Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831041.html
Timestamp: 2019-11-20 04:51:12+00:00

Document:
as201831041
Auto Supremo Nº 41
Expediente : 128/2017
Demandante : Lourdes Gutiérrez Suarez
Proceso : Compensación de Cotizaciones
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 144 a 148, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por su Director General Ejecutivo a.i. Juan Edwin Mercado Claros, a través de su apoderado Wilmer Sanjinéz Lineo, contra el Auto de Vista Nº 166/2016 de 13 de julio, de fs. 139 a 142, pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; en el trámite de compensación de cotizaciones seguido por Lourdes Gutiérrez Suarez contra la entidad recurrente; el Auto de 10 de enero de 2017, cursante a fs. 153, que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 128-A de 7 de abril de 2017 (fs. 161), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes del proceso; y:
Resolución Comisión de Nacional de Prestaciones.
Que dentro del trámite de Compensación de Cotizaciones, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto emitió la Resolución Nº 5029 de 25 de julio de 2014, cursante a fs. 105, por el que resolvió otorgar a favor de Lourdes Gutiérrez Suarez, el Formulario de Cálculo de Cotizaciones Nº 38430, en el cual se consideró un monto de Compensación de Cotizaciones de Bs478,75.- (cuatrocientos setenta y ocho 75/100 bolivianos), documento válido para tramitar su Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, previa aceptación del mismo.
Resolución Comisión de Reclamación
Ante la interposición del Recurso de Reclamación por la asegurada de fs. 108 a 109, el Directorio General Ejecutivo y el Jefe de Unidad Jurídica del SENASIR, mediante Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 838/14 de 9 de diciembre de 2014, cursante de fs. 117 a 121, resolvió confirmar la Resolución Nº 5029 de 25 de julio de 2014, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones, por encontrarse conforme a los datos del expediente y normativa en vigencia.
Ante la determinación asumida por la Comisión de Reclamación, la asegurada interpuso recurso de apelación, cursante de fs. 129 a 130; que fue resuelto por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 166/2016 de 13 de julio, de fs. 139 a 142, revocando la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 838/14 de 9 de diciembre de 2014; disponiendo que el SENASIR, incluya en el cálculo de compensación de cotizaciones de la asegurada, los periodos aludidos conforme a los fundamentos expuestos y la documentación referida.
En conocimiento del señalado Auto de Vista, Wilmer Sanjinéz Lineo, en representación de Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo del SENASIR formulo recurso de casación en el fondo de fs. 144 a 148, señalando lo siguiente:
Alega que, no corresponde la aplicación del art. 14 del DS 27543 de 31 de mayo de 2004, en razón de que esta norma no regula los trámites de Compensación de Cotizaciones, y solo “proceden” para trámites del Sistema de Reparto, siendo ambos distintos; que además, para el sector de la Banca Privada se tiene otro tratamiento, la certificación la realizan en base al Estudio Matemático Actuarial, y al estar los periodos 11/79 a 6/84 comprendidos dentro de este estudio no correspondería certificar dichos periodos por la vía extraordinaria; indican que el art. 2 de la Resolución Ministerial Nº 498 de 7 de septiembre de 2005, dispone que la certificación de aportes al sector de la Banca Privada se establece a través de los Estudios Matemáticos Actuariales y sus complementos, no procediendo la aplicación de los arts. 13 y 14 del DS 27543, y al no contar con planillas que respalden los aportes extrañados no se aplicaría la normativa extraordinaria; con estos argumentos afirma que el Tribunal de alzada no hizo una correcta valoración de la normativa aplicable, ya que la modalidad de certificación a través de documentos supletorios, la presunción juris tantum establecida en el art. 14 del DS 27543, tampoco figura en la disposición del art. 18 del mismo Decreto Supremo, que determina las modalidades de certificación para fines de compensación de cotizaciones, estableciendo que podrán ser utilizadas las modalidades señaladas en los arts. 13, 16 y 17 del DS 27543.
Solicita que, deliberando en la fondo case el Auto de Vista Nº 166/2016 de 13 de julio, pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 838/14 de 9 de diciembre de 2014.
Planteado el recurso, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales cuya infracción se acusa, se tiene que:
Para resolver la problemática planteada, es necesario entender que la Constitución Política del Estado, busca la eficacia material de los derechos fundamentales, y tiene además, una aplicación preferente a las demás normas, de conformidad a su art. 410-II, que indica: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…”; y, en materia de seguridad social, se tiene preceptos constitucionales que están establecidos bajo principios fundamentales propensos a precautelar el bienestar de las personas, para ello, se generó el sistema de compensación de cotizaciones, que tiene como finalidad esencial viabilizar uno de los beneficios que presta la seguridad social en el ámbito de las prestaciones a largo plazo, el tener con una renta de vejez, y al ser este un derecho consagrado por la Constitución Política del Estado, que determina en su art. 45-IV: “El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo”; los procedimientos establecidos para el reconocimiento de este derecho, deben ser interpretados y aplicados desde y conforme la Constitución; al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional, señalo: “…el sistema de Compensación de Cotizaciones tiene como finalidad fundamental viabilizar uno de los beneficios que presta la Seguridad Social en el ámbito de las prestaciones a largo plazo, como es contar con una renta de vejez; por lo tanto este derecho al constituir una función tutelar del Estado conforme previenen los arts. 45.IV y 67.II de la CPE, los mecanismos o procedimientos instituidos para el reconocimiento de este derecho, deben ser interpretados y aplicados desde y conforme la Constitución, asumiendo a este objeto los principios constitucionales que estructuran el derecho a la Seguridad Social, como el de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, este último considerado como uno de los principios más importantes de la seguridad social, porque está referido a que el servicio o la prestación debe ir dirigido a cubrir la contingencia necesaria, acorde al momento y a la circunstancia; evitando en este marco cualquier medida que tienda a restringir o menoscabar este derecho; ya que el derecho a contar con una renta de vejes digna, no solo es una conquista de los trabajadores, sino constituye en una función esencial del Estado, por cuanto contribuye a la construcción de una sociedad armoniosa con justicia social”. (SCP 0817/2015-S2 de 4 de agosto).
Analizando lo cuestionado por el recurrente, el DS 27543 de 31 de mayo de 2004, en su art. 18 refiere: “Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo”; determinando que modalidades podrán ser usadas, y el art. 16 de esta normativa indica que los aportes pueden ser certificados con la documentación que curse en el expediente, conforme al art. 14 de este mismo Decreto Supremo, que en su texto dispone: “En caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del período comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles para este propósito serán uno o más de los siguientes: a. Finiquitos, b. Certificados de trabajo, c. Boletas de pago o planillas de haberes, d. Partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud respectivas, e. Record de servicios o Calificación de años de Servicio, f. Contratos de trabajo, memoranda de designación y despido, g. Liquidación de internación de minerales, para el caso de cooperativistas mineros u otros documentos equivalentes para estos cooperativistas”; norma que busca facilitar el tratamiento de certificaciones de aportes, en el proceso y otorgación de las prestaciones del Sistema de Reparto por dificultades logísticas e información incompleta de los asegurados, que de igual forma debe ser entendida para la compensación de cotizaciones; siendo así, existe documentación que cursa en el expediente como bien señala el Tribunal de alzada, en el Auto de Vista recurrido en su segundo Considerando en el punto 5 incs. a), b), c) y d); evidenciándose de esta manera documentación supletoria que respalda los aportes de los periodos extrañados por el SENASIR; que deben ser tomados en cuenta bajo la presunción juris tantum, presunción referida a la dispensa de probar el hecho alegado, debiendo acreditar para el efecto premisas o presupuestos; esta presunción está establecido en el art. 14 del DS 27543, que fue desarrollado precedentemente, fue cumplida por la asegurada, ya que acredita los presupuestos para ello, con la documental señalada que se adjunta a su solicitud, que no puede ser prescindida como pretende la entidad recurrente, ya que una de las primicias en la administración de justicia procurar es la realización de la justicia material como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones.
Ahora, de acuerdo a lo manifestado por la institución recurrente, la Resolución Ministerial Nº 498 de 7 de septiembre de 2005, en su art. 2, establece que: “…la certificación de aportes del sector de la banca privada se establece a través de los Estudios Matemáticos Actuariales y sus complementos, de conformidad a las Resoluciones Administrativas Nº 0774 de 20 de octubre de 1999 y 618 de 6 de noviembre de 2001, no procediendo la aplicación de los artículos 13 y 14 del Decreto Supremo Nº 27543 para los periodos que comprenden dichos estudios actuariales”; empero, corresponde expresar que si bien la indicada Resolución Ministerial, prevé ciertos parámetros para la calificación de las prestaciones jubilatorias y certificaciones de aportes del sector de la banca privada en base a los Estudios Matemáticos Actuariales y sus complementarios, no es menos cierto que el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004 en su art. 14, otorgó la posibilidad de que estas certificaciones se las realicen en base a documentación supletoria, en resguardo del derecho a la seguridad social; además, en aplicación del 410 de la CPE, se debe aplicar preferentemente esta Norma Fundamental y así como del DS 27543 ante una Resolución Ministerial; y como precedentemente se explicó, en un análisis desde y conforme a la Constitución Política del Estado, bajo principios fundamentales propensos a precautelar el bienestar de las personas, como una obligación del Estado de salvaguardar el capital humano, a través de la otorgación de una Renta de subsistencia por el trabajo prestado y aportes efectuados, que no puede desconocerse cuando existe documentación de respaldo y en su caso documentación supletoria que acredite aportes realizados; como también se estableció en diferentes Autos Supremos emitidos por este Alto Tribunal, entre ellos, el Nº 287 de 4 de junio de 2013, por la única Sala Social de esa gestión; Nº 85 de 21 de mayo de 2014 y Nº 173 de 18 de junio de 2015, por Sala Social Segunda; y, Nº 441 de 5 de diciembre de 2016 y Nº 5 de 20 de febrero de 2017, por esta Sala.
A este razonamiento, debemos añadir que en los procesos administrativos como en los judiciales, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así establece el art. 180-I de la CPE, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y forma de cómo se suscitaron los hechos controvertidos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales, dando prevalencia a la verdad material y a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta forma de impartir justicia.
De tal manera, conforme a jurisprudencia desarrollada, y lo establecido en los arts. 45 y 67-II de la CPE, se concluye que el Auto de Vista traído en revisión no transgrede ni vulnera el DS 27543 de 31 de mayo de 2004, ni la RM 498 de 7 de septiembre de 2005, u otros preceptos señalados, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia; y conforme al principio de la favorabilidad y proteccionismo de quien fue trabajadora, y en base a la búsqueda verdad material como primacía de la correcta impartición de justicia, y respeto a los derechos consagrados en nuestra Ley fundamental, este Alto Tribunal, considera que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso.
Correspondiendo resolver conforme prescribe el art. 220-II del Código Procesal Civil (CPC-2013), acorde a lo dispuesto en el art. 2-I de la Ley 719 de 6 de agosto de 2015, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 144 a 148, interpuesto por el SENASIR representado por su Director General Ejecutivo a.i. Juan Edwin Mercado Claros, a través de su apoderado Wilmer Sanjinéz Lineo.

References: Resolución 
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