Source: https://de.scribd.com/document/350646439/CIDH-IACHR-Panel-2017-Final-Report-Esp
Timestamp: 2020-07-11 08:43:44+00:00

Document:
CIDH IACHR Panel 2017 Final Report Esp | Derechos humanos | Comisión Europea
speichernCIDH IACHR Panel 2017 Final Report Esp für später speichern
INFORME CPJ
informe 3(6)
VII Cumbre de Las Américas Panamá 2015CORREA
Miembros del Panel Nienke Grossman, Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore (Estados Unidos) Miguel Gutiérrez Saxe, Programa Estado de la Nación (Costa Rica) Cecilia Medina Quiroga, jurista, académica y ex miembro del Panel (Chile) Elizabeth Salmón Garate, Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) Miguel Sarre Iguíniz, ITAM (México)
II. CRITERIOS Y METODOLOGÍA
A. Criterios de evaluación de las candidatas y los candidatos
EVALUACIONES DE LAS CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS
Gianella Bardazano Gradin (Uruguaya)
Carlos Horacio de Casas (Argentino)
Joel Hernández García (Mexicano)
Flavia Piovesan (Brasileña)
Antonia Urrejola (Chilena)
A. El sistema de elección actual y sus deficiencias
B. La experiencia de otros órganos de supervisión jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales
…………………………………………………………………………………………………………………………………40
C. Propuestas para la selección de candidatos y candidatas a la Comisión Interamericana de
Anexo I. Cuestionario para las candidatas y candidatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Anexo II. Biografías del Panel
Anexo III. Organizaciones que respaldan ………………………………………………………………………….53
La preocupación por la visibilidad de las elecciones, los criterios de selección y los procedimientos de selección para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión o CIDH) motivó a la Open Society Justice Initiative, junto con otras organizaciones interesadas, para convocar y apoyar un Panel independiente en 2015, integrado por juristas de renombre con experiencia en el Sistema Interamericano. Su mandato era revisar los procedimientos de selección, ofrecer una evaluación amplia de las calificaciones de los candidatos nominados y hacer recomendaciones sobre cómo mejorar las futuras elecciones. El Panel de 2015 delineó los criterios por los cuales evaluó a los y las candidatas para la Corte y la Comisión, evaluó a los candidatos individuales por medio de estos criterios y formuló recomendaciones a los Estados para mejorar los procedimientos de selección a nivel nacional y regional. En su evaluación de los candidatos, el Panel de 2015 examinó los materiales escritos presentados por los candidatos en forma de Curriculum Vitae, resúmenes biográficos, datos personales y respuestas a un cuestionario especialmente diseñado distribuido a los candidatos. Cuando estuvo disponible, el Panel examinó las decisiones judiciales, los escritos académicos, las presentaciones en paneles , las publicaciones en los blogs de los candidatos y otra información pública que no requería verificación independiente. Aunque el Panel de 2015 recibió sugerencias de grupos de la sociedad civil en la región sobre recomendaciones para el futuro, optó por no recibir información sobre candidatos específicos.
El Informe de 2015 estableció nuevas normas en materia de transparencia y visibilidad para las elecciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y fue respaldado por más de 80 grupos no gubernamentales regionales, universidades y clínicas legales en toda la región. El Informe de 2015 favoreció que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instruyera a su Consejo Permanente, por medio de la resolución AG/RES.2887 (XL VI-O/16), a invitar a todos los candidatos propuestos a la Comisión o a la Corte para que presenten públicamente
ante el Consejo, su visión, sus propuestas e iniciativas, en el caso de ser elegidos. Además, instó a los Estados a “nominar y elegir personas que aseguren una membresía que proporcione equilibrio en términos de género, representación de las diferentes regiones, grupos de población y sistemas legales del hemisferio, garantizando al mismo tiempo las exigencias de independencia, imparcialidad y competencia reconocida en el campo de los derechos humanos”.
El Informe de 2015 también hizo una serie de recomendaciones adicionales a los Estados, incluido el uso de procedimientos de nominación nacionales abiertos, transparentes y participativos, y el establecimiento de un Comité Asesor para evaluar la idoneidad de los candidatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien los Estados aún no han adoptado medidas con respecto a estas recomendaciones, en consonancia con la Resolución de la OEA, los Estados nominaron a tres hombres y tres mujeres para servir como Comisionados y, el 5 de mayo de 2017, el Consejo Permanente celebró una sesión pública con todos los candidatos. Además, los seis candidatos participaron en un foro público organizado por la sociedad civil en las oficinas del Diálogo Interamericano el mismo día, y varios respondieron por escrito a las preguntas adicionales presentadas por escrito por la sociedad civil.
En preparación para la próxima elección del 21 de junio de 2017 de tres (3) nuevos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Asamblea General de la OEA, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) y Open Society Justice Initiative (OSJI) decidieron conjuntamente convocar a este Panel Independiente para la Elección de 2017 de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Panel de 2017). Los objetivos del Panel de 2017, establecidos por las organizaciones convocantes, son: “a. Evaluar ampliamente las calificaciones de todos los candidatos de la CIDH presentados por los Estados miembros de la OEA. b. Destacar el proceso por el cual estos candidatos fueron identificados o nominados a nivel nacional,
e identificar recomendaciones clave o áreas de mejora. c. Invitar a la sociedad civil y a los medios de comunicación a prestar atención al proceso de selección, a fin de fomentar una mayor rendición de cuentas por parte de los Estados candidatos”.
Después de esta introducción, el Informe del Panel de 2017 incluye las partes II) Criterios y Metodología, III) Evaluaciones de las Candidatas y los Candidatos, IV) Recomendaciones, y V) Anexos. El Panel de 2017 espera que su evaluación de los y las candidatas de 2017 a la Comisión sea útil para los Estados Miembros de la OEA en su evaluación del cumplimiento de cada uno de los candidatos y las candidatas con los criterios y principios normativos pertinentes y proporcione orientación a los Estados para futuras nominaciones tanto para la Comisión como para la Corte. Además, sobre la
base de las respuestas que recibió de la mayoría de los y las candidatas a su cuestionario
y de sus declaraciones del 5 de mayo de 2017 en el foro de candidatos y candidatas de la
sociedad civil, el Panel espera que los Estados consideren seriamente los pasos para que
los procedimientos nacionales de nominación sean más transparentes, basados en el mérito y la participación, así como para institucionalizar una evaluación independiente de los y las candidatas a nivel de elecciones internacionales.
El artículo 106 de la Carta de la Organización de Estados Americanos establece: “Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.” En la actualidad y en consonancia con lo destacado, lo anterior se refleja y refuerza a través del Plan Estratégico 2017-2021 de la Comisión, que asume la misión de “Estimular la conciencia y promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en todos y cada uno de los Estados de las Américas de acuerdo con los más altos estándares internacionales, a ﬁn de salvaguardar la dignidad de las personas y consolidar el Estado de Derecho y la democracia.”
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecen los requisitos mínimos para ser miembro de la Comisión. El Artículo 34 de la Convención, el Artículo 1 (3) del Reglamento de la Comisión y el Artículo 2 (1) del Estatuto establecen que los miembros “deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos”.
El Estatuto en su Artículo 8 (1) también establece que “la membrecía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es incompatible con el ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad, o la dignidad o el prestigio de su cargo en la Comisión”.
Además, el Artículo 9 del Estatuto señala los deberes de los miembros de la Comisión en cuanto a su asistencia y servicio como sigue:
(1) Excepto impedimento justificado, es deber asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que celebre la Comisión en su sede permanente o en cualquier otro lugar al que pudiese haber decidido trasladarse temporalmente.
(2) También es un deber formar parte, salvo impedimento justificado, en las Comisiones Especiales, que la Comisión acuerde integrar para el desempeño de observaciones in loco, o para realizar cualquier otro de los deberes que le incumban.
Otro referente básico para el Panel es la Resolución AG/RES.2887 (XL VI-O/16) de la OEA aprobada en el 2016 sobre “Integración equilibrada en género y con representatividad geográfica y de los diferentes sistemas jurídicos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.” En ésta, se inicia destacando “la importancia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se integren por personas imparciales, independientes y de reconocida competencia en materia de Derechos Humanos, de acuerdo con los principios de no discriminación, equidad de género y representatividad geográfica, para que continúen cumpliendo adecuadamente sus mandatos”, y se resuelve:
1. Alentar a los Estados para que en los procesos de selección de Jueces de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de Comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nominen y elijan a personas que permitan asegurar una integración equilibrada en género, con representación de las diferentes regiones, grupos poblacionales y sistemas jurídicos del hemisferio, garantizando se cumpla con los requisitos de independencia, imparcialidad y reconocida competencia en materia de
2. Encomendar al Consejo Permanente que, previo a la elección de quienes
vayan a desempeñarse como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invite a los candidatos a dichos cargos postulados por los Estados Miembros, a realizar una presentación pública ante el Consejo antes de su elección, en la medida de lo posible a efectos de dar a conocer con mayor profundidad su visión, propuestas e iniciativas en el supuesto de resultar
electos. Estas presentaciones deben realizarse, en lo posible, en la misma sesión del Consejo y difundirse lo más ampliamente posible.
En virtud de que la labor de un Comisionado/a incluye el conocimiento de peticiones individuales y otras labores cuasi-judiciales, se considerarán los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial del año 2002 que establecen una serie de principios de gran relevancia: independencia, imparcialidad, integridad, decencia, equidad, competencia y diligencia. 1 La definición de independencia incluye aspectos tanto individuales como institucionales. La independencia y la imparcialidad incluyen no sólo evitar un sesgo real o el control por parte de otros órganos, sino también evitar una percepción de una conducta incorrecta o de falta de independencia.
Asimismo, este Panel ha tomado en consideración los requisitos y preferencias para puestos similares en otros organismos de derechos humanos. Por ejemplo, el sistema de órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas emitió las “Directrices sobre la independencia y la imparcialidad de los miembros de los órganos creados en
1 Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, disponibles en http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf.
virtud de tratados de derechos humanos” (las Directrices de Addis Abeba) que son aplicadas a los expertos independientes que forman parte del personal de dichos órganos. Dichas Directrices enfatizan la independencia e imparcialidad de los miembros de dichos órganos: “los miembros de órganos creados en virtud de tratados no sólo serán independientes e imparciales, sino que además deberán ser percibidos así por un observador razonable.” Además, no pueden estar sujetos a dirección o influencia de ningún tipo, o a la presión de su Estado de origen o de cualquier otro Estado o sus organismos, y no deberán buscar ni aceptar instrucciones de nadie en el desempeño de sus funciones.
En términos de competencia e idoneidad, el Panel concluyó que el conocimiento y la experiencia del candidato/a respecto de los instrumentos interamericanos de derechos humanos y del Sistema Interamericano, por ejemplo, mediante un record de publicaciones académicas o experiencia sustancial de trabajo o litigios en el sistema, eran criterios claves. Con respecto a la diligencia, se consideró la capacidad del candidato o candidata para llevar a cabo sus responsabilidades no obstante otras obligaciones y compromisos.
Asimismo, se consideraron cualidades complementarias que facilitarían la labor de la Comisión, incluyendo: la capacidad para trabajar en más de uno de los idiomas oficiales de la Comisión; el conocimiento de los diversos sistemas jurídicos que existen en la región; y una amplia exposición y comprensión del entorno político, social y cultural de la región y de sus subregiones. Finalmente, se tomó en consideración si, dada la composición que la Comisión tendrá una vez que se haya efectuado esta última elección, el candidato o la candidata contribuiría a un equilibrio dentro de ese órgano en términos de área de experticia, género, trayectoria profesional (v.g., diplomacia, academia, ONGs, etcétera) y otras formas de diversidad.
Para llegar a sus conclusiones, el Panel consideró los materiales escritos presentados por los y las candidatas en el formulario de Currículum Vitae, resúmenes biográficos y datos personales. Si estaban disponibles, se examinaron decisiones judiciales, documentos académicos, ponencias, publicaciones en blogs de los candidatos y cualquier otra información pública que emanara de una fuente oficial o del propio candidato. También formó parte de la evaluación las respuestas a un cuestionario que se les envió, diseñado para poder apreciar cómo se cumplían, respecto de cada uno, los requisitos legales y adicionales mencionados anteriormente. Este cuestionario se encuentra en Anexo A de este Informe.
Se envió una carta a organizaciones de la sociedad civil y se remitió un comunicado de prensa en los que además de anunciar la creación del Panel se brindó un espacio para recepción de información vía correo electrónico por parte de organizaciones de la sociedad civil y opinión pública en general. En aras de la transparencia y debido
proceso, estas comunicaciones fueron transmitidas a los candidatos/as aludidos, para su conocimiento, a fin de dar oportunidad de respuesta. El Panel no pudo considerar comunicaciones recibidas fuera del plazo establecido.
Se consideraron finalmente las presentaciones públicas y respuestas de los y las candidatas en el marco de la sesión del Consejo Permanente el 5 de mayo de 2017 en cumplimiento a la resolución mencionada con anterioridad y en el foro público convocado por sociedad civil el mismo día en Washington, DC. Para completar de mejor forma la información sobre la cual se iba a construir la evaluación, el Panel hubiera deseado celebrar entrevistas con los y las candidatas; sin embargo, por razones de tiempo y disponibilidad, ellas no pudieron ser concretadas.
El Panel no se apoyó en información que no haya podido corroborar dentro del plazo y en el margen de los recursos otorgados. Todas las conclusiones y decisiones del Panel han sido alcanzadas por consenso.
Gianella Bardazano Gradin (Uruguaya) Nominada por la República Oriental del Uruguay
Gianella Bardazano Gradin es integrante del Consejo Ejecutivo del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y Docente y Profesora Agregada en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, especializada en temas de derechos humanos y su relación con la administración de justicia, sistemas penales, y políticas de drogas.
A. Antecedentes y Reconocida Competencia
Gianella Bardazano Gradin es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y Magister en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la misma universidad. Actualmente es candidata a Doctora en Derecho en la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina). Su carrera como jurista se ha desarrollado en el campo de la Filosofía y de la Teoría del Derecho. Es docente desde el 2001 y profesora agregada desde el 2015 en la Universidad de la República; a partir del año 2013, integra el Comité Académico del Diploma de Especialización en Políticas de Drogas en la Facultad de Ciencias Sociales. Adicionalmente, desde el año 2005, integra el Consejo Directivo del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) trabajando en temas de administración de justicia, sistemas penales y derechos humanos y coordinando el área de políticas de drogas y derechos humanos.
De su curriculum, sus respuestas al cuestionario y su trayectoria profesional, la candidata demuestra tener competencia en varias áreas del derecho internacional de los derechos humanos, las cuales ha desarrollado tanto en el ámbito académico como en sus actividades en organizaciones de la sociedad civil. Estas áreas incluyen la administración de justicia, sistemas penales y derechos humanos, las políticas de drogas y su impacto en los derechos humanos, así como su impacto en los sistemas carcelarios. En estas actividades, Bardazano Gradin ha trabajado no sólo en la situación de Uruguay sino de toda la región. Por otra parte, ha colaborado en la implementación legislativa y jurisdiccional de los procesos de memoria, reparación y determinación de responsabilidades penales en relación a las violaciones ocurridas durante la dictadura en su país. Su militancia en movimientos de la sociedad civil es amplia. Su pertenencia de más de diez años a IELSUR, una reconocida organización de derechos humanos, con redes regionales y universales, demuestra su compromiso y experiencia en el sistema de protección de los derechos humanos.
El curriculum de Bardazano Gradin lista 14 publicaciones desde el año 2006, tratando varios de los temas previamente mencionados. Los artículos académicos que ha escrito dan cuenta de su solidez jurídica. Sobre conocimiento de sistemas legales diversos, indica en las respuestas a su cuestionario que ha estudiado la legislación sobre las
drogas en varios países de habla hispana y portugués del hemisferio. Bardazano Gradin señala que, aparte de su idioma nativo, el español, lee y comprende inglés sin dificultades. En sus respuestas a preguntas durante las sesiones del Consejo Permanente de la OEA y frente sociedad civil, el 5 de mayo del 2017, intervino solamente en español. Los artículos listados en respuesta al cuestionario están escritos exclusivamente en español.
En términos de los desafíos que enfrenta el sistema interamericano de derechos humanos, Bardazano Gradin acentúa en la necesidad de fortalecer la independencia y autonomía de los sistemas de justicia en la región. Estima que éste es “un asunto crítico para la consolidación de la democracia y la prevalencía del Estado de Derecho” sosteniendo que los problemas de la justicia en la región “se encuentran en la raíz de la falta de aplicación a nivel local de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y las recomendaciones del SIDH”, lo que provoca “una inflación de casos” que “tensionan a un sistema de protección subsidiario distrayendo la atención de la atención a los situaciones más graves”. Aboga también por la cooperación entre la Comisión y la Corte Interamericanas, así como con el sistema universal, para buscar soluciones a largo plazo que sean la respuesta a diagnósticos conjuntos. Estima que el financiamiento de la Comisión “debe realizarse a través del Fondo Regular de la OEA”. Refiriéndose al Plan de Desarrollo Estratégico, estima que refleja una visión realista de la situación, pero le preocupa, por una parte, que las soluciones necesariamente demorarán un largo tiempo en implementarse y, por otra parte, que quizás el Plan no evalúa lo suficiente el impacto que tendrán las nuevas relatorías en una Comisión con tan escasos recursos.
B. Elevado carácter moral, independencia e imparcialidad
No se encontró nada en el récord público que indicara cualquier sanción, amonestación, o falta ética. Por otra parte, frente a un eventual periodo de Comisionada, afirmó que “[e]n la medida en que me lo permita el trabajo de la CIDH, continuar[ía] con la enseñanza universitaria, la investigación académica y el relacionamiento con las organizaciones de sociedad civil.”
La candidata indicó que no tiene ninguna dificultad o desacuerdo con la proposición de que no deberá manifestar ni mostrar que tolera parcialidades o prejuicios en el desempeño de sus funciones, en caso de ser elegida Comisionada.
C. Integración Equilibrada
Los miembros de la Comisión que servirán hasta 2019 son José Eguiguren Praeli (Perú), Margarette May Macaulay (Jamaica) y Esmeralda de Troitino (Panamá). Según el Informe de 2015 del Panel Independiente, en el momento de su candidatura, el Dr. Eguiguren Praeli era académico y profesor de Derecho constitucional, consultor de agencias de la ONU y tenía una larga carrera en el gobierno, incluso como Ministro de Justicia y Derechos Humanos y como diplomático. La Sra. Macaulay se desempeñó como abogada en representación de clientes en tribunales constitucionales, civiles y penales en Jamaica, sirvió como Jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue
académica en el área de derechos humanos; también fue defensora en ONG de los derechos de las mujeres y los niños, la igualdad de género, la violencia de género, los derechos ambientales y la pena de muerte. La Sra. Arosemena de Troitiño fue jueza nacional en Panamá con experiencia académica legal y con sensibilidad con respecto a temas de género, familia, orientación sexual y derechos del niño. Luis Ernesto Vargas Silva (Colombia) fue elegido por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para la Comisión el 10 de mayo de 2017; se desempeñó en la judicatura colombiana por más de 40 años, fue Magistrado y sus áreas de conocimiento y experiencia son Derecho de la Persona, Derecho de Privado y Derecho Procesal.
Bardazano Gradin es una académica especializada en teoría y filosofía del Derecho y, además, está involucrada en políticas públicas en el tema de drogas y sistema carcelario. En su respuesta al cuestionario, destaca que su experiencia como académica y como abogada de una organización no gubernamental de derechos humanos “puede impactar positivamente en los informes y recomendaciones en sí mismos y en el proceso previo a su adopción, así como en la legitimación de la CIDH (y del mandato del sistema interamericano, en definitiva), con puntos de vista diversos.” Adicionalmente, como señaló el representante de Uruguay en la presentación de los candidatos frente al Consejo Permanente, el 5 de mayo del 2017, sería la segunda persona de nacionalidad uruguaya que tendría la oportunidad de servir como Comisionado/a en la CIDH.
De su curriculum, sus respuestas al cuestionario y su trayectoria profesional referida, es posible apreciar que la candidata cumple el requisito de “reconocida competencia en materia de derechos humanos”.
D. Proceso de Selección
Las vacantes de la Comisión se dieron a conocer a la sociedad civil organizada a través de la difusión pública sobre vacantes y candidaturas a organizaciones internacionales. Un grupo de organizaciones propuso su nombre al Ministerio de Relaciones Exteriores.
En opinión de este Panel, dadas las respuestas al cuestionario, su trayectoria de trabajo en el campo de los derechos humanos en organizaciones civiles, su trabajo en la academia especialmente en materia de drogas y sistemas penitenciarios, y su participación en el proceso de reinstauración de los derechos humanos con posterioridad a la dictadura, la candidata cumple con los requisitos que la Convención establece para ser integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Douglas Cassel (Estadounidense )
Nominado por los Estados Unidos de América
Douglas Cassel es profesor de derecho con una larga y distinguida carrera en derechos humanos a nivel mundial y regional, con especial conocimiento en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
candidato es un académico ampliamente reconocido y experto en derechos humanos
el Sistema Interamericano en particular. Desde 2005, es Profesor de Derecho y
Presidential Fellow en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame en los
Estados Unidos, y ha sido Director de su Centro para los Derechos Civiles y Humanos. Anteriormente enseñó, fundó y dirigió centros de derechos humanos en DePaul College
of Law (1990 a 1998) y en la Facultad de Derecho de la Northwestern University (1998-
2005). Es graduado de la Universidad de Yale y de la Facultad de Derecho de Harvard.
Sus escritos académicos se publican en prestigiosas revistas internacionales y en libros de derechos humanos y derecho internacional, tanto en inglés como en español. Ha publicado docenas de trabajos escritos que abarcan temas tan amplios como las empresas y los derechos humanos, la justicia transicional, la detención preventiva, la enseñanza del derecho internacional en los Estados Unidos, el Sistema Interamericano,
la práctica, el procedimiento y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el uso de comisiones militares en los Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las amnistías, las reparaciones, los trabajadores migratorios indocumentados y los derechos laborales y los desafíos al funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ha hablado sobre estos y otros temas en todo el mundo, incluida África, las Américas, Asia y Europa, y ante una amplia gama de audiencias académicas, profesionales y judiciales. Entre ellos se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA.
Además de su experiencia académica, ha asesorado a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y a las Naciones Unidas, y es miembro de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica. Fue nominado por el Gobierno de los Estados Unidos y elegido por la Asamblea General de la OEA en cuatro ocasiones para servir en la Junta Directiva del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y ha ocupado dos veces el cargo de Presidente de la Junta. También participó como miembro ciudadano de las delegaciones del Gobierno de los Estados Unidos en las Asambleas Generales de la OEA y en reuniones de expertos gubernamentales de derechos humanos de la OEA. En 2015-2016, a petición del Presidente colombiano Juan Manuel Santos, sirvió para el Gobierno de Colombia como negociador de las disposiciones de justicia transicional de los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC y, en 2016, Colombia le otorgó la Orden del Mérito “Guillermo Ferguson”. También
fue Asesor Jurídico de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador de 1992 a 1993, donde fue editor principal del Informe de la Comisión.
Durante sus presentaciones ante el Consejo Permanente de la OEA y la sociedad civil, el 5 de mayo de 2017, el Profesor Cassel habló en inglés y en español, presentando a este Panel material de su autoría escrito originalmente en ambos idiomas. Además, ha publicado trabajos académicos en ambos idiomas. Su cuestionario indica que también tiene la capacidad de leer en francés y portugués. Además, el profesor Cassel tiene experiencia en diferentes sistemas jurídicos, ya que ha impartido cursos en los que se comparan los sistemas regionales de protección de los derechos humanos que exigen conocimientos de los diferentes sistemas nacionales, así como realizado consultorías y servido en ONGs que requieren conocimientos tanto de sistemas de derecho civil como de derecho común.
En relación con los desafíos que enfrenta el Sistema Interamericano, el profesor Cassel señaló en su cuestionario su falta de recursos, el retraso procesal, el incumplimiento de las resoluciones y recomendaciones de la Comisión, las relaciones con los Estados y la falta de transparencia. Él escribió (verbatim):
“Hay muchos desafíos grandes. Sin ser exhaustivo, entre los más importantes serían los cinco siguientes: falta de recursos; atraso procesal; falta de cumplimiento con las resoluciones y recomendaciones de la CIDH; relaciones difíciles con varios Estados; y falta de transparencia.
Falta de recursos: La CIDH nunca ha tenido recursos adecuados, y menos aún ahora, relativos a las cifras elevadas de peticiones. De ser elegido, haría el esfuerzo para minimizar los recortes presupuestarios por parte del gobierno de
mi país; haría un cabildeo para que otros países, por ejemplo, Canadá, aporten
más; promovería acuerdos con centros especializados universitarios de derechos humanos para colaborar en las labores de la CIDH, bajo la supervisión de la CIDH;
buscaría formas de agilizar los trámites de casos ante la CIDH y reducir el litigio
papeleo innecesario (ver abajo).
Atraso procesal: Las demoras prolongadas de los casos ante la CIDH son injustas
para las dos partes, sobre todo para las víctimas. En el sistema procesal actual, se necesita un exceso de papeleo, y se permite un exceso de actividad litigiosa. Una
de las medidas que recomiendo es que cada Comisionada(o), o a lo menos las y
los que así lo desean (yo sí), debe tener la oportunidad de revisar todas las peticiones desde un inicio cuando llegan de los países de su relatoría.
Con la experiencia que tienen las Comisionada(o)s, ellos pueden y deben
identificar los casos más serios y más preparados para su transmisión inmediata
al Estado, sin necesidad de un reporte extenso. (Cuando hay un exceso de
peticiones para una sola Comisionada(o), se debe contar con la asistencia de uno de los abogados de mayor experiencia del equipo técnico.)
Sin hablar de medidas cautelares cuando correspondan, el envío al Estado debe formular dos solicitudes: primero, que el Estado diera una respuesta inicial pronta por escrito, y, segundo, que el Estado comparezca a corto plazo ante el Comisionado(a) relator en una reunión de trabajo con la víctima o su representante. Tal reunión tendría dos objetivos. En cuanto sea factible, buscar una resolución amistosa con prontitud. En cuanto no se logra una resolución del caso entero, que por lo menos se identifican las cuestiones de hecho y derecho sobre los cuales no hay desacuerdo genuino, para que, de allí en adelante, el litigio se enfoque solamente en las cuestiones que realmente merecen debate.
En los dos supuestos – resolución amistosa, y acuerdosi celere sobre lo que se puede acordar – el resultado debe ser un proceso más célere, y menos oneroso, tanto para las partes como para la CIDH, con menos argumentos y escritos innecesarios que en el sistema actual.
Falta de cumplimiento con las resoluciones y recomendaciones de la CIDH:
Estoy de acuerdo con las iniciativas positivas contempladas por el Plan Estratégico de la CIDH.
Las relaciones con los Estados: Siempre que se pueda, se debe buscar una relación cordial, diplomática, abierta y constante con los Estados. Tal relación debe ser factible en casi todo momento. De ser elegido, yo buscaría una reunión periódica y frecuente con todos los gobiernos de mi relatoría, y con la sociedad civil en sus países, para analizar el panorama de temas de derechos humanos en el país, así como el portfolio de casos y recomendaciones pendientes de cumplimiento. Lo recomendaría lo mismo para los demás Comisionado(a)s. En la medida en que se pueda colaborar con los Estados y con la sociedad civil para anticipar, analizar y tomar medidas para prevenir o mitigar los problemáticos de derechos humanos en el país, se debe aprovechar de una relación positiva entre la CIDH y los actores relevantes. En estas sesiones también se podría celebrar las reuniones de trabajo sobre casos, mencionadas en el párrafo anterior.
Falta de transparencia: La CIDH ha hecho un esfuerzo importante en años recientes para mejorar la transparencia de sus actividades. Sin embargo, queda mucho que hacer en este sentido. Por ejemplo, aún en el recién publicado Informe Anual para 2016, en el capítulo sexto sobre temas administrativos y financieros, no se explica cómo la CIDH utiliza sus recursos humanos por actividad. Se publica el número de personal, el monto de los ingresos y gastos, y las relatorías temáticas, pero no se muestra el número de personal, y de qué nivel profesional, dedicado a cada actividad funcional. Resulta que del Informe Anual no se puede evaluar, por ejemplo, el nivel y calidad de esfuerzo de la CIDH para superar el atraso en asuntos de admisibilidad de peticiones, versus los recursos
humanos dedicados a los informes temáticos. Sin esta y otra información, es difícil para un ajeno evaluar la idoneidad y eficacia de la utilización por parte de la CIDH de sus escasos recursos.”
En cuanto a su evaluación del Plan Estratégico de la Comisión, aplaudió los esfuerzos de la Comisión para elaborar el Plan, especialmente el uso de consultas en su elaboración. Asimismo, expresó su preocupación por la falta de priorización de los cinco objetivos y los 21 programas establecidos en el mismo, entre otros.
De su curriculum, sus respuestas al cuestionario y su trayectoria profesional referida, es posible apreciar que el candidato cumple el requisito de “reconocida competencia en materia de derechos humanos”.
No se encontró ningún dato público indicativo de que hubiere recibido alguna sanción o amonestación, o de mala conducta profesional.
En su cuestionario indicó que no participaría en ningún caso que involucrara a clientes anteriores, casos que involucren a Estados Unidos y casos en que se alegue que las “disposiciones sobre la justicia transicional, en los acuerdos de paz en Colombia” son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otras normas internacionales. Además, en caso de ser elegido Comisionado, renunciaría a su trabajo en organizaciones no gubernamentales, con excepción de su calidad de miembro de la Junta Ejecutiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ya que entre sus miembros hay miembros de la Comisión y la Corte.
El candidato indicó que no tiene ninguna dificultad o desacuerdo con la proposición de que no deberá manifestar ni mostrar que tolera parcialidades o prejuicios en el desempeño de sus funciones, en caso de ser elegido Comisionado.
Los miembros de la Comisión que servirán hasta 2019 son José Eguiguren Praeli (Perú), Margarette May Macaulay (Jamaica) y Esmeralda de Troitino (Panamá). Según el Informe de 2015 del Panel Independiente, en el momento de su candidatura, el Dr. Eguiguren Praeli era académico y profesor de derecho constitucional, consultor de agencias de la ONU y tenía una larga carrera en el gobierno, incluso como Ministro de Justicia y Derechos Humanos y como diplomático. La Sra. Macaulay se desempeñó como abogada en representación de clientes en tribunales constitucionales, civiles y penales en Jamaica, sirvió como Jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue académica en el área de derechos humanos; también fue defensora en ONGs de los derechos de las mujeres y los niños, la igualdad de género, la violencia de género, los derechos ambientales y la pena de muerte. La Sra. Arosemena de Troitiño fue jueza nacional en Panamá con experiencia académica legal y con sensibilidad con respecto a temas de género, familia, orientación sexual y derechos del niño. Luis Ernesto Vargas Silva (Colombia) fue elegido por el Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos para la Comisión el 10 de mayo de 2017; se desempeñó en la judicadura colombiana por más de 40 años, fue Magistrado y sus áreas de conocimiento y experiencia son Derecho de la Persona, Derecho de Privado y Derecho Procesal.
Dado que los demás candidatos para la Comisión son de países de derecho civil, el profesor Cassel se uniría a la Comisionada Macaulay como segundo representante de un país con un sistema legal del “common law” con inglés como primera lengua. Él aporta una perspectiva principalmente académica, además de su trabajo con ONG, los clientes ante el Sistema Interamericano y como consultor de gobiernos y organizaciones internacionales.
El profesor Cassel indicó en su cuestionario y en su presentación ante la sociedad civil el 5 de mayo de 2017 que fue invitado a presentar una solicitud para servir como Comisionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. A su entender, el Departamento de Estado participó en consultas informales con la sociedad civil y tal vez con expertos académicos, pero no tiene conocimiento de ningún proceso formal o preestablecido de selección de candidatos para la Comisión.
Las respuestas del profesor Cassel a este cuestionario, las intervenciones en el Consejo Permanente y ante la sociedad civil el 5 de mayo de 2017, así como su historial de enseñanza y servicio en el ámbito de los derechos humanos, reflejan un conocimiento y una experiencia sustanciales en la protección de los derechos humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por lo tanto, el Panel considera que cumple con los requisitos para el servicio a la Comisión.
Carlos Horacio de Casas (Argentino) Nominado por la República de Argentina
El candidato es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Su carrera profesional se ha desarrollado ejerciendo su profesión liberal en el ámbito del derecho penal.
Carlos de Casas es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina), en el año 1977. Tiene también un P.D.G. de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (Santiago de Chile, 1997). Ejerce la profesión de abogado de manera liberal.
Según su curriculum, en el ámbito público, es conjuez de la Justicia Federal de Mendoza y ha sido asesor en materia penal y evaluador para el ingreso de candidatos a la Magistratura. Fue Director de Asuntos Penales de la Provincia de Mendoza (1984-86), abogado de la Asesoría de Gobierno de la Provincia de Mendoza (1986-89), y apoderado en Mendoza del Banco Central de la República de Argentina (1986-2000).
En el campo docente, es profesor titular en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, de la cátedra de Derecho Penal. Ha sido docente de Derecho Penal General, Económico y Especial. Es también director del Instituto de Investigación de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la misma universidad.
Aunque su currículum señala que es miembro del Consejo Consultivo Honorario del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, ONG fundada en 2006 con estatus consultivo especial ante el ECOSOC desde 2015, en respuesta a la pregunta 12 del cuestionario, sobre posibles conflictos de interés, el candidato señala: “Hace años que no ejerzo ningún cargo público, como tampoco ocupo funciones en organizaciones de la sociedad civil que litiguen o tengan intereses en el SIDH.”
El candidato indica en su CV que “ha escrito numerosos trabajos de su especialidad, entre los que destaca el Manual de Derecho Penal. Parte General, en coautoría con Juan H. Day y Gonzalo Nazar, publicado por editorial Zavalía (Buenos Aires, 2012).” El curriculum no contiene una lista de las publicaciones. En el cuestionario, de Casas se refiere a este Manual y una nota titulada: “Algo más sobre el garantismo” (Revista del Foro On-line, 2006). Los otros escritos a los cuales se refiere el candidato en el cuestionario son un pedido de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una solicitud de medidas cautelares presentado ante la Comisión. El Panel también tomó conocimiento de un artículo titulado “Libertad de Expresión y Secreto Profesional en la Información (Algunas reflexiones sobre la desincriminación del desacato y el secreto profesional de los periodistas),” publicado en Revista de la Universidad de Mendoza, Número 16.
En opinión del Panel, estas publicaciones no demuestran una reconocida competencia en derechos humanos. La breve nota titulada “Algo más sobre el garantismo”, no aporta elementos suficientes que permitan apreciar su conocimiento y posición frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La presentación hecha por el candidato y otros dos profesionales a la Corte Interamericana pidiendo medidas provisionales a favor de tres hermanos que estaban detenidos en Uruguay (los hermanos Peirano) fue rechazada por la Corte por razones procesales, ya que el asunto estaba siendo conocido por la Comisión Interamericana. 2
Sobre el artículo, “Libertad de Expresión…”, el Panel observa que el candidato critica la derogación de la figura penal del desacato, que se llevó a cabo en Argentina en cumplimiento de una solución amistosa acordada con sujeción a las normas de la Convención Americana. El artículo rechaza el cumplimiento por Argentina, de una solución amistosa a la que se llegó con la Comisión, quitando de este modo valor a un tipo de decisiones importantes para el sistema interamericano. Por otra parte, en el mismo artículo señala:
“Coincidimos en que ciertos aspectos del campo de la moral exceden el marco propio de la dogmática penal. Pero no estamos de acuerdo con la enunciación
simplista del tema, puesto que de esa forma impediríamos al Derecho Penal en particular, legislar, por ej., sobre exhibiciones obsenas [sic] o al Estado en general
a denegar personería jurídica a los gays (es conocido el reciente
pronunciamiento de la Corte al respecto) o prohibir los casamientos y las
adopciones entre personas de un mismo sexo, etc.” (página 2)
Cuando se le dio al candidato la oportunidad de responder a objeciones de sociedad civil, sostuvo que ese artículo “es previo a los estándares del SIDH en la materia y por tanto mal podría el mismo estar en contra de ellos; dicho artículo no expresa mi pensamiento actual en la temática…”
En sus respuestas al cuestionario, el candidato identifica seis desafíos del SIDH:
“1. Generar mayor compromiso de los Estados hacia el Sistema. La CIDH debe tener una relación más fluida con los Estados. Debe utilizar su bien ganada legitimidad trabajando codo a codo con los Estados de la región. Éstos deben ver
en la Comisión un organismo que no solo está para marcar los errores —lo cual
es necesario—, sino también para ayudarlos a mejorar en sus políticas de derechos humanos.
Es innegable que existe un bajo nivel de acatamiento de las recomendaciones de
la Comisión: solo 48 casos de 207 son un cumplimiento total (según el informe
de 2016) y este número incluye las soluciones amistosas. Estos datos dejan
2 INFORME No. 86/09, para. 16, disponible en
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Uruguay12553.sp.htm.
entrever que el compromiso de los Estados con el Sistema no siempre se traduce en la práctica. Y si bien es cierto que el bajo cumplimiento de las decisiones de organismos internacionales es un fenómeno global —y no solo del SIDH— creo que esto muestra el riesgo de que los Estados tomen a la Comisión solo como un observador externo.
Ignorar el rol de los Estados en nuestro Sistema produce problemas de efectividad a largo plazo y obstaculiza que los compromisos se vuelvan visibles.
2. La demora procesal de la CIDH debe ser abordada de manera urgente.
Más adelante desarrollo en profundidad este desafío particular, explicando cómo
pienso que mi trabajo puede contribuir a su solución.
3. La CIDH debe ayudar a que se fortalezca el estado de derecho: por lo
menos desde 1977, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha vinculado el goce de los derechos humanos a la supervivencia del sistema democrático. Es decir, sin democracia —o con una democracia débil— las afectaciones a los derechos humanos, por un lado, serán más frecuentes; y por el otro, serán más difíciles de reparar a nivel interno.
En este esquema, el sistema interamericano de derechos humanos ha identificado tres derechos fundamentales para la supervivencia de la democracia: (i) la independencia judicial; (ii) la libertad de expresión; y (iii) el respeto de los derechos políticos. A lo largo de su historia, la jurisprudencia y la práctica de los órganos del Sistema han protegido estos tres elementos de manera consistente.
Son estos derechos los que permiten que el sistema democrático se auto-mejore. En cierto sentido, la democracia tiene la característica positiva de llevar en su ADN el gen de su propia manera de perfeccionamiento.
Ahora bien, para que los procesos de mejora funcionen, es preciso que no se caigan esos pilares básicos que hacen al Estado de Derecho.
Un control judicial efectivo sobre las transgresiones a la ley es necesario. Para esto, se precisan jueces independientes (tanto del gobierno como de los particulares), capaces y con recursos.
La libertad de expresión es básica, pues permite un control social eficaz, a través de una prensa que investiga y una sociedad civil que presiona.
Por último, es fundamental que los derechos políticos sean respetados, para que las voces disidentes ejerzan su rol con eficacia, y que existan iguales condiciones de participación en el ámbito político. Un poder que no acepta la crítica termina por violar los derechos humanos.
Existe otro factor, cada vez más importante en la consolidación de las democracias y el Estado de Derecho, que es la lucha contra la corrupción,
respecto de la cual la CIDH no debe estar ajena. Creo que de manera creativa, la Comisión puede convertirse en un actor relevante en este tema.
4. La tutela efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales. La recientemente creada relatoría DESCA es una buena decisión de la Comisión que hay apoyar y mantener. Ciertamente, hay que pensar de qué manera se trabaja en este tema, ya que no pueden obviarse los límites convencionales (que igual son ampliados por el Protocolo de San Salvador), pero existe un espacio interpretativo en el cual los DESC pueden progresar de manera rápida.
5. La universalización del Sistema Interamericano: Hay que lograr, como
objetivo primordial, que cada vez más países de la OEA ingresen de manera completa y efectiva al Sistema, ratificando la Convención y aceptando la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto generará el tan deseado compromiso de los Estados miembros, que incluye —pero no se limita a— el apoyo financiero, redundando en beneficio de la protección de los derechos humanos de los habitantes del continente. Para lograr esto, mi compromiso es hacer, desde la CIDH, un Sistema más inclusivo para todos los sistemas jurídicos de la región —cada uno con sus características propias— vinculándolo con el principio de subsidiariedad. Este principio permite a los actores del SIDH una flexibilidad que facilitará la universalización.
Claramente, esta postura tiene un riesgo, que es que los Estados piensen que tienen carta blanca para violar derechos humanos y sentirse avalados por la subsidiariedad. Este extremo es evidentemente negativo y yo no entiendo así a la subsidiaridad. Pero, a la vez, debe considerarse que una rigidez extrema del Sistema —por ejemplo, creer que las condiciones de un país con tasas de pobreza muy elevadas son idénticas a la de los países más prósperos del continente— sería nocivo.
6. Salir del estado de crisis: el problema del financiamiento. Cuando todavía
se sienten los remezones de lo que se llamó “proceso de fortalecimiento”, la CIDH
está aún procurando hacer pie firme en el continente. Hace pocos años resistió los duros embates de países que cuestionaron el Sistema, restringiendo su funcionamiento y financiamiento o —como en el caso de mi propio país— ausentándose de audiencias que no les complacían.
En el año 2016, la CIDH estuvo a punto de despedir a la mitad de su personal por falta de fondos. ¿Cómo generar un financiamiento duradero y consistente con la alta misión de la Comisión? Creo que la respuesta está en el punto 1: compromiso de los Estados. Son éstos quienes deben financiar a la Comisión de manera primordial. Es errado pensar que las organizaciones de financiamiento u otros Estados ajenos al SIDH, sin perjuicio de su valía, resolverán el problema. Creo
que son los Estados americanos los que deben incrementar su aporte de manera sustantiva”.
En cuanto a idiomas indica que el español es su idioma nativo, que entiende y lee portugués, inglés e italiano. En las presentaciones hechas el 5 de mayo del 2017, se expresó exclusivamente en español.
De su curriculum, sus respuestas al cuestionario y su trayectoria profesional referida, no es posible apreciar que el candidato tenga “reconocida competencia en materia de derechos humanos.”
No se encontró nada en el récord público que indicara cualquier sanción, amonestación o mala conducta profesional.
El candidato señala en sus respuestas al cuestionario que no tiene conflictos de competencia que incidan en su independencia e imparcialidad. Expresa que “Mi actividad actual —que es la misma que vengo teniendo desde hace muchos años— está centrada totalmente en la actividad privada. Hace años que no ejerzo ningún cargo público, como tampoco ocupó funciones en organizaciones de la sociedad civil que litiguen o tengan intereses en el SIDH. De ser electo, me apartaré en los casos en los que aún revisto la calidad de peticionario ante la CIDH”. En el cuestionario, indica que tiene “previsto continuar —en la medida que el tiempo me lo permita— con mi actividad profesional como abogado, y en la cátedra universitaria.”
Los miembros de la Comisión que servirán hasta 2019 son José Eguiguren Praeli (Perú), Margarette May Macaulay (Jamaica) y Esmeralda de Troitino (Panamá). Según el Informe de 2015 del Panel Independiente, en el momento de su candidatura, el Dr. Eguiguren Praeli era académico y profesor de derecho constitucional, consultor de agencias de la ONU y tenía una larga carrera en el gobierno, incluso como Ministro de Justicia y Derechos Humanos y como diplomático. La Sra. Macaulay se desempeñó como abogada en representación de clientes en tribunales constitucionales, civiles y penales en Jamaica, sirvió como Jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue académica en el área de derechos humanos; también fue defensora en ONG de los derechos de las mujeres y los niños, la igualdad de género, la violencia de género, los derechos ambientales y la pena de muerte. La Sra. Arosemena de Troitiño fue jueza nacional en Panamá con experiencia académica legal y con sensibilidad con respecto a temas de género, familia, orientación sexual y derechos del niño. Luis Ernesto Vargas Silva (Colombia) fue elegido por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para la Comisión el 10 de mayo de 2017; se desempeñó en la
judicatura colombiana por más de 40 años, fue Magistrado y sus áreas de conocimiento y experiencia son Derecho de la Persona, Derecho de Privado y Derecho Procesal.
El candidato es un abogado litigante y docente, especializado en Derecho Penal, y ha prestado asesoría a particulares, empresas e instituciones públicas. En su respuesta al cuestionario, indica que aportaría su “perfil independiente, de abogado en ejercicio liberal de la profesión así como también académico…”. Aunque el candidato sostiene que su perfil poco usual contribuiría con “voces que traen diferentes perspectivas,” este Panel llama la atención sobre la necesidad de que los Comisionados cuenten con reconocida competencia en materia de derechos humanos.
En su cuestionario, el candidato señaló que el Gobierno argentino lo designó a través de un proceso interno. No hubo consultas a sociedad civil previo a su anuncio.
Dada la información evaluada por el Panel, éste expresa su preocupación acerca del cumplimiento del requisito de reconocida competencia en materia de derechos humanos por parte del candidato.
Joel Hernández García (Mexicano) Nominado por la República de México
El Embajador Joel Hernández es actualmente Director General para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México; es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1992, con rango de Embajador.
El Embajador Hernández es abogado graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo una Maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York. En la actualidad es Director General para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1992, con rango de Embajador. De igual manera, se desempeña como Asesor Internacional del American Law Institute, es miembro del Comité Jurídico Interamericano y miembro del Consejo de Administración del Instituto de Nacionales Unidas para la Investigación sobre el Crimen y la Justicia (UNICRI).
Su carrera se ha desarrollado como funcionario de la Cancillería mexicana, en diversas posiciones, varias de ellas con responsabilidades ante organismos de Naciones Unidas y de la propia Organización de Estados Americanos. Entre ellas como Representante Permanente de México en el período 2011-2013 del cual fue Presidente del Consejo Permanente; asimismo fue Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que condujo a una reforma del reglamento del sistema de Derechos Humanos. Sobre este proceso de negociación, el Panel recibió una observación de sociedad civil que cuestionó la transparencia del proceso, aunque reconoció los méritos del resultado.
Como representante del Gobierno, ha participado en diversos procesos de negociación internacional y ha representado a su país en distintas instancias. En años recientes, también ha impartido cursos como profesor invitado de derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicos (CIDE) y en la División de Posgrado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), ambos en la Ciudad de México.
Documenta conocimientos y competencias en Derecho Internacional y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como experiencia profesional en el funcionamiento de los organismos internacionales, lo que se ha manifestado en desarrollo de políticas públicas, la redacción de proyectos de ley y reglamentos, el litigio ante tribunales internacionales, la negociación de instrumentos internacionales en diversos temas y la defensa de migrantes ante autoridades extranjeras. Entre ellos, se destaca su actividad en el ámbito de la pena de muerte: fue jefe del equipo jurídico mexicano en la solicitud de la interpretación del caso Avena frente la Corte Internacional de Justicia, y supervisó el funcionamiento de un esquema por el cual se coordina una red de 30 abogados en Estados Unidos que asesoran a mexicanos que pueden enfrentar la pena de muerte en sus procesos penales. Por otra parte, representó a México como co- agente en dos casos frente la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Adicionalmente, trabajó en la redacción de un proyecto de ley para la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
También presenta una importante experiencia en la resolución de temas de acoso sexual y laboral, entre otros temas, al interior de la Cancillería mexicana. En materia de Derechos Humanos destaca su especialidad en la protección de los derechos de los migrantes y de prevención y lucha en contra de la discriminación. Expresa destrezas de negociación y la promoción de salidas mediante soluciones amistosas.
Su hoja de vida lista cinco ensayos publicados. Los más recientes versan sobre derechos de los migrantes (1998) y sus reflexiones sobre la experiencia mexicana en la Corte Interamericana (2012). Por estudios y experiencia laboral tiene conocimiento de los sistemas legales mexicano, estadounidense e internacional. Según su hoja de vida y respuestas al cuestionario, además de español, domina el inglés y tiene amplios conocimientos del francés. En sus respuestas a preguntas durante las sesiones del Consejo Permanente de la OEA y frente sociedad civil, el 5 de mayo del 2017, intervino en español y en inglés.
En términos de los retos que enfrenta el sistema interamericano de derechos humanos, el Embajador señala en su cuestionario:
- “Carece del financiamiento suficiente y predecible para cumplir con todas
sus funciones derivadas de la propia Carta de la Organización de Estados Americanos, de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de los mandatos de los Estados. El compromiso de fortalecer el financiamiento de la Comisión debe venir de los propios Estados; no obstante, la Comisión debe responder a este compromiso con respuestas concretas a sus desafíos.
- Los recursos insuficientes y la relevancia creciente que la Comisión ha
tenido en la última década como mecanismo al que acuden los individuos para reclamar posibles violaciones de derechos humanos, han provocado un retraso en la atención del sistema de peticiones individuales al interior de la Comisión. El retraso procesal es sin duda uno de los mayores retos que enfrenta la Comisión y al acabar con él es también una de las principales exigencias de los usuarios del sistema. Un presupuesto adecuado y una mejor gestión administrativa son
indispensables para avanzar en este objetivo.
- El cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones de la Comisión
por los Estados es necesario para lograr el mandato original de la Comisión, la
promoción y protección de los derechos humanos. Los Estados, con la colaboración de la Comisión, deben demostrar su responsabilidad en el fortalecimiento de la credibilidad y eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos comprometiéndose con la observancia de las decisiones de sus órganos.
- La universalidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sigue
siendo una tarea pendiente que requiere de liderazgo, no sólo de parte de la CIDH y de los Estados, sino también de las y los propios comisionados.
Como resultado del proceso de reflexión y fortalecimiento llevado a cabo entre 2011 y 2013 en la OEA, la Comisión respondió a las exigencias de los Estados y las organizaciones de la sociedad civil reformando su Reglamento en ejercicio de su autonomía e independencia. Las reformas instauradas fortalecen el marco jurídico que fundamenta la actuación de la Comisión en especial en la tramitación de peticiones y casos, con el objetivo de lograr el mayor cumplimiento por parte de los Estados de las decisiones de la Comisión en beneficio de las víctimas y del sistema en su conjunto. A partir de este proceso la Comisión debe continuar consolidando la aplicación de su ordenamiento jurídico y aprovechando las herramientas que éste le da para encontrar nuevos esquemas que le permitan dar respuesta al retraso procesal.
La promoción del mecanismo de soluciones amistosas y la activa participación de la Comisión en éste es una vía para acortar el rezago procesal al provocar acuerdos entre las partes que aseguran la atención de violaciones de derechos humanos y su reparación conforme a los más altos estándares interamericanos. Además, los acuerdos de solución amistosa deberían implicar el compromiso de los Estados para prevenir futuras violaciones a través de medidas de no repetición y la implementación de políticas públicas. El papel de la Comisión en la consecución de acuerdos de solución amistosa robustos y en el seguimiento a su cabal cumplimiento de parte de los Estados tiene un gran potencial que debe ser utilizado.
Estoy convencido que, como comisionado, mi aporte en este respecto podría ser de especial importancia – reconociendo que la vía de las soluciones amistosas es una manera importante para atender el rezago, pero sin duda no la única. En este respecto, creo que, además, mi papel dentro de la Comisión podría ayudar a generar los consensos internos para buscar la adopción de medidas integrales para una conducción más eficiente del sistema de peticiones individuales, que atienda los desafíos desde el registro, pasando por la admisibilidad y fondo, pero también cumplimiento de decisiones y recomendaciones.
El diálogo con todos los usuarios del sistema, Estados, organizaciones de la sociedad civil y víctimas es imprescindible para aplicar las resoluciones que determine la Comisión con el objetivo de terminar con el retraso en el sistema de peticiones individuales.”
No se encontró nada en el récord público que indicara cualquier sanción, amonestación
o mala conducta profesional.
El candidato afirma que no tendrá conflicto de intereses a partir de su renuncia a su cargo en la Cancillería mexicana en fecha próxima y anterior al nombramiento de los comisionados y su retiro del servicio exterior en caso de ser electo. Como evidencia de su independencia, el candidato manifestó que siempre gozó de libertad durante su servicio para expresar sus posiciones, sin que hubiese represalia alguna. En su cuestionario constata que “[d]e ser elegido Comisionado podré dedicarme de tiempo completo al trabajo y responsabilidades que implican esta importante labor. En todo caso, buscaría involucrarme en actividades académicas que todavía no tengo concertadas.”
Los miembros de la Comisión que servirán hasta 2019 son José Eguiguren Praeli (Perú), Margarette May Macaulay (Jamaica) y Esmeralda de Troitino (Panamá). Según el Informe de 2015 del Panel Independiente, en el momento de su candidatura, el Dr. Eguiguren Praeli era académico y profesor de derecho constitucional, consultor de agencias de la ONU y tenía una larga carrera en el gobierno, incluso como Ministro de Justicia y Derechos Humanos y como diplomático. La Sra. Macaulay se desempeñó como abogada en representación de clientes en tribunales constitucionales, civiles y penales en Jamaica, sirvió como Jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue académica en el área de derechos humanos; también fue defensora en ONG de los derechos de las mujeres y los niños, la igualdad de género, la violencia de género, los derechos ambientales y la pena de muerte. La Sra. Arosemena de Troitiño fue jueza nacional en Panamá con experiencia académica legal y con sensibilidad con respecto a temas de género, familia, orientación sexual y derechos del niño. Luis Ernesto Vargas Silva (Colombia) fue elegido por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para la Comisión el 10 de mayo de 2017; se desempeñó en la judicadura colombiana por más de 40 años, fue Magistrado y sus áreas de conocimiento
y experiencia son Derecho de la Persona, Derecho de Privado y Derecho Procesal.
El Embajador Hernández aportaría su trayectoria diplomática, su conocimiento de los organismos internacionales, su capacidad para el fomento de consensos y su participación en aspectos sustanciales de la reforma al SIDH. Contribuiría su experiencia en derechos de los migrantes y en la prevención y lucha contra la pena de muerte y discriminación.
El Embajador Hernández señala que al conocer que la CIDH contaría con tres vacantes, él manifestó su interés en la oportunidad a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que se encargó de la selección de candidatos. Tanto en su cuestionario como en su presentación frente de sociedad civil el 5 de mayo de 2017, indicó que la sociedad civil no participó en el proceso de selección, hecho también señalado por observaciones recibidas de sociedad civil.
En opinión de este panel, las respuestas al cuestionario y a las observaciones, su trayectoria de trabajo en el campo de los derechos humanos, especialmente en materia migratoria y sobre el fortalecimiento del sistema, conducen a la valoración de que el candidato cumple con los requisitos que la Convención establece para ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Flavia Piovesan (Brasileña) Nominada por el Estado de Brasil
Profesora de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es abogada, magíster y doctora en Derecho por la misma casa de estudios. Profesora del Programa de Doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España) y del programa de doctorado (modalidad intensiva) de la Universidad de Buenos Aires. Desde junio de 2016 ocupa el cargo de Secretaria Especial de Derechos Humanos del Gobierno de Brasil.
A. Antecedentes y Reconocida Competencia 3
Tiene experiencia trabajando temas de derechos humanos, en particular, derechos de las mujeres, así como derechos económicos, sociales y culturales.
La candidata se desempeña como profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, así como del posgrado en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Paraná. Ha participado como docente en el Programa de Derechos Humanos y Desarrollo, de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España y como profesora visitante en otras instituciones (Harvard, Oxford, Heidelberg y American University) e investigadora. Ha formado parte del Grupo de Trabajo de la OEA para el Análisis de los Informes Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador y en la Fuerza Tarea de Alto Nivel de las Naciones Unidas acerca de la Implementación del Derecho al Desarrollo. Adicionalmente, menciona que ha estado afiliada (en el pasado y presente) al Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), el Consejo Nacional de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, Comisión de Justicia y Paz, Asociación de los Constitucionalistas Democráticos y SUR – Red de Universidades en Derechos Humanos. Actualmente tiene el cargo de Secretaria Especial de Derechos Humanos de Brasil, como se señaló anteriormente.
La candidata agrega en su curriculum que es asesora científica de la Fundación de la Investigación de Sao Paulo y consultora ad hoc del Consejo Nacional de investigación de Brasil. Resalta también su participación en seminarios y cursos vinculados a derechos humanos. Por otra parte, ha participado en litigios estratégicos en temas de mujeres y derechos humanos.
La candidata hizo mención a 23 publicaciones en portugués e inglés sobre varios temas, entre ellos, Derechos Humanos y Derecho Constitucional Internacional, Jurisprudencia de Derechos Sociales en el Repertorio de las Instituciones Regionales de Monitoreo de Derechos Humanos, Impacto de las Decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
3 La candidata no proporcionó respuestas directas al cuestionario, sino que, remitió un conjunto de publicaciones que consignaba información relevante para las preguntas. Esta evaluación está basada en los siguientes insumos: carta de presentación, nota publicada en el diario O Globo titulada “Desafíos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, y su curriculum.
Humanos en la Jurisprudencia de la Suprema Corte Brasileña, Derecho al Desarrollo.
En la sesión del Consejo Permanente realizada el 5 de mayo, la candidata destacó que la CIDH tiene un rol estratégico y extraordinario en la salvaguarda de la dignidad humana de las víctimas, reacciona y previene el sufrimiento de las personas de la región, establece estándares y tiene la capacidad de interactuar con diferentes actores sociales.
Por otro lado, en su presentación en el Consejo Permanente consideró que el Sistema Interamericano enfrenta tres desafíos:
“1. La existencia de nuevos temas en la agenda de derechos humanos, a saber, las formas múltiples de discriminación, empresas y derechos humanos, y la diversidad sexual en la región.
2. Sobre la promoción de los derechos humanos en la región señala que la CIDH
actúa más “como bomberos que arquitectos”, es decir atendiendo a las violaciones de derechos humanos antes que fomentando una cultura de derechos humanos, por lo que propone la creación de un observatorio de mejores prácticas de la región, que fomente intercambios entre los sistemas de educación, movimientos sociales y quienes forman parte del sistema de justicia de los Estados.
3. La necesidad de intensificar el diálogo a nivel global, regional y local, por
ejemplo, el diálogo OEA-ONU, el diálogo entre la OEA y otros Sistemas Regionales
de Protección de Derechos Humanos, el diálogo entre la OEA y los Estados Miembros, entre la OEA y ONGs, etcétera.”
Posteriormente, con ocasión de las preguntas, en el marco de la presentación organizada por sociedad civil del 5 de mayo del 2017, abordó dos desafíos adicionales. Por un lado, mencionó el desafío de repensar la seguridad para evitar la militarización, y por otro, que las políticas de austeridad en la región son un reto para los derechos económicos, sociales y culturales. Además, resaltó el papel de los indicadores técnicos de los DESC del grupo del Protocolo de San Salvador y el problema de la feminización y contención de la pobreza.
En su presentación ante el Consejo Permanente de la OEA, la candidata resaltó siete principios que guían su candidatura: i) Efectividad, ii) Eficiencia iii) Transparencia iv) Institucionalidad v) Independencia vi) Universalidad y vii) Sustentabilidad.
Su lengua materna es el portugués y se maneja con fluidez en inglés y español. Habló en los tres idiomas en sus presentaciones del 5 de mayo del 2017. Este Panel no tiene conocimiento directo sobre su manejo del sistema jurídicos distintos al de su procedencia, pero su lista de publicaciones sugiere conocimiento del derecho constitucional latinoamericano.
Se recibió una comunicación de un grupo de ONGs reclamando que el mandato de la candidata, a pesar de la “excelencia académica y la historia de activismo de la jurista en la causa de los derechos humanos,” como Secretaria de Derechos Humanos “estuvo marcado por el silencio y la omisión” ante su percepción de un serio deterioro de derechos humanos en el país. Al tener la oportunidad de contestar esta comunicación, la candidata reafirmó la importancia de los derechos humanos y consideró dichas afirmaciones como una expresión legítima de la libre expresión.
La candidata ha reiterado su trayectoria profesional desde la sociedad civil y señala que sólo lleva diez meses en el puesto de Secretaria Especial de Derechos Humanos de Brasil. Asimismo, ha señalado que, de ser elegida, renunciaría a dicho cargo público y sólo mantendría su actividad de profesora.
Los miembros de la Comisión que servirán hasta 2019 son José Eguiguren Praeli (Perú), Margarette May Macaulay (Jamaica) y Esmeralda de Troitino (Panamá). Según el Informe de 2015 del Panel Independiente, en el momento de su candidatura, el Dr. Eguiguren Praeli era académico y profesor de derecho constitucional, consultor de agencias de la ONU y tenía una larga carrera en el gobierno, incluso como Ministro de Justicia y Derechos Humanos y como diplomático. La Sra. Macaulay se desempeñó como abogada en representación de clientes en tribunales constitucionales, civiles y penales en Jamaica, sirvió como Jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue académica en el área de derechos humanos; también fue defensora en ONG de los derechos de las mujeres y los niños, la igualdad de género, la violencia de género, los derechos ambientales y la pena de muerte. La Sra. Arosemena de Troitiño fue jueza nacional en Panamá con experiencia académica legal y con sensibilidad con respecto a temas de género, familia, orientación sexual y derechos del niño. Luis Ernesto Vargas Silva (Colombia) fue elegido por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para la Comisión el 10 de mayo de 2017; se desempeñó en la juricadura colombiana por más de 40 años, fue Magistrado y sus áreas de conocimiento y experiencia son Derecho Privado, Derecho de la Persona, Derecho de Privado y Derecho Procesal.
Su posible elección como Comisionada aportaría a la diversidad de la conformación de la CIDH, en tanto se trata de una mujer, proveniente de Brasil y cuya lengua materna es el portugués. Aportaría conocimiento y experiencias en DESC, su trabajo con organismos internacionales y su trabajo académico sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Género, Derecho al Trabajo, Igualdad, Justicia, entre otros. Adicionalmente, su trayectoria incluye experiencias desde sociedad civil, la academia, el gobierno y las organizaciones internacionales.
En la sesión del 5 de mayo del 2017 frente sociedad civil, la candidata indicó que en Brasil se trata de un proceso monopolizado por el Poder Ejecutivo, por lo que propone buscar buenas prácticas comparadas en la región.
El Panel opina que la candidata cumple con los requisitos establecidos, dada la información evaluada, su trayectoria y vínculos académicos, conocimiento y experiencia en los temas DESC, género, Derecho Internacional de los Derechos Humanos así como su desempeño desde la sociedad civil, gobierno y organismos internacionales.
Antonia Urrejola (Chilena) Nominada por la República de Chile
Antonia Urrejola es Asesora en Derechos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia de Chile. También es abogada de la Universidad de Chile con Post-Título en Derechos Humanos y Justicia Transicional del Centro de Derechos Humanos de la misma Universidad. Experta en derechos humanos y derecho indígena, con más de diez años de experiencia.
La candidata se ha desempeñado como asesora de diversas instancias de la administración pública de su país; como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio del Interior, Defensoría Penal Pública, y el Ministerio de Planificación y Cooperación, entre otras. Ha sido consultora en instancia gubernamentales, académicas e internacionales, principalmente en temas de derecho indígena y justicia transicional. Ha trabajado en construcción de políticas públicas y legislación en recepción de estándares de derechos humanos.
Asimismo, ha trabajado en la reconstrucción de las instituciones de la sociedad chilena, en temas de derechos humanos y justicia transicional en los que considera que se “ha obtenido logros muy importantes para dar iguales oportunidades de acceso a la justicia para todos”. Su trayectoria académica y experiencia profesional en distintas funciones están particularmente vinculadas con niñez y comunidades indígenas. Su trabajo como asesora del ex Secretario General de la OEA, así como su participación en los informes rendidos por el Estado chileno ante el sistema interamericano y su presentación oral evidencian conocimiento del sistema interamericano y de los principales temas de derechos humanos.
La candidata aporta en su curriculum una decena de estudios de caso y monográficos sobre derechos indígenas, entre ellos uno relacionado con el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos titulado: “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos: el debate sobre su fortalecimiento en el seno de la Organización de Estados Americanos” (Universidad de Chile, 2013).
Adicionalmente, la candidata señala participaciones regulares como docente en cursos y diplomados enfocados a los derechos humanos, principalmente en relación con temas indígenas. Por ejemplo, realiza, entre otras actividades, diplomados internacionales en diversos países de América Latina para la formación especializada de una masa crítica de profesionales, funcionarios públicos y de organismos internacionales, académicos y técnicos que se desempeñan en la acción pública, con el objeto de que su desempeño profesional esté orientado por los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
En cuanto a los retos, la candidata considera que son asuntos prioritarios:
“La mayoría de los países de la región han hecho esfuerzos importantes por hacerse cargo de la pesada herencia de brutales violaciones a los derechos humanos. En esta construcción no cabe duda que el apoyo de las instituciones multilaterales, en especial de la Comisión Interamericana ha sido central. Sin embargo, persisten violaciones sistemáticas a los derechos humanos que la Comisión debe enfrentar y procurar hacer justicia. Continúan existiendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y la práctica de la tortura. Sin embargo, el orden actual de las cosas presenta nuevos y complejos desafíos en materia de reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y el reconocimiento de los derechos de grupos de especial vulnerabilidad.
Existen áreas críticas en materia de igualdad y no discriminación por razones de nacionalidad, religión, sexo, raza o etnia. En el ámbito de la igualdad de género y la protección de las mujeres, niñas y jóvenes, hay enormes desafíos contra la violencia machista muy instalada en nuestra cultura. La pobreza extrema, la corrupción, los efectos inesperados y cada vez más frecuentes del cambio climático que golpea muy especialmente a la población más vulnerable, con dramáticas consecuencias socioeconómicas y en la realización de sus derechos fundamentales. En demasiados casos no se respetan los derechos de los migrantes y refugiados, y los discursos xenófobos proliferan no sólo en Europa y el mundo, sino también en nuestra Región. La importancia de proteger los derechos humanos en el ámbito de las inversiones privadas es otro desafío que requiere ser asumido y enfrentado de manera coordinada. Me parece fundamental trabajar con fuerza en la incorporación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas. Las empresas y sus agentes son nuevos actores que hay que incorporar en el trabajo de derechos humanos en la Región, y donde los Estados necesitan ser asistidos para entender las consecuencias que las actividades económicas emprendidos por los primeros pueden traer en la satisfacción de los derechos humanos. Los Estados pueden incurrir en responsabilidad internacional si no son capaces de entender las implicancias que las actividades empresariales pueden generar en materia de realización de derechos humanos.
En este contexto, me parece que, en primer lugar, el SIDH debe trabajar con fuerza en el reconocimiento de derechos y la generación de institucionalidad de derechos humanos al interior de los países. La Comisión debe ser un órgano que apoye a los Estados a lograr que las leyes y la institucionalidad democrática se adecúen a los estándares de derechos humanos. Los cambios internos requieren muchas veces de acuerdos societarios y en ocasiones, no son necesariamente los distintos poderes del Estado los reacios, sino que la sociedad en su conjunto. La comprensión de los derechos humanos, de qué son los derechos humanos, muchas veces no existe en la ciudadanía. Se requieren procesos de cambio cultural, y para eso es necesario trabajar en la promoción de los derechos, en generar conciencia colectiva que aquellos temas que antes no eran considerados derechos humanos, o no eran visibilizados como tales, hoy lo son. Los cambios requieren que los distintos actores en una sociedad participen en diálogos conducentes a lograr los objetivos. Los avances en derechos humanos, la
aplicación de estándares universales al interior de nuestros países, son procesos de diálogo que son tan importantes como los resultados finales de esos procesos. Acompañar estos procesos, elaborar programas de educación y capacitación y otras actividades de promoción de los derechos humanos es esencial. La CIDH lo hace hoy, pero es necesario intensificar y ampliar esta línea de trabajo.
En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, está el rol de acompañamiento de la CIDH. Estoy consciente que en ocasiones los Estados miembros no se sienten necesariamente representados por la CIDH en asuntos que son parte de sus desafíos cotidianos en su propio país. Estoy consciente también que los gobiernos de la Región muchas veces perciben que están permantemente bajo el escrutinio de la Comisión. Y lo están. Es parte de la función. Pero, por otra parte, creo firmemente en la necesidad de generar espacios permanentes de diálogo y cooperación con los Estados miembros en una amplia gama de asuntos, generar una agenda común. Es muy importante la asistencia técnica, el asesoramiento legislativo y la construcción de relaciones más sólidas y permanentes entre la CIDH con las autoridades nacionales de los distintos poderes del Estado. Al hacerlo, al trabajar mancomunadamente con los Estados, existe un espacio positivo para que los órganos también aprendan de los Estados miembros, teniendo en cuenta sus diferentes orígenes, la diversidad de los sistemas jurídicos, contextos culturales y políticos, y los obstáculos y desafíos que enfrentan los países. 4 Los órganos internacionales como la CIDH deben condenar cuando tienen que hacerlo, pero también deben desempeñar un papel asesor y de acompañamiento para que los estados miembros avancen en la construcción de sociedades más justas e inclusivas.
En tercer lugar, el desarrollo de Agendas de trabajo conjunto. Me parece muy importante la generación de grupos de trabajo de la Comisión con los Estados miembros, a través de los distintos grupos subregionales, para discutir asuntos de interés común y proponer una agenda de derechos humanos para trabajar en conjunto. Dicha agenda debe estar relacionada con las prioridades de los países y debe tener en cuenta las particularidades de cada país, el punto de partida, su propia historia y su capacidad política e institucional. El diálogo con los Estados no puede limitarse a los casos concretos que se denuncian ante la Comisión o al fortalecimiento del Sistema. Es prioritario generar espacios de diálogo que permita a la Comisión escuchar los problemas y prioridades que los Estados deben enfrentar, y a partir de esas prioridades generar una agenda de trabajo, con la participación activa de la sociedad civil y las víctimas organizadas.
En cuarto lugar, el Diálogo entre los órganos del sistema. Me parece fundamental el diálogo entre los distintos órganos de promoción de la OEA y del sistema universal. Al interior del Sistema Interamericano contamos con la Comisión Interamericana de Mujeres, con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente. Y por su puesto con la Corte Interamericana. Se requiere fortalecer un trabajo coordinado
4 “Lo que en Europa se conoce como “el margen de apreciación” respecto del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.”
que refuerce el sistema y evite duplicidades. Me parece interesante explorar también líneas de trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo como actor relevante en relación a proyectos de inversión para incorporar no sólo salvaguardas ambientales sino también el impacto en los derechos humanos de aquellos proyectos.
En quinto lugar, la Diversidad y paridad de género. La Comisión debe procurar ser representativa no sólo de la diversidad regional y de los distintos Estados miembros. Debe también establecer normas de paridad de género, no sólo respecto de los y las comisionadas sino también en los puestos ejecutivos del staff permanente de la Secretaría. Asimismo, la CIDH necesita hacer mucho más para incluir entre su personal de la Secretaría Permanente, profesionales provenientes de los diversos países miembros, en especial del Caribe. El staff de la Comisión debe ser un reflejo de la diversidad de nacionalidades, culturas e idiomas de la región. En este sentido, los países del Caribe representan una oportunidad única para dotar a la CIDH de un sello de mayor integración y diversidad. Ejemplo de ello es la tradición jurídica de algunos de estos países que dista de las demás tradiciones imperantes en la Región. Los programas de pasantías y de becas deben ser fortalecidos. Es una manera de abordar la actual crisis financiera, al colaborar los Estados miembros con profesionales que hagan pasantías en la Comisión. Pero también es una herramienta fundamental para que la secretaría de la Comisión cuente con el aporte de profesionales que provengan de los distintos países, con sus propios backgrounds, intercambiando visiones y luego vuelvan a sus países para aportar en la construcción de políticas públicas en materia de derechos humanos.
En sexto lugar, el Presupuesto. Es indispensable que los Estados busquen, entre todos, la manera de aumentar el presupuesto regular que la Organización destina en la actualidad a la agenda de derechos humanos. Soy una convencida que necesitamos más multilateralismo, más cooperación, y más acción coordinada. Pienso que los Estados deben asumir compromisos realistas, de acuerdo a sus necesidades, pero también exigentes. La manera cómo afrontar la actual crisis financiera de la Comisión no es un problema que le corresponde resolver a la Comisión de manera independiente. Es un deber ético y un compromiso que los Estados, junto con la CIDH deben abordar conjuntamente, creativamente y con convicción. La CIDH es un órgano de la OEA, fue creada por los Estados y es responsabilidad de sus miembros que ella no sólo siga existiendo, sino que se fortalezca.
En séptimo lugar, el Retraso procesal. No cabe duda que el tema del retraso procesal es también un desafío concreto, difícil de resolver. La CIDH ha hecho esfuerzos en esta materia a través de la propuesta de su Plan Estratégico. Pienso que esa propuesta es un punto de partida para dialogar con los Estados y definir conjuntamente cómo abordar este problema. No es un problema de la CIDH. Ni de los Estados. Es un problema que afecta a las víctimas y es un compromiso con ellas, lograr abordarlo de manera conjunta. Me parece que, en este sentido, entre otras acciones, el mecanismo de soluciones amistosas es una herramienta que debe ser prioritaria. Más adelante, a propósito del Plan Estratégico, señalo mis consideraciones sobre este aspecto. No podemos olvidar que tras la crisis
financiera, que tras el retraso procesal hay personas, hay niños, mujeres, adolescentes, personas de carne y hueso que son víctimas y que esperan de sus Estados y de los órganos internacionales una respuesta.
A pesar de todo lo apuntado, me parece que el desafío fundamental, prioritario y urgente es defender la existencia misma de la CIDH y los enormes, aunque insuficientes, avances en derechos humanos en la región. Pienso que hoy hay amenazas reales de un retroceso, no sólo respecto de la existencia de los sistemas multilaterales y los órganos de protección, sino un peligro de que la agenda de derechos humanos en el mundo, y en nuestro hemisferio, sufra un retroceso. Y ese es un desafío que requerirá de grandes habilidades técnicas, pero también de diálogo y convicción. Para ello se requiere una Comisión compacta, fuerte y comprometida con la causa de derechos humanos y las democracias en nuestro país.”
En su curriculum, menciona que posee conocimiento del inglés y durante el evento del 5 de mayo, brindó sus respuestas en español y en inglés. En ese evento también mencionó tener algo de conocimiento de los distintos sistemas de derecho por haber vivido en Inglaterra y por su experiencia en la OEA.
No se encontró nada en el récord público que indicara cualquier sanción, amonestación o mala conducta profesional. Ha señalado que, de ser elegida, renunciaría a su cargo en el gobierno. Al respecto señala:
“De salir elegida, mi tiempo y energía prioritaria y fundamental será el trabajo de la Comisión. Mi interés es dedicarme a aquello. De manera secundaria, mi propósito es continuar con las clases en los diversos diplomados de la Fundación Henry Dunant y retomar otros espacios para la docencia, como por ejemplo en los diversos Centros de Derechos Humanos de las universidades de mi país. Por otra parte, me gustaría retomar la realización de algunas consultorías independientes en materia de estándares de derechos humanos a través de la elaboración de informes en derecho. En este ámbito, obviamente deberé analizar caso a caso respecto de con quiénes puedo hacer tales consultorías, sin comprometer mi autonomía actual o futura como comisionada”.
Entre los miembros de la Comisión que servirán hasta 2019 se encuentran José Eguiguren Praeli (Perú), Margarette May Macaulay (Jamaica) y Esmeralda de Troitino (Panamá). Según el Informe de 2015 del Panel Independiente, en el momento de su candidatura, el Dr. Eguiguren Praeli era académico y profesor de derecho constitucional, consultor de agencias de la ONU y tenía una larga carrera en el gobierno, incluso como Ministro de Justicia y Derechos Humanos y como diplomático. La Sra. Macaulay se desempeñó como abogada en representación de clientes en tribunales constitucionales, civiles y penales en Jamaica, sirvió como Jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue académica en el área de derechos humanos; también fue defensora en ONG de los derechos de las mujeres y los niños, la igualdad de género, la violencia de género, los derechos ambientales y la pena de muerte. La Sra. Arosemena de Troitiño fue jueza nacional en Panamá con experiencia académica legal y con sensibilidad con respecto a temas de género, familia, orientación sexual y derechos del niño. Luis Ernesto Vargas Silva (Colombia) fue elegido por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para la Comisión el 10 de mayo de 2017; se desempeñó en la judicatura colombiana por más de 40 años, fue Magistrado y sus áreas de conocimiento y experiencia son Derecho de la Persona, Derecho de Privado y Derecho Procesal.
Por su biografía como expatriada y experiencias cercanas con graves violaciones a los derechos humanos, la candidata muestra especial sensibilidad hacia las víctimas. Aportaría su experiencia y conocimiento del funcionamiento de la OEA y su relación con los órganos de derechos humanos, lo que le da una perspectiva holística de la región. Su posible elección como Comisionada podría aportar al equilibrio de género en la conformación de la CIDH.
La candidata indicó que ella no tuvo conocimiento de ningún proceso de selección ni público ni privado. El Gabinete de la Presidenta le propuso la candidatura. Al respecto, la candidata sugirió en el cuestionario que le parece “muy importante que sea la propia Comisión la que promueva con los Estados mecanismos de nominación participativos, no sólo con la participación de la sociedad civil y entidades académicas sino promoviendo mecanismos que involucren a otros actores, como las víctimas organizadas y también miembros del Congreso.”
En opinión de este Panel, dada su trayectoria de trabajo en el campo de los derechos humanos, especialmente pero no exclusivamente en relación con los pueblos indígenas, la justicia transicional y la infancia, y su experiencia en la OEA y como asesora de la administración pública de la región, la candidata cumple con los requisitos que la Convención establece para ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La elección de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está regida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 36-37) y, por el Estatuto reformado de la Comisión (Art. 3 al 5). Todos los Estados miembros de la OEA en situación activa pueden postular y votar por miembros de la Comisión. Las elecciones tienen lugar en la reunión de la Asamblea General de la OEA, ya sea en una reunión ordinaria anual o una especialmente convocada.
Los Estados están autorizados a presentar tres candidatos/as para cada puesto, en cuyo caso por lo menos uno/a debe tener una nacionalidad distinta del Estado que los propone. En la práctica, sin embargo, los Estados generalmente nominan a una persona para la vacante abierta.
Las respuestas de los candidatos a los cuestionarios y preguntas sobre el proceso de selección, demuestran que el proceso de selección en el ámbito nacional no suele ser abierto ni transparente. No parecen haber llamadas públicas para candidatos, ni ningún proceso establecido para la evaluación de calificaciones de candidatos al nivel nacional. Adicionalmente, no es claro quien participa en el proceso de selección, ni qué opiniones se toman en cuenta durante la selección de candidatos al nivel nacional. Por ejemplo, no hay consultas públicas en el país. En el mejor de los casos, se produce un intercambio ocasional de información y comentarios con algunos actores de organizaciones de la sociedad civil, generalmente de manera informal.
En general, se podría decir que no hay un proceso de selección, sino solamente alguna autoridad, generalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, designa los candidatos a nivel nacional. Por tanto, la nominación por los Estados no necesariamente conduce a candidatas o candidatos que sean altamente calificados para el trabajo, ni garantiza que se cumplan los requisitos de “reconocida competencia,” imparcialidad e independencia que exigen las normas. No hay ninguna indicación de que los Estados tomen en cuenta la composición general de la Comisión en sus nominaciones. Por ejemplo, no se sabe si los procesos nacionales consideran la importancia de incluir personas con experticia en temas de poblaciones particularmente vulnerables a violaciones de derechos humanos, como niños/as, mujeres, minorías raciales, religiosas, y sexuales, personas con discapacidades, personas previamente privadas de la libertad u otras, o si intentan que la Comisión se integre de personas con diferentes trayectorias profesionales.
Sin embargo, no se puede negar que, con el transcurso de los años, la Comisión se ha beneficiado de la presencia de personas con credenciales impecables y extensa experiencia en materia de derechos humanos. Estos buenos resultados han coincidido generalmente con demostraciones de interés en el Sistema Interamericano de protección en varios países, lo que se traduce en una participación más activa de la población y particularmente de las organizaciones de derechos humanos en la toma de decisiones que conducen a las postulaciones. Pero también es innegable que la elección
adecuada de candidatos ha sido, en el mejor de los casos, poco uniforme. Ciertamente, no puede decirse que todos y todas las candidatas y los candidatos hayan sido siempre idóneos o que hayan cumplido con los requisitos normativos. Adicionalmente, la falta de transparencia en la nominación del candidato nacional puede influir sobre percepciones de la legitimidad del SIDH y su eficacia.
Una vez que las nominaciones son presentadas y hechas públicas, los Estados inician campañas para conseguir votos de apoyo para las candidaturas que han presentado. Esto ocurre sobre todo en una serie de reuniones bilaterales con las Misiones Permanentes de otros países ante la OEA, en donde Estados distintos del Estado que presentó la candidatura tienen la oportunidad de hacer preguntas y familiarizarse con las cualidades de la candidata o el candidato. En algunos casos, las visitas tienen lugar en las capitales de los Estados cuyo voto se busca para la elección. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil que siguen o asisten a la Asamblea General pueden, y
a menudo lo hacen, dar a conocer sus opiniones acerca de quienes deberían ser electos.
En algunas ocasiones estas campañas han sido bastante públicas, generalmente para impedir que un candidato o candidata sea elegido/a debido a conductas pasadas consideradas hostiles a los derechos humanos. Sin embargo, no existe una oportunidad formalizada o institucionalizada para que los Estados reciban comentarios sobre los candidatos de la sociedad civil.
En el contexto descrito, lo que suele suceder es que los Estados se dedican a obtener promesas de voto de parte de otros Estados para el candidato o la candidata. Estas promesas no son publicitadas, aunque generalmente se esparcen rumores sobre el número de votos con que cuenta la candidata o el candidato o si un Estado se inclina a votar a favor de cierta persona. Para obtener compromisos más firmes, los Estados
deciden realizar un intercambio de votos, en vista de que en la mayoría de los casos hay más de una vacante para el órgano respectivo. Pero el intercambio de votos no se limita
a la misma elección ni al mismo órgano. Los Estados pueden intercambiar un voto para
un juez por el voto para un Comisionado, y tampoco es infrecuente que se intercambien por votos en elecciones para cargos en órganos no relacionados con el SIDH, así como también para otros cargos electos, incluso fuera de la OEA.
El resultado es que, por una parte, los/las candidatos/as exitosos/as tienden a ser
aquellos/as cuyos países de origen muestran una diplomacia muy activa, comprometida
y participativa, y quienes pueden ofrecer beneficios a otros Estados a cambio de sus
votos. El sistema no favorece automáticamente a las personas nominadas por los Estados más poderosos, pero históricamente muy rara vez a los Estados poderosos se les han negado cargos en la Comisión. Y por el contrario, para algunos pequeños Estados de América Latina ha sido comparativamente más difícil conseguir que sus candidatas o candidatos sean electos para la Comisión. Por otra parte, el sistema también favorece al voto en bloque, de modo que un grupo de pequeños Estados que tienen en común el idioma, la geografía y otros intereses generalmente votan juntos y se convierten en cruciales para la elección de determinados miembros o para negar a otros una elección
o reelección. En última instancia, las votaciones son secretas, lo que significa que las promesas de voto realizadas previamente a veces son ignoradas, así se hayan hecho o no a cambio de otros votos.
Según lo expuesto, tanto el procedimiento interno al nivel nacional como el sistema de elección al nivel internacional son opacos y, tal vez como resultado, no garantizan la elección de los candidatos o las candidatas más calificados/as para cumplir con el propósito de la Comisión, establecido en su propio Estatuto, de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.” (Estatuto, art. 1). Asimismo, no resulta en una composición general que refleje la diversidad de las personas y de los pueblos de la región y de las personas y los pueblos desproporcionadamente afectados o vulnerables a violaciones de derechos humanos.
La experiencia de otros órganos de supervisión jurisdiccionales y cuasi- jurisdiccionales
Al pensar en cómo fortalecer los procesos de nominación y selección para el SIDH, vale la pena tomar en consideración cómo otros órganos de derechos humanos han nominado y seleccionado a sus miembros. Por supuesto, cada sistema es único. Sin embargo, es útil tomar ideas de otras experiencias que puedan ser beneficiosas mientras el SIDH se encamina hacia un proceso de mejora.
1) Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Los Estados miembros deben presentar hasta tres personas cada uno, que luego son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. La lista de requisitos incluye elevado carácter moral; las calificaciones requeridas para el nombramiento al cargo judicial de mayor jerarquía o ser jurisconsultos de reconocida competencia; ser competentes en uno de los idiomas oficiales del Tribunal; conocer los sistemas jurídicos nacionales y el derecho internacional público; y ciertas disposiciones sobre incompatibilidad. Como regla general, las listas de candidatas y candidatos contendrán por lo menos una persona del sexo sub-representado (“the under-represented sex”).
La mayor parte de los requisitos para la elección de juezas y jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) entra en juego en los procesos internos de los Estados miembros. Existen una serie de directrices no vinculantes para solicitar y elaborar una lista de candidatas y candidatos, centradas en el organismo de selección nacional, que debería tener una composición equilibrada que represente a una amplia gama de grupos de interés. Este organismo debería realizar entrevistas personales, sobre la base de un formato estandarizado, a cada persona candidata, incluyendo una evaluación de competencias lingüísticas. En la práctica, los organismos nacionales varían: algunos países utilizan a su Consejo de la Magistratura u órganos similares para elegir a los las candidatas y candidatos judiciales tanto nacionales como internacionales, mientras que otros utilizan un órgano más ad-hoc. En la mayoría de los casos, las
posiciones son anunciadas en la prensa y a través de sitios web legales y académicos.
La lista de candidaturas, junto con sus currículos estandarizados, se presenta al Panel Consultivo de Expertos en Candidatos/as para su Elección como Juezas/ces del TEDH. El Panel debe asesorar sobre si las personas cumplen con los criterios establecidos en la Convención y en las directrices del Comité de Ministros. El Panel se compone de siete integrantes, actuando cada uno en su capacidad personal. El Comité de Ministros designa a los miembros del Panel, y la Secretaría y los costos son sufragados por el Tribunal.
El procedimiento es confidencial. El Presidente del Panel informa al Estado, brindando
las razones de sus opiniones. El Estado entonces puede responder o retirar al candidato
o candidata y presentar a alguien nuevo. Cuando una lista de tres candidatos/as
propuestos/as por una de las Altas Partes Contratantes está siendo considerada, de conformidad con el Artículo 22 de la Convención Europea de Derechos Humanos, el Panel pondrá a disposición de la Asamblea Parlamentaria sus puntos de vista por escrito en cuanto a si los candidatos y candidatas cumplen con los criterios establecidos en el Artículo 21(1) de la Convención. Esta información también es confidencial.
El TEDH tiene un número mucho mayor de juezas/ces, ya que cada Estado debe tener
un juez. Además, cumplen sus funciones a tiempo completo. Estas diferencias con el SIDH son significativas; sin embargo, hay algunas características útiles en cuanto al procedimiento: la designación en cada Estado de un organismo de nominación con cierto grado de independencia del Ejecutivo, la publicidad para las posibles vacantes, las
entrevistas de acuerdo a un formato estándar y la creación de un Panel Consultivo permanente en el Consejo de Europa.
2) Corte Penal Internacional
El Comité Asesor de la Corte Penal Internacional (CPI)comenzó como una iniciativa de la
Coalición de ONG por la Corte Penal Internacional (CCPI). Durante varios años, la Coalición abogó por un panel de ese tipo y también solicitaba a todas las personas nominadas que completaran cuestionarios para proporcionar información adicional acerca de sus calificaciones, realizaba entrevistas a todas las candidatas y los candidatos, organizaba seminarios públicos con candidatos/as y experto/as disponibles, además de organizar debates públicos entre las candidatas y los candidatos. En 2011, la Asamblea de Estados Partes estableció un Comité Asesor para las Nominaciones.
El Comité Asesor debe hacer sus recomendaciones a los Estados Partes y a los observadores, a través de la Asamblea de los Estados Partes (AEP). En su régimen interno, el Comité decidió que llevaría a cabo entrevistas personales a cada candidato/a, además de revisar sus currículos y documentación escrita. Las candidatas y candidatos
se presentan en el lugar de reunión del Comité, y se lleva a cabo una entrevista de 60 minutos.
El Comité informa si la persona candidata tiene la fluidez necesaria en uno de los idiomas oficiales de la Corte, y si él o ella cumplen con los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma. Las evaluaciones son de 1 a 2 párrafos y comentan las cualidades de el o la candidata que sean pertinentes para el puesto. El trabajo del Comité es facilitado por los criterios determinados en el Estatuto de Roma para jueces/zas, que incluyen no sólo un elevado carácter moral, independencia e imparcialidad, sino también una competencia específica y una experiencia demostrada en derecho penal y procesal, o una firme competencia y amplia experiencia en “en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos”. Para asegurar que existan suficientes jueces o juezas de las dos experticias diferentes, los o las elegidas se separan en dos listas y deberá haber “una proporción equivalente de magistrados de ambas listas”.
Por otra parte, además de su capacidad lingüística, se instruye a los Estados Partes a tener en cuenta la representación de los principales sistemas jurídicos del mundo; una representación geográfica equitativa; una representación justa de jueces mujeres y hombres; y la necesidad de incluir jueces y juezas con conocimientos jurídicos sobre temas específicos, incluyendo, pero no limitados a, violencia contra la mujer o los niños. Por tanto, el Comité simplemente aplica estos criterios. Por el contrario, los criterios para la elección a la Comisión y la Corte Interamericana son mínimos, por lo que un proceso mejorado tendría que desarrollar su propia lista de criterios, los cuales podrían en muchos aspectos seguir el ejemplo de la CPI, aunque con algunas diferencias.
A pesar de la existencia de este mecanismo formal, la CCPI juega un rol importante en proveer información sobre las elecciones, circula y publicita un cuestionario sobre los candidatos, y organiza entrevistas con los candidatos, debates entre los candidatos y seminarios públicos con candidatos y otros expertos. La CCPI se opone firmemente al intercambio de votos en las elecciones a la CPI. 5
3) Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
El proceso y criterios para la nominación y elección de juezas y jueces en el sistema africano de derechos humanos son muy similares a los del SIDH. Una diferencia importante surge en el instrumento constitutivo de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que exige que “[s]e deberá tener en cuenta una representación de género adecuada en el proceso de nominación.” Al votar por las candidatas y los candidatos, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno debe asegurar que “haya una representación de las principales regiones de África y de sus principales
5 Coalition for the International Criminal Court, “The Nomination and Election of Six New ICC Judges:
http://www.coalitionfortheicc.org/sites/default/files/cicc_documents/cicc_memo_2017_icc_judicial_elec
tions.pdf.
tradiciones jurídicas,” así como una “representación de género adecuada.”
4) Titulares de Mandato de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas
El proceso de selección y nombramiento de las y los titulares de mandato podrían proporcionar algunas lecciones, sobre todo para la Comisión. Las y los titulares de mandato deben tener experticia y experiencia en el campo del mandato, independencia, imparcialidad, integridad personal y objetividad. Debe dársele la consideración debida al equilibrio de género, a una representación geográfica equitativa y a la representación de diferentes sistemas legales. Las candidatas y candidatos deben ser altamente calificados que poseen competencia establecida, experticia relevante y experiencia extensiva profesional en el campo de derechos humanos.
Cualquier persona puede proponer candidatas y candidatos, y existe una lista permanente. Las próximas vacantes son publicitadas. Un grupo consultivo compuesto por un representante de cada Grupo Regional de la ONU, en su capacidad personal, elige una lista corta de personas nominadas, consulta con los grupos de interés, puede agregar sus propios/as candidatos/as y presenta recomendaciones públicas y fundamentadas al Presidente del Consejo, quien realiza consultas adicionales y toma la decisión final. La persona elegida es votada por el Consejo de Derechos Humanos (Resolución CDH 5/1, 18 de junio de 2007, Anexo). 6
Propuestas para la selección de candidatos y candidatas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Las deficiencias del actual proceso y la existencia de otras instituciones internacionales que han tomado medidas para crear un proceso de selección mejorado, constituyen la guía del Panel para realizar las presentes recomendaciones. Adicionalmente, parece lógico concluir que en un sistema de derechos humanos, los miembros de sus principales órganos, sean elegidos conforme a principios de transparencia y razonabilidad. Nuestras propuestas son principalmente de dos tipos:
1) Que los Estados creen un procedimiento transparente, participativo y abierto a nivel nacional, que permita la selección de las mejores candidatas y los mejores candidatos posibles, que cumplan con los requisitos normativos; y
2) Que se mejore el proceso de elección en la OEA para evitar muchas de las deficiencias
6 Basic information on the selection and appointment process for independent United Nations experts of the Human Rights Council, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/BasicInformationSelectionIndependentExperts.aspx.
planteadas anteriormente y para asegurar la elección de Comisionados y Comisionadas que cumplan con los requisitos normativos y que reflejan en su totalidad la diversidad de la región.
Somos conscientes de que estas propuestas van más allá de la carta de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero lejos de contravenirla, están orientadas a mejorar su operación y tampoco requieren de modificaciones a la misma. Sólo bastaría con la voluntad política de los mismos Estados para introducir estas reglas en sus ordenamientos jurídicos nacionales, para reforzar la legitimidad, eficacia y transparencia del órgano supervisor de los derechos humanos.
2) Procesos de nivel nacional
Cada Estado debería tener un organismo formal, de composición diversa, independiente y apolítico para seleccionar a las candidatas y los candidatos. En muchos Estados ya existen instituciones que podrían llevar a cabo este proceso de selección mediante la designación de algunos de sus miembros para la tarea; de no ser así, el Panel considera que debería crearse una institución de ese tipo. Cualquiera sea la modalidad elegida, los y las integrantes que realicen la selección deberían ser independientes, imparciales y estar bien informados sobre el propósito y las funciones de la Comisión, como están establecidos en la Carta y el Estatuto de la Comisión, y contar con un historial impecable en materia de derechos humanos. Este organismo debería, de forma ideal, ser representativo de diferentes circunscripciones dentro del Estado. Debería ser permanente o conformarse con bastante tiempo de anticipación a las próximas elecciones.
Los Estados deberían publicitar un llamado para candidaturas, explicitando los criterios y los procesos de nominación y elección de candidatos. Adicionalmente, cuando eligen y proponen sus candidatos para la Comisión, los Estados deberían incluir información sobre el proceso de nominación utilizado para esta selección. Esto es importante para la transparencia y legitimidad del proceso de selección y para la legitimidad del SIDH.
Los Estados deberían designar por lo menos dos candidaturas para la elección. Dada la histórica subrepresentación de las mujeres y sobre-representación de los hombres en la Comisión y en la Corte, por lo menos un candidato debería ser del sexo sub-representado (“under-represented”). Esto aseguraría la posibilidad de una verdadera elección en la Asamblea General y permitiría que los votantes tengan la oportunidad de elegir a los candidatos teniendo en cuenta la necesidad de contar con organismos de derechos humanos que reflejen la diversidad de las personas protegidas por sus instrumentos constitutivos y convencionales, incluyendo candidatos de
comunidades subrepresentadas. Este cambio podría abrir oportunidades de acceso a estos puestos para miembros de minorías o poblaciones vulnerables en nuestro hemisferio, como es el caso de los pueblos indígenas, afrodescendientes, discapacitados, miembros de minorías sexuales, entre otros. Además, la Comisión, tanto como la Corte, enfrenta una diversidad de problemas; por lo tanto, es necesario también que estos se compongan de miembros con diversas áreas de experticia y experiencias de vida.
Las candidatas y candidatos deberían presentar evidencia de su cumplimiento de los requisitos de la Convención y de los Estatutos del respectivo organismo. Puesto que la Convención y el Estatuto de la Comisión no entran en detalles sobre las calificaciones que debería tener un integrante de cualquiera de los órganos de control, es necesario que esto sea ampliado a escala nacional. Para evaluar a una candidata o un candidato con respecto a su reconocida competencia en materia de derechos humanos, debería solicitarse la presentación de escritos, opiniones o evidencia de defensa en el área de los derechos humanos. El historial de cada persona debería examinarse cuidadosamente para determinar su reconocida competencia en la materia de derechos humanos, aparte de su independencia e imparcialidad.
Debería pedirse que las candidatas y los candidatos proporcionen información sobre las actividades que planean llevar a cabo simultáneamente con su labor como Comisionados/as. En el espíritu del Artículo 71 de la Convención, el Panel recomienda que los Estados, como cuestión de política, se abstengan de proponer personas que ocupen -simultáneamente con su servicio en la Comisión- puestos de autoridad y responsabilidad en cualquiera de los poderes públicos que podrían dar lugar a un conflicto de intereses que perjudique la real o aparente independencia e imparcialidad que todo órgano judicial o cuasi judicial debe tener.
La amplitud de competencias y el bilingüismo son criterios esenciales. En vista de que todo el trabajo de la Comisión se lleva a cabo en inglés o español, parece ser esencial tener fluidez en uno de estos idiomas y al menos un conocimiento pasivo del otro. También es importante que sea claro el compromiso de las candidatas y los candidatos de estar disponibles para sus labores cuando sea necesario. Otras características útiles son una amplia exposición y comprensión del entorno político, social y cultural de la región y sus subregiones, junto con habilidades de negociación y/o de determinación de hechos.
Las entrevistas deberían ser parte del proceso de selección. Una vez terminado el período para la presentación de candidatas y candidatos, el organismo de selección nacional debería llamarlos para una entrevista a fin de evaluar sus calificaciones. Deberían existir reglas para permitir que en las entrevistas estén presentes delegados
de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos más representativas a nivel nacional. Las entrevistas deberían realizarse en base a una plantilla que garantice igualdad de condiciones para los entrevistados. El cuestionario adjunto en el anexo, elaborado por este Panel de Expertos Independiente, podría brindar una idea del tipo de preguntas que se realizarán a las candidatas y los candidatos.
El organismo de selección debe advertir a las candidatas y los candidatos las limitaciones que tendrán, de ser electos, en relación con su futuro campo o trabajo, con el fin de evitar cualquier conflicto de intereses. Las decisiones del órgano de selección no deberían ser obligatorias, pero las autoridades políticas sólo podrían desviarse de su consejo por medio de una decisión razonada y pública.
3) Las elecciones en la OEA
La afirmación y el cumplimiento de los principios de competencia, independencia e imparcialidad en el SIDH están íntimamente relacionados con el proceso de elección de los miembros adecuados para la Comisión. Después de la nominación de los candidatos a nivel nacional, el proceso de elección en la Asamblea General de la OEA es la segunda y última etapa donde estos valores pueden ser refrendados de manera firme y resuelta.
El Panel apoya con firmeza el principio de que los Estados deben basar sus elecciones estrictamente en el mérito y las calificaciones de las candidatas y los candidatos, y en su independencia e imparcialidad. De igual manera, es necesario que la elección refleje la diversidad de la región, las poblaciones vulnerables, etcétera. A la luz de esta postura, el Panel se opone con firmeza a acuerdos políticos recíprocos (intercambio de votos) en el proceso electoral, que no atiendan a la idoneidad de los candidatos y su diversidad. Para este fin:
El Panel recomienda que la OEA establezca un Comité Consultivo responsable de asegurar la idoneidad de las candidatas y los candidatos para su servicio como Comisionado/a, que cumpla la función que este Panel aspira a realizar. Este ejercicio reiterado ha significado una acumulación instructiva de metodología, procesos y recomendaciones que proponemos como sugerencia para su institucionalización. El Panel recomienda que este Comité Consultivo se componga de diversos e independientes integrantes, incluyendo representantes de la sociedad civil, academia y los Estados miembros, y de un número equitativo de representantes masculinos y femeninos.
Los términos de referencia del Comité Consultivo serían evaluar y valorar a las candidatas y los candidatos con respecto a su idoneidad para su servicio como comisionado/a. El Comité estaría facultado para reunirse con las candidatas y los
candidatos, compilar información independiente sobre los candidatos, llevar a cabo paneles públicos para brindarles la oportunidad de presentarse ante los Estados, así como ante asociaciones de la sociedad civil tanto regionales como nacionales. El Comité Consultivo también podría acceder a la información recopilada sobre la candidata o el candidato en el ámbito nacional y al proceso de selección utilizado al nivel nacional. El Comité debería evaluar su idoneidad no sólo sobre la base de criterios de idoneidad profesional para la elección, sino también en cualidades personales de independencia, imparcialidad, integridad, decencia, competencia, diligencia, ecuanimidad y empatía. Finalmente, para su evaluación debería tomar en cuenta la diversidad de los candidatos presentados en sus recomendaciones.
El Panel afirma el valor del uso continuo de un proceso de entrevistas como parte integral del trabajo del Comité. El Panel señala que la entrevista de los candidatos para la Comisión ante el Consejo Permanente en el 2015 y 2017 fue considerada una actividad efectiva y productiva para facilitar la elección de los candidatos más adecuados. El Panel sugiere que el cuestionario utilizado en el 2017 podría ser útil en el desarrollo de preguntas estandarizadas para estas entrevistas.
El Panel recomienda que el Comité Consultivo realice un informe final por escrito para la OEA con respecto a la evaluación de las candidatas y los candidatos y que los Estados tomen en cuenta este informe al momento de emitir sus votos. El informe del Comité, proporcionaría orientación y asesoramiento a través de evaluaciones independientes e información recopilada independientemente, que los Estados podrían utilizar para la elección de las personas más calificadas.
El Panel alienta a que el proceso electoral tome en cuenta la necesidad de diversidad ya sea sobre la base del género, origen étnico, orientación sexual u otras consideraciones e integración equilibrada en función a trayectoria profesional (v.g., carrera diplomática, ONGs y academia, entre otros), dado el cumplimento de los requisitos normativos para ser Comisionado/a. La selección entre dos o más candidatas y candidatos adecuados podría determinarse sobre la base de esta necesidad, siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad y de cualidades personales. Como se señaló, para la Comisión es especialmente importante contar con una amplia gama de experiencias, junto con habilidades distintas y complementarias. El Panel alienta también a que los Estados elijan a las personas más calificadas en base a sus habilidades pertinentes y otras cualidades, así como a las necesidades de la Comisión para que el desempeño de sus funciones sea equitativo, justo y eficiente.
Este Panel Independiente de Expertos ha sido convocado para evaluar si cada candidato/a cumple con los criterios y requisitos establecidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos así como por otros instrumentos pertinentes; asimismo, para considerar y realizar recomendaciones atinentes a los procesos de selección y nominación de candidatos/as para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Como antecedentes, existen prácticas similares en las que los representantes de Estados, expertos/as independientes y/o organizaciones de la sociedad civil han participado en procesos de nominación o evaluación de candidatos/as para órganos judiciales o cuasi judiciales a nivel internacional. Estas destacan en el Tribunal de Justicia del Caribe, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental.
En virtud de que estos procesos de evaluación independiente fortalecen la transparencia y legitimidad de los procedimientos de selección y las instituciones por sí mismas, le invitamos cordialmente a que nos proporcione la información solicitada en este cuestionario. El Panel podrá hacer pública su respuesta salvo que haya alguna objeción de su parte.
El cuestionario cubre las siguientes áreas: (I) Antecedentes y reconocida competencia, (II) Conflictos de interés, imparcialidad y no discriminación, (III) Procesos de nominación. Finalmente, agradecemos su disposición y le animamos a brindar cualquier información adicional de relevancia que desee someter a consideración del Panel.
I. Antecedentes y reconocida competencia
1. ¿Por qué quiere usted ser Comisionado(a)?
2. ¿Cuáles son sus áreas particulares de conocimiento y experiencia de trabajo en el
campo de los derechos humanos?
3. ¿Cuáles piensa usted que son los más grandes desafíos que enfrenta el sistema
interamericano de derechos humanos y cómo podrían ellos afectar su trabajo? Sobre lo anterior, uno de los problemas más acuciantes en el trabajo de la CIDH es el atraso procesal en materia de peticiones individuales: ¿cuál cree usted que podría ser su
aporte en este tema de ser elegido/a miembro de la misma?
4. Recientemente la CIDH ha elaborado su Plan de Desarrollo Estratégico ¿podría decirnos qué elemento le parece el más positivo y cuál el menos?
5. Dado su desarrollo profesional, ¿cómo valora usted su propio aporte a la CIDH y su
posibilidad de complementar adecuadamente la composición actual de este órgano?
6. ¿Tiene usted conocimiento o experiencia de trabajo con sistemas legales diferentes al
de su país?
7. ¿Ha tenido usted militancia en movimientos de la sociedad civil a favor de los derechos humanos?
8. ¿Cuáles son sus habilidades específicas en idiomas?
9. Por favor, provéanos con enlaces electrónicos (links) de sus más significativos escritos, opiniones o abogacía en el área de los derechos humanos, amicus curiae, manifiestos, votos particulares; resaltando aquellos que identifiquen una postura crítica hacia normas, decisiones administrativas o judiciales e instituciones públicas y privadas que haya usted criticado u objetado (challenged) por motivos de derechos humanos o humanitarios. (Máximo 3). Adicionalmente, si elaboró una tesis profesional para obtener el o los grados académicos que posea, ¿puede mencionar su título e indicar cuál fue su conclusión o postulado principal?
10. a) ¿Ha tenido la oportunidad de aplicar o utilizar en su trabajo profesional la
Convención Americana de Derechos Humanos u otros tratados de derechos humanos o de derecho humanitario? Por favor, describa su experiencia e infórmenos sobre el modo de acceder a documentos donde se refleje esa aplicación.
b) ¿Ha abogado usted por la adopción o implementación de tratados u otros instrumentos de derechos humanos o derecho internacional humanitario? Por favor, describa su experiencia, refiriéndose en particular a actividades para difundir, defender o fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos.
11. Por favor, adjúntenos su CV.
II. Sobre conflictos de interés, imparcialidad y no discriminación
12. Por favor, indique cualquier posible conflicto de interés que pueda impedirle ejercer
independencia e imparcialidad en su trabajo como Comisionado/a.
13. Durante su eventual período de Comisionado/a, ¿qué otros puestos o actividades
profesionales espera usted desarrollar?
14. ¿Alguna
15. Se espera de un Comisionado/a que, ya sea en su conducta o verbalmente, no manifieste o aparezca condonando sesgos o prejuicios, que se basen en razones tales
como edad, raza, credo, color, género, orientación sexual, religión, origen nacional, discapacidad, opinión política, estado civil, estado socioeconómico, antecedentes por causas penales, calidad de extranjero o ciudadanía. También se espera que exija que personas bajo su dirección y control se abstengan de emitir este tipo de declaraciones o de tener esta clase de conductas.
a. ¿Tiene usted algún desacuerdo o dificultad con este planteamiento?
b. Favor de indicar cualquier información relevante acerca de su capacidad de cumplir con esta expectativa.
16. Si usted ha sido servidor público: ¿ha tenido intervenciones en la vida pública que denoten que esa calidad no impide ejercer plenamente derechos ciudadanos más allá del voto?
III. Proceso de nominación
17. ¿Cómo fue elegido/a para ser candidato de la Comisión Interamericana? ¿Cuál fue el proceso de nominación? ¿Se siguió un procedimiento preestablecido? ¿Fue difundido públicamente? ¿Tuvo allíalgún papel la sociedad civil, entidades académicas y/o otros? Si asífue, ¿cuál fue éste?
Nienke GROSSMAN (Estados Unidos) es Profesora Asociada de Derecho y Directora Adjunta del Centro de Derecho Internacional y Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore. Su investigación se centra en la legitimidad de los tribunales y las cortes internacionales, así como en lograr un equilibrio de género en el sistema judicial internacional. La profesora Grossman ha presentado su trabajo en facultades de Derecho y conferencias en todo el mundo, así como en las Naciones Unidas. Antes de ingresar a la academia , fue investigadora en el Georgetown University Law Center, se desempenó como abogada asociada en la práctica internacional de litigios en la firma Foley Hoag LLP y fue asistente legal del juez Federal Gerald Bruce Lee, del Distrito Federal de los Estados Unidos. Ha asesorado legalmente a los Estados latinoamericanos en casos ante la Corte Internacional de Justicia y ha asesorado a peticionarios en casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es Asesora Estratégica de Gqual, un grupo dedicado a aumentar el porcentaje de mujeres en los órganos normativos internacionales. Es graduada de Harvard College y Harvard Law School, y tiene una maestría en derecho del Georgetown University Law Center.
Miguel GUTIÉRREZ (Costa Rica) se licenció en Economía por la Universidad de Costa Rica (1983), es Doctor en Educación con mención en la mediación pedagógica por la Universidad de la Salle (2006). Realizó dos años de estudios en filosofía y teología en el Seminario Mayor y en la Diócesis de Choluteca (1966 y 1967) en Honduras. Además, obtuvo un Fellowship por parte del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame. Es facilitador del proceso de Diálogo Nacional de todos los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa. Fue el fundador y director del Programa Estado de la Nación (1994-2014), respaldado por el Consejo Nacional de Rectores y la Defensoría de los Habitantes. Bajo el cual ha publicado diecinueve informes nacionales y cuatro informes sobre el Estado de la Educación bajo su dirección. En éste periodo coordinó el Proyecto Regional Centroamericano para la preparación de informes sobre el desarrollo en los países y la región centroamericana, con cuatro informes. Ha sido consultor destacado investigador ante diversas instancias académicas e instituciones de la administración pública
Cecilia MEDINA (Chile) se licenció en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (1958) y obtuvo su grado de Doctora en Derecho en la Universidad de Utrecht, Holanda (1988). Ha enseñado en la Universidad de Chile, la Universidad Diego PORTALES y en varias universidades europeas y de Estados Unidos. Fundadora y ex Directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fue nombrada profesora en la cátedra Robert F. Kennedy para latinoamericanos distinguidos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (1997). Fue miembro (1995-2002) y Presidenta (1999-2001) del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y jueza (2004-2007) y Presidenta (2008-2009) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Participó en una comisión de cinco personas –
the Independent Panel on International Criminal Court Elections – que tenía como objetivo analizar los antecedentes de los candidatos y candidatas a la Corte Penal Internacional a las luz de los requerimientos del Estatuto de Roma con el fin de que este estudio fungiera como antecedente de la elección que se realizaría posteriormente para integrar esa Corte. En el 2015 participó en el Panel Independiente para la Elección de Comisionados/as y Jueces/zas Interamericanos/as convocado por el Open Society Justice Initiative con el apoyo de una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, universidades y colegios de abogados de toda la región. Fue galardonada con el grado de Comendador de la Orden de Oranje Nassau por la corona Holandesa en base a su distinguido trabajo en derechos humanos.
Miguel SARRE (México) es profesor numerario en el Departamento de Derecho del ITAM. Fue miembro del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (2007- 2014). Tiene una maestría en derecho por la Universidad de Notre Dame y una licenciatura en derecho por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Fue promotor de la institución del Ombudsman y el primero en ocupar el cargo de defensor en el país. Posteriormente se desempeñó como Tercer Visitador General y Secretario Técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Ha trabajado en la legislación e instrumentación de oficinas estatales que apoyen las herramientas de investigación de las defensorías públicas, los servicios periciales y forenses autónomos en las entidades federativas, así como el debido proceso dentro del sistema penitenciario y la incorporación del sistema adversarial en la justicia penal en México. Es consejero de la organización pionera para los familiares de personas privadas de libertad “Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur” y de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglás en inglés).
Anexo III: Organizaciones que respaldan
Estas organizaciones tienen diversas opiniones sobre los candidatos y el proceso de selección, que podrían diferir de las evaluaciones del Panel. Su apoyo se basa en un compromiso con el principio de elecciones justas y transparentes.
Argentina Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) Justicia Colectiva Asociación Civil de Defensa del Consumidor Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional Usuarios y Consumidores Unidos (UCU)
Bolivia Alianza libres sin violencia Asociación “Derechos en Acción” Asociación de mujeres JUMAMPI LURATA Comunidad de Derechos Humanos Conexión Fondo de Emancipación Confraternidad Carcelaria Santa Cruz Construyendo Redes para el Desarrollo Coordinadora de la mujer Católicas por el derecho a decidir Fundación Construir Fundación Observatorio de Derechos Humanos Oficina Jurídica Para la Mujer Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)
Brasil Conectas Direitos Humanos
Chile Chile Transparente
Ecuador Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) Fundación Ciudadanía y Desarrollo Fundación Paz y Esperanza Fundamedios
Estados Unidos Academy on Human Rights and Humanitarian Law, American University Washington College of Law Center for Human Rights and Humanitarian Law, American University Washington College of Law The Columbia Law School Human Rights Institute
El Salvador Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ) Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca)
Guatemala Fundación Myrna Mack
Honduras Casa Alianza Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ)
México Causa en común A.C Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C. Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) Instituto de Liderazgo Simone de Beauvior (ILSB) Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C (IMDHD) México Unido Contra la Delincuencia A.C. Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
Nicaragua Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH)
Panamá Alianza Ciudadana Pro Justicia Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional
Perú Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Contribuyentes por Respeto Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Instituto de Defensa Legal (IDL) PROETICA, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional
Puerto Rico Instituto Caribeño de Derechos Humanos (ICADH)
República Dominicana Participación Ciudadana
Regional Amnesty International Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género Center for Justice and International Law (CEJIL) Due Process of Law Foundation (DPLF) Washington Office on Latin America (WOLA) Open Society Justice Initiative Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional) Plataforma Internacional contra la Impunidad Robert F. Kennedy Human Rights
Dokumente ähnlich wie CIDH IACHR Panel 2017 Final Report Esp
Jorge Sepeda
Milnette Palencia
Argentina Resolución N° 120 Chaco Nna
4779-Texto del artículo-10882-1-10-20160707
d njf1064
Monografía Medidas Innovativas en el Proceso Cautelar
Derecho Procesal Clase 1 Hasta 5 - Primera Solemne
Christian Mella Madrid
28- Competencias Exclusivas Del Estado
jis_10
Res.Adm_Nº 057-2019-CE-PJ
605-2018 Agroindustrias Palpex Sac
irvinje
demanda ARTIGA ext alimentos.docx
247083_Lección-6-Derecho-Penal-I.pdf
Jurisprudencia: No Procede Suspensión de Licencia Cuando Se Carece de Ella. ICA San Miguel 2015.03-17. Rol 182-2015.
Juan Patricio González Reyes
CASOS_PROCESAL_2005-2006

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 106
 Artículo 34
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 8
 Artículo 9
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 22
 Artículo 21
 Artículo 71
 Resolución