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Timestamp: 2019-01-22 06:44:33+00:00

Document:
﻿ Auto 1992-01748 de febrero 3 de 2011
AUTO 1992-01748 DE 03 DE FEBRERO DE 2011
CONTENIDO:PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y CONTENCIOSO. PROCEDE EN CUALQUIER MOMENTO CORREGIR LOS ERRORES ARITMÉTICOS DE UN FALLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA POR ERROR ARITMÉTICO, PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Auto 1992-01748 de febrero 3 de 2011
Rad.: 050012331000199201748 02
Ref.: 18110
Actor: Frigosinú S.A.
La Sala decide el recurso ordinario de súplica interpuesto por la parte demandada contra el auto de 2 de noviembre de 2010, que resolvió dejar sin efectos los autos de 10 de mayo y 11 de junio de 2010, por medio de los que se corrió traslado para sustentar y se admitió el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 20 de septiembre de 2007 del Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, y en su lugar, se dispuso inadmitirlo por extemporáneo.
La sociedad Frigosinú S.A., por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó al Banco de la República a fin de que se declare la nulidad de los oficios SG-OB-1998 de julio 27, SG-OB-2113 de agosto 3, SG-OB-2499, SG-OB-2551 y SG-OB-2679 de septiembre 7, 11 y 18 de 1992, respectivamente, actos administrativos mediante los que dicha autoridad negó el reconocimiento de unos certificados de reembolso tributario (CERT); así como de los oficios SG-OB-3492 y SG-OB-3493 de diciembre 21, SG-OB-3498 de diciembre 22 de 1992, SG-OB-02 y SG-OB-10 de enero 4 y 6 de 1993, que resolvieron sendos recursos de reposición, y del Oficio G-809 de abril 23 de 1993, que desató el recurso de apelación.
Agotado el trámite procesal mediante sentencia de segunda instancia de 26 de enero de 2006 (fls. 289 a 305), proferida por la Sección de Cuarta de esta corporación, y una vez devuelto el expediente de la referencia al tribunal de origen, la parte actora solicitó a este último (fls. 319 a 321), de conformidad con el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, corregir por error aritmético el numeral 8º de la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia el 14 de agosto de 2003. Tal solicitud que fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto de 20 de septiembre de 2007, de forma favorable a la pretensión de la parte actora.
Por virtud de lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (entidad demandada), el 28 de noviembre de 2008 formuló incidente de nulidad de la actuación procesal adelantada de manera posterior a la sentencia de segunda instancia, esto es, del auto de 20 de septiembre 2007 atrás citado. Lo anterior, en consideración a que dicha decisión no le fue notificada personalmente, con lo cual se le vulneró su derecho al debido proceso, pues no se le garantizó la oportunidad de recurrir en apelación dicha providencia judicial.
El a quo en auto de 26 de febrero de 2009, entre otras cosas, se pronunció sobre el incidente de nulidad propuesto por la parte demandada, resolviendo no darle curso al mismo, en razón a que mediante la decisión del 28 de noviembre de 2008 había ordenado la práctica de la notificación personal del auto de 20 de septiembre de 2007 a dicha autoridad administrativa del orden nacional, comisionando para tal afecto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, diligencia que aún se encontraba en trámite.
En escrito radicado el 31 de julio de 2009, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo interpuso ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, recurso de apelación contra el auto de 20 septiembre de 2007.
Una vez admitido el recurso de apelación antes mencionado, la magistrada conductora del proceso, por auto de 2 de noviembre de 2010, resolvió rechazarlo por extemporáneo, pues consideró que si bien es cierto que la providencia objeto del recurso de alzada no fue notificada a la parte demandada de acuerdo con las reglas determinadas para tal efecto en los artículos 310 y 320 del Código de Procedimiento Civil, no lo es menos que con las actuaciones procesales adelantadas por la misma accionada con posterioridad a la providencia apelada, se evidencia que la misma fue notificada por conducta concluyente, razón por la que, a todas luces, dicho recurso de apelación es extemporáneo.
El recurso ordinario de súplica
Sostuvo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en primer término, que el auto de 20 de septiembre de 2007, no fue proferido en el curso de un proceso, pues fue emitido pasado un año y ocho meses después de que el mismo terminara con sentencia de segunda instancia. En consecuencia, acorde con lo establecido en el inciso 2º del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, si el mismo fue proferido una vez el proceso concluyó, su notificación se debe realizar sólo en la forma allí indicada, razón por la que no es procedente su notificación por conducta concluyente.
De otra parte, señaló que el auto suplicado vulneró su derecho al debido proceso, puesto que al no efectuarse el análisis de la causal de nulidad determinada en el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, ello implicó que la misma nunca puede invocarse por quien no conoció determinada providencia judicial, ya que su solicitud tendría como consecuencia dar por notificada por conducta concluyente la providencia que no ha sido objeto de notificación o notificada indebidamente.
Finalmente, adujo que de acuerdo con lo determinado en el artículo 184 (sic) de la Ley 446 de 1998, la consulta es procedente en el asunto objeto de esta controversia.
En consecuencia, solicitó que se revoque el auto objeto del recurso de súplica, y en su lugar, se tramite el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 20 de septiembre de 2007.
La parte actora se pronunció sobre el recurso ordinario de súplica, solicitando que se confirme la decisión objeto del mismo. Al efecto, señaló que, contrario a lo afirmado por el suplicante, en el caso bajo análisis no se vulneró el derecho al debido proceso de la entidad administrativa recurrente, ya que el auto que realiza una corrección aritmética puede ser notificado por cualquiera de los medios establecidos para tal fin en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, consideró que en este asunto operó la notificación por conducta concluyente del auto de 20 de septiembre de 2007, tal como se señaló en el auto suplicado, y por lo tanto, el recurso de apelación interpuesto contra dicha providencia es extemporáneo.
De conformidad con los argumentos esbozados por las partes tanto en el recurso de súplica como en la oposición al mismo, se advierte que conforme se establece en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, es indiscutible que cualquier providencia dictada dentro de un trámite judicial, en la que se haya incurrido en un error puramente aritmético, es corregible en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, por la autoridad judicial que la profirió, mediante auto susceptible de los mismos recursos que procedían contra la providencia objeto de la corrección, decisión que por demás si se profiere una vez ha concluido el proceso, dispone dicha norma, que debe notificarse de acuerdo con los reglas establecidas en los incisos 1º y 2º del artículo 320 ibídem, es decir, de forma personal o en su defecto mediante aviso.
Sin embargo, lo anterior no impide de manera alguna, que la decisión contentiva de la corrección aritmética pueda notificarse por conducta concluyente, siempre y cuando se cumpla con los supuestos determinados en el ordenamiento jurídico para tal efecto, es decir, que medie comportamiento de la parte a quien debe ponerse en conocimiento una providencia, que indique de forma irrefutable que no sólo sabe de su existencia, sino también que conoce su contenido. Es así como el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil determina “Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, ... se considerará notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito...”.
En ese orden de ideas, pese a ser cierto que el auto de 20 septiembre de 2007 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, objeto del recurso de apelación que fue rechazado por extemporáneo, y por medio del que se corrigió el numeral 8º de la sentencia de 14 agosto de 2003 por este proferida en primera instancia, no fue notificado por ninguno de los medios establecidos en los artículos 314, 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil, pues tal actuación se encontraba en curso, no lo es menos que con el memorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (fls. 364 a 367), radicado en dicho tribunal el día 28 de noviembre de 2008, y en el que solicitó la nulidad de lo actuado inclusive desde el auto ya referenciado, por falta de notificación del mismo, se demuestra plenamente que dicha autoridad administrativa conocía la decisión contentiva de la corrección de la sentencia de primera instancia dictada en el asunto de la referencia, razón por la que a partir de esa fecha la misma se entiende notificada por conducta concluyente.
Así las cosas, contrario a lo afirmado por el suplicante, y tal como se sostuvo en el auto objeto del recurso de súplica, se tiene que el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 20 de septiembre de 2007, es extemporáneo, puesto que el mismo fue impetrado el 31 de julio de 2009, mientras que el término para formularlo feneció el día 3 de diciembre de 2008, es decir, pasados tres días hábiles, contados desde el día siguiente en que se radicó el incidente de nulidad planteado por la parte demandada, esto es, el 28 de noviembre de 2008.
Finalmente, en relación con la procedencia de la consulta planteada en este asunto por el suplicante, se advierte que el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo condicionó su trámite a que exista decisión de primera instancia por medio de la que se condene a una entidad pública por más de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales, y que dicha decisión no fuera objeto de apelación. Dadas las circunstancias, se debe señalar, que el auto de 20 de septiembre de 2007, objeto del recurso de apelación, no fue la decisión por medio de la que se impuso la condena a la entidad demandada en el presente asunto, pues esta consta en la sentencia de primera instancia, del 14 de agosto de 2003, que fue confirmada por esta corporación mediante providencia del 26 de enero de 2006, razón suficiente para estimar que el grado jurisdiccional de consulta no es procedente en este caso.
CONFÍRMASE el auto de 2 de noviembre de 2010.
Magistrados: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—William Giraldo Giraldo—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

References: artículo 310
 artículo 310
 artículo 140
 artículo 184
 artículo 310
 artículo 320
 artículo 330
 artículo 184