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La Sostenibilidad Fiscal | Wiki Estudios de Derecho Publico | FANDOM powered by Wikia
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La sostenibilidad fiscal significa[1], en esencia, que el gasto público no debe crecer por encima de los ingresos. De esta forma se evita que el Estado, para financiar sus egresos, tenga que endeudarse cada vez más, y que la deuda pública crezca de forma desmedida, excediendo la capacidad de pago del país. Sin dicha sostenibilidad no es posible alcanzar, enteramente, los fines que persigue el Estado Social de Derecho. La sostenibilidad fiscal obliga, no solo al Ejecutivo sino también a las demás ramas del poder, a tener en cuenta en sus decisiones la disponibilidad de recursos de la Nación, evitando así la quiebra del fisco.
{C}[1]{C} Fuente: Http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/N/necesaria_sostenibilidad_fiscal/necesaria_sostenibilidad_fiscal.asp
¿En que consiste la Sosten'ibilidad 'Fiscal'?, '¿Cual es su coherencia Constitucional?, y ¿Cual es su 'conveniencia y/o inconveniencia política en Colombia co'mo Estado Social de Derecho?
LA SOSTENIBILDAD FISCAL
1. ¿En que consiste la Sostenibilidad Fiscal?
La sostenibilidad fiscal significa{C}[1], en esencia, que el gasto público no debe crecer por encima de los ingresos. De esta forma se evita que el Estado, para financiar sus egresos, tenga que endeudarse cada vez más, y que la deuda pública crezca de forma desmedida, excediendo la capacidad de pago del país. Sin dicha sostenibilidad no es posible alcanzar, enteramente, los fines que persigue el Estado Social de Derecho. La sostenibilidad fiscal obliga, no solo al Ejecutivo sino también a las demás ramas del poder, a tener en cuenta en sus decisiones la disponibilidad de recursos de la Nación, evitando así la quiebra del fisco.
La situación que recientemente han vivido ciertos países de Europa, como Grecia, muestra que, más temprano que tarde, un país, y en particular sus ciudadanos, pagan por un desbocado gasto fiscal. Los ensayos populistas e irresponsables de vivir "al debe" han mostrado, en nuestro propio continente, que, al final, dicha situación se hace insostenible y que ella conduce a un mayor empobrecimiento de la población.
De acuerdo con el principio económico de la restricción presupuestal, cualquier agente, llámese individuo, hogar, empresa o nación, enfrenta, dada una disponibilidad de recursos, la necesidad de priorizar el gasto. Esto implica que no todas las necesidades pueden ser satisfechas plenamente. En este orden de ideas, una Nación responsable con la sostenibilidad fiscal está obligada a mantener un equilibrio entre el deseo de garantizar los derechos ciudadanos y la capacidad del Estado para financiar los gastos asociados con su consecución. Hacer explícita la restricción presupuestal obliga a una sociedad, como parte de su proceso político, a priorizar y escoger entre sus múltiples necesidades.
En los últimos tiempos hemos visto en Colombia cómo, por falta de un ordenamiento manifiesto que le determine al Estado velar por el equilibrio fiscal y macroeconómico, ciertas ramas del poder público han adoptado una serie de medidas, como por ejemplo en el campo de la salud, que han puesto en aprietos la capacidad del fisco para responder a las exigencias de gasto que de ellas se derivan.
Sin duda, son múltiples los retos y las necesidades que en diversos campos tiene el país. La satisfacción progresiva de las mismas sólo será posible a través de un desarrollo sostenible fiscalmente. En este sentido, la aprobación del proyecto de ley sobre sostenibilidad fiscal es una necesidad ineludible e impostergable.
Sobre el Acto legislativo de Sostenibilidad Fiscal publicado en el Diario Oficial, LEGIS, en Noticia del 07/06/2011, afirmó que es diferente del texto aprobado por el Congreso, mencionando lo siguiente[2]:
“El título del Acto Legislativo 03 del 1° de julio del 2011, “por el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal”, publicado en el Diario Oficial 48.117, no corresponde al aprobado por el Congreso, titulado “por el cual se establece el criterio de la sostenibilidad fiscal”. El resto del documento es idéntico.
En entrevista concedida al periódico Ámbito Jurídico, publicada el 11 de julio del 2011, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry, se refirió al tema indicando que “el proyecto original, que se presentó el pasado 20 de julio con el entonces ministro Óscar Iván Zuluaga, señalaba que la sostenibilidad era un derecho. Pero como esto no es comparable con el derecho a la vida o al buen nombre, etc., se cambió a principio. Pero se consideró que los principios son casi más fuertes que los derechos. Entonces, se modificó a un principio de colaboración armónica entre los poderes públicos. Pero esto era bastante etéreo. Finalmente, se acogió la propuesta de establecer el criterio de la sostenibilidad fiscal.”
Cuando el principio de la Sostenibilidad Fiscal apenas era un proyecto de Reforma Constitucional, en publicación realizada p'or Armando Novoa García, Director Centro Estudios Constitucionales- Plural, se mencionó lo siguiente[3]:
El nuevo gobierno no solo adoptó las propuestas de la “regla fiscal” y las regalías, sino que también hizo suyo el proyecto de reforma constitucional “Por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”[2]. Por su alcance y contenido, este proyecto puede conducir a cambios significativos en el concepto del Estado Social de Derecho contenido en la Constitución de 1991 y alterar el sistema de protección de los derechos económicos y sociales por los jueces.
El origen de la iniciativa se encuentra en una las recomendaciones del Grupo Asesor de Expertos, convocado a instancias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que planteó lo siguiente:
“En la Constitución de 1991 no se estableció, de manera explícita, la necesidad de mantener un equilibrio entre el deseo de garantizar los derechos ciudadanos y la capacidad del Estado de financiar los gastos asociados con su consecución. Así, el ejercicio de priorización explícito que debe darse en toda discusión pública sobre los derechos que el Estado debe garantizar a su población y el nivel de gasto asociado, no se da. Al no haber restricción financiera aparente, no es necesario priorizar.
(…) Al no tener un mandato constitucional explícito de velar por el equilibrio fis­cal y macroeconómico, la Corte Constitucional se ve obligada a hacer cumplir la Constitución sin perjuicio de que exista una restricción presupuestal, con las consecuencias que ya todos conocemos. Han pasado casi veinte años desde que nuestros compatriotas deliberaban en la Asamblea Constituyente. Para celebrar este aniversario deberíamos complementar las múltiples cosas buenas que trajo la Constitución de 1991 con una reforma constitucional que consigne como un bien público superior vivir en un país con estabilidad macroeconómica y con un Estado fiscalmente solvente. Sólo de esta manera se garantiza la viabilidad del Estado Social de Derecho”.
Se trata pues de una iniciativa que hace parte de un conjunto de propuestas orientadas a modificar los principios fiscales contenidos en la Constitución y las leyes vigentes, en un contexto de persistencia del déficit en las finanzas públicas, que ahora se pretende resolver a través de medidas como las mencionadas.
Un debate global: el déficit fiscal y los derechos económicos y sociales
Cómo prevenir o resolver las situaciones de déficit fiscal es un tema que se examina por los gobiernos y organismos multilaterales en medio de la crisis financiera global. Este es el debate que existe actualmente en varios países europeos que discuten la mejor manera de enfrentar la crisis que persiste desde el año 2008. Algunos recomiendan medidas de choque en la política fiscal como la reducción del gasto en el empleo público, en las pensiones y en algunos subsidios, es decir, de los recursos que se destinan a los derechos económicos y sociales. Esto es lo que ocurre en países como Alemania, Francia, España y Grecia, entre otros[1].
El presidente francés, Nicolás Sarkozy, señaló a propósito de la grave crisis fiscal europea: “La sostenibilidad fiscal no debe ser compromiso de un gobierno, sino de una nación. Por tanto, requiere la aplicación de una reforma constitucional”. Y, el gobierno alemán promovió y logró la aprobación de una reforma constitucional que modificó las relaciones financieras entre el Estado federal y los Länder (unidades territoriales que conforman la federación), orientada a la reducción del déficit fiscal. Las movilizaciones de sindicatos, jóvenes universitarios y empleados que han ocurrido en el viejo continente en el segundo semestre del 2010 están llamando la atención sobre cómo y en qué proporción se distribuyen los costos del ajuste y las cargas de los recortes sociales.
Aunque la situación fiscal de los países de América Latina es un tanto diferente, el tema de la sostenibilidad fiscal no es extraño en la agenda de sus gobiernos. No se trata de una iniciativa original, ni tampoco puede restársele importancia[2], pues responde a uno de los aspectos cruciales de las democracias contemporáneas sumidas en una situación de desbalance global que parece ingobernable. Las reformas fiscales e institucionales que se promueven tienen este signo.
Antecedentes de la sostenibilidad fiscal en la Constitución: la reforma del artículo 48 y las pensiones
El concepto de sostenibilidad fiscal se incorporó por primera vez en la Constitución, mediante la reforma contenida en el acto legislativo 1 de 2005, que modificó el régimen de la seguridad social en pensiones (artículo 48). Según esta reforma, las leyes que se expidan en materia pensional “deben asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”. A partir de allí se suprimieron todos los regímenes especiales y exceptuados, salvo los que se aplican al Presidente de la República y a la fuerza pública. Conanterioridad, en el acto legislativo 1 de 2001 (artículo 356), aunque no incorporó explícitamente el concepto, la idea se utilizó para limitar el traslado de recursos de la nación a los entes territoriales.
En uno y otro caso, el concepto se asoció que la reducción en el acceso a recursos públicos o con la pérdida de derechos específicos.
Ahora, se acude a esta expresión pero ya no para modular el impacto sobre las finanzas públicas de algunos derechos en particular, sino como “un bien público superior” y un principio que irradia todo el ordenamiento constitucional.
La enmienda, que propone la modificación de tres de los más importantes artículos del régimen económico y de la hacienda pública establecidos en la carta fundamental, ha sido presentada como un desarrollo específico del Estado Social de Derecho. Los artículos que se pretende modificar son los siguientes: el artículo 334 sobre la intervención del Estado en la economía; el artículo 339, que establece la existencia del Plan Nacional de Desarrollo, y el artículo 346 relativo al presupuesto de rentas y a la ley de apropiaciones. Los principios de intervención del Estado en la economía, el plan de desarrollo y la ley del presupuesto son aspectos centrales de la arquitectura constitucional del 91, pues a través de este tipo de herramientas, todas ellas contenidas en la parte orgánica de la Constitución, se debe hacer realidad el mandato del Estado Social de Derecho.
En cuanto al artículo 334, esto es, los principios y características de la intervención del Estado en la actividad económica, el proyecto señala que el propósito de lograr el funcionamiento racional de la economía, el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo debe adelantarse bajo un nuevo “marco de sostenibilidad fiscal”, que se erige ahora como un una regla “indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”.
Se establece también que la “sostenibilidad fiscal” es un “derecho de todos” y una obligación vinculante para todas las ramas y órganos del poder público que tendrán el deber de colaborar, dentro de sus competencias, para hacerla efectiva. Además, la intervención del Estado debe asegurar “de manera progresiva” el acceso al “conjunto” de los bienes y servicios básicos. Para el efecto, impone al Congreso el deber de observar este principio al momento de establecer “el alcance concreto de los derechos económicos y sociales” consagrados en la Constitución, asegurando su “continuidad y progresividad”.
En lo que se refiere al Plan Nacional de Desarrollo que menciona el artículo 339, el proyecto nuevamente utiliza el concepto para establecer que el plan de inversiones públicas, que contiene los presupuestos plurianuales de los diferentes programas de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros con que se cuenta, deben adoptarse dentro de “un marco que garantice la sostenibilidad fiscal”.
Finalmente, adiciona también el artículo 346, en cuanto establece que las leyes de presupuesto y de apropiaciones deben elaborarse, presentarse y aprobarse observando el mismo principio.
2. ¿Cual es su coherencia Constitucional (Jurisprudencia)?
==El Principio de Sostenibilidad Fiscal es acorde a la Constitución.{C}[4] ==
Luego de estudiar la acción pública de inconstitucionalidad presentada contra las normas que crearon y desarrollaron el Principio de Sostenibilidad Fiscal, a saber, Acto Legislativo No. 3 de 2011 y Ley 1473 de 2011, la Corte Constitucional sostuvo que dicho principio constituye un instrumento para alcanzar de manera progresiva, las finalidades del Estado Social y Democrático de Derecho y, por lo tanto, no implica una sustitución de la Constitución Política.
En el análisis, la máxima autoridad constitucional declaró exequible el Acto Legislativo 3 de 2011 “Por el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal” y se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre la Ley 1473 de 2011 “Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones”, en razón de la ineptitud sustantiva de la demanda.
El problema jurídico objeto de estudio por parte de la Corte sobre el Acto legislativo 3 de 2011, fue establecer si aquel era en realidad una sustitución de la Constitución, en cuanto subvierte la cláusula de Estado Social de Derecho, la separación de poderes y la primacía de los derechos fundamentales, aspectos estructurales del modelo constitucional vigente.
En tal sentido, aclara el organismo que “…la sostenibilidad fiscal conserva la identidad instrumental de las demás disposiciones que integran la Constitución Económica. Tanto del análisis conceptual como del estudio histórico del Acto Legislativo 3 de 2011, se infiere con claridad, que el principio o criterio ordenador no es un fin constitucional en sí mismo considerado, sino apenas un medio para la consecución de los objetivos esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho”.
Igualmente, que el criterio de sostenibilidad fiscal se interpreta conforme al principio de progresividad y a la naturaleza indivisible e interdependiente de los derechos, razón por la cual, el acto legislativo estudiado, “…no plantea un principio de regresividad de naturaleza diferente, sino que debe entenderse a partir de las reglas que la Corte ha fijado sobre la materia, al definir su contenido y alcance, de tal manera que la sostenibilidad fiscal no puede convertirse en un instrumento para negar la protección efectiva de los derechos constitucionales, aumentar el ámbito de protección de los derechos sociales o garantizar la faceta prestacional que tienen todos los derechos consagrados en la Carta Política.”
Por su parte, el Honorable Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto realizó salvamento de voto, al tiempo que los Honorables Magistrados, Mauricio González Cuervo y Nilson Pinilla Pinilla, realizaron aclaración del mismo.
3. ¿Cual es su conveniencia y/o inconveniencia política en Colombia como Estado Social de Derecho?
De conformidad con lo publicado en la revista Portafolio, en el mes de diciembre de 2010, editado por el senador Mauricio Lizcano, el proyecto de acto legislativo que define a la sostenibilidad fiscal como un principio que debe guiar al sector público y regir al Plan Nacional de Desarrollo y al Presupuesto Nacional, permitirá junto a una adecuada regla fiscal, la superación de una situación que reduce el crecimiento económico colombiano.
Se considera que la importancia de este proyecto reside en el reconocimiento de que toda sociedad dispone de una cantidad limitada de recursos con los cuales debe atender múltiples necesidades. La senda de gasto que adopta un país no debe socavar la capacidad de provisión de los derechos económicos y sociales y los demás objetivos del Estado en el mediano plazo. Además, en Colombia existe una reducida conciencia, presente en otros países, y es que aumentos en el gasto público se traducen en mayores impuestos en el futuro.
De igual manera se aduce que aa ausencia de sostenibilidad fiscal puede llevar a convertirse en crisis fiscales y cambiarias que generan inestabilidad, reducen el crecimiento económico de largo plazo, aumentan la pobreza y el desempleo y disminuyen la capacidad de garantizar los derechos económicos y sociales. El incremento de la deuda pública obliga a la apropiación de mayores recursos para servir la deuda desviándola de otros objetivos y puede conducir a que en momentos de crisis se cierre la disponibilidad de crédito.
El Gobierno Nacional ha aumentado el gasto de 9% del PIB en 1990 a casi el 20% en el año 2009. La mayoría de estos son justificables, pero debe hacerse mayor énfasis en la eficiencia del gasto público, demandando mejoras en la calidad en la provisión de los servicios sociales, y en la sostenibilidad fiscal permitiendo un mayor crecimiento económico.
El artículo ¿Sostenibilidad fiscal o regresividad social?, escrito por Gustavo Gallón Giraldo, Director de la CCJ, publicado en el Diario El Espectador, el 15 de junio de 2011, señala que nunca hay suficiente dinero para satisfacer todas las necesidades de una sociedad. Esa es una regla universal. El dilema entonces es a qué gasto se le da prelación. Al respecto, ha habido siempre dos orientaciones. Una es la de favorecer a quienes tienen recursos en bancos, industria y otras empresas porque así habrá más empleo y se generarán más productos para ser comprados por los consumidores y mantener activa la economía. La otra es la de garantizar a los pobres un mínimo de vida digna (alimentación, salud, vivienda, educación y trabajo, por ejemplo) y promover progreso a través de su desarrollo y su vinculación al ciclo económico.
Ahora bien, la Constitución de 1991 convirtió la segunda vía en una obligación: reconoció los elementos de la vida digna como derechos fundamentales y no como simples aspiraciones. Ya antes lo habían hecho varios tratados internacionales de derechos humanos [1]. Pero la Constitución creó además un recurso accesible para la gente, la acción de tutela, que permite hacer valer derechos sociales. Así, la opción de favorecer a los ricos quedó reducida a una posibilidad, eventualmente complementaria, pero subordinada a la obligación de garantizar los derechos de los pobres [2].
Se ha aprobado una reforma constitucional que permite pedirles a las altas corporaciones judiciales que modulen, modifiquen o difieran los efectos económicos de sus sentencias para evitar alteraciones serias de la "sostenibilidad fiscal" [3]. Dentro de los tres días siguientes a la sentencia, el Gobierno o la Procuraduría pueden proponer un "incidente de impacto fiscal" [4]. La justificación es que la sostenibilidad fiscal, es decir, la limitación de los gastos del Estado a los recursos presupuestados, sería la condición "para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado social de derecho" [5]. Inicialmente se quiso elevar dicha "sostenibilidad fiscal" a la condición de derecho constitucional. El Congreso se resistió a ese intento y aceptó el concepto de sostenibilidad fiscal como un criterio para ser tenido en cuenta en las políticas públicas, pero no como un derecho[6].
Luego, limitar la eficacia de las decisiones de las altas Cortes en materia de derechos económicos, sociales y culturales oponiéndolas a la sostenibilidad fiscal es ingenioso y puede ser hasta perverso, porque da la apariencia no de una negación de derechos sino de una ponderación entre dos derechos constitucionales: el derecho de un individuo o de un grupo a su bienestar, y el derecho de toda la sociedad a tener unas finanzas sanas. Es un sofisma refinado.
E ntonces, es de esperar que la Corte Constitucional y todas logren desentrañarlo y adviertan que eso puede ser una violación de la prohibición de regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. A pesar de lo mucho que falta para asegurar en Colombia la efectiva realización de estos derechos, ya algunos se han reconocido como obligatorios, y en eso no puede haber retrocesos, pues sería contrario al bloque de constitucionalidad [7]. Más bien, si lo que se pretende es dejar a salvo las finanzas nacionales, que se proteja de mejor manera a los pobres [8], y menos a los empresarios o a los contratistas para evitar que malgasten en Dubai los anticipos que reciben del Estado.
Expertos analizaron la propuesta de la Sostenibilidad Fiscal, en octubre de 2010, tal como se cita a continuación{C}[5]
Roberto Steiner, director ejecutivo de Fedesarollo, indicó: “Ese proyecto es en realidad un artículo muy breve. Propone que en la Constitución se establezca la estabilidad fiscal como un derecho colectivo de los ciudadanos”.
“Lo que busca esta propuesta, presentada por el gobierno anterior, es darle herramientas a los jueces de la República, quienes continuamente se ven enfrentados a tutelas que los obligan a ordenar más gasto público. Generalmente estas quejas hacen referencia al derecho a la salud, que ha sido determinado como fundamental. Entonces los jueces argumentan que ellos hacen cumplir lo que dicta la Carta Magna y el tema de sostenibilidad fiscal no está estipulado allí”, explicó el analista.
Según Steiner, los colombianos necesitamos un Estado que proteja todos los derechos y que garantice los recursos para pagarlos y por eso, en su concepto, a los jueces hay que darles las herramientas para que sepan el impacto de sus decisiones de carácter económico sin que se violen los derechos fundamentales.
Finalmente y haciendo un estudio sobre la meta de equidad intergeneracional, explicó que “el tema se basa en la idea de que se avecina un importante ingreso de los dineros minero-energéticos, y no parece ser razonable que esta generación se lo gaste todo. Entonces, el Gobierno quiere crear mecanismos para que parte de ese dinero se ahorre y pueda ser gastado por futuras generaciones”.
Para el profesor Jorge Armando Rodríguez, investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la UN, “tener unas finanzas sanas y sostenibles es un objetivo deseable, pero es desacertado consagrar la sostenibilidad fiscal como un derecho en la Constitución. Hay mecanismos más idóneos para lograr ese propósito y no se puede poner al mismo nivel la estabilidad con derechos como la libre expresión, la vida y la atención en salud”.
Para el investigador Rodríguez, el proyecto indica que la sostenibilidad fiscal es importante para el progreso económico y social de un país, la cual busca en el mediano y en el largo plazo que se logren objetivos públicos como: la reducción de la pobreza y la desigualdad, la equidad intergeneracional y un crecimiento económico estable.
No obstante advierte que, “Hay algo curioso, el gobierno que propone esta iniciativa fue el mismo que otorgó extensiones y privilegios por gastos de capital y zonas francas de manera exagerada desmontando el sistema tributario, especialmente el impuesto sobre la renta. Entonces es algo que no se entiende si es tan importante la sostenibilidad fiscal, porque no se aplicó cuando se estaba en ese gobierno”.
El profesor Rodríguez concluyó que esta medida puede afectar el presupuesto a largo plazo: “En Colombia hay un déficit fiscal estructural, que tiene que ver con la Constitución del 91 y se debe afrontar. Lo que se necesita es una reforma tributaria que reparta las cargas entre los contribuyentes de manera equitativa”.
Estudio realizado por el OBSERVATORIO LEGISLATIVO l INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA[6]
Con el apoyo de la fundación, el pasado 20 de julio el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga, acompañado por el hoy ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Esteban Piedrahita, radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo "Por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado social de derecho".
La iniciativa tendrá como propósito incorporar a la Constitución Política de 1991 el derecho a la sostenibilidad fiscal, como requisito indispensable para alcanzar los fines del Estado colombiano. De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, esta medida resulta muy importante para el progreso económico y social del país, puesto que permitirá establecer una serie de principios que logren mantener y sostener en el tiempo la política de gasto.
En este sentido, el gobierno desea proteger la sostenibilidad fiscal y darle relevancia dentro del sistema jurídico colombiano, con el fin de darle vía y soporte jurídico a un nuevo proyecto que abrirá camino a la adopción de una regla fiscal en Colombia. Dicha regla fiscal se adoptará como una ley orgánica, posterior a la aprobación del acto legislativo 016 que aquí se desarrolla, y su objetivo será regular en el mediano plazo el gasto del gobierno central de acuerdo a la variación de ciertos ingresos y a las necesidades de política económica que requiere el país.
Con respecto a La Sostenibilidad Fiscal en el Estado Social de Derecho, el Instituto de Ciencia Política indicó:
El propósito del proyecto es que el Congreso y los demás órganos del Estado en todos los niveles y según sus competencias, se involucren y tengan presente la sostenibilidad fiscal.
Para esto, el proyecto propone, a través de la modificación del artículo 334 de la Constitución Política, cambios en tres aspectos: en primer lugar pretende la inclusión del concepto de sostenibilidad fiscal como un derecho de todos; en segundo lugar, busca que las diferentes ramas y órganos del poder público trabajen armónicamente por el cumplimiento del nuevo postulado constitucional, y por último, de manera específica, le impone al Congreso de la República el deber de velar por el cumplimiento de dichos preceptos al momento de legislar sobre el alcance y contenido de los derechos económicos y sociales, con el propósito de brindarles garantía de progresividad.
En concordancia con lo anterior, los artículos segundo y tercero del proyecto de acto legislativo, ordenan ajustar las normas constitucionales sobre el plan nacional de desarrollo, el presupuesto anual y la ley de apropiaciones, en el sentido de determinar y asegurar la sostenibilidad fiscal en cada uno de ellos.
Con la reforma propuesta, Colombia creará un modelo institucional original, en el que se concibe la colaboración obligatoria de todos los órganos del poder público para alcanzar sostenibilidad fiscal, como instrumento para realizar, de manera estable y con viabilidad, el conjunto de derechos propios de un Estado social de derecho.
Después de aprobarse el proyecto de sostenibilidad fiscal, el gobierno propone introducir el proyecto de ley sobre regla fiscal, el cual busca, entre otras cosas, reducir progresivamente la deuda del GNC desde el nivel de 39.4% del PIB proyectado para 2010, a uno de 28.4% del PIB en el año 2020. Esta reducción se condiciona a que en el transcurso de la próxima década, se alcance un superávit primario promedio por año de 1.3% del PIB, siendo el sector minero-energético uno de los protagonistas dentro de la meta, al constituirse como una importante fuente de financiación para el Estado.
Así mismo, la regla fiscal deberá condicionar la elaboración de los diversos instrumentos de manejo fiscal existentes como el plan financiero, el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo, con el fin de establecer metas cuantitativas que permitan involucrar a la regla con cada uno de estos instrumentos independientemente de la cobertura de tiempo de cada uno de ellos.
Con el proyecto de acto legislativo presentado por el gobierno se quiere establecer una disposición constitucional expresa que garantice la prestación y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.
Sin embargo, las autoridades económicas deberán comprometerse con el logro de los objetivos de política económica: inflación baja y estable y sostenibilidad fiscal, que permita la efectividad de las políticas de estabilización macroeconómica, con el fin de minimizar las fluctuaciones del ciclo económico.
Esta situación promoverá mejores perspectivas hacia el crecimiento económico en el mediano plazo, favoreciendo así el mayor acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios a los que tienen derecho.
Con la reforma propuesta, Colombia creará un modelo institucional original, en donde se concibe la colaboración obligatoria de todos los órganos del poder público en alcanzar sostenibilidad fiscal, como instrumento para realizar, de manera sostenible, el conjunto de derechos propios de un Estado social de derecho.
Sin embargo, alcanzar y garantizar la sostenibilidad fiscal requiere de un gran compromiso y disciplina del sector público y del apoyo de la sociedad en la búsqueda de este objetivo, pues de no garantizarla, los riesgos y los costos económicos y sociales pueden ser elevados.
{C}[2]{C}Fuente: Http://www.legis.com.co/BancoConocimiento/I/informacion_de_interes_-_acto_legislativo_de_sostenibilidad_fiscal_publicado/informacion_de_interes_-_acto_legislativo_de_sostenibilidad_fiscal_publicado.asp
{C}[3]{C} http://www.plural.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=76:el-estado-social-de-derecho-y-la-sostenibilidad-fiscal-derechos-democracia-y-reglas-presupuestales-&catid=38:sostenibilidad-fiscal&Itemid=109
{C}[4]{C} Fuente http://www.fenalco.com.co/contenido/2733
{C}[5]{C} Fuente: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/sostenibilidad-fiscal-una-necesidad-de-colombia.html
{C}[6]{C} Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política // Boletín Nº 168
Dirección general Marcela Prieto Botero
Instituto de Ci
encia Política // Calle 70 Nº 7A - 29, Bogotá D. C., Colombia.
PBX: // Correo electrónico: observatoriolegislativo@icpcolombia.org
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