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Timestamp: 2019-12-13 08:40:50+00:00

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STC 133/1994, 9 de Mayo de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 15355813
STC 133/1994, 9 de Mayo de 1994
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.654/1991
1. En cuanto al valor probatorio de las declaraciones del acusado hechas en la fase de investigación, hemos dicho que las prestadas ante la Policía y el Juez Instructor pueden ser tenidas en cuenta por el Tribunal para formar su convicción en cuanto a la determinación de los hechos probados (SSTC 80/1986, 217/1989) siempre que en su práctica se hayan observado todas las garantías constitucionales y en el juicio oral hayan podido someterse a contradicción, teniendo en cuenta que el órgano judicial que presidió el acto y percibió la actitud de las declarantes puede dar mayor credibilidad a unas o a otras de tales manifestaciones en todo o en parte, y contrastándolas con las realizadas en el juicio [F.J.4]. 2. Lo que a este Tribunal corresponde comprobar es si ha tenido lugar actividad probatoria, y que las inferencias lógicas llevadas a cabo por el órgano judicial no han sido irracionales, arbitrarias o absurdas, pero en modo alguno revisar su valoración sobre la prueba [F.J.5].
Sentencia citada en: 663 sentencias, 5 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 1.654/91, promovido por don Andrés J. R. representado por el Procurador de los Tribunales don José Tejedor Moyano y asistido por el Letrado don Francisco Miralles Morera, contra el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 11 de julio de 1991, recaído en el recurso de casación núm. 4.178/90, y la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, de 31 de marzo de 1990, condenatoria por dos delitos de robo. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Magistrado Ponente don José G. L. quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 24 de julio de 1991, don José T. M. Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Andrés J. R. interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, de 1 de marzo de 1990, recaída en el sumario núm. 31/87 seguido por dos delitos de robo, y contra el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 11 de julio de 1991, que declaró no haber lugar a la admisión del recurso de casación (núm. 4.178/90) formalizado contra la citada Sentencia.
a) La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, en su Sentencia de fecha 31 de marzo de 1990, declaró como hechos probados que el ahora recurrente en amparo sobre las 23,05 horas del día 25 de julio de 1987 se aproximó a doña Juana P. C. cuando ésta iba a entrar en la residencia de las Hermanas Carmelitas de la población de San Juan y, amenazándola con una navaja, se apoderó del bolso que portaba, que contenía 500 pesetas en metálico y efectos cuyo valor en unión del bolso ascendían a 10.500 pesetas, habiéndose recuperado el mismo y unas gafas por importe de 7.000 pesetas. Asimismo, que sobre las 21,15 horas del día 26 de julio de 1987, el procesado, con ocasión de transitar por las proximidades del Hospistal psiquiátrico de La Santa Faz en la misma localidad doña Carmen P. S. se acercó a ésta en solicitud de tabaco y, al decirle que no tenía, de un fuerte tirón le arrebató un bolso de bandolera que llevaba al hombro, dándose posteriormente a la fuga. El bolso y los efectos que contenía, tasados en 2.500 pesetas, fueron posteriormente recuperados.
3. En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, comienza por referirse la representación procesal del recurrente a las pruebas practicadas en el acto del juicio oral. Relata así que en dicha sesión prestó declaración el procesado, quien manifestó (que no recuerda los hechos que se le acusan), habiéndose dado lectura, como se observa en el acta del juicio, a las primeras declaraciones prestadas ante el Juzgado de Instrucción, en las que, como es de ver, manifestó que (se afirma y ratifica la declaración que tiene prestada ante la Guardia Civil), la cual no consta que haya sido leída en el acto del juicio, sin que, además, se solicitase del acusado que expresase la razón de las contradicciones entre las declaraciones vertidas en el acto de la vista oral y las leídas en el mismo. En calidad de testigo prestó declaración doña Carmen P. S. quien manifestó tener dudas de que el procesado fuera quien efectuó el (tirón), aunque en su día lo reconoció, no habiéndose dado lectura a las declaraciones sumariales de la testigo, ni existiendo en autos la menor diligencia de reconocimiento del acusado. También depuso doña Juana P. C. quien dijo no conocer al procesado y que en su día no vio a quien le quitó el bolso, y, pese a que esas declaraciones eran contrarias a las obrantes en el sumario, tampoco se dio lectura a las mismas a fin de aclarar la contradicción existente. Finalmente, en cuanto a la prueba documental, consta en el acta del juicio que la misma se dio por leída y reproducida, pero no se procedió a su efectiva lectura y reproducción.
Contra la citada Sentencia se interpuso recurso de casación por infracción de la Ley al amparo del art. 849.2 de la L.E.Crim., en relación con el art. 24.1 de la C.E., denunciándose la conculcación del citado derecho fundamental por la resolución judicial impugnada. Al articular el recurso de casación se razonó sobre la falta de prueba de cargo, que a su vez no sea de descargo, cuanto menos con la misma entidad para ser de cargo o de descargo, al efecto de acreditar la existencia de exención o minoración en la responsabilidad penal. Sin embargo, sorprendentemente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó Auto declarando no haber lugar a la admisión del recurso de casación por carecer manifiestamente de fundamento. En el citado Auto se afirma, lo que en modo alguno consta en la causa (que el recurrente, en la instancia mostró su conformidad con los hechos y calificación jurídica de la acusación del Ministerio Fiscal) y se da valor de prueba a lo que no la tiene -las declaraciones en Comisaría- al no haberse reproducido en el acto de la vista en forma, con su lectura total y trámite de análisis de la acusación y defensa, careciendo, por tanto, de valor de prueba preconstituida. Es más, se llega a decir, lo que no consta en el acta porque no se produjo, que (en el juicio oral declararon las dos perjudicadas en el delito, quienes ratificaron la denuncia formulada y los reconocimientos efectuados en su día). También se alude en el Auto a las declaraciones prestadas en el sumario por la novia del procesado, declaraciones que no se han prestado en período sumarial con respeto a todas las garantías ni al principio de contradicción, pues no se citó a la defensa del procesado; por lo que no tienen validez de prueba preconstituida al no haberse producido contradictoriamente y porque no se llevó a cabo su lectura en el acto oral de la causa, no existiendo, por tanto, la contradicción consustancial al proceso penal. Por último, se niega el valor de prueba de descargo, tan válida y lícita como de cargo, a la declaración contradictoriamente prestada por el procesado en la vista oral.
Mediante otrosí digo, al amparo del art. 56 de la LOTC, interesa la suspensión de la ejecución de las resoluciones judiciales impugnadas.
8. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones mediante escrito registrado con fecha 19 de noviembre de 1991, en el que consideró procedente denegar el amparo solicitado por entender que las resoluciones judiciales recurridas no han vulnerado los arts. 24.1 y 24.2 de la C.E.
Comienza poniendo de manifiesto que la resolución judicial objeto del recurso de amparo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 11 de julio de 1991, por el que se acordó la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el recurrente contra la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, y que de las infracciones constitucionales invocadas sólo la relativa a obtener un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones casacionales inadmitidas tiene asiento directo en el presente supuesto, lo que exige examinar las pretensiones aducidas en el escrito de formalización del recurso de casación y la respuesta que a éstas da la resolución judicial impugnada. Así pues, el objeto de amparo queda circunscrito exclusivamente, señala el Ministerio Fiscal, no a si a los hechos delictivos imputados al demandante de amparo han sido o no probados, puesto que el demandante ya se conformó en la instancia, sino, según la propia demanda, a (obtener un pronunciamiento de fondo sobre la existencia de actividad probatoria tanto de cargo, como de descargo en cuanto a la eximente, y, en su caso, atenuante, alegada, siendo la misma prueba la que inculpa y la que debería tener valor, igualmente, para anular o aminorar la responsabilidad penal y, en definitiva, el castigo). Se quiera o no, lo que se pide al Tribunal Constitucional sólo puede ir referido a si la inadmisión del recurso de casación ha vulnerado el art. 24.1, en relación con el art. 24.2, ambos de la C.E., de modo que el alcance de la pretensión de amparo no puede ir más allá de la anulación de la resolución recurrida y a que, en consecuencia, continúe el recurso de casación hasta su resolución por Sentencia.
9. Por providencia de 5 de mayo de 1994, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 9 del mismo mes.
1. Se refiere la cuestión aquí planteada por el ahora recurrente a la inadmisión del recurso de casación interpuesto contra la Sentencia en que se le había condenado como autor de dos delitos de robo. El demandante entiende vulnerado su derecho a la presunción de inocencia por falta de un mínimo de actividad probatoria de cargo. Conviene sin embargo antes hacer una matización previa: aunque en el (suplico) de la demanda se aduce como infringido el derecho a obtener la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías legales, esa referencia, meramente retórica y simplemente enunciativa, se confunde con la del derecho a la presunción de inocencia. Por eso, al versar toda la problemática suscitada en este recurso sobre las exigencias constitucionales de la presunción de inocencia, las demás referencias que se hacen a los otros derechos fundamentales quedan en meras invocaciones retóricas, sin contenido propio distinto al de aquél.
2. La vulneración invocada se apoya no ya en la inexistencia de pruebas incriminatorias, sino en que sólo se ha tenido en cuenta su declaración inicial en lo que le era desfavorable (la participación en el delito por el que se le acusó), pero no respecto de lo favorable, o sea que en el momento de la comisión del hecho tenía notablemente disminuidas sus facultades volitivas a consecuencia de la ingestión de psicotrópicos, razón por la cual su defensa solicitó alternativamente la absolución por concurrir una eximente completa o bien una condena atenuada por la concurrencia de una atenuante cualificada.
Dicha doctrina, que es abundante, parte del principio de libre valoración de la prueba (art. 741 de la L.E.Crim.), que corresponde exclusivamente a los Tribunales (art. 117.3 de la C.E.), y declara que el derecho a la presunción de inocencia impone que las Sentencias condenatorias se fundamenten en auténticos actos de prueba que, con observancia de los principios procesales, especialmente los de contradicción y defensa, abarquen la realidad de los hechos y lo atinente a la participación del acusado; correspondiendo a las partes acusadoras la prueba de los hechos constitutivos de la pretensión penal, sin que pueda constitucionalmente exigirse a la defensa la de los hechos negativos (SSTC 31/1981, 70/1985, 201/1989, 138/1992).
En cuanto al valor probatorio de las declaraciones del acusado hechas en la fase de investigación hemos dicho que las prestadas ante la Policía y el Juez Instructor pueden ser tenidas en cuenta por el Tribunal para formar su convicción en cuanto a la determinación de los hechos probados (SSTC 80/1986, 217/1989), siempre que en su práctica se hayan observado todas las garantías constitucionales y en el juicio oral hayan podido someterse a contradicción, teniendo en cuenta que el órgano judicial que presidió el acto y percibió la actitud de las declarantes puede dar mayor credibilidad a unas o a otras de tales manifestaciones en todo o en parte, y contrastándolas con las realizadas en el juicio.
Despréndese de lo dicho la existencia en el proceso de actividad probatoria de cargo suficiente, practicada con todas las garantías y de la que forma parte sustancial el reconocimiento de los hechos por el propio acusado e incluso la admisión de los mismos por su defensor en el acto del juicio. El órgano judicial penal fundó, pues debidamente la condena pronunciada, el Tribunal Supremo inadmitió correctamente el recurso de casación y este Tribunal no puede revisar la valoración hecha por aquél de la prueba, pues, como ya señalamos en la STC 44/1989 (el principio in dubio pro reo no debe confundirse con la presunción de inocencia ni el proceso de amparo puede convertirse en una nueva instancia para discutir el resultado valorativo de la actividad probatoria del juicio oral). Lo que le corresponde comprobar es si ha tenido lugar actividad probatoria, y que las inferencias lógicas llevadas a cabo por el órgano judicial no han sido irracionales, arbitrarias o absurdas, pero en modo alguno revisar su valoración sobre la prueba.
Desestimar el recurso de amparo formulado por don Andrés J. R.
STC 215/1989, 21 de Diciembre de 1989
SAP Madrid 506/2006, 6 de Noviembre de 2006
STS 104/2010, 3 de Febrero de 2010

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in dubio