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Timestamp: 2018-04-23 05:33:31+00:00

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Libertad y seguridad. Principio de legalidad y derechos del privado de libertad. La libertad de circulación y residencia - Apuntes UNED
Libertad y seguridad. Principio de legalidad y derechos del privado de libertad. La libertad de circulación y residencia
Los derechos y libertades del artículo 17 CE
Artículo 17 CE
“ Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.”
La libertad personal y la seguridad
La libertad personal: concepto y recepción constitucional
La libertad personal es, en nuestra constitución, un derecho fundamental, pero también ha sido considerada por la doctrina como un derecho básico inseparable de la dignidad de la persona.
La libertad representa la esfera de autonomía que nos permite realizar, mediante decisiones libres, los propios objetivos vitales.
El TC ha establecido en reiterada jurisprudencia que la libertad constitucionalizada en este apartado primero del art. 17 CE es la libertad física y que por tanto, la protección de la misma radica en la regulación estricta y garantista de los límites a dicha libertad física (detención, condena o internamiento de otra naturaleza, como los de los menores o los de los incapaces).
Así en STC 89/1987, el TC entiende que sólo tienen carácter de derecho fundamental las manifestaciones de la libertad que expresamente se contengan en la CE bajo esta fórmula jurídica. No existe según el TC en el contenido del artículo 17 una manifestación de la libre autodeterminación de la persona, Según el alto tribunal, sí se encuentra en la “ libertad” como valor superior del Oj del art 1.1 CE, lo cual la excluye de la protección jurisdiccional reforzada y, subsidiariamente, del recurso de amparo.
La redacción del art 17.1 CE reconoce a la persona un ámbito de autodeterminación personal que le permite actuar sin injerencias de los poderes públicos, garantizándose de manera expresa que los límites de la libertad, en especial, la detención y, en su caso, la prisión, no se realizaran de manera abusiva ni arbitraria.
Se trata de una libertad negativa que impide las acciones de los poderes públicos perturbadoras de ese ámbito de autonomía personal.
El concepto constitucional de libertad personal no está totalmente cerrado, ya que algunos supuestos no han sido todavía contemplados por el TC. Doctrinalmente, sin embargo, se ha interpretado el derecho a la libertad casi exclusivamente en relación con la prohibición de la detención arbitraria. Esta restricción del concepto no se desprendía ni de la liberalidad del precepto constitucional ni de una interpretación sistemática del mismo con respecto a otros.
La función que la CE asigna a este derecho adopta una doble faz: por un lado, se reconoce y tutela un ámbito de autonomía que no puede ser vulnerado y que se configura como un verdadero derecho público subjetivo y, por otro lado, se establece la obligación de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo dicho derecho (art 9.2.CE).
El apartado 1º del art 17 establece en qué marco único pueden regularse los límites a la libertad personal:
Con observancia de lo establecido en el art. 17, apartados 2 al 4.
En los casos y formas previstas por la ley. El TC en STC 341/1993 ha establecido que el legislador no puede configurar supuestos de privación de libertad que no correspondan a la finalidad de protección de derechos, bienes o valores constitucionalmente reconocidos o que por su grado de indeterminación crearan inseguridad insuperable sobre un modo de aplicación efectiva, y tampoco podría incurrir en falta de proporcionalidad.
Esta doctrina jurisprudencial obliga a fundamentar cualquier restricción o privación de libertad en estos criterios.
Como señala la STC 109/1987, la seguridad a la que alude el art 17.1 CE, no es la seguridad jurídica contemplada en el art 9.3 CE sino la seguridad personal, que se manifiesta en el derecho de la persona a no soportar perturbaciones procedentes de cualquier medida gubernativa o policial u otras similares que alteren su tranquilidad. (STC 126/1987).
La seguridad personal regulada en este precepto constitucional es un derecho de prestación que obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas precisas y las políticas de seguridad ciudadana necesarias para garantizar este derecho a toda la población. Como derecho de carácter personal le corresponde tanto a los nacionales como a los extranjeros, no le correspondería a las personas jurídicas.
Detención preventiva y prisión provisional
El art 17.2 dice: La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
El plazo de detención puede ser ampliado de manera excepcional respecto de personas concretas cuando se dieran las circunstancias extraordinarias a las que alude el art 55.2 CE.
La puesta a disposición judicial no implica siempre la presencia física del detenido ante el Juez, sino que basta para que se cumpla el requisito constitucional de que el detenido quede bajo el control y la decisión del órgano judicial (STC 21/1997).
Como sabemos, en España la detención puede ser:
Judicial ( art. 420,487,494, 683,3 o 785ª LECr),
De los cuerpos de seguridad ( 492 LECr),
También puede ordenar la detención preventiva el ministerio fiscal ( art 5,2 LO5/2000, LORPMenores),
E incluso puede detener cualquier persona (art 490 y 491 LECr)
Creemos, por tanto, que el art 17.2 se refiere a la detención realizada por los cuerpos y fuerzas de seguridad.
El plazo del art 17.2 debe entenderse como plazo máximo, pudiendo el legislador ordinario modular dentro de este plazo.
Sin embargo hay una discrepancia entre el art 496 LECr y el 520.1.2 LECr, ya que el primero establece 24 horas y el segundo 72 horas. En la práctica parece utilizarse el plazo de 72 horas, quizá avalado por la STC 341/1993, aunque otras STC toman en cuenta el plazo de 24 h (STC 224/1998).
Para los casos incluidos en el art 55.2 CE se establece un plazo máximo prorrogable con autorización judicial por otras 48 horas más como máximo (STC 199/1987).
Debemos distinguir esta privación de libertad, aun provisional, de la necesaria presencia física de una persona en dependencias policiales para la práctica de una diligencia por el tiempo estrictamente necesario para llevarla a efecto, según estableció la STC 107/1985.
De otra parte, la prisión provisional, contemplada en el art 17.4 CE, se refiere a la privación de libertad, también provisional, pero de carácter más estable y de ámbito temporal mayor que la detención a la que hemos hecho alusión. Es una medida cautelar y constitucionalmente tiene carácter excepcional en tanto supone una privación de libertad que no tiene como fin “la simple averiguación de los hechos o la realización de diligencias” pero tampoco responde al cumplimiento de una condena.
La jurisprudencia del TC ha variado; primero solicitaba una motivación judicial adecuada (STC 3/1992), de manera que se llegó a configurar una suerte de “ derecho fundamental” del detenido a no estar en prisión mas tiempo del razonable.
Esta posición jurisprudencial varió en STC 47/2000, donde se planteó la autocuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts. 503 y 504 LECr, en la medida en que en dichos artículos no se contenía esa exigencia, es decir, no contemplaban ni exigían para aplicar esta medida de prisión provisional que la misma se adoptara para tutelar un fin constitucionalmente legítimo.
El art 17.3 CE consagra los derechos del detenido que tienen su fundamento constitucional en la presunción de inocencia que reconoce el art 24 CE.
Derecho a ser informado, de forma inmediata y de manera que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención.
Derecho a no declarar, ni a decir la verdad si es imputado. Tal obligación sí existe para los testigos (delito de falso testimonio). El detenido no esta obligado a declararse culpable y puede declarar parcialmente.
Derecho a asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que establezca la ley. Desarrollado éste en los arts. 520, 523 y 527 LECr. El art 24.2 CE declara la tutela judicial efectiva con el significado de garantía del proceso debido.
El art 17.4 CE remite a una ley de regulación del procedimiento de habeas corpus para la tutela de la libertad personal.
Es un procedimiento de garantía de la libertad personal exclusivamente; no alcanza a otros derechos.
Tiene su origen en el Habeas Corpus Amendment Act, inglesa, aprobada en 1679.
Recogida en el art 17.4 CE, ha sido desarrollada por la LO 6/1984 reguladora del Habeas Corpus.
El procedimiento de Habeas Corpus permite solicitar al Juez o tribunal competente que lleve a su presencia a una persona detenida, para lo cual el órgano judicial puede instar a la autoridad policial la puesta a disposición del detenido.
En la exposición de motivos del texto de la ley, se manifiesta que la Ley está presidida por una pretensión de universalidad, lo cual significa que el procedimiento de Habeas corpus que regula alcanza no sólo a los supuestos de detención ilegal, sino también a las detenciones que, aun ajustándose originariamente a la legalidad, se mantengan o se prolonguen ilegalmente o tengan lugar en condiciones ilegales.
Se consideran personas ilegalmente detenidas las siguientes:
Las que hubieran sido detenidas por una autoridad, agente, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes.
Las que lo estuvieren por plazos superiores al señalado por las leyes si, transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o a disposición del juez más próximo al lugar de detención.
Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la CE y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.
Pueden instar el procedimiento de Habeas Corpus:
el interesado, privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto de los menores y personas incapaces, sus representantes legales.
el Ministerio fiscal,
el defensor del pueblo, y
el Juez competente, de oficio.
La característica más notable de esta institución de garantía es la rapidez con que se completa el procedimiento -24 horas desde la incoación para resolver-.
Los derechos del artículo 25 CE
Artículo 25 CE
“ Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.” El art. 25 CE, incorpora por un lado el principio de legalidad respecto de los delitos, faltas o infracciones administrativas y por otro, los derechos de los privados de libertad y la prohibición de imponer penas de privación de libertad por parte de la administración civil.
Consagrado en el art 25,1 CE es, además, reserva de LO en los supuestos en los que esté afectada la libertad personal y el propio desarrollo del art 25 por aplicación de lo establecido en el art 81.1 CE. En otros supuestos, la mención a la reserva de ley puede verse cumplida con la aprobación de una norma con rango de Ley, como un Decreto Legislativo, o un Decreto ley.
El principio de legalidad como manifestación del principio de reserva de ley, es una garantía de la libertad y de la seguridad constitucionalizadas.
Derechos del privado de libertad
El art 25 declara que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad deben estar orientadas a la reeducación y reinserción social. Este precepto prohíbe, además, los trabajos forzados.
La reinserción social del penado debe presidir la política penitenciaria.
La situación de privación de libertad no restringe los derechos fundamentales recogidos por la CE, salvo que la sentencia condenatoria prevea expresamente la limitación de alguno de ellos; o se deriven del sentido de la pena.
El TC ha sentenciado que no todo el contenido del art 25 CE tiene naturaleza de derecho fundamental.
La libertad de circulación
Artículo 19 CE
Las libertades de circulación y residencia reconocen al ciudadano la potestad de “circular, residir y establecerse, ya sea transitoria o establemente en cualquier parte del territorio nacional, sin más limitaciones que las previstas en términos generales por la ley. Límites que se refieren genéricamente, como se menciona después, a razones de sanidad y seguridad pública, con exclusión expresa de cualquier tipo de motivaciones políticas”.
El artículo 19 CE reconoce tres derechos distintos: el derecho a elegir libremente la residencia, el derecho a entrar y salir libremente de España y el derecho a circular libremente por el territorio nacional.
La libertad de circulación representa la libertad de circulación y residencia dentro de un ámbito geográfico concreto: el territorio nacional; la libertad de residencia, por su parte, comprende el lugar donde una persona se asienta establemente y donde desarrolla sus relaciones vitales.
La configuración constitucional de las libertades de circulación y residencia no coinciden conceptualmente con la definición de domicilio civil, ni con lo que representa la libertad de circulación de mercancías o de trabajadores.
Como sucede con el resto de los derechos y libertades constitucionalizados, las libertades del art. 19 CE tienen límites que, en este caso, están en estrecha relación con la seguridad ciudadana.
El artículo 19 CE atribuye la titularidad de este derecho a los españoles. Los extranjeros poseen este derecho en los términos señalados en el artículo 13.1 CE, es decir, con lo que establezcan los tratados y la ley.
En lo que respecta a la posible titularidad de las personas jurídicas de estas libertades, cabe rechazarla respecto de la libertad de circulación que, como se ha señalado, es, en realidad, libertad de movimiento físico de la persona; sin embargo, es más difícil dar la misma respuesta respecto de la libertad de residencia, ya que también las personas jurídicas se establecen transitoria o establemente en determinados lugares.
Límites a la libertad de circulación y residencia
Las libertades del art. 19 CE, pueden ser restringidas en los supuestos de declaración del estado de excepción o de sitio. Igualmente pueden ser limitadas estas libertades en caso de huelga, por ser la persona afectada menor de edad o incapaz y estar sometido a la patria potestad o a la tutela, así como en todos los supuestos de privación o restricción de libertad derivados de acciones policiales y/o judiciales previstas en la ley.
Además, las libertades de circulación y residencia tienen en el respeto a la propiedad privada otro de sus límites. La libertad de circulación y residencia no comprende la libre circulación y asentamiento por zonas privadas sin autorización del propietario, así como por zonas públicas de acceso restringido Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y el establecimiento de las personas.

References: artículo 17

Artículo 17
 artículo 17
 artículo 25

Artículo 25

Artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 13