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Timestamp: 2020-05-28 22:24:49+00:00

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20 Nov 2015 | Actualidad · Artículos de Interés
Etiquetas: amparo · Código Deontológico · colegiado · dudas profesionales · informe · normativas legales · orientación · procedimiento disciplinario · queja · resolución · respuestas · trabajo
Este cuento o historia puede he rir la sensibilidad del lector, sobre todo si cumple estas tres condiciones: es psicólogo forense, está colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia y pertenece al LOPF.
Si usted está en el caso anterior se recomienda realizar esta lectura desde una posición muy distante con el psicólogo o la psicóloga protagonista. Quédese sólo con la recomendación técnica, expuesta en el año 2010 en el Seminario General del Poder Judicial sobre los Informes Periciales con Menores, rescatada por un honesto Instructor, a su vez personaje central e involuntario de esta historia.
Comencemos pues con el cuento, o la historia…
Había una vez un psicólogo forense –genéricamente hablando- colegiado en el colegio de psicólogos de Valencia, que, como muchos otros trataba de hacer su trabajo de la forma más confiable y honestamente posible. Sabedor de la importancia y relevancia que sus acciones e informes podían tener para sus clientes se esforzaba en hacer bien su trabajo respetando todas las advertencias y normativas legales e imperantes, tarea difícil en un área donde hay distintas leyes que pueden ser interpretables dejando un margen de acción confuso. Por este motivo, la Junta Rectora del COP-CV es de vital importancia en la clarificación de dudas de estos profesionales.
Había pues, una duda que venía acechando durante años a los psicólogos forenses y que trataban de resolver sin éxito: ¿Cuándo se realiza una pericial de Familia de Parte (privada) es obligado pedir el consentimiento al otro progenitor cuando uno sólo de los dos progenitores ha pedido la evaluación?
Digamos que, durante mucho tiempo, las respuestas verbales de la Junta Rectora a esta cuestión parecían carentes de coherencia y consistencia. Pero finalmente, un día, en el Recull informatiu del col.legi oficial de psicòlgs- comunitat valenciana nº 187 abril 2008 apareció la siguiente clarificación de la Comisión Deontológica:
“cualquiera de los dos padres tiene el derecho de solicitar una evaluación, diagnóstico o intervención psicológica. Al igual que cualquier madre o padre puede llevar a su hijo a una consulta o intervención de salud. Lo normal será que el otro padre o madre, distinto del que tomó la iniciativa o ejerció el consentimiento, esté informado por el que lo hizo. Ahora bien, con el fin de evitar que el profesional se vea envuelto en algún malentendido, complicidad o acción privadora de un derecho de cualquier hombre o mujer (padre o madre) en relación a un menor, la mejor precaución es, en el proceso de consentimiento, solicitar por escrito al demandante su compromiso de informar al otro padre o madre. De lo contrario el psicólogo puede verse envuelto en una acusación de privación de un derecho de uno de los padres”.
Bien, por fin esta clarificación cerraba una duda para las evaluaciones realizadas en el ámbito de Familia, Educativa, Clínica… pero dejaba abierta otra en el área Penal “¿Cuando se evalúa a un o una menor por ser presuntamente víctima de abuso sexual o malos tratos por su propio padre o madre ¿debe el psicólogo poner en conocimiento del presunto agresor la evaluación o dar a firmar la hoja de compromiso al otro progenitor pasando por alto su calidad de imputado por abuso sexual de su propio hijo o hija?
Parecía que tanto la lógica como el propio Código Deontológico recomendaban que en estos casos, no era necesario, ni siquiera conveniente avisar al otro progenitor (por ejemplo: Art.15 “cuando se halle ante intereses personales o institucionales contrapuestos, procurará el/la psicóloga realizar su actividad en términos de máxima imparcialidad”…etc…)
Pero hablando con franqueza: el psicólogo de nuestra historia no tenía motivos para pensar que si se veía atacado en el ejercicio de su profesión mediante una denuncia al COP sería correctamente protegido por la Junta Rectora del mismo. En 20 años de colegiación no se había cumplido con él el apartado f) del artículo 25 de los Estatutos del Colegio de Psicólogos que dice que los psicólogos tienen derecho a “estar amparados por el Colegio en el ejercicio profesional en defensa de los legítimos intereses”.
Así que presentó un escrito a la JR del COP para que resolviera esta duda. Y se puso a esperar la respuesta. Pasó un mes y nada. Así que volvió a presentar el escrito y pasó otro mes y seguía sin respuesta…
Mientras tanto, algunos colegas de nuestro protagonista, acuciados por la misma duda, llamaban al COP con la plausible esperanza de que el Departamento de Orientación Jurídica pudiera orientar, pero las respuestas eran tan confusas y contradictorias que la prudencia exige no transcribirlas so pena de que este relato pase de la categoría de cuento a la de pura ciencia ficción.
Así que cuatro meses después, nuestro psicólogo imbuido en una familiar sensación de ninguneo, volvió a presentar otro escrito. Y entonces recibió una llamada para concertar una entrevista con un reputado miembro de la CD. Pero dada la confusión que se creaba con las respuestas orales de la CD a esta cuestión –entre otras no menos importantes razones-, nuestro psicólogo insistió en que quería una respuesta escrita y clarificadora para él y para todos los compañeros que lidiaban también a menudo con la misma duda.
Y entonces recibió otra “amigable” llamada insistiendo en la “conveniencia” de que asistiera a esa reunión. Pero el psicólogo insistió de nuevo en que quería una respuesta escrita. Y entonces recibió la siguiente contestación, esta vez si, por escrito:
“En relación al escrito de fecha de entrada …..….2009, que paso a contestar, a efectos de formalidad me parece de interés dejar constancia que no has aceptado dos propuestas de entrevista conmigo. A la primera me comunicaron que estabas de baja, la segunda fue simplemente mi ofrecimiento a celebrarla cuando estuvieras en condiciones. Con posterioridad ha habido una tercera formalmente convocada por escrito para el mismo día 30 a la que tampoco acudiste. En lugar de ello remetiste el fax o escrito arriba citado que no aclaraba si ibas a acudir o no.
Estrando en lo que planteas, sorprende que formules cuestiones que son propuestas para dialogar, debatir y reflexionar een un campo donde cualquier respuesta debe ser razonada y motivada conforme a sus variantes y condicionantes y, simultáneamente frente a ello, rechaces la celebración de una entrevista a tal fin. No creo que te sea suficeinte una respuesta que tarnscriba o cite los artículos del Código que versan sobre lo que preguntas, o que te remita a la legislación que es de aplicación, un escrito así no se correspondería con tu nivel de conocimientos. De hecho el arriba citado del ……2009 ilustra que no eres inexperta cuando haces una exhibición de legislación para argumentar tu solicitud a a clarar de forma definitiva. En fin, si quieres diálogo y orientación en un contexto de esasa características ya te la he ofrecido y por ahora no te ha interresado. Si lo que quieres es otra cosa que está fuera de mis tareas y competencias me parece más prudente mantenerme al margen.”
Y lo cierto es que ahí quedó la cosa. Visto lo visto, el psicólogo de nuestra historia siguió con su trabajo como siempre, tratando de realizar su labor con la prioridad absoluta al mayor interés de los menores y la protección a los derechos de las víctimas y sus familiares sin despreciar los de toda persona que se viera involucrada en tan traumáticas y devastadoras experiencias, incluidos los presuntos agresores.
Y trabajó sin percance alguno en supuestos que presentaban las características de la consulta realizada –y sin respuesta- a la Junta Rectora.
Pero un buen día emitió un informe tras evaluar a una menor de 5 años cuyo presunto agresor era el propio padre de la niña. Tratándose de una pericial en el ámbito penal, primando el interés de la menor y teniendo en cuenta los intereses personales contrapuestos de la menor por un lado y del padre de la niña por otro, procedió como es habitual: realizando el trabajo encomendado por la madre sin informar ni pedir consentimiento al padre (y a la vez presunto agresor) para evaluar la credibilidad del testimonio de su hija. De hecho, el padre iba a conocer el informe en el ámbito del Juzgado de Instrucción que instruía su causa.
Y cuando eso sucedió el padre -y presunto agresor sexual de su hija de 5 años- presentó denuncia ante la JR contra el psicólogo bajo la acusación de no haberle comunicado que se iba a proceder a la evaluación de su hija y la Junta de Gobierno, la misma que nunca quiso clarificar a ese mismo psicólogo, el posible resquicio de duda sobre la obligatoriedad o no de comunicar y pedir consentimiento al presunto agresor, aperturó directamente un procedimiento disciplinario (PD) diciendo que los hechos expuestos podrían suponer una falta grave por parte del psicólogo en relación con el articulo 42 de código deontológico del psicólogo.
Primero por la actuación de la JR, contraria a la normativa y al procedimiento de actuación normal de la CD que establece la apertura de un periodo de Información reservada (IR) con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario “con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la necesidad o no de iniciar dicho procedimiento. (Título VIII del Procedimiento Disciplinario, Capítulo I, Artículo 92)”.
Segundo: Porque cuando se apertura un PD, El acuerdo de iniciación se comunica al denunciante (Capítulo II, Iniciación del procedimiento, Artículo 94. Formas de iniciación “también se comunicará el acuerdo de iniciación al denunciante”) y éste y sus letrados cuentan a partir de ese momento con una “prueba” incondicional a favor de su defensa y por ende, con un arma destructiva contra el psicólogo al que se le ha aperturado el PD, que a partir de ese momento es blanco de todo tipo de desacreditaciones y vejaciones a su profesionalidad produciéndole no sólo perjuicios profesionales sino graves daños morales.
Entrando brevemente en el fondo del caso, hay que decir que cuando el psicólogo aceptó la evaluación de la hija menor del denunciante, éste era ya un IMPUTADO en CAUSA CRIMINAL, tras haber sido denunciado por abusos sexuales por la madre de su hija con el inicio de un expediente incoado por los Servicios Sociales y otros técnicos especialistas. Pero para la Junta de Gobierno de COP-CV resultó irrelevante todo esto y decidió incoar un procedimiento disciplinario contra el psicólogo.
Al mismo psicólogo al que años atrás negó la respuesta a la posible duda sobre este supuesto.
El psicólogo, claro está, presentó sus alegaciones, también acudió a una entrevista con el Instructor nombrado a tal efecto por la CD que le comunicó que a partir de ese mismo día de la entrevista tenía un plazo de 10 día para presentar su propuesta de resolución a la JR.
Así que el psicólogo esperó que en un mes como máximo la JR emitiría la resolución definitiva. Pero empezaron a pasar los días… las semanas y los meses… sin noticias de la JR. Dada la inmovilidad laboral que suponía no poder atender supuestos similares hasta tener constancia de la resolución… el psicólogo reclamó sin éxito la resolución a la JR. Y ante su falta de respuesta el psicólogo se vio obligado a presentar otro escrito haciendo saber a la JR que a partir de ese momento cualquier consecuencia a terceros (sobre todo menores en esa misma tesitura pendientes de evaluar) derivada de su inoperancia sería su responsabilidad.
Inmediatamente se recibió la resolución del Instructor, quién se tomó la molestia de buscar y encontrar bases jurídicas extras además de la Ley y los diferentes códigos y decálogos de derechos de la víctima y acusados que hasta el momento asistían a los psicólogos forenses para la dilucidación de esta duda.
Así, el instructor, tras fundamentar el buen hacer y el rigor técnico con que nuestro psicólogo forense había realizado su trabajo, refrendó su buena actuación trayendo a colación lo expuesto en el Seminario General del Poder Judicial sobre los Informes Periciales con Menores, que tuvo lugar en febrero de 2010 en Madrid, refrendando lo que en las conclusiones de dicho seminario se decía en el punto 12 del tercer apartado: “El informe pericial emitido por un perito sobre un menor, debe de tenerse en consideración cuando cuente con el consentimiento de uno solo de los progenitores, pero que se considera conveniente que al otro progenitor tenga conocimientos de la realización de la pericia, y ello salvo casos excepcionales en los que, a criterio del perito, no resulte aconsejable ponerlo en conocimiento del otro progenitor por poder afectar al objeto de la pericia y/o perjudicar el interés del menor”.
“En consecuencia este instructor no considera la existencia de vulneración alguna del Código Deontológico…y propone…la declaración de no existencia de infracción o de responsabilidad y el archivo del Procedimiento Disciplinario seguido contra… nuestro psicólogo”
Y aquí podría concluir este artículo si no fuera porque hay un final todavía mas interesante: Invito al lector a leer en la página Web del Síndic de Greuges de la Comunidad valenciana un escrito dirigido al Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana del 28 de enero del 2013, a raíz de una Queja al mismo cuya referencia es la nº1213657 y que versa sobre la denuncia puesta por una madre a un psicólogo colegiado por emitir informe sobre su hijo sin su consentimiento ni autorización. La denuncia al Síndic de Greuges en cuestión se realiza por no recibir ninguna respuesta por parte de la JR del COP-CV ONCE meses después de interpuesta la Queja.
Quede claro que ni el Síndic de Greuges ni la autora de este artículo pretenden entrar en el fondo de la denuncia realizada hacia la psicóloga colegiada y SOLO se menciona este escrito para comparar la agraviosa diferencia de trato de la Junta Rectora entre ambos psicólogos denunciados: a nuestro protagonista le aperturan un procedimiento disciplinario injustamente y lo comunican inmediatamente al denunciante –con todas las graves consecuencias derivadas de ello- y al otro colegiado, ante la misma denuncia ni siquiera se molestan en comunicar a la denunciante el curso de su denuncia y cuando lo hacen –instigados por el Sindic de Greuges- aperturan un periodo de Información Reservada y archivan directamente.
De hecho, la respuesta de la JR al Sindic de Greuges indica que esta queja no se había ni tenido en cuenta hasta la intervención del Sindic de Greuges.
Y la Junta Rectora responde al Síndic de Greuges que no había habido vulneración del CD por parte del psicólogo.
Pero en opinión del Sindic de Greuges la Junta Rectora “podría no haber sido lo suficientemente respetuosa con los derechos de la promotora de la Queja” ante la desatención de la misma, independientemente del fondo de la queja.
Pero he aquí la cuestión: esa misma Junta Rectora, que ni siquiera considera la queja puesta a otro colegiado –distinto de nuestro protagonista-, apertura un PD –y ni siquiera un IR- a nuestro psicólogo protagonista ante una queja en su superficie idéntica a la presentada por la persona afectada que denuncia a la JR ante el Sindic de Greuges.
Esta situación cual abre un montón de interrogantes de difícil comprensión:
¿Por qué aperturan directamente un PD a nuestro protagonista y a otros colegiados –por que hay más psicólogos en la situación del psicólogo “defendido” por la JR- no se molestan ni en abrir un IR?
¿Por qué en el caso de nuestro protagonista aperturan un PD y lo comunican de inmediato al denunciante –con las graves consecuencias que de ello se deriva para el psicólogo- y en otros casos no aperturan nada y establecen incluso un silencio administrativo improcedente con el denunciante sobre la decisión tomada ante su queja?
¿Tiene la JR algo personal en contra del psicólogo de nuesta historia?
¿Tiene la JR algo personal a favor del psicólogo por el que la JR es denunciada ante el Síndic de Greuges?
¿Cuántos psicólogos más se encuentran afectados por el extraño e inexplicable comportamiento de la JR?
¿Cuántos clientes de psicólogos forenses más se encuentran afectados por el extraño e inexplicable comportamiento de la JR?
Y los múltiples por qués podrían seguir creciendo y creciendo….
FIN DEL CUENTO O DE LA HISTORIA
Avap-Tipf

References: resolución 
 artículo 25
 Artículo 92
 Artículo 94
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