Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831122-1.html
Timestamp: 2019-11-20 20:14:11+00:00

Document:
as201831122-1
Auto Supremo Nº 122-1
Expediente : 170/2017
Demandante : Armando Barba Herrera
VISTOS: El Recurso de Casación planteado por Olga Durán Uribe en su condición de Administradora Regional Santa Cruz y apoderada del Director General Ejecutivo y Representante Legal del SENASIR Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista 186 de 3 de noviembre de 2016, cursante de fs. 125 a 127, pronunciado por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro el proceso Social de Reclamación de Compensación de Cotizaciones, el memorial que contesta traslado de fs. 146 a 147, el Auto que concede el recurso de fs. 148, el Auto Supremo de admisión 170-A de 12 de mayo de 2017, antecedentes del proceso; y:
Iniciado el trámite de Compensación de Cotizaciones (CC) Procedimiento Automático por Armando Barba Herrera y al no poder certificar el SENASIR, el último salario cotizable correspondiente al mes de abril de 1990, por no contar con planillas de pago, se remitió al Procedimiento Manual para proceder a la certificación de aportes de la Cervecería Boliviana del Oriente S.A. del periodo abril de 1987 a mayo de 1994, efectivizada por Formulario de Cálculo, Compensación de Cotizaciones, Procedimiento Manual, FORM-SIP-CC-M-001 Nº 58357, Resolución 657 de 4 de febrero de 2016 (fs. 56 de obrados), donde se certifica aportes a la Cervecería Boliviana del Oriente S.A. del periodo abril de 1987 hasta septiembre de 1989, es decir 2 años y 6 meses.
El asegurado presenta recurso de reclamación contra la Resolución 657, que le otorgó una CC Global, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante Resolución 219/16 de 24 de mayo, revocando la resolución reclamada y otorgando una densidad de aportes de 3 años y 1 mes, y un Salario Cotizable correspondiente al Salario Mínimo Nacional Vigente del periodo abril de 1990. (fs. 93 a 96 de obrados).
En apelación interpuesta por el asegurado, la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 186 de 3 de noviembre de 2016, cursante de fs. 125 a 127, revoca en parte las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto y la Comisión de Reclamación, y deliberando en el fondo ordena al SENASIR reconocer al asegurado una densidad de aportes de 7 años y 2 meses y un salario cotizable correspondiendo al salario mínimo nacional vigente.
Contra el Auto de Vista, la entidad gestora formula recurso de casación en el fondo, cuyo escrito cursa de fs. 137 a 139, con los argumentos siguientes:
Señala como normas legales transgredidas o mal aplicadas, el art. 14 del DS 27543 de 31 de mayo de 2004. El art. 48 del DS 822 de 16 de marzo de 2011 que aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley 065 de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, en materia de Prestaciones de Vejez, Prestaciones Solidarias de Vejez, Prestaciones por Riesgos, Pensiones por Muerte derivadas de éstas y otros beneficios.
Manifiesta que el Tribunal de Apelación, mal interpreta el art. 45 parágrafos I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado, cuando entiende que se le está negando el derecho de acceder a una jubilación o el reconocimiento de sus aportes, lo que es totalmente erróneo ya que simplemente no se está certificando todos los periodos solicitados ni se está tomando en cuenta la documentación supletoria, porque el SENASIR en cumplimiento a la labor que le asiste, debe corroborar la documentación presentada por el asegurado y si cumple con todos los requisitos establecidos en el procedimiento previo, accede a la compensación; actuar en contrario significaría un caos económico porque toda persona sin que demuestre fehacientemente con documentación fidedigna la realización de aportes, accedería a la compensación de éstos.
Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia previa deliberación en el fondo, Case el Auto de Vista 186/2016 de 3 de noviembre, y confirme la resolución 219/16 de la Comisión de Reclamación del SENASIR.
En el transcurso del tiempo, la Seguridad Social en Bolivia ha tenido una serie de transformaciones o cortes, es así que para que una persona acceda a una jubilación en el Sistema Integral de Pensiones (SIP), vigente desde la promulgación de la Ley de Pensiones 065 de 10 de diciembre de 2010, su densidad de aportes, que es la suma de los periodos efectivamente aportados por el asegurado al Sistema de Reparto, al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al SIP, incidirán en el monto de renta; derecho fundamental reconocido en el art. 45 de la CPE y considerado actualmente como un derecho humano inalienable, protegido por organismos internacionales e instituciones supranacionales.
Bajo este entendimiento, previa revisión de actuados procesales se evidencia que el Tribunal Ad quem no se pronunció sobre la solicitud hecha por el asegurado en su recurso de apelación, referido a los aportes realizados como dependiente de la Cervecería Taquiña, desde el 10 de agosto de 1982 hasta el 31 de diciembre de 1986, para lo que adjuntó el certificado cursante a fs. 102 del expediente.
Considerando que el omitir pronunciamiento sobre este punto (aportes al sistema de reparto), se vulnera el derecho fundamental que asiste al asegurado a gozar de una jubilación justa, prestación que debe ser resultado de todos los aportes realizados a la seguridad social de largo plazo durante su vida laboral, derecho que al encontrarse reconocido por el art. 45 de la CPE, conlleva una intolerable vulneración de derechos, que no puede ser consentida por éste Tribunal.
Con la facultad que asiste al Tribunal Supremo de Justicia, prevista en el art. 17.I de la Ley 025 de 24 de junio de 2010, se procedió a revisar de oficio las actuaciones procesales, identificando esta conculcación al derecho a la seguridad social, en concreto al derecho a una jubilación justa; considerando además que las disposiciones sociales son de cumplimiento obligatorio, conforme lo tiene dispuesto el art. 48.I de la CPE y principalmente porque la omisión en su pronunciamiento por parte del Tribunal de Apelación vulnera un derecho fundamental, por tanto es contraria a la Constitución.
Este mismo razonamiento fue desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1357/2013 de 16 de agosto, con relación al art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial, indicó que: “este artículo debe ser entendido de forma amplia a efecto de que proceda la revisión de actuaciones procesales de oficio cuando el juez o tribunal identifique que la irregularidad jurídica del acto conlleva una intolerable vulneración de derechos y garantías. De esa manera, los parágrafos II y III de la misma disposición se flexibilizan conjuntamente con el art. 236 del CPC, en la medida que frente a un supuesto de conculcación evidente de derechos y garantías, el juez o tribunal podrá pronunciarse más allá de los aspectos solicitados en el recurso interpuesto, únicamente para hacer notar tal situación respecto a la tramitación de determinado acto procesal y demostrar que su vigencia es inválida por ser contrario a la Constitución, consecuencia que se deberá expresar con la declaratoria de nulidad del respectivo acto procesal.” (las negrillas fueron añadidas); razonamiento jurisprudencial que corresponde ser observado y muestra que cuando el Tribunal de alzada hace uso de dicha facultad no existe vulneración al principio de pertinencia o congruencia externa de las resoluciones judiciales; en ese sentido, corresponde denegar la tutela por el derecho a una resolución congruente.
Al margen de lo señalado, debemos tomar en cuenta que conforme el art. 180.I de la CPE, la jurisdicción ordinaria, se fundamenta entre otros, en el principio procesal de verdad material, desarrollado por el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, que se deba dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia. En ese contexto, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 1662/2012 de 1 de octubre, define a este principio, precisando: “Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.1, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad material”. Por su parte, la SCP Nº 1463/2013 de 22 de agosto, ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz, no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…”. Conforme lo anotado, el valor superior “justicia” obliga a la autoridad jurisdiccional –en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la “justicia material” como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones (SC Nº 0818/2007-R de 6 de diciembre).
De lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.III del Código Procesal Civil (CPC), por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 55.III del DS 822 Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley 065 de Pensiones.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fs. 127 inclusive, debiendo la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin espera de turno, dictar nuevo Auto de Vista pronunciándose sobre todos los aportes documentados, realizados por el asegurado a la Cervecería Taquiña S.A., a este efecto deberá requerir con carácter previo al SENASIR corrobore dichos aportes al Sistema de Reparto.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución