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Timestamp: 2019-10-23 16:12:46+00:00

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SENTENCIA 5130 DE 19 DE MAYO DE 1999
CONTENIDO:PRÁCTICA DE PERITACIÓN. INTERVENCIÓN DE AUXILIARES DE LOS PERITOS. PROCESOS AGRARIOS. AVISO AL PROCURADOR SOBRE SU INICIACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CIVIL, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PERITAZGO, PRUEBA, PERITAZGO DE ENTIDAD OFICIAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, PROCESO AGRARIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:332 DE AGOSTO DE 1999, PÁG.1406
•Sentencia 5130 de mayo 19 de 1999
AVISO AL PROCURADOR SOBRE SU INICIACIÓN
EXTRACTOS: «1. En efecto, en relación con la nulidad que se alega por la indebida notificación al Ministerio Público, susceptible de ser encuadrada en el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, cabe precisar que el artículo 30 del Decreto 2303 de 1989, llamado “estatuto procesal agrario”, dispone que en los procesos de esa naturaleza, el juez competente debe ordenar, en el auto admisorio de la demanda, que se libre inmediata comunicación a la Procuraduría General de la Nación —por el medio más rápido disponible—, a fin de asegurar la oportuna participación del correspondiente procurador agrario, si fuere el caso, informándole, especialmente, lo concerniente a la clase de negocio y las partes que lo conforman.
Esa intervención que convierte al Ministerio Público en parte, con “una función asimilable a la de los apoderados judiciales” (Auto 122, 21 de abril de 1994, sin publicar) se provoca mediante el procedimiento señalado y no otro distinto equiparable al que aquí indica como el de su preferencia el recurrente, reclamando el cumplimiento de formalidades adicionales cimentadas en la errónea creencia de que la ausencia de notificación personal del auto admisorio determina la invocada nulidad, cuando de conformidad con la disposición citada, el proceso agrario requiere, única y exclusivamente, que se dé el aviso sobre la iniciación del proceso, sin ningún otro aditivo procesal diferente a no ser el de que la actuación se suspenda hasta tanto se cumpla con la mencionada comunicación.
Pues bien, de estarse al tenor literal de la ley que en el punto es lo suficientemente preciso y claro, importa señalar que obra en el expediente la providencia judicial que ordenó comunicar a la Procuraduría General de la Nación la existencia de este proceso, la cual fue debidamente notificada por el Estado, y obra además la constancia secretarial que da fe del cumplimiento dado a dicha orden mediante envío del oficio número 437 a ese organismo de control, sin que de otro lado prueba alguna desvirtúe tal diligenciamiento o ponga de manifiesto que no se produjo el oportuno arribo de la referida comunicación a la oficina pública destinataria, por lo que resulta imperativo concluir que el aviso se realizó conforme a la ley y que las dudas que a estas alturas de la actuación se pretenden generar, no pasan de ser producto de apreciaciones sujetivas sin posibilidad ninguna de abrirle paso a una declaración de nulidad procesal por el motivo y con los alcances que reclama la censura.
Es equivocado sostener, entonces, que la ley tenga prevista otra forma de citación para efectuar el llamamiento del Ministerio Público en los juicios de naturaleza agraria, comparecencia que, en las condiciones en que fue concebida por la legislación especial que se ocupa de la materia, deja en libertad al respectivo funcionario para participar o no dentro del proceso, lo que significa, como es apenas natural intuirlo, que ninguna otra verificación procesal incumbe al juez con relación a dicha actuación del agente fiscal, incluida desde luego la peregrina exigencia de cerciorarse si en la Procuraduría General de la Nación existen o no “casacionistas”.
Pero lo cierto es que en este punto no quedan las cosas, pues, como factor adicional indicador de la improcedencia de la nulidad alegada, se erige el hecho de que a la luz de lo dispuesto en los artículos 142, incisos 3º y 143 del Código de Procedimiento Civil “la persona indebidamente representada, notificada o emplazada” es “la única a quien la ley le reconoce intereses, serio y actual, para proponer la nulidad” (G.J. CC, 158) sea en sede de instancia o en casación (G.J. CXXXVI, 22), lo que lleva a concluir que el aquí recurrente no tiene intereses para hacer valer la afirmada nulidad en el supuesto de que ella en realidad se hubiere configurado, ello aparte de que dicha nulidad se quiere hacer derivar de circunstancias que en las instancias no le merecieron objeción de ninguna especie.
2. En lo que toca con la presunta nulidad originada en la reanudación del proceso, es pertinente señalar que de conformidad con el numeral 5º del artículo 140 del vigente Código de Procedimiento Civil, se incurre en ella cuando se continúa con la actuación desconociéndose la suspensión del proceso, o se reanuda el trámite antes de la oportunidad correspondiente, nulidad “cuyo fundamento descansa en la garantía constitucional del derecho de defensa que le asiste a las partes en el ejercicio de sus derechos” y en la necesidad de que el juez que actúe en el proceso no tenga suspendida la competencia (Cas. civ, febrero 18 de 1994, aún sin publicar).
A simple vista se aprecia que no es una situación irregular de tal estirpe la que en el caso presente se da, toda vez que el juzgado del conocimiento cumplió con lo dispuesto en el segundo inciso del señalado artículo 30 del Decreto 2303 de 1989 cuando dispuso suspender el proceso hasta tanto “no se remita dicha comunicación”, determinación suspensiva que dista en mucho de la exigencia que reclama el recurrente al sostener que dicha suspensión operaba mientras no se efectuara la notificación personal, por lo que cabe agregar que remitida la comunicación ordenada según lo hizo constar el secretario del juzgado, era deber del juez reanudar el proceso y como esa fue la conducta desplegada por el juzgado del conocimiento, es manifiesta también la falta de fundamento del cargo en este segundo aspecto de la argumentación que lo estructura».
EXTRACTOS: «La primera parte del cargo, de acuerdo con el resumen precedente, obliga a centrar la atención en los requisitos intrínsecos del medio probatorio que constituye el dictamen pericial, toda vez que se asevera que dicho dictamen rendido dentro del proceso para medir, clasificar, avaluar y anotar cualquier característica relevante en orden a la división material del predio objeto de litigio, se torna ineficaz por cuanto fue elaborado por personas que no estaban calificadas para dar cabal respuesta a los diversos temas puestos a su consideración.
Se dice, en consecuencia, que han debido ser expertos agrimensores los encargados de llevar a cabo el cometido referido y que como en el proceso lo fueron un arquitecto y un ingeniero, quienes por ello tuvieron que solicitar asesoría a un topógrafo y a un ingeniero agrónomo para cumplir con la exigente tarea que extralimitaba sus especialidades —auxiliares que además no hicieron presentación personal de sus conclusiones ni firmaron documento alguno que acreditara la eficacia de sus estudios—, el dictamen pericial en tal forma producido, no podía ser tenido en cuenta por el partidor y, en último caso, al no apreciar este último las falencias reseñadas, ha debido el juzgado del conocimiento ordenar rehacer la partición o, en su defecto, el tribunal disponer lo propio acerca de la nueva realización del trabajo partitivo por la que ahora propugna el recurrente.
a) No obstante el animoso empeño del recurrente por encontrarle apropiada explicación a su proceder, no se remite a dudas que un planteamiento como el que contiene en su parte medular el cargo en estudio, encaminado a establecer la carencia de valor demostrativo del dictamen practicado en el proceso para darle cumplimiento al artículo 471, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil por ser el trabajo de peritos no idóneos, está claramente por fuera de los límites del recurso de casación por errores de juzgamiento, en tanto que, intentando transformarlo en una tercera instancia con amplias facultades para la Corte de revisión sobre la prueba, se propone sacar provecho de cuestiones nuevas no debatidas en instancia, novedad que por sabido se tiene, de ordinario puede provenir, tanto de omisiones concretas como del aquietamiento del recurrente frente a las providencias que sobre las susodichas cuestiones hubieren adoptado los juzgadores. Por eso, en la especie que viene ocupando la atención de esta corporación, es de anotar, en lo que tiene que ver con la alegada idoneidad de los peritos designados, que las partes no manifestaron inconformidad alguna con la especialización aducida por cada uno de ellos desde el momento de la designación, reiterada luego durante el acto de posesión, amen que, como lo ha resaltado la jurisprudencia,
“la ley no exige que los peritos acrediten previamente su calidad de tales, ni su competencia para dictaminar sobre el punto que ha sido sometido al concurso de sus luces y experiencia, ni sobre la idoneidad que posean para cumplir su cometido. A ese respecto no existe norma legal alguna. Otra cosa es que la ley establezca que al valorar el concepto pericial el juzgador deba tener en cuenta, no sólo la “firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos” (CPC., art. 241), sino también “la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”. Esta apreciación o valoración del concepto pericial depende, desde luego, de la libre apreciación razonada que le otorgue el sentenciador, dentro de su discreta autonomía para darle valor de persuasión o los elementos de juicio que debidamente allegados obren en el proceso, teniendo en cuenta los factores arriba apuntados. Sin embargo, la ausencia de uno sólo de ellos, cual sería la prueba específica de la competencia de los peritos, no basta para que se desestime su concepto, máxime si la misma ley no ordena que sean ellos mismos quienes lo acrediten ni le impone esa carga probatoria a las partes” (G. J., t. CLV primera parte, pág. 308).
Y como razón adicional que desvirtúa la tesis expuesta por el censor, importa recordar que el artículo 237, numeral 2º, del Código de Procedimiento Civil impone el deber a los peritos de examinar conjuntamente las personas o cosas objeto del dictamen y de realizar personalmente los experimentos e investigaciones que consideren necesarios, sin perjuicio, sin embargo, de que puedan valerse de auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad, “para mayor acierto en sus juicios” (G.J., t. 55, pág. 94), exponiendo en todo caso su concepto sobre los puntos materia del dictamen. A la luz de estas reglas, consta en el dictamen pericial aquí criticado la serie de visitas realizadas al inmueble por los auxiliares de la justicia designados para tal fin, resultando el informe rendido por aquéllos uniforme y debidamente fundamentado, sin que hubiesen apoyado su labor únicamente en el trabajo realizado por el topógrafo por la obvia razón de que el cometido encomendado se refería, en gran parte, al avalúo del predio y a sus mejoras (fl. 2 vto. C. 4), no sólo a la fijación exacta de la extensión superficiaria de la finca y su descripción topográfico-planimétrica.
Con todo, singularizado el reparo al punto relacionado con la medición del terreno, es preciso hacer énfasis en que del uso de la facultad que tienen los auxiliares de la justicia para solicitar ayuda a terceros en aquellas materias para las cuales carecen de los suficientes conocimientos técnicos, no es lógico deducir argumentos para abatir la experticia o echar por tierra la convicción judicial que la toma por base, todavía con mayor razón en un supuesto con las características del presente en que se trata de un predio rural y uno de los peritos es ingeniero agrónomo.
b) En lo que concierne a la ausencia de presentación personal y de firma de los auxiliares o técnicos que concurrieron en apoyo de los peritos, importa subrayar de qué manera la ley no requiere de ninguno de tales formalismos, puesto que siendo los peritos los encargados de elaborar el trabajo para el que fueron llamados al proceso con el fin de proporcionar sus conocimientos especializados en orden a facilitar la realización del acto de partición material que constituye el objeto de dicho proceso, dándole al partidor los elementos de juicio necesarios para que la distribución del bien raíz del que los litigantes son copropietarios, se lleve a cabo en lotes que guarden conveniente proporción con los derechos cuotativos de los que cada uno es titular, lo natural es que sea la firma de los citados peritos la que dé fe de la tarea realizada. Ello indica, entonces, que cuando las partes guardan silencio sobre el punto y el peritazgo adquiere firmeza, las controversias que giren en torno a la veracidad del mismo pierden vigencia, ello aparte de que, como se dijo líneas atrás, el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil que regula lo relacionado con la práctica de la prueba pericial, prevé que los peritos hacen suyas las conclusiones adoptadas, bien sea en forma personal, o mediante el concurso de otros técnicos, quienes, añade, actuarán “bajo su dirección y responsabilidad”, para presentar finalmente un trabajo en el que “en todo caso expondrán su concepto sobre los puntos materia del dictamen” y responda a la función probatoria que le es característica.
Conclusión que se desprende de lo anterior, es que resulta equivocada la interpretación que el censor hace de la disposición referida, lo que deja sin piso la primera parte del cargo centrada en los errores probatorios de derecho a los que se ha venido haciendo alusión».
(Sentencia de casación, mayo 19 de 1999. Expediente 5130. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

References: artículo 140
 artículo 30
 artículo 140
 artículo 30
 artículo 471
 artículo 237
 artículo 237