Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/2739
Timestamp: 2020-07-08 04:43:56+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 222/1994
SENTENCIA 222/1994, de 18 de julio
ECLI:ES:TC:1994:222
En el recurso de amparo núm. 1.599/92, promovido por don Francisco Díaz Villalba, representado por el Procurador de los Tribunales don Francisco Alvarez del Valle y García y asistido por el Letrado don Leonardo García Suárez, contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de 25 de marzo de 1992, resolutoria del recurso de apelación planteado contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Arrecife de Lanzarote, de 1 de septiembre de 1990, dictada en proceso de cognición sobre acción reivindicatoria. Ha sido parte el Ayuntamiento de Tinajo (Lanzarote), representado por el Procurador de los Tribunales don José Carlos Caballero Ballesteros y asistido del Letrado don J.M. Pavón Ruíz. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 19 de junio de 1992, don Francisco Alvarez del Valle y García, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Francisco Díaz Villalba, interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de 25 de marzo de 1992, resolutoria del recurso de apelación planteado contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Arrecife de Lanzarote, de 1 de septiembre de 1990, dictada en proceso de cognición sobre acción reivindicatoria.
A este respecto afirma, en primer lugar, que la resolución desestima íntegramente sus pretensiones, dejando el fondo sustancialmente imprejuzgado y remitiéndole a otro proceso, pese a haber declarado acreditados los hechos en que se basan tanto la acción declarativa de dominio como la de deslinde; en su opinión, esto constituye una vulneración del derecho a la tutela efectiva. En cuanto a la negativa de declarar el efecto jurídico reivindicatorio pedido, remitiendo a otro juicio en que se plantee la pretensión bajo un fundamento jurídico distinto, supone incongruencia omisiva, ya que el órgano jurisdiccional debió fallar, eligiendo una de las dos opciones que le ofrece el marco normativo de la accesión, en el que él mismo se sitúa; en efecto, la resolución impugnada supone, en opinión del recurrente, una interpretación rigorista de los arts. 359 y 361 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.), ya que, no considerando subsumibles los hechos de la demanda en el supuesto fáctico de la norma cuyo efecto jurídico pretende el actor, sino en otra que produce una consecuencia jurídica distinta, en lugar de utilizar un criterio interpretativo de la congruencia más flexible y acorde con el principio constitucional de tutela efectiva y de prohibición de non liquet y fallar aplicando la norma que, aunque no haya sido directamente invocada por las partes, ofrece una solución al problema razonablemente comprendida entre lo pretendido y lo resistido, se limita a remitir al actor a otro proceso, lo que constituye una clara "denegación técnica de justicia".
En primer lugar, se ha declarado que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los órganos jurisdiccionales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con lo pedido, evitando desajustes o desviaciones entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones; pues supone una alteración del debate procesal y se atenta al principio de contradicción si el órgano judicial concede más o menos o cosa distinta de lo pedido por las partes (SSTC 20/1982, 161/1993 y 122/1994). De manera que el juicio de congruencia de la resolución judicial requiere ineludiblemente la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso, delimitado en atención a sus elementos subjetivos, las partes, y objetivos, la causa petendi y el petitum (SSTC 144/1991, fundamento jurídico 2º, 160/1993, fundamento jurídico 3º y 122/1994, fundamento jurídico 2º).
En segundo término y dado que en el presente caso se denuncia el vicio de incongruencia omisiva, ha de recordarse que ésta se produce cuando el órgano judicial deja sin respuesta lo pretendido por las partes, salvo que el silencio de la resolución pueda razonablemente ser interpretado como desestimación tácita, tras ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso (SSTC 175/1990, 198/1990, 163/1992 y 226/1992). Y tampoco se produce la incongruencia omisiva prohibida por el art. 24.1 C.E. cuando la falta de respuesta judicial se refiera a pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisión que se adopta respecto a otras pretensiones planteadas en el proceso y que, por ser de enjuiciamiento preferente, determinen que su estimación haga innecesario o improcedente pronunciarse sobre éstas (STC 4/1994, fundamento jurídico 2º).
Por último, también es procedente indicar en este caso que la congruencia de la resolución judicial "es plenamente compatible con el principio iura novit curia" (STC 112/1994, fundamento jurídico 7º), ya que los órganos jurisdiccionales no están obligados a ajustarse en los razonamientos que les sirven para motivar sus fallos a las alegaciones jurídicas aducidas por las partes (SSTC 111/1991, 144/1991, 59/1992 y 88/1992), pudiendo basar su decisión en otras normas distintas si aprecian que son éstas las aplicables al caso; al igual que pueden aplicar, ex officio judicis, las normas relativas a los presupuestos procesales (SSTC 77/1986 y 61/1989). Pero es igualmente evidente que cuando el órgano jurisdiccional aprecie que es otra la norma aplicable, ello no le permite en modo alguno modificar la causa petendi y, a través de ella, alterar de oficio la acción ejercitada (SSTC 166/1993 y 122/1994, con referencia a las SSTC 211/1988, 144/1991 y 43/1992); pues si tras haberse ejercitado una acción y producido una defensa frente a ella el órgano judicial estimase otra acción diferente, la resolución judicial se habría dictado sin oportunidad de debate ni de defensa sobre el punto en que ahora viene a situar el juzgador el thema decidendi (STC 20/1982), vulnerando el principio de contradicción en el proceso.
A) En cuanto al primero de los motivos, el recurrente reprocha a la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria no haber dado respuesta a las varias peticiones diferenciadas contenidas en su demanda. Sin embargo, de la resolución judicial impugnada claramente se desprende que el órgano judicial apreció que el hoy recurrente de amparo ejercitaba como principal una pretensión reivindicatoria, para obtener una Sentencia en la que se condenase al Ayuntamiento de Tinajo a la devolución de la franja de terreno de la finca del entonces demandante -que se alegaba en el proceso a quo que fue invadida al asfaltar dicha Corporación Municipal el camino colindante-, reintegrándola a su estado anterior. De manera que las declaraciones que previamente se habían solicitado en la demanda y relativas a la propiedad de la finca, a los linderos de la misma, a la situación del muro y a la mala fe en la actuación del Ayuntamiento mencionado, sólo constituían presupuestos necesarios para la pretensión reivindicatoria que a título principal se ejercitaba en el proceso. Y de forma coherente con este planteamiento, la resolución impugnada, tras examinar las cuestiones previas antes indicadas en sus fundamentos jurídicos 4º y 5º, se limitó en el fallo a resolver sobre la pretensión principal que constituía el objeto del proceso, la acción reivindicatoria ejercitada, desestimándola por no ser la adecuada para que el demandante pudiera recuperar, en su caso, la franja de terreno de la finca.
Es indudable, de un lado, que el demandante de amparo ha recibido del órgano jurisdiccional una respuesta fundada en Derecho, aunque la misma no fuera favorable para la pretensión formulada (SSTC 133/1989 y 187/1990, entre otras muchas), en la que se analizan tanto la pretensión principal del actor como la concurrencia de sus presupuestos y otras circunstancias, como la buena o mala fe de la Corporación Municipal. De otro lado, y en lo que aquí especialmente importa, que si en el ejercicio de la función jurisdiccional que le corresponde exclusivamente (art. 117.3 C.E.) la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria estimó que en los supuestos de accesión invertida o "por construcciones extralimitadas" no cabe que el propietario de la finca recupere la propiedad mediante la acción reivindicatoria, lo que le condujo a la desestimación de la demanda, es evidente que el pronunciamiento del fallo es enteramente congruente con la pretensión ejercitada en el proceso y a la que se opuso el Ayuntamiento demandado, que no era otra que la de reivindicar la propiedad de la franja de terreno de la finca. De manera que la adopción de esta decisión excluía lógicamente que la Audiencia Provincial entrase a examinar las restantes peticiones del actor, subordinadas a la principal que se desestimaba (STC 4/1994). Siendo de observar al respecto que si el órgano judicial encuadró los hechos en el supuesto de accesión invertida, lo hizo en el ejercicio de su exclusiva facultad de seleccionar o determinar la norma aplicable, aun cuando ésta no haya sido invocada por las partes (iura novit curia), lo que no entraña en modo alguno incongruencia extra petita (STC 112/1994), frente a lo alegado por el recurrente. Por lo que ha de estimarse que la resolución judicial aquí impugnada no ha incurrido en la incongruencia omisiva que prohibe el art. 24.1 C.E.
En efecto, para rechazar la queja basta considerar, de conformidad con la doctrina de este Tribunal expuesta anteriormente, que si el órgano jurisdiccional estimó que se trataba de un supuesto de accesión invertida o "construcción extralimitada" y, consiguientemente, que no era procedente la acción reivindicatoria ejercitada por el recurrente, la conclusión a la que había llegado la Audiencia Provincial no le permitía en modo alguno alterar el objeto del proceso y, de oficio, modificar la acción ejercitada, resolviendo sobre la misma. Pues en tal caso es indudable que la resolución judicial habría incurrido precisamente en la incongruencia omisiva que ahora se denuncia, al haberse dictado "sin oportunidad de debate, ni defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi" (SSTC 161/1993 y 122/1994). Y se habría producido, pues, una vulneración del principio de contradicción, por haber modificado de oficio el órgano jurisdiccional los términos en los que discurrió la controversia procesal en el presente caso.
4. De todo ello se concluye que la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de 25 de marzo de 1992, que, resolviendo el recurso de apelación planteado contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nú . 3 de Arrecife de Lanzarote de 1 de septiembre de 1990, desestima la acción reivindicatoria interpuesta por el demandante, no ha conculcado el derecho fundamental del recurrente a la tutela judicial efectiva, consagrado por el art. 24.1 C.E., lo que determina la procedencia de desestimar el presente recurso de amparo.
Denegar el amparo solicitado por don Francisco Díaz Villalba.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 1599-1992
Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, resolutoria de recurso de apelación contra la del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Arrecife de Lanzarote dictada en proceso de cognición sobre acción reivindicatoria.
No se produce la incongruencia omisiva prohibida por el art. 24.1 C. E. cuando la falta de respuesta judicial se refiera a pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisión que se adopta respecto a otras pretensiones planteadas en el proceso y que, por ser de enjuiciamiento preferente, determinen que su estimación haga innecesario o improcedente pronunciarse sobre éstas (STC 4/1994) [F.J.2].
Es evidente que cuando el órgano jurisdiccional aprecie que es otra la norma aplicable, ello no le permite en modo alguno modificar la «causa petendi» y, a través de ella, alterar de oficio la acción ejercitada (SSTC 166/1993 y 122/1994), pues, si tras haberse ejercitado una acción y producido una defensa frente a ella, el órgano judicial estimase otra acción diferente, la resolución judicial se habría dictado sin oportunidad de debate ni de defensa sobre el punto en que ahora viene a situar el juzgador el «thema decidendi» (STC 20/1982), vulnerando el principio de contradicción en el proceso [F.J.2].

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