Source: https://www.scribd.com/document/207260675/Laboral-Cambio-Constitucional
Timestamp: 2018-10-21 11:37:45+00:00

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Laboral Cambio Constitucional
Uploaded by Carlos A. Pachas Palomino
Seminario Gremial
000460_MC-77-2005-UNAP-CONTRATO U ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO (3).doc
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DS 018-2004-PCM
Codigo Procesal Civil Resaltado
Introducción Con fecha 5 de abril de 1992 se produce un golpe de Estado en nuestro país, siendo lo particular de todo ello que
fue el mismo Presidente de la República, quien atentó contra la independencia de los poderes e instituciones del Estado, tomando como medidas inmediatas la persecución política contra sus opositores, la disolución de las dos Cámaras del Congreso, la destitución de muchos magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal de Garantías Constitucionales, entre otras instituciones del Estado, so pretexto de una reorganización. El colofón de todo ello fue el dejar de lado e ignorar a la Constitución Política del Perú promulgada en 1979, y empezar a gobernar en virtud a decretos leyes. Sin embargo, la pérdida de legitimidad y la presión internacional que percibía el atropello de los poderes públicos del Estado peruano, conllevó a que en junio de 1992 se convoque a elecciones para un nuevo Congreso –al que se le denominaría Congreso Constituyente Democrático con el objeto de connotar “democracia” donde no la había–, el que tenía como tarea principal elaborar una nueva Constitución. Es así que este nuevo Congreso, cumpliendo con las labores encomendadas, produce la Constitución Política de 1993, norma magna que limitó ciertos derechos concedidos por la Constitución anterior, incluso le restó nivel constitucional a muchos de ellos. Esta Constitución empieza por establecer que “el trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”. Asimismo, prevé que “el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento”. Por otra parte, al igual que la Constitución Política de 1979, esta Norma Suprema le concede a la remuneración una protección especial y un carácter fundamental, al señalar que “el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el
Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores”. Con respecto a la jornada de trabajo, se establece que “la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio”. En este caso hay una diferencia casi imperceptible pero muy importante con respecto a la regulación anterior. Y es que esta Constitución establece la observancia de un solo límite en cuando a la jornada de trabajo máxima, pues “o” sea cumplen las ocho horas diarias “o” las cuarenta y ocho horas semanales, a diferencia de la Constitución Política de 1979 que determinaba dos límites las ocho horas diarias “y” las cuarenta y ocho horas semanales. Esta situación ha dado a conflictos bastante relevantes, y uno de ellos ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional en el caso del Sindicato de Trabajadores de Toquepala y anexos contra la empresa Southern Perú Copper Corporation, caso resuelto en el Expediente Nº 4635-2004-AA/TC. Por otra parte, la Constitución Política del Perú consagra principios fundamentales, que son el de igualdad de discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos Constitución y la ley, y el de la interpretación favorable al de duda insalvable sobre el sentido de una norma. expresamente tres oportunidades sin reconocidos por la trabajador en caso
A diferencia de Constitución anterior, la vigente Constitución no otorga una protección directa contra el despido injustificado, pues esta norma fundamental establece que “la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. Esta disposición ha dado lugar a serios problemas, pues en la medida que la ley impone una indemnización como reparación por el despido injustificado y excepcionalmente la reposición, en algunos casos esto resulta insuficiente, al punto que en algunos casos el Tribunal Constitucional ha inaplicado la norma constitucional en cuestión. Ahora bien, la Constitución Política de 1993 consagra constitucionalmente los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, teniendo a la libertad sindical como bastión esencial. Además, la referida Norma Fundamental precisa los alcances de la convención colectiva señalando que tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Asimismo, se regula el derecho de huelga como derecho fundamental en la medida que para que se ejerza en armonía con el interés social, y con observancia de sus excepciones y limitaciones.
Finalmente, la Constitución Política del Perú de 1993 reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. Antecedentes y Contexto de la Constitución de 1993 1.- El Autogolpe de Estado Tras veinte meses de gobierno y en la noche del domingo 5 de abril de 1992, el Presidente Fujimori dió lectura a un manifiesto -transmitido en cadena nacional de radio y televisión-, en el que denunciaba que el accionar del Poder Ejecutivo resultaba trabado por “la descomposición de la institucionalidad vigente”, expresada en que tanto el Poder Legislativo como el Judicial, adolecían de la identificación necesaria “con los grandes intereses nacionales”. Para superar tal situación, dispuso la conforma ción de un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, la disolución del Congreso de la República y la reorganización integral del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Contraloría General. Además, anunció el nombramiento de una Comisión de “connotados juristas para que elabore un proyecto de reforma constitucional con el fin (...) de adecuar nuestra Carta Magna a los fines del desarrollo, la modernización y la pacificación del país”. La modificación constitucional a llevarse a cabo con los propósitos ya señalados, sería aprobada por la ciudadanía mediante un plebiscito. El Diario Oficial publicó dos días después el Decreto Ley 25418, que sancionaba la Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, instituyendo transitoriamente el mismo, cuyo objetivo fundamental era lograr la reforma institucional del país, para lo cual fijaba como su primera meta modificar la Constitución de 1979, “para qu e el nuevo proyecto resultante sirva de medio eficaz para el desarrollo”. Sin perjuicio del proceso de reforma que habría de llevarse a cabo, se dispuso la inmediata suspensión de los artículos constitucionales que se opusieran a lo establecido por el propio Decreto Ley. El interregno constitucional que se abre con el autogolpe de Estado y que implicaba la concentración de todos los poderes en el Presidente Fujimori, no preveía -en principio- término alguno. Fue la presión internacional, que alentaba el restablecimiento del sistema democrático y la recomposición del estado de derecho en nuestro país, la que obligó al Presidente Fujimori a comprometerse -en el mes de mayo de 1992- ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a convocar a elecciones para la conformación de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar un nuevo texto constitucional, cuya aprobación se haría por la vía del referéndum.
138°). en agosto de 1992 se promulgó el Decreto Ley 25684. de su elaboración por una comisión de juristas designados a la elección de una asamblea constituyente..1985). pues no debe olvidarse que el 27% del cuerpo electoral se abstuvo de votar. 2. y de una aprobación plebiscitaria a una ratificación mediante referéndum.. 2. la misma que debería ser dotada de un “sentido de futuro”. Para cumplir debidamente con el encargo recibido. resultado que debe ser convenientemente contextualizado. A los comicios no se presentaron el APRA (que formó gobierno en el período 1985-1990). Los resultados dieron a la lista oficialista la mayoría absoluta.) de acuerdo con el procedimiento que se establezca por ley expresa” (art. el CCD debía considerar las iniciativas que en su oportunidad le presenten “las instituciones y la ciudadanía en general (. y que casi el 24% de los ciudadanos que participaron en dicha elección votaron en blanco o viciaron su voto. Para ello siguió un muy cuestionable procedimiento. Además se estableció que el texto aprobado por el Congreso sería “sometido a referéndum para su aprobación” (art. Ley de Elecciones para el Congreso Constituyente Democrático (en adelante CCD). órgano legislativo cuya función fue la de elaborar y aprobar una nueva Constitución (art. 139°). pues en pocas semanas pasó de una reforma parcial a una sustitución total del texto constitucional.El Congreso Constituyente Democrático Fruto del compromiso con la comunidad internacional.. El 22 de noviembre de 1992 se realizó la elección de los 80 miembros que integraban el CCD. 147°). En todo caso. por entender que su participación legitimaría al convocante gobierno de facto.1. ni varios de los partidos de izquierda. Acción Popular (que formó gobierno en el período 1980.Como pone en evidencia la somera reseña precedente. que le permitiera al Perú “lograr la paz. el Presidente Fujimori no contaba con una propuesta coherente para afrontar la situación creada por él mismo. su desarrollo integral y una auténtica democracia” (II Principio General). con un debate apresurado de pobre nivel jurídico y una limitada participación de la sociedad civil. el Movimiento Libertad (rival político del Presidente Fujimori en las elecciones de 1990). .El Proceso Constituyente: apuro y levedad Entre mediados de enero e inicios de setiembre de 1993. el CCD elaboró el nuevo texto constitucional.. la génesis de todas estas improvisadas alternativas era la misma: el autogolpe de Estado.
y nada más”. permitió a la mayoría oficialista evadir el debate serio y la reflexión profunda que reclama toda elaboración de un texto constitucional. para darle el mayor respaldo legal a las reformas económicas y políticas que ya venía implementando el régimen del Presidente Fujimori.se explica también por la ausencia de un “clima constituyente”. Hija de sus circunstancias. francamente insoportable. . El 20 de mayo. El esfuerzo desplegado por la mayoría oficialista. y presentándolos al pleno del CCD para su respectiva aprobación. El texto sancionado por el CCD para reemplazar a la Constitución de 1979 contó con tres propuestas previas. Antes que pensar en darle al país una nueva Constitución. pero entre la primera y la última de ellas la extensión del articulado se redujo en un 25%. la Constitución de 1993 fue elaborada “en función de una coyuntura y de un personaje. públicamente conocidas. pues la participación de la sociedad civil fue absolutamente episódica o lo suficientemente mediatizada. estuvo orientado a darse un texto constitucional que sea fiel reflejo de su “peculiar filosofía socioeconómica y política”. La levedad del debate -a ratos. esta vez con 226 artículos. de un nuevo proyecto constitucional. cuando la citada Comisión haya podido elaborar una propuesta completa del articulado de lo que sería el nuevo texto constitucional. Finalmente. en similares condiciones que sus precedentes. en un plazo de seis semanas la mayoría oficialista presentó tres propuestas. Es decir. que no es otra que “la particular concepción de gobierno del Presidente Fujimori”. resulta un tercio menor en extensión que la Constitución precedente. un segundo anteproyecto que esta vez incluía 292 artículos. Al mes. se publicó en el mismo medio y con similar formato. que comprendía 300 artículos. No cabe duda.Durante los dos primeros meses de labores. la mayoría oficialista buscaba aprobar expeditivamente un nuevo texto constitucional. con la difusión. La celeridad aplicada a las discusiones. opción que de por sí hipoteca su vigencia en el tiempo. la mayoría oficialista prefirió dotar al régimen de su propio estatuto. la Comisión de Constitución fue sancionando de manera aislada algunos artículos. esto es. el texto que terminó de sancionar el pleno del CCD el 6 de setiembre de 1992 comprende 206 artículos. La secuencia de proyectos se completó apenas ocho días después (el 1 de julio). el 22 de junio para ser exactos. se producirá su reforma o reemplazo. Con este errático y simplista proceder. para posteriormente establecer que el pleno sólo reiniciaría sus debates. hasta hacerla meramente simbólica. el Diario Oficial publicó en separata especial el Anteproyecto de la nueva Constitución. que más temprano que tarde.
específicamente). Trámite similar merecieron los artículos comprendidos en la Función Pública. pero la mayoría oficialista rechazó su admisión a debate. la mayoría oficialista. con la única atingencia que se elimine la retroactividad legal benigna a favor de los trabajadores. pues externalizó la producción del articulado correspondiente a una institución privada. entre la tarde del día 7 y la mañana del 8 de julio de 1993.2. En este caso.La propuesta laboral: “outsourcing” normativo Si bien fue dejada de lado la inicial propuesta presidencial. Luego de seis semanas de discusiones. aprobando ese mismo día por “unanimidad” el dictamen correspondiente. despido y participación). la mayoría oficialista innovó todo proceso constituyente. que convocó a un conjunto de especialistas para el efecto. y luego se presenta -el 16 de marzoante la Comisión de Constitución para fundamentar tal propuesta (que hasta ese momento sólo era una iniciativa particular con el respaldo político del régimen). primero la somete a su grupo político -obviamente. no es el que originalmente propuso ICEL. que fueron debatidos y votados en la tarde del 12 de julio. El 23 de agosto la oposición presentó un pedido de reconsideración sobre la mitad de los artículos de contenido laboral aprobados (aquellos concernientes a remuneraciones. Recién el 17 de marzo. el 3 de setiembre nuevamente la oposición presentó sendos pedidos de reconsideración sobre extremos de dos artículos (principio protector y privilegio salarial. contando recién en ese momento con el dictamen correspondiente.2. El Presidente de la Comisión de Trabajo se vuelve a presentar ante la Comisión de Constitución el 23 de marzo. Por último. los miembros de la Comisión de Trabajo del CCD. principios. Adviértase que el articulado que suscribe la Comisión.que la aprueba. . sino la versión ya corregida y hecha suya por la mayoría oficialista. dado el origen de los artículos que regulan la materia laboral en la Constitución de 1993. produciéndose la votación ese mismo día. quien antes de llevarla ante los congresistas integrantes de su Comisión. El pleno debatió de manera expeditiva los artículos de contenido laboral del proyecto de Constitución. ICEL presenta su propuesta al Presidente de la Comisión de Trabajo del CCD. para completar la fundamentación del proyecto de articulado. podemos decir que este procedimiento se cumplió parcialmente en el CCD. conocen la propuesta y la discuten. que igualmente fueron rechazados.. al recurrir a lo que llamaremos un “outsourcing” normativo. de encargar a una comisión de juristas la redacción de un proyecto de reforma constitucional.
tema al que dedicaremos los párrafos siguientes.El sintético recuento del proceso constituyente en lo que toca a las materias propias de las relaciones de trabajo. no debe perderse de vista que un tercio de la población electoral no asistió a la votación. El estrecho margen existente entre los que aprueban y desaprueban el vigente texto constitucional. Difícilmente puede ser satisfactoria una discusión por contadas horas. que recibe su tarea hecha por terceros y la aprueba por unanimidad en una sola tarde. . el voto por el “no” se impuso en 14 de ellos. la misma que fue politizada por el propio régimen..3. En todo caso. lo convirtió en un voto de confianza. fue el rechazo de la ciudadanía -y no sólo de los trabajadores organizados. puso en evidencia que éste no cuenta con un consenso social que lo sustente (2 6). en tanto el Presidente Fujimori convirtió el referéndum en una consulta sobre la aprobación de su gestión de gobierno. 2.“al serio recorte de los derechos económicos-sociales”. De los 25 Departamentos en los que se divide administrativamente el país.Un Referéndum de estrecho resultado El proceso constituyente tuvo su capítulo final en el referéndum celebrado el 31 de octubre de 1993. es decir. elaborando apuradamente un dictamen que será parcialmente modificado por la Comisión de Constitución. en un tema de tanta trascendencia y en donde se habían hecho importantes modificaciones -de forma y fondo. la Constitución de 1993 ha nacido con una “debilidad congénita”.hasta quince semanas después. Los resultados dieron un 52% a favor de la aprobación de la nueva Constitución. Difícilmente puede ser favorable la evaluación de la labor de una Comisión de Trabajo. es decir. no hace más que confirmar la crítica ya adelantada y hecha con carácter general: injustificada celeridad en el trámite y lamentable superficialidad en el debate. Resulta pertinente poner de manifiesto que uno de los factores que explican la alta votación alcanzada por el “no” en el referéndum. pero el voto por el “si” ganó en aquellos de mayor población (su triunfo en Lima fue determinante). mientras los que la rechazaron alcanzaron el 48% de los votos válidamente emitidos. por las circunstancias en que fue aprobada.al texto constitucional precedente. y que el Pleno del CCD no discutirá desmintiendo así cualquier urgencia.
Ese declarado afán de someter -casi como consigna. que abusaba de “los postulados teóricos. En materia laboral. esenciales y básicos expresados en los términos más precisos y concisos que sea posible”..1. ha sido contestado por quienes advierten que “en países de escasa cultura cívica y de precario sentimiento constitucional como los nuestros. fundamental. trascendente.¿Constitución “concreta”? Frente a la Carta de 1979. dejando librado a la legislación lo coyuntural o prescindible”.a la Constitución a un estilo de concisión y concreción. aparece la Constitución de 1993 que tiene como virtud ser concisa. indisponible. revisaremos con afán crítico y algún detalle.Caracterización Valorativa Con propósitos laudatorios. como: concreta. ella “sólo contiene aquello indispensable. Su contenido debe limitarse a los “derechos laborales fundamentales. asume la tesis según la cual “la Constitución solo debe contener los grandes lineamientos y principios básicos que informan el derecho del trabajo. técnica y liberal-progresista.. cada uno de estos supuestos atributos. que supuestamente “adolecía de grandilocuencia y lirismo”. 3. los textos (constitucionales) necesitan ser muy explícitos no sólo para evitar arbitrariedades sino para realizar labor pedagógica a la ciudadanía en torno a sus derechos”. Esta opción. las metas ideales”. incorporando sólo aquellos derechos específicos que se presumen inmutables en el tiempo”. “concreta.El contenido laboral de la Constitución de 1993 3. veraz y factible”. se ha caracterizado a la fórmula adoptada para regular la materia laboral en la Constitución de 1993. . las declaraciones principistas. A continuación. flexible.
se conservan numerosos apartados con excesivo corte reglamentarista”. busca a través de ellos proyectarse al resto del ordenamiento...2. evidencia el sometimiento de la técnica legislativa. el CCD -lamentablementenos ha impuesto una Constitución-Breviario. el Perú debe desarrollar una “competitividad legislativa”. sino más bien.por la mayoría oficialista del CCD. tal como ha ocurrido con los artículos dedicados a regular el trabajo. Esta paradójica situación.) de modo sorprendente contrasta con la regulación notoriamente insuficiente que el constituyente peruano ha dado a otros ámbitos materiales de innegable trascendencia”. dicha descompensación no es casual.. En nuestra opinión. éste no puede ser “lo suficientemente cerrado como para negar posibilidades . cuyas pretensiones llegan hasta la refundación del derecho del trabajo.¿Constitución “flexible”? Frente a la Constitución de 1979 que ahora se descubre que “era extremadamente rígida en muchas de sus postulaciones”. Sus mentores advierten que esta nota característica no agota sus efectos en los preceptos constitucionales. Asumiendo que la Constitución opera como marco de referencia para el desarrollo normativo de los diversos institutos laborales en ella contenidos. olvidando la existencia de más de una opción equidistante de los extremos. queda en evidencia cuando se advierte que “la gran prolijidad de muchos de los preceptos de la nueva Carta (. lo que creará “nuevas fuentes estables de trabajo”. especialmente a los eternos desprotegidos y desempleados”. En todo caso. aparece la Constitución de 1993 con su carácter flexible. pues éste pasaría a ser una rama del derecho que deja de procurar protección a los trabajadores. con la finalidad de alentar las inversiones privadas y facilitar el crecimiento económico. se ha sostenido que la Constitución debe permitir “se legisle a favor de la flexibilización del derecho laboral”. no es una nota coherente en todo su texto. En este sentido. a la opción ideológica asumida con vehemencia –casi fundamentalista.Por evitar una (supuesta) Constitución-Código... sino por el contrario. Para recibir tales inversiones (variable indispensable de la ecuación planteada). para dedicarse ahora a promover el empleo y el desarrollo económico. pues “a su interior. las “reglamentaciones y ataduras”. atributo que permitirá superar los impedimentos y “rigideces”. 3. téngase presente que el carácter de brevedad que se quiere resaltarcomo atributo de la Constitución de 1993.) en ocasiones cercana a lo reglamentista (. que supuestamente han venido impidiendo el normal desarrollo evolutivo de la legislación laboral en nuestro país. beneficiando así “a la mayoría de los ciudadanos.
que los deja a la buena voluntad del legislador”. lamentablemente. el gobernante -con medidas extraordinariassea el libre y no condicionado configurador del “nuevo” derecho laboral”.a través de disposiciones “huecas”. proclives al acuerdo consensuado descalificado ahora como interesada componenda. pero nos es difícil aceptar la existencia de un consenso cuando calificados miembros del grupo de especialistas encargados de preparar la propuesta respectiva. En materia de derechos sociolaborales. nos advierte que nuestros constituyentes confundieron la sutil flexibilidad con la vaguedad extrema. buscando precisión y claridad”. 3. Queda claro pues que lo que busca la desconstitucionalización de los derechos laborales. en tanto ella resulta “fruto de un consenso acadé mico y no de una lucubración política”. la nueva Constitución “se limita a hacer un enunciado muy general. La preferencia por “una opción no reglamentarista a ultranza” encierra el riesgo -como ha sido advertido con toda razón.. bajo las circunstancias ya comentadas. La intervención de estos expertos –opina Pasco.3. cuando en . La nula. ha preferido regular los derechos laborales -en su gran mayoría. que no precisan un contenido básico ni definiciones mínimas que orienten al legislador ordinario en su tarea de desarrollo normativo de los preceptos constitucionales.“que el legislador pueda cambiar en la práctica el contenido del texto constitucional a través de leyes ordinarias”. que “al haber sido redactada por expertos” garantiza que “el uso del lenguaje es cuidadoso. La Constitución de 1993. han dejado constancia de sus críticas y discrepancias. como para incorporarse de lleno a la segunda posición radical ya señalada.¿Constitución “técnica”? Frente a la Constitución de 1979. preparada por políticos profesionales seducidos por discursos y declaraciones de tipo social. No discutiremos la importante colaboración técnica prestada por los laboralistas convocados. pero en el caso concreto de la mayoría oficialista su elección la ha llevado a una fórmula con suficiente laxitud. Entre ambos extremos del arco de posibilidades el constituyente puede encontrar el espacio adecuado.de acción al legislador ni excesivamente amplio como para que pueda legislar en cualquier sentido”. y en otros la insuficiente configuración del contenido esencial de cada uno de los derechos reconocidos en sede constitucional. es “que el legislador ordinario o acaso. en algunos casos. aparece la Constitución de 1993.enaltece “el contenido de la Constitución”. y más aún presentar el proceso constituyente como ajeno a lucubraciones políticas.
Y es que “resultaría contrario a toda lógica y razón. García Belaunde. recorte o poda del contenido laboral de nuestra Constitución. entonces.4. adelgazamiento. prueba de ello son –entre otras. El afán tuitivo que en ella subyace. Rubio) y congresistas constituyentes (Flores-Araoz. menoscabo. lo que ha significado tanto cualitativa como cuantitativamente.. La Constitución no cae. aunque ello no impide recurrir a las acciones de garantía para su defensa. 28° o 29°. no vamos a decir que la Constitución de 1993 es “antiobrera o retrógrada”.. como por constitucionalistas (Abad. reducción. “en un liberalismo extremo.) la nueva Carta tiene que recoger ese aliento y ese destino”. sino que con criterio social se dirige a proteger a quienes tienen desigualdades”. Ciudad. que supuestamente incurrió en tentaciones socializantes de factura marxista. 3. Boza. restricción. 4. aparece la Constitución de 1993 que ha sido calificada de “progresista. un retroceso. Promovida desde un gobierno (. precisa que ésta “no puede se r considerada como una Constitución simplemente liberal”... Pero “liberal” no es el adjetivo que más le gustaba a la mayoría oficialista en el CCD.generada por una agresiva ofensiva neoliberal. Carrillo. Fernández Segado. debería ser suficiente para calificarla “como propia de un liberalismo social”. comparten el cuestionamiento por la acentuada opción neoliberal asumida por la Constitución. Pease García). replanteamiento. Uno de los máximos responsables del diseño de la Constitución de 1993. que la parte laboral de la nueva Constitución no se alineara con el sustrato ideológico que prevalece en lo demás.) abiertamente liberal (. que ha merecido ésta -tanto por laboralistas (Blancas. desmejora. pues a estos junto con los demás derechos sociales se les deja de catalogar como derechos fundamentales.párrafos precedentes hemos señalado sus deficiencias. Bernales. Olivera Vega. Paniagua. muchas de ellas consecuencia del fundamentalismo ideológico de la mayoría oficialista. Planas. Las observaciones que hacen los autores que conforman la doctrina nacional. regresión. desconocimiento.en razón de su desmejorado contenido laboral respecto de su predecesora.. Neves). en la medida que se orienta y enrumba en el sentido del cambio social que nuestra Patria y el mundo entero vienen viviendo”.. pierde la centralidad que sí . Para no ser frontalmente descalificados.¿Constitución “liberal-progresista”? Frente a la Constitución de 1979. en general. Flores Nano.Derechos y Principios El vigente texto constitucional “degrada” los derechos laborales. supresión. pero tampoco vamos a dejar de reseñar las serias y fundadas críticas. El trabajo. 24°. transformación -como bien sabemos.las disposiciones protectoras de naturaleza laboral contenidas en los artículos 23°.
en primer lugar.. Como se sabe. pues ya no es más uno de los conceptos fundantes del modelo socio-económico sobre el que se basa la República peruana. En los siguientes párrafos desarrollaremos los derechos y principios específicamente laborales. la dignidad del trabajador. 4.1. activa o como referencia pretérita o de futuro. de que son titulares los trabajadores asalariados o los empresarios (o sus representantes) en tanto que sujetos de una relación laboral”. tienen “su origen específico o razón de ser (exclusiva o principalmente) en el ámbito de las relaciones laborales. deviene así para aquéllos en presupuesto insoslayable de su perfeccionamiento y ejercicio”. regula el trabajo bajo tres dimensiones: como una libertad (art. Si bien “el enunciado general del “Estado social” es conservado por la nueva Constitución (…) sin embargo. 2°.Trabajo: Libertad. 22°)..1. 15). el derecho a escoger libremente ocupación y el derecho a elegir y ejercer cualquier profesión u oficio. Para permitir su estudio sistemático. b) los principios laborales. Estamos pues ante “derechos constitucionales específicamente laborales (derechos específicos). los hemos organizado en cuatro ejes temáticos. En segundo . considerado como una responsabilidad estatal. A saber: a) trabajo y empleo. garantizada al reconocerse la vigencia de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones de trabajo. y d) los derechos colectivos.le dispensaba la Constitución de 1979. la libertad de trabajo comprende el derecho a la libre elección del trabajo. También debemos de decir que los derechos laborales formalmente pierden sus señas externas identificatorias. correspondiéndole al Estado garantizar la libertad de trabajo.1. hemos agrupado tres temas de especial interés: el trabajo. El vigente texto constitucional. abordado desde la perspectiva de su naturaleza y consecuente valoración. incluidos como “bloque de la laboralidad” en la Constitución de 1993. La relación de trabajo. Todas estas normas. quedando ahora refundidos dentro del Capítulo dedicado a los derechos sociales y económicos. y finalmente el empleo. de modo que no es posible técnicamente su ejercicio extramuros de las mismas. 4. reconoce a toda persona el derecho a trabajar libremente.Trabajo y Empleo Bajo este título. Derecho y Deber La Constitución de 1993. como un derecho y como un deber (art. c) los derechos individuales. la referencia al trabajo como basamento de esta forma de Estado desaparece”. pues los artículos sobre la materia ya no gozan más de un Título propio.
que garantiza al trabajador que su empleador sólo puede dar término unilateralmente al contrato de trabajo. b)). hace una reserva legal para el desarrollo normativo de las condiciones bajo las cuales queda comprendida esta libertad. puede resultar lesivo a la moral. 2°. Frente a la Constitución de 1979 que “con una visión más socializante daba al trabajo una ubicación en la sociedad no solo como derecho personal sino también como un elemento de progreso del grupo humano en su conjunto”. siendo además objeto de una aproximación valorativa. Por su parte. sustituye a la disposición contenida en la anterior Constitución que consagraba el reconocimiento estatal del trabajo como fuente principal de la riqueza. para la que el trabajo está focalizado “en la realización de la persona y señala. también declara que el trabajo es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. en términos generales. como veremos más adelante. ahora surge la Constitución de 1993.que su ejercicio. convirtiéndose además. por lo que la fórmula adoptada “se limita a enunciar una mera responsabilidad social (. es decir no jurídica”. siempre que medie causa justa que lo habilite a resolver el mismo. en tanto el derecho al trabajo “no es exigible al Estado ni a los empresarios”. La Constitución de 1993. En correcta coherencia con el reconocimiento de la libertad de trabajo. 24. Respecto a lo primero. como derecho de acceso al trabajo. El otro ámbito lo entiende como “derecho a conservar el puesto de trabajo”. El artículo 22° bajo comentario.al establecerse que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento (art.. al regular el régimen aplicable a los despidos. “como derecho a obtener un trabajo. ni a la seguridad públicas (arts. 15 y 59°). precisándose -a modo de límite. en ningún caso. Extremo no debidamente resuelto por el constituyente. se reconoce que el derecho al trabajo comprende dos ámbitos: uno primero. se establece que el trabajo es un deber y un derecho. 23°).. ni a la salud. la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas (art. de acceder a una ocupación remunerada”. en “clave interpretativa para el conjunto del articulado laboral y del texto global”.lugar. El trabajo también es caracterizado por las relaciones obligacionales que genera. que es . fórmula por la cual se reconoce a éste “como un valor central en el sistema económico y en el ordenamiento jurídico”. Esta dimensión ope ra como un “principio de política social”. 2°.) o aún mejor “moral”. se prohibe la esclavitud. consagrando así el principio de continuidad. Se rechaza también la imposición de todo trabajo forzoso –aunque bajo una fórmula fallida. El deber de trabajar ha sido configurado tan sólo como “un deber moral u obligación social”.
Es muy factible que la pretensión de los trabajadores de ejercer de manera plena sus derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales. lo que nos lleva a una “ponderación” de bienes como medio adecuado para resolver el conflicto presentado. expresada en: a) “la imposibilidad de que en el contratode trabajo se establezcan cláusulas contrarias al ejercicio de tales derechos fundamentales” (límite que opera en el momento de constitución del vínculo laboral). Este cambio es una consecuencia más del “espíritu neoliberal imperante en el constituyente”. 4. sea respondida por las atribuciones que le corresponden al empleador en ejercicio de la libertad de empresa.base del bienestar social”. la Constitución de 1993 ratifica el reconocimiento de la eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales (6 7).1. por lo que de ser el caso. se traducirá en la “limitación y racionalización” de los poderes patronales. libertad ideológica). nos encontraremos ante una colisión de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Estaremos ante una “impregnación laboral” de derechos constitucionales de titularidad general o no específicamente laborales (v. b) “la necesidad de que en el ejercicio de los poderes empresariales se respeten tales derechos” (límite que opera “en el ejercicio de los poderes de organización y dirección de todo tipo de empleador”). lo que garantiza en el ámbito de la relación laboral. derecho al honor. Esta delicada operación reclama una magistratura .“Son derechos atribuidos con carácter general a los ciudadanos.. el respeto a la dignidad del trabajador y la aplicación de los llamados derechos laborales inespecíficos. libertad de expresión. tanto como dejar de abordar el tema. La aplicación de derechos laborales inespecíficos. la intimidad personal y la propia imagen. son trabajadores y. se convierten en verdaderos derechos laborales por razón de los sujetos y de la naturaleza de la relación jurídica en que se hacen valer”. al propio tiempo. que debe ser resuelta mediante una interpretación sistemática sustentada en el principio de concordancia práctica.2. que son ejercitados en el seno de una relación jurídica laboral por ciudadanos que. por tanto.g. cuando estos sean utilizados “por trabajadores asalariados (también eventualmente por empresarios) a propósito y en el ámbito de un contrato de trabajo ”. tanto en la celebración como en el desarrollo del contrato de tra bajo. Para nosotros es claro que ponderar al trabajo como fuente o base de importantes consecuencias socio-económicas. Los derechos laborales inespecíficos -precisa Palomeque. encierra también una opción ideológica.Relaciones Laborales y Derechos Fundamentales Sin perjuicio de refrasear la fórmula adoptada por su predecesora.
el empleo se convierte en la materia que vincula el articulado laboral con el régimen económico en la vigente Constitución. en tanto “busca reafirmar el mandato constitucional de no discriminación (. . “es mediante la creación de las condiciones necesarias que permitan el crecimiento y desarrollo del país mediante políticas de economía social de mercado”. además.1. corresponde al Estado crear condiciones para el progreso social y económico. que hemos intentado destacar en las líneas precedentes.. capaz de aplicar los principios de necesidad y proporcionalidad.Empleo: Políticas Públicas Por mandato de la Constitución de 1993. 58°). los puestos de trabajo que así se generen deben de producir “nueva riqueza”. como límites a los límites a los que pueden ser sometidos los derechos fundamentales en el contrato de trabajo. nos llama la atención que esta cláusula haya pasado desapercibida para los exégetas del vigente texto constitucional..3. La educación para el trabajo. se ha considerado que es un concepto “que tiene un contenido más amplio que la simple formación profesional”. Tal promoción debe hacerse –especialmente mediante políticas públicas dirigidas al fomento del empleo productivo y a la educación para el trabajo (art. En todo caso. Mientras que ésta se dirige básicamente “a la preparación producto de la relación de trabajo”. siendo la promoción del empleo una de las áreas donde el Estado debe hacer sentir su actuación (art. Asumiendo una posición cercana al determinismo económico.) al contribuir que ésta no se produzca en las situaciones de adquisición o conservación del empleo”. 23°). 4. para calificar como “productivo” al empleo que se fomente por acción estatal.. éste debe lograrse a través de “políticas del Estado tendientes a crear las condiciones necesarias que permitan el pleno empleo”. Respecto al fomento del empleo productivo. De esta manera. Pese a su trascendencia. “contribuye a eliminar la discriminación que puede existir como consecuencia de las diferencias socioeconómicas entre los individuos”. También es de responsabilidad estatal –bajo un régimen autodeclarado de economía social de mercado. En cuanto a la educación para el trabajo. aquella “comprende además los contratos de aprendizaje y prácticas que son de naturaleza educativa y no laboral” e inclusive “la capacitación del empleador”. se ha sostenido que la “única” manera que tiene el Estado para fomentar el empleo.orientar el desarrollo del país.independiente y calificada.
así como el indubio pro operario. A continuación reseñaremos las fórmulas con las que el texto de 1993 consagra el principio protector. en forma prioritaria para el Estado. Boza sostiene que lo que . Téngase presente que los efectos de este principio no se agotan en el par de obligaciones señaladas. Advierte. el menor.2. así como proteger especialmente a la madre. el artículo bajo comentario adopta una “fórmula ambigua y débil”. Para Blancas. al comentar los alcances de la fórmula bajo la que ha sido incorporado este principio al texto constitucional. el impedido. que “Al limitarse el alcance del Principio Protector a sectores minoritarios de los trabajadores como la madre-trabajadora. El trabajo es objeto de lo primero. Dado que estas categorías son las que encuentran en los hechos más dificultades para acceder al empleo u obtener condiciones laborales equitativas. se abre la puerta a una legislación “flexibilizadora”.. corresponde al Estado: atender prioritariamente al trabajo en sus diversas modalidades. La doctrina nacional. quien señala que al consagrar “la finalidad tuitiva de la legislación del trabajo”. “sin extenderse al conjunto de los que trabajan. la irrenunciabilidad. para los trabajadores -la mayoría.Los Principios Laborales Son cuatro los principios laborales que tiene recepción en sede constitucional. al menor de edad y al impedido que trabajan (art. que rebaje a su mínima expresión el sentido protector de la legislación laboral. tanto para la interpretación como para la integración de normas y situaciones propias de las relaciones de trabajo. para quien “Este artículo distingue entre atención y protección. En igual sentido. el nuevo texto constitucional realiza “una graduación de protecciones: con mayor intensidad para ciertas categorías de trabajadores y con menor intensidad para las demás. En el primer grupo está Pasco.no comprendidos en esas categorías”.4.2. quienes sólo tienen derecho a la “atención prioritaria” del Estado. así como constituir un punto de apoyo”. por su parte. la protección se encamina sólo a los débiles o que atraviesan por situaciones especiales: la madre trabajadora.1. la igualdad de oportunidades. pues el mismo “deberá servir de inspiración al legislador al momento de la producción normativa. 23°).Principio Protector En aplicación del principio protector reconocido por la Constitución de 1993. Una posición distinta es defendida por Neves. además. pues la protección sólo recae sobre las tres categorías hiposuficientes señaladas. el menor de edad y el impedido. se ha dividido entre quienes consideran que se ha optado por una protección selectiva y los que interpretan que la protección es gradual. 4. esta fórmula nos parece justificada”..
una protección ordinaria dado el carácter tuitivo del derecho del trabajo. la Constitución de 1993 establece específicamente que en la relación laboral. ya que éste también resulta exigible en las actividades previas a la configuración de dicha relación (v.2. etc.hace la Constitución es “establecer una prelación respecto del ámbito subjetivo de tutela del principio protector”. pero que en ningún caso nos encontramos ante una protección exclusiva sino preferente. la misma “que se justifica dadas las peculiares características de los grupos mencionados y que requieren.. por tanto. entendida en el sentido de equipararlos con el resto de categorías de trabajadores.Igualdad de Oportunidades Junto con la consagración del principio general de igualdad ante la ley y la conveniente ampliación de los supuestos discriminatorios que resultan vedados en nuestro ordenamiento (art. sintetizado en el principio bajo comentario. cuyo espacio de actuación es la etapa de “ejecución del trabajo”.2. debiendo otorgar al resto de trabajadores no comprendidos en aquellas. permitiendo así desterrar una interpretación literal que pretendiera que el mismo sólo sea de aplicación durante la relación laboral.”.Irrenunciabilidad La Constitución de 1993. Asumiendo que “La relación de trabajo es quizá la más expuesta a trato s discriminatorios por lo que el reconocimiento del principio de igualdad tiene especial trascendencia en esta disciplina jurídica”. Compartimos esta línea interpretativa. Consideramos que esta es la forma de entender el principio. de la igualdad de trato. 4.g. 2°. en ascensos. En lo que se refiere . pues en puridad se debe distinguir el principio de igualdad de oportunidades que “opera en el acceso al empleo”. de remuneraciones. más no en perjuicio de aquéllas”. en el acceso a un puesto de trabajo. 26°.. en realidad lo que ella hace es salvar un defecto de técnica legislativa.2. 2). 1). procesos de selección de personal). los promotores de la Constitución de 1993 consideran que por la aplicación concurrente de los artículos reseñados al ámbito laboral. declara el carácter irrenunciable del que gozan los derechos reconocidos por la propia Constitución y la ley. en condiciones de trabajo. pues el artículo 23° debe ser entendido en el sentido que corresponde al Estado brindar protección especial a tres categorías hiposuficientes.3. Siendo del todo pertinente esta última interpretación. de una tutela adicional. debe ser respetado el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación (art. 4. deviene en inconstitucional “todo tipo de discriminación.
la fórmula adoptada incurre en un doble error: a) Limita indebidamente el ámbito objetivo de aplicación del principio. más no los creados por un convenio colectivo imperativo”. Pues a quien ha sostenido que con ello “se le quita fuerza” al principio de irrenunciabilidad. por ejemplo. deberá optarse por la interpretación favorable al trabajador.Indubio pro operario La Constitución de 1993 establece que sólo en caso de duda “insalvable” sobre el sentido de una norma. los derechos creados por una ley dispositiva resultarían renunciables. por aplicación supletoria del artículo V del Título Preliminar del Código Civil.al ámbito material del principio. es decir.4. En estricto. b) Extiende innecesariamente el carácter de irrenunciable a todos los derechos de origen constitucional o legal. lo que tendría como efecto permitir “tanto renuncias anteriores como posteriores a la celebración del contrato de trabajo”. 4. se le ha respondido que tal omisión “no es en sí misma grave”. y en cuanto al ámbito temporal. De este modo. En cuanto a la exclusión que hace el texto constitucional vigente de la nulidad del pacto en contrario. permitiéndose -por interpretación contrario sensu.2. El constituyente ha calificado a la duda que permite la aplicación del principio como “insalvable”. sin distinguir si su naturaleza es propia de normas imperativas o dispositivas. si puedan ser objeto de renuncia. pues limitaría la aplicación del principio “exclusivamente dentro de la vigencia de la relación laboral”. convenios colectivos). extremo si incluido en la fórmula adoptada en la Constitución de 1979. la Constitución de 1993 no precisa “quienes son los sujetos que se encuentran impedidos de efectuar renuncias”.. nuevamente una interpretación literal resultaría restrictiva.que los derechos generados por otras fuentes (v. la doctrina nacional no ha tenido opiniones coincidentes. Respecto al ámbito subjetivo del principio de irrenunciabilidad. pues la sanción debería seguir siendo la nulidad del acto abdicativo. llevaría a sostener que los únicos irrenunciables son los derechos nacidos de la Constitución o de la ley.g. corresponde predicar la irrenunciabilidad de aquellos derechos “originados en cualquier norma configurada como de derecho necesario para la autonomía privada. con la pretensión de “impedir que el juzgador opte por el . Una interpretación literal. olvidándose de diferenciarlos en función de la disponibilidad o no de su contenido.
4. de las costumbres o del contrato individual o colectivo”. Queda claro que lo que se pretende es que el principio sólo sea aplicable en situaciones muy especiales y extremas. sin desnaturalizar. Con dicha calificación se busca “evitar que ante la mínima vacilación se recurra a la interpretación favorable al trabajador”.. Este es un supuesto de duda de interpretación que admite la aplicación del principio laboral bajo comentario.. Respecto al ámbito objetivo del “indubio”. existen dos posiciones en la doctrina nacional: por una parte. cuyos hechos. 24°).fácil recurso de aplicar este principio sin hacer esfuerzo alguno por interpretar la norma por los métodos tradicionales”. y de otro lado. éste “deberá aplicarse cuando se presenta una duda insalvable que provenga de la manera como debe aplicarse la ley a una situación cuya realidad. En cuanto a sí la aplicación del principio puede comprender la interpretación favorable de hechos. 4.) cotejo con la realidad (el texto de una norma es claro pero se oscurece al tomar contacto con un hecho concreto)”.Los Derechos Individuales Corresponde aquí reseñar la fórmula bajo la que han sido consagradas. descansos remunerados y despidos. por ser más coherente con la naturaleza del principio. Dada la vocación restrictiva del constituyente.Remuneraciones La Constitución de 1993 reconoce el derecho de todo trabajador a percibir unaremuneración “equitativa y suficiente”. puede provenir “de las normas legislativas (disposiciones). su contenido esencial. Esta posición es la que suscribimos. De esta . lo que condena al principio bajo comentario a una vigencia práctica cercana a lo marginal. cuatro instituciones de lo más representativas de los derechos individuales: remuneraciones. para la que la cláusula afectada por la duda. luego de recurrir a las variadas técnicas hermeneúticas existentes. claro está. que debe procurarle tanto a él como a su familia. en consecuencia. pues frente a quienes defienden una categórica negativa. pues es “prácticamente imposible” que al interprete le quede una duda de tales características.. se ubica la tesis restrictiva que entiende por “norma” sólo el producto de una fuente estatal. no pueden ser debidamente probados y hacen dudar quien debe aplicarla”. el “bienestar material y espiritual” (art.1.3. también se registran discrepancias entre nuestros autores. jornada de trabajo..3. tenemos la tesis amplia. se ha sostenido que “la duda sobre el signif icado de una norma puede venir de su (. consideramos conveniente alentar una interpretación amplia de este precepto.
mediante un “enunciado programático” se fija una “línea de política económico-social”. le garantiza un nivel de consumo que le permita alcanzar su bienestar material y espiritual. aunque el grado de disconformidad no es compartido por todos. en tanto participan en la regulación de la misma. resulta obligado no sólo a solicitar las propuestas de los interlocutores sociales. algo más que una simple “variación de términos”. “tanto para las remuneraciones mínimas como para las que se hallen sobre ella”. Ello se logra si el ingreso que por su labor percibe el trabajador. entonces. la fijación puntual de los respectivos montos debe hacerse con la participación de trabajadores y empleadores. y aquí entramos al segundo elemento.manera -dicen sus mentores. sino también a “examinarlas y tenerlas en cuenta a la hora de resolver”. No ha faltado quien ha querido ver en el reemplazo de los adjetivos. por Estado debemos entender al Poder Ejecutivo. Los parámetros para predicar tal carácter son “la cantidad del trabajo aportado” y la calidad del mismo. Entre la doctrina nacional. Si bien se considera que el Poder Ejecutivo goza de una “facultad exclusiva” en la materia. el ingreso que perciba el trabajador debe estar en proporción “con la cantidad y calidad de la labor desarrollada”. pues asume que lo que ha ocurrido es “un cambio de enfoque en el tema. en tanto . a una visión particular de la misma”. la sustitución del carácter de “justa” por “equitativa y suficiente” no ha dejado satisfecho a nadie. Para calificar de “equitativa” a la remuneración. pues hemos pasado de una visión general de la justicia. las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores (art.confluyen “una dimensión individual y una familiar”. A. en un texto de pragmatismo tan acentuado. En cuanto a su “suficiencia”. Adviértase que en la remuneración -por mandato constitucional. ya que éste tiene a su alcance “los instrumentos de política macroeconómica necesarios para determinar el nivel adecuado de las remuneraciones mínimas”.Remuneraciones Mínimas En materia de remuneraciones mínimas. Respecto al primer elemento. 24°). la Constitución de 1993 fija una responsabilidad estatal (su regulación corresponde al Estado) y garantiza un espacio de actuación a los interlocutores sociales. doble condición que tiene que ser tomada en cuenta para establecer la suficiencia de la misma.. El Ejecutivo. se podrá predicar tal carácter si la remuneración le permite al trabajador satisfacer debidamente sus “necesidades mínimas”. La verdad es que nos resulta difícil descubrir esa trascendente intención.
. pues tanto una interpretación sistemática de sus artículos 22°. enunciado que deja “en libertad al Estado para fijar más de una remuneración mínima. productivos. ya no dispone el reajuste periódico de las remuneraciones mínimas cuando las circunstancias lo requieran. además de estar en capacidad de aportar mayores elementos de juicio para una correcta decisión. la naturaleza de las labores y las condiciones y necesidades de las diversas regiones del país”.. Si bien la fórmula adoptada por la Constitución de 1993. 24°).. si bien se justifica “el establecimiento de remuneraciones mínimas diferenciales en función a las regiones a las que pertenecen los empleadores”.Privilegio Salarial La Constitución de 1993 establece que las acreencias generadas en la relación de trabajo (remuneraciones y demás beneficios sociales). B. hayan sido concertados con los representantes de los interlocutores sociales. deben ser las primeras en ser atendidas por el empleador (art. se debe de proceder al reajuste respectivo cuando las circunstancias así lo reclaman. Respecto a la conveniencia de diversificar los “pisos” remunerativos. sin precisarse ya el plazo prescriptorio que se aplica a las mismas. Rubio sostiene que “la determinación de remuneraciones mínimas por sectores distintos de la producción o tamaño de empresas quitaría validez al principio que subyace a la remuneración mínima: que vale igual para todos en un ámbito determinado por los precios y demás condiciones de vida así como por la capacidad de pago del empleador”. sobrevive la obligación estatal al respecto. Para Marcenaro. por ejemplo. (. 23° y 24°.) y siempre que los mimos. La fórmula constitucional adopta el plural para referirse a remuneraciones mínimas. sociales. “en la medida de lo posible”. debe permitir que “el “acto de autoridad” que constituye la decisión del Poder Ejecutivo. En consecuencia. La participación de las organizaciones representativas. Posición singular es la . la decisión estatal sólo debería proceder “en casos verdaderamente dramáticos y excepcionales”. En nuestra opinión. permiten exigir al Estado “el reajuste de las remuneraciones mínimas cuando se hace ostensible la necesidad insoslayable de realizar el mismo”. Por su parte. tratándose de una actividad o gremio. son más las reservas que los entusiasmos entre los autores nacionales.los sujetos colectivos son los “afectados directos por normas de este tipo”. el Poder Ejecutivo está constitucionalmente facultado para fijar remuneraciones mínimas diferenciadas según criterios que así lo justifiquen (geográficos.) los compromisos de dichas entidades representativas”. como el concepto doctrinario del salario social. atendiendo a la edad. etc. cuando menos. refleje el consenso o.
asumida por Pasco. las horas extras. pues el constituyente ha optado por “conceder a las partes la libertad de fijar a través de los convenios colectivos de trabajo o de los contratos individuales de trabajo. a quien la fórmula adoptada resulta “demasiado amplia”. En todo caso. En cuanto a la supresión de las horas extras. Nos parece inconsistente esta justificación. no impide en ningún caso regular la materia en la Constitución. la distribución de la duración de la jornada total”. 4. Es justamente este tema. el trabajo nocturno ni el prestado en condiciones insalubres o peligrosas. Respecto a lo primero. el límite temporal de una jornada atípica de trabajo. y advierte que “La falta de límites cualitativos y cuantitativos puede llevar a fraudes en contra de acreedores de buena fe”. el que permite incorporar una modalidad de flexibilización negociada en la materia. claro está. al ser fijada con carácter de máximo. señalados por el propio artículo 25°. al “haber contraído el Perú compromisos internacionales al respecto en cuanto al pago de sobretasa por labores fuera de la jornada máxima”. resultaría desnaturalizando el precepto laboral bajo comentario. también es posible que tal reducción se alcance por mandato legal. debe ser fijado por la autonomía privada (y no por decisión unilateral del empleador). la fórmula constitucional incurre en un nuevo error de técnica legislativa al no fijar respecto a las jornadas acumulativas. efecto que de presentarse. es decir. en materia de tiempo de trabajo la Constitución de 1993 ya no regula la reducción de la jornada ordinaria. así como el criterio para calcular la aplicación del tope máximo a las jornadas acumulativas o atípicas (art. se entiende que se mantiene como deber estatal. costumbre o decisión unilateral del empleador”. 25°).. pues el compr omiso del Perú de cumplir con el Convenio N° 1 de la OIT. se ha ensayado como explicación para ello.2.3. y para ello no ha sido impedimento que nuestro país haya suscrito el Convenio N° 87 de la OIT. A diferencia de su predecesora. como que de hecho existe un artículo dedicado a la libertad sindical. sea esta ejercida de manera individual o colectiva. Finalmente. sin perjuicio de la intervención estatal por vía legislativa en la materia. procediéndose su reducción “por medio de convención colectiva. En nuestra opinión. la regulación del trabajo nocturno o el prestado en condiciones de riesgo. referido a la distribución del tiempo de trabajo. aunque ahora el mismo . se entiende que la jornada es siempre “susceptible de ser mejorada”.Jornadas La vigente Constitución regula los límites (diario y semanal) de la jornada ordinaria de trabajo. el período en que debe computarse que el promedio de horas laboradas no supere los límites máximos. que resultaba innecesario mantenerlas en el texto constitucional. contrato individual.
Esta última posición encuentra su sustento en la tesis que sostiene que la compensación es consagrada constitucionalmente bajo “un doble significado”. 4. es decir. al haberse eliminado su mención expresa del texto constitucional. . la regulación de su disfrute y su compensación (art. por lo que -en este caso. remitiendo alternativamente. Así. Morales entiende que una de las acepciones de “compensación”.3.Descansos La Constitución de 1993 regula la periodicidad (semanal y anual) de los descansos y establece su condición de remunerados. la que otorgue al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario (art. críticas que no siempre han sido bien recibidas por los promotores de la fórmula adoptada. vale decir. Pese a que el desarrollo normativo de ambos extremos corresponde a fuentes de menor nivel que el constitucional. En todo caso. 4. por ejemplo.dimana de una interpretación extensiva del principio protector. 25°). en lo que se refiere al disfrute del descanso. sustituyendo así toda mención al derecho de estabilidad en el trabajo y a la causalidad del despido. que el mismo no ha sido disfrutado por el trabajador en la oportunidad debida. Esta es una reforma medular y polémica que se introduce en el texto constitucional. quienes antes de fundamentar el cambio realizado. corresponde al pago que debe recibir el trabajador en “sustitución” del descanso físico.3. En sentido contrario. pero permite también otro tipo de compensación. debe de garantizarse que todas las modalidades de compensación respeten el contenido esencial del derecho a vacaciones y que los intereses particulares del trabajador san congeniados de la mejor forma posible con las políticas de administración de personal que aplique la empresa. Marcenaro ha sostenido que “el trabajador no puede obligarse a vender su día de descanso semanal”.Despidos La Constitución de 1993 dispone que sea la ley. ello no ha impedido que en la doctrina nacional se adelanten algunas apreciaciones sobre las mismas. pues ella “se refiere en primer término a la compensación económica común.. a la remuneración del día de descanso o de las vacaciones. 27°). como podría ser la de descanso por trabajo”. la misma que ha sido cuestionada por buena parte de la doctrina nacional.a la ley o al convenio.3.siempre debe disfrutar en forma efectiva del descanso correspondiente.4. Para este autor si es aceptable que un trabajador “venda” su descanso semanal. dedicaron sus esfuerzos a desacreditar el concepto de estabilidad laboral y la forma como éste fue recepcionado por la Constitución precedente..
dejaría de tener relevancia el régimen aplicable al despido. el vigente texto constitucional -como ya viene dicho.4. pues omite señalar la directa relación entre la naturaleza de la labor a desempeñar y la duración del contrato a celebrar. que mientras ésta dedicaba artículos independientes a la sindicación. Sólo la estabilidad laboral “de salida” estaría comprendida en el artículo 27° al prohibirse el despido sin justa causa. respectivamente”. 4. pero su deplorable “redacción ambigua” lo convierte en un “equívoco precepto”. cada uno de ellos cuenta con una identidad propia perfectamente delimitada. según la cual. . pues se adopta una fórmula que comprende tanto a la estabilidad “absoluta” (que entiende a la reposición como la garantía más conveniente para el trabajador) como a la estabilidad “relativa” (que prefiere a la indemnización como la reparación más eficaz frente al perjuicio sufrido).Los Derechos Colectivos El trípode de derechos sobre los que se estructura y asienta el derecho colectivo del trabajo. ha sido reconocido por el artículo 28° de la Constitución de 1993. para quienes lo mejor hubiese sido “que la propia Constitución de 1993 eligiera por la indemnización o la reposición. la negociación colectiva y la huelga. multiplicándose así la precarización laboral.opta por regular los tres derechos en un solo artículo. dejando que sea la ley la que defina la modalidad que mejor le parezca. La fórmula adoptada no ha dejado satisfechos ni a empresarios ni a trabajadores. pues si bien existe una estrecha interrelación entre los derechos mencionados. Cabe apuntar como primeras diferencias frente a la Constitución precedente. que aconseja regularlos bajo artículos diferentes. sino por el vencimiento del plazo para el que fueron concertados.. es del principio de continuidad de donde dimana el concepto de estabilidad que opera en los dos extremos de la relación laboral: en la contratación (con la llamada “estabilidad de entrada”) y en el despido (con la llamada “estabilidad de salida”). a labores permanentes le corresponden contratos de trabajo de duración indefinida. siendo la temporalidad la excepción.riesgo inherente a la opción tomada por el constituyente-.Como se sabe. No nos parece técnicamente conveniente la opción asumida. Téngase presente que de alentarse indiscriminadamente la contratación temporal . Adviértase que el artículo 27° pareciera olvidar la “estabilidad de entrada”. pues los contratos de trabajo se extinguirían ya no por decisión unilateral del empleador. siempre y cuando exista el supuesto de hecho habilitante para el efecto.
debe de entenderse que quedan garantizadas todas las manifestaciones de la libertad sindical. Cabe advertir que con esta indefinición. 24°) . pues asume la posición “que no es factible definir con precisión la libertad sindical por cuanto se trata de un concepto en proceso de evolución y dinámico por excelencia”. es decir. es decir.Sindicación En materia de libertad sindical. pues a éste le corresponde: reconocer el derecho de sindicación.Por la misma razón que se dedican preceptos independientes a típicas instituciones del derecho individual del trabajo.. y que lo más aconsejable es no ensayar ninguna. a lo que bien podría calificarse como una “libertad vigilada”. cautelar su ejercicio democrático. Dentro de la parquedad de la fórmula adoptada. incluye como novedad el otorgar al Estado la función de cautelar el “ejercicio democrático” de los derechos colectivos. deja sin definir si son únicamente los trabajadores a los que corresponde tal posición (tesis unilateral). tanto en su dimensión individual (donde se comprende a la libertad sindical “positiva” y a la “negativa”) como en su dimensión colectiva (que abarca a las facetas “dinámica” y “estática” de este derecho-libertad). tampoco precisa a quien o a quienes deben reputarse como titulares del derecho. intervencionistas en la vida y actividad de las organizaciones sindicales”. como la remuneración o el despido. El artículo 28°. la Constitución de 1993 somete a la acción gremial. este extremo del precepto encierra un potencial lesivo a la autonomía sindical. entendida en su sentido más amplio.1. El artículo bajo comentario. “a los sujetos del derecho que se dice proteger”. consideramos que la Constitución de 1993 debió hacer lo propio con los derechos laborales de naturaleza colectiva. la Constitución de 1993 se refiere a ellos en cuanto a su participación en dos instancias reconocidas también constitucionalmente: la regulación de las remuneraciones mínimas (art. pues “Cualquier definición sólo recogería aspectos parciales de su rico contenido”. la vigente Constitución establece una triple responsabilidad del Estado. La Constitución renuncia a precisar cualquier seña del contenido esencial del derecho de sindicación.4. lo que “abre la posibilidad a normas e. 1 bajo comentario. 4. o si ellos comparten con los empleadores la calidad de titulares (tesis bilateral). así como garantizar la libertad sindical. Respecto a los sujetos colectivos. se está dejando de señalar a nivel constitucional. inclusive a actuaciones administrativas. Siguiendo la curiosa tesis de que la democratización de la vida sindical es posible lograrla por la vía del intervencionismo estatal.
sin necesidad de recepción por los contratos individuales... sin perjuicio que la primera delimite sus fronteras mediante la fijación de “pisos” mínimos y de “techos” máximos. por ejemplo. 155°). por lo que resulta necesario que se dicte una ley con el propósito de atribuirle a ésta “un rango determinado en el sistema de fuentes del derecho”. De esta manera. 4. queda consagrada en sede constitucional. consecuentemente. Esta última obligación pública resulta del mayor interés. mientras que en el segundo se prefiere la fórmula “instituciones representativas del sector laboral y del empresarial”. La vigente Constitución ya no ubica a la convención colectiva en el nivel primario como sí lo hacía su predecesora. pues la misma deberá ser cumplida con el respeto escrupuloso y pleno de la autonomía colectiva por parte del Estado. cautelar su ejercicio democrático y fomentar la negociación.Convención Colectiva La Constitución de 1993 predica de la convención colectiva su carácter de “fuerza vinculante”. en materia de negociación colectiva también encontramos tres deberes estatales.Negociación Colectiva Por mandato de la Constitución de 1993. y su relativa imperatividad frente a la autonomía individual. 4. “la aplicación automática de los convenios colectivos a las relaciones individuales comprendidas en la unidad negocial correspondiente. exigencia oponible al Congreso en su labor legislativa. en tanto garante del ordenamiento jurídico. debe garantizar a ésta última los espacios convenientes para su desarrollo.2. lo que dista bastante de una técnica legislativa depurada. ha despertado la aplicación del principio de los derechos adquiridos consagrado en el artículo . al Poder Ejecutivo en sus tareas de reglamentación y en la definición de sus políticas laborales. así como la determinación del ámbito o nivel en donde se desarrollarán las correspondientes negociaciones. El siempre difícil equilibrio entre la ley y la autonomía colectiva. corresponde a los interlocutores sociales la libre determinación de la materia negocial.4. y aún al Poder Judicial. efecto normativo pleno.y su incorporación al Consejo Nacional de la Magistratura (art.3. En ejercicio de tal autonomía. Ellos son: reconocer el derecho de negociación colectiva. Especial polémica. que sólo puede disponer su mejora pero no su disminución”. lo que significa reconocerle condición de fuente del derecho y.4. debido a los conflictos que crea. utilizando en el primer caso la expresión “organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores”.
4. la Constitución de 1993 consagra una triple responsabilidad estatal: reconocer el derecho de huelga.dejaría de tener aplicación inmediata sobre los contratos individuales de trabajo.. en este caso ella resulta afectada por una disposición de fuente heterónoma.Huelga También frente a la huelga. La última de las obligaciones reseñadas. otras disposiciones de cualquier clase”. el precepto ya fija el contenido . Para entender mejor los efectos de este artículo. pues los trabajadores que ya tenían vínculo laboral. b) pasivo: cuando la convención es objeto de modificación. corresponde distinguir dos supuestos: a) activo: cuando la convención se convierte en sujeto de modificación. para dejarla a salvo de cualquier modificación que se le pretenda hacer por norma de fuente estatal. implica la promulgación de una norma con rango de ley.4.la reserva legal existente en el texto constitucional precedente. se sigue sosteniendo que el Estado. En el primer supuesto (“activo”) se afectaría la eficacia normativa de la convención colectiva. sería manifiesta”. 28°.2 y el artículo 62. cautelar que el ejercicio de la huelga sea democrático y regular este derecho de tal manera que sea ejercido en armonía con el interés social (art. decretos legislativos y decretos supremos extraordinarios) “que modifiquen convenios colectivos”. viola el principio de negociación colectiva libre y voluntaria establecida en el artículo 4 del Convenio núm. en mérito del “interés general” y siempre que medien “situaciones de emergencia económica”. que ha sido ratificado por el Perú. puede dictar normas (leyes. para el que “La suspensión o la derogación -por vía de decreto. Pero no se señala a quien corresponde la condición de titular de este derecho. por lo que la fórmula adoptada sigue manteniendo aunque ahora implícitamente. De esta forma se estaría vaciando de contenido el derecho a la negociación colectiva reconocido por la propia Constitución. debido a sus particulares consecuencias en el ámbito de las relaciones de trabajo. 3). “al constreñir los alcances de los convenios colectivos a los trabajadores que ingresen durante su vigencia”. “En esta hipótesis la colisión entre el artículo 28.. seguirán regulándose por el ordenamiento bajo el que originalmente quedaron comprendidos. Pese al claro mandato constitucional. 4. sin el acuerdo de las partesde convenciones colectivas pactadas libremente por la mismas. en este caso ella actúa sobre los contratos individuales de trabajo.62° de la Constitución a las convenciones colectivas. pues ésta -comprendida en la amplísima expresión “. se le estaría proporcionando a la convención una suerte de “blindaje”. En todo caso.. En el segundo supuesto (“pasivo”). opinión que contradice la clara posición sentada por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 98”.
quienes deben de tener unas fuerzas próximas al equilibrio estratégico. en ejercicio de la autonomía colectiva. la misma que puede también buscar fundamentarse en el precepto que dispone que la Constitución no ampara el abuso del derecho (art.Solución Pacífica de Conflictos La Constitución de 1993.. Corresponde al Estado la promoción de todos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. conforme a su objeto (. quedando las partes facultadas para establecer los cauces procedimentales de su negociación. amplísimo concepto que deberá ser convenientemente acotado por el legislador..5.) la segunda configura una de sus especies: la de los conflictos colectivos de reglamentación”. pero en ningún caso son equiparables. al igual que su predecesora. Por el contrario. el mismo que queda subordinado al “interés social”. No está de más advertir que este es el único artículo en todo el texto constitucional que invoca el “interés social”. lo más seguro es que la fijación de las condiciones de trabajo deje de ser . su regulación no demanda necesariamente una intervención heterónoma. Mientras que la primera “abarca los conflictos individuales o colectivos. y los de aplicación o de reglamentación. la promulgación de una ley o norma de similar rango para regular la materia. lo que exige el desarrollo de políticas públicas de promoción a favor del sujeto sindical. o aquellas que surgen de un conflicto entre derechos fundamentales. para evitar que se convierta en un parámetro de legitimidad que pueda ser utilizado discrecionalmente por el Estado con propósitos restrictivos. menciona la solución pacífica de los conflictos laborales asociándola a la negociación colectiva. 103°).4.mínimo de la norma de desarrollo. la misma que comprende. pues en estricto la relación entre ellas es de género a especie.. tratándose de conflictos laborales de aplicación. Está claro que entre ambas materias existe vinculación. en el caso de los conflictos laborales de aplicación. con la pretensión controlista ya señalada. Si el retiro del Estado en esta materia no es acompañado de políticas de esa naturaleza. o las que admiten un régimen de excepción”. a la que corresponde señalar las “limitaciones” y “excepciones” al derecho de huelga. Consideramos conveniente la eliminación de la intervención del Estado con capacidad decisoria en los conflictos colectivos de trabajo. supuestos que bien pueden alegarse que se presentan al ejercitarse el derecho de huelga. con el propósito de “imponer limitaciones adicionales y arbitrarias a las previstas expresamente por cada uno de los artículos del texto constitucional. 4. pero creemos indispensable que el espacio que antes correspondía a la presencia estatal sea convenientemente ocupado por los actores sociales. según el interés afectado.
. en cumplimiento de l a “genérica obligación” que le ha sido impuesta por mandato constitucional. que el Estado resulta llamado a promover.6. el texto constitucional vigente sólo recoge una de ellas: la que opera sobre las utilidades.Participación De las tres modalidades participativas consagradas por la Constitución de 1979. 4. configurándose así un desequilibrado sistema de relaciones laborales.convencional..4. Ambas quedarían comprendidas en esas “otras formas” de participación. para pasar a ser establecida de manera unilateral por los empleadores. eliminándose la referencia expresa a la participación de los trabajadores en la gestión y en la propiedad empresarial.
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