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Timestamp: 2019-10-19 00:45:44+00:00

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﻿ Sentencia 2000-00567 de abril 30 de 2014
SENTENCIA 2000-00567 DE 30 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:LA OCUPACIÓN EL PLANO ADMINISTRATIVO. LA OCUPACIÓN ES UNA SITUACIÓN DE HECHO, OCURRIDA AL MARGEN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ALGUNO, QUE SE CONCRETA EN LA PRÁCTICA EN SITUACIONES COMO EL ASENTAMIENTO DE TROPAS, O LA UBICACIÓN DE MATERIALES O MAQUINARIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA O LAS MISMAS OBRAS PÚBLICAS QUE PERTURBAN O MENOSCABAN DE MANERA TEMPORAL O PERMANENTE LOS DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS O DE AQUELLOS QUE USUFRUCTÚAN BIENES DE NATURALEZA PRIVADA. DE DONDE, ES SOLAMENTE ES PERJUDICADO O DAMNIFICADO CON EL HECHO DAÑOSO QUIEN RESULTA HABILITADO PARA RECLAMAR LOS PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 CONSTITUCIONAL, PUES ES QUIEN MATERIALMENTE RESULTA DESPOJADO DEL DERECHO DE PROPIEDAD O DEL USO Y GOCE DEL BIEN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, OCUPACIÓN, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DISTRITO CAPITAL, BIEN INMUEBLE
Sentencia 2000-00567 de abril 30 de 2014
Radicación: 25000232600020000056701 (27.855)
Actor: Héctor José Buitrago Rodríguez y otro
La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(2), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación.
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación, con miras a determinar si la parte demandante está legitimada para solicitar la indemnización de perjuicios por causa de la construcción del Colegio Rodrigo de Triana, por el Distrito Capital de Bogotá en consideración a que el demandante adquirió la calidad de propietario inscrito del inmueble el 30 de septiembre de 1998, mientras que la construcción se inició en el año de 1993.
Ahora, de establecerse la legitimación y la procedencia de la acción de reparación directa y su oportunidad la Sala se pronunciará sobre las pretensiones formuladas.
3.1.1. La Sala, en relación con la legitimación en la causa, ha precisado lo siguiente:
“La legitimación en la causa —Iegitimatio ad causam— se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal”(3).
Igualmente, ha diferenciado la causa de la legitimación para el proceso de la legitimación en la causa, señalando que esta primera es aquella que se establece entre quien demandada(sic) y el demandado y que surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda y la segunda, como aquella que tiene una relación directa con el objeto de la litis, ya que, tiene que ver con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso(4).
Así, entendida la legitimación en la causa como la calidad que tiene una persona para formular u oponerse a las pretensiones de la demanda, por ser el sujeto de la relación jurídica sustancial, cuando, la controversia se centra en la reclamación por la ocupación de un bien inmueble, como ocurre en este caso, el legitimado por activa para ejercer la acción es quien demuestra tener la calidad de propietario, poseedor o tenedor del bien a tiempo de la ocupación, calidad que dependerá de la condición que se enuncie en la demanda y en la que se fundan las pretensiones. Y, por pasiva según la condición con la cual se presente al proceso la entidad pública responsable de la ocupación por trabajos públicos o cualquier otra causa.
Es que la ocupación es una situación de hecho, ocurrida al margen de procedimiento administrativo alguno, que se concreta en la práctica en situaciones como el asentamiento de tropas, o la ubicación de materiales o maquinaria para la realización de proyectos de infraestructura o las mismas obras públicas que perturban o menoscaban de manera temporal o permanente los derechos de los propietarios o de aquellos que usufructúan bienes de naturaleza privada. De donde, es solamente el perjudicado o damnificado con el hecho dañoso quien resulta habilitado para reclamar los perjuicios de conformidad con el artículo 90 constitucional, pues es quien materialmente resulta despojado del derecho de propiedad o del uso y goce del bien.
3.1.2. En relación con este punto, al proceso acompañan los siguientes medios de prueba:
— Escritura pública de compraventa de inmueble 4225 de 30 de octubre de 1998 suscrita entre inversiones Nievicar y Cía. Ltda. en Liquidación, como vendedora y los señores Néstor Alfonso Bello Garzón y Héctor José Buitrago como compradores en proporciones del 20 y el 80% respectivamente. El predio que se enajenó fue el “lote número dos (2) que hizo parte de uno de mayor extensión, que a su vez hizo parte del de mayor extensión, ubicado en la zona de Bosa, antigua Hacienda Tintalito, hoy Techo, Finca Granada, registro catastral (mayor extensión) Nº BS R 1618, con un área de cuatro mil doscientos treinta y seis metros cuadrados (4.236 m2)...” (fls. 19 y 20, cdno. 2).
— Se aportó el certificado de libertad y tradición correspondiente a la matrícula inmobiliaria 50S-40315194 en el que aparecen entre otras las siguientes anotaciones:
“Anotación 3 Fecha: 03-12-92 Radicación: 71136
Documento: Escritura 7827 del: 23-11-91 Notaría 2 de Stafe de Btá. valor acto: $ 12.000.000.
De: Sarmiento José Alirio
A: Ávila Collazos Ismael 17625712 x
“Anotación 04 Fecha: 23-09-93 Radicación: 64902
Documento: Escritura 6743 del: 07-09-93 Notaría 2 de Stafe de Btá. valor acto: $ 15.000.000
Personas que intervienen en el acto. (La x indica el propietario)
De: Ávila Collazos
A: Inversiones Nievicar y Cía. Ltda. x
“Anotación 08 Fecha: 24-11-98 Radicación: 98-96167
Documento: Escritura 4225 del: 30-10-98 Notaría 25 de Stafe de Btá. valor acto: $ 30.000.000
De: Inversiones Nievicar y Cía. Ltda.
A: Bello Garzón Néstor Alfonso 20% 4157734 x
Buitrago Rodríguez Héctor José 80%” 79105640 x
(fls. 14 y 15, cdno. 2).
— Se aportó también el nuevo certificado de libertad y tradición correspondiente a la matrícula inmobiliaria 50S - 40005972 abierta para el lote 2 que hacía parte del predio con una mayor extensión de la antigua Hacienda el Tintalito, hoy Hacienda Granada, con una sola anotación:
“Anotación 01 Fecha: 24-11-98 Radicación: 98-96167
A: Bello Garzón Néstor Alfonso 20% 41577J4 x
(fI. 13, cdno. 2).
— Respuesta del subdirector de plantas físicas de la Secretaría de Educación de Bogotá calendada el 12 de abril de 1999 en la que señala: “... revisado el folder del Centro Educativo Rodrigo de Triana, se encontró que bajo el Acuerdo 17 del 13 de octubre de 1992 fue creado como establecimiento educativo de orden distrital y se encuentra aprobado con la Resolución 9193 del 26 de diciembre de 1995 y según licitación pública nacional 001 de 1993 se construyó la primera etapa cuyo contratista fue la firma Ediobras Ltda.” (fl. 33, cdno. 2.).
— Resolución 2196 de 31 de agosto de 1993, mediante la cual el Secretario de Educación Distrital abrió la licitación pública LPN SED 001 de 1993 con el objeto de contratar las obras requeridas para la construcción del establecimiento educativo Rodrigo de Triana(5) (fls. 189 y 190, cdno. 3).
— Resolución 2688 del 11 de octubre de 1993 mediante la cual se adjudica la licitación pública LPN SED 001 de 1993 para la construcción del establecimiento educativo Rodrigo de Triana al proponente Ediobras Ltda. (fls. 147 a 149, cdno. 3).
— Contestación del rector del centro educativo Rodrigo de Triana de fecha 18 de junio de 1999 en la que manifiesta: “... 1. En referencia a si el colegio está construido en su totalidad, la Secretaría de Educación Distrital a través de la dependencia plantas físicas es quien tiene la competencia para decidir sobre la proyección en cuanto a ampliación de la planta física. 2. Respecto al segundo punto, las obras de construcción que se ejecutaron el año pasado en este plantel tienen relación con el contrato de obra pública 026 de 1997, realizado por la Secretaria de Educación Distrital y cuyo objeto fue la ampliación de talleres y laboratorios en el Cedit “Rodrigo de Triana” (fl. 37, cdno. 2).
— Contrato de obra pública 026 de 13 de marzo de 1997(6) suscrito por el Distrito Capital de Bogotá y la firma Gustavo Muñoz y Cía. SCA cuyo objeto fue “EL CONTRATISTA se obliga con el Distrito —Secretaria de Educación— a ejecutar a los precios unitarios señalados en su propuesta, y en las especificaciones técnicas, las obras necesarias para la ampliación de talleres y laboratorios del Colegio Distrital Rodrigo de Triana ubicado en la carrera 103 Nº 38B 22 Sur...” (fls. 69 a 81, cdno. 4).
— Adición al contrato 26 del 13 de marzo de 1997, por medio del cual se incrementó el valor del contrato en $ 75.009.980 para solventar las obras adicionales contenidas en el oficio de 11 de noviembre de 1997(7) (fls. 127 y 128, cdno. 4).
— Acta de recibo final de obra del contrato de obra pública 26 de 1997 cuyo objeto fue la ampliación de talleres y laboratorios del Colegio Rodrigo de Triana suscrita el 19 de enero de 1998 en el que aparece que la obra se inició el 11 de junio de 1997 y se terminó el 10 de diciembre de 1997(8).
— Testimonio del señor Carlos Eduardo Cajamarca sobre la terminación de obras en el Colegio Rodrigo de Triana: “... Como a finales de febrero de 1998, ellos estaban limpiando ladrillos y haciendo aseo, era lo último que estaban haciendo, yo me daba cuenta de esto porque los maestros me daban agua, era un canecadito (sic) diario, yo cuidaba unos buses en un parqueadero, este parqueadero quedaba pegado al colegio. Yo no conocía a nadie de los dueños del colegio, yo solo hablaba con los maestros…”(9)(fI. 92, cdno. 2).
3.1.3. Con base en el acervo probatorio precedente, la Sala puede precisar que la ocupación del inmueble objeto de este proceso se concretó con el proceso de construcción de la Institución Educativa Rodrigo de Triana realizada mediante la licitación pública 1 de 1993, obra pública de la que si bien no se sabe la fecha exacta de terminación, se puede deducir que acaeció con la puesta en funcionamiento del centro educativo en marzo de 1995(10), o a lo sumo con la apertura de la licitación de las obras de ampliación ocurrida el 6 de diciembre de 1996(11).
Esto por cuanto, las obras de ampliación de talleres y laboratorios en vigencia del segundo contrato que se efectuaron en el año 1998 se realizaron al interior de los espacios que se habían ocupado inicialmente.
En otras palabras, con estas últimas modificaciones lo que se hizo fue ampliar el área construida sobre el lote que el Distrito Capital había ocupado desde un primer momento con el fin de poner en funcionamiento el Colegio Rodrigo de Triana(12).
Ahora, en este proceso se encuentra igualmente demostrado que durante el tiempo en que se inició y terminó el proyecto, es decir durante el tiempo en que se materializó la ocupación permanente por trabajos públicos e incluso para cuando se hicieron las labores de ampliación la titularidad del derecho de dominio estuvo en cabeza de la sociedad Inversiones Nievicar Cía. Ltda. es decir, que aquella como lo consideró el a quo era quien se encontraba legitimada materialmente para iniciar la acción de que trata el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo con el objeto de lograr la indemnización de los presuntos perjuicios, pues fue ella quien en su momento resultó perjudicada o damnificada con la actuación del Distrito.
Sobre el particular es importante manifestar que, a diferencia de lo señalado por el recurrente la tradición de derechos reales sobre inmuebles previa enajenación y registro nada tiene que ver con la ocupación del bien, esta como se sostiene en la demanda, en tanto, ejecutada por la entidad demandada mediante la contratación de una obra pública.
En este sentido, quien se obligó a transferir el derecho y efectuó la tradición habrá de ser compelido por el comprador a realizar la entrega material(13) y, en defecto de la prestación, el adquirente ya como titular del derecho perseguir la posesión sobre el inmueble de no ser ello posible por ser la enajenación posterior a aquella, la evicción.
Siendo así y dado que los demandantes como ellos mismos lo reconocieron no fueron despojados del inmueble por la administración sino, que adquirieron el que la misma ya ocupaba no se encuentran legitimados para pretender la reparación que demandan.
3.1.4. Bajo estas consideraciones, la Sala acoge las razones esgrimidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión y en ese sentido confirmará la decisión inhibitoria.
El artículo 55 dela Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.
1. CONFIRMAR la sentencia de 15 de abril de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión.
(2) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en el año 2000 fuera conocida por esta corporación, debía superar la suma de $ 26.390.000 —CCA, arts. 129 y 132 subrogados por el D. 597/88—. Y la mayor de las pretensiones fue estimada por la parte actora en $ 1.059.000.000, por concepto de perjuicios materiales (fl. 11, cdno. 1).
(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, expediente 16.271, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(4) Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 2013, expediente 27123, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; sentencia de 31 de octubre de 2007, expediente 13503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 24 de octubre de 2013, expediente 25869, C.P. Enrique Gil Botero.
(5) Se allegaron por la demandada los antecedentes correspondientes al contrato de obra pública 6 de 1993 que se suscribió como consecuencia de la licitación pública LPN SED 001 de 1993, sin embargo, no obra copia del contrato, como tampoco actas de recibo final de obra y liquidación (fls. 1 a 216, cdno. 3).
(6) En el expediente obran los demás antecedentes del contrato (fls. 1 a 565, cdno. 4).
(7) Oficio de 11 de noviembre de 1997 suscrito por la interventoría del contrato en el que entre otras solicita “que se tramite una ampliación del contrato en una cuantía de $ 75.009.980... con el fin de absorber las mayores cantidades de obra resultantes de una estructura mayor a la estimada inicialmente...” (fls. 131 y 132, cdno. 4).
(8) Dentro de los antecedentes existe un acta en la que se entrega la obra a la comunidad educativa, así: salón de aula múltiple, biblioteca, salón de audio visuales, zona de talleres y laboratorios, parqueo en concreto, marcos de microfútbol que fueron reemplazados por marcos múltiples en la cancha pavimentado (fls. 19 a 23, cdno. 2).
(9) Rindió testimonio sobre este mismo aspecto el señor Héctor Agustín Espitia quien señaló que “En el año 1998, como el 5 de febrero, tuve un altercado con los maestros de la dicha obra porque yo guardaba un carro de mi propiedad en el parqueadero siguiente al colegio y me le dejaron caer un ladrillo en el capó del carro y yo fui hacerle reclamo a esos señores pero nadie se hizo cargo. En esos días prácticamente se encontraba terminada esa construcción a raíz de ese inconveniente yo retire el carro de ese parqueadero”. Sobre el mismo aspecto se recibió declaración al señor Giovanny Castillo quien al efecto manifestó: “Sí eso fue en el año 1998 a mediados o principios de febrero. Yo tenía un carrito de vender buñuelos y avena y le vendía a los obreros que trabajaban en la construcción del colegio...”. Obra también el testimonio del señor Luis Arnulfo Quiñónez quien, en el marco de diligencia de inspección judicial, sobre este mismo punto mencionó: “El declarante manifestó que esa segunda ala o fase sur del mencionado colegio terminó de construirse en el mes de febrero de 1998 ... La segunda fase de la construcción según afirma el testigo comprende la cancha de básquet, cafetería, y en el segundo piso restaurante y un aula destinada a educación técnica”. Se allegaron declaraciones extraproceso efectuadas el 18 de noviembre de 1999 ante el señor Notario 19 de Bogotá, en las que los señores Evalo Enrique Bernal Vásquez, Carlos Eduardo Cajamarca y Geovanny Alexander Castillo señalaron que las que manifestaron que las últimas obras en el Colegio Rodrigo de Triana se llevaron a cabo aproximadamente hace año y medio.
(10) De acuerdo a los antecedentes de la institución expuestos en el proyecto educativo institucional del Colegio Rodrigo de Triana el funcionamiento del colegio en esta sede ocurrió en el mes de marzo de 1995. En: http://www.rodrigodetriana.edu.co/. Información que concuerda con la fecha de terminación de la obra señalada por la entidad demanda(sic) en la etapa prejudicial y la contestación de la demanda.
(11) Folio 542 a 556 del cuaderno 4. Resolución 7077 del 6 de diciembre de 1996 y Resolución 7355 de 23 de diciembre de 1996 mediante las cuales se apertura el proceso de licitación pública para la ampliación de talleres y laboratorios del Colegio Rodrigo de Triana fijándose como fecha de apertura el 31 de diciembre de ese mismo año.
(12) Apreciación esta que no se desvirtúa por las aseveraciones de los testigos que concurrieron al proceso, porque si bien a ellos se les indagó sobre la fecha de finalización de las obras, sus relatos dan cuenta de la efectiva realización de trabajos de construcción en el colegio y de su terminación hacia febrero del año 1998, situación que concuerda con las labores de ampliación pero que no desvirtúa la diferencia de las obras, mostrada por los documentos contractuales.
(13) Escritura pública 4225 ... “CUARTO: LA VENDEDORA garantiza a LOS COMPRADORES, que el inmueble que se vende, lo posee de manera regular, quieta, pública y pacífica, que no lo ha enajenado por acto anterior al presente y que dicho inmueble no es objeto de demanda civil, ni está embargado, se halla libre de censos, anticresis, arrendamientos, hipotecas, consignados por escritura pública, desmembraciones, condiciones resolutorias, limitaciones al dominio, pero que en todo caso se obliga a salir al saneamiento en los términos de ley. QUINTO: Que en la fecha se hace entrega real y material del inmueble que vende cuyo dominio lo transfiere LA VENDEDORA junto con todas sus dependencias, anexidades, usos, costumbres y servidumbres que legal y naturalmente le correspondan y a paz y salvo por concepto de impuesto predial y complementarios, causados hasta la fecha de otorgamiento de la presente escritura...” (fl. 20, cdno. 2).

References: ARTÍCULO 90
 artículo 90
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 artículo 86
 artículo 55
 Resolución 
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