Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-00073-30225-de-febrero-12-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_110b39308ac80106e0530a0101510106&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-21 02:03:53+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2001-00073/30225 DE FEBRERO 12 DE 2015
SENTENCIA 2001-00073 DE 12 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL. CUANDO EN EL MARCO DE INVESTIGACIONES PENALES O ADMINISTRATIVAS SE REALICEN MEDIDAS TENDIENTES A SUSTRAER BIENES DE LA TENENCIA MATERIAL DE LOS INVESTIGADOS Y QUE NO SE PRODUZCA UNA DECISIÓN CONDENATORIA O ADMINISTRATIVA ADVERSA AL PROPIETARIO, SE DEBE REPARAR LA INTEGRIDAD DE LOS PERJUICIOS ACREDITADOS EN EL EXPEDIENTE QUE ELLO HAYA PRODUCIDO EN EL PATRIMONIO DEL INVESTIGADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, BIEN, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, INVESTIGACIÓN, INVESTIGACIÓN PENAL
Sentencia 2001-00073 de febrero 12 de 2015
Radicación: 440012331000200100073 – 01 (30.225).
Demandante: Héctor Velásquez Ramírez.
Corresponde a la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia que dictó el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, proferida el día 7 de diciembre de 2004.
1. La competencia de la Sala.
La Sala es competente para conocer del presente proceso, puesto que en el sub lite se configuraron las condiciones para que se surta el grado jurisdiccional de consulta, en los términos del artículo 184 C.C.A.(12), es decir i) la condena decretada por el tribunal a quo —$406’986.373,57— superó con creces los 300 SMLMV vigentes para esa época; ii) por su cuantía, el proceso tiene vocación de doble instancia y iii) las partes no interpuesieron recurso de apelación contra el proveído objeto del grado jurisdiccional de consulta.
2. Los hechos probados y lo que se debate.
2.1. El 15 de abril de 1999, la Policía Fiscal Aduanera de Maicao ordenó dejar en depósito al propietario la cantidad de 1927,27 toneladas métricas de arroz(13), provenientes del Ecuador y de propiedad del señor Héctor Velásquez Ramírez.
2.2. El 20 de abril se profirieron las actas de aprehensión 0116(14), 117(15) y 118(16) del 30 de abril de 1999, mediante la cual se aprehendió la mercancía importada por el señor Velásquez Ramírez con fundamento en el hecho de que su ingreso ocurrió por el Puerto de Bahía Puerto, “lugar que no se encuentra habilitado para la introducción de productos animales y vegetales”.
2.3. Mediante resoluciones 00116(17), 00117(18) y 00118(19) del 13 de mayo de 1999, se ordenó la apertura de la investigación aduanera respecto la mercancía aprehendida el 20 de abril de ese año.
2.4. A pesar de que el propietario de los bienes aprehendidos solicitó su entrega, el 20 de mayo de 1999, la administración aduanera profirió los pliegos de cargos 0048(20), 0049(21) y 0050(22), por el supuesto ingreso sin el lleno de los requisitos legales de la mercancía objeto de la demanda que ahora se decide en segunda instancia.
2.5. Mediante memoriales del 15 de junio de 1999(23), el señor Héctor Velásquez Ramírez —hoy demandante— presentó sus descargos en las investigaciones aduaneras que se le estaban adelantando.
2.6.Surtidos los trámites administrativos, la Administración aduanera mediante resoluciones 0002(24), 0003(25) y 0004(26) del 17 de septiembre de 1999, ordenó la entrega de la mercancía aprehendida y la valoró en $698’940.000, $132’300.000 y 435’900.000, respectivamente; dichas decisiones no fueron objeto de recurso de reconsideración por parte del interesado.
2.7. Mediante Resolución 0349 del 18 de enero de 2000(27), ante la imposibilidad de hacer la entrega de la mercancía aprehendida puesto que fue donada a la Red de solidaridad social, se liquidó y actualizó el valor de las referidas toneladas de arroz en la suma de $1.308’955.708,67.
En el expediente se encuentra, entonces, debidamente acreditado que la entidad pública demandada aprehendió la mercancía importada por el señor Velásquez Ramírez, que luego de surtido el trámite administrativo aduanero se evidenció que no existían irregularidades en la importación y procedió a ordenar su devolución al propietario; sin embargo, al haberse hecho uso de la facultad que le permite a la DIAN vender o donar los bienes perecederos que se encuentren aprehendidos, se procedió a pagarle al hoy demandante el valor de la mercancía declarado, debidamente actualizado.
En criterio del señor Velásquez Ramírez, en el sub lite se configuró la responsabilidad patrimonial del Estado, por cuanto el pago que se realizó fue parcial ya que no se tuvo en cuenta el lucro cesante que sufrió, identificado con el dinero que dejó de percibir al no haber comercializado los bienes aprehendidos. Para el tribunal a quo son de recibo las pretensiones resarcitorias de la parte actora, en la medida en que, por un lado, se discuten los perjuicios derivados de una operación administrativa y, por el otro, que este tipo de casos resulta asimilable a aquellos eventos en los que la administración retiene bienes de las personas debiéndose pagar, por ello, el lucro cesante.
3. El origen del perjuicio alegado y la acción procedente.
Constituye jurisprudencia constante de esta Sala que, en el marco de la estructura de la jurisdicción de lo contencioso administrativo establecida por el ordenamiento jurídico colombiano, la escogencia de la acción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado; en este sentido la Sala ha afirmado:
“… la acción procedente para solicitar la indemnización de daños generados por un acto administrativo, precisando que el criterio útil en la determinación de la acción procedente para reparar daños generados por la administración es el origen de los mismos, de manera tal que si la causa del perjuicio es un acto administrativo debe acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Dicho criterio tiene por fundamento, además del texto del artículo 85 del CCA, una regla práctica: si el daño es generado por un acto administrativo ilegal, para que la reparación sea posible será necesario, de modo previo, dejarlo sin efectos y ello, dada la presunción de legalidad que lo cobija, sólo será posible con la declaración judicial de anulación del mismo(28).
Ahora bien, la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, si bien coincide en su naturaleza reparatoria con la de nulidad y restablecimiento del derecho, difiere de ésta última en la causa del daño. En efecto, como se deduce de todo lo dicho, la primera solo será procedente en los casos en los cuales el perjuicio haya sido causado por un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble. En cambio la de nulidad y restablecimiento del derecho procede siempre que el origen del daño hubiere sido un acto administrativo viciado de algún tipo de ilegalidad, salvo que, como lo ha precisado la Sala, el daño alegado se origine en la eficacia misma del acto administrativo, caso en el cual, al no pretenderse la declaratoria de ilegalidad, sí resultaría procedente la acción de reparación directa(29)”(30).
De la misma manera, en su jurisprudencia constante la corporación ha distinguido los conceptos de acto administrativo y operación administrativa con el fin de determinar la acción procedente; así:
“Y no puede aceptarse la calificación jurídica que hace el demandante “de operación administrativa” a esa conducta de la administración (acto administrativo) por lo siguiente: La jurisprudencia del Consejo de Estado después de la reforma introducida al Código Contencioso Administrativo por el decreto ley 2.304 de 1989 advirtió la forma diferencial de tratamiento que el legislador dio a las conductas de operación administrativa y de acto administrativo; así en sentencia dictada el 17 de agosto de 1995 precisó:
‘Aunque ya en el derecho administrativo colombiano, a partir de la vigencia del artículo 13 del Decreto-Ley 2.304 de 1.989, la operación administrativa no se asimila al acto administrativo, como lo hacía el art. 82 in fine del C.C.A., sino que más bien se trata como un hecho o un conjunto de hechos de ejecución de un acto administrativo, sigue pesando en la definición de la figura la concurrencia de los dos fenómenos anotados (los actos y los hechos u omisiones) en forma sucesiva o encadenada, hasta el punto que muchas veces el perjuicio lo produce el acto, dada su ilegalidad, o el conjunto de los mismos unidos a otros trámites o actuaciones dentro de un procedimiento del cual puede deducirse, en ciertos eventos, un daño no particularizado en alguno o algunos de los pasos cumplidos; y en otras, aunque la ilegalidad de la decisión no se observe, el daño solo surge de la ejecución irregular de la misma. Y existen casos, aún más excepcionales, en que el daño se produce pese a la legalidad del acto administrativo.
‘En otras palabras, en la actualidad, la operación administrativa es comprensiva de las medidas de ejecución de una o varias decisiones administrativas, sin que aquéllas puedan considerarse desligadas de éstas, ni en su legalidad ni en sus alcances o contenidos. Pero es claro, se repite, que cuando el perjuicio nace de la ilegalidad de la decisión administrativa (acto administrativo) y su ejecución no hace sino acatarla, la acción deberá ser [la] de restablecimiento; cuando el daño proviene de la irregular ejecución de un acto que no se cuestiona en su legalidad, la acción será de reparación directa y deberá centrarse su cuestionamiento en los actos materiales de ejecución de la decisión administrativa, pero sin omitir en esa evaluación el alcance de dicha decisión, por ser, en definitiva, la que delimita los poderes de ejecución de la administración; como será de reparación directa también cuando el acto, en sí, no es ilegal pero es la fuente del perjuicio por implicar rompimiento del principio de la igualdad ante las cargas públicas.’ (31)
‘La confusión que se observa en estos asuntos se deriva de la errónea interpretación que se le está dando a la figura de la operación administrativa, la cual en el derecho colombiano, en unas hipótesis, se tiene como el conjunto de hechos de ejecución de un acto o decisión administrativa, que permite o justifica, cuando causa daños, una acción de reparación directa; y en otras, que compartan un acto administrativo y que admiten el ejercicio de una acción de nulidad y restablecimiento. ‘La operación administrativa’ para los efectos del antecitado artículo 86, no es otra cosa que un conjunto de actuaciones materiales o hechos tendientes a la ejecución de una decisión administrativa. Excepcionalmente la doctrina ha aceptado también la figura de la ‘operación’ frente a actuaciones administrativas fallidas o que se dejan sin culminación. En la actualidad, pues, subsiste la noción de operación de los sentidos anotados, los cuales aparecían ya en la Ley 167 de 1941. Y es tan cierto ese alcance multicomprensivo que el Decreto 2304 de 1989 subrogó el artículo 83 del C.C.A. que establecía la equivalencia entre operación administrativa y acto administrativo, por no corresponder ni a realidad ni a los alcances que la doctrina le había dado a dicha figura.
“Por consiguiente como la resolución que reprocha el actor no comprende un hecho o conjunto de hechos de ejecución de un acto administrativo, sino que recae en un acto administrativo, es obvio jurídicamente que no se trata de conducta de operación administrativa pues ella no versa sobre medidas de ejecución de una o varias decisiones administrativas, sino, se repite, de la medida decisoria (la expresión de voluntad administrativa)”(32).
En esta misma línea argumentativa se ha afirmado:
“La pertinencia de una u otra acción, como lo ha manifestado el Consejo de Estado, está ligada directamente con la causa jurídica y con el objeto jurídico de la (s) pretensión (es).
“Entonces dependiendo de si la lesión sufrida por el particular hubiera sido producida por el hecho (lato sensu), por un acto administrativo particular en firme, o por un contrato, la acción pertinente seria en su orden, la de reparación directa, la de nulidad o restablecimiento del derecho, o finalmente la acción relativa a contratos.
“En este punto es importante aclarar que no obstante el antiguo artículo 83 del C.C.A señalaba que las operaciones administrativas y las vías de hecho serían consideradas en adelante y para todos los efectos como actos administrativos, la jurisprudencia del Consejo de Estado al comprender e interpretar ese contenido con el sistema jurídico coligió que si la lesión afirmada, en la demanda, la había producido el acto administrativo particular atacado por su ilegalidad la acción pertinente era la de ‘nulidad y de restablecimiento del derecho’; en tanto que si el daño tenía como causa inmediata la ejecución irregular —entre otras anticipada— de un acto administrativo la acción procedente era la reparación directa.
“Así, esta Sección del Consejo de Estado en sentencia proferida el día 31 de agosto de 1995 manifestó al efecto que si bien en la operación administrativa, confluyen actos y hechos administrativos, es claro que si la acción se dirige al establecimiento de la responsabilidad derivada de las vías de hecho o irregularidades en que incurrió la Administración para ejecutar su decisión, la acción procedente no es otra que la acción de reparación directa, denominada anteriormente acción de reparación directa y cumplimiento.
“En este punto es importante aclarar que no necesariamente los actos de ejecución de una decisión de la administración deben ser irregulares, para que surja la obligación de indemnizar por parte del Estado. En efecto, en el evento en el cual con la ejecutoria de una decisión se rompa el equilibrio que debe existir ante las cargas públicas y se grave en forma injusta y desigual a una persona o grupo de personas, es posible acudir a la acción de reparación directa con el fin de obtener la indemnización de perjuicios originada en dicha operación administrativa, aunque esta haya sido completamente regular.
“Por otra parte, entre las múltiples situaciones que dan lugar a la figura de la operación administrativa susceptibles de ser demandadas por vía de reparación directa, se encuentra la relativa a la ejecución anticipada de un acto administrativo, o por no notificarse debidamente, o por falta de notificación o antes de quedar en firme la decisión que desató un recurso, o antes de que transcurra, según su caso, el término para quedar debidamente ejecutoriada” (negritas por fuera del texto)(33).
Así. la jurisprudencia consolidada de la Sala es clara en distinguir los actos administrativos —cuyo contencioso corresponde por regla general al de las nulidades, en la medida en que se discuta su legalidad— de las medidas de ejecución de esos actos administrativos, las cuales se enmarcan en la definición de operación administrativa –siendo el cauce procesal adecuado para conocer de esos litigios, la acción, ahora medio de control, de reparación directa-, permitiéndose acudir a la acción de reparación directa en aquellos casos en que se haya ejecutado el acto administrativo antes de su notificación, con prescindencia de ella o cuando se notificó indebidamente.
En efecto, la corporación ha considerado que se configura una operación administrativa cuando, por ejemplo, se ejecuta de manera anticipada de un acto administrativo, que se presenta cuando éste no es notificado debidamente, o por falta de notificación, o cuando la ejecución del acto se produce antes de quedar en firme la decisión que desata el recurso interpuesto en su contra, es decir, cuando la administración ejecuta materialmente un acto administrativo que no ha cumplido con las exigencias previstas en el artículo 64 del C.C.A(34)., lo cual puede dar lugar a la configuración de un daño antijurídico cuyos perjuicios pueden perseguirse a través del ejercicio de la acción de reparación directa(35), en el entendido de que lo que busca la referida postura jurisprudencial es evitar que un acto que no se encuentra ejecutoriado pueda ser ejecutado por la administración pública; en otras palabras, si el acto existe pero no ha sido notificado, carece de eficacia frente a los administrados, razón por la cual su ejecución en esas condiciones bien puede generar o incluso constituir un daño antijurídico que debe ser reparado, empero ello no sucede en aquellos casos en que el acto administrativo se encuentre debidamente ejecutoriado.
Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que la liquidación contenida en la Resolución 349 del 18 de enero de 2000, realizada por la administración aduanera, no constituyó una operación administrativa, puesto que al fijar la situación jurídica del señor Velásquez Rodríguez en cuanto al monto concedido como valor equivalente de la mercancía aprehendida, profirió un acto administrativo de contenido particular(36), cuyo contencioso debió surtirse mediante el cauce procesal de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Así, en caso de evidenciarse alguna inconformidad respecto del monto liquidado y/o de los conceptos que se tuvieron en cuenta para tasarlo se debió haber demandado la nulidad parcial de la referida Resolución 349, para que el juez, a título de restablecimiento del derecho, hubiera tasado el lucro cesante que ahora se solicita por la vía de la acción de reparación directa.
Tampoco resulta adecuada la interpretación que de la demanda realizó el agente del Ministerio Público, al catalogar la situación fáctica como un hecho administrativo, por cuanto ésta categoría jurídica puede catalogarse como un “acaecimiento material cuyos efectos jurídicos no tienen origen en la voluntad de la administración”(37); en efecto, tal y como lo aclaró la corporación desde 1961:
“El acto y la operación, en sus diversas modalidades, constituyen siempre manifestaciones de la voluntad administrativa del poder público. Los actos materiales que forman la operación, no son más que el fruto de la actividad voluntaria y del obrar de la administración. En razón de que se realizan materialmente, pudieran catalogarse como hechos administrativos, pero semejante apreciación llevaría a confundir dos conceptos que los estatutos diferencian.
“Es la misma Ley 167 la que sugiere que entre las ideas de operación y hecho existen diferencias de índole jurídica. Aunque para efectos jurisdiccionales se les someta a idéntico régimen procesal, en los artículos 68 y 83 se les enuncia como categorías jurídicas distintas. El criterio seguido por el legislador para diferenciar la operación del hecho, no pudo ser exclusivamente el de la materialidad de los actos, porque ese elemento es común a ambos y sólo serviría para establecer una identidad que los textos repelen.
“El criterio de distinción no puede ser otro que el aceptado universalmente por la ciencia del derecho para diferenciar el acto jurídico del hecho jurídico: la voluntariedad del agente. En principio, la idea de hecho jurídico sólo está limitada por la fuerza que las normas le otorguen para generar efectos de derecho. Cualquier suceso determinado por simples fenómenos físicos, por la conjunción de elementos, naturales y humanos, o por la sola intervención del hombre, es un hecho jurídico in genere, siempre que la ley le asigne consecuencias de derecho. Pero esa concepción general ha sido desarrollada por la filosofía y la ciencia jurídica en el sentido de estructurar dos categorías diferenciadas: el acto jurídico, como fruto de la voluntad humana. Es esta la causa generadora, directa y necesaria el fenómeno de derecho; y el hecho jurídico específico, como producto de las fuerzas naturales solamente, de la intervención mediata o indirecta del hombre, o de ambos factores coaligados. La voluntad no actúa como el elemento principal y determinante del suceso.
“Estos principios básicos explican las diferencias que la legislación colombiana quiso establecer entre los actos jurídico materiales que integran la operación administrativa, y los acaecimientos igualmente materiales que forman el hecho administrativo. En los primeros siempre interviene, como causa generadora, la voluntad administrativa del Estado; en los segundos, el querer de la administración no actúa directamente. Es cierto que la actividad estatal es la ocasión para que se produzca el hecho, pero también es evidente que éste ocurre a pesar de que no se desea. Con motivo del ejercicio de la función administrativa, de la construcción de obras públicas, de las actividades de defensa nacional, de la prestación de un servicio, o de la ejecución de una operación, etc., pueden ocurrir hechos contrarios a la voluntad de la administración, como el derrumbe de una obra, el estallido de un polvorín, o un accidente ferroviario. Esos hechos pueden ser ocasionados por razón de un riesgo creado por la administración o por faltas en la organización o en la prestación del servicio, pero no tienen su origen directo en la voluntad administrativa del Estado. Esa nota característica impide que se les identifique con aquellos otros actos materiales que forman parte de la operación y que fueron realizados voluntariamente por la administración” (negritas por fuera del texto)(38).
En el presente caso, resulta evidente que supuestos perjuicios alegados por la parte actora se derivan de un acto administrativo de carácter particular y concreto en el que se omitió, a juicio del actor, contemplar, tasar y/o liquidar el lucro cesante que estima le fue causado por una declaración de voluntad de la administración vertida, se reitera, en un acto administrativo.
Por otra parte, tanto el Tribunal a quo como el Ministerio Público(39), con el fin de fundamentar teórica y jurisprudencialmente la configuración de la responsabilidad de la entidad pública demandada en el caso concreto, acudieron a la postura reiterada y consolidada de la Sala en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por decomiso y retención de bienes en el ámbito de las investigaciones —penales o administrativas—, a partir de la cual se ha reconocido, sin matices, que cuando en el marco de esas investigaciones se realicen medidas tendientes a sustraer bienes de la tenencia material de los investigados y que no se produzca una decisión condenatoria o administrativa adversa al propietario, se debe reparar la integralidad de los perjuicios acreditados en el expediente que ello haya producido en el patrimonio del investigado.
Sin embargo, en criterio de la Sala, el uso de dicha analogía no resulta pertinente para determinar la procedencia de la acción incoada; en efecto, aun cuando es cierto que al amparo del principio de reparación integral, el particular que ha visto la tenencia material o la posesión de sus bienes sustraída por la conducta de la administración pública se encuentra en una posición apta para solicitar el resarcimiento de los perjuicios de índole material y/o moral que ello le hubiere podido generar, en la medida en que se encuentren acreditados en un proceso administrativo o judicial, no obstante ello, no es menos cierto que, tal y como se indicó, el escenario procesal en el que la reparación de dichos perjuicios se puede pretender depende, en cualquier caso, del origen del perjuicio. Así, en el caso concreto, ante la existencia de un acto administrativo mediante el cual se liquidó el valor correspondiente a la mercancía aprehendida, la pretendida omisión administrativa alegada por la parte actora se consolidó en un acto administrativo, cuya adecuación al ordenamiento jurídico —violación del principio de reparación integral— debió ser alegado mediante el cauce procesal de la nulidad y el restablecimiento del derecho.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia objeto del grado jurisdiccional de consulta, para, en su lugar, inhibirse de realizar pronunciamiento alguno acerca de las pretensiones de la parte actora por indebida escogencia de la acción.
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, el día 7 de diciembre de 2004, objeto del grado jurisdiccional de consulta.
SEGUNDO: DECLÁRASE INHIBIDA la Sala para pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones, por ineptitud sustantiva de la demanda de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
1 Fl. 1 a 12 c 1.
2 Fl. 60 c 1.
3 Fl. 64 a 66 c 1.
4 Fl. 88 a 91 c 1.
5 Fl. 92 a 94 c 1.
6 Fl. 100 a 111 c ppal.
7 Fl. 115 c ppal.
8 Fl. 119 c ppal.
9 Fl. 150 a 151 c ppal.
10 Fl. 122 a 127 c ppal.
11 Fl. 229 a 240 c ppal.
12 Modificado en lo pertinente por el artículo 309 de la Ley 446 de 1998, a cuyo tenor:
“ART. 184.—Consulta. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas. (…).
13 Tal y como consta en las actas del 15 de abril de 1999, aportadas al expediente en copia auténtica visibles a fl. 97 a 104 c 3.
14 Se aprehendieron 1060 toneladas métricas de arroz entero, aportada al expediente en copia auténtica visible a fl. 94 a 95 c 3.
15 Se aprehendieron 206,55 toneladas métricas de arroz entero, aportada al expediente en copia auténtica visible a fl. 201 a 202 c 3.
16 Se aprehendieron 661,115 toneladas métricas de arroz entero, aportada al expediente en copia auténtica visible a fl. 306 a 307 c 3.
17 Aportada al expediente en copia auténtica visible a fl. 77 c 3.
18 Aportada al expediente en copia auténtica visible a fl. 184 c 3.
19 Aportada al expediente en copia auténtica visible a fl. 289 c 3.
20 Aportado al expediente en copia auténtica visible a fl. 68 a 71 c 3.
21 Aportado al expediente en copia auténtica visible a fl. 175 a 178 c 3.
22 Aportado al expediente en copia auténtica visible a fl. 280 a 283 c 3.
23 Aportados al expediente en copia auténtica visibles a fl. 33 a 65, 138 a 170 y 243 a 275 c 3.
24 Aportada al expediente en copia auténtica visible a fl. 8 a 13 c 3.
25 Aportada al expediente en copia auténtica visible a fl. 107 a 114 c 3.
26 Aportada al expediente en copia auténtica visible a fl. 214 a 223 c 3.
27 Aportada al expediente en copia auténtica visible a fl. 317 a 321 c 3.
28 Cita textual del fallo: Auto del 13 de diciembre de 2001, expediente 20.678.
29 Cita textual del fallo: En este sentido ver, entre otros, auto de agosto 24 de 1998, expediente 13.685 y sentencia AG-0832 del 16 de agosto de 2007.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, Exp. 15906.
31 Cita textual del fallo: “Expediente 7.095; Actor: Sociedad Duran Muñoz Y Compañia Ltda”.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de febrero de 2005, Exp. 28454, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de agosto de 2001, Exp. 13344, C.P. María Elena Giraldo Gómez; citada por el Tribunal a quo a fl. 214 c ppal.
34 A cuyo tenor:
“Artículo 64 del C.C.A.- Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados”.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de febrero de 2001, Exp. 13.344, C.P. María Elena Giraldo Gómez; En esta providencia se consideró:
“… entre las múltiples situaciones que dan lugar a la figura de la operación administrativa susceptibles de ser demandadas por vía de reparación directa, se encuentra la relativa a la ejecución anticipada de un acto administrativo, o por no notificarse debidamente, o por falta de notificación o antes de quedar en firme la decisión que desató un recurso, o antes de que transcurra, según su caso, el término para quedar debidamente ejecutoriada.
“La Sala ha concluido en varias oportunidades ( ) que la falta o la notificación irregular de un acto como su ejecución anticipada –por regla general– es un hecho irregular que cuando causa un daño a un particular, se le da la calificación de constituir en estricto sentido una operación administrativa ilegal, susceptible de ser demandada en vía de reparación directa.
“Si bien en principio el acto jurídico administrativo goza de características propias, exclusivas a esta clase de decisiones, como son las relativas a su carácter ejecutivo y ejecutorio contemplado en el artículo 64 del decreto 01 de 1984, es claro que esta connotación solo la adquiere, cuando la decisión ha sido debidamente notificada y se encuentra en firme, después de todos los pasos exigidos por la ley”.
36 Cuyo trámite y contenido se encontraba normado, para la época de ocurrencia de los hechos objeto de la demanda, en el Decreto 2799 de 1994, el cual en su artículo primero establece la posibilidad de devolver el equivalente en dinero de la mercancía aprehendida cuando ésta hubiere sido objeto de venta, donación, destrucción, pérdida definitiva o asignación (literal c), al igual que la forma en que se debería liquidar dicho pago, para lo cual se debe tener en cuenta el valor determinado en la declaración de importación o siguiendo los criterios establecidos para el efecto por la DIAN y su respectiva actualización según el índice de precios al consumidor (artículo 1, parágrafo 3). En cualquier caso, al respecto debe tenerse en cuenta, sin embargo, lo dispuesto en el artículo 1612, a cuyo tenor:
“ART. 1613.—Indemnizacion de perjuicios. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.
“Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente” (negritas fuera del texto).
37 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 15 de julio de 1994, Exp. 2932, C.P. Yesid Rojas Serrano.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de junio de 1961, C.P. Carlos Gustavo Arrieta.
39 El agente del Ministerio Público, en su concepto, admitió la existencia de la responsabilidad patrimonial de la DIAN, pero solicitó se infirme la sentencia objeto del grado jurisdiccional de consulta, por cuanto, en su criterio, no se acreditó la existencia del perjuicio cuya reparación se pretende.

References: artículo 184
 Resolución 
 artículo 85
 artículo 86
 artículo 13
in fine
 artículo 86
 artículo 83
 resolución 
 artículo 83
 artículo 64
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 309
 artículo 64
 artículo 1612