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Timestamp: 2019-06-20 21:25:02+00:00

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Ley para la ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-La Mancha (Ley 8/2001, de 28 de junio) - Normativa de Castilla-La Mancha - Legislación - VLEX 74623098
TÍTULO II. Normas técnicas sobre la exposición a los campos electromagnéticos originados por las instalaciones de radiocomunicación - arts. 4 a 8
TÍTULO III. Plan Territorial de Despliegue de Red - arts. 9 a 14
TÍTULO IV. Régimen de protección de la legalidad y sancionador - arts. 15 a 27
ANEXO I. Niveles máximos permitidos de exposición a los campos electromagnéticos no ionizantes para el público en general en suelo no urbano
ANEXO II. Área de protección o distancias mínimas en zonas abiertas y de exposición o uso continuado a cumplir por las antenas sectoriales del tipo de telefonía móvil
ANEXO III. Nivel de referencia en suelo urbano y centros sensibles
Norma citada en: 45 sentencias, 15 artículos doctrinales, una disposición normativa, una resolución administrativa
Las nuevas tecnologías vinculadas a la denominada Sociedad de la Información y de la Comunicación y especialmente el desarrollo de la telefonía móvil y de sus infraestructuras de comunicación han tenido en los últimos años una gran expansión, desde los servicios ofertados hasta las infraestructuras necesarias para soportarlos. Estas infraestructuras absolutamente necesarias para dar un servicio de calidad, se extienden por todo nuestro territorio, desde ciudades a zonas rurales, formando parte de nuestro entorno.
Esta Ley tiene por objeto la regulación de las infraestructuras de radiocomunicación, y especialmente, de las infraestructuras de telefonía móvil con la finalidad de ordenar y planificar la distribución de las mismas en el territorio de la Comunidad Autónoma y prevenir y proteger la salud de la población y minimizar el impacto medioambiental, visual y urbanístico, que estas infraestructuras producen
El artículo 43 de la Constitución Española, establece el derecho a la protección de la salud, y la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas. Este es, por tanto, un principio rector de la política social y económica que ha de informar la legislación, la práctica judicial y la actuación de todos los poderes públicos. La Junta de Castilla-La Mancha, siguiendo el mandato del artículo 43 de la Constitución y la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, y teniendo en cuenta además, las recomendaciones de la Unión Europea, considera que 'es absolutamente necesaria la protección de los ciudadanos de la Comunidad contra los efectos nocivos para la salud que se sabe pueden resultar de la exposición a los campos electromagnéticos'.
En consonancia con lo anterior, la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 1997 considera que el compartir instalaciones de radiocomunicaciones puede resultar beneficioso por motivos medioambientales y urbanísticos. Es por ello, por lo que esta Ley contempla entre sus finalidades la compartición de instalaciones, al objeto de minimizar el impacto de las infraestructuras de radiocomunicaciones.
El uso compartido de los emplazamientos es una medida que contribuye a compatibilizar la existencia de las infraestructuras con el entorno y evita su proliferación desordenada. Por eso se establece en la presente Ley como instrumento de ordenación siempre que se respeten las normas básicas sobre la exposición a los campos electromagnéticos y evaluando las situaciones de efectos acumulativos.
También, de acuerdo con la finalidad de protección de la salud de los ciudadanos, esta Ley intensifica las exigencias mínimas comunitarias para la protección de la salud y la seguridad de las personas establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999. Los niveles máximos de exposición al público, que esta Ley establece, tiene como referencia las recomendaciones de la Conferencia Internacional celebrada en Salzburgo (Austria), los días 7 y 8 de junio de 2000, con unos valores máximos de emisión para la protección preventiva de la salud pública para instalaciones de telefonía móvil y otros para la irradiación de alta frecuencia, teniendo en cuenta la posible afección a niños, mayores y enfermos, pretendiendo compatibilizar el funcionamiento de las instalaciones de radiocomunicación con la adecuada protección de la población, y teniendo en cuenta la legislación específica, preventiva y precautoria de otros países.
Desde el punto de vista del impacto medioambiental, el artículo 45 de la Constitución Española establece que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida. A su vez el artículo 149.1.23.° de la CE, si bien atribuye al Estado la competencia sobre legislación básica en materia de protección del medio ambiente, permite a las Comunidades Autónomas establecer normas adicionales de protección. A dicha posibilidad, hay que añadir lo dispuesto en el artículo 148.1.9.° que otorga competencias a las Comunidades Autónomas sobre la gestión en materia de protección del medio ambiente.
De acuerdo con lo anterior, esta Ley tiene también por finalidad la protección del medio ambiente, recogiéndose las limitaciones por impacto paisajístico y obligando a la mimetización de estas instalaciones para reducir su impacto visual. Con ello se consigue complementar las disposiciones que en esta materia ya se contienen en la Ley General de Telecomunicaciones (artículo 16.3) y el Reglamento de Uso del Dominio Público Radioeléctrico (artículo 8), que condicionan el emplazamiento de las antenas y estaciones bases, al cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de medio ambiente.
En consecuencia con lo anterior, para articularla ordenación de las infraestructuras de radiocomunicaciones en el territorio de la Comunidad Autónoma, se establece la obligación a los operadores a presentar, previamente a la solicitud de licencias, un Plan Territorial de Despliegue de Red del conjunto de todas las instalaciones, que será sometido a aprobación por el órgano competente de la Junta de Comunidades.
Finalmente, la presente Ley se dicta en virtud de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en los artículos 31 y 32 del Estatuto de Autonomía, sobre ordenación del territorio, urbanismo, promoción, prevención y restauración de la salud y protección del medio ambiente.
El objeto de esta Ley es la regulación de las condiciones para el establecimiento y funcionamiento de instalaciones de radiocomunicación, sus elementos y equipos, a fin de que su implantación no tenga efectos negativos sobre la salud de las personas y produzca el mínimo impacto sobre el medio ambiente desde el punto de vista espacial y visual.
Esta Ley se aplica a todas las instalaciones fijas de radiocomunicaciones con sistemas radiantes susceptibles de generar o recibir ondas radioeléctricas en un intervalo de frecuencia comprendido entre 10 kHz a 300 GHz que se instalen en Castilla-La Mancha.
Los equipos y estaciones de Telecomunicación para la Defensa Nacional, la Seguridad Pública y Protección Civil.
Las instalaciones catalogadas de aficionados, siempre que reúnan las dos circunstancias siguientes:
Sean de potencia media inferior a 250 W.
Transmitan de forma discontinua.
Artículo 2 apartado 2 vigencia y aplicación suspendida por Providencia de 7 mayo 2002 del Tribunal Constitucional.
Artículo 2 apartado 2 suspensión de vigencia y aplicación levantada por auto núm. 175/2002 de 1 octubre del Tribunal Constitucional (Pleno).
Esta Ley tiene por finalidades:
La protección de la salud de los ciudadanos ante las posibles consecuencias que las ondas electromagnéticas pueden ocasionar sobre la misma.
La armonización del despliegue de las redes de radiocomunicación con la finalidad de protección del medio ambiente.
La integración de las estaciones base de telefonía móvil y otras estaciones de radiocomunicaciones en el entorno urbanístico y territorial.
La ampliación de la cobertura de los servicios de radiocomunicación a todo el territorio de Castilla-La Mancha.
TÍTULO II Normas técnicas sobre la exposición a los campos electromagnéticos originados por las instalaciones de radiocomunicación Artículos 4 a 8
Las actividades objeto de esta Ley, y las instalaciones que estén vinculadas a ellas, han de ser proyectadas, instaladas, utilizadas, mantenidas y controladas ajustándose a las determinaciones de protección de la salud y seguridad, a los objetivos de calidad medioambiental y conforme a los criterios de planeamiento urbanístico que fija la legislación vigente y, específicamente, las establecidas por esta Ley.
Garantizar la cobertura de los servicios de radiocomunicación a la población de Castilla-La Mancha.
Compartir infraestructuras siempre que sea técnicamente viable, suponga una reducción del impacto ambiental y paisajístico y cumplan los requisitos de protección de la salud que establece esta Ley.
Las instalaciones objeto de esta Ley han de cumplir los niveles máximos de exposición, las distancias de seguridad y protección establecidas en los anexos 1, 2y3.
ARTÍCULO 6 Normas de protección ambiental
Prohibiciones y limitaciones a las instalaciones.
Con carácter general y, sin perjuicio de la normativa específica, no podrán establecerse instalaciones de radiocomunicación en los bienes inmuebles de interés cultural declarados Monumentos por la Ley de Patrimonio Histórico y en los espacios naturales protegidos calificados por las categorías de Microreservas y Monumentos Naturales por la Ley de Conservación de la Naturaleza.
Se limitarán las instalaciones en los conjuntos histórico-artísticos, zonas arqueológicas y jardines declarados como bienes de interés cultural, así como en el resto de categorías de espacios naturales protegidos, obligándose a incorporar las medidas de mimetización o las soluciones específicas que minimicen el impacto visual.
Se limitarán igualmente las instalaciones de radiocomunicación en centros hospitalarios y geriátricos, residencias de ancianos, centros educativos, escuelas infantiles y en todos aquellos espacios que se definan reglamentariamente como de especial riesgo.
El órgano competente de la Junta de Comunidades, o los Ayuntamientos en su caso, por razones medioambientales o paisajísticas y urbanísticas, y previo trámite de audiencia a los interesados, podrá imponer acciones de mimetización y soluciones específicas destinadas a minimizar el impacto de las infraestructuras y armonizarlas con el entorno, e incluso prohibir determinadas tipologías de instalaciones de radiocomunicación.
Los operadores están obligados a mantener sus instalaciones en las debidas condiciones de seguridad, estabilidad y conservación, así como a minimizar el impacto ambiental y visual de acuerdo con los fines de esta Ley.
Los titulares de las instalaciones estarán obligados a subsanar las deficiencias de conservación en un plazo máximo de quince días a partir de la notificación de la irregularidad. Cuando existan situaciones de peligro para las personas o bienes, las medidas deberán de adoptarse deforma inmediata.
En los supuestos de cese definitivo de la actividad o existencia de elementos de la instalación en desuso, el operador o, en su caso, el propietario de las instalaciones deberá realizar las actuaciones necesarias para desmantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus elementos, y dejar el terreno, la construcción o edificio que sirva de soporte a dicha instalación, en el estado anterior al establecimiento de los mismos.
Artículo 7 vigencia y aplicación suspendida por Providencia de 7 mayo 2002 del Tribunal Constitucional.
Artículo 7 suspensión de vigencia y aplicación levantada por auto núm. 175/2002 de 1 octubre del Tribunal Constitucional (Pleno).
Artículo 7, inciso «incorporar las mejoras tecnológicas que vayan apareciendo y contribuyan a reducir los niveles de emisión de los sistemas radiantes», declarado incontitucional y nulo por la Sentencia 8/2012, de 18 de enero de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 2194-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, 8/2001, de 28 de junio, para la ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en Castilla-La Mancha. Competencias en materia de telecomunicaciones, control del espacio aéreo, ordenación del territorio, sanidad y protección del medio ambiente, principio de legalidad sancionadora: nulidad de los preceptos legales autonómicos que obligan a los operadores a incorporar las mejoras tecnológicas que vayan apareciendo y contribuyan a reducir los niveles de emisión de los sistemas radiantes y sancionan su incumplimiento; interpretación de preceptos legales, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 11 de Febrero de 2012.
ARTÍCULO 8 Ordenación de los emplazamientos.
El emplazamiento de las instalaciones de radiocomunicación queda sujeto a las determinaciones fijadas en esta Ley y en su normativa de desarrollo y a las que resulten de la normativa medioambiental y urbanística.
TÍTULO III Plan Territorial de Despliegue de Red Artículos 9 a 14
ARTÍCULO 9 Obligación de presentar el Plan Territorial de Despliegue de Red.
ARTÍCULO 10 Contenido del Plan Territorial de Despliegue de Red.
Esquema general de la red, indicando los principales nodos y localización de la cabecera, enlaces y posibles alternativas.
Justificación de la solución técnica propuesta.
Indicación expresa en planos de la cota altimétrica.
Altura del emplazamiento y altura de las antenas del sistema radiante.
Ganancia con respecto a una antena isotrópica.
Número y tipo de antenas.
Número de portadoras y canales máximos por sector.
Diagrama de radiación indicando la potencia isótropa radiada equivalente (W) en todas las direcciones.
Ángulo de elevación del sistema radiante. Abertura del haz.
A escala 1:25.000 para las instalaciones que se emplacen en la demarcación no urbana.
A escala 1:2.000 para las instalaciones que se emplacen en la demarcación urbana.
Artículo 10 vigencia y aplicación suspendida por Providencia de 7 mayo 2002 del Tribunal Constitucional.
Artículo 10 suspensión de vigencia y aplicación levantada por auto núm. 175/2002 de 1 octubre del Tribunal Constitucional (Pleno).
ARTÍCULO 11 Comisión de Redes de Radiocomunicación.
Presidente: El Consejero de Ciencia y Tecnología.
ARTÍCULO 12 Aprobación del Plan Territorial de Despliegue de Red.
La Comisión de Redes de Radiocomunicación aprobará las previsiones de nuevas instalaciones incluidas en los Planes Territoriales de Despliegue de Red en suelo rústico. Esta aprobación se resolverá en un plazo máximo de tres meses a contar desde la presentación del Plan o de sus modificaciones. En caso de falta de resolución expresa en este plazo se entenderá favorable al interesado.
A los efectos previstos en el apanado anterior se entenderá que el Plan está presentando cuando contenga toda la documentación exigida en el artículo 10.
El acto de aprobación de este Plan será publicado en el 'Diario Oficial de Castilla-La Mancha', sin perjuicio de su notificación al operador interesado.
Los emplazamientos y condiciones de las instalaciones en núcleos urbanos (suelo urbano y urbanizable) serán aprobados por los Ayuntamientos debiendo cumplir las normas técnicas y condiciones establecidas en esta Ley.
Artículo 12 apartado 1 párrafo 1º vigencia y aplicación suspendida por Providencia de 7 mayo 2002 del Tribunal Constitucional.
Artículo 12 apartado 1 párrafo 3º vigencia y aplicación suspendida por Providencia de 7 mayo 2002 del Tribunal Constitucional.
Artículo 12 apartado 1 párrafo 4º vigencia y aplicación suspendida por Providencia de 7 mayo 2002 del Tribunal Constitucional.
Artículo 12 apartado 1 párrafo 1º suspensión de vigencia y aplicación levantada por auto núm. 175/2002 de 1 octubre del Tribunal Constitucional (Pleno).
Artículo 12 apartado 1 párrafo 3º suspensión de vigencia y aplicación levantada por auto núm. 175/2002 de 1 octubre del Tribunal Constitucional (Pleno).
Artículo 12 apartado 1 párrafo 4º suspensión de vigencia y aplicación levantada por auto núm. 175/2002 de 1 octubre del Tribunal Constitucional (Pleno).
ARTÍCULO 13 Actualización y modificación del Plan Territorial de Despliegue de Red.
ARTÍCULO 14 Uso compartido de las infraestructuras.
La Administración Regional negociará con todos los operadores para propiciar acuerdos dirigidos a que éstos compartan las infraestructuras. La formalización de estos acuerdos entre la Administración de la Junta de Comunidades y los operadores supondrá la aprobación de los Planes Territoriales de Despliegue de Red. De no conseguirse los mencionados acuerdos, la Administración Autonómica determinará, en la aprobación de los Planes, los emplazamientos que deberán compartir los distintos operadores, atendiendo a principios de protección de la salud, ambiental y paisajística y, especialmente, cuando la cercanía de las instalaciones así lo aconsejen. Para facilitar la compartición, al menos las nuevas infraestructuras que formen parte del Plan Territorial de Despliegue de Red de un operador deberán permitir el alojamiento de antenas de como mínimo cuatro operadores.
Artículo 14 vigencia y aplicación suspendida por Providencia de 7 mayo 2002 del Tribunal Constitucional.
Artículo 14 suspensión de vigencia y aplicación levantada por auto núm. 175/2002 de 1 octubre del Tribunal Constitucional (Pleno).
TÍTULO IV Régimen de protección de la legalidad y sancionador Artículos 15 a 27
ARTÍCULO 15 Control e inspección periódica de las instalaciones.
Las condiciones de emplazamiento, incluidas las obras y funcionamiento de las instalaciones reguladas en la presente Ley, estarán sujetas al control e inspección de los Ayuntamientos. Sin perjuicio de lo anterior, se realizarán controles e inspecciones periódicas de las instalaciones por el órgano competente de la Junta de Comunidades, con el fin de comprobar su adecuación a las condiciones establecidas en la presente Ley.
Las acciones y omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente Ley sobre emplazamiento, instalación y funcionamiento de los equipos de radiocomunicación, constituyen infracciones que serán sancionadas de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes.
ARTÍCULO 17 Clasificación de las infracciones.
Las infracciones administrativas en la materia objeto de esta Ley, se clasifican en leves, graves y muy graves.
ARTÍCULO 18 Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves la simple inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en la normativa respectiva de aplicación, que no estén tipificadas como infracción grave o muy grave, y en concreto:
La presentación incompleta de los Planes Territoriales de Despliegue.
La presentación fuera de plazo de los Planes Territoriales de Despliegue cuando dicho retraso no fuera superiora un mes.
ARTÍCULO 19 Infracciones graves.
El incumplimiento de la obligación de mantener las instalaciones en perfecto estado.
El incumplimiento de la obligación de revisar las instalaciones cada año.
El incumplimiento de la obligación de subsanar las deficiencias de conservación en el plazo de quince días desde su notificación.
El incumplimiento de la obligación de desmantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus elementos, cuando se dé el supuesto de cese definitivo de la actividad o desuso de los elementos, así como de dejar el terreno, la construcción o edificio que sirva de soporte a la instalación en el estado anterior al establecimiento de los mismos.
No llevar a cabo las acciones de mimetización impuestas por el órgano competente de la Junta de Comunidades.
El incumplimiento de los plazos de adecuación de las instalaciones existentes establecidos en las disposiciones transitorias primera y segunda.
Artículo 19 apartado 2 vigencia y aplicación suspendida por Providencia de 7 mayo 2002 del Tribunal Constitucional.
Artículo 19 apartado 3 vigencia y aplicación suspendida por Providencia de 7 mayo 2002 del Tribunal Constitucional.
Artículo 19 apartado 2 suspensión de vigencia y aplicación levantada por auto núm. 175/2002 de 1 octubre del Tribunal Constitucional (Pleno).
Artículo 19 apartado 3 suspensión de vigencia y aplicación levantada por auto núm. 175/2002 de 1 octubre del Tribunal Constitucional (Pleno).
Artículo 19 apartado 2, declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia 8/2012, de 18 de enero de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 2194-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, 8/2001, de 28 de junio, para la ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en Castilla-La Mancha. Competencias en materia de telecomunicaciones, control del espacio aéreo, ordenación del territorio, sanidad y protección del medio ambiente, principio de legalidad sancionadora: nulidad de los preceptos legales autonómicos que obligan a los operadores a incorporar las mejoras tecnológicas que vayan apareciendo y contribuyan a reducir los niveles de emisión de los sistemas radiantes y sancionan su incumplimiento; interpretación de preceptos legales, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 11 de Febrero de 2012.
ARTÍCULO 20 Infracciones muy graves.
La construcción de instalaciones que no estén incluidas en los Planes Territoriales de Despliegue aprobados.
El funcionamiento de la actividad superando los niveles máximos de emisión de radiaciones no ionizantes y distancias de seguridad legalmente vigentes.
Artículo 20 apartado 1 vigencia y aplicación suspendida por Providencia de 7 mayo 2002 del Tribunal Constitucional.
Artículo 20 apartado 1 suspensión de vigencia y aplicación levantada por auto núm. 175/2002 de 1 octubre del Tribunal Constitucional (Pleno).
ARTÍCULO 21 Sanciones administrativas.
Las infracciones administrativas podrán ser sancionadas:
Las infracciones leves:
Multa hasta 10.000.000 de pesetas.
La sanción de multa en su grado mínimo será hasta 3.350.000 pesetas, en su grado medio de 3.350.001 a 7.000.000 de pesetas, y en su grado máximo de 7.000.001 pesetas, hasta 10.000.000 de pesetas.
Las infracciones graves:
Multa de 10.000.001 a 20.000.000 de pesetas.
La sanción de multa en su grado mínimo será hasta 13.350.000 pesetas, en su grado medio de 13.350.001 a 17.000.000 de pesetas, y en su grado máximo de 17.000.001 pesetas, hasta 20.000.000 de pesetas.
Suspensión hasta tres meses, prorrogables si fuera preciso para la subsanación de la infracción que la originó.
Multa de 20.000.001 pesetas, hasta 30.000.000 de pesetas.
La sanción de multa en su grado mínimo será hasta 23.350.000 pesetas, en su grado medio de 23.350.001 a 27.000.000 de pesetas, y en su grado máximo de 27.000.001 pesetas, hasta 30.000.000 de pesetas.
Suspensión hasta seis meses, prorrogables si fuera preciso para la subsanación de la infracción que la originó.
ARTÍCULO 22 Suspensión del funcionamiento de la instalación.
ARTÍCULO 23 Competencia para la imposición de las sanciones.
Para las leves el Director general competente por razón de la materia.
Para las graves el Consejero competente por razón de la materia.
Para las muy graves el Consejo de Gobierno.
ARTÍCULO 24 Sujetos responsables.
ARTÍCULO 25 Criterios para la graduación de las sanciones.
Existencia o no de intencionalidad.
El resarcimiento de los posibles perjuicios ocasionados con anterioridad al acuerdo de inicio del expediente sancionador.
La subsanación de las deficiencias causantes de la infracción durante la tramitación del expediente sancionador.
La reincidencia, entendiendo por tal la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza, en el término de un año a contar desde la firmeza de la resolución de la primera.
ARTÍCULO 26 Ejecución subsidiaria.
En los supuestos en los que se dicte orden de retirada de las instalaciones reguladas en esta Ley si el operador responsable no las realizase en el plazo indicado en la misma, la Administración de la Junta de Comunidades podrá de oficio ejecutar subsidiariamente dicha orden.
ARTÍCULO 27 De la prescripción.
Los plazos de prescripción de las infracciones serán los siguientes:
Para lo no contemplado en esta Ley en materia de prescripción de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las instalaciones existentes en el momento de entrada en vigor de esta Ley se han de adecuar a sus prescripciones dentro del plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la misma.
Las instalaciones existentes en el momento de entrada en vigor de esta Ley que no cumplan las normas de protección de la salud en cuanto a límites de emisión máximos de radiaciones no ionizantes y distancias de seguridad fijados en los anexos se han de adecuar a sus prescripciones dentro del plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley los operadores establecidos en la Comunidad Autónoma deberán presentar el Plan Territorial de Despliegue de Red.
En el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el órgano competente de la Administración de la Junta de Comunidades creará un Registro Especial en el que se inscribirán todas las instalaciones de emisión y recepción de los servicios de radiocomunicaciones existentes en la región.
Disposición Adicional 2 desarrollada por Parte Dispositiva de la Orden de 26 julio 2002, publicado en DO. Castilla-La Mancha el 2 de agosto de 2002.
En todo caso, cada vez que un Ayuntamiento otorgue una licencia para cualquier instalación regulada en la presente Ley, deberá remitir al Registro Especial los datos contenidos en el apartado anterior.
Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, podrán, de acuerdo con la presente Ley, promulgar ordenanzas que la desarrollen y adapten a las especiales circunstancias de cada municipio.
En caso de no existir ordenanza municipal aplicable, la presente Ley sustituirá a la misma, y en todo caso tendrá carácter supletorio.
Se faculta al Consejo de Gobierno para el desarrollo de esta Ley y, expresamente, para la modificación de la información que han de suministrar los operadores y que forman parte de los Planes Territoriales de Despliegue de Red.
Se faculta al Consejo de Gobierno para adaptar los niveles de referencia de los anexos a los avances científicos y tecnológicos que garanticen una mayor protección de la salud y seguridad de las personas.
Toledo, 3 de julio de 2001. José Bono Martínez, Presidente
ANEXO I Niveles máximos permitidos de exposición a los campos electromagnéticos no ionizantes para el público en general en suelo no urbano
La siguiente tabla representa los niveles de referencia para distintas frecuencias, expresadas en intensidad de campo eléctrico (V/m), intensidad de campo magnético (A/m) y densidad de pontencia (pW/cmz, microvatio por centímetro cuadrado):
Nota: Estos valores se han obtenido del cuadro 1, dividiendo la frecuencia de trabajo (expresada en MHz), entre 4,50. La variable f expresa MHz.
En la siguiente tabla se muestran los límites en pW/cmz para las distintas frecuencias de móviles (GSM-900, DCS-1800 y UMTS-2000):
Se entiende por nivel de referencia el nivel máximo permitido de exposición a los campos electromagnéticos no ionizantes para el público en general.
Intensidad del campo eléctrico (E): Es la cantidad vectorial que corresponde a la fuerza ejercida sobre una partícula cargada con la unidad de carga eléctrica positiva independientemente de su movimiento en el espacio. Se expresa en voltios por metro (V/m).
Intensidad del campo magnético: Es una cantidad vectorial (H) que determina un campo magnético en cualquier punto del espacio. Se expresa en amperios por metro (A/m).
Densidad de potencia (8): Es la potencia radiante que incide perpendicularmente a una superficie, dividida por el área de la superficie y que se expresa en microvatios por centímetro cuadrado (pW/cmz) en el texto de la presente Ley.
Pire: Es la potencia isotrópica radiada equivalente de un único sistema radiante.
Frecuencia: Se define como el número de ondas que pasan por un punto del espacio en la unidad de tiempo y se mide en número de ciclos por segundo o hercio (Hz). En alta frecuencia se suele expresar en MHz (un millón de hercios) o GHz (mil MHz).
En espacio libre y en la zona de campo lejano existe una correlación entre un campo magnético, campo eléctrico y densidad de potencia expresada con las siguientes fórmulas:
S=E2 /377=377 x H2
ANEXO II Área de protección o distancias mínimas en zonas abiertas y de exposición o uso continuado a cumplir por las antenas sectoriales del tipo de telefonía móvil
En este anexo se incluyen unas restricciones adicionales de protección a cumplir en aquellas zonas abiertas, sin protección de edificaciones, donde exista un uso y exposición continuada para las personas.
Estas restricciones adicionales implican la determinación de un área de protección en forma de paralepídedo con unas distancias mínimas a los sistemas radiantes (10 m x 6 m x 4 m), para dar mayor garantía de preservación del espacio vital de las personas.
En el interior de este paralelepípedo no podrá existir ninguna zona de paso donde exista un uso y exposición continuada para las personas. En el caso de que dicho volumen de protección coincida con alguna zona de paso, será obligatorio modificar la posición del sistema radiante.
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ANEXO III Nivel de referencia en suelo urbano y centros sensibles
En virtud del Principio de Precaución se ha considerado pertinente establecer, hasta que existan estudios científicos concluyentes sobre las consecuencias para la salud pública, un mayor margen de protección para emplazamientos en suelo urbano y para los grupos de población más vulnerables o sensibles a los campos electromagnéticos (niños, enfermos y mayores), y, en consecuencia, determinar como centros sensibles a aquellos centros o lugares donde se concentran o residen estos grupos de personas.
El nivel máximo permitido de exposición a los campos electromagnéticos no ionizantes en suelo urbano es de 10 pW/cmz independientemente de la frecuencia de radiación.
Se han considerado como centros sensibles los siguientes:
Centros sanitarios, hospitales y geriátricos.
En el interior de los centros adjetivados como sensibles, se establece un nivel máximo de densidad de potencia por portadora de 0,1 pW/cmz, para las frecuencias de telefonía móvil (GSM, DCS y UMTS).
Ley Foral para la ordenación de las Estaciones Base de Telecomunicación por Ondas Electromagnéticas no Guiadas en la Comunidad Foral de Navarra (Ley Fo...
ORDRE GAP/300/2010, de 20 de maig, de supressió d'una oficina d'acció ciutadana al municipi de Barcelona.
DECRETO 216/2002, de 1 de agosto, de modificación de diversas cuestiones de orden económico de las loterías Loto Express y Super 10, organizadas por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad.

References: resolución 
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 45
 artículo 149
 artículo 148

Artículo 2

Artículo 2

ARTÍCULO 6

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

Artículo 10

Artículo 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12
 resolución 
 artículo 10

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

Artículo 14

Artículo 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 19

ARTÍCULO 20

Artículo 20

Artículo 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25
 resolución 

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27