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Timestamp: 2019-04-21 12:12:19+00:00

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Boletín 12/2011
BOLETÍN NÚM. 12/2011
BOLETÍN DEL MES DE DICIEMBRE
El hecho de estar en un fin de legislatura determina el contenido de este Boletín del mes de diciembre. Por lo que hace referencia a la normativa estatal, junto a normas de importancia relativa, destaca el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Una norma que responde directamente a la situación de fin de legislatura sin presupuesto aprobado, y para cuya aprobación se recurre una vez más a la figura del Real Decreto Ley.
Esta norma tiene su causa en la no aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 y la consiguiente prórroga automática de la Ley 39/2010 de 22 de diciembre de presupuestos para el año 2011.
Este hecho, como dice la exposición de motivos del Real Decreto Ley 20/2011, “ocasionaría ciertas disfunciones que es preciso corregir”.
La norma comentada trata de evitar aquellas previsiones de la ley prorrogada que podrían incidir negativamente en el déficit público y en la estabilidad presupuestaria, imponiendo ya de forma inmediata concretas medidas de ajuste.
Entre estas medidas de ajuste destacamos las que afectan al personal al servicio del sector público, impuestos estatales (se crea un gravamen complementario a la cuota íntegra estatal del IRPF para los años 2012 y 2013), locales (aumento del IBI), pensiones y cotizaciones.
También merece ser destacado el Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en lo relativo a la comunicación comercial televisiva.
Este Real Decreto, aplicable tan sólo a los prestadores de comunicación audiovisual de cobertura estatal, desarrolla el título II de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de Comunicación Audiovisual. Su finalidad es delimitar el alcance de los derechos y obligaciones de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual cuando emiten en su programación autopromociones y determinadas formas de comunicación comercial, tales como telepromociones o patrocinios, y también cuando realizan dichas comunicaciones o las distintas modalidades de mensajes publicitarios durante la retransmisión de acontecimientos deportivos.
Tras varios meses de muy escasa producción normativa, el Parlamento catalán ha irrumpido al final del año con tres textos legislativos desmesurados, tres leyes ómnibus que inciden en múltiples aspectos de la legislación vigente en Cataluña.
La razón de ser común a estos tres textos legales es la voluntad de simplificar la estructura administrativa y los procedimientos de intervención pública sobre la actividad privada con el fin de reactivar la actividad económica, incidiendo para ello en normas con rango legal.
La Ley 9/2011, de promoción de la actividad económica, incide en leyes del sector agroambiental, sector económico, sector sanitario y ámbito territorial (transporte y vivienda).
La Ley 10/2011, de simplificación y mejora de la regulación normativa, afecta de nuevo al sector agroambiental, a la cultura y deporte, al derecho de las personas regulado en el Código Civil, al ámbito económico socio-sanitario, al territorio (puertos y transportes) y se modifica también la reciente Ley 26/2010 de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas.
Finalmente, la Ley 11/2011, de restructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa tiene un carácter mas organizativo, ocupándose de suprimir organismos o entidades o de su restructuración.
No es posible pretender en este breve comentario exponer el contenido de todas las reformas acometidas en estas tres leyes. Pero sí queremos llamar la atención sobre su incidencia directa en una pluralidad de textos legales importantes, mayoritariamente de naturaleza sectorial, aunque también se reforman leyes generales como la reciente Ley 26/2010 sobre régimen jurídico y procedimiento. En todo caso hay que reorganizar el ordenamiento y pensar en la construcción de los nuevos textos consolidados que permitan transitar por el sistema jurídico con la garantía de que, al menos, sabemos cual es la norma aplicable.
La crisis también ha afectado al sistema jurídico y a sus elementos esenciales. La seguridad jurídica, la predictibilidad de la norma aplicable y la claridad de los textos legales se resienten. Vivimos en un mundo de leyes desbocadas que recurre en exceso a la figura del Decreto Ley. Confiemos en que tras estas reformas en masa, seguramente necesarias para limpiar el sistema de la hojarasca acumulada en los años de crecimiento irreflexivo en forma de procedimientos y organismos inútiles y costosos, vuelva la calma. La recuperación económica requiere también un marco normativo estable sobre el que poder construir las políticas que impulsen la reactivación.
III. El libro del mes. ROGER FERNÁNDEZ, Gerardo. Para comprender el urbanismo español (de una vez por todas). Ed. Iustel, Madrid 2011, 168 páginas.
Con este curioso y comprometido título, el urbanista Gerardo Roger Fernández nos ofrece una sugerente reflexión sobre la realidad del urbanismo español.
Un sistema urbanístico que no duda en calificar de “extravagante”, desde que ya con la Ley de 1956 el legislador optara por encomendar a los propietarios la función pública de convertir el suelo no urbanizable en suelo urbanizado, en el marco de un Plan público de ordenación urbana que debía ofrecer las garantías suficientes para acometer esta tarea.
A partir de esta constatación el libro nos lleva por las diversas etapas que han jalonado la vida de nuestro peculiar sistema, destacando las singularidades de cada momento, tratando de ofrecer al lector una guía clara de lo que realmente ha sido este sistema hasta llegar a la crisis actual.
El libro se cierra con unas reflexiones de futuro sustentadas en la Ley 8/2007 y en las que subyace la idea de recuperar para la administración la función directora y gestora del desarrollo urbano, pasando los particulares a adoptar una posición delegada.
Estamos, creemos, ante un libro de indudable interés, accesible a todos los públicos, y que ofrece una reflexión breve pero sólida y sustentada en la experiencia directa, sobre la que repensar un modelo que a todas luces parece agotado.
IV. El artículo del mes. VAQUER CABALLERÍA, Marcos. El criterio de la eficiencia en el derecho administrativo. Revista de Administración pública, nº 186, septiembre/diciembre 2011.
El artículo del profesor Vaquer Caballería podríamos decir que se sustenta en una serie de preguntas formuladas indirectamente por el mismo autor a las que sucesivamente va dando respuesta. A través de este juego dialéctico se nos ofrece una reflexión sobre la realidad actual de nuestro sistema de derecho administrativo, su crisis y la necesidad de su refundación sobre nuevos parámetros.
Así, en primer lugar, la pregunta es ¿debe renovarse el derecho administrativo como ciencia? La respuesta es afirmativa. El modelo garantista creado en los años 50, con el predominio del principio de legalidad y sujeción estricta de toda actuación administrativa a un marco normativo previo debe replantearse.
Segunda pregunta. ¿Qué otros fines deben guiar la actuación administrativa? Al contar con una administración que posee una legitimación democrática indirecta a través de la función de dirección que corresponde al Gobierno, el derecho administrativo debe situar al mismo lado de las garantías el principio de eficacia y el logro equilibrado de la eficiencia y la equidad.
Tercera pregunta. ¿Qué aspectos del derecho administrativo deben ser destacados para lograr el fin de la eficacia? La organización y el funcionamiento de los aparatos administrativos deben ocupar el lugar de máxima atención.
Por último, ¿cómo optimizar la eficiencia en el ejercicio de las potestades reglamentaria u organizativa, o en la gestión de los medios de la administración? Estos objetivos requieren la ponderación de los intereses en conflicto, el equilibrio en el análisis coste-beneficio cuando se trata de suprimir cargas. En definitiva, un análisis prudente de las medidas a tomar teniendo en cuenta todos los intereses en juego, y la razonabilidad de muchas de las formas clásicas de la presencia del poder público.
En definitiva, estamos ante un interesante estudio en el que se constata como los tres pilares del derecho administrativo clásico, la autorización, el servicio público y la subvención, sufren embates importantes. Pero a su vez, como tras una etapa de dominio de la desregulación, se recupera la idea más moderada de better regulation, así como la presencia pública bajo formas más sutiles de intervención con el fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en las formas de actuación de las administraciones.
• Real Decreto 1623/2011, de 14 de noviembre, por el que se regulan los efectos de la entrada en funcionamiento del enlace entre el sistema eléctrico peninsular y el balear, y se modifican otras disposiciones del sector eléctrico (BOE núm. 294, de fecha 7 de diciembre de 2011).
• Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en lo relativo a la comunicación comercial televisiva (BOE núm. 294, de fecha 7 de diciembre de 2011).
• Real Decreto 1599/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen los criterios de integración de los espacios marinos protegidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (BOE núm. 294, de fecha 7 de diciembre de 2011).
• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia (BOE núm. 295, de fecha 8 de diciembre de 2011).
• Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2012 (BOE núm. 308, de fecha 23 de diciembre de 2011).
• Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE núm. 315, de fecha 31 de diciembre de 2011).
• Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial (BOE núm. 315, de fecha 31 de diciembre de 2011).
• Proposición de Ley Orgánica para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua.
• Proposición de Ley Orgánica sobre regulación del recurso previo de inconstitucionalidad.
• Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
• Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para reforzar la figura del director en la resolución de conflictos.
• Proposición de Ley sobre territorialización del rendimiento del 0,7% del IRPF destinado a otros fines de interés social, incluidos los de carácter medioambiental.
• Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Proposición de Ley de medidas urgentes en materia de ejecución hipotecaria.
• Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido para que todos los productos y servicios relacionados con la cadena alimenticia tributen al 4 por ciento.
• Proposición de Ley de reformas tributarias urgentes para dotar al sistema fiscal de mayor equidad y progresividad.
• Proposición de Ley de reforma del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre restructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, relativa a la participación pública en la desinversión de entidades financieras con presencia de cajas de ahorros.
• Proposición de Ley de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, para incorporar un estudio coste-beneficio previo a la aprobación de inversiones destinadas a financiar nuevas infraestructuras.
• Proposición de Ley sobre la adaptación de la regulación vigente en el ámbito de la negociación colectiva y la concurrencia de convenios colectivos a los requerimientos específicos de las Comunidades Autónomas que cuenten con sindicatos más representativos cuyo ámbito de representación se circunscriba a su ámbito territorial.
• Proposición de Ley sobre la mejora de la accesibilidad en las comunidades de viviendas.
• Proposición de Ley sobre medidas para garantizar la integración de los trabajadores discapacitados en el sector público.
• Proposición de Ley de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
• Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno.
• Proposición de Ley relativa a la dación en pago y la protección de las personas físicas insolventes.
• Proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública.
• Proposición de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente destinados a los consumidores y usuarios.
• Proposición de Ley de Contratos de Distribución.
• Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte.
• Proposición de Ley de servicios funerarios.
• Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres para adaptarla a diversos Reglamentos de la Unión Europea.
• Proposición de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida.
• Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
• Proposición de Ley relativa a la igualdad de trato y la no discriminación.
• Ley 8/2011, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2010, de 19 de mayo, del Consejo de Gobiernos Locales (DOGC núm. 6034, de fecha 29 de diciembre de 2011).
• Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica (DOGC núm. 6035, de fecha 30 de diciembre de 2011).
• Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa (DOGC núm. 6035, de fecha 30 de diciembre de 2011).
• Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de restructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa (DOGC núm. 6035, de fecha 30 de diciembre de 2011).
• Proyecto de ley de consultas populares no referendarias.
• Proyecto de ley de medidas fiscales y financieras y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
• Proyecto de ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el año 2012.
• Proposición de ley de segregación del término municipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caza del Alt Pallars-Aran.
02/2012. Boletín de Novedades núm 1/2012 del… 01/2012. BOLETÍN NÚMERO 11/11 DE NOVEDADES

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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in fine
 resolución