Source: https://issuu.com/edicioneslegales/docs/nj-302
Timestamp: 2016-12-09 02:04:43+00:00

Document:
NJ-30 by Ediciones Legales - issuu
Dr. Eduardo Peña T.
La Ley del Sistema Nacional
de Contratación Pública no
Una valiosa colección de Obras Jurídicas Actualizables que lo mantienen al
día con todos los cambios de la temática jurídica. Más de 20 años de
• CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LEYES CONEXAS
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esta revista, con la autorización escrita de
NOVEDADES JURÍDICAS.
Al referirnos al derecho, inevitablemente surge en
nuestra mente la idea de rigidez, inflexibilidad y dureza, acepción que aplicada al sentido de respeto
al orden jurídico-social, es indiscutible; pero más allá de aquello,
ya en sentido de la dinámica social, resulta lo opuesto, ya que
necesariamente el derecho es dinámico, es decir debe acoplarse a las nuevas circunstancias que diariamente se presentan en
nuestra compleja sociedad.
En tal sentido, permitir a profesionales interesados en el progreso del derecho como ciencia, exponer sus ideas, desarrollarlas
y principalmente compartirlas con otros colegas, se convierte
–como esta revista –, en una puerta abierta, para que desde
nuestro campo de trabajo aportemos poco a poco al engrandecimiento, evolución y acoplamiento del derecho a esas nuestras realidades sociales.
Voltear nuestra mirada al pasado es siempre necesario, ya que
solo analizando el camino recorrido podemos proyectarnos al
futuro, sirviéndonos y nutriéndonos a cada instante, de aquel bagaje intelectual entregado por las generaciones que nos antecedieron, situación que ha sido recreada en varios artículos.
Esta conjunción de aspectos, podemos encontrarlos en este texto, que desde mi punto de vista es digno de ser leído y no solo
eso, sino que podría ser tomado como instrumento para la formación de aquellas personas interesadas en conocer más del
apasionante mundo del derecho.
Actualmente la sociedad ecuatoriana, se ve inmersa en profundas transformaciones, que cambian la dirección que en algún
momento fue adoptada, ideas revolucionarias que muchas veces se contraponen a los pensamientos clásicos, pero definitivamente nos obligan a todos los profesionales a ponerlos al tanto
con aquellos cambios, para que de esta forma no caigamos en
la oscuridad de la ignorancia, que tanto mal ha hecho a tan
noble profesión como es la abogacía.
Ya habrá la oportunidad de poder manifestar muchas otras ideas
que se agitan en mi mente, las que me agradaría se convirtieran en punto de debate para enriquecerlas, perfeccionarlas y
–como dije antes–, aportar en la medida de nuestras posibilidades, al desarrollo y evolución de esta ciencia social.
Dr. Juan Guaño Costales
Abogado – Magíster en Derecho
Asesor del Tribunal Provincial Electoral de Pichincha
La nueva Constitución entró ya en vigencia y lo que corresponde ahora es iniciar un estudio a profundidad de sus contenidos. NOVEDADES JURÍDICAS inicia esta tarea en la presente edición, con dos
artículos que abordan cuestiones fundamentales en el texto constitucional: el concepto de soberanía y la administración pública.
El autor del primero de los artículos, el Dr. Diego Pérez Ordóñez, considera que el concepto de soberanía es uno de los ejes rectores de la Constitución, que la menciona con frecuencia, aunque no
siempre de modo acertado. Luego de clarificar el sentido fundamental de la soberanía, se detiene
especialmente en dos puntos. Uno de ellos es la denominada soberanía alimentaria que, en su opinión, ha sido confundida con la intervención del Estado en la economía y con el nacionalismo. El
otro tema es la protección de la soberanía, y observa al respecto que encargar tal función al Presidente de la República, lo que es correcto, y simultáneamente, a las Fuerzas Armadas es incorrecto
y antitécnico, porque pone en riesgo el principio de que esta institución es obediente del poder civil
y puede alentar la idea de su intervención en la vida política del país, a pretexto de que se está garantizando la soberanía.
El artículo del Dr. Genaro Eguiguren examina el tratamiento que hace la Constitución de los principios que rigen a la administración pública. Señala que se mantienen los que constaban en el texto
constitucional de 1998 (legalidad, eficiencia, desconcentración, descentralización, coordinación,
evaluación, prohibición de nepotismo y de conflicto de intereses, imprescriptibilidad de ciertos delitos contra la administración); pero el texto vigente ha incorporado otros: eficacia, calidad, jerarquía,
participación, planificación, transparencia y no discriminación.
Más allá de una preocupación estrictamente jurídica, la nueva Ley de Tránsito y Transporte Terrestre
ha despertado, como es natural, el interés de toda la ciudadanía. EDICIONES LEGALES ha contribuido a la difusión de sus contenidos con la publicación de una Guía Práctica de contravenciones, que
se reproduce en este número. Pero además se ha entrevistado al Lcdo. Guillermo Abad, Presidente
del Movimiento Cívico Justicia Vial, sobre los aspectos fundamentales de la Ley.
El Dr. Eduardo Peña Triviño ocupa en esta oportunidad la Sección Perfil. Lo recordamos ocupando
funciones públicas de gran responsabilidad, inclusive la Vicepresidencia de la República; pero su
trayectoria profesional sumamente amplia y exitosa lo acredita como uno de los abogados más
prestigiosos del país.
Destacamos también en esta entrega, la colaboración del Dr. Juan Pablo Aguilar que considera que
la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública no es orgánica, como ha sido calificada; la
segunda parte del análisis de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIFs; la revisión
que hace la Dra. María Gabriela Mier Ortiz de decisiones judiciales respecto a la garantía de estabilidad de la mujer embarazada; y el ensayo de nuestro colaborador Danilo Caicedo Tapia sobre la
Presidente Comité Editorial
Con Pérez, Bustamante & Ponce Abogados, desde 2000. Socio desde 2007.
Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Jurisprudencia desde 1999.
Profesor principal (Estado y Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional), Director del Centro de Pensamiento Jurídico, Editor de la revista Iuris Dictio.
Miembro de la Academia Ecuatoriana de Derecho Constitucional.
Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de la República por la Facultad de
Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica de Quito (1996).
London School of Economics and Political Science, especialización en microeconomía
Universidad de Salamanca. Curso de posgrado en Derecho Político (2000).
• “El Juego de la Democracia” (c/ Fabián Corral), Taurus, 2005.
• “El Testigo del Siglo” (coautor), 2006, El Comercio.
• “Temas de Derecho Constitucional” (compilador), Ediciones Legales, 2003.
• “El Quiteño Libre. El más Espectacular Periódico de Oposición de la República”, Quito,
1999, Ediciones Abya-Yala.
• Columnista de diario El Comercio de Quito desde 2003.
en el texto constitucional
1.- Qué es la soberanía.- El concepto de soberanía significa, en pocas palabras, el poder estatal de tomar decisiones en última instancia, sin sometimiento o consulta a ninguna
otra organización. Por eso la soberanía es la
característica fundamental del Estado, como
organización jurídica y política de la sociedad:
solamente el Estado puede ser soberano, y la
soberanía es un atributo únicamente estatal. La
soberanía diferencia al Estado de otras organizaciones, por poderosas que éstas sean.
la soberanía pudiera ejercerse de modo discrecional y sin control estaríamos viviendo en
un régimen de fuerza y no en un régimen de
Derecho.1
La soberanía también tiene vinculación íntima
con otra institución: el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Solamente el Estado, en un régimen democrático, puede hacer uso legítimo
de la fuerza para cumplir con sus fines.
Sobre este aspecto Pérez Royo comenta:
Al hablar del Estado, la soberanía se traduce
en su poder para tomar decisiones de acuerdo únicamente con su voluntad. La soberanía
es la facultad del Estado para autoobligarse y
para autogobernarse. Es el reflejo de la independencia de poder político. La soberanía,
dentro de un territorio determinado, también
es el poder estatal de mandar con límites en el
ordenamiento jurídico. Todos los otros entes u
organizaciones que tienen poder para obligar
deben estar subordinados al designio del Estado, claro que siempre ajustado a Derecho. El
Estado, entonces, no está limitado por ningún
otro poder dentro de sus fronteras.
El concepto de la soberanía, por otro lado,
está estrechamente vinculado con otras dos
nociones ya mencionadas: con el poder y con
el Derecho. La soberanía se traduce en una
limitación jurídica del poder. Como ni el poder
puede ser absoluto, ni la soberanía puede ser
ilimitada, el Derecho tiene como misión actuar
como freno en ambos casos. De ahí que la
soberanía, el poder estatal de tomar decisiones de modo independiente, deba ejercerse
a través de los órganos del poder público. Si
“En la teoría política y jurídica hay un concepto con el que se expresa dicho monopolio del poder: el concepto de soberanía. Con
dicho concepto se expresa simultáneamente
el monopolio del poder hacia dentro del país
y la independencia del mismo hacia fuera. El
Estado es soberano porque es un único poder
dentro de sus fronteras y porque es un poder
independiente en sus relaciones con los demás
Estados.”2
Para el profesor español el poder estatal es
al mismo tiempo objetivo, despersonalizado,
concentrado en una instancia única y que no
admite intermediarios en relación con los individuos que son, sin excepción, ciudadanos. Así
el Estado actúa como una especie de “igualador” de derechos, que no admite ni tolera
distinciones jurídicas ni privilegios de ninguna
clase: “En la desconfianza hacia el posible uso
que se pudiera hacer del ‘monopolio del poder’, es donde encontraría su fundamento la
reivindicación de la garantía de los derechos
y la división de poderes, de la que nacería la
Constitución escrita.”3
1 Para una aproximación inicial al concepto de soberanía ver: Nicola Matteucci, Soberanía, en Norberto Bobbio et al, “Diccionario de Política”, 12ª edición, México, Siglo
XXI Editores, 2000, p.p. 1483-1492.
2 Javier Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, 8va edición, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 75.
3	Idem, p. 77.
Si queremos remitirnos a la historia, el concepto
de soberanía va de la mano con el Estado moderno. El estado moderno implantó la obediencia
territorial al poder político. Anteriormente existían
tantas soberanías cuantos señores con poder de
mando existían. Por eso Bataille afirma que:
“Antiguamente, la soberanía perteneció a
aquellos que, bajo los nombres de jefe, faraón,
rey, rey de reyes, jugaron un papel de primer
orden en la formación del ser con el que nos
identificamos, del ser humano actual. Pero
igualmente perteneció a diversas divinidades,
una de cuyas formas es el dios supremo, así
como los sacerdotes que las sirvieron y encarnaron, que a veces fueron uno con los reyes; la
soberanía perteneció, en fin, a toda una jerarquía feudal o sacerdotal que no presentó con
aquellos que ocuparon su cumbre más que
una diferencia de grado.”4
Para el profesor Hermann Heller5 la soberanía
consiste en la capacidad, a un tiempo jurídica
y real, de decidir de manera definitiva y eficaz
en todo conflicto que altere la unidad de la
cooperación social territorial, en caso necesario
incluso contra el derecho positivo; y, además,
de imponer la decisión a todos, no sólo a los
miembros del Estado, sino, en principio, a todos
los habitantes del territorio. De acuerdo con
esa definición la soberanía implica:
a) Una organización de derecho (el Estado) con
capacidad de obrar y de oponerse legítimamente a todos los otros poderes y organizaciones menores que existan en su territorio.
b) Un poder de ordenación territorial, supremo
c) La unidad social del poder del Estado.
Finalmente, el poder del Estado es soberano
por excelencia, lo que significa que dentro de
su territorio, es poder supremo, exclusivo, irresistible y sustantivo. Por otro lado, el concepto de soberanía, como elemento esencial del
Estado, está conectado con el de territorio.
El Estado tiene capacidad de mando, de uso
de fuerza, dentro de una circunscripción física
determinada por las fronteras. Dentro de estas
fronteras existe un deber jurídico de subordinación. La circunscripción territorial sobre la que
está asentado un Estado es límite de su soberanía: Ecuador, por ejemplo, no puede tomar
decisiones soberanas respecto de los asuntos
colombianos, ni dictar leyes que regulen actividades que se desarrollan en Perú.
Extraterritorial, o internacionalmente, la soberanía se refleja en el ejercicio de los derechos y
obligaciones estatales en condiciones de igualdad con otros Estados. Cada Estado, por ejemplo, tiene libertad de diseñar su modo de organización política y de poner en práctica su propio
ordenamiento jurídico interno. Sin embargo,
la validez del concepto de soberanía desde el
punto de vista del derecho internacional - y de
la práctica- es discutible. La soberanía, en el día
a día, está condicionada por varios factores,
entre ellos factores económicos y bélicos.6
4 Georges Bataille, “Lo que entiendo por soberanía”, Barcelona, Paidós, 1996, p. 63.
5 “Teoría del Estado”, 2ª edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 310.
6 Sobre este punto ver Diego Pérez Ordóñez “La Soberanía en Tiempos de Globalización” en Iuris Dictio No. 5, Año III No. 5, del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad
San Francisco de Quito, p.p. 18-22.
2.- La idea de soberanía en el texto constitucional.- El texto constitucional redactado por la
Asamblea Constituyente de Montecristi y sometido a referéndum es pródigo a la hora de mencionar el concepto de soberanía, no siempre
de modo acertado. De hecho, el concepto de
soberanía es uno de los ejes rectores del texto
mencionado, junto con ideas como el buen vivir (que no es materia de este trabajo).
No voy a analizar todos los conceptos de soberanía en la Constitución de Montecristi, porque
son demasiados. Pretendo, más bien, comentar los que me han parecido más importantes.
3.- Soberanía popular.- La Constitución (Art. 1)
empieza mencionando que el Ecuador es un
Estado soberano y que la soberanía radica en
el pueblo “cuya voluntad es el fundamento de
la autoridad, y se ejerce a través de los órganos
del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”. Esta
declaración no es muy diferente de aquella incluida en la Constitución reformada en 1998, e
incluye las ideas clásicas respecto de la soberanía:
• La idea fundamental del Estado soberano,
no sometido a ningún otro poder u organización.
• La soberanía popular, como uno de los triunfos de la Ilustración y del concepto del contrato social.
• El ejercicio de la soberanía popular por medio de los órganos del poder público (poderes constituidos) y a través de los medios de
participación directa previstas en la Constitución. En este punto también aplica la teoría clásica de que si bien la soberanía radica
en el pueblo, como el Estado es una organización, es necesario que el ejercicio de la
soberanía se dé a través de las instituciones
4.- El deber del Estado.- Seguidamente la Constitución manda (Art. 3 # 2) que uno de los deberes primordiales del Estado sea garantizar y
defender la soberanía nacional, es decir emprender la defensa de su propia característica
fundamental y diferenciadora. Aquí cabe preguntarse cómo el Estado defiende su propia
capacidad de tomar decisiones independien-
tes y por qué medios. Más adelante veremos
que este es uno de los errores más graves del
texto constitucional, porque le encarga esta
misión también a las Fuerzas Armadas.
5.- La llamada soberanía alimentaria.- En aparente concordancia con la idea del buen vivir,
la idea de soberanía alimentaria recorre varios
pasajes del texto constitucional. El Art. 13, por
ejemplo, manda lo siguiente:
“Las personas y colectividades tienen derecho
al acceso seguro y permanente a alimentos
sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente
producidos a nivel local y en correspondencia
con sus diversas identidades y tradiciones culturales.
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía
El análisis concordado y conectado de esta
norma podría llevar a las siguientes conclusiones:
• El Estado consagra y reconoce el derecho
fundamental y colectivo al acceso a alimentos con ciertas características: el acceso
debe ser seguro e ininterrumpido, los alimentos sanos, suficientes y nutritivos y, de ser posible, ecuatorianos. Además, el acceso a los
alimentos debe guardar correspondencia
con la identidad y tradición de quien ejerza
• Es obligación del Estado fomentar la llamada soberanía alimentaria.
Este análisis, sin embargo, deja algunas dudas
que deben ser despejadas.
La primera: ¿es este derecho de acceso a la
alimentación justiciable? Es decir, en vista de
que se trata de un derecho constitucional garantizado y reconocido por el Estado, ¿puede
una persona o una colectividad exigirle judicialmente al Estado la aplicación práctica de
este derecho?
La segunda: ¿debemos entender, entonces, a
la soberanía alimentaria como la obligación
del Estado de dar acceso seguro a alimentos
sanos, suficientes y nutritivos, preferiblemente
La primera duda es más fácil que la segunda. En
el primer caso resulta evidente que, en tratándose de un derecho constitucional y como la
Constitución es una norma jurídica de orden público, el derecho de acceso a la alimentación
debe ser exigible judicialmente (lo que podría
implicar muchas complicaciones prácticas que
no son materia de este trabajo). La segunda: no
queda claro si la soberanía alimentaria equivale
a la preferencia estatal por los alimentos locales
o si debe entenderse como la garantía al derecho de acceso a los alimentos. Quedan también pendientes varias otras preguntas, ¿puede,
en la práctica, el Estado garantizar que toda su
población esté alimentada?, ¿significa la soberanía alimentaria que el Estado está obligado a
alimentar por sí mismo a sus habitantes? De la
lectura analítica parece que la respuesta es sí,
puesto que uno de los ejes de esta Constitución
es la intervención activa del Estado en todas las
En este punto es necesario trascribir el Art. 281
del texto, que consagra varios numerales a las
responsabilidades estatales en materia de soberanía alimentaria:
“Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un
objetivo estratégico y una obligación del Estado
para garantizar que las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente
apropiado de forma permanente.
Para ello, será responsabilidad del Estado:
1. Impulsar la producción, transformación
agroalimentaria y pesquera de las pequeñas
y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria.
2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos.
3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas
en la producción agropecuaria.
4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos.
5. Establecer mecanismos preferenciales de
financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción.
6. Promover la preservación y recuperación
de la agrobiodiversidad y de los saberes
ancestrales vinculados a ella; así como el
uso, la conservación e intercambio libre de
7. Precautelar que los animales destinados a
la alimentación humana estén sanos y sean
criados en un entorno saludable.
8. Asegurar el desarrollo de la investigación
científica y de la innovación tecnológica
apropiadas para garantizar la soberanía
9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso
y desarrollo de biotecnología, así como su
experimentación, uso y comercialización.
10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y
redes de productores y de consumidores,
así como las de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.
11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de
especulación con productos alimenticios.
12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos
que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la
salud ni el futuro de la producción de alimentos producidos localmente.
13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que
pongan en riesgo su salud o que la ciencia
tenga incertidumbre sobre sus efectos.
14. Adquirir alimentos y materias primas para
programas sociales y alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños
productores y productoras.”
Este extenso mandato constitucional está reforzado por la obligatoriedad de que la política
económica tenga entre sus objetivos fundamentales a la soberanía alimentaria:
“Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:
3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.”
“Art. 304.-La política comercial tendrá los siguientes objetivos:
4. Contribuir a que se garanticen la soberanía
alimentaria y energética, y se reduzcan las
desigualdades internas.”
Y, en la misma línea, el Estado ecuatoriano tendrá
la obligación de promover el acceso en condiciones equitativas a los medios de producción
por medio de la implementación de políticas públicas que fomenten la soberanía alimentaria.
“Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo
cual le corresponderá:
4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en
especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar
empleo y valor agregado.”
Por otro lado el Art. 15 del texto constitucional
manda que la soberanía alimentaria prevalezca sobre la soberanía energética: “La soberanía energética no se alcanzará en detrimento
de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua” Es decir que, en todo caso, las
políticas energéticas del Estado deberán estar
supeditadas al ejercicio del derecho al acceso
a la alimentación (definida erradamente en el
texto como soberanía alimentaria).
Así, vemos que el principio de la soberanía (la
capacidad del Estado de tomar decisiones independientes) se ha extendido a la llamada
“soberanía alimentaria”, que en el texto constitucional comentado ha sido confundido con
la intervención del Estado en la economía y
con el nacionalismo. No es lo mismo un Estado
soberano (como lo son todos) que un Estado
que interviene en la economía, o una ideología que propugna el nacionalismo en todos los
6.- La protección de la soberanía.- Como consecuencia del diseño de un Estado constitucionalmente soberano, asentado sobre el principio de la soberanía popular, el texto le encarga
al Presidente de la República y a las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo, el mantenimiento y la
garantía de la soberanía. Hay que aclarar que
esta grave confusión ha sido incluida en anteriores Constituciones ecuatorianas.
Las normas relevantes para el análisis son:
“Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además
de los que determine la ley:
17. Velar por el mantenimiento de la soberanía,
de la independencia del Estado, del orden
interno y de la seguridad pública, y ejercer
la dirección política de la defensa nacional.” y
“Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los
derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
La protección interna y el mantenimiento del
orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional.
Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los
fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los
derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento
Es correcto el mandato constitucional de que
sea el Presidente de la República el defensor
fundamental de la soberanía y del orden interno, en vista de que el Presidente es al mismo
tiempo jefe del Estado y director de la administración pública. Esta es una de las características básicas del régimen presidencial: que
una sola persona ocupe al mismo tiempo y por
elección popular las dos funciones. La defensa
de la soberanía, como resulta evidente, tiene
que ver con la función del Presidente como
jefe de Estado. En un régimen presidencial una
de las competencias fundamentales del Presidente debe ser mantener la independencia
del Estado e, incluso, vigilar su existencia pacífica y autónoma. De ahí que en este sistema
el Presidente sea el jefe de la fuerza pública y
tenga la competencia constitucional para, de
forma limitada y temporal, decretar el estado
de emergencia (cuando la existencia del Estado corre peligro).
Sin embargo, el mandato constitucional de
que las Fuerzas Armadas tengan como misión
fundamental la defensa de la soberanía es absolutamente incorrecto y constitucionalmente
antitécnico, por las siguientes razones:
• Porque este mandato constitucional pone
en riesgo uno de los principios básicos de la
democracia: que las Fuerzas Armadas son
obedientes del poder civil y no deliberantes
• Porque se confunde dos elementos del Estado: la soberanía y el territorio. La soberanía,
como hemos visto, es la capacidad del Estado de tomar decisiones de forma independiente y el territorio es el espacio físico en el
que se asienta el Estado. Puede ser que las
Fuerzas Armadas tengan como misión, en
obediencia del poder civil, colaborar para
la preservación de la integridad del territorio, pero en ningún caso pueden tener como
misión la garantía de la soberanía.
• Porque esta norma constitucional, en una interpretación equivocada, podría servir para
legitimar la idea de que las Fuerzas Armadas
puedan intervenir en la vida política (bajo la
excusa de que están garantizando la soberanía).
Podría argumentarse a favor del texto constitucional que las Fuerzas Armadas deberán garantizar la soberanía nacional de forma obediente
a las órdenes del Presidente de la República,
sin embargo el mandato de que la fuerza pública tenga a su cargo la independencia política
del Estado resulta peligroso.
7.- Otras concepciones de la soberanía.- Además de las comentadas, el texto constitucional
de Montecristi incluye varias otras menciones
del concepto de soberanía. Vale la pena analizar otros casos (no todos):
• En el Art. 27 se manda que la educación se
centre en el ser humano y se justifica que la
educación es “indispensable para la construcción de un país soberano.” En este punto
también cabe comentar que el texto constitucional confunde el concepto de soberanía con la consigna de un sistema político
nacionalista, centrado en el poder político y
no necesariamente en el ciudadano.
• En el Art. 276 se le otorga al régimen de desarrollo, entre otros, el objetivo de garantizar
la soberanía nacional. ¿No era ésta una misión del Presidente de la República y de las
Fuerzas Armadas, como quedó apuntado?
¿Cómo puede el régimen de desarrollo garantizar la soberanía nacional? En este punto
también hay una concepción equivocada
respecto de la soberanía: me imagino que
el texto quiere decir que el régimen de desarrollo debe garantizar, más bien, la intervención y la planificación estatal.
• El Art. 422 prohíbe la celebración futura de
tratados internacionales en los que “el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana
a instancias de arbitraje internacional, en
controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales
o jurídicas privadas.” En este caso se debe
entender la norma como la veda constitucional para que el Estado se obligue en nuevos tratados y, por tanto, surge la pregunta
respecto de los tratados internacionales vigentes. En este caso, creo, el Estado ecuatoriano debe respetarlos en vista del principio de pacta sunt servanda incluido en la
Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados. En otras palabras: el Estado
ecuatoriano no puede alegar sus razones de
derecho interno (ni siquiera la expedición de
una nueva Constitución) para incumplir sus
8.- Conclusión.- Del comentario de las principales aplicaciones del concepto de soberanía
en el texto constitucional de Montecristi se puede llegar a las siguientes conclusiones:
• El concepto de soberanía se ha confundido
con la política de intervención del Estado en
la actividad económica y con el nacionalismo, en todas sus variedades. Así, el principio
de la soberanía ha sido aplicado y concebido de una forma inapropiada y antitécnica.
• El texto constitucional menciona a la soberanía demasiadas veces y en situaciones
distintas: unas veces de modo correcto (al
caracterizar al Ecuador como un país independiente) y la mayor parte del tiempo de
forma inadecuada (la soberanía alimentaria, la soberanía energética, por ejemplo).
• La razón por la que la idea de soberanía tiene tanta presencia en el texto es la siguiente:
el texto constitucional consagra un Estado
activo y omnipresente. Esto no quiere decir
que toda actividad que emprenda el Estado
se deba mezclar con la soberanía.
Resumen: El concepto de soberanía en la Constitución de
Montecristi se usa de forma
abundante y antitécnico, desde el punto de vista del Derecho Constitucional. En vez de
del Estado se garantiza la intervención estatal en todos los
campos (lo que difiere del principio de soberanía).
NUEVA LEY ORGÁNICA DE TRÁNSITO Y
Ecuatoriano, Licenciado en Administración de
Empresas por la Universidad Tecnológica Equinoccial, Mediador y Conciliador por la Federal
Mediation and Conciliation Service of Washington; Miembro honorario de Amalgamed Transit
Union, Washington D.C.; Huésped de Honor del
International Visitors Center of Chicago; Huésped de Honor del International Visitors Center
of San Francisco. Participante en programas
especializados en sistemas para la planificación
de las estrategias de transportación y tránsito
realizados en: Miami, Washington, Philadelphia,
New York, Chicago y San Francisco. Estudio de
los principales problemas mundiales de transportación pública y sus gremios. Programa Internacional de Administración de Carreteras,
Presidente del Movimiento Cívico “Justicia Vial”,
desde 2002.*
Lcdo. Guillermo Abad Zamora
*Justicia Vial es un Movimiento Cívico legalmente constituido que tiene como objetivo
velar por el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico en lo que a transporte terrestre, tránsito y seguridad vial se refiere.
El Movimiento está conformado por familiares y amigos de víctimas de accidentes de
tránsito. Desde esa fecha hasta estos días
“Justicia Vial” ha venido denunciando y en
otros casos enjuiciando actos irregulares
que afectan a la seguridad vial como: la
venta de títulos de conducción profesional,
la comercialización de rutas y frecuencias
del transporte público, la construcción de
carrocerías al margen de la normativa de
seguridad entre otras. También ha contribuido como proponente del SOAT; nueva
Ley de Tránsito y elaboración de normativas INEN en la construcción de carrocerías
y reglamento de requisitos mínimos de seguridad para vehículos.
6.- Mencione las reformas
más novedosas en relación
con la antigua ley.
se entregan los permisos de
operación solo a personas
jurídicas, esto evita la venta de los famosos puestos.
En lo referente al tránsito se
Rueda de prensa por el día mundial de conmemoración de las víctimas del tránsito.
garantiza el debido proceso y legítimo derecho a la
defensa al eliminar la de1.- ¿Por qué una nueva ley de tránsito, y por
tención inmediata. Se acepta los mecanismos
qué su carácter de orgánica?
electrónicos magnéticos, fotográficos, digitales y de video como prueba plena. En lo que a
La Ley del 96 no era integral, ni tampoco inseguridad vial se refiere se incluyen los princivolucraba a todos los actores del transporte,
pios y conceptos de la seguridad vial, garantitránsito y seguridad vial. Es orgánica para darle
zando así al usuario de las vías una movilidad
supremacía jurídica. Además cumple con un
precepto fundamental y universal que es organizar el transporte para así mejorar el tránsito y
7.- ¿Cómo nos beneficia el SOAT, quiénes no
garantizar la seguridad vial.
están protegidos y cuáles son los problemas
que genera?
2.- ¿Cómo surge el proyecto de ley?
Ante el clamor ciudadano de ver como día a
día se pierden vidas humanas en las carreteras
del país por una ley permisiva, esto originó que
los sectores preocupados en la seguridad vial
exhortemos a la autoridad al cambio.
El SOAT garantiza la atención médica gratuita
a toda víctima de accidente de tránsito, así
como el pago de esta atención por servicios
médicos que se generen. Además indemniza a
los familiares de víctimas mortales.
3.- ¿Quiénes participaron en su desarrollo?
Toda persona que circule por las vías del país
sea como conductor, pasajero o peatón están
cubiertos, independientemente que el vehículo causante del siniestro esté asegurado con
SOAT. La falta de difusión de este derecho ha
generado como problema que los beneficiarios del mismo no lo reclamen, es decir no ejerzan su derecho.
Prácticamente todos los sectores involucrados:
autoridades, gremios, sociedad civil, ong´s.
4.- Desde su criterio, ¿por qué es necesaria la
veeduría ciudadana?
Es el contrapeso ideal para la autoridad de
control. La función de la veeduría es velar por
5.- ¿Cuáles son los principales objetivos de la
Organizar el transporte, de esta manera mejorar el tránsito y consecuentemente garantizar
la seguridad vial , que no es otra cosa que evitar la accidentabilidad vial y salvar vidas.
8.- ¿Para reformar la ley no se debió primero
motivar al cambio en la conciencia ciudadana
o es mejor aplicar sanciones duras para exigir
su cumplimiento?
Nos hemos pasado más de 20 años tratando de concienciar y se ha conseguido muy
poco. Está demostrado mundialmente que
una ley drástica y severa ayuda a forjar la
actitud y conducta del pasajero, conductor
y peatón.
9.- ¿Existe gran apoyo al proyecto, pero no
existe mayor difusión, cómo solucionar este inconveniente?
Exigiendo a la Autoridad de Control (CNTTSV)
que cumpla con su rol que es difundir los principios básicos de la seguridad vial y la Ley, reglamentos y normas.
Srta. María Susana Rivadeneira, Embajadora de Buena Fé
en el programa social “Papallacta...nunca más”.
10.- ¿Qué le falta en su opinión a esta nueva ley?
Primero su Reglamento aplicativo que debe estar en plena concordancia jurídica y técnica
con la Ley para evitar así que se distorsione el
verdadero espíritu de ésta.
Dentro de la misma Ley falta especificar ciertos
artículos que se pueden prestar para la interpretación. Sin embargo mediante reglamento
se los podría solventar.
11.- ¿Cómo se pretende evitar la corrupción
con esta nueva ley, tanto en la policía como
en el sistema judicial? Si es bien conocido que
esta situación desagradable ha permanecido
latente en nuestra sociedad.
Mediante mecanismos electrónicos e inviolables que permitan a la autoridad de control y
judicial utilizarlos como pruebas plenas. Estos
registros permitirán a los agentes de tránsito,
jueces y fiscales legitimar su autoridad.
12.- Se propone un nuevo sistema de detención y juzgamiento basado en las pruebas y/o
evidencias, ¿pero no es un trámite engorroso y
sumamente burocrático?
En el caso de contravenciones se utilizará el sistema oral, lo que facilitará el despacho de las
causas. A esto hay que sumarle que los jueces
ya no tendrán tantos trámites relacionados con
detenciones, puesto que éstas solo quedaron
para conductores ebrios. Y en el caso de los
delitos, los términos y plazos se bajaron a la mitad de tiempo, esto agilitará el proceso.
13.- ¿Qué pasará con los procesos judiciales?
Si es bien sabido que estos trámites ocasionan
pérdida de tiempo y dinero, además de congestionar innecesariamente las salas judiciales.
Con los nuevos plazos y con pruebas plenas
registradas en mecanismos electrónicos, así
como otros mecanismos tecnológicos facilitarán los procesos. Los profesionales del derecho
están obligados a capacitarse en el funcionamiento de estos nuevos sistemas para poder
defender o acusar con propiedad.
14.- ¿A quién se baja los puntos cuando el auto
está registrado a nombre de una persona jurídica y no se identifica al conductor?
Tanto en personas jurídicas como en instituciones públicas se notificará al representante legal
o responsable del vehículo respectivamente,
en el caso en que el conductor no haya sido
identificado. Es igual tratamiento que en los casos de delitos. Este particular se debe especificar en el reglamento.
15.- ¿Cuáles son los roles que deben ejercer los
actores de la escena vial en el Ecuador?
Cumplir con la Ley y promover su cumplimiento.
16.- ¿Cuál será el destino del dinero recaudado
por concepto de multas?
Irá a la cuenta única del Tránsito Nacional. Los
recursos serán manejados por la CNTTSV. Parte
de estos recursos se destinarán por ley al fomento de las normas de tránsito y seguridad
17.- Recomendaciones y sugerencias para una
correcta aplicación de la nueva Ley.
No nos preocupemos por las multas o puntos
que podamos perder, preocupémonos por no
perder la vida en las carreteras.
Quito, diciembre del 2008
Dr. Genaro Eguiguren V.
GENARO EGUIGUREN VALDIVIESO (Loja
1956) es Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado, Doctor en Jurisprudencia
y Doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Quito y ha efectuado estudios de Postgrado en las Universidades de Salamanca y Harvard.
Es autor de “El Gobierno Federal de Loja:
la crisis de 1858” y editor de “Celebración
de Contratos Administrativos”, “Reajustes y Conflictos en Contratos Públicos” y
“Nuevas Instituciones de la Contratación
Pública”. Es profesor de las Universidades
Central del Ecuador y Andina “Simón
Bolívar” y ha sido invitado en la PUCE, la
Estatal y la Católica de Guayaquil y la
Nacional de Loja. Su experiencia laboral proviene de haberse desempeñado
como Director Jurídico del Ministerio de
Transporte, Asesor Parlamentario, Árbitro
de la Cámara de la Construcción, Vocal
del Tribunal Constitucional y Conjuez Permanente en las Salas Civil y Fiscal de la
1.- BREVE APROXIMACIÓN AL CONCEPTO
Etimológicamente la expresión Administración Pública deriva de raíces latinas cuya significación nos acerca a la
acción de gobernar, dirigir y servir el y desde el Estado por
medio de una “actividad permanente de manejo de una
entidad o negocio”1 y en tanto pública con la finalidad de
alcanzar los fines del Estado por medio de un aparato orgánico sometido al ordenamiento jurídico.
La doctrina en su mayor acercamiento a una definición de
lo que es la Administración Pública ha identificado tres enfoques desde los cuales puede obtenerse un concepto de
ella: como sujeto, como organización y como actividad2.
Como Sujeto, es preciso reconocerle capacidad de adquirir y ejercer derechos y obligaciones, la titularidad de derechos de contenido económico. En tanto Organización, la
Administración Pública deviene de la cada vez más compleja y diversificada necesidad de que el Estado cumpla
las finalidades que justifican su existencia y que demanda
de la formación de estructuras (funcionales y territoriales)
que atiendan a tales fines. Finalmente, como Actividad
implica la concreción del poder del Estado que, dotada
de características propias, desarrolla y asegura la normatividad.
En sentido más restringido, el término Administración Pública es “empleado para designar al conjunto de órganos
dependientes del Poder Ejecutivo que se encargan de
planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades
tendientes a la satisfacción de las necesidades de los gobernados3. Con más pragmatismo y objetividad Franz Xa1 Secaira Durango, Patricio, “Curso Breve de Derecho Administrativo”, Editorial Universitaria, 2004, p. 40.
2 Parejo Alfonso Luciano en “El Derecho Público de Finales de Siglo” dirigido por Eduardo García de Entería y
Manuel Clavero Arévalo, Editorial Civitas S.A., 1997 p.p. 289 a 303.
3 Martínez Vera Rogelio, “Fundamentos de Derecho Público, McGraw-Hill, México, 1994, p. 217.
vier Barrios la define como “un conjunto
de recursos de diversa índole (recursos de
autoridad, dinerarios, físicos) encaminados
a operativizar las decisiones del gobierno,
del Estado o de las dirigencias de los otros
poderes del Estado, como el Judicial o
el Legislativo, en cada uno de los niveles
territoriales bajo parámetros racionales e
imparciales”4
2.- ESCUETA DEFINICIÓN CONSTITUCIONAL.
Las constituciones recientes han consagrado como definición de la Administración
Pública y/o Función Pública el de ser “un
servicio a la colectividad”. En efecto, este
enunciado se lo encuentra en las constituciones de 1967 (Artículo 76), 1979 (Artículo
39) y 1998 (Artículo 120) y se replica en la
del 2008 (Artículo 227), en la que, de cierto
modo se añade que constituye un “deber
ciudadano”, -al igual que en la Constitución de 1998 (Artículo 98)-, al incluirse en el
Artículo 83 que contiene la enumeración
de las responsabilidades de los ciudadanos.
Si bien el intento que no siempre resulta esclarecedor de definir las instituciones por
sus fines, queda al arbitrio entender lo que
se quiera según el interés que se persiga o
represente. De todos modos, es evidente
que el legislador constituyente de los últimos 40 años y en cuatro constituciones
consecutivas viene buscando, sin lograrlo,
definir una realidad tan importante como
3.- UBICACIÓN Y UNIDAD.
La Constitución de Montecristi se ha dividido en nueve Títulos, a saber: los tres primeros que bien podríamos decir corresponden
a la parte dogmática: Elementos Constitutivos del Estado, Derechos y Garantías Constitucionales; y, los restantes seis a la parte
orgánica: Organización del Poder, Organización Territorial, Régimen de Desarrollo, Régimen del Buen Vivir, Relaciones Internacionales y Supremacía de la Constitución.
El Título correspondiente a la ORGANIZACIÓN DEL PODER, inicia con el capítulo
dedicado a la Participación Democrática,
le siguen sendos capítulos para cada una
de las Funciones del Estado: Legislativa,
Ejecutiva, Judicial, Transparencia y Control
Social y Electoral; y, el séptimo y final a la
Al estar la Administración Pública ubicada al
final del Titulo de la Organización del Poder,
luego de los relativos a las Funciones del Estado, podríamos entender que sus enunciados comprenderían y serían aplicables, salvo excepcionales especificidades, a todas
las cinco funciones del estado.
Respecto del Régimen Seccional Autónomo, éste ha sido ubicado en el Título de
4 Barrios Súbelas, Franz Xavier, “La Administración Pública en la Constitución Boliviana”, Unidad de Coordinación de la Asamblea Constituyente y Agencia Española de
Cooperación Internacional, 2004, p. 43.
la Organización Territorial, no obstante,
este Régimen que comprende Regiones,
Consejos Provinciales, Concejos Municipales, Juntas Parroquiales y Regímenes
Especiales como los Distritos Metropolitanos, Circunscripciones Territoriales Indígenas y Afroecuatorianas y la Provincia de
Galápagos. Pero como toda distribución
del territorio tiene también fines administrativos, no en vano se ha reconocido que
el poder se distribuye o divide funcional y
territorialmente y el poder se manifiesta y
concretiza mediante la actividad política
o gobierno y la administración de la cosa
pública. Por lo tanto, no obstante la autonomía de la que gozan los regímenes seccionales, son al fin administraciones que
algunos doctrinarios llaman “indirectas” y
que en lo fundamental deberían también
estar sometidas a un ordenamiento jurídico único y común con las administraciones centrales o funcionales, sin perjuicio
de respetar las especificidades que la autonomía impone.
4.- SECTOR PÚBLICO.
El Capítulo de la Administración Pública se
divide a su vez en cuatro secciones que tratan sobre:
-	Sector público
-	Servidores públicos; y,
-	Procuraduría General del Estado.
Respecto del ámbito y no obstante el intento de enumerar de diferente manera,
el Sector Público comprende las mismas
entidades que la Constitución de 1998. En
efecto, el Artículo 227 señala que el Sector Público “corresponde” (según la versión del Registro Oficial) o “comprende”
según la versión divulgada por la Asamblea Constituyente:
1. Los organismos y dependencias de las
funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial,
Electoral y de Transparencia y Control
2. Las entidades que integran el régimen
autónomo descentralizado.
3. Los organismos y entidades creados por
la Constitución o la ley para el ejercicio
de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.
4. Las personas jurídicas creadas por acto
normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados para la prestación de
Siguen formalmente excluidas del denominado Sector Público las corporaciones
y sociedades constituidas con personería
jurídica de derecho privado no obstante
que su capital o recursos sean mayoritaria o totalmente públicos, a pesar de que
en algunos aspectos le sean aplicables las
normas del derecho público como en materia de control gubernamental, de remuneraciones y de contratación pública. La
“huida” del derecho administrativo, como
se ha llamado a la deliberada migración
al derecho privado y sus formas de acción
por sujetos cuyas finalidades y recursos son
indiscutiblemente de propiedad e interés
general, al parecer, no fue frenada en
5.- PRINCIPIOS:
A la Administración Pública se le atribuyen
varios principios rectores de su organización y actividad jurídica. Varios de ellos se
mantienen desde la Constitución de 1.998:
Legalidad, Eficiencia, Desconcentración,
Descentralización, Coordinación, Evaluación, Prohibición de Nepotismo y de Conflicto de Intereses e Imprescriptibilidad de
las acciones y de las penas por cohecho,
concusión, peculado y enriquecimiento ilícito. Conviene recordar en que consiste
El Principio de LEGALIDAD es esencial a la
actividad de las administraciones públicas. En su virtud, ningún órgano ni servidor
público tiene otra competencia ni ejercerá otras atribuciones que las expresamente señaladas por la Constitución o la Ley.
Al mismo tiempo, este principio es garantía
ciudadana de la seguridad jurídica y de
que el Estado ni sus agentes podrán hacer
algo que no sea previsible desde el propio
El Principio de EFICIENCIA, más una aspiración que un carácter de la Administración,
pretende que todas las actuaciones de los
órganos y los servidores reflejen una adecuada relación costo beneficio y puede
ser más visible en las actividades económicas asumidas por el Estado y en la prestación de servicios públicos.
Así como el territorio se ha dividido para
efectos del ejercicio del poder, es lógico
que la autoridad también se divida. El
Principio de DESCONCENTRACIÓN pre-
tende que las funciones cuya actividad
pueda desarrollarse en toda la geografía
como la ejecutiva, no obstante mantener
la jerarquía que le es propia, efectivamente se acerque al ciudadano de modo que
sea la administración la que vaya a él y
no él el que deba ir a aquélla. Las otras
funciones también deben organizarse aplicando este principio, así las funciones judicial, electoral y de participación y control
social deben desarrollar su actividad para
que desde cualquier lugar del territorio
sea posible la participación ciudadana.
Incluso la función legislativa, no obstante
su carácter eminentemente concentrado
en su actividad y a despecho del origen
desconcentrado de su origen, en la nueva
Constitución se advierte que, al menos a
nivel de la iniciativa legislativa busca reflejar el principio.
El Principio de DESCENTRALIZACIÓN se ha
elevado a rango constitucional con la mayor relevancia al ser elemento constitutivo
de la definición del Estado. En efecto, en
el Artículo Primero de la Constitución se lee
que el Ecuador “se gobierna de manera
descentralizada” y el Título de la “Organización Territorial” desarrolla este carác-
ter del Estado. Se consideran gobiernos
descentralizados –de menor a mayor
circunscripción- las Juntas Parroquiales
Rurales, los Concejos Municipales, los
Concejos Metropolitanos, los Consejos
Provinciales y los Consejos Regionales,
habiéndose excluido de la enumeración
del Artículo 238 a las Circunscripciones
Territoriales Indígenas y Afroecuatorianas
y la provincia de Galápagos que han de
tener un régimen especial con menor
Cada uno de estos “territorios” tendrá evidentemente su propia administración y se
rige por principios propios como la autonomía política, administrativa y financiera,
solidaridad, subsidiariedad, equidad ínterterritorial, integración y participación ciudadana.
Al igual que en la Constitución de 1998,
la actual impone a las administraciones
públicas el deber de coordinar acciones
para el cumplimiento de sus fines y para
hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos constitucionales. Bien podría
denominarse a este deber como Principio
de COORDINACIÓN, en virtud del cual las
acciones de una administración no pueden considerarse aisladas del resto de administraciones, cualquiera sea su rango o
ubicación, con la finalidad de coadyuvar
unas con otras en el logro de los fines del
Estado. Por ejemplo, en materia ambiental, son varias las administraciones a las
que incumbe el tema, debiendo coordinar
sus acciones para no duplicar esfuerzos ni
perjudicar a los ciudadanos imponiéndoles múltiples requerimientos con el mismo
El Principio de EVALUACIÓN se relaciona
no solo con la medición del desempeño
de los servidores públicos para efectos
de permanecer o promoverlos, sino con
la participación ciudadana que deberá
constituir elemento sustantivo de dicha
evaluación que, por cierto, debe ser permanente.
En virtud de la PROHIBICIÓN DE PLURIEMPLEO, NEPOTISMO Y CONFLICTO DE INTERÉS, los servidores públicos, en las distintas
funciones del Estado, deben abstenerse
de intervenir y resolver asuntos en los que
puedan tener interés personal, societario
o familiar, que de alguna manera pugne
con el interés público que representan en
virtud de su empleo o del que corresponda
a personas vinculadas por parentesco, en
cuyo caso se producirá el desplazamiento
o impedimento de desempeñar determinados cargos públicos.
El principio también conlleva la prohibición
de desempeñar más de un destino, salvo
en el caso de los profesores universitarios
que podrán tenerlos siempre que su horario no interfiera con el de la función. Esta
limitación horaria, innovado en la nueva
Constitución, si bien impedirá la abusiva
reducción de las jornadas laborales de algunos servidores públicos, también podría
privar a las universidades públicas del concurso de valiosos catedráticos.
La IMPRESCRIPTIBILIDAD DE ACCIONES Y
PENAS por delitos de cohecho, concusión,
peculado y enriquecimiento ilícito se mantiene desde la Constitución de 1998 y sigue
restringido a los delitos económicos contra
la administración pública quedando los
demás tipos penales contra ella, sujetos a
las reglas generales sobre prescripción de
acciones y penas.
Más allá de los principio comentados, la
Constitución de Montecristi ha eliminado
o modificado otros que antes estuvieron
constitucionalizados como el de CAPACIDAD y el de HONESTIDAD. Respecto del
primero, que constaba en la Constitución
de 1998 como requisito para el ingreso al
servicio público, parece haber sido sustituido por el de GARANTÍA DE CAPACITACIÓN
de la que ahora gozarán los servidores públicos, en otras palabras, antes era necesario estar capacitado, ahora la capacitación le será proporcionada luego de su
ingreso al servicio. Respecto a la Honestidad, aunque parece haberse eliminado
como principio, tal eliminación es aparente, ya que esta virtud está subsumida en
los deberes de las ecuatorianas y los ecuatorianos enumerados en el Artículo 83.
PACIÓN ciudadana como eje transversal de todo su texto. La Administración
Pública no podía entonces estar excluida de este elemento. Abreviadamente podríamos decir que consiste en la
posibilidad cierta de que la ciudadanía
sea parte de la actividad administrativa, especialmente en aquella conocida
como discrecional. Mecanismos como
la consulta previa, la silla vacía y otros
son aplicables a la actividad de las administraciones públicas.
Los NUEVOS PRINCIPIOS que ha incorporado la Constitución del 2008 son la Eficacia, Calidad, Jerarquía, Participación,
Planificación, Transparencia y No Discriminación.
La PLANIFICACIÓN es otro principio rescatado en el nuevo bloque de constitucionalidad y persigue hacer previsibles como
dar trascendencia y continuidad a las actividades de las Administraciones Públicas,
reduciendo los márgenes de discrecionalidad y en algunos casos de imprevisión y
El Principio de EFICACIA siempre ha tenido
connotación eminentemente jurídica y supone que toda la actividad de la Administración Pública tiene efectos jurídicos, es creadora de derechos y obligaciones. Aunque
gramaticalmente puede relacionarse con
el principio de Eficiencia, éste es diferente
como ya quedó dicho más arriba.
Otro Principio incorporado en la Constitución es el de CALIDAD, mismo que se
acerca más al de Eficiencia aunque su
connotación es más amplia y debidamente aplicado permitirá superar el alegado
desbalance entre la actividad pública y
la privada, especialmente en materia de
servicios públicos. Aquí uno de los grandes
retos de la Nueva Constitución.
El Principio de JERARQUÍA pertenece a la
esencia de la Administración Pública y una
vez constitucionalizado deberá ser cautelosamente aplicado a fin de respetar las
autonomías funcionales o territoriales de
las que gozan ciertas administraciones.
Una característica de la nueva Constitución es la valoración de la PARTICI-
La TRANSPARENCIA elevada a la categoría
de principio rector de la Administración Pública recoge el progreso de la normativa en
busca facilitar la participación y de superar
las reservas que en no pocas ocasiones encubrió la corrupción.
Finalmente, la NO DISCRIMINACIÓN como
principio parece tener al menos dos dimensiones: una respecto del ingreso al
servicio público y la otra en cuanto a la
actividad administrativa misma, es decir
deberá reflejarse en el trato que se dispense a los ciudadanos.
Es de esperar que la legislación secundaria recoja y desarrolle tanto los principios
que se reiteran de la Constitución de 1998
como los nuevos que han sido brevemente enunciados.
El espacio disponible deja pendientes otros
aspectos novedosos de la Nueva Constitución respecto de la Administración Pública
que serán tratados en otra oportunidad.
urisprudencial
VULNERACIÓN A LA
LABORAL DE LA MUJER
• Dra. María Gabriela Mier Ortiz
Ayudante Judicial 3
“En nuestra legislación se ha
ratificado el Convenio 103 de
del Trabajo (OIT), relativo a la
protección de la maternidad”.
Para analizar el tema propuesto, partiré de la
consideración fundamental referente a la protección a la maternidad, al efecto, cabe destacar que la misma tiene como objetivo esencial,
la preservación física, anímica y económica de
la mujer trabajadora desde su potencialidad
de la concepción; luego, la necesaria garantía de estabilidad durante el proceso de gestación y, por fin durante los descansos protegidos
en los períodos inmediato anterior al parto así
como en el de post parto o puerperio; y, por
otro lado, la protección a quien está por nacer
o al recién nacido según el caso.
Significativos han sido los esfuerzos por la defensa de la garantía de estabilidad laboral de
la mujer en estado de gestación, habiéndose
conseguido que los ordenamientos jurídicos
adecuen su normativa aplicando un sentido
de protección más amplio a la maternidad, teniendo en cuenta la situación de las mujeres
trabajadoras y la necesidad de brindar protección al embarazo como responsabilidad compartida del Estado y sociedad, procurando la
seguridad de la madre y el niño; así en el caso
de nuestra legislación, se ha ratificado el Convenio 103 de la OIT, relativo a la protección de
la maternidad; mientras que la Constitución
Política de la República la determina en sus artículos 35, 43; así como la normativa constante
en otros cuerpos legales de nuestro ordenamiento jurídico.
De otro lado, ya en cuanto a la aplicabilidad
del ordenamiento jurídico inherente al tema, la
casuística demuestra que existe un porcentaje
considerable de controversias en las que mujeres embarazadas o que terminan su período de
gestación reclaman por la vulneración a la estabilidad laboral; pero no es menos cierto que
la aplicación de la sanción a este hecho es una
medida de resarcimiento que ha coadyuvado
a frenar en buena medida esta injusta decisión
Garantía de estabilidad. Condiciones para su
A la estabilidad se la debe enfocar desde dos
ángulos: el primero concierne al empleador y
vinculado con los aspectos social y económico, donde el trabajador representa un factor
trascendente en la producción, por sus conocimientos y experiencia; y el segundo vinculado
directamente con el trabajador, con la certeza
de una ocupación duradera que le permita la
Esta estabilidad en nuestra legislación y según
el enfoque anotado, implicaría también desde
el punto de vista del empleador o empresario
la obligación que tiene de respetarla, y en lo
atinente al trabajador el derecho a conservar
su cargo o empleo, mientras se desempeñe eficazmente y sin infringir las estipulaciones contractuales ni las legales; pero adicionalmente,
en este ámbito deben tenerse presentes ciertas
garantías de protección especial, y ese es precisamente el caso de la maternidad.
Ahora bien, la protección de la maternidad se
refiere a dos circunstancias: una a la necesidad de descanso obligatorio por tal motivo, y
la otra a su protección frente a la posibilidad
de despido en razón de dicha circunstancia.
Nuestro Código del Trabajo, establece la prohibición de dar por terminado el contrato de
trabajo1 por causa del embarazo o de una enfermedad que se origine en éste, así como la
imposibilidad de reemplazo definitivo de la mujer en estado de gestación dentro del período
de 12 semanas (2 antes del parto y 10 después
del parto); así expresamente lo determinan los
Arts. 153 y 154.
Para que opere la protección anotada, se
requiere que la trabajadora, presente un certificado médico otorgado por un profesional
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
y a falta de éste, por otro facultativo; estableciéndose en ese momento la obligación del
empleador de protección por embarazo de
la mujer trabajadora; surgiendo así una corresponsabilidad entre las partes. Al respecto la
jurisprudencia señala: “Séptimo: b) La norma
legal en cuestión, por obvias razones, no prescribe que esta circunstancia se presuma, por
ello determina que el requisito para que opere
la protección en el trabajo de la mujer en estado de gestación, es la presentación de un certificado médico otorgado por un profesional
del IESS, o a falta de éste por otro facultativo.
Esta necesidad de conocimiento del empleador se trata de un requisito mínimo que tiende
a preservar la eficacia de la protección, para
que de esta forma él conozca los hechos y a
base de ese conocimiento respete la especial
protección en el empleo que el Estado brinda
a las mujeres en estado de gestación, ya que
solamente desde el instante en que queda advertido puede operar en sana lógica la disposición establecida en el Art. 154 inciso tercero
del Código del Trabajo.”2
Sin embargo, acertadamente se ha determinado en ciertos casos que tal conocimiento
puede ser sustituido por otros medios probatorios; decisión que desde mi punto de vista es
correcta, por cuanto los preceptos jurídicos
deben entenderse en relación directa con el
propósito de la Ley, por consiguiente, los juz-
1 Obsérvese que la ley determina excepciones a esta garantía, así el inciso segundo del Art. 154 del Código las remite a las contempladas en el Art. 14 del citado cuerpo
de leyes ( obra cierta, eventuales, ocasionales, de temporada, servicio doméstico, aprendizaje, de operarios y artesanos, prueba.); al efecto, se parte de la estimación de la
naturaleza de las actividades, esto es que si son o no de carácter estable o permanente, por ello, considero adecuadas las excepciones, salvo el caso del servicio doméstico,
las operarias de artesanos.
2 Sentencia dictada el 16 de octubre de 2006, por la Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, dentro del juicio verbal sumario de trabajo No.
231-05 seguido por Jenny Verónica Mejía Naranjo contra el Centro Educativo Bilingüe Interamericano.
. Sobre el tema véase también:
- Sentencia dictada el 12 de septiembre de 2007, por la Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, dentro del juicio de procedimiento oral laboral
No. 708-06 seguido por Ingrid Lorena Paredes Rosero contra Catalina Leonor Roldán de la Cadena y María Soledad Roldán de la Cadena, en su calidad de representantes
del “Instituto Educativo Henri Becquerel”.
gadores deberán concentrar la atención en
tal sentido, procurando que la interpretación
se adecue a un razonable margen que haga
posible que no se vulnere tal propósito; así se
evidencia del siguiente fallo: “Quinto: c) En la
especie, se observa que si bien en el proceso
no consta que la ex trabajadora haya presentado a su empleador el certificado médico de
que se encontraba en estado de gestación,
sin embargo, las constancias procesales reflejan que éste tuvo conocimiento de tal circunstancia, pues de la confesión judicial que la
compañía demandada solicita a la ex trabajadora así se desprende… tanto más que en la
audiencia de conciliación y contestación a la
demanda la accionada señala: ‘B. No es verdad que mi representada haya despedido a la
actora ya que de común acuerdo ésta aceptó
voluntariamente retirarse de sus labores por su
avanzado estado de gravidez’ (el subrayado
es nuestro), de lo anotado se concluye que en
la especie el empleador, despidió a la ex trabajadora a pesar de conocer que se encontraba en estado de gestación, por tanto procede
el pago de la indemnización que la Ley establece para la mujer embarazada conforme lo
previsto en el Art. 154 del Código del Trabajo, y
al efecto los juzgadores de instancia, debieron
aplicar correctamente los Arts. 115 del Código
de Procedimiento Civil, y 593 del Código del
Trabajo, y guiándose por las reglas de la sana
crítica, en este caso especial, realizando una
correcta valoración de la prueba en su conjunto, debieron declarar procedente el pago de
la indemnización indicada.”3
Dentro de las protecciones que prevé la ley
para las mujeres embarazadas, se encuentran:
a) La prohibición de laborar dentro de las dos
semanas anteriores al parto, y las diez posteriores a éste, debiendo justificarse su ausencia con la presentación de un certificado
médico en el que conste la fecha probable
del parto o la fecha en que éste se ha producido (Art. 152 del Código del Trabajo); y
sobre este tema la jurisprudencia ha ampliado su interpretación señalando: “Cuarto: …
dicha norma efectivamente prevé el derecho de la mujer embarazada para ausentarse del trabajo por un período de doce
semanas, y a pesar de que el inciso primero
determina que éste ha de estar comprendido entre las dos semanas anteriores y diez
posteriores al parto; sin embargo, no puede
afirmarse categóricamente la imposibilidad
de que se acumule dicho tiempo, y tal afirmación la formulamos sobre la base de lo
dispuesto en el inciso segundo de la citada
norma que requiere como justificativo, la
presentación de un certificado médico conferido por un facultativo, en el que conste la
fecha probable del parto o la fecha en que
tal hecho se ha producido, resultando ser
lógica esta disposición, ya que no en todos
los casos es posible determinar el día en que
3 Sentencia dictada el 28 de marzo de 2007, por la Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, dentro del juicio verbal sumario de trabajo No. 57-05
seguido por Martha Antonieta Córdova Campuzano contra la compañía New Yorker S.A. RO. No. 358 de 12 de junio de 2008.
- Sobre el tema véase también: Sentencia dictada el 09 de abril de 2007, por la Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, dentro del juicio verbal
sumario de trabajo No. 188-06 seguido por Sandra Cecilia Chacón Franco contra la compañía OTECEL S.A.
dad que se origine en el embarazo o en el
parto (Art. 154 del Código de Trabajo), y la
incapacite para trabajar hasta por un año,
debiendo en tal circunstancia justificar este
hecho con la presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o
a falta de éste, por otro facultativo.
Al tratarse de la enfermedad originada en el
embarazo, debe también tenerse en cuenta la posibilidad del aborto espontáneo (no
provocado) y el terapéutico, en cuyos casos debe entenderse que también le ampara el derecho a conservar su empleo, resultando tales circunstancias asimilables a una
enfermedad no profesional originada en el
Indemnización acumulada.
la mujer alumbrará, siendo por tanto procedente la acumulación de las dos semanas
anteriores al parto con las diez posteriores
a éste; debiendo tenerse presente además
que en materia laboral rige el principio pro
operario para el caso de duda (Art. 7 del
Código del Trabajo).”4
Ahora bien, a pesar de que nada señala
la legislación ecuatoriana, respecto del supuesto de que el hijo nazca muerto o en el
caso de que éste fallezca dentro de los días
inmediatos a su alumbramiento, en relación
con el descanso post parto, estimo que la interpretación adecuada, debería ser la que
conceda dicho período pues debe analizarse que la maternidad no protege únicamente al ser que está por nacer o nacido,
sino también a la madre, debiendo tenerse
presente la situación orgánica, fisiológica y
psicológica por la que atraviesa.
b) La prohibición al empleador de separarla
inmotivadamente o sin causa, por enferme-
La vulneración a la garantía de estabilidad
en el trabajo de la mujer embarazada, es
sancionada con el pago de una indemnización equivalente al valor de un año de
remuneración de la trabajadora (Art. 154
inciso 4 del Código del Trabajo), advirtiéndose que ello procede sin perjuicio de los
demás derechos adquiridos en su parte
proporcional pendientes de pago, e incluso los correspondientes a indemnización
por ruptura ilegal de las relaciones laborales, y en el caso de ésta última dependiendo del tipo de contrato de trabajo esto es
por tiempo fijo (Art. 181 en relación con
el Art. 189 del Código del Trabajo), o indefinido (Arts. 185 y 188 del Código del
Trabajo); sin descartarse la posibilidad de
que se halle amparada por un contrato
colectivo, en cuyo caso, deberá analizarse
la estipulación respectiva.
4 Sentencia dictada el 10 de enero de 2008, por la Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, dentro del juicio de procedimiento oral laboral No.
334-06 seguido por Betty Maricela Jiménez Ortiz contra LAAR Cía. Ltda. RO. No. 368 de 26 de junio de 2008.
(más allá de la seguridad jurídica)
Danilo Caicedo Tapia
Jefatura del Departamento de Investigación
NATURALEZA Y ELEMENTOS
La seguridad jurídica es uno de los principales
baluartes del estado moderno, aún más es uno
de los enunciados elementales del Estado Social de Derecho, aunque su origen data del
estado de tipo liberal donde primaba la importancia del sistema procesal por sobre la persona. Bajo el esquema actual, debemos entender
a la seguridad jurídica como la idea de certeza sobre el sistema jurídico que rige a determinada sociedad, sistema jurídico expresado en
disposiciones normativas, que necesariamente
son interpretadas por los entes que administran
La cosa juzgada es una de las herramientas procesales que buscan la consecución de la idea
de certeza y convencimiento en el sistema jurídico. Podemos definir a esta institución como la
imposibilidad de discutir en un procedimiento
judicial un asunto que previamente ya fue resuelto en otro proceso anterior, para que este
enunciado general sea válido y encontrarnos
frente a un verdadero caso de cosa juzgada
son necesarios los elementos que enunciamos
Identidad subjetiva.- Intervención de las mismas partes procesales.
Identidad objetiva.- El objeto del juicio es la
misma cosa, cantidad o hecho fundamentada
en la misma causa, razón o derechos.
Como regla general, un nuevo juicio que reúna
iguales calidades en todos sus elementos no
puede ser discutido nuevamente, salvo excepciones puntuales y justificadas que más adelante
trataremos, sin embargo es necesario distinguir
entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material, distinción generalmente aceptada por la
doctrina y la legislación de influencia romanista:
Cosa juzgada formal.- Es la imposibilidad jurídica
de acceder a recursos ante determinado resultado procesal; la cosa juzgada formal no resuelve el fondo del proceso, el objeto mismo de la
litis sino únicamente las excepciones dilatorias,
aquellas excepciones que extinguen en todo o
en parte la pretensión a que se refiere la demanda. Nada impide que subsanadas dichas excepciones pueda tratarse nuevamente la causa de
fondo de la litis en un nuevo proceso.1
1 Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, Expediente No. 506, Primera Sala, R.O. 2, 13-VIII-96.
Cosa juzgada material.- Es la imposibilidad jurídica de iniciar un nuevo proceso sobre la causa que goce de esta calidad; dicha calidad
impide casi de manera absoluta un nuevo tratamiento, la sentencia adquiere un resultado
definitivo frente al órgano jurisdiccional que la
dictó, como frente a los demás órganos jurisdiccionales, los cuales no solo están impedidos
expresamente de conocer el fallo sino de rever
sus resultados. La prohibición alcanza también
a los sujetos del proceso quiénes no pueden
ejercer su derecho de acción nuevamente sobre el mismo supuesto.2
En materia de niñez y adolescencia nuestra
legislación determina que cualquier forma de
terminación del proceso impide una nueva investigación o juzgamiento por el mismo hecho,
aunque se modifique su calificación legal o se
conozcan nuevas circunstancias, basados en
el principio del interés superior del niño y la importancia de proteger su situación de vulnerabilidad. Mientras que las resoluciones ejecutoriadas en procesos civiles no producen efecto
de cosa juzgada en lo penal, excepto en los
casos de prejudicialidad.
La institución de la cosa juzgada encuentra
su plenitud conceptual y práctica con la presencia tanto de su componente formal como
material, componentes que garantizan la inmutabilidad y coercibilidad de los fallos, de esta
manera cumple con funciones prácticas dentro de la protección de derechos y dentro de
la función de administrar justicia. Inicialmente,
impide la prolongación indefinida de los procesos, así también impide la inestabilidad con
respecto a la situación jurídica de las personas
y de las cosas, de esta manera efectúa tanto
una función garantizadora a nivel individual
entre las partes que forman parte del proceso,
así como también con la sociedad en general
respecto a su idea de certeza jurídica, paz social y convivencia pacífica como fin último.3
De manera alguna la cosa juzgada atenta contra el derecho de defensa o de acción que se
refleja en la facultad de ejercer cierto recurso
ante una sentencia insatisfactoria, puesto que
dichos derechos se encuentran plenamente vigentes antes que la sentencia adquiera la calidad de ejecutoriada, de esta manera se evitan
situaciones de indefensión que vulnerarían los
derechos de las partes procesales. Es necesario
aclarar que antes, durante y hasta que el fallo
adquiera firmeza, la presunción de inocencia
se mantiene de forma integral.
RELACIÓN DE LA COSA
JUZGADA Y EL PRINCIPIO
Como lo habíamos mencionado, los fallos que
gozan de cosa juzgada son en principio inmutables, este efecto negativo o restrictivo se relaciona con el principio ne bis in ídem o non bis
in ídem. En sus orígenes, este axioma establecía
la imposibilidad de ser juzgado dos veces por el
mismo delito. Sin embargo, la práctica procesal
y la jurisprudencia demostrarían en varios fallos
la fragilidad de este enunciado, puesto que
sobre un mismo hecho pueden recaer distintos
tipos delictivos, suscitando inseguridad jurídica
acerca de la certeza del fallo.4
Actualmente y conservando su etimología, podemos definirlo como la prohibición de ser juzgado o sancionado dos veces por la misma causa.
La finalidad principal de este principio es garantizar derechos fundamentales de la persona,
tales como el derecho a la vida, la integridad
personal, la libertad entre otros; como finalidad
secundaria encontramos la seguridad jurídica.
Esto a mi parecer lo diferencia claramente de la
cosa juzgada, donde la finalidad principal siempre será la seguridad jurídica; además, el principio de cosa juzgada tiene mayor amplitud que
2 La Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia explica: “cosa juzgada formal puede ser correctamente definida como la imposibilidad de que una
cierta decisión procesal sea recurrida: el cierre de los recursos procedentes contra la misma”. (...): “Cosa juzgada material es la inatacabilidad indirecta o mediata de un
resultado procesal, el cierre de toda posibilidad de que se emita, por la vía de apertura de un nuevo proceso, ninguna decisión que se oponga o contradiga a la que goza de
esta clase de autoridad.” Expediente No. 435-99, Primera Sala, R.O. 274, 10-IX-99.
3 “Cada controversia jurídica debe encontrar alguna vez su fin por razones de paz jurídica y de seguridad jurídica”. Por Stefan Leible, Proceso Civil Alemán, Biblioteca
Jurídica Diké, Medellín, 1998, p. 339.
4 Ver la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.
el principio ne bis in ídem, este último se circunscribe al Derecho Penal mientras que el primero
es aplicable para todas las ramas del Derecho.
DE COSA JUZAGADA Y
de los responsables de violaciones a los derechos
humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas
las investigaciones, incluso si existe una sentencia
absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto
que las exigencias de la justicia, los derechos de
las víctimas y la letra y espíritu de la Convención
Americana desplaza la protección del ne bis in
idem.”5
La inmutabilidad del contenido de estos dos
principios encuentra excepciones dependiendo de cada legislación. Sin embargo, de manera general, podemos mencionar las siguientes: los recursos extraordinarios que tienen por
efecto la revisión de fallos ejecutoriados por
La cosa juzgada fraudulenta es el equivalente
a la figura que la Corte Suprema de Justicia Argentina denomina cosa juzgada írrita, la cual
basa la mutabilidad de las sentencias en la falta de probidad de los jueces o en la existencia
de coacción en su libertad de conciencia, lo
haber cambiado radicalmente las circunstancias que motivaron su expedición o por comprobarse que el fallo se dictó en virtud de un
error judicial que motivó un resultado contrario
a la verdad; la nulidad de sentencia ejecutoriada donde el fallo carece de validez debido a
transgresiones insubsanables en su expedición;
la aplicación del principio indubio pro reo que
conlleva la revisión de la pena del condenado;
el otorgamiento de indulto (perdón) o amnistía
(olvido) que deja sin efectos la condena expedida mediante la resolución de la administración de justicia.
cual independientemente de si su decisión es o
no acertada, vicia absolutamente la labor de
administrar justicia.6
Adicionalmente encontramos en la doctrina y la
jurisprudencia internacional, la figura de la cosa
juzgada fraudulenta o aparente, la cual se produce cuando en un fallo se han irrespetado de
manera evidente las reglas del debido proceso
o cuando los encargados de administrar justicia
no obraron con independencia o imparcialidad;
la CIDH colige que “si aparecen nuevos hechos
o pruebas que puedan permitir la determinación
En el Ecuador si bien no se reconoce la figura
de la cosa juzgada fraudulenta o írrita, es interesante analizar algunos de los fallos referentes
a la colusión, podemos definir al delito colusorio
como el acuerdo doloso o convenio fraudulento entre dos o más personas, que produce a un
tercero una afectación verificable y real que
además de patrimonial puede consistir también
en afectación de cualesquier derecho civil. Este
tipo de acuerdo malicioso puede producirse entre el juez y una de las partes en detrimento de
un tercero afectado por el fallo fraudulento; de
comprobarse estos hechos la Corte Suprema de
Justicia se encuentra no solo en la facultad de
sancionar a los intervinientes sino de reformar o
revocar la sentencia viciada.7 Dicha nulidad de
sentencia se convertiría no solo en una de las
excepciones al principio de cosa juzgada sino
en el principio que la jurisprudencia internacio-
5 Ver CIDH, Caso Almonacid Arellano y Otros, Sentencia de Fondo, Parr. 154; Caso Carpio Nicolle y Otros, Sentencia de Fondo, Parr. 131; y, Caso Gutiérrez Soler, sentencia
de Fondo, Parr. 19.
6 Ver Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Expediente M. 2333. XLII.
7 Ver Corte Suprema de Justicia del Ecuador, (Resolución No. 198-03, Primera Sala, R.O. 201, 30-X-2003); (Resolución No. 203-03, Primera Sala, R.O. 201, 30-X-2003);
y, (Resolución No. 89-04, Primera Sala, R.O. 486-S, 21-XII-2004).
nal acertadamente define como restitución por
cosa juzgada fraudulenta.8
sión sólo produce efectos dentro del juicio y la
cosa juzgada fuera del mismo”.11
Sobre este tema es interesante analizar el Estatuto del Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, que en artículo décimo referente al principio
non bis in idem dispone que los fallos no gozarán
de esta prerrogativa cuando la jurisdicción nacional carezca de independencia o imparcialidad y cuando se compruebe que la finalidad es
sustraer al acusado de su responsabilidad penal
internacional.9 Como se desprende de este acápite, las excepciones a estos principios conllevan
indefectiblemente al mejoramiento de la situación del acusado o del reo.10
Caducidad.- Es el instrumento por el cual la facultad de ejercer determinada acción se extingue o pierde su efecto o vigor, sea por falta de
uso o por terminación del plazo, la caducidad no
admite suspensión o interrupción; generalmente
la caducidad se decreta de oficio y sus efectos
son directos e inmediatos por el solo transcurrir
del tiempo, estos elementos la diferencian de la
prescripción extintiva de acciones y derechos.
Litis Pendentia.- Principio que se aplica ante la
existencia de dos o más juicios que compartan
tanto la identidad subjetiva (sujetos o partes
“Cosa juzgada fraudulenta... se produce cuando en un fallo se han
irrespetado de manera evidente las reglas del debido proceso...”
OTRAS INTITUCIONES QUE
Conjuntamente con la cosa juzgada encontramos otras herramientas jurídicas que dentro de
un proceso contribuyen a la seguridad jurídica:
Preclusión.- Es el medio procesal por el cual las
facultades dentro de un proceso se extinguen
por no haber sido ejercitadas dentro de determinado tiempo, en otras palabras, el proceso
avanza a medida que cada etapa del mismo
se extingue ineludiblemente por el tiempo; “la
cosa juzgada y la preclusión tienen en común
que ambas impiden una nueva discusión; su diferencia fundamental estriba en que la preclu-
procesales) como la identidad objetiva (objeto y causa). En otras palabras, cuando existen
dos o más litigios, sobre el mismo objeto, entre
las mismas partes, por demandas basadas en
la misma causa. La litis pendencia fija la competencia en un solo juez basado en el conocimiento vía prevención; sin embargo, para que
cause sus efectos debe ser alegada por las
partes como excepción.
Prescripción Extintiva o Liberatoria.- Entendida
como la institución jurídica que tiene por finalidad extinguir los derechos y acciones ajenos,
por no haberlos ejercitado durante cierto lapso
de tiempo. La prescripción no extingue la obligación en general, sino únicamente la obligación
civil, o sea, la acción para exigir el cumplimiento,
pero la obligación la deja subsistente como natural. La prescripción extintiva debe ser alegada,
el Juez no puede declararla de oficio.12
8 El reconocimiento en sentencia de un acto colusorio tiene por efecto restituir a la parte afectada a su situación anterior a la afectación dolosa, el dolo en este caso deber ser
probado por la parte que se presume agraviada.
9 “... la cosa juzgada no existe en sentencias írritas, las cuales no son propiamente sentencias y carecen de validez jurídica. La doctrina comparada ha asumido la revisión de
la cosa juzgada nula.”. Por Nogueira Alcalá Humberto, Las Constituciones Latinoamericanas, los Tratados Internacionales y los Derechos Humanos, Anuario de Derecho
Constitucional, CIEDLA, 2000, p. 221.
10 Idéntica disposición puede ser encontrada en el Art. 9 del Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda.
11 Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, Expediente No. 435, R.O. 39, 2-X-98.
12 Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 17-2004, R.O. 411, 1-IX-2004.
Firmeza, experiencia y confianza, es lo que el Dr. Peña nos inspira. Sentado en su despacho
responde nuestras preguntas
con total franqueza.
“Las cosas no hay que mirarlas con las vísceras, con los
odios, con los complejos de la
juventud, hay que superar esto
y poseer una visión de estadista, teniendo en cuenta que el
estadista piensa el hoy para
pero básicamente su mirada está dirigida hacia el
Por: Sharlon Àlvarez Zh.
…..“no dicen los inviernos que no hayan primaveras,
en la noche más negra, palpita el alma pura,
lo sabio es esperar, buen sembrador esperando
las cosechas futuras.”
1.- Nació en Palenque, provincia de los Ríos,
el 26 de Agosto de l.936 sus padres fueron
Asdrúbal Peña Cedeño y Mercedes Triviño Luzárraga. ¿Existe alguna anécdota que
haya marcado su niñez, o tal vez que desee
compartir con nuestros lectores?
No quisiera hablar de mi niñez porque fue un
poco triste. Mis padres se divorciaron y yo
pasé parte de esa época en un internado en
el colegio José Domingo Santistevan, prefiero no hablar de ese episodio.
2.-Recibió en Palenque sus primeras letras. En
Guayaquil estudió del primero al tercer grado en la Escuela Municipal No. 3 Leonardo
R. Aulestia y del cuarto al sexto pasó interno
al pensionado salesiano José Domingo de
Santistevan, donde encontró una enseñanza memorista y adusta, ¿alguna experiencia
que desee participarnos de esta etapa escolar?
Era muy buena la educación salesiana,
mezclaba estas teorías memorísticas con la
práctica y con la razón. Yo todavía la agradezco.
3.- Estudió la secundaria en el Colegio Nacional Aguirre Abad, siempre estuvo entre
los mejores alumnos. En el año 54, cuando
cursaba el sexto curso en la especialidad de
físico-matemático fue injustamente expulsado un mes y le rebajaron sus notas porque el
Rector creyó que había incitado a una huelga. En Enero del 55 se graduó de Bachiller
con nueve sobre diez, ¿recuerda ese momento?
Yo tenía un muy buen promedio de primero
a quinto curso. Las notas de fin de año fueron muy perjudicadas porque me habían
quitado cinco puntos en todas las materias
y la nota de conducta fue de 32; pasé con
las completas.
Había una señorita que se llamaba Mercedes
Manzano que enseñaba a leer y escribir, la
expresión primeras letras es correcta porque
recuerdo que ella decía que la “a” había que
dibujarla con una bolita y ponerle un bastoncito y la i decía para arriba para abajo a un
costado puntito i.
Recuerdo que fue una situación muy injusta,
una retaliación a mi juicio, torpe del rector,
que de manera coincidente era abogado
de mi familia paterna y hacía unos juicios por
tierras que la familia de mi padre peleó por
muchos años con la familia Rendón (unos terrenos cerca de Balzar), entre quienes estaba el pintor Rendón Seminario.
En realidad repetí el tercer grado en el colegio salesiano. En esa época iban funcionarios
del ministerio de educación a presenciar los
exámenes finales que eran orales y ellos se
quedaban impresionados porque los chicos
recitábamos por ejemplo la división de los insectos de memoria y era una información
muy extensa. Se quedaban muy sorprendidos por la memoria que habíamos desarrollado para aprender ciertas cosas que todavía se recuerdan.
Había evidentemente un gran distanciamiento entre esa personalidad y yo, porque
él daba unas clases de historia en sexto año,
y eran unas clases que ya las sabía porque
las había leído.
Entonces aprovechaba las clases que no me
interesaban para leer, pues pedía prestados
algunos libros en la biblioteca. Me acuerdo
un día que él estaba explicando algo del
combate de Malpelo que yo ya sabía; esta-
ba leyendo una tragedia de Shakespeare,
justamente Romeo y Julieta y tenía el libro
debajo del pupitre. Él vino por detrás, me
quitó el libro y empezó a leerlo como afeminado. ¡Al texto de Shakespeare!. Entonces
se paró y me increpó: “usted prefiere leer estas cosas, en lugar de atender mi clase” y yo
le dije ¡DOCTOR, yo prefiero a Shakespeare
que a su persona!.
Fue una cosa horrible y con estos sentimientos, cuando vino esta cosa de la revolución,
a él, se le ocurrió: éste es el cabecilla. Una
vez expulsado y con 5 puntos menos en todas las materias y la nota de conducta mínima para pasar de año, para graduarme de
bachiller. Fue complejo, pero me gradué el
4.- Se cuenta que una tarde, solo por acompañar a su amigo Julio Navarrete Córdova
a la Facultad de Jurisprudencia, decidió comenzar esa carrera, siguió los cursos Preuniversitarios, rindió exámenes y aprobó con la
máxima nota. De allí en adelante, con sus
compañeros Rafael Pastor Polo, Leonel Sarmiento Arias y José Luis Tamayo Rigail estudiaba por las noches para ser abogado, ¿a
qué maestro recuerda en la Facultad de Jurisprudencia y por qué?
Yo recuerdo algunos maestros al primero y
con mayor gratitud es al Dr. Antonio Parra
Velasco, él nos enseñó Derecho Internacional
Público en segundo año. Era un profesor
brillante. También recuerdo con mucho
afecto y gratitud al Dr. Ángel Felicísimo Rojas,
fue mi profesor de Economía Política en
primer año; luego al Dr. Lauro Damerval Ayora
que nos enseñó Código de Comercio en
quinto año. Creo que un profesor excepcional
también fue el Dr. Agustín Vera Loor quien no
terminó el curso porque murió en agosto en un
accidente de aviación; había sido diputado al
Congreso, estaba en la Cámara de Diputados
por el CFP y murió lamentablemente, fue una
De él recuerdo las pocas clases que asistí, con
gran admiración y también con mucha gratitud. Era un maestro brillante, excepcional,
fue el único profesor al que no le pude tomar
nota en la universidad (yo tenía cierta facilidad para la síntesis y tomaba nota, con esas
notas a veces estudiábamos, pretendía captar lo esencial y creo que lo lograba).Con todos los profesores yo tomaba nota, pero con
él era imposible. Todo era esencial y además
hablaba con una velocidad extraordinaria,
con una erudición, muy al día. Casi después
de 40 años leyendo a un tratadista español
en Derecho Penal encontré la referencia de
él; que yo la recordaba por la originalidad
de la tesis, el tratadista es un penalista español llamado Pedro Dorado Montero, es autor
de una teoría que sostiene que el Derecho
Penal debe llamarse Derecho protector del
delincuente, porque no hay que proteger a
la sociedad del delincuente, sino principalmente hacer que el delincuente no delinca,
para proteger a la sociedad, podríamos llamar un razonamiento al contrarium sensus la
sociedad se protege indirectamente, protegiendo al delincuente y él sostenía que el
Derecho Penal debía estar encaminado a
esa finalidad; no solamente el Derecho Penal sino también todas las ciencias afines a
las Ciencias penales: como la Criminología
y encontré una cita de él, de este autor, 40
años más tarde de lo que había escuchado
su nombre en clase.
5.- ¿Ha ejercido la profesión?, ¿cuáles han
sido sus mayores satisfacciones y cuáles sus
peores experiencias?
He ejercido la profesión en forma preventiva,
es decir no he sido abogado litigante, pero
si soy abogado de consultas, en mi especialidad que es el Derecho de Seguros.
No tengo decepciones; satisfacciones algunas, cuando utilicé mis conocimientos para
proteger a gente que no tenía como pagar
Pero así como decir un proceso brillante no lo
creo. Tal vez, cuando estaba creo que en el último año de la carrera, yo trabajaba en una
compañía de seguros que se llama Sulamérica;
el abogado de la compañía era un hombre a
quien yo quería y admiraba mucho: Raúl Clemente Huerta, quien fue candidato a la presidencia.
Un día defendimos a un señor de raza indígena de apellido Guartatanga, que con un
camión había matado un hombre; logramos
probar con un solo escrito acompañándolo
con un recorte de la prensa, que se trataba
de un delincuente que se había arrojado a
las ruedas del carro para matarse; porque lo
iban persiguiendo. Este hombre, -el choferestaba preso, yo logré probar y afirmar en el
escrito, que él, -el chofer de un camión tanquero - no alcanzó nunca a mirar a un hombre que se arrojaba en las ruedas posteriores
Con un escrito lo sacamos libre, pero ese escrito no lo firmé yo, porque no podía firmar,
lo firmó el Dr. Huerta. Ese es un episodio que
recuerdo con mayor significación de mi ejercicio de abogado.
Me satisface mucho que algunos de mis artículos hayan sido y sean publicados en revistas internacionales de mucho prestigio
como “La revista Ibero-latinoamericana de
seguros”; esta revista es editada por la Universidad Javeriana de Bogotá.
Soy su representante en el Ecuador; estoy en
el comité, el último artículo que publiqué está
en esta revista. Es un aporte doctrinario sobre
la resciliación (terminación de un contrato
por mutuo consentimiento) del contrato de
Hay que enviar un resumen, una traducción
al inglés y el desarrollo de la tesis.
6.-La mayoría de los cargos ocupados por
Usted han sido en el área de seguros, de hecho su tesis doctoral “El contrato de seguros
en el Ecuador y sus alcances socioeconómicos”, ganó el premio a la mejor tesis doctoral. ¿Cómo ha sido esta mezcla entre el área
financiera, el derecho y la política?
No gané, mi trabajo fue sorteado para el
premio, porque es un solo premio, pero entran varias tesis al sorteo, en mi caso entraron
4 o 5 y ganó el Dr. Faidutti.
Primero yo soy más asegurador y profesor que
otra cosa, mi intervención en la política se de-
bía no tanto a que yo soy un animal político,
que me gusta la política como ejercicio sino
más bien en mi vertiente humana, que es el
deseo de servir.
Fui concejal en el Consejo Cantonal de Guayaquil, designado a dedo por la dictadura
de Rodríguez Lara desde 1973 hasta 1976 y
allí tenía precisamente la Presidencia de la
Comisión de Educación, porque siempre me
ha gustado la enseñanza, en mi caso se funden la enseñanza y los seguros.
Fundé, organicé y aún soy el director académico del Instituto de Seguros, un instituto especializado en dar clases de seguros; propiedad
de la Cámara de Empresas de Seguros del
Después entré a la política porque el Arq. Sixto
Durán Ballén me llamó a colaborar como su
primer Ministro de Educación y como se trataba de esta materia, yo tenía algunas ideas
que había propuesto y que quería algún día
ponerlas en ejecución y acepté. Para mí fue
muy grato servir a mi país en ese ministerio
porque hicimos varias cosas importantes:
como fortalecer la educación bilingüe, me
parecía que los niños indígenas tienen que
aprender a leer y escribir en el idioma que
maman de sus madres y también hicimos
una reforma curricular de la enseñanza básica. Fuimos los primero en decretar que ésta
debía ser de 10 de grados, los de pre-primaria, primaria y los 3 años de lo que se llamaba
en esa época la secundaria y ahora forman
parte de la educación básica y luego vienen
los 3 del diversificado.
Fue muy grato también desarrollar temas
culturales porque tuve muy buenos colaboradores; había un equipo muy sólido que me
ayudó a plasmar estas ideas, principalmente
en la reforma curricular que todavía se sigue
haciendo ahora y ya se extendió a la secundaria, incluso las universidades, entraron con
esa idea inicial.
Fue muy agradable realizar estas ideas porque el presidente me prestó todas las facilidades, él nunca intervino para nada en las
cosas que yo decidía; le informaba, le pre-
El Dr. Eduardo Peña en su labor diaria.
guntaba si estaba de acuerdo y él me decía: “mijo está bien” y ejecutaba. Estuve 17
meses en el magisterio.
7.- Dr. Peña, como mayor representante de la
cartera de educación en su momento, como
profesor universitario e investigador, ¿qué
avances ha podido observar en el paso de
los años, con la educación del país?
Nuestra educación a pesar de todos los esfuerzos que hace el Estado, todavía es muy
mala. Organicé la reforma curricular de la
educación bajo el supuesto de que los maestros eran tales y estaban bien formados. Posiblemente me equivoqué, no en cuanto al
diseño de la reforma, pero sí me equivoqué
en cuanto a quienes hacen la reforma. El
problema real del país en la educación después de tener claro lo que hay que enseñar:
es formar mejor a quienes enseñan. Si los
maestros no son buenos, la educación no
puede ser buena. Y esa es la falla fundamental del país. No se va a componer aún
después de algunas generaciones, cuando
la educación deje de ser politizada y el sindicato de maestros deje de ser dominado por
un partido político que es el MPD, que utiliza
al magisterio como un medio para alcanzar
Debo confesar esa equivocación. Ingenuamente todo mi equipo pensaba que con reformar y proponer la reforma que fue aceptada por los maestros era suficiente. Con
este nuevo cambio se pensaba que hay que
profundizar en los instrumentos del lenguaje,
en la enseñanza de las matemáticas y del
idioma; hay que crear un sistema de lecto-
escritura comprensiva, creativa y crítica, los
maestros estaban de acuerdo. Lo que usted
utiliza de matemáticas en la vida son las 4
reglas de la aritmética y la regla de 3; el
idioma para que el niño sepa leer y pueda
expresarse. Lo demás son las cosas que van
como elementos transversales en el sistema
educativo. Reconozco que nunca pensé
en la baja calidad del magisterio, a pesar
de que yo sabía que un altísimo porcentaje
de los educadores no eran maestros profesionales, sino personas de otras profesiones
que habían conseguido ser profesores, a veces para compensar el presupuesto.
Entonces, si hay falta de vocación en los
maestros; si hay falta de formación científica
de la educación, tiene que sentirse sus efectos. Mientras eso no se mejore, la educación
no va a madurar y vamos a seguir siendo un
país subdesarrollado, que no aprovecha el
talento innato que tiene la gente en este
9.- ¿Cómo fueron sus inicios en la política?
Nunca me ha interesado la política como
un ser político; yo al revés de García Moreno podría decir que me interesa comentar la
política, no hacerla y de hecho estoy preparando un libro sobre ese tema.
De algunas experiencias que he tenido en el
quehacer político, quizá mi primera intervención fue cuando era estudiante universitario;
fui vicepresidente de la Asociación de estudiantes de Derecho y cuando me tocó presidir el equipo que estuvo en la famosa huelga del 2 y 3 de junio del 59 cuando ocurrió
la matanza de estudiantes y toda la gente
que se murió en el gobierno de Camilo Ponce, ahí uno empieza a vislumbrar que puede
intervenir algún día en política.
Pero nunca tuve una intención de intervenir
en política directamente. No quería. Pero
cuando se trató de servir a la ciudad, en la
concejalía lo hice por un afán de servicio;
cuando me llamó Sixto a colaborar con él, lo
hice. Cuando después me mandó un emisario para que aceptara la vicepresidencia le
dije que no, porque yo tenía poco tiempo de
estar en una compañía de seguros (6 meses
de haber sido nombrado gerente general y
de haber aceptado) ese puesto era un cargo importante y económicamente era muy
bueno. Le dije que no; pero cuando él, me
llamó personalmente por teléfono y me dijo
te pido esto como amigo; ahí me eliminó las
barreras y le dije: “presidente si me pide esto
como amigo yo lo voy a acompañar” y pedí
conocer con cuánto dinero contábamos
para terminar el proceso de reforma curricular en el Ministerio de Educación y preocuparnos un poco más del tema de la salud.
Quería presupuesto para invertir en estas
dos áreas, sabía cuáles eran los problemas y
ya había estado en el ministerio; nos faltaba
plata para continuar la reforma, reparando
locales escolares etc., nuestro plan ambicioso era terminar la construcción de hospitales
y crear fuentes de atención primaria de salud que todavía hacen falta.
Entonces vino Iván Andrade, Ministro de Finanzas y le dije si podíamos contar con esa inversión y me dijo que no la teníamos, porque
desgraciadamente si la hubo en el momento
en que yo acepté el magisterio, fue muy transitorio.
Ese año vino una sequía terrible y las industrias dejaban de funcionar dos días a la semana en Quito; en Guayaquil se trabajaban
apenas turnos de 6 horas porque no había
provisión de electricidad. Vino una crisis muy
grave porque no había producción, no había consumo y la gente no pagaba impuestos, a veces no habían 100.000 sucres en la
cuenta fiscal y eso nadie lo comenta; a pesar de que habíamos dominado la inflación,
porque el plan que hizo Dahik fue brillante.
Nosotros tomamos el gobierno con una inflación sobre el 50% con inercia ascendente
y lo entregamos en 22.5%.
Estar en la Vicepresidencia fue muy grato
para mí. Acompañar al Presidente en esa
etapa porque él estaba enfermo y me encargaba muchas cosas que no se saben, porque
nosotros no hacíamos ninguna propaganda;
al Presidente Durán Ballén nunca le interesó
hacer propaganda de lo que él hacía, tal vez
por eso tenía una baja popularidad. En el úl-
timo tramo del gobierno cuando el Cardenal De la Torre le aconsejó diciéndole: “Sixtito,
pero informe de lo que hace”, eso lo convenció y empezamos a informar; ahí aumentó la
10.-Coméntenos sobre el Plan de gobierno
del Movimiento Nacionalista Revolucionario,
cuando en el año 72 el General Guillermo
Rodríguez Lara se proclamó dictador.
Eso se remonta a comienzos de 1972 y finales
del 71. Era Decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica. Me invitaron a
unas reuniones que iban a realizar en la Academia de Guerra Naval; siempre he estado
dispuesto a hacer una reflexión política del
país. Asistimos un grupo de personas civiles y
militares, principalmente marinos, de las más
altas graduaciones a conversar sobre el país
a ver los problemas y a alguien se le ocurrió
(o no sé, si esto ya estaba planificado) ¿por
qué no damos ideas para un plan de gobierno?. Estábamos economistas, abogados,
etc. Yo que tengo una afición por la Filosofía
dije: ¿por qué no?.
Pero debíamos crear un marco filosófico para
esto. Conversando vimos que un gobierno
debía tener notas fundamentales: ser socialista, nacionalista no nacional-socialista, yo
dije, cuidado y nos van a confundir con los
nazis, digamos que es socializante nacionalista, humanista y revolucionario, estas fueron
las cuatro notas que definían al gobierno.
Se puede decir que le dimos el marco filosófico. A mí me encargaron hacerlo, entonces
lo redacté con mi puño y letra; después me
di cuenta que era la parte inicial del plan de
gobierno de Rodríguez Lara. Allí intervinieron
algunas personas, recuerdo a Pedro Aguayo,
habían algunos marinos uno de los cuales fue
subsecretario de energía. Estaba gente muy
valiosa, Ramiro Larrea, Oscar Loor, en fin algunas personas.
Hicimos el esquema de un plan de gobierno, pero de nuestra parte creo que debo
confesar lo realizamos ingenuamente (al
menos hablo por mi persona). Ya que nunca
me imaginé que sería utilizado para que lo
usaran los militares, porque la invitación era
un trabajo académico; ahora si yo hubiera
tenido malicia política hubiera pensado que
En algún momento hice la broma: “estamos
conspirando contra el gobierno” y todo el
mundo se quedó en silencio, yo me dije ‘he
metido la pata con esta broma’.
Pero nadie comentó nunca nada ni en las
conversaciones particulares, privadas que
teníamos los amigos nadie hablaba de esto.
Realmente no nos imaginábamos, al menos
Cuando el Gral. Rodríguez Lara anuncia el
golpe de estado, lee un plan de gobierno
que era el que nosotros habíamos hecho; yo
empecé a oír esto mientras estaba mirando
las noticias en televisión y le digo a mi mujer
“¡eso escribí yo!”.
El plan de gobierno fue aplaudido por todo
el mundo, los comunistas y los conservadores, todos decían que era correcto, que era
bueno y fue un buen plan.
Pienso que Rodríguez Lara fue un buen presidente, hizo las cosas correctamente, fue un
hombre honrado, un hombre respetuoso de
los derechos humanos, no se conoce de un
abuso; era mas bien problemático conseguir
que el presidente hiciera una cosa más allá
de las leyes del país y tal vez se encontró con
este plan de gobierno, porque estoy seguro que él no lo hizo; seguramente lo aprobó.
Nosotros lo hicimos en la Academia de Guerra Naval fue un buen plan y él fue un buen
Me acuerdo después que con el golpe de
estado, vino un Consejo Cantonal presidido
por Juan José Villaseca, un muy buen alcalde. Después vino Juan Péndola con un equipo del que yo formé parte, era un equipo de
gente básicamente de la Universidad Católica de Guayaquil casi todos éramos profesores.
Se me ocurrió en el año 73-74 hacer un plan
para regularizar la tenencia de la tierra en
Guayaquil, en todo el suburbio este para
darles a las familias invasoras de la isla San
José títulos de propiedad.
Esto para que se sintieran como propietarios
de la tierra y de las casas donde vivían; pero
también para que tuvieran un título de propiedad y así pagaran los impuestos y se regularizaran las construcciones.
Realicé un plan llamado “Fundaciones” que
consistía en llevar equipos multidisciplinarios
al sector de las invasiones. Este equipo estaba conformado por un abogado, un investigador social, un agrimensor y un cadenero.
El abogado tenía que tomar una declaración jurada al jefe de la casa que no tenía
otro solar, el investigador social tenía que
hacer la investigación socioeconómica de
la familia para saber qué ingresos tenían y
demostrar que eran pobres. Mientras ellos
hacían eso el dimensor tomaba las medidas
con el cadenero para dejar establecido en
el acta los perímetros adjudicados. Además
había que tomarles declaraciones a los vecinos que corroboraban si el dueño vivía allí
por más de un año, es decir era un proceso jurídico y también técnico. Fue calificado
como un plan perfecto, por los sociólogos
estudiosos de Guayaquil; lo presentaron en
un congreso internacional y lo examinaron,
¿por qué?, porque participaba el estado, la
comunidad y las personas adjudicadas.
Para ejecutar este proyecto necesitaba reformar las normas sobre la confesión judicial; le
dije al alcalde: “necesito un decreto del presidente”, y me comentó ¡anda explícaselo!.
Le pedí audiencia al presidente y me recibió, le conté el plan y me felicitó, dijo está
perfecto. Pero le dije: hay un problema, esto
le va a quitar poder político a Asad Bucaram
y se va a ir contra nosotros, a lo que me respondió: “no se preocupe, de eso me encargo yo”. Rodríguez Lara llamó al Presidente
de la Corte y le dijo: ahí va el concejal de
Guayaquil, el Dr. Eduardo Peña, atiéndalo y
haga lo que él le va a pedir. Hablé con el Dr.
Karolys, le volví a explicar el plan e hicimos el
decreto y así se pudo dar. El único problema
es que eso tenía que pasar por una oficina
y por el Registro de la Propiedad que era un
desastre en esa época pero el plan se hizo.
Actualmente entiendo que la Municipalidad
de Guayaquil, sigue utilizando ese sistema,
de dar escrituras a quienes antiguamente
fueron invasores.
Eso hice yo en 1974 contando con un excelente equipo de trabajo, yo he tenido la
suerte de trabajar con colaboradores de primera clase.
11.-Dr. Peña, ¿cómo forjó sus principios ideológicos?
Puedo decir que soy un liberal de izquierda,
es un oxímoron, un contrasentido. Estoy muy
cerca de la doctrina socialcristiana, de la
democracia cristiana, antes que la izquierda
democrática o de la social democracia. Porque soy católico, creo en Dios, voy a misa
los domingos; soy pecador (ese es un asunto
entre el Padre y yo).
Creo en los principios de la libre empresa
regulada por el estado, un último trabajo
realizado por Paúl Kruger, resume lo que yo
Dice que el mercado tiene sus fuerzas, pero
hay que regularlo para evitar abusos, soy
partidario de una economía liberal pero
controlada por el Estado para que impida
los abusos de las personas. Si usted deja a las
personas libres en la parte económica se van
a regir por la ley de lucro que es negativa;
esa ley de lucro tiene que ser atemperada,
dejar la individualidad, la creatividad de las
personas pero ponerles un tope.
A mí me parece inadmisible, obsceno que
ejecutivos en la empresa norteamericana
reciban 500 millones de dólares como indemnización, después de haber quebrado
las empresas; eso me parece escabroso.
Estas situaciones se están regulando recién
ahora, ¿por qué no lo pensaron antes?
Ese es un poco el perfil de mis convicciones
políticas; no he sido afiliado a un partido
nunca, pero me confieso que estoy más cerca de la democracia cristiana.
12.- ¿Qué opinión le merece la administración de justicia en el Ecuador?
La administración de justicia es perfectible,
en general no buena.
Creo que hay jueces probos, es decir que
saben y que son honestos, pero son una minoría y desgraciadamente todavía quedan
muchos jueces que se venden; ese es un problema muy serio.
Ahora, he sostenido que aquí hace falta una
escuela de jueces, porque quienes van administrar justicia son abogados que les gusta
ser jueces; pero no son los abogados más
brillantes del país; son aquéllos que posiblemente su vocación los lleva a la administración de justicia, pero tal vez porque no intentaron o fracasaron en el ejercicio de la
libre abogacía. Entonces las universidades,
las facultades de Jurisprudencia o Derecho
nunca se han preocupado por crear una escuela de jueces. En el país hace falta crear
la carrera judicial, pero eso tiene que empezar en la universidad, con una especie de
Si se innovara un pensum se pondría los primeros 4 años para darle al estudiante una
buena inducción en las Ciencias Jurídicas y
en los códigos pero en los dos últimos años
hacer especializaciones hacia los diferentes
aspectos del Derecho, hacia las Ciencias Penales, las Ciencias Mercantiles y Civiles, las
Ciencias Administrativas que son ya verdaderas especializaciones. Y también hacia la
Entonces los jueces formados como tales en
las universidades ya tienen no solamente un
conocimiento empírico como empleados o
amanuenses de juzgado que tienen que escribir la providencia; sino que saben juzgar
y para saber juzgar hay que saber Derecho.
Eso hace falta, no digo que mientras eso no
se cree la administración de justicia no va a
La administración de justicia será buena
cuando el juez no solamente por su formación académica y ética le impida caer en
la tentación de administrar justicia mirando
quien paga más. Sino cuando tenga suficientes conocimientos jurídicos y técnicos en
el arte de juzgar, porque juzgar es un arte.
Hay que pagarles bien a esos jueces para
evitarles tentaciones, porque si un juez gana
800 o 1000 dólares mensuales no puede vivir
con eso. Porque hay que garantizarle una
casa de hormigón cierto?, una villa, una vivienda digna, unos muebles adecuados, una
alimentación sana y suficiente; que pueda
educar bien a sus hijos, que pueda comprar
libros, porque sino compra libros, ¿ cómo se
educa?, ¿cómo se nutre?, no puede ir a wikipedia para consultar a un gran tratadista de
Derecho Penal o de Derecho Civil; uno tiene
que comprar libros y para comprar libros hay
que gastar plata y hay que ganarla.
Un juez debería ganar por lo menos 3500 ó
4000 dólares para que además pueda ahorrar
y así pueda visitar otros países. Pero si tiene
jueces mal pagados, son proclives a caer en
13.-¿ Cuál es su calificación a la política nacional del momento?
Bueno es desastrosa, vivimos en una dictadura infame y lo peor es que es una dictadura
múltiple; con una persona que se lleva por
odios y por retaliaciones, no tiene ecuanimidad que es una de las principales virtudes de
un gobernante. Yo entiendo que quiere hacer cosas positivas pero no sabe hacerlas.
Tiene malos asesores, es muy impulsivo y
desafortunadamente tiene demasiado poder,
eso es peligrosísimo por eso mi calificación es
Cuando usted tiene un fanático que se deja
llevar por las vísceras, por más buenas intenciones que tenga va a fracasar y nos va a
conducir a todos al fracaso, porque se puede
decir que las fuerzas de la política son unas
y las de la sociedad son otras; pero a la final
si la gente en la sociedad no tiene tranquilidad, no tiene seguridad jurídica ni pública
no puede desarrollar su creatividad. Entonces todo el mundo tiene que andar cuidándose, mirando que no lo toquen, con miedo,
con temor de ¿qué va hacer el presidente,
qué va hacer ese equipo que lo rodea?.
Gente que es extremista y que se ha apoderado de las instancias de gobierno, cuando
antes el pueblo nunca los tomaba en cuenta;
pero ahora han llegado a ejercer el poder
por esa vía indirecta de la popularidad, del
indudable carisma del presidente Correa.
14.- ¿Qué visión tiene acerca del futuro económico y financiero del país?
En este momento la visión está obnubilada
por la crisis mundial. Aparentemente no deberíamos sufrir mucho, porque no estamos
involucrados directamente en el tema bancario ni financiero de EEUU y Europa. Pero
indirectamente si vamos a sufrir, porque la
crisis de los mercados consumidores del primer mundo, significa menos adquisición de
los productos que nosotros exportamos. La
gente en lugar de comprar flores o de comer chocolates va a comprar leche, carne
y huevos. La gente que tiene las hipotecas
vencidas va a tratar de ahorrar por todos lados para poder cumplir con los pagos de los
dividendos hipotecarios; posiblemente ahora están con un poco de tranquilidad porque
el precio del petróleo ha bajado y los combustibles tienen que estar más bajos; pero
eso no nos atañe lo que debe preocuparnos
es la venta de nuestros productos exportables frente a la restricción de los mercados.
Cuando en el primer mundo se empieza con
esta práctica, la gente restringe compras. Lo
primero que deja de comprar son implementos para ellos superfluos; que son los que nosotros exportamos básicamente.
Entonces la crisis, si nos va a pegar; creo que
ya nos está pegando, sino pregúnteles a los
exportadores de flores, a los vendedores de
cacao y otras cosas que nosotros exportamos.
El petróleo está un poco incierto, sujeto a la
fluctuación y depende de los mercados.
Creo que la crisis no va a durar mucho tiempo porque hay un verdadero interés mundial
El problema mundial es que no hay muchos ricos, los ricos están concentrados en los EEUU,
en Europa Occidental y en Australia. En África no hay, es un continente paupérrimo, en
Latinoamérica hay pero hay muy poco y ya
lo tenemos copado, ¿dónde tenemos que
vender?. En EEUU y Europa y si nos peleamos
con ellos, ¿a quién le vendemos? Si nos peleamos con el gigante que está emergiendo
en Sudamérica como lo es Brasil, ¿que hacemos?.
Las cosas no hay que mirarlas con las vísceras, con los odios, con los complejos de
la juventud; hay que superar esto y poseer
una visión de estadista, teniendo en cuenta
que el estadista piensa el hoy para resolver
los problemas. Pero básicamente su mirada
está dirigida hacia el futuro. Uno no puede
regodearse mirando el lodo, hay que mirar
las estrellas porque ahí está el futuro. Hay que
trabajar con los pies puestos en el presente
pero con la mente puesta en el futuro. Ojalá
que el Presidente cambie. Ojalá.
El Dr. Peña junto a sus inseparables herramientas: sus libros.
15.- Un mensaje para la sociedad ecuatoriana.
en solucionarla. Veo que los líderes de Europa están ya reuniéndose para adoptar medidas que eviten que la crisis profundice en
Europa y en la Unión Europea; veo que en los
EEUU el señor Paulson finalmente ha aceptado que el mercado no puede resolver las cosas solas y que las tesis de Paúl Kruger están
posiblemente aceptándose de una forma
mucho más generalizada y con beneplácito
de quienes dirigen el mercado americano.
El mensaje es que no hay que perder la esperanza y que todos tenemos que trabajar
en los dos niveles, para nosotros y nuestras
familias que es la primera obligación; pero
también para los demás y el Estado en una
acción solidaria. No soy yo solamente, sino
soy yo con mi familia y con el resto de la gente del país pero hay que trabajar. El principal
factor es el trabajo y no hay que perder nunca la esperanza.
Existe una intervención del Estado comprando empresas financieras; ya lo están haciendo o lo van a empezar a hacer; eso significa
un salvataje para la economía mundial, pero
los coletazos de la crisis van a seguir por un
tiempo y en ese caso nosotros vamos a sufrir y doble por la falta de mercado y por la
actitud del Presidente. Al Presidente no le importa pelearse con Brasil, con los EEUU; ahora
está pidiéndole clemencia a la Unidad Europea, la CAN y requiriendo reunirse con ellos
para ver si ahí podemos vender cosas.
Ya lo dijo un poeta que siempre cito, un poeta guayaquileño que fue suicida y que no
puso en práctica su consejo. Él decía: “no
dicen los inviernos que no hayan primaveras,
en la noche más negra palpita el alma pura,
lo sabio es esperar, buen sembrador esperando las cosechas futuras.”
Lo escribí en uno de mis tres libros publicados: “Instancias de la libertad”, “Manual de
Derecho de Seguros” (que va por la 4ta edición) y “Propuesta de una ética laica”.
• Dr. Ernesto Albán Gómez
Cervantes y la justicia
no de los episodios más famosos del
Quijote, y de no fácil interpretación,
es el que ocurre en el Capítulo XXII de
la Primera Parte, con ocasión del encuentro
que tuvieron Don Quijote y Sancho Panza con
un grupo de “hasta doce hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena
de hierro, por los cuellos, y todos con esposas
en las manos”. Se trataba de una cadena de
galeotes, condenados por la justicia del rey a
servir en galeras, en castigo de sus delitos, y
que iban custodiados por cuatro guardias.
Don Quijote, a quien le parece inadmisible
que cualquiera, incluidos estos sujetos, sea
llevado por la fuerza, quiere conocer, de uno
en uno, la causa por la cual habían sido sentenciados. Y así fue escuchando las diversas
historias, luego de lo cual se dirige a ellos con
“De todo cuanto me habéis dicho, hermanos
carísimos, he sacado en limpio que, aunque
os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho
gusto y que vais a ellas muy de mala gana
y muy contra vuestra voluntad; y que podría
ser que el poco ánimo que tuvo aquél en el
tormento, la falta de dineros de éste, el poco
favor del otro y, finalmente, el torcido juicio
del juez, hubiese sido causa de vuestra perdición, y de no haber salido con la justicia
que de vuestra parte teníais. Todo lo cual se
me representa a mí ahora en la memoria, de
manera que me está diciendo, persuadiendo
y aun forzando que muestre con vosotros el
efecto para el que el Cielo me arrojó al mundo... favorecer a los menesterosos y opresos...
(Por eso) quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de desataros
y dejaros ir en paz...”
Como, naturalmente, los guardias se niegan
a satisfacer el pedido, Don Quijote arremete
contra ellos y, aprovechando la confusión que
provoca su ataque, los galeotes se liberan de
la cadena y hacen huir a los guardias. Cuando
el Caballero pretende recibir la gratitud de los
liberados y les pide que vayan en peregrinación donde Dulcinea del Toboso, lo que recibe
es una lluvia de piedras que lo dejan maltrecho; luego, a amo y escudero les despojan de
la poca ropa que llevan. Finalmente esa misma noche, el que comandó la reacción de los
galeotes, Ginés de Pasamonte, sustrae el burro
de Sancho. Este personaje reaparecerá en la
Segunda Parte de la novela, convertido en el
titiritero Maese Pedro, y protagonizará otro notable episodio de la obra.
A primera vista, la liberación de los galeotes
parece tener el simple objetivo de mostrar
otra faceta de la locura de Don Quijote. Y
cuando éste, llevado por la sensatez de Sancho, admite que su acción le ha convertido
a su vez en un perseguido por la Santa Hermandad (la policía de su tiempo), como que
las cosas retornan a su cauce natural. Pero
de todo el texto se puede percibir que Cervantes, cuando se refiere al “torcido juicio del
juez”, está haciendo memoria de su propio
caso, pues fue varias veces víctima inocente de la “justicia”, que en algunas ocasiones
inclusive lo llevó a la prisión. Precisamente durante su última estancia en la cárcel de Sevilla empezó a escribir su obra magistral.
Socio - Audit Partner
FINANCIERA – NIIFs
Primera Adopción de IFRS
Como parte del camino a seguir para la
adopción de las IFRS por primera vez en el año
2009, es oportuno revisar brevemente algunos
de los requerimientos de la NIIF 1 para dar una
guía a la gerencia de aquellas compañías
que ya han empezado a prepararse para la
convergencia de sus estados financieros de
Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NECs)
a NIIFs o IFRS.
La NIIF 1 establece los procedimientos que la
entidad debe seguir cuando adopte por primera vez IFRS. El principio general es que a
la fecha efectiva de reporte de la transición,
los principios de contabilidad deben ser aplicados retrospectivamente en el balance de
apertura (31 de diciembre del 2007 para el
caso ecuatoriano). Sin embargo, existen importantes excepciones a esta norma general
que se aclaran más adelante.
La NIIF 1 tiene como propósito facilitar la transición a IFRS a nivel mundial creando comparabilidad en el tiempo y a nivel de las diferen-
tes entidades que estarán adoptando las IFRS
Es importante aclarar que la NIIF 1 requiere a
quienes adopten por primera vez las IFRS que
se consideren todas las normas e interpretaciones vigentes a la fecha de reporte. Es decir ignorando versiones previas de las IFRS y las
disposiciones transitorias que pudieron existir
en la emisión de las mismas.
El enfoque sugerido en la NIIF 1 se conoce
como “Enfoque del Balance de Apertura bajo
IFRS”. Este enfoque se resume en los siguientes 10 puntos clave:
1. En la preparación de los primeros estados
financieros bajo IFRS, la entidad deberá
cumplir con todas las IFRS vigentes a la fecha de reporte (la fecha del balance será
31 de diciembre del 2009) y como principio
general deberá aplicar dichas IFRS en forma retrospectiva sujeto a ciertas exenciones y excepciones descritas en la NIIF 1.
2. El balance general de apertura deberá
prepararse de conformidad con las IFRS vigentes a la fecha de transición. La fecha
de transición es el inicio del ciclo financiero
más antiguo que estuviera formando parte de la información financiera comparativa presentada bajo IFRS con los primeros
estados financieros bajo IFRS. Para el caso
del Ecuador, las empresas presentarían información comparativa de un año (2008)
y consecuentemente, la fecha de transición sería el 1 de enero del 2008 (31 de
diciembre del 2007).
3. La entidad reconocerá todos los activos y
pasivos de acuerdo con los requerimientos
de las IFRS, y eliminará los activos y pasivos
que no cumplen los requerimientos de las
4. Los activos y pasivos reconocidos en el balance de apertura bajo IFRS se medirán de
acuerdo con las IFRS incluyendo la NIIF 1.
5. Todas las estimaciones contables, se determinarán de acuerdo con las guías provistas por las IFRS.
6. Los efectos de los cambios en políticas
contables serán reconocidos en el patrimonio en el balance general de apertura,
excepto por reclasificaciones entre plusvalía mercantil (goodwill) y activos intangibles.
7. Todos los requerimientos relacionados
con presentación y revelaciones bajo IFRS
deberán cumplirse, incluyendo todas las
reclasificaciones que se requieran para
cumplir con IFRS.
8. La información comparativa del periodo
anterior deberá cumplir totalmente con
IFRS con ciertas excepciones en relación
con la aplicación de la NIC 39 Instrumentos Financieros: reconocimiento y Medición.
9. Las reconciliaciones entre NEC e IFRS de:
a) el patrimonio a la fecha de transición
y a la fecha de reporte (31 de diciembre
del 2007 y 2009), y b) la utilidad o pérdida
del año en el que se preparan los primeros
estados financieros bajo IFRS (año 2009);
incluirán la información explicativa necesaria para facilitar el entendimiento de la
10. Se considerarán ciertas exenciones opcionales y excepciones obligatorias a los principios generales de la NIIF 1 relacionados
con la aplicación retrospectiva. Las exenciones se otorgan en áreas en las que los
costos de preparar la información podrían
exceder a los beneficios de los usuarios de
los estados financieros y se ha comprobado que es prácticamente difícil hacer los
cambios de manera retrospectiva. Por
ejemplo en casos de combinaciones de
negocios y/o el reconocimiento de obligaciones relacionadas con fondos de pensiones.
La NIIF 1 expande los requerimientos de revelación comparados con los requerimientos de
la primera adopción incluidos previamente en
las normas internacionales de contabilidad,
específicamente la interpretación SIC 8 Aplicación por Primera Vez de las NICs como base
primaria para la Contabilidad.
EXENCIONES OPTATIVAS
En algunas áreas, la aplicación retrospectiva
de las IFRS requerirá la utilización de recursos
importantes lo cual podría hacer su aplicación
impracticable. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – IASB ha considerado estas situaciones y decidió que los costos
de la aplicación retrospectiva pueden exceder los beneficios de los usuarios de los estados
financieros en ciertas circunstancias. La NIIF 1
provee 10 exenciones opcionales a la regla
general de aplicación retrospectiva. Como
tales exenciones son opcionales, las entidades
podrán optar por la aplicación retrospectiva
en estas áreas, si lo desean, siempre y cuando
puedan calcular los efectos en forma confiable. Las exenciones son las siguientes:
1. Combinación de negocios
EL BALANCE INICIAL AJUSTADO
2. Valor de mercado o revaluación como
costo estimado de activo fijo
Las empresas ecuatorianas deben preparar
el balance general bajo IFRS inicial a la fecha
de transición a IFRS. Este balance es el punto
de partida para la contabilidad bajo el nuevo
marco contable de IFRS. Con este propósito
se deben considerar los siguientes lineamientos generales:
3. Beneficios a empleados
4. Diferencias acumuladas de traducción a
la moneda funcional
5. Instrumentos financieros compuestos
6. Activos y pasivos de subsidiarias
7. Designación de instrumentos financieros
previamente reconocidos
8. Pagos basados en acciones (IFRS 2)
9. Contratos de seguros (IFRS 4), y,
10. Cambios en pasivos relacionados con retiro de activos, restauración y similares.
La entidad que escoja aplicar una de estas
exenciones no necesita aplicar alguna de las
otras restantes. Es importante aclarar que la
aplicación análoga de las exenciones en otras
áreas no está permitida.
EXCEPCIONES OBLIGATORIAS
La IASB ha evaluado y considerado que la
aplicación retrospectiva de los cambios en
políticas contables en ciertas situaciones no
puede efectuarse con suficiente confiabilidad. Consecuentemente, la NIIF 1 contempla
cuatro excepciones obligatorias a la regla de
la aplicación retrospectiva:
1. Eliminación de activos y pasivos financieros
2. Contabilización de coberturas
3. Estimaciones contables, y,
4.	Activos clasificados como discontinuados
y/o mantenidos para la venta.
• No se reconocerán los activos y pasivos que
no cumplan con IFRS
• Se reconocerán todos los activos y pasivos
requeridos por IFRS (incluso los no reconocidos bajo NECs previamente)
• Se reclasificarán todos los elementos de los
estados financieros de acuerdo con los requerimientos de las IFRS
• Se valorarán los activos y pasivos reconocidos de acuerdo con IFRS
• Se registrarán todos los efectos en el patrimonio.
AJUSTES ESPERADOS BAJO IFRS AL BALANCE
Los siguientes ajustes comunes se esperarían
en los balances iniciales:
•	Reconocimiento de todas las obligaciones
con empleados y ex-empleados de la entidad, incluyendo los planes de pensiones
• Reconocimiento de los activos y pasivos por
• Reconocimiento de los derechos y obligaciones provenientes de los contratos de arrendamiento financiero (leasing financiero)
• Reconocimiento de instrumentos financieros
• Reconocimiento de activos intangibles adquiridos
• Eliminación de provisiones que no representen obligaciones reales (legales y/o constructivas)
• Eliminación de provisiones genéricas
• Provisionamiento de pérdidas por deterioro
relacionadas con activos tangibles e intangibles.
•	Ajustes para llegar al valor razonable (fair
values) de los activos y pasivos presentados
bajo IFRS, en los casos que apliquen.
Estos ajustes aparecerán en las notas aclaratorias relativas a la transición a IFRS como parte de la reconciliación entre NECs e IFRS de:
1. Patrimonio de la entidad a la fecha de
transición (31 de diciembre del 2007)
2. Patrimonio de la entidad a la última fecha
presentada bajo NEC (31 de diciembre del
3. Estado de resultados del año de transición
CRONOGRAMA PARA LA TRANSICIÓN
En el caso de las empresas ecuatorianas que
implementarán obligatoriamente las NIIFs desde el 1 de enero del 2009, y que aún no han
iniciado el proceso de transición, un cronograma apropiado para el proyecto de transición
Al cierre de la presente edición se ha
expedido la Resolución No. 08. G.DSC,
misma que aplaza la obligatoriedad de
la aplicación de las NIIF en el Ecuador. Se
espera su publicación en el Registro Oficial.
Fuente: www.presidencia.gov.ec
CRUZANDO LA LÍNEA FINAL
Simplificar el proceso de la transición a las NIIFs,
mantenerse a la vanguardia de los cambios y
mantener el valor para los accionistas no es
Estamos a su disposición para acompañarlos
y ayudarlos a cruzar la línea final. Las siguientes guías adicionales están a su disposición en
nuestro sitio WEB líder en información sobre las
Análisis y selección de las políticas contables significativas.
AGOSTO - OCTUBRE 2008
Identificación de diferencias entre NECs y NIIFs que
afectan a la compañía.
Análisis de la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las
Normas Internacionales de Información Financiera”.
Preparación del balance general de apertura al 1 de
enero del 2008 (31 de diciembre del 2007).
Elaboración de información comparativa bajo NIIFs
por el año 2008.
Presentación de estados financieros por el año 2008
bajo NEC con información suplementaria selectiva
bajo NIIFs (opcional).
ENERO 2009 EN ADELANTE
Preparación de estados financieros bajo NIIFs con
información suplementaria relacionada con las
reconciliaciones de NEC a NIIFs del año 2008.
adopción y traducción
de NIIF
1. Se decidió adoptar las NIIF, ¿y ahora qué?
Antes que un país tome la decisión política de
adoptar las NIIF, la entidad oficial que tiene autoridad legal para establecer la aplicación de
las normas de información financiera tiene que
contactarse con la IASCF. Esta autoridad puede ser un departamento de gobierno o un instituto oficial contable y es importante discutir las
implicaciones de su adopción a corto y largo
plazo. Entonces se establece un acuerdo legal
con el país adoptante para clarificar todos los
términos relacionados con la recepción y distribución de las NIIF.
Al considerar que las políticas son globalmente consistentes, el acuerdo en cuestión puede
variar de país en país. Esto debido a la natura-
1 Las Normas Internacionales de Información Financiera están en camino de convertirse en el lenguaje contable alrededor del mundo. Junto al éxito deviene el reto de
mantener la integridad y coherencia de sus estándares. Keneth Creighton es Gerente Responsable de la distribución de las normas NIIF por el Comité de la Fundación
Internacional de Normas de Contabilidad, IASCF por sus siglas en inglés.
leza única de la legislación y procesos regulatorios de cada país. Por ejemplo, en algunas
naciones los estándares deben ser impresos en
la gaceta oficial como ley; mientras que en
otras, la ley simplemente se refiere a un libro
de trabajo que los contiene, que es vendido
comercialmente por las empresas autorizadas.
Se respetan los procesos para implementar los
estándares de cada país y se preparan contratos que encajen en su sistema, mientras se
mantiene consistencia con los factores de calidad, coherencia y marca.
2. ¿Cómo se mantiene la calidad y consistencia de las NIIF?
Cada proceso de implantación puede ser diferente, sin embargo es importante que la calidad
y coherencia de las normas se mantenga. Inversionistas, analistas, de hecho cualquiera que
utilice las NIIF, confía en que las normas sean las
mismas en cada país en que son adoptadas. Si
un país realiza cambios en las normas, modifica
la denominación «NIIF», o interrumpe la adopción de nuevas normas, entonces menoscaba
los beneficios de tener un único compartido y
conjunto coherente de normas mundiales.
La relación contractual aclara estas cuestiones
de Derecho de Autor para garantizar la integridad normativa.
3. ¿Cómo es la política del IASB2 sobre Derechos de Autor?
Muchos países necesitan las NIIF sin derechos
de autor, por lo que puede crearse la ley para
que sean difundidas sin restricción alguna. En
estos casos el contrato que se firma renuncia
a los derechos de autor sobre las normas fundamentales a fin de que puedan ser libremente distribuidos y redistribuidos. Sin embargo, el
contrato aclara que no pueden efectuarse
cambios a las normas y que no hay renuncia
a los Derechos de Autor sobre el material adicional, como las Bases para las Conclusiones,
Guías de Implementación y Ejemplos Ilustrativos que acompañan a las normas.
4. ¿Dónde se puede obtener el material adicional?
El material adicional es una publicación anual, un
volumen encuadernado, que puede ser adquirido a través del sitio Web en www.iasb.org, únicamente disponible para suscriptores en la versión
en línea de las NIIF. A menudo hay un acuerdo de
licencia en su lugar con los países que han adoptado o están adoptando las NIIF y, en este caso el
contenido adicional está disponible a través de
distribuidores locales autorizados.
5. ¿Cuál es el costo de adopción?
La adopción de las NIIF es ante todo una decisión política de cada país. El verdadero costo
de adopción depende del grado de cambio
necesario para el país y la cultura de la información financiera.
Sin embargo, la contratación de servicios con
la Fundación IASC es un costo relativamente
bajo. El acuerdo de exención de Derechos de
autor sí tiene una cuota nominal que varía en
función del nivel de ingresos de un país.
1. ¿Por qué traducir las NIIF?
La traducción es una condición necesaria y
vital para lograr la misión de la Fundación de
desarrollar un conjunto único de normas contables a nivel mundial.
Se trata de una necesidad evidente en la medida en que pedimos a un mundo multilingüe
hablar un solo lenguaje de información financiera. Esto puede ser posible sólo a través de
una coherente y calificada traducción. Hasta
la presente fecha, el equipo ha supervisado la
traducción en más de 40 idiomas.
2. ¿Cómo se decide en qué idiomas traducir?
Traducimos a los diferentes idiomas en función
de las necesidades que están directamente
2	IASB: International Accounting Standards Board.
relacionadas con la adopción de las NIIF. Por
ejemplo, la aprobación europea de las NIIF requirió traducciones en las 21 lenguas oficiales
Sin embargo, no se trata sólo de la adopción nacional lo que impulsa su traducción. Frecuentemente contactan organizaciones privadas que
identifican la necesidad de sus mercados. Este
es el caso de Ucrania, mucho antes de que se
apruebe la implantación de las NIIF, se trabajó
con la Federación Ucraniana de Contadores
Públicos y Auditores para publicar una traducción en ese país. La disponibilidad de las NIIF en
ucraniano ayudó a su eventual adopción.
3. ¿Cómo funciona el proceso de traducción?
En realidad la traducción no se efectúa en la
Fundación IASC, están encargados profesionales externos. Sin embargo, el proceso de traducción es administrado y supervisado por la
Este proceso se basa en dos etapas fundamentales: la de traducción profesional y, a continuación, la revisión de expertos.
Dado que las NIIF son de carácter técnico y el
lenguaje es muy preciso, no basta su traducción; por lo tanto, para cada idioma se crea un
comité de expertos contables y se convierte en
una traducción oficial sólo cuando esa comisión ha examinado y aprobado la misma.
4. ¿Cómo hacer frente al hecho de que los países que comparten una lengua no necesariamente coinciden en la misma terminología?
El Idioma trasciende las fronteras nacionales,
y un lenguaje común puede variar sustancialmente entre las regiones, utilizando una terminología diferente.
Ésta también es una razón por la que queremos
que los comités de examen de traducción deben ser diversos y representar diferentes mercados. Si, por ejemplo, un término español no es
aceptable en un país hispanoparlante, esperamos que el comité de examen español pueda
encontrar - o crear - un término universalmente
aceptado. El enfoque general es sustentar a
una sola traducción por idioma. La existencia
de múltiples traducciones de lo que básicamente es la misma lengua no haría sino aumentar la confusión, aparte de la posibilidad de la
proliferación de argumentos jurídicos sobre resultados discutibles de informes financieros.
5. Traducciones disponibles.
Las traducciones pueden ser adquiridas a través
de la página web. En www.iasb.org se encuentra una sección dedicada a la traducción. Sin
embargo, si las NIIF no están disponibles en un
idioma y desea organizar su traducción, es posible solicitarlo. Es importante tomar contacto
con la Fundación debido a que cualquier traducción debe estar de acuerdo con el órgano
normativo del país para garantizar los derechos
de autor y sus contenidos.
El Derecho de Autor es la herramienta utilizada
para mantener la marca y la integridad de las
NIIF en todo el mundo.
Ediciones Legales es la Organización
Ecuatoriana que posee los derechos de
publicación para la Normas Internacionales de Información Financiera, conferidos por la International Accounting
Standards Comittee Foundation – IASCF,
mediante Acuerdo Comercial para la
distribución de Información EC –ES – NTL
– CD 2007 – 000166 – FN.
la aplicación de las NIIF en el Ecuador.
Se espera su publicación en el Registro
información legal que
dispone de la más completa información en
este ámbito, conformado por 17 unidades de
legislación vigente, 16 de
legislación histórica, jurisprudencia, guías prácticas y el Registro Oficial,
accesibles de un modo
fácil y amigable.
accediendo al
o al índice por áreas
del producto, puede
ubicar, haciendo uso
de sus buscadores, las
normas que rigen en el
Ecuador, con tan solo colocar palabras claves del título de la norma, por ejemplo, si desea encontrar las
Información Financiera, coloque NIIF en el cuadro de
búsqueda y el programa
las halla.
y tenía como finalidad satisfacer en parte la
carencia de servicios bibliotecológicos con la
creación de 400 unidades de información, lo
que en la actualidad se ha superado ampliamente.
Por medio de un proceso de gestión compartida con los gobiernos locales y las comunidades,
el SINAB procura brindar espacios bibliotecarios
en las zonas menos favorecidas del territorio
nacional, contando con 550 bibliotecas abiertas en zonas urbano marginales y rurales de las
24 provincias del Ecuador. La característica de
todas ellas es establecer métodos de acercamiento a la lectura y el conocimiento para las
comunidades en que se insertan, dotando a las
mismas, y a los grupos humanos populares, de
medios de consulta, que les permitan satisfacer
sus necesidades de información, educación,
comunicación y recreación.
El Sistema Nacional de Bibliotecas – SINAB, es
una entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Educación, que genera procesos de
participación comunitaria en el área cultural
en torno a las bibliotecas. Es parte de una nueva concepción de política cultural democratizadora, que tiene como meta, satisfacer en
parte la carencia de servicios bibliotecarios y
Centros Culturales Comunitarios en las áreas rurales y urbano marginales del país.
El SINAB fue creado el 3 de junio de 1987. El proyecto se inició concretando la política cultural
expresada en el plan de desarrollo 1984-1988,
Uno de los campos prioritarios es lograr la participación comunitaria en actividades culturales en torno a las bibliotecas, entendidas como
pequeños centros culturales, fomentando una
creciente vinculación social a través de la cultura y recuperar, recrear y difundir los valores
culturales de las comunidades en búsqueda
permanente de su propia identidad.
El Sistema Nacional de Bibliotecas está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo de SENPLADES, cumpliendo el Objetivo 5 de la Meta
7: Acceso y aprovechamiento de los espacios
públicos y difusión de la cultura.
Otro proyecto que ejecuta es el llamado Bibliotecas Fronterizas, con trabajos conjuntos con
Colombia: en las provincias de Esmeraldas,
Carchi y Sucumbíos y con Perú: en las provincias de El Oro, Loja, Zamora-Chinchipe y Morona-Santiago.
Sistema Nacional de Bibliotecas – SINAB
Un nuevo método de acercamiento a la lectura,
para los sectores desfavorecidos
El SINAB es pionero de un nuevo tipo de biblioteca pública, sustentada en una imagen no
tradicional en un esfuerzo nacional que mantiene a más de quinientas bibliotecas, Centros
Culturales Comunitarios, Bibliotecas Fronterizas
y Centros Populares de Lectura, trabajando a
favor del libro y la lectura a través de diversos
Para un futuro inmediato se terminarán de consolidar los Centros Culturales Comunitarios como
ejes del desarrollo socio-cultural y dinamizadores
de la participación comunitaria en la creación,
producción, difusión, uso y disfrute de manifestaciones, bienes y servicios culturales.
Mediante una producción editorial propia y
cursos especializados se capacitan más de 600
personas que están integradas al Sistema, para
la animación de la lectura y como promotores
comunitarios dentro de sus comunidades.
Dentro del Sistema de Bibliotecas del SINAB
encontramos convenios con 23 centros de rehabilitación social, en ellos las bibliotecas que
funcionan dentro de la red del SINAB brindan
atención bibliotecaria, asesoramiento legal en
algunos casos y cursos escolarizados de diferente nivel, en los que participan diversas universidades nacionales con programas de apoyo, estudios y asesoría en diferentes carreras,
con cursos a distancia.
Por medio de apoyos constantes y trabajo interinstitucional y con el respaldo del doctor Luis
Alfredo Muñoz Neira, delegado del Ministro de
Educación ante el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, el SINAB se ha propuesto reforzar todo tipo de iniciativas orientadas a la atención a los ciudadanos que se encuentren en
situaciones de privación de libertad y confinados en los Centros de Rehabilitación en todo el
país. De hecho, es muy significativo que los propios internos, en muchos casos, sean quienes
dirigen y administran algunas de las bibliotecas
y se conviertan de hecho en orientadores de
Este trabajo con los centros de rehabilitación
social de mayores en todo el país, es para el
SINAB uno de sus máximos orgullos; allí las
bibliotecas se transforman en un lugar de
solaz para los internos y punto neurálgico
para su rehabilitación: encontramos talleres
de lectura, capacitación en diversos temas
que, con el apoyo de los libros, se convierten
en provechosos para el crecimiento espiritual
e intelectual de las personas privadas de su
libertad cotidiana.
Con la administración de recursos, donaciones
constantes de las principales editoriales nacionales e internacionales, organismos públicos,
organismos privados y organizaciones sin ánimo
de lucro, el SINAB recibe, cada año, materiales
bibliográficos de diverso tipo y los distribuye nacionalmente, según los requerimientos locales y
comunitarios; en los Centros de Rehabilitación
se ha procurado conseguir todo tipo de literatura legal, reglamentaria y procesal, para el
beneficio de esas comunidades; también logra
recolectar ejemplares de revistas y todo tipo
de literatura para entregar preferentemente en
los centros bibliotecarios con rincón infantil y en
las guarderías de los centros de rehabilitación
Para 2009 se propone disponer de recursos suficientes para completar la transformación de
las bibliotecas populares y los Centros Culturales Comunitarios de la Red y enlazar los fondos
de consulta por medio de su portal en internet:
http://www.sinab.gov.ec. Portal Web que les
invitamos a visitar desde ya.
UNIDADES DE INFORMACIÓN DEL SINAB
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ECUADOR
CFIC.
= Abiertas
CFIC = Centros Fronterizos de Integración Cultural
= Cerradas
= Centros Populares de Lectura
= Centros Culturales Comunitarios
NOVEDADES JURﾃ好ICAS
Dr. Juan Pablo Aguilar Andrade
Catedrático de la Universidad Andina
LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA NO ES
¿Orgánica u ordinaria?
El 4 de agosto de 2008 se publicó, en el
suplemento del Registro Oficial 395, la Ley
del Sistema Nacional de Contratación
Pública, que modifica sustancialmente el
marco jurídico aplicable a la contratación
La referida Ley se autocalifica como orgánica, pero conviene analizar si, en realidad, nos encontramos frente a un cuerpo legal que pueda considerarse tal. No
escapará a nadie que esto resulta fundamental para determinar el lugar que ocupa el nuevo cuerpo legal en la jerarquía
del ordenamiento jurídico ecuatoriano y,
con ello, solucionar las contradicciones
normativas que puedan presentarse.
El artículo 142 de la Constitución Política
de la República vigente al momento de
la aprobación de la Ley, calificaba como
orgánicas a las leyes reguladoras de la
organización y actividades de las funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial; las del
régimen seccional autónomo y las de los
organismos del Estado, establecidos en la
Constitución; las relativas al régimen de
partidos, al ejercicio de los derechos políticos y al sistema electoral; las que regulan
las garantías de los derechos fundamentales y los procedimientos para su protección;
y las demás que la Constitución determine
que se expidan con este carácter.
La Constitución vigente contiene similares
disposiciones en su artículo 133, que califica como leyes orgánicas a las que regulan la organización y funcionamiento
de las instituciones creadas por la Constitución; las que regulan el ejercicio de los
derechos y garantías constitucionales; las
relacionadas con la organización, compe-
tencias, facultades y funcionamiento de
los gobiernos autónomos descentralizados; y, las relativas al régimen de partidos
y al sistema electoral.
Es obvio que la Ley del Sistema Nacional
de Contratación Pública no se encontraba en ninguno de los grupos enumerados
por la Constitución que regía al momento
de su promulgación, ni consta tampoco
en los casos enumerados por la Constitución vigente. En efecto, no se trata de un
cuerpo legal que regule a las funciones
del Estado ni a los organismos constitucionales, no tiene que ver con los regímenes
electoral o de partidos, no se refiere a los
derechos ni a las garantías constitucionales ni organiza los gobiernos autónomos;
no debería, entonces, tener el carácter de
orgánica. El hecho, sin embargo, es que se
la ha calificado como tal; ¿cómo debemos entender esto?.
Podemos encontrar la respuesta en la jurisprudencia. El Tribunal Constitucional sostuvo, en una resolución del año 2002, lo
… las materias señaladas en el inciso segundo del artículo 142 de la Constitución
deben, necesariamente, ser reguladas
mediante ley orgánica, so pena de ser inconstitucionales por la forma, mas si alguna materia no aparece de la enumeración
taxativa no es posible regularla por medio
de precepto orgánico, toda vez que contravendría lo dispuesto en el inciso final de
la reseñada disposición, conformándose
una incosntitucionalidad material.1
Posteriormente, en una resolución del año
2006, el mismo Tribunal manifestó:
Es innecesario realizar un análisis particularizado de la ley que se impugna con cada
uno de los numerales del artículo citado [el
142 de la Constitución Política de la República], puesto que salta a la vista que la ley
que crea la zona de tratamiento especial
en Huaquillas no cumple con ninguno de
los supuestos para ser considerada como
ley orgánica; y, no obstante a ello, y de haber sido motivo de objeción del Presidente de la República, el legislativo la calificó
de esa manera, violando el Art. 142 CPE. El
Art. 143 CPE, inciso segundo, dice: “Una ley
ordinaria no podrá modificar una ley orgánica ni prevalecer sobre ella, ni siquiera a
título de ley especial”. Se torna evidente
que la actuación del legislativo de califi-
1 Tribunal Constitucional, Resolución 020-2002, TC, Registro Oficial 708, 20 de noviembre de 2002.
car como orgánica a la ley, era necesaria
para sus pretensiones de reformar a la Ley
Orgánica de Aduanas y a la Ley de Régimen Tributario Interno, pero al hacerlo violó
el Art. 143 CPE porque los cambios jurídicos
en el país no se pueden dar solamente por
sus denominaciones, sino fundamentalmente por su materialidad; es decir, por el
contenido de la norma. En el caso de análisis, el legislador procedió a reformar una
ley orgánica mediante una ley ordinaria,
independientemente de su calificación.2
La doctrina ecuatoriana concuerda plenamente con estos criterios jurisprudenciales:
¿Y las derogatorias a varios artículos de leyes orgánicas?
… el legislador tampoco puede apartarse
del dominio máximo legal señalado por la
Constitución para ser regulado por normas
de carácter orgánico, es decir, el legislador
no podría rigidizar cualquier materia, ni darle mayor jerarquía o preeminencia material
aprobándola, de manera ilegal o arbitraria,
con el carácter de orgánica, con lo cual incurriría en inconstitucionalidad material.3
Hay, ante esto, una pregunta que es necesario responder: ¿qué valor tienen las derogatorias que al final de la Ley se hacen
de varios artículos de algunas leyes orgánicas? Esto porque si la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública es ordinaria, no podría modificar, en principio, leyes
Según lo expuesto, la calificación o la denominación de la ley no tienen importancia; es el hecho de que cumpla con los
supuestos constitucionales el que la convierte o no en orgánica; en el caso que
nos ocupa, resulta claro que la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública
no reúne las condiciones para que puede
ser considerada como orgánica, independientemente de la denominación que al
aprobarla le dio la Asamblea Nacional
Nos encontramos, entonces, ante una ley
Tanto la doctrina como la jurisprudencia
concuerdan, sin embargo, en que en una
misma ley pueden coexistir normas de carácter orgánico y normas ordinarias, sin
que ninguna de ellas pierda sus características propias4. El Tribunal Constitucional lo
Que, no es inconstitucional que en un solo
texto legal se compartan materias tanto de rango orgánico como de jerarquía
ordinaria, siempre que sean conexas, de
acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, lo que ocurre con la Ley No. 2001-54
que se refiere exclusivamente, a la regulación normativa de tasas judiciales, haciéndose presente que las dos disposiciones re-
2 Tribunal Constitucional, Resolución 0003-06-TC, suplemento del Registro Oficial 288, 9 de junio de 2006.
3 Rafael Oyarte Martínez, Curso de Derecho Constitucional, Quito, Andrade&Asociados, 2005, p. 78. El resaltado en el original.
4 Ibid., ibid.
formatorias a la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de la Judicatura hacen relación a
atribuciones de este órgano de la Función
Judicial en esta materia;
Que, si en un cuerpo normativo, como la
impugnada Ley No. 2001-54, se comparten
materias orgánicas y ordinarias, los preceptos de carácter orgánico deben ser aprobados con mayoría absoluta … y los restantes con el requisito de la simple mayoría.5
Una ley ordinaria, entonces, puede muy
bien contener disposiciones que reformen o deroguen leyes orgánicas, siempre
y cuando esas disposiciones hayan sido
aprobadas con la votación que constitucionalmente se exige para el caso de las
leyes orgánicas, esto es, la mayoría absoluta de quienes integran el Legislativo.
Si tomamos en cuenta que la Asamblea
Nacional Constituyente estuvo conforma-
da por ciento treinta personas, se requería un mínimo de sesenta y seis votos para
dar a una norma el carácter de orgánica.
La Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública fue aprobada, en una sola
votación, en la sesión 93 de la Asamblea,
con el voto unánime de setenta y cuatro
asambleístas presentes.
Es claro, entonces, que las derogatorias
contenidas al final de la Ley tuvieron la votación necesaria para derogar preceptos
contenidos en leyes orgánicas, debiendo considerarse que estos últimos ya no
forman parte del ordenamiento jurídico
ecuatoriano. En otras palabras, la Ley del
Sistema Nacional de Contratación Pública es ordinaria, pero contiene normas de
carácter orgánico, en la medida en que
derogan disposiciones de leyes orgánicas
y fueron aprobadas conforme las exigencias constitucionales.
5 Tribunal Constitucional, Resolución 020-2002, TC, Registro Oficial 708, 20 de noviembre de 2002.
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de reliquidación de valores a retener.
FUENTE: Registro Oficial 467, 14-XI-2008.
Resolución No. NAC-DGEC2008-0013 del
Se establece el procedimiento que debe
seguir todo empleador para reliquidar
los valores a retener cuando existiesen
variaciones en los ingresos gravados o
proyección de gastos de personas que
trabajan en relación de dependencia.
1. Establecer la base imponible
2. Aplicar la tarifa del impuesto, según la
tabla del Art. 36 de la Ley Orgánica de
3. Restar las retenciones en la fuente
realizadas al trabajador durante el
4. El saldo por pagar se dividirá para el
número de meses que faltan para finalizar
el ejercicio fiscal.
Cuando las retenciones efectuadas al
trabajador fuesen mayores al impuesto a la
renta causado, el empleador no devolverá
El trabajador una vez terminado el
ejercicio económico y luego de presentar
su declaración de impuesto a la renta,
solicitará la devolución por pago en
exceso o reclamo por pago indebido,
según corresponda de conformidad con el
La misma norma anexa un ejemplo para
mayor comprensión:
El contribuyente “XYZ”, ha percibido por su
trabajo en relación de dependencia, hasta
el mes de septiembre del 2008, la suma de
USD 18.000,00 (USD 2.000,00 mensual). Los
aportes personales del IESS por ese período,
suman USD 1.687,00 (USD 187,00 mensual).
En el mes de octubre, el empleador dispone
un aumento de USD 200,00 en el salario de
“XYZ”.
En la declaración de gastos personales,
“XYZ” proyectó gastos por un total de USD
A “XYZ” se le han efectuado retenciones en
la fuente por USD 500,00.
Total ingresos percibidos = USD 18.000,00
(USD 2.000,00 mensual)
Total ingresos proyectados = USD 6.600,00
(USD 2.200,00 mensual)
Aportes personales IESS = USD 1.687,00 (USD
187 por mes)
Aportes personales IESS proyectados = USD
618 (206 por mes)
1. OBTENCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE:
+ 6.600,00
Aportes personales IESS pagados
Aportes personales IESS proyectados
(-) 1.687,00
(-) 618,00
Gastos personales proyectados
(-) 4.000,00
$ 18.295,00
2. APLICAR TARIFA CONFORME LA TABLA DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
Base imponible: 18.295,00
% Imp. fracción excedente
Fracción básica: 15.000,00
Fracción excedente: 3.295,00
Impuesto fracción excedente (15%)
Impuesto a la renta generado
$ 1.152,25
3. SUSTRACCIÓN DE RETENCIONES EFECTUADAS PREVIAMENTE AL TRABAJADOR
Retenciones en la fuente efectuadas
Diferencia (por pagar)
(-) 500,00
$ 652,52
4. DIVISIÓN DEL FALTANTE POR PAGAR POR EL PERIODO QUE FALTA PARA TERMINAR EL EJERCICIO FISCAL
Meses pendientes para finalizar el ejercicio fiscal
Valor mensual a Retener por los 3 meses restantes
$ 217,42
Esta resolución está vigente en virtud de su publicación en el Registro Oficial.
Resolución s/n de la
Corte Suprema de Justicia (R.O. 441, 7-X-2008)
Los tribunales y juzgados no admitirán escrito
alguno que no esté firmado por un profesional del derecho. Dicha calidad, se acreditará
con la inscripción de la matrícula en un colegio de abogados; o, mediante certificado de
inscripción del título en las Cortes.
Decreto No. 1364
(R.O. 442-S, 8-X-2008)
En relación al impuesto a la renta, depreciación de activos fijos, reembolsos por pagos
al exterior, créditos del exterior con partes
relacionadas, devolución del impuesto al
del Ecuador 2008.
Constitución s/n de la
Asamblea Constituyente (R.O. 449, 20-X-2008)
Se expide la Constitución de la República del
Ecuador, aprobada mediante referéndum el
28 de septiembre de 2008, quedando derogada la Constitución Política de la República
del Ecuador (R.O. 1, 11-VIII-1998). Además, se
establece el Régimen de Transición promulgado junto con el texto constitucional.
Asunción de la calidad de magistradas y magistrados de la
Corte Constitucional por parte
de los ex miembros del Tribunal
del Ecuador (R.O. 451-S,
22-X-2008)
Los ex integrantes del TC resuelven asumir la
calidad y atribuciones de los Magistrados de
la Corte Constitucional, hasta su reemplazo,
de conformidad con el procedimiento de la
Fijación de la pensión
provisional alimenticia en
los juicios de alimentos.
Justicia (R.O. 456, 29X-2008)
El Juez procederá a fijar obligatoria y objetivamente la pensión provisional, la misma
que podrá ser ratificada, reformada o revocada una vez concluida la etapa probatoria.
Decreto No. 1396
(R.O. 457, 30-X-2008)
El plazo previsto para la renegociación de
los contratos colectivos en el sector público,
se extenderá de 180 días a un año.
Acreditación de la calidad de
abogado para la presentación
de escritos y actuación en diligencias ante los organismos jurisdiccionales.
Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno.
(R.O. 466-S, 13-XI-2008)
Operatividad para el control y la justicia constitucional en el Ecuador durante el período de transición, hasta que se expida la correspondiente
Ley que regule su funcionamiento y los procedimientos de control de constitucionalidad.
Circular No. NACDGEC2008-0013 del Servicio de Rentas Internas
(R.O. 467-XI-2008)
Procedimiento a seguir en los casos en que los
empleadores deban efectuar mensualmente la
retención en la fuente por el impuesto a la renta
de sus trabajadores, y se produzcan variaciones
en sus ingresos gravados o en la proyección de
gastos personales del trabajador, para que el
empleador efectúe una reliquidación.
Resolución No. PLECNE-2-19-11-2008 del
Electoral (R.O. 472-2S,
21-XI-2008)
Art. 3 del Régimen de Transición Constitucional,
para elección de: Presidente y Vicepresidente
de la República; 5 representantes al Parlamento
Andino; integrantes de la Asamblea Nacional;
prefectos y viceprefectos provinciales; alcaldes
municipales; concejales en cada cantón; y, vocales para cada una de las juntas parroquiales
Reglamento para la aplicación de las normas constitucionales y legales que corresponden al juzgamiento de las
infracciones electorales contempladas en la Ley Orgánica
Resolución No. 0035 del
El Tribunal Contencioso Electoral será el órgano
competente para sancionar por delitos, faltas o
violaciones electorales. Los ciudadanos que no
hayan sufragado o no hayan integrado las Juntas Receptoras del Voto serán citados para que
justifiquen tal omisión, caso contrario serán sancionados. Se establece el procedimiento para
el juzgamiento de infracciones electorales que
tengan como pena la suspensión de derechos
políticos, destitución del cargo o privación de
Normas indispensables para
viabilizar el ejercicio de las
competencias del Tribunal
Contencioso Electoral, conforme a la Constitución.
Resolución No. 0036 del
Se aplica a todo lo relacionado con el proceso de
elecciones generales establecido en el Régimen
de Transición de la Constitución, a desarrollarse
en el año 2009, señalando que la Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional
Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.
Reglas de procedimiento para
el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional
para el período de transición.
Agentes de retención de ingresos de trabajo en relación
generales que se realizarán el
domingo 26 de abril del 2009.
idáctica
Demanda acompañada de
título ejecutivo, Arts. 413 y
419 CPC
Fuente: Código de
Aclaración Arts. 69 y 420
Retención, Arts. 422 y 428
Auto de pago Art. 421 CPC
obligación en
Medidas precautorias, Art.
424 CPC
Secuestro, Arts. 422 y 427
Embargo, si demanda se
funde en título hipotecario
o sentencias ejecutoriada,
Art. 423 CPC
Pago del valor
demandado, Art. 435 CPC
Si deudor no paga ni se
excepciona en tres días,
Art. 430 CPC
Previa notificación, juez
sentencia en 24 horas,
mandando a pagar al
Sentencia causa
Prohibición de enajenar,
Arts. 421 y 426 CPC
Excepciones sobre hechos
que deben justificarse, Art.
433 CPC
Excepciones de puro
derecho, Art. 432 CPC
Reconvención con título
ejecutivo, Art. 486 CPC
Traslado de excepciones a
demandante por término
Junta de conciliación, Art.
1012 CPC
Con contestación o en
rebeldía, juez pronuncia
sentencia, Art. 432 CPC
Término de prueba de seis
días, Art. 433 CPC
Alegatos en término de
cuatro días, Art. 434 CPC
Sentencia, Art. 288 CPC
Apelación en tres días, Arts.
324 y 436 CPC
Sentencia, Art. 340 CPC
especie o
Mandato de ejecución, Arts.
438 y 440 CPC
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References: Artículo 83
 Artículo 227
 Artículo 238
 Artículo 83
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 Resolución 
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 artículo 142
 artículo 133
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 artículo 142
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 artículo 148
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 ARTÍCULO 36
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