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Timestamp: 2020-07-02 23:38:19+00:00

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Derecho de autor y libertad de expresión | Propiedad intelectual | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
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Regimen de Propiedad Intelectu
DER AUTOR Argentina
Nº 4 - primer semestre 2013 - ISSN 1853-6565 www.cuestiondederechos.org.ar
Libertad de expresión, cultura digital y derechos de autor
Beatriz Busaniche * § Fundación Vía Libre
El presente trabajo da cuenta de la tensión existente entre los derechos de autor y la libertad de expresión en el entorno digital. Aborda, desde una perspectiva histórica, el estado actual de la regulación de propiedad intelectual en Argentina así como las tendencias en materia de observancia a nivel internacional. La implementación de medidas técnicas de gestión de derechos, la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, las regulaciones tendientes al bloqueo de contenidos y la baja de usuarios de Internet, entre otras, dan cuenta de un marco preocupante desde la perspectiva de la libertad de expresión. Sucesivos casos y ejemplos de la situación argentina permiten, además, proponer algunas breves conclusiones sobre el estado de la tensión entre propiedad intelectual y libertad de expresión en nuestro país.
Palabras clave: Propiedad Intelectual, Libertad de Expresión, Responsabilidad de ISPs, Control y acceso a la información, Derechos Humanos.
La libertad de expresión es uno de los derechos más relevantes en el marco de los tratados internacionales de Derechos Humanos. Se trata, sin lugar a dudas, de un principio esen- cial en sí mismo, pero también es considerado un elemento básico para el ejercicio de los restantes derechos fundamentales. La tensión entre la libertad de expresión y los derechos autorales tiene una larga historia, ya que desde el principio las leyes de copyright fueron diseñadas como forma de control estatal de la circulación de publicaciones autorizadas (Lipszyc y Villalba, 2009).
* Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Ha realizado estu- dios de Maestría en Propiedad Intelectual en FLACSO Argentina, y actualmente cursa el Doctorado en Cien- cias Sociales en FLACSO Argentina. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, Carrera de Ciencias de la Comunicación. Trabaja en la Fundación Vía Libre y es Líder Pública de Creative Commons en Argentina. Contacto: bea@vialibre.org.ar
§ Este artículo sintetiza parte del trabajo de Tesis de Maestría en Propiedad Intelectual. FLACSO Argentina titulada “Propiedad Intelectual y Derechos Humanos. Tensiones existentes entre la Ley 11.723 y el marco constitucional de los Derechos Culturales en Argentina.” La presente obra se distribuye bajo una licencia Creative Commons, Atribución, Compartir Obras Derivadas Igual de Argentina. Para más información visi- te http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es_A
Libertad de expresión, cultura digital y derechos de autor - Beatriz Busaniche
Las diferentes tradiciones del derecho de autor y el copyright 1 se vieron históricamente confrontadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. De hecho, el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fruto de la Revolu- ción Francesa, expresaba que “la libre comunicación del pensamiento es uno de los más preciosos derechos del hombre. Todos los ciudadanos pueden, en consecuencia, hablar, escribir e imprimir libremente”. La eliminación de los privilegios de edición fue efímera y restaurada luego en Francia con nuevas leyes que consagraron el derecho de autor como un derecho personalísimo, instaurando una de las dos vertientes clásicas —la del derecho continental del derecho de autor— a diferencia de la tradición del copyright y el common law. Estos derechos impactan en el derecho a la libre expresión (Barrera-Agarwal, 2005).
La relación entre la regulación del copyright y la libertad de expresión está establecida desde los inicios de la historia de los derechos de autor. “El copyright restringe la expre- sión. Restringe lo que los escritores pueden escribir, lo que los pintores pueden pintar, lo que los músicos pueden componer. Prohíbe no sólo la copia literal, sino también la creación de obras totalmente nuevas en tanto contengan incluso pequeños fragmentos de obras ajenas” (Volokh y McDonnell, 1998:2431).
Académicos del derecho como Lemley y Volokh han sostenido que así como la censura previa en relación a discurso vinculado a obscenidad o difamación constituye una viola- ción de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos (que protege la libertad religiosa y la libertad de expresión), la misma lógica debe aplicarse a las infracciones en materia de copyright y propiedad intelectual en general. A diferencia de cualquier otro derecho de propiedad, los derechos de copyright regulan formas de expresión, y por lo tanto deben ser tamizados a la luz de los derechos de libertad de expresión. Cualquier medida que implique una restricción preliminar, o cualquier forma de censura previa o de control en la publicación debe ser sopesada por las garantías del derecho y bajo nin- gún concepto se debe justificar la acción del gobierno para restringir el discurso que está protegido constitucionalmente (Lemley y Volokh, 1998).
Existen numerosos aspectos vinculados a la libertad de expresión afines al debate sobre propiedad intelectual y, por supuesto, numerosos trabajos académicos vinculados a la diversidad temática que esta relación presupone. En relación al debate internacional, los principales académicos que trabajan la tensión existente entre las normas de copyright, las políticas de observancia, las acciones para hacer que los ciudadanos dejen de compartir obras en el entorno digital, y el ejercicio de la libertad de expresión (en particular en el entorno digital) tienen en cuenta una serie de áreas en las cuales es prioritario aplicar los más altos estándares de garantías de libertad de expresión. El entorno digital plantea
1 El Copyright es propio de la tradición del derecho anglosajón, o common law, mientras que la corriente del Derecho de Autor forma parte de la tradición jurídica del derecho continental. En este marco, se definen “la concepción jurídica angloamericana del copyright, de orientación comercial, vigente en los países de tradi- ción jurídica basada en el common law y de la continental europea o latina del droit d’auteur, de orientación individualista, formada en los países de Europa continental y seguida en América Latina y por numerosos países de África y del este de Europa” (Villalba y Lipszyc, 2009:3)
una serie de dificultades específicas, que tienen que ver con la posibilidad de realizar innumerables copias con un costo marginal tendiente a cero y con la facilidad del uso de cualquier equipo digital doméstico. Las actuales corrientes de aplicación y observancia del copyright apuntan a medidas tales como:
• la identificación y establecimiento de restricciones de acceso a obras bajo Copyright, claves de identificación y sistemas de permisos, a través de sistemas de monitoreo y control de lecturas, diseñados e implementados como medidas técnicas de control;
• el establecimiento de un marco regulatorio de protección de las medidas técnicas en sí mismas, tal como plantean los tratados de Derechos de Autor de la Organización Mudial de Propiedad Intelectual (OMPI) y el Tratado de la OMPI sobre Interpre- tación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF);
• la regulación de la responsabilidad de los intermediarios y proveedores de servicios de Internet;
• la desconexión de usuarios de Internet (como en el marco de la Ley HADOPI, o de las tres advertencias en Francia 2 );
• la baja y bloqueo de contenidos de la red (mediante regulaciones como la Ley Sinde en España, fallos judiciales o medidas cautelares como en el caso Cuevana en Ar- gentina, mencionado más adelante).
Todos estos aspectos presentan algún tipo de tensión con las garantías de libertad de expresión, y por eso requieren análisis profundo de sus consecuencias antes de avanzar en su implementación.
En este trabajo daremos cuenta del estado regulatorio en Argentina. Nos detendremos en particular en el marco normativo de la propiedad intelectual, sus orígenes, sucesivas modificaciones y estado actual desde la óptica de la libertad de expresión amparada en las garantías constitucionales en nuestro país. También revisaremos las tendencias actuales en materia de observancia del derecho autoral en el entorno digital.
II. La propiedad intelectual en Argentina
La Ley de Propiedad Intelectual fue aprobada en 1933 y consagra derechos exclusivos a autores y derechohabientes por el lapso de su vida y 70 años tras la muerte del autor. Los derechos exclusivos sobre las obras definidos por la ley comprenden “para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma.”(Ley 11.723) 3 .
2 HADOPI, por su sigla en francés: Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Establece un mecanismo de tres advertencias graduales : primero, un correo electrónico, luego un correo certificado, y finalmente el cierre de la conexión a Internet.
texact.htm
en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/
La norma fue sucesivamente modificada para dar cuenta de una serie de situaciones no- vedosas, como la incorporación del software y las bases de datos a las obras cubiertas por la ley. Entre 1933 y 2009, la ley fue revisada para ampliar el espectro de obras protegidas, extender los plazos de protección, establecer algunas limitaciones y excepciones, agregar penas y sanciones y crear el dominio público pagante 4 . Es decir que la normativa vigente ha acumulado modificaciones a lo largo de los años, pero casi ninguna de ellas se realizó desde la perspectiva de la libertad de expresión.
Un análisis detallado de los cambios sufridos por la Ley 11.723 desde su aprobación en 1933 hasta el presente nos permite evaluar el sentido de los cambios aplicados a la norma. En 1957, bajo el gobierno de Aramburu, la ley de propiedad intelectual sufrió modifica- ciones que incluyeron la extensión de la duración del monopolio de 30 a 50 años tras la muerte del autor y el regreso al dominio privado de obras que ya hubieran entrado al dominio público sin cumplir ese plazo. En 1958 fue creado por Decreto Ley de la misma dictadura el Fondo Nacional de las Artes, y se instauró en Argentina el proyecto rechazado por los legisladores en 1933: la conformación de un dominio público pagante.
Durante la presidencia de Onganía (jefe del ejecutivo fruto de otra dictadura militar conocida como la ‘�evolución Argentina’) se aprobaron varias normas vinculadas a la propiedad intelectual. En 1967 se elevaron las multas establecidas en los artículos 73 y 74 y se incluyó el artículo 74bis para penar la falsa atribución de autoría. Esta norma fue derogada tiempo después. También de estos años datan las inclusiones de las primeras excepciones y limitaciones establecidas en el artículo 36, siendo estas salvaguardas muy limitadas al entorno escolar y a los fines pedagógicos, y posteriormente se incluyeron las interpretaciones por parte de bandas y fanfarrias pertenecientes al Estado nacional en actuaciones libres y gratuitas. 5 Esta excepción se amplió en 1973 a favor de todas las instituciones musicales dependientes del Estado en todos sus niveles, siempre que la actuación fuera gratuita.
La Ley 17.648 de 1968, sancionada también durante la dictadura de Onganía, confirió a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) la exclusividad de la gestión colectiva de autores y compositores, con potestad para ser la única entidad autorizada a percibir y distribuir los derechos generados por la utilización de obras musicales, nacio- nales y extranjeras, incluyendo todo el repertorio disponible en la República Argentina. El Decreto Nacional 5146/69 establecerá luego las formas y atribuciones que asumirá SADAIC en la representación y administración como entidad de gestión colectiva.
La siguiente modificación ocurrirá recién en 1989, con la inclusión del artículo 72bis para detallar y ampliar las penas por la copia ilegal de fonogramas. En 1993 se elevó a 50 el
4 El “dominio público pagante” es una forma jurídica por la cual, una vez que prescriben los plazos de vi-
gencia del derecho autoral, la obra pasa a dominio público, pero en este caso es oneroso. La percepción de la renta pasa de manos del titular al Estado. En Argentina, la explotación comercial de obras en dominio público implica el pago de un monto destinado al Fondo Nacional de las Artes.
5 Véase Art. 36.
número de años para las obras cinematográficas, y en 1997 se extendió una vez más el derecho de los autores de 50 a 70 años postmortem (B.O. 28.731, del 16/09/1989).
En 1998, y tras la firma de los Acuerdos de Propiedad Intelectual aplicados al Comercio en el marco de la Ronda Uruguay de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se produjo una modificación sustantiva de la Ley 11.723. En ese año se incluyeron los pro- gramas de cómputo tanto en fuente como en objeto y las compilaciones de datos, así como detalles vinculados a la titularidad del programa en caso de trabajos por encargo (véase art. 4, inciso d, incorporado en esta modificación), y también incorpora la posibilidad de realizar una única copia de respaldo del programa. De este modo, la ampliación no es ya en tiempo sino en alcance de la ley de propiedad intelectual a un campo antes no cubierto por esta normativa, como son los programas de computadora (Busaniche, 2010).
En 2003, la nueva modificación refirió a la incorporación del Director a la nómina de titulares de derechos en obras cinematográficas. En 2009, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el decreto 124/09 que reconoce a la Asociación Directores Argentinos Cinematográficos como la única entidad representativa para la recaudación y distribución de los derechos de autor de directores cinematográficos y de obras audiovisuales nacionales y extranjeras en todo el territorio nacional.
Mediante el decreto 1914/2006, el Estado Nacional reconoció a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Asociación Civil S.A.G.A.I.) como representante dentro
del territorio nacional de los artistas argentinos y extranjeros en las categorías de actores
y bailarines y sus derecho-habientes para percibir y administrar las retribuciones pre-
vistas en la Ley 11.723 por la explotación, utilización, puesta a disposición interactiva o comunicación al público en cualquier forma de fijación, ya sea en grabaciones u otros soportes audiovisuales. 6
En 2007, a través de una iniciativa del Senador Rodolfo Terragno, se incorporó la excep- ción para instituciones autorizadas de asistencia a personas con discapacidades visuales
En 2009 se produjo una nueva extensión de los derechos, esta vez de intérpretes y produc- tores fonográficos, de 50 a 70 años tras su publicación, con la cláusula de retroactividad que devuelve al dominio privado obras que hubieran entrado a dominio público sin haber cumplido aún los 70 años previstos en la revisión legislativa.
Queda claro tras este resumen que la tendencia en la mayoría de los casos ha sido hacia la ampliación tanto en alcance como en duración, con la institucionalización en paralelo de las entidades de recaudación de los derechos autorales como las entidades de gestión colectiva 7 y con contadas y muy limitadas inclusiones de flexibilidades volcadas en el ar-
6 Decreto disponible en http://www.sagai.org/pdf/decretos_leyes/Decreto_1914_06.pdf
7 Actualmente Argentina cuenta con numerosas entidades de gestión colectiva, entre ellas: SADAIC, Ar-
tículo 36. En este contexto, las posibilidades de ejercer legalmente el derecho de acceso y participación en la cultura en Argentina se ven limitadas por la existencia de esta ley que ha sido modificada regularmente en favor de los titulares de los derechos de autor, dere- chohabientes y entidades de recaudación, que también en Argentina exploran metodolo- gías para hacer cumplir el marco vigente de la propiedad intelectual en el entorno digital.
III. La ley de propiedad intelectual frente a la libertad de expresión
La libertad de expresión está protegida por la Constitución Nacional, por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por Argentina y por leyes nacionales que consagran estos principios, incluso para el ámbito de Internet. La Ley 26.032 consagra las garantías de libertad de expresión en Internet y establece que “la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.” 8
La norma vigente de propiedad intelectual contempla salvaguardas para la difusión de in- formación. En su artículo 28 consagra la libre circulación de las noticias del día al expresar que “las noticias de interés general podrán ser utilizadas, transmitidas o retransmitidas; pero cuando se publiquen en su versión original será necesario expresar la fuente de ellas.” 9 Amplio fue el debate previo a la aprobación de la norma vigente sobre el alcance necesario de la cobertura de propiedad intelectual en relación al trabajo periodístico. Finalmente, el legislador reconoció en 1933 la necesidad de disponer libremente de las noticias del día, independientemente de quién haya sido el periodista o cuál haya sido el medio de comunicación que contara con la primicia. En el mismo sentido se pronun- cia la Convención de Berna en su artículo 1) que indica que “la protección del presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni a los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa.” 10
El artículo 31 de la Ley 11.723 también cuenta con una salvaguarda de la libertad de ex- presión, en este caso vinculada al retrato de las personas en relación al interés público. La ley resguarda el derecho a la imagen, pero establece una excepción al expresar que “es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público.”
gentores, AADI, Capif, SAGAI y DAC, estas últimas reconocidas como tales durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
8 Ver ley 26.032,disponible en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/107145/ norma.htm
9 Ley 11.723. Art. 28. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm
10 El Convenio de Berna puede consultarse en http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.
html#P94_1242
Sin embargo, como bien observó el informe de Consumers International, la Ley de Pro- piedad Intelectual argentina carece de una excepción apropiada para la realización de parodias, que son una forma válida y muchas veces original de la libertad de expresión. En muchos casos la parodia puede ser interpretada como burla o puede constituir senci- llamente una humorada o una reinterpretación política de una obra, por lo que es posible que genere el rechazo del autor original o sus derechohabientes. En consecuencia, una excepción a favor de garantizar el derecho a la parodia es imprescindible a la hora de velar por el ejercicio de la libertad de expresión.
La ley argentina menciona la parodia en los artículos 25 y 26, al expresar que quien pa- rodie una obra con autorización del autor tiene sobre la misma un derecho de coautoría. En tanto, quien parodie una obra del dominio público tiene la titularidad total sobre los derechos de esa parodia, aunque esto no lo habilita a impedir que otros parodien la misma obra original. Se desprende de esta redacción que la ley de propiedad intelectual sólo reconoce legalidad en parodias realizadas con autorización del autor o una vez pres- criptos los derechos privados sobre la obra (Villalba y Lipszyc, 2009:96). Sin embargo, la naturaleza burlona y humorística de la parodia, que muchas veces puede ser una crítica furiosa a la obra original, no siempre recibe la autorización pertinente, por lo que las obras más ácidas y mordaces pueden inmediatamente ser ilegalizadas por un autor o titular de derechos que no simpatice con la crítica.
Existe otra tensión en este caso que tiene que ver con los derechos morales a la integri- dad de la obra y al derecho de transformación consagrado exclusivamente en cabeza del autor o titular de los derechos. “El derecho de transformación es la facultad exclusiva del autor de autorizar la explotación de su obra a través de la creación de obras deri- vadas. La obra originaria -o primigenia, preexistente u obra original como se la llama habitualmente- permanece inalterada, pero como consecuencia de la transformación resulta una nueva obra a la que se denomina obra derivada o subsecuente o de segunda mano. Para que la obra originaria no se confunda con la obra derivada es indispensable que esta última condición se indique claramente. Todas las transformaciones importan utilizaciones de la obra originaria y toda utilización de una obra requiere la autorización del autor.”(Consumers International 2013:189).
El artículo 6bis de la Convención de Berna consagra el ejercicio de los derechos morales al expresar que “el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cual- quier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.” Claramente, este derecho puede colisionar con el derecho a la parodia, salvo que se contemple una excepción que constituya un uso justo de la obra y que bajo ningún concepto confunda la parodia con la obra original, respetando así el derecho moral del autor. Otro tanto ocurre con la crítica literaria que muchas veces requiere de una utilización extensiva de la obra para su análisis, reproducción que podría superar la actual extensión del derecho de cita. En muchas ocasiones, la crítica puede poner en cuestión la integridad de la obra ya que constituye también una forma de adaptación que no necesariamente será del agrado o
aceptación del autor referido. Sin embargo, el derecho a la crítica así como el derecho a la parodia son inherentes a la libertad de expresión. En este mismo sentido, es fundamen- tal la incorporación de excepciones a favor de la adaptación de obras sin fines de lucro para facilitar la divulgación y promoción de la cultura en espacios públicos tales como teatros y centros culturales barriales, escuelas, bibliotecas, entre muchos otros ámbitos reivindicados por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) como espacios públicos para el acceso y promoción de la cultura. La resolución de esta tensión en el marco de los Derechos Humanos torna necesaria una regulación clara que no ponga en riesgo el derecho fundamental a la libertad de expresión.
IV. Libertad de expresión y propiedad intelectual en Internet
Desde finales del siglo XX, la diseminación de tecnologías de información y comunicación y la creciente conexión de los ciudadanos a Internet han puesto sobre la mesa la tensión entre el acceso a la cultura en el entorno digital y la observancia de los derechos de pro- piedad intelectual. En este sentido, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) pusieron manos a la obra para intentar adaptar el derecho autoral al entorno digital. Resultado de ello fue la construcción de marcos internacionales tales como los Tratados OMPI de Derechos de Autor (TODA) y el Tratado OMPI de interpretaciones, ejecuciones y fonogramas (TOIEF), que pretenden actualizar la normativa consagrada en la convención de Berna al entorno digital.
En su trabajo Copyright and Control over New Technologies, Jane Ginsburg (2001) da cuenta de las tensiones históricas entre los titulares de derechos de copyright y los innovadores que lanzaron al mercado nuevas tecnologías que habilitan la copia. Esta larga historia de tensiones cuenta con numerosos capítulos registrados íntegramente en tribunales, donde la justicia debió sopesar la incorporación al mercado y a la vida coti- diana de tecnologías diversas de copiado y la posibilidad de los titulares de derechos de autor de controlar la circulación y los consumos de sus obras.
Un análisis preliminar de la tensión nos permite identificar diversos focos problemáticos en la evaluación de la aplicación del sistema de propiedad intelectual al entorno digital:
el desarrollo de tecnologías de vigilancia y control, las regulaciones de Internet que in- centivan la censura privada (estilo de la Digital Millenium Copyright Act - DMCA) y los sistemas tendientes a desconectar usuarios de Internet, entre otros.
Los tratados de Internet de la OMPI (TOIEF y el Tratado OMPI de Derechos Autorales – TODA) incorporan algunos aspectos problemáticos en relación a la observancia de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. En particular, estos tratados establecen el resguardo jurídico de las tecnologías de restricción de acceso y copia, también conocidas
como Medidas Técnicas de Protección o Sistemas de Gestión Digital de Derechos. Estos sistemas permiten controlar de manera remota los usos de los bienes culturales y tienden a penalizar la elusión de las medidas técnicas de restricción, así como la distribución de programas que permitan hacerlo.
La construcción de tecnologías de control cultural ha sido abordada desde una perspectiva crítica, tal como expresan los trabajos de Siva Vaidhyanathan, quien estudió las políticas de incentivos al desarrollo de estándares tecnológicos incorporados en los sistemas técni- cos para el control remoto de los consumos culturales. Los efectos de la implementación de estos sistemas son antidemocráticos, por el potencial de crear un gran sistema de dominación cultural a escala global. Sin embargo, la consecuencia directa de este tipo de políticas ha sido diferente a la esperada, activando una escalada de activismo y desobe- diencia civil (Vaidhyanathan, 2005). El monitoreo del entorno digital aparecía ya en la última década del siglo pasado como una estrategia clara de observancia. La posibilidad de controlar los hábitos individuales de lectura en el marco de la gestión de derechos de autor en el entorno digital tiene impactos directos en las nociones de libertad de pensa- miento y expresión (Cohen, 1996)
Los sistemas de incentivo al control y la censura privada
Cuando en 1998 el congreso de los Estados Unidos aprobó la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) en el marco de la implementación de los Tratados TODA y TOIEF de la OMPI, se estableció un abordaje propio hacia la definición del marco regulatorio de los proveedores de servicios de Internet en relación a las infracciones al copyright al instalar el sistema de “puerto seguro” y de “notificación y baja” de contenidos publicados por los usuarios. La Sección 512 de la DMCA proporciona un puerto seguro de responsabilidad para ciertos proveedores de servicios, pero opera también como un potencial disparador de litigio contra el proveedor de servicios por parte del titular de derechos de copyright (Zarins, 2004).
Uno de los aspectos clave de la tensión entre propiedad intelectual y libertad de expresión tiene que ver con la definición de responsabilidades de los intermediarios en Internet.
“Los actos de comunicación a través de Internet, sea cual sea su contenido, requieren atravesar una infraestructura tecnológica compleja, compuesta por muy diversos elemen- tos físicos y lógicos, cada uno de los cuales está a cargo de un operador. Por supuesto, la participación de dichos operadores está sujeta a las regulaciones establecidas en cada territorio, sea dentro de la normativa relativa a servicios de comunicación en general o bien, de forma específica, para la prestación de aquellos servicios que son propios de Internet.”(�uiz Gallardo y Lara Gálvez, 2012: 147).
Estos operadores de Internet tienen la capacidad de filtrar e impedir la circulación de información o dar de baja contenidos publicados en sus plataformas. Esto los convierte en actores clave en la tensión entre la libertad de expresión y los derechos de autor, entre otros temas. Es por esta razón que diversas legislaciones del mundo abordan el tema de la circulación de materiales bajo propiedad intelectual en la red desde la perspectiva de incidir sobre estos actores intermediarios, entre los que se cuentan los proveedores de
acceso domiciliario, los proveedores de tránsito de las comunicaciones, los proveedores de alojamiento y servidores de los sitios web, los proveedores de contenidos y otros provee- dores de servicios como los buscadores, foros, redes sociales o correo electrónico, etcétera.
Diversas legislaciones de este tipo han sido aprobadas ya en la región, en particular en los países que firmaron tratados de libre comercio con los Estados Unidos o Europa. Los tratados de libre comercio cuentan con capítulos completos referidos a la observancia y aplicación de los derechos de autor y conexos, estableciendo no sólo procedimientos po- liciales y judiciales, sino también aspectos referidos a medidas tecnológicas de protección (MTP) y limitación de responsabilidad de prestadores de servicios de Internet, tomando como criterio general el antecedente normativo de la Digital Millenium Copyright Act de 1998.
Esta norma, que amenaza convertirse en el estándar internacional en la materia, contem- pla que los proveedores de servicios no serán responsables de los contenidos en infracción si responden en tiempo y forma a las comunicaciones de lo que se denomina “notificación y baja”. Este resguardo, también conocido en la industria de Internet como puerto seguro, ha otorgado cierta estabilidad jurídica a empresas prestadoras de servicios como Google (y en particular su división de videos YouTube) o de redes sociales como Facebook, que responden de manera rápida a los reclamos por infracciones y en varios casos articulan estrategias conjuntas con la industria del entretenimiento para facilitar la aplicación de esta regulación.
Sin embargo, y más allá de que algunos consideran este modelo como una solución equi- librada, el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank LaRue; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Esta- dos Americanos (OEA), Catalina Botero Marino; la Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, Dunja Mijatović; y la �elatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), Faith Pansy Tlakula emitieron una declaración conjunta en la que establecen lineamientos para proteger la libertad de expresión en Internet, en la que critican con énfasis este tipo de regulaciones. En la Declaración emitida el 1 de junio de 2011, en su apartado 2) sobre Responsabilidad de Intermediarios, expresan que:
“a.NingunapersonaqueofrezcaúnicamenteserviciostécnicosdeInternetcomoacceso,bús-
quedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por con- tenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervengaespecíficamenteendichoscontenidosniseniegueacumplirunaordenjudicialque exijasueliminacióncuandoestéencondicionesdehacerlo("principiodemeratransmisión"). b. Debe considerarse la posibilidad de proteger completamente a otros intermediarios, incluidos los mencionados en el preámbulo, respecto de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por terceros en las mismas condiciones establecidas en el párrafo 2(a). Como mínimo, no se debería exigir a los intermediarios que controlen el contenido
generado por usuarios y no deberían estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cance- lación de contenidos que no ofrezcan suficiente protección para la libertad de expresión (como sucede con muchas de las normas sobre "notificación y retirada" [destacado agregado] que se aplican actualmente).”
En esta línea de monitorear, filtrar y dar de baja contenidos supuestamente infractores en la red se enrolan proyectos de tratados internacionales como ACTA (Tratado Anti Falsificación), negociaciones internacionales de comercio como el TPP (Trans Pacific Partnership) o proyectos de leyes nacionales en los Estados Unidos como los casos de SOPA (Stop Online Piracy Act) o PIPA (Protect Intellectual Property Act), todos ellos fuertemente resistidos y debatidos por las organizaciones de defensa de Derechos Hu- manos en Internet.
En Argentina no contamos aún con una regulación específica en la materia, aunque sí existen algunos proyectos de ley como el presentado por el Diputado Federico Pinedo. El proyecto de Pinedo difiere de la tendencia en materia de “notificación y baja” ya que establece mecanismos judiciales por los cuales los damnificados pueden solicitar la baja de contenidos. En este sentido, la notificación fehaciente que constituye “conocimiento efectivo” debe estar expresarse mediante una orden judicial, ofreciendo así una capa más de garantía de debido proceso judicial que la tendencia establecida por la DMCA norteamericana.
Argentina no cuenta con una regulación específica de responsabilidad de proveedores de servicios de Internet, aunque existen proyectos de ley en discusión. Sin embargo, existen casos judiciales que dan cuenta de la inexistencia de esta normativa y que esperan todavía resolución en tribunales. Si bien la mayoría de los casos vinculados a responsabilidad de intermediarios en el país tiene que ver con la honra y reputación de personas que inicia- ron demandas contra empresas proveedoras de servicios de búsqueda en Internet como Google y Yahoo!, el caso paradigmático que involucra aspectos vinculados a la propie- dad intelectual es la demanda de la Cámara Argentina del Libro contra los titulares del portal de Internet Taringa! bajo la figura penal de supuestos “partícipes necesarios” en la infracción de la Ley 11.723 por parte de usuarios de esa plataforma web. La resolución de ese caso, ahora elevado a juicio oral, será determinante para la definición de la res- ponsabilidad o no de los proveedores de servicios de Internet en potenciales violaciones a las leyes de propiedad intelectual hasta tanto no haya un debate amplio, profundo y comprometido en el congreso nacional para definir una regulación clara en la materia.
Filtrado, censura, bloqueo de contenidos
Por su parte, los relatores de libertad de expresión también emitieron recaudos sobre filtrados y censura en la red al expresar que
“el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión— que sólo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual.”
Cabe interpretar de esta afirmación que los casos de posible violación de propiedad in- telectual no son causal de bloqueo o filtrado de sitios web completos o direcciones IP. En Argentina, la causa contra el portal de películas y series Cuevana se caracterizó en principio por el dictado de una medida cautelar que ordenaba el bloqueo de algunas de las páginas disponibles en el sitio web. En sintonía con la declaración de los �elatores de Libertad de Expresión, la solicitud de una cautelar que bloqueara el acceso al sitio fue denegada por la Cámara Federal que confirmó el rechazo a una medida cautelar pro- movida por la cadena televisiva HBO, donde se solicitaba el bloqueo del acceso al sitio web Cuevana por considerarlo desproporcionado. Los jueces entendieron que para que proceda la cautelar se debía determinar si los destinatarios de la misma eran sospecho- sos de algún delito. Como en la instrucción todavía no se estableció, la medida resultaba improcedente. El fallo de Cámara declara que “el resguardo del derecho fundamental de propiedad del que forman parte los derechos vinculados a la propiedad intelectual debe ponderarse con respecto a la protección de otros derechos fundamentales.”
En la tensión entre propiedad intelectual y libertad de expresión también es menester establecer posición ante normativas punitivas de desconexión de usuarios de Internet por infracciones al copyright (como en los casos de Hadopi en Francia). Los relatores de libertad de expresión de los organismos internacionales consideran que
“la negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida extrema que sólo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos restric- tivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos”.
Hasta la fecha, no se conocen proyectos legislativos en este sentido en Argentina.
El problema de los acuerdos privados
Existen varios problemas derivados de la vigencia de una ley notablemente restrictiva y de la falta de regulaciones que ofrezcan seguridad a los diversos actores de Internet. Uno de los principales tiene que ver con la proliferación de soluciones privadas establecidas entre partes involucradas con capacidad de negociación, es decir: entre las empresas y las cámaras del sector de la propiedad intelectual. El actor que queda permanentemente excluido de este tipo de acuerdos es el usuario, el ciudadano que no está representado en ninguno de aquellos sectores pero que hace uso intensivo de Internet. Es, entonces, un derecho difuso el que queda relegado ante estas soluciones privadas. El derecho relegado en estos casos es la garantía de libertad de expresión.
En este sentido, en los últimos meses, la noticia de diversos acuerdos firmados por una empresa cuestionada en los tribunales como Taringa! con las cámaras del sector de la propiedad intelectual y las entidades de gestión colectiva no hacen más que sumar preocu- pación a una situación general compleja en Argentina. Según informaron los medios, en abril de 2013 la empresa Taringa! firmó un acuerdo de cooperación con la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) y la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI). Entre otros aspectos, el acuerdo reconoce
que se promoverá el desarrollo de
“soluciones sustentables para potenciar el desarrollo de las plataformas digitales de cir- culación e intercambio de contenidos, promoviendo a la vez mecanismos que posibiliten la supervisión y el control de la información utilizada por los usuarios y, de ese modo, el ejercicio efectivo de los derechos que asisten a los titulares originarios o derivados de derechos de autor y/o conexos”.
El texto del acuerdo es elocuente y preocupante: las cámaras del sector de la propiedad intelectual se arrogan el derecho de supervisar y controlar la información utilizada por los usuarios, sin que medie orden judicial y sin que se respeten las garantías esenciales de libertad de expresión y acceso a la cultura.
Las políticas de observancia de la propiedad intelectual se han desarrollado en los últimos años con diferentes tendencias: regulaciones y marcos normativos legales, regulacio- nes implementadas mediante arquitecturas técnicas (sistemas DRM y de monitoreo) y acuerdos de partes entre privados. Ninguno de estos avances debe ser habilitado sin que medie previamente una discusión sólida sobre sus impactos en la libertad de expresión. Los Relatores de Libertad de Expresión de ONU, OEA, OSCE y CADHP sostienen que los Estados “tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet y no pueden justificar bajo ninguna razón la interrupción de este servicio a la población, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional”. Mucho menos se debe contemplar el argumento de la propiedad intelectual para justificar medidas de ese tenor:
“Cualquier medida que limite el acceso a la red es ilegítima, a menos que cumpla con los estrictos requisitos que establecen los estándares internacionales para este tipo de accio- nes. […] Acciones como el bloqueo de sitios web constituyen una acción extrema que sólo podría ser justificada conforme a estándares internacionales, como proteger del abuso sexual a menores de edad. También son acciones incompatibles con la libertad de expre- sión los sistemas de filtrado de contenido que no pueden ser controlados por los usuarios, impuestos por gobiernos o proveedores comerciales”.
La gran mayoría de las estrategias de observancia de la propiedad intelectual en el entorno digital van en este sentido. El fortalecimiento y la ampliación de los derechos de autor y la tendencia regulatoria cada vez más restrictiva se deben, esencialmente, a la existencia de grupos de interés organizados que trabajan de manera sistemática hacia esa meta, invierten recursos en esta tarea y consiguen consensos políticos y sociales para llevar las modificaciones adelante. Además, cuentan con estructuras de soporte corporativo, fuer- te vinculación con los medios de comunicación de masas y el apoyo de algunos artistas populares que resultan beneficiados con estas políticas. La desactivación de un discurso único en relación a los derechos de los autores requiere la reconstrucción de estrategias de defensa de los derechos fundamentales, incorporando necesariamente la perspectiva del ejercicio de la libertad de expresión, los derechos culturales, el derecho a la educación desde el sistema integral de los Derechos Humanos.
Es fundamental comprender que toda regulación vinculada a Internet, y en particular las que tienen que ver con la observancia de los derechos de propiedad intelectual, tie- ne directa incidencia en el ejercicio de la libertad de expresión. Por lo tanto, cualquier avance en la materia debe ser sopesado con las garantías constitucionales que amparan este derecho esencial.
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