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Timestamp: 2020-05-26 12:47:40+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 48-1, de 31/01/2020
cve: BOCG-14-B-48-1
Núm. 48-1
122/000022 Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2020.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Con la nueva redacción del apartado 6 del artículo 15 se trata de volver a la redacción que tenía el artículo en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2007, dotándolo de una mayor coherencia, sin rnerma de las exigencias constitucionales que se imponen en este ámbito.
La redacción actual resulta distorsionadora en tanto responde a un modelo de bicameralismo perfecto que no se corresponde con el que establece nuestra Constitución y que no encuentra cumplida explicación (o justificación) en el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria, que introdujo este especial mecanismo de aprobación ajeno al funcionamiento ordinario de nuestro sistema parlarnentario.
Es más, la redacción de este apartado ya fue criticada en su momento por el Consejo de Estado en su Dictamen al Anteproyecto de la Ley Orgánica que ahora se reforma. El Consejo de Estado propuso ya entonces la recuperación de un inciso que constaba en el apartado 6 del artículo 15 en las versiones anteriores del anteproyecto de la Ley Orgánica 2/2012 que, en términos similares al antiguo artículo 8.3 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de ía Ley General de Estabilidad Presupuestaria, preveía que "si aprobado el objetivo de estabilidad por el Congreso de los Diputados el mismo fuese rechazado por el Senado, el objetivo se someterá a nueva votación del Congreso, aprobándose si este lo ratifica por mayoría simple". El problema que plantea la supresión de esta regla, advertía entonces el Consejo de Estado, no ha sido debidamente resuelto en el anteproyecto y debería por ello ponderarse la inclusión de aquella o la previsión de un tratamiento específico alternativo que permita superar una eventual situación de bloqueo parlamentario a la aprobación del objetivo.
A esta situación de anormalidad normativa, debe añadirse que esta intervención del Senado con capacidad de bloqueo no viene impuesta por ningún precepto constitucional, con lo que nada impide que el legislador orgánico altere el procedimiento actual y recupere el procedimiento parlamentario ordinario. Por el contrario, resulta ciertamente anómalo que se hubiera introducido en la ley orgánica un procedimiento para la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública distinto al que la propia Constitución establece para la aprobación de los Presupuestos. En este sentido, esta reforma busca la coherencia entre la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado. Así, si en la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley, como es el caso de los Presupuestos Generales del Estado, la situación entre las Cámaras no es de equilibrio, no se explica por qué debe darse este equilibrio en la aprobación de unos objetivos íntimamente ligados con dichos Presupuestos. Podemos recordar que el Tribunal Constitucional ha sido muy claro al destacar la diferente posición que ocupan el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento legislativo. Así, la STC 97/2002 destacó "la diferente posición que ocupan el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario, así como de las relaciones entre una y otra Cámara en el ejercicio de la potestad legislativa que el artículo 66.2 CE residencia en las Cortes Generales, todo lo cual responde, en definitiva, a la característica configuración del modelo bicameral adoptado por nuestra Constitución".
Como ha tenido oportunidad de señalar el Tribunal Constitucional en su Sentencia 215/2014, de 18 de diciembre, el Estado es el competente para regular la materia relativa a la estabilidad presupuestaria ex artículo 149.1 CE, apartados 11, 13, 14 y 18 (SSTC 134/2011, de 20 de junio, FJ 11; 157/2011, de 18 de octubre, FJ 3, y 203/2011, de 14 de diciembre), salvo en aquellos aspectos cuyo conocimiento le ha sido atribuido a las instituciones de la Unión Europa con fundamento en el artículo 93 CE (STC 61/2013, de 14 marzo).
El hecho de que esta sea una materia de competencia estatal no implica, sin embargo, que las Comunidades Autónomas no intervengan en la fijación de estos objetivos. No obstante, y como también ha sostenido el Tribunal Constitucional en la citada STC 215/2014, de 18 diciembre, esta participación no se consigue a través de la intervención del Senado en el proceso de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, en cuanto en el Senado no están representados los territorios, sino que la intervención autonómica se garantiza con la participación de las Comunidades Autónomas, a través de sus órganos de dirección política, en los procedimientos respectivos de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera.
El apartado 6 del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, queda redactado de la siguiente manera:
La presente Ley Orgánica entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

References: artículo 124
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 66
 artículo 149
 artículo 93
 artículo 15