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Timestamp: 2019-03-26 06:07:36+00:00

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Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional: ejercicio electrónico de las funciones | Nosoloaytos
InicioReal Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional: ejercicio electrónico de las funciones
Captura y subrayado: Julio Cerdá
Bien, como sabemos la función pública de secretaría integra la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo (art. 3). Y, en concreto, la función de fe pública comprende: “d) Asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en la letra a) y publicarla en la sede electrónica de la Corporación de acuerdo con la normativa sobre protección de datos.”
Hasta aquí muy bien. Pero luego, primera barbaridad, abre tranquilamente la puerta a que un Acta pueda librarse en formato papel: “El acta se transcribirá por el Secretario en el Libro de Actas, cualquiera que sea su soporte o formato, en papel o electrónico, autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o Presidente de la Corporación”. Como fallo menor podríamos decir que, en el documento electrónico, tampoco queda muy claro si es necesario o qué significado tiene el visto bueno del Alcalde/Presidente, pero bien, que todo sea eso.
El citado artículo va a peor, ya que la segunda gran atrocidad, esta si cabe mayor, establece la obligatoriedad de librar un documento nuevo, adicional, inédito, obligatorio y siempre en papel, a modo de pequeño castigo para los modernos que se decanten por el formato electrónico:
Poco le falta al Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo (repito, ¡de 2018!) para decir que hagamos las actas en formato pergamino
“No obstante, en el supuesto de que el soporte sea electrónico, será preciso que se redacte en todo caso por el Secretario de la Corporación extracto en papel comprensivo de los siguientes datos: lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión; su indicación del carácter ordinario o extraordinario; los asistentes y los miembros que se hubieran excusado; así como el contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sintetizadas de los miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas, con expresión del sentido del voto de los miembros presentes”.
Emitir documentos, a estas alturas, en formato papel, no es lo que quiere la Ley de procedimiento, ya que esta establece definitivamente el formato electrónico.
Inventar trámites o documentos adicionales tampoco es, en absoluto, lo que se pretende en dicha Ley, porque busca la simplificación administrativa.
Y sobre todo, “castigar” la elección, si es que esa elección cupiese, del formato electrónico, imponiendo dicho trámite adicional única y exclusivamente a quien “opta” por el citado formato, va en contra nuevamente de la misma Ley, y de su mismo espíritu, que no es otro que fomentar y no frenar el avance del procedimiento electrónico.
En conclusión: que va en contra, por triplicado, de la Ley y del más razonable de los criterios interpretativos del ordenamiento jurídico: el que pone las normas en relación con su contexto y con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas (art. 3.1 del Código Civil). Y si va en contra de la Ley es ilegal. Es por tanto ilegal, e irracional, hacer un “extracto en papel” de las actas, además de las actas. “En papel” es imposible, porque aún suponiendo que se pudiera justificar dicho trámite adicional (acta+extracto del acta en realidad es de locos), alguien tendría que decir si ese extracto es un documento administrativo (¿qué otra cosa puede ser?), y si lo es, otro alguien tendría que justificar por qué todos los documentos administrativos son o deben ser electrónicos excepto el dichoso extracto del acta. Estoy pensando también en el Archivo de documentos. Y si la explicación a esto se apoya en algo relacionado con la seguridad, permítanme que me ría, aunque no tenga gracia, que pongan la seguridad por delante personas que no tienen ni idea de qué es el Esquema Nacional de Seguridad (ni lo cumplen). En fin, con lo fácil que hubiera sido reproducir lo dispuesto en la Ley 40/2015, que regula perfectamente las actas electrónicas y las audiovisuales.
Ya somos “órgano” al que vincular un sello de órgano
“Para compensar”, por así decirlo, el Real Decreto recoge la aportación que hicimos desde Cosital Valencia para que los FHN seamos un órgano al que vincular un sello de órgano (actuación administrativa automatizada, AAA). Esto es muy bueno, y “salva” la fe pública, al menos de momento, porque llegará el blockchain. Por aquí nos integraremos en el procedimiento electrónico, y NO haciendo las actas o sus extractos “en papel”. Solo con esto personalmente estoy contento. Lo de seguir hablando a estas alturas del formato papel es, siempre en nuestra opinión, un error increíble, pero que hayan incluido nuestra propuesta de ser órgano a los efectos de la #AAA lo consideramos excelente (y visto lo visto casi un milagro). Desde aquí doy las gracias públicamente a Miguel Ángel Amutio, del Ministerio, por reunirse con unos cuantos compañeros de Valencia y ser tan sensible a la lógica que le expusimos compañeros como Nacho Martínez Vila, César Herrero, Lorenzo Pérez Sarrión y yo mismo.
¿Nunca se han preguntado quién es el órgano del “sello de órgano”? Recordemos que se puede definir sello de órgano como una herramienta de identificación y firma de trámites y actos administrativos por medio de sistemas informáticos, en los que no hay intervención directa de la persona física, funcionario o autoridad. Pero ¿quién es el órgano al que alude la propia nomenclatura del sello de órgano?
Según la LRJ (art. 41), se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. Esto mismo decía el art. 39 de la LAESP, por lo que hablamos de una norma que en realidad está en vigor desde 2007. Qué duda cabe, por tanto, que el Secretario de Ayuntamiento lleva más de 200 años siendo fedatario público, pero que desde hace unos años comparte esta función con la AAA.
Pero ocurre que esta asociación de la AAA con un órgano presentaba problemas en la administración local, ya que es muy probable que el legislador de la LAESP tuviese únicamente en cuenta el art. 5.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que define a los órganos administrativos en los siguientes términos: «tendrán la consideración de órganos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo». Sin embargo, en la administración local, el fedatario -Secretario o Secretario-Interventor- es un funcionario, y no un órgano (salvo excepciones en municipios de gran población), y aunque detenta la fe pública la comparte con un sello de órgano que no puede estar asociado a ningún órgano (¿y en su caso a cuál?: ¿al Alcalde? ¿al Pleno? ¿a la Junta de Gobierno Local?). A mayor abundamiento, el Reglamento del ENS (Real Decreto 3/2010 de 8 de Enero, modificado por R.D. 951/2015, de 23 de octubre), dispone en su artículo 11 que “Todos los órganos superiores de las Administraciones públicas deberán disponer formalmente de su política de seguridad que articule la gestión continuada de la seguridad, que será aprobada por el titular del órgano superior correspondiente”. A estos efectos, prosigue el artículo 11, se considerarán órganos superiores, los responsables directos de la ejecución de la acción del gobierno local, en un sector de actividad específico, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.
Este es el escenario en el que hicimos la gestión tendente a corregir la disfunción explicada, de modo que ya el borrador de este nuevo Real Decreto recogía, desde hace unos dos años, la siguiente disposición a propuesta de COSITAL Valencia:
“Disposición Adicional Novena (en la norma vigente es la Octava). Ejercicio electrónico de las funciones reservadas:
Por lo demás, esta tendencia, ahora recogida en la norma, viene avalada por la moderna doctrina, y en concreto por la Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Oropesa del Mar n.º 1, por la que se suspende la constancia registral de la publicación de un edicto ordenado en documento presentado en soporte en papel con código seguro de verificación en el caso de inmatriculación de una finca, donde se considera y admite el sello del órgano de la Secretaría del Ayuntamiento considerado como una AAA (en este caso en la firma de la diligencia de exposición de los edictos o anuncios publicados en el tablón).
Anexo. “La Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración”.
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References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 11
 Real Decreto 
 Resolución