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Timestamp: 2017-07-24 10:49:13+00:00

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Dictamen de la preaudiencia “Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna” – TPP México – 28/08/2013Publicado en: Noticias Dictamen de la preaudiencia “Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna”
Preaudiencia Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna
que promueven los ejes:
San Isidro, Municipio de San Gabriel, Jalisco, 28 de junio de 2013
Del 28 al 30 de junio de 2013, tuvo lugar en San Isidro, Municipio de San Gabriel, Jalisco, la Preaudiencia sobre Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Se convocó a personas, procesos organizativos y al comité dictaminador, para darle continuidad a los trabajos de denuncia y visibilización que se han realizado en el marco de actividades de las Audiencias temáticasViolencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía y Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos. Estas audiencias hacen parte del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos Libre Comercio, Violencia Estructural, Impunidad y Derechos de los Pueblos.
Dentro de las actividades de estas audiencias temáticas se han celebrado hasta ahora 14 preaudiencias que anteceden a la que hoy nos convoca. Las problemáticas expuestas están relacionadas con la devastación ambiental en distintas regiones y localidades del país, la colisión campo-ciudad, la contaminación del agua, las afectaciones derivadas de la construcción de presas y proyectos carreteros, el despojo y envenenamiento de las comunidades por basura y minería, así como la contaminación transgénica del maíz nativo. En esta ocasión, se denuncian casos relacionados con agravios contra la territorialidad, la subsistencia y la vida digna.
En su conjunto estas preaudiencias tienen como horizonte de referencia las consideraciones expresadas por el Tribunal Permanente de los Pueblos en la conclusión de la Audiencia General Introductoria. En ese dictamen el Tribunal reconstruyó el contexto general e integral de los impactos de las políticas neoliberales plasmadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sobre los derechos de los mexicanos y las mexicanas. Estos efectos son masivos y sistemáticos y ponen al descubierto el desvío de poder como mecanismo genérico de comisión extensiva e intensiva de múltiples agravios.
La preaudiencia, se conformó de los siguientes segmentos:
* Bienvenida a los representantes y comunidades de afectados, así como a las organizaciones participantes y solidarias.
* Lectura de la acusación general que concretó la responsabilización al “Estado mexicano y a las empresas beneficiadas por sus actos de gobierno, por sus políticas públicas, sus reformas constitucionales, y sus legislaciones apalancadas con “tratados de libre comercio y cooperación”, [que] han destruido las condiciones para que gestionemos nuestro entorno material y subjetivo; para que resolvamos la subsistencia mediante nuestros propios medios individuales y colectivos, con creatividad e ingenio propio”.
* Presentación de casos diversos que atestiguan y dan constancia de la violencia franca o encubierta que el Estado mexicano y las empresas, en contra de la territorialidad, la subsistencia y la vida digna.
Tras las presentaciones orales, el Comité Dictaminador recibió también informes escritos, formales, muy detallados en datos, análisis, testimonios y probanzas documentales y multimedia, que están disponibles en sus archivos. Los dictaminadores tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y de formular comentarios en cada una de las presentaciones y de contextualizar algunos aspectos que consideraron relevantes de acuerdo a lo expuesto en la Preaudiencia.
La opinión formulada por este Comité Dictaminador se articula en los siguientes puntos:
* Reflexiones generales sobre la problemática.
* Constataciones.
* Conclusiones, responsabilidades y traslado de las exigencias.
El Tribunal Permanente de los Pueblos como instancia ética internacional, examina las denuncias sobre agresiones y agravios injustificados a los pueblos, las causas de esas violaciones, y contribuye a que los hallazgos no queden invisibles o en el olvido, apoyando con su ejercicio, a denunciar a los responsables.
De ahí que centre su atención en las violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos que hayan sido perpetradas por los Estados, por organizaciones privadas u otros grupos de poder.
Como se ha documentado en todas sus actuaciones y juicios, el Tribunal Permanente de los Pueblos nace y justifica su legitimidad e importancia en la dramática constatación de profundos sufrimientos y agravios, en la vida de las personas y de los pueblos, en la fractura permanente entre los principios y las garantías inviolables del Derecho internacional de los derechos humanos y las realidades insoportables en las que se encuentran sumidos millones de seres en el mundo.
Durante dos días de sesiones, este comité dictaminador de la Preaudiencia sobre Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, recogió y atestiguó las denuncias y testimonios de las siguientes comunidades:
1. El Salto, Jalisco. Agrupación Un Salto de Vida que denuncia: El río Grande de Santiago la contaminación, enfermedad y muerte. Devastación y destrucción de las fuentes y medios de subsistencia.
2. Palos Altos, Jalisco. Caracol Psicosocial y Colectivo Juxmapa con la denuncia de los jóvenes de Palos Altos Ixtlahuacán del Río, Jalisco: Destrucción y estigmatización de la vida campesina desde el ámbito estatal, corporativo y social.
3. Mezcala de la Asunción, de la ribera del Lago Chapala, Jalisco que denuncia el Ataque integral al territorio y los derechos de la Comunidad Indígena de Mezcala. Privatización de la tierra común y de los medios de subsistencia tradicionalmente empleados. Contaminación y explotación del agua del lago.
4. Personas organizadas en el Lago de Chapala que denuncian la Sobreexplotación del agua del Lago Chapala, devastando las fuentes de subsistencia de los pueblos de la rivera, a favor de la ciudad de Guadalajara y contaminando el agua del lago.
5. Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que denuncian la Urbanización excesiva del poblado, contaminación y sobre explotación del agua y sus consecuencias, así como la presión que han recibido distintos pobladores para la desocupación y cambio de uso de sus tierras.
6. San Juan Yolotepec, municipio de Zumpango, en el Estado de México, que denuncia la Contaminación del agua y a los cultivos en la Unidad de riego para el desarrollo rural plan de Xalpilla —Zumpango— Zitlatepec, Estado de México. Amenazas y presión a la comunidad para desocupar sus tierras.
7. San Sebastián Teponahuaxtlán, comunidad wixárika, en los municipios de Mezquitic y Bolaños en Jalisco que denuncia el Despojo y deterioro del territorio ancestral: por programas de servicios ambientales hidrológicos, construcción de carreteras para corredores industriales, concesiones de agua, de minas para el establecimiento de proyectos de extracción minera, maderera, desmantelamiento de la asamblea y organización comunitaria y el no reconocimiento de los derechos colectivos de la comunidad. Simulación de acuerdos en favor de la comunidad por parte del Estado, la cooptación de las autoridades y los ataques al maíz nativo por programas de gobierno como PROMAF.
8. Ojo de Agua Grande, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. En defensa del Río Atoyac, que exige:Frenar la contaminación y los proyectos que amenazan la extinción del Río Atoyac y la vida humana y natural de la cuenca. Por intereses de saqueo y contaminación masiva del agua, deforestación y megaproyectos hidrológicos a lo largo de todo el río Atoyac, disminuyendo su caudal a menos del 50 %.
9. Tepoztlán, Morelos. Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán, que denuncia el Proyecto carretero y urbanización salvaje a través de la ampliación y modernización de la autopista “La Pera-Cuautla”, devastando la bioregión del Tezcal, el Parque nacional el Tepozteco, el Corredor biológico Ajusco-Chichinautzin en favor de las empresas concesionarias de la construcción y uso de la autopista, así como la criminalización de quienes protestan en su contra.
10. San Nicolás Totolapan en la delegación Magdalena Contreras en el Distrito Federal, que denuncia laDestrucción del medio ambiente, el territorio, despojo y desplazamiento, por la construcción de vías carreteras en el Distrito Federal, así como la negativa expresa de las autoridades de intervenir y la negación por parte de las autoridades de su condición de pueblo originario.
11. El Ejido La Ciénega, municipio de El Limón, Jalisco, que denuncia el Desmantelamiento de la asamblea ejidal a través del programa Procede, erosión de las tierras por empresas tequileras, pérdida de biodiversidad (guamúchil, huaje), introducción de paquetes tecnológicos con agrotóxicos y semillas transgénicas, la explotación de los pueblos y los atentados contra la soberanía alimentaria. La defensa de las semillas, la vida campesina y la agricultura como forma de vida, libre de agrotóxicos.
12. San Francisco Xochicuautla, comunidad otomí, municipio de Lerma, en el Estado de México. Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, que denuncian Los mecanismos represivos, de corrupción y cooptación de autoridades y asambleas comunitarias para el despojo de tierras, montes y aguas en particular para el proyecto carretero Toluca-Naucalpan, en beneficio de industriales y particulares del centro del país.
13. Ejido Santa María Cahuacán, municipio de Nicolás Romero, Estado de México. Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, que denuncian el Incumplimiento de las autoridades de resoluciones judiciales favorables a la comunidad evitando la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola. Amenazas y violencia en su contra con el fin de despojar de tierras para el desarrollo de zonas habitacionales, así como la devastación de la reserva ecológica de la zona y la emisión de permisos de tala y cambio de usos de suelo.
14. Pueblo rarámuri, estado de Chihuahua que denuncia La destrucción integral y reducción de su territorio, su autonomía y soberanía alimentaria por: minería, tala clandestina y deforestación, carreteras y proyectos etno y eco turísticos. Perdida de la identidad por las políticas y programas de gobierno para la asimilación de la cultura occidental de manera violenta, sin consulta. Fragmentación de las comunidades, promoción de la corrupción y el abandono de las autoridades tradicionales por el Estado Mexicano.
15. Grupo de Estudios Ambientales ac, que denuncia La simulación de la protección de la biodiversidad del maíz en México como centro de origen de la semilla a través de mecanismos administrativos, judiciales y legislativos establecidos en el marco jurídico nacional e internacional en materia de Bioseguridad para la siembra, experimentación, comercialización, almacenamiento de semillas transgénicas, en favor de empresas trasnacionales especialmente Monsanto.
16. El Petacal, Municipio de San Gabriel, Jalisco. Red en Defensa del Maíz, que denuncia la Afectación social, contaminación de tierras y aguas, y de salud humana por el cultivo de semillas transgénicas de hortaliza y el uso de químicos agrotóxicos por la empresa Monsanto en tierras vecinas a los centros de población.
17. Tonaya, Jalisco. Colectivo en Defensa del Agua, que denuncia la Contaminación de tierras, montes, aguas y afectación de la salud animal y humana, social y cultural en la región por la concesión y extracción minera en la cuenca del Río Tonaya. Amenazas de muerte, violencia y desplazamiento forzado, destrucción de los medios de subsistencia y de proyecto.
18. Comunidad de San Isidro, municipio de San Gabriel, Jalisco que denuncia el Despojo y contaminación del territorio por la empresa trasnacional Amway y su filial en México Nutrilite. Incumplimiento sistemático de las resoluciones judiciales que ordenan la restitución de tierras ejidales, por parte de las autoridades federales. Devastación ambiental, desintegración de la familia, la comunidad. Criminalización y encarcelamiento de personas que exigen el cumplimiento de las resoluciones y el ejercicio de la justicia.
19. Cheranástico, comunidad purépecha de Michoacán, que denuncia La omisión de las autoridades para asegurar la integridad de la Comunidad en el marco del conflicto del narcotráfico, siendo una de las comunidades más afectadas, tala clandestina de sus bosques. Destrucción de la asamblea comunitaria y pérdida de la autonomía, autosuficiencia, y la biodiversidad.
20. Comunidad de La Loma de Santa María, Morelia, Michoacán, que denuncia la Destrucción y despojo de la última reserva ecológica de la ciudad de Morelia, para la construcción del proyecto “Libramiento Sur de Morelia tramo Ramal-Camelinas”, impulsada por especuladores inmobiliarios en contubernio con autoridades estatales.
21. Poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco que denuncian la Destrucción de los medios de subsistencia para el desalojo del territorio y para el despojo y desplazamiento forzado de los pueblos a través de la construcción de la Presa “el Zapotillo”. Devastación del terreno agrícola y ganadero, la soberanía alimentaria. Intimidación y hostigamiento a los pobladores, violencia psicológica, inseguridad social. Simulación de democracia y justicia por la ineficacia de los procesos judiciales y el incumplimiento de las sentencias por las autoridades federales, estatales y municipales.
22. Colectivo de Abogados Solidarios CAUSA, que denuncian Los programas de gobierno y la legislación como vía de introducción forzosa de semillas transgénicas y como las leyes y sus programas son un ejemplo de desvío de poder a favor de intereses oligopólicos de las empresas transnacionales dueños de patentes de organismos genéticamente modificados.
23. Red jalisciense por un parto humanizado. Jalisco que denuncian La violencia obstétrica en el embarazo, parto y crianza contra la madre y el recién nacido. La invasión del primer territorio: el cuerpo.
Hemos identificado algunos conceptos fundamentales que enmarcan y dotan de sentido nuestra comprensión y juicio sobre lo escuchado
Soberanía Alimentaria. Es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos deben tener la posibilidad de disponer de alimentos y recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades.
Autonomía. Es inherente a la realización de una vida plena de los pueblos y las personas. Es su facultad para tomar las decisiones que les son pertinentes, definir su futuro desde su propia visión del mundo y de su propia historia y establecer sus normas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como sobre la resolución de sus conflictos. Por eso, autonomía y libre determinación son conceptos inseparables que contemplan la posibilidad de que los pueblos puedan adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias relacionadas con su cosmovisión, territorio, tierra, bienes naturales, organización socio-política, administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura.
Territorio. Una tendencia general del pensamiento económico moderno consiste en desagregar la realidad en elementos separados. En cambio, en las culturas pre-industriales como actualmente en las culturas campesinas el agua nunca se concebía sola, sino siempre como parte de una matriz de tierra, de aire, a veces de madera y de agua (en Japón el fu-do o el suy-do, en México el altépetl, matriz de agua y de tierra).
El agua químicamente pura, el h2o, es agua separada o desincrustada de sus matrices originales. Similarmente el pensamiento económico reduce el complejo entramado de un territorio a elementos extraíbles: agua, petróleo, gas, minerales, base de toda política extractiva. Del mismo modo lo reduce a una extensión espacial, medible en metros cuadrados. Separa la dimensión espacial de la dimensión temporal.
Este concepto reduccionista del territorio es la base de los mapeos territoriales de la Huasteca y del Estado de Oaxaca, donde geógrafos de universidades estadounidenses en colaboración con el ejército de Estados Unidos proceden al levantamiento de mapas aéreos en las áreas supuestamente peligrosas, que marcan de rojo. Son generalmente las áreas en las que prevalecen reglas de tenencia de las tierras más complejas que la propiedad privada, por ejemplo lo que implica literalmente una toma de posesión corporal.
En cambio, para las comunidades campesinas e indígenas el territorio no es objeto de mapeos, es sentido y medido por el paso humano. Para distinguir este territorio sentido podríamos reivindicar la vieja palabra terruño. En el territorio-terruño, de la experiencia sentida y concreta el tiempo no se separa del espacio, es al mismo tiempo historia y geografía. El territorio sentido no es el depósito de recursos extraíbles, el agua no es separable de una matriz de tierra, de aire y de agua, de un “clima” como dicen los japoneses que quieren traducir la palabra fu-do.
Comprendido como terruño sensible e histórico, el territorio puede ser el lugar de la reconciliación del tiempo y del espacio y un remedio contra su reducción extraccionista a elementos aprovechables por la economía de la escasez.
El conjunto de situaciones presentadas en la preaudiencia, el análisis de los contextos, la memoria y el encuentro de problemáticas, políticas, leyes y responsables, nos han permitido constatar elementos comunes que comparten todas ellas:
1. La guerra del Estado y del Mercado contra la subsistencia. Originalmente, la palabra economía significa la administración de la propia casa. Hasta el siglo xix, mientras se hablaba de economías nacionales, se podía eventualmente entender la nación como una extensión extrema de la casa. En nuestros tiempos de economía mundializada, la economía ha roto toda relación con la casa, con “mi” casa. A partir de finales del siglo xviii, la tradición liberal naciente ha redefinido la economía como la regulación de la sociedad por la “ley de escasez” también llamada “ley de hambre”.
Fascinados por las leyes naturales, los pioneros de la tradición liberal, Burke, Townsend, Bentham, han equiparado la Ley de Escasez con la Ley de Gravitación Universal. La escasez regularía la sociedad como la gravedad ordena el cosmos. Parte de esa creencia era la ilusión de la orientación al bien de las leyes naturales, de tal forma que los pioneros de la tradición liberal pudieron decir que la función del hombre político no era la de aliviar el hambre, sino hacer que el hambre sirviera de espolón para obligar a los pobres a trabajar. Hoy las palabras “económico” y “escaso” son prácticamente sinónimas; todos los bienes económicos son escasos y viceversa. Transformar un bien gratuito como lo era el agua en bien económico es volverlo escaso.
Esa transformación del agua en bien escaso se refleja en los casos presentados en este Tribunal Permanente de los Pueblos por los habitantes de El Salto, Jalisco en el Río Grande de Santiago, la comunidad indígena de Mezcala en la Rivera del Lago de Chapala, San Juan Yolotepec en el municipio de Zumpango, Ojo de Agua Grande en el Río Atoyac, Tonaya Jalisco. En todos ellos se narró el despojo del agua, su contaminación y su privatización, causando graves daños en la vida cotidiana de los pobladores, destruyendo así sus fuentes y sus medios de subsistencia.
Sin embargo, persiste hasta hoy un dominio de actividades productivas no sometidas primordialmente a las leyes económicas, es decir, a la ley de escasez. Es el dominio de la subsistencia. La economía se ocupa de la producción y circulación de valores de cambio. Fundamentalmente la subsistencia genera valores de uso o “valores vernáculos”.
Grosso modo, se puede decir que la agricultura moderna, industrializada, es económica, es decir sometida a la ley de escasez. En la agricultura moderna:
* pocos producen los alimentos que todos consumen
* cada agricultor industrial se especializa en un rumbo de la producción; generalmente ni produce lo que el mismo come.
En cambio, en la agricultura tradicional:
* los agricultores producen lo que comen y viceversa
* cada agricultor es politécnico: [cultiva, caza, pesca, recolecta, pastorea, tiene animales de traspatio], generalmente sabe de albañilería, carpintería, herrería y frecuentemente ha construido su propia casa.
La agricultura tradicional produce comida, es decir, valores de uso que alimentan el cuerpo, pero que son también cargados de significados simbólicos. Por ejemplo, en una comida en el pueblo de San Pablo Etla en el estado de Oaxaca, la mesa de la comida es un espejo simbólico del valle, el acto de comer es por tanto un pacto con la naturaleza circunvecina.
El agricultor tradicional es el campesino.
El sistema de producción industrial de alimentos se ha apoderado de la narrativa sobre esa misma producción, ha difundido la mentira de que produce la mayoría de los alimentos que se consumen en el mundo. En realidad :
* Con menos del 30% de la tierra arable los campesinos producen cerca de un 60% de los alimentos mundiales.
* Tomando la leche como ejemplo, en Paquistán el 96% y en la India un 85% de la producción de leche está en manos de la gente; en Colombia 83%.
* En México entre un 32% y un 38% de la producción de maíz es de subsistencia y un poco más 50% de la producción nacional es de origen campesino, tal y como lo documentaron las Comunidades del Petacal, La Ciénega y el Grupo de Estudios Ambientales (GEA). “La mayoría de los productores de maíz (92 %), posee predios entre cero y cinco hectáreas y aportan el 56.4% de la producción total. En general más de la mitad de su producción se destina a la subsistencia”, según datos del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.
El predominio ideológico de la agricultura industrial es la culminación de una guerra de siglos del Estado y del Mercado contra la subsistencia. Esta guerra contra la subsistencia es una guerra contra el campesinado. En Europa durante los mal llamados treinta años gloriosos, los tres decenios de auge económico post Segunda Guerra Mundial, se suprimió sistemáticamente el modo de vivir y de producir campesino. Este proceso de descampesinización fue y es un verdadero etnocidio.
Los casos planteados por las comunidades de Palos Altos por el colectivo Juxmapa y el Caracol Psicosocial, Mezcala, Santa Cruz De Las Flores, San Sebastián Teponahuaxtlán, La Ciénaga, Temacapulín, Acasico y Palmarejo, así como los casos extremos de San Isidro, demuestran claramente que diversas autoridades y empresas han emprendido un sinnúmero de acciones de intimidación y violencia para despojar de las tierras y de las culturas campesinas, desarticulando el tejido social, destruyendo los conocimientos ancestrales y de paso devastando al medio ambiente.
2. Destrucción de la vida campesina, generación de masas de personas desposeídas y convertidas en consumidores. México vive uno de los momentos críticos más dramáticos de su historia. Los poderes “de arriba” quieren imponer al país una transformación aún más radical que la que eliminó los campesinos europeos. Un secretario de agricultura de México pudo, por ejemplo, declarar sin ruborizarse que su deber era “sacar a los campesinos del campo”. Pero, contrariamente a lo que pasó en Europa, las fuerzas “de abajo” resisten y lo hacen organizadamente, como se demuestra con la totalidad de las denuncias y testimonios que se presentan en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, sin constituir una excepción lo presentado en esta preaudiencia “Territorialidad, subsistencia y vida digna”.
Los dictaminadores de esta preaudiencia del TPP quisiéramos lanzar una advertencia: si México pierde la guerra contra la subsistencia, los campesinos descampesinizados se agregarían a una masa desposeída vulnerable a toda suerte de manipulaciones y cautiva de quienes les otorgaría los medios de una miserable supervivencia. Caeríamos a una situación peor que la de los albores de la época industrial, cuando el Reverendo Townsend podía declarar: “el hambre domará a los individuos más indomables” y los obligará a trabajar. Sólo que esta vez no habrá trabajo para la mayoría de ellos.
3. Destrucción de procesos organizativos y tejidos sociales. Los territorios son ante todo, tejidos sociales: tejidos de gentes que juntas, hacen sentido y otorgan contenido a todo cuanto las rodea; por tanto también, tejidos de saberes, modos de hacer, pensar, organizar y gestionar.
Para que opere el despojo material, tiene que ocurrir simultáneamente o acaso antes, un despojo de sentidos y tejidos sociales. Todo saber es de acompañamiento: de acompañantes que se saben amparados y acompañados permanentemente.
De un modo u otro, a lo largo del tiempo, una de las agresiones más sistemáticas emprendidas en nombre del progreso, ha sido la imposición sostenida, por múltiples vías, del entendimiento individualizado y competitivo de la relaciones entre humanos y con el entorno.
En contextos de autonomía, la condición principal de la subsistencia para las comunidades humanas radica en la “relacionalidad del todo”. Ese vínculo que otorga el rol trascendental a la humanidad como vinculadora de tiempo, espacio y seres humanos en totalidad. La crianza que más conviene al mundo que somos, conforme las circunstancias de cada momento lo van diciendo.
La relacionalidad supone un complejo sistema de relaciones que funda la economía, la política, la vida cotidiana de las sociedades, alrededor de mecanismos como la reciprocidad y la confianza; la responsabilidad que conduce la observación rigurosa en el cumplimiento del deber para el bien común, la crianza mutua y el diálogo, en tanto garantía de la vida y reproducción de todos en interconexión e interdependencia. No son valores en abstracto, son mecanismos en concreto, con reglas precisas de aplicación. Un engranaje de cuyo funcionamiento cabal dependen todos y todas.
Desmontar la autonomía para que opere el despojo y se ejecute la agresión integral sobre los territorios, requiere entre otras cosas:
a. Sembrar desconfianza en el saber pertinente, en la legitimidad del orden propio; es decir, el desprestigio de la tradición; es decir, la colonización, todo lo que produzca extrañamiento y olvido. Como en el caso de Palos Altos y la condena de los jóvenes al exilio y extrañamiento de su tierra y su identidad, con una gran complicidad de la escuela y los medios, incluso la omisión de los padres. O la violencia obstétrica sostenida en la deslegitimación de un saber propio y probado que sostiene la vida pero que logra que dudemos de él.
b. La “ingeniería del conflicto”: sembrar discordia y desarmar los mecanismos de resolución entre iguales para trasladarlos a otros espacios o desatar la división interna que inviabiliza la resistencia y la restitución del orden propio.
Como en el testimonio de Mezcala y la rivera del Lago Chapala y la discordia entre censados y no censados, o el testimonio del pueblo rarámuri en la Sierra Tarahumara donde el etnocidio comienza por sembrar la desconfianza en los modos propios y la pérdida de identidad de sus jóvenes ilustrados que favorece la “alianza” con el enemigo. O la invasión múltiple que sufren en San Sebastián Teponahuaxtlán, donde la precarización lenta y sostenida, por efecto del despojo, produce también deserciones, dudas y desconfianza en los miembros más frágiles de la comunidad, minando el ejercicio de su derecho consuetudinario. También está el caso de La Ciénaga, donde programas como Procede han logrado la división de los comuneros junto al exilio por empobrecimiento programado.
c. La precarización intencionada, fundada en el despojo progresivo o limitación de los bienes, el endeudamiento, la sujeción, la servidumbre y hasta esclavitud, la dependencia hacia las decisiones ajenas, la desapropiación del tiempo como mecanismo para generar incertidumbre. Tal perentoriedad rompe los órdenes cíclicos de reproducción de la vida que sólo se realiza en común. Se genera así un miedo invisible. El caso expuesto de Temacapulín, demuestra que la incertidumbre de poder subsistir con dignidad y por medios propios se ha visto escamoteada. O en Tlajomulco, donde su población se ha visto forzada a migrar porque no es posible ya sostener una vida en el campo. El caso del río Atoyac, las pérdidas de productos y animales, la incertidumbre que ello provoca, el desconocimiento de sus derechos colectivos también dan cuenta de este mecanismo: las organizaciones y comunidades se ven orilladas al desgranamiento y exilio voluntario.
d. También están las estrategias del miedo explícito: persecución jurídica, amedrentamiento, impunidad, o incluso la eliminación física, que desgastan, debilitan, boicotean la posibilidad de encuentro y retejido; inviabilizan el cuidado mutuo, sembrando la desprotección y la supervivencia individual como recurso. Ahí están para demostrarlo, las situaciones planteadas sobre Tepoztlán, Morelos, o los presentados por el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra y el caso de la contaminación del río Tonaya cuyos activistas se encuentran amenazados de muerte.
e. Genocidio extremo y exterminio por enfermedad y envenenamiento, que aún no ha sido visto como un delito, y que destruye la posibilidad continuidad y recambio organizativo. Como en el caso de El Salto y el signo de muerte y exilio forzado que provoca el asesinato por enfermedad y envenenamiento de su población y algo similar en el Lago de Chapala y la contaminación en el sistema de riego Plan Xalpilla en Zumpango, Zitlatepec.
f. De cualquier modo —más allá del nivel de disciplinamiento, control y desagregación que se provoque—, los poderes fácticos incluirán el enterramiento público, el anonimato e invisibilización y el descrédito, como parte del paquete para desmontar cualquier forma de tejido organizativo y comunitario.
Tan transversales y complementarias son estas tácticas para el agravio, que los 24 casos presentados, dan cuenta del uso intencionado y sistemático de todos o buena parte de estos mecanismos,
Urge la restitución del acompañamiento. La mejor, y acaso la única manera de lograrlo es retejiendo los vínculos solidarios y de confianza —en nosotros, nuestros saberes y tradiciones, en nuestros propios modos. Es decir, ante el aislamiento, el desgranamiento y la discordia, oponer el tejido y el encuentro.
Este espacio, el Tribunal Permanente de los Pueblos, constituye un nuevo canal que reconecta este sistema fundamental para la defensa del territorio, la subsistencia y la vida digna.
4. Traslado sistemático de los bienes comunales hacia la propiedad privada. Los casos presentados ante esta preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos provienen de comunidades campesinas e indígenas con una tradición profunda de vida comunal. Este modo de vida no es resultado de ordenamientos gubernamentales o de opciones ideológicas, sino de la necesaria forma de organización que ha permitido a los colectivos campesinos y a los pueblos, históricamente, el buen vivir sin acumulación excesiva por parte de los individuos.
Todavía la ley agraria de 1915 abrió el espacio jurídico para la restitución de los bienes comunales de los pueblos y comunidades indígenas y para la dotación de ejidos a los colectivos campesinos por medio de la afectación de los latifundios hacendarios.
Los modos colectivos de vida, propios del modo campesino, han permitido la vida en comunidades de intercambio, con autoridades elegidas en asamblea, con sistemas normativos propios y con un tejido social fortalecido por el trabajo común conforme a tradiciones de eficacia convivencial probada. Resulta patente que un territorio que merezca el nombre se configura por un colectivo con vida e historia en una tierra comunal.
Todo el siglo veinte fue el periodo en que los pueblos y comunidades pudieron reclamar en medio de oposiciones crecientes el derecho a recuperar o a conformar territorios. Pero las últimas décadas ya están marcadas por el signo de la privatización de las tierras y por tanto de la ruptura progresiva de los tejidos colectivos que habían dado cohesión a las comunidades.
El golpe mayor hacia la privatización de las tierras y contra el modo de vida campesino e indígena vino en 1992 con la modificación radical del artículo 27 de la Constitución, por el que ahora se permite la compra venta de las tierras ejidales, y las concesiones a la minería y explotaciones forestales señaladamente. La punta de lanza para acelerar este proceso de privatización han sido los programas Procede y Procecom, con la presión de facto hacia la propiedad individual llamada con un eufemismo, dominio pleno. Así lo confirma la palabra de los agraviados que han presentado su denuncia en la preaudiencia.
Los testimonios presentados son muestra en palabra viva de una tendencia despiadada de los gobiernos. Estos ejemplos adquieren mayor consistencia en la multitud de casos presentados a lo largo del desarrollo del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, junto con nuestra obligación ética de dar todo el valor a la palabra de los afectados, porque es la palabra de los pueblos, cuyo servicio da sentido al Tribunal.
La comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán aún lucha por la restitución plena de su territorio ancestral, a partir de las 240 mil hectáreas logradas, mientras los gobiernos abren las puertas a las concesiones mineras de las empresas que hoy proliferan en extracciones a cielo abierto por todo el país. La comunidad de San Isidro, sede de esta preaudiencia recorre un calvario de setenta y cinco años de gestiones complicadísimas en todas las instancias federales sin que aún no se le entregue la dotación de 280 hectáreas faltantes en su resolución presidencial de 1939, todavía en manos de una empresa transnacional que además contamina sus suelos y aguas. El ejido Cahuacán municipio Nicolás Romero, Estado de México no logra documentar 2400 hectáreas de su territorio por la complicidad de los órganos del gobierno primero con antiguos terratenientes y ahora con empresas constructoras de fraccionamientos para la ampliación de la mancha urbana. El ejido de San Francisco Xochicuautla sufre despojo de sus tierras por la amenaza de construcción de una autopista a todas luces innecesaria entre Naucalpan y Toluca en beneficio de una constructora de carreteras de cuota, al igual que el pueblo de Tepoztlán, por la construcción de una autopista sobre su territorio.
La privatización no solamente impide ya la restitución y la regularización jurídica de los territorios, sino causa la pérdida de dominio por parte de la comunidad ante la entrada de agrotóxicos, como sucede en la comunidad de La Ciénega y las demás de esta región del Llano en Llamas como una muestra del mapa general.
El efecto más dramático de la agresión sobre los modos campesinos de vida viene de la expansión desaforada de las ciudades propiciada por las políticas gubernamentales. Santa Cruz de las Flores está siendo desarticulada por el crecimiento de la mancha urbana de Guadalajara, al igual que la población del El Salto, que ha sido borrada de su antigua conformación por la entrega de sus tierras a cientos de fábricas del parque industrial y ha convertido el río Santiago que lo bordea en uno de los más contaminados del mundo.
La devastación se amplifica con la contaminación incontrolada por la acumulación de las fábricas a lo largo de la cuenca que en otro tiempo formó parte de los territorios colectivos de los campesinos en los ríos Lerma-Santiago y el lago de Chapala, el mayor del país. Este desastre ecológico aparece como irreversible y como ejemplo patente de la desviación del poder del Estado en contra de la vida colectiva de los pueblos.
Y sin duda, la denuncia que atraviesa todos los testimonios puestos en común en esta preaudiencia de los pueblos y colectivos es la de la terca amenaza del maíz transgénico prohijada por los gobiernos en favor de la mezquina ambición de los corporativos transnacionales como la empresa Monsanto. La sordera de los gobiernos ante los argumentos de científicos y abogados independientes y comunidades campesinas está ampliamente documentada en la reseña de las gestiones de la Asamblea de la Red en Defensa del Maíz Nativo y en los análisis del colectivo de abogados CAUSA. El maíz nativo, biodiverso y multicolor es la creación comunitaria ancestral que no solamente es semilla y alimento sino que es definida como la sangre y carne de las comunidades y pueblos. Reiteradamente afirman todas y cada una de las comunidades que el permiso de introducción de las semillas transgénicas es una estrategia exterminadora de la vida misma de las gentes y del territorio y por tanto un genocidio.
El abandono del Estado está en realidad produciendo la crisis de lo comunitario. Los modos de vida colectivos se desprestigian en las escuelas y en los medios de comunicación, como modos de vida arcaicos y sin futuro. Las juventudes campesinas son, así, escolarizadas, para mostrarles que el supuesto mejor camino es salir a la ciudad a abrirse paso en la vida por su esfuerzo individual, como un escape de sus comunidades desprovistas de apoyo para tejer en colectivo una vida digna. El testimonio de los jóvenes de Palos Altos y de las comunidades wixaritari y rarámuri manifiestan hasta que punto el modelo económico depredador de la vida común los ha empujado a los callejones de la frustración. El colectivo por el Parto Humanizado reveló como el derecho íntimo del cuerpo arropado comunitariamente está amenazado de expropiación por instituciones deshumanizadas.
5. Desamparo institucional, simulación e impunidad. Otro aspecto que constatamos es la existencia de una transgresión tridimensional impulsada por las autoridades del Estado mexicano junto con las empresas y otros particulares. Esta transgresión se compone de un grave desamparo institucional, la simulación y la impunidad que se vive tanto por la falta de acciones por parte del Estado para prevenir las amenazas a la subsistencia y vida digna de las comunidades, como acciones para protegerlas de las amenazas existentes.
El desamparo de las autoridades y, en general, de las instituciones del Estado para con sus habitantes, se caracteriza por la ausencia de éste para evitar la existencia de amenazas y daños a la tierra, a la subsistencia y la vida digna. Esto ocurre cuando el Estado no adopta conductas que prevengan la amenaza que representan los intereses de las empresas mineras, de agrotóxicos, urbanísticas y de construcción, de transgénicos, entre otras que transgreden, hieren y oprimen la territorialidad, subsistencia y vida digna.
Por otro lado, la simulación significa que la protección de las necesidades de las personas es reducida a una serie de formalidades inservibles, es decir que no aseguran las necesidades de los pueblos y comunidades. Existe una falta de acciones institucionales que realmente se traduzcan en un beneficio para las personas afectadas. El Estado está ausente en el momento en que las amenazas a la territorialidad, la soberanía alimentaria y la autonomía se presentan, lo cual deja abandonadas a las personas que está obligado a proteger.
Este desamparo institucional y la permanente simulación por parte de las instituciones estatales, desemboca en la impunidad de los agresores y de las mismas autoridades. La multiplicidad de afectaciones expuestas ante este tribunal se encuentra sin sanción ni ningún tipo de resarcimiento de los daños provocados.
Después de revisar los casos presentados, nos fue posible advertir y constatar que, a través de sus instituciones, el Estado mexicano ha vulnerado a los pueblos y comunidades en México de diversas formas por acción y omisión sistemática.
A continuación presentaremos algunos de los casos en los que identificamos este patrón en la preaudiencia.
La comunidad de El Salto, Jalisco denunció que no obtuvieron ningún remedio para la contaminación del Río Grande de Santiago, ya que el supuesto remedio fue el establecimiento de plantas tratadoras de agua que únicamente procesan materia fecal y no residuos industriales, que son el verdadero problema de la comunidad. Además, estas plantas reciben grandes concesiones por 20 años con un costo total aproximado de 2700 millones de pesos, de los cuales, ni uno solo es recibido por las comunidades.
Otro caso evidente de la existencia del desamparo institucional es el de la comunidad de San Isidro, Jalisco donde las autoridades, a pesar de existir una resolución presidencial que mandató la restitución de sus tierras, no han hecho nada real para devolverles lo que les corresponde desde siempre. Al contrario, se han concentrado en desatender sus demandas sistemáticamente.
La Comunidad wixárika de San Sebastián destacó la utilización simulada de las leyes, de los programas estatales y de los procesos de consulta por parte de las autoridades con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los intereses privados. Ello hace necesario que la comunidad parta de la desconfianza en las autoridades pues sólo así pueden asegurar su subsistencia territorialidad y vida digna.
Otro caso que permite establecer el énfasis en la impunidad es el relativo a la contaminación minera del río Tonaya pues las autoridades no sólo han realizado todos los cambios normativos necesarios para permitir la introducción de la empresa minera, como el cambio del uso de suelo, sino que también han dejado sin atención los daños causados por la empresa por las descargas de los residuos de la minería e incluso los han legitimado con sus omisiones. En el mismo tenor, se encuentra el caso de la Comunidad Purépecha de Cheranástico en Michoacán que, gracias al desamparo institucional, fue diluida poco a poco a manos de la corrupción y de la delincuencia organizada y gracias a la obscena impunidad, hasta el día de hoy dichas violaciones han sido ignoradas e invisibilizadas.
Por último, el testimonio presentado por el Grupo de Estudios Ambientales evidenció cómo los dictámenes de bioseguridad negativos emitidos por diversas instancias oficiales no impidieron que la Semarnat y la Sagarpa autorizaran permisos a distintas corporaciones para introducir sus semillas. En ese proceso, el Gobierno ignoró las opiniones del Consejo Consultivo Científico de la Cibiogem, del Consejo Consultivo Mixto y los resultados de los procesos de consulta pública. Todos estos mecanismos legales ignorados demuestran que existe una simulación de la participación política y una sistemática violación de la normatividad propia del gobierno mexicano.
El mismo gea, declaró haber emprendido diversas acciones legales en contra de los permisos y regulaciones relacionados con la siembra de maíz transgénico y que estas acciones no hicieron sino evidenciar una imposibilidad de acceder a la justicia. Los recursos de amparo fueron interpuestos por organizaciones campesinas, ambientalistas y de derechos humanos en contra del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y no se trató el fondo del problema ya sea por falta de interés jurídico, o porque el daño aún no se consumaba.
En todos estos casos, se demostró que el Estado mexicano no ha estado presente para evitar que las grandes corporaciones y empresas hagan daño a la tierra, a los cultivos y a las comunidades, al dejar que estas empresas se instalen en el territorio nacional, que exploten los recursos naturales y los contaminen restándole importancia al valor identitario que tiene la tierra para estos pueblos y comunidades. Este triple incumplimiento de sus obligaciones de protección antes, durante y después de que las amenazas provoquen daños, se traduce en un verdadero atentado en contra de los procesos organizativos y sociales de las comunidades, que se tratará en la constatación siguiente.
6. Incumplimiento de las reglas del juego y la disolución del estado de Derecho. En las últimas décadas, el ámbito jurídico internacional posiciona la responsabilidad como ventana pública para los Estados. La firma y adhesión de México a una cantidad importante de tratados y convenios internacionales relacionados con derechos humanos, la protección de pueblos indígenas y del ambiente indicarían que es su intención cumplir con esas responsabilidades. Igualmente, es indicativa de esta intención insertar los tratados de derechos humanos en el bloque de constitucionalidad a través del artículo 1º que incluye el principio de supremacía de los derechos humanos sobre cualquier otro tratado en materia comercial o mercantil y la consagración del principio de interpretación pro persona que implica para el Estado mexicano la obligación de brindar la protección más amplia de estos derechos en su concepción, ejecución e interpretación.
El Estado mexicano también se ha obligado con base en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al cumplimiento de las obligaciones generales de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia indivisibilidad y progresividad. Por ello, se ha comprometido también a “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos” (Artículo 1).
No obstante lo anterior, los hechos que narran las comunidades y dan cuenta los procesos organizativos a lo largo de la preaudiencia, evidencian: el incumplimiento estructural, reiterado e intencional de esas obligaciones; la dilución de los consensos; no se ha vislumbrado tal efectividad, simulando y tratando de dar una imagen en el ámbito internacional de ser un país ambiental y socialmente responsable, cuando en la realidad no implementa a través de la legislación o de las políticas gubernamentales los compromisos adquiridos, ni ofrece una amplia protección a las personas derivadas no solamente de los textos de las convenciones, sino de jurisprudencias e interpretaciones internacionales vinculantes para los Estados.
En la práctica, al ejercer el cumplimiento de estas obligaciones del Estado derivadas de los instrumentos internacionales, las comunidades afectadas desempeñan un lugar secundario, no participan de estos derechos, ni de la protección derivada de los mismos. Así, cuando existe una exigencia social de cumplimiento de alguno de ellos, el acceso a los derechos y reparaciones contenidos en los mismos son sistemáticamente frenadas por el Estado, convirtiéndose en procesos largos y complejos que acaban por desgastar las luchas sociales y los procesos de resistencia que deberían encontrar en estos mecanismos una forma de garantía y de acceso a la justicia.
Un claro ejemplo de esta situación fue expuesta por el Grupo de Estudios Ambientales, quienes en su narración evidenciaron que el cumplimiento de los instrumentos jurídicos e institucionales derivados de los compromisos internacionales del Estado mexicano es una promesa inalcanzable para las comunidades y personas en resistencia, quienes se enfrentan a una negación sistemática de acceso a la justicia y a los instrumentos jurídicos estatales y convencionales, que además de que no les son benéficos para la resolución de sus problemas, sí les afecta en sus procesos cuando las formalidades burocráticas no son cumplidas.
Por otro lado, se ha evidenciado durante la preaudiencia que las leyes y políticas gubernamentales incumplen sistemáticamente estas obligaciones contraídas, ya que se niega el alcance y sentido de los convenios y tratados internacionales, incluso en sus principios fundamentales como es el principio de precaución consagrado en la Declaración de Río y en el Convenio de Cartagena, mismo que es negado por la Ley de Bioseguridad que regula los pasos de implementación de los cultivos genéticamente modificados, a la vez que simula la existencia de medios jurídicos para combatir la avalancha transgénica.
El incumplimiento de las reglas del juego que el mismo Estado se ha autoimpuesto al contraer las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales, socava su propia legitimidad, debilita el contenido de los derechos humanos —redundando en su constante violación— y desmantela el estado de derecho, permitiendo la consolidación de un modelo de crecimiento que lleva consigo la devastación ambiental, la ruptura de los ciclos metabólicos naturales, la biopiratería y la erosión de la agrobiodiversidad, lo que acelera el proceso de descampesinización y aniquila a las comunidades indígenas, destruyendo el tejido social, sus saberes, tradiciones.
Los casos relativos a la contradicción del Estado en el cumplimiento de sus resoluciones, fueron expuestos ampliamente, siendo representativos el caso de La Loma de Santa María en la ciudad de Morelia en el que contaban con un decreto de área natural protegida que fue modificado a favor de las empresas inmobiliarias, o el caso la Comunidad de San Isidro donde hubo una resolución presidencial no cumplida y donde el Tribunal Superior Agrario instauró de oficio un proceso fraudulento señalando que son las mismas comunidades las que renunciaban a sus tierras. Además lo sucedido en San Nicolás Totolapan en el df donde se les eliminó de la lista de pueblos originarios cambiando arbitrariamente su régimen comunal a urbano, y catalogaron a la comunidad de “colonia”.
Una constante por parte del Estado mexicano es la autorización de cambios de uso de suelo para el desarrollo de complejos inmobiliarios, comerciales o industriales, lo que ha redundado en un forma sistemática de desplazamiento forzado de las comunidades, a pesar de la vocación original del territorio; por ejemplo, el caso de Tlajomulco donde el cambio de uso de suelo ha transformado comunidades campesinas en zonas industriales, alterando profundamente las formas de vida y destruyendo progresivamente el tejido social; el caso de Xochicuautla donde se ha autorizado el cambio de uso de suelo para la construcción de una carretera.
El Estado reconoce a través de ley agraria que la asamblea ejidal o comunal es el máximo órgano de decisiones de un ejido o comunidad. Sin embargo, emite resoluciones que no respetan las decisiones de estas asambleas tal como se evidencia en el caso de San Sebastian Teponahuaxtlán donde se han autorizado permisos para la construcción de una carretera en esos territorios y se han expedido concesiones en materia de agua y minería, sin el consentimiento de la comunidad y a pesar de la certeza del efecto destructor de esos proyectos.
Otro ejemplo se da cuando debería existir una protección especial contra la siembra de maíz transgénico en el territorio mexicano por ser considerado éste como centro de origen y diversificación del maíz. El Estado mexicano ha excluido de esta protección especial a ciertas zonas del país para otorgar en ellas los permisos de siembra experimental y piloto de maíces transgénicos que han afectado comunidades como las de la Sierra Tarahumara y otras.
7. Uso arbitrario o abusivo de la fuerza. Se ha concebido en el Estado moderno la necesidad de que el uso de la fuerza sea monopolio del Estado, reduciendo esta facultad a situaciones de absoluta excepción en que se justifique el límite a los derechos y libertades ciudadanos en ella involucrados; para el caso mexicano, institucionalmente ésta se encuentra en cabeza del poder ejecutivo a través de las diferentes entidades que la ejercen tales como el ejército y las policías en sus tres niveles nacional, estatal y municipal.
Se constató, en los casos escuchados, que las fuerzas civiles y militares han desatado situaciones de maltrato, detenciones, hostigamientos, generación de temor e incertidumbre, detenciones y hasta asesinatos de personas que ejercían la defensa pacífica de sus derechos individuales y colectivos.
Así lo demuestran los siguientes casos expuestos:
1. La comunidad indígena de Mezcala en donde se denuncia el uso de la fuerza contra las instituciones comunitarias, y el hostigamiento a los líderes que se oponen a la invasión de tierras llegando incluso a ser amenazados con armas o encarcelados con falsas acusaciones.
2. En Zumpango, Edomex, donde la gente ha recibido amenazas y presión para la desocupación de sus tierras. En la unidad de riego para el desarrollo rural de Xalpilla, denuncian amenazas a los pobladores y envenenamiento del agua; en Río Atoyac en Veracruz la denuncia son las agresiones, y en la comunidad indígena de Morelos Tepoztlán señalan que ha habido asesinatos desde la décadas de los ochenta; enfrentamientos constantes con el cuerpo de policía estatal y agresiones y amenazas por parte de la autoridad.
3. La comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla denuncia amenazas y violencia contra las comunidades y detenciones arbitrarias de los manifestantes.
4. En la comunidad purhépecha de Cheranástico, Michoacán ha habido amenazas permanentes y un constante riesgo por la presencia permanente e importante de grupos de narcotráfico que los hacen vivir en constante inseguridad. Además la presencia del ejército que no contribuye a ahuyentar a los grupos del crimen organizado y sí generan presión e intimidación en los pobladores.
5. En San Isidro, Jalisco se denunciaron detenciones arbitrarias.
6. En Temacapulín, Acacico y Palmarejo, debido a la presa el Zapotillo, denuncian hostigamiento y burlas por la presencia constante de la policía y el ejército que pregunta por los nombres de los líderes y ejerce un monitoreo constante sobre la población que históricamente ha sido pacífica; todo esto ha contribuido a la intranquilidad de la gente al punto de que se ha dictaminado estrés postraumático, por impactos psicosociales denominados neuropiscofisiobiológica, que ha llegado a causar enfermedades y muertes en personas mayores.
7. También denunciaron el uso de la fuerza en contra de sus poblaciones, las comunidades de San Nicolás Totolapan, en el ejido Cahuacán en el municipio de Nicolás Romero, estado de México, y en Tonaya, Jalisco.
Los riesgos sobre la vida, la integridad personal y la libertad de las personas y los tejidos sociales de los que hacen parte, deberían ser objeto de especial protección por parte del Estado mexicano, a través del respeto, la prevención y la garantía de justicia. No obstante se evidenció que lejos están las comunidades y sus miembros de gozar de respuestas institucionales y de justicia a sus reclamos sociales. Con respecto a las amenazas tampoco se han activado mecanismos que eviten la concreción de los riesgos en ellas contenidos.
Varios casos de criminalización o judicialización arbitraria se denunciaron como flagrantes violaciones al mandato constitucional contenido en su artículo 18 que indica: “Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad, habrá lugar a prisión preventiva”.
Luego de estas constataciones generales de la manera en que ha operado el proceso de agresión para el despojo, concluimos:
a. El estancamiento de la crisis. El origen de la palabra crisis es el vocablo griego krisis, que significa encrucijada, bifurcación o momento de decisión. Los chinos expresan una idea semejante yuxtaponiendo los ideogramas “peligro” y “oportunidad”. En una luz griega, la crisis es un momento de necesaria decisión. En una luz china, es un peligro acompañado por una oportunidad nueva.
Cuando se instala la crisis, cuando no se presenta ninguna posibilidad de resolución en su horizonte, se vuelve dilema sin solución, peligro sin oportunidad nueva. Se transforma en una situación paralizante que, como lo recalcó el grupo que presento el caso de la presa el Zapotillo, desata una incertidumbre general que obscurece el horizonte, mata la esperanza y acaba con fracturar una comunidad. La crisis del Estado moderno es una crisis de este tipo, instalada y sin resolución.
Los capitales ya no pueden fomentar el desarrollo social de las fuerzas productivas. Su extraordinaria dimensión y la fuerza aplastante de la tecnología los ha vuelto “autónomos”, es decir independientes de toda noción de bien común. El Estado ha dejado de controlarlas y son más bien ellas que controlan al Estado y lo someten a sus imperativos. El Estado “burgués” clásico nunca fue un modelo de respeto del interés colectivo o del “bien general”. Sus intereses se imponían por encima de todos los intereses particulares. Pero la sobre-acumulación del capital desde la década de 1970 ha llevado a la reformulación de todas las reglas de la convivencia social, de tal forma que hoy, todo se reorganiza de manera aplastante en función de los intereses de una concentración jamás vista de los capitales trasnacionales. Los capitales privados parecen haber ganado irreversiblemente la partida contra las fuerzas sociales que los enfrentaron a lo largo del siglo xix y de la primera mitad del siglo xx.
Esta mutación del capital provocó una crisis especifica de lo político, del Estado y del derecho que se suma a la prolongada crisis económica sin resolución desde hace unos cuarenta años. En esta crisis prolongada y sin resolución, el Estado se vuelve incapaz de promover cualquier idea del bien común de la sociedad. Renunciando a cumplir con sus obligaciones, entrega sus prerrogativas y responsabilidades a unos cuantos capitales que desvían y tuercen las instituciones y los espacios de concertación.
A consecuencia de esta mutación, los Estados de la época actual desvían su desproporcionado poder de su objetivo original: garantizar el bienestar general. Mediante este desvío, el Estado desatendió sus responsabilidades tradicionales.
Bajo estas nuevas circunstancias, los Estados traicionan los contratos sociales y la misión que previamente habían definido para la gestión de sus territorios nacionales, la defensa del interés general y la defensa de la soberanía nacional. El peligro histórico de tal vulneración es inseparable del extraordinario proceso de desvalorización que se está desplegando desde el 2007, año de la crisis de los nuevos instrumentos financieros, en el que la mayoría de los Estados abandonaron por completo el último vinculo que los ataba a la responsabilidad del bienestar de la sociedad y se pusieron al servicio de las empresas “demasiado grandes para caer”. Como nunca, los Estados no sólo permiten la comisión de todo tipo de abusos sino que se han convertido en el instrumento general que las empresas transnacionales usan para perpetrar todo tipo de despojos. Esas empresas se valen de una ingeniería constitucional e institucional que allana el camino para la comisión de todo tipo de delitos.
Tal es el trasfondo mundial y epocal que convoca e impulsa el desvío estructural de poder que caracteriza a los Estados modernos y muy especialmente al Estado mexicano que se destaca en el mundo por la firma del mayor número de tratados de libre comercio.
b. La resistencia. La voluntad de vivir con las formas probadas del tejido colectivo y comunitario está siendo asediada por otro modo impuesto arbitrariamente. La palabra de los pueblos en esta preaudiencia manifiesta claramente la certeza de que la comunalidad acrisolada por siglos no es un problema como pretende el poder que intenta destruirla, sino la solución.
Del conjunto de los testimonios y casos que nutrieron la preaudiencia concluimos que el catálogo de agresiones hacia los pueblos está siempre atravesado por una corriente de resistencia, con toda la dignidad cultivada en los modos colectivos de vivir.
Esta resistencia, común a todos los procesos de lucha de estos pueblos por su derecho, contra la represión y los intentos de desaparecerlos, es en realidad la que mantiene los tejidos de la sociedad. La costumbre de resistir es la que mantiene a los emigrantes vinculados a sus comunidades. La terquedad en la cohesión colectiva es la que mantiene a comunidades como San Isidro en pie para reclamar su territorio. La resistencia de las comunidades indígenas la que marca las cuentas largas de los años, porque la experiencia de resistir de los pueblos wixárika y los rarámuri sin perder la identidad, va más allá de los quinientos años.
Ninguna de las comunidades que presentaron los agravios por la desviación de los poderes del Estado en contra de los pueblos colectivos anunció el fin de su lucha. La palabra colectiva más bien reveló que la agresión y los intentos de exterminio no logran apagar la alegría ni la decisión de renunciar a los derechos por tanto tiempo reclamados y negados.
c. Irreparabilidad de los daños. En el marco de las obligaciones generales del Estado mexicano, se encuentra la reparación integral. Así, la obligación consiste no sólo en precaver y asegurar que nada se dañe, sino que si esto sucediera, pueda repararse.
La finalidad de la reparación en general consiste en hacer cesar los efectos y consecuencias de la violación[1]
Los hechos aquí vertidos y analizados, en la dimensión y devastación que se constataron, dan cuenta de que la profundidad de los daños no es reparable. Cada acción que conduce a la ruptura de tejidos sociales, de ecosistemas, de procesos productivos autónomos y sostenibles, no puede restablecerse. De este modo, pensar en la posibilidad de la reparación del daño por parte del agresor —que en estos casos, como hemos visto hasta la saciedad, es vasto y múltiple—, es una enorme ficción.
“Quien daña paga”, es un “lujo” que los agresores se dan dentro del paquete de imposiciones y agravios que infringen a los pueblos. La posibilidad real de reparación no existe. Es el derecho que se arrogan de pagar, si lo hicieran, por dañar, lo cual desvirtúa la esencia del rol de garante de derechos que debe cumplir el Estado.
La reparación integral, la reconstitución de los tejidos, la recuperación de lo perdido como fundamento para volver las cosas a su estado inicial, referente de la reparación, es entendido por muchos pueblos como la necesidad de armonizar el territorio, cuerpo, tiempo y espacio en su conjunto.
Por ello, aunque muchos manifestaron que este escenario de Tribunal hace parte de esa armonización, entendemos que se refieren a los procesos autónomos de esa recomposición que no exime de su responsabilidad al Estado. Esa responsabilidad se concreta en que por lo menos detenga sus demoledoras políticas de agresión que, como se ha dicho, dañarán y no se podrá reparar.
La verdadera reparación como armonización comienza con entender lo que está sucediendo, interpretarlo y compartirlo. Está en el encuentro de los agredidos y en la generación de identidad, en la posibilidad colectiva de reconstituirse. En volver a apropiarse del tiempo y los ciclos propios, de la naturaleza y de la narrativa. De modo que se trastoque la fuerza impositiva de un mundo que han convertido en desechable y sustituible.
La reparación radica en la restitución continua del tejido del sentido, del tiempo del saber que les pertenece en común; la reconstitución de la asamblea en todos los espacios, para recuperar el verdadero poder de generar soluciones, respuestas, encuentros. Es decir, el comienzo de la justicia.
Este cuerpo dictaminador, con base en la acusación, la presentación de los casos, los testimonios y demás elementos aportados, ha podido identificar con claridad los siguientes responsables.
Empresas. Empresas y empresarios, que subordinan la democracia en México a sus intereses particulares, tales como Monsanto, DuPont, Nutrilite, Amway, Minera Tapalpa, constructora Tradeco y las demás mencionadas en esta preaudiencia.
Instituciones del Estado. El Estado mexicano en sus diversos niveles e instancias, que con su acción u omisión sistemáticos, contribuye al socavamiento de la democracia, la justicia y los pactos de convivencia social.
Organizaciones y entidades internacionales. Todas las organizaciones e instancias internacionales, cuyas acciones y omisiones inciden, agravan o avalan el cometimiento de los agravios en contra de pueblos y comunidades.
Con gran reconocimiento al valor de la palabra que hemos compartido en cada momento de esta preaudiencia durante dos días, instamos al movimiento social y a las organizaciones a continuar en esta ruta de resistencia con la que unos y otros nos fortalecemos, ante los planes de devastación. Ese camino que los pueblos indígenas han probado por quinientos años para transformar el dolor en alegría ante el sufrimiento impuesto por el desvío del poder del Estado en contra del país y sus pueblos.
Particularmente, extendemos una palabra de convalidación a la acción activa de tantas gentes enlazadas en redes de muchos nudos, para impedir la entrada de las semillas del maíz transgénico y la violencia contra el maíz nativo. La demanda de la prohibición absoluta de esas semillas mortales está avalada por la palabra unánime de las comunidades y forma parte de los ejes temáticos del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Exhortamos a las organizaciones y comunidades, a construir una utopía operativa de fortalecimiento mutuo a partir de la correspondencia notable que se hizo visible en esta Preaudiencia, entre todas las comunidades participantes. Invitamos a seguir fortaleciendo el diálogo horizontal y a tejer modos de vivir en austeridad compartida, como una responsabilidad colectiva para cortar el paso a las fuerzas de devastación.
Frente a la indolencia impertérrita y el robo de la palabra, conminamos a las organizaciones y comunidades a reapropiarse de la narrativa de sus vidas y sus historias que, puestas en común, tejen desde esa palabra recuperada, el camino de la opción, la posibilidad y la justicia.
Fernanda Vallejo Aristizábal,
acompañante de la defensa de los territorios y modos propios de vida de comunidades indígenas y campesinas en Ecuador durante los últimos veinte años.
Dora Lucy Arias,
abogada del Colectivo José Alvear Restrepo y participante en la Sesión Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos.
intelectual desprofesionalizado.
Alfredo Zepeda, sacerdote jesuita, impulsor del Comité de derechos humanos de la Sierra Norte de Veracruz y de la radio comunitaria La voz de los campesinos.
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Goiburú y otros contra Paraguay. Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153. Párr. 143; Caso de las Masacres de Ituango contra Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 1º de julio de 2006. Serie C No. 148. Párr. 348.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 27
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 resolución 
 resolución