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Timestamp: 2020-07-15 09:52:40+00:00

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Circunstancias extraordinarias de atenuación (art. 80 in fine C.P.), posibilidad de su aplicación al delito de lesiones graves. Una larga separación de hecho aun conviviendo es asimilable a disolución del vínculo.
Causa Nº 26.178, caratulada "L., N. O. s/ Recurso de Casación".
Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, rta. 10 de noviembre 2009.
En la ciudad de La Plata a los diez días del mes de noviembre del año dos mil nueve, siendo las ............ horas, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Horacio Daniel Piombo, Benjamín Ramón Sal Llargués y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa Nº 26.178 de este Tribunal, caratulada "L., N. O. s/ Recurso de Casación". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden siguiente: SAL LLARGUES – PIOMBO (art. 451 in fine del CPP según ley 13.812), procediendo los nombrados magistrados al estudio de los siguientes:
Por sentencia de 6/11/2006 el Tribunal en lo Criminal nº3 del Departamento Judicial San Martín en causa de su registro Nº 1576 y acumulada, condenó al imputado del epígrafe a la pena de prisión perpetua encontrándolo autor penalmente responsable del delito de lesiones graves calificadas por el vínculo en concurso real con homicidio agravado por el vínculo.
Contra el fallo de referencia interpuso recurso de casación su defensor oficial, Dr. Fernando Luis Lagares, alegando arbitraria tipificación de los hechos en infracción a los arts. 210 y 373 del CPP y 80 inc. 1º y último párrafo del CP.
Ofrece fundamento a su queja atribuyéndole al a quo confusión conceptual al asimilar una circunstancia atenuatoria -planteada por la parte-, con una eximente de responsabilidad. En este punto se refiere a las conclusiones de la pericia psicológica de la lic. Orgatti y su posterior declaración en el debate.
Denuncia también que la no controversia y probada circunstancia de la ingesta de bebidas alcohólicas por el imputado no fue relevada como atenuante, con exhibición de fundamentación aparente mediante una enumeración -no exenta de errores, sostiene y detalla- de lo manifestado por el imputado en el debate.
Critica la valoración del informe médico de fs. 9/vta. de la IPP en infracción a lo dispuesto por el art. 366 inc. 4º CPP.
Asimismo rebate se haya rechazado el hecho de que la separación de los cónyuges autorizara la aplicación del art. 80 in fine CP y -enfatiza- contrariando la prueba producida en debate el juzgador haya negado "el retroceso del vínculo matrimonial", o sea la separación de hecho misma. En este ítem ofrece la producción de prueba testimonial en esta sede por parte de los hijos del imputado y la víctima.
Por último se agravia de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 CP por omisión de tratamiento de atenuantes.
Finaliza su presentación solicitando la aplicación de la figura atenuada y se recepten las pautas minorantes planteadas por la defensa.
Concedido el recurso y radicado en esta Sala, la impugnación fue declarada prima facie formalmente admisible, y se rechazó el ofrecimiento de prueba por improcedente.
Las partes técnicas ante el Tribunal desistieron de la celebración de audiencia para mejorar en derecho y presentaron sendos memoriales. El Sr. Defensor Adjunto, Dr. Hernández, manteniendo en un todo la impugnación original y abundando en el concepto de las circunstancias extraordinarias de atenuación y su concurrencia en este caso, a la par que su recepción en antecedentes de este Tribunal. A todo evento formula planteo del caso federal a tenor del art. 14 de la ley 48. El Sr. Fiscal Titular, Dr. Altuve, por su parte manifestó propiciando el rechazo del remedio y abogando por la corrección lógica y jurídica del fallo en crisis.
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación deducido por la defensa?
Se controvierte sentencia definitiva en los términos del art. 450, se han cumplido los extremos que contempla el art. 451 y se invocan motivos de los contenidos en el art. 448, todos del ceremonial penal.
Recientemente, he tenido oportunidad de referirme a estas circunstancias extraordinarias de atenuación sobre las que ya como Juez de la Cámara de Apelación del Departamento Judicial Capital me pronunciara en el sentido en que ahora lo postula el reclamante: una larga separación de hecho en el contexto de una convivencia imposible, es sinónimo de disolución material del vínculo que –como con el acompañamiento del Dr. Piombo– señaláramos que se limitaba a una mera constancia registral sin contenido vivencial alguno.
Sostuve en causa n° 26.850: "Las "circunstancias extraordinarias de atenuación" a que alude la norma en trato es fruto de la razonabilidad republicana que en ocasiones exhibe como excesiva la pena contemplada en el artículo 80 C.P. para supuestos en que los sujetos activo y pasivo resulten parientes en los modos y grados allí contemplados.
En ocasiones y sin pretender un análisis omnicomprensivo de las mismas, pueden ser representativas de un menor grado de injusto o –en cambio– significar un supuesto de imputabilidad disminuida. En efecto, operando respecto de uno de los más ancestrales motivos de agravación del homicidio como es cierto parentesco cercano, se exhiben como circunstancias endógenas al autor que no revela la plena capacidad psíquica de ser culpable o resultan exógenas al mismo por devastación de alguno de los elementos del tipo sistemático. En cualquier caso representan una clara derivación de ese privilegio agravatorio y apuntan a paliar lo que –como se dijo- constituiría una irrazonabilidad.
En el primero de los casos, máxime cuando se ha descartado la emoción violenta (que ha sido una de las razones del legislador al incluirlas en el catálogo de los homicidios calificados por el vínculo), el sujeto activo exhibe déficits en el grado de comprensión de la antijuridicidad y –sobre todo– en el modo en que esa menguada percepción del carácter injusto de lo que se está haciendo puede operar sobre los frenos inhibitorios del mismo condicionando una respuesta adecuada: el umbral de autodeterminación del sujeto se reduce cuando su capacidad de comprensión de la antijuridicidad está afectada por alguna circunstancia extraordinaria que debe tomarse en cuenta para minusvaluar el reproche.
En el segundo supuesto, es exógeno al sujeto –por caso- que el vínculo parental (que es lo que agrava el homicidio) haya quedado reducido a una mera constancia registral carente de todo valor real. En este supuesto el derecho penal de la República y para un estado de derecho no puede conformarse con una aserción meramente formal para sancionar a su autor con la más grave de las penas que contempla.
En el punto el fallo presenta algunas falencias que –en beneficio del recurrente– cabe enmendar.
Al momento de hacer la declaración de la concurrencia de estas extraordinarias circunstancias el fallo alude a las que serían claras causas de disminución de la imputabilidad (el desquicio en las relaciones de familia, la pérdida del empleo como las instigaciones de que fuera objeto) a lo que agrego la caracterización que el propio fallo ha hecho del imputado al tiempo de descartar la emoción excusable considerándolo violento, impulsivo e intemperante como lo hace más adelante relevando su condición patriarcal, su celotipia, su negativa a aceptar que su mujer trabajara.
Esto, que es reconocer la justicia del fallo en punto a declarar esa concurrencia extraordinaria, importa además enmendarlo cuando descarta que haya habido una predeterminación del sujeto activo al delito por el que se lo pena. Son muchas las citas del propio fallo a la ominosa realidad de que el acto final era el cumplimiento de una promesa reiteradamente anunciada. Se ha tratado de un crescendo en que el homicidio tentado en el primer hecho por el que se condena a Távez se concreta en el segundo intento.
Me hago cargo de que no está estipulada legalmente la causal de disminución de la penalidad a propósito de la concurrencia de circunstancias extraordinarias de atenuación respecto de las lesiones graves pero ello –por análisis hermenéutico– no puede ser óbice para reconocer su viabilidad. En efecto, del mismo modo que la emoción violenta que las circunstancias hicieren excusable el homicidio simple (art. 81 1° a) C.P.) se extiende a los supuestos del homicidio calificado por el parentesco (art. 82 en su reenvío a las normas de los arts. 80 inc. 1° y 81 1° a) todos del C.P.) y a las lesiones dolosas en todos sus grados (art. 93 C.P.) por representar un caso claro de imputabilidad disminuida, ninguna razón impide (en rigor la razonabilidad republicana lo exige) extender la consideración de estas circunstancias extraordinarias a estas afectaciones menores al mismo bien jurídico.
En consecuencia cabe reducir la penalidad en las lesiones graves calificadas por el vínculo del mismo modo que el Código lo hace respecto del homicidio (art. 82), esto es, remitiendo a la penalidad para las lesiones dolosas simples de los artículos 89, 90 y 91 del mismo texto...".
La exacta correspondencia entre este precedente y el que tenemos en examen anticipan mi respuesta por la afirmativa.
Nótese que –como en aquella– aquí también se trató del cumplimiento de la promesa anunciada que nadie vio o nadie dimensionó en su justa medida.
El a quo ha descartado la solución que se propicia puesto que se mantiene enhiesto el vínculo civil de los esposos. La realidad cotidiana demuestra cómo ese privilegio cada día se desmerece y subvalúa a la luz de la innumerable cantidad de parejas que se unen sin acudir al vínculo civil sin mengua de los valores que fundan una unión de cuerpos y almas. Este privilegio, que lo es en el único modo de considerar la unión civil, es reflejo de una consideración de la unión matrimonial que –mal que nos pese– se bate en retirada.
Y esto no puede redundar en una irrazonabilidad tal como la de penar a alguien con la máxima pena amenazada por el sistema cuando en la realidad nada queda de ese vínculo sino sólo su registro en un acta formal.
De la mano de esta realidad a que aludo se ve cómo se abren camino nuevas versiones de lo que es la pareja y –consecuentemente– queda desleída su única y exclusiva formulación más tradicional, el matrimonio civil, reconociendo paulatinamente el Estado otros vínculos diferentes. Nótese que no me he referido a los vínculos parentales de sangre aún cuando ellos también plantean ciertas perplejidades como aquella que excluye a los hermanos del privilegio de la norma en trato. Pero todo esto es harina de otro costal.
Firmes las pautas para graduar la sanción que diera recepción el a quo en su pronunciamiento en las cuestiones cuarta y quinta del veredicto, cabe estimar la pena a aplicar. Dos consideraciones sobre el punto: la escala del homicidio en las formas del art. 80 C.P. es inelástica pero ello no aventa la necesidad de tratar las circunstancias a que aluden los artículos 40 y 41 puesto que una pena en principio indivisible (tal seria una perpetua) puede –como en el caso– trocar por otra divisible. Dicho lo precedente, no pueden incorporarse las agravantes que con ese argumento descartara el a quo.
Por ello propicio la casación del fallo, su recalificación por la de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación y fijar la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas.
Visto el modo en que han sido resueltas las cuestiones precedentes, corresponde: 1) declarar admisible el recurso de casación intespuesto por el defensor oficial, doctor Fernando Luis Lagares, en favor de N. O. L.; 2) por los fundamentos dados, casar parcialmente la sentencia de grado, y recalificar los hechos en la figura de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, fijando la pena para N. O. L. en quince (15) años de prisión, accesorias legales y costas, dejando intactas las demás declaraciones contenidas en el fallo, sin costas en esta instancia. (Arts. 448, 450, 451, 456, 460, 530 y 532 del C.P.P.; 40, 41 y 80 del C.P.); 3) tener presente la reserva del caso federal conforme artículo 14 de la ley 48.
I.- Declarar admisible el recurso de casación intespuesto por el defensor oficial, doctor Fernando Luis Lagares, en favor de N. O. L.
II.- Por los fundamentos dados, casar parcialmente la sentencia de grado, y recalificar los hechos en la figura de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, fijando la pena para N. O. L. en quince (15) años de prisión, accesorias legales y costas, dejando intactas las demás declaraciones contenidas en el fallo, sin costas en esta instancia.
Arts. 448, 450, 451, 456, 460, 530 y 532 del C.P.P.; 40, 41 y 80 del C.P..
III.- Tener presente la reserva del caso federal conforme artículo 14 de la ley 48.
IV.- Regístrese. Notifíquese. Remítanse las actuaciones principales con copia certificada del presente al Tribunal de origen.
HORACIO DANIEL PIOMBO - BENJAMIN RAMON SAL LLARGUES
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in fine
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 artículo 80
 artículo 14
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