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Timestamp: 2019-03-22 04:37:21+00:00

Document:
as201311255
AUTO SUPREMO Nº. 255/2013
Sucre, 13 de septiembre de 2013
EXPEDIENTE: Beni 171/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Rocio Zulma Salazar Montero, Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Riberalta contra Claudio Arellano Callejas
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Claudio Arellano Callejas (fs. 312 a 315), impugnando el Auto de Vista Nro. 26/2013 emitido el 16 de julio de 2013 por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni (fs. 258 a 260), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Rocío Zulma Salazar Montero (víctima), Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Riberalta (acusadora particular) contra el recurrente por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente, previsto y sancionado por el artículo 308 bis del Código Penal.
Sustanciado el juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia de Riberalta del Departamento del Beni, que conoció esa causa, pronunció Sentencia condenatoria Nro. 3/2011 el 16 de mayo de 2011 (fs. 218 a 231), declarando al imputado Claudio Arellano Callejas, autor y culpable del delito de violación de niño, niña o adolescente, previsto y sancionado por el artículo 308 bis del Código Penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de veinte años de presidio, a cumplirse en la Cárcel Pública de Mocovi de la capital de Trinidad del departamento del Beni, mas costas a favor del Estado a calificarse en ejecución de Sentencia.
Contra la citada Sentencia el imputado Claudio Arellano Callejas, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 237 a 238), resuelto por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni por Auto de Vista Nro. 26/2013 de 16 de julio de 2013, que lo declaró improcedente y confirmó la Sentencia apelada.
Con el Auto de Vista referido, el imputado Claudio Arellano Callejas fue notificado personalmente el 14 de agosto de 2013 (fs. 261) formulando el recurso de casación, motivo de autos, el 19 de agosto de 2013 (fs. 312 a 315).
1. Defecto por inobservancia del artículo 323 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley Nro. 007 de 18 de mayo de 2010. Citando argumentos doctrinales de Fenech, Manzini, Alcalá Zamora y Castillo y De la Rúa, relacionados al recurso de casación, jurisprudenciales tales como los Autos Supremos Nros. 345 de 7 de junio de 2004, 169 de 5 de abril de 2008, 250 de 4 de junio de 2010, 166 de abril de 2008, 132 de 2008, 116 y 112 de 27 de febrero de 2008, 103 de 25 de febrero de 2008, 284 de 13 de mayo de 2004 y 329 de 28 de mayo de 2004, vinculados a la admisión excepcional del recurso de casación ante violaciones flagrantes al debido proceso y defectos absolutos de procedimiento insubsanables o de la Sentencia, y normativo como el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, señala que la denuncia presentada por Rocío Zulma Salazar Montero se efectuó el 24 de mayo de 2010 y la Ley Nro. 007 ingresó en vigencia el 18 de mayo de 2010, dando cuenta que la acusación formal debió recibir el Juez Instructor Mixto en lo Penal de Riberalta, de conformidad al artículo 323 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley Nro. 007 de 18 de mayo de 2010, y no como erróneamente ocurrió a fojas 74 a 76 en el que se consigna “Señor Presidente y Jueces del Tribunal de Sentencia de Riberalta” (sic), lo que motivó la ocurrencia de defectos por vulneración del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, toda vez que en audiencia conclusiva las partes están obligadas a ofrecer sus pruebas de cargo y de descargo y el imputado tiene derecho a pedir procedimiento abreviado, deducir exclusión probatoria y oponer excepciones e incidentes, derecho que fue vulnerado por procedimiento que no fue el indicado, siendo los actos procesales nulos de pleno derecho, vulnerándose igualmente el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.
2. Juzgamiento por Tribunal sin competencia y legitimación. Precisa que interpuso recusación contra la Presidenta del Tribunal de Sentencia, por la causal 5) del artículo 316 del Código de Procedimiento Penal, fojas 206 a 207, no obstante lo insólito de las actuaciones procesales efectuadas por la Presidenta del Tribunal de Sentencia, según consta en el acta de audiencia de juicio oral de fojas 208 a 218, ésta autoridad jurisdiccional resolvió la recusación sin observar los artículos 320 y 321 del Código de Procedimiento Penal, de ahí que esas violaciones al debido proceso, conforme determinan los artículos 115 y 116 de la Constitución Política del Estado, advierten que fue juzgado por un Tribunal sin competencia y no legitimado cayendo en actos de nulidad de conformidad al artículo 169 del referido cuerpo legal.
3. Transgresión de procedimiento, desconocimiento de norma legal aplicada en audiencia de medidas cautelares e incumplimiento de obligaciones por el representante fiscal. Indica que luego de resolverse la recusación, la Presidenta del Tribunal de Sentencia recibió la declaración del imputado y posteriormente tomó el juramento a los Jueces Ciudadanos, violando el debido proceso y derechos del imputado consagrados en la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales y transgrediendo el procedimiento.
Asimismo, señala que en la audiencia de medidas cautelares y el auto de aplicación de medidas cautelares del 26 de mayo de 2010 desconoció por qué lo detuvieron preventivamente y que norma legal se aplicó, sin activarse su defensa irrestricta, por cuanto con nuevas pruebas pudo enervar los motivos que fundaron su detención preventiva, de conformidad al artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, mencionando las pruebas que fueron incorporadas al proceso de forma ilegal. Aduce que el representante fiscal incumplió con sus obligaciones establecidas en el artículo 279 del Código de Procedimiento Penal, omitiendo actos procesales como la prueba de ADN, el secuestro de evidencias y declaraciones.
Concluye solicitando se case la Sentencia apelada y el Auto de Vista impugnado.
Por otro lado, resulta necesario indicar que la revisión excepcional procede cuando existen denuncias fundadas de violaciones flagrantes al debido proceso y defectos absolutos de procedimiento insubsanables o de la sentencia, conforme determinan los arículos 169 y 370 del Código de Procedimiento Penal.
El recurso de casación fue interpuesto contra el Auto de Vista Nro. 26/2013 de 16 de julio de 2013 emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni dentro del plazo legal establecido para su presentación, encontrándose cumplido lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 417 del Código de Procedimiento Penal, y el recurrente adjuntó copia del recurso de apelación restringida, siendo éste el único medio de prueba permitido.
I. En lo que respecta a las denuncias uno, dos y tres del recurso de casación, concerniente al defecto por inobservancia del artículo 323 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley Nro. 007 de 18 de mayo de 2010, al juzgamiento por Tribunal sin competencia y legitimación y la transgresión de procedimiento, desconocimiento de norma legal aplicada en audiencia de medidas cautelares e incumplimiento de obligaciones por el representante fiscal, se evidencia que el recurrente si bien citó los Autos Supremos Nros. 345 de 7 de junio de 2004, 169 de 5 de abril de 2008, 250 de 4 de junio de 2010, 166 de abril de 2008, 132 del 2008, 116 y 112 del 27 de febrero de 2008, 103 del 25 de febrero de 2008, 284 del 13 de mayo de 2004 y 329 del 28 de mayo de 2004, empero no los invocó como precedentes contradictorios con carácter de especificidad a los fines del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, sino con la finalidad de sustentar la admisión excepcional del recurso de casación; igualmente, tampoco expresó de forma puntual y suficiente los motivos de hecho y de derecho por los que considera lesionados sus derechos fundamentales, sus afirmaciones genéricas están desprovistas de adecuados y precisos fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que debió exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el Tribunal de Alzada, toda vez que el recurso de casación esta instituido para impugnar el Auto de Vista, resultando insuficiente las meras alegaciones de defecto por inobservancia del artículo 323 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley Nro. 007 del 18 de mayo de 2010, de juzgamiento por Tribunal sin competencia y legitimación y de transgresión de procedimiento en la audiencia de medidas cautelares y audiencia del juicio oral y ordinario e incumplimiento de obligaciones por la autoridad fiscal, referidas además a infracciones en que hubiera incurrido el Ministerio Público, el Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar y el Tribunal de Sentencia de la localidad de Riberalta, toda vez que solo en la medida en que el impugnante exprese adecuada y suficientemente los fundamentos jurídicos del recurso el Tribunal de Casación puede cumplir su función nomofiláctica y garantizar el derecho a la igualdad, función que en el caso resulta imposible de cumplir por la omisión del recurrente.
Sumado a ello, en cuanto a las denuncias de violación de la garantía jurisdiccional del debido proceso y del derecho a la defensa, acusando defectos absolutos, es menester destacar que el recurrente si bien cita los artículos 115, 116 de la Constitución Política del Estado y 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, empero no precisa la forma quebrantada, la restricción o disminución de un determinado derecho fundamental o garantía constitucional y tampoco explica el resultado dañoso o consecuencia procesal presuntamente ocasionado, cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional; de este modo, se incumple con la carga procesal de precisar y acreditar en qué medida dichos aspectos inciden en la presunta vulneración de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en el Código de Procedimiento Penal.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus atribuciones, con la facultad conferida en el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Claudio Arellano Callejas (fs. 312 a 315), impugnando el Auto de Vista Nro. 26/2013 emitido el 16 de julio de 2013 por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni (fs. 258 a 260), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Rocío Zulma Salazar Montero (víctima), Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Riberalta (acusadora particular) contra el recurrente por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente, previsto y sancionado por el artículo 308 bis del Código Penal.

References: artículo 308
 artículo 308
 artículo 323
 artículo 169
 artículo 323
 artículo 169
 artículo 115
 artículo 316
 artículo 169
 artículo 339
 artículo 279
 artículo 417
 artículo 323
 artículo 419
 artículo 323
 artículo 42
 artículo 418
 artículo 308