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Timestamp: 2018-08-21 18:22:20+00:00

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﻿ SENTENCIA 5902 DE OCTUBRE 24 DE 1990
SENTENCIA 5902 DE 24 DE OCTUBRE DE 1990
CONTENIDO:FALLA DEL SERVICIO MÉDICO, FALTA DE PRECAUCIONES PREVIAS EN CIRUGÍA
TEMAS ESPECÍFICOS:DESATENCIÓN EN SALUD, CIRUGÍA PLÁSTICA, CIRUGÍA BARIÁTRICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:229 DE ENERO DE 1991, PÁG.42
Sentencia 5902 de octubre 24 de 1990
FALTA DE PRECAUCIONES PREVIAS EN CIRUGÍA
Ref.: Exp. 5902
Bogotá, D.E., veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandado—Instituto de Seguros Sociales—contra la sentencia del 7 de julio de 1989 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda.
1. La señora María Helena Ayala de Pulido en ejercicio de la acción de reparación directa y cumplimiento demandó a Instituto de Seguros Sociales, Seccional Sogamoso, solicitando se hicieran las siguientes declaraciones:
“1. Que se decrete que el Instituto de los Seguros Sociales es absolutamente responsable de los perjuicios ocasionados con las secuelas permanentes deformidad física, perturbación del aparato locomotor, perturbación funcional del órgano de la secreción, por falla en la prestación del servicio.
2. Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar a la demandante, el valor de los perjuicios a que haya lugar, es decir, los morales, teniendo en cuenta la sentencia del Consejo de Estado que determinó los gramos oro de acuerdo a la devaluación de la moneda y la corrección monetaria, sentencia de febrero 9/78, teniendo en cuenta el daño emergente y el lucro cesante, subjetivos y objetivos.
3. Que se condene a pagar al Instituto de los Seguros Sociales, a la señora María Helena Ayala de Pulido, la suma de $ 30.000.000 o los que resulten probados al nombrar los peritos, que pido en el capítulo de pruebas, para que determinen de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo la gran invalidez de la demandante, teniendo en cuenta su juventud, su capacidad de trabajo, todos estos valores económicos deben estar ajustados a la devaluación de la moneda y la corrección monetaria que exista en el momento de hacer la evaluación respectiva.
4. Que se condene al costo (sic) al Instituto de Seguros Sociales” (fls. 9 y 10, C. 1).
2. La actora fundamentó la demanda en los hechos que se sintetizan así:
1. La señora María Helena Ayala de Pulido, de 41 años de edad, con cinco hijos, dedicada a las labores del hogar, tenía un negocio de cría de canarios y otras aves, con lo cual colaboraba para los gastos de manutención de su familia, y estaba casada con el señor Juan José Pulido Engativá quien por estar vinculado a la empresa Acerías Paz del Río S.A. era aportante del Instituto de los Seguros Sociales y por tanto la prestación del servicio de salud era extensiva a su familia. Por esta razón, la señora Ayala de Pulido utilizó los servicios médicos del Instituto de Seguros Sociales y así ingresó a dicho centro el 23 de marzo de 1982 para recibir el servicio de ''''trabajo de parto”.
2. El 24 de marzo de 1982, por petición escrita de los esposos Pulido Ayala, el doctor Juan López Granados, gineco-obstetra al servicio del I.S.S. le practicó a la actora una ligadura de trompas para lo que el anestesiólogo doctor Jaime Arango Vélez, también al servicio del instituto, le colocó anestesia raquídea Al día siguiente se presentó en la paciente dolor in tenso en los miembros inferiores con adormecimiento desde la región inguinal hacia abajo. Dichas molestias se fueron incrementando hasta el punto de concretarse a través de un reconocimiento médico legal del 30 de julio de 1984, en una lesión consistente en parálisis de los miembros inferiores con incontinencia urinaria y fecal, de carácter permanente y con una incapacidad médica legal de 30 días.
3. Durante el lapso comprendido desde la fecha de la intervención para la ligadura de trompas y la calificación médico legal definitiva de la lesión, la demandante fue tratada en la clínica del Seguro de Sogamoso, de donde, según la historia clínica, salió aún utilizando sus dos piernas, pero comprometida en un proceso de parálisis evidente, que motivó luego de procedimiento de interconsulta, su remisión al Instituto Neurológico de Colombia en donde se le diagnostica, previos exámenes clínicos, una “aracnoiditis a nivel lumbar” recomendándosele tratamiento de fisioterapia y control ambulatorio.
4. Entre septiembre y noviembre de 1982, la actora se ve más afligida en su movilidad de los miembros inferiores, lo que ocasiona nuevamente su remisión al Instituto Neurológico de Colombia en donde finalmente se insiste en el diagnóstico de la aracnoiditis lo que le viene a ocasionar la pérdida total de la fuerza en los miembros inferiores quedando parapléjica y sin cambios sensitivos, recomendándose como única terapia la fisioterapia ambulatoria y el control por consulta externa.
5. Considera la demandante que el procedimiento aplicado por parte de los médicos adscritos al Seguro Social de Sogamoso resultó altamente deficiente, lo que sin embargo para efectos procesales constituye hecho de difícil prueba, pues es real que entre esta clase de profesionales sea normal costumbre cubrirse entre sí los errores que cometen y sufren los pacientes, pero que con todo no alcanzan a encubrir la evidente falla en la prestación del servicio, puesto que la lesión que sufre la demandante, hubiera podido preverse aplicando las correspondientes pruebas de sensibilidad y previendo mejor las posibilidades de riesgo, cuestión que no efectuó el doctor Jaime Arango Vélez, anestesiólogo que la atendió.
6. La lesión que considera el actor se originó en una falla del servicio, ocasionó y sigue acarreando grandes perjuicios morales y económicos a la demandante, pues su paraplejía permanente y definitiva constituye una carga económica y moral para su familia y ella misma.
7. En suma, resalta la accionante, que el Instituto de los Seguros Sociales, en cambio de solucionarle un problema de planificación familiar, le ocasionó una parálisis de miembros inferiores definitiva, que para siempre la postró en una silla de ruedas, con gravísimas consecuencias morales y económicas.
3. El demandado contestó la demanda mediante apoderado, negando en forma general los hechos y oponiéndose a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones:
1. Inepta demanda, por cuanto en la demanda invoca el procedimiento ordinario, cuando de conformidad con el capítulo II del Título XXVI, libro 4° se trata de un proceso especial ya que se pretende la reparación directa de perjuicios.
2. Ilegitimidad de la personería del demandado, en virtud de que el representante legal del Instituto de Seguros Sociales lo es el director general y no el gerente regional, según lo dispuesto por el art. 56 del Decreto-Ley 1650 de 1977.
3. Caducidad de la acción, ya que la intervención quirúrgica que produjo la invalidez de la demandante ocurrió el 24 de marzo de 1982 y la demanda se presentó el 16 de agosto de 1985, cuando habían transcurrido más de tres años.
4. Ausencia de culpa, puesto que el accidente no se debió a descuido o negligencia del profesional médico, sino por causa ajena a él.
También solicitó la demandada el llamamiento en garantía al médico anestesista Dr. Jaime Arango Vélez, con el objeto de que responda por el resultado de la sentencia que llegara a proferirse contra el I.S.S.
El mencionado profesional se hizo presente en el proceso impugnando la responsabilidad que se le endilgaba con fundamento en que no hubo de su parte en la producción del daño culpa alguna o dolo.
4. Surtido el trámite legal de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá procedió a dictar sentencia favorable a las pretensiones de la demandante con base en los siguientes argumentos:
Respecto de las excepciones propuestas agrupó, las de inepta demanda e ilegitimidad de personería en el demandado y consideró que se fundaban en objeciones de carácter formal, esto es, que constituyen meras imprecisiones que por sí solas no alcanzan a estorbar el pronunciamiento jurisdiccional .
En cuanto a la de caducidad, consideró que tampoco debía prosperar, puesto que el hecho dañoso sólo completó su total perfil en el momento en que el Instituto de Medicina Legal lo cataloga como lesión física con carácter de invalidez e inestabilidad de miembros inferiores, lo que ocurrió el 30 de julio de 1984, por lo cual no se produjo la caducidad ya que la demanda se presentó el 16 de agosto de 1985.
Finalmente, sobre la ausencia de culpa consideró que, siendo ésta de fondo, no podría aceptarse pues la responsabilidad administrativa deviene de la Constitución Nacional, sin que se fundamente en principios propios de la responsabilidad civil.
En cuanto a las pretensiones, en lo pertinente argumentó lo siguiente:
“...La falla del servicio público de la salud, lo ha dicho la jurisprudencia, gira dentro del entorno de la presunción, es decir que si el daño se presenta en conexión con aquel, corresponde a la entidad demandada demostrar, como quedó dicho, los extremos de exoneración...” (fl. 152, C. 1).
“ . . .Articulando la prueba a los planteamientos precedentes aparece ostensible la prosperidad de la acción, dada la demostración cabal que del daño se hizo dentro del proceso, su puntualización dentro de criterios de certeza y apreciabilidad y el vínculo que se entraña entre éste y una función pública del Estado que se cumplió a través o mediante uno de sus órganos, en el cumplimiento de uno de los deberes fundamentales del Estado.
La anterior premisa sería suficiente para derivar la responsabilidad estatal ante la conducta defensiva de las partes impugnadas, que por equivocación de enfoque, resultó omisiva y deficiente en la tarea de demostrar y probar los extremos de exoneración de la responsabilidad estatal”. (fls. 152 y 153, C. 1).
Y respecto del llamamiento en garantía al Dr. Jaime Arango Vélez resolvió que no prosperaba por cuanto en el expediente no hay prueba que tipifique la conducta individual del agente en los grados de culpa grave o dolo.
Sobre los perjuicios morales, los reconoce en el equivalente a mil gramos oro en virtud del desarreglo emocional por el estado parapléjico en que quedó la actora, lo cual fue plenamente probado dentro del proceso.
En lo referente a los perjuicios materiales, que comprenden daño emergente y lucro cesante, expresó que el primer aspecto no resultó probado por lo cual no prosperó la pretensión por dicho rubro, y en cuanto al lucro cesante precisó que a pesar de no aparecer probado en el plenario que la lesionada ejerciera actividad comercial alguna ni tampoco la percepción de ingresos laborales consideró que tiene derecho a que se le indemnice por la posibilidad que tenía de ganarse la vida en una actividad lucrativa, y de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, respecto de las amas de casa, estimó que debe calcularse sobre la base del salario mínimo legal, así que condenó en abstracto al resarcimiento por este rubro y fijó las pautas para su liquidación.
5. El demandado interpuso recurso de apelación contra la sentencia, en el cual ratificó la procedencia de las excepciones de caducidad e inepta demanda y además objetó la sentencia por cuanto en el fallo sólo tuvo en cuenta un criterio objetivo .
Dichos conceptos los amplió más específicamente en el alegato de conclusión, en donde expresó, respecto de la excepción de caducidad que el a-quo tomó caprichosamente la fecha de un reconocimiento médico legal de julio 30 de 1984; sin embargo, en su concepto, obran otras pruebas en el expediente para tomar en cuenta la fecha de iniciación del término de caducidad, como son la del denuncio penal contra los médicos —julio 21 de 1983—, la de la carta enviada por el esposo de la señora Ayala de Pulido al I.S.S. reclamando compensación por invalidez de su esposa—julio 1° de 1983—, la fecha en que el Instituto Neurológico de Colombia determinó la parálisis de la actora—agosto 31 de 1982—, la de la evaluación que hizo el Comité Técnico del Seguro Social en que señaló las consecuencias del accidente. Sin embargo, afirma que las normas en materia procedimental no admiten interpretación, por lo que la única fecha válida para el efecto es la de la intervención—24 de marzo de 1982—y como según el Decreto 528 de 1964 el término de caducidad era de 3 años y la demanda se presentó el 16 de agosto de 1985, se consumó el fenómeno mencionado.
De otra parte, alegó que no se demostró la falta o falla del servicio y en cambio sí se demostró, en forma inequívoca e irrefutable, mediante concepto de expertos médicos, que el daño presentado fue ocasionado por típico accidente imprevisible, lo que descarta el cargo de negligencia, descuido o torpeza que se le endilga tanto por la actora como por el tribunal. Además impugna el hecho de que éste no haya tomado en cuenta el acervo probatorio del proceso.
El apoderado de la demandante presentó memorial, que obra a folios 178, solicitando la confirmación de la sentencia.
6. El agente del Ministerio Público, en concepto del 6 de marzo de 1990 (fl. 180), analiza las excepciones propuestas y respecto de la caducidad expresa que para su conteo se debe tener en cuenta la fecha del 31 de agosto en la cual el Instituto Neurológico de Colombia diagnosticó aracnoiditis lumbar. Por lo que, como a 1° de marzo de 1984 no había caducado la acción, la actora tenía plazo para demandar hasta el 1° de marzo de 1986, por lo que dicha excepción no debe prosperar; en cambio, solicita se anule lo actuado en el proceso desde el auto admisorio de la demanda, porque considera que el trámite a seguir en el presente proceso era el especial previsto en el art: 127 del CCA y el que se observó fue el ordinario.
1. En razón a que por el demandado se propusieron las excepciones de inepta demanda por trámite inadecuado y por indebida representación del demandado, de caducidad y de ausencia de culpa, es necesario proceder a su análisis previo, máxime cuando algunas de éstas, como la caducidad y la ineptitud de la demanda por trámite diferente del ordenado por la ley, han sido aspectos básicos en el presente debate procesal.
Respecto de la inepta demanda por ilegitimidad de la personería en el demandado, para la Sala no prospera por cuanto mediante la Resolución N° 649 del 17 de junio de 1980 el director general del I.S.S. delegó en los gerentes de las seccionales la facultad de notificarse de las demandas que se instauren contra el instituto dentro de la respectiva área jurisdiccional (fl. 92). A folios 33 y 34 aparece la resolución de nombramiento del doctor Juan Donaldo Gámez Cubides como gerente de la seccional del Instituto de Seguros Sociales de Boyacá y la respectiva acta de posesión.
En cuanto a la excepción propuesta de procedimiento inadecuado, frente a las normas del Código Contencioso Administrativo efectivamente aparece que el trámite prescrito para los procesos de reparación directa y cumplimiento es el especial establecido en el Capítulo II del Título XXVI y no el ordinario que fue invocado. Sin embargo, si se observa el expediente se concluye que a pesar que el demandante habló del procedimiento ordinario el tribunal aplicó el que correspondía, sin que resultara afectado el derecho de defensa de las partes.
Sobre la caducidad, en la cual en parte fundamenta el demandado el recurso que se estudia, la Sala debe examinar en primer lugar la fecha desde la cual ha de empezar a contarse su término. Dados los hechos, presupuesto de la acción, como el daño total no se produjo al momento mismo de la intervención quirúrgica, para efectos del cálculo del plazo de caducidad debe partirse de la época en que los efectos del daño se produjeron y la actora tuvo pleno conocimiento de ellos, y dentro del expediente obra prueba de que ello ocurrió el 31 de agosto de 1982 fecha en que el Instituto Neurológico de Colombia determinó la parálisis de la actora (fl. 110, C. 4), por tanto computado el plazo desde dicha fecha el proceso no estaba caducado cuando se presentó la demanda.
De otra parte, el análisis del término de caducidad lo expone acertadamente la fiscalía acogiendo la interpretación jurisprudencial, por lo cual lo adopta la Sala y para mayor claridad se permite transcribirlo así:
''''...Ahora, si bien es cierto que se le practicó a la señora María Helena Ayala de Pulido la anestesia pendural el 23 de marzo de 1982, también es cierto que solamente en agosto 31 se le diagnosticó, por parte del Instituto Neurológico de Colombia, aracnoiditis lumbar; por lo tanto, la fecha que se debe tener en cuenta para la caducidad de la acción es la del 31 de agosto de 1982, como no había caducado la acción para el 1° de marzo de 1984, fecha en que empezó a regir el nuevo Código Contencioso Administrativo, tenía plazo para presentar la demanda hasta el 1° de marzo de 1986; como fue llevada la demanda a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá el 16 de agosto de 1985, no hay caducidad de la acción''''. (fl. 182, C. 1).
2. Problema fundamental en materia de responsabilidad civil o de responsabilidad del Estado o de la Nación por falla del servicio ha sido el de la prueba del elemento culpa, pues ni tratadistas ni jurisprudencia dejan de mencionarlo como uno de los elementos axiológicos de dicha responsabilidad; las diferencias que se presentan hacen relación a su prueba y a la parte a quien corresponde aportarla.
Cuando se habla de responsabilidad por falla del servicio quien lo hace se está refiriendo a una especie de responsabilidad nacida de una falla funcional u orgánica que encuentra su fundamento en un servicio que la administración debía prestar, bien por disposición de la ley o de los reglamentos o cuando de hecho lo asume y que o no lo presta o lo presta de manera irregular en el espacio o en el tiempo. En sentencia de 30 de junio de 1989, Exp. N° 5225, actor Javier de Jesús Ángel Herrera, esta Sala, luego de estudiar el desarrollo jurisprudencial que ha tenido este instituto y de indicar cómo el criterio de la identificación de la obligación administrativa implica que su incumplimiento se califique como falta del servicio y que se ha considerado como obligación de esta clase la que corresponda a una función que el Estado deba cumplir de acuerdo con la ley o los reglamentos, expresó: “...la experiencia ha demostrado que el atenerse al solo criterio que podríamos llamar funcional deja por fuera muchos casos de evidente falla o falta del servicio, por la sola razón de no estar comprendido el servicio como parte de una función creada expresamente por la ley y encomendada a un determinado ente. Por esto, los doctrinantes han ampliado la determinación de la obligación administrativa diciendo que ésta existe no sólo en los casos en que la ley o el reglamento la consagra expresa y claramente, sino también en todos aquellos eventos en que de hecho la administración asume un servicio o lo organiza y lo mismo cuando la actividad cumplida está implícita en la función que el Estado debe cumplir”, y más adelante, acogiendo este criterio dijo que “si la administración tiene como uno de sus fines primordiales proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes no se ve por qué no deba responder de los perjuicios que con su actividad llegue a causar, cuando en ejecución de una tarea que no le corresponde según la ley y el reglamento, pero que de hecho asume, en efecto los irroga” y en consecuencia declaró la responsabilidad de un establecimiento público que no tenía dentro de sus funciones transportar materiales de construcción pero que para ayudar en la construcción de una escuela los transportó y en el desarrollo de la operación uno de sus vehículos hirió a un menor.
Para el tratadista Arturo Alessandri Rodríguez (De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Imprenta Universal, Santiago de Chile, 1981) los elementos axiológicos de la responsabilidad extracontractual son:
a) Que el autor del hecho sea capaz de delito o cuasidelito;
b) Que ese hecho u omisión provenga de dolo o culpa;
c) Que cause un daño; y
d) Que entre el hecho o la omisión dolosa o culpable y el daño exista una relación de causalidad.
Para los hermanos Henri y León Mazeaud (Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil y Contractual, Ed. Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1977) tales elementos son:
b) La culpa; y
c) El nexo causal.
En fin, para el ilustre jurista uruguayo Jorge Peirano Facio (Responsabilidad extracontractual, Ed. Temis, Bogotá, 1981 se es responsable extracontrato cuando se reúnen estos elementos: a) El hecho ilícito; b) Un perjuicio o daño; c) Dolo, culpa o negligencia en el autor; y d) El nexo causal.
Se ha dicho y repetido por la Sala que los elementos axiológicos de la responsabilidad por falla del servicio son:
a) Un servicio que funcionó mal, no funcionó olo hizo tardíamente; b) Un perjuicio; c) Una relación de causalidad entre a y b.
Estos elementos vienen a constituir los presupuestos de hecho que como tales, según lo anota el ilustre jurisconsulto Dr. Antonio Rocha (De la Prueba, Ed. Lerner, Bogotá, pág. 25 y ss. ), deben ser objeto de la actividad probatoria, pues es el asunto o caso que se litiga.
Ahora bien ¿cuál es la carga probatoria que le corresponde al perjudicado con una falla del servicio?
Como incumbe probar las obligaciones (en este caso, la indemnizatoria) a quien las alega (art. 1757 C.C. y 177 del CPC), el actor dentro del proceso tendra, fundamentalmente, esta carga. Se dice que fundamentalmente porque en el moderno derecho procesal, cuando se habla de carga de la prueba no se está significando quien debe probar cada hecho, en el sentido de que si ese quién no cumplió con el deber sufrirá con la consecuencia desfavorable de su falta, sino que la expresión carga de la prueba señala sólo a quien tiene interés jurídico en que resulte demostrado un determinado hecho.
¿Pero cómo y hasta dónde, hasta qué límite llega esa carga? El cómo lo señala el Código de Procedimiento Civil normando, regulando la forma de aducir la prueba e indicando la especie probatoria adecuada (testimonial, documental, pericial, etc.) y su valor (también aquí, el moderno derecho procesal ha evolucionado y ha sentado el principio de la libre evaluación o apreciación de la prueba por el juez de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En nuestro derecho positivo, por ej. el Código de Procedimiento Civil, art. 187 y el Código Contencioso Administrativo, art. 168, han acogido este postulado). El límite estará determinado, en cada caso, por la naturaleza misma del hecho a demostrarse sin que se olviden, naturalmente, las reglas especiales que el legislador haya establecido.
En lo que se refiere al primer elemento, el actor tiene interés jurídico en que se pruebe que un determinado servicio, que debía prestarse en el evento concreto, funcionó mal, no funcionó o lo hizo tardíamente.
Pero ¿cuándo un servicio funciona mal, no funciona o funciona tardíamente? Pues, responde la Sala cuando debiendo operar, para alcanzar un determinado fin (v. gr., proveer de agua potable a los asociados) o con un cierto propósito (v. gr., impedir una asonada), éstos no los alcanza o no lo hace en forma que ellos puedan conseguirse o lo hace a destiempo o, finalmente, no opera. (En realidad, todas esas maneras pueden reducirse a una mala operación; cuando un servicio no opera a tiempo, opera mal, como sucede también cuando no opera o cuando se desvía del fin para el cual está establecido).
Se ha dicho que “cuando debiendo operar” para significar la necesidad de que exista o una norma legal o reglamentaria que establezca la función o el hecho de que ésta haya sido efectivamente asumida por el ente administrativo a quien se le achaque su mala operación.
También se dice que funciona mal el servicio cuando no alcanza el fin o propósito perseguido con él, porque no puede concebirse un servicio establecido por la ley o los reglamentos o asumido de hecho por quien lo presta, sin una finalidad, sin un objeto.
Ahora bien, lo anterior no quiere significar que el elemento culpa esté ausente de la responsabilidad por falla del servicio. Al contrario, el mismo Consejo de Estado en varias oportunidades ha expresado que no toda falla implica responsabilidad del ente administrativo causante del daño, sino que será únicamente la proveniente de una conducta negligente o descuidada del servicio mismo, sin que importe la identificación del agente de la administración que intervino en su acontecer.
Así, en una ocasión se dijo:
“2. Si bien el artículo 16 de la Constitución Política, primero del Título III sobre derechos civiles y garantías sociales, previene que las autoridades de la República están instituidas para proteger las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes...”, de allí no puede concebirse que el Estado asume una obligación de resultado, de seguridad, pues en tales circunstancias estaría obligado a responder por todas las muertes violentas ocurridas en el país, por todas las calumnias e injurias y por todos los hurtos, robos y depredaciones”. (Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Bogotá, D. E., junio 12 de 1984. Expediente N° 11.014. Actor: Ligia Calderón de Córdoba. Recurso de súplica contra sentencia del 1-7 de febrero de 1983 de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Anales, Primer Semestre 184, p. 887-894).
En lo que no hay claridad absoluta es en si esa negligencia o descuido debe demostrarse o si ella resulta inferida de la presencia de la falla misma.
Para la Sala si bien la falla habla por sí misma ello no excluye que el juez deba investigar qué la produjo, para en esta forma, si llega al convencimiento de que ocurrió por una conducta descuidada o negligente de la administración, declare la responsabilidad y fulmine las condenas del caso.
Lo que sí es cierto es que el primer interesado en demostrar que su conducta fue diligente o cuidadosa debe ser la administración, pues un servicio debe prestarse en la forma prescrita por las leyes o los reglamentos y si ocurre que no se prestó o se prestó inoportunamente, la primera inferencia lógica del juzgador será que el funcionamiento anormal se debió, en principio, a culpa, es decir a negligencia o descuido de la administración. Esta entonces, tendrá la carga (entendida en el anotado sentido de interés) de demostrar que su conducta se ajustó a su obligación genérica de proteger a los administrados en su vida, honra y bienes (art. 16 de la Carta) y a la específica que le señalen los reglamentos.
En el derecho privado la responsabilidad se ha dividido o clasificado en contractual y extracontractual, según que su origen esté en la violación de obligaciones acordadas o convenidas por las partes o resulte de la violación del principio general de no causar daño a la persona o propiedad de otro (el nemen laedere).
Para determinar la extensión de las obligaciones asumidas contractualmente, a su vez se habla de obligaciones de medio y obligaciones de resultado.
Se explicó esta distinción diciendo que son obligaciones de resultado aquellas que tienen por objeto un hecho “claro, preciso y de contornos definidos'''', o, en otras palabras “cuando el objeto de la obligación se identifica con el fin que persigue el acreedor, ésta se llama de resultado”; en cambio, la obligación es de medio (Henri Mazeaud en su obra “Ensayo de clasificación de las obligaciones”, impropiamente la llamó de prudencia y diligencia, como si en las de resultado no se requiriera la misma conducta), cuando su objeto es un hecho “de lineamientos esfumados” y se estará en este caso, “cuando el deudor no se compromete a realizar u obtener un determinado resultado, sino sólo a poner los medios que de ordinario conducen a ello” (R. Uribe Holguín, De las obligaciones y del contrato en general, Ed. Rosarista, Bogotá, 1980, págs. 15 yss. y 172 y ss. ). Ejemplos de la primera clase serían todas las obligaciones de dar, algunas de las de hacer (promesa de contrato, las del depositario, las del mutuario, etc. ) y de las segundas, las del médico y el abogado.
Desde un principio la distinción entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado mereció reparos porque, por una parte, el deudor siempre está obligado a ser diligente y cuidadoso, sin importar cuál sea la clase de obligación de que se trate (baste no más leer el texto del art. 1606 del Código Civil, en donde se exige al deudor de entrega de cosa que la conserve hasta cuando la efectúe y que emplee en su custodia e; debido cuidado) y por la otra, porque en toda obligación, cualquiera que sea su objeto, el acreedor espera un resultado: en unas, la entrega o devolución de algo, en otras que no se ejecute o realice algo, y en las demás, que realice ciertos hechos; así, del abogado contratado para incoar y atender el desarrollo de un proceso se espera que presente la demanda, que solicite y atienda la práctica de pruebas, que interponga los recursos de ley, etc. y del médico, que practique los reconocimientos de rigor, que recete los medicamentos adecuados, que ordene los exámenes que la técnica recomiende, etc.
La Corte Suprema de Justicia en sentencia fechada el 31 de mayo de 1938, acogió la distinción anotada no sólo para expresar que el deudor excusa su incumplimiento con la demostración de la fuerza mayor, caso fortuito o intervención de elemento extraño en las obligaciones de resultado y en las de medio con la de la “ausencia de culpa” (y los comentaristas han entendido que ella se da con la de la diligencia y cuidado), sino para imponerle al acreedor, en las de medio, la carga de demostrar que el deudor no fue ni cuidadoso ni diligente. (C.S. de J., Sala de Casación Civil, ordinario de Georges Maguin vs. Rafael y Enrique Iregui C., G. J. Tomo XLVI, pág. 566 y ss.).
Volviendo al tema de la distinción entre obligaciones de medio y de resultado es útil anotar que ella ha servido en la doctrina y en la jurisprudencia, en el campo de la responsabilidad contractual, para determinar la extensión de la carga probatoria del deudor (obsérvese que del deudor, no del acreedor) y para este efecto se ha dicho: quien debe una prestación nacida de una convención no puede justificar su incumplimiento sino con prueba de que éste ocurrió por fuerza mayor o caso fortuito o por culpa de la víctima; sin embargo, cuando la obligación es de medio, entonces podrá justificarlo demostrando diligencia y cuidado, es decir que no obstante haber sido cuidadoso y diligente, el resultado que de él se esperaba no se logró.
En lo que hace ya no al deudor sino al acreedor, en el estado actual de la cuestión, tratándose de obligaciones nacidas de un contrato, le bastará demostrar la existencia de la obligación (el contrato), pudiendo entonces pedir su cumplimiento o su resolución, con indemnización de perjuicios moratorios en el primer caso o compensatorios y moratorios en el segundo, los que deberá demostrar, sin que obste para ello que el contrato sea mercantil y se presuma que con él se buscaba un lucro. Los daños deben ser consecuencia (efecto) del incumplimiento de la obligación reclamada.
En Colombia y en Chile, la mayoría de tratadistas y de la jurisprudencia sostienen que basta la prueba de la obligación (el contrato) sin que al mismo tiempo sea indispensable, al acreedor, demostrar el incumplimiento, el que bastará que lo afirme; para ello se fundan en lo prescrito por el art. 1757 del C.C. en concordancia con el inc. 3° del art. 1604 ib. (artículos que corresponden a los 1547 y 1698 del Código Civil Chileno). El deudor, de acuerdo con dichas normas es quien tiene que demostrar o su diligencia o cuidado o que no se alcanzó el resultado concreto esperado de él, debido a fuerza mayor o caso fortuito o a culpa exclusiva de la víctima.
En otros países, como por ejemplo en España, los tratadistas sobre la materia (responsabilidad contractual), sostienen la necesidad de demostrar no sólo la obligación sino el incumplimiento del deudor. Esto se debe a que en los códigos de los países a los que pertenecen tales tratadistas no se encuentran disposiciones como las citadas de los códigos colombiano y chileno. (Así puede verse no sólo de la lectura del Código Civil Español sino por ejemplo, de la obra La responsabilidad contractual de Francisco Jordano Fraga, Ed. Civitas, 1987).
En el campo de la responsabilidad extracontractual la posición tradicional sostiene que el acreedor demuestra la obligación a ser indemnizado por equis (x) persona probando el hecho ilícito de ésta, su culpa, el daño y la relación de causalidad. El hecho ilícito, cuya definición atrás se dio, se demuestra por su ocurrencia, por sus aspectos materiales (un automóvil conducido por equis (x) que estrelló e hirió a una persona; una arma de fuego disparada por aquél; una caldera de su propiedad que estalló; un árbol que se corta y se deja abandonado sin señal que advierta el peligro; y tantos otros ejemplos que pueden darse). Pero además, se dice: si hecho ilícito es el contrario al deber común y general de no inferir injustamente daño a la persona o propiedad de otro y Si de acuerdo con el art. 2341 del C.C. el obligado a la indemnización es quien ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro, la culpa o el dolo deben demostrarse por el acreedor, como que ellos constituyen presupuesto de la obligación de indemnizar.
En 1936 e inmediatos, años de fecundas transformaciones jurídicas, la Corte Suprema de Justicia aligeró la carga probatoria del perjudicado (acreedor a la indemnización) y apoyándose en el artículo 2356 del Código Civil ideó la figura que en un principio calificó como de presunción de responsabilidad y luego con mejor técnica y mayor precisión llamó de la presunción de culpa por el ejercicio de actividades peligrosas. En sentencia del 14 de marzo de 1938, de la cual fue ponente el doctor Ricardo Hinestrosa Daza, dijo la Corte:
“La presunción de inocencia en favor de todo imputado y la de buena fe en pro del poseedor implican, como toda presunción, la carga de la prueba en contrario No es excepción al principio que informa las disposiciones legales a que así se alude la que hace responsable de la pérdida del cuerpo cierto a quien debe su entrega, puesto que está obligado a conservarlo hasta que la haga, y, por ende, a poner en ello la diligencia y cuidado correspondientes según la naturaleza o estipulaciones del respectivo contrato, o las pertinentes disposiciones legales. A ese mismo principio, determinante de lo que sucede en los ejemplos que brevemente acaban de invocarse, obedece el art. 2341 del Código Civil, según el cual la obligación de indemnizar en él mismo impuesta cae sobre el que ha cometido un delito o culpa: Tal su categórica redacción.
El artículo 2356 ibídem, que mal puede reputarse como repetición de aquél ni interpretarse en forma que sería absurda si a tanto equivaliese, contempla una situación distinta y la regula, naturalmente, como a esta diferencia corresponde. Así es de hallarse desde luego en vista de su redacción y así lo persuaden, a mayor abundamiento los ejemplos que aduce o plantea para su mejor inteligencia, a manera de casos en que especialmente se debe reparar el daño a que esta disposición legal se refiere, que es todo el que “pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona”.
Exige, pues, tan sólo, que el daño pueda imputarse. Esta es su única exigencia como base o causa o fuente de la obligación que en seguida pasa a imponer.
Esos ejemplos o casos explicativos corresponden, y hasta sobra observarlo, a la época en que el código se redactó, en que la fuerza del hombre como elemento material y los animales eran el motor principal, por no decir único, en la industria, en las labores agrícolas, en la locomoción, todo lo cual se ha transformado de manera pasmosa en forma que junto con sus indecibles favores ha traído también extraordinarios peligros. Innecesario expresar el protuberante contraste, por ejemplo, entre la locomoción de hoy y la de entonces. Si para aquella edad fueron escogidos como ejemplos el disparo imprudente de una arma de fuego, la remoción o descubrimiento de las losas de acequia, cañería, calle o camino sin las precauciones necesarias para que no caiga el transeúnte o el dejar en estado de causar daño la obra de construcción o reparación de un acueducto o fuente a través de un camino, apenas se podrá imaginar de qué ejemplos se habría valido el legislador en disposición dictada cuando el ferrocarril eléctrico queda a la zaga del automóvil y éste parece lento ante el velívolo y en que los caminos y las calles se atestan y congestionan por obra del paralelo crecimiento y desarrollo de la población, de la producción y del intercambio comercial.
La teoría del riesgo, según la cual a quien lo crea se le tiene por responsable, mira principalmente a ciertas actividades por los peligros que implican, inevitablemente anexos a ellas y mira a la dificultad, que suele llegar a imposibilidad, de levantar las respectivas probanzas los damnificados por hechos ocurridos en razón o con motivo o con ocasión del ejercicio de esas actividades. Un depósito de sustancias inflamables, una fábrica de explosivos, así como un ferrocarril o un automóvil, por ejemplo, llevan consigo o tienen de suyo extraordinaria peligrosidad de que generalmente los particulares no pueden escapar con su sola prudencia. De ahí que los daños de esa clase se presuman en esa teoría, causados por el agente respectivo, como sería en esos ejemplos el autista, el maquinista, la empresa ferroviaria, etc. Y de ahí también que tal agente o autor no se exonere de la indemnización, sea en parte en algunas ocasiones, sea en el todo otras veces, sino en cuanto demuestre caso fortuito, fuerza mayor o Intervención de un elemento extraño.
A esta situación se ha llegado en algunos países por obra de una labor jurisprudencial ardua en cuyo desenvolvimiento no han dejado de tropezar los juristas, en su camino hacia la humanización del derecho, con la rigidez de los textos legales.
Fortuna para el juzgador colombiano es la de hallar en su propio Código disposiciones previsivas que sin interpretación forzosa ni descaminada, permiten atender el equilibrio a que se viene aludiendo o, por mejor decir, a la concordancia o ajustamiento que debe haber entre los fallos y la realidad de cada época y de sus hechos y clima.
Porque, a la verdad, no puede menos de hallarse en nuestro citado artículo 2356 una presunción de responsabilidad. De donde se sigue que la carga de la prueba, onus probandi, no es del damnificado sino del que causó el daño, con sólo poder éste imputarse a su malicia o negligencia.
No es que con esta interpretación se atropelle el concepto informativo de nuestra legislación en general sobre presunción de inocencia, en cuanto aparezca crearse la de negligencia o malicia, sino que simplemente teniendo en cuenta la diferencia esencial de casos, la Corte reconoce que en las actividades caracterizadas por su peligrosidad, de que es ejemplo el uso y manejo de un automóvil, el hecho dañoso lleva en sí aquellos elementos, a tiempo que la manera general de producirse los daños de esta fuente o índole impide dar por provisto al damnificado de los elementos necesarios de prueba. La máquina, en el estado actual de la civilización, es algo que supera al hombre, lo que vale como decir que él debe estar prevenido a este respecto, entre otros fines con el de no perder el control indispensable sobre ella. Por él comienza la peligrosidad, quien la usa y maneja es el primer candidato como víctima.
No es el artículo 2356 caso único en que nuestro legislador con sabia amplitud haya prevenido o resuelto por anticipado problemas que en otros países no han venido a resolverse sino a poder de lucha jurisprudencial tesonera por la falta o contra la rigidez de textos legales. Nuestro Código de Comercio suministra ejemplos de aquel avance. Baste en ese sentido traer a cuenta aquí la manera discriminada como nuestro Código Civil reglamenta el error y su influencia sobre la validez del consentimiento. Al distinguir el error in negotio, in corpore, in substantia, contiene respecto a este último la disposición del inciso 2° del artículo 1511, a cuya luz nuestros abogados y jueces se han visto libres de ponderosas dificultades que los de Francia, por ejemplo, reducidos al texto de su artículo 1110 no han podido vencer sino a poder de la referida labor de que dan fe sus admirables construcciones” .
A partir de esta sentencia puede decirse que la jurisprudencia de la Corte se unificó en el sentido de considerar que el artículo 2356 permite interpretar que a quien desempeña actividades peligrosas se le puede imputar malicia o negligencia y que, por consiguiente, la carga de la prueba no es del damnificado sino del que causó el daño. No dijo esa primera sentencia a la carga de la prueba de qué se refería, pero al hablar de presunción de responsabilidad, de que no se estaba atropellando la presunción de inocencia y de que en actividades caracterizadas por su peligrosidad el hecho dañoso lleva en sí los elementos de negligencia o malicia, fácilmente se colige que la Corte quiso referirse a una pretendida carga de probar la culpa; más adelante se verá por qué se habla de una “pretendida carga” .
La Corte Suprema de Justicia y más concretamente su Sala de Casación Civil no ha vuelto a cuestionar la validez de la tesis sino que se ha preocupado sólo por determinar otras actividades peligrosas, aparte de las que resultan de los que llamó ejemplos dados por el artículo 2356 y del manejo de automotores y así ha dicho que también lo son la operación de ferrocarriles (ya insinuada en el fallo transcrito) o de calderas, la conducción de bicicletas, y hasta la de fumigación de cultivos realizada con sustancias tóxicas (sentencia de agosto 20 de 1987, ordinario de Jorge Reyes Puyana contra Avioservicios Ltda. y Alfonso Corredor, publicada en Jurisprudencia al Día, Segundo Semestre 1987, pág.... y ss.).
En materia de perjuicios ocasionados con ocasión de actividades médicas se anota que la Sala de Casación Civil, en un interesante fallo del 14 de octubre de 1959, del cual fue ponente el connotado jurista y trapacista Dr. Hernando Morales Molina al tiempo que explicó que “existen hechos que al mismo tiempo que constituyen un. infracción de una convención pueden originar L responsabilidad extracontrato, entre las misma; partes”; afirmó que las actividades médicas se en cuadran dentro de las llamadas actividades peligrosas y que la prueba de la diligencia y cuidado incumbe al médico. (Ordinario de Alfonso Mariño Flórez y otros contra Clínica de Marly S.A. Gaceta Judicial, Tomo XCI, pág. 758 y ss.).
La posición de la doctrina
El tratadista colombiano y profesor universitario Javier Tamayo Jaramillo, en su obra “De la responsabilidad civil” (Ed. Temis, Bogotá 1983, pág. 63) advierte:
“... Bien vistas las cosas, la culpa, en su pureza ontológica, es de imposible demostración. Por ello habrá que decir que jamás se podrá llegar a una culpa probada, ya que la experiencia no permite arribar a tal resultado. Por el contrario, los hechos sí pueden ser verificables por las reglas de la experiencia y la demostración. Una necropsia puede establecer experimentalmente el hecho de la muerte de una persona; en cambio, el juez no dispondrá de medio alguno para demostrar en forma directa el dolo o la culpa. Ante tales circunstancias, lo único que le es posible al juzgador o al intérprete, es estudiar todas las circunstancias que rodearon el acto del sujeto que realizó o que produjo el resultado material. En este sentido, El juez irá valorando progresivamente las modalidades de conducta y, a partir de ellas, y ya debidamente probadas, emitirá un juicio axiológico que tendrá las consecuencias jurídicas de una culpabilidad establecida. Entonces nos hallaremos, desde el punto de vista epistemológico, frente a una presunción. Lo que se demuestra es la transformación exterior de la realidad causada por el sujeto; las condiciones de espacio, tiempo y demás modalidades del hecho, constituirán indicios por medio de los cuales el juez podrá deducir o presumir la culpa. En consecuencia, podemos decir que la culpa deberá presumirse y que lo único que es posible demostrar es el resultado material, así como las respectivas calificaciones y modalidades de la conducta productora del resultado” .
Luego, el mismo tratadista hace una distinción entre “la culpa presunta a partir del daño que se denomina presunción de culpa” y “la culpa presunta a partir de la conducta” que “se denomina culpa probada”.
En cuanto a la culpa presunta a partir de la conducta o culpa probada, dice el autor que esa presunción “puede estar otorgada al juez o puede hallarse previamente establecida por la ley. En ambos casos nos hallamos frente a una culpabilidad establecida teniendo en cuenta las modalidades del hecho y no su resultado dañino”. El primer caso (presunción de juez) se encuentra consagrado en el art. 2341 del C.C. y si un evento se juzga a la luz de esta norma, el juez es quien tiene “la facultad de recoger todas las características que rodearon el hecho, para, de allí, presumir si existió o no la culpabilidad” y expone que Si el caso de una persona que tiene un animal fiero en su casa se juzgara con base en esta norma, requeriría, para que el juez presumiera la culpa del dueño, que acumulara “situaciones del hecho, tales como ausencia de medidas de seguridad, mala educación del animal o utilización de éste en lugares no aconsejables. En tales circunstancias, la ley no le está ordenando al juez que presuma la culpa con base en un hecho determinado; por ello se dice que se trata de una culpa probada, ya que el demandante debe establecer una serie de calificaciones de conducta y con fundamento en ellas el juez deduce la culpa. En realidad, aunque la culpa, como en todos los casos, es presunta, convencionalmente decimos que se trata de una culpa probada, habida cuenta de todas esas circunstancias que deben ser establecidas por el juez”.
La otra especie de culpa presunta a partir de la conducta de quien causa el perjuicio, está constituida para el autor citado por aquellos casos en que la ley atribuye a una cierta conducta del actor del daño la presunción de culpa. En estos eventos la ley parte de un hecho (conducta) para deducir que presentado el daño se presume la culpa y tales casos son los de responsabilidad por la ruina de un edificio (art. 2350 C.C.), por animales fieros (art. 2354 ib.), por el cual, “el legislador ha considerado que el hecho de tener en la casa un animal fiero es un hecho suficiente para deducir de allí la culpabilidad, pues la ley no quiere dejarle al juez una búsqueda infinita y acaso imposible de factores que permitan presumir culpa. Al juez le es impuesta la obligación de juzgar como culposa la conducta de quien tiene un animal fiero en su poder”, y por actividades peligrosas del art. 2356 ib. en donde “nos encontramos frente a una responsabilidad presunta a partir de la conducta, pero basada en un hecho previamente establecido como culposo por el legislador”.
En este momento de su discurrir, el autor trae a colación la distinción contractual entre obligaciones de resultado y obligaciones de medio, pues habla de que “Ante la imposibilidad epistemológica de probar la culpa, ésta podrá deducirse del daño (obligaciones de resultado o presunciones de culpa), de un hecho concreto plenamente establecido por la ley, o de todas las circunstancias que rodearon el hecho (culpa probada)” . Para él, los casos de animal fiero y ruina de edificio se encasillarían en responsabilidades por culpa presunta a partir de hechos concretos establecidos en la ley (tener en la casa un animal fiero o tener un edificio sin las reparaciones necesarias); no menciona ningún caso que en su concepto represente presunción de culpa a partir del resultado (el daño) y en cuanto a la responsabilidad por actividades peligrosas, que como atrás se transcribió la califica como “presunta a partir de la conducta, pero basada en un hecho previamente establecido como culposo por el legislador”, dice no estar de acuerdo “con quienes consideran que tal responsabilidad genera una obligación de resultado y que en consecuencia, la culpa se presume a partir del daño”, porque para él “la responsabilidad por actividades peligrosas es una típica obligación de medio en la que no le es dado al juez buscar indefinidamente dónde puede encontrarse el hecho que permita inferir la culpa. La ley considera que el ejercer una actividad peligrosa es un hecho culposo, un hecho suficiente para deducir de él la culpabilidad. Si se tratara de una responsabilidad directa (llamada con culpa probada, art. 2341 del C.C.), el juez tendría la facultad de investigar si esa actividad peligrosa fue desplegada en forma culposa, por el contrario, si se tratara de una presunción de culpa a partir del daño (presunción de culpabilidad), a la víctima sólo le bastaría probar el daño y la causa; en cambio, en la aplicación exacta de la norma (se refiere a la del art. 2356), la víctima debe probar el daño, el ejercicio de una actividad peligrosa sin necesidad de peligrosidad (?) y un vínculo de causalidad entre la actividad y el daño”.
Agrega que hechas esas advertencias, vuelve entonces al lenguaje tradicional de la responsabilidad civil para concluir:
“...siempre se ha dicho que en las obligaciones de resultado y en la responsabilidad por el hecho de las cosas o de las actividades peligrosas, nos encontramos frente a presunciones de culpa, por el contrario, en la responsabilidad directa del art. 2341 del C.C. y en las obligaciones contractuales de medio, se habla de responsabilidad con culpa probada. La doctrina y la jurisprudencia dan a entender que la responsabilidad por actividades peligrosas consagra una presunción de culpa a partir del daño; es decir, en el lenguaje corriente se habla de una culpa presunta. Nosotros volvemos a afirmar que tal responsabilidad está fundamentada en una culpa presunta a partir de la conducta; es decir, siguiendo el lenguaje utilizado por la doctrina y la jurisprudencia, consideramos que la responsabilidad por actividades peligrosas consiste en una culpa probada. En realidad, a la víctima no le basta probar el daño y el vínculo de causalidad para obtener la reparación; debe establecer, además, que la conducta que produjo el daño constituía una actividad peligrosa, lo que equivale a probar la imprudencia o la negligencia”.
Por su parte, el Dr. Uribe Holguín (ob. cit. pág. 101 y ss.) al tiempo que escribe que de acuerdo con el art. 2341 del C.C., la responsabilidad se fundamenta en la culpa del agente, el daño sufrido por la víctima y la relación de causalidad entre el hecho y el daño, expresa que de la definición de culpa, de los hermanos Mazeaud “no surge sino una idea: la culpa es imprudencia o negligencia apreciada con relación a un ser abstracto” por lo que el concepto legal nada indica acerca de la naturaleza y razón de ser de la noción, que en cambio, para él significa “la voluntad intencional o no intencional con que libremente se ejecuta un hecho ilícito o se incumple una obligación”, de donde, como el hombre goza de libre albedrío para decidir entre pagar o cumplir una obligación o no hacerlo y entre ejecutar el hecho dañoso o no ejecutarlo, si escoge el incumplimiento o la ejecución del hecho dañoso, siempre habrá culpa en la elección que así haga y por excepción habrá dolo, cuando el propósito manifestado en la acción sea inferir injuria a la persona o propiedad de otro y esa culpa, que constituye algo subjetivo, se manifiesta con la comisión del hecho o con el incumplimiento de la obligación.
Explica que lo presumible es la culpa y no el dolo porque,
“Lo natural, ordinario y corriente es que la persona humana actúe LIBREMENTE; lo contrario es excepcional o extraordinario y debe probarse. De aquí que del hecho ilícito el juez deba presumir la culpa en toda hipótesis, ora se trate de responsabilidad directa o indirecta, ora de la que provenga del ejercicio de actividad peligrosa o no peligrosa.
Sin embargo, es la culpa la que debe presumirse del hecho ilícito, no el dolo. Este por regla general ha de probarse. Así está dispuesto por los artículos 769 y 1516 del código, cuyos textos son respectivamente: “La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros, la mala fe deberá probarse”; “El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás deberá probarse”. Estas disposiciones, que juzgo de aplicación general y no limitada a la posesión y a los vicios del consentimiento, no permiten que del hecho ilícito se presuma la intención del agente del daño. La malicia no es regla en la conducta humana. Cuando se infringe la ley (y se infringe incumpliendo una obligación o Incurriendo en hecho ilícito que causa un perjuicio) no es que en la infracción se incurra de propósito sino descuidada o negligentemente. Es vicio más generalizado en el hombre la falta de atención y de interés que la maldad y la intención de dañar. Por ello, la presunción se limita a la culpa”.
Para el autor en cita, entonces, como según el art. 66 del C.C. se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes y circunstancias conocidas, como cuando de la existencia de un hecho determinado se infiere la existencia de otro, por ser lo natural, ordinario o corriente que existiendo aquél exista éste también y como lo natural, ordinario o corriente es que presentada al entendimiento y a la voluntad del hombre la posibilidad de obrar cumpliendo o no cumpliendo una obligación o incurriendo o no incurriendo en un hecho ilícito, ello sea por descuido o negligencia, la presunción de culpa tiene que aplicarse.
“Que ésta siempre debe presumirse, lo demuestra la lectura del inciso tercero del artículo 1604, que considero aplicable a la responsabilidad por el hecho ilícito: “La prueba de la diligencia y cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”.
En el Curso de Obligaciones dictado por el profesor Fernando Hinestrosa y editado por la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia (Segunda Edición Mimeografiada 1961, págs. 329 y ss.), se plantea una interesante aproximación al tema de la responsabilidad así:
Después del contrato o convención como fuente de relación crediticia, se encuentra el daño.
Que se debe partir, en primer lugar, del daño lo demuestra el propio tenor del Código Civil (art. 1494) que al enunciar las fuentes de las obligaciones se refiere al “hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona”.
En segundo lugar, ese daño puede provenir de la violación de deberes de conducta genéricos y deberes concretos. El primer deber de conducta radica en el principio elemental de “nemine laedere” que determina a obrar y a abstenerse de obrar en forma de no causar esa injuria o daño Este deber general de no dañar a nadie “se particulariza y robustece para ciertos aspectos y en torno o determinadas personas, ya porque se encuentren dentro del caso previsto singularmente en la norma, ya porque ellas mismas hayan regulado sus relaciones de modo especial, afirmando ciertas prestaciones con relieve, adoptando un régimen cierto para su nexo. Mientras el deber abstracto puede calcularse por cualquier persona, cuya identificación será posterior al daño, en concreto se atiene a un solo sujeto, único que lo ha de cumplir y que lo puede violar”.
El deber concreto puede resultar o de norma legal o de convención. Casos de deberes concretos fundamentados en norma legal se encuentran: en los arts. 253 y 257 del C.C. que obligan a los padres a asistir a sus hijos menores; en el art. 2221 ib. que obliga al deudor a restituir la suma mutuada; en el art. 1002 ib. que obliga al dueño que en ejercicio de facultades propias daña al vecino, sin reportar utilidad legítima, a cesar su actividad y resarcir los daños; en el art. 308 del C. de P.C. que obliga a quien no cubre en el término fijado en la sentencia la indemnización a que se le condenó, a pagar los perjuicios derivados de la nueva violación (el autor, por la época de su escrito, en verdad cita el art. 549 del CJ. que en el nuevo código de la materia encuentra su correspondencia en el 308).
De la violación del dicho deber abstracto o de la violación de los concretos (cuya fuente reside en la ley o en la convención) surge la responsabilidad, que “es deber, obligación de restituir, reparar o compensar, en fin de indemnizar”.
El daño es entonces la fuente de la relación obligatoria de resarcir, así como la fuente en la relación obligatoria es o el deber abstracto general de no causar injuria a la persona o propiedad de otro o el concreto nacido de la convención o de la ley.
Pero hay casos en que no existe responsabilidad indemnizatoria por no ser el daño resarcible.
“Tradicionalmente se ha asentado la responsabilidad en la culpa; aserto que se generalizó e hizo absoluto para concluir que donde no se presente culpa no hay responsabilidad ni se decreta indemnización. Pero el correr de los tiempos y los cambios de mentalidad operados conducen a modificar la ubicación de los términos, a radicar en el daño la causa de la responsabilidad y a hacer de la culpa, en vez de elemento de existencia de la obligación, dato cuya ausencia puede llevar a la exoneración”.
No es entonces resarcible el daño cuando quien lo causó no violó el deber abstracto porque ese deber implica que se actúe con diligencia y cuidado y así se hizo, o cuando no se violó el deber concreto porque a pesar de no haberse obtenido el resultado al cual él se refería intervino una causa extraña que impidió que él se obtuviera.
En el desarrollo de ciertas actividades la misma ley no es que imponga una prudencia, atención o pericia superior a la ordinaria sino que advierte a quien las ejecuta que tiene ciertas cargas que si no las cumple tendrá que responder por las consecuencias que de ello se deriven. Tales casos están comprendidos en los artículos 2346 a 2353 y 2356 del C.C. Así, quien dispara imprudentemente un arma de fuego o quien remueve las losas de una acequia o cañería sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transiten, o los guardadores de menores de diez años y dementes que son negligentes en su cuidado o los padres que han dado mala educación a sus hijos o le han dejado adquirir hábitos viciosos, o el dueño de un edificio que omite las reparaciones necesarias o falta de otra manera al cuidado de un buen padre de familia o el dueño de un animal que con mediano cuidado o prudencia hubiera debido conocer o prever su calidad o vicio, deben responder por los daños resultantes de no haber cumplido con dichas cargas.
Pero en todo caso de responsabilidad “el punto de partida es el daño que debe repararse íntegramente salva la existencia de motivo exonerador o atenuador de la indemnización”.
“El punto de partida en todas estas disquisiciones es el daño; la víctima no es recibida en acción de responsabilidad si nada sufrió; el daño es de por sí injuria a derecho tutelado y si puede imputarse a alguien, determina indemnización, responsabilidad. La única forma de apreciar la falta del demandado consiste en considerar su huella objetiva, los perjuicios sufridos por la víctima, que deben ser directos, efectivamente causados por su acción o su omisión, lo que equivale a aseverar que los únicos daños reparables son los que podía producir normalmente el comportamiento del demandado” .
El daño debe estar unido a la conducta de su autor por un vínculo de causalidad. Este vínculo se rompe cuando ha intervenido un elemento extraño al demandado, es decir, a quien se imputa el daño “idea en la que se incluyen: caso de fuerza mayor, caso fortuito, intervención de tercero y culpa de la propia víctima”.
Cuando alguien aspire a conducta reparadora, debe demostrar, como acreedor, los hechos calificados por la ley como orígenes o fuentes de la obligación a cargo el demandado, o sea el negocio celebrado, el hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; el hecho que ha inferido injuria o daño, es decir la fuente de la obligación. Si ésta es concreta por existir norma que la imponga, naturalmente no requerirá de prueba pues el conocimiento de la ley se presume de derecho.
“ . . .el acreedor siempre ha de señalar y comprobar los hechos fundamentales de su título, el negocio celebrado, la sentencia ejecutarida, las circunstancias legales, en fin, la fuente de su derecho. (C.C. 1494, CJ. 982).
A lo anterior debe agregarse la verificación de los daños y su avalúo, con arreglo a lo expuesto en su oportunidad.
...el ilícito se palpa en sus efectos nocivos generadores de responsabilidad, suficientes para la condena de no haber motivo exonerador demostrado''''.
El autor cuya obra en lo relativo a la responsabilidad, se viene de resumir no expone expresamente a quién le corresponde la carga de tales hechos impeditivos o exonerativos, pero como sí ha manifestado su criterio en cuanto a que quien se dice acreedor de una indemnización debe probar la fuente de donde surge la obligación que reclama (hecho dañoso), quién fue su autor y la relación de causalidad, lógico es concluir que implícitamente conceptúa que su demostración recae en quien los alega, es decir en el deudor.
La Sala no considera que sea necesario con ocasión del sub-lite asumir alguna posición en torno al problema que se viene de exponer en sus distintas tendencias, pues como se verá más adelante, en el análisis del caso concreto sometido a su decisión, considera que la falla del servicio es clara, pero sí ha querido mostrar cuál es ''''el estado de la cuestión”, para despertar algún interés en que se continúe su estudio.
Además, en ese camino cree útil mostrar que aun cuando renovadora e ingeniosa, la figura de la presunción de culpa por actividades peligrosas, tal como se ha planteado en el campo civil adolece de alguna inconsistencia. En efecto:
a) La jurisprudencia y la doctrina sobre presunción de culpa por actividades peligrosas, que como se vio considera que mientras el artículo 2341 exige la prueba de la culpa, el daño y la relación de causalidad entre aquélla y éste, porque habla de que quien “ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otra, es obligado a la indemnización...”, en cambio el artículo 2356 no exige sino la prueba del hecho dañino y de quién fue su autor, porque la culpa se presume cuando la actividad con la cual se causó el daño es peligrosa, y para ello se funda en que la disposición establece que el hecho dañoso lleva en sí los elementos de negligencia y malicia, no parece ajustada al texto de la norma de donde se dice sacar esta conclusión.
En efecto, el artículo 2356 en su primer inciso expresa: “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta” que equivale a decir, con otras palabras, que cuando a una persona pueda imputarse malicia o negligencia ella será responsable de los daños que cause. No surge de la norma, como lo pretende la jurisprudencia, una presunción de responsabilidad (ya se dijo que más tarde precisó que era de culpabilidad) porque sólo exige que el daño pueda imputarse. Que del hecho de la imputación del daño resulte una presunción de culpabilidad es una conclusión que no corresponde a la lógica, pues si uno se pregunta cuándo (según la misma norma), puede imputarse culpa al autor de un perjuicio, tendrá que contestarse, usando las palabras del mismo artículo que eso sólo será posible cuando se haya actuado con negligencia o con malicia (en cuyo caso habrá es dolo). Y si se sigue con la lectura de la norma se observará que no todo el que ejercita la actividad peligrosa de disparar una arma de fuego y causar con ello un daño, no por ese sólo hecho podría reputarse o presumirse que actuó culposamente porque la norma habla es de quien dispara “imprudentemente” e igual sucede con el caso (que la jurisprudencia considera que constituye sólo un ejemplo) de quien remueve las losas de una acequia o cañería o las descubre en calle o camino, puesto que la disposición dice que para que sea responsable no basta ese hecho sino que debe haberlo ejecutado “sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transiten de día o de noche” y cosa semejante sucede con quien causa un perjuicio en la construcción o reparación de un acueducto puesto que el artículo dispone que ello ocurrirá cuando “lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por el camino” donde, obviamente, se efectúe la construcción o la reparación ¿Por qué esto? Porque de no tenerlo en condiciones de no causar daño, o de no tomarse las precauciones necesarias para que no caigan los que transiten o de dispararse imprudentemente, resulta, por regla general, que se actuó con malicia o con negligencia.
Si pues en los ejemplos —como los califica la jurisprudencia--que da la ley de la ejecución de actividades peligrosas se exige que se haya actuado imprudentemente o sin las debidas precauciones o sin cuidarse de que no se cause daño, no se entiende porqué se llegó a concluir que basta el desempeño de la actividad peligrosa, pues la misma ley habla de la necesidad de que el daño se cause sin malicia o negligencia, es decir sin culpa o sin dolo.
En realidad, ello se explica porque partiendo de la idea (errónea según se verá más adelante) de que la culpa tenía que demostrarse por el acreedor, se quiso descargarlo de esta prueba diciendo que en caso de que el responsable hubiera causado el daño cuando ejecutaba actividades peligrosa, élla (la culpa) se presumía.
Claro que hay que reconocer que la interpretación que dio; la Corte Suprema de Justicia al contenido del artículo 2356 fue ingeniosa y en su momento constituyó un avance encomiable en el camino de determinar la extensión de la carga de la prueba que debe dar el acreedor de obligación indemnizatoria por hecho ilícito, pero, por lo expuesto, lo hizo contrariando lo que lógicamente resulta de las palabras empleadas por el legislador. Más adelante se verá cómo el problema resultó de mezclar las dificultades propias de la interpretación de la norma con las de la determinación de los límites de la carga de la prueba en cabeza del acreedor demandante.
b) La doctrina sentada por el tratadista Tamayo Jaramillo peca de la misma falta de concordancia entre lo que dicen las normas y la conclusión que de ellas se extrae, sin que se pueda dejar de reconocer que ella es original.
En efecto, lo que el adoctrinante expone es que hay casos en que basta el hecho dañoso para que de éste resulte presumida la culpa (poseer animal fiero, amenazar ruina un edificio, tener personas bajo cuidado o dependencia, eventos de los arts. 2346 a 2350 y 2354), todos ellos denominados por el autor como de presunción de culpa a partir del daño; que hay otros en los que probada una actividad peligrosa que ha causado daño, la culpa también resultará presumida, casos que el autor llama como presunción de culpa a partir de la actividad; y que hay otros, los más, que por no caer dentro de las otras categorías, en los que no basta el hecho ni la actividad sino que es necesario probar la culpa (casos que él denomina de culpa probada).
La crítica que puede hacerse a dicha construcción doctrinaria es la misma hecha a la jurisprudencial, agregando que en los dos casos que el autor clasifica en el grupo de culpa presunta a partir del daño o del hecho dañino, que es lo mismo, tampoco tiene en cuenta para sentar su tesis, que las normas de los arts. 2346 a 2349 (responsabilidad por el hecho de dependientes o personas bajo cuidado), del art. 2350 (daños por edificación que amenace ruina) y del art. 2354 (daños por animal fiero), no solamente requieren que esté presente el hecho para que exista obligación de indemnizar perjuicios, sino que en los del primer grupo hay lugar a responsabilidad de los guardadores o custodios de menores de diez años o de los dementes si a aquéllos “pudiera imputárseles negligencia” (en otras palabras, si son culpables de la vigilancia que se supone les corresponde tener sobre los pupilos y obviamente lo serán si son descuidados en esos deberes de vigilancia y cuidado); los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores, pero siempre que “conocidamente provengan de mala educación, o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir'''' (art. 2348), luego no puede ser cierto, como lo afirma el autor Tamayo Jaramillo, que baste el hecho dañino del hijo menor para que pueda imputarse responsabilidad al padre, pues en dónde queda el requisito de que paraque ello ocurra es necesario que la culpa o el delito del menor “conocidamente provengan de mala educación...”, etc. (según reza la citada norma) y según el art. 2349 “Los amos responderán del daño causado por sus criados o sirvientes, con ocasión de servicio prestado por éstos a aquéllos...”, de donde, bajo la misma óptica, no bastará el hecho dañino de criados y sirvientes sino que por lo menos habría que probar algo más a saber: que el hecho perjudicial de tales criados o sirvientes se hubiere cometido, con ocasión del servicio (o sea que no basta el solo hecho, para imputar responsabilidad). Y en cuanto a la culpabilidad del dueño de un edificio por los daños que ocasiona su ruina, que implica de contera que deba responder por ellos, tampoco puede afirmarse que se presuma, como sostiene el autor, de la sola ruina pues el art. 2350 dice que el dueño es responsable si la ruina acaeciere “por haber omitido las reparaciones necesarias, o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia” y, por último, en el caso de daño por animal fiero, que para el autor está también comprendido dentro de los casos de culpa presunta a partir del hecho, su tesis no es exacta si se piensa que el art. 2354 habla es de una garantía de riesgo, es decir que aquí para nada juega el elemento culpa, pero siempre y cuando se pruebe que del animal fiero no se reporta utilidad para guarda o servicio de un predio (en efecto, la norma reza así: “El daño causado por un animal fiero, de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que lo tenga, y si alegare que no le fue posible evitar el daño
no será oído”).
c) Lo que sucede tanto con la concepción jurisprudencial como con la doctrina sentada por el tratadista Tamayo, como atrás se afirmó, es que ellas se han concebido partiendo de un supuesto erróneo, a saber: que porque de acuerdo con el art. 2341 la responsabilidad extracontrato requiere por lo menos culpa en el autor de los daños, ese elemento culpa, que claramente es subjetivo, tiene que ser probado por quien sufrió el perjuicio.
NO, esto no es así porque el descuido o negligencia en que consiste la culpa (ese descuido y negligencia es el error de conducta que no hubiera cometido una persona prudente colocada en las mismas circunstancias del autor del daño o es la falta de previsión del resultado dañino previsible o el haberse confiado imprudentemente en poder evitarlo, cuando se previno) no es demostrable sino por sus manifestaciones externas es decir por el acto que causa daño, que como producido por un ser humano debe presumirse que es el resultado de una elección que se presentó al sujeto entre realizarlo o no y que desde el momento en que escogió ejecutarlo debe serle imputable, es decir debe responder por sus consecuencias, que no son otras que la reparación del daño.
Naturalmente que al sujeto responsable, dada la libertad de escogencia que se supone tuvo como ser humano, es decir, como ser pensante que goza de la libertad de elegir entre varias acciones posibles la que se conforme con la ley, so pena de responder por la mala elección que haga, puede demostrar que además de haber actuado con la diligencia y prudencia necesarias para evitar el daño, éste se produjo por fuerza mayor o caso fortuito (esto es lo que la jurisprudencia denomina intervención de elemento extraño, es decir un suceso imprevisible e irresistible que puede consistir o en un hecho de la naturaleza o en un hecho de la misma víctima o de un tercero) que hizo imposible, a pesar de dicha diligencia y prudencia que el acto perjudicial no ocurriera.
En otras palabras, mientras es cierto que la culpa se presume, o, si se quiere, se infiere, de la comisión del hecho dañoso, no lo es que al deudor le baste con demostrar, en las obligaciones de medio, la diligencia y cuidado. No; en las dos clases o especies de obligaciones no se exonerará sino con la prueba de eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Más adelante volverá la Sala sobre este punto.
A la luz de lo que antecede, resulta entonces que el artículo 2356 y las demás disposiciones que a la jurisprudencia y a la doctrina han hecho pensar que consagran una presunción de culpa en realidad lo que están indicando no es que la consagren por oposición a lo que ocurre con el principio general de responsabilidad de que trata el artículo 2341, sino que lo que hacen es indicar la clase de prueba que en ciertos casos (actividades peligrosas, guarda o custodia de menores de diez años o de dementes, hijos, pupilos, ruina de edificio, animal que cause daños, etc. ) es suficiente para demostrar la diligencia y cuidado, o lo que es lo mismo, la ausencia de culpa, culpa que como se ha dicho surge siempre del hecho de haberse ocasionado un daño, ya sea directamente o ya sea por el hecho de personas o casos bajo guarda, dependencia o cuidado. Así, quien dispara un arma de fuego o el dueño de un edificio que se derrumba, o el dueño de un animal, es responsable de los daños que ocasione el disparo, la ruina o el animal, de la misma manera como lo es la persona que tumbe, por ejemplo, un árbol y éste al caer hiera o mate a quien en ese momento pasa por el lugar, y por ello si demuestra que no actuó culposamente probando que no disparó imprudentemente, o que puso vallas o de cualquiera otra manera evitó que cayeran las personas que transitaren por el lugar donde levantó las losas del pavimento (art. 2356), o que dio buena educación a los menores o que no les dejó adquirir hábitos viciosos (art. 2348) o que los criados o sirvientes no actuaron con ocasión del servicio prestado al amo o que se portaron de un modo impropio que éste no tenía medio de prever o impedir empleando un cuidado ordinario o la autoridad competente (art. 2349); o que el dueño del edificio no omitió las reparaciones necesarias (art. 2350); o que el propietario del animal se soltó sin culpa del dependiente encargado de la guarda o servicio del animal o que el dueño con mediano cuidado o prudencia debió conocer o prever el vicio del animal o su calidad de dañino y sin embargo no le dio conocimiento al dependiente (para que pudiera evitar el daño) (art. 2353), quedará exonerado de la obligación de indemnizar, pues con tales pruebas mostrará su ausencia de culpa, es decir su diligencia y cuidado, de la misma forma como quien derriba un árbol demuestra su ausencia de culpa poniendo vallas u obstáculos que eviten la posibilidad del paso de personas por el lugar donde aquél pueda caer.
El correcto entendimiento de las normas no lleva a concluir, entonces que disponen una presunción de culpabilidad por el hecho dañino en contraposición con el art. 2341, que supuestamente no permitiría la misma interpretación. Todas las disposiciones citadas, desde el art. 2341 en adelante guardan una admirable coherencia, sin que se pueda pensar que unas consagran una presunción de culpa, que por consiguiente eximan de la carga de su prueba al acreedor (el perjudicado) mientras la general (la del art. 2341) impone a éste esa carga.
No se ve por qué pueda sostenerse que “el que dispara imprudentemente un arma de fuego” o remueve las losas de una acequia o cañería “sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transiten de día o de noche”, para no citar sino dos de los ejemplos que trae el artículo 2356, se hayan de presumir culpables de los daños así ocasionados (pero eximiendo al perjudicado de la carga de demostrar que el disparo fue imprudente o que la remoción de las losas se hizo sin las mencionadas precauciones) y no se deba aplicar la misma inferencia de falta de diligencia y cuidado en quien tumba un árbol y hiere o causa la muerte a quien en ese momento pasa por el lugar o a quien sin la misma diligencia y cuidado acusa a alguien de un crimen que no ha cometido o a quien pretendió quemar en su jardín unas hojas secas y ocasionó un incendio en la casa vecina, por no haber tomado las precauciones necesarias para evitar la propagación del fuego. No, en todos estos últimos casos, como en los primeros, la persona que con su actividad causa el daño está, en principio, obligado a responder por éste. Lo que sucede es que no es al perjudicado con tales hechos a quien le corresponde la demostración de la falta de diligencia y cuidado de la persona que los ejecuta sino que es a ésta a quien le toca probar que actuó con diligencia y cuidado.
4. Así pues, la Sala cree que es conveniente que por los doctrinantes y por la jurisprudencia se continúe estudiando la materia con miras a lograr un justo equilibrio entre la necesidad de que el juez tenga la convicción de la presencia del elemento culpa para que proceda la declaratoria de responsabilidad en un caso dado y la consecuencial condena al responsable de indemnizar los perjuicios causados y la carga probatoria de dicho elemento, distribuyéndola equitativamente entre el acreedor y el deudor, con miras a la realización de la justicia.
Considera la Sala que debe tenerse en cuenta en dicha tarea que como lo explica el profesor Antonio Rocha en su obra atrás citada,
“...quien está al corriente de la manera como las cosas han ocurrido es el deudor, pendiente del cumplimiento que debe dar.
El curso de los sucesos, la línea de conducta, el eslabón de los hechos, el deudor los sabe, quedando por tanto a él la prueba más factible. Si un empleado llega a la oficina a las diez de la mañana, debiendo llegar a las ocho, él debe saber, y no el acreedor, qué fuerza mayor le impidió llegar a tiempo y cumplir su obligación; el constructor que debe levantar una casa en cierto tiempo y entregar obra hecha, sabe inmediatamente, directamente, si la inundación, el fuerte invierno, etc., le impidió cumplir; el artista debe saber por qué no entregó a tiempo la obra encomendada; el impresor por qué se pararon las máquinas. Y así en toda obligación de hacer. Mientras el acreedor está más lejos de la conducta del deudor y de los hechos concurrentes que pudieron impedirle a éste satisfacer a tiempo su prestación''''.
Con anterioridad el mismo ilustre maestro, refiriéndose a las obligaciones de dar, es decir, a las que implican la constitución o transferencia de un derecho real, puntualizaba cómo de acuerdo) con los arts. 1605, 1606, 1607, 1730 y 1731, “la sola ausencia de culpa no descarga la responsabilidad, es necesario además que el deudor demuestre el caso fortuito y que éste ocurrió sin culpa” .
En las obligaciones de no hacer la situación es diferente porque consistiendo ellas en una conducta abstencionista del deudor a éste “no se le puede exigir la prueba de no haber obrado, especialmente si se trata de una negativa indefinida; me es imposible llevar al juez la certidumbre de que no he tocado radio en cierto lapso sería fácil la prueba si el hecho imputable en que consistió la violación es una obra material que deja huellas, como haber levantado el muro a más de cierta altura; pero evidentemente el deudor no está interesado en dar la prueba de su propia violación. Entonces el acreedor debe probar, y le queda fácil, que sí tocó el radio, que sí se comerció con los productos en la ciudad (si el deudor se había comprometido a no hacerlo), que sí se levantó el muro a cierta altura”.
5. Para la Sala siendo obvio que el elemento culpa siendo claramente subjetivo y consistiendo bien en el error de conducta que no hubiera cometido una persona prudente colocada en las mismas circunstancias del autor del daño o en la falta de previsión del resultado dañino previsible o en haberse confiado imprudentemente en poder evitarlo, cuando se previno, no es demostrable sino por sus manifestaciones externas que lleven al juez a la convicción de que el autor de un hecho dañino, contrario a norma expresa, legal o contractual o a la general de no inferir injuria a la persona o propiedad de otro, incurrió en él por descuido o negligencia o con intención dolosa.
Ya atrás se dijo que en el sub-lite la Sala no asume posición en cuanto al problema de la carga de la prueba del elemento culpa, puesto que aquí está probada la falla del servicio.
Para el Consejero Ponente dicho problema debe resolver a la luz, entre otros, de los principios esbozados por los eminentes juristas Uribe Holguín e Hinestrosa, a saber:
a) El hecho productor del daño debe ser un hecho humano o derivar de un hecho ocasionado por el hombre.
Se suele distinguir la responsabilidad en directa e indirecta, para designar con la primera la llamada a responder por un hecho propio. La segunda se diferencia en responsabilidad por el hecho de terceros, si el daño ha sido causado por persona distinta de quien debe indemnizarlo y en responsabilidad por el hecho de las cosas cuando el daño lo produce una cosa. En este último evento también el hecho productor del daño es un hecho humano, porque la responsabilidad se deduce en función de la falta de cuidado del hombre sobre la cosa que causa el daño. Así, el art. 2350 del C.C. establece la responsabilidad del dueño de un edificio por los daños que ocasione su ruina (pero no sólo por eso, como atrás se vio), el art. 2355 la de las personas que habiten la parte de una edificación desde donde caiga o se arroje una cosa que cause daño y los arts. 2353 y 2354 consagran la responsabilidad civil por el hecho de los animales.
En Colombia, a falta de una disposición general como la contenida en el art. 1384 del Código Civil Francés o del art. 2051 del Código de las Obligaciones Italiano, conforme a los cuales el hombre es responsable “de las cosas que tiene bajo su guarda” (según el primero) o “del daño ocasionado por las cosas que tiene bajo su cuidado” (de acuerdo con el segundo), las normas citadas en el párrafo precedente han servido a la jurisprudencia para construir una teoría general de la responsabilidad por el hecho de las cosas o de los animales.
En cuanto a la responsabilidad civil extracontractual de las personas jurídicas, en un principio se la consideró como indirecta, resultado de su culpa, unas veces en la elección y otras en la vigilancia de sus funcionarios o empleados causantes de un daño.
El Curiosamente, en esta primera etapa del desenvolvimiento de esta clase de responsabilidad, la jurisprudencia consideró que esa culpa “in eligendo'''' o “in vigilando” se presumía, pero que la persona moral podía infirmarla o desvirtuarla demostrando ausencia de culpa.
En una segunda etapa, la Corte Suprema de Justicia colombiana, siguiendo orientaciones doctrinarias francesas, a partir de sentencia de su Sala de Casación Civil del 21 de agosto de 1939 (Gaceta Judicial, Tomo XLVIII, pág. 656 y ss.), al referirse concretamente a la responsabilidad de las personas jurídicas de derecho público (se trataba de un proceso en el que se reclamaba del municipio de Bogotá la indemnización por daños causados en inmuebles inundados por avenida en un colector de aguas) se apartó parcialmente de la concepción anterior (responsabilidad indirecta) para adoptar la tesis “organicista” según la cual la persona jurídica incurre en responsabilidad directa cuando los actos o las omisiones que ocasionan el daño se deben a las personas de sus directores o agentes; pero conservó la idea de la responsabilidad indirecta contenida en la preceptiva legal de los artículos 2347 y 2349 del C.C., en los demás casos. Y aplicó la tesis a las personas jurídicas de derecho público encargándola a la noción de falla del servicio para decir que
“...en estos casos no existe realmente la debilidad de autoridad o la ausencia de vigilancia y cuidado que figura indefectivamente como elemento constitucional de la responsabilidad por el hecho ajeno, ya que la calidad de ficticias que a ellas corresponden no permite en verdad establecer la dualidad personal entre la entidad misma y su representante legal que se confunden en la actividad de la gestión. Esta teoría de la responsabilidad por otro para justificar la del Estado cuando causa daños como gerente de los servicios públicos derivada de los principios del derecho civil que consagra la responsabilidad de los amos por los hechos culposos de sus dependientes, está revaluada por la nueva concepción que quiere fundar la responsabilidad culposa en un concepto objetivo principalmente, equivalente al deber del Estado de reparar los daños que cause a los ciudadanos por el funcionamiento inadecuado de los servicios públicos, con secundaria consideración a la falta o culpa imputable a los agentes encargados legalmente de poner en actividad esos servicios. No se puede ordinariamente en el análisis de estos casos aislar la culpa del funcionario encargado normalmente de accionar el servicio público de lo que es propiamente su función oficial. Generalmente son faltas de servicio que comprometen la responsabilidad de la administración, salvo, naturalmente, los casos de culpa personal del empleado que lo compromete individualmente por actividades ajenas a las funciones del servicio mismo o independientes de él. No es falta en la selección del personal (culpa in-eligiendo) la base de la responsabilidad estatal, que más bien debe buscarse en la falta de previsión hacia los ciudadanos que va implícita en el mal uso del poder de control y dirección que corresponde a los gestores municipales en las actividades de servicios adscritos al distrito”.
Por último, la jurisprudencia, a partir de dos sentencias de la misma Corte, ambas del 30 de junio de 1962, una de la Sala de Negocios Generales y la otra de la de Casación Civil, ha seguido evolucionando en este campo, reafirmando la noción de una responsabilidad directa de la persona moral o jurídica y extendiéndola no solo a los casos en que ella obra a través de sus agentes sino aun en los eventos en que ella lo hace por conducto o en cabeza de cualquiera de sus servidores, sea cual fuera su posición jerárquica. (Gaceta Judicial, Tomo XCIX, págs. 88 y ss. y 651 y ss.).
Por tanto, en el derecho colombiano, como en el francés o en el italiano, se está de acuerdo en que el daño, fuente de la obligación de reparar (art. 1494 ib) está en función de la falta de cuidado del hombre en la aplicación de medidas preventivas o en la manipulación descuidada o negligente de las cosas o los animales.
b) Se sostiene también que el daño debe ser antijurídico o ilícito, es decir debe fundarse en un hecho contrario al derecho, bien porque una norma especial así lo establezca o bien porque se viole la general de no causar daño a la persona o propiedad de otro. (art. 1494: “Las obligaciones nacen, . . ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos...”).
Al daño producido por la violación de una obligación derivada de un contrato se denomina daño contractual y a la obligación de indemnizarlo se la llama responsabilidad contractual, a los restantes daños se les denomina extracontractuales y a su consiguiente obligación de responder por ellos, responsabilidad extracontractual. En ambos casos el daño es antijurídico o ilícito en el sentido de implicar la violación a un derecho del perjudicado, en el primer caso (contractual) derivado de una convención y en el segundo originado en la norma genérica que protege a todos los individuos en su persona y bienes contra los hechos de otros (el namenem laedere).
Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado han estado de acuerdo con la necesidad del carácter ilícito del acto, como fundamento de la responsabilidad por falla del servicio. Basten al efecto dos citas, entre las muchas que pueden hacerse; dijo la primera en una ocasión, repitiendo lo expresado en sentencia del 24 de julio de 1938:
“Para que el Estado sea responsable por faltas del servicio se requiere que el acto sea administrativo y que el hecho ilícito se realice en función directa con la prestación de servicio. Si por el contrario el empleado ha utilizado sus facultades con fin distinto del servicio, fuera por tanto de lo que puede considerarse como verdadero órgano administrativo, deja de existir la responsabilidad de la administración”. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Negocios Generales. Bogotá, julio 10 de 1941, G. J., Tomo LII, N° 1977 p. 123). (Subraya fuera de texto).
Y sentó el Consejo de Estado:
“La calidad del funcionario causante del hecho, de-mostrada plenamente con la prueba documental quese observa a folios 2 y 3 C. N° 1, así como su con-ducta ostensiblemente ilegal, son la causa de la res-ponsabilidad de la Nación'' '' . (Sala de lo ContenciosoAdministrativo. Sección Tercera, septiembre 13 de1984. Exp. 3641. Actor: Alberto Estefan EstefanAnales¡ Segundo semestre 1984, p. 695). (SubrayaExisten algunos casos en los que se sostiene queno se requiere la nota de ilicitud o antijuridici-dad del hecho y de su consecuencial daño y alefecto se mencionan las normas que permiten, por ejemplo, cavar en suelo ajeno para sacar dinero o alhajas propias (art. 702 C.C.) o el del dueño de un fundo que no tiene salida a la vía pública en cuyo caso puede, es decir tiene derecho, a imponer servidumbre de tránsito a los colindantes, ocupando el terreno ajeno necesario (art. 905 ib.) y en el Código de Comercio se podría citar el art. 1071 que da derecho a la resolución unilateral del contrato de seguros o volviendo al Código Civil, el art. 2056 que permite, es decir da derecho, al que encarga una obra para hacerla cesar; entonces, se alega, en tales casos el hecho no es ilícito, por cuanto su autor lo puede realizar en ejercicio de una expresa facultad que la misma ley le da y sin embargo el que cava, impone una servidumbre o revoca debe pagar perjuicios (en el caso del asegurador, devolver una parte proporcional de la prima), de donde el daño no sería antijurídico y sin embargo hay obligación de repararlo, por lo que no es cierto que el elemento hecho ilícito sea de la esencia de la responsabilidad extracontractual. En el campo del derecho administrativo podría esgrimirse la misma tesis si se recuerda que jurisprudencialmente se ha admitido la responsabilidad del Estado en los casos de indemnización por daño especial, por expropiación y ocupación de inmuebles en caso de guerra o por riesgo excepcional.
Sin embargo, la presencia de eventos como los mencionados, tanto en el campo civil como en el comercial o en el público o administrativo, en nada contradicen la exigencia del elemento de la antijuridicidad o ilicitud, del que se viene hablando, porque el hecho de que el daño no antijurídico deba ser reparado en ciertos casos, no implica que el ilícito no deba serlo siempre. Como expresa Adriano de Cupis:
“Es inconcebible un daño antijurídico desprovisto de sanción, ya que la norma encargada de tutelar el interés dañado estaría desprovista del nervio de la fuerza jurídica, mientras que no sólo no hay razón alguna para imponer una reacción general contra el daño no antijurídico, sino que es más, si se estableciere, se vulneraría la misma entraña de la convivencia social. En línea de principio debe valer y no puede ser de otra manera, que el daño no antijurídico debe ser soportado por el sujeto del interés lesionado, lo cual no es óbice, por supuesto, para que en casos especiales (como serían los atrás mencionados y similares algunos a los que el autor cita como de la legislación italiana), se produzca una determinada reacción jurídica” (El daño, N° 9, Ed. Bosch, Barcelona, 1975)
c) Lo anterior sirve para aclarar que cuando se sostiene que del acto ilícito, es decir, el contrario a la norma jurídica, bien sea la genérica de no causar injuria (es decir daño) a la persona o propiedad de otro o la especifica (caso del padre, o del cónyuge, etc.) se infiere o se presume que quien lo causa actuó culposamente, no quiere con ello afirmarse que no se requiera el elemento culpa como axiológico o de la esencia de la responsabilidad extracontractual. Por el contrario, con esto se afirma la necesidad de dicho elemento, sin que él desaparezca por el hecho de presumirse o de inferirse a partir del daño y de su ilicitud, inferencia o presunción que naturalmente puede ser destruida.
También sirve lo anterior para aclarar que dicha concepción, que en cierta forma podría decirse que objetiviza la culpa (en el sentido de encontrarla a partir de datos materiales, pero como resultado de reconocer al hombre su capacidad de obrar en uno u otro sentido), no debe llevar a la responsabilidad fundada en el solo riesgo pues es claro que por lo menos en el régimen legal colombiano, la responsabilidad, llámese contractual o extracontractual, se funda por regla general en la culpa. El caso, pues, no es que se desconozca este elemento sino, por el contrario, que al mismo tiempo que se reconoce la necesidad de su presencia se acepta que su prueba resulta del daño y de su carácter antijurídico, quedándole al autor del hecho (en el caso de la falla del servicio, la administración), la posibilidad de demostrar que no actuó culposamente.
El acreedor cumple con su carga probatoria de la obligación (arts. 1757 del C.C. y del 177 CPC ) demostrando el hecho generador de la obligación, que en el campo de la responsabilidad extracontractual, de acuerdo con el art. 1494 del C.C., consiste en el hecho que ha inferido injuria o daño (y probando lógicamente que él fue causado por la persona a quien se demanda). Al deudor, entonces, de acuerdo con la distribución que de dicha carga hacen las normas primeramente citadas, le corresponde demostrar la extinción de la obligación, por su pago o por alguno de los modos reconocidos por la ley para producirla (art. 1625 del C. C.) o bien porque intervino algún hecho, físico o del hombre, dotado de eficacia impeditiva que rompió la relación de causalidad entre el daño y el hecho dañino.
d) Si todo lo anterior es aplicable a los casos de responsabilidad extracontractual civil, lo es con mayor razón en la responsabilidad del Estado y de sus entes administrativos, en la cual, como lo ha dicho esta corporación:
“Cuando se alega como fundamento de la responsabilidad la falla del servicio, el problema de la culpa personal del funcionario desaparece para darle campo a la falla o culpa anónima del servicio. En otros términos, al desaparecer aquélla sobra su calificación en el proceso penal. En el juicio de responsabilidad se define sólo si el servicio funcionó mal o no funcionó y si con ocasión de ese mal o no funcionamiento se produjo un determinado daño en cabeza de la víctima. Aunque no es propiamente responsabilidad por el riesgo creado u objetiva, la culpa pierde su individualidad, no es predicable de un funcionario en particular, y se imputa al servicio en general. Por eso se sostiene que en estos casos se sustituye la noción de culpa individual de un agente determinado por la falla del servicio o culpa de la administración; desapareciendo, en consecuencia, la necesidad de demostrar la acción o la omisión de un agente identificado, puesto que es suficiente la falla funcional, orgánica o anónima. Y esta falla o culpa de la administración se presume, no por las obligaciones de elegir y controlar a los agentes cuidadosamente, sino por el deber primario del Estado de prestar a la colectividad los servicios públicos, de allí que le baste a la víctima demostrar la falla causante y el daño; quedándole a la administración como descargo la demostración de un elemento extraño (fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa de la víctima)” . (Auto de noviembre 29 de 1977, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. 3a, Expediente N° 2207. Actor: Luis H. Herrera Silva, Anales, Tomo 93, pags. 633 y 55)
En el proceso relativo al Expediente N° 2908, Actor: Pedro Quijano C., dijo la fiscalía, en concepto que fue acogida expresamente por la Sala (sentencia de noviembre 28 de 1982):
“Para la prosperidad de las acciones indemnizatorias tendientes a que se declare la responsabilidad del Estado por faltas o fallas en el servicio a que está obligado a prestar a los ciudadanos residentes en el territorio, se ha exigido por la jurisprudencia se den por demostrados tres elementos axiológicos a saber:
1. Una falta o falla del servicio de la administración.
2. Un daño, el que debe ser cierto, determinado o determinante, y
3. Una relación de causalidad entre la falla o falta de la administración y el daño.
Corresponde a la parte actora la carga de la prueba de tales elementos y a la parte demandada la prueba de que el daño se produjo por culpa de la víctima, el hecho de un tercero, la fuerza mayor o el caso fortuito que acrediten la no existencia de la relación de causalidad entre la falta o falla del servicio y el daño causado, o que el daño fue causado por el agente administrativo en actos fuera del servicio o sin conexión con él, o que la causa del daño fue la falta personal del agente, para que pueda exonerarse de responsabilidad a la administración y absolverla de los cargos formulados en su contra”. (Anales del Consejo de Estado, Tomo 103, págs. 630 y 55.).
Y en otra ocasión, al estudiar la circunstancia de haberse dispuesto en un proceso penal la libertad definitiva e incondicional del agente de la administración, autor material del hecho en el que se fundó la responsabilidad del Estado por falla del servicio, expresó esta Sala:
“Lo anterior no incide en la determinación que se toma porque la jurisprudencia ha dicho repetidamente que cuando se alega como fundamento de la responsabilidad la falla del senicio, el problema de la culpa personal del agente desaparece para darle campo a la falla o culpa anónima del servicio. Así en sentencia de diciembre 6 de 1979, se lee: “El Consejo de Estado ha dicho que así se absuelva al agente autor material del daño, esta circunstancia no es obstáculo para considerar que el hecho generador del perjuicio, sí constituye una falla del servicio, porque, como lo tiene repetido la jurisprudencia de esta Corporación, la responsabilidad del Estado es objetiva, anónima, basta que se acredite que el perjuicio se produjo como consecuencia de la prestación de un servicio a cargo del Estado”. (Sentencia de 24 de octubre de 1984, Exp. 3796, Actora: María Mercedes Morales de Trujillo, Anales, Tomo CLX, pags. 434 y ss).
En casos de falla del servicio, pues, al administrado le corresponde probar el mal funcionamiento de un servicio que la administración debería prestar, por ley o reglamento o por haberlo asumido de hecho, el daño que ello le infirió y la relación de causalidad entre el segundo y lo primero, correspondiéndole a la administración aportar probanzas contrarias, es decir que no existió la falla o el daño, o que si alguno de tales elementos se presentó ello se debió o a fuerza mayor o al hecho o culpa de la víctima o que no existe relación de causalidad entre la falla y el daño. (El hecho de tercero se subsume en el concepto de fuerza mayor por cuanto aquél sólo exonerará de responsabilidad, tanto en el campo civil como en el administrativo, cuando reúne las condiciones de imprevisibilidad e irresistibilidad propias de la fuerza mayor).
En ocasión reciente (sentencia de 9 de octubre de 1989, Exp. N° 5640, Actor: Carmen Tulia Betancur Palacio y otros) dijo la Sala: “La falla del servicio, como elemento de la responsabilidad de la administración se presenta cuando un servicio a cargo de ésta, o que ésta de hecho ha asumido, debiendo funcionar no funciona o lo hace en forma irregular o ineficiente o con retardo, de donde alguna de tales circunstancias (el retardo, su no funcionamiento o su funcionamiento irregular) tendrá que estar acreditada en el proceso para que pueda deducirse una obligación indemnizatoria por razón de ellas” (obviamente, también tendrá que estar acreditado que el hecho o hechos tuvieron relación o anexo con el servicio, el daño y la relación de causalidad).
En la misma providencia dijo la Sala: “Nótese que algo distinto ocurre cuando la responsabilidad se funda en una falla presunta porque en este evento basta demostrar que un hecho dañoso ocurrió por el accionar de un instrumento peligroso al servicio de la administración para que en ausencia de un evento comprobado de fuerza mayor o de hecho de la víctima, se deduzca dicha obligación indemnizatoria, pero aun en este caso, algo también tiene que acreditarse en el respectivo proceso (por la víctima, primordialmente, en virtud del onusprobandi, añade ahora la Sala): el hecho dañoso y que él aconteció por el accionar del instrumento peligroso”.
e) Precisa ahora la Sala que la diferencia desde cl punto de vista probatorio entre la responsabilidad estatal por falla del servicio y por falla presunta, radica entonces, en que en la primera especie el perjudicado deberá demostrar que existía un servicio que debía prestarse y no se prestó o se prestó mal (por tardanza en hacerlo o por haberse omitido) y que por ello se causó un daño; en cambio, en la segunda especie basta la prueba del daño ocasionado con instrumento que pertenecía al servicio o que de alguna manera estaba bajo su control.
f) El art. 1604 debe aplicarse, como en varias oportunidades lo ha sostenido la H. Corte Suprema de Justicia, tanto en el campo de la responsabilidad contractual como extracontractual - y si ello es así los eximentes de responsabilidad (fuerza mayor o caso fortuito) o la culpa exclusiva de la víctima serán de cargo del deudor (aquél a quien se imputa la responsabilidad).
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil ha dicho que:
“La prueba de la diligencia y cuidado incumbe en todo caso al que ha debido emplearla, ya se trate de culpa contractual, ya de culpa aquiliana, o extracontractual El art. 1604, inc. 30 del C.C. que tal regla establece, pertenece al título 12 del libro 40 de este código, que trata “del efecto de las obligaciones”, e incluye en éstas las que provienen de un hecho que ha inferido injuria o daño a un tercero, de conformidad con el art 1494, que determina las fuentes de las obligaciones” (Sentencia de 26 de junio de 1924, Gaceta Judicial, Tomo XXXI, pags 23 y ss; de 19 de noviembre de 1927, Gaceta Judicial, Tomo XXXV, pags 96 y ss; de 2 de febrero de 1932, Gaceta Judicial, Tomo XXXIX, pág 459)
g) No debe pensarse que en algunos casos de responsabilidad contractual o extracontractual—y trátese de obligaciones de medio o de obligaciones de resultado—, basta la prueba por la persona a quien se impute una responsabilidad, de haber sido diligente y cuidadoso y en otras que además debe demostrarse que su conducta obedeció a un caso fortuito o de fuerza mayor o a culpa exclusiva de la víctima, para obtener su exoneración.
No; lo que sucede es que si de acuerdo con la naturaleza de la obligación transgredida por razón del hecho dañino fuente de la responsabilidad, el deudor sólo debía ser diligente y cuidadoso, la prueba de que lo fue implicará de suyo, obviamente, que no hubo un caso fortuito o una fuerza mayor que le hubiera impedido serlo. En cambio, si el deudor—también de acuerdo con la naturaleza de la obligación—debía entregar algo y no lo entregó o debía alcanzar un fin determinado, no “de lineamientos esfumados” para usar la expresión atrás citada del Dr. Ricardo Uribe-Holguín, y no lo alcanzó, es evidente, entonces, que lo único que podrá exonerarlo en tal caso, será la prueba del caso fortuito o la fuerza mayor, pues en tratándose de una obligación de esa clase no le bastaba con ser diligente y cuidadoso.
El caso concreto sub-lite
Como pretensión fundamental solicita la demandante que se decrete la responsabilidad del Instituto de Seguros Sociales por los perjuicios que le fueron ocasionados por falla en la prestación del servicio. En relación con esta materia la Sala encuentra probados en debida forma los siguientes hechos:
1. La señora María Helena Ayala de Pulido fue intervenida quirúrgicamente en la Clínica del Instituto de Seguros Sociales de Sogamoso el 24 de marzo de 1982 con el objeto de practicarle una ligadura de trompas. Dicha intervención le fue practicada por los médicos Juan López Granados y Jaime Arango Vélez, funcionarios del centro asistencial (fls. 89 a 90, C. 4).
2. Para efectuar la intervención quirúrgica se le colocó anestesia raquídea a la paciente por el anestecista Jaime Arango Vélez (fls. 8, 87, 89 90, c.4 y 29, c.2).
3. Como consecuencia de la anterior intervención la demandante quedó paralítica con las consecuencias de secuela permanente y de carácter irreversible, según conceptos médicos tanto del propio Instituto de Seguros Sociales, como del Instituto Neurológico de Colombia y del Instituto de Medicina Legal (fls. 85, 98. 100, C. 4).
4. La incapacidad laboral que le produjo el accidente quirúrgico a la actora se determinó pericialmente en el 100% (fls. 45 a 63, C. 2).
7. Del acervo probatorio obrante y descrito antes, se tiene que en cuanto a la falta o falla del servicio que la actora hace consistir en la omisión de “las pruebas de sensibilidad indispensables” (fl. 14), el estudio de este aspecto es de vital importancia.
A lo largo del proceso, aparecen sendas certificaciones tanto del Instituto demandado como de expertos del Instituto Neurológico de Colombia y del de Medicina Legal, con lo cual se acreditó que el tratamiento y atención de la señora Ayala de Pulido fue el adecuado; sin embargo, no se hace por ellos ninguna apreciación respecto de la atención médica previa a la propia intervención y en cambio, el médico Juan López Granados declara a folios 90 del cuaderno 4 dentro de la investigación disciplinaria iniciada por el mismo instituto:
“PREGUNTADO: Sírvase informar si el día 23 de marzo de 1982, en compañía del doctor Jaime Arango V. usted practicó dicha cirugía a la señora María Helena Ayala de Pulido, e indíquenos quién la solicitó, 51 era programada, si se requería, y si antes de practicarla se le hicieron los exámenes tanto de laboratorio y las pruebas de sensibilidad a las drogas a utilizar. CONTESTÓ: Dicha cirugía sí fue practicada por mí, en compañía del doctor ayudante de cirugía el cual no recuerdo el nombre, pero se podría averiguar en el libro de récord de anestesias en la clínica y como anestesiólogo el doctor Jaime Arango. La cirugía fue solicitada por la pareja señora de Pulido y esposo al doctor Germán Gaitán, quien dio su aprobación para ser practicada, en estos casos la cirugía siempre la solicita la pareja ya que se considera que es una cirugía (ilegible) va a solucionar un problema médico sino social; en este caso la cirugía no fue programada ya que por ser un procedimiento que se realiza el día del parto o al siguiente se solicita la colaboración del anestesiólogo y de acuerdo al tiempo y a las facilidades locativas se practica o se posterga para hay (sic) sí programarse con una fecha dada, en cuanto a los exámenes para esta cirugía por considerarse una pequeña intervención se solicitaría un cuadro hemático, una clasificación de sangre, exámenes que toda paciente en control de embarazo los tiene, como es una cirugía que rara o nunca presenta complicaciones no necesita de exámenes más especializados; por ejemplo en el Centro de Planificación Familiar es un procedimiento ambulatorio, es decir se realiza el procedimiento y la paciente no requiere hospitalización, cosa que inclusive en ocasiones ponemos en práctica con las pacientes del Hospital San José de Sogamoso. La prueba de sensibilidad a drogas no se realizó puesto que se considera que esta droga (la xylocaína) (sic) no requieren de pruebas sensibilidad (sic) previa, a diferencia de por ejemplo las penicilinas y es de mencionar que cualquier droga potencialmente es tóxica...” (fl. 90, C. 4).
Lo anterior indica que a la lesionada, no se le practicó el más mínimo examen antes de ser sometida a la operación. Este hecho, en consideración de la Sala, merece especial análisis ya que una intervención quirúrgica por sencilla que sea lleva implícito un riesgo y, por tanto, debe hacerse previa información del estado físico y síquico de la paciente. Y por lo menos lo referente al estado fisiológico amerita siquiera unas pruebas elementales previas al momento de la intervención; las cuales sólo se podrían obviar en casos de extrema urgencia, lo cual no sería predicable en el caso de autos.
Dice al respecto el autor de la obra Responsabilidad civil del médico, Alfredo Achaval:
“Toda atención médica debe ser diferenciada de acuerdo con el real estado del paciente, de modo que no es posible considerar luego de la prestación médica, si ella se adecuó a una pretendida norma, sin preguntar primero si el paciente se encontraba en condiciones de serle aplicada tal norma. En algunos casos, la urgencia no es sólo de vida sino de gravedad de evolución y si hemos dicho ya que la posibilidad de solicitar exámenes complementarios de adecuarse a una progresividad que no moleste al paciente ni perjudique su evolución, cuando el paciente está en lucha con el tiempo y debe recibir el tratamiento que lo saque del riesgo cuanto antes, no podemos exigir por parte del médico un procedimiento de diagnóstico que le insumirá por sí o por consulta, el tiempo necesario para iniciar cuanto antes su tratamiento. Diríamos entonces que la necesidad de exámenes previos a terapéuticas de riesgo es la regla pero que, pese a ello, en la práctica de la sincronización para la satisfacción de las necesidades del diagnóstico médico sin riesgo, se hace necesario, a veces y como excepción, hacer prevalecer la urgencia auténtica del estado del paciente'''' (Editorial Abeledo - Perrot, 1983, pág. 189).
De esta forma, al comprobarse por la declaración del médico mismo que a la lesionada no se le práctico el examen preanestésico, que por lo general consiste en información verbal simplemente, lo cual de por sí excluye que se tratara de un examen especializado de muy alto costo, la Sala no puede menos que declarar que está probada la falla o falta del servicio y que como consecuencia directa de ella se produjo el daño, esto es, la parálisis, hecho que se encuentra debidamente acreditado, ya que por demás subsiste y es de carácter permanente o irreversible. (fls. 85, 98, loo, C. 4).
Con lo anterior no quiere significar que si se hubiera demostrado la práctica del examen mencionado por ese sólo hecho se exculparía la administración (pues otras precauciones también hubieran debido tomarse) sino que lo que se pone de presente es que la falta de dicho examen ya muestra que no se tuvo la diligencia y cuidado debidos.
Además, tampoco es cierto que la aplicación de una droga como la xylocaína no requiera de prueba previa alguna a su aplicación o que ella no implique riesgo alguno. Así, por ejemplo, los Laboratorios Astra en Colombia, que suministran este tipo de droga, en la literatura que distribuye con ocasión de su venta, hace constar:
“La excelente y segura tolerancia clínica de xylocaína está bien establecida. No obstante la preocupación del médico sobre las posibles complicaciones que podrían ocurrir debido a la administración de cualquier anestésico local y el estar preparado para iniciar inmediatamente un tratamiento de emergencia son los grandes factores de seguridad para el paciente. El equipo necesario para iniciar con éxito un tratamiento de emergencia debe encontrarse en condiciones de funcionamiento y al alcance del operador. El equipo mínimo de reanimación deberá incluir métodos para ventilar al paciente, tales como una máquina para proveer anestesia o bolsa y máscara; medios para mantener una vía de aire permeable, tal como cánulas orafaríngeas, tubos endotraqueales y laringoscopio; barbituratos de corta duración para usar por vía endovenosa y agentes vasopresores.
Las reacciones sistémicas se deben casi siempre a los elevados niveles sanguíneos de la droga, pero en raras ocasiones suceden debido a la idiosincrasia individual de cada paciente o a alergia. Los elevados niveles sanguíneos, pueden resultar de una sobredosis, una rápida absorción de un área vascular, tal como el espacio epidural, inyección intravascular inadvertida o falla en el empleo del vasoconstrictor. El tipo de reacción es imprevisible y depende de la dosis, grado de absorción y estado previo de la paciente”.
Al indicar las “Precauciones para la administración de anestesia peridural” se lee:
“Las inyecciones subaracnoidea e intravascular son las dos complicaciones más serias que pueden ocurrir con esta técnica. Si tanto la sangre como el líquido raquídeo refluyen después de frecuentes aspiraciones durante la inyección de anestesia, la aguja deberá ser retirada y vuelta a colocar.
Cuando el espacio peridural ha sido localizado, deberá administrarse una dosis de prueba de dos ml. de solución anestésica, por lo menos cinco minutos antes de inyectar el volumen total requerido. Si se ha realizado una inyección subaracnoidea, puede fácilmente detectarse la parálisis motriz y la anestesia sensorial.
Otras medidas de seguridad incluyen la selección de agujas de bisel y largo apropiados y la correcta posición del paciente para evitar una notable caída de la tensión arterial con complicación respiratoria.
Las inyecciones deberán hacerse siempre en forma lenta y con frecuentes aspiraciones. Resulta también una precaución de importancia mantener el acceso a la circulación mediante un goteo común intravenoso, a través del cual puedan inyectarse las drogas, en caso necesario.
Una caida de la presión arterial y una parálisis intercostal, deberán tenerse en cuenta siempre como un riesgo potencial en anestesia peridural lumbar y sacra, de haberse empleado dosis excesivas, si el paciente ha sido colocado en posición inapropiada o si la solución anestésica ha sido depositada accidentalmente dentro del espacio subaracnoideo”.
Y en cuanto a las instrucciones sobre “aplicación y dosis”, observa el fabricante:
“Para todos los procedimientos de bloqueo, empléense solamente las concentraciones más bajas y el volumen de agente anestésico que produzca el efecto deseado. Xylocaína deberá ser empleada con epinefrina en concentraciones que no excedan 1:100.000 para prolongar la anestesia y reducir la absorción sistémica. Deberán observarse las precauciones usuales en la aplicación de drogas vasopresoras en pacientes con enfermedades cardíacas, particularmente con arritmia, hipertensión, tirotoxicosis y diabetes.
La dosis máxima de seguridad depende de la concentración elegida y la forma de administrarla. Ninguna dosis simple deberá exceder de 200 mg. Esta puede incrementarse a la dosis máxima de 500 mg. si se emplea combinada con epinefrina”.
A mayor abundamiento sobre que no es cierto que la aplicación de una droga como la xylocaína no requiera de prueba previa alguna a su empleo o que ella no implique riesgo alguno, la Sala se remite a la obra “Anaesthetic Accidents” del doctor V. Keating, médico de nacionalidad inglesa, profesor del University College of West Indies y del Royal Armay Medical Corps (“The Yearbook Publishers, Inc. Chicago, 1961, págs. 169 y ss.) en donde se describen los varios y numerosos accidentes que ocasiona la aplicación tanto de anestesia general como local y sobre las medidas que deben tomarse para prevenirlos y aun cuando en la página 216 del escrito citado el autor advierte que “no hay evidencia de que cualquiera de las reacciones neurológicas mencionadas se deban a una falta o descuido técnicos; muchas han ocurrido en hospitales bien manejados en los Estados Unidos y en el Continente Europeo, así como en manos de anestesistas competentes. La anestesia espinal puede precipitar o simplemente revelar enfermedades neurológicas preexistentes”, lo cierto es que el hospital en donde se apliquen las técnicas anestésicas debe tomar las precauciones necesarias para evitar en lo posible tales complicaciones, precauciones que se detallan en la misma obra y ninguna de las cuales se demostró que hubieran sido tomadas en el caso de autos.
Aplicando los principios generales atrás expuestos por la Sala, debe decirse que si a la paciente no se le practicó aquel examen previo y si no se probó que se tomaron las precauciones previas y concomitantes indicadas por el mismo fabricante de la droga y por tratadistas en la materia y si tampoco se demostró cuál fue la dosis administrada en principio y salvo prueba en contrario, que debe suministrar el deudor (la parte demandada), no pudo ser sino precisamente por falta de la diligencia y cuidados debidos o por fuerza mayor. En ausencia de la demostración sobre ésta, la conclusión a que hay que llegar no puede ser sino la de que hubo falta de diligencia y cuidado, por parte de los agentes de la administración y concomitantemente, que se presentó una falla del servicio.
Es evidente que en la mayoría de las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos existe una cierta incertidumbre en cuanto a sus resultados y un riesgo que puede ocasionar un daño que deberá soportar el paciente, pues de ellos no puede hacerse responsable a quienes los realicen o lleven a cabo, puesto que mal podría pensarse que ellos estén garantizando el riesgo o el éxito de la intervención o del tratamiento. Pero lo que sí debe ser cierto y quedar claro es que cuando tales intervenciones o tratamientos no se acomodan a los requisitos de diligencia y cuidado que para cada caso y en cada época recomiendan la ciencia de la medicina y el arte de la cirugía, es apenas natural que si el juez encuentra de las pruebas aportadas que esos requisitos faltaron y se produjo un daño, deba inferirse que tuvo como causa esa falta de acomodamiento.
El nexo de causalidad entre el hecho y el daño lo ratifica el anestesiólogo Jaime Arango Vélez cuando se refiere a la causa de la parálisis de la demandante, cuando afirma:
“...Personalmente me creo inocente de las consecuencias de este accidente que se presentó fortuitamente y después del cual yo hice todo lo posible para preservar las condiciones físicas de la paciente que salió bien de cirugía, las consecuencias que padece posiblemente se deban a las acciones tóxicas de los componentes de la droga usada. PREGUNTADO: Sírvase explicarnos si la enfermedad que aqueja a la señora María Helena Ayala de Pulido, se debe como resultado a dicha intervención o si por el contrario es independiente a la misma. CONTESTO: Lo más probable es que se deba a la droga que se usó: xylocaína con epinefrina”. (fl. 89, C. 4)
La Sala, en consecuencia, encuentra suficientemente probados los elementos que dan lugar a la responsabilidad administrativa por falla del servicio, por lo cual confirmará la sentencia del a-quo respecto de esta pretensión, y procede, entonces, el análisis de los perjuicios morales y materiales cuyo reconocimiento se solicita.
8. Perjuicios morales: Se reconocen teniendo en cuenta el sufrimiento, el dolor intrínseco por el daño sufrido. En el sub-lite se demostró hasta la saciedad el lamentable estado en que quedó la señora Ayala de Pulido, que además de ser una persona de 39 años para la fecha de los hechos, se ve sometida al penoso sufrimiento de no poder valerse por sí misma por el resto de su vida, razón suficiente para que la Sala confirme lo decidido por el Tribunal, fijando el quantum máximo, que para dicho concepto jurisprudencial, ente se ha determinado en el equivalente en pesos de un mil gramos oro, según el precio que certifique el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de esta providencia.
9. Perjuicios materiales: Se solicitaron en sus conceptos de daño emergente y lucro cesante, en suma de $ 30.000.000, para cuyo avalúo pidió el nombramiento de peritos.
En cuanto al daño emergente que estaría representado por los gastos que hubiere tenido que sufragar la familia Pulido Ayala, no se encuentra, dentro del expediente prueba alguna de su ocurrencia y por lo tanto no puede reconocerse este rubro.
Respecto del lucro cesante, esto es la suma de lo que ha dejado de devengar la lesionada como consecuencia del daño sufrido, en el sub-lite se afirmó por el apoderado de la actora que ella se dedicaba a la cría de canarios y otras aves que con su producido colaboraba para cubrir los gastos de manutención de su familia. Pero este hecho tampoco aparece acreditado, por lo cual la Sala, debiendo atenerse a lo que resulte probado, debe descartar como cierto el hecho de que la señora Ayala de Pulido recibiera ingresos efectivos por el ejercicio de actividad laboral alguna.
El estado físico tan precario en que quedó la actora como consecuencia de la intervención de que fue objeto, traducido en la parálisis que según el peritazgo determinó una incapacidad del 100% de su actividad laboral, lleva consigo la consecuencia lógica de su indemnización, por cuanto el no poder atender los oficios domésticos de su casa por el resto de su vida, implica que debe contratar a una persona que los realice y no se puede negar que en el desarrollo normal de vida dichos oficios tienen que darse, puesto que la preparación de alimentos, cuidado de los vestidos, limpieza de la casa son básicos en el diario acontecer; razón por la cual, para la Sala, hay fundamento suficiente para reconocer dicho rubro, y lo hará sobre el quantum del salario mínimo legal, porque si bien es cierto que no es éste el que generalmente se paga a una empleada doméstica, ello radica en que se le proporciona alimentación y vivienda, que se consideran parte del salario en especie. Más aun cuando debe tenerse en cuenta que en el caso de autos queda sin indemnización la atención y cuidado prodigados al esposo e hijos de una parte, y de otra que la propia lesionada al no poder valerse por sí misma necesita de una persona que la ayude hasta en sus mínimas necesidades fisiológicas.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada en el reconocimiento y condena en abstracto de perjuicios materiales por lucro cesante , cuya liquidación se hará de conformidad con lo dispuesto por el art. 308 del C.P C siguiendo las bases fijadas en el fallo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en desacuerdo con su colaborador fiscal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Confírmase la sentencia de 7 de julio de 1989 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
En el incidente liquidatorio de los perjuicios materiales se tendrán en cuenta las pautas fijadas en los considerandos que anteceden.
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de fecha 24 de octubre de 1990.
Carlos Betancur Jaramillo, Presidente de la Sala, aclaro el voto—Carlos Gustavo Arrieta Padilla, aclaro el Voto—Gustavo de Greiff Restrepo—Julio César Uribe Acosta, aclaro el voto.
Si bien estoy enteramente de acuerdo con la parte resolutiva de la providencia, y con las consideraciones de la Sala con respecto al caso concreto sub-lite en lo que se refiere a la falla probada que llevó a la condena resultante, no comparto las apreciaciones formuladas por el Sr. Ponente en lo referente a la culpa y la carga probatoria, y sus efectos en la responsabilidad administrativa. No dejo de reconocer la importancia, profundidad y calidad del análisis del Dr. De Greiff, el cual aclara enormemente, y en buena parte revalúa criterios y líneas de interpretación sobre el alcance del elemento culpa y la carga probatoria en la responsabilidad civil extracontractual. Pero considero que ello no es necesariamente aplicable en lo atinente a la responsabilidad extracontractual de las entidades públicas, por cuanto esta última se debe fundar en consideraciones diferentes, relacionadas más con las responsabilidades sociales del Estado que con las consideraciones privatistas propias de las relaciones entre particulares.
En efecto, el análisis que se hace en la ponencia parte de una interpretación del alcance de las obligaciones, pasivas o activas, que rigen las relaciones privadas, que tiene como consecuencia ciertos y determinados efectos sobre definición de la culpa, y su prueba en los eventos en que se sucede un hecho ilícito o dañino. Así, en términos de responsabilidad civil contractual, se parte del entendido procesal que el acreedor debe simplemente afirmar el incumplimiento de la obligación, y es el deudor a quien corresponde comprobar el incumplimiento, o la presencia de elementos exonerativos de su responsabilidad; mientras que en los eventos de responsabilidad extracontractual, afirma el Dr. De Greiff, debe el acreedor tratar de demostrar el daño y la culpa y el deudor la prudencia y diligencia en los casos en que una conducta volitiva puede ser la causante de un daño. Interpreta el ponente dicha relación, apoyándose en tesis de ilustres doctrinantes, en el sentido de que la obligación pasiva de respeto y no injuria que los ciudadanos se deben unos a otros (nemine laedere) implica que sea al deudor a quien corresponda probar el hecho dañino y al acreedor la ausencia de culpa o, aún mejor, la debida prudencia o diligencia.
Pues bien, la anterior argumentación, perfectamente válida en lo referente a las relaciones entre particulares, no es aplicable íntegramente, en mi opinión, en aquellos eventos en que se debate la responsabilidad administrativa de las entidades públicas. Y no lo es, puesto que mientras las relaciones privadas se fundamentan en el principio de la igualdad de las partes y el respeto de los fueros individuales, valores éstos que solamente se pueden ver modificados por menester de la ley o por acuerdos de voluntad interpartes, la responsabilidad estatal o administrativa parte de supuestos sustancialmente diferentes como son, precisamente, la desigualdad entre las partes y la existencia de responsabilidades, de origen constitucional, de una hacia la otra. Así, mientras la razón de ser del servicio es el cumplimiento, a favor de la comunidad, de una serie de obligaciones que constituyen su razón de ser y el motivo de su existencia, las relaciones entre particulares suponen precisamente lo contrario, cual es la identidad de derechos y obligaciones entre las partes y de ellos frente a la colectividad.
En las relaciones Estado-particular, no puede hablarse de igualdad bajo la misma perspectiva que lo hace nuestro Código Civil. El Estado, por su propia existencia, y en función de lo que el artículo 16 de la Constitución establece, se coloca en posición de deudor frente a una comunidad acreedora que tiene derecho a esperar o exigir la mejor calidad posible en la prestación del servicio. De ahí, por ejemplo, que el derecho administrativo haya colocado en cabeza de la administración privilegios o prerrogativas de diversa índole que pretenden dotarla de las herramientas apropiadas para el mejor cumplimiento de sus obligaciones sociales y para garantizar la prevalencia del interés general sobre el particular. Prevalencia que no rompe el principio de desigualdad al que antes me refería, sino por el contrario lo ratifica, en la medida en que su razón de ser última está, como antes dijera, en la necesidad de una mejor prestación de servicios a favor de la comunidad.
De ahí que las obligaciones a cargo del Estado no sean meramente pasivas, ni correspondan al “nemine laedere” propio del derecho civil, sino son por el contrario activas, encaminadas hacia el logro de las finalidades sociales previstas en la ley. Finalidades que, por su naturaleza y por las restricciones normales de un Estado limitado en sus posibilidades, han de estar en un permanente proceso de evolución en búsqueda cada vez de mejores resultados y de un mayor beneficio colectivo, ya sea en procura del mejoramiento material o espiritual, o para la protección de los derechos civiles y garantías sociales que la Carta consagra.
Por ello la situación, en aquellos eventos en que se debate la responsabilidad administrativa, es relativamente similar y comparable con la que se presenta en los casos en los que, a la luz de las normas civiles y comerciales, se discute la responsabilidad contractual civil de las partes. En ellas, al acreedor basta afirmar el incumplimiento, y debe el deudor demostrar lo contrario, o la presencia de las circunstancias exonerativas de su responsabilidad. Así, en presencia de un acto o hecho dañino, supuestamente ocasionado por la administración, debe simplemente el afectado comprobar su existencia, frente a lo cual la entidad pública acusada tendrá que demostrar que cumplió adecuadamente con sus responsabilidades y con las obligaciones legales o constitucionales a su cargo.
Tales obligaciones, como antes se dijera, no son ilimitadas sino tienen que tener relación directa con las responsabilidades que la ley o el reglamento consagren, o con las funciones que de hecho la administración haya asumido sin estar obligada a ello, o con las posibilidades reales del servicio. Pero aun a pesar de tales limitaciones, lo cierto es que ante un resultado objetivo diferente al esperado, que se concreta en la ocurrencia de un hecho dañino, es obligación de la administración comprobar que cumplió cabalmente con sus obligaciones y que tal ocurrencia, si es el caso, se debió a circunstancias más allá de su control.
Dentro de tal perspectiva, el problema de la culpa y su prueba pierde relevancia y pasa a un segundo plano, puesto que su presencia o ausencia deja de tener importancia en el juzgamiento de la responsabilidad administrativa. De la administración no se espera prudencia o diligencia, entendidas tales expresiones en el sentido civilista, pero pasivo, con que las trata la ponencia, sino a ella se debe exigir una actitud dinámica, enmarcada dentro de la ley, pero siempre atenta y dispuesta a realizar lo razonablemente necesario para la mejor prestación del servicio. Se coloca, entonces, la administración en posición de deudora frente a una comunidad que, por virtud de los artículos 2 y 16 de la Constitución Nacional estará en condiciones jurídicas exigirle el mejor cumplimiento de sus responsabilidades. Así, la falla del servicio se concreta cuando el Estado no actúa como ha debido hacerlo, o cuando no cumple con sus deberes, o cuando no produce los resultados que la comunidad tenía derecho a esperar. La culpa, entonces, se presume por principio cuando no se presentan los resultados que por ley correspondía a la entidad pública demandada tratar de producir. Y si la obligación de esta última era tratar de realizar sus mejores esfuerzos emplear de la manera más eficiente posible sus recursos, y utilizar unos y otros para la prestación de un óptimo servicio, pues entonces el lógico corolario será que, ante una alegada falla, deba la administración demostrar que ella no existió, o que ocurrió por circunstancias incontrolables más allá de la capacidad preventiva o correctiva que razonablemente puede esperarse de las entidades públicas.
Esto último cobra una particular importancia dentro del contexto de la responsabilidad del Estado, pues si bien a la comunidad le es dable esperar la mejor prestación del servicio, tal exigencia no puede ir más allá de aquello que realmente puede manejar la administración, pues a ella no podrá culparse de cuanto ocurra. Pero si, en cada caso, se llega a la conclusión de que existían elementos de juicio y herramientas apropiadas para el adecuado manejo de una situación conforme con los objetivos del servicio, corresponderá a la entidad pública del caso comprobar por qué no se les dio cumplimiento.
El interrogante que se suscita entonces, en términos del proceso contencioso administrativo, es el de definir qué debe ser probado y por quién cuando se alega una supuesta falla del servicio por parte de un demandante. Lo primero que podría pensarse, a la luz de las consideraciones anteriores, sería que, si el Estado se encuentra en una posición de deudor, bastaría con que el acreedor afirmara el incumplimiento para que el primero tuviese que demostrar lo contrario, o la ocurrencia de una causal exonerativa. Sin embargo, ello no puede ser así, por cuanto si bien es cierto que el Estado es deudor, la naturaleza de sus obligaciones es diferente, pues no está individualizada como ocurre en la relación contractual, sino se predica en forma genérica frente a la comunidad. De ahí, entonces, que sea necesario particularizarla con respecto al supuesto afectado, determinar su alcance concreto frente a él y estudiar las circunstancias de su ocurrencia en el caso específico debatido. Ello quiere decir, entonces, que el interesado deberá demostrar el acaecimiento de un hecho causal, representado por un acto, un hecho o una omisión de la administración que ha causado un daño, y en relación con un servicio a su cargo, o que ella de hecho haya asumido; y será la administración la responsable de demostrar que dicho hecho causal o no ocurrió, o si lo hizo fue por circunstancias ajenas a su voluntad o control. En consecuencia, al demandante no tiene por qué exigírsele comprobar o no la culpa de la administración, pues ante el hecho causal y su relación con el servicio, ésta se presumirá, y corresponderá al Estado demostrar su inexistencia, o la presencia de causales exonerativas de responsabilidad.
Y precisamente del enfoque que subyace a los párrafos anteriores surge la divergencia entre la ponencla y la presente aclaración, pues si bien las conclusiones a las cuales ambas llegan son bastante parecidas, las premisas y consideraciones en que se sustentan y desarrollan son sustancialmente dlferentes, originadas unas en una apreciación de clara estirpe civilista, las otras en un enfoque que parte de un concepto distinto de las relaciones entre el Estado y los particulares.
Aunque estoy de acuerdo con la parte resolutiva de la sentencia de 24 de octubre de 1990, manifiesto mi discrepancia con buena parte de la motivación, en especial con la argumentación que se hace antes de entrar al caso sublite (a folio 42).
Son razones de mi desacuerdo:
1. El asunto planteado no es más que otro caso ordinario de falla probada del servicio. De allí mi aceptación a la motivación expuesta a partir del folio 42.
2. El estudio de la responsabilidad médica hecho en la sentencia, es serio y razonado pero más propio de una decisión de la jurisdicción ordinaria.
3. Ese análisis cobija más la responsabilidad médica de servidores del Estado que la responsabilidad estatal por la falla del servicio de salud.
Lo precedente tiene esta explicación.
La teoría de la falla del servicio muestra dos aspectos bien diferenciados: a) La anónima u objetiva en la que se da esa falla, que compromete la responsabilidad del Estado, pero no puede identificarse el servidor oficial que puso de presente esa acción irregular de la administración; y b) La falla del servicio del funcionario, en la cual se descubre la actuación personal del servidor oficial que patentiza esa actuación irregular del servicio público.
Como es obvio, en este segundo evento esa conducta personal, si constituye un ilícito penal o civil o una falta disciplinaria, fuera de comprometer la responsabilidad de dicho sujeto, podrá comprometer también la responsabilidad estatal. Así, por ejemplo, si un agente de policía, con arma de dotación, en horas de servicio, mata a una persona sin existir justificación legal alguna, su conducta personal (delictuosa) tendrá que juzgarse y comprometerse a la luz de la normatividad penal. Pero esto no será obstáculo para que el juez de la responsabilidad administrativa, al subsumir ese hecho personal dentro del marco legal que rige el funcionamiento del servicio, concluya que hubo falla en la prestación de éste. En otras palabras, aquí se aplican dos regímenes jurídicos diferentes que no coliden. Es tan cierto esto que en tales eventos ni siquiera se habla de prejudicialidad penal, ya que podrá el funcionario ser absuelto penal o disciplinariamente y resultar comprometida la falla del servicio o viceversa.
Esto muestra que el juez de la falla del ser vicio para condenar al Estado no pueda razonar dentro de la órbita penal o disciplinaria, porque en estos campos no tiene competencia alguna.
Algo similar sucede con los servicios médicos de carácter oficial. En estos se puede dar también tanto la falla anónima del servicio como la falla del servicio del funcionario. Cuando se da esta última, la actuación del médico por ejemplo, deberá juzgarse tanto desde el punto de vista personal (responsabilidad médica) como en relación con el funcionamiento del servicio. Por eso mismo los principios de la responsabilidad médica sólo se aplicarán a la conducta personal del médico, en la misma forma como sólo se aplican las normas penales al agente de policía homicida. Y esa actuación podrá ser juzgada por el juez administrativo pero no desde la perspectiva personal de la responsabilidad médica, sino en relación con el funcionamiento del servicio mismo.
Lo brevemente expuesto me permite concluir que la motivación del fallo presenta ese desfase, porque trata de manejar la responsabilidad estatal por falla del servicio de salud con los principios que gobiernan la responsabilidad personal del médico.
Bogotá, D.E., noviembre 27 de 1990.
Me veo obligado a aclarar el voto, dentro del proceso del rubro, porque todas las divagaciones de naturaleza jurídica que se hacen en el fallo, a partir de la página octava y hasta la 37 del mismo, no aclaran, pero sí crean confusión para la mejor comprensión de todas las circunstancias legales del caso.
En el sub-lite fluye con claridad meridiana la falla del servicio, y, por lo mismo, la condena se ajusta no sólo a la ley sino también al derecho lo que explica bien la causa, motivo o razón por la cual suscribí el fallo.
Bogotá, D.E., diciembre 7 de 1990.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 16
 artículo 2356
 artículo 2356
 artículo 2356
 artículo 2356
 artículo 1511
 artículo 1110
 artículo 2356
 artículo 2356
 artículo 1604
 artículo 2341
 artículo 2356
 artículo 2356
 artículo 2356
 artículo 2356
 artículo 2341
 artículo 2356
 resolución 
 artículo 16