Source: http://docplayer.es/2235167-Asi-a-efectos-de-penas-y-medidas-alternativas-a-la-prision-distinguimos-las-siguientes-fases-y-momentos.html
Timestamp: 2017-06-29 05:34:43+00:00

Document:
Así, a efectos de penas y medidas alternativas a la prisión distinguimos las siguientes fases y momentos: - PDF
Download "Así, a efectos de penas y medidas alternativas a la prisión distinguimos las siguientes fases y momentos:"
Diego Saavedra Castellanos
1 1 EL PAPEL DEL ABOGADO EN LAS PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS, julio INTRODUCCIÓN El tema de esta sesión es bastante amplio, vamos a intentar centrarnos en aquellos aspectos de una mayor relevancia, abordando los momentos y cuestiones clave de la intervención de la defensa en aras a la aplicación de penas y medidas alternativas. Advertencias previas: a) No se trata en ningún caso de derechos subjetivos, sino de supuestos de ejercicio de discrecionalidad judicial b) Solo se estudia de oficio la suspensión genérica, cuando se dan los requisitos objetivos, y la sustitución del artículo Por tanto, es clave para la defensa la petición de parte, el conocimiento de los recursos sociales disponibles para penas y medidas alternativas así como su funcionamiento y contenido de las intervenciones que en los mismos se realizan, para trasladárselas de manera conveniente al órgano judicial competente. Así, a efectos de penas y medidas alternativas a la prisión distinguimos las siguientes fases y momentos: 1º.- Fase de instrucción 2º.- Fase de enjuiciamiento e impugnación de sentencia 3º.- Fase de ejecución judicial A estas tres fases haremos referencia a lo largo de este trabajo. 4º.- Fase de ejecución penitenciaria, es decir, aquellas alternativas que pueden usarse una vez la persona penada ha ingresado en prisión y está cumpliendo su pena privativa de libertad. Estas opciones permiten aplicar formas de cumplimiento distintas a la tradicional forma de ejecución de la pena de prisión: tercer grado y sus modalidades, artículo y 182 RP así como libertad condicional con sus modalidades. No nos vamos a referir a ellas en esta intervención pues carecemos del tiempo suficiente y preferimos centrarnos en las alternativas que evitan el ingreso en prisión.2 2 2.- FASE DE INSTRUCCIÓN Alternativas a la prisión provisional En la legislación procesal española existen diversos tipos de medidas cautelares que pueden ser impuestas por los jueces en tanto se sustancia la fase de investigación previa al juicio y a la sentencia y no consisten en prisión provisional, que es una medida que debe aplicarse con carácter excepcional conforme a lo dispuesto en los artículos 502 y 503 Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr.). Todas estas medidas están contenidas, asimismo, en la LECr. y la DEFENSA deberá trabajar sobre ellas desde el primer momento, cuidando que la medida cautelar impuesta, en su caso, por el órgano judicial, sea la más adecuada al supuesto concreto y la prisión provisional sólo se use de manera excepcional en la medida en que no exista otra medida cautelar que pueda conseguir el mismo objetivo. Así, las medidas cautelares personales no consistente en la pérdida de libertad son: 1.- Libertad provisional sin fianza, que irá acompañada de la obligación de comparecer ante el órgano judicial o ante la fuerza pública los días señalados por el juzgado competente (normalmente los días 1 y 15 de cada mes) y todas las veces que sea llamado por el mismo. Es lo que se conoce como obligación de comparecencia apud acta. Además, para garantizar su cumplimiento, podrá ir acompañada de la retención del pasaporte, que normalmente sólo se produce en el caso de personas extranjeras o aquellas que presentan serios riesgos de fuga del país. Esta última medida restringe la libertad ambulatoria de la persona a quien afecta pues limita sus movimientos, si bien es preferible a medida más invasivas pues la persona sigue viviendo en su domicilio y tendrá cierto margen para desplazarse. 2.- Libertad provisional con fianza, que podrá consistir en dinero, otros bienes muebles o inmuebles, en propiedad o aportados por un fiador. Esta medida normalmente irá acompañada de la obligación de comparecencia apud acta, pudiendo el juez, como en el caso anterior, retirar el pasaporte. 3.- Privación provisional del permiso de conducción, que procederá en el único caso de que dicha medida se prevea como pena para el delito imputado, debiendo computarse el tiempo de medida cautelar para el caso de que posteriormente se le imponga dicha pena. También podrá ir acompañada de presentación apud acta y de retención del pasaporte. 4.- Para determinados delitos (homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia3 3 imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, ) se pueden imponer medidas dirigidas a la protección de la víctima que pueden consistir en: - La privación del derecho a residir o acudir a determinados lugares. - La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal. - La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal. 5.- Orden de protección, aplicable en los supuestos de delitos o faltas contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad, siendo la víctima respecto al imputado su cónyuge o persona que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad aun sin convivencia, descendiente, ascendiente o hermano por naturaleza, adopción o afinidad, propio o del cónyuge o conviviente, menor o incapaz que con él conviva o que se halle sujeto a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, persona que por su especial vulnerabilidad se encuentre sometida a custodia o guarda en centros públicos o privados. La orden de protección fue introducida por la Ley 27/2003 de 31 de julio reguladora de la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica. Podrá recoger las siguientes medidas cautelares: De orden penal (cualquiera de las referidas con anterioridad). De orden civil (atribución de vivienda, régimen de custodia, visitas, comunicaciones y estancias con hijos, prestación por alimentos, cualquier otra a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios). De protección social (con las intervenciones necesarias de las administraciones competentes). 6.- Sustitución de la prisión provisional por el ingreso en un centro de tratamiento de drogodependencias si el imputado se hallara en tratamiento y el ingreso en prisión pudiera frutar el resultado del mismo. 7.- Prisión provisional atenuada para personas enfermas, consistente en su ejecución en el domicilio del imputado con las medidas de seguridad que se estimen oportunas, si el internamiento en prisión entraña grave peligro para su salud. En estos dos últimos supuestos la defensa habrá de actuar rápido, recabando de los organismos competentes y aportando al Juzgado de Instrucción aquellos datos e informes relevantes a los efectos de cada una de ellas: informe de drogodependencias, con historial4 4 completo, así como compromiso de acogida en programa o centro, informe médico que contenga la indicación facultativa concreta así como la conveniencia de que el imputado permanezca en su domicilio o centro hospitalario. La efectividad de estas medidas dependerá de cuál sea la finalidad que el juez les otorgue al establecerlas, dentro de las finalidades legítimas previstas en la ley. Desde luego, si asumimos las consecuencias negativas que conlleva la prisión en las personas que la sufren, tanto para la salud física como para la mental y para su incorporación social, cualquier medida utilizada en lugar de la prisión nos parecerá más adecuada, pues estaría libre de las principales desventajas de ésta. Desconocemos el dato estadístico oficial de cuántas de estas medidas se quebrantan, información que es relevante por cuanto su quebrantamiento está considerado como comisión de un delito según el artículo 468 del Código Penal (CP). También hay que tener en cuenta que la imposición de una fianza económica sólo es aplicable a personas con una situación económica mínima que les permita dedicar una cantidad de dinero a evitar la prisión, posibilidad que no está al alcance de todas las personas imputadas como bien sabemos. En la fase de instrucción, las resoluciones que impongan medidas cautelares tendrán forma de auto y podrán ser recurridas en reforma ante el mismo órgano judicial que lo dictó y en apelación ante la audiencia provincial Pruebas relativas a la imputabilidad penal y la atenuación de la responsabilidad criminal En la fase de instrucción es de la máxima relevancia la intervención del abogado en relación a la preparación del juicio oral. En concreto, tendrá que promoverse una actividad de indagación y aportación de material probatorio que esté disponible para ese futuro momento crucial, donde se producirá el debate procesal, con las garantías de la inmediación, contradicción, oralidad y publicidad inherentes al proceso penal. En orden a facilitar la aplicación de alternativas a la prisión una vez que el sujeto tenga la consideración de penado, la actividad de la defensa en esta fase previa tiene que ir dirigida a: - Conseguir que la pena individualizada sea la mínima posible, pues ello facilitará el cumplimiento de los requisitos de quantum de pena para la aplicación de alternativas con posterioridad - Probar los requisitos específicos de las diversas modalidades de alternativas o sustitutivos previstas en el CP5 5 - Probar la ausencia o reducción de imputabilidad penal en orden a la posterior aplicación, en su caso, de medidas de seguridad. En este sentido, téngase en cuenta que es posible aplicar medida de seguridad en caso de atenuante de drogadicción, lo que será de una considerable trascendencia para los supuestos en que la pena supere los 5 años de límite del art. 87 CP - Huelga señalar que en el seno de los juicios rápidos la defensa tendrá menos tiempo para preparar todo el material probatorio, con lo que deberá estar atenta al desarrollo del proceso para que no se produzca una indefensión del imputado. Por su parte, no olvidemos que el artículo 801 de la LECr., párrafos 2 y 3 contiene unas reglas especiales relativas a la suspensión, tanto genérica como especial para drogodependientes, para el supuesto de sentencia de conformidad: Art. 801 LECr 2. Dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el juzgado de guardia realizará el control de la conformidad prestada en los términos previstos en el artículo 787 y, en su caso, dictará oralmente sentencia de conformidad que se documentará con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, en la que impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal. Si el fiscal y las partes personadas expresasen su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y, si la pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo procedente sobre su suspensión o sustitución. 3. Para acordar, en su caso, la suspensión de la pena privativa de libertad bastará, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 81.3.ª del Código Penal, con el compromiso del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieren originado en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije. Asimismo, en los casos en que de conformidad con el artículo ª del Código Penal sea necesaria una certificación suficiente por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado de que el acusado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin, bastará para aceptar la conformidad y acordar la suspensión de la pena privativa de libertad el compromiso del acusado de obtener dicha certificación en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije. - No vamos a detenernos en el estudio pormenorizado de las circunstancias atenuantes, pues es no es un tema que forme parte de este trabajo. Si quiero insistir en tres cuestiones que deben contar con la atención de la defensa: Por un lado, la relevancia de la actividad dirigida a probar las eximentes del artículo 20.1, 2 y 3 CP (anomalía o alternación psíquica; intoxicación plena o síndrome de abstinencia y alternaciones en la percepción) pues su apreciación como completa o incompleta puede dar6 6 lugar a la aplicación de una medida de seguridad adaptada a las circunstancias, ya sea en régimen de internamiento o ambulatorio (art. 102 a 106 CP). Incluso, si la eximente es incompleta 1 según lo dispuesto en el art CP, siguiendo el sistema vicarial, se puede imponer la aplicación conjunta de pena y medida de seguridad, que puede combinarse con un sustitutivo (art. 99 CP). Me gustaría llamar la atención sobre una cuestión que es muy preocupante: hemos de evitar la presencia de enfermos mentales en prisión. En muchas ocasiones ello es debido a que la defensa no ha planteado la cuestión oportunamente en el procedimiento, lo que es de la máxima trascendencia porque el momento apropiado para probar dicha circunstancia eximente es el juicio oral, no siendo posible su prueba en ejecución de sentencia ni, por tanto, solicitar una medida de seguridad apropiada en dicha fase ejecutoria, salvo el supuesto previsto en el art. 60 CP cuya literalidad se refiere a una situación de trastorno mental que ha sobrevenido después de la sentencia, por tanto no presente en el momento de los hechos. Por otro lado, la defensa debe fijar su atención en la prueba de cualquier circunstancia atenuante que pueda rebajar la pena y facilitar el cumplimiento de los requisitos temporales que son conditio sine qua non para la concesión de una alternativa, así como otras circunstancias de obligatoria valoración por el juez en el ejercicio de su actividad de discrecionalidad reglada como el esfuerzo de la persona imputada por reparar el daño a la víctima. En este punto son de particular interés las consignaciones de cantidades en el juzgado, la reparación directa del daño a la víctima o el sometimiento a mediación penal ya desde la fase de instrucción. Por último, en cuanto a la atenuante de drogadicción del art. 21.2, hay que probar lo siguiente: - Primero, que el sujeto padece una grave adicción a sustancias estupefacientes, haciendo referencia al tiempo de adicción, tipo de sustancias, cantidad de consumo diario, tratamientos intentados, fracasados o no (el fracaso es síntoma de la gravedad de la patología), 1 El Código Penal de 1995 otorga el tratamiento de eximente incompleta en su artículo 21.1 CP a aquellas situaciones que, estando previstas entre las eximentes, no llegan a cumplir todos los requisitos para excluir completamente de responsabilidad a su autor. La eximente incompleta es la opción adecuada para considerar las intoxicaciones no plenas y los síndromes de abstinencia (art CP) que no mermen completamente las facultades de entendimiento y voluntad del autor de los hechos, siendo la más utilizada por el Tribunal Supremo. La mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia encajan en esta previsión los supuestos de deterioro grave por consumo crónico, aunque como apuntábamos, dicha situación no esté prevista en el artículo 20.2 como circunstancia eximente. Conforme a una lectura conjunta de los art. 99 y 104 CP, a estas personas se les puede imponer y hacer cumplir penas y medidas de seguridad (añadidas) o penas o medidas de seguridad (alternativas).7 7 informes del equipo técnico de la prisión, así como cualquier otra circunstancia que se considere de interés al respecto. - Segundo, en cuanto a la necesidad o no de probar la afectación de la imputabilidad penal del drogodependiente en este caso, no existen criterios claros ni en la doctrina ni en la jurisprudencia, aunque son numerosas las resoluciones del TS que exigen que quede constancia de dicha afectación, no bastando la prueba de la existencia de grave adicción. Así, la última doctrina del TS apunta en esta dirección y también la tendencia de los tribunales de instancia, por ello la defensa debe incidir en su prueba y argumentar en este sentido. De todos modos no es extraño encontrar otras resoluciones donde no se exige dicha prueba y se entiende que la grave adicción junto a determinados delitos en el marco de la delincuencia funcional (fundamentalmente robos y hurtos y pequeños delitos contra la salud pública) ofrecen datos y argumentos suficientes para aplicar la atenuante de drogodependencia del art CP. - Tercero, de lo que no cabe duda es de la necesidad de probar la relación de causalidad entre la grave adicción del sujeto y la comisión del delito 2. En este punto existe unanimidad en doctrina y jurisprudencia. Si con el material recabado en instrucción podemos probar en el juicio oral esta circunstancia atenuante, será mucho más fácil conseguir la aplicación posterior de la suspensión específica del art. 87 si se cumplen los requisitos exigidos en dicha norma o, en caso contrario, aplicar una medida de seguridad 3. En este último supuesto, la defensa tendrá una importante tarea asegurándose de que el tipo de medida, su duración, condiciones de cumplimiento y modificaciones se rigen por el criterio de los expertos, pues el juez carece de los conocimientos científicos específicos.. Excurso sobre el artículo CP El párrafo introducido en el artículo 376 con la LO 15/2003 de 25 de noviembre responde más bien a la necesidad de paliar la tremenda desproporción con que se encuentran penadas las conductas de tráfico de drogas realizadas por personas drogodependientes que necesitan abastecerse para su propio consumo, consistentes sobre todo en la venta de droga a muy 2 Ver, por ejemplo, SERRANO BUTRAGUEÑO, I. en VVAA: Código Penal de Comentarios y jurisprudencia 1999: Págs ; O la Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2000: En el supuesto de la atenuante del número 2 del art. 21 "actuar el culpable a causa de su grave adicción", lo determinante es la constatación de la grave adicción, presupuesto biopatológico, y la relación de causalidad que predica el tipo de la atenuación. 3 El TS estableció a principios de 2001 la doctrina que considera aplicable la medida de seguridad de tratamiento de drogadicción a personas con responsabilidad atenuada en base al art CP, a pesar de no existir previsión legal expresa al respecto.8 8 pequeña escala (recordemos el concepto de delincuencia funcional) 4. Sin constituir una circunstancia atenuante, el legislador, de alguna manera, ha entendido que en estos supuestos el reproche penal debe ser menor y por ello permite una rebaja de pena de uno o dos gradossiempre que se den determinadas condiciones: 1.- Ser drogodependiente en el momento de cometer los hechos 2.- Acreditar la finalización de tratamiento de deshabituación 3.- Que la cantidad de droga no fuere de notoria importancia o de extrema gravedad Los requisitos señalados pueden desvirtuar en gran medida el sentido profundo de esta rebaja en el tipo, pues acreditar la finalización del tratamiento de deshabituación deviene en una tarea realmente complicada; piénsese que si el sujeto ha delinquido a causa de su adicción, y salvo que el procedimiento penal se alargue en demasía, no será fácil que en el tiempo que dure su tramitación haya tenido la oportunidad de conseguir una deshabituación completa. No obstante, ello es posible y habrá que tenerlo presente a la hora de realizar el escrito de defensa y del acto del juicio oral, ya que la reducción penológica puede ser muy considerable. Por otro lado, aunque en principio, y teniendo en cuenta la letra de la ley, no existe problema de incompatibilidad entre la aplicación de este artículo y la de la circunstancia atenuante del artículo 21.2, podría tratarse de un concurso de normas a resolver por el principio de especialidad del art. 8.1 CP, decantándose dicho concurso a favor del artículo 376, cuya rebaja penológica, además, puede resultar más beneficiosa para el reo Cuidado con los Juicios Rápidos La tramitación de un juicio rápido, conforme a cualquiera de las modalidades contempladas en los art. 795 a 803 de la LECr. aporta una gran agilidad a los procedimientos, lo cual es deseable desde el punto de vista del buen funcionamiento de la Justicia Penal y sobre todo, para arrojar una buena imagen de cara a la ciudadanía. Sin embargo, dicha celeridad procesal puede colisionar con el derecho de defensa o, incluso, con el derecho a la tutela judicial efectiva, si el imputado y su defensa no tienen tiempo para probar cuestiones fundamentales, tanto para su posible condena, como para la futura aplicación de una medida alternativa a la prisión. La defensa ha de estar atenta a las posibilidades ofrecidas por el artículo 802 que veremos más adelante pues hacen referencia al juicio oral. 4 La excesiva penalidad de estas conductas se vio paliada por la reforma operada por la LO 5/2010 en el art. 368, tipo básico de delito de tráfico de drogas, que ha supuesto una reducción de la pena máxima a imponer para el caso de que nos estemos refiriendo a drogas que causan grave daño a la salud, que ha pasado de 9 a 6 años de prisión.9 9 3.- FASE DE ENJUICIAMIENTO E IMPUGNACIÓN DE SENTENCIA Con anterioridad hemos hecho referencia en varias ocasiones al Juicio Oral, que recordamos es el momento central del proceso penal. Durante el mismo, se va a desarrollar la actividad probatoria, las partes realizarán una valoración de toda la prueba finalmente practicada y sacarán sus conclusiones de las mismas, fijando las calificaciones definitivas. De esta manera, la defensa tendrá que intentar probar en el juicio las circunstancias que van a permitir la aplicación de alternativas, que podrá hacerse en sentencia o con posterioridad, en fase de ejecución (para no repetirnos analizaremos con detalle estas circunstancias en el próximo punto). No obstante, es el momento de hacer hincapié en varias cuestiones relativas a este momento procesal trascendental: 1º.- Si ha habido denegación de algún medio de prueba relevante en orden a la individualización de la pena o posibilitar alguna alternativa a la prisión, es necesario reiterar la petición, solicitar la suspensión del juicio y por tanto del desarrollo de prueba hasta tanto pueda ser incorporada la prueba solicitada, y en todo caso, con vistas a posibles recursos, pues se trataría de la infracción de un derecho fundamental invocable en todas las instancias judiciales, incluyendo la demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional. 2º.- Desde mi punto de vista, con independencia de la necesidad de probar determinadas circunstancias relativas a los requisitos establecidos para la aplicación de los sustitutivos penales, estimo que es más adecuado plantear la solicitud de estas alternativas en la fase de ejecución, de una forma más pausada, pues de recogerse la decisión judicial desestimatoria en sentencia, corremos el peligro de que con una prueba insuficiente, se denieguen todas las modalidades de una vez, lo que dificultaría su nuevo planteamiento en ejecución, salvo que hayan cambiado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en sentencia. Lo dicho anteriormente no es aplicable a medidas de seguridad, que de forma preceptiva han de estar incluidas en el fallo de la sentencia. 3º.- Si hay conformidad, la defensa debe procurar que la sentencia de conformidad incluya la alternativa a la prisión que hayamos solicitado, por lo que, como habíamos señalado al hacer referencia a la fase de instrucción, es fundamental el material probatorio recabado y aportado hasta ese momento. 4º.- Si las partes han participado en un proceso de mediación y se ha logrado alcanzar un dándose la víctima por resarcida, éste ha de estar convenientemente firmado por las mismas y suscrito por el equipo de mediación que haya intervenido y, además, ser introducido en el10 10 juicio, que posiblemente finalice con conformidad. El sometimiento a mediación penal debe ser valorado por el órgano judicial de enjuiciamiento en dos aspectos fundamentales: como posible atenuante de reparación del daño (incluso muy cualificada) y como una de las circunstancias que debe tener en cuenta a la hora de decidir acerca de la concesión o no de una alternativa a la prisión ejercicio la facultad discrecional concedida (lo veremos en el siguiente punto con más detalle). Es justo señalar que en aquellos procedimientos en los que se ha podido alcanzar un acuerdo por las partes tras un proceso de mediación, la ejecución de sentencia es más sencilla, sobre todo en lo relativo a la satisfacción de la víctima y a la responsabilidad civil. 5º.- No podemos olvidar en el juicio oral algunas otras normas del Código Penal que tendrá que tener muy presentes la defensa. Nos referimos al período de seguridad del art y a las sustituciones obligatorias impuestas por los artículos 71.2 y Art. 53. Período de seguridad. El art CP establece que Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el Juez o Tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta, siendo su imposición imperativa en relación a los siguientes delitos: a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código. b) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. c) Delitos del artículo 183. d) Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea menor de trece años. La defensa deberá vigilar los supuestos que son de aplicación discrecional del período de seguridad, exigiendo la necesaria y específica motivación judicial respecto a la decisión de imponerlo, y procurando aportar argumentos y pruebas dirigidos también a convencer al juez de que no es necesario su imposición. Desde el punto de vista del principio acusatorio que rige todo nuestro sistema penal, entiendo que, para su aplicación, habrá de contarse con petición al efecto por parte del Ministerio Fiscal o las acusaciones, pues la imposición del período de seguridad supone un importante endurecimiento del cumplimiento de la pena y ello, desde nuestro punto de vista, impide que el juez pueda actuar de oficio. Sustitución obligatoria de la pena de prisión inferior a 3 meses. Art CP. Aunque según el tenor literal del art. 36.1, ningún tipo penal contempla una pena de prisión por debajo del indicado límite de 3 meses, en la práctica es posible la existencia de una pena de prisión menor de 3 meses en aplicación de las reglas de determinación de la pena. Por11 11 ello, el art CP impide que en estos la misma sea cumplida. No obstante, cuando por aplicación de las reglas anteriores proceda imponer una pena de prisión inferior a 3 meses, ésta será sustituida conforme a lo dispuesto en la Sección 2ª del Capítulo III de este Título, sin perjuicio de la suspensión de la ejecución de la pena en los casos en que proceda. Esta regla sería susceptible de aplicación analógica a la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa inferior a 3 meses. La sustitución, según el art. 88 y de acuerdo con los módulos de conversión que en dicho precepto se contienen, lo será por la pena de multa (1 día de prisión por dos cuotas de multa) o trabajos en beneficio de la comunidad (1 día de prisión por una jornada laboral). Si bien el art. 88 CP, al que se remite el 71.3, requiere que no se trate de reos habituales para proceder a la sustitución, este requisito no resulta aplicable a la sustitución obligatoria que ahora tratamos pues la letra de la norma es bien clara al respecto, no dejando lugar a dudas: la pena de prisión inferior a 3 meses será en todo sustituida, se trate o no de reo habitual la persona penada. Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa: Art. 53 CP. 1. Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de faltas, podrá cumplirse mediante localización permanente. En este caso, no regirá la limitación que en su duración establece el artículo 37.1 de este Código (máx. 6 meses). También podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo. 2. En los supuestos de multa proporcional los Jueces y Tribunales establecerán, según su prudente arbitrio, la responsabilidad personal subsidiaria que proceda, que no podrá exceder, en ningún caso, de un año de duración. También podrá el Juez o Tribunal acordar, previa conformidad del penado, que se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. 3. Esta responsabilidad subsidiaria no se impondrá a los condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años. 4. El cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria extingue la obligación de pago de la multa, aunque mejore la situación económica del penado. 5. Podrá ser fraccionado el pago de la multa impuesta a una persona jurídica, durante un período de hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia de aquélla o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la misma, o cuando lo12 12 aconseje el interés general. Si la persona jurídica condenada no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el Tribunal podrá acordar su intervención hasta el pago total de la misma. En relación a este tema, nos interesa particularmente el párrafo 3, pues cuando la pena de prisión impuesta supere los 5 años de prisión, no podrá en ningún caso imponerse además responsabilidad personal subsidiaria aunque la persona penada no pague la multa. Por último, si la sentencia ha recogido lo referente a la aplicación o no de alternativas a la prisión, será susceptible de los recursos disponibles para las sentencias en los distintos tipos de procedimientos previstos en el ordenamiento procesal penal español, salvo si la sentencia es de audiencia provincial, pues en principio el Tribunal Supremo tiene declarado que la casación no es terreno apropiado para entrar a debatir sobre la concesión o no de sustitutivos penales por tratarse de una materia donde rige el principio de discrecionalidad judicial, siendo por tanto el órgano de instancia el que tiene que resolver definitivamente el asunto. 4.- FASE DE EJECUCIÓN JUDICIAL Conviene realizar algunas consideraciones previas: 1ª.- En ejecución de sentencia es posible solicitar y practicar pruebas dirigidas al estudio y valoración de la aplicación de sustitutivos penales. 2ª.- La defensa debe hacer un estudio completo y realista de todas las opciones evitando trámites innecesarios cuando la persona penada no reúne los requisitos para las alternativas a la prisión legalmente previstas. 3ª.- Es necesario evitar determinadas prácticas consistentes en dar consejos erróneos a los/as clientes/defendidos/s, tales como apúntate a un programa de drogas, aunque no hayas consumido nunca, o por si acaso, consume durante un tiempo. Es mi obligación hacer referencia a este tema porque aunque la mayor parte de letrados y letradas no utilizan dichas estrategias, sí se detectan en algunos casos puntuales que ponen en peligro todo un sistema de alternativas a la prisión y, a la postre, pueden perjudicar a la persona penada, causándole más problemas de los que ya tenía. 4ª.- En fase de ejecución de sentencia las resoluciones judiciales que aborden alguna alternativa a la prisión tendrán forma de auto, y como tales, serán susceptibles de recurso de reforma ante el mismo órgano judicial y apelación ante la Audiencia Provincial, tanto en el procedimiento abreviado como en el de enjuiciamiento rápido (art. 766 LECr.), que serán los más usuales en esta materia por el tipo de pena susceptible de aplicación de sustitutivos penales. Respecto al13 13 procedimiento ordinario, por delitos graves, estos autos de ejecución no serían en principio susceptibles de recurso, salvo el de súplica previsto en el art. 236 LECr. En general las cuestiones procesales en ejecución de sentencia adolecen de una ausencia de regulación expresa, por lo que se hace necesario que este tema se aborde en futuras reformas. 5ª.- A continuación vamos a referirnos con mayor detalle a los distintos tipos de suspensión, a la sustitución prevista en el art. 88 CP y, brevemente, a la suspensión en tanto se resuelve la solicitud de indulto. No vamos a referirnos a la pena de TBC o de localización permanente cuando ésta sea la pena impuesta en sentencia por plantearse en el tipo penal como la consecuencia, única o alternativa, de la infracción penal en cuestión. Tampoco vamos a centrarnos en la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión en caso de extranjeros no regulares pues no la considero una verdadera alternativa a la prisión SUSPENSIÓN GENÉRICA CONCEPTO. Los artículos 80 y siguientes del CP contemplan la posibilidad, desde el punto de vista preventivo especial, de dejar en suspenso durante un plazo de entre dos y cinco años la ejecución de las penas privativas de libertad de hasta dos años impuestas al delincuente primario, a condición de que durante dicho plazo no delinca y cumpla, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el órgano judicial. Esta es la figura básica que llamamos suspensión genérica u ordinaria NATURALEZA La doctrina española la viene relacionando con distintas figuras o instituciones: - El derecho de gracia (Mapellli, Serrano), sobre todo antes del CP Una causa de extinción de la responsabilidad criminal (Yáñez Román) - Una modalidad de cumplimiento de la condena (Maqueda) - Una forma sustitutiva de la ejecución de la PPrL (Mir) - Una tercera vía de naturaleza intermedia entre penas y medidas (Bernal Valls, Núñez Barbero y doctrina alemana) - También se dice que comparte la naturaleza del negocio jurídico (Mapelli). Para nosotros lo fundamental en su naturaleza es que es un sustitutivo de la ejecución de la pena privativa de libertad y que ésta va a pender durante todo el plazo sobre el sujeto. La amenaza constante de la pena junto a las obligaciones impuestas puede considerarse de por sí14 14 una pena, una pena sustitutiva, no privativa de libertad, pero pena por su indudable carácter aflictivo REQUISITOS Son tres: primariedad delictiva, penas no superiores a dos años y satisfacción de la responsabilidad civil. a) PRIMARIEDAD DELICTIVA Principales dudas planteadas por la doctrina: 1.- Si las faltas son tenidas en cuenta para este requisito, habiendo sido excluidos los delitos imprudentes. La doctrina mayoritaria, que compartimos, las excluye, destacando entre todos los argumentos los que invocan una interpretación literal del precepto, del verbo delinquir, y la aplicación del principio de proporcionalidad, pues no parece proporcionado excluir conductas delictivas, aunque sean imprudentes, e incluir faltas. 2.- Concurso real de delitos. No existe unanimidad doctrinal. Nosotros nos inclinamos por entender que siempre que entre todas las condenas no superen los dos años, es posible conceder la suspensión, por ser la interpretación más favorable al reo y por hablar el CP de suma de condenas. 3.- Concurso ideal. No existe problema puesto que se trata de una unidad de acción. 4.- Condena anterior por delito doloso cuando el sujeto era menor. No puede computarse a ningún efecto la condena a un menor y no están inscritas. Para tener en cuenta una condena anterior a estos efectos, tiene que ser firme en el momento de decidir sobre la suspensión y referirse a hechos anteriores a aquellos que motivan la condena. Valoración: La opción político-criminal elegida por el legislador para evitar el efecto desocializador de las penas cortas de prisión es una opción muy débil, pues en la práctica se impedirá que este instituto se aplique a personas que, sin tener el delito como forma de vida, hayan realizado más de una pequeña acción en un período de tiempo corto o medio. Lo fundamental no es que el sujeto sea o no primario sino si el delito constituye o no su forma de vida, si la prisión es necesaria. b) NATURALEZA Y DURACIÓN DE LA PENA A SUSPENDER NATURALEZA15 15 Ha de ser una pena privativa de libertad (PPrL) por lo que habrá de acudirse al art. 35 del CP donde se recogen las mismas: localización permanente, prisión y responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa. Respecto a esta última, aunque parte de la doctrina no está de acuerdo en la aplicación de sustitutivos, la letra de la ley lo permite. - Qué ocurre con las penas privativas de derechos? La doctrina mayoritaria opta por la respuesta negativa, que ha sido corroborada por el TC en Sentencia de 28 de junio de Y la multa? Claramente no se permite, por no tratarse de una pena privativa de libertad, aunque desde nuestro punto de vista sería conveniente permitirlo si el sujeto es insolvente, por economía procesal. - Respecto a las penas accesorias, la doctrina se halla dividida. Una corriente optan por afirmar que sí se pueden suspender (ejm. Sánchez Yllera). Otra mantiene la posición contraria por entender que son penas que tienen una fundamentación autónoma y por ello siguen distinta suerte (ejm. Muñoz Conde). Nosotros entendemos que sí es posible porque las penas accesorias no tienen capacidad de existencia por sí mismas, estando siempre vinculadas a la pena privativa de libertad correspondiente, y en todo caso siempre están las reglas de conducta para imponer las medidas que se estimen necesarias. - En cuanto a las PPrL que sean sustitutivas de otras, en principio son susceptibles de suspensión, puesto que la ley no lo prohíbe expresamente, salvo para el caso de la sustitución. DUIRACIÓN - La pena a suspender no puede ser superior a dos años, sin computar la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, siendo posible su aplicación a las penas indultadas parcialmente si la resultante no supera los dos años. - El supuesto español es uno de los más estrictos del mundo, según Tamarit Sumalla se circunscribe al ámbito del hurto. Valoración: Este requisito junto al de primariedad delictual, hacen que esta figura resulte escasamente aplicable como alternativa a la prisión y esté jugando un sinuoso papel junto a la elevación general de la penalidad, de endurecimiento de la respuesta penal a la pequeña delincuencia, por conductas que, en aplicación del principio de proporcionalidad, no tendrían que estar penadas con PPrL. Deja fuera de su ámbito de aplicación aquellos supuestos que precisamente fundamentan las bases teóricas de su propia existencia. c) RESPONSABILIDAD CIVIL16 16 Se excluye su suspensión en el artículo 80.3, pues carece de sentido penológico y no afecta a la individualización del reproche penal. Además su satisfacción es el tercer requisito para la aplicación de la suspensión. - Es doctrina prácticamente unánime, amparada en la letra del precepto, que no puede denegarse la suspensión por la no satisfacción de las responsabilidades civiles cuando exista insolvencia total o parcial del sujeto. - En orden a tener en cuenta al perjudicado, podría haber jugado un papel fundamental la Justicia Restaurativa con figuras como la mediación penal o la simple reparación. En este sentido, mencionamos que el anteproyecto de Código Penal y el de Código Procesal Penal sí introducen la mediación CARÁCTER POTESTATIVO DE LA DECISIÓN JUDICIAL a) DISCRECIONALIDAD JUDICIAL El CP 1995 supone un avance hacia modelos más flexibles y con mayor protagonismo del órgano judicial. - Desaparecen los dos supuestos de concesión por ministerio de la ley, ya no se considera un derecho subjetivo. - Ya siempre será una decisión discrecional, debiendo el juez a quo realizar una valoración bajo el prisma de la resocialización del sujeto en cuestión. La discrecionalidad se manifiesta en tres vertientes: para la concesión o no de la suspensión/ para el establecimiento del plazo / y para la fijación o no de las reglas de conducta. Pero, esto es importante, no se trata de una discrecionalidad total, sino de una discrecionalidad jurídicamente vinculada, pues la propia ley indica al órgano judicial los aspectos que debe valorar, a saber: - La peligrosidad criminal y la existencia de otros procedimientos para decidir sobre la concesión. - Las circunstancias personales del delincuente, características del hecho y duración de la pena para el establecimiento del plazo. En este sentido, dado su carácter no automático, la defensa habrá de incidir en la prueba y en la argumentación de sus escritos en estos aspectos, y no sólo en el cumplimiento de los requisitos objetivos. Tanto el TS como el TC, en sendas Sentencias de 1986, se han manifestado acerca de la compatibilidad entre la discrecionalidad judicial y el principio de igualdad.17 17 b) NECESIDAD DE ESPECIAL MOTIVACIÓN El art refuerza la obligación de motivar la resolución judicial general, que adquiere una importancia fundamental por cuanto nos remite a conceptos jurídicos indeterminados. La doctrina exige que la motivación se plasme tanto en supuestos de concesión como de denegación y que verse sobre los requisitos objetivos y sobre los criterios subjetivos. Suele denunciarse por la doctrina el automatismo en el actuar de los jueces concediendo la suspensión una vez se dan los requisitos objetivos. Ello es contrario al principio de individualización de la pena y su ejecución y pone en peligro el propio fundamento preventivo especial de la suspensión. Automatismo y motivación se muestran completamente incompatibles pues en la medida en que el órgano judicial estudie en profundidad el supuesto y motive su resolución, evitará el citado automatismo. La falta de motivación es motivo de amparo (apelación y casación si ha entrado en sentencia) por vulneración de la tutela judicial efectiva. c) LA PELIGROSIDAD CRIMINAL Este concepto está íntimamente relacionada con el automatismo y con la ausencia de motivación. Se trata de un concepto jurídico indeterminado, lo que dificultará al juez su determinación, pues no cuenta con los conocimientos científicos ni con los medios suficientes para ello. Ello puede conducir, según la doctrina, a decisiones basadas en prejuicios y estereotipos. Por esa razón es de vital importancia que la defensa aporte todos los informes que puedan aportar datos que permitan al órgano judicial tomar una decisión razonada. Ni doctrina, ni jurisprudencia se ponen de acuerdo en qué es lo que hay que valorar exactamente. En la doctrina se habla de atender a las circunstancias señaladas en el art al referirse al plazo, a lo dispuesto en el art. 95 referido a las medidas de seguridad o a la utilización restringida de la peligrosidad criminal como criterio, por tratarse de un concepto propio de las medidas de seguridad no de las penas. La jurisprudencia, por su parte, hace referencia a la alarma social, la forma de comisión delictiva, la situación de paradero desconocido, los antecedentes cancelados o cancelables, Lo cierto es que esta indefinición y la ausencia de profesionales expertos de apoyo al órgano judicial nos conducen a una situación de inseguridad jurídica. Por nuestra parte, la posición más razonable es la que entiende que para decidir sobre la suspensión hay que mirar hacia el futuro no hacia el pasado, pues los hechos ocurridos ya se han tenido en cuenta para la imposición de la condena. Ahora, en ejecución de sentencia, de lo18 18 que se trata es de estudiar si existe probabilidad de que el sujeto cometa otro delito de suspendérsele la condena o si existen indicios que indiquen que se le puede ofrecer otra oportunidad sin ejecutar la pena. Por ello es más importante hacer una valoración global de las circunstancias personales del reo que del hecho. Pero, como apuntábamos, la insuficiencia de conocimientos específicos de los jueces y la ausencia de profesionales que les asesoren suponen otro ataque a la esencia de la discrecionalidad judicial, junto a la indefinición del concepto. - La única solución es contar con dichos profesionales, también reclamados por la doctrina. - Deben ser técnicos adscritos a la oficina judicial. - Ante esta realidad la defensa debe procurar y aportar al juez informes de todas aquellas instituciones sociales, públicas o privadas que puedan ofrecer información útil de cara al ejercicio de la discrecionalidad reglada. Por último, hay que ser conscientes de que la realización del pronóstico de peligrosidad criminal previo a la decisión sobre la concesión o no de la suspensión, comporta un riesgo (Sierra López), un riesgo que el legislador ha creído conveniente asumir, y por ello el período suspensivo es un período probatorio. Esto tiene que argumentarlo la defensa, incidiendo en la necesidad y la conciencia de que siempre se asume un riesgo. d) LA EXISTENCIA DE OTROS PROCEDIMIENTOS Este criterio a tener en cuenta junto al de peligrosidad criminal fue introducido por la Ley15/2003 de 25 de noviembre. Gran parte de la doctrina considera que choca frontalmente con el principio de presunción de inocencia, por ello, aconsejan, hay que usarlo con muchas cautelas (Prat Westerlind, Mir Puig, Muñoz Conde, ). Además, en la práctica, los órganos judiciales se encuentran con dificultades para obtener esta información. Como para el requisito de primariedad delictiva, no se pueden considerar ni los procedimientos por falta ni por delitos imprudentes. La inclusión de esta circunstancia ha limitado aún más la rígida regulación de la suspensión. e) OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL PLAZO19 19 Según el art CP, son tres los criterios a los que hay que atender para el establecimiento del plazo de suspensión, y que la defensa debe argumentar, para ajustarlo al caso concreto en el ejercicio de la discrecionalidad reglada: - Circunstancias personales del delincuente. Atender a los informes sobre la conducta posterior al hecho punible, más que a la precedente. - Características del hecho. Inercia a excluir determinados tipos penales que hay que evitar aterrizando y analizando el caso concreto. - Duración de la condena. A mayor/menor duración mayor/menor plazo. El órgano judicial habrá de valorarlos motivando la resolución conforme a dichos criterios, estando obligado a explicar por qué ha escogido un plazo y no otro. f) EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Se prevén dos plazos dependiendo de las penas: De 3m a 1 año para las penas leves (Localiz. Permanente y RPS por impago de multa de 10 días a 2 meses). De 2 a 5 años para las PPrL de hasta 2 años y RPS por impago de multa de más de 2 meses y multa proporcional). Según la doctrina este plazo, que será el más usual, no es muy generoso y constituye un elemento más del eventual fracaso de esta institución. La ley dispone la celebración preceptiva de la audiencia de las partes para el establecimiento del plazo, que algunos entienden también necesaria para la concesión o no de la suspensión. La doctrina apunta que la finalidad principal de esta audiencia es que el/la penado/a pueda expresar si le conviene o no la suspensión, pues pudiera resultarle más gravosa que la pena. El término partes hace referencia a partes procesales, aunque hay quien entiende que debe incluirse al perjudicado. Existen algunas especialidades en relación a este tema: - Sí se prevé la audiencia preceptiva para decidir sobre la concesión o no cuando se dicta sentencia oral en juicio oral y conformidad oral con manifestación de las partes de que no van a recurrir. - No se prevé audiencia ni para la concesión ni para el plazo en los juicios rápidos con conformidad OTRAS CUESTIONES PROCESALES RELACIONADAS CON LA SUSPENSIÓN20 20 Audiencia previa en delitos perseguibles a instancia de parte: Según la doctrina, aunque la opinión de la víctima no sea vinculante, en los delitos perseguibles a instancia de parte, su opinión a favor de la concesión de la suspensión deberá tener mucho peso LA CONDICIÓN DE NO DELINQUIR Es la condición principal aplicable en todos los supuestos de suspensión y respecto de todas las penas. Son dos las cuestiones más debatidas por la doctrina: la relativa a la interpretación del verbo delinquir y la relativa al momento en el que se debe considerar la conducta delictiva a estos efectos. 1.- Existen cuatro posiciones en relación a la interpretación del verbo delinquir : - Comisión de delitos dolosos. - Comisión de cualquier delito, doloso o imprudente. - Comisión de delitos o faltas dolosos. - Comisión de delitos y faltas, dolosos o imprudentes. Nosotros optamos por la tesis más resrictiva. En primer lugar, porque el delito imprudente no se ha tenido en cuenta para la primariedad delictiva y no defrauda la confianza entregada al sujeto al no existir intencionalidad en la conducta. En segundo lugar, porque si no se tienen en cuenta los delitos imprudentes no es proporcionado que la comisión de una falta pueda conducir al sujeto a prisión. Además la interpretación estricta del verbo delinquir apoya esta tesis. 2.- Respecto al momento en el que deben considerarse las conductas delictivas, igualmente existen diversas opiniones pero en virtud del principio de presunción de inocencia nos inclinamos por aquella que defiende que tanto el delito (los hechos) como la sentencia firme han de producirse dentro del plazo de suspensión. Si los hechos son anteriores, no se ha incumplido la obligación de no delinquir dentro del plazo acordado, no se da el supuesto de hecho previsto en la norma cuya consecuencia es la revocación de la suspensión concedida; y, por otro lado, hasta el momento en que la nueva sentencia condenatoria referida a hechos realizados dentro del plazo de suspensión no sea firme no se puede afirmar la comisión delictiva, debiendo primar la presunción de inocencia. En este punto debemos prestar la máxima atención al proceso legislativo pues el anteproyecto del CP de 2013 prevé modificaciones que consideramos no del todo respetuosas con este principio y derecho fundamental LAS REGLAS DE CONDUCTA a) NATURALEZA Y FINALIDAD - No tienen naturaleza ni de pena ni de medida. Mostrar más
R eflexiones de la comisión Jurídica de Proyecto Hombre sobre la aplicación del Código Penal del 95 Proyecto Hombre dirige sus esfuerzos a conseguir que personas con problemas de drogodependencia alcancen, Más detalles EL JUICIO RÁPIDO ATENCIÓN AL CIUDADANO DE DELITOS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO EL JUICIO DE FALTAS Qué es el juicio de faltas Trámites del juicio inmediato Trámites del juicio ordinario Derechos de denunciantes Derechos de denunciados Fases principales del juicio Más detalles 3. LA CLASIFICACIÓN EN GRADOS Y EL PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN CIENTÍFICA
TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL Mónica-Galdana Pérez Morales Profesora Titular de Derecho Procesal Universidad de Murcia. 1 TÍTULO V. LA EJECUCIÓN PENAL. Lección 29. El proceso penal de ejecución: concepto, Más detalles AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Pr. Dr. Juan José Bonilla Sánchez AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DÑA. XXXX, Procuradora de los Tribunales designada de oficio de XXXX, según tengo debidamente acreditado en los autos de referencia al margen, Más detalles I. ÍNDICE LEGAL ALFABÉTICO (1)
I. ÍNDICE LEGAL ALFABÉTICO (1) A Abogados Ver Letrado del menor Acción Civil, arts. 22.3, 61 y 64 Imprudente, art. 9.6 Particular, art. 25 Actividades formativas, art. 7.1.a), b) y f) Agresión sexual, Más detalles ESQUEMA-GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE DERECHO PENAL
ESQUEMA-GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE DERECHO PENAL PARTE PRIMERA: PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. Elementos esenciales del delito - Antijuridicidad, ilicitud, injusto Comportamiento Más detalles Protocolo de derivación a mediación en asuntos penales
Protocolo de derivación a mediación en asuntos penales Identificación de asuntos idóneos para su derivación a mediación. 1. La derivación a mediación, de oficio o a solicitud de los interesados, se llevará Más detalles ESQUEMA PARA LA RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE COMPETENCIA.
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. DERECHO PROCESAL PENAL. TEMA 3. ESQUEMA DE LA COMPETENCIA. CISE A DISTANCIA. Profª. Dra Dª Marta del Pozo Pérez. ESQUEMA PARA LA RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE COMPETENCIA. Más detalles guía práctica del Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS
guía práctica del Procedimiento JUICIO RÁPIDO PENAL Nº3 (Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos) COLECCIÓN PAJ Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS SECRETARÍA Más detalles LECCIÓN 11. LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS PENALES Y SUS FASES.
LECCIÓN 11. LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS PENALES Y SUS FASES. INTRODUCCIÓN. El proceso penal tipo responde a una estructura compleja en la que pueden identificarse hasta tres fases, de las que, como consecuencia Más detalles A ENUNCIA CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL
Este folleto tiene carácter orientativo e informativo. No prejuzga las decisiones que en el curso de los procesos puedan adoptar los Juzgados y Tribunales en su función de interpretación y aplicación de Más detalles CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL LIBRO VERDE RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE JUSTICIA PENAL DE LA UE EN EL ÁMBITO DE LA DETENCIÓN
CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL LIBRO VERDE RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE JUSTICIA PENAL DE LA UE EN EL ÁMBITO DE LA DETENCIÓN OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS ILUSTRE COLEGIO DE Más detalles Derecho a la libertad personal
Derecho a la libertad personal 1.- Precisiones terminológicas Libertad personal Libertad individual Libertad individual / libertad personal Declaración Universal de Derechos Humanos (3º, 9º). Declaración Más detalles GESTORA DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA PENAL INTERNACIONAL DE L ICAB. Proposta de respostes al qüestionari del llibre verd europeu de la detenció.
GESTORA DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA PENAL INTERNACIONAL DE L ICAB Proposta de respostes al qüestionari del llibre verd europeu de la detenció. Màrius Roch Izard 1. En la Fase previa al proceso, qué alternativas Más detalles El juicio de conformidad en el proceso penal español y
El juicio de conformidad en el proceso penal español y el juicio sumarísimo en el proceso penal mexicano Edgar Humberto Muñoz Grajales Coordinador de Magistrados del Cuarto Circuito Sumario: Introducción Más detalles L P L A RIVACIÓN IBERTAD CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL
RECONOCIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID C/ Santa Cruz de Marcenado nº 31 1º 19. 28015. Telf. 91 549 03 09. Fax: 91 549 04 72. E-mail: info@ceij.org. www.ceij.org El Centro de Estudios e Más detalles http://www.westlaw.es/westlaw/verficheroimpresion.do;jsessionid=a06b6443817f4a3b8ad99f8b958...
Página 1 de 5 RCL 2003\1048 Legislación (Disposición Vigente a 9/2/2006) Instrucción 3/2003, de 9 abril CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL BOE 15 abril 2003, núm. 90, [pág. 14756]; ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Más detalles SENTENCIA Nº xxx/08. En Jaén, a xx de xxx de dos mil ocho.
SENTENCIA Nº xxx/08 En Jaén, a xx de xxx de dos mil ocho. Vista por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal número tres de esta Capital, la causa seguida como Procedimiento Abreviado nº 29/08, Más detalles Criterios jurisprudenciales. Sección especializada nº 20ª Audiencia Provincial Barcelona
Criterios jurisprudenciales. Sección especializada nº 20ª Audiencia Provincial Barcelona Carme Domínguez Naranjo. Magistrada adscripción permanente Secc. 20 VIDO AP Barcelona Profesora Asociada UAB - UOC Más detalles SENTENCIA 88/2015 EN TERUEL, EL CINCO DE AGOSTO DOS MIL QUINCE.
JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.2 TERUEL SENTENCIA: 00088/2015 DILIGENCIAS URGENTES - JUICIO RÁPIDO 45/2015 SENTENCIA 88/2015 EN TERUEL, EL CINCO DE AGOSTO DOS MIL QUINCE. Vistos por el Ilmo. Sr. D. Jorge-Oswaldo Más detalles TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL
TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL Mónica-Galdana Pérez Morales Profesora Titular de Derecho Procesal Universidad de Murcia. 1 Lección 23. El procedimiento abreviado (cont.).- Desarrollo del juicio oral.- La Más detalles Código Civil relativo a Separación y Divorcio. Fuente: BOE. CAPÍTULO VIII. De la disolución del matrimonio
Código Civil relativo a Separación y Divorcio. Fuente: BOE CAPÍTULO VIII. De la disolución del matrimonio ARTÍCULO 85 El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por Más detalles CUARTO.- El juicio oral se celebró el día 20 de abril de 2011 con la presencia de las partes.
En Pamplona/Iruña a 2 de junio de 2011, por el/la Ilmo./a. Sr/a. María Alemán Ezcaray, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Pampllona/Iruña quien ha visto los presentes autos de Procedimiento Más detalles PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL PENAL (6 créditos) INTRODUCCIÓN
PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL PENAL (6 créditos) INTRODUCCIÓN LECCIÓN 1.El proceso penal. 1. Derecho penal y Derecho procesal penal.- 2. El enjuiciamiento de los hechos punibles: sistema acusatorio, sistema Más detalles SENTENCIA Nº xxx/07. En Jaén, a xx de xxx de dos mil siete.
SENTENCIA Nº xxx/07 En Jaén, a xx de xxx de dos mil siete. Vista por la Ilma. Sra. DÑA. xxxxxxxxxxxxxxx Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal número tres de esta Capital, la causa seguida como Procedimiento Más detalles I.- INTRODUCCIÓN la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
CORPORATE DEFENSE El nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas Propuesta de actuaciones preventivas y resolución de crisis 1 I.- INTRODUCCIÓN En fecha 23 de diciembre de 2010 entró Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA
Núm. 56 Viernes 6 de marzo de 2015 Sec. I. Pág. 20483 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE JUSTICIA 2386 Orden JUS/375/2015, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden JUS/242/2009, de 10 de Más detalles Son nulos los acuerdos de las partes que se opongan a lo dispuesto en este artículo.
CAPÍTULO IV De los procesos matrimoniales y de menores Artículo 769. Competencia. 1. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, será tribunal competente para conocer de los procedimientos a que se refiere Más detalles CUSTODIA COMPARTIDA: REGULACIÓN, EVOLUCIÓN Y REQUISITOS DE LA MEDIDA
CUSTODIA COMPARTIDA: REGULACIÓN, EVOLUCIÓN Y REQUISITOS DE LA MEDIDA De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo, tal y como desarrollaremos, para que se adopte el régimen de guarda y custodia compartida, Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DEL INTERIOR
Núm. 145 Sábado 18 de junio de 2011 Sec. I. Pág. 62933 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DEL INTERIOR 10598 Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución Más detalles b) Pena de localización permanente
La ejecución de las sentencias penales 35/6 Los requisitos para la concesión de dicha libertad condicional, los regula con carácter general los arts. 90 a 93 CP. b) Pena de localización permanente El artículo Más detalles Las medidas de seguridad
Las medidas de seguridad Sitio: OpenCourseWare - Universidad de Cádiz Curso: Introducción al Derecho Penal Libro: Tema 10 Las medidas de seguridad Imprimido por: Invitado Fecha: martes, 20 de diciembre Más detalles ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MURCIA
UN EFECTO COLATERAL IMPORTANTÍSIMO DE LA REFORMA DEL CODIGO PENAL: La no preceptividad de letrado en el procedimiento de enjuiciamiento por delito leve,y las penas que se pueden imponer al condenado. De Más detalles LIBERTAD CODICIOAL Y ATEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PEAL
LIBERTAD CODICIOAL Y ATEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PEAL -Consideraciones de carácter general sobre la libertad condicional en la nueva regulación que contiene el ACP (Anteproyecto de Código Penal). Más detalles Medidas que protegen a la víctima de violencia de género
MEDIDAS CAUTELARES PENALES Medidas que protegen a la víctima de violencia de género MEDIDAS CAUTELAR ES PENALES Orden de protección Orden de alejamiento Suspensión de las comunicaciones, Salida del domicilio Más detalles Lección 18 AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
Lección 18 AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN Los tipos penales están pensados para el delito consumado y para el autor singular. Sin embargo, lo habitual es que en la realización de un hecho delictivo intervengan Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Viernes 6 de marzo de 2015 Sec. I. Pág. 20485 REGISTRO CENTRAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO: ANEXO A ANOTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Más detalles LAS CONFORMIDADES ENTRE ACUSACIÓN Y DEFENSA EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES. por Juan Córdoba Roda
LAS CONFORMIDADES ENTRE ACUSACIÓN Y DEFENSA EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES por Juan Córdoba Roda En el Derecho Penal de 25 años atrás la determinación de la responsabilidad penal resulta de los elementos Más detalles FACTORES EXPLICATIVOS PARA CREAR UNA COMUNIDAD DE FROFESIONALES CRIMINÓLOGOS EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS
FACTORES EXPLICATIVOS PARA CREAR UNA COMUNIDAD DE FROFESIONALES CRIMINÓLOGOS EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS Palabras clave: Criminología, Prisiones, Justicia, Delincuente, Víctima Introducción: Son muchos Más detalles Cuáles son las principales características del nuevo Proceso Penal?
Cuáles son las principales características del nuevo Proceso Penal? Material de difusión elaborado por la Dirección Provincial de Formación Cívica y Capacitación de los Operadores Judiciales, del Ministerio Más detalles ÍNDICE SISTEMÁTICO INTRODUCCIÓN... 21 I. CUESTIONES PREVIAS... 25. 1.2.1. La patria potestad como institución concebida en beneficio del menor...
ÍNDICE SISTEMÁTICO INTRODUCCIÓN... 21 I. CUESTIONES PREVIAS... 25 1. La patria potestad como institución concebida en beneficio del menor... 25 1.1. Introducción: sentido de la actual relevancia del interés Más detalles TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL
TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL Mónica-Galdana Pérez Morales Profesora Titular de Derecho Procesal Universidad de Murcia. 1 Lección 12. Medidas cautelares personales (cont.): d) Libertad provisional.- Otras Más detalles LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL. CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE Catedrático de la Universidad de Panamá
1 LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE Catedrático de la Universidad de Panamá Conferencia pronunciada el día 11 de agosto de 2009, en la Escuela Judicial. 2 I. Más detalles I. Disposiciones generales
41842 Miércoles 26 noviembre 2003 BOE núm. 283 I. Disposiciones generales JEFATURA DEL ESTADO 21538 LEY ORGÁNICA 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Más detalles TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL
TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL Mónica-Galdana Pérez Morales Profesora Titular de Derecho Procesal Universidad de Murcia. 1 Lección 20. El recurso de casación; consideraciones generales.- Resoluciones impugnables.- Más detalles Sobre dichas cuestiones, la Secretaría General Técnica expresa su parecer, a través de las siguientes consideraciones.
Por parte de algunas empresas de seguridad privada y en concreto, de la Federación de Trabajadores de vigilancia y seguridad de la Unión Sindical Obrera, se han formulado diversas consultas, en las que Más detalles LA MEDIACIÓN PENITENCIARIA. Tomás MONTERO HERNANZ I.- INTRODUCCIÓN
LA MEDIACIÓN PENITENCIARIA Tomás MONTERO HERNANZ Pasado, presente y futuro del sistema penitenciario Valladolid, 25 a 27 de octubre de 2012 I.- INTRODUCCIÓN En los últimos años viene cobrando importante Más detalles MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
En contestación al escrito de un particular formulando consulta sobre sendas cuestiones relacionadas con la verificación de las señales de alarma por las centrales de alarmas y con la constitución de garantía Más detalles PODER JUDICIAL. Modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1-7-1985 (RCL 1985\1578 y 2635), del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
( Disposición Vigente ) Ley Orgánica núm. 1/2014, de 13 de marzo. Ley Orgánica 1/2014, de 13 marzo Version vigente de: 15/3/2014 RCL 2014\381 PODER JUDICIAL. Modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1-7-1985 Más detalles MEDIACIÓN UNA NUEVA FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA SANITARIA EN CHILE.
MEDIACIÓN UNA NUEVA FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA SANITARIA EN CHILE. ADEHEMIR CASTRO JARA RAUL MANRIQUEZ VILLOUTA ABOGADOS Santiago, Marzo de 2005. 1 º.- Si bien es cierto la ley 19.966 Más detalles Responsabilidad civil y penal de las personas con discapacidad intelectual
Responsabilidad civil y penal de las personas con discapacidad intelectual Responsabilidad penal Introducción En virtud del art. 20 del Código penal, están exentos de responsabilidad criminal: 1º.- El Más detalles LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Con la reforma del Código Penal, las empresas tienen la obligación de implantar medidas de prevención y detección de delitos Más detalles b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles.
TEMA 10 - Artículo 23 LOPJ (Versión vigente tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa Más detalles CURSO IAAP MEDIACIÓN FAMILIAR: OTRA MANERA DE RESOVER LOS CONFLICTOS. Aspectos jurídicos de las relaciones familiares en Aragón
CURSO IAAP MEDIACIÓN FAMILIAR: OTRA MANERA DE RESOVER LOS CONFLICTOS. Aspectos jurídicos de las relaciones familiares en Aragón Zaragoza, 29 de abril de 2015 NORMATIVA DE APLICACIÓN Ley aragonesa 2/2010, Más detalles CIRCULAR 1/2009 RELATIVA A LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA APLICACIÓN DEL REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES.
CIRCULAR 1/2009 RELATIVA A LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA APLICACIÓN DEL REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 252, establece la obligación Más detalles INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PROPOSICIÓN DE LEY
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PROPOSICIÓN DE LEY Proposición de ley por la que se regula la implantación con carácter obligatorio de la Mediación Civil, Mercantil y Concursal, en el Orden Jurisdiccional Más detalles Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990 I. Principios Más detalles TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL
TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL Mónica-Galdana Pérez Morales Profesora Titular de Derecho Procesal Universidad de Murcia. 1 CAPÍTULO 2º. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. Lección 5. El Ministerio Fiscal.- El Más detalles ARTÍCULO 16. preceda
ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Más detalles LA NEGATIVA DEL CONDUCTOR A SOMETERSE A LA SEGUNDA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA
LA NEGATIVA DEL CONDUCTOR A SOMETERSE A LA SEGUNDA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA Ana Luisa Sánchez Rodríguez Abogado l Área de Derecho Penal ana@aestimatioabogados.com Los delitos contra la seguridad vial vienen Más detalles EN EL ORDEN CIVIL LOS PROCESOS JUDICIALES CIVILES
EN EL ORDEN CIVIL El 1º será el JUEZ DE PAZ, seguido de JUZGADO DE 1ª INSTANCIA, si bien el órgano judicial se llama JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN (lo que sucede es que así sólo se encuentra en Más detalles CLÁUSULA INFORMATIVA:
Con este artículo ALFREDOGARCIALOPEZ.ES/COM comienza a editar y publicar una serie de textos de gran calado jurídico, destinados para la lectura de la Clientela de nuestro Despacho y del casual usuario Más detalles Aplicación de la normativa antiterrorista ISBN: 978-84-692-3431-0 ANEXOS ANEXOS
581 Anexo I. Plantilla del estudio sobre personas detenidas por delitos de terrorismo Ficha Nº TIPO: Sumario Procedimiento Abreviado El Instituto Vasco de Criminología y el equipo investigador firmarán Más detalles La situación de la criminalización de la transmisión del VIH en el Estado Español
La situación de la criminalización de la transmisión del VIH en el Estado Español 3.1) La transmisión del VIH: Un delito de lesiones? En el Código Penal vigente (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) Más detalles www.civil-mercantil.com
Artículo 23. REDACCION ANTERIOR 1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques Más detalles Algunos comentarios a la Ley Nº 20.253 en materia de reincidencia
Algunos comentarios a la Ley Nº 20.253 en materia de reincidencia Sergio Huidobro Martínez Profesor Titular de Derecho Penal Un i v e r s i d a d d e l De s a r r o l l o El día viernes 14 de marzo de Más detalles CIRCULAR 1/2005 SOBRE APLICACIÓN DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL OPERADA POR LEY ORGÁNICA 15/2003, DE 25 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA PARTE)
CIRCULAR 1/2005 SOBRE APLICACIÓN DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL OPERADA POR LEY ORGÁNICA 15/2003, DE 25 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA PARTE) XIII. LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCION DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. Más detalles sobre la posibilidad de adoptar la medida cautelar de alejamiento en el proceso de menores
Consulta 3/2004, de 26 de noviembre, de la FGE sobre la posibilidad de adoptar la medida cautelar de alejamiento en el proceso de menores I. La Fiscalía consultante plantea la cuestión de si las medidas Más detalles Ana I. Mendoza Losana Profesora contratada doctora de Derecho Civil Centro de Estudios de Consumo Universidad de Castilla-La Mancha
EFICACIA PRIVADA DE LA PENA DE DESTIERRO VIRTUAL, ESTÁN LOS PROVEEDORES DE ACCESO A INTERNET OBLIGADOS A NEGARSE A CONTRATAR CON LOS CONDENADOS POR DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE LA RED? 1 Ana I. Mendoza Más detalles El Presidente de la República de Nicaragua LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA CONSIDERANDO
El Presidente de la República de Nicaragua Ley No. 846 A sus habitantes, Sabed: Que, LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA CONSIDERANDO I Que la Ley N o. 779, Ley Integral contra la violencia Más detalles LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONSIDERANDO
CERTIFICACIÓN El suscrito Secretario de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Certifica el Acuerdo que íntegro y literalmente dice: Acuerdo No. 188 LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONSIDERANDO I Que Más detalles LA UEVA REGULACIO DE LA SUSPESIO, LA SUSTITUCIO DE LA SUSTITUCIÓ DE LA PEA Y DE LA LIBERTAD CODICIOAL
LA UEVA REGULACIO DE LA SUSPESIO, LA SUSTITUCIO DE LA SUSTITUCIÓ DE LA PEA Y DE LA LIBERTAD CODICIOAL 1.- Introducción. Es por todos conocido, tanto profesionales del derecho como ciudadanos alejados del Más detalles PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
MATERIA PENAL I. Teoría general del delito I.1. Conducta y ausencia de conducta. I.2. Tipicidad. I.2.1. Tipo penal y sus elementos. a) Elementos objetivos. b) Elementos normativos. c) Elementos subjetivos Más detalles La retirada de la patria potestad y el papel de los abuelos. Ramón HERRERA DE LAS HERAS. Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Almería
La retirada de la patria potestad y el papel de los abuelos Ramón HERRERA DE LAS HERAS Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Almería Diario La Ley, Nº 8553, Sección Tribuna, 3 de Junio de 2015, Más detalles PROCESO SOBRE TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS
PROCESO SOBRE TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS 1. INTRODUCCIÓN - Los derechos fundamentales gozan de máxima protección judicial (art. 53.2 CE) ante los tribunales ordinarios, Más detalles LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL:
LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: Un grave retroceso en los derechos y las libertades públicas Enero 2014 Plataforma No Somos Delito INTRODUCCIÓN La reforma del Código Penal planteada por el Gobierno tiene Más detalles icav NORMAS PARA EL DESARROLLO Y REGLAMENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL TURNO DE OFICIO Y ASISTENCIA AL DETENIDO
icav Ilustre Colegio de Abogados de Valencia Departamento de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido NORMAS PARA EL DESARROLLO Y REGLAMENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL TURNO DE OFICIO Y ASISTENCIA AL DETENIDO Más detalles LA NUEVA REGULACIÓN DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
LA NUEVA REGULACIÓN DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA REAL DECRETO-LEY 3/2013, DE 22 DE FEBRERO OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS ÁREAS PROCESALES ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE Más detalles JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 9 MADRID. DILIGENCIAS PREVIAS 3173/2013. AL JUZGADO.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 9 MADRID. DILIGENCIAS PREVIAS 3173/2013. AL JUZGADO. EL MINISTERIO FISCAL, habiendo sido notificado en el día de ayer del auto de 5 de junio del 2013 dictado en las diligencias previas Más detalles La idea de suprimir las penas cortas de prisión no es nueva, sino que se remonta a von Liszt.
SUSPENSIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA I. Finalidad de la suspensión y sustitución. II. Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. 1. Características de la suspensión. Más detalles LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA EN ESPAÑA
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA EN ESPAÑA Introducción... 1 La violencia contra la mujer y el Código Penal... 1 La Constitución y la protección jurídica posterior... 3 Protección Más detalles ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL
COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL Natalio Vodanovic Schnake* 1 INTRODUCCIÓN Más detalles (Documento Nº 8) LEGISLACIÓN. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal
(Documento Nº 8) LEGISLACIÓN Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal LIBRO I Disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables, las penas, medidas de Más detalles LA ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA ASEGURADORA DE LA ADMINISTRACION
LA ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA ASEGURADORA DE LA ADMINISTRACION Javier López y García de la Serrana Abogado Secretario General de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil Más detalles LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LEY DEL JURADO. 19ª Edición 2012 ACTUALIZACIÓN (XI)
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LEY DEL JURADO 19ª Edición 2012 ACTUALIZACIÓN (XI) La Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los siguientes términos: *. Se Más detalles Las 10 claves de la reforma del sistema de protección a la infancia y la adolescencia
Las 10 claves de la reforma del sistema de protección a la infancia y la adolescencia (Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia, BOE Más detalles DELITOS contra la SEGURIDAD VIAL: Conducción bajo la influencia de bebidas ALCOHÓLICAS
Nº 20 Mayo 2015 www.consultingabogados.es DELITOS contra la SEGURIDAD VIAL: Conducción bajo la influencia de bebidas ALCOHÓLICAS I. CÓMO FUNCIONAN ESTAS PRUEBAS? II. NEGATIVA A SOMETERSE A LAS PRUEBAS Más detalles LEY N. 846, Aprobada el 25 de Septiembre del 2013. Publicado en La Gaceta No. 185 del 01 de Octubre de 2013
LEY DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 46 Y DE ADICIÓN A LOS ARTÍCULOS 30,31 Y 32 DE LA LEY N O. 779, LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y DE REFORMAS A LA LEY N O. 641, CÓDIGO PENAL A sus habitantes, Más detalles Los fueros territoriales: en qué casos se rompe la autonomía de la voluntad de las partes
Los fueros territoriales: en qué casos se rompe la autonomía de la voluntad de las partes La premisa en virtud de la cual las partes de un procedimiento judicial pueden disponer acerca del fuero territorial Más detalles LAS COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO UNA VEZ SE HA PRODUCIDO LA CONSIGNACIÓN DEL PRINCIPAL FIJADO EN LA CEDULA DE EMPLAZAMIENTO
LAS COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO UNA VEZ SE HA PRODUCIDO LA CONSIGNACIÓN DEL PRINCIPAL FIJADO EN LA CEDULA DE EMPLAZAMIENTO Juan Carlos Sánchez Rubio Abogado SUMARIO: I Introducción; II Regulación Más detalles PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA JUICIOS DE CONFORMIDAD SUSCRITO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA JUICIOS DE CONFORMIDAD SUSCRITO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA Madrid, a 1 de abril de dos mil nueve REUNIDOS De una parte, Más detalles CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA.
CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA. 1º.- DENUNCIAMOS: 2º.- EXIGIMOS: El uso indiscriminado, por parte de la Administración Penitenciaria, Más detalles Ilustre Colegio de Abogados Gijón
Ilustre Colegio de Abogados Gijón REGLAMENTO DEL TURNO DE OFICIO PENAL La vigente Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita determina, en su artículo 11, la competencia colegial, a través de su Junta Más detalles RECOMENDACIONES PREVIAS SOBRE EJECUCIÓN PENAL:
VEINTISIETE.- Por el ponente, Iltmo. Sr. D. Javier Hernández García, se da cuenta a la Comisión de la Sala de Gobierno de la siguiente proposición de acuerdo, en relación con las diligencias de referencia Más detalles Beatriz Di Totto Blanco
Beatriz Di Totto Blanco Contenida en el Decreto-Ley N o 9.042 del 12-6-2012 publicado en la Gaceta Oficial N o Extraordinario del 15-6-2012. Lesiva del sistema constitucional por Contravenir principios, Más detalles La libertad condicional es el último periodo en la ejecución de la pena privativa de libertad.
TEMA 9. LIBERTAD CONDICIONAL. REFUNDICIÓN DE CONDENAS. INICIACIÓN, DOCUMENTOS QUE FORMAN EL EXPEDIENTE, ELEVACIÓN DE LA PROPUESTA Y APROBACIÓN POR EL JUEZ DE VIGILANCIA. LIBERTAD CONDICIONAL DE EXTRANJEROS, Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: artículo 468
 artículo 801
 artículo 787
 artículo 789
 artículo 81
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 376
 artículo 21
 artículo 376
 artículo 802
 artículo 183
 artículo 37
 artículo 80
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 85
 resolución 
 Artículo 769
 Real Decreto 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 23
 artículo 252
 resolución 
 ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 16

Artículo 23
 ARTÍCULO 46
 artículo 11