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Timestamp: 2020-08-03 21:29:15+00:00

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Eto Cruz, Contribuciones Del Tribunal Constitucional Al Fortalecimiento de La Democracia en El Peru | Habeas corpus | Ley procesal
Contribuciones Del Tribunal Constitucional Al Fortalecimiento de La Democracia
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AHP7347-2014(45093)
Sent Se Desecha Demanda de Amp Laboral Por Improcedente
Acciones de La Constitucion
AHP3162-2014(43952)
Sumario GC 112-Abril
SUMARIO-Gaceta-Constitucional-Abril112
De este modo, también a partir de la dimensión sustancial del debido proceso, cualquier decisión judicial puede ser evaluada por el juez constitucional no sólo con relación a los derechos enunciativamente señalados en el artículo 4° del CPConst. sino a partir de la posible afectación que supongan en la esfera de los derechos constitucionales 86 .
5.2. Tutela procesal efectiva
uno de los temas que mayor tránsito argumentativo se muestra en la jurisprudencia constitucional es este tópico. Entiende el Tribunal Constitucional que la tutela procesal efectiva está consagrada en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional, y su salvaguardia está relacionada con la necesidad de que, en cualquier proceso que se lleve a cabo, los actos que lo conforman se lleven a cabo en los cauces de la formalidad y de la consistencia, propias de la administración de justicia. Es decir, se debe buscar que los justiciables no sean sometidos a instancias vinculadas con la arbitrariedad o los caprichos de quien debe resolver el caso. El derecho a la tutela procesal efectiva se configura, entonces, como una concretización transversal del resguardo de todo derecho fundamental sometido a un ámbito contencioso 87 .
La tutela procesal efectiva como derecho protegible dentro del ordenamiento constitucional tiene un claro asidero en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, reconduciendo y unificando lo dispuesto en el artículo 139°, inciso 3, de la Constitución, pues en éste se incluye separadamente el derecho al debido proceso y a la tutela judicial 88 .
Es pertinente recordar que, según la doctrina de nuestro ordenamiento constitucional la tutela jurisdiccional es un derecho “continente” que engloba, a su vez, dos derechos fundamentales: el acceso a la justicia y el derecho al debido proceso (Cf. STC 0015-2001- AI/TC). Tal condición del derecho a la tutela jurisdiccional se ha expresado también en el artículo 4º del Código Procesal Constitucional que, al referirse al derecho a la tutela procesal efectiva, ha establecido en su primer párrafo que éste comprende el acceso a la justicia y el debido proceso 89 .
5.3 una visión sintética de la jurisdicción constitucional de la libertad
Siguiendo la clásica concepción que en su momento delineara Mauro Cappelletti, nuestra jurisdicción constitucional se expresa en cuatro procesos constitucionales:
hábeas corpus, amparo, hábeas data y proceso de cumplimiento. Veamos cómo en la
86 STC 01209-2006-PA, FJ. 28 a 31, ver RTC 1209-2006-PA, Aclaración de fecha 27 de octubre del 2006.
87 STC 6712-2005-PHC, FJ. 13.
88 STC 6712-2005-PHC, FJ. 8.
89 STC 3938-2007-PA, FJ. 1.
Treinta años de Jurisdicción Constitucional en el Perú
dinámica de esta particular jurisdicción ha venido marcando la cartografía procesal que vincula a todos los operadores jurídicos del sistema jurídico.
5.3.1. Hábeas corpus
Iniciamos en esta parte el desarrollo jurisprudencial que el Tribunal Constitucional ha venido configurando a uno de los antiquísimos instrumentos procesales de
raigambre histórica y que se configura como el remedio non plus ultra para la tutela de
la libertad personal, en sus diversas manifestaciones.
En este contexto, a partir del delineamiento del legislador positivo (C.P.Const.) que
ha acogido una concepción amplia y no restrictiva de los contenidos sustantivos que tutela el hábeas corpus; esto es, ya no sólo como un remedio para la defensa de la libertad física o ambulatoria, sino como un instrumento protector de los derechos conexos a
la libertad individual. Así, el TC ha venido desarrollando a través de la interpretación
constitucional una serie de contenidos constitucionales que, finalmente, tendrían encaje dentro del marco protector del hábeas corpus. Veamos:
“Si bien el hábeas corpus en su origen histórico surge como remedio contra aprehensiones ilegales, representando la defensa de aquello que los antiguos romanos denominaban ius movendi et ambulandi o los anglosajones consignaban como power of locomotion, su desarrollo posterior lo ha hecho proyectarse hacia situaciones y circunstancias que si bien son próximas a un arresto, no se identifican necesariamente con él. Su ámbito de acción es básicamente de resguardo y tutela de la libertad personal en sentido lato. Incluso, en la actualidad, algunas figuras del hábeas corpus abandonan los límites precisos de la libertad física para tutelar derechos de índole distinta. [Cfr. Exp. Nº 2663-2003-HC/TC]” 90 .
De otro lado, el Tribunal Constitucional recoge parte de los antecedentes del hábeas corpus y se pronuncia sobre la antigua concepción clásica que existía en torno
“Desde antigua data, la libertad (como estado natural de una persona) ha sido uno de los atributos más valiosos con los que cuenta un ser humano; tal situación
supuso que la libertad sea objeto de protección y tutela frente a las privaciones. Así,
el antecedente más remoto de tutela lo encontramos en el interdicto de hómine líbero
exhibendo el cual constituyó una especie de “acción popular”, ejercitable por cualquiera
y de manera indeterminada, que estaba encaminada a tutelar la libertad de aquel
90 STC 06936-2005-PHC, FJ. 2.
hombre libre privado dolosamente de ella. Esta concepción de hábeas corpus ha sido catalogada como la percepción clásica de este instituto y como el instrumento nom plus ultra de tutela de la libertad individual, pues, como ya se ha señalado, servía para tutelar el atributo que los romanos llamaron ius movendi et ambulandi o lo que los anglosajones denominaron power of locomotion” 91 .
Dentro de este desarrollo conceptual del hábeas corpus, el Tribunal Constitucional ha venido insistiendo en “otros” derechos conexos a la tutela de la libertad. Veamos:
“…Que, sobre la base de tal reclamación, este Colegiado considera pertinente
recordar el carácter especial del proceso constitucional del hábeas corpus, que según la Norma Fundamental, procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos [artículo 200º, inciso 1) de la Constitución]. Por tanto, siendo el habeas corpus un mecanismo procesal expeditivo, sumarísimo y de tutela urgente que protege la libertad personal y derechos conexos a ella [entre otros, aquellos previstos en el artículo 25º del CPCo], su ámbito de protección como garantía constitucional no puede ser, bajo ningún supuesto, desnaturalizado… Que, como se aprecia, hoy en día el proceso de habeas corpus se configura como proceso constitucional indispensable para
la protección de la libertad individual, así como -y esto también es de relevancia-
para la protección de otros derechos fundamentales conexos a aquella como
son la vida, la integridad física, la verdad en materia de desapariciones forzadas
o la protección contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, e incluso la salud de las personas…” 92 .
Desde otra perspectiva, el Tribunal Constitucional, además de reconocer los derechos conexos a la libertad, enfila, aunque de modo tangencial, la naturaleza de este instituto, descartando el carácter de procedimiento formal, y afirmando su función expeditiva y apremiante, tocando así su verdadera naturaleza sumarísima.
“… Como se aprecia, hoy en día el PHC se configura como proceso constitucional indispensable para la protección de la libertad individual, así como -y esto también es de relevancia- para la protección de otros derechos fundamentales conexos a aquella como son la vida, la integridad física, la verdad en materia de desapariciones forzadas o la protección contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y tal como se expondrá más adelante, incluso la salud de las personas, sobre todo en caso de aquellos que sufren problemas de enfermedades mentales. La dimensión tutelar del PHC exige al
91 STC 3509-2009-PHC, FJ. 2.
92 RTC 3200-2009-PHC, FJ. 2.
juez constitucional no una función pasiva o formalista sino por el contrario una actuación expeditiva y apremiante que, sostenida en la vocación de protección de bienes constitucionales tan preciados, identifique adecuadamente el fundamento o la razón de una demanda, así como los derechos afectados, de modo tal que pueda prevenir su vulneración o de ser el caso reparar con la mayor prontitud la afectación que se estuviera produciendo…” 93 .
Igual postura es intermitentemente reiterada:
“… El proceso constitucional de hábeas corpus es de naturaleza netamente excepcional, dirigido a tutelar la libertad individual de la persona y evitar que ésta sea recortada o perturbada indebidamente por autoridad, funcionario o persona alguna…” 94 .
Si bien existen tres grandes supuestos de procedencia del hábeas corpus como son:
a) por violación o amenaza de violación, b) contra actos provenientes de normas, y c) contra resoluciones judiciales; en los últimos tiempos, a partir de estos presupuestos procesales, se han venido delineando diversas figuras o requisitos de admisibilidad. Con todo, si echamos un vistazo comparativo entre el hábeas corpus y el amparo; en materia de hábeas corpus el TC aún mantiene una postura restrictiva, en cuanto el Colegiado Constitucional considera de competencia de la jurisdicción ordinaria la mayoría de los asuntos sometidos a su examen. Veamos:
“… El Código Procesal Constitucional señala que el hábeas corpus procede en los siguientes supuestos: a) Cuando se amenacen o violen los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona (artículo 2); b) Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma incompatible con la Constitución (artículo 3); c) Cuando una resolución judicial firme vulnere en forma manifiesta la libertad individual y la
tutela procesal efectiva (artículo 4); y, d) Todos los señalados taxativamente en
— Procedencia frente a amenazas
Como quiera que una primera matriz de procedencia de los procesos constitucionales de la libertad es frente a la violación y amenaza, el Tribunal Constitucional ha indicado
93 STC 5842-2006-PHC, FJ. 6.
94 STC 1560-2005-PHC, FJ. 8.
95 STC 3467-2005-PHC, FJ. 2.
los presupuestos mínimos de una amenaza. Veamos las diversas formas de cómo se aprecia esta situación.
“… El hábeas corpus no sólo procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera la libertad individual o derechos conexos, sino también ante la amenaza de que se pueda producir tal vulneración.
Para tal efecto debe reunir determinadas condiciones tales como: a) la inminencia de que se produzca el acto vulnerador, esto es, que se trate de un atentado a la libertad personal que esté por suceder prontamente o en proceso de ejecución, no reputándose como tal a los simples actos preparatorios; y b) que la amenaza
a la libertad sea cierta, es decir, que exista un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones…” 96 .
En otra perspectiva el Tribunal Constitucional ha indicado que:
“… una primera cuestión que este Tribunal estima pertinente analizar son los
supuestos de procedencia de los procesos constitucionales que prevé el Código Procesal Constitucional en el artículo 2º y en el último párrafo del artículo
25º. El artículo 2º señala que “(
corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se amenace o viole los derechos
constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización.
Constitución, el Código Procesal Constitucional establece la procedencia de los procesos constitucionales, particularmente el del hábeas corpus, no sólo cuando existe una violación actual a los derechos fundamentales tutelados, sino también cuando exista una amenaza cierta e inminente… Esto implica que, para determinar si existe certeza de la amenaza del acto vulnerador del derecho
En este supuesto, y de conformidad con el artículo 200º, inciso 1, de la
los procesos constitucionales de hábeas
fundamental a la libertad personal, se requiere la existencia de un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, lo cual excluye considerar conjeturas
o presunciones. En tanto que, para que se configure la inminencia del mismo,
es preciso que se trate de un atentado al derecho a libertad personal que esté por suceder prontamente o esté en proceso de ejecución, no reputándose como tal a los simples actos preparatorios, tal como lo ha establecido este Tribunal anteriormente (Exp. Nº 0008-2005-HC/TC)…” 97 .
Y así concluye el TC:
“…En tal sentido cabe señalar que el juez constitucional al recibir una demanda de hábeas corpus, tiene como primera función verificar si ésta cumple los
96 STC 2665-2003-PHC, FJ. 3 in fine.
97 STC 5872-2005-PHC FJ. 1.
genéricos requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del CPConst., pues solo así podrá comprobar si la relación jurídica procesal es válida y, por tanto, es factible que se pronuncie sobre el fondo del asunto controvertido…” 98 .
— Procedencia de hábeas corpus contra resoluciones judiciales.
La entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional supuso la incorporación normativa de un conjunto de institutos jurídico procesales que no habían sido regulados por su antecesora (Ley 23506); dentro ellos destacamos la posibilidad de interponer procesos constitucionales contra resoluciones judiciales emitidas en la tramitación de procesos jurisdiccionales, siempre que en ellas se evidencie una afectación al derecho fundamental a la tutela procesal efectiva. Pero la posibilidad de plantearlo no era automático, sino que estaba supeditada a la constatación de un requisito, representado por la firmeza de la resolución a la cual se le reputaba contener el acto lesivo del derecho fundamental.
Dicho requisito constituye un acierto del legislador, pues con ello el Colegiado Constitucional conserva sus competencias y no se superpone a las funciones del Poder Judicial. Este criterio ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional del siguiente modo:
“… A su vez, el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4º, segundo párrafo, que el hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva.
Que así pues no todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de control por el proceso constitucional de hábeas corpus; antes bien y en línea de principio, sólo aquellas resoluciones judiciales firmes que vulneren en forma manifiesta la libertad individual o los derechos conexos a ella, lo que implica que el actor, frente al acto procesal alegado de lesivo, previamente haya hecho uso de los recursos necesarios que le otorga la ley. Y es que, si luego de obtener una resolución judicial firme, no ha sido posible conseguir en vía judicial la tutela del derecho fundamental presuntamente vulnerado, quien dice ser agredido en su derecho podrá acudir al proceso constitucional, a efectos de solicitar su tutela…” 99 .
Dentro de esta misma concepción del artículo 4º del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha indicado que la resolución judicial firme es el requisito de procedibilidad del hábeas corpus.
98 STC 6218-2007-PHC, FJ. 8.
99 STC 6032-2008-PHC, FF.JJ. 2 y 3.
“… Que conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, constituye un requisito de procedibilidad para el hábeas corpus interpuesto contra una resolución judicial, la firmeza de la resolución que se cuestiona. Ello implica que antes de la interposición de la demanda para el proceso constitucional, debe agotarse los recursos y remedios pertinentes al interior del proceso subyacente…” 100 .
En igual tesitura expone el Colegiado:
“… Que a la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional se observó que una de las principales innovaciones que traía con respecto de la Ley 23506, que lo antecedió, fue la posibilidad de interponer procesos constitucionales
contra resoluciones judiciales, siempre que estas afectaran a la tutela judicial efectiva, categoría jurídica introducida por el propio Código, respecto de la cual estableció un requisito de procedibilidad, cual era que la resolución objeto de cuestionamiento tuviera firmeza. Dicha novedad está contenida en el artículo 4º
del citado Código, que en su segundo párrafo señala que: “
procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva…”. Que ya en reiterados fallos este Colegiado ha declarado, respecto del requisito de firmeza, que ello implica que: “… antes de la interposición de la demanda… debe agotarse los recursos y remesas pertinentes al interior del proceso subyacente…” (STC 3470-2005-HC/TC)…” 101 .
El TC ha venido intermitentemente enfatizando lo que es competencialmente inherente a la justicia ordinaria y en qué supuestos entra la jurisdicción constitucional. Veamos:
“… No puede acudirse al hábeas corpus ni en él discutirse o ventilarse asuntos resueltos y que, como es la determinación de la responsabilidad criminal, son de incumbencia exclusiva de la justicia penal. El hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de los derechos reconocidos en la Constitución y no para revisar si el modo como se han resuelto las controversias de orden penal son las más adecuadas conforme a la legislación ordinaria. En cambio, no puede decirse que el hábeas corpus sea improcedente para ventilar infracciones a los derechos constitucionales procesales derivadas de una sentencia expedida en un proceso penal, cuando ella se haya expedido con desprecio o inobservancia de las garantías judiciales mínimas que deben observarse en toda actuación judicial, pues una interpretación semejante terminaría, por un lado, por vaciar de contenido al derecho a la protección jurisdiccional de los
100 RTC 3470-2005-PHC, FJ. 2.
101 RTC 4825-2008-PHC, FF.JJ. 2 y 3.
derechos y libertades fundamentales y, por otro, por promover que la cláusula del derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso no tengan valor normativo…” 102 .
Reitera más sobre lo mismo en otra posición:
no puede acudirse
al hábeas corpus ni en él discutirse o ventilarse asuntos resueltos, como lo es la determinación del tipo penal o la responsabilidad criminal, que son de incumbencia exclusiva de la justicia penal. El hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de los derechos reconocidos en la Constitución, y no a revisar si el modo como se han resuelto las controversias de orden penal es el más adecuado conforme a la legislación ordinaria” (STC N.º 1230-2002-HC, Caso Tineo Cabrera, Fundamento 7).
“…Que asimismo este Colegiado ha sostenido que “[
Que por ello resulta pertinente subrayar que el proceso constitucional no debe
ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria
y no de la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza…” 103 .
— la conexidad como requisito para tutelar el debido proceso
Como ya se tiene dicho, la evolución del hábeas corpus hacia su concepción amplia supuso la introducción, dentro de su ámbito de protección de derechos distintos a la libertad individual, formalmente concebida, que prima facie, no siendo objeto de tutela vía este proceso, sí lo sería en tanto y en cuanto su afectación generara un perjuicio a la libertad individual de modo simultáneo. Estos derechos son, entre otros conexos a la libertad individual, la tutela procesal efectiva, debido proceso e inviolabilidad de domicilio.
En otras palabras es condición sine qua nom para tutelar el derecho a la tutela procesal efectiva vía el proceso constitucional de hábeas corpus, la conexión de este con la libertad individual. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional cuando, desarrollando el tema a través de su jurisprudencia, ha señalado que:
“ no cualquier reclamo que alegue a priori afectación de los derechos conexos
a la libertad individual puede franquear la procedibilidad de una demanda
de hábeas corpus, pues para ello se requiere prima facie que se cumpla con el requisito de la conexidad. Este requisito comporta que el reclamo alegado esté
102 STC 01230-2002-PHC, FJ. 7 párrafo 2.
103 RTC 1922-2005-PHC, FJ. 3 y 4.
siempre vinculado a la libertad individual, de suerte que los actos que se aduzcan como atentatorios de los derechos constitucionales conexos resulten también lesivos del derecho a la libertad individual. O dicho de otra manera, para que la alegada amenaza o vulneración de los denominados derechos constitucionales conexos se tutele mediante el proceso de hábeas corpus éstas deben redundar en una amenaza o afectación de la libertad individual…” 104 .
El TC aclara las eventuales “conexidades” que permiten residenciar un hábeas corpus:
“ si bien dentro de un proceso constitucional de la libertad como es el hábeas
corpus este Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la eventual vulneración de los derechos al debido proceso… como ya se dijo, ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre estos derechos y el derecho fundamental a la libertad individual, o lo que es lo mismo, que la afectación
del derecho constitucional conexo incida también negativamente en la libertad
Como quiera que el debido proceso comprende un complejo marco de derechos fundamentales del procesado, el TC ha venido delineando este concepto genérico imbricándolo con la libertad individual “conexa”. Veamos algunos planteos:
“ Como se podrá apreciar, el ámbito de protección del hábeas corpus ha sido
extendido a la tutela del debido proceso, lo que supone el otorgamiento, al Juez Constitucional, de la facultad de emitir pronunciamiento ante la eventual vulneración del derecho fundamental antes mencionado; siendo necesario
para ello la verificación, en el caso concreto, de la conexidad entre éste (debido
proceso) y la libertad individual ”
“… Como se podrá apreciar, el ámbito de protección del hábeas corpus ha sido extendido a la tutela del debido proceso, lo que supone el otorgamiento, al Juez Constitucional, de la facultad de emitir pronunciamiento ante la eventual vulneración del derecho fundamental antes mencionado; siendo necesario
proceso) y la libertad individual
Es más, el Colegiado Constitucional ha
aseverado que: “… no cualquier reclamo que alegue a priori afectación de los derechos conexos a la libertad individual puede franquear la procedibilidad de una demanda de hábeas corpus, pues para ello se requiere prima facie que se cumpla con el requisito de la conexidad. Este requisito comporta que el reclamo
104 RTC 4052-2007-PHC, FJ. 3.
105 RTC 4052-2007-PHC, FJ. 4.
106 STC 3509-2009-PHC, FJ. 4.
alegado esté siempre vinculado a la libertad individual…” (STC. 4052-2007- PHC/TC).
Así las cosas, es pertinente, de cara a la correcta resolución del presente caso, verificar si la alegada vulneración del debido proceso efectuada por el recurrente lleva aparejada el requisito de conexidad al que se ha hecho referencia en los fundamentos precedentes. Así analizado el expediente, se puede concluir de la instrumental obrante de fojas 153 a 161 que el recurrente tiene la medida coercitiva personal de comparecencia con restricciones, como por ejemplo la de no ausentarse del lugar de su residencia sin previo aviso del Juez, comparecer, cada 15 días y de manera personal al juzgado a informar y justificar sus actividades bajo apercibimiento de revocársele la medida coercitiva impuesta. Todo ello, a juicio de este Colegiado, constituye una injerencia en la esfera de libertad de la persona del recurrente, con lo que le está completamente legitimado a este Tribunal analizar el fondo de la controversia constitucional planteada…” 107 .
“… es pertinente señalar que la anuencia o negativa de procedencia de una
demanda de hábeas corpus contra una resolución judicial no se configura per se con la existencia, o no, de una medida coercitiva de la libertad dictada al interior del proceso penal, o incluso anexa a la resolución que se cuestiona, sino que tal incidencia en el derecho en la libertad personal debe dimanar de manera directa y negativa de la propia resolución que se cuestiona mediante
el proceso de la libertad, pues una vez verificada la incidencia y el agravio de
aquella en el derecho a la libertad personal recién se apreciará la concurrencia del requisito de firmeza exigido en los proceso de la libertad…” 108 .
“…Que no obstante ello resulta oportuno prima facie llevar a cabo un análisis formal de procedencia de la demanda de hábeas corpus antes que emitir un pronunciamiento de fondo. Y es que si bien es cierto que el artículo 1º del Código Procesal Constitucional establece que los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento tienen por finalidad proteger los
derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación
o amenaza de violación de estos derechos, también es cierto que si luego de
presentada la demanda ha cesado la agresión o amenaza de violación del derecho o derechos invocados, es obvio que no existe la necesidad de emitir un pronunciamiento de fondo, ya que en tal caso se ha producido la sustracción
de materia…” 109 .
107 STC 3509-2009-PHC, FJ. 4 y 5.
108 RTC 3124-2008-PHC, FJ. 2, segundo párrafo.
109 RTC 5230-2009-PHC, FJ. 3.
— Procedencia del hábeas corpus para proteger la non reformatio in peius
“En lo que respecta al extremo alegado en la demanda referido a la indebida modificación realizada por la Sala Suprema en el tipo penal que sustenta la condena del demandante, la ejecutoria suprema de fecha 28 de abril de 1998 (tal como consta a fojas 537 de autos) señala lo siguiente (…)
De ello se advierte que el único extremo que fue modificado por la Corte Suprema fue el correspondiente pena de multa que no había sido fijada por la sala superior. Antes de determinar si tal modificación constituye una vulneración de la interdicción de la reforma en peor, es preciso reiterar la naturaleza del proceso de hábeas corpus, el cual, conforme al artículo 200, inciso 1 de la Constitución es un proceso constitucional destinado a tutelar la libertad individual y derechos conexos. En este sentido la interdicción de la reforma en peor, en tanto componente del debido proceso, puede ser tutelada mediante hábeas corpus en tanto derecho conexo con la libertad individual (artículo 25 del Código Procesal Constitucional, in fine). Ello implica que de la alegada vulneración del debido proceso se desprenda una restricción de la liberad individual.
Sin embargo la modificación de la sanción penal establecida en la ejecutoria suprema cuestionada constituye una pena pecuniaria, hecho que en definitiva no incide en el derecho a la libertad individual del recurrente, por lo que no puede ser cuestionado en este proceso. Por lo tanto este extremo de la demanda ha de declararse improcedente” 110 .
— Procedencia frente a otro proceso constitucional
Si bien resulta casi insólito plantear un proceso constitucional contra otro de la misma envergadura, en los hechos la dinámica jurisdiccional permite apreciar no sólo las figuras del amparo contra amparo; sino y, diríamos, excepcionalmente, un amparo contra un hábeas corpus; o más excepcional aún, un hábeas corpus contra otro hábeas corpus. Veamos los casos en los que el Tribunal Constitucional ha señalado estas situaciones.
“… Del recuento de los antecedentes descritos, aparece que la presente demanda de hábeas corpus ha sido promovida contra autoridades judiciales que han venido conociendo de un anterior proceso de hábeas corpus, situación que de alguna forma impone precisar si dicha alternativa procesal, atípica por lo demás en nuestra jurisprudencia, es viable dentro del marco jurídico actualmente vigente, tanto más cuanto que el Código Procesal Constitucional establece, en el artículo 5°, inciso 6), que “No proceden los procesos constitucionales cuando:
110 STC 03671-2007--PHC, FJ. 2 (parte), 3 y 4.
Se cuestione una resolución firme recaida en otro proceso constitucional
Aunque no existe en nuestra jurisprudencia casuística en la que se haya dilucidado sobre la procedencia de procesos de hábeas corpus promovidos contra procesos de hábeas corpus, dicha hipótesis, si bien difícil de verificarse en la práctica, tampoco resulta imposible de presentarse a la luz de eventuales cuestionamientos frente a determinadas situaciones conflictivas. El presente caso, y las particularidades que lo rodean, así lo patentizan, pues lo que se reclama en la demanda tiene que ver con una presunta afectación a los derechos constitucionales del recurrente, acontecida dentro de la tramitación de un proceso de hábeas corpus. Por otra parte, no se trata de cualquier afectación a cualquier derecho, sino de aquellos atributos que normalmente legitiman la interposición de un hábeas corpus contra resoluciones judiciales emanadas de procesos ordinarios. Lo que se denuncia, en pocas palabras, está relacionado con la vulneración al debido proceso en su manifestación de derecho a un plazo razonable en la administración de justicia, producida al no existir pronunciamiento dentro de un plazo perentorio sobre un recurso de apelación; y vulneración a la libertad individual, a consecuencia de no definirse, oportunamente, un reclamo constitucional en el que se denuncian presuntas agresiones a la libertad individual por parte de autoridades judiciales.
Como se ha señalado, no existe en nuestra jurisprudencia antecedentes de procesos de hábeas corpus promovidos contra procesos de la misma naturaleza. Sin embargo, lo más cercano a dicha opción es lo que la jurisprudencia ha venido en denominar amparo contra amparo, régimen procesal que, como lo ha precisado recientemente este mismo Colegiado en los expedientes 3846-2004- PA/TC (Caso Municipalidad Provincial de San Pablo) y 2707-2004-AA/TC (Caso Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), sigue siendo plenamente legítimo, no obstante lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 6), del Código Procesal Constitucional, habida cuenta de que la citada disposición restrictiva debe entenderse como referida a procesos donde se ha respetado escrupulosamente la tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones, conforme al artículo 4° del mismo cuerpo normativo, y tomando en cuenta, adicionalmente, que una interpretación que cierra por completo la posibilidad del amparo contra amparo sería contraria a la Constitución.
Si bien en el presente caso no se trata de un amparo contra otro amparo, sino, más bien, de un hábeas corpus contra otro hábeas corpus, no por ello deja de ser pertinente enfocar dicha hipótesis dentro del contexto general del Código Procesal Constitucional, cuyo texto se refiere a la improcedencia de un proceso constitucional contra otro proceso constitucional. A este respecto, una interpretación de dicho dispositivo, dentro de criterios similares a los que se han
realizado para el caso del amparo, permitiría concluir que, de darse tal hipótesis, aquella necesariamente tendría que estar condicionada a la vulneración por parte de un juez constitucional (en este caso de hábeas corpus) de los derechos
a la tutela procesal efectiva y, concurrentemente, a la libertad individual,
conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional para el caso de los hábeas corpus contra resoluciones judiciales emanadas de procesos
ordinarios. Queda claro, por lo demás, que esa, y no otra, sería la situación en
la que podría legitimarse el régimen aquí enunciado, amén de asumirse con un
carácter residual y necesariamente restrictivo…” 111 .
c) El recurso de agravio constitucional en el hábeas corpus: su actual dinámica procesal
Asimismo, el Tribunal ha dispuesto que en los casos donde se haya anulado un proceso penal o una investigación fiscal que verse sobre el delito de tráfico ilícito de drogas o lavado de dinero, en atención a la protección del orden jurídico constitucional, procede que contra la sentencia estimatoria de segundo grado del hábeas corpus se interponga un recurso de agravio constitucional excepcional. Veamos cómo ha sustentado esta postura el TC:
“Si corresponde al Tribunal Constitucional la protección del orden constitucional, este debe estar provisto de las herramientas e instrumentos procesales idóneos para tal efecto, para evitar que por “defecto”, se terminen constitucionalizando situaciones que, aunque aparecen revestidas de un manto de “constitucionalidad”, en la práctica contienen un uso fraudulento de la Constitución o bajo el manto protector de los derechos fundamentales, se pretenda convalidar la vulneración de aquellos o una situación en la que se ha configurado un abuso de derecho.
Anteriormente este Colegiado en la STC 4853-2004-PA, había establecido que también procede admitir el Recurso de Agravio Constitucional (RAC) cuando
se pueda alegar, de manera irrefutable, que una decisión estimatoria de segundo grado “ha sido dictada sin tomar en cuenta un precedente constitucional vinculante emitido por este Colegiado en el marco de las competencias que establece el artículo VII del Código Procesal Constitucional”.
Este precedente fue dejado sin efecto en el STC N.º 03908-2007-PA/TC, por las razones allí expuestas, a las que debe agregarse, además, que cuando se estableció el precedente vinculante antes contenido en la STC 4853-2004- PA, no solo no se resolvía un caso concreto, por lo que se establecía una regla genérica, sino que además, se sustentaba en una interpretación sui generis de
111 STC 3491-2005-PHC, FF.JJ. 3, 4, 5, y 6.
la expresión “resolución denegatoria” –contraria a su real sentido jurídico y al consenso sobre su significado–, y pretendía no una defensa de la Constitución, sino de los precedentes que este Colegiado ha fijado.
Por ello, este Colegiado considera que, en aplicación del artículo 201º de la Constitución, más allá de los supuestos establecidos en el artículo 202º de la misma, es competente para revisar, vía RAC, las sentencias estimatorias que bajo el pretexto de proteger ciertos derechos fundamentales, convaliden la vulneración real de los mismos o constitucionalicen situaciones en las que se ha producido un abuso de derecho o la aplicación fraudulenta de la Constitución; todo ello, en abierta contravención de los dispositivos, principios y valores materiales de la Constitución.
En el presente caso, el análisis del tema de fondo, planteado en autos, pasa por analizar como se vincula la pretensión contenida en la demanda, con el contenido de lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución, el mismo que expresamente establece que “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas”.
Por ello, independientemente del contenido de la sentencia dictada en segunda instancia, en aplicación del artículo 201 de la Constitución, este Tribunal Constitucional entiende que es competente para conocer el caso de autos, entendiendo que el RAC presentado en autos, es uno de naturaleza excepcional, ante la vulneración del orden constitucional, en particular, de lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución, lo cual incluso tiene su correlato en las obligaciones que el Estado Peruano ha asumido en relación al combate del Tráfico Ilícito de Drogas en particular, y del crimen organizado transnacional, en general” 112 .
Y de forma más reciente, el Tribunal ha ampliado este recurso de agravio “excepcional”, para el caso de los procesos constitucionales relacionados con el delito de terrorismo en los que se haya dictado sentencia estimatoria en segundo grado, estableciendo a este respecto:
“(…) este Colegiado, atendiendo a la importancia para el mantenimiento del régimen constitucional y democrático que implica el combate contra el terrorismo, considera necesario complementar la regla jurisprudencial establecida a través de las sentencias Nº 2663-2009-HC/TC y 2748-2010-HC/ TC, y en tal sentido entender que, más allá de los supuestos establecidos en el artículo 202º de la Constitución, este Tribunal es competente para revisar, vía Recurso de Agravio Constitucional, las sentencias estimatorias expedidas
112 STC 2663-2009-PHC/TC, FF.JJ. 6-11.
en procesos constitucionales relativos al delito de terrorismo que en segunda instancia hayan declarado fundada la demanda” 113 .
d) una nueva variante de la suplencia de la queja: la conversión procesal
La posibilidad de efectuar conversiones entre procesos constitucionales de la libertad, ha sido una tarea que el Tribunal Constitucional había abordado tibiamente, dado que existía diverso tratamiento ante supuestos aparentemente idénticos. Ello llevó a que el Colegiado Constitucional, en uno de sus más recientes fallos, reconociendo dicha problemática, haya abordado el tema precisando que el modelo de jurisdicción constitucional que tenemos en nuestro país es un primer argumento que sirve para poder convertir un proceso de hábeas corpus en uno de amparo, toda vez que el juez que conoce de los procesos constitucionales, más allá del nomen iuris que ostenten dentro de la organización del Poder Judicial, es un Juez Constitucional, que le interesa impartir en estricto la tutela jurisdiccional efectiva y es obvio que la conversión procesal se encuentra rodeada de diversos principios procesales que subyacen en estos procesos constitucionales.
Por otro lado, el TC estima que la conversión procesal se encuadra en el principio de suplencia de la queja deficiente, por medio del cual el Tribunal puede suplir las deficiencias formales en que haya incurrido la parte actora, al momento de plantear su demanda, encauzando correctamente el trámite procesal deficientemente formulado, siempre y cuando no se altere con ello los términos sustanciales del petitorio planteado.
Por último, el tercer argumento que utiliza el TC como razonamiento para justificar la legitimidad de la conversión procesal son los principios que inspiran esta clase de procesos, más concretamente los principios de elasticidad o adecuación de las formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales, establecido en el cuarto párrafo del ya mencionado artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en virtud del cual los jueces deben atender a los fines que persiguen los procesos constitucionales, sin sujetarse a las formalidades que no incidan en la protección de algún otro bien constitucional.
Así las cosas, el Tribunal Constitucional ha procedido a formular aquellas reglas de carácter procesal que han de servir como principio y límites a la actividad conversiva. Veamos.
“Primero: No es obligatorio para los jueces constitucionales de primera instancia, mas sí para los de segunda y última instancia, lo cual no significa que ante la observancia de afectación de un derecho fundamental distinto a la libertad personal los a-.quo puedan admitir a trámite la demanda entendiéndola como
113 STC 1711-2014-PHC/TC, F.J. 7.
amparo; sin embargo esta facultad de los jueces constitucionales de primera instancia se convierte en un mandato obligatorio para los jueces constitucionales tanto de segunda como última instancia.
Segundo: Se deberá observar que el plazo de caducidad de la demanda no haya vencido, pues de lo contrario estaríamos alentando la posibilidad de que una persona a la que, por imprudencia o desidia, se le venció el plazo para interponer un proceso constitucional de amparo se sirva del hábeas corpus para ingresar su pretensión y esta sea objeto de tutela.
Tercero: Se deberá verificar la legitimidad para obrar del demandante, máxime si tenemos en cuenta que la legitimidad para obrar en ambos procesos son sustancialmente distintos, pues mientras en el hábeas corpus la legitimación es flexible, es decir, puede ser interpuesto, además del directamente afectado, por cualquier persona en su representación, sin necesidad de contar con poder para tal efecto; en cambio en el amparo la demanda sólo puede ser interpuesta por el directamente afectado o por otra persona en su representación con poder para ejercer dicha potestad. Esta regla puede ser relativizada en tanto y en cuanto haya, sido posible la toma de dicho del propio beneficiario y este muestre su conformidad con la instauración del proceso constitucional.
Cuarto: En ningún caso se podrá variar ni el petitorio ni la fundamentación fáctica de la demanda, pues lo contrario supondría que el juez sustituya a la parte accionante dentro del proceso lo cual no se condice con la naturaleza imparcial que han de tener los juzgadores, además al modificar los hechos el juez estaría “pervirtiendo” la realidad o, si se quiere, creando una realidad ajena a la planteada por las partes, lo que si le estaría absolutamente vedado. Del mismo modo el juez constitucional no podrá variar el petitum o petitorio, porque de lo contrario se estaría violando el principio de congruencia procesal. Pero ello no significa, como ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional, que “…En el caso de los procesos constitucionales de control de actos u omisiones, también denominados procesos constitucionales de la libertad, dicho petitum, más allá de las particularidades de cada caso, siempre deberá consistir en que se constate la afectación del contenido constitucionalmente protegido de determinado derecho fundamental…” (RTC 3509-2009-PHC/TC, FJ. 4), en otras palabras dependerá siempre del juez constitucional el determinar, a partir de los hechos incorporados por el demandante, el derecho que corresponde ser tutelado, con lo que cobra vigencia el aforismo romano “Da mihi factum, dado tibi ius” que significa “Dame los hechos que yo te doy el derecho”.
Quinto: Ha de existir riesgo de irreparabilidad del derecho, la conversión será posible en la medida en que esté orientada a evitar la ocurrencia de un daño irreparable en el derecho alegado por la parte demandante.
Sexto: Se deberá preservar el derecho de defensa del demandado. Al aplicar este requisito el Juez Constitucional habrá de ser muy escrupuloso en verificar si el demandado ejerció de modo sustancial su derecho de defensa, pues este Colegiado considera que en ningún caso se puede habilitar la tutela de un derecho fundamental si es que se está dejando desprotegido a otro de la misma clase…” 114 .
e) las modalidades del hábeas corpus
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha ensayado una variada tipología en relación a los procesos constitucionales, la misma que responde a una finalidad esencialmente didáctica, que pone de manifiesto los distintos derechos que pueden ser materia de protección a través de tales mecanismos procesales. Para mayor claridad de lo que venimos diciendo, transcribimos a continuación la clasificación brindada por el Tribunal Constitucional, empezando por el proceso constitucional de hábeas corpus:
- Hábeas corpus reparador
“…Respecto del hábeas corpus reparador, es preciso señalar que dicha modalidad representa la modalidad clásica o inicial del hábeas corpus, la misma que se promueve para obtener la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida. Se presenta, por ejemplo, cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial; de un mandato judicial en sentido lato; de una negligencia penitenciaria cuando un condenado continúa en reclusión pese a haberse cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas de la libertad, entre otros. (Exp. N.° 2663-2003-HC/TC)…” 115 .
“…En anterior pronunciamiento (Exp. N.° 2663-2003-HC/TC), este Tribunal ha
se emplea cuando la libertad física
o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades
que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir
que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, ‘se la limita en menor grado’. Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación
a determinados lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal
establecido que el hábeas corpus restringido “(
y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e
injustificadas citaciones policiales; las continuas retenciones por control migratorio o
la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc.”. Entonces, dado que el objeto
del hábeas corpus restringido consiste en atender no aquellos supuestos en los cuales
114 STC 5761-2009-PHC/TC, FF.JJ. 26 y 27. 115 STC 06167-2005-PHC, FJ. 34.
el derecho a la libertad personal es afectado totalmente, sino que procede en aquellos
casos en los cuales existe una restricción menor en la libertad física de la persona, se convierte en el instrumento idóneo para tutelar el derecho fundamental a la libertad de tránsito…” 116 .
“… Conviene precisar que en el hábeas corpus restringido, si bien no está de por medio una medida de detención, no quiere ello decir que la discusión o controversia a dilucidar resulte un asunto de mera constatación empírica. Por el contrario, en estos
casos, como en otros similares, es tan importante verificar la restricción a la libertad que se alega como lo señalado por las partes que participan en el proceso, además de merituar las diversas instrumentales que puedan haber sido aportadas. Al margen de la sumariedad del proceso, es necesario, pues, evaluar con algún detalle lo que se reclama y el elemento probatorio con el que se cuenta. Ello por el imperativo de tutelar
la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, de conformidad con el artículo II
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional…” 117 .
“… El proceso constitucional de hábeas corpus no sólo protege la libertad física propiamente dicha, sino que su ámbito de protección se extiende a otros derechos fundamentales. En efecto, su tutela comprende también la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física y psicológica o el derecho a la salud de las personas que se hallan recluidas en establecimientos penales e incluso de personas que, bajo una especial relación de sujeción, se encuentran internadas en establecimientos de tratamiento, públicos o privados.
Por ello, es legítimo que ante la afectación de tales derechos fundamentales o de aquellos derechos directamente conexos al de la libertad personal o ante la lesión de derechos diferentes al de la libertad, cuya afectación se genere como consecuencia directa de una situación de privación o restricción del derecho a la libertad individual, puedan ser protegidos a través del proceso de hábeas corpus, que la tipología elaborada por la doctrina ha denominado como hábeas corpus correctivo…” 118 .
- Hábeas corpus preventivo
“…Es preciso tomar en consideración que, tal como lo dispone el inciso 1) del artículo 200° de la Constitución, el hábeas corpus no sólo procede ante el hecho
u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera la libertad
individual o derechos conexos, sino también ante la amenaza de que se pueda producir
116 STC 10101-2005-PHC, FJ. 1.
117 STC 10101-2005-HC FJ. 10.
118 STC 02700-2006-PHC, FF.JJ. 2 y 3.
tal vulneración. En este caso, la actuación del juez constitucional es anterior al acto violatorio de la libertad individual o derechos conexos, pues se procede ante una amenaza.
Sobre el hábeas corpus preventivo y a efectos de valorar la amenaza frente a la cual
) se debe
comprobar: a) la inminencia de que se produzca el acto vulnerador, es decir, que se configure un atentado a la libertad personal que esté por suceder prontamente o en vía de ejecución, no entendiéndose por tal a los simples actos preparatorios; y b) que
procede este proceso constitucional, este Colegiado ha sostenido que: “ (
la amenaza a la libertad sea cierta, es decir, que exista un conocimiento seguro y claro
de la amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones”. (Exp. 3171- 2003 HC/TC)…” 119 .
- Hábeas corpus traslativo
“… Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido”.
En efecto, en el caso Ernesto Fuentes Cano vs. Vigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima (Exp. N.° 110-99-HC/TC), el Tribunal Constitucional textualmente señaló lo siguiente:
“Que, el tercer párrafo del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, aprobado mediante Decreto Ley N.° 22128, dispone que toda persona
detenida o presa a causa de una infracción penal tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad y, en el caso de autos, se inicia el proceso en marzo de 1993, y en diciembre de 1997 se encontraba en el estado de instrucción, por haber sido ampliada ésta; y el hecho de no haberse completado la instrucción no justifica que se mantenga privada de su libertad a una persona que ya lo había estado por más de veinte meses, no dándole cumplimiento así al artículo 137° del Código Procesal Penal, en caso de efectivizarse esta nueva orden de captura”…” 120 .
- Hábeas corpus instructivo
“…Esta modalidad podrá ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de
una persona detenida-desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición
no sólo garantizar la libertad y la integridad personal, sino, adicionalmente, asegurar
derecho a la vida, y desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de los
lugares de desaparición.
119 STC 06167-2005-PHC, FJ. 39.
120 STC 2663-2003-PHC, FJ. 6.
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ernesto Castillo Páez vs. República del Perú, (párrafo 84 de la sentencia del 3 de noviembre de 1997), estableció lo siguiente:
“Habiendo quedado demostrado como antes se dijo (supra, párrafo 71), que la detención del señor Castillo Páez fue realizada por miembros de la Policía del Perú y que, por tanto, se encontraba bajo la custodia de éste, la cual lo ocultó para que no fuera localizado, la Corte concluye que la ineficacia del recurso de hábeas corpus es imputable al Estado, configurando con ello una violación del artículo 25° de la Convención en relación con el artículo 1.1.”…” 121 .
- Hábeas corpus innovativo
“… Procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro, en el particular caso del accionante. Al respecto, Domingo García Beláunde [Constitución y Política, Eddili, Lima 1991, pág.148], expresa que dicha acción de garantía “debe interponerse contra la amenaza y la violación de este derecho, aun cuando éste ya hubiera sido consumado”. Asimismo, César Landa Arroyo [Tribunal Constitucional, Estado Democrático, Editorial Palestra, Lima 2003,
pág. 193], acota que “
a pesar de haber cesado la violación de la libertad individual,
sería legítimo que se plantee un hábeas corpus innovativo, siempre que el afectado no
vea restringida a futuro su libertad y derechos conexos”…” 122 .
- Hábeas corpus conexo
“… El hábeas corpus conexo procede ante la amenaza o violación de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual. En el Perú ha sido la Ley Nº 23506 la que implícitamente ha dado lugar al hábeas corpus conexo, al establecer de modo
enunciativo en su artículo 12º que el hábeas corpus procede en los diecisiete supuestos mencionados, de los cuales no todos estuvieron referidos en estricto a la libertad
individual, sino también a derechos constitucionales conexos a ella
“… Es decir, si bien no hace referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o de la locomoción, guarda, empero, un grado razonable de vínculo y enlace con éste. Adicionalmente, permite que los derechos innominados –previstos en el artículo 3° de la Constitución– entroncados con la libertad física o de locomoción, puedan ser resguardados…” 124 .
121 STC 2663-2003-PHC, FJ. 6.
122 STC 2663-2003-PHC, FJ. 6.
123 STC 4750-2007-PHC, FJ. 2.
124 STC 2663-2003-PHC, FJ. 6 acápite h) segundo párrafo.
- Configuración jurisprudencial del hábeas corpus conexo
“… El Tribunal Constitucional (Exp. N.º 2663-2003-HC/TC. Fundamento 6. h) ha precisado que, el hábeas corpus conexo “cabe utilizarse cuando se presentan
situaciones (…) como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida; o de ser obligado
a prestar juramento; o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno
mismo, o contra el o la cónyuge, etc. Es decir, si bien no hace referencia a la privación
o restricción en sí de la libertad física o de la locomoción, guarda, empero, un grado razonable de vínculo y enlace con éste. Adicionalmente, permite que los derechos innominados –previstos en el artículo 3° de la Constitución– entroncados con la libertad física o de locomoción, puedan ser resguardados…” 125 .
- Configuración legal del hábeas corpus conexo
“… El Código Procesal Constitucional en la misma tónica que la Ley N.º 23506 ha establecido en su artículo 25º que el hábeas corpus procede ante la acción u omisión que amenace o vulnere los derechos que enunciativamente conforman la libertad individual, también en los diecisiete supuestos mencionados; incluso ha ido más allá, pues en su parte in fine ha establecido que el hábeas corpus procede en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad de domicilio…” 126 .
- Hábeas corpus excepcional
Aun cuando el TC no ha tenido oportunidad de pronunciarse por esta clase de
hábeas corpus, no cabe duda de su importancia dentro del Estado Constitucional. La propia Constitución de 1993 ha establecido en su artículo 200, parte final, que cabe
la interposición de los procesos constitucionales de la libertad durante la vigencia de
un régimen de excepción, con el objeto de controlar si las restricciones a los derechos fundamentales se han realizado bajo los marcos de la razonabilidad y proporcionalidad. Con esta postura, nuestra Constitución ha adoptado la tesis conocida en la doctrina como la de contralor judicial parcial, y supone pues la presencia de un hábeas corpus
excepcional dentro de nuestro ordenamiento constitucional, como una forma de interdictar posibles daños a la libertad personal efectuados durante un estado de excepción. Veamos, con este propósito la posición de los autores del Código Procesal Constitucional, respecto a esta especial tipología de hábeas corpus:
“Nuestra Constitución regula los estados de excepción en el artículo 137, y el artículo 200, parte final, establece que el ejercicio de las acciones de hábeas corpus y
125 STC 4750-2007-PHC, FJ. 4.
126 STC 4750-2007-PHC, FJ. 5.
de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se
refiere el artículo 137. Es innegable así la procedencia del hábeas corpus en los estados de excepción, que denominamos de excepción por las condiciones reinantes en que se dicta. Debe anotarse, que la tramitación correcta de esta hábeas corpus debe hacerse
a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que se utilizan para
determinar la validez de los actos que restringen derechos en los estados de excepción. La aplicación de la razonabilidad es pertinente, si tratándose de derechos suspendidos, las razones que sustentan el acto restrictivo del derecho no tienen relación directa con las causas y motivos que justificaron la declaración del régimen de excepción, o
si la demanda se refiere a derechos constitucionales que no han sido suspendidos. La
aplicación del principio de proporcionalidad, si tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo del derecho resulta manifiestamente innecesario o injustificado, atendiendo a la conducta del agraviado o a la situación del hecho sumariamente evaluada por el juez” 127 .
5.3.2. Amparo
El amparo ingresa a nuestra jurisdicción constitucional a través de la Constitución de 1979; si bien hoy la historiografía rescata versiones antiguas como modernas que
precedieron al amparo constitucional, tales como los viejos interdictos novoandinos, tanto como los procesos de hábeas corpus que se tramitaron en la vía civil para tutelar derechos fundamentales distintos a la libertad individual. El Tribunal Constitucional peruano ha venido realizando una impresionante creación pretoriana asimilando lo más graneado de jurisprudencias ecuménicas que hoy conforman el cosmopolitismo del Estado constitucional contemporáneo. Y no sólo ello, sino que
el Colegiado Constitucional se ha tomado la licencia de desarrollar, vía los obiter dicta
de las sentencias, parte de las complejas categorías conceptuales que hoy vertebran la autonomía conceptual del amparo peruano. Así, el TC describe la siguiente noción de lo que es el amparo.
“[El proceso] de amparo es una garantía destinada a proteger los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado; su objeto es reponer las cosas al estado anterior a la amenaza o vulneración del derecho constitucional, y su naturaleza es restitutiva y no declarativa de derechos. El amparo no es un proceso constitucional mediante el cual se pueda declarar un derecho ni hacer
127 AA.VV.: Código Procesal Constitucional. Estudio Introductorio, Exposición de Motivos, Dictámenes e Índice Analítico, 3ª. Edición, Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, Lima, 2008, pp. 59-60.
extensivos los alcances de una norma legal a quienes no están expresamente comprendidos en ella […]” 128 .
Igualmente y siguiendo el carril de categorías conceptuales el TC tomando como eje las regulaciones del Código precisa el thelos:
“El proceso de amparo se configura como un proceso autónomo que tiene como finalidad esencial la protección de los derechos fundamentales frente a violaciones actuales o a amenazas (ciertas e inminentes) de su transgresión. De esta forma, convierte el alto significado de los derechos fundamentales en algo efectivo de hecho, abriendo la puerta para una protección formal y material de los mismos, permitiendo al Tribunal Constitucional cumplir con la función de supremo intérprete de los derechos fundamentales” 129 .
Respecto a su naturaleza jurídica, si bien el Colegiado Constitucional no ha ingresado a ubicar a este instrumento procesal dentro de alguna categoría conceptual, el Tribunal sí ha precisado el carácter de doble dimensión de este proceso, asimilando la vertiente germano occidental de lo que es la naturaleza binaria de los derechos fundamentales en su dimensión objetiva y subjetiva, cuyo encaje y entronque derechos humanos-procesos constitucionales presentan una simetría armónica. Veamos:
— Doble naturaleza
“En tanto proceso constitucional, comparte su doble naturaleza. Es decir, “la función de la Constitución en la dirección de los derechos fundamentales individuales (subjetivos) sólo es una faceta del recurso de amparo. Este tiene una doble función, junto a la subjetiva, otra objetiva: `asegurar el derecho Constitucional objetivo y servir a su interpretación ¡y perfeccionamiento! ´”.
En tanto proceso fundamentalmente subjetivo, es promovido por la violación de derechos fundamentales, alegación compleja que no puede ir dirigida únicamente a lograr que el Tribunal determine el contenido de un derecho tutelable por el amparo, sino que se vuelve indispensable la conexión de éste con un acto concreto -de autoridad o particulares- que haya producido una afectación sobre el mismo.
128 STC 01875-2004-PA, FJ. 2.
129 STC 00023-2005-PI. FJ. 13.
Su dimensión objetiva, determina que para resolver se hace necesaria la interpretación de los preceptos constitucionales relacionados con el caso planteado, específicamente a través de los principios constitucionales en los que se regula el derecho o categoría jurídica protegible que se alega vulnerada, la cual se convierte en criterio cierto para orientar la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales por parte de los demás órganos estatales y, particularmente, de los órganos judiciales” 130 .
d) la problemática del amparo contra amparo
una creación pretoriana y que hoy se manifiesta bajo los parámetros de la discutida y polémica “autonomía procesal” es la figura que formalmente está proscrita por el art. 5, inc. 6 del C.P.Const. del “amparo contra amparo”. A este respecto, bien vale aclarar que el Colegiado Constitucional con la antigua ley 23506 admitió esta figura y luego con la puesta en vigor del Código ha reafirmado su posición con todo lo opinable que pueda resultar esta llamada “autonomía procesal”; si bien como observará el lector el TC actualmente la ha diseñado bajo ciertas reglas establecidas en el precedente vinculante 4853-2004-PA/TC. Veamos.
d.1) fundamento constitucional del amparo contra amparo
“En principio conviene destacar que, conforme se desprende del artículo 5.6 del Código Procesal Constitucional, en el marco de la regulación actual, ya
no sería posible iniciar una demanda de amparo para cuestionar “( resolución firme recaída en otro proceso constitucional (
) la posibilidad
del “amparo contra amparo” tiene fuente constitucional directa en el segundo
párrafo del artículo 200.2 de la propia Constitución, donde se establece que el
Amparo “(
emanadas de procedimiento regular”. A partir de esta consideración, el Tribunal
ha precisado que “(
su artículo 5, inciso 6), a la improcedencia de un proceso constitucional que cuestiona una resolución judicial firme recaída en otro proceso constitucional, esta disposición restrictiva debe entenderse referida a procesos donde se han
cuando el Código Procesal Constitucional se refiere en
No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales
No obstante, este Colegiado ha establecido al respecto que “(
respetado de modo escrupuloso el debido proceso y la tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones, conforme al artículo 4 del mismo Código
Procesal Constitucional(
Exp. N.º 3846-2004-PA/TC)” 131 .
(Caso Municipalidad Provincial de San Pablo,
130 STC 0023-2005-PI. FJ. 14.
131 STC 4853-2004-PA, FJ. 5.
d.2) El amparo contra amparo: su naturaleza excepcional
“Aceptada la tesis de la procedencia del “amparo contra amparo”, debe precisarse de inmediato que ello sólo es admisible de manera excepcional. Se debe tratar de una transgresión manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, por acciones u omisiones de los órganos judiciales que permitan al Tribunal Constitucional constatar fácilmente que dichos actos u omisiones trascienden el ámbito de la legalidad y alcanzan relevancia constitucional, de modo que su uso no puede habilitarse para cuestionar deficiencias procesales de naturaleza legal o, eventualmente, para suplir negligencias u omisiones en la defensa de alguna de las partes. Se debe tratar, en consecuencia, de violaciones acreditadas fehacientemente a consecuencia de la actuación de los órganos judiciales durante el trámite de un proceso constitucional y que tengan directa vinculación con la decisión final de las instancias judiciales.
Dada la naturaleza excepcional de los procesos constitucionales el “amparo contra amparo” se configura como una excepción dentro de la excepción, por lo que los jueces deben valorar la intensidad de la afectación y el nivel de acreditación que se presente a efectos de no permitir que cualquier alegación pueda merecer una nueva revisión de los procesos constitucionales. Este Colegiado considera pertinente dejar establecido que su uso excepcional sólo podrá prosperar por única vez y conforme a las reglas que se desarrollan más adelante. Varias son las razones de orden jurídico e institucional que respaldan esta tesis:
a) El principio de seguridad jurídica, indispensable para el goce y disfrute de los
derechos y libertades en el Estado democrático, en la medida en que permitir amparos sucesivos generaría una permanente inestabilidad e inseguridad en los justiciables;
b) El principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales, sobre todo cuando
en los procesos constitucionales se trata de restablecer situaciones producidas a consecuencia de afectaciones a los derechos constitucionales;
c) El principio de oportunidad y eficacia de la protección de los derechos.
Esto está, además, íntimamente vinculado a los principios de sumariedad o urgencia que caracteriza a los procesos constitucionales, en la medida en que dejar abierta la posibilidad de amparos sucesivos, terminaría por desnaturalizar
el carácter mismo de los mecanismos destinados a proteger en forma oportuna y eficaz los derechos más importantes en la sociedad democrática;
d) Finalmente y, en todo caso, quien considere que, después de haberse resuelto un proceso de “amparo contra amparo”, persiste una situación de lesión a un derecho fundamental, puede recurrir a los tribunales u organismos
internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte, tal como lo dispone el artículo 205 de la Constitución y el artículo 114 del Código Procesal Constitucional” 132 .
d.3) una síntesis de la procedencia del amparo contra amparo
De acuerdo con lo señalado en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 4853-2004-AA/TC y bajo el marco de lo establecido por el Código Procesal Constitucional así como de su posterior desarrollo jurisprudencial, el proceso de amparo contra amparo es un régimen procesal de naturaleza atípica o excepcional cuya procedencia se encuentra sujeta a determinados supuestos o criterios. De acuerdo con estos últimos a) Solo procede cuando la vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta. Tratándose incluso de contraamparos en materia laboral dicha procedencia supone el cumplimiento previo o efectivo de la sentencia emitida en el primer proceso amparo (Cfr. 04650-2007-PA/TC, Fundamento 5); b) Su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad, siempre que las partes procesales del primer y segundo amparo sean las mismas; c) Resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales desestimatorias como contra las estimatorias, sin perjuicio del recurso de agravio especial habilitado específicamente contra sentencias estimatorias recaídas en procesos constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, en los que se haya producido vulneración del orden constitucional y en particular del artículo 8º de la Constitución (Cfr. Sentencias emitidas en los Exp. Nº 02663-2009-PHC/TC, Fundamento 9 y Nº 02748-2010-PHC/TC, Fundamento 15); d) Su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales, independientemente de la naturaleza de los mismos; e) Procede en defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal Constitucional; f) Se habilita en defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto del recurrente que por razones extraordinarias, debidamente acreditadas, no pudo acceder al agravio constitucional; g) Resulta pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional (Sentencia recaída en el Expediente Nº 03908-2007-PA/TC, Fundamento 8); h) No procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional; i) Procede incluso cuando el proceso se torna inconstitucional en cualquiera de sus otras fases o etapas, como por ejemplo la de ejecución de sentencia (Cfr. STC Nº 04063-2007-PA/TC, Fundamento 3; STC Nº 01797-2010- PA/TC, Fundamento 3; RTC Nº 03122-2010-PA/TC, Fundamento 4; RTC Nº 02668-2010-PA/TC, Fundamento 4, entre otros) 133 .
132 STC 4853-2004-PA, FF.JJ. 6-7.
133 STC 3893-2010-PA/TC, FJ. 3; STC 02805-2011-AA, FJ 3; sobre las razones por las cuales no procede el amparo contra decisiones del Tribunal Constitucional, véase la STC 0457-2012-PA, FJ. 3 (POR PuBLICAR).
e) las nuevas tendencias: el amparo contra resoluciones judiciales provenientes de otros procesos constitucionales (hábeas corpus, hábeas data, cumplimiento, acción popular y proceso de inconstitucionalidad)
No queríamos terminar, a modo de epílogo, este ámbito del amparo, sin dejar de referirnos a aquellos casos cuando el acto lesivo dimana no ya simplemente de una resolución judicial ordinaria sino que, en este caso, lo particular del tema es que dicha resolución que se pretende enervar proviene curiosamente de otro proceso constitucional de amparo, o de “otros” procesos constitucionales que pueden ser de dos ámbitos: a) los provenientes de la jurisdicción constitucional de la libertad y cuyo sector no sólo se manifiesta en el amparo contra amparo, sino también en: i) amparo contra hábeas corpus; ii) amparo contra hábeas data; iii) amparo contra proceso de cumplimiento; y b) los provenientes de la jurisdicción constitucional orgánica, que en este caso sería un amparo contra una acción popular, no descartándose que en la evolución jurisprudencial (aunque sea de suyo extraño y de primera impresión imposible) un amparo versus un proceso de inconstitucionalidad o un amparo versus un conflicto competencial.
Graficado el panorama en estos términos, se tratará, en lo que sigue, de desarrollar estas innovadoras figuras procesales que se han venido presentando en los últimos
tiempos, dentro de la tensión entre la norma y la realidad. Se trata, en consecuencia, de hechos que, aunque son de por sí excepcionales (cuanto más si están prohibidos expresamente en el artículo 5º inciso 6 del Código Procesal Constitucional), pese
a ello, la dinámica de la jurisdicción constitucional no ha ignorado esta particular problemática.
Desde luego, el excurso teórico de este tipo de procesos no puede homologarse a lo que normalmente ocurre en torno al amparo contra cualquier resolución judicial. Ni tampoco puede equipararse en los presupuestos de un amparo contra amparo, pues
la fórmula del contra-amparo, si bien ya se ha expuesto en los acápites precedentes, y
también el Tribunal Constitucional ha delineado los presupuestos en su evolución del amparo contra amparo; en el caso de estas nuevas figuras procesales, bien merecen un tratamiento específico.
e.1.) lo que está en juego: la autonomía procesal del Tribunal Constitucional
Antes de abordar la especificidad de cada proceso de amparo contra otro proceso constitucional, bien merece recordar lo que expresamente ha establecido el legislador en esta materia.
En efecto, el artículo 5º inciso 6 del Código Procesal Constitucional dispone de modo expreso: “No proceden los procesos constitucionales cuando: (…) 6. Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional (…)”.
Sin embargo, como ya se ha abordado in extensu, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una exégesis desde la Constitución de esta disposición normativa, habilitando el amparo contra amparo, entendido como una modalidad sui generis o especial del amparo contra resoluciones judiciales.
Se podría advertir aquí que, en esta dinámica interpretativa, nos enfrentamos ante la aplicación de una autonomía procesal autárquica o paralegislativa, en mérito de la cual los tribunales, cortes o salas constitucionales crean reglas procesales o procedimentales; muchas de las cuales, si surgen de la dimensión creativa, pero ligada a lo establecido en la legislación de la materia, denominamos autonomía procesal interpretativa o delegada; mas, cuando los tribunales desarrollan sendas creaciones, innovando reglas procesales que no sólo no están previstas, sino que, con mayor preocupación aún, dicha regla expresamente se opone a lo que el legislador ha prohibido, ciertamente estamos aquí ante una virtual autonomía procesal autárquica o paralegislativa.
Vienen estas breves disquisiciones a colación porque, tal como ya se ha desarrollado en forma por demás amplia en el marco de la evolución del amparo contra resoluciones judiciales, se ha podido apreciar que el contra-amparo es una figura que en la práctica se viene utilizando con bastante frecuencia. Y si bien esta situación es ya excepcional, tal como así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, la situación resulta más excepcional aún en los casos de promoción de un amparo contra otro proceso constitucional.
e.2.) una aproximación teórica a la resolución de procesos de amparo contra otros procesos constitucionales (hábeas corpus, hábeas data, proceso de cumplimiento, acción popular, entre otros)
En principio, y en términos abstractos, es factible que una persona pueda residenciar un proceso constitucional de amparo contra cualquiera de estas resoluciones judiciales recaídas en otros procesos constitucionales. En este caso, debe darse el presupuesto de que quien plantea el amparo sea la misma persona titular de algún derecho fundamental que pretendió hacerlo valer en un primigenio proceso constitucional (llámese hábeas corpus, si se trata de la libertad individual o aspectos conexos a ella; un hábeas data, para la pronta tutela del derecho de acceso a la información o la auto-tutela de la información personalizada; un proceso de cumplimiento, para hacer efectiva una norma o un acto administrativo). Siendo esto así, estamos pues ante el primer presupuesto teórico y práctico:
a) Que una persona titular de un derecho fundamental haya entablado un proceso
constitucional y la resolución final haya sido desestimatoria; como consecuencia de ello, el agravio constitucional o el acto lesivo persiste; con el agravante de que la utilización del primer proceso constitucional no sólo le fue adverso, sino que ello se produjo con violación del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
b) Que el acto lesivo que motivó el proceso constitucional se mantenga efectivo
y, luego, la resolución final de dicho proceso constitucional afectó el debido proceso, bien sea en su vertiente formal o material
En esta hipótesis, nos encontramos pues ante un segundo proceso constitucional que se activa, no sólo para enervar la resolución denegatoria del primer proceso
constitucional – bien sea de hábeas corpus, hábeas data o proceso de cumplimiento– sino que persigue restituir el derecho fundamental que le fue denegado al actor en
el anterior proceso. Es obvio que si se trata de un amparo contra hábeas corpus, el
amparo establecerá en su sentencia la orden clara y precisa de lo que debe resolver el juez, o en su defecto, vía el amparo, disponer la restitución del ámbito de protección que se le habría solicitado.
En este supuesto, es necesario que no haya operado la sustracción de la materia, en tanto el amparo contra el proceso constitucional de que se trate, tendrá como fin restitutorio la reversión de la afectación y, por tanto, dejar sin efecto la resolución desestimatoria del primer proceso.
c) Debe existir la identidad del titular del derecho fundamental afectado. Y ello
es así, pues plantear un amparo como segundo proceso, presupone que con el primer
proceso no se dejó sin efecto el acto lesivo que aún persiste. En este sentido, debe pues existir una correspondencia o identidad del titular del derecho fundamental afectado.
A todo ello, se debe agregar que el amparo pretenderá, como proceso de cierre, enervar
una resolución que causa doble agravio: i) por un lado, porque al ser un fallo final desestimatorio –bien improcedente, bien infundado–se ha expedido con manifiesto
agravio a la tutela procesal efectiva; y ii) porque el amparo va a resarcir y restituir
el derecho fundamental afectado que debió corresponderle al proceso constitucional
d) Finalmente, para que prospere un amparo contra otro proceso constitucional
–hábeas corpus, hábeas data, proceso de cumplimiento– es necesario que sólo lo entable, como regla, el demandante que perdió en el primer proceso constitucional;
pues si se trata de un amparo que lo residencia quien perdió en el primer proceso
constitucional, aquí debe funcionar el principio pro actione, o favor processum, es decir,
si alguien obtiene en un primer proceso constitucional una sentencia estimatoria, la
parte emplazada o perdidosa tendría de suyo restringido activar un amparo contra un hábeas corpus o hábeas data o un proceso de cumplimiento.
Más aún, siendo claro que toda sentencia constitucional estimatoria, por su propia naturaleza, es de actuación inmediata (artículo 22º del Código Procesal
Constitucional, en concordancia con lo establecido en la STC N.º 0607-2009-PA/TC),
el demandante del segundo amparo, para que pueda plantearlo, debe cumplir prima
facie con la ejecución del primer proceso constitucional, que ahora pretende enervar.
Así lo ha entendido, por lo demás, la STC N.º 04650-2007-PA/TC, al disponer que, tratándose de un segundo amparo interpuesto contra uno primero que ordena la reposición del trabajador en su puesto de labores, se requiere que el empleador haya dado fiel cumplimiento a esta primera orden, en defecto del cual la demanda deberá ser rechazada liminarmente; así como la STC N.º 01671-2008-PA/TC, cuya interpretación es que, si en un proceso de hábeas corpus se dispuso la libertad del favorecido, un segundo proceso constitucional (esta vez, de amparo) no puede impedir el cumplimiento de aquella orden, en cuyo caso contrario la demanda de amparo deberá ser rechazada liminarmente.
e) Finalmente, un último aspecto que bien puede delinear esta problemática
procesal, es que la judicatura constitucional –tanto los jueces ordinarios, como el propio Tribunal Constitucional– debe mantener, como regla general, lo siguiente:
si quien plantea un amparo fue el demandado en el primer proceso constitucional de hábeas corpus, hábeas data o proceso de cumplimiento (o de acción popular), corresponderá emitir una sentencia desestimatoria, salvo que la sentencia que declara fundado el primer proceso constitucional firme, se haya emitido en términos que afectan groseramente el debido proceso o la tutela judicial; o bien, que dicha sentencia estimativa está en contracorriente de los precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional. Sólo en este extremo, es posible enervan mediante un amparo, la sentencia estimativa de un hábeas corpus, un hábeas data o un proceso de cumplimiento.
Examinemos, finalmente, las variantes que ha conocido, hasta el momento, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en materia de amparo contra resoluciones emanadas de otros procesos constitucionales.
e.3.) Amparo contra hábeas corpus
Lo primero que, acaso, cabe preguntarse es si, en el caso del amparo contra hábeas corpus, rigen los mismos criterios de procedencia que en el caso del amparo contra amparo, tal como se encuentran determinados en la jurisprudencia constitucional.
Pues bien, la problemática no ha sido ajena a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Concretamente, en la STC N.º 01761-2008-PA/TC, el Colegiado estimó que el amparo contra hábeas corpus sólo procede en supuestos específicos y excepcionales, que en ninguna medida pueden equipararse a aquellos del amparo contra amparo.
Y esto es así, expresó esta sentencia, a causa de las siguientes consideraciones:
i) el relevante rol del legislador en el Estado democrático y social de Derecho, específicamente en el desarrollo de los derechos fundamentales y en el desarrollo y mejor precisión de las competencias de los poderes del Estado u órganos constitucionales;
ii) el principio de división de poderes, conforme al cual se exige que tanto el poder jurisdiccional como el poder legislativo deben respetar estrictamente su respectivo ámbito de competencias, entre otros contenidos; iii) el criterio de interpretación de la ley conforme a la Constitución (que exige identificar contenidos de la ley que resulten compatibles con la Norma Fundamental) y su efecto reflejo, el criterio de interpretación de la Constitución conforme a ley (que exige al juez constitucional que en la interpretación de los preceptos constitucionales se deba tomar en cuenta, en la medida de lo posible, aquella interpretación de la Constitución formulada por el legislador democrático al expedir las respectivas leyes); y iv) principalmente el rol del proceso de habeas corpus en la protección urgente de la libertad personal y derechos conexos a ésta 134 .
Así pues, el Tribunal concluye que, dada la finalidad “ultra” tuitiva del hábeas corpus, “la interposición del proceso de amparo, que discute o pone en tela de juicio lo resuelto en un hábeas corpus, no puede significar la suspensión de la ejecución de lo decidido en éste” 135 ; razón por la cual, el juez constitucional se encuentra habilitado para rechazar liminarmente la demanda de amparo interpuesta contra una sentencia de hábeas corpus, si ésta aún no ha sido cumplida.
Finalmente, el Colegiado constitucional determinó que el amparo contra hábeas corpus sólo procede teniendo en cuenta las siguientes reglas: a) cabe contra aquellas resoluciones estimatorias en que la vulneración de derechos fundamentales resulte manifiesta y plenamente acreditada; b) procede en defensa de la doctrina vinculante y precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional; y c) no procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional 136 .
Ahora bien, en nuestra opinión, y tal como ya se dijo antes, el amparo contra hábeas corpus debe partir, como regla general que, quien lo interponga, sea la misma persona titular del derecho fundamental a la libertad individual, en sus múltiples manifestaciones, o aspectos conexos a ella. En efecto, está en juego aquí la procedencia de tutela de la libertad individual que le fue denegada a través de un proceso de hábeas corpus en el que, pese a ser el instrumento procesal non plus ultra para la tutela de esta dimensión básica de la persona, el justiciable no obtuvo sentencia estimatoria.
En el otro extremo, bien puede darse el caso de que, en el amparo contra hábeas corpus, quien lo interponga sea la parte emplazada que perdió en el hábeas corpus. Puede ser incluso un juez, una autoridad o un funcionario o, eventualmente, alguna persona natural o jurídica. Más aún, si el favorecido obtuvo sentencia estimatoria en
134 STC N.º 01761-2008-PA/TC, FJ. 27.
135 STC N.º 01761-2008-PA/TC, FJ. 28.
136 STC N.º 01761-2008-PA/TC, FJ. 30.
el hábeas corpus contra un proceso penal, el tercero civil en dicho proceso puede interponer, contra el hábeas corpus, un proceso de amparo.
Situados en este contexto, estimamos que se debe ponderar y preferir el bien jurídico mayor de estirpe constitucional, que es la libertad individual tutelada por el hábeas corpus, proceso éste que no podría ser enervado por otro proceso constitucional como el amparo.
Es más, aquí bien puede esgrimirse la tesis de que el núcleo duro de resistencia consiste en tutelar el hábeas corpus primigenio, en vez del amparo dirigido a enervarlo. En todo caso, para esta hipótesis, la solución ya la estableció el propio Código Procesal Constitucional, en su artículo 5, inciso 6, vale decir, que no procede un proceso de amparo contra otro de hábeas corpus.
e.4.) Amparo contra hábeas data
El proceso de hábeas data, dispone el artículo 200º inciso 3 de la Constitución, procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos reconocidos en los incisos 5 y 6 de su artículo 2 (acceso a la información pública y autodeterminación informativa). Ello no puede querer decir, sin embargo, que en el curso de este proceso, al final de éste, o al momento de su ejecución, el juez constitucional esté exento de afectar algún derecho fundamental de las partes (bien del demandante, bien del demandado).
un supuesto particular lo podemos apreciar en la rTC N.º 0073-2012-PA/TC, pues el Tribunal admite aquí que lo resuelto en un proceso de hábeas data puede ser controlado, en vía de ejecución a través de un proceso de amparo.
En efecto, en el caso concreto, el demandante había obtenido una sentencia estimatoria firme de hábeas data, a nivel del Poder Judicial, la cual ordenaba a la Municipalidad Distrital de Los Olivos, exhibir el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) correspondiente al año 1994. No obstante lo cual, en vía de ejecución, la municipalidad emplazada argumentó que la referida documentación no se hallaba en original al haber sido sustraída, y que a pesar de ello, los órganos judiciales le habían impuesto una sanción de multa, además de exigir la remisión del CAP. Por ello, el perdidoso en el hábeas data, interpuso un proceso de amparo, para cuestionar lo allí decidido. Luego de recordar que el amparo contra hábeas data constituye un régimen procesal de naturaleza atípica o excepcional, sujeto a determinados supuestos o criterios, el Tribunal Constitucional encontró improcedente la demanda de amparo (en aplicación del artículo 5º inciso 6 del Código Procesal Constitucional), por considerar que la sanción de multa y la orden de exhibición resultaban “coherente[s] y legítim[as] en términos constitucionales”, habida cuenta que el proceso de hábeas data se
encontraba en fase de ejecución de sentencia, etapa en la cual sólo cabía acatar o cumplir lo dispuesto en la sentencia firme, siendo inviable readmitir o reevaluar el debate principal que fue solucionado en su debida oportunidad con la sentencia firme (vale decir, que la documentación solicitada no se hallaba en original por haber sido sustraído).
Pero el cuestionamiento de lo resuelto en un hábeas data, a través de un proceso de amparo, exige, a juicio del Tribunal, la vulneración manifiesta y evidente de un derecho constitucional, cualquiera que sea la naturaleza de éste. Así, por ejemplo, en la rTC N.º 04525-2011-PA/TC, el Tribunal Constitucional examinó el argumento esgrimido por el demandante en el amparo (Banco Continental), que cuestionaba que el juez del hábeas data no había tomado en cuenta que el requerimiento de información se había efectuado luego de haber transcurrido más de 10 años de antigüedad de la información solicitada (contrato de préstamo personal, de garantía prendaria, liquidación de ventas y las comunicaciones cursadas al Banco), plazo éste establecido en el artículo 183º de la Ley N.º 26702, Ley General de Banca y Seguros.
Sin embargo, para desestimar la demanda de amparo, el Tribunal Constitucional verificó que los órganos judiciales demandados sí habían tomado en cuenta el factor antigüedad de la información solicitada, al considerar que, pese a este hecho, el Banco no había negado la existencia de la información, y que la misma no necesariamente tenía fecha cierta.
e.5.) Amparo contra proceso de cumplimiento
Aun cuando algún sector de la doctrina descarta que el de cumplimiento sea un auténtico proceso constitucional, lo cierto es que los requisitos para su procedencia han sido expresamente delimitados por la propia Constitución, la cual establece que su finalidad no es otra que reaccionar frente a la renuencia de la autoridad o funcionario que no acata una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley (artículo 200º inciso 6).
El control constitucional de lo resuelto en un proceso de cumplimiento, a través de un amparo, sin embargo, no es una hipótesis alejada de la realidad, a juzgar por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y ello, no sólo por ser posible verificar, en una sentencia de cumplimiento, una afectación de un derecho fundamental, sino además, por resultar viable que una sentencia estimatoria de cumplimiento pueda vulnerar el precedente vinculante recaído en la STC N.º 0168-2008-PC/TC (Caso Máximo Villanueva), en torno a los requisitos mínimos que debe satisfacer el mandamus para ser pasible de exigencia a través del proceso de cumplimiento.
N.º 05296-2007-PA/TC, sobre una demanda de
amparo interpuesta contra una sentencia de cumplimiento, para cuya interposición,
una muestra de ello es la sTC
sin embargo, “había transcurrido el plazo establecido en la ley”. No obstante, luego de ponderar los bienes en conflicto (seguridad jurídica versus los valores superiores de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales), el Tribunal decidió entrar al fondo del asunto, y declarar la nulidad de la sentencia estimatoria de cumplimiento, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de utcubamba, no sólo porque su argumentación se encontraba vedada por la propia lógica del sistema jurídico, sino por atentar contra la copiosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en relación al estatus pensionario del personal que integra tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional; remitiendo copias de los actuados al Consejo Nacional de la Magistratura, así como a la Oficina de Control de la Magistratura.
Por su parte, en la sTC N.º 04117-2010-PA/TC, el Tribunal Constitucional conoció
el cuestionamiento, vía amparo, de una sentencia estimatoria firme de cumplimiento,
que ordenaba que la sede del Gobierno Regional de Lima Provincias se instale en la
ciudad de San Vicente de Cañete, departamento de Lima, en razón a una interpretación literal del artículo 32º de la Ley N.º 27783, Ley de Bases de la Descentralización. El Tribunal declaró fundada la demanda (y, en consecuencia, nula la sentencia expedida en el cumplimiento), argumentando que, del tenor del mencionado artículo 32º, se advertía que para que se dé cumplimiento a dicha norma legal era necesario analizar
y contar previamente con el informe respectivo que dé cuenta del mayor número
poblacional en una u otra capital de provincia, convirtiéndose así en un mandato sujeto a la controversia compleja de la previa realización de un censo poblacional, lo que, a todas luces, era inadmisible en un proceso ejecutivo y sumario como el de cumplimiento.
En la misma línea se encuentra, finalmente, la sTC N.º 04836-2008-PA/TC, que sólo es una muestra de un universo más amplio de sentencias similares, pues aquí también el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de amparo contra una sentencia estimatoria firme de cumplimiento, que había sido expedida vulnerando las normas legales, así como las reglas establecidas en el precedente vinculante recaído en la STC N.º 0168-2005-PA/TC; reglas éstas a partir de las cuales, se entendía que cualquier acto administrativo que dispusiera que el bono por función fiscal tiene carácter pensionable, no constituía un mandato de ineludible y obligatorio cumplimiento.
Sin embargo, una suerte distinta, han seguido otros expedientes que plantean una problemática similar, aunque esta vez descartados por el Tribunal, en razón a una pretensión oculta y subalterna de volver a cuestionar lo resuelto definitivamente en un anterior proceso de cumplimiento.
Es el caso de la sTC N.º 06837-2008-PA/TC, en cuya oportunidad el Tribunal Constitucional admitió, desde luego, la procedencia de la figura in comento, mas, a renglón seguido, constató que la decisión judicial del proceso de cumplimiento
cuestionada no vulneraba jurisprudencia ni precedente alguno del Tribunal Constitucional (singularmente, las SSTC N. os 0206-2005-PA/TC y 0168-2005-PC/ TC); en razón a ello, declaró infundada la demanda de amparo interpuesta.
Finalmente, debería estar claro que, como cualquier resolución judicial firme, la del cumplimiento también puede ser analizada, en clave constitucional, a través de la motivación brindada por el juez constitucional. Éste es, por ejemplo, el problema que plantea la sTC N.º 01873-2011-PA/TC, en la que se declaró fundada una demanda de amparo interpuesta contra una sentencia firme recaída en un primigenio proceso de cumplimiento, por considerar el Tribunal Constitucional que los jueces emplazados no habían motivado adecuadamente la medida de embargo en forma de retención en las cuentas corrientes del Gobierno Regional de Lambayeque; concretamente, que no existió una razonable y coherente motivación sobre la naturaleza del bien de uso privado que las instancias judiciales le habían asignado a las cuentas bancarias en cuestión; por lo que se les ordenó emitir nueva sentencia, con arreglo a lo señalado en dicha sentencia.
e.6.) Amparo contra acción popular
Pese a que, ciñéndonos a lo que establece la Constitución, el proceso de acción popular es de competencia exclusiva del Poder Judicial (como así lo define el artículo 200º inciso 5 de la Constitución), una perspectiva realmente tuitiva de los derechos fundamentales, no puede descartar que lo decidido en dicho proceso, pueda ser cuestionado a través de un amparo, siempre y cuando a través de este último, no se busque invadir competencias y fueros propios de la jurisdicción constitucional ordinaria, cuya competencia exclusiva y excluyente en materia de procesos constitucionales, sólo es justamente el de la acción popular
Importa recordar, pues, que según la Constitución, la acción popular tiene por finalidad, controlar las infracciones de la Constitución y de la ley, contenidas en reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. Si esto es así, bien pueden plantarse las siguientes hipótesis de trabajo.
En primer lugar, está el supuesto de que el amparo lo interponga quien perdió en el proceso de acción popular. Éste es el caso de la rTC N.º 01286-2011-PA/TC, en cuya ocasión el Tribunal Constitucional analizó una demanda de amparo contra una sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que había desestimado una demanda de acción popular interpuesta por el ahora demandante, contra los artículos 1º y 2º del Decreto Supremo N.º 011-2003-EM, modificatorios del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. No obstante, sin entrar al fondo del asunto, el Tribunal declaró improcedente la demanda de amparo contra acción popular, luego de constatar que la misma había sido interpuesta fuera del plazo legalmente establecido. En la misma
línea de lo establecido, cabe ubicar la rTC N.º 03907-2011-AA/TC, sobre demanda de amparo contra acción popular incoada por el Seguro Social de Salud (Essalud), perdedora en un proceso de acción popular contra el Decreto Supremo N.º 043-2003- EF, sobre Registro de obligaciones previsionales del Régimen Pensionario del Decreto Ley N.º 20530; demanda ésta que también fue desestimada por vencimiento del plazo de prescripción.
Sin embargo, es posible ensayar aún una segunda hipótesis, cual es que el segundo proceso de amparo no esté orientado a cuestionar aspectos de fondo de lo resuelto en la acción popular, sino más bien (o sólo) cuestiones de forma, así apreciados por el órgano judicial competente del Poder Judicial. Es, por ejemplo, lo que se desprende de la rTC N.º 04141-2010-PA/TC, cuyo origen era una demanda de amparo contra acción popular (sobre la ilegalidad del Decreto Supremo N.º 080-2006-EF, que transfiere en propiedad un terreno del Estado), que planteaba la pregunta siguiente:
según la Constitución, el proceso de acción popular, ¿procede sólo respecto de normas de alcance general, o también sobre normas particulares? Al resolver el caso, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de amparo, en razón a la naturaleza particular del decreto supremo involucrado 137 .
Finalmente, el último supuesto al que cabe aludir, es el referido al amparo cuya finalidad radica en controvertir el fondo de lo decidido por el Poder Judicial en un proceso de acción popular. Es el caso de la sTC N.º 02643-2010-PC/TC, sobre una demanda de cumplimiento dirigida a lograr la inaplicación de una norma (Decreto Supremo N.º 01-94-EM), declarada como barrera burocrática ilegal por el Indecopi,
137 Sin embargo, en su momento, consideramos que este razonamiento era desproporcionado, por restrictivo, razón por la cual emitimos un voto singular, recordando que, “si bien es cierto que la interpretación de los presupuestos y requisitos procesales es competencia de la jurisdicción ordinaria, no es menos cierto también que los supuestos de acceso a la jurisdicción comporta la elección de la interpretación más favorable a la admisión o a la resolución del problema de fondo
planteado en la demanda (…) En el caso de autos, se tiene que los órganos judiciales, al desestimar la demanda de acción popular por un asunto de forma, eligieron la interpretación más gravosa
y perjudicial para la resolución del problema de fondo planteado en la demanda. Y es que del
dispositivo legal antes glosado –que marca la pauta para la procedencia de la demanda de acción popular– no es posible inferir con meridiana claridad o exactitud si el requisito referido al carácter general de la norma impugnada resulta pregonable solo de las resoluciones, o solo de las normas administrativas, o solo de los reglamentos, o si no a todas las normas juntas. De dicho dispositivo no es posible inferir una u otra interpretación sobre el particular. Por ello, considero que resulta evidentemente desproporcionado y manifiestamente arbitrario que los órganos judiciales hayan argumentado e interpretado sin más la ausencia del carácter general de la norma impugnada (D.S. N.º 080-2006-EF) al regular ésta una situación particular, cuando precisamente el legislador no ha definido con exactitud qué alcance –particular o general– deben tener los decretos supremos para ser cuestionados por la vía constitucional de la acción popular”. Por ello, nuestro voto en esta causa fue por declarar fundada la demanda de amparo contra acción popular, y en consecuencia, ordenar
a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República, emitir nueva resolución, pronunciándose sobre el fondo en la acción popular.
pero respecto de cuya constitucionalidad existían sendos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. Así, al momento de resolver la causa, el Tribunal observó que la declaración del INDECOPI, materializada en la resolución administrativa cuyo cumplimiento se exigía a través del proceso constitucional, contravenía en realidad la confirmatoria de constitucionalidad reiteradamente declarada por la Corte Suprema. En atención a ello, determinó el Tribunal que el acto administrativo en cuestión carecía de la juridicidad necesaria para constituirse en mandamus, declarando improcedente la demanda incoada.
e.7.) ¿Es factible un amparo contra proceso de inconstitucionalidad o contra proceso competencial?
Por principio, esta eventual hipótesis de trabajo de plano debería descartarse, en tanto se trataría de enervar una resolución firme que proviene del control orgánico de la Constitución, bifurcado a través del control abstracto vía los procesos de inconstitucionalidad y los procesos de conflictos de atribuciones o de competencias, delineados así por la Constitución.
En efecto, el amparo podría ser factible sólo y tan sólo, en una eventual ejecución de sentencia, no se dé cumplimiento a lo que haya dispuesto el Tribunal Constitucional, en estos dos procesos. Se trata, entonces, no de plantear un amparo contra una sentencia resuelta en estos dos procesos ya aludidos; sino, eventualmente, contra algún auto o resolución judicial, que desvirtúa la ejecutabilidad de lo que habría resuelto el Tribunal Constitucional con carácter definitivo e inapelable.
Veamos, tentativamente, algunas figuras, de lo hasta aquí expresado.
a) En el caso que el Tribunal Constitucional haya declarado desestimativo un proceso de inconstitucionalidad o uno competencial, bien puede plantearse un amparo contra una resolución judicial que aplica control difuso de la norma legal en cuestión. Y esto es así, lógicamente, en aplicación simple y llana del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, según el cual “[l]os jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular”.
b) un segundo supuesto, en cambio, lo tenemos cuando una resolución judicial (o administrativa), es inconstitucional, en tanto vulnera (por exceso o por defecto) lo dispuesto por el Tribunal en una sentencia de inconstitucionalidad o en una de orden competencial. Contra ella, desde luego, estará habilitado el proceso de amparo, dirigido a contrarrestar el desacato manifiesto a una sentencia del Tribunal Constitucional.
c) Finalmente, lo que sí cabe descartar de plano, por inaudito y contradictorio, es la posibilidad de que a través de un amparo pueda cuestionarse lo resuelto de modo
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