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Timestamp: 2017-11-24 14:34:47+00:00

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diciembre | 2013 | Nuestra Opinión
La decisión de la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Columbia en el caso de Klayman et al. v. Obama
Posted on 26/12/2013 por minhpuertorico
El pasado 16 de diciembre de 2013 el Juez federal Richard J. Leon de la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Columbia determinó la inconstitucionalidad de las órdenes para la recopilación de información en masa de los récords telefónicos de los ciudadanos estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA por sus siglas en inglés).
El pasado 5 de junio de 2013 el periódico inglés The Guardian publicó una confidencia hecha por el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos Edward Snowden. En ella indicaba que dicha agencia tenía un programa con el cual desde hacía años se obtenía información en bloque de las comunicaciones, tanto de ciudadanos estadounidenses hechas a través de sus teléfonos con otras localidades en el exterior, como aquellas hechas dentro de Estados Unidos a través de la compañía de teléfonos Verizon. Esta práctica permitió a la NSA obtener en forma indiscriminada los récords telefónicos de millones de ciudadanos estadounidenses independientemente estuvieran realizando o no una actividad que afectara la seguridad de Estados Unidos.
Los demandantes en dos casos examinados por el tribunal son el abogado Larry Klayman, fundador de la organización ¨Freedom Watch¨ y Charles Strange, padre del exmiembro de las fuerzas especiales de Estados Unidos conocidas como SEAL´s perteneciente al ¨Team VI¨ de nombre Michael Strange, fallecido en un accidente de un helicóptero junto a su equipo en Afganistán en el año 2011. Un segundo caso añadió al primero a las compañías Yahoo, Facebook, Google, Microsoft, Youtube, AOL, PalTalk, Skype, ATT y Apple, ampliando una solicitud de paralización de la referida práctica de acceso a los registros de los ciudadanos a sus comunicaciones por internet, mensajes de texto, imágenes, etc. ordenadas por las llamadas ¨Cortes sobre Vigilancia de Inteligencia Extranjera¨(Foreign Intelligence Surveillance Court, FISC) bajo la Ley ¨Ley de Vigilancia de Inteligencia Extrajera¨ (FISA por sus siglas en inglés) de 1978. Bajo esta ley el Congreso autoriza y reglamenta la vigilancia de comunicaciones electrónicas extranjeras a nombre de la seguridad nacional.
Bajo la Ley PATRIOT de 26 de octubre de 2001 (¨Uniendo y Fortaleciendo a América Proveyendo las Herramientas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo¨ por su nombre en español) y más adelante, por su ampliación bajo el ¨PATRIOT Improvement and Authorization Act¨ de 9 de marzo de 2005, se amplió el ámbito de estas cortes creadas por la FISA para incluir comunicaciones electrónicas de ciudadanos estadounidenses en territorio de Estados Unidos, incluyendo desde 1998 los récords de los negocios y otros tipos de objetos tangibles. Para fines de estas disposiciones, a partir de 2005, los agentes del FBI tan solo tienen que demostrar ante estas cortes que las órdenes para obligar a producir los registros o información, sobre bases razonables, podrían ser relevantes a una investigación antiterrorista o que involucre la seguridad nacional de Estados Unidos. La Sección 1861 de esta Ley provee para que el Procurador General de Estados Unidos, mediante Orden Ejecutiva, en este caso la Orden Ejecutiva Núm. 12,333, establezca los procedimientos a seguir para la obtención de dichas órdenes ante las cortes creadas por FISA. Estas órdenes solo pueden ser revisadas discrecionalmente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Las apelaciones se radican selladas para mayor secretividad.
El programa desarrollado por la NSA para la obtención de estos ¨mega registros de datos¨, de acuerdo con lo expresado por el Juez Leon, permitiría que de un número de teléfono que bajo el programa de vigilancia se detecte, se recopilen todas las llamadas que hacia y desde el mismo se hayan hecho en un periodo de cinco años, pudiendo a su vez, con relación a cada una de ellas establecerse una vigilancia similar; es decir, si se detectaran 100 llamadas, también sobre cada una de ellas se establecería el mismo patrón durante los cinco años en cuestión. Cien llamadas serían capaces de generar la vigilancia de 10 mil llamadas y estas 10 mil llamadas, a su vez, generar 1 millón. Indica la Opinión que desde octubre de 2013 estas cortes habían autorizado 35 Órdenes de interceptación.
Al declarar este programa de interceptación inconstitucional por violar la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que establece el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, residencias, papeles y efectos contra registros y allanamientos irrazonables; y que nadie sea objeto de un registro sin que previamente se emita una Orden basada en justa causa y bajo juramento, donde se describa el lugar a ser registrado y las personas o cosas a ser objeto del registro, el Juez Leon indica que las órdenes emitidas en discusión violan las expectativas de privacidad que la sociedad reconoce como razonables. Así las cosas, señala que la recopilación indiscriminada de mega datos telefónicos de cientos de millones de ciudadanos sin que exista evidencia de delito o de acciones indebidas y su retención por períodos de cinco años y su utilización en investigaciones sin ningún tipo de control judicial sobre los sujetos de investigación, constituye una violación contraria a la Cuarta Enmienda. Tal actuación por parte del Estado crea, a juicio del Juez Leon, un contexto ¨orweliano¨ en clara referencia a la novela de George Orwell, titulada 1984, donde se narra la realidad de un estado que se vale de las tecnologías disponibles para crear una sociedad vigilada por el llamado ¨Hermano Mayor¨, que constantemente interviene e incide en la privacidad de los ciudadanos creando un permanente ¨Estado de excepción¨.
Algunos datos que nos ofrece la Opinión del Tribunal para sustentar el alcance de las interceptaciones que pueden llevarse a cabo bajo las órdenes gestionadas bajo FISA no dejan de llamar nuestra atención. Indica el Tribunal que de acuerdo con el Censo de 1979, durante ese año 71,958,000 millones de hogares en Estados Unidos tenían teléfonos frente a 6,614,000 que no tenían. Por su parte, a la altura de diciembre de 2012 existían en Estados Unidos 326,475,248 personas con servicios de conexión móvil de los cuales 304 millones aproximadamente era con teléfonos celulares mientras 22 millones lo tenían mediante computadoras, tabletas y módems. Para finales de 2011 había en Estados Unidos 298.3 millones de personas que en sus móviles tenían servicios de mensajes de voz. El número de teléfonos celulares creció entre 1984 y 2013 más de 3 mil veces.
Señala el Tribunal que los servicios de teléfono en Estados Unidos se han convertido tan parte de la vida cotidiana de sus ciudadanos que hoy día les asisten en mapas, música, fotografías, como encendedores en los conciertos de rock, alterando sus patrones de vida al extremo que su uso puede configurar el tipo de personalidad del usuario, sus gustos y preferencias y hasta elementos muy privados desde el punto de vista sus vidas individuales. Por eso, la privacidad de esos seres humanos que utilizan estos sistemas de comunicación sí debe estar también protegida contra registros irrazonables. Por lo tanto, la recopilación de información gestionada a través del programa de la NSA, en la forma en que se lleva a cabo, es un registro irrazonable en contravención de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La Opinión indica que la posición del gobierno en el caso se sostiene en generalidades y no en datos suficientes que permitan al tribunal concluir contrario a lo decidido. De hecho, cita al Director Adjunto del FBI reconociendo que esa recopilación de mega datos obtenida a través de las órdenes procuradas a través del programa de la NSA, en ocasiones lo que ha provisto es información que por otras vías el FBI hubiera podido tener acceso utilizando otros métodos y técnicas investigativas. Señala el Juez Leon que ¨no puede imaginar una invasión más ´arbitraria´ y ´discriminatoria´ que la sistematización de este método de vigilancia, recopilación y retención de datos personales con alta tecnología de prácticamente todos los ciudadanos¨ sin que se haya hecho con el debido análisis y aprobación judicial. Ese proceder, indica, viola el ¨grado de privacidad¨ que los que redactaron la Cuarta Enmienda de la Constitución procuraron proteger. Permitirlo sería equivalente a la renuncia de la libertad del pueblo por un ¨gradual y silente¨ encierro de esa libertades.
A la vez que declara inconstitucional la práctica seguida por la NSA y concede los remedios de injunction solicitados por los demandantes, el Juez Leon indica que durante los próximos seis meses dejará en suspenso su decisión a los fines de que el Gobierno lleve a cabo el proceso de apelación contra su sentencia. Así lo indica reconociendo que en contra de la misma se levantarán argumentos invocando la seguridad nacional de Estados Unidos. No obstante, advierte, que el Gobierno debe desde ahora dar los pasos concretos para en tal término cumplir con lo dispuesto por la Sentencia ante la eventualidad de que la misma se sostenga.
Ciertamente, por su contenido y alcance el gobierno de Estados Unidos apelará la decisión del Juez Leon. Sin embargo, puede también ocurrir que el Estado, consciente de la consecuencia que la Sentencia tendría de no prevalecer, desde ahora comience a dar pasos concretos a los fines de desmantelar los programas de recopilación de información como hasta el presente lo ha hecho, sustituyendo los mismos por otros medios que sí enmarquen en las protecciones que la Opinión del Juez Leon aspira a reivindicar. Se trata de una Opinión valiente en momentos muy difíciles para la vigencia de los derechos constitucionales protegidos por la Constitución de Estados Unidos en este país.
“Nos parece una excelente idea la propuesta del Monseñor González Nieves para que como salida al impase y en deferencia a los afectados, se nombre un comité compuesto por el Presidente de la Cámara, el Presidente del Senado, un representante de Fortaleza y dos representantes del magisterio, para que luego de evaluar con serenidad y ponderación las diversas propuestas que existen para sacar del atolladero a dicho sistema de retiro, le sometan al País un informe con sus recomendaciones”, expresó Héctor L. Pesquera, copresidente del MINH.
“Sabemos que hay muchas ideas que no se han considerado, ni por Fortaleza ni por la Legislatura. De nuestra parte, como algo que puede hacer el gobierno ahora para salirse del chantaje de Moody’s y otras agencias acreditadoras, le proponemos al Gobernador y a la Legislatura que se pongan a la ofensiva, que siempre ha sido la mejor defensa. Que se legisle un impuesto del 10% a las ganancias millonarias que obtienen las casas de corretaje en Puerto Rico. Esos fondos serian depositados en los sistemas de retiro, tanto al magisterial, al de la UPR que ya fue amenazado por Moody’s, así como al gubernamental. Con esos millones que se obtendrían de UBS, Santander Securities, Paine Weber y muchos otros manejadores de fondos mutuos se solventaría la crisis sin afectar el bolsillo de los trabajadores a los que les llega la edad del retiro después de haber aportado al país por muchos años. Eso sería lo justo. Y con toda seguridad, se sacarían de encima el chantaje y la presión de las casas acreditadoras”, aseguró Pesquera.
Pesquera anunció que “mañana lunes estaremos frente al Capitolio a las 12 del mediodía para reclamar que se detenga por el Senado la aprobación atropellada de la ley que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes”.
MINH repudia despojo a maestros de sus derechos
Posted on 18/12/2013 por minhpuertorico
(San Juan, 18 de diciembre, 2013.- El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) repudia los intentos que se realizan desde la rama ejecutiva para despojar a los maestros y maestras del País del derecho básico de contar con un retiro digno una vez hayan cumplido con sus años de servicio.
El gobernador Alejandro García Padilla demuestra el mayor desprecio hacia los trabajadores de la educación que dedican su vida, en medio de las más adversas condiciones, a contribuir a la formación intelectual y moral de nuestra niñez y juventud.
Las medidas propuestas, que incluyen una disminución sustancial en la pensión que recibirían los educadores, así como un aumento en la edad de retiro, lanzarían a la pobreza a los maestros(as) que se jubilen y desestabilizan las expectativas de cierto nivel de seguridad en el futuro. Es importante recordar que la pensión es el único ingreso con el que cuentan los(as) maestros(as) retirados, pues no reciben Seguro Social.
De igual manera, rechazamos la pretensión de la agencia evaluadora Moody´s Investors Service de dictar la política pública en Puerto Rico, erigiéndose en la práctica en un supergobierno que imparte instrucciones a los funcionarios electos por el pueblo puertorriqueño. Esos funcionarios, comenzando por el gobernador, deben clarificar públicamente sus lealtades y explicar si obedecerán al mandato constitucional que hace de la educación un derecho fundamental o a los caprichos del capitalismo internacional, expresados en esta ocasión a través de Moody´s. No es compatible defender la educación pública en Puerto Rico y, a la vez, pisotear los derechos de los educadores.
Reconocemos la necesidad de tomar medidas a favor de un Sistema de Retiro para Maestros (SRM) que ha sido golpeado por décadas de deficiencias administrativas bajo gobiernos populares y penepés. Pero éstas no pueden ser tomadas bajo el chantaje de Moody´s ni condenando a la indigencia a la clase magisterial. García Padilla debe darle consideración seria a las propuestas presentadas por las organizaciones de maestros. Entre ellas sobresalen que el gobierno cumpla con sus propias leyes y pague lo que le debe al SRM y que se aumente el impuesto a las empresas foráneas que, por cierto, se enriquecen con el trabajo de los puertorriqueños y puertorriqueñas, la mayor parte de los cuales han sido educados en el sistema de educación pública.
El MINH se solidariza con la lucha que están desarrollando los maestros y maestras y apoya las acciones que decidan realizar a favor de sus derechos como trabajadores y de la educación pública puertorriqueña. Dada la importancia que reviste esta situación, es necesario que el más alto nivel de unidad y madurez sindical dirija estas acciones, desde las que se decidan en cada escuela hasta el trabajo coordinado entre los líderes de cada organización magisterial. A su vez, los justos reclamos de los trabajadores de la educación merecen el apoyo de todo el movimiento sindical del País, particularmente de los que representan a otros trabajadores del sector público.
Finalmente, exhortamos al pueblo a apoyar esta lucha justa, recordando que la más importante inversión que puede hacer una nación es en la educación de las presentes y futuras generaciones.
Posted on 11/12/2013 por minhpuertorico
MINH: Condolence Letter to President Zuma on Mandela’s Death
Posted on 10/12/2013 por minhpuertorico
H. E. Jacob Gedleyihlekisa Zuma
In this solemn day of President Nelson Mandela´s crossing into the realm of immortals, the Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) from Puerto Rico, joins the South African people in praising his life and legacy.
For many years while South Africa was still suffering under the yolk of apartheid, the ANC always tendered a friendly hand in solidarity with the struggle of independence of the people of Puerto Rico. Under Mandela´s leadership your people prevailed against the hideous apartheid system. Mandela, as the symbol of your struggle, demonstrated to the world that with determination and commitment the stride towards freedom cannot be detained.
Long live the shinning example of Mandela for generations to come¡ Peace and prosperity for all your people¡
Héctor L. Pesquera Sevillano / Wilma E. Reverón Collazo / Julio A. Muriente Pérez
Copresidentes del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH-Puerto Rico)
Carta de condolencias al Presidente Zuma ante fallecimiento de Mandela
En este día solemne en el cual Presidente Nelson Mandela ha transitado al Reino de los inmortales, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) de Puerto Rico, se une el pueblo sudafricano en la celebración de su vida y de su legado.
Por muchos años mientras Sudáfrica aún estaba sufriendo bajo el yugo del apartheid, el ANC siempre tendió una mano amiga en solidaridad con la lucha por la independencia del pueblo de Puerto Rico. Bajo el liderazgo de Mandela su pueblo prevaleció contra el oprobioso sistema de apartheid. Mandela, símbolo viviente de la lucha de su pueblo, demostró al mundo que con determinación y compromiso el paso hacia la libertad no podrá ser detenido.
¡Viva el luminoso ejemplo de Mandela para las generaciones por venir¡ ¡Paz y prosperidad para todo su pueblo!
MINH se une a duelo internacional por Mandela
El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico (MINH) se unió al duelo por el fallecimiento del expresidente sudafricano Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano, luchador contra el apartheid que sufrió estoicamente 27 largos años de encarcelamiento por su sueño de reconstrucción de una nueva Sudáfrica.
‘’En este día solemne en el cual Presidente Nelson Mandela ha transitado al Reino de los inmortales, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) de Puerto Rico, se une el pueblo sudafricano en la celebración de su vida y de su legado’’, concluyó la abogada y dirigente hostosiana.
MINH llama a Comité de Obama a reconocer daños del colonialismo
San Juan, 3 diciembre 2013.- El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) hizo un llamado a los miembros del Comité Especial enviado a Puerto Rico por Barack Obama para investigar las finanzas del País a “agarrar el toro por los cuernos” y reconocer que el colonialismo ha sido el factor principal de la debacle económica y social en que se encuentra el País.
“El mejor servicio que puede rendirle ese Comité de funcionarios federales enviado por Barack Obama a la isla, es reconocer que la institución del colonialismo es arcaica, disfuncional, que ha representado una camisa de fuerza para nuestro desarrollo económico y aceptar que nos han causado grave daño”, expresó Héctor L. Pesquera, Copresidente del MINH.
“Su mejor ‘consejo’ debe ser que Washington viabilice la descolonización, que saque las manos de Puerto Rico, que cese la intervención federal en nuestros asuntos y sean facilitadores en el fin de la subordinación política actual, para que los nacionales podamos ser los protagonistas de organizar nuestras vidas y nuestro País sin la camisa de fuerza que representa el colonialismo para nuestro desarrollo”, añadió Pesquera.
El dirigente hostosiano recalcó que “nos dirán que hay que combatir la corrupción, el despilfarro, la dependencia y la incompetencia. Para eso no tenían que venir de tan lejos. No necesitamos que venga ningún sabio a decirlo. La verdadera intención y encomienda de Casa Blanca al enviar dicho Comité Asesor es proteger los intereses de los inversionistas de Wall Street en los bonos municipales de Puerto Rico”.
Asimismo, Pesquera denunció que ese comité “se presentan a la isla como los salvadores, como si la explotación colonial a la que hemos sido sometidos durante los pasados 115 años no tuviera nada que ver con la quiebra del apartado colonial. Pretenden ignorar que la destrucción sistemática de la agricultura en la isla y la dependencia extrema a que nos han sumido fue parte de un plan preconcebido para esclavizarnos de sus productos; como si la imposición a Puerto Rico de las Leyes de Cabotaje no tuviera nada que ver con el alto costo de visa en el país; como si las grandes cadenas multinacionales establecidas en gigantescos centros comerciales no tuviera nada que ver con la quiebra de miles de medianos y pequeños comerciantes en los cascos urbanos; como si la intervención de la Corte Federal no tuviera nada que ver con la quiebra de las farmacias de comunidad o con la quiebra de decenas de ganaderos al favorecer a los inversionistas extranjeros con sus imposiciones judiciales; como si la prohibición de que podamos establecer relaciones comerciales con otros países vecinos no tuviera que ver con la incapacidad del gobierno colonial de salir de la insolvencia”.
“Ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca,
nuestra Patria dejará de ser nuestra” (Eugenio María de Hostos)
La crisis económica, social, política y estructural por la que atravesamos, ¿retrasará o adelantará la solución del problema colonial de Puerto Rico? El cacareado discurso de los colonialistas, sobre todo en el sector más conservador del PPD, de que lo que hay que atender son los problemas económicos del País, el desempleo y la inseguridad en las calles, se desempolva nuevamente ante el planteamiento centenario de que para sobrevivir como sociedad necesitamos de los poderes soberanos que nos han sido conculcados por Wáshington.
Sin abandonar las medidas de sobrevivencia necesarias –combatir la corrupción, el despilfarro, la dependencia y la ineptitud- si nos entretenemos poniéndole parches a la estructura colonial, estaremos dándole respiración artificial al moribundo estatus de subordinación política en que nos encontramos. Esto ha sido precisamente el impedimento histórico que hemos arrastrado para tomar las medidas valientes que requieren estos tiempos de crisis.
La invasión militar a Puerto Rico del 1898 que llevó a cabo Estados Unidos para asegurar sus intereses geopolíticos en la región del Caribe, fue la primera etapa de la presente era colonial. Luego de la ocupación militar de la isla, en la década del 1930 se instaló en el territorio ocupado el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, cuyo propósito principal fue reprimir al creciente movimiento nacionalista que se vivía en la isla y asegurarse de castigar a los que atentaran contra los intereses económicos y militares de Estados Unidos en la nación ocupada. Los dueños de la centrales azucareras y los inversionistas extranjeros necesitaban ese instrumento para sentirse cómodos, más aún ante las huelgas y los reclamos de los trabajadores de la caña.
Ahora el colonialismo se viste de otra forma: se disfraza de un comité de “expertos” de la Casa Blanca que viene a “asesorar” al Gobierno de Puerto Rico de cómo debe atender la crisis económica, claro está, dentro del marco constitucional de Estados Unidos. Puerto Rico ya no les interesa como un enclave militar para Wáshington. Al menos no como le interesó en el 1898. El ejército ya no necesita soldados para garantizar sus intereses militares en la región. Ahora lo que les importa, más que nada, es defender sus intereses económicos. Puerto Rico es un mercado cautivo que le genera a los dueños del capital que han invertido en la isla, unas ganancias anuales de $36,000 millones.
El Comité Asesor de Wáshington se presenta a la isla con una desfachatez, falsa representación e hipocresía espantosas. Son unos carifrescos. Como si la explotación colonial a la que hemos sido sometidos por ellos durante los pasados 115 años no tuviera nada que ver con la quiebra del apartado colonial. Como si la destrucción sistemática de la agricultura en la isla y la dependencia extrema en que nos han sumido no fuera parte de un plan preconcebido para esclavizarnos de sus productos; como si las llamadas Leyes de Cabotaje, que no son otra cosa que un impuesto imperial a la navegación, no tuviera nada que ver con el alto costo de visa en Puerto Rico; como si las grandes cadenas establecidas en gigantescos centros comerciales no tuviera nada que ver con la quiebra de miles de medianos y pequeños comerciantes en los cascos urbanos; como si la intervención de la mal llamada Corte Federal no tuviera nada que ver con la quiebra de las farmacias de comunidad o con la quiebra de decenas de ganaderos al favorecer a los inversionistas extranjeros con sus imposiciones judiciales; como si la prohibición de que podamos establecer relaciones comerciales con otros países vecinos no tuviera que ver con la incapacidad del gobierno colonial de salir de la insolvencia. Como si la debacle fuera responsabilidad exclusiva de la ineptitud, incompetencia y la mediocridad de los puertorriqueños para atender sus asuntos.
No vamos a negar que la incompetencia, la corrupción y el despilfarro hayan abonado al deterioro social y económico. Eso podemos estipularlo. Pero ese factor es minúsculo, insignificante, al compararlo con el saqueo a que hemos sido sometidos por más de cien años. Pero ese Comité no viene a bregar con el saqueo imperialista que viene ocurriendo en su colonia caribeña. Viene a asegurar que las medidas que se tomen no vayan a atentar contra los intereses de sus inversionistas en la isla.
En un gesto vergonzoso los voceros del gobierno colonial le dan la bienvenida al equipo de intervención enviado por Casa Blanca en lugar de señalar responsabilidades y exigir con dignidad que se le ponga fin al sistema colonial imperante y se viabilice la reconstrucción de la economía nacional.
Quienes sostengan que tenemos que posponer la discusión del estatus para atender la crisis económica y social en que nos encontramos se hace cómplice del imperialismo o se pierde ante el árbol sin poder mirar el bosque, o ambas cosas. No sigamos dándole vueltas a la noria. Como decía Juan Mari Brás, cuyo natalicio celebraremos el 2 de diciembre, “la colonia es ingobernable”.
Seis décadas desde la aprobación de la Resolución 748 (VIII) de la ONU: el engaño del ELA
La Carta de las Naciones Unidas consigna en su Capítulo XI, Artículo 73, que aquellos estados ¨que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud de gobierno propio¨, tienen hacia los habitantes de tales territorios, entre otras, la obligación de ¨desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y ayudarles en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto.¨ En tal virtud, contempla dicho artículo la obligación de tales estados de ¨transmitir regularmente al Secretario General información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios.¨
Mediante la Resolución 648 (VII) de la ONU, el organismo internacional, atendiendo al contenido de su Resolución previa 222 (III) de 3 de noviembre de 1948 que disponía que debía mantenerse informado a dicho Organismo de ¨cualquier cambio en el status constitucional de todo territorio no autónomo¨, determinó que ¨para considerar que un territorio tiene autonomía en asuntos económicos, sociales o educativos, es indispensable que su pueblo haya alcanzado la plenitud del gobierno propio a que se refiere el Capítulo XI de la Carta.¨
El 18 de enero de 1952 la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 567 (VI) estableciendo un procedimiento ¨para decidir si un territorio es o no un territorio cuyo pueblo no ha alcanzado todavía la plenitud de gobierno propio¨. En su Anejo, la Resolución incorpora los elementos definitorios mediante los cuales podría hablarse de que un territorio ha alcanzado ¨la libre expresión de la voluntad de la población¨ estableciendo, a tales efectos, dos medios principales, a saber: (a) el logro de la independencia; (b) ¨la unión del territorio a base de igualdad en lo referente al status político, con las otras partes constitutivas de la Metrópoli o con otro país, o su asociación en las mismas condiciones de igualdad con la Metrópoli o con otro país o países.¨
Sin que se entienda como una lista exhaustiva, la Asamblea General dispuso como factores esenciales a tomar en cuenta para decidir si un territorio no autónomo había alcanzado la plenitud de gobierno propio: (a) ¨el suficiente adelanto político de la población para que ésta pueda pronunciarse conscientemente sobre el destino futuro del territorio¨; y (b), la ¨opinión del territorio, expresada libremente, con conocimiento y por medios democráticos acerca del status político del territorio o del cambio de ese status político deseado por la población¨.
3. Jurisdicción en lo económico y lo social: Completa autonomía interna para los asuntos económicos y sociales.¨
Los anteriores criterios para definir cuándo un pueblo había alcanzado un grado de autonomía interna que permitieran decidir si se trata o no de un territorio no autónomo y en consecuencia si habrían de ¨regir las obligaciones enunciadas en el Capítulo XI de la Carta¨ de la ONU, fueron reafirmados mediante la Resolución 742 (VIII) de la Asamblea General de 27 de noviembre de 1953. Una mera lectura de ellos y su comparación con el actual régimen de relaciones de Estados Unidos con Puerto Rico demuestra el incumplimiento con los requisitos uno y tres antes mencionados.
Ya desde antes, el 17 de septiembre de 1951 el gobierno de Estados Unidos había informado a la Organización de las Naciones Unidas la aprobación por parte del Congreso de la Ley 600 de 1950. En ella se autorizaba al pueblo de Puerto Rico a votar en referéndum si deseaba o no redactar una Constitución mediante el mecanismo de una ¨convención constitucional¨ la cual ¨pueda organizar un gobierno basado en una constitución adoptada por él mismo.¨ La constitución, sin embargo, conforme a dicha ley congresional, quedaba sujeta a que el presidente de Estados Unidos la enviara al Congreso para su aprobación ¨si él llega a la conclusión de que tal constitución está de acuerdo con las disposiciones aplicables de esta Ley y de la Constitución de los Estados Unidos.¨ La Constitución de Estados Unidos establece en su Artículo IV, Sección 3, que el Congreso ¨podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos.¨
Al ser votada por el Pueblo de Puerto Rico la Constitución del Estado Libre Asociado el 4 de febrero de 1952, y proclamada por el Gobernador Luis Muñoz Marín el día 21 de febrero de 1952, su texto fue enviado a la consideración del Presidente de Estados Unidos. En el proceso seguido ante el Congreso de Estados Unidos, sin embargo, se aprobó la Ley Núm. 447 de 3 de marzo de 1952. Mediante ésta se condicionó la ratificación de la constitución aprobada por el pueblo puertorriqueño a varias limitaciones, entre las cuales se incluyó en el Artículo VII una Sección 3, que establecía que toda modificación futura a la constitución tendría que ser compatible con la Ley 600, la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y las disposiciones aplicables de la Constitución de Estados Unidos.
Ya desde el 20 de marzo de 1953 el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Henry Cabot Lodge, había comunicado al Secretario General de la ONU que su país no continuaría enviando informes sobre Puerto Rico conforme a la Carta de la ONU. Aprobadas las modificaciones por la ¨convención constitucional¨ autorizada por la Ley 600 mediante la Resolución 34 de 10 de julio de 1952, y habiéndose proclamado ese mismo mes el día 25 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Asamblea General de la ONU aprobó el día 27 de noviembre de 1953 mediante votación de 26 votos a favor, 11 votos en contra y 19 abstenciones su Resolución 748 (VIII). Mediante esta Resolución, la ONU concluye que considerando según se le ha indicado ¨que el acuerdo a que han llegado los Estados Unidos de América y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al constituir una asociación política que respeta la individualidad y la fisonomía cultural de Puerto Rico, mantiene los lazos espirituales entre Puerto Rico y la América Latina y constituye un vínculo en la solidaridad continental¨, Puerto Rico ¨ha alcanzado un nuevo status constitucional¨. Indica también en su Resolución que la asociación concertada ha sido de ¨común acuerdo¨; que Puerto Rico ¨ha ejercido efectivamente su derecho de autodeterminación¨; que el pueblo puertorriqueño ha sido ¨investido de atributos de soberanía política¨ que le colocan en el plano de una ¨entidad política autónoma¨, por lo que, en consecuencia, cesa la obligación de Estados Unidos de rendir informes sobre Puerto Rico al amparo del Capítulo XI de la Carta de la ONU.
No obstante lo anterior, en el disponiéndose noveno de la Resolución, se estableció lo siguiente:
¨ Expresa la seguridad de que, conforme al espíritu de la presente resolución, a los ideales expresados en la Carta de las Naciones Unidas, a las tradiciones del pueblo de los Estados Unidos de América y al adelanto político alcanzado por el pueblo de Puerto Rico, se tomará debidamente en cuenta la voluntad de los pueblos de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América tanto en el desarrollo de sus relaciones conforme a su status jurídico actual, como en la eventualidad de que cualquiera de las partes en la asociación concertada de común acuerdo desee modificar los términos de esta asociación.
Desde entonces hasta el presente, todos y cada uno de los esfuerzos hechos por el pueblo de Puerto Rico dirigidos a modificar los términos de dicha asociación con Estados Unidos no han sido atendidos por el Gobierno de Estados Unidos. Ni Puerto Rico ha tenido la posibilidad real de ejercer su derecho a la libre determinación desde el mismo momento en que Estados Unidos invadió al país en 1898; ni el gobierno de Estados Unidos ha adoptado una política de descolonización hacia Puerto Rico. Los intentos de los puertorriqueños por aumentar el grado de gobierno propio establecido desde 1952 han sido igualmente boicoteados o desviados por Estados Unidos. Lo cierto es que la relación colonial y territorial establecida por los Estados Unidos sobre Puerto Rico sigue siendo, al cabo de sesenta años desde la aprobación de la Resolución 748 (VIII), la misma relación de subordinación política existente desde 1898.
Durante la pasada consulta plebiscitaria, aún dentro del marco de la naturaleza no vinculante de ésta, y aún dentro del marco de no cumplir la consulta con los parámetros del derecho a la libre determinación reconocido mediante la propia Resolución 1514 (XV) de la ONU de 14 de diciembre de 1960, que establece que ¨en los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de estos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus derechos libremente expresados y sin distinciones de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas¨, el pueblo puertorriqueño rechazó el estado actual de sus relaciones políticas con Estados Unidos.
Desde el año 1973 el Comité Especial creado por las Naciones Unidas en 1962 al amparo de la referida Resolución 1514 (XV), ha venido asumiendo jurisdicción sobre el caso colonial de Puerto Rico. Ya suman 32 las Resoluciones del Comité de Descolonización de la ONU donde reitera el derecho del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia y el reclamo al gobierno de Estados Unidos de viabilizar tal ejercicio. Sesenta años desde la aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU de la Resolución 748 (VIII) son testigos de la continuidad del carácter colonial de la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico. Contrario a lo dispuesto por la Resolución 748 (VIII), la actual relación de Estados Unidos con Puerto Rico le coloca precisamente como violador de la legalidad internacional, la cual proscribe el colonialismo como una violación fundamental de los derechos humanos de un pueblo.
A sesenta años de distancia desde aquellos eventos de 1953, se amplía hoy en el seno del pueblo puertorriqueño el reclamo de un método para el ejercicio del proceso de descolonización donde se incorporen plenamente todos los sectores políticos del país en la búsqueda de opciones no coloniales y no territoriales. El método propuesto es la Asamblea Constitucional de Estatus. Mediante la misma se definirían fórmulas afines al derecho internacional vigente que permitan poner fin a las actuales relaciones de subordinación política con Estados Unidos. La Asamblea, como depositaria de la soberanía del pueblo puertorriqueño, tendría no solo capacidad para deliberar sino que también estaría dotada de capacidades negociadoras con aquellos organismos competentes del gobierno de Estados Unidos. Su meta iría dirigida a la aprobación y ratificación por parte del pueblo puertorriqueño de fórmulas de relación política futura con Estados Unidos que nos permitan poner fin al coloniaje. En el proceso de negociación, claro está, se irá decantando entre las partes aquella fórmula o fórmulas aceptables sobre las cuales el pueblo puertorriqueño sería quien daría la palabra final. Ésa y no otra, debe ser nuestra agenda descolonizadora.
Cada día transcurrido desde aquel evento de 1953 cuando las Naciones Unidas validaron de alguna manera la falsa representación hecha por el Gobierno de Estados Unidos y la administración colonial en Puerto Rico, afirma la validez de aquella expresión acuñada entonces por Vicente Géigel Polanco al describir al Estado Libre Asociado como una ¨farsa¨ y denunciar al régimen colonial impuesto sobre el pueblo puertorriqueño.
La extrema derecha se organiza y avanza en Europa
Por Alejandro Torres Rivera / Comité Ejecutivo/MINH
En tiempos de crisis, dos tendencias políticas tienen el potencial de hacer avances significativos en el desarrollo de un país: una para el bien de la sociedad, proponiendo mediante diversos métodos de lucha, cambios en las estructuras económicas dirigidos a una mayor redistribución de la riqueza social y ampliación del ejercicio democrático del pueblo en la toma de decisiones; la otra, acentuando los privilegios de clase del sector o sectores económicamente más fuertes y privilegiados, a la par que desarrollando un discurso populista mediante el cual se culpe de los efectos de la crisis a sectores minoritarios ya sean étnicos o religiosos, o sencillamente mayoritarios pero influenciados por determinadas ideologías políticas denominadas extranjerizantes o nocivas a un supuesto bienestar nacional.
En la vida cotidiana, al referirnos a los movimientos que impulsan en momentos de crisis las anteriores opciones, los llamamos derechas o extremas derechas; izquierda o extremas izquierdas. El origen en el uso de los términos ¨derechas¨ o ¨izquierdas¨ en las ciencias políticas para referirnos a posiciones políticas, sin embargo, surge del período sobrevenido luego de la Revolución Francesa. Tomando como base el lugar en el Parlamento recién surgido del proceso republicano donde se sentaban los extremos políticos, liberales y conservadores, se institucionalizó en el lenguaje político el uso de estos términos. También entonces hubo un centro político que se sentaba entre los dos extremos, en ocasiones con un proyecto propio; en otras, haciendo causa común con un extremo u otro.
Con el paso de los años y en función a otras consideraciones como fueron los métodos de lucha política o la precipitación de los cambios o transformaciones políticas o económicas propuestas, incluyendo las divisiones o subdivisiones en determinadas agrupaciones políticas, las izquierdas y derechas también se dividieron en modalidades de sus caracterizaciones iniciales, Así surgen las extremas derechas o izquierdas, todas ellas con sus características propias en cada país; como también las derechas o izquierdas de las izquierdas, o las derechas o izquierdas de las derechas.
En nuestra realidad colonial, el significado de derechas, izquierdas o centro se ha asociado no tanto a categorías económicas o de clase, sino más bien sobre el estatus político, resultando así una ¨izquierda¨ independentista; un ¨centro¨ autonomista o colonialista y una ¨derecha¨ anexionista.
Existe sin embargo hoy en día, fuera del caso particular nuestro, algún consenso generalizado en que las tendencias de ¨derecha¨, todas ellas, tienen como atributos principales los siguientes: el nacionalismo étnico; la afirmación del capitalismo neoliberal en oposición a la intervención del Estado en los procesos económicos; la defensa a ultranza de ciertos valores religiosos tradicionales y oficiales en clara y abierta oposición a otros valores religiosos; un conservadurismo dirigido a hegemonizar en la cultura, las artes, la moral social y la ética; poca tolerancia democrática; anticomunismo en todas sus manifestaciones; y la intolerancia hacia la población inmigrante o extranjera.
En la edición de la página electrónica Global Research del pasado mes de octubre, el compañero Iván Gutiérrez del Arroyo publicó un artículo que tituló Resultados de las elecciones alemanas: Se consolida el apoyo de los megabancos del FMI. Allí el autor señala lo que a nuestro juicio es una verdad incuestionable: en Puerto Rico como pueblo y país ¨sabemos muy poco sobre Europa y el impacto de sus elecciones parlamentarias y sus decisiones económicas y políticas en nuestro diario vivir.¨ En efecto, recién se habían producido las elecciones parlamentarias en Alemania donde su actual Primer Ministro o Canciller Ángela Merkel, postulada para un tercer término por su partido Unión Demócrata Cristiana que formó alianza con la Unión Social Cristiana de Baviera, resultaría reelecta alcanzado un 41.5% de los votos.
La Alianza a la cual responde la Primer Ministro Merkel es un frente político de centro derecha. Alemania que es hoy la principal economía europea. Ha sido en los pasados años el país que ha salido al frente como avanzada política en los llamados rescates financieros a países europeos como Portugal, España y Grecia, por mencionar los más conocidos junto a las fuerzas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La experiencia de los pasados años en estos países demuestran que los llamados rescates financieros fueron dirigidos en primera instancia a asegurar el pago de las deuda de los países beneficiados con los llamados ¨rescates¨ a las instituciones bancarias acreedoras de las deudas públicas de estos países. Estos llamados ¨rescates¨, sin embargo, han conllevado la precarización de las condiciones materiales de vida de la población trabajadora, el empeoramiento de sus términos y condiciones de empleo, la pérdida de beneficios de pensiones, el aumento en la tasa de desempleo y la afectación de servicios públicos esenciales, particularmente en las áreas de salud, vivienda y educación. Sin embargo, contradictoriamente, en lugar de que el agravamiento de tales condiciones materiales de vida haya tenido como resultado el avance y fortalecimiento de una izquierda política, donde se palpa un avance y crecimiento es en el fortalecimiento de las fuerzas políticas de la derecha y extrema derecha.
Nos dice la página electrónica elmundoencifras.com en su edición del 27 de junio de 2013 del avance de la ultraderecha en Europa en países como Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia, Italia, Grecia, Bulgaria, Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia y Hungría. A juicio de esta publicación, el Parlamento Europeo pudiera en breve alcanzar la cifra de 60 diputados provenientes de las organizaciones políticas de extrema derecha de estos países superando los 34 actuales. De acuerdo con la publicación, el país de más avance en el incremento de eurodiputados provenientes de la extrema derecha es el Reino Unido de Gran Bretaña, donde el Partido Independentista (UKP) podría convertirse en la segunda fuerza política del país entre los Conservadores y Laboristas.
Si bien esos 60 eurodiputados representa aún un número pequeño frente a un parlamento integrado por unos 765 diputados, es decir, menos de un 10%, la concertación que pudieran articular entre ellos no debe ser pasada por alto a la hora de moverse como un bloque.
En el caso de Francia, el Frente Nacional, encabezado por Le Pen, podría triplicar el número de eurodiputados electos, mientras que en el caso de Grecia, los neonazis del Partido Amanecer Dorado alcanzarían 4 escaños. En Hungría, el Movimiento por una Hungría Mejor alcanzaría de cuatro a cinco diputados, a la vez que tendría el 16% del electorado en este país centro europeo, En Bulgaria el Partido Unión Nacional Ataque obtendría dos eurodiputados con un 7% del electorado. En Suecia, con un eurodiputado del Partido Demócratas de Suecia, lograrían el 6% del electorado. El Partido de los Auténticos en Finlandia, con dos a tres escaños, obtendría el 19% del electorado. Austria por su parte, el Partido de la Libertad, con un programa abiertamente antiislámico, lograría de cinco a seis diputados. En Italia la Liga del Norte, un partido aliado del partido de Berlusconi, lograría 9 escaños. Finalmente, en los Países Bajos, el Partido de la Libertad, que mantendría su actual escaño en el Parlamento Europeo.
A las anteriores proyecciones se suma el resultado de las elecciones en Noruega efectuadas el pasado 9 de septiembre donde una coalición de centro derecha obtuvo 96 de los 183 escaños parlamentarios. La coalición hecha por el Partido Hoyre (Conservador), junto al Partido del Progreso de extrema derecha, el Partido Demócrata Cristiano y la organización Venstre, unieron sus fuerzas para alcanzar un 54% de los votos venciendo a la coalición de centro izquierda integrada por el Partido Laborista, el Partido del Centro, el Partido de la Izquierda Socialista que obtuvo el 40.4% de los votos. El Partido Verde, por su parte, obtuvo el 2.8% de los votos.
Según relata la página electrónica www.dw.de/ue, en los planes de esta extrema derecha europea se encuentra la coordinación de esfuerzos para las elecciones de 2014 al Parlamento Europeo centrando su atención en los temas de la inmigración, las políticas de ahorro—que dicho sea de paso, van de la mano con las medidas de choque impuestas por el FMI como parte del llamado rescate de las economías de algunos países de la Unión Europea–, la salida de sus países de la Unión Europea y el rechazo al Euro como moneda estándar de la Unión Europea. Se señala que un elemento que favorece la ampliación de la participación de estos partidos de la extrema derecha en la elección de eurodiputados es la baja participación electoral que se da en cada uno de estos países para la elección de los eurodiputados, a diferencia de la participación en las elecciones internas de cada país para escoger sus parlamentarios. Se indica que mientras en las últimas elecciones para elegir los eurodiputados hubo una participación de 43%, la misma contrasta con la participación de entre un 60-70% en los comicios generales.
El pasado 20 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 67/154 sobre la Glorificación del nazismo: inadmisibilidad de ciertas prácticas que contribuyen a alimentar formas contemporáneas de racismo, discrimen racial, xenofobia e intolerancias relacionadas. La Resolución, auspiciada por la Federación Rusa y otros 35 países, incluyendo Israel, la República Islámica de Irán, Cuba, la República Democrática de Corea y Paquistán, entre otros países, expresa su profunda consternación por eventos recientes donde se glorifica el régimen ¨nazi¨, a sus tropas de la SS, el levantamiento de monumentos para rememorar el pasado del movimiento ¨nazi¨, e incluso, la promoción mercantil de productos alusivos a formas de explotación y abuso desarrollado por el régimen ¨nazi¨. Tal es el caso de la campaña publicitaria de píldoras para adelgazar ¨Dr. Mengele¨, anunciando cómo perder libras de peso al igual que aquellos que sufrieron los horrores de los campos de concentración de Buchenwald.
Lo trágico en lo anterior es que veintidós países europeos no respaldaron la Resolución absteniéndose de votar a favor de ella, mientras países claramente enemigos como Siria e Israel, o Israel y la República Islámica de Irán, se unieron en el rechazo al nazismo o neonazismo según expresado en la Resolución.
El escenario europeo resulta, además, complejo en cuanto a la descomposición política e ideológica de una izquierda tradicional del período de la postguerra frente el avance político de una nueva derecha o extrema derecha. Cada vez se acercan más a las posiciones conservadoras de la derecha política las propuestas de los partidos políticos otrora anticapitalistas e impulsadoras de procesos sociales y políticos transformadores. Así ha ocurrido con los partidos socialdemócratas e incluso comunistas de los cuales hoy solo sobrevive el nombre y el recuerdo de las organizaciones que las impulsaban. En el Reino Unido de la Gran Bretaña, Portugal, España y Francia, por solo mencionar algunos, es muy difícil encontrar diferencias reales entre los gobiernos socialdemócratas y los gobiernos conservadores. Tanto en las políticas internas en sus propios países, como en la política exterior que hoy asumen como parte de la OTAN, todos estos gobiernos se acercan en los aspectos esenciales en defensa de los intereses y valores del capital nacional e internacional.
La fragmentación extrema como ha ocurrido con algunas organizaciones comunistas, ha llevado en algunos casos más que en otros a la pérdida de pertinencia política o peso político de algunas de estas organizaciones en los procesos por los que atraviesan sus pueblos. Esto ha llevado a muchas de las luchas que hoy se desarrollan en países abatidos por las crisis impuestas por el capital, a una perspectiva de las mismas de naturaleza defensiva y temporal sustituyendo la que debería ser una ofensiva y continua. Aún así para los pueblos, nunca deberá ser opción la renuncia a organizar, luchar, resistir y avanzar.

References: Resolución 
 Artículo 73
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