Source: http://jca.tsj.gob.ve/decisiones/2009/julio/200-17-AC-9696-.html
Timestamp: 2017-02-26 19:07:59+00:00

Document:
EN SU NOMBRE EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRAL, CON SEDE EN MARACAY, ESTADO ARAGUA
Presunto Agraviado:	Manuel Rodolfo Contreras Maldonado, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 9.667.795.
Presunto Agraviante:	Consejo Universitario del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel)
Expediente	AC-9696
Mediante escrito presentado el uno (01) de abril de 2009 por el ciudadano Manuel Rodolfo Contreras Maldonado, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 9.667.795, debidamente asistido por el ciudadano abogado Luís Rafael Rico, inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 70.978, constante de seis (06) folios útiles y cincuenta y siete (57) anexos, interpuso acción de AMPARO CONSTITUCIONAL contra el Consejo Universitario del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel).
En fecha tres (03) de abril de 2009, este Tribunal Superior, en sede Constitucional, ordenó darle entrada y registrar su ingreso en los libros respectivos, avocándose y declarándose competente para conocer de la presente solicitud; asimismo, admitió la acción de Amparo Constitucional interpuesta y ordenó la notificación de la presunta agraviante y del Fiscal del Ministerio Publico, librando, en esa misma fecha, las notificaciones ordenadas; y, con relación a la medida cautelar solicitada, el Tribunal declaró improcedente la misma.
Notificadas como fueron las partes, el Tribunal, en fecha 03 de julio de 2009, fijó el día lunes trece (13) de julio del presente año, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), para que tuviera lugar el acto de la audiencia oral y pública.
En la oportunidad de la audiencia oral y pública, en fecha trece (13) de julio de 2009, la cual consta del acta levantada al efecto, que riela a los folios setenta y nueve (79) al ochenta y cuatro (84) del expediente, compareció el ciudadano Manuel Rodolfo Contreras Maldonado, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 9.667.795, quien ocupa el cargo de Psicólogo Jefe en el Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), presunto agraviado, debidamente asistido por el ciudadano abogado Luís Rafael Rico, inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 70.978; igualmente, comparecieron los ciudadanos abogados Mardys Salazar Dávila y Ubencio José Martínez, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 101.164 y 36.92, respectivamente, en su carácter de Apoderados Judiciales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), parte presuntamente agraviante, representación ésta que consta según instrumento poder consignado en dicha audiencia ad efectum videndi, a su confrontación con el original, a vista de las partes, el cual fue debidamente autenticado ante la Notaría Pública Vigésima Octava del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha catorce (14) de marzo de 2007 anotado bajo el número 01, Tomo 15, de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría. El Tribunal dejó constancia igualmente de la comparecencia de la Representante del Ministerio Público, Dra. Yelitza Bravo Rojas.
DE LA PRETENSIÓN CONTENIDA EN LA SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL
El presunto agraviado denuncia que el hecho que motivó el ejercicio del amparo es la presunta falta de pronunciamiento por parte del Consejo Universitario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), con ocasión del Recurso Jerárquico interpuesto por el hoy accionante, en fecha 22 de mayo de 2008, contra la Resolución Nro. D-08-086 de fecha 04 de mayo de 2008, dictada por el Decano del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el presunto agraviado, en fecha 03 de abril de 2008, contra el oficio Nro.0351 de fecha 24 de marzo de 2008, por el cual la jefe de la Unidad de Personal de esa Casa de Estudios Superiores le informó sobre la no procedencia de su postulación al cargo de Jefe de Asesoramiento, Apoyo y Orientación, adscrito a la Unidad de Desarrollo y Bienestar Estudiantil de esa Universidad.
DE LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA:
El Accionante de amparo, en la audiencia Constitucional, a través de su abogado asistente, expuso en forma resumida los hechos alegados en su solicitud de amparo Constitucional, aduciendo: “Como Punto previo impugno el poder otorgado a los Representantes de la de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), en virtud de que en el mismo no se expresa la facultad para accionar en amparo. Ahora bien, en cuanto al fondo de la solicitud mi representando el ciudadano Manuel Rodolfo Contreras Maldonado, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 9.667.795, ostenta el cargo de Psicólogo Jefe en el Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), teniendo como requisito para dicho cargo el tiempo de seis año de experiencia, pero es el caso, que el Consejo Universitario del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) apertura nuevo concurso para un cargo de mayor jerarquía dentro de esa Casa de Estudio, por lo que mi representado se postuló al referido concurso, siendo que en fecha 24 de marzo de 2008, la jefe de la Unidad de Personal de esa Casa de Estudios Superiores le informó sobre la no procedencia de su postulación al cargo de Jefe de Asesoramiento, Apoyo y Orientación, adscrito a la Unidad de Desarrollo y Bienestar Estudiantil de la mencionada Universidad, alegando que no cumplía con los años de experiencia para optar a dicho cargo por lo que luego de ejercer los recursos pertinentes, en fecha en fecha 22 de mayo de 2008, mi representando ejerció el Recurso Jerárquico contra la Resolución Nro. D-08-086 de fecha 04 de mayo de 2008 dictada por el Decano del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto en fecha 03 de abril de 2008 contra el oficio Nro.0351 de fecha 24 de marzo de 2008, por el cual la jefe de la Unidad de Personal de esa Casa de Estudios Superiores le informó sobre la no procedencia de su postulación al cargo de Jefe de Asesoramiento, Apoyo y Orientación, adscrito a la Unidad de Desarrollo y Bienestar Estudiantil de la mencionada Universidad, sin que hasta la presente fecha el Consejo Universitario del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) no se ha pronunciado sobre el mencionado recurso, por lo que dicha situación le lesiona sus derechos subjetivos, legítimos, personales y directos, toda vez que en fecha 27 de marzo de 2009 se le dio continuidad al concurso de postulación, sin que se haya dado respuesta, previamente, a su Recurso Jerárquico, a los efectos consigno recaudos constantes de dos (02) folios útiles. Es todo”.
Concluida la exposición del accionante, el Tribunal, igualmente, le concedió a la parte presuntamente agraviante quince (15) minutos para que expresara en forma oral y pública los argumentos en que se basó su defensa, quien, a través de su Apoderado Judicial abogado Ubencio José Martínez, expuso, en forma resumida, sus alegatos de la siguiente manera: “Oponemos las causales de inadmisibilidad consagradas en el articulo 6 ordinales 3 y 4 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que la vía de Amparo Constitucional no es la vía idónea conforme lo ha dejado asentado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, aunado que en la presente acción opero el lapso de caducidad, por lo que solicita se declare la inadmisibilidad de la presente Acción de Amparo Constitucional. A los efectos consigno (…) copias fotostáticas simples de dos sentencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencias de los Magistrados Pedro Rondón Haaz y Antonio García García, en las cuales sustenta sus alegatos, que presentan en escrito constante de siete (07) folios útiles, e igualmente y por último copia del oficio Nro. 0088 de fecha 28 de enero de 2009 y de la Resolución Nro. D-09-028 de fecha 27 de enero de 2009, ambos suscritos por el Director- Decano del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), en los cuales consta el ascenso concedido por esa Universidad al accionante al cargo de Psicólogo Jefe. Es todo”. Asimismo, una vez ejercido por las partes el derecho de réplica y contrarréplica, la Representante del Ministerio Público, en la referida audiencia Constitucional, pasó a emitir su opinión en los siguientes términos: “La presente acción de amparo resulta Inadmisible, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto hubo consentimiento expreso. Es todo”.
Del mismo modo, en la audiencia oral y pública, este Tribunal Superior, en sede Constitucional, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con la Sentencia dictada el 01 de Febrero de 2000 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA (caso José Amado Mejías Betancourt y José Sánchez Villavicencio), dictó el contenido de la dispositiva del fallo, declarando INADMISIBLE la solicitud de Amparo Constitucional dejando constancia que el texto íntegro del fallo sería dictado dentro de los cinco (05) días siguientes. Habiendo quedado planteada la controversia de la forma supra indicada, y siendo la oportunidad legal fijada para dictar el texto íntegro del fallo, este Tribunal Superior, en sede Constitucional, pasa a dictarlo en los siguientes términos:
Este Tribunal, actuando en sede Constitucional, pasa a pronunciarse en cuanto al argumento expuesto en la Audiencia Constitucional por el representante de la parte accionante relacionado con la falta de representatividad de los Apoderados Judiciales del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) por cuanto, según lo alegado, los referidos Apoderados Judiciales no tiene cualidad activa para dar contestación a la acción de Amparo Constitucional, toda vez que en el Poder que le fue conferido (consignado en la audiencia constitucional) no consta de manera expresa que se le haya otorgado facultad para intentar o contestar acciones de Amparo Constitucional. En este sentido, quien aquí decide, observa de la lectura y análisis del instrumento Poder objeto de la impugnación, que en el mismo fueron conferidas facultades expresas para representar a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) en todos los asuntos que pudiere tener la Universidad como demandante o demandada en las materias Administrativas, Mercantiles, Laborales y Civiles, darse por citados, contestar las demandas y reconvenciones que se le opusieren; promover todas clases de pruebas y asistir a su evacuación; seguir los juicios en todas sus instancias, grados e incidencias; solicitar el arreglo de la causa conforme a la equidad; y en general, todo aquello que convengan a los intereses de la Universidad; circunstancias estas de las cuales puede inferir este Tribunal, en sede Constitucional, que el señalado poder conferido a los representante de la parte accionada, estriba en la defensa de los derechos e intereses en vía judicial y/o extrajudicial, en el cual encuentra base legal el derecho de ejercer la acción de amparo. Siendo ello así, esta Juzgadora no podría realizar una interpretación literal y restrictiva del instrumento en referencia, que se aparte de la intención verdadera del poderdante, por cuanto lo que distingue a un poder no es la calificación contenida en el mismo, sino las facultades que se enuncian o desprenden del instrumento. En el presente caso, del texto mismo del poder se desprenden facultades que entrañan el ejercicio de las acciones tendentes a la representación, defensa de los derechos e intereses del accionante, por tanto, dicho instrumento resulta a todas luces válido, por cumplir con las formalidades exigidas en nuestro Código Adjetivo para ejercer dicha representación en la presente acción de Amparo Constitucional, en razón de lo cual, resulta forzoso declarar infundada la denuncia de insuficiencia del poder opuesta por la representación de la parte accionante. Así se declara. Ahora bien, por lo que respecta a la acción de amparo propuesta, quien aquí decide observa que en el caso subjúdice, nos encontramos con que la pretensión del presunto agraviado se basa en la falta de pronunciamiento por parte del Consejo Universitario del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) con ocasión del Recurso Jerárquico interpuesto por el hoy accionante, en fecha 22 de mayo de 2008, contra la Resolución Nro. D-08-086 de fecha 04 de mayo de 2008 dictada por el Decano del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el presunto agraviado en fecha 03 de abril de 2008 contra el oficio Nro.0351 de fecha 24 de marzo de 2008, por el cual la jefe de la Unidad de Personal de esa Casa de Estudios Superiores le informó sobre la no procedencia de su postulación al cargo de Jefe de Asesoramiento, Apoyo y Orientación, adscrito a la Unidad de Desarrollo y Bienestar Estudiantil de la mencionada Universidad, alegando que la falta de pronunciamiento del Consejo Universitario del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) le lesiona sus derechos subjetivos, legítimos, personales y directos, toda vez que en fecha 27 de marzo de 2009 se le dió continuidad al concurso de postulación, sin que se le haya dado respuesta previamente a su Recurso Jerárquico. Siendo ello así, esta Juzgadora considera que el caso bajo estudio encuadra dentro del supuesto contenido en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por cuanto se configuró el consentimiento expreso, y conforme a dicha normativa se entenderá que hay consentimiento expreso cuando hubieren transcurrido los lapsos de caducidad establecidos en leyes especiales, o en su defecto, seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido. A este respecto, se deduce de la precitada norma el lapso de caducidad para interponer el recurso de Amparo Constitucional, al señalar, expresamente, que la misma tiene un tiempo prudencial de seis meses desde la supuesta violación o la amenaza al derecho que le asiste al accionante, de forma tal que, una vez transcurrido dicho lapso de seis (6) meses será inadmisible la interposición de la acción de Amparo Constitucional, por ser este un requisito de admisibilidad (presupuesto procesal) que debe ser revisado por el juzgador antes de pasar a analizar el fondo de la cuestión debatida, es decir la procedencia o no de la acción de amparo propuesta. Asimismo, condiciona la aplicabilidad de esos lapsos de caducidad a que no se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Así pues, de lo anteriormente señalado se evidencia que la presente acción resulta, efectivamente, inadmisible, al haber transcurrido, holgadamente, el lapso de caducidad referido en la norma, toda vez que de conformidad con el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el accionante disponía de un lapso de tres meses contados a partir del día en que operó el silencio administrativo negativo, de conformidad con lo dispuesto en las concordantes disposiciones de los artículos 4, 91 y 93 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en virtud de la falta de pronunciamiento del Consejo Universitario del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) sobre el Recurso Jerárquico interpuesto por el accionante en fecha 22 de mayo de 2008, tal como ha quedado expresado anteriormente. Ahora bien, por cuanto no se desprende de autos violación alguna que infrinja normas de orden público ni afecte las buenas costumbres, es forzoso declarar inadmisible la presente Acción de Amparo Constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, ordinal 4, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
Con fundamente a los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con Sede en Maracay, Estado Aragua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la Solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el ciudadano Manuel Rodolfo Contreras Maldonado, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 9.667.795 contra el Consejo Universitario del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara (Iprael) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel)
No se condena en costas a la parte accionante, dado que se trata de un amparo donde el demandado tiene carácter de un ente público, conforme lo ha señalado la Sala Constitucional en sentencia de fecha 04 de mayo de 2000.
Publíquese, regístrese, déjese copia y envíese copia debidamente certificada a la Representante del Ministerio Público. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con Sede en Maracay, Estado Aragua, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2009. Año: 199° de la Independencia y 150° de la Federación. LA JUEZA SUPERIOR PROVISORIA,
Dra. HAIDY DALILA GUZMÁN CAMERO
ABOG. GLENDA DE LOS RÍOS.
HDGC/GDLR/bes
Exp. AC-9696
En la misma fecha se publicó y registró la decisión anterior, siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.). y se libró oficio a la ciudadana Fiscal Décima (10°) del Ministerio Público del Estado Aragua, remitiendo las copias certificadas ordenadas

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 6
 artículo 26
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 94
 artículo 6