Source: https://luisabeledo.es/author/abeledoabogados/
Timestamp: 2019-09-19 02:07:01+00:00

Document:
LUIS ABELEDO – EL BLOG DE CORTA Y PEGA DE LUIS ABELEDO
Una vez tuve una cuenta en twitter jurídica, seria, de bien y de orden.
Empieza el curso del corta y pega con un bombazo en exclusiva que podréis haber leído previamente en todos los medios especializados y en algún otro que no tiene ni idea como as, marca o el blog de Cristóbal Soria.
El Pleno del TS ha hablado, STS 2761/2019 ECLI ES:TS:2019:2761, de 11-9-2019lo que va a ser otra revolución antes del tema IRPH:
Deben interpretarse conjuntamente la STJUE de 26 de marzo de 2019 y el ATJUE de 3 de julio de 2019 en el asunto C-486/16 , con la STJUE de 14 de marzo de 2013, caso C- 415/11 ( Aziz) , y con nuestra jurisprudencia, de tal manera que, siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC (en la redacción dada por la Ley 1/2013), los tribunales deberán valorar, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en función de la esencialidad de la obligación incumplida, la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y la posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia.
Se trata de una interpretación casuística en la que habrá que ver cuántas mensualidades se han dejado de pagar en relación con la vida del contrato y las posibilidades de reacción del consumidor.
Y dentro de dicha interpretación, puede ser un elemento orientativo de primer orden comprobar si se cumplen o no los requisitos del art. 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo , reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), puesto que la STJUE de 20 de septiembre de 2018, asunto C-51/2017( OTP Bank Nyrt ) permite que quepa la sustitución de una cláusula abusiva viciada de nulidad por una disposición imperativa de Derecho nacional aprobada con posterioridad (apartados 52 y 53 y conclusión segunda).
Así lo declara también el apartado 62 de la STJUE de 26 de marzo de 2019, aunque con referencia a la normativa anterior:
“62. Pues bien ,tal deterioro de la posición procesal de los consumidores afectados, en caso de recurrirse al procedimiento de ejecución ordinaria en lugar de seguir el cauce del procedimiento especial de ejecución hipotecaria, es pertinente a efectos de apreciar las consecuencias de la anulación de los contratos en cuestión y, según lo declarado en el apartado 59 de la presente sentencia, podría justificar por consiguiente, siempre que exponga a dichos consumidores a consecuencias especialmente perjudiciales, que los órganos jurisdiccionales remitentes sustituyeran las cláusulas abusivas por la versión del citado artículo 693, apartado 2, de la LEC posterior a la celebración de los contratos controvertidos en los litigios principales. No obstante, dado que las características de estos procedimientos de ejecución se enmarcan exclusivamente en la esfera del Derecho nacional, corresponde en exclusiva a los órganos jurisdiccionales remitentes llevar a cabo las comprobaciones y las comparaciones necesarias a tal efecto”.
Además, como se desprende de los apartados 48 y 49 del ATJUE de 3 de julio de 2019 (asunto C-486/16 ), el principio de efectividad del Derecho de la Unión no queda menoscabado porque, conforme al principio de autonomía procesal de los Estados miembros, una demanda de ejecución hipotecaria pueda sustentarse en la nueva redacción de una norma legal de carácter imperativo.
Los procesos en que, con anterioridada la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.
Los procesos en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, deberían ser igualmente sobreseídos.
Los procesos referidos en el apartado anterior, en que el incumplimiento del deudor revista la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.
En este blog ya dijimos en un post de 15-9-2015,
La sentencia estima nuestras pretensiones en una de las alegaciones con las que menos estoy de acuerdo. No creo que la cláusula de vencimiento anticipado no pueda integrarse. No es lógico que si un ejecutado deba un % de incumplimiento del total del contrato suficientemente relevante no quepa integrarse a través de un Auto o una Sentencia.
A efectos ilustrativos en todas mis oposiciones de ejecución hipotecaria (incluso antes de entrar en vigor la LCCI) razono -y solo una gran jueza de primera instancia de SC de Tenerife me ha dado la razón-:
En el presente caso, ha sido el impago de cuatro cuotas es lo que ha dado lugar al inicio de la presente ejecución. La suma impagada representa un porcentaje insuficiente para el ejercicio de la facultad de vencer anticipadamente el contrato; por tal motivo, debe declararse la nulidad de la estipulación y, en consecuencia, el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria instada al amparo de una cláusula nula en virtud de las condiciones generales de contratación
Mi representada había pagado _____ cuotas de las _______previstas para todo el préstamo.
Mi representada solo incumplió en ______ cuotas hasta que vencieron anticipadamente el préstamo. Es decir:
mi mandante había cumplido el 85 % del contrato.
Mi mandante solamente incumplió el 3,33 % del contrato. Sin embargo, a pesar de haber pagado ______ € del préstamo por importe total de ________ €, e incumplido el 3,33% del contrato, el banco utiliza una cláusula nula como la del vencimiento anticipado contraria al art 693.2 LEC que establece que «podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución y en el asiento respectivo».
En este sentido, además de la jurisprudencia pacifica, la ley 5/2019 de 15 de marzo que regula lo que ya venia siendo la interpretación de los tribunales, establece en su artículo 24:
Artículo 24 Vencimiento anticipado
En los contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una persona física y que estén garantizados mediante hipoteca o por otra garantía real sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir para uso residencial el prestatario perderá el derecho al plazo y se producirá el vencimiento anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos:
Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al menos un mes para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total adeudado del préstamo.
Las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario.
En el presente caso, el incumplimiento en el momento del vencimiento anticipado suponen el 3,33% de contrato, las cuotas vencidas y no satisfechas son cuatro que corresponden a un importe de ________ € muy lejos del 7% del capital concedido que asciende a __________ € y cuyo 7% es _______ €.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 11 septiembre, 2019 11 septiembre, 2019 Formato MinientradaCategorías Sin categoría1 comentario en STS DE PLENO. SOBRESEIMIENTO EN MASA DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS. UN CLICKBAIT DE MANUAL A MI BLOG
El corta y pega de hoy es la STS de Pleno de 2-7-2019, sentencia 381/2019, proce 3669/2016 a la que llevo por el tuit de @mundoedmundo, juez que, a mi juicio tiene una enorme calidad en su TL pero al que, por desgracia, sigue muy poca gente. Cosa que no entiendo.
En fin, pilarín. El corta y pega se adelanta a las masas y, en primicia os ofrecemos esto, que no sale en el cendoj a fecha de hoy.
La movida va así:
Fulanito fue declarado en concurso persona física.
La AEAT tenía créditos.
La AC, después de vender todo, que se acabe el sufrimiento del pobre fulano y termina por insuficiencia de activo.
El concursado pide exoneración del pasivo insatisfecho (ley de segunda oportunidad)
La AEAT dice que nanai de la china que le deben pasta para pagar la nueva campaña electoral y presenta incidente concursal por pasivo insatisfecho.
La Sala confirma la resolución del juez de lo mercantil y de la AP:
Ratifica el criterio flexible del juzgado, que permite, en el trámite de contestación a la demanda, modificar los términos de la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho. Entiende que el deudor lo es de buena fe y que la propuesta de pagos muestra una voluntad real de dar cumplimiento a la misma. Y, respecto del cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 178 bis LC y, en concreto, la extensión de la exoneración al crédito público, razona lo siguiente:
«la norma establece dos sistemas de exoneración. La exoneración definitivasi el deudor de buena fe cumple los requisitos del artículo 178 bis 4o de la LC . Y la exoneración provisionalsi no los cumple pero se somete a un plan de pagos.
»Para los que cumplen el primer sistema, está prevista la exoneración todo el pasivo (también el público) y de forma definitiva. Aunque es cierto que puede revocarse si durante los cinco años siguientes consta la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados (ex art 176 bis 7 LC).
»Este sistema, está pensado para los que tienen mayor capacidad de pago porque han podido pagar parte o todo de los créditos que se mencionan en el punto 4o.
»Resultaría ilógico que a los que tienen menos capacidad de pago, los del apartado 5o, (que tienen que someterse a un Plan de Pagos) dicho plan excluya el crédito público si se dan las condiciones de su normativa para los aplazamientos y en su caso, no se les exonere el crédito público en las condiciones legalmente previstas. A Los deudores incardinables en el párrafo 4 -los que no necesitan el plan de pagos- si se les exonera de parte del crédito público.
»Es importante destacar que aunque los créditos públicos no se ven afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos y se someten a sus normas específicas en materia de aplazamientos y fraccionamientos, lo cierto es que, declarado el concurso consecutivo, los bienes y derechos del deudor quedan sometidos a las normas del concurso, no tendría sentido que se pagara antes un crédito subordinado de intereses o recargos por créditos públicos que un crédito contra la masa por alimentos a los hijos del deudor, de ahí que el plan de pagos haya de reflejar cómo se van a pagar los créditos no exonerables en esos cinco años, respetando las normas del concurso.
»Por todo lo razonado, la necesaria unidad del proceso concursal especialmente en esta fase, en coherencia con las instituciones previstas como mecanismo de exoneración de pasivo insatisfecho, justifica la inclusión de tales créditos en el plan de pagos».
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 10 julio, 2019 10 julio, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO MERCANTIL,Sin categoríaEtiquetas concurso de acreedores,concurso personas físicas,exoneración pasivo insatisfecho,ley segunda oportunidadDeja un comentario en Ley de Segunda Oportunidad. Exoneración de crédito público en el plan de pagos.
Época de Juntas Generales, épocas de problemas particulares.
A río revuelto ganancia de pescadores o de abuso de posiciones de mayorías.
El corta y pega de hoy no sale en el CENDOJ (si encontráis enlace ponedlo en comentarios, por favor) pero sí en mi base de datos.
ST de Mercantil 2 Bilbao.
Número Sentencia: 286/2018 Número Recurso: 767/2017
Numroj: SJM BI 3952:2018
Ecli: ES:JMBI:2018:3952
La mayoría de los socios ejercen la facultad en la Junta General del art 161 TRLSC:
Salvo disposición contraria de los estatutos, la junta general de las sociedades de capital podrá impartir instrucciones al órgano de administracióno someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 234.
Se monta un pollo, se vienen arriba y presentan una acción de responsabilidad contra el órgano de administración.
Al amparo del artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital , se propone comunicar a la arrendataria Funeraria de Vizcaya, S.L. a través de las personas con facultades para ello en la sociedad, dos apoderados mancomunados indistintamente o por el gerente, la voluntad de la mayoría social de dar por vencidos y resueltos sin posibilidad de prórroga la totalidad de los contratos arrendaticios suscritos con la misma.
Dicho acuerdo es aprobado por la mayoría del capital social el 57,5% del capital social, correspondiente a los socios Funeraria San José de Barakaldo S.A. y el Sr. Adriano , con la oposición del resto de los intervinientes.
Tras la aprobación del citado acuerdo, y de la oposición mantenida por el Presidente del Consejo de Administración, el Sr. Teodoro , por la representación en dicha Junta del Sr. Adriano y de Funeraria San José de Barakaldo S.A., el Sr. Fidel se introduce como punto adicional del orden del día, el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los consejeros
b) Resolución de la controversia.
Serán impugnables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la LSC, aquellos acuerdos que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. Y establece que “la lesión del interés social se produce cuando el acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayoría”, entendiéndose que impone de forma abusiva “cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios”.
A la luz de los propios términos en que quedó establecido el acuerdo impugnado, no puede entenderse como lo hace la parte demandante, que dicho acuerdo excediere de las competencias que la Junta General tiene atribuidas, y que en consecuencia el mismo fuese contrario a la ley y a los estatutos sociales, pues el mismo tiene perfecto encuadre en la competencia que el artículo 161 de la Ley Concursal le atribuye a la Junta General.
La lesión que describe la parte demandante, no puede entenderse como tal, pues ha de entenderse que la adopción de dicho acuerdo no lesiona los intereses de la sociedad, y se adopta en beneficio de la misma, y de todos los socios que la integran, no solo de aquellos que votan a favor de dicho acuerdo.
Otra cuestión es los daños producidos a los acreedores o los daños a terceros pero, como diría el Libro de Michael Ende, esa es otra historia…
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 4 julio, 2019 4 julio, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO MERCANTIL,Sin categoríaEtiquetas ART. 161 TRLSC,INSTRUCCIONES DE LA JUNTA A LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN.,responsabilidad de administradores,responsabilidad socialDeja un comentario en Responsabilidad del administrador en caso de instrucciones de la Junta General
El tema de revolving los hemos tratado AQUÍ, AQUÍ y AQUÍ.
Hoy traemos otra arista más de este complejo mundo.
1.- Hay que acreditar el interés anormal del dinero en contra del consumidor.
Recordamos el art 319.3 LEC y el comentario que hicimos en uno de los post citados. indica que:
“En materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo”.
El precepto, trasunto del derogado art. 2 de la Ley de 23 de julio de 1908 , de nulidad de los contratos de préstamos usurarios (en adelante, Ley de Usura), se fundamenta en la naturaleza propia de la usura, en muchos casos clandestina, y, por tanto, difícil de detectar.
Por ello, sujetar al juzgador a la interpretación taxativa general de los documentos notariales, supondría dificultar, cuando no impedir, la exacta averiguación de los elementos que configuran la usura.
2.- Pero esto no quiere decir que el art. 319.3 LEC imponga una regla de la carga de la prueba que favorece al prestatario. Lo que establece dicho precepto es que, en materia de usura, los documentos públicos dotados de mayor fuerza probatoria en el párrafo primero del artículo no escapan a la posibilidad de ser desvirtuados por otros medios probatorios,y ello precisamente para proteger a los que hayan podido ser víctimas de contratos usurarios documentados públicamente. En palabras de la sentencia de esta sala 135/2003, de 21 de febrero (referidas al derogado art. 2 de la Ley de Usura ), se trata de una norma “que atribuía a los tribunales amplísimas facultades de apreciación probatoria” (en el mismo sentido, sentencias 268/1997, de 31 de marzo , y 753/2001, de 12 de julio ).
En definitiva, se posibilita a los tribunales que formen una convicción por el conjunto de las pruebas practicadas, sin verse sujetos a la relativa prevalencia probatoria que se concede a la documental pública
2.- Los medios de prueba más habituales del consumidor:
Impresión de tabla de interés de consumo buscada de internet que omite las tablas TEDR (a veces del banco de España a veces no).
Remisión a la STS de Pleno de 2015.
3.- Los medios de prueba más habituales de los bancos
Tablas TEDR del Banco de España
Informes de ASNEF sobre el interés normal del dinero en operaciones de la misma naturaleza: tarjetas de crédito con pago aplazado.
4.- Yo veo otro medio de prueba más potente aunque quizás más arriesgado si no se explica bien: LAS SENTENCIAS QUE DAN LA RAZÓN AL CONSUMIDOR. Me explico:
La cuestión jurídico-conceptual anuda con la cuestión procesal con muchísima fuerza en este tema. El banco debe acreditar que el interés normal del dinero para ese tipo de operación es el pactado en el contrato.
¿Cómo lo puede hacer cuando los juzgadores eligen comparar las revolving con las tarjetas de crédito “normales” o con los préstamos a consumo finalistas? ¿Cómo lo puede hacer si donde el Banco de España establece una diferencia cierta parte de la jurisprudencia menor no la acepta?
El consumidor dice que decenas de sentencias que declaran nulo el contrato porque el interés es usurario porque alrededor del 20% del TAE (para otro post será distinguir TAE; TIN e Interés). Para acreditar que todos los juzgados e incluso el pleno del TS considera abusivo el 20% elabora un listado de sentencias que le dan la razón.
A sensu contrario, ese listado de sentencias implica que diferentes juzgados han conocido asuntos individuales, de contratos de financieras diferentes, de años diferentes y todos con un TAE de alrededor del 20%.
Es decir, ¿Si el BdE hace una diferenciación de este tipo de producto financiero estableciendo en las tablas TEDR un % de alrededor del 20%? ¿Si todas las sentencias que aporta el consumidor conocen de contratos con un TAE del 20%? ¿Qué pasa aquí?
CONCLUSIÓN: Lo normal es que alguien acabe entendiendo que el precio medio del dinero comparado con los TAE para este tipo de productos de tarjeta de crédito con precio aplazado sea alrededor del 20% -que es lo que dice el Banco de España que es-.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 23 mayo, 2019 24 mayo, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO MERCANTIL,Sin categoríaEtiquetas cónsul,Revolving2 comentarios en LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS NORMAL DEL DINERO PARA EL REVOLVING
Esto iba YO –momento egocentrista- a un torneo deportivo infantil con Luisito (que viene siendo mi hijo) allende de los mares (vivo en Tenerife así que cualquier cosa es allende) cuando una compañía aérea, VUELING, perdió el equipaje deportivo de mi hijo.
Quizás de ser otra cosa no hubiera mencionado al compañía pero los 24 minutos de reloj que esperé para ser atendido por su centralita, después de múltiples intentos de 5-10 minutos, hicieron del tema un asunto más que personal. Lo remató la contestación de su servicio de información que fue no informar, ni explicar, ni ser claro sobre cuando entregarían el material.
Bueno, he aquí que estamos el día de un torneo internacional, sin material deportivo y me veo en la obligación de comprar uno nuevo porque no sabíamos si iba a llegar o no y no había posibilidad de alquilarlo.
El material llegó dos días después de finalizar el evento.
Yo –otra vez yo- presento demanda contra la compañía no por el retraso en la entrega de material sino en los daños y perjuicios causados que se concretan en tener que comprar el material deportivo al niño.
Hoy me notifican sentencia estimatoria con costas (que bueno soy como abogado – a veces-)
La sentencia es una maravilla. No porque me de la razón sino por lo bien explicada y estructurada que está. Después de analizar la normativa aplicable, la mención de sentencias del TJUE y alguna de AP, concreta el asunto:
Por lo tanto, en modo alguno se puede superar el límite máximo previsto en el Convenio. Ahora bien, la cuantía indemnizatoria procedente, si bien no puede superar el límite, sí que puede determinarse con arreglo a los perjuicios efectivamente sufridos, siempre que estos estén acreditados.
Sentado lo anterior, el límite máximo establecido por el Convenio equivale a 1.131 DEG, o lo que es lo mismo, 1.396,69 euros. En el caso de autos, no se reclama esa cantidad, sino exclusivamente _______ euros. (fui prudente, solo pedí lo que me costó sustituir el material, la avaricia rompe el saco)
La entidad VUELING se opone a tal cuantificación ofreciendo exclusivamente 100 euros al entender que la parte actora recibió la maleta con tan solo 3 días de retraso, por lo que considera que la actora no puede reclamar como si nunca hubiese recibido la maleta.
El razonamiento de VUELING no se comparte, dado que el actor ha acreditado una serie de desembolsos que no hubiera realizado para el caso de que la demandada hubiera verificado oportunamente su obligación de entregar la maleta a tiempo. Como se ha visto, la necesidad de contar con el equipamiento era esencial, pues el hijo del actor participaba en un campeonato ____, que se celebró antes de que VUELING cumpliera con su obligación. Sin dicho equipamiento se hubiera frustrado el viaje realizado y las expectativas del menor. Además, existen desperfectos en el equipaje del actor, que igualmente deben ser resarcidos.
Se trata de auténticos perjuicios, pues son desembolsos provocados por el cumplimiento defectuoso de la entidad demandada. Estos perjuicios son en realidad daños que deben ser resarcidos, al estar oportunamente acreditados, estimarse proporcionados y también razonables.
Diferencia la sentencia, acertadamente, que una cosa es la indemnización con los derechos de Giro por retrasos/cancelaciones etc y otra cosa es por daños y perjuicios causados que tendrán su límite, en ambos casos, en límite máximo establecido en el convenio de Montreal.
Muchas gracias a todos aquellos que nos animasteis en aquellas fechas, con mención especial a los hermanos Diéguez, que me enviaron documentación de asuntos sobre el tema -que no usé porque soy abogado Topérrimo y porque venía el texto en comic sans- (nooooo, son fake news, algo se usó).
Referencia: ST Mercantil 1 SC de Tenerife.
JV 768/2018 de 6 de mayo de 2019.
Presentar siempre el parte de incidencia PIR con resguardo de la tarjeta de embarque (importantísimo ambos).
Guardar facturas y recibos de todo.
¿Contratar a los Diéguez como abogados? …. Noooooooo. Contratadme a mi que tengo que pagarle la educación a Luisito.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 8 mayo, 2019 8 mayo, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVIL,Sin categoríaEtiquetas DAÑOS Y PERJUICIOS POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL EQUIPAJE.Deja un comentario en DAÑOS Y PERJUICIOS POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL EQUIPAJE.
Tarjetas de crédito de pago aplazado “revolving”, buena fe y derecho de desistimiento del consumidor.
Es la nueva moda, el nuevo nicho de mercado.
Reclamar la nulidad de los contratos de tarjetas de crédito de precio aplazado -“revolving”- basándose en la nulidad del contrato, ex Ley Azcárate.
Para la aplicación de la Ley Azcárate, el actor debe acreditar:
su situación angustiosa, inexperiencia o limitado de sus facultades mentales.
Que se estipule un interés notablemente superior al del dinero y manifiestamente desproporcionado.
Sobre el interés normal del dinero lo hemos tratado AQUÍ y defiendo que los bancos tienen razón jurídica.
¿Sólo eso? NO.
Los derechos deben ejercitarse conforme a la buena fe. ¿La fe es aquello que nos decían del diligente padre de familia?
¿Sólo eso? NO
La realidad de las cosas es que particulares con más de quince/viente años de uso de revolving se vienen a dar cuenta ahora que celebraron un contrato donde la entidad bancaria no les entregó el contrato y eso les genera indefensión
En otros casos, son particulares que formalizaron el contrato con la vigencia del TRLDCU y no antes.
El particular se olvida que, conforme al TRLDCU el Artículo 68 Contenido y régimen del derecho de desistimiento
Las demandas que he podido leer piden la nulidad por falta de control de transparencia porque no entendían lo que habían firmado.
Este tipo de contratos, cuando afectan a un consumidor, tienen una legislación especial aplicable en relación al TRLDCU en paralelo a la Ley Hipotecaria que es donde parecen inspirarse.
En contra de la práctica sobre los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, este tipo de contratos, existe la posibilidad de derechos de desistimiento.
Este derecho de desistimiento en relación con la buena fe opera, en palabras de JOAQUIN JOSÉ NOVAL LAMAS, “como un seguro del consumidor frente al riesgo de averiguar tras la entrega que el producto o servicio no vale realmente el precio que se ha pagado”. Es decir, un elemento de evitar el “engaño” o “la compra en caliente”.
En mi opinión, es de compleja justificación, que un diligente padre de familia que obre con buena fe adquiera un servicio financiero, llegue a casa, lea con más tranquilidad el contrato y, si no lo entiende porque no es “transparente” no ejercite este derecho de desistimiento.
En palabras de mi padre y de mi abuela: nadie da duros a cuatro pesetas y si no entiendes algo no lo firmes.
PD.- Recomiendo el libro de NOVAL LAMAS, AQUí.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 10 abril, 2019 Formato MinientradaCategorías Sin categoríaDeja un comentario en Tarjetas de crédito de pago aplazado “revolving”, buena fe y derecho de desistimiento del consumidor.
Hoy no hago corta y pega. OHHHHHH, gritan de dolor las masas enfurecidas.
Hoy planteo interactividad del lector y así me ahorro, en caso de que me den palos, la búsqueda de jurisprudencia.
Hoy voy a una vista donde reclaman a un cliente, persona jurídica,unas supuestas rentas –que no debe- y me lo plantearon como un verbal por reclamación de cantidad por especialidad de rentas debidas.
En la oposición planteo que es una cuestión compleja porque el actor da por supuesto que el importe de la renta es el que él dice y yo digo que no.
Nos dan traslado de DO:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art 438 de la LEC y solicitada por ambas partes en sus escritos, acuerdo señalar la celebración del juicio, para el día 2 de abril de 2019, a las 12:00h, con las advertencias y prevencioneslegales contenidas en los artículos 440 y siguientesde la L.E.C., estos son:
1.- Se informa a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la vista su decisión al respecto y las razones de la misma.
2.- No se suspenderá por inasistencia del demandado y se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración,podrán considerarse admitidos los hechosdel interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304. Asimismo, se previeneal demandante y demandado de lo dispuesto en el artículo 442, para el caso de que no comparecieren a la vista.
3.- En el plazo de los cinco díassiguientes a la notificación de la presente resolución, deben indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el secretario judicial a la vistapara que declaren en calidad de parte, testigos o peritos. A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación. En el mismo plazo de cinco días podrán las partes pedir respuestas escritas a cargo de personas jurídicas o entidades públicas, por los trámites establecidos en el artículo 381.
¿Qué hago? Pedir vista y solicitar que acuda la actora porque voy a solicitar su declaración.
Ahora viene el turrón:
El actor pide interrogatorio de parte y yo digo que no está, que no se indicó que su declaración no se pidió.
He aquí que SSª entiende que el representante de la persona jurídica debía estar presente y tras un arduo debate jurídico, la brillante pero no convincente posición de SSª se impone con una desestimación de un recurso de reposición y un resignado protesto a efecto de apelación.
NOTA: yo estoy apoderado por todas las personas jurídicas que llevo como representante en el poder a pleitos para evitar estas gracietas.
¿Qué dicen esos artículos?
Si la parte citada para el interrogatorio no compareciere al juicio, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenidopersonalmentey cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, además de imponerle la multa a que se refiere el apartado cuarto del artículo 292 de la presente Ley.
Cada parte podrá solicitar del tribunal el interrogatorio de las demás sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio. Un colitigante podrá solicitar el interrogatorio de otro colitigante siempre y cuando exista en el proceso oposición o conflicto de intereses entre ambos.
Cuando la parte legitimada, actuante en el juicio, no sea el sujeto de la relación jurídica controvertida o el titular del derecho en cuya virtud se acciona, se podrá solicitar el interrogatorio de dicho sujeto o titular.
Cuando la parte declarante sea una persona jurídica o ente sin personalidad, y su representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos controvertidosen el proceso, habrá de alegar tal circunstancia en la audiencia previa al juicio, y deberá facilitar la identidad de la persona que intervinoen nombre de la persona jurídica o entidad interrogada, para que sea citada al juicio.
En la citación se hará constar que la vista no se suspenderá por inasistenciadel demandado y se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración, podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304.Asimismo, se prevendrá al demandante y demandado de lo dispuesto en el artículo 442, para el caso de que no comparecieren a la vista.
La citación indicará también a las partes que, en el plazo de los cinco días siguientes a la recepción de la citación, deben indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el Letrado de la Administración de Justicia a la vista para que declaren en calidad de parte, testigos o peritos.A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación. En el mismo plazo de cinco días podrán las partes pedir respuestas escritas a cargo de personas jurídicaso entidades públicas, por los trámites establecidos en el artículo 381.
Si el demandante no asistiese a la vista, y el demandado no alegare interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, se tendrá en el acto por desistido a aquél de la demanda, se le impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al demandado comparecido, si éste lo solicitare y acreditare los daños y perjuicios sufridos.
Cuando, sobre hechos relevantes para el proceso, sea pertinente que informen personas jurídicasy entidades públicas en cuanto tales, por referirse esos hechos a su actividad, sin que quepa o sea necesario individualizar en personas físicas determinadas el conocimiento de lo que para el proceso interese, la parte a quien convenga esta prueba podrá proponer que la persona jurídica o entidad, a requerimiento del tribunal, responda por escrito sobre los hechos en los diez días anteriores al juicio o a la vista.
Pues bien, la exposición de motivos de la Ley 42/2015 de 5 de octubre que reforma la LEC dice:
Dirá el amable lector: Luis tiene razón hay que avisar la proposición de prueba del interrogatorio de parte con antelación… creo que sí. Por los siguientes motivos:
Lo dice expresamente la exposición de motivos. Es decir, si hay una duda de interpretación en la aplicación de la norma y la exposición de motivos te orienta de cómo el legislador quiere que se aplique pues igual está bien hacerle caso.
El art 440. 1 dice los efectos de no acudir a la vista es que no se suspenderá y se podrán (potestativo) considerar admitidos los hechos del interrogatorio. No discutimos los efectos de no asistir, sin perjuicio de los matices que expondré.
El art 440.1 nos explica como se debe citar a la parte –que menciona expresamente diferenciándola de testigo y perito-. La parte que no pueda presentarla ella misma. ¿Qué entiendo que quiere decir? Hombre, pues yo a mi parte la puedo traer a la vista voluntariamente, deberá ser el contrario quien me la cite expresamente. Pues dice: que facilitar los datos para la citación: el domicilio que consta en la demanda o través de su procurador, puesto que es como si notificase personalmente. Solución práctica. Solicito la vista y quiero que venga la parte contraria para interrogatorio, sin perjuicio de su admisión en el momento de la vista.
¿Por qué llego a esta conclusión de la citación por escrito? Porque lo dice expresamente la exposición de motivos.
BONUS TRACK: MI VISTA.
Yo era persona jurídica, el Dte pidió interrogatorio de representante procesal. No han pedido interrogatorio de representante legal, ni de persona que conociera del asunto, ni respuestas escritas, ni art 381 ni gaitas. Y aun así me han dicho que no tenía razón en mis alegaciones y me he venido con un disgusto para casa.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 2 abril, 2019 Formato MinientradaCategorías Sin categoría4 comentarios en Inasistencia de partes a la vista en Verbal. Persona jurídica cuando no se pide por anticipado.
El TC y los consumidores bancarios. Relación de AMOR CONSTITUCIONAL
Llega a mis manos la STC 31/2019 de 28 de febrero, para hacer un corta y pega.
En el escrito se hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, principalmente la derivada de su Sentencia de 26 de enero de 2017 (C-421/14, asunto Banco Primus, S.A. v. Jesús Gutiérrez García), a la que dedica la alegación cuarta, para interesar la declaración de nulidad de la citada cláusula —cláusula sexta bis de la escritura de préstamo hipotecario—, y, subsidiariamente, dado que no ha sido lanzada de la vivienda que ocupa, la suspensión del proceso hasta que por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se resuelva la cuestión prejudicial suscitada por la Sala Primera del Tribunal Supremo por auto de 8 de febrero de 2017. Sobre la petición de suspensión, pone de manifiesto cómo, en la práctica, el planteamiento de la cuestión prejudicial ha supuesto la paralización de los procesos hipotecarios pendientes, y cómo, por acuerdo no jurisdiccional de la Audiencia Provincial de Madrid, se han paralizado todos aquellos en los que, no habiendo sido archivados, exista una vinculación con la cláusula de vencimiento anticipado. Se añade que “al tratarse de una cláusula nula, su impugnación, con arreglo a la doctrina general, no está sujeta a plazo, ni puede aducirse que se pudo invocar antes”, señalando al respecto que la acción de nulidad es imprescriptible, como así lo afirma la jurisprudencia constitucional.
En los FD dice el TC
Doctrina constitucional. Resuelto el óbice procesal, procede entrar en el examen de la cuestión de fondo. Para ello es necesario comenzar remitiéndonos a lo dicho en la STC 232/2015, de 5 de noviembre.
En la citada sentencia de Pleno se afirmó, con los argumentos allí expuestos, a los que nos remitimos, que: (i) a este Tribunal “corresponde […] velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión cuando […] exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea” [FJ 5 c)], (ii) el desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, “puede suponer una ‘selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso’, lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6)” [FJ 5 c)], y (iii) prescindir por “propia, autónoma y exclusiva decisión” del órgano judicial, de la interpretación de un precepto de una norma europea impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante, es decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vulnera el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea [FJ 6 b)].
Expuesto lo anterior, el Pleno resalta, en su fundamento jurídico 6, la “importancia capital” que tienen dos circunstancias del caso que le llevaron a considerar que se había producido una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en aquel asunto: (i) la existencia de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia previo a la deliberación y fallo del procedimiento en el que se estima incumplida la interpretación auténtica de una norma de Derecho de la Unión efectuada por el citado Tribunal , y (ii) que esa jurisprudencia europea había sido introducida y formaba parte del objeto del debate.
El FD 7 recoge:
Respecto al primer requisito, es decir, a la pendencia del asunto, basta subrayar que la propia STJUE de 26 de enero de 2017 afirmó, en relación con las dudas de admisibilidad presentadas a las cuestiones prejudiciales, que “a la luz de la legislación nacional presentada por el órgano jurisdiccional remitente, el procedimiento de ejecución hipotecaria en cuestión no ha concluido y continúa hasta que el inmueble se ponga en posesión del adquirente, tal como confirmó el Gobierno español en sus observaciones escritas” (apartado 32), añadiendo que “la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013 establece que dicha disposición es aplicable ‘a todo procedimiento ejecutivo que no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente’” (apartado 32). Por su parte, en lo que atañe al requisito de la firmeza de la resolución, es decir que esta no sea susceptible de recurso posterior, igualmente hay que afirmar que en el asunto que estamos valorando, la resolución era firme, y prueba de ello es que la providencia impugnada instruía expresamente acerca de que no era susceptible de recurso alguno por ser el incidente de nulidad indebido y extemporáneo (art. 228.1 LEC). El hecho de que, como se advierte en la providencia, existiera pendiente una cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, mediante auto de 8 de febrero de 2017, no permite llegar a una interpretación distinta, pues ha de tenerse en consideración que dicha cuestión prejudicial se ha planteado por cuestiones relacionadas con la valoración del carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado y no sobre la posibilidad de su control tras haberse dictado resolución firme, que era sobre lo que se debía haber decidido tras el planteamiento del incidente de nulidad.
Conclusión. En definitiva, el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Madrid, al no atenerse a la interpretación de la Directiva 93/13 que había sido realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 26 de enero de 2017, no haber entrado a analizar la posible nulidad de la cláusula contractual de vencimiento anticipado objeto del incidente de nulidad, ni haber planteado cuestión prejudicial de haberse encontrado en alguno de los supuestos ya descritos en el fundamento jurídico séptimo de esta sentencia:
infringió el citado principio de primacía del Derecho de la Unión al prescindir por su propia, autónoma y exclusiva decisión, de la interpretación impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante:;
incurrió, por ello, en una interpretación irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso y
consiguientemente, vulneró, de este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente (art. 24.1 CE).
Por ello es procedente el otorgamiento del amparo, con declaración de la nulidad de la resolución que lo ha vulnerado y retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno a fin de que el órgano judicial, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 22 marzo, 2019 Formato MinientradaCategorías Sin categoría1 comentario en El TC y los consumidores bancarios. Relación de AMOR CONSTITUCIONAL
Intereses moratorios y Ley de Represión de la usura.
Corta y pega de la STS 700/2019, de 5-3-2019, rec 1582/2016, ECLI: ES:TS:2019:700
Movidón con un banco. Pobre particular que no sabe lo que firma.
De esta sentencia me quedo con los siguiente:
1.- El art. 319.3 LEC indica que:
2.- Pero esto no quiere decir que el art. 319.3 LEC imponga una regla de la carga de la prueba que favorece al prestatario. Lo que establece dicho precepto es que, en materia de usura, los documentos públicos dotados de mayor fuerza probatoria en el párrafo primero del artículo no escapan a la posibilidad de ser desvirtuados por otros medios probatorios, y ello precisamente para proteger a los que hayan podido ser víctimas de contratos usurarios documentados públicamente. En palabras de la sentencia de esta sala 135/2003, de 21 de febrero (referidas al derogado art. 2 de la Ley de Usura ), se trata de una norma “que atribuía a los tribunales amplísimas facultades de apreciación probatoria” (en el mismo sentido, sentencias 268/1997, de 31 de marzo , y 753/2001, de 12 de julio ).
CUARTO.- Primer motivo de casación. Aplicación de la Ley de Usura a los intereses moratorios Planteamiento :
1.- Como regla general, la jurisprudencia de esta sala, representada, verbigracia, por las sentencias 869/2001, de 2 de octubre ; 430/2009, de 4 de junio ; y 709/2011, de 26 de octubre , considera que, dada la distinta naturaleza de los intereses remuneratorios y los moratorios, a éstos últimos no se les debe aplicar la Ley de Usura, pues cuando en ella se habla de intereses se hace referencia a los retributivos, ya que hay que contar con el carácter bilateral de la obligación y la equitativa equivalencia de las prestaciones de los sujetos de una relación jurídica que es bilateral, onerosa y conmutativa, en la que el interés remuneratorio es el precio del préstamo ( sentencia 44/2019, de 23 de enero ). Mientras que los intereses moratorios sancionan un incumplimiento del deudor jurídicamente censurable, y su aplicación tanto sirve para reparar, sin la complicación de una prueba exhaustiva y completa, el daño que el acreedor ha recibido, como para constituir un estímulo que impulse al deudor al cumplimiento voluntario, ante la gravedad del perjuicio que le producirían el impago o la mora.
.- No obstante, en algún caso ( sentencias 422/2002, de 7 de mayo , y 677/2014, de 2 de diciembre ), también se han reputado usurarios los intereses moratorios, pero no aisladamente considerados, sino como un dato más entre un conjunto de circunstancias que conducen a calificar como usurario el contrato de préstamo en sí: la simulación de la cantidad entregada, el plazo de devolución del préstamo, el anticipo del pago de los intereses remuneratorios, el tipo de tales intereses remuneratorios, etc.
QUINTO.- Condición de consumidor
1.- Aunque no se aclara en el motivo, ni tampoco se aclaró en el acto de la vista, parece que se pretende la declaración de abusividad de la cláusula de intereses moratorios.
Pues bien, en el mejor de los casos para la parte recurrente, es decir, que se considerase que el préstamo litigioso fue una operación de consumo, y que se determinara que el interés moratorio es abusivo, la consecuencia no sería nunca la nulidad del contrato, como se postula en la demanda, sino solamente la nulidad de la cláusula en cuestión.
Los pleitos no se ganan porque sí sino porque se acredita a través de la carga de la prueba los hechos alegados y su aplicación en derecho. El prestatario no gana solo con presentarse al partido.
A los intereses moratorios no se les debe aplicar la Ley de la Usura porque sancionan un incumplimiento del deudor jurídicamente censurable, y su aplicación tanto sirve para reparar, sin la complicación de una prueba exhaustiva y completa, el daño que el acreedor ha recibido.
La nulidad del contrato se podrá solicitar cuando hay falta de consentimiento, objeto o causa no cuando una cláusula es nula.
Hay que estudiar más la integración de los contratos y menos jugar al Fornite.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 20 marzo, 2019 19 marzo, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVILEtiquetas integración de la cláusula que fija los intereses moratorios,INTERESES ABUSIVOS,interpretación de los contratos,LEY REPRESION USURADeja un comentario en Intereses moratorios y Ley de Represión de la usura.
STJUE préstamo multividisa.
Hoy traemos al corta y pega la STJUE C118/2017, de 14-3-2019 sobre riesgo del tipo de cambio e cláusulas de préstamos denominados en divisas.
¡En Hungría también cuecen habas!
Préstamo multidivisa en Hungria. Dice la STJUE en un extracto que me apetece copiar:
El 24 de mayo de 2007, la Sra. Dunai celebró con el banco un contrato de préstamo denominado en francos suizos (CHF), mientras que, según lo estipulado en ese mismo contrato, el préstamo debía ponerse a disposición en forintos húngaros (HUF), al tipo de cambio CHF‑HUF basado en el tipo de compra aplicado por el banco ese día, lo que implicaba el desembolso de un importe de 14 734 000 HUF, ascendiendo a 115 573 CHF el correspondiente importe del préstamo en francos suizos. Se pactó asimismo en ese contrato que las cuotas de devolución del préstamo debían pagarse asimismo en forintos húngaros, si bien, a estos efectos, el tipo de cambio aplicable era el tipo de venta fijado por el banco.
El riesgo del tipo de cambio asociado a la fluctuación del tipo de cambio de las divisas en cuestión, que se materializó en una depreciación del forinto húngaro con respecto al franco suizo, recaía sobre la Sra. Dunai.
El artículo 6, apartado 1, de la referida Directiva dispone lo siguiente:
1) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que:
– no se opone auna legislación nacional que impide al juez que conoce del asunto estimar una pretensión de anulación de un contrato de préstamo basada en el carácter abusivo de una cláusula relativa al diferencial de tipos de cambio, como la controvertida en el litigio principal, siempre que la apreciación del carácter abusivo de tal cláusula permita restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva;
– se opone a una legislación nacional que impide al juez que conoce del asunto, en circunstancias como las que concurren en el litigio principal, estimar una pretensión de anulación de un contrato de préstamo basada en el carácter abusivo de una cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio, cuando se aprecie su carácter abusivo y la imposibilidad de que el contrato subsista sin ella.
En definitiva, integración del contrato que fue la pregunta que me cayó en el parcial de segundo de carrera en derecho civil.
Gracias, Antonia. Siempre recordaré lo bien que me trataste como alumno.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 14 marzo, 2019 14 marzo, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVIL,Sin categoríaEtiquetas CLÁUSULAS ABUSIVAS,hipoteca multidivisa,multidivisa,préstamo multidivisaDeja un comentario en STJUE préstamo multividisa.
Como es carnaval voy a hacer un corta y pega de un asunto mío o no… para que aparentar que tengo algo de trabajo y no vivo de mi belleza personal y encanto como influencer.
Esto le va a encantar a @emiliogude
Lío en la comunidad de propietarios.
Mis clientes son propietarios de una serie de apartamentos turísticos gestionados por una compañía (en Canarias existe regulación especial que no vamos a explicar) que asume los gastos de administración, gestión y mantenimiento del complejo.
La Comunidad de Propietarios no tiene otra cosa más allá que el gestor, las cartas y los sellos en su contabilidad.
Pero he aquí que el presupuesto para gastos de la comunidad de propietarios asciende a una cantidad importantísima que puede coincidir con los gastos de explotación del complejo y cuyos soportes contables son contra la compañía que gestiona y no contra la Cpropietarios.
Votamos en contra e impugnamos los acuerdos de la comunidad:
En Instancia perdemos la primera batalla. El Juzgado dice que no existe un derecho de información en la LPH al estilo del TRLSC –que yo planteo- y que el art 16 LPH:
Aparte de lo dicho, lo cierto es que no existe un precepto específico en la LPH que permita considerar que cada comunero puede recabar toda la documentación que avala las cuentas a aprobar con carácter previo a la junta, ya que el artículo 16 LPH se limita a indicar que se deberá recoger el orden del día, y si bien ciertamente el voto ha de emitirse con conocimiento de causa, lo cual implica saber qué se vota, no por ello resulta exigible el que se entreguen anticipadamente todos los soportes contables a cada comunero que lo pida, ya que aparte de que ello podría suponer el colapso de comunidades en que diversos comuneros pidiesen copia de tal documentación, no indica expresamente la LPH que tal información haya de ser precisamente antes de la junta, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con el artículo 112 de la LSA, el cual, por otro lado, lo que indica es la posibilidad de recabar explicaciones o informes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, lo cual incluso resulta más limitado que el derecho a recabar copia de todo documento que avale las distintas partidas contables de las cuentas.
De tal manera ni aún con la existencia de preceptos como los indicados que de forma expresa establecen la existencia del derecho de información para las sociedades mercantiles, es éste tan amplio como para permitir que cada socio recabe tener pleno conocimiento de la contabilidad con carácter previo a la junta, de tal manera que con mayor razón cabe entender que así será con respecto a la LPH.
La AP estima mi recurso:
El derecho a la información viene regulado en al art. 16 de la Ley de Propiedad Horizontal. En tal sentido dicha obligación ha sido concretada jurisprudencialmente y como señala la STS de 10 de noviembre de 2004, “…En efecto, la jurisprudencia de esta Sala exige que en el orden del día se consignen los asuntos a tratar en la Junta, para que puedan llegar a conocimiento de los interesados, porque de otra forma, siendo la asistencia meramente voluntaria, sería fácil prescindir de la voluntad de determinados propietarios. Por ello no es admisible con carácter general la adopción de acuerdos que no estén en el orden del día, ni tan siquiera bajo el epígrafe de ruegos y preguntas, por considerarse sorpresivo para la buena fe de los propietarios”. Ello implica que existe una cierta flexibilidad en el planteamiento del orden del día, de tal manera que se considerará suficiente el mismo siempre que reúna su finalidad última, esto es, informar a los comuneros de las materias a tratar y no sorprender a ningún propietario con un acuerdo no previsible”.
Cierto es que dichos preceptos no establecen la necesidad de incluir información complementaria al señalamiento de los asuntos a tratar, pero tampoco el artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal así lo indica, pese a lo cual es indudable que el orden del día debe contener información suficiente para que los comuneros conozcan que se va a debatir y puedan sopesar mínimamente el sentido de su voto.
Sin embargo difícilmente puede un comunero sopesar el sentido de su voto sino sabe en que se ha gastado un presupuesto que en le caso de autos es bastante elevado xxx €. Para poder estar conforme con las cuentas de dos ejercicios es necesario poder examinar la documentación contable, documentación a la que el propietaria ha de tener acceso, sino no puede conformar su voluntad en un sentido o en otro, normalmente en las convocatorias se ofrece a los propietarios que tuviesen alguna duda o precisasen aclaración, que se pusiesen en contacto con la oficina del administrador en la que ponían a su disposición los justificantes correspondientes.
Así, es doctrina jurisprudencial reiterada, seguida entre las más recientes por la STS de 18 de marzo de 2010 y 28 de junio de 2011 y las que en ella se citan, que “(…) ni del espíritu del artículo 15 de la Ley sobre Propiedad Horizontal , en su texto vigente, , puede entenderse que existe un auténtico derecho de información a favor de los copropietarios, como ocurre en el ámbito de las sociedades anónimas,no bastando con hacer constar las materias a tratar en la Junta que se convoca, siendo necesaria la exposición previa de todos los datos o medios de conocimiento precisos para la participación y, en su caso, deliberación de los interesados.
La CP recurre en casación. Recurso que es inadmitido:
(…) Elude o soslaya, de esta forma, la parte recurrente que la sentencia de la Sala de apelación, tras examinar la prueba practicada, concluye que la comunidad de propietarios se limitó a facilitar a los demandantes la información del orden del día, sin proporcionar el conocimiento necesario de los asuntos que lo integraban, teniendo en cuenta quedifícilmente puede un comunero sopesar el sentido de su voto sino sabe en que se has gastado un presupuesto, que en el supuesto de autos era bastante elevado (xxx euros), por lo que normalmente se ofrece en las convocatorias la posibilidad de ponerse en contacto con la oficina del administrador para poner a su disposición de los justificantes correspondientes
Así, que, abnegados lectores. Sabed que cuando no os quieran enseñar los soportes documentales de las contabilidades y presupuestos de las comunidades de propietarios podréis decir: ¡Váyase, Sr. Cuesta!
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 1 marzo, 2019 1 marzo, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVIL,Sin categoríaEtiquetas comunidad de propietarios,derecho de información. comunidad de propietarios,derecho de informacion,ley de propiedad horizontal4 comentarios en Comunidad de Propietarios. Derecho de información contable para emitir el voto en las juntas.
Dies a quo. Elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar.
ROJ STS 384/2019 ECLI: ES:TS:2019:384 de 14-2-2019, Salas Carceler:
Alude al principio de tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción y sostiene, con referencia a la sentencia núm. 544/2015 , que
“El día inicial para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse, según el principio actio nondum nata praescribitur [la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir] ( SSTS de 27 de febrero de 2004 ; 24 de mayo de 2010 ; 12 de diciembre 2011 ). Este principio exige, para que la prescripción comience a correr en su contra, que la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar “.
Esta aptitud plena para litigar, disponiendo de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para sostener la acción, no ha concurrido en los ahora recurrentes hasta tanto, con carácter definitivo, la Administración ha dado una respuesta final y cierta a la cuestión referida a la identidad del posible responsable del suceso, lo que lleva a concluir que las actuaciones judiciales anteriores al presente pleito se han producido en el vacío y que únicamente cuando la Administración precisó definitivamente el lugar de donde se entiende que procedía el animal causante del accidente “se ha podido ejercitar” la acción en los términos previstos en el artículo 1969 CC .
Como esta sala tiene declarado, entre otras, en sentencias núm. 491/2018, de 14 de septiembre , y 780/2012, de 18 diciembre , en los supuestos en que no se entró a conocer en la instancia sobre la pretensión formulada por considerar que la misma lo había sido extemporáneamente (por prescripción o por caducidad),
“se ha acordado la remisión al tribunal “a quo” para que dicte sentencia resolviendo sobre tales pretensiones. Cabe citar en este sentido la sentencia dictada por el Pleno de la Sala de fecha 29 abril 2009 (Recurso 325/06 ) la cual afirma que lo procedente es “devolver las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por extinguida ni caducada, se pronuncie sobre todas las demás cuestiones planteadas (…) en primer lugar, porque esta posibilidad de que haya de dictarse una segunda sentencia de apelación tras la estimación de un recurso de casación, y no de un recurso extraordinario por infracción procesal, no aparece excluida en el texto del citado art. 487.2 LEC , que para los recursos de casación de los números 1o y 2o del apdo. 2 de su art. 477 se limita a disponer que la sentencia del órgano de casación “confirmará o casará, en todo en parte, la sentencia recurrida”; y en segundo lugar, pero como razón principal, porque otra solución distinta traería consigo que la casi totalidad del asunto quedara privada de la segunda instancia y esta Sala, desnaturalizando su función de órgano de casación y mediante un procedimiento no adecuado a la revisión total de los problemas procesales y probatorios del litigio, tuviera que proceder a una nueva valoración conjunta de la prueba””.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 28 febrero, 2019 24 febrero, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO PROCESAL CIVIL,Sin categoríaEtiquetas dies a quo para ejercicio de la acciónDeja un comentario en Dies a quo. Elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar.
Control de trasparencia en subrogaciones hipotecarias
STS 389/2019 ECLI: ES:TS:2019:389, DE 14-2-2019 día de los enamorados, de Orduña:
Deber de transparencia, como ha declarado esta sala, entre otras, en la STS 38/2018, de 24 de enero , que la entidad bancaria debe cumplir, aunque se haya operado la subrogación por parte del cliente en el préstamo otorgado inicialmente al promotor.
Control de transparencia que también, como ha declarado reiteradas veces esta sala, entre otras STS 593/2017, de 7 de noviembre , no puede ser reconducido al mero control de la incorporación de la cláusula predispuesta. Del mismo modo que el deber de poner a disposición del cliente la información relativa a la existencia de la cláusula suelo y su incidencia en la determinación del interés, en un contrato de préstamo hipotecario con interés variable, no puede quedar reducido a que el prestatario pueda acceder a la minuta de la escritura en que se instrumenta el contrato, dentro de los tres días previos a su firma ( STS 614/2017, de 16 de noviembre ).
El corta y pega de hoy no tiene mayor ciencia que reproducir la doctrina pacífica del TS donde ya da un poco igual todo sobre la diligencia del padre de familia, del ordenado empresario y todo.
Digo yo que alguien debería declarar nulo todas estas cláusulas, compensar al consumidor y liberar a juzgados de todo esto.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 25 febrero, 2019 24 febrero, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVIL,Sin categoríaEtiquetas CLÁUSULAS SUELO,control de transparenciaDeja un comentario en Control de trasparencia en subrogaciones hipotecarias
¡El tercero hipotecario existe! ¡Aleluya!
STS 299/2019, ECLI:ES:TS:2019:299 DE 5-2-2019, Salas Carceler.
Hoy traigo al blog una sentencia fantástica que afecta a unos amigos.
La realidad de las cosas fue empresa que tiene una deuda se cobra con una dación en pago de un casoplón tipo Pablo Iglesias, con una hipoteca que siguen pagando mis amigos y un okupa que es administrador de una empresa deudora.
La dación en pago se inscribe correctamente en el registro de la propiedad.
Los problemas comienzan cuando el ocupa cuando le piden que abandone la vivienda se opone diciendo que tiene un contrato verbal con el cedente y la AP de Tenerife se lía resolviendo en apelación que hay preferencia del pacto verbal antes que del tercero hipotecario.
Se denuncia en dicho motivo la infracción de lo dispuesto en los artículos 1473 y 606 CC y de los artículos 32 y 34 de la Ley Hipotecaria , relativos a la protección que ha de dispensarse al adquirente a non domino en el caso de venta de cosa ajena.
En la propia demanda ya reconocían los demandantes que el chalet aparece inscrito en el Registro de la Propiedad a favor de Riromel S.L. (inscripción 11.a) desde el 18 de noviembre de 2010, en que tuvo acceso a dicha oficina la escritura pública de dación en pago realizada por la entidad Congelados Agora S.L. a Riromel S.L., la cual había sido otorgada en fecha 4 de agosto de 2010. En dicha escritura de dación en pago se hacía constar la existencia en el chalet de poseedores en precario, lo que dio lugar a un proceso de desahucio por tal causa iniciado por Congelados Agora S.L., en el que se produjo la sustitución procesal a favor de Riromel S.L. y se declaró la existencia de una situación compleja que debía ser dilucidada en otra clase de juicio.
Por tanto la primera cuestión a resolver ha de ser si Riromel S.L. reúne las condiciones de tercero hipotecario ( artículo 34 LH ), lo que haría inatacable el dominio adquirido e inscrito en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de los derechos o reclamaciones que puedan hacerse efectivos por los demandantes contra aquellos que, por su actuación, hubieran propiciado en su perjuicio dicha adquisición del dominio con carácter inatacable.
La sentencia de esta sala núm. 511/2010, de 20 junio , reiterando los argumentos de la anterior de 5 marzo 2007, afirma lo siguiente:
“La doctrina sobre el artículo 34 de Ley Hipotecaria que procede dejar sentada comprende dos extremos: primero, que este precepto ampara las adquisiciones a non domino precisamente porque salva el defecto de titularidad o de poder de disposición del transmitente que, según el Registro, aparezca con facultades para transmitir la finca, tal y como se ha mantenido muy mayoritariamente por esta Sala; y segundo, que el mismo artículo no supone necesariamente una transmisión intermedia que se anule o resuelva por causas que no consten en el Registro, ya que la primera parte de su párrafo primero goza de sustantividad propia para amparar a quien de buena fe adquiera a título oneroso del titular registral y a continuación inscriba su derecho, sin necesidad de que se anule o resuelva el de su propio transmitente. Cuya doctrina ha sido reiterada por las sentencias de 16 y 20 del mismo mes y año y por las de 5 de mayo de 2008 y 23 de abril de 2010 “.
No cabe duda de que la dación en pago queda encuadrada en lo dispuesto por el artículo 34 LH dado su carácter oneroso, ya que mediante ella se declara extinguido un crédito mediante la transmisión de un determinado bien al titular de dicho crédito, quedando extinguido el mismo.
Sentado lo anterior, es lo cierto que de lo actuado se desprende la concurrencia en Riromel S.L. de las condiciones exigidas para ser considerado tercero hipotecario protegido por la inscripción registral, ya que adquiere el chalet, a título oneroso, de quien figura en el Registro de la Propiedad con facultades para transmitir el dominio y, a su vez, lo inscribe a su favor; sin que conste que falte en su actuación la buena fe que, en todo caso, se presume, sin perjuicio de la calificación que hubiera de merecer la actuación de la parte que realizó la dación en pago.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 24 febrero, 2019 24 febrero, 2019 Formato MinientradaCategorías DERECHO CIVIL,Sin categoríaEtiquetas requisitos tercero hipotecario,tercero hipotecarioDeja un comentario en ¡El tercero hipotecario existe! ¡Aleluya!

References: artículo 693
 artículo 24

Artículo 24
 resolución 
 artículo 178
 artículo 234
 artículo 161
 Resolución 
 artículo 204
e contrario
 artículo 161
 Artículo 68
 artículo 304
 artículo 442
 artículo 381
 artículo 292
 artículo 304
 artículo 442
 artículo 381
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 16
 artículo 112
 artículo 16
 artículo 15

ROJ 
 artículo 1969
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34