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Timestamp: 2017-03-26 11:07:36+00:00

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La parquedad regulatoria de las vacaciones en nuestro ordenamiento jurídico
26 de Marzo de 2017 | 01:07
Un problema que caracteriza nuestro ordenamiento laboral en materia de vacaciones es su parquedad. Si bien es cierto que la propia Constitución reconoce en su artículo 40 que uno de los principios rectores de la política social y económica que los poderes públicos consiste en garantizar “el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas (…)”; lo cierto es que el desarrollo legal no ha sido precisamente extenso, dedicándole el Estatuto de los Trabajadores (ET en adelante) solamente su artículo 38.
Ángel Ureña Martín,Asesor laboral	Este precepto reconoce el
derecho a las vacaciones anuales, "retribuidas,
no sustituible por compensación económica", cuya duración no puede ser
inferior a 30 días naturales. De otro lado se afirma que el momento de disfrute
se fijara de común acuerdo entre
empresario y trabajador, de
conformidad a las reglas que sobre planificación anual de las vacaciones se establezcan
en convenio colectivo, debiendo acudirse en caso de desacuerdo a la jurisdicción
competente (la social) para concretar las fechas de disfrute. Sera necesario que se fije en cada empresa el calendario de vacaciones para que cada trabajador
pueda conocer las fechas que le corresponden con dos meses de antelación al
inicio de su disfrute. A esta regulación se añade lo establecido en el apartado
3º, que ha sido sucesivamente modificado (primero por la Ley Orgánica 3/2007,
y, posteriormente por la Ley 3/2012) y que se dedica a regular la coincidencia
de las vacaciones con procesos de maternidad o de incapacidad temporal y tienen
bastante que ver con la actuación jurisprudencial comunitaria.
regulación citada hace referencia a cuestiones de importancia como su carácter
periódico o su retribución pero no
recoge todos los problemas que se pueden plantear en este ámbito. Además,
la negociación colectiva tampoco ha resuelto estos problemas, siendo las
interpretaciones de los tribunales las que han tenido una importancia capital.
la compatibilidad de los periodos de vacaciones con el disfrute de prestaciones
de incapacidad temporal o de maternidad; la retribución de las vacaciones, admitiéndose
por nuestra jurisprudencia la posibilidad de que la negociación colectiva
establezca un salario de vacaciones inferior al salario normal o medio
percibido en periodos de trabajo; la compensación económica de las vacaciones
en caso de extinción del contrato antes del disfrute de las mismas; la
posibilidad o no de trabajar en otra actividad laboral durante el disfrute de
las vacaciones; la duración de las vacaciones en caso de trabajo a tiempo
parcial; y un largo etc.
Esta parquedad normativa
ha hecho que en muchas ocasiones se haya tenido que acudir al convenio número 132 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para suplir lagunas, habiendo tenido este
instrumento una importancia enorme. No obstante, la consideración de nuestra
jurisprudencia de que los convenios de la OIT rara vez tienen carácter auto ejecutivos, ha limitado la
eficacia de esta regulación de carácter internacional y la extensión de
importantes elementos normativos a la regulación nacional.
la Carta de Derechos Fundamentales de la
UE, en la cual, en su artículo 31.2 dice que "Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del
trabajo y a periodos de descanso diarios y semanales, así como a un periodo de
vacaciones anuales retribuidas". No dice nada que nuestra legislación no
diga pero es una norma que impulsa la interpretación de que el derecho a las
vacaciones se configura como un principio social básico que no admite
interpretaciones restrictivas. De otro lado, la Carta de Derechos Fundamentales
de la UE tiene una relevante eficacia,
pues tiene el mismo valor jurídico que los Tratados (TUE y TFUE), tal como
reconoce el art. 6.1 del TUE.
La normativa europea es
tan escueta como la española: por un lado, el artículo 158 TFUE afirma que "Los Estados miembros procuraran mantener la
equivalencia existente entre los regímenes de vacaciones retribuidas"; es
decir, se limita a reconocer el derecho a las vacaciones y que estas deben ser
retribuidas y la obligación de los Estados de mantener este derecho, pero poco más.
En cuanto al derecho derivado, el artículo
7 de la Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación
del tiempo de trabajo, indica que los Estados miembros deben adoptar las
medidas necesarias para que los trabajadores dispongan de un periodo de, al
menos, cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad a las
condiciones de obtención y concesión establecidas en la regulación nacional.
Por otra parte, su apartado segundo señala que este derecho no puede ser
sustituido por compensación financiera, excepto en los casos de conclusión de
la relación laboral (aquí, se refiere obviamente a los casos en los que la
extinción del contrato de trabajo se produce antes de la fecha de disfrute de
Observamos que poco más
dice la norma y la parquedad propia de nuestra legislación también se da
respecto de la regulación comunitaria.
No obstante lo dicho, la
jurisprudencia de la Unión Europea es la que va a tener una gran relevancia al
interpretar lo regulado en el citado artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE.
Puede afirmarse que la jurisprudencia del TJCE y del TJUE han sido una fuente
mas del derecho, pues sus interpretaciones sobre el art. 7 han ido
constituyendo un "corpus" jurídico que supone ir mas allá de lo expresamente
previsto por la literalidad de la norma comunitaria, configurando una doctrina
flexibilizadora y ampliadora del derecho a las vacaciones; lo cual ha chocado
directamente con interpretaciones jurisprudenciales nacionales; sirva de
ejemplo los supuestos de concurrencia entre incapacidad temporal o la
maternidad y las vacaciones; o de manera más reciente la interpretación de cuál
ha de ser el salario de vacaciones. Pese a las limitaciones de la literalidad
del art. 7 de la Directiva 2003/88/CE, se ha desarrollado una importante línea
jurisprudencial deduciéndose todo un conjunto de consecuencias netamente
favorable a los intereses de los trabajadores. Lo más relevante de ello
es que esta jurisprudencia ha tenido una grandísima
repercusión en la jurisprudencia nacional y en nuestro legislador. La
actual regulación de la concurrencia de vacaciones con incapacidad temporal o
maternidad se debió a una interpretación divergencia del TJCE, prueba que hace
muy clara la incidencia de la jurisprudencia comunitaria sobre nuestro
Indico a continuación las
principales sentencias interpretativas sobre vacaciones dictadas por el TJCE y
posteriormente en el TJUE:
STJCE de 26 de junio de 2001, C-173/99, caso BECTU7.
STJCE de 18 de marzo de 2004, C-342/01, caso Merino Gomez.
STJCE de 16 de marzo de 2006, C-131/04 y C-257/04, caso Robinson-Steele.
STJCE de 20 de enero de 2009, C-520/06, caso Schultz-Hoff.
STJCE de 10 de septiembre de 2009, C-277/08, caso Pereda.
STJUE de 15 de septiembre de 2011, C-155/10, caso Williams y otros.
STJUE de 24 de enero de 2012, C-282/10, caso Dominguez.
STJUE de 3 de mayo de 2012, C-33710, caso Neidel.
STJUE de 21 de junio de 2012, C-78/11, caso ANGED.
STJUE de 8 de noviembre de 2012, C-229/11 y C-230/11, caso Heimann.
STJUE de 22 de mayo de 2014, C-539/12, caso Lock.
STJUE de 12 de junio de 2014, C-118/13, caso Bollacke.
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References: artículo 40
 artículo 38
 artículo 31
 artículo 158
 artículo
7
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