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Timestamp: 2019-10-23 16:48:58+00:00

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﻿ SENTENCIA SL14855-2017/53274 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2017
SENTENCIA SL14855-2017 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DEL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES ESTABLECIDOS EN LA LEY 100 DE 1993. SE HA ESTABLECIDO QUE EL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES ESTABLECIDO A PARTIR DE LA LEY 100 DE 1993 Y EL DECRETO LEGISLATIVO 1295 DE 1994, QUE UNIFICÓ LOS REGÍMENES PREEXISTENTES, DEFINEN COMO UN CONJUNTO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, QUE TIENEN LA FINALIDAD DE PREVENIR, PROTEGER Y ATENDER LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES, ESTO ES, DE LOS ACCIDENTES O ENFERMEDADES QUE PUEDEN PADECER LAS PERSONAS POR CAUSA U OCASIÓN DEL TRABAJO O ACTIVIDAD DESARROLLADA. ASÍ LAS COSAS, CABE SEÑALAR QUE EL SEGURO EL EMPLEADOR Y, POR DEMÁS, CUMPLIR CON LA CANCELACIÓN OPORTUNA DE LA PRIMA DE ASEGURAMIENTO O COTIZACIÓN, LA LÓGICA CONSECUENCIA NO ES OTRA QUE LA ASUNCIÓN DEL RIESGO Y EL PAGO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE ORIGINAN AL SOBREVENIR EL SUCESO, A CARGO DE LA ASEGURADORA ARP. PARA CONCLUIR, LA RESPONSABILIDAD POR LOS RIESGOS PROFESIONALES, EN PRIMER LUGAR ESTÁ A CARGO DEL EMPLEADOR Y SURGE DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL, QUIEN, PARA LIBERARSE DE ELLA, LA DEBE ASEGURAR EN LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, MEDIANTE LA AFILIACIÓN DE SUS TRABAJADORES, CUMPLIENDO CON EL PAGO DE LAS CORRESPONDIENTES COTIZACIONES, PARA QUE A SU VEZ TALES ENTIDADES SE RESPONSABILICEN Y RECONOZCAN LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ASISTENCIALES POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES QUE SE PRESENTEN.
TEMAS ESPECÍFICOS:RIESGOS PROFESIONALES, ENTIDAD PÚBLICA, DERECHO LABORAL, ARP, CLASIFICACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, AUTONOMÍA DE LA ENTIDAD PÚBLICA
Sentencia SL14855-2017/53274 de septiembre 12 de 2017
SL14855-2017
Rad.: 53274
Bogotá, D. C., doce de septiembre de dos mil diecisiete.
Primeramente cabe advertir, que aunque la demanda de casación que ocupa la atención de la Sala, no es un modelo a seguir, toda vez que como lo pone de presente la réplica, presenta algunas deficiencias formales en su formulación, tales deficiencias son superables pues no es difícil interpretar el alcance de la impugnación, y concluir que el censor acude al recurso extraordinario de casación, para que se controle la legalidad de la sentencia del tribunal, al concluir que la pensión de invalidez de origen profesional es incompatible con la prestación de vejez, apartándose del precedente vigente frente al tema, para que constituida la Sala en sede de instancia confirme la de primer grado, en lo que concierne con dicha compatibilidad.
Al respecto, cumple decir que, si bien el criterio jurisprudencial que tuvo en cuenta el tribunal para negar la compatibilidad de las referidas pensiones, fue adoptado por esta Sala durante algún tiempo, también lo es que el mismo fue rectificado en las sentencias CSJ SL, 22 feb. 2011, Rad. 34820 y CSJ SL, 13 feb. 2013, Rad. 40560, memorada en la CSJ SL3153-2014, 21 mar. 2014, Rad. 41547 y en la CSJ SL2096-2015, en las que se precisó lo siguiente:
[…] viene al caso señalar que la Sala reiteró, en sentencia reciente, el criterio de que estas dos prestaciones propias de la seguridad social son compatibles, por cuanto que, a más de amparar riesgos diferentes, dado que la primera cubre una contingencia común y la segunda protege de los riesgos propios de la actividad laboral, tienen fuentes de financiación autónomas e independientes, implican una cotización separada a la seguridad social y poseen una reglamentación diferente.
“Dado que el ad quem consideró incompatibles la pensión de invalidez de origen profesional con la de vejez, postura que, ciertamente, esta Sala prohijaba en calendas recientes, como lo acreditó el colegiado con las sentencias que transcribió, pero que fue precisada al ahora admitirse la compatibilidad entre ellas, al extenderse a dicho caso la argumentación propia de la compatibilidad entre pensiones de invalidez por riesgo común y profesional, tal como se adoctrinó en las sentencias 33558 de 1º de diciembre de 2009 y 33265 de 23 de febrero de 2010, ello implicará la prosperidad de la acusación y el consecuente quiebre de la sentencia gravada”.
En efecto, es patente que, al demandante, a quien se le había reconocido pensión de invalidez parcial mediante Resolución 04253 de 1983, se le denegó, inicialmente, la pensión de vejez que solicitó, por estimar el ISS que ella resultaba incompatible con la de invalidez de origen profesional que disfrutaba, y que solo accedió a concedérsela cuando aquél optó por la de vejez, con renuncia a la de invalidez, según se registró en la Resolución 005663 de 7 de octubre de 1991 (fl. 2).
Es de recordar que, al contestarse la demanda, el ISS admitió que el actor reunía los requisitos de edad y número de semanas cotizadas (1.287) para concederle la pensión de vejez, por lo que, entonces, se está en presencia de dos pensiones, y no de una (la de invalidez) que se transforma en otra o que pasa a tener carácter de definitiva o vitalicia (art. 10 del Acuerdo 049 de 1990 - en materia de invalidez de origen común, ó 23 del 155 de 1963, en materia de riesgos profesionales).
“El punto de derecho que se discute a través de los dos cargos, orientados por la vía directa, es la conclusión del tribunal relativa a que no son compatibles la pensión de sobrevivientes que tiene su origen cuando el afiliado muere por razón de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, con la “sustitución de pensión de vejez que ya le fue otorgada por el ISS.
Para sentar el anterior criterio, el juzgador de segundo grado, aludió a la jurisprudencia, y transcribió la providencia de esta Sala del 18 de mayo de 2006, Radicación 25598, la cual estimó era la aplicable al caso examinado, y efectúo la correspondiente exégesis del artículo 15 de la Ley 776 de 2002 inciso 2º literal b), referente a la devolución de saldos e indemnización sustitutiva”.
Ahora bien, sin ser necesario entrar al análisis de los errores técnicos que […] siendo indiscutible que la sustitución de la pensión de vejez de origen común a favor de la actora se dio a través de la Resolución 000799 de 2003, y al pretender ésta que se le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes de origen profesional, se equivocó el tribunal al concluir la incompatibilidad de las dos prestaciones antecitadas por las siguientes razones:
“En primer lugar, es necesario señalar, que el Sistema de Riesgos Profesionales establecido a partir de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Legislativo 1295 de 1994, que unificó los regímenes preexistentes, se define como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, que tienen la finalidad de prevenir, proteger y atender las consecuencias que se derivan de los riesgos profesionales, esto es, de los accidentes o enfermedades que pueden padecer las personas por causa u ocasión del trabajo o actividad desarrollada.
Es, por lo tanto, indudable que al tomar el seguro el empleador y, por demás, cumplir con la cancelación oportuna de la prima de aseguramiento o cotización, la lógica consecuencia no es otra que la asunción del riesgo y el pago de las prestaciones económicas que se originan al sobrevenir el suceso, a cargo de la aseguradora ARP”.
De conformidad con los criterios esbozados precedentemente, y sin dubitación alguna, reitera esta Sala, que se trata de institutos diferentes, esto es, prestaciones de origen diverso, destinados a cubrir contingencias distintas, sujetos a regulaciones que históricamente han sido separadas y diversas, cada uno con su fuente de financiación autónoma. En virtud de lo anterior, concluye la Sala que existe compatibilidad entre la pensión de vejez por origen común sustituida a sus causahabientes con la de sobrevivientes por riesgos profesionales, por tener rasgos relevantes que las diferencian y no existir normatividad alguna que establezca dicha incompatibilidad.
Contribuye en gran manera a la desestimación del cargo, memorar que para la época en que Camilo Eduardo Riaño se desvinculó del Banco Central Hipotecario, había completado más de 20 años al servicio de la entidad, y sólo esperaba el cumplimiento de la edad para consolidar su derecho, cuando le sobrevino la invalidez, tanto que, ni siquiera su deceso hubiera privado a los legitimados de acceder al goce de la pensión de jubilación, mucho menos puede tomarse esa solución por el solo advenimiento de la pensión de invalidez”.
La controversia que plantea el cargo tiene que ver con la decisión del tribunal de no declarar compatibles las pensiones de invalidez de diverso origen: por riesgo profesional y por riesgo común, que el ISS reconoció al actor, y de las cuales aquél suspendió la primera. Para ello argumentó el juzgador que ambas prestaciones amparan un mismo riesgo, esto es, la invalidez, y que ellas tienen la misma finalidad protectora; así mismo, estimó que la medida del ente de seguridad social de suspender unilateralmente el pago de la prestación derivada del accidente laboral padecido por el accionante está ceñida al artículo 42 del Decreto 2665 de 1988.
Independientemente de la controversia que se expone en relación con la posibilidad jurídica de que la demandada pudiera, unilateralmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 del Decreto 2665 de 1988, suspender el pago de la pensión de invalidez por riesgo profesional que primigeniamente reconoció al demandante, aspecto formal que a la postre no define el derecho sustancial de éste, pues es relativo al procedimiento administrativo interno del ISS, para la Corte el cargo debe prosperar.
Si bien la Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que en principio no es posible disfrutar simultáneamente dos pensiones por un mismo beneficiario, ello ha sido exclusivamente en aquellos casos en que así lo disponen expresamente las normas aplicables o éstas cubren un mismo riesgo o atienden al mismo seguro, como el de invalidez de origen común –que en determinadas circunstancias deviene en pensión de vejez– y la pensión de jubilación, o la plena de jubilación patronal y la de vejez que reconoce el ISS. Nótese que estas pensiones tienen la misma naturaleza y amparan, se repite el mismo riesgo, a diferencia de aquellas que ahora ocupan la atención de la Sala y cuya coexistencia no está prohibida.
Y esa clara diferencia en cuanto a su origen –una proviene de un infortunio laboral del asegurado a causa de su actividad profesional, en tanto la otra se deriva de un riesgo común, que no es consecuencia obligada de la clase de trabajo o del medio en que labora el trabajador– conduce inequívocamente al tratamiento de “contingencias” distintas, al menos por la época de los hechos.
Y a su turno ello apareja el que la reglamentación pertinente gobernara dos “seguros” independientes y autónomos: el de enfermedad general y maternidad (EG y M), de una parte, y accidentes de trabajo y enfermedad profesional (ATEP), de la otra. Siendo diferentes, entre otros aspectos, su financiación, su administración, el sujeto obligado a las cotizaciones, el monto de las mismas, los requisitos de las prestaciones otorgadas y el monto de ellas en uno y otro seguro.
Así, desde la Ley 90 de 1946, por la cual se estableció el seguro social obligatorio y se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, y hasta el Acuerdo 049 de 1990, se trataron estos seguros en secciones distintas y cada uno ha venido siendo reglamentado en forma separada por diferentes decretos y acuerdos, así: a) ATEP: decretos 3169 de 1964, 3170 de 1964, 3224 de 1981, 2496 de 1982; y acuerdos 258 de 1967, 539 de 1974 y 027 de 1982; y b) EG y M: decretos 770 de 1975, 462 de 1983, 2053 de 1988, 1172 de 1989, 1664 de 1984, y acuerdos 575 de 1975 y 158 de 1980. De manera que con algunas excepciones en que se ha producido una reglamentación conjunta, siempre se han distinguidos esos dos seguros aún por las normas orgánicas de los seguros sociales contenidas en la Ley 90 de 1946 y en los decretos extraordinarios 433 de 1971 y 1650 de 1977.
En consecuencia, cuando el ad quem concluyó que la pensión de invalidez por riesgo profesional que inicialmente otorgó el ISS al actor, era incompatible con la pensión de invalidez por riesgo común que posteriormente le reconoció, a pesar de haber colegido inicialmente que de los artículos 8º del Decreto-Ley 433 de 1971 y 18 del Decreto 3041 de 1966 no se deduce la incompatibilidad alegada por el ISS (fl. 317), incuestionablemente incurrió en la infracción normativa que le increpa la censura, pues no aplicó los preceptos referidos en la proposición jurídica del ataque, que permite la compatibilidad alegada en la demanda ordinaria, como lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte”.
De conformidad con el reseñado precedente jurisprudencial, surge incuestionable que el tribunal incurrió en el error jurídico que le atribuye la censura, al concluir que la pensión de invalidez de origen profesional reconocida por el ISS al accionante, es incompatible con la prestación de vejez que ahora solicita.
En consecuencia, la acusación se abre paso, por lo que la sentencia recurrida será quebrada, excepto en cuanto negó los intereses moratorios que en primera instancia se reconocieron al demandante.
Dadas las resultas de este ataque, la Sala se ve relevada de estudiar el segundo cargo, que perseguía similar fin que el primero.
En vista de la prosperidad del recurso, no se imponen costas en el recurso extraordinario. Las de primera y segunda instancia son a cargo de la entidad demandada Pensiones de Antioquia.
En sede de instancia, basten las consideraciones esgrimidas en sede de casación, para CONFIRMAR la sentencia de primer grado, excepto en lo relativo a la condena por intereses moratorios impuesta a Pensiones de Antioquia, pues el tribunal, en el proveído confutado, revocó esa decisión y, al respecto, no hubo ataque en casación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 17 de mayo de 2011, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que instauró Jairo Llano López, contra el Instituto de Seguros Sociales y el Departamento de Antioquia, únicamente en cuanto i) adicionó la decisión del juez de conocimiento en el sentido de declarar la extinción de la pensión de invalidez de origen profesional concedida por el ISS al actor, mediante Resolución 11223 del 28 de noviembre de 1974; ii) modificó el ordinal segundo de la misma decisión, para en su lugar condenar a Pensiones de Antioquia al pago de una suma por concepto de mayor valor de las mesadas retroactivas entre la pensión de invalidez y la de vejez, así como el valor de la mesada pensional; iii) y autorizó al ISS o a la entidad administradora de riesgos profesionales a extinguir el pago de la pensión de invalidez de origen profesional; no la casa en lo demás.
En sede de instancia se confirma la sentencia de primer grado conforme se explicó en la parte motiva de esta providencia.
Costas como se indicó en precedencia».

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 15
 Resolución 
 artículo 42
 artículo 42
 Resolución