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Timestamp: 2018-09-25 17:49:17+00:00

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﻿ Sentencia T-196 de abril 26 de 2016
SENTENCIA T-196 DE 26 DE ABRIL DE 2016
CONTENIDO:REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL TIENE EL DEBER DE REGISTRAR MENORES DE EDAD CON EL NOMBRE DE SUS DOS MADRES O PADRES. SE PRECISA, QUE SE HA RECONOCIDO QUE LAS PAREJAS CONSTITUIDAS POR PAREJAS DEL MISMO SEXO SON FAMILIA Y QUE, ADEMÁS, PUEDEN SER PADRES Y MADRES Y QUE LOS MENORES FRUTO DE ESA RELACIÓN MERECEN LA MISMA PROTECCIÓN DE AQUELLOS NACIDOS EN HOGARES HETEROSEXUALES, ES APENAS LÓGICO Y RAZONABLE QUE SE HAYA OBLIGADO A LA REGISTRADURÍA A ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TENDIENTES A GARANTIZAR QUE EL NOMBRE Y APELLIDO DE MADRES O PADRES HOMOSEXUALES, QUEDEN CONSIGNADOS EN EL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO DEL MENOR. SE RECUERDA QUE NO SE TRATA DE UN DISCUSIÓN ACERCA DE LA CAPACIDAD QUE TIENEN LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO A ADOPTAR SINO DEL DERECHO QUE TIENEN LOS MENORES DE EDAD, EN ARAS DEL INTERÉS SUPERIOR QUE OBLIGA AL ESTADO A OBSERVAR Y PROTEGER SUS DERECHOS FUNDAMENTALES DE MANERA PRIORITARIA, A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADOS DE ELLA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A TENER UNA FAMILIA, DERECHOS FUNDAMENTALES, PAREJA HOMOSEXUAL, DERECHOS DE LA PAREJA HOMOSEXUAL, MATRIMONIO HOMOSEXUAL, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD
Sentencia T-196 de abril 26 de 2016
Ref.: expediente T-5.307.214
Acción de tutela interpuesta por y Camila en representación de su hija menor Lucia(1) en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil dieciséis
7. Consideraron que el que la Registraduría fundamenta su decisión en razones discriminatorias, pues su negativa se basa en que son dos mujeres quienes quieren registrar a su hija. De haberse tratado de un hombre y una mujer no habrían tenido ningún problema con la presunción de que trata el artículo 213 del Código Civil.
8. Por las razones anteriores, solicitan la protección de sus derechos fundamentales y de su hija menor. En consecuencia, pretenden que la Registraduría Nacional del Estado Civil modifique el registro de Lucia para que en el mismo se inscriba a las señoras Julieta y Camila como madres de la menor, Lucia.
— Copia del Certificado de “nacido vivo” de la menor.
— Copia de las cédulas de ciudadanía de las accionantes.
— Copia de la Escritura 2456 por la cual se declara la unión marital de hecho de las accionantes.
— Copia de la solicitud de modificación del registro civil de nacimiento, elevada el 17 de junio de 2015 ante la Registraduría Auxiliar del Estado Civil de Chapinero.
— Copia del Oficio RAT - 910-30-0533 del 22 de junio de 2015, por medio del cual se informa a las accionantes que su petición fue remitida a la Dirección Nacional de Registro Civil.
— Copia de la respuesta al derecho de petición bajo el Radicado 048588.
Acorde con lo anterior, esta Sala debe resolver si la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró los derechos fundamentales de dos mujeres lesbianas y su hija, nacida por inseminación artificial, tras la negativa d incluirlas como madres en el registro civil de nacimiento, argumentando que no existe regulación que permita extender los efectos del artículo 213 del Código Civil a las parejas del mismo sexo.
Tal es el caso de las familias compuestas por parejas homosexuales. Este Tribunal, desde el año 2007(2), señaló que respecto de estos vínculos existe un déficit de protección constitucional, motivo por el que se ha hecho necesaria la intervención de la Corte a través de varias decisiones. Por ejemplo, ese año, la Corte expidió la Sentencia C-075 de 2007, por medio de la cual declaró la exequibilidad condicionada de la Ley 54 de 1990(3) haciendo extensivos los efectos de la norma a familias homoparentales. En aquella decisión, la Corte concluyó que las parejas homosexuales pueden celebrar uniones maritales de hecho y por tanto, sus efectos también les serán aplicables siempre que cumplan con las condiciones previstas en la ley: comunidad de vida por al menos dos años. En esos eventos, estas parejas también quedan amparadas por la presunción de sociedad patrimonial.(4)
A partir de dicha ampliación, la Corte comenzó a adoptar una serie de decisiones tendientes a extender ese margen de protección, reduciendo la brecha de discriminación con respecto a otras parejas. Fue así como, por ejemplo, también admitió que también tienen derecho a ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes(5), del régimen de salud(6), entre otros asuntos. En efecto, esta Corporación aceptó que “la idea de la heterogeneidad de los modelos familiares permite pasar de una percepción estática a una percepción dinámica y longitudinal de la familia, donde el individuo, a lo largo de su vida, puede integrar distintas configuraciones con funcionamientos propios. De esta manera, en su conformación, la familia resulta flexible a diversas maneras de relacionarse entre las personas, a las coyunturas personales que marcan el acercamiento y el distanciamiento de sus integrantes, o a los eventos que por su carácter irremediable determinan la ausencia definitiva de alguno de sus miembro”(7).
Una de las decisiones más relevantes sobre el tema fue la Sentencia C-029 de 2009. Si bien en esa oportunidad la Corte no resolvió el interrogante de si las parejas compuestas por personas del mismo sexo constituían familia a la luz del artículo 42 de la Constitución, sí superó un déficit de protección que con anterioridad ya había advertido. Aquella vez, la Corte optó no por abordar el concepto de familia homoparental pero sí por la superación del mencionado déficit. Así, en palabras de este Tribunal,
Más adelante, esta Corporación sí abordó el estudio del asunto inconcluso: las familias homoparentales. La sentencia C-577 de 2011, la primera y quizás más importante sentencia sobre el asunto, reinterpretó el artículo 42 de la Constitución. En efecto, no solo reiteró que, la familia, por “su carácter institucional se traduce en una primera consecuencia, cual es un mandato de “protección integral” que, conforme al artículo 42 superior, cobija a la sociedad y al Estado, habiéndose sostenido en la jurisprudencia constitucional que, la familia “es destinataria de acciones especiales provenientes de la sociedad y del Estado dirigidas a su protección, fortalecimiento y prevalencia como actor social”(8) y que, “sin importar cuál de las formas ha sido escogida para fundar la familia, ella, en cualquier evento, es vista como el núcleo fundamental de la sociedad por lo cual siempre merece la protección del Estado”(9), sino que, a su vez, estableció que las parejas compuestas por personas homosexuales también son familia y, por tanto, no existe justificación constitucional para un trato diferente.
“Como corolario de lo anterior la Corte encuentra que no es constitucionalmente válido excluir de los procesos de adopción a las parejas del mismo sexo que conforman una familia. Una hermenéutica en tal sentido genera un déficit de protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, lo que a su vez desconoce el interés superior del menor, representado en su derecho a tener una familia, por cuanto esta es una medida de protección plenamente idónea para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus demás derechos (C.P., art. 44). Sin embargo, la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones acusadas eliminaría a todos los “compañeros permanentes” (del mismo o diferente sexo) de la posibilidad de participar en procesos de adopción, lo que obviamente conduciría a una situación aún más gravosa para los niños en situación de abandono. En consecuencia, la respuesta constitucional adecuada consiste en declarar la exequibilidad condicionada de las normas objeto de control, es decir, de los artículos 64, 66 y 68 (numerales 2º, 3º y 5º) de la Ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, así como del artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990, “por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes”, en el entendido que, en virtud del interés superior del menor, dentro de su ámbito de aplicación también están comprendidas las parejas del mismo sexo que conforman una familia”.
Los derechos de los niños, desde siempre, ha sido un parámetro de constitucionalidad relevante para la Corte, pues “en ellos están cimentadas las aspiraciones de una sociedad y las esperanzas colectivas por un mañana mejor”. Esa situación, ha hecho que jurídicamente la Corte les haya valorado como sujetos de especial protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado(10). Entre otras cosas porque normalmente se encuentran en un estado de vulnerabilidad que les impide defenderse de las amenazas de lesión a sus derechos, así como la reivindicación de los mismos.
Tal es el caso de la Declaración de Ginebra de 1924, posteriormente reseñada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25-2(11). De la misma forma, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 estipuló en forma expresa que al promulgarse las leyes para hacer efectivos los derechos de los menores la principal consideración sería “el interés superior del niño”(12). Por su parte, “el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), aprobado internamente por la Ley 74 de 1968, incluyó una disposición dedicada expresamente a los derechos de los niños, a cargo de la familia, la sociedad y el Estado(13). El Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (1966), incorporado mediante la Ley 74 de 1968, también contempló una cláusula especial de protección a niños y adolescentes(14). Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), aprobada mediante la Ley 16 de 1972, reconoció que los niños tienen derechos de protección especial(15)“(16).
En 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue incorporada en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 12 de 1991. Esa norma, extendió el denominado principio de manera que, ahora, todas las medidas deben atenderlo cuando quiera que en ellas intervengan instituciones públicas o privadas de bienestar, tribunales, autoridades administrativas y el legislador(17). Eso significa que en todas sus decisiones, las autoridades estatales deberán atender ese principio so pena de estar incurriendo en una presunta vulneración de derechos fundamentales.
“(i) Es un derecho sustantivo. Significa que debe tenerse en cuenta para tomar decisiones que involucren a los niños, con lo cual el artículo 3º, párrafo 1º, de la Convención “establece una obligación intrínseca para los Estados, es aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales”. (ii) Es un principio jurídico interpretativo fundamental. De manera que si una disposición admite más de una interpretación, “se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niños”. (iii) Es una norma de procedimiento. Implica que cuando se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño o a un grupo de niños, “el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas y negativas) de la decisión en el niño o en los niños interesados”“
Acorde con lo anterior, el interés superior del menor no impone obligación diferente a la de reconocer en su favor un tratamiento “preferente de parte de la familia, la sociedad y el Estado”, privilegiándolo con el propósito de su desarrollo integral(18). Ahora, los menores ya no se tratan como incapaces sino que se les reconoce la potencialidad de participar en la toma de decisiones que les concierne en sus vidas. Así, “de ser sujetos incapaces con derechos restringidos y hondas limitaciones para poder ejercerlos pasaron a ser concebidos como personas libres y autónomas con plenitud de derechos, que de acuerdo a su edad y a su madurez pueden decidir sobre su propia vida y asumir responsabilidades”(19).
“(i) En cuanto a las condiciones jurídicas que caracterizan el interés superior del menor, se refieren a aquellas pautas fijadas en el ordenamiento encaminadas a promover el bienestar infantil (principio pro infans). Algunas de estas son las siguientes(20):
— Garantía del desarrollo integral del menor. El artículo 44 de la Constitución asigna a la familia, la sociedad y el Estado la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar “su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. El desarrollo es armónico cuando comprende las diferentes facetas del ser humano (intelectual, afectiva, social, cultural, política, religiosa, etc.); y es integral cuando se logra un equilibrio entre esas dimensiones o cuando al menos no se privilegia ni se minimiza o excluye desproporcionadamente alguna de ellas(21).
— Protección ante riesgos prohibidos. Es obligación del Estado, pero también de la familia y de la sociedad, proteger a los menores “frente a condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, tales como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física o moral, la explotación económica o laboral, y en general el irrespeto por la dignidad humana en todas sus formas”(22), lo que guarda plena correspondencia con el artículo 44 superior, en tanto exige la protección a los niños contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
— Equilibrio con los derechos de los padres. Es importante anotar que la prevalencia de los derechos e intereses de los menores “no significa que sus derechos sean absolutos o excluyentes”(23), sino que debe procurarse su armonización con los derechos de las personas vinculadas a un niño, en especial con sus padres, biológicos, adoptivos o de crianza, de modo que solo ante un conflicto irresoluble entre los derechos y unos y otros la solución debe ser la que mejor satisfaga la protección del menor.
— Provisión de un ambiente familiar apto para el desarrollo del menor. Sobre el particular la Corte ha explicado que para garantizar el desarrollo integral y armónico del menor, “se le debe proveer una familia en la cual los padres o acudientes cumplan con los deberes derivados de su posición, y así le permitan desenvolverse adecuadamente en un ambiente de cariño, comprensión y protección”(24).
(ii) En cuanto a las condiciones fácticas, son las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar que rodean cada caso individualmente considerado. Por su naturaleza, imponen a las autoridades y a los particulares “la obligación de abstenerse de desmejorar las condiciones en las cuales se encuentra éste al momento mismo de la decisión”(25). Por ejemplo, esta corporación ha advertido que “en cada caso particular se deben analizar las circunstancias y situaciones que comunican un estado favorable en las condiciones en que se encuentre el menor en un momento dado y valorar si el otorgamiento el cuidado y custodia puede implicar eventualmente una modificación desventajosa de dicho estado”. En esa medida, ante una reposada valoración de las condiciones fácticas, “resulta inconcebible que se pueda coaccionar al menor, mediante la aplicación rígida e implacable de la ley, a vivir en un medio familiar y social que de algún modo le es inconveniente (…)”, sobre todo si se tiene en cuenta que “la aspiración de todo ser humano, a la cual no se sustrae el menor, es la de buscar permanentemente unas condiciones y calidad de vida más favorables y dignas; por lo tanto, no puede condicionarse a éste a una regresión o a su ubicación en un estado o situación más desfavorable”(26).
En aplicación del principio de prevalencia del interés superior del menor la Corte ha reconocido que se vulnera cuando se obliga a un niño a regresar al lado de su madre biológica, si esta “no puede brindarle el cuidado y la asistencia necesaria, ni menos aún, el amor y la protección de una familia”(27). También se afecta cuando, sin valorar adecuadamente su entorno, un menor es separado en forma abrupta e intempestiva de un hogar con el cual ha desarrollado vínculos afectivos legítimos, así se trate de un hogar sustituto(28). En síntesis, la naturaleza real y relacional del interés superior del menor exige ponderar cuidadosamente las circunstancias fácticas, y con ello “una verificación de los elementos concretos y particulares que distinguen a los menores, a sus familias, así como de las circunstancias concretas en las que frecuentemente se hallan presentes aspectos emotivos, culturales, creencias y sentimientos de gran calado en la sociedad”(29).
Acorde con lo anterior, la misma Corte, ha señalado que una faceta importante dentro de la garantía integral de los derechos de los niños, es el de tener una familia. Lo anterior, en concordancia con el artículo 5º Superior que establece que la familia es una de las instituciones básicas de la sociedad, y el artículo 42 que la define como “el núcleo fundamental de la sociedad”. De ahí que, la misma Carta en su artículo 44 consagre el derecho de los menores a “tener una familia y no ser separados de ella”.
Pues bien, esta Corporación ha puntualizado que “impedir o dificultar la conformación de un núcleo familiar equivale a originar una situación de desarraigo que puede afectar, de manera significativa, no sólo el derecho a construir la propia identidad sino otros, que le son conexos, como el de gozar de la libertad para optar entre distintos modelos vitales”(30). Mediante sentencia C-071 de 2015, citada en párrafos anteriores, la Corte fijó unos criterios para resolver conflictos relacionados con el derecho de los menores a tener una familia.
“—Derecho a tener una familia. Todo niño tiene derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Sin embargo el concepto de familia no está referido solamente a la comunidad natural o biológica, sino que se puede extender para incorporar a personas no vinculadas por consanguinidad(31). — Reconocimiento del vínculo familiar. Si bien la familia biológica está plenamente amparada por la Carta Política, ello no significa que la familia de hecho o de crianza no sea también objeto de protección y reconocimiento constitucional(32). En esa medida, el derecho de un menor a tener una familia no significa que esta necesariamente deba ser la consanguínea o biológica, sino que también tienen cabida otras estructuras familiares (familia de crianza, familia extendida, familia monoparental, familia ensamblada, entre otras)(33). — Deber de intervención del Estado en casos de riesgo o abandono. Lo normal es que el niño nazca y crezca en el seno de una familia (biológica o consanguínea) y lo excepcional que se encuentre en situación de abandono. En ocasiones la familia “natural” o biológica no es el medio adecuado para el desarrollo integral del menor; así ocurre, por ejemplo, en caso de agresión o de abandono. En tales eventos el Estado tiene la obligación de “establecer instituciones encargadas de suplir, hasta donde ello resulte posible, las carencias que padece el menor que se ve obligado a separarse de su familia natural”(34), donde la adopción se proyecta como la más importante medida de protección para suplir tales carencias. — Necesidad de proteger los lazos familiares consolidados. El Estado tiene el deber de procurar al menor la protección de los vínculos de familiaridad previamente consolidados, porque cuando se impide o dificulta la conformación de un núcleo familiar se puede originar una situación de desarraigo que puede afectar el derecho del menor a tener una familia y, por esa vía, otros derechos fundamentales(35). Ello supone, como es obvio, que ha de tratarse de una estructura de familia constitucionalmente reconocida. De modo que cuando un niño ha sido separado de su familia biológica y ha permanecido bajo el cuidado de un hogar distinto al punto de haber forjado vínculos de afecto con su nuevo entorno, “entonces el ámbito de protección del derecho de tal menor a tener una familia y no ser separado de ella se traslada hacia su grupo familiar de crianza”(36). — Prevalencia relativa de los vínculos de consanguinidad. Significa que existe una presunción a favor de la permanencia del niño en su familia biológica por cuanto, en principio, se encuentra mejor situada para brindar el cuidado y afecto que necesita. Ello no obedece a una suerte de “privilegio” de la familia natural sobre otras estructuras de familia, porque todas merecen la misma protección constitucional, sino al reconocimiento de un hecho derivado del nacimiento: los vínculos de consanguinidad(37). — Intervención excepcional del Estado en vínculos familiares ya establecidos. Separar a un menor del entorno en el cual se ha adaptado solo se justifica cuando existan poderosas razones que comprometan su integridad o desarrollo armónico e integral. En consecuencia, para determinar si un menor debe permanecer con su familia biológica o con otro grupo familiar es importante “determinar los efectos que puede generar la decisión en uno u otro sentido sobre la estabilidad psicológica del niño, en atención a su nivel de madurez, y al grado de solidez e importancia de los vínculos que haya establecido con quienes le cuidan”(38). — Protección de vínculos con cuidadores en situación especial. Cuando un menor se halla bajo el cuidado de una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, desventaja o que atraviesa dificultades que podrían afectar el vínculo familiar (discapacidad, pobreza, etc.), el Estado debe actuar con especial diligencia para velar por la protección del menor, sin desconocer los derechos del cuidador, procurando al máximo mantener las relaciones de familiaridad”.
La función del registro civil de nacimiento en un Estado Social y Democrático de Derecho. Sentencia SU - 696 de 2015: la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene el deber de registrar menores de edad con el nombre de sus dos madres o padres.
El artículo 14 de la Constitución de Colombia establece que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”, la cual ha sido definida por esta Corte(39) como un derecho primario e indispensable para el ejercicio de las demás garantías constitucionales. Ella se adquiere por el simple hecho de existir y se reconoce, como tal, los atributos propios de la personalidad jurídica: estado civil, nacionalidad, nombre, capacidad de goce y ejercicio, patrimonio y domicilio. Como se observa, ese derecho fundamental contiene distintas facetas que permiten ejercer otros derechos.
Internacionalmente, la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento parte del bloque de constitucionalidad, establece en su artículo 3º el reconocimiento a toda “persona de su personalidad jurídica”. Lo mismo sucede con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, quien a través de su artículo 16 puntualiza que “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.
Esta Corporación se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre este derecho. Para ella, la personalidad jurídica ofrece al titular una identidad e individualidad “frente al Estado y la sociedad, que lo hace ser un sujeto distinto y distinguible”. En efecto, es por ese motivo que la personalidad “guarda una estrecha relación con el registro del estado civil, pues éste constituye un medio para identificar a una persona, en cuanto al mismo contiene datos que permiten conocer su nombre, la nacionalidad, el sexo, la edad, el estado mental, si es casado o soltero, entre otros aspectos(40)“(41). En otros términos, el registro del estado civil se convierte en una protección constitucional y legal del derecho a la personalidad jurídica.
“Es así como dentro del desarrollo del derecho a la personalidad jurídica se reconoce el estado civil de las personas, mediante la expresión de una determinada situación o calidad como la nacionalidad, el sexo, la edad… También se relaciona con el reconocimiento de derechos subjetivos tanto públicos como privados, situándose dentro de los primeros los propios de quien es reconocido por la Constitución y la ley como ciudadano, esto es, el derecho político al voto, el ejercicio del derecho de protección jurídica y las correlativas obligaciones concretas para las personas como… pagar impuestos, cumplir el servicio militar obligatorio etc.”.(42)
Mediante sentencia T-231 de 2013, la Corte resaltó el valor de lo mencionado. En concepto de la Corte, el registro civil, como se indicó, es presupuesto de otras garantías. Por ejemplo, para la expedición de la cédula, documento de identidad que, a la postre, acredita la edad exigida por la Constitución para acreditarse ciudadano en ejercicio. Esa circunstancias, le permiten “a una persona identificarse, es así la prueba de la caracterización personal y una forma de acreditar la personalidad de su titular(43). La cédula de ciudadanía es un documento esencial para el ejercicio de los derechos políticos, pues es indispensable para ejercer el derecho al sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción (C.P., art. 99), lo cual constituye un rango fundamental y esencial en un Estado democrático”.
“La individualidad es el acto de ser del individuo, o en otras palabras, la trascendencia distintiva del individuo frente a los demás. Jurídicamente se expresa como la facultad del individuo de proclamar su singularidad. (…). [L]a primera necesidad que tiene el individuo es la de ser reconocido como ente distinto y distinguible, y para ello existe el respeto, tanto del Estado como de la sociedad civil, a su individualidad, es decir, a ser tratado de acuerdo con sus notas distintivas de carácter, sin más límites que los derechos de los demás, el orden público y el bien común. (…) [L]a expresión de la individualidad […] supone el derecho al reconocimiento de [la] particularidad [del individuo] y la exigencia de fijar su propia identidad ante sí y ante los demás. El derecho a la expresión de la individualidad es un bien inherente a la persona humana (C.P., art. 94), y se proyecta como parte integral del derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16). La fijación de la individualidad de la persona ante la sociedad, y ante el Estado, requiere de la conformidad de individuo con la identidad que proyecta, de suerte que siempre tendrá la facultad legítima de determinar la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus íntimas convicciones (C.P., art. 18)”.(44)
“La inscripción en el registro civil, es un procedimiento que sirve para establecer, probar, y publicar todo lo relacionado con el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte. La doctrina ha señalado, que el estado civil es un conjunto de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene, o con la familia que ha formado y con ciertos hechos fundamentales de la misma personalidad. Igualmente, el decreto 1260 de 1970 artículo 1º, señala que el estado civil de una persona es su situación juridica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible. Por tanto, cada acto o hecho debe ser inscrito en el correspondiente registro”.
Precisamente, sobre ese asunto se ocupó la sentencia de unificación SU-696 de 2015. En esa decisión, la Corte tuvo que decidir sobre una acción de tutela impetrada por los ciudadanos Antonio y Bassanio(45), actuando en representación de sus hijos Bartleby y Virginia, contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las Notarías Segunda y 25 de Medellín, Primera de Itagüí y Segunda de Envigado. Los actores consideraron que la decisión de estas entidades de negarse a inscribir a sus hijos en el registro civil de nacimiento vulneró los derechos fundamentales de estos últimos a la dignidad humana, a la igualdad y no discriminación, al reconocimiento a la personalidad jurídica y la cláusula de la prevalencia de los derechos de los niños y niñas.
En aquella decisión, la Corte concluyó que es contrario a derechos fundamentales que en el registro civil de nacimiento no se incluyan los nombres y apellidos completos de las madres o padres así se trate de personas del mismo sexo. En consecuencia, ordenó el registro de la menor con el apellido de sus padres, además de la elaboración y expedición de una circular o directiva en la que la Registraduría solucionara estos problemas administrativos y garantizara el derecho a la personalidad jurídica de los menores de edad hijos de padres o madres del mismo sexo(46). Sin justificación constitucionalmente admisible para apartarse de este precedente, la Sala Novena de Revisión citará en extenso:
En ese sentido, los notarios debieron realizar el registro sin demora alguna tras un examen profundo pero eficiente de la validez de los documentos equivalentes de registro que presentaron los padres. Si bien puede decirse que las autoridades consulares de Los Ángeles no contaron con el suficiente tiempo para realizar el trámite, no ocurre lo mismo con las cuatro notarías accionadas. De los hechos del caso, y de sus respuestas, se puede probar una falta de claridad sobre el procedimiento aplicable en estos casos por lo que la posición expuesta por la Unión de Notarios tampoco resulta acertada, pues de una interpretación sistemática de los precedentes constitucionales, especialmente aquellos relacionados con la protección de los derechos del niño y el reconocimiento de la familia diversa, es perfectamente admisible inscribir en las casillas para padre y madre del formato de registro civil de nacimiento a una pareja homparental que presente un documento equivalente extranjero que acredite la relación filial que ésta tiene con sus hijos. Además, las actuaciones de las entidades accionadas omitieron un hecho elemental ya que los niños, sin atisbo de duda, gozan del derecho a la nacionalidad por nacimiento consagrado en el artículo 96 de la Constitución, pues sus padres son colombianos, como plenamente queda probado con las cédulas de ciudadanía que ambos anexaron a la acción de tutela(47).
De nuevo, no se trata de un discusión acerca de la capacidad que tienen las parejas del mismo sexo a adoptar sino del derecho que tienen los menores de edad, en aras del interés superior que obliga al Estado a observar y proteger sus derechos fundamentales de manera prioritaria, a tener una familia y a no ser separados de ella. En este caso se trata de dos menores de edad que tienen una relación filial con sus dos padres, a partir de la presunción de legitimidad del Código Civil y por la naturaleza del proceso de reproducción asistida al que acudieron los accionantes, por lo que la figura de la adopción, destinada a reemplazar un vínculo biológico o reconocer la realidad filial en una familia(48), no aplica. En otras palabras, en este caso los notarios accidentalmente confundieron las figuras de protección contempladas en el Código de Infancia y Adolescencia(49) con la realidad jurídica establecida previamente por las autoridades de Estados Unidos que reconocieron que tanto Bartleby como Virginia son hijos de Antonio y Bassanio”.
“Ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil(50) que, en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, implemente un nuevo formato de Registro Civil de Nacimiento en el que claramente se señale que en las casillas destinadas a identificar al “padre” y “madre” del menor de edad es admisible incorporar el nombre de dos hombres o dos mujeres, en el orden que voluntariamente señale la pareja para efectos de los apellidos legales de su hijo, si los mismos cumplen con los requisitos generales de ley para ser reconocidos como los padres o madres del niño. Particularmente, se ordena que en el plazo señalado, se expida, además del formato ya descrito, una circular única dirigida a todas las notarías y consulados del país en el extranjero explicando: i) el contenido de esta sentencia y los cambios introducidos por el nuevo formato de registro civil; y ii) que mientras se introduce en todos los circuitos notariales y consulados del país el nuevo formato, las peticiones que llegaran a presentar parejas del mismo sexo que son padres o madres de un menor de edad con respecto a su inscripción en el registro civil de nacimiento se deben tramitar utilizando el formato actual sin que el mismo constituya un obstáculo para reconocer el derecho a la nacionalidad, a la vida digna, a la personalidad jurídica, el derecho a tener una familia y el interés superior de los niños y niñas”.
Actualmente, la Sala constata que efectivamente la Registraduría profirió la Circular 24 por medio de la cual se implementa y diligencia el nuevo formato de registro civil de nacimiento dirigida a todas las dependencias del país, en la que claramente se define una casilla óptima para estos casos. Sin embargo, hasta el momento la menor Lucia aún sigue teniendo los apellidos de una de sus madres sin que la Registraduría haya solucionado estos inconvenientes.
Lo anterior no sin antes prevenir a la Registraduría para que en lo sucesivo evite este tipo de prácticas vulneradoras de derechos fundamentales y acate, en todas sus dependencias, tanto las órdenes emitidas por esta Corporación, como la Circular 24 sobre el nuevo formato para el registro civil de nacimiento.
1. Revocar el fallo proferido el 27 de agosto de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en primera instancia, y el fallo proferido el 7 de octubre de 2015 por la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, en segunda instancia, que resolvió no tutelar los derechos fundamentales invocados por Julieta y Camila en representación de su hija menor Lucia.
2. Tutelar los derechos fundamentales a la personalidad jurídica, igualdad e interés superior del menor de Julieta y Camila en representación de su hija menor Lucia por las razones expuestas en esta providencia.
3. Ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente decisión, proceda a la modificación del registro civil de nacimiento de la menor Lucia, y por tanto de su nombre, incorporando en ese documento el apellido de sus dos madres en el orden que ellas a bien lo tengan.
4. Advertir a la Registraduría Nacional del Estado Civil que en lo sucesivo evite prácticas de esta índole que lesionan derechos fundamentales de familias diversas y sus hijos menores, y disponga de todo lo necesario para que la Circular 24 de 2016 expedida por dicha entidad, se cumpla a cabalidad.
Magistrados: Luis Ernesto Vargas Silva—María Victoria Calle Correa—Luis Guillermo Guerrero Pérez, con Salvamento de Voto
(1) Para proteger la intimidad de la víctima, la Sala decidió ocultar los nombres, los cuales fueron remplazados por: Julieta y Camila en nombre y representación de su hija menor Lucía
(2) La jurisprudencia en vigor para esa época no admitía una tesis según la cual las parejas compuestas por personas del mismo sexo eran familia a la luz del artículo 42 de la Constitución. No obstante, sí reconoció que existe un déficit de protección que justificaba la intervención constitucional.
(3) Por medio de la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes.
(4) En el mismo sentido, Sentencia C-029 de 2009: Específicamente en cuanto hace a la protección que se otorga a los compañeros permanentes, ella se explica en razón de los vínculos morales y afectivos que surgen en virtud de una comunidad de vida permanente y singular, aspecto en relación con el cual no se aprecian diferencias entre las parejas heterosexuales y las homosexuales. En ese contexto, las situaciones de ambos tipos de pareja son asimilables y no existe razón alguna para que, si ese establece la excepción a los referidos deberes en relación con los compañeros permanentes en una pareja heterosexual, no ocurra lo propio con los integrantes de una pareja homosexual. Así, en la medida en que las disposiciones acusadas no atienden a una protección especial en razón a criterio de diferenciación que resulte válido, la exclusión de las parejas homosexuales resulta discriminatoria. Adicionalmente tal exclusión da lugar a un déficit de protección, porque desconoce una realidad social que, desde la perspectiva constitucional, plantea un imperativo de atención. Esto es, el legislador no puede ignorar que en las parejas homosexuales, que constituyen una realidad social que goza de protección constitucional, existe una relación con vocación de permanencia y que da lugar a vínculos de afecto, solidaridad y respeto, frente a la cual las obligaciones que se desprenden de los deberes de declarar o de formular queja dan lugar a cargas demasiado gravosas, que, como se señala en la demanda, en cuanto que comportarían la exigencia de actuar contra esos vínculos de solidaridad, lealtad y afecto, desconocen la dignidad de la persona.
(5) Sentencia C-336 de 2008.
(6) Sentencia C-811 de 2007
(7) Sentencia SU-696 de 2015, reiterando la sentencia C-577 de 2011
(8) Cfr. Sentencia T-182 de 1999.
(9) Cfr. Sentencia C-533 de 2000.
(10) Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-149 de 2009 y C-468 de 2009. En la Sentencia C-149 de 2009 la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la norma que exige formación especializada para ejercer el cargo de Defensor de Familia (numeral 3º del artículo 80 del Código de la Infancia y la Adolescencia). Por su parte, en la Sentencia C-468 de 2009 la Corte declaró inexequible la expresión “de doce (12) años”, contenida en el artículo 127 del Código Penal, que tipificaba el delito de abandono de un menor solamente hasta esa edad, ya que la condición de menor se extiende a toda persona que no ha cumplido 18 años. Ver también la Sentencias SU-225 de 1998, T-939 de 2001 y C-507 de 2004, entre otras.
(11) “ART. 25.— (…) 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.
(12) “Principio II. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atendrá será el interés superior del niño”.
(13) “ART. 24.— 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. // 2. Todo niño será́ inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá́ tener un nombre. // 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad”.
(14) “ART. 10.— Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: (…) 3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil”.
(15) “ART. 19.—Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
(16) Sentencia C-683 de 2012.
(17) “ART. 3º—1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
(18) Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-019 de 1993, T-290 de 1993, T-278 de 1994, T-442 de 1994, T-408 de 1995, T-412 de 1995, T-041 de 1996, SU-225 de 1998, T-514 de 1998, T-587 de 1998, T-715 de 1999, C-093 de 2001, C-814 de 2001, T-979 de 2001, T-189 de 2003, T-510 de 2003, T-292 de 2004, C-507 de 2004, C-796 de 2004, T-864 de 2005, T-551 de 2006, C-738 de 2008, C-149 de 2009, C-468 de 2009, T-078 de 2010, T-572 de 2010, C-840 de 2010 y C-177 de 2014, entre muchas otras.
(19) Corte Constitucional, Sentencia C-507 de 2004. La Corte declaró inexequible la norma que establecía la nulidad del matrimonio celebrado por una mujer menor de doce (12) años, y exequible la que establecía en catorce (14) años la edad mínima del hombre para contraer matrimonio, “siempre y cuando se entienda que la edad para la mujer es también de catorce años". Con ello equiparó la edad mínima de ambos sexos.
(20) Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-510 de 2003 y T-292 de 2004, entre otras.
(21) Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-507 de 2004 y C-468 de 2009.
(22) Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003.
(24) Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003.
(25) Corte Constitucional, Sentencia C-804 de 2009. La Corte declaró exequible el requisito de idoneidad física como condición para adoptar, previsto en el artículo 68 del Código de la Infancia y de la Adolescencia.
(26) Corte Constitucional, Sentencia T-442 de 1994. La Corte amparó los derechos fundamentales de un menor porque en un proceso de custodia el Juzgado de Familia no tuvo en cuenta los elementos probatorios acopiados, dejándolo en una situación indeseada y creando el riesgo de causarle secuelas psicológicas irreversibles.
(27) Corte Constitucional, Sentencia T-278 de 1994. Como medida de protección la Corte ordenó la permanencia de una menor en el hogar de una pareja que la había cuidado durante los últimos cinco (5) años, con la cual había formado sólidos lazos psicoafectivos cuya ruptura incidiría negativamente sobre su proceso de desarrollo integral, a pesar de que su madre biológica - que la había entregado voluntariamente a dicha pareja- había expresado al ICBF su voluntad de reclamarla.
(28) Corte Constitucional, Sentencia T-715 de 1999. La Corte amparó los derechos de una menor que fue separada abrupta e intempestivamente de su hogar sustituto en el que había permanecido sus cerca de cinco (5) años de vida.
(29) Corte Constitucional, Sentencia C-840 de 2010.
(30) Corte Constitucional, Sentencia T-587 de 1998.
(31) Sentencia T-049 de 1999. Cfr., Sentencia C-577 de 2011.
(32) Sentencia T-587 de 1998. Cfr., Sentencia C-577 de 2011.
(33) Sentencia T-217 de 1994. Cfr., Sentencia C-577 de 2011.
(34) Sentencia T-587 de 1998.
(35) Sentencia T-278 de 1994.
(36) Sentencia T-292 de 2004.
(37) Sentencias T-510 de 2003 y T-292 de 2004, entre otras.
(38) Sentencia T-510 de 2003. Cfr., Sentencia T-519 de 1999.
(39) Sentencias T-594-93, C-109-95, T-090-95, T-106-96, T-168-05.
(40) T-277-02, T-909-01.
(41) Sentencia T-231 de 2013.
(42) Sentencia T-909 de 2001.
(43) T-965-08, T-909-01.
(44) Sentencia T-594 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(45) Nombres ocultos.
(46) “Sin duda, esto hace necesario que se acoja la solicitud elevada por los actores por lo que se confirmará en su integridad el fallo de primera instancia que ordenó que se procediera a inscribir a los menores de edad en el registro civil de nacimiento reconociendo a Antonio y Bassanio como sus padres. Sin embargo, al encontrar que existe una falta de precisión en el registro civil con respecto a las casillas destinadas al padre y a la madre del niño o niña, y atendiendo el déficit de protección que enfrentan las familias diversas y sus hijos, cuya situación no es asimilable como se explicó en el análisis concreto al caso de la adopción voluntaria en parejas del mismo sexo, la Corte tomará algunos remedios estructurales tendientes a precisar que en el formato de registro civil de nacimiento se deben aceptar inscripciones de dos padres o dos madres cuando los mismos cumplan con los requisitos generales de ley para ser reconocidos como los ascendientes de un menor de edad. Esto, atendiendo el hecho de que la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya le informó a esta Corte que cuenta con un formato que reconoce la diversidad de las familias pero no es claro que el mismo ya se introdujo en las oficinas notariales y consulares del país”.
(47) Copia simple de la cédula de ciudadana de Antonio y Bassanio (fls. 1 y 2; cdno. ppal).
(48) Frente a los efectos jurídicos de la adopción y las diferentes modalidades de la misma, la Sala se remite al resumen realizado por la sentencia SU-617 de 2013.
(49) Código de Infancia y Adolescencia. Artículo 61. Adopción. “La adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza”.
(50) Dirección de notificación: Calle 26 # 51-60, Bogotá D.C.

References: artículo 213
 artículo 213
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 5
 artículo 42
 artículo 44
 artículo 14
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 96
 artículo 42
 artículo 80
 artículo 127
 artículo 68
 Artículo 61