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Timestamp: 2019-09-18 07:32:48+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00130 de abril 10 de 2014
SENTENCIA 2010-00130 DE 10 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES FISCALES. LA EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS DE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE MODIFICA UNA DECLARACIÓN PRIVADA, SE CUENTA A PARTIR DE LA EJECUTORIA DEL MISMO Y NO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PRIVADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DIAN, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, MANDAMIENTO DE PAGO, CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA, TÍTULO EJECUTIVO
Sentencia 2010-00130 de abril 10 de 2014
Rad.: 660012331000201000130 01 (19512)
Demandante: Jesús Antony Jones Álvarez
Bogotá D. C., diez de abril de dos mil catorce.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandante, procede la Sala a decidir si son nulos los actos administrativos mediante los cuales la Dirección Seccional de Impuestos de Pereira declaró parcialmente probadas las excepciones propuestas por el actor contra el mandamiento de pago 900095 y ordenó seguir adelante con la ejecución, por las deudas correspondientes a las declaraciones del impuesto sobre las ventas del primero (1º), segundo (2º), tercero (3º) y quinto (5º) bimestres de 2001.
En concreto, precisará la Sala si la autoridad tributaria vulneró el debido proceso al proferir las resoluciones 900460 del 22 de diciembre de 2009 y 900015 del 26 de enero de 2010, por aplicar normas que no estaban vigentes al momento de librar el mandamiento de pago, y si las obligaciones cobradas están prescritas.
El debido proceso se encuentra establecido en la Constitución Política de 1991 como derecho fundamental de aplicación inmediata(13), en los siguientes términos:
De la norma en cita, se concluye que el debido proceso comporta varias garantías a favor de la persona, a saber: (i) ser juzgado de acuerdo con la ley preexistente a la conducta que se le imputa; (ii) ser juzgado con arreglo al procedimiento y las formas propias para cada juicio, señaladas en la ley, y ante la autoridad judicial o administrativa competente; (iii) que se presuma su inocencia respecto de la conducta ilícita que se le atribuye, hasta que no se demuestre su culpa; (iv) no ser juzgado dos veces por el mismo hecho; (v) la aplicación de la norma más favorable en materia penal; y (vi) aportar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra.
Indicó el actor que la DIAN, al resolver las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago 900095 del 16 de octubre de 2009, aplicó los artículos 86 de la Ley 788 de 2002 y 8º de la Ley 1066 de 2006 y no el Decreto 624 de 1989, que era la normativa aplicable.
En primera instancia, se define lo que debe entenderse por prescripción. El artículo 2512 del Código Civil, señala:
Por su parte, el artículo 817 del Decreto 624 de 1989, estatuto tributario vigente para la época de la presentación de las declaraciones tributarias, dispone:
Según la disposición legal transcrita, el término de prescripción comienza a contarse a partir de la fecha en que se hicieron exigibles las obligaciones fiscales, esto es, desde el momento en que venció el plazo fijado para declarar, en cada período y hasta la notificación del mandamiento de pago, como lo indica el artículo 818 del estatuto tributario(14).
Teniendo en cuenta que el actor argumenta que el título ejecutivo de las deudas citadas lo constituyen las declaraciones del impuesto sobre las ventas presentadas, es pertinente acudir al artículo 828 del estatuto tributario, que dispone:
4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago.
En concordancia con la norma anterior, el artículo 829, siguiente, establece:
De conformidad con el numeral 2º del artículo 828 antes transcrito, las liquidaciones oficiales ejecutoriadas constituyen título ejecutivo. Asimismo, como lo establece el artículo 829, los actos administrativos se entienden ejecutoriados cuando, en este caso, los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos instauradas contra ellos, se hayan decidido en forma definitiva.
Se puede concluir entonces, que cuando de actos de determinación de obligaciones tributarias se trata, la prescripción se calcula a partir de la ejecutoria del acto administrativo de determinación o discusión, pues es a partir de ese momento que la obligación tributaria es exigible.
En el caso concreto, el 16 de octubre de 2009, la DIAN libró el mandamiento de pago 900095, por las siguientes obligaciones:
Liquidación oficial de revisión Fecha Concepto Año/ per Impuesto Sanción Total
160642004000131 2/12/2004 IVA 2001-1 27.849.000 43.682.000 71.531.000
160642004000132 2/12/2004 IVA 2001-2 28.720.000 44.778.000 73.498.000
160642004000133 2/12/2004 IVA 2001-3 30.832.000 48.235.000 79.067.000
160642004000135 2/12/2004 IVA 2001-5 64.718.000 39.796.000 104.514.000
Como se evidencia, el propósito del anterior acto era el cobro de las obligaciones fiscales que surgieron a cargo del demandante, con ocasión de la expedición, el 2 de diciembre de 2004, de las liquidaciones oficiales de revisión, con las que la administración modificó las declaraciones que por el impuesto sobre las ventas correspondiente al primero (1º), segundo (2º), tercero (3º) y quinto (5º) bimestres de 2001, había presentado el contribuyente.
En ese contexto, no era factible que la demandada aplicara el artículo 817 del Decreto 624 de 1989, estatuto tributario, pues para ese momento esa norma ya había sido modificada por el artículo 86 de la Ley 788 de 2002, que en relación con el término de prescripción de la acción de cobro estableció varios eventos a partir de los cuales comienza a contarse dicho término e indicó la autoridad competente para decretarla.
Además de lo anterior, la actora ejerció su derecho de defensa al interponer los recursos de reconsideración contra las liquidaciones oficiales de revisión, que fueron resueltos así:
— Resolución 160772005000025 del 20 de septiembre de 2005, que confirmó la liquidación oficial de revisión 160642004000131 del 2 de diciembre de 2004, por concepto del impuesto sobre las ventas correspondiente al primer (1º) bimestre de 2001.
— Resolución 160772005000026 del 20 de septiembre de 2005, que confirmó la liquidación oficial de revisión 160642004000132 del 2 de diciembre de 2004 por concepto del impuesto sobre las ventas correspondiente al segundo (2º) bimestre de 2001.
— Resolución 160772005000027 del 20 de septiembre de 2005, que confirmó la liquidación oficial de revisión 160642004000133 del 2 de diciembre de 2004 por concepto del impuesto sobre las ventas correspondiente al tercer (3º) bimestre de 2001.
— Resolución 160772005000029 del 20 de septiembre de 2005, que confirmó la liquidación oficial de revisión 160642004000135 del 2 de diciembre de 2004 por concepto del impuesto sobre las ventas correspondiente al quinto (5º) bimestre de 2001.
Posteriormente, el actor acudió ante la jurisdicción contencioso administrativa, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad de las liquidaciones oficiales de revisión y de las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración. El Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira denegó las súplicas de las demandas; esta decisión fue apelada por la parte demandante y confirmada por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
A continuación se detallan las fechas de las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Risaralda, con las que se resolvieron los recursos de apelación presentados:
Actos administrativos demandados Concepto Sentencia de primera instancia Sentencia de segunda instancia
Res. 160772005000025 del 20/9/2005 y L.O.R. 160642004000131 del 2/12/2004 IVA 2001-1 31/07/2008 21/05/2009
Res. 160772005000026 del 20/9/2005 y L.O.R. 160642004000132 del 2/12/2004 IVA-2001-2 5/11/2008 30/07/2009
Res.160772005000027 del 20/9/2005 y L.O.R. 160642004000133 del 2/12/ 2004 IVA-2001-3 28/07/2008 30/07/2009
Res.160772005000029 del 20/9/2005 y L.O.R. 160642004000135 del 2/12/2004 IVA-2001-5 28/07/2008 30/07/2009
De todo lo expuesto, concluye la Sala que como las liquidaciones oficiales de revisión, actos que sustentan el mandamiento de pago, fueron objeto de control jurisdiccional, la normativa a aplicar en los actos demandados —Resolución 900460 del 22 de diciembre de 2009 y Resolución 900015 del 26 de enero de 2010, mediante las cuales la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira declaró parcialmente probadas las excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución— era la vigente al momento de la ejecutoria de los títulos ejecutivos, (sentencias definitivas de la jurisdicción contenciosa), es decir, el artículo 86 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 8º de la Ley 1066 de 2006.
En materia de ejecutoria de las sentencias, el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 Código Contencioso Administrativo, prevé que las “providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza solo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva”.
Sobre ese mismo aspecto, la Sala ha precisado:
Conforme al artículo 817 del estatuto tributario “La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria” (subrayas de la Sala). Y el artículo 829, numeral 4º, del mismo estatuto señala que los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entienden ejecutoriados “Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva” (subrayas de la Sala).
De conformidad con el artículo 829-4 del estatuto tributario, la acción de nulidad y restablecimiento del acto administrativo que sirve de fundamento al cobro coactivo impide que ese acto tenga fuerza ejecutoria, la que solo surge cuando se decida la respectiva demanda que no dé prosperidad a la pretensión de anulación de ese acto.
(…)(15)”.
En ese contexto la Sala analizará si las obligaciones fiscales cobradas por la DIAN se encuentran prescritas.
El artículo 86 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 8º de la Ley 1066 de 2006, dispone:
“ART. 86.—Término de prescripción de la acción de cobro. Modifícase el artículo 817 del estatuto tributario, el cual queda así:
"ART. 817.—Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión (subraya la Sala).
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos y será decretada de oficio o a petición de parte”.
En lo que al presente asunto atañe, las aludidas normas sujetan la prescripción de la acción de cobro, a la existencia de las liquidaciones oficiales de revisión debidamente ejecutoriadas lo que, en palabras del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, antes aludido, ocurrió tres días después de notificadas las providencias definitivas dictadas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho intentada por el actor.
Hechas las anteriores precisiones, la Sala señala las fechas en que los actos administrativos, que sirvieron de título ejecutivo a la administración tributaria, quedaron ejecutoriados y de acuerdo con esas fechas, el momento en que quedarán prescritas:
Concepto Sentencia de segunda instancia Notificación por edicto Fecha de prescripción
IVA 2001-1 21/05/2009 3/06/2009 6/06/2014
IVA-2001-2 30/07/2009 10/08/2009 13/08/2014
IVA-2001-3 30/07/2009 10/08/2009 13/08/2014
IVA-2001-5 30/07/2009 10/08/2009 13/08/2014
Advierte la Sala que el aviso de citación para notificar personalmente el mandamiento de pago 900095 del 16 de octubre de 2009, se remitió al actor el 20 de octubre de 2009(16), y en vista de que no compareció, la notificación se surtió por correo el 5 de noviembre de 2009(17).
Según las precisiones efectuadas en las consideraciones de esta providencia, para la fecha de notificación del mandamiento de pago, esto es, el 5 de noviembre de 2009, aún no se encontraba vencido el término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones objeto de ejecución.
Lo anterior porque, como se ha reiterado, la exigibilidad de las obligaciones fiscales derivadas de un acto administrativo que modifica una declaración privada, se cuenta a partir de la ejecutoria del mismo y no a partir de la fecha de presentación de la declaración privada.
Por otro lado, indicó el actor que existió una incongruencia entre los valores de los actos administrativos que sirvieron de título ejecutivo para el mandamiento de pago y el valor consignado en el mismo.
El artículo 849-1 del estatuto tributario señala que las irregularidades procesales que se presenten en el procedimiento administrativo de cobro deberán subsanarse en cualquier tiempo, de plano, antes de que se profiera la actuación que aprueba el remate de los bienes.
La incongruencia que advierte el actor se refiere a la cuantía de las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago 900095 del 6 de octubre de 2009, ya que hay diferencia entre los valores escritos en letras y los consignados en números, pues en la parte resolutiva se dispuso:
1. Librar orden de pago a favor de la Nación y a cargo del señor Jones Álvarez Jesús Antony NIT 16.216.069 por la suma de trescientos treinta y siete millones sesenta y ocho mil pesos ($ 337.068) más los intereses que se causen desde que la obligación se hizo exigible hasta el momento del pago, más las costas del proceso, (ET, art. 836-1).
Sobre el particular precisa la Sala que el error de transcripción en que se incurrió al escribir la suma del valor a pagar, en números, al omitir los tres ceros finales de la cuantía, no constituye una causal de nulidad de los actos administrativos demandados, máxime cuando la DIAN al resolver las excepciones propuestas contra el mandamiento y al resolver el recurso de reposición realizó la corrección de los valores, de conformidad con la facultad que le otorga el artículo 849-1 del estatuto tributario, antes señalado.
En este orden de ideas, la Sala concluye que los actos administrativos demandados se profirieron de acuerdo con la ley preexistente y que las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago 900095 no están prescritas, por lo tanto, se confirmará la sentencia apelada.
1. CONFÍRMASE la sentencia del 31 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Jesús Antony Jones Álvarez contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
2. RECONÓCESE personería a la abogada Sandra Liliana Cadavid Ortiz, como apoderada de la DIAN, en los términos del poder que aparece en el folio 156 del cuaderno principal.
(13) Artículo 85 de la Constitución Política.
(14) ART. 818.—Interrupción y suspensión del término de prescripción.
El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.
— El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el caso contemplado en el artículo835 del estatuto tributario.
(15) Exp. 16730 del 20 de agosto de 2009, C.P. William Giraldo Giraldo.
(16) Folio 9 del cuaderno principal.
(17) Folio 12 del cuaderno principal.

References: artículo 2512
 artículo 817
 artículo 818
 artículo 828
 artículo 829
 artículo 828
 artículo 829
 artículo 817
 artículo 86
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 86
 artículo 8
 artículo 331
 artículo 267
 artículo 817
 artículo 829
 artículo 829
 artículo 86
 artículo 8
 artículo 817
 artículo 331
 artículo 849
 artículo 849
 Artículo 85
 artículo835