Source: https://vlex.co.cr/vid/sentencia-n-2018-00783-772336021
Timestamp: 2019-10-21 14:46:55+00:00

Document:
Sentencia Nº 2018-00783 de Sala Tercera de la Corte, 30-10-2018 - Jurisprudencia - VLEX 772336021
Sentencia Nº 2018-00783 de Sala Tercera de la Corte, 30-10-2018
*140010050219PE*
Exp: 14-001005-0219-PE
Res: 2018-00783
SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y doce minutos del treinta de octubre del dos mil dieciocho.
Recurso de Casación , interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], [...], cometido en perjuicio de [Nombre 002].. Intervienen en la decisión del recurso, las Magistradas y Magistrados suplentes Jaime Robleto Gutiérrez, Jorge Enrique Desanti Henderson, Rafael Segura Bonilla, Rosibel López Madrigal y Sandra Eugenia Zúñiga Morales. También intervienen en esta instancia, los licenciados Jorge Enrique Gonzalo Villalobos y Ricardo Marín Vargas , en su condición de defensores particulares del encartado . Se apersonó el fiscal Julián Martínez Madriz, como representante del Ministerio Público.
1. Mediante sentencia N° 2018-150 , dictada a las diez horas y cincuenta y dos minutos del veintitrés de marzo del dos mil dieciocho, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, resolvió: “POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del acusado [Nombre 001], manteniéndose incólume lo resuelto. NOTIFÍQUESE. RODRIGO OBANDO SANTAMARIA- JUEZ DECISOR JORGE ARTURO ROJAS FONSECA- JUEZ DECISOR MARCO MAIRENA NAVARRO- JUEZ DECISOR” (sic).
2. Contra el anterior pronunciamiento, los licenciados Jorge Enrique Gonzalo Villalobos y Ricardo Marín Vargas, en su condición de defensores particulares del encartado, interpusieron Recurso de Casación.
I. Mediante escrito visible en folios 47 vto. a 54 fte. del legajo de actuaciones, los licenciados Jorge Enrique Gonzalo Villalobos y Ricardo Marín Vargas, en su condición de Defensores Particulares del acusado [Nombre 001], interponen recurso de casación contra la resolución Nº 2018-150, de las diez horas con cincuenta y dos minutos, del veintitrés de marzo del dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago.
II. Mediante resolución Nº 2018-00556, de las diez horas con treinta y cinco minutos, del diecisiete de agosto del dos mil dieciocho, la Sala admitió para su estudio, el primer y tercer motivo del recurso interpuesto por los señores defensores del encartado [Nombre 001].
III. En el primer motivo admitido, los recurrentes alegan la falta de fundamentación del fallo por violación al artículo 142 del Código Procesal Penal. Lo anterior, en razón de que el fallo se basa en un resultando que no tiene nada que ver con la condena recibida por su defendido. Proceden a transcribir el resultando de la sentencia cuestionada, en donde en lo que interesa se indica: “…se declara a [Nombre 013] autor único y responsable de un delito de venta de droga en perjuicio de la salud pública, y en tal carácter se le impone una pena de seis años de prisión…” (Folio 48). Aducen que su representado no fue condenado por ningún delito relacionado con drogas. Consideran que ese defecto constituye un motivo válido para recurrir en casación, pues nos hallamos ante la presencia de graves errores en la construcción del razonamiento, toda vez que se inicia con un razonamiento inválido (resultando) de tal entidad que implica la ineficacia de la resolución. Señalan que el juez se encuentra obligado a justificar sus actos y resoluciones, a indicar las razones, causas y fundamentos, los cuales ha de plasmar en un documento que no sólo se ponga en conocimiento de las partes, sino también de la colectividad en su conjunto. Alegan que la motivación del fallo no sólo tiene valor procesal sino también extraprocesal. Desde su óptica, si bien es cierto pareciera que este aspecto formal obedece a un error material (el uso de un "machote"), lo cierto del caso es que dada la formalidad y lo extraordinario del recurso que formulan, consideran que la sentencia del Tribunal de Apelación debe de resguardar y cuidar esos aspectos de formalidad. Reiteran que el imputado en esta causa es [Nombre 001] y no fue condenado por ningún delito de narcotráfico. Finalmente señalan que el vicio antes descrito trasciende a los sujetos involucrados en el caso concreto. El motivo admitido se declara sin lugar por las razones que a continuación se exponen. En primer lugar, debe indicarse que, aunque lo ideal serían que los Tribunales redactaran sus resoluciones con la diligencia y el cuidado debido y así evitarse inconvenientes, como el aquí descrito, donde claramente se aprecia que los juzgadores de apelación introdujeron datos pertenecientes a una causa absolutamente diversa a la objeto de la litis . Así, el fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia, en su acápite denominado “Resultando” indicó “1. Que mediante sentencia número 245-2017 de las once horas quince minutos del once de mayo, el Tribunal del Primer Circuito Judicial de la zona sur, sede Pérez Zeledón,resolvió: “POR TANTO … se declara a [Nombre 013] AUTOR Y ÚNICO RESPONSABLE de UN DELITO DE VENTA DE DROGA EN PERJUICIO DE LA SALUD PÚBLICA, y en tal carácter se le impone una pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN,…” (El énfasis es del original. Cfr. f. 40), y de la lectura de este expediente se advierte que la causa se sigue en contra del señor [Nombre 001] , por un delito de Violación en perjuicio de la menor de edad [Nombre 002]., en la cual se le encontró autor responsable y en tal carácter se le impuso la pena de dieciséis años de prisión. Sin embargo, es lo cierto que, la actuación descrita no implica, por sí sola, una afectación a derechos, como erróneamente lo sostienen los casacionista. No puede obviarse que, la sentencia es una unidad de sentido lógico-jurídica, y por tanto, si de la simple exposicion de esta pieza puede desprender que sí se valoraron eventos y hechos del caso particular, no resulta ser un vicio que afecta la validez de lo resuelto. Por el contrario, esta Sala determina que nos encontramos ante lo que se conoce como un error material, el cual se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, implicado, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayor razonamiento y constatándose prima facie por la sola lectura de los datos del instrumento que lo contiene, como por ejemplo: las equivocaciones de nombres, de fechas, de operaciones aritméticas, o transcripciones de documentos. Al respecto, nuestra legislación contempla el error material en los numerales 146 y 348 del Código Procesal Penal, siendo de gran relevancia este último artículo, ya que introduce una característica fundamental en la comprensión de este concepto, al preveer que la corrección de este tipo de yerro no debe producir alteracion alguna en el sentido del acto o la resolución jurídica emitida; es decir, que se considera error material en el tanto éste no modifica su esencia, ni trate de circustancias sorpresivas relativas a hechos desconocidos y no imputados al encartado, que afecte su derecho de defensa. Conforme lo describe, de manera contundente, el ordinal 348 ya citado, al consignar: “…La corrección de simples errornes materiales o la inclusión de alguna circustancias que no modifica esencialmente la imputación ni provoca indefensión, se podrá realizar durante la audiencia, sin que sea considerada una ampliación de la acusación o la querella.”. Criterio conforme a la jurisprudencia nacional, la que ha destacado: “…No existe límite temporal para la posibilidad de enmendar errores puramente materiales que contenga una resolución judicial, pero ello es así siempre y cuando la corrección o rectificación, no implique modificar sustancialmente lo resuelto. En tal sentido, las potestades de rectificación no son contentivas en forma alguna de valoraciones ni decisiones que puedan variar o afectar a las partes de un proceso en relación a lo ya resuelto; es decir, por su propia definición, el concepto de corrección de errores materiales excluye toda posibilidad de facultar a un juez a revisar su decisión respecto de lo decidido.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución No. 731-2001, de las 10:10 horas del 20 de julio del 2001, cuya integración estuvo conformada por los Magistrados: Mario Houed V., Jesús Ramírez Q., Alfonso Chávez R., Rodrigo Castro M. y Carlos Redondo G.). Del estudio de los autos se determina que sobre la base de la acusación se le atribuyó a [Nombre 001] un delito de violación en perjuicio de la menor de catorce años de edad [Nombre 002]. , [...]. De acuerdo con la plataforma fáctica, dicho día, el imputado [Nombre 001] acordó con la menor [Nombre 002]. comprarle unos zapatos, pues era una persona de confianza de la familia, para ello la concertó en el centro de Peréz Zeledón y estando ahí le regaló el mencionado artículo; acto seguido le pidió que lo acompañara a realizar otras compras, a lo que la menor agraviada aceptó. Una vez a bordo de un taxi se dirigieron con rumbo hacia un lugar que para ese momento le era desconocido a la denunciante. Finalmente, el automotor de transporte público se detuvo en el Hotel El Brunca, situado en Barrio Sinaí, lugar donde el encartado alquiló una habitación. Al enterarse de lo sucedido, la menor se negó a ingresar a dicho sitio; sin embargo, el imputado le hace creer que solo iban a comer y conversar, y sujetándola del brazo la empujó hacia adentro del cuarto, no sin antes lanzar el celular de la ofendida debajo de la cama. Estando en el interior del recinto, el encartado se ganó la confianza de la menor, quien en ese momento estaba pasando por problemas familiares y sin poderse resistir por su afectación emocional, le ordenó que se quitara la blusa para hacerle un masaje y luego de forma abusiva y sin el consentimiento de la ofendida empezó a tocarle lascivamente su cuerpo incluyendo pecho y vagina para luego accederla carnalmente al introducirle los dedos en su vagina, pese a los ruegos de la víctima para que no lo hiciera. Concluido el vejamen sexual, la menor se vistió y salió de forma rápida a pedir ayuda. (Ver f. 1 fte. y vto.). Ahora bien, al realizarse una lectura detenida y exhaustiva del voto impugnado, específicamente en el apartado titulado “CONSIDERANDO”, se desprende que el único motivo de apelación reclamaba la existencia de una fundamentación ilegítima por falta o errónea fundamentación intelectiva, por cuanto se alegaba que a la versión de la menor se le otorgó credibilidad absoluta, a pesar de haber incurrido en contradicciones y no valorarse su experiencia sexual previa a los hechos acusados, entre otros aspectos. Por su parte, el tribunal de Alzada rechazó la queja, al considerar que la misma resultaba infundada, destacando entre los temas de interés que: “…debe tomarse en cuenta que la agraviada (para ese momento una adolescente de catorce años de edad) aceptó que para el momento de los hechos estaba teniendo conflictos familiares, de hecho esa fue una de las razones para aceptar una conversación con el imputado en la habitación del hotel para aceptar un masaje para bajar el nivel de estrés que dicha situación le generaba; ello implica que [Nombre 001] aprovechó una condición de inestabilidad emocional de la menor para ingresar a su ámbito de mayor intimidad, amparado, además, en la posición de confianza que tenía para ella y su núcleo familiar; lo suyo desde un inicio fue una labor de conquista seductiva, que al final culminó en acto indeseado que violentó la libertad sexual de la agraviada.” (Cfr. f. 43 vto y 44 fte.) Como se demuestra, la resolución hizo alusión al encartado [Nombre 001], a la menor agraviada de tan solo catorce años, quien le tenía confianza al primero por ser una persona muy allegada a su núcleo familiar, y aprovechándose de tal condición, procedió a agredirla sexualmente dentro de una habitación de hotel. Nótese, que todos los detalles destacados se pueden colegir de la simple lectura –sin necesidad de recurrir a interpretación o razonamiento alguno- y determinarse que éstos coinciden a plenitud con el cuadro fáctico investigado y acusado en contra de [Nombre 001], por lo que la indicación de datos distintos, en una única parte de la sentencia (concretamente en el Resultando) no afecta lo resuelto, donde sí se valoró y se brindó las razones de por qué se declararon sin lugar los alegatos de la defensa de [Nombre 001], para lo cual se le valoró su caso particular, con los datos correctos. Incluso, al continuar leyéndose la exposición de los juzgadores de apelación, se derriba toda duda de que se tratare de un caso distinto al del imputado [Nombre 001], al expresar que: “El tribunal usa el argumento de la salida abrupta de la víctima del sitio, para establecer una conducta resistente a la acción desplagada por el imputado, pero además concluye categóricamente, que [Nombre 002] . pidió ayuda inmediatamente, se mostró muy asustada y temerosa cuando fue auxilida por terceros, así se deduce del testimonio de la agraviada, refrendada por el administrador del Hotel Brunca para ese momento, [Nombre 008], quien señaló que la joven salió de la habitación a paso rápido y la seguía el justiciable, quedando en la habitación número 8 el teléfonoc cargando a un toma corriento. Siguiendo en esa línea es fudamental el dicho del policía [Nombre 011], quien de manera contundente afirmó: Recuerdo que estábamos en recorrido por la Universidad Nacional, cuando de repente por el colegio iba una muchacha llorando, atacada, como con nervios, al vernos nos solicita colaboración, nos indica que viene saliendo del Hotel Brunca, donde se mantuvo con un señor al que llamaba [Nombre 001], que intentó abusar de ella, dada la situación, que estaba bastante nerviosa, se le pregunfa si quiere ser atendida por la Cruz Roja, dice que sí, se traslada al hospital a que los médicos la valoren…”. Tambien el testigo narra que la víctima ingresó con un hombre mayor, sin caballera, lo cual coincidió con el aquí imputado que llegó tiempo después a recoger su teléfono celular olvidado en la habitación del hotel, siendo identificado en el acto. Esta Cámara respalda, por ser correcto, el análisis hechos en sentencia, respecto de la importancia de analizar la conducta de la víctima y del acusado para el momento del abordaje policial, mientra la adolescente está muy nerviosa, asustada y llorando, al punto que ameritó atención médica, el encartado la siguió desde la habitación hasta la vía pública y al notar la presencia policial abandona la escena, siendo tiempo después que regresa al hotel para recoger su teléfono celular que fue olvidado por la repentida salida del dormitorio.” (f. 44 vto.). Como se observa, la información descrita armoniza en un todo los hechos atribuidos a [Nombre 001] y por los cuales fue condenado a una pena de dieciséis años de prisión, enfatizándose el hecho de que el nombre de la menor víctima responde a las siglas [Nombre 002]., el lugar donde ocurrieron los hechos fue en el Hotel Brunca, lugar al cual llegaron a bordo de un vehículo taxi, más la salida abrupta de la menor, quien de inmediato solicitó ayuda y brindó detalles de lo ocurrido a la policía administrativa y entre éstos vinculó como su agresor a una persona llamada Marcos, que coincide con el nombre del imputado, más la descripción física de éste (hombre mayor y sin cabello). De modo tal que, el error material advertido por la defensa de [Nombre 001]. lejos de afectar la esencia de lo resuelto y la efectiva defensa del interés de su patrocinado, pretende prevalecerse del citado error para alegar la existencia de un vicio en esta instancia. Empero, contrario a lo interpretado por quienes recurren, el error de carácter material no ha producido agravio alguno en cuanto los datos brindados dentro del desarrollo de la resolución de alzada (el Considerando) son contestes con la situación jurídica y los hechos acusados a [Nombre 001], y por ello, no justifica en manera alguna acoger la pretensión de nulidad formulada. A mayor abundamiento, se tiene que mediante resolución posterior, de fecha primero de junio del año dos mil dieciocho, el mismo Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago indicó: “Visto que fue por este Tribunal de Apelación que en la sentencia de esta Cámara número 2018-150 de las diez horas cincuenta y dos minutos del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se lee en la parte parte resolutiva…se declara a [Nombre 013] AUTOR Y ÚNICO RESPONSABLE de UN DELITO DE VENTA DE DROGA EN PERJUICIO DE LA SALUD PÚBLICA, y en tal carácter se le impone una pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN ,…” (…) texto que no corresponde al mérito de lo expuesto, y estando dentro de los supués del artículo 143 del Código Procesal Penal, por tratarse de un simple error material, se ordena su corrección para que en adelante se suprima lo indicado supra y se lea: “De conformidad con lo expuesto…este Tribunal declara al acusado [Nombre 001] , AUTOR RESPONSABLE de UN DELITO DE VIOLACIÓN en perjucio de [Nombre 002]. y en tal carácter se le impone la de DIECISÉIS AÑOS DE PRISIÓN …” (…) Lo anterior no modifica lo resuelto, no varía en nada lo dispuesto originalmente por este Tribunal.” (El destacado corresponde al original. Cfr. f. 75 fte. y vto.) Actuación que realizaron los señores juzgadores de segunda instancia al tenor de la facultad dispuesta por ley, sin que a este momento tenga que corrigirse error material alguno. Así las cosas, se declara sin lugar el primer motivo de casación planteado por la defensa de [Nombre 001].
IV. En su tercer motivo admitido reclama la violación al artículo 142 del Código Procesal Penal por omisión de fundamentar la ausencia de experticia psicológica de la ofendida. Exponen que uno de los argumentos centrales del recurso de apelación de sentencia que oportunamente interpusieron, consistió en desmerecer la credibilidad que, casi a ciegas, tuvo el Tribunal sentenciador para con el testimonio de la ofendida; ello a pesar de las graves contradicciones y falencias que tuvo, según su tesis defensiva. Para sustentar ese motivo de disconformidad en el recurso de apelación, alegaron la ausencia de una experticia psicológica de la ofendida. Arguyen que era importante para el resultado del juicio que las partes tuvieran acceso a una conclusión referente. Continúan exponiendo que extrañan la determinación técnica de una serie de aspectos, entre ellos, un análisis de personalidad, la edad maduracional (sic) y otros aspectos atinentes a los principios que informan esta rama de la psicología. Según su entender, los exámenes pertinentes hubieran arrojado, por ejemplo, indicadores emocionales de corte traumático coherentes con el hecho denunciado o alteraciones emocionales. Sobre todo considerando que la ofendida, después de los hechos, fue madre de una hija y que incluso ya había tenido relaciones sexuales. Consideran que pese a haberse planteado el alegato a través del recurso de apelación de sentencia, no hubo alusión o resolución por parte de los jueces de alzada, de manera que “se violenta flagrantemente la falta de fundamentación sobre uno de los pilares de la defensa técnica; es decir, que el Tribunal sentenciador y concomitantemente el Tribunal de alzada basaron su fallo condenatorio en la impresión del relato de la ofendida sin un fundamento técnico más que el de credibilidad del lenguaje corporal y la conducta emocional” (folio 52). Reiteran que el ad quem fue omiso en cuanto a este aspecto trascendental, conculcando los derechos de su patrocinado, toda vez que se evidencia un vicio de fundamentación, ello por cuanto el testimonio de la agraviada, como en todo delito de esta índole, es trascendental y las contradicciones en las que ella incurrió son minimizadas por el fallo del Tribunal de Apelación, sin tener más fundamento que el propio fallo condenatorio, el cual se impresionó con el relato de la menor. Su disconformidad radica en el hecho de que el Tribunal de alzada sustenta la sentencia confirmativa sin hacer un análisis de la ausencia de una pericia psicológica. Como agravio apunta que existe una omisión flagrante del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago en la fundamentación del fallo, en el sentido de determinar si era requisito sine qua non la práctica de una pericia psicológica. También reclaman como agravio “…el hecho de que el Tribunal sentenciador y el Tribunal de alzada confirman un hecho alegado por la defensa técnica en los dos estadios procesales, o sea; en las conclusiones del contradictorio y en el recurso de apelación” (folio 52 vuelto). Consideran que existe un error en el razonamiento lógico que vulnera los principios de derivación y razón suficiente, pues interpretando a contrario sensu la posición del ad quem, habría que convenir que cuando una persona no acusa el comportamiento exhibido por la víctima en el contradictorio (llanto, nerviosismo), no se tendría la posibilidad de darle credibilidad a su deposición. Insisten en que, tanto el a quo como el ad quem, basan la determinación de la afectación o estrés post traumático de la víctima en el comportamiento exhibido por ésta el propio día del contradictorio. A partir de lo anterior, se privó a la defensa de conocer un exhaustivo test psicológico realizado por expertos en la materia. Finalmente reitera que el Tribunal de Apelación, ante la queja de la defensa acerca de la ausencia de una experticia concluyente sobre este tema, no expone en lo absoluto en su conclusión. Deja omiso el fallo sobre este aspecto fundamental y que desde siempre ha reclamado la defensa. El presente motivo se debe declarar sin lugar. Una primera aclaración que necesariamente debe hacerse es, que no obstante, constatarse que el reclamo de la defensa de [Nombre 001] relativo a la no valoración –por parte del a quo- de que la ofendida se negó a realizarse pruebas psicológicas forenses, en efecto, no fue valorado directamentre por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal; sin embargo, la omisión advertida no demuestra la existencia de un vicio, entendido como, la necesaria verificación de un agravio. Esta Sala ha insistido en pluralidad de ocasiones que éste último constituye una de las exigencias procesales insoslayables contemplada en el ordenamiento para la interposición del recurso de casación, por parte de quien se siente perjudicado con el actuar jurisdiccional que impugna, lo que determinará a su vez la procedencia del reclamo. En una correcta técnica impugnaticia, no basta que la parte aluda de forma genérica a una violación al derecho de defensa sino que, mínimamente debe descender al contenido de la resolución que impugna y su dimensión concreta en el resultado final, exigencia que se echa de menos en este asunto. Al respecto, se observa que los recurrentes se limitaron a señalar que la no valoración de la negativa de la ofendida a realizarse la prueba psicológica abonaba a la falta de credibilidad y que pudo ser importante para establecer alteraciones emocionales o conductuales derivadas, sin explicar cómo el proceder del Tribunal fue incorrecto y la conclusión adoptada debió haber sido distinta. Ahora bien, esta Cámara se ha pronunciado en anteriores oportunidades señalando que la redacción idónea por parte del operador jurídico no solo supone la resolución de todos los aspectos sometidos a su conocimiento, sino que, además indique las conclusiones a las que se arribe en su sentencia por cada uno de ellos. (Ver resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia No. 2013-980, de las 09:28 horas, del 09 de agosto de 2013). Sin embargo, este mismo Órgano de Casación ha sido contundente en dejar de lado la preeminencia a las formalidades y rituales cuya ausencia o modo de ejecución, no vulnera ningún interés -nulidad por la nulidad misma-. (Sobre este punto, consultar el voto No. 780-98, de las 9:10 horas, del 21 de agosto de 1998.) De modo tal que, no es en todos los supuestos que se advierta defectos u omisiones en la fundamentación descriptiva e intelectiva de la fundamentación del ad quem que la solución será la nulidad automática de la resolución de éste último, siendo indispensable la realización de un examen sobre la relevancia del vicio y si los derechos de la parte recurrente han sido restringidos de manera indebida (la constatación del agravio o perjuicio). En atención a los pormenores de la presente sumaria, esta Cámara mediante un ejercicio de mera verificación, desprende que la decisión del fallo recurrido 2018-150, de las diez horas, cincuenta y dos minutos del veintitrés de marzo del dos mil dieciocho, del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, valoró cada uno de los elementos probatorios allegados al proceso y determinó la responsabilidad penal del encartado [Nombre 001]., la cual no se amparó, únicamente, en el testimonio de la menor, sino en un análisis integral del acervo probatorio existente, lo que permitió llegar a la conclusión inequívoca de la autoría del endilgado en los hechos que se le atribuyeron en la presente sumaria. Al respecto, se valoró la declaración de la menor [Nombre 002]. indicándose que: “…el tribunal de sentencia aquilató la versión que brindó la ofendida, la cual estimó convincente por las siguientes razones: a) el lenguaje paraverbal de la ofendida; b) el nivel de afectación emocional que se observó gracias a la inmediación del juicio, que llegó incluso a mostrar nerviosismo y llanto al narrar los episodios; c) la reacción de huida y la conducta evasiva del imputado quien dejó su teléfono celular abandonado; d) que no hubo un afán de venganza, todo lo contrario el acusado era una persona bien valorada en el núcleo familiar e incluso les ayudaba económicamente previo a los hechos; e) que la inspección del sitio y la documentación lugar coinciden con la versión de la ofendida y reflejan que el sitio era un lugar para sostener relaciones sexuales, no para conversar como pretendió explicar la versión del encartado; f) que si bien existieron contradicciones en su relato las misma son periféricas y en lo medular se ha mantenido su narración principal, aunado a que debe tomarse en cuenta el paso del tiempo y las afectaciones emocionales que mantuvo la joven en el debate; g) que la versión del imputado sobre el acuerdo entre ambos para tener un “jueguillo sexual” no es coherente con la reacción de la víctima, de salir corriendo del sitio y pedir ayuda a terceros, encontrándose muy asustada y llorosa mientras el acusado le daba seguimiento. Las razones expresadas en el fallo, para sustentar la confiabilidad en el testimonio de la agraviada, son suficientes y apegadas a las reglas de la sana crítica, pero además se conjugan con el restodel bagaje probatorio de manera coherente.” (Cfr. f. 42 fte. y vto.) Las razones brindadas por el tribunal de Alzada son de recibo, pues, ciertamente, el testimonio de la persona víctima de los delitos sexuales debe ser valorado con rigor y de forma muy exhaustiva, en virtud de que este tipo de delitos generalmente se dan en la clandestinidad, buscando que los hechos se realicen sin la presencia de terceros y por ende, en la mayoría de los sucesos, la principal prueba testimonial resulta ser la parte agraviada; por tanto, dicho examen requiere valorar entre otros aspectos: la conducta corporal de la víctima, sus gestos, sus emociones, la atención y descripción en los detalles, todo lo cual debe encontrar coherencia con la totalidad de la prueba. Al analizarse este caso concreto, se tiene que los señores jueces de apelación, una vez que enumeraron los factores o las razones que sirvieron de fundamento para otorgar credibilidad a la deposición de la menor, éstos se centraron en hacer un estudio de los acontecimientos, antes, durante y con posterioridad a los hechos, todo lo cual permitió recrear los hechos y la participación penal de [Nombre 001]. en éstos. Así se tiene que, se justipreció la relación de confianza previa que existía entre la parte ofendida y el justiciable, quedando demostrado que éste era una persona de suma confianza por ser el padre de uno de los hermanos de [Nombre 002]. y justo por la presencia de dicho vínculo, el endilgado era considerado parte de la familia y hasta les brindaba ayuda económica; de ahí el motivo, que a los padres y a la misma ofendida no les haya resultado extraño el ofrecimiento de [Nombre 001] de comprarle unos zapatos a la menor y permitir que ésta fuera sola junto con el acriminado a buscar dicho artículo. Asimismo, se valoró que, en efecto, la compra de los zapatos ocurrió en el día pactado, el 14 de julio del 2014, y que posteriormente, el endilgado le solicitó a la denunciante que lo acompañara a realizar otras compras para lo que abordaron un taxi, elemento que tuvo respaldo en una fuente de información independiente a la versión de la menor, específicamente el testimonio del administrador del lugar donde arribó el sindicado en compañía de la menor, el señor [Nombre 008] , quien afirmó que la llegada se dio en un transporte público. La menor continúa exponiendo en su narración, que al darse cuenta que el encartado la había llevado a un hotel, ella se negó a acompañarlo, pero éste, además, de decirle que únicamente iban a conversar, la sujetó fuerte del brazo y la introdujo en el interior del recinto, donde aprovechó para agredirla sexualmente sin el consentimiento de la víctima, ya que ésta en todo momento manifestó que fue obligada por el acusado mediante el ejercicio de fuerza física en contra de su integridad. Este último elemento encontró armonía con el dictamen médico legal No. 2014-934, el cual reveló la presencia de equimosis en la mano izquier da dolorosa a la palpación, siendo evidencia del forcejeo aludido por la ofendida y que descartaba el acto sexual consensuado que pretendía acreditar el señor [Nombre 001] , según su versión y que será objeto de análisis más adelante. Indica la perjudicada que terminado el vejamen sexual, ella se vistió y salió rápido del lugar; lo que también fue avalado por el señor [Nombre 008], y agregó que tras ella venía el señor mayor, sin cabellera (características físicas que coincidieron con las del encartado), conducta que le llamó la atención y por eso se dirigió a la habitación y ubicó en ella un teléfono celular que se había dejado cargando. Como parte del comportamiento posterior de la víctima, los juzgadores valoraron que la menor al salir se encontraba en un estado emocional coincidente con un hecho traumático, pues estaba nerviosa, llorando mientras caminaba por la vía pública y fue en ese estado que fue divisada por oficiales de la Fuerza Pública, quienes se encontraban realizando un recorrido de rutina por las cercanías del Hotel Brunca, según lo declaró [Nombre 011]. De inmediato los policías realizaron el abordaje respectivo y remitieron a la menor al hospital, para acto seguido dirigirse al lugar donde sucedieron los hechos, donde fueron atendidos por otra persona en la administración; sin embargo, éste se encontraba al tanto de la situación, ya que el señor [Nombre 008] le había informado sobre lo acontecido y quien, además, le entregó el celular que el imputado había olvidado cuando salió a toda prisa. Adicionando este oficial, que mientras se encontraba haciendo las averiguaciones citadas, un sujeto se presentó a solicitar el aparato telefónico, identificándose como [Nombre 001], deteniéndose en el lugar. Como se observa, el recuento de los hechos no solo permitió establecer que la versión de la menor fue conteste con prueba independiente a su dicho, lo que sin duda viene a reforzar su credibilidad, sino que, además, los detalles brindados como la ubicación temporal, espacial, los datos brindados del encartado (a quien selañó en todo momento como el único agresor a lo largo de todo el proceso), más la conducta mostrada por éste tras cometer el hecho, como fue el salir a toda prisa, incluso olvidando el celular, descartó por completó la historia narrada por [Nombre 001]., quien aceptó la existencia del encuentro sexual, pero sostuvo que fue producto de un acuerdo con la menor, quien voluntariamente participó de lo que él llamó un “jueguillo sexual” (incluyendo en éste, la introducción de dedos en el interior de su vagina), lo que no resulta ser conforme con las reglas de la lógica el que una persona que actúa voluntariamente en un hecho, se muestre nerviosa, con lloro, y escape del sitio, de forma desesperada, para pedir ayuda a terceras personas. Finalmente, el Tribunal de Apelación también evaluó el comportamiento de la menor durante el contradictorio, quien despúes de dos años despúes de ocurrido el evento sigue mostrándose nerviosa, con miedo, vergüenza, y la presencia de lloro en gran cantidad cuando tuvo que recordar y expresar los hechos ante personas que le eran ajenas. Todo lo anterior, fue correctamente valorado por el ad quem, al momento de confrontar las versiones antagónicas entre ofendida y encartado, expresando que: “…El tribunal usa el argumento de la salida abrupta de la víctima del sitio, para establecer una conducta resistente a la acción desplegada por el imputada (sic) pero además concluye categóricamente, que [Nombre 002] . pidió ayuda inmediatamente, se mostró muy asustada y temerosa cuando fue auxiliada por terceros, así se deduce del testimonio de la agraviada, refrendada por el administrador del Hotel Brunca para este momento, [Nombre 008], quien señaló que la joven salió de la habitación a paso rápido y la seguía el aquí justiciable, quedando en la habitación número 8 el teléfono cargando en un toma corriente.Siguiendo en esa línea, es fundamental el dicho del policía [Nombre 011] , quien de manera contundente afirmó: “Recuerdo que estábamos en recorrido por la Universidad Nacional, cuando de repente por el coledio iba una muchacha llorando, atacada, con nervios, al vernos nos solicita colaboración, nos indica que viene saliendo del Hotel Brunca, donde se mantuvo con un señor al que llama [Nombre 001] , que intentó abusar de ella, dada la situación, que estaba bastante nerviosa, se le pregunta su quiere ser atendida por la Cruz Roja, dice que sí, se traslada al hospital a que los médicos la valoren…” También el testigo narra que la víctima ingresó con un hombre mayor, sin cabellera, lo cual coincidió con el aquí imputado que llegó tiempo despúes a recoger su teléfono celular olvidado en la habitación del hotel, siendo identificado en el acto. Esta Cámara respalda, por ser correcto, el análisis hecho en sentencia, respecto de la importancia de analizar la conducta de la víctima y del acusado para el momento del abordaje policial, mientras la adolescente está muy nerviosa, asustada, llorando, al punto que ameritó atención médica, el encartado la siguió desde la habitación hasta la vía pública y al notar presencia policial abandona la escena, siendo tiempo después que regresa al hotel para recoger su teléfono celular que fue olvidado por la repentina salida del dormitorio. La reflexión crítica de ambas acciones, permite convalidar el dicho de la ofendida en el juicio, se refuerza –y se comprende mejor- la afectación emocional vivenciada, pues no se da solamente en el plenario, sino que es la misma reacción emocional ante el evento traumático vivido. En otras palabras, tanto en la escena posterior a la agresión sexual sufrida, cuando pide auxilio a terceros, como al enfrentar el juicio, [Nombre 002]. tiene idéntica conducta, se pone nerviosa, llora copiosamente, muestra temor, ansiedad evidente, lo cual refleja que no está inventando una treta para engañar a los juzgadores, sino que es el ajuste emocional ante una situación estresante y la repetición del vejamen sufrido.” (Cfr, fs. 44 vto. y 45 fte.). Realizado el análisis sobre la responsabilidad penal del encartado y los elementos de prueba sopesados, esta Cámara confirma las razones que tuvo el ad quem para otorgar fiabilidad a la declaración de la menor, sin que las apreciaciones subjetivas de la defensa sobre la negativa de ésta a realizarse una pericia psicológica, por sí solas, permitan fundar la falta de credibilidad que pretende la defensa. Por el contrario, esas simples aseveraciones no implicaban necesariamente que la ofendida estuviere falseando su declaración, como acertadamente lo concluyó el tribunal de segunda instancia, y es que en este asunto no se puede pasar por alto que no es solo la versión de ésta la que involucró al encartado en el suceso criminal y permitió sustentar su reproche penal, sino que también se contó con los testimonios de [Nombre 008] y [Nombre 011], cuyas declaraciones fueron analizadas y valoradas por el Tribunal de Apelación, explicando cada uno de los elementos de éstas que permitieron ama lgamar la versión de cargo. Además, un punto que esta Sala no puede soslayar es que la defensa omite, que su alegato en cuanto a la necesidad de contar con indicadores emocionales de corte traumático coherentes con el hecho denunciado o alteraciones emocionales en la conducta de la ofendida; sobre todo considerando que ella, después de los hechos, fue madre de una hija y que incluso ya había tenido relaciones sexuales, fueron elementos valorados por el ad quem, cuando precisó que: “…aunque la vivencia de actividad sexual previa colabora en brindar respuestas más eficaces ante un ataque sexual, no se puede pretender que ello constituya una máxima aplicable de forma generalizada, pues también debe considerarse la personalidad de la víctima, su historia de vida, las circustancias particulares que se están viviendo para ese momento, el contexto familiar, social y cultura…Ante ese panorama múltiple, no es aceptable ceñirse a que si la menor tuvo coito con su pareja antes de los hechos o fue madre adolescente despúes y previo al debate, ya por esa situación deba perder su pudor o recato ante el enfrentamiento a un juicio…Abundando en ese tema, debe tomarse en cuenta que la agraviada (para ese momento una adolescente de catorce años de edad) aceptó que para el momento de los hechos estaba teniendo conflictos familiares, de hecho esa fue una de las razones para aceptar una conversación con el imputado en la habitación del hotel y que le hiciera un masaje para bajar el nivel de estrés que dicha situación le generaba; ello implica que [Nombre 001] aprovechó una condición de inestabilidad emocional de la menor para ingresar en su ámbito de mayor intimidad, amparado, además, en la posición de confianza que tenía para ella y su núcleo familiar; lo suyo fue desde un inicio una labor de conquista, seductiva, que al final culminó en un acto indeseado que violentó la libertad sexual de la agraviada. Desde esta óptica, sí podría utilizarse el conocimiento de la psicología para determinar que una persona adolescente, que está teniendo conflicto en su entorno familiar y tiene enfrente a una persona de confianza, es más vulnerable a manifestaciones de afecto y conquista que, como en este caso, iniciaron con regalías de ropa, comidas para luego traducirse en abrazos y masajes relajantes que desembocaron en quitarle la ropa que portaba, todo ello sin manifesta oposición de la ofendida, hasta ese momento. Pero subsisten otros dos aspectos que deben ser considerados en esta dinámica: la víctima indicó haber sido abusada sexualmente anteriormente, lo cual cual la torna aún más vulnerable a una situación de este tipo; y de relevancia es que el encartado posee una evidente posición de poder…frente a una adolescente que ni siquiera alcanza los quinces años con un desarrollo sexual psicosexual incipiente. Ya el solo hecho de haber propiciado un encuentro sexualizado con una menor en tales condiciones fue un acto delictivo (relaciones impropias), pero en el caso fue más allá, porque aunque la joven hubiere convenido estar en el sitio y sostener caricias o “jueguillos sexuales” como les llama el acusado, ella fue enfática en que no admitió la introducción de los dedos en su vagina, lo que constituye un acceso carnal involuntario.” (Ver folios 43 vto y 44 fte.) Como se observa, la Cámara de Apelación sí valoró la vida sexual de la menor, aportando las razones por las cuales estimó que las apreciaciones defensivas en cuanto a este punto no era aceptable; asimismo, se expuso en líneas arriba las alteraciones emocionales presentadas por la ofendida posterior al evento y durante el mismo debate, y como la Cámara de Apelación concluyó que éstas fueron contestes con el trauma acusado. Evidenciándose asi, una mera disconformidad y descontento de la defensa por el simple hecho de que tales valoraciones no se hicieron constar en una pericia determinada, obviando que nuestro sistema de valoración de la prueba se guía por el principio de la libertad probatoria, contenido en el numeral 182 del Código Procesal Penal, el cual consigna que: “Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa de la ley.”; de modo que, la actuación de los admini stradores de justicia de sustentarse en un medio de prueba distinto al pretendido por la defensa, como en este caso, en la prueba testimonal, no solo resulta válido sino que, destaca aún más la poca utilidad que tendría para el resultado del proceso, si los jueces hubieren valorado el razonamiento defensivo sobre la no autorización de la ofendida para realizarse la prueba psicológica, pues, aún suponiendo la inclusión hipotética de tal análisis, es evidente que no se invalidarían las conclusiones del Tribunal de alzada sobre la existencia de los hechos acusados y la participación del imputado en éstos, porque la presencia de ellos se deriva razonablemente de la evaluación de todo el elenco probatorio -en especial la prueba testimonial- y no en un único elemento. Descartando ello, el argumento utilizado por los señores defensores para fundamentar el aparente vicio que le había provocado a su representado la ausencia de pronunciamiento sobre dicho aspecto, asegurando que “…el Tribunal sentenciador y concomitantemente el Tribunal de alzada basaron su fallo condenatorio en la impresión del relato de la ofendida sin un fundamento técnico más que el de credibilidad del lenguaje corporal y la conducta emocional” (f. 52). Por tanto, al no acreditarse el agravio necesario para mostrar la existencia del yerro alegado, el mismo resulta ser infundado. Asimismo, los señores recurrentes reclaman que los juzgadores de apelación fueron omisos al no evaluar que el relato de la menor presentaba contradicciones y falencias; sin embargo, dicha afirmación no es cierta, ya que el Órgano de Apelación sí se pronunció sobre este tema, al consignar: “En otros alegatos, el apelante fustiga que hubo contradicciones en la versión de la ofendida, sin embargo en el fallo se explicó adecuadamente que las mismas fueron periféricas y no sobre aspectos esenciales, particularmente se indicó que respecto del viaje en taxi y la compra de pollo frito en un local comercial, se trata de cuestiones irrelevantes pues tanto el imputado como la ofendida coincidieron en que andaban haciendo compras, él le compró pollo frito y ambos abordaron el taxi, lo cual fue aceptado por la joven, de igual manera ella aceptó ingresar al hotel porque el imputado le dijo que iba a recoger algún objeto y que ya estando en el sitio, cuando ella lo confronta le hace ver que solamente iban a conversar. Esa dinámica ha sido aceptada incluso por la ofendida, quien dice haberse sentido indispuesta tras tomar un refresco y que fue hasta la habitación bajo engaño. Aún incluyendo hipotéticamente que ella hubiese aceptado ingresar al hotel con el justiciable y mantenerse en la habitación p or espaciode tiempo amplio, eso no implica que la agraviada esté “sobredimensionando” un acercamiento sexual consentido, como lo pretende analizar el recurrente, pues ya se ha dicho que ella no aceptó acceso carnal con [Nombre 001] , sobre ese aspecto fue enfática en que la forzó, la tomó de sus manos para limitar su resistencia y luego le introdujo los dedos en la vagina y posteriormente su pene…Vinculado a este eje argumentativo, el petente fustiga que la joven mencione hasta el debate que el imputado le introdujo el pene, a pesar de haber declarado en diversas ocasiones en la etapa investigativa. Tal es un aspecto que, como acertadamente dijo el tribunal, no obnibula la credibilidad de la testigo, pues se entiende dentro de la reivictimización que produce enfrentar el proceso penal, para ella referir el acceso carnal fue muy difícil, incluso en el juicio, debiendo acudirse a ayuda psicológica profesional, situación que también acontece en el tema de las relaciones sexuales previas, que resulta ajeno al thema probadum del caso y no aporta mayores datos que el hecho de que la adolescente había mantenido coito con su pareja. Entonces, el hecho de que la tribunal no haya avalado la tesis defensiva respecto a la escasa confiabilidad de la denunciante por contar con experiencia sexual, no responde a un error sino a una ponderación que se hace –válidamente- desde la psicología del testimonio.” (fs. 45 fte. y vto. y 46 fte.). Este Órgano de Casación ratifica el examen realizado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, en especial a la declaración de la persona menor ofendida, pues, tal y como se ha indicado, éste se fundó en un estudio pormenorizado de dicho elemento con el resto del elenco probatorio. Es importante destacar que, dentro de dicho análisis, los Jueces no le restaron credibilidad a lo manifestado por la testigo [Nombre 002]., a pesar de no haber referido detalles relativo a la forma en qué ella acompañó al sindicado al hotel y su permanencia en el mismo, al igual que tampoco había denunciado la introducción del pene del imputado en el interior de su vagina, sino que, únicamente, había expresado una introducción de dedos; no obstante, la omisión de dichos aspectos no tornan la prueba testimonial como no creíble –como acertadamente lo consideró el ad quem-, pues, al regir en el proceso penal un sistema de libre valoración de la prueba, de conformidad con las reglas de la experiencia común, la lógica y la psicología, no puede pretenderse que todos los testimonios sean brin dados de una forma exacta y sin variaciones, como si se tratase de un robot, ya que tal apreciación obvia la naturaleza de la fuente de la información, cuyo origen es un ser humano, el cual se caracteriza por ser individual, con características únicas y propias, sin que se pueda pretender que todos actuén de un solo modo. La experiencia común y la psicología, contrario a las afirmaciones del recurrente, señalan que en algunos casos y por múltiples razones, una persona puede ser contundente en parte de lo que sabe y en otras partes puede obviarlas, bien porque ciertos aspectos lo comprometen, porque siente temor, porque confunde las cosas, porque hay sentimientos involucrados o relaciones personales que peligran según el resultado de lo que se declare, o incluso porque no recuerda algunos detalles, en fin por múltiples razones y lo relevante para valorar si un testimonio merece credibilidad o no, es precisamente la calidad de los razonamientos que a la luz de las reglas dichas, den los juzgadores, pues es en la agudeza de los administradores de justicia, enriquecidos por los principios y la dinámica propia que se genera de la inmediación y la oralidad, detectar esas variables, explicarlas y fundamentarlas. Sobre este tópico, la jurisprudencia de esta Sala ha afirmado: “…No puede por tanto y menos aún en materia de prueba testimonial, tan vulnerable y a la vez tan rica, hablarse de un principio de indivisibilidad del testimonio, pues ello va contra las reglas mismas de la sana crítica. Por supuesto que la credibilidad de un testimonio puede resultar afectada si es posible comprobar que se ha ocultado o tergiversado parte de la información, pero –se insiste- todo ello tiene que valorarse a partir de las razones concretas que los juzgadores plasmen.” (Resolución No. 175-2003, de las 14:40 horas, del 20 de marzo de 2003, y cuya integración estuvo compuesta por los Magistrados: Arroyo Gutiérrez, Chinchilla Sandí, Quirós Ramírez, Sanabria Rojas y la Magistrada: Pereira Villalobos). Siguiendo esta línea jurisprudencial, el ad quem pone de manifiesto sobre la declaración de la ofendida, el hecho de que existía en ella un sentimiento de vergüenza, al punto de requerir ayuda psicológica durante su deposición en el contradictorio, evidenciándose la incomodidad, ansiedad y angustia que la menor sentía cuando debía narrar la forma en que se dio el acceso carnal ante personas extrañas y externas a su entorno de confianza y de protección, sin que pudiera obviarse las características propias de la persona víctima, quien para el momento de los hechos y aún durante su declaración trataba de una persona menor de edad, quien podía sentirse juzgada por su vida sexual, así como el hecho de ser madre a una edad muy temprana; todo lo cual, hace entendible que ella no revelara la introducción del pene con anterioridad y que haya referido de previo al juicio lo que consideró como la ofensa sexual menos agresiva y vergonzosa para su integridad y libertad sexual y emocional (solo la introducción de los dedos). De manera tal que, las razones aportadas por los juzgadores de apelación, al valorar que las omisiones en su relato se debieron por razones del transcurso del tiempo o motivadas en la vergüenza, resultan ser correctas y debidamente fundadas. Finalmente, el hecho de que la perjudicada manifestara este evento en el contradictorio no invalida de modo alguno lo resuelto por el tribunal de mérito y que fue avalado por los jueces de segunda instancia, ya que la pieza acusatoria sí atribuyó la introducción de los dedos dentro de la vagina de la ofendida, y justamente su declaración, además, de la penetración con el pene hizo alusión a este suceso criminal, de modo que esta variación reviste de poca relevancia para el resultado del proceso y la autoría de [Nombre 001] en él, ya que no existió modificación a la integridad y validez del cuadro fáctico acusado que generara algún perjuicio a los derechos de la parte imputada, a quien se le otorgó la oportunidad de ejercer todas sus garantías dentro de un proceso aparte, ante el descubrimiento de este nuevo hecho.
Se declara n sin lugar los dos motivos admitidos del recurso de casación interpuesto por la defensa particular del endilgado [Nombre 001]. Notifíquese.
Rosibel López M.
Jaime Robleto G.
349-3/3-1-18

References: resolución 
 resolución 
 artículo 142
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 143
 artículo 142
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución