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Timestamp: 2016-10-23 14:38:47+00:00

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RESOLUCION de 21 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid, don Rafael Bonardell Lenzano, contra la negativa de la registradora de la propiedad n.º 4, de Madrid, a inscribir una escritura de compraventa
RESOLUCION de 21 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid, don Rafael Bonardell Lenzano, contra la negativa de la registradora de la propiedad n.º 4, de Madrid, a inscribir una escritura de compraventa Mis Leyes
RESOLUCION de 21 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid, don Rafael Bonardell Lenzano, contra la negativa de la registradora de la propiedad n.º 4, de Madrid, a inscribir una escritura de compraventa Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid, don Rafael Bonardell Lenzano, contra la negativa de la registradora de la propiedad n.º 4, de Madrid, a inscribir una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don Rafael Bonardell Lenzano contra la negativa de la Registradora de la Propiedad, titular del Registro número cuatro de Madrid, doña María Purificación García Herguedas, a inscribir una escritura de compraventa.
El día 31 de mayo de 2002 don Rafael Bonardell Lenzano, Notario de Madrid, autorizó una escritura de compraventa, en la cual se expresa que el comprador don P.V.G. intervenía por sí y, además, en nombre y representación, como apoderado, de su esposa Doña M.F.P.; que «...se halla facultado para este acto en virtud de la escritura de apoderamiento, otorgada ante el Notario de Madrid, Don Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna, el día 30 de mayo de 2002 y con el número 1961 de protocolo, de cuya copia que tengo a la vista, compruebo y le devuelvo; manifestando el representante que su poder continúa vigente...». También se expresa por el Notario lo siguiente: «...juzgo suficientes las facultades representativas acreditadas para otorgar la presente escritura de compraventa...»
La citada escritura fue presentada por telefax en el Registro de la Propiedad número cuatro de Madrid, y si bien no consta la fecha, se le asignó número de entrada 4812/02, que causó el asiento 867 del Diario 75, y fue calificada negativamente en base a los siguientes Fundamentos de Derecho:
«Registro de la Propiedad n.° 4 de Madrid.
Nombre Autoridad: Rafael Bonardell Lenzano. Población autoridad: 28006 Madrid. Número de Protocolo: 1841...
Texto del asiento de presentación: 4812/02. Después de la hora del cierre precedente, se ha recibido un fax del Notario de Madrid don Rafael Bonardell Lenzano, notificando que con fecha de ayer, ha sido autorizada la escritura, protocolo 1841...
Defectos e incidencias:
1. Don P.V.G. actúa además de por sí, en nombre y representación como apoderado de su esposa Doña M.F.P., en virtud del poder conferido a su favor mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna, el 30 de mayo de 2002.
Según resulta de la escritura, ha sido exhibida al Notario copia autorizada e inscritas de dicha escritura, y juzga con facultades representativas suficientes.
No se reseñan las concretas facultades del poder en virtud de las cuales los apoderados sic formalizan el acto contenido en la escritura.
Calificación.Los datos de la representación que constan en la escritura son insuficientes para practicar la inscripción con la eficacia en favor del tercero artículos 32, 34, 36 y 38 entre otros de la Ley Hipotecaria... Hace falta reseñar o en su caso consignar por cualquiera de las formas establecidas por la Ley el contenido del poder en que conste la facultad con que actúa el apoderado en nombre de la poderdante según dicho poder.
Madrid, 23 de julio de 2002.El Registrador, María Purificación García Herguedas.»
Según reconoce el Notario autorizante de la escritura, la citada calificación negativa se le notificó el día 31 de julio de 2002; y aquél interpuso con fecha 29 de agosto de 2002 recurso gubernativo contra la misma.
En dicho recurso enviado por vía postal el siguiente día 30 de agosto, que entró en el Registro número 4 de Madrid el 4 de septiembre de 2002, alegó: Primero.Que la nota no se ajusta a lo prevenido en el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, pues mediante el simple expediente de ignorar, o no valorar, en el apartado de hechos los textos de la escritura que relacionan el contenido del poder con la compraventa que en ella se otorga, evita calificar la documentación concreta que le ha sido presentada. Segundo. Por lo que se refiere a los Fundamentos de Derecho: A) Se limita a la cita de artículos diversos de la Ley Hipotecaria y del Código Civil sin acompañarla de motivación ni razonamiento alguno, por lo que inaplica el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria. B) Omite textos legales y decisiones de esta Dirección General esenciales para llegar a una decisión adecuada e imparcial en el complejo proceso que supone la calificación registral. C) Incluso con la cita de los artículos de la Ley Hipotecaria relativos a la eficacia de la inscripción a favor de terceros desenfoca la función del Registro de la Propiedad y la calificación registral. D) Al decir «Los datos de la representación... son insuficientes para practicar la inscripción...» no especifica por qué lo son, en qué medida, y cuáles son esos datos, que a su criterio debe reflejar la escritura, deja la calificación carente de contenido y no pone en juego la responsabilidad de la Registradora que impone el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, y dificulta la subsanación de defectos. Tercero.Que la escritura reseña y relaciona la representación de los apoderados sic en términos muy similares e incluso con mayor amplitud a los que se plantearon y fueron aceptados por las resoluciones de 23 y 26 de abril y 3 de mayo de 2002. Cuarto.Que en los términos en que está redactada la nota incurre en una confusión gramatical y contradice frontalmente la Resolución dictada en consulta vinculante de 12 de abril de 2002, pues la reseña se refiere a los datos de la escritura de apoderamiento mientras que la acreditación de la suficiencia de las facultades del apoderado corresponde exclusivamente al juicio notarial de acuerdo con el artículo 98 de la Ley 24/2001. Que la nota confunde ambos aspectos quizá por desconocimiento de esa Resolución y de los artículos 98.2 de la Ley 24/2001 y 17 bis de la Ley del Notariado.
La Registradora de la Propiedad emitió su informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escrito con fecha de 16 de septiembre de 2002. En tal informe añadió, con notable profusión treinta y cuatro páginas, determinados fundamentos de derecho no expresados en la calificación impugnada. En cambio, no constan datos necesarios para examinar la regularidad de la actuación de la Registradora y del expediente, como fecha del asiento de presentación, fecha y forma de la notificación de la calificación (que únicamente figura en el escrito de recurso, por reconocerlo así el recurrente), o si se ha practicado alguna notificación ex artículo 327, párrafo quinto, de la Ley Hipotecaria que justifique el hecho de que haya transcurrido el inexcusable plazo de cinco días establecido por dicho artículo para la remisión del expediente a este Centro Directivo.
Vistos los artículos 103 de la Constitución, 1259, del Código Civil; 18, 19 bis, 259, 274, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio;
17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997,
20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo y 1 de abril de 2005, entre otras.
Pues bien, el Tribunal Supremo entiende que la motivación y su suficiencia es exigible a toda Administración dado que es el único medio a través del cual el administrado interesado en la inscripción puede conocer si el órgano administrativo Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles sirve con objetividad a los intereses generales y con pleno sometimiento a la Ley según exige el artículo 103.1 de la Constitución (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero y 23 de abril de 1990 y 13 de junio de 1997).
Aplicada la precedente jurisprudencia a la calificación recurrida se aprecia, sin más, que la misma no se encuentra debidamente motivada, ya que la funcionaria calificadora se ha limitado a citar determinados preceptos legales; y no llega a proporcionarse al interesado razón lógica suficiente por la cual considera la funcionaria calificadora que el Notario debe reseñar las concretas facultades representativas de quien actúa en nombre de la compradora o consignar el contenido del poder en que conste la facultad con que actúan, sin que sea suficiente con expresar que considera suficientes las facultades representativas acreditadas para otorgar la presente escritura de compraventa.
En conclusión, esta Dirección General, visto el expediente del recurso, entiende que procede resolver el fondo de la cuestión, estimando el recurso interpuesto por las razones que luego se expondrán, sin perjuicio de lo cual es necesario precisar que, como en otras Resoluciones que son de público conocimiento, no se va a tener en consideración el contenido del referido informe de la Registradora, en cuanto en él se encuentra verdaderamente la motivación de la calificación negativa. En caso contrario, esta misma Dirección General estaría admitiendo que un funcionario de ella dependiente calificara intempestivamente un título sometido a calificación. Por otra parte, cabe precisar que en su informe la Registradora ha omitido determinados datos, como fecha del asiento de presentación, fecha y forma de la notificación de la calificación (que únicamente figura en el escrito de recurso, por reconocerlo así el recurrente), o si se ha practicado alguna notificación ex artículo 327, párrafo quinto, de la Ley Hipotecaria que justifique el hecho de que haya transcurrido el inexcusable plazo de cinco días establecido por dicho artículo para la remisión del expediente a este Centro Directivo; datos que son necesarios para que este Centro compruebe la regularidad del expediente y de la actuación de la Registradora. Por ello, se hace la advertencia expresa a dicha funcionaria calificadora para que en lo sucesivo extreme su celo en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 327 de la Hipotecaria al tramitar los expedientes de los recursos gubernativos que se interpongan contra sus calificaciones negativas.
3. La cuestión objeto de este recurso ha sido abordada en innumerables ocasiones por este Centro Directivo (cfr. las Resoluciones citadas en los Vistos). Así, según el fundamento de derecho quinto de las Resoluciones de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004, cuyo contenido se ha reiterado en las de 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero de 2005, 21, 22 y 23 de febrero de 2005, «para que pueda entenderse válidamente cumplido el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facul tades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el documento del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que se trata de un poder conferido, mediante escritura pública, autorizada por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha del poder y el número de protocolo; así mismo, se expresa que el apoderado asevera la vigencia de la representación que ejercita (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente, en relación con la escritura de poder cuyas copia autorizada se exhiben: «...juzgo suficientes las facultades representativas acreditadas para otorgar la presente escritura de compraventa...»
Sra. Registradora de la Propiedad núm. 4 de Madrid.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 18
 Resolución 
 artículo 98
 Resolución 
 artículo 327
 artículo 103
 artículo 327
 artículo 327
 artículo 98
 Resolución