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Timestamp: 2019-04-24 04:27:51+00:00

Document:
Ley de la Generalitat Valenciana 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana.
(DOGV núm. 1106 de 13.07.1989) Ref. Base Datos 1585/1989
Fecha de entrada en vigor: 14.07.1989
Fecha fin vigencia: 03.07.2004
Notas: Esta Ley atiende a la necesidad de resolver, desde una óptica supramunicipal, los complejos problemas que afectan al territorio en la Comunidad Valenciana. Para ello se basa fundamentalmente en dos instrumentos planificadores de carácter global: el Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana y el Programa de Ordenación del Territorio. Con un ámbito más reducido la Ley regula también los Planes de Acción Territorial y los Proyectos de Ejecución.
Decreto 45/1991, del día 20 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, de cooperación y coordinación administrativa para la redacción del Plan de Acción Territorial, de carácter integrado, sobre Desarrollo Urbanístico de la Comunidad Valenciana, en desarrollo de la Ley 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana.
ACUERDO de 26 de julio de 2001, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. [2001/7601]
Temáticos: planificación regional, programa de actuación, plan de urbanismo, administración local, ordenación del territorio, reglamentación urbanística, gestión del espacio, urbanización
Ley de la Generalitat Valenciana 6/1989, de 7 de julio de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana.
Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey promulgo la siguiente Ley:
La desigual distribución de un recurso básico como el agua, la superposición sobre la franja litoral de gran número de actividades (agricultura intensiva, desarrollo turístico, implantaciones industriales, procesos urbanizadores ... ) cuya compatibilización en el territorio se hace muchas veces imposible, los déficits de infraestructuras básicas y equipamientos, la concentración de la población en un espacio superexplotado, etc... son resultados de una determinada lógica de uso del territorio.
Sin embargo, la existencia de problemas diferenciados territorialmente en nuestra Comunidad (litoral congestionado; áreas metropolitanas; zonas con alto riesgo de inundación, erosión y desertificación; áreas deprimidas, etc ... ) requieren un tratamiento conjunto que integre la aplicación de políticas sectoriales, coordinando las actuaciones de todas ellas.
La filosofía y contenido de esta Ley parte de la distinción entre las consideraciones a corto y a medio o largo plazo, por un lado, y entre la planificación territorial y la de carácter sectorial por otro. De ahí que integre normas de directa aplicación y el diseño de las figuras supramunicipales de ordenación que permitan abordar todos los aspectos antes indicados.
El proceso completo de ordenación se basa fundamentalmente en dos instrumentos de carácter global: el Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana y el Programa de Ordenación del Territorio. Los de ámbito más reducido, los Planes de Acción Territorial, tanto los de carácter sectorial como los integrados, tienen como finalidad la compatibilización y coordinación de políticas sectoriales y urbanísticas a nivel supramunicipal. Están concebidas tanto para satisfacer las necesidades de un sector determinado como para resolver problemáticas específicas de un área territorial, de muy diversos tipos (coordinación urbanística en áreas metropolitanas; fomento del desarrollo en áreas retrasadas o en declive; zonas con problemas de inundaciones u otros riesgos naturales, etc ... ).
La Constitución Española, en su artículo cuarenta, establece que los poderes públicos habrán de promover el progreso social y económico, así como una más equitativa distribución de la renta regional. En el artículo cuarenta y cinco consagra el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, al mismo tiempo que impone el deber de conservarlo y confía a los poderes públicos la utilización racional de los recursos naturales de cara a la mejora de la calidad de vida, apoyándose en la solidaridad colectiva. Al mismo tiempo, el artículo cuarenta y seis, impone a los poderes públicos el deber de conservar y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana - aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio- establece, en su artículo 31.9, la competencia exclusiva de la Generalitat en la Ordenación del Territorio y del Litoral y en Urbanismo, materias que se encuentran reguladas a nivel estatal básicamente por el Texto Refundido de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y desarrollado por los Reglamentos dictados posteriormente al efecto. Tras más de diez años de vigencia, los instrumentos ofrecidos por la normativa urbanística indicada se han mostrado en la práctica insuficientes, especialmente en dos aspectos de suma importancia para resolver problemas fundamentales de la ordenación del territorio: la corrección de los desequilibrios territoriales de carácter socio- económico y la coordinación de actuaciones territoriales supramunicipales. Ello justifica la elaboración de una normativa propia de la Generalitat en materia de Ordenación del Territorio.
Se trata, en todo caso, de un texto legal lo suficientemente flexible como para que, en su momento, pueda ser desarrollado merced a la elaboración de las disposiciones necesarias, que arbitren soluciones puntuales, allí donde sea preciso. Todo ello desde una perspectiva política de globalidad, marcando las referencias básicas, las pautas que, permitan el desarrollo económico sin distorsiones espaciales, la armonización de los distintos elementos que constituyen y conforman el territorio, así como la coordinación entre los diferentes poderes y agentes económicos y sociales implicados.
Los objetivos fundamentales de la presente Ley son la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional y equilibrada del territorio de la Comunidad Valenciana.
4. Paliar los desequilibrios comarcales de carácter económico, social y cultural.
9. Promover las inversiones públicas y privadas en áreas de desarrollo potencial y deprimidas, de acuerdo con las características socio- económicas que determinen el establecimiento de prioridades.
2. Los Planes de Acción Territorial.
3. Los Programas de Ordenación del Territorio.
4. Los Proyectos de Ejecución.
4. Limitaciones o condiciones de uso del litoral, con indicación de la línea marítimo- terrestre del mar territorial, de la zona contigua y la plataforma submarina dentro de los criterios establecidos en la legislación y Tratados Internacionales en los que España sea parte.
12. Señalamiento de medidas técnicas y económicas para la protección del medio físico y la gestión de los recursos naturales.
15. El tratamiento de los municipios, comarcas, conjuntos, áreas o elementos a que se refieren los puntos 9 y 10 podrán ser objeto de tratamiento legal específico, de acuerdo con los criterios que señale el Consell de la Generalitat, oídas las Consellerias afectadas.
16. Señalamiento de aquellas actividades económicas que posibiliten el desarrollo, a partir del estudio y conservación del medio físico, donde se desarrollen.
Las determinaciones a que se refiere el artículo séptimo se contendrán como mínimo en los siguientes documentos:
2. Memoria de la información, y diagnóstico derivado del reconocimiento territorial.
6. División temática o sectorial de las actuaciones que se prevean.
En desarrollo de las previsiones contenidas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana, se redactarán Planes de Acción Territorial.
Los Planes de Acción Territorial de carácter sectorial fijarán los criterios y orientaciones contenidas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana, estableciendo las prioridades de las: actuaciones y proyectos referidos a un sector determinado a realizar en un área territorial determinada.
2. Regular el planeamiento, ejecución y gestión de los sistemas generales supramunicipales o comarcales de infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades de explotación de los recursos, con los objetivos y criterios propuestos y de acuerdo con las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana.
3. Definir las prioridades territoriales de inversión pública de las políticas sectoriales, en orden a cubrir las necesidades y déficits.
a) Definir, de acuerdo con la estrategia y orientación del Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana, los objetivos concretos y los criterios de actuación de carácter territorial que permitan integrar actuaciones sectoriales supramunicipales y coordinar el planeamiento urbanístico municipal de cara a resolver la problemática específica del área considerada.
d) Articulación con el planeamiento municipal existente y con los Planes de Acción Territorial de carácter integrado en su caso, determinando expresamente las vinculaciones que se creen.
b) Análisis socio- económico y territorial, diagnóstico de la situación actual y tendencias.
h) Localización de las actuaciones territoriales de carácter supramunicípal.
b) Estudio Económico- Financiero.
El Programa de Ordenación del Territorio es un instrumento de coordinación que define los criterios, acciones y proyectos de interés territorial de la Comunidad Valenciana, para un período máximo de cuatro años.
f) Servir de marco de orientación obligado para la elaboración de los Presupuestos anuales de la Generalitat.
e) Establecimiento de los criterios y prioridades de asignación territorial para las inversiones de la Generalitat.
Las previsiones del Programa de Ordenación del Territorio, tendrán carácter vinculante para la Administración Pública de la Comunidad Valenciana.
Los Proyectos de excepcional entidad tendentes a cubrir necesidades de interés general, que ejecuten los Planes previstos en la presente Ley y se contengan en los de obras y servicios de las distintas Administraciones Públicas, podrán contener Cláusula de Excepción respecto de la normativa urbanística aplicable.
La Cláusula de Excepción se otorgará por el Consell de la Generalitat, previa audiencia de los Ayuntamientos afectados, después que éstos la hubiesen expuesto a información pública durante el plazo de un mes; de las Diputaciones Provinciales y de las Comisiones Territoriales de Urbanismo en cuyo ámbito territorial se plantee el Proyecto.
Formación y aprobación de los Planes
Las Administraciones Públicas, Instituciones, Entidades y personas físicas y jurídicas deberán prestar su concurso a la redacción del Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana facilitando todos los documentos, planes y programas que puedan ser tenidos en consideración como una información de base o para la ordenación del territorio.
La Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes podrá solicitar cuantos documentos, planes y programas puedan ser tomados en consideración para la información u ordenación del territorio.
Las Administraciones Públicas y demás Entidades a que se refiere el artículo treinta y cuatro podrán presentar sugerencias o anteproyectos sobre criterios previamente previstos en la presente Ley.
La competencia para redactar el Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana corresponde a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes con Informe de la Agencia del Medio Ambiente.
La competencia para redactar los Planes de Acción Territorial de carácter sectorial corresponde a las distintas Administraciones en razón de su competencia del que se dote la Generalitat con informe de la Agencia del Medio Ambiente.
La redacción de los Planes de Acción Territorial de carácter integrado corresponde a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, o en su caso, a aquellas otras Consellerias que expresamente tengan el encargo del Consell de la Generalitat con informe de la Agencia del Medio Ambiente.
Los Programas de Ordenación del Territorio se redactarán por la Conselleria de Economía y Hacienda de acuerdo con la jerarquización y etapas que se establezcan en los Planes de Acción Territorial.
La redacción de los Proyectos de Ejecución corresponderá a las distintas Administraciones Públicas, y a las Instituciones, Entidades y personas físicas y jurídicas que vengan obligadas a su ejecución.
Uno. Cuando concurran razones de urgencia, basándose en la utilidad pública o el interés social, el Presidente de la Generalitat, a instancia del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, podrá requerir al órgano competente para que redacte o ejecute los Planes de Acción Territorial en el plazo que por el mismo se señale, teniendo en cuenta las causas concurrentes, o determinantes de la dilación.
Dos. Transcurrido este plazo sin dar cumplimiento al requerimiento, el Consell de la Generalitat, mediante Decreto, a propuesta del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, podrá subrogarse en la competencia dejada, asignando la misma a la Conselleria correspondiente.
Corresponde al Consell de la Generalitat la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana mediante Decreto, a propuesta del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, previo conocimiento de las Cortes Valencianas, y la cláusula de excepción de los Proyectos de Ejecución.
La aprobación de los Planes de Acción Territorial corresponde al Consell de la Generalitat.
El Programa de Ordenación del Territorio se aprobará por el Consell de la Generalitat y será incluido en el Programa Económico Valenciano.
Los proyectos que redacten Instituciones, Entidades, Organismos y personas jurídicas y físicas, no pertenecientes a la Administración Pública, serán aprobados por la Administración en razón de la materia, salvo que se solicite la Cláusula de Excepción.
1. El Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, una vez culminado el proceso de información territorial, fijará los criterios objetivos y propuestas que considere oportunos sometiéndolos a información pública, para que en el plazo de dos meses puedan presentarse sugerencias.
2. Terminado el proceso de información pública, el Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes procederá a la aprobación inicial del POTCV, remitiéndolo, de acuerdo con el artículo 42 de la presente Ley, a las Cortes Valencianas para su conocimiento y debate, así como para, en su caso, presentación y votación de las correspondientes propuestas de resolución.
La Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes informará las alegaciones presentadas, en el plazo máximo de tres meses, y transcurrido este plazo podrá adoptar los siguientes acuerdos:
2. Elevarlo al Consell con propuesta de aprobación.
Transcurrido este plazo, el Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes elevará al Consell de la Generalitat propuesta de aprobación definitiva.
El Consell de la Generalitat a la vista de la propuesta del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, adoptará uno de los siguientes Acuerdos:
Contra el Acuerdo del Consell podrá interponerse recurso de reposición, con carácter previo al contencioso- administrativo, en los términos y plazos que prevé el artículo 52.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y 126.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
El Acuerdo del Consell será publicado en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», Boletín Oficial de las Provincias de Alicante, Castellón y Valencia, «Boletín Oficial del Estado» y en dos Diarios de los de mayor difusión en cada provincia y a nivel estatal.
Los Planes de Acción Territorial de carácter sectorial se tramitarán por la distintas Administraciones Públicas y serán aprobados por el Consell de la Generalitat, previa audiencia de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, conforme al trámite previsto en las disposiciones legales aplicables por razón de su naturaleza.
1. Corresponde a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes o al Consell de la Generalitat, a propuesta de una o varias Consellerias, acordar la formulación de un Plan de Acción Territorial de carácter integrado.
2. La Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes redactará un documento de avance en el que se exponga la problemática específica que trata de resolver el Plan, los objetivos y ámbito territorial del mismo, los criterios de actuación y el plazo de ejecución previsto, sometiéndolo a información de los Municipios afectados y Organismos interesados y la Comisión Territorial de Urbanismo, quienes deberán evacuarlo en el plazo de un mes.
3. La Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes redactará el Plan en el plazo máximo de ocho meses desde la recepción de los informes indicados en el punto 2.
4. El Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, previo informe de la Comisión Territorial de Urbanismo, aprobará inicialmente el Plan en el plazo de tres meses desde la redacción y lo someterá a información pública por dos meses durante los cuales se dará audiencia a las Corporaciones Locales afectadas.
5. Una vez informadas las alegaciones presentadas al documento inicial, la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes redactará el documento definitivo del Plan que deberá ser propuesto por el Conseller al Consell para su aprobación definitiva.
El Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana y los Planes de Acción Territorial tendrán vigencia indefinida, salvo que el cumplimiento de éstos últimos estuviera sujeto a término.
La vigencia del Programa de Ordenación del Territorio se ajustará, en todo caso, a la del correspondiente Programa Económico Valenciano.
La actualización o revisión del Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana y de los Planes de Acción Territorial podrán llevarse a cabo de oficio por el Consell de la Generalitat, a propuesta del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes o de las distintas Consellerias, oída la de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y/o a instancia de otras Administraciones Públicas, cuando concurriera alguna de las circunstancias siguientes, que no puedan paliarse por otros medios.
4. Por transformaciones socio- económicas especialmente referidas a sistemas de producción.
La modificación del Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana y de los Planes de Acción Territorial estará sujeto a los mismos trámites que los de su aprobación.
La modificación de los Proyectos de Ejecución que se deban llevar a cabo para la adaptación a las condiciones del territorio así como la ejecución material de las obras, estarán sujetos al informe favorable de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y de la Agencia del Medio Ambiente.
Los Planes serán públicos en todas sus determinaciones, y cualquier persona podrá informarse de su contenido en los Ayuntamientos afectados o en la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
La información que se facilite sobre su contenido deberá ser evacuada por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a costa del peticionario, en el plazo de dos meses.
El Patrimonio Rural del Suelo se compone del espacio físico que debe detraerse de la acción urbanizadora, con sus elementos y accidentes geográficos, las masas vegetales plantaciones de interés comunitario, conjuntos de yacimientos arqueológicos e históricos, mineralógicos y de hidrocarburos, y espacios naturales, merecedores de protección o conservación.
Las áreas, elementos o hitos naturales determinantes del paisaje de la Comunidad Valenciana deberán señalarse en su emplazamiento, estableciendo las medidas cautelares o correctoras para su protección, recuperación o regeneración, sin perjuicio de las particulares que cada municipio deba conservar.
2. Cuando se plantee acción alternativa que modifique o suprima cauces públicos, no se aprobará definitivamente el proyecto hasta la desafección del terreno público.
Se prohibe toda edificación sobre terrenos provinentes de cauces y hasta veinte metros de su arista exterior.
El Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana señalará aquellos espacios o elementos naturales susceptibles de algún tipo de protección recuperación o regeneración, los cuales serán objeto de señalización e inventario conforme a lo dispuesto en la Ley de Parajes Naturales de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de establecer las medidas tendentes a la protección de otros comprendidos en el artículo anterior.
Los Planes Generales de Ordenación Urbana Municipal, podrán ampliar la protección a aquellas áreas o elementos naturales determinantes del paisaje municipal.
Cuando existan bienes susceptibles de aprovechamiento, las Consellerias correspondientes por razón de la naturaleza del bien económico, las Comisiones Territoriales de Urbanismo, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos establecerán las limitaciones de la explotación.
La planificación hidrológica de la Generalitat establecerá los niveles máximos y mínimos de distribución poblacional en función de la disponibilidad real o potencial de recursos hidráulicos.
La Generalitat, a través de los instrumentos de planificación hidrológica, asignará los recursos hidráulicos disponibles a las necesidades planteadas disponiendo los mecanismos necesarios para la mejor gestión y administración de dichos recursos, teniendo en cuenta el carácter de recurso escaso que tiene el agua en la Comunidad Valenciana y en orden a conseguir las óptimas condiciones de potabilidad para el consumo humano.
Uno. En ningún caso se permitirá el crecimiento poblacional exógeno cuando exista insuficiencia de agua potable, si el incremento extraordinario del suministro implica menoscabar el abastecimiento mínimo necesario a poblaciones con crecimiento normal.
Dos. Los Planes Generales de Ordenación Urbana establecerán las limitaciones precisas a la clasificación del suelo cuando se carezca, por cualquier razón, de suministro de los recursos hídricos mínimos necesarios con garantía de potabilidad.
Uno. Las aguas no potables, susceptibles de aprovechamiento agrícola o industrial, serán canalizadas mediante redes de distribución independientes, en las que, en función del uso previsto, podrán integrarse las recicladas del consumo humano.
Dos. El carácter de estas redes podrá ser municipal, provincial o comarcal, y las Administraciones Públicas correspondientes establecerán las medidas de gestión por cualquiera de los medios que permita la legislación.
La planificación territorial y urbanística tendrá en cuenta las exigencias planteadas por la gestión integrada del suministro, saneamiento y depuración de aguas, favoreciendo a través de la distribución espacial de actividades, servicios o infraestructuras, y en su caso, de la determinación de unidades territoriales, la creación y el funcionamiento de instrumentos de coordinación interadministrativa, o gestión unitaria, que permitan maximizar la rentabilidad social y económica de las inversiones.
Los equipamientos supramunicipales se ubicarán en las zonas previstas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana, y en las que a tal efecto se prevean Planes de Acción Territorial.
A efectos de su implantación se tomarán en consideración las necesidades de cada municipio, comarcas, o las de un área territorial y el medio físico en que se desarrollan, para garantizar la rentabilidad socio- económica de las inversiones.
Sin perjuicio de las responsabilidades que procedieren en aplicación de disposiciones legales que, por su contenido urbanístico o medio- ambiental, incidan en el uso y destino del territorio, será sancionable toda acción u omisión que contravenga o menoscabe los efectos de esta Ley.
Las faltas que sean calificadas como leves serán sancionadas con multas de cincuenta mil a un millón de pesetas.
Las faltas graves serán sancionadas con multas desde un millón a cincuenta millones de pesetas.
Las faltas muy graves serán sancionadas con multas desde cincuenta millones a doscientos cincuenta millones de pesetas.
La Resolución sancionadora llevará aparejada, en todo caso, la imposición al infractor de la obligación de reparación del daño causado y restitución de la situación anterior a la comisión de la infracción, o, en su defecto, la valoración económica de dichas obligaciones que serán, en todo caso, de cuenta del infractor.
Podrá considerarse como causa eximente de la responsabilidad, la acción llevada a cabo en circunstancias extraordinarias por razón de riesgo catastrófico, cuando el análisis de los hechos demuestren buena fe y proporcionalidad entre las medidas precautorias adoptadas y el riesgo previsible, sin perjuicio de la obligación de reponer la situación anterior.
1. El actuar en evitación de perjuicio o riesgos catastróficos, cuando no exista proporcionalidad entre las medidas adoptadas y el riesgo previsible.
3. El haber procedido a reparar o disminuir el daño causado antes de la iniciación de la actuación sancionadora.
Cuando concurrieran todas las circunstancias atenuantes se podrá rebajar la multa hasta un veinticinco por ciento de la cuantía mínima.
Las multas y ordenes de ejecución que se impongan a los distintos sujetos por una misma infracción tendrán carácter independiente.
Uno. Cuando el expediente sancionador se instruyera por dos o más faltas tipificadas entre las que exista relación de causa- efecto, se impondrá una sola multa que será la correspondiente a la acción u omisión que suponga el resultado final perseguido, en su cuantía máxima.
Dos. Las órdenes de ejecución tendentes a reponer la situación a su estado inicial versarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, sobre las distintas acciones u omisiones sancionables.
Uno. Finalizado el plazo que fije la resolución del expediente para iniciar la reparación del daño causado, el Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes podrá acordar un nuevo plazo en razón de las circunstancias concurrentes y alegadas por los inculpados, o proceder a la ejecución subsidiaria de las mismas, resarciendo a la Administración Pública del coste del gasto efectuado a costa de los infractores.
Dos. Cuando las obras no se hubieren concluido en el plazo otorgado al efecto, el Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes procederá conforme a lo dispuesto en el apartado uno de este artículo.
Podrán ser sancionados como autores de faltas tipificadas en los artículos noventa y siete, noventa y ocho y noventa y nueve de la presente Ley las personas físicas y jurídicas que en su condición de propietario, promotor, empresario de la obra o técnicos encargados de dirigir su ejecución hubieran participado en calidad de tales en el acto u omisión punible.
Los Alcaldes que tuvieren conocimiento del otorgamiento de una licencia u orden de ejecución que contraviniese la legalidad en materia de ordenación del territorio, deberá instar la declaración de nulidad o declarar la lesividad de su propio acto, conforme a lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Artículo ciento dieciocho
Cuando el Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes tuviere conocimiento del otorgamiento de una licencia u orden de ejecución que infringiere la presente Ley o los Planes y Proyectos aprobados para su desarrollo, lo pondrá en conocimiento del Alcalde para que en el plazo de un mes proceda conforme a lo dispuesto en el artículo anterior; transcurrido este plazo sin que el requerimiento fuere atendido, procederá a través del órgano competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local.
La sanción administrativa se impondrá, en cualquier caso, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros, dejando expedita en todo momento la vía civil y penal para la interposición de otras demandas que no quedaría condicionada, en ningún caso, a la resolución del expediente disciplinario.
La competencia en materia disciplinaria corresponde a los Alcaldes y al Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, que actuarán de oficio o a instancia de parte.
Uno. Los Alcaldes que adviertan indicios de responsabilidad podrán decretar la suspensión cautelar de las obras o actividades, iniciando un período de información para esclarecimiento de los hechos y señalamiento de las personas responsables.
Dos. Terminado el período de información, el Alcalde remitirá, en el plazo de un mes, lo actuado al Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes con informe del Ayuntamiento referido a la procedencia de iniciar expediente disciplinario, si permaneciesen indicios objetivos de responsabilidad, o en su caso, archivar las actuaciones.
Tres. A la vista del expediente, y de cuantas pruebas o comprobaciones considere necesarias, el Conseller resolverá.
El Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes podrá ordenar la suspensión de obras o actividades, procediendo conforme a lo dispuesto en el apartado uno del artículo anterior, acordando al término de la información, el archivo de las actuaciones o la incoación del expediente disciplinario, en el plazo de un mes.
La incoación de expediente disciplinario será ordenada por el Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, mediante providencia en la que se designará Instructor y Secretario de actuaciones de cuyo nombramiento se dará traslado a los interesados.
Uno. El Instructor estará en todo caso, en posesión de título universitario superior y tendrá la condición de funcionario o relación laboral permanente con la Administración Autonómica.
Dos. Podrá ser designado Secretario de actuaciones cualquier funcionario de la Generalitat.
Los trámites del proceso de instrucción se ajustarán al procedimiento general establecido en el Capítulo III de la Ley de Procedimiento Administrativo y, una vez informadas las alegaciones que se formulen a la propuesta de resolución, se llevará lo actuado al Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes para su resolución.
Contra las resoluciones recaídas por la comisión de faltas muy graves podrá interponerse recurso de alzada ante el Consell de la Generalitat.
Contra las resoluciones recaídas por la comisión de faltas leves y graves podrá interponerse recurso de reposición, con carácter previo al contencioso- administrativo.
Antes del transcurso de tres años, desde la entrada en, vigor de la presente Ley, el Consell presentará ante las Cortes Valencianas el Plan de Ordenación Territorial de la Comunidad Valenciana.
En tanto no esté aprobado el Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana, el Consell de la Generalitat podrá impulsar y aprobar Planes de Acción Territorial, de carácter sectorial o integrado siempre que los objetivos de dichos planes se adecuen a los objetivos de esta Ley.
El Consell de la Generalitat regulará, mediante Decreto, el procedimiento adecuado para la correcta interrelación funcional y administrativa de todas las áreas institucionales, en la formación y control de los instrumentos de ordenación del territorio que la presente Ley crea.
Se faculta al Consell de la Generalitat para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 7 de julio de 1989.

References: artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 42
 artículo 52
 Resolución 
 resolución 
 artículo 65
 resolución