Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0050_ES.html
Timestamp: 2020-08-08 21:05:48+00:00

Document:
INFORME sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades
Ciclo relativo al documento : A8-0050/2018
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sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades
– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2016)0685),
– Visto el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0472/2016),
– Vistos los dictámenes motivados presentados por el Parlamento danés, el Parlamento irlandés, el Senado irlandés, la Cámara de Diputados luxemburguesa, el Parlamento maltés, el Senado neerlandés, el Congreso de los Diputados neerlandés y el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0050/2018),
(1) Las sociedades que tratan de desarrollar su actividad empresarial a escala transfronteriza en el interior de la Unión tienen que hacer frente a obstáculos y distorsiones del mercado graves como consecuencia de la existencia de veintiocho sistemas diferentes del impuesto sobre sociedades. Por otra parte, las estructuras de planificación fiscal han ido adquiriendo cada vez mayor complejidad, ya que se desarrollan en varias jurisdicciones y aprovechan eficazmente los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las asimetrías entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda fiscal de las sociedades. Aunque estas situaciones ponen de manifiesto deficiencias muy distintas, ambas crean obstáculos que impiden el buen funcionamiento del mercado interior. Así pues, las medidas que se adopten para resolver estos problemas deberían abordar estos dos tipos de deficiencias que afectan al mercado.
(1) Las sociedades que tratan de desarrollar su actividad empresarial a escala transfronteriza en el interior de la Unión tienen que hacer frente a obstáculos y distorsiones del mercado graves como consecuencia de la existencia de veintiocho sistemas diferentes del impuesto sobre sociedades. En un contexto general de globalización y digitalización, es cada vez más difícil trazar la imposición en el origen, al tiempo que la manipulación resulta cada vez más fácil, en particular en lo que se refiere al capital financiero e intelectual. Por otra parte, las estructuras de planificación fiscal han ido adquiriendo cada vez mayor complejidad, ya que se desarrollan en varias jurisdicciones y aprovechan eficazmente los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las asimetrías entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda fiscal de las sociedades. La digitalización mayoritaria de muchos sectores de la economía, unida al rápido desarrollo de la economía digital, pone en entredicho la idoneidad de los modelos del impuesto sobre sociedades de la Unión, diseñados para los sectores tradicionales, también en cuanto al grado en que los criterios de valoración y cálculo pueden reinventarse de manera que reflejen las actividades comerciales del siglo XXI. Aunque estas situaciones ponen de manifiesto deficiencias muy distintas, todas crean obstáculos que impiden el buen funcionamiento del mercado interior y generan distorsiones entre las grandes sociedades y las pequeñas y medianas empresas. Así pues, una nueva norma reguladora del impuesto sobre sociedades debería abordar estos tipos de deficiencias que afectan al mercado respetando al mismo tiempo los objetivos de claridad y seguridad jurídica a largo plazo y el principio de neutralidad fiscal. Una mayor convergencia de los sistemas fiscales nacionales redundará en una disminución significativa de los costes y la carga administrativa en beneficio de las empresas que operan a escala transfronteriza dentro de la Unión. Mientras que la política fiscal es una competencia nacional, en el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se afirma claramente que el Consejo adoptará por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o el funcionamiento del mercado interior.
(2) A fin de contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, el entorno del impuesto sobre sociedades en la Unión debe configurarse de conformidad con el principio de que las sociedades paguen la cuota de impuestos que les corresponda en la jurisdicción o jurisdicciones donde se generen sus beneficios. Por lo tanto, es necesario establecer mecanismos que disuadan a las sociedades de aprovechar las asimetrías entre los sistemas fiscales nacionales a fin de reducir su deuda fiscal. Es asimismo importante estimular el crecimiento y el desarrollo económico en el mercado interior, a través de la facilitación del comercio transfronterizo y de la inversión de las sociedades. A tal fin, es necesario eliminar los riesgos de doble imposición y de doble no imposición en la Unión mediante la erradicación de las disparidades en la interacción de los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades. Al mismo tiempo, las sociedades necesitan un marco jurídico y fiscal fácil de poner en práctica a fin de desarrollar sus actividades comerciales y expandirse más allá de las fronteras de la Unión. En este contexto, es preciso eliminar asimismo los casos de discriminación que aún persisten.
(2) A fin de contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, el entorno del impuesto sobre sociedades en la Unión debe configurarse de conformidad con el principio de que las sociedades paguen la cuota de impuestos que les corresponda en la jurisdicción o jurisdicciones donde se generen sus beneficios y donde tengan un establecimiento permanente. Habida cuenta de los cambios en el entorno empresarial, resulta necesario garantizar que las empresas que generen ingresos en un Estado miembro en el que no tengan un establecimiento físico permanente pero sí tengan una presencia digital permanente, han de recibir el mismo trato que las empresas con un establecimiento físico permanente. Por lo tanto, es necesario establecer mecanismos que disuadan a las sociedades de aprovechar las asimetrías entre los sistemas fiscales nacionales a fin de reducir su deuda fiscal. Es asimismo importante estimular el crecimiento y el desarrollo económico en el mercado interior, a través de la facilitación del comercio transfronterizo y de la inversión de las sociedades. A tal fin, es necesario eliminar los riesgos de doble imposición y de doble no imposición en la Unión mediante la erradicación de las disparidades en la interacción de los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades. Al mismo tiempo, las sociedades necesitan un marco jurídico y fiscal fácil de poner en práctica a fin de desarrollar sus actividades comerciales y expandirse más allá de las fronteras de la Unión. En este contexto, es preciso eliminar asimismo los casos de discriminación que aún persisten. La consolidación constituye un elemento esencial del régimen BICCIS, dado que es la única forma de superar los principales obstáculos fiscales que deben afrontar las empresas del mismo grupo que desarrollan actividades transfronterizas en la Unión, ya que permite suprimir los trámites relacionados con los precios de transferencia y la doble imposición intragrupo.
(3) Como ya se indicaba en la propuesta de 16 de marzo de 2011 de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)7, contar con un sistema del impuesto sobre sociedades que considere la Unión un mercado único a efectos del cálculo de la base imponible facilitaría la actividad transfronteriza de las sociedades residentes en ella y contribuiría al objetivo de convertirla en un lugar más competitivo con vistas a la inversión internacional. La propuesta de 2011 sobre la BICCIS se centraba en el objetivo de facilitar la expansión de la actividad comercial de las empresas dentro de la Unión. Además de ese objetivo, también debe tenerse en cuenta que la BICCIS podría resultar muy eficaz para mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la lucha contra los mecanismos de elusión fiscal. En este contexto, resulta oportuno relanzar la iniciativa relativa al establecimiento de una BICCIS con el fin de abordar, en pie de igualdad, tanto el aspecto de facilitación del comercio como la función de lucha contra la elusión fiscal. Este enfoque sería el mejor medio de lograr el objetivo de erradicar las distorsiones en el funcionamiento del mercado interior.
(3) Como ya se indicaba en la propuesta de 16 de marzo de 2011 de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)7, contar con un sistema del impuesto sobre sociedades que considere la Unión un mercado único a efectos del cálculo de la base imponible facilitaría la actividad transfronteriza de las sociedades residentes en ella y contribuiría al objetivo de convertirla en un lugar más competitivo con vistas a la inversión internacional, en especial para las pymes. La propuesta de 2011 sobre la BICCIS se centraba en el objetivo de facilitar la expansión de la actividad comercial de las empresas dentro de la Unión. Además de ese objetivo, también debe tenerse en cuenta que la BICCIS podría resultar muy eficaz para mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la lucha contra los mecanismos de elusión fiscal. En este contexto, resulta oportuno relanzar la iniciativa relativa al establecimiento de una BICCIS con el fin de abordar, en pie de igualdad, tanto el aspecto de facilitación del comercio como la función de lucha contra la elusión fiscal. Una vez aplicada en todos los Estados miembros, la BICCIS garantizaría que los impuestos se paguen donde se generen los beneficios y donde las sociedades tengan un establecimiento permanente. Este enfoque sería el mejor medio de lograr el objetivo de erradicar las distorsiones en el funcionamiento del mercado interior. La mejora del mercado interior es un factor clave para incentivar el crecimiento y la creación de empleo. La introducción de una BICCIS mejoraría el crecimiento económico y tendría como resultado más empleo en la Unión al limitar los perjuicios derivados de la competencia fiscal entre empresas.
7 Propuesta de Directiva del Consejo, de 3.10.2011, relativa a una base consolidada común del impuesto de sociedades, COM(2011) 121 final, p. 2.
(3 bis) La Comisión, en su Comunicación de 21 de septiembre de 2017 titulada «Un sistema impositivo justo y eficaz en la Unión Europea para el Mercado Único Digital», considera que la BICCIS constituye una base para afrontar los desafíos fiscales que plantea la economía digital.
(4) Habida cuenta de la necesidad de actuar con rapidez a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior haciéndolo más favorable al comercio y la inversión y dotándolo de mayor resiliencia frente a las prácticas de elusión fiscal, es necesario dividir la ambiciosa iniciativa de la BICCIS en dos propuestas separadas. En una primera fase, deberían acordarse normas sobre una base imponible común del impuesto sobre sociedades antes de pasar a abordar, en una segunda fase, el aspecto de la consolidación.
(4) Habida cuenta de la necesidad de actuar con rapidez a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior haciéndolo más favorable al comercio y la inversión y dotándolo de mayor resiliencia frente a las prácticas de elusión fiscal, es muy importante garantizar que la Directiva relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades y la Directiva relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades entren en vigor de manera simultánea. Debido al importante paso hacia la realización del mercado interior que tal cambio de régimen representa, se necesita flexibilidad para garantizar su correcta ejecución desde su inicio y en adelante. Por tanto, puesto que el mercado interior incluye a todos los Estados miembros, debería introducirse en todos ellos una BICCIS. Si el Consejo no adopta una decisión unánime de crear una BICCIS, la Comisión debería presentar una nueva propuesta basada en el artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en virtud del cual el Parlamento y el Consejo pueden adoptar la legislación que resulte necesaria con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Como último recurso, debe iniciarse una cooperación reforzada que debería estar abierta permanentemente a cualquier Estado miembro que no participe, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es de lamentar que no se haya llevado a cabo una evaluación suficientemente detallada en relación con las propuestas de BICIS o BICCIS en cuanto a los efectos para los ingresos procedentes del impuesto de sociedades de los Estados miembros, país por país.
(5) Muchas de las estructuras de planificación fiscal agresiva tienden a surgir en un contexto transfronterizo, de lo que se infiere que los grupos de sociedades que participan en ellas poseen un nivel mínimo de recursos. Partiendo de esta premisa y en aras de la proporcionalidad, procede que las normas sobre la base común solo tengan carácter obligatorio para las empresas pertenecientes a un grupo de tamaño considerable. A tal fin, es preciso fijar un umbral de tamaño en función del total de ingresos consolidados de un grupo que presente cuentas consolidadas. Además, para asegurar la coherencia entre las dos fases de la iniciativa BICCIS, las normas relativas a la base común deben ser obligatorias para las empresas que serían consideradas un grupo en caso de que se materializara plenamente la iniciativa. Con el fin de cumplir con mayor eficacia el objetivo de facilitar el comercio y la inversión en el mercado interior, las normas relativas a la base imponible común del impuesto sobre sociedades deben estar disponibles también, con carácter facultativo, para las sociedades que no cumplan estos criterios.
(5) Muchas de las estructuras de planificación fiscal agresiva tienden a surgir en un contexto transfronterizo, de lo que se infiere que los grupos de sociedades que participan en ellas poseen un nivel mínimo de recursos. Partiendo de esta premisa y en aras de la proporcionalidad, procede que las normas sobre la base común inicialmente solo tengan carácter obligatorio para las empresas pertenecientes a un grupo de tamaño considerable. A tal fin, es preciso fijar un umbral inicial de tamaño de 750 millones de euros en función del total de ingresos consolidados de un grupo que presente cuentas consolidadas. Dado que la presente Directiva fija una nueva norma en materia de base imponible del impuesto sobre sociedades para todas las empresas de la Unión, el límite debería reducirse a cero a lo largo de un periodo máximo de siete años. Con el fin de cumplir con mayor eficacia el objetivo de facilitar el comercio y la inversión en el mercado interior, las normas relativas a la base imponible común del impuesto sobre sociedades deben estar disponibles también en la primera fase, con carácter facultativo, para las sociedades que no cumplan estos criterios.
(6) Es necesario definir el concepto de establecimiento permanente situado en la Unión y perteneciente a un contribuyente que tiene su residencia a efectos fiscales en la Unión. Se trata de garantizar que todos los contribuyentes afectados compartan una noción común y descartar la posibilidad de una asimetría debido a definiciones divergentes. Por el contrario, no debe considerarse esencial contar con una definición común de los establecimientos permanentes situados en un tercer país, o situados en la Unión pero pertenecientes a contribuyentes residentes a efectos fiscales en un tercer país. Este aspecto debe dejarse a los convenios fiscales bilaterales y a la legislación nacional, debido a su compleja interacción con los acuerdos internacionales.
(6) Es necesario definir el concepto de establecimiento permanente situado en la Unión y perteneciente a un contribuyente que tiene su residencia a efectos fiscales en la Unión. Con demasiada frecuencia, las empresas multinacionales se organizan para trasladar sus beneficios a sistemas fiscales favorables sin haber abonado ningún impuesto o abonando impuestos muy reducidos. El concepto de un establecimiento permanente permitiría disponer de una definición precisa y obligatoria de las condiciones que debe cumplir una multinacional para considerarse bien implantada en un país. Ello obligaría a las empresas multinacionales a tributar de forma equitativa. Se trata de garantizar que todos los contribuyentes afectados compartan una noción común y descartar la posibilidad de una asimetría debido a definiciones divergentes. Del mismo modo, es importante contar con una definición común de los establecimientos permanentes situados en un tercer país, o situados en la Unión pero pertenecientes a contribuyentes residentes a efectos fiscales en un tercer país. Si los precios de transferencia dan pie a la transferencia de beneficios a jurisdicciones fiscales con una baja tributación, es preferible un sistema que asigne los beneficios mediante una fórmula de reparto. Mediante la adopción de este sistema, la Unión puede establecer una norma internacional que contemple un régimen impositivo moderno y eficiente para las empresas. La Comisión debe elaborar directrices para la fase de transición, en la que la fórmula de reparto coexista con otros métodos de asignación en la relación con terceros países, al tiempo que la fórmula de reparto debe constituir en última instancia el método estándar de asignación. La Comisión debe presentar una propuesta para la creación de un modelo de convenio fiscal de la Unión que pueda reemplazar en último término a los miles de convenios bilaterales celebrados por cada Estado miembro.
(6 bis) Los bienes digitales tienden a ser altamente móviles e intangibles. Algunos estudios muestran que el sector digital está muy implicado en la planificación fiscal agresiva, puesto que muchos modelos de negocio no precisan de infraestructura física a fin de llevar a cabo transacciones con los clientes y obtener beneficios. Esto permite a las empresas digitales de mayor tamaño pagar impuestos de tipo casi cero sobre sus ingresos. Las arcas de los Estados miembros pierden miles de millones de euros en ingresos fiscales al no poder gravar a las multinacionales digitales. Para hacer frente a una injusticia social real y urgente, es necesario ampliar la legislación vigente en materia de impuestos sobre sociedades a fin de incluir un nuevo nexo con el establecimiento permanente sobre la base de una presencia digital significativa. Es necesaria la igualdad de condiciones para los modelos de negocio similares a fin de abordar los retos en materia fiscal que plantea el contexto de la digitalización, sin obstaculizar el potencial del sector digital. Para ello se debe prestar especial atención a los trabajos efectuados por la OCDE sobre una reglamentación internacional coherente.
(8) Es preciso deducir de los ingresos imponibles los gastos de explotación y algunos otros gastos. En condiciones normales, los gastos de explotación deducibles deben incluir todos los costes relacionados con las ventas y los gastos vinculados con la producción, el mantenimiento y la garantía de la renta. A fin de apoyar la innovación en la economía y modernizar el mercado interior, conviene prever deducciones para los costes de investigación y desarrollo, incluidas las superdeducciones, y estos costes deben contabilizarse totalmente como gastos efectuados en el ejercicio en que se incurre en ellos (con excepción de los bienes inmuebles). Conviene apoyar asimismo a las pequeñas empresas de reciente creación que no tengan ninguna empresa asociada y que sean particularmente innovadoras (categoría que incluirá, en particular, a las empresas emergentes) mediante superdeducciones reforzadas por los costes de investigación y desarrollo. En aras de la seguridad jurídica, conviene elaborar asimismo una lista de gastos no deducibles.
(8) Es preciso deducir de los ingresos imponibles los gastos de explotación y algunos otros gastos. En condiciones normales, los gastos de explotación deducibles deben incluir todos los costes relacionados con las ventas y los gastos vinculados con la producción, el mantenimiento y la garantía de la renta. A fin de apoyar la innovación en la economía y modernizar el mercado interior, conviene prever deducciones y los contribuyentes deben recibir una bonificación fiscal para los gastos reales de investigación y desarrollo relativos a los gastos de personal, subcontratistas, trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal y trabajadores autónomos, y estos costes deben contabilizarse totalmente como gastos efectuados en el ejercicio en que se incurre en ellos (con excepción de los bienes inmuebles). Al objeto de evitar que se haga un mal uso de las deducciones, hace falta una definición clara de los gastos reales en materia de investigación y desarrollo. En aras de la seguridad jurídica, conviene elaborar asimismo una lista de gastos no deducibles.
(9) La reciente evolución de la fiscalidad a nivel internacional ha puesto de relieve que, en su afán por reducir sus obligaciones tributarias globales, los grupos de empresas multinacionales recurren cada vez más a mecanismos de elusión fiscal que se traducen en la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, mediante el pago de intereses excesivos. En consecuencia, para desalentar este tipo de prácticas, es preciso limitar la posibilidad de deducir los costes de intereses (y otros costes financieros). En este contexto, la deducibilidad de los costes de intereses (y otros costes financieros) solo debe permitirse sin restricciones en la medida en que estos costes puedan compensarse con ingresos de intereses (y otros ingresos financieros). No obstante, la deducibilidad de los eventuales excedentes de los costes de intereses debe ser objeto de restricciones, que deberán determinarse por referencia a los ingresos imponibles de los contribuyentes antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés).
(9) La reciente evolución de la fiscalidad a nivel internacional ha puesto de relieve que, en su afán por reducir sus obligaciones tributarias globales, los grupos de empresas multinacionales recurren cada vez más a mecanismos de elusión fiscal que se traducen en la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, mediante el pago de intereses excesivos. En consecuencia, para desalentar este tipo de prácticas, es preciso limitar la posibilidad de deducir los costes de intereses (y otros costes financieros). En este contexto, la deducibilidad de los costes de intereses (y otros costes financieros) solo debe permitirse sin restricciones en la medida en que estos costes puedan compensarse con ingresos de intereses (y otros ingresos financieros). No obstante, la deducibilidad de los eventuales excedentes de los costes de intereses debe ser objeto de restricciones, que deberán determinarse por referencia a los ingresos imponibles de los contribuyentes antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés). Los Estados miembros podrían imponer restricciones aún mayores al importe de la deducibilidad de los costes de intereses y otros costes financieros al objeto de garantizar un mayor nivel de protección.
(10) El hecho de que los intereses abonados por empréstitos puedan deducirse de la base imponible de un contribuyente, lo que no ocurre con el reparto de beneficios, supone una clara ventaja a favor de la financiación mediante endeudamiento en detrimento de la financiación mediante recursos propios. Habida cuenta de los riesgos que esta situación conlleva en términos de endeudamiento de las empresas, es fundamental prever medidas que contrarresten la actual tendencia a evitar la financiación mediante fondos propios. En este contexto, está previsto conceder a los contribuyentes una bonificación en concepto de crecimiento e inversión, en virtud de la cual los incrementos de capital de un contribuyente deben ser deducibles de su base imponible con sujeción a determinadas condiciones. Por consiguiente, resulta esencial garantizar que el sistema no sufra efectos en cascada, para lo cual habría que excluir el valor fiscal de las participaciones de un contribuyente en empresas asociadas. Por último, para que el régimen de bonificación sea suficientemente sólido, sería igualmente necesario establecer normas contra la elusión fiscal.
(10) El hecho de que los intereses abonados por empréstitos puedan deducirse de la base imponible de un contribuyente, lo que no ocurre con el reparto de beneficios, supone una clara ventaja a favor de la financiación mediante endeudamiento en detrimento de la financiación mediante recursos propios. Habida cuenta de los riesgos que esta situación conlleva en términos de endeudamiento de las empresas, es fundamental prever medidas que contrarresten la tendencia actual a evitar la financiación mediante fondos propios limitando la posibilidad que tienen los contribuyentes de deducir de su base imponible los intereses abonados por empréstitos. Tal norma de limitación de los intereses constituye un instrumento adecuado y suficiente para este propósito.
(12) Con el fin de desalentar el traslado de rentas pasivas (principalmente financieras) desde empresas sujetas a una tributación elevada, debe presumirse que las pérdidas en que dichas empresas puedan incurrir al final de un ejercicio fiscal corresponden en su mayoría a los resultados de su actividad comercial. Partiendo de esta premisa, es conveniente permitir a los contribuyentes trasladar sus pérdidas a ejercicios posteriores de forma indefinida, sin restricciones en cuanto al importe deducible por ejercicio. Dado que el traslado de pérdidas a ejercicios posteriores tiene por objeto garantizar que el contribuyente tribute por las rentas efectivamente obtenidas, no hay ningún motivo para imponer plazos respecto a dicho traslado. En lo que respecta al traslado de pérdidas a ejercicios anteriores, no hay necesidad de introducir una norma al respecto, ya que se trata de una práctica relativamente poco frecuente en los Estados miembros y que reviste una complejidad excesiva. Por otra parte, conviene introducir una disposición contra las prácticas abusivas a fin de prevenir, contrarrestar o neutralizar los intentos de eludir las normas sobre la deducibilidad de las pérdidas mediante la adquisición de empresas deficitarias.
(12) Con el fin de desalentar el traslado de rentas pasivas (principalmente financieras) desde empresas sujetas a una tributación elevada, debe presumirse que las pérdidas en que dichas empresas puedan incurrir al final de un ejercicio fiscal corresponden en su mayoría a los resultados de su actividad comercial. Partiendo de esta premisa, es conveniente permitir a los contribuyentes trasladar sus pérdidas a ejercicios posteriores durante un periodo de cinco años, con restricciones en cuanto al importe deducible por ejercicio. En lo que respecta al traslado de pérdidas a ejercicios anteriores, no hay necesidad de introducir una norma al respecto, ya que se trata de una práctica relativamente poco frecuente en los Estados miembros y que reviste una complejidad excesiva. Mediante la Directiva (UE) 2016/11641 bis se crea una disposición general contra las prácticas abusivas a fin de prevenir, contrarrestar o neutralizar los intentos de eludir las normas sobre la deducibilidad de las pérdidas mediante la adquisición de empresas deficitarias. Esta disposición general debe tenerse sistemáticamente en cuenta al aplicar la presente Directiva.
1 bis Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 19.7.2016, p. 1).
(13) Con el fin de facilitar la capacidad de flujo de efectivo de las empresas —por ejemplo, mediante la compensación de las pérdidas en la fase inicial de la actividad en un Estado miembro con los beneficios en otro Estado miembro— y de fomentar la expansión transfronteriza dentro de la Unión, los contribuyentes deben poder tener temporalmente en cuenta las pérdidas sufridas por sus filiales inmediatas y sus establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros. A tal efecto, una sociedad matriz o domicilio social situados en un Estado miembro debe poder deducir de su base imponible, en un ejercicio fiscal determinado, las pérdidas sufridas en el mismo ejercicio fiscal por sus filiales inmediatas o sus establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros en proporción a su participación. A continuación, la sociedad matriz debe volver a incluir en su base imponible, teniendo en cuenta la cuantía de las pérdidas previamente deducidas, los eventuales beneficios ulteriores de esas filiales inmediatas o establecimientos permanentes. Como es de capital importancia salvaguardar los ingresos fiscales nacionales, las pérdidas deducidas también deben ser reincorporadas automáticamente si no lo hubieran sido después de un cierto número de años o si hubieran dejado de cumplirse los requisitos para ser considerada una filial o un establecimiento permanente.
(15) Es fundamental prever medidas adecuadas de lucha contra la elusión fiscal con objeto de reforzar la resiliencia de las normas sobre la base común BICIS contra las prácticas de planificación fiscal agresiva. En concreto, el sistema debe incluir una norma general contra las prácticas abusivas (NGCPA) que vaya acompañada de medidas destinadas a atajar algunos tipos concretos de elusión. Dado que su razón de ser es hacer frente a las prácticas fiscales abusivas que aún no se han abordado en disposiciones específicas, las NGCPA colman lagunas existentes, lo que no deberían afectar a la aplicabilidad de las disposiciones específicas contra la elusión. En la Unión, las NGCPA deben aplicarse a los arreglos engañosos. Además, es importante garantizar que la NGCPA se aplica de manera uniforme a las situaciones internas, las situaciones transfronterizas dentro de la Unión y las situaciones transfronterizas en las que participen empresas establecidas en terceros países, de modo que su alcance y los resultados de su aplicación no difieran entre sí.
(15) Es fundamental prever medidas adecuadas de lucha contra la elusión fiscal con objeto de reforzar la resiliencia de las normas sobre la base común BICIS contra las prácticas de planificación fiscal agresiva. En concreto, el sistema debe incluir una norma general rigurosa y eficaz contra las prácticas abusivas (NGCPA) que vaya acompañada de medidas destinadas a atajar algunos tipos concretos de elusión. Dado que su razón de ser es hacer frente a las prácticas fiscales abusivas que aún no se han abordado en disposiciones específicas, las NGCPA colman lagunas existentes, lo que no debería afectar a la aplicabilidad de las disposiciones específicas contra la elusión. En la Unión, las NGCPA deben aplicarse a los arreglos engañosos. Además, es importante garantizar que la NGCPA se aplica de manera uniforme a las situaciones internas, las situaciones transfronterizas dentro de la Unión y las situaciones transfronterizas en las que participen empresas establecidas en terceros países, de modo que su alcance y los resultados de su aplicación no difieran entre sí.
(17) Habida cuenta de que las asimetrías híbridas suelen tener por efecto la doble deducción (es decir, la deducción en ambos Estados) o una deducción de las rentas en un Estado sin su inclusión en la base imponible de otro, tales situaciones afectan claramente al mercado interior al falsear sus mecanismos y crear lagunas que permiten que prosperen las prácticas de elusión fiscal. Dado que las asimetrías surgen gracias a las diferencias nacionales en la calificación jurídica de determinados tipos de entidades o pagos financieros, no suelen producirse entre las empresas que aplican normas comunes para calcular su base imponible. No obstante, persistirían las asimetrías en la interacción entre el marco de la base común y los sistemas del impuesto sobre sociedades nacionales o de terceros países. Para neutralizar los efectos de los arreglos propiciados por las asimetrías híbridas, es necesario establecer normas que permitan a una de las dos jurisdicciones afectadas por la asimetría denegar la deducción de un pago o que garanticen que las rentas correspondientes se incluyan en la base imponible del impuesto sobre sociedades.
(17) Habida cuenta de que las asimetrías de sucursales y las híbridas suelen tener por efecto la doble deducción (es decir, la deducción en ambos Estados) o una deducción de las rentas en un Estado sin su inclusión en la base imponible de otro, tales situaciones afectan claramente al mercado interior al falsear sus mecanismos y crear lagunas que permiten que prosperen las prácticas de elusión fiscal. Dado que las asimetrías surgen gracias a las diferencias nacionales en la calificación jurídica de determinados tipos de entidades o pagos financieros, no suelen producirse entre las empresas que aplican normas comunes para calcular su base imponible. No obstante, persistirían las asimetrías en la interacción entre el marco de la base común y los sistemas del impuesto sobre sociedades nacionales o de terceros países. Para neutralizar los efectos de los arreglos propiciados por las asimetrías híbridas o de otros arreglos afines, en la Directiva (UE) 2016/1164 se establecen normas relativas a las asimetrías híbridas y a las asimetrías híbridas invertidas. Estas normas deben tenerse sistemáticamente en cuenta al aplicar la presente Directiva.
(17 bis) No debe impedirse a los Estados miembros que introduzcan más medidas de lucha contra la elusión fiscal tendentes a mitigar las consecuencias negativas del traslado de beneficios a terceros países con tipos impositivos más bajos, los cuales no siempre intercambian de forma automática información fiscal con arreglo a las normas de la Unión.
(17 ter) Los Estados miembros deben establecer un sistema de sanciones aplicables en caso de infracción por parte de las empresas de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la presente Directiva con arreglo a lo dispuesto en el Derecho nacional e informar a la Comisión al respecto.
(19) A fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales de la presente Directiva, resulta oportuno delegar en la Comisión la competencia con miras a i) tener en cuenta los cambios que se produzcan en las legislaciones de los Estados miembros en relación con las formas societarias y los impuestos sobre sociedades y modificar los anexos I y II en consecuencia; ii) establecer definiciones adicionales; iii) aprobar disposiciones detalladas contra la elusión fiscal en una serie de campos específicos pertinentes para la bonificación en concepto de crecimiento e inversión; iv) definir de forma más precisa los conceptos de propiedad jurídica y propiedad económica de los activos arrendados; v) calcular los elementos de capital e intereses de los cánones enfitéuticos y la base de amortización de los activos arrendados; y vi) definir de forma más precisa las categorías de inmovilizado objeto de amortización. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.
(19) A fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales de la presente Directiva, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a i) tener en cuenta los cambios que se produzcan en las legislaciones de los Estados miembros en relación con las formas societarias y los impuestos sobre sociedades y modificar los anexos I y II en consecuencia; ii) establecer definiciones adicionales; iii) definir de forma más precisa los conceptos de propiedad jurídica y propiedad económica de los activos arrendados; iv) calcular los elementos de capital e intereses de los cánones enfitéuticos y la base de amortización de los activos arrendados; v) definir de forma más precisa las categorías de inmovilizado objeto de amortización; y vi) elaborar directrices para la fase de transición en la que la fórmula de reparto coexista con otros métodos de asignación en la relación con terceros países. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.
(19 bis) La Comisión debe supervisar la aplicación uniforme de la presente Directiva al objeto de evitar situaciones en las que en cada uno de los Estados miembros la autoridad competente aplique un régimen distinto. Por otra parte, la falta de normas contables armonizadas en la Unión no debe redundar en nuevas oportunidades de planificación y arbitraje fiscal. Por consiguiente, la armonización de las normas contables podría reforzar el régimen común, especialmente en el caso de que todas las empresas de la Unión estén sometidas a dicho régimen.
(23) La Comisión debe revisar la aplicación de la Directiva a los cinco años de su entrada en vigor y presentar al Consejo un informe sobre su funcionamiento. Se exigirá a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
(23) Dado que la presente Directiva contiene una importante modificación de las normas relativas al impuesto sobre sociedades, la Comisión debe realizar una evaluación exhaustiva de la aplicación de la Directiva a los cinco años de su entrada en vigor y presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre su funcionamiento. El informe sobre la aplicación debe incluir, como mínimo, los siguientes elementos: la repercusión sobre los ingresos de los Estados miembros del régimen fiscal contemplado en la presente Directiva, las ventajas e inconvenientes del régimen para las pequeñas y medianas empresas, el efecto en cuanto a la recaudación equitativa de impuestos entre los Estados miembros, la repercusión sobre la totalidad del mercado interior, particularmente en lo que se refiere a una posible distorsión de la competencia entre empresas sometidas a las nuevas normas establecidas en la presente Directiva, y el número de empresas incluidas en el ámbito de aplicación durante el periodo de transición. La Comisión debe revisar la aplicación de la Directiva a los diez años de su entrada en vigor y presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre su funcionamiento. Se exigirá a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
1. La presente Directiva establece un sistema de base común para la imposición de determinadas sociedades y recoge una serie de normas para el cálculo de dicha base.
1. La presente Directiva establece un sistema de base común para la imposición en la Unión de determinadas sociedades y recoge una serie de normas para el cálculo de dicha base, incluidas normas sobre medidas para prevenir la elusión fiscal y sobre medidas relativas a la dimensión internacional del sistema tributario propuesto.
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria
1. Las normas de la presente Directiva se aplicarán a las sociedades que estén constituidas en virtud de la legislación de un Estado miembro, incluidos sus establecimientos permanentes en otros Estados miembros, cuando cumplan todas las condiciones siguientes:
1. Las normas de la presente Directiva se aplicarán a las sociedades que estén constituidas en virtud de la legislación de un Estado miembro, incluidos sus establecimientos permanentes y establecimientos digitales permanentes en otros Estados miembros, cuando cumplan todas las condiciones siguientes:
c) que pertenezcan a un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera cuyos ingresos consolidados totales a nivel de grupo hayan superado los 750 millones de euros durante el ejercicio financiero anterior al ejercicio financiero correspondiente;
c) que pertenezcan a un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera cuyos ingresos consolidados totales a nivel de grupo hayan superado los 750 millones de euros durante el ejercicio financiero anterior al ejercicio financiero correspondiente; este límite se debe rebajar a cero a lo largo de un periodo máximo de siete años;
3. Las sociedades que cumplan las condiciones establecidas en las letras a) y b) del apartado 1, pero que no cumplan las condiciones establecidas en las letras c) o d) de dicho apartado, podrán optar por aplicar, también en relación con sus establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros, las normas de la presente Directiva durante cinco ejercicios fiscales. Ese periodo se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos de cinco ejercicios fiscales, salvo que se presente una notificación de renuncia tal como se contempla en el artículo 65, apartado 3. Las condiciones establecidas en las letras a) y b) del apartado 1 deberán cumplirse cada vez que se aplique la prórroga.
3. Las sociedades que cumplan las condiciones establecidas en las letras a) y b) del apartado 1, pero que no cumplan las condiciones establecidas en las letras c) o d) de dicho apartado, podrán optar por aplicar, también en relación con sus establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros, las normas de la presente Directiva.
4. Las normas de la presente Directiva no se aplicarán a las compañías navieras sujetas a un régimen fiscal especial. Las compañías navieras a las que se aplique un régimen fiscal especial deberán tenerse en cuenta a la hora de determinar las sociedades que forman parte del mismo grupo, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.
a) el derecho a ejercer más del 50 % de los derechos de voto; y
a) el derecho a ejercer derechos de voto que excedan del 50 %; y
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 12
(12) «costes de endeudamiento»: los gastos en concepto de intereses sobre cualquier forma de deuda, otros costes económicamente equivalentes a intereses, y los gastos derivados de la obtención de financiación, tal como estén definidos en la legislación nacional, incluidos los pagos en régimen de préstamos participativos, los intereses imputados sobre los bonos convertibles y las obligaciones cupón cero, los pagos en el marco de mecanismos de financiación alternativos, el elemento de coste de financiación de los contratos de arrendamiento financiero, los intereses capitalizados incluidos en el valor contable según balance de un activo correspondiente, la amortización de intereses capitalizados, los importes medidos en referencia a una renta financiera en el marco de normas sobre determinación de precios de transferencia, los importes de intereses nocionales en el marco de instrumentos de derivados o disposiciones de cobertura relativas al endeudamiento de una entidad, el rendimiento definido por incrementos de los recursos propios netos a que se refiere el artículo 11 de la presente Directiva, ciertos beneficios de cambio en el mercado de divisas y las pérdidas correspondientes al endeudamiento o los instrumentos relacionados con la obtención de financiación, los costes de garantía de los mecanismos financieros, las comisiones de apertura y costes similares relacionados con los préstamos suscritos;
(12) «costes de endeudamiento»: los gastos en concepto de intereses sobre cualquier forma de deuda, otros costes económicamente equivalentes a intereses, y los gastos derivados de la obtención de financiación, tal como estén definidos en la legislación nacional, incluidos los pagos en régimen de préstamos participativos, los intereses imputados sobre los bonos convertibles y las obligaciones cupón cero, los pagos en el marco de mecanismos de financiación alternativos, el elemento de coste de financiación de los contratos de arrendamiento financiero, los intereses capitalizados incluidos en el valor contable según balance de un activo correspondiente, la amortización de intereses capitalizados, los importes medidos en referencia a una renta financiera en el marco de normas sobre determinación de precios de transferencia, los importes de intereses nocionales en el marco de instrumentos de derivados o disposiciones de cobertura relativas al endeudamiento de una entidad, ciertos beneficios de cambio en el mercado de divisas y las pérdidas correspondientes al endeudamiento o los instrumentos relacionados con la obtención de financiación, los costes de garantía de los mecanismos financieros, las comisiones de apertura y costes similares relacionados con los préstamos suscritos;
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 30 bis (nuevo)
30 bis) «país o territorio no cooperador a efectos fiscales»: un país o territorio en el que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) no cumple las normas internacionales sobre transparencia;
b) hay en él posibles regímenes preferenciales;
c) hay en él un sistema fiscal sin impuesto sobre sociedades o en el que el tipo de dicho impuesto es casi nulo;
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 30 ter (nuevo)
30 ter) «sustancia económica»: criterios fácticos, incluidos los relativos a la economía digital, que permiten determinar la presencia a efectos fiscales de una empresa, como la existencia de medios humanos y materiales propios de la entidad, su autonomía de gestión, su realidad jurídica, los ingresos que genera y, si procede, la naturaleza de sus activos;
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 30 quater (nuevo)
30 quater) «sociedad ficticia»: cualquier tipo de entidad jurídica carente de sustancia económica y creada con fines meramente fiscales;
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 30 quinquies (nuevo)
30 quinquies) «costes de cánones»: costes derivados de pagos de cualquier clase realizados por el uso o la cesión del derecho de uso de cualquier derecho de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y los programas y sistemas informáticos, cualquier patente, marca registrada, diseño o modelo, plano, o fórmula o procedimiento secretos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, o a cualquier otro activo intangible; los pagos realizados por el uso o la cesión del derecho de uso de material industrial, comercial o científico se considerarán costes de cánones;
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 30 sexies (nuevo)
30 sexies) «precios de transferencia»: precios a los que una empresa transmite activos, ya sean tangibles o intangibles, o presta servicios a empresas asociadas;
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 31
31) «asimetría híbrida»: la situación existente entre un contribuyente y una empresa asociada o un arreglo estructurado entre partes en jurisdicciones fiscales diferentes cuando cualquiera de los resultados siguientes sea atribuible a diferencias en la calificación jurídica de un instrumento o entidad financieros, o en el tratamiento de una presencia comercial como establecimiento permanente:
31) «asimetría híbrida»: una asimetría híbrida, tal como se define en el punto 9) del artículo 2 de la Directiva (UE) 2016/1164;
a) una deducción del mismo pago, o de los mismos gastos o pérdidas, de la base imponible tanto en la jurisdicción en la que se origine el pago, se generen los gastos o se hayan sufrido las pérdidas, como en otra jurisdicción («doble deducción»);
Solo existirá una asimetría híbrida en la medida en que el mismo pago deducido, los mismos gastos incurridos o las mismas pérdidas sufridas en dos jurisdicciones excedan del importe de las rentas que se incluyen en cada una de las jurisdicciones y que pueden atribuirse a la misma fuente.
a) una deducción de un pago relacionado con el rendimiento subyacente sin la correspondiente inclusión de dicho pago a efectos fiscales, a menos que el rendimiento subyacente esté incluido en la renta imponible de una de las partes implicadas;
b) una compensación por un impuesto retenido en la fuente sobre un pago derivado del instrumento financiero transferido a más de una de las partes implicadas;
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 32
32) «arreglo estructurado»: un arreglo que implique una asimetría híbrida en la que la asimetría se tarifique en los términos del arreglo o un arreglo diseñado para producir un resultado de asimetría híbrida, a menos que el contribuyente o una empresa asociada no pudiera haber esperado razonablemente conocer la asimetría híbrida y no compartiera el valor de la ventaja fiscal resultante de la asimetría híbrida;
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 33 bis (nuevo)
33 bis) «establecimiento permanente digital»: una presencia digital significativa de un contribuyente que presta en una jurisdicción servicios dirigidos a los consumidores o las empresas de esta, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 5, apartado 2 bis;
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 33 ter (nuevo)
33 ter) «número de identificación fiscal (NIF) europeo»: número de identificación fiscal de la UE, tal como se describe en la Comunicación de la Comisión de 6 de diciembre de 2012, la cual recoge un plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal.
Artículo 4 – párrafo 2
La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 66 a fin de establecer definiciones de otros conceptos.
La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 66 a fin de actualizar definiciones en vigor o establecer definiciones de otros conceptos.
1. Se considerará que un contribuyente dispone de un establecimiento permanente en un Estado miembro distinto de aquel en que tenga su residencia a efectos fiscales cuando cuente con un emplazamiento fijo en ese otro Estado miembro a través del cual desarrolle total o parcialmente su actividad, en particular:
1. Se considerará que un contribuyente dispone de un establecimiento permanente que incluye un establecimiento permanente digital en un Estado miembro distinto de la jurisdicción en que tenga su residencia a efectos fiscales cuando cuente con un emplazamiento fijo de actividad o una presencia digital en ese otro Estado miembro a través de los cuales desarrolle total o parcialmente su actividad, en particular:
Artículo 5 – apartado 1 – letra f bis (nueva)
f bis) una plataforma digital o cualquier otro modelo empresarial digital basados en la recopilación y explotación de datos con fines comerciales.
2 bis. Si un contribuyente residente en una jurisdicción ofrece una plataforma digital —por ejemplo, una aplicación electrónica, una base de datos, un mercado en línea o un espacio de almacenamiento— o proporciona acceso a ella, o bien ofrece servicios de motor de búsqueda o servicios publicitarios en un sitio web o una aplicación electrónica, se considerará que dicho contribuyente posee un establecimiento permanente digital en un Estado miembro distinto de la jurisdicción en la que sea residente a efectos fiscales si el importe total de los ingresos del contribuyente o la empresa asociada derivados de operaciones a distancia generados a través de las plataformas digitales mencionadas en la jurisdicción en la que no sea residente supera la cifra de 5 millones de euros al año y si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
a) que mensualmente al menos mil usuarios registrados domiciliados en un Estado miembro distinto de la jurisdicción en la que el contribuyente sea residente a efectos fiscales se hayan conectado a la plataforma digital del contribuyente o la hayan visitado;
b) que durante un ejercicio fiscal se hayan celebrado mensualmente al menos mil contratos digitales con clientes o usuarios domiciliados en la jurisdicción en la que el contribuyente no sea residente;
c) que el volumen del contenido digital recopilado por el contribuyente en un ejercicio fiscal represente más del 10 % del total del contenido digital almacenado del grupo.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 66 en lo referente a la modificación de la presente Directiva mediante el ajuste de los factores mencionados en las letras a), b) y c) del presente apartado en función de los avances en los acuerdos internacionales.
Si, además del umbral de ingresos a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, uno o más de los tres factores digitales mencionados en las letras a), b) y c) del presente apartado son aplicables a un contribuyente en el Estado miembro de que se trate, se considerará que dicho contribuyente posee un establecimiento permanente en ese Estado miembro.
Los contribuyentes estarán obligados a facilitar a las autoridades tributarias toda la información pertinente para determinar su establecimiento permanente o establecimiento permanente digital de conformidad con el presente artículo.
Además de las cantidades que sean deducibles en concepto de costes de investigación y desarrollo de conformidad con el apartado 2, el contribuyente también podrá deducir, para cada ejercicio fiscal, un 50 % adicional de tales costes adicionales, con excepción de los costes relativos al inmovilizado material mueble, en que haya incurrido durante ese ejercicio. En la medida en que los costes de investigación y desarrollo superen los 20 millones de euros, el contribuyente podrá deducir el 25 % de la cantidad excedentaria.
Para costes de investigación y desarrollo que no superen los 20 millones de euros y correspondan al personal, con inclusión de los salarios, los subcontratistas, los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal y los trabajadores autónomos, el contribuyente recibirá un crédito fiscal del 10 % de los costes en que haya incurrido.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el contribuyente podrá deducir hasta el 100 % de sus costes de investigación y desarrollo hasta un máximo de 20 millones de euros cuando reúna todas las condiciones siguientes:
a) que se trate de una empresa no cotizada con menos de cincuenta empleados y un volumen de negocios anual o un balance anual total que no supere los 10 millones de euros;
b) que no haya estado registrado durante más de cinco años. Si el contribuyente no está sujeto a registro, el periodo de cinco años podrá empezar a contar en el momento en que la empresa inicie su actividad económica o esté sujeta a impuesto por ella;
c) que no haya surgido de una operación de concentración.
d) que no tenga ninguna empresa asociada.
b) un 50 % de los gastos de representación, hasta una cantidad que no supere el [x] % de los ingresos en el ejercicio fiscal;
b) un 50 % de los gastos de representación ordinarios y necesarios directamente relacionados o asociados con la actividad del contribuyente, hasta una cantidad que no supere el [x] % de los ingresos en el ejercicio fiscal;
Artículo 12 – párrafo 1 – letra c
c) la transferencia de los beneficios no distribuidos a una reserva que forme parte de los recursos propios de la sociedad,
c) la transferencia de los beneficios no distribuidos a una reserva que forme parte de los recursos propios de la sociedad, distintos de los beneficios no distribuidos por las sociedades cooperativas y los consorcios de cooperativas para la constitución de una reserva, tanto durante la actividad en curso de la sociedad como tras su cese, de conformidad con las disposiciones fiscales nacionales;
Artículo 12 – párrafo 1 – letra j bis (nueva)
j bis) los gastos relativos a beneficiarios situados en países que figuran en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales (también conocidos como «paraísos fiscales»);
Los costes de endeudamiento excedentarios serán deducibles en el ejercicio fiscal en que se haya incurrido en ellos hasta el 30 % de los beneficios del contribuyente antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) o hasta un importe de 3 millones de euros, si este importe fuera superior.
Los costes de endeudamiento excedentarios serán deducibles en el ejercicio fiscal en que se haya incurrido en ellos hasta el 10 % de los beneficios del contribuyente antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) o hasta un importe de un millón de euros, si este importe fuera superior.
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2
A efectos del presente artículo, cuando se permita o se exija a un contribuyente actuar por cuenta de un grupo, según la definición prevista en las normas de un sistema nacional de imposición de los grupos de empresas, todo el grupo será tratado como un contribuyente. En tales circunstancias, los costes de endeudamiento excedentarios y los EBITDA se calcularán para la totalidad del grupo. El importe de 3 millones de euros se considerará también para el grupo en su conjunto.
A efectos del presente artículo, cuando se permita o se exija a un contribuyente actuar por cuenta de un grupo, según la definición prevista en las normas de un sistema nacional de imposición de los grupos de empresas, todo el grupo será tratado como un contribuyente. En tales circunstancias, los costes de endeudamiento excedentarios y los EBITDA se calcularán para la totalidad del grupo. El importe de un millón de euros se considerará también para el grupo en su conjunto.
6. Los costes de endeudamiento excedentarios que no puedan deducirse en un ejercicio fiscal determinado podrán trasladarse a un ejercicio posterior sin limitación de tiempo.
6. Los costes de endeudamiento excedentarios que no puedan deducirse en un ejercicio fiscal determinado podrán trasladarse a un ejercicio posterior durante un período de cinco años.
Exenciones específicas
Los beneficios no distribuidos por las cooperativas y los consorcios para la constitución de una reserva, tanto durante la actividad en curso de una sociedad como tras su cese, así como las ventajas concedidas por las cooperativas y los consorcios a sus propios miembros serán deducibles siempre que la legislación fiscal nacional contemple esa deducibilidad.
1. Un importe igual al valor de mercado de los activos transferidos, en el momento de su salida, una vez deducido su valor a efectos fiscales, será tratado como ingresos devengados en cualquiera de las circunstancias siguientes:
A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las normas de imposición de salida que se establecen en la Directiva (UE) 2016/1164.
a) cuando el contribuyente transfiera activos desde su domicilio social a su establecimiento permanente en otro Estado miembro o en un tercer país;
b) cuando el contribuyente transfiera activos desde su establecimiento permanente en un Estado miembro a su domicilio social o a otro establecimiento permanente en otro Estado miembro o en un tercer país, en la medida en que, debido a la transferencia, el Estado miembro en el que se encuentra el establecimiento permanente ya no tenga derecho a gravar dichos activos;
c) cuando el contribuyente traslade su residencia fiscal a otro Estado miembro o a un tercer país, excepto en relación con aquellos activos que sigan estando vinculados de manera efectiva a un establecimiento permanente en el primer Estado miembro;
d) cuando el contribuyente traslade la actividad realizada por su establecimiento permanente de un Estado miembro a otro o a un tercer país, en la medida en que, debido a la transferencia, el Estado miembro en el que se encuentra el establecimiento permanente ya no tenga derecho a gravar dichos activos.
2. El Estado miembro al que se transfieran los activos o se traslade la residencia fiscal o la actividad realizada por un establecimiento permanente aceptará el valor determinado por el Estado miembro del contribuyente o del establecimiento permanente como valor de base de dichos activos a efectos fiscales.
3. Siempre que se prevea que los activos deben volver al Estado miembro del responsable de la transferencia en un plazo de doce meses, el presente artículo no se aplicará a las transferencias de activos relacionadas con la financiación de valores, los activos entregados como garantía o si la transferencia de activos se efectúa para cumplir requisitos prudenciales de capital o a efectos de gestión de la liquidez.
Artículo 41 – apartado 1
1. Las pérdidas en que haya incurrido en un ejercicio fiscal un contribuyente residente o un establecimiento permanente de un contribuyente no residente podrán trasladarse a ejercicios fiscales posteriores y deducirse en ellos, salvo disposición en contrario de la presente Directiva.
1. Las pérdidas en que haya incurrido en un ejercicio fiscal un contribuyente residente o un establecimiento permanente de un contribuyente no residente podrán trasladarse a ejercicios fiscales posteriores y deducirse en ellos durante un máximo de cinco años.
Compensación por pérdidas y recuperación
1. Un contribuyente residente que siga teniendo beneficios después de deducir sus propias pérdidas con arreglo al artículo 41 podrá deducir además las pérdidas sufridas, en el mismo ejercicio fiscal, por sus filiales consolidables inmediatas, en el sentido del artículo 3, apartado 1, o por un establecimiento o establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros. Esta compensación por pérdidas se concederá por un periodo de tiempo limitado de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del presente artículo.
2. La deducción será proporcional a la participación del contribuyente residente en sus filiales consolidables en el sentido del artículo 3, apartado 1, e íntegra para los establecimientos permanentes. La reducción de la base imponible del contribuyente residente no dará lugar en ningún caso a un importe negativo.
3. Los contribuyentes residentes deberán volver a añadir a su base imponible, hasta el importe previamente deducido en concepto de pérdida, cualquier beneficio ulterior obtenido por sus filiales consolidables en el sentido del artículo 3, apartado 1, o por sus establecimientos permanentes.
4. Las pérdidas deducidas con arreglo a los apartados 1 y 2 serán automáticamente reincorporadas en la base imponible del contribuyente residente en cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) cuando, al final del quinto ejercicio fiscal posterior al momento en que las pérdidas pasaron a ser deducibles, no se haya reincorporado ningún beneficio o los beneficios reincorporados no se correspondan con el importe total de las pérdidas deducidas;
b) cuando la filial consolidable en el sentido del artículo 3, apartado 1, se venda, se liquide o se transforme en un establecimiento permanente;
c) cuando el establecimiento permanente se venda, se liquide o se transforme en una filial;
d) cuando la sociedad matriz ya no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1.
Artículo 45 bis (nuevo)
Contribución fiscal efectiva
En la medida en que se siga aplicando el umbral que figura en el artículo 2, apartado 1, letra c), los Estados miembros controlarán y publicarán la contribución fiscal efectiva de las pymes y las empresas multinacionales en cada uno de ellos, de manera que puedan garantizar unas condiciones de competencia equitativas para empresas similares en la Unión y aliviar la carga administrativa y los costes que soportan las pymes.
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 1
No obstante lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 8, un contribuyente no estará exento del impuesto sobre la renta extranjera que haya percibido en concepto de distribución de beneficios de una entidad de un tercer país o como producto de la enajenación de acciones que posea en una entidad en un tercer país, cuando dicha entidad esté sujeta en su país de residencia fiscal a un tipo legal del impuesto sobre sociedades inferior a la mitad del tipo impositivo legal que se le habría aplicado, en relación con tales rentas extranjeras, en su Estado miembro de residencia a efectos fiscales.
No obstante lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 8, un contribuyente no estará exento del impuesto sobre la renta extranjera no derivada de una actividad comercial que haya percibido en concepto de distribución de beneficios de una entidad de un tercer país o como producto de la enajenación de acciones que posea en una entidad en un tercer país, cuando dicha entidad esté sujeta en su país de residencia fiscal a un tipo legal del impuesto sobre sociedades inferior al 15 %, en relación con tales rentas extranjeras, en su Estado miembro de residencia a efectos fiscales.
Artículo 53 – apartado 2
2. Cuando sea de aplicación el apartado 1, el contribuyente tributará por la renta extranjera y el impuesto pagado en el tercer país se deducirá de su deuda tributaria en el Estado miembro en que sea residente a efectos fiscales. La deducción no deberá superar la cuantía del impuesto, calculada antes de la deducción, imputable a la renta que pueda ser gravada.
2. Cuando sea de aplicación el apartado 1, el contribuyente tributará por la renta extranjera y el impuesto pagado en el tercer país se deducirá de su deuda tributaria en el Estado miembro en que sea residente a efectos fiscales. La deducción no deberá superar la cuantía del impuesto, calculada antes de la deducción, imputable a la renta que pueda ser gravada. A fin de beneficiarse de la deducción, el contribuyente deberá demostrar a sus autoridades tributarias que la renta extranjera es producto de una actividad económica, por ejemplo mediante un certificado a tal efecto expedido por las autoridades tributarias extranjeras.
1. A efectos del cálculo de la base imponible en virtud de las normas de la presente Directiva, los Estados miembros no tendrán en cuenta ningún arreglo o serie de arreglos que, por haberse establecido teniendo como propósito esencial la obtención de una ventaja fiscal que desvirtúa el objeto o la finalidad de la presente Directiva, resulten ser engañosos una vez analizados todos los datos y circunstancias pertinentes. Tales arreglos podrán estar constituidos por más de una fase o parte.
A efectos de la presente Directiva, se aplicará la norma general contra las prácticas abusivas que se establece en la Directiva (UE) 2016/1164.
2. A efectos del apartado 1, un arreglo o una serie de arreglos se considerarán engañosos en la medida en que no se hayan establecido por razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica.
3. Un arreglo o una serie de arreglos que no se tengan en cuenta de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 serán tratados, a efectos de cálculo de la base imponible, por referencia a su contenido económico.
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
Una entidad o un establecimiento permanente cuyos beneficios no estén sometidos a imposición o estén exentos de impuestos en el Estado miembro de su domicilio social serán tratados como sociedad extranjera controlada cuando se reúnan las condiciones siguientes:
El Estado miembro de un contribuyente tratará una entidad o un establecimiento permanente cuyos beneficios no estén sometidos a imposición o estén exentos de impuestos en ese Estado miembro como sociedad extranjera controlada cuando se reúnan las condiciones siguientes:
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
b) que el impuesto sobre sociedades que la entidad o el establecimiento permanente pague efectivamente por sus beneficios sea menor que la diferencia entre el impuesto sobre sociedades que se habría aplicado a los beneficios de dicha entidad o establecimiento permanente de conformidad con las normas de la presente Directiva y el impuesto sobre sociedades efectivamente pagado sobre esos beneficios por la entidad o establecimiento permanente de que se trate.
b) que los beneficios de la entidad estén sujetos a un tipo del impuesto sobre sociedades inferior al 15 %; este tipo impositivo se calculará sobre la base de los beneficios antes de la aplicación de las operaciones previstas por los países en cuestión para reducir la base imponible sujeta a dicho tipo; este tipo se revisará cada año en función de la evolución económica del comercio mundial.
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2
A efectos de la letra b) del párrafo primero, al calcular el impuesto sobre sociedades que se habría aplicado a los beneficios de la entidad con arreglo a las normas de la Directiva en el Estado miembro del contribuyente, no se tendrán en cuenta las rentas de cualquier establecimiento permanente de la entidad no sujetas a imposición o exentas de impuestos en el territorio fiscal de la sociedad extranjera controlada.
Artículo 59 – apartado 2
2. Cuando una entidad o establecimiento permanente sean tratados como sociedad extranjera controlada en virtud del apartado 1, las rentas no distribuidas de la entidad o establecimiento permanente estarán sujetas a imposición en la medida en que se deriven de las siguientes categorías:
a) las rentas no distribuidas de la entidad o las rentas del establecimiento permanente que se deriven de las siguientes categorías:
a) intereses u otras rentas generadas por activos financieros;
i) intereses u otras rentas generadas por activos financieros;
b) cánones u otras rentas generadas por propiedad intelectual e industrial;
ii) cánones u otras rentas generadas por propiedad intelectual e industrial;
c) dividendos y rentas procedentes de la enajenación de acciones;
iii) dividendos y rentas procedentes de la enajenación de acciones;
d) rentas procedentes del arrendamiento financiero;
iv) rentas procedentes del arrendamiento financiero;
e) rentas procedentes de actividades de seguros, actividades bancarias u otras actividades financieras;
v) rentas procedentes de actividades de seguros, actividades bancarias u otras actividades financieras;
f) rentas procedentes de la facturación de sociedades que perciben ingresos por ventas y servicios comprados de y vendidos a empresas asociadas, añadiendo un valor económico escaso o nulo.
vi) rentas procedentes de la facturación de sociedades que perciben ingresos por ventas y servicios comprados de y vendidos a empresas asociadas, añadiendo un valor económico escaso o nulo.
El párrafo primero no se aplicará a las sociedades extranjeras controladas que sean residentes o estén situadas en un Estado miembro o en un tercer país que sea parte en el Acuerdo EEE, cuando hayan sido constituidas por razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica. A efectos del presente artículo, la actividad de la sociedad extranjera controlada reflejará la realidad económica en la medida en que esa actividad esté respaldada por una plantilla, un equipamiento, bienes e instalaciones proporcionales.
La presente letra a) no será de aplicación cuando la sociedad extranjera controlada lleve a cabo una actividad económica de importancia basada en una plantilla, un equipamiento, bienes e instalaciones, de lo que darán fe los hechos y circunstancias pertinentes. Cuando la sociedad extranjera controlada esté registrada o situada en un tercer país que no forme parte del Acuerdo EEE, los Estados miembros podrán decidir abstenerse de aplicar el párrafo primero, o
b) las rentas no distribuidas de la entidad o establecimiento permanente derivadas de mecanismos falseados que se han establecido con el objetivo esencial de obtener una ventaja fiscal.
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 1
Una entidad o establecimiento permanente no serán tratados como sociedad extranjera controlada en el sentido del apartado 1 cuando no más de un tercio de las rentas de la entidad o establecimiento permanente esté comprendido dentro de las categorías a) a f) del apartado 2.
Cuando, en virtud de las normas de un Estado miembro, la base imponible de un contribuyente se calcule con arreglo al apartado 2, letra a), el Estado miembro podrá optar por no considerar una entidad o establecimiento permanente como sociedad extranjera controlada según lo previsto en el apartado 1 si un tercio o menos de las rentas de la entidad o establecimiento permanente pertenecen a alguna de las categorías previstas en el apartado 2, letra a).
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 2
Las entidades financieras no serán tratadas como sociedades extranjeras controladas en virtud del apartado 1 cuando no más de un tercio de las rentas de la entidad o establecimiento permanente de las categorías a) a f) del apartado 2 proceda de operaciones con el contribuyente o con sus empresas asociadas.
Artículo 59 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis. Los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación del apartado 2, letra b), a una entidad o establecimiento permanente:
a) con beneficios contables no superiores a 750 000 EUR de ingresos no comerciales no superiores a 75 000 EUR, o
b) cuyos beneficios contables no representen más del 10 % de sus gastos de explotación durante el período impositivo.
A efectos de lo dispuesto en la letra b) del párrafo primero, los gastos de explotación no podrán incluir el coste de los bienes vendidos fuera del país en el que esté registrada la sociedad o en el que esté situado el establecimiento permanente a efectos fiscales ni los pagos a empresas asociadas.
En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros dé lugar a la doble deducción del mismo pago, los mismos gastos o las mismas pérdidas, la deducción solo se concederá en el Estado miembro en el que se haya originado el pago, se haya incurrido en los gastos o se hayan contraído las pérdidas.
A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las normas relativas a asimetrías híbridas que se establecen en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2016/1164.
En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros dé lugar a una deducción sin inclusión, el Estado miembro del ordenante del pago denegará la deducción del pago correspondiente.
a) si el pago tiene su origen en un Estado miembro, este denegará la deducción, o
b) si el pago tiene su origen en un tercer país, el Estado miembro de que se trate exigirá al contribuyente que incluya dicho pago en la base imponible, salvo en caso de que el tercer país ya haya denegado la deducción o haya exigido que se incluya el pago.
En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros en la que esté implicado un establecimiento permanente dé lugar a la no imposición sin inclusión, el Estado miembro en el que el contribuyente tenga su residencia a efectos fiscales exigirá al contribuyente que incluya en la base imponible las rentas imputables al establecimiento permanente.
6. En la medida en que una asimetría híbrida dé lugar a compensación por el impuesto retenido en la fuente sobre un pago derivado de un instrumento financiero transferido a más de una de las partes implicadas, el Estado miembro del contribuyente limitará el beneficio de tal compensación en proporción a la renta neta imponible en relación con dicho pago.
7. A efectos del presente artículo, se entenderá por «ordenante del pago» la entidad o establecimiento permanente donde se haya originado el pago, se haya incurrido en los gastos o se hayan contraído las pérdidas.
Artículo 61 bis – título
Artículo 61 bis – apartado 1
A los efectos de la presente Directiva, los Estados miembros tratarán las asimetrías híbridas invertidas de conformidad con el artículo 9 bis de la Directiva (UE) 2016/1164.
Número de identificación fiscal europeo
La Comisión presentará, como más tarde el 31 de diciembre de 2018, una propuesta legislativa sobre un número de identificación fiscal europeo común y armonizado, a fin de aumentar la eficiencia y la fiabilidad del intercambio automático de información fiscal dentro de la Unión.
Artículo 65 ter (nuevo)
Intercambio automático y obligatorio de información en materia fiscal
A fin de garantizar una transparencia total y la correcta aplicación de la presente Directiva, el intercambio de información en materia fiscal será automático y obligatorio, de conformidad con lo previsto en la Directiva 2011/16/UE del Consejo1 bis.
Los Estados miembros dotarán a sus administraciones tributarias de personal experimentado y recursos presupuestarios apropiados, así como de los recursos necesarios para la formación del personal de dichas administraciones en materia de cooperación transfronteriza e intercambio automático de información en el ámbito fiscal, con el fin de garantizar la plena aplicación de la presente Directiva.
1 bis Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).
Artículo 66 – apartado 2
2. Los poderes para adoptar los actos delegados previstos en el artículos 2, apartado 5, el artículo 4, apartado 5, el artículo 11, apartado 6, el artículo 32, apartado 5, y el artículo 40 se confieren a la Comisión por un periodo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados previstos en el artículos 2, apartado 5, el artículo 4, apartado 5, el artículo 5, apartado 2 bis, el artículo 32, apartado 5, y el artículo 40 se confieren a la Comisión por un periodo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
Artículo 66 – apartado 3
3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 2, apartado 5, el artículo 4, apartado 5, el artículo 11, apartado 6, el artículo 32, apartado 5, y el artículo 40 podrá ser revocada en cualquier momento por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 2, apartado 5, el artículo 4, apartado 5, el artículo 5, apartado 2 bis, el artículo 32, apartado 5, y el artículo 40 podrá ser revocada en cualquier momento por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
Artículo 66 – apartado 5
5. Los actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 2, apartado 5, el artículo 4, apartado 5, el artículo 11, apartado 6, el artículo 32, apartado 5, y el artículo 40 entrarán en vigor únicamente si, en el plazo de [dos meses] desde su notificación al Consejo, este no formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, informa a la Comisión de que no las formulará. El plazo se prorrogará [dos meses] a iniciativa del Consejo.
5. Los actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 2, apartado 5, el artículo 4, apartado 5, el artículo 5, apartado 2 bis, el artículo 32, apartado 5, y el artículo 40 entrarán en vigor únicamente si, en el plazo de [dos meses] desde su notificación al Consejo, este no formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, informa a la Comisión de que no las formulará. El plazo se prorrogará [dos meses] a iniciativa del Consejo.
Artículo 66 bis (nuevo)
Medidas contra los abusos en detrimento de los convenios fiscales
Los Estados miembros modificarán sus convenios fiscales bilaterales con arreglo a la presente Directiva a fin de que asegurar que estos incluyan cada uno de los siguientes elementos:
a) una cláusula que garantice que ambas partes del convenio se comprometen a adoptar medidas para que se paguen impuestos cuando se desarrollen actividades económicas y se cree valor;
b) un apéndice que clarifique que el objetivo de los convenios bilaterales, más allá de evitar la doble imposición, es asimismo combatir la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva;
c) una cláusula relativa a una norma general contra la elusión fiscal basada en una prueba del propósito principal.
Artículo 68 bis (nuevo)
La Comisión supervisará y publicará las conclusiones sobre la aplicación uniforme de la presente Directiva y garantizará una interpretación homogénea de sus medidas por los Estados miembros.
Informe de aplicación y reexamen
Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión reexaminará su aplicación y presentará al Consejo un informe sobre el funcionamiento de la misma.
Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión evaluará el funcionamiento de la misma.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la Comisión examinará, tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, el funcionamiento del artículo 11 y estudiará la necesidad de introducir ajustes en la definición y calibración de la BCI. La Comisión llevará a cabo un análisis pormenorizado de la manera en que la BCI puede incitar a las empresas que tienen derecho a optar por la aplicación de las normas de la presente Directiva para financiar sus actividades mediante recursos propios.
La Comisión comunicará sus conclusiones en un informe de ejecución al Parlamento Europeo y al Consejo. El informe incluirá un análisis de cada uno de los elementos siguientes:
a) el impacto de este régimen sobre los ingresos fiscales de los Estados miembros;
b) las ventajas e inconvenientes del sistema para las pequeñas y medianas empresas;
c) el impacto sobre una recaudación fiscal justa entre los Estados miembros;
d) el impacto sobre el mercado interior en su conjunto, con especial atención a las posibles distorsiones de la competencia entre empresas sometidas a las nuevas normas establecidas en la presente Directiva.
e) el número de empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación durante el período transitorio.
Diez años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión reexaminará su aplicación y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el funcionamiento de la misma.
La Comisión comunicará sus conclusiones a los Estados miembros, con el fin de que estos las tengan en cuenta en el diseño y la implementación de los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades.
La Comisión comunicará sus conclusiones en un informe dirigido al Parlamento Europeo y a los Estados miembros y al Parlamento Europeo, con el fin de que estos las tengan en cuenta en el diseño y la implementación de los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades, y lo acompañará, si fuera necesario, de una propuesta legislativa para modificar la presente Directiva.
Artículo 70 – apartado 1 – párrafo 1
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Artículo 70 – apartado 1 – párrafo 2
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de febrero de 2019.
A finales de 2016, la Comisión presentó una reforma a fondo de las normas relativas al impuesto sobre sociedades en una propuesta sobre la base imponible común del impuesto sobre sociedades (BICIS) y una propuesta sobre base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS). Al mismo tiempo, la Comisión retiró su propuesta de 2011 sobre la BICCIS, que permanecía bloqueada en el Consejo. La finalidad del proyecto es reforzar el mercado interior mediante una simplificación y abaratamiento de los costes para las empresas de las operaciones transfronterizas en la Unión, combatir las prácticas de planificación fiscal agresiva de las empresas y aumentar la transparencia del impuesto sobre sociedades en la Unión.
Por una parte, la BICIS establece un conjunto de normas único para el cálculo de la base imponible común del impuesto sobre sociedades y, por otra, la BICCIS aporta un elemento de consolidación que permitiría a las empresas compensar las pérdidas sufridas en un Estado miembro con los beneficios obtenidos en otro.
La idea de armonizar los sistemas de imposición de las sociedades en la Unión no es nueva: en efecto, se menciona ya en documentos políticos de principios de la década de los sesenta. En 1975, la Comisión propuso una Directiva relativa a la armonización de los sistemas del impuesto sobre sociedades y de los regímenes de retención en la fuente sobre los dividendos, que acabó retirándose en los años noventa debido a la falta de avances en el Consejo. En su lugar, la Comisión adoptó las Orientaciones en materia de fiscalidad de las empresas. En 2001, la Comisión publicó un estudio sobre la fiscalidad de las empresas en el mercado interior. Sin embargo, hubo que esperar hasta 2011 para que la Comisión propusiera la BICCIS.
El Parlamento Europeo manifestó su apoyo al proyecto de BICCIS en numerosas ocasiones. En 2008, acogió con satisfacción la intención de la Comisión de crear la BICCIS y, en 2012, aprobó un informe de la ponente Marianne Thyssen en el que se pedía que la BICCIS se aplicara cuanto antes y al mayor número posible de empresas. En 2015, en su Resolución sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (TAXE 1), el Parlamento pidió el establecimiento de una BICCIS con carácter obligatorio, solicitud que reiteró en su Resolución de 2016 (TAXE 2).
La fiscalidad equitativa de las empresas cobró carácter prioritario en la agenda internacional en un contexto marcado por la crisis financiera mundial y la revelación de numerosos escándalos financieros, como «Lux Leaks» y los «papeles de Panamá». La lucha contra la elusión fiscal desembocó en la adopción de la iniciativa de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. En la Unión, las recomendaciones de la OCDE se aplicaron mediante el paquete de lucha contra la elusión fiscal (DEF 1) aprobado a mediados de 2016 y la DEF 2 sobre las asimetrías híbridas aprobada a principios de este año, así como mediante el intercambio de información en lo que respecta a las resoluciones fiscales («DAC4») y los informes por países («DAC5»).
La BICCIS es un elemento pendiente en la construcción de un auténtico mercado interior y en la lucha contra la elusión fiscal; ofrece seguridad fiscal, un marco regulador claro y estable, así como normas sólidas para luchar contra la elusión fiscal, incluida la abolición de los precios de transferencia.
Un mundo caracterizado por los procesos de globalización y digitalización plantea a los Estados miembros el desafío de garantizar que los ingresos de las empresas se graven allí donde se genera el valor. En particular, las grandes empresas multinacionales tienen la capacidad de trasladar fácilmente los beneficios a aquellos Estados miembros con los tipos del impuesto sobre sociedades más reducidos.
La Comisión dividió el expediente en una parte de consolidación y una parte que determina la base común del impuesto sobre sociedades. La primera directiva establece un cuerpo normativo que regula la forma como se gravarán los beneficios de una empresa. Con la segunda directiva sobre la consolidación, se agregarán todos los beneficios y todas las pérdidas, de forma que se obtenga un beneficio o una pérdida netos para toda la Unión. El ponente considera, no obstante, que una parte no puede existir sin la otra. Por consiguiente, debe reforzarse el vínculo entre ambos expedientes alineando la fecha de aplicación de ambas directivas como más tarde en 2020. Este planteamiento implica que deberían excluirse las disposiciones temporales (compensación de pérdidas transfronterizas).
Los actuales regímenes del impuesto sobre sociedades reflejan realidades económicas del siglo pasado, cuando las empresas estaban claramente vinculadas a un mercado local. Los procesos de globalización y digitalización de la economía mundial plantean una serie de desafíos en relación con la prevención de las distorsiones del mercado y la lucha contra la elusión y la evasión fiscales. Las empresas que desarrollan su actividad en la Unión sin un establecimiento físico han de recibir el mismo trato que las empresas con un establecimiento físico en la Unión. Por consiguiente, el ponente incluye, en el artículo sobre el establecimiento permanente en otro Estado miembro, una serie de factores que permiten definir la presencia digital.
El ponente considera que este sistema debiera ser una norma ampliamente adoptada para la fiscalidad de las empresas. El umbral de 750 millones de euros que propone la Comisión no es adecuado para los fines de la BICCIS. El ponente propone introducir un umbral inferior, situado en los 40 millones de euros, que alcanzaría a la mayoría de las empresas con una actividad transfronteriza. A largo plazo (esto es, en un plazo de cinco años), no debiera existir ningún umbral, tanto por razones de simplicidad para las empresas y las autoridades fiscales como para garantizar la igualdad de condiciones entre las pymes y las multinacionales. El ponente invita a la Comisión a calcular las estadísticas relativas a los tipos impositivos efectivos pagados por las multinacionales y las pymes, con el fin de contribuir a evitar la existencia de disparidades.
La igualdad de condiciones entre las multinacionales y las pymes es una preocupación que este informe debiera abordar. La diferencia entre los impuestos abonados por las multinacionales y la contribución fiscal de las pymes se ha ampliado en las últimas décadas. La causa de este problema radica en el hecho de que, a diferencia de las pymes, las multinacionales tienen por lo general los recursos necesarios para transferir su actividad a jurisdicciones con impuestos reducidos. La propuesta de la Comisión no es suficiente para abordar esa tendencia, dado que deja abierta la posibilidad de que los Estados miembros compitan entre sí en el ámbito de sus respectivos impuestos sobre sociedades. Por ello, sería oportuno introducir el principio de un tipo mínimo.
El ponente considera que las propuestas de la BICCIS representan una pieza fundamental para la plena realización del mercado interior y podrían aumentar el crecimiento de la economía europea. Un nuevo marco promovería un mercado interno más justo y mejor integrado, y podría contribuir a la consecución de los objetivos de otros proyectos emblemáticos como la Unión de Mercados de Capitales, el Mercado Único Digital y el Plan de Inversiones para Europa. El ponente considera que la BICCIS aborda los actuales desafíos en el contexto tributario internacional y puede constituir un potente instrumento en la lucha contra la planificación fiscal agresiva.
expresada, de conformidad con el artículo 52 bis, apartado 4, de su Reglamento interno,por los diputados Esther de Lange, Brian Hayes y Gunnar Hökmark
1. Aunque la fiscalidad es una competencia de los Estados miembros, la lucha contra la elusión y la evasión fiscales pone de manifiesto la necesidad de reforzar la cooperación a nivel europeo. Sin embargo, la presente propuesta de base imponible común (consolidada) del impuesto sobre sociedades solo tendrá una escasa repercusión en la lucha contra la elusión y la evasión fiscales, mientras que tendrá importantes consecuencias sobre la economía de los Estados miembros, sobre todo porque la clave de consolidación propuesta no representa correctamente el nivel de actividad económica;
2. No se ha llevado a cabo una evaluación de impacto suficientemente detallada ni para la BICIS, ni para la BICCIS, especialmente en términos de impacto en los ingresos fiscales de los Estados miembros. Las modificaciones adicionales sugeridas por este informe exigen la necesidad importante de una nueva evaluación de impacto con cálculos precisos sobre las consecuencias para cada Estado miembro;
3. Asimismo, la planificación fiscal agresiva por parte de las empresas multinacionales es un problema global. La mejor manera de abordar este problema es a partir de normas internacionalmente acordadas, mediante la iniciativa de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en inglés).
4. Siete Parlamentos nacionales han emitido dictámenes motivados oponiéndose a las propuestas sobre la BICIS y la BICCIS por razones de subsidiariedad y soberanía fiscal. Estas preocupaciones no han sido tenidas en cuenta en el presente informe.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (19.9.2017)
Ponente de opinión: Evelyn Regner
La presente propuesta, junto con la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades (2016/0336 (CNS)), reactiva la iniciativa de la Comisión de 2011 relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades en la Unión. El objetivo de ambas propuestas es crear una legislación de la Unión en este ámbito que se adapte a un entorno económico cada vez más globalizado, móvil y digital en el que los Estados miembros tienen cada vez más dificultades para luchar eficazmente contra las prácticas de planificación fiscal agresiva mediante medidas unilaterales para proteger sus bases imponibles nacionales de la erosión y luchar contra el traslado de beneficios.
II. Aplicación efectiva de la consolidación
La aplicación de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades es un elemento esencial en los esfuerzos por conseguir la equidad fiscal entre las empresas dentro y fuera de la Unión. Una de las principales amenazas a la equidad fiscal es la práctica extendida del traslado de beneficios. Una vez aplicada plenamente, la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades permitirá asignar los ingresos al lugar donde se genera el valor mediante una fórmula basada en tres factores con igual ponderación y una mayor resiliencia a las prácticas de planificación fiscal agresiva que los precios de transferencia. De esta forma podrían colmarse las lagunas entre los regímenes fiscales nacionales, en particular los precios de transferencia, que representan en torno al 70 % de la totalidad del traslado de beneficios en la Unión, lo cual permitiría dar un paso importante hacia un sistema fiscal equitativo, eficiente y transparente. Por consiguiente, las dos propuestas deben considerarse como un paquete y deben implantarse conjuntamente, con el fin de alcanzar una mayor justicia fiscal. La base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades deberá estar en vigor antes de finales del año 2020.
En relación con la equidad general de nuestros sistemas fiscales, las empresas deben soportar su parte de la carga, por lo que es fundamental que la base imponible no se vea erosionada por nuevas exenciones fiscales. Es necesario apoyar la adopción de medidas que incentiven a las entidades privadas a invertir en la economía real, dado que la actual brecha de inversión en la Unión es una de las principales causas de las deficiencias de su economía. Sin embargo, las reducciones fiscales para las empresas se deben establecer y aplicar cuidadosamente solo en los casos en que sus efectos positivos sobre el empleo y el crecimiento sean evidentes y quede excluido el riesgo de crear nuevas lagunas en el sistema fiscal. Por consiguiente, el fomento de la innovación y la inversión debe llevarse a cabo mediante subvenciones públicas, mejor que por medio de exenciones fiscales.
A fin de luchar de manera efectiva contra las estructuras de planificación fiscal agresiva, así como para evitar dos regímenes fiscales paralelos, la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades debería ser obligatoria para todas las empresas, excepto las pymes, tal como se definen en la Cuarta Directiva sobre derecho de sociedades de 1978. Así, por ejemplo, la carnicería de la esquina y las pequeñas empresas de reciente constitución particularmente innovadoras no estarán obligadas a introducir la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades. Dado que las pymes no disponen de los recursos necesarios para invertir en estructuras de sociedades ficticias para trasladar artificialmente los beneficios, se ven obligadas a aceptar una situación de desventaja competitiva frente a las empresas multinacionales. Con el fin de garantizar un mercado único saludable, es esencial establecer un sistema impositivo común para las empresas que sea equitativo, eficaz, transparente y favorable al crecimiento, basado en el principio de que las empresas deben tributar en el país donde se generan los beneficios.
Teniendo en cuenta el cambio digital en el entorno empresarial, es necesario definir el concepto de establecimiento comercial digital. Las empresas que obtengan ingresos en un Estado miembro sin estar establecidas físicamente en ese Estado miembro han de recibir el mismo trato que las empresas con un establecimiento físico. Por consiguiente, la BICCIS debe aplicarse también a las empresas digitales.
III. Introducción en la propuesta de un tipo impositivo mínimo del impuesto sobre sociedades
Un tipo impositivo mínimo del impuesto sobre sociedades común y justo es la única manera de crear un tratamiento equitativo e imparcial entre los diferentes agentes de la actividad empresarial en la Unión, y dentro de la comunidad más amplia de sujetos imponibles. No adoptar dicho tipo mínimo solo llevará a una situación en la que se intensifique la carrera a la baja de los tipos impositivos. La existencia de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades significará que los Estados miembros ya no podrán competir mediante las bases imponibles y, por lo tanto, los incentivos económicos para competir a través de los tipos impositivos aumentarán. Por término medio, el tipo del impuesto sobre sociedades en la Unión ha disminuido del 35 % en los años 1990 al 22,5 % en la actualidad. Para terminar con la carrera a la baja de los tipos del impuesto sobre sociedades a escala de la Unión, es necesario introducir un tipo mínimo del 25 %.
La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:
(1) Las sociedades que tratan de desarrollar su actividad empresarial a escala transfronteriza en el interior de la Unión tienen que hacer frente a obstáculos y distorsiones del mercado graves como consecuencia de la existencia de veintiocho sistemas diferentes del impuesto sobre sociedades. Por otra parte, las estructuras de planificación fiscal han ido adquiriendo cada vez mayor agresividad y complejidad, ya que se desarrollan en varias jurisdicciones y aprovechan eficazmente los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las asimetrías entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda fiscal de las sociedades. Aunque estas situaciones ponen de manifiesto deficiencias muy distintas, ambas crean obstáculos que impiden el buen funcionamiento del mercado interior. Dentro del contexto de una economía cada vez más globalizada, móvil y digital, las medidas que se adopten para resolver estos problemas deben abordar estos dos tipos de deficiencias que afectan al mercado a través de la armonización de la base imponible del impuesto sobre sociedades en la Unión y de la creación de un entorno empresarial más justo y coherente en el que las empresas puedan ejercer su actividad.
(3) Como ya se indicaba en la propuesta de 16 de marzo de 2011 de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)1, contar con un sistema del impuesto sobre sociedades que considere la Unión un mercado único a efectos del cálculo de la base imponible facilitaría la actividad transfronteriza de las sociedades residentes en ella y contribuiría al objetivo de convertirla en un lugar más competitivo con vistas a la inversión internacional. La propuesta de 2011 sobre la BICCIS se centraba en el objetivo de facilitar la expansión de la actividad comercial de las empresas dentro de la Unión. Además de ese objetivo, también debe tenerse en cuenta que la BICCIS podría resultar muy eficaz para mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la lucha contra los mecanismos de elusión fiscal. En este contexto, resulta oportuno relanzar la iniciativa relativa al establecimiento de una BICCIS con el fin de abordar, en pie de igualdad, tanto el aspecto de facilitación del comercio como la función de lucha contra la elusión fiscal. Este enfoque sería el mejor medio de lograr el objetivo de erradicar las distorsiones en el funcionamiento del mercado interior.
(3) Como ya se indicaba en la propuesta de 16 de marzo de 2011 de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)1, contar con un sistema del impuesto sobre sociedades que considere la Unión un mercado único a efectos del cálculo de la base imponible facilitaría la actividad transfronteriza de las sociedades residentes en ella y contribuiría al objetivo de convertirla en un lugar más competitivo con vistas a la inversión internacional. La propuesta de 2011 sobre la BICCIS se centraba en el objetivo de facilitar la expansión de la actividad comercial de las empresas dentro de la Unión. Además de ese objetivo, también debe tenerse en cuenta que la BICCIS podría resultar muy eficaz para mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la lucha contra los mecanismos de elusión fiscal. En este contexto, resulta oportuno relanzar la iniciativa relativa al establecimiento de una BICCIS con el fin de abordar, en pie de igualdad, tanto el aspecto de facilitación del comercio como la función de lucha contra la elusión fiscal. Una vez aplicada en todos los Estados miembros, la BICCIS garantizará que los impuestos se paguen donde se obtengan los beneficios. Este enfoque sería el mejor medio de lograr el objetivo de erradicar las distorsiones en el funcionamiento del mercado interior.
1 Propuesta de Directiva del Consejo, de 3.10.2011, relativa a una base consolidada común del impuesto de sociedades, COM(2011) 121 final, p. 2.
(4) Habida cuenta de la necesidad de actuar con rapidez a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior haciéndolo más favorable al comercio y la inversión y dotándolo de mayor resiliencia frente a las prácticas de elusión fiscal, es necesario dividir la ambiciosa iniciativa de la BICCIS en dos propuestas separadas. En una primera fase, deberían acordarse normas sobre una base imponible común del impuesto sobre sociedades antes de pasar a abordar, en una segunda fase, el aspecto de la consolidación. No obstante, la aplicación de la base imponible común del impuesto sobre sociedades sin consolidación no resolvería el problema del traslado de beneficios. Por lo tanto, es fundamental que esa consolidación se aplique en todos los Estados miembros a partir del 1 de enero de 2021.
(5) A fin de luchar de manera efectiva contra las estructuras de planificación fiscal agresiva, y de evitar dos regímenes fiscales paralelos, procede que las normas sobre la base común tengan carácter obligatorio para todas las empresas, salvo las pymes. Los umbrales para las microempresas y para las pequeñas, medianas y grandes empresas están definidos en la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo (Cuarta Directiva sobre Derecho de sociedades)1 bis. Dado que las pymes no disponen de recursos para invertir en estructuras de sociedades ficticias para trasladar artificialmente los beneficios, se hallan en situación de desventaja competitiva respecto a las multinacionales. Con el fin de garantizar un mercado interior saludable, es esencial establecer un sistema de base imponible común del impuesto sobre sociedades que sea equitativo, eficaz, transparente y favorable al crecimiento, basado en el principio de que las empresas tributan en el país donde se generan los beneficios. Además, para asegurar la coherencia entre las dos fases de la iniciativa BICCIS, las normas relativas a la base común deben ser obligatorias para las empresas que serían consideradas un grupo en caso de que se materializara plenamente la iniciativa. Con el fin de cumplir con mayor eficacia el objetivo de facilitar el comercio y la inversión en el mercado interior, las normas relativas a la base imponible común del impuesto sobre sociedades deben estar disponibles también, con carácter facultativo, para las sociedades que no cumplan estos criterios.
1 bis Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (DO L 222 de 14.8.1978).
(6) Es necesario definir el concepto de establecimiento permanente situado en la Unión y perteneciente a un contribuyente que tiene su residencia a efectos fiscales en la Unión. Se trata de garantizar que todos los contribuyentes afectados compartan una noción común y descartar la posibilidad de una asimetría debido a definiciones divergentes.
(6 bis) Teniendo en cuenta el cambio digital en el entorno empresarial, es necesario definir el concepto de «establecimiento comercial digital». Las empresas que, sin estar establecidas físicamente en un Estado miembro, generen ingresos en dicho Estado y tengan en él un volumen de negocios fijo han de recibir el mismo trato que las empresas con un establecimiento físico. Por consiguiente, la BICCIS debe aplicarse también a las empresas digitales.
(8) Es necesario apoyar la adopción de medidas que incentiven a las entidades privadas a invertir en la economía real, dado que la actual brecha de inversión en la Unión es una de las principales causas de las deficiencias de su economía. Al mismo tiempo, las reducciones fiscales para las empresas deben establecerse y aplicarse cuidadosamente solo en aquellos casos en que sus efectos positivos sobre el empleo y el crecimiento sean evidentes y quede excluido el riesgo de crear nuevas lagunas en el sistema fiscal. Por consiguiente, el fomento de la innovación y la inversión debe llevarse a cabo mediante subvenciones públicas, disponibles para todos por igual, mejor que por medio de exenciones fiscales.
(14) A fin de evitar la erosión de la base de jurisdicciones fiscales con tipos impositivos más elevados ocasionada por el traslado de beneficios mediante precios de transferencia inflados hacia países con tipos impositivos más bajos, las operaciones entre un contribuyente y su empresa o empresas asociadas deben estar sujetas a ajustes de precios de conformidad con el principio de plena competencia, que es un criterio de aplicación general.
(14) A fin de evitar la erosión de la base de jurisdicciones fiscales con tipos impositivos más elevados ocasionada por el traslado de beneficios mediante precios de transferencia inflados hacia países con tipos impositivos más bajos, las operaciones entre un contribuyente y su empresa o empresas asociadas deben estar sujetas a ajustes de precios de conformidad con el principio de plena competencia, que es un criterio de aplicación general. En consecuencia, podrían colmarse las lagunas entre los regímenes fiscales nacionales, en particular en relación con los precios de transferencia, que representan en torno al 70 % de la totalidad del traslado de beneficios en la Unión, lo cual permitiría dar un paso importante hacia un sistema fiscal equitativo, eficiente y transparente.
(21) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la mejora del funcionamiento del mercado interior mediante la lucha contra las prácticas de elusión fiscal internacional y la facilitación de la expansión transfronteriza de las sociedades en la Unión, no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros actuando por separado y de forma divergente ya que para lograrlos se requiere una actuación coordinada, sino que podrían lograrse mejor a nivel de la Unión, puesto que la Directiva aborda las ineficiencias del mercado interior originadas por la interacción de normas fiscales nacionales dispares que repercuten en el mercado interior y desalientan la actividad transfronteriza, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos, en especial teniendo en cuenta que su ámbito de aplicación obligatorio se limita a los grupos que rebasan un determinado tamaño.
(21) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la mejora del funcionamiento del mercado interior mediante la lucha contra las prácticas de elusión fiscal internacional y la facilitación de la expansión transfronteriza de las sociedades en la Unión, no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros actuando por separado y de forma divergente ya que para lograrlos se requiere una actuación coordinada, sino que podrían lograrse mejor a nivel de la Unión, puesto que la Directiva aborda las ineficiencias del mercado interior originadas por la interacción de normas fiscales nacionales dispares que repercuten en el mercado interior y desalientan la actividad transfronteriza, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos, en especial teniendo en cuenta que su ámbito de aplicación obligatorio se limita a los grupos que rebasan un determinado tamaño. Las medidas propuestas se limitan a la armonización de la base imponible del impuesto sobre sociedades, condición previa para la reducción de los obstáculos que falsean el mercado interior. Por otra parte, este enfoque progresivo permite a los Estados miembros determinar el importe de ingresos fiscales que desean obtener a fin de cumplir sus objetivos en materia de política presupuestaria. Además, no menoscaba la facultad de los Estados miembros de fijar sus propios tipos del impuesto sobre sociedades.
1. La presente Directiva establece un sistema de base común para la imposición de determinadas sociedades y recoge una serie de normas para el cálculo de dicha base, incluidas medidas para luchar contra la evasión fiscal y relativas a la dimensión internacional del régimen fiscal propuesto.
1. Las normas de la presente Directiva se aplicarán a las sociedades que estén constituidas en virtud de la legislación de un Estado miembro, incluidos sus establecimientos permanentes y establecimientos comerciales digitales en otros Estados miembros, cuando cumplan todas las condiciones siguientes:
c) que pertenezcan a un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera cuyos ingresos consolidados totales a nivel de grupo hayan superado los 40 millones de euros durante el ejercicio financiero anterior al ejercicio financiero correspondiente;
La presente Directiva se aplicará asimismo a las sociedades que estén constituidas en virtud de la legislación de un tercer país con respecto a sus establecimientos permanentes situados en uno o varios Estados miembros cuando dichas sociedades reúnan las condiciones establecidas en las letras b) a d) del apartado 1.
La presente Directiva se aplicará asimismo a las sociedades que estén constituidas en virtud de la legislación de un tercer país con respecto a sus establecimientos permanentes situados en uno o varios Estados miembros, y respecto a los ingresos acumulados en uno o varios Estados miembros, cuando dichas sociedades reúnan las condiciones establecidas en las letras b) a d) del apartado 1.
2 bis. La presente Directiva se aplicará, asimismo, a las empresas que estén constituidas en virtud de la legislación de un tercer país con respecto a sus establecimientos comerciales digitales dirigidos específicamente a consumidores o empresas en un Estado miembro o que reciban sus ingresos principalmente de actividades en un Estado miembro, cuando dichas empresas reúnan las condiciones establecidas en el apartado 1, letras b) a d). A los efectos de determinar si un establecimiento comercial digital está dirigido específicamente a consumidores o empresas en un Estado miembro, se tendrán en cuenta las ubicaciones físicas de los consumidores o usuarios y de los proveedores de los bienes y servicios proporcionados, de conformidad con la acción 1 del BEPS de la OCDE. Si estas no pueden determinarse, se tendrá en consideración si el establecimiento comercial digital realiza su actividad bajo el dominio de primer nivel de un Estado miembro o de la Unión o si, para las actividades basadas en aplicaciones móviles, el establecimiento comercial digital distribuye su aplicación por medio de la parte de un centro de distribución de aplicaciones móviles que corresponda específicamente a un Estado miembro, o bien si la actividad se realiza bajo un dominio que, como resultado, por ejemplo, del uso de nombres de Estados miembros, regiones o ciudades, deja claro que el establecimiento comercial digital se dirige a consumidores o empresas en un Estado miembro, o si la actividad se rige por las condiciones generales aplicables específicamente a la Unión o a un Estado miembro, o si la presencia en la web del establecimiento comercial digital ofrece espacios publicitarios destinados específicamente a consumidores y empresas en un Estado miembro.
33 bis) «establecimiento comercial digital»: teniendo en cuenta los resultados de la acción 1 del BEPS de la OCDE, un establecimiento que se dirige específicamente a consumidores o empresas en un Estado miembro, atendiendo a las ubicaciones físicas de los consumidores o usuarios y de los proveedores de los bienes y servicios proporcionados. Si estas no pueden determinarse, se tendrá en consideración si el establecimiento realiza su actividad bajo el dominio de primer nivel del Estado miembro o de la Unión o si, para las actividades basadas en aplicaciones móviles, distribuye su aplicación por medio de la parte de un centro de distribución de aplicaciones móviles que corresponda específicamente a un Estado miembro, o bien si la actividad se realiza bajo un dominio que, como resultado, por ejemplo, del uso de nombres de Estados miembros, regiones o ciudades, deja claro que el establecimiento se dirige a consumidores o empresas en un Estado miembro, o si la actividad se rige por las condiciones generales aplicables específicamente a la Unión o a un Estado miembro, o si la presencia en la web de la empresa ofrece espacios publicitarios destinados específicamente a consumidores y empresas en un Estado miembro.
33 ter) «tipo efectivo del impuesto sobre sociedades»: el impuesto sobre sociedades pagado en relación con los beneficios y ganancias que figuran en los estados financieros de una sociedad.
1. Se considerará que un contribuyente dispone de un establecimiento permanente en un Estado miembro distinto de aquel en que tenga su residencia a efectos fiscales cuando cuente con un emplazamiento fijo o virtual en ese otro Estado miembro a través del cual desarrolle total o parcialmente su actividad, en particular:
f bis) un establecimiento comercial digital.
3) Además de las cantidades que sean deducibles en concepto de costes de investigación y desarrollo de conformidad con el apartado 2, el contribuyente también podrá deducir, para cada ejercicio fiscal, un 50 % adicional de tales costes adicionales, con excepción de los costes relativos al inmovilizado material mueble, en que haya incurrido durante ese ejercicio. En la medida en que los costes de investigación y desarrollo superen los 20 millones de euros, el contribuyente podrá deducir el 25 % de la cantidad excedentaria.
Prohibición de deducciones
No estará autorizada ninguna deducción que dé lugar a un tipo efectivo del impuesto sobre sociedades inferior al 20 % sobre los ingresos menos los ingresos exentos.
j bis) gastos relativos a los beneficiarios situados en países que figuran en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales (también conocidos como «paraísos fiscales»)1 bis;
1 bis Véase la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales que elabora actualmente el Consejo: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/es/pdf
Artículo 42 – apartado 4 bis (nuevo)
4 bis. No se efectuará ninguna deducción adicional de las pérdidas a que se refiere el apartado 1 con respecto a las pérdidas sufridas después del 31 de diciembre de 2020.
2. Cuando una entidad o establecimiento permanente sean tratados como sociedad extranjera controlada en virtud del apartado 1, las rentas no distribuidas de la entidad o establecimiento permanente estarán sujetas a imposición.
Las entidades financieras no serán tratadas como sociedades extranjeras controladas en virtud del apartado 1 cuando no más de un tercio de las rentas de la entidad, del establecimiento permanente o del establecimiento comercial digital, correspondientes a las categorías a) a f) del apartado 2, proceda de operaciones con el contribuyente o con sus empresas asociadas.
Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión reexaminará su aplicación y presentará al Consejo y al Parlamento Europeo un informe sobre el funcionamiento de la misma.
Base imponible común del impuesto sobre sociedades
Última actualización: 9 de marzo de 2018 Aviso jurídico - Política de privacidad

References: artículo 115
 artículo 115
 artículo 116
 artículo 290

Artículo 2
 artículo 65
 artículo 3

Artículo 4
 artículo 11

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4
 artículo 2

Artículo 4

Artículo 4
 artículo 5

Artículo 4

Artículo 4
 artículo 66
 artículo 66

Artículo 5
 artículo 66

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 41
 artículo 41
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3

Artículo 45
 artículo 2

Artículo 53
 artículo 8
 artículo 8

Artículo 53

Artículo 59

Artículo 59

Artículo 59

Artículo 59

Artículo 59

Artículo 59

Artículo 59
 artículo 9

Artículo 61

Artículo 61
 artículo 9

Artículo 65

Artículo 66
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 32
 artículo 40
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 32
 artículo 40

Artículo 66
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 32
 artículo 40
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 32
 artículo 40

Artículo 66
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 32
 artículo 40
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 32
 artículo 40

Artículo 66

Artículo 68
 artículo 11

Artículo 70

Artículo 70
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 52
 artículo 54
 artículo 5
 artículo 5

Artículo 42