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Política archivística y transparencia: una unión indisoluble :: Cartas diferentes: revista canaria de patrimonio documental
Home Cartas diferentes: revista canaria de patrimonio documental Política archivística y transparencia: una unión indisoluble
POLÍTICA ARCHIVÍSTICA Y TRANSPARENCIA:
UNA UNIÓN INDISOLUBLE
íctor M. Bello Jiménez*
Fecha de aceptación: 10 de diciembre de 2015
Resumen: Las políticas archivísticas que se han dictado a lo largo de la historia han estado sometidas al interés del poder político, lo que ha provocado una serie de debilidades en el acceso a la información, entre las que se encuentra la falta de transparencia en la actuación de la administración y el poder. Una consecuencia inmediata ha sido la corrupción, por lo que en este artículo se interconecta la ne­cesidad de una correcta gestión de documentos para que exista una transparencia capaz de paliarla.
Palabras claves: Política archivística; Gestión de documentos; Transparencia; Co­rrupción.
Abstract: The policies on archives which have been in place in the course of history have been subject to the interests of the political power, and this has produced a series of weaknesses in relation to the access to the information, and among them we have the lack of transparency in the actions of the administration and the power. The immediate consequence was corruption, and this is why this paper underlines the need of a correct document management for the existence of a transparency able to lessen its effects.
Keywords: Archive policy; document management; transparency; corruption.
Hace unos meses el ex ministro griego de Yanis Varufakis decía que la economía no es una ciencia sino una ideología con ecua­ciones. Con la archivística, en cierto modo, ocurre algo similar,
Cartas diferentes. Revista canaria de patrimonio documental, n. 11 (2015), pp. 101-115.
* Archivo Municipal de San Bartolomé de Tirajana.V
íctor M. Bello Jiménez
dado que las políticas archivísticas, como políticas que son, tam­bién están impregnadas de una ideología.
Evidentemente, las políticas archivísticas representan la sub­jetividad de quienes las dictan, y esto es más palpable cuando se trata de totalitarismos o democracias.
A lo largo de la historia la política archivística fue una cuestión de índole gubernativa1. Tanto los reyes de la etapa moderna como los gobiernos de la etapa contemporánea dictaron normas sobre todos los asuntos que atañen a los archivos. Esto significa que cada modificación en la administración ha llevado aparejada una nueva política archivística acorde a sus necesidades.
En el contexto de la administración local canaria se han dado hasta el momento tres:
1. Política archivística absolutista (1494-1835): en este perio­do los reyes son quienes dictan las normas a seguir en la producción y custodia de documentos. La finalidad funda­mental es controlar tanto al poder local como al pueblo, y el documento es aval de los derechos de la corona y de los concejos, por lo que su uso está condicionado por la admi­nistración, sin que apenas interactúe con el ciudadano.
2. Política archivística totalitaria (1835-1978): el gobierno central es el responsable de marcar las directrices sobre los archivos. La finalidad de los documentos continúa siendo
1. De forma genérica se puede definir la política archivística como el con­junto de acciones y decisiones adoptadas por los gobernantes para la correcta producción de documentos y su adecuada organización, el buen funcionamien­to de los archivos, prestar un buen servicio a todos los agentes relacionados con ellos y, en consecuencia, fomentar la eficacia administrativa de un organismo o un conjunto de ellos, propiciar la participación ciudadana mediante el control y la transparencia de la administración, favorecer la investigación y garantizar la pervivencia de la memoria. Este concepto lo analicé con mayor profundidad en Bello Jiménez, Víctor M. «Política archivística: definición, alcance y modelo de análisis». Revista de historia canaria, n. 196 (La Laguna, 2014), pp. 75-94. Y también puede consultarse en www.ecadal.org.p
olítica arch ivística y transparencia: una unión indisoluble
administrativa, pero comienza a ser considerado como fuen­te fidedigna para estudiar el pasado. Su uso sigue condicio­nado por la administración pero comienza a vincularse con el ciudadano a través de los investigadores que los consultan para realizar sus estudios históricos, siempre mediatizados por los intereses del poder.
3. Política archivística democrática (1978-actualidad): la polí­tica archivística es objeto de descentralización para propi­ciar su desarrollo por parte de las administraciones autonó­micas y locales, con la peculiaridad de que la mayor parte de las veces no se encuentra nexo de unión entre ellas. En este espacio temporal se pretende la vinculación del documento por igual con la administración y el ciudadano, pero los ob­jetivos no se cumplen con las garantías que se debiera2.
Todas ellas tienen una característica en común: que fueron diseñadas bajo el prisma del paradigma político del momento; es decir, bajo los intereses del poder. Lo que ha derivado en no pocos casos de corrupción y vulneración de derechos de los ciu­dadanos3.
2 Debilidades de las políticas archivísticas desarrolladas
A partir del análisis histórico podemos hallar una serie de constantes que hacen coincidir a las tres políticas archivísticas descritas en aspectos esenciales. Son:
2. Estas políticas son analizadas de forma extensa en: Bello Jiménez, Víctor M. Poder y archivos en la administración local canaria (siglos xv-xxi). Las Palmas de Gran Canaria: Mercurio, 2015.
3. Sobre este asunto trabajé en Bello Jiménez, Víctor M. «El reflejo de la corrupción en los archivos». En: Encontro Internacional de Arquivos, Évora (Por­tugal), 2014 (en prensa). Y con mayor profundidad en: Bello Jiménez, Víctor M. Poder y archivos... Op. cit.J r c B V M 104 í to . ello iménez
a. Todos los sistemas de poder desarrollan estrategias para la producción y conservación de documentos, lo que se con­creta en una política archivística adecuada a sus intereses y pretensiones.
b. El archivo es un activo esencial de las dinámicas políticas y económicas de los gobiernos.
c. El diseño de la política archivística no es arbitrario sino con­sentido por los sistemas de poder.
d. Todas muestran una gran precariedad legislativa. Las leyes no son desarrolladas en todos sus extremos. Sólo se pergeña lo que es básico para que el archivo cumpla con la función que se espera de él; esto es, legitimar al poder gobernante ya sea a través de la apropiación de la historia o de la pretendi­da transparencia administrativa.
e. Los legisladores, por lo general, se han mantenido ajenos a la evolución de que era objeto la archivística, por lo que no consideraban sus preceptos en la redacción de las leyes. Esto hace que las normas administrativas actuales en materia de archivo no se distancien mucho de las dictadas por los Reyes Católicos. Lo que viene a significar, por tanto, que la teoría y la práctica archivística han avanzado considerablemente a lo largo de la historia, pero la legislación que debe respaldar su aplicación es absolutamente obsoleta, con la honrosa salve­dad de algunos artículos de las normas publicadas a raíz del Esquema Nacional de Interoperabilidad4.
f. El lugar destinado a archivo generalmente es inadecuado o no cumple todas las garantías exigibles.
g. La responsabilidad sobre los archivos ha recaído sobre diver­so personal de la administración pero nunca se han estable­cido sus funciones de forma clara, salvo cuando el respon­sable era el secretario, y éste no le dedicaba todo el tiempo necesario.
4. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.política arch ivística y transparencia: una unión indisoluble 105
h. La constante más gravosa es la permanente desatención a las leyes en materia de archivo, sin que se cumplan las prome­tidas sanciones consecuentes.
i. Los archivos no terminan de consolidarse en la administra­ción municipal como el servicio esencial que son en una bu­rocracia weberiana.
j. Una mirada rousseauniana al archivo nos demuestra que el pacto social que debe establecerse por la igualdad entre to­dos los ciudadanos, ha sido incumplido sistemáticamente en lo concerniente a la información, dado que su acceso se ha privilegiado para los grupos de poder, lo que ha favorecido la manipulación en beneficio propio. En definitiva, el acceso a la información ha sido, y continúa siendo, totalmente asimé­trico entre quienes ostentan el poder y los que no lo tienen.
A partir de estas constantes, y fundamentalmente teniendo como raíz la última de ellas, las políticas archivísticas deben ser objeto de una reorientación que tenga como foco de interés los paradigmas sociales. Las políticas archivísticas del siglo xxi de­ben encaminarse sin la menor vacilación a atender las demandas ciudadanas de conocer no sólo quién le gobierna sino cómo lo está haciendo. La ley de transparencia y buen gobierno actual pretende hacer notable este cambio de sentido, mas ¿es posible que exista transparencia sin archivos bien gestionados? Evidente­mente, cualquier profesional de la archivística o cualquier buen conocer de la administración deberá responder negativamente a esta cuestión. Pero nos encontramos con un problema.
Si analizamos la evolución histórica de los archivos, podemos comprobar que cuando los reyes o los gobiernos dejaron de tener a los archivos entre sus prioridades, ya fuese para sostener un derecho o para favorecer su posición en el mundo a través de los estudios históricos, los archivos comenzaron a decaer, y los muni­cipales son un ejemplo fehaciente de esto.
Lo más gravoso de la situación es que el desinterés por los archivos traspasó la frontera que debía marcar la Constitución J r c B V M 106 í to . ello iménez
Española de 1978, con lo que el cambio de las políticas archivís­ticas basadas en el prisma político hacia las fundamentadas en el paradigma social (siguiendo principios democráticos de acceso a la información y conocimiento por parte de los ciudadanos) no se hicieron efectivas como se debía.
Esta situación ha favorecido que el poder político que se ha establecido en la administración local haya incumplido de for­ma sistemática la legislación en materia de archivo y acceso a la información; y en este sentido, aunque algunas veces la desidia haya jugado un papel importante en esta falta, la lucha por la apropiación indebida del territorio u otros bienes económicos se ha desarrollado en perjuicio de los archivos y los documentos. En definitiva, de las evidencias que constituyen éstos y de las memo­ria que conforman aquéllos.
En el transcurso de los siglos, quienes han diseñado una políti­ca archivística determinada ha pretendido ejercer un control so­bre la gestión política, administrativa y económica del poder; por el contrario, quienes lo ostentaban y ostentan en la administra­ción local han pretendido mitigar la capacidad de vigilancia que se puede ejercer sobre ellos, y la mayor parte de las veces sólo han mostrado preocupación por la organización de los documentos y la gestión de la información cuando les ha sido esencial para sus intereses, fundamentalmente económicos.
Las consecuencias de esto las vemos en la prensa a diario, con casos de corrupción en los que la manipulación, la desaparición o destrucción de documentos es un elemento esencial. Esto signi­fica que bajo las premisas de políticas archivísticas dirigidas por el paradigma político, el archivo ha sido siempre un instrumento vinculado a los intereses del poder. Ahora es el momento de que, con la preponderancia del paradigma social, los archivos sean no sólo ese instrumento vinculado a la toma de decisiones e intereses de unos pocos, sino también la garantía de la rendición de cuentas en el supuesto de que dichas decisiones se hayan tomado de for­ma lesiva para la sociedad.política arch ivística y transparencia: una unión indisoluble 107
3 Gestión de archivos y transparencia. Un cambio de paradigma
Una sociedad democrática requiere de una administración abierta al ciudadano. Esto pasa por el establecimiento de unos sistemas documentales que registren sus actividades y garanticen la veracidad de las acciones que desarrolla a partir de las com­petencias que tiene atribuidas. El ciudadano, como tal y como elector y mantenedor de quienes gobiernan, debe tener garantías de que en cualquier momento podrá acceder a la información que le atestigua que está siendo gobernado conforme a ley, a los documentos que sustentan sus derechos adquiridos y a los que son demostrativos del cumplimiento de sus deberes.
Como señala Duverger, los documentos oficiales no lo dicen todo, pero de todos modos dicen bastante5, y para que sea posible su consulta es fundamental el establecimiento de servicios archi­vísticos que desarrollen una política que simbolice la agilidad, la eficacia y la transparencia que pretendían significar los preceptos constitucionales.
En consecuencia, en la actualidad, es necesario tener en cuen­ta tres factores importantes para que el archivo sea considerado como la fuente de conocimiento que es y pueda ser útil a una ciudadanía que demanda más democracia, mayor participación y más transparencia en los actos de la administración:
1.— Es necesario un vuelco hacia el valor social del archivo; es decir, un archivo a través del cual los ciudadanos vean salva­guardados sus derechos y, además, sepa que tiene a su disposición un instrumento con el que fiscalizar la actuación de quienes for­man parte de la administración pública, tanto dirigentes políticos como funcionarios. Para esto es esencial una transparencia admi­nistrativa totalmente efectiva además de garantizarse el cumpli­miento de las leyes.
5. Duverger, Maurice. Métodos de las ciencias sociales. Barcelona: Ariel, 1962, p. 116.J r c B V M 108 í to . ello iménez
2.— La gestión de documentos asegura la conservación de los mismos y regula el acceso. Además, la gestión documental es el marco para la aplicación de un sistema de gestión de calidad en la administración pública, así como de proveerla de la trans­parencia necesaria. Esto viene a significar la finalización de una gestión de documentos por intereses del poder para derivarla a una gestión de documentos por intereses sociales: prestación de servicios de calidad y de interés general (agilidad y efica­cia de la administración), sustentación de los derechos de los ciudadanos, transparencia administrativa y fiscalización de las actuaciones del poder con la consecuente depuración de res­ponsabilidades.
Mayor gestión documental = Mayor acceso
Mayor acceso = Mayor transparencia
Mayor transparencia = Menor corrupción
Mayor gestión documental = Menor corrupción
3. — La gestión de los archivos, por sí sola, no será capaz de evitar la corrupción pero sí que puede ser un paliativo más si quien delinque sabe que puede ser descubierto y juzgado.
4 Necesidad de desarrollo de una política archivística adecuada
En la etapa democrática la política archivística se ha triplica­do con respecto de las anteriores, que eran marcadas desde un estado centralizado, dando lugar a una descoordinación absoluta. Una de ellas, con vertiente cultural eminentemente, es diseñada por el estado; la segunda, con influencias culturales pero con una vocación administrativista que se ha ido desarrollando paulatina­mente, es diseñada por la comunidad autónoma; y la tercera, con política arch ivística y transparencia: una unión indisoluble 109
tintes casi exclusivamente administrativos, es pergeñada por los ayuntamientos. Contamos con tres agentes intervinientes (estado, comunidad autónoma y ayuntamientos), y cada uno atiende al programa archivístico que más le conviene en cada momento, sin que previamente haya un análisis concienzudo de las necesidades ni un objetivo amplio que alcanzar.
Se puede asegurar, por tanto, que la política archivística desa­rrollada en el contexto de los ayuntamientos canarios durante la etapa democrática es altamente negativa, y el cumplimiento de la legislación demasiado exiguo para tratarse de un sistema polí­tico que debe estar más abierto a la ciudadanía y debería poten­ciar el conocimiento tanto de la actualidad como de la historia.
No deja de ser paradójico que desde que existe un profesional que se responsabiliza de la organización y custodia de los do­cumentos, en sustitución de los secretarios municipales, muchos ayuntamientos tengan sus archivos en peores condiciones por no querer contar con el servicio de un personal que consideran se­cundario a todas luces en sus plantillas de recursos humanos. Los archivos, si no es por una necesidad momentánea, no son una preocupación de los dirigentes. Son pocos los proyectos de largo recorrido existentes en Canarias, dándose esencialmente proyec­tos coyunturales que por falta de continuidad no alcanzan un resultado óptimo.
Son numerosos los casos en que los archiveros, de forma uni­personal, se ofrecen a prestar sus servicios en las administracio­nes. Pero el éxito ha sido exiguo, por lo que se debe plantear un desarrollo estructural impulsado por órganos supramunicipa­les que establezcan normas y pautas a seguir y que lleguen a los ayuntamientos de forma descendente. Para ello es necesaria la sinergia de todos los agentes implicados en el desarrollo tanto de la administración como de la gestión de documentos.
El siguiente cuadro diagnostica los problemas que se detectan en la gestión de documentos de los municipios canarios, se plan­tea el tratamiento a aplicar para darles fin, y se propone el agente que debe actuar en su auxilio:J r c B V M 110 í to . ello iménez
Escaso personal y contratación en pre­cario
Plantillas multidiscipli­nares y consolidación de puestos de trabajo
Sistema Canario de Archivos
Escasa cualificación profesional
Exigencia de formación
Inclusión en Relaciones de Puestos de Trabajo con categorías y funciones
Archivos = Cultura
Archivos = Administra­ción
Instrumentos de gestión arbitrarios o inexistentes
Grupos de Trabajo vinculados a Universidad y Asociaciones pro­fesionales
Equipamiento insu­ficiente
Servicio deficiente y escasa consideración social
Implicación del archivo en administración electrónica y portales de transparencia
Es indiscutible que cada uno de los agentes tiene que poner en juego sus activos para aportar los recursos necesarios. En la siguiente tabla se ejemplifican cuáles pueden ser los valores aña­didos que aporte cada uno de ellos:
Legisladores / Gobierno
Leyes claras y eficaces, de manera que nada quede al arbitrio de quienes toman las decisiones. Deben dejarse asesorar por especialistas en cada materia.
Conceptuar el archivo como valor administrativo que debe estar gestionado por un equipo interdis­ciplinar cualificado suficientemente y con reciclaje profesional continuado.
Proveerse de una formación continuada.
Promover los grupos de trabajo y la normalización.
Impulsar la homogeneidad en la gestión de docu­mentos. Velar por el cumplimiento de las leyes.
Implicarse en una formación de garantías, fomen­tado unos estudios reglados y la investigación en el ámbito de los archivos
Asociación de Archiveros
Apoyo a cada uno de los agentes.política arch ivística y transparencia: una unión indisoluble 111
No cabe la menor duda de que toda política archivística, su di­seño e implantación, debe ir precedida de un principio filosófico (la razón por la que se diseña), una razón social (el modo en que repercutirá en la sociedad), unos postulados teóricos (formación e investigación), una metodología (modelo archivístico), y un de­sarrollo posterior de la política archivística diseñada (legislación, instalaciones, personal, etc.), por lo que es necesario contar con todos los agentes implicados por igual para que se haga con ga­rantías.
5 L Los planes insulares para archivos municipales como primera propuesta de desarrollo
El desarrollo de la política archivística adecuada pasa, entre otros muchos factores, por adoptar medidas para paliar la preca­riedad del tratamiento archivístico de los fondos documentales de Canarias. Esto requiere en primer lugar situar personal cualifi­cado al frente de cada uno de los archivos.
Sin duda alguna, el desarrollo del Sistema Canario de Archi­vos es fundamental para lograr el objetivo de atenuar de forma paulatina las deficiencias de los archivos de los ayuntamientos. La primera fase debería consistir en proveer a cada ayuntamiento bien de un archivero contratado directamente por el consistorio o bien del asesoramiento necesario a los responsables de archivo, independientemente de su nivel de cualificación. Es cierto que no todos los ayuntamientos cuentan con el presupuesto económico suficiente ni con un volumen documental lo debidamente im­portante como para tener en su plantilla de personal a un técnico superior de archivo; por este motivo, en algunas comunidades autónomas se ha establecido como parámetro de referencia para saber si un municipio debe contar con archivero o no, el volumen poblacional. De este modo, la Ley de Archivos de Castilla-La Mancha establece en su artículo 30 la obligatoriedad por parte de los ayuntamientos de tener archivero en los municipios de más de J r c B V M 112 í to . ello iménez
20.000 habitantes6, cifra que se ve reducida en Cataluña a 10.000 habitantes7; por lo que no quedan claras las medidas a establecer.
El fundamento para concretar unos parámetros más objetivos debe ser una evaluación más amplia de las necesidades de archi­vero en los ayuntamientos, lo que puede venir determinado por el número de habitantes, ya que a mayor población, más docu­mentos se tramitarán en el ayuntamiento. Pero también resultaría óptimo considerar el volumen de documentos, su crecimiento anual, la antigüedad del fondo y el número de consultas que se realizan al archivo, además del presupuesto municipal, para, a partir de todos esos datos, articular las necesidades de cualquier archivo, así como las competencias y categorías de los diferentes profesionales que se puedan necesitar para garantizar un servicio adecuado. Municipios grandes como Las Palmas de Gran Cana­ria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Telde, La Oliva, Teguise o San Bartolomé de Tirajana, por citar algu­nos ejemplos, necesitan de unas plantillas amplias para atender las necesidades de información tanto del propio ayuntamiento como de la ciudadanía. En el otro extremo se sitúan, por ejemplo, municipios colindantes entre sí como Artenara y Tejeda, que si del estudio que propongo resultase que no requieren obligato­riamente un técnico superior al frente del archivo con presencia constante, y pueden prestar un servicio mínimo responsabilizan­do de la organización de documentos a auxiliares administrativos o auxiliares de archivos, sí que éstos deberían estar asesorados por un archivero, que bien podría estar contratado por ambas instituciones a tiempo parcial o incluso por el cabildo, que es el organismo responsable de vertebrar el subsistema de archivos de administraciones locales. Así se establece en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, la cual da potestad al Gobierno de Canarias para
6. Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Man­cha.
7. Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos. Art. 31.política arch ivística y transparencia: una unión indisoluble 113
transferir a los cabildos insulares el ejercicio en el ámbito de su respectiva isla de algunas de las competencias de la administra­ción pública de la comunidad autónoma, entre las que se pueden situar los archivos. De esto resulta, por tanto, que se pueden im­plementar diferentes tipos de proyectos para desarrollar los ar­chivos municipales canarios y dar fin a las situaciones deplorables que presentan muchos de ellos. Y a partir de la articulación de las plantillas de personal adecuadas, se sucederán la dotación de la infraestructura mínima necesaria y las herramientas y técnicas oportunas para el desarrollo archivístico que tan necesario resulta en Canarias.
El objetivo se presenta, por tanto, de forma meridiana: para cambiar el sino de los archivos municipales canarios es impres­cindible dotarlos de personal cualificado y suficiente, y esto signi­fica que algunos archivos se podrán mantener con un auxiliar de archivo con una formación mínima, más el asesoramiento de un técnico especializado; y en otros se deberá conformar una plan­tilla lo suficientemente amplia. Es esto último lo que menos ha enraizado en los archivos municipales, no sólo en Canarias, sino en el resto del territorio nacional.
Para amortiguar la precariedad de las plantillas de trabajadores en archivos y con el fin de normalizarlas, la Coordinadora de Aso­ciaciones de Archiveros y Gestores Documentales hizo en 2009 una propuesta sobre los perfiles profesionales8. La pretensión no era únicamente afianzar al personal de archivos, sino también terminar con el carácter finalista que tienen las funciones de los archivos, como hemos visto anteriormente en los reglamentos de los ayuntamientos canarios, para insertarlos en el punto más es­tratégico del desarrollo de la administración electrónica. Con la aplicación de dichos perfiles, adaptados a las necesidades de cada ayuntamiento, el archivero se vería impulsado en el seno de los organismos en que trabaja, y los conocimientos adquiridos y las
8. www.archiveros.net.J r c B V M 114 í to . ello iménez
herramientas con las que ha trabajado tradicionalmente9 se pon­drían al servicio de una administración más eficaz.
1. La democracia ha aportado a los archivos una legislación que era muy necesaria, pero es ineludible que se haga mu­cho más profunda, con un alcance mayor, contando para su desarrollo con todos los agentes implicados, y que se cum­plan todos sus preceptos.
2. En una sociedad democrática es fundamental que el ciuda­dano conozca el modo en que se gobierna y pueda decidir quién quiere que le gobierne y de qué manera. Y para que esto sea posible es fundamental que esté informado sobre el modo de actuar de la administración y sus regidores. Una información que está contenida en documentos. Unos docu­mentos que se deben custodiar en archivos. Por tanto, para que exista verdadera democracia son esenciales unos archi­vos accesibles al ciudadano.
3. Para esto es fundamental el establecimiento de sistemas y servicios archivísticos que desarrollen una política archivís­tica que simbolice la agilidad, la eficacia y una transparencia amplia y real.
ello Jiménez, Víctor M. Poder y archivos en la administración local canaria (siglos xv-xxi). Las Palmas de Gran Canaria: Mercurio, 2015.
9. Cuadros de clasificación, tablas de valoración, bases de datos descriptivas, tesauros, etc.política arch ivística y transparencia: una unión indisoluble 115
ello Jiménez, Víctor M. «Política archivística: definición, alcance y modelo de análisis». Revista de historia canaria, n. 196 (La Lagu­na, 2014), pp. 75-94.
ello Jiménez, Víctor M. «El reflejo de la corrupción en los archivos». En: Encontro Internacional de Arquivos, Évora (Portugal), 2014 (en prensa).
uverger, Maurice. Métodos de las ciencias sociales. Barcelona: Ariel, 1962.
—Legislación
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administracio­nes Públicas de Canarias.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Informa­ción Pública y Buen Gobierno.
—Webs
www.ecadal.org
www.archiveros.net
Título y subtítulo Política archivística y transparencia: una unión indisoluble
Autor principal Bello Jiménez, Víctor M.
Páginas pp. 101-115
Materias Patrimonio documental ; Archivística ; Documentación ; Documentación ; Cultura ; Canarias ; Transparencia
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Texto POLÍTICA ARCHIVÍSTICA Y TRANSPARENCIA: UNA UNIÓN INDISOLUBLE V íctor M. Bello Jiménez* Fecha recepción: 20 de octubre de 2015 Fecha de aceptación: 10 de diciembre de 2015 Resumen: Las políticas archivísticas que se han dictado a lo largo de la historia han estado sometidas al interés del poder político, lo que ha provocado una serie de debilidades en el acceso a la información, entre las que se encuentra la falta de transparencia en la actuación de la administración y el poder. Una consecuencia inmediata ha sido la corrupción, por lo que en este artículo se interconecta la ne­cesidad de una correcta gestión de documentos para que exista una transparencia capaz de paliarla. Palabras claves: Política archivística; Gestión de documentos; Transparencia; Co­rrupción. Abstract: The policies on archives which have been in place in the course of history have been subject to the interests of the political power, and this has produced a series of weaknesses in relation to the access to the information, and among them we have the lack of transparency in the actions of the administration and the power. The immediate consequence was corruption, and this is why this paper underlines the need of a correct document management for the existence of a transparency able to lessen its effects. Keywords: Archive policy; document management; transparency; corruption. 1 Introducción Hace unos meses el ex ministro griego de Yanis Varufakis decía que la economía no es una ciencia sino una ideología con ecua­ciones. Con la archivística, en cierto modo, ocurre algo similar, Cartas diferentes. Revista canaria de patrimonio documental, n. 11 (2015), pp. 101-115. * Archivo Municipal de San Bartolomé de Tirajana.V íctor M. Bello Jiménez 102 dado que las políticas archivísticas, como políticas que son, tam­bién están impregnadas de una ideología. Evidentemente, las políticas archivísticas representan la sub­jetividad de quienes las dictan, y esto es más palpable cuando se trata de totalitarismos o democracias. A lo largo de la historia la política archivística fue una cuestión de índole gubernativa1. Tanto los reyes de la etapa moderna como los gobiernos de la etapa contemporánea dictaron normas sobre todos los asuntos que atañen a los archivos. Esto significa que cada modificación en la administración ha llevado aparejada una nueva política archivística acorde a sus necesidades. En el contexto de la administración local canaria se han dado hasta el momento tres: 1. Política archivística absolutista (1494-1835): en este perio­do los reyes son quienes dictan las normas a seguir en la producción y custodia de documentos. La finalidad funda­mental es controlar tanto al poder local como al pueblo, y el documento es aval de los derechos de la corona y de los concejos, por lo que su uso está condicionado por la admi­nistración, sin que apenas interactúe con el ciudadano. 2. Política archivística totalitaria (1835-1978): el gobierno central es el responsable de marcar las directrices sobre los archivos. La finalidad de los documentos continúa siendo 1. De forma genérica se puede definir la política archivística como el con­junto de acciones y decisiones adoptadas por los gobernantes para la correcta producción de documentos y su adecuada organización, el buen funcionamien­to de los archivos, prestar un buen servicio a todos los agentes relacionados con ellos y, en consecuencia, fomentar la eficacia administrativa de un organismo o un conjunto de ellos, propiciar la participación ciudadana mediante el control y la transparencia de la administración, favorecer la investigación y garantizar la pervivencia de la memoria. Este concepto lo analicé con mayor profundidad en Bello Jiménez, Víctor M. «Política archivística: definición, alcance y modelo de análisis». Revista de historia canaria, n. 196 (La Laguna, 2014), pp. 75-94. Y también puede consultarse en www.ecadal.org.p olítica arch ivística y transparencia: una unión indisoluble 103 administrativa, pero comienza a ser considerado como fuen­te fidedigna para estudiar el pasado. Su uso sigue condicio­nado por la administración pero comienza a vincularse con el ciudadano a través de los investigadores que los consultan para realizar sus estudios históricos, siempre mediatizados por los intereses del poder. 3. Política archivística democrática (1978-actualidad): la polí­tica archivística es objeto de descentralización para propi­ciar su desarrollo por parte de las administraciones autonó­micas y locales, con la peculiaridad de que la mayor parte de las veces no se encuentra nexo de unión entre ellas. En este espacio temporal se pretende la vinculación del documento por igual con la administración y el ciudadano, pero los ob­jetivos no se cumplen con las garantías que se debiera2. Todas ellas tienen una característica en común: que fueron diseñadas bajo el prisma del paradigma político del momento; es decir, bajo los intereses del poder. Lo que ha derivado en no pocos casos de corrupción y vulneración de derechos de los ciu­dadanos3. 2 Debilidades de las políticas archivísticas desarrolladas A partir del análisis histórico podemos hallar una serie de constantes que hacen coincidir a las tres políticas archivísticas descritas en aspectos esenciales. Son: 2. Estas políticas son analizadas de forma extensa en: Bello Jiménez, Víctor M. Poder y archivos en la administración local canaria (siglos xv-xxi). Las Palmas de Gran Canaria: Mercurio, 2015. 3. Sobre este asunto trabajé en Bello Jiménez, Víctor M. «El reflejo de la corrupción en los archivos». En: Encontro Internacional de Arquivos, Évora (Por­tugal), 2014 (en prensa). Y con mayor profundidad en: Bello Jiménez, Víctor M. Poder y archivos... Op. cit.J r c B V M 104 í to . ello iménez a. Todos los sistemas de poder desarrollan estrategias para la producción y conservación de documentos, lo que se con­creta en una política archivística adecuada a sus intereses y pretensiones. b. El archivo es un activo esencial de las dinámicas políticas y económicas de los gobiernos. c. El diseño de la política archivística no es arbitrario sino con­sentido por los sistemas de poder. d. Todas muestran una gran precariedad legislativa. Las leyes no son desarrolladas en todos sus extremos. Sólo se pergeña lo que es básico para que el archivo cumpla con la función que se espera de él; esto es, legitimar al poder gobernante ya sea a través de la apropiación de la historia o de la pretendi­da transparencia administrativa. e. Los legisladores, por lo general, se han mantenido ajenos a la evolución de que era objeto la archivística, por lo que no consideraban sus preceptos en la redacción de las leyes. Esto hace que las normas administrativas actuales en materia de archivo no se distancien mucho de las dictadas por los Reyes Católicos. Lo que viene a significar, por tanto, que la teoría y la práctica archivística han avanzado considerablemente a lo largo de la historia, pero la legislación que debe respaldar su aplicación es absolutamente obsoleta, con la honrosa salve­dad de algunos artículos de las normas publicadas a raíz del Esquema Nacional de Interoperabilidad4. f. El lugar destinado a archivo generalmente es inadecuado o no cumple todas las garantías exigibles. g. La responsabilidad sobre los archivos ha recaído sobre diver­so personal de la administración pero nunca se han estable­cido sus funciones de forma clara, salvo cuando el respon­sable era el secretario, y éste no le dedicaba todo el tiempo necesario. 4. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.política arch ivística y transparencia: una unión indisoluble 105 h. La constante más gravosa es la permanente desatención a las leyes en materia de archivo, sin que se cumplan las prome­tidas sanciones consecuentes. i. Los archivos no terminan de consolidarse en la administra­ción municipal como el servicio esencial que son en una bu­rocracia weberiana. j. Una mirada rousseauniana al archivo nos demuestra que el pacto social que debe establecerse por la igualdad entre to­dos los ciudadanos, ha sido incumplido sistemáticamente en lo concerniente a la información, dado que su acceso se ha privilegiado para los grupos de poder, lo que ha favorecido la manipulación en beneficio propio. En definitiva, el acceso a la información ha sido, y continúa siendo, totalmente asimé­trico entre quienes ostentan el poder y los que no lo tienen. A partir de estas constantes, y fundamentalmente teniendo como raíz la última de ellas, las políticas archivísticas deben ser objeto de una reorientación que tenga como foco de interés los paradigmas sociales. Las políticas archivísticas del siglo xxi de­ben encaminarse sin la menor vacilación a atender las demandas ciudadanas de conocer no sólo quién le gobierna sino cómo lo está haciendo. La ley de transparencia y buen gobierno actual pretende hacer notable este cambio de sentido, mas ¿es posible que exista transparencia sin archivos bien gestionados? Evidente­mente, cualquier profesional de la archivística o cualquier buen conocer de la administración deberá responder negativamente a esta cuestión. Pero nos encontramos con un problema. Si analizamos la evolución histórica de los archivos, podemos comprobar que cuando los reyes o los gobiernos dejaron de tener a los archivos entre sus prioridades, ya fuese para sostener un derecho o para favorecer su posición en el mundo a través de los estudios históricos, los archivos comenzaron a decaer, y los muni­cipales son un ejemplo fehaciente de esto. Lo más gravoso de la situación es que el desinterés por los archivos traspasó la frontera que debía marcar la Constitución J r c B V M 106 í to . ello iménez Española de 1978, con lo que el cambio de las políticas archivís­ticas basadas en el prisma político hacia las fundamentadas en el paradigma social (siguiendo principios democráticos de acceso a la información y conocimiento por parte de los ciudadanos) no se hicieron efectivas como se debía. Esta situación ha favorecido que el poder político que se ha establecido en la administración local haya incumplido de for­ma sistemática la legislación en materia de archivo y acceso a la información; y en este sentido, aunque algunas veces la desidia haya jugado un papel importante en esta falta, la lucha por la apropiación indebida del territorio u otros bienes económicos se ha desarrollado en perjuicio de los archivos y los documentos. En definitiva, de las evidencias que constituyen éstos y de las memo­ria que conforman aquéllos. En el transcurso de los siglos, quienes han diseñado una políti­ca archivística determinada ha pretendido ejercer un control so­bre la gestión política, administrativa y económica del poder; por el contrario, quienes lo ostentaban y ostentan en la administra­ción local han pretendido mitigar la capacidad de vigilancia que se puede ejercer sobre ellos, y la mayor parte de las veces sólo han mostrado preocupación por la organización de los documentos y la gestión de la información cuando les ha sido esencial para sus intereses, fundamentalmente económicos. Las consecuencias de esto las vemos en la prensa a diario, con casos de corrupción en los que la manipulación, la desaparición o destrucción de documentos es un elemento esencial. Esto signi­fica que bajo las premisas de políticas archivísticas dirigidas por el paradigma político, el archivo ha sido siempre un instrumento vinculado a los intereses del poder. Ahora es el momento de que, con la preponderancia del paradigma social, los archivos sean no sólo ese instrumento vinculado a la toma de decisiones e intereses de unos pocos, sino también la garantía de la rendición de cuentas en el supuesto de que dichas decisiones se hayan tomado de for­ma lesiva para la sociedad.política arch ivística y transparencia: una unión indisoluble 107 3 Gestión de archivos y transparencia. Un cambio de paradigma Una sociedad democrática requiere de una administración abierta al ciudadano. Esto pasa por el establecimiento de unos sistemas documentales que registren sus actividades y garanticen la veracidad de las acciones que desarrolla a partir de las com­petencias que tiene atribuidas. El ciudadano, como tal y como elector y mantenedor de quienes gobiernan, debe tener garantías de que en cualquier momento podrá acceder a la información que le atestigua que está siendo gobernado conforme a ley, a los documentos que sustentan sus derechos adquiridos y a los que son demostrativos del cumplimiento de sus deberes. Como señala Duverger, los documentos oficiales no lo dicen todo, pero de todos modos dicen bastante5, y para que sea posible su consulta es fundamental el establecimiento de servicios archi­vísticos que desarrollen una política que simbolice la agilidad, la eficacia y la transparencia que pretendían significar los preceptos constitucionales. En consecuencia, en la actualidad, es necesario tener en cuen­ta tres factores importantes para que el archivo sea considerado como la fuente de conocimiento que es y pueda ser útil a una ciudadanía que demanda más democracia, mayor participación y más transparencia en los actos de la administración: 1.— Es necesario un vuelco hacia el valor social del archivo; es decir, un archivo a través del cual los ciudadanos vean salva­guardados sus derechos y, además, sepa que tiene a su disposición un instrumento con el que fiscalizar la actuación de quienes for­man parte de la administración pública, tanto dirigentes políticos como funcionarios. Para esto es esencial una transparencia admi­nistrativa totalmente efectiva además de garantizarse el cumpli­miento de las leyes. 5. Duverger, Maurice. Métodos de las ciencias sociales. Barcelona: Ariel, 1962, p. 116.J r c B V M 108 í to . ello iménez 2.— La gestión de documentos asegura la conservación de los mismos y regula el acceso. Además, la gestión documental es el marco para la aplicación de un sistema de gestión de calidad en la administración pública, así como de proveerla de la trans­parencia necesaria. Esto viene a significar la finalización de una gestión de documentos por intereses del poder para derivarla a una gestión de documentos por intereses sociales: prestación de servicios de calidad y de interés general (agilidad y efica­cia de la administración), sustentación de los derechos de los ciudadanos, transparencia administrativa y fiscalización de las actuaciones del poder con la consecuente depuración de res­ponsabilidades. La fórmula sería: Mayor gestión documental = Mayor acceso Mayor acceso = Mayor transparencia Mayor transparencia = Menor corrupción Por tanto, Mayor gestión documental = Menor corrupción 3. — La gestión de los archivos, por sí sola, no será capaz de evitar la corrupción pero sí que puede ser un paliativo más si quien delinque sabe que puede ser descubierto y juzgado. 4 Necesidad de desarrollo de una política archivística adecuada En la etapa democrática la política archivística se ha triplica­do con respecto de las anteriores, que eran marcadas desde un estado centralizado, dando lugar a una descoordinación absoluta. Una de ellas, con vertiente cultural eminentemente, es diseñada por el estado; la segunda, con influencias culturales pero con una vocación administrativista que se ha ido desarrollando paulatina­mente, es diseñada por la comunidad autónoma; y la tercera, con política arch ivística y transparencia: una unión indisoluble 109 tintes casi exclusivamente administrativos, es pergeñada por los ayuntamientos. Contamos con tres agentes intervinientes (estado, comunidad autónoma y ayuntamientos), y cada uno atiende al programa archivístico que más le conviene en cada momento, sin que previamente haya un análisis concienzudo de las necesidades ni un objetivo amplio que alcanzar. Se puede asegurar, por tanto, que la política archivística desa­rrollada en el contexto de los ayuntamientos canarios durante la etapa democrática es altamente negativa, y el cumplimiento de la legislación demasiado exiguo para tratarse de un sistema polí­tico que debe estar más abierto a la ciudadanía y debería poten­ciar el conocimiento tanto de la actualidad como de la historia. No deja de ser paradójico que desde que existe un profesional que se responsabiliza de la organización y custodia de los do­cumentos, en sustitución de los secretarios municipales, muchos ayuntamientos tengan sus archivos en peores condiciones por no querer contar con el servicio de un personal que consideran se­cundario a todas luces en sus plantillas de recursos humanos. Los archivos, si no es por una necesidad momentánea, no son una preocupación de los dirigentes. Son pocos los proyectos de largo recorrido existentes en Canarias, dándose esencialmente proyec­tos coyunturales que por falta de continuidad no alcanzan un resultado óptimo. Son numerosos los casos en que los archiveros, de forma uni­personal, se ofrecen a prestar sus servicios en las administracio­nes. Pero el éxito ha sido exiguo, por lo que se debe plantear un desarrollo estructural impulsado por órganos supramunicipa­les que establezcan normas y pautas a seguir y que lleguen a los ayuntamientos de forma descendente. Para ello es necesaria la sinergia de todos los agentes implicados en el desarrollo tanto de la administración como de la gestión de documentos. El siguiente cuadro diagnostica los problemas que se detectan en la gestión de documentos de los municipios canarios, se plan­tea el tratamiento a aplicar para darles fin, y se propone el agente que debe actuar en su auxilio:J r c B V M 110 í to . ello iménez diagnóstico tratamiento agente Escaso personal y contratación en pre­cario Plantillas multidiscipli­nares y consolidación de puestos de trabajo Legisladores Sistema Canario de Archivos Ayuntamientos Escasa cualificación profesional Exigencia de formación Inclusión en Relaciones de Puestos de Trabajo con categorías y funciones Legisladores Universidades Ayuntamientos Archivos = Cultura Archivos = Administra­ción Legisladores Sistema Canario de Archivos Instrumentos de gestión arbitrarios o inexistentes Normalización Grupos de Trabajo vinculados a Universidad y Asociaciones pro­fesionales Sistema Canario de Archivos Federación Canaria de Municipios Equipamiento insu­ficiente Inversión Estado Sistema Canario de Archivos Ayuntamientos Servicio deficiente y escasa consideración social Implicación del archivo en administración electrónica y portales de transparencia Archiveros Es indiscutible que cada uno de los agentes tiene que poner en juego sus activos para aportar los recursos necesarios. En la siguiente tabla se ejemplifican cuáles pueden ser los valores aña­didos que aporte cada uno de ellos: agente r ecursos Legisladores / Gobierno Leyes claras y eficaces, de manera que nada quede al arbitrio de quienes toman las decisiones. Deben dejarse asesorar por especialistas en cada materia. Ayuntamientos Conceptuar el archivo como valor administrativo que debe estar gestionado por un equipo interdis­ciplinar cualificado suficientemente y con reciclaje profesional continuado. Archiveros Proveerse de una formación continuada. Federación Canaria de Municipios Promover los grupos de trabajo y la normalización. Sistema Canario de Archivos Impulsar la homogeneidad en la gestión de docu­mentos. Velar por el cumplimiento de las leyes. Universidades Implicarse en una formación de garantías, fomen­tado unos estudios reglados y la investigación en el ámbito de los archivos Asociación de Archiveros Apoyo a cada uno de los agentes.política arch ivística y transparencia: una unión indisoluble 111 No cabe la menor duda de que toda política archivística, su di­seño e implantación, debe ir precedida de un principio filosófico (la razón por la que se diseña), una razón social (el modo en que repercutirá en la sociedad), unos postulados teóricos (formación e investigación), una metodología (modelo archivístico), y un de­sarrollo posterior de la política archivística diseñada (legislación, instalaciones, personal, etc.), por lo que es necesario contar con todos los agentes implicados por igual para que se haga con ga­rantías. 5 L Los planes insulares para archivos municipales como primera propuesta de desarrollo El desarrollo de la política archivística adecuada pasa, entre otros muchos factores, por adoptar medidas para paliar la preca­riedad del tratamiento archivístico de los fondos documentales de Canarias. Esto requiere en primer lugar situar personal cualifi­cado al frente de cada uno de los archivos. Sin duda alguna, el desarrollo del Sistema Canario de Archi­vos es fundamental para lograr el objetivo de atenuar de forma paulatina las deficiencias de los archivos de los ayuntamientos. La primera fase debería consistir en proveer a cada ayuntamiento bien de un archivero contratado directamente por el consistorio o bien del asesoramiento necesario a los responsables de archivo, independientemente de su nivel de cualificación. Es cierto que no todos los ayuntamientos cuentan con el presupuesto económico suficiente ni con un volumen documental lo debidamente im­portante como para tener en su plantilla de personal a un técnico superior de archivo; por este motivo, en algunas comunidades autónomas se ha establecido como parámetro de referencia para saber si un municipio debe contar con archivero o no, el volumen poblacional. De este modo, la Ley de Archivos de Castilla-La Mancha establece en su artículo 30 la obligatoriedad por parte de los ayuntamientos de tener archivero en los municipios de más de J r c B V M 112 í to . ello iménez 20.000 habitantes6, cifra que se ve reducida en Cataluña a 10.000 habitantes7; por lo que no quedan claras las medidas a establecer. El fundamento para concretar unos parámetros más objetivos debe ser una evaluación más amplia de las necesidades de archi­vero en los ayuntamientos, lo que puede venir determinado por el número de habitantes, ya que a mayor población, más docu­mentos se tramitarán en el ayuntamiento. Pero también resultaría óptimo considerar el volumen de documentos, su crecimiento anual, la antigüedad del fondo y el número de consultas que se realizan al archivo, además del presupuesto municipal, para, a partir de todos esos datos, articular las necesidades de cualquier archivo, así como las competencias y categorías de los diferentes profesionales que se puedan necesitar para garantizar un servicio adecuado. Municipios grandes como Las Palmas de Gran Cana­ria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Telde, La Oliva, Teguise o San Bartolomé de Tirajana, por citar algu­nos ejemplos, necesitan de unas plantillas amplias para atender las necesidades de información tanto del propio ayuntamiento como de la ciudadanía. En el otro extremo se sitúan, por ejemplo, municipios colindantes entre sí como Artenara y Tejeda, que si del estudio que propongo resultase que no requieren obligato­riamente un técnico superior al frente del archivo con presencia constante, y pueden prestar un servicio mínimo responsabilizan­do de la organización de documentos a auxiliares administrativos o auxiliares de archivos, sí que éstos deberían estar asesorados por un archivero, que bien podría estar contratado por ambas instituciones a tiempo parcial o incluso por el cabildo, que es el organismo responsable de vertebrar el subsistema de archivos de administraciones locales. Así se establece en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, la cual da potestad al Gobierno de Canarias para 6. Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Man­cha. 7. Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos. Art. 31.política arch ivística y transparencia: una unión indisoluble 113 transferir a los cabildos insulares el ejercicio en el ámbito de su respectiva isla de algunas de las competencias de la administra­ción pública de la comunidad autónoma, entre las que se pueden situar los archivos. De esto resulta, por tanto, que se pueden im­plementar diferentes tipos de proyectos para desarrollar los ar­chivos municipales canarios y dar fin a las situaciones deplorables que presentan muchos de ellos. Y a partir de la articulación de las plantillas de personal adecuadas, se sucederán la dotación de la infraestructura mínima necesaria y las herramientas y técnicas oportunas para el desarrollo archivístico que tan necesario resulta en Canarias. El objetivo se presenta, por tanto, de forma meridiana: para cambiar el sino de los archivos municipales canarios es impres­cindible dotarlos de personal cualificado y suficiente, y esto signi­fica que algunos archivos se podrán mantener con un auxiliar de archivo con una formación mínima, más el asesoramiento de un técnico especializado; y en otros se deberá conformar una plan­tilla lo suficientemente amplia. Es esto último lo que menos ha enraizado en los archivos municipales, no sólo en Canarias, sino en el resto del territorio nacional. Para amortiguar la precariedad de las plantillas de trabajadores en archivos y con el fin de normalizarlas, la Coordinadora de Aso­ciaciones de Archiveros y Gestores Documentales hizo en 2009 una propuesta sobre los perfiles profesionales8. La pretensión no era únicamente afianzar al personal de archivos, sino también terminar con el carácter finalista que tienen las funciones de los archivos, como hemos visto anteriormente en los reglamentos de los ayuntamientos canarios, para insertarlos en el punto más es­tratégico del desarrollo de la administración electrónica. Con la aplicación de dichos perfiles, adaptados a las necesidades de cada ayuntamiento, el archivero se vería impulsado en el seno de los organismos en que trabaja, y los conocimientos adquiridos y las 8. www.archiveros.net.J r c B V M 114 í to . ello iménez herramientas con las que ha trabajado tradicionalmente9 se pon­drían al servicio de una administración más eficaz. 6 Conclusiones 1. La democracia ha aportado a los archivos una legislación que era muy necesaria, pero es ineludible que se haga mu­cho más profunda, con un alcance mayor, contando para su desarrollo con todos los agentes implicados, y que se cum­plan todos sus preceptos. 2. En una sociedad democrática es fundamental que el ciuda­dano conozca el modo en que se gobierna y pueda decidir quién quiere que le gobierne y de qué manera. Y para que esto sea posible es fundamental que esté informado sobre el modo de actuar de la administración y sus regidores. Una información que está contenida en documentos. Unos docu­mentos que se deben custodiar en archivos. Por tanto, para que exista verdadera democracia son esenciales unos archi­vos accesibles al ciudadano. 3. Para esto es fundamental el establecimiento de sistemas y servicios archivísticos que desarrollen una política archivís­tica que simbolice la agilidad, la eficacia y una transparencia amplia y real. R eferencias bibliográficas B ello Jiménez, Víctor M. Poder y archivos en la administración local canaria (siglos xv-xxi). Las Palmas de Gran Canaria: Mercurio, 2015. 9. Cuadros de clasificación, tablas de valoración, bases de datos descriptivas, tesauros, etc.política arch ivística y transparencia: una unión indisoluble 115 B ello Jiménez, Víctor M. «Política archivística: definición, alcance y modelo de análisis». Revista de historia canaria, n. 196 (La Lagu­na, 2014), pp. 75-94. B ello Jiménez, Víctor M. «El reflejo de la corrupción en los archivos». En: Encontro Internacional de Arquivos, Évora (Portugal), 2014 (en prensa). D uverger, Maurice. Métodos de las ciencias sociales. Barcelona: Ariel, 1962. —Legislación Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administracio­nes Públicas de Canarias. Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha. Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Informa­ción Pública y Buen Gobierno. —Webs www.ecadal.org www.archiveros.net
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 artículo 30

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