Source: http://www.aramultimedia.com/ca/tribuna_oberta/sentencia_contencioso_oep_2016-25491.html
Timestamp: 2017-10-24 03:59:38+00:00

Document:
ARAMULTIMÈDIA - Sentencia Contencioso OEP 2016
Article de la Secció Sindical de la CGT del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant
Sentencia Contencioso OEP 2016
Una de las líneas básicas de la acción sindical de CGT es la defensa del "empleo estable y con derechos". En coherencia con la misma esta sección sindical presentó el 25 de mayo de 2016 un recurso contencioso- administrativo contra la Oferta de Empleo Público del año 2016 presentada por la Administración del Consorcio, la cual denunciábamos no sólo como insuficiente sino también como la antesala de la precarización del empleo público en el Consorcio. Afirmábamos también que, al margen de la resolución judicial, esta sección sindical iba a seguir luchando en todos los ámbitos por el aumento de plantilla y por la defensa del empleo público estable y con derechos vinculada, indisolublemente, a la de un Servicio Público de Emergencias digno y de calidad.
Pues bien, por fin el pasado 4 de mayo se ha producido la resolución judicial y ésta ha sido desfavorable. Este era un recurso que creíamos que debíamos presentar tanto por la sólida argumentación jurídica como por coherencia en unos momentos en que la precarización del empleo y de los Servicios Públicos estaban haciendo estragos, particularmente en nuestra Comunidad. Con todo, lo más lamentable no es que el fallo sea desfavorable sino que, además, ponga en evidencia el menosprecio que le inspira la parte demandante, en este caso el Sindicato CGT.
La sentencia nº 186/2017 del Juzgado Contencioso Administrativo número cuatro de Alicante, que trae consecuencia de los autos de Procedimiento Abreviado número 508/2016, seguidos a instancia del Sindicato CGT, en demanda contra el Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, siendo vistos por la Ilma. Sra. Doña María Begoña Calvet Miró; se recurrirá al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana al no hacer la referida sentencia ninguna alusión a los argumentos de la demanda, ni establecer en dicha sentencia la más mínima constancia de la fundamentación del Fallo de la misma.
Si algo merecemos los ciudadanos/as en las actuaciones en el ámbito judicial es una respuesta fundada en derecho. No es aceptable no responder, o responder sin argumentar. La jueza elude abiertamente la cuestión planteada (política de avestruz) o responde aprovechando una respuesta ya dada por la Subdelegación de Alicante, (política del buitre, no caza se aprovecha de lo cazado), pero en este caso lo cazado es la nada; el Informe que hace suyo la jueza y con valentía reproduce en la sentencia, es una copia literal de normas y artículos, sin la mínima interpretación.
Los ciudadanos somos tontos, pero tontitos del montón, por favor. Para leer no necesitamos ni a las instituciones ni al poder judicial. Ahora bien, quizá se nos achaca "analfabetismo funcional" esto es, incapacidad para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente", y es por eso que no se nos argumenta, ya que "no lo vamos a entender." Pero eso es precisamente lo mínimo exigible a nuestros jueces, que nos interpreten las normas, máximo cuando existen otras interpretaciones, y se hace el esfuerzo de plasmarlas en una demanda; demanda que incluía nuestras interpretaciones y la de otros jueces y magistradas que interpretan dichas normas en cuestión en el mismo sentido que el nuestro.
Por favor si estamos en un error lo mínimo es, por mínima honradez intelectual, que se presume de los jueces, una respuesta fundada en derecho. O sea, tenemos derecho a una sentencia que acertada o no, pueda argumentar sobre las cuestiones litigiosas planteadas y ofrecer un criterio final, por boca de la jueza, acogiendo o rechazando lo pedido y porqué.
La CGT pedía que se dictara una sentencia por la que, se acordara la ampliación de la Oferta de Empleo Público incluyendo las 49 plazas de Bombero ocupadas por funcionarios interinos desde hace 6 años; siendo además el coste para la Administración de efecto presupuestario cero, pues las plazas están presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos.
Además con ello se consiguiría:
1. La consolidación y estabilidad en el empleo del personal interino en el Consorcio Provinvcial de Bomberos
2. La mejora de los servicios públicos al dotarlos de las estructuras de personal necesario.
3. No supone incremento de gasto alguno por cuanto que tales plazas ya están dotadas económicamente y ocupadas por interinos.
4. El cumplimiento del mandato legal prescrito tanto en la Ley de la Función Pública Valenciana, como en el nuevo Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
5. Protección del derecho de acceso al empleo público que es de configuración legal, tal y como expresamente dispone el art. 23.2 CE.
En resumen, la CGT pide lo mínimamente elemental: Que los servicios públicos se presten con la máxima dignidad que se debe a los ciudadanos, y en este caso además sin incremento del gasto público.
Lo único que ya queda, es preguntarnos el por qué no se quiere ni desde el Gobierno (Subdelegación del Gobierno) ni desde el Poder Judicial (Juzgado de lo Contencioso número Cuatro de Alicante) que se preste un servicio, tan importante como realizan los Bomberos, de la mejor manera posible y eficaz para los ciudadanos; y además en este caso sin ningún incremento de gasto.
Que se quiera que los Servicios Públicos al ciudadano no funcionen es realmente un postulado "antisistema". Los integrantes del poder judicial permisivos y silentes puede hacer que los ciudadanos pierdan el uso de la palabra "confianza", y lo más grave, que se intuye a que "sistema" quieren llegar.
ARAMULTIMÈDIA, divendres 12 de maig de 2017
Lirios Silvestre - 12/05/2017
Una de las líneas básicas de la acción sindical de CGT es la defensa del "empleo estable y con derechos". En coherencia con la misma esta sección sindical presentó el 25 de mayo de 2016 un recurso contencioso- administrativo contra la Oferta de Empleo Público del año 2016 presentada por la Administración del Consorcio, la cual denunciábamos no sólo como insuficiente sino también como la antesala de la precarización del empleo público en el Consorcio. Afirmábamos también que, al margen de la resolución judicial, esta sección sindical iba a seguir luchando en todos los ámbitos por el aumento de plantilla y por la defensa del empleo público estable y con derechos vinculada, indisolublemente, a la de un Servicio Público de Emergencias digno y de calidad. Pues bien, por fin el pasado 4 de mayo se ha producido la resolución judicial y ésta ha sido desfavorable. Este era un recurso que creíamos que debíamos presentar tanto por la sólida argumentación jurídica como por coherencia en unos momentos en que la precarización del empleo y de los Servicios Públicos estaban haciendo estragos, particularmente en nuestra Comunidad. Con todo, lo más lamentable no es que el fallo sea desfavorable sino que, además, ponga en evidencia el menosprecio que le inspira la parte demandante, en este caso el Sindicato CGT. La sentencia nº 186/2017 del Juzgado Contencioso Administrativo número cuatro de Alicante, que trae consecuencia de los autos de Procedimiento Abreviado número 508/2016, seguidos a instancia del Sindicato CGT, en demanda contra el Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, siendo vistos por la Ilma. Sra. Doña María Begoña Calvet Miró; se recurrirá al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana al no hacer la referida sentencia ninguna alusión a los argumentos de la demanda, ni establecer en dicha sentencia la más mínima constancia de la fundamentación del Fallo de la misma. Si algo merecemos los ciudadanos/as en las actuaciones en el ámbito judicial es una respuesta fundada en derecho. No es aceptable no responder, o responder sin argumentar. La jueza elude abiertamente la cuestión planteada (política de avestruz) o responde aprovechando una respuesta ya dada por la Subdelegación de Alicante, (política del buitre, no caza se aprovecha de lo cazado), pero en este caso lo cazado es la nada; el Informe que hace suyo la jueza y con valentía reproduce en la sentencia, es una copia literal de normas y artículos, sin la mínima interpretación. Los ciudadanos somos tontos, pero tontitos del montón, por favor. Para leer no necesitamos ni a las instituciones ni al poder judicial. Ahora bien, quizá se nos achaca "analfabetismo funcional" esto es, incapacidad para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente", y es por eso que no se nos argumenta, ya que "no lo vamos a entender." Pero eso es precisamente lo mínimo exigible a nuestros jueces, que nos interpreten las normas, máximo cuando existen otras interpretaciones, y se hace el esfuerzo de plasmarlas en una demanda; demanda que incluía nuestras interpretaciones y la de otros jueces y magistradas que interpretan dichas normas en cuestión en el mismo sentido que el nuestro. Por favor si estamos en un error lo mínimo es, por mínima honradez intelectual, que se presume de los jueces, una respuesta fundada en derecho. O sea, tenemos derecho a una sentencia que acertada o no, pueda argumentar sobre las cuestiones litigiosas planteadas y ofrecer un criterio final, por boca de la jueza, acogiendo o rechazando lo pedido y porqué. La CGT pedía que se dictara una sentencia por la que, se acordara la ampliación de la Oferta de Empleo Público incluyendo las 49 plazas de Bombero ocupadas por funcionarios interinos desde hace 6 años; siendo además el coste para la Administración de efecto presupuestario cero, pues las plazas están presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos. Además con ello se consiguiría: 1. La consolidación y estabilidad en el empleo del personal interino en el Consorcio Provinvcial de Bomberos 2. La mejora de los servicios públicos al dotarlos de las estructuras de personal necesario. 3. No supone incremento de gasto alguno por cuanto que tales plazas ya están dotadas económicamente y ocupadas por interinos. 4. El cumplimiento del mandato legal prescrito tanto en la Ley de la Función Pública Valenciana, como en el nuevo Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 5. Protección del derecho de acceso al empleo público que es de configuración legal, tal y como expresamente dispone el art. 23.2 CE. En resumen, la CGT pide lo mínimamente elemental: Que los servicios públicos se presten con la máxima dignidad que se debe a los ciudadanos, y en este caso además sin incremento del gasto público. Lo único que ya queda, es preguntarnos el por qué no se quiere ni desde el Gobierno (Subdelegación del Gobierno) ni desde el Poder Judicial (Juzgado de lo Contencioso número Cuatro de Alicante) que se preste un servicio, tan importante como realizan los Bomberos, de la mejor manera posible y eficaz para los ciudadanos; y además en este caso sin ningún incremento de gasto. Que se quiera que los Servicios Públicos al ciudadano no funcionen es realmente un postulado "antisistema". Los integrantes del poder judicial permisivos y silentes puede hacer que los ciudadanos pierdan el uso de la palabra "confianza", y lo más grave, que se intuye a que "sistema" quieren llegar. Secció Sindical CGT

References: resolución 
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 Real Decreto 
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 Real Decreto