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Timestamp: 2020-04-01 19:54:00+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 396, de 27/10/2009
Año 2009 IX Legislatura Núm. 396
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
celebrada el martes, 27 de octubre de 2009
Comparecencia de la señora ministra de Sanidad y Política Social (Jiménez García-Herrera) para informar sobre:
- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000092.)... (Página 2)
- Los proyectos y medidas que se van a poner en marcha en el ámbito de sus competencias. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 213/000399.) ... (Página 2)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, invitados especialmente representativos del mundo de la discapacidad, tenemos con nosotros a la señora ministra de Sanidad y Política Social para comparecer en esta Comisión a petición propia. También daremos curso a la petición de comparecencia de la señora ministra de Sanidad y Política Social, formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Como es obvio, acumularemos ambas. Solo me resta dar la bienvenida a la señora ministra y decirle -como es la primera vez que comparece- que está en su casa y que celebramos extraordinariamente su presencia. Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Jiménez García-Herrera): Señorías, es para mí un motivo de satisfacción comparecer por primera vez ante esta Comisión permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad para informarles sobre las líneas generales de la política del Ministerio de Sanidad y Política Social en este ámbito. Aunque hubiera sido mi deseo hacerlo antes, quiero agradecer a SS.SS. su comprensión y disposición para facilitar en esta fecha mi comparecencia.
También quiero agradecer de una manera muy especial la presencia hoy en esta Comisión de algunos miembros muy destacados del Cermi, representantes de las entidades de personas con discapacidad, y también de una manera muy especial la presencia del presidente de la ONCE, Miguel Carballeda. Estoy convencida de que el tercer sector es una de las herramientas esenciales para fortalecer nuestro sistema sanitario y social. También considero fundamental trabajar de manera coordinada y colaborar en aquellos ámbitos que sean de interés mutuo. Por ello, me complace especialmente que nos puedan acompañar en este día. No concibo la realización de políticas, de iniciativas, de esfuerzos relacionados con las personas que están afectadas por algún tipo de discapacidad si no es haciendo un trabajo permanente, estrecho, de colaboración, donde sean precisamente todas estas organizaciones los protagonistas activos y permanentes de dichas políticas. Por tanto, insisto en mi agradecimiento por encontrarles hoy aquí en esta comparecencia.
Antes de comenzar con el desarrollo de las políticas, quisiera destacar, por un parte, el importante papel que desempeña esta Comisión, querido presidente, en el ámbito de la discapacidad, sobre todo, desde que en esta legislatura se constituyó como Comisión permanente y, por otra parte, quiero reconocer también muy expresamente el trabajo que entre todos hemos realizado en los últimos años para dar un impulso definitivo a los derechos de las personas con discapacidad, que quizá sea la línea de trabajo que más nos ha movido a todos en los últimos años: hablar de derechos significa hablar de ciudadanos. Sin duda, consolidar en el ámbito parlamentario un espacio para debatir sobre las políticas de discapacidad supone el reconocimiento de todos los grupos parlamentarios y de las Cortes al colectivo de las personas con discapacidad y a la importancia de trabajar sobre las necesidades que se nos planteen.
En nuestro país, la posición social de las personas con discapacidad ha ido cambiando a lo largo de los últimos años y ha dado un salto cualitativo enorme. De una situación de discriminación se ha pasado a otra en la que la igualdad de derechos es un objetivo compartido por todos. Ya sé que algunos me podrán decir que aún no se ha alcanzado ese pleno disfrute de los derechos de ciudadanía, pero sí que es un objetivo que los partidos representados en esta Cámara compartimos, defendemos y, por tanto, nos planteamos como fin de todas nuestras políticas. Ese objetivo es compartido por las personas que están afectadas por algún tipo de discapacidad, por el Gobierno, por el sector asociativo, por todos los grupos políticos y por la sociedad en general. Se entiende y asume por todos que la igualdad ante la ley significa que ninguna discapacidad puede ser causa bajo ningún concepto de discriminación.
Considero que este cambio en la percepción social es un logro compartido que nos ha permitido hacer política, que nos ha permitido situar las políticas en relación con la discapacidad en el centro de la agenda política. También quiero subrayar que el acuerdo, la colaboración y el consenso han sido los principios que han regido en los últimos tiempos el trabajo desarrollado en este ámbito, algo que tiene que ser motivo de felicitación para todos. Por ello, es mi intención seguir trabajando en esa línea, escuchando a todos, colaborando con todos y esforzándome por encontrar puntos de encuentro sobre los que seguir construyendo una agenda que sea sólida, que sea rigurosa, pero que sobre todo comparta ese único objetivo común que es el de acabar con todo tipo de discriminación.
Señorías, como saben, este Gobierno está firmemente comprometido con todas las personas que sufren algún tipo de limitación física, psíquica o sensorial, porque consideramos que trabajar por las personas con discapacidad es, en definitiva, trabajar por la dignidad y el respeto que nos merecemos como país. El Gobierno de España ha desplegado en los últimos años una gran actividad en relación con las políticas destinadas a los discapacitados. A la vez que se han mantenido las anteriores medidas de acción positiva, compensadoras de desventajas, que habíamos ido desarrollando a lo largo de los años, se han seguido unas nuevas líneas de acción avanzadas, muy próximas a las que se han trazado en la Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad. Se trataba de incorporar conceptos como autonomía individual, no discriminación, participación de la sociedad, igualdad de oportunidades, accesibilidad.
En estos años pasados la protección efectiva de las personas con discapacidad se pone de manifiesto en la realidad de las medidas legislativas y acciones, tanto presupuestarias como estructurales. Voy a referirme a
alguna de estas iniciativas. Unas corresponden al presente
año y son de plena actualidad y otras señalarán la actividad futura del Ministerio de Sanidad y Política Social.
En primer lugar, quisiera hablarles del III Plan de acción para las personas con discapacidad, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de julio. Este plan pretende mejorar la autonomía de estas personas y afectará a todas las políticas -políticas estatales y políticas autonómicas-, además de actuar también como plan orientador de las directrices de las organizaciones no gubernamentales. El plan, que cuenta en 2009 con una dotación económica de 2.500 millones de euros, intervendrá en los sistemas de protección social y políticas públicas en general. Este III plan de acción fija la estrategia en materia de discapacidad para toda la legislatura. Así como el II plan se dirigía a las personas en situación de dependencia, este nuevo plan va enfocado al impulso de la autonomía de las personas con discapacidad. Este plan tiene una orientación transversal, de modo que afecta a toda la Administración General del Estado, a todas las comunidades autónomas y a toda la Administración local. El plan contempla las siguientes áreas de acción: poder y participación; educación y cultura, donde se incluyen medidas para la promoción del deporte y el acceso a los bienes culturales; empleo, por supuesto, elemento siempre fundamental; salud; abusos y violencia, que es una incorporación importante, debo recordar que la prevención y atención a las víctimas de la violencia es siempre compleja ya que debemos tener en cuenta las dificultades añadidas que encuentran para formular las denuncias; por tanto, queremos dedicar una atención especial a este apartado; muy ligado a ello está la protección social y jurídica, y por último información, comunicación y cooperación institucional como medios que deben ser utilizados para conseguir los objetivos de las áreas anteriores. Este III plan de acción se va a desarrollar a través de programas anuales de actuación gestionados a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad, en colaboración con la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y, por supuesto, con el Comité español de representantes de personas con discapacidad, que son los que nos han orientado en todo momento sobre las líneas estratégicas que debemos desarrollar. Según recoge el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año, se destinarán más de 7,5 millones de euros a programas encuadrados en este plan.
Señorías, en segundo lugar, también me quiero referir al empleo. La integración plena de las personas con discapacidad supone una prioridad de primer orden, por lo que el fomento del empleo de estas personas supone, sin lugar a dudas, el medio más idóneo para superar las dificultades con las que se encuentran o, lo que es lo mismo, para incorporarse de manera plena en su condición de ciudadanos en nuestra sociedad. Esta es la razón por la que se acordó la estrategia global del empleo para personas con discapacidad. El plan de acción consiguiente a la estrategia para el periodo 2009-2010 fue aprobado en marzo pasado y recoge las líneas de actuación diseñadas en la estrategia. Estas líneas son en primer lugar, aumentar las tasas de actividad y de ocupación y en segundo lugar, mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad. El plan de acción no es ajeno a la situación económica y de empleo que, como muy bien saben SS.SS., afecta especialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad, entre los que se encuentra desde luego el de la discapacidad. El objetivo de este plan no es desde luego el corto plazo -no tenemos capacidad para plantear un objetivo a corto plazo-, sino que pretende desplegar sus efectos en el medio y largo plazo. Queremos ser realistas y sobre todo queremos ser consecuentes con lo que estamos planteando. Queremos afrontar de forma sostenible los problemas que dificultan la plena integración laboral de las personas con discapacidad en nuestro mercado de trabajo y ello requiere hacer un trabajo sólido, consolidado a lo largo de los años para que realmente podamos ver sus efectos. Por este motivo se ha institucionalizado un marco de diálogo a través de la creación de grupos de trabajo específicos que asumen el desarrollo de las líneas de actuación realizando el seguimiento de la estrategia. Ante la dificultad para que las personas con discapacidad se incorporen al mercado de trabajo ordinario ante la actual crisis económica -tenemos que ser conscientes de ello-, a pesar de los incentivos existentes, se ha considerado necesario reforzar económicamente los programas dirigidos a favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. En total han sido 41,7 millones de euros los destinados a la integración laboral en los citados centros especiales de empleo y en las unidades de apoyo para el ajuste personal y social.
En el ámbito de la Administración General del Estado las políticas destinadas a favorecer el acceso al empleo público de las personas con discapacidad van dando sus resultados. Todavía no hemos alcanzado los resultados que queremos, que esperamos y que sabemos que es importante alcanzar, pero empezamos a ver resultados. Durante 2008 el número de personas con discapacidad que llegó a ocupar un puesto de trabajo en la Administración General del Estado aumentó un 6,5 por ciento respecto al año anterior. Insisto, somos conscientes de que todavía hay que hacer mucho esfuerzo, pero ha aumentado. Por tanto, tenemos que seguir en esa línea, porque se empiezan a ver resultados. Con el fin de mejorar estos resultados en la oferta de empleo público para 2009 se ha contemplado una reserva del 7 por ciento de las plazas para personas con discapacidad.
En tercer lugar, voy a referirme a la protección de los derechos de las personas con discapacidad y específicamente a las modificaciones en la normativa vigente introducidas por la Ley 1/2009, de 25 de marzo, sobre el Registro Civil en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos. Medida esta norma se cubre una carencia que dificultaba la obtención de datos generales sobre el número y alcance de incapacitaciones que tienen lugar en nuestro país. Sé que esto es algo demandado a lo largo de los años y por
fin ya tenemos la norma. Otro problema que soluciona esta ley es el de la dispersión de los asientos en el registro, que hace que los datos correspondientes a una misma persona puedan constar en distintos registros civiles municipales. Para subsanar esta deficiencia esta ley crea en el Registro Civil Central un punto de concentración de toda la información relativa a las modificaciones judiciales en la capacidad de obrar la constitución o la modificación de organismos tutelares.
Igualmente, la coordinación se extiende a las relaciones entre el Registro Civil y los registros de la propiedad y mercantiles, que reflejan esas situaciones de incapacidad y constitución de patrimonios protegidos y el notariado, que autorizan los documentos públicos en que se recogen disposiciones referentes a esta situación. Por otra parte, se trata de facilitar la efectiva puesta en práctica de la figura de patrimonio protegido como mecanismo de protección patrimonial de las personas con discapacidad, para lo cual se prevé la publicidad a través del Registro Civil no solo de los nombramientos, de administradores o de representantes legales de estos patrimonios, sino incluso de su propia constitución y de su contenido. Insisto en que esto era algo importante y largamente demandado por todo el sector.
Señorías, en cuatro lugar quiero hacer una mención a la accesibilidad del transporte ferroviario. Sin duda la falta de accesibilidad de los entornos o productos es el primer motivo de discriminación y de desigualdad. Por ello es importante también seguir avanzando en esta línea que hemos comenzado. La Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, fijaba en el año 2020 la fecha límite para lograr la accesibilidad universal en transporte ferroviario. Era un objetivo que nos planteábamos también de manera realista porque sabíamos que la adaptación suponía un esfuerzo económico presupuestario importante. En el pasado mes de mayo el Consejo de Ministros encomendó a los ministerios de Fomento y de Sanidad y Política Social la adopción de un conjunto de medidas para hacer posible en el año 2014 -adelantando en algo lo que inicialmente habíamos programado- esa accesibilidad universal de los servicios ferroviarios. Esto significa adelantar en seis años la fecha establecida en la citada ley para alcanzar la accesibilidad universal de este modo de transporte. El 18 de junio se suscribió por los ministerios encomendados un protocolo donde se recogen las medidas a desarrollar para que la flota de trenes de Renfe y las instalaciones de ADIF sean totalmente accesibles entre el año 2012 y el año 2014. Y lo lograremos. Todas estas acciones, además de mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, generarán puestos de trabajo, porque es conveniente recordar que este tercer sector tiene un importante dinamismo generador de empleo y de riqueza para nuestro país. En esta acción concreta de accesibilidad a los ferrocarriles se crearán 2.350 empleos equivalentes año en la adaptación de trenes, 11.975 empleos equivalentes año en la adecuación de las estaciones, 390 empleos permanentes en el servicio Atendo, de los que al menos el 10 por ciento de los ocupados serán personas afectadas por algún tipo de discapacidad.
En quinto lugar me quiero referir al deporte y al plan ADO, porque la promoción del deporte entre las personas con discapacidad es un hecho indicativo de las altas cotas de desarrollo, integración y consideración de este colectivo por nuestra sociedad. En el año 2005, con el propósito de facilitar a nuestros deportistas paralímpicos los medios humanos y materiales para que pudiesen desarrollar la práctica deportiva en las mejores condiciones, nació el plan ADO paralímpico. En aquel momento se dio un impulso importantísimo a la equiparación de los deportistas paralímpicos con sus compañeros olímpicos. Es algo que supuso un hito de reconocimiento, atendiendo así a una reivindicación histórica del movimiento paralímpico. El resultado no fue solamente que en los juegos de Pekín nuestros deportistas paralímpicos confirmaran a nuestro país entre los diez primeros países en el mundo en esta disciplina, sino que se produjo otra consecuencia, si cabe más importante, y es la sensibilización y concienciación social hacia la discapacidad generada por la repercusión, yo diría que espectacular, que tuvo el deporte paralímpico. Eso supone un elemento fundamental en el reconocimiento y en el compromiso de nuestra sociedad con las personas afectadas por algún tipo de discapacidad. El pasado 7 de julio renovamos este compromiso adquirido en 2005 con el acuerdo de un nuevo plan ADO. Este nuevo plan cuenta con las aportaciones económicas de un amplio número de instituciones y empresas patrocinadoras y mejora las condiciones de los deportistas respecto al plan anterior.
Señorías, en sexto lugar quisiera también hablarles de la convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que contempla la obligación, por fin, para todos los Estados de promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, otro hito fundamental para ese reconocimiento y esa incorporación. He de recordar que España ha sido una de las primeras naciones del mundo en ratificar esta convención, demostrando el compromiso de todos -porque fue algo requerido por todos los partidos políticos, organizaciones, instituciones y sociedad- con la situación de las personas con discapacidad y también con sus familias.
Desde el pasado 3 de mayo del año 2008, fecha en que entró en vigor en España, este instrumento jurídico internacional resulta plenamente vinculante para el Estado y quiero que sea exigible de manera permanente para el Estado. Por tanto, esta convención se ha convertido en el documento de referencia en la actividad relacionada con las personas con discapacidad y nos obliga a introducir cambios en la legislación española, y estamos trabajando en estos cambios. Por estos motivos, y aun estimando que la legislación española era una de las legislaciones más avanzadas que atendía los principios básicos y la regulación contemplada en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con dis
capacidad, llegamos a un acuerdo del Consejo de Ministros
para crear un grupo de trabajo interministerial que revisara toda la legislación actual vigente con el fin de efectuar aquellas modificaciones necesarias para adaptarla a los compromisos adquiridos en la convención de la ONU. Como el contenido de la convención afecta a todos los sectores del derecho, el grupo de trabajo tendrá que actuar con un enfoque global sobre nuestra legislación positiva. Por eso, se han incorporado el Ministerio de Economía y Hacienda, el de Justicia, el de Interior, Educación, Trabajo e Inmigración, Industria, Turismo y Comercio, Vivienda, Presidencia e Igualdad. Está previsto que durante el próximo mes de enero podamos mostrar el resultado de este trabajo, que incluiría el proyecto de disposición normativa. La verdad es que nos sentimos orgullosos de que seamos uno de los primeros países que podemos presentar la conclusión a que nos obliga este instrumento jurídico que es la convención de la ONU. Atendiendo también a estos mismos objetivos y de acuerdo con lo establecido también en la convención, el Comité español de representantes de personas con discapacidad ha sido designado por acuerdo del Consejo Nacional de la Discapacidad como el primer organismo independiente de la sociedad civil, que será el responsable y encargado de la supervisión y seguimiento en España de la aplicación de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. También quiero reconocer el trabajo que esta comisión ha desarrollado en los últimos meses sobre esta materia. Esperamos que el informe que SS.SS. están elaborando contribuya también a adaptar la convención a la normativa española.
Relacionado con este último asunto, en séptimo lugar quiero referirme al desarrollo normativo. Las previsiones de la convención serán el marco en el que se efectuará el desarrollo normativo y al que se referirán las acciones del Gobierno sobre discapacidad. Ya me he referido antes a la intervención en el ámbito laboral. La convención también será nuestro referente en el desarrollo completo de las previsiones de la ley en la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, con la elaboración del real decreto de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público y con la regulación del currículum formativo en los programas educativos, tanto obligatorios como universitarios. Sé que en esto también se viene trabajando varios años y creo, sinceramente, que estamos ya logrando ver los últimos aspectos relativos a su implantación. En este sentido, se está trabajando en la elaboración de títulos de formación profesional para homologar currículos profesionales como el de los intérpretes y profesores de lengua de signos. Refiriéndome a este último ámbito, próximamente aprobaremos la creación del Centro de normalización lingüística de la lengua de signos española, considerado fundamental para la difusión y normalización de la lengua de signos y que es una -ya lo sabemos- de las principales reivindicaciones del colectivo de personas con discapacidad auditiva.
Hace ya años, desde que estaba en el Ayuntamiento de Madrid en la oposición, recuerdo que esta reivindicación se me hizo llegar y ahora nos sentimos muy satisfechos de lograrla de una manera plena en estos próximos meses. En breve se aprobará el reglamento que regulará las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para participar en la vida política y en los procesos electorales. Sabemos que esto es algo que también ha sido reivindicado por el sector, pero como sociedad no nos podemos permitir que ocurra. Es una cuestión de igualdad, el elemento básico de participación y de integración en una sociedad. Así avanzaremos en el cumplimiento de lo que viene expresado en nuestra Constitución, aprobada hace ya muchos años, desde el año 1978. Este reglamento no se va a referir solamente -queremos que sea un reglamento que contemple todos los aspectos relativos al acceso a la participación en los procesos electorales- a los espacios físicos donde se van a celebrar los procesos electorales, sino que también afectará a las campañas de comunicación oficiales y de los grupos políticos, a los apoyos complementarios para las personas con discapacidad que hayan sido designadas miembros de mesa electoral, tales como la asistencia personal o la presencia de intérpretes de lenguas de signos españolas, entre otros recursos humanos o técnicos posibles de que se dispone, atendiendo al tipo y grado de discapacidad. Todos recordamos cómo en el último proceso electoral se produjeron en nuestro país algunos problemas que nos avergonzaron a algunos de los representantes políticos.
Asimismo, estamos trabajando en el real decreto en el que se dispondrá la actualización de la terminología sobre discapacidad, algo que también reivindica el sector y que me parece importante que se cumpla en todos sus términos; real decreto que incorpora las condiciones de accesibilidad al código técnico de edificación. Está en proceso de elaboración el nuevo baremo de valoración de la discapacidad que contemplará la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, el CIF. A menudo se ha observado que, como consecuencia de su discapacidad, las personas afectadas sufren un prematuro deterioro físico y una menor esperanza de vida, lo que les crea frecuentes dificultades en su actividad laboral. Por tanto, el Gobierno está en este momento estudiando -como así lo desea el sector- adelantar la edad de jubilación de las personas afectadas por discapacidad, considerando siempre su grado de afectación y el hecho de que su discapacidad pudiera prever una menor esperanza de vida que la de los trabajadores que no la padecen, para darles la oportunidad de disfrutar de su jubilación en una edad media como el resto de los ciudadanos.
Por último, voy a referirme a otras acciones que también consideramos importantes. Por una parte, el Gobierno mantendrá su impulso de los centros de referencia estatal. Creemos que es una línea importante en la que tenemos que seguir trabajando, considerando que
responde a una necesidad en cuanto a la discapacidad y
a la dependencia, que facilita la promoción y el intercambio de conocimientos, la formación de los profesionales, pero, sobre todo, facilita la prestación de servicios; favorece asimismo el equilibrio interterritorial, procurando el acceso a los mismos en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos en todos los territorios del Estado.
Muestra de ello es la reciente inauguración y puesta en funcionamiento plena del Centro de referencia estatal de enfermedades raras, ubicado en Burgos, que depende del Imserso, para cuya construcción y equipamiento el Gobierno ha destinado más de 13,5 millones de euros. Ante los problemas de accesibilidad de la TDT para las personas con discapacidad -esto es algo en lo que estamos avanzando de una forma muy intensa y muy rápida, siendo quizá uno de los primeros países de Europa-, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, el Inteco, ha desarrollado un software abierto y gratuito que se entregará a las empresas para que fabriquen sistemas accesibles. Prevemos que para finales de año el producto empiece a estar disponible en el mercado; lo anunciaremos convenientemente porque creemos que aquí hemos hecho un esfuerzo al adelantarnos en ofrecer esta garantía de accesibilidad antes que el resto de países europeos; creo que es importante destacarlo.
Para finalizar, el próximo 4 de noviembre se presentarán los resultados de la encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia 2008. Esta encuesta, resultado del trabajo del Instituto Nacional de Estadística, sin duda alguna, nos va a proporcionar a todos una información suficiente, actualizada y fiable sobre la discapacidad, lo que nos va a facilitar el desarrollo de las políticas de discapacidad.
Señorías, para concluir me gustaría subrayar que el Ministerio de Sanidad y Política Social pretende que, tanto en el diseño de estas políticas como en la puesta en marcha de actuaciones y su gestión, esté presente de manera muy activa y casi obligatoria, yo diría, el mundo asociativo. El nuevo modo de entender la discapacidad nos obliga a afrontarla desde la óptica de los derechos humanos ya que las personas afectadas por algún tipo de discapacidad han adolecido de un déficit de ciudadanía. Este déficit solo se puede superar mediante la combinación de medidas de no discriminación y medidas de acción positiva. Este es el objetivo de las políticas de discapacidad que hemos promovido y que vamos a seguir promoviendo desde el Gobierno. Señorías, estoy segura de que en esta Comisión seremos capaces de generar ese espacio de entendimiento que sé que ha venido desarrollando a lo largo de estos últimos años, pero sobre todo de acuerdos que nos permitan trabajar conjuntamente por el bien de los ciudadanos. Para ello pueden contar todos ustedes, sin lugar a dudas y de manera incondicional, con mi máxima disposición al diálogo, al trabajo, con un compromiso de lealtad y de colaboración. Sé que queda mucho por hacer, sé que queda mucho por avanzar, sé que podrían ser múltiples las reivindicaciones que hoy nos presentarían si tuvieran la oportunidad los representantes del movimiento asociativo; soy consciente de que las exigencias que desde todos los partidos políticos se le deben de hacer al Gobierno se ampliarán respecto de las acciones que el propio Gobierno está desarrollando en este momento; soy consciente de que son necesarias y soy sensible a todas las aportaciones que nos hagan llegar.
Haremos el máximo esfuerzo para trabajar con extremo rigor y realismo, teniendo en cuenta qué podemos conseguir en cada momento.
Señor presidente, señorías, estoy dispuesta a contestar a cualquier pregunta o duda que quieran formular. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el turno de los grupos parlamentarios.
Comenzaremos con el Grupo Parlamentario Popular, también solicitante de la comparecencia. En su nombre tiene la palabra su portavoz, don Francisco Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Bienvenida, señora ministra. Gracias por su exposición y también por haber contado aquí -y tenemos representación cualificada- con el sector de la discapacidad. Le aplaudo el que haya contado con ellos. Desde el Partido Popular hemos pensado que la máxima de nada para la discapacidad sin contar con las personas con discapacidad es un buen criterio, una buena manera de actuar. Por tanto, le doy la bienvenida y un saludo cordial, y esperemos que entre todos, siguiendo el criterio que siempre se ha mantenido en esta Comisión de la tendencia al acuerdo, al pacto, sigamos avanzando. Esta tendencia existe porque todos somos conscientes de las carencias, necesidades y de la problemática no resuelta todavía en el sector de la discapacidad. Aunque se ha avanzado, suelo decir siempre que partíamos de tan atrás que hasta que lleguemos a una normalización, a una verdadero disfrute de los derechos, nos queda mucho por avanzar.
He escuchado con atención y espero que se lleven a cabo todos los compromisos que ha ido desgranando a lo largo de su exposición. De todos modos, como responsable y portavoz de mi grupo en la oposición, déjeme que desmitifique algunas cosas porque tampoco esto es Alicia en el país de las maravillas en este contexto. Por tanto, quiero dejar constancia de que, por ejemplo, en los Presupuestos Generales del Estado, en los que ahora estamos metidos de lleno, no ha habido una mejora tan sustancial en el sector al que nos referimos. Por ejemplo, en general, en cuanto a presupuestos sociales, ustedes, partiendo de la comparativa de los presupuestos iniciales de 2009 y los de 2010, dicen que aumentan en un 3,9. Si a los 171.000 millones de presupuestos iniciales de 2009 se le suman los 19.000 y pico millones de prestaciones por desempleo y 800 millones adicionales a dependencia, en realidad han bajado un 7,14 en cuanto a presupuestos sociales. Otra afirmación que ha hecho usted es que el gasto representa el 51,6 por ciento de los presupuestos generales consolidados y que es el mayor
de la historia, permítame que la rectifique. Me alegro de
que sea una gran cantidad, pero en el año 1999 el Partido Popular dedicó un 56,3 por ciento. En fin, esto solamente por hacer algunas precisiones porque también conviene dejar las cosas en su sitio.
En cuanto a la dependencia, hablamos coloquialmente de la Ley de Dependencia pero en realidad deberíamos hablar de la Ley de promoción de la autonomía personal, que es en lo que hay que hacer hincapié.
Recientemente se ha puesto de manifiesto el informe de expertos en el que se habla de ciertos problemas, en los que pueden ustedes contar con nuestra colaboración para ir solucionándolos, pero queremos hacer hincapié en ellos porque son problemas que todavía están pendientes de resolver, como por ejemplo el problema de la financiación, en el que todo el mundo está de acuerdo en que no hemos llegado a la situación óptima para que esto sea sostenible. En relación con el copago y la acreditación de centros, los expertos sugieren que se debe regular por real decreto, no por acuerdos, porque, si no, corremos el riesgo de establecer diecisiete aplicaciones de la Ley de Dependencia según la comunidad autónoma correspondiente. De hecho, tengo entendido que el Cermi recurrirá a la justicia el acuerdo de copago porque no está bien resuelto; esperemos que se resuelva bien.
Respecto a problemas de gestión, también los hay. Nosotros siempre hemos dicho que fue una ley consensuada; nosotros colaboramos, se nos aceptaron muchas enmiendas, hubo generosidad por parte de todos los grupos pero creo que se vendió prematuramente, creo que se hizo un poco de demagogia en el sentido de fijar unas expectativas muy grandes en un corto espacio de tiempo con lo cual esas expectativas se han tornado en frustraciones en muchas ocasiones. Yo creo que un poco de prudencia a la hora de venderla hubiese sido más eficaz. En el presupuesto de la dependencia, según como se cojan los datos, siempre pasa igual: si cogemos los datos del presupuesto inicial de 2009, que eran mil ciento y pico millones y nos fijamos en los presupuestos de este año de 1.581 millones, efectivamente ha subido un 33 por ciento, pero si a los mil ciento y pico millones del año 2009 sumamos los 800 millones adicionales con los que se incrementó, en realidad disminuyen en un 19,2 por ciento. Insisto, es según se miren los datos.
En cuanto a la dependencia en lo sociosanitario, precisamente entra de lleno ahora en su ministerio y le da por los dos lados, quiero decir que es el momento de hacer hincapié y buscar una buena solución a la situación.
En cuanto a discapacidad, usted acaba de citar en su exposición el plan de acción, quiero recordarle que el plan de acción más otros programas de discapacidad el año 2009 sumaban cerca de 10 millones y este año se han quedado en 7,5; es decir, que ha habido un descenso en los presupuestos.
Los programas de política social contenidos en la sección 26 del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales registran una bajada del 42 por ciento, es decir, de 429 millones de euros a 246. Pretendo poner un poco las cosas en su sitio en el sentido de que somos conscientes de la situación en que estamos pero no conviene echar las campanas al vuelo y decir que hemos hecho los mejores presupuestos que podíamos hacer.
Luego hay algunos detalles, digo detalles a nivel de presupuestos pero que son muy importantes para el sector como, por ejemplo, por citar uno concreto, la lengua de signos, donde el año pasado se presupuestaron 33.000 servicios de intérpretes y se realizaron 13.000 y este año 2010 solamente se han presupuestado 5.000. Incluso recientemente creado el Inteco, el Instituto de Tecnologías de la Comunicación, ha bajado su presupuesto en 153.000 euros, o el propio Real Patronato.
Otro tema muy importante que usted también ha citado y del que todos somos conscientes que es el cauce idóneo para conseguir la normalización social de las personas con discapacidad es el empleo. En cuanto al empleo, si en España tenemos el doble de la tasa de desempleo que en el resto de Europa, en el caso de las personas con discapacidad triplica al resto de los ciudadanos españoles, con lo cual ahí sí, entre todos, debemos hacer hincapié y buscar fórmulas que fomenten el nivel de empleabilidad de las personas con discapacidad. Recientemente un informe de Feacem, la Federación de Centros Especiales de Empleo, hablaba de las 53.000 personas que trabajan y de 1.775 empresas y centros especiales de empleo, y de que la facturación en el primer trimestre de 2009 había bajado un 21 por ciento y la contratación en el mercado abierto había disminuido un 20 por ciento y en el de centros especiales un 12 por ciento, cifras que son preocupantes y creo que hay que actuar en ese sentido con más imaginación y con más dotación para conseguir el objetivo que se busca. Por ejemplo, en la estrategia de empleo que aprobó el Consejo de Ministros en septiembre de 2008 se hablaba de una dotación presupuestaria de 3.700 millones pero yo en los presupuestos de este año no he visto dotación presupuestaria al respecto. Simplemente el programa 241 de fomento e inserción de estabilidad laboral, que habla del apoyo a la creación de empleo, ayudas al colectivo de personas con discapacidad y fomento del empleo estable y de creación de actividad, se ha dotado con 38 millones, que supone casi un millón menos que el año pasado.
De todos modos, siguiendo el criterio que llevamos -en el que van a encontrar nuestra colaboración-, no estamos diciendo que se aumente por aumentar el presupuesto, sí queremos que no se reduzca, pero no va por ahí nuestra sugerencia, nuestra petición además de que acepten los fallos que vemos en estos presupuestos, es más imaginación; no más dotación presupuestaria pero sí más imaginación, y hay muchos procedimientos. En el caso concreto del empleo de las personas con discapacidad, creo que después de una interlocución adecuada con los representantes del sector de la discapacidad, con los representantes de los centros especiales de empleo, se deberían buscar fórmulas como, por ejemplo, la que el Ministerio de Defensa ha establecido para que los
proveedores sean siempre los que cumplan con el 2 por
ciento. Recientemente se ha aprobado una proposición no de ley para que se establezca un registro de centros especiales de empleo por ubicación y por tipo de actividad para que sea más fácil acceder a esa contratación y yo creo que su ministerio -aquí le lanzo un reto y me gustaría que usted adquiriera un compromiso, sobre todo delante de las personas representantes del sector de la discapacidad porque sé que lo están demandando- debería establecer unos criterios preferenciales de contratación de modo que se vean beneficiadas las empresas que cumplan con el criterio del 2 por ciento de empleo de personas con discapacidad o del 3 por ciento en los centros especiales de empleo. Sería bueno llevar a cabo cuanto antes ese registro y contar con ello a efectos de contratos por parte del ministerio. Fíjese que quizá lo que le pido con más énfasis es un compromiso por su parte.
Quiero recordarle que hay varias iniciativas parlamentarias que se han llevado a cabo o bien por unanimidad o bien por mayoría absoluta, es decir, que la tendencia es llegar a acuerdos, seguir avanzando independientemente del ritmo, unas veces más deprisa, otras menos, pero sí pactar para llegar a ese acuerdo que mejore la situación. En ese sentido, desde distintos ámbitos se han aprobado varias recomendaciones, sugerencias, proposiciones no de ley que van desde la accesibilidad al empleo en centros especiales de empleo a la actualización de datos y cifras, y es muy importante para saber dónde estamos. Nos gustaría una mayor celeridad por parte del Gobierno en cumplir esas sugerencias o mandatos del Congreso porque creo que sería la demostración de la buena voluntad y de la eficacia en cuanto al tratamiento de las personas con discapacidad. Quiero recordarle la buena disposición que existe en la Comisión, y por tanto le sugiero que la aproveche porque seguro que vamos a adelantar más. Le sugiero lo de siempre en este sector con tantas carencias: que no prometan lo que no vayan a cumplir; es preferible que se queden un poco cortos a prometer algo que no se puede cumplir porque eso crea un nivel de frustración mayor. Esa es la sugerencia que creo que será bien recibida aunque, en principio, uno queda peor si promete menos, pero es preferible que se vaya más despacio y con más seguridad y asentando bien las posiciones. Tenemos recién aprobada la toma en consideración de una proposición de ley sobre la garantía de los derechos y mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad, que se aprobó por unanimidad en el Pleno del Congreso recientemente. Ahora se va a trabajar en ella y ahí podremos ver su buena disposición en el sentido de colaborar para llevar a buen término, independientemente de ideologías y de protagonismos, esas mejoras que están incluidas en esa ley y en otras que estamos debatiendo.
Quiero agradecerle la comparecencia, exigirle algún compromiso, como los que le he citado, sobre todo si de verdad los van a cumplir, que deberían hacerlo, y espero que sigamos en este entente cordial que nos mantiene unidos al sector de la discapacidad y a los políticos, a los representantes de la ciudadanía, pero sobre todo, insisto, cumplan los mandatos, sugerencias o propuestas que surgen de esta Comisión, porque será la plasmación de esa buena voluntad.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En primer lugar, quiero saludar a la ministra, su comparecencia, su intervención, todas sus palabras y todos los compromisos que ella misma nos ha desgranado, así como la actitud con la que ha enfrentado, cosa que no me sorprende en modo alguno, su comparecencia en esta Comisión. Sé que ella es bien consciente de que está no diría en el espacio más transversal pero sí al menos en uno de los espacios más transversales en el sentido de más cooperativo de esta casa, de este Parlamento, un espacio en el que quienes lo conforman y lo han conformado a lo largo de los tiempos -yo soy nueva en ello- han hecho y procuramos hacer un trabajo en el que lo que prime sea el verdadero arte de la política, hacer posible lo que es necesario, siendo bien conscientes del sector para y con el que trabajamos. En ese sentido, también agradezco a la ministra su reiterada disposición a encontrarse y a que nos encontremos en este trabajo. Una buena oposición es la que impulsa y propone y un buen Gobierno es el que escucha y decide. Si en algún lugar nos hemos de encontrar, es en la tarea que aquí nos ocupa.
Dicho todo esto y mostrada mi disposición a seguir trabajando en esta dirección, querría plantearle a la ministra algunas reflexiones y preguntas. No insistiré en algunas de las cuestiones que ha destacado ya el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, como lo relativo al empleo, al que la ministra también ha hecho referencia, y plantearé, en aras de la brevedad y la concreción, algunas reflexiones que no han estado presentes ni en la reflexión de la señora ministra. Empezaré por una reflexión y una pregunta en relación con la tarjeta sanitaria única, que afecta a todos los ciudadanos, pero también a los ciudadanos dependientes. El pasado 22 de septiembre José María Ramírez, director gerente del Instituto Guzmán, en esta misma Comisión trasladaba en una comparencia la preocupación por el hecho de que las comunidades autónomas en muchas ocasiones pongan problemas para facilitar la movilidad de los pacientes a centros de referencia que se encuentran fuera de su ámbito territorial. Esta práctica va en contra de un criterio médico que, como nos decía en esa comparecencia, considera más eficaz la concentración de enfermos con la misma patología, ya que ello hace -y le estoy citando con comillas- que en los centros de referencia los profesionales tengan mayor experiencia; esta es una cosa bastante generalizada y aceptada en el mundo sanitario. Querría preguntarle a la ministra si considera oportuno abrir el debate, que en algún otro momento yo misma he planteado y que está sobre la mesa, acerca de la necesidad
de que el Gobierno, en aplicación del artículo 149.1.16º de la Constitución española, que establece cuáles son las competencias exclusivas del Estado y, dentro de esas competencias, las bases y la coordinación general de la sanidad, expida a través del ministerio la tarjeta sanitaria única que facilite la asistencia sanitaria a todos los españoles cualquiera que sea el lugar de residencia o el lugar donde la precise. No estoy hablando de una cuestión que suponga, como se dice coloquialmente, quitar competencias a las comunidades autónomas, sino hacer el esfuerzo necesario para que todos los españoles, fundamentalmente quienes tienen patologías y requieren de un tratamiento, sean atendidos en igualdad de condiciones. En ese sentido, le preguntaría si tiene previstas algunas medidas para asegurar en esa misma dirección la equidad en el acceso a centros monográficos de referencia nacional, como el Instituto Nacional de Parapléjicos o el Instituto Guzmán.
En segundo lugar, señora ministra, le querría hacer una reflexión y algunas preguntas sobre la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía y atención de la dependencia, empezando por afirmar algo con lo que estoy de acuerdo con usted y que usted misma dijo en su comparecencia, que esta ley supone un cambio de tendencia de una enorme importancia y el abordaje de las necesidades sociales más acuciantes desde una perspectiva de derechos sociales plenos y no desde la pura beneficencia, y que esta ley y su puesta en marcha ha supuesto un hito, aunque es cierto que no se trata de una ley perfecta, como no lo es ninguna de ellas, y que estamos en un proceso de revisión precisamente para hacerla más eficaz. Una vez reconocido lo anterior, tenemos que decir que la implantación de la ley y del sistema que crea, después de más de dos años no está siendo ejemplar. Los efectos prácticos son todavía escasos -ya sé yo que esto depende de cómo mire uno la botella, porque uno puede pensar que está medio llena y otro medio vacía-, pero quienes aquí estamos, al margen del partido político en nombre del cual estemos hablando o de cualquier otra consideración, como que uno esté en el Gobierno y otro en la oposición, somos ambiciosos respecto de los deseos del máximo cumplimiento y de máxima eficacia y que cualquier reflexión al respecto -esta que yo misma acabo de hacer, de que su cumplimiento no es ejemplar- no debe ser entendida más que como una reflexión positiva, en el sentido de estimulante. Se hace necesario acelerar el proceso de valoración y el subsiguiente de asignación de prestaciones y, por ello, desde el Consejo interterritorial se debe promover la unificación del desarrollo legislativo de las comunidades autónomas en cuanto a los plazos del proceso de reconocimiento de la situación de dependencia y estipular un plazo para la resolución del plan individualizado de atención y para su revisión de oficio. Señora ministra, señorías, las comunidades autónomas han de asumir, y asumen, su responsabilidad y han de realizar un esfuerzo ingente para traducir en hechos lo que la ley establece. Como consecuencia de la transferencia competencial que tenemos en España, no se ha creado uno, sino diecisiete más dos sistemas para la autonomía y atención a la dependencia, por lo que solo uno de los cuatro pilares de bienestar -las pensiones- es competencia del Estado. En el caso de los servicios sociales, y más en concreto en la dependencia, no existen, a nuestro juicio, suficientes mecanismos horizontales de reparto y coordinación territorial. Me importa mucho destacar que no estoy planteando un debate sobre una nueva distribución competencial, sino sobre la eficacia en la aplicación de esta ley que nos hemos dado todos y que todos hemos considerado que era muy necesaria. La situación actual, ese diecisiete más dos al que me he referido, supone que el derecho subjetivo que reconoce la ley no se garantiza en todas las comunidades autónomas de manera igualitaria.
Sirvan para ilustrar lo que le acabo de plantear un par de ejemplos. No se han fijado criterios comunes de copago para toda España; son las comunidades autónomas las encargadas de determinar la cuantía a pagar por el usuario, lo que puede significar que dos ciudadanos con el mismo grado de dependencia paguen más o menos en función de donde residan. Esto no es justo. Otro ejemplo. Si comparamos por comunidades autónomas el número de personas que reciben una prestación económica o de servicio en función de la población, un dependiente madrileño por ejemplo, tiene seis veces menos posibilidades de recibir las ayudas que establece la ley que un andaluz o un vasco, lo que significa también que, en este caso, el criterio de residencia es crucial para que dos ciudadanos españoles reciban o no las ayudas que establece la ley. Esto no es igualitario ni justo.
Asimismo, quiero destacar otra cuestión que considero relevante para este debate, y es que según el Imserso el 50 por ciento de los solicitantes de ayudas son mayores de 80 años. En algunas comunidades la media de tiempo transcurrido desde la obtención de la prestación, desde la solicitud hasta la obtención, es superior a dos años, lo que está ocasionando que estas lleguen, si llegan, como en muchas ocasiones hemos debatido aquí, cuando los solicitantes han fallecido. Ante hechos como estos es urgente ser certero en el diagnóstico de los errores y reaccionar de manera diligente para proponer y llevar a cabo las modificaciones necesarias.
Por eso le pregunto, señora ministra, si de cara a la revisión de la ley prevista para 2010, el Gobierno, y en particular su ministerio, considera hacer algo al respecto en cada una de las líneas de actuación que desde el movimiento asociativo, y también desde esta formación en nombre de la que les hablo, entendemos que es necesario para corregir errores detectados.
También le quería hacer una brevísima reflexión en relación con las competencias en la aplicación de la ley. Acabo de plantear de otra manera que el principal problema de la ley es que el Estado central y el Gobierno de la Nación, que es quien la promulga a través de esta Cámara, no cuenta con -iba a decir las competencias, pero voy a decirlo de otra manera- los instrumentos suficientes para aplicarla y para hacer que se aplique
primando los criterios de equidad e igualdad en los que
no me cabe la menor duda de que todos estamos de acuerdo. Así que para conseguir que el actual sistema creado sea verdaderamente eficiente y equitativo, incluso para que sea una realidad perceptible en todo el territorio nacional con unas características y a un ritmo análogos, creo que es preciso reforzar el título habilitante del Estado para regular esta materia. Es lo que más me preocupa y por eso le pregunto también si tiene previsto hacer algo al respecto.
Por último, una reflexión sobre la sostenibilidad financiera. Creo que es preciso garantizar la suficiencia financiera del sistema de atención a la dependencia. Por eso, también le querría plantear si el Gobierno tiene previsto vincularla al nuevo modelo de financiación autonómica y local, asegurando las cargas de las diferentes administraciones implicadas y marcando unos criterios objetivos de reparto en las aportaciones que no sean fuente de desigualdad entre los ciudadanos por razón de su residencia, por razón de la parte de España en la que viven.
Finalmente -ahora sí-, una reflexión sobre la coordinación sociosanitaria.
Desde el punto de vista organizativo entendemos imprescindible desarrollar la coordinación sanitaria, superar la fragmentación interna en el propio sistema de servicios sociales y, finalmente, aclarar el papel que tienen que cumplir las administraciones locales en la implantación del sistema, lo que es en nuestra opinión crucial. También querría saber si su ministerio tiene prevista alguna acción al respecto.
Señora ministra, todas son reflexiones respecto a lo que, a nuestro juicio, es una diferencia más que notable entre la definición y el gran paso que ha supuesto una ley extraordinaria -no tengo ningún empacho en calificarla de esa manera- y su cumplimiento, que se aleja mucho incluso de lo ordinario. Aquí hay un enorme desfase entre lo que dice la ley y lo que perciben los ciudadanos -no en términos de percepción, sino en términos de servicios-; y creo que algunos de esos errores y de esas diferencias y dificultades no están en el texto de la ley y de los derechos que se reconocen sino en los instrumentos que tenemos para aplicarla. Por eso me interesa que esta reflexión se pueda hacer sin ningún tipo de prejuicio y con toda libertad.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora ministra, muchas gracias por su prolija intervención.
Señora ministra, con la tolerancia de los presidentes de las distintas comisiones en las que solemos coincidir con frecuencia la señora Díez y yo, ya casi se está convirtiendo en un uso parlamentario empezar discrepando. No sé si nos van a acabar contratando como si fuéramos una especie de troupe para hacer bolos de verano y explicitar este tipo de discrepancias que ya forman parte de un comienzo muy generalizado y frecuente. Si sigue la cosa así, presidente, igual puede tener hasta algún tipo de consignación reglamentaria. No, no va a ser un turno de alusiones, espero, señor presidente. No va a llegar a ese extremo.
Cuando hablaba de transversalidad la señora Díez, yo habría utilizado la afección más etimológica de la expresión. Evidentemente las políticas de discapacidad son por su propia naturaleza transversales, siempre. Muchos ministerios están concernidos y sus necesidades están vinculadas a las actuaciones administrativas de diversos ministerios. Pero cuando ya explicita más la señora Díez qué entiende por transversalidad, con tanta transversalidad y esa invocación tan desmesurada a la transversalidad de naturaleza política y relativa a los títulos competenciales estatales y autonómicos, vamos a terminar acabando todos tumbados, a base de tanta transversalidad u horizontalidad. Le pregunta la señora Díez si tiene usted previsto potenciar los títulos habilitantes del Estado en materia de dependencia. El Estado no tiene ningún título habilitante en materia de dependencia. Siempre nos quedaremos con la duda de si esta ley es constitucional desde la perspectiva del título que utilizó el Estado para regular la materia cuando, como es sabido -presumíamos nosotros que era sabido porque así consta en el bloque de constitucionalidad-, las competencias en materia de asistencia social son exclusivas de las comunidades autónomas. No solo son exclusivas, son de las pocas exclusivas no afectas ni por la legislación básica del Estado ni por la alta inspección del Estado ni por la configuración de determinados cuerpos de funcionarios como cuerpos nacionales ni por nada. Son de las pocas exclusivas puras. Sin embargo, el legislador estatal -de forma incorrecta, inadecuada y vulnerando en nuestra opinión la Constitución- reguló una materia sobre la cual carecía de competencia legislativa o normativa. Si usted comparte la opinión de la señora Díez de que hay que potenciar más su legitimidad competencial en esta materia, sinceramente le tengo que adelantar ya que me preocuparía mucho. ¿Que hay diecisiete más dos sistemas de dependencia? Tendría que haber diecisiete más dos; sobra el del Estado, si acaso. El Estado podría ejercer funciones de coordinación genéricas que ni siquiera le atribuye en este caso la Constitución, pero que podrían ser asumidas por las comunidades autónomas. Desde la invocación del artículo 149.1.1, que es el que se utilizó para la aprobación de la Ley de Dependencia para garantizar las condiciones de igualdad, podría atribuirse al Estado que de alguna forma garantice ciertas condiciones de igualdad.
Perdón, señor presidente. Si estoy diciendo algo inconveniente, usted me lo puede reprochar.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, usted nunca dice nada inconveniente.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Como le agradezco su consideración, señor presidente. Era un obiter dicta, una introducción.
Señora ministra, me gustaría que, no teniendo título competencial alguno, no hable de potenciar los títulos habilitantes de la Administración central del Estado, cuando ni siquiera la Administración del Estado ni los poderes legislativos del Estado tenían competencia para regular la materia. Solo faltaría que los potenciemos. Yo soy de letras, pero algo que se multiplica por cero sigue siendo cero. Respecto a los diecisiete más dos, diecisiete había y funcionaban bien a través de las conferencias sectoriales de forma razonablemente coordinada. ¿Garantizar las condiciones de igualdad? Utilizando o desmesurando ese principio constitucional previsto en el artículo 149.1.1, uno puede llegar incluso a hacer desaparecer el hecho autonómico y el principio dispositivo.
Pero vamos a dejarlo aquí y vamos a hablar de lo que nos concierne. Porque también espero que nos diga que no va a rescatar ninguna competencia de las que ya tienen o están ejerciendo las comunidades autónomas. Es otra invocación muy frecuente en la señora Díez y que yo respeto. Ella tiene legitimidad para hacerlo y yo tengo la misma legitimidad para refutar esta opinión. Espero que no intente rescatar ninguna competencia transferida. Vamos a hablar del plan de acción que usted ha desglosado de forma tan lúcida, si me permite la expresión. Hablando un poco de lo que estábamos comentando en la reflexión preambular que le he hecho, y como usted ha dicho que no solo va a afectar a la Administración central y a sus competencias sino a otras, me gustaría saber si este plan de acción va a penetrar también en el ámbito competencial y de actuación material o administrativa de las comunidades autónomas que ostentan en esta materia competencias exclusivas; y si va a entrar en el ámbito de las competencias autonómicas, si va a penetrar también el diseño del plan en las competencias de la Administración local. ¿Por qué le hablo de la Administración local? Porque la Administración local ejerce competencias importantes en una materia fundamental que es el problema de la accesibilidad o de la remoción de las dificultades u obstáculos arquitectónicos. En este momento el Ayuntamiento de Barakaldo, en la provincia de Vizcaya -casualmente gobernado por una persona de su partido-, ha sido denunciado ante la Administración de Justicia por no cumplir los requerimientos en materia de accesibilidad de la Ley de Accesibilidad aprobada por el Parlamento vasco -no los cumple materialmente- en virtud de denuncias presentadas por personas que, afectas por grados de discapacidad diversos, se encuentran con unas barreras arquitectónicas manifiestamente insuperables. De hecho, este grupo se ha permitido la licencia de pedir la comparecencia de la Fekoor, de la Federación de Euskadi en materia de obstáculos en relación a la discapacidad, muy vinculada a los obstáculos arquitectónicos, y de diversos concejales del Ayuntamiento de Barakaldo para hablar de esta cuestión. Desde esta perspectiva también me gustaría saber si hay alguna invocación o alguna previsión respecto a la Administración local, a los ayuntamientos, sobre todo en materia de remoción de barreras arquitectónicas donde el nivel de cumplimiento de la legislación es mínimo o muy relativo. Le invito a que realmente se entere de cuál es la situación de nuestros ayuntamientos en relación con este problema, porque este es un problema importante para las personas afectas por discapacidad -están incumpliendo las legislaciones autonómicas o la estatal-, y sobre todo a que se lo tome en serio y a que esto forme parte o se incardine dentro del tercer plan de acción para las personas con discapacidad. Me parece fundamental. Si vamos a penetrar en las competencias de otros, vamos a hacerlo bien y vamos a penetrar en aquellas que provocan mayores gravámenes o dificultan más cumplir los requerimientos del contenido esencial del artículo 149 de la Constitución, que no le voy a glosar porque usted lo conoce perfectamente.
Ha seguido hablando de otra cuestión preocupante que es la relativa al empleo y a la estrategia global de empleo para las personas con discapacidad. Nos gustaría conocer pormenorizadamente los documentos y el desarrollo de los mismos. Hay una expresión que, tal como la ha comentado usted, señora ministra, nos ha generado una cierta inquietud y preocupación. Ha hecho una referencia al medio y largo plazo en relación con las virtualidades de esta estrategia global para el empleo. Usted sabe que el problema del empleo es un problema coetáneo, es un problema con el que desgraciadamente convivimos en la actualidad y en el Estado español vamos a seguir conviviendo el año que viene también; aunque ya se está iniciando una incipiente recuperación en la mayoría de los países de la Unión Europea, no va a suceder así en el Estado español, que va a seguir en una situación de recesión, menor afortunadamente, y de destrucción de empleo. El problema del empleo de los discapacitados no requeriría quizá tanto de soluciones a medio o largo plazo, sino de algún tipo de solución paliativa como las del Plan del fondo de obras municipales para la lucha contra el desempleo, algo de estas características, que corrigiera de forma inmediata, porque el desempleo lo están sufriendo en estos momentos las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad y además con porcentajes que en el Estado español son lacerantes realmente, con índices de desempleo en relación con la población activa que se aproximan al 20 por ciento, que son porcentajes con los que es muy difícil convivir. Desde esta perspectiva le pido no solo que nos especifique el medio y largo plazo de la estrategia global de empleo sino las medidas paliativas inmediatas que, de alguna forma, corrijan el problema del desempleo, además para un colectivo que tiene particulares y específicas dificultades de empleabilidad, que es una cosa de la que en la reflexión intelectual tampoco deberíamos prescindir.
En relación con los centros especiales, me alegra que vaya a haber una potenciación de los centros especiales, pero no le he oído decir nada respecto al problema que tienen en este momento los centros especiales, que es la pérdida de clientes. Los centros especiales de empleo
tienen clientela cada vez menos consolidada, porque la clientela va desapareciendo. Las empresas que compran en estos centros especiales van cerrando. Me gustaría conocer, dentro del Plan de potenciación de centros especiales, los estímulos para que empresarios o empresas adquieran sus bienes en estos centros especiales; tendríamos que buscar elementos de estimulación, quizás entre todos, para que los centros especiales puedan continuar siendo competitivos dentro del mercado, ya que lo han sido tradicionalmente porque sus prestaciones o su capacidad de trabajar y la calidad de los productos que se realizaban en los mismos penetraban naturalmente en el mercado en términos de competencia ordinaria. En este momento habrá que hacer un sobreesfuerzo, porque los compradores de muchos de estos productos o están desapareciendo o tienen severas dificultades para mantener realmente a esta clientela que ha posibilitado que muchas personas con discapacidad puedan sencillamente trabajar.
Ha citado la Ley 1/2009, me alegro mucho de que cite esta ley, señora ministra, porque aquí mi grupo parlamentario siempre ha pretendido incluso una reforma mucho más profunda que la que acomete la Ley 1/2009, porque el tema de la tutela o de la curatela o cualquier situación de guarda, va mucho más allá de lo que usted nos ha explicado hoy. La situación del curador es poco menos que insoportable, igual que la del tutor, porque cuando un juez impone una situación de tutela o de guarda de cualquier naturaleza le impone muchas cosas a una persona que no está capacitada para realizar, en la mayoría de las ocasiones, ninguna de ellas. Le impone gestionar el patrimonio del tutelado; le impone rehabilitar cuanto esté en su mano para conseguir la rehabilitación del tutelado; le impone la obligación trimestralmente de dar cuentas de la gestión del patrimonio del tutelado ante el juez, que tampoco es un experto fiscal capaz de hacer una evaluación sobre si esa evaluación, a su vez hecha por el tutor, está bien hecha o no está bien hecha, porque no hay más que conocer a la judicatura para saber sus carencias, sobre todo en materia de evaluación de ciertas cuestiones vinculadas a actividades de naturaleza económica. Al final se le imponen unos gravámenes a los tutores que o se potencian de verdad los organismos tutelares -los organismos de dependencia foral en la Comunidad Autónoma del País Vasco afortunadamente funcionan bien- o realmente vamos a crear una situación de gravamen a los tutores o curadores que van a intentar evitar por todos los medios que un juez les asigne esta función. De hecho hay muchos mecanismos para evitar fraudulentamente adquirir la condición de tutor o de curador de una persona por razones de minusvalía o hasta por prodigalidad, por lo que fuera. Aquí hay que hacer una reflexión en serio y realizar una reforma profunda, en serio, del Código Civil, la que no se acomete con la suficiente ambición, en nuestra opinión, en la Ley 1/2009.
Por último, en relación con el deporte, señora ministra, me alegro de la potenciación del deporte. Ojalá los deportistas olímpicos se miraran en el espejo de los paralímpicos en materia de obtención de medallas. Con esto le estoy diciendo que todo lo que se haga en relación con esta materia es poco, pero todo lo que se haga desde los mecanismos de apoyo de las empresas, del partenariado, de las esponsorizaciones, desde la Administración pública y desde el seguimiento mediático, porque pasar de la 1 a la 2 es dar un salto más que cualitativo para el seguimiento de las verdaderas proezas que los atletas paralímpicos están realizando, bienvenido sea.
Señora ministra, quiero terminar mis palabras sobre un ministerio que, parafraseando de nuevo a la señora Díez, sí que es absolutamente transversal, porque lo cierto es que la vemos con una prodigalidad que espero que no la provoque someterse a una situación de guarda, porque tiene que tratar temas como el de la gripe A, temas como este, temas como el de la dependencia y la vemos permanentemente en los medios de comunicación y aún así, aun mantiene la sonrisa, lo cual es digno de encomio. Quiero desearle suerte y ofrecerle nuestra leal colaboración en la medida en que nuestras concepciones sobre cómo tratar estos acontecimientos coincidan con las de usted. Solamente quiero hacer una última mención, señor presidente. Estimo que el adelanto de la edad de la jubilación será sin coeficientes reductores, porque si vamos a aplicar coeficientes reductores adelantando la edad de jubilación, flaco favor hacemos a aquellos que se van a beneficiar -entrecomillando la expresión- del adelanto de la edad de jubilación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señora ministra, bienvenida a esta Comisión.
Sabe que ya manifestamos en otras ocasiones en la Comisión de Sanidad que una de las cosas que valora positivamente nuestro grupo es que se unificaran en un mismo ministerio la sanidad y las políticas sociales. Me alegro doblemente después de haber escuchado en su comparecencia alguna de las propuestas y de la forma en que usted las quiere potenciar, además porque sabemos de su sensibilidad en todos estos temas. También quería hacer, al igual que las personas que me han precedido en el uso de la palabra, algunas reflexiones y algunas preguntas un poco más concretas y específicas dentro de todo este ámbito de la discapacidad.
Usted nos ha comentado que el plan está orientado a la autonomía de las personas con discapacidad, nos parece perfecto y fabuloso, así debe ser, coincidimos absolutamente, pero para que muchas personas con discapacidad puedan llegar además a tener buena autonomía tienen que hacerse bastantes cambios y revisiones, y usted nos ha nombrado aquí ya unos cuantos reglamentos, decretos, reales decretos, que se tienen que actualizar, pero no le he oído, o al menos si lo ha dicho
a mí se me ha escapado, uno que también es muy importante
en todo este campo que está a caballo un poco entre sanidad y política social, aunque más bien está en el ámbito de la sanidad, que es la revisión de las ayudas del catálogo ortoprotésico. Usted sabe que este catálogo hace tiempo que tendría que estar revisado y actualizado, que muchas personas para tener una auténtica autonomía y para poder valerse necesitan de estas ayudas y que las últimas ayudas que van saliendo estén actualizadas, por lo que empieza a ser preocupante y urgente que todo esto se normalice, se actualice y se ponga en marcha.
Al mismo tiempo, también nos preocupa un tema que si bien estos días con el debate de los presupuestos lo estamos poniendo sobre la mesa quiero recordarlo hoy que tengo la oportunidad de tenerla en la Comisión que son los convenios que se hacían desde su ministerio, desde el Imserso en concreto, con los ayuntamientos, porque estas partidas bajaron el año pasado y siguen bajando. Esto nos preocupa. Mi compañero del Partido Nacionalista Vasco ha hablado de barreras arquitectónicas y de problemas con los ayuntamientos y ya que había un convenio con todos estos ayuntamientos, tenemos que vigilar que esto se mantenga y se siga ayudando y apoyando, porque hace muchísima falta.
También quería preguntarle sobre dos temas más. Por una parte, nuestro grupo hace mucho tiempo que viene preguntado sobre algo en lo que mantenemos batalla pendiente, y es que en el año 2006 se aprobó en esta misma Comisión una proposición no de ley para que el ministerio realizara un estudio sobre el agravio económico comparativo que padecen las personas discapacitadas. A principios del año pasado, dos años después, hice una pregunta al Gobierno sobre cómo estaba dicho estudio, y la respuesta que el Gobierno me dio por escrito decía -aquí la tengo- que se estaban poniendo las bases para su realización. Después de recibir esta respuesta volví a formular otra pregunta al Gobierno -que se ha perdido, y aunque no he solicitado el amparo respecto a esta cuestión aprovecho para volver a formularla porque es un tema que también tendría que estar encima de la mesa- sobre cuál era el calendario con el que el Gobierno se comprometía para tener elaborado ese estudio. Esa pregunta la registré en febrero -estamos casi terminando el año y ni se me ha contestado por escrito-, por lo que ahora que está usted aquí me gustaría que se comprometiera a decirnos, con tres años de retraso, para cuándo va a estar el estudio que tenía que elaborar el ministerio sobre el agravio comparativo que padecen las familias y las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Si no conocemos los costes, nos es más difícil cuantificar las políticas que vamos a emplear, cómo las vamos a utilizar, para que realmente haya una verdadera igualdad con el resto de las familias y con el resto de la población.
Asimismo, quiero aprovechar para decirle que supongo que desde su ministerio tiene intención de cumplir -lo doy por supuesto- el mandato que hace pocos días aprobamos en esta misma Comisión de revisar la composición de la comisión estatal de seguimiento del baremo de la discapacidad. Esa comisión de seguimiento -lo debatimos aquí hace pocos días- cuenta con personal técnico del ministerio y de comunidades autónomas, pero no cuenta con representantes fijos del mundo de la discapacidad. Aquí se aprobó que eso se arreglaría -usted ha hablado de cambios, de baremos, de reglamentos, etcétera- y espero que esta cuestión no tarde tanto como el citado estudio y que se pueda cumplir de manera inmediata que los representantes del mundo de la discapacidad organizada formen parte de la comisión de seguimiento de este baremo, que afecta a todas las personas que ellos representan.
Por lo demás, nos parece magnífico y estamos muy satisfechos respecto a la accesibilidad en el transporte ferroviario. Sobre este tema también he hecho algunas preguntas y he mantenido una batalla particular respecto a los AVE, los nuevos trenes, los trenes modernos que normalmente potenciamos y procuramos utilizar cuando podemos porque son los más cómodos. Usted ha hablado de adaptabilidad, pero en este punto quisiera hacerle una pequeña recomendación ahora que esos trenes se presentan como que ya están adaptados y que cuentan con un número importante de plazas para discapacitados, lo cual es así por ejemplo para las personas que usan silla de ruedas convencional, pero no para los que usan sillas de ruedas eléctricas. Estas personas todavía hoy cuentan únicamente en todo el tren con dos plazas y solamente en un vagón de clase turista, por lo que se les priva del derecho de poder viajar en otra categoría o de hacerlo en grupos de tres o cuatro personas si, como digo, su forma de desplazarse es mediante silla eléctrica. Me gustaría que tuvieran en cuenta este tipo de adaptaciones dado que cada vez compramos modelos con más capacidad. No obstante, como se mantiene el largo del tren -por decreto se establece que el número de este tipo de plazas depende del largo del tren- y ningún AVE pasa hasta ahora de los 200 metros, a pesar de que los trenes van aumentando su capacidad y el número de plazas se ha disparado bastante, estas plazas no se han aumentado. Esto favorece a las personas que se desplazan con silla de ruedas convencional -es cierto y nos alegramos de ello- porque después de plegarles la silla y guardársela pueden sentarse en un asiento, pero no a las otras personas, lo cual debe ser tenido en cuenta. Por ejemplo, en el trayecto que yo realizo desde Barcelona si se suben dos personas con este tipo de silla en Zaragoza ya no puede subir nadie más con sillas de estas características, lo cual es injusto. Le recuerdo esta cuestión porque sé de su voluntad y de sus ganas de trabajar también en este aspecto.
No quiero incidir en muchas más cosas porque estamos muy de acuerdo con el resto de proyectos que usted ha nombrado y nos alegramos de su voluntad y de su sensibilidad en este sentido. Ha hablado de la creación del centro de normalización de la lengua de signos que, como usted ha reconocido, es una reivindicación de hace muchos años, por lo que ya es hora de que todo esto también se ponga en marcha. Por mi parte no me queda más que
decirle que estamos contentos de que la sanidad y las políticas sociales estén bajo un mismo ministerio. Nos gustaría que no fueran dos compartimentos separados y que hubiera una buena interacción entre ambas materias. Usted sabe que muchas enfermedades crónicas generan discapacidad, cuestión que quedaba a caballo entre uno y otro; así, confiamos en que con la unión de estos ministerios y con su dirección todos estos problemas se vayan solucionando poco a poco, que es lo que en realidad deseamos desde nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señora ministra, en nombre del Grupo Socialista le doy la bienvenida a esta Comisión, agradeciéndole su presencia así como el contenido de su comparecencia por la amplitud y por la importante información y los compromisos adquiridos con el sector de la discapacidad en su acción de Gobierno y que hoy nos ha expuesto aquí. Igualmente quiero saludar en nombre de nuestro grupo la presencia en la Comisión, como invitados de representantes de las personas con discapacidad, de don Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, así como de miembros de su junta directiva; del presidente de Aspace; del presidente de la ONCE, señor Carballeda; e igualmente del presidente del Comité Paralímpico Español. Todos nosotros estamos contentos de poder compartir este espacio hoy aquí con ellos. Su presencia en esta Comisión quizá es una muestra más del esfuerzo de la iniciativa social del Gobierno y también de los miembros de la Comisión, de todos los grupos parlamentarios por abordar los temas que tienen que ver con la discapacidad, aunando voluntades para ir entre todos eliminando los obstáculos que dificultan la integración real de las personas con discapacidad, con diversidad funcional.
He de manifestarle en esta primera comparecencia que usted realiza en esta Comisión, como han hecho anteriormente otros portavoces, nuestra satisfacción por la oportunidad que supone para la implementación de políticas en materia de discapacidad el hecho de que el ministerio aglutine las competencias de sanidad y las competencias sociales. No cabe duda de que presenta un mejor desarrollo de lo que hemos dado en llamar el espacio sociosanitario y con seguridad va a facilitar la coordinación de ambos sistemas, que inciden de forma importante en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Quiero comentarle respecto a los compromisos electorales del Partido Socialista que el Gobierno está desarrollando en estos momentos los compromisos electorales que adquirimos en las últimas elecciones del mismo modo en que elaboramos el programa electoral, esto es con la participación del movimiento asociativo, de forma que pudiéramos captar la demanda del sector a la hora de plasmarlo posteriormente en la acción de Gobierno, en caso de gobernar, como así está siendo en estos momentos.
Estos compromisos se están cumpliendo, y además se está haciendo algo que para mí y para nuestro grupo es fundamental, se están reforzando algunas políticas necesarias en estos momentos de crisis precisamente para proteger a las personas con discapacidad que puedan estar afectadas especialmente por esta situación de crisis. En temas tan importantes, como ha comentado usted anteriormente, como el empleo, la aportación que se ha hecho desde la estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad y el Plan de acción 2009-2010 que la desarrolla contemplan las medidas necesarias para superar esta importante brecha que existe aún entre las personas con discapacidad y las personas que no la tienen en materia de empleo. Es un esfuerzo económico que se viene realizando igualmente en el desarrollo de la Ley para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Esta apuesta pone en evidencia que las políticas sociales no se pueden entender -desde nuestro prisma está claro- como un gasto, sino como una inversión. Si se han introducido apoyos específicos en estos momentos de crisis, ha sido en determinadas políticas que, además de proteger, estaban suponiendo un importante motor de la economía, porque están generando riqueza y empleo.
A lo largo de la legislatura, en materia de discapacidad se ha dado un impulso importante por parte de su ministerio al desarrollo normativo, al desarrollo legislativo en la anterior legislatura, que como fue muy intenso tenía un desarrollo muy amplio. Por eso estamos incidiendo ahora en temas tan importantes, como usted ha mencionado, como lo que tiene que ver con la Ley de autonomía personal y de atención a la dependencia o como la ley de apoyo a la lengua de signos y a la comunicación oral, todo ello en el marco de lo contemplado en la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad. En esta Comisión -usted igualmente lo ha mencionado- se ha estado trabajando durante todo este periodo en el análisis por parte de expertos que han comparecido y del propio sector de la discapacidad de lo que tiene que ver con las necesidades de nuestro país para adaptarnos a la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad. Nos ha parecido muy interesante que se creara este equipo interministerial para trabajar en este tema. Creo que aquí puede quedar recogido lo que comentaba antes el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en cuanto a lo que tiene que ver con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que ha sido uno de los elementos en que más se ha profundizado en las comparecencias de los expertos en esta Comisión. Posiblemente el desarrollo del artículo 12 de la convención va a servir para recoger todas esas dudas que planteaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Yo quería comentarles que nos parece muy importante que se designara al Cermi como organismo independiente para el seguimiento de la implantación de la Ley para la autonomía personal y atención a la dependencia. Creo que ese elemento de participación y reivindicación
es fundamental para ir alcanzando las metas que nos vayamos poniendo.
Quiero especificar algo respecto al tema presupuestario, las dudas que han puesto encima de la Mesa los portavoces de otros grupos parlamentarios, porque el esfuerzo que se está haciendo en materia presupuestaria con la implantación de la ley y en el resto de las políticas sociales es muy importante. Creo que todos estaremos de acuerdo en que cuando la ley entra en vigor, como es lógico, el derecho no estaba reconocido y no había ninguna persona atendida con carácter de derecho en esta situación.
Estamos hablando ahora mismo de que casi un millón de personas están ejerciendo su derecho al solicitar la ley y son 672.000 las que están valoradas y 420.000 las que están percibiendo alguna de las prestaciones o servicios que contempla la ley. Es un avance muy importante que se refleja en los presupuestos. Si no contamos con la ampliación de crédito que se hizo a través del PlanE y a lo largo de 2009, estamos hablando de un incremento presupuestario del 57,38 por ciento, que creo que es muy importante. El treinta y tantos por ciento que comentaba era contando con ese incremento y creo que hay que tenerlo en cuenta. Hablamos de más de 4.410 millones de euros que se han dispuesto para el desarrollo de la ley desde que entró en vigor el 1 de enero de 2007. Algo muy importante y que comentaba en la Comisión de Sanidad y Política Social el secretario general de Política Social en su comparecencia con motivo de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado es que se ha creado un programa de gasto nuevo en el Imserso que es autonomía y atención a la dependencia. Esto, que parece que pueda no ser importante, lo es, porque de alguna forma queda reflejado el compromiso presupuestario que se mantendrá para la implantación de la ley. Hablamos también, en materia de accesibilidad, de 100 millones de euros para el presupuesto de 2010.
Posiblemente sería necesario más, pero es muy importante teniendo en cuenta que los planes de estímulo a la economía, el conocido como PlanE, han tenido una partida elevada para el tema de accesibilidad y se está trabajando en esa línea.
Usted ha comentado los centros de referencia, el de enfermedades raras, con 13,5 millones de euros. Estamos de enhorabuena. Creo que era muy demandado por el colectivo de personas con enfermedades raras. Algo a destacar es el presupuesto de 14 millones de euros en materia de investigación en los centros de referencia. Desde nuestro punto de vista se produce un avance fundamental con la aprobación del III Plan de acción para las personas con discapacidad, porque, además de recoger y aglutinar todas las políticas que le conciernen, valora fundamentalmente lo que tiene que ver con la autonomía de las personas con discapacidad y porque incorpora como eje importante y transversal las políticas de género por las especiales dificultades que tienen las mujeres con discapacidad, el I Plan de acción para las mujeres con discapacidad. Hay algo fundamental, y es el empoderamiento de las personas con discapacidad y su participación social que recoge el III Plan de acción que usted nos ha comentado ampliamente.
Creo que si en algo ha quedado claro, señor Olabarría, el tema de la transversalidad ha sido en la exposición que cada portavoz ha hecho. De alguna forma ha habido un recorrido del Ministerio de Justicia al Ministerio de Educación... Entendemos lo que son las políticas de discapacidad como un todo, como algo global. Para terminar, para nosotros es muy importante que esas políticas transversales sean coordinadas por su ministerio y que lo siga haciendo con el mismo compromiso que lo está realizando ahora mismo en políticas de empleo, en refuerzo de los centros especiales de empleo, en políticas de educación inclusiva, en políticas de intervención sociosanitaria, en todas esas políticas que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad. Con seguridad se van a impulsar con la Presidencia española de la Unión Europea, porque creo que va a ser un marco importante para reforzarlas, no solo a nivel del Estado español sino europeo.
El señor PRESIDENTE: Han intervenido todos los grupos parlamentarios presentes. Ahora voy a dar la palabra a la señora ministra para contestar, advirtiendo únicamente que la señora Díez pidió disculpas por tener que ausentarse para participar en otra Comisión y leerá en el "Diario de Sesiones" sus respuestas. Tiene usted la palabra, señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): En primer lugar quisiera agradecer a todos los portavoces que han intervenido en esta Comisión sus palabras de bienvenida y sobre todo la actitud positiva y de colaboración que han manifestado en todas y cada una de sus intervenciones. Es bien conocido por todos, incluso para mí, que es la primera vez que tengo la oportunidad de intervenir en esta Comisión, que es un ámbito en el cual la colaboración y la cooperación son permanentes. Sé que a todos nos animan los mismos objetivos, y con independencia de que seamos capaces en cada momento de poner el acento en unas u otras iniciativas, lo cierto es que la actitud de colaboración y cooperación que han manifestado a lo largo de estos últimos años y el trabajo conjunto que se realiza con el movimiento asociativo, es lo que nos ha permitido avanzar, como yo creo que lo hemos hecho y seguiremos en el futuro. Por tanto, les agradezco sinceramente su actitud constructiva y de colaboración y les reitero mi máxima disposición para seguir avanzando.
Ha habido algunas intervenciones que han hecho reflexiones que son compartidas y algunas preguntas a las que espero poder responder.
Comenzaré por la intervención que ha hecho el señor Vañó, portavoz del Grupo Popular con relación a los presupuestos y a la financiación. Quiero referirme de forma más general para que también pueda dar respuesta a algunas de las intervenciones que se han hecho desde otros ámbitos. En primer
lugar abordaré la financiación de la Ley de Dependencia. Esta ley, lo decía también la señora Díez, supuso un hito fundamental en la consolidación de una serie de derechos y prestaciones que se venían reivindicando largamente por el sector. Entre todos decidimos dotarnos de un cuarto pilar del Estado del bienestar que suponía la consolidación de una serie de derechos con carácter universal. Es un derecho subjetivo.
Todo ello supone la puesta en marcha y el desarrollo con un proceso que presentaba algunas dificultades en su consolidación. Soy consciente de que todavía queda mucho por hacer en el desarrollo e implantación definitiva de la Ley de autonomía personal y la dependencia, pero creo sinceramente que estamos trabajando con solvencia, con rigor y en una actitud de colaboración, porque somos corresponsables el Estado y las comunidades autónomas en su desarrollo. Sé que es fácil poner de manifiesto cuáles son todavía los déficit y las carencias, pero es importante también que lancemos un mensaje de aquello que hemos podido lograr, porque estamos hablando de una ley, con la consolidación de un derecho subjetivo, que apenas lleva desarrollándose dos años y medio. En este tiempo hemos conseguido que nueve de cada diez personas que han solicitado acogerse a esta ley hayan sido ya valoradas y que tres de cada cuatro personas de las que lo han sido positivamente y que tienen derecho a recibir una prestación o un servicio lo estén ya disfrutando. ¿Qué significa esto? Que en diciembre de 2009 tengamos alrededor de medio millón de personas que puedan disfrutar ya de un derecho que le corresponde. ¿Queda mucho por hacer? Sí, pero ¿qué hemos logrado? Ir consolidando un sistema de dependencia que, a pesar de las dificultades, ha conseguido ir consolidándose y sobre todo nos permite hablar de unas expectativas de futuro de consolidación de dicha ley. Es verdad que cuando se pone en marcha la ley estamos en un periodo de bonanza económica. Como es corresponsabilidad del Estado y de las comunidades autónomas, con su desarrollo, puesto que han caído los ingresos, tanto en el ámbito regional, en el autonómico, como en el estatal, nos podíamos encontrar con un periodo de una mayor dificultad. Aun así hemos mantenido los compromisos; de hecho, el señor Vañó lo señalaba. La partida presupuestaria destinada a dependencia se incrementa en un 33 por ciento, consciente de las dificultades, consciente de la necesidad de cumplir el mandato legal de seguir desarrollando dicha ley.
En este momento también tenemos que hacer referencia a que en el nuevo sistema de financiación se ha incorporado la dependencia, la sanidad y la educación, para que el 80 por ciento del nuevo acuerdo de financiación autonómica vaya destinado a estos capítulos. Es importante que se diga -para que cuando finalmente se apruebe el nuevo acuerdo de financiación y en un contexto de recuperación económica-, que aumentarán las cantidades destinadas a este concepto. El compromiso del Estado aquí es firme y claro. También es importante hacer referencia a cómo se han aumentado de manera sustancial los porcentajes de impuestos que van a financiar a las comunidades autónomas. El IVA pasa del 35 al 50 por ciento, y cuando estemos en un periodo de mayor recuperación económica las comunidades autónomas van a notar el aumento de los ingresos. El IRPF pasa del 33 al 50 por ciento. Los impuestos especiales pasan del 40 al 58 por ciento.
Esto constituye una de las cesiones más importante de impuestos a las comunidades autónomas en los últimos 20 años. ¿Por qué hago esta referencia? Porque esto va a suponer mayores ingresos a las comunidades autónomas, mayores recursos a las comunidades autónomas y mayor capacidad para hacer frente a una situación de demanda creciente de las necesidades, sobre todo de las personas que están en algunos de los grupos definidos en la Ley de autonomía personal y de dependencia. ¿Qué significa eso? Que podemos hablar sin lugar a dudas de consolidación, de desarrollo y de sostenibilidad del Sistema de Dependencia. Son algunas de las recomendaciones que por cierto vienen incluidas en el informe de los expertos. Hay muchos informes que estamos tratando de ir actualizando, incorporando y mejorando. Todo lo que supone la consolidación de un derecho subjetivo requiere un cierto tiempo para su desarrollo y perfeccionamiento, y estamos siendo enormemente sensibles a toda la evaluación que vamos haciendo para poder responder de manera consistente, sólida y sobre todo haciendo sostenible en el tiempo ese sistema que para nosotros es un elemento fundamental. En cuanto a algunas reflexiones que se han hecho sobre minoración de crédito del Plan de acción para personas con discapacidad, me gustaría señalar que dicho plan se desarrolla mediante actuaciones de los diferentes ministerios y también con importantes actuaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social. Por ejemplo, desde el Ministerio de Fomento con las medidas de accesibilidad en los transportes públicos, desde el Ministerio de Educación con acciones en materia de educación inclusiva, desde el Ministerio de Trabajo con acciones que facilitan el empleo, desde el Ministerio de Vivienda donde también se contemplan medidas a favor de las personas con discapacidad. El Plan de acción tenemos que contemplarlo desde un punto de vista global, mucho más amplio. Por tanto, si empezamos a sumar todas las partidas, el Plan de acción es muy ambicioso, que es lo que nos permite trabajar con una cierta transversalidad y que sus presupuestos no estén consignados únicamente en un ministerio que tenga un carácter sectorial, sino que hable de un plan que tenga ese elemento fundamental de condición de ciudadanía. De ahí la transversalidad.
También quiero resaltar, porque se han hecho muchas referencias, el Plan de accesibilidad y la obligación que tienen algunas entidades locales. Es importante decir que nunca, jamás, se había hecho un plan de accesibilidad como el que hemos desarrollado en el año 2009, con más de 223 millones de euros del Fondo estatal de inversión local para eliminar barreras arquitectónicas. Hay que decirlo porque es la primera vez que se ponen encima de la mesa 223 millones en un solo plan, que nos ha
permitido dirigir acciones en 458 ayuntamientos con un
total de 814 proyectos. Se puede afirmar que es la mayor financiación pública que se ha realizado en España para la mejora de la accesibilidad de las personas discapacitadas. ¿Qué quedan todavía cosas por hacer? Sí, pero es la mayor inversión pública que se ha hecho nunca en la historia de nuestra democracia con 223 millones en un solo ejercicio presupuestario. El nuevo PlanE que está ya programado para el año 2010 con toda seguridad también financiará proyectos de accesibilidad.
En el ámbito del Ministerio de Sanidad y Política Social también los fondos destinados a la dependencia -como le decía- se han visto incrementados de forma importante, así como las partidas destinadas a las subvenciones del régimen general en el área de discapacidad para el ejercicio 2010. Por otra parte, tenemos una enorme cantidad de convenios de colaboración y contratos que están a cargo del capítulo 2, en el que también se están llevando a cabo fuertes actuaciones con relación a la lengua de signos, medios de comunicación oral, servicios de intérpretes de lengua de signos, intermediación telefónica para personas con discapacidad auditiva, servicios de logopedia y servicios de información a la discapacidad. Con respecto a las acciones del sistema arbitral, en colaboración con las comunidades autónomas, se tiene previsto firmar convenios de colaboración para sufragar los costes de puesta en marcha y mantenimiento del sistema. Todo esto sucede teniendo en cuenta el contexto de austeridad presupuestaria en el que nos desenvolvemos. Sin embargo, en la apuesta firme y decidida de no minorar ninguno de los compromisos que van destinados a determinados colectivos, sobre todo a las personas con discapacidad, la financiación de la Ley de Dependencia es clara y firme, y hemos hecho un gran esfuerzo. El señor Vañó así lo ha reconocido. No se trataba tan solo de mantener los compromisos presupuestarios, sino de trabajar con una mayor dosis de imaginación; creo que ha sido su expresión, y yo la comparto. Dentro de las circunstancias de austeridad, los recursos que tenemos en este momento nos dan instrumentos suficientemente potentes para que, con ese ejercicio de imaginación que significa saber actuar en épocas de dificultad y de crisis -pero también con un colectivo que viene demandando determinadas reivindicaciones desde hace mucho tiempo-, estemos en condiciones de dar ese salto en el que venimos todos participando en los últimos tiempos.
Hemos ajustado los créditos a las necesidades reales, que en ningún momento van a ser desatendidas. Vamos a hacer ese esfuerzo con carácter permanente y voy a trabajar de manera estrecha con todos los ministerios para que se cumpla todo lo que hemos previsto. También he visto que desde la perspectiva del movimiento asociativo se ha hecho un esfuerzo para optimizar los gastos, vía convenios de colaboración, contratos de actividades, que es un ámbito en el que queremos seguir trabajando mucho.
En cuanto al tema del empleo es importante destacar que el Plan de acción 2009-2010, que aprobó el Consejo de Ministros en marzo de 2009 y que tiene como objetivo el impulso y la ejecución de la estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad, también recoge la programación que los distintos ministerios van a llevar a cabo en el marco de sus competencias en los años 2009 y 2010. El Ministerio de Trabajo siempre ha incorporado estímulos para la contratación de personas afectadas por algún tipo de discapacidad, y desde luego lo va a seguir aplicando. Dentro del Ministerio de Trabajo hace ya muchos años que se incorporó el estímulo dirigido a la contratación para las personas afectadas por algún tipo de discapacidad. En el Plan de acción se institucionaliza el marco del diálogo de las administraciones públicas con los agentes sociales, que son empresarios y sindicatos, pero también por primera vez con el sector de la discapacidad, con el Cermi, a través de la creación de tres grupos de trabajo específicos: por un lado, las barreras e incentivos económicos; por otro lado, educación y formación; y finalmente, empleo ordinario y protegido. Es importante señalarlo, porque por primera vez se incorpora no los agentes sociales, empresarios y sindicatos, sino también el Cermi. Estamos trabajando una estrategia muy seria. ¿Por qué es una estrategia a largo plazo? Por algo que también el señor Vañó nos decía, señor Olabarría, porque queremos ser realistas. No podemos generar expectativas que no tengamos la capacidad de cumplir.
Crear empleo dirigido a este colectivo requiere formación, acción, medidas de discriminación positivas y acciones positivas, y tienen que empezar a dar sus frutos, en un contexto evidentemente de caída del empleo con carácter general. También incorporamos medidas coyunturales.
Igual que en el PlanE van dirigidas acciones determinadas para frenar la caída del empleo, también van dirigidas a los centros de creación especial de empleo -de hecho lo hemos contemplado en estos presupuestos- medidas específicas dirigidas a un sector que es más vulnerable a la situación de crisis económica. Antes les decía que un ejemplo de lo que estamos haciendo en este sentido es el de la distribución de los 40 millones de euros previstos para los centros especiales de empleo. Como ustedes saben, esta distribución de los 40 millones de euros es competencia del Ministerio de Trabajo e Inmigración -que ha de hacerlo siempre conforme a la orden del ministerio-, en el que se fija el reparto por comunidades autónomas de acuerdo con los criterios de distribución territorial acordado por estos fondos adicionales -la Conferencia Sectorial de Empleo-, en una reunión que tuvo lugar los días 23 de junio y 26 de agosto. Una vez que en próximas fechas quede efectuada la tramitación económico-administrativa se hará el libramiento a las comunidades autónomas. Estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades, de las condiciones, con mucha solvencia y mucha seriedad y siempre teniendo en cuenta los acuerdos y el marco normativo al que hemos llegado.
Sobre el acceso a los servicios públicos de transporte, evidentemente siempre se puede mejorar, pero hemos dado un salto enorme, cualitativo, desde el punto de vista de las acciones para garantizar que las personas con
movilidad reducida puedan acceder a cualquier tipo de servicio ferroviario. Se adelanta en seis años la fecha prevista para que todos los trenes estén adaptados. Son dos ejes fundamentales los que nos lo van a permitir. Por un lado, la adaptación de los trenes, cuya flota estará adaptada y equipada totalmente en 2012 habiendo adaptado 480 trenes.
Estamos hablando de plazos. Inicialmente estaba previsto para 2020, pero se está trabajando intensamente. Hemos invertido 305 millones de euros.
Sé que todavía es insuficiente, pero es importante poner de manifiesto lo que hemos alcanzado, sobre todo si vemos lo que teníamos antes. Por otro lado, está la accesibilidad a las estaciones, no solamente a los trenes.
En 2014 todas las estaciones permitirán la plena autonomía de las personas con movilidad reducida. Se van a adecuar 296 estaciones invirtiendo 479 millones de euros. Todo esto hay que verlo en su conjunto, con planes consolidados, aprobados, diseñados y con plenas garantías de realización. En 77 estaciones habrá un servicio permanente con personas que estarán encargadas de acompañar a las personas con dificultad de movilidad, siempre que haya un preaviso de doce horas -esto es algo mínimo-; también en otras 148 estaciones. Debemos aunar esfuerzos y queremos volver a agradecer el esfuerzo y el trabajo que se ha realizado conjuntamente con el Cermi. Antes de que termine el año la comisión de seguimiento, creada en el convenio-marco firmado entre el ministerio y el Cermi, se reunirá para impulsar las medidas que están ejecutando y revisar aquellas que todavía estén pendientes.
Quisiera dar respuesta a alguna pregunta que me han hecho de manera particular algunos portavoces. Sobre la autonomía personal en la dependencia -a la que el señor Vañó se ha referido- querría volver a insistir. Estoy de acuerdo en que es necesario promover la autonomía personal en el marco de la ley. En este caso, y con el objetivo de avanzar, es por lo que en breve el Imserso va a poner en marcha una nueva medida que se ha diseñado en colaboración con el Cermi, que nos va a permitir poner a disposición de las personas con discapacidad a un profesional de referencia que les acompañe en su integración, siempre para promover el desarrollo de esa parte de autonomía de la ley. Este orientador diseña con ellos un itinerario de acompañamiento, que puede ser educativo, de búsqueda de empleo, de desarrollo profesional o personal. El orientador les ofrecerá la información necesaria sobre los recursos que hay a su disposición -porque a veces no conocemos suficientemente cuáles son los recursos- para apoyar los estudios, para acceder al mercado de trabajo, etcétera, sobre los trámites necesarios que pueden hacer, y sobre aquellas cuestiones que contribuyen a la autonomía de las personas con discapacidad. Inicialmente se pondrán en marcha cinco experiencias piloto en Ceuta y Melilla y en los centros de referencia del Imserso; y más adelante se estudiará su aplicación en el resto de comunidades autónomas.
También quisiera introducir una reflexión que ha incorporado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en relación con el ámbito de instrucción competencial. No quisiera entrar ahora en un debate que ya se hizo -entiendo que el portavoz del PNV lo ha mencionado por la intervención de la señora Díez- sobre la ley que se aprobó y que creo que ha sido una muy buena ley. Fundamentalmente se hace sobre la base -usted lo ha dicho- de la igualdad, de garantizar la igualdad en el desarrollo pleno de la ciudadanía en cualquier territorio del Estado español. Eso es básico y nosotros tenemos la obligación desde el Ministerio de Sanidad y Política Social de hacer posible el desarrollo de esa igualdad. Creo que en ese sentido hemos dado un paso muy importante y eso no significa limitar las competencias de ningún ámbito en el desarrollo que están haciendo las comunidades autónomas; creo que significa dar respuesta a lo que era una necesidad y una competencia del Estado, que es garantizar la igualdad en el disfrute de los derechos y prestaciones de todos los ciudadanos con independencia del territorio donde uno viva.
No quería olvidar, aunque vaya de un lado a otro, una referencia que también ha hecho creo que el señor Vañó sobre las cláusulas sociales en materia de empleo. No sé si ha sido usted, señor Vañó, o algún otro portavoz quien ha hablado sobre las cláusulas sociales introducidas por el Ministerio de Defensa, que ya se han adelantado y cuya aplicación, el Ministerio de Sanidad y Política Social ya ha comprometido, lo que desde luego vamos a conseguir antes de que finalice el año.
La señora Tarruella, portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), también nos habla sobre los convenios con los ayuntamientos, sobre la posibilidad de facilitar la eliminación de las barreras arquitectónicas con los convenios que hacemos con los ayuntamientos. Insisto, quiero poner de manifiesto la importancia que ha tenido la puesta en marcha del PlanE, que ha hecho posible que los ayuntamientos dispongan de esos 230 millones de euros, lo que supone un incremento exponencial respecto a los convenios que veníamos firmando en los últimos años. También le contesto en este sentido al portavoz del PNV sobre el mismo PlanE. Quiere que me pronuncie sobre Barakaldo porque allí gobierna no solamente un alcalde del PSOE sino un buen amigo mío.
(Rumores.) Efectivamente es una anécdota. Si hay algo en lo cual hemos puesto un gran empeño desde el Ministerio de Sanidad y Política Social en los últimos años ha sido en la eliminación de las barreras arquitectónicas. Le voy a confesar que ha sido incluso una posición casi personal porque cuando estaba en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid si había algo que me hiciera salir a la calle de manera permanente, acompañada de los representantes de los colectivos afectados por algún tipo de discapacidad, era comprobar las dificultades con las que uno tenía que convivir día a día. Es algo que hemos venido impulsando. Insisto, no despreciemos que 237 millones de euros -que es una enorme cantidad
e dinero- se han puesto en manos de los ayuntamientos.
Es la mayor inversión pública que se ha hecho en estos últimos años para ir eliminando las barreras. Por lo tanto, le vamos a exigir a todos los ayuntamientos, sin excepción, que cumplan con ese compromiso y con esas disposiciones. No olvidemos tampoco que la accesibilidad que hemos puesto en marcha con el Ministerio de Fomento en el transporte ferroviario supone también un avance extraordinario en la eliminación de esas barreras arquitectónicas.
Creo que ya he contestado también a la señora Díez en cuanto al desarrollo de la Ley de Dependencia. A veces me incomoda que cuando se habla de la Ley de Dependencia, aun reconociendo por parte de la mayoría la importancia que ha supuesto una ley que desarrolla y pone en marcha un derecho subjetivo para todas las personas afectadas con algún tipo de discapacidad, y cuando se ve con una cierta perspectiva el desarrollo de la ley en este último año y medio -que creo que ha supuesto un salto enorme en la consolidación de esos derechos-, solamente se vea la parte que queda por hacer. Un sistema nacional de pensiones, un sistema nacional de salud, un sistema nacional de educación y ahora el cuarto pilar del Estado del bienestar requieren un tiempo. Yo me siento muy orgullosa de que entre todos hayamos conseguido aprobar una ley, ponerla en marcha e ir consolidándola, y me encantaría -y seguro que al presidente de esta Comisión también- que en el año 2015 hiciéramos una evaluación seria de cómo se ha conseguido desarrollar la ley, consolidarla y hacer posible el disfrute de unos derechos subjetivos que ya para siempre nadie podrá alterar para determinados colectivos y personas. Eso, lo que supone de desarrollo y de consolidación, es algo que me hace sentir muy orgullosa de mi país. A pesar de las dificultades lo hemos ido consiguiendo, y creo que eso es algo importante que hay que reconocer.
En relación con una pregunta que formulaba la señora Díez sobre el copago -para que no crea que estamos pendientes de los manuales que permiten establecer los mismos criterios para todas las personas con independencia del territorio, porque hemos estado haciendo un esfuerzo permanente de actualización de la evaluación y de los baremos, de indicaciones para la SGIA- en el mes de diciembre de 2008, ya hace casi un año- se acordó la fórmula en la que se establece la participación de los usuarios en el coste de los servicios para poder hacer homogéneos los máximos de las comunidades autónomas. Ellas están desarrollando este modelo dentro de los límites comunes establecidos en el consejo territorial. Por tanto, insisto, permanentemente se están actualizando los criterios, los baremos, los sistemas de evaluación para poder hacer homogéneo todo eso, dentro de límites que marcamos en el consejo territorial.
La señora Díez también hablaba sobre la tarjeta sanitaria. Estamos siendo pioneros en implantar la tarjeta sanitaria. Es verdad que esto es una competencia -la señora Tarruella lo conoce bien- más del ámbito de la sanidad, pero ya que estamos tendiendo hacia la creación y la integración del espacio sociosanitario, le diré que somos uno de los países europeos que con más intensidad está en condiciones de desarrollar la tarjeta sanitaria única. De hecho, pensamos que a finales del año 2010 ya dispondremos de ella, lo que nos permitirá que cualquier persona, con independencia del territorio del que proceda, pueda acudir a cualquier lugar de España y que allí se pueda conocer con toda seguridad su historial médico, sus pruebas diagnósticas y cualquier incidencia que haya habido en su historial a lo largo de su vida para así no tener que repetir pruebas diagnósticas, pero sobre todo para que se le pueda tratar con toda seguridad. Eso evidentemente es para cualquier persona, también para las que estén afectadas por cualquier tipo de discapacidad.
Los instrumentos son los que nos da la ley, no hay que inventarse nuevos.
Los instrumentos son a los que nos obliga el ejercicio de corresponsabilidad del que nos dotamos con la propia ley, la confianza.
En un Estado plural compuesto, como es el Estado de las autonomías, los tres elementos y los tres instrumentos básicos para desarrollar cualquier iniciativa y cualquier derecho se basan en la colaboración, en la cooperación y en el ejercicio de la autonomía; mejor dicho, si hablamos de las tres ces, en el ejercicio de la competencia. Por tanto, no hay que buscar ningún instrumento nuevo. Estamos desarrollando la ley y lo estamos haciendo bien.
Sobre los temas de empleo, el Plan de acción y los centros especiales de empleo, a los que aludía el portavoz del PNV, me he referido también de manera particular. Todos coincidimos en la importancia de que se haya aprobado la Ley 1/2009 porque supone un salto cualitativo, y le agradezco que lo haya reconocido. Siempre queda algo más por hacer, al igual que la consideración que hacía sobre el deporte, aspecto sobre el que afortunadamente hemos podido avanzar mucho en estos últimos años y sobre el que creo que estamos en condiciones de avanzar más. Sería bueno que los deportistas olímpicos se reflejaran en el espejo de los deportistas paralímpicos porque ahí habría mucho que decir y que avanzar también.
Desde luego desde nuestro ministerio vamos a seguir potenciándolo y desarrollándolo.
Queda una parte que me interesa también señalar -quiero que lo tomen como un compromiso personal-, y es la relativa a la revisión del catálogo ortoprotésico. Es una reivindicación que no solo considero justa sino urgente que se incorpore cuanto antes, y no solamente porque lo haya dicho el Cermi y vengan planteando desde hace ya mucho tiempo la revisión de ese catálogo, sino porque si realmente queremos ajustarnos a las necesidades que tienen determinadas personas, no se puede seguir manteniendo el catálogo actual. El compromiso que quiero manifestar ante esta Comisión es que revisaremos dicho catálogo y daremos respuesta a muchos de los planteamientos que se han venido haciendo. Es una cuestión de justicia. Siempre se han podido esgrimir razones presupuestarias, que es cierto que existen, pero
sería absurdo que mantuviéramos un catálogo que en la
mayoría de los casos no responde a las necesidades de las personas que lo precisan. Por tanto, lo vamos a revisar y vamos a dar respuesta a todos los planteamientos que se han venido haciendo.
Quisiera finalizar como lo he hecho en mi intervención inicial. En los ámbitos de la discapacidad y de la dependencia, las necesidades pueden llegar a ser infinitas. Han sido muchos años en los que estos colectivos han estado sin poder participar en la definición de las iniciativas legales, sin poder participar en la definición de las iniciativas políticas, sin poder hacer llegar su voz de forma que se incorporen sus propias reivindicaciones. Soy consciente de que hemos empezado hace algunos años a trabajar de manera conjunta los partidos políticos y el movimiento asociativo y creo que nos debemos felicitar por ese esfuerzo que hemos venido haciendo entre todos. Insisto, no estamos en el mejor de los mundos posibles, soy muy consciente de que queda mucho, mucho trabajo por hacer. Vuelvo a lo que fue el final de mi intervención inicial: me comprometo con todos ustedes a seguir avanzando. En el presupuesto hemos hecho un esfuerzo para que ninguna de las partidas que permitiera avanzar en los programas y en los compromisos adquiridos se viera minorada un ápice, para que fuera una realidad, y desde luego seguiré trabajando para que en el desarrollo de estos presupuestos podamos ir haciendo todas las incorporaciones que sean necesarias para poder llevar a cabo los objetivos que todos hemos compartido. Es un compromiso personal y de Gobierno.
Les agradezco muchísimo haber contado con su participación. Agradezco también a la portavoz del Grupo Socialista que haya tenido la amabilidad y la deferencia de recoger todas aquellas iniciativas y acciones que creo que es necesario repetir para poder ser consciente de todo lo que hemos avanzado y para seguir estimulando en todo aquello que nos queda pendiente. Quiero reiterar mi agradecimiento a todas las personas que han querido acompañarnos aquí y que son representantes fundamentales del movimiento asociativo. Sin su colaboración permanente hubiera sido mucho más difícil llevar a cabo todas estas acciones que hoy hemos podido resumir y proyectar para el próximo año. De nuevo agradezco su presencia y les pido que sigan apoyándonos, pero también que sigan ejerciendo ese derecho de reivindicación permanente, de control permanente que han de mostrar siempre con el Gobierno. Es su derecho y se lo reconocemos. Desde el ejercicio de ese derecho de reivindicación permanente y colaboración para tener claro cómo hemos de actuar, les emplazo a que sigamos trabajando en el futuro.
A la señora Tarruella, que debe de estar un poco cansada desde que empezó a preguntar sobre el estudio, debo decirle que se ha contratado con un centro de la Universidad Carlos III -al menos ya tenemos una primera respuesta- y que los resultados de la presentación de este estudio los tendrá -me comprometo personalmente- antes de que acabe el año.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su comparecencia, señora ministra.

References: real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 149
 resolución 
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 12