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Timestamp: 2017-09-22 15:12:47+00:00

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Sentencia del TS núm. 538/2016 de 21 junio 2016. PAGO DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN: se efectúa mediante abono en la cuenta de la entidad financiera colaboradora indicada por el solicitante o perceptor, pudiendo autorizarse el pago en metálico en «casos debidamente justificados»; no se reconoce este derecho por no haberse justificado motivos suficientes para ello siendo insuficiente, a estos efectos, la mera decisión de no disponer de una cuenta bancaria para activar el mecanismo subsidiario de pago en efectivo a través de una entidad financiera. - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia del TS núm. 538/2016 de 21 junio 2016. PAGO DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN: se efectúa mediante abono en la cuenta de la entidad financiera colaboradora indicada por el solicitante o perceptor, pudiendo autorizarse el pago en metálico en «casos debidamente justificados»; no se reconoce este derecho por no haberse justificado motivos suficientes para ello siendo insuficiente, a estos efectos, la mera decisión de no disponer de una cuenta bancaria para activar el mecanismo subsidiario de pago en efectivo a través de una entidad financiera.
Recurso de casación para la unificación de doctrina 1342/2015
El TS desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el beneficiario contra la Sentencia de fecha 06-11-2014, del TSJ de Castilla y León, sede en Burgos, dictada en autos promovidos por el recurrente contra el Servicio Público Estatal, sobre Seguridad Social, declarando la firmeza de la Sentencia recurrida.
Esta Sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Gustavo , representado por el Procurador Sr. Sedano Ronda y defendido por Letrado, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Burgos), de 6 de noviembre de 2014, en el recurso de suplicación nº 664/2014 , interpuesto frente a la sentencia dictada el 11 de junio de 2014 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Segovia , en los autos nº 310/2014, seguidos a instancia de dicho recurrente contra el Servicio Público de Empleo Estatal, sobre seguridad social.
Con fecha 11 de junio de 2014, el Juzgado de lo Social núm. 1 de Segovia, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «Que, estimo la demanda formulada por D. Gustavo , contra el Servicio Público de Empleo Estatal, y debo declarar y declaro su derecho a percibir la prestación por desempleo en su modalidad de pago por ventanilla, revocando la resolución de 28 de enero de 2014 por la que se acuerda archivar la solicitud de incorporación al Programa de Renta Activa de Inserción, condenando al Servicio Público de Empleo Estatal a acatar esta declaración».
«1º.- Con fecha 4 de noviembre de 2013 el actor presentó solicitud ante el organismo demandado, de admisión al Programa de Renta Activa de Inserción, alta inicial, siendo desempleado de larga duración.
2º.- El actor presentó escrito ante el SPEE solicitando cobrar la prestación por ventanilla.
3º.- Mediante escrito de fecha 11 de diciembre de 2013 el Servicio Público de Empleo Estatal le requiere para que aporte un número de cuenta donde efectuar el cobro, apercibiéndole de que si en el plazo de 15 días no lo hace, se producirá el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que, si el derecho no hubiere prescrito, presente nueva solicitud con la documentación requerida.
4º.- Mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 2013 el actor indica que no dispone de ninguna cuenta bancaria por elección personal, y solicita nuevamente el pago en efectivo de la prestación.
5º.- Mediante Resolución del SPEE de fecha 28 de enero de 2014 se acuerda archivar la solicitud de incorporación al Programa de Renta Activa de Inserción, "en razón a no aportar el número de cuenta de entidad financiera colaboradora de la que sea titular, necesario para el abono de la prestación".
6º.- Las páginas web de algunas entidades bancarias publicitan la existencia de cuentas sin comisiones de administración y mantenimiento, folios 57 a 64 de los autos, por reproducidos.
7º.- En fecha 26 de febrero de 2014 el actor formuló Reclamación Previa, que fue desestimada por resolución de fecha 7 de abril de 2014».
Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Burgos), dictó sentencia con fecha 6 de noviembre de 2014 , en la que consta la siguiente parte dispositiva: «Estimando el recurso de suplicación interpuesto por Servicio Público de Empleo Estatal, frente a la sentencia de fecha 11 de junio de 2014 dictada por el Juzgado de lo Social de Segovia , en autos nº 310/2014, seguidos a instancia de D. Gustavo , contra el recurrente, en reclamación sobre derecho y cantidad, debemos revocar y revocamos la sentencia recurrida, desestimando las prestaciones de la demanda y absolviendo libremente de las mismas a la demandada. Sin costas».
.- Contra la sentencia dictada en suplicación, el Procurador Sr. Sedano Ronda, en representación de D. Gustavo , mediante escrito de 9 de abril de 2015, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la sentencia de 18 de junio de 2013 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . SEGUNDO.- Se alega la infracción del art. 228.2 de la LGSS
Por providencia de esta Sala de 13 de noviembre de 2015 se admitió a trámite el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, y por diligencia de ordenación se dio traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.
Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 14 de junio actual, en cuya fecha tuvo lugar.
B) Resolviendo el recurso de suplicación 664/2014, la sentencia 698/2014 de 6 de noviembre, emanada de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León (Burgos) , estima el recurso del SPEE. Sus líneas argumentales son las siguientes:
La solución se basa en las previsiones del artículo 228.2 LGSS , que remite al artículo 26.2 del RD 625/1985 , descartándose la aplicación de lo previsto en la OM de 22 de febrero de 1996 .
Invoca para el contraste la STSJ Cataluña 4317/2013 de 18 junio (rec. 6504/2012 ) , que reconoció el derecho a percibir en metálico la prestación por desempleo a solicitante que no disponía de cuenta corriente, no siendo proporcionado obligarle a abrir una con la sola finalidad de percibir la prestación. El interesado alegaba que por razones de conciencia derivadas de su ideología "anticapitalista", no quería tener ningún tipo de relación con entidades bancarias a las que consideraba responsables de una serie de perjuicios a los ciudadanos. La sentencia de suplicación argumenta así:
Las normas deben interpretarse en el sentido de que el abono en cuenta se realizará cuando el ciudadano sea ya titular de una, pero no puede exigírsele que, al solo efecto de percibir la prestación de desempleo, concierte un contrato de cuenta corriente, puesto que ello supone imponerle una carga no prevista por la Ley .
A) En numerosísimas ocasiones hemos explicado que el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012 ), 22/07/2013 (R. 2987/2012 ), 25/07/2013 (R. 3301/2012 ), 16/09/2013 (R. 302/2012 ), 15/10/2013 (R. 3012/2012 ), 23/12/2013 (R. 993/2013 ), 29/04/2014 (R. 609/2013 ) , 17/06/2014 (R. 2098/2013 ) , 18/12/2014 ( R. 2810/2012 ) y 21/01/2015 ( R. 160/2014 ).
Regulación del cobro de la Renta Activa de Inserción.
A) La Disposición Final Quinta del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social , aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/1994 (LGSS) regula diversas "habilitaciones al Gobierno en materia de protección por desempleo". Su apartado 4 (procedente de la Ley 45/2002 ) dispone lo siguiente:
B) Tanto porque la RAI se integra en la protección de desempleo cuanto porque así lo indica la reproducida Disposición Final Quinta debemos acudir al Capítulo V del Título III de la LGSS , donde se regula el remitido "régimen financiero y gestión de las prestaciones". Respecto de la exclusiva materia que aquí interesa, el artículo 228 afronta el "pago de las prestaciones", y su número 2 posee el siguiente contenido:
2.El RD 1369/2006 , regulador del Programa de RAI.
Mediante RD 1369/2006 , se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. Regula de manera detallada las acciones de inserción, los supuestos de baja o reincorporación al programa, las incompatibilidades o la tramitación; sin embargo, sobre la cuestión aquí debatida solo aparece una escueta previsión en el artículo 12.3:
El Real Decreto 625/1985, de 2 de abril , por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto , de Protección por Desempleo opera como norma reglamentaria sobre esta acción protectora, habiendo sido modificado en múltiples ocasiones para adecuarlo a los vaivenes experimentados por la LGSS . Su artículo 26 regula el "pago de las prestaciones"; el apartado 2, en redacción procedente del RD 200/2006, de 17 febrero , reza así:
En el preámbulo, se justifican los cambios introducidos apelando a las exigencias derivadas de la Ley 6/1997, de 14 de abril , de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado: renovación de los procedimientos administrativos y de la gestión, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión, eficacia, eficiencia, etc. Respecto del desempleo, en particular, se actúa "garantizando la calidad del servicio a los ciudadanos y optimizando los recursos destinados al cumplimiento del contenido del artículo 41 de la Constitución Española ".
4.El RD 1391/1995 y la OM de 22 de febrero de 1996 .
Mediante RD 1391/1995 , se aprueba el Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social. Conforme al art. 11.1 , los pagos de obligaciones por la Tesorería General de la Seguridad Social se harán efectivos utilizando como medios de pago el dinero de curso legal, el cheque, la transferencia bancaria, el giro postal ordinario y cualesquiera otros que se autoricen para cada tipo de obligación por la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos establecidos en este artículo y demás disposiciones complementarias. El artículo 15 prescribe que el Ministerio del ramo dictará reglas especiales para el pago de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social.
La OM de 22 de febrero de 1996 desarrolla las previsiones del citado RD 1391/1995 y dedica su artículo 27 al "pago de prestaciones y subsidios por desempleo":
El artículo 228.2 LGSS prescribe que las "condiciones" del pago de las prestaciones (una de las cuales es la RAI) se establecerán "reglamentariamente". El RD 1369/2006 , regulando el Programa de la RAI no detalla el modo en que deba de procederse, por lo que se hace necesario acudir al Reglamento desarrollando las previsiones legales en materia de desempleo, originariamente aprobado mediante Real Decreto 625/1985, de 2 de abril .
Desarrollando las previsiones del RD 1391/1995 , la OM de 22 de febrero de 1996 contempla el pago de las prestaciones por desempleo a través de cuenta bancaria, de ventanilla o de cheque.
Pero el RD 200/2006, de 17 febrero , modificó la regulación específica sobre pago de prestaciones por desempleo y dispone que el pago se realice a través de cuenta bancaria aunque admitiendo supuestos excepcionales ("debidamente justificados" en que así se autorice.
B) Las previsiones contenidas en la OM de 22 de febrero de 1996 sobre el modo de pagar las prestaciones por desempleo han de ceder ante las posteriores (diez años) y de superior rango albergadas en el RD 200/2006, de 17 febrero que, además, justifica las novedades introducidas en la necesidad de modernizar la gestión y de conseguir mayor eficiencia en la protección y atención a los ciudadanos.
La negativa a facilitar cuenta bancaria propia y sus consecuencias (Motivo único del recurso).
B) De este modo, nuestra propia doctrina venía a coincidir con lo prescrito mucho después por el RD 200/2006 : quien realiza el pago periódico (empleador, SPEE) puede exigir que el destinatario aporte datos bancarios que permitan realizarlo a través de transferencia. Esa regla cede cuando se aportan razones serias que acrediten la inconveniencia del sistema de pago a través de transferencia.
La doctrina correcta está en la sentencia recurrida, siendo errónea la aplicación de las previsiones de la OM de 22 de febrero de 1996 , que en punto al modo de pago de la RAI (u otras prestaciones por desempleo) quedó desplazada por las previsiones del RD 200/2006.
1º) Desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Gustavo , representado por el Procurador Sr. Sedano Ronda y defendido por Letrado, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Burgos), de 6 de noviembre de 2014, en el recurso de suplicación nº 664/2014 , interpuesto frente a la sentencia dictada el 11 de junio de 2014 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Segovia , en los autos nº 310/2014, seguidos a instancia de dicho recurrente contra el Servicio Público de Empleo Estatal. 2º) Declarar la firmeza de la referida sentencia 698/2014 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Burgos ). 3º) No realizar imposición de costas.

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 228
 artículo 26
 artículo 219
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 228
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 26
 artículo 41
 artículo 15
 artículo 27
 artículo 228
 Real Decreto