Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-366-05.htm
Timestamp: 2017-11-24 03:48:33+00:00

Document:
T-366-05
Sentencia T-366/05
MORA JUDICIAL-Justificación por excesiva carga laboral/ACCION DE TUTELA-Procedencia por dilación injustificada en proceso judicial
La no resolución en forma oportuna de un asunto sometido al conocimiento de un funcionario por parte de este, genera violación al debido proceso siempre y cuando se analicen y tengan en cuenta las circunstancias especiales de cada caso, a saber: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, (ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, (iii) complejidad del caso sometido a su conocimiento y (iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal.
Referencia: expediente T-1012110
Acción de tutela instaurada por Jaime Alonso Gallardo Silvera contra Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga – Atlántico.
Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil cinco (2005).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAUJO RENTERÍA y ALFREDO BELTRÁN SIERRA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
que pone fin al proceso de revisión del fallo dictado por la Sala Segunda de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela promovida por Jaime Alonso Gallardo Silvera contra el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga – Atlántico.
Manifiesta el accionante, por intermedio de apoderado, que el 1 de abril de 2002 inició ante el Juzgado Promiscuo de Baranoa proceso ejecutivo hipotecario contra de la señora María Solano Coba Camargo, en donde el 16 de abril de 2002 fue librado mandamiento de pago por parte del Juzgado accionado. Refiere que posteriormente se practicó, en mayo 15 de 2003, diligencia de “embargo y secuestro” (sic) del bien inmueble relacionado dentro del proceso ejecutivo hipotecario, diligencia para la cual fue comisionada Inspección Única de Policía de Baranoa. Señala que en mayo 28 de 2003 presentó un memorial donde solicitaba al Juzgado referido le fuera dictada sentencia y que una vez estuviese ejecutoriada fuese nombrado un perito avaluador.
Manifiesta igualmente que “Desde el momento mismo de presentar la demanda Ejecutiva Hipotecaria al Juzgado 1 Promiscuo de Baranoa, el punto primero de los hechos quedó narrado de la siguiente forma : “Por medio de escritura No. 773 de Agosto 22/2000, otorgada en la Notaria Única de Baranoa, la señora MARIA SALOME COBA CAMARGO, se constituyó en deudora del señor JAVIER ANTONIO CHAPARRO LEON, posteriormente el señor Chaparro León, mediante escritura No. 291 del 28 de Febrero del año 2001, hizo una cesión de derechos hipotecarios a favor de mi mandante por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000.oo), que aquel recibirá en la calidad de mutuo con interés y con plazo de 12 meses, contados a partir de la fecha del contrato”.
El día 1 de octubre del año 2003, el juez 1 Promiscuo de Baranoa dictó sentencia declarando probada oficiosamente la excepción de falta de legitimación en la causa, por cuanto no se encontraba debidamente inscrita la cesión de derechos hipotecarios.
Refiere que presentó recurso de apelación, el cual fue sustentado en debida forma correspondiéndole por reparto al juzgado accionado. Finalmente manifiesta que ha estado muy pendiente a que el juzgado demandado se pronuncie sin que hasta el día de la presentación de la acción haya sido posible.
Solicita, en consecuencia, ordenar al accionado “el restablecimiento de los derechos conculcados y en consecuencia, dejar sin efectos los autos acusados”
A folios, 6 y 7 del cuaderno Número uno, se observa copia de la demanda hipotecaria.
A folios 8 y 9, copia del auto Mandamiento de Pago.
A folios 10 a 18, copia del escrito de contestación de la demanda y copia del escrito de excepciones.
A folios 19 a 22, copia de la decisión proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Baranoa, que pone fin a la instancia en el respectivo proceso Ejecutivo con titulo hipotecario.
A folios 23 a 25, copia de peticiones dirigidas al juzgado accionado solicitándole resolver la apelación interpuesta.
A folios 34, respuesta del juzgado accionado.
A folio 38, diligencia de Inspección Judicial practicada por el Tribunal Superior de Barranquilla al proceso objeto de tutela, en donde se detalla la actuación surtida en segunda instancia.
INTERVENCIÓN DEL JUZGADO ACCIONADO.
En escrito dirigido al Tribunal Superior de Barranquilla, el juez demandado manifiesta que si bien podría deducirse que ha transcurrido un tiempo suficiente como para pensar que se encontraría en mora de proceder a dictar la correspondiente decisión, debe tenerse en cuenta que siendo el juzgado de categoría de “Promiscuo del Circuito” conoce de procesos civiles y penales en única y primera instancia, además de las acciones de tutela de 10 municipios del sur del departamento del Atlántico y de segunda instancia respecto de 11 juzgados municipales. Refiere que en dicho circuito judicial sólo existen dos juzgados promiscuos del circuito, cada uno con cuatro empleados y sin los elementos de trabajo necesarios para realizar la labor encomendada. Hace un resumen del ingreso y egreso de procesos, así como de las acciones de tutela que han fallado. Finalmente indica que es la congestión judicial imperante en el juzgado la que no ha permitido oportunamente decidir el proceso objeto de tutela. Solicita se deniegue la acción interpuesta.
La Sala Segunda de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, niega la acción interpuesta al considerar que no existe una dilación injustificada en la tramitación y decisión de la segunda instancia en el proceso ejecutivo hipotecario y que dicha mora se encuentra justificada con la carga laboral y la producción efectuada por la accionada. Que si bien los usuarios de la administración no tienen por qué correr con las consecuencias de una inadecuada distribución de competencias o de falta de los funcionarios suficientes para resolver oportunamente los procesos en curso, debe tenerse en cuenta que a un funcionario judicial no se le puede exigir una producción que supere las condiciones normales de un despacho judicial.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirma la decisión anterior, por cuanto al revisar el expediente no encuentra que la funcionaria accionada haya incurrido en arbitraria demora en proferir el fallo de segunda instancia, como quiera que la tardanza ha tenido fundamento en razones expuestas en forma puntual al contestar la tutela tal como lo comprobó el Tribunal, y además porque no existen elementos de juicio que permitan establecer el orden de las sentencias que se encuentran al Despacho para su decisión.
La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de instancia proferidos en el trámite de este proceso, en virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política; corresponde a la Sala Novena de Revisión de Tutelas adoptar la decisión respectiva, según el reglamento interno, y el auto de la Sala de Selección Número Once del 26 de noviembre de 2004.
En el presente caso debe esta Sala examinar si la actuación del Juez Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, en el trámite del proceso ejecutivo con título hipotecario, constituyó una dilación injustificada específicamente en lo que hace relevancia a la no resolución en forma oportuna de la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Baranoa, y de ese modo vulneró el derecho del actor al debido proceso.
3. La mora judicial y la violación de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso. Se justifica cuando existe una carga laboral excesiva. Reiteración de jurisprudencia.
Quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello. De lo contrario, se le desconoce su derecho fundamental al debido proceso, así como el acceso a la administración de justicia.
Sobre la mora judicial o la dilación injustificada en resolver diferentes actuaciones, esta Corporación ha manifestado de manera reiterativa que dicho comportamiento desconoce los derechos fundamentales de quien acude a la administración de justicia, pues es nuestra propia Constitución la que señala que “los términos judiciales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado” (artículo 228 de la Carta Política).
En sentencia T-1249/04 y al efectuarse un recuento de la jurisprudencia constitucional frente al tema se expuso:
“ 4. En la sentencia T-1154 de 2004, la Corte indicó que de los postulados constitucionales se sigue el deber de todas las autoridades públicas de adelantar actuaciones y resolver de manera diligente y oportuna los asuntos sometidos a ella. En ese sentido, la dilación injustificada y la inobservancia de los términos judiciales pueden conllevar la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este caso, señaló la Sala, si el ciudadano no cuenta con un medio de defensa eficaz a su alcance, y está frente a la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable, la acción de tutela es procedente para proteger sus derechos fundamentales. Finalizó la Sala señalando que “De lo anterior se infiere que a fin de que proceda la acción de tutela, es indispensable que determinada dilación o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los términos dentro de un proceso, no constituye per se una violación al debido proceso[1], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. Así entonces, la mora judicial sólo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones "imprevisibles e ineludibles", tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los términos señalados por la ley. De lo expuesto se concluye que constituye una violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, aquella denegación o inobservancia de los términos procésales que se presenten sin causa que las justifiquen o razón que las fundamenten”.
4.7. En conclusión, puede afirmarse válidamente que, de conformidad con la doctrina sentada por esta Corporación, la mora judicial que configura vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias que no puede contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior, (iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador, debida a la negligencia y desidia respecto de sus obligaciones en el trámite de los procesos. Ahora bien otra conclusión que se puede inferir de la jurisprudencia constitucional es la diferenciación que hace entre incumplimiento de los términos originada en la desatención injustificada del funcionario de sus deberes y la existencia de una sobre carga de trabajo sistemática en algunos los despachos, que hace prácticamente imposible el respeto estricto de los términos judiciales”.
De lo anterior se puede concluir que la no resolución en forma oportuna de un asunto sometido al conocimiento de un funcionario por parte de este, genera violación al debido proceso siempre y cuando se analicen y tengan en cuenta las circunstancias especiales de cada caso, a saber: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, (ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, (iii) complejidad del caso sometido a su conocimiento y (iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal.
El señor Jaime Alonso Gallardo Silvera manifiesta que la demora en la que ha incurrido el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga al no resolver en forma oportuna en recurso interpuesto, vulnera el derecho al debido proceso, pese a las continuas peticiones para que se pronuncie en forma inmediata.
Las decisiones de instancia denegaron las pretensiones del actor al considerar que la tardanza en la resolución tiene una justificación razonable, al existir una excesiva carga laboral, por lo cual la dilación no es injustificada.
Del escrito de contestación de la tutela y mas concretamente del informe que se rinde con respecto al estado del proceso y del Despacho cuestionado, se deduce que el movimiento de ingreso y egreso de los expedientes así como de la resolución de los mismos es alto, siendo evidente la congestión, pues nótese que se indica que en el periodo transcurrido entre el día que llegó el expediente al Despacho –Noviembre 18 de 2003- y la fecha en que se rindió el informe – Agosto 23 de 2004- se han recibido 34 acciones de tutela de primera instancia, 85 acciones de tutela de segunda instancia y 23 procesos con detenido. En el mismo lapso se decidieron 32 acciones de tutela de primera instancia, 82 acciones de tutela de segunda instancia, se profirieron 342 sentencias en otros procesos y se resolvieron 13 consultas en Incidentes de Desacato, para un total de 469 providencias, con un promedio diario de 2.69. Igualmente se hace referencia que a la estadística anterior ha de sumársele los autos interlocutorios que se dictan en el curso de los procesos, la práctica de pruebas en los mismos y las actuaciones propias de la actividad judicial. Y si a lo anterior se suman las condiciones con las que funcionan y operan los Despachos judiciales en dicha región, como es la falta de elementos necesarios y suficientes en buen estado, se hace comprensible la demora en la que se ha incurrido.
De los documentos obrantes en el expediente –informe de la juez accionada-, es válido afirmar que ésta no ha incurrido por voluntad propia en una dilación injustificada en la tramitación y resolución del recurso a su cargo, al contrario se comprueba la razonabilidad de la demora en la decisión debida a la excesiva carga laboral y por su puesto a la congestión judicial que ella produce.
En conclusión, y por cuanto la actuación del Juzgado demandado no ha sido negligente ni omisiva, se confirmarán las decisiones de instancia.
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
Primero: Confirmar las decisiones proferidas por Sala Segunda de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela promovida por Jaime Alonso Gallardo Silvera contra Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga – Atlántico.
Segundo. Por Secretaría General, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
[1] Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

References: resolución 
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 artículo 36