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Timestamp: 2018-12-17 10:50:13+00:00

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﻿ SENTENCIA 16640 DE ABRIL 10 DE 2008
SENTENCIA 16640 DE 10 DE ABRIL DE 2008
CONTENIDO:IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. LOS HOSPITALES ADSCRITOS O VINCULADOS AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD NO SE ENCUENTRAN SOMETIDOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SUSTANCIALES NI FORMALES CON DICHO IMPUESTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SISTEMA DE SALUD, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO
Sentencia 16640 de abril 10 de 2008
Rad.: 25000-23-27-000-2005-01943-01 (16640)
Actor: Fundación Hospital San Carlos
De acuerdo con el recurso de apelación corresponde a la Sala determinar la legalidad de la actuación administrativa mediante la cual la administración distrital liquidó oficialmente el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros de los seis bimestres de los años gravables 1997, 1998, 1999 y los cinco bimestres de 2000.
Respecto a las entidades promotoras de salud el artículo 177 de la misma Ley 100 las define como “las entidades responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del fondo de solidaridad y garantía ...”.
Por otro lado las instituciones prestadoras de servicios de salud según el artículo 156 de la Ley 100 de 1993 son “entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del sistema general de seguridad social en salud, dentro de las promotoras de salud o fuera de ellas (...)”.
AI respecto esta corporación expresó:
El criterio expuesto, que se reitera en esta oportunidad, reconoce la vigencia del artículo 5º de la Ley 10 de 1990, en consideración a que, tal como lo precisara la Sala en la sentencia de 22 de abril de 2004, Expediente 13224, M.P. Germán Ayala Mantilla, el sistema de seguridad social en salud que desarrolló la Ley 100 de 1993 en nada afecta la no sujeción subjetiva del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, si se tiene en cuenta el criterio teleológico de la norma en virtud del cual se concluye que “la intención del legislador del año 1983 fue no someter al cumplimiento de ninguna de las obligaciones sustanciales ni formales relacionadas con el impuesto de industria y comercio, cuando las entidades de salud estuvieran organizadas como clínica u hospitales y se ocupan de un servicio público de salud”.
No obstante, es necesario precisar que si bien los recursos que perciban las clínicas y hospitales destinados al servicio público de salud, no son susceptibles de ser gravados con el impuesto de industria y comercio, en virtud de lo previsto en el artículo 39 de la Ley 14 de 1983, por disposición del artículo 11 de la Ley 50 de 1984 (3) , no corren la misma suerte, es decir, están sujetos al gravamen los recursos provenientes de actividades industriales y comerciales, que no sean propias de las entidades hospitalarias.
— Según certificación de la dirección de desarrollo de servicios de salud de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (fl. 35) por Resolución 3989 de abril 30 de 1976 del Ministerio de Salud, se reconoció personería jurídica a la entidad denominada Fundación Hospital San Carlos como entidad privada sin ánimo de lucro perteneciente al sistema general de seguridad social en salud.
— De los estatutos de la actora (fl. 638 c.a.) se establece que la fundación tiene por objeto (i) la prestación de servicios integrales de salud, en sus áreas de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, de manera prioritaria a los ciudadanos más pobres que lo requieran, y (ii) adelantar acciones en el área de la investigación y la docencia.
De acuerdo con los anteriores documentos y las normas analizadas, esta corporación advierte que la fundación actora en su condición de entidad privada sin ánimo de lucro y cuya actividad específica es la prestación de servicios de salud especializados, se encuentra amparada por la exclusión del impuesto de industria y comercio.
En efecto, se advierte que la demandada sostiene que la actora percibió ingresos por actividades diferentes a los servicios de salud que deben ser gravados, razón por la cual la Sala procederá a analizar las glosas propuestas con el fin de determinar si corresponden a actividades industriales o comerciales de conformidad con el artículo 11 de la Ley 50 de 1984.
En primer término precisa esta corporación que de la lectura de los actos administrativos demandados se observa que los ingresos discutidos por la administración fueron los correspondientes a rendimientos financieros y arrendamientos, en torno a los cuales giró la discusión en vía gubernativa y que fueron objeto de la presente demanda.
Ahora bien, de los estatutos de la actora se puede establecer en cuanto a su naturaleza que es una persona jurídica de derecho privado regulada por los artículos 650 y 652 del Código Civil y que para el desarrollo de su objeto puede realizar los actos y operaciones necesarios para cumplir o facilitar el cumplimiento de sus objetivos. Así las cosas, se advierte que la demandante es una fundación de beneficencia, sin ánimo de lucro y que como persona jurídica no está integrada por personas sino por un patrimonio o conjunto de bienes.
En relación con los rendimientos financieros, no obstante la deficiente motivación del acto en cuanto a las pruebas que sustentan la glosa, la Sala advierte que resulta del giro ordinario de los negocios de una sociedad tener su capital en cuentas bancarias las cuales les producen determinados rendimientos, sin que ello constituya por sí sola y para el caso una actividad comercial sujeta al impuesto de industria y comercio, dada la naturaleza social de la actora y su objeto dentro del cual no están previstas las inversiones o cualquier otra actividad que le reporte réditos de capital. Tampoco hace parte de los actos a que hace referencia el artículo 35 de la Ley 14 de 1983 en concordancia con el 20 del Código de Comercio, teniendo en cuenta que lo analizado para el caso de las instituciones prestadoras de salud se encamina, como se advirtió, a determinar actividades comerciales o industriales sujetas al impuesto en cuestión.
De otra parte, frente al arrendamiento de bienes, de las pruebas aportadas al proceso se observa que la fundación actora entregó varios edificios (apartamentos, consultorios, parqueaderos) a la sociedad Castañeda y Cía. Ltda., Cobrac’s, para que esta última los administre en arrendamiento por su cuenta y riesgo (fl. 87). Al respecto se advierte que de conformidad con el numeral 2º del artículo 20 del Código de Comercio solo constituye actividad comercial “La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos”, sin que en el sub examine la parte demandada haya demostrado que la fundación actora haya adquirido tales bienes para subarrendarlos, lo cual impide configurar tal actividad como comercial. Además la entrega de aquellos a una sociedad inmobiliaria para su administración no configura un acto mercantil.
Finalmente, precisa la Sala que no resulta aplicable al caso concreto lo expresado por esta corporación en la sentencia de 5 de mayo de 2000, Expediente 9741, consejero ponente doctor Delio Gómez Leyva, por cuanto el supuesto de hecho allí analizado difiere sustancialmente del caso ahora discutido pues en aquella oportunidad se estudió el arrendamiento directo de establecimiento de comercio propio por sociedad comercial, mientras que en el sub examine versa sobre el arrendamiento de edificios a través de inmobiliaria por una institución prestadora de servicios de salud.
Por lo antes analizado, esta corporación confirmará la decisión apelada que anuló los actos administrativos demandados.
CONFÍRMASE la sentencia del 14 de febrero de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”.
(1) Sentencias del 2 de marzo de 2001, Expediente 10888, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; del 10 de junio de 2004, Expediente 13299, C.P. Elizabeth Whittingham García; del 9 de diciembre del 2004, Expediente 14174, C.P. Ligia López Díaz, y de mayo 5 de 2005, Expediente 14442, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 2 de marzo de 2001, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, Expediente 10888.
(3) ART. 11.—Cuando las entidades a que se refiere el artículo 39, numeral 2º, literal d) de la Ley 14 de 1983 realicen actividades industriales o comerciales serán sujetos del impuesto de industria y comercio en lo relativo a tales actividades.

References: artículo 177
 artículo 156
 artículo 5
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 35
 artículo 20
 artículo 39