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Timestamp: 2020-02-24 14:29:54+00:00

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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4ª de Negocios Generales, 20 de Noviembre de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 31672826
El día 8 de abril de 1999 se llevó a cabo en la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia el debate oral, establecido por la Ley, en la presente denuncia por falta a la ética y la responsabilidad del abogado interpuesta por EMILIA DE CASIS contra el licenciado J.S.. Cumplida esta instancia procesal, le corresponde a esta Superioridad pronunciarse sobre este negocio.
Se inicia el presente proceso disciplinario con la nota de 6 de diciembre de 1993 presentada por EMILIA DE CASIS ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, mediante la cual denuncia al Licenciado J.R.S. por falta a la ética y responsabilidad del Abogado, visible a foja 1.
En dicha nota se expresa lo siguiente:
"Las líneas escritas son con motivo de hacerles saber que el Licdo. J.R.S.S. con cédula de identidad personal 8-164-962. Recibio (sic) de mi persona Emilia de Casís la suma de B/.300.00 para la defensa de mi hijo A.C., involucrado el (sic) caso de robo a mano armada con revolver de juguete. Y es que a la vez solicito mi dinero ya que no ejerció su labor defensiva en lo más mínimo. Simplemente tomó el poder".
La denunciante aportó como pruebas para el presente proceso copias simples de dos recibos de pago, uno por B/.200.00 y otro por B/.100.00, a favor del L.. S., visibles a fojas 2 y 3; copia de su cédula de identidad personal y copia del poder otorgado al Lcdo. S. para que asumiera la defensa de su hijo, A.C. en el caso penal seguido en su contra por el delito de robo a mano armada.
El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, mediante Resolución de 11 de octubre de 1994, decidió solicitar a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia el llamamiento a juicio del L.. J.R.S. por violación de los artículos 10 y 11 del Código de Ética y Responsabilidad del Abogado.
Una vez ingresado el expediente a esta Superioridad, se procedió a darle traslado de la presente denuncia al Lcdo. J.S., la cual tuvo que hacerse mediante edicto, en vista de que fueron agotados todos los mecanismos para su notificación personal, tal como se aprecia en los informes de notificación visibles de fojas 32 a 34.
Posterior a ello, el Lcdo. J.S. presentó el día 21 de mayo de 1996 escrito de descargo y oposición, el cual fue declarado extemporáneo y sin valor alguno mediante providencia de 22 de mayo de 1996.
Así las cosas, en resolución calendada 1 de julio de 1996 la Sala de Negocios Generales decidió ordenar el llamamiento a juicio del L.. J.R.S.S., expresando en lo medular lo siguiente:
"Al analizar la actuación del licenciado J.S. frente a lo preceptuado en los artículos 10 y 11 del Código de Ética y Responsabilidad del Abogado, transcritos en párrafos precedentes, evidencia que el licenciado S. no determinó un contrato de servicios profesionales el cual definiera los derechos y las obligaciones propias dimanantes de su defensa, y de igual forma, los derechos y obligaciones pertinentes a la señora Emilia de Casís, persona que contrató los servicios profesionales del licenciado Smith...
Ciertamente recibió una suma de dinero, trescientos balboas (B/.300.00) por sus servicios profesionales, a mediados de septiembre de 1993 (foja 2 y 3) y un año después, según aparece por las copias que remitió la Juez Tercera Penal del Primer Circuito Judicial con nota de 7 de septiembre de 1994, no había realizado gestión que aparentemente prima facie ser suficiente; de lo que se queja precisamente la señora Emilia de Casís.
También obra como argumento de prueba para proseguir con este proceso, la dificultad que encuentra la Sala para comunicarse con el licenciado J.R.S.S., como lo evidencian los informes del notificados a fojas 32, 33 y 34, al punto de que hubo que proceder a hacer la notificación mediante edicto (foja 35)...
Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Sala advierte que las actuaciones del licenciado J.R.S.S. no parecen conformarse a lo establecido en el Código de Ética y Responsabilidad del Abogado, ademá, el Tribunal de Honor, manifiesta que, al investigar sobre los antecedentes disciplinarios del licenciado S., se constató de que en su contra se han presentado diversas quejas o denuncias (visible a fojas 23 y 24 del expediente) por lo que esta Superioridad encuentra suficientes elementos de juicio que ameritan el llamamiento a juicio del licenciado J.R.S.S.".
Dicha resolución le fue notificada personalmente al denunciado el 23 de agosto de 1996.
Posteriormente, mediante providencia de 14 de enero de 1999 se señala el día 26 de enero de 1999 a las 3:00 p. m. como fecha y hora para la celebración de la audiencia. Sin embargo, el día 25 de enero de 1999, el Lcdo. J.S. presentó un escrito mediante el cual aportaba un certificado médico de incapacidad, con el cual justificaba no poder asistir a la audiencia fijada para el día 26 de enero de 1999, solicitando se señalara nueva fecha para la celebración de la audiencia.
En vista de lo anterior, el Magistrado Sustanciador ordena la suspensión de la audiencia programada y, con posterioridad, señala como nueva el día 11 de febrero de 1999, a las 3:00 de la tarde.
El 8 de febrero de 1999 el Lcdo. J.S. presentó un escrito de excepción por prescripción de la acción, el cual fue rechazado de plano por la Sala, mediante Resolución de 17 de febrero de 1999, sobre la base de que el mismo fue presentado fuera del término legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley que regula el ejercicio de la abogacía.
En virtud de lo anterior, el Magistrado Sustanciador, en providencia de 9 de marzo de 1999, señaló como nueva fecha para la celebración de la audiencia oral el día 8 de abril de 1999, a las 3:00 p. m., la cual le fue notificada personalmente el Lcdo. J.S. el 5 de abril del mismo año.
El día 6 de abril el Lcdo. S. presentó un escrito otorgando Poder al Lcdo. H.Z. para que asumiera su representación dentro del presente proceso disciplinario.
El día 8 de abril de 1999 se realizó la audiencia oral correspondiente al presente proceso, como se tenía previsto. En la misma actuó como apoderado especial del denunciado el Lcdo. H.Z..
En su intervención inicial el licenciado Z. manifestó que ambas partes habían aceptado la existencia de un contrato de servicios profesionales de carácter verbal, el cual según la denunciante se estableció en B/.300.00 y, según el Lcdo. S., en B/.500.00. Señaló que el Lcdo. S. aceptó haber recibido de la denunciante, primero, la suma de B/.200.00 y en fecha posterior, B/.100.00.
Indicó además el Lcdo. Z., que su representado desde el momento que tomó el Poder se reunió en varias ocasiones con su cliente, lo visitaba en la cárcel, realizó algunos trámites en la Fiscalía Auxiliar asistiendo a su cliente y en donde invirtió el tiempo necesario y correcto en proporción a la suma de dinero que había recibido. Expresó, asimismo, que el Lcdo. S. en ningún momento renunció al poder sino que el mismo le fue revocado por su cliente. Considera, entonces, que la suma de B/.300.00 recibida por su representado es irrisoria en proporción al tiempo labor que dedicó en este caso.
Luego de un análisis minucioso de las pruebas que constan en el expediente, observa la Sala que el Lcdo. S. no realizó una gestión profesional adecuada en beneficio de su cliente, toda vez que luego de habérsele otorgado el poder respectivo, sólo brindó asistencia legal a su cliente en una diligencia de ampliación de indagatoria ante la Fiscalía Cuarta de Circuito de Panamá, desatendiendo después el curso del proceso.
Así las cosas, infringió el Lcdo. S. los artículos 7; 10, literal a y c, así como el 11 de la Ley que regula el ejercicio de la Abogacía en Panamá, los cuales establecen lo siguiente:
"Artículo 7. El abogado deber ser puntual y llevar a cabo oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional".
Artículo 10: Respecto a la prestación de servicios profesionales el abogado debe:
a. Convenir una remuneración justa por su servicio profesional.
c. Utilizar los dineros aportados por el cliente sólo en beneficio de la causa de éste.
"Artículo 11: El abogado debe evitar controversias con los clientes por el pago de honorarios, hasta donde ello sea compatible con su dignidad y con su derecho a recibir una compensación razonable por sus servicios;...".
Por todas las consideraciones anteriores, considera la Sala que el Lcdo. J.S. no cumplió con los principios de ética y responsabilidad en el ejercicio de la abogacía que propias de un profesional del derecho serio y responsable, por tanto se dispone a tomar las medidas correspondientes al caso.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SANCIONA con la suspensión del ejercicio de la abogacía en el territorio nacional por un período de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de la presente diligencia al Licenciado JAIME R. SMITH, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-164-962, con domicilio en San Joaquín, Pedregal, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes y en base a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 

Artículo 10
 artículo 20