Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/sc118408.html
Timestamp: 2019-10-17 00:02:35+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [C-1184_2008]
Artículo LIBRO_II
Expediente D-7306 2
Aducen entonces que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha argumentado que 'los tribunales militares, por su propia naturaleza, no satisfacen los requisitos de un tribunal independiente e imparcial aplicable a los procesos de civiles porque no forman parte de la justicia civil independiente sino del poder ejecutivo, y debido a que su propósito fundamental es mantener el orden y la disciplina sancionando los delitos militares cometidos por los integrantes de la comunidad militar'. De igual forma, ha concluido que en los tribunales militares 'no pueden juzgarse violaciones de los derechos humanos u otros delitos que no guarden relación con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares, los que deben someterse a los tribunales ordinarios'”.
Luego de discurrir en extenso sobre la ratificación de los tratados internacionales por parte del Estado colombiano, en torno al tema de los derechos humanos y la interpretación que sobre la aplicación de los mismos ha efectuado esta corporación, apunta a que el derecho internacional también reconoce el concepto de moral social. En consecuencia, plantea que es perfectamente admisible que en el ámbito castrense se eleve a la categoría de falta la ejecución de actos inmorales, “pues a nivel de la sociedad en general, y más concretamente a nivel de la propia disciplina militar, tales actos, amén de tener una clara relevancia jurídica, se encuentran plenamente identificados en cuanto refieren a los comportamientos que pugnan con la conducta comúnmente aceptada en el medio, es decir, con la que gobierna la actividad castrense, y que sin duda causan una grave afrenta al honor, la dignidad y el decoro militar e institucional, cuya preservación constituye condición esencial para la existencia y permanencia de toda fuerza pública. En esta orientación, el artículo 24 de la Ley 836 de 2003, al referirse a los valores militares, es claro en señalar que: 'la carrera militar exige depurado patriotismo, clara concepción del cumplimiento del deber, acendrado espíritu militar, firmeza de carácter, sentido de la responsabilidad, veracidad, valor, obediencia, subordinación, compañerismo y preocupación por cultivar y desarrollar, en el más alto grado, las virtudes y deberes antes mencionados'”.
Plantea además que en la medida en que la regulación de los asuntos que corresponden a la jurisdicción penal ordinaria, o que se exceptúan de la misma, está excluida del ámbito de validez material de la disposición demandada, por ende “una interpretación contraria es errónea, por cuanto extiende la norma a supuestos que la misma no regula, y dado que desconoce la vigencia de otras normas que sí regulan el tema, consistentes con las normas integrantes del bloque de constitucionalidad stricto sensu para el caso concreto, y que son aplicables en caso de presentarse un conflicto jurisdiccional. Por ponerlo en términos simples, los demandantes confunden 'forum' con 'ius'”.
“La expresión 'relación con el mismo servicio', a la vez que describe el campo de la jurisdicción penal militar, lo acota de manera inequívoca. Los delitos que se investigan y sancionan a través de esta jurisdicción no pueden ser ajenos a la esfera funcional de la fuerza pública. Los justiciables son únicamente los miembros de la fuerza pública en servicio activo, cuando cometan delitos que tengan relación con el mismo servicio'. El término 'servicio' alude a las actividades concretas que se orienten a cumplir o realizar las finalidades propias de las fuerzas militares - defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional - y de la policía nacional - mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica.”
Es posible establecer que existe una distinción entre los delitos propiamente militares y los comunes, situación que se recalcó en el citada providencia, al señalar que “es obvio que nunca un acto del servicio puede ser delictivo, razón por la cual una conducta propia del servicio no amerita jamás castigo. Por ello la justicia castrense no conoce de la realización de 'actos del servicio' sino de la comisión de delitos 'en relación' con el servicio”.
“En efecto, los delitos que se investigan y sancionan a través de la jurisdicción penal militar no pueden ser ajenos a la órbita funcional de la fuerza pública, resultando como justiciables por ésta únicamente los que cometan, (i) los miembros de la fuerza pública, (ii) en servicio activo, (iii) cuando cometan delitos que tengan 'relación con el mismo servicio', es decir, los que se derivan directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley o los reglamentos les han asignado.
“En ese sentido, viene sosteniendo la jurisprudencia constitucional que la expresión 'materia' debe entenderse desde una perspectiva 'amplia, global, que permita comprender diversos temas cuyo límite, es la coherencia que la lógica y la técnica jurídica suponen para valorar el proceso de formación de la ley'[28]. Con base en tal apreciación, ha concluido igualmente que 'solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley'[29].”
La segunda –inciso 3° con sus cuatro numerales, y parágrafo- alude al ulterior desenvolvimiento del estudio del tema, si se quiere, cuando el análisis de la posición de garante comienza a separarse de lo estrictamente legal o jurídico y a ser penetrado por construcciones en general sociales, culturales y extralegales, tales como la 'cercanía o proximidad social', la 'relación social especialmente estrecha', las 'relaciones de confianza', la 'tópica-analógica', las 'situaciones de compenetración social', los 'vínculos de solidaridad o de fidelidad', la 'creación previa del riesgo', la 'fusión de bien jurídico y rol social' o 'teoría sociológica de los roles', 'el dominio sobre la causa del resultado', los 'deberes de aseguramiento en el tráfico', etc. Por estas vías se abre espacio, entonces, a criterios como aquellos mencionados en los cuatro numerales del inciso 3° del artículo 25 del Código Penal.
[3] Al respecto, en la sentencia C-545 de mayo 28 de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, se recordó: "El artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, por el cual fue dictado el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional, fija como imperativo que la corporación confronte las disposiciones sometidas a control con la totalidad de los preceptos superiores, especialmente los del Título II. Igualmente, en el artículo 46 de la Ley 270 de 1996 se consagra ese principio de control integral, norma frente a la cual esta corporación indicó en sentencia C-037 de febrero 5 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa: 'A través de la norma bajo examen se busca que la Corte, en caso de encontrar que un determinado canon constitucional ha sido violado por una norma legal, o que, por el contrario, él sirve para declarar su exequibilidad, entonces pueda fundarse la sentencia en ese precepto, así este no haya sido invocado por el demandante. Lo anterior no significa, y en esos términos lo entiende la Corporación, que en todos los casos la Corte deba realizar un análisis de la totalidad del texto de la Carta frente a la disposición legal que se estudia, pues - se reitera - lo que se busca es la posibilidad de invocar argumentos adicionales sustentados en otras normas fundamentales que servirán para adoptar una mejor decisión'". (No está en negrilla en el texto original.)
[5] Planteamientos acogidos por esta corporación al compartir y reiterar lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de octubre 4 de 1971, M. P. Eustorgio Sarria, donde se definió que la jurisdicción ordinaria es el "principio fundamental que preside y orienta la administración de justicia", el cual puede sufrir excepciones, como ocurre en el evento del fuero castrense, "que por serlo, la misma Constitución y la doctrina otorgan un carácter restringido", de modo que el legislador no puede ampliarlas para no menoscabar la regla general.
[8] "Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 31 de julio de 1975. MP Eustorgio Sarria. S CLII y CLIII, p 131."
[11] En aquella oportunidad los alcances de las preceptivas contenidas en el artículo 221 de la Constitución fueron analizados frente a expresiones del tenor de "con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a su cargo, o de sus deberes oficiales", que fueran declaradas inexequibles, contenidas en varias disposiciones del entonces Código Penal Militar (Decreto 2550 de 1998).
"Artículo 214. Omisión de apoyo. El que rehúse o demore indebidamente el apoyo pedido por autoridad competente, en la forma establecida por la ley, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años.
Artículo 215. Agravación punitiva. La pena prevista en el artículo anterior se aumentará de una tercera parte a la mitad, si la omisión fuere de prestar auxilio reclamado en operaciones de campaña, por el comandante de una fuerza, buque, o aeronave, sin justa causa."
[15] El artículo 3º del proyecto indicaba: "Delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de tortura, el genocidio y la desaparición forzada, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia".
[18] C-191 de mayo 6 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se indicó que esa "supralegalidad" se reputa de los tratados internacionales sobre derechos humanos referidos en el artículo 93 superior, las leyes orgánicas, las estatutarias y, como allí se puntualizó, en los tratados internacionales que integran el contenido normativo del artículo 101.
[19] El artículo 160 del Decreto Ley 100 de 1980 preceptuaba: "Omisión de apoyo. El agente de la fuerza pública que rehúse o demore indebidamente el apoyo pedido por autoridad competente, en la forma establecida por la ley, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años".
[20] Resulta oportuno recordar que en Título XVI, denominado "De la fuerza pública", contenido en la Constitución de 1886 (arts. 165 a 171), solamente se empleaban las expresiones ejército, fuerza armada y militares, lo que hace entendible como a diferencia del artículo 221 de la Carta Política actual, el 170 de aquella Constitución indicaba: "De los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes marciales o Tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código penal militar" (no está en negrilla en el texto original).
[28] "Sentencia C-523 de 1995, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa."
[29] "Sentencia C-025 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz."

References: artículo 24
 artículo 25
 artículo 22
 artículo 46
 artículo 221

Artículo 215
 artículo 3
 artículo 93
 artículo 101
 artículo 160
 artículo 221