Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2009-07194.htm
Timestamp: 2017-09-20 20:06:26+00:00

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La disposiciÃ³n adicional decimotercera de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, regula la reducciÃ³n porcentual de la cuantÃ­a de las pensiones ordinarias de jubilaciÃ³n o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, causadas a partir de 1 de enero de 2009 al amparo del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, siempre que los beneficiarios de dichas pensiones acrediten menos de veinte aÃ±os de servicios al Estado y que la incapacidad o inutilidad que motive la jubilaciÃ³n o el retiro no inhabilite a su titular para toda profesiÃ³n u oficio.
No obstante, la referida disposiciÃ³n adicional regula la posibilidad de incrementar la cuantÃ­a de la pensiÃ³n hasta el cien por ciento de la que hubiera correspondido al interesado por aplicaciÃ³n de las normas generales de cÃ¡lculo, si con posterioridad al reconocimiento de la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n o retiro, y antes del cumplimiento de la edad de jubilaciÃ³n o retiro forzoso, se produjera un agravamiento de la enfermedad o lesiones del interesado, que le inhabilitaran para el desempeÃ±o de toda profesiÃ³n u oficio, segÃºn el dictamen preceptivo y vinculante, emitido al efecto por el Ã³rgano mÃ©dico pericial que reglamentariamente se determine, y de acuerdo con las normas de procedimiento que en la misma norma se establezcan.
A su vez, el artÃ­culo 33.2 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, en la redacciÃ³n dada por la disposiciÃ³n adicional decimosexta de la citada Ley 2/2008, de 23 de diciembre, establece la incompatibilidad entre el percibo de las pensiones de jubilaciÃ³n o retiro con el ejercicio de una actividad por cuenta propia o ajena, que dÃ© lugar a la inclusiÃ³n de sus titulares en cualquier rÃ©gimen pÃºblico de Seguridad Social.
No obstante, como excepciÃ³n a dicha incompatibilidad, y en los tÃ©rminos que reglamentariamente se determinen, el citado precepto regula la posibilidad de compatibilizar el percibo de la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, con el desempeÃ±o de aquella actividad, siempre que sea distinta de la que se venÃ­a realizando al servicio del Estado y siempre, tambiÃ©n, que el interesado no estÃ© incapacitado para toda profesiÃ³n u oficio.
Por otra parte, la disposiciÃ³n adicional decimoctava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 regula la concesiÃ³n de una indemnizaciÃ³n en favor de quienes hubiesen sido objeto de internamiento por su condiciÃ³n de homosexuales en aplicaciÃ³n de la Ley de 15 de julio de 1954, por la que se modifica la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933, o de la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y RehabilitaciÃ³n Social.
AdemÃ¡s de fijar la cuantÃ­a de las indemnizaciones en funciÃ³n de los perÃ­odos de internamiento y de regular quienes serÃ¡n beneficiarios en caso de fallecimiento del causante, entre otros aspectos, en la citada disposiciÃ³n adicional se atribuye el reconocimiento de esta indemnizaciÃ³n a una ComisiÃ³n interministerial, integrada por representantes de los Ministerios de Justicia, de Interior y de EconomÃ­a y Hacienda que, en lo no previsto en la disposiciÃ³n adicional decimoctava, requiere de un desarrollo reglamentario para determinar los miembros que la componen, asÃ­ como las normas necesarias para su buen funcionamiento, tanto en lo que se refiere a los medios personales y materiales de apoyo para el trÃ¡mite de las solicitudes como a la coordinaciÃ³n con el Ã³rgano competente para el abono de las indemnizaciones que se reconozcan.
Por el presente real decreto se lleva a efecto el desarrollo reglamentario de las citadas disposiciones, en aquellos aspectos que hagan posible su aplicaciÃ³n prÃ¡ctica, estableciendo las normas especiales de procedimiento que sirvan de cauce para acceder a los correspondientes beneficios.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de EconomÃ­a y Hacienda, de Defensa, de Justicia, de Interior y de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 17 de abril de 2009,
Pensiones de jubilaciÃ³n o retiro, causadas al amparo del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril
Pensiones ordinarias de jubilaciÃ³n o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad
SecciÃ³n 1.Âª CuantÃ­a de las pensiones en determinados supuestos
ArtÃ­culo 1. ReducciÃ³n de la cuantÃ­a de la pensiÃ³n.
1. En las pensiones ordinarias de jubilaciÃ³n o retiro por incapacidad permanente o inutilidad, causadas a partir de 1 de enero de 2009, cuando se acrediten menos de veinte aÃ±os de servicios efectivos al Estado en la fecha de la jubilaciÃ³n o el retiro y siempre que la incapacidad o inutilidad del funcionario no le inhabilitase para toda profesiÃ³n u oficio, la cuantÃ­a de la pensiÃ³n, calculada segÃºn las normas del artÃ­culo 31.4 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, experimentarÃ¡ una reducciÃ³n de un cinco por ciento por cada aÃ±o completo que falte a su titular para alcanzar los veinte aÃ±os de servicios al Estado, con una reducciÃ³n mÃ¡xima del veinticinco por ciento para quienes acrediten quince aÃ±os o menos de servicios.
2. Para determinar los aÃ±os de servicios al Estado cumplidos en la fecha de la jubilaciÃ³n o el retiro se computarÃ¡n los relacionados en el artÃ­culo 32 del citado texto refundido, excepto lo establecido en el Ãºltimo pÃ¡rrafo de su apartado 4, asÃ­ como los perÃ­odos de cotizaciÃ³n cubiertos en algÃºn rÃ©gimen de la Seguridad Social, que se totalizarÃ¡n, a peticiÃ³n del interesado, segÃºn las normas del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cÃ³mputo recÃ­proco de cuotas entre regÃ­menes de Seguridad Social.
3. En el expediente de reconocimiento del derecho a la pensiÃ³n deberÃ¡ constar una copia del dictamen evaluador emitido por el Ã³rgano mÃ©dico que hubiera reconocido al funcionario, con carÃ¡cter previo a la declaraciÃ³n de jubilaciÃ³n o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
4. La reducciÃ³n de la pensiÃ³n regulada en el apartado 1 de este artÃ­culo deberÃ¡ practicarse sobre la cuantÃ­a Ã­ntegra resultante de las normas generales de cÃ¡lculo, sin perjuicio de la posterior aplicaciÃ³n, en su caso, del lÃ­mite mÃ¡ximo de percepciÃ³n establecido para las pensiones pÃºblicas, ya se perciba la pensiÃ³n sola o en concurrencia con otras.
ArtÃ­culo 2. Incremento de la cuantÃ­a de la pensiÃ³n.
1. En caso de que con posterioridad al reconocimiento de la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad se produjera un agravamiento de la enfermedad o lesiÃ³n del interesado, que le inhabilitara para el desempeÃ±o de toda profesiÃ³n u oficio, siempre que tal circunstancia acaeciera antes del cumplimiento de la edad de jubilaciÃ³n o retiro forzoso, se podrÃ¡ incrementar la cuantÃ­a de la pensiÃ³n hasta el cien por ciento de la que le hubiese correspondido por aplicaciÃ³n de las normas generales de cÃ¡lculo que rijan para este tipo de pensiones y de acuerdo con las normas de procedimiento reguladas en la secciÃ³n 2.Âª del presente capÃ­tulo.
2. El incremento de la cuantÃ­a de la pensiÃ³n sÃ³lo procederÃ¡ cuando el interesado estÃ© incapacitado para toda profesiÃ³n u oficio, como consecuencia del agravamiento de la enfermedad o lesiÃ³n que motivÃ³ la declaraciÃ³n de jubilaciÃ³n o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
3. El percibo del incremento serÃ¡ incompatible con el de la pensiÃ³n que se pudiera reconocer mediante el cÃ³mputo de los perÃ­odos de ejercicio de una actividad por cuenta propia o ajena, que motivara la inclusiÃ³n del interesado en un rÃ©gimen pÃºblico de Seguridad Social, siempre que tal actividad se hubiera desempeÃ±ado, en todo o en parte, tras la jubilaciÃ³n o retiro del funcionario.
ArtÃ­culo 3. Pensiones en favor de familiares.
La base reguladora de las pensiones en favor de familiares causadas por los pensionistas de jubilaciÃ³n o retiro a que se refieren los dos artÃ­culos precedentes estarÃ¡ constituida por la cuantÃ­a Ã­ntegra de la pensiÃ³n que inicialmente hubiera correspondido al fallecido o declarado fallecido, de haber estado inhabilitado para el desempeÃ±o de toda profesiÃ³n u oficio, debidamente actualizada.
No obstante, dicha pensiÃ³n se computarÃ¡ al setenta y cinco por ciento de su cuantÃ­a Ã­ntegra, debidamente actualizada, cuando se hubiera causado derecho a pensiÃ³n de viudedad, orfandad o en favor de padres en un rÃ©gimen pÃºblico de Seguridad Social, en razÃ³n de una actividad por cuenta propia o ajena realizada, en todo o en parte, con posterioridad a la jubilaciÃ³n o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
SecciÃ³n 2.Âª Normas de procedimiento para el reconocimiento del incremento de la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n o retiro
ArtÃ­culo 4. IniciaciÃ³n.
1. El procedimiento se iniciarÃ¡ a instancia del interesado, mediante solicitud dirigida a la DirecciÃ³n General de Costes de Personal y Pensiones PÃºblicas del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, si se trata de personal jubilado por incapacidad permanente para el servicio, o a la DirecciÃ³n General de Personal del Ministerio de Defensa, en los casos de retiro por inutilidad.
En ambos supuestos las solicitudes podrÃ¡n presentarse en los registros y oficinas que determina el artÃ­culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
Junto con la solicitud, el interesado deberÃ¡ aportar las pruebas e informes mÃ©dicos que se le hubieran realizado, en los que conste el agravamiento de la enfermedad o lesiÃ³n que motivÃ³ la jubilaciÃ³n o el retiro.
2. Se podrÃ¡ instar por primera vez el reconocimiento del incremento desde el momento en que la situaciÃ³n del interesado, como consecuencia de la evoluciÃ³n de la enfermedad o lesiÃ³n que originÃ³ la jubilaciÃ³n o el retiro, llevara a considerar que podrÃ­a estar incapacitado para el desempeÃ±o de toda profesiÃ³n u oficio.
De no confirmarse dicha incapacidad, la solicitud posterior deberÃ¡ formularse en el plazo que, a tal efecto, fije en su dictamen preceptivo y vinculante el Ã³rgano mÃ©dico pericial que hubiera revisado el estado del pensionista.
Tanto la solicitud inicial como, en su caso, las posteriores deberÃ¡n formularse antes del cumplimiento de la edad legalmente seÃ±alada para cada caso como determinante de la jubilaciÃ³n o el retiro forzoso.
ArtÃ­culo 5. TramitaciÃ³n.
1. En caso de jubilaciÃ³n por incapacidad permanente para el servicio, una vez recibida la solicitud del interesado, la DirecciÃ³n General de Costes de Personal y Pensiones PÃºblicas se dirigirÃ¡ a la DirecciÃ³n Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la provincia en que tenga su residencia el interesado, remitiendo una copia del dictamen evaluador que motivÃ³ la declaraciÃ³n de jubilaciÃ³n, junto con los informes o pruebas aportados por aquÃ©l, a efectos de que dicha DirecciÃ³n Provincial provea lo necesario para que el Equipo de ValoraciÃ³n de Incapacidades emita el preceptivo dictamen de carÃ¡cter vinculante, relativo a la eventual incapacidad actual del interesado para el desempeÃ±o de toda profesiÃ³n u oficio, como consecuencia del agravamiento de la enfermedad o lesiÃ³n que motivÃ³ la declaraciÃ³n de jubilaciÃ³n.
A tal fin, serÃ¡n de aplicaciÃ³n las normas contenidas en el artÃ­culo 2 de la Orden de 22 de noviembre de 1996, del Ministerio de la Presidencia, por la que se establece el procedimiento para la emisiÃ³n de dictÃ¡menes mÃ©dicos a efectos del reconocimiento de determinadas prestaciones de Clases Pasivas.
2. En caso de retiro por inutilidad, una vez recibida la solicitud del interesado, la DirecciÃ³n General de Personal del Ministerio de Defensa se dirigirÃ¡ a la Junta MÃ©dico Pericial ordinaria mÃ¡s prÃ³xima a la provincia en que tenga su domicilio el interesado, remitiendo copia del dictamen evaluador que motivÃ³ el retiro del interesado, asÃ­ como las pruebas e informes mÃ©dicos que hubiera aportado con la solicitud, a efectos de que la citada Junta MÃ©dico Pericial emita el preceptivo dictamen de carÃ¡cter vinculante, sobre la eventual incapacidad actual del interesado para el desempeÃ±o de toda profesiÃ³n u oficio, como consecuencia del agravamiento de la enfermedad o lesiÃ³n que motivÃ³ la declaraciÃ³n de retiro.
3. En los supuestos en que el interesado se encontrase residiendo en el extranjero, el dictamen preceptivo y vinculante serÃ¡ emitido por los servicios mÃ©dicos designados por la Embajada o Consulado correspondiente, a los que se enviarÃ¡, segÃºn proceda, la documentaciÃ³n que se cita en los apartados anteriores de este artÃ­culo.
ArtÃ­culo 6. Plazo para resolver.
1. El plazo mÃ¡ximo para resolver y notificar la resoluciÃ³n al interesado serÃ¡ de cuatro meses, contados desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido entrada en el registro del Ã³rgano competente para resolver, segÃºn se trate de personal civil o militar, respectivamente
2. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado expresamente la resoluciÃ³n, el interesado podrÃ¡ entender estimada su solicitud por silencio administrativo, en los tÃ©rminos previstos en elÂ artÃ­culo 43Â de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
ArtÃ­culo 7. Efectos del incremento.
La resoluciÃ³n que reconozca el incremento de la cuantÃ­a de la pensiÃ³n surtirÃ¡ efectos econÃ³micos desde el primer dÃ­a del mes siguiente al de la presentaciÃ³n de la solicitud.
ArtÃ­culo 8. Recursos.
El sistema impugnatorio de las resoluciones que se adopten serÃ¡ el mismo que rige para las pensiones del RÃ©gimen de Clases Pasivas del Estado.
Incompatibilidad con el trabajo activo de las pensiones de jubilaciÃ³n o retiro
SecciÃ³n 1.Âª Normas generales y excepciones
ArtÃ­culo 9. Incompatibilidad.
El percibo de las pensiones de jubilaciÃ³n o retiro, tanto ordinarias como extraordinarias, ademÃ¡s de su incompatibilidad con el desempeÃ±o de un puesto de trabajo en el sector pÃºblico, serÃ¡ incompatible, con carÃ¡cter general, con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dÃ© lugar a la inclusiÃ³n de su titular en cualquier rÃ©gimen pÃºblico de Seguridad Social.
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las pensiones en favor de alumnos de centros docentes militares de formaciÃ³n, ni a las pensiones por inutilidad para el servicio causadas por el personal militar que no tenga adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, reguladas, respectivamente, en los artÃ­culos 52.3 y 52 bis.2 del Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado y en las normas de desarrollo reglamentario.
ArtÃ­culo 10. Supuestos de compatibilidad.
1. No obstante lo regulado en el artÃ­culo anterior, los titulares de pensiones de jubilaciÃ³n o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, siempre que no estÃ©n incapacitados para toda profesiÃ³n u oficio, podrÃ¡n compatibilizar el percibo de la pensiÃ³n con el desempeÃ±o de una actividad por cuenta propia o ajena en el sector privado, que dÃ© lugar a la inclusiÃ³n de su titular en cualquier rÃ©gimen pÃºblico de Seguridad Social, siempre que dicha actividad sea distinta de la que venÃ­a realizando al servicio del Estado, entendiendo como tal aquella en que las tareas a realizar no guarden semejanza con las funciones realizadas por el funcionario, en razÃ³n de su pertenencia al Cuerpo, Escala, plaza o categorÃ­a en que fue declarado jubilado o retirado.
No procederÃ¡ la situaciÃ³n de compatibilidad en los supuestos en que para el cÃ¡lculo de la pensiÃ³n se hubieran totalizado perÃ­odos de cotizaciÃ³n en algÃºn rÃ©gimen de la Seguridad Social, por aplicaciÃ³n de las normas del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cÃ³mputo recÃ­proco de cuotas entre regÃ­menes de Seguridad Social.
2. De producirse una situaciÃ³n de compatibilidad, la pensiÃ³n Ã­ntegra, calculada segÃºn las normas generales en cada caso aplicables, se reducirÃ¡ al setenta y cinco por ciento de la correspondiente cuantÃ­a si se acreditaran, al momento de la jubilaciÃ³n o retiro, mÃ¡s de veinte aÃ±os de servicios efectivos al Estado; o al cincuenta y cinco por ciento, si el interesado hubiera cubierto menos de veinte aÃ±os de servicios en idÃ©ntico momento.
SecciÃ³n 2.Âª Procedimiento para compatibilizar el percibo de la pensiÃ³n con el desempeÃ±o de una actividad
ArtÃ­culo 11. ComunicaciÃ³n del inicio de una actividad.
El pensionista de jubilaciÃ³n o retiro que pretenda compatibilizar el percibo de la pensiÃ³n con el desempeÃ±o de una actividad, en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 10 de este Real Decreto, deberÃ¡ comunicarlo a la DirecciÃ³n General de Costes de Personal y Pensiones PÃºblicas del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, cuando se trate de pensiones causadas por el personal civil o a la DirecciÃ³n General de Personal del Ministerio de Defensa, respecto de las pensiones causadas por el personal militar, acompaÃ±ando una copia del contrato relativo a la actividad que se venga realizando o que se pretenda iniciar o, en su defecto, una certificaciÃ³n de la empresa contratante, si se tratara de un trabajo por cuenta ajena. En caso de un trabajo por cuenta propia, se deberÃ¡ aportar una copia de la documentaciÃ³n necesaria para el inicio de la actividad o, en tanto no se cuente con ella, una declaraciÃ³n del propio interesado, en la que deben constar las distintas tareas o funciones que integran dicha actividad.
ArtÃ­culo 12. Informes de otros Ã³rganos.
Una vez recibida la comunicaciÃ³n con la documentaciÃ³n anexa, de estimarlo necesario, las Direcciones Generales citadas en el artÃ­culo anterior podrÃ¡n recabar la emisiÃ³n de informe del Ã³rgano de jubilaciÃ³n o de la jefatura de personal del centro en que el interesado prestara servicios al momento de la jubilaciÃ³n o del retiro, comprensivo de las funciones que el interesado viniera desempeÃ±ando al servicio del Estado, asÃ­ como de su estimaciÃ³n sobre si la nueva actividad es anÃ¡loga o distinta.
ArtÃ­culo 13. Acuerdo de compatibilidad.
El pronunciamiento sobre compatibilidad corresponderÃ¡ a la DirecciÃ³n General de Costes de Personal y Pensiones PÃºblicas, mediante acuerdo expreso al respecto. A tal fin, la DirecciÃ³n General de Personal del Ministerio de Defensa emitirÃ¡ y enviarÃ¡ informe vinculante sobre las comunicaciones recibidas del personal de su competencia.
ArtÃ­culo 14. Plazo para resolver.
1. El plazo mÃ¡ximo para resolver y notificar el acuerdo al interesado serÃ¡ de cuatro meses, contados desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido entrada en el registro del Ã³rgano competente para resolver.
2. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado expresamente el acuerdo, el interesado podrÃ¡ entender estimada su solicitud por silencio administrativo, en los tÃ©rminos previstos en elÂ artÃ­culo 43Â de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
ArtÃ­culo 15. Efectos.
1. De ser positivo el acuerdo, el importe de la pensiÃ³n se reducirÃ¡ a las cuantÃ­as establecidas en el artÃ­culo 10.2 de este real decreto.
La cuantÃ­a reducida de la pensiÃ³n se mantendrÃ¡ mientras se realice la actividad declarada compatible, con efectos econÃ³micos iniciales del dÃ­a primero del mes siguiente al de inicio de dicha actividad. No obstante, si Ã©sta se iniciara el dÃ­a primero de un mes, los efectos de la cuantÃ­a de la pensiÃ³n reducida coincidirÃ¡n con el comienzo de aquÃ©lla.
Cuando se produzca el cese en la actividad compatible, con efectos del dÃ­a primero del mes siguiente al del cese, procederÃ¡ incrementar la cuantÃ­a de la pensiÃ³n, bien al cien por ciento de su importe Ã­ntegro o bien a la cuantÃ­a reducida que resulte de la aplicaciÃ³n de lo dispuesto en el artÃ­culo 1 de este real decreto, para los supuestos en que no se acrediten veinte aÃ±os de servicios efectivos al Estado en la fecha de la jubilaciÃ³n o retiro.
El citado incremento tambiÃ©n procederÃ¡ en los supuestos en que se cause derecho a pensiÃ³n en un rÃ©gimen pÃºblico de Seguridad Social, en razÃ³n de la actividad declarada compatible.
2. Cuando en el acuerdo se declare que no existe una situaciÃ³n de compatibilidad, procederÃ¡ la suspensiÃ³n del percibo de la pensiÃ³n mientras se realice la actividad, con los efectos regulados en el artÃ­culo 33.3 del Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
ArtÃ­culo 16. Recursos.
El sistema impugnatorio de los acuerdos adoptados por la DirecciÃ³n General de Costes de Personal y Pensiones PÃºblicas serÃ¡ el mismo que rige para las pensiones del RÃ©gimen de Clases Pasivas del Estado.
IndemnizaciÃ³n a ex presos sociales
ArtÃ­culo 17. ComisiÃ³n de Indemnizaciones a ex presos sociales.
1. La ComisiÃ³n a la que se refiere la disposiciÃ³n adicional decimoctava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 es un Ã³rgano colegiado adscrito al Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, al que corresponde la resoluciÃ³n de las solicitudes de indemnizaciÃ³n que se formulen al amparo de esa misma norma.
2. La composiciÃ³n de la ComisiÃ³n serÃ¡ la siguiente:
a) Presidente: El titular de la DirecciÃ³n General de Costes de Personal y Pensiones PÃºblicas del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente serÃ¡ sustituido por el vocal de la ComisiÃ³n de mayor jerarquÃ­a, antigÃŒedad o edad, por este orden, de entre sus componentes.
b) Vocales: Un representante por cada uno de los Ministerios de Justicia, Interior y EconomÃ­a y Hacienda, con nivel de Subdirector general o asimilado, designados por los respectivos Departamentos. SimultÃ¡neamente a la designaciÃ³n de los vocales, se harÃ¡ la de los que actuarÃ¡n como suplentes de aquÃ©llos.
c) Secretario: Un funcionario de la DirecciÃ³n General de Costes de Personal y Pensiones PÃºblicas, que actuarÃ¡ con voz pero sin voto.
3. Al Secretario de la ComisiÃ³n corresponde la tramitaciÃ³n de las solicitudes de indemnizaciÃ³n a ex presos sociales y cuantas gestiones sean necesarias para el debido cumplimiento de lo dispuesto en la citada disposiciÃ³n adicional decimoctava.
4. El rÃ©gimen de funcionamiento de la ComisiÃ³n de indemnizaciones a ex presos sociales se ajustarÃ¡ a lo dispuesto en el capÃ­tulo II del tÃ­tulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
5. El funcionamiento de esta ComisiÃ³n se llevarÃ¡ a cabo con el apoyo y los medios personales y materiales de la DirecciÃ³n General de Costes de Personal y Pensiones PÃºblicas del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, sin que pueda generarse incremento de gasto pÃºblico.
ArtÃ­culo 18. Solicitudes y documentaciÃ³n acreditativa.
1. Las solicitudes de indemnizaciÃ³n se formularÃ¡n en el modelo oficial que figura como anexo de esta norma, y deberÃ¡n acompaÃ±arse del documento acreditativo de la decisiÃ³n judicial o resoluciÃ³n administrativa que impusiera las medidas objeto de la indemnizaciÃ³n, asÃ­ como la certificaciÃ³n acreditativa de los perÃ­odos de tiempo efectivos de dichas medidas.
El solicitante efectuarÃ¡ en el citado impreso, bajo su responsabilidad, declaraciÃ³n en la que exprese que las medidas de internamiento que sufriÃ³ el causante se le impusieron por su condiciÃ³n de homosexual, asÃ­ como sobre la no percepciÃ³n de otras ayudas por el mismo concepto.
Asimismo, el solicitante prestarÃ¡ consentimiento para que el Secretario de la ComisiÃ³n pueda recabar, en su nombre y con la suspensiÃ³n prevista en el artÃ­culo 42.5.a) de la LeyÂ 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, los documentos citados en el primer pÃ¡rrafo anterior, cuando Ã©stos no fueran aportados por el interesado.
Las solicitudes se dirigirÃ¡n al Secretario de la ComisiÃ³n y podrÃ¡n presentarse en los registros y oficinas que determina elÂ artÃ­culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
2. En el caso de fallecimiento del causante de la indemnizaciÃ³n, ademÃ¡s de la documentaciÃ³n a que se refiere el apartado anterior, el solicitante deberÃ¡ aportar:
a) Certificado de defunciÃ³n del causante de la indemnizaciÃ³n.
b) Si se tratara del cÃ³nyuge no separado legalmente, ni en proceso de separaciÃ³n o nulidad matrimonial, certificaciÃ³n literal de la inscripciÃ³n del matrimonio expedida por el Registro Civil con posterioridad a la fecha de fallecimiento del causante, asÃ­ como declaraciÃ³n del interesado en la que manifieste no haberse iniciado un proceso de separaciÃ³n o nulidad matrimonial.
c) Si el solicitante fuera la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido con anÃ¡loga relaciÃ³n de afectividad a la conyugal, deberÃ¡ presentar certificado de empadronamiento o convivencia del Ayuntamiento o, en su defecto, acta notarial de notoriedad que acredite la convivencia con el causante en los dos aÃ±os inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento.
AdemÃ¡s, a efectos de acreditar la anÃ¡loga relaciÃ³n de afectividad a la conyugal, deberÃ¡ aportar documento pÃºblico en el que conste la existencia de la pareja de hecho o cualquier otro documento, cuya valoraciÃ³n se realizarÃ¡ por la ComisiÃ³n.
En caso de existencia de hijos comunes, sÃ³lo serÃ¡ necesario aportar copia del libro de familia o las certificaciones literales de nacimiento de los hijos expedidas por el Registro Civil.
ArtÃ­culo 19. Procedimiento y ResoluciÃ³n.
1. Recibida la solicitud, junto con la restante documentaciÃ³n requerida, el Secretario de la ComisiÃ³n realizarÃ¡ de oficio las actuaciones que estime pertinentes para comprobar los hechos o datos alegados.
Cuando no quedase acreditado, con los documentos citados en el pÃ¡rrafo primero del nÃºmero 1 del artÃ­culo 19 del presente real decreto, que la medida sufrida se hubiera impuesto por la condiciÃ³n de homosexual del causante de la indemnizaciÃ³n, el Secretario de la ComisiÃ³n podrÃ¡ reclamar los antecedentes, datos o informes que pudieran constar en los servicios policiales, autoridades gubernativas, Ã³rganos jurisdiccionales u otros registros, sobre los hechos causantes de las medidas de internamiento.
La prueba se valorarÃ¡ por la ComisiÃ³n, que tomarÃ¡ en consideraciÃ³n las circunstancias concurrentes en tales medidas, el lugar de su cumplimiento, y cuantos datos de interÃ©s se juzguen relevantes para determinar la causa del internamiento.
2. Terminada la instrucciÃ³n del expediente, el Secretario de la ComisiÃ³n elaborarÃ¡ la propuesta de resoluciÃ³n y la elevarÃ¡ a la ComisiÃ³n, a quien corresponde el reconocimiento o denegaciÃ³n de la indemnizaciÃ³n solicitada. TambiÃ©n podrÃ¡ decidir la inadmisiÃ³n a trÃ¡mite de las solicitudes que carezcan manifiestamente de fundamento.
ArtÃ­culo 20. Pago de las indemnizaciones.
El abono de la indemnizaciÃ³n reconocida se realizarÃ¡ por la DirecciÃ³n General de Costes de Personal y Pensiones PÃºblicas del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, mediante transferencia a la cuenta corriente o la libreta ordinaria abierta a nombre del beneficiario de la indemnizaciÃ³n, que Ã©ste consigne en su solicitud.
ArtÃ­culo 21. Plazo para resolver.
1. El plazo mÃ¡ximo para resolver y notificar la resoluciÃ³n al interesado serÃ¡ de seis meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del Ã³rgano competente para resolver.
ArtÃ­culo 22. Recursos.
Las resoluciones adoptadas pondrÃ¡n fin a la vÃ­a administrativa y podrÃ¡n ser recurridas potestativamente en reposiciÃ³n ante la misma ComisiÃ³n, en el plazo de un mes a contar desde el dÃ­a siguiente al de su notificaciÃ³n, o bien ser impugnadas directamente ante la jurisdicciÃ³n contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, contados de igual forma, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la JurisdicciÃ³n Contencioso-Administrativa.
DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. RÃ©gimen de incompatibilidades de las pensiones causadas a 31 de diciembre de 2008.
El rÃ©gimen de incompatibilidades y sus excepciones, regulado en el capÃ­tulo II del tÃ­tulo I de este real decreto, no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las pensiones de jubilaciÃ³n o retiro causadas antes de 1 de enero de 2009, que mantendrÃ¡n el rÃ©gimen de incompatibilidades aplicable antes de dicha fecha. Por ello, seguirÃ¡n manteniendo la incompatibilidad entre el percibo de la pensiÃ³n y el desempeÃ±o de un puesto de trabajo en el sector pÃºblico; mientras que el ejercicio de una actividad en el sector privado sÃ³lo serÃ¡ incompatible cuando en el reconocimiento del derecho a pensiÃ³n se hubieran aplicado las normas del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cÃ³mputo recÃ­proco de cuotas entre regÃ­menes de Seguridad Social.
El presente real decreto entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ», sin perjuicio de que los efectos de lo dispuesto en el TÃ­tulo I se retrotraigan, cuando asÃ­ proceda, al 1 de enero de 2009.

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