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Timestamp: 2019-10-19 20:45:16+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 179, de 20/02/2014
cve: DSCD-10-PL-179
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 179
Sesión plenaria núm. 167
- Proyecto de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (procedente del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 60-1, de 20 de septiembre de 2013. (Número de expediente 121/000060) ... (Página4)
- Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno del Estado de Israel, por otra, hecho en Luxemburgo el 10 de junio de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 222, de 15 de noviembre de 2013. (Número de expediente 110/000109) ... (Página13)
- Protocolo de enmienda al Convenio Europeo para la represión del terrorismo, hecho en Estrasburgo el 15 de mayo de 2003, y declaración que España desea formular. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 230, de 29 de noviembre de 2013. (Número de expediente 110/000110) ... (Página13)
- Tratado sobre el comercio de armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 235, de 20 de diciembre de 2013. (Número de expediente 110/000111) ... (Página13)
- Acuerdo marco de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus estados miembros, por una parte, y Mongolia por otra, hecho en Ulan-Bator el 30 de abril de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 236, de 20 de diciembre de 2013. (Número de expediente 110/000112) ... (Página13)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votaciones)
Enmiendas del Senado. (Votaciones)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votaciones)
Enmiendas del Senado.... (Página4)
Proyecto de Ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (procedente del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto.) ... (Página4)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como las señoras Gutiérrez del Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Susinos Barrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales... (Página13)
Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno del Estado de Israel, por otra, hecho en Luxemburgo el 10 de junio de 2013... (Página13)
Protocolo de enmienda al Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, hecho en Estrasburgo el 15 de mayo de 2003, y declaración que España desea formular ... (Página13)
Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 235, de 20 de diciembre de 2013. Número de expediente 110/000111)... (Página13)
Acuerdo marco de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Mongolia por otra, hecho en Ulan-Bator el 30 de abril de 2013 ... (Página13)
Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, y Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página18)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, se rechazan los puntos 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 del apartado A), por 131 votos a favor, 169 en contra y 15 abstenciones; se rechazan el resto de puntos del apartado A) por 142 votos a favor, 168 en contra y 5 abstenciones; y se rechaza el apartado B) por 43 votos a favor, 170 en contra y 102 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Economía y Competitividad, sobre la política de gestión de activos derivados del rescate bancario y, en concreto, sobre la situación y gestión de la SAREB, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y la segunda enmienda del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se rechaza por 131 votos a favor, 169 en contra y 15 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la protección del interés general y el cumplimiento de la legalidad, quebrantada por diversos actos ya ejecutados en desarrollo del proyecto secesionista de Artur Mas, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 272 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención.
Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página19)
Sometida a votación la enmienda número 2 al proyecto de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (procedente del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto), se aprueba por 296 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones.
Sometidas a votación el resto de enmiendas al citado proyecto de ley, se aprueban por 172 votos a favor, 22 en contra y 123 abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación.) ... (Página19)
Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día, todos ellos son aprobados.
Debate de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, procedente del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto. En primer lugar, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Recuerdo que en una ocasión la alcaldesa de Madrid se refirió a la conveniencia de no mezclar peras y manzanas, y eso es justamente lo que hace el Partido Popular todas las semanas -además con un desparpajo a mi entender irresponsable-, mezclar peras con manzanas, churras con merinas. Y así, mientras se da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para mejorar la protección de los trabajadores a tiempo parcial, aprovechan que pasaban por allí para incorporar cuestiones relativas a la reforma laboral -al agravamiento del despido, para ser más precisos- y a temas ferroviarios y aeroportuarios, cuestiones en definitiva relativas a peras y manzanas. Y así todas las semanas, un auténtico desbarajuste legislativo. Desgraciadamente, el Senado no aporta las enmiendas necesarias para que este real decreto pudiera servir para crear empleo o mejorar algo, el real decreto vuelve casi tan mal como se fue, con mínimas correcciones técnicas. Sigue siendo, por tanto, un texto legislativo hostil hacia los trabajadores y sus derechos, un texto cuya letra y música ha sido escrita por las grandes empresas, las grandes multinacionales, como por ejemplo Coca Cola, "La chispa de la vida". Una empresa que, según el informe del Tribunal Económico Administrativo, podría haber defraudado 100 millones a Hacienda, una empresa que presenta un ERE que afecta a 1.253 trabajadores, a pesar de tener beneficios multimillonarios. Es un ejemplo de cómo ustedes, decreto tras decreto, han construido un puente de plata a los despidos y en consecuencia han conducido a muchísima gente al paro y a la pobreza. Con sus tramitaciones urgentes están desregularizando el mercado laboral a toda prisa, creando un nuevo marco en el que el trabajador se encuentra a expensas del empresario, laminando la posibilidad de defensa de sus derechos que realizan los sindicatos, contra los que también están en una particular cruzada bajo las directrices del neoliberalismo radical que dirige la troika, a cuyos designios también sometió el Gobierno anterior el rumbo de este país.
Pobreza energética, pobreza económica, desigualdad social e injusticia, son los apellidos de un Gobierno que, como Atila, todo lo destruye a su paso. ¿Comparten ustedes, por ejemplo, la afirmación del presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, de que la luz es como las sardinas? Imagino que sí porque han votado en contra de todas las iniciativas parlamentarias para hacer frente a la pobreza energética, y ahí es donde residiría la urgencia y la necesidad, ahí, ahí es donde residiría esta urgencia, en hacer frente a los males que padece la gente, la gente que padece frío, por ejemplo, porque no puede pagar unos precios abusivos de la luz, que no se pagan en casi ningún país de Europa. Ahí es donde tendría éxito aprobar un real decreto cuya exposición de motivos se encabezará como lo hace esta: La situación de crisis por la que está atravesando nuestro país exige la adopción de reformas que contribuyan a la recuperación del crecimiento económico y a la creación de empleo en el plazo más corto posible. Con lo que luego se encuentran los ciudadanos es bien distinto, ni siquiera ante la necesidad de modificar la cotización de los trabajadores a tiempo parcial para acceder a las prestaciones en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, han sido benévolos, poniendo en riesgo su constitucionalidad de nuevo al introducir un elemento corrector que no existe para el resto de contratos, generando nuevamente desigualdad después de regular por imposición de la igualdad. Esto es, que ni por mandato del Constitucional son ustedes capaces de regular la igualdad, no sea que haya demasiada gente accediendo a las prestaciones sociales para las que ha cotizado, pueden pensar ustedes.
Acabo. Ustedes siguen en su senda de fomentar pobreza y desigualdad, y nosotros, Compromís-Equo, en la de denunciarlo junto a miles de trabajadores, como los de la Coca Cola, que no están dispuestos a quedarse en casa ante la injusticia que ustedes favorecen a golpe de real decreto. Por tanto, nuevamente nos obligan a darles un humilde pero rotundo no a este decreto.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que es muy difícil decir algo razonable sobre este vamos a denominar proyecto de ley, por desconocimiento. Se ve que esta es una legislatura para grandes juristas que sepan o que tengan una visión enciclopédica y omnicomprensiva del ordenamiento jurídico, porque aquí se regulan doce materias sistemáticamente diferentes o este proyecto de ley afecta a doce sectores diferentes del ordenamiento jurídico. Honestamente, tengo que decirle que sobre el sector ferroviario sé poco, sobre el sector aeroportuario menos; sé algo de la Ley Concursal; sobre el derecho del trabajo o los aspectos relativos a la legislación laboral sé algo más, algo más también sobre las materias relativas a la Seguridad Social y particularmente lo que constituye pretendidamente el tronco de este proyecto de ley, que es la nueva regulación del cómputo de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. Sobre la naturaleza jurídica de la Sareb no sé absolutamente nada.
He intentado hacer un esfuerzo por absorber algunos de los aspectos de esta prolija regulación y tengo que decirle que lo único que se me ocurre es que este proyecto de ley probablemente será inconstitucional o es inconstitucional en virtud de prolija jurisprudencia del Tribunal Constitucional que obliga al legislador a practicar una mínima y razonable coherencia sistemática a la hora de elaborar los textos legales. Con tantas materias inconexas asistemáticamente incluidas en este mismo proyecto de ley, desordenadas, se está vulnerando el artículo 9.3 de la Constitución, se está vulnerando la ordenación que provee de suficiente seguridad jurídica para que los operadores jurídicos sepan por lo menos dónde están físicamente reguladas determinadas materias. ¿O es que quién puede saber que la atención a las víctimas de accidentes ferroviarios está en este proyecto de ley? Me imagino que alguien, un operador jurídico, con buena fe, iría a mirar la regulación o la legislación en materia de víctimas de accidentes de trabajo o de otras circunstancias y no se le ocurriría mirar aquí; o cómo se regula parcialmente la estructura del sector ferroviario. No sé si sería esta la ley, que se denomina proyecto de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras -ahí el otras es lo importante, otras es todo lo demás que le he dicho- medidas urgentes -pretendidamente- en el orden económico y social. Pues nadie miraría aquí para ver cómo se regulan los accidentes ferroviarios ni cómo se configuran las comisiones de investigación de una catástrofe ferroviaria, ni si deben poseer la condición de autoridad pública los miembros de una comisión de investigación de un accidente ferroviario. Tampoco se les ocurriría mirar aquí para ver cuál es la modificación de la naturaleza jurídica de la Sareb, del banco malo. No sé si vendrían a este proyecto de ley para reglamentar la regulación a tiempo parcial, que es lo único que puedo glosar razonablemente.
En relación con esta ley, señor presidente, estamos de acuerdo con la regulación que aquí se consigna y estamos de acuerdo porque esta es de las escasas materias que en esta legislatura se han podido pactar previamente en virtud de un pacto universal entre todos los grupos parlamentarios mediante la regulación de los llamados coeficientes de parcialidad y una adecuada alteridad entre jornadas a tiempo parcial, jornadas a tiempo completo o jornadas que tienen duraciones diferentes. Desde esa perspectiva, lo que está pactado, bien pactado está; está bien ubicado, está bien trasladado a este proyecto de ley. En cuanto a lo demás, tengo grandes dificultades intelectuales para poder emitir una reflexión ponderada. Intuyo que estará bien la configuración de la nueva naturaleza jurídica de la Sareb.
Intuyo que en materia de reformas estructurales del sector ferroviario, aeroportuario y portuario las cosas se habrán hecho por personas competentes y con un conocimiento suficiente y adecuado de esta materia. En el ámbito de la Ley Concursal -aquí puedo hablar quizá con mayor legitimidad- la regulación se cohonesta con los requerimientos del Estatuto de los Trabajadores, sobre todo en materia de despidos colectivos o despidos por causas objetivas. Desde esa perspectiva, nos parece adecuada la regulación de la legislación concursal o el precepto que regula parte de la Ley Concursal.
En materia de la reforma del Estatuto de los Trabajadores se ahondan en las mismas líneas substantivas y ontológicas de la reforma laboral del año 2012 y no podemos validar desde ninguna perspectiva una reforma laboral que rechazamos en su totalidad, tanto en su fundamentación ontológica como en su contenido material o substantivo, sobre todo en las materias que aquí se prevén. De nuevo se potencia aún más la decadencia de la negociación colectiva laboral mediante una facilitación adicional de descuelgue de las cláusulas de los convenios colectivos de ámbito superior. En materia de descausalización de los despidos objetivos y de los despidos colectivos -los ERE-, se sigue también profundizando en esta descausalización, que es uno de los motivos que está provocando las tasas de desempleo con las que
convivimos y que nosotros denunciamos, con más voluntad que acierto -por lo que se ve-, porque no se nos hizo caso ni a nosotros ni a ninguno de los demás grupos de la oposición. Se aprobó esta norma con la mayoría absoluta del Grupo Popular y desde esa perspectiva no podemos tampoco convalidar esta materia. Pero el tronco de esta ley y lo que fuimos llamados a debatir es la nueva regulación del cómputo de la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial mediante los coeficientes de parcialidad que entre todos pactamos, atendiendo a los requerimientos de una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 61/2003, y esto se ha recogido adecuadamente atendiendo a las dos objeciones de la sentencia del Tribunal Constitucional. Una era la vulneración del principio de igualdad en el sistema de cómputo para la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial y de los trabajadores a jornada completa; y otra, los problemas de género que pertinentemente invocaba la sentencia del Tribunal Constitucional partiendo de la consideración estadística de que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial realmente son trabajadoras a tiempo parcial, porque son las mujeres las que mayoritariamente usan esta figura del contrato a tiempo parcial por las razones que sea, normalmente por intentar buscar fórmulas de conciliación de la vida laboral y familiar. Esto está bien y esto es lo que teníamos que haber regulado. Todas las demás materias son adhesiones ex post, añadidos o sucedidos y, como le digo, señor presidente, algunos plantean globalmente problemas de inconstitucionalidad. Pero también llama poderosamente la atención como algunos preceptos o algunas de estas reformas parciales de los nueve sectores del ordenamiento jurídico que son objeto de afectación por esta ley, están derogando reales decretos-leyes presentados por el Gobierno y convalidados por esta Cámara muy recientemente. Desde esa perspectiva, cuando se elaboran leyes con esta dimensión tan heterogénea y tan inconexa, que no dejan de constituir una verdadera atrofia jurídica, por lo menos se tiene que tener cuidado en las tablas derogatorias, qué es lo que se deroga y qué es lo que no se deroga, porque a veces se derogan normas aprobadas por el mismo Gobierno que ha elaborado este proyecto de ley.
Desde esta perspectiva, señor presidente, en relación con las enmiendas -no sé si es el momento de pedir votación separada-, votaremos afirmativamente a la enmienda aceptada por el Senado en relación con el artículo 1 y la consideración de autoridad pública de los funcionarios que participen en comisiones de investigación de accidentes ferroviarios, y nos vamos a abstener por razones más estéticas que jurídicas en relación con todas las demás.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
He tenido ya el honor de fijar en numerosas ocasiones la postura de mi grupo respecto a este texto legal, porque se convalidó como real decreto, hubo un debate de totalidad, hubo un debate en Comisión y hubo un debate en Pleno. Por tanto, para no entretener innecesariamente a la Cámara, me limitaré a resumir brevemente nuestra postura. En este texto legal hay tres bloques. El primero es un acuerdo convalidado en el Pacto de Toledo para mejorar el acceso a las pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. Nos parece un acuerdo muy importante, lo promovimos mediante una proposición no de ley y cumple además sentencias europeas y del Tribunal Constitucional. Lo apoyamos y lo único que lamentamos es que no haya podido visualizarse ese importante acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo separando esta disposición del resto de temas que se tratan en la ley. Sin embargo, el segundo bloque tiene contenido laboral y no lo apoyamos, es una nueva vuelta de tuerca en la reforma laboral, una nueva vuelta de tuerca en la dirección de la precarización del empleo a la que nos hemos venido oponiendo desde la misma reforma laboral. Por último, hay un tercer bloque inconexo, de difícil descripción o calificación, con temas aeroportuarios, ferroviarios, de la Sareb, y una y otra vez hemos señalado nuestra oposición a esta forma de tramitar temas inconexos que dificultan el debate y la votación. Por eso nos opusimos en conjunto a esta ley. Las enmiendas del Senado no cambian nada esencial y, por tanto, tampoco cambian nuestra posición de conjunto con respecto a esta ley. Cuatro de ellas básicamente cambian de sitio disposiciones finales, las cambian al Real Decreto 16; nos abstendremos porque nos resulta indiferente que esas disposiciones finales estén aquí o allá. La quinta enmienda da el rango de autoridad pública a los funcionarios que participen en comisiones de investigación de accidentes ferroviarios, un tema interesante pero menor, que votaremos favorablemente.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
Señorías, terminamos hoy la tramitación de una norma que comenzó hace ya algunos meses con el debate de convalidación del Decreto-ley 11/2013. Me permitirán que les diga que creo que es el paradigma de la manera chapucera que el Gobierno y el grupo mayoritario de la Cámara, el Grupo Popular, han convertido la actividad legislativa, y voy a intentar justificarlo. Hoy se confirma el dicho popular de que mal acaba lo que mal comienza. Esta -recuerden- debería haber sido la norma que regulara solo el nuevo sistema de cálculo de las cotizaciones en los contratos a tiempo parcial. De hecho, es lo que dice el título del Decreto-ley 11/2013 que, convertido en proyecto de ley, en estos momentos termina su tramitación. Además, teníamos la fortuna de que en este tema, en la nueva regulación de las cotizaciones en los contratos a tiempo parcial, se había podido alcanzar posiblemente el único acuerdo en materia laboral y Seguridad Social -y me atrevo a decir que en el conjunto de los temas de la Cámara- por todos los grupos de la Cámara. Un acuerdo que, por cierto, no respondía a la voluntad política del Gobierno, sino a la obligación imperiosa de cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que exigía un cambio en la legislación española por considerar que la anterior legislación discriminaba profundamente a los trabajadores a tiempo parcial y especialmente, por razón de género, a las mujeres, porque desgraciadamente el contrato a tiempo parcial es un contrato precarizado que el legislador y el Ejecutivo tiene reservado especialmente a las mujeres.
Incomprensiblemente -nadie nos ha dado aún una explicación-, después de haber alcanzado un acuerdo de todos los grupos en el marco del Pacto de Toledo y cuando podíamos haber convalidado todos un decreto-ley por acuerdo pleno, resulta que el Gobierno decide cargarse ese acuerdo metiendo dentro de ese decreto-ley materias no solo de Seguridad Social y otras laborales -que podrían tener alguna justificación-, sino hasta nueve materias distintas correspondientes a varios ministerios. Resultado, no sé si ustedes lo recuerdan pero yo sí, el debate de convalidación del decreto-ley fue confuso y de escasa transparencia. Estoy profundamente convencido de que ni la ministra de Empleo cuando presentó a su convalidación el decreto-ley sabía lo que estaba presentando. No lo podía saber, sin duda, porque, insisto, es de ámbitos de bastantes ministerios. Luego, como se tenía la necesidad política de expresar el acuerdo con aquella parte del decreto-ley en el que todos estamos de acuerdo, que es el tema de la cotización de los contratos a tiempo parcial, como una excepción bondadosa por parte del grupo de la mayoría se aceptó tramitarlo como proyecto de ley; entonces, desgraciadamente, el Partido Popular confirmó que sus llamadas al diálogo son pura retórica. A pesar del esfuerzo que hicimos algunos grupos -en el caso del nuestro creo que bastante evidente, presentando un texto articulado alternativo, complicado por cierto, muchas enmiendas con propuestas y desmintiendo una vez más que es falso eso que pretende imputar el Partido Popular de que nuestro grupo no es capaz de presentar alternativas, las presentamos-, el Partido Popular ha sido totalmente refractario a ninguna aportación; quiero insistir que ni tan siquiera a aquellas de naturaleza técnica que, a nuestro modesto entender, permiten una mayor claridad y precisión en la norma procesal de la jurisdicción social que regula determinadas materias.
Hasta ahí, el proceso de tramitación. He tenido oportunidad en tres ocasiones de explicar las razones profundas por las cuales estamos en contra de esta norma. Da un paso más -y desgraciadamente no ha sido último- en los procesos de precarización de las condiciones de trabajo, en el proceso de privatización también de los servicios públicos de empleo, en el proceso, me atrevo a decir, de criminalización de los parados perceptores de prestaciones de desempleo, es decir, en todo aquello que ha caracterizado lo peor de la política del Gobierno durante esta legislatura. Hoy nos encontramos al final de un proceso marcado por un espectacular esperpento legislativo y, como no podía ser de otra manera, vamos a terminar como si este debate lo estuviera dirigiendo el mismísimo Kafka. Me explico, hoy tenemos enmiendas del Senado que vienen a intentar salvar, y no lo consiguen, la barbaridad y la falta de seguridad jurídica provocada por un hecho curioso, y es que, mientras estábamos tramitando este proyecto de ley, al Gobierno no se le ocurrió otra cosa que presentar otro nuevo Decreto-ley, el 16/2013, que modificaba en materia de contratación laboral lo que ya había modificado el Decreto-ley 11/2013 hacía escasamente unos meses; ese decreto-ley ha tenido una vigencia de escasas semanas. El Gobierno legisla espasmódicamente, está convirtiendo la seguridad jurídica en una especie de diplodocus inexistente en nuestro país. Pero, fíjense ustedes bien hasta qué punto lleva al esperpento, que en las enmiendas introducidas en el Senado se están modificando aspectos que fueron modificados en el Decreto-ley
16/2013 hace escasamente unas semanas, que modificaba el texto original del Decreto 11/2013; entenderé que ustedes no me sigan, porque eso solo lo puede seguir Kafka. (Aplausos). Pero ya les vaticino que si el Gobierno quiere enmendar esta plana, de aquí a dos días vamos a tener otro decreto-ley que va a tener que enmendar el entuerto de su furor legislativo, porque no se le puede llamar de otra manera. Han encontrado ustedes tanta comodidad en la mayoría absoluta, se sienten tan cómodos, se están acostumbrando tanto a ella, que no se dan cuenta de que hasta qué punto les está perjudicando a ustedes también como Gobierno y como grupo, porque se están deteriorando.
Sinceramente, señorías, no sé si a ustedes les sucede, pero yo no puedo hablar con mis compañeros de profesión, del mundo del derecho, ni con profesores ni con abogados laboralistas; me preguntan: ¿no os da vergüenza legislar de esta manera? Yo digo: sí, pero os puedo asegurar que no soy el responsable y que intentamos hacer todo lo posible. Señorías, les traslado la pregunta de mis compañeros, ¿no les da vergüenza, no se les cae la cara de vergüenza de legislar de esta manera? Políticamente todo es discutible; ya sé que tenemos concepciones diferentes sobre las relaciones laborales, eso es legítimo, pero ¡por Dios, lo que hagan, incluso aunque sea precarizar las condiciones de trabajo, al menos háganlo con un poco de dignidad, con un poco de sentido común! Pero es que no han terminado ustedes, señorías; las barbaridades continúan, y no solo es en el campo laboral. ¿Se han leído ustedes la introducción de la exposición de motivos del primer decreto-ley de este periodo de sesiones, el Real Decreto-ley 1/2014? Si no se la han leído, se la voy a recordar yo hoy. En ese Decreto-ley 1/2014 el Gobierno anuncia que se ve obligado a modificar la legislación sobre seguridad ferroviaria que introdujo en el Decreto-ley 11/2013, dedicado a contrato a tiempo parcial -porque lo hizo corriendo-, porque la Comisión Europea le ha emplazado a modificarlo porque no cumple una directiva comunitaria sobre seguridad ferroviaria. ¿Es posible ser más chapuzas? (Varios señores diputados: ¡Sí!-Rumores.-Aplausos). ¿Es posible? Yo creo que ustedes nos van a demostrar pronto que sí, que se pueden incluso superar en su sentido kafkiano de la actividad legislativa y en su sentido chapucero.
Por favor, impongan la política que ustedes crean que pueden imponer, porque creen que su mayoría -conseguida con fraude electoral, porque engañaron a la ciudadanía- les da permiso para hacer todo. Pero, al menos, háganlo con un poco de dignidad. Han convertido ustedes el mandato constitucional de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución en un papel mojado. No sirve para nada. Solo por eso, lo que estamos discutiendo hoy merece nuestro voto en contra. La verdad, se lo vuelvo a repetir, ni Kafka podría superar lo que ustedes son capaces de hacer cuando se les da el BOE y se les permite utilizarlo absolutistamente.
Efectivamente, finaliza el debate de este proyecto de ley y los grupos de la oposición venimos coincidiendo a lo largo de su tramitación en dos cuestiones en las que los oradores que hasta ahora han subido a la tribuna han insistido. Por un lado, en una valoración positiva de aquello que incorpora el real-decreto, hoy proyecto de ley, en materia de tiempo parcial, resolviendo el trato discriminatorio que los trabajadores a tiempo parcial tenían en relación con el sistema de cotización establecido desde hacía tiempo, fruto de sentencias de la justicia europea y de la justicia española y fruto también, y nos gusta recordarlo, de enmiendas de Convergència i Unió en la reforma de pensiones de 2011 que mandataba a una reforma del tiempo parcial en la dirección que finalmente se ha aprobado en este proyecto de ley; y una reforma, la contenida en este hoy proyecto de ley, que respondía al acuerdo con los interlocutores económicos y sociales. Todos contrastamos cómo el Gobierno, los interlocutores sociales y los grupos políticos de esta Cámara, en esta materia en concreto, fuimos capaces de alcanzar un acuerdo demostrando la vigencia, las virtudes, la fortaleza de la metodología del Pacto de Toledo a la hora de encarar la política en materia de Seguridad Social. Y contraponíamos esta manera de legislar, esa manera de actuar en esta materia frente a la otra reforma de pensiones, la más sustancial, que el Gobierno y el Grupo Popular han aprobado en solitario sin que ningún interlocutor social los haya acompañado, con el rechazo de toda la oposición y muy convencidos de que la reforma, que en la práctica abre un camino de empobrecimiento de los pensionistas, cuando en esta Cámara exista una mayoría distinta deberá ser revocada.
Decía que contrastábamos eso, la buena reforma que aquí introducíamos, con esta otra reforma, y valorábamos positivamente la incorporación en este texto legislativo de las cuestiones del tiempo parcial.
Al mismo tiempo, todos estamos insistiendo -lo han hecho de manera vehemente y brillante los señores Olabarría y Coscubiela- en el absurdo que supone tramitar en un mismo texto legislativo en forma de real decreto-ley cuestiones tan dispares y tan distintas que hacen imposible una discusión mínimamente coherente, al menos por los conocimientos que de las materias podemos tener los distintos portavoces; quizá la única diputada que lo pueda hacer es la señora Gutiérrez porque, aparte de ser inspectora de Trabajo, ha sido también secretaria de Estado de Transportes y eso seguramente le da una visión global para abordar este real decreto, pero no es el caso del resto de diputados. Además -y a ello se ha referido con mucha contundencia el señor Coscubiela, yo quizá no voy a ser tan vehemente como él, pero comparto la cuestión de fondo-, resulta que el Gobierno, fruto de peticiones que le formula la Comisión Europea de que debe modificar el régimen ferroviario, aprueba un real decreto-ley, pero, como tiene en tramitación parlamentaria este proyecto de ley, resulta que la entrada en vigor de esta nueva ley deja sin vigencia aquello modificado en el real decreto-ley que afectaba al sector ferroviario y que se aprobó a principios de este año con una demostración de una pésima manera de legislar. Es sorprendente porque, a medida que la legislatura va avanzando, la actitud del Grupo Popular no es tanto la de esforzarse en intentar buscar acuerdos, en intentar que el trámite parlamentario sirva para mejorar las leyes, sino simplemente instalarse en la comodidad de hecho que le supone tener la mayoría absoluta de las dos Cámaras y la consecuencia de una cierta pereza a la hora de trabajar bien lleva a situaciones como la que estamos viviendo en el absurdo de este proyecto de ley. Es lamentable porque, la verdad, para quienes llevamos ya un cierto tiempo en esta Cámara provoca desazón esta manera de legislar.
Todo ello hace que no podamos tener una valoración positiva sobre este proyecto de ley, más allá, insisto, de las cuestiones del tiempo parcial, por las cuestiones formales. Además, hemos intentado resolver una cuestión, tanto en el Congreso como en el Senado, que no se ha resuelto y que es un mal planteamiento en el cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional que afectan al control de determinadas prestaciones en el ámbito de la protección social que, al entender de Convergència i Unió y también del Consejo Consultivo de la Generalitat, vulneran los títulos competenciales que en materia de empleo otorga el Estatuto de Autonomía a las instituciones de Cataluña. Eso no ha habido manera de resolverlo en los trámites parlamentarios y va a llevar al Parlament o al Govern de Catalunya a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional en esta materia. Creíamos que podía haber existido una solución que encajase perfectamente con el reparto de competencias existente.
Finalmente -con ello termino, señor presidente-, me referiré a cinco cuestiones que, al hilo de un real decreto-ley, de un proyecto de ley que forma parte de la política de empleo del Gobierno, Convergència i Unió quiere reiterar. En primer lugar, en la recuperación, si es que estamos ya instalados en el fin de la recesión pero continuamos en la crisis, los acuerdos con los interlocutores sociales deberían ser prioridad en la política de empleo y protección social del Gobierno. Sin capacidad de acuerdo con los interlocutores sociales, la recuperación, si es que se produce, va a ser más difícil, más compleja, más lenta y, sobre todo, menos justa y menos equitativa; y, ante esa necesidad de recuperación acordada con los interlocutores sociales, existe la necesidad de recuperar los acuerdos en esta Cámara en materia de empleo y de protección social. El Grupo Popular no puede instalarse en la pereza que le da el ejercicio de su mayoría absoluta.
En segundo lugar, la lógica macroeconómica que la Unión Europea decide que forma parte de la salida de esta crisis, de la contención del déficit público, de las reformas estructurales y de la mejora de la competitividad a largo plazo de nuestra economía por la mejora de las condiciones o las rebajas salariales tiene sus límites en la capacidad de generar empleo. La propia ministra de Empleo ya lo afirmaba hace unos días, no da más de sí está política en el medio y en el corto plazo para generar empleo, y se necesita una política de estímulos a la creación de empleo en el corto plazo. Ahí el Gobierno debe dar respuesta a la necesidad de un plan de choque para la creación de empleo.
En tercer lugar, continúa pendiente una convicción por parte del Gobierno acerca de la importancia y la trascendencia de las políticas activas de empleo, son imprescindibles. Las instituciones internacionales nos lo vienen reclamando, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea, la gran cuestión pendiente son las políticas activas de empleo. Ustedes han recortado más del 50% de los recursos en esta materia y es inconcebible que, frente al perfil de buena parte de nuestras personas desempleadas con formaciones inferiores a la ESO, no hagan una apuesta por el reciclaje profesional y el acompañamiento a los parados.
En cuarto lugar, debe preocuparnos, y debería preocuparle más al Gobierno, la progresiva disminución de la tasa de cobertura de la protección por desempleo. En Cataluña estamos en el 51% de cobertura de
la tasa de prestación por desempleo y durante 2014 el 68% de las personas que hoy reciben protección social van a ver cómo finaliza la misma, y si estas personas no encuentran ningún tipo de empleo, las condenaremos a la economía sumergida o a la asistencia social.
Finalmente, al Gobierno debería preocuparle aquello que nos advertía la Unión Europea hace muy pocas semanas, que es la emergencia de los denominados trabajadores pobres, personas que, a pesar de tener un empleo, el empleo no les permite vivir con dignidad. En la política de empleo y en la política de protección social estas cinco cuestiones deberían formar parte de la prioridad de la acción del Gobierno. Hasta ahora nada de lo que ustedes están proponiendo va en esa dirección, y es una pena.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente.
Señorías, debatimos hoy las enmiendas incorporadas en el Senado al proyecto de ley que tiene su origen en el real decreto-ley de 2 agosto sobre protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Mi grupo votará a favor de la enmienda que modifica el artículo 2 y se abstendrá en el resto. Lo curioso es que tres de las cuatro enmiendas que llegan del Senado son de supresión de las disposiciones que el propio Grupo Popular había incorporado a este proyecto de ley en la Cámara sobre los contratos formativos. Sus reformas parecen un constante vaivén, pero con una estrategia bien calculada: seguir pulverizando los derechos de los trabajadores. En este caso tenían mucha prisa para que entrara en vigor una mayor precariedad en los contratos formativos, por eso lo incorporaron en el Real Decreto-ley 16/2013, de diciembre.
Señorías, el decreto-ley del 2 agosto, del cual trae causa este proyecto de ley, y el Real Decreto-ley 16/2013, de diciembre, son expresión de lo que la señora Báñez llama reformas estructurales de segunda o tercera generación, es decir, nuevas vueltas de tuerca a la reforma laboral. ¿Y en qué consisten? Consisten en seguir por la pendiente de la eliminación de derechos individuales y colectivos de los trabajadores, en la pendiente de otorgar un poder unilateral al empresario con abierta ruptura del modelo de relaciones laborales. Siguen ustedes insistiendo en hacer más fácil y barato el despido, en este caso el despido a los mayores de cincuenta años en empresas con beneficios. Siguen ustedes restringiendo la tutela jurisdiccional. Continúan ustedes precarizando aún más la contratación laboral. Insisten en eliminar el diálogo social y el acuerdo entre empresarios y sindicatos en un intento de hacer irrelevantes a los interlocutores económicos y sociales que, no lo olviden, tienen en nuestro país relevancia constitucional.
En la reforma de 2012 tenían entre sus objetivos la desregulación de la fijación del salario para provocar la mayor devaluación que hemos conocido en nuestra reciente historia. En estas segundas vueltas de tuerca desregulan la jornada laboral y completan la desregulación de todas las condiciones de trabajo. Con estas nuevas vueltas de tuerca continúan quitando derechos y protección a los trabajadores hasta hacer desaparecer el carácter tuitivo del derecho del trabajo. La realidad muestra que los objetivos declarados en su reforma están hoy mucho más lejos que lo que estaban hace dos años y los resultados son dramáticos para los trabajadores. La reforma laboral ha provocado más destrucción de empleo. En dos años se han destruido 1.049.000 empleos. El número de parados ha aumentado en 622.700 y por primera vez en cuarenta años cae la población activa en 426.000 personas. La relación entre crecimiento y empleo en 2012 y 2013 es infinitamente peor que la que se daba en 2011 y, por supuesto, peor que la de 2009, el peor año de la crisis. En 2013 esta relación es de uno a tres, la producción ha caído un 1,2% y el empleo ha caído un 3,1%. La tasa de paro se sitúa en el 26,4% en 2013 frente al 21,6% en 2011, cinco puntos porcentuales más.
En cuanto a los jóvenes, soportan tasas de paro que superan el 55%. En cuanto a la protección de los desempleados, la cobertura por desempleo está en caída libre, apenas alcanza el 60% de los parados. Hay más de 3 millones de parados sin ningún tipo de protección, 1.800.000 familias con todos sus miembros en paro y 700.000 hogares donde no entra ningún tipo de ingreso. Es una situación tan dramática para millones de desempleados que la respuesta del Partido Popular ha sido más de lo mismo, pero desde luego no políticas activas de empleo. Los recortes al desempleo suman más de 6.000 millones de euros en relación con 2011. Los despidos siguen aumentando, un 50% los despidos individuales y un 31% los despidos colectivos. Decían que sustituirán despidos por reducción de jornada y suspensiones, pero lo cierto es que los beneficiarios de estas prestaciones pierden peso en relación con los despidos colectivos. En 2013 representaban el 73% de los trabajadores sometidos a expedientes de regulación de
empleo cuando en 2009 era un 82%. Con su reforma, los contratos indefinidos apenas llegan al 7%, la rotación temporal de los contratos se ha disparado. El contrato de emprendedores, el gran hallazgo para superar la segmentación del mercado laboral, profundiza aún más en la segmentación del mercado laboral y ahora lo extienden ustedes a la contratación a tiempo parcial. Asistimos a un proceso de sustitución de empleo a tiempo completo y estable por contratación temporal a tiempo parcial involuntario. Han roto la concertación social y han dañado la negociación colectiva. El número de trabajadores cubierto por convenio se ha reducido en un 25% tras la reforma.
Lo que sí han logrado es la gran devaluación salarial, con cinco trimestres consecutivos de reducción de salario según la encuesta de salarios. Esta devaluación salarial ha ido acompañada de incrementos inaceptables en las retribuciones de altos ejecutivos. El coste de la crisis la están pagando los trabajadores y los beneficios han ido a los bolsillos de unos pocos. Los excedentes empresariales ligados a la caída de salarios no se han reinvertido ni se han destinado al mantenimiento del empleo. Empresas con beneficios siguen haciendo uso de la reforma laboral, haciendo ERE, despidiendo a trabajadores y destruyendo empleo.
Señorías, algo debemos decir de su forma de legislar, ya lo han puesto de manifiesto todos los grupos que me han precedido en el uso de la palabra. Ustedes han hecho catorce modificaciones legales desde que llegaron al Gobierno en el ámbito laboral y de Seguridad Social: ocho mediante decreto-ley y seis mediante proyecto de ley. El hilo conductor de todas ellas ha sido la desregulación del mercado de trabajo, eso sí, siempre en perjuicio de los derechos de los trabajadores. Cada una de estas reformas ha sido presentada como el gran hallazgo, el hallazgo definitivo; la realidad es que esas modificaciones están repletas de ocurrencias, improvisaciones y rectificaciones. Han creado ustedes una gran maraña normativa, han generado inseguridad jurídica y sensación de provisionalidad. En estos momentos es difícil saber qué precepto está en vigor y cuál ha sido derogado.
Le pongo dos ejemplos. El proyecto de ley que hoy debatimos derogará lo establecido en el Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, en relación con la fijación del canon del uso de la infraestructura de ADIF, porque la Unión Europea había exigido esa modificación. Esto lo advirtió mi compañero Simancas la semana pasada en el debate de convalidación, y ustedes le contestaron que leyera bien las memorias del real decreto-ley. Hoy los servicios de la Cámara ponen de manifiesto este problema. ¿Cómo van a explicar ustedes esta chapuza a las instituciones europeas? ¿Pretenden ahora por la puerta falsa rectificar esta chapuza? Esto es una auténtica vergüenza. Pero es más, no es el único caso, le pongo otro. ¿Puede el Grupo Popular afirmar que se mantiene la eficacia de la reducción del 1% en las cotizaciones al desempleo para los contratos de duración determinada a tiempo parcial que contemplaba el Real Decreto-ley 16/2013 o ha sido derogada por la Ley de Presupuestos que entró en vigor con posterioridad? ¿Desconocían ustedes, señorías, que una ley posterior deroga siempre la anterior? Señorías, ocurrencias, improvisaciones, rectificaciones, pero lo peor de todo es que no solamente afectan a las formas -al final otro decreto-ley podrá rectificar este entuerto-, sino que se han llevado por delante los derechos de los trabajadores y han provocado un sufrimiento intolerable.
Ahora, el vicepresidente económico de la Comisión Europea dice que recuperaremos en diez años el nivel de empleo que tenía España antes de la crisis, eso sí, siempre que España tenga un crecimiento económico por encima del 2,5% anual. La pregunta es: ¿Por qué no optaron desde el principio por el crecimiento económico y la creación de empleo? ¿Era un problema de recursos o un problema ideológico? El ministro de Economía la semana pasada reconocía que se habían pasado en recortes y en la política de austeridad. La conclusión es que la creación de empleo habría exigido una apuesta por el crecimiento económico y desde luego no la reforma laboral que ustedes querían hacer sí o sí. Ustedes querían hacer desaparecer el derecho laboral, el modelo de relaciones laborales, los derechos de los trabajadores, y al final la crisis ha sido solamente una excusa y una coartada para imponer su ideología.
Señorías, termino. Más allá de la propaganda que ustedes han difundido, no hay ni una sola mejora -reitero, ni una sola mejora- ni económica ni social que pueda ser atribuida a un resultado de la reforma laboral.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gutiérrez del Castillo.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Susinos.
La señora SUSINOS TARRERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el que es el último trámite del proyecto de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el
orden económico y social tras su paso por el Senado. Y quiero comenzar mi intervención agradeciendo a todos los ponentes del proyecto el trabajo y el esfuerzo realizado a lo largo de la tramitación del mismo.
Señorías, se trata de un proyecto de ley muy importante, que afecta a muchos sectores y que es absolutamente necesario en aras de la seguridad jurídica, del crecimiento y el desarrollo económico y de la creación de oportunidades, proyecto que consta de cuatro capítulos. El capítulo I se encuadra dentro de lo que se establece como otras medidas urgentes en el orden económico y social, capítulo muy importante que contiene modificaciones que afectan a la seguridad en el transporte aéreo y cuestiones relativas al sector ferroviario para dotarle de más competitividad y más eficiencia. También recoge modificaciones para salvaguardar los préstamos vinculados a los planes estatales de vivienda, cuyo titular es la Sareb, al darle la condición de entidad colaboradora del Ministerio de Fomento.
En el capítulo II se realiza una nueva regulación de la protección social de los trabajadores a tiempo parcial y su contenido ha sido fruto del diálogo social y del consenso que se ha alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales, tanto sindicatos como patronal, y en el seno del Pacto de Toledo. Por ello, el Grupo Popular valora de forma muy positiva este acuerdo alcanzado y felicitamos al Gobierno en la persona de la ministra de Empleo y Seguridad Social por su trabajo bien hecho, por su esfuerzo, por su capacidad de diálogo y de negociación, un acuerdo que pone fin a un sistema que reclamaba a los trabajadores a tiempo parcial, en su inmensa mayoría mujeres, un periodo de vida laboral proporcionalmente mayor al que tienen los trabajadores a tiempo completo para poder acceder a una pensión contributiva. Con la nueva regulación, como todos ustedes conocen, se flexibiliza el requisito de carencia de quince años para acceder a una pensión contributiva, adaptándolo a la parcialidad de cada trabajador. Y asimismo se da cumplimiento, como ya se ha dicho esta mañana, a lo dictado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eliminándose la discriminación que existía al exigir al trabajador a tiempo parcial más años de trabajo que a quienes disfrutaban de un empleo a jornada completa. Señorías, el Gobierno de Mariano Rajoy ha mostrado sensibilidad en este tema y ha apostado por la equidad, la igualdad y la no discriminación: equidad, mediante la equiparación real de las condiciones de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial con los que disfrutan de una jornada completa; igualdad y no discriminación sobre todo en lo que afecta a las mujeres. Pero además, señorías, este proyecto de ley, como ya indicó la ministra, ha ido más allá de la aplicación y de la ejecución literal de la sentencia, porque el texto ha acordado lograr salvar algunos aspectos de la regulación anterior que podemos considerar positivos, aspectos como el mantenimiento del coeficiente multiplicador del 1,5 por cada día teórico de cotización o el compromiso de mantener el sistema vigente de complementos a mínimos.
Señorías, esta nueva regulación será aplicable a las prestaciones de la Seguridad Social que con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley hubiesen sido denegadas por no acreditar el periodo mínimo de cotización exigido, así como aquellas prestaciones cuya solicitud se encuentra hoy en tramitación. Este proyecto de ley mejorará las prestaciones sociales de más de 2,5 millones de españoles. El Grupo Parlamentario Popular está convencido del éxito, tanto del contenido de la modificación de las prestaciones para los trabajadores a tiempo parcial como de la forma en que se ha realizado -y quiero volver a reiterarlo-, de acuerdo con todos los agentes sociales y con los representantes de los distintos partidos políticos dentro del Pacto de Toledo.
El capítulo III introduce una serie de modificaciones que otorgan una mayor seguridad jurídica a los perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo. En cuanto a la necesidad de la inscripción para ser demandante de empleo como requisito para al acceso a la prestación, desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que es preciso acreditar esa voluntad y que va en la propia naturaleza de esta prestación querer trabajar, por lo que entendemos que la inscripción previa es necesaria. No es una incorporación nueva, no supone una gestión adicional ni ningún menoscabo o perjuicio para los perceptores, todo lo contrario, entendemos que otorga una mayor seguridad jurídica. Lo único que hace es aclarar que para percibir y conservar la prestación o el subsidio los beneficiarios deben estar inscritos y mantener dicha inscripción. Lógicamente, si el desempleado no se mantiene inscrito, se suspenderá la prestación.
En cuanto a las salidas al extranjero, señorías, hay que tener en cuenta la normativa europea al respecto. El reglamento 883/2004, en materia de Seguridad Social, habla de todas estas posibilidades de desplazamientos al extranjero mediando siempre -dice- información al Servicio Público de Empleo Estatal antes de la partida. Este proyecto también aclara expresamente los supuestos de salida ocasional al extranjero por un periodo máximo de quince días dentro de un año natural. Se mantendrá la condición de beneficiario y se continuará percibiendo la prestación o el subsidio correspondiente.
Finalmente, señorías, el capítulo IV recoge una serie de modificaciones en materia laboral para otorgar mayor seguridad jurídica a las relaciones laborales en materia de despidos colectivos, en el tema de la comisión negociadora del despido colectivo, y se aclara la información que debe facilitar la empresa para otorgar, como les decía, mayor seguridad jurídica al proceso de despido colectivo.
Con todas estas modificaciones, señorías, y aunque ustedes se atrevan a decir lo contrario, señora Gutiérrez, se otorga mayor seguridad jurídica y una mayor precisión a la reforma laboral, reforma laboral que desde mi grupo parlamentario valoramos de forma muy positiva, y no solo mi grupo parlamentario, señorías, nos lo dicen desde fuera, lo aplauden nuestros socios y hace escasamente unos días lo ha avalado el Tribunal Constitucional. (Aplausos). Los datos están ahí y son muchos, sirvan de ejemplo los siguientes. Último trimestre de 2013: por primera vez durante toda la crisis se ha creado empleo en términos de afiliación media a la Seguridad Social en 52.195 y, si excluimos la tasa de estacionalidad, en 106.504; por primera vez el paro registrado se redujo en el mes de diciembre en 107.570 personas respecto al mes anterior. El año 2013 cerró con una reducción de 147.385 parados menos respecto al año anterior. El número de jóvenes parados menores de veinticinco años se ha reducido en un 7%, casi 50.000 jóvenes han encontrado empleo. Los contratos indefinidos de apoyo a emprendedores han sido beneficiosos y se han firmado 162.000. Señorías, son datos constatables, datos positivos gracias a la reforma laboral, reforma laboral que forma parte de ese plan de Gobierno de Rajoy, diseñado para detener el hundimiento, evitar el rescate, recuperar la confianza y poner de nuevo a España en marcha (Aplausos), medidas, reformas, planes que han exigido un gran esfuerzo de todos los españoles y que comienzan a dar buenos resultados.
Señorías, el actual Gobierno está impulsando desde hace dos años una intensa e importante agenda de reformas con medidas muy necesarias como las que se incluyen en este proyecto. Con estas reformas buscamos -y estamos legitimados para ello- una mejora de las condiciones laborales. Es cierto que hay miles de personas, de hombres y mujeres que lo están pasando mal y que hoy no tienen oportunidades. Ante esto lo que no podíamos hacer era continuar en la inacción que nos precedía. Las propuestas que se incorporan en este proyecto son absolutamente necesarias y para mi grupo parlamentario es una justificación más que suficiente. Hace necesario que sigamos en esta senda, en este camino de reformas impulsadas por el Gobierno del Partido Popular, porque sin faltar a la verdad podemos decir alto y claro que seguiremos trabajando sin descanso en proyectos como este, que estimulan el crecimiento y el empleo, entre otros motivos porque, como decía nuestro presidente Mariano Rajoy, los españoles nos hemos ganado el derecho a la esperanza.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Susinos.
- ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO DE AVIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL, POR OTRA, HECHO EN LUXEMBURGO EL 10 DE JUNIO DE 2013. (Número de expediente 110/000109).
- PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO EUROPEO PARA LA REPRESIÓN DEL TERRORISMO, HECHO EN ESTRASBURGO EL 15 DE MAYO DE 2003, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000110).
- TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS, HECHO EN NUEVA YORK EL 2 DE ABRIL DE 2013. (Número de expediente 110/000111).
- ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y MONGOLIA, POR OTRA, HECHO EN ULAN-BATOR EL 30 DE ABRIL DE 2013. (Número de expediente 110/000112).
El señor PRESIDENTE: Último punto del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, con números de expediente 110/000109 a 110/000112. Algunos grupos han manifestado su deseo de intervenir. En un turno de hasta cinco minutos, tiene en primer lugar la palabra, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, la señora Lozano.
En el día que ratificamos este Tratado sobre el comercio de armas creo que es justo felicitarse y felicitarnos por una década de trabajo conjunto de muchas instancias distintas de la sociedad española y de la sociedad internacional. La campaña para sacar adelante este tratado fue iniciada por varias asociaciones internacionales,... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio para oír a la oradora.
Siga, señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO:... Amnistía Internacional, Oxfam y la Red de acción internacional contra las armas ligeras, a los que nosotros desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento, así como al Gobierno anterior, que impulsó el compromiso de España con este tratado, y al Gobierno actual, que ha sido muy activo en la firma y en las últimas negociaciones en la ONU para conseguir que este tratado saliera adelante en ese organismo internacional.
Con la ratificación de nuestro país volvemos a situarnos en ese primer nivel de países que impulsan el control del comercio de las armas y podemos decir que, desde hoy o, en rigor, desde el día en que se firmó en la ONU y cuando se haya ratificado por un número suficiente de países, muchas personas vivirán de forma mucho más segura. Este tratado introduce una regla de oro que prohíbe a los Estados transferir armas convencionales y de algún otro tipo cuando exista riesgo de uso para cometer crímenes de genocidio, de lesa humanidad y otros crímenes muy graves. Creemos que la adaptación de esta regla de oro a nuestra legislación requerirá ciertos cambios legislativos y confiamos y estamos seguros, dado el compromiso del Gobierno con la ratificación de este tratado, que esos cambios serán llevados a cabo oportunamente.
Nuestro grupo va a intervenir respecto a dos tratados, en primer lugar, respecto al Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y el Estado de Israel, para manifestar nuestra abstención, básicamente porque creemos que deberíamos introducir una reserva en ese tratado, igual que España introduce reservas en muchos tratados internacionales sobre la situación de Gibraltar. En este caso deberíamos introducir una reserva por el hecho de que el Estado de Israel ocupa de forma ilegal, según las resoluciones de Naciones Unidas, territorios de Siria y Palestina. Concretamente estamos hablando de Cisjordania, de Gaza, de los Altos del Golán y de Jerusalén Este, que según resoluciones de Naciones Unidas no son territorios soberanos de Israel.
En segundo lugar, me referiré al Tratado sobre comercio de armas, aprobado por Naciones Unidas en abril de 2013. Estamos contentos de que llegue este tratado y de que sea ratificado, porque es el primer instrumento internacional legalmente vinculante que regula las transferencias internacionales de armas y municiones y establece una regla de oro que prohíbe a los Estados transferir armas convencionales a países, si saben que van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión.
Señoras y señores del Partido Popular, este tratado es la dirección que toma la legislación internacional -tomen ustedes nota- y no es esa dirección el atraco a mano armada que supone el recorte a la justicia universal que ustedes van a cometer en el día de hoy. Tomen nota del Tratado de comercio de armas y abandonen su actitud ante el recorte de justicia universal. Tomen nota de la legislación internacional y de cómo esta está evolucionando y no caminen ustedes hacia atrás con sus propuestas.
Hay que decir que los Gobiernos deben denegar la autorización de venta si hay graves violaciones que no puedan mitigarse, teniendo en cuenta el riesgo de que se utilicen las armas para graves actos de violencia de género también contra mujeres y contra niños. Recordemos que España en el año 2012 superó los 8.000 millones de euros en venta de armamento. Estas cifras nos convirtieron en el segundo Estado de la Unión Europea en exportación de armas, por detrás de Francia y por delante de Alemania, Italia y el Reino Unido, y que estas operaciones se realizaron en un contexto de clara tensión entre las limitaciones establecidas por la Ley de exportación de armas españolas y la clara voluntad del Gobierno de incrementar la venta al exterior de forma indiscriminada. Hay que decir que países como Colombia,
Marruecos o Israel utilizan el armamento, la munición y los materiales de doble uso suministrados por España contra su población civil en acciones armadas y de represión.
De forma clara, queremos señalar que hay un aspecto del tratado que valoramos profundamente. Cada Estado facilitará su lista nacional de control a la secretaría de este tratado para poder tener una clara disposición de cuáles son los armamentos que de alguna forma se están vendiendo. Por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario haremos un seguimiento riguroso de las ventas que España está haciendo. No nos referimos a países democráticos. Nos referimos a situaciones especialmente sangrantes como las que antes he señalado.
En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió queremos utilizar este turno de intervención para hacer referencia a dos de los cuatro tratados que se someten a ratificación por parte de este Congreso de los Diputados, al Tratado de comercio de armas y al Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte y el Gobierno del Estado de Israel por otra.
Señorías, en los años 1996, 1997 y 1998, cuando en el marco del multilateralismo, en el marco de Naciones Unidas se empezó a afrontar una legislación internacional sobre la reducción y la lucha contra las minas antipersonas, en aquel momento ya en Naciones Unidas hubo voces que plantearon la creación y el impulso de un tratado de convenio internacional de armas. Desde el escepticismo, algunos Estados y algunos representantes políticos de esta Cámara decían en aquel momento, hace ya quince años, que era imposible que un día llegáramos a culminar un tratado sobre el convenio internacional de armas. Hoy nos tenemos que congratular, tenemos que saludar muy positivamente, por fin, la adopción de este Tratado internacional de comercio de armas.
Quiero recordar, señorías, que estas Cortes Generales, este Parlamento tienen ya unos buenos antecedentes de trabajo en este ámbito. Fue en la Legislatura 2004-2008 cuando las Cortes Generales aprobaron una ley de control de comercio de armas y armas de doble uso, en su momento con un papel muy protagonista del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y del diputado Carles Campuzano. Desde aquel momento nosotros, afortunadamente, respecto a determinada legislación que en los próximos meses adoptaremos, podemos presentar ya unas buenas credenciales en cuanto al control del armamento.
Otro debate es el que nos acaba de plantear el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra sobre la autorización anual del comercio de armas a algunos países, debate que tenemos cada año en la Comisión de Defensa y que al final es un debate maniqueo en el que, con prejuicio ideológico, algunas opciones políticas directamente proponen que no se vendan armas a algunos países y algunos otros países, también con prejuicio ideológico, proponen la no venta de armas a otros países.
Señorías, todos ustedes conocen nuestro interés por los tratados internacionales y me gustaría hacer una segunda referencia. Hoy ratificamos un acuerdo en materia de aviación entre los Estados de la Unión Europea e Israel. Señorías, este acuerdo es tributario de las conclusiones de la Asociación euromediterránea y de la Declaración de Barcelona... (Rumores).
Decía que hoy culminamos un objetivo de liberalización del espacio euromediterráneo que ya se contemplaba como voluntad de las partes en la Declaración de Barcelona de 28 de noviembre de 1995. Algunos dijeron que la Declaración de Barcelona había muerto para mejor causa y que esta mejor causa es la Unión por el Mediterráneo. Nosotros hemos defendido siempre la utilidad, el vigor, el trabajo por objetivos concretos de la Declaración de Barcelona, y la Declaración de Barcelona y sus propósitos de integración euromediterránea se contemplan también en el convenio que ratificamos en este momento. Es importante este convenio entre la Unión Europea y un país democrático del este del Mediterráneo como es Israel. Es importante un convenio que garantiza la liberalización, el intercambio seguro de datos de los pasajeros entre Estados miembros de la Unión Europea e Israel. Es importante un acuerdo que afronta también las medidas de seguridad necesarias para garantizar los vuelos entre los Estados miembros de
la Unión Europea e Israel y vemos con perplejidad cómo algún grupo parlamentario puede llegar a impugnar el respeto a Israel y a su régimen democrático. Lo vemos con la perplejidad y con la normalidad habitual con la que nos tiene acostumbrados este grupo no altermundista, sino lleno de prejuicios respecto a la democracia de Israel.
El señor SÁEZ JUBERO: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar afirmativamente la ratificación de estos convenios y voy hacer expresamente mención a dos de ellos. El Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea e Israel nos sitúa ante un debate sobre la Europa que queremos, una Europa inclusiva que fortalece sus relaciones con nuestros socios del Mediterráneo. Somos partidarios de reforzar esa relación con estos países y así lo manifestamos en 1995 cuando con un Gobierno socialista se inició el proceso de Barcelona que daría lugar a la Asociación euromediterránea primero y más tarde a la llamada Unión por el Mediterráneo. Creemos que la vecindad mediterránea de la Unión Europea debe ser una política prioritaria de la Unión y debe ser inclusiva. Eso significa que, más allá de las diferencias con los Gobiernos de los países del Mediterráneo, debemos reforzar la cooperación con ellos con el objetivo final de construir un espacio común de paz y seguridad. Así lo planteamos ya en el proceso de Barcelona y por eso hoy en día la concreción institucional de aquel proceso, esto es la Unión por el Mediterráneo, es el único foro oficial en el que se sientan y dialogan israelíes y árabes.
Señor Nuet, este no es un debate sobre los asentamientos o sobre el proceso de paz de Oriente Próximo, es un debate sobre Europa, sobre qué Europa queremos. El Grupo Socialista apuesta por una Europa abierta al Mediterráneo sin exclusiones. Este mismo acuerdo ya ha sido firmado con Marruecos y con Jordania y en los próximos meses nos tocará abordar la ratificación de acuerdos con Túnez y con Líbano. Para el Grupo Socialista el argumento de la política de vecindad de la Unión Europea, en un asunto tan sensible como el mercado aéreo, es igual en todos los casos: reforzar nuestra vecindad mediterránea y, de manera paralela, continuar el proceso de Barcelona a través de la Unión por el Mediterráneo para contar con un instrumento institucional que nos permita canalizar el diálogo en otras materias.
El Tratado internacional sobre comercio de armas era una carencia global, así lo manifestó el Grupo Socialista en 2012 al presentar la proposición no de ley que urgía al Gobierno a impulsar un acuerdo internacional sobre esta materia y que defendió mi compañero Juan Moscoso. Así se señalaba en la Ley de 2007 sobre comercio de armas y material de doble uso, en la que, además de establecer obligaciones para España superiores a las recogidas en el código de conducta de la Unión Europea, se adoptaba una posición activa a favor de la elaboración de un tratado internacional sobre comercio de armas que fuera jurídicamente vinculante. Era necesaria una regulación global sobre el comercio de armas para evitar que su comercialización pusiera en peligro la seguridad colectiva, afectara a los derechos humanos o vulnerara el derecho internacional, y este tratado que hoy debatimos para su ratificación colma esa necesidad.
Para los socialistas el tratado que hoy vamos a ratificar es un objetivo que hemos perseguido desde hace años en esta Cámara y en los foros internacionales, pero este esfuerzo no lo hemos realizado solos. La sociedad civil, asociaciones, fundaciones y muy especialmente Amnistía Internacional nos han ayudado y es justo por ello hacer una mención explícita a su labor. También es justo reconocer que compartimos la visión sobre el Tratado internacional de armas con los demás grupos parlamentarios, como quedó reflejado en el hecho de que, por un lado, la Ley de 2007 fuera aprobada por consenso y, por otro, que la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista fuera respaldada por todos los grupos.
Nos felicitamos de este paso por parte de España, que se incorpora ya a Estados como Noruega, Costa Rica, Panamá o México, por poner algunos ejemplos de países que lo han ratificado, pero ello no nos impide preguntarnos por qué el Gobierno de España ha tardado en remitirlo a esta Cámara para su ratificación, ya que fue firmado el 3 de junio de 2013 y remitido a esta Cámara el 5 de diciembre, así como por qué no lo ha remitido para su tramitación urgente, en contraposición, señorías, a las prisas que hoy mismo vamos a tener para aprobar la reforma de la jurisdicción universal. Desde el Grupo Socialista pensamos que el impulso de España en la elaboración del tratado debería haberse visto acompañado de una mayor celeridad en su remisión a las Cortes para su ratificación. Para que el tratado entre en vigor se necesita la ratificación de cincuenta Estados firmantes y además la autorización del Consejo de la Unión Europea. Urgimos al Gobierno de España a que, por un lado, deposite el instrumento de ratificación de
Naciones Unidas tan pronto concluya el trámite parlamentario y, por otro, que asuma el compromiso de impulsar la ratificación de los demás países firmantes y de la aprobación y autorización del Consejo de la Unión Europea para que pueda entrar en vigor cuanto antes.
Señorías, quisiera hacerles una última reflexión, porque conviene recordar que España vende armas en muchas zonas en conflicto, como en el Sahel, o en países donde se está reprimiendo duramente a la población, como Egipto, Ucrania o Venezuela.
Intervengo brevemente desde el escaño para señalar que nuestro grupo votará a favor de la ratificación de los cuatro convenios que se presentan a la Cámara: el relativo al Tratado sobre el comercio de armas, el relativo al transporte aéreo con Israel y dos acuerdos mixtos de la Unión Europea, uno con Mongolia y el otro el Protocolo de enmienda al Convenio europeo para la represión del terrorismo, del Consejo de Europa. Respecto al Tratado sobre el comercio de armas, quisiera señalar que ha sido precisamente este Gobierno el 2 de abril de 2013 el que junto a otros ochenta y nueve países copatrocinó una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas que hizo posible que por fin pudiera ser aprobado este Tratado internacional sobre el comercio de armas, largo proceso que se inició en noviembre de 2000, que fue apoyado inicialmente y a lo largo de toda su trayectoria de tramitación por premios Nobel, por ONG, por diversos Gobiernos, también por el anterior Gobierno de España, pero que finalmente ha podido ser concluido en abril de este año con la firma de ciento cincuenta y cuatro países.
Regula el tráfico ilícito y el doble uso de las armas y por parte de España este Gobierno ha estado particularmente interesado en que se respetaran una serie de criterios: el respeto a los embargos y sanciones de Naciones Unidas; la obligación de respeto al derecho humanitario y a los derechos humanos en los países de destino; la obligación de tener en cuenta, antes de autorizar la exportación, la situación del país de destino; la actitud del Estado receptor hacia al terrorismo, tipos de alianzas y respeto al derecho internacional; el riesgo de que las armas puedan ser desviadas dentro del país receptor hacia grupos violentos o reexportadas hacia terceros países, y la capacidad económica y técnica del país receptor. Por tanto, señor Nuet, este Gobierno ha sido estrictamente respetuoso con los principios que figuraban en el tratado. Ha ido más allá, está señalando los criterios necesarios y por supuesto el principio básico de este tratado, que es el control, la autorización sujeta a control en cada caso, la autorización previa y, como digo, de acuerdo con los criterios y los principios del derecho internacional.
En lo que hace referencia al Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea e Israel, se trata de elevar la cooperación con Israel dentro del marco de la Asociación euromediterránea y no hace ninguna referencia a los territorios ocupados. Por tanto, no es el tema que se debate aquí, como tampoco lo es el principio de jurisdicción universal, que les recordaré, señorías, es limitado en todos los países en donde se reconoce. Por tanto, es absolutamente lógico y coherente con el derecho internacional que se establezcan limitaciones al principio -no unánimemente ni universalmente reconocido- de jurisdicción universal de los jueces nacionales.
Por último, paso a referirme a los otros dos convenios que vienen a ratificación. Por lo que se refiere al Acuerdo marco de colaboración y cooperación con Mongolia, este país está dando avances sustantivos hacia la estabilidad democrática. Necesita un apoyo económico y en esta área tradicionalmente dominada por China, Rusia y Estados Unidos, la Unión Europea, de acuerdo con su marco estratégico de un partenariado avanzado con Asia, realiza ahora este acuerdo que significa un paso sustancial. Por último, respecto al Protocolo de enmienda al Convenio europeo para la represión del terrorismo, del Consejo de Europa, se trata también de un acuerdo mixto de la Unión Europea con los Estados miembros que amplía la lista de delitos de terrorismo que se introducen en dicho Convenio del Consejo de Europa. Así pues, la ratificación de estos acuerdos tiene todo el sentido y en particular nos satisface que pueda ser ratificado en estos momentos el Tratado internacional sobre el comercio de armas.
Señorías, ayer falleció Juan Antonio Montesinos, diputado por Alicante durante diez años. Juan Antonio fue sobre todo un hombre comprometido con su tierra, siendo vicepresidente de las Cortes Valencianas en los últimos años. Juan Antonio era padre de nuestra compañera Macarena Montesinos, a quien damos nuestro sentido pésame. Descanse en paz. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y LAS REFORMAS LEGALES QUE RESTRINGEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS DE LOS CIUDADANOS. (Número de expediente 173/000132).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones. Comenzamos con la moción consecuencia de interpelación del Grupo de La Izquierda Plural, sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. Va a haber tres votaciones. En primer lugar, se votan los puntos 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 del apartado A).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 131; en contra, 169; abstenciones, 15.
Resto de puntos del apartado A).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 142; en contra, 168; abstenciones, 5.
Ahora votamos el apartado B).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 43; en contra, 170; abstenciones, 102.
El señor PRESIDENTE. Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, SOBRE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS DERIVADOS DEL RESCATE BANCARIO Y, EN CONCRETO, SOBRE LA SITUACIÓN Y GESTIÓN DE LA SAREB. (Número de expediente 173/000133).
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Economía y Competitividad sobre la política de gestión de activos derivados del rescate bancario, y en concreto sobre la situación y gestión de la Sareb. Se vota tal como ha quedado después de la incorporación de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y la segunda enmienda formulada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS GENERAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD, QUEBRANTADA POR DIVERSOS ACTOS YA EJECUTADOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO SECESIONISTA DE ARTUR MAS. (Número de expediente 173/000134).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la protección del interés general y el cumplimiento de la legalidad, quebrantada por diversos actos ya ejecutados en desarrollo del proyecto secesionista de Artur Mas. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 272; en contra, 43; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del Senado. Proyecto de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, procedente del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto. Vamos a votar en primer lugar la enmienda al artículo 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 296; en contra, 18; abstenciones, 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 172; en contra, 22; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. En primer lugar, votamos el acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno del Estado de Israel, por otra, hecho en Luxemburgo el 10 de junio de 2013.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 294; en contra, 1; abstenciones, 19.
- ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y MONGOLIA POR OTRA, HECHO EN ULAN-BATOR EL 30 DE ABRIL DE 2013. (Número de expediente 110/000112).
El señor PRESIDENTE: Votación conjunta del resto de dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que hemos debatido hoy.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 313; abstenciones, 1.
Señorías, antes de levantar la sesión les anuncio que a las 11 comenzaremos el siguiente Pleno.

References: real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 9
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 2
 resolución 
 artículo 2