Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2012000100011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Timestamp: 2018-02-24 19:53:12+00:00

Document:
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2012000100011
REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN 32 / N0 1 / 2012 / 211 - 228
Nicaragua: Electoral democracy without social consensus
La vida política de Nicaragua en el 2011 giró alrededor de las elecciones generales de noviembre, en las que se debatió la suerte del proyecto "cristiano, socialista y solidario" del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) liderado por Daniel Ortega. Triunfó Ortega con un amplio margen, en medio de acusaciones de fraude. En realidad, el FSLN pasó por encima de la Constitución y las normas que rigen el proceso electoral para alcanzar su contundente victoria. Una explicación de la victoria de Ortega, sin embargo, también debe considerar las enormes debilidades de la oposición que no logró articular un discurso y una visión social congruentes con las necesidades del país. Ortega, por el contrario, logró capturar la imaginación de millones de nicaragüenses que se debaten en la pobreza.
Palabras clave: Nicaragua, democracia electoral, consenso social, FSLN, Daniel Ortega, partidos de oposición.
The political life of Nicaragua in 2011 revolved around the November elections and, more specifically, around the future of the "Christian and socialist project of social solidarity" promoted and defended by the FSLN, led by Daniel Ortega. The FSLN won a landslide re-election amid accusations of electoral fraud. In fact, the FSLN manipulated the law, the institutions of the country and the electoral process to ensure its powerful victory. An explanation of the Sandinista victory, however, has to take into consideration the opposition parties inability to articulate a discourse and a vision of society congruent with the needs and aspirations of the Nicaraguan poor. The FSLN, on the other hand, was able to capture the imagination of this sector of Nicaraguan society.
Key words: Nicaragua, electoral democracy, social consensus, FSLN, Daniel Ortega, opposition parties.
1. TEMAS SALIENTES EN LA REALIDAD NACIONAL
Coyuntura socioeconómica: el escenario de la pobreza
En el 2011, Nicaragua siguió siendo el segundo país más pobre del continente americano. De acuerdo a Güero Vágate, representante en Managua de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), una quinta parte de la población nicaragüense no tiene acceso a una nutrición balanceada: "Todavía tenemos un millón de nicaragüenses que no tienen su alimentación adecuada" (Vágate, 2011).
El nivel de pobreza general y, sobre todo, el de pobreza extrema, sin embargo, disminuyeron durante el gobierno de Daniel Ortega (1996-2011). El porcentaje de la población en condiciones de pobreza pasó del 48,3% en el 2005 al 42,5% en el 2009, el último año incluido en una evaluación de la gestión económica del gobierno de Ortega elaborada por una organización independiente. Por su parte, y de acuerdo al mismo estudio, la pobreza extrema se redujo del 17,2% al 14,6% en ese mismo período (FUNIDES, 2012, 29-49).
La desigualdad también se redujo. El coeficiente de Gini por ingreso pasó de 0,51 a 0,46 entre el 2005 y el 2009. Medido por consumo, este coeficiente pasó de 0,41 a 0,37 en el mismo período (FUNIDES, 2012, 36).
El desempleo, y sobre todo el subempleo, continuaron siendo un problema para los nicaragüenses. Se estima que el desempleo abierto pasó del 5.1% en el 2006 al 7,83% en el 2011. La tasa de subempleo también aumentó llegando a un 53,7% en el 2011 (Envío, 2011).
Los resultados anteriores son significativos para la evaluación de la gestión del gobierno de Daniel Ortega y, por lo tanto, para una estimación de su imagen y fuerza como candidato en las elecciones del 2011. A pesar del problema del empleo y del subempleo, el gobierno pudo argumentar que había logrado avanzar en su declarada lucha contra la pobreza. Más aún, pudo decir que había logrado reducir la pobreza a pesar de que el Producto Interno Bruto nicaragüense (PIB) apenas había crecido a una tasa promedio del 2,3% durante el difícil período 2007-2011. Estos años, como es conocido, abarcan la crisis financiera internacional que estalló en el 2008 como resultado del colapso hipotecario en los Estados Unidos.1
El argumento del FSLN, con relación al éxito de sus esfuerzos contra la pobreza, se vio reforzado por las cifras que muestran el aumento en el gasto social que, durante el gobierno de Ortega, se elevó por encima del de los dos gobiernos anteriores hasta alcanzar un 12% del PIB anual durante el período 2007-2011. El aumento en el gasto público directamente orientado a la lucha contra la pobreza fue mayor: un 13,5% durante el período 2007-2010, concentrados principalmente en las áreas de la educación y la salud (FUNIDES, 2012, 36-37).
No cabe duda de que la capacidad del gobierno de Ortega para elevar el gasto social dependió, fundamentalmente, del apoyo recibido de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA) y, más concretamente, del gobierno de Venezuela. El monto de este apoyo se calcula en 2.250 millones de dólares durante el período 2007-2011. De acuerdo a algunas estimaciones, esta cifra equivale a un promedio de ayuda mensual equivalente al 8% del PIB de Nicaragua y al 20% de los ingresos del presupuesto nacional (El Universal, 2011a; Sandoval, 2012).
El vital papel que ha jugado la cooperación venezolana en el proyecto político de Ortega fue reconocido por el mandatario nicaragüense durante una visita a Caracas en el 2008: "Sin la cooperación del petróleo que nos brinda Venezuela la economía nicaragüense ya hubiera colapsado" (Ortega, 2008).
La cooperación venezolana fue, entonces, uno de los principales pilares del gobierno de Ortega y, además, el sostén de sus promesas electorales. También es, o puede llegar a convertirse, en el talón de Aquiles del proyecto "cristianismo, socialista y solidario" del FSLN, si se toma en consideración que, como lo señala FUNIDES, la disminución del apoyo de Europa, y la mayor dependencia de Venezuela, aumentan la vulnerabilidad externa del país y puede tener un impacto negativo en el crecimiento económico (FUNIDES, 2012, 32).
El peligro que representa la dependencia de Nicaragua con relación a Venezuela fue señalado repetidamente por los líderes de la Unidad Nicaragüense por la Esperanza (UNE), la organización política opositora más fuerte del país en el 2011. Los líderes de esta organización también atacaron la naturaleza "asistencialista" de las políticas sociales del FSLN y advirtieron que éstas eran "insostenibles", ya que solamente eran posibles por la ayuda que el gobierno recibía del también "asistencialista" Hugo Chávez (Baca y Lorío, 2011).
A los beneficiarios de los programas sociales del gobierno sandinista, como lo demostraron los resultados electorales de noviembre, no pareció preocuparles ni el "asistencialismo", ni el papel que Chávez jugaba en Nicaragua. Tampoco estuvieron interesados en debatir la sostenibilidad o insostenibilidad de estos programas. Los que tenían hambre querían recibir los beneficios del programa Hambre Cero. Los que estaban enfermos querían recibir la asistencia médica gratuita declarada por el gobierno de Ortega en el 2007. Y los que no tenían un techo para protegerse querían recibir las tejas de zinc del programa Plan Techo que Daniel Ortega repartió a manos llenas en las zonas más pobres del país durante su campaña electoral.
A los beneficiarios de los programas sociales del gobierno sandinista, tampoco pareció preocuparles los casos de corrupción asociados con el muy poco ortodoxo manejo de la cooperación petrolera del ALBA/Venezuela en los últimos cinco años. Esta ayuda se maneja dentro del marco de un convenio que establece que Nicaragua debe cancelar el 50% de la factura petrolera en un plazo de 90 días, mientras que el 50% restante se convierte en un crédito a 23 años de plazo y al 2% de interés anual. Los fondos que se derivan de este favorable crédito son manejados a través de mecanismos privados y, por lo tanto, fuera de los controles del Estado. ALBANISA, uno de estos mecanismos, está involucrada en el manejo de plantas de generación eléctrica, exportaciones agropecuarias, negocios de transporte, administración de equipos de construcción, finanzas, ganadería, importación y distribución de combustible y otros (Chamorro y Maldonado, 2011a).
Múltiples casos de enriquecimiento ilícito derivados de la administración de los fondos ALBA/Venezuela fueron revelados por los medios de comunicación no oficiales del país durante el 2010 y el 2011. La misma familia del presidente Ortega fue identificada como beneficiaria ilícita de esta ayuda (Chamorro y Maldonado, 2011b; La Prensa, 2012a).
Coyuntura internacional y subregional
Durante el 2011, Nicaragua siguió ocupando un lugar muy secundario en la política exterior de los Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos de un activo grupo de congresistas demócratas y republicanos liderados por Ileana Ros-Lehtinen, congresista republicana de la Florida, quien desde antes de las elecciones presionó a la administración de Barak Obama para que los Estados Unidos no reconocieran la candidatura de Ortega. Después de las elecciones, la congresista siguió presionando, sin éxito, para que Washington desconociera los resultados electorales.
A la indiferencia de los Estados Unidos se sumó, para suerte del FSLN, el considerable apoyo que el gobierno nicaragüense recibe de ALBA/Venezuela. Esta ayuda fue crucial para que el gobierno de Nicaragua neutralizara los efectos económicos que significaron el retiro de la cooperación de Holanda, Noruega y Dinamarca durante el 2011. Suecia había retirado su apoyo en el 2010.
El retiro de los cooperantes europeos fue motivado por los cambios en las prioridades de los países donantes y, como lo señalaba un analista nicaragüense, "el cansancio con un país que, como Nicaragua, no termina de estabilizarse políticamente, ni alcanza su ansiado despegue económico". En el 2008, la Unión Europea había retirado su ayuda al presupuesto de Nicaragua, en este caso en reacción a las irregularidades que marcaron los comicios municipales de ese año (El Universal, 2011b).
En total, se estima que en los últimos cuatro años Nicaragua ha dejado de recibir en ayuda bilateral alrededor de 300 millones de dólares. Esta cifra equivale a casi el 90% "de lo que el Gobierno destinó en 2011 para la construcción de carreteras, caminos, escuelas, y centros de salud" (La Prensa, 2012b).
Finalmente, el viejo conflicto entre Nicaragua y Costa Rica por la delimitación y control de sus zonas fronterizas y, más concretamente, por la definición de los derechos de ambas naciones sobre el río San Juan que divide a los dos países, formó parte de los eventos y fuerzas que operaron en el contexto internacional de Nicaragua durante el 2010 y el 2011.
En el 2010, Nicaragua inició el dragado del río con la declarada intención de recuperar la fuerza de su caudal y hacerlo más navegable. Costa Rica protestó alegando daños a su ecología y la violación a su soberanía territorial.
La disputa fue llevada a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. Esta se pronunció sobre la misma en marzo del 2011 con una sentencia que muchos consideraron "salomónica". Básicamente, la CIJ ordenó que se evitara la presencia de fuerzas militares en los puntos sensibles de la zona fronteriza. Tanto el gobierno de Nicaragua como el de Costa Rica interpretaron la decisión de la corte como una "victoria".
El problema fronterizo volvió a surgir en el 2011 cuando Costa Rica inició la construcción de una carretera a lo largo de un trecho del río San Juan. Nicaragua denunció este proyecto y abrió un nuevo caso en la CIJ, argumentando que la construcción de la carretera daña la ecología del río. La Corte Centroamericana de Justicia ordenó detener el proyecto costarricense para que los dos países en disputa iniciaran un diálogo, pero Costa Rica no reconoció la jurisdicción de este organismo. Hasta la fecha, la CIJ no se ha pronunciado sobre el nuevo caso.
Tanto Daniel Ortega, como la Presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, lograron obtener réditos políticos de la fiebre nacionalista que desató el tema del río San Juan en las dos naciones centroamericanas. En noviembre del 2010, la Asamblea Nacional de Nicaragua se unió para apoyar al gobierno. En su declaración manifestaron: "Reiterar nuestro apoyo al gobierno del presidente Daniel Ortega por las acciones emprendidas en defensa de la soberanía nacional, desarrollando la limpieza y dragado de nuestro río San Juan y exhortamos al gobierno de la República a continuar con dicho dragado" (El 19 Digital, 2010). Un año más tarde, en noviembre del 2011, la Asamblea Nacional de Nicaragua volvió a unirse para apoyar al gobierno de Ortega y condenar el proyecto costarricense de construcción de su carretera en las márgenes del río San Juan (Asamblea Nacional Nicaragua, 2011).
Coyuntura política: el teatro electoral
En el 2011, la vida política de Nicaragua giró alrededor de las elecciones generales de noviembre de ese año y, más concretamente, del tema de la legitimidad o ilegitimidad de la candidatura de Daniel Ortega, líder del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); de las acusaciones y contra-acusaciones sobre la legalidad y transparencia del proceso; y, sobre todo, del significado e implicaciones de sus posibles resultados. Más concretamente, las preguntas que dominaron el ambiente político nicaragüense en el 2011 fueron: ¿Logrará Daniel Ortega extender su poder y consolidar su proyecto "cristiano, socialista y solidario"? O bien, ¿logrará la oposición poner freno a las ambiciones del comandante sandinista y gobernar un país profundamente dividido? En cualquiera de los dos casos, las elecciones de noviembre representaron el inicio de una nueva fase de cambios, sorpresas e incertidumbre para los nicaragüenses.
Así pues, en el escenario de la pobreza y la inseguridad en la que viven millones de nicaragüenses, se montó el drama electoral del 2011 que desembocó en el triunfo de Daniel Ortega. Cinco partidos y alianzas se registraron para competir por la presidencia, las diputaciones nacionales y departamentales en la Asamblea Nacional, y las que le corresponden a Nicaragua en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
El FSLN, liderando una alianza de grupos y partidos denominada Unida Nicaragua Triunfa, inscribió a su candidato presidencial Daniel Ortega, y al ex jefe del Ejercito Omar Halleslenvens como candidato a la Vicepresidencia. La inscripción de Ortega desató fuertes protestas ya que su intento reeleccionista estaba expresamente prohibido por la Constitución del país.
La Alianza Unida Nicaragua Triunfa estuvo integrada por el Partido de la Resistencia, que agrupa a un sector de las fuerzas militares que lucharon contra el FSLN en los 1980s; el Partido Liberal Nacionalista, herencia del somocismo contra el que luchó el FSLN antes de conquistar el poder en 1979; el Movimiento de Unidad Cristiana; el Partido Camino Cristiano Nicaragüense; el Partido Democracia Cristiana; el Partido Unión Demócrata Cristiana, el Partido Alternativa por el Cambio, y otros cinco movimientos y organizaciones políticas.
Desde la oposición se inscribieron cuatro partidos. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) estuvo liderado por el ex presidente Arnoldo Alemán, quien a pesar de su reputación como uno de los mandatarios más corruptos en la historia política del país, había logrado mantener el control de este partido. El ex diputado y ex Canciller Francisco Aguirre fue inscrito como su compañero de fórmula. Dos partidos -el Partido Conservador y el Partido Indigenista Multiétnico de la Costa Atlántica- se inscribieron como aliados del PLC.
El partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) inscribió al diputado Enrique Quiñonez como candidato a la presidencia. Quiñonez, un ex miembro del movimiento armado que luchó contra el gobierno del FSLN en la década de los 1980s, había sido un cercano colaborador de Arnoldo Alemán, antes de romper su relación con el ex presidente. Su compañera de fórmula fue la diputada Diana Urbina.
Otro partido, la Alianza por la República (APRE), inscribió al académico y ex diplomático Roger Guevara como su candidato presidencial y a Elizabeth Rojas como candidata a la Vicepresidencia. Otros dos partidos -el Partido Unionista Centroamericano y el Partido Neo Liberal- se sumaron al APRE para participar en las elecciones como aliados.
Finalmente, el sector de la oposición que las encuestas de opinión pública mostraban como el principal rival del FSLN, se inscribió en la casilla del Partido Liberal Independiente (PLI) bajo el nombre de Unidad Nicaragüense por la Esperanza (UNE). Además del PLI, esta alianza estaba formada por el Movimiento Vamos con Eduardo, formado por simpatizantes del banquero Eduardo Montealegre, ex candidato a Alcalde de Managua por el Partido Liberal Constitucionalista en las controversiales elecciones del 2008, y ex funcionario de los gobiernos de Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007); el Movimiento Renovador Sandinista, formado por disidentes del FSLN; el Partido de Acción Ciudadana; y el Partido de la Unidad Costeña.
El líder de la UNE fue el conocido empresario radial Fabio Gadea Mantilla, de ochenta años de edad, quien fue inscrito junto con el candidato a la Vicepresidencia Edmundo Jarquín, ex candidato a la Presidencia en las elecciones del 2006 que ganara Daniel Ortega. Gadea Mantilla publica regularmente sus "Cartas de Amor a Nicaragua" en el conservador diario La Prensa. En ellas se expresan de manera explícita: un profundo antisandinismo; una visión elitista de la sociedad, y un profundo conservatismo social en temas como el aborto y la homosexualidad (Gadea Mantilla, 2010; 2011).
Gadea Mantilla, además, era diputado por Nicaragua ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Esta diputación había sido uno de los muchos beneficios que Gadea Mantilla extrajo de su estrecha relación con Arnoldo Alemán cuando éste fue Presidente del país. Una hija de Alemán es la esposa de un hijo de Gadea Mantilla, por lo que la decisión de Gadea de disputarle a Alemán el liderazgo de las fuerzas opositoras antisandinistas desató un drama familiar en el incestuoso mundo político nicaragüense.
Para muchos sandinistas y no sandinistas, la candidatura de Gadea Mantilla fue una sorpresa, no sólo por su edad, sino por su falta de experiencia política, su estrecha relación con el ex presidente Arnoldo Alemán, y su duro conservatismo. En realidad la candidatura de Gadea Mantilla reflejaba la crisis de liderazgo y las debilidades de la oposición nicaragüense que, fragmentada y sin un proyecto de nación, intentaba poner fin al continuismo de Daniel Ortega, el veterano líder revolucionario que desde la derrota electoral del FSLN en 1990 había logrado mantener el control de este partido y convertirlo en una organización diseñada para recuperar el poder, a cualquier costo.
En 1996, después de tres fallidos intentos por alcanzar la Presidencia, Ortega logró su objetivo al ganar las elecciones de ese año. En el poder, el FSLN de Daniel Ortega articuló una alianza con los líderes del sector capitalista nicaragüense a quienes logró convencer de que sus constantes diatribas contra "el capitalismo salvaje" no los incluían a ellos. Ortega, además, estableció buenas relaciones con los organismos financieros internacionales y obtuvo el apoyo de un pequeño pero influyente sector de la Iglesia Católica nicaragüense, cuya principal figura es su antiguo archienemigo, el Cardenal Miguel Obando y Bravo.
Los discursos de Ortega y Gadea Mantilla, aunque desprovistos de una base filosófica o doctrinaria sólida, expresaron con claridad la existencia de las dos Nicaraguas en quienes los candidatos depositaron su suerte en las elecciones. Mientras que el FSLN enfatizó la lucha contra la pobreza en la que habitaban millones de nicaragüenses, la oposición se concentró en deplorar el irrespeto del gobierno a la Constitución y la ausencia de un verdadero Estado de Derecho.
El proyecto del FSLN fue presentado por el presidente Ortega y sus seguidores como "la segunda fase de la Revolución Sandinista" (Midence, 2010; Ortega 2010a). Desde esta perspectiva, el proyecto "cristiano, socialista y solidario" del FSLN es revolucionario y de orientación popular.
El discurso utilizado por el FSLN en el 2011 para defender este proyecto estuvo cargado de religiosidad. La campaña electoral de este partido fue oficialmente bautizada con el nombre "la Campaña del Bien Común"; y definida como "la campaña de la multiplicación de los panes, donde Dios obra milagros, para que el bien se establezca" (Salinas Maldonado 2011a; ElRadar.Net, 2011). En consonancia con esta definición, Daniel Ortega y su jefa de campaña y esposa Rosario Murillo, hicieron un uso sistemático de alusiones, símbolos e imágenes religiosas que incluyeron hasta evocaciones a la doctrina del derecho divino que sirvió para legitimar el absolutismo en Europa. En una concentración política en la ciudad de Juigalpa, el 1 de octubre del 2011, Rosario Murillo dijo: "Tenemos que trabajar para multiplicar los prodigios del Señor en Nicaragua, porque... el Señor pone y quita reyes. Cuando el Señor decide poner reyes es para que les sirvan al pueblo, no para otra cosa" (Murillo, 2011).
Frases y expresiones como las usadas por Rosario Murillo tienen gran resonancia en un pueblo que, como el nicaragüense, opera dentro de un marco cultural providencialista. El providencialismo es una visión de la historia como un proceso gobernado por un Dios hasta en sus más mínimos detalles (ver Pérez-Baltodano, 2003).
La religiosidad del FSLN se expresó, además, en el campo de la salud reproductiva. El ejemplo más dramático de esto es la racionalidad dentro de la que el FSLN apoya la criminalización del aborto terapéutico en Nicaragua. Para justificar el apoyo del FSLN a la aprobación de esta medida en la Asamblea Nacional, Rosario Murillo, expresó en el 2006: "Somos enfáticos: No al aborto, sí a la vida. Sí a las creencias religiosas; sí a la fe; sí a la búsqueda de Dios, que es lo que nos fortalece todos los días para reemprender el camino" (Murillo, 2007).
Durante la campaña electoral del 2011, Daniel Ortega continuó expresando el apoyo del FSLN a la criminalización del aborto terapéutico, a pesar de las fuertes protestas de grupos de mujeres dentro y fuera del país; y a pesar de los frecuentes casos de niñas violadas que se ven obligadas a dar a luz en Nicaragua. Frente a esta situación, Ortega se limitó a señalar que su gobierno es "enemigo de Herodes" (Pérez, 2011).
Por su parte, el discurso del principal grupo opositor, la Unidad Nicaragüense por la Esperanza (UNE), registrada en la casilla del Partido Liberal Independiente (PLI), se concentró en la promesa de poner fin al "danielismo" para evitar la consolidación de un nuevo "somocismo". Más allá de anunciar esta intención, la UNE no logró articular una visión de sociedad capaz de integrar las aspiraciones de la fragmentada sociedad nicaragüense.
Así pues, el discurso de la UNE creaba la impresión de que los líderes de esta organización trataban de comunicarse con los que integraban su propio mundo político y social para darles (y darse) ánimo, para apoyarlos (y apoyarse), y para motivarlos (y motivarse) a actuar contra Daniel Ortega. En este sentido, el discurso de la oposición no fue, realmente, un discurso político orientado a establecer una comunicación afectiva con el sector de los votantes "independientes" e "indecisos" que, a tan solo dos meses de las elecciones, se calculaba en un 20% del electorado nicaragüense (Fonseca, 2011a). El discurso de la oposición tampoco estuvo dirigido al electorado pobre que se había beneficiado de los programas sociales del gobierno del FSLN y que interpretaban como una amenaza, la condena de la oposición al "asistencialismo" (Pérez-Baltodano, 2010).
2. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE
Los nicaragüenses acudieron a las urnas en noviembre del 2011 profundamente divididos entre sandinistas y antisandinistas. Ortega ganó las elecciones del 2011 con un amplio margen. La alianza opositora liderada por Gadea Mantilla y muchas organizaciones de la sociedad civil rechazaron los resultados anunciados por el Consejo Supremo Electoral y demandaron nuevas elecciones. Gadea Mantilla hasta llegó a declararse el "Presidente Constitucional" del país.
Los observadores de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) señalaron y deploraron muchas de las anomalías del proceso, pero no cuestionaron la victoria de Ortega. Dante Caputo, jefe de la misión observadora de la OEA, calificó las elecciones como "preocupantes", cuando sus observadores fueron impedidos de entrar al 20% de los recintos electorales de la muestra diseñada por este organismo para realizar su labor (Caputo, 2011). Luis Yáñez, jefe de la misión de observadores de la UE, fue aún más crítico al señalar que, a su juicio, las elecciones no fueron "creíbles como nos gustaría que lo fueran, es decir, que ha habido falta de transparencia, opacidad en muchos momentos del proceso electoral" (Yáñez, 2012). El nicaragüense Grupo Cívico Etica y Transparencia, por su parte, concluyó su análisis de las elecciones del 2011 señalando que éstas no cumplieron "con los requisitos mínimos universales en materia de garantías al sufragio". Para apoyar su aseveración, Etica y Transparencia identificó un sinnúmero de irregularidades entre las que se destacan las siguientes: "En el 18% de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) no se realizó el escrutinio de los votos... Por otra parte, se conocen al menos 98 casos documentados de más votos que votantes en las JRV y alto grado de sistematicidad en rellenar las urnas por la vía del doble y triple voto, en aquellas JRV sin debida fiscalización (Grupo Cívico Etica y Transparencia, 2011).
Independientemente de las irregularidades del proceso electoral, el triunfo de Daniel Ortega no fue una sorpresa, si se toma en consideración que éste había sido pronosticado consistentemente por encuestas realizadas por al menos cuatro empresas -Borge y Asociados, M&R Consultores, Siglo Nuevo y CID Gallup- a lo largo del 2011. La última de éstas, realizada un mes antes de las elecciones, le otorgó a Ortega un 48% del voto, 18 puntos por encima del 30% que marcaba la candidatura de Fabio Gadea Mantilla (La Prensa, 2011a; Chamorro, 2011).
Así pues, el 10 de enero del 2012, Daniel Ortega inauguró su nuevo gobierno con un discurso conciliatorio pronunciado con el fondo musical de "Démosle una Chance a la Paz" de John Lennon, y acompañado de personalidades como el presidente venezolano Hugo Chávez, el presidente de Irán Mahmud Ahmadinejad, el Príncipe de Asturias Felipe de Borbón, y varios presidentes caribeños y centroamericanos. Las autoridades oficiales de la Iglesia no asistieron a la inauguración presidencial, reafirmando de esta manera la distancia crítica que mantienen con el gobierno, desde que Monseñor Leopoldo Brenes fuera nombrado Arzobispo de Managua, en sustitución de Obando y Bravo, en el año 2005.
3. LA CENTRALIZACIÓN DEL PODER DEL ESTADO: CAMBIOS INSTITUCIONALES Y CONSTITUCIONALES
A lo largo del año electoral, el FSLN dejó claro que su meta no era simplemente ganar, sino ganar con una mayoría abrumadora. En su primer documento de campaña señalaba sin ambigüedades: "El 2011 no es una elección presidencial más en el juego democrático... el FSLN volvió al poder no para administrar el Estado por cinco años. Volvió para realizar cambios profundos en las estructuras de poder de Nicaragua" (FSLN, 2010). Más concretamente, lo que buscaba el FSLN en las elecciones del 2011 era obtener, casi a cualquier precio, un peso en la Asamblea Nacional que facilitara la consolidación de su proyecto político a largo plazo.
El discurso del FSLN durante el 2011 también dejó claro que el proyecto "cristiano, socialista y solidario", por su supuesto carácter revolucionario, no tenía que apegarse a las normas legales del país. Así lo afirmo Tomás Borge, Secretario General del FSLN, durante su intervención en el IV Congreso Extraordinario de esta organización celebrado el 26 de febrero del 2011 para proclamar la candidatura de Daniel Ortega: "Están fuera de la realidad quienes ignoren que todos y cada uno de los diferentes órganos del Estado están para responder a los intereses de la Revolución, es decir, del pueblo. La revolución es, por lo tanto, fuente de derecho y sus decisiones son legítimas, justas, más allá de lo formal (Borge, 2011).
Amparándose en la idea de que "la revolución es fuente de derecho", el gobierno de Ortega violentó la Constitución y atropelló las normas que definen la legalidad y legitimidad de las elecciones presidenciales en Nicaragua. Muchos vieron en esta conducta la cristalización de una "dictadura institucional" (Salinas Maldonado, 2011b). Esta expresión denota la consolidación de lo que Luz Nagle conceptualiza como un Estado por Derecho: un modelo de gestión estatal en el que, contrario a lo que sucede en el Estado de derecho, la ley es instrumentalizada por el gobierno para afianzarse en el poder (Nagle, 2009).
Para comenzar, de acuerdo al artículo 147 de la Constitución de la República de Nicaragua, Daniel Ortega no podía participar en las elecciones del 2011. Esto dice el artículo en mención: "No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República: el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales" (Constitución República Nicaragua, 2003). Ortega, entonces, no podía participar nuevamente como candidato porque antes de las elecciones del 2011 había sido presidente dos veces. La Constitución, además, prohíbe la reelección en dos períodos consecutivos.
Ortega fracasó a lo largo del 2009 en sus esfuerzos para obtener los votos necesarios para modificar la Constitución y legalizar su candidatura. Para superar este obstáculo, el mandatario solicitó a la Corte Suprema de Justicia -dominada por aliados del FSLN- la "inaplicabilidad" del artículo 147 de la Constitución que prohibía su candidatura. La Sala Constitucional de la Corte, dominada por magistrados sandinistas, declaró inaplicable este artículo el 14 de octubre del 2009. La Corte en pleno ratificó esta resolución el 30 de septiembre del 2010. El Consejo Supremo Electoral, también dominado por el FSLN, acató la resolución de la Corte Suprema de Justicia y el 7 de abril del 2011 aceptó oficialmente la inscripción de Daniel Ortega como candidato presidencial (Confidencial, 2011).
Para oscurecer aún más la legalidad y legitimidad de todo este proceso, los nombramientos de los funcionarios que dirigían la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y otras instituciones claves del país se vencían el 2 de febrero del 2010. Frente a esto y consciente de que la legalización de su candidatura dependía del peso que tenía el FSLN en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo Supremo Electoral, Ortega luchó para lograr la ratificación de sus principales aliados y el nombramiento de funcionarios afines a su proyecto, antes de la fecha mencionada. La oposición parlamentaria, sin embargo, se opuso a sus deseos y demandó el nombramiento de magistrados y funcionarios no partidizados. El impasse creado por esta situación se convirtió en una amenaza para las ambiciones reeleccionistas de Daniel Ortega.
Para resolver este problema, Ortega emitió el 9 de enero del 2010 un decreto presidencial que ratificó y prorrogó en sus cargos a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, los de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Consejo Superior de la Contraloría de la República, el Procurador de Derechos Humanos y el Superintendente de Bancos. Ortega justificó su decisión señalando: "En mi calidad de jefe de Estado y de gobierno, la Constitución Política me hace responsable de la coordinación armónica entre las instituciones del Estado de Nicaragua y ante el vacío de poder generado por la Asamblea Nacional al no nombrar a los funcionarios, es mi deber evitar la inseguridad e inestabilidad política, económica y jurídica de la nación" (Ortega, 2010b).
La oposición denunció el nuevo decreto presidencial como una nueva arbitrariedad de Ortega. El liberal opositor José Pallais expresó el sentir de este sector señalando: "[Ortega] nos está diciendo: o eligen a los míos o se quedan los míos" (Pallais, 2010).
Habiendo "solucionado" el tema de su candidatura, Ortega concentró sus esfuerzos en resolver un último problema: la participación de supervisores nacionales e internacionales en las elecciones. Durante el 2010, el Consejo Supremo Electoral había dejado entrever que no consideraba necesaria la observación electoral internacional. El mismo Daniel Ortega confirmó esta posición en enero del 2011: "¡Ya estamos grandecitos! ¡No queremos ya más intervenciones en nuestras elecciones!" (Ortega, 2011).
En los meses siguientes, sin embargo, Ortega y el Consejo Supremo Electoral moderaron su posición. Para muchos, este cambio fue provocado por la seguridad que el FSLN había alcanzado con relación al triunfo de Ortega, después de que prácticamente todas las encuestas de opinión lo pronosticaran. Así, el 15 de agosto del 2011, el Consejo Supremo Electoral hizo público el manual para la reglamentación de la participación de "acompañantes electorales". El término "acompañante" sustituyó al de "observador", supuestamente como una expresión de consistencia política, después de que el mismo Ortega hubiese rechazado este tipo de "intervenciones".
Los cambios que el manual introdujo en la práctica de la observación electoral, sin embargo, no se limitaron a lo puramente semántico o a lo estrictamente simbólico. Las regulaciones que contenía este manual limitaban la libertad de movilización de los "acompañantes" (Consejo Supremo Electoral, 2011b; Jarquín, 2011).
El Consejo Supremo Electoral, por ejemplo, se reservaba el derecho de "autorizar" la movilización de los "acompañantes" nacionales e internacionales, de acuerdo con "rutas de movilización" preestablecidas. Así explicó el Instituto para la Democracia (IPADE) las restricciones impuestas por el CSE: "La ruta designada implica que el CSE determina dónde observar y qué observar, y no contiene las prerrogativas y facultades de la observación nacional e internacional, que todo reglamento anterior establecía en Nicaragua, hasta antes de la publicación del actual" (IPADE, 2011). Estas disposiciones fueron denunciadas por los partidos de la oposición y varias organizaciones de la sociedad civil, como violatorias de acuerdos firmados por Nicaragua con las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos en materia de supervisión electoral.
A las irregularidades anteriores deben sumarse las que se relacionan con el propio proceso de votación. Estas incluyen: incongruencias en el número de electores registrados en el padrón electoral; manipulación de la entrega de cédulas para votar y, el propio 6 de noviembre, día de la votación, la celebración de lo que José Luis Rocha llamó, "la piñata electoral" (Rocha, 2011).
Así pues, en el 2010 y el 2011, se reveló con fuerza, la tendencia del Ejecutivo a convertirse en el centro regulador de las instituciones y poderes del Estado, en contraposición con el artículo 129 de la Constitución que señala que los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral "son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución" (Constitución República Nicaragua, 2003). Al mismo tiempo, los fracasos y dificultades que enfrentó Ortega en sus esfuerzos para legalizar su candidatura en las elecciones del 2011 revelaron la existencia de barreras institucionales incompatibles con la tendencia centralizante de su proyecto. La principal de estas barreras fue la distribución del poder en la Asamblea Nacional durante el período 2006-2001. Durante este período, el FSLN contó con menos del cincuenta por ciento de los asientos en la Asamblea.
A diferencia de lo que ocurrió durante el período 2006-2011, el FSLN contará en los próximos cinco años con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional. La nueva correlación de fuerzas le permitirá a Ortega "contar con una mayoría simple... para aprobar leyes ordinarias, mayoría calificada...para nombrar altos cargos estatales y eventualmente también el 60% de votos necesarios para hacer reformas a la Constitución" (La Nación, 2012). Esto último, como muchos temen, facilitaría la futura reelección de Ortega y hasta la candidatura presidencial de su esposa Rosario Murillo en próximas elecciones. El nuevo Poder Legislativo de Ortega también podría ser utilizado para empujar una reorganización radical del sistema político nicaragüense, en congruencia con los intereses de Ortega y el FSLN.
La tendencia hacia la centralización del poder durante el 2011 también afectó a dos instituciones claves para el futuro de la democracia en Nicaragua: la policía nacional y el ejército. Hasta el día de hoy, estas dos instituciones han logrado mantener un crítico nivel de independencia política que imposibilita, o por lo menos dificulta, la manipulación y el uso por parte del Ejecutivo de los medios de coerción del Estado. En el 2011, Ortega hizo importantes esfuerzos para reducir esta independencia.
En septiembre del 2011 y pasando por encima de la Ley de la Policía Nacional que limita la permanencia de su Jefe Supremo a un único período de cinco años, Ortega emitió un decreto que le permitió a la Comandante Aminta Granera extender su mandato como Jefa de la Policía a un segundo período (Larios y Lara, 2011), Granera, quien en el pasado había gozado del respeto y la confianza de amplios sectores de la oposición nicaragüenses, había visto decaer su prestigio y popularidad en los últimos tres años por la falta de protección que la policía prestó durante este período a los participantes en las marchas de protesta contra el gobierno de Ortega organizadas por la oposición. La aceptación por parte de la Jefa de la Policía de un segundo mandato redujo aún más la confianza de la oposición en la Comandante Granera y generó serias dudas sobre el futuro de la independencia política de la Policía Nacional.
Por otra parte, el nombramiento del General Omar Halleslevens como compañero de fórmula de Daniel Ortega fue percibido por muchos como un peligroso intento de parte de Ortega para ganar influencia dentro de las fuerzas armadas (La Prensa, 2011b). Halleslevens fue Jefe del Ejército hasta febrero del 2010 y goza de prestigio y popularidad dentro de esa institución.
La tendencia centralista del gobierno de Ortega también se manifestó en el control que el Presidente mantuvo sobre la composición y rotación de su gabinete y, en la clara disposición del mandatario a premiar la lealtad de los funcionarios del Estado y a castigar cualquier expresión de independencia política o profesional (La Prensa, 2012c; La Jornada, 2011; Fonseca, 2011b). En algunos casos, bastó la decisión de un ministro o funcionario para ofrecer declaraciones a los medios de prensa independientes, para ser despedido por instrucciones del Presidente o su esposa. El analista Mauricio Díaz señala que esta situación "es producto de una concentración desmesurada de poder de parte de la pareja presidencial" (Díaz, 2012).
La "concentración desmesurada" de poder, a la que hace referencia Díaz, se reveló también en la tendencia del presidente Ortega a nombrar miembros de su gabinete pasando por encima de la ley que lo obliga a someter estos nombramientos a la consideración de la Asamblea Nacional. Según la Constitución, el nombramiento de Ministros, Viceministros, y otros funcionarios identificados en el artículo 138 de la misma "solo se considerará firme hasta que la Asamblea Nacional lo ratifique" (Constitución República Nicaragua, 2003). Tal como lo señala el constitucionalista Cairo Manuel López, Ortega ha violado repetidamente la ley, haciendo nombramientos sin la aprobación de la Asamblea Nacional (López, 2012).
En medio del proceso de centralización del poder del Estado en Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó durante el período 2006-2001, un total de 168 leyes y 252 decretos. Esta actividad priorizó "el crecimiento económico, seguido de la equidad social" (IEEPP, 2011).
4. SUBORDINACIÓN Y PARTIDIZACIÓN: RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y LOS MUNICIPIOS
La vocación centralista del Ejecutivo también se hizo patente en la relación entre el Gobierno Central y las alcaldías del país. Así lo confirma el experto municipalista Silvio Prado quien señala que desde la llegada de Ortega al poder en el 2006, Nicaragua ha vivido un gradual proceso de "subordinación de las alcaldías al gobierno central" y, hasta de "subordinación de las alcaldías al secretario político del FSLN". En este sentido, las relaciones intergubernamentales se han centralizado y partidizado. Este proceso empezó con la creación de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) en el 2007. Los CPC's son organismos de participación local subordinados al FSLN que compiten con la autoridad de los gobiernos municipales, a pesar de que la autonomía municipal es un principio consignado por la Constitución del país (Prado, 2010).
La subordinación y partidización de los municipios continuó en el 2010 y el 2011 con la destitución de alcaldes que no se sometieron a las orientaciones de la Secretaría del FSLN. En el 2010 se registraron diez destituciones de alcaldes, vicealcaldes y concejales orquestadas por el FSLN. Otras cinco se registraron en el 2011. Un vocero de la Red Local para la Democracia denunció que estas destituciones violan la autonomía municipal y la Ley de Participación Ciudadana, "en donde se establece que los ciudadanos deben ser consultados en temas que les incumben". La misma Red denunció las presiones del FSLN que en el 2011 empujaron a 10 alcaldes liberales y 75 concejales de ese partido a moverse al FSLN (La Prensa, 2010).
Otros analistas independientes coinciden con la posición de la Red Local para la Democracia. Manuel Ortega-Hegg, por ejemplo, señala que la subordinación de las municipalidades al gobierno central y al FSLN forma parte de una estrategia de centralización forzada de todas las instancias de poder en el país. Y agrega: "El FSLN concibe el ejercicio del poder más como coerción que como persuasión y consenso. Pareciera no interesarle la legitimidad de su dominación" (Ortega-Hegg, 2010).
5. ¿QUO VADIS DEMOCRACIA? REFLEXIONES FINALES SOBRE LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA NICARAGUENSE
A diferencia de lo que sucede en países con democracias consolidadas, las elecciones que se han realizado en Nicaragua durante la llamada "transición democrática" que se inició en 1990, han tenido siempre un carácter cuasifundacional. Cada una de ellas anuncia el inicio de una transformación social profunda, o la fundación de una "nueva Nicaragua" o, en las bombásticas palabras del ex presidente Enrique Bolaños (20022007), "una Nueva Era". Daniel Ortega no se ha quedado atrás al tratar de caracterizar su gobierno como la segunda etapa de la Revolución Sandinista.
Esta característica de la democracia electoral nicaragüense se debe a que desde 1990 Nicaragua ha vivido una democracia electoral sin consenso social que ha mantenido al país en una situación de inestabilidad institucional permanente (Ver Pérez-Baltodano, 2004). En los países con democracias consolidadas de Europa y América, los procesos electorales funcionan dentro de un consenso hegemónico que se expresa en los principios económicos capitalistas y en los principios políticos democrático liberales. A un nivel más especifico, este consenso se expresa en la manera en que cada sociedad institucionaliza el modo de organizar y administrar las tensiones y contradicciones que inevitablemente se desprenden de la relación entre democracia y capitalismo. Un país como Canadá, por ejemplo, lo hace mediante un modelo de Estado de Bienestar, en tanto que los Estados Unidos lo hacen apoyados en la racionalidad del mercado, los valores individualistas de esa sociedad, y la ideología del "sueño americano".
En ausencia de un consenso social, como apunta Robert Dahl en una explicación de la democracia prácticamente ignorada por la literatura que domina los estudios de las llamadas "transiciones democráticas" en América Latina, la democracia electoral puede convertirse, simplemente, en un mecanismo para formalizar y legalizar divisiones sociales existentes (Dahl, 1956). Esto es, precisamente, lo que sucedió en el 2011 en Nicaragua.
Las elecciones de noviembre no resolvieron la división que representaron Daniel Ortega y Fabio Gadea Mantilla en el drama electoral que vivió Nicaragua en el 2011. Simplemente la formalizaron con el ritual de la democracia electoral.
El reto de Nicaragua, entonces, sigue siendo la articulación de una visión nacional y de un consenso que integre con justicia los derechos y las obligaciones de los diferentes sectores sociales del país. En ausencia de este consenso, la democracia electoral seguirá funcionando en este país centroamericano, como una rifa quinquenal del derecho a la impunidad.
1 El promedio antes señalado fue inferior al del promedio de los dos períodos presidenciales anteriores al de Daniel Ortega, aunque superior a la tasa promedio para América Central entre el 2007 y el 2011 (FUNIDES, 2012, 29)
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Andrés Pérez-Baltodano. Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Western Ontario (Canadá) e Investigador Asociado del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA) de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua. Ha publicado extensamente sobre la historia política de Nicaragua y sobre la relación entre política y religión en América Latina. Su publicación más reciente es el libro "La subversión ética de la realidad: Crisis y renovación del pensamiento crítico latinoamericano". Managua: IHNCA/UCA, 2009. Email: perezbaltodano@yahoo.com

References: artículo 147
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 resolución 
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 artículo 129
 artículo 138