Source: http://energahambredetodounpoco.blogspot.com/2009/05/
Timestamp: 2017-12-16 16:39:46+00:00

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energía.hambre.de todo un poco!: mayo 2009
el increíble testimonio de Ximena Bedregal de su "pereginación al calvario..." parece un cuento de Ripley para figurar en Guiness. Aparece en bolpress
¿Para qué sirve la Resolución Ministerial 0316? A nosotras, las víctimas y familiares de los desaparecidos, para obligarnos a un nuevo vía crucis. Al gobierno y sus funcionarios, para adornarse con una mentira.
Pues bien, como por un lado entro claramente dentro de ambas definiciones que se estipulan en la Resolución Ministerial 0316: "víctima" de la dictadura y "familiar de víctima" y por otro se dice y se repite, en boca de vicepresidente, ministros y viceministros, en pantallas de medios electrónicos y en páginas de periódicos, que con esa resolución ministerial No 0316, el gobierno boliviano "ha abierto los archivos de las dictaduras a víctimas y familiares"; como se dice y se repite que habiéndose dado una "solución" las huelguistas de hambre, que hoy sábado 30 de mayo cumplen 26 días de ayuno en demanda de la desclasificación de los archivos militares, mantienen su huelga por terquedad e inflexibilidad, decidimos, junto a mi prima Verónica (también hermana del desaparecido Carlos Flores Bedregal) hacer todos los trámites que ahí se estipulan y ver por nosotras mismas el alcance y lo que nos permitiría la famosa Resolución 0316.
Primero: demostrar "ante el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas nuestro legítimo interés con la documentación que acredite este interés legítimo". ¿Qué será eso de "legítimo interés", cómo puedo demostrarlo, con cual documentación? Evidentemente no tengo ni nunca existió alguna orden de detención, tampoco tengo copias o grabaciones de las torturas, ninguno de mis interrogadores y torturadores me dio un autógrafo que pruebe su valiente participación golpeando a una joven de 25 años, 40 kilos y 1,55 mts. de estatura, ni menos aún me extendieron un certificado de víctima para usarlo en el futuro.
Mientras pensaba esto también me pregunté otras dos cosas, la primera, seguramente muy banal para el pragmatismo político de los funcionarios ¿Soy yo, la víctima la que tiene que investigar los crímenes de Estado de una dictadura, es que nosotros/as las víctimas tenemos que hacer lo que le corresponde al Estado democrático? ¡Caramba -me dije-, aquí hay algo que está muy, pero muy mal, nos están transfiriendo lo que ellos deberían hacer! Y la segunda pregunta que me hice/hago es: ¿Tengo que mostrar mi "legitimo interés" ante la misma institución que me apresó y torturó? Porque entre mis torturadores bolivianos estuvieron el Comandante Mena, un tal "Benavides" que era, además de jefe del DOP, miembro del cuerpo de inteligencia del ejército y otro al que le decían "el perro" que resultó ser de los agentes torturadores y paramilitares pagados en la nómina de las fuerzas armadas.
Hicimos nuestra carta y fuimos al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas a solicitar entrar. Nos dijeron que "ese tipo de trámites hay que hacerlos antes de las 4 y eran las 4 y 40". El jueves regresamos y "no atendían porque estaban celebrando su aniversario". Tercas como las huelguistas, regresamos ayer viernes y dos amables y tímidos conscriptos nos dijeron "nada hemos recibido hoy, ni correspondencia podemos estar recibiendo, no hay nadies pues, no ve que esta semana hay celebraciones desde el otro día. Mejor la otra semana vuelvan nomás pues"
Siguiente requisito: "Estar acompañada de un funcionario del Ministerio de Justicia". ¡Caramba! Y para lograr esa dama o damo de compañía ¿Qué habrá que hacer? Decidimos que veríamos el vaso medio lleno y que haríamos como que creemos en ese discurso de que se iba a "facilitar todo", a si que optamos primero por lo que sería lo más efectivo: llamar por teléfono a la oficina de la Viceministra de Justicia.
Lo hicimos de inmediato. La señora viceministra, nos informó su secretaria, "está muy ocupada, no puede atenderlas ahora". Le explicamos quienes éramos, para qué la buscábamos. Nos dijo que "entendía, pero que como estaba tan ocupada y el lunes salía de viaje, que le dejáramos nuestro teléfono y que nos devolverían la llamada a la brevedad". Así lo hicimos pensando que como una de las que pedía el cumplimiento de la resolución, que tanto y tan vehementemente había defendido la ministra de Justicia, era la hermana de una de las huelguistas de hambre, seguramente sería ágil en tratar de demostrar que la resolución servía para entrar a los archivos.
--¿Señorita, y cuando recibirá esto la ministra?
-- Mire señora, esto sigue el curso interno
-- ¿Y eso como cuánto tiempo tomará?
-- Puede ser rápido o puede que no, eso depende
-- Señorita ¿y nos puede decir cuando tendremos una respuesta a esta carta?
-- Hay señora, no le puedo decir pues, pero le recomiendo pues que se de su vueltita cada dos o tres días a ver si ya hay algo ¿no ve?, así siempre es esto pues....
-- ¡Hay, no sabe usted señora como me gustaría acompañarlas en tan humanitaria acción, pero no tengo tiempo!, sin embargo las voy a remitir con mi colega la Dra. Eulalia XXX.
-- Bueno, si son muchas horas yo haría un precio especial "humanitario" de "sólo 150 bolivianos la hora"
Después de insistirnos en que teníamos que llevar "testigos para demostrar el legítimo interés que nos pedía la resolución" y de nosotras reiterarle que el caso de la desaparición de Carlos era público y que hasta había un juicio de 16 años y que en mi caso no tenía testigos vivos de haber estado presa en el DOP, aceptó acompañarnos al Estado Mayor al día siguiente a las 14.30 horas y pidió que la recogiéramos y la lleváramos.
-- ¡Hay señora, bien ocupadita esta pues la doctorcita, no se a qué hora siempre ha de estar llegando!
¿Qué nos dijo? "¡Cierto, habíamos quedado! ¿no ve? pero bien ocupada estoy pues ahora, mejor déjeme usted su teléfono con mi secretarita y cuando tenga tiempito las voy a estar llamando...".
-- ¿Ustedes son del equipo de la huelga, no ve?
-- Señorita, eso nada tiene que ver, sólo queremos que nos asignen un acompañante para cumplir con la Resolución Ministerial No 0316
--- Piiip, piiip, piiip, cortaron o se cortó el teléfono. ¿Cómo asegurar una u otra cosa? Pero lo cierto es que al volver a marcar e insistir ya no nos contestaron más esa tarde ante lo cual hicimos una cartita escrita con la solicitud y la llevamos personalmente.
-- ¿señorita, y cuando estará designada la persona que nos acompañe?
-- Esto es rápido, esta tarde se reúne el directorio y seguro que ya lo ven y les llamamos.
Está demás decir que hasta hoy no hay llamada ni designación alguna aunque sabemos bien que el directorio se ha estado reuniendo porque tanto su director, el obispo Rolando Villena como el gobierno, han anunciado que el martes 2 de junio entrarán juntitos a hacer la "primera visita a los archivos".
¡Prepárense colegas periodistas! El martes van a tener la foto oficial con ministros, generales de las Fuerzas armadas y Asamblea Permanente de Derechos Humanos mirando algunas cajitas de papeles del ejército en la oscura sección segunda, pero no olviden voltear hacia afuera colegas, donde seguiremos nosotras las víctimas haciendo colas, entregando solicitudes y esperando que nos designen damos de compañía para ver los papeles que el gobierno dice "fueron destruidos, que no existen más". No sería de extrañar que una hora antes del show llamen a alguna de nosotras para que "los acompañemos" porque si alguna víctima sale en la foto de inauguración oficial aparecerían con su farsa legitimada.
el huevo o la gallina? fue masacre porque no había estado de sitio. entonces dice Sheifert los 58 muertos de Evo es masacre. no hubo estado de sitio
Las acciones que realizaron las Fuerzas Armadas en octubre de 2003 respondieron a una "orden expresa" del capitán general de la República, el entonces Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, según dijo el abogado de la defensa del ex mando militar, Erich Seifert.
El abogado dijo que una de las bases de la acusación presentada por la Fiscalía es el hecho de que el gobierno de Sánchez de Lozada "no emitió un Estado de Sitio", por lo que las acciones de las fuerzas militares no estarían amparadas en el marco legal.
Seifert respondió indicando que, dentro de esa misma lógica, "las 58 muertes durante el gobierno de Evo Morales son igualmente de responsabilidad del Alto Mando actual", pues señaló que el actual gobierno "nunca declaró Estado de Sitio para movilizar a las Fuerzas Armadas en diferentes ocasiones donde hubo fallecidos y trágicas consecuencias".
"El año 2003 las Fuerzas Armadas cumplieron una orden que les dio el Capitán General de la República, a través de un Decreto Supremo que declaró estado de emergencia ante la situación de sedición que existía, actuaron bajo órdenes escritas como corresponde. Las Fuerzas Armadas no intervienen en el accionar o determinaciones políticas, sólo fueron un brazo operativo ante la situación de convulsión social", acotó Seifert.
"Si comparamos los hechos la Fiscalía tendría que someter a juicio a Evo y al actual Alto Mando Militar por las muertes en Oruro, Cochabamba, Sucre y Pando porque no existió un Estado de Sitio y menos una orden expresa y escrita del Presidente como en el caso de mis defendidos", apuntó el abogado de los jefes militares.
El jurista reiteró que el juicio por el caso "octubre negro" tiene un "carácter político más que jurídico", dado que -desde su óptica- las acciones que tomaron el 2003 fueron destinadas a restablecer la ley y el orden y proteger las vidas de cientos de miles de civiles. Dichas acciones -sostuvo- eran entonces y todavía son hoy protegidas por la Constitución.
Por el caso "octubre negro" están siendo procesados los ex jefes militares: Roberto Claros, Juan Veliz, José Quiroga,. Luis Aranda y Gonzalo Rocabado Por su parte, los ex ministros y también co-acusados, Dante Pino Archondo y Erick Reyes Villa coincidieron en señalar que el año 2003 no tuvo lugar "una masacre", sino que las víctimas civiles fueron el resultado de un "enfrentamiento".
"Según la lectura de la acusación hubo un uso de la fuerza en un momento de convulsión social, ahora bien, la víctimas producto de esa convulsión social deberían tener un defensor que se preocupe de probar en este juicio con elementos objetivos la situación de cada uno de los muertos y heridos", afirmó Dante Pino.
tras la corrupción millonaria en Yacimientos, en Caminos, ahora se dan señales negativas en Entel. O sea donde se pone el dedo salta el pus. Price Wat
En estos momentos es oportuno mirar al estado de Entel como al Estado en Entel. La situación financiera de Entel es la que más puede preocupar ahora a la ciudadanía porque es el Estado el que tiene la propiedad de esta empresa y los resultados que obtiene dan una idea de lo que ocurre con la administración estatal en ésta como en otras empresas nacionalizadas.
Los estados financieros auditados de Entel permiten deducir que hay todavía desajustes en la nueva administración. El principal aspecto que se destaca de la auditoría realizada por la empresa Price Waterhouse Coopers es: “no expresamos una opinión sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2008”.
Una terminación que generalmente tiene una connotación negativa porque los auditores no aprueban o desaprueban los estados financieros auditados, sea la empresa que sea la auditada. Lo más serio que pueden concluir acerca de la gestión financiera de una empresa que no cumple las “normas contables generalmente aceptadas” es “no expresamos una opinión”.
Por lo que se ve, existen varios elementos que han inducido a esta negación. Hay partidas pendientes de conciliación con los bancos que no permiten identificar depósitos por Bs24 millones que afectan la disponibilidad de dineros que tiene la empresa. Se mencionan distintas diferencias en otras cuentas que deben ser necesariamente conciliadas así como están ausentes ajustes en los inventarios y varias deficiencias en los sistemas de control interno de los activos fijos.
También se mencionan aspectos referidos a la no contabilización de “pasivos por contingencias fiscales por aproximadamente Bs864.000.000; contingencias laborales por aproximadamente Bs16.700.000; y contingencias civiles por Bs385.000, que según la Gerencia de Asuntos Legales y Societarios tienen la posibilidad de finalización poco probable a favor de la empresa.” Esta forma de “posibilidades poco probables” muestra una vieja y consolidada práctica de perder juicios de las entidades públicas aunque tengan la razón debido a que ellas incluyen jugosas sumas de costas legales. Esta no es la única “posibilidad poco probable”, existe otra con la Superintendencia de Telecomunicaciones por Bs10.800.000.
Entre otros aspectos no dilucidados, la auditoría se refiere a que todavía no se ha resuelto el pago reclamado por Euro Telecom International NV por la liquidación final con esta empresa extranjera. Queda pendiente el arbitraje en el que Bolivia no acepta la participación del CIADI por no considerarlo imparcial. Son $US. 350 millones por esclarecer.
Finalmente, los resultados muestran que la empresa Entel nacionalizada ha obtenido menores utilidades en 2008 que en 2009. Diferencia que se aproxima a los $US.30 millones. Si esta es la forma en que se esperaba retener los recursos en Bolivia en vez que se los lleve una transnacional, no es un objetivo que se esté logrando eficientemente y así no se da la mejor cara a la nacionalización.
palo santo nos está mostrando que el cacique canciller podrá leer en las piedras, pero de política internacional no entiende un comino. del sitio: EJ.
De lo que se trata en suma es de hacer quedar en ridículo a Morales haciéndole meter la pata en toda ocasión que se presente. Cómplice de esta conspiración es él mismo, es decir, su aguda incontinencia verbal y que con un gesto de resignación describía muy bien el presidente peruano al decir “Evo es así, no va a cambiar”.
El presidente “indígena” supone que sus malacrianzas también tienen que ser tolerados en el ámbito internacional y por eso no busca un adecuado asesoramiento antes de lanzar sus amenazas y queda en ridículo y, lo que es peor, hace quedar en esa misma situación a Bolivia.
con gran satisfacción repetimos el valioso editorial de La Razón sobre MARCIAL FABRICANO torturado por el MAS inhumana y cruelmente
Campesinos que golpean a campesinos, gremiales que golpean a parlamentarios, indígenas que flagelan a indígenas, periodistas que insultan a periodistas. La Bolivia de la confrontación permanente y de la intemperancia tiene ahora un crítico: Marcial Fabricano.
Si hay un nombre que representa el empuje y el sacrificio de los pueblos indígenas del oriente para ser reconocidos por el resto del país y para hacer conocer sus demandas históricas, es el de Marcial Fabricano, quien, a principios de la década de los 90, puso el debate de convocar a una Asamblea Constituyente para lograr una CPE más inclusiva.
No fueron ni quechuas ni aymaras los que plantearon al país la necesidad de elaborar una nueva Constitución, sino los indígenas del oriente en aquella épica marcha de 1991. Fabricano encabezó esa movilización que conmovió a los bolivianos y permitió conocer a los indígenas que habían sido ignorados.
En la construcción de la historia del país hubo y hay bolivianos, que contribuyeron significativamente al país. La lista de aquellos es enorme y si sólo recordamos a quienes en los últimos años apoyaron a consolidar nuestra democracia, podremos mencionar —entre algunos de ellos— a Huáscar Cajías, desde la Corte Nacional Electoral; Víctor Hugo Cárdenas, con la participación popular; Juan del Granado, con su papel en el juicio al dictador García Meza; el propio presidente Evo Morales, dando inicio a un proceso de cambios históricos, o Rubén Costas, con el proceso autonómico, y, por supuesto, Marcial Fabricano. Muchos no son mencionados en esta página, pero el asunto, hoy, es la flagelación que ha sufrido un boliviano.
Fabricano fue quien impulsó la aprobación de una Ley INRA, aquella que estableció la creación de las Tierras Comunitarias de Origen, o la Ley Forestal. Junto a los pueblos del oriente, el dirigente planteó un discurso de reconciliación y no de violencia.
Sin embargo, este boliviano de la región amazónica fue flagelado por un grupo de indígenas vinculados al oficialismo, que lo acusan de haber apoyado al movimiento autonómico del Beni. Fue golpeado hasta quedar inconsciente y luego tuvo que ser atendido en terapia intensiva.
Sus torturadores lo acusan de no apoyar la nueva Constitución y alegan que recibió el castigo que la justicia comunitaria establece para inconductas en las que habría incurrido. Los corregidores que procedieron a los latigazos expusieron algo que ya se temía, que esa justicia comunitaria dista de ser ecuánime, afecta los derechos humanos y parece ser arcaica.
Pero lo que tendría que preocupar a los bolivianos es la tendencia que ha surgido de considerar que quien piensa de manera diferente del Gobierno y sus seguidores merece la más dura sanción. Una especie de inquisición que se aplica en todas partes contra quienes se atreven a disentir con las creencias apoyadas por el partido de gobierno.
Fabricano se ha convertido en un nuevo símbolo en Bolivia. De haber sido el estandarte del movimiento indígena que exigía una Asamblea Constituyente, ha pasado a ser un ciudadano víctima del autoritarismo y una razón para exigir el respeto a la libertad de pensamiento y acción.
Campesinos que golpean a campesinos, gremiales que golpean a parlamentarios, indígenas que flagelan a indígenas, periodistas que insultan a periodistas, policías que no admiten el escepticismo. La Bolivia de la confrontación permanente y de la intemperancia tiene ahora un crítico: Marcial Fabricano. Toda la solidaridad para este líder indígena.
como "la ley del azote" caracteriza El Deber, el atroz suplicio que padeció un dirigente indígena por no comulgar con el originario presidente. imagen
En carne propia un indígena, supuestamente de esa clase que vive la hora gloriosa de las reivindicaciones, en el presente caso ex ejecutivo de los suyos en el Oriente boliviano, además de ex viceministro de Estado, ha sufrido cruel y humillante afrenta.Y a no ser que estemos equivocados de modo garrafal, el aludido sintió sobre sus carnes el ominoso escarmiento por pensar y sobre la marcha actuar de manera diferente, en estos cada vez más difíciles y realmente enrarecidos tiempos, respecto de las pautas que marcan de pensamiento y obra los detentadores absolutos del poder supremo. Son tiempos, los que penden sobre nuestras cabezas, en los que campean, entre otras ‘gracias’, la intolerancia frente a los que no comulgan con la propuesta de ‘cambio’ que defraudó a medio mundo y mucho más aún, ni simpatizan con el gobierno de Evo Morales,Esa intolerancia rayó en su más alto grado durante una visita reciente que hacía el aludido personaje a una zona rural del departamento Beni, hasta la cual se desplazó seguro de sus derechos, libertades y garantías, sin alardes y menos aún, provocaciones. El ex dirigente allí, en la culminación de su calvario, fue azotado brutal y despiadadamente a merced de una turba de campesinos supuestamente de filiación política masista.Y a la par de los azotes que no podían ser más escarnecedores, el infeliz ex dirigente era blanco de los más denigrantes insultos y de las más insufribles y contundentes acusaciones. Tal vez un milagroso destello de piedad movió a uno de los que presenciaban la tan salvaje flagelación a decir un “basta” estremecido y a poner término al insólito castigo. Pero el hecho se dio y allí está, grabado en letras indelebles con las que este tiempo tan descontrolado y cruel, por decir lo menos, pasará a la historia. A la víctima, según trascendió, pretendían hacerle pagar, con el castigo a que brutalmente lo sometieron, una supuesta traición a los indígenas, aún peor, complicada con su adhesión a sectores empresariales.Y menos mal que las cosas no pasaron a mayores, pues también trascendió que el prefecto beniano iba a ser blanco de una agresión similar. Por fortuna, en este caso para la autoridad, a último momento ésta dejó en suspenso su presencia en el lugar del suplicio.El Gobierno, no es una rareza, dice no poseer información oficial del asunto y tampoco, a menos que se sepa, se preocupa de averiguar el hecho y establecer sus alcances reales desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Así suma y sigue el brutal incidente que con características parecidas padeció no hace mucho el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, a cuya familia se agredió cobardemente y luego se procedió a despojarla de su vivienda a orillas del lago Titicaca. Y todo porque Cárdenas hizo público su derecho a disentir, algo que para los intolerantes empoderados de turno se ha vuelto lisa y llanamente inadmisible.
los virus como arma política y de dominación. increíble estudio de Manuel Freytas publicado en Iar-noticias a propósito de la pandemia porcina actual
Publicado por Mauricio Aira en 14:29 No hay comentarios:
los medios argentinos están pidiendo mayor debate antes de aprobar la ley de radiodifusión. hace falta entre nosotros analizar similares disposiciones
Según los expertos, también se retrasaría el avance de las nuevas tecnologías.
Por: Mar del Plata. Corresponsal
Con nuevas críticas al proyecto de Ley de Radiodifusión que impulsa el Gobierno, que se sumaron a las enunciadas durante la jornada inaugural, cerró el jueves en Mar del Plata el IV Encuentro de Cable y Banda Ancha.Con la lógica del conflicto del gobierno, toda la ley está sospechada", dijo el diputado del PJ disidente Felipe Solá, en referencia al proyecto oficial. El ex mandatario bonaerense habló en la segunda y última jornada del encuentro que abrió el miércoles el gobernador Daniel Scioli exhortando a "no tomar decisiones apresuradas".Durante dos días, en el Hotel Hermitage, 25 panelistas advirtieron sobre los riesgos que entraña la iniciativa oficial para el sector de la televisión por cable. "Los operadores de cable de nuestro país no necesitan que el Estado les diga cuáles contenidos deben transmitir y mucho menos si deben crecer o no. Este es un mercado maduro que ha sido construido a lo largo de los últimos 40 años por emprendedores sin subsidio alguno", sostuvo Solá."Por el contrario -agregó- la obligación del Estado, lejos de introducir actores económicos de contrabando, es defender a esos empresarios independientes y Pymes de la voracidad de las grandes empresas de telecomunicaciones". Y aseguró que "abrirles el mercado a estas últimas sería volver a la ley de la selva, donde el que tiene más capital se queda con todo".A su turno, el economista Diego Petrecolla -director del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina-, afirmó que el argumento en el que se basa la propuesta del Gobierno es "falso de toda falsedad: el mercado de cable y banda ancha no es monopólico, por lo que es un tema que no preocupa a la economía. El ingreso de las telefónicas no podrá expandir la demanda en ningún caso, y sí asfixiar a los pequeños operadores y sacarlos del mercado".Petrecolla sostuvo que "el proyecto del Gobierno producirá concentración, anulará la competencia y retrasará el ingreso de las nuevas tecnologías". También afirmó que "es necesario introducir la prohibición expresa a las telefónicas de adquirir empresas de cable por un tiempo a determinar, así como impedirles proveer contenidos televisivos por un período prudencial, como forma de proteger las inversiones que vienen realizando desde hace décadas los operadores de cable de todo el país".Otro de los oradores, el ex regulador Raúl Parodi -empresario argentino radicado en España-, destacó que "la Comisaría de la Competencia de la Unión Europea señaló que bajo ningún concepto se puede permitir que Telefónica se constituya en un nuevo monopolio". Además, recordó que según los pliegos para la privatización de Entel, las telefónicas "no podrían dar radiodifusión por 99 años".Mediante una videoconferencia transmitida desde México, Alfredo Martínez Córdoba, titular de la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones, destacó las consecuencias negativas del monopolio telefónico en su país. "México cuenta con las tarifas más altas de telefonía. Esto es consecuencia de una concentración de más del 94% de la telefonía y pretende ingresar en el cable".El encuentro concluyó con la Declaración de Mar del Plata firmada por las asociaciones que agrupan a los cables de todas las provincias, en la que denuncian que "la entrada de las cooperativas de servicios públicos constituye el ingreso de monopolios locales con multiplicidad de servicios", advirtiendo que de aprobarse "las Pymes del cable asistiremos a nuestro propio fin". Además, sostiene que el ingreso de las telefónicas "desmantelará la red alternativa y agravará la brecha digital". El documento concluye con el reclamo de un "debate exhaustivo y organizado. Si no, podrá ser la ley sancionada en democracia, pero no la ley de la democracia".
Publicado por Mauricio Aira en 8:47 No hay comentarios:
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