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Timestamp: 2019-04-26 00:14:53+00:00

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CAPITULO I CONTEXTO GENERAL DEL PAIS Descripción General
Régimen Político 2.1 Forma de gobierno
2.2 Estructura del Estado 2.2.1. La dimensión horizontal de la estructura del Estado
3. La protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico peruano 3.1 Principios que informan el ordenamiento constitucional
Mecanismos establecidos en la Constitución y las Leyes para el ejercicio y protección de los derechos humanos.
Adscripción del Perú a normas internacionales de derechos humanos
La persona con discapacidad en el ordenamiento constitucional
El Plan Nacional de Derechos Humanos y las personas con discapacidad
La Ley General de las Personas con Discapacidad
Capítulo II SITUACIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCDs) Información general
1.1 Número y porcentaje de PCDs sobre la población total
1.2 Distribución por sexo
Especificidad e incidencia por discapacidad
Distribución territorial Población con discapacidad en el ámbito urbano y rural
PERÚ: HOGARES CON O SIN MIEMBROS CON DISCAPACIDAD
PERÚ: HOGARES CON O SIN MIEMBROS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007
Participación de las personas con discapacidad en la definición de las normas y políticas que las afectan (CDPD, artículos 4 y 33)
LOGROS Y DIFICULTADES EN LA REALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
3. La protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico peruano
3.1 Principios que informan el ordenamiento constitucional
Los principios constitucionales se manifiestan como normas jurídicas y como criterios de interpretación, por lo que constituyen una base integradora del sistema jurídico peruano ante vacíos normativos24. Estos principios son
El principio de Democracia Representativa
El principio de Pluralismo Democrático
El principio de Proporcionabilidad
El principio de Separación de Poderes, el principio democrático
El principio jurídico de Supremacía Constitucional
El principio político de Soberanía Popular
Tales mecanismos son ordenados en la Constitución bajo el titulo de Garantías Constitucionales y se encuentran consignados en el artículo 200 de la misma, comprendiendo los procesos de Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data y de Cumplimiento.
La Acción de Habeas Corpus procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Constituye una garantía constitucional que puede ser activada antes la omisión de una conducta exigible o ante una actuación realizada por un sujeto, sin diferenciar entre autoridades, funcionarios o personas. Tiene como objeto proteger la libertad personal como derecho fundamental y su trámite se encuentra regulado por el Código Procesal Constitucional25.
Existen diversos tipos de Habeas Corpus en el sistema jurídico peruano según la finalidad y el tipo de protección que se busque brindar al derecho del sujeto:
Habeas Corpus Reparador: Busca remedios frente a detenciones arbitrarias.
Habeas Corpus Restringido: Opera ante el impedimento del ejercicio de la libertad locomotora.
Habeas Corpus Correctivo: Opera ante casos en los que se involucren otros derechos conexos al de la libertad personal.
Habeas Corpus Preventivo: Se plantea frente a amenazas a la libertad personal.
Habeas Corpus Traslativo: Opera ante demoras en procesos judiciales en los que se vea afectada la libertad personal.
Habeas Corpus Innovativo: se emplea en casos en los que se busca marcar pautas para casos futuros.
La Acción de Amparo que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución distintos de la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.
La Acción de Habeas Data procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace los derechos de acceso a la información.
Mediante este tipo de recursos se plantea la protección de derechos fundamentales ante posibles omisiones administrativas o mandatos legales, por tanto está dirigido a funcionarios o autoridades. Es importante para nuestro ordenamiento ya que es posible evidenciar problemas renuentes en el cumplimiento de las normas y actos administrativos, por lo que este mecanismo sería fundamental para el correcto funcionamiento del Estado.
El artículo 161 de la Constitución peruana instituyó la Defensoría del Pueblo, representada por el Defensor del Pueblo, quien es elegido por mayoría calificada en el Congreso de la República, goza de autonomía y tiene como funciones: fiscalizar el cumplimiento de los deberes de la administración pública, defender los derechos fundamentales de las personas y actuar como mediador entre la administración y los administrados, buscando proteger los derechos fundamentales de estos últimos ante una violación de sus derechos.
Por mandato de la Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad (LGPD), artículo 50, se creó al interior de la de la Defensoría del Pueblo, la Adjuntía para los derechos humanos y las personas con discapacidad. Posteriormente, en febrero 2009 se creó el Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, adscrito a la Adjuntía para los derechos humanos y las personas con discapacidad26, cuyo fin es afianzar la labor de promoción de la inclusión de la perspectiva de discapacidad en las políticas públicas y en los diferentes sectores de la población, utilizando mecanismos de defensa, difusión, información, supervisión y fiscalización.
Con arreglo a los criterios antes esbozados, en base a las quejas, petitorios y consultas que recibe, o de oficio, elabora propuestas de políticas públicas, iniciativas legislativas, informes y recomendaciones; desarrolla proyectos de investigación e intervención; promueve espacios de discusión y concertación, a la vez que contribuye a la sensibilización de la sociedad y del sector público. Adicionalmente, supervisa el cumplimiento de los deberes de función de la administración estatal y el respeto de la normatividad vigente sobre la materia; forma promotores de derechos humanos desde la perspectiva de la discapacidad; y, promueve el fortalecimiento de las organizaciones que representan o trabajan con o para personas con discapacidad.
En la Constitución peruana pueden ser ubicados dentro del título V de la misma dos mecanismos destinados a ejercer el control de constitucionalidad de las leyes27: la acción de inconstitucionalidad y la acción popular.
La acción de Inconstitucionalidad procede contra normas con rango de ley y se encuentra dirigida a garantizar la supremacía de la Constitución de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal. El encargado de ejercer este control es el Tribunal Constitucional28.
La Acción Popular, por su parte, se dirige contra normas de rango inferior a las leyes que contravengan a normas superiores en forma o fondo. Debe tratarse, en todo caso, de normas de carácter general, por lo que los actos administrativos no pueden ser revisados en este tipo de procesos sino a través de las acciones contenciosas administrativas.
El proceso de acción popular no supone necesariamente la derogación total de la norma, sino que puede implicar una inaplicación parcial de la misma.
El Perú es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad del año 200729 y de su Protocolo Facultativo30. Ha ratificado, asimismo, un significativo número de tratados que hacen parte del sistema universal e interamericano de protección de los derechos humanos.
Entre los mecanismos del Sistema Universal, se incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado constitucionalmente por la décimosexta disposición general de la Constitución de 1979; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado el 12 de abril de 1978; el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado el 3 De octubre de 1980; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, ratificada el 13 Setiembre 1982; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, ratificada el 7 de julio de 1988; la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada el 4 Setiembre 1990; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada el 29 de septiembre de 1971; la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificada el 24 de febrero de 1960; la Convención para la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, ratificada el 1 noviembre de 1978; la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, ratificada el 5 de noviembre de 1955; la Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes, ratificada el 14 de junio de 1988; la Convención sobre la Esclavitud, ratificada el 7 setiembre de 1956; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ratificada el 14 de setiembre de 2005, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, ratificada el 6 de junio de 1964, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, ratificada el 09 de agosto de 1983.; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificada el 3 de diciembre de 1993.
En cuanto refiere al sistema interamericano, Perú ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de julio de 1978; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 28 de marzo de 1991; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) el 4 de junio de 1996; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) el 4 de junio de 1995; y la Convención Interamericana para Erradicar todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad, el 10 de julio 2001. Ha aceptado, asimismo, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El artículo 7 de la Constitución Política del Perú (1993) establece que
“La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad”.
Extrañamente, no es mencionado en el Marco Jurídico Nacional incluido en el Informe Oficial que el Estado peruano ha presentado ante el Comité, pero el Perú cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010, que fue oficializado por el gobierno peruano mediante el Decreto Supremo Nº 017-2005–JUS31, que fue elaborado teniendo en consideración las Directrices de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y refleja las obligaciones formalmente contraídas por el Perú en el marco del sistema internacional de protección y promoción de los derechos humanos y su ordenamiento constitucional.
Vale la pena mencionar que la omisión de la norma señalada es sorprendente en la medida en que ésta no solo forma parte del sistema jurídico nacional de protección de los derechos humanos, sino que contiene un capítulo específico con un conjunto integral y abarcador de compromisos y medidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El 31 de diciembre de 1998 se aprobó la Ley Nro. 27050, Ley General de las Personas con Discapacidad (LGPD). El artículo 2 de la Ley definió a la persona con discapacidad como
“aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad”.
Esta definición no guarda conformidad con los estándares definidos por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En efecto, esta contiene una definición de la persona con discapacidad de carácter individual, y no Incluye las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Convención. Definiciones consistentes, dirigidas a promover la accesibilidad e inclusión social de las personas con discapacidad.
La definición empleada por la Ley peruana desconoce que, como indica el Preámbulo de la Convención, “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Tampoco hace referencia a los Principios Generales que enmarcan el contenido de esta32, por lo que es por lo menos dudoso que se elaboren planes y políticas públicas basadas en los principios señalados por ella.
La Ley General de la Persona con Discapacidad es reglamentada por el Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH que regula los siguientes aspectos:
La definición de persona con discapacidad
La finalidad y objeto de la ley
Los Derechos protegidos por esta: vida, salud rehabilitación, trabajo, educación y accesibilidad.
Las excepciones arancelarias previstas para la importación de vehículos y aparatos ortopédicos.
El organismo ejecutor de las políticas sobre discapacidad.
El registro de personas con discapacidad.
Las formas para obtener la certificación de discapacidad.
La sanción por el incumplimiento de las normas previstas en la Ley.
Una bonificación en el concurso de méritos para cubrir vacantes laborales en el sector público.
Las empresas promocionales para personas con discapacidad
La designación de un Defensor Especializado en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, al interior de la Defensoría del Pueblo.
El Presidente del Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), que es designado por el Presidente de la República, otorgándole la facultad de asistir a las sesiones del Consejo de ministros con voz, pero sin voto.
El CONADIS está conformado, entre otros, por Viceministros de Estado en las carteras de Mujer, Salud, Trabajo, Educación, Defensa e Interior, así como por representantes de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familiares.
La obligación de los Gobiernos Regionales y Locales de crear Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED).
La obligación de los centros de estudio de cualquier nivel de adecuar los procesos de admisión a fin de permitir el ingreso de personas con discapacidad. Asimismo, el deber de las universidades públicas y privadas y las escuelas superiores de reservar del 5% de las vacantes en sus procesos de admisión para ser ocupadas por personas con discapacidad.
El derecho de las personas con discapacidad a gozar de un descuento del 50% sobre el valor de la entrada a espectáculos culturales, deportivos o recreativos organizados por las Entidades del Estado, aplicable hasta un máximo del 25% del número total de entradas.
La obligación del Ministerio de Trabajo de crear la Oficina Nacional de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, como órgano dependiente de dicho Ministerio, encargada de promover el ejercicio de los derechos de los trabajadores con discapacidad, brindándoles servicios de asesoría, defensa legal, mediación y conciliación gratuitos.
La obligación de todas las entidades del sector público, así de los Gobiernos Regionales y las Municipalidades, de contratar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 3% de la totalidad de su personal.
El derecho de las personas con discapacidad a gozar de una bonificación del 15% en los concursos públicos de méritos en la Administración Pública sobre el puntaje final obtenido, siempre que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio.
La Ley instituye como órgano ejecutor de las políticas públicas en temas de discapacidad al Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS)33, entidad de carácter descentralizado del Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social (MIMDES). Sus objetivos principales son: (i) Elaborar políticas públicas, coordinar con los demás sectores de la comunidad acciones de atención, prevención e integración de las personas con discapacidad para así elevar su calidad de vida; y (ii) ejecutar e impulsar investigaciones sobre el área de discapacidades y canalizar recursos nacionales e internacionales en este campo.
Capítulo II SITUACIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCDs)
El presente capitulo ha sido desarrollado en base a seis fuentes: (i) El Censo Nacional de Población llevado a cabo el año 1993; (ii) El estudio sobre “Prevalencia de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías en el Perú” elaborado por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) el año 1993;(iii) La Encuesta de Hogares con Discapacidad (EHODIS) 2005 elaborada por Instituto Nacional de Información y Estadísticas (INEI) en Lima Metropolitana; las 2 Encuestas Continuas (ENCO) llevadas a cabo por el INEI el año 2006; el censo nacional de población efectuado el año 2007; el Registro Nacional de Discapacidad (RND) del Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS) y el Resumen Ejecutivo de Plan Alternativo de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad” elaborado por la CONFENADIP el año 2008.
Para la preparación de sus informes ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados se encuentran obligados a contar con datos estadísticos sobre la realización de cada uno de los derechos reconocidos en la Convención, desglosados por sexo, edad, tipo de discapacidad (física, sensorial, intelectual y mental), origen étnico, población urbana o rural y otras categorías pertinentes, de modo que puedan ser presentados en forma comparativa anual durante los últimos cuatro años34. No obstante, tal como reconoció expresamente el Plan Nacional sobre Igualdad de Oportunidades 2003-2007, oficialmente, no existe una estadística cierta sobre el número de personas con discapacidad que habitan en el Perú, ni sobre el tipo de discapacidad que tienen, ni sobre su condición socio económica y laboral35. Es más, la información estadística relativa a la situación de las personas con discapacidad y al grado de cumplimiento de sus derechos es extremadamente escasa, y en no pocos casos de muy difícil acceso.
A lo anterior se suma el hecho de que, además de ser escaza la información disponible, se advierte con frecuencia en ella graves incongruencias que tienen su origen, en buena medida, en los diferentes conceptos utilizados, la diversidad de metodologías empleadas y el alcance de la muestra de personas empleada como referencia en cada caso.
La ausencia de estadísticas serias es reflejo de la poca importancia que el Estado otorga a la construcción de instrumentos de medición necesarios para la elaboración de políticas de desarrollo para el sector. Como consecuencia de ello, hasta el año 2006 la principal fuente de información fue el perfil socio-demográfico de la población con discapacidad realizado en base a las estadísticas del Censo Nacional de Población que se llevo a cabo el año 199336, el cual reporto que apenas el 1,3% de la población censada había declarado tener alguna limitación. El censo de 1993 tomo en cuenta la clasificación internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía.
El mismo año, no obstante, se llevo a cabo el estudio titulado “Prevalencia de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías en el Perú. 1993”, del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Información y Estadísticas (INEI) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que dio cifras totalmente opuestas: el 31,28% de la población nacional tenía algún tipo de discapacidad tomando en cuenta 630 viviendas a nivel nacional y la evaluación clínica de 2,791 personas.
Doce años más tarde, el 2005, se implementó la “Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana sobre Discapacidad” (EHODIS 2005) que incorporó la clasificación internacional CIF de la Organización Mundial de la Salud (OMS)37 y que arrojó una tasa de prevalencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional de El Callao de 5.7% (alrededor de medio millón de personas).
Posteriormente, el año 2006, se llevó a cabo la “Encuesta Continua” (ENCO), a cargo del INEI, que señaló que un 8,4% del total de la población peruana de entonces, es decir 2’343,398 personas, reportaban tener algún tipo de discapacidad. En Lima, la prevalencia sería de 11,7% y en El Callao 8,5%; evidenciándose una gran diferencia con los resultados derivados de la EHODIS 2005.
De acuerdo con el último Censo Nacional de Población llevado a cabo el año 2007, existen en el país un total de 735,334 hogares con al menos una persona con discapacidad física o mental, los cuales representan un 10.9 % del total de la población del Perú38. No obstante, esta afirmación también debe matizarse en la medida en que en dicho censo no se incluyeron preguntas que pudieran determinar cifras basadas en un número de personas, sino que estas estuvieron enfocadas en números de familias con personas con discapacidad (ver más adelante Cuadro de Hogares y Población con algún tipo de discapacidad)
En el cuadro mencionado se puede observar, de acuerdo al procesamiento de la información disponible en formato REDATAM, que en el Perú habita un total de
3, 208,309 personas que presentan una o más discapacidades.
Mediante la Ley General de la Persona con Discapacidad, se instituyó el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPD)39, que quedó a cargo del Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS)40, cuyo carácter es gratuito y contiene los siguientes aspectos y registros especiales: a) La filiación de las personas con discapacidad y sus familiares; b) las entidades públicas y privadas que brinden atención, servicios y programas en beneficio de las personas con discapacidad; c) las instituciones voluntarias sin fines de lucro que trabajen con o para las personas con discapacidad; y d) las organizaciones industriales, importadoras o comercializadoras de bienes y servicios especiales y compensatorios para personas con discapacidad. De acuerdo con el RND, a setiembre de 2009 se encontraban registradas voluntariamente 68,125 personas naturales con discapacidad y 289 asociaciones de personas con discapacidad41.
Con respecto al Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) 2009-2018, aprobado por el gobierno mediante el Decreto Supremo Nº 007-2008-MIMDES, cabe mencionar que la información que brinda es el resultado de procesos de integración de las fuentes ya mencionadas, pudiendo existir un alto margen de error al respecto. Aun así, y las dificultades que esto representa, la CONFENADIP formuló hace un año varias recomendaciones relativas al PIO 2009-2018, cuyos aportes debieron tomar como fuente la información estadística derivada de la información disponible ya acotada. Lo más resaltante de las observaciones de la CONFENADIP sobre el PIO en vigor es que, como ocurrió con el anterior PIO- 2003-2007, este adolece de indicadores que permitan medir el impacto, eficacia y eficiencia de las medidas propuestas; así como también que carece de un presupuesto asignado específicamente para su cumplimiento y seguimiento correspondientes.42
Se inserta a continuación un cuadro incluido en el informe presentado que destaca la evolución del curso oficial de levantamiento de cifras estadísticas relativas a la población con discapacidad durante las últimas tres décadas.
Según el RND, del total de personas con discapacidad voluntariamente inscritas en su registro, 60% son hombres y el 39% restante mujeres. La ENCO, por su parte, señaló que, del total de 2’343,398 personas identificadas como afectadas por algún tipo de discapacidad, el 44.5% eran hombres y el 55.50% mujeres.
El siguiente cuadro, tomado del Censo Nacional de Población del 2007 refleja los tipos de discapacidad existentes en el Perú hasta el momento de realizarse el censo.
TOTAL DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR PADECIMIENTO DE ALGUNA DIFICULTAD O LIMITACIÓN FÍSICA O MENTAL PERMANENTE DE ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES
NINGUNA PERSONA CON DISCAPACIDAD
HOGARES CON MIEMBROS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESENTES
PARA VER, AÚN USANDO LENTES
PARA OÍR, AÚN USANDO AUDÍ-FONOS PARA SORDERA
PARA HABLAR (ENTONAR / VOCALIZAR)
PARA USAR BRAZOS Y MANOS / PIERNAS Y PIES
ALGUNA OTRA DIFICULTAD O LIMITACIÓN
6754074
Ocupantes presentes
27057199
23848890
3,208,309
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 - XI de Población y Vivienda
Existe sin embargo un alto número de discapacidades no precisadas, diferentes a las anteriores, que asciende a un 25.63%. Porcentaje que es bastante elevado y abarca a 822,286 personas probablemente afectadas por discapacidades intelectuales, psicosociales y de otra naturaleza.
Fuente: Diagnóstico de la situación laboral de personas con discapacidad en el Perú–2010–Trust for the Americas/BID/FOMIN/POETA/CEDAL. Elaboración en base a la data del Censo Nacional de Población y Vivienda 2007-INEI
Población con discapacidad en el ámbito urbano y rural
De acuerdo con el censo llevado a cabo el 2007, existen en el Perú 609,972 hogares dentro del área urbana que conviven con al menos una persona con discapacidad, mientras que en el área rural el número registrado es de 125,362 hogares.
PERÚ: HOGARES CON O SIN MIEMBROS CON DISCAPACIDAD,
S EGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2007
Población con discapacidad por Departamento
De acuerdo con la información registrada en dicho censo, la población peruana con discapacidad se distribuye departamentalmente de conformidad con el siguiente cuadro:
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007
Tal como se mencionó antes, el Registro Nacional de Discapacidad del CONADIS, por su parte, presenta en su página web a 68,125 personas naturales y 289 asociaciones inscritas, como se puede apreciar en los siguientes cuadros:43
De acuerdo con el artículo 4 de la Convención, relativo a las Obligaciones General de los Estados partes de esta, “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”44.
El numeral 3 del artículo 33 de la CDPD, relativo a la aplicación y seguimiento de la Convención, indica, por su parte, que “La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento”.
Estas reglas, no obstante, no son fielmente observadas en el Perú, donde las autoridades suelen ignorar a las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan a la hora de definir las cosas que les conciernen.
Un 88.7% de los 218 representantes de organizaciones de PCDs encuestados por la CONFENADIP opinó que las autoridades peruanas NO consultan, ni a las PCD ni a sus organizaciones, el diseño de leyes o programas relacionados con los derechos reconocidos en la Convención. Un ejemplo de ello es la aprobación de la Ley que reconoce la sordoceguera como discapacidad única, Ley Nº 29524, por la cual el Estado reconoció el lenguaje de señas, la dactilología y el Braille como sistemas de comunicación oficial. Dicha Ley estableció, asimismo, que las entidades e instituciones públicas y privadas que brinden, servicios públicos o de atención al público, deben proveer a las personas sordociegas, de manera gratuita y en forma progresiva, el servicio de guía intérprete cuando lo requieran.
A pesar de esto, la norma beneficiará a aproximadamente 15 mil personas que son sordociegas en el país; sin embargo, los colectivos de personas sordociegas manifiestan no haber sido consultadas para la elaboración de la misma, y de adolecer – más allá de lo que digan las normas - de una ausencia efectiva de apoyos para el ejercicio de otros derechos inherentes e igualmente cruciales para sus existencias, como son sus derechos al trabajo, la salud, los deportes o la cultura. Acusan, asimismo, que la propuesta inicial contenida en el proyecto de ley sobre lenguaje de señas fue mutilada dejando fuera del texto aprobado la creación de una academia o instituto de lenguaje de señas, con el argumento de que, de aprobarse, ello iba a generar egresos presupuestales. De otra parte, la ley aprobada indica que el Ministerio de Educación es el encargado de establecer los requisitos y el perfil para la formación y acreditación de los intérpretes de señas, dejando de lado la participación en esta función de las personas sordas interesadas, por ejemplo, a través de una Comisión que suponga la participación de estas, que son las destinatarias directas de la ley.
Las PCDs dejaron de participar en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) el 2007 al redefinirse peyorativamente el papel de este organismo. Y aunque después el mismo fue restituido como ente rector para el sector, integrándolo en la estructura del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), su participación fue severamente menoscabada desde entonces. Su composición formal adolece de serias deficiencias, como lo muestra el hecho que esta se refiera a los familiares de las personas con discapacidad mental o intelectual, pero no a ellas.
La Comisión Multisectorial de seguimiento y monitoreo del Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) de las PCDs tampoco contempla la participación de las PCDs, pues de acuerdo a su norma de creación sus aportes deben canalizarse por el CONADIS pero no directamente45. Y otro tanto ocurre con la Comisión Multisectorial Permanente (CMP) integrada por representantes del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República cuyo objeto es implementar la Convención. Dicha comisión fue instituida por el Decreto Supremo N° 080-2008-PCM, publicado el 4 de diciembre del 2008, sin considerar la participación de las personas con discapacidad. Empero, gracias a la presión pública de las organizaciones de PCDs, y por Resolución de Presidencia de CONADIS publicada el 14 de julio del 2009, se logró que se convoque a las organizaciones del sector. Sin embargo, la elección de varios de estos representantes se llevó a cabo con candidatos únicos como consecuencia de las barreras burocráticas impuestas46.
La Defensoría del Pueblo remitió al respecto un informe a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas confirmando que el Estado peruano no ha implementado las medidas necesarias para procurar la participación de las personas con discapacidad en las instancias de planificación, ejecución y seguimiento del cumplimiento de la Convención, pero tales observaciones tampoco han sido atendidas.47
2.1 El derecho a la vida y a la protección de su dignidad (CDPD, artículo 10)
El derecho a la vida se encuentra reconocido en el numeral 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Toma como base el marco general del artículo 1 que reconoce que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Tal como está consignado en una amplia variedad de tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Perú, este derecho abarca dos planos: el primero se encuentra referido al derecho a no ser privado de la vida de manera arbitraria (derecho a la existencia), mientras que el segundo guarda relación con el derecho a desarrollar una vida plena y digna. Las vulneraciones a este derecho – como en relación con los demás derechos fundamentales con que se encuentra indisolublemente relacionado - pueden provenir del Estado o de actores no estatales.
El artículo 10 de la CDPD, por su parte, reafirma el derecho inherente a la vida de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, y obliga a los Estados a informar si su legislación reconoce y protege el derecho a la vida y a la supervivencia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás; además de si las personas con discapacidad son objeto de privación arbitraria de la vida.

References: artículo 200
 artículo 161
 artículo 50
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 2
in fine
 artículo 4
 artículo 33
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 10