Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321226L.html
Timestamp: 2019-03-21 01:35:29+00:00

Document:
as201321226L
Auto Supremo: Nº 226
Expediente: P-23-08-A
Partes: Santusa Tacuri Vda. de Vaquera y otros c/ FEDEXCHACO.
VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 723 a 728 interpuesto por Víctor Eddy Fuertes Enríquez en representación de FEDEXCHACO, contra el Auto de Vista N° 102 cursante de fojas 715 a 717, de fecha 30 de abril de 2008, pronunciado por la Sala Civil de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso ordinario sobre FRAUDE PROCESAL seguido por Santusa Tacuri Vda. de Vaquera y otros contra la institución recurrente, la contestación al recurso de fojas 730 y vuelta, los antecedentes del proceso y el auto de concesión del recurso de fojas 731; y,
ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que, el Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de Potosí ante el planteamiento de solicitud de perención de instancia presentado por la demandada, pronuncia Resolución de fecha 29 de febrero de 2008 cursante de fojas 686 vuelta a 688 vuelta de obrados, mediante el cual declara la PERENCIÓN DE INSTANCIA, en consecuencia determina la conclusión extraordinaria del proceso de fraude procesal.
Los demandantes, consideran dicha resolución perjudicial a sus intereses, razón por la que interpone recurso de apelación cursante de fojas 698 a 699 de obrados, así también lo hace la parte demandada por memorial de fojas 904, radicados ambos recursos ordinarios en la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, la cual emite el Auto de Vista N° 102/2008 de fecha 30 de abril, de fojas 715 a 717 de obrados, mediante la cual REVOCA parcialmente la resolución apelada, es decir con relación al punto dos, que declara la perención de instancia, quedando confirmada en todo lo demás, como consecuencia, de la presente resolución, igualmente se declara no haber lugar a la condenación en costas, así mismo se dispone que el a quo continúe con el conocimiento del proceso hasta su conclusión.
HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.- La institución demandada, interpone recurso de casación en el fondo, en la forma y de nulidad que se resume a continuación:
I.- En cuanto a su recurso de casación en el fondo.
Denuncia violación del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, señalando que desde el 2 de febrero de 2007 hasta el 28 de diciembre de 2007 han transcurrido 10 meses y 26 días, lo que ha dado lugar a la declaratoria de perención de instancia, indica que la parte demandante simplemente se ha dedicado a realizar y presentar memoriales de mero trámite que no hacen al impulso procesal, manifestando que, el auto de vista ha incurrido en error de interpretación y aplicación del artículo 309 del citado código adjetivo, al no haber ratificado la perención de instancia; señala que el tribunal de alzada a incurrido en errores de hecho y derecho en la valoración de la prueba referidos a los actuados procesales cursantes de fojas 597 a 643, al entender que dichos actuados hacen al impulso procesal.
II.- En cuanto a su recurso en la forma.
Denuncia transgresión del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse dado pronunciamiento por parte del auto de vista sobre la pretensión deducida de calificación de costas procesales a la demandante, reclamado oportunamente ante el inferior.
III.- En cuanto a su recurso de nulidad.
Denuncia la inexistencia de la demanda propia de fraude procesal, al haberse anulado obrados hasta fojas 31 inclusive, no debiéndose tomar en cuenta el irregular memorial de modificación y ampliación de la demanda, por haberse presentado después de la contestación, en cuyo memorial tampoco se ha procedido a la ratificación del memorial principal de demanda de fojas 31 a 35, debiendo procederé a la nulidad de obrados. También acusa que el juez de la causa actuó de manera excesiva, arbitraria y parcializada, al otorgar en varias oportunidades plazo para que el demandante subsane las tantas observaciones realizadas a su demanda, incumpliendo el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, por lo que debió ser rechazada al primer incumplimiento del plazo otorgado, negando su admisión.
I.- En cuanto al recurso de casación en el fondo, resulta necesario realizar las siguientes consideraciones:
Que, la caducidad o perención de instancia, como señala el tratadista Palacio Enrique, constituye un modo de extinción del proceso. Tiene lugar cuando en él no se cumple ningún acto de impulso durante los plazos establecidos por la ley.
El interés público y privado exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis en contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al capricho de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso procesal.
La perención de instancia es un castigo que se impone a las partes por no haber dado impulso al proceso. De acuerdo al principio dispositivo, el proceso no sólo se promueve, sino que, además, avanza y se desarrolla en sus distintas etapas a expensas de la voluntad particular; además, el actor tiene la carga de instar al órgano judicial para que se desarrolle normalmente el proceso, carga que se justifica porque no se puede exponer al Estado y la contraparte a la pérdida de tiempo y de dinero, que importa una instancia indefinidamente abierta en el tiempo, con serios perjuicios para las partes y sus derechos.
La perención de instancia supone la terminación anormal del proceso por inactividad de las partes durante el tiempo prefijado en la ley. Ante esta inactividad el legislador no podía quedar expectante, porque la situación de la litispendencia no es una situación definitiva sino provisional, y como tal con vocación de tener un fin, lo antes posible, y desde luego sin posibilidad de prolongarse indefinidamente. Por ello se establece la institución de la perención o caducidad de la instancia.
Para que exista perención de instancia debe existir una instancia; una inactividad procesal; transcurso del plazo; y finalmente, una resolución judicial que declare operada la perención.
Se entiende por instancia al conjunto de los actos procesales que se suceden desde el planteamiento de la demanda, hasta la notificación a las partes con la sentencia definitiva.
La inactividad procesal significa que las partes o el juez no dan el impulso procesal necesario a la causa, lo que lleva a la paralización total del trámite; además, que los mismos no tengan culpa en dicha inactividad, por el contrario, las partes se hallan eximidas de impulsar la marcha normal del proceso. La inactividad debe ser continua durante los plazos que determina la ley; por consiguiente, cualquier actuación procesal adecuada e idónea para impulsar el proceso y que se verifique antes del vencimiento del plazo pertinente, tiene por efecto interrumpir la perención de instancia.
El plazo señalado se computara desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez o del personal auxiliar, que tenga por efecto impulsar el proceso. Para el cómputo del plazo como es lógico, se descontara el tiempo en que el proceso, por acuerdo de partes, hubiere estado paralizado o suspendido, conforme al artículo 148 del Código de Procedimiento Civil. Este plazo transcurrirá ininterrumpidamente y sólo se suspenderá durante las vacaciones judiciales. Sin embargo, podrán declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor, que hicieren imposible la realización del acto pendiente, conforme al artículo 141 del Procedimiento Civil.
Para que se produzca la interrupción de la perención, debe mediar una petición de las partes, providencia o actuación del órgano judicial que tenga por efecto impulsar el procedimiento. El acto interruptivo debe ser proporcional a las circunstancias de tiempo y estado de las actuaciones, y realizarse, en principio, en el mismo proceso que se quiere mantener con vida.
La perención de instancia no procede en causas dobles, en las que ambas partes tienen condición de demandante y demandado.
En el caso que nos ocupa, tenemos que posterior al actuado de fecha 2 de febrero de 2007, cursante de fojas 605 de obrados, (actuado en la cual se pretende que se compute el plazo como última actuación procesal), se encuentra memorial de fecha 28 de febrero de 2007 a fojas 611 en la cual la demandante solicita al juez de la causa oficie al Ministerio de Trabajo extienda una certificación que acredite si los demandados cuentan con personería jurídica, dando respuesta con proveído al reverso del mismo en fecha 1 de marzo del mismo año; otro actuado encontramos a fojas 619 en fecha 9 de junio siempre de 2007, providenciándose al mismo la extensión de fotocopias legalizadas de todo el proceso en fecha 11 de junio; ulteriormente se tiene a fojas 628 memorial de fecha 9 de agosto, por el cual se solicita se oficie a la Presidencia de la República de una certificación de personería jurídica de FEDEXCHACO; más tarde en fecha 1 de septiembre la actora requiere por memorial de fojas 632, certificación del proceso, a continuación en fecha 29 de octubre reitera solicitud de certificación sobre varios extremos en cuanto al proceso, así como la unificación de representación al amparo del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, emitiendo el proveído correspondiente en fecha 30 del mismo mes y año de otorgar la certificación solicitada y admitir la unificación de la representación; de igual modo, el 29 de diciembre a fojas 643 vuelta se presenta memorial de solicitud de “prosecución del trámite”, califique el proceso, los puntos de hecho a probar por último y término probatorio, mereciendo el auto de relación procesal correspondiente de fecha 4 de enero de 2008. Memorial de fojas 643 considerado por el A quo, como hasta el momento en el cual la demandante abandono el proceso, cuando en mérito a lo estudiado y por los memoriales presentados por la parte demandante, se observa que ha existido interrupciones para computar la perención de instancia, en cuyo caso entre cada interrupción en ningún tiempo se ha excedido de los cuatro meses de inactividad del proceso, no habiéndose cumplido lo establecido por el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, situación que se relaciona con la jurisprudencia de este Tribunal que manifiesta: "No hay lugar a la perención si antes de cumplido el término que señala la ley, los actores han presentado nuevos escritos" (G.J. Nº 1268, p. 25).
II y III.- En cuanto al recurso de casación en la forma y/o de nulidad.
El recurso de casación en la forma o recurso de nulidad, puede tener cabida dentro nuestro régimen cuando la sentencia o auto recurrido adolezca de vicios o defectos de forma o de construcción, que la descalifiquen como acto jurisdiccional; es decir, si se ha dictado sin sujeción a las reglas de tiempo, lugar y forma prescritas por la legislación procesal. También procederá el recurso de casación en la forma por haberse violado las formas esenciales del proceso o faltara alguna diligencia o trámite declarado esencial en el proceso, y la misma esté expresamente penada con nulidad por nuestra ley procesal.
Con respecto a la supuesta falta de pronunciamiento de parte del auto de vista sobre la condenación de costas a la parte perdidosa, se evidencia que el Tribunal de alzada ha llegado a emitir pronunciamiento debidamente fundamentado sobre esa pretensión, demostrándose el cumplimiento del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.
Con relación a las otras dos denuncias, estas no merecen ser consideradas, pues como se dijo y está claramente establecido que la doctrina refiere que la nulidad procesal es una sanción al acto irregular u omitivo, es decir ante el incumplimiento de algún requisito que la ley prevé para su validez dentro el procedimiento establecido; y esta sanción antes de ser aplicada por los de instancia y casación, debe estar enmarcada dentro los criterios de proporcionalidad; es decir evidenciar previamente la gravedad de la infracción u omisión, finalidad, para verificar el cumplimiento del acto, oportunidad, a fin de ver si existe posibilidad de subsanar el mismo; verificado ello y evidenciando que no ha existido vulneración al debido proceso o derecho a la defensa y menos perjuicio para la parte reclamante, entonces se determinará el rechazo de la nulidad planteada, insistiendo en que el vicio que se denuncia necesariamente debe ocasionar situación de indefensión porque sólo así se estaría lesionando una garantía o derecho y si este derecho o garantía lesionado no es reclamado por la parte afectada en tiempo oportuno, la nulidad planteada es irrelevante, toda vez que el acto procesal por más defectuoso que éste sea ha cumplido con su fin, y en casación, si bien a través del recurso en la forma se impugna la falta de algún error en el procedimiento, éste debe ser planteada oportunamente por aquellos a quienes les perjudica y contra quien ha infringido esa garantía al debido proceso. Por otra parte, habrá que tomar en cuenta que a tiempo de disponer la nulidad debe ponderarse entre la justicia formal y la seguridad jurídica, enmarcados como se dijo anteriormente dentro los principios que rigen la materia de nulidades.
En el caso presente la parte recurrente posterga hasta esta etapa el realizar observaciones y reclamos que no los realizó en su momento, resultando ahora extemporáneas sus denuncias de nulidad, pues los actuados aunque con vicios de nulidad fueron convalidados.
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADOS los recurso de casación tanto en el fondo, forma y/o nulidad de fojas 723 a 728 interpuesto por Víctor Eddy Fuertes Enríquez en representación de FEDEXCHACO, con costas.
Primera Magistrada Relatora Dra. Elisa Sánchez Mamani de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba, con cuya disidencia estuvo de acuerdo el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.
Libro Tomas de Razón 226/2013

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 309
 artículo 309
 artículo 236
 artículo 327
 resolución 
 resolución 
 artículo 148
 artículo 141
 artículo 69
 artículo 309
 artículo 236
 artículo 42
 artículo 8