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Timestamp: 2017-10-19 11:02:50+00:00

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Sentencia Civil Nº 26/2012, AP - Soria, Sec. 1, Rec 1012/2012, 21-02-2012 | Iberley
Sentencia Civil Nº 26/2012, Audiencia Provincial de Soria, Sección 1, Rec 1012/2012 de 21 de Febrero de 2012
Sentencia Civil Nº 168/2010, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 544/2008, 26-04-2010
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Sentencia Civil Nº 278/2015, AP - Malaga, Sec. 6, Rec 219/2013, 20-05-2015
Órden: Civil Fecha: 20/05/2015 Tribunal: Ap - Malaga Ponente: Suarez-barcena Florencio, Maria Inmaculada Num. Sentencia: 278/2015 Num. Recurso: 219/2013
Sentencia Civil Nº 211/2010, AP - Jaen, Sec. 1, Rec 264/2010, 06-10-2010
Órden: Civil Fecha: 06/10/2010 Tribunal: Ap - Jaen Ponente: Jurado Cabrera, Maria Jesus Num. Sentencia: 211/2010 Num. Recurso: 264/2010
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Órden: Civil Fecha: 31/07/2013 Tribunal: Ap - A Coruña Ponente: Conde Nuñez, Manuel Num. Recurso: 412/2012
Sentencia Civil Nº 20/2013, AP - Baleares, Sec. 5, Rec 420/2012, 23-01-2013
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Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 05/10/2017
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Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 03/06/2011
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Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 19/12/2012
Resolución de TEAC, 00/4978/2011, 12-09-2013
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 12/09/2013
Núm. Resolución: 00/4978/2011
Resolución de TEAC, 5462/2012/00/00, 20-11-2014
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 20/11/2014
Núm. Resolución: 5462/2012/00/00
Fecha: 21 de Febrero de 2012
Ponente: Rodriguez Greciano, Jose Luis
Núm. Sentencia: 26/2012
Núm. Recurso: 1012/2012
Núm. Cendoj: 42173370012012100053
SENTENCIA: 00026/2012
ROLLO APELACION CIVIL: RECURSO DE APELACION (LECN) nº 1012/2012
Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION nº 1 de Almazán (Soria)
Procedimiento de origen: Juicio Verbal Nº 143/2011
SENTENCIA CIVIL Nº 26/2012
En Soria, a veintiuno de febrero de dos mil doce.
El Ilmo. Sr. Magistrado Unipersonal D. JOSE LUIS RODRIGUEZ GRECIANO, ha visto el recurso de apelación civil arriba indicado, dimanante de los Autos de Juicio Verbal Nº 143/2011, contra la sentencia dictada por el JDO.1A.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 1 de Almazán (Soria), siendo partes:
Como apelante y demandante ASESORIA RUISEÑORES S.L. representado por la Procuradora Sra. SONIA PARDILLO SANZ, y asistido por la Letrado Sra. ETHER ARMAS LERENA.
Y como apelado y demandado HORMIGONES ALMAZAN S.A. representado por el Procurador Sr. JULIAN SAN JUAN PEREZ y asistido por el Letrado Sr. CESAR DE NICOLAS ORDAX.
PRIMERO .- En fecha de 31 de marzo del 2011 se presentó, en el Juzgado de Primera Instancia de Almazán, demanda promovida por la Procuradora Sra. Pardillo Sanz, de monitorio, en nombre y representación de Asesoría Ruiseñores SL, contra Hormigones Almazán SA, en reclamación de cantidad de 3.540,00 euros. Dándose trámite a dicha demanda, por resolución de fecha de 12 de mayo del 2011, requiriendo a la parte demandada a fin que procediera a pagar la cantidad adeudada.
SEGUNDO .- En fecha de 14 de junio del 2011 por el Procurador Sr. San Juan Pérez, en nombre y representación de Hormigones Almazán SA, presentó escrito de oposición, dando lugar al archivo del procedimiento monitorio y su transformación en juicio verbal por auto de 21 de junio del 2011, convocando a las partes a la celebración de la oportuna vista.
TERCERO .- En fecha de 8 de septiembre del 2011 tuvo lugar el acto de juicio, compareciendo las partes, practicándose las oportunas pruebas, y quedando los autos vistos para sentencia.
CUARTO .- En fecha de 15 de septiembre del 2011 se dictó sentencia en el Juzgado de Primera Instancia de Almazán cuya parte dispositiva contenía el siguiente fallo: "desestimo íntegramente la demanda formulada por la Procuradora Sra. Pardillo Sanz, en nombre y representación de Asesoría Ruiseñores SL, y absuelvo a la demandada Hormigones Almazán SA, de todos los pedimentos formulados en su contra. Condeno en costas a la parte actora".
QUINTO .- Contra dicha resolución se interpuso recurso de Apelación por la parte actora, siendo contestado por la parte demandada, y siendo remitido a esta Audiencia que designó Magistrado Unipersonal para el conocimiento de este recurso. Quedando desde el día de ayer pendiente de resolución. Y habiéndose observado, en la tramitación de este recurso, las prescripciones legales oportunas.
PRIMERO .- Frente a la Sentencia de Instancia, se alza la representación procesal de la parte actora a través de una serie de motivos de Apelación que, en síntesis, consideran ha existido una incorrecta valoración de la prueba por el Juez a quo que determinaría la procedencia de la estimación de la demanda.
La parte recurrente considera que el trabajo, cuyo importe es objeto de reclamación en este procedimiento, consistió en conseguir un acuerdo con un deudor de la demandada, y la entidad bancaria que la financiaba (Caja Rural de Soria), en evitación de una solicitud de declaración voluntaria de concurso de acreedores de la deudora.
Añadiendo que la demandada resultaba acreedora de Promociones Ángel Maján SL, con un crédito de 199.591 euros, habiendo conseguido un pacto, gracias a los servicios de la entidad actora, entre dicha empresa y la demandada, al margen del resto de acreedores y ventajosa para la entidad demandada. Habiendo procedido a llevar a cabo estudios sobre la falta de bienes de Promociones Ángel Maján SL, procediéndose al estudio de los inmuebles ofrecidos como pago, proponiendo por la Caja Rural, el pago de un 30 % de la deuda en metálico, un 20 % en quita y el restante 50 % de subrogación de la hipoteca que gravaba muebles con los que se pagaba. Y al constatar, tras el estudio, que los inmuebles tenían un valor inferior, se consiguió quedar la entidad demandada fuera de los acuerdos de financiación que todos los demás acreedores suscribieron y logró que la Caja Rural pagara el 30 % sin tener que subrogarse en crédito hipotecario alguno. En cuanto al resto, se reconoció el impago del 70 %, que fue parcialmente recuperado por la demandada, por crédito impositivo, tanto en su caso mediante IVA, como del Impuesto de Actividades, recuperados por declaración de impago en situación preconcursal.
No se discute el buen hacer de la Asesoría actora. No se discute por la parte demandada ni lógicamente por parte de este órgano judicial. El objeto de controversia es si estos trabajos realizados, al parecer con éxito, quedaban incluidos dentro de los "ordinarios" que eran desempeñados por dicha Asesoría a favor de la entidad demandada o no. Y en caso de no ser así, de entenderse que son extraordinarios, cuál sería el precio a satisfacer.
Sorprende, en primer lugar, que si efectivamente se trata de unos trabajos de asesoramiento tan densos y tan problemáticos, no hubiera existido una hoja de encargo de los mismos, que hubiera sido firmado por ambas partes contratantes. Especificando cuál era la tarea a realizar, y sobre todo, el carácter extraordinario de dicha tarea, que excedía -supuestamente- notablemente de la ordinaria que se desempeñaba en virtud del contrato suscrito entre ambas partes. Y especialmente que en dicha hoja de encargo figurara el precio a satisfacer por dicho encargo extraordinario.
Del mismo modo que se pactó el precio a satisfacer por cuotas ordinarias por la entidad demandada, por los servicios prestados en su favor por la parte actora, en buena lógica, también se debería haber pactado cuál habría de ser el precio por el asesoramiento extraordinario que iba a ser realizado por la citada parte actora. Pues de ser cierto que se trataban de trabajos extraordinarios deberían haberse configurado como tales, y, evidentemente, pactar el precio de los mismos, de idéntico modo que se había pactado el pago de las cuotas ordinarias -igualas- que eran satisfechas mensualmente por la entidad demandada.
Puesto que una cantidad tan notable como la reclamada en demanda, más en el mundo actual, debe ser reflejada por escrito y presupuestada con carácter previo. Y aceptado dicho presupuesto por la parte demandada. Dado que de no ser así, y no actuar de este modo, se corre un riesgo serio que la prestación de servicios a realizar por la parte actora, resulte insatisfecho en todo o en parte. Cuanto que no tiene un reflejo documental y el precio no aparece aceptado por la parte demandada.
Resulta evidente que durante todo el tiempo de prestación de servicios, la entidad demandada procedió al pago mensual, por cuotas ordinarias a la asesoría de 647,28 euros (IVA incluido), como se refleja en los extractos bancarios que figuran incorporados a la causa (folios 131 y ss). Habiendo satisfecho esta cantidad, con carácter mensual, durante tantos años, resulta poco creíble que una cantidad ligeramente mayor -3.000 euros- no fuera satisfecha por la entidad demandada. Que, por otra parte, no consta que se encuentre en situación de dificultad económica alguna. Dado que si satisfizo la cantidad de 647,28 euros, durante muchos años -desde al menos 2003 según declaró el testigo Sr. Argimiro -, con carácter mensual, pagar otra cantidad superior al finalizar el contrato, por unos servicios de asesoramiento exitosos, -nadie discute lo contrario-, hubiera sido lo lógico y natural dada las relaciones contractuales entre las partes. Si no se satisfizo fue lisa y llanamente porque la entidad demandada entendió que dicha cantidad no era debida.
Es también trascendente a los efectos de esta litis que la cantidad reclamada solo lo fuera una vez finalizó el contrato de asesoramiento entre las dos entidades. Tal como fue reconocido por los testigos que depusieron en el acto de juicio. Y si la intervención que ha dado lugar a esta reclamación finalizó en junio del 2009, no existe razón alguna de ser de no reclamar la cantidad hasta un año más tarde, cuanto que, repetimos, la cifra que es reclamada en este procedimiento es importante. Y solo se reclamó precisamente a raíz de la finalización de dicho servicio de asesoramiento, no antes, lo que tal vez viene a significar que la reclamación tenga su origen, no tanto en la realidad de la deuda, sino por el contrario en represalia por la finalización del contrato.
En cualquier caso, se indica por la parte actora, a través de los testigos que depusieron en el acto de juicio Sr. Rada Don. Argimiro , ambos empleados de la Asesoría, que los servicios contratados eran "fiscales y de contabilidad". No de asesoría jurídica. Esto se compagina mal con el dato que efectivamente miembros de dicha entidad actora hubieran intervenido como asesores , y así constan en documentos notariales, en juntas generales de la entidad demandada, donde se aprobaron acuerdos de extraordinaria importancia para el devenir de la sociedad. De lo que se deduce, y por los propios actos de la entidad actora, que la labor desempeñada ordinariamente por su parte, en beneficio de Hormigones Almazán, no era de asesoría fiscal y contable, sino jurídica.
Y es su propia página web, donde se publicita su actividad, la que viene a confirmar que los servicios ofertados y cumplidos ordinariamente por la entidad no son exclusivamente fiscales y de contabilidad. Y así se indica que "la empresa Asesoría Ruiseñores SL, está formada por un equipo de profesionales con muy alta cualificación y una experiencia de más de 20 años en la asesoría integral de la empresa, en los ámbitos de la fiscalidad nacional e internacional y en la contabilidad, planificación financiera, asesoramiento laboral y gestión administrativa en todos los sectores empresariales".
En razón de dicha actividad ofertada es por la que se contrataron los servicios ordinarios de la citada Asesoría, en la confianza que la gestión desempeñada por ésta comprendiera, no ya solo una labor de fiscalidad o contabilidad, sino de asesoramiento, como así fue, tal como consta en la intervención de dicho personal en las correspondientes juntas.
Estos fueron los servicios ordinarios contratados y en razón de los cuales se pagó la cuota ordinaria por Hormigones Almazán. Comprendiéndose, por tanto, los servicios desempeñados, en razón de los cuales se interpuso esta demanda, dentro del grupo de los "ordinarios", que han sido satisfechos por la entidad demandada. Por lo que nada tiene que reclamar la parte recurrente.
SEGUNDO .- El arrendamiento de servicios debe entenderse regulado en el artículo 1542 y ss del Código Civil , siguiendo para la reclamación de honorarios, derivados de dichos servicios, las mismas reglas sobre carga de prueba establecidas en el artículo 217 de la LEC .
En orden a la remuneración de dichos servicios habrá de estarse, en primer lugar, al acuerdo o voluntad de las partes, al igual que en cualquier otro contrato, puesto que en aquellos supuestos en los que las partes hayan fijado el importe de los honorarios con carácter previo a su realización, habrá de entenderse que será esta la cuantía que deba ser abonada por el cliente, sin que en tales casos puedan fijase unilateralmente por quien presta los servicios dicha cantidad. Debiendo la entidad que reclama los honorarios por los servicios, acreditar cumplidamente la existencia del contrato específico en orden a su prestación, puesto que al reclamar los honorarios se daría por hecho que efectivamente existía un contrato de arrendamientos de servicios. Y que los prestados, como en este caso, excedían de los ordinarios a prestar por la Asesoría demandante. Sin que pueda desconocerse que el objeto del contrato de arrendamiento de servicios pueda determinarse libremente, en su contenido y su precio, por cualquiera de las partes, puesto que el contrato que une a ambas entidades debe venir referida al encargo que le haya sido realizado, y que éste sea extraordinario, sin que en este sentido el asesor pueda excederse en el ejercicio de las gestiones a realizar por encima de las pactadas, o apartándose de las encomendadas.
De tal manera que si en el presente caso, no existe presupuesto de actividad, desempeño concreto de una tarea extraordinaria, no existe precio cierto fijado, ni tan siquiera orientativo, faltaría uno de los requisitos esenciales de todo contrato. Cuanto sería el objeto y el precio cierto, y el consentimiento expreso o tácito de la entidad demandada. Debiendo entenderse que la labor encomendada y desempeñada por la asesoría actora entraría dentro de la labor de "asesoramiento ordinario" efectuado en beneficio de Hormigones Almazán y que ya fue retribuida específicamente por ésta, al pagar las distintas cuotas mensuales por los servicios de asesoría pactados y realizados. No pudiendo exigirse una cantidad extraordinaria por ello.
A esta solución se llegaría, incluso, de atender a las declaraciones de los propios empleados de la entidad actora. Así en el caso de D. Argimiro , se indicó que "los encargos extraordinarios no se hacían reflejo en las respectivas hojas de encargo", añadiendo que "se facturaban aparte dichos encargos extraordinarios". Eso sí, indicó a continuación que recuerda que no habían existido encargos extraordinarios. Por lo que su afirmación que se facturaban aparte carece de razón de ser, puesto que si no se realizaron encargos extraordinarios, difícilmente pudieron haber sido facturados aparte, y lógicamente, en ningún caso, ni fueron reclamados a la entidad demandada ni satisfechos por ésta. De manera que la intervención como "asesores" de empleados de la entidad actora en juntas generales, no dieron lugar a facturas por "encargos extraordinarios". De lo que se deduce, lógicamente, que dicha labor de asesoramiento en situaciones tan tensas como las vividas en las juntas generales cuyas copias figuran unidas a actuaciones, era "ordinaria". Si lo era entonces, también lo era en la labor de intermediación ante Caja Rural. Que es lo que determina el origen de la reclamación formulada en esta litis.
Por todo ello no asiste razón alguna a la Asesoría actora en su reclamación. Lo que implica que deba de confirmar en su integridad la bien razonada sentencia del Juez a quo, y desestimar, en su integridad, el recurso de Apelación formulado por la entidad demandante.
TERCERO .- De conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la LEC , en relación con el artículo 394 del mismo cuerpo legal , las costas habrán de ser impuestas al litigante cuyas pretensiones hayan sido totalmente desestimadas. En este caso a la parte recurrente.
Debiéndose decretar la pérdida de la cantidad ingresada como depósito para recurrir, al haberse rechazado el recurso de Apelación, conforme los números 9 y 10 de la disposición adicional decimoquinta de la LO 1/09 de 3 de noviembre .
Vistos los artículos citados y los demás de general aplicación.
Que debo desestimar y desestimo el recurso de Apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Sonia Pardillo Sanz, en nombre y representación de ASESORÍA RUISEÑORES SL, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Almazán de 15 de septiembre del 2011 en autos de juicio verbal número 143/2011 seguidos en dicho Juzgado, y en su consecuencia, debo de confirmar y confirmo en su integridad la resolución recurrida.
Imponiendo expresamente las COSTAS de esta alzada a la parte apelante.
Firme que sea esta resolución, habrá de darse a la cantidad ingresada como depósito para recurrir, cuya pérdida se decreta, el destino legal que proceda.
Así por esta mi Sentencia, que será notificada en forma legal a las partes, haciéndoles saber que, caso de interponer Recurso de Casación ó Extraordinario por Infracción Procesal, deberá acreditar al tiempo de su interposición la consignación de la suma de 50€ en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales aperturada en el Banco Español de Crédito, cuenta expediente nº 4162 0000 01 seguido del nº de procedimiento (4 dígitos) y del año (dos dígitos) debiendo indicarse en el campo "concepto" del documento resguardo del ingreso, que se trata de un "Recurso", seguido del código 06 (casación) ó 04 (Infracción Procesal. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse a continuación de los 16 dígitos de la cuenta de expediente (Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre), lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACION . Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.

References: artículo 186

Resolución 

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 resolución 
 artículo 1542
 artículo 217
 artículo 398
 artículo 394
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