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Timestamp: 2020-02-22 00:10:28+00:00

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STS 69/2014, 13 de Febrero de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 496767194
Sentencia citada en: 40 sentencias, un artículo doctrinal, 3 temas prácticos, un formulario
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados los recursos por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Alicante, como consecuencia de autos de juicio verbal de desahucio seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 9 de la misma ciudad cuyos recursos fueron preparados ante la mencionada Audiencia y en esta alzada se personaron en concepto de parte recurrente el Procurador D. FERNANDO PÉREZ CRUZ en nombre y representación de D. Anton ; siendo parte recurrida el Procurador D. LUIS GÓMEZ LÓPEZ-LINARES, en nombre y representación de Dª Ángela .
PRIMERO .- 1.- La procuradora Dª Begoña Santana Oliver, en nombre y representación de D. Anton , interpuso demanda de juicio verbal de desahucio por precario contra Dª Ángela y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando se dictara sentencia condenando a la demandada a que dentro del plazo legal deje el inmueble libre, vacua y expedita, a disposición de la actora y sin derecho a ninguna clase de indemnización de la vivienda objeto de la presente litis, con apercibimiento de que si así no lo hace se procederá a su lanzamiento y todo ello con expresa condena en costas del procedimiento a la parte demandada
- El Procurador D. Daniel Angelini, contestó en el acto del juicio a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación y terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia interesando la desestimación de la demanda interpuesta.
- Practicadas las pruebas, las partes formularon oralmente sus conclusiones sobre los hechos controvertidos. La Ilma Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Alicante, dictó sentencia con fecha 16 de diciembre de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta por D. Anton contra Dª Ángela debo:1.- DECLARAR Y DECLARO que ha lugar al desahucio de la vivienda sita en la C/ DIRECCION000 , NUM000 , NUM001 NUM002 de Alicante, por parte de Dª Ángela debiendo dejar la misma libre, vacuo y expedito y a disposición de D. Anton . Siendo apercibida de no verificarlo voluntariamente antes del 14 DE ENERO DE 2011 A LAS 9.30 HORAS se procederá a su lanzamiento judicial. 2.- Todo ello con expresa imposición de las costas causadas en el procedimiento.
SEGUNDO .- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior sentencia por la representación procesal de Dª Ángela , la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Alicante, dictó sentencia con fecha 11 de julio de 2011 cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación promovido contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Alicante de fecha 16 de diciembre de 2010 en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS dicha resolución, y en su lugar, debemos desestimar y desestimamos la demanda planteada por D. Anton , contra doña Ángela , imponiendo a la parte actora las costas de la instancia y sin hacer declaración respecto a las de esta alzada.
TERCERO .- 1 .- La procuradora Dª Begoña Santana Oliver, en nombre y representación de D. Anton , interpuso recursos por infracción procesal y de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVO POR INFRACCIÓN PROCESAL:ÚNICO .- Al amparo del artículo 469.1.2º de la Ley 1/2000 por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española en relación con el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . MOTIVO DE CASACIÓN: ÚNICO .- Se fundamenta en el motivo 3º del apartado 2º del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por haber infringido la sentencia recurrida doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en relación con los artículos 348 , 444 , 1749 y 1750 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
- Por Auto de fecha 16 de octubre de 2012, se acordó ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN Y EL RECURSO POR INFRACCIÓN PROCESAL y dar traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición en el plazo de veinte días, la cual no presentó escrito de oposición a los recursos.
- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 8 de febrero de 2014 , en que tuvo lugar.
PRIMERO .- La cuestión jurídica que aquí se presenta no es infrecuente. Una pareja de hecho, con un hijo común menor de edad, conviven en un determinado piso propiedad de él (lo había adquirido el 18 diciembre 2000). Se producen desavenencias y él lo dona a su padre (donación de 19 febrero 2009). Ella presenta demanda, tras una denuncia por malos tratos, y por sentencia (de 30 noviembre 2010 ) se le adjudica "el uso del domicilio familiar a la madre bajo cuya custodia queda el hijo". A continuación, el padre de él -donatario del piso- ejerce demanda de desahucio por precario frente a ella.
Éste es el caso de autos. Don Anton era donatario de la vivienda donde residía su hijo con su pareja de hecho y su hijo, por escritura de donación de 19 febrero 2009 siendo donante su hijo, don Maximo , cuya propiedad la adquirió de un tercero el 18 diciembre 2000 y fue obligado por sentencia a abandonar la vivienda, dictada por el Juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 de Alicante, de fecha 30 noviembre 2010 .
SEGUNDO .- El recurso por infracción procesal se funda en la infracción del artículo 24 de la Constitución Española por razón de incongruencia de la sentencia de la Audiencia Provincial, ya que desestima la demanda interpuesta por el actual recurrente don Anton , fundándose en una sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón.
TERCERO .- El recurso de casación sí debe ser estimado . El recurso, en un motivo único, declara la infracción de varios artículos del Código civil que los que tienen trascendencia son los 1749 y 1750 del mismo y varias sentencias de esta Sala.
Según la doctrina de esta Sala (así, Sentencias de 2 , 23 y 29 de octubre y 13 , 14 y 30 de noviembre de 2008 ), la cuestión controvertida debe resolverse, ante todo, mediante la comprobación de si ha existido o no un contrato entre las partes, y particularmente, un contrato de comodato, caracterizado por la cesión gratuita de la cosa por un tiempo determinado o para un uso concreto y determinado. Si existe, han de aplicarse las normas reguladoras de la figura negocial; de lo contrario, se ha de considerar que la situación jurídica es la propia de un precario, estando legitimado el propietario o titular de la cosa cedida para reclamar su posesión. Ciertamente, en la cesión de una vivienda a un hijo para que constituya en él el hogar conyugal o familiar, pueden apreciarse las notas caracterizadoras del préstamo de uso; pero para ello es preciso que tales elementos aparezcan con claridad, y los hechos sean reveladores de que el uso para el que se cede la cosa se encuentra definido por encima del que es propio de la cosa genérica, e incluso específicamente considerada, lo que no empece a que puedan inferirse de las circunstancias fácticas del caso ( Sentencias de 26 de diciembre de 2005 y de 2 de octubre de 2008 ). Paralelamente, se debe considerar que cuando desaparece el uso concreto y determinado al que se ha destinado la cosa -lo que puede suceder cuando se rompe la convivencia conyugal-, y el propietario o titular de la cosa no la reclama, la situación de quien la posee es la propia de un precarista ( Sentencias de 26 de diciembre de 2005 y de 2 de octubre de 2008 ); y, en fin, que la atribución por resolución judicial del derecho de uso y disfrute de la vivienda no sirve para hacer desaparecer la situación de precario, ni para enervar la acción de desahucio, en la medida en que no constituye un título jurídico hábil para justificar la posesión que resulte oponible frente a terceros ajenos a las relaciones surgidas por el matrimonio y por el procedimiento matrimonial, ni permite reconocer al beneficiario una posición jurídica y una protección posesoria de vigor jurídico superior al que la situación de precario proporciona a la familia, pues ello entrañaría subvenir necesidades familiares, desde luego muy dignas de protección, con cargo a extraños al vínculo matrimonial y titulares de un derecho que posibilita la cesión del uso de la vivienda ( Sentencia de 31 de diciembre de 1994 , cuya doctrina se recoge en las de 26 de diciembre de 2005 y de 2 de octubre de 2008 ).
el criterio establecido por la sentencia de esta Sala de 26 de diciembre de 2005 , y a partir de ellas muchas otras ( SSTS 30 de junio de 2009, RC 1738/04 , 22 de octubre de 2009, RC 2302/05 o 14 de julio de 2010, RC 1741/05 entre las más recientes), que fija las pautas interpretativas y de aplicación que sirven para resolver la cuestión, por lo demás, frecuente, de la procedencia de la reclamación del propietario o titular de una vivienda cedida a un familiar para su utilización como domicilio conyugal o familiar. De este modo para resolver conflictos como el ahora planteado es necesario analizar cada caso concreto, de modo que resulta imprescindible concretar si ha existido o no un contrato entre las partes, y particularmente, un contrato de comodato, caracterizado por la cesión gratuita de la cosa por un tiempo determinado o para un uso concreto. Si existe un contrato de comodato, los conflictos que puedan surgir en torno al uso, deberán resolverse conforme a las normas reguladoras de ese negocio jurídico. Sin embargo, y para el caso de que no resulte acreditado, se debe concluir que la situación jurídica analizada es característica de la figura de un precario.
En ambas sentencias, entre otras, que citan, se fija la doctrina jurisprudencial de este punto controvertido. Aplicándola al caso presente, aparece el titular dominical, el padre del conviviente, que no tiene ni ha tenido relación contractual alguna con la demandada doña Ángela . Simplemente, al ser donatario de la vivienda que había sido la usada por esta y otra persona -el hijo del anterior- es el propietario y la demandada carece de título alguno de su posesión. El auto que había sido dictado por el Juzgado de Alicante le atribuye el uso y disfrute de la vivienda, pero al ser ésta, en el momento actual, propiedad de un tercero -padre del conviviente- aquella resolución judicial no puede alcanzar a quien no ha sido parte en aquel proceso matrimonial (en matrimonio o unión de hecho) y, así, la conviviente ha quedado en la vivienda en la que habitó con su conviviente, el cual ahora no es el propietario ni tiene título alguno sobre la misma . El título de propiedad lo tiene el demandante en la instancia y recurrente en casación, don Anton .
CUARTO .- Consecuencia de todo lo expuesto hasta ahora, resulta que la demandada, conviviente anteriormente y poseedora ahora de la vivienda, que actualmente es propiedad de tercero, el padre de su conviviente, no tiene título alguno de posesión, es simple poseedora de hecho que tiene la calificación de precario, ya que el título judicial no le ampara frente al titular ajeno a la relación entre ella y el hijo de dicho titular y la posesión no se ampara en un comodato, contrato que nunca existió ni expresa ni tácitamente entre ella y el titular propietario, padre de su anterior conviviente.
QUINTO .- Por tanto, al ser considerada precarista, debe darse lugar a la demanda, lo que implica casar la sentencia recurrida y confirmar y hacer nuestra la sentencia dictada por la juez de primera instancia que había estimado la demanda y dado lugar al desahucio por precario. Lo que ya no procede es confirmar la fecha de la entrega de la posesión de la vivienda que ha fijado la juez (14 enero 2011) pues ha transcurrido ya y la fecha quedará para la ejecución de la sentencia.
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de D. Anton , contra la sentencia dictada por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Alicante, en fecha 11 de julio de 2011 , que SE CASA Y ANULA
Segundo .- QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO POR INFRACCION PROCESAL, interpuesto conjuntamente con el anterior.
Tercero .- En su lugar, se confirma y hacemos nuestra, la sentencia dictada por EL Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Alicante, de fecha 16 de diciembre de 2010 , en autos de juicio verbal de desahucio 2081/2010, salvo en la fecha máxima de la entrega posesoria, que se determinará en ejecución de sentencia.
Cuarto.- En cuanto a las costas, se condena al recurrente en las causadas por el recurso por infracción procesal. No se hace imposición en las causadas en el recurso de casación. En las de primera instancia se mantiene la condena hecha en la sentencia del Juzgado. No se hace condena en las del recurso de apelación
Quinto .- Líbrese a la mencionada Audiencia certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
STS 443/2010, 14 de Julio de 2010 (Vivienda conyugal, Esposo fallecido, Propiedad del inmueble)
SAP Guipúzcoa 2281/2005, 23 de Septiembre de 2005
STS 464/2018, 4 de Mayo de 2018
STSJ Comunidad de Madrid , 2 de Noviembre de 2001

References: artículo 469
 artículo 24
 artículo 218
 artículo 477
 artículo 24
 resolución 
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