Source: http://fallos.diprargentina.com/2010/09/landazuri-graciela-maria-c-empresa.html
Timestamp: 2020-04-03 19:18:03+00:00

Document:
Fallos DIPr: Landázuri, Graciela María c. Empresa Aerolíneas Argentinas
Landázuri, Graciela María c. Empresa Aerolíneas Argentinas
CSJN, 18/04/97, Landázuri, Graciela María c. Empresa Aerolíneas Argentinas.
Transporte aéreo internacional. Transporte de personas. Argentina – Colombia – Argentina. Accidente en Colombia. Convención de Varsovia de 1929. Protocolo de La Haya de 1955. Protocolo de Guadalajara de 1961 (no ratificado por Argentina). Protocolos de Montreal de 1975. Código Aeronáutico: 151, 153. Límite de responsabilidad. Transportistas sucesivos. Responsabilidad del transportista efectivo. Excepción. Asunción expresa de responsabilidad.
Publicado por Julio Córdoba en DIPr Argentina el 03/09/10 y en Fallos 317:381.
I- Graciela María Scagnetti Vda. de Landázuri, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores, inició acción por daños y perjuicios contra Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado, al considerarla responsable del evento dañoso que causara la muerte de su esposo, Don Carlos Alberto Landázuri Lemos, ocurrida en la República de Colombia al precipitarse a tierra la aeronave de dicha bandera que lo transportaba de la localidad de Leticia a la ciudad de Bogotá, en territorio del Estado mencionado (ver fs. 41/ 46 de los autos principales, foliatura a la que me referiré de ahora en más).
Puso de relieve, que el accidente ocurrió en una aeronave colombiana, perteneciente a la fuerza aérea de dicho país, denominada "Satena", la que -dijo- sustituyó, por haberlo así dispuesto las autoridades del Estado de Colombia, como transportador de hecho a "Avianca", también empresa de dicha bandera, que es quien cumple el trayecto como línea regular entre Bogotá-Leticia-Bogotá y que en esa ocasión no pudo realizarlo, por hallarse en huelga su personal.
La Caja Nacional de Ahorro y Seguro, compareció a juicio, reconoció su carácter de aseguradora de Aerolíneas Argentinas respecto de las aeronaves individualizadas en la póliza, y contestó demanda en cuanto aquí interesa, en similares términos a los sostenidos por su asegurada (ver fs. 351/358), con lo cual quedó configurada la litis.
II- El tribunal de primera instancia dictó sentencia a fs. 573/577, admitió la acción promovida y condenó a Aerolíneas Argentinas a abonar una suma en concepto de indemnización de daños y perjuicios y a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro en los términos del artículo 118 de la ley 17.418.
La citada en garantía Caja Nacional de Ahorro y Seguro, interpuso recurso de nulidad y apelación contra la sentencia (fs. 614/621), alegando que se le causaba agravio al aplicar el artículo 1° del Protocolo de La Haya que modificó el párrafo 2° del art. 1° del Convenio de Varsovia, pues tal instrumento no cambió ni derogó el art. 30 de la convención, en el cual la accionada apoyara su contestación. Expresó que tal defensa no fue considerada por el tribunal a quo, no obstante que se estaba en presencia de un transporte con transportadores sucesivos y la norma legal obligaba a dirigir las acciones contra aquel que hubiese efectuado el transporte donde se produjo el accidente.
Objetó también, en sus agravios, que la sentencia no incluyó la condena de las terceras "Avianca" y "Satena", no obstante que fueron debidamente citadas, la primera de ellas contestó la demanda, ofreció pruebas y opuso excepciones, y la segunda guardó silencio y tal condena se hacía obligatoria, agregó, atendiendo a que la normativa legal procesal, establece que la sentencia afectará a los terceros como a los litigantes principales, evitando así la multiplicación de procesos.
Aerolíneas Argentinas apeló la sentencia y señaló, en su memorial de agravios, de fs. 640/642 que la sentencia resultaba nula en lo que respecta al monto indemnizatorio que concedía, por fundarse en una norma derogada por la ley 23.556, mediante la cual la República Argentina se adhirió al Protocolo de Montreal de 1975, donde quedó establecido un límite de responsabilidad distinto del porteador aéreo, asimismo porque se condena a su parte no obstante estarse en presencia de un contrato celebrado en un único instrumento con prestaciones múltiples e independientes, debiendo cada transportador responder por las consecuencias derivadas de su intervención y porque su parte nunca pudo responsabilizarse por tramos o trayectos que no estuvieran cubiertos por sus líneas comerciales o sus propias aeronaves.
Agregó, además, que el hecho de la indeterminación en el billete de la empresa que debía cubrir el trayecto Bogotá, Leticia, Bogotá y la discriminación en las tarifas por los diferentes trayectos, demostraba que ni tácita, ni expresamente, la empresa nacional, asumió la responsabilidad por hechos de terceros y sólo se obligó a llevar sano y salvo al fallecido en el tramo Buenos Aires, Bogotá, Buenos Aires conforme al art. 3°, inc. 2° de la Convención de Varsovia, pues de otra forma asumiría una responsabilidad en blanco.
III- El tribunal de segunda instancia, a fs. 721/714 consideró los agravios expuestos en el recurso planteado por la demandada y confirmó la sentencia en cuanto a la responsabilidad de la aerolínea nacional, en razón, dijo, de no ser aplicable al caso el art. 30 inc. 2° a la luz de los hechos que surgen de la causa y lo dispuesto por el art. 1° apartado 3° de la convención de Varsovia, por haberse contratado exclusivamente con dicha empresa el transporte en todo su trayecto, a quien, agregó, se abonó la totalidad del pasaje y extendió el billete sin limitación o aclaración alguna, lo cual se hizo mediante un crédito que también se gestionó ante la transportista, que inclusive ejerció acción de cobro de la parte impaga de dicha obligación, con lo que ratificó con sus propios actos la responsabilidad contractual que asumiera y ahora no puede desconocer.
IV- Contra dicha resolución, la demandada interpuso recurso extraordinario, el que denegado dio lugar a esta presentación directa.
Señala asimismo que se ha violado el artículo 31 de la Constitución Nacional, al no aplicarse la ley 23.556 que eximía de responsabilidad a su parte, conforme a los arts. 151 y 153 del Código Aeronáutico, la Convención de Varsovia de 1929 -ley 14.111-, y las modificaciones del protocolo de La Haya de 1955, ley 17.386 y en especial el Convenio de Guadalajara -México- del año 1961, complementario del de Varsovia, cuyos principios fueron incorporados por nuestro país en el artículo 153 del código citado y ratificado por la República de Colombia el 2 de mayo de 1966, los cuales entraron el vigencia el 31 de julio de 1966.
V- El recurso, es formalmente procedente, en tanto la discusión versa sobre la aplicación e interpretación de normas de carácter federal, cuales son las referidas a los tratados internacionales y normas del Código Aeronáutico, que regulan el tráfico aéreo estatal e interestatal.
El tercer aspecto está referido a la inclusión en la condena de los terceros traídos a juicio, pero no habrá de ser motivo de tratamiento, y deberá rechazar sin más, desde que, a pesar de haber sido invocada con fundamento en la arbitrariedad, dado su carácter procesal y común, propio de las facultades que tienen los jueces para su aplicación e interpretación, que la torna en principio ajena al recurso excepcional, se advierte que la decisión del tribunal al respecto, cuenta con suficiente fundamento, motivo por el que, más allá de su acierto o error, no puede ser descalificada como acto jurisdiccional válido. Así lo pienso, además, porque el tribunal de segundo grado aclaró expresamente en su fallo, que lo resuelto en dicho sentido no resultaba obstáculo para que la demandada vencida accionara por repetición contra las terceras citadas, circunstancia que ha sido reconocida por la propia recurrente al señalar que se verá obligada a demandar por separado de la presente acción, quejándose del dispendio jurisdiccional que ello implica. Por todo lo cual la decisión recurrida, en lo que hace a este aspecto, no constituye sentencia definitiva en los términos del artículo 14 de la ley 48.
VI- Respecto de los agravios de naturaleza federal, cabe destacar que según lo entiende doctrina caracterizada, nuestros ordenamientos legales toman como transportista al contractual y, por consiguiente, fundan su responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones voluntariamente asumidas en la correspondiente convención, siguiendo para ello la normativa del derecho civil de origen romanista, mas es cierto que la inteligencia distinta que orienta la corriente anglosajona que asigna la responsabilidad al transportista de hecho, ha derivado en la adopción de supuestos en las normas internacionales que luego son incorporadas a nuestra legislación y tienden a unificar ambos criterios.
Cabe tomar en cuenta que, con posterioridad al convenio de "Guadalajara" complementario del de Varsovia, se entiende que ambos transportistas, el contractual y el de hecho, son responsables solidarios del esquicio, y dicha solución ha sido incorporada en el artículo 153 del Código Aeronáutico, que resulta de plena aplicación en el sub lite como bien lo señala el tribunal apelado; en efecto, no hay dudas de que la relación contractual se establece en el caso con Aerolíneas Argentinas, y ello la hace responsable frente a su contratante por el incumplimiento de llevar a buen término la obligación contraída, no surgiendo del billete pasaje que otra aerolínea hubiera asumido expresamente la obligación de transporte, mas ello no significa que el transportista de hecho –que lo hubo- se libere de su responsabilidad, en tanto la misma está impuesta legalmente y es –como se dijo-, solidaria. Empero, de ninguna manera cabe concluir, por tanto, que la actora se halla obligada a accionar contra él, como pretende la demandada, ni tampoco a aceptarlo en el proceso en esa calidad por la pretensión de su demandado de elección, ya que, como la misma norma lo indica (art. 153 del Código Aeronáutico), ello tiene que ver con las acciones que se pueden ejercer entre los transportistas entre sí.
Respecto al cuestionamiento del monto indemnizatorio, cabe señalar que el recurrente se ha limitado a ratificar las quejas contra el fallo de primera instancia y no criticado los fundamentos dados por el tribunal de segunda instancia, respecto a la falta de entrada en vigor del instrumento internacional de referencia y en consecuencia, el recurso acerca de dicho agravio deviene sin fundamento y debe ser rechazado sin más, sin perjuicio de destacar que asiste razón al a quo en torno a la inaplicabilidad de la norma en cuestión por su falta de entrada en vigor, más allá de la ratificación que haya prestado la Nación a su respecto.
En tales condiciones, soy de opinión que si bien el recurso resulta procedente en lo formal habrá de desestimarlo en cuanto al fondo, confirmando la sentencia apelada.- Buenos Aires, 9 de mayo de 1995.- A. N. Agüero Iturbe.
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Landázuri, Graciela María Scagnetti viuda de c. Empresa Aerolíneas Argentinas S.E.", para decidir sobre su procedencia.
Considerando: 1°) Que la actora -por sí y en representación de sus hijos menores- promovió demanda por indemnización de daños y perjuicios contra Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado por considerarla responsable del accidente aéreo que causó la muerte de su esposo Carlos Alberto Landazuri Lemos, ocurrida en la República de Colombia al precipitarse a tierra la aeronave de propiedad de la empresa estatal Satena que lo transportaba desde la localidad de Leticia a la ciudad de Bogotá.
2°) Que el señor juez de primera instancia señaló que del billete de pasaje no se desprendía que Aerolíneas Argentinas hubiese delegado el transporte del viajero en algún tramo del itinerario en condiciones limitativas de su responsabilidad, de manera que resultaba aplicable lo dispuesto en el art. 1°, párrafo 3°, del Convenio de Varsovia y debía admitirse que había mediado un solo transporte pues así había sido considerado por las partes en una sola operación.
3°) Que a partir de dicha conclusión el magistrado entendió que la demandada había revestido el carácter de transportista contractual y debía responder por las consecuencias dañosas del accidente conforme a lo dispuesto en el art. 17 de la convención citada, que coincidía con la solución adoptada por el Convenio de Guadalajara y la norma contenida en el art. 153 del Código Aeronáutico.
4°) Que, al tratar los recursos de apelación planteados por la demandada y su aseguradora, la cámara confirmó –en lo principal- la sentencia recurrida pues estimó que la víctima había contratado exclusivamente con Aerolíneas Argentinas el transporte en todo su trayecto y que dicha empresa había extendido el billete sin limitación alguna respecto a su responsabilidad y concedido un crédito respecto al viajero, de modo que no podía pretender desconocer su deber de reparar por un servicio acerca del cual se había comprometido y financiado contractualmente, sin perjuicio de la eventual acción de regreso que le pudiera corresponder.
5°) Que contra el fallo de la alzada la vencida dedujo recurso extraordinario pues consideró que había mediado violación de lo dispuesto por los arts. 17, 18 y 31 de la Constitución Nacional, al no haberse condenado a las terceras citadas en el proceso y porque el monto de la indemnización se había fijado en base a los términos de una ley derogada que daba fundamento sólo aparente a la sentencia recurrida.
6°) Que la apelante sostuvo también que correspondía descalificar el fallo en cuanto el a quo había omitido aplicar la ley 23.556 que eximía de responsabilidad a su parte conforme a lo dispuesto por los arts. 151 y 153 del Código Aeronáutico, la Convención de Varsovia de 1929 –ley 14.111- y las modificaciones del Protocolo de La Haya de 1955 –ley 17.386- y el Convenio de Guadalajara de 1961, complementario del de Varsovia.
7°) Que el recurso extraordinario resulta formalmente procedente toda vez que en autos se discute el alcance de normas federales, como son las contenidas en el Código Aeronáutico (Fallos: 294:236) y en un tratado internacional, la Convención de Varsovia de 1929, conforme a las modificaciones introducidas por el Protocolo de La Haya, instrumentos ratificados por la República Argentina mediante las leyes 14.111 y 17.386, respectivamente, y el fallo recurrido ha sido contrario a las pretensiones del apelante (Fallos: 305:692, 2139; 306:1805, 1861; 315:1199 y 2706).
8°) Que la cuestión debatida en esta instancia se ha centrado en la determinación del carácter del transporte convenido entre el pasajero fallecido y la demandada Aerolíneas Argentinas y la eventual responsabilidad de dicha empresa respecto de la obligación de responder por los daños y perjuicios causados por la caída de un avión de otra aerolínea en un tramo del trayecto estipulado en el billete de pasaje.
9°) Que las constancias de dicho billete obrante a fs. 108 del expediente principal pusieron de manifiesto que la empresa Aerolíneas Argentinas había celebrado con el pasajero un contrato de transporte aéreo que tenía por objeto su traslado desde la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Bogotá y posteriormente a la localidad de Leticia –ambas sitas en la República de Colombia- y el viaje de regreso a esta capital.
11) Que, por consiguiente, los actores sólo se encontraban habilitados a reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios causados en el transporte aéreo en relación al transportador que hubiera efectuado el transporte en el cual se produjo el accidente y no estaban autorizados por dicha norma a formular reclamo alguno contra la compañía emisora del billete que sólo se había ocupado de su traslado hasta la ciudad de Bogotá (conf. art. 151 del código citado). Tal solución es la que surge del art. 30, punto 2 del convenio -y, en sentido concordante, en el art. 151 del Código Aeronáutico- normas en las que se establece que en el caso de que se trate de un transporte sucesivo de personas –definido en el art. 1°, tercer párrafo- el viajero o sus causahabientes no podrán recurrir sino contra el porteador que haya efectuado el transporte en el curso del cual se hubiere producido el accidente, salvo en el caso en que, por estipulación expresa, el primer porteador haya asegurado la responsabilidad para todo el viaje, regla que se funda en que -en tal supuesto- el transportador es fácilmente individualizable.
12) Que no obsta a lo expresado el hecho de que la empresa estatal colombiana Satena hubiera reemplazado a la aerolínea Avianca -cuyo personal se encontraba en huelga- para el traslado del pasajero desde Leticia a Bogotá, porque tal circunstancia no modificó el mencionado carácter sucesivo del transporte aun cuando haya sido durante el tramo ejecutado por aquélla cuando se produjo el accidente que causó la muerte del pasajero.
13) Que, por otro lado, la existencia de un espacio en blanco en el billete de pasaje en el casillero correspondiente a la compañía transportadora de dicho tramo (confr. fs. 108) no resulta argumento suficiente para tener por responsable a Aerolíneas Argentinas, cuando no surge inequívocamente que se hubiera obligado a realizar el transporte por ese segmento del itinerario previsto o que hubiera asumido expresamente su responsabilidad por la totalidad del trayecto (conf. arts. 30, 2° párrafo de la Convención de Varsovia y 151 del Código Aeronáutico). Cabe también destacar, al respecto, que, al modificar el Protocolo de La Haya el art. 3, punto 1, de la citada convención, se redujeron las formalidades de los títulos de transporte, y se suprimió -como requisito del billete de pasaje- la indicación del nombre y la dirección del porteador o de los porteadores, lo que impide que la omisión aludida pueda originar la atribución de responsabilidad al transportista contractual.
14) Que, asimismo, no se presentaba en el caso –a pesar de lo expresado por el a quo- el denominado transporte de hecho que autoriza el reclamo resarcitorio respecto del transportador contractual, pues es preciso para la configuración del supuesto contemplado en el art. 153 del Código Aeronáutico que el transportista contractual, sin el consentimiento formal del pasajero, hubiera delegado en un tercero el cumplimiento de la obligación pactada, lo que no se ha configurado en el caso al haber admitido el pasajero la realización del traslado por la aerolínea estatal colombiana en términos distintos a los originalmente convenidos con la apelante.
15) Que, de todos modos, el transporte de hecho sólo podría haberse configurado, en la mejor de las hipótesis para la actora, como una delegación de uno de los transportistas que había intervenido en un tramo del contrato sucesivo –en el caso Avianca- que logró el embarque del viajero en la línea estatal colombiana, de manera que en ese supuesto el reclamo de la actora debió haber sido deducido –en el caso de haberse configurado el supuesto del transporte de hecho contra estos últimos y no en relación a la demandada que no había participado de esa sustitución.
Por ello y oído el señor Procurador General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario y se revoca, con el alcance indicado, la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a lo expresado en el presente. Con costas. Reintégrese el depósito. Notifíquese y remítase.- J. S. Nazareno. E. Moliné O'Connor (en disidencia). C. S. Fayt (según su voto). A. C. Belluscio. E. S. Petracchi. A. Boggiano. G. A. Bossert. A. R. Vázquez.
4°) Que, al tratar los recursos de apelación planteados por la demandada y su aseguradora, la cámara confirmó -en lo principal- la sentencia recurrida pues estimó que la víctima había contratado exclusivamente con Aerolíneas Argentinas el transporte en todo su trayecto y que dicha empresa había extendido el billete sin limitación alguna respecto a su responsabilidad y concedido un crédito respecto al viajero, de modo que no podía pretender desconocer su deber de reparar por un servicio acerca del cual se había comprometido y financiado contractualmente, sin perjuicio de la eventual acción de regreso que le pudiera corresponder.
7°) Que el recurso extraordinario resulta formalmente procedente toda vez que en autos se discute el alcance de normas federales –las contenidas en el Código Aeronáutico (Fallos: 294:236) y en un tratado internacional del cual el Estado Nacional es parte en mérito a la ley federal 14.111 que lo aprobó- y el fallo recurrido ha sido contrario a las pretensiones del apelante (Fallos: 305:692, 2139; 306:1805, 1861; 315:1199 y 2706).
12) Que no obsta a lo expresado el hecho de que la empresa estatal colombiana Satena hubiera reemplazado a la aerolínea Avianca -cuyo personal se encontraba en huelga para el traslado del pasajero desde Leticia a Bogotá, porque tal circunstancia no modificó el mencionado carácter sucesivo del transporte aun cuando haya sido durante el tramo ejecutado por aquélla cuando se produjo el accidente que causó la muerte del pasajero.
13) Que, por otro lado, la existencia de un espacio en blanco en el billete de pasaje en el casillero correspondiente a la compañía transportadora de dicho tramo (confr. fs. 108) no resulta argumento suficiente para tener por responsable a la demandada Aerolíneas Argentinas, cuando no surge inequívocamente que se hubiera obligado a realizar el transporte por ese segmento del itinerario previsto o que hubiera asumido expresamente su responsabilidad por la totalidad del trayecto (conf. art. 151 del Código Aeronáutico).
Por ello y oído el señor Procurador General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario y se revoca, con el alcance indicado, la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a lo expresado en el presente. Con costas. Reintégrese el depósito. Notifíquese y remítase.- C. S. Fayt.
1°) Que la actora –por sí y en representación de sus hijos menores- promovió demanda por indemnización de daños y perjuicios contra Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado por considerarla responsable del accidente aéreo que causó la muerte de su esposo Carlos Alberto Landazuri Lemos, ocurrida en la República de Colombia al precipitarse a tierra la aeronave de propiedad de la empresa estatal Satena que lo transportaba desde la localidad de Leticia a la ciudad de Bogotá.
4°) Que, al tratar los recursos de apelación planteados por la demandada y su aseguradora, la cámara confirmó –en lo principal- la sentencia recurrida pues estimó que la víctima había contratado exclusivamente con Aerolíneas Argentinas el transporte en todo su trayecto y de dicha empresa había extendido el billete sin limitación alguna respecto a su responsabilidad y concedido un crédito respecto al viajero, de modo que no podía pretender desconocer su deber de reparar por un servicio acerca del cual se había comprometido y financiado contractualmente, sin perjuicio de la eventual acción de regreso que le pudiera corresponder.
6°) Que la apelante sostuvo también que correspondía descalificar el fallo en cuanto el a quo había omitido aplicar la ley 23.556 que eximía de responsabilidad a su parte conforme a lo dispuesto por los arts. 151 y 153 del Código Aeronáutico, la Convención de Varsovia de 1929 -ley 14.111- y las modificaciones del Protocolo de La Haya de 1955 –ley 17.386- y el Convenio de Guadalajara de 1961, complementario del de Varsovia.
8°) Que la demandada sostuvo, en lo sustancial, que había concertado con el viajero un transporte sucesivo de pasajeros y que en virtud de esa figura –característica del derecho aeronáutico- su parte quedaba exonerada de responsabilidad respecto de las consecuencias del accidente producido en un tramo del trayecto originariamente convenido, al haber correspondido su ejecución a otra aerolínea.
9°) Que la fotocopia del pasaje aéreo agregada por la recurrente al contestar la demanda –ver fs. 108- pone de manifiesto que el pasajero había contratado únicamente con Aerolíneas Argentinas su traslado desde la ciudad de Buenos Aires a la localidad de Leticia –Colombia y su viaje de regreso, sin que surja de dicho instrumento que se hubiera entendido en aquel momento que algún tramo del itinerario habría de ser realizado por otra aerolínea.
10) Que, en efecto, el espacio correspondiente a la determinación de la línea aérea que habría de ejecutar el trayecto desde Bogotá a Leticia –en cuyo transcurso se produjo el accidente que causó el fallecimiento del esposo y padre de los actores- se encontraba en blanco en el billete respectivo, con lo cual quedaba demostrado que a ninguna otra aerolínea se había siquiera atribuido el compromiso de participar en el transporte del viajero.
11) Que, por consiguiente, la demandada Aerolíneas Argentinas resulta responsable de los daños y perjuicios producidos –ante esa relevante omisión- como empresa expendedora del billete y en su calidad de transportadora contractual, sin perjuicio de la eventual acción de regreso contra la titular de la aeronave que causó el accidente fatal.
12) Que para llegar a esa conclusión resulta importante tener en cuenta que la aerolínea que había empezado a realizar el tramo mencionado no fue aquella que –según la demandada- había formado parte primitivamente del invocado transporte sucesivo, ya que la empresa estatal aérea de transportes de Colombia reemplazó como transportista, de acuerdo con lo dispuesto en un decreto presidencial emitido después de la emisión del billete, a la firma Avianca cuyo personal se encontraba en huelga.
Al respecto, es de señalar que la posición adoptada por la recurrente al momento de trabarse la litis fue de una ambigüedad tal que forma obstáculo al progreso de su pretensión. Adviértase que esta parte no identificó concretamente a la compañía que habría estado encargada de realizar el segundo tramo del supuesto transporte sucesivo, sino que se limitó a señalar que "… el trayecto Bogotá-Leticia-Bogotá normalmente está cubierto por Avianca…" (fs. 110 vta., el subrayado pertenece al Tribunal).
13) Que, en consecuencia, la situación sub examine se encontraba –tal como señaló el a quo- dentro del supuesto del transportador de hecho que contempla el art. 153 del Código Aeronáutico, norma que incorporó al ordenamiento nacional las soluciones del Convenio de Guadalajara, y que dispone que si el transporte aéreo fuese contratado con un transportador y ejecutado por otro, la responsabilidad de ambos transportadores frente al usuario que contrató el transporte será solidaria por los daños que se le hubiesen originado, sin perjuicio de las acciones que pudieren interponerse entre ellos.
14) Que no resulta óbice a ello la circunstancia de que el pasajero hubiera ascendido voluntariamente a la aeronave posteriormente accidentada, pues se requería para la conformación del transporte sucesivo –y la consecuente exoneración de responsabilidad de la apelante- el consentimiento formal del viajero a la incorporación de la aerolínea estatal colombiana al contrato de origen emanado del pasaje emitido por la demandada, consentimiento que no ha sido acreditado por parte de la transportadora contractual que pretendía liberarse del pago de la indemnización reclamada por los sucesores del pasajero fallecido.
15) Que tampoco se opone al criterio expuesto la circunstancia de que Aerolíneas Argentinas no tenga vuelos internos en Colombia desde que, precisamente, ello pudo haber constituido, en el sub examine, fundamento de la existencia de una delegación en la ejecución de un tramo del transporte en una empresa distinta de la contratante. Por otra parte, no cabe considerar a la aludida ausencia de vuelos como un hecho notorio que pueda volverse contra el pasajero pues, a la hora de celebrar el contrato, éste no tenía porqué conocer las rutas habilitadas para el único transportador aéreo con quien se vinculaba.
16) Que, en consecuencia, no resulta aplicable en relación a la demandada la exención de responsabilidad prevista por el art. 151 del Código Aeronáutico, pues las constancias de autos resultan insuficientes para tener por demostrado que el transporte del pasajero -al menos respecto al tramo que debía ejecutar la aerolínea estatal colombiana hubiera sido concebido por las partes como un transporte sucesivo a realizarse por diversos transportadores por vía aérea.
Esta última circunstancia, sin duda decisiva para esclarecer la naturaleza de la obligación asumida por la demandada, no puede ser sino interpretada -respecto a los demandantes- en favor de la existencia de un solo transporte. Lo contrario importaría restar trascendencia a conductas que son jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (arg. art. 218, inc. 4°, del Código de Comercio; causa F.329.XXII "Federación de Círculos Católicos de Obreros c/ Santa Cruz, Provincia de s/ cobro de australes", sentencia del 22 de diciembre de 1993, considerando 3° - Fallos: 316:3199- y sus citas, entre otras), sin que a esta conclusión pueda formar obstáculo la modificación introducida por el Protocolo de La Haya al art. 3, punto 1, de la Convención de Varsovia, por la cual se redujeron las formalidades de los títulos de transporte, suprimiéndose –como requisito del billete de pasaje- la indicación del nombre y la dirección del porteador o de los porteadores.
19) Que, a esta altura del análisis, no puede dejar de advertirse que sostener que la recurrente no resulta responsable porque las partes originales del contrato habrían concertado el denominado contrato sucesivo de transporte aéreo de pasajeros, sólo resulta posible mediante una petición de principio, desde que -precisamente- es la naturaleza del convenio la cuestión que, en primer lugar, se encuentra en discusión; no existiendo en el sub examine elementos de juicio que, en segundo término y a mérito de lo expuesto, permitan concluir en el modo indicado por la aseveración reproducida.
20) Que, por último, en cuanto a este aspecto se refiere, corresponde señalar que una postura contraria a la admisión de la responsabilidad de la apelante conduciría en el caso a un disvalioso resultado, en tanto que, de un modo alejado de la realidad que encierra el transporte por aire –en el que la debilidad del pasajero frente al transportador es nota característica- equivaldría a privar de la indemnización perseguida en este pleito a consecuencia del fallecimiento de quien contrató por todo un trayecto con una única compañía y a quien las vinculaciones de aquélla con otras transportadoras aéreas, fundadas en razones comerciales u operativas, deben serle inoponibles.
22) Que, finalmente, los agravios formulados por la recurrente respecto a la falta de condena de los terceros que fueron citados a su pedido y que por tal razón no revisten la calidad de demandados- remiten a la consideración de cuestiones de hecho y de derecho procesal ajena –como regla y por su naturaleza- a la instancia del art. 14 de la ley 48 que han sido tratadas por la cámara con argumentos suficientes que bastan para descartar la tacha de arbitrariedad planteada por la recurrente.
Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario y se confirma al pronunciamiento apelado. Agréguese la queja al principal. Con costas. Reintégrese el depósito. Notifíquese y remítase.- E. Moliné O'Connor.

References: artículo 118
 artículo 1
 artículo 31
 artículo 153
 artículo 14
 artículo 153