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Timestamp: 2020-05-26 06:05:34+00:00

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Silencio administrativo en 2020 | Blog de Ático 34
El silencio administrativo sigue siendo suscitando bastante polémica en la jurisprudencia española. Y todo a pesar de que es un concepto en circulación desde hace más de 60 años. ¿Cómo afecta a aquellos que se hayan inmersos en procedimientos con la administración pública?
Y es que en algunos procedimientos administrativos hay que armarse de paciencia. Por suerte, en Grupo Ático34 te podemos ayudar en cualquier cuestión legal, ya sea con la administración o con entidades privadas.
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Un procedimiento administrativo es el proceso mediante el cual, la administración pública toma sus decisiones sobre determinados asuntos que incumben a ciudadanos o empresas.
Existen dos cauces por los que se puede iniciar un proceso administrativo:
Cuando lo inicia la propia administración, se dice que ésta ha actuado de oficio.
Si la administración no actúa, es el propio interesado quien puede iniciar el procedimiento.
El concepto de silencio administrativo no entra en juego cuando la administración actúa de oficio, puedes es la propia entidad pública quien decide cuándo y cómo tomar parte en el asunto.
Sin embargo, si el procedimiento se inicia a petición del interesado, la administración puede o no hacer caso a dicha solicitud. En caso de hacer caso omiso a los requerimientos del individuo, se estaría hablando de silencio administrativo.
Veamos en qué consiste este término legal y cómo puede afectarte como ciudadano.
La definición de silencio administrativo sería la situación que se produce cuando la administración pública no se manifiesta o no emite resolución alguna sobre un caso o asunto concreto. Dicho de una forma simple y coloquial, se da cuando la administración “pasa de ti”.
Sin embargo, existen diferentes formas de silencio administrativo, básicamente puedes ser positivo o negativo.
El silencio positivo es el que se impone como norma general cuando la administración no emite ninguna sentencia. Si no existe una normativa que indique lo contrario, el silencio administrativo siempre será positivo.
En caso de silencio administrativo positivo, se considera que la administración ha estimado las pretensiones del interesado. La resolución siempre será estimatoria. Al haber vencido el plazo para emitir un juicio, la administración pierde su potestad para anular los efectos de la sentencia favorable a tus intereses.
En definitiva, la administración no puede acogerse a ninguna normativa para emitir una sentencia desestimatoria, aunque considere que la reclamación del interesado está fuera de la ley. La única vía que tiene para revisar la resolución positiva es iniciar un nuevo procedimiento de oficio.
Ejemplo: Imagina que has interpuesto una demanda a la administración pública por no respetar el consentimiento para publicar los datos de trabajadores. En caso de que la administración no tome ninguna decisión al respecto en el plazo estipulado, tu reclamación se considera aceptada y la resolución favorable.
Por otro lado, está el silencio administrativo negativo. Este solo se puede dar en ciertas circunstancias. En concreto, cuando exista una norma con rango de ley en la jurisprudencia española, en la legislación europea o en la normativa internacional que sea aplicable en España.
En caso de que la administración pueda acogerse a una norma para que el silencio sea negativo, la resolución se considera desestimatoria. Es decir, la respuesta a la solicitud del interesado es un NO tajante, aunque no definitivo, como veremos más adelante.
Cabe decir que la Ley 39/2015, de 1 de octubre ha establecido los casos concretos en los que el silencio administrativo puede ser negativo. Esto es así porque los legisladores se dieron cuenta de que la aplicación del silencio negativo de forma general favorecía el oscurantismo y la no actuación de la administración, que se “lavaba las manos” en numerosas solicitudes.
Estos son los casos en los que se puede aplicar un silencio administrativo desestimatorio:
Cuando los propios interesados son quienes inician un proceso de revisión de oficio.
En casos en los que entra en juego la responsabilidad de la administración pública sobre el patrimonio.
Si se trata de procesos que dirimen el ejercicio de actividades que pueden resultar perjudiciales para la naturaleza y el medio ambiente.
En procesos cuyo resultado provoque la cesión de derechos relacionados con los servicios o dominios públicos.
En caso de solicitar derechos de petición que afecten a personas físicas, asociaciones, empresas, organizaciones o instituciones.
Los plazos administrativos para el silencio son normalmente de 3 meses, salvo en determinados casos que el plazo se puede aumentar hasta 6 meses.
En todo caso, desde la entrada en vigor de la norma 39/2015, la administración debe indicar cual es el plazo para resolver y publicarlo en su sede electrónica. Asimismo, está obligada a comunicar estos plazos al interesado en un período máximo de 10 días.
La ley 39/2015 de silencio administrativo obliga a la administración a emitir una resolución, sea cual sea la decisión que tome finalmente. En caso de haber vencido el plazo establecido está obligada a emitir un certificado de silencio administrativo, en el que se notifique al interesado la resolución final, ya sea estimatoria o desestimatoria.
Llegados a este punto, si no estás de acuerdo con la resolución por defecto (evidentemente, si se trata de silencio negativo), puedes proceder de dos formas:
Esperar a la resolución final: la sentencia desestimatoria solo se válida mientras la administración no haya dictado una resolución. Es decir, el silencio negativo no es definitivo. La administración pública ha de emitir un juicio, el cual puede confirmar la sentencia desestimatoria o, por el contrario, cambiar de opinión y dictar una resolución favorable.
Si no se quiere esperar, se puede interponer un recurso de alzada por silencio administrativo. También se puede acudir a los tribunales correspondientes. Cabe destacar que no se establece un plazo para que el interesado puede interponer este recurso.
Los interesados en el procedimiento administrativo de silencio podéis tener en cuenta este esquema, en el que se puede ver de forma mucho más simple y con pocas palabras cómo funciona:
SILENCIO ADMINISTRATIVO: La administración pública no responde a tus peticiones o no hace caso a tus solicitudes.
Se considera que la administración estima tus pretensiones.
No se pueden anular sus efectos, pero sí iniciar una revisión de oficio.
Se considera la sentencia desestimatoria. Solo se puede aplicar cuando hay una norma con rango de ley que así lo permita. A partir de aquí hay dos opciones:
Plazos para que la administración resuelva el caso:
Los que vengan estipulados por Ley, normalmente 3 meses
Debe comunicar el interesado la recepción del caso en 10 días, y establecer los plazos para su resolución
En definitiva, la normativa se ha modificado para que la administración no se limite a dar la “callada por respuesta” y que así las reclamaciones fueran automáticamente desestimadas. Ahora, si no actúa tiene un doble problema: aceptar reclamaciones que podrían no ser legítimas, e iniciar un nuevo procedimiento de oficio que le hará perder más tiempo que si hubiera emitido la resolución dentro de los plazos.
En Grupo Ático34 te podemos ayudar con estas y muchas otras cuestiones legales. Por ejemplo, ¿estás al tanto de los nuevos requisitos para obtener consentimiento para el tratamiento de datos personales según el RGPD? ¿Tienes cualquier otra consulta sobre temas legales, fiscales o laborales? ¡No dudes en hacernosla llegar!
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