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Timestamp: 2019-10-14 10:27:47+00:00

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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 19 de Septiembre de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 31812045
El licenciado J.R.T., en su condición de apoderado especial sustituto de M/N ASTURIAS, ha interpuesto Recurso de Apelación contra el Auto de 16 de mayo de 2002 proferido por el Primer Tribunal Marítimo de Panamá dentro del proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado que MAXIMO TORRES, J.O., A.S.G. y WILLIAM MADRID instauraron contra M/N ASTURIAS.
La resolución objeto de apelación, que corre de fojas 262 a 271, resolvió lo siguiente:
Declarar NO PROBADA la Excepción de Prescripción presentada por la parte demandada, M/N "ASTURIAS".
No hay condena en costas por el trabajo en derecho, por haber actuado la demandada, M/N "ASTURIAS", con evidente buena fe.
Artículos 72, 74, 79, 80 y 557 de la Ley 8 de 30 de marzo de 1982, debidamente reformada por la Ley 11 de 23 de mayo de 1986.
(Fs. 271)
Seguidamente, esta Sala de la Corte procederá al examen y confrontación de los cargos formulados en el recurso de apelación, con las motivaciones expresadas en el Auto impugnado. Sin embargo, resulta pertinente hacer un recuento de los antecedentes del caso.
El licenciado R.M.P., actuando como apoderado especial de los trabajadores MAXIMO TORRES, WILLIAM MADRID y Otros, presentó ante el Primer Tribunal Marítimo de Panamá, demanda para la ejecución de crédito marítimo privilegiado, con solicitud de secuestro, contra la M/N ASTURIAS, para que mediante este proceso se les reconocieran sus pretensiones laborales, al señalar que tal derecho "es un crédito marítimo privilegiado" (fs.2). En tal sentido expresa que lo demandado es:
DEMANDA: Se demanda que en el mismo proceso se les condene al pago de las prestaciones de nuestros poderdantes, que consisten, en sus prestaciones laborales, salarios dejados de percibir, vacaciones dejadas de pagar, indemnización por despido injustificado, pena por el incumplimiento de la obligación de pagar en forma oportuna y los salarios caídos, desde su despido sin causa hasta la sentencia en firme que ordena el pago y todas las demás prestaciones laborales y derechos que le corresponden, más las costas, gastos e intereses.
(Fs.3)
Posteriormente, mediante Auto de 6 de julio de 2000 (fs.52), el Tribunal Marítimo de Panamá decretó el secuestro de la M/N ASTURIAS y ordenó que se practicara tal diligencia. En la misma fecha, dicho tribunal profirió el Auto No.324, que admite la demanda y advierte que, en atención a que la práctica del secuestro surte los efectos de la notificación personal de la demanda, se entiende que se ha cumplido con la misma, (la notificación) y a partir de la aprehensión física de la nave comienza a correr el término (de 30 días) para la contestación de la demanda.
De fojas 107 a 118 se aprecia el escrito de corrección a la contestación de la demanda, en el que se alegan dos excepciones, la de prescripción y la de inexistencia de la obligación, solicitándose al tribunal que respecto a la primera (la de prescripción), le imprimiera un trámite de previo y especial pronunciamiento, en base a lo normado por el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Marítimo. En los hechos expuestos como fundamento de dicha excepción de prescripción, se alega lo siguiente:
que en la demanda se expresa que los demandantes laboraron en la M/N ASTURIAS a partir del 15 de noviembre de 1998.
que los mismos demandantes manifestaron, en nota enviada a la Agencia Naviera Beeche (aportada con la demanda), lo siguiente:
"... Por este medio presentamos formal reclamo a nuestros derechos como tripulación del Atunero ASTURIAS, con bandera salvadoreña, propiedad de la sociedad GRUPO OCEANICO, S.A. el cual se encuentra secuestrado por la Agencia Beeche, desde el día 21 de mayo de 1999.
Desde la fecha antes indicada, estamos esperando que se nos paguen nuestros salarios correspondientes a un segundo y tercer viaje que realizamos que corresponde al veinte por ciento (20%) de nuestro cobro por viaje y hasta la fecha no hemos recibido pago alguno.
POR TODO LO ANTES EXPRESADO ESPERAMOS QUE LAS AUTORIDADES COSTARRICENCES NOS HAGAN JUSTICIA Y LLEVEN A EFECTO EL PAGO DE NUESTROS SALARIOS RETENIDOS DESDE EL DIA 21 DE MAYO DE 1999.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL FIRMAMOS Y OTORGAMOS ESTE DOCUMENTO".
(fs. 113 a 114) (El énfasis suplido es del demandado-excepcionante)
de la nota aportada como prueba se desprende que los demandantes están esperando el pago de sus salarios y prestaciones laborales desde el 21 de mayo de 1999.
desde la referida fecha hasta la fecha de presentación de la demanda, 6 de julio de 2000, ha transcurrido un año, un mes y quince días.
de conformidad con la ley sustantiva aplicable al caso, que es la salvadoreña, la presente acción se encuentra prescrita. En ese sentido, el Código de Trabajo de El Salvador regula lo relativo a la prescripción de las acciones laborales, en los siguientes artículos:
"Artículo 610: P. en sesenta días las acciones de terminación de contrato de trabajo por causas legales, reclamo de indemnización por despido de hecho, resolución de contrato con resarcimiento de daños y perjuicios por el primer motivo a que se refiere el artículo 47, la resultante de lo dispuesto en el artículo 52 y la de reclamo de la prestación a que se refiere la fracción 2º del artículo 29. En todos estos casos el plazo de la prescripción se contará a partir de la fecha en que hubiere ocurrido la causa que motivare la acción."
Artículo 613: Las acciones del trabajador para reclamar el pago de salarios y prestaciones por días de descanso semanal, días de asueto, vacaciones y aguinaldos, prescribirán en ciento ochenta días, contados a partir de la fecha en que debió efectuarse dicho pago."
Artículo 616: Las demás acciones del trabajador o del patrono derivadas de los derechos que les reconoce este Código, que no hayan sido especialmente contempladas en este Título, prescribirán en sesenta días, contados a partir de la fecha en que ocurra la causa que motivare su ejercicio."
que conforme a la ley laboral salvadoreña, la acción presentada ante el tribunal marítimo de Panamá se encuentra prescrita y el hecho de aludir a una ley distinta, solo busca mantener existente un derecho o crédito que se encuentra extinguido..
Como petición especial se solicita que se fije una Audiencia especial para decidir la referida excepción, por ser su trámite de previo y especial pronunciamiento y existir pruebas para practicar. Posteriormente se enumeran las pruebas que acompañan esa excepción (fs.115 y 116) y, como fundamento de derecho se aduce el Código de Trabajo y leyes aplicables de la República de El Salvador; arts. 72, 80, 557 y cc de la Ley 8 de 1982.
Seguidamente la demandada explica su otra defensa, que es la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION, para el caso de que no prospere la de prescripción, sosteniendo que según la ley sustantiva aplicable a este reclamo, la de El Salvador, contra la nave ASTURIAS, no existe crédito marítimo privilegiado.
Sin embargo, con respecto a ésta última excepción no entraremos en otras consideraciones, pues no debe ser objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Marítimo.
Finalmente, la audiencia especial para resolver la excepción de prescripción se llevó a cabo, como se aprecia en la respectiva transcripción que va de fojas 169 a 260 de este expediente.
Seguidamente el tribunal marítimo profirió la resolución de 16 de mayo de 2002, donde resolvió declarar NO PROBADA la Excepción de Prescripción, que es objeto del recurso de apelación que ocupa a esta Corporación. Veamos, entonces, las consideraciones que sirvieron de fundamento a tal decisión:
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL MARITIMO:
En primer lugar, el tribunal hace un recuento de lo planteado por la demandada (M/N ASTURIAS) en su escrito de excepción de prescripción de la acción (visible a fs. 113 y sig. del expediente), indicando que tal solicitud es fundamentada en una Nota que enviaron los trabajadores demandantes a la Naviera Beeche, donde manifestaron que desde el 21 de mayo de 1999 se encontraban esperando el pago de sus salarios y prestaciones laborales. Por tanto, desde esa fecha hasta la fecha de presentación de esta demanda, 6 de julio de 2000, ha transcurrido un año, un mes y quince días, tiempo que supera el establecido por la ley sustantiva aplicable al caso (ley salvadoreña) para que la acción se encuentre prescrita, pues de acuerdo a la respectiva ley los trabajadores cuentan con 180 días calendarios para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones.
Los demandantes opositores a la excepción, por su parte sostienen que no hay fundamento probatorio que pueda determinar que la acción se encuentra prescrita, toda vez que a estas alturas del proceso no existe determinación precisa de la ley sustantiva aplicable a la causa.
Sostiene el tribunal que ante todo hay que tener presente que para tratar el tema de la prescripción extintiva de la acción, hay que tomar como punto de referencia el momento en que la obligación se hace exigible, que es el punto a partir del cual se comienza a computar el término que contempla la ley, lo que hace que esta materia sea sustantiva o de fondo.
Así, el tribunal observa que en este proceso se secuestró una nave con registro de Vanuatu, regida por las leyes de ese país, pero para hacer efectivas obligaciones que se reclaman con anterioridad al registro de esa nave en dicho lugar, "según consta en la única certificación registral que reposa en el expediente a foja 119, la cual fue expedida en abril de 2000"(fs.263).
En tal sentido, para efectos de determinar la ley sustantiva aplicable al caso el tribunal se fundamenta en lo normado por el numeral 5 del artículo 557 del Código de Procedimiento Marítimo, que establece que debe ser la ley del pabellón que tenía la M/N ASTURIAS al momento en que surge la obligación que da lugar a la presente causa de pedir, para lo cual, luego de analizar el caudal probatorio que reposa en el expediente, según se observa de fojas 264 a 266, concluyó que la ley aplicable al presente caso es la de El Salvador y por ende también debe ser aplicada para analizar y determinar si se ha producido la excepción de prescripción extintiva de la acción.
Posteriormente, a partir de fojas 266 del expediente, el Tribunal Marítimo hace un extenso análisis interpretativo de los artículos 484 y 482 del Código de Comercio de El Salvador, incluso utiliza el Diccionario de la Lengua Española para interpretar una palabra del último precepto mencionado. Veamos el contenido de dichas disposiciones para después referirnos a lo concluido por ese tribunal, luego del análisis de las mismas.
Manifiesta el a-quo, que el segundo párrafo del artículo 484 del Código de Comercio de El Salvador es parecido al contenido del artículo 1088 de nuestro Código de Comercio, y transcribe esa norma extranjera así:
"Otorgada e inscrita en el registro mercantil la escritura de venta judicial hecha en pública subasta, se reputarán extinguidas todas las demás responsabilidades del buque en favor del acreedor.
Pero si la venta fuere voluntaria y se hubiere hecho estando en viaje, los acreedores conservarán sus derechos contra el buque hasta que regrese al puerto de matrícula, y tres meses después de la inscripción de la venta en el registro o del regreso."
(Subrayado del Tribunal Marítimo) (fs.267)
Indica el fallo impugnado que la norma transcrita interrumpe los derechos de perseguir cierto bien, afecto a la obligación contraída por su propietario anterior, por el lapso expresado en la ley, aunque tenga una nacionalidad distinta a la que tenía cuando contrajo la obligación. De manera que esta norma deja latente las acreencias hasta tanto la nave no llegue al puerto de su nacionalidad. Para efectos de este caso, a juicio del tribunal, "no estaría, en primera instancia, prescrita la reclamación de los trabajadores", puesto que el excepcionante "bajo su carga probatoria inicial, no ha evidenciado que la M/N "ASTURIAS", haya arribado a puerto salvadoreño después del surgimiento de la causa de pedir de los trabajadores"(fs.268).
En adición a lo expuesto, el a-quo señala que resulta importante resaltar que en el Código de Comercio de El Salvador se establece el crédito marítimo privilegiado que poseen los trabajadores, específicamente en el numeral 4 del artículo 482 que a la letra dice:
"Art. 482.- En toda venta judicial de un buque para pago de acreedores tendrán prelación por el orden en que se enumeran:
Los créditos pendientes de pago por materiales y mano de obra de la construcción del buque, cuando no hubieren navegado, y los provenientes de reparar y equipar el buque y de proveerlo de víveres y combustible en el último viaje".
(Subrayado es del Tribunal Marítimo) (fs.269)
Sobre esta disposición alega el sentenciador, que en consideración a la actividad probatoria y en uso de las facultades de interpretación que le concede la Ley 8, según sus conocimientos, la palabra "equipar"tiene una acepción muy antigua en el comercio marítimo que significa e incluye, la tripulación, trabajadores de mar a bordo de la nave. Por tanto, según su criterio, el equipo del buque también comprende la tripulación del mismo para ponerlo a navegar (Cfr.fs.269-270).
En base a lo expuesto, el fallo concluye expresando lo siguiente:
" En consecuencia, en nuestro criterio interpretativo, la norma del artículo 482 del Código de Comercio de El Salvador, éste juzgador la interpreta, como si dijera: "en toda venta judicial de un buque para pago de acreedores, tendrá prelación por el orden en que se enumeran: 4. Los créditos pendientes de pago por mano de obra, provenientes del enrolamiento o tripulación (equipar) del buque en el último viaje".
Todo lo anterior, es sin perjuicio de las acreencias privilegiadas de los trabajadores se puedan encontrar en forma específica en otras disposiciones legales especiales, como son las laborales o convencionales.
Queremos dejar sentado que, con los pocos artículos del Código de Comercio y de carácter laboral de la legislación salvadoreña que han sido aportados y que reposan en el expediente, este Tribunal no se encuentra lo suficientemente ilustrado como para concluir en declarar prescrita la presente acción. De este modo, es nuestro criterio que, no se ha evidenciado que estamos frente a la prescripción de los derechos de los trabajadores en esta excepción de previo y especial pronunciamiento.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Juez del Primer Tribunal Marítimo de Panamá, administrando ......................... Resuelve:
(Fs. 270 a 271)
Seguidamente, esta S. hará referencia a los cargos que expresa la censura contra la resolución previamente citada.
En primer lugar, el recurrente hace un recuento de los antecedentes del caso, destacando que del contenido de la demanda presentada por los actores se desprende que su naturaleza y fundamento se ubica en el ámbito laboral, ya que reclaman prestaciones laborales, salarios dejados de percibir, vacaciones dejadas de pagar, etc. También, se refiere al contenido de la excepción de prescripción que presentó, indicando que el fundamento jurídico de la misma fueron específicamente los artículos 610, 613 y 616 del Código de Trabajo salvadoreño, pues estas normas otorgan un plazo máximo de 180 días calendarios a partir del momento en que la causa se originó. En tal sentido expresa que en dicho escrito de excepción se analizaron las pruebas presentadas por los actores con la demanda, en especial la nota que consta a fojas 48, de fecha 24 de febrero de 2000, transcribiendo el contenido de la misma y señalando que del contenido de ella, se desprenden elementos de importancia para determinar si estaba prescrita o no la acción que presentaron los marinos contra la nave. El primer elemento es la certificación de los que suscriben la nota, de que la bandera de la nave al momento en que laboraban en ella era la salvadoreña; y, el segundo elemento, es la fecha cierta del nacimiento del derecho a accionar, el cual, según indican, es el día 21 de mayo de 2000, que sería el momento a partir del cual debía contarse el término de prescripción (de 180 días) según la ley laboral salvadoreña, salvo que se hubiese ejercido alguna acción de las que interrumpen dicho término. Tomando en cuenta lo anotado, consideró el excepcionante( apelante), la demanda debió presentarse antes del 21 de noviembre de 2000. En ese orden de ideas manifiesta que como prueba de la excepción presentó copias autenticadas de la legislación laboral salvadoreña, del Código de Comercio por guardar relación con la otra excepción (de inexistencia de la obligación) y una declaración jurada de abogado idóneo debidamente legalizada por el Convenio de la Apostilla.
Posteriormente en el escrito de sustentación del recurso de apelación se transcriben los aspectos más relevantes de la decisión cuestionada (ver fojas 277 a 279), para posteriormente pasar a detallar los graves defectos jurídicos interpretativos y aplicativos de las normas sustantivas y procesales, que a juicio del abogado del apelante, adolece esa decisión.
El primer punto a que alude el apoderado judicial de la censura es: a los "I.- Elementos no discutidos de la decisión"; sobre este particular sostiene, que el aspecto de la ley sustantiva aplicable a la causa, no es objeto de su apelación ya que ello fue discutido en la audiencia, pues gran parte del fundamento de su posición está cimentada en la ley sustantiva aplicable, que se alegó, que para el presente caso es la de la República de El Salvador, siendo que en esa parte el juez les otorgó la razón, ya que luego de evaluada las pruebas aportadas por él (demandado) y las proporcionadas por los propios demandantes, determinó que era la de la bandera del buque al momento en que los marinos laboraban a bordo del mismo, que era la de El Salvador, con fundamento en el numeral 5 del art. 557 del Código de Procedimiento Marítimo, en concordancia con el art.129 del Decreto Ley 8.
Así, indica que la controversia se centraliza "en un concepto interpretativo-aplicativo de la Ley sustantiva que rige la causa, es decir, la Ley de la República de El Salvador", al igual que en algunos elementos procesales de nuestra ley de procedimiento marítimo. Es decir, que concentra o centraliza su inconformidad con el fallo en tres puntos.
Sobre el concepto interpretativo-aplicativo de la ley sustantiva, advierte que aunque el juez en todo momento analizó el Código de Comercio de El Salvador, la interpretación y aplicación que hizo no fue correcta.
1- En primer lugar, alega la censura, el juez del tribunal marítimo "obvió la aplicación y el análisis del Código de Trabajo de El Salvador que fue el cuerpo de normas invocado para solicitar la prescripción del derecho de acción"(fs.280).
2- En segundo lugar, continúa alegando, el juez "obvió en la interpretación y aplicación del Código de Comercio de El Salvador, que los privilegios marítimos son accesorios al crédito principal, en este caso el nacido de la relación de trabajo, aplicando e interpretando que la manera en que se mantiene vigente un privilegio marítimo, afecta de manera directa la vigencia del crédito principal"(fs.280).
3- Por último, argumenta, que el juez se pronunció indebidamente sobre un asunto propio del fondo de la controversia, que es respecto a la existencia o no de crédito marítimo privilegiado en la Ley salvadoreña por razón de indemnizaciones y salarios debidos a los marinos, situación que la parte demandada planteó como defensa dentro de la excepción de inexistencia de la obligación, situación que decidió el juez como si fuera de previo y especial pronunciamiento en el auto apelado, cuando es un asunto que debía debatirse en el fondo del proceso y resolverse en la sentencia.
Veamos las consideraciones más importante expuestas, sobre cada uno de los puntos mencionados.
1- La aplicación de la Legislación Laboral como sustento del Análisis de la excepción y la falta de su aplicación por el Juez:
El apelante recuerda que el enfoque jurídico de la excepción que planteó estuvo enfocado en el marco de la legislación laboral salvadoreña. Igualmente, la naturaleza de la pretensión de los demandantes, está centrada en conceptos de orden eminentemente laborales, tales como vacaciones, salarios dejados de percibir, indemnizaciones por despidos injustificados etc., lo que demuestra que el fundamento de derecho está enraizado en la legislación laboral.
Por estas razones, manifiesta la censura, se trajo al proceso la ley sustantiva salvadoreña, no solamente a través de copia autenticada de la ley vigente, sino en una declaración jurada de abogado idóneo de la República de El Salvador, declaración eminentemente interpretativa de la legislación aplicable al caso, cumpliéndose con el art. 218 del CPM que establece cómo se prueba el derecho extranjero.
Así, el análisis fáctico jurídico que hizo en su calidad de excepcionante se hizo a la luz de las normas del Código de Trabajo de El Salvador que consideró aplicables, para efectos de demostrar que la acción pretendida por los demandantes se encontraba prescrita, que son los artículos 610, 613 y 616, que transcribe a fojas 282.
Del contenido de las citadas normas, indica el apelante, el término máximo para que una acción laboral sea presentada es de 180 días desde el momento en que hubiera ocurrido la causa.
Para determinar tal circunstancia, el apelante alude a tres puntos de partida. El primero, según el cual se trata de inferir ese momento (la ocurrencia de la causa-el despido), de los hechos de la demanda, trascribiendo como ejemplo el segundo hecho (fs.283), pero indicando que no determina con exactitud la fecha cierta del despido. Sin embargo, a pesar de tal imposibilidad, se tomó como segundo punto de partida una nota que los mismos marinos (demandantes) habían suscrito y que aportaron al proceso. Esa nota consta a fojas 48 del expediente y su contenido es transcrito por el apelante (fs.283), observando que en la misma los actores expresan que están esperando que se les paguen sus correspondientes salarios desde el día 21 de mayo de 1999.
En base a lo anterior, el apelante-excepcionante considera que el 21 de mayo de 1999 es la fecha cierta (fecha en que se motivó el origen de la causa laboral) para comenzar a computar el término de prescripción, de 180 días calendarios (6 meses) de la acción laboral que los marinos tenían contra el patrono. Tomando en cuenta estos datos, tenían derecho para ejercer su acción hasta el 21 de noviembre de 1999, por lo que en la fecha que presentaron la demanda, o sea el 6 de julio de 2000, tal derecho había prescrito.
Adicionalmente, sostiene el apelante si se considerara una fecha posterior, en base a una prueba que no fue objetada por los actores, consistente en un rol de tripulación de la nave ASTURIAS con fecha 6 de octubre de 1999, donde consta que los marinos reclamantes no se encontraban a bordo de la nave para esa fecha, el término para presentar la demanda sería hasta el 6 de abril del año 2000, por lo que también se tendría considerar que se produjo la prescripción, a la luz de la legislación laboral salvadoreña.
También el apelante menciona las tres formas en que se interrumpe la prescripción según el artículo 618 del Código laboral de El Salvador, que trancribe a fojas 284 y consta a foja 143, las cuales indica que no se evidencian en este proceso, por lo que decide ni hacer explicaciones al respecto.
Sobre todo lo que se ha dejado claramente expuesto, argumenta la censura, "el J. no se refirió en ningún momento a la legislación laboral salvadoreña, analizando la misma, ni aplicando lo descrito en las normas transcritas con anterioridad, lo que nos parece un error jurídico de aplicación normativa", pues esas fueron las normas que fundamentaron la excepción de prescripción alegada. Por el contrario, continúa el apelante, el juez marítimo "se dedicó a analizar la legislación mercantil de El Salvador, buscando en esa Ley formas de interrumpir la prescripción en materia de trabajo, vulnerando así la legislación laboral de ese país"(fs.285).
Manifiesta el apoderado judicial de la parte apelante, que como parte demandada peticionaria de la excepción de prescripción probó los hechos y el derecho extranjero aplicable, en cumplimiento del art. 206 del CPM, por lo que estima que es equivocada y alejada de la realidad procesal la conclusión a la que arribó el juez a-quo, al manifestar lo siguiente:
"Queremos dejar sentado que, con los pocos artículos del Código de Comercio y de carácter laboral de la legislación salvadoreña que han sido aportados y que reposan en el expediente, este Tribunal no se encuentra lo suficientemente ilustrado como para concluir en declarar prescrita la presente acción. De este modo, es nuestro criterio que, no se ha evidenciado que estemos frente a la prescripción de los derechos de los trabajadores en esta excepción de previo y especial pronunciamiento." (Fs.285).
Por tanto, sostiene el recurrente que, el juez no sólo obvió la aplicación e interpretación de la ley laboral aplicable, "sino que en una interpretación extensiva y violatoria de todo principio de hermenéutica, aplicó una norma mercantil para entender y explicar que el fenómeno de la prescripción laboral no se había dado"(fs.286). Este último cargo, lo analiza y desarrolla el apelante como el punto segundo (2) bajo el título:
"B.- El Privilegio como elemento accesorio al Crédito"
Sobre este tema el apelante hace una extensa explicación sobre el instituto del privilegio en el derecho marítimo, destacando que su importancia radica en que del mismo surge el derecho de prelación y de persecución de la cosa (nave) que garantiza el crédito principal. De manera que por su naturaleza resulta ser accesorio al crédito principal, citando en este sentido lo expresado por el autor O.B.S., en su obra "PRIVILEGIOS MARITIMOS", que sostiene:
Estas características han llevado a algunos juristas a considerar a los privilegios particulares como verdaderos derechos reales, especialmente por el reconocimiento de los ius persiguendi y preferendi que conceden al acreedor.
La accesoriedad de los privilegios en relación con el crédito no necesita de mayor explicación. Por otra parte, éste es un carácter común a todos los privilegios. El artículo 3877 del cód. civil lo confirma al disponer 'los privilegios se transmiten como accesorios de los créditos a los cesionarios y sucesores de los acreedores´
Lo principal resulta ser el crédito y el privilegio no tiene en si, más valor que el que deriva de su función de asegurar el pago de aquél, con la preferencia señalada y a través de la realización de la cosa sobre la que se asienta.
Conviene destacar la íntima relación y conexidad que tiene el privilegio con el crédito a que accede. En tal sentido el nacimiento de un privilegio es automático e instantáneo con la aparición del crédito del que resulta ...
(B.S., O.: Privilegios Marítimos, Ediciones Novum Forum, Buenos Aires, 1981, p.37, 76 y 77)
(Fs.286, énfasis del recurrente)
Sobre el particular agrega la censura que esa accesoriedad del privilegio y su ligamen con el crédito principal, hacen que el privilegio dependa del crédito principal, pues aun cuando el privilegio se extinguiera el crédito podría quedar vigente, pero nunca el privilegio podría subsistir si el crédito principal prescribiera. En este orden de ideas, el apelante transcribe otras consideraciones reseñadas en la obra previamente citada:
"39.- Modos generales de extinción
Como el privilegio tiende a garantizar el crédito al que está ligado, posibilitando su pago con preferencia a otros créditos, ese privilegio resulta ser, un accesorio del crédito (art.3877 Cód. civil).
Al vigorizar y fortalecer al crédito, el privilegio no puede escindirse del mismo terminando por seguir su suerte, siempre que alguna norma específica no determine otra alternativa. El privilegio, como accesorio del crédito se extingue cuando fenece este último, como consecuencia de la regla que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por ello, los modos generales de extinción de las obligaciones conllevan, paralelamente, al término de los privilegios que la ley les reconociera. El pago, novación, compensación, transacción, confusión, renuncia de derechos del acreedor, remisión de deuda y prescripción (arts.724 y 3947 del Cód. civil). Son las maneras genérica por las que puede darse por cumplidas las obligaciones o considerárselas terminadas. Así como la aparición del privilegio se da en forma automática e instantánea con el nacimiento del crédito, al que accede, de igual forma crédito y privilegio son inseparables y terminan juntos su vigencia al fenecer aquél por extinción de la obligación correspondiente.
Consecuentemente, los privilegios marítimos no escapan de esa suerte y se extinguen al tenerse por cumplida la obligación correspondiente a los créditos de los que resultan accesorios."
(B.S., O.: idem. pag.153)
(fs.287, negritas son del apelante)
Así las cosas, los privilegios marítimos son otorgados por ley, contra el buque, siendo accesorios al crédito principal, el privilegio puede extinguirse y mantenerse vigente el crédito; además, la vigencia del privilegio está limitada y determinada por ley, es decir que una norma legal establece su breve vigencia, con independencia del término de vida de los créditos a los que acceden. Un ejemplo de esta situación, en los casos de créditos marítimos privilegiados es la venta judicial del buque, supuesto donde se extingue todo privilegio, sin embargo la deuda principal o el crédito principal puede subsistir en contra de la persona deudora, como es el caso del art. 1508 de nuestro Código de Comercio, cuando expresa: "La afectación de la nave al pago de los créditos privilegiados se extinguirá por la venta judicial de la misma". Igual norma consagra el Código de Comercio de El Salvador, en su artículo 484 (ver fs.40).
La ley debe describir los créditos que ostentan un privilegio en contra del buque, es decir, a qué créditos se les otorga el derecho de prelación y persecución sobre la cosa, o dicho en otros términos qué crédito tiene una garantía en el buque. El art.482 del Código de Comercio salvadoreño se refiere a ese aspecto.
Luego de expuestos estos razonamientos, el apelante procede a detallar "qué fue lo que el J. a-quo hizo en su interpretación para concluir que el crédito laboral bajo la ley sustantiva laboral no se encontraba prescrito a los efectos de las normas desarrolladas en el Código de Comercio con relación a los privilegios marítimos". Veamos:
" Veamos entonces, bajo estos razonamientos qué fue lo que el J. a-quo hizo en su interpretación para concluir que el crédito laboral bajo la Ley sustantiva laboral no se encontraba prescrito a los efectos de las normas desarrolladas en el Código de Comercio con relación a los privilegios marítimos.
El Tribunal de primera instancia analizó el tema de la extinción de los privilegios por venta privada para determinar que el crédito laboral no se encontraba prescrito, haciendo énfasis en dos normas una aplicable y la otra a manera de ejemplo, veamos la norma del Código de Comercio de El Salvador utilizada por el Juez:
"ARTICULO 484: ....
Pero si la venta fuere voluntaria y se hubiere hecho estando en viaje, los acreedores conservarán sus derechos contra el buque hasta que regrese a puerto de matricula, y tres meses después de la inscripción de la venta en el registro o del regreso."
Tal como se aprecia de la norma transcrita, si existe una venta privada el privilegio solo (sic.) si el buque llegase a puerto o bien tres meses después de la inscripción en el registro de la venta privada.
Pues bien el J. interpretó bajo el amparo de esta norma que como el buque no había llegado a puerto salvadoreño, no se podía entender que se encontrara prescrita la acción laboral.
Este erróneo juicio del Tribunal, ha dado pie a la emisión del Auto hoy impugnado. La falsedad del silogismo jurídico utilizado por el Juez a-quo se demuestra con el sólo hecho de manifestar, que a lo que se refiere la norma transcrita es a mantener vigente, de ser posible, el PRIVILEGIO, es decir, la garantía del crédito.
Esta afirmación tiene cabida en la sola mirada y análisis de las frase "los acreedores conservarán sus derechos contra el buque", pues el derecho que se tiene contra el buque es un derecho de persecución y prelación, otorgado por la ley de manera accesoria al crédito principal, que en este caso se deriva de la legislación laboral.
Igualmente el artículo 1088 del Código de Comercio patrio, indica claramente tal circunstancia, artículo este que fuera utilizado como ejemplo por el Tribunal de primera instancia en su decisión. Veamos:
"ARTICULO 1088: Si el buque fuere vendido estando en viaje, conservarán los acreedores sus derechosíntegros contra él, hasta que regrese al puerto de su matrícula y seis meses después, sin perjuicio de los derechos que les corresponda ejercitar en puerto distinto." (El énfasis suplido es nuestro)
Bajo la venta privada se conserva el privilegio contra el buque si éste no llega al puerto de su matrícula, y manifestamos que se conserva el privilegio contra el buque por que así lo señala la norma.
Eso nos indica claramente que las normas aquí transcritas, lo que procuran es garantizar la vigencia del privilegio, es decir, la parte accesoria de la garantía del crédito, más no la vigencia del crédito principal ya que este puede fenecer o prescribirse con independencia de las normas antes mencionadas.
Un ejemplo claro, .................................................................
En este caso, no estamos hablando de la extinción del privilegio marítimo que otorga la Ley comercial, que es el accesorio garantizador del crédito principal, estamos hablando precisamente del crédito principal que tiene un periodo de vigencia determinado por la ley, distinto al de los privilegios, por lo que en relación a lo que se determina sobre la vigencia de un privilegio después de la venta judicial o privada de un buque, nada tiene que ver con la prescripción de la acción sobre el crédito principal.
Como hemos dicho, si el crédito principal fenece, se extingue el privilegio, pero se el privilegio se extingue no implica la desaparición del derecho de acción por parte del acreedor en contra del deudor.
El Juez a-quo confundió gravemente este principio general del derecho, aplicando una norma que impide la extinción del privilegio luego de una venta privada (accesorio), con las formas de interrumpir el término de la prescripción sobre el crédito principal, error que lo ha llevado a la lesión de los artículos 610, 613 y 616 del Código de Trabajo de la República de El Salvador, en concordancia con el 618 de la misma excerta legal.
Establecido lo anterior, pedimos respetuosamente a la Honorable Corte Suprema que revoque el Auto impugnado declarando probada la excepción de prescripción solicitada por la demandada en el presente proceso, e imponga las costas correspondientes."
(Fs. 289 a 292)
(El énfasis y subrayado es de la Corte)
El último cargo que formula el apelante, lo plantea bajo el título "C.- La decisión de una defensa de fondo como si fuera de previo y especial pronunciamiento"(fs.292, subrayado y énfasis nuestro).
Se argumenta que dentro del presente Auto, el juez se pronunció sobre la interpretación que le daba al artículo 482 del Código de Comercio de El Salvador, sobre la existencia o no de un crédito privilegiado por salarios e indemnizaciones debidas a la tripulación, que fue el punto sobre el cual se fundamentó la demandada en su excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION , visible a fojas 116. Con ese pronunciamiento, el juez dejó sentada su posición sobre esa circunstancia desde el inicio del proceso, dejando en desamparo a la parte demandada pues decide una defensa propuesta para ser resuelta en el fondo de la causa y con la sentencia que finaliza la controversia. Esto vulnera el artículo 80 del CPM que determina cuáles son las excepciones que se deben tener como de previo y especial pronunciamiento.
Así, finaliza la censura solicitando a esta Sala de la Corte la revocatoria del Auto apelado, que se declare prescrita la acción y que se ordene al Juez "abstenerse de interpretar si existe o no privilegio marítimo en la Ley salvadoreña antes que el debate deba ser decidido"(fs.293).
DECISION DE LA CORTE:
Como se ha podido observar de todo expresado previamente, tenemos que nos encontramos ante un proceso especial marítimo, para la ejecución de créditos marítimos privilegiados contra una embarcación, M/N ASTURIAS, surgidos en virtud de los derechos (a prestaciones laborales) que alegan poseer los demandantes, M. TORRES, J.O. y OTROS, en su condición de trabajadores de mar. Con la contestación de la demanda, se presentaron como defensa dos excepciones, la de prescripción y la de inexistencia de la obligación, lo cual motivó que el juez de la jurisdicción marítima procediera a resolver la primera, por ser de previo y especial pronunciamiento, dictando el auto de 16 de mayo de 2002 que resolvió declarar NO PROBADA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN interpuesta por la parte demandada.
En el citado Auto, objeto de la presente impugnación se dejo sentado que la legislación sustantiva aplicable a la causa era la de la República de El Salvador, ya que se demostró que la bandera que tenía la nave, al momento en que los marinos demandantes laboraban a bordo de la misma, era la de ese país (art. 557, num. 5 CPM). Siendo que sobre este aspecto no han manifestado discrepancia las partes del proceso sino que, por el contrario, la demanda como recurrente en apelación ha señalado en su escrito de sustentación, que en esa parte, del concepto de la ley aplicable a la causa, el juez le otorgó razón, por lo que no es un elemento que deba ser discutido.
Sin embargo, aún cuando el Tribunal Marítimo estimó que el análisis jurídico para resolver la causa tenía que hacerse en base a la legislación sustantiva de El Salvador, para efectos de resolver la excepción de prescripción de la acción que propuso la parte demandada, aplicó el Código de Comercio de ese país, sin analizar ni aplicar las respectivas normas del Código de Trabajo de El Salvador, que fueron utilizadas como fundamento de dicha excepción. Según ha podido apreciar esta Sala de la Corte, ese es el punto central de la controversia, que plantea el apelante, contra el fallo de instancia.
Tal como se puede apreciar en el contenido del fallo impugnado, del cual esta Sala hizo un recuento en la parte inicial de esta resolución, el juzgador no tomó en consideración la legislación laboral salvadoreña para efectos de determinar si en este caso se había producido o no la excepción de prescripción de la acción alegada. Vemos que, en efecto como afirma el apelante, el a-quo se fundamentó en dos disposiciones del Código de Comercio relativas al privilegio que garantiza al crédito principal, siendo este último de naturaleza laboral y es respecto al mismo que se propuso la excepción de prescripción, fundamentada en las respectivas disposiciones del Código de Trabajo de la República de El Salvador, que fueron aportadas al proceso como prueba del derecho extranjero.
En tal sentido, llama la atención a esta Corporación que el tribunal haya concluido sosteniendo en su fallo que:
" Queremos dejar sentado que, con los pocos artículos del Código de Comercio y de carácter laboral de la legislación salvadoreña que han sido aportados y que reposan en el expediente, este Tribunal no se encuentra lo suficientemente ilustrado como para concluir en declarar prescrita la presente acción. De este modo, es nuestro criterio que, no se ha evidenciado que estemos frente a la prescripción de los derechos de los trabajadores en esta excepción de previo y especial pronunciamiento."
(Fs.271)
Decimos que esta conclusión llama la atención porque en la parte inicial de dicho Auto, el Tribunal hace mención del contenido de la excepción de prescripción, manifestando: que se encuentra a fojas 113 y siguientes del expediente, y que la misma se fundamenta en que los trabajadores demandantes, de acuerdo a una Nota enviada a la Agencia Naviera Beeche, manifestaron que se encontraban desde el 21 de mayo de 1999 esperando el pago de sus salarios y prestaciones laborales, y que por ello, desde esa fecha hasta la fecha que interpusieron su demanda, que fue el 6 de julio de 2000, transcurrió más del tiempo establecido por la ley sustantiva aplicable, que es la salvadoreña, para interponer su demanda, ya que la misma dice que "los trabajadores cuentan con 180 días calendarios para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones", por lo que, según el excepcionante la acción se encuentra prescrita.
A pesar de que el a-quo deja expresado que el derecho que reclaman los actores es de naturaleza laboral y de que alude al contenido de una disposición del Código de Trabajo de El Salvador, que es el artículo 613 de ese texto según consta en su transcripción que aparece a fojas 114 del expediente, al igual que otras normas, vemos que al examinar si se probó o no la excepción ni siquiera menciona ninguna de las referidas normas laborales, que como se dijo fueron transcritas en el escrito de excepción, citada como fundamento de derecho (fs.116), incorporadas en copias autenticadas (fs.143 a 145) y también probadas mediante la declaración jurada de abogado idóneo de la República de El Salvador, quien rinde experticia en cuanto al derecho laboral en relación a la prescripción (fs.162 a 165).
Igualmente, a pesar de que el Tribunal analiza y aprecia una de las pruebas aducidas por los excepcionantes para efectos de determinar la fecha a partir de la cual debía hacerse el pago reclamado y contar desde ese momento el término de prescripción, no la considera para esa finalidad sino únicamente para verificar la nacionalidad del pabellón de la nave durante el tiempo en que los tripulantes-demandantes laboraban en la misma.
En este sentido, vemos que en casos similares al presente, donde se presentan acciones para reclamar prestaciones laborales, a través de un proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado contra una nave, y el juez marítimo ha tenido que evaluar si se ha producido el fenómeno de la prescripción extintiva de los derechos según la ley sustantiva extranjera aplicable al caso, reiteradamente ha resuelto la excepción aplicando la legislación de trabajo o laboral del respectivo país. Así, tenemos que por ejemplo que dentro del proceso especial para la ejecución de crédito marítimo privilegiado que A.V.C. DA LUZ interpuso contra M/N NAPOLEON, el tribunal Marítimo dictó auto de 7 de abril de 1997, mediante el cual declaró no probada la excepción de prescripción, aplicando las normas pertinentes de la Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela, decisión que fue confirmada por esta Sala de la Corte mediante resolución de 26 de febrero de 1998, en la expresamos, entre otras cosas, lo siguiente:
Después de analizar los argumentos empleados por una y otra parte, así como los razonamientos en que el tribunal de instancia ha fundamentado el fallo, la Sala coincide con lo decidido por el Juez, no sólo porque, en efecto, el documento empleado por el excepcionante con la finalidad de demostrar que la relación de trabajo había terminado el 29 de diciembre de 1993 es inepto e infructuoso frente a esos propósitos, sino también porque la parte demandante aceptó en la contestación que le dio a la demanda - ver hechocuarto ..........................................................................................................
Esta nueva contratación llevada a cabo antes de transcurrido un mes de la supuesta terminación del contrato en diciembre de 1993, por sí sola y a la luz del artículo 75 de la Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela, significa que hubo continuidad en el contrato y que no se dejó en firme la terminación del mismo el 29 de diciembre de 1993.
A juicio de la Sala, no estaban prescritos ni la acción ni los derechos del trabajador cuando se interpuso la demanda en este proceso ante el Tribunal Marítimo.
En relación con las apelaciones formuladas por el excepcionantepara que el problema sea resuelto mediante la aplicación de las disposiciones del Código Civil de Venezuela y del Código de Procedimiento Civil de aquél país, contrariamenteopina la Sala que la controversia en este caso debe ser resuelta conforme viene contemplado el problema y su solución en la Ley Orgánica de Trabajo de Venezolana, cuerpo legal en donde la materia se encuentra cabalmente regulada de manera especial, por lo cual no cabe prestar atención a las alegaciones que en este sentido ha hecho el apelante.
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. 26 de febrero de 1998. M/N "NAPOLEON" interpone recurso de apelación contra la resolución de 7 de abril de 1997 dictada por el Tribunal Marítimo en el proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado que le sigue A.V.C. DA LUZ)
(Enfasis y subrayado es de la Sala)
En virtud de lo expuesto, a juicio de esta Sala de la Corte, el primer cargo formulado por la censura contra el Auto proferido por el tribunal marítimo prospera, ya que resulta evidente que obvió la aplicación y análisis del Código de Trabajo de El Salvador para resolver la excepción de prescripción del derecho de acción propuesta, siendo el cuerpo de normas invocadas como fundamento de la misma y donde se encuentra regulada la materia en forma especial.
Igualmente, considera esta Superioridad que, prospera el segundo cargo formulado por la censura, puesto que el a-quo aplicó e interpretó en forma indebida las normas del Código de Comercio que utilizó como fundamento de su decisión, pues aplicó normas de la ley comercial relativas a la extinción de un privilegio marítimo (que es el accesorio garantizador del crédito principal), cuando lo que se estaba discutiendo era la extinción del crédito principal (laboral), cuyo periodo de vigencia se encuentra determinado por ley y es distinto al de los privilegios. Por tanto, el a-quo aplicó una norma que impide la extinción del privilegio luego de una venta privada, confundiendola con las formas de interrumpir el término de prescripción del crédito principal
Adicionalmente, esta S. estima que es conveniente destacar que la interpretación que hizo el Tribunal Marítimo del numeral 4 del artículo 482 del Código de Comercio de El Salvador (fs.269 a 270 del exp.), en caso de que hubiese sido aplicable, no es el correcto, pues no puede entenderse que el término "equipar el buque", que contiene la norma, equivale a contratación laboral, como lo ha interpretado el a-quo. Además de esa indebida interpretación, el hecho de que el a-quo haya aplicado dicho precepto en este momento inicial del proceso, implica un pronunciamiento anticipado sobre la existencia o no de un crédito marítimo privilegiado que, como bien argumentó la apelante (demandada), fue el punto sobre el cual la demandada fundamentó la excepción de inexistencia de la obligación, defensa que en todo caso tendría que ser resuelta mediante la sentencia que decidiese el fondo de la controversia, pues no es una excepción de previo y especial pronunciamiento.
Antes de entrar en otras consideraciones, esta Sala de la Corte debe verificar si con la aplicación de los artículo 610, 613 y 616, en concordancia con el 618, del Código de Trabajo de El Salvador, que fueron ignorados por el tribunal de primera instancia para resolver la excepción de prescripción, la decisión impugnada hubiese sido distinta, es decir, si excepción hubiese resultado probada. Veamos:
Las aludidas normas laborales salvadoreñas, fueron transcritas inicialmente en este fallo cuando se hizo un recuento de lo expresado en el escrito de excepción de prescripción (visible a fojas 113, 114 y sig. de este expediente), siendo que de las mismas se desprende que el término máximo de prescripción de las acciones del trabajador para reclamar el pago de salarios, es de 180 días contados a partir de la fecha en que debió efectuarse dicho pago (art.613), el otro plazo contemplado es de 60 días contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motivó la acción, este término es para reclamo de indemnización por despido de hecho y demás derechos que reconoce dicho Código (arts. 610 y 616).
Para computar el aludido término, como bien anotó el apelante en su recurso, en defecto de la falta de especificación de la fecha exacta del despido dentro de los hechos de la demanda, esa fecha se puede constatar en una nota que aportaron como prueba los propios demandantes, respecto a la cual esta S. mencionó previamente que fue apreciada por el a-quo pero únicamente para observar la nacionalidad del pabellón de la nave y determinar así la ley sustantiva aplicable y no para corroborar otros datos sobre la excepción propuesta. Así, veamos el contenido de la referida nota, que consta a fojas 48 del expediente y que es citada en el Auto impugnado y en el escrito de apelación:
Por este medio presentamos formal reclamo a nuestros derechos como tripulación del Atunero ASTURIAS, con bandera salvadoreña, propiedad de la sociedad GRUPO OCEANICO, S.A. el cual se encuentra secuestrado por la Agencia Beeche, desde el día 21 de mayo de 1999.
POR TODO LO ANTES EXPRESADO ESPERAMOS QUE LAS AUTORIDADES COSTARRICENSES NOS HAGA JUSTICIA Y LLEVEN A EFECTO EL PAGO DE NUESTROS SALARIOS RETENIDOS DESDE EL DIA 21 DE MAYO DE 1999.
(Fs. 48 y 48 vuelta)
Según se desprende de la nota transcrita, los actores están esperando que se les paguen sus salarios desde el día 21 de mayo de 1999. Por tanto, conforme al artículo 613 del Código de Trabajo de El Salvador, el término de 180 días calendario (es decir 6 meses) que tenían los trabajadores para instaurar sus acciones para el pago de salarios y otras prestaciones, habría que contarlo desde la fecha en que debió efectuarse el pago, entendiendose que es a partir del 21 de mayo de 1999. En ese sentido, el término que tenían para ejercer su derecho ante los tribunales sería hasta el día 21 de noviembre de 1999, por lo que dicha oportunidad había pasado en exceso al momento en que presentaron su acción laboral ante el tribunal marítimo de Panamá, que fue el día 6 de julio de 2000, a través de este proceso para la ejecución de crédito marítimo privilegiado.
Atendiendo a lo que se deja expuesto, para esta S. no es preciso entrar en mayores consideraciones sobre el segundo cargo formulado por el apelante, ni sobre el tercero que consiste en que el juzgador entró en un tema de fondo, sobre la existencia o no de un crédito marítimo privilegiado, dentro de este Auto de previo y especial pronunciamiento, toda vez que al configurarse el primer cargo relativo a la omisión en la aplicación de la legislación sustantiva laboral pertinente y la consecuente comprobación de la excepción de prescripción, esos puntos no requieren ser considerados.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el Auto de 16 de mayo de 2002 dictado por el Primer Tribunal Marítimo y en su lugar: DECLARA PROBADA la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada, dentro del proceso especial para la ejecución de crédito marítimo privilegiado que MAXIMO TORRES, J.O., A.S. y WILLIAM MADRID le siguen a la M/N ASTURIAS.
Las costas por trabajo en derecho se fijan en la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/5,000.00).
VIRGILIO TRUJILLO LOPEZ
ROGELIO A. FABREGA Z -- JOSÉ A. TROYANO

References: resolución 
 artículo 80
 resolución 
 artículo 47
 artículo 52
 artículo 29

Artículo 613

Artículo 616
 resolución 

RESOLUCIÓN 
 artículo 557
 artículo 484
 artículo 1088
 artículo 482
 artículo 482
 resolución 
 artículo 618
 artículo 3877
 artículo 484
 artículo 1088
 artículo 482
 artículo 80
 artículo 613
 resolución 
 artículo 75
 resolución 
 artículo 482
 artículo 610
 artículo 613