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TEORÍA DEL CASO EN MÉXICO: UNA APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL
Por Luis David Coaña Be[1]
México se encuentra atravesando un periodo de transformación en la impartición de justicia mexicana, merced a una serie de reformas constitucionales que han introducido conceptos jurídicos novedosos a nuestro país. Una de ellas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, modificó el sistema de enjuiciamiento criminal mexicano tal como lo conocíamos[2] para implantar un sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral cuya implementación y aplicación plantea nuevos y variados retos para todos los actores que intervendrán en él.
Es así como la oralidad, que constituye una de las principales herramientas con que cuenta el sistema para la observancia de sus principios constitucionales rectores, ha cobrado singular importancia en el sistema de justicia penal mexicano, basado ahora, principalmente, en una metodología de audiencias que sustituye la lógica del expediente escrito que tradicionalmente ha imperado en México; por ello, se ha introducido e incluso adoptado al lenguaje legal mexicano, entre otras cuestiones, diversas figuras cuyo conocimiento en el país –al menos en materia penal- eran prácticamente inexistentes. Ello es justamente lo que ha pasado con las denominadas “técnicas de litigación oral”, cuya difusión ha cobrado, a partir de entonces, una inusitada relevancia.
Por ello, como suele ocurrir cuando se introducen figuras novedosas en México, se han disparado los foros, cursos y libros que ofrecen la enseñanza del novel sistema de enjuiciamiento criminal y de las técnicas de litigación oral o “trial techniques” que en dicho sistema se utilizan, siendo una de las que más llaman la atención la denominada teoría del caso o “theory of the case”, como se le conoce en Estados Unidos de Norte América, país de la cual se origina y adquiere su nombre.[3] Basta observar la cantidad de libros, artículos académicos, cursos, conferencias y “expertos” que en el mercado mexicano existen sobre el tema para que podamos advertir la inusitada “importancia” que la teoría del caso ha cobrado en el país.[4]
Ahora bien, pese a la introducción a escala constitucional del proceso acusatorio y oral en México y, por ende, a la necesidad de su interpretación constitucional, el concepto “teoría del caso” ha sido adoptado y -me atrevo a sostener- incluso copiado de libros y manuales provenientes de otros países -principalmente Estados Unidos y Chile- cuya tradición legal[5] desconoce el sistema de justicia penal mexicano y el modo en que éste se debe de entender desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que ha ocasionado que muchos mitos y errores se difuminen alrededor de la misma.
Bajo esa premisa, el presente artículo pretende, en primer lugar, demostrar la manera en que en México se ha definido el concepto “teoría del caso” en la doctrina, para posteriormente, señalar los principales mitos y errores que en la legislación, en la praxis y hasta en la jurisprudencia se han presentado a partir de éstas definiciones, lo anterior con la firme intención de dejar sentadas las bases para un estudio profundo y serio sobre lo que debe ser la teoría del caso para México en materia penal, desde una perspectiva constitucional.
II.- EL CONCEPTO “TEORÍA DEL CASO”.
Para poder hablar del concepto teoría del caso, resulta menester, en primer lugar, acudir a la doctrina del país de la cual se origina, razón por la cual nos abocaremos a brindar una definición de dicho concepto basado en la doctrina emanada de Estados Unidos de Norte América, para posteriormente ver las similitudes que guarda con las definiciones emanadas de la incipiente doctrina mexicana sobre el tema.
1.- En Estados Unidos de Norte América.
En el proceso penal estadounidense, y como ocurre en los sistemas acusatorios, la oralidad –y no la escritura- constituye la herramienta principal con que cuentan las partes para obtener sus pretensiones en las audiencias. De ahí que cobren singular importancia las denominadas “técnicas de litigación oral”, que pueden servir para interrogar testigos, contrainterrogarlos, objetar preguntas y, en general, plantear las diversas pretensiones de las partes. Aquí es donde entra la elaboración de la “theory of the case” o teoría del caso.
Para Thomas A. Mauet, la teoría del caso es “una clara y simple historia sobre lo que “realmente sucedió” desde un particular punto de vista.”[6] Sostiene que ésta debe ser consistente con la evidencia no controvertida y con su propia versión de la evidencia controvertida y la aplicación del derecho sustantivo. No sólo debe demostrarse qué ocurrió, sino que además debe explicar por qué las personas en la historia actuaron de la manera como lo hicieron. Un aspecto central –considera- es que, la teoría del caso, se trata de una historia que debe ser persuasiva.[7]
En ese mismo tenor se expresa Michael McCullough, para quien la teoría del caso constituye
la historia que el abogado quiere que acepte el juzgador. Es la trama para su obra que es el juicio. Como cualquier buena trama, normalmente incluirá ciertos elementos típicamente necesarios para narrar una historia: personajes, escenarios, elementos temporales, acción, sentimientos.[8]
Por su parte, Steven Lubet sostiene que los juicios, entonces, se llevan a cabo para permitir que las partes logren persuadir al juez o al jurado con su propia historia sobre los hechos ocurridos, cuyo contenido debe ser gobernado, por supuesto, por la verdad, o al menos por aquella verdad que se encuentre al alcance del abogado. Luego entonces, la parte que tenga éxito contando la historia más persuasiva debe ganar, aunque adicionalmente a ésta, la historia presentada en el juicio debe estar basada en evidencia admisible, y también debe contener todos los elementos de una acusación o defensa legalmente cognoscible.[9]
Para Lubet, una de las principales tareas de un abogado debe ser la de construir una historia que resulte persuasiva para los intereses de su cliente, para lo cual, deberá usar su imaginación de modo tal que le permita figurarse varios escenarios de entre los cuales deberá elegir aquel que resulte más congruente y una vez hecho esto, organizarlo de modo tal que redunde en una historia persuasiva.
Al respecto debe notarse que, de las tres definiciones esbozadas, se advierte que todas coinciden en que la teoría del caso que las partes formulen en un juicio debe ser persuasiva; empero, aquí debemos recordar que en el sistema de enjuiciamiento criminal estadounidense, quien decide sobre la inocencia o culpabilidad es, generalmente, el jurado, no el juez, por ende, la teoría del caso a que aluden los autores antes citados va dirigida a persuadir a dicho jurado sobre la respectiva versión de los hechos de las partes en conflicto.
Ello nos queda claro, por ejemplo, cuando Skinner sostiene que la teoría del caso es el plan respecto al lugar a dónde dirigirse y la manera en que el abogado deberá conjuntar la ley y los hechos en el caso para llegar a ese lugar.[10] Por ello, una buena teoría del caso debe:
1.- Establecer una lógica y vendible historia;
2.- Ser consistente con cada pieza de la evidencia que se mostrará ante el jurado;
3.- Llevar a una conclusión de inocencia;
4.- Debe poder ser resumida en pocas palabras;
5.- Ser entendible por cualquier persona; y,
6.- Ser interesante.
Puntualiza que el jurado por su parte, debe ser capaz de escuchar, reconocer y entender la defensa antes de “comprarla”.[11]
2.- En México.
Ahora bien, es de llamar la atención que en México el sistema acusatorio y oral, si bien se introdujo en la Constitución Política bajo principios rectores y fines propios, lo cierto es que ello no ha importado a la hora de trasladar figuras provenientes de sistemas procesales extranjeros.
En efecto, al igual que en el resto de los países de América Latina que de manera previa adoptaron el sistema de justicia penal de corte acusatorio, y como se dijo al principio, se ha derramado mucha tinta y derrochado muchas hojas de papel, así como se ha invertido una enorme cantidad de tiempo y dinero en cursos que explican –o tratan de explicar- la teoría del caso; para ello, basta dar cuenta de la enorme cantidad de autores mexicanos que a la fecha han escrito sobre el tema. En ese sentido, no es pretensión de este trabajo dar a conocer a todos los autores mexicanos que han publicado algún trabajo relativo a la teoría del caso, pero sí, por lo menos, sentar las bases sobre la definición que, de forma mas o menos unánime, la doctrina ha dado en México de dicha técnica de litigación oral.
Diana Cristal González Obregón es de las autoras mexicanas pioneras en el tema. Sostiene que el corazón del sistema acusatorio que permite al abogado avanzar desde la investigación y hasta que se le pone fin al conflicto penal es la teoría del caso, la cual define como “la versión explicativa de lo que realmente sucedió en el caso concreto, siendo que ésta resulta vital, pues de ella depende todo lo que haremos no solo en el juicio oral, sino en el proceso penal”.[12]
Para ella, “la teoría del caso dentro del nuevo esquema de justicia penal es la explicación de lo que realmente pasó, de acuerdo a la versión ya sea del Ministerio Público y la de la defensa”,[13] lo que denota claramente que, en su opinión, la teoría del caso es un asunto de “versiones en competencia” en un conflicto de índole penal.
Además, destaca que:
tanto el Ministerio Público como la Defensa deben tener una teoría del caso, como su versión explicativa de lo que realmente sucedió, ya que es a través del contraste y debate de ambas versiones, por medio del principio de contradicción, que los jueces podrán llevar a cabo la valoración de las pruebas, en el esclarecimiento de los hechos y para poder determinar la sentencia correspondiente.”[14]
De lo anterior podemos colegir que para esta autora, la formulación de una teoría del caso en el marco del nuevo sistema de justicia penal mexicano es una cuestión prácticamente obligatoria para las partes enfrentadas en el proceso penal, pues solo de ese modo los jueces podrán valorar las pruebas y determinar el sentido de su sentencia.
A este respecto vale precisar que lo señalado por González Obregón concuerda, en modo casi idéntico, con lo que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 412/2010, en particular en lo relativo al principio de contradicción como principal sustento de la formulación de una “teoría del caso” en México, así como respecto a que ésta es “una versión de los hechos” que otorgan las partes. De igual modo, la obligatoriedad en la formulación de la teoría del caso a que alude esta autora también coincide con lo previsto en el Código Procesal Penal para el Estado de Quintana Roo, ya abrogado. Sobre este tema en particular abundaremos más adelante.
Por su parte, Erika Bardales Lazcano sostiene que la teoría del caso es
el punto más importante del nuevo sistema, toda vez que es el momento y la forma en que todas las proposiciones fácticas (hechos) se adecúan a proposiciones jurídicas (dogmáticas); es decir aun cuando esta teoría no se entregue al Juez de Control o al Tribunal Oral debe ser el guión indispensable para el Agente del Ministerio Público y la defensa.”[15]
Así –señala- la teoría del caso debe plantearse inicialmente como hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, la cual se convierte en teoría al finalizar y tiene la característica de poder modificarse y ajustarse hasta antes de comenzar el juicio oral o incluso durante la sustanciación de éste.[16]
Por su parte, Casanueva Reguart, otro de los pioneros en abordar el tema del sistema acusatorio en materia penal y, concretamente, el de los juicios orales en México, así como en introducir a la discusión mexicana el tema de la teoría del caso, sostiene que “la presentación de la teoría del caso se realiza, entre otras oportunidades, a través del alegato de apertura.”[17]
Y puntualiza que
el alegato de apertura contiene todos los elementos de la teoría del caso; es una narración persuasiva de los hechos (elemento fáctico), de los fundamentos jurídicos que permiten soportar legal y doctrinalmente la tesis (elemento jurídico) y de las pruebas que lo demuestran, las cuales serán desahogadas en el debate (elemento probatorio). Es por ello, que para comunicar efectivamente la teoría del caso, resulta de trascendental importancia fijar, desde el primer momento, el tema de la misma y repetirlo varias veces durante la apertura; igualmente importante, plantear los temas motivo de la controversia.[18]
Nataren Nandayapa y Ramírez Saavedra señalan que la metodología de la litigación en los juicios orales consiste en primer lugar en construir una teoría del caso adecuada y dominar la técnica para ejecutarla con efectividad.[19] Por ello, brindan una serie de aproximaciones intentando definir lo que entienden por teoría del caso:[20]
1.- Una teoría del caso es la verdad que sostiene cada parte de acuerdo con su conocimiento e interpretación de lo sucedido, la cual está necesariamente influida por los intereses particulares que representa.
2.- Una teoría del caso es el relato de lo sucedido de acuerdo con el punto de vista específico de cada una de las partes.
3.- Una teoría del caso es la articulación coherente y ordenada de las proposiciones fácticas que sustentan la posición jurídica del litigante .
4.- Una teoría del caso es la guía que debe orientar la actividad del litigante durante el proceso.
También sostienen, en concordancia con los autores mexicanos anteriormente analizados, que una teoría del caso se debe formular al expresar el alegato de apertura del juicio oral, siendo que durante el alegato final será el momento decisivo a fin de que los abogados de las partes en pugna argumenten para darle solidez y consistencia a la teoría del caso de cada parte.
Por su parte, Ruiz Sánchez entiende por “teoría del caso” la planeación de ideas nacidas sobre los hechos manifestados por el ofendido, víctima o un tercero que alteran una realidad en perjuicio del titular de uno o varios bienes jurídicos protegidos en la norma penal general o especial, cuyos hechos se imputan al sujeto activo, siendo materia de exposición ordenada con base en una metodología específica ante el juez de juicio oral mediante los alegatos correspondientes.[21]
También significa la relatoría de los hechos por las partes de lo que realmente pasó y cómo pasó, tipificados en un marco legal. Señala que
No hay que confundir la teoría del caso con la teoría del delito. La primera sirve para orientar la estrategia de imputación ministerial durante todo el proceso penal.
Esta última teoría no es indispensable para la elaboración y exposición de los alegatos de apertura, ya que en éstos únicamente se hará un resumen oral de los hechos que acaecieron en el pasado y que son posiblemente constitutivos de delito, resaltando el bien jurídico supuestamente violado y explicado (sic) por qué se considera importante para el Estado o la sociedad.”[22]
Este autor sostiene constantemente la idea de que la teoría del caso es propia de los sistemas acusatorios-adversariales y que el origen de ésta se encuentra en el sistema penal anglosajón.
Hasta aquí con las definiciones que de teoría del caso han dado los autores mexicanos, aunque desde luego, tal como señalamos en párrafos precedentes, una revisión exhaustiva de la literatura mexicana existente hasta ahora sobre el nuevo sistema de justicia penal nos permite concluir que el catálogo de definiciones puede ampliarse considerablemente.
III.- PRINCIPALES ERRORES
En México, la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 18 de junio de 2008 estableció una serie de parámetros constitucionales para el novel sistema de enjuiciamiento criminal acusatorio y oral que constituyen un “piso mínimo” de derechos y garantías que no pueden ser inobservados a la hora de su implementación en todo el territorio del país. Concretamente, la nueva redacción del artículo 20 constitucional, que para algunos constituye “el corazón” de dicha reforma, establece, entre otros supuestos, los siguientes:[23]
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado.”
En el mismo artículo 20, inciso B) fracción I de la Carta Magna Federal se dispuso lo siguiente:
I.- A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;”
De lo anterior podemos observar que el artículo 20, inciso A) establece que el proceso penal en México tendrá un carácter eminentemente acusatorio, con la oralidad como principal herramienta para hacer valer los principios de publicidad, contradicción, inmediación, concentración y continuidad, los cuales son rectores de las audiencias que se celebren.
De igual modo, establece que el proceso penal tendrá por objeto:
procurar que el culpable no quede impune; y,
Así mismo, la fracción V) del inciso A) del artículo constitucional en comento dispone con claridad que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora (Ministerio Público o víctima en ciertos casos) según lo establezca el tipo penal, teniendo las partes igualdad procesal para formular sus pretensiones. En concordancia a lo anterior, la fracción VII del propio inciso A) establece que el juez solo podrá condenar cuando exista convicción de la culpabilidad del acusado, siendo de suma importancia confrontar esta última fracción con lo previsto en el inciso B) fracción primera del propio artículo 20 que establece la presunción de inocencia a favor del inculpado hasta en tanto no se emita una sentencia de carácter condenatorio en su contra.
Sin embargo, pese a las disposiciones constitucionales anteriormente transcritas, desde el momento en que se publicó la reforma constitucional en análisis, en México se ha tratado de introducir, definir, explicar y hasta normativizar el concepto “teoría del caso” (theory of the case como se le conoce en Estados Unidos de Norte América), copiándolo de sistemas de enjuiciamiento penal extranjeros cuya tradición legal –como ya se dijo- no toma en consideración los postulados que para el novel proceso penal mexicano establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Basta, como muestra, leer cualquier manual de litigación estadounidense[24] para advertir que, al hablar de la teoría del caso, en México se ha copiado casi íntegramente la definición dada en esos manuales, por ejemplo, sustituyendo la palabra “Jurado” por “Juez” -como si se tratara de sujetos procesales idénticos- a quien las partes deberán contarle una “historia” basada en “su versión de los hechos”[25] con la finalidad de persuadirlo, olvidando –insisto- que en México se han incluido postulados desde la Carta Magna Federal para el sistema procesal penal acusatorio y oral mexicano, los cuales no pueden ser soslayados a la hora de explicar la manera como se debe entender el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal mexicano; pero además, también se olvida que México cuenta con una tradición legal proveniente de la familia romano-germánica desde la cual, en materia penal, se ha adoptado y positivizado a la teoría del delito; de ahí que, en palabras de Moreno Holman, “un estándar de convicción adoptado en función de la prueba producida en el juicio sobre cada proposición fáctica, debe conducir a la acreditación de los elementos del tipo objetivo y subjetivo”,[26] tal como dispone la propia fracción V del mencionado numeral 20 de la carta magna mexicana y no así a “persuadir” al juez como se afirma en la incipiente doctrina mexicana.
Es de llamar la atención que no solo la literatura especializada ha “adoptado” mal el concepto, sino también la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 412/2010, señaló:
el nuevo sistema procesal penal, garantiza a través del principio de contradicción, la igualdad procesal de las partes que consagra la fracción V del artículo 20, Apartado A, en la medida en que a las partes procesales se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria, para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio la manera cómo formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Esto es, tanto el Ministerio Público, como el imputado y su defensor deben exponer al juzgador su versión de los hechos, con base en los datos que cada uno de ellos aporte a fin lograr convencerlo de su versión, la cual ha sido denominada en la literatura comparada como “teoría del caso”, definida en el libro Trial Techniques de Mauet Thomas A; Aspen Law & Business, Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, New York 5ª. Edición 2000, página 24, como una clara y simple historia sobre lo que “realmente sucedió” desde su propio punto de vista. Debe ser consistente con la evidencia no controvertida y con su propia versión de la evidencia controvertida y la aplicación del derecho sustantivo. No sólo debe demostrar qué ocurrió, sino que además debe explicar por qué las personas en la historia actuaron de la manera como lo hicieron… Debe ser una historia persuasiva que será la base de su evidencia y argumentos durante el juicio.
La teoría del caso se constituye así, en la idea central o conjunto de hechos sobre los que versará la participación de cada parte a fin de explicarlos y determinar su relevancia, dotándolos de consistencia argumentativa, para establecer la hipótesis procesal que pretende demostrarse y que sustentará la decisión del juzgador, la cual tendrá que vincularse con los datos que se aporten para desvirtuar aquéllos en que se apoyen las afirmaciones de su contraparte; esta intervención de las partes procesales puede resumirse de la siguiente manera: presentación, argumentación y demostración. La teoría del caso precisamente se basa en la capacidad narrativa de las partes para dar contexto a su teoría jurídica, ya sea ésta la de acreditar un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, o bien, alguna excluyente de responsabilidad o la destrucción de la proposición que se realice en contra del imputado, desvirtuando las evidencias en que ésta se apoya.
Todo lo anterior, tendrá que persuadir al juez -quien actúa como un tercero imparcial-, al analizar las teorías del caso y que constituyen lo que realmente sucedió -de acuerdo al punto de vista de quien las planteó- y los datos en que se apoya cada una de éstas, con el objeto de establecer la verdad formal o procesal, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, cobrando con ello plena vigencia el principio de legalidad en materia penal.”[27] (el subrayado es propio)
Como podemos ver, la Primera Sala del Alto Tribunal ha -literalmente- copiado el concepto de la doctrina estadounidense y lo ha definido para México como la versión de los hechos que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor deben exponer al juzgador con base en los datos que cada uno de ellos aporte a fin lograr convencerlo de su versión[28]; soslayando que, como hemos visto, la propia Carta Magna Federal establece que el proceso penal tiene, entre otros objetos, el esclarecimiento de los hechos, el cual a su vez, va ligado a la carga de la prueba que en el proceso penal le corresponde al Ministerio Público, quien conforme a la redacción del tipo penal y con base en evidencia admisible, deberá demostrar la veracidad de su acusación con el fin de generar una convicción en el juzgador que le permita obtener una sentencia condenatoria, en tanto que, a favor del acusado permea, entre otros derechos, la presunción de inocencia a lo largo de todo el proceso penal; lo que en nuestra concepción implica que, por un lado, el juez, al dictar sentencia, debe hacer una afirmación verdadera sobre los hechos del caso y sobre la pertinencia del derecho y de la evidencia ante él desahogada, todo lo cual nace precisamente de la exigencia del principio acusatorio establecido a nivel constitucional, es decir, el juez debe exigir a los acusadores que lo convenzan o –si así se quiere utilizar la expresión- lo “persuadan” de la verdad de su acusación, lo que implica que, contrario a lo que se enseña en la gran mayoría de la literatura mexicana y lo que se expone en la resolución del Alto Tribunal, en un proceso de corte acusatorio como el mexicano, la única parte a la que se debe exigir la formulación y consecuente acreditación de su “teoría del caso” es a la acusadora, por lo que dicho concepto no puede tratarse de un asunto de “versiones en competencia” entre las partes, ni mucho menos de un formalismo obligatorio para las partes.
Refuerza lo anterior lo sostenido por Moreno Holman cuando señala que
el proceso, consciente o no de elegir entre dos tesis contradictorias, parte del supuesto errado de una igualdad de estándares de acreditación. En efecto, dada la carga probatoria que posee el ente persecutor, el relato fáctico del fiscal no compite sólo con el relato alternativo de la defensa, sino con la misma presunción de inocencia. Ésta, como se verá más abajo, plasmada funcionalmente también en el estándar de convicción, implica sustentar en la resolución judicial que la imputación sostenida por el fiscal no es la única explicación razonable o plausible del caso, pues de no ocurrir aquello, se deberá absolver, independientemente de que la defensa haya sostenido o no una tesis fáctica alternativa a la del Ministerio Público.”[29]
Otro error que se ha sostenido, es el relativo a que, con la teoría del caso, se supera a la teoría del delito en el proceso penal mexicano, misma que desaparecería en este sistema[30]; soslayando lo previsto en la propia fracción V del inciso A) del artículo 20 constitucional, que señala claramente que la acusación deberá ser formulada conforme las exigencias del tipo penal, por lo que no puede sostenerse –como se ha dicho en distinto foros- que la teoría del caso sustituye a la teoría del delito, pues resulta evidente que al hablar de tipo penal necesariamente se está hablando de teoría del delito.
La confusión generada merced a las equívocas definiciones que sobre teoría del caso se han dado para México ha sido tal, que ésta había sido incluso positivizada en los Códigos Procesales Penales de los Estados de Durango y Quintana Roo.
En efecto, el Código Procesal Penal del Estado de Durango, establece en la sección 9 del Capítulo III, relativo a la Etapa de Juicio Oral, lo siguiente:
“Artículo 380.- Apertura de la audiencia.
El día y hora fijados, el tribunal se constituirá́ en la sala de audiencias con la asistencia del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de los demás intervinientes. Asimismo, verificará la disponibilidad de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que hubieren sido citadas a la audiencia, la declarará iniciada y dispondrá que los peritos y los testigos abandonen la sala.
Cuando un testigo o perito no se encuentre presente al iniciar la audiencia, pero haya sido debidamente notificado para asistir en una hora posterior y se tenga la certeza de que comparecerá́, el debate podrá́ iniciarse.
El titular del órgano jurisdiccional que presida la audiencia señalará la acusación que deberá́ ser objeto del juicio contenida en el auto de apertura de juicio oral, los acuerdos probatorios a que hubiesen llegado las partes y advertirá́ al acusado que deberá́ estar atento a lo que oirá́.
Enseguida, concederá́ la palabra al Ministerio Público para que exponga su acusación o teoría del caso y, posteriormente, se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá́ exponer los fundamentos en que base su defensa o teoría del caso.”
Por su parte, el Código Procesal Penal para el Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial el 17 de febrero de 2012, establece en el Título sexto, un capítulo único dedicado a la teoría del caso:
Artículo 168. Teoría del caso
Se entenderá por teoría del caso a la actividad intelectual de construcción, revisión y confirmación de una versión central que el Ministerio Público o el acusador privado o la defensa hacen sobre los hechos de relevancia penal, extraída de la conjunción de las hipótesis fáctica, jurídica y probatoria, a cuya guía se articularán sus actuaciones y estrategias a desarrollar respecto al caso concreto, en las distintas audiencias de la fase preliminar o de preparación, y sobre todo en la audiencia de juicio oral, la cual se expondrá, de acuerdo con el objetivo de la audiencia, explicativamente y con propósitos persuasivos ante el juez de control o el Tribunal de juicio oral.
Artículo 169. Características.
Para que la teoría del caso sea útil, la misma deberá cumplir con las siguientes características: deberá ser única, sencilla, lógica, creíble, suficiencia jurídica y flexible.
Artículo 170. Deber de construcción
En todo caso, en su actuación, en el pronunciamiento de sus decisiones y peticiones el Ministerio Público deberá sujetarse de un modo coherente y verosímil a su teoría del caso.
El defensor, en cambio, podrá optar por la construcción de una teoría del caso alternativa o elegir una defensa negativa; pero en todo caso, de elegir la primera o combinar ambas modalidades, sus peticiones y argumentos deberá orientarlos de un modo coherente y verosímil a su teoría del caso.
Artículo 171. Decisiones judiciales
Para el pronunciamiento de sus decisiones o resoluciones los jueces atenderán también a la teoría del caso que le sean planteadas por las partes en sus peticiones o actuaciones.”
En este propio Código, se advierte en su artículo 409 lo siguiente
“Artículo 409. Discusión final y cierre del debate
Terminada la recepción de las pruebas, el que preside concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, a la parte coadyuvante, al actor civil y al tercero civilmente demandados si los hubiere, y al defensor del acusado, para que, en ese orden, emitan su teoría del caso a través de sus alegatos de clausura.”
Al respecto debe precisarse que, debido a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en ambas entidades federativas, fueron abrogados los mencionados códigos adjetivos por las respectivas legislaturas locales, empero, resulta particularmente alarmante que, en México, la teoría del caso haya tomado un carácter más allá de una mera técnica de litigación oral –como lo es en Estados Unidos de Norte América- y se haya convertido, incluso, en una norma cuya formulación resulta imperativa para ambas partes en el juicio oral,[31] lo cual comulga con las ideas plasmadas en las definiciones que vimos de manera previa en la doctrina mexicana analizada; de ahí que estimemos que el error que nació en la doctrina, lamentablemente, se trasladó a los Códigos.
Peor aún, la equívoca interpretación ha llegado incluso a la praxis en los Tribunales tanto Federales como Locales, a grado tal que han señalado en sendas tesis jurisprudenciales que la teoría del caso es una especie de “derecho procesal” de las partes en el proceso penal acusatorio cuya omisión constituye una violación que amerita su reposición.
En efecto, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito recientemente emitió una tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes:[32]
TEORÍA DEL CASO EN LOS JUICIOS ORALES DE CORTE ACUSATORIO. LA OMISIÓN DE LA DEFENSA DEL INCULPADO DE FORMULARLA PREVIAMENTE AL INICIO DE ÉSTOS, OBLIGA AL JUEZ A SU PREVENCIÓN PARA SANEAR ESTE DEFECTO, DE LO CONTRARIO, SE INFRINGEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE OBLIGA A REPONERLO POR TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCXLVIII/2011 (9a.) derivada de la contradicción 412/2010, de rubro: “SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. TEORÍA DEL CASO.”, destacó la trascendencia de la teoría del caso en la observación al derecho de igualdad procesal que rige en los juicios orales, previsto en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Federal, aduciendo que, mediante su formulación, las partes pueden escuchar los argumentos de su contraria para apoyarlas o debatirlas y observar desde el inicio la forma en como formularán sus planteamientos en presencia del juzgador. Asimismo, la definió como la idea central o conjunto de hechos sobre los que versará la participación de cada parte, a efecto de explicarlos y determinar su relevancia, dotándolos de consistencia argumentativa para establecer la hipótesis procesal que pretende demostrarse y que sustentará la decisión del Juez. De ahí que dicha teoría se basa en la capacidad argumentativa de las partes para sostener sus pretensiones dentro del juicio; por lo que su construcción permitirá al litigante afrontar con solvencia el debate oral. Así, una preparación adecuada coadyuvará a conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del caso y facilitará la organización de los medios de prueba para su presentación en el juicio. Por ello, debido a la trascendencia de su diseño, debe considerarse una formalidad del procedimiento, la cual, si no se advierte satisfecha previo al juicio oral, el Juez, en términos del artículo 24 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, debe llamar la atención del imputado y su defensa para que estén en aptitud de sanear esta infracción procesal. Lo anterior, porque permitir el inicio de juicios sin la teoría del caso, llevaría al absurdo de sustanciar procedimientos sin objetivos precisos, que pudieran derivar en la emisión de actos de autoridad ociosos, incongruentes o dilatorios, en tanto que no se conoce lo que se pretende probar durante el juicio, ni las pruebas que servirán de sustento para ello. En tal virtud, si el juzgador al inicio de la etapa de apertura a dicho juicio, advierte que el abogado del inculpado omite exponer los argumentos en que fincará su defensa, cuando en términos de los artículos 304, inciso A), fracción III y 309 del citado código es el momento para hacerlo, ello trasciende al fallo, por lo que debe ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que sea saneada dicha infracción, previniéndolos para que presenten una exposición abreviada de sus pretensiones, mediante la expresión de los argumentos que consideren necesarios, señalen los medios de prueba que producirán en juicio para demostrarlos e incluyan los relativos a la individualización de las sanciones. Lo anterior, no contraviene el principio de presunción de inocencia, si se considera que dicha máxima subyace en favor de los imputados hasta en tanto aparecen suficientes medios que los incriminen en el hecho ilícito atribuido; ante lo cual, éstos deben desvirtuar tales incriminaciones, pues no es válido en su favor el silencio o la simple negativa. Sin que se soslaye que la estrategia de la defensa sea la de no aportar pruebas, extraer elementos en su favor de los medios de convicción ofertados por el fiscal durante su desfile y esperar que éste demuestre su culpabilidad pues, en este supuesto, así debe exponerse en la formulación de su teoría del caso, dado que será el medio de defensa por el cual se pretenderá alcanzar la absolución frente a la acusación hecha al imputado. Por último, se advierte que el principio de contradicción rige para los juicios orales de corte acusatorio, el cual sólo se entiende observado cuando tanto la defensa como el fiscal fincan sus respectivas teorías del caso, las cuales, una vez conocidas por sus oponentes, podrán ser contradichas en un plano de igualdad procesal.
Por su parte, la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca emitió el precedente que a continuación se cita[33]
ALEGATOS DE APERTURA, SU FALTA CONLLEVA A LA REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO. El sistema acusatorio, adversarial y oral estatuye diversas formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra la formulación de alegatos de apertura, que conforme al artículo 364 párrafo tercero del Código Adjetivo de la materia, tiene la finalidad de que el ministerio público, en su caso el acusador coadyuvante y la defensa hagan el planteamiento de su teoría del caso. De tal suerte, que cuando el juzgador omite su desahogo, infringe reglas fundamentales que norman el desarrollo del juicio; cuestión que impele para que el Tribunal de Alzada, al advertir esa trasgresión ordene la reposición del procedimiento, con la finalidad de que el resolutor primario, señale nueva fecha para que se verifique la audiencia y proceda en términos del citado numeral; sin perjuicio de que se puedan convalidar las pruebas ya desahogadas, por producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas, en razón de que la reposición decretada garantiza el debido proceso y salvaguarda la igualdad de las partes.
IV.- HACIA UNA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA TEORÍA DEL CASO EN MÉXICO.
Resulta evidente que en México se ha sobredimensionado el tema “teoría del caso” en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, a grado tal que ésta se ha vuelto, incluso, más importante que el propio proceso.
Lo anterior queda claro cuando advertimos que, lo que era –o debió ser- una simple técnica de litigación oral, se volvió norma e interpretación jurisprudencial, partiendo de las erróneas definiciones que sobre dicho concepto se han brindado para México, mismas que han sido extrapoladas de tradiciones legales que desconocen totalmente el sistema de justicia penal acusatorio y oral mexicano.
Así, la principal razón para estudiar – con seriedad- a la teoría del caso y, analizarla, tanto en sus implicaciones positivas como aquellas negativas, nos la ofrece Alberto Binder, con quien compartimos la idea de que la teoría del caso, “posiblemente el núcleo de la litigación en los sistemas adversariales, necesita todavía esclarecimiento, divulgación y hasta adaptación terminológica a nuestras nuevas realidades procesales”.[34]
Como podemos ver, para este importante tratadista en materia procesal penal, la teoría del caso que se asoma a la nueva realidad latinoamericana en materia de procesos penales, parece y resulta novedosa. De hecho, ningún procesalista importante había escrito sobre la misma sino hasta la transformación de los sistemas de enjuiciamiento criminal latinoamericanos, como igualmente no lo han hecho en Italia Luigi Ferrajoli, o en España Juan Luis Gómez Colomer o Julio Banacloche, o bien en Alemania Bernd Schünemann, por citar algunos ejemplos. Igualmente, no lo ha hecho ninguno de los pensadores centroamericanos, cuyas legislaciones nacen incluso antes del Código de Procedimientos Penales de Chile.[35]
Partiendo de todo lo anterior, resulta evidente la necesidad de responder, en primer lugar, si la teoría del caso es, puede ser y/o conviene que sea el “núcleo de la litigación en los sistemas adversariales”, como especula Binder. Pero, igualmente, resulta necesario esclarecerla para determinar si conviene divulgarla (como de manera exagerada se ha hecho en la doctrina en México) y, especialmente, adaptarla terminológicamente a nuestras nuevas realidades, sobre todo si tomamos en cuenta que aun cuando en México el proceso acusatorio pueda haber sido exportado desde alguna legislación foránea, lo cierto es que se introduce –de manera obligatoria para todo el país- en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, exige junto con la interpretación procesal una interpretación de índole constitucional.
En ese sentido, una posible solución nos la ofrece, por ejemplo, Hesbert Benavente, cuando señala, en una definición totalmente alejada de las anteriormente esbozadas, que la teoría del caso deviene en el constructo argumentacional que no se limita a las tradicionales preguntas socráticas del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, sino debe corresponder a la relación dialéctica de las teorías del hecho, del delito, y sus consecuencias jurídicas, así como de la prueba, generando líneas de investigación y de litigación, según el estadio procesal en que nos encontremos, que logren gestionar el conflicto a través del esclarecimiento de los hechos, la reparación del daño y, sobre todo, el respeto a los derechos humanos;[36] directrices todas las anteriores que consideramos sí tienen un sustento constitucional. Editor y Distribuidor-INMEXIUS, 2014, p. omentado, Flores Editor y Distribuidor-INMEXIUS, socrRica y El Salvador en 1998, en ta
Pero al margen de la propuesta anterior, que desde luego amerita ser tomada en cuenta, lo que sí queda claro, por ahora, es que la teoría del caso es -o debe ser- aquí y en su país de origen una técnica de litigación oral que bien puede ser utilizada por las partes o no; pero en modo alguno puede admitirse su positivización en la legislación mexicana, tal como lo habían hecho los Códigos Procesales Penales de Durango y Quintana Roo, o bien otorgarle un rango de “derecho procesal” como lo han hecho ya algunos Tribunales en el país, pues de este modo la técnica se vuelve norma y, por ende, su formulación para las partes ya no es optativa sino obligatoria.
Por último, debemos tomar en consideración que todavía nos encontramos en plena etapa de implementación del novel sistema de justicia penal de corte acusatorio y que recién se modificó el artículo 73 de la propia Carta Magna Federal para volver competencia exclusiva de la federación la legislación en materia procesal penal, lo que ha permitido la emisión de un Código Nacional de Procedimientos Penales[37] que busca homologar la forma en que se llevan a cabo los procesos penales en el país.
Bajo esas premisas, si tomamos en cuenta que, en palabras de Roxin, “el derecho procesal penal constituye el sismógrafo de la Constitución de un Estado”[38], entonces nos encontramos ante una oportunidad inmejorable de enderezar el rumbo y de –utilizando las palabras de Binder– esclarecer y adaptar terminológicamente la teoría del caso a la realidad mexicana, desde una interpretación que –como ya sostuve- abrace los diversos postulados que para el proceso penal acusatorio mexicano establece nuestra Carta Magna.
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Docente certificado por la SETEC. Doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal por el INACIPE.
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Tesis: “TEORÍA DEL CASO EN LOS JUICIOS ORALES DE CORTE ACUSATORIO. LA OMISIÓN DE LA DEFENSA DEL INCULPADO DE FORMULARLA PREVIAMENTE AL INICIO DE ÉSTOS, OBLIGA AL JUEZ A SU PREVENCIÓN PARA SANEAR ESTE DEFECTO, DE LO CONTRARIO, SE INFRINGEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE OBLIGA A REPONERLO POR TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).” Época: Décima Época, Registro: 2006728, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 13 de junio de 2014 09:37 h, Materia(s): (Penal), Tesis: XVIII.4o.9 P (10a.)
[http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=teoria%2520del%2520caso&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=2006728&Hit=1&IDs=2006728,2005901,160185&tipoTesis=&Semanario=1&tabla=] (consultado el 4 de julio de 2014)
[http://www.pjedomex.gob.mx/web2/] (Consultado el 1 de julio de 2014)
Código Procesal Penal para el Estado de Quintana Roo.
[1] Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Penal de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
[2] Denominado por la doctrina mayoritaria como “inquisitivo-mixto”. Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Del sistema inquisitorio al moderno sistema acusatorio en México, SCJN, México, 2011, p. 516.
[3] Así lo afirma, por ejemplo, Jiménez Martínez, Javier, en Los planteamientos de las partes en el juicio oral (ensayos de recopilación para una antología), 2ª ed., México, Raúl Juárez Carro, 2012 (Juicio Oral, 1), p. 19.
[4] Como ejemplo de producción literaria en México sobre teoría del caso podemos observar los siguientes: Hidalgo Murillo, José Daniel, Investigación policial y teoría del caso, México, Flores Editor y Distribuidor, 2011; Benavente Chorres, Hesbert, La aplicación de la teoría del caso y la teoría del delito en el proceso penal acusatorio y oral, 2ª ed., México, Flores Editor y Distribuidor, 2012; Jiménez Martínez, Javier, El aspecto jurídico de la teoría del caso. Teoría de la imputación penal, México, Ángel Editor, 2012; Hidalgo Murillo, José Daniel, Hacia una teoría del caso mexicana, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), 2013 (Juicios Orales, 5); Osorio y Nieto, César Augusto, Teoría del caso y cadena de custodia, 2ª ed., México, Porrúa, 2013; Ortiz Ruiz, José Alberto, Teoría del caso (análisis y aplicación en los juicios orales en México), México, Flores Editor y Distribuidor, 2014. Cabe mencionar que éstos son solo ejemplos de libros que en el título contienen el concepto “teoría del caso”, sin embargo, prácticamente toda la literatura que se ha producido en México sobre el proceso penal acusatorio y oral incluye, de un modo u otro, un capítulo –o varios- dedicados a la teoría del caso. Véase a manera de ejemplo: González Obregón, Diana Cristal, Manual práctico del juicio oral, 3ª ed., México, Tirant lo Blanch-INACIPE, 2014. Lo anterior, amén de los múltiples cursos y conferencias que se ofrecen en diversas instituciones cuyo tópico central es, precisamente, la teoría del caso.
[5] Entendiendo el concepto “tradición legal”, como aquel conjunto de actitudes profundamente arraigadas e históricamente condicionadas, acerca de la naturaleza del derecho y del papel que éste juega en la sociedad y el cuerpo político, acerca de la organización y la operación adecuadas de un sistema legal y acerca de la forma en que se hace o debiera hacerse, aplicarse, estudiarse, perfeccionarse y enseñarse el derecho. Vid Merryman, John Henry, La tradición jurídica romano-canónica, trad. de Eduardo L. Suárez, 2ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1989 (Breviarios, 218), p. 17.
[6] Mauet, Thomas A., Trial Techniques, 8th. ed., Nueva York, Wolters Kluwer-Aspen Publishers, 2010, p. 24.
[8] Mccullough, Michael, Teoría del caso y tema, citado por Pastrana Berdejo, Juan David y Hesbert Benavente Chorres, El juicio oral. Técnicas y estrategias de litigación oral, 2ª ed., México, Flores Editor y Distribuidor, 2010, p. 153.
[9] Lubet, Steven, Modern Trial Advocacy. Analysis and practice, Louisville, National Institute for Trial Advocacy (NITA), 4ª ed., 2009, pp. 1 y 2.
[10] Skinner, Christopher, MA District Criminal Defense Manual, 3ª ed., 1er suplemento, 2010, p. 2. [http://www.mcle.org/includes/pdf/1960301B00_S.pdf] (Consultado el 2 de abril de 2013.)
[11] Ibidem, pp. 2 y ss.
[12] González Obregón, Diana Cristal, Manual Práctico del Juicio Oral, 2ª ed., México, Ubijus, 2010, p. 229.
[13] González Obregón, Diana Cristal, “La teoría del caso en el procedimiento penal mexicano.”, en Cultura constitucional, Cultura de libertades, num. 2, México, SETEC, 2011, p. 148.
[15] Bardales Lazcano, Erika, Guía para el estudio del sistema acusatorio en México, 3ª ed., México, MaGister, 2010, p. 200.
[16] Ibidem, p. 201.
[17] Casanueva Reguart, Sergio, Juicio Oral. Teoría y práctica, 4ª ed., México, Porrúa, 2009, p. 122.
[19] Nataren Nandayapa, Carlos y Beatriz Ramírez Saavedra, Litigación oral y práctica forense penal, México, Oxford, 2009, p. 74.
[20] Ibidem, pp. 74 y ss.
[21] Ruiz Sánchez, Miguel Ángel, “La teoría del caso y los alegatos en los juicios orales”, en Revista Iter Criminis, núm. 6, Quinta Época, México, INACIPE, 2012, p. 56.
[22] Ibidem, pp. 56 y 57.
[23] Aquí cabe precisar que no se soslaya la importancia de otras disposiciones constitucionales previstas en el mismo artículo 20, sin embargo, dado el objeto de estudio de la presente investigación estimo necesario solamente citar las mencionadas en el cuerpo del trabajo.
[24] Como ejemplo, se recomienda leer dos de los libros más usados en las Facultades de Derecho de aquél país para enseñar las denominadas “técnicas de litigación oral”, incluida -por supuesto- la teoría del caso: Lubet, Steven, Modern Trial Advocacy, 5th. ed., National Institute for Trial Advocacy (NITA), 2009; también Mauet, Thomas A., Trial Techniques, 8th. ed., New York, Wolters Kluwer-Aspen Publishers, 2010.
[25] A grado tal que ahora se afirma que los abogados “deben adquirir las dotes de contadores de historias.” Al respecto véase Manrique, Jorge, “Trucos para los juicios orales” en Mundo del abogado, año 15, núm. 178, febrero de 2014, p. 20.
[26] Moreno Holman, Leonardo, “Problemas de convicción, valoración de la prueba y fundamentación: su impacto en el error judicial”, en Revista del Instituto de la Judicatura Federal, núm 36, México, IJF, 2014, p. 169.
[27] Véase el engrose de la Contradicción de Tesis 412/2010, resuelta en sesión de fecha 6 de julio de 2011, pp. 82 y 83.
[28] Cabe mencionar que de dicha sentencia derivó, entre otras, la tesis aislada de rubro “SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. TEORÍA DEL CASO”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, p. 291.
[29] Moreno Holman, Leonardo, “Problemas de convicción, valoración de la prueba y fundamentación: Su impacto en el error judicial”, en Revista del Instituto… Op. Cit., p. 171.
[30] Aunque no refiere expresamente a la teoría del caso, Javier Dondé sostiene que la reforma constitucional de 18 de junio de 2008 “ha condenado al desuso” a la teoría del delito. Véase Dondé Matute, Javier, “Crítica a la teoría del delito: bases para su destrucción” en Nava Garcés, Alberto (coord.), Dogmática penal y teoría del delito, México, Porrúa, 2012, pp. 1-6.
[31] Incluso, José Daniel Hidalgo Murillo la ha denominado como “la teoría impositiva del caso en el Código de Quintana Roo”. Cfr. Hidalgo Murillo, José Daniel, Hacia una teoría del caso mexicana, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), 2013 (Juicios Orales, 5), p. 96 y ss.
[32] Los datos de localización de la tesis son: Época: Décima Época, Registro: 2006728, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 13 de junio de 2014 09:37 h, Materia(s): (Penal), Tesis: XVIII.4o.9 P (10a.) [http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=teoria%2520del%2520caso&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=2006728&Hit=1&IDs=2006728,2005901,160185&tipoTesis=&Semanario=1&tabla=] (consultado el 4 de julio de 2014)
[33] [http://www.pjedomex.gob.mx/web2/] (Consultado el 1 de julio de 2014)
[34] Binder, Alberto, “Prólogo”, en Teoría del caso, 2ª ed., Buenos Aires, Didot-Ubijus, 2012, p. 13.
[35] En efecto, la reforma hacia un proceso penal acusatorio se dio en Guatemala en 1994 y en Costa Rica y El Salvador en 1998, en tanto que la reforma chilena fue en el año 2000.
[36] Benavente Chorres, Hesbert, “De la teoría del caso a la gestión del caso”, en Benavente Chorres, Hesbert y José Daniel Hidalgo Murillo, Código Nacional de Procedimientos Penales Comentado, México, Flores Editor y Distribuidor-INMEXIUS, 2014, p. LXII.
[37] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de marzo de 2014.
[38] Roxin Claus, Derecho Procesal Penal, segunda reimpresión a la edición en castellano, realizada por Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor, de la traducción a la vigésimo quinta edición alemana de la obra titulada originalmente Strafverfahrensrecht; Buenos Aires, Editores del Puerto, 2003, p. 10.
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By Armando Juárez Bribiesca in Tópicos on 26 agosto, 2014 .
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