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Timestamp: 2020-08-07 18:13:24+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 265-1, de 23/07/2010
Núm. 265-1
Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto.
122/000239
Autor: Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto.
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar a los autores de la iniciativa, recabando de los mismos los antecedentes que, conforme al artículo 124 del Reglamento, deben acompañar a toda Proposición de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 124 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, se dirigen a esa Mesa para presentar la siguiente Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2010.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vas
co (EAJ-PNV).-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.-Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.- Olaia Fernández Davila, Rosa Díez González, Francisco Xesús Jorquera Caselas, Ana María Oramas González-Moro y Carlos Salvador Armendáriz, Diputados.
En efecto, memoria, dignidad, justicia y verdad, son las ideas fuerza que fundamentan el dispositivo normativo recogido en la presente ley buscando en última instancia la reparación integral de la víctima.
El valor de la memoria como la garantía última de que la sociedad española y sus instituciones representativas no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida, sufrieron heridas físicas o psicológicas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista. El Estado salvaguarda así el recuerdo de las víctimas del terrorismo con especial atención a su significado político, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente. La significación política de las víctimas exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo.
El recuerdo es así un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador, de educación en valores y de erradicación definitiva, a través de su deslegitimación social, del uso de la violencia para imponer ideas políticas.
Las víctimas del terrorismo constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático. Simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Los poderes públicos velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad.
El respeto a la justicia como exigencia básica del Estado de Derecho, de acuerdo con sus normas y garantías. Los poderes públicos garantizarán en este sentido y en el ámbito de sus competencias que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las víctimas.
Igualmente, los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de la victimización y contribuyendo a un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas entre víctimas y victimarios que atenten contra el honor y el buen nombre de las primeras falseando la realidad.
Porque, cuando el terrorismo golpea a las sociedades democráticas, causa víctimas para destruir al Estado y a sus instituciones, afectando a la convivencia en paz y en libertad. En este sentido, el terrorismo, más que otros delitos violentos, supone la cosificación de las personas, a las que pretende privar de su humanidad. Ciudadanos y representantes políticos, miembros de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado y de las fuerzas armadas, hombres y mujeres, niños y mayores, son utilizados, de forma indiscriminada o selectiva, como medios para fines ideológicos, religiosos o identitarios imposibles e indeseables; el uso mismo de la violencia para imponer ideas en democracia envenena definitivamente éstas y convierte, medios y fines, en un todo incompatible con la libertad, el pluralismo y la democracia.
Este esfuerzo y compromiso colectivo, plasmado en la presente ley, se concreta en el reconocimiento y en el apoyo integral a las víctimas del terrorismo que supone asimismo un aumento, también cualitativo, de las ayudas, prestaciones y honores a que tienen derecho aquéllas.
La ley se inspira igualmente en el principio de igualdad, estableciendo criterios que garanticen un trato más equitativo en orden a la compensación, evitando en todo caso respuestas desiguales ante supuestos similares. Al mismo tiempo, completa la regla general de la territorialidad a los efectos del reconocimiento subjetivo de la condición de víctima con el principio de la ciudadanía. La incorporación normativa de este principio lleva a proteger también a los españoles que sufran atentados terroristas fuera de España y de la Unión Europea con independencia de que éstos vayan dirigi
dos o no contra "intereses españoles", sean realizados por bandas que operen habitualmente en España o afecten a operaciones de paz y de seguridad en el exterior.
Esta ley integral articulada bajo el principio de constituir un cuerpo legal unitario regula de manera unificada las prestaciones y ayudas económicas directas y todas aquellas que permitan que la incorporación a la vida familiar, social o laboral se realice en las mejores y óptimas condiciones posibles. Sin perjuicio de que, en determinados aspectos y una vez formulado el reconocimiento de los derechos, deba acudir para su adecuada ejecución a su complementación en otros instrumentos normativos y especialmente en aquellos supuestos en que es necesario contar con las diferentes Administraciones Públicas que ejercen competencias sobre materias específicas como las de sanidad, vivienda o empleo.
La dignidad de la sociedad se mide también por la dignidad con la que ampara y protege a quienes han sido víctimas de las acciones del terrorismo. Por ello constituye un eje fundamental de la ley la defensa de la dignidad y el respeto a la memoria de quienes fallecieron y a sus familiares, a quienes sufrieron en su integridad física o psicológica los daños directos y a sus familias.
El Título primero se inicia definiendo el objeto y finalidad de la ley desde la perspectiva de la protección integral de las víctimas de terrorismo, destacando de manera expresa la defensa de la dignidad de las víctimas, incorporando junto a los destinatarios de la misma una nueva figura, la de los amenazados, y en cuanto al ámbito temporal señalando que su aplicación se extiende a los sucesos acaecidos desde 1 de enero de 1960.
El Título tercero, dedicado a los derechos y prestaciones, se inicia con la enumeración y definición de los distintos beneficiarios a la vez que se mantienen las previsiones ya existentes en la normativa anterior sobre su régimen jurídico, sistema de compatibilidad y tratamiento fiscal. A continuación se incorporan las reglas relativas a los abonos por causa de fallecimiento, las personas beneficiarias y el orden de prelación de las mismas. Se regulan, con remisión expresa a los Anexos de la ley, las prestaciones y ayudas por los daños personales correspondientes. Se contempla la necesaria adecuación en relación con las cargas familiares.
En primer lugar se ha procedido a unificar en esta ley las prestaciones que hasta el momento actual venían reguladas de manera diferenciada en las leyes anteriores a la vez que se ha incrementado su importe. Se mantiene el principio de asunción por parte del Estado del abono de las indemnizaciones fijadas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil señalando una cuantía específica para los supuestos de fallecimiento, gran invalidez, invalidez en sus diferentes grados y lesiones no invalidantes de manera que todas las víctimas tengan garantizado un mismo trato indemnizatorio, evitando con ello posibles diferencias de trato económico ante situaciones iguales. Todo ello sin perjuicio de que las víctimas conserven el ejercicio de acciones civiles para poder reclamar a los responsables de los delitos las diferencias que se puedan derivar en el supuesto de que las indemnizaciones fijadas pudieran ser superiores a las asumidas por el Estado.
En segundo lugar se ha regulado expresamente el sistema indemnizatorio para los supuestos de ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero. Regulación que estaba pendiente de desarrollo y que había constituido una de las demandas de las diferentes Asociaciones de víctimas. Para configurar estas ayudas excepcionales y en atención a su naturaleza se han teni
do en cuenta los criterios generales que son de aplicación en otros ámbitos de la actividad indemnizatoria de la Administración. Así se ha fijado la cuantía del cincuenta por ciento para quienes tengan su residencia habitual en el país en que se produzcan los daños; un cuarenta por ciento para quienes no teniendo la residencia habitual en el país dispongan de algún tipo de aseguramiento y un treinta por ciento para quienes no dispongan de ningún tipo de aseguramiento.
En el Título cuarto se configura ya de manera integral todo el conjunto de medidas que bajo la denominación de "régimen de protección social" tienen como finalidad atender las necesidades de todo tipo que a lo largo de la vida se generan para quienes se han visto afectados por la acción terrorista.
Respecto de las necesidades de atención sanitaria se incorpora la previsión de formación especializada de los profesionales sanitarios para abordar la atención y tratamiento de las víctimas, en los planes nacionales de salud se incorporará un plan de atención integrada e integral para la atención de las mismas y el Sistema Nacional de Salud deberá prever en el régimen específico al que se refieren los apartados anteriores la prestación de atención psicológica, psicopedagógica y, en su caso, psiquiátrica a las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley.
En el ámbito educativo se regulan las exenciones de tasas académicas, sistemas de becas y apoyo dentro del sistema educativo junto a la adaptación de los sistemas de enseñanza.
El Capítulo séptimo de este Título cuarto es reflejo de la importancia que la defensa y protección de la dignidad de las personas víctimas de terrorismo tiene para la sociedad en su conjunto. La protección de su intimidad, la declaración de ilicitud de aquella publicidad que pretenda dar o dé un trato despectivo o vejatorio a las víctimas o familiares, la necesidad de que por parte de los medios de comunicación se evite todo uso desproporcionado o inadecuado de las imágenes personales de las mismas y la realización por parte de las Administraciones Públicas de campañas y actividades de formación y sensibilización de los profesionales de la información darán como resultado que la dignidad de las víctimas sea respetada en todo momento.
El Título quinto está destinado en su totalidad a proteger a las víctimas y a sus familias en el ámbito procesal. Junto con la consagración de la gratuidad de la asistencia jurídica se consagra el denominado principio de mínima lesividad en el desarrollo del proceso penal de manera que no se vean obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusado y que eviten las manifestaciones, signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas.
La defensa de la dignidad de las personas víctimas de acciones terroristas se complementa en el Título sexto con el necesario reconocimiento público y social a través del sistema de Condecoraciones y honores
públicos, La Real Orden de Reconocimiento de las víctimas de terrorismo que se otorga, con el grado de Gran Cruz, a título póstumo, a los fallecidos en actos terroristas, y, con el grado de Encomienda, a los heridos y secuestrados en actos terroristas.
El contenido del Título séptimo responde a la necesidad de proteger la dignidad pública de las víctimas. El Estado asume esta protección y se declara expresamente la prohibición de que en los lugares públicos existan monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas. Para ello las Administraciones Públicas deberán adoptar las medidas para impedir o para hacer cesar estas situaciones.
El Ministerio del Interior asume la obligación de mantener los adecuados cauces de información, apoyo y participación así como la elaboración de informes y la presentación de iniciativas y propuestas normativas que resulten necesarias a la vista de la experiencia y de las necesidades que se vayan poniendo de manifiesto para mantener debidamente actualizadas las necesidades de apoyo y protección a las personas víctimas del terrorismo.
En cumplimiento de esos principios y de configurar un marco legislativo que dé respuesta a la necesidad de protección integral para las víctimas de terrorismo no solo se han establecido previsiones hacia el futuro. Por ello la Ley en su Disposición Primera aborda la aplicación retroactiva para quienes a lo largo del tiempo hubieran podido recibir indemnizaciones o compensaciones económicas inferiores a las contempladas en el Anexo I de la norma.
En las Disposiciones adicionales se complementan las previsiones sustantivas incorporadas en el texto, con la creación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de una Comisión de Análisis del tratamiento de las víctimas del terrorismo, la incorporación dentro del Plan de Empleo del Reino de España de un plan propio para quienes siendo víctimas de terrorismo se encuentren inscritos como demandantes de empleo y la adopción de medidas sobre el acceso de las víctimas al empleo público.
Título II. Actuaciones inmediatas tras un atentado terrorista, para la protección de las víctimas.
Título III. De los derechos y prestaciones derivados de actos de terrorismo.
Capítulo II. Abono de daños.
Sección 1.a Daños personales.
Sección 2.a Daños materiales.
Capítulo III. Procedimiento y competencia.
Título IV. Régimen de protección social.
Capítulo I. Asistencia sanitaria.
Capítulo II. Derechos laborales y de Seguridad Social.
Capítulo III. Ayudas extraordinarias a las víctimas del terrorismo.
Capítulo IV. Actuaciones en materia de vivienda.
Capítulo V. Ayudas educativas.
Capítulo VI. Derechos específicos de los extranjeros víctimas del terrorismo.
Capítulo VII. Derechos de los afectados en el tratamiento de las informaciones correspondientes a las víctimas del terrorismo.
Capítulo I. Principios rectores y derechos procesales de la víctima de terrorismo ante los Tribunales españoles.
Capítulo II. La víctima de terrorismo en los procesos penales.
Título VII. Tutela institucional y apoyo a las víctimas del terrorismo.
Capítulo I. Tutela institucional.
Capítulo II. Fomento del movimiento asociativo.
Anexo I. Indemnizaciones. Baremos.
La presente ley tiene por objeto el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y el establecimiento de un marco de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la acción terrorista en la víctima y en sus familias o en las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de la acción terrorista.
1. Esta ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia, y verdad. Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político. Dignidad, simbolizando en las víctimas la defensa del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Justicia, para evitar situaciones de desamparo de las víctimas. Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos humanos que suponen las acciones terroristas.
a) Reconocer y promover la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y asegurar la solidaridad y la justicia con las mismas.
e) Consagrar los derechos de las víctimas del terrorismo, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.
1. La presente ley será de aplicación, a quienes sufran la acción terrorista, definida ésta como la llevada a cabo por personas integradas en bandas o grupos armados que actúen con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública y la seguridad ciudadana.
Será aplicable igualmente, a las víctimas de los actos dirigidos a alcanzar los fines señalados en el párrafo precedente aun cuando sus responsables no estén formalmente integrados en bandas o grupos terroristas.
1. Las personas fallecidas o que han sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y que, a los efectos de la ley, son considerados como víctimas del terrorismo.
2. Las personas que, en el supuesto de fallecimiento de la víctima a que se refiere el apartado anterior, y en los términos y con el orden de preferencia establecido en el artículo 17 de esta ley, puedan ser titulares de las ayudas o de los derechos por razón del parentesco, o la convivencia o relación de dependencia con la persona fallecida.
4. Los términos del reconocimiento de la consideración de víctima o destinatario de las ayudas, presta
ciones, e indemnizaciones serán los que establezca para
cada una de las situaciones esta ley y sus normas reglamentarias de desarrollo.
5. En el supuesto de fallecimiento, serán considerados como víctimas del terrorismo, exclusivamente a los efectos honoríficos, de respeto, dignidad y defensa pública de estos valores, el cónyuge del fallecido o persona ligada con él por análoga relación de afectividad, los padres y los hijos. Todo ello sin perjuicio de los derechos, prestaciones, indemnizaciones y demás ayudas que les otorga la presente ley.
Actuaciones inmediatas tras un atentado terrorista, para la protección de las víctimas
La Administración General del Estado establecerá los criterios para la elaboración de los citados protocolos.
2. Para conseguir la máxima eficacia en la ejecución de los protocolos, las Administraciones Públicas establecerán mecanismos específicos de coordinación y cooperación que comprenderán la creación de unidades o puestos de mando integrados por los responsables de los distintos servicios intervinientes.
1. Las personas afectadas por un atentado terrorista recibirán, con carácter inmediato, la asistencia psicológica y psiquiátrica necesaria para cubrir sus necesidades de atención.
1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán, en sus respectivos ámbitos y competencias, los mecanismos de información que permitan conocer los procedimientos para obtener las ayudas, indemnizaciones y prestaciones que corresponda.
3. Se articularán los medios necesarios para que las víctimas del terrorismo que, por sus circunstancias personales y sociales, puedan tener una mayor dificultad para acceder íntegramente a la información, tengan asegurado el ejercicio efectivo de este derecho. A tal efecto, se garantizará que las personas a las que la presente ley es de aplicación, y que se encuentren en una situación de discapacidad, puedan obtener, de forma inteligible, información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes para cubrir sus necesidades.
La Administración General del Estado, en los términos que reglamentariamente se establezcan, asumirá los gastos de traslado, sepelio e inhumación de las personas que resulten fallecidas como consecuencia de un atentado terrorista.
1. Las personas comprendidas en el artículo 4, apartado primero, tendrán los derechos y las prestaciones establecidas en esta ley por los daños personales que les hayan causado las acciones terroristas. Si como consecuencia de la actividad delictiva la víctima hubiese fallecido, los titulares serán las personas que se indican en el artículo 4, apartado segundo, de la ley.
1. Las cantidades percibidas como consecuencia de las indemnizaciones, resarcimientos o ayudas de carácter económico a que se refiere la presente ley estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de cualquier impuesto personal que pudiera recaer sobre las mismas.
2. Los titulares de este derecho, de conformidad con el artículo 4, apartado segundo, serán, por orden de preferencia, las siguientes personas:
a) El cónyuge de la persona fallecida, si no estuvieren legalmente separados ni en proceso de separa
ción, divorcio o nulidad matrimonial, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia; y los hijos de la persona fallecida.
Las víctimas del terrorismo que como consecuencia del delito sufran daños personales tendrán derecho a las indemnizaciones fijadas en las tablas I, II y III del anexo de la ley para los distintos grados de incapacidad, lesiones no invalidantes y secuestro.
3. La indemnización se abonará a las víctimas de terrorismo o a las personas indicadas en el artículo 17 y, en defecto de ellas, a sus herederos o a quien se fije como destinatario en la resolución judicial que se adopte.
- Fallecimiento: 500.000 euros.
- Gran invalidez: 750.000 euros.
- Incapacidad permanente absoluta: 300.000 euros.
- Incapacidad permanente total: 200.000 euros.
- Incapacidad permanente parcial: 125.000 euros.
- Lesiones no invalidantes: 100.000 euros.
Si el español tiene su residencia habitual en el país en que se produzca la acción terrorista percibirá el 50% de las cantidades fijadas en la Tabla 1 del Anexo.
Si el español no tuviera su residencia habitual en el país en que se produzca la acción terrorista percibirá el 40% de las cantidades fijadas en la tabla I del Anexo siempre que disponga de algún tipo de aseguramiento y el 30% de dichas cantidades si no dispone de ningún tipo de aseguramiento.
1. Los daños materiales causados como consecuencia o con ocasión de los delitos de los delitos de terrorismo a quienes no fueren responsables de los mismos, serán resarcibles por la Administración General del Estado en los términos previstos en el presente ar-tículo y los artículos siguientes.
2. La Administración General del Estado podrá contribuir a sufragar los gastos que origine el alojamiento provisional de aquellas personas que, como consecuencia de un atentado terrorista, tengan que abandonar temporalmente su vivienda y mientras se efectúan las obras de reparación.
1. En el caso de establecimientos mercantiles o industriales, el resarcimiento comprenderá el valor de las reparaciones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento dichos establecimientos con el límite de indemnización por que se fije reglamentariamente.
3. El subsidio consistirá en el abono a la entidad de crédito prestamista de la diferencia existente entre los pagos de amortización de capital e intereses al tipo de interés fijado por la entidad prestamista, y los que
corresponderían al tipo de interés subsidiado, que se determinará en las normas de desarrollo.
2. Se entenderán comprendidos como daños indemnizables de esta naturaleza, los producidos por actos terroristas en las sedes o lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas reconocidas.
1. Serán resarcibles los daños causados en vehículos particulares así como los sufridos por los destinados al transporte terrestre de personas o mercancías, salvo los de titularidad pública. Para que proceda la indemnización, será requisito indispensable disponer en el momento del siniestro de póliza vigente del seguro obligatorio del vehículo.
Las solicitudes de los interesados deben cursarse en el plazo máximo de un año desde que se produjeron los daños. A estos efectos, se considera como daño físico el de la fecha de su curación o del alta con secuelas, conforme lo acredite el Sistema Nacional de Salud.
2. Para la calificación de las lesiones a efectos indemnizatorios será preceptivo el dictamen emitido por un equipo de valoración de incapacidades cuya composición se determinará reglamentariamente en función de la previa pertenencia del solicitante de la indemnización. En dichos equipos se integrará, en todo caso, un representante del Ministerio del Interior vinculado con la atención a las víctimas del terrorismo.
El Ministerio del Interior podrá, en el ejercicio de las competencias derivadas de este artículo, recabar los datos sobre los procedimientos de reconocimiento de pensiones extraordinarias por terrorismo relacionados con los solicitantes que obrasen en los ficheros del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
En los supuestos en que, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese el fallecimiento, se abrirá un nuevo plazo de igual duración para solicitar el resarcimiento o, en su caso, la diferencia que procediese entre la cuantía satisfecha por tales lesiones y la que correspondiera por el fallecimiento. De igual modo se procederá cuando, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese una situación de mayor gravedad a la que corresponda una cantidad superior.
1. En el Ministerio del Interior existirá un único órgano administrativo al que corresponderá la instrucción de todos los expedientes a que se refieren los ar-tículos anteriores.
Artículo 31. Sensibilización y tratamiento específico de las víctimas del terrorismo.
4. El Sistema Nacional de Salud deberá prever en el régimen específico al que se refieren los apartados anteriores la prestación de atención psicológica, psicopedagógica y, en su caso, psiquiátrica a las personas comprendidas en el artículo 4.1.
1. Las personas a que se refiere el artículo 4, en sus apartados 1 y 2, podrán recibir ayudas específicas destinadas a financiar tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas, siempre que se acreditare la necesidad actual de ellos, que tuviesen vinculación con el atentado terrorista y que no hubieran sido cubiertos bien por un sistema público o privado de aseguramiento, bien por el régimen público de resarcimientos o ayudas a las víctimas de actos terroristas.
1. Las víctimas del terrorismo a las que se refiere el artículo 4, apartado 1, tendrán derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica.
1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán una línea específica para incluir a las personas a las que se refiere el artículo 4, en su apartado 1, en el marco de las políticas activas de empleo, en condiciones que sean compatibles con su situación física y psíquica.
2. En el caso de que se ejercite el derecho a la movilidad geográfica previsto en el apartado anterior, los cónyuges o personas vinculadas por análoga relación de afectividad con aquéllos, tendrán derecho preferente a ocupar un puesto de trabajo igual o similar al que vengan desempeñando si hubiera plaza vacante en la misma localidad.
3. Estos derechos, en la medida que resulte compatible con su propio régimen jurídico, serán aplicables, igualmente y en los términos que establezca su legislación específica, al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
Sin perjuicio de los resarcimientos y ayudas de carácter ordinario, el Ministerio del Interior podrá conceder ayudas extraordinarias para paliar situaciones de necesidad personal o familiar de las personas reseñadas en el artículo 4 de esta ley, plena o insuficientemente cubiertas, como resultado de la aplicación de las previsiones generales de esta ley.
1. Las Administraciones Públicas procurarán que las personas incluidas en el artículo 4 de esta ley tengan una consideración preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública, especialmente, cuando las secuelas del acto terrorista obliguen al cambio de aquella en la que vivían.
Las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, las autoridades educativas adoptarán, en los distintos niveles educativos, las medidas necesarias para asegurar la exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios a las víctimas de actos terroristas y a las personas relacionadas en el ar-tículo 4 de esta ley, en sus apartados 1 y 2.
1. Se concederán ayudas de estudio cuando como consecuencia de un acto terrorista se deriven para el propio estudiante, o para sus padres, hermanos, tutores o guardadores, daños personales que sean de especial trascendencia, o que los inhabiliten para el ejercicio de su profesión habitual.
1. La condición de víctima del terrorismo a que se refiere el artículo 4.1 de esta ley se considerará como circunstancia excepcional a los efectos de la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza.
1. En las actuaciones y procedimientos relacionados con el terrorismo, se protegerá la intimidad de las
víctimas; en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia.
2. Los Jueces y Tribunales podrán acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas.
1. Las Administraciones Públicas con competencia en materia de medios materiales sobre la Justicia, en colaboración con los órganos de gobierno del Poder
Judicial, establecerán los mecanismos de información personalizada que permitan a las personas señaladas en el artículo 4 de la presente ley conocer el estado de los procedimientos en los que son parte y, en su caso, de las acciones judiciales que pueden iniciar en defensa de sus derechos.
Artículo 51. Condecoraciones.
3. El procedimiento para su reconocimiento es el previsto en el artículo 53 de esta ley.
Artículo 52. Requisitos para la concesión de las condecoraciones.
1. Las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4, apartados 1 y 2, de esta ley podrán solicitar la concesión de las condecoraciones indicadas.
Artículo 53. Procedimiento para la concesión de condecoraciones.
4. La resolución estimatoria o desestimatoria pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso-administra-tivo.
Artículo 54. Reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo en la actividad honorífica del Estado.
Artículo 55. Reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo.
Artículo 56. Reconocimiento institucional de la presencia de las víctimas.
Artículo 57. Educación para la defensa de la libertad, la democracia y la paz.
Artículo 58. Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo.
Artículo 59. Defensa del honor y la dignidad de las víctimas.
1. El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de que en los lugares públicos existan monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas.
Artículo 60. Tutela institucional a las víctimas del terrorismo.
Artículo 61. Informes sobre la situación de las víctimas del terrorismo.
2. El Ministerio del Interior elaborará informes sobre la situación de las víctimas del terrorismo. Los informes destacarán, asimismo, las necesidades de reforma legal al objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de protección adoptadas pueda asegurar el máximo nivel de tutela para las víctimas del terrorismo.
Artículo 62. Reconocimiento del papel y la relevancia del movimiento asociativo.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo contribuyen a fomentar la unión entre las víctimas y la mejora de su condición. Por este motivo, su actuación goza del reconocimiento social que permite a las Administraciones Públicas fomentar su creación y su mantenimiento.
Artículo 63. Actividad subvencional.
La Administración General del Estado podrá, en los términos y condiciones que se determinen en las normas de desarrollo, conceder subvenciones a las asociaciones cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo. En el establecimiento de este régimen subvencional se priorizarán aquellas asociaciones que cuenten con mayor número de víctimas, a cuyo fin se establecerá un procedimiento para que, con el consentimiento de los interesados, esta condición pueda hacerse pública al órgano competente para conceder las subvenciones.
Fallecimiento;250.000,00
Gran Invalidez;500.000,00
Incapacidad Permanente Absoluta;180.000,00
Incapacidad Permanente Total;100.000,00
Incapacidad Permanente Parcial; 75.000,00
Indemnizaciones por incapacidad temporal y por secuestro
CONCEPTO;indemnizaciones
Incapacidad temporal;IPREM/día × 2, hasta el límite de 18 mensualidades
Secuestro;IPREM/día × 3, hasta el límite de lo establecido en este anexo para la Incapacidad Permanente Parcial
1. En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, una Comisión de Análisis del tratamiento de las víctimas del terrorismo que apoye técnicamente y oriente la planificación de las medidas sanitarias contempladas en este capítulo, evalúe y proponga las necesarias para la aplicación del protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la atención especializada en este ámbito.
1 En el marco del Plan de Empleo del Reino de España, se incluirá un programa de acción específico para las personas previstas en el artículo 4, apartado 1, de esta ley y que consten inscritas como demandantes de empleo.
En lo no previsto en esta ley, será de aplicación la legislación sobre resarcimiento a las víctimas de delitos de terrorismo o bandas armadas, las disposiciones sobre subvenciones y ayudas públicas, y en su caso, la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

References: artículo 126
 artículo 124
 artículo 124
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 17
 resolución 

Artículo 31
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4

Artículo 51
 artículo 53

Artículo 52
 artículo 4

Artículo 53
 resolución 

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63
 artículo 4