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Timestamp: 2017-09-22 13:41:36+00:00

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Sentencia Civil Nº 199/2011, AP - Albacete, Sec. 2, Rec 38/2011, 07-07-2011 | Iberley
Sentencia Civil Nº 199/2011, Audiencia Provincial de Albacete, Sección 2, Rec 38/2011 de 07 de Julio de 2011
Sentencia Civil Nº 54/2013, AP - Caceres, Sec. 1, Rec 21/2013, 12-02-2013
Órden: Civil Fecha: 12/02/2013 Tribunal: Ap - Caceres Ponente: Sanz Acosta, Luis Aurelio Num. Sentencia: 54/2013 Num. Recurso: 21/2013
Sentencia Civil Nº 336/2014, AP - Baleares, Sec. 5, Rec 511/2014, 22-12-2014
Órden: Civil Fecha: 22/12/2014 Tribunal: Ap - Baleares Ponente: Oliver Barcelo, Santiago Num. Sentencia: 336/2014 Num. Recurso: 511/2014
Sentencia Civil Nº 98/2011, AP - Baleares, Sec. 5, Rec 203/2010, 29-03-2011
Órden: Civil Fecha: 29/03/2011 Tribunal: Ap - Baleares Ponente: Oliver Barcelo, Santiago Num. Sentencia: 98/2011 Num. Recurso: 203/2010
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Órden: Civil Fecha: 11/02/2011 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Ruiz Marin, Maria Josefa Num. Sentencia: 93/2011 Num. Recurso: 303/2008
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Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 29/06/2009
Resolución Vinculante de DGT, V1354-10, 17-06-2010
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 17/06/2010
Núm. Resolución: V1354-10
RESOLUCION de 12 de febrero de 1999, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Mercadona, Sociedad Anonima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad numero 2 de Guadalajara, don Fernando Alonso Mencia Alvarez, a inscribir un acta notarial, en virtud de apelacion de la recurrente.
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 09/08/2004
Resolución No Vinculante de DGT, 2260-97, 30-10-1997
Órgano: Sg De Impuestos Patrimoniales, Tasas Y Precios Públicos Fecha: 30/10/1997
Núm. Resolución: 2260-97
Fecha: 07 de Julio de 2011
Ponente: Marin Lopez, Manuel Jesus
Núm. Sentencia: 199/2011
Núm. Recurso: 38/2011
Núm. Cendoj: 02003370022011100425
SENTENCIA: 00199/2011
RECURSO DE APELACION 38/11
Autos núm. 438/05
S E N T E N C I A NUM. 199/2011
Dª. Mª ANGELES MONTALVA SEMPERE
D. MANUEL JESUS MARIN LOPEZ
En Albacete a siete de julio de dos mil once.
VISTOS, ante esta Audiencia Provincial, en apelación admitida a la parte demandada, los autos de Juicio cambiario, seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia num.1 de La Roda, a instancia de CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO DE CASTILLA LA MANCHA representado por el/la procurador/a D/DÑA. Maria Jesús Alfaro Ponce, contra PUBLICIDAD MANCHEGA ANTONIO BASCUÑANA S.L representado por el/la Procurador/a D/DÑA. Sonia Herreros Olivas.
ACEPTANDO, los antecedentes de la Sentencia apelada, cuya parte dispositiva dice así: "Que debo desestimar la demanda de oposición interpuesta por la representación procesal de PUBLICIDAD MANCHEGA ANTONIO BASCUÑANA S.L con su expresa condena en costas".
PRIMERO.- La relacionada Sentencia de 25 de enero de 2011 , se recurrió en apelación por la parte demandada, por cuyo motivo se elevaron los autos a esta Audiencia, ante la que se personaron dentro del término del emplazamiento y en legal forma las partes litigantes y seguidos los demás trámites, se señalo el día 20 de junio de 2011 para la votación y fallo de la apelación.
SEGUNDO.- Que en la sustanciación de los presentes autos, en ambas instancias se han observado las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente para este trámite el Iltmo. Sr. Magistrado D. MANUEL JESUS MARIN LOPEZ.
PRIMERO.- La entidad "Caja Rural de Casas Ibáñez, Sociedad Cooperativa de Crédito de Castilla-La Mancha" formula demanda de juicio cambiario contra las compañías mercantiles "Publicidad Manchega Antonio Bascuñana, S.L." y "Conservación Mancha, S.L.U.", en la que reclama la cantidad de 32.000 euros, en concepto de principal, más otros 53,50 euros de los gastos de protestos, así como de otros 9.000 euros presupuestados por los intereses y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación. La mercantil "Publicidad Manchega Antonio Bascuñana, S.L." se opone a la ejecución.
El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de La Roda dicta sentencia, de 25 de enero de 2010 , desestimando la demanda de oposición a la ejecución interpuesta por "Publicidad Manchega Antonio Bascuñana, S.L."
Frente a esta sentencia interpone recurso de apelación la mercantil "Publicidad Manchega Antonio Bascuñana, S.L.", recurso que funda en dos motivos. En primer lugar, alega la indebida aplicación del art. 304 LEC ( fictia confessio ) y error en la valoración de la prueba, pues el juzgador no ha tomado en consideración que el pagaré no fue nunca puesto en circulación, sino que fue robado de la sede de la mercantil "Publicidad Manchega Antonio Bascuñana, S.L." por Torcuato , que fue quien lo descontó en el Banco Santander Central Hispano. En segundo lugar, entiende que se ha producido un error de derecho, por haberse vulnerado el art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque, al existir mala fe en la tenedora ejecutante.
SEGUNDO.- Antes de examinar las alegaciones planteadas por el apelante, es necesario resolver sobre la petición formulada por la entidad demandante en su escrito de oposición al recurso de apelación.
Solicita la demandante que se declare la inadmisión de la apelación, conforme a lo previsto en el art. 457.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Entiende el apelante que no puede tenerse por preparado el recurso de apelación, pues el apelante no procedió a constituir el depósito exigido a tal efecto por la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial . El apartado 7 de la citada norma establece que "no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido", y eso es precisamente lo que sucede en el caso de autos, pues el apelante no constituyó el depósito, el juzgado le concedió un plazo de dos días para su subsanación, y ese plazo transcurrió sin que se hubiera constituido el depósito (lo constituyó fuera de plazo).
TERCERO.- Para resolver esta cuestión hay que partir de los antecedentes de hecho.
Una vez dictada y notificada la sentencia a las partes, la mercantil "Publicidad Manchega Antonio Bascuñana, S.L." presenta escrito, con fecha 3 de febrero de 2010, en el que solicita que se tuviera por preparado recurso de apelación (folio 224 del Rollo). El 11 de febrero el Juzgado dictó providencia (folio 227) en la que, entre otros extremos, se acordaba literalmente lo siguiente: "... y con carácter previo a tenerlo por preparado, requiérase a la citada representación procesal para que en el plazo de 2 días subsane el defecto de falta de aportación de documentación acreditativa de haber consignado el depósito de 50 euros exigido por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre , para recurrir, apercibiéndole que de no hacerlo se dictará auto que ponga fin al trámite del mismo". Esta resolución fue notificada el mismo 11 de febrero (folio 228).
El depósito se constituyó el 18 de febrero (folio 232).
Posteriormente, el día 10 de septiembre de 2010 se dictó auto (folio 233) acordando no haber lugar a la admisión del recurso de apelación preparado, por haberse constituido el depósito fuera del plazo concedido de dos días. El 17 de septiembre se presenta por el apelante escrito de preparación de recurso de queja, solicitando que se tenga preparado recurso de apelación, al no haber expirado el plazo de dos días. El demandante se opone a este recurso. El 4 de octubre el Juzgado dicta auto (folio 245) que establece que, examinadas las alegaciones formuladas y acreditado que el día 17 de febrero en La Roda era inhábil a efectos procesales, es procedente admitir el recurso de apelación preparado, dejar sin efecto la resolución de fecha diez de septiembre y en consecuencia dar al recurso de apelación preparado el curso señalado por la ley.
Para calcular si la constitución del depósito se realizó dentro del plazo de dos días, hay que tomar en consideración que el día 11 de febrero de 2010 se dicta (y se notifica) la resolución judicial que concede al apelante dos días para constituir el depósito. Sin embargo, como esa resolución judicial se remitió vía Lexnet, en realidad se tiene por recibida el día siguiente (12 de febrero), conforme al art. 151.2º LEC en relación con la Disposición IV del Protocolo Marco de Actuación para la implantación del sistema informático de comunicaciones Lexnet. Por otra parte, establece el art. 133 LEC dispone que los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación, y que en el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles.
En el caso de autos, teniendo en cuenta que la notificación se entiende realizada el día 12 de febrero (viernes), el plazo comienza a correr el día 15 de febrero (lunes), pues los días 13 y 14 son sábado y domingo, y por tanto, inhábiles (art. 130.2 LEC , en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre ). El plazo de dos días finaliza, por tanto, a las veinticuatro horas del día 16 de febrero, martes. Dispone el art. 135.1 LEC que "cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial". El siguiente día hábil no es el 17 de febrero, miércoles, pues es éste un día inhábil, al ser fiesta laboral en el municipio de La Roda, según se indica en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete nº 138, de 27 de noviembre de 1009). Por lo tanto, el siguiente día hábil es el 18 de febrero, que es precisamente el día en que se constituye el depósito.
En consecuencia, el depósito se ha constituido dentro del plazo de dos días concedido por el juzgador de instancia, razón por la cual hay que entender que es procedente la admisión del recurso de apelación.
CUARTO .- Como primer motivo de impugnación, alega la indebida aplicación del art. 304 LEC ( ficta confessio ), en relación con el art. 440 LEC , pues considera probada la buena fe del demandante, en el momento en que le fue endosado el pagaré, por la declaración testifical del director de la sucursal bancaria en que se llevó a cabo el descuento, dado que solicitado el interrogatorio del legal representante de la demandada, éste no compareció, y de este sólo hecho la sentencia de instancia considera ciertos todos aquellos hechos en los que hubiera intervenido personalmente y que le resulten perjudiciales. Existe, pues, un error en la valoración de la prueba, pues el juzgador no ha tomado en consideración que el pagaré no fue nunca puesto en circulación, sino que fue robado de la sede de la mercantil "Publicidad Manchega Antonio Bascuñana, S.L." por Torcuato , que fue quien lo descontó en el Banco Santander Central Hispano.
Una vez más debemos comenzar por plantearnos el alcance del error en la valoración de la prueba en el recurso de apelación. Es doctrina de esta Sala, establecida, entre otras, en las sentencias 94/2007, de 25 de mayo (recurso nº 29/2007 ) y 119/2007, de 4 de julio (recurso nº 49/2007 ), que la naturaleza del recurso de apelación, dado su carácter "ordinario", permite al Tribunal conocer -íntegramente- de la cuestión resuelta en primera instancia, pudiendo no solo revocar, adicionar, suplir y enmendar las sentencias que se someten a su nueva revisión, sino dictar, respecto de todas las cuestiones debatidas, el pronunciamiento que proceda ( Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2003 ). No se trata tanto de comprobar si la convicción sobre los hechos realizada por el Juez "a quo" y las consecuencias jurídicas de éstos derivada está dentro de los márgenes legales y posibles (de modo que de ser así no quepa llegar a otra convicción sobre los hechos controvertidos o sean éstos intocables o intangibles), sino si se está de acuerdo con dicha convicción de primera instancia y con sus consecuencias legales, por lo que es factible en esta alzada examinar de nuevo todo el material probatorio y la actividad jurídico-procesal desarrollada en primeras instancia y, en definitiva, resolver sobre si el pronunciamiento de la resolución impugnada ha sido o no correcto y se coincide en atención a las diligencias de hecho y resultados probatorios de la causa. Por ello se permite legalmente el recurso basándose el apelante en "error" en la apreciación de la prueba (no en ilegalidad en la ponderación, por otro lado imposible cuando las normas reguladoras de la apreciación de la prueba son admonitorias y remitidas en el modo de realizar a la "sana crítica"). En esta dirección también la STS de 19 de diciembre de 1991 dice que "la apelación comporta la voluntad del apelante de someter al tribunal superior las cuestiones planteadas sin más límites que los inherentes a la prohibición de la "reformatio in peius". La apelación es, pues, una instancia en la que el tribunal tiene que conocer de nuevo todas las cuestiones ..."; sentido en el que también se pronuncia la STS de 19 de diciembre de 2001 , cuando precisaba que "en el recurso de apelación, como recurso ordinario que es, el órgano de segundo grado adquiere plena competencia, con idéntico poder y amplitud de conocimiento para resolver todas las pretensiones de las partes, sin más límites que el impuesto por el principio prohibitorio de la reformatio in peius".
Dicho ámbito sobre la convicción y apreciación de hechos derivados es plena, al margen de que en casos de examen de extremos concretos como la credibilidad de los medios de prueba personales (peritos, testigos, etc) la ausencia de inmediación directa por el Tribunal de Apelación pueda determinar dar singularidad y protagonismo a la valoración del Juez de primera instancia que sí presenció críticamente el modo de desenvolverse aquéllos, sobre todo cuando no existen actas videográficas, limitaciones físicas que no ontológicas del recurso ni del Tribunal en sus potestades de apelación, que explica el sentido de la jurisprudencia que se cita y que ha de entenderse en dicho sentido, esto es, en casos en que lo que se cuestiona es la credibilidad de determinada prueba personal y se da en primera instancia una determinada ponderación sobre el particular, la ausencia de inmediación del Tribunal de Apelación y ausencia de datos para cuestionar dicha convicción determina que haya de respetarse y dar por buena salvo que se alegue y acredite en estos casos un error u omisión del proceso lógico patente o evidente del Juzgado.
Las Sentencias que suelen invocarse en apoyo de tan errónea tesis (intangibilidad de la convicción a que llegó el Juez de primera instancia), dictadas por el Tribunal Supremo, no son aplicables al caso ni al recurso de apelación cuando se refieren a las limitaciones de dicho Tribunal en el ámbito de otro recurso, como es la casación, extraordinario y con limitaciones de conocimiento probatorio que no afectan al recurso de apelación.
Cabe y se debe incluso, pues, reexaminar la prueba y cotejar la convicción que le merece la misma a este Tribunal, que puede variar aún sin error patente o ilegalidad en la apreciación del Juzgado de primera instancia (salvo supuestos puntuales relativos a la credibilidad de pruebas personales, en que -conviene insistir- también puede revisarse si se acredita error manifiesto o conclusión contraria a la lógica).
QUINTO.- La sentencia impugnada considera probada la buena fe del actual tenedor del pagaré (el ejecutante) de dos circunstancias. En primer lugar, por la testifical del director de la sucursal donde se llevó a cabo el descuento del pagaré, que manifestó que se puso en contacto con Antonio Bascuñana, legal representante de la mercantil ejecutada (ahora apelante), antes de llevar a cabo el descuento, quien le aseguró que no existía ningún problema con el pagaré. Y en segundo lugar, por la ficta confessio derivada del hecho de que se solicitó de parte el interrogatorio del legal representante de la mercantil "Publicidad Manchega Antonio Bascuñana, S.L.", y éste no compareció al juicio, lo que permitió al juzgador tener por ciertos aquellos hechos en los que hubiera intervenido personalmente y que le resulten perjudiciales (art. 304 LEC ).
Discute el apelante la interpretación y alcance del art. 440.1, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , exponiendo en qué casos opera, a su juicio, la ficta confessio .
En cualquier caso, aunque la parte apelante tuviera razón en que no procede la aplicación de la ficta confessio , ello no conducirá a la estimación de su alegación, pues no existen argumentos para desestimar la acción ejercitada por la actora.
Conviene traer ahora a colación los hechos que dan lugar a este pleito, y que esta Sala considera probados. El 30 de marzo de 2005 la mercantil "Publicidad Manchega Antonio Bascuñana, S.L." expide y firma un pagaré, por importe de 32.000 €, que vence el 30 de junio de 2005. El día siguiente de su expedición, esto es, el 31 de marzo de 2005, el pagaré se descuenta en la entidad "Caja Rural de Casas Ibáñez, Sociedad Cooperativa de Crédito de Castilla-La Mancha" (según consta en los folios 5 y 6 del Rollo). El 1 de junio de 2005 el representante de "Publicidad Manchega Antonio Bascuñana, S.L." formula denuncia ante la Guardia Civil, por desaparición del pagaré de su oficina. Después, el representante de "Publicidad Manchega" tiene conocimiento de que el pagaré ya había sido descontado por el Sr. Torcuato . Por esa razón, interpone una querella contra el citado Sr. Torcuato , que se admite por auto de 5 de agosto de 2005. En ese auto se exhorta a la entidad Caja Rural de Casas Ibáñez, entre otras cosas, a aportar a los autos del procedimiento penal el pagaré. El 19 de agosto de 2005 la Caja Rural contestó manifestando la imposibilidad de aportar el pagaré, al haber sido presentado junto a la demanda de juicio cambiario, estando el pagaré, por tanto, aportado a ese proceso civil. Lo cierto, sin embargo, es que la demanda de juicio cambiario se presenta el 7 de septiembre de 2005.
Conforme a los hechos expuestos, es indiscutible que el pagaré se emitió y firmó el 30 de marzo de 2005, y se descontó en la entidad Caja Rural justo un día después, el 31 de marzo.
Dispone el art. 19 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, que "el tenedor de la letra de cambio se considerará portador legítimo de la misma cuando justifique su derecho por una serie no interrumpida de endosos, aun cuando el último endoso este en blanco. A tal efecto, los endosos tachados se considerarán como no escritos. Cuando un endoso en blanco vaya seguido de otro endoso, el firmante de este se entenderá que adquirió la letra por el endoso en blanco"; añade en su párrafo segundo que "cuando una persona sea desposeída de una letra de cambio, por cualquier causa que fuere, el nuevo tenedor que justifique su derecho en la forma indicada en el párrafo precedente no estará obligado a devolver la letra si la adquirió de buena fe".
Conforme a este precepto, cabe considerar a la entidad ejecutante Caja Rural de Casas Ibáñez como portadora legítima del pagaré, pues lo ha recibido mediante un contrato de descuento.
Entiende la apelante que el pagaré fue robado de sus oficinas, y que esa circunstancia no ha sido tomada en consideración por la sentencia de instancia. Sobre el particular, hay que decir que es cierto que existe un proceso penal incoado sobre esta materia. Este hecho, sin embargo, no puede afectar al proceso cambiario que nos ocupa, salvo en los casos previstos en el segundo párrafo del citado art. 19 de la Ley Cambiaria y del Cheque. En efecto, aun cuando una persona haya sido desposeída de una letra de cambio (o de un pagaré), quien la ostente será un portador legítimo si la adquirió de buena fe.
En el caso de autos, en consecuencia, lo relevante es si la entidad ejecutante del pagaré adquirió el pagaré de buena fe. Mala fe en la adquisición significa conocimiento de que una persona había sido desposeída del pagaré. En el caso que nos ocupa, lo cierto es que no hay prueba alguna que acredite que la ejecutante lo adquirió de mala fe. Corresponde la carga de la prueba de la existencia de mala fe a aquél que la alega. Pero en el caso de autos el apelante no hace el más mínimo intento de acreditar la mala fe del ejecutante. Sostiene el apelante que la ejecutante sabía que se había iniciado un proceso penal por sustracción del pagaré, y que de hecho el juzgado de lo penal le solicitó el pagaré, negándose la ejecutante a entregarlo argumentando que ya había interpuesto la demanda de juicio cambiario, cuando lo cierto es que todavía lo tenía en su poder. A juicio del apelante, la ejecutante desobedeció el exhorto del juez penal, actuando así con dolo y mala fe procesal. Sin perjuicio de que ese comportamiento de la entidad ejecutante puede ser reprochable, o puede incluso tener consecuencias jurídicas de algún tipo en ese proceso penal, lo que queda claro, en lo que ahora nos concierne, es que se refiere a actuaciones posteriores a la adquisición del pagaré, y no anteriores. Esto es, esos hechos no acreditan en modo alguno que haya obrado con mala fe en la fecha de adquisición del pagaré (31 de marzo de 2005). Hay que tener en cuenta que el pagaré se descuenta -se adquiere por la ejecutante- el 31 de mayo de 2005, sólo un día después de haber sido expedido el pagaré. No queda acreditado que el banco supiera que el pagaré había sido robado. No hay denuncia ni aviso alguno de irregularidad.
Por las razones expuestas, procede desestimar este motivo de impugnación.
SEXTO.- En segundo lugar, entiende que se ha producido un error de derecho, por haberse vulnerado el art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque, al no haberse aplicado las excepciones 2ª y 3ª del párrafo segundo del citado precepto.
El art. 67.II.2º de la Ley Cambiaria y del Cheque autoriza al demandado cambiario a oponer la excepción de "falta de legitimación del tenedor o de las formalidades necesarias de la letra de cambio, conforme a lo dispuesto en esta Ley". Esta excepción no puede aplicarse al caso de autos, pues la entidad ejecutante tiene plena legitimación, pues adquirió de buena fe el pagaré por endoso, y además pagó su importe a la endosante, al día siguiente de la creación del efecto.
El art. 67.II.3º de la ley citada permite al demandado oponer "la extinción del crédito cambiario cuyo cumplimiento se exige al demandado". Esta excepción no puede prosperar en el caso de autos, pues ni el pagaré se pagó a su vencimiento, ni se ha pagado con posterioridad, ni el crédito se ha extinguido de algún otro modo.
SÉPTIMO.- Desestimada la apelación, se imponen al apelante las costas procesales derivadas de esta segunda instancia (arts. 398.1 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, este Tribunal decide
DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la mercantil "Publicidad Manchega Antonio Bascuñana, S.L." contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de La Roda, de 25 de enero de 2010 , confirmar la sentencia apelada, y condenar a la parte apelante al pago de las costas procesales en esta alzada.
Notifíquese esta resolución observando lo prevenido en el art. 248-4 de la Ley Orgánica del poder Judicial 6/1985 de 1 de Julio .
PUBLICACION.- En Albacete a trece de julio de dos mil once.
Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el día de la fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.
Tenedor de la letra de cambio
Ley 13/2009 de 3 de Nov (Reforma de la legislación procesal para la implantacion de la nueva Oficina judicial) VIGENTE
Fecha de entrada en vigor: 04/05/2010
D.F. 1ª. Modificación de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
D.T. 2ª. Señalamientos.

References: Resolución 

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