Source: http://www.flora.org.pe/agenda.htm
Timestamp: 2017-12-16 16:35:42+00:00

Document:
LAS LEYES Y LAS POLÍTICAS PUBLICAS
ACCESO A AMPLIA GAMA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
ABORTO: NECESIDAD DE UN DEBATE PÚBLICO
LAS LEYES Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Las leyes reconocen derechos y deberes a la ciudadanía y, a la vez, establecen las responsabilidades que tendrá el Estado para garantizar el ejercicio de estos derechos. En un Estado de derecho, las leyes se cumplen y se deben de traducir en políticas públicas que busquen el logro de condiciones de equidad, en las que los sectores más vulnerables y discriminados verán protegidos sus derechos humanos, mediante disposiciones especiales de acción positiva.
Dicha equidad implica la garantía de un Estado laico, es decir, y tal como señala Lamas, un Estado democrático que pretende ofrecer igualdad a las personas, a partir del principio de soberanía popular y de la libre determinación de las personas, sobre la base de la tolerancia y del respeto a la diferencia y la no imposición de ideas como verdades reveladas; y, por sobre todo, que las leyes y políticas públicas se ajusten a los marcos de derechos humanos.
La defensa de los derechos sexuales y reproductivos nos conduce a algo central: estos derechos suponen libertad e igualdad; libertad para decidir e igualdad de acceso a la información y a los servicios médicos. Por eso estos derechos son intrínsecamente derechos democráticos, pues parten de la libertad (en especial, de la libertad sexual) y requieren el piso común de la igualdad de acceso (Lamas, 2001).
Así, la sexualidad y la reproducción son espacios en los que confluyen derechos fundamentales relativos a la autonomía, la libertad y la seguridad individual, así como derechos relativos a la salud y la educación. Ésta es una característica primordial de los derechos humanos, su indivisibilidad e interdependencia, por ello no son terreno exclusivo de uno u otro sector estatal, sino que en su reconocimiento, respeto, exigibilidad y garantía, intervienen todos los poderes del Estado, las empresas y organizaciones privadas y las y los propios ciudadanas y ciudadanos.
Los avances logrados en las cumbres de El Cairo (1994) Y Beijing (1995) son el resultado del esfuerzo de los movimientos sociales, en especial del movimiento de mujeres, por hacer evidente que el campo de las políticas y planes de población se relacionan estrechamente con el terreno de los derechos humanos y el desarrollo de los pueblos, y que las decisiones, en términos de legislación y políticas, tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las personas.
En los documentos generados a partir de estas conferencias, llamados Plataformas para la Acción, los Estados, entre ellos el peruano, asumen compromisos políticos y programáticos en relación a lo que se denominó derechos sexuales y derechos reproductivos, los cuales se definen de la siguiente manera:
Los derechos sexuales y derechos reproductivos, implican asegurar en las personas la capacidad de conducir y tener control sobre su sexualidad y su vida reproductiva.
Los Derechos Reproductivos son los derechos de todas las personas
· A decidir libre y responsablemente el número, el tiempo que debe de haber entre un hija/o y otra/o, y a disponer de la información, educación y medios para hacerlo.
· A tener una buena salud sexual y reproductiva.
· A decidir sobre la reproducción sin ningún tipo de presión, amenaza, discriminación o violencia.
Los Derechos sexuales son los derechos de todas las personas
· A decidir libre y responsablemente el desarrollo de la vida sexual, si se desea o no tener relaciones sexuales.
· A estar libre de amenaza, discriminación o violencia en su vida sexual y en todas las decisiones acerca de la sexualidad.
· A contar con y demandar igualdad, consentimiento pleno, respeto mutuo y responsabilidad compartida en las relaciones sexuales.
Reconocimiento internacional de los derechos sexuales y reproductivos
CONFERENCIA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TEHERAN 1968
El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos tiene su origen a fines el siglo pasado en 1966. La ONU por primera vez señala que las decisiones sobre el tamaño de la familia es algo de libre opción de la pareja. En 1968, en Teherán, se plantea el derecho de las personas a decidir el espaciamiento y el número de hijas/os y la planificación familiar.
Señala la responsabilidad de los Estados de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de atención médica, que incluya la planificación familiar, a fin de asegurar las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. A la vez, señala que los Estados deberán de garantizar servicios especializados con relación al embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, así como asegurar una nutrición adecuada durante las etapas de embarazo y lactancia.
CONFERENCIA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO DE EL CAIRO, 1994
Fue uno de los momentos más importantes en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, pues por primera vez los Estados participantes alcanzaron consenso y delimitaron las definiciones de derechos reproductivos, salud reproductiva y planificación familiar. Ello significó un gran avance en la protección de los derechos humanos, al comprometerse los Estados a tener presente estas definiciones en los lineamiento de las políticas públicas de sus países.
La Conferencia de El Cairo define el concepto de salud sexual y reproductiva y rompe el enfoque demográfico y biologista de otras conferencias internacionales al poner más énfasis en el bienestar de los hombres y las mujeres y al incorporar el derecho a elegir el método de planificación familiar. Amplía el derecho en torno a la reproducción, la sexualidad y las relaciones de género. Expresa que los derechos reproductivos abarcan ciertos derecho humanos que están reconocidos en leyes y documentos internacionales sobre derechos humanos, lo que implica el reconocimiento a su derecho a la integridad física y corporal, el ejercicio de la autonomía personal, la igualdad de trato respecto a su diversidad.
IV CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER BEIJING-CHINA, 1995
Refuerza los logros de El Cairo en lo referente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Su mirada va más allá del ciclo reproductivo de las mujeres para considerar etapas de su ciclo de vida e incorporar la corresponsabilidad de la reproducción humana de los varones, cuestiona los modelos de conducta social, los símbolos, normas y valores culturales basados en la idea de inferioridad o la superioridad de uno de los sexos, que dan sentido a una manera de concebir, de forma diferenciada, la satisfacción de los impulsos sexuales, la reproducción de la especie y, en general, toda forma de relación.
Esta Plataforma reconoce que los derechos sexuales y reproductivos se basan en:
· El reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello.
· El logro del nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.
· La adopción de decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencias, de conformidad con los derechos humanos.
· El derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libremente respecto de ella sin estar sujeta a coerción, discriminación ni violencia.
El respeto por las decisiones individuales en materia de reproducción
El acceso a la anticoncepción constituye un derecho humano que permite a las personas lograr sus ideales reproductivos, es decir, poder decidir libre e informadamente el número de hijas/os que desean tener, así como el espaciamiento entre ellas/os.
El uso adecuado de anticonceptivos lleva implícito la educación sexual y la reproducción como derechos individuales, que requieren como contraparte que los Estados cumplan con respetar las decisiones individuales en esta materia y asegurar los medios para su realización.
Al abordar el tema de la anticoncepción se debe de tener en cuenta, por un lado, el respeto por las decisiones individuales y, por otro, las responsabilidades que en materia de información, educación y servicios debe de brindar el estado para hacer realidad estas decisiones.
Ampliando las opciones anticonceptivas
Cada vez las mujeres peruanas conocen más sobre métodos anticonceptivos, pero eso no ha significado que la brecha entre conocimiento y uso efectivo se haya cerrado, pues, aproximadamente, un millón de niñas/os (31% de los nacimientos de los últimos cinco años) nacieron sin que sus madres y/o padres hubieran querido tenerlas/os.
Es decir, las mujeres aún se encuentran insuficientemente protegidas frente a un embarazo no deseado, muchas veces por mitos y desconocimiento acerca de los mecanismos de acción respecto de los anticonceptivos, por falla del propio método, por el escaso control que tienen sobre sus decisiones reproductivas atribuidas a su condición de discriminación y muchas porque estos embarazos se produjeron en situaciones de violencia.
El derecho de las mujeres a acceder a una amplia gama de métodos anticonceptivos se basa en el reconocimiento de que cada mujer, dependiendo de características como la edad, antecedentes médicos, expectativas reproductivas o situaciones específicas de vida, requiere de un determinado método, el cual responderá a sus necesidades específicas.
En la actualidad, los esfuerzos y avances científicos están haciendo posible que las mujeres puedan lograr sus aspiraciones reproductivas, incluso los estudios avanzan hacia la búsqueda de nuevos métodos para que sean utilizados por los hombres.
Sin embargo, tal como lo ha comprobado y hecho de conocimiento público la Defensoría de Pueblo, a través de su Informe Defensorial N° 69 (publicado en el año 2003), en el Perú existen restricciones en el acceso a la información sobre métodos anticonceptivos, privilegio en el otorgamiento de determinados métodos y limitaciones a la oferta de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV).
La anticoncepción oral de emergencia (AOE), también conocida como pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), es uno de los avances científicos que debe de estar al alcance de todas las mujeres peruanas y no sólo de aquellas que cuentan con mayores recursos económicos, tal como sucede en la actualidad.
Como su nombre lo indica, la AOE es un método de emergencia, ello significa que no reemplaza, en ningún momento, el uso de métodos de protección regular. Comprende los métodos anticonceptivos hormonales que desde hace más de veinte años utilizan las mujeres en todo el mundo.
La AOE es eficaz e inocua así como fácil de utilizar, y carece de algún efecto si ya se ha producido el embarazo -cuya definición aceptada científicamente es la implantación del óvulo fecundado en el útero-. Es útil cuando se ha tenido una relación sexual sin protección, cuando el método que se estaba usando falló o en casos de violación sexual.
Su uso ha sido respaldado por la comunidad científica internacional a través de laOrganización Mundial de la Salud y a nivel nacional por el Colegio Médico y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología.
En el Perú, la implementación de la AOE en los servicios públicos de salud está aprobada por Resolución Ministerial N° 399, en la que se amplían las normas de planificación familiar aprobadas en 1999, pero hasta la actualidad el organismo encargado de implementarla, que es el Ministerio de Salud, está incurriendo en incumplimiento al no permitir que las mujeres más pobres accedan a este método.
· Los niveles de conocimientos sobre algún método anticonceptivo son relativamente altos entre las mujeres en edad fértil (98%), estén unidas o no unidas, sean activas sexualmente y no. Los métodos modernos son los más conocidos (97%). INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima, 2001.
· El 44% de las mujeres usa en la actualidad algún método anticonceptivo, de ellas el 32.0% usa uno moderno: 5.8% DIU, 9.1% inyección, 4.3% píldora, 7.5% anticoncepción quirúrgica y 4.0% condón; mientras que un gran porcentaje, 11.4% usa los llamados métodos naturales, cuya efectividad es muy escasa y no previenen de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. INEI. Ibid.
· En el área rural se presenta el mayor número de mujeres que no utiliza métodos anticonceptivos, sólo el 61.5% utiliza actualmente algún método, 40.3% uno moderno y 19.8% uno tradicional. INEI. Ibid.
· Tan sólo el 13.5% de los hombres sexualmente activos usa métodos anticonceptivos modernos estrictamente masculinos: 12.8% condón y el 0.7% vasectomía. INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1996 (ENDES). Lima. 1997.
· 72% de las mujeres unidas que no usan algún anticonceptivo en la actualidad , tiene la intención de usar un método moderno, 32% la inyección, 12% el DIU, 11% píldora y 10% la esterilización. INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima, 2001.
· Las mayores tasas de falla de método (17%) se presentaron en el ritmo, ello debido a que un 38% de las usuarias de este método tiene un conocimiento inadecuado sobre sus días de mayor riesgo de embarazo, 32% tiene un conocimiento inadecuado y un 6% no sabe nada en particular. INEI, ibid.
“Los Estados Partes aseguran en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres... (e) los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Artículo 16.
Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a (b) gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículo 15.1.
“...Permitir a las parejas y a las personas decidir de manera libre y responsable el número y el espaciamiento de sus hijos y obtener la información y los medios necesarios para hacerlo, asegurándose de que ejerzan sus opciones con conocimiento de causa y tengan a su disposición una gama completa de métodos seguros y eficaces”. Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo El Cairo. Párrafo 7.12.
“Toda persona tiene el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, incluyendo los naturales, y a recibir, con carácter previo a la prescripción o aplicación de cualquier método anticonceptivo, información adecuada sobre los métodos disponibles...”. Ley General del Salud. Artículo 6.
“Contribuir a poner a disposición de mujeres y hombres del Perú la más amplia información y servicios de calidad para que puedan alcanzar sus ideales reproductivos”. Normas de Planificación Familiar. Capítulo IV.
“Ampliar las normas de planificación familiar..., incorporándose en el literal C “Anticonceptivos orales”, del Título VII “Métodos Anticonceptivos”, el Numeral 3 “Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE)”. Resolución Ministerial Nº 399-2001-SA/DM.
INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1996 (ENDES). Lima,1997.
Organización Mundial de la Salud. Anticoncepción de Emergencia. Guía para la prestación de servicios. 1999.
Tamayo, Giulia. Bajo la piel, Derechos sexuales, derechos reproductivos. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Lima, 2001.
El aborto, a pesar de su enorme gravedad, sigue siendo un tema insuficientemente tratado y debatido. Por muchas razones, se trata de un asunto difícil, polémico e incómodo, pero quizá la principal sea la escasa independencia que el Derecho ha tenido respecto a posturas religiosas, las cuales, en su mayoría, castigan a las mujeres que toman la decisión de interrumpir un embarazo no deseado.
El aborto es un problema social que tiene enormes implicancias y consecuencias para la salud, la vida y el desarrollo de miles de mujeres en el Perú. Su práctica –efectuada clandestinamente y en condiciones inseguras dada su ilegalidad, falta de servicios de salud, entre otros– afecta la salud física y emocional de miles de mujeres en el país.
Pero a pesar de estas circunstancias, las mujeres no han desistido de abortar. El embarazo no deseado es el motivo principal, ya que al momento de decidir consideran que su familia ya está completa. Son mujeres de todas las edades y condición social, económica o civil. El mayor porcentaje se concentra en jóvenes menores de 30 años. La gran diferencia la marcan las mujeres de mayores recursos económicos, quienes sí acceden a un aborto en condiciones seguras para sus vidas.
El Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para que las mujeres puedan cumplir con sus expectativas reproductivas y logren así su pleno derecho a una maternidad deseada. Para ello, debe de proveer educación sexual a las y los adolescentes y jóvenes, facilitar su acceso a métodos anticonceptivos, asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, y asegurar la atención médica, consejería y orientación pertinente a las mujeres que llegan a los establecimientos presentando un aborto incompleto. Sus acciones también tienen que extenderse a los hombres y lograr que ellos, igualmente, asuman sus responsabilidades reproductivas (promoviendo un mayor uso de anticonceptivos), promoviendo el no ejercicio de la violencia y garantizando las condiciones para que asuman su paternidad
La criminalización de las mujeres que abortan
En lo jurídico, es necesario que el enfoque del conflicto de derechos desplace al enfoque tradicional que estuvo exclusivamente centrado en el inicio de la vida y en la cuestión de la personalidad moral del feto. Así, se entenderá que en el tema del aborto hay una contraposición de por lo menos dos derechos: el derecho a la vida del no nacido y el derecho de la mujer a la autonomía.
El aborto es el único tema donde se desplazan los derechos de una ciudadana con historia, relaciones familiares y sociales por los derechos de alguien por nacer que carece de estas características propias de la ciudadanía.
Con el objetivo de propiciar un debate, libre de posiciones dogmáticas y que incluya las diferentes aristas del problema, en el año 1999 se dio aconocer, a través de los medios de prensa, el comunicado “Seis acciones urgentes para reducir la mortalidad materna y el aborto inseguro”, el cual fue firmado por 67 organizaciones del país y en el que se planteaba como exigencia al gobierno peruano revisar la legislación punitiva contra las mujeres que abortan.
La penalización hace que las mujeres no recurran a profesionales de salud capacitadas/os para su atención, que no acudan a un servicio ante complicaciones, que sean estigmatizadas socialmente y tratadas como criminales por la justicia.
La gradualidad que supone el proceso del desarrollo del ser humano desde la concepción, operaría, a medida que el embarazo avanza, como justificación para que se le asigne un valor creciente a la vida prenatal y un valor progresivamente decreciente a los derechos de la mujer embarazada.
Éste es el principio que primó en los países en los que el aborto ha sido despenalizado o legalizado; es decir, se combinan plazos que mayormente se extienden sólo hasta el primer trimestre de embarazo, momento en el que se considera que el feto ya es viable.
Un mito frecuente es que la despenalización o legalización del aborto provocará un aumento en el número de ellos, pero en los países donde esta medida se ha tomado y se ha combinando con el acceso amplio a servicios, información, anticoncepción y un marco de protección social a la mujer, el número de abortos ha disminuido significativamente.
Se debe de reconocer entonces que existe una responsabilidad estatal respecto a esta situación, una responsabilidad en cuanto a la prevención de embarazos no deseados y, sobre todo, en cuanto a mejorar las condiciones de vida de las mujeres.
Son dos los comités que han elaborado recomendaciones generales al gobierno peruano, referidas expresamente al aborto: el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en los años 1995, 1998 y 1999 y el de Derechos Humanos en el año 1996. Han recomendado la revisión de las medidas punitivas sobre esta materia, y acoger la preocupación expresada por el Comité de los Derechos del Niño, en el 2000, por la alta tasa de mortalidad materna y la frecuencia de embarazos en la adolescencia.
Urge la necesidad de despenalizar el aborto en el Perú, y con esto modificar el artículo 30° de la Ley General de Salud, que dispone para los establecimientos de salud y los médicos tratantes la obligación de informar a la autoridad policial sobre los casos en los que exista sospecha de aborto provocado.
Junto a ello, el Estado deberá brindar las garantías para que las mujeres puedan tener un libre, mayor y mejor acceso a la información en sexualidad y reproducción.
· Se estima que en el Perú se producen cada año 352 mil abortos inducidos, eso quiere decir que cada hora se realizan 40 abortos y cada día 1000, y las protagonistas son mujeres de toda condición socioeconómica y social. (Ferrando, Delicia, “El aborto clandestino en el Perú. Hechos y cifras”. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder International. Lima. 2002).
· La mayor cantidad de abortos clandestinos se produce en la sierra con un 32%, Lima Metropolitana ocupa el segundo lugar con un 28% y la selva el tercero con el 14%. (Ferrando, Delicia, ibid).
· Según estadísticas de los servicios de salud, poco más del 62% es menor de 30 años. Y de este porcentaje, el 14% es menor de 20. (Ferrando, Delicia, ibid).
· 54% de mujeres recurre al aborto porque no desea ese embarazo, principalmente porque al momento de la concepción consideró que su familia estaba completa, y 28% lo hizo por razones económicas. (Ferrando, Delicia, ibid).
· La probabilidad de hospitalización es más alta si la mujer es pobre: 13.6% entre las mujeres pobres urbanas y 18.5% entre las pobres rurales; y más baja si la mujer pertenece a la ciudad y cuenta con recursos (1.5%); pero la probabilidad de hospitalización es también alta entre las mujeres rurales económicamente pudientes (9.4%). (Ferrando, Delicia, ibid).
· Por cada aborto hospitalizado, hay 7 no hospitalizados. (Ferrando, Delicia, ibid).
· El aborto ocupa el cuarto lugar como causa de muerte materna (7%); sin embargo, numerosos estudios sostienen que dentro de las muertes por hemorragias (60%) e infecciones (13%) se encuentran subregistradas muchas muertes por aborto. Así, si existiera un buen registro de las muertes maternas, el aborto ocuparía posiblemente el primer lugar. (Ministerio de Salud. “Plan de contingencia para la reducción de la muerte materna”. Lima. 2001).
“Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer”. “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Artículo 2 inc. F”.
“...Se insta a los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso del aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación familiar”. Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo El Cairo. Párrafo 8.25.
“No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”. Art. 119, Código Penal .
· Flora Tristán, DEMUS. Mortalidad materna y aborto inseguro, enfrentando la realidad. Lima. 2000.
· Ministerio de Salud. Plan de contingencia para la reducción de la muerte materna. Lima. 2001.
· INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima.2001.
· Ferrando, Delicia. El aborto Clandestino en el Perú. Hechos y cifras. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder International. Lima. 2002.
· Romero, Inés. El aborto clandestino en el Perú. Una aproximación desde los derechos humanos. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan. Lima. 2002.

References: Resolución 
 Artículo 16
 artículo 15
 Artículo 6
 Resolución 
 artículo 30
 Artículo 2