prevención y control de su deterioro en la búsqueda del mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional, dado que a todas las personas les asiste el derecho de gozar de un ambiente sano, la planificación y fijación de políticas estatales son elementos fundamentales como así ya lo ha determinado la Corte Constitucional” (11) .
Determinación que ya realizó el legislador, al crear el sistema nacional ambiental, SINA, mediante la Ley 99 de 1993, como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales, y a asignar funciones tanto al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial así como a otras autoridades también integrantes del sistema nacional ambiental, para el cumplimiento de los deberes que en esta materia competen al Estado, es decir, la protección del medio ambiente y la prevención y control del deterioro ambiental, a través de la planificación, ejecución y control de los planes y programas respectivos.
5. Responsabilidad de las autoridades ambientales en la destrucción de sustancias controladas.
Los apartes demandados forman parte del parágrafo del artículo 2º de la Ley 785 de 2002 que, al regular lo concerniente a los bienes que sean puestos a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, establece que si no fuere posible su enajenación o exportación, las autoridades judiciales, de policía judicial, administrativas, ambientales y sanitarias coordinarán de forma eficaz e inmediata con la citada dirección lo relativo a su disposición o destrucción; y que, las autoridades ambientales serán las responsables de la destrucción de dichas sustancias con el fin de procurar el menor impacto ambiental.
Ácido lisérgico Acetona
Efedrina Ácido antranílico
Ergometrina Ácido fenilacético
1-fenil-2-propanona Éter etílico
Las sales de las sustancias enumeradas en el presente cuadro siempre que la existencia de dichas sales sea posible. Las sales de las sustancias enumeradas en el presente cuadro, siempre que la existencia de dichas sales sea posible.
• Resolución 9 de 1987. Acetona (2-propanona; dimetil-cetona), ácido clorhídrico, éter etílico (éter sulfúrico, óxido de etilo, dietílico), cloroformo (triclorometano), ácido sulfúrico amoníaco (amonio hidróxido), permanganato de potasio, carbonatos de sodio, metil etil cetona (2-butanona, mek), disolvente alifático Nº 1 (shellsol 1), sisolvente alifático Nº 2 (shellsol 2), thinner, acetato de etilo, metanol o alcohol metílico, acetato de butilo, diacetona alcohol (pyranton), hexano, alcohol butílico (1-butanol: butil alcohol; propil carbinol).
• Resolución 7 de 1992. Tolueno (también conocido como toluol o como metil benceno) y anhídrico acético. Resolución 1 de 1995: el alcohol isopropílico (también conocido como 2-propanol, isopropanol, alcohol propílico secundario, dimetil carbinol, petrohol, ipa); el metil isobutil cetona (también conocido como MIBK, isopropilacetona, hexona, 4-metil 2-pentanona) y el acetato de isopropilo, en cantidades superiores a cinco (5) litros líquidos.
Cabe recordar, que por contaminación se entiende la alteración del ambiente por sustancias o forma de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares (12) .
En efecto, si la misión primordial de la autoridad ambiental es la de poner en marcha o en ejecución los planes y programas diseñados para la prevención y control de los factores de deterioro ambiental con el fin de proteger el medio ambiente, y no la de ejecutar actos materiales de destrucción de sustancias, puede concluirse válidamente entonces, que la responsabilidad por la destrucción de sustancias controladas que le impone la norma en estudio a la autoridad ambiental, es aquella que armoniza con la Constitución y relacionada con el ejercicio de una función de control concomitante, de supervisión o verificación de que la destrucción de la sustancia controlada respectiva se realice de manera adecuada conforme a los lineamientos técnicos previamente determinados con el fin de procurar, en la realización de dicha maniobra, el menor impacto ambiental.
En consecuencia, la autoridad ambiental responsable de la destrucción de sustancias controladas es aquella que conforme a la estructura y funciones detalladas en la ley desarrolla la tarea concreta de ejecutar los planes y programas diseñados para prevenir y controlar los factores de deterioro del medio ambiente aun ejercidos de manera concomitante.
El sistema de enajenación rápida de sustancias controladas no es novedoso, en la medida en que el Gobierno Nacional, en las dos últimas oportunidades que el Congreso Nacional le ha conferido facultades para legislar sobre el tema, lo contempló en los decretos-leyes 112 de 1999 y 266 de 2000, ambos antitrámites, declarados inexequibles por la Corte Constitucional por vicios de forma, mas no de fondo.
Es una necesidad sentida una reglamentación en este sentido, teniendo en cuenta que la disposición o destrucción de las sustancias controladas no involucra solamente a la Dirección Nacional de Estupefacientes, sino también a otras autoridades y la experiencia demuestra que hay dilación e inconvenientes que no están dentro del alcance de la Dirección Nacional de Estupefacientes resolver. Dentro de estas circunstancias se presentan las siguientes:
— Orden de autoridad ambiental de no destruir y no almacenar las sustancias, sin dar una solución, lo cual implica que las sustancias permanezcan en condiciones inadecuadas de almacenamiento o cuidado, poniendo en peligro la salubridad y seguridad pública.
— Las autoridades incautadoras no toman las medidas apropiadas para evitar que las sustancias controladas impliquen riesgos mientras la Dirección Nacional de Estupefacientes las recibe y dispone de ellas.
— No se practica rápidamente el dictamen pericial para identificar plenamente la sustancia para que la Dirección Nacional de Estupefacientes pueda disponer de ellas.
Vale anotar que las tutelas instauradas en contra de la Dirección Nacional de Estupefacientes por el almacenamiento de estas sustancias en condiciones precarias, han sido falladas todas en contra de esta entidad, no obstante haber tenido la intención y el interés de su inmediata disposición o destrucción” (13) .
Se trata también de una medida adecuada, por cuanto dicha responsabilidad no se asigna a cualquier autoridad sino a la autoridad ambiental que es la que legalmente esta autorizada para desarrollar en forma técnica y profesional acciones de control sobre los factores de deterioro del medio ambiente. Además tal determinación resulta proporcionada, puesto que lejos de afectar derechos fundamentales, por el contrario, propende por proteger la salud y la vida de los habitantes, al impedir y controlar los factores de deterioro y contaminación del medio ambiente.
Por todo lo expuesto, la Corte declarará la exequibilidad de las expresiones “Las autoridades ambientales serán las responsables de la destrucción de dichas sustancias con el fin de procurar el menor impacto ambiental” del parágrafo del artículo 2º de la Ley 785 de 2002, bajo el entendido que dicha responsabilidad no implica la ejecución de actos materiales de destrucción de sustancias controladas, sino el ejercicio de un control preventivo y concomitante, con el fin de preservar el medio ambiente, y atendiendo un plan de manejo ambiental.
6. Elaboración, ejecución y control de un plan de manejo ambiental para la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y manipulación de sustancias controladas.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 785 de 2002, impugnado, en todos los casos en que se requiera de un plan de manejo ambiental para efectos de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos o manipulación de sustancias controladas, la elaboración, ejecución y control de dichos planes será responsabilidad de la autoridad ambiental competente, determinación que a juicio del actor es inconstitucional porque convierte a las autoridades ambientales en juez y parte, impidiéndoles ejercer de manera imparcial la protección del medio ambiente.
Según se ha precisado anteriormente, un mecanismo de planificación es el plan de manejo ambiental, definido legalmente como aquel documento que de manera detallada establece las acciones que se requieran para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
Por lo que respecta a la elaboración del plan de manejo ambiental, cuando se requiera dicho plan a juicio de la autoridad ambiental para la erradicación forzosa de cultivos ilícitos o manipulación de sustancias controladas, este comprenderá el estudio, programación y señalamiento de las directrices y las pautas que deben guiar la acción de las autoridades, en orden a prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de las actividades de erradicación de los cultivos ilícitos y la manipulación de sustancias controladas.
“... el derecho fundamental de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados sobre las decisiones legislativas y administrativas que puedan afectarlos directamente, en cuanto propende por la integridad cultural, social y económica de las culturas indígenas, es una modalidad de participación de amplio espectro, como viene a serlo la protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, en la que la especificidad del mecanismo para decisiones atinentes a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas está comprendida”.
Para la Corte, no se opone a la Constitución que la puesta en marcha de los planes, y programas de carácter ambiental y su control corresponda igualmente a la autoridad ambiental como especializada y técnica en la materia. La ejecución del plan de manejo ambiental no supone que la autoridad ambiental deba adelantar directamente acciones materiales de erradicación de cultivos ilícitos o de destrucción de sustancias controladas, pues por mandato legal esta función debe ser desarrollada por otras autoridades. Por el contrario, la ejecución del plan de manejo ambiental por parte de las autoridades ambientales competentes consiste en implementar las acciones técnicas que sean indispensables para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad, incluyendo también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia, tareas todas estas que son congruentes con las competencias que legalmente le han sido asignadas a las autoridades ambientales, y que deben estar orientadas a asegurar el cumplimiento de los parámetros y especificaciones que procuren el menor impacto ambiental.
Y el control del plan de manejo ambiental por parte de la misma autoridad ambiental está orientado al cumplimiento de la función constitucional de prevención y control de los factores de deterioro ambiental, tarea que pueden desarrollar perfectamente las autoridades ambientales, sin afectar su imparcialidad, pues no se trata de que dicha autoridad lleve a cabo actividades de inspección y vigilancia de la función administrativa, de manera semejante a las funciones que ejercen organismos como las superintendencias, sino que corresponde a una labor preventiva y concomitante de carácter técnico y relacionada con la ejecución del plan de manejo ambiental para la erradicación de cultivos ilícitos y la manipulación de sustancias utilizadas para la fabricación de estupefacientes, lo cual no impide además, que tales acciones puedan ser vigiladas por parte de los respectivos órganos de control y por los ciudadanos a través del ejercicio de las respectivas acciones jurídicas.
Se trata, sin lugar a dudas, de medidas razonables y adecuadas, puesto que aparte de perseguir un objetivo de carácter constitucional como es la protección del medio ambiente, busca que la autoridad ambiental —que por su especialidad es la que técnicamente conoce la materia—, además ejecute y controle la aplicación de esta herramienta de gestión ambiental a fin de impedir el deterioro del medio ambiente, el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
1. Declarar EXEQUIBLE el segmento normativo “Las autoridades ambientales serán las responsables de la destrucción de dichas sustancias con el fin de procurar el menor impacto ambiental”, del parágrafo del artículo 2º de la Ley 785 de 2002, en el entendido que la responsabilidad no implica ejecución de actos materiales sino un control preventivo y concomitante con el fin de preservar el medio ambiente sano, atendiendo al plan de manejo ambiental.
2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 12 de la Ley 785 de 2002.
(1) Sentencia C-579 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(3) Sentencia C-352 de 1998, Ms.Ps. Antonio Barrera Carbonell y Alfredo Beltrán Sierra (en este caso se decidió que no violaba el principio de unidad de materia una ley que se ocupaba de la creación de Ecogas, empresa comercial e industrial del Estado, al incorporar materias relacionadas con la creación del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, del Instituto de Capacitación e Investigación de Casanare, del viceministerio de hidrocarburos, del centro de coordinación de transporte de gas natural, del fondo especial para la promoción y financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso de gas natural y con el establecimiento de un impuesto para financiar el fondo mencionado).
(4) Sentencia C-501 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño (en este caso la Corte consideró que no se desconocía el principio de unidad de materia, al incluir en una ley (L. 510/99) cuyo objeto son disposiciones para el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores y las superintendencias Bancaria y de Valores, una norma (art. 52, par. 3º) que reforma una disposición de otra ley (L. 446/98, art. 148), con el fin de extender la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio excepcional de funciones judiciales). Esta jurisprudencia ya había sido reiterada en la Sentencia C-540 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño (en este caso la Corte estableció que el demandante tiene la carga de señalar cuál o cuáles son las partes que no tienen relación alguna con la materia central de la ley).
(5) El artículo 86 sobre el monopolio de Ecopetrol para realizar la distribución de combustible importado, por su efecto fáctico en cuanto facilita “la lucha contra el contrabando, fenómeno que afecta la recaudación de tributos”, tiene conexión con una ley, la Ley 633 de 2000, cuya materia es tributaria. La Corte también encontró conexidad temática y teleológica, por esta razón. Sentencia C-714 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(6) Sentencia C-1025 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(7) Corte Constitucional, Sentencia C-390 de 1996.
(9) Sentencia C-501 de 2001.
(10) Sentencia C-126 de 1998.
(11) Entre otras, Sentencia C-423 de 1994 y C-495 de 1996.
(12) Ley 23 de 1973, artículo 4º.
(13) Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 226 de 2002 Cámara, 277 de 2002 Senado Gaceta del Congreso Nº (sic).

References: ARTÍCULO 2
 ARTÍCULO 12
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 79
 artículo 80
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 158
 artículo 158
 artículo 158
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 86
 artículo 4