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Timestamp: 2018-06-18 13:18:32+00:00

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ARTICULOS DE OPINIÓN EN BUROMEDICOS 17-12-2010
Bajo el concepto de “Movilidad Laboral” se entiende el derecho, la posibilidad o la disponibilidad efectiva del trabajador para modificar su puesto de trabajo (movilidad funcional) o para trasladar su residencia laboral de una localidad a otra (movilidad geográfica) y puede producirse a iniciativa del empresario, del trabajador o por acuerdo entre las partes. En principio no existe ningún tipo de restricción temporal ni causal de la misma, sin embargo el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores exige respetar tres limitaciones:
A) Se respetarán las titulaciones académicas y/o profesionales necesarias para desarrollar la actividad.
B) Se respetará la dignidad del trabajador y su promoción y formación profesional.
C) La regla general es que el trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que desarrolle y en caso de realizar funciones inferiores se mantendrá la retribución de origen.
Junto con el concepto genérico de Movilidad Laboral examinado encontramos la denominada “movilidad funcional extraordinaria” que está regulada en el artículo 39.5 del Estatuto de los Trabajadores y se trata de modificaciones fuera de grupo o entre categorías laborales diferenciadas. Para llevar a cabo esta movilidad funcional es necesario atender a los siguientes límites:
1º.- Acuerdo entre empresario y trabajador.
2º.- Que el convenio haya sido previsto por un procedimiento específico.
3º.- La no conculcación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, regulador de los procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
IIº.- LA MOVILIDAD LABORAL DEL PERSONAL SANITARIO.
El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (Ley 55/2003, de 16 de Diciembre) en su Capítulo VII, relativo a la Movilidad del Personal Sanitario regula cuatro supuestos en los artículos que se indican:
1º.- Artículo 36. Movilidad por razón del servicio.
2º.- Artículo 37. Movilidad voluntaria.
Con el fin de garantizar la movilidad en términos de igualdad efectiva del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo, con el informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud procederá, con carácter previo, a la homologación de las distintas clases o categorías funcionales de personal sanitario, en cuanto resulte necesario para articular dicha movilidad entre los diferentes Servicios de Salud.
3º.- Artículo 38. Coordinación y colaboración en las convocatorias.
4º.- Artículo 39. Comisiones de Servicio.
IIIº.- LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA SANIDAD.
Frente a todo lo dicho no debemos olvidar que en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, entre otros, se establecen los Derechos de los Usuarios de la Sanidad que deberán ser respetados por las distintas administraciones públicas sanitarias y que, como mas adelante veremos, pueden entrar en directa colisión con el muy legítimo derecho a la movilidad laboral del personal sanitario. Así, hay que destacar que nunca se deberá conculcar el respeto a la personalidad, dignidad humana e intimidad del paciente o siempre se deberá mantener efectivamente la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público. También es de carácter vinvulante que se proporcione, en términos comprensibles, al paciente y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. De mayor relevancia es lo que determina el mencionado artículo 10, en su epígrafe 7º, respecto al derecho de todo enfermo a que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será su interlocutor principal con el equipo asistencial y tan sólo en caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad. El usuario de la sanidad también está facultado para participar, a través de las Instituciones Comunitarias, en las actividades sanitarias, en los términos establecidos en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen o a que quede constancia por escrito de todo su proceso y que, al finalizar su estancia en una Institución hospitalaria, el paciente, familiar o persona a él allegada recibirá un informe de alta.
Finalmente, recordar que en el epígrafe 13 del mencionado artículo se determina que el paciente tiene derecho “…a elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las que regule el trabajo sanitario en los centros de Salud…”.
No hace falta ningún esfuerzo imaginativo para deducir que la constante movilidad laboral del personal sanitario puede llegar a conculcar, de forma grave, los anteriores derechos del usuario de la sanidad, pues todo cambio de facultativo responsable de un proceso curativo o paliativo lleva aparejado que los derechos enunciados anteriormente se vean efectivamente deteriorados. Ello se debe al carácter consustancial de continuidad de la actividad médica para lograr cualquier eficacia. De ello pasamos a hablar a continuación.
IVº.- LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA SANIDAD Y LA MOVILIDAD LABORAL DEL PERSONAL SANITARIO; POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES.
Expuesta ya la relación de derechos que confluyen en la Sanidad insistimos en que resulta evidente una posible colisión de intereses o de derechos entre los usuarios y los profesionales de la misma. Ocurre que el mantenimiento y cuidado de la salud frecuentemente se sustenta en relaciones de confianza que deposita el enfermo en el médico, además de en las correspondientes terapias.
En determinadas especialidades médicas, por ejemplo la analítica o la radiología, casi no existe tal vínculo de confianza. En la mayoría el mismo tiene un carácter prescindible y poco relevante, como en la anestesiología, la medicina transfusional o la fisioterapia. Sin embargo, no cabe duda alguna de que en la psiquiatría, la pediatría, la obstetricia o la geriatría, por poner cuatro ejemplos, el vínculo de la confianza médico-paciente es fundamental y puede llegara tener mayor trascendencia curativa que la propia medicación. En estos últimos supuestos resulta que la Movilidad Laboral del Personal Sanitario debería ser objeto de una específica regulación legal que tuviera como último fin evitar el continuado o frecuente cambio del titular médico responsable de la actividad sanitaria y de la consecuente curación, que se verá gravemente dificultada ante tal coyuntura.
Entrando específicamente en el caso de la geriatría fácilmente deduciremos que el conocimiento de las circunstancias médicas –físicas y psicológicas- de la Persona Mayor no se adquiere mas que con un transcurso de tiempo y que, de modo muy parcial y escasamente fiable, se plasma en la Historia Clínica correspondiente. Frente a esto nos encontramos con una contundente realidad de la Administración Sanitaria, pública o privada, en el Estado Español; en una inmensa mayoría de Centros Geriátricos el constante cambio de los profesionales médicos es una realidad tan conocida como permanente, frecuente y lamentable. Y todo ello con graves consecuencias en la calidad de la atención médica que recibe la persona de edad avanzada, claramente menoscabada.
Nos centramos en este particular aspecto de la movilidad laboral del profesional de la medicina geriátrica por ser, lamentablemente, uno de los mas elocuentes y con consecuencias siempre negativas para unos pacientes que, además, se hallan mas desamparados. Vale la pena incidir en que una de las características esenciales de la persona que alcanza la vejez es la de que soporta diversas pérdidas; las mas significativas son los miembros de la familia y amigos. Cada una de las sucesivas pérdidas constituye una aflicción o un dolor que acarrea la consiguiente sensación de soledad y aislamiento que el individuo de avanzada edad llega a superar. Todos estamos preparados para asumir la pérdida de seres queridos o próximos. Pero, ¿qué pasa si se produce una pérdida que se traduce como un “abandono incomprensible” y resulta que el sujeto activo de la misma ejerce la labor de garante de su salud? Hay que reconocer que este supuesto es mas complejo y delicado que cualquier otro…
Los Centros Geriátricos acostumbran a constituirse como instituciones privadas y albergan a ciudadanos cuya capacidad de respuesta o queja se encuentra claramente limitada; al contrario de lo que ocurre en la pediatría, la psiquiatría… donde si el flujo permanente de profesionales que atienden al paciente es excesivo, seguramente, se va a producir una respuesta por parte del mismo. Por otro lado, la dependencia que se crea entre la persona mayor y su cuidador médico tiene una relevancia fundamental y la confianza que se genera con el trato entre ambos causa un daño irreparable en los imprescindibles sistemas de afianzamiento y seguridad vital, de los que se debe dotar a la Personalidad del ciudadano de avanzada edad, cuando se quiebra inopinadamente por parte de los encargados de su cuidado sea o no en el ámbito de una Residencia para los Mayores.
Como sucede en todas las etapas vitales, la persona mayor necesita de relaciones interpersonales para sustentar su vida emocional. El cambio más patente en las relaciones de la persona de avanzada edad con sus allegados es su tendencia a volver a ejecutar formas de conducta y relación que adoptara en etapas vitales anteriores. Con frecuencia, la persona de edad adjudica el papel de padres sustitutos a los miembros importantes de la familia o a otros, en particular a los médicos. Es necesaria cierta flexibilidad para tener buenas relaciones de objeto, cuya amplitud está limitada por los cambios de la personalidad que conlleva el envejecimiento (Rosen y Neugarten, 1960).
En el muy interesante texto “Psicología Normal de la Vejez”, de N. E. Zinberg y I. Kaufman se afirma que “…El médico puede desempeñar un papel decisivo en cuanto a elevar al máximo el buen funcionamiento del anciano. En todas las personas, por supuesto, el funcionamiento total depende de la relación entre el bienestar físico y psíquico; pero este equilibrio es infinitamente más precario en el anciano, por lo cual el clínico general tiene cada vez más conciencia de la responsabilidad que esto constituye para él. Las dolencias físicas relativamente menores que para el paciente joven podrían carecer de importancia, hay que tratarlas en el anciano de manera de no alterar la homeostasis y que no aparezca una regresión… …Los problemas que afronta el geriatra son muchos y, entre éstos, el principal es el de la comunicación. Como ya hemos señalado, los caracteres permanentes de la personalidad tienden a acentuarse y a ser menos pasibles de control. La persona taciturna o locuaz es propensa a serlo aun más, Y los problemas de control, dominio y sometimiento son comunes y afectan muchísimo la relación médico-paciente…”.
Lamentablemente las Leyes Españolas que regulan la movilidad laboral de los profesionales de la Geriatría no han reparado en las certeras afirmaciones anteriores ni en las consecuencias de la sustitución del médico geriatra; práctica tan tristemente usual en el Estado Español.
Hay que partir, necesariamente, de la premisa inviolable de que no se pueden limitar los derechos o las expectativas laborales de los profesionales médicos del sector de la geriatría, generándoles una indeseada discriminación; pero también hay que proteger de modo eficaz y efectivo los derechos de las personas mayores que dependen, en un grado superior al ordinario, de estos profesionales. No cabe, pues, plantearse una diferenciación legal de la Movilidad Laboral de los profesionales de la Geriatría.
Tenemos que recurrir a la normativa deontológica o a la administrativa.
A) Desde el punto de vista deontológico no parece excesivo, sino mas bien adecuado, que se incriminara de alguna manera la conducta del geriatra que, de modo habitual e injustificado, abandonara el cuidado de las personas mayores que hubieran recurrido a sus servicios.
B) Desde el punto de vista administrativo tampoco puede considerarse arbitraria la posible sanción al Centro Geriátrico que efectuara, por ejemplo, tres cambios de sus profesionales médicos en el termino de un año, si no fuera por causas justificadas, obligándoles así a efectuar contratos de continuidad o permanencia que, inevitablemente, se traducirían en alicientes profesionales a cargo del Centro Residencial.
En definitiva, lo queramos ver o lo queramos ignorar, existe un déficit en la Administración Sanitaria destinada a la Tercera Edad que debemos, primeramente, asumir en su gravedad y, en segundo lugar, corregir adecuadamente ante la indefensión que presentan, ante los hechos descritos, las personas mayores y de las que son víctimas con excesiva frecuencia y con escasas soluciones preventivas o disposiciones coactivas o coercitivas.
y Mª JOSÉ COSTA MEDRANO
17 de Diciembre de de 2010

References: artículo 39
 artículo 39
 artículo 41
 Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 artículo 10
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