Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-m-s-143050
Timestamp: 2019-09-18 03:05:39+00:00

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STC 157/2000, 12 de Junio de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 143050
Número de Recurso: 2898/1997
RA 2898/97. Promovido por don José Enrique M.S. respecto de los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza que confirmaron la sanción de aislamiento en celda que le había sido impuesta por el Centro Penitenciario de Daroca por una falta de amenazas a funcionario. Vulneración del derecho a la prueba: falta de respuesta a la petición de prueba testifical formulada por el recluso.
Sentencia citada en: 283 sentencias, 18 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 2898/97, promovido por don José Enrique M.S., representado por la Procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Olmos Gilsanz y asistido por la Letrada doña Aurora Vela Urbina, contra el Acuerdo sancionador de la Comisión Disciplinaria del Establecimiento Penitenciario de Daroca (Zaragoza), de 25 de marzo de 1997, recaído en el expediente disciplinario núm. 66/97, confirmado en alzada y reforma por los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza, de 14 de mayo y 12 de junio de 1997, respectivamente. Ha comparecido y formulado alegaciones el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
El día 1 de julio de 1997 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional un escrito del Director del Establecimiento Penitenciario de Daroca (Zaragoza), al que se adjuntaba instancia de don José Enrique M.S. solicitando la designación de Abogado y Procurador del turno de oficio para interponer recurso de amparo contra el Acuerdo sancionador de la Comisión Disciplinaria y los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a los que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
La Sección Cuarta del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de julio de 1997, acordó dirigir atenta comunicación a los Colegios de Abogados y Procuradores de Madrid a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y en el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, de 18 de junio de 1996, sobre asistencia jurídica gratuita en los procesos de amparo constitucional, procediesen a la designación de Abogado y Procurador del turno de oficio que defendiese y representase, respectivamente, al demandante de amparo, acompañando a dicha documentación los documentos remitidos por el interesado.
La demanda de amparo fue formalizada mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 25 de noviembre de 1997, en el que se recoge la relación de hechos y la fundamentación jurídica que a continuación sucintamente se extracta:
Al demandante de amparo, interno en el Establecimiento Penitenciario de Daroca, le fue incoado el expediente disciplinario núm. 66/97, que concluyó con el Acuerdo de la Comisión Disciplinaria, de 25 de marzo de 1997, por el que se le impuso la sanción de cuatro fines de semana de aislamiento en celda.
En la tramitación del expediente disciplinario negó los hechos que se le imputaban y solicitó la práctica como prueba testifical de las declaraciones de tres internos, así como asistencia letrada, no siéndole proporcionada tal asistencia ni practicada dicha prueba por considerar el Instructor que "los testigos propuestos por el interno no iban a cambiar los hechos que se le imputan".
Contra el Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Establecimiento Penitenciario interpuso recurso de alzada, alegando la indefensión que le había causado la denegación de la práctica de la prueba testifical solicitada y la falta de asistencia letrada.
El anterior Auto fue confirmado en reforma por Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza, de 12 de junio de 1997, en cuya fundamentación jurídica se dice que "la resolución impugnada por el interno JOSÉ ENRIQUE M.S., se fundó en la apreciación de que la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario valoró adecuadamente la prueba y calificó correctamente los hechos, y siendo así que las alegaciones expuestas en el recurso no han desvirtuado aquella apreciación, será obligado desestimar la reforma interesada por el recurrente, confirmando por ello el auto de 14-5-97".
El demandante de amparo interpuso recurso de apelación contra el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitencia de Zaragoza, de 12 de junio de 1997, que no fue admitido a trámite por providencia del citado Juzgado, de 27 de junio de 1997, por no ser susceptible de recurso alguno el mencionado Auto. Dicha providencia fue confirmada en súplica por Auto de 4 de agosto de 1997.
En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, se comienza por afirmar en ésta, al hacer referencia a los requisitos procesales que establece el art. 44 LOTC para interponer el recurso de amparo, que la violación del derecho constitucional que se denuncia es imputable a un acto u omisión del órgano judicial, puesto que la denegación en la tramitación del expediente disciplinario de la práctica de la prueba testifical solicitada fue denunciada ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, sin que éste hiciera nada para practicarla y evitar la indefensión del recurrente en amparo.
La Sección Cuarta del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de julio de 1998, acordó admitir a trámite la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atentas comunicaciones al Centro Penitenciario de Daroca y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza, a fin de que, en un plazo que no excediera de diez días, remitiesen, respectivamente, certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al expediente sancionador núm. 66/97 y al recurso 821/97, debiendo previamente emplazar el órgano judicial a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción del demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo deseasen, en el presente recurso de amparo.
De las actuaciones remitidas por el Centro Penitenciario de Daroca y por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza resultan, en síntesis, los siguientes antecedentes fácticos de la presente demanda de amparo:
El expediente disciplinario núm. 66/97 le fue incoado al demandante de amparo a raíz del informe de incidencias suscrito por funcionario del módulo III, elevado posteriormente por el Jefe de Servicios a la Dirección del Centro Penitenciario, en el que se relata que el día 11 de marzo de 1997, a las 17:05 horas, al interno don José Enrique M.S. "le oigo comentar en el patio 'le tenía que meter un cartuchazo en la boca'. Al llamarle la atención del comentario que dijo me contesta 'usted es un paranoico', 'un provocador nato', 'me quitó una televisión', 'desde que llegó al módulo está provocando', todo ello en una actitud desafiante".
Incoado el expediente disciplinario y designado Instructor, le fue notificado al interno el pliego de cargos, en el que se recogen como hechos imputados que "el día 11-03-97 estando Vd. en el patio, sobre las 17:05 h., el funcionario le oyó comentar con otros internos lo siguiente: 'Le tenía que meter un cartuchazo en la boca'. Al recriminarle su actitud el Funcionario, Vd. en tono desafiante se dirigió al Funcionario en los siguientes términos: 'Usted es un paranoico, un provocador nato, Vd. me quitó una televisión y desde que llegó al módulo está provocando'".
El demandante de amparo presentó escrito en el que manifestaba que deseaba exponer verbalmente ante el Instructor las alegaciones de descargo y aportar como testigos de lo acontecido a tres internos, que identificaba por su nombre.
El Instructor elevó propuesta de resolución a la Comisión Disciplinaria, que fue notificada al ahora demandante de amparo, en la que recogía los hechos de los que consideraba autor a éste, cuyo relato coincidía con el reflejado en el pliego de cargos, manifestaba que no se habían practicado pruebas por "considerar que los testigos propuestos por el interno no van a cambiar los hechos que se le imputan" y proponía que se le impusiese, como autor de una falta muy grave prevista en el art. 108 b) del Reglamento Penitenciario de 1981, la sanción de tres fines de semana de aislamiento en celda.
El demandante de amparo formuló las siguientes alegaciones verbales ante la Comisión Disciplinaria:
La Comisión Disciplinaria, por Acuerdo de 25 de marzo de 1997, consideró los hechos imputados al demandante de amparo como constitutivos de una falta muy grave prevista en el art. 108 b) del Reglamento Penitenciario de 1981 y le impuso, por repetición de la infracción, la sanción de cuatro fines de semana de aislamiento en celda establecida en el art. 233 del Reglamento Penitenciario de 1996.
El demandante de amparo interpuso recurso de alzada contra el Acuerdo de la Comisión Disciplinaria, en el que, a los efectos que a este recurso de amparo interesa, alegó, con invocación expresa del art. 24.2 CE, que no se le había permitido aportar las pruebas necesarias para su defensa por parte del Instructor y de la Comisión Disciplinaria, consistente en la declaración testifical de tres internos que habían escuchado el comentario que motivó la sanción impuesta.
El demandante de amparo interpuso recurso de reforma contra el anterior Auto, insistiendo en la falta de la práctica de la prueba propuesta, el cual fue desestimando por Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza, de 12 de junio de 1997, al no desvirtuar las alegaciones del recurrente las apreciaciones de la resolución judicial recurrida.
La representación procesal del demandante de amparo evacuó el trámite de alegaciones previsto en el art. 52.1 LOTC mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 13 de octubre de 1998, que, en lo sustancial, a continuación se resume:
El Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado el día 22 de octubre de 1998, en el que interesó la estimación del recurso de amparo, por vulnerar las resoluciones recurridas el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa.
El Tribunal Constitucional sólo podrá revisar la actividad jurisdiccional en aquellos supuestos en que el rechazo de la prueba propuesta carezca de toda justificación o la motivación que se ofrezca pueda tildarse de manifiestamente arbitraria o irrazonable (SSTC 149/1987, 52/1989, 94/1992 y 233/1992). Es tarea previa a la de examinar la corrección constitucional de las decisiones adoptadas por los órganos judiciales la de comprobar que la inadmisión de la prueba ha acarreado una efectiva indefensión del recurrente, toda vez que la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE únicamente cubre aquellos supuestos en que la prueba es "decisiva en términos de defensa" (SSTC 59/1991, 205/1991, 357/1993) siempre que el recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre los solicitantes de amparo y esta exigencia supone que el recurrente ha de demostrar en esa sede "la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas" (SSTC 149/1987, 131/1995) y argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podría haber sido favorable de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de la controversia (SSTC 116/1983, 147/1987, 50/1988 y 357/1993), "ya que sólo en tal caso ¿comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido- podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo busca amparo" (STC 30/1986).
Por providencia de 8 de junio de 2000, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 12 de junio siguiente.
En el presente recurso de amparo se impugna el Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de Daroca, de 25 de marzo de 1997, por el que se impuso al recurrente la sanción disciplinaria de cuatro fines de semana de aislamiento en celda impuesta como autor de una falta muy grave tipificada en el art. 108 b) del Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, modificado por el Real Decreto 787/1984, de 26 de marzo, consistente en "agredir, amenazar o coaccionar a cualquier persona dentro del establecimiento o a las autoridades o funcionarios judiciales o de instituciones penitenciarias" y los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza, de 14 de mayo y de 12 de junio de 1997, que confirmaron en alzada y reforma, respectivamente, dicho Acuerdo.
El examen de la demanda de amparo debe de partir, como sustrato común para ambas quejas, de la reiterada doctrina constitucional, que constituye ya un consolidado cuerpo jurisprudencial, sobre las extensión de las garantías procesales del art. 24.2 CE, en particular del derecho a la prueba, al procedimiento administrativo sancionador y, más concretamente, al procedimiento disciplinario penitenciario, que mas recientemente se sintetiza, entre otras muchas resoluciones, en la STC 81/2000,de 27 de marzo, FJ 2.
Desde la STC 18/1981, de 8 de junio, este Tribunal Constitucional ha venido declarando no sólo la aplicabilidad a las sanciones administrativas de los principios sustantivos derivados del art. 25.1 CE, considerando que "los principios inspiradores del orden penal son de aplicación con ciertos matices al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado" (FJ 2), sino que también ha proyectado sobre las actuaciones dirigidas a ejercer las potestades sancionadoras de la Administración las garantías procedimentales ínsitas en el art. 24 CE, en sus dos apartados, no mediante una aplicación literal, sino "en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto, y la seguridad jurídica que garantiza el art. 9 de la Constitución", si bien ha precisado que no se trata de una aplicación literal, dadas las diferencias entre uno y otro orden sancionador, sino "con el alcance que requiere la finalidad que justifica la previsión constitucional" (ibidem). En relación con esa operación de traslación de las garantías del art. 24 CE al procedimiento administrativo sancionador, que viene condicionada a que se trate de garantías que resulten compatibles con la naturaleza de dicho procedimiento, se ha ido elaborando progresivamente en numerosas resoluciones una consolidada doctrina constitucional, en la que se citan como aplicables, sin ánimo de exhaustividad, el derecho de defensa, que proscribe cualquier indefensión; el derecho a la asistencia letrada, trasladable con ciertas condiciones; el derecho a ser informado de la acusación, con la ineludible consecuencia de la inalterabilidad de los hechos imputados; el derecho a la presunción de inocencia, que implica que la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la Administración, con la prohibición absoluta de utilizar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; el derecho a no declarar contra sí mismo; o, en fin, el derecho a la utilización de los medios de prueba adecuados para la defensa, del que deriva la obligación de motivar la denegación de los medios de prueba propuestos [por todas, SSTC 7/1998, de 13 de enero, FJ 6; 14/1999, de 22 de febrero, FJ 3 a)].
Descendiendo de lo general a lo particular, en cuanto a la traslación de aquellas garantías al procedimiento disciplinario penitenciario, el Tribunal Constitucional, asimismo, ha venido destacando que las peculiaridades del internamiento en un Establecimiento Penitenciario en modo alguno pueden implicar que "la justicia se detenga a la puerta de las prisiones" y concretando el alcance de esta regla general, en lo que al presente recurso de amparo interesa, en la aplicación en los procedimientos disciplinarios penitenciarios del derecho de defensa y a la actividad probatoria (SSTC 2/1987, de 21 de enero, FJ 6; 297/1993, de 18 de octubre, FJ 3; 97/1995, de 20 de junio, FJ 2; 195/1995, de 19 de diciembre, FJ 7; 128/1996, de 9 de julio, FJ 5; 169/1996, de 29 de octubre, FJ 7, 35/1997, de 25 de febrero, FJ 5; 39/1997, de 25 de febrero, FJ 6; 83/1997, de 25 de febrero, FJ 2; 181/1999, de 11 de octubre, FJ 2).
En este marco de declaraciones generales tampoco resulta ocioso insistir en el relevante papel que en nuestro sistema penitenciario tiene encomendado el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, a quien corresponde no sólo "resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias" [arts. 76.2 e) de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre ¿LOGP¿ y 94 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ¿LOPJ¿], sino en general, "salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse" (SSTC 195/1995, de 19 de diciembre, FJ 7; 128/1996, de 9 de julio, FJ 5; 83/1997, de 22 de abril, FJ 2).
Como se ha dejado constancia en los antecedentes de esta Sentencia, el demandante fue sancionado como autor de una falta muy grave prevista en el art. 108 b) del Reglamento Penitenciario de 1981, consistente en "agredir, amenazar o coaccionar a cualquier persona dentro del establecimiento o a las autoridades o funcionarios judiciales o de instituciones penitenciarias", como consecuencia de haberle oído comentar un funcionario a otros internos en el patio, según se recoge en el relato de hechos probados del Acuerdo de la Comisión Disciplinaria, que "le tenía que meter un cartuchazo en la boca" y, al recriminarle aquél su actitud, "en tono desafiante se dirigió al funcionario en los siguientes términos: `Usted es un paranoico, un provocador nato, Vd. me quitó una televisión y desde que llegó al módulo está provocando¿". En las alegaciones de descargo efectuadas verbalmente ante el Instructor y ante la Comisión Disciplinaria, el demandante de amparo, si bien reconoció que había emitido las últimas expresiones que figuran en el relato de hechos probados del Acuerdo sancionador, negó en todo momento la veracidad de la frase "le tenía que meter un cartuchazo en la boca", así como que la misma fuera referida al funcionario, manifestando, por el contrario, que lo que había dicho a los otros internos, en alusión al atentado que se había cometido esa mañana, había sido "no veas que cartuchazo le han metido a uno en el País Vasco", proponiendo como prueba testifical, a fin de acreditar su versión de los hechos, la declaración de los tres internos, que en su escrito identificaba, a los que iba dirigido y ante los que había realizado aquel comentario. Denegada por el Instructor la prueba testifical propuesta, por considerar que los testigos "no van a cambiar los hechos que se le imputan", interpuso recurso de alzada contra el Acuerdo de la Comisión Disciplinaria, en el que, entre otros motivos y a los efectos que a este recurso de amparo interesan, denunciaba que no se le había permitido aportar las pruebas necesarias para su defensa al no haberse practicado aquella prueba testifical, sobre cuya relevancia razonaba alegando que habían sido los internos que proponía como testigos los que había escuchado el comentario por ir dirigido a ellos. El Juzgado de Vigilancia Penitenciara desestimó el recurso al entender ajustada a Derecho "tanto la valoración de la prueba como la calificación jurídica de los hechos" recogidas en el Acuerdo impugnado. Contra el Auto desestimatorio del recurso de alzada el demandante de amparo interpuso recurso de reforma, en el que volvió a reiterar, con expresa invocación ahora del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE), su queja por haberle sido denegada durante la tramitación del expediente disciplinario la prueba testifical propuesta, el cual fue desestimado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por no haberse desvirtuado el razonamiento del Auto recurrido.
Aunque en los escritos de recurso de alzada y de reforma el demandante de amparo no articuló formal y expresamente la petición de que se practicara la prueba testifical que le había sido rechazada durante la tramitación del expediente disciplinario, posibilidad que reconoce el art. 248 b) del Reglamento Penitenciario de 1996, sin embargo en ellos denunció la denegación de dicha prueba y argumentó en torno a su trascendencia exculpatoria, lo que en una interpretación no rigorista, y aconsejada tanto por el hecho de que aquél carecía de asistencia letrada como por la circunstancia de que al notificársele el Acuerdo sancionador no se le indicase, como preceptúa el art. 247 i), en relación con el art. 248 b), ambos del Reglamento Penitenciario de 1996, la posibilidad de reproducir en la vía judicial la proposición de aquellas pruebas cuya práctica le hubiera sido denegada durante la tramitación del expediente disciplinario, debía de haber conducido al órgano judicial a un pronunciamiento expreso sobre la pertinencia y consiguiente admisión o no de dicha prueba (SSTC 169/1996, de 29 de octubre, FJ 6; 83/1997, de 22 de abril, FJ 4).
Otorgar el amparo solicitado por don José Enrique M.S. y, en su virtud:
Reconocer que se ha vulnerado el derecho del recurrente a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.
Restablecerle en su derecho, y, a tal fin, anular los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza, de 14 de mayo y 12 de junio de 1997, recaídos en el expediente disciplinario núm. 66/97, y el Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de Daroca de 25 de marzo de 1997.

References: resolución 
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 Real Decreto 
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