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Timestamp: 2019-12-12 13:44:48+00:00

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Sentencia C-425 de 2005 Corte Constitucional - EVA - Función Pública
Sentencia C-425 de 2005 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 26 de abril de 2005
Fecha de Entrada en Vigencia: 26 de abril de 2005
Corte Constitucional declara inexequible el parágrafo 1 del artículo 1° de la ley 776 de 2002
Bogotá, D. C., veintiséis ( 26 ) de abril de dos mil cinco (2005).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Ricardo Álvarez Cubillos, presentó demanda contra el Parágrafo 1° del artículo 1 de la Ley 776 de 2002.
Se indica, que el mantenimiento de las normas demandadas, tiende a proteger el interés particular de las entidades administradoras de riesgos profesionales , frente al bien general de la población trabajadora, por cuanto, el mantenimiento de las mismas, priva de los derechos sociales a los trabajadores que presentan algún tipo de preexistencia y que se vean en el cumplimiento de sus deberes, afectados por una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, ya que el reconocimiento de la prestación económica siempre sería más baja en relación con la repercusión final sufrida por el trabajador, beneficiando como se ha anunciado a la entidad administradora , en detrimento del trabajador afectado.(sic)
¿ Cómo se garantizaría el derecho a la seguridad social en forma adecuada, oportuna y eficiente en caso de continuarse aplicando la mal denominadas preexistencias ?
Cómo se evitaría la discriminación que las normas demandadas han generado hacia personas con discapacidades, cuando se vean sometidos a nuevas lesiones en cumplimiento de sus funciones, cuando las mismas sean consideradas como de origen profesional ? Hecho este que no ocurre en el sistema general de pensiones.
¿ Las normas demandadas no son acaso una forma de burlar la contribución que realizan los empleadores, mes a mes, para proteger a los trabajadores, mediante el sistema general de riesgos profesionales ?
¿ Si no se van a reconocer derechos sociales por existir preexistencias , porqué las cotizaciones al sistema de seguridad social sí se deben realizar integralmente, sin tener en cuenta estas preexistencias, esto es, si no se van a reconocer los derechos sociales por existir estas preexistencias , por qué no se aplican aportes acorde con el grado de estado de salud o de la pérdida de la capacidad laboral de los trabajadores colombianos ?( sic )
El ciudadano Gustavo Adolfo Osorio García, actuando en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, intervino para defender la Constitucionalidad del Parágrafo 1° del artículo 1 de la Ley 776 de 2002.
Señala el interviniente, que trasponer los elementos de un sistema a otro implicaría desconocer los criterios que los diferencian y significaría elevar de manera incalculable los riesgos que deben asumir el empleador ¿ como primer responsable ¿ y la administradora quien para los efectos es su sustituto.
El ciudadano Edgar Enrique Bernal Pulido, actuando en representación del Ministerio de Protección, intervino para defender la Constitucionalidad del Parágrafo 1° del artículo 1 de la Ley 776 de 2002.
El ciudadano Rafael Forero Contreras, actuando por designación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, intervino para solicitar la inconstitucionalidad del Parágrafo 1° del artículo 1 de la Ley 776 de 2002.
4. Intervención de la Federación de Aseguradores Colombianos ( FASECOLDA )
El ciudadano Manuel Guillermo Rueda Serrano, actuando como vicepresidente jurídico de FASECOLDA , intervino para solicitar la exequibilidad del Parágrafo 1° del artículo 1 de la Ley 776 de 2002.
El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, en Concepto No. 3715 presentado el 2 de diciembre del presente año, solicita a la Corte se declare la exequibilidad del parágrafo 1° del artículo 1° de la ley 776 de 2002. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:
2.El demandante considera que la norma acusada podría ser contraria a la Constitución por cuanto vulnera el concepto de seguridad social y el derecho de igualdad establecido en la misma. Dicha vulneración se basaría en una supuesta discriminación entre el reconocimiento de prestaciones sociales derivadas de contingencias de origen no profesional y el reconocimiento de las mismas cuando éstas sean definidas como de origen profesional en el caso del sistema general de riesgos profesionales. Sustenta lo anterior, basándose en varias hipótesis y ejemplos, donde se destaca aquel de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez al momento de calificar una preexistencia.
Pues bien, el Estado Social de Derecho, ha traído consigo una serie de nuevas características a nuestra Constitución, entre ellas encontramos una amplia gana de derechos fundamentales reconocidos, mecanismos de protección de éstos, la preservación continua del principio democrático, la posibilidad de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, entre otras. Sin embargo, uno de los parámetros imperantes de dicho principio Constitucional, es el respeto a la dignidad Humana.
El concepto de dignidad humana se entiende extraído del sistema de valores de la Constitución. Por consiguiente, al establecerse a nivel Constitucional la "libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle" y de "la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades, bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad de desarrollar un papel activo en la sociedad", determinan aquello que se considera " esencial, inherente y, por lo mismo inalienable para la persona"
En consecuencia, el ser humano se ve provisto de una serie de perspectivas que se concretan en derechos subjetivos que implican acciones positivas de parte del Estado ¿ prestaciones ¿ o en otros casos unas acciones omisivas que garanticen los mismos derechos.
" Dentro de la nueva concepción del Estado como Social de Derecho, debe entenderse la consagración constitucional del trabajo no sólo como factor básico de la organización social sino como principio axiológico de la Carta; y además, que constituye la actividad libre y lícita del hombre, que no sólo contribuye a su desarrollo y dignificación personal sino también al progreso de la sociedad, bien que se trate de una actividad independiente o subordinada.
El trabajo como derecho, implica una regulación fundada en la libertad para seleccionarlo, por lo que, salvo las restricciones legales, consiste en la realización de una actividad libremente escogida por la persona dedicando a ella su esfuerzo intelectual o material, sin que puedan impedírselo los particulares ni el Estado a quien, por el contrario, le compete adoptar las políticas y medidas tendientes a su protección y garantía. "1
En este orden de ideas, la vida , la integridad física y la salud , son derechos indispensables para hacer efectivo el derecho al trabajo. Razón por la cual, ha sido encomendado al Estado Social de Derecho , la garantía y prestación del Servicio Público de Seguridad Social, para que sea a través de dicho servicio que el Estado dignifique y otorgue justicia a las condiciones en que se ejerce el trabajo.
" ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante"
Así las cosas, y en desarrollo del mandato Constitucional, el Congreso de la República dictó la ley 100 de 1993 , mediante la cual se estableció el Sistema Social de Seguridad Integral. Lo anterior bajo el entendido que "La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad."( negrilla fuera de texto )
En el mismo sentido, este Sistema de Seguridad Social Integral, tiene como objetivo la garantía de la " calidad de vida acorde con la dignidad humana " , lo precedente a través de la protección de las contingencias que a los individuos afecten.
Interesa a la Corte Constitucional , en éste momento del análisis , referirse al sistema general de riesgos profesionales. Pues bien, el sistema referido , no es más que el desarrollo de todos los postulados teóricos expuestos anteriormente. En otras palabras, al ser el trabajo un valor esencial y un principio fundante del Estado Colombiano , además de un derecho fundamental de los trabajadores; es apenas lógico con el Estado Social de Derecho , que exista un sistema especial de seguridad social encaminado a proteger a los individuos que en él se encuentren; con el propósito de salvaguardar sus derechos fundamentales, su calidad de vida y su dignidad humana, en el ejercicio de su derecho Constitucional.
Este Sistema General de Riesgos Profesionales, estructurado de manera general en la ley 100 de 1993 , posteriormente desarrollado por el Decreto ¿ Ley 1295 de 1994 , del cual varios artículos fueron declarados inexequibles a través de la Sentencia C- 452 de 2002 , Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería , y finalmente determinado por la ley 776 de 2002; tiene como uno de sus objetivos " Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas que por incapacidad permanente o invalidez , que se deriven de las contingencias del trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional "
El sistema general de riesgos profesionales , ampara los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; la incapacidad , invalidez o muerte que estos produzcan. En consecuencia, este sistema prestará los servicios asistenciales y las prestaciones económicas que determine el orden jurídico , en los eventos mencionados.
El artículo 13 Constitucional establece que "... El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental , se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan ". Igualmente, el artículo 5° Constitucional determina " El Estado reconoce , sin discriminación alguna , la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad " . Finalmente, el artículo 47 de la Constitución señala que " El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos , sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran "2
Se acusa de inconstitucional el parágrafo 1° del Artículo 1° de la ley 776 de 2002. En dicha disposición legal se establece que " La existencia de patologías anteriores no es causa para aumentar el grado de incapacidad , ni las prestaciones que correspondan al trabajador " .
" Derecho a las prestaciones. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la presente ley.
De una parte , en el sistema general de riesgos profesionales se tiene que si como resultado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional se presentare como consecuencia la muerte del trabajador afiliado o la muerte de un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevinientes las personas, que según la ley, tengan derecho a dicha pensión.3
De otra parte, en el sistema general de pensiones se tiene que si una persona fallece siendo pensionado por vejez o por invalidez por el riesgo común, los miembros de su grupo familiar tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes. En igual forma, tendrán derecho a dicha pensión siempre y cuando el afiliado fallezca por accidente o por enfermedad de riesgo común y cumpla con los requisitos establecidos en la ley.4
La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso anterior."
En este orden de ideas, cuando un afiliado al sistema de riesgos profesionales, resulte incapacitado bajo los parámetros del sistema , las prestaciones5 a las que tiene derecho serán cubiertas por el propio régimen. Así las cosas, los derechos de éste trabajador están amparados.
De otro lado, si la incapacidad no proviene de una enfermedad laboral o de un accidente de trabajo, la persona incapacitada cuenta con la protección del sistema de seguridad social en salud ; amparo éste que se presta a través de las Empresas Promotoras de Salud.6
En este orden de ideas, el parágrafo demandado no tiene incidencia , por cuanto se podrían acaecer dos posibilidades : i. De presentarse la concurrencia de incapacidades provenientes de enfermedad laboral o accidente de trabajo, el mismo sistema de riesgos profesionales , establece los mecanismos para amparar las incapacidades7 . ii. De presentarse la concurrencia de incapacidades provenientes de sistemas diversos, es decir, del sistema de riesgos profesionales y del sistema de riesgo común; el individuo que se encuentre incapacitado será protegido por cada uno de los sistemas mediante los mecanismos legales que cuente para ello; en consecuencia cada uno asumirá su carga prestacional respecto de la incapacidad que le corresponda.
Esta prohibición viola el Art. 1 numeral 2 literal a) de la " Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad" aprobada en Colombia a través de la ley 762 de 20028.
En múltiples ocasiones esta Corporación ha hecho valer el Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, en las relaciones laborales9 En el presente caso se hará operar igualmente éste principio.
Este especial sistema de seguro funciona bajo el supuesto que todos los trabajadores deben ser afiliados , pero no todos sufren siniestros. En consecuencia, puede presentarse que ninguno quede inválido o que pocos queden inválidos. Por eso , en últimas y para el tema del que se hace referencia, el sistema general de riesgo profesionales pretende asegurar la invalidez.
De otro lado, y respecto del trabajador, no se le cobra a éste un porcentaje menor de cotización por poseer preexistencias. Por tal razón la Corte comparte los argumentos del ciudadano que actúa a nombre de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, quien señala " La empresa y el trabajador cotizan en forma total al sistema general de seguridad social en salud, en atención al salario del trabajador, sin que para sus aportes existan disminución o incremento motivado en limitaciones físicas , orgánicas o sensoriales, del hombre que trabaja, que es idóneo y que cumple a cabalidad con la gestión productiva encomendada."( negrilla fuera de texto )
1 Sentencia C- 107 de 2002 Corte Constitucional
2 Respecto a la protección reforzada de las personales discapacitadas, véase las Sentencias T-288 de 1995 y la Sentencia C- 531 de 2000, Corte Constitucional.
3 Art. 11 Ley 776 de 2002
4 Art. 46 Ley 100 de 1993
5 Arts. 3, 4, 6 ,7 y 8 de la Ley 776 de 2002.
6 Art. 206 Ley 100 de 1993 y Art. 28 Decreto 806 de 1998.
7 Parágrafo 2° del Art. 1° de la ley 776 de 2002.
8 " El término "discriminación contra las personas con discapacidad " significa toda distinción , exclusión o restricción basada en una discapacidad , antecedente de discapacidad , consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una incapacidad presente o pasada , que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad , de sus derechos humanos y libertades fundamentales "
9 Entre otras Sentencia T- 159 de 2000. Corte Constitucional

References: artículo 1
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 artículo 1
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 47
 Artículo 1