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Timestamp: 2017-12-12 13:59:21+00:00

Document:
Inadmisibilidad de cláusulas relativas a la prohibición de operar en paraísos fiscales - Observatorio de Contratación Pública
Resolución 792/2017 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
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El Tribunal analiza si es conforme a Derecho un “Modelo de declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar”, que dispone expresamente “que la sociedad a la que represento y todas las pertenecientes a su grupo empresarial, tanto las que sean propietarias de aquélla en cualquier proporción, como las que a ella pertenezcan también en cualquier proporción, no operan en ningún paraíso fiscal”.
Los requisitos de aptitud para contratar con el sector público, en el supuesto de contratos comprendidos en el ámbito de aplicación del TRLCSP se encuentran establecidos en los artículos 54 y siguientes y, particularmente en el artículo 60.1 TRLCSP, que establece las prohibiciones para contratar con las Administraciones públicas, constituye legislación básica, de aplicación a todas las Administraciones públicas por lo que cabe concluir que ni las Comunidades Autónomas ni mucho menos los Ayuntamientos tienen competencia para ampliar la lista de prohibiciones de contratar enumeradas en el artículo 60 TRLCSP.
Dicha cláusula tampoco vendría amparada por el principio de libertad de pactos, ya que el propio artículo 25.1 TRLCSP indica que “En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración” y precisamente el artículo 60 TRLCSP pretende garantizar un tratamiento uniforme de los licitadores por todas las administraciones públicas, lo que naturalmente excluye que puedan establecerse otras prohibiciones de contratar o que se modifiquen las existentes.
Finalmente señala que el hecho de residir, operar o estar vinculado con uno de los calificados como paraísos fiscales no determina en sí mismo la comisión de un delito contra la Hacienda Pública y, por ello, tal opción no resulta en si misma ilegal.
«la circunstancia de residir, operar o estar vinculado con un territorio considerado paraíso fiscal no constituye por sí sola un aspecto relevante que pueda ser tenido en cuenta en un procedimiento de contratación del sector público, ni discriminando a empresas o grupos empresariales que operen en paraísos fiscales ni favoreciendo en la adjudicación a empresas que no lo hagan, por lo que el establecimiento de cláusulas administrativas en ese sentido supone una vulneración de los principios de la contratación administrativa de libertad de acceso a las licitaciones, libre concurrencia y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.»
Hay que reseñar que los preceptos del TRLCSP en los que se funda la resolución (25.1 y 60.1), son similares a los recogidos en los artículos 34.1 y 71.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Varios grupos parlamentarios presentaron enmiendas en la tramitación de la Ley para establecer una prohibición de contratar a aquellas empresas que estén radicadas directa o indirectamente en paraísos fiscales. Ahora bien, incluye una Disposición adicional quincuagésima que exige al Gobierno actualizar la lista de países y territorios que tengan la calificación de paraíso fiscal y de modificación del artículo 13 -información y documentación sobre entidades y operaciones vinculadas- del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS), en relación con la información país por país que determinadas entidades deben suministrar cuando el importe neto de la cifra de negocios del grupo sea al menos de 750 millones de euros.
La admisibilidad del recurso especial frente al acto de admisión de ofertas, vigente el...

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 25
 artículo 60
 resolución 
 artículo 13