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Timestamp: 2018-09-22 23:58:15+00:00

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Publicado en BOE n�m. 143 de 16 de Junio de 2011
Vigencia desde 31 de Octubre de 2011. Revisi�n vigente desde 09 de Marzo de 2014
Disposici�n adicional primera �Pruebas piloto
Disposici�n adicional segunda �Informe de evaluaci�n
Art�culo 2 �Requisitos generales
Art�culo 3 �Requisitos de titulaci�n
CAP�TULO II.� Formaci�n especializada
Art�culo 4 �Cursos de formaci�n
Art�culo 5 �Colaboraci�n institucional
Art�culo 6 �Acreditaci�n de los cursos de formaci�n impartidos por las escuelas de pr�ctica jur�dica
Art�culo 7 �Acreditaci�n profesional de la formaci�n impartida por las universidades
Art�culo 8 �Registro administrativo
Art�culo 9 �Becas para la realizaci�n de los cursos de formaci�n
Art�culo 10 �Competencias de los cursos de formaci�n para el acceso a la profesi�n de abogado
Art�culo 11 �Competencias de los cursos de formaci�n para el acceso a la profesi�n de procurador de los tribunales
Art�culo 12 �Configuraci�n de los planes de estudio de los cursos de formaci�n
Art�culo 13 �Profesorado
CAP�TULO III.� Pr�cticas externas
Art�culo 14 �Contenido de las pr�cticas externas
Art�culo 15 �Lugares de realizaci�n de las pr�cticas
Art�culo 16 �Tutor�as
CAP�TULO IV.� Acreditaci�n de la capacitaci�n profesional
Art�culo 17 �Contenido de la evaluaci�n
Art�culo 18 �Convocatoria de la evaluaci�n
Art�culo 19 �Comisi�n de evaluaci�n
Art�culo 20 �Calificaci�n de la evaluaci�n
RD 150/2014 de 7 Mar. (modifica el Reglamento de la L 34/2006 de 30 Oct., acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por RD 775/2011 de 3 Jun.)
N�mero 3 del art�culo 17 redactado por el apartado uno del art�culo �nico del R.D. 150/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el R.D. 775/2011, de 3 de junio (�B.O.E.� 8 marzo). N�mero 2 del art�culo 20 redactado por el apartado dos del art�culo �nico del R.D. 150/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el R.D. 775/2011, de 3 de junio (�B.O.E.� 8 marzo). N�mero 3 del art�culo 20 redactado por el apartado dos del art�culo �nico del R.D. 150/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el R.D. 775/2011, de 3 de junio (�B.O.E.� 8 marzo).
El presente real decreto aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales. Esta ley tiene como objetivo principal mejorar la capacitaci�n profesional de abogados y procuradores en cuanto colaboradores relevantes de la administraci�n de justicia con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jur�dica y una representaci�n t�cnica de calidad como elementos esenciales para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Para alcanzar el objetivo de una capacitaci�n profesional especialmente cualificada la ley establece un sistema de formaci�n en la excelencia que tiene tres pilares b�sicos: la realizaci�n de un curso formativo espec�fico en el que se han de adquirir un conjunto de competencias profesionales espec�ficas, el desarrollo de un periodo de pr�cticas externas y la realizaci�n de una evaluaci�n de la aptitud profesional que culmina el proceso de capacitaci�n con car�cter previo a la inscripci�n en el correspondiente colegio profesional.
De acuerdo con el planteamiento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y el sistema de ordenaci�n de ense�anzas universitarias oficiales establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el reglamento comienza estableciendo como requisito previo para acceder a los cursos espec�ficos de formaci�n para la obtenci�n de los t�tulos profesionales de abogado o procurador el de poseer un t�tulo universitario que acredite la adquisici�n de determinadas competencias jur�dicas que expresamente se determinan. Se encomienda a la Agencia Nacional de Evaluaci�n de la Calidad y Acreditaci�n o a los �rganos de evaluaci�n de las comunidades aut�nomas la verificaci�n de los contenidos exigidos a estos efectos y la correspondiente acreditaci�n. Con el fin de simplificar el procedimiento y evitar duplicidades dicha verificaci�n se llevar� a cabo, como regla, en el marco de la evaluaci�n del correspondiente plan de estudios. Atendiendo a razones de seguridad jur�dica, se ha considerado oportuno exonerar de una nueva acreditaci�n a aquellos t�tulos universitarios de grado que a la entrada en vigor del Reglamento cuenten con una resoluci�n de verificaci�n positiva del Consejo de Universidades con la denominaci�n de graduado en Derecho.
Por lo que respecta a los cursos de formaci�n, la Ley 34/2006, de 30 de octubre, dise�a un modelo en el que intervienen tanto las universidades como las escuelas de pr�ctica jur�dica dependientes de los colegios de abogados. No obstante, uno de los elementos nucleares del modelo es la preceptiva colaboraci�n entre las entidades habilitadas para impartir los cursos de formaci�n. Exponente de esa exigencia es la previsi�n contenida en la propia Ley 34/2006, de 30 de octubre, de la necesidad de celebrar un convenio que garantice, en el caso de las universidades, la continuidad pr�ctica de la formaci�n sustantiva recibida, y en el de las escuelas de pr�ctica jur�dica, adem�s, la calidad de los contenidos impartidos as� como la idoneidad de la titulaci�n y cualificaci�n del profesorado. Profundizando en esta misma l�nea, el reglamento contempla un instrumento de cooperaci�n reforzada entre las universidades y los colegios profesionales o las escuelas de pr�ctica jur�dica: la impartici�n conjunta de cursos de formaci�n. Esta posibilidad permitir� economizar esfuerzos de todos los implicados y potenciar la excelencia de la formaci�n, particularmente en aquellos �mbitos geogr�ficos en los que la disgregaci�n de la oferta formativa carecer�a de sentido.
En todo caso, con el fin de que las personas que deseen formarse para las profesiones de abogado o procurador de los tribunales puedan hacerlo con independencia de los medios econ�micos de que dispongan, el reglamento contempla que el Gobierno otorgar� becas en el marco del r�gimen de las becas y ayudas personalizadas al estudio.
Tanto las universidades como las escuelas de pr�ctica jur�dica tienen un apreciable margen de libertad en la configuraci�n de los cursos de formaci�n y del periodo de pr�cticas. As�, por lo que respecta estrictamente al periodo formativo, el reglamento se limita a establecer unas bases esenciales como son, por ejemplo, que los planes de estudios deben estar integrados por 60 cr�ditos ECTS y, desde luego, que deben garantizar la adquisici�n de las competencias exigidas para cada profesi�n. A partir de esas bases se huye de la imposici�n de un modelo cerrado de tal forma que cada entidad pueda configurar los respectivos masters y cursos con un amplio grado de autonom�a.
Los cursos de formaci�n deber�n acreditarse ante los Ministerios de Justicia y de Educaci�n antes de ponerse en marcha y renovar la acreditaci�n peri�dicamente cada seis a�os. Aunque el procedimiento de acreditaci�n es distinto seg�n se trate de cursos de formaci�n organizados por las universidades o por las escuelas de pr�ctica jur�dica, se parte de una filosof�a com�n: conjugar la necesidad de garantizar la calidad de las ense�anzas con la simplificaci�n de los tr�mites y la reducci�n de cargas administrativas. Desde esta perspectiva, el procedimiento de acreditaci�n se sustancia bien ante el Ministerio de Justicia bien ante el Ministerio de Educaci�n en atenci�n a la entidad organizadora, esto es, dependiendo de que se trate de una escuela de pr�ctica jur�dica o de una universidad. En el primer supuesto, con arreglo a un procedimiento espec�fico, mientras que en el segundo en el marco del procedimiento general de verificaci�n de los t�tulos universitarios oficiales. En todo caso, la intervenci�n de ambos Ministerios en los procedimientos, la previsi�n de que todos los cursos deben acreditar la adquisici�n de las mismas competencias de acuerdo con la profesi�n a que vayan dirigidos, la fijaci�n de unos criterios homog�neos para dicha acreditaci�n y el hecho de que la resoluci�n final deba ser siempre conjunta por parte de los Ministerios de Justicia y Educaci�n garantizan suficientemente la unidad de criterio en cuanto a la decisi�n �ltima que se adopte.
La evaluaci�n final de la aptitud profesional tiene como finalidad asegurar que todos los profesionales hayan adquirido las competencias necesarias para el ejercicio de la abogac�a o de la procura. Partiendo de esa finalidad general, el reglamento ordena el contenido y el desarrollo de la evaluaci�n en atenci�n a unos objetivos concretos. En primer lugar a la necesidad de que su enfoque sea eminentemente pr�ctico y responda a las situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados y procuradores. En segundo lugar, se persigue que la prueba comporte los menores costes y cargas administrativas posibles, tanto para los aspirantes como para las administraciones p�blicas. Por �sta raz�n se prev� que la solicitud de participaci�n en la evaluaci�n y su resultado se faciliten por medios telem�ticos y se dispone que las dos pruebas de evaluaci�n se deban efectuar en un mismo d�a, as� como que el primer ejercicio consista en la realizaci�n de una prueba de contestaciones o respuestas m�ltiples. En tercer y �ltimo lugar, y en directa conexi�n con lo anterior, el reglamento parte de que la prueba no puede desconocer el esfuerzo realizado por los estudiantes durante todo el proceso formativo previo. Por este motivo se ha considerado conveniente reconocer dicho m�rito en la calificaci�n del primer ejercicio de la evaluaci�n de la aptitud, cuya superaci�n es adem�s preclusiva para que el segundo ejercicio, consistente en un caso pr�ctico, sea corregido.
Finalmente, con vistas a mitigar la inevitable incertidumbre inicial derivada de la implantaci�n de un nuevo modelo de acceso al ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, se ha previsto expresamente que los Ministerios de Justicia y Educaci�n desarrollar�n varias pruebas piloto con anterioridad a la celebraci�n de la primera convocatoria de evaluaci�n y har�n p�blicos sus contenidos. De este modo, podr� adquirirse con car�cter previo experiencia suficiente en lo relativo a la gesti�n de las pruebas y los candidatos dispondr�n de una orientaci�n adecuada sobre su estructura y contenidos.
Este real decreto se dicta al amparo de las mismas competencias del Estado que fundamentan la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y de conformidad con lo dispuesto en la disposici�n final segunda de dicha norma que faculta al Gobierno, a los Ministerios de Justicia y de Educaci�n y al resto de Departamentos ministeriales competentes para dictar cuantas disposiciones reglamentarias fueran necesarias para su desarrollo y ejecuci�n. En su tramitaci�n han sido consultados el Consejo General de la Abogac�a Espa�ola, el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de Espa�a, el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Pol�tica Universitaria y el Ministerio de Pol�tica Territorial.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Educaci�n, con la aprobaci�n previa del Ministro de Pol�tica Territorial y Administraci�n P�blica, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 3 de junio de 2011,
Disposici�n adicional primera Pruebas piloto
Con anterioridad a la celebraci�n de la primera prueba de evaluaci�n de la aptitud profesional los Ministerios de Justicia y Educaci�n, en colaboraci�n con las comunidades aut�nomas, el Consejo de Universidades, el Consejo General de la Abogac�a de Espa�a y el Consejo General de Procuradores de Espa�a, desarrollar�n pruebas piloto de car�cter orientativo cuyo contenido y resultados ser�n libremente accesibles por medios electr�nicos.
Disposici�n adicional segunda Informe de evaluaci�n
A los tres a�os de la entrada en vigor del presente real decreto, los Ministerios de Justicia y Educaci�n elevar�n un informe al Consejo de Ministros sobre el funcionamiento del sistema previsto para el acceso a la abogac�a y a la procura, evaluando la interrelaci�n entre ambas profesiones y el grado de eficacia de su implantaci�n.
Este real decreto se dicta al amparo del art�culo 149.1.1.�, 6.� y 30.� de la Constituci�n.
Se autoriza a los Ministros de Justicia y de Educaci�n para que mediante Orden conjunta dicten cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci�n y desarrollo de de este real decreto.
El presente real decreto entrar� en vigor el mismo d�a que la Ley 34/2006, de 30 de octubre.
T�ngase en cuenta que la Ley 34/2006, de 30 de octubre, entra en vigor el d�a 31 de octubre de 2011.
Este reglamento tiene por objeto desarrollar la Ley 34/2006, de 30 de octubre, que regula las condiciones de obtenci�n del t�tulo profesional de abogado y el t�tulo profesional de procurador de los tribunales.
Art�culo 2 Requisitos generales
1. La obtenci�n del t�tulo profesional de abogado o de procurador de los tribunales requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Estar en posesi�n del t�tulo de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro t�tulo universitario de Grado equivalente que re�na los requisitos establecidos en el art�culo 3 de este reglamento.
b) Acreditar la superaci�n de alguno de los cursos de formaci�n comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de dichas profesiones en los t�rminos previstos en este reglamento.
c) Desarrollar un periodo formativo de pr�cticas en instituciones, entidades o despachos, relacionados con el ejercicio de esas profesiones.
d) Superar la prueba de evaluaci�n final acreditativa de la respectiva capacitaci�n profesional.
2. La formaci�n y la evaluaci�n de aptitud profesional deber� realizarse conforme a los principios de no discriminaci�n y accesibilidad universal. Asimismo, en los lugares de realizaci�n de las pr�cticas se garantizar� a las personas con discapacidad los apoyos tecnol�gicos necesarios y la eliminaci�n de las posibles barreras f�sicas y de comunicaci�n.
Art�culo 3 Requisitos de titulaci�n
1. Los t�tulos universitarios de grado a que se refiere la letra a) del art�culo 2 deber�n acreditar la adquisici�n de las siguientes competencias jur�dicas:
a) Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretaci�n y aplicaci�n del ordenamiento jur�dico e interpretar las fuentes y los conceptos jur�dicos fundamentales de cada uno de los distintos �rdenes jur�dicos.
b) Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resoluci�n de los conflictos jur�dicos, as� como la posici�n jur�dica de las personas en sus relaciones con la Administraci�n y en general con los poderes p�blicos.
c) Conocer y saber aplicar los criterios de prelaci�n de las fuentes para determinar las normas aplicables en cada caso, y en especial el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores constitucionales.
d) Interpretar textos jur�dicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios jur�dicos y los valores y principios sociales, �ticos y deontol�gicos como herramientas de an�lisis.
e) Pronunciarse con una argumentaci�n jur�dica convincente sobre una cuesti�n te�rica relativa a las diversas materias jur�dicas.
f) Resolver casos pr�cticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboraci�n previa de material, la identificaci�n de cuestiones problem�ticas, la selecci�n e interpretaci�n del dato de Derecho positivo aplicable y la exposici�n argumentada de la subsunci�n.
g) Manejar con destreza y precisi�n el lenguaje jur�dico y la terminolog�a propia de las distintas ramas del derecho: Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jur�dicos. Comunicar oralmente y por escrito ideas, argumentaciones y razonamientos jur�dicos usando los registros adecuados en cada contexto.
h) Utilizar las tecnolog�as de la informaci�n y las comunicaciones para la b�squeda y obtenci�n de informaci�n jur�dica (bases de datos de legislaci�n, jurisprudencia, bibliograf�a, etc.), as� como herramientas de trabajo y comunicaci�n.
2. La Agencia Nacional de Evaluaci�n de la Calidad y Acreditaci�n o los �rganos de evaluaci�n de las comunidades aut�nomas a que se refiere el art�culo 24.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenaci�n de las ense�anzas universitarias oficiales, incluir�n, en su caso, en el informe de evaluaci�n que emiten en el procedimiento de verificaci�n del correspondiente plan de estudios, la acreditaci�n del cumplimiento de las exigencias previstas en el apartado anterior.
3. Se entender� que cumplen los requisitos previstos en el apartado primero los t�tulos universitarios de grado que a la entrada en vigor de este reglamento hayan obtenido, de conformidad con lo establecido los art�culos 24 y 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenaci�n de las ense�anzas universitarias oficiales, resoluci�n de verificaci�n positiva del Consejo de Universidades con la denominaci�n de Graduado en Derecho.
Art�culo 4 Cursos de formaci�n
1. La formaci�n a que se refiere el apartado b) del art�culo 2, requerida para la presentaci�n a la prueba de evaluaci�n final para la obtenci�n del t�tulo profesional de abogado o de procurador de los Tribunales, podr� ser adquirida a trav�s de las siguientes v�as:
a) Formaci�n impartida en universidades p�blicas o privadas en el marco de las ense�anzas conducentes a la obtenci�n de un t�tulo oficial de Master universitario. Estos cursos podr�n tambi�n configurarse combinando cr�ditos pertenecientes a distintos planes de estudios de ense�anzas conducentes a la obtenci�n de un t�tulo oficial de posgrado de la misma u otra universidad, espa�ola o extranjera. Adem�s, las universidades podr�n reconocer cr�ditos obtenidos en otras ense�anzas conducentes a la obtenci�n de un t�tulo oficial de posgrado de la misma u otra universidad.
b) Cursos de formaci�n impartidos por las escuelas de pr�ctica jur�dica creadas por los colegios de abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogac�a, con arreglo a criterios p�blicos, objetivos y no discriminatorios.
c) Formaci�n impartida conjuntamente por las universidades p�blicas o privadas y las escuelas de pr�ctica jur�dica homologadas por el Consejo General de la Abogac�a. Los cursos podr�n ser configurados de acuerdo con lo previsto en la letra a), y en todo caso su plan de estudios deber� haber sido verificado previamente como ense�anza conducente a la obtenci�n de un t�tulo oficial de Master universitario.
Todos los cursos de formaci�n, con independencia de quien los organice, deber�n garantizar la realizaci�n de un periodo de pr�cticas externas de calidad conforme a lo previsto en el cap�tulo III de este reglamento.
2. Las instituciones y entidades habilitadas para impartir formaci�n orientada a obtener los t�tulos profesionales de abogado y procurador de los tribunales deber�n obtener, antes de comenzar su impartici�n, la acreditaci�n de los cursos prevista en el art�culo 2.2 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, conforme a lo dispuesto en los art�culos 6 y 7 de este reglamento.
Art�culo 5 Colaboraci�n institucional
1. Las universidades que deseen impartir cursos de formaci�n a los que se refiere el apartado a) del art�culo anterior para la obtenci�n del t�tulo profesional de abogado o de procurador de los tribunales deber�n celebrar un convenio al menos con un colegio de abogados o con un colegio de procuradores de los tribunales, respectivamente, con objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos del periodo de pr�cticas establecidos en el presente reglamento.
2. Del mismo modo, los colegios de abogados cuyas escuelas de pr�ctica jur�dica deseen impartir cursos de formaci�n de los referidos en la letra b) del art�culo anterior deber�n celebrar un convenio al menos con una universidad, con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este reglamento relativos a las competencias profesionales, e idoneidad de la titulaci�n y la cualificaci�n del profesorado.
3. Cuando una universidad ofrezca a un colegio de abogados o un colegio de procuradores un convenio con el objeto de cumplir lo previsto en los dos apartados anteriores, la instituci�n cuya colaboraci�n se reclama no podr� rechazar su celebraci�n salvo que acredite la imposibilidad de asumir las obligaciones que el convenio impone o que la entidad ofrezca unos t�rminos y condiciones alternativos que sean razonables para alcanzar los objetivos propuestos.
Lo mismo suceder� cuando se trate de un convenio ofrecido por una escuela de pr�ctica jur�dica a una universidad.
4. La Universidad Nacional de Educaci�n a Distancia podr� acordar la colaboraci�n institucional prevista en este art�culo con los correspondientes Consejos Generales de colegios profesionales de abogados y de procuradores de los tribunales.
Art�culo 6 Acreditaci�n de los cursos de formaci�n impartidos por las escuelas de pr�ctica jur�dica
1. El procedimiento de acreditaci�n de los cursos de formaci�n impartidos por las escuelas de pr�ctica jur�dica conforme a la letra b) del apartado 1 del art�culo 4 se someter� al siguiente r�gimen:
a) La solicitud de acreditaci�n de los cursos de formaci�n deber� dirigirse al Ministerio de Justicia que evaluar� la calidad del curso, conforme a los siguientes criterios:
1. La relevancia del curso, atendiendo a evidencias que pongan de manifiesto su inter�s profesional.
3. La claridad y adecuaci�n de los sistemas que regulan la admisi�n de los estudiantes.
4. La coherencia de la planificaci�n prevista.
5. La adecuaci�n del personal acad�mico y de apoyo, as� como de los recursos materiales y servicios.
6. La eficiencia prevista con relaci�n a los resultados esperados.
7. El sistema interno de garant�a de calidad encargado de la revisi�n y mejora del plan de estudios.
8. La adecuaci�n del calendario de implantaci�n previsto.
9. La viabilidad, del convenio celebrado para el desarrollo, seg�n el caso, del periodo formativo y la suficiencia y calidad del programa de pr�cticas externas, de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento.
b) El Ministerio de Justicia trasladar� la solicitud de acreditaci�n junto con los documentos que le acompa�an al Ministerio de Educaci�n y, una vez este emita su parecer positivo, se dar� traslado a la comunidad aut�noma que corresponda para que en el plazo de 20 d�as informe preceptivamente desde su �mbito competencial, de acuerdo con el r�gimen contenido en el art�culo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
c) La acreditaci�n de los cursos de formaci�n se formalizar� mediante resoluci�n estimatoria conjunta del Secretario de Estado de Justicia y del Secretario General de Universidades. Transcurrido el plazo de tres meses desde la presentaci�n de la solicitud sin que se haya emitido resoluci�n se entender� que el curso no ha sido acreditado.
2. La acreditaci�n deber� ser renovada cada seis a�os mediante la presentaci�n de una solicitud acompa�ada de la documentaci�n que acredite que el curso de formaci�n mantiene las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento. No obstante, los Ministerios de Justicia y Educaci�n podr�n efectuar las reservas oportunas en el plazo de tres meses desde la presentaci�n de la renovaci�n, as� como en su caso denegarla.
3. Cualquier modificaci�n del curso de formaci�n que suponga una alteraci�n de los requisitos previstos en los cap�tulos II y III habr� de ser notificada al Ministerio de Justicia que evaluar� conjuntamente con el Ministerio de Educaci�n, si la modificaci�n supone o no un cambio sustancial, en cuyo caso deber� obtenerse una nueva acreditaci�n.
Art�culo 7 Acreditaci�n profesional de la formaci�n impartida por las universidades
1. La formaci�n impartida por las universidades conforme a las letras a) y c) del apartado 1 del art�culo 4 deber� someterse al procedimiento de verificaci�n de los t�tulos universitarios previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenaci�n de las ense�anzas universitarias oficiales.
2. La Agencia Nacional de Evaluaci�n de la Calidad y Acreditaci�n o los �rganos de evaluaci�n de las comunidades aut�nomas a que se refiere el art�culo 24.3 del citado Real Decreto 1393/2007, incluir�, en su caso, en el informe de evaluaci�n que emite en el procedimiento de verificaci�n del correspondiente plan de estudios, la acreditaci�n del cumplimiento de las exigencias previstas en los cap�tulos II y III este reglamento.
3. Cuando la Agencia Nacional de Evaluaci�n de la Calidad y Acreditaci�n o los �rganos de evaluaci�n de las comunidades aut�nomas hayan expedido la certificaci�n prevista en el apartado anterior, el Secretario de Estado de Justicia y el Secretario General de Universidades otorgar�n, mediante resoluci�n conjunta, la acreditaci�n de esta formaci�n a los efectos previstos en el art�culo 2.2 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
4. La renovaci�n de la acreditaci�n profesional deber� realizarse simult�neamente a la renovaci�n de la acreditaci�n prevista en el art�culo 27 bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenaci�n de las ense�anzas universitarias oficiales. Si la Agencia Nacional de Evaluaci�n de la Calidad y Acreditaci�n o los �rganos de evaluaci�n de las comunidades aut�nomas informan favorablemente sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en los cap�tulos II y III de este reglamento, el Secretario de Estado de Justicia y el Secretario General de Universidades otorgar�n, mediante resoluci�n conjunta, la renovaci�n de la acreditaci�n de esta formaci�n a los efectos previstos en el art�culo 2.2 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
Art�culo 8 Registro administrativo
1. El Ministerio de Justicia llevar� un registro administrativo informativo en el que se inscribir�n los cursos de formaci�n acreditados para la obtenci�n de los t�tulos profesionales de abogado y de procurador de los tribunales. Tambi�n ser�n objeto de inscripci�n las resoluciones que se adopten en los procedimientos de renovaci�n y de modificaci�n.
2. El acceso a dicho registro ser� p�blico, estando disponible su contenido en la sede electr�nica del Ministerio de Justicia.
3. De conformidad con lo estipulado en los art�culos 62.1.f) y 71 bis cuatro de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, el incumplimiento de los requisitos estipulados en el presente reglamento originar� la consiguiente baja en el registro administrativo de cursos de formaci�n para el ejercicio de las profesiones de abogado o procurador.
Art�culo 9 Becas para la realizaci�n de los cursos de formaci�n
El Gobierno contemplar� el otorgamiento anual de becas para la realizaci�n de cursos de formaci�n para la obtenci�n de los t�tulos profesionales de abogado y procurador de los tribunales en el marco del r�gimen de las becas y ayudas personalizadas al estudio.
Art�culo 10 Competencias de los cursos de formaci�n para el acceso a la profesi�n de abogado
Los cursos de formaci�n para el acceso a la profesi�n de abogado garantizar�n la adquisici�n al menos de las siguientes competencias profesionales:
Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos acad�micos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesi�n, riesgo o conflicto en relaci�n a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades p�blicas y en las funciones de asesoramiento.
Conocer las t�cnicas dirigidas a la averiguaci�n y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producci�n de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.
Conocer las diferentes t�cnicas de composici�n de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante m�todos alternativos a la v�a jurisdiccional.
Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontol�gicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad p�blica y entre abogados.
Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento b�sico de la asistencia jur�dica gratuita y la promoci�n de la responsabilidad social del abogado.
Saber identificar conflictos de intereses y conocer las t�cnicas para su resoluci�n, establecer el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio.
Saber identificar los requerimientos de prestaci�n y organizaci�n determinantes para el asesoramiento jur�dico.
Conocer y saber aplicar en la pr�ctica el entorno organizativo, de gesti�n y comercial de la profesi�n de abogado, as� como su marco jur�dico asociativo, fiscal, laboral y de protecci�n de datos de car�cter personal.
Desarrollar destrezas y habilidades para la elecci�n de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos �mbitos de la pr�ctica profesional.
Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o instituci�n en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de informaci�n, el conocimiento de idiomas, la gesti�n del conocimiento y el manejo de t�cnicas y herramientas aplicadas.
Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesi�n de abogado.
Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jur�dicas, en atenci�n al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada �mbito procedimental.
Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos espec�ficos e interdisciplinares.
Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesi�n de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.
Art�culo 11 Competencias de los cursos de formaci�n para el acceso a la profesi�n de procurador de los tribunales
Los cursos de formaci�n de la profesi�n de procurador de los tribunales garantizar�n la adquisici�n al menos de las siguientes competencias profesionales:
Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos acad�micos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gesti�n de los intereses de sus representados antes, durante y despu�s del procedimiento judicial.
Conocer y ser capaz de integrar la postulaci�n de los derechos de los representados en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e internacionales.
Conocer las t�cnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos les encomienden o para cuya realizaci�n est�n facultados en los distintos �rdenes jurisdiccionales, con especial atenci�n a los plazos, actos de comunicaci�n, ejecuci�n y v�as de apremio.
Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontol�gicos profesionales que informan las relaciones del procurador de los tribunales con el cliente, con las otras partes, con el tribunal o autoridad p�blica y entre los procuradores y dem�s profesionales.
Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento b�sico de la asistencia jur�dica gratuita y la promoci�n de la responsabilidad social del procurador de los tribunales.
Conocer y aplicar las t�cnicas dirigidas a la identificaci�n y liquidaci�n de derechos arancelarios, obligaciones tributarias, de constituci�n de dep�sitos judiciales y de atenci�n de cuantos gastos y costas sean necesarios para garantizar la efectiva tutela judicial de los derechos de sus representados.
Disponer de la capacidad de actuar de acuerdo con las exigencias que impone el entorno organizativo, de gesti�n y comercial de la profesi�n de procurador de los tribunales, as� como su marco jur�dico asociativo, fiscal, laboral y de protecci�n de datos de car�cter personal.
Capacidad para elegir los medios m�s adecuados que ofrece el ordenamiento jur�dico para el desempe�o de una representaci�n t�cnica de calidad.
Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz realizaci�n de los actos de comunicaci�n a las partes en el proceso, y para una colaboraci�n eficaz con los tribunales en la ejecuci�n de las resoluciones judiciales, conociendo y diferenciando los intereses privados que representa de los de car�cter p�blico cuya ejecuci�n la Ley y los tribunales le encomienden.
Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la utilizaci�n de los procedimientos, protocolos, sistemas, y aplicaciones judiciales, que requieran los actos de comunicaci�n y cooperaci�n con la Administraci�n de Justicia con especial atenci�n a los de naturaleza electr�nica, inform�tica y telem�tica.
Disponer de las habilidades necesarias para auxiliarse de las funciones notarial y registral, en el ejercicio de su representaci�n t�cnica de calidad.
Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesi�n de procurador de los tribunales.
Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jur�dicas, en atenci�n al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada �mbito procesal y gubernativo.
Desarrollar destrezas que permitan al procurador de los tribunales mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o instituci�n, bien sea de car�cter espec�fico o interdisciplinar.
Art�culo 12 Configuraci�n de los planes de estudio de los cursos de formaci�n
1. En conjunto los planes de estudios deber�n comprender 60 cr�ditos ECTS que contendr�n toda la formaci�n necesaria para adquirir las competencias profesionales indicadas en este reglamento para el desempe�o respectivamente de la abogac�a y la procura.
2. Sin perjuicio de la acreditaci�n de la capacitaci�n profesional a que se refiere el cap�tulo IV de este reglamento, las instituciones que impartan ense�anzas para la obtenci�n de los t�tulos profesionales de abogado o procurador de los tribunales deber�n mantener procedimientos de evaluaci�n del aprovechamiento de la formaci�n recibida.
Art�culo 13 Profesorado
El personal docente de todos los cursos de formaci�n debe tener una composici�n equilibrada entre abogados o procuradores, seg�n el caso, y profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no supere el sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento.
Adem�s, los abogados o procuradores que integren el personal docente deber�n haber estado colegiados como ejercientes al menos desde tres a�os antes y los profesores universitarios poseer relaci�n contractual estable con una universidad.
Art�culo 14 Contenido de las pr�cticas externas
1. La formaci�n orientada a la obtenci�n de los t�tulos profesionales de abogado y procurador de los tribunales deber� tambi�n comprender el desarrollo de pr�cticas externas tuteladas. Las pr�cticas supondr�n 30 cr�ditos ECTS adicionales a los indicados en el art�culo 12.
2. El programa de pr�cticas tendr�, entre otros, los siguientes objetivos:
a) Enfrentarse a problemas deontol�gicos profesionales.
b) Familiarizarse con el funcionamiento y la problem�tica de instituciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.
c) Conocer la actividad de otros operadores jur�dicos, as� como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesi�n.
d) Recibir informaci�n actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles l�neas de actividad, as� como acerca de los instrumentos para su gesti�n.
3. En el procedimiento de acreditaci�n al que se refieren los art�culos 6 y 7, la instituci�n que imparta el curso de formaci�n deber� hacer constar el contenido gen�rico de las pr�cticas, los lugares donde se desarrollan, la duraci�n de las mismas, los resultados esperables, las personas, instituciones o entidades que participan en ellas, la existencia o no de un procedimiento de evaluaci�n del resultado, el n�mero de alumnos por tutor o los procedimientos de reclamaci�n o sustituci�n de tutores. Cuando la entidad que imparta el curso de formaci�n sea una universidad se deber� concretar, adem�s, el colegio profesional con el que haya celebrado un convenio para el cumplimiento del programa de pr�cticas.
Art�culo 15 Lugares de realizaci�n de las pr�cticas
1. Las pr�cticas se desarrollar�n total o parcialmente en alguna de las instituciones siguientes: juzgados o tribunales, fiscal�as, sociedades o despachos profesionales de abogados o procuradores de los tribunales, departamentos jur�dicos o de recursos humanos de las Administraciones P�blicas, instituciones oficiales o empresas.
2. Siempre que las pr�cticas consistan en actividades propias de la abogac�a o de la procura una parte de ellas podr� ser tambi�n desarrollada en establecimientos policiales, centros penitenciarios, de servicios sociales o sanitarios, y en general entidades que desarrollan actividades de inter�s general, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 4 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado y que est�n formalmente reconocidos ante la autoridad nacional o auton�mica competente.
Art�culo 16 Tutor�as
1. En atenci�n a su concreto contenido las pr�cticas externas deber�n ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales deber� designarse a abogados o procuradores que hayan ejercido la profesi�n durante al menos cinco a�os.
2. Los equipos de tutor�a deber�n redactar semestralmente una memoria explicativa de las actividades que han llevado a cabo en el ejercicio de sus funciones, que deber� comprender una referencia sucinta de la evoluci�n de cada alumno. A estos efectos, y para el mejor desarrollo de las pr�cticas, los alumnos tienen derecho a entrevistarse con los miembros del equipo de tutor�a a cuyo cargo se encuentren.
3. En el desarrollo de sus funciones los tutores al frente de cada equipo de tutor�a deber�n cumplir el r�gimen de derechos y obligaciones as� como la responsabilidad disciplinaria contempladas en los respectivos estatutos generales de la abogac�a y la procura. Cuando la instituci�n o entidad que imparta la formaci�n considere que no han cumplido debidamente las obligaciones que le corresponden, lo comunicar� al colegio al que �ste corresponda.
Acreditaci�n de la capacitaci�n profesional
Art�culo 17 Contenido de la evaluaci�n
1. Las evaluaciones para el acceso a la abogac�a y para el acceso a la procura ser�n �nicas e id�nticas para cada profesi�n en todo el territorio espa�ol.
2. Las evaluaciones ir�n dirigidas a comprobar la formaci�n pr�ctica suficiente para el ejercicio de la respectiva profesi�n, y en particular a la adquisici�n de las competencias que deben garantizar los cursos de formaci�n seg�n lo establecido en este reglamento.
3. La evaluaci�n consistir� en una prueba escrita objetiva de contenido te�rico-pr�ctico con contestaciones o respuestas m�ltiples.
N�mero 3 del art�culo 17 redactado por el apartado uno del art�culo �nico del R.D. 150/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el R.D. 775/2011, de 3 de junio (�B.O.E.� 8 marzo).Vigencia: 9 marzo 2014
4. El contenido de la evaluaci�n se fijar� para cada convocatoria por el Ministerio de Justicia. Con este fin durante todo el periodo desde la �ltima convocatoria y en todo caso previamente a la realizaci�n de la siguiente, las comunidades aut�nomas, el Consejo General del Poder Judicial, las universidades, el Consejo General de la Abogac�a Espa�ola y el Consejo General de Colegios de Procuradores de Espa�a podr�n dirigir propuestas al Ministerio de Justicia.
5. El Ministerio de Justicia mantendr� actualizada en su portal web una gu�a pr�ctica informativa del proceso de evaluaci�n as� como de su contenido.
Art�culo 18 Convocatoria de la evaluaci�n
1. Las evaluaciones de aptitud profesional ser�n convocadas por los Ministerios de Justicia y Educaci�n con periodicidad m�nima anual, public�ndose en el �Bolet�n Oficial del Estado� con una antelaci�n de 3 meses a su celebraci�n.
2. La convocatoria no podr� contener limitaci�n del n�mero de plazas.
3. El Ministerio de Justicia garantizar� a trav�s de su sede electr�nica la presentaci�n telem�tica de las solicitudes de participaci�n en la prueba de evaluaci�n as� como la recepci�n por el mismo medio de su resultado.
4. Los aspirantes deber�n ser mayores de edad, acreditar la superaci�n del curso de formaci�n exigido para cada profesi�n y no estar inhabilitados para el ejercicio de la profesi�n de abogado o procurador de los tribunales.
V�ase la Orden PCI/949/2018, de 14 de septiembre, por la que se convoca la segunda prueba de evaluaci�n de aptitud profesional para el ejercicio de la profesi�n de abogado para el a�o 2018 (�B.O.E.� 15 septiembre).
V�ase Orden PCI/783/2018, de 23 de julio, por la que se convoca la prueba de evaluaci�n de aptitud profesional para el ejercicio de la profesi�n de Procurador de los Tribunales para el a�o 2018 (�B.O.E.� 24 julio).
V�ase la Orden PRA/1174/2017, de 30 de noviembre, por la que se convoca la prueba de evaluaci�n de aptitud profesional para el ejercicio de la profesi�n de Abogado para el a�o 2018 (�B.O.E.� 1 diciembre).
V�ase la Orden PRA/504/2017, de 25 de mayo, por la que se convoca la prueba de evaluaci�n de aptitud profesional para el ejercicio de la profesi�n de Procurador de los Tribunales para el a�o 2017 (�B.O.E.� 2 junio).
V�ase la Orden PRE/202/2015, de 9 de febrero, por la que se convoca la prueba de evaluaci�n de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesi�n de Abogado para el a�o 2015 (�B.O.E.� 13 febrero). V�ase la Orden PRE/1682/2014, de 12 de septiembre, por la que se convoca la prueba de evaluaci�n de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesi�n de Procurador de los Tribunales para el a�o 2014 (�B.O.E.� 18 septiembre). V�ase Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluaci�n de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesi�n de Abogado para el a�o 2014 (�B.O.E.� 17 marzo).
Art�culo 19 Comisi�n de evaluaci�n
1. En cada comunidad aut�noma existir� una comisi�n evaluadora para el acceso a la abogac�a y una comisi�n evaluadora para el acceso a la procura, a quien corresponder� tambi�n la ordenaci�n, direcci�n y gesti�n de los ejercicios, su confidencialidad as� como el anonimato de las personas que se presenten. Excepcionalmente, cuando el n�mero de aspirantes u otras circunstancias as� lo justifiquen se podr� proceder a la constituci�n de varias comisiones en el �mbito de una misma comunidad aut�noma o una sola para varias, en la forma prevista en la correspondiente orden de convocatoria.
2. Para cada convocatoria el Ministerio de Justicia y el de Educaci�n designar�n a los integrantes de la comisi�n de evaluaci�n, as� como a sus suplentes, conforme a las siguientes reglas:
a) Un Representante del Ministerio de Justicia, funcionario de carrera de especialidad jur�dica perteneciente a alguno de los cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1 de la Administraci�n General del Estado;
b) un representante del Ministerio de Educaci�n, funcionario de carrera de especialidad jur�dica perteneciente a alguno de los cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1 de la Administraci�n General del Estado;
c) un representante de la comunidad aut�noma correspondiente, designado entre funcionarios de cuerpos de especialidad jur�dica.
d) un abogado con m�s de cinco a�os de ejercicio profesional, propuesto por el Consejo General de la Abogac�a Espa�ola, cuando se trate de la comisi�n de evaluaci�n para el acceso a la abogac�a;
e) un procurador con m�s de cinco a�os de ejercicio profesional, propuesto por el Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Espa�a, cuando se trate de la comisi�n de evaluaci�n para el acceso a la procura;
f) un profesor universitario de alguna de las distintas disciplinas jur�dicas, designado por el Consejo de Universidades, entre el personal docente con vinculaci�n permanente con una universidad;
La comisi�n de evaluaci�n depender� funcionalmente del Ministerio de Justicia, a cuyo representante corresponder� la presidencia, ostentando la secretar�a el representante del Ministerio de Educaci�n. El r�gimen de organizaci�n y funcionamiento de la Comisi�n ser� el establecido por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para los �rganos colegiados, incluyendo el voto dirimente del presidente de la comisi�n.
Art�culo 20 Calificaci�n de la evaluaci�n
1. La nota final de la evaluaci�n ser� apto o no apto.
2. La calificaci�n final resultar� de la media ponderada entre el 70% de la obtenida en la evaluaci�n y del 30% de la nota obtenida en el curso de formaci�n regulado en el art�culo 4.
N�mero 2 del art�culo 20 redactado por el apartado dos del art�culo �nico del R.D. 150/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el R.D. 775/2011, de 3 de junio (�B.O.E.� 8 marzo).Vigencia: 9 marzo 2014
3. Cada aspirante recibir� la calificaci�n de forma individualizada y an�nima.
N�mero 3 del art�culo 20 redactado por el apartado dos del art�culo �nico del R.D. 150/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el R.D. 775/2011, de 3 de junio (�B.O.E.� 8 marzo).Vigencia: 9 marzo 2014
4. Cuando no se haya superado la evaluaci�n, los aspirantes podr�n presentar por escrito ante la comisi�n de evaluaci�n solicitud de revisi�n en el plazo de tres d�as desde la publicaci�n de su resultado. La resoluci�n del Presidente de la Comisi�n que resuelva la reclamaci�n pondr� fin a la v�a administrativa, quedando expedita la v�a contencioso-administrativa.
5. Cada Comisi�n evaluadora remitir� al Ministerio de Justicia el resultado de las evaluaciones y las reclamaciones presentadas contra ellas.

References: real decreto 
 Real Decreto 
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