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Timestamp: 2019-01-16 23:12:19+00:00

Document:
﻿ Sentencia T-571 de julio 21 de 2011
SENTENCIA T-571 DE 21 DE JULIO DE 2011
CONTENIDO:PROTECCIÓN ESPECIAL A LA MATERNIDAD EN MATERIA LABORAL. LA PROTECCIÓN LABORAL REFORZADA ES UNA GARANTÍA PARA EVITAR LA DISCRIMINACIÓN LABORAL QUE COBIJA A TODAS LAS MUJERES EMBARAZADAS O EN PERIODO DE LACTANCIA, CUANDO SE PRESENTA UNA RELACIÓN LABORAL ENTRE ELLAS Y SU EMPLEADOR, SIN IMPORTAR SU NATURALEZA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL, MUJER EMBARAZADA
Sentencia T-571 de julio 21 de 2011
Ref.: Expedientes T-2977719, T-2979766, T-2995482, T-3005236, T-3006165 y T-3007439.
(Nota: Aclarada por la Corte Constitucional en Auto 55 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio)
Acciones de tutela interpuestas por Evelyn del Carmen Zárate Banquez contra el Servicio Administrativo de San Andrés Ltda. y otro, Angélica María Pulga contra Jaime Alberto Gómez Jiménez y otra, Ingrid Johanna Castiblanco García contra el Instituto para la Economía Social IPES, Diana Marcela Carvajal Martínez contra la Contraloría General de la República, Ángela Cristina Camargo Chinchilla contra Multiproyectos S.A., Mónica Mauren Benítez Vanegas contra la Cooperativa de Trabajo Asociado y Desarrollo Asociativo en Salud —CEDA Salud CTA— y otro.
Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de San Andrés islas y el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de San Andrés Islas (T-2977719); Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá y el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Bogotá (T-2979766); Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá (T-2995482); Tribunal Superior de Bogotá —Sala Civil— y Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Civil— (T-3005236); Juzgado Dieciséis Penal Municipal de Bogotá (T-3006165); Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Yopal y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal (T-3007439), dentro de los respectivos procesos de acción de tutela de la referencia.
— Señaló la actora que el 31 de julio de 2010, suscribió contrato individual de trabajo en misión por el término que dure la obra o labor contratada, con Servicios Administrativos de San Andrés Ltda., para prestar sus servicios en la empresa usuaria Lord Pierre.
— A partir del 1º de octubre de 2010, firmó contrato de manera directa con la Operadora Turística Lord Pierre Ltda., prestando sus servicios de manera personal, permanente y subordinada al Hotel Lord Pierre.
— Adujo que en este establecimiento realizaba oficios varios, en turnos de 9 horas que podían llegar a extenderse, prestando sus servicios todos los días sin descanso alguno. Trabajo por el cual devengaba un salario de $570.000, sin remuneración de horas extras ni festivos.
— Mencionó que fue despedida el 23 de octubre de 2010, a pesar de su estado de embarazo, situación que era notoria. La notificación de terminación del contrato le fue informada mediante comunicación entregada por el vigilante de turno.
— Además, destacó que en la actualidad se encuentra atravesando una difícil situación económica, no está afiliada a ninguna EPS a través de ningún empleador, sino por cuenta propia, es madre de otros dos hijos y no cuenta con los recursos suficientes para solventar los gastos del parto y cuidados de su hijo que está por nacer. Manifestó que su compañero devenga un salario mínimo que resulta insuficiente para cubrir los gastos de su hogar, razón por la que ella debe trabajar y por la cual pidió el amparo de tutela.
1.2.1. Respuesta de la Sociedad Operadora Turística Lord Pierre Ltda.
1.2.2. Respuesta de la Sociedad Servicios Administrativos de San Andrés Ltda.
Manifestó que el hotel accionado solicitó, a través de esta bolsa de empleo, una auxiliar de cocina con el objeto de cubrir la temporada, por consiguiente se suscribió un contrato individual de trabajo en misión por el término que dure la labor contratada con la señora Evelyn Zárate Banquez. Este contrato tuvo su inicio el 31 de julio de 2010 con fecha de terminación el 1º de octubre de 2010.
Además, narró que “el 07 de octubre me enfermé y me hospitalizaron, cuando salí me dieron incapacidad y yo la mandé al hotel, ellos la recibieron y yo ingresé nuevamente a trabajar el día 18 de octubre, porque la incapacidad fue hasta el día 17 de octubre, yo intenté hablar varias veces con mi jefe Gary y él me esquivaba, no me daba tiempo ni oportunidad y el día 23 cuando yo salí de trabajar el señor Alcides me requirió a su oficina y me entregó la carta de despido, yo le dije que no la podía firmar porque yo estaba embarazada y le mostré la constancia de la prueba, él me dijo que la firmara, que no había ningún problema, yo me negué (…)”.
El señor Garys José Cabrera Ortiz manifestó ser el jefe de alimentos y bebidas del Hotel Lord Pierre. Frente a las razones por las cuales la accionante fue despedida, este señaló: “[p]orque para nosotros su desempeño laboral no fue el mejor”. Adicionalmente, el despacho preguntó al declarante si había tenido conocimiento de la última incapacidad de la señora Zárate Banquez, mencionó que, en efecto, sí sabía de esta y además de varias otras que llevó al hotel, “tengo entendido que se incapacitaba porque la señora sufre de un dolor en la parte baja del abdomen, eso fue lo que ella me manifestó siempre a mí como a su jefe inmediato y a sus compañeros”. Resaltó que no conoció de su estado de embarazo, solo hasta el día en que le fue entregada la carta de despido.
El despacho judicial señala que fueron recibidos por la gerente-representante legal de la Empresa Operadora Turística Ltda. quien les informó que la señora Evelyn Zárate en ningún momento informó sobre su estado de embarazo y que la decisión de retirarla de la empresa obedeció a que esta última no cumplía con sus funciones, incluso que la decisión se tomó antes de conocer su estado de embarazo. Mencionó que la demandante “con la empresa Servisai, laboró aproximadamente dos meses, y luego pasó a trabajar directamente con el hotel Lord Pierre, desde el 1º de octubre de 2010 hasta el 23 de octubre de 2010. Indicó además, que se le solicitó a la trabajadora se hiciera presente en las instalaciones del hotel para que reclamara su liquidación, pero nunca lo hizo y en vista de eso se le consignó en el Banco Agrario a órdenes del juzgado. Durante el tiempo que trabajó con el Hotel Lord Pierre demoró aproximadamente 25 días incapacitada pero no por causa del embarazo sino por otras enfermedades. La gerente puso a disposición del despacho los documentos del archivo del hotel, de manera inmediata se corroboró que por error en el contrato firmado el 1º de octubre de 2010, que el cargo a desempeñar era de auxiliar de habitaciones, pero el mismo fue corregido en esa fecha, indicándose que el cargo a desempeñar realmente era el de auxiliar de cocina, se observa que el contrato fue firmado por la trabajadora Evelyn Zárate. El contrato de trabajo a término fijo por un periodo de 3 meses”.
El Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de San Andrés isla, mediante sentencia de 21 de diciembre de 2010, negó la protección invocada. Luego de analizar en el caso concreto cada uno de los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la protección y estabilidad en el empleo de las mujeres embarazadas, concluyó que la empresa accionada al momento del despido no tenía conocimiento del estado de embarazo de la demandante y la incapacidad aportada no señala tal situación. Por consiguiente, tampoco se probó el nexo causal entre el despido y el estado de gravidez, ya que la terminación de este se generó por razones administrativas. Adicionalmente, la demandante cuenta con otros medios de defensa judicial, teniendo en cuenta que en este momento tiene afiliación en salud, “además, se presume que cuenta con el apoyo de su compañero sentimental y padre del hijo que está por nacer”.
La accionante manifestó el inconformismo con la sentencia proferida por el a quo señalando que actualmente afronta una situación económica precaria, ya que es madre de dos hijos menores y que su compañero no cuenta con un ingreso económico fijo.
Mediante sentencia de 26 de enero de 2011 el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de San Andrés isla confirmó la decisión adoptada por el juez de primera instancia haciendo uso de los mismos argumentos fácticos y jurídicos.
— Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Evelyn del Carmen Zárate Banquez(1).
— Incapacidad médica de la señora Evelyn Zárate de fecha 10 de octubre de 2010(2).
— Citación del Ministerio de la Protección Social al representante legal del Hotel Lord Pierre en razón del despido de la accionante por su estado de embarazo(3).
— Prueba de embarazo de la accionante de 30 de septiembre de 2010(4).
— Certificado de existencia y representación de la Operadora Turística Lord Pierre Ltda.(5)
— Contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año suscrito el 1º de octubre de 2010 entre la accionante y la Operadora Turística Lord Pierre Ltda., para el cargo de auxiliar de habitaciones y/o oficios varios(6).
— Registros civiles de nacimiento de dos menores hijos de la accionante(7).
— Certificado expedido por Porvenir —Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías—, en el cual se reseña que la señora Zárate Banquez, a 4 de octubre de 2010, se encontraba afiliada en esta entidad(8).
— Carta de terminación del contrato de trabajo, suscrita el 23 de octubre de 2010. En esta se señala que la terminación del contrato se haría efectiva desde ese mismo día al terminar la jornada de trabajo(9).
— Comprobante de pago de la liquidación(10).
— Consignación de depósitos judiciales(11).
— Contrato de trabajo suscrito por la accionante y la Operadora Turística Lord Pierre Ltda., firmado el 1º de octubre de 2010 para desempeñar el cargo de auxiliar de cocina y/o oficios varios, con término de duración hasta 31 de diciembre de 2010(12).
— Contrato individual de trabajo en misión por el término que dure la obra o labor contratada. Este contrato tenía como fecha de inicio el 31 de julio de 2010 para desempeñar la prestación de servicios de steward para cubrir temporada en la empresa usuaria Lord Pierre Ltda.(13)
— Comentó la accionante que empezó a trabajar desde abril de 2009 con los señores Alberto Gómez Jiménez y Adela Pinto Arenas, desempeñando el cargo de auxiliar de oficios varios. Trabajo por el cual, adujo, devengaba un salario diario de $26.000 a través de un contrato de trabajo verbal a término indefinido.
— Mencionó que el 2 de julio de 2010, sufrió un accidente, del cual se han derivado varias incapacidades. Informa que sus empleadores nunca la afiliaron al sistema de seguridad social y a pesar de conocer su situación actual procedieron a despedirla sin justa causa.
— Adicionalmente, manifestó que actualmente se encuentra en estado de embarazo, es madre cabeza de familia, tiene una hija de seis años con discapacidad auditiva y padece asma, no cuenta con ingresos diferentes a los percibidos por su trabajo y el no pago de incapacidades por parte del empleador está afectando su mínimo vital, el de su hija de seis años y el del niño o niña que está por nacer.
El accionado se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que no existió contrato de trabajo entre él y la demandante. En este sentido sostuvo: “lo cierto es que la señora accionante por relación personal conmigo, colaboraba en mi taller de costuras ocasionalmente, nunca de manera continua, ni bajo ningún tipo de subordinación, y que por estas visitas le daba la suma por ella mencionada de veintiséis mil pesos ($26.000), jamás ocupó cargo alguno en mi taller, no solo porque no necesito empleados, sino que mi labor es tan mínima que mi compañera permanente me colabora en ocasiones, mientras que vigila los quehaceres del hogar”.
Además, señaló que él conoció del accidente de la actora, pero no sabía de su estado de embarazo. Consideró que la demandante cuenta con otros medios de defensa judicial; insistió en que nunca tuvo relación laboral con ella, como lo demuestran las copias que anexa del Fosyga y de Acemi, en las cuales se constata que la accionante cotiza como independiente en la EPS Cruz Blanca.
El despacho judicial preguntó a la accionante quién le cancelaba la seguridad social, transporte y caja de compensación, ante lo cual respondió: “cuando yo ingresé, el señor Jaime me preguntó que si yo tenía Sisbén yo le dije que sí, y entonces me dijo que siguiera con el Sisbén, porque él no tenía cómo asegurarme tampoco tenía auxilio de transporte, ni lo del subsidio de la caja de compensación. Me pagaba diario lo que me correspondía. Yo trabajé desde el mes de abril de 2009, hasta el 2 de julio de este año, o sea un año y tres meses, tampoco me pagó primas (…)”. El juzgado además indagó a la accionante si ella adelantó algún trámite ante el Ministerio del Trabajo, frente a esto la señora Angélica María Pulga dijo: “[y]o fui al Ministerio del Trabajo y me dijeron que eso no se podía así, y me mandaron a donde me hicieron la tutela, que porque yo estaba incapacitada, que por la incapacidad él no me podía dejar sin trabajo, además porque yo estoy embarazada, lo que pasa es que al momento de hacerme los exámenes del accidente, me dijeron que yo estaba embarazada pero ellos aún no lo saben, yo no les he comunicado en la actualidad tengo 3 meses de embarazo”. Posteriormente el despacho preguntó en qué nivel del Sisbén estaba afiliada y desde cuándo. La accionante contestó: “[e]staba en el nivel II, toda la vida hemos tenido Sisbén, lo que pasa es que en este mes de mayo de este año, la niña se me enfermó de asma, y no me daban los inhaladores, entonces yo me afilié a la EPS Cruz Blanca, como independiente, pagaba la suma de sesenta y cuatro mil pesos, esos los pagaba yo, pero como me quedé sin trabajo, ya no tengo servicio médico, y ya por eso no estoy tampoco en el Sisbén”. En relación con la pregunta de “si ha regresado a la empresa a solicitar que le den trabajo, de ser así qué le han manifestado”. La accionante dijo: “[s]í yo llamé, a ver si me volvía a dar trabajo y fue cuando me dijo que le comprara el negocio, que él ya estaba cansado y no quería trabajar con eso”.
• Ampliación de la declaración
En diligencia de ampliación de tutela, realizada el 1º de octubre de 2010, la accionante informó entre varios asuntos que no tenía documento diferente que acreditara su estado de embarazo que una prueba que se realizó, que en efecto demuestra su estado de gravidez. Adicionalmente, frente a la pregunta de si le informó a sus empleadores sobre su estado de embarazo, contestó: “[y]o lo llamé y no me dejó hablar, me colgó, hasta el momento no le he contado”.
Destacó que el empleador incumplió su deber legal de solicitar autorización ante el Ministerio de Protección Social para el despido de su trabajadora, ya que este se acercó a la casa de la señora Angélica María Pulga a hacer entrega de la máquina de coser con la que trabajaba y le dijo que en esas condiciones no podía seguir laborando.
Asimismo, señaló que de acuerdo con la Sentencia T-095 de 2008, para que el amparo sea procedente, basta con que la mujer pruebe que la terminación de la relación laboral ocurrió durante el embarazo, salvo que esta se derive de una justa causa y se solicite autorización para ello. Además señaló que la protección se da con independencia del tipo de contrato y resaltó el principio de solidaridad social. Por consiguiente, ordenó el reintegro de la accionante a un cargo igual o superior al que venía ocupando.
En relación con el servicio de salud, destacó:“igualmente y comoquiera que la misma manifestó haberse afiliado a la EPS Cruz Blanca, y conforme con el soporte anexado por los demandados, el empleador está en la obligación de seguir pagando los rubros, o los dejados de cancelar por la accionante durante su incapacidad, para garantizarle de esta manera el derecho a la salud, a los controles prenatales, hospitalización y licencia de maternidad y demás derechos que se deriven de la afiliación a la seguridad social”.
Adicionalmente, decidió que “se prevendrá también al empleador para que, en su momento oportuno cumpla y proceda a cancelar los aportes a la seguridad social en salud y pensión que haya dejado de realizar, durante el tiempo de interrupción contractual y hasta la fecha que se haga efectiva la decisión, realizando todas las diligencias para que en todo caso se garantice la normalización en la afiliación o continuación, dado que al parecer esta persona se afilió motu proprio en la EPS Cruz Blanca, para lo cual deberá allegar los soportes documentales de rigor, a fin de que la accionante tenga derecho a la licencia de maternidad y hasta el cumplimiento de su periodo de lactancia, lapso en el cual no podrá ser despedida, ni desmejorada en sus condiciones”.
Resaltó que no le asiste razón al a quo frente a la obligación del empleador de solicitar autorización a la oficina de trabajo para su posterior despido, toda vez que no existía por parte de los accionados conocimiento sobre su estado de embarazo.
2.4. Pruebas relevantes aportadas en el expediente.
— Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Angélica María Pulga(14).
— Copia del registro civil de nacimiento de Jessica Tatiana Suárez Pulga(15).
— Copia de solicitud de exámenes médicos e incapacidad de julio 29 de 2010 por un término de 30 días(16).
— Informe técnico médico legal del Instituto Nacional de Medicina Legal(17).
— Certificado expedido el 12 de julio de 2010, por Jaime Alberto Gómez Jiménez, en el cual señala que la señora Angélica María Pulga labora con él con un sueldo de $26.000 diarios(18).
— Planillas de reporte de afiliación y pago a salud(19).
— Prueba de embarazo(20).
— La actora mencionó que desde el 22 de enero de 2010 suscribió contrato de prestación de servicios con la demandada, en el programa de “Misión Bogotá” como guía ciudadana, trabajo por el cual percibía una asignación mensual de $738.000.
— Sostuvo que, a pesar de la denominación del contrato como de prestación de servicios, en la práctica se configuraban todos los elementos del contrato de trabajo.
— Informó que en el mes de junio de 2010 quedó en estado de embarazo, situación que fue informada a la gestora de su contrato y al supervisor.
— Manifestó que su contrato vencía el 22 de enero de 2011. Sin embargo, continúo laborando hasta el día 31 de mismo mes, como guía del Jardín Botánico, momento en el cual le informaron que su contrato no sería prorrogado.
— Argumentó que cuando presentó la acción de tutela tenía 6 meses de embarazo, sin afiliación al sistema de salud y que debido a su estado no encuentra un trabajo, quedando así desprotegida y desprovista de ingreso alguno. Resalta que es madre cabeza de familia y que tiene a cargo una niña de 2 años.
3.2.1. Respuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá —Instituto para la Economía Social—.
Señaló que la relación contractual sostenida con la demandante se encuentra dentro de los lineamientos propios de la contratación pública estatal. Además, que la accionante resultó beneficiaria de un proyecto “414 Misión Bogotá: Formando para el futuro”, el cual, durante cada año, atiende un promedio de 1.300 jóvenes entre los 18 y 26 años de edad, que se encuentren en los niveles 1 y 2 de Sisbén. Por consiguiente, se entiende que no es un trabajo sino una práctica inherente al programa.
— Contrato de prestación de servicios suscrito entre el Instituto para la Economía Social y la señora Ingrid Johanna Castiblanco García(21).
— Acta de iniciación del contrato de prestación de servicios(22).
— Prueba de embarazo(23).
— Cédula de ciudadanía de la demandante(24).
— Ficha de estadística básica de inversión distrital(25).
— La actora manifestó que desde el 12 de agosto de 2010 se desempeña como contratista en la Contraloría General de la República, prestando su apoyo profesional al ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras.
— Mencionó que, el 19 de octubre de 2010, informó mediante oficio al señor Miguel Alberto Muñoz Barrios —director de vigilancia fiscal de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras—, con copia al señor Alberto Franco Soto —director de recursos físicos de la Contraloría General de la República— su estado de embarazo, cuando contaba con 8 semanas de gestación aproximadamente, aportando los respectivos soportes.
— Señaló que el 22 de noviembre de 2010 presentó oficio dirigido al señor Albero Franco Soto —director de recursos físicos de la Contraloría General de la República— y con copia a Raimundo José Vélez Cabrales —director administrativo y financiero—, en el que solicitaba evaluar la renovación o prórroga de su contrato de prestación de servicios, el cual vencía el 11 de diciembre de 2010, sustentando esta protección en su estado de embarazo. Solicitud que volvió a presentar el 3 de diciembre de 2010, pero esta vez al vicecontralor general.
— Destacó que en respuesta a sus peticiones, el 9 de diciembre de 2010, la entidad informó que no era posible acceder a su pretensión debido al régimen jurídico especial de la contratación estatal.
Avocado el conocimiento del presente asunto el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Civil— comunicó a la accionada sobre el inicio de la tutela que cursaba en su contra y dispuso que esta contara con el término de un día para pronunciarse sobre los hechos de la demanda. Además, negó la medida provisional solicitada por la señora Carvajal Martínez.
Advirtió que se está frente a la terminación de una relación contractual que tenía un término de duración previamente pactado y, por tanto, esta no obedeció a factores discriminatorios en razón de su estado de embarazo.
También mencionó que el proceso para el cual fue vinculada terminó “como son las actividades del proceso auditor de acuerdo con los parámetros fijados en las normas constitucionales, legales y reglamentarias y el audite (sic) (diseño y aplicación de procedimientos de auditoría, evaluación de documentación, elaboración de comunicaciones, papeles de trabajo, informes, visitas, coordinación de ejecución de actividades, validación de hallazgos, entre otros). // De tal manera que la actividad desarrollada por la señora Diana Marcela Carvajal Martínez, si está sujeto a un plan anual de auditorías, en unos plazos determinados”.
El Tribunal Superior de Bogotá —Sala Civil— mediante fallo proferido el 18 de enero de 2011 concedió las pretensiones de la accionante por considerar que la negativa de la entidad accionada de acceder a la prórroga del contrato, debido a su estado de embarazo, vulnera los derechos fundamentales de ella y del hijo que está por nacer, ya que el vencimiento del plazo del contrato no era razón suficiente para que la accionante quedara desprotegida. Además, recordó que la protección a la maternidad trasciende la modalidad del contrato de trabajo.
La Contraloría General de la República, inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, resaltó que, si bien la protección de los derechos fundamentales en un Estado social de derecho “constituye un baluarte innegable”, no debe desconocerse el interés general; por consiguiente, es obligatorio dar estricta aplicación a la normatividad vigente, máxime cuando están de por medio recursos públicos, como aquellos que son manejados por la Contraloría. En este contexto cita en uno de los incisos el artículo 32 numeral 3º de la Ley 80 de 1993, el cual señala, frente al contrato de prestación de servicios, que “[e]n ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebraran por el término estrictamente indispensable”.
Adicionalmente, mencionó que no le asiste a esta entidad la competencia ni la posibilidad de comprometer asignaciones futuras como lo pretende el a quo. Además, destacó que: “[p]uede establecerse otrosí o adiciones en este tipo de contratación, pero en ningún momento puede hablarse de renovación de contrato, figura utilizada en materia comercial y civil pero que excluye de facto la contratación pública, dada la especificidad de este tipo de contratación, por lo que es imposible dar cumplimiento (…) al fallo impugnado”.
Al mismo tiempo reiteró que “la suscripción de un nuevo contrato generaría una extralimitación (…), en el sentido de que esta no está incluida dentro del plan de contratación anual, cobijaría una vigencia fiscal que está prohibida comprometer, máxime cuando no hay necesidad del servicio, tal como se le manifestó a la señora Carvajal Martínez en el oficio que dio respuesta a su petición”.
La Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Civil— mediante fallo proferido el 21 de febrero de 2011, revocó la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, por considerar que las causas que generaron la contratación en la actualidad no persisten. Adicionalmente encontró la Sala que la accionante cuenta con otros medios de defensa judicial. Sin embargo, resalta que la acción de tutela podría ser procedente si existiera una afectación al mínimo vital, perjuicio que en el caso sub judice no se encuentra demostrado.
— Copia de la cédula de ciudadanía de la demandante(26).
— Copia de la carta de Luis Francisco Balaguera Baracaldo —director de recursos físicos—, dirigida a Gerardo Antonio Cely Santafé —director de vigilancia fiscal—, en la cual le informa que Diana Marcela Carvajal Martínez fue designada para adelantar la supervisión del contrato 0738 de 2010, señalando que el término de ejecución será de cuatro meses o hasta agotar el presupuesto. Asimismo, se destaca que el término de ejecución del contrato inicia el doce (12) de agosto de 2010(27).
— Contrato de prestación de servicios Núm. 738 de 2010, suscrito entre la Contraloría y la señora Diana Marcela Carvajal Martínez(28).
— Escrito de petición presentado por la accionante ante el vicecontralor Álvaro Navas Patrón. En esta solicita evaluar la continuidad o prórroga de su contrato de prestación de servicios, teniendo en cuenta que se encuentra en estado de embarazo(29).
— Copia de la solicitud, presentada por la accionante el día 22 de noviembre de 2010 dirigida al director de recursos físicos de la Contraloría General de la República en la cual informa sobre su estado de embarazo y solicita prórroga del contrato suscrito con la Contraloría(30).
— Copia del informe de ecografía obstétrica, del 17 de noviembre de 2010, en la cual se concluye que la señora Diana Marcela Carvajal se halla en estado de embarazo con 14 semanas y 3 días por biometría fetal(31).
— Carta dirigida al director de vigilancia fiscal (E) de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras. En esta carta suscrita el 19 de octubre de 2010, la accionante le informa al destinatario de su estado de embarazo; asimismo, menciona que éste es de alto riesgo y, por consiguiente, solicita que, durante el tiempo restante de duración del contrato, no se le asignen “labores que impliquen esfuerzos físicos, presión y viajes fuera de la ciudad, ya que tengo que cumplir con los controles permanentes y de rigor”(32).
— Informe de ecografía transvaginal de 1º de octubre de 2010, en la cual se resalta que la señora Diana Marcela Carvajal tiene un embarazo único de 7 semanas y 7 días(33).
— Respuesta emitida por la Contraloría el 9 de diciembre de 2010(34).
— La señora Ángela Cristina Camargo Chinchilla señaló que ingresó a trabajar en la empresa Multiproyectos S.A. el 11 de agosto de 2009, en el cargo de asistente financiera, y el 1º de julio de 2010, esta, de manera unilateral, dio por terminado el contrato laboral a término indefinido que había suscrito.
— Mencionó que, el 1º de julio de 2010, la entidad realizó un examen de egreso, pero resultó ser tan superficial que no mostró su estado embarazo. Sin embargo, en la segunda semana de agosto notificó verbalmente a la coordinadora de nómina y a la psicóloga de la accionada de su estado de embarazo. Incluso el padre del hijo que está por nacer, quien también trabaja en dicha compañía, informó de su estado de embarazo en el departamento de recursos humanos.
— Sostuvo que al momento del despido se encontraba en estado de embarazo. Además, se ha presentado a diversas opciones de trabajo en los cuales clasificó, pero al tener conocimiento de su situación, fue descartada de los procesos de selección.
5.2.1. Respuesta de Multiproyectos S.A.
— Contrato individual de trabajo a término indefinido, suscrito entre la demandante y Multiproyectos(35).
— Carta de terminación del contrato de trabajo(36).
— Certificación de prestación de servicios de la demandante en la empresa accionada en la que desarrollaba el cargo de asistente financiera(37).
— Carta de la demandada dirigida a medicina empresarial en la cual solicitaba práctica de examen de egreso a la señora Camargo Chinchilla(38).
— Resultado de laboratorio clínico de agosto 4 de 2010, con resultado positivo en el test de embarazo(39).
— Resultado de ecografía obstétrica, de 10 de septiembre de 2010, practicado en Idime, en el cual se destaca que la edad gestacional menstrual es de 14 semanas 5 días(40).
— Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Ángela Cristina Camargo Chinchilla(41).
— Certificado de existencia y representación de la accionada(42).
— La accionante señaló que suscribió con la Cooperativa de Trabajo Asociado y Desarrollo Asociativo en Salud —CEDA Salud CTA— un acuerdo cooperativo de trabajo asociado, el 13 de mayo de 2010, con el fin de prestar sus servicios como odontóloga en la ciudad de Pore (Casanare) para la entidad Red Salud ESE. Consideró que en dicha relación se configuraron todos los requisitos del contrato realidad.
— Manifestó que el 26 de octubre de 2010, informó de su estado de embarazo por escrito a la Cooperativa de Trabajo Asociado y Desarrollo Asociativo en Salud —CEDA Salud CTA— y fue un hecho notorio para la entidad Red Salud ESE, en la cual prestaba su servicio personal.
— Mencionó que, el día 27 de octubre de 2010, la Cooperativa CEDA Salud CTA terminó de forma unilateral la relación contractual que sostenía con ella, bajo el argumento que tal decisión obedeció a que CEDA Salud CTA terminó el contrato suscrito con Red Salud ESE, por incumplimiento de esta última en el precio pactado para el desarrollo del objeto contractual, el cual es prestar servicios de salud.
— Destacó que CEDA Salud CTA le notificó la desvinculación laboral el 27 de octubre de 2010, es decir un día después de conocer su situación; sin embargo, esta cooperativa redactó el escrito de cesación de los efectos laborales un día antes de haber informado de su estado de embarazo, de lo cual presume que se hizo con el fin de hacer ver una notificación en término para justificar la irregularidad.
Por lo anterior, destacó que si bien cuenta con otros medios de defensa judicial, necesita la protección como mecanismo transitorio. En este sentido, solicitó se ordene a la Cooperativa de Trabajo Asociado y Desarrollo Asociativo en Salud —CEDA Salud CTA— y a Red Salud ESE que la reintegren al cargo que desempeñaba o a uno en iguales condiciones “ya sea en otra plaza o lugar”. Además, solicitó que se paguen salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento del despido, teniendo en cuenta el estado de gravidez en el que se encontraba para dicho tiempo.
El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Yopal, Casanare, el 22 de diciembre de 2010, avocó conocimiento de la presente acción de tutela y conminó a las partes para que se pronunciaran sobre los hechos mencionados.
6.2.1. Respuesta de la Cooperativa de Trabajo Asociado y Desarrollo Asociativo en Salud —CEDA Salud CTA—.
Se opuso a las pretensiones de la demanda, señaló que entre la accionante y la cooperativa no ha existido contrato de trabajo, que el desarrollo de su labor se generó a partir de la relación contractual con Red Salud ESE, lo que no generó que la accionante estuviera bajo las órdenes y subordinación de dicha entidad y en cuanto a CEDA Salud CTA no ostentó la calidad de trabajadora sino de asociada.
6.2.2. Respuesta de Red Salud ESE.
Se opuso a las pretensiones de la tutela, señalando que la accionante fue vinculada como asociada de CEDA Salud CTA. De igual forma aclaró que la actora “ya no presta servicios para Red Salud Casanare ESE, [que] estos se dieron hasta el 27 de octubre del 2010 y de esa situación se le informó a todos los asociados, (…) el día 25 de octubre de 2010”.
Indicó que “todos los asociados de la Cooperativa CEDA Salud CTA sabían y tenían pleno conocimiento que Red Salud Casanare ESE no seguiría contratando los servicios de la cooperativa, debido a la crisis financiera en la que la dejó sumida la omisión de pagos de las distintas EPS, que operan en la región”.
En el mismo sentido, estimó que ante la liquidación del contrato entre CEDA Salud CTA y Red Salud ESE, en virtud del fuero de maternidad debió haberse reubicado en otra empresa con quien CEDA Salud CTA tuviera contrato, ya que la exclusividad a que hizo referencia en el convenio celebrado el 13 de mayo de 2010 era con la cooperativa y no con Red Salud ESE.
Adicionalmente, consideró que “no cabe duda que perder el empleo pese a ser profesional causa un impacto en las personas, aunque cuenten con otro apoyo; más aún cuando se está en estado de embarazo; el vivir la licencia de maternidad en la incertidumbre de salir a buscar un nuevo empleo. Sin duda el mínimo vital de la accionante y de su núcleo familiar se encuentra afectado. No solo es un desequilibrio económico sino social y moral”.
Por lo anterior, decidió ordenar a la cooperativa de trabajo asociado CEDA Salud CTA que reintegre a la accionante al cargo que desempeñaba o a otro en condiciones similares en el departamento de Casanare o en otro departamento donde tenga contrato de prestación de servicios, respetando la licencia de maternidad. Además que se cancele la indemnización de que habla el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo, las prestaciones sociales correspondientes a la seguridad social sin solución de continuidad, toda vez que la terminación del contrato careció de efecto jurídico.
CEDA Salud CTA, inconforme con el fallo, planteó que la jueza se equivocó al establecer la existencia de una verdadera relación laboral, además que la terminación de la relación cooperativa se dio en razón al estado de embarazo de la accionante, desconociendo que esta se derivó del incumplimiento de Red Salud ESE.
Resaltó que el pago de la licencia de maternidad fue asumido por la EPS SaludCoop, lo cual demuestra que no quedó plenamente desprotegida y de lo cual se deriva que cuenta con capacidad económica para el sostenimiento de ella y su hijo.
Por otra parte, mencionó que la responsabilidad le es atribuible a Red Salud ESE, ya que el no pago de sus obligaciones generó la cancelación del contrato y el cierre de su sede en el departamento de Casanare, razón por la cual es imposible la reubicación de la accionante en un municipio de dicho departamento.
Por su parte, mediante sentencia de 17 de febrero de 2011, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala Única, revocó la decisión adoptada por el a quo por considerar que no se encuentra demostrado un perjuicio irremediable, toda vez que Saludcoop EPS pagó la licencia de maternidad, quedando desvirtuada la afectación de derechos tanto de ella como de su menor hijo.
6.4. Pruebas relevantes aportadas al expediente.
— Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante(43).
— Copia del acuerdo cooperativo de trabajo asociado suscrito, el 12 de mayo de 2010, entre la señora Mónica Mauren Benítez Vanegas y CEDA Salud CTA(44).
— Certificado de la Cooperativa de Trabajo Asociado Consultoría Empresarial y Desarrollo Asociativo en Salud “CEDA Salud CTA”, en la cual se señala que la accionante tiene vínculo cooperativo desde el 13 de mayo de 2009 hasta la fecha de expedición del mismo (oct. 19/2010), a través de un convenio de asociación de carácter indefinido, ejecutando subprocesos como odontóloga en Red Salud Casanare, devengando una compensación ordinaria de “un millón setecientos sesenta pesos M/cte. ($1.013.760) y una bonificación por un millón ciento cuarenta y nueve mil ciento cuarenta pesos M/cte. ($1.149.140), y un subsidio de transporte de sesenta y un mil quinientos pesos M/cte. ($61.500) para un total de dos millones quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos M/cte. ($2.534.400)”(45).
— Carta de 26 de octubre de 2010 en la cual la demandante informa a la cooperativa de su estado de embarazo(46).
— Carta de terminación de labores en la que la cooperativa informa a la demandante, el 25 de octubre de 2010, la terminación de su convenio de asociación. Esta decisión la fundamenta en que el contrato entre Red Salud ESE y la cooperativa se extinguió y no se realizará ningún tipo de adición. Este documento no está firmado por la demandante(47).
— Licencia de maternidad con fecha de inicio noviembre de 2010 y terminación febrero 1º de 2011(48).
— Registro civil de nacimiento de Valentina Hernández Benítez, con fecha 8 de noviembre de 2010(49).
— Carta de CEDA Salud CTA, dirigida a Red Salud ESE, señalando que en atención a las obligaciones contractuales pactadas entre esas dos entidades y al incumplimiento en los pagos de la primera frente a la segunda, destaca la cooperativa que debido al alto costo que genera para ella el pago de la seguridad social de sus asociados no tiene capacidad económica para enfrentarlos. Además, menciona que sus asociados “no pueden continuar tolerando mayores moras en el pago de sus compensaciones, ya que tienen que satisfacer necesidades básicas y fundamentales para vivir”. Por consiguiente, solicita “considerar el pago inmediato de los servicios prestados hasta la fecha, a fin de generar, sin más contratiempos, los pagos de compensaciones adeudados a nuestros asociados”(50).
Adicionalmente, se busca propender por la igualdad real y efectiva de derechos entre hombres y mujeres al interior del mundo del trabajo, teniendo en cuenta que pueden presentarse situaciones de discriminación en razón del sexo, cuando una mujer atraviesa un periodo de maternidad, toda vez que para muchas empresas este evento puede generar un impacto económico poco favorable. En consonancia con esta protección, diversos instrumentos internacionales(51) sobre la materia han propendido por generar medidas de protección.
Este requisito resulta indispensable para la validez del despido, ya que de no realizarse, el mismo carecerá de efectos y, en consecuencia, se derivará la obligatoriedad del reintegro y el pago de indemnización(52). Esto se entenderá a manera de sanción por la conducta discriminatoria en la que se presume ha incurrido el empleador al despedir a una mujer en este estado. Asimismo, vale la pena resaltar la importancia de este requisito, ya que al existir una justa causa para proceder a la desvinculación, el llamado a valorar si en efecto existe o no, es una autoridad pública quien determinará si el despido a pesar de la condición especial (maternidad) tiene o no visos de discriminación.
La jurisprudencia ha señalado que este trato diferencial está sostenido en que el “periodo de gestación, desde el punto de vista biológico, sólo es posible atribuirlo a la mujer. Por ello, existe una protección constitucional reforzada(53) para el disfrute pleno de la maternidad, (…). Así, cualquier discriminación causada por el estado de embarazo, es una violación al derecho a la igualdad por razón del género. El mismo artículo 53 de la Constitución ordena que en el estatuto del trabajo se dé protección especial a la mujer y a la maternidad”(54).
Asimismo, la Corte ha destacado en varios pronunciamientos que la cláusula de protección a la maternidad de la mujer trabajadora tiene dos dimensiones, la primera de ellas relacionada con la garantía del servicio de salud durante el tiempo de embarazo y en el momento del parto, y la segunda relacionada con las prestaciones económicas, como la licencia de maternidad, que permite un bienestar tanto a la madre como del niño o la niña, lo cual les garantiza el derecho efectivo a la salud, al mínimo vital y a una vida en condiciones dignas(55).
Frente al cumplimiento de los anteriores requisitos, esta corporación ha sostenido dos posturas diferentes. La primera de ellas señala que los requisitos anteriormente enunciados deben cumplirse a cabalidad, sobre todo el referente al conocimiento por parte del empleador del estado de embarazo de la trabajadora. Sin embargo, menciona que el empleador no puede alegar desconocimiento siempre y cuando se esté ante los siguientes eventos: “(i) por lo avanzada que se encontraba la gestación, era un hecho notorio(56), (ii) cuando la trabajadora tuvo que ausentarse temporalmente de sus labores por motivo del embarazo y le presentó a su empleador una incapacidad médica donde claramente se señala el estado de gravidez como la causa de la incapacidad(57) y (iii) cuando existan indicios que permitan establecer que el empleador tenía o debía tener conocimiento del estado de embarazo de su empleada(58)”(59).
Sobre este último punto, la sentencia antes citada destacó que la protección a la estabilidad laboral de la mujer embarazada, como anteriormente se dijo, es objetiva y se da por el hecho de que la mujer trabajadora se encuentre en estado de gestación(60). Por consiguiente, “la madre gestante debe comprobar que quedó embarazada antes del vencimiento del contrato a término fijo o por obra pero no resulta indispensable que lo haga con antelación al preaviso. Esto último resulta de la mayor importancia porque muchos empleadores niegan la protección con el argumento de que desconocían el estado de la trabajadora al momento de comunicarles el preaviso”.
Como ya lo ha reiterado la jurisprudencia en diversos pronunciamientos, la protección reforzada a la maternidad en materia laboral debe ser garantizada en todos los escenarios contractuales. Por consiguiente, no se trata sólo de la protección a las mujeres embarazadas que tienen un vínculo laboral en estricto sentido, regido por las normas del código del trabajo, sino que además se predica, por ejemplo, de las que han suscrito contratos de prestación de servicios o acuerdos cooperativos(61). Además, ha señalado que también resulta ser indiferente si se está frente al caso de una mujer que desarrolla su actividad laboral en una entidad pública o privada(62).
En este sentido, “la protección laboral reforzada es una garantía para evitar la discriminación laboral que cobija a todas las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, cuando se presenta una relación laboral entre ellas y su empleador, sin importar su naturaleza. De allí que, en el caso de los contratos de prestación de servicios, aunque no exista necesariamente subordinación, sí existe estabilidad laboral reforzada”(63).
“De lo expuesto se desprende que además de una discusión sobre la vulneración de los derechos fundamentales de la tutelante y su hija recién nacida, existe debate sobre el tipo de relación que unía a Claudia Marcela Acosta Venegas con la Universidad Militar ‘Nueva Granada’, asunto que no corresponde dirimir al juez constitucional y que es de competencia del juez laboral ordinario. No obstante, la Corte advirtiere que este no es obstáculo para conceder la tutela como mecanismo de protección transitorio siempre que se encuentre probada la vulneración de los derechos invocados y acreditado el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable”(64) (negrillas fuera del texto).
Recientemente, esta Corte en la Sentencia T-105 de 2011 trató el caso de una mujer que tenía un contrato de prestación de servicios para desarrollar actividades como enfermera profesional en la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo en el cargo de “profesional del servicio social obligatorio”. En esta oportunidad la corporación señaló que “el principio de estabilidad laboral de las mujeres embarazadas se mantiene, independiente de su vinculación o de la modalidad del contrato; así las trabajadoras que se encuentren en estado de gravidez, gozan de esa garantía, por lo que el despido durante ese periodo se presume como una forma de discriminación, en su contra, salvo que el empleador logre desvirtuarlo (…)”. Por lo anterior y al verificar el cumplimiento de los requisitos trazados por la jurisprudencia, procedió a ordenar el reintegro de la demandante.
“Es de suma importancia destacar que por ser el fuero de maternidad de naturaleza constitucional, debe garantizarse en cualquier tipo de relación laboral. En consecuencia, sin importar si es un contrato laboral o uno de prestación de servicios, o si el servicio se presta por intermedio de una cooperativa de trabajo asociado, en todos los casos, siempre será obligatorio para el empleador no desvincular a la mujer que se encuentre en estado de embarazo o en periodo de lactancia. No importa si el embarazo ocurre antes del preaviso o después de este, o al terminar la labor indicada en el contrato de prestación de servicios, el fuero de maternidad debe garantizarse. De igual forma operara la protección para las asociadas a una cooperativa de trabajo asociado, en cuyo caso, así la cooperativa de trabajo asociado finalice el contrato con la entidad contratante, deberá garantizarle a la asociada la continuidad en la relación laboral, haciendo los aportes respectivos a la seguridad social” (negrillas fuera del texto).
Si bien de manera precedente se ha resaltado que la estabilidad laboral opera con independencia del vínculo contractual y que la misma normativa que rige las cooperativas señala su especial protección(65), es importante mencionar que en diversas oportunidades esta corporación ha resaltado que en estas cooperativas no pueden incurrir en acciones que desdibujen su naturaleza, generando con ello vulneración de derechos fundamentales y negación del disfrute pleno de los mismos. En este sentido, es importante identificar si tras una relación cooperativa existen visos de una verdadera relación laboral, así la estabilidad laboral de mujer embarazada opere en todo tipo de vínculo laboral.
En este sentido, la ley ha establecido ciertos límites a la actividad cooperativa, entre ellas el de ser empresas de intermediación laboral. Es decir presta sus servicios “para un tercero, respecto del cual recibe órdenes y cumple horarios y la relación con el tercero surge por mandato de la cooperativa”(66).
Por lo anterior, cuando se esté frente a un caso en el cual se señale la existencia de una relación laboral, es importante determinar sí se presentan los elementos de un contrato de trabajo, generándose con ello un contrato realidad, ya que en este caso le serán aplicables todas las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, la jurisprudencia ha llamado la atención sobre la figura de la intermediación laboral a través de las cooperativas de trabajo asociado, destacando que “la intermediación trasforma el vínculo cooperativo en una legítima relación laboral, puesto que transforma la relación horizontal que debe existir entre el asociado cooperado y la cooperativa, en una relación de subordinación para la ejecución de una labor en favor de otro”(67). Actuación que de presentarse resulta ser anómala y sujeta a investigación por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria.
Asimismo, esta corporación, a través de sus pronunciamientos, ha hecho mención de algunos elementos que permiten identificar cuándo la relación cooperativa se transforma en una laboral. Señalando, por ejemplo, que se genera cuando (i) el condicionamiento del pago del aporte al cumplimiento de las condiciones señaladas, bien por la cooperativa o por un tercero; (ii) uso del poder coercitivo (disciplinario) sobre el asociado; (iii) la dependencia y subordinación del asociado en relación con el tercero al que deberá prestar sus servicios, así como las condiciones de trabajo(68).
La Sala procederá a estudiar los casos correspondientes a Evelyn del Carmen Zárate Banquez contra el Servicio Administrativo de San Andrés Ltda. (Exp. T-2977719), Angélica María Pulga contra Jaime Alberto Gómez Jiménez y Adela Pinto Arenas (T-2979766) y el caso de Ángela Cristina Camargo Chinchilla contra Multiproyectos S.A. (Exp. T-3006165).
7.1.1. Contrario a lo que sucede en los casos de las señoras Evelyn del Carmen Zárate Banquez y Ángela Cristina Camargo Chinchilla, en el de la señora Angélica María Pulga sus empleadores niegan la relación contractual de trabajo. Sin embargo, la Sala constata que la accionante sostiene bajo la gravedad del juramento que, desde el 16 de abril de 2009 hasta el 2 de julio de 2010, fecha esta última en que entró en incapacidad por las lesiones recibidas en un accidente de tránsito, trabajó a sus “jefes” Jaime Alberto Gómez Jiménez y Adela Pinto Arenas, quienes eran los dueños de la sastrería “La Urgencia del Vestido”, inicialmente en el cargo de operaria con un salario de $21.000 pesos diarios y posteriormente desempeñando labores de atención al cliente y de mercar prendas, con un salario de $26.000 diarios y un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:30 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 o 6:00 p.m.. Aclara que ese contrato era de carácter verbal; que a raíz del mencionado accidente de tránsito sufrió lesiones que le causaron incapacidades sucesivas de 7, 30, 15 y 45 días; que aproximadamente 25 días después del accidente el señor Jaime Alberto Gómez Jiménez fue a devolverle una máquina de coser y le “dijo que a él así no le servía, que entonces ya no le trabajara más, que él buscaba a otra persona para que le colaborara”(69).
En la actuación obra una constancia expedida por el señor Jaime Alberto Gómez Jiménez el 12 de julio de 2010, según la cual la señora Angélica María Pulga estaba laborando con él y devengando un sueldo de $26.000 diarios(70). En relación con este documento el apoderado de los accionantes sostiene en el escrito de impugnación que la actora lo elaboró y se lo presentó al señor Jaime Alberto Gómez Jiménez para que lo firmara con el fin de aportarlo como prueba en un proceso civil, pero sin que corresponda a una realidad contractual. La Sala considera que tal afirmación, carente de apoyo en otras pruebas, no alcanza a desvirtuar el contenido del documento mencionado.
De acuerdo con estos elementos de juicio se concluye que la señora Angélica María Pulga prestó personalmente sus servicios, en forma continua, de lunes a sábado, a los señores Jaime Alberto Gómez Jiménez y Adela Pinto Arenas, bajo la subordinación y dependencia de estos, quienes le pagaron un salario. Es decir, que concurren todos los requisitos del contrato de trabajo que exigen los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
7.1.2. Así las cosas, se observa que en estos tres asuntos las demandantes: (i) estaban vinculadas mediante contrato de trabajo, la primera de ellas a término fijo inferior a un año y las otras dos a término indefinido; (ii) se encontraban en estado de embarazo en el momento de la desvinculación laboral, la señora Evelyn del Carmen Zárate Banquez tenía 2 meses de embarazo, la señora Angélica María Pulga 3 meses de embarazo(71) y la señora Ángela Cristina Camargo Chinchilla aproximadamente 1 mes de embarazo(72).
En cuanto a la afectación del mínimo vital que se genera con la desvinculación laboral de estas dos últimas accionantes, la señora Evelyn del Carmen Zárate Banquez afirma que es madre de dos hijos menores de edad y que atraviesa una difícil situación económica, porque, si bien el padre tiene trabajo, este es ocasional y ella “se busca en oficios varios donde me contraten para lavar, planchar (…)”. La señora Ángela Cristina Camargo Chinchilla señala que, desde cuando fue desvinculada por su estado de embarazo, no le ha sido posible conseguir un trabajo que le permita obtener algún ingreso, lo cual afecta su mínimo vital.
7.1.3. En relación con la situación de la señora Angélica María Pulga esta refiere que es madre cabeza de familia, tiene una hija de 6 años de edad con discapacidad auditiva, la cual también padece asma, agregando que no tiene “nada” para sostenerse(73). Esto demuestra la afectación del mínimo vital generada con su desvinculación laboral.
De otro lado, el señor Jaime Alberto Gómez Jiménez, en la respuesta a la acción de tutela, sostiene que “(…) mi labor es tan mínima que mi compañera permanente me colabora en ocasiones, mientras que vigila los quehaceres del hogar”(74).
La señora Ingrid Johanna Castiblanco García hacía parte de un programa de la administración distrital denominado “Misión Bogotá”, el cual buscaba capacitar a la población joven que carece de formación específica. Esta actividad la desarrollaba a través de un contrato de prestación de servicios, según prueba que obra en el expediente.
(ii) Ahora bien, debido al avanzado estado de embarazo, este resultaba ser un hecho notorio para la persona que en el contrato es denominado como gestor o supervisor del trabajo adelantado, quien además, según señala la peticionaria, era la encargada de verificar el cumplimiento del contrato.
En el presente caso se está ante una relación cooperativa entre la accionante y CEDA Salud CTA, quien posteriormente prestó sus servicios para la ESE Red Salud. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante reiterar que la acción de tutela es procedente para obtener la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, con independencia del tipo de relación laboral que se tenga. No obstante, es preciso recordar la prohibición legal a las cooperativas de trabajo asociado de servir de empresas de intermediación laboral. Por tanto, si bien la protección debe darse con independencia del vínculo, se hace importante mencionar que se está frente a un contrato realidad, lo cual genera para la Sala la obligación de compulsar copias ante la Superintendencia Solidaria para que abra las investigaciones que estime convenientes.
La anterior afirmación se hace en virtud de que la accionante prestaba sus servicios personales para la ESE Red Salud. Prueba de ello son las planillas de asistencia ante la entidad, en la cual cumplía un horario, recibía órdenes y una remuneración económica por el trabajo realizado. Asimismo, es evidente que no participaba al interior de la cooperativa de ninguna ganancia adicional y su desvinculación no se adelantó con participación de la demandante, lo cual en principio deja claro que no existía una relación cooperativa, sino una relación laboral. En este sentido, se estudiará a la luz de los requisitos jurisprudenciales si la accionante tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada dentro del marco de un contrato laboral.
(i) La accionante señala que prestó sus servicios como odontóloga para la ESE Red Salud y que, al darse por terminada la relación contractual entre la cooperativa y la entidad antes citada, la relación laboral que ella tenía también fue terminada. Está demostrado que para el tiempo en el cual se presentó esta anomalía la accionante se encontraba con aproximadamente 8 meses de embarazo.
(ii) Asimismo, tanto la cooperativa conocía de su embarazo, toda vez que la accionante notificó dicha situación por escrito, como la ESE Red Salud para la cual prestaba sus servicios, ya que era un hecho notorio, siendo imposible sostener el desconocimiento del estado especial de la accionante por alguna de las dos partes.
(iii) En relación con el nexo causal, en principio la desvinculación se generó ante el incumplimiento del contrato por parte de la ESE a la cooperativa. No obstante, teniendo en cuenta la situación de embarazo de la accionante y la especial protección que en virtud de ello tenía, debió habérsele brindado alguna alternativa que le permitiera tener un parto tranquilo, garantizándole un mínimo vital para sobrellevar los gastos propios y los derivados del nacimiento de su hija. Sobre este punto es importante señalar que el objeto de su contrato persiste, ya que la actora desarrollaba funciones de odontóloga.
En este sentido, la Sala considera que es imperativo revocar el fallo que negó la protección invocada y conceder el amparo. Por lo anterior, se ordenará a Red Salud ESE que reintegre a la señora Mónica Mauren Benítez Vanegas a un cargo igual o superior al que venía ocupando antes de su desvinculación. Asimismo, se ordenará a la Cooperativa CEDA Salud CTA y a Red Salud ESE que paguen a la accionante de manera solidaria los dineros dejados de percibir por concepto de salarios y prestaciones sociales durante la interrupción contractual, es decir, desde la fecha en que debió haberse renovado el contrato hasta el reintegro, así como la licencia de maternidad, siempre y cuando esta última no haya sido asumida por otra entidad. Frente a las demás pretensiones la accionante podrá acudir ante el juez competente.
Asimismo, se remitirá copia del presente expediente a la Superintendencia de Economía Solidaria y al Ministerio de la Protección Social para que, de acuerdo a sus competencias, inicien, si encuentran mérito, una investigación contra la Cooperativa CEDA Salud CTA, a fin de determinar si dicha entidad ha infringido las normas que regulan el funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado, particularmente las relativas a la prohibición para actuar como intermediarias o empresas de servicios temporales.
1. En el Expediente T-2977719, REVOCAR la sentencia de tutela proferida en segunda instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de San Andrés isla el 26 enero de 2011, y en su lugar CONCEDER el amparo invocado. En consecuencia, ORDENAR a la Operadora Turística Lord Pierre Ltda. que, si aún no lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, reintegre sin solución de continuidad a la señora Evelyn del Carmen Zárate Banquez a un cargo igual o superior al que venía ocupando; que le pague los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante la interrupción contractual, es decir, desde la fecha de la desvinculación laboral hasta el reintegro, así como la licencia de maternidad, siempre y cuando esta última no haya sido asumida por otra entidad. Frente a las demás pretensiones la actora podrá acudir ante el juez competente.
2. En el expediente T-2979766, REVOCAR la sentencia de tutela proferida en segunda instancia por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Bogotá el 24 de noviembre 2010, y en su lugar CONCEDER el amparo invocado. En consecuencia, ORDENAR a los señores Alberto Gómez Jiménez y Adela Pinto Arenas que, si aún no lo han hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, le cancelen a la señora Angélica María Pulga los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de la desvinculación laboral hasta la culminación del fuero de maternidad, así como la licencia de maternidad, siempre y cuando esta última no haya sido asumida por otra entidad. Frente a las demás pretensiones podrá acudir ante el juez competente.
3. En el Expediente T-2995482, REVOCAR la sentencia de tutela proferida en única instancia por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá el 10 de febrero de 2011, y en su lugar CONCEDER el amparo invocado. En consecuencia, ORDENAR al Instituto para la Economía Social IPES que, si aún no lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, restablezca la relación contractual con la señora Ingrid Johanna Castiblanco García bajo la misma modalidad y condiciones originalmente pactadas y que le reconozca los dineros dejados de percibir durante todo el tiempo de la interrupción del contrato. Frente a las demás pretensiones la accionante podrá acudir ante el juez competente.
4. En el Expediente T-3005236, REVOCAR la sentencia de tutela proferida en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Civil—, el 21 de febrero de 2011, que a su vez revocó la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Civil—, el 18 de enero de 2011, y en su lugar CONCEDER el amparo invocado. En consecuencia, ORDENAR a la Contraloría General de la República que, si aún no lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, restablezca la relación contractual con la señora Diana Marcela Carvajal Martínez bajo la misma modalidad y condiciones originalmente pactadas y que le reconozca los dineros dejados de percibir durante todo el tiempo de la interrupción del contrato. Frente a las demás pretensiones la accionante podrá acudir ante el juez competente.
5. En el Expediente T-3006165, REVOCAR la sentencia de tutela proferida en única instancia por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal de Bogotá y en su lugar CONCEDER el amparo invocado. En consecuencia, ORDENAR a la empresa Multiproyectos S.A. que, si aún no se ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, reintegre sin solución de continuidad a la señora Ángela Cristina Camargo Chinchilla a un cargo igual o superior al que venía ocupando; que le pague los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de la desvinculación laboral hasta el reintegro, así como la licencia de maternidad, siempre y cuando esta última no haya sido asumida por otra entidad. Frente a las demás pretensiones podrá acudir ante el juez competente.
6. En el Expediente T-3007439, REVOCAR la sentencia de tutela proferida el 17 de febrero de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala Única, que a su vez revocó la sentencia proferida el 5 de enero de 2011 por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Yopal y en su lugar CONCEDER el amparo invocado. En consecuencia, ORDENAR a Red Salud ESE que, si aún no lo ha hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, reintegre a la señora Mónica Mauren Benítez Vanegas a un cargo igual o superior al que venía ocupando antes de su desvinculación. Asimismo, ORDENAR a la Cooperativa de Trabajo Asociado y Desarrollo Asociativo en Salud —CEDA Salud CTA— y a Red Salud ESE que, si aún no lo han efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, paguen a la accionante de manera solidaria los dineros dejados de percibir por concepto de salarios y prestaciones sociales durante la interrupción contractual, es decir, desde la fecha en que debió haberse renovado el contrato hasta el reintegro, así como la licencia de maternidad, siempre y cuando esta última no haya sido asumida por otra entidad. Frente a las demás pretensiones la accionante podrá acudir ante el juez competente.
7. REMITIR copia del presente expediente a la Superintendencia de Economía Solidaria y al Ministerio de la Protección Social para que, de acuerdo a sus competencias, inicien, si encuentran mérito, una investigación contra la Cooperativa de Trabajo Asociado y Desarrollo Asociativo en Salud —CEDA Salud CTA—, a fin de determinar si dicha entidad ha infringido las normas que regulan el funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado, particularmente las relativas a la prohibición para actuar como intermediarias o empresas de servicios temporales.
(1) Expediente, cuaderno 2, folio 8. En este documento se registra como fecha de nacimiento 16 de julio de 1984.
(2) Expediente, cuaderno 2, folio 9.
(3) Expediente, cuaderno 2, folio 10.
(4) Expediente, cuaderno 2, folio 13.
(5) Expediente, cuaderno 2, folios14 al 16.
(6) Expediente, cuaderno 2, folio 18.
(7) Expediente, cuaderno 2, folios 20 al 21.
(8) Expediente, cuaderno 2, folio 58.
(9) Expediente, cuaderno 2, folios 64.
(10) Expediente, cuaderno 2, folio 65. En este documento, el cual no es firmado por la accionante, el valor que por el cual se estipula la liquidación es de un millón setecientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho.
(11) Expediente, cuaderno 2, folio 66.
(12) Expediente, cuaderno 2, folio 76.
(13) Expediente, cuaderno 2, folio 92.
(14) Expediente, cuaderno 2, folio 8.En este documento se registra como fecha de nacimiento el 25 de mayo de 1982.
(15) Expediente, cuaderno 2, folio 9.
(16) Expediente, cuaderno 2, folios 10-12.
(17) Expediente, cuaderno 2, folio 13.
(18) Expediente, cuaderno 2, folio 14.
(19) Expediente, cuaderno 2, folios 23-24. En este documento se registra como última fecha de afiliación agosto de 2010.
(20) Expediente, cuaderno 2, folio 129.
(21) Expediente, cuaderno 2, folios 6 y 7.
(22) Expediente, cuaderno 2, folio 9.
(23) Expediente, cuaderno 2, folio 10.
(24) Expediente, cuaderno 2, folio 12. Se registra como fecha de nacimiento el 28 de diciembre de 1988.
(25) Expediente, cuaderno 2, folios 31 al 36.
(26) Expediente, cuaderno 2, folio 1. En ella se registra como fecha de nacimiento el 16 de octubre de 1977.
(27) Expediente, cuaderno 2, folios 2 y 3.
(28) Expediente, cuaderno 2, folios 4 al 11. En este contrato se señala como objeto la prestación de servicios profesionales para apoyar el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República en la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras. El valor instituido es de doce millones de pesos y el término fijado de 4 meses el cual no podrá exceder el 31 de diciembre de 2010.
(29) Expediente, cuaderno 2, folios 12 al 14.
(30) Expediente, cuaderno 2, folios 15 y 16. En este documento la accionante menciona que “… mi único sustento y el de mi hijo es el pago recibido por mis servicios prestados a la Contraloría General de la República y al momento de terminarse este contrato quedaría en estado de desprotección, teniendo en cuenta que soy madre soltera y no cuento con otros ingresos”.
(31) Expediente, cuaderno 2, folio 17.
(32) Expediente, cuaderno 2, folio 18.
(33) Expediente, cuaderno 2, folios 19 y 20.
(34) Expediente, cuaderno 2, folio 27.
(35) Expediente, cuaderno 2, folios 8 al 13.
(36) Expediente, cuaderno 2, folio 14.
(37) Expediente, cuaderno 2, folio 15.
(38) Expediente, cuaderno 2, folio 16.
(39) Expediente, cuaderno 2, folio 17.
(40) Expediente, cuaderno 2, folio 18.
(41) Expediente, cuaderno 2, folio 17. En este documento se destaca como fecha de nacimiento el 13 de junio de 1981.
(42) Expediente, cuaderno 2, folios 26 al 28.
(43) Expediente, cuaderno 2, folio 1. En este documento se resalta como fecha de nacimiento el 20 de septiembre de 1985.
(44) Expediente, cuaderno 2, folios 2 al 5.
(45) Expediente, cuaderno 2, folio 6.
(46) Expediente, cuaderno 2, folio 7.
(47) Expediente, cuaderno 2, folio 10.
(48) Expediente, cuaderno 2, folio 15.
(49) Expediente, cuaderno 2, folio 26.
(50) Expediente, cuaderno 2, folios 85 y 86.
(51) Entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra para la maternidad y la infancia, cuidados y asistencia especial (art. 25 num. 2º). Disposicion que posteriormente fue desarrollada en el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (art. 10 num. 2º), en el cual se dispuso para los Estados partes la obligación de la protección especial para las mujeres durante y después del parto, lo cual incluye el reconocimiento de una licencia que sería pagada y seguridad social dentro de este tiempo. // En el mismo sentido, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 34/180, de diciembre 18 de 1979, vigente en Colombia desde febrero 19 de 1982 (ver L. 51/81), comprendiendo que pueden existir eventos de discriminación contra las mujeres en razón del matrimonio y la maternidad, señala una serie de compromisos que los Estados partes deben adquirir para garantizar la efectividad de derechos, como es el caso del derecho a trabajar. Por consiguiente, la adopción de medidas tales como, la prohibición del despido por motivo del embarazo o la licencia de maternidad, así como la implementación de sanciones para quienes incurran en esta conducta, la licencia de maternidad, sin pérdida del empleo de forma previa, ni efectos contra la antigüedad y los beneficios sociales, protección especial a la mujer durante el embarazo de aquellos trabajos que se haya probado puedan ir en perjuicio para ella, son medidas que deben generarse al interior del Estado y de las diversas relaciones laborales. (art. 11 num. 2º, literales a b y d). Por su parte, el Convenio 111 de la OIT prohíbe la discriminación en materia de empleo y ocupación, entre otros motivos por el de sexo. Pero es más; desde principios de siglo XX, la OIT promulgó regulaciones específicas para amparar a la mujer embarazada. Así, el Convenio Nº 3, que entró en vigor el 13 de junio de 1921 y fue aprobado por Colombia por la Ley 129 de 1931, señala en su artículo 3º que: “En todas las empresas industriales o comerciales, públicas o privadas, o en sus dependencias, con excepción de las empresas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la mujer: a) no estará autorizada para trabajar durante un periodo de seis semanas después del parto; b) tendrá derecho a abandonar el trabajo mediante la presentación de un certificado que declare que el parto sobrevendrá probablemente en un término de seis semanas; c) recibirá, durante todo el período en que permanezca ausente en virtud de los apartados a) y b), prestaciones suficientes para su manutención y las del hijo en buenas condiciones de higiene: dichas prestaciones, cuyo importe exacto será fijado por la autoridad competente en cada país, serán satisfechas por el tesoro público o se pagarán por un sistema de seguro. La mujer tendrá además derecho a la asistencia gratuita de un médico o de una comadrona”.
(52) El pago de la indemnización está conformada por los siguientes factores: (i) el equivalente a los salarios de 60 días; (ii) 12 semanas de salario como descanso remunerado, y (iii) Las indemnizaciones por retiro sin justa causa y prestaciones a que hubiere lugar según la modalidad del contrato (T-405 de 2010).
(53) Artículo 43 de la Constitución Política: La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. // El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.
(54) Sentencia T-120 de 2011.
(55) Cfr. Sentencias T-1038 de 2006 y T-095 de 2008.
(56) Ver Sentencias T-1456 de 2000, T-167 de 2003 y T-589 de 2006.
(57) Ver Sentencia T-1177 de 2003.
(58) Al respecto ver, entre otras, la Sentencia T-1062 de 2004, donde se aplicó el criterio relativo a que si bien no se presentaron los medios de prueba conducentes a establecer que efectivamente la accionante notificó del estado de embarazo al empleador “(…) se presentan otros hechos, de los que se comprueba que los demandados si sabían del estado de embarazo de la accionante para cuando la despidieron, y que ella no les mintió cuando les informó verbalmente que se encontraba embarazada”.
(59) Sentencia T-405 de 2010.
(60) La Sentencia T-095 de 2008 señaló la importancia que reviste la estabilidad laboral reforzada de las mujeres embarazadas y la interpretación ampliamente garantista que debe otorgarse, así sostuvo: “17. Considera esta Sala de Revisión que el desarrollo de la línea descrita en el párrafo anterior debe conducir a proteger de la manera más amplia los derechos de la mujer trabajadora que ha quedado en estado de embarazo durante la vigencia del contrato laboral, tal como lo ordena la Constitución y, por la vía de lo establecido en el artículo 93 superior, también el derecho internacional de los derechos humanos. Estima la Sala que el requisito de conformidad con el cual para otorgar la protección a la mujer trabajadora en estado de gravidez resulta indispensable que el empleador conozca o deba conocer de la existencia del estado de gravidez de la trabajadora, no puede interpretarse de manera en exceso rígida. Estima la Sala que una interpretación demasiado restrictiva de esta exigencia deriva en que el amparo que la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos ordenan conferir a la mujer trabajadora en estado de gravidez con frecuencia únicamente se otorga cuando se ha constatado que la mujer ha sido despedida por causa o con ocasión del embarazo. // Lo anterior ha llevado a situaciones de desprotección pues se convierte en un asunto probatorio de difícil superación determinar si el embarazo fue o no conocido por el empleador antes de la terminación del contrato, lo que se presta a abusos y termina por colocar a las mujeres en una situación grave de indefensión. Puesto de otro modo: encuentra la Sala que conferir protección a la mujer únicamente cuando se ha comprobado que el despido fue discriminatorio esto es, que se despidió a la mujer en razón o por causa del embarazo, termina por restringir una protección que la Constitución confiere de manera positiva, en términos muy amplios, y cobija tanto a las mujeres gestantes como a los(as) recién nacidos(as). // 18. Si se efectúa una lectura cuidadosa de lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se tiene lo siguiente: (i) ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia; (ii) se presume que la mujer ha sido despedida por causa del embarazo o lactancia cuando el despido ha tenido lugar dentro del periodo de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto y sin la autorización de que trata el artículo siguiente (sin el permiso de la inspección del trabajo). Nótese que en ninguno de los preceptos legales se exige que el estado de gravidez haya sido conocido por el empleador antes de la terminación del contrato sino que el despido se haya efectuado dentro del período del embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto”.
(61) En el mismo sentido, incluso la normativa referente a cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, destacó en la Ley 1233 de 2008, como derechos irrenunciables aquellos relacionados a trabajo infantil y a la maternidad, lo cual muestra que con independencia del tipo de relación contractual, la maternidad ostenta un fuero especial.
(62) Cfr. Sentencias T-105 de 2011.
(63) Sentencia T-484 de 2010.
(64) Cfr. Sentencia T-1201 de 2001. En esta decisión se estudió el caso de una contadora pública que había prestado sus servicios de manera interrumpida por aproximadamente tres años para el Hospital San Martín de Sardinata, a través de órdenes sucesivas de prestación de servicios, y que, luego de informar su estado de embarazo y una vez terminada la ejecución de la última orden, fue notificada de la terminación del contrato. // En tal oportunidad la Corte concedió la tutela como mecanismo transitorio, toda vez que el actuar de la entidad demandada había afectado el mínimo vital de la madre y el niño.
(65) En la Ley 1233 de 2008, se estipuló como derechos irrenunciables aquellos relacionados con el trabajo infantil y la maternidad, lo cual muestra que con independencia del tipo de relación contractual, la maternidad ostenta una protección especial y preferente.
(66) Ver Sentencias T-198 de 2010, T-003 de 2010, T-550 de 2004 y T-1177 de 2003 entre otras.
(67) Sentencia T-004 de 2010.
(68) Ver Sentencias T-173 de 2011 y T-445 de 2006.
(69) Expediente, cuaderno 1, folios 1, 19, 20, 27 y 28.
(70) Expediente, cuaderno 1, folio 14.
(71) Expediente, cuaderno 1, folio 20.
(72) En la prueba de embarazo practicada por Idime y aportada al expediente se muestra que la accionante a 10 de septiembre de 2010 tenía 14 semanas y 5 días de embarazo. La carta de terminación del contrato de trabajo data de 1º de julio de 2010.
(73) Expediente, cuaderno 1, folios 2 y 20.
(74) Expediente, cuaderno 1, folio 21.

References: artículo 32
 artículo 239
 artículo 53
 resolución 
 artículo 3
 Artículo 43
 artículo 93