Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-A-133-1.CODI.%29
Timestamp: 2020-05-28 08:55:32+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 133-1, de 06/03/2015
cve: BOCG-10-A-133-1
Núm. 133-1
121/000133 Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento, a la Comisión de Justicia. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un periodo de quince días hábiles, que finaliza el día 25 de marzo de 2015.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, vino a establecer una nueva regulación de los actos de comunicación, en la que, tanto los litigantes como sus representantes, asumían un papel más activo y eficaz. La Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil ya destacó, como pieza importante de este nuevo diseño, a los Procuradores de los Tribunales, poniendo de manifiesto que, por su condición de representantes de las partes y de profesionales con conocimientos técnicos sobre el proceso, estaban en condiciones de recibir notificaciones y de llevar a cabo el traslado a la parte contraria de muchos escritos y documentos, siendo hoy los responsables de los servicios de recepción y práctica de las notificaciones. Las reformas acometidas con posterioridad, en particular la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina judicial, reforzando el papel de los servicios comunes, sentaron las bases para poner a las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos que se ven en la necesidad de acudir a los Tribunales.
En todo este proceso de modernización de la Justicia, la figura del Procurador, con gran raigambre histórica en nuestro Ordenamiento jurídico, ha tenido una intervención directa y activa y en estos momentos está llamada a jugar un papel dinamizador de las relaciones entre las partes, sus Abogados y las oficinas judiciales. Los Procuradores han ido asumiendo, a medida que la situación lo ha ido requiriendo, en virtud de su condición de cooperadores de la Administración de Justicia, un mayor protagonismo en las labores de gestión y tramitación de los procedimientos judiciales, desempeñando en parte funciones que hoy en día compatibilizan con su originaria función de representantes procesales de los litigantes. Así, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, especialmente con la reforma llevada a cabo en el artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vino a acentuar esa condición que viene caracterizando desde hace tiempo la actuación del Procurador cuando desempeñan su función como colaborador de la Administración de Justicia, en la línea marcada por el Libro Blanco de la Justicia elaborado en el seno del Consejo General del Poder Judicial, que ya puso de relieve la necesidad de considerar «la conveniencia de tender a un sistema en el que, manteniendo la figura del Procurador como representante de los ciudadanos ante los Tribunales, pudiera al mismo también asumir otros cometidos de colaboración con los órganos jurisdiccionales y con los Abogados directores de la defensa de las partes en el procedimiento, concretamente en el marco de los actos de comunicación, en las fases procesales de prueba y ejecución y en los sistemas de venta forzosa de bienes embargados, en los términos y con las limitaciones que se establecen en otras partes de este estudio».
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha puesto en marcha diferentes modificaciones legislativas dirigidas a acometer una reforma en profundidad de la Administración de Justicia. Con la presente ley se refuerza el elenco de atribuciones y obligaciones de los Procuradores respecto de los actos de comunicación y de cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, descansando en la voluntad de la parte a la que representan, y manteniendo el régimen vigente en cuanto a la ausencia de repercusión en costas. La reforma implica una significativa mejora de las opciones con que cuenta el justiciable, residenciando exclusivamente en su esfera de voluntad la decisión de acogerse o no al nuevo sistema diseñado cuando se trate de actos de comunicación o de cooperación y auxilio a la Administración de Justicia.
Los avances en el uso de las nuevas tecnologías de comunicación constituyen un valioso instrumento para la realización de estas funciones a fin de hacer compatible las labores de representación con el ejercicio de sus funciones de colaboración y auxilio con la Administración de Justicia, poniendo de manifiesto la importante labor de los Procuradores y de los Colegios de Procuradores en el proceso de modernización y agilización de la Justicia.
En materia de actos procesales de comunicación, la reforma parte de la dualidad actual del sistema manteniendo las posibilidades de su realización, bien por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, bien por el Procurador de la parte que así lo solicite, a su costa, y en ambos casos bajo la dirección del Secretario judicial. No obstante, este régimen no será aplicable al Ministerio Fiscal ni en aquellos procesos seguidos ante cualquier jurisdicción, en los que rija lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Por otro lado, la ley introduce la necesidad de que, en todo escrito por el que se inicie un procedimiento judicial, de ejecución o instancia judicial, el solicitante ha de expresar su voluntad al respecto entendiendo que, de no indicar nada, se practicarán por los funcionarios judiciales.
De forma correlativa, en el desempeño de las referidas funciones, sin perjuicio de la posibilidad de sustitución por otro Procurador conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Procuradores deberán actuar necesariamente de forma personal e indelegable, con pleno sometimiento a los requisitos procesales que rigen cada acto, bajo la estricta dirección del Secretario judicial y control judicial previéndose expresamente que su actuación será impugnable ante el Secretario judicial y que contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer, a su vez, recurso de revisión ante el Tribunal.
Por otro lado, se aprovecha la presente reforma para introducir modificaciones en la regulación del juicio verbal con la finalidad de reforzar las garantías derivadas del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, y que son fruto de la aplicación práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que venían siendo demandadas por los diferentes operadores jurídicos.
Entre las modificaciones operadas debe destacarse la introducción de la contestación escrita, que deberá presentarse en el plazo de diez días, la mitad del establecido para el procedimiento ordinario, generalizando con ello la previsión que ya se recogía para determinados procedimientos especiales, lo que ha comportado la adecuación de todos los preceptos relacionados con el trámite del juicio verbal y de los procesos cuya regulación se remite al mismo, incluida la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Igual relevancia debe atribuirse a la regulación, en aquellos supuestos en que resulte procedente, del trámite de conclusiones en el juicio verbal así como del régimen de recursos de las resoluciones sobre prueba. Del mismo modo, siempre que el Tribunal lo considere pertinente, se otorga a las partes la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista.
Igualmente, como reflejo del avance tecnológico, se introduce la previsión de identificación de la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del demandado como uno de los datos que puede ser de utilidad para su localización, y se habilita para que se pueda regular que determinados actos puedan practicarse a través de medios electrónicos con carácter obligatorio por la Administración de Justicia, como actualmente se realiza por la Agencia Tributaria. Ello lleva a la reforma de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. En esta misma línea y con la finalidad de que los actos de comunicación electrónicos sean la forma habitual de actuar en la Administración de Justicia se establece expresamente que se podrán realizar en la dirección electrónica habilitada única del destinatario. Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones como es: el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrónicos designados.
Finalmente, para hacer efectiva la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia se establece el 1 de enero de 2016 como fecha límite a partir de la cual todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales deberán usar los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación, debiendo la Administración competente establecer los medios necesario para que ello sea una realidad.
Por último, la ley da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, en el asunto Banco Español de Crédito, C-618/10, donde, tras el examen de la regulación del proceso monitorio en España, en relación con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, declaró que la normativa española no es acorde con el derecho de la Unión Europea en materia de protección de los consumidores, en la medida que «que no permite que el Juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de oficio ?in limine litis ni en ninguna fase del procedimiento? el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este último no haya formulado oposición». Por esta razón se introduce en el artículo 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en un nuevo apartado 4, un trámite que permitirá al Juez, previamente a que el Secretario judicial acuerde realizar el requerimiento, controlar la eventual existencia de cláusulas abusivas en los contratos en los que se basen los procedimientos monitorios que se dirijan contra consumidores o usuarios y, en su caso, tras la celebración de una vista con citación de ambas partes, resolver lo procedente, como exige la normativa europea.
A partir de los trabajos de la Comisión General de Codificación, se acorta el plazo general de las acciones personales del artículo 1964, estableciendo un plazo general de cinco años. Además, se modifica el artículo 1973 del Código Civil, sobre el régimen de interrupción de la prescripción, con la finalidad que las reclamaciones extrajudiciales sucesivas puedan demorar el plazo legal de prescripción. Con ello se obtiene un equilibrio entre los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de asegurar un plazo máximo. La disposición transitoria relativa a esta materia permite la aplicación a las acciones personales nacidas antes de la entrada en vigor de esta ley, de un régimen también más equilibrado, surtiendo efecto el nuevo plazo de cinco años.
2.ª El Secretario judicial ordenará la interrupción del plazo para contestar a la demanda y acordará oír al demandante en el plazo de diez días, resolviendo el Tribunal mediante auto lo que proceda.
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 23 y se añaden los apartados 4, 5 y 6, que quedan redactados del siguiente modo:
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán los litigantes comparecer por sí mismos:
1.º En los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y esta no exceda de 2.000 euros, y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta ley.
Tres. Se modifican los puntos 7 y 8 del apartado 2 del artículo 26, que quedan redactados del siguiente modo:
«7.º A pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los honorarios de los Abogados y los correspondientes a los peritos, las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y los depósitos necesarios para la presentación de recursos, salvo que el poderdante le haya entregado los fondos necesarios para su abono.
8.º A la realización de los actos procesales de comunicación, de auxilio y cooperación con los Tribunales, siempre que su representado expresamente así lo solicite.»
Cuatro. Se modifica el punto 1.º del apartado 2 del artículo 31, que queda redactado del siguiente modo:
1.º Los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y esta no exceda de 2.000 euros, y la petición inicial de los procedimientos monitorios conforme a lo previsto en esta ley.»
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 64, que queda redactado del siguiente modo:
«1. La declinatoria se habrá de proponer dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda, y surtirá el efecto de suspender, hasta que sea resuelta, el plazo para contestar y el curso del procedimiento principal, suspensión que acordará el Secretario judicial.»
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 77, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Salvo lo dispuesto en el artículo 555 de esta ley sobre la acumulación de procesos de ejecución, sólo procederá la acumulación de procesos declarativos que se sustancien por los
mismos trámites o cuya tramitación pueda unificarse sin pérdida de derechos procesales, siempre que concurra alguna de las causas expresadas en este capítulo.
Siete. Se modifica el artículo 80, que queda redactado del siguiente modo:
Ocho. Se modifican los apartados 1, 4 y 5 del artículo 135, que quedan redactados del siguiente modo:
«1. En los casos permitidos por las leyes procesales de presentación de escritos y documentos en soporte papel, si ésta estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial.
4. En todo caso, se dará a la parte recibo de los escritos y documentos que presente en soporte papel, con expresión de la fecha y hora de presentación, y número de entrada de registro. Subsidiariamente, la Oficina judicial podrá hacer constar la recepción de escritos y documentos en copia simple presentada por la parte.
5. Cuando las Oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación, envió y normal recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, o cuando los intervinientes opten por estos medios por disponer de los mismos, los escritos y documentos se enviarán por aquellos medios, acusándose recibo del mismo modo, incluyéndose el número de entrada de registro, y se tendrán por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación. En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente.
Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo, por los medios electrónicos a que se refiere este apartado, no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, y siempre que sea posible, se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. El remitente podrá proceder, en este caso, a su presentación en la Oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción.
En los casos de interrupción planificada deberá anunciarse con la antelación suficiente, informando de los medios alternativos de presentación que en tal caso procedan.»
Nueve. Se modifica el artículo 152, que queda redactado del siguiente modo:
2.º El Procurador de la parte que así lo solicite.
A tal efecto, en todo escrito que dé inicio a un procedimiento judicial, de ejecución, o a otra instancia, el solicitante deberá expresar si interesa que los actos de comunicación se realicen por su Procurador. Si no se manifestare nada al respecto el Secretario judicial dará curso a los autos, realizándose tales actos por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Asimismo, serán realizados por estos últimos si los demandados, ejecutados o recurridos no solicitan expresamente en su escrito de personación, que se realicen por su Procurador.
Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando en la diligencia quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona, en el domicilio o en la dirección electrónica habilitada única del destinatario.
A estos efectos, el Procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia quede constancia de su firma y del lugar, la fecha y hora en que se realice.
4.ª En todo caso, por el personal al servicio de la Administración de Justicia, preferentemente a través de medios telemáticos, cuando se trate del Ministerio Fiscal.
5.ª Únicamente por personal al servicio de la Administración de Justicia a través de medios telemáticos o, en su defecto, en la forma prevista en el artículo 11 de la Ley 52/1997, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en aquellos procesos seguidos ante cualquier jurisdicción en los que resulte aplicable dicho precepto.
Adicionalmente, el destinatario podrá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones. En tal caso, con independencia de la forma en que se realice el acto de comunicación, la oficina judicial enviará el referido aviso. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
3. En la cédula se hará constar claramente el carácter judicial del escrito, y expresará el Tribunal o Secretario judicial que hubiese dictado la resolución y el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento, y del Procurador encargado de cumplimentarlo, en su caso, el objeto de éstos y el lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.
5. Reglamentariamente podrán establecerse los supuestos en que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos de todas clases podrán practicarse a través de medios electrónicos con carácter obligatorio y con sujeción, en todo caso, a las disposiciones contenidas en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.»
Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 154, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Los actos de comunicación con los Procuradores se realizarán en la sede del Tribunal, en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores, o directamente a los Procuradores por medios telemáticos.
El régimen interno del servicio común de recepción será competencia del Colegio de Procuradores, de conformidad con la ley.»
Once. Se modifica el apartado 2 del artículo 155, que queda redactado del siguiente modo:
Asimismo, el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, como números de teléfono, de fax, dirección de correo electrónico, o similares, que se utilizarán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 159, que queda redactado del siguiente modo:
Trece. Se modifica el artículo 161, que queda redactado del siguiente modo:
2. Cuando el destinatario de la comunicación sea hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega, el funcionario o Procurador que asuma su práctica, le hará saber que la copia de la resolución o la cédula queda a su disposición en la Oficina judicial, produciéndose los efectos de la comunicación, de todo lo cual quedará constancia en la diligencia.
Si la comunicación se dirigiere al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de éste, la entrega se efectuará a persona que manifieste conocer a aquel o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella.
En la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la
persona que recibe la copia de la resolución o la cédula y la relación de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada.
Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las personas consultadas conociese el actual, éste se consignará en la diligencia negativa de comunicación procediéndose a la realización del acto de comunicación en el domicilio facilitado.
Catorce. Se modifica el párrafo primero del apartado 1 del artículo 162, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación estén obligados a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, o cuando los destinatarios opten por estos medios por disponer de los mismos, los actos de comunicación se efectuarán por aquellos, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.»
Quince. Se modifica el artículo 165, que queda redactado del siguiente modo:
Cuando los actos de comunicación hayan de practicarse según lo dispuesto en el artículo 161 por Tribunal distinto del que los hubiere ordenado, se acompañará al despacho la copia o cédula correspondiente y lo demás que en cada caso proceda.
Dieciséis. Se modifica el apartado 2 del artículo 243, que queda redactado del siguiente modo:
Tampoco serán incluidas en la tasación de costas los derechos de los Procuradores devengados por la realización de los actos procesales de comunicación, y otros actos de cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, y demás actuaciones meramente facultativas, que hubieran podido ser practicadas, en otro caso, por las oficinas judiciales.
En las tasaciones de costas, los honorarios de Abogado y derechos de Procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido que no se computará a los efectos del apartado 3 del artículo 394.»
Diecisiete. Se modifica el apartado 3 del artículo 255, que queda redactado del siguiente modo:
Dieciocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 260, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que reciba la citación, la persona requerida para la práctica de diligencias preliminares podrá oponerse a ellas. En tal caso, se dará traslado de la oposición al requirente, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de cinco días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de esta, podrán solicitar la celebración de vista, siguiéndose los trámites previstos para los juicios verbales.»
Diecinueve. Se modifica el artículo 264, que queda redactado del siguiente modo:
Veinte. Se suprime el apartado 4 del artículo 265 y se modifica el apartado 3 de dicho precepto, que queda redactado del siguiente modo:
«3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el actor podrá presentar en la audiencia previa al juicio o en la vista los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes, relativos al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia sólo se ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación a la demanda.»
Veintiuno. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 336, que quedan redactados del siguiente modo:
«1. Los dictámenes de que los litigantes dispongan, elaborados por peritos por ellos designados, y que estimen necesarios o convenientes para la defensa de sus derechos, habrán de aportarlos con la demanda o con la contestación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 337.
4. El demandado que no pueda aportar dictámenes escritos con la contestación a la demanda deberá justificar la imposibilidad de pedirlos y obtenerlos dentro del plazo para contestar.»
Veintidós. Se modifica el apartado 2 del artículo 338, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Los dictámenes cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la contestación a la demanda o por lo alegado y pretendido en la audiencia previa al juicio se aportarán por las partes, para su traslado a las contrarias, con al menos cinco días de antelación a la celebración del juicio o de la vista, manifestando las partes al Tribunal si consideran necesario que concurran a dichos juicio o vista los peritos autores de los dictámenes, con expresión de lo que se señala en el apartado 2 del artículo 337.
Veintitrés. Se modifican los tres primeros apartados del artículo 339, que quedan redactados del siguiente modo:
2. El demandante o el demandado, aunque no se hallen en el caso del apartado anterior, también podrán solicitar en sus respectivos escritos iniciales que se proceda a la designación judicial de perito, si entienden conveniente o necesario para sus intereses la emisión de informe
pericial. En tal caso, el Tribunal procederá a la designación. Dicho dictamen será a costa de quien lo haya pedido, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas.
Veinticuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 429, que queda redactado del siguiente modo:
La prueba se propondrá de forma verbal, sin perjuicio de la obligación de las partes de aportar en el acto escrito detallado de la misma, pudiendo completarlo durante la audiencia. La omisión de la presentación de dicho escrito no dará lugar a la inadmisión de la prueba quedando condicionada ésta a que se presente en el plazo de los dos días siguientes.
Veinticinco. Se modifica el artículo 437, que queda redactado del siguiente modo:
Veintiséis. Se modifican la rúbrica y el contenido del artículo 438, que quedan redactados del siguiente modo:
En los demás juicios verbales se admitirá la reconvención siempre que no determine la improcedencia del juicio verbal y exista conexión entre las pretensiones de la reconvención y las que sean objeto de la demanda principal. Admitida la reconvención se regirá por las normas previstas en el juicio ordinario.
3. El demandado podrá oponer en la contestación a la demanda un crédito compensable, siendo de aplicación lo dispuesto en el art. 408. Si la cuantía de dicho crédito fuese superior a la que determine que se siga el juicio verbal, el Tribunal tendrá por no hecha tal alegación en la vista, advirtiéndolo así al demandado, para que use de su derecho ante el Tribunal y por los trámites que correspondan.
4. Las partes, en sus respectivos escritos de demanda y de contestación, deberán pronunciarse, necesariamente, sobre la pertinencia de la celebración de la vista. Si ninguna de las partes la solicitase y el Tribunal no considerase procedente su celebración, dictará sentencia sin más trámites.
En todo caso, bastará con que una de las partes lo solicite para que el Secretario judicial señale día y hora para su celebración, dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del trámite de contestación. No obstante, en cualquier momento posterior, previo a la celebración de la vista, cualquiera de las partes podrá apartarse de su solicitud por considerar que la discrepancia afecta a cuestión o cuestiones meramente jurídicas. En este caso se dará traslado a la otra parte por el plazo de tres días y transcurridos los cuales si no se hubieren formulado alegaciones o manifestado oposición, quedarán los autos conclusos para dictar sentencia si el Tribunal así lo considera.»
Veintisiete. Se modifican el título y el apartado 1 del artículo 440, que quedan redactados del siguiente modo:
La citación indicará también a las partes que, en el plazo de los tres días siguientes a la recepción de la citación, deben indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el Secretario judicial a la vista para que declaren en calidad de testigos o peritos. A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación. En el mismo plazo de tres días podrán las partes pedir respuestas escritas a cargo de personas jurídicas o entidades públicas, por los trámites establecidos en el artículo 381.»
Veintiocho. Se modifican la rúbrica del artículo 441 y su contenido, que quedan redactados del siguiente modo:
1. Interpuesta la demanda en el caso del número 3.º del apartado 1 del artículo 250, el Secretario judicial llamará a los testigos propuestos por el demandante y, según sus declaraciones, el Tribunal dictará auto en el que denegará u otorgará, sin perjuicio de mejor derecho, la posesión solicitada, llevando a cabo las actuaciones que repute conducentes a tal efecto. El auto será publicado por edictos, que se insertarán en un lugar visible de la sede del Tribunal, en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en uno de los periódicos de mayor circulación en la misma, a costa del demandante, instando a los interesados a comparecer y reclamar mediante contestación a la demanda, en el plazo de cuarenta días, si consideran tener mejor derecho que el demandante.
4. En el caso del número 10.º del apartado 1 del artículo 250, admitida la demanda, el Tribunal ordenará la exhibición de los bienes a su poseedor, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia a la autoridad judicial, y su inmediato embargo preventivo, que se asegurará mediante depósito,
con arreglo a lo previsto en esta ley. Cuando, al amparo de lo dispuesto en el número 11º del apartado 1 del artículo 250, se ejerciten acciones basadas en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, arrendamiento de bienes muebles o contrato de venta a plazos con reserva de dominio, admitida la demanda el Tribunal ordenará el depósito del bien cuya entrega se reclame. No se exigirá caución al demandante para la adopción de estas medidas cautelares, ni se admitirá oposición del demandado a las mismas. Tampoco se admitirán solicitudes de modificación o de sustitución de las medidas por caución.
Veintinueve. Se modifica el artículo 442, que queda redactado del siguiente modo:
1. Si el demandante no asistiese a la vista, y el demandado no alegare interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, se le tendrá en el acto por desistido a aquél de la demanda, se le impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al demandado comparecido, si éste lo solicitare y acreditare los daños y perjuicios sufridos.
Treinta. Se modifica el artículo 443, que queda redactado del siguiente modo:
Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a mediación o arbitraje. En este caso, el Tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto.
3. Si no se hubieran suscitado las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores si, formuladas, se resolviese por el Tribunal la continuación del acto, se dará la palabra a las partes para realizar aclaraciones y fijar los hechos sobre los que exista contradicción. Si no hubiere conformidad sobre todos ellos, se propondrán las pruebas y se practicarán seguidamente las que resulten admitidas.
Treinta y uno. Se modifica el artículo 446, que queda redactado del siguiente modo:
Contra las resoluciones del Tribunal sobre admisión o inadmisión de pruebas sólo cabrá recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto, y si se desestimare, la parte podrá formular protesta al efecto de hacer valer sus derechos, en su caso, en la segunda instancia.»
Treinta y dos. Se modifica el párrafo 1 del apartado 1 del artículo 447, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Practicadas las pruebas, el Tribunal podrá conceder a las partes un turno de palabra para formular oralmente conclusiones. A continuación, se dará por terminada la vista y el Tribunal dictará sentencia dentro de los diez días siguientes. Se exceptúan los juicios verbales en que se pida el desahucio de finca urbana, en que la sentencia se dictará en los cinco días siguientes, convocándose en el acto de la vista a las partes a la sede del Tribunal para recibir la notificación, que tendrá lugar el día más próximo posible dentro de los cinco siguientes al de la sentencia.»
Treinta y tres. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 514, que quedan redactados del siguiente modo:
Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 540, que queda redactado del siguiente modo:
Treinta y cinco. Se modifica el punto 3 del apartado 3 del artículo 551, que queda redactado del siguiente modo:
«3.º El contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor; en los casos en que la ley establezca este requerimiento, y si este se efectuara por funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial o por el Procurador de la parte ejecutante, si lo hubiera solicitado.»
Treinta y seis. Se modifica el punto 3º del apartado 1 del artículo 559, que queda redactado del siguiente modo:
Treinta y siete. Se modifica el último párrafo del artículo 560, que queda redactado del siguiente modo:
Treinta y ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 617, que queda redactado del siguiente modo:
Treinta y nueve. Se modifica el apartado 3 del artículo 641, que queda redactado del siguiente modo:
Cuarenta. Se modifica el artículo 715, que queda redactado del siguiente modo:
Si, dentro del plazo legal, el deudor se opusiera motivadamente a la petición del actor, sea en cuanto a las partidas de daños y perjuicios, sea en cuanto a su valoración en dinero, se sustanciará
la liquidación de daños y perjuicios por los trámites establecidos para los juicios verbales, pero podrá el Tribunal que dictó la orden general de ejecución, mediante providencia, a instancia de parte o de oficio, si lo considera necesario, nombrar un perito que dictamine sobre la efectiva producción de los daños y su evaluación en dinero, tras la presentación del escrito de impugnación de la oposición. En tal caso, fijará el plazo para que emita dictamen y lo entregue en el Juzgado y la vista oral no se celebrará hasta pasados diez días a contar desde el siguiente al traslado del dictamen a las partes.»
Cuarenta y uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 794, que queda redactado del siguiente modo:
Cuarenta y dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 800, que queda redactado del siguiente modo:
Cuarenta y tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 809, que queda redactado del siguiente modo:
Cuarenta y cuatro. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 815, que queda redactado del siguiente modo:
El Juez, en caso de realizar tal apreciación, celebrará una vista, con citación de ambas partes, dentro de los quince días siguientes, conforme a lo previsto en los artículos 440 y siguientes, en la que sólo se admitirán las pruebas que versen sobre el carácter abusivo o no de la cláusula. Finalizada la vista, resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Para dicho trámite no será preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.
El auto que se dicte, que será directamente apelable en todo caso, producirá efectos de cosa juzgada.»
Cuarenta y cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 818, que queda redactado del siguiente modo:
Cuarenta y seis. Se modifica el artículo 826, que queda redactado del siguiente modo:
Presentado por el deudor escrito de oposición, el Secretario judicial dará traslado de él al acreedor para que lo impugne por escrito en el plazo de diez días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de esta, podrán solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los artículos 438 y siguientes para el juicio verbal.
Disposición adicional única. Utilización de medios telemáticos.
1. A partir del 1 de enero del 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales, que aún no lo hicieran, estarán obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de los artículos 6.3 y 8 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Para garantizar la efectividad de esta disposición, las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia deberán dotar, con anterioridad a dicha fecha, a las oficinas judiciales con funciones de registro, de los medios electrónicos adecuados en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 18/2011.
2. Los Colegios de Procuradores habilitarán los medios necesarios y colaborarán con la Administración de Justicia para garantizar la recepción por medios telemáticos de notificaciones por todos sus profesionales en cualquier parte del territorio nacional, independientemente del Colegio de Procuradores de adscripción al que pertenezcan.
Los procesos de juicio verbal y los demás que resulten afectados y que estuvieran en trámite al tiempo de la entrada en vigor de la presente ley se continuarán sustanciando, hasta que recaiga sentencia, conforme a la legislación procesal anterior.
Disposición transitoria segunda. Procesos monitorios.
1. La modificación del artículo 815 será de aplicación a los procesos monitorios que se inicien tras la entrada en vigor de esta ley.
2. Los procedimientos monitorios que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta ley serán suspendidos por el Secretario judicial cuando la petición inicial se fundamente en un contrato entre
un empresario o profesional y un consumidor o usuario. En este caso, dará inmediatamente cuenta al Tribunal quien, si apreciase la posible existencia de cláusulas abusivas, realizará la vista a la que deberán ser citadas ambas partes y se seguirá el trámite del juicio verbal, con posibilidad de proponer y realizar prueba, exclusivamente sobre la materia de acuerdo con lo previsto en el artículo 815. Si el Tribunal no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así ordenando el alzamiento de la suspensión acordada y la continuación del procedimiento.
Disposición transitoria tercera. Nuevas funciones atribuidas a Procuradores.
Disposición transitoria cuarta. Práctica de las notificaciones.
Transitoriamente, hasta que estén disponibles los medios técnicos necesarios para que los Procuradores puedan recibir las notificaciones en la forma descrita en la disposición adicional única, se podrán seguir practicando en la sede del Tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores. El Colegio de Procuradores radicado en el ámbito territorial en el que se encuentre el órgano u oficina notificante, asume la obligación de remitir las comunicaciones, notificaciones y, en su caso, documentación que las acompañe al Procurador que esté colegiado fuera de dicho ámbito territorial. Cuando se trate de expedientes administrativos o autos procesales, el Secretario judicial podrá acordar, en atención a sus características o por concurrir causa justificada, que sean consultados en la sede del Tribunal o directamente retirados de la misma por las partes.
En particular, queda derogada la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.
El Código Civil queda modificado como sigue:
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
Se modifica el apartado 1 del artículo 11, que queda redactado del siguiente modo:
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Se modifica el apartado 1 del artículo 33, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con la Administración de Justicia, sea o no por medios electrónicos. No obstante, se podrá establecer legal o reglamentariamente la obligatoriedad de comunicarse con ella utilizando solo medios electrónicos cuando se trate de personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la propiedad horizontal.
Se modifica el apartado 2 del artículo 13, que queda redactado del siguiente modo:
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación procesal.
La disposición final primera y cuarta se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.º de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación civil.
La disposición final segunda se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, establecidas en los artículos 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.
La disposición final tercera se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.
Disposición final sexta. Modificaciones y desarrollos normativos.
El Gobierno llevará a cabo las modificaciones y desarrollos normativos que sean necesarios para la ejecución de la presente ley.
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado».

References: artículo 148
 artículo 26
 artículo 11
 artículo 815
 artículo 1964
 artículo 1973
 artículo 23
 artículo 26
 artículo 31
 artículo 64
 artículo 77
 artículo 555
 artículo 80
 artículo 135
 artículo 152
 artículo 11
 resolución 
 artículo 154
 artículo 155
 artículo 159
 artículo 161
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 162
 artículo 165
 artículo 161
 artículo 243
 artículo 394
 artículo 255
 artículo 260
 artículo 264
 artículo 265
 artículo 336
 artículo 337
 artículo 338
 artículo 337
 artículo 339
 artículo 429
 artículo 437
 artículo 438
 artículo 440
 artículo 381
 artículo 441
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 442
 artículo 443
 artículo 19
 artículo 446
 artículo 447
 artículo 514
 artículo 540
 artículo 551
 artículo 559
 artículo 560
 artículo 617
 artículo 641
 artículo 715
 artículo 794
 artículo 800
 artículo 809
 artículo 815
 artículo 818
 artículo 826
 artículo 30
 artículo 815
 artículo 815
 artículo 11
 artículo 33
 artículo 13
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149