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Timestamp: 2018-02-20 10:11:16+00:00

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En la ciudad de Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2002, y a los fines de dejar constancia de los particulares que más adelante se especificarán, se ha decidido levantar la presente acta, en la cual se asientan los resultados del proceso de Mediación y Conciliación que se ha venido llevando a efecto a petición de partes y por ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. La presente Mediación y Conciliación se ha efectuado tomando en cuenta las disposiciones de los Artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los Artículos 257, 258, 261 y 262 del Código de Procedimiento Civil, y el Artículo 3, Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo.
El proceso de Mediación y Conciliación que culmina mediante la presente acta, se inició a petición de ambas partes en el procedimiento que cursa por ante el Tribunal Supremo de Justicia, expediente N° 02-079 de fecha 20 de mayo de 2002 y el acuerdo de suspensión del proceso, efectuado por las partes el día 6 de junio de 2002, entre CÉSAR GIRAL y DISTRIBUIDORA POLAR, S.A. (DIPOSA), el cual se encuentra pendiente de decisión por parte del Alto Tribunal. Con posterioridad, se adhirieron a la mediación LOS DEMANDANTES y LAS DEMANDADAS, más adelante identificados, cuyos juicios pendientes de decisión cursan tanto por ante el Tribunal Supremo de Justicia, como por ante otros Tribunales Laborales de la República que posteriormente se mencionan, y la ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE CERVEZAS, MALTAS Y AFINES DEL ESTADO ARAGUA (AVECMA), la cual es una asociación civil sin fines de lucro, constituida por documento protocolizado en la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Distrito Girardot del Estado Aragua, el día 22 de marzo de 1994, bajo el N° 13, Tomo 9 del Protocolo Primero, la cual se encuentra representada en este acto por su apoderado, Sr. César Giral, quien es venezolano, mayor de edad, domiciliado en Maracay, Estado Aragua y titular de la Cédula de Identidad Nº 2.751.089, representación que consta de instrumento poder autenticado en la Notaría Pública Quinta de Maracay, en fecha 5 de agosto de 2002, bajo el N° 26, Tomo 201 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, el cual se acompaña a la presente acta marcado “A”. El señor César Giral, se encuentra debidamente asistido por el abogado Iván José Medina, más adelante identificado. El objeto de la referida Asociación Civil, de acuerdo con sus Estatutos Sociales, está dirigido al estudio y defensa de los intereses de los asociados por ante las autoridades administrativas, judiciales y por ante la Empresa del ramo y particulares en general, y cuenta entre sus miembros con una parte importante de LOS DEMANDANTES que han solicitado su adhesión a la presente Mediación y Conciliación, quienes luego se enumeran. Dicho proceso de Mediación fue dirigido por el Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, en su carácter de Presidente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con la participación del ciudadano César Giral, en su propio nombre y en representación de la Asociación de Vendedores de Cervezas, Maltas y Afines del Estado Aragua (AVECMA), debidamente asistido por el abogado en ejercicio Dr. Iván Medina, ya identificado y la representación de la Empresa Distribuidora Polar, S.A., en la persona de los Dres. Ricardo Henríquez La Roche y Luis Alfredo Araque Benzo. Las bases de dicho proceso de Mediación, acordadas por las partes fueron las siguientes:
1. Respeto y consideración mutua
2. Suspensión del proceso por 30 días continuos de común acuerdo
4. Representatividad de los demandantes
5. Interés Institucional
7. Posibilidad de reuniones directas entre las partes.
El orden cronológico de las reuniones efectuadas en la Sala, fue el siguiente:
1° de Octubre de 2002
A continuación se procederá a enumerar a LOS DEMANDANTES que solicitaron su adhesión al proceso de Mediación y Conciliación, los números de expediente y el Tribunal por ante el cual cursa su respectiva causa, y la empresa demandada por cada uno de ellos. A los efectos de la presente acta cuando se haga referencia a todos ellos en su conjunto se utilizará el término “LOS DEMANDANTES” y “LAS DEMANDADAS”, según sea el caso. Todos LOS DEMANDANTES adherentes se encuentran representados, tanto en sus respectivas causas como en el presente procedimiento de Mediación y Conciliación, por el abogado Iván José Medina, quien es venezolano, mayor de edad, domiciliado en Maracay, Estado Aragua, y titular de la cédula de identidad Nº 9.657.530, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 49.647, de conformidad con los instrumentos de poder que corren insertos a los autos en los correspondientes expedientes, así como por las autorizaciones especiales, que se consignan anexas a la presente acta de Mediación y Conciliación, marcadas con la letra y los números B-1 al B-80:
Tribunal de la Causa
8.741.359
Distribuidora Polar del Centro, S.A.
1° Laboral de Aragua
7.019.795
2° Laboral de Aragua
Andrés Guillermo Hernández
4.862.031
Argenis Chacón
7.065.508
Baudilio Mena
4.251.731
Distribuidora Polar, S.A.
Superior de Aragua
César Giral
2.751.089
3.515.343
Deiby Hernández
8.764.992
Distribuidora Polar Metropolitana, S.A.
1.504.659
3.551.427
Distribuidora Polar del Sur, S.A.
8.669.599
3.578.757
10.753.924
7.025.167
Freddy Pimentel
2.124.873
4.657.850
Gerardo Gallucci
E- 346.768
Primera Instancia de Guárico
8.351.161
5.968.268
3.124.683
Grimaldo Arteaga
4.265.275
Gustavo Machillanda
2.151.363
3.344.812
Jeovanni Méndez
4.717.424
3.700.474
3.436.741
3.134.304
Distribuidora Polar del Sur, C.A.
Jesús A. Valor
9.107.313
3° Laboral de Carabobo
2.775.626
3.800.257
Jhonny A. Ricapa
3.146.947
4.231.946
Jorge Anato
3.171.458
José F. Coronel
2.840.296
Distribuidora Polar del Centro, S.A
8.744.893
3.492.990
7.265.734
3.457.752
3.055.794
15.365.366
5.580.417
6.398.748
José Miguel Urbina
2.719.445
11.118.103
1° Instancia de Guárico
11.070.424
3.848.130
1.508.695
Luis Araujo Sandoval
7.119.358
Luis F. Gónzalez
835.975
Distribuidora Efe, S.A.
1º Laboral de Aragua
Luis Miguel Granados
3.755.464
3.303.298
3.433.209
3.162.005
Luis José Peinado
3.704.966
5.441.313
3.888.116
4.515.332
3.997.029
3.935.945
2.077.912
3.958.504
8.839.115
9.464.758
3.519.602
3.616.152
2.103.119
Ramón Valentiner
3.127.042
7.142.337
1.133.640
1° Inst. La Victoria Edo. Aragua
3.570.548
4.369.253
Vicente Caldarella
9.539.636
1.773.112
7.074.842
3.435.188
William Rodríguez Maica
3.203.784
Por su parte, la totalidad de las personas jurídicas que se encuentran en posición de demandadas en los procesos antes aludidos, están representadas por los abogados MANUEL REYNA PARES, RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE y VICTORINO MÁRQUEZ FERRER, quienes son venezolanos, mayores de edad, domiciliados en Caracas y titulares de las cédulas de identidad números 3.753.877, 2.935.740, y 9.880.330, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 15.033, 5.688 y 47.660, también respectivamente, según consta de los instrumentos de poder que corren insertos a los correspondientes expedientes, y el que se consigna en el presente acto como anexo a la presente acta, marcados con la letra “C”.
La extensión de la presente Mediación y Conciliación a los adherentes, incluyendo a la Asociación Civil mencionada, se hace posible por cuanto el asunto fundamental a ser dilucidado en todas esas causas es el de resolver si las relaciones jurídicas que LOS DEMANDANTES alegan haber tenido con LAS DEMANDADAS, pueden ser calificadas de relación de trabajo, o si se trató de una relación estrictamente mercantil, donde las Sociedades Mercantiles de las cuales LOS DEMANDANTES eran accionistas o socios mayoritarios o en todo caso representantes legales, adquirían al mayor productos manufacturados por LAS DEMANDADAS, para luego revenderlos al detal, haciendo su correspondiente ganancia. Por tal virtud, no es posible alegar como impedimento para la celebración del presente acuerdo, la aplicación a priori de cualquiera de los principios rectores del Derecho del Trabajo, y en particular la irrenunciabilidad, o de cualquiera de los principios del Derecho Mercantil. Así mismo, es de destacar que se trata de un problema de hecho, cuya solución dependerá en cada caso de las características que haya tenido la correspondiente relación, en la cual cabe perfectamente la transacción y/o el desistimiento, y no afecta al orden público que las personas decidan celebrar contratos mercantiles en lugar de contratos de trabajo, máxime cuando no se alegan condiciones de servicio que habrían podido poner en peligro o afectar la vida, salud o dignidad del prestador de servicios, razón por la cual no cabe la aplicación del Artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, ni lo previsto en el Parágrafo Único del Artículo 3º de la Ley Orgánica del Trabajo.
QUINTO: Posición General de LOS DEMANDANTES.
En los procesos antes reseñados, LOS DEMANDANTES han sostenido que prestaron servicios personales bajo dependencia a LAS DEMANDADAS y que, por tanto, deben ser considerados trabajadores a todos los efectos legales previstos en la legislación laboral. En criterio de LOS DEMANDANTES, las Sociedades Mercantiles de las que ellos son representantes legales, así como los Contratos de Concesión Mercantil celebrados entre dichas Sociedades Mercantiles y LAS DEMANDADAS encubren una relación laboral que debe ser desenmascarada por los Jueces del Trabajo. No obstante, admiten la existencia de zonas grises o supuestos de ambigüedad objetiva en los que no resulta sencillo dilucidar si una relación está situada en el campo mercantil o laboral.
Sostienen por otra parte LOS DEMANDANTES, que durante años colaboraron con LAS DEMANDADAS en la distribución de sus productos, constituyendo un canal confiable de comercialización de los mismos y contribuyendo a mantener, consolidar y, en algunos casos, hasta aumentar la clientela que luego de la terminación de la relación quedó en favor de LAS DEMANDADAS. Por tal razón, estiman que, aun si las relaciones que han sostenido con LAS DEMANDADAS no pudiesen ser calificadas de laborales, y constituyesen la consecuencia de una relación contractual mercantil, no sería justo que la terminación unilateral e injustificada de dichas relaciones no vaya acompañada de algún género de indemnización.
SEXTO: Posición General de LAS DEMANDADAS
Por su parte, LAS DEMANDADAS han sostenido que entre ellas y las Sociedades Mercantiles cuyos representantes legales son LOS DEMANDANTES, existe un auténtico Contrato de Concesión Mercantil. De las facturas comerciales que soportan la compraventa de la mercancía suministrada por LAS DEMANDADAS, no puede en ningún caso establecerse, que LOS DEMANDANTES prestaban un servicio personal para LAS DEMANDADAS; estas facturas sólo evidencian que las Sociedades Mercantiles de las cuales LOS DEMANDANTES eran representantes, adquirían productos al mayor de LAS DEMANDADAS para ser revendidos al público consumidor en un territorio o zona determinados. De esa manera, las personas jurídicas representadas por LOS DEMANDANTES actuaban por cuenta propia, asumiendo plenamente el riesgo de reventa del producto a su clientela, por lo que, ni aun si se determinase que tales personas jurídicas no eran las verdaderas adquirientes de los productos, sino LOS DEMANDANTES, faltaría el elemento de ajeneidad, esencial a toda relación de trabajo. Por otra parte, la exclusividad que habría sido pactada entre las personas jurídicas representadas por LOS DEMANDANTES y LAS DEMANDADAS opera en interés recíproco de las partes y no denota subordinación alguna de las primeras con respecto a las segundas.
Rechazan categóricamente, por otro lado, que la celebración de los mencionados Contratos Mercantiles haya tenido por objeto evadir la aplicación de la legislación laboral, pues, en su criterio, la relación en cuestión tiene un carácter auténticamente mercantil.
Reconocen LAS DEMANDADAS, que las Sociedades Mercantiles cuyos representantes legales son LOS DEMANDANTES realizaron una inversión importante con el objeto de atender el negocio de distribución de los productos. Asimismo, reconocen que las sociedades mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES contribuyeron al mantenimiento y la consolidación de una clientela, que a la terminación de las relaciones quedó en provecho de LAS DEMANDADAS; y que las sociedades mercantiles representadas por LOS DEMANDANTES, con ocasión de la terminación de los Contratos de Concesión Mercantil, incurrieron en costos asociados a la terminación de dichas relaciones laborales del personal que laboraba para esas Sociedades Mercantiles, todo lo cual ha podido conllevar perjuicios económicos a LOS DEMANDANTES, en su condición de accionistas, socios o representantes legales de ellas.
SÉPTIMO: Antecedentes que Fueron Tomados en Cuenta en la Mediación.
A lo largo de las sesiones de mediación, los Magistrados de la Sala Social estimaron oportuno hacer algunas precisiones conceptuales en torno a la materia objeto de la mediación y, en particular, acerca del estado actual de la cuestión debatida en la jurisprudencia social venezolana, de forma tal de contribuir con una mejor percepción del problema planteado por las partes:
1) La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el encubrimiento como una acción que pretende ocultar o deformar la relación de trabajo, tras el ropaje de otra figura jurídica donde el trabajador tenga menor protección legal. (Documento técnico de base sobre los trabajadores en situaciones en las cuales necesitan protección, con ocasión de la reunión de expertos convocada por el Consejo de Administración de la OIT, en Ginebra, Suiza, entre el 15 y el 19 de mayo de 2000).
En algunos casos, los contratos mercantiles son utilizados para encubrir una relación de trabajo. En otros casos, sin embargo, los contratos mercantiles son utilizados para documentar una relación donde el sujeto que presta el servicio o realiza una actividad lo hace con sus propios elementos materiales, a su propio riesgo y en una situación de dependencia jurídica atenuada. En estas relaciones no aparecen nítidamente los elementos típicos de la relación de trabajo y por eso se habla de “zonas grises”, “situaciones de frontera” o “supuestos de ambigüedad objetiva”.
De allí que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha señalado que al lado del fenómeno intencional del encubrimiento existen circunstancias objetivas en las cuales no aparecen con claridad todos los elementos que caracterizan a la relación de trabajo.
2) En reiterada jurisprudencia, la Sala Social ha venido asentando que no basta la existencia de un contrato mercantil entre el patrono y un tercero para desvirtuar la presunción laboral (Sentencia de fecha 16 de marzo de 2000, caso Félix Ramón Ramírez y otros contra Distribuidora Polar S.A; Sentencia de fecha 9 de agosto de 2000, caso Harold Franco Alvarado contra Aerobuses de Venezuela C.A; Sentencia de fecha 18 de diciembre de 2000, caso Nabil Saad contra Distribuidora de Productos Proderma Cosmésticos S.R.L; Sentencia de fecha 31 de mayo de 2001, caso Enrique José Rondón y Jesús Ramos contra Distribuidora Polar S.A.).
Así las cosas, la Sala Social exhortó a LOS DEMANDANTES y a LAS DEMANDADAS a explorar fórmulas de arreglo mutuamente satisfactorias.
11.) Las partes reconocen que el establecimiento de zonas geográficas, exclusividades en la distribución y el uso de emblemas y marcas propiedad de LAS DEMANDADAS, son propias de los contratos de colaboración empresarial, tales como el de agencia, la concesión mercantil y la franquicia, entre otros. Tales estipulaciones han sido establecidas por las partes en beneficio de ambas.
DÉCIMO PRIMERO: Las Cantidades Acordadas
Mediante documento separado, las partes han efectuado la determinación de las cantidades que corresponderá cancelar al momento de la homologación de los correspondientes desistimientos de las demandas, de los procedimientos y de las acciones, o de las transacciones, si fuese el caso.
El apoderado de los demandantes,
representante de la Asociación Civil AVECMA
y su Abogado Asistente,
Los Apoderados de las Demandadas,
Homologación de la Sala de Casación Social del
Por cuanto los acuerdos contenidos en la anterior Acta de Mediación y Conciliación son producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes; por cuanto dichos acuerdos tienden a garantizar una armoniosa resolución de las controversias a que se refieren los procesos y a reestablecer el equilibrio jurídico entre las partes; por cuanto los acuerdos alcanzados no son contrarios a derecho, y se adaptan a los criterios jurisprudenciales que han sido establecidos por la Sala, y no contienen renuncia alguna a ningún derecho irrenunciable derivado de una relación de trabajo; y, por último, tomando en cuenta que los acuerdos de las partes han sido la conclusión de un proceso de Mediación y Conciliación dirigido por la propia Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de promover la Mediación y Conciliación como mecanismo adecuado y conveniente para la resolución de disputas, esta Sala, de conformidad con lo previsto en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de sus atribuciones legales previstas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 3° Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo, decide:
a.) Se imparte la homologación de los acuerdos alcanzados por las partes en el proceso de Mediación y Conciliación promovido por esta Sala y contenidos en la presente Acta.
b.) Se exhorta a las partes a cumplir de buena fe los acuerdos contenidos en la presente Acta.
c.) Se exhorta a los respectivos jueces de la jurisdicción laboral a homologar los desistimientos o transacciones que las partes efectúen en cada una de las causas que fueron objeto de la presente Mediación y Conciliación, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en este procedimiento.
Se hacen tres ejemplares de un mismo tenor y efecto, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de dos mil dos.
R.C. Nº AA60-S-2002-000079

References: Artículo 3
in fine
 Artículo 258
 Artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 3