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Timestamp: 2018-11-19 16:02:29+00:00

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Clase 1 Unab 2015
Todo Lo Que Tienes Que Saber Del Capítulo de Propiedad Intelectual
001 Nombramiento Francisco Baraya
p3_2006-2
Capítulo III Constitucion Politica
Modificaciones a la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible.
ANTECEDENTES De acuerdo a las manifestaciones públicas de los responsables del actual proyecto legislativo, el objetivo es cerrar, o al menos dificultar, la actividad de las páginas web que ofrecen o publican enlaces de hipertexto que facilitan el acceso a obras y prestaciones intercambiadas o subidas a redes de pares o alojadas en servidores de uso público sin autorización legal o de los titulares de derechos de propiedad intelectual. Simplificando, las resoluciones judiciales recaídas en procedimientos instados en este sentido por los mencionados titulares han reiterado de manera constante que el hecho de facilitar o incluir enlaces externos a obras no constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual, puesto que el enlace no equivale a la obra y por lo tanto ningún derecho tiene el titular sobre éste. La problemática, desde un punto de vista práctico, se sitúa en que la acciones judiciales iniciadas por los titulares de derechos al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual conducen a estas resoluciones de manera inequívoca, pues la regulación vigente no parece lo suficientemente precisa como para perseguir estas conductas. El actual proyecto de Ley de Economía Sostenible en su disposición Final Segunda, en adelante DF2, no contempla ninguna variación de la consideración jurídica del enlace, razón por la cual, en el medio plazo, no conseguirá acabar con el problema, puesto que el juez que finalmente analice el asunto en profundidad alcanzará la misma conclusión. Además de lo anterior, los administradores de las páginas web han procedimientos judiciales con la seguridad de que están exonerados de puesto que no pueden conocer la licitud o ilicitud de los archivos a los que resolución previa, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Servicios de la Información. acudido a los responsabilidad enlazan sin una Sociedad de la
Además en el escenario actual persiste el problema del tiempo en que la medida es efectiva, sin una respuesta inferior a la semana de tiempo cualquier acción pierde gran parte de su eficacia.
OPCIONES Por lo tanto las opciones para hacer viable el proyecto contenido en la DF2 pasan o bien por reconsiderar la condición jurídica del enlace o por explorar otras vías para conseguir el fin de que las páginas de enlaces cesen o reduzcan notablemente su actividad. La primera de las opciones, la modificación o regulación del enlace, supone un problema muy complejo y de resultados inciertos. Habría que describir o bien la actividad de las webs de enlaces o establecer un límite al hecho de enlazar en Internet, pero siendo esto la base de la propia web, daría lugar a muchos problemas de interpretación jurídica. Además, modificaciones o cambios en la estructura o forma de funcionamiento de las webs podrían dejar obsoleta la normativa en muy poco tiempo tras su aprobación. Esta solución aportaría inseguridad jurídica posiblemente no tenga la eficacia deseable. en muchos otros negocios legales y
La segunda opción consiste en utilizar mecanismos ya presentes en el ordenamiento jurídico actual, e introducir una serie de pequeños cambios en la línea de la DF2, de tal forma que resulte en un mecanismo que presente las siguientes características: - Se mantiene la creación de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, generándose un proceso ágil que forzará la retirada de los contenidos por el elevado riesgo a demandas por parte de los titulares de Derechos o sus representantes (entidades de gestión, principalmente). - Se reducen ostensiblemente los plazos para la retirada del contenido. - No se ataca/penaliza a los usuarios, sino únicamente a los intermediarios que facilitan enlaces hacia obras y prestaciones protegidas. - Ni el Gobierno, ni la Administración Pública, podrán cerrar páginas web, sólo lo podrá hacer un Magistrado-Juez. Esto es coherente con lo expresado por los responsables políticos, pero ello no supone que la medida propuesta no sea igualmente efectiva. - No es necesaria la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial al no producirse una revisión del acto administrativo previo a la decisión de la Sección Segunda. Además esto supone el acortamiento de los plazos, pues se evitan los 4 días (que no se iban a poder cumplir) ya que el conocimiento efectivo surtirá efecto desde un momento anterior.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO: 1. Un titular de derechos pone de manifiesto ante la Sección Segunda (por medios electrónicos preferentemente según se establezca en el correspondiente reglamento de desarrollo) la existencia de una web en la que aparecen enlaces de hipertexto para la descarga o acceso a su obra (por ejemplo un screener de una película). 2. La Sección Segunda constata dos hechos: a) que la obra se ha subido a Internet sin la autorización del titular de derechos y, b) que en la página web existe un enlace que dirige a esa obra. (La composición de la Sección Segunda se hará por vía reglamentaria pero sus miembros serán funcionarios, con el fin de gozar de la presunción de veracidad y poder levantar acta de la existencia de la obra y del enlace). 3. Inmediatamente notifica la resolución por la que se acredita la lesión o posible lesión de derechos al administrador de la web de enlaces, indicándole que desde ese momento tiene conocimiento efectivo de que un enlace que existe en su web lesiona los derechos de un tercero. De esta forma, se cumple el requisito del conocimiento efectivo al que hacen referencia los arts. 13 a 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Igualmente se le confiere traslado para alegaciones, con el fin de que se pueda manifestar lo que estime sobre la legitimación del denunciante o sobre la autorización del usuario para poner la obra en Internet, por ejemplo. 4. Una vez notificada la resolución, presente alegaciones o no, el responsable del sitio web puede hacer dos cosas: retirar el enlace o dejarlo, si bien sabrá que si mantiene el enlace podrá ser considerado responsable de las lesiones y por lo tanto quien deba indemnizar a los titulares de derechos. 5. Si retira el enlace lo notificará inmediatamente a la Sección Segunda, por medios electrónicos, y el funcionario que actúa como secretario dará cuenta de la retirada del enlace al titular de derechos. 6. Si el enlace no es retirado en el tiempo que se tarde tras la notificación y el plazo concedido, el titular de derechos podrá exigir en sede judicial la indemnización correspondiente por los daños sufridos que pueda acreditar. Para ello podrá valerse como prueba del expediente administrativo. En este caso el juez sí podrá adoptar las medidas que considere respecto del cierre, retirada de los contenidos o interrupción del servicio en su caso, así como de la indemnización correspondiente.
MEMORIA POLÍTICA La idea que se plantea reúne todos los compromisos públicos de todas las partes en relación a la ley. Por un lado dota a la industria de un mecanismo jurídico para conseguir que, frente a la amenaza de tener que indemnizar al titular de derechos por los actos realizados por el usuario particular que sube la obra a un servidor o que la pone a disposición en una red de pares, el responsable del sitio web (o página de enlaces) retire el enlace o las obras de manera rápida. Si el responsable no retira el contenido, a corto plazo puede plantear un problema, hasta que el juez determine la existencia de la lesión y su responsabilidad, pero a medio plazo no podrá soportar varias indemnizaciones y ante la notificación de la Sección Segunda lo retirará. Además servirá a los titulares de derechos como un mecanismo para obtener prueba para utilizar en la eventual reclamación de daños y perjuicios ante el juzgado. Y por otra parte, este mecanismo garantiza que la Sección Segunda, en ningún caso cerrará una página web o solicitará la retirada de un contenido, lo que a su vez evita que su acto sea revisado por juez alguno al no afectar derechos fundamentales. La Sección Segunda se limitará a informar de la lesión del derecho y será responsabilidad del titular de la web su propio cierre o retirada del contenido, y en el caso de disputa, en última instancia será el juez competente que se determine en el procedimiento oportuno. Además el mecanismo únicamente se dirige contra los responsables de sitios web y en ningún caso la actuación de la Sección Segunda se dirigirá contra los ciudadanos particulares.
MEMORIA TÉCNICO-JURÍDICA: A continuación se relacionan los cambios legales que se proponen para poder desarrollar el modelo en nuestro sistema jurídico y dotar de contenido a la DF2. Leyes que deben ser reformadas para articular este mecanismo: - Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual - Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico - Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. - REFORMAS EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dado que es en esta ley en la que se tiene que concretar la existencia y funciones de la Sección Segunda, debe reformarse lo relativo a ésta, si bien al optar por no modificar la consideración jurídica del enlace pocos cambios más son necesarios. Manteniendo el texto actual respecto de la Sección Primera (que no es objeto de discusión), hay que modificar la relativa a la sección segunda para que quede así. 158.4. Corresponde a la Sección Segunda, que actuará conforme a los principios de objetividad y proporcionalidad, el ejercicio de la función de evaluación y notificación de posibles lesiones de los derechos de propiedad intelectual frente a los responsables de servicios de la sociedad de información. La Sección Segunda será considerada a estos efectos como órgano competente para declarar la existencia de una posible lesión de los derechos de propiedad intelectual de terceros y en la que se empleen o formen parte esencial servicios de la sociedad de la información. La Sección Segunda analizará las denuncias efectuadas por los titulares de derechos, comprobará los requisitos de legitimación y capacidad, constatará la lesión o posible lesión y dará traslado al responsable de los servicios de la sociedad de la información afectado, quedando este desde ese momento notificado a los efectos previstos en la legislación que regula su actividad. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes. Reglamentariamente se determinarán la composición y funcionamiento de la Sección y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. El procedimiento se iniciará siempre a instancia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideran vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, estará basado en los principios de celeridad, proporcionalidad y demás previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De esta forma, y dependiendo del correcto desarrollo reglamentario posterior, se atribuye competencias a la Sección Segunda para determinar la posible lesión de un derecho de terceros infracción de la propiedad intelectual y por lo tanto notificar con ello al responsable de la web de enlace, haciéndole desde ese momento responsable de las futuras indemnizaciones que pudieran exigirse. Asimismo se añade un apartado al artículo 138 en la línea de la legislación que ya existe en otras jurisdicciones, como en Estados Unidos, responsabilizando a quien colabora en la comisión de una lesión de los derechos de propiedad intelectual de un tercero.
Así se armoniza nuestra legislación con la situación jurídica en otros países de nuestro entorno y se abre la vía para que se pueda responsabilizar a aquellos que con su conducta contribuyen de manera decisiva a la lesión de los derechos de propiedad intelectual. - REFORMAS DE LA LSSICE – Dado que no va a ser la Sección Segunda quien tenga competencias para ordenar la retirada de un contenido o interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información basta con que se modifique lo relativo a la potencialidad de la lesión y a la función de la Segunda como órgano competente para conocer. La clave está en convertir a la Sección Segunda en el organismo competente de acuerdo a lo previsto en los artículos 16 y 17 de la LSSICE con competencia para actuar por la posible lesión de derechos susceptibles de indemnización. Además se concreta la sujeción del administrador de la web a cumplir en el plazo previsto por la Sección Segunda para la retirada del contenido o del enlace, de esta forma se agiliza al máximo la retirada. Así, la reforma del artículo 16 LSSICE, quedaría: Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos. 1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:
No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b. Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia o posible lesión de derechos de terceros, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. Se entenderá que el prestador actúa con diligencia a título enunciativo pero no limitativo, cuando retire los datos o imposibilite su acceso dentro del plazo concedido por el órgano competente. 2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su prestador. Y en similares términos la reforma del artículo 17 LSSICE, quedaría: Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda. 1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que: a. No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b. Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia o posible lesión de derechos de terceros, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los a.
prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. Se entenderá que el prestador actúa con diligencia, a título enunciativo pero no limitativo, cuando suprima o inutilice el enlace dentro del plazo concedido por el órgano competente. 2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el proveedor de contenidos al que se enlace o cuya localización se facilite actúe bajo la dirección, autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos contenidos. De esta forma, la Sección Segunda podrá notificar al responsable del sitio web la situación de un enlace y este se verá obligado a retirarlo si no quiere ser responsabilizado por las lesiones de derechos, que realizan los usuarios. Por su parte, y de manera opcional, se recomienda la introducción de un nuevo artículo 17 bis con el objeto de limitar las fuentes de financiación vía publicidad de las webs que alberguen o enlacen a contenidos ilícitos o lesivos
Artículo 17 bis. Responsabilidad de los prestadores de servicios consistentes en la contratación de espacios publicitarios en línea. 1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información consistentes en la contratación de espacios publicitarios en línea o de patrocinio de servicios de la sociedad de la información, así como los arrendatarios y subarrendatarios de esos espacios, no serán responsables por los contenidos presentes o a los que enlace un sitio web , siempre que: 1. No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información mostrada junto a su publicidad es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o 2. Si lo tienen, actúen con diligencia para cesar en su actividad publicitaria o de patrocinio.
Respecto de la necesidad de obtener los datos para identificar a quien realiza la lesión, ya estaría cubierta por el artículo 10, por lo tanto no sería necesario añadir nada más. En el reglamento de desarrollo posterior se puede establecer la forma de comunicación entre la Sección Segunda y los prestadores de servicios de la sociedad de la información que será principalmente el mail pero también podría plantearse un repositorio de aviso, a modo de tablón público, como el de las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos donde se publiquen los expedientes tramitados, estableciéndose expresamente en la LSSICE la posibilidad de introducir otras formas de conocimiento efectivo. - Reformas de la LJCA – Sólo sería necesario mantener la competencia de la Audiencia Nacional para la revisión del recurso por los actos de la Sección Segunda. Se modifica el apartado 5 de la Disposición adicional cuarta de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa, con el siguiente tenor: "5. Los actos administrativos dictados por la Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo Económico y Social, Instituto "Cervantes", Consejo de Seguridad Nuclear y Consejo de Universidades, Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, directamente, en única instancia, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional."
TEXTO ÍNTEGRO DE LA ENMIENDA QUE DEBE PRESENTARSE EN EL SENADO
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Uno. Se modifica el artículo 16, apartado 1, de Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, con la siguiente redacción:
1. “Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que: a. No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b. Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.” “Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia o posible lesión de derechos de terceros, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.” “Se entenderá que el prestador actúa con diligencia a título enunciativo pero no limitativo, cuando retire los datos o imposibilite su acceso dentro del plazo concedido por el órgano competente.”
1. “Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que: a. No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o
Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.” “Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia o posible lesión de derechos de terceros, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. Se entenderá que el prestador actúa con diligencia, a título enunciativo pero no limitativo, cuando suprima o inutilice el enlace dentro del plazo concedido por el órgano competente.” b.
Tres. Se añade el artículo 17 bis, de Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, con la siguiente redacción Artículo 17 bis. Responsabilidad de los prestadores de servicios consistentes en la contratación de espacios publicitarios en línea. 1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información consistentes en la contratación de espacios publicitarios en línea o de patrocinio de servicios de la sociedad de la información, así como los arrendatarios y subarrendatarios de esos espacios, no serán responsables por los contenidos presentes o a los que enlace un sitio web , siempre que: 1. No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información mostrada junto a su publicidad es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o 2. Si lo tienen, actúen con diligencia para cesar en su actividad publicitaria o de patrocinio. Se entenderá que el prestador de servicios, el arrendatario y subarrendatarios tienen el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia o posible lesión de derechos de terceros, y el prestador, arrendador o subarrendador, conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. Se entenderá que el prestador, arrendador o subarrendador, actúa con diligencia a título enunciativo pero no limitativo, cuando cese en su actividad dentro del plazo concedido por el órgano competente.
2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el prestador, arrendador o subarrendador actúe bajo la dirección, autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos contenidos. Cuatro. Se introduce una Disposición adicional quinta en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, con la siguiente redacción:
Cinco. Se modifica el artículo 138 de del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril con la siguiente redacción: El titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor. Además, el titular de los derechos reconocidos en esta Ley podrá iniciar las medidas descritas en el párrafo anterior, así como exigir la indemnización de los daños causados, contra aquellos que, con conocimiento o teniendo motivos razonables para conocer, induzcan, faciliten, cooperen o contribuyan de cualquier forma a la infracción de derechos producida por cualquier tercero. Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el artículo 141. Tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1.h como las medidas cautelares previstas en el artículo 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.
"Artículo 158. Comisión de Propiedad Intelectual. 1. Se crea en el Ministerio de Cultura la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente ley. 2. La Comisión actuará por medio de dos Secciones. La Sección Primera ejercerá las funciones de mediación y arbitraje que le atribuye la presente ley. La Sección Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su empleándose medios electrónicos o servicios de la sociedad de la información en los términos previstos en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 3. Corresponde a la Sección Primera el ejercicio de las funciones de mediación y arbitraje de acuerdo con las siguientes reglas: 1.º En su función de mediación: a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento de las partes, para el caso de que no llegue a celebrarse un contrato, para la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión, por falta de acuerdo entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable. b) Presentando, en su caso, propuestas a las partes. Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a que se refiere el párrafo anterior, si ninguna de ellas expresa su oposición en un plazo de tres meses. En este supuesto, la resolución de la Comisión surtirá los efectos previstos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden jurisdiccional civil. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificará a las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El procedimiento mediador, así como la composición de la Comisión a efectos de mediación, se determinarán reglamentariamente, teniendo derecho, en todo caso, a formar parte de la misma, en cada asunto en que intervengan, dos representantes de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual objeto de negociación y otros dos de las empresas de distribución por cable. 2.º La Comisión actuará en su función de arbitraje: a) Dando solución, previo sometimiento de las partes, a los conflictos que, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, puedan producirse entre las entidades de gestión y las asociaciones de usuarios de su repertorio o entre aquéllas y las entidades de radiodifusión. El
sometimiento de las partes a la Comisión será voluntario y deberá constar expresamente por escrito. b) Fijando una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 2 del artículo anterior, a solicitud de una asociación de usuarios o de una entidad de radiodifusión, siempre que éstas se sometan, por su parte, a la competencia de la Comisión con el objeto previsto en el párrafo a de este apartado. 3.º Reglamentariamente se determinarán, para el ejercicio de su función de arbitraje, el procedimiento y composición de la Comisión, teniendo derecho, en todo caso, a formar parte de la misma, en cada asunto en que intervengan, dos representantes de las entidades de gestión y otros dos de la asociación de usuarios o de la entidad de radiodifusión. La decisión de la Comisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo para las partes. Lo determinado en este apartado se entenderá sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente. No obstante, el planteamiento de la controversia sometida a decisión arbitral ante la Comisión impedirá a los Jueces y Tribunales conocer de la misma, hasta tanto haya sido dictada la resolución y siempre que la parte interesada lo invoque mediante excepción. 4. Corresponde a la Sección Segunda, que actuará conforme a los principios de objetividad y proporcionalidad, el ejercicio de la función de evaluación y notificación de posibles lesiones de los derechos de propiedad intelectual frente a los responsables de servicios de la sociedad de información. La Sección Segunda será considerada a estos efectos como órgano competente para declarar la existencia de una posible lesión de los derechos de propiedad intelectual de terceros y en la que se empleen o formen parte esencial servicios de la sociedad de la información. La Sección Segunda analizará las denuncias efectuadas por los titulares de derechos, comprobará los requisitos de legitimación y capacidad, constatará la lesión o posible lesión y dará traslado al responsable de los servicios de la sociedad de la información afectado, quedando este desde ese momento notificado a los efectos previstos en la legislación que regula su actividad. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes. Reglamentariamente se determinarán la composición y funcionamiento de la Sección y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. El procedimiento se iniciará siempre a instancia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideran vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio, estará basado en los principios de celeridad, proporcionalidad y demás previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”
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Judipa Giraldo

References: resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 138
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 17

Artículo 17
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 17
 Artículo 17
 Real Decreto 
 artículo 138
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 141
 artículo 139
 artículo 141
 resolución 
 resolución