Source: https://www.scribd.com/doc/69652677/La-Guerra-Perdida-Felipe-Curco
Timestamp: 2016-07-29 11:15:52+00:00

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Felipe CurCó Cobos (1971- ). Filósofo mexicano. Obtuvo la licenciatura y la maestría en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y el doctorado en Filosofía y Teoría Política en la Universidad de Barcelona, Cataluña, España, todos con suma cum laude. Ha sido becario de docencia e investigación de la Universidad de Barcelona, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (ConaCyt), de la Fundación Ford/Fullbright y del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la unam. Fue distinguido con el Premio pensa de Filosofía 2004 en el género de ensayo filosófico de la Universidad de Barcelona y la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario 1997. Ha impartido cursos de Ética y Filosofía Política en la unam, la Universidad de Barcelona, El Instituto de Investigaciones Políticas en Latinoamérica y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam), en donde actualmente es profesor titular de tiempo completo. Su libro más reciente se titula: El giro hermenéutica en la política. Entre los títulos de sus numerosos capítulos de libros se encuentran: Dere­ chos, Constitucionalismo y Democracia; De la ilustración al mito: ciudadanía liberal y etnocultura nacionalista; La recepción de la Filosofía de Ortega en México; Sobre humanismo, cacahuetes y cartas a los amigos; La razón a la deriva: apuntes para una idea de la epistemología en sentido pragmá­ tico y Fernando Salmerón: pensamiento, vida y obra. Algunos de sus artículos son: El etnocentrismo en Rorty; La paradoja de la tolerancia en la construcción de la identidad ciudadana; Donald Davidson y el argumento 1
de la conexión lógica; Desde un lugar en ninguna parte: Richard Rorty y Habermas en Diálogo; Utilitarismo y autoindulgencia moral, a propósi­ to de un texto de Bernard Williams; Nietzsche y la experiencia trágica del absurdo y Neomarxismo analítico y movimiento revolucionario indígena de cara al siglo xxi.
Del libro: La guerra perdida. Dos ensayos críticos sobre la política de combate al crimen organizado, 2006­20010, México, Ediciones Coyoacán, 2010, Introducción, pp. 7-51. 2
LA MUERTE FÁCIL (O SOBRE EL HIPÓCRITA COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO EN MÉXICO)
éxico es el país donde la barbarie se ha vuelto parte del paisaje. iViolencia y muerte, cuerpos abandonados, impunidad atroz. Todos los días, a todas horas, en todos los lugares. Brutalidad, crimen, intimidación, terror: la gente lo vive como parte de una vida. Monotonía cansina, tragedia consuetudinaria. En cada momento y en cada espacio; las granadas contra civiles, los coches bomba, los decapitados, los quemados, los mutilados, los huérfanos, los heridos (sólo en Ciudad Juárez, y desde el 2008, el Centro de Salud y Bienestar Comunitario –sabiC– prevé poder atender al año a casi diez mil víctimas del salvajismo entre lesionados, lisiados y expósitos de la violencia). Los ojos cerrados. La nota roja saturando los noticieros. La indiferencia, el callo, la costra insensible de protección que la fatalidad punzante produce en los ánimos y las conciencias. México es el país donde la anormalidad se vive como algo normal. Aquí nada agravia, nada indigna lo suficiente. Porque ésta es la tierra en que no hay remedio a nada. Donde leyes, autoridades, política y Estado no parecen ser parte de la solución, sino del problema. Aquí la violencia va mucho más allá de las balas. El tejido social y político ha sido asaltado e infiltrado por los criminales. México es el lugar donde los ciudadanos vivimos expuestos, inermes, indefensos. Entregados al abuso de criminales infames y autoridades cómplices e inútiles. Porque no hay modo ya de saber quién comete los ultrajes. Funcionarios, policías y políticos han dejado de ser empleados al servicio del Estado para convertirse en dóciles lacayos al servicio de los cárteles que conforman el crimen organizado. Cerramos los ojos; frente a miles de personas acechadas, 3
maltratadas y masacradas, vivimos de reojo, cuidándonos las espaldas, no sólo de los fraticidas, sino de un Estado complaciente con lo que pasa, insensible a lo que ocurre. ¿Qué ha provocado esta situación? En diciembre de 2006 el gobierno mexicano inició una serie de operativos policial-militares dirigidos a eliminar el narcotráfico en nuestro país. Dichas acciones consistieron en uno de los primeros actos de Felipe Calderón Hinojosa al frente de la Presidencia de México. ¿Había una realidad delictiva y de descomposición social e institucional que obligara al Estado a intervenir y emprender una lucha contra el crimen? Desde luego que sí la había y –hoy más que nunca– la sigue habiendo. Pero esta realidad obligaba a planear meticulosamente las acciones a desarrollar, hacer frente al crimen desde una estrategia definida que atendiera a los estándares y la experiencia internacional. En cambio, el gobierno decidió lanzarse a una lucha improvisada y costosa, carente de rumbo o planeación, no sólo estéril e inútil, sino de consecuencias devastadoras cuyos resultados van debilitando cada vez más al Estado, masacrando a la población, y fortaleciendo al crimen. Si algo pretendo demostrar en este libro es que el combate militar y policial contra el crimen organizado, iniciado por el actual gobierno en 2006, no ha sido más que una mera puesta en escena para simular que se enfrenta un problema que en realidad ni gobierno ni partidos políticos de oposición parecen estar de fondo interesados en resolver. Se trata, pues, de una farsa que está costando muchas vidas y la completa descomposición política y social de la nación. Su impacto trágico para México sólo el tiempo podrá dimensionar y exhibir. El desprecio que el Estado mexicano ha parecido mostrar hacia nuestras vidas no tiene comparación-más que con el desprecio con el que los criminales acribillan a sus víctimas. El gobierno mexicano minimiza permanentemente las consecuencias atroces de su fallida e irresponsable política de combate policial a las mafias. Ha declarado una y otra vez que la tasa de homicidios desatada en México a raíz de que el gobierno del presidente Calderón inició su lucha militar contra los cárteles organizados se encuentra muy por debajo de la tasa anual de homicidios que padecen otros países donde no se está llevando a cabo una lucha similar (así, se dice, por mencionar sólo algunos 4
comparativos, que la tasa anual de homicidios –años 2009/2010– es en México de 14 por cada 100 000 habitantes, mientras que, por ejemplo, en Salvador es de 71/100 000, en Jamaica de 58/100 000, en Brasil de 25.2/100 000 o en Venezuela de 49 por cada 1.00000 habitantes).1 También son conocidas las declaraciones hechas por Calderón el 15 de abril del 2010, un día después de que en el otrora seguro puerto de Acapulco ocurriera un tiroteo en el que un taxista, una madre y su niña de 8 años murieran por causa –presunta– de la imprudencia del fuego militar. En esa ocasión y luego de negar que hubiera civiles caídos debido a los errores cometidos en retenes por las Fuerzas Armadas o a acciones de fuego cruzado, Calderón señaló (sin precisar la fuente de sus datos) que “90% de las muertes violentas registradas en el país corresponderían a miembros del crimen organizado, 5% a policías y soldados, y sólo 5% a ciudadanos de a pie”.2 Remató, minimizando la pérdida de vida de inocentes, señalando que sus muertes “han sido las menos” –lo que en un arrebato de sinceridad desdeñosa quizá hubiera querido decir “lo de menos”. En un país donde las víctimas inocentes de la violencia provocada por el mal llamado “combate al narcotráfico” son siempre criminalizadas por el Estado y sus órganos de información, es imposible que el Ejecutivo pudiera obtener esos datos de modo más o menos fiable o seguro. Cuando el 31 de enero de 2010 quince jóvenes de bachillerato que celebraban una reunión fueron cruelmente asesinados en Juárez por Los Aztecas (grupo de asesinos contratado por La Línea, brazo ejecutor del Cártel de Juárez), el mandatario atribuyó la masacre a un “ajuste de cuentas” entre delincuentes. Ante la indignación y protestas de padres y familiares de las víctimas, Calderón rectificó unos días más tarde, en Aguascalientes, señalando que aquellas declaraciones habían correspondido a una línea de investigación que después fue desdeñada. Poco después, el 19 de marzo del mismo año, luego de que dos estudiantes de posgrado con becas de excelencia y brillante desemFuentes: Global Burden of Armed Violence Report y Geneva Declaration on Armed Violence and Development. Una actualización puede encontrarse en el vínculo electrónico: <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of countries_by_homicide_rate>. 2 Véase prensa nacional del 15 de abril de 2010.
peño fueran asesinados en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey (teC) durante un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y autoridades, éstas intentaron explicar la muerte de los alumnos Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo manipulando la escena de los crímenes y señalando en los reportes policiales que ambos estudiantes eran, en realidad, sicarios. Antes, las autoridades habían maliciosamente despojado ambos cuerpos de todas sus identificaciones. Finalmente, los cadáveres de Jorge y Javier pudieron ser identificados gracias al papel que desempeñó el en aquel entonces rector del teC, Rafael Rangel Sostmann, al insistir que los jóvenes eran estudiantes de su plantel y que los padres habían reconocido los cuerpos de sus hijos –cuyo único crimen, al final, fue el haber estado aquella fatídica noche estudiando en su universidad. Hay numerosos casos similares, todos documentados. Entre los más trágicos sobresalen el de Martín y Bryan Alamanza Salazar de 9 y 5 años. Ambos fueron asesinados a balazos por el Ejército en un retén militar. No conformes con ultimar la vida de los pequeños, los soldados del retén fabricaron evidencias argumentando “fuego cruzado”. Posteriormente, tanto los peritajes y testimonios, como las propias conclusiones del ombudsman nacional Raúl Plascencia, desmintieron tajantemente las versiones brindadas por la Secretaría de Defensa y de Gobernación: el Ejército mató a inocentes; pero desde luego, y como siempre, eso no se tradujo en ninguna sanción para los culpables. Lo mismo puede decirse del lamentable suceso ocurrido el 5 de septiembre de 2010, donde el Ejército disparó sin aviso y a discreción sobre una familia que viajaba en automóvil por la carretera Monterrey-Laredo dejando gravemente lesionados a cinco de sus miembros y asesinando al padre que conducía y a su hijo de 15 años. En un escenario de impunidad como éste, no existen datos confiables que permitan hablar de modo más o menos veraz sobre cuál es el porcentaje de civiles caídos. Por otra parte, declaraciones como las ya referidas de Calderón el día 15 de abril de 2010 son sintomáticas de un gobierno y un Estado que responden cuantificando lo que –por definición– es incuantificable. El número de homicidios cometidos en México tal vez pueda ser comparable al número de asesinatos que ocurren en otros países (y digo “tal vez”, porque estudios serios como el realizado por Grupo 6
Multisistemas de Seguridad Nacional coloca ya a México, según su índice internacional de homicidios del 2009, en el sexto lugar de dicho índice, tan sólo por debajo de Sudáfrica, Colombia, Guatemala, Tailandia y Paraguay).3 Pero es que, además, en México la violencia se ha vuelto mucho más brutal y corrosiva para la institucionalidad que en otros países con tasas de homicidios comparables. En México estas muertes están ligadas a una brutalidad y una barbarie que no admiten análogos y que se dan con la complicidad y la responsabilidad de una clase política que cada día se muestra más incapaz de cumplir con aquella primera exigencia que desde Hobbes –y a lo largo de toda la tradición política de Occidente– ha sido unánimemente considerada la condición de posibilidad sine qua non y necesaria sin la cual la existencia del Estado no sólo no se justifica, sino que ni siquiera se entiende como posible: brindar seguridad a los ciudadanos como la primera de sus obligaciones. Si el Estado falla en ese propósito primero, su existencia es fallida. En tal caso, la célebre fórmula de Weber deja de satisfacerse: la violencia se privatiza en la misma proporción en que el Estado va perdiendo el monopolio exclusivo de la fuerza. En tales circunstancias no hay duda de que éste se desvanece, quiebra, falla. Es, desde luego, en este contexto en el que debe leerse y entenderse la petición hecha por diversos empresarios de Ciudad Juárez el 19 de noviembre de 2009, con el fin de solicitar la urgente intervención de los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas (onu) en una población devenida campo de exterminio, donde el Estado ha desaparecido ya por completo.4 Pero, ¿qué acaso la lucha que el gobierno panista inició en diciembre de 2006 contra el crimen organizado no es un intento por revertir esta situación?, ¿un intento por recuperar la institucionalidad?, ¿por proteger a los ciudadanos?
3 Fuente: CNN Noticias México. La lista para 2009 es la siguiente: Sudáfrica (126 por cada 100 000 habitantes), Colombia (114.5), Guatemala (44), Tailandia (41.5), Paraguay (19.9) México (12). Véase: <http://mexico.cnn.com/nacional/2010/06/22/ el-numero-de-homocidios-coloca-a-mexico-en-el-sexto-lugar-mundial-estudio>. 4 Véase prensa nacional de ese día.También puede leerse la noticia en: <http://defensamexico.activoforo.com/del-mundo-f14/empresarios-piden-intervencionde-cascos-azules-en-ciudad-juarez-t2059-60.htm>.
Responder a esto requiere hacer un breve recuento. Recordemos, para empezar, que originalmente la guerra del gobierno contra los cárteles del narcotráfico se planteó como un asunto de salud pública. Según el discurso oficial, se trataba de proteger a nuestra juventud del uso y abuso de las drogas. Tales motivos para iniciar una guerra de tamaña envergadura quedaron no obstante prontamente exhibidos y desmontados en el libro de Jorge Castañeda y Rubén Aguilar La guerra fallida.5 Ahí, y con datos duros, los autores muestran que no existe evidencia para afirmar que México hubiera pasado de ser un país de tránsito de drogas a uno de consumo, y tampoco para afirmar que, de acuerdo a cifras oficiales del propio gobierno, la demanda de éstas hubiera aumentado de manera significativa (de hecho, y según datos de la propia Secretaría de Salud, México se encuentra entre los países con menor demanda de drogas en el mundo);6 asimismo, el libro plantea que si la razón era hacer frente al aumento de la violencia en el país, todos los estudios señalan que ésta venía declinando notoria y progresivamente desde el inicio de los años noventa (mientras, sin duda, hoy en día el aumento de la misma se ha incrementado a valores muy superiores respecto a aquellos que en teoría se deseaba combatir). Ante tal evidencia, Aguilar y Castañeda concluyen que la única razón desde donde se hace posible explicar la absurda política del gobierno gira en torno a la necesidad que Felipe Calderón tuvo de iniciar su sangrienta y costosa guerra para revertir el déficit de legitimidad con que llegó a la Presidencia tras unas muy empañadas y discutidas elecciones, con el fin de compensar la precariedad electoral con la que el Partido Acción Nacional (pan) obtuvo su triunfo en 2006 y, así, mediante un acto de fuerza, afianzarse en el gobierno. Lo cierto –como veremos– es que el discurso oficial ha invocado objetivos tan diversos como contradictorios a la hora de dar explicaciones que justifiquen las terribles y desastrosas consecuencias que para el país ha tenido su fallida política de combate al crimen organi5 Rubén Aguilar y Jorge Castañeda, Narco: la guerra fallida, México, Punto de Lectura, 2009. 6 Fuente: Secretaría de Salud, <http://www.salud.Gob.mx/unidades/cdi/ documentos/CDM1/6.htm>.
zado. El 18 de febrero de 2009 el entonces secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, aseguró en París durante un desayuno con la comunidad mexicana en la Embajada de México que “si el gobierno del presidente Calderón no hubiera acentuado la lucha contra el narcotráfico, el próximo presidente de la República sería un narcotraficante.7 De declaraciones como ésta podía colegirse, entonces, que el motivo profundo para enfrentar al crimen se situaba en la apremiante y acuciante necesidad de detener el constante proceso de cooptación de la clase política y la captura de las estructuras estatales, a través de lo cual el crimen no para de erosionar la institucionalidad de la República apoderándose gradualmente del Estado. Pero semejante propósito quedó una vez más desmentido el 14 de junio de 2010 mediante el desplegado publicado por la Presidencia en todos los diarios de circulación nacional, donde quedó afirmado un nuevo objetivo en el combate al crimen. Conforme a lo ahí publicado ese día, éste no sería ya “única ni principalmente combatir al narcotráfico”, sino “lograr la seguridad pública de los ciudadanos”. De acuerdo con ello, “el punto crucial es reducir la acción del crimen organizado contra la población”. Ni una palabra se leyó en aquel desplegado acerca de la perentoria necesidad de detener la infiltración del crimen en el andamiaje institucional del país que antaño se invocaba. Con esto, la acción del gobierno devino del todo incomprensible. Porque si originalmente se suponía, según las propias declaraciones hechas por la Presidencia de la República el 15 de abril de 2010, que “las víctimas civiles habían sido las menos en el combate al crimen organizado y el narcotráfico en México”, ¿cómo explicar, entonces, este giro en el discurso oficial en un lapso inferior a dos meses?8 En
Véase prensa nacional del 19 de febrero de 2009. Datos duros desmienten, desde luego, esta afirmación. Según el último informe de la propia Secretaría de Defensa, 1 326 civiles menores murieron sólo en 2006 –año que se tiene monitoreado– en eventos relacionados con el combate al narcotráfico. Según informes de Ririki Intervención Social, A. C., cada día hay en el país entre 5 y 10 eventos de violencia –no denunciados– relacionados con el crimen organizado donde mueren menores civiles e inocentes. Fuente: <http://www.ririki. org> y <http://mexico. cnn.com/nacional/2010/03/30/los-jovenes-estan-desprotegidos-por-las-instituciones-ongs>.
un primer momento el gobierno negó que el tema de la seguridad pública fuese un verdadero problema en nuestro país. El acoso del crimen a la población nunca fue originalmente invocado como motivo para emprender la guerra. De pronto ocurrió un cambio y el gobierno hizo del tema de la inseguridad –que antes minimizaba– la razón fundamental para pelear contra la delincuencia. Lo que realmente ocurrió, entonces, es que precisamente los índices de violencia empezaron a ser percibidos como efecto de la errática lucha del Estado. Significa, por tanto, que la retórica oficial anunció primero una política de combate al narco para luego retractarse señalando que su verdadera meta no era otra que anular los efectos que su misma política había provocado. Suena del todo incomprensible y absurdo, pero como veremos a detalle en el segundo ensayo que conforma este volumen, esto es así porque los objetivos perseguidos por la administración de Calderón a lo largo de estos cuatro años no podrían resultar, ellos mismos, más contradictorios entre sí.
Lo evidente e innegable es que hoy en día las estadísticas hablan por sí solas: a la fecha en que se escriben estas líneas el número de asesinatos vinculados al combate al crimen casi alcanza ya, según conteo oficial, las treinta mil muertes (rebasando la cifra de más de veinticino mil fallecidos durante la primera guerra del Golfo ocurrida en 1990-1991). El resto de los datos es infausto, funesto, de consecuencias incalculables y potencialmente irreversibles. Hablamos de empresas, microempresas y micronegocios fronterizos que han emigrado de forma masiva a Estados Unidos, destrozando la economía de ciudades otrora boyantes y productivas como Ciudad Juárez; el turismo y la inversión devastadas por la mala imagen del país en el extranjero; por si fuera poco, presenciamos que las últimas elecciones celebradas en julio de 2010 en 15 estados de la República (12 de ellas para elegir gobernador y congresos locales) llevaron el signo de unas verdaderas narcoeleciones. En ellas, numerosos candidatos a alcaldes y diputados se vieron implicados en procesos judiciales de carácter delictivo: el candidato del Partido Revolucionario Institucional (pri) a la gubernatura de Tamau10
lipas fue asesinado por el crimen organizado y los del Partido de la Revolución Democrática (prd) a la gubernatura de Quintana Roo y del pan a la gubernatura de Aguascalientes resultaron imputados y detenidos en pleno proceso electoral.9 En el mismo escenario, un senador de la República fue secuestrado, México sigue ocupando el segundo lugar mundial en tasa de secuestros anuales sólo por detrás de Colombia, y lo más alarmante y escalofriante de todo: según datos de los más acreditados expertos internacionalistas en materia de seguridad pública, un análisis realizado en 107 países, dirigido por el prestigiado especialista Edgardo Buscaglia como director del Centro Internacional de Desarrollo Legal y Económico de la Universidad de Virginia con oficinas en Nueva York y la Unión Europea, a través de una radiografía realizada sobre el alcance de la penetración de la delincuencia organizada en la política y economía mexicana, arrojó como resultado que 68% de los municipios de nuestro país han sido penetrados y se hallan bajo el control de la delincuencia organizada, 40% del pib mexicano anual está ligado a actividades delincuenciales y 78% de los sectores económicos del pib (en concreto, y principalmente, los sectores agropecuario, turismo, fideicomisos, sector químico-farmacéutico y la construcción) han sido infiltrados ya por el crimen organizado.10 El 30 de agosto de 2010,
Además, y según información de la revista Proceso, núm. 1744 (27 de junio de 2010), pp. 16-19, documentos del Centro de Investigación Seguridad Nacional en poder del semanario, mantendrían bajo sospecha a numerosos empresarios y políticos contendientes a las diputaciones y gubernaturas disputadas en 2010. Destacaría el caso de Jesús Vizcarra Calderón, ex alcalde de Culiacán y candidato derrotado del pri al gobierno de Sinaloa, que según dicho semanario podría ser compadre y aliado del poderoso narcotraficante Ismael el Mayo Zambada. Lo cierto es que, hasta el día en que se escriben estas lineas (último trimestre 2010), Jesús Vizcarra nunca ha negado públicamente su vínculo con el narcotraficante, aun y cuando ha sido cuestionado sobre el asunto en numerosas ocasiones –y de manera pública– por diversos periodistas. 10 A este respecto, véase Edgardo Buscaglia y Jan van Dijk,”Controlling Organized Crime Linked to Public Sectorcorruption: Results of a Global Trends Study”, en United Nations Forum, United Nations Press, 2003; Edgardo Buscaglia y Samuel González-Ruiz, “How to Design a National Strategy Against Organized Crime in the Framework of the United Nations’ Palermo Convention”, en The Fight Against Organized Crime, undp Press, 2003. También puede consultarse fuente periodística en: <http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=3833>.
la propia Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores presentó una radiografía sobre el control territorial del crimen en México. En sus conclusiones, los legisladores establecen que los capos de la droga controlan grandes extensiones territoriales en las que el Estado no gobierna ya. El estudio maneja un dato revelador: 71% de los municipios se hallan bajo control total o parcial de las mafias. Conociendo este estudio, el 5 de octubre de 2010, Bob Killebrew y Jennifer Bernal, del Centro para una Nueva Seguridad en Estados Unidos (Cnas, por sus siglas en inglés), divulgaron en Washington un reporte que analiza el poder del narcotráfico y el crimen organizado en su lucha por hacerse del control del Estado”.11 Al referirse a ello, utilizaron por vez primera el término “insurgencia criminal” para describir el fenómeno por el cual estos grupos paulatinamente han ido imponiendo su ley en zonas cada vez más amplias de lo que antiguamente definíamos como República Mexicana; zonas en las que, además, y según sabemos, cada vez es más frecuente el secuestro masivo de turistas nacionales y extranjeros con el fin de obligarlos a trabajar como esclavos en rancherías y centros de cultivo y producción de drogas. La realidad habla por sí sola. El mismo presidente de la República en su insólito diagnóstico publicado el 14 de junio de 2010 al que ya hemos hecho alusión antes, deja ver su absoluta impotencia frente al problema criminal reconociendo por vez primera (aunque sin aceptar culpa o responsabilidad) lo que antes no reconocia: el crecimiento imparable de las organizaciones delictivas y su poderío creciente frente a las instituciones. A pesar de ello, no obstante las fallas y el aumento de la violencia en todo el territorio, la feudalización del Estado y el fracaso rotundo en todos los indicadores, Calderón no ha dejado de insistir en que la suya era la mejor estrategia para enfrentar al crimen organizado. Esta insistencia, producto de que el gobierno enfrenta un momento de suma debilidad y agotamiento del Ejército (instancia en la que esta administración ha descargado toda la responsabilidad de combate al crimen), resulta ya del todo incomprensible. Tal empecinamiento y falta de voluntad autocrítica para reconocer la
Revista Proceso, núm. 1773 (24 de junio de 2010), pp. 7-9.
derrota estrepitosa de lo que una enorme cantidad de expertos en materia de seguridad pública consideran un colapso institucional de dimensiones apocalípticas en todas los ejes y dimensiones de la vida estructural del país,12 admite por ello una sola lectura: el combate al crimen organizado en México no es más que una farsa. Su rotunda ruina es, hoy por hoy, una realidad que ya nadie se atreve a negar.
12 Sólo algunos casos que sirven de muestra: Erubiel Tirado, maestro en Derecho por la London School of Economics y responsable de la cátedra sobre seguridad nacional en la Universidad Iberoamericana; ha declarado: “En la medida en que se debilita el Ejército mexicano, el presidente va en caída libre. Su fracaso es más que evidente y tan pobres son los resultados en materia de seguridad que, a mi juicio, no le alcanzarán para tener una salida decorosa cuando deje el poder [… hay muchos errores en la estrategia del combate contra las drogas; el principal es la corrupción en su gabinete, la cual, por desgracia, no reconoce. La falta de autocrítica lo está hundiendo”. Tenorio Tagle, profesor de la uam, maestro en Justicia Penal y Criminología, autor de seis libros sobre criminología y seguridad pública, señala: “el uso del ejército en el combate al crimen fue un instrumento de control social y la percepción ciudadana nos dice, según estudios que hemos realizado, que hay más protección al narco que combate a éste. En todo el mundo, sólo México ha empleado ese sólo instrumento para combatir al crimen”. Fuente: revista Proceso, núm. 1757, 4 de julio de 2010, pp. 7-9. Echegollen Guzmán, especialista en gobernabilidad e investigador asociado del Centro de Estudios sobre Política Comparada, afirma: “La presencia del crimen organizado en el Poder Legislativo mexicano, […] su incrustación orgánica en los cuerpos legislativos, es un hecho”. Revista Proceso, núm. 1754, 13 de junio de 2010, p. 18. Marco Vinicio Martínez Villacana, consultor en prevención de lavado de dinero de Citibank México y de la Asociación de Bancos de México, habla de una bancada de narcodiputados en el Congreso cuya función es obstruir toda iniciativa legislativa orientada a dificultar el lavado de dinero (ibid., p. 18) Edgardo Buscaglia, ex asesor de la onu en materia de seguridad y combate al crimen organizado, señala que “México está registrando un incipiente proceso de ‘afganización’ o ausencia de Estado en 982 bolsones territoriales”. “La guerra contra el narcotráfico está completamente perdida en este momento. Más de la mitad de los casi dos mil municipios del país están “completamente feudalizados por el crimen organizado ya que sus figuras simbólicas –Joaquín el Chapo Guzmán Loera, Ismael el Mayo Zambada, Ignacio Coronel, Eduardo Costilla, el Coss, entre otros– ejercen no sólo el poder criminal, sino que ya construyen andamiajes muy sólidos para que sus cómplices se posicionen en las estructuras del poder político y empresarial del país”. Fuente: revista Proceso, núm. 1017, 19 de julio de 2009. Extracto: <http://www.proceso.com.mx/ rv/modHome/detalleExclusiva/70735>.
Este libro denuncia esta farsa a lo largo de dos ensayos: en el primero se narran los hechos, se expone la información y se fijan los criterios de opinión. En el segundo se lleva a cabo el análisis de datos e información dada a conocer previamente en el primero. Finalmente se presenta la evidencia empírica que sustentan los criterios de opinión aquí vertidos. Entre ambos ensayos, el propósito es desmontar y desmantelar –hasta donde un texto de esta naturaleza le resulta posible– la hipocresía estatal y su maledicencia. No sólo el gobierno mexicano, sino la clase política de nuestro país en su totalidad, partidos de oposición incluidos, mantienen una farsa de dimensiones indignas y deleznables contra los ciudadanos. Empecemos por hablar de la información que las autoridades nos dan a conocer. Habría que empezar diciendo que al informarnos de los resultados de esta guerra contra el crimen se nos insulta día a día, se nos ve la cara, se nos agrede con mentiras, con hipocresía, con falsedad supina, con cinismo vergonzante; en el discurso, en la información, en la publicidad, en los medios de comunicación electrónicos y escritos. Un ejemplo de ello: cotidianamente se nos reporta a través de estos medios sobre cientos de detenidos. México es uno de esos países en el mundo donde presuntos delincuentes son apresados, puestos ante cámaras y sentenciados día a día en televisión: en México la televisión sustituye a los juzgados. Día a día vemos estas imágenes donde se nos informa que se detuvo a tal o cual “gatillero”, “jefe de plaza” o “lugarteniente” de este o aquel grupo criminal. Se nos exhiben sus rostros, sus caras, sus declaraciones. Es un ritual que se repite a diario: individuos acusados de narcotráfico y homicidio son expuestos ante los medios de comunicación para mostrar que México está ganando su guerra contra las drogas. Pero una vez que las luces de las cámaras se apagan y los estudios de televisión vuelven a su penumbra, más de tres cuartas partes de ellos son puestos en libertad. Aun cuando el gobierno federal presume su récord de arrestos, los casos armados por procuradores y policías bajo la enorme presión de hacer arrestos con rapidez se desbaratan por la falta de evidencia. Además, México carece de inteligencia efectiva para perseguir al crimen. Normalmente suelen ser los cárteles de las drogas quienes deciden quién es 14
arrestado.13 La información para realizar las detenciones proviene siempre de ellos. De este modo cooptan y ponen al Estado a su servicio para dirigir su lucha contra otros cárteles enemigos. Personas inocentes son torturadas para que confiesen. Los culpables son puestos en libertad, sólo para ser detenidos en otra ocasión por otros crímenes. Que las escenográficas detenciones a presuntos criminales en México no son más que eso, un espectáculo mediático (el cual, por cierto, viola los derechos jurídicos de presunción de inocencia de gente que pese a no haber sido todavía juzgada es presentada ante cámaras como “criminal”), es algo cuya evidencia no deja lugar a dudas. En un significativo reportaje publicado por la periodista Nancy Flores en la revista mexicana Contralínea, se documenta que en la guerra contra el crimen, que ha costado ya casi treinta mil vidas, de un muestreo conformado por un total de 121 199 personas detenidas,
Aunque en México los ciudadanos no podemos de facto acceder a averiguaciones previas, pese a que éstas hayan terminado ya en acciones policiales completadas o en sentencia firme e inapelable (debido a la cantidad innumerable de obstáculos que los procedimientos legales establecen para allegarse la información pública), pueden mencionarse, sin embargo, varios casos que muestran que en México la inteligencia e investigación del Estado se reducen a lo dicho por testigos protegidos y los avisos recibidos directamente por los criminales de los cárteles. Sólo menciono algunos ejemplos: la averiguación previa pgr/siedo/ueidCs/0241/2008 menciona que la detención de el Mochomo (que a la larga derivaría en la escisión del Cártel de Sinaloa), se derivó de una llamada telefónica. A raíz de ahí, se sabe, por ejemplo, que el inspector Edgar Enrique Bayardo –quien descubrió la lujosa residencia en el Desierto de los Leones donde había un zoológico privado– recibía del Mayo Zambada hasta 500 mil dólares por cada enemigo suyo que le hacía favor de detener. Un comisionado de la Policía Federal Preventiva (pFp), José Luis Figueroa, dio a conocer que al director de la Agencia Federal de Investigación (aFi) se le habían ofrecido cuatro millones de dólares por capturar a Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, con los datos e indicaciones que los mismos criminales aportarían (Nexos, núm. 386, p. 22). La averiguación siedo/uet/6668/2008 relata planes para liberar al Chapo antes de ser recluido en el penal de Puente Grande. Declaraciones posteriores del testigo protegido “Moisés” narran la molestia de Beltrán Leyva por no haber sido avisado que su hermano sería detenido pese a tener a la Procuraduría General de la República (pgr) a sueldo. Se trata –insisto– sólo de algunos ejemplos, si bien todos ellos son más que significativos.
únicamente se han dictado 735 sentencias firmes por delincuencia organizada y sólo a 1 359 acusados por delitos contra la salud se les ha acreditado pertenencia a algún cártel. El dato es estremecedor, pues quiere decir que según la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal –dada en contestación a la solicitud de información 00044844 hecha por la revista mexicana Contralínea–, de las 121 199 personas detenidas entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 acusadas de algún delito de delincuencia organizada (según la cifra de detenidos dada a conocer por el propio gobierno federal al Congreso el 12 de abril de 2010), los juzgados de distrito sólo han dictado durante el mismo periodo 735 sentencias de última instancia por ese delito. Eso significa que de las detenciones reportadas por la administración calderonista –esto es, de los cientos de miles de detenidos que cotidianamente se nos informa en los noticiarios televisivos que han sido aprehendidos– sólo 0.6% termina con sentencia firme. Insistamos en que, de esos mismos 121 199 detenidos –después de 13 solicitudes basadas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– la Procuraduría General de la República (pgr) informó a Contralínea que sólo a 1 194 personas se les pudieron probar crímenes vinculados al narcotráfico. Lo cual otra vez nos arroja un indicador de sólo 1.21% de eficiencia punitiva sobre el total de detenidos acusados de este delito. Eso es lo que ha llevado a especialistas internacionalmente reconocidos, como el doctor Edgardo Buscaglia, a señalar que la estrategia del presidente Calderón es una mera farsa mediática implementada por medio de un mero criterio de mercadoctenia que no pretende desmantelar grupos criminales. A los ciudadanos se nos informa de las cuantiosas detenciones que día a día se realizan. Lo que nunca se nos dice es que la tasa punitiva real de esas detenciones es inferior al 2%. Más del 98% de los supuestos criminales detenidos quedan, por tanto, libres.14
14 Toda esta información puede consultarse y ampliarse en: <http://contralinea. info/archivo-revista/index.php/2010/05/23/una-farsa-la-guerra-contra-elnarcotrafico/>.
Pero detrás de esta farsa mediática, el discurso oficial esconde una mentira aún más grave: la de que la estrategia del presidente Calderón para combatir el crimen organizado entre 2002 y 2006 era la única posible o viable, puesto que –se supondría– la otra sola alternativa hubiera sido que el Estado continuará cediendo espacios a las mafias hasta desaparecer o difuminarse. Los dos ensayos que conforman este volumen muestran con contundencia –tanto con datos como con material de estudio comparativo– que esta execrable falsedad desde donde se articuló el discurso oficial es doblemente dolosa e hipócrita; en primer lugar, porque resulta absolutamente falso que ante el embate del crimen las opciones viables de gobierno se hubieran tenido que reducir: a i) o bien asumir la estrategia del presidente, o bien, ii) rendir al Estado frente a la delincuencia. Pero en segundo lugar (lo que es más trágico y absurdo) porque, de facto, y en la realidad, el supuesto combate al crimen que se lleva a cabo en México (además de implicar los desastrosos resultados que hemos brevemente reseñado), resulta sin duda alguna –y como iremos demostrando– contraproducente, pues existen bases teóricas y empíricas contundentes y demoledoras para demostrar –más allá de toda duda razonable– que los términos en que la actual administración del país ha planteado la lucha contra el narcotráfico durante más de cuatro años no sólo no debilitó nunca al crimen, sino que de hecho lo fortaleció. ¿Sobre qué bases sustantivas puede afirmarse algo cómo esto? Abreviemos algunas de las razones que más adelante encontrará el lector expuestas a detalle en el segundo de estos ensayos.
México es el único país del planeta que durante más de cuatro años ha planteado la lucha al crimen organizado en términos de un mero combate policial contra el narcotráfico. Esto de entrada constituye ya un error monumental. Ante todo hay que aclarar –como reiteradamente lo ha hecho Edgardo Buscaglia– que el narcotráfico representa sólo una de las más de 22 actividades ilícitas que llevan a cabo los 17
cárteles criminales (entre estas 22 actividades ilícitas sobresalen la piratería, la prostitución, la trata de blancas, el tráfico de armas y de personas, la pornografía infantil, el robo de combustible, los robos de identidad, la extorsión, el chantaje y el secuestro, entre otras). Cálculos de especialistas nos hablan de que el delito de narcotráfico representa aproximadamente entre 45 y 48% de los ingresos totales anuales que obtienen estos grupos (más de 75 000 millones de dólares), mientras que el otro 52 a 55% de los ingresos brutos provienen de los demás tipos de ilícitos.15 Significa esto que los cárteles criminales se estructuran a modo de empresas transnacionales, por lo que al igual que éstas concentran su actividad en diversificar tanto riesgos como actividades. Hablar de combate al narcotráfico es, por tanto, incorrecto, pues cuando el esfuerzo del gobierno se concentra en combatir esa sola dimensión el resultado observado es que las empresas criminales tienden a canalizar recursos y medios en el resto de sus actividades lucrativas, lo que de hecho se traduce en el aumento de ilícitos mucho más corrosivos para el tejido social que lo que puede ser el consumo de estupefacientes, tal y como ocurre con el aumento de los crímenes de extorsión y secuestro en nuestro país (estudios prueban, de hecho, que sólo 1% de la violencia que padece México está ligado al narcomenudeo, mientras el 99% restante está ligado a los otros 21 tipos de delito en que han diversificado sus operaciones los cárteles criminales).16 Una vez que se entiende esto, podemos asimismo comprender que el combate al crimen organizado no puede llevarse a cabo de forma policial y meramente represiva. Aceptar esta realidad le tomó al discurso oficial cuatro años y más de treinta mil vidas, hasta que el 26 de agosto de 2010 el presidente pareció descubrir –él solo– el hilo negro de lo que académicos y expertos no hemos parado de denunciar durante más de cuatro años. En esa fecha, Calderón anunció el envío
Véase entrevista a Edgardo Buscaglia, en: <http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=3833>. 16 “Narco-México”, entrevista a Edgardo Buscaglia en: <http://narcocartels. blogspot.com/2010/03/narco-crime-compendium-march-1-3.html>.
de una propuesta de ley para reorientar su estrategia de combate centrándola en el ámbito financiero buscando con ello debilitar las redes patrimoniales de las empresas dedicadas a la criminalidad. Aunque por vez primera desde el inicio de su mandato reconoció que sin este desmantelamiento de los activos de las mafias jamás se logrará su derrota, jamás explicó por qué no adoptó ese planteamiento desde que comenzó su guerra en 2006 y por qué tuvo que esperar más de cuatro años y miles de numerosas muertes para intentar instrumentarlo. Aún así y no obstante, en el segundo de los ensayos que componen este libro expondremos las razones que nos impiden ser optimistas obligándonos a sospechar que esta iniciativa decaiga en un discurso más de simulación y tan vacío de medidas realmente eficaces como todos los anteriores. ¿Cómo debiera, entonces, enfocarse una política verdaderamente eficaz de combate a la criminalidad? Primero que nada habría que atender a los estándares internacionales en la materia. Hoy día la enseñanza de la política criminal muestra que no basta con actuar penalmente sobre individuos u organizaciones mafiosas si no se perturba o elimina el poder financiero acumulado mediante sus actividades presentes o pasadas. De hecho, en el mundo, ese aspecto financiero se ha convertido sin duda en el componente esencial de la lucha contra la delincuencia organizada. Esta toma de conciencia de la importancia de la lucha financiera contra los cárteles se ha traducido internacionalmente en una amplia gama de convenios mundiales y regionales, recomendaciones, compromisos y acuerdos de cooperación judicial que se resumen así: i) creación del Grupo de Acción Financiera Internacional en 1989 (gaFi), ii) convenios internacionales de Naciones Unidas que integran compromisos relacionados contra la lucha de lavado de dinero, iii) Convención de Viena de 1988 de prevención de blanqueo de capitales y contra el terrorismo, iv) Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada en el 2000 y v) Convención Mérida contra la Corrupción en 2003. La razón para explicar la aparición de todos estos tratados que fijan el estándar internacional de combate a la delincuencia es algo muy simple: como los grupos criminales operan transnacionalmente, frecuentemente la evidencia en su contra se encuentra fragmentada en diversos países y está sujeta a diversas jurisdicciones. Ello obliga 19
a homologar criterios y jurisdicciones bajo criterios globales que no se hallen parcelados. Debemos, por tanto, empezar por tener en cuenta que la globalización y las nuevas tecnologías implican nuevas oportunidades para las empresas y negocios legítimos, pero lamentablemente también para la delincuencia organizada. Esta última no sólo aprovecha avances de toda índole para modernizar y diversificar su acción criminal, sino que también utiliza en su favor la jurisdicción territorial limitada de los países y los huecos de oportunidad que dejan abiertos los diversos sistemas jurídicos debido a las diferencias en la aplicación de políticas criminales. Frente a las dificultades padecidas durante años por numerosos y diversos países invadidos por el cáncer del crimen para reunir evidencia y obtener pruebas contra los capos del crimen, la experiencia internacional fue, entonces, poco a poco acrisolándose hacia la promoción de un modelo jurídico y un protocolo internacional de combate a la delincuencia orientado a enfrentar precisamente su estructura transnacional organizada (para dimensionar esta característica transnacional del crimen, sirva de muestra la información publicada por el diario Vanguardia, donde se señala que el Cártel de” Sinaloa –que encabeza la llamada Federación de Carte­ les– tiene al menos siete centros patrimoniales en Europa, a saber: Portugal, España, Alemania, Italia, Polonia, República Checa y Eslovaquia).17 Esta forma de orientación cooperativa internacional conjunta ha arrojado un importante resultado. Mediante múltiples reuniones internacionales de expertos y responsables políticos de los Estados, terminó consolidándose el consenso mundial para enfrentar colectivamente la delincuencia organizada, admitiendo que ésta no limita su actividad al comercio de drogas ilegales. Se aceptó pues, la necesidad de diseñar una solución transnacional para un problema transnacional: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos adicionales. Este instrumento fue firmado en la ciudad de Palermo, Italia, en la ceremonia celebraEn <http://www.vanguardia.com.mx/crece_el_narcotrafico_en_10_paises_ de_ europa-432035.html>.
da del 12 al 15 de noviembre de 2000. Actualmente ha sido firmada por 147 países y ratificada por 93, incluyendo México, que signó el convenio el 13 de diciembre de 2000, mismo que fue ratificado por el Senado el 22 de octubre de 2002, siendo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre del mismo año, entrando en vigor el 29 de septiembre de 2003. Eso significa que hoy día, y según lo estipulado por el artículo 133 constitucional, la Convención de Palermo tiene estatus de ley suprema en nuestra República. En consecuencia, es necesario reflexionar acerca de su valor en el marco del derecho internacional y constitucional del país, particularmente respecto a su articulación con otros tratados signados por México, como la Convención contra el Financiamiento del Terrorismo en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. Al no cumplir en la práctica –según veremos– con ningún aspecto sustantivo de los protocolos establecidos en Palermo, lo cierto, entonces, es que el Estado mexicano viola su propio marco jurídico. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como Convención de Palermo, tuvo como antecedentes la resolución 53/111 del 9 de diciembre de 1998 en la cual se decidió establecer una convención internacional amplia contra la delincuencia organizada. Así, entre uno de sus más importantes resolutivos se declara que
“…la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional constituirá un instrumento eficaz y el marco jurídico necesario para la cooperación internacional entre otros casos de actividades delictivas como el blanqueo de dinero, la corrupción, los crecientes vínculos contra la delincuencia organizada transnacional y los delitos de terrorismo”.18
A lo largo de su articulado, el documento de la Convención va detallando los fines, los ámbitos de aplicación, las medidas a tomar, las responsabilidades y las directrices que debe seguir la cooperación
Puede leerse el texto de la Convención en, <http://www.acnur.org/biblioteca/ pdf/1292.pdf>.
internacional entre países. Al establecer como propósito fundamental –según acabamos de decir–, “promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional”, el documento determina los delitos que tienen carácter de este tipo, así como también deja en claro la protección de la soberanía de cada Estado integrante, y lo más importante de todo, define las medi­ das y protocolos que cada país debe implementar en su orden y acción jurídica con el fin de mitigar o erradicar este grave problema. Podemos decir que los lineamientos fijados y establecidos por la Convención de Palermo y la Convención de Mérida para combatir al crimen, pueden resumirse en cuatro medidas o dimensiones (lo que Buscaglia ha denominado “las cuatro ruedas”) que la experiencia internacional (así como al menos un relevante estudio empírico que el lector encontrará explicado en el último ensayo de este texto) exigen atender y atacar en paralelo como condición indispensable para lograr una lucha verdaderamente efectiva contra el crimen organizado. Son las siguientes: i) ante todo, el desmantelamiento de las redes patrimoniales de los cárteles delictivos y de sus redes de lavado de dinero en los sectores político y empresarial (las técnicas y estrategias especializadas de investigación que para ello deben implementarse se detallan en los artículos 12, 20.2 y 27-b de la Convención); ii) combate a la corrupción política en los más altos niveles (Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción “Convención de Mérida”, cap. III, artículos 5, 20-31); iii) prevención social del delito orientada a darle presencia al Estado en sectores donde tradicionalmente ha estado ausente (construyendo obra e infraestructura social, sistemas de riego, escuelas, iglesias, campos de futbol, ofertas de trabajo no precarias ni temporales: los protocolos se detallan en los artículos 8, 9 y 31), y iv) combate policial utilizando una inteligencia civil que realice las investigaciones en contra de los cárteles de la droga con una dirección jurídica apropiada para que los procesos judiciales no se caigan (alguno de los protocolos a este respecto se detallan en los artículos 7.4, 12 y 13.1 de la Convención). El combate al crimen organizado en México es una farsa, porque de estas cuatro dimensiones o medidas –con rango de ley, dado que México ha signado el documento que las delinea– nuestro país 22
no atiende prácticamente a ninguna de ellas. Simula concentrarse en la acción policial, pero como ya hemos visto lo hace sólo mediante montajes televisivos y con resultados que arrojan una tasa punitiva real inferior a 2%. El combate a la corrupción política se lleva a cabo, asimismo, de manera sesgada y únicamente a niveles medios e inferiores: por ejemplo, en mayo de 2009 se detuvo a 35 funcionarios municipales y estatales de Michoacán. Tan sólo un año después –y en la fecha que se escriben estas líneas– han sido liberados 34 de ellos por falta de pruebas, exhibiendo así la debilidad con que la pgr suele armar expedientes e investigaciones. En México nunca ha ocurrido que un funcionario de alto nivel involucrado en actividades delictivas (presidente, gobernador, fiscal general o legislador) haya sido detenido estando en funciones y puesto a disposición de las autoridades. El dato contrasta con países donde “las cuatro ruedas” fijadas por la Convención de Palermo han sido aplicadas a cabalidad y con verdadera voluntad política: en Colombia, una vez alcanzado el punto de mayor deterioro y penetración del crimen en el Estado durante la época en que el Cártel de Cali llegó incluso a financiar la campaña política del presidente Ernesto Samper, la acción de combate a la corrupción política terminó arrojando como resultado que 32% de los legisladores en ese país acabaran siendo juzgados y sentenciados (según datos del libro compilado por Claudia López Hernández, hoy podemos saber que uno de cada tres congresistas colombianos recibía ingresos de la mafia).19 En contraste, mientras México no alcanza a cumplir con ni siquiera 65% de las cláusulas de la Convención de Palermo y con tan sólo 23% de la Convención de Mérida contra la Corrupción, Colombia ha alcanzado a implementar el 100% de las cláusulas de ambas convenciones de la onu en sus instrumentos jurídicos; asimismo implementa activamente 94% de ellas.20
Véase, Claudia López Hernández (comp.), Y refundaron la patria: de cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, Colombia, Corporación Nuevo Arcoíris/Congreso visible de Justicia/Grupo Método/MOE, 2010. 20 Véase, Edgardo Buscaglia, “La capacidad de México en su combate a la financiación del terrorismo”, en Andrés Roemer y Edgardo Buscaglia (comps.), Terrorismo y delincuencia organizada: un enfoque de derecho y economía, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, 2006, p. 40.
Aun y cuando la acción policial –la única dimensión de combate al crimen en la que nuestro país se concentra desatendiendo todas las demás– fuera eficiente (cosa que hemos visto de ningún modo ocurre), ello tampoco contribuiría en lo absoluto a mermar el poder económico, político y militar de los cárteles criminales. Éstos están estructurados –lo hemos dicho ya– a modo de poderosas empresas transnacionales. Su poder radica ante todo en su inmensa capacidad financiera, de la cual depende tanto su capacidad de fuego como su capacidad para cooptar todos los niveles políticos y administrativos del Estado. Incluso si se detuviera a todos sus líderes, estas empresas no encontrarían obstáculo para sustituirlos pronto. Así como detener a un directivo de una franquicia internacional no elimina a la franquicia misma, detener a unas cuantas cabecillas sin tocar en lo absoluto el patrimonio de su organización no merma en lo absoluto el poder de la misma.21 La razón de ello, resulta obvio, es que el poder de los cárteles criminales no radica en su capital humano, sino en su capital financiero.
Apreciaciones como ésta son respaldadas no sólo por especialistas internacionales como Buscaglia, sino por investigadores como Carlos Flores, profesor asociado en el Center for Development and The Environment de la Universidad de Oslo, Noruega, quien reiteradamente ha denunciado que la estrategia antidrogas mexicana sólo ha apostado por el despliegue masivo de elementos de seguridad federal (policías y militares), sin que se aprecie una adopción simultánea de otras acciones imprescindibles para lograr un resultado más contundente en el abatimiento de la delincuencia organizada. “Se ha dejado de lado el desmantelamiento de la estructura de protección política con la que todo grupo de esta naturaleza cuenta –señala–, no sólo en México, sino en todos los países donde estos fenómenos han estado presentes; y se ha hecho muy poco esfuerzo por investigar sistemáticamente los activos patrimoniales y financieros de este tipo de estructuras criminales”. El investigador agrega que, incluso, las acciones que muestran una mejor coordinación y eficiencia en su ejecución –como la urdida en contra de Arturo Beltrán Leyva, asesinado a manos de efectivos de la Marina– son tácticamente efectivas, pero estratégicamente insuficientes si no van acompañadas del desmantelamiento de la protección política y de los bienes económicos de la delincuencia. Pueden leerse sus declaraciones completas en: <contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/23/unafarsa-la-guerra-contra-el-narcotrafico>.
Ésa es la principal razón por la cual la Convención de Palermo establece como principal eje en el cómbate a la delincuencia organizada la imperativa y acuciante necesidad de realizar investigaciones patrimoniales sistemáticas y proactivas. Las redes patrimoniales y financieras son base sustantiva de la capacidad de expansión y respuesta de los cárteles organizados frente a los embates del gobierno federal. Por eso la Convención de Palermo es clara al señalar que mientras éstas permanezcan intocadas y no se destruyan las cadenas de testaferros y complicidades entre políticos y capos, la guerra contra el crimen estará destinada al fracaso. Actualmente, México no ha incorporado a su legislación 41% de las cláusulas que pertenecen a la Convención de Palermo, y en lo que respecta a la capacidad de implementación de cada una de las cláusulas del mismo, la conclusión es que México no cumple con más del 65% de lo estipulado.22 Parte relevante de este incumplimiento refiere al inobservancia de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (gaFi, por sus siglas en español, FatF, por sus siglas en inglés) para prevenir el lavado de dinero.23 México tampoco utiliza el instrumental técnico y legal del que dispone para impedir que el dinero sucio circule por las arterias del sistema financiero.24 El International Narcotics Control Strategy Report 2010, afirma que “México sigue siendo un centro de lavado de dinero”. Y añade: “se estima que
Edgardo Buscaglia, “La capacidad de México en su combate a la financiación del terrorismo”, en A. Roemer y E. Buscaglia (comps.), Terrorismo y delincuencia organi­ zada…, p. 40. 23 Ibid. México se adhirió al gaFi en 1999. Actualmente es parte de este organismo internacional al lado de otros 30 países. También pertenece al Grupo Egmont para la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana. 24 El 26 de agosto de 2010, el presidente Calderón envió una iniciativa al Congreso en la que –para intentar lograr este objetivo– se prohibe pagar más de cien mil pesos en efectivo por la adquisición de algún bien. Sin embargo, y ese mismo día, ya se dejaron escuchar voces entre algunos diputados anticipando su oposición a esta iniciativa. Por otra parte –y de ello me ocupo en el segundo ensayo que compone este volumen–, la medida constituye un paso sin duda encomiable (aunque tardío e insuficiente), pues de no tomarse las medidas adecuadas, la mayor parte del blanqueo de dinero en nuestro país se seguirá dando –precisamente– por medio del sistema financiero.
los ingresos brutos anuales de las organizaciones delictivas oscila entre quince mil y treinta mil millones de dólares. La mayoría de estos ingresos que se obtienen en territorio estadounidense se repartirán principalmente por medio de envíos de divisas y el lavado a través de negocios legítimos en México”.25 De acuerdo con la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la pgr, entre diciembre de 2006 y enero de 2010 se consignaron 47 021 averiguaciones previas por delitos contra la salud; 123, por delincuencia organizada, y sólo dos por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Los resultados están a la vista: a poco más de cuatro años de que el presidente Calderón lanzara su cruzada contra el narcotráfico, es evidente que la política criminal del régimen carece tanto de voluntad como de instrumentos eficaces para desarticular los esquemas financieros del crimen organizado.26 La Ley de Extinción de Dominio, aprobada por el Senado de la República el día 2 de abril de 2009, tendría que ser una importante herramienta jurídica para poder despojar al crimen organizado de sus bienes y mermar su fuerza, pero en, México esto no es así debido a que se carece de un insumo indispensable; a saber, la información sobre los personajes y empresas que administran desde la política –o el sector financiero– el patrimonio de la delincuencia. Tal y como
Véase informe en <http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2010/index.htm>. Ciertamente, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, promulgada en México en el año de 1996, fue un paso adelante en la lucha de combate al crimen. Hasta antes de ese año no existían muchos dirigentes del crimen a los que se hubiera podido comprobar su participación en delitos contra la salud. La mayoría de ellos eran acusados de tenencia y posesión de armas o de homicidios asociados a la violencia que la delincuencia organizada genera. Entre sus armas más positivas, La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada considera ya el delito de participación o pertenencia a un grupo criminal organizado, tipificando como delito el puro hecho de organizarse para delinquir (artículo 2 de la Ley). Crea, asimismo, la figura de testigo protegido y la legitimidad de infiltrar agentes para desmantelar estructuras criminales. No obstante, en la práctica, ninguna de estas medidas tiene consecuencias operativas significativas, puesto que no existe la estructura logística y de planeación que se requeriría para que su aplicación fuera efectiva; esto es, no hay trabajo coordinado y conjunto entre las unidades de policía y la investigación de inteligencia financiera especializada.
lo demuestra el caso Colombia –denunciado por el periodista Alberto Girardo en su libro Mi verdad (Planeta, 2005)–, la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio tiene como ventaja fundamental que las investigaciones puedan encausarse incluso por vía civil o no penal, además de bajar la carga de la prueba al Estado gracias a que opera con un principio jurídico inverso al de presunción de inocencia: la Ley de Extinción de Dominio hace recaer la carga de la prueba en el sospechoso. Es él o ella quien tiene que probar su inocencia (en este caso la fuente legítima de sus bienes), antes de que el Estado compruebe su culpabilidad. No obstante, y para ser efectiva, la Ley requiere de respaldos informativos; esto es, insumos del mapa patrimonial completo en torno a grupos, familiares y personas tanto físicas como morales vinculadas entre sí, mapas que deben ser delineados a partir de la intervención en el Registro Público de la Propiedad , la colaboración operativa entre la Secretaría de Hacienda, La Unidad de Inteligencia Financiera, las unidades de investigación patrimonial y la pgr. De este modo, los fiscales –como ocurrió en Colombia– podrían actuar de oficio y usar los mapas de información patrimoniales para perseguir no sólo a personas físicas acusadas de delitos, sino a empresas legales que brindan apoyo logístico a cárteles o que se alimentan de sus recursos. En esas condiciones, la Ley de Extinción de Dominio se convierte en un relevante instrumento proactivo en lugar de uno reactivo. En México nada de esto se hace; por tanto, la Ley prácticamente no puede aplicarse –o se aplica sin resultado efectivo alguno. Según registros del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (sae), en una década el gobierno ha intervenido tan sólo 55 empresas presuntamente ligadas al crimen, y de este número luego ha tenido que devolver 33 a sus propietarios. Según esta información, los capos del crimen han ganado al gobierno 60% de los casos disputados. El dato contrasta con la base de datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que desde el 2002 incluye a 116 empresas mexicanas como sospechosas de mantener vínculos con el crimen organizado –ninguna de las cuales ha llegado a ser investigada. En esos 10 años el gobierno retiró el dominio de bienes muebles e inmuebles por valor 27
de 900 millones de pesos.27 La cifra no corresponde ni al 7% de la fortuna de mil millones que la revista Forbes atribuye a el Chapo Guzmán. Si se compara con las ganancias anuales que se atribuyen a los cárteles criminales que operan en México (75 000 millones de dólares, según expertos, 40 000 millones, conforme a datos del propio gobierno federal), la cantidad no equivale ni al 0.18% de tales ganancias.28 La atrofia institucional de Estado y gobierno en México es, pues, alarmante. Aunado a esto se observa una ausencia total de programas de prevención a la delincuencia. Los programas sociales son inexistentes. En febrero de 2010, Calderón anunció un plan social de inversión contra el crimen en sanidad, salud, educación y ayudas sociales de más de doscientos millones de dólares para Ciudad Juárez, mismo que –hasta la fecha– sólo ha quedado en el anuncio.29 Adicionalmente a todo lo anterior, se observa un fenómeno aún más alarmante, más perverso. Se trata de aquello que la máxima autoridad en el tema, Edgardo Buscaglia, ha denominado la parado­ ja del castigo esperado (The Paradox of Expected Punishment).30 Brevemente
Tal y como lo certifica el Informe 2010 sobre la violencia ligada al narcotráfico en México (véase Mid­Year Report on Drug Violence in Mexico, Trans-Border Institute, Joan B. Kroc Rcholl of Peace Studies, University of San Diego, 2010), hay que señalar que en México los ciudadanos debemos emprender largos, tortuosos y más que complicados procesos para tener acceso a esta clase de datos. La opacidad en la información que los organismos públicos dan a conocer es total. Recién en la primera semana de agosto de 2010 en que se llevaron a cabo las tres sesiones de los Diálogos por la Seguridad convocados por el presidente; Guillermo Valdés, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dio a conocer una cifra que durante más de tres años ha sido reservada: según él, el total de efectivo incautado a los cárteles criminales es de 330 millones de dólares, 441 millones de pesos y 600 millones de pesos en vehículos. La cifra de confiscación de activos, no obstante, es totalmente ridícula si se compara con los más de 11 mil millones de dólares que el gobierno colombiano confiscó al crimen organizado en un periodo sólo dos años mayor. 28 Todos estos datos fueron proporcionados a la revista Proceso con base a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, proporcionada por el sae a petición del semanario. Puede consultarse en Proceso, núm. 1749,2 de mayo de 2010, p. 7. 29 Fuente: <http://www.elpais.com/articulo/internacional/Calderon/anuncia/ plan/socialnarcotrafico/Ciudad/Juarez/elpepuint/20100212elpepuint_15/Tes>. 30 Véase Edgardo Buscaglia, “The Paradox of Expected Punishment: Legal and Economic Factors Determining Success and Failure in the Fight against Organized Crime”, en Review of Law and Economics, vol. 3, 2008, pp. 1-25.
expuesta, lo que tal paradoja plantea es que –de acuerdo con un estudio realizado en 107 países–, cuando la lucha contra el crimen organizado renuncia a obstaculizar la acción criminal mediante la incautación de los activos financieros de los criminales para en vez de ello concentrarse exclusivamente en la confiscación de armas y la detención física de personas (tal como y ocurre exactamente en México), lo que la investigación empírica demuestra es que a mayor aumento de sanciones policiales y militares contra los cárteles delictivos, más tiende a crecer el incentivo para que estos grupos canalicen mucho mayor parte de sus recursos a corromper todas las esferas del Estado. A mayor persecución y mayor represión se da invariablemente, por tanto, mucha mayor corrupción. Resultado: el Estado tiende a feudalizarse y a volverse más débil. Con el fin de seguir protegiendo sus operaciones, el crimen extiende sus anillos de influencia hasta los niveles más altos de gobierno. Cálculos conservadores establecen que cada uno de los cárteles organizados en nuestro país destina al año un promedio de más de cuarenta millones de dólares anuales sólo para sobornar a jueces y legisladores, a la par que más de ochenta mil millones llegan a los políticos mexicanos sólo para financiar sus precampañas.31 La vulnerabilidad al soborno es más o menos generalizada si tomamos en cuenta que en México no existe regulación para los gastos de precampaña, o que un policía en la Ciudad de México gana en promedio 4 500 dólares anuales –lo cual, comparado con el salario anual promedio de un empleado de la clase obrera que es de alrededor de 7 900 dólares al año, hace que el incentivo al soborno sea aún mayor. Una de las principales finalidades hacia la que se orientan los protocolos y medidas establecidas en la Convención de Palermo –que México no respeta– consiste (ahora podemos entenderlo) en evitar precisamente “la paradoja del castigo esperado”. Por tanto, mientras más insista el gobierno en seguir manteniendo los términos carentes de sentido en que ha planteado este combaSamuel González-Ruiz, César Prieto Palma et al., “Causas y consecuencias del vínculo entre la delincuencia organizada y la corrupción a altos niveles del Estado: mejores prácticas para su combate”, en A. Roemer y E. Buscaglia (comps.), Terrorismo y delincuencia organizada…, pp. 87-88.
te, más penetrará el crimen al Estado. En más de una ocasión los mexicanos hemos visto crudas imágenes de televisión que por sí solas explican el aumento del fenómeno de cooptación institucional que, según la paradoja del castigo esperado, es inherente al aumento del combate militarizado: ahí están las cada vez más frecuentes escenas en que vemos a policías municipales y estatales encañonarse entre sí. Ante este panorama, ¿por qué el Estado no se decide a emprender una lucha verdaderamente eficaz contra el crimen? ¿Por qué no hay una verdadera voluntad política para aplicar medidas integrales y de eficacia probada? En otras palabras: si su eficacia es demostrable, ¿por qué México no activa al 100% las medidas de las Convenciones de Palermo y Mérida contra la corrupción y la delincuencia organizada? ¿Cuál es la razón de que a la hora de combatir el crimen el gobierno se ocupe y preocupe más por las opiniones que vierten canta-autores de música pop, como Joaquín Sabina (que al criticar la política de combate al crimen fue de inmediato invitado a Los Pinos a cenar con el presidente Calderón), que por atender las minuciosas denuncias críticas, estudios y argumentos que han brindado connotados académicos y especialistas con base a la inapelable evidencia de los datos duros? ¿Por qué el Estado no atiende la experiencia internacional y la opinión de expertos en materia de seguridad nacional e internacional de prestigio mundial? La razón es muy simple: el Estado ha perdido su capacidad punitiva porque la corrupción forma un tejido que hilvana tanto los intereses del poder político como los del económico. Los agentes políticos que deberían conducir y direccionar la acción contra la delincuencia son, a su vez, los principales beneficiados de la misma. El Estado no desarticula el patrimonio de los grupos criminales porque el poder económico que debería desactivar trastoca el ámbito más alto de su pirámide. La red de complicidad que penetra ya todas las esferas financieras y de gobierno inhabilita cualesquier política de combate realmente efectivo contra la delincuencia bloqueando cualquier tentativa que busque desmantelar el patrimonio de las redes mafiosas que feudalizan la República y la convierten en botín de los cárteles organizados que gobiernan el país: cárteles, empresarios y políticos son socios cupulares amalgamados para neutralizar toda amena30
za dirigida a la modificación del statu quo que pudiera alterar el modus vivendi de su pacto delictivo. Ésa es, de fondo, la terrible y trágica paradoja que consume a México. Para atajarla, el Estado tendría que volverse contra sus cimientos con el fin de extirpar la propia larva que lleva inoculada en su cuerpo orgánico. Resolver este problema, por tanto, no es tarea de un gobierno, sino del Estado mismo. De la clase política en su conjunto. Sólo un gran pacto nacional a largo plazo y entre todas las fuerzas políticas podría revertirlo. Sin embargo, lo he dicho ya, estas fuerzas políticas son, por desgracia, parte del problema y parte del simulacro, no de la solución.
El nivel de descomposición de las fuerzas y organismos del Estado que debieran luchar contra el crimen organizado ha llegado ya a un extremo que no conoce límites. La red de podredumbre que infiltra cada célula e institución empieza a emular –y en muchos casos anticipar– el grado de caos, desorganización y evaporación del Estado que se observa en realidades sociales tan descompuestas como las de Somalia o Afganistán. En nuestro país, soldados, marinos, policías y sicarios del crimen portan las mismas armas y visten los mismos uniformes. También comparten algo más: obedecen por igual a autoridades que no son las de la ley. Por desgracia, no se trata de una metáfora: el 22 de julio de 2010, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció por vez primera que grupos de sicarios portan uniformes de soldados o marinos y clonan –o utilizan– vehículos oficiales del Ejército. Esto les permite desplazarse libre e impunemente por las carreteras del país con el fin de cometer ejecuciones y secuestros. La misma Sedena reportó que personal de la Octava Zona Militar ha asegurado uniformes y vehículos con logotipos e insignias de uso exclusivo del Ejército en posesión de los criminales. Esto no es, sin embargo, más que el punto de un vórtice terrorífico que apenas ilustra el grado en que las fuerzas del orden se diluyen y confunden por completo con las del crimen. Testimonios diversos revelan la 31
existencia –en al menos algunos estados de la República– de un mismo esquema macabro estructurado a partir de dos unidades de policía; ambas especializadas en secuestro. La comisión oficial de ambas es impedir éstos. Pero, en la realidad, una unidad de la policía secuestra a las personas y luego se la da a la otra para que las ejecute. Con este procedimiento, los grupos criminales que comandan las policías reducen costos y evitan tener que cuidar a las víctimas hasta que se pague el rescate. Por último, la unidad encargada de ultimar a los plagiados simula descubrir el cuerpo días después de ocurrido el plagio.32 Debido a que estas realidades estremecedoras solemos conocerlas los ciudadanos mediante declaraciones de presuntos delincuentes, el gobierno suele desestimarlas o desmentirlas. Sin embargo, ha sido la propia Secretaría de Gobernación (Segob) quien ha dado crédito a voces originadas en estas fuentes, cuando por medio de un vocero oficial, la pgr informó en su momento que a raíz de las denuncias vertidas por un policía secuestrado en manos presuntamente del grupo criminal Los Zetas (el video donde lo torturan y ejecutan estuvo disponible unas horas en la página electrónica You Toube), se inició una investigación que desembocó en mostrar a los responsables de las decenas de muertes perpetradas en el primer semestre de 2010 en Torreón, Coahuila (entre ellos la ejecución de 17 personas en una finca el 18 de julio). Éstas fueron responsabilidad de los presos de un reclusorio. El gobierno federal reveló que internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio, Durango, contaron con el respaldo y el apoyo logístico de las autoridades de ese penal (entre ellos, presuntamente, el de su directora Margarita, Rojas) para lograr salir de ahí todos los días por la noche portando armas y usando vehículos oficiales facilitados por el propio penal con el fin de permitir a los delincuentes ejecutar a diversas personas y realizar venganzas por encargo. Después de perpetrar los crímenes regresaban al penal donde cumplían sus penas, que en este caso más bien fungía como su santuario.
Véase Charles Bowden, “Sicario. Confesiones de un asesino de Ciudad Juárez”, en revista Nexos, agosto de 2009, <http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Artic le=728>.
Vivimos, pues, rehenes de una lucha entre grupos criminales que instrumentalizan lo que queda del Estado y lo ponen a su servicio. Si bien nada de esto alcanza a explicar por qué el gobierno ha montado una pantomima que resulta tan poco efectiva como costosa. México es ya, como decía el gran poeta Xavier Villaurrutia, ese lugar en el que “se tiene gran facilidad para morir”. México es el país –no hay otras palabras para decirlo– donde la vida de los ciudadanos ha perdido todo contenido ético. Nuestra situación deviene cada día más trágica. Desde el 2006 los expertos alertaron al país que de continuar el efecto corrosivo del crimen en las instituciones, los vínculos entre delincuencia organizada y terrorismo no tardarían en aparecer.33 En 2008 la granada lanzada durante los festejos de Independencia en Michoacán, los granadazos en ciudades como Nogales, Nuevo Laredo o Puerto Vallarta, los secuestros masivos de periodistas, así como la explosión de un coche bomba en Ciudad Juárez en julio de 2010 y otro más en las puertas de la empresa Televisa en Tamaulipas en agosVéase Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada, Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México, México, Océano, 1998, p. 71. Adicionalmente a esto hay que recordar que hay ya señales muy alarmantes que hacen anticipar atentados terroristas de proporciones nunca antes vistos en Latinoamérica. En un operativo llevado a cabo el 9 de julio, en la colonia Roma de la capital, por la Secretaríaa de Marina (Semar), dicha Secretaría informó el aseguramiento de 20 kilogramos de alto explosivo y cuatro detenidos gracias a la colaboración conjunta y el intercambio de información con agencias de inteligencia norteamericanas. Estos explosivos de C-4 –según se dio a conocer en su momento– eran lo suficientemente poderosos como para fundir estructuras de hierro y derrumbar un edificio de 20 pisos de alto. Sin embargo, el 10 de junio, tan solo un día después de los hechos, la subprocuradura de la Siedo negó que el material incautado se tratara de explosivos. Ése mismo día la dea contradijo a la Siedo y confirmó la versión de la Semar afirmando que había participado en el operativo conjunto y que los 20 kilogramos hallados eran de material C-4. La Siedo negó también que hubiera habido detenidos. Ante la contradicción en la información de las propias autoridades mexicanas la Semar se tardó más de una semana en deshabilitar de su página el comunicado 144/2010 que no quedó fuera de su portal electrónico sino hasta el 17 de junio. Aun cuando al final se acabó negando la incautación de C-4, se reconoció que entre el material hallado había 4 cordones de pasta blanca, algodón, cables, glicerina y ácido nítrico, materiales –todos–que suelen usarse en la fabricación de explosivos.
to, muestran que tal nexo es ya una realidad –por no hablar de los explosivos incautados encontrados por la Marina en casas de seguridad para producir bombas.34 Existen además antecedentes: anteriormente, LosArellano habían hecho estallar un coche bomba en Guadalajara para asesinar a sus rivales y en 1996 estuvieron a punto de volar una presa en las inmediaciones de Tijuana. Por todo esto, no es de extrañar que en agosto de 2010 los relatores sobre libertad de expresión de la onu y de la Organización de los Estados Americanos (oea), Frank la Rue y Catalina Botero, hayan advertido en su informe oficial de visita a México que, como consecuencia de la ola de terror e indefensión que el país vive, ésta es la nación de América donde más peligra la libertad de expresión y donde más peligroso resulta ejercer el periodismo. Pese a ello, las autoridades insisten en hacer oídos sordos a la voz de los expertos. Tan sólo un día después del atentado con coche bomba en Juárez, Chávez Chávez, procurador general de la República, declaró que los atentados de ninguna manera podían calificarse de narcoterrorismo y que ahora más que nunca podía confirmarse que la estrategia del gobierno era la adecuada ¿Cómo se ha podido llegar a esto? ¿Cómo puede explicarse tal panorama trágico donde el absurdo es ya parte de lo cotidiano? No hay una respuesta sencilla. Aquí la reflexión debe ir más a fondo e intentar profundizar en la enmarañada lógica del poder y su acción conflictiva. Por un lado, parece no haber ya duda que la política errática y de simulacro de combate al crimen del gobierno del presidente Calderón (y de la clase política mexicana que se muestra igualmenEn julio 30 de 2010, la periodista Denise Maerker decidió junto a Televisa y su equipo de producción suspender una noche la transmisión de su programa dejando la pantalla en negro en protesta por la indefensión total que vive su gremio ante el crimen y la incapacidad total del Estado para proteger a ciudadanos y periodistas. Aún mucho más alarmante que lo anterior, resultó el editorial publicado por el Diario de Juárez el 19 de septiembre de 2010. Dicho editorial resultó estremecedor: en él, Diario de Juárez reconoce a los grupos delincuenciales que operan en esa ciudad como la única autoridad de facto, razón por la cual se dirige a ellos para preguntarles –en tanto autoridad– qué es lo que esperan hagan los periodistas para que éstos dejen de ser masacrados.
te incapaz de proponer términos de combate logístico-financieros que sugieran una agenda de combate alternativa), oculta en realidad la puesta en escena de un montaje en donde no parece haber, como hemos dicho, la más mínima intención de minar o debilitar al crimen. Por otro lado, sin embargo, observamos un efecto de militarización del país (no sabemos si colateral o inducido) donde cada vez se instrumentan medidas más claramente orientadas a instituir un estado de excepción permanente. Dos muestras claras de ello son la propuesta de reforma judicial a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115, fracción XIII, del apartado B, artículo 123 constitucional, aprobada en febrero de 2008 por la Cámara de Diputados, y la aprobación el 27 de abril de 2010 en el Senado de la República de la Ley de Seguridad Nacional (pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados). En la primera, saltaba a la vista el objetivo central en el proyecto de reforma judicial cuya intención original claramente se dirigía a instaurar un régimen de excepción indefinido y supresor de garantías en la propia Constitución –lo que en su momento mereció que el entonces ombudsman de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Cndh) calificara la reforma de “atroz”. En concreto, se proponía modificar el onceavo párrafo del artículo 16 constitucional, para introducir este otro donde textualmente se establecía que:
La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo de informar de inmediato a la autoridad competente.35
El subrayado es mío. Ese párrafo, actualmente, dice: “En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia”.
Conocida en el argot popular como “Ley Gestapo” (pues de fondo lo que se pretendía era instalar un Estado judicializado y policial, donde toda expresión de descontento social y disentimiento a las políticas nacionales sea criminalizado, dando pretexto a los cuerpos del Estado para allanar discrecionalmente los domicilios ciudadanos), la iniciativa no hacía más que intentar cerrar la pinza abierta por los códigos penales mexicanos donde es común encontrar el delito de “secuestro equiparado”; un perverso artilugio jurídico diseñado a modo con el fin de poder castigar con fiereza a activistas y solicitantes que, viendo colmada su paciencia al exigir servicios o medidas de los que la ley les provee, llegan a retener por algunas horas o minutos en sus propias oficinas –o espacios de trabajo– a funcionarios con los que, al calor de las discusiones propias que suelen darse estos casos, llega a ocurrir algún desencuentro. Estas retenciones se hacen aparecer en la ley como privación ilegal de la libertad, fijando a quienes son acusados de llevarlas a cabo penas equiparables al secuestro. En la aplicación de este delito inventado por el Estado policial mexicano, donde lo que se equipara no es la conducta sino la penalización, se ha llegado a extremos deleznables, como el de acusar de dicha violación a indígenas y ciudadanos que al verse virtualmente asaltados por la policía en su comercio habitual o en sus propiedades y terrenos originarios retuvieron, en defensa propia y durante unas cuantas horas a policías que los estaban agrediendo (es el caso de la indígena ñahñú Jacinta Francisco Marcial, condenada a 23 años de cárcel, así como de al menos 13 personas más presas en dos penales del Estado de México por haber retenido momentáneamente en señal de protesta a policías y funcionarios del gobierno que pretendían despojarlos de sus tierras). Hoy en día, gracias a la presión nacional e internacional y luego de varios años de prisión, Jacinta e Ignacio del Valle (condenado originariamente a 67 años de prisión) y algunos otros, han sido ya puestos en libertad. Gracias a la misma presión social, el onceavo párrafo del artículo 16 constitucional ha sido también suprimido del proyecto de reforma judicial toda vez que fue modificado el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales. En ambos casos, sin embargo, el mensaje quedó servido: la ignominiosa ley de secuestro 36
equiparado sigue operando en el sistema penal mexicano, y el añadido al párrafo once del artículo 16 constitucional no fue introducido porque –tal y como en su momento expresaron en tribuna algunos legisladores– haberlo suprimido no afectó en nada la intención originaria del proyecto, pues –en palabras de un legislador del pan– “hubo el convencimiento de que la atribución discrecional que pretendía darse a la policía ya existe en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ésta se permite y autoriza”.36 Respecto a la Ley Nacional de Seguridad, aprobada en abril de 2010, destaca el hecho oscuro de que el fuero militar permanezca intacto.37 A pesar de las denuncias llevadas a cabo por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la reforma a la Ley Nacional de Seguridad sigue violando y desatendiendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre el caso de desaparición forzada del activista Radilla Pacheco, donde se ordena a México compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia. Lo aprobado en abril de 2010 no hace más que modificar el artículo 72 de La Ley Nacional de Seguridad para volverlo compatible con el artículo 13 de la Constitución, donde queda establecido que cuando en un delito o falta militar hubiese implicado algún civil quien deberá conocer del caso será la autoridad civil correspondiente. Ello habría de significar que ningún delito definido por la legislación pueda convertirse en militar por el sólo hecho de haber sido cometido por un miembro de las Fuerzas Armadas (pues de ser así el fuero militar de facto se convertiría en un privilegio y en un sistema punitivo parcial en detrimento de la igualdad ante la ley y el principio de división de poderes que establece que las penas sólo las puede imponer un juez ordinario, tal y como lo prevé el artículo 21 constitucional).
Véase Boletín, núm. 2295, Cámara de Diputados, 26 de febrero de 2008. Lo más significativo en los cambios a dicha ley competen a la modificación del artículo 21 donde queda establecido que la investigación de los delitos compete, ahora, tanto al Ministerio Público como a los policías, quienes serán encargados de conservar la escena del crimen y realizar las primeras indagatorias; se enfatiza también el carácter preventivo de la seguridad pública y el establecimiento de un Sistema de Desarrollo Policial (Sidepol).
En la práctica, no obstante, el inciso (a) de la fracción segunda del artículo 57 del Código de Justicia Militar (que permanece intacto) estipula exactamente lo contrario, pues define como delitos contra la disciplina militar los del orden común o federal bajo la única cláusula de que en su comisión haya concurrido cualquier militar al momento de estar en servicio. Con ello sigue garantizándose abierta impunidad a todos los delitos perpetrados por militares permitiendo que éstos sean juzgados por las propias autoridades militares –convirtiendo a éstas en juez y parte–, dejando así sin consecuencia los abusos cometidos contra los civiles. También esto genera una laguna interna de contradicción entre las propias leyes mexicanas, además de violar abiertamente las resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos a cuya jurisdicción México ha decidido voluntariamente someterse.38 La iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar enviada por el Ejecutivo federal al Senado el pasado 18 de octubre de 2010, es una simulación más orientada a responder hipócritamente a la Cidh en lo que respecta sólo a los señalamientos que ésta hizo respecto a casos de desaparición forzada, tortura y violación sexual. Como es costumbre en el Estado mexicano, la iniciativa busca sólo maquillar el estado de excepción que sitúa la acción militar al margen de la ley, mientras que en lo fundamental la iniciativa sigue
En este mismo tenor resalta el hecho dé que a lo largo del periodo de gobierno del presidente Calderón se haya asignado a la tropa militar un aumento salarial del 46%, mientras que el aumento salarial promedio para maestros, burócratas y trabajadores universitarios enfrenta un tope de aumento salarial máximo inferior al 3.8%. Según declaraciones del propio presidente, el soldado raso de menor ingreso, perteneciente a la primera Región Militar, pasó de obtener 3 500 pesos mensuales a ganar 5 200 pesos al mes. También destaca que, según la misma reforma a la Ley de Seguridad Nacional, las tropas sólo podrán desplazarse a solicitud de autoridades locales y con la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional y del Senado. En este último caso su función será únicamente validar que la declaración de movilización militar haya sido en los términos previstos por la ley. Según la misma, tampoco podrá utilizarse el Ejército en conflictos que tengan origen social, laboral o electoral. El artículo 29 constitucional sigue reservando –no obstante– al presidente, la facultad (con la aprobación del Congreso) de suspender de las garantías individuales en casos de invasión, perturbación grave de la paz o el orden público, o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro.
orientada a fortalecer la impunidad y jurisdicción militar en detrimento de la justicia, dejando cínica y ominosamente de lado (o protegidos por el fuero) delitos tipificados por la doctrina internacional de derechos humanos, tales como homicidios, ejecuciones, despojos y detenciones arbritrarias cometidos por los soldadeos que participan en la “guerra contra el crimen”. En el hipócrita simulacro de combate al crimen que el Estado ha montado contra sus ciudadanos, son muchas (incontables ya) las víctimas civiles que han caído muertas a manos de soldados en retenes o acciones militares. Si bien es verdad que, hoy día, no hay manera de saber a ciencia cierta si los ciudadanos acribillados mueren a manos de policías, militares o criminales, pues –tal y como el propio gobierno reconoce– todos éstos visten ya los mismos uniformes; lo indudable, además, es que sus delitos contra la humanidad quedan siempre impunes.
A la luz de todo lo anterior es inevitable llegar a un corolario trágico pero cierto: México padece ya de los altísimos niveles de captura de Estado por la que ya pasaron, parcial o completamente, todos los países que han llegado a ser considerados Estados fallidos. Robert Rotberg, una autoridad en el tema, define los Estados fallidos como entidades institucional y políticamente vacías, donde no existe voluntad o capacidad alguna para llevar a cabo las tareas fundamentales de un Estado nacional en el mundo contemporáneo, tal como proveer bienes públicos –principalmente seguridad–en un entorno de debate democrático inexistente y de debilidad estatal creciente y generalizada.39 En términos análogos, Foreign Policy describe el Estado fallido como aquél en el que el gobierno no posee control efectivo de su territorio, no es percibido como legítimo por una porción significativa de su población, no proporciona seguridad doméstica o servicios
Véase State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Harvard Brooking Institution Press, 2003.
públicos básicos para sus ciudadanos, y carece del monopolio del uso de la fuerza.40 De ahí que en el índice anual de Foreign Policy, publicado cada año, México ocupe ya el lugar 98 en la lista de Estados fallidos 2010,41 sin variar demasiado respecto al índice de 2009 que ubicaba a México en el lugar 96 de 177 países –lo que en ambos casos corresponde a la franja amarilla que la publicación califica como de “límite”. Esto mismo parece confirmarlo un diagnóstico elaborado en el exterior por expertos: el 25 de noviembre de 2008 el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos publicó un informe llamado joe (Joint Operating Environment). En este documento se afirma que México es un país que podría ser objeto de colapso súbito y que ya ha dejado atrás las etapas iniciales que caracterizan a un Estado fallido.42 Detrás de todos estos datos que el gobierno y la clase política del país se empecina en negar, minimizar o descalificar, se oculta no obstante una realidad que la frialdad de las cifras no refleja: el hecho de que el protagonista de toda esta historia es la vida humana de cada ciudadano. Vida humana que, en términos de Giorgio Agamben, ha devenido nuda vida; es decir, vida en bruto, vida desposeída de nombre, de atributos, de cualidades. Eso es lo que permite al Estado mexicano referirse siempre a ella –en el discurso–como un componente bruto, una materia amorfa y animal que su acción e inacción puede acribillar, matar, desproteger, porque se trata de vidas que “son las menos”, que son “inevitables”; costos a pagar en una necesaria transacción donde los pagos redituables compensarán las pérdidas dolorosas. Mientras tanto, como el ruido que hacen las gotas de lluvia al caer, piedra cayendo sobre piedra, así caen los cadáveres en México, vidas desnudadas en su invalidez y despojadas de todo significado moral, ético o político. Nuda vida, mero cuerpo, expresión del hecho autómata de vivir que la lógica impersonal de un poder coludido con
40 “The Failed States Index 2005”, en Foreign Policy), núm. 154, mayo/junio de 2006, p. 52. 41 En <http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_ states_index_interactive_map_and_rankings>. 42 En <http://www.cfr.org/publication/18243/us_joint_forces_command joint_operating_environment_2008.html>.
el crimen transforma en eso que también el teórico italiano denomina como homo sacer: una vida a quien cualquiera puede dar muerte pero a la que leyes y ritos –en acto de mera retórica circunstancial– definen teatralmente como insacrificable. Según Agamben, este desprecio e indiferencia absoluta del poder hacia la vida siempre ha salido a la luz, o se ha mostrado, en los periodos y estados de excepción. Sin embargo, y refiriéndose ya a los tiempos modernos, Agamben recurre a la octava tesis sobre el concepto de historia formulada por Walter Benjamin en 1942, donde éste sostiene que hoy día, y cada vez más, el “estado de excepción” en el cual vivimos es la regla. Los mexicanos entendemos muy bien lo que esa frase quiere decir. A diferencia de antaño –y esto aplica hoy más que nada a nuestro país– el estado de excepción en el que la vida pierde todo valor o significado no es algo que necesariamente emane de la acción de un gobierno totalitario o de un poder centralizado. Como bien lo demostró en su momento Foucault, el poder que rige esta lógica de discurso no se ubica solamente en el Estado o las leyes, sino en una retórica que penetra todas las dinámicas sociales y opera a nivel simbólico reproduciéndose en todos los espacios discursivos e institucionales. Si en el primer ensayo de este libro (la introducción que el lector tiene ahora en sus manos) me he limitado sólo a ir exponiendo los datos e información relevante, en el segundo ensayo emprenderemos un análisis meticuloso de toda esta información. En ambos casos subyace una misma convicción profunda: el Estado miente, simula y manipula. Por ello es necesario llevar a cabo una denuncia completa de lo que está ocurriendo. Desde inicios de su mandato, el gobierno del presidente Calderón decidió emprender una guerra militar contra el crimen. La palabra “guerra” formó parte de la retórica oficial desde el principio. Dado que en toda guerra hay muertes –se nos dice– ello hace que la vida de todos los civiles sea sacrificable (aun y cuando para las leyes sea sagrada). Esa misma retórica oficialista –llena de desvergüenza y estulticia– se autoafirma día a día de modo maniaco y narcisista, negándose a establecer dinámicas de retroalimentación con técnicos, académicos y especialistas. Esa lógica arrogante sostiene que no hay otra alternativa de combate al crimen que la de seguir en las 41
mismas; muriendo cada día más inocentes, con una población cada vez más amedrentada por tener que vivir en medio de soldados y militares (cuyo fuero les confiere inmunidad de facto), dejando intacto (e incluso protegido por el Estado) el poder financiero de los cárteles. Pues bien; esto no tiene que ser así. La experiencia internacional nos detalla que hay otras opciones. Otra vía de combate institucional al crimen que no requiere muertes, sino acciones. Presencia y fortalecimiento del Estado, política social, depuración política de la corrupción al más alto nivel, coordinación de las Unidades Financieras de Inteligencia entre todas las dependencias y el Registro Público de la Propiedad y Hacienda. Desarticulación de los mapas patrimoniales que dotan de poder al crimen. Expertos como Edgardo Buscaglia han advertido, en repetidas ocasiones, que la experiencia internacional en 107 países muestra que la implementación de estas medidas reporta resultados de altísimo impacto en menos de nueve meses.43 Así pues, hay un panorama alterno y, lo más importante de todo, dado que esa alternativa no puede aplicarla un solo gobierno, sino que requiere un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas, cada muerte que ha ocurrido y siga ocurriendo en nuestro país es responsabilidad atribuible a la venalidad, incapacidad y falta de acción de nuestra clase política. Desde luego, es el gobierno y el Poder Legislativo quienes deberían encabezar la convocatoria y la definición de la agenda en este rubro, por tanto, cada asesinado en México, consecuencia de la actual estrategia de combate al crimen, es una muerte que podría evitarse. El tiempo que queda para hacerlo empieza a contarse en vidas.
Edgardo Buscaglia, “México pierde la guerra”, en Esquire, marzo, 2010, pp. 95-101.
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 artículo 115
 artículo 123
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 57
 artículo 72
 artículo 13
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 57
 artículo 29