Source: https://studylib.es/doc/8767369/la-concepci%C3%B3n-de-derechos-fundamentales-en
Timestamp: 2019-04-21 16:21:54+00:00

Document:
la CoNCEPCiÓN dE dEREChos FuNdaMENTalEs EN
LA CONCEPCIÓN DE DERECHOS
Sistemas normativos humanitarios
Para poder entender los alcances de las proposiciones planteadas anteriormente es necesario tener en consideración los aspectos más destacados de los
sistemas normativos que se han preocupado de los derechos individuales en el
ámbito interno y en el ámbito internacional. De allí que el objeto de este primer
capítulo sea situar el contexto normativo en el que se inserta la discusión sobre la
concepción de derechos fundamentales.
En primer lugar voy a reseñar algunos temas que es necesario tener presente
acerca del contexto del proceso de codificación y su relación con los derechos
individuales. Analizaré la forma en que se produjo la codificación del derecho público, centrándome en los principios que lo inspiraron. A continuación, describiré
las bases teóricas sobre las cuales se produjo la codificación y cuál es el estado
actual del debate. Finalmente, esbozaré el desarrollo histórico de este proceso de
codificación de los derechos individuales.
En el ámbito del sistema internacional de derechos haré una revisión de los
principales vínculos entre el derecho internacional y los derechos individuales.
Enseguida analizaré el sistema normativo de derecho internacional de los derechos humanos, estudiando las bases teóricas sobre las cuales se ha construido la
consagración de dichos derechos en el campo internacional y reseñaré el desarrollo histórico de concreción de este proceso. Para terminar, haré una revisión de
los principios y objetivos que se ha planteado el proceso de internacionalización
Esta revisión de los sistemas normativos de derechos humanos me permitirá
fijar el marco en el cual se inserta la tesis y, además, adelantar algunas de las
bases del debate sobre la legitimidad de la consagración de derechos y sus mecanismos de control, materia que se tratará en la parte final de este texto.
II. Codificación y derechos
Para entender el lugar que ocupan los derechos fundamentales en el desarrollo del constitucionalismo comparado, del derecho público y del derecho internacional, es necesario que nos remontemos a los inicios del proceso codificador
del Derecho. En particular, me interesa determinar las circunstancias históricas
que dieron forma a la codificación, su método y los principios que inspiraron el
1. Concepto y contexto históricos
La codificación se enmarca en el proceso histórico de la Ilustración, período
que posee características políticas y jurídicas que resultan relevantes para nuestro análisis.
En lo político, se caracteriza por una fuerte tendencia hacia la concentración
del poder en manos del monarca, mediante la cual se pretende que éste ejerza un
poder efectivo sobre sus súbditos. En este contexto, la codificación se presenta
como un buen aliado del proceso de concentración y unificación del poder.
En el plano jurídico, el proceso de codificación es reflejo de un momento histórico caracterizado por la incertidumbre del derecho vigente, la existencia de una
gran cantidad de normas y, más importante aún, un exceso de opiniones doctrinales que aconsejaban la codificación o a lo menos dar respuesta legislativa a
las principales cuestiones debatidas en aquella época. El siglo xvii, según Solari,
es una época de crisis del derecho. Es evidente la falta de unidad de las leyes
civiles, derivada del particularismo propio de la Edad Media, por lo que surge la
necesidad de remediar esa falta de unidad.
Período que según señala Cattaneo se caracteriza por el racionalismo en el derecho natural y el
voluntarismo en el derecho positivo, véase Cattaneo, 1966, p. 13.
Un buen ejemplo de este proceso es el caso de la unificación iniciado por María Teresa en los
Estados austríacos en el año 1753, Véase Solari, 1946, p. 334; Cannata, 1996, p. 185.
Cannata, 1996, p. 177.
Solari, 1946, p. 59-60.
El proceso de la codificación corresponde al resultado de los esfuerzos mancomunados de monarcas, juristas y filósofos de reducir a una unidad material y
formal toda la legislación civil.
En el racionalismo se desecha la exégesis del ius commune y se opta por
una visión más sistemática e independiente de los textos jurídicos positivos. La
ley comienza a primar por sobre la costumbre y su interpretación por sobre la
doctrina y los precedentes. Ante la dispersión de normas, el racionalismo opta por
el camino de la codificación, esto es, “la ordenación racional del material de un
sector jurídico partiendo de nuevo o, al menos, redactando de nuevo las regulaciones concretas y tratando de evitar contradicciones, redundancias y lagunas”,
desechando la opción tradicional que era la recopilación.
La base teórica que sirvió de sustento a la codificación del derecho privado
fue la diferenciación de diversos derechos subjetivos que eran asumidos como
evidentes (axioma). A partir de ellos se sistematizan y ordenan racionalmente los
diversos elementos y consecuencias que pueden extraerse de estas ideas generales. La idea del derecho privado se vincula directamente con los supuestos
dogmáticos de la época: la voluntariedad del pacto, con el énfasis individualista,
y el rol de la voluntad como causa de las obligaciones con la única limitación del
pacta sunt servanda.10
Desde el momento en que se pretende fundar el Derecho en dos estadios de
desarrollo, el estado de naturaleza y la sociedad civil, se produce la percepción
de estar frente a dos sistemas diversos, uno individual y otro colectivo. A partir de
la idea del estado de naturaleza y los derechos de que la persona es titular, aun
con posterioridad del pacto, surge la noción de derechos individuales como parte
del derecho privado. En cambio, la sociedad política que construyen las personas
es regida por reglas que son comprensivas del derecho público.11
Ruiz Miguel, 2002, capítulo 3.
Ibid., pp. 270-275.
Éste es el concepto elaborado por Grocio (Solari, 1946, p. 25).
3. Principios inspiradores del proceso de codificación
Los principios sobre los cuales se desarrolla el proceso de la codificación son
los derechos naturales, la sistematización y los derechos subjetivos. Éstos son los
principios que inspiran el iusracionalismo dominante en la época.
Los derechos naturales del individuo, entendidos como derechos inalienables
y anteriores al Estado, son la base en que se construye toda la sistematicidad del
proyecto codificador. Los derechos reconocidos en ese momento –libertad, igualdad, propiedad– se reflejan en todas y cada una de las instituciones legales de la
época, las que no podían ser contradictorias con dichos postulados esenciales.
La sistematización dice relación con la construcción de un sistema lógico
fundado racionalmente y en el que existe un solo intérprete, el legislador.12 Toda
la legislación debía ser resumida en pocos principios axiomáticos de los cuales
derivar, por vía deductiva, las normas de acción. Este proceso debía reflejar principios inmutables, cuyo origen está en el carácter central de los derechos de las
personas; debían tener uniformidad, expresión del dogma de la igualdad ante la
ley; y, por último, el juez debía limitarse a aplicar la ley al caso concreto. Esto
debía reflejarse en un sistema coherente de normas, sin lagunas, que abarcara
todas las situaciones previsibles.13 Todo ello por medio de leyes simples y fácilmente comprensibles para todas las personas.14
Finalmente, los derechos subjetivos corresponden a los derechos que se reconocen en la legislación y que el individuo, por la sola condición de tal, puede
exigir del Estado, encontrándose éste obligado a respetarlos. El Estado reconoce
y garantiza estos derechos mediante las normas contenidas en las leyes.
4. Metodología del proceso codificador
La influencia del racionalismo jurídico se demuestra en el predominio de un método propio (demostratio). Consiste en construir una doctrina a partir de algún
axioma supuesto como evidente, del que se deducen escalonadamente criterios
y normas hasta lograr construir un sistema completo de Derecho. Éste puede ser
racional o ideal, pero siempre con la vocación de ser puesto en vigor.15
“La sola interpretazione legittima per l’Illuminismo è quinde l’interpretazione autentica. Uno
dei cardini della concezione giuridica illuministica è perciò la rigida defesa della certezza del diritto”
(Cattaneo, 1966, p. 16).
Figueroa, 1982, p. 84.
Cattaneo fija éste como uno de los principios presentes en la Revolución francesa (Cattaneo,
1966, p. 109).
III. Sistema normativo constitucional
1. Justificación teórica de la consagración constitucional de los derechos
La teoría racional del Estado y el derecho racional en que convergen las doctrinas iusnaturalistas racionalistas son la base del proceso de codificación y del
constitucionalismo.16 Las ideas que primaron en el constitucionalismo de fines del
siglo xviii y siglo xix fueron muy similares a las que inspiraron el proceso codificador. Destaca el principio de una ley ordenadora, esto es, la primacía de la ley
y la creencia en su valor renovador y transformador de la realidad; la exigencia
de someter a límites preestablecidos al poder político y con ello lograr garantizar
ciertas libertades individuales; y la búsqueda de la seguridad jurídica mediante el
conocimiento general que permite un texto escrito.17
A partir de estas conexiones, exploraré los principales aspectos del pensamiento iusnaturalista racionalista que permiten comprender de mejor forma los
alcances de la codificación del derecho público. Asimismo, formularé algunas
reflexiones en torno al proceso histórico que concretó estos principios teóricos.
Finalmente, analizaré una versión actual del pensamiento político que recoge algunos elementos centrales del pensamiento ilustrado y que busca una explicación
del proceso de codificación de los derechos individuales.
1.1. Visión teórica tradicional: los iusnaturalistas racionalistas
El marco conceptual en el que se desenvuelven las ideas sobre los derechos
individuales está marcado por el desarrollo de los conceptos de “soberanía” y
“Estado moderno”, así como la idea de tolerancia, consecuencia de las guerras
religiosas provocadas por el proceso de Reforma protestante. Será a partir de
las ideas iusnaturalistas racionalistas del siglo xviii que se construyen las bases
teóricas de los derechos individuales y su vinculación con la sociedad política.
El desarrollo del pensamiento vinculado con el derecho natural racionalista
surgió como respuesta a los cambios y avances en la sociedad de Europa occidental de los siglos xvii y xviii. Sin duda era una sociedad que había cambiado;
los descubrimientos, el contacto con nuevos territorios y gentes, la reforma religiosa, entre otros eventos, trajeron consigo la necesidad de que el pensamiento
jurídico busque respuesta adecuada a esta nueva diversidad. En este contexto,
Ruiz Miguel, 2002, p. 269.
Ibid., pp. 275-276.
los iusnaturalistas tomaron las herramientas del pensamiento racionalista y vieron en la construcción de un derecho basado en la razón una respuesta general
de validez que ya no requería de sustentos religiosos, puestos en conflicto en
la nueva realidad social. Cabe además destacar que los nuevos juristas no eran
necesariamente religiosos ni teólogos, tampoco tenían una estrecha vinculación
con las universidades; eran, en especial, personas vinculadas a los problemas
prácticos y políticos de la época, lo que les entregó una nueva visión y nuevas necesidades de respuesta.
El pensamiento natural racionalista concibe el Derecho como una dualidad,
diferenciando el derecho natural del positivo. De este modo, corresponde al derecho natural dar el contenido ideal del derecho positivo.18 A su vez, los iusnaturalistas separan radicalmente la esfera del Derecho de aquella que corresponde a la
actividad del Estado (Lex).19
Bajo la influencia del racionalismo, los iusracionalistas entienden que el derecho natural “reside en la naturaleza racional del hombre”.20 El contenido del
Derecho radicaría en la pura razón del individuo, por lo que éste conservaría
su validez aún sin la existencia de Dios, separándose de la visión teológica que
situaba la validez del derecho en la revelación divina.21 El método de análisis para
obtener el contenido de este derecho consiste en extraer, mediante la lógica, las
consecuencias prácticas derivadas de ciertos principios. De este modo, para estos pensadores, el análisis lógico no representa sólo un elemento clarificador, sino
el instrumento mismo del saber. Así, la conceptualización adquiere un nuevo rol
como medio para obtener contenidos, crearlos constructivamente y fundarlos en
virtud de esta actividad constructiva.22
El derecho natural racionalista también pretende una validez universal e intemporal fundada en la razón humana, con lo cual marca su emancipación de la
Teología Moral.23 Este proceso de separación permite que Thomasius, discípulo
de Pufendorf, plantee la separación del Derecho de la Moral.24
Los iusnaturalistas desarrollan, además, la idea de limitación del poder, fundada en los derechos individuales. Ésta es una noción central para entender la
Figueroa, 2000. La profesora María A. desarrolla en esta materia un interesante acercamiento
que ha iluminado toda mi aproximación al tema; sin duda estoy en deuda con ella.
Cassirer, 1950, p. 229. Por su parte, Thomasius plantea la idea de que el derecho natural es
sólo un elemento ideal normativo, pero no es Derecho (Welzel, 1977, p. 173).
Figueroa, 2000.
Cassirer, 1950, p. 228.
Wieacker, 2000, p. 226.
Welzel, 1977, p. 171.
visión actual de los derechos fundamentales. El poder ilimitado es contrario a esta concepción de derecho natural, ya que algunas de sus nociones fundamentales,
como la sociabilidad del hombre, su libertad original (en el estado de naturaleza) y
la voluntariedad del pacto (que validaría el ejercicio del poder estatal), se alzan en
sí mismas como limitaciones a este poder: “el Estado puede crear y fundar derecho en la medida que alberga en sí un derecho original y lo realiza”.25 A partir del
método de la abstracción lógica, los pensadores iusnaturalistas determinan ciertos
derechos inherentes a la naturaleza del hombre26 (libertad, igualdad, propiedad).
Estos, operan como supuestos necesarios para su desarrollo en sociedad y, de
esta forma, fundan el ordenamiento jurídico que le es legítimo dictar al Estado.
El racionalismo jurídico, debido a su separación de la teología moral y de su
máxima expresión, la verdad revelada, se ve forzado a buscar nuevas bases en
las cuales fundar su dogmática. Los avances habidos en las ciencias naturales y
el desarrollo del método cartesiano, permiten a los racionalistas nuevas aproximaciones a la idea de persona y sociedad, ya no desde verdades reveladas,
sino desde verdades descubiertas por medio de la razón. Sólo así sería posible
el desarrollo de una teoría de la persona y la sociedad fundada en este nuevo
En el racionalismo se observa la separación entre el método apriorístico y
el empírico, lo cual es explicable por las dos corrientes de pensamiento que se
observan al interior del racionalismo. Una corriente deposita su fe exclusivamente
en la razón y ve la posibilidad de descubrir verdades naturales que pueden ser
expresadas en axiomas de los cuales es posible concluir verdades particulares
a través de la deducción y la lógica.27 Por otro lado, en la segunda corriente28
se busca las respuestas por medio del conocimiento práctico; sólo se cree en
aquello que puede ser demostrado mediante los métodos desarrollados por las
ciencias naturales.29 Ambos métodos están presentes en todo el debate racionalista, compartiendo un mismo espacio, buscando explicar los mismos procesos
históricos y creando una misma dogmática: la dogmática racionalista. En ambos
métodos la razón juega un rol central, rechazando las respuestas que no puedan
ser justificadas por la razón o por la experiencia empírica.
Cassirer, 1950, p. 247.
A partir de este pensamiento se desarrolla la idea innata de lo justo y de los derechos innatos
del hombre, con fundamento en el derecho objetivo (Solari, 1946, pp. 12-13).
Esta corriente en lo jurídico invocó el sentido innato de lo justo, o bien lo útil y las necesidades
sociales, basando su sustento en la experiencia y la utilidad social que engendran la idea abstracta de
lo justo y su obligatoriedad (Solari, 1946, p. 14).
En el siglo xvii, Bacon destaca el estudio empírico de la política que realizara Maquiavelo
(Cassirer, 1968, p. 142). Hazard nos plantea que el método de conocimiento favorito de la época es el
análisis y su procedimiento, la experiencia (Hazard, 1958, p. 51).
El pensamiento empirista se basa en el conocimiento obtenido a partir de la
observación de las cosas en su estado natural, la determinación de su comportamiento y extracción de conclusiones generales.30 Esta corriente influyó en los
estudios del individuo y la sociedad. Se busca lograr determinar el estado de naturaleza de la persona y poder explicar su comportamiento natural, regido sólo por
las leyes naturales y de ahí extraer las consecuencias del porqué de la creación
de la sociedad y el Estado. En este proceso de atomización de la persona se llega
a la idea del estado de naturaleza, que será para los pensadores racionalistas el
punto de partida de su análisis. Al poder determinar el comportamiento de las
personas en su estado natural se puede explicar el por qué de su posterior evolución.31
En la descripción misma del estado de naturaleza nos encontramos con diferentes concepciones. Hay quienes sostienen que éste es un estado de conflicto,
de inseguridad, de guerra permanente,32 mientras otros sostienen exactamente lo
contrario, esto es, que los hombres son plenamente libres y viven en armonía.33
Cualquiera sea la concepción, es claro que este estado de naturaleza termina, y
entonces se produce un traspaso a un nuevo estadio de desarrollo, en el cual se
pasa de lo individual a lo social; es la construcción de la idea de sociedad.34
La sociedad natural corresponde a este estadio de desarrollo en el cual se
constituye la sociedad; el individuo deja de ser un sujeto aislado para transformarse en un sujeto social. La sociedad natural corresponde a una unión interesada de
los sujetos. Éstos han dejado su estado de total libertad y goce pleno de todos los
derechos con el objeto de convivir con otros sujetos.35
Este estado de sociedad natural da paso luego a la sociedad política, entendiendo por tal aquella estructura en la cual los hombres se organizan y crean insti30
Hazard, 1958, p. 15.
Hazard nos plantea que la búsqueda empírica del estado de naturaleza que tenía por objeto
conocer las normas que lo regularían (ibid., p. 199).
En este sentido Hobbes señala “a pesar de las leyes de naturaleza… si no se ha instituido
un poder o no es suficientemente grande para nuestra seguridad, cada uno fiará tan sólo, y podrá
hacerlo legalmente, sobre su propia fuerza y maña, para protegerse contra los demás hombres” y más
adelante agrega “[L]os hombres están en permanente pugna –tienden a su beneficio privado– muchos
se imaginan a sí mismos más sabios y capaces para gobernar la cosa pública –tienen voz y conceptos para diferenciar bueno de lo malo– son capaces de comprender la injuria o daño de otros –la unión
es por pacto, no se da de modo natural” (Hobbes, 1651, pp. 173-174). En el mismo sentido, Spinoza,
véase Ruiz Miguel, 2000-2003, p. 43.
En esta posición, Locke; un poco más escéptico, Rousseau (Ruiz Miguel, 2000-2003, pp.
Este estado de naturaleza es considerado por algunos como un estado hipotético y otros lo
consideran un hecho histórico universal, pero su fuerza proviene de su carácter hipotético (ibid., pp.
tuciones que regulan la vida en comunidad. Esta sociedad política recibe el poder
de las cesiones de derechos que le hacen sus miembros con el objeto de obtener por su intermedio ciertos valores buscados (seguridad, libertad, propiedad).
Es interesante tener presente que este proceso no es igual en el concepto
de los pensadores de la época. Algunos conciben directamente el paso desde
el estado de naturaleza a la sociedad política, mediante la renuncia de todos los
derechos.36 Para otros, esta renuncia de derechos es un paso intermedio, sin que
represente necesariamente el final del camino en la construcción de la sociedad
política.37
Este paso desde el estado de naturaleza al estado de sociedad natural y eventualmente a la sociedad política, es un paso que necesita un acto de voluntad. En
esto se manifiesta el individualismo propio del racionalismo de los siglos xvii y xviii.
Todo el proceso de constitución de la sociedad se funda en la voluntad de quienes
la integran.38
Esta manifestación de voluntad que funda y legitima la organización social y el
poder, se expresa en la idea de pacto social.39 Éste consiste en la renuncia que
efectúa cada individuo a los derechos de que es titular en el estado de naturaleza
y el posterior traspaso de estos a la sociedad y específicamente al ente político
que manifiesta esta organización: el Estado.40
Por otra parte, esta idea de pacto como constitutivo del Estado, da origen al
constitucionalismo, el que construye una estructura política sobre la base de la
expresión y articulación sistemática de la voluntad general.41 En cuanto a la po“... de esta institución de un estado derivan todos los derechos y facultades de aquel o aquellos
a quienes se confiere el poder soberano por el consentimiento del pueblo reunido” (Hobbes, 1651, p.
“Conviénese en que todo lo que cada individuo enajena, mediante el pacto social, de poder,
bienes y libertad, es solamente la parte cuyo uso es de trascendencia e importancia para la comunidad, mas es preciso convenir también que el soberano es el único juez de esta necesidad” (Rousseau,
1762, p. 39).
Tampoco hay consenso de si este proceso es natural; sólo Grocio habla de una tendencia
natural en este sentido, la apetitus societatis, el resto de los autores lo considera más bien un acto
calculado, necesario, más que natural (Ruiz Miguel, 2000-2003, pp. 40-43). Pero para todos los autores es el expediente justificador básico de la asociación política (ibid., p. 49).
Algunos autores, et al., Hobbes, Spinoza, Kant, lo consideran una idea regulativa al servicio
de la justificación más o menos completa del Estado; otros como Locke, Pufendorf y Rousseau, lo
conciben como una realidad histórica, ya sea expresa, táctica o futura (ibid., pp. 48-49).
“Al ser los hombres […] todos libres por naturaleza, iguales e independientes, ninguno puede
ser sacado de esa condición y puesto bajo el poder político de otro sin su propio consentimiento. El
único modo en que alguien se priva a sí mismo de su libertad natural y se somete a las ataduras de
la sociedad civil, es mediante acuerdo con otros hombres, según el cual todos se unen formando una
comunidad” (Locke, 1690, p. 111).
Tomás y Valiente, 1997, p. 422.
sibilidad de dejar sin efecto el pacto, algunos autores plantean su imposibilidad,
mientras que otros se pronuncian a favor ello.42
Por su parte, Rousseau plantea una variación a esta línea de pensamiento
ya que no centra su doctrina en el individuo, sino que “levanta el problema por
encima de la esfera del ‘ser individual’ y lo orienta de una manera cierta y expresa hacia el ‘ser social’”.43 Parte de la base del estado de naturaleza como un
estado de ‘felicidad relativa’.44 Desde allí se evoluciona, necesariamente, hacia
el estado civil, pero éste no logra satisfacer las necesidades del individuo debido
al surgimiento de la codicia y la propiedad privada. Para salir de esta situación el
hombre llega a un pacto que, a diferencia de sus predecesores (Grocio y Hobbes)
no es concebido como irrevocable y de sumisión total. El nuevo orden, sociedad
política o Estado, se funda en el consentimiento unánime de todos los ciudadanos
hacia la voluntad general, entendiendo por tal lo justo, lo bueno, lo que debe ser.
Esta voluntad general se constituye sobre la idea de que los hombres aspiran
hacia estos valores.45 De esta manera, puede desarrollar su idea de la ‘voluntad
general’, que permite que en sociedad cada uno no quede sujeto al arbitrio de los
demás, sino que sólo obedezca a dicha voluntad general que el sujeto conoce y
reconoce como propia.46
1.2. Visión teórica revisitada: Rawls y el debate actual
La teoría de la justicia de Rawls es el aporte más sustancial a la filosofía
política de la segunda mitad del siglo xx.47 Dentro de la vastedad de temas que
aborda Rawls nos interesa especialmente su visión del proceso de formación de
la estructura básica de la sociedad y cómo la aplicación de su método de razonamiento nos lleva a la conformación, idealmente, de una sociedad constitucional
democrática, donde los derechos individuales –en particular, los derechos de
libertad– ocupan un papel fundamental.
Es interesante el análisis de la teoría rawlsiana toda vez que este autor integra
algunas nociones esenciales del iusracionalista con una perspectiva actual, siendo de gran influencia en el pensamiento filosófico contemporáneo. Principalmente,
encontramos en el pensamiento rawlsiano la idea de pacto48 y el desarrollo de
Ruiz Miguel, 2000-2003, p. 59-61.
Cassirer, 1950, p. 176.
Concepto usado por Rodríguez Paniagua, véase Rodríguez, 1992, p. 251.
Ibid., p. 256. En el mismo sentido, Cassirer, 1950, p. 176.
Cassirer, 1950, p. 180.
Seguimos a continuación, principalmente, el desarrollo de su teoría en Rawls, 1971 y 1993.
La tesis contractualista de Rawls tiene ciertas particularidades, en especial su carácter hipotético, esto es “un acuerdo que firmaríamos bajo ciertas obligaciones ideales, y en el cual se respeta
nuestro carácter de seres libres e iguales” (Gargarella, 1999, p. 31).
una teoría que explica los pasos en la construcción de una sociedad regulada por
ciertos principios y leyes.
Ralws plantea cuatro etapas para concretar la construcción del acuerdo social:
a) definir los principios de justicia, lo que se realiza mediante el método de la posición original tras el velo de la ignorancia; b) una vez definidos los principios de la
justicia, es necesario aplicar estos principios en el diseño de la estructura básica
de la sociedad; c) definir aquellas materias que deberán ser resueltas mediante
la legislación; d) definir aquellas cuestiones que son propias de decisión en el
campo judicial.49
En el diseño rawlsiano, una vez determinados los principios de justicia se debe
definir el diseño de la estructura básica de la sociedad. Ésta deberá comprender
la forma según la cual las instituciones sociales relevantes (constitución, acuerdos
económicos o sociales) distribuirán derechos y obligaciones y, a su vez, cómo se
determinará la división de los beneficios provenientes de la cooperación social.50
Asimismo, es necesario que se estipulen normas constitucionales que aseguren
la aplicación de los principios elegidos en la posición original. Luego, se deben resolver los temas relativos a la justicia de la legislación y de las políticas sociales,
optar por aquellas disposiciones constitucionales que sean válidas y, finalmente
decidir, dentro de las opiniones contrapuestas que surjan de la discusión sobre
la aplicación de los principios, cuáles de ellos prevalecerán. Con este sistema,
se podrán “jerarquizar procedimientos para decidir qué opinión ha de ser promulgada como ley”.51 Finalmente, el ciudadano tendrá que definir ciertos mecanismos
para determinar en qué casos “las decisiones mayoritarias habrán de cumplirse y
en cuáles pueden ser rechazadas como no obligatorias”.52 Esto es factible ya que
las decisiones operan sobre la base de un sistema de justicia procesal imperfecta,
por lo que el resultado del procedimiento legal debe estar acorde con los límites
impuestos en el proceso constitucional a la luz de los principios de justicia.
Para efectos de nuestro análisis, nos concentraremos en las etapas que
van desde el proceso de aplicación de los principios de justicia al diseño de un
Estado constitucional. En especial, me interesa de la teoría rawlsiana su visión
de la constitución y cómo en ella confluyen las ideas básicas que configuraron la
relación constitución/derechos en el pensamiento constitucionalista tradicional.
En un debate sostenido con Habermas, Rawls aclara que esta “secuencia en cuatro etapas”
es “parte de un marco de pensamiento que como ciudadanos en la sociedad civil nosotros, quienes
acepatamos la justicia como equidad, tenemos que utilizar al aplicar sus conceptos y principios”
(Habermas y Rawls, 1998, p. 102).
Rawls, 1971, p. 20.
Ralws, 1993, pp. 187-188.
Para Rawls, idealmente, “una constitución justa será un procedimiento justo
dispuesto de manera que asegure un resultado justo”. Para lograr dicho fin, es
necesario que se incorporen al procedimiento mismo “las libertades de una ciudadanía igual”, las que deberán ser incorporadas y protegidas por la constitución.53
En el modelo constitucional democrático defendido por Rawls, el principio de
la igualdad de la libertad incorporado a la constitución exige que “las libertades
fundamentales de la persona y las libertades de conciencia y pensamiento estén
protegidas y que el proceso político como un todo, sea un procedimiento justo.
[A]sí, la Constitución establece un status general de igualdad ciudadana y realiza
la justicia política”.54
Si miramos el proceso que nos propone Rawls desde la perspectiva de los
derechos, debemos concluir que la cuestión de consagrar ciertos derechos se
concentra en el paso desde los principios de justicia a la configuración de “la
justicia de las formas políticas y escoger una constitución”.55 Ello implica, según
nos aclara en Political Liberalism, decidir dos cuestiones: “los principios fundamentales que especifican la estructura general de gobierno y el proceso político”
y los “derechos y libertades básicas de la ciudadanía, en pie de igualdad, que la
mayoría legislativa ha de respetar”.56 Por tanto, en este modelo la soberanía no
reside en la legislatura, sino en el poder constituyente. Así, la regla de mayoría
es el sistema de decisión en manos de cuerpos legislativos, con las restricciones establecidas por los elementos esenciales de carácter constitucional.57
En síntesis, Rawls nos propone una construcción teórica a partir de la idea de
pacto. En ella, los derechos individuales pasan a constituir una de las bases del
diseño institucional, compartiendo un mismo nivel con las cuestiones de estructura de gobierno y proceso político. Estos son elementos centrales de una idea de
democracia constitucional que explique el actual debate sobre los alcances del
diseño constitucional sobre derechos fundamentales, donde precisamente la relación entre derechos individuales y diseño de poder (toma de decisiones, regla de
mayorías, entre otros) es fundamental para determinar la legitimidad tanto de la
consagración constitucional de derechos como de sus mecanismos de garantía.
2. Evolución histórica de la consagración constitucional de los derechos humanos
Habiendo revisado las bases teóricas desarrolladas por la doctrina, pasaremos
a revisar cómo algunas de estas ideas se han concretizado en procesos polítiIbid., pp. 190-191.
Ibid., p. 190. Un estudio de las consecuencias de este proceso, véase Moreso, 2000, pp. 15-51.
Rawls, 1993, p. 217.
cos y sociales. Para este análisis me centraré en la recepción de los derechos
individuales en los textos constitucionales y el diseño de los sistemas de control
jurisdiccional como garantía de los derechos individuales.58
Desde una perspectiva histórica, el proceso de codificación del derecho público
desarrollado a partir del siglo xviii determinó la forma en que serían incorporados
los derechos fundamentales en las constituciones nacionales durante los siglos xix
y xx. Lo relevante es determinar las características concretas que adoptaron los
principales procesos codificadores y cómo estos se adecuaron o no a los principios propuestos por la codificación.
La primera experiencia relevante y que marca el proceso venidero es el caso
norteamericano. Si seguimos a Cruz Villalón, en este caso podemos distinguir dos
etapas: una de fundamentación y otra de constitucionalización.59 En la primera se
desarrollan las ideas de los derechos del hombre y la estructura política, ambas
entendidas como una consecuencia del pacto social. De este modo, los derechos del individuo no son considerados como derechos anteriores al estado de
sociedad política (derechos naturales), sino derechos que cambian su naturaleza
y pasan a ser derivados de la idea de pacto.60 En cuanto a la incorporación de
estos derechos a la Constitución, esto es, su constitucionalización, ésta tuvo un
triple efecto: las declaraciones de derechos pasan a tener rango constitucional, su
revisión quedó a disposición del constituyente y el control de la constitucionalidad
de las leyes se realiza a través del procedimiento de la revisión judicial.61
En Europa el proceso está marcado por las experiencias de Francia y Alemania.
El proceso de fundamentación se da en términos similares al americano, pero al
momento de su constitucionalización se presentan algunos fenómenos que determinan su fracaso. Nos encontramos con la desnaturalización de los derechos
y su desconstitucionalización.62 La desnaturalización proviene del hecho que en
las constituciones posteriores al proceso revolucionario sólo se establecen las garantías de los derechos, pero su definición deja de ser la base de la estructura de
codificación del derecho público. La desconstitucionalización se produce porque
los derechos individuales quedan fuera de la Constitución, la que sólo contempla
la estructura política del Estado.63
En el siglo xx, este proceso tiene un cierto giro, concretamente en Alemania,
con el desarrollo de la República de Weimar. Aquí el constituyente desarrolló un
En la parte dogmática se recogen las declaraciones de derechos y, en la orgánica, la organización del poder, véase Ruiz Miguel, 2002, p. 277.
Cruz, 1989, p. 43. En el mismo sentido, véase Hart Ely, 1997, pp. 19-96.
Cruz, 1989, p. 45.
Ibid., pp. 45-48.
Ibid., p. 51. Véase en el mismo sentido crítico a Ruiz Miguel, 2002, pp. 275-291.
Cruz, 1989, p. 52.
amplio catálogo de derechos, aunque muchos de ellos con remisión a la ley, para
ser desarrolladas por ésta.64 No será sino hasta mediados del siglo xx, tal como
veremos en su oportunidad en este estudio, que los derechos fundamentales ocupen un lugar central en la construcción constitucional alemana.
Los procesos americano y francés se enfrentaron a distintas adversidades, lo
que marcó su desarrollo. Comparativamente, siguiendo a Ruiz Miguel, podemos
señalar que en ambos procesos revolucionarios hubo una distinta concepción de
la relación entre constitución-ley-control judicial de los derechos constitucionales.
En particular, la confianza-desconfianza del Poder Legislativo respecto de los
otros poderes articula procesos diversos.
En la experiencia americana se considera a la Constitución como un instrumento de garantía de los derechos individuales frente al poder estatal, incluso por
encima del Poder Legislativo. Esta tendencia se desarrolla en particular a partir de
1803, mediante la técnica del control judicial ordinario de constitucionalidad de la
legislación.65 Al contrario, en el caso francés, si bien en materia de declaraciones
de derechos fue fructífero, el proceso puede ser considerado como un caso de desconstitucionalización de los derechos, en la medida que su regulación fue dejada
por completo en manos de la ley. En la Francia revolucionaria había una gran desconfianza en el Poder Judicial, visto como un aliado del ancien régime. Esto determinó al parlamento y en consecuencia a la ley como la única instancia legítima
para desarrollar y establecer los límites de los derechos enumerados en las declaraciones.
En América Latina este proceso de constitucionalización tuvo un gran impacto
en el desarrollo institucional de las nuevas repúblicas. El constitucionalismo se
manifestó en Latinoamérica a través de textos que consagraban largos y completos catálogos de derechos, pero en una gran mayoría de los casos estos eran
meras declaraciones formales, alejadas de la realidad y sin mecanismos concretos que permitieran a la constitución influir en la toma de decisiones de la estructura estatal.66 En materia de control de constitucionalidad, el constitucionalismo
latinoamericano posee ciertas características particulares que hacen interesante
su análisis. En efecto, en un primer momento siguió el modelo norteamericano
de control constitucional. Sin embargo, con posterioridad a la Segunda Guerra
Mundial, el modelo europeo o concentrado se impuso, con la peculiaridad que en
muchos sistemas constitucionales se conservó la facultad de los jueces ordinarios
para no aplicar las normas legales en los casos que eran sometidos a su conoIbid., p. 57.
El caso clave en este proceso es Marbury vs. Madison, para un completo análisis de sus implicancias en el constitucionalismo norteamericano, véase Ackerman, 1991, pp. 41, 63, 71, 72, 262.
Para un completo análisis de este proceso, véase Garzón, 1993, pp. 201-234 (225-234).
cimiento. Se crean, en consecuencia, sistemas mixtos, duales o paralelos que
combinan los paradigmas de control de constitucionalidad.67
A partir de estos datos del proceso de constitucionalización de los derechos
fundamentales es posible destacar la directa relación entre la teoría de los derechos y los procesos históricos y, en particular, cómo los desafíos de cada momento histórico determinan la aplicación de diseños y prácticas institucionales.
Esta es una cuestión relevante para el objeto de esta investigación.
IV. Sistema normativo internacional
Al igual que en el proceso de codificación del derecho público en el ámbito
nacional, en el internacional también ha habido un desarrollo de la idea de derechos individuales como base del sistema normativo internacional en el siglo xx. A
continuación analizaremos las bases teóricas que sustentan la construcción de un
sistema normativo internacional de derechos humanos y revisaremos algunos de
los hitos de su implementación histórica.
Esta sección permitirá observar ciertas similitudes y diferencias con los procesos teóricos y prácticos desarrollados en el ámbito nacional. Tener claridad acerca de las particularidades de cada proceso permitirá plantear más nítidamente
el desafío de apuntar hacia un sistema que integre elementos de los modelos
normativos nacionales e internacionales, tal como se desprende del desarrollo de
1. Justificación teórica de la consagración internacional
El propósito de esta parte del estudio es analizar cómo se ha producido la
consagración de los derechos individuales en el plano internacional. El centro
del análisis de esta sección radicará en determinar cuáles son las bases teóricas
que vinculan al derecho internacional público con el derecho internacional de los
derechos humanos y el razonamiento para justificar la legitimidad del derecho
internacional de los derechos humanos. Con este fin, analizaremos las primeras
aproximaciones del derecho internacional público a la idea de derechos individuales, la justificación teórica de los derechos humanos en el sistema internacional y
En esto hemos seguido al ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Héctor Fix-Zamudio, 2003, pp. 205-206.
también la evolución histórica de la consagración internacional de los derechos
1.1. Las primeras aproximaciones al derecho internacional público
y los derechos individuales
El derecho común había sido parte de las bases del sistema político y jurídico
de Europa occidental desde el siglo xiii. Sin embargo, a partir del siglo xvi una
nueva realidad política emerge en el continente. El surgimiento de los Estados
nacionales, que amenazan la unidad política imperial; la crisis religiosa, que ataca
directamente la unidad espiritual sustentada sobre la base de la autoridad de la
Iglesia católica; y la crítica del humanismo jurídico a las bases del derecho común,
configuran la necesidad de cambio en las bases que habían sostenido a Europa
durante los últimos siglos. En ese contexto, surge una nueva corriente de pensamiento jurídico que renueva las bases doctrinarias y filosóficas del derecho: la
escuela del iusnaturalismo católico.
La escuela clásica del iusnaturalismo católico o también conocida como la “segunda escolástica”68 se desarrolla en España, particularmente en la Universidad
de Salamanca. Es una corriente de pensamiento básicamente teológica, sin embargo, participa activamente en los temas propios del mundo de aquella época
(siglo xvi). Para estos pensadores el derecho terrenal tiene inspiración divina, pero
debemos captar e interpretar sus señales en la naturaleza69 y el medio para captar
esas premisas universales es la razón común.70 Esta observación de la naturaleza
trae consecuencias notables en su pensamiento. Así, para el iusnaturalismo católico los hombres no son iguales: algunos deben mandar. Es el gobernador quien
debe tomar las decisiones adecuadas, justificando el dominium sobre las cosas y
personas. En el campo jurídico, esta escuela de pensamiento cuestiona los textos
Justinianos por ser insuficientes para resolver los nuevos temas que estaban en
discusión en Europa.
La escuela clásica del iusnaturalismo católico delimita el campo que abarca el
derecho natural separado del derecho de gentes. Pertenecen al derecho natural
los principios más evidentes, así como también algunas conclusiones que se derivan con absoluta necesidad (“conclusiones necesarias”). Al derecho de gentes
pertenecen las “conclusiones que se derivan de esos principios sin absoluta necesidad, las conclusiones que no son estrictamente necesarias o cuya necesidad no
Bellomo, 1996, p. 244.
Villey, 1975, p. 362.
es conocida con evidencia”.71 De esta forma, la delimitación del derecho natural
se obtiene a través de un proceso de derivación lógica, tesis que se diferencia de
los postulados de Santo Tomás de Aquino.
En medio de un mundo que cambia sus fronteras y sus horizontes, surge la
necesidad de resolver los problemas planteados por el conflicto de intereses entre
sujetos que no se sienten regidos por un mismo derecho. Hasta ese momento,
en Europa occidental, había un Derecho que era aceptado por todos y en torno
al cual se buscaban las respuestas (derecho común). En la época de los descubrimientos esa certeza, construida sobre la base de un derecho universal, deja de
estar presente.72 Por tanto, se pone en duda al derecho común como una fuente
legítima de donde obtener las respuestas que permitan resolver conflictos de la
época. Por otra parte, en Europa se producen cuestionamientos, ya no sobre la validez universal del derecho común, sino sobre la justicia de sus soluciones.73
En este contexto, surgen las primeras nociones de lo que luego se conocerá
como derecho internacional o derecho de gentes. La necesidad de la época era
resolver los conflictos presentados por quienes estaban fuera del área de influencia del derecho común. De allí que la problemática se planteara en torno a las
nuevas tierras descubiertas y se relacionara directamente con la legitimidad de la
ocupación y el trato de las personas habitantes de estos territorios, entre otros temas. En este marco, se inicia el proceso de búsqueda de soluciones a la cuestión
del encuentro de estas sociedades y culturas, siendo Francisco de Vitoria la figura
clave en esta búsqueda de un derecho superior, tanto al derecho común como al
derecho indígena. Del pensamiento de Vitoria surge la idea de sustituir el derecho
común por el ius gentium que, en palabras de García-Gallo, era “un derecho natural y por consiguiente válido para todos”.74 El derecho de gentes planteado por
Vitoria era amplio, ya que incluía no solo a los soberanos como sujetos, sino que
también a los individuos.75
Más adelante, en el pensamiento iusnaturalista racionalista se produce la
distinción entre derecho y moral. En esta dicotomía, el derecho internacional fue
catalogado dentro de las normas morales y, por tanto, sin eficacia práctica. Una
excepción a estos planteamientos es el pensamiento de Gentile y Grocio, quienes
sostienen una tesis ecléctica. Gentile establece criterios que combinan reglas
jurídicas entre Estados constituidas por costumbres y reglas.76 Grocio también
sostiene una unión ecléctica, donde concurren elementos jurídicos y morales
Rodríguez, 1992, p. 104.
García-Gallo, 1982, pp. 156-158.
Ruiz Miguel, 2002, p. 250.
(De iure belli ac pacis), sin mayores distinciones al momento de analizar diversas
instituciones del derecho internacional.77 Pero la tendencia en el modelo iusracionalista fue la distinción estricta entre derecho y moral. Autores como Pufendorf,
Tomasio y Wolf, ponen al derecho internacional entre las normas morales, sin
fuerza vinculante para los Estados.
Vattel constituye uno de los hitos en el desarrollo del pensamiento sobre el
derecho internacional, con consecuencias que se extienden hasta nuestros días
en el debate sobre la justificación de la obligatoriedad del derecho internacional.
Su tesis ecléctica se funda en la idea que los derechos positivos, originados en la
soberanía de los Estados, están sometidos a reglas que a su vez aplican normas
del derecho natural fundadas en la “justa razón”. En el pensamiento de Vattel los
Estados constituirían una sociétê de nations, sometidas al derecho natural “pero
a la vez, relacionados con las reglas practicadas y convenidas por los Estados de
su tiempo”.78 Es posible sostener que esta visión ecléctica del derecho internacional estará en la base de la construcción del actual derecho internacional de los
Un último hito relevante en la relación entre derecho internacional y derechos
individuales es el pensamiento kantiano, desarrollado a fines de la Ilustración. La
tesis de Kant sobre un cosmopolismo universal ha tenido gran influencia en el
desarrollo de un derecho internacional vinculado con los derechos humanos. A diferencia de la tesis de Hobbes que ve al sistema internacional como una situación
de estado de naturaleza regida por la fuerza, Kant plantea la relación internacional
como una “sociedad de naciones” que podría alcanzar lo que denomina una “paz
perpetua” y no sólo un estado de paz entre-guerras.79
La idea kantiana sobre la sociedad internacional se sustenta en las siguientes bases:80 la forma de superar el estado de guerra en que se encuentran las
naciones no es aspirar hacia un Estado único o un Estado mundial centralizado
que constituya una asociación universal de Estados –análoga a la asociación de
individuos que constituyen un Estado–; la propuesta de Kant es aspirar a una
“Sociedad de Naciones”, esto es, una suerte de confederación de Estados libres
que puede ser disuelta en cualquier momento.81 La aspiración final de esta “SoIbid., pp. 253-255.
Kant, 1785.
Un buen análisis del pensamiento kantiano en clave histórica, véase Ruiz Miguel, 2002.
“Esto sería una Sociedad de naciones, la cual, sin embargo, no debería ser un Estado de naciones. En ello habría, empero, una contradicción; todo Estado implica la relación de un superior –el que
legisla– con un inferior –el que obedece, el pueblo–; muchos pueblos, reunidos en un Estado, vendrían
a ser un solo pueblo, lo cual contradice la hipótesis; en efecto, hemos de considerar aquí el derecho
de los pueblos, unos respecto de otros, precisamente en cuanto que forman diferentes Estados y no
ciedad de Naciones”, cual sería la “paz perpetua”,82 sólo se conseguiría cuando
los Estados sometieran sus actuaciones a un derecho internacional “fundado en
leyes públicas con el respaldo de un poder, las leyes a las cuales todo Estado
tendría que someterse”.83 Un elemento importante en este pensamiento, y que
tiene influencia en el desarrollo del derecho internacional, es su tesis de que este
proceso sólo sería posible entre Estados “republicanos”, entendiendo por tales
aquellos que poseen una forma de gobierno no despótica, esto es, que garantizan
derechos individuales a la libertad (sin que fuese necesario estar ante un gobierno de tipo representativo).84
Los planteamientos de Kant están claramente expresados en el ideal contemporáneo de un “orden público internacional” basado en derechos humanos.
Esta idea se funda en un orden internacional en que uno de los elementos es la
soberanía de los Estados, quienes confluyen en una organización supranacional
(actual Organización de Naciones Unidas) y se encuentran regidos por el derecho
internacional público. En este contexto, los Estados se encuentran legitimados
por el respeto de los derechos individuales, constituyendo un modelo compatible
con diversas formas de gobierno. Esta ha sido la base del esfuerzo de construcción por parte de la comunidad internacional, que ha servido de sustento para
desarrollar el derecho internacional de los derechos humanos.
En síntesis, se puede sostener que la relación entre el derecho internacional
y los derechos individuales está presente desde los orígenes del pensamiento
internacional. Las ideas centrales sobre la explicación del derecho internacional
como un sistema en el que confluyen elementos positivos y principios éticos,
así como la construcción de un orden internacional fundado en Estados respetuosos de los derechos individuales y vinculados por un orden internacional regido
por el derecho, son precisamente las bases sobre las que descansa la construcción del sistema normativo internacional de derechos humanos.
deben fundirse en uno solo”, véase, segundo artículo definitivo de La paz perpetua: el derecho de
gentes debe fundarse en un federación de Estados libres (Kant, 1795).
“La constitución republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente
del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz
perpetua”. Véase, primer artículo definitivo de La paz perpetua: la constitución política debe ser en
todo Estado republicana (Kant, 1795).
Citado en Ruiz Miguel, 2002, p. 262.
Kant entiende por tales: “La constitución cuyos fundamentos sean los tres siguientes: 1, principio
de la «libertad» de los miembros de una sociedad –como hombres–; 2, principio de la «dependencia»
en que todos se hallan de una única legislación común –como súbditos–; 3, principio de la «igualdad»
de todos –como ciudadanos–, es la única constitución que nace de la idea del contrato originario, sobre el cual ha de fundarse toda la legislación de un pueblo. Semejante constitución es «republicana».
Véase, primer artículo definitivo de La paz perpetua: “la constitución política debe ser en todo Estado
republicana” (Kant, 1795).
1.2. Visión teórica: justificación de los derechos humanos en el sistema internacional85
Un lugar común en el tratamiento del tema de los derechos humanos en el
ámbito internacional ha sido justificarlos en base a sus funciones en el sistema
internacional. En efecto, si observamos la argumentación de Rawls sobre los
derechos humanos encontraremos una construcción definida sobre la base de
qué rol cumplen los derechos en el sistema internacional. Así, señala que los
derechos humanos “constituyen una clase especial de derechos urgentes”, su
violación es condenada por pueblos liberales razonables y por pueblos jerárquicos decentes.86 El objetivo de estos derechos es restringir el derecho a la guerra
legítima entre pueblos y limitar la autonomía interna del régimen. De esta forma,
nos encontramos con dos elementos: estos son derechos “especiales” y cumplen
una función central en el derecho internacional en cuanto límite a la actividad de
los Estados, tanto interna como externa.
En una línea similar podemos ubicar a Bobbio. Para el profesor italiano, lo
central en materia de derechos humanos será protegerlos y no justificarlos.87
Para este autor el fundamento de los derechos puede llevar a una discusión que
impida que éstos cumplan con su rol, cual es, servir de protección a la personas.
Similar al razonamiento de Bobbio fue la postura al momento de definir el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ese momento, uno de
sus artífices, Jacques Maritain, sostuvo que esta Declaración es un claro ejemplo
de una “formulación común de [tales] conclusiones prácticas y sin una “común
justificación racional”.88
Si bien estas posturas aportan desde el punto de la relevancia de los derechos
humanos y el éxito del proceso de consagración internacional, no resuelven el
tema de su justificación.
Una justificación podría ser exclusivamente positivista: los derechos humanos
obligan porque así lo establecen los catálogos suscritos por los Estados. Sin
embargo, si bien esto es claro desde la perspectiva de su obligatoriedad, no es
suficiente para justificarlos en su estado actual, que mira más allá de la voluntad
del Estado (pensemos en las normas ius cogens, directamente vinculadas con
ciertas disposiciones de derechos humanos). Además, bastaría dejar sin efecto
el acuerdo para terminar con la idea de derechos humanos, lo cual no parece
razonable si estos son, precisamente, límites a la voluntad soberana.
Un estudio detallado de este tema, véase Nash, 2009, cap. I.
Rawls, 1999, p. 93.
“… el problema de fondo relativo a los derechos humanos no es hoy tanto el de justificarlos
como el de protegerlos. Es un problema no filosófico, sino político” (Bobbio, 1991, p. 61).
Maritain, 1951, p. 83.
Si partimos el análisis sobre la justificación desde el rol que estos desempeñan
en el derecho internacional actual, tendríamos que convenir que los derechos
cumplen con dos funciones centrales para la convivencia de la comunidad internacional: sirven de límite a la soberanía y además son un elemento clave para
la legitimidad del Estado en cuanto partícipe de la comunidad internacional. De
esta forma, para el sistema internacional y, en particular, para justificar el derecho
internacional de los derechos humanos es central dar respuesta a la pregunta
¿qué justifica que estos derechos cumplan con funciones tan centrales?
Sin duda, la respuesta a la pregunta sobre la “especialidad” de estos derechos
no podría ser “porque los Estados se han obligado” o “porque los Estados a través
de sus prácticas internacionales los han validado”. Es necesario buscar el porqué de esta concurrencia de voluntades en el ámbito internacional.
Al igual que en el ámbito nacional, la respuesta sobre la justificación de los
derechos humanos en el ámbito internacional no puede estar dada por una visión
comprehensiva o abarcativa del ser humano, esto es, por una respuesta moral
acerca de qué es el ser humano y su lugar en la comunidad internacional. En
la comunidad internacional concurren una multitud de respuestas morales que
deben convivir en cierto pie de igualdad, lo que obliga a buscar alguna respuesta
que no suponga alguna de estas visiones.
Rawls sostiene que una forma de entender la justificación de los derechos en el
ámbito interno es buscar en la cultura política implícita los elementos que permitan
sustentar una determinada justificación política del acuerdo en base a derechos.
Dicha justificación es política porque no pretende entregar una respuesta moral
que suponga una determinada visión comprehensiva del ser humano, sino que
busca servir como una explicación a la que puedan adherir sujetos razonables
con distintas visiones morales.89
Si aplicamos la visión de Rawls, deberemos determinar sobre qué base se ha
construido el derecho internacional, pues éste ha servido a su vez de fundamento
para el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos.
En el campo del derecho internacional es evidente que toda la construcción
del sistema normativo se ha erigido sobre el principio del autogobierno.90 El fundamento sobre el que se construyen las instituciones y relaciones internacionales
es el respeto por el autogobierno.91 Los Estados construyen sus relaciones y han
Este es precisamente el objetivo de Rawls en su obra Liberalismo Político (Rawls, 1993).
Macedo, 2004, pp. 1721-1738.
En este sentido es interesante tener en consideración que la idea de autogobierno no debe ser
entendida como parte de un esquema interno/externo, sino que el autogobierno “representa un estándar de legitimidad política en el marco de los derechos humanos […] la autodeterminación sustantiva
se compone de dos elementos […] aspecto constitutivo, la autodeterminación requiere que el diseño
institucional de las instituciones de gobierno refleje sustancialmente el resultado de procesos guiados
diseñado el sistema normativo internacional entendiendo que cada uno debe
ser tratado de forma tal que se respete este principio.92 De esta base se derivan
ciertos principios básicos: el respeto a los acuerdos internacionales (pacta sunt
servanda), el respeto a la soberanía, y también el respeto a las diversas fuentes
de los derechos humanos.93
En efecto, en la medida que los Estados representen a sus ciudadanos en la
esfera internacional, es necesario que se respete un mínimo de derechos en el
ámbito interno. Esto permitiría que el autogobierno sea una expresión legítima
de la voluntad de los individuos manifestada mediante el Estado, esto es, que
exista una voluntad que puede ser legítimamente representada en el concierto
de naciones. Los derechos constituyen, entonces, ciertos requisitos mínimos que
legitiman la voluntad soberana de los ciudadanos.
De esta forma, los derechos constituyen un mínimo que da legitimidad a la
comunidad política, sin estos derechos mínimos no hay una comunidad política
legítima. Por tanto, sin derechos no es posible hablar de un sistema democrático legítimo. Es necesario el cumplimiento de derechos de libertad, igualdad y participación si queremos hablar de una voluntad política legítima. Estos derechos
en ningún caso suplen la voluntad política, sino que la legitiman, tanto procedimentalmente (cómo y quién toma las decisiones), como sustantivamente (ciertas
cuestiones deben obtenerse a través del acuerdo colectivo y otras no pueden ser
objeto de un acuerdo mayoritario, aunque sean útiles para fines colectivos).
Ahora desde una mirada de la actuación del Estado en el ámbito internacional,
si los Estados reclaman el respeto por su autogobierno, necesariamente deben
estar en condiciones de garantizar el respeto por ciertos derechos mínimos en el
ámbito local, base de su legitimidad. De esta forma, la actuación soberana en
por la voluntad del pueblo o pueblos gobernados. En segundo lugar, en lo que puede denominarse
su aspecto continuado, la autodeterminación exige que el diseño de las instituciones políticas, independientemente de los procesos que llevan a su creación o transformación, permita a la gente vivir y
desarrollarse libremente de forma permanente” (Anaya, 2005, pp. 151-152).
La tesis aceptada predominante en el derecho internacional público sostiene que la soberanía
y la igualdad entre Estados representa la doctrina constitucional básica del derecho de las naciones,
cuyo corolario será el dominio reservado de ciertos temas, expresado en el principio de no intervención.
El límite de este dominio reservado, entre otros, dirá relación precisamente con temas de derechos
humanos (arts. 55 y 56 de la Carta de Naciones Unidas), el que ha sido vinculado con amenazas a la
paz y seguridad internacional (Brownlie, 1998, pp. 293-299).
Precisamente, estos elementos son los constitutivos de lo que se ha denominado los “principios
fundamentales del orden jurídico internacional” expresados, entre otros, en la Carta de Naciones
Unidas (arts. 1 y 2), la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones
Unidas (adoptada por consenso por la Asamblea General de Naciones Unidas el 24 de septiembre de
1970, Resolución 2625 [XXV]), en este sentido, véase Mariño, 2005, pp. 77-79.
el ámbito internacional es consecuencia de la legitimidad de la voluntad de la
comunidad política generada internamente; no estamos ante dos procesos independientes, sino que ante un mismo sistema de legitimidad basado en la formación de las decisiones colectivas en el ámbito interno. Es posible que en el ámbito
interno pueda irse más allá en los derechos y sus garantías y esto se debe a que
en ese ámbito es posible un acuerdo más profundo; pero en ningún caso podrá
haber un acuerdo interno que sea más restrictivo que el mínimo consagrado internacionalmente.
Los sistemas internacionales de derechos humanos son un mecanismo para
garantizar, precisamente, la legitimidad de la actuación del Estado. Los instrumentos internacionales que desarrollan los catálogos de derechos son, en consecuencia, la manifestación concreta del acuerdo sobre esos derechos mínimos que
legitiman la actuación del Estado y que justifica el control internacional respecto
de la forma en que el Estado trata a las personas sujetas a su jurisdicción. Por
su parte, los mecanismos de control compuestos por órganos supranacionales y
procedimientos de control y protección basan su legitimidad precisamente como
la forma mediante la cual la comunidad internacional garantiza un legítimo autogobierno interno y de esta forma, una comunidad internacional base de una sociedad de naciones.
En este sentido se ha pronunciado, entre otros, Ferrajoli quien al efecto ha
señalado: “es claro que la autonomía externa tiene como presupuesto la autodeterminación interna y, por tanto, la máxima garantía de los derechos políticos y de
libertad”.94
Podemos concluir, en consecuencia, que esta justificación de la obligatoriedad
del derecho internacional de los derechos humanos basado en el principio del autogobierno, no sólo es razonable a la luz de las ideas implícitas en la comunidad
política internacional, sino que además está en concordancia con el fundamento
del propio derecho internacional público. En efecto, tal como hemos señalado se
ha dado una justificación dual del derecho internacional, esto es, su legitimidad
está dada por la concurrencia armónica de decisiones soberanas positivas (tratados, costumbre) y el respeto por ciertos principios morales (autogobierno).
2. La evolución de los derechos humanos en el ámbito internacional:
una mirada explicativa
He determinado que la consagración de los derechos humanos en el ámbito
internacional se justifica en la idea de autogobierno. Ahora corresponde explicar
la evolución que ha tenido este tema en el ámbito internacional. Me parece que
podemos recurrir metodológicamente a la idea de consenso superpuesto elabora94
Ferrajoli, 2007, p. 78.
da por Rawls para desarrollar esta explicación, aun cuando el contenido que este
autor le asigna me parece insuficiente a la luz de la evolución actual del derecho
Tal como lo expresa Rawls en la primera parte de Political Liberalism, los problemas que presenta su libro A Theory of Justice dicen relación con la explicación
de la estabilidad, o que ésta sea una fundamentación que pueda ya que no sería
una teoría coherente con el resto de dicha obra y además sería poco realista al
exigir una visión comprehensiva de tipo kantiano a todos los ciudadanos. Su propuesta para superar esto es por medio de la noción de “consenso superpuesto”.
Esta idea permitiría sostener la factibilidad de una concepción política de la justicia, es decir, de una respuesta no asociada a una concepción moral acerca del ser
humano, sino que compatible con distintas concepciones razonables. Por tanto,
el “consenso superpuesto” permitiría la convivencia de diferentes concepciones
en la medida que estas sean razonables, lo que hace de la tesis de Rawls una
respuesta de filosofía política (búsqueda de bases para la convivencia política) y
no de filosofía moral (búsqueda de la verdad).
El consenso superpuesto supone la concurrencia de tres factores: profundidad, amplitud y concepciones implícitas en el centro del consenso. En cuanto a
la profundidad del consenso, este debe versar sobre principios aparte de la subyacente concepción de la sociedad y del ciudadano. Respecto de la amplitud del
consenso, Rawls propone que los derechos, libertades y procedimientos incluidos
en el consenso constitucional abarquen todos los elementos de la estructura
básica de la sociedad (acuerdo constitucional, social, económico) y no sólo una
parte limitada de las cuestiones políticas fundamentales que se debatirán.95
Finalmente, en cuanto a las concepciones implícitas, destacan dos: la sociedad
considerada como un sistema justo de cooperación y la concepción de la persona como ciudadano libre e igual.96
Rawls plantea un acuerdo en etapas, desde un modus vivendi a un consenso
constitucional, para luego arribar a un consenso superpuesto. Este proceso supone que las concepciones comprehensivas razonables permitan que se desarrolle
un acatamiento independiente de la concepción política que contribuya a lograr un
consenso. Todo el proceso se funda en la idea que las partes irán adquiriendo
cierta confianza en el actuar de los otros, lo que permitiría lograr estos pasos
de consenso.97
El encargado de tomar estas ideas y llevarlas al ámbito internacional ha sido
Donnelly98 quien, intentando una construcción liberal de los derechos humanos,
Rawls, 1993, p. 165.
Ibid., pp.165-166.
Donnelly, 2003. El trabajo de Donnelly es un excelente intento por explicar los derechos humanos desde una perspectiva liberal.
fija la base del “consenso superpuesto” en la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Sin embargo, como en todo consenso, no todos concurren a él, por
lo que es posible que algunas visiones queden excluidas. Éstas serán aquellas
visiones abarcativas que rechacen ideas mínimas de igualdad. Bajo esta concepción, los derechos humanos son un consenso político y no moral, lo que permite
que diversas visiones los puedan incorporar (teorías sobre la democracia diversas que consideran justificado contar con ciertos derechos que constituyan límites
a la regla de mayorías).99
A mi juicio, la visión de Donnelly es un acercamiento interesante, pero puede
ser explorado con mayor profundidad. En efecto, hay una cuestión que queda
fuera de su análisis y que es de la mayor importancia. Al fijar el consenso superpuesto en la Declaración Universal, lo que está haciendo este autor es ver dónde
se expresó inicialmente la base para llegar a un “consenso superpuesto”, pero no
dónde éste se sustenta actualmente. En efecto, tal como hemos visto, el “consenso superpuesto” supone un acuerdo profundo y amplio. Por tanto, es necesario ver
la profundidad y amplitud del acuerdo internacional sobre los derechos humanos
en su estado actual de desarrollo.
Claramente los derechos humanos como un consenso superpuesto cumplen
con las condiciones generales impuestas por Rawls. Es un acuerdo razonable que
excluye visiones abarcativas incompatibles con una visión mínima de la justicia.
Los derechos humanos consagrados internacionalmente no son tan amplios como
para que cualquier Estado concurra al acuerdo, sino que supone una visión de la
soberanía limitada tanto externa como internamente.
Hasta aquí mi acuerdo con Rawls. A partir de este punto me parece que es posible una interpretación extensiva de estos conceptos básicos a la luz del estado
actual del derecho internacional de los derechos humanos. Coincido con Rawls
en que los derechos se justifican en las ideas implícitas del derecho internacional.
Asimismo, coincido en que el consenso superpuesto permite un punto común para
explicar el desarrollo de la consagración internacional de los derechos humanos,
sin que necesariamente se deba compartir una visión comprehensiva del ser humano. Sin embargo, me parece que es posible extraer algunas conclusiones más
allá del punto que nos fija Rawls en este ámbito.
Los derechos humanos consagrados internacionalmente parecen cumplir
con estos requisitos de amplitud y profundidad exigidos. Son lo suficientemente
amplios ya que están referidos a cuestiones centrales del diseño institucional.
Dicen relación con las tres materias centrales en la construcción de un sistema de
cooperación equitativo: derechos de libertad, derechos de igualdad y derechos
de participación. El conjunto de estos derechos está basado fundamentalmente en
principios sustantivos como la idea de dignidad del ser humano, la que se expresa
en principios más concretos que tienden a su realización: libertad e igualdad. Los
Ibid., pp. 38-53.
instrumentos sobre derechos humanos no se limitan a consagrar sólo aspiraciones
genéricas, sino que se concretan en principios y reglas que tienen consecuencias
directas para la actividad de los Estados. De este modo, se establecen límites que
operan como barreras a la actividad estatal y también obligaciones positivas de
ejecución de ciertas medidas, dejando fuera de lo negociable cuestiones centrales
para la estructura básica de la sociedad. La amplitud de este acuerdo permite
el desarrollo de diversas formas de concreción de estos derechos mínimos y
urgentes, posibilitando el desarrollo pleno de las personas mediante procesos
de competencia política entre visiones comprehensivas razonables y el juego de
Los derechos humanos representan también un acuerdo lo suficientemente
profundo. Si bien estos derechos no suponen una cierta visión comprehensiva del
ser humano, sí representan un consenso acerca de la forma en que las personas
deben ser tratadas por los Estados: se debe respetar su dignidad intrínseca en
cuanto sujeto titular de ciertos derechos mínimos y universales definidos internacionalmente. Por su parte, los derechos humanos suponen también una cierta
visión de la comunidad de naciones, donde su respeto es uno de los principios de
la convivencia entre los Estados.
En efecto, los instrumentos normativos internacionales que consagran derechos humanos se han preocupado de establecer ciertos principios que sustentan
el acuerdo colectivo. En primer lugar, la Declaración Universal de Derechos
Humanos dispone en su preámbulo la base de todo el sistema de derechos:
“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana”. Y en su artículo 1 dispone: “Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
Por su parte, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 en su
preámbulo común señalan: “Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros
de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables (...)” “Reconociendo
que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana”.
Estos postulados sirven de base para la consagración de los derechos contenidos
en dichos instrumentos.
En el plano regional, la Convención Europea de Salvaguardia de los derechos
del Hombre y de las Libertades Fundamentales señala: “Reafirmando su profundo
apego a estas libertades fundamentales, que constituyen las bases mismas de
la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente,
de una parte, en un régimen político verdaderamente democráticos y, de otra, en
una concepción común y un común respeto a los derechos del hombre que ellos
invocan”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone:
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos
de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho
interno de los Estados americanos.
Podemos ver, en consecuencia, que el sistema internacional de derechos
humanos se basa en la idea que el respeto de estos derechos consagrados internacionalmente es esencial para la convivencia internacional.
En este contexto, es legítimo que surja la pregunta sobre si los derechos
humanos consagrados internacionales representan efectivamente un “consenso
superpuesto” o, más bien, estarían en algunas de las etapas previas según el
esquema rawlsiano: modus vivendi o acuerdo constitucional. En este sentido, me
parece que la situación actual de los derechos humanos representa un claro ejemplo de la progresividad en el acuerdo. Al término de la Segunda Guerra Mundial,
el origen del acuerdo parecía un caso de modus vivendi, donde se llamaba la
atención sobre la necesidad de respetar ciertos derechos mínimos que eran parte
del acuerdo político más amplio representado por la Organización de Naciones
Unidas. Sin embargo, el desarrollo posterior muestra un avance sustantivo hacia
un “consenso superpuesto”. El paso a un estadio como el descrito por Rawls bajo
la figura del “acuerdo constitucional” es claro en todo el período de la suscripción
de tratados internacionales en materia de derechos humanos que luego van siendo incorporados en las legislaciones nacionales. Además, este acuerdo se profundiza a través de la consagración de ciertos mecanismos de control internacional de la actividad de los Estados.
Por su parte, el paso hacia un “consenso superpuesto” a nivel internacional parece estar dado por la incorporación en el ámbito interno no sólo de la normativa, sino
que también de los estándares internacionales sobre derechos humanos (sobre este
aspecto me concentraré en esta investigación), configurándose un sistema de control jurisdiccional de derechos humanos. En efecto, la profundización del acuerdo se
manifiesta en la incorporación ya no sólo de los instrumentos internacionales, sino
que también en la creciente incorporación de los estándares internacionales sobre
derechos humanos en los sistemas normativos nacionales tanto en materias legislativas como jurisdiccionales, lo que demuestra una creciente confianza en la
consagración y control internacional de derechos humanos.
La construcción, mediante actos soberanos, de un sistema jurisdiccional internacional con tribunales que dictan decisiones vinculantes para los Estados –y que
son cumplidas por éstos–, profundiza asimismo el acuerdo de apelar a instancias
internacionales en materia de derechos humanos como forma de resolver cues53
tiones de convivencia. Este es claramente un acuerdo sustantivo en los términos
planteados por Rawls.
Parte de este “consenso superpuesto” sobre los derechos humanos son las modificaciones en las prácticas y en la institucionalidad internacional, las que demuestran
un consenso más amplio y profundo que el tenido en vista en los inicios de la internacionalización de los derechos humanos. Los Estados han comenzado a intervenir,
incluso por la fuerza, frente a decisiones internas que implican graves violaciones a
los derechos consagrados internacionalmente. Finalmente, otro dato interesante de
este consenso más profundo, es la modificación de la propia estructura de Naciones
Unidas para elevar el status de los derechos humanos en la organización política
internacional. Esto por medio de la creación de un “Consejo de Derechos Humanos”
como parte de la orgánica principal de Nacio es Unidas, modificación que fue justificada precisamente por la relevancia que el tema de los derechos humanos tiene en
la organización del principal foro político del sistema internacional.100
En definitiva, hoy es posible sostener que los derechos humanos consagrados
internacionalmente se explican como un “consenso superpuesto” respecto de
aquellos derechos mínimos y urgentes que los Estados deben respetar y que
pueden ser objeto de un control internacional. Esto constituye una explicación de
su evolución, sin que su justificación haya variado. En efecto, la justificación de los
mismos sigue siendo el autogobierno, y el “consenso superpuesto” no es más que
un instrumento para explicar su estado actual.
3. Hitos principales de la evolución del derecho internacional
El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos es una
respuesta ante el fracaso de los sistemas tradicionales de protección de los individuos, tanto a través de los mecanismos desarrollados en el ámbito nacional,
como aquellos establecidos por el derecho internacional público en la primera
mitad del siglo xx. De ahí que sea necesario situar adecuadamente el contexto a
partir del cual comienza a desarrollarse el sistema internacional y, en particular, el
proceso de codificación internacional de los derechos humanos.
3.1. El fracaso de los mecanismos de protección nacional e internacional de los
El desarrollo de un constitucionalismo fuerte en Europa101 y posteriormente
en el resto del mundo, tiene su origen en el reconocimiento del fracaso de los
Informe del Secretario General de Naciones Unidas a la Asamblea General, “Un concepto más
amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos”, 21 de marzo de 2005.
Sobre los alcances de este proceso, véase Carbonell, 2003.
sistemas de protección de los individuos en el ámbito interno. El constitucionalismo europeo de la posguerra reconoce que el sistema constitucional desarrollado
desde el siglo xvii, basado en la soberanía estatal sin frenos adecuados, no pudo
impedir la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y, en particular, los hechos
que la desencadenaron. Los sistemas nacionales no fueron capaces de limitar la
actividad del Estado y, por tanto, permitieron violaciones masivas de los derechos
individuales. Sobre esta premisa se desarrolló una nueva y revitalizada visión de
los límites institucionales al poder estatal.
Frente a este análisis de la realidad se desencadenan dos procesos. Por una
parte, se fortalecen los derechos en el ámbito interno, para lo cual se construye
un constitucionalismo fuerte acompañado de un desarrollo conceptual y jurisprudencial en materia de derechos fundamentales.102 Este será objeto de estudio en
los capítulos siguientes de este libro. Por otra parte, se desarrolla un análisis del
sistema de protección internacional de los derechos humanos.
3.2. El gran cambio para el derecho internacional: la experiencia de las guerras
Desde sus inicios, el derecho internacional ha desarrollado mecanismos de
protección de los individuos. Estos mecanismos, tradicionalmente, decían relación con la intervención del Estado en la protección de los ciudadanos. Este era
el caso de la protección diplomática, que en palabras de Buergenthal, fue “un
primer signo de la intervención de terceros Estados en las relaciones entre un
gobernante y sus gobernados […] que constituía una extensión de la soberanía
nacional”. Asimismo, la abolición de la esclavitud se enmarca entre los “esfuerzos destinados a resolver un problema de derechos humanos, es decir, de derechos pertenecientes a todos los individuos por el solo hecho de existir”. Otros
ejemplos de estos mecanismos son la protección de minorías, cuyo “objetivo […]
fue el de asegurar para estas minorías un trato justo e igualitario y el respeto
de su lengua, religión y costumbres”; y finalmente, la intervención humanitaria,
entendiendo por tal la “intervención armada en el territorio de un Estado con el fin
de proteger la vida de extranjeros o nacionales que habitan ese territorio”.103
Un primer paso dentro del sistema internacional para mejorar la protección internacional se produce una vez terminada la Primera Guerra Mundial.
Fundamentalmente, se promueve una actividad importante para atender las si102
Para ver un tratamiento integral de este proceso, véase los textos de Favoreu, 1998 (Francia);
Peces-Barba, 1999 (España); Alexy, 2002 (Alemania).
Buergenthal, 1998, pp. 31-47. Una visión general sobre el desarrollo histórico de la protección
internacional, véase Meron, 2006.
guientes cuestiones: desarrollar un sistema de protección de minorías; desarrollar
un sistema internacional de protección a los trabajadores (destaca en este campo
la creación de la Organización Internacional del Trabajo); y profundizar el sistema
internacional de protección de las personas refugiadas.104
Posteriormente, frente a los horrores de que fue testigo la humanidad durante
la Segunda Guerra Mundial, surgió la necesidad de establecer un orden internacional por encima de los Estados, que previniera la repetición de este tipo de
situaciones en el futuro. Se crearon organizaciones internacionales en el plano
político (Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Consejo de
Europa); en lo económico se diseñó un sistema internacional (Fondo Monetario
internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo); en lo militar
surgieron pactos internacionales (otan, Pacto de Varsovia); en el campo del
derecho humanitario se desarrollaron nuevos instrumentos internacionales
(Convenciones de Ginebra de 1949) y en materia de refugiados se comenzaron a
desarrollar instituciones y documentos internacionales (Alto Comisionado para los
Refugiados y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados).
La cuestión relativa a la consagración internacional de los derechos humanos
se enmarca dentro de este proceso. Pero la respuesta, fue mucho más compleja.
Si bien el derecho internacional de los derechos humanos comenzó a desarrollarse como parte de este esfuerzo por establecer un nuevo orden internacional y
la comunidad internacional asumió la tarea de crear un sistema que protegiera a
los individuos del exceso en el ejercicio del poder por parte de los gobernantes,
el contexto político presentaba una serie de desincentivos para desarrollar un
sistema convencional (un sistema basado en un tratado internacional, al igual que
había ocurrido en otros campos) en materia de derechos humanos.
No podemos dejar de considerar que todo este proceso se encuentra supeditado al contexto político del mundo de la posguerra. La Guerra fría y su consecuente
división del mundo en bloques antagónicos impidieron un desarrollo fluido de la
idea del derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, la situación
política mundial estaba marcada por la división bipolar y también por un mundo
desigual. Había países desarrollados, como Estados Unidos y muchos países
europeos, que querían volver al desarrollo pleno después de la devastación
provocada por la guerra; países que vivían en el subdesarrollo, como los latinoamericanos; y países que lentamente empezaban su vida independiente, como las
colonias africanas. Estos hechos políticos impidieron por muchos años lograr los
propósitos plasmados en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas.105
Buergenthal, 1990, pp. 12-14.
Ésta reafirmaba “la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana, en la igualdad de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, véase
Carta de las Naciones Unidas adoptada en San Francisco, Estados Unidos, el 26 de junio de 1945.
Sin embargo, el surgimiento de un movimiento internacional en pro de los derechos humanos y la presión ejercida por la ciudadanía permitieron dar pasos
importantes, tanto a nivel universal como regional, que reseñaremos en este
estudio. Sólo después de veinte años de continuo trabajo por parte de la sociedad
civil fue posible adoptar dos tratados generales en materia de derechos humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.106 Es
evidente la forma en que el contexto político determinó que la consagración convencional de los derechos humanos que en la Declaración Universal se recogían
en un solo instrumento, cuando se adoptaron los tratados terminaron en dos
instrumentos: uno de derechos civiles y políticos y otro, de derechos económicos,
sociales y culturales. Este proceso continuó con el reconocimiento de una serie de
derechos especiales a ciertos grupos que por condicionantes culturales no podían
ejercer plenamente los derechos consagrados en estos instrumentos generales.
Así nos encontramos con tratados en materia de derecho racial (1965),107 mujeres
(1979),108 tortura (1984),109 niños (1989)110 y trabajadores migrantes (1990),111
a los que se ha unido recientemente uno sobre personas con discapacidad
(2006).112
Este movimiento, liderado internacionalmente por organizaciones como
Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas, desarrolló un trabajo escrupuloso de documentación de violaciones de derechos humanos a nivel
Los dos Pactos y el Protocolo fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 16 de diciembre de 1966. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp o
Pacto) y su Protocolo entraron en vigencia el 23 de marzo de 1976; el de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el 3 de enero de 1976.
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965, y en vigor
desde el 4 de enero de 1969.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, y en vigor desde
el 3 de septiembre de 1981.
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
adoptada por la Asamblea General en su Resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984 y en vigor
desde el 26 de junio de 1987.
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General en su Resolución
44/25, de 20 de noviembre de 1989 y en vigor desde el 2 de septiembre de 1990.
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios
y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 45/158, de 18 de diciembre
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por
la Asamblea General el 13 de diciembre de 2006 y en vigor desde el 30 de marzo de 2007.
internacional y difusión de información, así como campañas y denuncias para la
promoción de estos valores y defensa de las víctimas de sus violaciones. De ese
modo, logró atraer la atención de la prensa y la opinión pública internacionales,
así como de muchos gobiernos, y contribuyó a elevar lo derechos humanos al
sitial de valor fundamental de ética política, internacionalmente aceptado, que
ocupa hoy día.
El movimiento por los derechos humanos se basaba para su acción en normas
de derechos humanos internacionalmente reconocidas.113 Sin embargo, ese consenso aparente no podía ocultar las fundamentales diferencias ideológicas entre
los contendientes de la Guerra fría, las cuales ciertamente se extendían al significado mismo de democracia y al grado de protección de las libertades políticas. En
el clima de polarización ideológica de la Guerra fría era difícil para las organizaciones de derechos humanos asumir una posición de prescindencia política, necesaria para la efectividad de su trabajo, y a la vez cuestionar las bases de los distintos
sistemas políticos. Por tanto, las organizaciones de derechos humanos tendían a
concentrarse en las violaciones de normas indiscutibles, como las que protegen la
vida, la integridad física y la libertad personal frente al encarcelamiento arbitrario,
surgiendo el tema del debido proceso como uno de los pilares de las alegaciones
en pro de los derechos humanos.114
Este proceso normativo, en las Naciones Unidas, fue unido a un desarrollo de
mecanismos de protección que buscaban efectivizar estos derechos. La creación
de órganos, en general, en la institución (Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas) y en el sistema de tratados (comités) y de procedimientos asignados a estos órganos para que ejercieran sus funciones de control y protección
ha sido una constante en el sistema universal de derechos humanos.115
En el ámbito regional, también ha habido un desarrollo importante. Europa,
marcada por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, fue la región que experimentó mayores avances, con la creación de un sistema que permitiera prevenir
la repetición de estos hechos. Se implementó, rápidamente un cuerpo normativo,
Mutua, xxx, pp. 211-213.
Zalaquett y Nash, 2005, pp. 61-97.
Sobre este proceso en las Naciones Unidas, véase Villán Durán, 2002.
mediante una Convención sobre Derechos Humanos116 y un sistema de control,
por medio de una Comisión y una Corte de Derechos Humanos.117
El sistema interamericano de protección, por su parte, nació en el seno de
una organización internacional, la Organización de Estados Americanos (oea), y
contempla un instrumento vinculante (la Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre) y un mecanismo de control (la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos).118 Este órgano de supervisión, sin base convencional, fue
creado en el año 1959.119 El sistema logra su consolidación con la suscripción
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por medio de la cual se
consagran ciertas obligaciones generales de los Estados en materia de derechos
humanos, se desarrolla un catálogo de derechos civiles y políticos y se diseña
un modelo de protección mediante dos órganos: la Comisión Interamericana y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.120
Finalmente, en el sistema africano de derechos humanos nos encontramos
con un desarrollo similar a los del sistema europeo y en particular al interamericano. Primero con un instrumento vinculante para la región: la Carta Africana de
los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981.121 Luego, la creación de un
órgano de control y protección: la Comisión Africana de Derechos Humanos y
de los Pueblos,122 la cual ejerce dichas funciones mediante Informes Periódicos,
Denuncias Interestatales y Denuncias Individuales. Por último, la creación e instalación de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,123 órgano de
control jurisdiccional de los derechos humanos.
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, se
adoptó el 4 noviembre de 1950 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953.
Para un completo estudio del sistema europeo de derechos humanos, tanto en lo procedimental
como sustantivo, véase Van Dijk y Van Hoof, 2006.
Medina y Nash, 2007.
La cidh fue creada por Resolución viii de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores, Santiago, Chile, 1959.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “cadh”, “Convención
Americana” o “Pacto de San José”) fue adoptada el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia
Especializada de Derechos Humanos, San José, Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978.
Este sistema básico ha sido complementado a través de protocolos a la convención en materia de
pena de muerte y de derechos económicos, sociales y culturales. También se han suscrito una serie
de convenciones especiales sobre ciertas materias de relevancia para el sistema, entre otras, violencia
contra la mujer y desaparición forzada de personas.
Aprobada el 27 de junio de 1981 en el marco de la xviii Conferencia de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Organización para la Unidad Africana (oua) y que entró en vigor en octubre de 1986.
Establecida formalmente en la Carta con fecha 21 de octubre de 1986, y con actividades desde
Creada mediante el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,
adoptado en 1998 y en vigor desde el 25 de enero de 2004. (Para un desarrollo más amplio, revisar
Harrington, 2002, pp. 178-218).
Por otra parte, no podemos sino sumar a esta panorámica de la evolución de los
derechos humanos los desarrollos en el ámbito del derecho penal internacional.124
Una primera aproximación al tema de la justicia internacional está planteada en
el período post Primera Guerra Mundial. En el propio Tratado de Versalles (1919)
se dispone la creación de un Tribunal Internacional Especial para juzgar al Kaiser
Guillermo II por “un delito supremo contra la moral internacional y la inviolabilidad
de los tratados” (art. 227). Otro interesante proceso –también frustrado– fue la
intención de juzgar a los responsables de crímenes cometidos por alemanes en
la Primera Guerra Mundial. Sin duda que el paso central en materia de justicia internacional se dio en los procesos seguidos al final de la Segunda Guerra Mundial.
Los juicios de Nuremberg y Tokio marcaron un hito en este tema, tanto por los esfuerzos de la comunidad internacional por no dejar en la impunidad los crímenes
cometidos por el régimen nazi y por Japón; así como por las críticas que surgieron
a la forma en la que se desarrolló este esfuerzo. Tanto en el Tribunal Internacional
Militar de Nuremberg (1945), como en el Tribunal Internacional Militar para el
Lejano Oriente (Tokio, 1946) se persiguieron responsabilidades individuales por
crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Estos esfuerzos de justicia internacional dieron origen a un proceso normativo
muy interesante. Por una parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas
confirmó los Principios de Derecho Internacional codificados en el Estatuto del
Tribunal de Nuremberg (11 de diciembre de 1946). Posteriormente, se realizaron
esfuerzos de codificación a través de la Comisión de Derecho Internacional.125
Como es de suponer, estos esfuerzos no avanzaron en el contexto de la Guerra
fría que –precisamente– congeló toda posibilidad de poner en acuerdo a las principales potencias de la época con miras a dar pasos decisivos en este proceso.
No es casual, por tanto, que no sea sino hasta el término de la Guerra fría que
se originaron avances en el ámbito de la justicia internacional. Serán los crímenes
que se produjeron en el contexto de la guerra en la ex Yugoslavia y los hechos
de que fue testigo la humanidad en Ruanda, que materializaron los avances en
este campo. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (tpiy, 1993)
buscó el juzgamiento de responsabilidad internacional por graves violaciones de
las Convenciones de Ginebra de 1949; violaciones de las leyes y costumbres
de la guerra; genocidio; crímenes contra la humanidad en conflicto armado, nacional o internacional, dirigido contra la población civil. Por su parte, el Tribunal
Penal Internacional para Ruanda (tpir, 1994) persiguió responsabilidad para los
siguientes ilícitos: genocidio; crímenes contra la humanidad por ataque sistemá124
Véase, Ambos y Guerrero, 1999, pp. 235-268; Guevara, 2004, pp. 691-735.
Se tradujo en un Proyecto de “Código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad”,
tico o extendido contra población civil por razones políticas, étnicas o raciales o
pertenencia a una nación determinada; violaciones graves del artículo 3 común de
Las críticas que recibió el sistema de justicia penal ad-hoc y un nuevo contexto
político internacional permitieron el desarrollo de la Corte Penal Internacional.
Estamos ante una Corte Penal con carácter permanente, como una forma de
superar las críticas a un tribunal especial ex post facto. Además, juzgará sólo
hechos ocurridos con posterioridad a su ratificación y no tendrá competencia
retroactiva, juzgará sólo los crímenes internacionales más graves, los que estarán
previamente tipificados en el propio Estatuto; juzgará solamente la responsabilidad penal de personas y no de Estados; y tendrá un carácter complementario de
las jurisdicciones nacionales, esto es, sólo actuará en aquellos casos en que el
Estado no pueda hacerlo o no quiera cumplir con esta obligación.
En definitiva, el sistema internacional ha desarrollado, en la práctica, un corpus
iure garantista que comprende obligaciones generales, catálogos de derechos y
mecanismos de control de la actividad de los Estados en materia de derechos
humanos. Además, a partir de la actividad de los órganos de control se ha desarrollado una jurisprudencia que ha interpretado los derechos, ha clarificado su
contenido y explicado su alcance.
Dicho desarrollo histórico no hace sino confirmar la tesis sostenida en torno a
la construcción de un consenso superpuesto en materia de derechos humanos,
donde no sólo hay expresiones normativas, sino que también de la praxis internacional en el sentido propuesto.
4. Principios y propósitos del derecho internacional de los derechos humanos
El principio que ha inspirado el sistema de codificación del didh desde sus orígenes y sobre el que se ha construido el sistema internacional en materia de derechos humanos, es la garantía de la dignidad del ser humano por medio de ciertos
derechos mínimos que les son reconocidos a los individuos en su sola condición de seres humanos. De esta forma, la idea original de los derechos individuales se fortalece y pasa a constituir una categoría especial de derechos subjetivos,
con protección no sólo nacional, sino que internacional.
Dar efectividad a la protección de los derechos humanos ha sido el propósito
final de todo el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. En
efecto, cada paso que se ha dado en este campo ha buscado garantizar a las personas un pleno goce y ejercicio de sus derechos individuales. Así, los catálogos y
los mecanismos de control se han estructurado dando respuesta a las realidades
de violaciones de derechos humanos y, por tanto, son expresión de una mirada a
la realidad desde la cual se construye el sistema.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el sistema de codificación de
los derechos y el establecimiento de los mecanismos de control buscan consagrar
un orden público internacional centrado en la idea de los derechos humanos para
garantizarlos en la realidad de cada país. La preocupación por la situación de los
individuos pasa a ser un tema de interés para toda la comunidad internacional y
escapa de los límites de la soberanía de los Estados.
En este sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que ha señalado:
La Corte recuerda que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene
por fin proporcionar al individuo medios de protección de los derechos humanos
reconocidos internacionalmente frente al Estado (sus órganos, sus agentes, y todos
aquellos que actúan en su nombre).126
Tanto el establecimiento de un sistema internacional como la efectividad de
éste buscan la prevención de violaciones de derechos humanos. El didh pretende,
desde sus inicios, ser una guía de los sistemas nacionales y una alternativa en
casos de fracaso de las instancias nacionales. En efecto, el sistema internacional
es consciente de sus limitaciones y, por tanto, no tiene pretensiones de transformarse en un sistema que reemplace a las instancias nacionales, ni un sistema
que pueda resolver todos los casos de violaciones de derechos humanos.
Este propósito general de construir un sistema de control internacional de la
actividad de los Estados en materia de derechos humanos se refleja en forma
muy clara en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo
28 señala:
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en
el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Este artículo puede ser interpretado como la base de una concepción de los
derechos humanos que demanda su institucionalización tanto en el ámbito interno
como en el ámbito internacional y, por tanto, nos sirve como un buen nexo entre
ambos sistemas normativos de derechos individuales.127
Corte idh, Caso de los 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C Núm. 109,
párr. 181.
Para un estudio completo sobre los alcances del art. 28 de la dudh y sus implicancias para la
concepción de derechos humanos, véase Pogge, 2000.
Diagramas de Flujo y Codificación en Lenguaje C
32 Consenso Entrecruzado Papel de la filosofía política Justicia
Filósofos contemporáneos:: John Rawls.
ÍNDICE ALPHÁBETICO
QR$tiifne s^M Uegf4ir ^ t|^ Atisof
JUSTICIA, VERDAD Y LO MUTABLE E INMUTABLE DEL
Nota a presidente Cam. Diputados y presidentes de bloque
Redalyc. Eyes wide shut: The curious silence of The law of peoples
Artículos - Universidad de Palermo

References: Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución

 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 artículo
28