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Timestamp: 2018-04-27 06:40:05+00:00

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Universidad de Buenos Aires, Argentina ferpedrosa@gmail.com
Este trabajo busca profundizar en las estrategias de la Unión Cívica Radical (UCR) frente las elecciones legislativas nacionales del año 2005. En esa ocasión, el proceso se desarrolló bajo el imperio de la Ley 25.611, conocida en forma coloquial como la "ley de internas abiertas", vigente desde el año 2002 pero que nunca había sido aplicada hasta entonces. Finalmente se presentará un estudio de caso para profundizar detalladamente sobre las estrategias partidarias y sus resultados.
Unión Cívica Radical; Internas abiertas; Ley 25.611; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Elecciones
Unión Cívica Radical; Open primary; Law 25. 611; Autonomous City of Buenos Aires; Elections
Este trabajo busca profundizar en las estrategias de la Unión Cívica Radical (UCR) frente a las elecciones legislativas nacionales del año 2005[1]. En esa ocasión, el proceso se desarrolló bajo el imperio de la Ley 25.611, conocida en forma coloquial como la "ley de internas abiertas", vigente desde el año 2002 pero que nunca había sido aplicada hasta entonces. Dado que fue la única elección nacional regida por una legislación de este tipo[2], todo el proceso de selección de candidatos se convierte en un laboratorio para observar cómo los distintos partidos generaron estrategias (de resistencia y adaptación) para afrontar las nuevas exigencias del Estado y su "intromisión" dentro de la vida organizativa. El estudio propuesto en este trabajo adquiere mayor relevancia debido a la situación actual del país donde se sigue debatiendo la aplicación o no de la Ley 26.571, conocida como ley de internas abiertas simultáneas y obligatorias, con vistas a la renovación presidencial y legislativa prevista para el año 2011.
El caso de la UCR resulta interesante, principalmente, por dos motivos. Primero, porque es un partido con una dinámica vida interna y acostumbrado a realizar elecciones para definir el reparto del poder de la organización. Sin embargo, con algunas excepciones, estos procesos de selección de sus autoridades y sus candidatos a cargos de elección popular se realizaron en forma cerrada (De Luca, Jones y Tula, 2003). Por esto, la experiencia de hacerlo en forma abierta a todos los ciudadanos facilita nueva información para explorar qué efectos produjo en su entramado interno y en las relaciones entre los distintos grupos que disputaban el poder partidario.
En segundo lugar, la UCR resultó ser el partido que realizó el mayor número de comicios internos abiertos en todos los distritos del país. Si bien este tipo de elecciones internas abiertas era obligatorio, el articulado de la ley ofrecía la posibilidad de evitarlas a través de la conformación de listas únicas. Esto permite realizar un análisis comparado sobre las consecuencias que generó la decisión de realizar o no internas abiertas con los resultados finalmente obtenidos en el marco de la competencia electoral, tanto entre las distintas organizaciones partidarias como dentro de cada una de ellas.
Finalmente, se presentará el estudio de un caso -la elección realizada en el distrito capital del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- para poder profundizar detalladamente sobre las estrategias partidarias y sus resultados.
II. El marco legal y los procesos de selección de candidatos en las elecciones legislativas de 2005
La selección de candidatos para cargos de elección popular es una función clave de los partidos políticos en los sistemas democráticos. El estudio de estos procesos permite observar el funcionamiento partidario en uno de sus momentos más conflictivos y, por ello, puede arrojar información que permita conocer sus dinámicas internas de manera más profunda (Rahat y Hazan, 2001). Debido a esto, en los últimos tiempos ha aumentado la atención de los investigadores en el tema, especialmente en lo referido a los partidos de los países de América Latina[3].
Como se afirmó en la introducción, durante el año 2005 en Argentina existía una normativa legal que determinaba la forma en que los partidos debían realizar la selección de algunos de sus candidatos (presidente y vicepresidente, senadores y diputados nacionales): la Ley 25.611. El contexto en que se aprobó aquella ley de internas abiertas fue particularmente problemático ya que se originó en la crisis que vivió el país durante los años 2001-2003.
En el plano político había que atender señales importantes, ya que hacían a la frágil gobernabilidad del país, principalmente por la movilización espontánea y desorganizada de las clases medias y la más organizada de los sectores piqueteros, la presión de la prensa, la agresión a los dirigentes políticos en las calles; en definitiva, el repudio a todo lo que viniese de las instituciones políticas formales (Rossi, 2005).
El entonces presidente Eduardo Duhalde consideraba que una ley de estas características ayudaría a atemperar los reclamos de una sociedad que demandaba fuertes gestos de una clase política deslegitimada y arrinconada por una crisis sin precedentes[4]. Tanto el proceso de reglamentación de la ley, posterior a su sanción en el Congreso, como la impugnación realizada por la justicia electoral y su posterior suspensión -sobre la que aquí no se abundará en detalles- reflejaron la complejidad de la intervención que se proponía el Estado y la imposibilidad de concretar en torno a la legislación un imprescindible consenso que la hiciera aplicable[5].
La Ley N° 25.611, sancionada el 19 junio de 2002, introducía la obligatoriedad de la realización de internas abiertas modificando a la ley que regía con anterioridad (la Ley N° 23.298). En su el artículo 4º preveía que:
... en los partidos políticos o alianzas electorales nacionales la elección de los candidatos a presidente y vicepresidente, así como la de los candidatos a senadores y diputados nacionales se realizarán a través de internas abiertas.
La falta de obligatoriedad para los votantes resultaba una decisión clave también incorporada al artículo 4º: "El voto será secreto y no obligatorio". En el contexto de cuestionamiento que sufrían las organizaciones partidarias no era de esperar una importante participación de votantes no afiliados, sobre todo en momentos que había un auge de instancias alternativas de participación política (Rossi, 2005).
El artículo también preveía que se utilizaría el mismo padrón (censo) electoral válido para los comicios generales, es decir, que dentro de él no constaría ninguna distinción entre afiliados y no afiliados. El extenso artículo 4º continuaba delineando cómo debería ser en lo sucesivo el acto electoral interno de los partidos políticos:
... el voto será secreto y no obligatorio. Los ciudadanos podrán votar en la elección interna abierta de un solo partido o alianza (...) La elección de los candidatos a presidente y vicepresidente se hará por fórmula y será proclamada la candidatura de la fórmula presidencial que haya obtenido la mayoría simple de votos afirmativos válidos emitidos.
En el artículo 7º se prescribía que las internas abiertas debían ser simultáneas para todos los partidos políticos o alianzas electorales. Esto significaba que debían realizar las elecciones el mismo día, de modo de evitar manipulaciones como que los afiliados de un partido participen de las internas de un partido rival para favorecer o perjudicar a un candidato determinado. Esto podía ocurrir por acuerdos cruzados entre dirigentes o directamente por intervención directa de un partido sobre otro[6]. Para esto, el artículo 4º disponía que se debía votar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y que éste debía sellarse luego de haber sufragado, de modo de impedir que haya personas que intenten participar en más de una interna. Sin embargo, esto no podía evitar que, si un partido no realizara internas por presentar una lista única, entonces sus afiliados quedaran "disponibles" para hacerlo en la interna de otro partido.
En el artículo 6º se establecía que los partidos políticos debían adecuar su carta orgánica a las disposiciones de la ley en el plazo de los 90 días a partir de que entrara en vigencia. Por otra parte, ponía un fuerte freno a quienes, una vez derrotados en una elección interna, quisieran emigrar a otros partidos o crear estructuras propias. La ley determinaba que aquel que perdiese la elección interna quedaría excluido para competir con otra agrupación.
En las elecciones internas abiertas los precandidatos sólo podrán serlo por UN (1) partido político o alianza electoral nacional y para UN (1) cargo electivo o categoría (...) Quedan inhibidos de participar como candidatos en la elección general por otra fuerza política, quienes hayan sido derrotados en las elecciones internas de su partido o alianza electoral.
Para los peronistas no era una decisión extraordinaria competir por fuera de la estructura del Partido Justicialista con el fin de plebiscitar liderazgos para luego volver a ingresar al partido con más fuerza (Baeza Belda, 2008). Por lo cual podría pensarse que esas líneas estaban dirigidas a la misma interna peronista buscando evitar fugas dentro del partido que conducía, entonces precariamente, el mismo presidente Duhalde.
Por medio de un decreto posterior (Nº 1.397/02) el Poder Ejecutivo incorporó a la ley un elemento determinante para otorgar una salida alternativa a los partidos que no deseaban sumergirse en un proceso conflictivo como el de elecciones internas abiertas.
Art. 20º. - Los partidos políticos o alianzas que aprueben una sola lista no estarán obligados a hacer elecciones internas en la categoría de la lista. Se considerarán cumplidas las normas del artículo 29 bis de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y de la ley Nº 25.611.
Si bien la publicidad oficial ponía el acento en las posibilidades que la nueva reglamentación ofrecía para renovar a los cuestionados partidos políticos mediante las internas abiertas, a la vez se brindaba una posibilidad para que los partidos eludieran su realización logrando acuerdos internos que desembocaran en listas únicas. En ese caso, el Estado no se inmiscuía y acataba la decisión de las cúpulas del partido.
En esa grieta que les ofrecía la ley, aquellos partidos que podían moverse con mayor flexibilidad lograron volcar la situación a su favor y así no someterse al proceso de internas abiertas, cosa que, por otra parte, ya estaban habituados a hacer, sobre todo los más chicos, como señaló De Luca (2005). El Partido Justicialista también es un ejemplo de esto. A partir de un armado organizativo donde la informalidad es la regla, puede enfrentar con mayor eficiencia un entorno cambiante y, en ocasiones, hostil (Levitsky, 2005). En cambio, quienes estaban condicionados por un armado organizativo más rígido (Malamud, 2008) caracterizado por la mayor institucionalización de las reglas internas tendrían menos posibilidades de eludir la aplicación de la ley de internas abiertas. Este fue el caso de la UCR.
III. El contexto político y los procesos de selección de candidatos en las elecciones legislativas del año 2005
Las elecciones legislativas nacionales del año 2005 fueron muy importantes en la coyuntura de recomposición que atravesaba el sistema político argentino, todavía bajo las consecuencias de la crisis de 2001-2003. En este marco, las diversas estrategias con que los partidos encararon el proceso electoral -entre ellas la selección de sus propios candidatos- resultan también de trascendencia para comprender su posterior desarrollo como también el devenir político del país. Sobre todo, porque el proceso electoral servía para mensurar la verdadera capacidad electoral de los actores, tanto del oficialismo como de la oposición.
La imposibilidad de realizar un segundo turno electoral en las presidenciales de 2003 -por la renuncia a participar del candidato Carlos Menem- había consagrado automáticamente a Néstor Kirchner como presidente, a pesar de contar con el escaso 22,4 por ciento de los votos que había obtenido en la primera vuelta. Así, los diversos analistas, los medios de comunicación y la clase política juzgaban que los resultados de las elecciones de 2005 actuarían a modo de plebiscito sobre los dos primeros años de la gestión del Presidente.
La elección se convirtió también en un paso clave en la lucha por imponer el liderazgo de Néstor Kirchner dentro del propio partido. Si bien el bloque legislativo del Partido Justicialista era mayoritario en el Congreso, no respondía al sector presidencial ya que un importante número aún mantenía su fidelidad al ex presidente Eduardo Duhalde, sobre todo, de los integrantes del numeroso bloque de la Provincia de Buenos Aires.
Por ello, la pelea principal para definir el pleito interno del peronismo se concentró en la disputa por una banca de senador por el distrito bonaerense que enfrentaba a la esposa del presidente Kirchner con la del ex presidente Duhalde. Más allá de la excusa formal del enfrentamiento, la presencia de las esposas de los dos caudillos que disputaban sordamente el dominio de la mayor maquinaria política del país (el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires) ponía en claro el enfrentamiento por el poder partidario.
En la UCR esta elección también cobraba importancia por la conflictiva situación que vivía el partido. Luego de la crisis que derivó en el fin del gobierno de De la Rúa, la UCR obtuvo la peor votación de su historia, llegando apenas a un 2,34 por ciento de los votos en la elección presidencial de 2003. Sin embargo, aún mantenía un importante número de legisladores y un porcentaje importante de ellos se ponían en juego en esta elección.
En el plano interno la disputa entre dirigentes parecía no tener retorno e, incluso, había llegado a estrados judiciales para resolver la candidatura presidencial de 2003, en medio de acusaciones cruzadas de fraude en la definición de la elección interna. Los distintos grupos internos buscaban consolidarse internamente con triunfos o, al menos, buenos resultados electorales en sus provincias. De conseguir este objetivo se obtendría un aumento del reconocimiento político para el líder provincial triunfante y aumentaría su poder interno ingresando nuevos diputados al bloque legislativo del partido.
Una vez allí, el siguiente paso sería disputar el poder dentro del mismo bloque como una forma de obtener mayores cuotas de poder partidario. El objetivo estaba claro, se buscaba terciar desde allí en la selección de candidatos para la elección presidencial que se realizaría dos años después a la aquí analizada. Entonces, el acceso a la banca de diputado también se convertía en un elemento decisivo en la resolución de los conflictos internos del partido y por ello las elecciones internas para estos cargos adquirieron una importancia suplementaria.
[El ex gobernador] Rozas recién lo está planeando, pero la idea es que, una vez elegido diputado, dispute la jefatura del bloque. Se trata de un lugar codiciado, que garantiza visibilidad pública, una tribuna cotidiana para hablar en la Cámara y una cuota de poder para negociar con el peronismo y que le permitiría mantener el protagonismo a partir de diciembre, cuando dejará la presidencia del partido. El problema es que hay otros dirigentes dispuestos a pelear el espacio (...) El lugar institucional y la exposición natural que garantiza la jefatura del bloque contribuiría a fortalecer el objetivo final de Rozas. En el 2003 prefirió dejar pasar la oportunidad, consciente de que el radicalismo se encontraba en el subsuelo de su popularidad. Ahora, con su partido algo recuperado, el chaqueño aspira a convertir en realidad su viejo sueño [de ser candidato a presidente] (diario Clarín, 23/10/03).
Esto ocurría porque la implosión de las estructuras partidarias posterior a la crisis de 2001 había erosionado -cuando no eliminado- los marcos habituales de resolución de conflictos dentro de las mismas organizaciones partidarias y esto se observó particularmente tanto en el peronismo como en el mismo partido radical.
IV. Origen, desarrollo organizativo y cultura institucional de la UCR
A pesar de ser un partido muy importante en la historia política del país, es bastante poco lo que se sabe sobre el funcionamiento interno de la UCR, sobre todo si se lo compara con los resultados de investigaciones realizadas sobre el Partido Justicialista. Por ello, en las próximas páginas se avanzará también en sistematizar cuestiones referidas al funcionamiento interno de los radicales, sin lo cual sería más difícil comprender las estrategias con las que encaró el proceso electoral del año 2005.
Las tensiones combinadas entre los desafíos del entorno sobre el que actúa la organización partidaria y las dinámicas propias de la vida interna del partido constriñen las opciones estratégicas de los actores, enmarcando y regulando los procesos internos a través de las leyes electorales y los reglamentos y estatutos internos. Sin embargo, la existencia de estas restricciones también estimula la aparición de prácticas informales que hacen los procesos internos cuestiones más complejas e inciertas que lo previsto inicialmente en documentos escritos[7].
La UCR es, junto a su tradicional adversario el Partido Justicialista, uno de los principales partidos políticos argentinos. Lleva más de cien años de existencia y ha ganado las elecciones presidenciales en siete oportunidades. En su historia se ha consolidado una importante cultura interna que realza la importancia de la organización formal, aunque esto también ha sido parte de una construcción discursiva de sus élites dirigentes que intentaron asemejarlo a los tradicionales partidos de integración de masas europeos.
Algunos estudios han mostrado que el partido radical puede ser visto como una organización altamente disciplinada (Jones, 2001), coherente en sus dimensiones organizativa, ideológica y programática (Ruiz Rodríguez, 2003), con significativos niveles de distribución de incentivos colectivos y con una élite escasamente renovada desde el inicio de la transición democrática, que mantiene, además, un férreo control sobre la estructura (Malamud, 1994). Para los radicales el poder partidario es equivalente al control de la estructura y sus distintas "zonas de incertidumbre" (Escudero, 2001; Tcach, 2002).
En estos términos, la UCR ha sido señalada como un partido con una pesada estructura organizativa que monopolizaba las decisiones trascendentes y que se alineaba bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín (Acuña, 1998; Delgado, 2003). Además, se ha indicado que durante los más de cien años de existencia ha estado caracterizada por un alto nivel de institucionalización organizativa y con un importante grado de competición interna para seleccionar líderes y candidatos (De Luca, Jones y Tula, 2002).
Asimismo, la adversidad histórica ha generado en sus miembros un orgullo por pertenecer al partido y una valoración (casi excesiva) sobre la importancia del mismo (Ollier, 2001). Esto puede ser visto como producto de una determinada concepción de partido, asimilada a una organización de carácter estático, igual a sí misma desde sus inicios, muy poco atenta a lo que sucede en el entorno y formada por una masa de afiliados más o menos voluble que debe ser ordenada y conducida (Rodríguez, 1993).
Si bien algunos trabajos han descrito la existencia de fuertes prácticas informales en el funcionamiento cotidiano del partido que también influyen en la actividad de sus cuerpos formales (Pedrosa, 2004), sería erróneo afirmar que todas las estructuras formales están altamente institucionalizadas dentro del partido. Sin embargo, algunas de ellas, sobre todo las referidas a la resolución de los conflictos internos por vías electorales, han alcanzado importantes grados de institucionalización y también de apego a la formalidad prevista.
IV.1. El desarrollo organizativo de la UCR previo a la elección legislativa del 2005
La organización interna de la UCR está basada en el modelo federal previsto en la Constitución Argentina[8]. Por esto, más que un solo proceso de selección de candidatos a autoridades o legisladores, el partido se enfrenta a 24 elecciones que se encuentran cruzadas por dinámicas internas muy distintas y autónomas. Puesto que en Buenos Aires, la Capital, Córdoba y Santa Fe está localizado el 65 por ciento de la población, existe un predominio de los distritos más grandes a la hora de contar con los bloques de delegados mayoritarios o el mayor poder de negociación interno. Sin embargo, la importancia de las provincias tampoco es unidimensional. Su peso en el partido es variable. Las diferencias entre unidades provinciales están dadas por su población, la cantidad de votos que aportan, el éxito electoral, los recursos que manejan o por la existencia de dirigentes con fuertes liderazgos (locales o nacionales). Aquellas que se distinguen por algunos de estos atributos poseen un importante grado de autonomía y poder propio, al margen del previsto en la Carta Orgánica.
Si bien la historia de la UCR, traducida en tradiciones organizativas, está internalizada por sus dirigentes y militantes, esto no significa que los conflictos internos a lo largo del tiempo se hayan resuelto sin mayores consecuencias para la estabilidad organizativa: la inestabilidad interna de la UCR es un dato que caracterizó al partido hasta al año 1983, lo que se observó en las constantes divisiones y huidas de dirigentes y militantes hacia otras agrupaciones, muchos de ellos, hacia el peronismo[9].
El proceso de cambio organizativo que el partido completó entre 1982 y 1983 implicó un giro frente a esta historia de rupturas y divisiones. Con el advenimiento del liderazgo de Alfonsín no volvieron a repetirse fenómenos de la magnitud de décadas anteriores[10]. Esto no deja de ser un importante indicador del fortalecimiento de la coalición dominante del partido, del liderazgo del ex Presidente y del alto grado de institucionalización de la UCR por aquellos años.
Las elecciones internas son espacios claves dentro de la política partidaria de la UCR y, más allá del cargo en disputa, es un momento muy intensamente vivido por los militantes y afiliados radicales. Las "internas" son el lugar donde se descarga la tensión y conflictividad de la política radical y, como tal, siempre fueron un espacio de resolución de conflictos necesario para evitar la implosión del partido y, por ello, reconocido en su legitimidad por los actores internos que allí ganaban y perdían[11]. A partir del retorno de la democracia en el país y hasta la crisis el año 2001, las reglas de juego internas fueron aceptadas por los radicales como el espacio natural donde desembocan los conflictos y se legitimaban los liderazgos.
Durante el periodo de mayor fortaleza del liderazgo alfonsinista (1983-1989), la selección de candidatos (si bien muchas veces a partir de la realización de elecciones internas) se estructuraba en torno de la coalición dominante nacional del partido, lo que popularmente se denomina como "el aparato". El fin del gobierno de Alfonsín y las sucesivas derrotas electorales que la UCR sufrió durante el ciclo menemista (1989-1999) fueron menguando el poder de Alfonsín y aumentando el descontento interno con su liderazgo. Otros dirigentes comenzaron a amenazar la posición de la coalición dominante alfonsinista, sobre todo Fernando De la Rúa, quien desde su asunción en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (1994) aparecía con las mayores chances de convertirse en el nuevo líder radical.
El dato más importante a resaltar es que a medida que el liderazgo nacional se iba debilitando (sobre todo a partir de la salida de Alfonsín de la Presidencia de la Nación en 1989), los liderazgos provinciales y municipales comenzaban a consolidarse a costa de éste. Sostenidos en favorables resultados electorales y con manejo de importantes recursos, los gobernadores e intendentes comenzaron a ser figuras cada vez más trascendentes en las definiciones políticas del partido.
Frente al escaso apoyo electoral de los liderazgos nacionales, quienes ocupan los cargos ejecutivos subnacionales intentaron imponer las agendas dentro del partido tanto como condicionar las distintas candidaturas nacionales. Esta situación llevó a una creciente confrontación con la coalición dominante nacional que pretendía seguir funcionando como en los años de oro del alfonsinismo, monopolizando las decisiones e ignorando el drástico cambio sufrido tanto en el entorno de la organización como en su plano interno[12].
Así, la toma de decisiones del partido aumentó drásticamente su fragmentación en los diversos estamentos del organigrama partidario, influida por los intereses inmediatos y la estructura de oportunidades de cada dirigente en su espacio geográfico respectivo. "Provincializar" al partido era una estrategia para protegerlo de la debacle nacional, pero, al mismo tiempo, implicaba cuestionar su estructuración nacional, sus liderazgos y sus políticas porque no favorecían, más bien perjudicaban, los intereses inmediatos del partido a nivel subnacional.
En ocasiones, incluso, tomando posiciones contrarias a las definidas orgánicamente por el partido para de este modo obtener recursos de un Poder Ejecutivo Nacional conducido por el peronismo. Sin embargo, también es preciso señalar que durante los años noventa esto significaba diferenciarse coyunturalmente, pero sin romper totalmente los lazos con el partido, y menos aún significaba incorporarse a otra organización. El interés de los dirigentes provinciales se centraba en ganar la próxima elección, pero también en dejar abierta la posibilidad futura de pelear por espacios de conducción partidario o cargos de elección popular nacionales.
Este límite también se cruzó luego de 2001, marcando el fin de esta etapa de homogeneidad y relativa disciplina interna que había comenzado en 1983 y cuyo resquebrajamiento se insinuaba desde 1989. Su punto culminante fue la creación del radicalismo K y la incorporación del entonces gobernador mendocino Julio C. Cobos como vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del año 2007[13].
Frente a la dimensión de la crisis y la caída electoral inaugurada a partir del año 2001, los dirigentes más cercanos a Alfonsín cerraron filas, aun con sus diferencias, consolidando una más reducida coalición dominante y generando diversas estrategias para mantenerse en sus posiciones de poder a través del control de los órganos partidarios nacionales y de la concreción de una alianza parlamentaria con el entonces presidente Duhalde, sucesor del renunciante De la Rúa. Esta apuesta resultó finalmente exitosa, a pesar del notorio desgaste externo e interno que sufrían y de los cuestionamientos cada vez más importantes de otros sectores partidarios.
Estas estrategias estuvieron caracterizadas por una mayor oclusión de los mecanismos de acceso al poder partidario, sobre todo en lo referido a la línea política, la promoción de las carreras partidarias, la obtención de las distintas candidaturas a cargos de elección popular y un sólido control de las reglas de juego y resolución de conflictos que, en general, se definían a favor del aparato[14].
Mediante una combinación de incentivos materiales, colectivos, relaciones personales y capacidad de sanción[15], lograron mantener el control sobre el sector de la militancia más apegada a la organización partidaria que es, finalmente, el que ocupa los cargos partidarios nacionales y provinciales. Así fue como se mantuvo el dominio sobre la estructura del partido, sobre los delegados a las convenciones y plenarios, los cuadros intermedios y la militancia superviviente a las crisis que, en muchas ocasiones, los mismos gobernadores o intendentes, con todos sus recursos, no lograban permear.
A pesar de ser un dirigente con proyección nacional (se especula con que podría ser candidato a vicepresidente de una coalición oficialista) Cobos sufrió un papelón en la convención partidaria de Rosario. Los 13 convencionales de la UCR que representaban a Mendoza estuvieron en Rosario a pesar de que Cobos había decidido no ir. El hecho reveló lo que muchos ya saben dentro del partido centenario: que la estructura partidaria del radicalismo mendocino responde al presidente del Comité Nacional, Roberto Iglesias y no a [el entonces gobernador] Cobos (diario Clarín digital, 27/08/06).
En este contexto, la UCR acentuó un proceso de descomposición interna que proyectó un curioso fenómeno: la coalición dominante nacional fue fortaleciendo su poder interno paralelamente a que el poder electoral de los dirigentes que la integraban se reducía drásticamente. Esta fue la principal crítica de los dirigentes que, a la inversa, obtenían importantes resultados electorales que luego no se traducían en mayor poder en la política partidaria interna.
Esto planteaba una situación paradojal, ya que el ámbito provincial es el espacio más importante de la política argentina y donde los gobernadores poseen una amplia gama de recursos (De Luca, Jones y Tula, 2009). Sin embargo, la coalición dominante del partido buscaba sostenerse sin ellos, incluso, contra ellos[16]. Pronto, muchos de estos dirigentes provinciales comenzaron a saltar las fronteras de la organización, atraídos por una mayor libertad de acción. Entre ellos, los ya mencionados radicales K y también quienes -sin poseer cargos ejecutivos- poseían mejores posibilidades electorales, como Elisa Carrió y Ricardo López Murphy.
Todos estos dirigentes comenzaban a buscar nuevos espacios donde evitar el desprestigio del partido o el veto de una conducción que personificaba el conocido teorema de la oligarquización de los partidos elaborado por Robert Michels. Con este desalentador panorama, la UCR debía hacer frente a la elección legislativa del 2005 y -previamente- al proceso de selección de candidatos regido por la Ley 25.611.
V. La UCR y las elecciones legislativas del año 2005. Selección de candidatos y campaña en medio de la crisis
En el marco de la crisis partidaria anteriormente descripta, las campañas realizadas en cada distrito electoral no poseían un hilo central, ni compartían discursos, liderazgos o estrategias comunes. Las estrategias electorales llevadas adelante en cada provincia son otra muestra de este cuadro de fragmentación y falta de estructuración nacional que sufría entonces la UCR.
La información presentada en el Cuadro 1 grafica las complicaciones existentes para encarar el análisis de las estrategias partidarias de un modo integral. Lo único que aparece como elemento común es la fragmentación de la organización y esto se refleja en la adopción de alianzas diversas, incluso contradictorias. Las distintas estrategias llevadas adelante por la UCR incluyen alianzas con partidos claramente ubicados en la centro-derecha del arco político (Acción por la República, Recrear, Acción Chaqueña, Partido Liberal de Corrientes y el Partido Federal, entre otros), hasta frentes con corrientes de izquierda más extremas como Patria Libre en Neuquén, pasando por acuerdos con partidos de centro izquierda (Partido Intransigente, Partido Socialista y Frente Grande). A la vez, en varios distritos se concretaron alianzas con los peronistas kirchneristas y, finalmente, en 11 distritos electorales la UCR concurrió sin ningún tipo de acuerdo y apelando a sus siglas tradicionales.
Cuadro 1 Estrategias electorales de la UCR provincia por provincia. Elección legislativa año 2005
Además de sus propios condicionamientos internos, había un elemento del entorno que debía ser considerado por todo el partido en sus diferentes niveles: la Ley 25.611 y sus decretos respectivos que regulaban el proceso de selección de candidatos. Así, ante la imposibilidad de generar definiciones nacionales por parte de la estructura partidaria, cada distrito debía determinar cómo hacer frente a las exigencias de la ley en materia de selección de candidatos.
A pesar de la obligación legal que se planteaba a los partidos políticos, el impacto de Ley 25.611 fue dispar, y observando el Cuadro 2 puede afirmarse que fue eludido por la mayoría de los partidos políticos[17]. Según la Cámara Nacional Electoral, sobre los 24 distritos en que se divide el mapa electoral del país, sólo en 15 de ellos se realizaron elecciones internas abiertas y apenas en un puñado de partidos.
Cuadro 2 Aplicación de la Ley 25.611 por distrito y partido
El cuadro anterior muestra que los partidos mayoritarios, o los diversos frentes que integraban, fueron los que en mayor medida cumplieron el requisito de realizar elecciones abiertas, aunque tampoco cumpliendo la ley en su totalidad. A pesar que la UCR es un partido donde no resulta extra ño realizar elecciones internas competitivas para definir sus candidaturas, éstas se realizaron en menos de la mitad de los distritos (10 sobre 24). Aun así, fue el partido que más elecciones abiertas realizó.
El peronismo y sus espacios afines resolvieron sus conflictos internos para definir las candidaturas a cargos de elección popular por elecciones abiertas apenas en 8 ocasiones y en distritos de segundo orden en lo referido al peso político y electoral. El Partido Socialista lo hizo solamente en un distrito. Para el caso de los partidos provinciales de Tierra del Fuego y de Neuquén, la realización de internas era un procedimiento común relacionado con las propias características de ambas organizaciones más que una respuesta a la aplicación de la Ley 25.611.
Este panorama muestra una continuidad con lo señalado por De Luca (2005) para los procesos de selección de candidatos realizados entre 1983 y 2003, donde los partidos mayoritarios utilizaron una variedad de procedimientos asociados a sus distintas coyunturas y necesidades, y los partidos más pequeños adoptaron métodos cerrados basados en sus élites dirigentes, la importancia de sus líderes naturales o en los principios ideológicos de su organización.
Además de la descripción realizada anteriormente sobre la desestructuración política y territorial del partido radical, ¿pudo haber algún otro motivo por el cual los distintos distritos decidieron realizar un tipo de elección interna y no otro?
Cuadro 3 Tipo de elección interna de la UCR por distrito, relación con el ejecutivo provincial, estrategia electoral y magnitud de distrito para diputados y senadores nacionales
Según lo expuesto parece reafirmarse la idea que la utilización de un mecanismo u otro para la selección de candidatos se debió más a las coyunturas del partido en cada distrito que a un factor sistémico. Distritos grandes y pequeños usaron los sistemas de elección interna abierta o cerrada de manera indistinta. Por ejemplo, tomando los 4 distritos principales del país se observa que en 2 de ellos (Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires) la UCR realizó elecciones abiertas mientras que en las otras dos (Córdoba y Santa Fe), se seleccionaron los candidatos por medio de procedimientos cerrados e indirectos. La relación entre alianzas electorales y tipo de selección de candidatos tampoco aparece muy clara (de 10 elecciones abiertas, 6 se realizaron en distritos donde la UCR integraba alianzas electorales).
Al mismo tiempo se reafirma lo señalado por De Luca, Jones y Tula (2002, 2009) siendo menos probable que haya internas abiertas donde el partido es oficialismo (sólo 2 de 7 distritos utilizaron este método estando la UCR en el gobierno provincial). En general, donde se realizó un tipo de interna para elegir diputados también se usó la misma para elegir senadores, con excepción de la Provincia de Buenos Aires donde la peculiar coyuntura interna fue determinante en esta situación.
En términos de cantidad de bancas a renovarse, las elecciones legislativas del 2005 también fueron importantes para la UCR por su incidencia en la representación parlamentaria. Los radicales pusieron en juego 27 de sus 44 bancas. Las encuestas que circulaban por los medios en la etapa preelectoral anunciaban que muy difícilmente los radicales lograrían retener un número similar de escaños a los que renovaban. Además, la combinación de determinados resultados en las elecciones legislativas del año 2005 podría resultar un refuerzo de los sectores opositores al liderazgo del ex presidente Raúl Alfonsín y su círculo más cercano o, por el contrario, un fortalecimiento de éstos.
El resultado final de estas elecciones arrojó un triunfo para los kirchneristas y su sello electoral, el Frente para la Victoria (FPV). Sumados los totales en los 24 distritos electorales, el FPV y sus aliados obtuvieron el 40,1 por ciento de los votos, sobre unos 17 millones de votos válidos. Con cerca de 7 millones de votos, el sector afín al entonces presidente Kirchner logró consolidar finalmente su dominio nacional lo que implicó tanto el control sobre el aparato del peronismo como sobre las dos cámaras parlamentarias. Para la UCR las cosas fueron distintas. El siguiente cuadro provee una síntesis detallada del desempeño de la UCR, distrito por distrito y en totales de bancas, por provincia y absolutos.
Cuadro 4 Desempeño electoral de la UCR entre bancas puestas en juego y bancas renovadas en 2005
La UCR perdi ó numerosas bancas (casi un 30 por ciento del total de las puestas en juego), aunque tampoco puede considerarse un pésimo resultado, si se evalúa el contexto general del país y el particular de la organización luego de la crisis originada en el año 2001. El resultado electoral de los radicales tampoco alcanzó para definir el fuerte conflicto interno; por el contrario, aún no había llegado el pico máximo en el éxodo de sus dirigentes provinciales y municipales hacia las filas del kirchnerismo.
VI. Estudio de caso de una elección interna abierta: la selección de candidatos de la UCR en la Ciudad de Buenos Aires
Desde la recuperación de la democracia en 1983 la capital argentina fue bastante favorable a los intereses electorales de la UCR. Seguramente, el hecho más trascendente en esta historia fue la obtención de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en la primera elección directa -dado que hasta la reforma de la Constitución de 1994, el intendente de la Ciudad era electo por el Presidente de la Nación- y que recayó en la figura de Fernando De la Rúa. Analizando el desempeño electoral de la UCR se puede observar que, a pesar de los numerosos éxitos, la tendencia general toma un cariz marcadamente descendente que es, coyunturalmente salvado, por la aparición del liderazgo de De la Rúa (1991) y la conformación de la Alianza con el Frepaso (1997-2001).
Cuadro 5 Resultados electorales en elecciones de Diputados Nacionales de la UCR en la Capital Federal 1983-2003
Para el año 2005 la situación política de la UCR en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) era una de las más complicadas del país y aún no había surgido ningún liderazgo que recompusiera la situación electoral del partido, evitara la fragmentación y aglutinara la sólida estructura que la UCR había sabido tener en el distrito desde el retorno de la democracia (y anteriormente también).
En la CABA, la caída de De la Rúa tuvo un impacto mayor que en otros distritos, lo que se observa en el 3,27 por ciento de los votos obtenidos en las legislativas de 2003, pero, sobre todo, en la elección para designar al jefe de gobierno de la Ciudad realizada ese mismo año. Si bien la debacle electoral de la UCR se registraba en todo el país, a nivel subnacional el radicalismo había demostrado ser más resistente a la crisis. Eso no ocurrió en la CABA donde la UCR, con líderes prácticamente desconocidos, apenas obtuvo un 1,89 por ciento de los votos. Como complemento había, al mismo tiempo, numerosos dirigentes radicales apoyando activamente a casi todas las demás candidaturas.
A las consecuencias generales que el partido sufrió en casi todo país, en la CABA se le agregaron dos efectos extras que es preciso mencionar. Primero, y dado que el ex presidente De la Rúa había sido el líder partidario del distrito y jefe de gobierno porteño, su traumática salida de la presidencia de la Nación también ocasionó que la UCR quedará descabezada y presa de un fuerte descrédito ante la opinión pública local. Además, debe remarcarse que el clima de incertidumbre previo a la renuncia del Presidente y los incidentes posteriores, incluyendo la cantidad más importantes de muertos y detenidos, tuvieron lugar en la misma CABA.
En segundo lugar, el jefe de gobierno de la CABA electo en el a ño 2000 fue Anibal Ibarra, producto de los acuerdos establecidos para conformar la Alianza que llevó a su antecesor De la Rúa a la presidencia de la Nación. Luego de la renuncia del radical a la presidencia, Ibarra se convirtió rápidamente al kirchnerismo, formando su propia estructura política, dejando a la UCR fuera de los espacios del Estado municipal y cooptando a varios de sus principales dirigentes. Incluso, poco tiempo antes de la interna abierta de 2005, el mismo presidente de la UCR de la CABA fue separado de su cargo por acordar con el jefe de gobierno sin el apoyo de la estructura formal del partido[18].
Una vez m ás, la UCR demostraba la importancia de contar con el dominio de sus organismos colectivos de conducción, aunque las políticas que estos implementen vayan a contracorriente de las bases partidarias y de la opinión pública. El grupo que integraba la coalición dominante nacional también tomó el control del partido en el nivel local imponiendo como nuevo presidente a uno de sus principales dirigentes. El resultado fue que los sectores más vitales, con mejor imagen o poder territorial, abandonaron el radicalismo porteño que quedó en manos de los dirigentes desgastados por haberse repetido en la ocupación de diversos cargos ejecutivos o legislativos desde 1983.
Sin embargo, esto no logr ó evitar que otros grupos internos, que aun se mantuvieron dentro del radicalismo porteño, desconocieran la legitimidad política de su conducción y plantearan la disputa interna para pugnar por las bancas legislativas en juego, ya que, como se ha mencionado anteriormente, un buen resultado les conferiría poder interno para acceder a la conducción informal de la UCR. Así, quedó eliminada la posibilidad de una lista única, y como la Ley 25.611 obligaba a realizar las internas en forma abierta, esto también impedía cualquier intento de las cúpulas para evitar las elecciones a través de la acción de la convención partidaria.
La elecci ón interna de la UCR se desarrolló en un marco de desmovilización que indicaba que sólo les interesaba a quienes estaban implicados directamente en ella[19]. La ausencia de perspectivas favorables para las elecciones legislativas, incluso para obtener una sola banca, también aportó a esta situación. A pesar de todo, las dinámicas que origina la proximidad de la interna activaron el trabajo de la dirigencia y de los punteros que aún quedaban con algo de capacidad de movilización electoral. De este modo, los diversos grupos internos se fueron estructurando en función de tres candidaturas que reflejaban tres espacios bien definidos.
Lista Compromiso: lista oficialista, constituida a partir de los dirigentes que habían comenzado la renovación partidaria en 1983 y que ahora se mantenían cercanos a Alfonsín. Condujeron el distrito con mano de hierro antes y después del liderazgo de De la Rúa. La lista fue encabezada por uno de ellos, Facundo Suárez Lastra, quien había sido el primer intendente de la Capital del país con la recuperación democrática. En una entrevista realizada para este trabajo, uno de los dirigentes de la lista manifestó que el objetivo era acercarse al 6 por ciento de los votos en la elección general y así obtener una banca. La estrategia de este sector consistió en conformar una lista con importantes personalidades del mundo académico y cultural que dieran prestigio a la lista (y lograr así que el número uno y cabeza de lista consiguiera la banca)[20]. Además, contaban con los apoyos de lo que quedaba del aparato de punteros y líderes barriales más ortodoxos. El objetivo era llegar al clásico voto radical, de clase media, universitario y profesional.
Lista Gente Nueva: esta lista fue encabezada por el actor cómico Eugenio "Nito" Artaza[21], quien adquirió cierta notoriedad política cuando en medio de la crisis de 2001 se convirtió en vocero de los propietarios de depósitos congelados por el llamado "corralito". Una parte importante de esos propietarios eran jubilados y pensionados, y muchos de ellos votantes tradicionales de la UCR. La lista era un conjunto de dirigentes de segundas líneas que presentaban un discurso muy cercano a los tópicos clásicos del radicalismo, entre ellos el antiperonismo y el reclamo de actitudes éticas y republicanas, muy caras a la tradición radical. Particularmente, practicaban un discurso contrario a la conducción del distrito, pero también a la nacional. Se posicionaban como la alternativa a la conducción con un discurso que realzaba que no habían tenido actuaciones pasadas con el gobierno de Alfonsín y menos con el de De la Rúa. A su vez, contaban con el apoyo de algunos punteros barriales radiados de la conducción oficial y de grupos tradicionales de militantes.
Lista 1420: esta lista estaba conformada por ex militantes estudiantiles del brazo universitario de la UCR, la denominada Franja Morada. Si bien se presentaban como una nueva camada generacional, muchos de ellos llevaban varios a ños en la política del partido. Incluso habían participado del intento renovador de Rodolfo Terragno al frente del Comité Nacional. Su estrategia era combinar esta imagen de renovación generacional, de éxito privado, pero también apelando a cierta mitología del pasado argentino, aunque no estrictamente partidaria[22]. El nombre de la lista, "1420", hacía referencia a la ley de educación primaria que sostuvo el crecimiento cultural y educativo formal de importantes sectores de la población a fines de siglo XIX. La ley 1420 podría verse así como una de las herramientas que impulsó la clase media argentina, sector del cual históricamente el radicalismo se nutrió en tanto cuadros y votos.
Finalmente, la lista oficialista obtuvo el triunfo en el marco de una muy baja participación[23]. La cifra de votantes (casi 24.000) superó apenas en un 15 por ciento la cantidad que, apenas dos meses antes, se había contabilizado en la interna cerrada de autoridades partidarias mostrando el estado en que se encontraba la organización en aquel momento.
Dado que el padrón electoral no se encontraba dividido entre afiliados y no afiliados, no es posible saber cuántos de unos y otros han participado en la elección de la UCR. Según los propios dirigentes partidarios la cifra de independientes (es decir no afiliados al partido) que sufragaron en la interna radical habría estado entre el 10 y el 20 por ciento del total (diario Clarín, 08/08/2005). En los restantes distritos donde la UCR realizó este tipo de elección para elegir sus candidatos, la participación habría sido menor a los porcentajes observados en la ciudad capital (diario Clarín, 08/08/2005).
Con estos resultados la lista ganadora colocaba dos de sus precandidatos en los dos primeros lugares de la boleta electoral que competiría en la elección general. En tanto, la lista que obtuvo el segundo puesto y la representación por minoría, colocó uno de los suyos en el puesto siguiente. Ese esquema se reiteraría sucesivamente en toda la boleta hasta cubrir la totalidad de los cargos en disputa.
La coyuntura crítica por la que pasaba la UCR se manifestó también en la elección general realizada poco después para elegir los diputados nacionales del distrito. En ella, el partido obtuvo apenas un 2,23 por ciento de los votos. Lejos estuvo de los objetivos proclamados por los dirigentes partidarios al punto que el porcentaje obtenido fue significativamente menor al 3,27 por ciento logrado en la anterior elección parlamentaria y muy lejos también del 6 por ciento que garantizaba el acceso a una banca de diputado por el distrito. Poco aportó al partido haber sido uno de los pocos agrupamientos que dirimió sus elecciones internas a través del voto de afiliados y no afiliados en el distrito.
La sanción de la Ley 25.611 fue producto del proceso de crisis política que vivía la Argentina en el año 2002. Buscaba la manera de recuperar mayor legitimidad para los partidos políticos que se encontraban cuestionados por amplios sectores de la población. Sin embargo, la forma que finalmente adoptó la ley apuntó más a un reforzamiento de las élites partidarias que a su apertura y renovación. Esto puede explicarse porque fueron estas mismas élites (o sus representantes en el Congreso o en el Poder Ejecutivo) las que sancionaron la ley y también, y no es menor, porque el gobierno de Duhalde era de origen parlamentario y necesitaba garantizar cierta estabilidad en ese ámbito para continuar con sus planes de mantenerse en el poder.
En este sentido, uno de los principales problemas a la hora de implementar la ley fue que tuvo rasgos muy reglamentaristas, es decir, intentaba intervenir en los partidos políticos en forma directa y sin tomar en cuenta la gran heterogeneidad de las organizaciones a las que se dirigía y las dinámicas (muchas de ellas inesperadas) que se presentan en procesos de elecciones internas de candidatos.
El procedimiento de confección del articulado de la ley fue confuso y poco transparente, sin contar en este proceso con el consenso de los principales actores del sistema y, mucho menos, con estudios que permitieran evaluar ex ante los efectos de la reforma realizada. Por otra parte, un sistema político federal, y a la vez altamente descentralizado, como el argentino, se convierte en un entorno complejo para influir en él en forma centralizada y homogénea. Y todo esto se intentó en medio de una importante crisis política, con las estructuras partidarias muy cuestionadas y sin poder resolver sus problemas y disensos internos. Quienes diseñaron la ley subestimaron la complejidad del proceso para elegir este tipo de candidaturas en las organizaciones partidarias, muchas veces expresado informalmente y que, finalmente, conspiró contra su exitosa implementación.
Este conjunto de causas -seguramente junto a otras- colaboraron para que la aplicación de ley fuera suspendida en 2003 y, finalmente, sólo se aplicara en 2005 sin alcanzar ninguno de los objetivos formalmente buscados. Durante el año 2006 fue derogada sin pena ni gloria.
La selección de los candidatos a legisladores nacionales de la UCR nacional, y en particular la de la Ciudad de Buenos Aires, se realizaron en el marco de un partido en caída libre electoral y una crisis interna y de liderazgo de importantes proporciones. Por esto mismo, los diferentes sectores en disputa buscaban una mayor presencia dentro de los bloques parlamentarios como una manera de acrecentar su peso en la definición de las estrategias nacionales de los partidos y como una forma de consolidar sus propios espacios de poder. La cantidad de diputados electa en las elecciones legislativas del año 2005, entonces, sería un buen indicador para demostrar la supremacía de un grupo interno o líder sobre los otros y un paso previo para la confección de la fórmula presidencial partidaria.
El análisis de uno de los casos no puede arrojar una muestra representativa de lo ocurrido en todo el país, sin embargo, a partir de un análisis puntual se pueden obtener algunas conclusiones preliminares que posteriormente podrán ser cotejadas con otros estudios empíricos.
En primer lugar, la aplicación de la ley de internas abiertas fue eludida por los partidos políticos, a través del mecanismo de acuerdos y listas únicas en la mayor parte de los casos. El PJ, que no pudo acordar en este sentido, respondió de una manera sencilla: creando nuevos partidos a la medida de cada uno de sus dirigentes candidateables. Esto da una muestra de la gran flexibilidad de los partidos para hacer frente a los desafíos del entorno, en particular, frente a aquellos que provienen del Estado y en forma de intromisiones jurídicas.
En segundo lugar, como lo muestra el siguiente cuadro, la realización de internas abiertas no mejoró el desempeño de los partidos que la realizaron en las elecciones generales posteriores.
Cuadro 6 Bancas de la UCR en juego y renovadas según tipo de interna realizada y posición en el Ejecutivo provincial
De los cinco distritos en que la UCR, siendo oposición, realizó internas abiertas, en ninguno de ellos logró triunfar y en tres de los cinco ni siquiera obtuvo una banca. En cambio, por ejemplo, en Santa Fe donde el proceso de selección de candidatos fue indirecto -mediante la convención partidaria- y la elección se propició por un arreglo de las cúpulas, los comicios finalizaron con el triunfo de Frente Progresista, Cívico y Social que incluía a la UCR y al PS.
De Luca, Jones y Tula (2008) señalan que una parte de la bibliografía sobre las primarias en Estados Unidos subraya una relación negativa entre realización de primarias y éxito electoral en la elección general. Y esto se comprueba en este caso, donde el porcentaje de pérdida de bancas en los distritos donde se realizaron internas abiertas es significativamente mayor (casi un 50 por ciento) que en donde se realizó en forma cerrada (aproximadamente un 30 por ciento).
En tercer lugar, y referido al estudio de caso de la CABA, pero que también es aplicable al resto de los distritos que utilizaron este método, la realización de internas abiertas terminó consolidando el lugar de las coaliciones dominantes y las minorías partidarias no lograron contrarrestar el poder de movilización del aparato.
El pésimo resultado electoral obtenido en la elección general por la UCR recrudeció los conflictos internos y aumentó la huida de dirigentes y militantes en manos de otras opciones políticas, sobre todo en las que mantienen el control del Ejecutivo de la ciudad y las relacionadas con el gobierno del presidente Kirchner. Aunque parezca paradójico, si bien el objetivo manifiesto de la ley era el de ampliar los marcos de participación y transparencia, estimulando la realización de elecciones abiertas, al mismo tiempo su articulado incluía estímulos para que ocurriera exactamente lo contrario.
[1] El 23 de octubre de 2005 se realizaron las elecciones nacionales legislativas de medio término. Como prescribe la Constitución argentina, cada dos años se debe renovar la mitad de la Cámara de Diputados nacionales (127 sobre un total de 257) y un tercio de los senadores (24 sobre 72). Así, corresponde que todas las provincias elijan diputados pero que sólo 8 de ellas por vez elijan senadores nacionales en cada fecha de elecciones.
[2] En las presidenciales del año 2003 había sido "suspendida" por una "única vez" y fue aplicada por primera vez en la elección aquí estudiada. Primera y única vez, ya que fue derogada en el año 2006 mediante un acuerdo de todas las bancadas.
[3] Por ejemplo, Siavelis y Morgenstern (2008) y Freidenberg y Alcántara (2009).
[4] En este mismo contexto debe considerarse la sanción de la Ley 25.600 que regulaba el financiamiento partidario (Ferreira Rubio, 2003).
[5] Un juez con competencia electoral declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 25.611 por considerarlo contrario al artículo 38 de la Constitución Nacional. En el mismo acto declaró la inconstitucionalidad de varios decretos modificatorios de la ley (entre ellos los decretos 1.397/02 y 1.578/02, también por contraponerse con lo previsto en la Constitución Nacional). Para profundizar en esta situación ver Hernández y Belisle (h) (2006) y De Luca (2004).
[6] Esta situación es una práctica bastante habitual que continúa hasta hoy en día. "Muchos punteros del PJ en la provincia han afiliado más de trescientas mil personas en los padrones radicales y peronistas, hecho que hemos denunciado ante la Junta Electoral del partido. Pero además, lo mismo pasó con las listas cruzadas con partidos vecinales" (Declaraciones del presidente de la UCR de la Provincia de Buenos Aires Miguel Bazze extraídas de www.ciudadyprovincia.com).
[7] En este sentido, resulta trascendente entender el accionar de las organizaciones partidarias como el resultado de una combinación de estrategias formales e informales, sobre todo de este último tipo. La literatura sobre las instituciones informales en la práctica cotidiana de los partidos ha ido en aumento y permite encarar su estudio de una manera más efectiva (Levitsky, 2005; Pedrosa, 2004). Esto se observa, sobre todo, en América Latina donde este tipo de prácticas, a veces convertidas en verdaderas instituciones, resulta más la norma que la excepción (O'Donnell, 1996; Levitsky y Helmke, 2006).
[8] Según el artículo 6º de la Carta Orgánica de la UCR: "La Capital Federal y las provincias enviarán a
[9] Desde las primeras elecciones democráticas de 1916, varias listas llamadas UCR (o denominaciones similares) competían entre sí en las elecciones. Por ejemplo, las elecciones de presidente y vice de 1916, 1922 y 1928 (en esta ocasión con cinco listas: la lista oficial, Unión Cívica Radical y también la UCR Principista, la UCR Bloquista, la UCR Intransigente y la UCR Roja). En las presidenciales del año 1946, entre las principales cinco fórmulas cuatro llevaban el nombre UCR, incluyendo la que encabezaba Perón. Los partidos eran los siguientes: Partido Laborista y UCR Junta Renovadora; Unión Democrática (UCR-PS-PDP y PC; UCR Bloquista; UCR Santiago del Estero; y UCR Lencinista). La UCR también concurrió dividida en las siguientes elecciones nacionales: convencionales constituyentes del año 1957; presidente y vice, año 1958; para legisladores nacionales del año 1960; para legisladores y gobernadores, año 1961; y para presidente y vice, año 1963.
[10] Las escisiones, formadas al calor de la crisis de 2001, Recrear y ARI, si bien potentes electoralmente, fueron conformadas alrededor de dirigentes que no poseían importante peso político o territorial dentro del partido.
[11] "En un sistema caracterizado por contener fuertes subculturas políticas, es muy importante garantizar la convivencia, lo cual requiere la aceptación de un marco reglamentario común: la legalidad" (Lomnitz, 2002: 7).
[12] "Las grandes decisiones comenzaron a tomarse dentro de grupos reducidos y así se cimentó una suerte de abandono interior de la democracia de enormes consecuencias para la vida institucional de la UCR" (Acuña, 1998: 106).
[13] Las cifras son contundentes: 6 de los 7 gobernadores radicales se incorporaron a este espacio como también numerosos intendentes y legisladores.
[14] Otra cosa ocurrió en la Provincia de Buenos Aires, donde la precandidata a senadora con mayor aval entre la militancia no pudo ocupar ese cargo. "Por medio de una carta abierta en la que descargó todo su enojo contra los jefes de la UCR bonaerenses, Margarita Stolbizer renunció a ser candidata a senadora nacional (...) en medio de la puja suscitada (...) por esa postulación. Se refería al ex presidente Raúl Alfonsín y a los jefes de las principales corrientes de la UCR bonaerense (...) quienes hace un mes decidieron remover a Stolbizer del primer lugar de la lista de senadores y reemplazarla (...) Desde entonces Stolbizer obtuvo el apoyo de varios intendentes, diputados y dirigentes de la provincia que, sin embargo, no le alcanzaron para torcer la mano de los poderosos jefes distritales, aunque sí provocaron un revuelo partidario que no terminará con esta renuncia" (diario La Nación, 03/06/05).
[15] "... el radicalismo decidió expulsar a uno de los jefes comunales por sus críticas al partido. Para el Tribunal de Disciplina provincial, el intendente Héctor Miguel Castro, 'dejó de tener espíritu de pertenencia' por 'adherir a la política oficial'. El anuncio fue formulado hoy por el presidente del Tribunal de Disciplina" (www.bloqueucr.gov.ar, 20/04/07). Sobre la influencia de la inestabilidad política a nivel nacional y provincial ver Carrizo y Galván (2006).
[16] Sobre la influencia de la inestabilidad política a nivel nacional y provincial ver Carrizo y Galván (2006).
[17] De Luca, Jones y Tula (2002, 2009) proporcionan argumentaciones sobre por qué algunos partidos realizan internas y otros no para seleccionar sus candidatos. Ocupar la gobernación provincial es un factor importante vinculado con la decisión de no hacer internas.
[18] "Por su apoyo al jefe de gobierno, desplazaron al titular de la UCR porteña. Tal como se veía venir desde el comienzo del plenario de delegados, anoche, la UCR porteña removió al titular del radicalismo en la Ciudad, Jorge Casabé" (diario Clarín, 08/03/05).
[19] En las internas de 1983 en la Capital Federal votó el 60 por ciento del padrón. Esto es, 90.000 sufragantes (Palermo, 1986). En la elección aquí analizada del año 2005, la cifra de votantes apenas llegó a los 23.889 (cifras oficiales extraídas de www.ucrcapital.org.ar).
[20] La lista estaba integrada -entre otros- por Lucia Gálvez, Aldo Ferrer, Ricardo Gil Lavedra, Eduardo Rabossi, Héctor Olivera y Luis Aznar.
[21] Una de las pocas caras nuevas de la UCR fue Eugenio Artaza, popularmente conocido por ser un humorista de mucha difusión en TV y encabezar elencos teatrales del genero revisteril. Sin embargo, estas características no se correspondían con las exigencias del votante radical porteño, más cercano a perfiles profesionales y con antecedentes partidarios. Por estas causas sus intentos de obtener cargos partidarios y de elección popular generalmente fracasaron hasta que decidió cambiar de distrito. En las elecciones legislativas del año 2009 fue electo senador por la provincia de Corrientes.
[22] "También procurará el voto independiente la lista que encabeza Gonzalo Berra, del Grupo 1420, bautizado así por la ley de educación común que lleva ese número. Son jóvenes profesionales y fundadores de empresas punto com (varios vienen de Franja Morada) cuya plataforma se centra en la educación. Acompañan a Berra el economista Daniel Nieto, la educadora Mónica Marquina y Sebastián Bellagamba, integrante de la organización que coordina Internet en el nivel mundial" (diario La Nación, 07/08/05).
[23] La lista oficialista logró imponerse en 21 de las 28 circunscripciones obteniendo el 53,4 por ciento de los votos. El triunfo de la lista Compromiso se concretó en las circunscripciones más importantes y tradicionales para el partido (como la 5°, 6°, 11°, 15°, 19° y 20°) llegando a conseguir en algunas de ellas casi el 70 por ciento de los votos emitidos. La lista Gente Nueva conquistó el segundo lugar con el 36 por ciento de los votos, mientras que la lista 1420 llegó a un meritorio 10,6 por ciento.
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References: artículo 4
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