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Timestamp: 2020-02-19 03:29:56+00:00

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STS 368/2007, 9 de Mayo de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 29566918
STS 368/2007, 9 de Mayo de 2007
Número de Recurso: 1925/2006
Número de Resolución: 368/2007
Sentencia citada en: 386 sentencias, 8 artículos doctrinales
En los recursos de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos penden, interpuestos por Bernardo y Erica, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17ª, que condenó al acusado Bernardo, por un delito continuado de estafa y falsedad en documento mercantil; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida Robert Bosch España SA. representado por la Procuradora Sra. Ramírez Plazo, y dichos recurrentes representados por el Procurador Sr. Torrecilla Jiménez.
El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, incoó Procedimiento Abreviado con el número 2422 de 1998, contra Bernardo y Erica, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid, cuya Sección 17ª, con fecha 29 de junio de 2006, dictó sentencia, que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: PRIMERO.- Bernardo, mayor de edad y sin antecedentes penales fue director del Departamento de Ventas de auto-radios en la empresa Robert Bosch España S.A. hasta marzo en 1999 en que fue despedido por la empresa al conocer los hechos que se relatan a continuación.
El cargo de Director de Ventas de Auto-radios entre otros cometidos implicaba el calcular y dirigir el correspondiente comunicado al departamento de contabilidad para que se aplicaran y abonarán los ráppeles que según los convenios, les correspondieran a los clientes fabricantes de vehículos, por el volumen de las compras que habían realizado todos y cada uno de ellos.
Estos clientes eran, entre otros los fabricantes de los vehículos marcas Peugeot, Citron, Seat, Volkswagen, Renault y Fiat .
Además de este cometido también le correspondería a D. Bernardo en su condición de director de ventas de auto-radios el acordar con cada uno de estos clientes las condiciones de sus correspondientes ráppeles en relación con el nivel de compras que hicieran a la propia empresa Robert Bosch España S.A.
Aunque no era lo habitual en algunas ocasiones los fabricantes de vehículos beneficiarios de las cantidades de los correspondientes rappeles giraban facturas contra su propia cuenta en la empresa Robert Bosch España S.A. desde la que se les abonaban esas cantidades.
Bernardo que conocía bien el funcionamiento de estas bonificaciones que la empresa concedía a sus mejores clientes acordó constituir utilizando a su esposa Dª Erica, las empresas MD 52 SL, MARPROSER SL. y CRIPTO COMERCIO Y SERVICIO SL. Estas empresas eran, en realidad, propiedad del propio Bernardo sin perjuicio de que hizo figurar como administradora única de las mismas a la propia Erica .
Una vez que estuvieron constituidas estas empresas Bernardo libró facturas a nombre de dichas empresas contra las cuentas de cada uno de los fabricantes de vehículos. Las correspondientes facturas a veces iban acompañadas de una carta de los representantes comerciales de dichas fabricantes. Esto sucedió en el caso de la empresa Peugeot. Bernardo con una carta de dicha empresa, que sin duda tuvo otro cometido, con la firma real de la encargada de dicha compañía de Marketing de Recambios, Dª Ana hizo figurar que en 27 de octubre de 1995 adjuntaba facturas de la empresa MARPROSER SL para su pago de fechas de 2 y 3 de noviembre de 1995, por conceptos de logística de "Catering de presentación forum Peugeot" o por la creación del concepto "campaña acción 95 Peugeot." sin que fuera cierto ni la carta, ni las facturas aunque si la firma de dicha señora .
Igualmente Bernardo confecciono, con papel impreso de la empresa Renault una carta que se decía firmada por el Jefe de Aprovisionamiento de Piezas de Recambio, D. Raúl a la que hizo acompañar tres facturas de la MARPROSER SL en las que esta decía, sin que fuera cierto, haber realizado para la dicha empresa Renault los servicios de "diseño y preparación boceto Stand motortec 95, creación concepto campaña promoción de ventas 95 desarrollo 1ª y 2ª etapa y preparación y servicio Catering durante feria motortec 95 "
Con la utilización de las facturas de las empresas más arriba citadas de D. Bernardo cargo a las cuentas de los rappeles de los distintos fabricantes de automóviles 175.647.200 pesetas que ingreso en las cuentas de sus propias empresas.
Para evitar que los cargos indebidos en las cuentas de los clientes alertaran a sus legítimos titulares, las empresas fabricantes de los vehículos al disminuir los importes que por bonificaciones les correspondían y dado que tenía capacidad para el mismo incrementar los importes o la proporción de los importes que correspondían por los rappeles les incrementó en las cantidades necesarias a cada uno de los fabricantes, sin que estos lo supieran, para que pudieran sufragar las libranzas de sus facturas y los legítimo rappeles que les correspondían a los fabricantes.
FALLO: que condenamos a Bernardo como autor de un delito continuado de estafa en concurso medial con delito continuado de falsedad en documento mercantil a la pena de cuatro años de prisión y 10 meses de multa a razón de una cuota diaria de 5 euros y a que abone a la empresa Robert Bosch España S.A. la cantidad de 1.055.660#93 euros más la mitad de costas causadas en este procedimiento.
Son responsables de forma subsidiaria del pago de esta cantidad las sociedades MD 52 SL, MARPROSER SL. y CRIPTO COMERCIO Y SERVICIO SL..
Asimismo absolvemos a Erica del delito de que se le acusaba y la declaramos partícipe lucrativo de
1.055.660#93 euros objeto de la defraudación de su marido que deberá reintegrar de forma solidaria con su esposo a la empresa defraudada. Declarando de oficio la mitad de las costas causadas en el procedimiento.
Esta sentencia, no es firme. Contra ella cabe interponer recurso de casación, que habrá de prepararse, en la forma prevista por los artículos 854 y 855 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal EDL 1882/1 art.854 EDL 1882/1 art.855 EDL 1882/1, dentro de los cinco días siguientes a su última notificación escrita.
Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Bernardo y Erica, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.
Al amparo del art. 849.2 LECrim . se invoca error de hecho en la apreciación de la prueba
Al amparo del art. 849.1 LECrim . se invoca la indebida aplicación del art. 250 CP .
Al amparo del art. 5.4 LOPJ . se invoca vulneración del art. 24.2 CE .
Al amparo del art. 849.1 LECrim . se invoca la indebida aplicación del art. 250.1.7 CP .
Recurso interpuesto por Erica
Al amparo del art. 5.4 LOPJ . se invoca vulneración del principio acusatorio al no haberse formulado, ni siquiera con carácter subsidiario la petición de aplicación del art. 122 CP .
Al amparo del art. 849.1 LECrim . se invoca la indebida aplicación del art. 122 CP . TERCERO.- Al amparo del art. 849.2 LECrim . invocándose error en la apreciación de la prueba.
Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos no estimó necesaria la celebración de vista oral para su resolución y se opone a la admisión de todos los motivos aducidos, que se impugnan a excepción del motivo segundo del recurso de Erica que se apoya por las razones expuestas en su informe; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
El motivo primero por infracción de Ley al amparo de lo dispuesto en el art. 849.2 LECrim. al haber existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.
En concreto el informe pericial realizado por el Auditor de Cuentas D. Mariano que ha llevado a la Sala a considerar acreditado el quantum del perjuicio, cuando del mismo no se desprende tal condición, y la declaración del testigo Felipe, Director de aparatos de radio, de la empresa Citroen, en el juicio oral, en el sentido de que nunca se han dado rappeles por consumo de auto-radios.
Siendo así la declaración del testigo Felipe carece de naturaleza documental a los efectos del error de hecho del art. 849.2 LECrim .
En efecto las declaraciones testificales no son verdaderos documentos a efectos casacionales, al no garantizar ni la certeza ni la veracidad de lo dicho por el manifestante, siendo simplemente pruebas personales documentadas en las actuaciones bajo la fe del Secretario Judicial y sometidas como el resto de las probanzas a la libre valoración del juzgador de instancia (STS. 55/2005 de 15.2 "ni las declaraciones de testigos efectuadas en la instrucción ni las que tienen lugar en el juicio oral, transcritas en la correspondiente acta, tiene la virtualidad documental a los efectos de la casación prevista en el art. 849.2 LECrim . En realidad, las declaraciones de los testigos requieren para su valoración, salvo supuestos excepcionales de prueba anticipada, de la percepción por el Tribunal en el momento del juicio, pues solo entonces podrá éste formar su necesaria convicción sobre los hechos, de acuerdo con el art. 741 LECrim . Y "lo visto y oído por el Tribunal de instancia está fuera del recurso y no puede ser contradicho en casación con apoyo en el acta del juicio. Esta sólo reproduce lo que el Secretario Judicial ha podido transcribir, sirviendo de documento público en el que constan las pruebas practicadas y los resultados de las mismas que el depositario de la fe pública estima pertinente hacer constar. Pero, estas constancias no reemplazan la percepción de la prueba de los jueces, que es la única que puede determinar los hechos probados. El contenido de lo declarado por los testigos, peritos y acusados, así como la credibilidad de sus manifestaciones por estas razones son completamente ajenas, como cuestiones de hecho, al recurso de casación". (SSTS. 26.2.2001 y 22.5.2003 ).
Criterio éste fundamento asentado en la jurisprudencia, por ejemplo STS. 1075/2004 de 24.9 con cita en las SS. 15.3.91, 12.11.92, 1.4.96, que señala que este documento transcribe con las deficiencias inherentes al procedimiento empleado, lo sucedido en las sesiones celebradas en audiencia pública y contradictoria, y sirve para dar fe, si bien fragmentariamente, del contenido de las declaraciones del procesado, testigos y peritos comparecientes, así como de cualquier incidencia que surja durante las sesiones, pero no por ello las pruebas pierden su verdadera y primitiva naturaleza procesal, no transformándose en prueba documental que sirva para acreditar el error del juzgador; y la STS 1866/2000, de 5 de diciembre, "incurre la parte recurrente en el común error de olvidar que es al Tribunal sentenciador -y no a las partes, ni al Tribunal de alzada, ni tampoco al Secretario Judicial- a quien compete valorar con inmediación la prueba testifical que se desarrolla en su presencia, constituyendo el acta únicamente un sucinto resumen que da cuenta de lo más relevante ocurrido durante el Juicio Oral pero que ni es, ni pretende ser legalmente (art. 743 de la LECrim .), un reflejo completo de las declaraciones testificales, las cuales se emiten y valoran en directo conforme al principio de inmediación que rige, hasta la fecha, en nuestro ordenamiento procesal penal (ver STS 446/98, de 28 de marzo y STS 219/96 de 1 de abril, entre otras)."
Y en relación a la designación del informe pericial del Sr. Mariano como documento casacional habrá de decirse que dichos informes no son en realidad documentos, sino pruebas personales documentadas consistentes en la emisión de pareceres técnicos sobre determinadas materias o sobre determinados hechos por parte de quienes tienen sobre los mismos una preparación especial, con la finalidad de facilitar la labor del Tribunal en el momento de valorar la prueba.
No se trata de pruebas que aporten aspectos fácticos, sino criterios que auxilian al órgano jurisdiccional en la interpretación y valoración de los hechos, sin modificar las facultades que le corresponden en orden a la valoración de la prueba. Por otro lado, su carácter de prueba personal no debe perderse de vista cuando la prueba pericial ha sido ratificada, ampliada o aclarada en el acto del juicio oral ante el Tribunal, pues estos aspectos quedan entonces de alguna forma afectados por la percepción directa del órgano jurisdiccional a consecuencia de la inmediación (SSTS. 5.6.2000, 5.11.2003 ). Por ello esta Sala solo excepcionalmente ha admitido la virtualidad de la prueba pericial como fundamentación de la pretensión de modificación del apartado fáctico de una sentencia, equiparándola a la documental, cuando:
Pues bien del propio desarrollo del motivo se desprende que ninguno de estos casos coincide con el presente en el que el recurrente lo que critica a la sentencia de instancia es precisamente haber acogido las conclusiones de aquel informe, por lo que si lo que realmente se impugna es el propio dictamen pericial, no es ésta la vía casacional adecuada.
En efecto el perito aprecia, con las máximas de experiencia especializada y propias de su preparación algún hecho o circunstancia en base al conocimiento de una materia que el Juez puede no tener, en razón de su especifica preparación jurídica. Por ello el perito explica las operaciones o exámenes verificados y fija sus conclusiones que tienen como destinatario al Juzgador. Y en este sentido, el Juez estudia el contenido del informe y, en su caso, finalmente, lo hace suyo o no, o lo hace parcialmente. No se trata, pues, de un juicio de peritos, sino de una fuente de conocimientos científicos, técnicos o prácticos que ayudan al Juez a descubrir la verdad. Es decir, el perito informa, asesora, descubre los procesos técnicos o las reglas de experiencia de que el Juez puede carecer, pero nunca le instruye, porque no se trata de un tribunal de peritos, sino de una colaboración importante y no determinante por si sola de la resolución judicial, ya que el Juez puede disponer de una prueba plural y diversa y de ella habría de deducir aquellas consecuencias que estime más procedentes. De ahí que-como ya hemos indicado- solo cuando exista una única prueba pericial y sobre el hecho no existan otras pruebas, si el Juzgador hace suyas las premisas y conclusiones periciales, y después, sin razonarlo adecuadamente, se separa de dichas conclusiones, es cuando el dictamen alcanza, a efectos casacionales, la naturaleza del documento.
No siendo éste el caso el motivo se desestima, por cuanto la Sala de instancia no se ha apartado de las conclusiones del informe pericial cuestionado, que fue contrastado, tal como destaca la sentencia impugnada en el Fundamento Jurídico Primero, por las testificales del propio representante legal de la empresa Robert Bosch España SA., D. Rodrigo y del contable de dicha sociedad Markus Fecke, en orden a las características de la responsabilidad que desempeñaba en la empresa el acusado, y la situación de las cuentas de clientes que mantenía la empresa, controles y el funcionamiento de la misma, y segundo por la documental incorporada al procedimiento, que acreditó la propia existencia de la cuenta interna de clientes y las cantidades que de la misma se habrían percibido directamente por las empresas por Bernardo, remitiendo para ello al Departamento VCM, dedicado a la contabilidad, con su propia firma y en impresos de la propia empresa color verde utilizados para comunicaciones internas, las facturas de sus sociedades haciendo pasar como si fueran emitidas por los correspondientes clientes, así como las cantidades que sin embargo habían percibido éstos en relación con el numero de ventas que habían realizado.
El motivo segundo por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim. por indebida aplicación del art. 250.1.6 CP . al condenar la sentencia de instancia al recurrente a que abone a la empresa Robert Bosch España SA. la cantidad de 1.055.660,93 E, cuando dados los hechos que se debieron dar por probados con arreglo al anterior motivo, no debió tener por probado aquel quantum, faltando uno de los elementos del tipo penal, y de otro lado, el recurrente no empleó maniobra alguna con la suficiente virtualidad para que no fuese apreciada por Robert Bosch España SA., si ésta hubiese empleado un mínimo de diligencia, pues todos los acuerdos de ráppeles por consumo de autoradios con las empresas fabricantes estaban perfectamente documentados y firmados por dos personas.
Supeditado el motivo a la prosperabilidad del anterior la inadmisión de éste conlleva la del presente en orden a la determinación del perjuicio causado, 1.055.660,93 E, y siendo así la aplicación del art. 250.1.6 CP
. no puede ser cuestionada.
En efecto la más reciente jurisprudencia de esta Sala, por ejemplo SS. 1169/2006 de 30.11 y 1276/2006 de 20.12, recuerda como el Código Penal vigente en dicho precepto contempla la aplicación del subtipo antiguo art. 529.7 CP. 1973, desapareciendo la posibilidad de la apreciación como muy cualificada, y articulando la antigua agravante que era de naturaleza estrictamente objetiva, introduciendo ahora, de alguna manera, elementos subjetivos, sobre la referencia a tres parámetros: a) valor de la defraudación, b) entidad del perjuicio y c) situación económica de la víctima.
Desde luego si la cantidad defraudada es por sí sola importante nadie puede dudar de que nos encontramos ante un hecho de "especial gravedad". Una referencia para determinar esta cantidad podía ser la de seis millones de pesetas (treinta y seis mil euros) que vinimos considerando como cifra para estimar como muy cualificada la paralela agravación establecida en el nº 7º del art. 529 CP 1973 a partir de una reunión plenaria de esta sala de 26.4.91, que estableció la de dos millones para apreciarla como simple (SS. de 16.9.91, 25.3.92 y 23.12.92 ).
En el caso presente, la cantidad total defraudada 1.055.660,93 E exime de cualquier comentario en orden a la concurrencia del subtipo agravado del art. 250.1.6 CP .
Respecto a la idoneidad del engaño cuestionada por el recurrente al no considerarlo de entidad suficiente por no haber guardado la entidad defraudada el mínimo de diligencia exigible. Como decíamos en las recientes sentencias 182/2005 de 15.2 y 1491/2004 de 22.12, que la estafa como elemento esencial requiere la concurrencia del engaño que debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de disposición de la víctima que constituye la consecuencia o efecto de la actuación engañosa, sin la cual no se habría producido el traspaso patrimonial, acto de disposición que realiza el propio perjudicado bajo la influencia del engaño que mueve su voluntad (SSTS. 1479/2000 de 22.9, 577/2002 de 8.3 y 267/2003 de 24.2 ) y que puede consistir en cualquier acción del engañado que causa un perjuicio patrimonial propio o de tercero, entendiéndose por tal, tanto la entrega de una cosa como la prestación de un servicio por el que no se obtiene la contraprestación.
Se añade que el engaño sea bastante para producir error en otro (STS. 29.5.2002 ) es decir que sea capaz en un doble sentido: primero para traspasar lo ilícito civil y penetrar en la ilicitud penal, y en segundo lugar, que sea idóneo, relevante y adecuado para producir el error que quiera el fraude, no bastando un error burdo, fantástico o inaccesible, incapaz de mover la voluntad de las personas normalmente constituidas intelectualmente, según el ambiente social y cultural en que se desenvuelvan STS 2.2.2002 ).
En definitiva, el engaño debe ser antecedente, causante y bastante, entendido este último en sentido subjetivo como suficiente para viciar el consentimiento del sujeto pasivo --SSTS 11169/99 de 15.7, 1083/2002 de 11.6--, o como dice la STS. 1227/98 de 17.12, que las falsas maquinaciones "sean suficientes i idóneas para engañar a cualquier persona medianamente avisada". Engaño bastante que debe valorarse por tanto "intuitir personae", teniendo en cuenta que el sujeto engañado, puede ser mas sugestionable por su incultura, situación, edad o déficit intelectual (SSTS. 1243/2000 de 11.7, 1128/2000 de 26.6, 1420/2004 de 1.12 ), idoneidad valorada tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de la totalidad de circunstancias del caso concreto (SS. 161/2002 de 4.2, 2202/2002 de
Efectuadas estas precisiones previas la impugnación de los recurrentes, entendiendo aplicable el principio de autorresponsabilidad, en virtud el cual no puede acogerse a la protección penal quien no guarda esa diligencia media, de suerte que la defraudación se produce, no por el engaño en si mismo, sino por su censurable abandono y ambición, no puede ser acogida.
No obstante esta doctrina no es aplicable al caso concreto. En efecto la sentencia de instancia destaca cual fue la actuación orquestada por el recurrente Bernardo desde su cargo de Director de Ventas de auto-radios de la empresa Robert Bosch España, SA. teniendo entre sus cometidos el acordar con cada uno de los clientes fabricantes de vehículos las condiciones de sus correspondientes rappeles y dirigir al departamento de contabilidad los comunicados correspondientes para el abono de los rappeles calculados, y como desde esa posición y conociendo el funcionamiento de estas bonificaciones que la empresa concede a sus mejores clientes, constituyó con su esposa, determinadas empresas, para librar a continuación facturas a nombre de dichas empresas contra las cuentas de cada uno de los fabricantes de vehículos, que a veces iban acompañadas de una carta de los representantes comerciales de dichos fabricantes, facturas que no se correspondían con servicios realmente desempeñados, consiguiendo así con la utilización de estas facturas cargadas en las cuentas de los rappeles de los distintos fabricantes de automóviles 175.647.200 ptas.
(1.055.660,93 E), que ingresó en las cuentas de sus propias empresas, y cómo para evitar que estos cargos indebidos en las cuentas de los fabricantes alertaran a sus legítimos titulares al disminuir los importes que por bonificaciones les correspondían, por tener capacidad para ello, incrementó la proporción de los importes que correspondan a los rappeles en la cantidad necesaria a cada uno de los fabricantes, sin que éstos lo supieran y poder así sufragar tanto las facturas como los ilegítimos rappeles que les correspondían a los fabricantes.
Actuación ésta constitutiva del engaño cualificador de la estafa e idóneo para el desplazamiento patrimonial y perjuicio para Robert Bosch España SA., ya que como bien destaca la sentencia recurrida "cuando alguien confecciona unas facturas en las que se describe la transferencia de fondos que la misma implica de manera absolutamente opuesta a la realidad y para disimular o para ocultar el trafico real que la misma significa, realiza un engaño", y "precisamente por esto, la confabulación que significaban las facturas inventadas a través de la creación de empresas inexistentes, la empresa Robert Bosch España creyó que las facturas en cuestión eran reales y permitió la libranza de fondos a favor de las empresas propiedad de Bernardo y Erica por importe de 175.647.200 ptas., lo que desde luego no habría hecho, ni hubieran conocido la realidad de dichas facturas".
El motivo tercero por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 LOPJ . por vulneración del art. 24.2 CE . derecho fundamental a la presunción de inocencia, al no existir prueba suficiente de cargo para condenar al recurrente por un delito de estafa en concurso medial con delito de falsedad en documento mercantil, por cuanto, como ha quedado demostrado en los motivos anteriores han existido lagunas o vacíos y errores materiales, a la hora de determinar la fórmula empleada para establecer la cuantía correspondiente a los importes que correspondían a los rappeles, no debió tenerse por acreditado el quantum defraudado en virtud del Informe pericial, y el Tribunal sentenciador no debió tenerlo en cuenta para establecer la condena impuesta, y habida cuenta que la Audiencia no ha explicado el razonamiento, en virtud del cual partiendo de los hechos probados, llega a la conclusión de considerar acreditado el quantum del perjuicio irrogado a Robert Bosch se vulnera igualmente el art. 120.3 CE ., según el cual las sentencias deberán ser siempre motivadas, y el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE .
Con carácter previo debemos destacar, tal como declaró la STS. 2.4.1996, que el verdadero espacio de la presunción de inocencia abarca dos extremos fácticos: la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, entendido el término culpabilidad -y la precisión se hace obligada, dada la polisemia del vocablo en lengua española, a diferencia de la inglesa- como sinónimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal (SSTS. 9.5.89, 30.9.93 y 30.9.94 ).
Por ello la jurisprudencia ha destacado de la presunción de inocencia su naturaleza de derecho reaccional, no necesitado de un comportamiento activo de su titular, que se extiende sobre dos niveles:
normativo, que abarca tanto a la regularización en la obtención y producción de la prueba como a la comprobación de la estructura racional de la convicción del juzgador, lo que se realizará a través de la necesaria motivación que toda sentencia debe tener, siendo en este aspecto donde realmente aflora la dimensión constitucional de la presunción de inocencia, pues la racionalidad de la valoración de la prueba conecta aquel derecho con la interdicción de la arbitrariedad.
Ahora bien, cuando en esta vía de casación se alega infracción de ese fundamental derecho, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a la presencia del juzgador de instancia, porque a éste sólo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal «a quo» contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia (STS. 1125/2001 de 12.7 ).
Con respecto a la motivación fáctica de la sentencia recurrida, hemos dicho en STS. 285/2006 de 8.3, que no basta con dar por probada la participación de los diversos sujetos incursos en un proceso penal, mediante una genérica y global apreciación probatoria, sino que es necesario, uno por uno, destacar cada uno de los elementos probatorios, indiciarios o directos, de los que se han servido las acusaciones para determinar, después, si los mismos son aptos para destruir la presunción constitucional de inocencia, proclamada en el art. 24.2 CE .
Finalmente y como dice nuestra sentencia 555/2003 de 16.4, el derecho a la tutela judicial efectiva, establecida en el art. 24.1 de la CE ., comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en Derecho de los Jueces y Tribunales, y exige que las sentencias expliciten de forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, que estén motivadas de forma bastante, lo que además venía ya preceptúado en el art. 142 de la LECrim ., está prescrito por el art. 120.3º de la CE ., y se deduce implícitamente de la prohibición de la arbitrariedad que impone el art. 9.3º de la misma Supra Ley . La finalidad de la motivación será hacer conocer las razones que sirvieron de apoyatura a la decisión adoptada, quedando así de manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad. La motivación tendrá que tener la extensión e intensidad suficiente para cubrir la esencial finalidad de la misma; que el Juez explique suficientemente el proceso intelectivo que le condujo a decidir de una determinada manera. En este sentido STC. 57/2003 de 24.3 .
En el caso presente, tal como se ha explicitado en el motivo primero -y con independencia de que el propio acusado reconoció desde el mismo momento de la detención y en el propio acto del juicio oral, lo esencial de los hechos descritos en el relato fáctico- la sentencia de instancia in fine la cantidad defraudada de la pericial de d. Mariano, y de la testifical del representante legal y del contable de la empresa Robert Bosch España SA. así como de la documental incorporada al procedimiento en orden a la propia existencia de la cuenta interna y las cantidades que de la misma se habían percibido directamente por las empresas creadas por Bernardo .
Esta motivación fáctica, en cuanto individualiza los medios de prueba, debe entenderse suficiente en cuanto permite conocer el motivo decisorio excluyente de un mero voluntarismo relativo a la pura arbitrariedad de la decisión adoptada (STC. 25/90 de 19.2, 101/92 de 25/6 ) con independencia de la parquedad del razonamiento empleado: una motivación escueta puede ser suficiente porque la Constitución Española no garantiza un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial, debiendo advertirse (STS. 146/2007 de 28.2, que la motivación fáctica adquiere especial importancia cuando el hecho probado se apoya en prueba indirecta o indiciaria, porque entonces es del todo punto necesario la expresión de los razonamientos que han percibido al Tribunal llegar a las conclusiones adoptadas a través de un proceso deductivo derivado de unos hechos indiciarios indirectos, pero no precisa una detallada argumentación cuando la prueba es directa, en cuyo caso la exigencia de motivación queda complementada con la indicación de las pruebas directas de que se trate, pues en tal caso, el razonamiento va implícito en la descripción de aquéllas (STS. 1228/2005 de 24.10 ).
El motivo cuarto al amparo del art. 849.1 LECrim . por indebida aplicación del art. 250.1.7 CP ., toda vez que del relato fáctico no se desprende la concurrencia de los requisitos necesarios para entender agravado el delito de estafa por abuso de relaciones personales existentes entre víctima y defraudador.
La agravación prevista en el art. 250.1.7ª CP . en cuanto se refiere a que el autor del delito cometa abuso de las relaciones personales que existan entre él y la víctima o se aproveche de su credibilidad empresarial o profesional, puede apreciarse con más claridad en los supuestos de estafa, en los que existe una maquinación engañosa previa al desplazamiento patrimonial en la que puede ser utilizada la facilidad que supone el abuso o aprovechamiento de aquellas circunstancias, que en los de apropiación indebida, en los que la recepción de la cosa o dinero se produce siempre en atención a una relación de confianza previa que el autor del delito quebranta posteriormente con su acción de apoderamiento (STS núm. 2232/2001, de 22 de noviembre ).
En igual sentido la STS. 785/2005 de 14.6, recuerda que hemos dicho (STS 383/2004, de 24 de marzo ), que en cuanto a la apreciación del subtipo agravado previsto en el artículo 250.1.7 CP, abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, ha señalado la Jurisprudencia de esta Sala (ver STS núm. 890/03 ) que tal como señalan las Sentencias de 28 abril de 2000 y la 626/2002, de 11 de abril, la aplicación del subtipo agravado por el abuso de relaciones personales del núm. 7 del artículo 250 del Código Penal queda reservada para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente, en definitiva un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo, pues en caso contrario, tal quebrantamiento se encuentra ordinariamente inserto en todo comportamiento delictivo calificable como estafa (Sentencias 2549/2001, de 4 de enero de 2002, y 1753/2000, de 8 de noviembre ).
La sentencia de instancia en el caso presente en el Fundamento Jurídico tercero in fine justifica la aplicación de esta agravación en que "sin perjuicio de admitir que quizás un control diseñado como objetivo pero incumplido por la empresa podía cuestionar esta agravatoria, lo cierto es que la propia empresa Robert Bosch tenia una especial confianza en su trabajador encargado de las ventas de los automóviles a los clientes fabricantes de los mismos, ya que el mismo fue felicitado específicamente por su gestión y recibió además una retribución anual extraordinaria. Esta Sala no puede compartir esta argumentación por cuanto fue ese abuso de relaciones personales lo que originó el nacimiento del injusto típico, resultando impensable la producción de ese engaño "bastante" si no estuviera fundamentado en la propia confianza generada por el acierto de su gestión.
Así en el relato fáctico solo se dice que el acusado era Director de Ventas de auto-radios de la empresa Robert Bosch Española SA.. y que ese cargo, entre otros cometidos implicaba el calcular y dirigir el correspondiente comunicado al departamento de contabilidad para que aplicaran y abonaran los ráppeles que según los convenios, les correspondieran a los clientes fabricantes de vehículos, por el volumen de las compras que habían realizados todos y cada uno de ellos, pero en ningún momento se establece que la empresa depositara una especial confianza en el acusado, ni que su ámbito de actuación fuera distinto, o que tuviese especiales facultades, al que ostentaba cualquier director en ese mismo sector.
No existe, por tanto, una relación distinta a la que por sí mismo a representa la relación jurídica que integra la conducta engañosa, siendo precisamente el cargo desempeñado por el acusado el que posibilitó el engaño bastante y suficiente para configurar el delito de estafa, sin que pueda ser objeto de una doble valoración jurídica, con infracción del principio "non bis in idem" primero para integrar la estafa y después el presupuesto de la agravación.
El motivo, por lo expuesto, se estima con las consecuencias penológicas que se determinarán en la segunda sentencia.
El motivo quinto por infracción de principio constitucional al amparo del art. 5.4 LOPJ. por vulneración del art. 24.2 CE ., en cuanto al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, dado que el momento de los hechos se remonta a 1999, habiendo transcurrido 7 años hasta la celebración del juicio oral, cuya primera sesión tuvo lugar el 6.6.2006 habiendo transcurrido desde el auto de incoación del procedimiento abreviado de 12.12.2001, y el auto de apertura del juicio oral de 26.6.2002 hasta la efectiva celebración del acto del juicio oral, cuatro años.
El motivo carece de justificación y debe ser desestimado.
Ahora bien lo que si debe exigirse es que la parte señale los puntos de dilación en la tramitación y la justificación de su carácter de indebida, lo que la parte no ha efectuado, remitiéndose genéricamente la denuncia al transcurso de 7 años en la tramitación de la causa, cuando debió argumentarse como todo lo anterior e incluso razonarse y acreditarse el perjuicio irrogado por la dilación denunciada (STS. 19.6.2000,
12.2.2001, 6.3.2007 ), máxime cuando las interrupciones más significativas han sido imputables a la propia parte. Así en el acto de la vista del juicio oral fue suspendida en dos ocasiones (13.10.2003 y 16.3.2004), por las enfermedades repentinas del acusado y por la larga enfermedad y convalecencia de su abogado defensor.
La impugnación consecuentemente debe ser desestimada.
RECURSO DE Erica
El motivo primero al amparo del art. 5.4 LOPJ . por vulneración del principio acusatorio que forma parte del conjunto del derecho a un proceso con todas las garantías, art. 24 CE .
Se alega en el motivo que la sentencia impugnada absuelve a la recurrente de los delitos que le eran imputados por las acusaciones, pero declara su participación a titulo lucrativo por aplicación del art. 122 CP . cuando en ningún momento, ni siquiera con carácter subsidiario, se formuló tal petición ni en las conclusiones provisionales ni en las definitivas en el acto del juicio oral.
Por ello su posterior condena como participe a titulo lucrativo ha producido una manifiesta indefensión a esta parte, toda vez que los presupuestos normativos de la responsabilidad civil por delito y la acción de responsabilidad como participe lucrativo son muy diferentes y la parte no ha tenido oportunidad de articular los medios de prueba necesarios sobre los hechos en los que se basa esa participación a titulo lucrativo que declara el Tribunal de instancia.
El principio acusatorio, cuya violación se denuncia, exige, tal como decíamos en la STS. 3.6.2005 y conforme ha precisado el Tribunal Constitucional la exclusión de toda posible indefensión para el acusado, lo cual quiere decir "en primer término, que el hecho objeto de acusación y el que es base de la condena permanezcan inalterables, esto es, que exista identidad del hecho punible, de forma que el hecho debatido en juicio, señalado por la acusación y declarado probado, constituya supuesto fáctico de la calificación de la sentencia. La otra condición consiste en la homogeneidad de los delitos objeto de condena y objeto de acusación" (SS. T.C. 134/86 Y 43/97 ). El T. S. por su parte tiene declarado sobre la cuestión aquí examinada que" el sistema acusatorio que informa el proceso penal especial exige que exista la debida correlación entre la acusación y la sentencia de forma tal que la defensa del imputado tenga oportunidad de alegar, proponer prueba y practicar en su práctica y en los debates, habiendo conocido con antelación suficiente aquello de lo que se le acusa, y sin que la sentencia de forma sorpresiva pueda condenar por algo de lo que antes no se acusó y respecto de lo cual consiguiente no pudo articularse la estrategia exigida por la Ley en garantía de la posición procesal del imputado", de ahí que "la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de defenderse "(s. T.S. 7/12/96 ); y que "el establecimiento de los hechos constituye la clave de la bóveda de todo el sistema acusatorio del que el derecho a estar informado de la acusación es simple consecuencia (s. T.S. 15/7/91 ). "los hechos básicos de la acusación y constituyen elementos substanciales e inalterables y la sentencia tiene que ser congruente respecto de los mismos, sin la introducción de ningún nuevo elemento del que no existiera posibilidad de defensa "(SS. T.S. 8/2/93, 5/2/94 Y 14/2/95 ). En suma, como se precisa en s. 26/2/94 es evidente: "a) Que sin haberlo solicitado la acusación no puede introducir un elemento "contra reo" de cualquier clase que sea; b) Que el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo; c) Que el inculpado tiene derecho a conocer temporánea y oportunamente el alcance y contenido de la acusación a fin de no quedar sumido en una completa indefensión; y d) Que el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito distinto o una circunstancia penológica diferente a las que fueron objeto del debate procesal y sobre la que no haya oportunidad de informarse y manifestarse el acusado".
La reciente s. 669/2001 de 18 abril es suficientemente esclarecedora al precisar: " Una reiterada jurisprudencia de esta Sala, SS. 15/3/97 y 12/4/99, entre otras, han declarado que lo verdaderamente importante, para no vulnerar el principio acusatorio, es el relato fáctico de la acusación sea respetado en las líneas esenciales, no en todos sus detalles, muchos de ellos irrelevantes en la mayor parte de los casos, pero también se ha mantenido para ser respetuoso con el derecho constitucional a ser informado de la acusación y con el derecho de defensa el relato fáctico de la calificación acusatoria debe ser completo (debe incluir todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo objeto de la acusación y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado) y específico (debe permitir conocer con precisión cuales son las acciones o expresiones que se consideran delictivas) pero no exhaustivo, es decir que no se requiere un relato minucioso y detallado, por así decido pormenorizado, ni la incorporación ineludible al texto del escrito de elementos fácticos que obren en las diligencias sumariales y a los que la calificación acusatoria se refiere con suficiente claridad (s. T.S. 4/3/99 ).
La cuestión, por tanto, es si tal cambio en el relato histórico implica una mutación sustancial a los efectos del principio acusatorio y del correlativo derecho de defensa. Es sabido que las modificaciones de detalles o de aspectos meramente secundarios no conculcan tales principios y pueden ser introducidos por el Tribunal sentenciador en su resolución, con objeto de ser más respetuosos con la descripción de la verdad material de lo acontecido. Sobre este particular hemos de señalar: 1) Que lo que es objeto de contradicción en el debate del juicio oral es lo que se refleja en los respectivos escritos de acusación y de defensa, esto es, los elementos fácticos y jurídicos que enmarcan el objeto del proceso penal; 2) Que tal marco no es inflexible, sino que, por un lado, puede traspasarse con la introducción de elementos episódicos, periféricos o de mero detalle, no afectantes al derecho de defensa, y por otro, se ensancha o se acorta en el momento en que las partes elevan a definitivas sus conclusiones provisionales, dándose oportunidad de nuevos elementos probatorios posteriores que desvirtúen los introducidos en dicha fase procesal, para salvaguardar el derecho de defensa; 3) Que las modificaciones que se introduzcan no pueden modificar esencial o substancialmente los elementos fácticos del relato histórico que las acusaciones sometan a la consideración del Tribunal, si no se ha producido una petición condenatoria al menos alternativa por parte de las mismas; 4) Por último, tal modificación sustancial debe obviamente valorarse de acuerdo con las particulares del caso enjuiciado.
En el caso que examinamos la hoy recurrente fue absuelta de los delitos de que era acusada tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular y sin embargo, condenada como participe a titulo lucrativo del ilícito penal cometido por su marido, manteniéndose inalterables las consecuencias civiles del hecho imputado como delito y de las que tuvo oportunidad de defenderse dado que a la sanción penal por los delitos de que fue acusada -y finalmente absuelta- se le unió la petición de esa responsabilidad civil por haberse aprovechado de la conducta criminal que en sentencia se limitó exclusivamente a su marido, no produciéndose indefensión ni infracción del principio acusativo. En esta dirección la STS. 142/2003 de 5.2, en un supuesto en que un acusado por estafa junto con su hermano, fue absuelto de este delito, recogiéndose en los hechos probados que dicho acusado había ido gastando los tres millones de pesetas ingresados en su cuenta, aplicándolos en su beneficio, tras señalar que no cabria su condena por los posibles delitos de encubrimiento, receptación o apropiación indebida por la heterogeneidad respecto de una acusación sólo por estafa, declaró que no cabía decir lo mismo con relación a la petición de indemnización formulada por las dos acusaciones frente a los dos acusados, tal petición de indemnización se hizo y respecto de la misma si pudo defenderse el acusado absuelto, concluyendo que si bien no cabía condena penal, si podía aplicarse el art. 122 CP ., concurriendo sus requisitos y que no se produce esa obligación de indemnizar como si fuera responsable penal, art. 116 CP ., sino otra diferente e independiente: la restitución de la cosa objeto del delito o falta o el resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.
Criterio reiterado en el Auto de 27.10.2003, que no consideró incongruente y consiguiente vulneradora del derecho fundamental del art. 24.1 CE ., que la sentencia declarase la responsabilidad civil ex art. 108 CP. 1973, hoy reproducido substancialmente en el art. 122 CP . vigente, en tanto que para el Abogado del Estado hacia ex arts. 19 y 101 CP. 1973 -arts. 109.1 y ss. CP. vigente- de la responsabilidad criminal que cada uno de los acusados había incurrido como autores de un delito, del que fueron absueltos, argumentando que el hecho en que se fundaba la responsabilidad civil de aquellos era el mismo en que el Abogado del Estado hizo descargar su petición y que a su juicio implicaba, para cada uno de ellos, un delito previsto en el art. 349 CP. 1973 y al fundar la sentencia en el art. 108 CP. 1973 -art. 122 CP. 1995 - en lugar de hacerlo en los arts. 19 y 101 ss. CP. 1973 - arts. 109.1 y ss. CP. 1995 - invocados por el Abogado del Estado, no se había apartado de la causa de pedir ni por supuesto había introducido hechos de los que los acusados no se hubieran podido defender, "de suerte que carecen de fundamento tanto la pretensión de incongruencia que se quiere fundar en el art. 218.1 LEC . como la de infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión reconocido en el art. 24.1 CE . En definitiva, como dice el Ministerio Fiscal, la participación en los efectos, del delito presupuesto de aplicación del art. 108 CP. 1973, deriva en el presente caso, exclusivamente de los hechos que para el Abogado del Estado son presupuesto de la aplicación de los arts. 19 y 101 ss. del mismo Cuero Legal".
El motivo segundo por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 LECrim. por aplicación indebida del art. 122 CP ., por no darse los requisitos objetivos y subjetivos necesarios para configurar la existencia de esa participación a titulo lucrativo.
El art. 122 CP . recoge la restitución de la cosa y el resarcimiento del perjuicio o daño patrimonial originado al sujeto pasivo del delito en las adquisiciones a titulo lucrativo, como consecuencia de que nadie debe enriquecerse indebidamente en virtud de negocios jurídicos que se derivan de causa ilícita y desarrolla la institución jurídica que ha adquirido carta de naturaleza con el nombre de receptación civil.
Los requisitos necesarios para su apreciación son:
) que exista una persona, física o jurídica, puesto que se trata de la exigencia de una responsabilidad civil y ésta es susceptible de hacerse contra los entes sociales con personalidad reconocida por el derecho, que hubiese participado a los efectos de un delito o falta, en el sentido de haberse aprovechado de ellos por título lucrativo, por lo que quedan excluidas las adquisiciones en virtud de negocios no susceptibles de esta calificación jurídica; 2º) el adquiriente debe tener meramente conocimiento de la adquisición e ignorar la existencia de la comisión delictiva de donde provienen los efectos, a fin de impedir la aplicación del "crimen recptacionis" en concepto de autor, cómplices y encubridor. La condena como responsable penal origina la aplicación del art. 116 CP . y no la del art. 122 CP.; 3º ) la valoración antijurídica de la transmisión de los objetos y su reivindicabilidad se ha de hacer de acuerdo con la normativa que regula el tráfico jurídico, y la determinación del resarcimiento se realizará por la cuantía de la participación -SSTS. 532/2000 de 30.3, 142/2003 de 5.2, 1024/2004 de 24.9 -.
Aplicando tal doctrina al caso aquí enjuiciado, el motivo, que es apoyado por el Ministerio Fiscal debe ser estimado.
En efecto en el relato fáctico solo se considera acreditado, en el apartado segundo que " Bernardo que conocía bien el funcionamiento de estas bonificaciones que la empresa concedía a sus mejores clientes acordó constituir utilizando a su esposa Dª Erica, las empresas MD 52 SL, MARPROSER SL. y CRIPTO COMERCIO Y SERVICIO SL. Estas empresas eran, en realidad, propiedad del propio Bernardo sin perjuicio de que hizo figurar como administradora única de las mismas a la propia Erica . y en el apartado tercero que...." Con la utilización de las facturas de las empresas más arriba citadas de D. Bernardo cargo a las cuentas de los rappeles de los distintos fabricantes de automóviles 175.647.200 pesetas que ingreso en las cuentas de sus propias empresas", limitándose en la fundamentación jurídica (FJ. 6º) a no considerarla autora de los hechos descritos más arriba por no tener la Sala la certeza de que Erica conociera realmente el proyecto delictivo que permitió la realización de la estafa "sin perjuicio de apreciar que en cuanto se benefició de los ingresos objeto de estafa en cuanto esposa del otro acusado, debe ser declarada participe a titulo lucrativo del mismo".
Esto es en el relato fáctico no se determina cómo y de qué manera la recurrente se aprovechó o participó en los efectos del delito, no se establece que se produjera un aumento en su patrimonio ni cual fue el concreto beneficio obtenido y ni siquiera que el ingreso del dinero defraudado se produjera en cuentas titularidad de la recurrente sino en las cuentas "de sus propias empresas", refiriéndose a su marido, por más que el ingreso en las cuentas no determina sin más el aprovechamiento lucrativo, ni hace su responsabilidad por el simple deposito del dinero en sus cuentas (STS. 1024/2004 de 24.9 ), no siendo absurdo que el paso del dinero en las cuentas tuviera una simple finalidad nominal o transitoria, al objeto de dificultar el descubrimiento del fraude.
Consecuentemente y como en la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada no se razona ni explica -salvo la referencia a ser la esposa del condenado penalmente- en base a qué pruebas deduce aquella participación lucrativa, tal falta de motivación fáctica ha de llevar la estimación del recurso y dejar sin efecto la aplicación del art. 122 CP .
El motivo tercero al amparo del art. 849.2 LECrim ., al haber existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del Juzgador y transcripción literal del motivo primero del recurso interpuesto por el acusado Bernardo por lo que, dando por reproducidos los Fundamentos Jurídicos primero, segundo y tercero, ha de seguir igual destino desestimatorio
La estimación parcial de los recursos interpuestos, implica la declaración de oficio de las costas respectivas, art. 901 LECrim .
Que debemos declarar y declaramos haber lugar a los recursos de casación, interpuestos por las representaciones de Bernardo, con estimación del motivo cuarto por infracción de Ley, y de Erica, con estimación del motivo segundo por infracción de Ley, contra sentencia de 29 de junio de 2006, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17ª, en causa seguida contra los referidos delitos de estafa y falsedad documento mercantil, y en su virtud casamos y anulamos dicha resolución, dictándose a continuación nueva sentencia más acorde a derecho, con declaración de oficio de las costas causadas en los recursos respectivos.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Juan Saavedra Ruiz D. José Ramón Soriano Soriano D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción Nº41 de Madrid con el número 2422 de 1999, y seguida ante la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17ª, por delito de estafa, contra Bernardo, nacido en Madrid el día 17 de enero de 1952, hijo de Rafael y de Paz, con DNI. nº NUM000 ; y contra Erica, nacida en Madrid el día 10 de enero de 1954, hija de Andrés y de concepción, y con DNI. 02.846.220; la Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, hace constar lo siguiente:
Se aceptan y se dan por reproducidos los de la sentencia recurrida, incluidos los hechos probados.
Conforme a lo razonado en el Fundamento de Derecho Décimo de nuestra primera sentencia, no concurre en relación a la estafa la agravación prevista en el art. 250.1.7ª CP ., lo que debe incidir en la pena concreta a imponer al acusado Bernardo, por cuanto la impuesta aplicando el art. 77.2 CP . 4 años de prisión y 10 meses multa, correspondiente al delito más grave, estafa, se hizo tomando como factor de individualización no solo la calificación de especial gravedad en orden a determinar la penalidad del art. 250
, sino el quebrantamiento de la confianza depositada, eliminada esta agravación especifica, se considera por esta Sala la más adecuada y proporcionada a las circunstancias del delincuente y a la gravedad del hecho, la de 3 años y 6 meses prisión y 9 meses multa con cuota diaria de 5 euros, y responsabilidad personal subsidiaria caso de impago de 1 día por cada dos cuotas no satisfechas, pena ésta inferior a la que correspondería de penar ambos delitos por separado. Así al delito continuado de falsedad documental art. 392, le correspondería una penalidad de 6 meses a 3 años prisión y multa de 6 a 12 meses multa, y al ser aplicable, el art. 74.1 CP . por la continuidad delictiva, la pena mínima seria 1 año y 9 meses prisión, y multa de 9 meses. Y el delito continuado de estafa del art. 250.1.6 CP ., aún no siendo preceptiva la imposición de la pena en la mitad superior, art. 74.2 CP ., teniendo en cuenta los factores concurrentes y en especial el importe de la cantidad defraudada -muy por encima de los limites cuantitativos jurisprudencialmente establecidos para la calificación de especial gravedad- la pena que sería proporcionada no debería ser inferior a la de 2 años prisión y 8 meses multa.
Dando por reproducido el Fundamento de Derecho Decimocuarto, no resulta de aplicación en relación a Erica lo dispuesto en el art. 122 CP . por no constar la existencia de los elementos objetivos y subjetivos necesarios para configurar la existencia de esa participación a titulo lucrativo.
Que manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 29 de junio de 2006, se modifica la misma en los únicos extremos de no estimar concurrente la circunstancia de abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador en el delito de estafa, condenando a Bernardo a la pena de 3 años y 6 meses prisión y multa de 9 meses con cuota diaria de 5 euros, con responsabilidad personal subsidiaria caso de impago de 1 día prisión por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y eliminar en relación a Erica la obligación de reintegrar de forma solidaria con su esposo la cantidad de 1.055.660,93 euros.

References: resolución 
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in fine
 artículo 250
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