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Timestamp: 2018-11-21 15:57:01+00:00

Document:
Corte suprema de justicia sala de casación penal gustavo enrique malo fernández magistrado Ponente ap6882-2015 Radicación N° 47027
AP6882-2015
Radicación N° 47027
Aprobado acta No. 424.
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015).
De conformidad con lo reglado en el artículo 222 de la Ley 600 de 2000, examina la Sala el aspecto formal de la demanda de revisión presentada por el apoderado de la parte civil, en contra de las siguientes providencias:
(i) Resolución de preclusión de la instrucción de primer grado dictada por la Fiscalía 179 Seccional de Bogotá, el 27 de septiembre de 2013; y
(ii) Resolución de preclusión de segunda instancia, confirmatoria de la anterior, proferida por la Fiscalía 43 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el 30 de octubre de 2014.
Las mencionadas decisiones, favorecieron a los procesados CARLOS ENRIQUE ROSALES DURÁN, SAMUEL PALACIO GUTIÉRREZ, OSCAR JULIO PALACIO GUTIÉRREZ, JOSÉ EMILIO VELÁSQUEZ BECERRA, BRENDA ANTONIA SEOANES PINEDA, AURELIO HENRÍQUEZ y ARTURO EVARISTO PALACIO GUTIÉRREZ –éste último en razón de su fallecimiento-, quienes venían siendo investigados por el delito de fraude procesal.
Como parte civil, en dicho proceso se constituyeron varias personas naturales y jurídicas, una de las cuales es el señor José Mejía Pineda, quien ahora, a través de apoderado, promueve la presente acción de revisión.
Los primeros, se resumen en el proveído accionado de esta manera:
“Se investiga si los sindicados cometieron el delito de Fraude Procesal, por haber presentado demandas ante los Juzgados Civiles de Barranquilla, en las que se profirieron fallos dentro de los siguientes procesos:
1. Divisorio promovido por el abogado Víctor Velásquez Castro en representación de Julio Seoanes Guerra, Luis Velezmoro Obregoso y Juan Corzo, a quienes Juan Palacio Urrutia les otorgó poder mediante la Escritura 1841 del 29 de agosto de 1959 levantada en la Notaría Segunda de Barranquilla, para que llevaran a cabo las respectivas gestiones tendientes, entre otras, a dividir la parte del terreno que le correspondía, del perteneciente a Felipe Villarreal y de los demás comuneros, el cual fue tramitado y resuelto por el Juzgado octavo Civil del Circuito de Barranquilla, accediendo a la división mediante decisión del 29 de mayo de 1971.
2. Ordinario de mayor cuantía adelantado en el Juzgado segundo Civil del Circuito de Barranquilla, en el que mediante decisión del 12 de septiembre de 1986 declaró como propietarios del inmueble de 15 Hectáreas de cabida, de forma trapezoidal, situado en el punto llamado Henequen o la Playa de Barranquilla, sobre la banda sur del camino viejo de Puerto Colombia, a los herederos reconocidos del Señor Juan Pablo Palacio Urrutia, señores Gloria M. Palacio de Camargo, Ana Carmela Palacio de Jiménez, Samuel Palacio Gutiérrez, Oscar Julio Palacio Gutiérrez, Gustavo Palacio Gutiérrez y Arturo Palacio Gutiérrez.
3. Sucesorio de los causantes Juan Palacio Urrutia y Zoila Gutiérrez, en el que el juzgado noveno Civil del Circuito de Barranquilla adjudicó los bienes herenciales a Samuel Palacio Gutiérrez, Gustavo Palacio Gutiérrez, Arturo Palacio Gutiérrez, Gloria Palacio de Camargo, Oscar Julio Palacio Gutiérrez, Ana Carmela Palacio de Jiménez, María Palacio de Molina, Eduardo Palacio Gutiérrez, José Emilio Velásquez Becerra, Helda Becerra de Velásquez, Ana Cristina Velásquez de Caballero, Néstor Caballero y Cía. Ltda., Liba Gema Velásquez de Camerano, Alfonso Javier Camerano Fuentes, Luis Carlos Rival Castro, Víctor Manuel Velásquez Castro, Julio César Seoanes Guerra, Luis Velezmoro Obregoso y Juan Manuel Corzo, representado por Julio Cesar Seoanes Guerra, según el trabajo de partición y adjudicación que aprobó mediante auto del 04 de mayo de 1987, el cual fue protocolizado en la Notaría tercera del Círculo de Barranquilla, mediante Escritura Pública No. 2718 del 26 de noviembre de la misma anualidad.
4. Pertenencia tramitado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla, a instancia de demanda presentada por Víctor Velásquez Castro, José Emilio Velásquez Becerra, Ana Cristina Velásquez de Caballero, Luis Carlos Rivaldo Castro y la Sociedad Néstor Caballero y Cía. Ltda., contra Samuel, Osar (sic), Gustavo, Arturo, Eduardo, Ana Carmela, María Auxiliadora y Gloria Palacio Gutiérrez, Julio Seoanes, Luis Velezmoro Obregoso, Alfonso Camerano Fuentes, Libia Velásquez Becerra, herederos indeterminados de Elda Becerra de Velásquez, Víctor Castro Pájaro, Transporte Schultz y Cía. Ltda., herederos indeterminados de Julio Durán Andrade, Julio Seoanes Guerra y demás personas indeterminadas, en el que por sentencia del 10 de diciembre de 2007 declaró la adquisición del dominio por prescripción extraordinaria en favor de los demandantes, sobre predio ubicado en la avenida Circunvalar entre las carreteras vía al mar (carrera 46 u Olaya Herrera) y la carrera 38 que conduce al corregimiento de Juan Mina, de la ciudad de Barranquilla, con una cabida de 21664 metros cuadrados, según Escritura Pública No. 481 del 07 de febrero de 1995 de la Notaría 4ª de Barranquilla, inmueble registrado en el folio de matrícula inmobiliaria No. 040-22793”.
De la escasa información con que se cuenta, se sabe que por los hechos anteriormente narrados, se inició el riguroso sumario al cual fueron vinculados CARLOS ENRIQUE ROSALES DURÁN, SAMUEL PALACIO GUTIÉRREZ, OSCAR JULIO PALACIO GUTIÉRREZ, JOSÉ EMILIO VELÁSQUEZ BECERRA, BRENDA ANTONIA SEOANES PINEDA, AURELIO HENRÍQUEZ y ARTURO EVARISTO PALACIO GUTIÉRREZ.
La investigación respectiva culminó, en primera instancia, con la resolución de preclusión de la instrucción dictada por la Fiscalía 179 Seccional de Bogotá el 27 de septiembre de 2013, la cual fue confirmada en segundo grado por la Fiscalía 43 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, mediante proveído del 30 de octubre de 2014.
En contra de las citadas providencias, es que uno de los apoderados de la parte civil interpone la presente acción de revisión.
Luego de mencionar las “sentencias” en contra de las cuales promueve la acción, el actor dedica un extenso paginado a consignar lo que denomina “hechos procesales”, en el cual explica en detalle, bajo su propia perspectiva, lo ocurrido en los procesos civiles y penales que se han suscitado a raíz de los acontecimientos relatados con antelación.
Paralelamente, va indicando lo que no comparte de las decisiones adoptadas y lo que, en su sentir, configuran acciones delictivas, las cuales empezaron a suceder desde 1969.
Del mismo modo, expone su particular análisis de la prueba, haciendo énfasis en los elementos de juicio que fueron desatendidos por la Fiscalía, asegurando que si hubiesen sido examinados, la decisión final habría sido en otro sentido.
Como los actos ilícitos se han prologando en el tiempo de manera continuada y premeditada, considera que la “sentencia” del Ad quem es injusta y arbitraria, como lo es también una prescripción que se decretó para ocultar una de las tantas “aberraciones” que han permanecido en la impunidad.
Acto seguido, cita antiguos precedentes de la Corte sobre la conducta punible de fraude procesal y, descendiendo al caso concreto, sostiene que en virtud del recurso de apelación que conoció la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, el 31 de julio de 2015 se declaró la nulidad de todo lo actuado en ese trámite, “porque el folio de matrícula 040-22793 que se allegó como prueba con la demanda, es una falsa tradición”.
Ese fallo judicial, precisa, estructura la causal tercera de revisión, puesto que se trata de una nueva prueba surgida, que no se conoció al momento del debate.
Con apoyo en esa determinación, a continuación hace un extenso análisis en el que describe, según su entender, cuáles fueron los yerros probatorios en que incurrieron los representantes de la Fiscalía, en especial el de segundo grado, al tiempo que, una vez más, transmite su particular resultado del examen de los medios de convicción.
En todo caso, opina que por el hecho de haber concluido ambos funcionarios que los sindicados no cometieron ningún delito, “podrían estar incursos en el delito de prevaricato por acción y/u omisión (sic)”.
Para terminar, concreta que son dos las causales invocadas en este asunto: la del numeral 3° del artículo 220 de la Ley 660 de 2000, referida a la aparición de hechos o pruebas nuevas no conocidas al tiempo de los debates, y la del ordinal 7°, procedente “cuando mediante pronunciamiento judicial la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria. (Absolutoria)(Mía)”.
En soporte de sus planteamientos, el memorialista anexa a su escrito el poder para actuar, las providencias atacadas y múltiple documentación extractada de los procesos civiles, incluida la providencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla que cataloga como prueba nueva.
De conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, a esta Sala compete conocer de la acción de revisión presentada por el apoderado de la parte civil, ya que la promueve en contra de resolución de preclusión de la instrucción, proferida en segunda instancia por una Fiscalía que actúa ante Tribunal Superior de Distrito Judicial.
En efecto, se trata de la resolución preclusiva –no sentencia como equivocadamente la llama el accionante a lo largo de su libelo-, dictada por la Fiscalía 43 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá el 30 de octubre de 2014, confirmatoria de la emitida en primera instancia por la Fiscalía 179 Seccional de la misma ciudad el 27 de septiembre de 2013, a través de las cuales se resolvió a favor de los sindicados CARLOS ENRIQUE ROSALES DURÁN, SAMUEL PALACIO GUTIÉRREZ, OSCAR JULIO PALACIO GUTIÉRREZ, JOSÉ EMILIO VELÁSQUEZ BECERRA, BRENDA ANTONIA SEOANES PINEDA, AURELIO HENRÍQUEZ y ARTURO EVARISTO PALACIO GUTIÉRREZ, quienes fueron vinculados e investigados por el delito de fraude procesal.
Pues bien, la Corte rechazará la demanda de revisión presentada por el apoderado de José Mejía Pinedo, quien dice haberse constituido como parte civil dentro del proceso penal que se adelantó en contra de los antes mencionados.
Ello, por cuanto para fundamentar la solicitud, el demandante se apoya en unas causales inexistentes.
En este orden de ideas, debe partir por señalarse que como la acción de revisión, en tanto mecanismo excepcional y extraordinario, busca derrumbar la intangibilidad de la cosa juzgada, para su postulación es necesario cumplir con estrictos requisitos, en ausencia de los cuales surge indefectible la inadmisión de la demanda.
Así, por regla general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, la acción de revisión opera contra sentencias condenatorias ejecutoriadas.
Sin embargo, el inciso final de la norma en comento, habilita instaurar la acción para controvertir proveídos de preclusión o de cesación de procedimiento, o sentencias absolutorias, siempre y cuando se aduzcan las causales 4º y 5º allí consignadas, esto es, cuando con posterioridad a la sentencia -o a la decisión preclusoria o de cesación de procedimiento-, se demuestre que ella vino determinada por conducta típica del juez o de un tercero, o cuando, por sentencia en firme, se demuestre que la decisión se soportó en prueba falsa.
En tal medida, no puede el accionante apoyarse en la causal tercera –surgimiento de prueba nueva no conocida al tiempo del debate- para pretender que su solicitud de revisión tenga éxito.
Tampoco es viable que alegue como causal de revisión la prevista en el numeral 6° de la Ley 906 de 2004, esto es, “cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria”, pues, en este caso no sólo nunca se dictó decisión de tal naturaleza, sino que el apoderado de la parte civil apenas la enuncia, sin explicar cuál fue ese cambio jurisprudencial más beneficioso.
Acá, vuelve a decirse, se impetra vanamente la acción de revisión en contra de una resolución de la Fiscalía, no de una sentencia, y además por causales inexistentes, ajenas a las previstas en los ordinales 4° y 5° del citado precepto, pues, como sustento de su pedimento, el actor aduce el surgimiento de prueba nueva y el cambio jurisprudencial favorable, sin dejar de mencionar otras figuras que nada tienen que ver con el asunto y que, desde luego, no aluden a que la decisión de la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá estuvo determinada por conducta típica, o porque se haya acreditado con sentencia en firme que la misma se soportó en prueba falsa.
Por lo anterior, es indudable que el tipo de discusión planteada es contrario a lo que para la acción de revisión se demanda, siendo ello suficiente para inadmitir la demanda, acorde con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Penal de 2000.
INADMITIR la demanda de revisión presentada por el apoderado el apoderado de la parte civil.
JOSÉ LUIS BARCELÓ MAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALELRO
GUSTAVO ENRIQUE MALO FENÁNDEZ

References: artículo 222
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 220
 artículo 75
 resolución 
 resolución 
 artículo 220
 resolución 
 artículo 223