Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/23364
Timestamp: 2020-06-05 17:02:49+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 59/2013
SENTENCIA 59/2013, de 13 de marzo
ECLI:ES:TC:2013:59
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 21 de marzo de 2003 el Letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la representación que legalmente ostenta, promueve conflicto positivo de competencia contra la certificación de 9 de noviembre de 2002 sobre afección de los proyectos y actuaciones a la conservación de la diversidad en las zonas especiales de conservación y en las zonas de especial protección para las aves, expedida por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente en relación con el proyecto titulado “Construcción de abastecimiento de Agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del canal de Piñana, fase II”, por invadir la competencia exclusiva autonómica en materia de espacios protegidos (art. 31.1.15 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre).
“1. Respecto de las zonas especiales de conservación las Comunidades Autónomas correspondientes fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del anexo I y de las especies del anexo II presentes en los lugares.
También será de aplicación a las zonas de especial protección para las aves, declaradas, en su caso, por las Comunidades Autónomas correspondientes, al amparo del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE, lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 de este mismo artículo.”
2. La Sección Primera de este Tribunal, por providencia de 8 de abril de 2003, acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de Aragón y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que en plazo de veinte días alegue lo que estime oportuno; asimismo acordó comunicar la incoación del conflicto al Decano de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, por si ante los mismos estuviera impugnada o se impugnase la certificación objeto del conflicto, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del mismo, y conceder al Abogado del Estado un plazo de veinte días para que exponga lo que a su interés convenga acerca de la suspensión de la certificación impugnada que se pide en otrosí en la demanda; finalmente se acordó publicar la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de Aragón”.
3. El Abogado del Estado, en escrito de alegaciones registrado en este Tribunal el día 22 de abril de 2003, se opone a la demanda y solicita que se dicte Sentencia declarando ajustada a la Constitución la certificación impugnada.
4. Por ATC 190/2003, de 3 de junio, se acordó no acceder a la suspensión de la eficacia de la certificación de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, de 9 de noviembre de 2002, sobre afección de los proyectos y actuaciones a la conservación de la diversidad en zonas de especial conservación y en zonas de especial protección de las aves.
5. Por providencia de 12 de marzo de 2013 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 13 del mismo mes y año.
1. El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno Aragón contra la certificación de 9 de noviembre de 2002 sobre afección de los proyectos y actuaciones a la conservación de la diversidad en las zonas especiales de conservación y en las zonas de especial protección para las aves, expedida por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente en relación con el proyecto titulado “Construcción de abastecimiento de Agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del canal de Piñana, fase II”, por invadir la competencia exclusiva autonómica en materia de espacios naturales protegidos (art. 31.1.15 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre), según las razones que han quedado reflejadas en los antecedentes de la presente Sentencia.
2. Antes de adentrarnos en el problema competencial planteado en el presente conflicto hemos de considerar la incidencia de las modificaciones normativas acaecidas durante su pendencia.
a) Conforme con nuestra doctrina constitucional sobre el ius superveniens en procesos de naturaleza competencial, la verificación de si un acto o una norma incurren en un posible exceso competencial ha de hacerse de acuerdo con las reglas que operan como parámetro de enjuiciamiento que estén vigentes en el momento de dictar sentencia [por todas, STC 208/2012, de 14 de noviembre, FJ 2 b)]. Procede, por ello, señalar que este pronunciamiento se hará a la luz de la delimitación de competencias que resulte de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
b) También es doctrina constitucional que en los procesos de contenido competencial la pervivencia del objeto depende que haya “cesado o no la controversia competencial, toda vez que poner fin a la misma a la luz del orden constitucional de reparto de competencias es el fin último al que sirven tales procesos” [por todas, STC 149/2012, de 5 de julio, FJ 2 b)].
“4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las administraciones públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de la Red Natura 2000 quede protegida.
6. Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, comunicarán al Ministerio de Medio Ambiente las medidas compensatorias que hayan adoptado y éste, a través del cauce correspondiente, informará a la Comisión Europea.”
“1. La evaluación de los proyectos que, sin tener relación directa con la gestión del lugar de que se trate de la Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley.
3. La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las medidas compensatorias que se hayan adoptado se llevará a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.”
3. Lo que en este proceso constitucional tenemos que decidir, por tanto, es si la expedición de las certificaciones sobre afección de los proyectos públicos y privados a las zonas especiales de conservación y a las zonas de especial protección para las aves que se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón es una materia inscrita en la competencia sustantiva que se materializa con la obra o actividad cuya incidencia se evalúa o si, por el contrario, se encuadra en la competencia sobre espacios naturales protegidos atribuida con el carácter de exclusiva a la Comunidad Autónoma de Aragón por el art. 71.21 del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007. No es un problema, pues, de que sobre la materia controvertida concurran dos competencias completamente válidas, la competencia sustantiva del Estado y la autonómica sobre espacios naturales protegidos, sino de en cuál de ellas queda comprendida, dado su contenido material y finalidad, la materia disputada, que es concretamente la emisión de los certificados sobre afección de proyectos a la Red Natura 2000.
Esta ratio, según la cual el elemento determinante del encuadre competencial de este tipo de certificación es su vínculo finalista con la decisión de realizar o no la obra o actividad cuyas consecuencias se evalúan (“se trata de un informe sectorial que determina la conveniencia o no de realizar determinadas obras o actividades desde la perspectiva de sus repercusiones sobre este tipo de espacios”), es igualmente decisiva cuando el conflicto se traba entre la competencia sustantiva estatal que da cobertura a la obra o actividad y la competencia autonómica exclusiva sobre espacios naturales protegidos, procediendo, por tanto, que declaremos que esta clase específica de evaluación ambiental es una materia que se incardina en el primer título y no en el segundo.
4. La certificación de 9 de noviembre de 2002 fue expedida por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente en aplicación del citado art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995, que, como consta en los antecedentes de la presente Sentencia, es transcripción literal del art. 6.3 de la Directiva 92/43/CEE. Tiene por objeto valorar las repercusiones sobre los lugares de la Red Natura 2000 del proyecto titulado “Construcción de abastecimiento de Agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del canal de Piñana, fase II” y declara que “no tendrá efectos negativos apreciables en lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las siguientes condiciones”, de las cuales también se ha dejado constancia en los antecedentes. Dicha declaración se inscribe en el ámbito de un procedimiento de solicitud de fondos de cohesión de la Unión Europea cuya finalidad inmediata es la obtención de la financiación del proyecto y la mediata es la realización de la obra.
Type and record number Conflicto positivo de competencia 1618-2003
Date of the decision 13/03/2013
Planteado por el Gobierno de Aragón respecto de la certificación sobre afección a la conservación de la diversidad en las zonas especiales de conservación y en las zonas de especial protección para las aves, expedida el 9 de noviembre de 2002 por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, en relación con el proyecto denominado “Construcción de abastecimiento de Agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del canal de Piñana, fase II”.
Se enjuicia la adecuación al orden constitucional de competencias de la certificación sobre afección de proyectos y actuaciones a la conservación de la diversidad en las zonas especiales de conservación y en las zonas de especial protección para las aves para el proyecto “Construcción de abastecimiento de Agua a Lleida”.
Se cuestiona si su expedición es materia inscrita en la competencia sustantiva estatal que da cobertura a la obra o actividad cuya incidencia se evalúa o si, por el contrario, se encuadra en la competencia autonómica sobre espacios naturales protegidos. Se desestima el conflicto positivo de competencias. De acuerdo con la doctrina sentada en las SSTC 13/1998, de 22 de enero y 149/2012, de 5 de julio, el elemento determinante del encuadre competencial de este tipo de certificación es su vínculo finalista con la decisión de realizar o no la obra cuyas consecuencias se evalúan, valorando la conservación del medio ambiente del lugar donde la actividad tenga lugar. La obra de infraestructura que pretende favorecer el abastecimiento de municipios de gran población usando aguas que discurren por más de una Comunidad Autónoma es a todas luces una competencia del Estado (arts. 149.1.22 y 149.1.24 CE), por lo que no hay invasión de las competencias autonómicas sobre espacios naturales protegidos.
La evaluación de la repercusión que para un lugar concreto conlleva una obra o actividad queda fuera de la función ejecutiva o de gestión en materia de espacios naturales protegidos cuando está orientada a facilitar al órgano competente sobre ella la información ambiental específica para decidir si se realiza o no y, en su caso, en qué condiciones se hace, pues tiene como finalidad que los entes públicos valoren el medio ambiente cuando ejercen sus atribuciones sobre cualquiera de las obras, instalaciones u otras actividades integradas en sus títulos competenciales que, por su naturaleza y finalidad, atraen a la de medio ambiente (SSTC 13/1998, 149/2012) [FJ 3].
Es acorde con la distribución constitucional de competencias la atribución a la Administración del Estado de la realización de la evaluación ambiental de las zonas especiales de conservación en aquellos casos en los que el plan o proyecto debe ser autorizado o aprobado por ella tras la realización de la correspondiente evaluación de impacto ambiental, garantizándose, en todo caso, la consulta a las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se ubique el proyecto en cuestión (STC 149/2012) [FJ 3].
El elemento determinante del encuadre competencial de la certificación de evaluación ambiental es su vínculo finalista con la decisión de realizar o no la obra o actividad cuyas consecuencias se evalúan, siendo igualmente decisivo en conflictos entre la competencia sustantiva estatal que da cobertura a la obra o actividad y la competencia autonómica exclusiva sobre espacios naturales protegidos, procediendo, por ello, que declaremos que esta clase específica de evaluación ambiental se incardina en el primer título y no en el segundo [FJ 3].
Una obra de infraestructura orientada a favorecer el abastecimiento de agua a municipios de gran población usando para ello aguas que discurren por más de una Comunidad Autónoma, es a todas luces competencia del Estado ex apartados 22 y 24 del art. 149.1 CE [FJ 4].
Doctrina constitucional sobre el ius superveniens en procesos de naturaleza competencial (STC 208/2012) [FJ 2 a)].
Doctrina sobre la pérdida o pervivencia del objeto pese a la derogación de la norma en procesos constitucionales de naturaleza competencial según haya cesado o no la controversia competencial (STC 149/2012) [FJ 2 b)].
Certificación de la Dirección General de Conservación de la naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, de 9 de noviembre de 2002. Afección de los proyectos y actuaciones a la conservación de la diversidad en zonas de especial conservación y en zonas de especial protección de las aves: Proyecto de construcción del abastecimiento de agua a Lleida
Artículo 149.1.22, f. 4
Artículo 149.1.24, f. 4
Artículo 31.1.15 (redactado por la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre), f. 1
Disposición adicional cuarta (redactada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre), f. 2
Disposición adicional cuarta (redactado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre), f. 2
Artículo 6.3, ff. 2 a 4
Artículo 6.4 (redactado por el Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre), f. 2
Artículo 6.5 (redactado por el Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre), f. 2
Artículo 6.6 (redactado por el Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre), f. 2
Artículo 127.3, f. 2
Artículo 71.21, f. 3
Competencias en materia de aguasCompetencias en materia de aguas, f. 4
Evaluación de impacto ambientalEvaluación de impacto ambiental, ff. 3, 4
Red Natura 2000Red Natura 2000, ff. 2 a 4
Zonas especiales de conservaciónZonas especiales de conservación, ff. 1 a 4
AragónAragón, ff. 3, 4

References: artículo 4
 artículo 10
 Real Decreto 

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 31

Artículo 6

Artículo 6
 Real Decreto 

Artículo 6
 Real Decreto 

Artículo 6
 Real Decreto 

Artículo 127

Artículo 71