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Timestamp: 2018-09-25 21:00:45+00:00

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Arriola Sebastian y Otros s Re
Boletín Académico 43 Estudio Ore Gurdia
Dr. E. N.
C-695-13
Tutela Proceso Sijin
Jurisprudencia Pen y Medidas
CROSIO, Amilcar. Derecho a La Salud. Comentarios a Sentencia CIDH
Amadeo, Sebastián José-Políticas Punitivas. Entre La Parafilia Del Fetichismo Legal y La Maniática Obsesión de Querer Tropezar Siempre Con La Misma Piedra
fallo 24769 11
Fallo sobre Nulidad del secuestro y requisa
Nulidad Testimonial
CFCP - 2 - Olmedo, Jorge Ignacio
CFCP - 2 - Genes, Jorge Gabriel
CAUSA Nro. 14.027- SALA IV-C.F.C.P.
“SANTA CRUZ, Benito y otro s/recurso de casación”
REGISTRO NRO. 1626/12
///la ciudad de Buenos Aires, a los días
septiembre del año dos mil doce se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación de fs. 466/471, de la presente causa Nro. 14.027 del registro de esta Sala, caratulada: "SANTA CRUZ, Benito s/recurso de casación"; de la que RESULTA: I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, en la causa Nº3203 de su registro, por sentencia de fecha 18 de marzo de 2011cuyos fundamentos fueron leídos el 23 del mismo mes y año (confr. fs. 435 y 436/463 vta.)-, resolvió, en cuanto aquí interesa: II) Condenar a BENITO SANTA CRUZ […] a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, como autor responsable del delito de ALMACENAMIENTO DE ESTUPEFACIENTES (art. 5, inc. c) de la Ley 23.737), más multa de doscientos veinticinco pesos ($225), con más sus accesorias legales y costas (art. 29 inciso 3º del Código Penal; arts. 403, 531 y 532 del Cód. Procesal Penal de la Nación). II. Que, contra esa decisión, interpuso recurso de casación la señora Defensora Pública Oficial de Cámara subrogante, doctora Rosa María Córdoba, asistiendo a Benito Santa Cruz a fs. 466/471, el cual fue concedido a fs. 472/vta. y mantenido en esta instancia por la Defensora Pública Oficial, doctora Mariana Grasso a fs. 483, sin adhesión Fiscal -fs. 484/vta-. III. La defensa encarriló sus agravios en orden a los dos
motivos casatorios previstos por el art. 456 del código de forma. En primer lugar, impetró la nulidad de la orden de allanamiento por carecer de motivación suficiente, lo cual señaló es requisito ineludible a fin de salvaguardar el derecho constitucional de la privacidad del domicilio. Al respecto señaló que el tribunal sentenciante en su mayoría, rechazó dicho planteo argumentando “… que la orden de allanamiento se encontraba debidamente fundada a la luz de los arts. 224 y concordantes del CPPN, pues a su entender ´…no se requiere una semiplena prueba de culpabilidad de la persona que debe soportar el registro domiciliario…´” Por el contrario, manifestó que la orden de allanamiento no estuvo suficientemente fundada, salvo que se entienda como motivos suficientes para realizar la diligencia, el hecho que sean elementos generadores de sospecha la circunstancia de “gran movimiento de personas”, que venían del “lado paraguayo” y lo hicieran “en bote”; por ende sostuvo que dichas circunstancias resultan absolutamente insuficientes para transgredir con fundamento, el principio constitucional de inviolabilidad de domicilio. En tales condiciones, consideró que los antecedentes con los que se pretendió avalar el ingreso al ámbito sujeto a una razonable expectativa de privacidad no satisfacen el requisito de “motivos suficientes” exigidos normativamente para justificar su allanamiento. En segundo lugar, de manera subsidiaria, manifestó que la resolución recurrida carece de fundamento, toda vez que los argumentos esgrimidos no responden a la sana crítica, no constituye un razonamiento coincidente entre los elementos probatorios rendidos y su correspondiente valoración, por lo cual llega a la conclusión que la sentencia es arbitraria. Por ello, señaló que del análisis de las pruebas rendidas en autos, las mismas carecen de contundencia como para establecer
CAUSA Nro. 14.027- SALA IV-C.F.C.P. “SANTA CRUZ, Benito y otro s/recurso de casación”
responsabilidad alguna a Benito Santa Cruz, por ende solicitó la absolución de culpa y cargo por aplicación del principio in dubio pro reo. Hizo reserva del caso federal. IV. Que en la oportunidad que otorgan los arts. 465 y 466 del código adjetivo el señor doctor Juan Martín Romero Victorica, en aquél entonces Fiscal General ante esta Cámara, solicitó fundadamente que se rechace el recurso de casación incoado, exponiendo las razones que lo llevan a adoptar tal tesitura (fs. 485/486 vta.). V. Que en idéntico plazo legal, se presentó el señor Defensor Público Oficial ad hoc, doctor Federico D´Ottavio a fs.487/492, quién en primer lugar solicitó la nulidad de todo lo obrado, por cuanto las actividades investigativas, de allanamiento y detención se realizaron sin impulso fiscal de la acción. Manifestó que el juez instructor instruyó con noticia al fiscal pero omitió correrle vista en los términos del art. 180 del ordenamietno adjetivo, por lo que consideró que existió una actuación ´ex officio´de su parte. En segundo lugar, amplió los fundamentos expuestos en el remedio casatorio, respecto a la solicitud de nulidad de la orden de allanamiento de fs. 3/7, y de lo obrado en consecuencia, toda vez que los fundamentos insertos en ella fueron insuficientes a los efectos de fundar y sostener la solicitud de intromisión en la finca del imputado. Finalmente, agregó que la resolución recurrida resulta ser arbitraria, toda vez que el resultado condenatorio ha sido posible en función de una valoración aislada y fragmentaria de los elementos incorporados en el legajo. De ahí, que señaló que el encartado se lo encontró responsable del delito imputado, solamente por ser titular del predio allanado, sin atender las explicaciones que este realizó en su descargo, referido e en torno al inquilino que alquilo parte de la casa, de nombre Juan Ramón Corvalán,
quien tenía el dominio real de las sustancias encontradas. Por ello, resaltó que no se ha alcanzado el grado de certeza apodíctica imprescindible para condenar y con ello, la garantía in dubio pro reo debe prevalecer ante la orfandad probatoria. VI. Que superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia en autos a fs. 497, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky. El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo: I. Toda vez que el recurso impetrado, a la luz de lo previsto por los arts. 438, 456, 457, 459 y 463, es formalmente admisible, he de adentrarme a dar respuesta a los planteamientos articulados por la defensa. II. Liminarmente, habré de recordar cuál fue la plataforma fáctica que fue tenida por acreditada por el tribunal, así como también el plexo probatorio que valoró para emitir el pronunciamiento de condena. Así, las circunstancias fácticas fueron reseñadas en el voto conjunto de los doctores Alfredo Francisco García Wenk y Eduardo Ariel Belfortea, de cuya reseña surge que “…7 de mayo de 2010, en la propiedad ubicada zona del “Porteño Norte”, más precisamente donde se encuentra un paso no habilitado, con comunicación con la República del Paraguay, conocido como “Pinaso”, y donde se ubica una casa de ladrillo de propiedad del imputado Santa Cruz, se constató la existencia de 444 paquetes envueltos en papel de aluminio, conteniendo “marihuana” y otro envuelto en una bolsa blanca conteniendo un trozo que no llegaba conformar un “ladrillo”. Estos paquetes estaban acondicionados en una habitación de la
vivienda, ocultos y ubicados debajo de una carpa color naranja, que a su vez era sujetada por sus costados con otros bultos que contenían soja o comida para chanchos. Pesada la sustancia estupefaciente arrojó una cantidad de 447 kilos con 83 gramos”. De ese modo, los jueces antes mencionados tuvieron por acreditado dicho hecho a partir de un basto cuadro probatorio: acta de allanamiento y secuestro a fs. 16/25, croquis del lugar del hecho de fs. 72 y 74; fotografías de fs. 19/23 y 34/36, pericia química de fs. 146/149 vta., informe de gendarmería nacional de fs. 9/11 y 14/15, planilla de pesaje de estupefaciente de fs. 26/32, acta judicial de pesaje de la sustancia incautada de fs. 135/137 vta., declaraciones indagatorias de Evaristo Riveros fs. 94/95 y 155/155 vta., de Silvio Moreira Romero de fs. 110/11 vta. y 156/157 y de Edgar Ramón Segovia de fs. 112/113 vta. y fs. 158/159, expte nº245/2010 caratulado “Gendarmería Nacional – Esc. 16 Clorinda s/pedido orden de allanamiento”. La totalidad de la prueba fue cohonestada con las declaraciones testimoniales que prestaron Edgardo Gustavo Cáceres; César Pablo Duarte; Juan Antonio Tejerina; Marcelo Fabián Ramos y Máximo Martín Brizuela, durante el transcurso del debate oral. III. Ahora bien, con miras a otorgarle mayor claridad a mi exposición, iré respondiendo los agravios introducidos de forma tal que me de pié para el tratamiento del que sigue de acuerdo a como se fueron desarrollando durante el proceso. Por ello, con carácter previo a emprender esa tarea jurisdiccional, he de exponer, puesto que esa será la línea que voy a seguir en este pronunciamiento, que el Tribunal debe limitarse al estudio de los motivos propuestos ab initio al interponerse el recurso de que se trate, salvo, claro está, que el asunto propuesto una vez expirada esa oportunidad procesal, sea susceptible de acarrear cuestión federal dirimente o se
cuestione la validez de algún acto del proceso factible de fulminárselo con nulidad absoluta; circunstancias que se observan en los agravios introducidos por la señora Defensora Pública Oficial en el estadio procesal previsto por el art. 465 del código instrumental, razón por la cual habré de dar tratamiento a la nulidad planteada de todo lo actuado, ante la ausencia de impulso fiscal. Para ello, en primer lugar es necesario recordar el origen de las actuaciones, que se iniciaron el día 29 de abril de 2009 a raíz de una llamada anónima en la línea destinada a la recepción de denuncias del Escuadrón 16 “Clorinda” de la Gendarmería Nacional, donde una persona de sexo masculino manifestó en su llamado que en la zona del porteño norte, más precisamente donde se encuentra el paso no habilitado conocido como “Pisano”, se halla una casa de ladrillo con una puerta rota y una ventana que daría hacia el río, donde se estaría acopiando droga desde hace cinco días aproximadamente. De ahí, que se dispuso la vigilancia encubierta de la vivienda en cuestión, y que motivó la solicitud al juzgado federal en turno de Formosa la medida de allanamiento del domicilio descripto, en razón de considerar se estaría acopiando mercadería en infracción a la ley 22.415 y/o 23.737, y en consecuencia el juzgado interviniente ordenó el allanamiento conforme consta a fs. 2. En punto al tópico que nos ocupa, corresponde mencionar que esta Cámara ha venido sosteniendo “la alternatividad de los modos de dar inicio a la instrucción, esto es, de la eficacia que a tal efecto el artículo 195 del C.P.P.N. otorga indistintamente al requerimiento fiscal y a la prevención o información policial, fijando para ello la interpretación armónica de dicha norma y de los artículos 180 y 188 del mismo código (causa nº 58, "Veisaga, José A. s/ recurso de casación", Sala III, rta. el
10/3/94; c. nº 40, "Guillén Varela, J. W. s/ recurso de casación, Sala II, rta. el 18/11/93). A su vez, la Sala I, en la causa “P., F. H. s/ recurso de casación”, reg. 7185, rta. el 15/11/2005 agregó que “si bien es cierto que se ha mencionado el artículo 120 de la Constitución Nacional como obstáculo para una lectura literal del aludido artículo 195 […] no lo es menos el hecho de que este planteo carece en el caso de fundamentación suficiente con el alcance exigido por esta Sala en la causa nº 13,”Loyola, Oscar Alfredo s/ recurso de queja”, Reg. 12 bis, rta. 24 de mayo de 1993, y jurisprudencia ahí citada- en la medida en que no se ha asumido la carga de expresar cuál es el razonamiento que demuestre de manera manifiesta, clara, e indudable la incompatibilidad entre la norma constitucional -que ninguna mención concreta contiene respecto a la promoción o impulsión de la acción penal- y el texto del artículo procedimental que ya se ha comentado (C.S.J.N. Fallos: 307:1983) -confr. esta Sala, c. n° 703, “Musimundo S.A. s/rec. de casación”, reg. n° 962, rta. el 27 de marzo de 1996. También vale mencionar que soy de la opinión que si las actuaciones se inician válidamente por información policial, uno de los modos contemplados por el art. 195 del código ritual, no resulta necesario que el fiscal de instrucción formule requerimiento de instrucción. De ahí, que como sucede en el caso autos, el proceso se inició entonces por prevención policial, por lo tanto junto a la denuncia una de las modalidades que habilita la labor de investigación conforme acuerdan los artículos 183 y 195 del Código Procesal de la Nación, ante el conocimiento por parte de la autoridad policial de la comisión de un posible delito de acción pública. En ese sentido, es dable señalar un precedente de esta Sala que
ahora conformo, con anterior integración, en el cual se analizó un caso similar al presente, que “El Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 195 prevé como actos promotores de la acción penal a la requisitoria o a la prevención o información policial […] De manera que [si] las actuaciones se iniciaron en razón de la labor prevencional, constituyéndose en el caso uno de los medios de iniciación del proceso previstos en el art. 195 del ordenamiento de rito, por lo que resultó innecesario el requerimiento de instrucción por el Ministerio Público Fiscal (CNCP, Sala IV, re. 6051,”Gastiazoro, Silvana Elizabeth”, rta. 23/9/2004)”. También, habré de compartir lo que ha sostenido el colega Dr. Gustavo M. Hornos en la causa nro. 8824, “Ayala, Luis Miguel s/ recurso de casación”, reg. 12602.4, rta. el 13/11/09, quien manifestó que “no existe una violación a lo dispuesto en los arts. 180, 188 y 195 del C.P.P.N. ; es decir del principio ‘ne procedat iudex ex officio’ cuando la causa se inicia por prevención policial (cfr. Causa Nro. 1783 ‘VAZQUEZ RAMIREZ, Carlos Alfonso s/ recurso de casación’, reg. Nro. 2425.4, nro. 952 ‘Torrico Montaño, Emigdio s/ recurso de casación’, reg. Nro. 1533.4, rta. el 30/10/98, entre otras)... …es doctrina de esta Cámara la que sostiene la alternatividad de los modos de dar inicio a la instrucción, lo cual surge del artículo 195 del C.P.P.N. que otorga indistintamente al requerimiento fiscal y a la prevención o información policial la eficacia a tal efecto, sustentándose ello en la interpretación armónica de dicha norma y de los artículos 180 y 188 del mismo código (cfr. entre otros pronunciamientos: Sala I: ‘Musimundo S.A.’…, Sala II: ´Batalla, Jorge A.’… y esta Sala: ‘Rodino González, Pablo Fabián s/ recurso de casación’, causa nro. 422, Reg. 680, rta. el 28/10/96)”.
Ahora bien, según surge de la compulsa del expediente, éste se inició del modo de una “información policial”, toda vez que se dio mediante la denuncia anónima de una persona que puso en conocimiento a la Cuerpo de Gendarmería Nº16 de “Clorinda”, de la posible comisión de un delito de acción pública en esa jurisdicción. Por ello, queda claro que no resultaba necesario en autos que el fiscal de instrucción formulara requerimiento de instrucción, pues los actuados se iniciaron válidamente por otro de los modos contemplados por el art. 195 del código ritual, esto es, por información policial. Por ende, habré de rechazar el presente agravio. IV. Ahora, ha llegado el momento de responder a los planteos defensistas introducidos tempestivamente. a)Ello me remite, en un primer momento, a verificar si se debe decretar la nulidad absoluta del procedimiento policial y de lo obrado en consecuencia por configurar violación al debido proceso y defensa en juicio desde el comienzo del procedimiento. Previo a expedirme sobre la cuestión traída a mi conocimiento, recordaré cuál fue la respuesta jurisdiccional que se brindó al planteo nulificante respecto a la orden de allanamiento, formulado por la defensa de Santa Cruz en el debate, y que fue reeditado en esta sede. De ese modo, los jueces sentenciantes- que formaron la mayoría- indicaron que “… el pedido y posterior orden de allanamiento que dispuso el juez de la causa, tuvieron fundamento suficiente a la luz de los arts. 224 y concordantes del C.P.P.N., toda vez que, como queda dicho, no se requiere una semiplena prueba de culpabilidad de la persona que debe soportar el registro domiciliario, sino que además la orden, librada a fs. 2 contenía un estricto mandato a la Gendarmería Nacional de que se procediera a la detención de personas y secuestro de elementos solo en el
caso de constatar una actividad vinculada con los delitos previstos y reprimidos por la ley 23.737, e incluso, dentro de ese estricto mandato, sin habilitación de horas. El juez consideró argumentos generadores de sospecha, no solo de quien a la postre resultó imputado en esta causa, se encontraba investigado en otra causa también vinculada a infracciones a la ley 23.737, sino gran movimiento de personas, su ingreso en muchas ocasiones de quienes provenían del lado paraguayo y en una zona donde se observan botes, que es de conocimientos y antecedentes que suelen ser utilizados para hacer pasar mercaderías en infracción a normas vigentes”. De lo expuesto cabe colegir que los integrantes del tribunal oral que votaron en ese sentido, dieron acabada respuesta al planteo que el recurrente reedita en esta instancia, brindando los argumentos que fundadamente derivan en su rechazo. Por ello, la nulidad propiciada respecto de la orden de allanamiento de la vivienda de Santa Cruz, habré de sostener que el auto de fs. 3/7 mediante el cual el juez federal decidió librar la orden allanamiento y detención del nombrado, estuvo precedida de un pormenorizado análisis de las actuaciones. Particularmente, se evaluaron las tareas de investigación llevadas a cabo por la Gendarmería, que en un primer momento solicitó orden de allanamiento mediante informe de fecha 29 de abril de 2010 -fs. 14 y 15-, el cual no fue suficiente para el juzgado de Formosa para convalidar tal diligencia y por ende rechazó el pedido con fecha 4 de mayo de 2010 -copia a fs. 12-. Sin embargo, la gendarmería volvió a reiterar el pedido de allanamiento, ampliando el informe y aportando nuevos datos ver fs. 9/10-y en esa ocasión el juzgado dictó la orden de allanamiento con fecha 7 de mayo de 2010, teniendo ahora sí indicios suficientes que
llevaban a presumir fundadamente que en el domicilio vigilado correspondiente a Benito Santa Cruz se estaría llevando a cabo alguna actividad vinculada con los delitos previstos y reprimidos por la Ley 23.737. De ese modo, el art. 224 del C.P.P.N. es claro en cuanto a que “Las razones que se den como fundamento del registro domiciliario deben guardar minuciosa correspondencia con las pautas permisivas de la norma. Esencialmente, habrán de basarse en la investigación de un delito, y deberán explicar la necesidad racional, objetivamente respaldada en elementos de convicción, de practicarlo, sea para su comprobación, el secuestro de cosas, la liberación de la víctima o la individualización o aprehensión de quien se suponga autor de aquél…” (Navarro, Guillermo Rafael – Daray, Roberto Raúl, Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Tomo 1, Hammurabi, 3ª edición, p. 606/607); extremos que se cumplen acabadamente en autos, llevándome al rechazo de esta nulidad. b) De manera subsidiaria, la defensa planteó la arbitrariedad de la sentencia por falta de motivación suficiente, toda vez que a su entender, las pruebas carecen de contundencia como para establecer la responsabilidad de Santa Cruz en el hecho por el cual fue condenado. Desde un primer momento, es dable señalar que el agravio planteado, no puede recibir favorable acogida. Así, analizados los agravios que han sido sintetizados más arriba, salta a la vista que este último planteo sólo evidencia el disenso con el tribunal sentenciante acerca de tal extremo. La apuntada divergencia es inhábil para descalificar el juicio obtenido por los jueces a partir de los elementos probatorios, que analizados en conjunto, llevaron a emitir la condena de Santa Cruz en orden a la calificación propuesta, con la
consecuente imposición de pena de prisión, de multa, costas y accesorias legales. De ese modo, el “a quo” sostuvo que “…de la totalidad de la prueba rendida en autos [ver considerando II], surge que el imputado, más allá que su versión sobre el contrato verbal de alquiler resulta a todas luces inconsistente, mantuvo siempre la tenencia y posesión del inmueble supuestamente alquilado, a punto tal que en el interior del mismo, concreta y específicamente sobre la carpa que cubría el estupefaciente, había bolsas de soja y afrecho sosteniendo la lona que ocultaba la droga. Continuaron los jueces manifestando que si bien la versión de Santa Cruz, Corvalán le había alquilado el galpón para guardar plantas y otras mercaderías que llevaba y traía de Paraguay, sin embargo no se constató la existencia de ninguna planta en el interior de la vivienda. Asimismo, sostuvieron que “… el que criaba chanchos y tenía la ladrillería en el predio era Santa Cruz, es decir que la guarda de los elementos necesarios para explotar la ladrillería y alimentar a los chanchos en el mismo galpón donde se secuestró la “marihuana” es prueba más que contundente, demostrativa que Santa Cruz mantuvo siempre la tenencia y posesión del inmueble, donde no solamente guardaba herramientas y alimento paro los chanchos, sino donde también almacenó la droga secuestrada”. Así las cosas, luego de una pormenorizada lectura de los argumentos utilizados por los jueces a quo, permite concluir que la responsabilidad penal en orden al delito imputado a Santa Cruz luce suficientemente fundada, con apego a las reglas de la sana crítica, y por el contrario muy alejado se está de que los jueces de la etapa de juicio hubiesen valorado de manera parcial y antojadiza el cuadro probatorio. En efecto, se advierte que los sentenciantes brindaron
suficientes motivos para tener por fehacientemente acreditado que la marihuana se encontraba dentro de la esfera de custodia de Santa Cruz, por ser el propietario del inmueble y quien tenía la tenencia y posesión del mismo; toda vez que la cantidad secuestrada, alrededor de cuatrocientos kilos, tenía un volumen significativo, que resulta difícil creer que el nombrado no lo haya advertido. Es así que el cuestionamiento por falta de fundamentación no puede prosperar, por cuanto el recurrente no ha rebatido los argumentos brindados por el tribunal, sino que tan sólo se ha limitado a tacharlo de arbitrario, sin exteriorizar las razones por las cuales consideró que la valoración de las circunstancias tenidas en cuenta por el “a quo” resultaba insuficiente o de aparente fundamentación. Ello, denota, simplemente, la existencia de un razonamiento que no comparte, dejando sin sustento su queja. Por otra parte, tampoco el impugnante ha señalado que específicas circunstancias han sido omitidas por el tribunal, que de haber sido tenidas en cuenta, hubiesen conducido necesariamente a que se adopte el temperamento pretendido. Tales falencias dejan sin fundamento a su reclamo, correspondiendo desechar el agravio federal invocado. No debe dejar de señalarse que, salvo arbitrariedad por violación de las reglas de la sana crítica, no es dable reemplazar la valoración jurisdiccional por la de las partes, ya que ello dejaría sin sustento la función decisoria del tribunal, que le es propia. Por lo tanto, debe descartarse el presente agravio. V. Como corolario de todo lo expuesto, considero que por las razones que anteceden el recurso de casación impetrado por la defensa Oficial de Benito Santa Cruz debe ser rechazado, sin costas en la instancia
(arts. 530 y 531 -in fine- del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal. El señor juez Gustavo M. Hornos dijo: Por coincidir en lo sustancial con el voto que antecede adhiero a la solución allí propuesta. El señor juez Mariano Hernán Borinsky dijo: Que de conformidad con lo propugnado por el Sr. Fiscal de la Cámara Federal de Casación y por coincidir sustancialmente con las consideraciones formuladas por el voto del distinguido colega, doctor Juan Carlos Gemignani, que contó con la adhesión del Dr. Gustavo M. Hornos; adhiero a la solución propuesta en los votos precedentes. Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: I.RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs.466/471 por la señora Defensora Pública Oficial, doctora Rosa María Córdoba, asistiendo a Benito Santa Cruz, sin costas (arts. 530 y 531 -in fine- del C.P.P.N.). II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase la causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, quien deberá notificar personalmente a Benito Santa Cruz de lo resuelto, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
MARIANO HERNÁN BORINSKY JUAN CARLOS GEMIGNANI GUSTAVO M. HORNOS
NADIA A. PÉREZ SECRETARIA DE CÁMARA
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