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Timestamp: 2017-01-23 14:41:32+00:00

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Brújula Ciencia-Economia-Sociedad: ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN: ANÁLISIS Y PROPUESTAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SU INCENTIVACIÓN FISCAL (II)
a. Antecedentes filosóficos. Sin lugar a dudas, estudiar los antecedentes filosóficos del Bien Común es una
tarea que excede con mucho del objetivo de este trabajo y sobre todo de la
formación (estrictamente jurídica) de su autora. Sin embargo, pensamos que no
es posible comprender el alcance del concepto que analizamos sin tener en
cuenta que han sido muchos los filósofos que le han prestado atención, y que a
día de hoy se la siguen prestando. Por ello en las siguientes líneas nos
limitaremos a esbozar la línea evolutiva seguida en la Filosofía en relación con el
Bien Común, comenzando con Aristóteles y finalizando con la doctrina filosófica
El antecedente más remoto del concepto de bien común suele situarse en la
obra de Aristóteles, principalmente en su Política y en la Ética Nicomaquea. De
ambas se deduce una concepción del bien común como condición necesaria
para la formación de cualquier comunidad. En la primera sistematiza las distintas
formas de gobierno atendiendo a su finalidad. Así, son “gobiernos rectos” los
que tienen por finalidad el bien común (monarquía, aristocracia y república), y
“gobiernos desviados” aquéllos que se priman el interés particular (tiranía,
oligarquía y democracia) Pero, el autor a quien suele considerarse el verdadero precursor del concepto de
bien común es Santo Tomás de Aquino, gran parte de cuya obra consistió en
buscar un marco teórico a los conceptos utilizados por Aristóteles La siguiente
frase resume bastante bien su obra: “la vida social entre muchos no se da si no
hay al frente alguien que los oriente al bien común, pues la multitud de por sí
tiende a muchas cosas; y uno sólo a una” (Suma de Teología, c.96).
El fin de la Edad Media y el advenimiento de la Edad Moderna alejaron el
concepto de bien común de la tradición aristotélico-tomista. Como ha indicado
ARGANDOÑA: “Aparecieron entonces una gama de posiciones, entre el
liberalismo de base individualista (el bien de la sociedad cede ante el de la
persona) y los colectivismos (la sociedad es una entidad propia, con un bien
colectivo, distinto y superior al de los ciudadanos)” 11
. Será en la Edad
Contemporánea, a partir del siglo XVIII cuando se produzca un resurgimiento del
pensamiento de Santo Tomás y el concepto de bien común vuelva a ser objeto
de estudio y debate, en nuestro país y fuera de él
Entre los filósofos españoles que se han ocupado del tema destaca MILLÁNPUELLES,
para quien el bien común es aquel que: “Es apto para ser participado
por todos y cada uno de los miembros de una comunidad o sociedad de
personas humanas”. Añade que, sin embargo, en tal idea: “No puede entrar el
hecho de que realmente todas esas personas participen en este mismo bien.
Considerado en sí mismo, el bien común es común por ser, de suyo,
“comunicante” a todas esas personas, no por hallarse efectivamente
“comunicado” a todas ellas (…) El bien común es el que puede tener
conjuntamente varios beneficiarios o partícipes (…). El bien común no tiene
hablando rigurosamente dueño alguno, sino varios beneficiarios o partícipes”13
En contraposición al “bien particular”, que sólo puede beneficiar a uno varios
seres: “El bien común es el bien de la sociedad precisamente porque aprovecha
y beneficia a todos y cada uno de los miembros de que ésta se compone. Por el
contrario, lo que beneficia a un solo hombre, o a un grupo o conjunto de
hombres que no son todos los que en la sociedad se integran es meramente un
bien particular, aun en el caso de que este bien sea lícito moralmente hablando”.
En los últimos años, como es sabido, se llevan a cabo nuevos planteamientos
sobre el Estado de Bienestar y se presta mayor atención a la ética y su
incidencia en la crisis económica y social. En nuestro país, los trabajos de
CORTINA y GARCÍA MARZÁ constituyen el núcleo central de la investigación
sobre ética, economía y empresa, y a ellos nos remitimos para un mejor
entendimiento de este fenómeno
La relación del bien común con el Derecho Constitucional es estrecha, ya que el
primero gira en torno a algunos de los principales conceptos del segundo. No
olvidemos que, como se ha afirmado, una parte importante de la problemática de
la aplicación constitucional consiste en armonizar los intereses individuales con
los más generales propios del bien común de la sociedad. Además, como
indica BENDA: “la Ley Fundamental intenta equilibrar las tensiones entre
individuo y res publica, por un lado mediante la garantía de los derechos
fundamentales; por otro, estableciendo límites y obligaciones sociales” . El
papel de los textos constitucionales en la definición del bien común es, por tanto
innegable, y una cuestión que ha sido objeto de numerosos trabajos por parte de
autores de gran solvencia jurídica. De entre todos ellos, entendemos que para la
comprensión del concepto de bien común en la actualidad es imprescindible la
lectura de ISENSEE, en un trabajo en el que llama la atención sobre el hecho de
que si bien el Estado tiene la responsabilidad última de la definición y alcance
del bien común, no tiene ningún monopolio sobre el mismo: “El uso del mandato
y de la coacción encuentra en los derechos fundamentales unas barreras y una
resistencia. Pero allí donde se excluyen manifestaciones estatales o donde no
pueden alcanzar las mismas, el bien común se convierte en cuestión de la
libertad como derecho fundamental. El sí y el cómo ésta pueda realizarse,
dependen de decisiones y actos, de un número de detentadores de derechos
fundamentales descoordinados. ¿Pero cómo puede surgir del libre albedrío de
muchos particulares el bien del conjunto?” (…) “El Estado como receptor de
obligaciones es el Estado fuerza (Estado en sentido estricto). El Estado
constitutivo es el espíritu común, el soporte de los derechos fundamentales y el destinatario de los mismos, que comprende autoridad y ciudadanía (Estado en
sentido lato). El espíritu común es el parámetro que sirve para medir el bien
común, y cuya realización compete tanto a la fuerza estatal como a los
particulares receptores de derechos”.
Para este autor, los vehículos del bien común son la virtud y el interés. Respecto
a la primera, nos recuerda cómo para MONTESQUIEU “es la virtud del
ciudadano, la que en el Estado libre realiza el bien común. Es la fuerza que pone
en movimiento el espíritu común, y que significa para la república lo que fue la
codicia para la monarquía, o el miedo para la dictadura. La virtud, y en concreto,
la virtud política, como antes la virtus romana, es la pasión del republicano, que
ni puede ser impuesta por la fuerza legal ni por la coacción legal. Virtud significa:
satisfacción, falta de provecho propio, disponibilidad para el sacrificio, devoción
por el Estado, amor por la patria y por las leyes”. En cuanto al modelo de
intereses, éste despliega la creatividad ciudadana sin la presión del esfuerzo
continuado de la moral, sin tener que poner obligación al particular, sin total
politización (…). El bien común no significa para el ciudadano el fin subjetivo del
actuar sino el efecto objetivo”. Sin embargo, tras años de primacía del interés,
sobre todo en materia económica, queda clara la necesidad de corregir el
modelo a través del Estado social, y de una revalorización de la virtud por la vía
de la solidaridad. Aunque el trabajo de ISENSEE se escribió bastante antes de
que comenzara la crisis actual, es obvio que apunta las posibles soluciones a las
debilidades mostradas por el sistema que la ha causado (1)
También se ocupó de la cuestión del bien común RAWLS, para quien el
liberalismo político admite la concepción católica sobre el bien común y la
solidaridad, siempre que se expresen en términos de valores políticos21. En su
Teoría de la Justicia expone además cómo el amor a la humanidad y el deseo
de contribuir al bien común incluyen los principios del derecho y de la justicia
como necesarios para definir su objeto.
Se ha afirmado que una de las paradojas del Estado constitucional es
precisamente que: “Por un lado protege la libertad sin poder establecer
prescripciones para un uso correcto de la libertad. Por otro, el ejercicio que de su
libertad hagan los ciudadanos no es sólo un asunto privado, sino que la
comunidad política depende del ejercicio de los derechos en conformidad con el
bien común. Siendo el Estado constitucional un Estado sectorial, “posee
únicamente una competencia limitada para realizar y garantizar el bien común”,
por lo que tiene una expectativa constitucional en que el uso que los ciudadanos
hagan de sus derechos redunde en el bien común. Así, en la medida en que un
bien humano puede hacerse presente en la vida social por medio de la iniciativa
de los ciudadanos que ejercen sus derechos fundamentales, estos derechos
aparecen como “competencia de la ciudadanía para el establecimiento del
bonum comune”. En nuestro país, la Constitución de 1978 no se refiere de forma expresa al bien
común, pero es evidente que lo reconoce como objetivo cuando en su
Preámbulo alude al deseo de la Nación española de: “establecer la justicia, la
libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su
soberanía”, proclamando su voluntad de: “Garantizar la convivencia
democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden
económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el
imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los
españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus
culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura
y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer
una sociedad democrática avanzada, y Colaborar en el fortalecimiento de unasrelaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la
Tierra”24
O cuando en su artículo 128 afirma que: “Toda la riqueza del país en sus
distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés
general.” 25
En la doctrina latinoamericana, SANTIAGO ha realizado una aproximación
interesante al concepto de bien común en el sistema constitucional argentino26
Para este autor, el bien común es:
-La causa final del Estado.
-El ámbito y la medida de la actuación estatal.
-El fundamento de la existencia de la autoridad pública y fuente de legitimidad de
las potestades estatales.
-El objeto y cometido de la actuación del gobierno y de los poderes públicos.
-El ideal y proyecto político al que son convocados los integrantes de una
-El fin de la ley.
-Un componente esencial de la motivación de los actos administrativos y de la
fundamentación de las sentencias.
-El valor jurídico síntesis.
Es importante tener en cuenta que como concepto, el bien común aparece
recogido en algunos textos legales. Así, en el artículo 5 del Código Civil de Brasil
se establece: “En la aplicación de la ley, el juez atenderá a los fines sociales a
que ella se dirige y a las exigencias del bien común. Y en el artículo 1 de la
Constitución Política de la República de Chile se afirma que: “El Estado está al
servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo
cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a
cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización
espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que
esta Constitución establece”.
En el ámbito europeo, en el artículo 14 de la Ley Fundamental de la República
Federal de Alemania encontramos una mención expresa al bien común, si bien
en relación a la propiedad: “(1) La propiedad y el derecho a la herencia están
garantizados. Su contenido y sus límites serán determinados por las leyes. (2)
La propiedad obliga. Su uso debe servir al mismo tiempo al bien común”. Pero
el texto más utilizado, y el que de hecho sirve de punto de partida a la teoría de
FELBER, es el artículo 151 de la Constitución de Baviera que se refiere a cómo:
“Toda actividad económica sirve al bien común”.
La Costituzione della Repubblica Italiana, al igual que la española, no incluye
referencias expresas al bien común. Sí aparecen en ella términos como:
“interesse della collettività” (art. 32), “interesse generale” (arts. 35, 42, 43, 118),
“utilità sociale” y “fini sociali” (art. 41), “funzione sociale” (arts. 41, 45), “utilitàgenerale” (art. 43), o “pubblico interesse” (art. 82). La situación es similar en
Francia28, y en la mayoría de los textos constitucionales europeos. c) Antecedentes económicos.
Los antecedentes económicos del concepto de bien común se remontan, igual
que los filosóficos, muchos siglos atrás. De hecho, resultaría difícil diferenciar
qué de filosófico y qué de económico hay en los trabajos de la mayoría de los
autores que hemos citado hasta ahora.
En el ámbito económico, el florecimiento de la denominada Escuela Neoclásica
supuso avanzar en la devaluación de los bienes comunes que inició LOCKE.
También se minimiza la importancia de la naturaleza y del trabajo. Como indica
BALLESTEROS: “a partir de mediados del S.XVIII, las pasiones, el deseo, el
placer, adquieren la primacía. El egoísmo será considerado constructivo, en
cuanto es acorde con la naturaleza, mientras que el altruismo es destructivo ya
que es antinatural. (…) MANDEVILLE, considera nociva la filantropía, que quiere
acabar con la pobreza y la ignorancia, ya que ¿si no hubiera pobreza, quien
querría trabajar?, y ¿si no hubiera ignorancia, quien aceptaría los oficios más
modestos?”29. Como nos recuerda este mismo autor, en la Escuela Neoclásica
se sobredimensionan las matemáticas y ello lleva a un mecanicismo alejado de
la realidad económica: “La economía neoclásica, al considerarse una rama de
las matemáticas, cree haber encontrado leyes inevitables, y de este modo pierde
toda conexión con la ética y la política, y se convierte en aliada del statu quo
haciendo imposible cualquier crítica a las injusticias”
Los postulados del neoclasicismo económico no han desaparecido de la
interpretación económica ni han dejado de ser utilizados en la toma de
decisiones políticas. De hecho, la crisis que ahora vivimos es considerada por
muchos autores una lógica consecuencia de su ensalzamiento del capital y su
alejamiento de la dimensión ética de la economía. Pero tampoco los
denominados “colectivismos” favorecieron el bien común. Coincidimos en este
punto con GELARDO RODRÍGUEZ, para quien: “La noción clásica del bien
común representa la idea del bien de una sociedad que repercute en cada uno
de sus miembros. Por ello se ha puesto de manifiesto que el bien común
expresa perfectamente la síntesis entre la dimensión individual y la social del
hombre, hasta tal punto que la negación de alguno de estos rasgos
(individualidad, sociabilidad) hace inviable la teoría política del bien común.
Tanto el liberalismo –al rechazar la naturaleza social del hombre y anteponer los intereses individuales a los comunes- como el colectivismo –al negar la
individualidad y aceptar como real únicamente la sociedad-, son incapaces de
advertir que el bien común es una dimensión real y política de la humanidad”
Tras la Escuela Neoclásica se suceden y coexisten distintas escuelas, que no
pueden ser objeto de un estudio profundo en un trabajo como el presente. Nos
referimos al enfoque de las capacidades, a la economía civil, y a los estudios
sobre economía social y economía solidaria, ámbitos desde los que las
aportaciones al bien común son más que relevantes. A nuestro entender, la
característica común a todos ellos es que realizan propuestas económicas más
centradas en la resolución de problemas sociales y en un desarrollo sostenible
que en la mera búsqueda de riqueza.
El enfoque de las capacidades, que parte del entendimiento de la pobreza como
una situación de privación de capacidades, es fruto intelectual de los trabajos de
Amartya SEN y una de las teorías que surgen como reacción al utilitarismo y al
liberalismo económico. Aunque en ella no se utiliza la noción clásica de bien
común, no cabe duda de la enorme relevancia que el concepto tiene en su
desarrollo. Tal como se ha afirmado, la noción de bien común sirve para explicar
la función que cumplen las capacidades en la vida de un individuo en la
sociedad: “Las capacidades como oportunidades creadas socialmente se
pueden entender como participación en el bien común. De ahí que las
capacidades, que siempre tienen una dimensión social, se pueden ver como
bienes prácticos”.
La Economía Civil, tal como la define BRUNI, es una tradición de pensamiento
que considera que el mercado y la empresa no son el reino del interés individual
sino un asunto de “reciprocidad y de fraternidad”
La Economía Social es sin duda la más conocida y estudiada. FAJARDO
GARCÌA, en uno de los pocos trabajos que desde la ciencia jurídica se ha
dedicado a la EBC, alude a la relación del tema que nos ocupa con ella. Para
esta autora: “En España, podríamos decir que el amigo de la EBC sería la
Economía Social, identificada como un modelo de hacer empresa que se
caracteriza por perseguir el bien común de sus integrantes y/o el interés general,
tanto económico como social; y que se basa en principios como la primacía de la
persona sobre el capital, la gestión democrática y participativa, la distribución
equitativa de las rentas, la promoción de la solidaridad, de la cohesión social, la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la sostenibilidad o la inserción
de las personas en riesgo de exclusión social. En el ámbito germano-parlante a
diferencia del francófono y del hispano-parlante, no se desarrolló el concepto de
economía social, sino el de Gemeinwirtschaft, que se identifica como Economíade Interés General, y que tiene un alcance mayor pues comprende no sólo a
las empresas de la economía social (asociaciones, fundaciones, cooperativas y
mutualidades) sino también las empresas públicas, los sindicatos, y las
empresas capitalistas propiedad de las anteriores, siempre que sustituyan el
lucro por la producción de bienes y servicios al menor coste en favor de sus
socios” (1)
Por último, la Economía Solidaria, que surge como respuesta a la reconducción
de muchas de las entidades de la Economía Social a la “economía dominante”.
Tal como han explicado LÉVESQUE y LAVILLE, las actividades económicas tras
la Segunda Guerra Mundial se recondujeron a tres grandes tipos: de mercado,
de redistribución y de reciprocidad. Evidentemente no se encontraban en
situaciones equivalentes, ya que el primer lugar lo ocupaba el mercado, que
completado con la redistribución, permitía una vinculación virtuosa entre
producción y consumo. La denominada “economía no monetaria” (reciprocidad y
administración doméstica) se encontraba marginada. La situación cambia con la
globalización y la apertura de los mercados, pasándose entonces a la
coexistencia de distintos escenarios simultáneos en diferentes zonas (del
mercado total al Estado total pasando por diversos escenarios intermedios).
Como nos recuerda LAVILLE: “La economía no es algo "natural", sino que
siempre es plural y socialmente construido. Polanyi nos enseñó que era un error
considerar la economía como independiente de la sociedad, como un mercado
autorregulado. Insistió en la presencia de diferentes principios económicos (de
mercado, la redistribución, reciprocidad) en las economías humanas concretas.
En cuanto a Mauss, nos enseñó que el progreso no consiste en tratar de
reemplazar un sistema económico brutal con otro. Más bien, la organización
económica siempre consiste en un número de formas institucionales
contradictorias, irreductible entre sí y combinados con diferentes énfasis. A partir
de sus planteamientos, la idea de una "economía plural" pretende ser un marco
para la consideración de las relaciones entre estas formas complementarias y
para la resolución de los posibles conflictos entre ellos” .
En este contexto surge la Economía Solidaria, tanto en Europa como en
América, si bien con diferentes matices en cada país, fruto de historias distintas
y de diversas tradiciones jurídicas36
. En ambos casos, el autor a quien puede
atribuirse la autoría del término es LAVILLE. Como resumen con acierto
BASTIDAS DELGADO y RICHER: “El enfoque de Laville está basado en la
perspectiva de la economía sustantiva de Karl Polanyí (1983), que distingue
cuatro grandes principios económicos: (1) El principio de administracióndoméstica, que consiste en producir para satisfacer sus propias necesidades y
las de su grupo (familia, clan, etc.) Se trata de un grupo cerrado, que puede
tener varios tipos de organización interna, y cuyo tamaño puede variar
considerablemente; (2) El principio de reciprocidad, que corresponde a las
donaciones entre individuos y grupos. El aspecto esencial de la reciprocidad es
que las transferencias son indisociables de las relaciones humanas. Mientras en
el mercado los sujetos adoptan la forma indiferenciada de ofertante y
demandante, anónimos e indiferentes en sus situaciones y cualidades
individuales, la reciprocidad corresponde a la relación que se establece entre
grupos o personas gracias a prestaciones que adquieren su sentido en la
voluntad de manifestar un vínculo social entre las partes involucradas; (3) El
principio del mercado, que permite el encuentro entre una oferta y una demanda
de bienes y servicios intercambiados mediante la fijación de precios; (4) La
redistribución es el principio según el cual parte de la producción se entrega a
una autoridad central que tiene la responsabilidad de distribuirla, lo que supone
la existencia de reglas y procedimientos que rigen esta redistribución”
(1)“La Economìa del Bien Comùn”. Ponencia presentada en el I Foro Internacional para la Innovación
Social. Sumando ideas trasformamos el mundo. http://www.redjovesolides.org/foro/sites/default/files/EBCGemma-Fajardo.pdf
(2)Recomendamos también la lectura de HÄBERLE, P.: “Methoden und Prinzipien der
Verfassungsinterpretation - ein Problemkatalog”. Revue europeenne de droit public, Vol. 12, nº 3, 2000,
págs. 867-895. Una traducción del mismo, realizada por el profesor BALAGUER CALLEJÒN, puede leerse
en: http://www.ugr.es/~redce/REDCE13/articulos/Haeberle.htm#_ftn1. Alude HÄBERLE a cómo la
Constitución no puede ser interpretada simple y técnicamente como la ley, siendo necesarias directivas a
las que puedan recurrir el juez constitucional y la ciencia. Y entre ellas, que son: “en parte, más antiguas
que el Estado constitucional, pero se integran en él en la actualidad: por ejemplo, la justicia (social), que se
encuentra ya en muchos textos constitucionales, igualmente el bien común, y la teoría de los fines
estatales. Esos conceptos se han elaborado, sobre todo, en el foro de la filosofía del Derecho y por ello es
necesaria una intensa comunicación entre ella y el Derecho constitucional. Así como el experimentado
civilista, a través de la interpretación, controla los resultados obtenidos en relación con la idea de Justicia,
también el juez constitucional trabaja mediante su interpretación, de acuerdo con la naturaleza del asunto,
para la realización de los principios de Justicia. De manera constatable en la práctica jurisprudencial
circulan facetas del bien común (“jurisprudencia del bien común”). La justicia y el bien común son conceptos
directivos generales que potencialmente de manera permanente y actualmente con frecuencia, inciden en
la interpretación constitucional. De tal modo, que hay aspectos de la Constitución escrita que sólo pueden
ser entendidos con la ayuda de teorías generales o específicas, en parte también de textos clásicos. Dos
ejemplos se pueden mencionar: los derechos fundamentales y el federalismo”
En el anterior apartado de este trabajo nos hemos referido a los antecedentes
constitucionales del concepto de bien común. Siendo éste un trabajo cuyo
objetivo es analizar la constitucionalidad de la incentivación fiscal de actuaciones
económicas relacionadas con el bien común, es obvia la necesidad de dedicar
un apartado específico a la denominada “constitución económica” de nuestro
país. Para entender de qué hablamos cuando aludimos a “constitución económica” es
precisa la lectura del FJ 1º de la STC 1/1982, en la que puede leerse: “1. En la Constitución Española de 1978, a diferencia de lo que solía
ocurrir con las Constituciones liberales del siglo XIX y de forma semejante
a lo que sucede en más recientes Constituciones europeas, existen varias
normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la
estructura y funcionamiento de la actividad económica; el conjunto de
todas ellas compone lo que suele denominarse la constitución económica
o constitución económica formal. Este marco implica la existencia de unos
principios básicos del orden económico que han de aplicarse, con
carácter unitario, unicidad que está reiteradamente exigida por la
Constitución cuyo preámbulo garantiza la existencia de «un orden
económico y social justo» y cuyo artículo 2. º establece un principio de
unidad que se proyecta en la esfera económica por medio de diversos
preceptos constitucionales, tales como el 128, entendido en su totalidad;
el 131.1, el 139.2 y el 138.2, entre otros. Por otra parte, la Constitución fijauna serie de objetivos de carácter económico cuya consecución exige la
adopción de medidas de política económica aplicables, con carácter
general, a todo el territorio nacional (artículos 40.1, 130.1, 131.1 y
138.1)”.
Su contenido se deriva tanto de lo que se dice en la propia CE como de aquello
a lo que no se hace referencia, y evidentemente forman parte de él los diversos
preceptos que, diseminados por todo el texto constitucional, aluden a cuestiones
relacionadas con la actividad económica, configurando un sistema bastante
Podríamos afirmar, por tanto, que el límite constitucional a la admisibilidad de la
EBC debemos buscarlo en el filtro de la economía de mercado. Para ello, es
importante tener clara la diferencia entre “sistema” y “modelo”. En nuestro caso,
el sistema sería la “economía social de mercado”, lo que excluye a los dos
sistemas económicos puros que conocemos: el de economía planificada por el
estado (incompatible con la referencia a la economía de mercado) y el orden
capitalista absoluto (sin sentido en un Estado social). En cuanto al modelo
económico, no encontramos una materialización concreta en nuestro texto
constitucional, ya que se optó por permitir distintos modelos dentro de un mismo
sistema, en función del contexto histórico, social, político, etc. Es decir, partiendo
del sistema de “economía social de mercado”, podrían admitirse modelos
diversos, más o menos cercanos al polo del mercado o al de la protección social,
pero sin postergar nunca las exigencias de la competencia económica entre los
sujetos que operan en el mercado, el lugar de encuentro de la oferta y de la
demanda El concepto de “economía de mercado”, o más concretamente de “economía
social de mercado”(8) se atribuye a MÜLLER-ARMACK, y empezó a ponerse en
práctica en 1948 en la República Federal de Alemania, entendiéndose como una
modalidad del neoliberalismo, vinculada al “humanismo económico”, cuya
peculiaridad principal es el principio de libertad en los mercados vinculado con la compensación social Siguiendo a TUCHFELDT podemos decir que sus
características principales son: -el principio de política de orden de la libertad del individuo. -el principio de política de orden de la compensación social.
-la política coyuntural.
-la política de crecimiento.
-la política estructural. -el criterio de conformidad al mercado, para las medidas de política
económica, en todos los sectores arriba mencionados. Si bien no es éste el marco adecuado para profundizar en todos ellos, conviene
dedicar unas líneas al último de ellos, ya que puede darnos una idea sobre la
pregunta a la que tratamos de responder. La exigencia de conformidad con el
mercado se concreta, como expone el mismo autor: “En que los procesos del
mercado no deben ser distorsionados ni obstaculizados, a ser posible, por la
política económica”. ¿Por qué “a ser posible? Pues porque se prevé que: “casos
y sectores de excepción, en los que se desvíen de estos principios enumerados,
se deben formular los criterios de intervención de forma clara y, sobre todo, las
medidas deben limitarse en el tiempo y deben someterse a un control
continuo” ¿Podría ser la EBC diseñada por FELBER uno de los modelos con cabida en
nuestro sistema económico? Según el propio autor: “La economía del bien
común ni suprime los balances financieros ni prohíbe que las empresas privadas
persigan beneficios. La diferencia con el capitalismo radica en que el beneficio
financiero ya no es la finalidad del afán empresarial sino un medio para el
propósito verdadero: prestar la aportación más grande posible al bienestar”.
Hasta aquí, ninguna diferencia con los propósitos de algunas de la entidades
que operan en nuestro mercado, como pueden ser las de la economía social. No
es por tanto ésta característica la que puede suponer un problema, Afirma también FELFER que: “no se puede denominar una economía de
mercado basada en el esfuerzo en favor del beneficio y la competencia como
economía “libre”. Sería una contradicción en sí misma.. Honestamente, cada economía de mercado que persiga el beneficio y la competencia debería cambiar su nombre, al destrozar la libertad,
por economía de mercado desaprensivo, inhumano y finalmente no liberal”
A lo largo de la obra que analizamos, se va describiendo un modelo económico
cuya peculiaridad principal es la sustitución del papel central del beneficio
económico por el del denominado “balance del bien común”. Y cuanto mayor sea
dicho balance, mayores deberán ser los incentivos públicos para las empresas
en cuestión. Tampoco es ésta una cuestión que pueda llevarnos a afirmar la
incompatibilidad de la EBC con nuestro sistema constitucional. De hecho, en
nuestro país son ya muchos los ejemplos de incentivos (fiscales, en la
contratación pública, a través de la inversión privada) a las empresas que actúan
conforme a la denominada “responsabilidad social empresarial”.
¿Significa todo lo anterior que la EBC podría estar amparada por nuestro texto
constitucional? Entendemos que la respuesta debe ser negativa, y el motivo no
es otro que la enorme distancia entre las ideas que se van desarrollando y
argumentando a lo largo de todo el texto y los puntos en los que finalmente se
concreta el modelo.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, centrémonos ahora en los 20 puntos
centrales en los que se sustenta el modelo descrito por FELBER(3).
ellos son simples declaraciones a las que poco puede objetarse (4) y otros se
acercan bastante más a la utopía que a la propuesta de medidas válidas para
avanzar en el bien común (5). Entre todos ellos, nos quedaremos con los que
pueden tener alguna relación con nuestra disciplina, el Derecho Financiero y
Tributario, y trataremos de analizarlos desde tal perspectiva.
El primero de ellos es la propuesta número 3, según la cual: “El éxito económico
no es medido por indicadores monetarios como el beneficio financiero o el BIP,
sino con el balance del bien común (6) (a nivel de empresas) y el producto del
bien común (a nivel de sistema)”.
La insuficiencia de los métodos estadísticos utilizados en la actualidad para
medir la riqueza (de las personas, de las empresas y de los países) ha
comenzado ya a ser objeto de estudio desde diversos ámbitos de la ciencia. Y es evidente que, como apunta ARGANDOÑA: “el bien común no se puede
definir en términos estadísticos, por la riqueza de un país o por su nivel de vida:
los bienes materiales entran en el bien común como condiciones de posibilidad
del mismo, junto con otros mencionados antes: la verdad, la belleza, la paz, el
arte, la cultura, la libertad, la tradición, la rectitud de vida…Todos estos pueden
ser “bienes comunes”, que concretan, de algún modo, el concepto abstracto y
trascendente del bien común, pero que no lo agotan”
En nuestra opinión, existen ya propuestas con el suficiente grado de desarrollo
que resultarían bastante más útiles de ser aplicadas de forma habitual y con
mayor acierto(7). Nos referimos a las memorias de responsabilidad social, en el
ámbito empresarial, y a los denominados “Nuevos Indicadores de Riqueza”
(NIR). Respecto de las primeras, es obvio que queda aún mucho por hacer, pero
de avanzarse en su perfeccionamiento y aumentarse los mecanismos efectivos
de control, constituirían sin duda un reflejo fiel del verdadero éxito de las
empresas y de su contribución al bien común. En cuanto a los NIR, baste
reproducir las siguientes líneas del Informe Nuevos Factores e Indicadores de
Riqueza: “En cambio, sí que disponemos de continuas pruebas de que nuestra
actual representación de la riqueza y el uso contraproducente que hacemos de
la moneda no hace sino agravar los problemas de nuestras sociedades, en lugar
de ayudarnos a resolverlos. En la mayoría de informes que han centrado los
debates públicos estos últimos meses, de las vacas locas al Erika, del amianto a
los accidentes de tráfico, de las consecuencias del temporal de 1999 a la crisis
del petróleo del otoño de 2000, siempre hay un elemento común del cual
curiosamente nunca se habla: estas catástrofes son una bendición para nuestro
Producto Interior Bruto, la cifra mágica cuya progresión se expresa gracias a una
palabra que en sí misma resume la gran ambición de nuestras sociedades,
desarrolladas en lo material y subdesarrolladas en lo ético: ¡EL
En la crítica de la propuesta sobre la mediación del bien común no podemos
olvidar las aportaciones de SEN, y su idea de que el desarrollo debe medirse
más en clave de libertades y de derechos humanos, que recurriendo al PBI.
En el cuarto punto, podemos leer: “Las empresas con buenos balances del bien
común disfrutarán de ventajas legales: tasas de impuestos reducidas, aranceles
ventajosos, créditos baratos, privilegios en compra pública y a la hora de reparto
de programas de investigación, etc. La entrada en el mercado se verá, por tanto,más favorecida para actores éticos y sus productos y servicios, que los de los
no-éticos, indecentes y no ecológicos”.
También en este caso encontramos un claro ejemplo de lo propuesto en las
políticas destinadas al fomento de la responsabilidad social empresarial.
Se afirma también, en el punto quinto, que: “El balance financiero será el
balance secundario. El beneficio financiero pasa de ser fin a ser medio. Éste
sirve sólo para aumentar el “nuevo” fin empresarial: Aportación al bien común.
Los excedentes del balance financiero deberán utilizarse para: inversiones con
plusvalía social y ecológica, devolución de créditos, depósitos en reservas
ilimitadas, bonificación a los empleados de forma restringida, así como créditos
sin intereses a empresas cooperadoras. No se utilizarán los excedentes para
empresas, inversión en mercados financieros (dejarán de existir) o aportaciones
a partidos políticos. En contrapartida, el impuesto sobre el beneficio empresarial
será eliminado”. Quizá sea éste, en nuestra opinión, uno de los puntos más conflictivos de la
propuesta de EBC. Por un lado, porque no encontramos en su obra ninguna
referencia a cómo se compensaría la disminución de recaudación derivada de la
supresión de los impuestos que gravan el beneficio empresarial. Por otro,
porque como veremos más adelante nuestra Constitución optó por una
Economía Social de Mercado, uno de cuyos presupuestos es una libertad de
empresa que casa mal con las restricciones a la inversión citadas. Pero además,
surgen otras preguntas a las que tampoco se da respuesta: ¿por qué no hacer
desaparecer también los impuestos personales sobre la renta? También los
ciudadanos que contribuyeran al bien común tendrían derecho a obtener
En cuanto a la idea según la cual: “A la naturaleza se le reconoce un valor
propio, por lo que no puede ser propiedad privada. A cambio se eliminan los
impuestos sobre bienes inmuebles” (Punto 13), recordemos que el artículo 33
CE reconoce: “el derecho a la propiedad privada y a la herencia”, si bien matiza
que: “La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo
con las leyes”, para terminar afirmando que: “Nadie podrá ser privado de sus
bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social,
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto
por las leyes”. Por otro lado, el artículo 45 establece que: “Todos tienen el
persona, así como el deber de conservarlo”. Y añade que: “Los poderes públicos
velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. Si bien el
análisis de esta medida exigiría un estudio mucho más profundo, es evidente que de anularse la propiedad privada de la naturaleza se anularía también la
El punto 17 hace alusión a que: “La democracia representativa se complementa
con la democracia directa y participativa”. En este caso no encontramos
incompatibilidad alguna ni con nuestro texto constitucional ni con el resto del
ordenamiento jurídico. De hecho, la necesidad de que una de las instituciones
clave tanto de la sociedad como de nuestra disciplina –los presupuestos-,
respondan a sus postulados, ha sido ya reivindicada por bastantes autores entre
los que nos encontramos53
Por último, la limitación de las diferencias entre ingresos y patrimonios se sitúa
en el punto 8 en lo siguiente:
-Ingresos máximos de por ejemplo 20 veces el salario mínimo.
-Propiedades que no excederán, por ejemplo, los 10 millones de euros,
-El derecho de cesión y herencia, 500.000 euros por persona, en empresas
familiares a 10 millones de euros por hijo.
El excedente sobre estos límites será repartido a través de un “fondo de
generaciones” como “dote democrático” a las siguientes generaciones. También
en este caso encontramos un elemento que imposibilitaría la aplicación de la
EBC en nuestro sistema, por la amplia limitación al derecho de propiedad que
( 4) Por ejemplo, la primera, según la cual: “1.La economía del bien común se basa en los mismos valores
que hacen florecer nuestras relaciones: confianza, cooperación, aprecio, democracia, solidaridad.”.
(5) Así ocurre con la 6 (“Como el beneficio financiero es ahora un medio, y deja de ser un fin, las empresas
pueden esforzarse hacia su tamaño óptimo. No tienen que tener ser adquiridas, o sentirse obligadas a
crecer para ser más grandes, más fuertes o con mayores beneficios”) o la 7 (“Existiendo la posibilidad de
aspirar sin miedo al tamaño óptimo, habrá muchas empresas pequeñas en todas las ramas. Como no
tienen que crecer más, les será más fácil cooperar y practicar la solidaridad”). También con el año sabático
obligatorio o la denominada “dote democrática”.
(6)El balance del bien común se convierte en el balance principal de todas las empresas. Cuanto más social,
ecológica, democrática y solidaria sea la actividad, mejores serán los resultados del balance del bien común
alcanzados. Mejorando los resultados del bien común de las empresas en una economía nacional, mejorará
el producto del bien común.
(7)VIVERET, P.: Informe Nuevos Factores e Indicadores de Riqueza.
http://www.empleo.gob.es/uafse/es/cop/redRETOS/02.pdf Sobre este tema véase también: JANYCATRICE,F.:
“Le potentiel de transformationsociale des nouveauxindicateurs de « richesse »”. Ponencia
presentada a la 4ª Edición del Coloquio Internacional de CRISES. Disponible on line:
http://crises.uqam.ca/upload/files/Colloque_international_2014/P2_JANY-CATRICE_v1.pdf
(8) No olvidemos que la cláusula del “Estado social y democrático de Derecho” del artículo 1.1 de nuestra
Constitución se aplica a todo el texto, incluido el artículo 38. Tengamos en cuenta que la CE fue fruto de un
amplio consenso entre muy diversas fuerzas políticas, y ello se refleja también en la redacción del precepto
mencionado, en el que aparecen juntos términos tan aparentemente dispares como los de “planificación”,
“exigencias de la economía” y la “defensa de la productividad”, y otros como el de “libertad de empresa” y la
afirmación de que nuestro sistema económico es una “economía de mercado”
Un sistema tributario basado en los principios a los que hace referencia nuestro
texto constitucional no puede ni debe permanecer ajeno a la crisis económica54
Resulta evidente, por ejemplo, que en épocas de recesión disminuye la
capacidad económica de muchos contribuyentes, por lo que mantener losmismos criterios para su determinación, y mantener las mismas normas
tributarias, puede provocar importantes problemas. Además, la fiscalidad se
utiliza también, como es sabido, para alcanzar fines diferentes a los
recaudatorios, fenómeno frecuente en los distintos ordenamientos europeos
desde hace décadas. Concretamente en nuestro país, la Ley General Tributaria
reconoce en el artículo segundo que los tributos “además de ser medios para
obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos,
podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la
realización de los principios y fines contenidos en la Constitución”. Una
interpretación conjunta de la Ley General Tributaria y la Constitución nos pone
de manifiesto la necesidad de concebir el sistema tributario no sólo en relación
con el principio de capacidad económica, sino con otros objetivos
constitucionales recogidos expresamente en los títulos I y VII de la Constitución
Española. En este sentido, en la STC de 26 de marzo de 1987 señaló: “la
función extrafiscal del sistema tributario estatal no aparece explícitamente
reconocida en la Constitución, pero dicha función puede derivase directamente
de aquellos preceptos constitucionales en los que se establecen principios
rectores de política social y económica (señaladamente, arts. 40.1 y
130.1)…Esta función está expresamente enunciada en el art. 4 de la vigente Ley
General Tributaria…”. Resulta evidente que las empresas que asumen preocupaciones sociales y
ambientales deben ver reconocida su labor, puesto que de lo contrario,
difícilmente podrán asumir una responsabilidad que se adjetiva como voluntaria.
No hay que olvidar que no estamos hablando de empresas salvajes que actúan
de espaldas a los principios más básicos de la convivencia humana y de la vida
en sociedad. Al contrario, en las sociedades actuales los ordenamientos
jurídicos exigen obligatoriamente el respeto de los derechos humanos, regulan la
contribución económica de las empresas al sostenimiento de los gastos
públicos, y generalmente, con mayor o menor acierto, las impelen a respetar el
medio ambiente. Pero no es suficiente. Los Estados no pueden extender sin
límite su función legislativa, no están legitimados para regularlo todo, y ello
puede incidir negativamente en la sostenibilidad. Por lo tanto, es necesario
incentivar adecuadamente a aquéllas que voluntariamente deciden integrar en
su gestión medidas socialmente responsables. Las posibilidades son varias, ya
que los incentivos pueden tener carácter público, privado, o ser una combinación
Las normas tributarias pueden ser utilizadas, teniendo en cuenta lo expuesto,
como medidas incentivadoras de determinados tipos de organizaciones que se
alejan del tradicional concepto de empresa capitalista. Así ha ocurrido con las
empresas de la economía social, y en parte con la responsabilidad social
empresarial. En ambos casos el Derecho Financiero es un óptimo instrumento
de incentivación además de una adecuada respuesta a la efectiva disminución
del gasto público consecuencia de la asunción de políticas responsables o de las
actuaciones llevadas a cabo por las cooperativas y demás entes de la economía social. Lo mismo ocurriría con la puesta en práctica de medidas económicas
guiadas por el objetivo del bien común, que o bien podrían reconducirse a
alguna de las fórmulas respecto de las que ya se acepta la incentivación, o
deberían ser objeto de una definición previa y objeto de controles exhaustivos
para no dañar los límites que imponen principios tributarios como el de igualdad
o el de capacidad económica. Nuestra Constitución no ampararía incentivos que
no estuvieran justificados por la consecución de un bien trascendente.
V.CONCLUSIONES. Como conclusión al análisis realizado, entendemos que, si bien la propuesta de FELBER es sugerente y un buen incentivo para reflexionar sobre cuestiones de enorme calado en nuestra sociedad, hoy por hoy es inviable.
En todo caso, debemos ser
conscientes siempre de las consecuencias de cada opción.
“El colapso de la economía de mercado pone en peligro dos tipos de
libertades: unas que son convenientes y otras que son dañinas. Sería
todo un logro que, junto con el mercado, desaparecieran la libertad de
explotar a los semejantes, la libertad de realizar ganancias exorbitantes
sin ofrecer servicios equivalentes a la comunidad, la libertad de impedir
que las invenciones tecnológicas se usen en favor del público o la libertad
de beneficiarse de las calamidades públicas manipulándolas
secretamente para lucro privado. Pero la economía de mercado en que
estas libertades han prosperado también ha producido libertades a las
que atribuimos un valor elevado. En sí y por sí mismas apreciamos la
libertad de conciencia, la libertad de palabra, la libertad de reunión, de
asociación, de elegir el empleo. No obstante, en gran medida éstas son
un subproducto de la misma economía que produjo aquellas libertades
nocivas”

References: artículo 128
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 151
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 33
 artículo 45
 artículo 1
 artículo 38