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Timestamp: 2019-01-24 05:10:49+00:00

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﻿ Auto 2009-000178 de agosto 4 de 2010
AUTO 2009-000178 DE 04 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:REGULACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD. AL ESTABLECER EL DECRETO NO. 1406 DE 1999 ARTÍCULO 43, LA EXIGENCIA DE UN PAZ Y SALVO PARA EL TRASLADO DE UNA EPS A OTRANO CONTRARÍA EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY 100 DE 1993, YA QUE COMO DIJO LA CORTE CONSTITUCIONAL UNA COSA ES LA DEUDA POR EL NO PAGO DE LAS COTIZACIONES DEBIDAS, Y OTRA MUY DIFERENTE LA DEUDA Y LOS INTERESES POR EL PERÍODO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE SALUD.
TEMAS ESPECÍFICOS:REGULACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD, SUSPENSIÓN DE LA AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD, COTIZACIÓN AL SISTEMA DE SALUD, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD
Auto 2009-000178 de agosto 4 de 2010
Rad.: 11001-03-25-000-2009-000178-00(0414-09)
Bogotá D. C., cuatro de agosto de dos mil diez.
En escrito separado solicita, además, la suspensión provisional del artículo 2º del Decreto 2313 de 2006 que modificó el artículo 5º del Decreto 3615 de 2005, reglamentario de la afiliación de los trabajadores independientes de manera colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral, expedido por el Gobierno Nacional, por infringir el artículo 13 de la Constitución Nacional.
Con fundamento en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con el cual la citada medida cautelar procede cuando se haya solicitado y sustentado de modo expreso en la demanda o por escrito separado de ella, presentado antes de que sea admitida; siempre y cuando la solicitud sea accesoria de una petición principal de nulidad, es decir, que para que la suspensión provisional surta el efecto indicado se requiere también solicitar la nulidad de la norma en cuestión, requisito que, no se cumple en el presente caso.
Razón por la cual se rechazará la solicitud de suspensión provisional con relación al artículo 2º del Decreto 2313 de 2006 que modificó el artículo 5º del Decreto 3615 de 2005.
En el caso sub judice la solicitud de suspensión provisional fue sustentada con los siguientes razonamientos:
El acto parcialmente acusado, que estableció el traslado de un afiliado independiente que se haya retirado de una Entidad Promotora en Salud (EPS) adeude sumas por concepto de cotizaciones o copagos, dicho retiro se hará efectivo a partir del momento en que cancele sus obligaciones pendientes con el Sistema General de Seguridad de Seguridad Social en Salud (SGSSS), a la Entidad Promotora de Salud a la cual se encontraba afiliado; esta disposición fue más allá de lo regulado en el artículo 209 de la Ley 100 de 1993 ya que por el período de la suspensión de la afiliación, “no se podrán causar deuda ni interés de ninguna clase”.
Aduce que existe transgresión a la norma superior porque una cosa es que el trabajador al momento de su retiro por desafiliación debidamente reportada en el formulario de autoliquidación quede adeudando sumas por concepto de cotizaciones o copagos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la cual se encontraba afiliado; y otra muy diferente es que el trabajador deje de aportar o cotizar al sistema.
Sostiene que en los dos casos se presenta la suspensión de la prestación del servicio de salud, y para activar la afiliación de un trabajador independiente al SGSSS las Empresas Promotoras de Salud (EPS) exigen la cancelación de las cotizaciones causadas durante el tiempo de la suspensión más los intereses moratorios. Situación que no es razonable, ya que a nadie puede obligarse a pagar por un servicio que no ha recibido, como lo pretende la norma demandada. El afán de mantener activo un sistema, no puede agravar la situación económica de los trabajadores independientes, ya que es suficiente con la exclusión del servicio de salud.
La desafiliación de los trabajadores independientes por pérdida de capacidad de pago, no puede convertirse en una deuda y menos el cobro de aportes durante el tiempo transcurrido entre la desafiliación y su posterior solicitud de reafiliación.
De la solicitud de la suspensión provisional.
Ahora bien, en el caso bajo examen, el acto acusado es el contenido en el artículo 43 del Decreto 1406 de 1999 una de las disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993 —entre las cuales afirma el actor es el artículo 209—, relacionado con la cancelación de obligaciones pendientes con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a la Entidad Promotora de Salud (EPS) para que un afiliado independiente se pueda trasladar a otra EPS; el cual dispone:
El paz y salvo como requisito para el traslado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. El traslado de un afiliado independiente que se haya retirado de una Entidad Promotora de Salud, adeudando sumas por concepto de cotizaciones o copagos, se hará efectivo a partir del momento en que el afiliado cancele sus obligaciones pendientes con el SGSSS a la entidad promotora de salud a la cual se encontraba afiliado.
En decir del accionante, la ley reglamentada es el artículo 209 de la Ley 100 de 1993, que estableció:
Suspensión de la afiliación. El no pago de la cotización en el sistema contributivo producirá la suspensión de la afiliación y al derecho a la atención del plan de salud obligatorio. Por el período de la suspensión, no se podrán causar deuda ni interés de ninguna clase (se resalta).
La Corte Constitucional en Sentencia C-177 de 4 de mayo de 1998 M.P., doctor Alejandro Martínez Caballero declaró exequible condicionalmente el artículo arriba mencionado, en los casos que se aplique a los afiliados no vinculados a través de relación de trabajo, estos son los independientes y jubilados. En relación con los asalariados y servidores públicos, la norma la declaró exequible pero en los términos señalados en los fundamentos 25, 29, 30, 31, 33 y 34 de la sentencia, también condicionada en los siguientes términos:
Igualmente, la Corte también considera que en aquellos eventos en que se verifique que es verdaderamente imposible que el patrono que ha incurrido en mora pueda responder por las prestaciones de salud, la aplicación de la norma puede resultar inconstitucional incluso si no está en juego un derecho fundamental, ya que en tal caso habría una restricción desproporcionada del derecho a la salud del trabajador, pues este habría cotizado las sumas exigidas por la ley, y sin embargo no puede reclamar los servicios a que tiene derecho. Por ende en tales eventos, la Corte considera que también podría el trabajador exigir la prestación sanitaria a la EPS, la cual podrá repetir contra el patrono.
30. Esto muestra pues que la norma acusada es exequible en el entendido de que mantiene una responsabilidad subsidiaria de las EPS a fin de proteger el derecho a la salud del trabajador, frente a la responsabilidad primaria que recae en el patrono. Esta responsabilidad originaria del empleador en caso de mora encuentra fundamento no sólo en elementales principios de responsabilidad sino en la propia Carta. En efecto, el artículo 53, que regula los principios mínimos del derecho laboral, señala que se debe garantizar al trabajador la seguridad social. Se entiende entonces que esa norma constitucional, que se proyecta esencialmente en el ámbito de las relaciones entre patrono y empleado, está estableciendo que el responsable primario de garantizar la seguridad social de los trabajadores es el propio patrono, lo cual armoniza con el sistema diseñado por la Ley 100 de 1993, según la cual éste tiene a su cargo la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema. Por ende, en caso de incumplimiento de este deber legal "aquellos asumen directamente la responsabilidad de prestar el servicio" (L. 100/93, art.161).
31. Finalmente, la Corte entiende que en situaciones de mora patronal, esta obligación de prestar los servicios de salud, ya sea directamente y en forma primaria por el patrono, o subsidiariamente por las EPS en determinados eventos, cubre también al grupo familiar del trabajador. En efecto, la especial protección constitucional que se le brinda al núcleo familiar (C.P., arts. 5º y 42) impone al Estado y a la sociedad la garantía de su protección integral. Por ello es natural que, en desarrollo de ese mandato, se establezca que los beneficios que se establecen para el trabajador afiliado a los sistemas se aplican también a su familia, tal y como lo señala el artículo 163 de la Ley 100 de 1993, que dispuso que el plan de salud obligatorio de salud tendrá cobertura familiar. Por ende, si la mora patronal acarrea la suspensión de los servicios de salud para la familia del trabajador, es natural que el patrono deba primariamente también responder por tales servicios, pero que, por la responsabilidad compartida, las EPS deban, en los casos mencionados en los anteriores fundamentos de esta sentencia, responder subsidiariamente.
34. En relación con la parte final del artículo 209 de la Ley 100 de 1993, que dispone expresamente que "por el período de la suspensión, no se podrán causar deuda ni interés de ninguna clase", la Corte considera que es necesario también condicionar su constitucionalidad por las siguientes razones:
De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución sólo la atención básica de salud debe ser gratuita para todas las personas, por ende es razonable que el incumplimiento de una obligación pecuniaria en este campo origine las consecuencias económicas que le garanticen, a la entidad que debe responder por el servicio, la estabilidad y el equilibrio del sistema. Además, el artículo 365 de la Constitución dispone que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, el cual debe leerse en concordancia con el artículo 2º de la Carta que dispone como fin de nuestro Estado la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución. Por tal razón, si no existen serias consecuencias contra el empleador o el individuo que incumple, no se garantiza "a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud" (C.P., art. 49). Finalmente, no debe olvidarse que el actual sistema de seguridad social en salud se diseñó para también favorecer a las personas sin capacidad de pago, pues a través del fondo de solidaridad se busca hacer efectivo el derecho a la salud de quienes objetivamente no pueden cotizar en el sistema. Por ende, si no existen mecanismos jurídicos que garanticen el pago efectivo de la cotización de quienes pueden hacerlo, se desconoce el deber ciudadano de solidaridad social que contempla el numeral 2º del artículo 95 constitucional. Por todo lo anterior, la Corte considera que en aquellos casos en que el incumplimiento es imputable al patrono, entonces no existe ninguna razón para que se lo excluya del pago de intereses, pues ello constituye una invitación a eludir el pago de esas contribuciones parafiscales.
Mediante el anterior pronunciamiento la Corte Constitucional condicionó su decisión en virtud de la calidad de los afiliados al sistema general de Seguridad Social en Salud, ya que unos son asalariados y servidores públicos, y otros no tienen una vinculación laboral —pensionados y trabajadores independientes—; diferenciando las consecuencias de la suspensión e interrupción del servicio de salud y la deuda e intereses durante el “período de la suspensión”, en cada caso.
Concluyó con relación a los primeros (asalariados y servidores públicos), que lo que se adeude por el no pago del servicio a la salud la conducta es imputable al empleador porque no efectuó los aportes correspondientes, y la responsabilidad para la prestación del servicio ya no es de la Empresa Promotora de Salud (EPS), sino del patrono; y para los pensionados y trabajadores independiente el artículo 209 de la Ley 100 de 1993 es Constitucional, ya que ellos directamente deben realizar los pagos de las correspondientes cotizaciones.
En cuanto al “período de suspensión” que no se podrán causar deuda ni intereses de ninguna clase, con relación al primer grupo dijo la Corte Constitucional, que en aquellos casos el incumplimiento del pago es imputable al patrono por lo cual no hay razón para que lo excluya de la cancelación de la deuda y intereses, porque de esta manera evitaría el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales. Sin embargo en el caso de los trabajadores independientes y pensionados, consideró que durante este período no se podrá causar deuda ni interés de ninguna clase, porque el hecho de la suspensión del servicio de salud ya es una consecuencia drástica y no se puede hacer más gravosa su posterior vinculación al sistema de salud.
Al establecer el Decreto 1406 de 1999 artículo 43 parcialmente demandado, la exigencia de un paz y salvo para el traslado de una EPS a otra; no contraría el artículo 209 de la Ley 100 de 1993, ya que como dijo la Corte Constitucional una cosa es la deuda por el no pago de las cotizaciones debidas, y otra muy diferente la deuda y los intereses por el “período de suspensión” del servicio de salud, dependiendo del caso.
Como la suspensión provisional, es una medida sujeta a condiciones y requisitos exigentes como son la flagrancia y la violación de textos superiores. Por consiguiente, no le es dable al Juzgador acceder a su decreto sino cuando encuentre visibles esos extremos pues en los casos en que la materia ofrezca dudas o deba examinarse el fondo del asunto no resulta procedente la medida; máxime que analizados los artículos de la Ley 100 de 1993(1), ninguno fue reglamentado por el Decreto 1406 de 1999.
De la simple lectura de la disposición parcialmente demandada —artículo 43 del decreto 1406 de 1999— con la norma aludida como violada —artículo 209 de la Ley 100 de 1993—, no observa la Sala la violación flagrante de preceptos superiores, además, se requiere un estudio de fondo teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional(2).
Por lo anterior, es del caso negar la suspensión provisional de la norma demandada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
1. Admítese en acción de nulidad la demanda presentada por el señor Antonio José García Betancur.
5. NIÉGASE la suspensión provisional del artículo 43 del Decreto 1406 de 1999 expedido por el Presidente de la República mediante el cual se “adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del registro único de aportantes al sistema de seguridad social integral, se establece el régimen de recaudación de aportes que financian dicho sistema y se dictan otras disposiciones”..
6. RECHÁZASE solicitud de suspensión provisional del artículo 2º del Decreto 2313 de 2006 que modificó el artículo 5º del Decreto 3615 de 2005.
(1) Página web de la secretaría general del Senado de la República, www.secretariasenado.gov.co/
(2) Sentencia C-177 de 4 de mayo de 1998 M.P., Doctor Alejandro Martínez Caballero.

References: ARTÍCULO 43
 ARTÍCULO 209
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 152
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 209
 artículo 43
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 53
 artículo 163
 artículo 209
 artículo 49
 artículo 365
 artículo 2
 artículo 95
 artículo 209
 artículo 43
 artículo 209
 artículo 43
 artículo 91
 artículo 2
 artículo 5