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Timestamp: 2017-07-27 16:43:32+00:00

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Sentencia Penal Nº 624/2011, AP - Granada, Sec. 2, Rec 334/2011, 04-11-2011 | Iberley
InicioJurisprudencia PenalAP - Granada2011Ramos Almenara, PedroDesestimaSentencia624/2011334/2011
Sentencia Penal Nº 624/2011, Audiencia Provincial de Granada, Sección 2, Rec 334/2011 de 04 de Noviembre de 2011
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Núm. Sentencia: 624/2011 Núm. Recurso: 334/2011
Núm. Cendoj: 18087370022011100055
Encabezamiento AUDIENCIA PROVINCIAL (Sección 2ª) GRANADA APELACION PENAL NUM. 334/11.- PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 31/09- JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 2 DE SANTA FE.- JUZGADO DE LO PENAL NUM. 5 DE GRANADA (ROLLO Nº 686/10).- La Sección Segunda de esta Audiencia Provincial, formada por los Iltmos. Sres. relacionados al margen, ha pronunciado, en nombre del Rey, la siguiente -SENTENCIA Nº 624- ILTMOS. SRES: D. José Juan Sáenz Soubrier . Dñ. Mª Aurora González Niño . D. Pedro Ramos Almenara . En la ciudad de Granada a cuatro de noviembre de dos mil once Examinado, deliberado y votado en grado de apelación por la sección Segunda de esta Audiencia Provincial, sin necesidad de celebración de vista, el Procedimiento Abreviado nº 31/2009 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Santa Fe, por un delito
de malos tratos en el ambito familiar, siendo parte, además del Ministerio Fiscal, impugnante, como apelantes
Victorino , representado por la procuradora de los Tribunales doña Maria Jose Garcia Carrasco y defendido por el letrado don Agustín Canon Frias;
Esther , representada por la procuradora de los Tribunales doña Maria Jose Castellon Rodriguez y defendida por el letrado don Agustín Canon Frias; y
Jose Pedro , representado por la procuradora doña Maria Jose Sánchez Estévez y defendido por el letrado don Jordi Corominas Diaz; actuando como ponente el Magistrado Iltmo. Sr. Don Pedro Ramos Almenara.-
Antecedentes PRIMERO.- Por la el Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, se dictó sentencia con fecha 28 de marzo de 2011 , en la cual se declaran probados los siguientes hechos: "
ÚNICO. Don
Jose Pedro y Doña
Esther se encontraban en el año 2.008 en trámite de separación matrimonial, habiendo nacido de su matrimonio una hija que tenía cinco años. El 28 de julio de dicho año, Antonio y
Esther , acompañados de sus respectivas parejas sentimentales, Doña
Maite y Don
Victorino , coincidieron en el bar "La Castaña", sito en calle Montserrat de Montcada y Reixac (Barcelona) a donde
Victorino se habían desplazado para entregar a la menor a
Jose Pedro a quien correspondía disfrutar de su compañía durante ese periodo de la vacaciones, iniciándose una discusión entre ambos progenitores en la puerta del local, en el curso de la cual y en presencia de la menor,
Jose Pedro le dio varios golpes y empujones a
Esther haciéndole caer al suelo, mientras
Maite la cogió del cuello y le retorció un brazo, golpeando con las manos a su vez
Maite , interviniendo también
Victorino en auxilio de su pareja y propinándole varios puñetazos en la cara a
Jose Pedro .
A consecuencia de estos hechos
Jose Pedro sufrió contusión orbitaria con hematoma orbitario izquierdo, heridas múltiples en la cara, herida antebrazo derecho, lesión en rodilla derecha y heridas de rascado en espalda, precisando una sola asistencia facultativa y tardando en curar sin secuelas 15 días de los que uno fue impeditivo para sus ocupaciones habituales,
Maite sufrió eritema en pómulo izquierdo, precisando una sola asistencia facultativa y tardando en curar sin secuelas siete días no impeditivos,
Esther sufrió opresión en cuello, contractura muscular cervical, equimosis zona lateral rodilla izquierda y eritema en cara interna de brazo izquierdo, precisando una sola asistencia facultativa y tardando en curar siete días, uno de ellos impeditivo, precisando una sola asistencia facultativa e
Victorino sufrió hematoma en zona interna de pierna derecha, varias equimosis en lado izquierdo de torax y erosión en zona tibial izquierda, precisando una sola asistencia facultativa y tardando en curar sin secuelas siete días, ninguno de ellos impeditivo.
" SEGUNDO.- La parte dispositiva de dicha resolución expresa textualmente: "Que debo condenar y condeno a Don
Jose Pedro como autor criminalmente responsable de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 9 meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho de tenencia y porte de armas durante 2 años y prohibición de aproximarse a Doña
Esther , a su domicilio o centro de trabajo a una distancia no inferior a 200 metros por un periodo de un año y nueve meses así como la de comunicarse con la misma por cualquier medio durante dicho periodo, absolviéndole de la falta de lesiones de la que venía acusado, debo condenar y condeno a Doña
Maite como autor criminalmente responsable de una falta de lesiones a la pena de 30 días de multa a razón de 6 euros diarios, debo condenar y condeno a Doña
Esther como autor criminalmente responsable de una falta de lesiones a la pena de 30 días de multa a razón de 6 euros diarios y debo condenar y condeno a Don
Victorino como autor criminalmente responsable de una falta de lesiones a la pena de 50 días de multa a razón de 6 euros diarios, quedando sujetos a una responsabilidad personal subsidiaria de día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas y condenándoles al pago de las costas procesales por partes iguales, debiendo indemnizar, con el interés legal del
artículo 576 de la L.E.C . Jose Pedro y Maite conjunta y solidariamente a Esther en la suma de 230 euros,
Maite en 210 euros e
Victorino a
Jose Pedro en 470 euros, pudiendo compensarse en ejecución de sentencia las respectivas indemnizaciones.
." TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de
Victorino en base a error en la apreciación de la prueba, por la representación de
Esther , sobre la base de error en la apreciación de la prueba; y por la representación de
Jose Pedro en base a error en la declaración de hechos probados, infracción a la presunción de inocencia e infracción del
articulo 153.1.3 del C.Penal .
CUARTO.- Presentado ante el Juzgado de lo Penal y dado traslado a las demás partes, fueron remitidos los autos a esta Audiencia Provincial, habiéndose señalado para su deliberación, votación y fallo el día 2 de noviembre del corriente año, al no estimarse necesaria la celebración de vista.- QUINTO.- Se acepta la relación de hechos probados que contiene la sentencia apelada y que quedó antes transcrita. SEXTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.-
Fundamentos PRIMERO.- Para estimar un error en la apreciación de la prueba es preciso que haya en autos alguna prueba que acredite un dato de hecho contrario a aquello que se ha fijado como probado en la sentencia que se recurre, que tal prueba acredite la equivocación del Juzgador de Primera Instancia, que tal prueba no esté en contradicción con otros elementos de prueba, porque la ley no concede preferencia a ninguna prueba determinada sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto, el Juzgador que conoció del proceso en primera instancia, habiendo presidido la práctica de todas ellas y, habiendo escuchado las alegaciones de las partes, tiene facultades para, sopesando unas y otras, apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el
artículo 741 de la L.E.Cr ., y, por fin, es necesario que el dato de hecho contradictorio así acreditado tenga virtualidad para modificar los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar, habida cuenta que el recurso se da contra el fallo o parte dispositiva, no contra los argumentos de hecho o de derecho.-
Debe de indicarse que la segunda instancia se configura, o al menos pretende configurarse, como un nuevo juicio respecto del celebrado en primera instancia, de modo que el órgano ad quem se encuentre, en relación con las pruebas practicadas, en la misma posición y con iguales facultades que el órgano a quo. Ello no plantea especiales dificultades a la hora de examinar los motivos de carácter estrictamente jurídico, esto es, los que se sustentan en el quebrantamiento de normas o garantías procesales que hayan causado efectiva indefensión, y los de infracción de las normas legales aplicables al caso, en cuanto sea la corrección del modo de obtención de las pruebas y su incorporación al plenario, sea la estricta observancia del derecho de defensa en todas sus manifestaciones (asistencia letrada, previo conocimiento de la acusación formulada, igualdad de armas, contradicción, ...), o la subsunción de los hechos declarados probados en determinado tipo penal, incluyendo la posible apreciación de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y el razonamiento que el órgano de instancia haya dado para individualizar la pena, lo que se pretende con la apelación es que se haga por un órgano distinto y superior un análisis de las normas legales aplicables al caso, con el límite infranqueable de la reformatio in peius, de la corrección formal y material del procedimiento, y del estricto respeto a las garantías y derechos fundamentales en juego.
Por el contrario, la problemática surge cuando lo que se quiere discutir por la vía de este recurso es la corrección del proceso reflexivo que ha seguido el órgano a quo en relación a los hechos probados, relativo al error en la valoración de las pruebas, ya que la plena vigencia en el juicio oral de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, determinan que la apreciación que el juzgador de instancia haga de las pruebas practicadas en el plenario gocen de un especial privilegio que no ostenta el órgano ad quem, del que se pretende que valore unas declaraciones que no ha presenciado.
Ciertamente, y debe ponerse de relieve, que la conclusión a la que llega el Tribunal de Instancia se ha de sustentar en la libre apreciación en conciencia que haga del conjunto de la prueba practicada, sin que exista ninguna norma legal que dé mayor o menor relevancia a determinadas pruebas sobre otras, pero la importancia del proceso penal en cuanto se valoran esencialmente hechos o acontecimientos de la vida humana, que el legislador ha considerado merecedores del mayor de los reproches posibles mediante la sanción punitiva, determinan que las pruebas de carácter personal, como la declaración de acusados y testigos, adquieran una trascendencia fundamental en cuanto lo que se pretende a través del plenario es situar al juzgador, esencialmente imparcial y objetivo debido a la alta función constitucional que desarrolla, justamente en el instante en que se produjeron los hechos sujetos a enjuiciamiento.
No obstante, debe reconocerse que se trata de una traslación ficticia, ya que debe situarse en ese instante en función de lo vivido por quiénes ante él declaran mediante el relato de lo acontecido. De ahí la dificultad de la labor juzgadora, dado que la conclusión a la que llegue sobre la realidad o falsedad de tales hechos deberá sustentarse, necesariamente, en la credibilidad que le ofrezcan los relatos expuestos en el acto del plenario, y para ello resulta esencial la inmediación del Tribunal, quién podrá advertir, a través del examen de una serie de datos relativos a la seguridad expositiva, la coherencia de lo contado en relación a relatos anteriores ante funcionarios policiales y/o judiciales, la contundencia de sus manifestaciones, los gestos, la mirada, las reacciones que generan en otros testigos y/o acusados las manifestaciones efectuadas por quién declara, o la coincidencia de relatos entre distintas personas sin aparentes intereses comunes, qué testimonio resulta veraz y cuál no, pudiendo servirse para dicha labor del resultado de otras pruebas como la pericial y/o la documental, bien entendido que en todo caso dichas pruebas han de ser lícitas y de entidad suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.
De lo anterior se colige que la segunda instancia no puede ser un nuevo juicio, en cuanto al practicarse ya toda la prueba en unidad de acto, con contradicción, sometiendo a acusados y testigos al interrogatorio de todas las partes que efectúan una valoración ante el Tribunal de la prueba practicada, iría contra el más elemental principio de seguridad jurídica la posibilidad de que toda esa prueba se practicara nuevamente ante el órgano de apelación, puesto que quiénes ya declararon inicialmente serían conscientes de lo que han dicho los demás, pudiendo ante ello modificarse las versiones, o introducirse nuevos datos no puestos de manifiesto con anterioridad que afectarían a la fiabilidad de sus testimonios, sin contar con las obvias inexactitudes propias del transcurso del tiempo, que harían materialmente imposible una reproducción fiel y exacta del juicio de instancia, al margen de que se carecería de las bondades de una nueva instancia.
Es por ello que la apelación se configura más exactamente como un juicio revisorio, en el que el órgano ad quem tendrá plenas facultades para examinar la correcta adecuación de los hechos declarados probados a las normas legales aplicables al caso (con el límite de la reformatio in peius), y para velar por la tutela de los derechos fundamentales, tanto en la obtención de las pruebas como en la observancia de las garantías procedimentales, pero tendrá limitada su facultad de revisión sobre el marco fáctico delimitado en los hechos probados, que solo podrá modificar cuando concurra una de estas tres circunstancias:
1º.- Que el razonamiento efectuado por el Juez a quo para considerar probado un hecho sea absurdo, manifiestamente erróneo o arbitrario, lo que podría al tiempo articular la impugnación por vulneración del principio de presunción de inocencia, aunque técnicamente no sea lo mismo, como luego se verá;
2º.- Que no se hayan tenido en cuenta por aquél determinadas pruebas incorporadas debidamente al plenario, que de un modo manifiesto contraríen la conclusión a la que ha llegado; y
3º.- Cuando la mutación fáctica devenga de la valoración de las nuevas pruebas que el Tribunal de segunda instancia practique en los limitados supuestos del
art. 790.2 de la LECRIM , si bien, y a fin de salvaguardar el derecho de defensa, si la sentencia de instancia hubiese sido absolutoria, las nuevas pruebas, excepto y por razones obvias la documental, deberán practicarse en presencia de los acusados, posibilitándose con ello la debida contradicción.
Y en el presente caso esta pretensión de los recurrentes ha de ser rechazada, pues no se aprecia error manifiesto en la valoración de las pruebas realizada por el Magistrado a quo, ni su relato es incompleto ni se ha visto cuestionado por nuevas pruebas en la alzada.
El relato del factum es el resumen de las manifestaciones de los acusados y resto de prueba examinada en el plenario.
Jose Pedro refiere como fue agredido por
Victorino ; manifestacion corroborada por
Maite , que reitera que ella fue agredida por
Esther ; y ésta expresó que sus lesiones se las causó
Jose Pedro "salió como un bicho, le levantó la mano y le dio un empujon y cayó al suelo, y corrobora que
Victorino le pegó a
Jose Pedro . Y el Juez a quo expresa que ante las versiones contradictorias en que cada uno se considera victima de la agresión, la prueba precticada le lleva a la convicción que todos golpearon y fueron golpeados. Sin que pueda admitirse la legitima defensa de
Esther pues ésta arremete tambien contra
Maite causandole eritema en pómulo izquierdo.
No ha tenido duda alguna el Juez a quo a la hora de fijar el relato factico, y ha tenido prueba suficiente para la condena de los acusados por lo que no se ha infringido el derecho a la presunción de inocencia alegado por
Jose Pedro , que fue el iniciador de la riña; ni se ha infringido el
articulo 153 del codigo Penal , puesto que la agresión causada a su ex esposa lo fue en presencia de su hija, y que los golpes y empujones que la hacen caer al suelo, tienen perfecto encaje en el citado precepto, que no precisa una situacion de dominación o subyugacion, siendo patente que la accion de golpear y empujar aun sin lesion son constitutivos de dicho delito; por lo que la actuación del acusado es dolosa.
Y no es desproporcionada la imputación de delito puesto que este precepto obedece a una política criminal que trata de proteger a las mujeres de la violencia domestica o de genero; y desde la perspectiva del principio de legalidad, y de la garantía de taxatividad de los tipos penales, no existe base alguna en el citado precepto para restringir su ámbito de aplicación en atención a la concurrencia de un elemento teleológico que el precepto penal no exige, ni exigen que las acciones típicas vengan revestidas de otras finalidades específicas, precisamente porque el legislador ha renunciado a plasmarlas en la descripciones típicas, lo que impide a jueces y tribunales incurrir en una invasión de competencias que sólo al legislador corresponden.
No cabe perder de vista que ninguno de los apartados del precepto citado contiene una remisión normativa al
art. 1 LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Genero,
(1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.2. Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas.3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.) como pudiera haber sucedido si el legislador hubiera decidido castigar únicamente los actos de violencia de género definidos como tales en dicha norma, a lo que se añade que ninguna de las resoluciones dictadas por el TC al conocer de las diversas cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas contra el
art. 153 CP tienen el alcance de verdaderas "sentencias interpretativas", pese a justificar el más grave marco punitivo aplicable al sujeto activo varón en la grave desigualdad que se expresa a través de la violencia de género.
SEGUNDO.- Por todo lo expuesto los recursos no pueden prosperar y la sentencia de instancia debe ser confirmada por sus propios motivos y fundamentos, al no existir error en la prueba, ni infracción de la presunción de inocencia, sin hacer expresa condena de las costas causadas en esta alzada.
Fallo Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de apelación formulados por las procuradoras doña Maria Jose Garcia Carrasco, doña Maria José Castellón Rodríguez y doña Maria José Sánchez Estévez, en nombre y representación respectiva de
Victorino ,
Jose Pedro , contra la
sentencia de fecha 28 de marzo de 2011, dictada en el rollo nº 686/2010 por el Juzgado de lo Penal núm. 5 de Granada , dimanante del Procedimiento Abreviado nº 31/2009 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Santa Fe, del que este rollo trae causa, la cual confirmamos, sin hacer declaración de condena de las costas de esta alzada.
Notifíquese esta resolución a las partes a las que se hará saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso alguno, y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su procedencia para su conocimiento, cumplimiento y ejecución.- Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, definitivamente juzgando en esta segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr.
Magistrado D. Pedro Ramos Almenara, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe. Práctica de la prueba

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

artículo 576

artículo 741
 resolución