Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-551-06.htm
Timestamp: 2017-09-25 22:28:20+00:00

Document:
T-551-06
Sentencia T-137/06
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Cuidadosa ponderación de circunstancias fácticas
La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido unos criterios específicos con el fin de determinar el carácter prevalente de los derechos fundamentales de los menores cuando está de por medio la permanencia de éstos en el seno de una familia. Estos criterios son : (i)la necesidad de preservar el derecho del menor a tener una familia y no ser separado de ella; (ii) la traslación del ámbito de protección del derecho a la familia del menor hacia su familia de crianza y, (iii) la necesidad de que existan razones poderosas que justifiquen la intervención estatal en las relaciones familiares de crianza del menor.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Los niños son titulares de derechos y no solo objeto de protección
DERECHOS DEL MENOR A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA-Carácter fundamental/CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Separación del niño de su núcleo familiar debe ser excepcional y preferentemente temporal
ACCION DE TUTELA-Preservación de condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor
La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades respecto de los riesgos que pueden amenazar o perturbar la integridad de los menores de edad. A esta categoría de riesgos se les ha denominado “riesgos prohibidos”. En este punto se debe examinar si los niños se encuentran frente a amenazas que trunquen su desarrollo armónico, tales como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física o moral, la explotación económica y laboral y cualquier forma de irrespeto a la dignidad humana, conductas que se encuentran expresamente prohibidas por el Código del Menor. Igualmente, se debe examinar si los menores se encuentran en situaciones irregulares, previstas en el Código Penal
Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil seis (2006)
La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra - quien la preside -, Humberto Antonio Sierra Porto y Álvaro Tafur Gálvis, ha proferido la siguiente,
-Asunto previo, reserva de la identidad de los menores y su familia
En el caso concreto, los menores -así como sus padres- se encuentran involucrados en un episodio de supuesto abuso sexual, abandono y maltrato infantil. En atención a las consecuencias negativas que para la intimidad y sosiego de los menores y su familia podría generar la publicación de los nombres de los involucrados, esta Sala procederá a dictar sentencia en dos ejemplares similares, distinguibles exclusivamente por los nombres que figuran en ellos.
En estos términos, el ejemplar contentivo de la identidad de los menores y sus parientes estará destinado exclusivamente a integrarse al expediente de tutela, con el fin de que las autoridades encargadas de dar cumplimiento al fallo ejecuten las ordenes correspondientes. Sobre éste recae estricta reserva, que sólo puede ser levantada a favor de las partes y de las autoridades citadas. Por su parte, el ejemplar anónimo, en el que el nombre de los involucrados aparece sustituido, podrá ser libremente consultado y publicado en los medios de divulgación de la Corte.
Así las cosas, el ejemplar aquí suscrito corresponde a aquél en el que los nombres de los menores y sus padres han sido sustituidos –los nombres de instituciones y autoridades administrativas y judiciales también lo fueron-, por lo que se entiende que su finalidad es consultiva y puede publicarse libremente en los medios de divulgación de la Corte.
- Por una denuncia anónima rendida ante la policía de menores, se informó que en la residencia de la señora XX (de 67 años de edad) en la ciudad de EE, viven cuatro menores de edad bajo el cuidado de su abuela y su compañero quienes permanecen en contínuo estado de embriaguez lo que genera situaciones de maltrato físico, psicológico, negligencia y descuido.
- Mediante informe de la Policía de Menores suscrito por el subteniente de apellido Melo el 28 de marzo de 2005, se dejaron a disposición de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de EE a los menores ZZ de 5 años de edad, NN de 3 años de edad y WW de 3 años de edad.
- En el momento de la puesta a disposición de los menores por parte de la Policía al ICBF, una de las menores (YY de 10 años de edad), se encontraba en el Hospital de Menores de EE y por lo tanto, no pudo ser entregada junto con sus hermanos.
- A partir del momento de la puesta a disposición de los menores al ICBF, la Institución avocó conocimiento de la investigación de protección y los niños fueron sujetos de la medida de protección en un hogar sustituto, de conformidad con lo establecido por el artículo 57 del Código del Menor.
- El ICBF remitió a los menores a exámenes médicos y psicológicos que tuvieron como resultado, en primer lugar, un deterioro del cuidado nutricional y de higiene de los menores y, en segundo lugar, posibles abusos sexuales por parte del abuelo de los menores y manejo de un vocabulario soez.
- Los menores son huérfanos de madre y producto de dos uniones diferentes. YY e ZZ no fueron reconocidas mientras que NN y WW fueron reconocidos por el señor VV.
- En el momento en que se decretó la medida de protección de los menores, el padre de NN y WW se encontraba privado de la libertad por el delito de hurto calificado. Igualmente, de conformidad con lo que se estableció en el proceso penal del señor VV, él presenta un grave problema de consumo de fármacos.
- Dentro del trámite administrativo que se le siguió a los menores, se citó a todas las personas que creyeran tener derecho a intervenir en el proceso, sin que se encontrara ningún familiar que se hiciera a cargo de los menores.
- Igualmente, dentro del trámite del proceso, el ICBF impulsó entrevistas con la abuela de los menores con el fin de buscar un ambiente que permitiera reintegrar a los menores donde su abuela, aunque finalmente no se consiguieron resultados positivos.
- La abuela de los menores confiesa corregir a los niños mediante el maltrato físico pues esto le parece una situación normal , utilizando para ello fuetes, ortiga, chanclas, además de un vocabulario soez y peyorativo para referirse a sus nietos.
- La abuela de los menores durante todo el proceso manifestó su negativa a separarse de su compañero. Esta situación aunada a los malos tratos descritos, hizo que el ICBF tomara la determinación de continuar con la medida de protección en favor de los menores.
- De conformidad con los hechos anteriores, el Comité de Protección del Centro Zonal EE dos, previo concepto del equipo interdisciplinario del ICBF, sugirió la declaratoria de abandono de los menores, ante la inexistencia de apoyo familiar hacia ellos que les brindasen un desarrollo integral.
- De conformidad con lo anterior, el 12 de julio de 2005, la defensora de familia del Centro Zonal EE dos, declaró el abandono de los menores YY, ZZ, NN y WW, mediante la Resolución No.054.
- La Resolución antes mencionada se fundamenta en el artículo 31 del Código del menor que consagra las situaciones típicas de abandono o peligro en las que puede encontrarse un niño. Específicamente en los ordinales 2º y 4º del mencionado artículo.
- Para la defensora de familia, la declaratoria de abandono es procedente puesto que encuadra en los ordinales anteriormente nombrados en virtud de que los menores tienen una carencia absoluta de la madre y además, porque los familiares incumplieron con sus obligaciones, sometiéndolos a reiterados maltratos físicos y actos de abuso sexual propiciados por el señor SS en su calidad de compañero de la abuela materna.
- Con posterioridad a la notificación de la Resolución No 054, el 19 de julio de 2005, el apoderado de la señora XX (abuela de los menores) interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.
- Mediante Resolución No. 070 del 27 de septiembre de 2005, se resuelve el recurso de reposición, confirmando la declaratoria de abandono y concediendo el recurso de apelación frente a las Directora Regional FF del ICBF.
- Mediante Resolución No. 2221 del 16 de noviembre de 2005, la Directora Regional FF del ICBF resuelve el recurso de apelación, confirmando en todas sus partes la Resolución No. 070 del 27 de septiembre de 2005 proferida por la defensora de familia del ICBF, Centro Zonal EE dos.
- Paralelamente al proceso de declaratoria de abandono, la Fiscalía CC Seccional avoca conocimiento de la denuncia presentada por el ICBF contra el señor SS, por los presuntos abusos sexuales que habría podido cometer en contra de las menores, tal y como ellas mismas lo manifestaron en sus entrevistas psicológicas.
- La Fiscalía CC Seccional de EE, FF, el 25 de noviembre de 2005, después de hacer un análisis de la situación de las menores, presuntamente abusadas por el señor SS, determinó que no existía atipicidad en la conducta de éste, puesto que los actos realizados con las menores no tenían el único y exclusivo fin de obtener satisfacción sexual o libidinosa, sino que los actos denunciados son normales en una persona que tiene a cargo al custodia y cuidado de las niñas. Por lo anterior, decide precluir la investigación.
- El 2 de enero de 2006, la señora XX interpone acción de tutela en contra del ICBF por considerar que se ha vulnerado el debido proceso en el trámite de la declaratoria de abandono de sus nietos al expedirse la Resolución No. 054, el 12 de julio de 2005.
- La accionante manifiesta que sin haber esperado las resultas de la investigación penal en contra de su compañero SS, se adelantó el proceso de declaratoria de abandono. Adicionalmente, que una vez terminada la investigación penal, presentó la resolución de preclusión de la investigación para que fuera tenida en cuenta por parte de la defensora de familia.
- En el momento de la interposición de la acción de tutela, la señora XX manifiesta que no ha podido tener contacto con sus nietos porque se encuentran en distintos hogares de protección.
- Para la abuela, no existen argumentos para declararlos en abandono y posteriormente llevarlos a un proceso de adopción pues se pregunta si ellos acaso están en la calle y si no tienen familia que los cuide y proteja. La muestra de que los menores no están abandonados es que al momento en que fueron sacadas de su casa, ellas se encontraban estudiando en una escuela y los niños permanecían en el hogar.
- La accionante manifiesta que a sus nietos no se les puede negar el derecho de estar con su familia biológica.
- Los menores viven de lo que les puede dar su abuela y sus tíos.
Además de las pruebas que se enunciarán mas adelante obran en el expediente las siguientes:
a. Copia de la Resolución No. 054 de 2005 del 12 de julio de 2005, “por medio de la cual se declara en situación de abandono a los niños YY, ZZ, NN Y WW”
10. La defensora de familia determina que la ausencia de la madre (fallecida en el año 2003) se encuadra perfectamente en el numeral 2 del artículo 31 del Código del Menor puesto que no solamente carecen de su compañía y la de su padre, sino que los familiares de los menores “incumplieron sus obligaciones al no cumplir con su rol y viviendo reiterativos maltratos físicos y actos de abuso sexual situaciones que fueron puestos en conocimiento de la autoridad competente. Easte (sic) lo suficiente para que la declaratoria de abandono se abra paso expedito”.
b. Denuncia presentada ante la CC Seccional de EE a favor de los menores YY, ZZ, NN y WW y en contra del señor SS por el delito consagrado en el Libro Segundo, Título XI de los Delitos contra la Libertad Sexual y la Dignidad Humana, Capítulo Primero, de la violación.
La denuncia es presentada por la defensora de familia CZP2 del ICBF, ante la Fiscalía Seccional de EE, de conformidad con la información de la investigación No. HSF 0557/05 y se fundamenta en lo siguiente:
c. Informe suscrito por un subteniente de la Policía de Menores en el que se informa que se deja a disposición del ICBF a los menores ZZ, NN y WW.
d. Valoración psicológica efectuada a la menor ZZ el 18, 21 y 25 de abril de 2005 por una de las Psicólogas del Bienestar Familiar .
e. Valoración médico legal de la menor YY de 10 años de edad.
f. Valoración médico legal de la menor ZZ de 7 años de edad.
g. Auto, del 16 de junio de 2005, mediante el cual la Fiscalía CC Delegada ante los Juzgados Penales decreta pruebas testimoniales del las abuelas de las menores YY e ZZ, se cita a versión libre sin juramento al señor SS y se solicita a un investigador de la Sijin para que investigue en el vecindario donde habitan las menores si conocen del maltrato sobre los menores.
h. Declaración rendida ante la Fiscalía CC Seccional por la menor ZZ el 21 de septiembre de 2005.
i. Declaración rendida ante la Fiscalía CC Seccional por la menor YY el 21 de septiembre de 2005.
Respecto de los actos sexuales responde que en varias oportunidades cuando están en pijama el abuelo les baja los pantalones y que por eso la abuela le pega a él, pero ella no se ha dejado pero la abuelita le ha pegado. Esos actos los hace sólo cuando está borracho que generalmente es los sábados y los domingos.
j. Resolución de definición de la situación jurídica del señor SS expedida por la Fiscalía CC Seccional el 25 de noviembre de 2005.
La Fiscalía CC Seccional de EE, FF, el 25 de noviembre de 2005, después de hacer un análisis de las situación de las menores, presuntamente abusadas por el señor SS, determinó que existía atipicidad en la conducta de éste, puesto que los actos realizados con las menores no tenían el único y exclusivo fin de obtener satisfacción sexual o libidinosa, sino que, los actos denunciados son normales en una persona que tiene a cargo la custodia y cuidado de las niñas. Por lo anterior, decide precluir la investigación.
k. Escrito presentado por el apoderado de la señora XX el 23 de mayo de 2005, con el fin de solicitar que los menores fueran integrados a su hogar.
l. Recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. 054 del 12 de julio de 2005 presentado el 19 de julio de 2005.
1. La declaración que rindió la menor YY se llevó a cabo sin contar con la presencia de quien ejerce su custodia y por lo tanto, se presume que hay parcialización en la declaración que ésta rindió. Y, a cambio de la persona que ejercía su custodia, debió estar presente la procuradora de familia con el fin de que se diera igualdad en los derechos tanto de los menores como de quienes los representan para evitar nulidades.
m. Escritos del 13 y 16 de diciembre de 2005 dirigidos al ICBF con el fin de anexar copia del auto interlocutorio que decidió precluir la investigación en contra de SS por no existir conducta que se adaptara al tipo penal de abuso sexual.
n. Copia de la Resolución No. 070 del 27 de septiembre de 2005, “por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición y se concede en subsidio el recurso de apelación interpuesto por la señora XX a través de apoderado en contra de la Resolución No. 054 de julio 12 de 2005.”
En este acto, el ICBF resuelve “NO REPONER” la Resolución 054 del 12 de julio de 2005 sobre la base de los argumentos de la Resolución repuesta y de nuevos argumentos, a saber:
o. Copia de la Resolución No. 221” (p)or la cual se resuelve un recurso de Apelación”, proferida por la Directora Regional del ICBF, FF.
En este acto el ICBF decide “CONFIRMAR” en todas sus partes la Resolución No. 070 de septiembre 27 de 2005 proferida por la Defensora de Familia del ICBF Centro Zonal EE Dos con fundamento en las siguientes consideraciones:
1. Con fundamento en el artículo 44 de la Constitución Política que establece la prevalencia de los derechos de los menores sobre los derechos de los demás, la Directora Regional manifiesta que la norma contempla no solamente una protección de los derechos simplemente sino que mas allá, determina de forma imperativa que a los menores debe garantizárseles el cuidado y el amor el derecho a tener una familia y no ser separado de ella, todo esto con miras a una formación integral de la personalidad del niño en proceso de desarrollo. Cita como soporte argumentativo la Sentencia T-278 de 1994 de la Corte Constitucional.
En relación con los hechos de la demanda, la directora regional del Instituto manifiesta que el actuar de la Institución que representa no se inició como resultado de una denuncia anónima, sino cuando el Subteniente de Servicios Especializados de las Policía de Menores deja a los menores YY, ZZ, NN y WW en el centro zonal ICBF, EE Dos, con una narración sucinta del estado en que se encontraban los menores en el momento de la asistencia de la Policía.
Además, que a pesar de que el Instituto notificó a la señora XX de las resultas de la apelación de la Resolución No. 054 de 2005, ésta no se hizo presente y, por lo tanto, debió notificársele por edicto.
b) Visita domiciliaria al hogar sustituto donde se encontraban los menores:
La auxiliar del Juzgado de Menores que llevó a cabo la visita al hogar sustituto, observó lo siguiente: “…el Hogar donde se encuentran los niños les brinda las garantías para su desarrollo físico, mental, moral, y social, no presenta ningún tipo de riesgo, ni atenta de ninguna manera contra sus derechos fundamentales, por lo que considero que deben continuar bajo la responsabilidad y cuidado del ICBF.”
La señora XX manifiesta que tiene 67 años de edad, que es viuda, es analfabeta, no sabe firmar, y vive son sus dos hijos. Uno de sus hijos trabaja como cotero y su hija trabaja como vendedora ambulante. Adicionalmente una nieta de 13 años que no sabe cómo se llama. Respecto de sus demás nietos, no sabe cómo se llaman.
Manifiesta que ella se encarga de las cosas de la casa y de sus nietos pero no trabaja. Depende económicamente de lo que dan sus dos hijos. Uno de ellos recibe en promedio $50.000 pesos diarios y la vendedora ambulante recibe entre $50.000 y $100.000 diarios.
A la pregunta de si consideraba que tiene los medios económicos y familiares para el cuidado de los cuatro menores de edad ella manifiesta que “sí creo que puedo porque no son los primeros nietos que crío y el tío trabaja y ve por los sobrinos él es soltero y ve por los sobrinos”
Respecto de la capacidad para otorgar la debida educación, salud, bienestar, cuidado y recreación de los menores, la señora XX responde: “si, porque yo tengo carnet del SISBEN y los niños también tienen y cuando los veo al (SIC)los llevo al médico, y las niñas estaban estudiando yo si tengo los medios para darle el estudio, yo creo que a los niños no les hace falta nada conmigo”.
A la pregunta que desde cuando había solicitado el reintegro de los menores, la abuela de los menores dice que: “Desde que se los llevaron fui a rogarles que me los devuelvan y hasta en televisión salieron que los iban a regalar y yo fui porque los niños sí tienen familia”
6. Providencia judicial de primera instancia
2. “Los menores pueden tener la oportunidad de ser vinculados a una familia que desee acogerlos y esté capacitada para velar por su bienestar general.”
3. “ Como en este caso existen sobradas razones, el I.C.B.F. debe proseguir con el proceso de adopción iniciado pues no es otra la teleología de éste importantísimo medio de protección”.
4. “Revisada la historia socio familiar aportado se puede concluir que el I.C.B.F. cumplió con el trámite previsto para el caso y no se observa violaciones al debido proceso o atentados contra los derechos fundamentales de la accionante y de los niños.”
5. “ …la accionante ha hecho uso de los recursos que a bien tuvo interponer, no obstante, cuenta con una última alternativa al momento de la homologación que habrá de surtirse ante el Juez de Familia quien hace un estudio pormenorizado del trámite previo a la adopción, es allí la oportunidad que tiene de hacer las manifestaciones que crea convenientes.”
6. “El juzgado a través de trabajo social ha podido constatar la caótica situación socio familiares (sic) en que se debate la familia de la accionante, la carencia de recursos suficientes para la satisfacción de las mínimas necesidades a las que puede alcanzar un niño para desarrollarse felizmente, pues su situación atenta contra sus derechos fundamentales, su integridad y su desarrollo integral y armónico, pues se trata de niños con un altísimo grado de vulnerabilidad.”
7. Si bien la señora XX está llena de afecto, buenas intenciones hacia sus nietos, ellas no son suficientes para que los niños tengan un desarrollo armónico feliz; además, sus afectos intereses y derechos no pueden estar por encima de los derechos fundamentales y necesidades prevalentes de los niños.”
8. “Las visitas domiciliarias realizadas por el Juzgado a los hogares de la accionante y donde se encuentran los niños, nos permiten tener una semblanza real de la situación contextual que el Juez constitucional no puede desconocer.”
9. “Las anteriores consideraciones permiten concluir que el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –I.C.B.F. no ha vulnerado normas fundamentales ni de la accionante ni menos de los menores a quienes se está amparando al adoptar la medida que los declara en estado de abandono o de peligro.”
No se puede considerar en su caso concreto que los niños se encuentren maltratados pues éstos lo que necesitan es afecto y cariño que no se puede compensar ni reemplazar. En el caso que los nietos hubiesen sido niños de la calle era fácil reemplazar a su papá o a su mamá pero en este caso son niños que se han criado con sus hermanos, con sus tíos y con sus primos que no son de fácil reemplazo.
8. Providencia judicial de segunda instancia
Mediante sentencia del 23 de febrero de 2006, el DD, Sala de decisión Civil – Familia, decidió tutelar el derecho al debido proceso de XX y de los menores YY, ZZ, NN y WW, ordenando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –Regional FF- que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de la sentencia, reintegre a dichos menores al hogar del cual fueron extraídos, para que queden al cuidado de XX, abuela materna de los infantes.
3. El proceder como que llevó a cabo la Policía de Menores resulta a todas luces inconstitucional pues desconoció los postulados constitucionales del debido proceso y las normas del Código del Menor (artículos 44, 46 y 47). Por lo tanto, la investigación adelantada por el ICBF está viciada de nulidad.
4. El Tribunal afirma que aunque los menores no se encuentran dentro del marco de una familia ideal, ésta “es un ejemplo de esfuerzo mancomunado en resistir y progresar ante las crisis económicas y las circunstancias de hermandad que afectan a los menores del caso”.
9. Seguimiento a los menores de conformidad con lo ordenado por el fallo de segunda instancia
1. Informe de visita social de seguimiento
- La señora XX que tiene 68 años, es analfabeta, viuda y su ocupación es ser ama de casa.
- La señora MM, hija de la señora XX, de 24 años, con escolaridad primaria incompleta, que es soltera y “vendedora de cacharro”.
- RR, nieta de la señora XX, de 8 años de edad, estudiante de segundo de primaria en la Institución José Antonio Galán.
- KK, nieto de la señora XX de 3 meses de edad.
- SS, hijo de la señora XX de 36 años con escolaridad primaria incompleta, que es soltero y se dedica a ser carguero.
- UU, nieta de la señora XX de 15 años de edad, analfabeta y desescolarizada.
- YY, nieta de la señora XX de 10 años de edad, estudiante primaria en la Institución educativa Antonio Galán, huérfana de madre.
- ZZ, nieta de la señora XX, huérfana de madre y estudiante de primaria de la Institución Antonio Galán.
- NN, nieto de la señora XX, huérfano de padres y asistente al programa de la Alcaldía Municipal de EE, PP, Niño Jesús de Praga, entre las 8:00 am y las 4:00 pm.
- WW, nieto, de 3 años de edad, huérfano de padres, quien asiste actualmente al programa de la Alcaldía Municipal de EE, PP, Niño Jesús de Praga, entre las 8:00 am y las 4:00 pm.
Al hacer un análisis de las condiciones sociales y económicas se concluye que la familia tiene bajos ingresos y que éstos provienen de trabajo de los hijos de la señora XX (tíos de los menores). La abuela de los menores, por su avanzada edad, se encuentra impedida para trabajar y adicionalmente, se queja de sus enfermedad y manifiesta: “ya no puedo mas, me siento enferma y cansada”.
La casa donde habitan se encuentra a título de anticrésis por $2.000.000 por un año, consta de tres piezas, una cocina ubicada en el patio, sanitario en regular estado, lavadero con suficiente agua y construcción de la vivienda en obra negra.
En la misma fecha se llevó a cabo una dinámica familiar en la que se determinó que la comunicación entre los miembros de la familia es de tipo paradójico y rechazante, no existe un direccionamiento de la autoridad, ya que ésta la ejercen todos los adultos del grupo familiar. El tío TT desempeña le rol de proveedor mas importante de la familia.
La Trabajadora social conceptúa que es “es claro el maltrato por negligencia y descuido en la satisfacción de las necesidades básicas de los niños”. Además identificó “factores de riesgo para los menores como la presencia permanente del compañero de la abuela en el grupo familiar, quien en la historia integral socio familiar se presenta como el presunto agresor de las menores”. Adicionalmente se pudo identificar la presencia del tío alcohólico en el grupo familiar.
2. Informe de seguimiento de los menores
- Que en el medio familiar vive una menor de edad además de los cuatro menores que son objeto de seguimiento por parte del ICBF; vive la menor UU de 15 años de edad quien, al igual que los otros menores, quedó al cuidado de su abuela, la señora XX. Esta menor tienen graves problemas de sentimiento de abandono, siente que es “un estorbo” incluso manifestó que la tía y la abuela le habían insinuado que abandonara el hogar. La menor no ha superado la vivencia de asesinato de sus padres quienes eran consumidores de psicoactivos.
- Cuando se entrevistó a la hija de la señora XX se concluyó que la solicitud de reintegro de los menores al medio familiar obedeció a la exigencia de su madre la señora XX, porque se afectó psicológicamente ante la ausencia de sus nietos, pero considera que por la edad, la señora XX no está en capacidad para atender los problemas propios de la etapa de desarrollo de los menores.
- En el hogar sustituto donde se encontraban cuando estaba vigente la medida de protección, los menores lograron el manejo de conductas de autocuidado, cambiaron hábitos inadecuados de alimentación que se perdieron en el contexto familiar.
- De conformidad con lo indagado por la Psicóloga en las instituciones educativas donde se encuentran los menores, se pudo establecer que el señor SS aún se encuentra en el medio familiar y personalmente acude para llevar a los menores a éstas instituciones.
Los tíos se convirtieron en principales proveedores económicos pero no ejercen un proceso de formación y crianza pues éstos se deben ocupar se sus propias responsabilidades lo que los obliga a permanecer por fuera de su casa.
3. Informes de egreso de la menor YY del Hogar de protección de las JJ del 28 de febrero de 2006
- Que la menor manifiesta encontrarse bien el hogar de su abuela, aunque se percibe en ella un bajo estado de ánimo que le dificulta expresar sus sentimientos.
- Según la visita familiar que se llevó a cabo en el hogar de la menor, se concluyó que allí viven varios menores de edad que presentan rasgos de anormatividad e hiperactividad lo que convierte su manejo en una situación difícil para la señora XX, como responsable del cuidado de los menores.
- Los menores están en riesgo puesto que no son receptivos de los llamados que les hace su abuela ni a las instrucciones que ella les imparte.
- Observan impulsividad en los juegos que desempeñan los menores de edad y salen a los alrededores de la casa sin supervisión de los adultos.
- YY tienen una adecuada presentación personal, un pensamiento coherente, sin embargo la niña manifiesta sentimientos de tristeza y tendencia al mutismo.
- La abuela, cuando asistió al Hogar de protección, manifestó que la actitud de la menor respondía a un sentimiento de temor porque la menor piensa que la va a dejar en ese Hogar.
- La abuela hace conocer que para ella hubiera sido mejor que sus nietos estén bajo medida de protección siempre y cuando le permitan la visita, situación que se retoma y se resalta la importancia de hacer conocer su planteamiento al ICBF, sin embargo, la abuela manifestó que ella ya había dado a conocer ese planteamiento al ICBF sin que hubieran resultados positivos. En su momento, la señora XX manifestó lo siguiente: “Yo les dije pero no quisieron…dijeron que si los dejaba era para poderlos regalar” (Hace referencia a que los niños sean entregados en adopción).
- En las distintas sesiones que se entrevistó a las señora XX, se detectó que ella se siente cansada ocasionalmente por la responsabilidad adquirida con sus nietos y lo asume de manera conforme por tratarse de su familia.
- Respecto del señor SS manifestó que se encuentra en HH porque el quiso aislarse para no tener problemas relacionados con los niños aunque su salida no fue aceptada por los hijos del señor SS
- Posteriormente a la salida de la Institución, se les ha venido haciendo un seguimiento en el que se les ha dado a la familia de los menores pautas de crianza, teniendo en cuenta elementos importantes como el afecto, dialogo, tolerancia, manejo de autoridad, normatividad, derechos de los niños y deberes que se deben asignar de conformidad con su edad.
- Que la menor se desarrolla en un ambiente social vulnerable donde la agresión y la intolerancia son los patrones diarios de relación, asociado a círculos de violencia , inseguridad y expendio de psicoactivos. UU vive en ese ambiente desde que regresó de LL a vivir con su abuela materna, tíos, primos y el compañero de su abuela.
La madre de la menor tuvo muchos problemas con su padre debido al consumo de sustancias psicoactivas de éste.
La menor quedó huérfana y fue a vivir a LL donde su tío paterno, pero allá sufrió en repetidas oportunidades maltrato por parte de la compañera de éste. Adicionalmente, realizaba trabajos domésticos y no fue escolarizada. En virtud de los maltratos, la menor decidió fugarse de LL e irse a EE donde su abuela, después de haber pasado por una Institución de protección en ÑÑ.
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución Política, y los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991, es competente para revisar la decisiones judiciales adoptadas por los jueces de tutela.
Aunque la demandante no tiene la representación legal de los menores, puesto que ninguna autoridad judicial le ha dado la custodia de los menores a sus abuelos, es claro que la misma está legitimada por el artículo 44 constitucional para solicitar la protección alegada. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional considera “ que cualquier persona puede interponer acción de tutela ante la eventualidad de una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del niño. La interpretación literal del último inciso del artículo 44 de la Carta, que permite a cualquier persona exigirle a la autoridad competente el cumplimiento de su obligación de asistir y proteger al niño, no puede dar lugar a restringir la intervención de terceros solamente a un mecanismo específico de protección de los derechos, vgr. la acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución. Este entendimiento de la norma limitaría los medios jurídicos instituidos para la defensa de los derechos del menor, quien por su frágil condición debe recibir una protección especial." (Sentencia T-462/93 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)[1]
4. Derechos de los menores. Criterios para determinar su prevalencia
Con el fin de delinear el marco donde se circunscribe el interés superior del menor, consagrado en el artículo 44 de la Constitución, pues este artículo no es excluyente ni absoluto[2], la Corte Constitucional, en la sentencia T-292 de 2004, expuso los parámetros que se deben tener en cuenta tanto por los funcionarios administrativos como por los jueces que tengan la misión de aplicar las normas de protección a la infancia.
“(1) la garantía del desarrollo integral del menor; (2) la preservación de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor; (3) la protección del menor frente a riesgos prohibidos; (4) el equilibrio con los derechos de los parientes biológicos sobre la base de la prevalencia de los derechos del menor; (5) la necesidad de evitar cambios desfavorables en las condiciones presentes del niño involucrado; y (6) la necesidad de tener en cuenta las opiniones expresadas por el menor respecto del asunto a decidir.”[3]
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Corporación[4] ha establecido unos criterios específicos con el fin de determinar el carácter prevalente de los derechos fundamentales de los menores cuando está de por medio la permanencia de éstos en el seno de una familia. Estos criterios son :
5. Protección internacional, constitucional y legal del menor
De todos los compromisos, el más amplio y de mayor alcance es la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por 192 países. La Convención –el tratado de derechos humanos que más respaldo ha recibido en la historia– y sus Protocolos Facultativos describen en términos muy concretos las obligaciones jurídicas que los gobiernos tienen con la infancia. La supervivencia, el desarrollo y la protección de la niñez dejaron entonces de ser una cuestión relacionada con la caridad y se convirtieron en una obligación moral y jurídica. Los gobiernos acordaron rendir cuentas de esa obligación ante un organismo internacional, el Comité de Derechos del Niño, al que tienen que presentar sistemáticamente informes sobre la situación de la infancia”.
Dentro de los propósitos mas representativos en cabeza de la comunidad internacional se encuentra el de la UNICEF que busca alcanzar ocho objetivos específicos a favor de la niñez en el año 2015 propósitos ubicados dentro de lo que se ha denominado “Objetivos de Desarrollo del Milenio”[5]
En el ámbito americano, la protección de los derechos de los menores ha sido objeto de un completo análisis por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus sentencias y en especial de la Opinión Consultiva No. OC-17/2002 del 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la interpretación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, con el propósito de determinar si las medidas especiales establecidas en el artículo 19[6] (derechos del niño) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos constituyen “límites al arbitrio o a la discrecionalidad de los Estados” en relación a niños, y asimismo solicitó la formulación de criterios generales válidos sobre la materia dentro del marco de la Convención Americana.
13. Que es posible emplear vías alternativas de solución de las controversias que afecten a los niños, pero es preciso regular con especial cuidado la aplicación de estos medios alternativos para que no se alteren o disminuyan los derechos de aquéllos.”
Siendo éstos algunos de los parámetros internacionales que fijan las conductas que deben adoptar los estados frente a la niñez, corresponde al Estado colombiano atenderlas llevando a cabo actividades en procura del bienestar de este grupo de personas y dando cumplimiento estricto a los compromisos internacionales a los que se ha obligado.
7.1 Procedencia de la acción de la acción de tutela en el presente caso.
Resulta procedente la acción de tutela pues se trata de la protección de los derechos de los menores. Sin embargo, tal como se entrará a analizar, es necesario encuadrar su protección dentro del marco jurisprudencial, tal y como se indicó en el numeral 4 del Capítulo II de la parte considerativa de esta providencia.
7.2 Aplicación de los criterios para determinar la prevalencia de los derechos de los menores
Tal y como se examinó en el numeral 4 Capítulo II de esta parte considerativa, con el fin de determinar la prevalencia de los derechos de los menores se debe hacer un análisis con fundamento en algunos criterios que la jurisprudencia ha fijado.
(I) Criterios jurídicos relevantes
En este punto hay que partir de la base de los mandatos tanto internacionales como nacionales de protección al menor. Tal y como se enunció en el numeral 5 del Capítulo II de la parte considerativa, tanto el artículo 44 de la Constitución Nacional como las normas internacionales a las que se ha obligado Colombia y el desarrollo legislativo de los derechos de los menores, condensado principalmente en el Código del Menor, obligan a la Familia, la Sociedad y el Estado a dar una especial protección a los menores.
En el Título Segundo, capítulos I, II y III del Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) se condensan las normas que determinan los procedimientos y las medidas a adoptar por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los defensores de Familia y las demás autoridades encargadas de la protección de los menores, tal como se examinó en el numeral 6 de las Consideraciones de la Corte.
(II) Una cuidadosa ponderación de las circunstancias fácticas que rodean a los menores involucrados
a. La garantía del desarrollo integral de los menores.
- En el domicilio de los menores habitan diez (10) personas a saber: La abuela XX, los tíos de los menores MM y TT y los menores KK, RR, YY, ZZ, NN, WW y UU, sin contar al compañero de la abuela SS.
- Los menores viven en situación de hacinamiento tal y como se desprende del informe de la visita social llevado a cabo por el ICBF el 4 de abril de 2006.
- Existe un sentido de autoridad difuso, puesto que los menores deben atender las órdenes impartidas por su abuela, el compañero de la abuela y sus tíos.
- Las condiciones de higiene del lugar donde habitan los menores no son las mejores, no hay manejo adecuado de las basuras y hay malos olores de conformidad con los que observó la trabajadora social del ICBF.
- Existe una atención mediática de las necesidades de los menores, puesto que dependen exclusivamente de los ingresos de sus tíos.
- Los tíos de los menores aportan para el hogar mas que todo por darle gusto a la mamá ( abuela de los menores ) pero no existe un compromiso con los menores mismos de sacarlos adelante.
- Si la abuela llegare a fallecer no hay garantía de que los menores puedan seguir siendo cuidados por sus tíos.
- UU, prima de los menores, es analfabeta.
- Los menores llevan a cabo labores que no corresponden a niños de su edad, como por ejemplo cocinar.
- Los menores salen a la calle sin el cuidado de los mayores y corren peligro.
- La eventual falta de la abuela no aseguraría que los tíos se responsabilizaran de los menores.
b. La preservación de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor.
- La abuela de los menores confiesa corregir a los niños mediante el maltrato físico pues esto le parece una situación normal, utilizando para ello, fuetes, ortiga, chanclas, además de un vocabulario soez y peyorativo para referirse a sus nietos.
- El padre de los menores NN y WW tiene problemas de adicción a sustancias sicoactivas y decidió que no se hace responsable de los menores.
- La menor UU, de 15 años de edad y prima de los menores objeto de la presenta acción, es analfabeta y no tiene una expectativa clara de progreso en el seno de la familia de la abuela (es de aclarar que esta menor no fue objeto de medida de protección por parte del ICBF y nunca se tuvo en cuenta para declarar la situación de abandono).
- Las condiciones de nutrición y de salubridad de los menores no son las mejores y en consecuencia se atenta contra el derecho a tener una alimentación equilibrada.
- A los menores se les asignan tareas propias de los adultos.
- Aunque en la investigación penal por abuso sexual la Fiscalía precluyó la investigación en contra del señor SS, compañero de la señora XX, las menores hicieron narraciones sobre la conducta de este señor, ante los profesionales del ICBF, que no son propias de un niño que viva en un ambiente familiar normal, y que demuestran que su integridad física puede llegar a estar en peligro.
- Respecto a la salud de los menores, el círculo familiar cuenta con el SISBEN aunque según valoración nutricional que se le hizo a los menores ( folio 77 del cuaderno principal) los menores WW, NN e ZZ, cuentan con carné de EPS de Salud OO nivel 1.
- Aunque por el momento los menores cuentan con una familia compuesta por sus tíos y su abuela, este vínculo, de conformidad con lo que obra en el acervo probatorio, no es lo suficientemente fuerte puesto que los tíos de los menores los mantienen con el fin de dar gusto a su madre (abuela de los menores).
- Respecto del cuidado y amor que los menores deben tener no se hace evidente en su núcleo familiar puesto que los tratan con palabras soeces. Igualmente, los malos tratos frente a los menores provienen de la abuela al proporcionar los castigos a sus nietos con chanclas, fuetes, ortiga, etc. Adicionalmente los menores salen a la calle sin la supervisión de los adultos.
- En cuanto a la educación de los menores, éstos asisten a la escuela aunque no en las menores condiciones. Sin embargo, su prima UU no lo hace y se encuentra en situación de analfabetismo, negándosele de esta manera su derecho a la educación. Los demás menores aunque van a la escuela, no lo hacen en las mejores condiciones.
- El derecho a la recreación de los menores se desarrolla en el entorno con sus hermanos.
c. La protección de los menores frente a riesgos prohibidos por la Constitución.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades respecto de los riesgos que pueden amenazar o perturbar la integridad de los menores de edad. A esta categoría de riesgos se les ha denominado “riesgos prohibidos”[7].
d. El equilibrio con los derechos de los parientes biológicos sobre la base de la prevalencia de los derechos del menor
De acuerdo con las anteriores conclusiones, extraídas de las pruebas que obran en el expediente, se puede deducir que el interés y las labores de los familiares biológicos, aunque garanticen un mínimo de subsistencia para los menores, son insuficientes para garantizar los derechos de éstos.
e. La necesidad de evitar cambios desfavorables en las condiciones presentes de los niños involucrados
f. La necesidad de tener en cuenta las opiniones expresadas por los menores respecto del asunto a decidir.
(iii) Criterios específicos con el fin de determinar el carácter prevalente de los derechos fundamentales de los menores cuando está de por medio la permanencia de éstos en el seno de una familia.
Junto al análisis de los requisitos anteriores, tal como se señaló en el numeral 4 del Capítulo II de la parte considerativa de esta providencia, existen ciertos criterios que deben ser objeto de análisis al momento de evaluar los derechos de los menores cuando se encuentre de por medio su permanencia en el seno familiar.
- La Abuela XX de 68 años de edad.
- El señor SS, compañero de la Abuela.
- La tía MM de 24 años de edad.
- El tío TT de 36 años de edad.
- La prima UU de 15 años de edad.
- El primo KK de 3 meses de edad.
El Juez de tutela de Segunda Instancia determinó que los menores debían volver a casa de su abuela porque se vulneró el debido proceso en la actuación administrativa del ICBF. Sin embargo, con posterioridad a esa orden judicial el ICBF ha llevado a cabo entrevistas con la familia de los menores en las que se demuestra que las condiciones en el seno familiar de los menores no son buenas y que, incluso, los avances logrados cuando estaban a cargo del Bienestar Familiar se perdieron ( pruebas anexas en el cuaderno de esta Corte).
De conformidad con los análisis de los profesionales asignados por el ICBF para el estudio del presente caso, mientras los menores estuvieron bajo la custodia de hogares de crianza, se logró determinar que éstos tuvieron avances significativos por fuera del núcleo de su familia natural.
- Que de conformidad con las condiciones actuales de vida de los menores, no existe una garantía de desarrollo integral de éstos pues sus circunstancias de hacinamiento, descuido, mala higiene y deficiente desarrollo integral vulneran sus derechos.
- No existen condiciones en el domicilio actual de los menores, que les permitan desarrollarse de manera integral.
- Se hace indispensable la protección de los menores frente a riesgos prohibidos como el alcoholismo y el maltrato físico y moral que atentan contra su dignidad.
- No existe un equilibrio entre los derechos de los parientes biológicos y los de los menores porque: en primer lugar, no existe presencia de sus padres, en segundo lugar, sus tíos no manifiestan la intención de quedarse y proteger a los menores en caso de ausencia de la abuela y, finalmente, la abuela, como directa responsable de los menores, tiene una edad avanzada que le impide cuidar de ellos de la forma debida.
- La situación de los menores en el domicilio actual, no resulta más favorable para sus intereses puesto que de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, mientras los menores estuvieron a cargo del ICBF, su calidad de vida aumentó y se lograron avances notorios en materia de nutrición y demás aspectos fundamentales para el desarrollo integral de los menores.
7.3 Análisis del procedimiento llevado a cabo por el ICBF.
De conformidad con lo que expone la actora en sus pretensiones, en el proceso de declaratoria de abandono que llevó a cabo el ICBF y que concluyó con las expedición de la Resolución 054 del 12 de julio de 2005, existió vulneración del debido proceso.
- La Resolución 054 del 12 de julio de 2005 dice que en el Centro Zonal se abrió historia socio familiar el 30 de marzo de 2005 a solicitud de un informe de Policía de Menores del 28 de marzo de 2005, según el cual los menores YY, ZZ, NN y WW “son maltratados físicamente por los abuelos quienes además según informaciones de los vecinos se embriagan con frecuencia”. Por esta razón se solicitó protección para los niños.
- Con fundamento en el informe, por auto del 28 de marzo de 2005 se decretó la apertura de la investigación y el ICBF ordenó la práctica de pruebas y diligencias pertinentes para determinar si existían situaciones de abandono o de peligro y en virtud de los anterior, proceder a tomar las medidas del caso.
- Con fundamento en el artículo 57 del Código del Menor se ordenó la colocación familiar de los niños en un hogar sustituto de la ciudad de EE.
- Los días 3 de marzo de 2005 y 4 de abril de 2005 se notificó de la apertura de la investigación a las abuelas de los menores y con posterioridad se hicieron las indagaciones acerca de familiares que se encontraran en condiciones de ejercer la custodia de los menores.
- Se hicieron los análisis con trabajadoras sociales, psicólogos, sexólogos y se decidió interponer una denuncia por la posible comisión de actos sexuales con las dos niñas menores por parte del compañero de su abuela.
- Se detectó que el padre de los dos menores varones fue condenado por el delito de hurto calificado y éste hecho fue certificado por el juzgado penal de conocimiento.
- Respecto de la madre de todos los menores se probó su fallecimiento el 7 de octubre de 2003.
- Posteriormente, se citó a las personas que estuviesen llamadas a ejercer la custodia de los menores y se publicó su fotografía en el programa niños buscan su hogar en la televisión nacional.
- De conformidad con el artículo 31 del Código del Menor los menores se encuentran en situación de abandono puesto que existe falta absoluta de la madre de los menores y sus familiares han incumplido sus obligaciones porque no han ejercido el rol que les corresponde.
- Adicionalmente, se concluyó que los menores tienen una baja auto estima, son irritables, tienen enuresis nocturna, además de la existencia de otros factores de riesgo como la violencia intrafamiliar, maltrato físico e ingesta de licor por las personas encargadas de su cuidado.
- Teniendo en cuenta las razones anteriores y habiendo adelantado el procedimiento enunciado, la Defensora del Centro Zonal EE Dos, decidió declarar la situación de abandono de los menores mediante la Resolución 054 de julio de 2005.
- Sobre la Resolución antes anotada se interpusieron los recursos de reposición y apelación que fueron decididos en el sentido de confirmar la misma decisión.
- Tal y como se anunció en el numeral 6 del Capítulo II de la parte considerativa de esta providencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el organismo competente para llevar a cabo las declaratorias de abandono de los menores de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor).
- Posteriormente, de conformidad con el artículo 37 del Código del Menor, el defensor de familia debe abrir la investigación a través de auto en donde podrá decretar pruebas y adoptar medidas provisionales, además de denunciar los posibles delitos que se hayan podido cometer en contra de los menores.
- Posteriormente, tal y como lo enuncia el artículo 38 del Código de Menor, oirá el concepto de profesionales del ICBF con el fin de tener certeza sobre la situación de los menores y así determinar cuál es la medida más aconsejable para su protección.
Dentro de las pruebas que aparecen en el expediente, constan conceptos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences efectuados por el médico legal sexológico a YY e ZZ (folios 62 y 63 del cuaderno principal), de igual manera aparecen unos informes psicosociales hechos a YY y a ZZ (folios 65-69 del cuaderno principal). De otro lado, aparece la valoración nutricional de tres de los menores (folio 77 del expediente) entre otras pruebas que incluyen entrevistas familiares y visitas domiciliarias.
Estos conceptos sirvieron de base para declarar la situación de abandono de los menores tal y como se refleja en la Resolución 054 del 12 de julio de 2005.
- Una vez se haya determinado la medida mas favorable, el acto que la contiene debe ser notificado a los responsables del menor de conformidad con el artículo 39 del Código del Menor.
En los folios 124 y 125 del expediente aparecen pruebas de las citaciones para la notificación personal, a la que acudieron personalmente las abuelas de los menores (folios 126 y 127 del cuaderno principal).
Sobre la Resolución que declaró el abandono se interpusieron los recursos pertinentes (artículo 51 y 52 del Código del Menor) pero finalmente fue confirmada por la Resolución No. 2221 del 16 de noviembre de 2005 emitida por la Directora Regional del ICBF FF.
- Si después del procedimiento anterior el defensor determina que el menor corre peligro, podrá decretar el allanamiento del lugar donde se encuentre el menor previa expedición de auto que así lo determine. Para esta diligencia podrá pedir el apoyo de la fuerza pública así lo dispone el artículo 43 del C.M.
Un primer momento, el 28 de marzo de 2005, en el que motivados por la denuncia[8] de una vecina de lo niños, la patrulla de policía de menores de turno, sin orden del defensor de familia[9], irrumpe en el domicilio de la señora XX y traslada a los menores para ponerlos a disposición del Bienestar Familiar. Si bien la Sala observa que esta actuación pudo haber violado el debido proceso por no haber atendido a los parámetros constitucionales[10] y legales[11], en el caso hay tensión entre el debido proceso y el derecho de los niños a obtener protección eficaz de sus derechos. Por consiguiente, esta Sala, al realizar la ponderación entre ambos derechos, estima que en el caso concreto prevalece la protección urgente y necesaria de los derechos de los niños a su integridad y la protección del interés superior de éstos[12].
Una vez examinado el procedimiento que concluyó con la expedición Resolución 054 del 12 de julio de 2005 y la decisión de los recursos que contra ella se interpusieron se puede concluir que:
- La defensora de familia hizo un análisis profundo del caso, recaudando las pruebas necesarias para tener una idea clara de la situación de los menores (el análisis del recaudo probatorio se hizo de manera completa en el numeral anterior y da cuenta de esto) .
- No se hace evidente una vía de hecho en la actuación del defensor de familia puesto que al momento de expedir el acto administrativo sustenta su actuar en las pruebas practicadas.
- El argumento de un posible abuso sexual por parte del compañero de la abuela de los menores, se enuncia dentro la parte considerativa de la Resolución pero no es el argumento fundamental para determinar que se debe declarar la situación de abandono de éstos.
- Si bien es cierto que la actuación administrativa se inició con la apertura de la historia socio-familiar, con fundamento en la denuncia de un vecino de la señora XX y la entrega de los menores por parte de la policía, sin que se haya hecho presente el defensor de familia en la diligencia, esto no invalida el procedimiento llevado a cabo por el defensor de familia puesto que se trataba de una medida cautelar en beneficio de los menores para defender sus derechos y protegerlos ante una situación de peligro inminente.
- La situación de los menores se enmarca, adicionalmente, dentro de los presupuestos del la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000 que previene la violencia intrafamiliar, pues se trata de una situación en la que un grupo de menores es víctima de daño físico y moral que fueron objeto de una medida de protección, tal y como lo dispone el artículo 4 de la Ley 294.
- El procedimiento llevado a cabo por el ICBF cumple con los parámetros normativos y jurisprudenciales internacionales de protección al menor que se enunciaron en el numeral 5 de la parte resolutiva de esta providencia, porque: (i) se adoptaron las medidas necesarias para que los menores se desarrollaran en condiciones dignas; (ii) se adoptaron las medidas positivas para asegurar su protección contra malos tratos en su núcleo familiar; (iii) se adelantó un procedimiento de declaratoria de abandono que cumple con los procedimientos administrativos y respetó el debido proceso.
1) No resulta procedente la protección del derecho al debido proceso pretendida por la actora. Sin embargo, la Sala encuentra, con fundamento en el material probatorio que existe vulneración de los derecho fundamentales de sus nietos y, por tanto, los protegerá.
2) En cuanto a la vulneración al debido proceso en las actuaciones llevadas a cabo por el ICBF dentro del proceso de declaratoria de abandono, existió una irregularidad en la actuación de la policía. Sin embargo, no es causa de nulidad la actuación procedimental en la medida que era necesario proteger a los menores en forma urgente. En efecto, el interés superior de los menores hacía necesaria la protección de sus derechos en forma inmediata. Además, el peligro que se venía sobre la integridad física y moral de éstos hacía indispensable una actuación sin dilaciones.
3) Las condiciones actuales de vida de los menores atentan contra sus derechos a la integridad física, a la salud, a la alimentación equilibrada , la educación, la cultura y la recreación.
4) El desarrollo integral de los menores en el hogar de su abuela se ve truncado, pues no existe un verdadero compromiso por parte de sus familiares para garantizarles protección en el futuro.
5) Existen situaciones de maltrato infantil que hacen evidente una condición de peligro que justifican la declaratoria de abandono.
6) Además de la situación de los menores objeto de esta acción de tutela, se encuentra la de la menor UU de 15 años que requiere un seguimiento y un tratamiento especial, situación que deberá ser estudiada por el ICBF para que tome las medidas que considere pertinentes.
De conformidad con las anteriores conclusiones, esta Sala no tutelará el derecho al debido proceso de la señora XX y, atendiendo lo establecido en el artículo 7 del Decreto 306 de 1992, ordenará dejar sin efecto la providencia del DD de EE y las medidas tomadas en cumplimiento de ésta. Adicionalmente, se ordenará el reintegro de los menores al ICBF teniendo en cuenta que éstos se encuentran expuestos a riesgos prohibidos que los colocan en una situación latente de peligro físico y moral.
En consecuencia con lo anterior, la orden dada por el ad quem en el sentido de reintegrar a los menores al hogar de donde fueron extraídos quedará sin efecto y, por lo tanto, se ordenará que los menores queden a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Igualmente, las actuaciones administrativas llevadas a cabo dentro del proceso de declaratoria de abandono de los menores YY, ZZ, NN y WW que concluyó con la Resolución 054 del 12 de julio de 2005 gozan de plena validez.
Primero.- Por las razones anotadas en esta providencia, REVOCAR el fallo del 23 de febrero de 2006 proferido por el DD de EE (FF) y, en consecuencia, NEGAR la tutela al debido proceso de la señora XX.
Segundo.- En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 306 1992, queda en firme el acto de declaratoria de abandono de los menores YY, ZZ, NN y WW que concluyó con la Resolución 054 del 12 de julio de 2005. En consecuencia, ORDENAR a la señora XX que en el término de las setenta y dos (72) horas siguientes a la notificación de esta providencia, restituya a los menores enunciados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Tercero.- ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que adelante las actuaciones que considere pertinentes con el fin de que se protejan los derechos de la menor UU que habita en el hogar de la señora XX.
Cuarto.- Por Secretaria General, LÍBRESE la comunicación prevista por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[1] La anterior posición fue reafirmada con posterioridad en la Sentencia: T-409/98 M.P. José Gregorio Hernández Galindo,
[2] Al respecto se puede examinar la Sentencia T-087 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[3] Estos requisitos se expusieron en la Sentencia T-495 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[4] Al respecto se pueden consultar la Sentencias T-497 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[5] Los objetivos de desarrollo del Milenio propuestos por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial para el año 2015 son: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la enseñanza primaria universal; 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; 4. Reducir la mortalidad infantil; 5. Mejorar la salud materna; 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8. Fomentar la sostenibilidad para el desarrollo. Véase http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
[6] El artículo 19 de la Convención Americana de derechos Humanos dispone: “ Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
[7] Así por ejemplo, en la Sentencia T-292 de 2004 se expuso: “En cumplimiento de los mandatos constitucionales e internacionales citados anteriormente, es imperativo resguardar a los menores de edad de todo tipo de riesgos prohibidos que puedan amenazar o perturbar su integridad y su proceso de desarrollo armónico. Dentro de la categoría “riesgos prohibidos” se encuentran varios tipos de situaciones que deben ser evitadas o suprimidas a toda costa para proteger a los niños involucrados, tanto por parte de las autoridades competentes como por la familia y la sociedad. Algunos de estos riesgos prohibidos fueron expresamente previstos por el Constituyente, tales como (i) la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes (C.P., art. 12), (ii) los abusos y maltratos (C.P., art. 13), (iii) la esclavitud, la servidumbre y la trata (C.P., art. 17), (iv) ser molestados en su persona o su familia (C.P., art. 28), (v) cualquier forma de violencia intrafamiliar (C.P., art. 42), (vi) toda forma de abandono (C.P., art. 44), (vii) todo tipo de violencia física o moral (C.P., art. 44), (viii) el secuestro en todas sus modalidades (C.P., art. 44), (ix) cualquier forma de venta (C.P., art. 44), (x) todo tipo de abuso sexual (C.P., art. 44), (xi) cualquier forma de explotación laboral (C.P., art. 44), (xii) toda explotación económica (C.P., art. 44) y (xiii) cualquier trabajo riesgoso (C.P., art. 44). El artículo 8 del Código del Menor recoge algunos de estos mandatos protectivos, al disponer que los niños tienen derecho a ser protegidos de “toda forma de abandono, violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación”. Igualmente, al consagrar en su artículo 30 un catálogo de situaciones irregulares en las que pueden verse envueltos menores de edad, el Código del Menor proporciona una indicación adicional de ciertos riesgos graves que deben ser prevenidos y remediados en todo caso, a saber: (xiv) el abandono o el peligro, (xv) la carencia de la atención suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, (xvi) la amenaza de su patrimonio por quienes lo administran, (xvii) la participación del menor en una infracción penal, (xviii) la carencia de representante legal, (xix) la existencia de deficiencias físicas, sensoriales o mentales, (xx) la adicción a sustancias que produzcan dependencia o la exposición a caer en la drogadicción, (xxi) el trabajo en condiciones no autorizadas por la ley, o (xxii) en general, toda “situación especial que atente contra sus derechos o su integridad”. Ahora bien, según ha expresado la jurisprudencia de esta Corte[7], ninguna de las enunciaciones citadas agota el catálogo de las posibles situaciones que pueden constituir amenazas para el bienestar de cada niño en particular; éstas deberán determinarse atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, siempre con el objetivo de preservar la integridad y el desarrollo armónico de los niños implicados frente a los riesgos o amenazas específicos que se pueden cernir sobre ellos.
[8] La Corte Constitucional, al estudiar la legitimación de las personas para exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, a propósito de una demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos del Código del Menor determinó que: “Todas las personas gozan de legitimidad para exigir el cumplimiento de los derechos de los niños y la sanción de los infractores. La coordinación de derechos y la regulación de los conflictos que entre éstos se presenten en el caso de que se vea comprometido el de un menor, debe resolverse según la regla pro infans. Se observa que el trato especial que se dispensa al niño, lejos de ser un intento de conferirle protagonismo, no es otra cosa que un ensayo de igualación que realiza el mismo Constituyente: como el niño no sabe ni puede pedir, la Constitución autoriza a todos a que pidan por él; como el niño no puede hacer que sus derechos se impongan cuando entren en conflicto con los de los demás, la Constitución define directamente su prevalencia”. Sentencia C-041 de 1994. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
[9] La Corte Constitucional al estudiar una demanda contra algunos artículos del Código del Menor estudió el concepto de inviolabilidad del domicilio y expuso que: “El derecho a la inviolabilidad del domicilio no puede oponerse al derecho del menor de tener un domicilio seguro. Es evidente que el domicilio tiene un valor instrumental respecto de bienes merecedores de tutela constitucional como lo son la intimidad y la autonomía personal. Dentro de ese espacio aislado de las intervenciones de terceros, se desenvuelve igualmente la existencia de los menores y allí han de encontrar abrigo y protección. Si el aislamiento, faceta constitutiva del domicilio, por la acción o la omisión de quienes deberían cuidar del menor, o por cualquier otra causa, se erige en factor negativo para éste toda vez que gracias a él no puede ser liberado de un peligro que se cierne sobre su vida e integridad física, el instrumento de protección se convierte en medio ominoso de aniquilamiento y deja, por lo tanto, de servir a su fin”. Sentencia C-041 de 1994. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[10] El artículo 28 de la Constitución Política en cuanto a la inviolabilidad del domicilio establece los siguiente: “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley…”.
[11] El respecto examinar el Título Segundo, capítulos I, II y III del Código del Menor (Decreto 2737 de 1989).
[12] En cuanto a la prevalencia de los derechos del niño, la Sentencia C-041 de 1994. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) expuso que: “Desde la perspectiva de los convenios internacionales suscritos por Colombia, la medida de protección inmediata plasmada en las normas acusadas, tiene pleno asidero como mecanismo preventivo y eficaz a través del cual se busca garantizar la vida y la integridad física de los menores, derechos éstos reconocidos en todos los instrumentos internacionales y cuya efectividad compromete la responsabilidad internacional del país. "El interés superior del niño", unido al principio de "protección especial", sirven de marco de referencia para estimar si en eventos de urgente necesidad consideraciones puramente organizativas del estado aparato - mandamiento judicial o auto administrativo de allanamiento - pueden prevalecer sobre el derecho intrínseco a la vida del menor y a su integridad personal. Desde esta óptica, puede afirmarse sin hesitación, la respuesta estatal acertada será aquélla que, atendidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar del caso concreto pueda, con mayor eficacia y prontitud, poner a salvo la vida del menor y su incolumidad física: vale decir, la actuación pública, administrativa o judicial, que sea más congruente con el interés superior del niño, aquí representado por su vida y su integridad física”. Al respecto se pueden consultar, entre otras, la Convención de los Derechos del Niño en los artículos 3,9,12,16 y 20, como una de las normas internacionales que consagran al protección enunciada.

References: artículo 57
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 31
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 31
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 44
 Resolución 
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 87
 artículo 44
 artículo 19
 artículo 44
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 57
 artículo 31
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 38
 Resolución 
 artículo 39
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 43
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 36
 artículo 19
 artículo 8
 artículo 30
 artículo 28