Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/47314/sentencia-tsj-extremadura-1096-2009-de-26-de-noviembre-telecomunicaciones-tasa-por-aprovechami
Timestamp: 2017-10-20 01:16:13+00:00

Document:
Sentencia T.S.J. Extremadura 1096/2009, de 26 de noviembre. Telecomunicaciones. Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local. Ordenanza fiscal - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Jurisprudencia > Resultados > Sentencia T.S.J. Extremadura 1096/2009, de 26 de noviembre. Telecomunicaciones. Tasa por aprovechamiento especial del...
Sentencia T.S.J. Extremadura 1096/2009, de 26 de noviembre
Telecomunicaciones: Tasa de Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local. Publicidad de la Ordenanza reguladora. No es posible la prestación integral del servicio de telefonía móvil sin la utilización del dominio local, bien sea en los supuestos en que se hacen llamadas a teléfonos fijos, para lo que es necesario integrarse en las redes ya establecidas por las que se presta dicho servicio; o bien con la instalación de los elementos fijos necesarios para hacer posible esa telefonía móvil. Hecho imponible de la tasa: el uso de redes de telefonía fija cuando hay servicios mixtos entre una y otra modalidad. Se pretende compensar el gasto administrativo que comporta la prestación del servicio. Cuota tributaria. El cálculo de la tasa se hace en función de unos criterios que no atienden a la específica valoración impuesta para calcular la tasa en el sistema que habilita el Texto Legal, sino a criterios de imposición en función de la "utilidad" que reporta la red a la prestación del servicio. Estimación en parte el recurso contencioso-administrativo y se declara nulo de pleno derecho el artículo 5 de la Ordenanza, por no estar ajustado al Ordenamiento Jurídico.
En Cáceres a veintiséis de noviembre de dos mil nueve.-
Visto el recurso contencioso administrativo n.º 283 de 2.008, promovido por la Procuradora Sra. Bueso Sánchez, en nombre y representación de FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A., siendo demandada EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA representado por el procurador Sr. Campillo Alvarez; recurso que versa sobre: por aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general.
Tercero.-Recibido el recurso a prueba se admitieron y practicaron todas las propuestas, obrando en los ramos separados de las partes, declarándose concluso este periodo, se pasó al de conclusiones, donde las partes evacuaron por su orden interesando cada una de ellas se dictara sentencia de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación a la misma, señalándose seguidamente día para la votación y fallo del presente recurso, que se llevó a efecto en el fijado.-
Primero.-Se interpone recurso contencioso-administrativo por la mercantil "France telecom. España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local (telefonía móvil), aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Olivenza (Badajoz), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 250, de 28 de diciembre de 2007; con la suplica de que se declare la nulidad de la mencionada disposición general o, de manera subsidiaria, que se declare la nulidad de la cuantificación de la tasa que se hace en su artículo 5. Se opone a tales pretensiones el Sr. Letrado Municipal, que considera la Ordenanza ajustada al Ordenamiento Jurídico, suplicando su confirmación con la desestimación del proceso.
Segundo.-El primero de los motivos de impugnación que se aducen en la demanda en contra de la legalidad de la Ordenanza que se revisa es de carácter formal; se reprocha no haber sometido la Ordenanza al régimen de publicidad impuesto por la normativa sectorial, de donde se concluye que está viciada de nulidad, única grado de ineficacia de las disposiciones generales, a tenor de lo establecido en el artículo 62-2.º de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En concreto, lo que se aduce es que la Ordenanza Municipal impugnada, además de estar sometida al régimen de publicidad que impone la normativa de régimen local, por afectar a las telecomunicaciones, debe someterse al régimen de publicidad que impone el artículo 29.2.º, en relación con el artículo 28, de la Ley 32/2.003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, conforme al cual las "normas que se dicten por las correspondientes Administraciones" en materia, entre otras, de "tributación por ocupación del dominio público y la propiedad privada para la instalación de redes públicas de comunicaciones", deberán "ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la Administración competente"; añadiendo el precepto que de dicha publicación y de un resumen de ésta, ajustado al modelo que se establezca mediante orden del Ministro de Ciencia y Tecnología, así como del texto de las ordenanzas fiscales municipales que impongan las tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales contempladas en el artículo 24.1.c) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y del de cuantas disposiciones de naturaleza tributaria afecten a la utilización de bienes de dominio público de otra titularidad se deberán dar traslado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a fin de que ésta publique una sinopsis en internet." A la vista de ese precepto se aduce por la defensa de la recurrente, que como quiera que la Ordenanza de autos no ha sido sometida a ese requisito de publicidad, vía Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se ha vulnerado un requisito esencial que vicia la Ordenanza de nulidad radical o, al menos, la hace perder su eficacia. No comparte la Sala ese razonamiento, ya de entrada porque si el mismo Legislador ha condicionado la publicidad a través del Mercado de las Telecomunicaciones, es lo cierto que la misma se condiciona a que se apruebe el correspondiente "modelo que se establezca mediante orden del Ministro de Ciencia y Tecnología", lo cual no ha tenido lugar hasta la Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre de 2008, publicada en el Boletín Oficial del Estado del siguiente día 6 de ese mismo mes de diciembre (la fecha de entrada fue al día siguiente de esa publicación), por lo que difícilmente se podría haber cumplimentado esa exigencia formal conforme a las prescripciones de la Ley de 2.003. Pero al margen de esa mera dificultad formal del cumplimiento del mandato del Legislador, es lo cierto que de los términos del precepto examinado y de la misma finalidad de esa exigencia, debe considerarse que esa comunicación en modo alguno trasciende a la validez y eficacia de la disposición general. En efecto, ya el mismo artículo 29-2.º exige "dar traslado" de dichas disposiciones a la Comisión Nacional, pero no con la finalidad de que ésta proceda a una publicación, aprobación o convalidación de dicha disposición, a modo de ejercer competencia alguna respecto a la legalidad intrínseca de la disposición, sino a los solos efectos de que proceda a la publicación de una "sinopsis" -es decir, un resumen- de la misma, de ahí que ese trámite es subsiguiente a la aprobación de la Ordenanza conforme a la normativa tributaria, en este caso, de régimen local, procediendo el tramite de comunicación cuando la misma ya es plenamente eficaz. Y ciertamente que a ello obedece la interpretación finalística de la norma, porque como se encarga de recordar la defensa de la recurrente y se deja constancia en la misma Exposición de Motivos de la Ley de 2.003 y la Orden antes citada de 2008, la finalidad de esa comunicación, no es sino la de hacer efectiva la exigencia que se impone por las Directiva Comunitarias a que después se hará referencia, en pro de una transparencia en la liberalización del mercado de las telecomunicaciones promovida por la Unión. En efecto, como se declara en la Motivación de la Directiva 2002/20 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108, de 24 de abril): "(34) El objetivo de transparencia exige que los proveedores de servicios, los consumidores y otras partes interesadas puedan acceder fácilmente a toda la información relativa a derechos, condiciones, procedimientos, tasas, cánones y decisiones en materia de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, derechos de uso de radiofrecuencias y números, derechos de instalación de recursos, planes nacionales de uso de frecuencias y planes nacionales de numeración. Las autoridades nacionales de reglamentación tienen la importante misión de facilitar dicha información y mantenerla actualizada. Cuando esos derechos sean gestionados por otros niveles de la administración, las autoridades nacionales de reglamentación deben tratar de crear una herramienta de fácil utilización para acceder a la información referente a tales derechos." En congruencia con esa finalidad, ciertamente que se dispone en el artículo 15 de la Directiva que "los Estados miembros velarán por que se publique y mantenga actualizada de manera adecuada toda la información pertinente sobre derechos, condiciones, procedimientos, tasas, cánones y decisiones en materia de autorizaciones generales y derechos de uso, para que todas las partes interesadas puedan acceder fácilmente a dicha información." Añadiendo el párrafo segundo del precepto que "cuando la información a que se refiere el apartado 1 se trate a diferentes niveles administrativos, en particular por lo que se refiere a la información relativa a los procedimientos y condiciones sobre derechos de instalación de recursos, la autoridad nacional de reglamentación hará cuanto esté en sus manos, teniendo presentes los costes que ello implica, por hacer una sinopsis fácil de usar de toda esta información, así como de la información sobre los niveles administrativos competentes respectivos y sobre sus autoridades, con objeto de facilitar las solicitudes de derechos de instalación de recursos." Y a esa misma conclusión, de no afectar a la validez de la Disposición, obedece la misma exigencia o, si se quiere, esa publicidad que la impone que, como se dijo, está referida, no a la publicación integra de la Ordenanza, en este caso, sino de un resumen de la misma, lo que permite también concluir que la finalidad de esa exigencia en modo alguno puede afectar a la validez de la disposición, y que la omisión de dicha formalidad legal ha de encontrar acomodo en otros efectos, quizás vinculados a las mismas relaciones de Derecho Comunitario, cuya normativa, en su caso, e incumplió, y no solo por la Corporación Local aquí demanda, la exigencia impuesta por la norma comunitaria porque la nacional no impone sanción expresa alguna a dicha exigencia o a su incumplimiento. Consecuencia de todo es que procede rechazar el motivo examinado.
Décimo.-- Tampoco es apreciable que con la interpretación que se sostiene se produciría una confrontación entre la regulación de la tasa y la normativa de la Unión Europea en materia de telecomunicaciones y la liberación de su mercado en toda la Unión. En este sentido es necesario comenzar por recordar lo expuesto anteriormente en orden a la compatibilidad de tasa con la Ley Nacional de Telecomunicaciones, compatibilidad ya declarada por el Tribunal Supremo, como hemos visto. Lo que ahora debe suscitarse es determinar si al regular la tasa en la forma reflejada en la Ordenanza -acorde al Texto Refundido Local, una vez rechazada la objeción formal examinado en primer lugar- se estaría vulnerando la normativa comunitaria; más concretamente la Directiva 2002/20 / CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 7 de marzo de 2002, Relativa a la Autorización de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas, que limita la imposición de gravámenes sobre dichas autorizaciones, citándose a favor de la exclusión de la tasa que nos ocupa la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2.003. No lo estima así la Sala, ya de entrada, porque, habiéndose transpuesto la Directiva con ocasión de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la cuestión habría de referirse a ese texto legal y lo procedente sería, en su caso, invocar el auxilio del Tribunal de Justicia mediante el planteamiento de la cuestión prejudicial del artículo 234 del Tratado Constitutivo, decisión que tan siquiera se considera procedente. En efecto, la Directiva razona ya en su fundamento 30.º que "pueden imponerse tasas administrativas a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas para financiar las actividades de la autoridad nacional de reglamentación relativas a la gestión del sistema de autorización y el otorgamiento de derechos de uso. Tales tasas deben limitarse a cubrir los gastos administrativos reales de estas actividades. A tal efecto, debe existir transparencia en lo relativo a los ingresos y gastos de las autoridades nacionales de reglamentación mediante la comunicación anual del importe total de las tasas recaudadas y los gastos administrativos soportados. De esta manera, las empresas podrán comprobar que los gastos administrativos y las tasas guardan un equilibrio entre sí". En lógica coordinación, el artículo 12 de la Directiva limita tales "tasas administrativas" a esas condiciones. Es decir, que al margen de la obligación formal de transparencia mediante la comunicación anual de la tasa recaudada -a que ya hicimos antes referencia-, lo que se exige es que las tasas exigidas a tales proveedores deban tener por objeto financiar las actividades administrativas por la gestión del sistema de autorización, gestión y derecho de uso y con el límite de cubrir los gastos administrativos reales. No cabe concluir de esa normativa que con la imposición de la Tasa regulada en la Ley sectorial española de 2.003, quedaría cubierta la habilitación que autoriza la Directiva y, por tanto, que la imposición de una nueva tasa municipal sería contrario a la Directiva, por no someterse a los límites de la misma para dicha imposición. En suma, que no podrían tener estas tasas locales la finalidad de atender los denominados "gastos administrativos" por parte de la Administración en la prestación del servicio de telefonía, toda vez que el Estado no puede determinar libremente las cargas tributarias a las que deben hacer frente las empresas del sector. Y no cabe esa colisión porque las Tasas tiene por objeto tanto la utilización del dominio público como la prestación de servicios por los Entes Administrativos (artículo 2.2.ºa. de la Ley General Tributaria de 2.003 y 20 del Texto Refundido de las Haciendas Locales) y si bien es verdad que estos tributos que se impone en la Ordenanza impugnada están referidos a la utilización del dominio público local, no puede concluirse que no es amparable en la facultad que confiere la Directiva por no tratarse de prestación de servicios a las empresas de telefonía móvil, que debieran compensarse con dicha "prestación", vulnerando la exigencia comunitaria, porque del examen del artículo 12.a) de la Directiva, se concluye que los gastos administrativos que se autorizan son de carácter tan general que nada impide poder incluir en ellos la utilización de ese dominio. Y en este sentido se ha declarado por nuestro Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de septiembre de 2.008 (recurso de casación 82/2.006), transcribiendo lo ya declarado en la de 3 de abril de 2.007, que si bien la Ley de Telecomunicaciones configura el servicio como de "interés general" atribuido a la competencia exclusiva del Estado, no quiere decir, no obstante, que la prestación de este servicio no tenga incidencia en las competencias que son propias de otras Administraciones Territoriales, pues no debe olvidarse que los servicios de telecomunicaciones son prestados mediante instalaciones y redes, cuyo tendido, así como las infraestructuras que las soportan, se realiza sobre suelo, vuelo y subsuelo. Ello determina, en primer lugar, que su base física se despliegue sobre terrenos que pueden tener la consideración de dominio público autonómico o local, con la consiguiente incidencia en el régimen demanial de estos bienes, en lo referente a su policía, uso y aprovechamiento, cuya defensa corresponde a la Administración territorial que ostenta la titularidad de los mismos. En segundo término, aunque se extiendan, en todo o en parte, sobre propiedad privada, no puede desconocerse las funciones que a tales administraciones corresponde en materia de ordenación del territorio, urbanismo, sanidad y medio ambiente en el ámbito de sus competencias, y cuyo ejercicio es de cumplimiento obligatorio. Conciliar el ejercicio de estas competencias de tal modo que se garantice la prestación del servicio de telecomunicaciones, pero sin que ello suponga menoscabo, o lo suponga en la menor medida de lo posible, de otros ámbitos susceptibles de protección, significa, de un lado, que los operadores de telecomunicaciones no pueden desconocer las potestades que tienen atribuidas otras Administraciones territoriales, ni que éstas, con base en sus competencias, obstaculicen la implantación de las instalaciones necesarias para la prestación del servicio". De otro lado, no considera este Tribunal que sea contraria la exigencia de la tasa, objetivamente considerada, a lo declarado -y razonado- por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Sala Quinta), en sentencia de 18 de septiembre de 2003, referida, no a la Directiva actual -no se tiene conocimiento de que haya sido sometida al Tribunal-, sino a la Directiva anterior -en lo que ahora interesa, con regulación similar-, porque en esa sentencia comienza el Tribunal por declarar, siguiendo lo razonado por el Abogado General, que "el marco común en materia de autorizaciones generales y de licencias individuales en los servicios de las telecomunicaciones que intenta implantar la Directiva quebraría si se dejara en libertad a los Estados miembros para determinar las cargas tributarias a que deben hacer frente las empresas del sector." Es decir, que si bien no puede una decisión de los Estados determinar el carácter de gasto necesario, lo que sirve al Tribunal para declarar la violación de la norma comunitaria - artículo 11 de la Directiva 97/13 sobre Servicios de Telecomunicaciones - por el Estado italiano -allí demandado-, es el hecho de que la contribución que se imponía por la norma nacional a estas empresas vinculada a la utilización de bienes considerados escasos, no obedecen a ese coste, como se descubre de su imposición, que atiende al volumen de negocio de las empresas; concluyendo que esa contribución estaba vinculada, a juicio del Tribunal, a un anterior tributo que si se consideraba contrario a la normativa comunitaria. Y en ese sentido se declara que "la contribución controvertida, al igual que la anterior, impone una carga calculada sobre la base del volumen de negocios de las empresas titulares de licencias individuales y que, por ello, vuelve a instaurar un obstáculo de carácter pecuniario al procedimiento de liberalización." De tales razones concluye el Tribunal que "tal carga es contraria a los objetivos perseguidos por el legislador comunitario y queda fuera del marco común establecido por la Directiva." Pero no es ese el supuesto de la Ordenanza que nos ocupa, porque en nuestro caso -al margen de la concreta cuantificación, que será objeto de ulterior examen, aun cuando no conviene perder de vista esa puntualización- el soporte del "gastos administrativo" es la utilización de un dominio de titularidad pública que hace posible la prestación del servicio; y ello desvinculado y sin perjuicio de las autorizaciones generales de las respectivas operadoras, mediante la actuación de la Administración Nacional, lo que habilita, conforme ha declarado nuestro Tribunal Supremo, que si ese servicio exige la actividad -también vinculada a los bienes demaniales- de otras Administración, quedan estas habilitadas para la exigencia de imposición de tasas con que cubrir dicho coste. Y así entendida la vinculación del Derecho Comunitario, de la Directiva de 2.002 examinada, no cabe apreciar confrontación alguna de la Ordenanza con dicha normativa, debiendo rechazarse el motivo examinado porque, debe insistirse, no se trata -o mejor, no debiera tratarse- de un impuesto que tome en consideración el "volumen de negocio", sino una tasa que pretende, al menos en su aspecto formal, compensar el gasto administrativo que comporta la prestación del servicio.
Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Doña María de los Ángeles Bueso Sánchez, en nombre y representación de "FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A." contra la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Olivenza (Badajoz) mencionada en el primer fundamento, y declarar nulo de pleno derecho el artículo 5 de la referida disposición general, por no estar ajustado al Ordenamiento Jurídico, sin hacer expresa condena en cuanto a las costas procesales.

References: artículo 5
 artículo 5
 artículo 62
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 24
 artículo 29
 artículo 15
 artículo 234
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 5