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Timestamp: 2018-02-21 06:55:55+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1983-33885
Documento BOE-A-1983-33885
Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades de altos cargos.
«BOE» núm. 309, de 27 de diciembre de 1983, páginas 34577 a 34578 (2 págs.)
BOE-A-1983-33885
La Constitución española se inspira en el principio de separación de funciones (artículos 66.2, 97 y 117.3), lo que, respecto de los altos cargos, conlleva el establecimiento de las correspondientes reglas de incompatibilidad, a fin de garantizar la independencia e imparcialidad de sus decisiones.
Por otra parte, dicha regulación trata de evitar toda posible colisión de intereses, no sólo en las relaciones del sector público con el privado, sino también entre esferas distintas de aquél.
En tercer lugar, este régimen de incompatibilidades de altos cargos constituye una necesidad ineludible para asegurar la absoluta dedicación a sus funciones y, en consecuencia, el eficaz funcionamiento de la Administración.
Esta Ley, siguiendo el camino iniciado por la de incompatibilidades de Diputados y Senadores, afronta, de forma decidida y con medidas concretas, el entramado de acumulaciones indebidas de cargos y funciones.
Al exigir de los altos cargos el desempeño de un solo puesto y la percepción, en todo caso, de una sola retribución, esta Ley constituye un ejemplo para todos los ciudadanos y un importante paso más hacia la solidaridad y la moralización de la vida pública, especialmente importante en la actual situación de crisis económica.
Finalmente, con esta Ley se cubren los vacíos y se establecen unos principios más progresistas en materia de incompatibilidades que los expuestos en la Ley 20/1982, de 9 de junio, cumpliendo al propio tiempo el mandato del artículo 98.4 de la Constitución, que ordena regular por Ley las incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
1. A los efectos de esta Ley, se consideran altos cargos los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado y todos aquellos titulares de puestos de libre designación por aquel que, por implicar especial confianza o responsabilidad, sean clasificados por Ley como tales.
2. En cualquier caso se entenderán comprendidos en el número anterior los siguientes:
a) Los Jefes de misión acreditados, con carácter de residentes, ante un Estado extranjero u Organismo internacional.
b) Los Subsecretarios, Secretarios generales, Directores generales de los Departamentos ministeriales y los equiparados a ellos.
c) Los miembros del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y los Directores de los Gabinetes de los Ministros y de los Secretarios de Estado.
d) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, Gobernadores y Subgobernadores civiles y Delegados del Gobierno en las islas y en Ceuta y Melilla.
e) El Director general del ente público RTVE y el Presidente, Consejeros y Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.
f) Los Delegados del Gobierno en los entes mencionados en el apartado tercero de este artículo, en los puertos autónomos, Confederaciones Hidrográficas, Sociedades concesionarias de autopistas de peaje y COPLACO.
g) El Gobernador y Subgobernador del Banco de España, los Presidentes y Directores generales del Instituto de Crédito Oficial y demás Entidades oficiales de crédito.
h) El Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.
i) Los Presidentes, Directores generalas y asimilados de las Entidades estatales autónomas.
j) Los Presidentes y Directores generales de las Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
3. A los efectos de esta Ley, se consideran altos cargos los de Presidente, Director general, Gerente y equivalentes de entes públicos, monopolios estatales y Empresas con participación pública, directa o indirecta, mayoritaria, cualquiera que sea su forma, y de las Cajas de Ahorros de fundación pública estatal.
4. Se exceptúan de la enumeración de los dos apartados anteriores los puestos con nivel de Subdirector o inferior reservados reglamentariamente para su provisión entre funcionarios.
1. El ejercicio de un alto cargo se desarrollará con dedicación absoluta, siendo incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, arancel, honorarios o cualquier otra forma, incluidos los cargos de representación popular, así como los electivos en Cámaras o Entidades y los retribuidos de Colegios Profesionales, que tengan atribuidas funciones públicas o coadyuven a éstas, salvo los autorizados en esta Ley.
2. En cualquier caso, no podrá percibirse más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los Organismos y Empresas de ellos dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales, ni optar por percepciones correspondientes a puestos incompatibles, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones y asistencias que en cada caso correspondan por las compatibles.
Conforme a lo previsto en el artículo 2., los cargos enunciados en el artículo 1. son incompatibles entre sí y en particular:
A) Con el ejercicio de la función pública y el desempeño de cualquier otro puesto que figure al servicio o en los presupuestos de las Administraciones, Organismos o Empresas públicas o con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta de los mismos, así como con aquellas otras retribuidas mediante arancel, o cualquier otra forma.
La incompatibilidad a que se refiere este apartado determinará el pase a la situación administrativa o laboral que en cada caso corresponda, con reserva del puesto o plaza y de destino, en las condiciones que determinen las normas específicas de aplicación.
B) Con la percepción de pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.
La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por el tiempo que desempeñen su función, recuperándose automáticamente al cesar en la misma.
Los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado podrán compatibilizar sus cargos con el de Diputado o Senador de las Cortes Generales.
Se exceptúa de lo establecido en el artículo 1. el desempeño de cargos o actividades en Organismos internacionales en representación o por encargo del Estado español, y de misiones diplomáticas de carácter ocasional.
1. Los titulares de altos cargos a que se refiere el artículo 1. podrán ejercitar las actividades siguientes:
a) Ostentar aquellos cargos que les correspondan con carácter institucional, o para los que fueran designados por su propia condición.
b) Representar a la Administración en los órganos colegiados directivos o Consejo de Administración de Organismos o Empresas con capital público. No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración de dichos Organismos o Empresas, salvo acuerdo expreso del Consejo de Ministros, justificado en razón de su cargo.
2. En los casos previstos en el apartado anterior, los interesados sólo podrán percibir, por los indicados cargos o actividades compatibles las dietas, indemnizaciones o asistencias que les correspondan y que se acomodarán al régimen general previsto para la Administración pública del Estado.
Las cantidades devengadas por cualquier concepto y que conforme al párrafo anterior no deban ser percibidas serán ingresadas directamente por el Organismo o Ente o Empresa en el Tesoro Público.
El ejercicio de un alto cargo es incompatible en particular con las actividades privadas siguientes:
A) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios y suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
B) La titularidad individual o compartida de conciertos de prestación continuada o esporádica de servicios, cualquiera que sea la naturaleza de éstos en favor de las Administraciones públicas.
C) El ejercicio de cargos, por sí o por persona interpuesta, que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de Sociedades mercantiles y civiles y consorcios de fin lucrativo, aunque unos y otros no realicen fines y servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las Administraciones, Organismos o Empresas públicas.
D) El ejercicio por sí, persona interpuesta o mediante sustitución, de la profesión a la que, por razón de sus títulos o aptitudes, pudiera dedicarse, salvo que se trate de actividades culturales o científicas efectuadas de forma no continuada.
Las actividades derivadas de la mera administración del patrimonio personal o familiar no están sujetas a lo dispuesto en el artículo 2., salvo el supuesto de participación superior al 10 por 100, entre el interesado, su cónyuge e hijos menores, en Empresas que tengan conciertos de obras, servicios o suministros, cualquiera que sea su naturaleza, con la entidad pública en la que desempeñe su cargo.
Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a Empresas o Sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado civil.
1. Los altos cargos a que hace referencia esta Ley formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad con arreglo al modelo que aprobará el Ministro de la Presidencia.
2. Dicha declaración se efectuará dentro de los tres meses siguientes al de toma de posesión, al de modificación de las circunstancias de hecho o al de entrada en vigor de esta Ley.
La Intervención de la Administración del Estado no autorizará las nóminas o libramientos en que se infrinja alguno de los preceptos de esta Ley.
Primera.- La inclusión de los Directores generales en el ámbito de esta Ley se efectúa sin perjuicio de lo que sobre los mismos pueda establecerse en el régimen estatutario de los funcionarios públicos.
Segunda.- Las escrituras de constitución, modificación, transformación, fusión y absorción de Sociedades no podrán ser autorizadas notarialmente ni inscritas en el Registro Mercantil, si en las mismas no se consigna de modo expreso la prohibición de ocupar cargos en ellas a personas declaradas incompatibles en esta Ley, en la medida y condiciones fijadas en la misma.
Tampoco podrán ser inscritos ni autorizados, en su caso, los nombramientos de cargos de dichas Sociedades si no consignan la declaración expresa de los interesados de no estar incursos en las incompatibilidades establecidas en esta Ley.
Tercera.- Las Empresas o Sociedades que tomen parte en concursos, concursos-subastas o subastas o hayan de encargarse de la gestión de cualquier servicio público deberán acreditar, mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de dirección o representación competente, que no forma parte de los órganos de gobierno o administración persona alguna a las que se refiere esta Ley, debiéndose rechazar aquellas proposiciones que no acompañen dicha certificación junto a los documentos requeridos en cada caso.
Cuarta.- Los preceptos contenidos en el articulado y en la disposición derogatoria de esta Ley se entenderán sin perjuicio de las incompatibilidades más rigurosas establecidas para determinados altos cargos, de acuerdo con la especial naturaleza de su función.
Queda derogado el Decreto-ley de 13 de mayo de 1955 sobre incompatibilidades de los altos cargos y cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en esta Ley. Las referencias al mismo en la legislación vigente se entenderán hechas a la presente Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, 26 de diciembre de 1983.- JUAN CARLOS R.- El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez.
Fecha de disposición: 26/12/1983
Fecha de publicación: 27/12/1983
Fecha de derogación: 13/05/1995
SE DEROGA, por Ley 12/1995, de 11 de mayo (Ref. BOE-A-1995-11340).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 10:1 y 2 y 12, sobre Registros de Intereses de Altos Cargos: Real Decreto 571/1992, de 29 de mayo (Ref. BOE-A-1992-12774).
SE MODIFICA arts. 1, 8, 9, 10 y 11, y la disposición adicional 4 y se añade un art. 12, por Ley 9/1991, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-1991-7736).
SE DICTA EN RELACION con el art. 10, creando el Registro de Intereses: Real Decreto 222/1990, de 16 de febrero (Ref. BOE-A-1990-4651).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, regulando las Indemnizaciones por Razón del Servicio: Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio (Ref. BOE-A-1984-16042).
DEROGA Decreto-ley de 13 de mayo de 1955.
CITA Ley 20/1982, de 9 de junio (Ref. BOE-A-1982-15032).
Banco de Crédito Agrícola
Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana
Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas
Gabinete de la Presidencia del Gobierno
Puertos autónomos

References: artículo 98
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto