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Timestamp: 2019-06-17 09:06:53+00:00

Document:
LEY 1562 DE 11 DE JULIO DE 2012
CONTENIDO:ENTIDADES DEL SECTOR SALUD. DECRETO-LEY 1295 DE 1994, LEYES 776 DE 2002 Y 100 DE 1993, Y DECRETO 19 DE 2012 - ANTITRÁMITES. SE MODIFICA EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, BASE DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD, BASE DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA DE PENSIONES, TRÁMITE ADMINISTRATIVO, SUPRESIÓN DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO, EPS, ORGANISMOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, SALUD OCUPACIONAL, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, INTERVINIENTES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP, IPS, SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, INCAPACIDAD FÍSICA TEMPORAL, PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL, EMPRESA DE ALTO RIESGO PROFESIONAL, LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, PLAN NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL, PREVENCIÓN EN EMPRESA DE ALTO RIESGO PROFESIONAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, INCAPACIDAD LABORAL POR ENFERMEDAD PROFESIONAL, INCAPACIDAD LABORAL TEMPORAL, MINISTERIO DEL TRABAJO, INSPECCIÓN DE TRABAJO, NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, BASE DE COTIZACIÓN DURANTE LA INCAPACIDAD LABORAL, EPS-S, BASE DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, BASE DE COTIZACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, INCAPACIDAD LABORAL POR ENFERMEDAD, INCAPACIDAD LABORAL POR ENFERMEDAD GENERAL
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1437 DE AGOSTO 30 DE 2012, PG.433
PAR.—El uso de las anteriores definiciones no obsta para que no se mantengan los derechos ya existentes con las definiciones anteriores.
ART. 2º—Modifíquese el artículo 13 del Decreto-Ley 1295 de 1994, el cual quedará así:
ART. 13.—Afiliados. Son afiliados al sistema general de riesgos laborales:
2. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado son responsables conforme a la ley, del proceso de afiliación y pago de los aportes de los trabajadores asociados. Para tales efectos le son aplicables todas las disposiciones legales vigentes sobre la materia para trabajadores dependientes y de igual forma le son aplicables las obligaciones en materia de salud ocupacional, incluyendo la conformación del comité paritario de salud ocupacional, Copaso.
PAR. 1º—En la reglamentación que se expida para la vinculación de estos trabajadores se adoptarán todas las obligaciones del sistema de riesgos laborales que les sean aplicables y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación.
PAR. 2º—En la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio del Trabajo en relación con las personas a que se refiere el literal b) del presente artículo, podrá indicar que las mismas pueden afiliarse al régimen de seguridad social por intermedio de agremiaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, por profesión, oficio o actividad, bajo la vigilancia y control del Ministerio de Salud y Protección Social.
PAR. 3º—Para la realización de actividades de prevención, promoción y salud ocupacional en general, el trabajador independiente se asimila al trabajador dependiente y la afiliación del contratista al sistema correrá por cuenta del contratante y el pago por cuenta del contratista; salvo lo estipulado en el numeral seis (6) de este mismo artículo.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.
ART. 4º—Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.
PAR. 1º—El Gobierno Nacional, previo concepto del consejo nacional de riesgos laborales, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales.
PAR. 2º—Para tal efecto, el Ministerio de la Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo, realizarán una actualización de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada tres (3) años atendiendo a los estudios técnicos financiados por el fondo nacional de riesgos laborales.
ART. 5º—Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las prestaciones económicas lo siguiente:
El promedio del ingreso base de cotización, IBC, de los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la entidad administradora de riesgos laborales a la que se encuentre afiliado;
El promedio del último año, o fracción de año, del ingreso base de cotización, IBC, anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral.
En caso de que la calificación en primera oportunidad se realice cuando el trabajador se encuentre desvinculado de la empresa se tomará el promedio del último año, o fracción de año si el tiempo laborado fuese inferior, del ingreso base de cotización, IBC, declarada e inscrita en la última entidad administradora de riesgos laborales a la que se encontraba afiliado previo a dicha calificación.
PAR. 1º—Las sumas de dinero que las entidades administradoras de riesgos laborales deben pagar por concepto de prestaciones económicas deben indexarse, con base en el índice de precios al consumidor, IPC, al momento del pago certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
PAR. 2º—Para el caso del pago del subsidio por incapacidad temporal, la prestación será reconocida con base en el último IBC pagado a la entidad administradora de riesgos laborales anterior al inicio de la incapacidad médica las administradoras de riesgos laborales deberán asumir el pago de la cotización a pensiones y salud, correspondiente a los empleadores o de los trabajadores independientes, durante los períodos de incapacidad temporal y hasta por un ingreso base de cotización equivalente al valor de la incapacidad. La proporción será la misma establecida para estos sistemas en la Ley 100 de 1993.
PAR. 3º—El pago de la incapacidad temporal será asumido por las entidades promotoras de salud, en caso de que la calificación de origen en la primera oportunidad sea común; o por la administradora de riesgos laborales en caso de que la calificación del origen en primera oportunidad sea laboral y si existiese controversia continuarán cubriendo dicha incapacidad temporal de esta manera hasta que exista un dictamen en firme por parte de la junta regional o nacional si se apela a esta, cuando el pago corresponda a la administradora de riesgos laborales y esté en controversia, esta pagará el mismo porcentaje estipulado por la normatividad vigente para el régimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud, una vez el dictamen esté en firme podrán entre ellas realizarse los respectivos rembolsos y la ARP reconocerá al trabajador la diferencia en caso de que el dictamen en firme indique que correspondía a origen laboral.
PAR. 4º—El subsidio económico por concepto favorable de rehabilitación a cargo de la administradora del fondo de pensiones se reconocerá en los términos del artículo 142 del Decreto-Ley 19 de 2012 o la norma que lo modifique o sustituya.
ART. 6º—Monto de las cotizaciones. El monto de las cotizaciones para el caso de los trabajadores vinculados mediante contratos de trabajo o como servidores públicos no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, del ingreso base de cotización, IBC, de los trabajadores y su pago estará a cargo del respectivo empleador.
El mismo porcentaje del monto de las cotizaciones se aplicará para las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servidos personales, sin embargo, su afiliación estará a cargo del contratante y el pago a cargo del contratista, exceptuándose lo estipulado en el literal a) numeral 5º del artículo 1º de esta ley.
(Nota: Corregido yerro contenido en el inciso segundo del presente artículo por el Decreto 2464 de 2012 artículo 1° del Ministerio del Trabajo)
ART. 7º—Efectos por el no pago de aportes al sistema general de riesgos laborales. La mora en el pago de aportes al sistema general de riesgos laborales durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, no genera la desafiliación automática de los afiliados trabajadores.
Se entiende que la empresa afiliada está en mora cuando no ha cumplido con su obligación de pagar los aportes correspondientes dentro del término estipulado en las normas legales vigentes. Para tal efecto, la entidad administradora de riesgos laborales respectiva, deberá enviar a la última dirección conocida de la empresa o del contratista afiliado una comunicación por correo certificado en un plazo no mayor a un (1) mes después del no pago de los aportes. La comunicación constituirá a la empresa o contratista afiliado en mora. Copia de esta comunicación deberá enviarse al representante de los trabajadores en comité paritario de salud ocupacional, Copaso.
PAR. 1º—Cuando la entidad administradora de riesgos laborales, una vez agotados todos los medios necesarios para efectos de recuperar las sumas adeudadas al sistema general de riesgos laborales, compruebe que ha sido cancelado el registro mercantil por liquidación definitiva o se ha dado un cierre definitivo del empleador y obren en su poder las pruebas pertinentes, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, podrá dar por terminada la afiliación de la empresa, mas no podrá desconocer las prestaciones asistenciales y económicas de los trabajadores de dicha empresa, a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedad laboral ocurridos en vigencia de la afiliación.
PAR. 2º—Sin perjuicio, de la responsabilidad del empleador de asumir los riesgos laborales de sus trabajadores en caso de mora en el pago de las primas o cotizaciones obligatorias y de la que atañe al propio contratista, corresponde a todas las entidades administradoras de riesgos laborales adelantar las acciones de cobro, previa constitución de la empresa, empleador o contratista en mora y el requerimiento escrito donde se consagre el valor adeudado y el número de trabajadores afectados.
PAR. 3º—La unidad de gestión pensional y parafiscales, UGPP, realizará seguimiento y control sobre las acciones de determinación, cobro, cobro persuasivo y recaudo que deban realizar las administradoras de riesgos laborales.
PAR. 4º—Los ministerios del Trabajo y Salud reglamentarán la posibilidad de aportes al sistema de seguridad social integral y demás parafiscales de alguno o algunos sectores de manera anticipada.
ART. 8º—Reporte de información de actividades y resultados de promoción y prevención. La entidad administradora de riesgos laborales deberá presentar al Ministerio de Trabajo un reporte de actividades que se desarrollen en sus empresas afiliadas durante el año y de los resultados logrados en términos del control de los riesgos más prevalentes en promoción y de las reducciones logradas en las tasas de accidentes y enfermedades laborales como resultado de sus medidas de prevención. Dichos resultados serán el referente esencial para efectos de la variación del monto de la cotización, el seguimiento y cumplimiento se realizará conforme a las directrices establecidas por parte del Ministerio de Trabajo.
PAR. 1º—En caso de incumplimiento de administradoras de riesgos laborales de los servicios de promoción y prevención establecidos en la normatividad vigente, el empleador o contratante informará a la dirección territorial del Ministerio del Trabajo para la verificación y decisión correspondiente, cuya segunda instancia será la dirección de riesgos laborales del Ministerio del Trabajo.
ART. 9º—Modifíquese el artículo 66 del Decreto-Ley 1295 de 1994, el cual quedará así:
ART. 66.—Supervisión de las empresas de alto riesgo. Las entidades administradoras de riesgos laborales y el Ministerio de Trabajo, supervisarán en forma prioritaria y directamente o a través de terceros idóneos, a las empresas de alto riesgo, especialmente en la aplicación del programa de salud ocupacional según el sistema de garantía de calidad, los sistemas de control de riesgos laborales y las medidas especiales de promoción y prevención.
Las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias tóxicas o cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artículo 3º de la presente ley, deberán cumplir con un número mínimo de actividades preventivas de acuerdo a la reglamentación conjunta que expida el Ministerio del Trabajo y de Salud y Protección Social.
ART. 10.—Fortalecimiento de la prevención de los riesgos laborales en las micro y pequeñas empresas en el país. Las entidades administradoras de riesgos laborales fortalecerán las actividades de promoción y prevención en las micro y pequeñas empresas que presentan alta siniestralidad o están clasificadas como de alto riesgo.
PAR.—Dentro de las campañas susceptibles de reproducción en medios físicos o electrónicos y actividades generales de promoción y prevención de riesgos laborales que realizan periódicamente las entidades administradoras de riesgos laborales se involucrarán a trabajadores del sector informal de la economía, bajo la vigilancia y control del Ministerio de Trabajo.
ART. 11.—Servicios de promoción y prevención. Del total de la cotización las actividades mínimas de promoción y prevención en el sistema general de riesgos laborales por parte de las entidades administradoras de riesgos laborales serán las siguientes:
La Superintendencia Financiera, podrá reducir e porcentaje del diez por ciento (10%) definido en el numeral 2º del presente artículo, de acuerdo a la suficiencia de la tarifa de cotización, solo cuando se requiera incrementar las reservas para cubrir los siniestros por parte de las entidades administradoras de riesgos laborales.
3. Hasta el tres (3%) del total de la cotización se destinará para el fondo de riesgos laborales. El Gobierno Nacional a través de los ministerios de Hacienda y Crédito Publico, Trabajo y Salud y Protección fijará el monto correspondiente previo estudio técnico y financiero que sustente dicha variación. El estudio podrá ser contratado con recursos del fondo de riesgos laborales.
PAR. 1º—Las administradoras de riesgos laborales no pueden desplazar el recurso humano ni financiar las actividades que por ley le corresponden al empleador, y deben otorgar todos los servicios de promoción y prevención sin ninguna discriminación, bajo el principio de la solidaridad, sin tener en cuenta el monto de la cotización o el número de trabajadores afiliados.
PAR. 2º—En todas las ciudades o municipios donde existan trabajadores afiliados al sistema general de riesgos laborales las administradoras de riesgos laborales deben desarrollar las actividades de promoción y prevención con un grupo interdisciplinario capacitado y con licencia de salud ocupacional propio o contratado bajo su responsabilidad. Para ampliar la cobertura, la ejecución de dichas actividades podrá realizarse a través de esquemas de acompañamiento virtual y de tecnologías informáticas y de la comunicación, sin perjuicio del seguimiento personal que obligatoriamente respalde dicha gestión.
PAR. 3º—La entidad administradora de riesgos laborales deberá presentar un plan con programas, metas y monto de los recursos que se vayan a desarrollar durante el año en promoción y prevención, al Ministerio de Trabajo para efectos de su seguimiento y cumplimiento conforme a las directrices establecidas por la dirección de riesgos profesionales de ahora en adelante dirección de riesgos laborales.
PAR. 4º—Los gastos de administración de las entidades administradoras de riesgos laborales serán limitados. El Ministerio de Trabajo podrá definir tales límites, previo concepto técnico, del consejo nacional de riegos laborales acorde con variables como tamaño de empresa, número de trabajadores, clase de riesgo, costos de operación necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes, entre otras.
PAR. 5º— La labor de intermediación de seguros será voluntaria en el ramo de riesgos laborales, y estará reservada legalmente a los corredores de seguros, a las agencias y agentes de seguros, que acrediten su idoneidad profesional y la infraestructura humana y operativa requerida en cada categoría para el efecto, quienes se inscribirán ante el Ministerio de Trabajo. Quien actué en el rol de intermediación, ante el mismo empleador no podrá recibir remuneración adicional de la administradora de riesgos laborales, por la prestación de servicios asistenciales o preventivos de salud ocupacional.
(Nota: Modificado el inciso 2° del parágrafo 5° del presente artículo por la Ley 1955 de 2019 artículo 203)
ART. 12.—Objeto del fondo de riesgos laborales. Modifíquese el artículo 22 de la Ley 776 de 2002, que sustituyó el artículo 88 del Decreto-Ley 1295 de 1994, el cual quedará así:
i) (Nota: Adicionado por la Ley 1955 de 2019 artículo 202)
PAR.—Los recursos del fondo de riesgos laborales no pertenecen al presupuesto general de la Nación, no podrán ser destinados a gastos de administración y funcionamiento del ministerio ni a objeto distinto del fondo previsto en la presente ley, serán manejados en encargo fiduciario, administrado por entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera. En dicho encargo se deberán garantizar como mínimo, las rentabilidades promedio que existan en el mercado financiero.
ART. 13.—Sanciones. Modifíquese el numeral 2º, literal a), del artículo 91 del Decreto-Ley 1295 de 1994, de la siguiente manera:
ART. 14.—Garantía de la calidad en salud ocupacional y riesgos laborales. Para efectos de operar el sistema obligatorio de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales, que deberán cumplir los integrantes del sistema general de riesgos laborales, se realizarán visitas de verificación del cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en el mencionado sistema de garantía de calidad, que se realizarán en forma directa o a través de terceros idóneos seleccionados por el Ministerio del Trabajo de acuerdo a la reglamentación que expida al respecto, priorizando las empresas con mayores tasas de accidentalidad y muertes.
PAR.—Los trabajadores dependientes, independientes, el personal no uniformado de la policía y el personal civil de las Fuerzas Militares estarán obligados a cumplir los estándares mínimos del sistema de garantía de la calidad de riesgos laborales en lo relacionado al cumplimiento de sus deberes y obligaciones establecidas en la normatividad vigente del sistema de riesgos laborales.
ART. 15.—Inspección, vigilancia y control en prestaciones económicas. Frente a las controversias presentadas ante la calificación en primera oportunidad solo procede el envío a las juntas de calificación de invalidez conforme a lo establecido en el artículo 142 del Decreto 19 de 2012. Adicional a las competencias establecidas en los artículos 84 y 91 del Decreto 1295 de 1994, corresponde a la Superintendencia Financiera, sancionar a las administradoras de riesgos laborales, cuando incumplan los términos y la normatividad que regula el pago de las prestaciones económicas.
ART. 16.—El artículo 42 de la Ley 100 de 1993, quedará así:
"ART. 42. Naturaleza, administración y funcionamiento de las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez. Las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez son organismos del sistema de la seguridad social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia que corresponde a la junta nacional de calificación de invalidez, respecto de las regionales y conforme a la reglamentación que determine el Ministerio de Trabajo.
PAR. 1º—Los integrantes de las juntas nacional y regionales de calificación de invalidez se regirán por la presente ley y su reglamentación, actuarán dentro del respectivo período y, en caso necesario, permanecerán en sus cargos hasta tanto se realice la posesión de los nuevos integrantes para el período correspondiente, (serán designados de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo)*.
(Nota: Declaradas inexequibles las expresiones “serán designados de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo”, contenida en el parágrafo primero del presente artículo, por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-914 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 artículo 1.2.1.5. del Ministerio del Trabajo. De acuerdo a los considerandos de esta norma su naturaleza no es reglamentaria, como quiera que se limita a describir la estructura general administrativa del sector)
(Nota: La expresión “y minusvalía”, contenida en el presente artículo, se declara exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-458 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, en el entendido de que deberán reemplazarse por las expresiones “e invalidez” o “invalidez”).
"ART. 43.—Impedimentos, recusaciones y sanciones. Los integrantes principales y suplentes de las juntas regionales y nacional, en número impar serán designados, de acuerdo a la reglamentación que expida el Ministerio de Trabajo. Los integrantes serán particulares que ejercen una función pública en la prestación de dicho servicio y mientras sean parte de las juntas de calificación de invalidez, no podrán tener vinculación alguna, ni realizar actividades relacionadas con la calificación del origen y grado de pérdida de la capacidad laboral o labores administrativas o comerciales en las entidades administradoras del sistema seguridad social integral, ni con sus entidades de dirección, vigilancia y control.
(Nota: Declaradas inexequibles las expresiones“los integrantes principales y suplentes de las juntas regionales de invalidez, en número impar serán designados, de acuerdo a la reglamentación que expida el Ministerio del Trabajo”, contenida en el inciso 1º del presente artículo, por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-914 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
(Nota: Declarada exequible el aparte normativo “y podrá imponer multas en forma particular a cada integrante de las juntas hasta por cien (100) salarios mínimos legales mensuales, graduales según la gravedad de la falta, por violación de las normas, procedimientos y reglamentación del sistema general de riesgos laborales”, contenida en el presente artículo, por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-914 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en el entendido de que esta potestad solo puede ejercerse si (i) la Procuraduría no ha iniciado una investigación previamente por los mismos hechos, o (ii) la Procuraduría General de la Nación no reclama su poder preferente para llevarla a término, a pesar de haber sido iniciada por el Ministerio del Trabajo)
ART. 21.—Salud ocupacional del magisterio. El Ministerio de Educación Nacional y el fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio establecerán el manual de calificación de invalidez y tabla de enfermedades laborales para los docentes afiliados a dicho fondo, igualmente establecerá la implementación de los programas de salud ocupacional, los comités paritarios de salud ocupacional, las actividades de promoción y prevención y los sistemas de vigilancia epidemiológica. La adopción y puesta en marcha de lo anterior no afectará en nada el régimen especial de excepción en salud que de acuerdo con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 está vigente para los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio. Las anteriores actividades se reglamentarán en el término de un año por el Ministerio de Educación Nacional, contado a partir de la vigencia de la presente ley.
ART. 22.—Prescripción. Las mesadas pensionales y las demás prestaciones establecidas en el sistema general de riesgos profesionales prescriben en el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que se genere, concrete y determine el derecho.
ART. 23.—Licencias en salud ocupacional. El Ministerio de la Salud y Protección Social reglamentará en el término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias en salud ocupacional a las personas naturales y jurídicas, que como mínimo deben comprender: requisitos, experiencia, campo de acción de acuerdo a su profesión, cobertura nacional y departamental, formación académica, y vigencia de la licencia. La expedición, renovación, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional estará a cargo de las entidades departamentales y distritales de salud.
ART. 24.—Flujo de recursos entre el sistema de riesgos laborales y el sistema general de seguridad social en salud. Para garantizar el adecuado y oportuno flujo de recursos entre los sistemas de riesgos laborales y de seguridad social en salud, se aplicarán las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto-Ley 1295 de 1994:
No obstante lo anterior, será de tres (3) años la prescripción cuando se trate del pago de subsidios por incapacidad temporal, para lo cual el término se contará desde el momento en que esté en firme el dictamen según lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 5º de la presente ley.
ART. 25.—Adiciónese el artículo 4º del Decreto 1295 de 1994, características del Sistema, con el siguiente parágrafo:
PAR.—Toda ampliación de cobertura tendrá estudio técnico y financiero previo que garantice la sostenibilidad financiera del sistema general de riesgos laborales.
ART. 26.—Modifíquese el literal g) y adiciónese el parágrafo 2º al artículo 21 del Decreto 1295 de 1994 así:
PAR. 2º—Referente al teletrabajo, las obligaciones del empleador en riesgos laborales y en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST son las definidas por la normatividad vigente.
ART. 27.—Modifíquese el literal d), y adiciónese un parágrafo al artículo 22 del Decreto 1295 de 1994 así:
PAR.—Referente al teletrabajo, las obligaciones del teletrabajador en riesgos laborales y en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST son las definidas por la normatividad vigente.
ART. 28.—Las fuentes de recursos que serán asignados al Instituto Nacional de Salud para investigación en salud laboral serán las siguientes:
Por recursos de cooperación internacional
ART. 29.—El Instituto Nacional de Salud como autoridad científico-técnica en salud ejercerá la dirección, coordinación y ejecución de las políticas de investigación científica en salud, fomentará la investigación en salud laboral, establecerá las líneas prioritarias de investigación en salud laboral con la sociedad científica en medicina del trabajo de los problemas de mayor incidencia y prevalencia en la salud de los trabajadores.
ART. 30.—Reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Cuando el Ministerio de Trabajo detecte omisiones en los reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales que por ende afecte el cómputo del índice de lesiones incapacitantes, ILI, o la evaluación del programa de salud ocupacional por parte de los empleadores o contratantes y empresas usuarias, podrá imponer multa de hasta mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de las demás multas que por otros incumplimientos pueda llegar a imponer la autoridad competente.
ART. 31.—Destinación específica de los recursos del sistema. En desarrollo de lo dispuesto por el inciso 5º del artículo 48 de la Constitución Política, los recursos del sistema de seguridad social en riesgos laborales incluyendo las cotizaciones pagadas, las reservas técnicas, y las reservas matemáticas constituidas para el pago de pensiones del sistema, así como sus rendimientos financieros, siempre que estos estén destinados a respaldar financieramente las prestaciones del sistema general de riesgos laborales, no podrán ser gravados con impuestos, tasas o contribuciones del orden nacional o a favor de entidades territoriales.
ART. 32.—Comisión especial de inspectores de trabajo en materia de riesgos laborales y sistema nacional de inspectores de trabajo. El Ministerio de Trabajo establecerá una comisión permanente y especial de inspectores del trabajo que tendrá a su cargo la prevención y promoción en materia de riesgos laborales y la vigilancia del estricto cumplimiento de las normas relativas a la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y así mismo, velará por el cumplimiento y observancia de las normas en materia de salud ocupacional y seguridad industrial.
PAR.—La inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST del sector minero será para verificar cumplimiento de normas del sistema general de riesgos profesionales. En el caso de que en una visita o investigación existan posibles violaciones de normas de seguridad minera establecidos en el Decreto 1335 de 1987, Decreto 2222 de 1993, el Decreto 35 de 1994 o normas que lo modifiquen o adicionen deberá darle traslado por competencia a la Agencia Nacional de Minería. En las visitas de fiscalización de la Agencia Nacional de Minería del Ministerio de Minas y Energía donde se encuentre posibles violaciones a normas del sistema general de riesgos profesionales diferentes a seguridad minera, se debe dar traslado por competencia a la dirección territorial del Ministerio del Trabajo. En todo caso, la inspección, vigilancia y control de la aplicación de las normas de seguridad minera estará a cargo de la Agencia Nacional de Minería del Ministerio de Minas y Energía de acuerdo a la normatividad vigente.
ART. 33.—Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

References: artículo 13
 artículo 142
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 66
 artículo 3
 artículo 203
 artículo 22
 artículo 88
 artículo 202
 artículo 91
 artículo 142
 artículo 42
 artículo 1
 artículo 279
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 48