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Timestamp: 2018-08-16 08:38:58+00:00

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Ley 7494 de Contratación Administrativa en Costa Rica
Ley 7494 Contratación Administrativa
Regula las Compras y Contrataciones del Estado, entes públicos no estatales y las empresas e instituciones públicas. Poder Ejecutivo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes y Municipalidades
Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos,
Ley # 7494 - Contratación Administrativa
CAPÍTULO 1 - Cobertura y principios generales
Sección primera - Cobertura y excepciones
a) La (actividad ordinaria)* de la Administración, entendida como el suministro directo al usuario o destinatario final, de los servicios o las prestaciones establecidas, legal o reglamentariamente, dentro de sus fines. (*) Mediante Resolución Nº 6754-98 del 22 de diciembre de 1998 la Sala Constitucional indicó: “Interprétese la definición de “actividad ordinaria” contenida en los artículos 2 de la Ley de Contratación Administrativa, número 7494, de dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco, reformada por Ley número 7612 de veintidós de julio de mil novecientos noventa y seis, así como en los artículos 76.1 y 76.2.1 del Reglamento General de la Contratación Administrativa, en el sentido de que se trata de la actividad o servicio que constituye la prestación última o final de la Administración que realiza frente al usuario o destinatario final, actividad o servicio que deben estar definidos previamente en la ley, y cuyo desarrollo puede hacerse mediante reglamento autónomo o de servicio, pero no ejecutivo.” b) Los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho público internacional. c) La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público. d) La actividad de contratación que, por su naturaleza o las circunstancias concurrentes, no pueda ser sometida a concurso público o no convenga someterla, sea porque solo existe un único proveedor, por razones especiales de seguridad o por otras igualmente calificadas de acuerdo con el Reglamento de esta Ley. (Este inciso d), del artículo 2, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.) e) Las compras realizadas con fondos de caja chica, según se dispondrá reglamentariamente, siempre y cuando no excedan de los límites económicos fijados conforme al inciso anterior. f) Las contrataciones que se realicen para la construcción, la instalación o la provisión de oficinas o servicios en el exterior. g) Las actividades que resulten excluidas, de acuerdo con la ley o los instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica. h) La actividad que, por su escasa cuantía, no convenga que sea sometida a los procedimientos ordinarios de concurso, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 27 de esta Ley. En estos casos, la administración cursará invitación por lo menos a tres potenciales proveedores idóneos, si existen, y adjudicará a la oferta de menor precio, sin perjuicio de que se valoren otros factores que se estimen relevantes, lo cual deberá definirse en la invitación. La administración estudiará todas las ofertas que se presenten al concurso, independientemente de si provienen de empresas que fueron invitadas o no. (Este inciso h), del artículo 2, fue reformado por el inciso a) del artículo 1º, de la Ley Nº 8701, de 13 de enero de 2009. Publicada en La Gaceta Nº 20, de 29 de enero de 2009. Es importante destacar que la Ley Nº 8701, rige tres meses después de su publicación, es decir el 29 de abril de 2009.)
Quedan fuera del alcance de la presente ley las siguientes actividades: 1.- Las relaciones de empleo. 2.- Los empréstitos públicos. 3.- Otras actividades sometidas por ley a un régimen especial de contratación.
Se exceptúan de la aplicación de esta ley, los entes públicos no estatales cuyo financiamiento provenga, en más de un cincuenta por ciento (50%), de recursos propios, los aportes o las contribuciones de sus agremiados, y las empresas públicas cuyo capital social pertenezca, en su mayoría, a particulares y no al sector público. Así reformado por el artículo 1, inciso a), de la ley No. 7612 de 22 de julio de 1996.
a) Cuando los bienes, las obras o los servicios, en razón de su gran complejidad o su carácter especializado, solo puedan obtenerse de un número limitado de proveedores o contratistas, de manera que por razones de economía y eficiencia no resulte adecuada la aplicación de los procedimientos ordinarios. b) En los casos en que la administración, habiendo adquirido ya equipo tecnológico, decida adquirir más productos del mismo contratista, por razones de normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad con los equipos tecnológicos que se estén utilizando, teniendo en cuenta si el contrato original satisfizo adecuadamente las necesidades de la administración adjudicadora, si el precio es razonable y, especialmente, si se descartó la existencia de mejores alternativas en el mercado. c) Otras actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.
Las autorizaciones contempladas en este artículo no exoneran a la administración solicitante por los resultados de la contratación, ni por la calificación errónea de las circunstancias que, eventualmente, puedan servir de justificación para la solicitud de excepción de los procedimientos ordinarios de contratación. (Este artículo 2 bis, fue adicionado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
El régimen de nulidades de la Ley General de la Administración Pública se aplicará a la contratación administrativa. Las disposiciones de esta ley se interpretarán y se aplicarán, en concordancia con las facultades de fiscalización superior de la hacienda pública que le corresponden a la Contraloría General de la República, de conformidad con su Ley Orgánica y la Constitución Política.
Para el mejor ejercicio de sus potestades de fiscalización en la materia regulada en esta Ley, la Contraloría General de la República podrá requerir el criterio técnico de asesores externos; para ello, estará facultada para recurrir al procedimiento previsto en el inciso h) del artículo 2 de esta Ley, independientemente de la cuantía de la contratación. En caso de que tal requerimiento se formule ante un ente u órgano público, su atención será obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley orgánica de la Contraloría General de la República. (Este último párrafo del artículo 3, fue adicionado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Sección segunda Principios generales
Las regulaciones de los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los enunciados de los párrafos anteriores. (Este artículo 4, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Los órganos y entes públicos no podrán usar sus prerrogativas de exoneración para importar, por medio de adjudicatarios de licitaciones, concesionarios ni otros terceros, productos manufacturados incluidos en los supuestos de prioridad del artículo 12 de la Ley N° 7017, del 16 de diciembre de 1985. Así adicionado este párrafo por el artículo 1, inciso b), de la ley No. 7612 de 22 de julio de 1996.
Los procedimientos de contratación se darán a la publicidad por los medios correspondientes a su naturaleza. Todo interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la información complementaria.
En el primer mes de cada período presupuestario, los órganos y entes sujetos a las regulaciones de esta Ley darán a conocer el programa de adquisiciones proyectado, lo cual no implicará ningún compromiso de contratar. Para tales efectos, podrá recurrirse a la publicación en el Diario Oficial o a otros medios idóneos, tales como la página electrónica oficial del órgano o entidad. De utilizarse medios distintos de la publicación en La Gaceta, el respectivo órgano o entidad por lo menos deberá informar, en el citado diario o en dos diarios de circulación nacional, acerca del medio empleado para dar a conocer su programa de adquisiciones. (Este tercer párrafo del artículo 6, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
En el primer tercio del plazo previsto para el estudio de ofertas o para el trámite de la apelación, la administración o la Contraloría General de la República, en su caso, podrán conceder una audiencia solicitada por algún interesado. De ser concedida esa audiencia o cualquier otra durante el procedimiento de contratación, la administración o la Contraloría deberá poner en conocimiento a las restantes partes o interesados, acerca de su hora, lugar y fecha, por medio de la dirección electrónica o el fax previamente señalados, asimismo, mediante un aviso que se colocará en un lugar accesible al público. En todo caso, de la audiencia se levantará una minuta y se adjuntará al expediente. (Este último párrafo del artículo 6, fue adicionado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
CAPÍTULO II Requisitos previos de los procedimientos de contratación
Sección primera Requisitos
La justificación del inicio del procedimiento de contratación deberá estar acorde con lo establecido en los planes de largo y mediano plazos, el Plan Nacional de Desarrollo, cuando sea aplicable, el plan anual operativo, el presupuesto y el programa de adquisición institucional, según corresponda. (Este artículo 7, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y previa autorización de la Contraloría General de la República, podrán iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones, la Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario. Así reformado este párrafo por el artículo 1°, inciso c), de la ley N° 7612 del 22 de julio de 1996 En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones.
CAPÍTULO III Derechos y obligaciones de la Administración
Sección única Derechos de la Administración
En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en previsión de la ejecución total del contrato. La Administración podrá reconocer, en sede administrativa, los extremos indicados en los incisos anteriores. Para hacer efectiva la resolución deberá contar con la aprobación de la Contraloría General de la República.
Artículo 12.- Modificación contractual y actualización tecnológica (El nombre de este artículo 12, fue modificado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
a) Que los objetos sean de la misma naturaleza. b) Que se dé un cambio tecnológico que mejore el objeto. c) Que no se incremente el precio ofertado. d) Que se mantengan las demás condiciones que motivaron la adjudicación. (Este segundo párrafo del artículo 12, fue adicionado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
En las contrataciones para la adquisición de equipos tecnológicos, el adjudicatario estará obligado a cumplir con la entrega de la última actualización tecnológica de los bienes adjudicados, siempre y cuando la administración lo haya dispuesto expresamente en el cartel. (Este tercer párrafo del artículo 12, fue adicionado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
a) Que el contratista convenga en ello. b) Que el nuevo contrato se concluya sobre las mismas bases del precedente. c) Que el monto del nuevo contrato no sume más del cincuenta por ciento (50%) del contrato anterior. d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto del primer contrato. (Este artículo 12 bis, fue adicionado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Sección segunda Obligaciones de la Administración
CAPÍTULO IV Derechos y obligaciones de los contratistas
Sección primera Derechos de los contratistas
Los reajustes se calcularán sobre estimaciones mensuales, con base en los precios de la oferta y los índices correspondientes al mes de la apertura de las ofertas. Para aplicar el reajuste, el contratista deberá presentar, en su oferta, un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que componen su precio, incluyendo un desglose de los precios unitarios. La presentación de facturas, por avance de obra cada mes, será obligatoria. (TEXTO MODIFICADO por resolución de la Sala Constitucional No. 6432-98 de las 10:30 horas del 4 de setiembre de 1998.)
Asimismo, en el cartel de licitación debe establecerse la forma de revisar precios y determinar reajustes, así como la referencia al reglamento, en cuanto al mecanismo de aplicación. (Así reformado este último párrafo por el artículo 1, inciso d), de la ley No. 7612 del 22 de julio de 1996.)
Artículo 19.- Reconocimiento de intereses (ANULADO por resolución de la Sala Constitucional No. 6432-98 de las 10:30 horas del 4 de setiembre de 1998.)
Sección segunda Obligaciones de los contratistas
El Reglamento de esta Ley definirá los supuestos y la forma en que proceda indemnizar al contratista irregular. Asimismo, el funcionario que haya promovido una contratación irregular será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 96 bis de esta Ley. (Este último párrafo del artículo 21, fue adicionado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
CAPÍTULO V Prohibiciones
Cuando la prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido con una adjudicación en firme, la entidad deberá velar con especial diligencia porque se ejecute bajo las condiciones pactadas, sin que puedan existir en su favor tratos distintos de los dados a otros contratistas en iguales condiciones. El funcionario sujeto a la respectiva prohibición deberá abstenerse de participar, opinar o influir, en cualquier forma, en la ejecución del contrato.
La participación indirecta existirá cuando por interpósita persona, física o jurídica, se pretenda eludir el alcance de esta prohibición. Para demostrar ambas formas de participación se admitirá toda clase de prueba. (Este artículo 22, fue reformado por el artículo 65, de la Ley Nº 8422, de 6 de octubre de 2004. Publicada en La Gaceta Nº 212, de 29 de octubre de 2004. Es importante destacar que la Ley Nº 8422 establece lo siguiente en sus transitorios: “Transitorio I.- Los funcionarios que, de acuerdo con la presente Ley y su Reglamento, estén obligados a declarar su situación patrimonial, no deberán presentar de nuevo una declaración inicial, cuando lo hayan hecho bajo la vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos; por ello, las declaraciones mantendrán todo efecto y valor. No obstante, las declaraciones anuales y la final que reste por entregar, se sujetarán a la presente Ley y su Reglamento. Transitorio II.- Las personas que, bajo la vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, no estaban obligadas a declarar sus bienes, pero sí deban hacerlo en virtud de la presente Ley y su Reglamento, contarán con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de publicación del respectivo Reglamento para cumplir tal obligación.”)
a) El presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y los viceministros, los diputados a la Asamblea Legislativa, los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor generales de la República, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, así como el proveedor y el subproveedor nacionales.
En los casos de puestos de elección popular, la prohibición comenzará a surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de Elecciones declare oficialmente el resultado de las elecciones. b) Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta directiva, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los subgerentes, tanto de las instituciones descentralizadas como de las empresas públicas, los regidores propietarios y el alcalde municipal. c) Los funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, respecto de la entidad en la cual prestan sus servicios. d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o de construcción.
Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está afectado por injerencia o poder de decisión, antes de participar en el procedimiento de contratación administrativa, el interesado hará la consulta a la Contraloría General de la República y le remitirá todas las pruebas y la información del caso, según se disponga en el Reglamento de esta Ley. e) Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios afectados por prohibición, sean estos internos o externos, a título personal o sin ninguna clase de remuneración, respecto de la entidad para la cual presta sus servicios dicho funcionario. f) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios mencionados en los incisos anteriores, o quienes ejerzan puestos directivos o de representación.
Para que la venta o cesión de la participación social respectiva pueda desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha al menos con seis meses de anticipación al nombramiento del funcionario respectivo y deberá tener fecha cierta por cualquiera de los medios que la legislación procesal civil permite. Toda venta o cesión posterior a esa fecha no desafectará a la persona jurídica de la prohibición para contratar, mientras dure el nombramiento que la origina. Para las sociedades cuyas acciones se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios de la Superintendencia General de Valores, tal prohibición aplicará cuando dicho funcionario controle el diez por ciento (10%) o más del total del capital suscrito de la sociedad. A este efecto la administración únicamente requerirá de la persona jurídica oferente una declaración jurada de que no se encuentra sujeta a ninguna de las causales de prohibición establecidas en este artículo. (Este último párrafo del inciso f), del artículo 22 bis, fue adicionado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
g) Las personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones y cooperativas, en las cuales las personas sujetas a prohibición figuren como directivos, fundadores, representantes, asesores o cualquier otro puesto con capacidad de decisión. h) El cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. i) Las personas jurídicas en las cuales el cónyuge, el compañero, la compañera o los parientes indicados en el inciso anterior, sean titulares de más de un veinticinco por ciento (25%) del capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación. j) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los diseños y los planos respectivos, o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o construcción.
1. Que se trate de un proveedor único. 2. Que se trate de la actividad ordinaria del ente. 3. Que exista un interés manifiesto de colaborar con la Administración. (Este artículo 22 bis, fue adicionado por el artículo 65, de la Ley Nº 8422, de 6 de octubre de 2004. Publicada en La Gaceta Nº 212, de 29 de octubre de 2004. Es importante destacar que la Ley Nº 8422 establece lo siguiente en sus transitorios: “Transitorio I.- Los funcionarios que, de acuerdo con la presente Ley y su Reglamento, estén obligados a declarar su situación patrimonial, no deberán presentar de nuevo una declaración inicial, cuando lo hayan hecho bajo la vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos; por ello, las declaraciones mantendrán todo efecto y valor. No obstante, las declaraciones anuales y la final que reste por entregar, se sujetarán a la presente Ley y su Reglamento. Transitorio II.- Las personas que, bajo la vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, no estaban obligadas a declarar sus bienes, pero sí deban hacerlo en virtud de la presente Ley y su Reglamento, contarán con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de publicación del respectivo Reglamento para cumplir tal obligación.”)
a) Cuando se demuestre que la actividad comercial desplegada se ha ejercido por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición. b) En el caso de directivos o representantes de una persona jurídica, cuando demuestren que ocupan el puesto respectivo, por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición. c) Cuando hayan transcurrido al menos seis meses desde que la participación social del pariente afectado fue cedida o traspasada, o de que este renunció al puesto o cargo de representación. Mediante el trámite que se indicará reglamentariamente, la Contraloría General de la República acordará levantar la incompatibilidad. (Este artículo 23, fue reformado por el artículo 65, de la Ley Nº 8422, de 6 de octubre de 2004. Publicada en La Gaceta Nº 212, de 29 de octubre de 2004. Es importante destacar que la Ley Nº 8422 establece lo siguiente en sus transitorios: “Transitorio I.- Los funcionarios que, de acuerdo con la presente Ley y su Reglamento, estén obligados a declarar su situación patrimonial, no deberán presentar de nuevo una declaración inicial, cuando lo hayan hecho bajo la vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos; por ello, las declaraciones mantendrán todo efecto y valor. No obstante, las declaraciones anuales y la final que reste por entregar, se sujetarán a la presente Ley y su Reglamento. Transitorio II.- Las personas que, bajo la vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, no estaban obligadas a declarar sus bienes, pero sí deban hacerlo en virtud de la presente Ley y su Reglamento, contarán con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de publicación del respectivo Reglamento para cumplir tal obligación.”)
A las personas cubiertas por el régimen de prohibiciones se les prohíbe intervenir, directa o indirectamente, ante los funcionarios responsables de las etapas del procedimiento de selección del contratista, ejecución o fiscalización del contrato, en favor propio o de terceros. (Este artículo 24, fue reformado por el artículo 65, de la Ley Nº 8422, de 6 de octubre de 2004. Publicada en La Gaceta Nº 212, de 29 de octubre de 2004. Es importante destacar que la Ley Nº 8422 establece lo siguiente en sus transitorios: “Transitorio I.- Los funcionarios que, de acuerdo con la presente Ley y su Reglamento, estén obligados a declarar su situación patrimonial, no deberán presentar de nuevo una declaración inicial, cuando lo hayan hecho bajo la vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos; por ello, las declaraciones mantendrán todo efecto y valor. No obstante, las declaraciones anuales y la final que reste por entregar, se sujetarán a la presente Ley y su Reglamento. Transitorio II.- Las personas que, bajo la vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, no estaban obligadas a declarar sus bienes, pero sí deban hacerlo en virtud de la presente Ley y su Reglamento, contarán con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de publicación del respectivo Reglamento para cumplir tal obligación.”)
La violación del régimen de prohibiciones establecido en este capítulo, originará la nulidad absoluta del acto de adjudicación o del contrato recaídos en favor del inhibido, y podrá acarrear a la parte infractora las sanciones previstas en esta Ley. (Este artículo 25, fue reformado por el artículo 65, de la Ley Nº 8422, de 6 de octubre de 2004. Publicada en La Gaceta Nº 212, de 29 de octubre de 2004. Es importante destacar que la Ley Nº 8422 establece lo siguiente en sus transitorios: “Transitorio I.- Los funcionarios que, de acuerdo con la presente Ley y su Reglamento, estén obligados a declarar su situación patrimonial, no deberán presentar de nuevo una declaración inicial, cuando lo hayan hecho bajo la vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos; por ello, las declaraciones mantendrán todo efecto y valor. No obstante, las declaraciones anuales y la final que reste por entregar, se sujetarán a la presente Ley y su Reglamento. Transitorio II.- Las personas que, bajo la vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, no estaban obligadas a declarar sus bienes, pero sí deban hacerlo en virtud de la presente Ley y su Reglamento, contarán con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de publicación del respectivo Reglamento para cumplir tal obligación.”)
CAPÍTULO VI Procedimientos de contratación
Sección primera Generalidades
a) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea superior a cincuenta mil setecientos millones de colones (¢50.700.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a trescientos cuatro millones de colones (¢304.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a trescientos cuatro millones de colones (¢304.000.000,00) e iguales o superiores a cuarenta y dos millones trescientos mil colones (¢42.300.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a cuarenta y dos millones trescientos mil colones (¢42.300.000,00). (En este inciso a) del artículo 27, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto I de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44 de 3 de marzo de 2008.) b) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a cincuenta mil setecientos millones de colones (¢50.700.000.000,00), pero superior a treinta y tres mil ochocientos millones de colones (¢33.800.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a doscientos sesenta y dos millones de colones (¢262.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a doscientos sesenta y dos millones de colones (¢262.000.000,00) e iguales o superiores a trece millones veinte mil colones (¢13.120.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a trece millones ciento veinte mil colones (¢13.120.000,00). (En este inciso b) del artículo 27, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto I de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44 de 3 de marzo de 2008.) c) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales sea igual o inferior a treinta y tres mil ochocientos millones de colones (¢33.800.000.000,00), pero superior a dieciséis mil novecientos millones de colones (¢16.900.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a ciento ochenta y cuatro millones de colones (¢184.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a ciento ochenta y cuatro millones de colones (¢184.000.000,00) e iguales o superiores a once millones ochocientos diez mil colones (¢11.810.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a once millones ochocientos diez mil colones (¢11.810.000,00). (En este inciso c) del artículo 27, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto I de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44 de 3 de marzo de 2008.) d) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a dieciséis mil novecientos millones de colones (¢16.900.000.000,00), pero superior a ocho mil cuatrocientos cincuenta millones de colones (¢8.450.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a ciento treinta y un millones doscientos mil colones (¢131.200.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a ciento treinta y un millones doscientos mil colones (¢131.200.000,00) e iguales o superiores a diez millones quinientos mil colones (¢10.500.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a diez millones quinientos mil colones (¢10.500.000,00). (En este inciso d) del artículo 27, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto I de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44 de 3 de marzo de 2008.) e) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo que contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a ocho mil cuatrocientos cincuenta millones de colones (¢8.450.000.000,00), pero superior a mil seiscientos noventa millones de colones (¢1.690.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a noventa y un millones ochocientos mil colones (¢91.800.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a noventa y un millones ochocientos mil colones (¢91.800.000,00) e iguales o superiores a nueve millones ciento ochenta mil colones (¢9.180.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a nueve millones ciento ochenta mil colones (¢9.180.000,00). (En este inciso d) del artículo 27, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto I de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44 de 3 de marzo de 2008.) f) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a mil seiscientos noventa millones de colones (¢1.690.000.000,00), pero superior a ochocientos cuarenta y cinco millones de colones (¢845.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a setenta y ocho millones setecientos mil colones (¢78.700.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a setenta y ocho millones setecientos mil colones (¢78.700.000,00) e iguales o superiores a siete millones ochocientos setenta mil colones (¢7.870.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a siete millones ochocientos setenta mil colones (¢7.870.000,00). (En este inciso f) del artículo 27, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto I de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44 de 3 de marzo de 2008.) g) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a ochocientos cuarenta y cinco millones de colones (¢845.000.000,00), pero superior a quinientos siete millones de colones (¢507.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a cincuenta y dos millones quinientos mil colones (¢52.500.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a cincuenta y dos millones quinientos mil colones (¢52.500.000,00) e iguales o superiores a seis millones quinientos sesenta mil colones (¢6.560.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a seis millones quinientos sesenta mil colones (¢6.560.000,00). (En este inciso g) del artículo 27, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto I de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44 de 3 de marzo de 2008.) h) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a quinientos siete millones de colones (¢507.000.000,00), pero superior a ciento sesenta y nueve millones de colones (¢169.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a treinta y nueve millones cuatrocientos mil colones (¢39.400.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a treinta y nueve millones cuatrocientos mil colones (¢39.400.000,00), e iguales o superiores a tres millones novecientos cuarenta mil colones (¢3.940.000,00) y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a tres millones novecientos cuarenta mil colones (¢3.940.000,00). (En este inciso h) del artículo 27, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto I de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44 de 3 de marzo de 2008.) i) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a ciento sesenta y nueve millones de colones (¢169.000.000,00), pero superior a cincuenta millones setecientos mil colones (¢50.700.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a veintiséis millones doscientos mil colones (¢26.200.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a veintiséis millones doscientos mil colones (¢26.200.000,00) e iguales o superiores a dos millones seiscientos veinte mil colones (¢2.620.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a dos millones seiscientos veinte mil colones (¢2.620.000,00). (En este inciso i) del artículo 27, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto I de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44 de 3 de marzo de 2008.) j) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a cincuenta millones setecientos mil colones (¢50.700.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a trece millones ciento veinte mil colones (¢13.120.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a trece millones ciento veinte mil colones (¢13.120.000,00) e iguales o superiores a un millón trescientos mil colones (¢1.300.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a un millón trescientos mil colones (¢1.300.000,00). (En este inciso j) del artículo 27, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto I de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44 de 3 de marzo de 2008.)
Las sumas establecidas en este artículo se ajustarán cada año, tomando como referencia, entre otros, la variación porcentual del Índice general de precios al consumidor. A más tardar en la segunda quincena de febrero de cada año, la Contraloría General de la República dictará una resolución que incorpore los incrementos y especifique los parámetros vigentes para cada órgano y cada ente comprendidos en esta Ley. (Este artículo 27, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007. Además la Ley Nº 8511, establece lo siguiente en el artículo 6, Disposiciones transitorias: “Los procedimientos de contratación iniciados antes de la vigencia de esta reforma parcial de la Ley Nº 7494, se concluirán conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que se adopte la decisión de iniciar el concurso. En los casos de los montos previstos en todos los incisos de los artículos 27 y 84, respectivamente, deberán aplicarse los últimos valores actualizados por la Contraloría General de la República en el momento de la entrada en vigencia de esta Ley. Para tales efectos, en el caso de la nueva licitación abreviada se utilizarán los límites superiores de la licitación por registro, así como los límites inferiores de la licitación restringida. Posteriormente se seguirá aplicando el mecanismo de ajuste previsto en esos mismos numerales.”)
En el caso de un remate infructuoso, la administración podrá aplicar hasta dos rebajas a la base fijada por el avalúo respectivo, hasta en un veinticinco por ciento (25%) cada vez. (Este artículo 30, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Artículo 32.- Validez, perfeccionamiento, formalización e inicio de contrato (El nombre de este artículo 32, fue modificado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Será valido el contrato administrativo sustancialmente conforme al ordenamiento jurídico. El acto firme de adjudicación y la constitución de la garantía de cumplimiento, cuando sea exigida perfeccionarán la relación contractual entre la Administración y el contratista.
Los demás contratos administrativos se formalizarán en simple documento; a no ser que ello no sea imprescindible para el correcto entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones contraídos por las partes, según se determinará reglamentariamente. Así corregido por fe de erratas publicada en La Gaceta No. 120 del 23 de junio de 1995.
La administración estará facultada para readjudicar el negocio, en forma inmediata, cuando el adjudicatario no otorgue la garantía de cumplimiento a plena satisfacción o no comparezca a la formalización del contrato. En tales casos, acreditadas dichas circunstancias en el expediente, el acto de adjudicación inicial se considerará insubsistente, y la administración procederá a la readjudicación, según el orden de calificación respectivo, en un plazo de veinte días hábiles, el cual podrá ser prorrogado hasta por diez días adicionales, siempre que en el expediente se acrediten las razones calificadas que así lo justifican. (Este quinto párrafo del artículo 32, fue adicionado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
La Contraloría General de la República deberá resolver la solicitud de refrendo de los contratos, cuando este requisito proceda, dentro de un plazo de veinticinco días hábiles, cuando se trate de licitación pública, y de veinte días hábiles, en los casos restantes. (Este sexto párrafo del artículo 32, fue adicionado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
La Administración deberá girar la orden de inicio, dentro del plazo fijado en el cartel y, a falta de estipulación especial, lo hará dentro de los quince días hábiles contados a partir de la notificación del refrendo o de la aprobación interna, según corresponda, salvo resolución motivada en la cual se resuelva extender el plazo por razones calificadas, resolución que deberá emitirse dentro del plazo inicial previsto. (Este sétimo párrafo del artículo 32, fue adicionado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
En los casos en que la administración decida no solicitar la garantía de participación y un oferente retire su propuesta, se procederá conforme a lo previsto en los artículos 99 y 100 de esta Ley. (Este artículo 33, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
La garantía se ejecutará hasta por el monto necesario para resarcir, a la Administración, los daños y perjuicios imputables al contratista. Cuando exista cláusula penal por demora en la ejecución, la garantía no podrá ejecutarse con base en este motivo, salvo la negativa del contratista para cancelar los montos correspondientes por ese concepto. La ejecución de la garantía de cumplimiento no exime al contratista de indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que no cubre esa garantía.
En el Reglamento de esta Ley se definirán los actos susceptibles de transmitirse por medios electrónicos y sus formalidades. (Este artículo 40, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Sección segunda Licitación pública
a) El cumplimiento de los requisitos previos de la contratación. Para tomar la decisión administrativa de promover el concurso, la administración deberá realizar los estudios suficientes que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con eficiencia y seguridad razonables. b) La preparación del cartel de licitación, con las condiciones generales así como las especificaciones técnicas, financieras y de calidad. La administración podrá celebrar audiencias con oferentes potenciales, a fin de recibir observaciones que permitan la más adecuada elaboración del pliego de condiciones; para ello, deberá hacer invitación pública y levantar un acta de las audiencias, todo lo cual deberá constar en el expediente. c) El desarrollo, en el cartel, de un sistema de evaluación de las ofertas, orientado a que la administración escoja la oferta que satisfaga mejor el interés público. La administración deberá motivar en el expediente, la incorporación al sistema de evaluación de otros factores de calificación adicionales al precio, tales como plazo y calidad, entre otros, que en principio deberán regularse en cláusulas de requisitos de cumplimiento obligatorio. d) La publicación, en La Gaceta, de la invitación a participar, así como de las modificaciones del cartel y del acto de adjudicación; para ello, la Imprenta Nacional estará obligada a hacer las publicaciones dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la solicitud que le presente la administración. El incumplimiento de dicha obligación constituirá falta grave por parte del funcionario responsable. El director de la Imprenta deberá ordenar las medidas que garanticen el cumplimiento de esta disposición. Una vez publicado el aviso a concursar, la administración dispondrá únicamente de tres oportunidades para modificar de oficio el pliego de condiciones o para conferir prórrogas al plazo de recepción de las ofertas. e) La publicidad de todos los trámites del procedimiento y el acceso a todos los estudios técnicos, preparados por la administración o para ella, incluso los registros y las actas de las audiencias que se celebren de conformidad con el inciso b) de este artículo. En caso de que se utilicen medios electrónicos o sitios en Internet, deberán garantizarse la seguridad e integridad de la información. Por el mismo medio que se comunique la invitación, será comunicada la adjudicación. f) El plazo mínimo para recibir ofertas será de quince días hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar y hasta el día de la apertura de las ofertas, inclusive. g) La posibilidad de objetar el cartel cuando se considere que viola alguno de los principios generales o las disposiciones normativas que rigen la contratación, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 82 de esta Ley. h) La presunción del sometimiento pleno del oferente tanto al ordenamiento jurídico costarricense como a las reglas generales y particulares de la licitación. i) La rendición de la garantía de cumplimiento. La garantía de participación deberá otorgarse en los casos en que la administración lo solicite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de esta Ley. j) La posibilidad de subsanar los defectos de las ofertas en el plazo que indique el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no se conceda una ventaja indebida, en relación con los demás oferentes. Podrán ser objeto de subsanación, el plazo de vigencia de la oferta, así como el plazo de vigencia y el monto de la garantía de participación, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del ochenta por ciento (80%) de lo fijado en el cartel. Los demás extremos de la garantía de participación podrán ser objeto de subsanación, conforme lo que disponga el Reglamento. k) La motivación del acto de adjudicación, el cual deberá ser dictado de conformidad con lo previsto en el artículo 42 bis de esta Ley. l) La posibilidad de recurrir el acto de adjudicación, en los términos señalados en esta Ley. m) La obligación de readjudicar o declarar desierto el concurso cuando, por la interposición de recursos, se anule el acto de adjudicación; todo de conformidad con lo previsto en el artículo 42 bis de esta Ley. (Este artículo 42, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.) n) La posibilidad de mejorar, dentro del concurso, los precios de las empresas elegibles. La aplicación de esta figura deberá darse dentro de un marco de transparencia e igualdad, según los mecanismos de aplicación objetiva que se regulen en cada cartel. El precio por considerar en el sistema de calificación, será el último que los respectivos oferentes propongan y, para acceder a esta posibilidad, no deben convertir sus precios en ruinosos o no remunerativos. La rebaja de precio, por su naturaleza, es aplicable a todo procedimiento concursal. (Este inciso n), del artículo 42, fue adicionado por el inciso a) del artículo 2, de la Ley Nº 8701, de 13 de enero de 2009. Publicada en La Gaceta Nº 20, de 29 de enero de 2009. Es importante destacar que la Ley Nº 8701, rige tres meses después de su publicación, es decir el 29 de abril de 2009.)
Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior sin haberse dictado el acto de adjudicación, los oferentes tendrán derecho a dejar sin efecto su propuesta, así como a que se les devuelva la garantía de participación, sin que les resulte aplicable sanción alguna. Asimismo, los funcionarios responsables del no dictado oportuno del acto de adjudicación, estarán sujetos a las sanciones previstas en los artículos 96 y 96 bis de esta Ley, por incumplimiento general de plazos legales. Para los efectos de la readjudicación o declaratoria de desierto del concurso, derivadas de la anulación del acto de adjudicación, la administración dispondrá de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la resolución respectiva, plazo que podrá ser prorrogado por un mes adicional, en los casos debidamente justificados mediante resolución motivada que deberá constar en el expediente. Vencido este plazo, los funcionarios responsables del no dictado oportuno del acto de adjudicación, estarán igualmente sujetos a las sanciones previstas en los artículos 96 y 96 bis de esta Ley, por incumplimiento general de plazos legales. (Este artículo 42 bis, fue adicionado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Sección tercera Licitación abreviada (El nombre de esta sección tercera del capítulo VI, fue modificado por el artículo 2º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
En los supuestos previstos en el artículo 27 de esta Ley, la licitación abreviada será el procedimiento ordinario para contratar. (Este artículo 44, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Para lo no previsto en esta sección, el procedimiento de licitación abreviada se regirá por las disposiciones de la presente Ley para la licitación pública, en la medida en que sean compatibles con su naturaleza. (Este artículo 45, fue reformado por el inciso b) del artículo 1, de la Ley Nº 8701, de 13 de enero de 2009. Publicada en La Gaceta Nº 20, de 29 de enero de 2009. Es importante destacar que la Ley Nº 8701, rige tres meses después de su publicación, es decir el 29 de abril de 2009.)
Las proveedurías institucionales podrán utilizar, por conveniencia o por inopia en sus propios registros, el registro de otras entidades públicas, incluso el registro citado de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. En los casos en que, por conveniencia, se adopte otro registro, su uso será permanente. (Este artículo 46, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Sección cuarta Licitación restringida
Artículo 47.- Derogado (Este artículo 47, fue derogado por el artículo 4º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Artículo 48.- Derogado (Este artículo 48, fue derogado por el artículo 4º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Sección quinta Remate
a) Salvo en el remate infructuoso, la base no podrá ser inferior al monto del avalúo del órgano especializado de la Administración respectiva o, en su defecto, del avalúo de la Dirección General de la Tributación Directa. b) La invitación indicará una lista de los bienes por rematar, la descripción de su naturaleza, su ubicación, el precio base; asimismo, el lugar, la fecha y la hora del remate. Se publicará en el Diario Oficial y, facultativamente, en un diario de circulación nacional. c) Los interesados tendrán la oportunidad de examinar los bienes objeto del remate. d) Se designará a un funcionario responsable del procedimiento verbal del remate quien presidirá la diligencia. e) Se adjudicará el bien a la persona que, en el acto, ofrezca el precio más alto. f) Para perfeccionar la adjudicación, deberá entregarse inmediatamente a la Administración una garantía de cumplimiento del diez por ciento (10%) del valor del bien rematado. g) El interesado dispondrá de tres días hábiles para cancelar el resto del precio; en caso contrario, perderá la garantía en favor de la Administración. h) Concluido el remate, se levantará un acta en la cual se acrediten todas las incidencias. El funcionario responsable y el adjudicatario la firmarán.
Sección sexta Otras modalidades de contratación
Cuando lo considere favorable para el mejor escogimiento del contratista, la administración podrá promover una etapa de precalificación, como parte de la licitación pública o de la licitación abreviada, a fin de seleccionar previamente a los participantes, de acuerdo con sus condiciones particulares. (Este primer párrafo del artículo 53, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
CAPÍTULO VII Regulaciones especiales
Los Reglamentos que se emitan para tales efectos deberán ser consultados previamente a la Contraloría General de la República, a fin de que esta presente las recomendaciones que estime procedentes, en relación con los aspectos de su competencia. El dictamen del órgano contralor deberá emitirse en un plazo de quince días hábiles y sus recomendaciones no tendrán carácter vinculante. (Este artículo 55, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Sección segunda Obra pública
Las contrataciones de obra pública se efectuarán por licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según su monto. (Este artículo 57, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
El contratista no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento (50%) del total de la obra, salvo autorización previa y expresa de la administración, cuando a juicio de esta última circunstancias muy calificadas así lo justifiquen. Sin embargo, la subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad por la ejecución total de la obra. Asimismo, los subcontratistas estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 22 bis de esta Ley. (Este artículo 62, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Sección tercera Suministro de bienes
Las contrataciones de suministros se regirán por los procedimientos de licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según su monto. (Este artículo 63, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Sección cuarta Contratación de servicios
Los servicios técnicos o profesionales a cargo de personas físicas o jurídicas, se contratarán por los procedimientos de licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según su monto. (Este artículo 64, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Sección quinta Enajenación de bienes inmuebles
Para enajenar los bienes inmuebles, la Administración deberá acudir al procedimiento de licitación pública o al remate, según convenga al interés público, salvo lo indicado en el artículo 69 sobre la donación. (Así reformado este artículo 68, por el artículo único de la Ley Nº 9240, de 02 de mayo de 2014. Publicada en el Alcance Digital N° 21 de La Gaceta Nº 103, de 30 de mayo de 2014.)
La Administración no podrá enajenar los bienes inmuebles afectos a un fin público. Los bienes podrán desafectarse por el mismo procedimiento utilizado para establecer su destino actual.
Se autoriza al Poder Ejecutivo para que done, a las instituciones autónomas y semiautónomas, los bienes inmuebles no afectos a un fin público, cuando tenga por objeto coadyuvar al cumplimiento de las funciones de estas y en aras de satisfacer el interés público. Para tal efecto, deberá emitirse resolución fundamentada del Poder Ejecutivo, acuerdo de aceptación del órgano jerárquico superior del ente beneficiado, así como el inventario y la clasificación del bien o los bienes objeto de la enajenación. La escritura la realizará la Notaría del Estado. (Así reformado este artículo 69, por el artículo único de la Ley Nº 9240, de 02 de mayo de 2014. Publicada en el Alcance Digital N° 21 de La Gaceta Nº 103, de 30 de mayo de 2014.)
Sección sexta Adquisición de bienes inmuebles
Nunca podrá adquirirse un bien inmueble por un monto superior al fijado, en el avalúo, por el órgano administrativo especializado que se determinará reglamentariamente. (Así reformado por el artículo 1, inciso i), de la Ley No. 7612 de 22 de julio de 1996.) Sección séptima Concesión de instalaciones públicas
Sección octava Concesión de gestión de servicios públicos
Todas las concesiones de gestión de servicios públicos estarán precedidas de un anteproyecto de explotación, en el que se definirán, minuciosamente, las condiciones de la prestación, las tarifas, las facultades para supervisar, las garantías de participación y cumplimiento, las modalidades de intervención administrativa y los supuestos de extinción. Los concesionarios de gestión de servicios públicos responderán, directamente, ante terceros, como consecuencia de la operación propia de la actividad, excepto cuando el daño producido sea imputable a la Administración.
La Administración podrá variar las características del servicio concedido y el régimen tarifario, cuando existan razones de interés público, debidamente acreditadas, previo trámite del expediente respectivo. Si estas modificaciones alteran el equilibrio financiero de la gestión, la Administración deberá compensar al contratista, de manera que se restablezcan las condiciones consideradas en el momento de la adjudicación.
a) El incumplimiento del concesionario, cuando perturbe gravemente la prestación del servicio público. b) La supresión del servicio por razones de interés público. c) La recuperación del servicio para ser explotado directamente por la Administración. d) La muerte del contratista o la extinción de la persona jurídica concesionaria. e) La declaración de insolvencia o quiebra del concesionario. f) El mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario. g) Las que se señalen expresamente en el cartel o el contrato. h) La cesión de la concesión sin estar autorizada previamente por la Administración.
Cuando la resolución sea imputable a la Administración, esta reconocerá los daños y perjuicios causados al concesionario. Sección novena Arrendamiento de inmuebles
Para tomar en arrendamiento bienes inmuebles, con construcciones o sin ellas, la administración deberá acudir al procedimiento de licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según corresponda, de acuerdo con el monto. (Este artículo 76, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Artículo 77.- Plazo del arrendamiento (Anulado este artículo por sentencia de la Sala Constitucional 2003-11398, de las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del 8 de octubre de 2003. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.)
Sección décima Arrendamiento de equipo
La administración podrá tomar en arriendo equipo o maquinaria con opción de compra o sin ella; para ello, deberá seguir los procedimientos de licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según su monto. (Este artículo 78, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Cuando el arrendamiento no incluya opción de compra, la contratación se estimará tomando el monto total de alquileres correspondientes a cuatro años. CAPÍTULO VIII Procedimientos de urgencia
La autorización podrá ser requerida y extendida en forma escrita o verbal, según lo regule la Contraloría General de la República. (Este artículo 80, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
CAPÍTULO IX Los recursos
Sección primera Objeción del cartel
El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la administración contratante. (Este artículo 81, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Sección segunda Apelación
a) En las administraciones citadas en el inciso a) del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada supere los ciento cincuenta y dos millones de colones (¢152.000.000,00). (En este inciso a) del artículo 84, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto II de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44, de 3 de marzo de 2008.) b) En las administraciones citadas en el inciso b) del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los ciento siete millones ochocientos mil colones (¢107.800.000,00). (En este inciso b) del artículo 84, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto II de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44, de 3 de marzo de 2008.) c) En las administraciones citadas en el inciso c) del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los setenta y siete millones cien mil colones (¢77.100.000,00). (En este inciso c) del artículo 84, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto II de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44, de 3 de marzo de 2008.) d) En las administraciones citadas en el inciso d) del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los cincuenta y seis millones cuatrocientos mil colones (¢56.400.000,00). (En este inciso d) del artículo 84, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto II de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44, de 3 de marzo de 2008.) e) En las administraciones citadas en el inciso e) del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los cuarenta millones seiscientos mil colones (¢40.600.000,00). (En este inciso e) del artículo 84, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto II de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44, de 3 de marzo de 2008.) f) En las administraciones citadas en el inciso f) del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los treinta y cuatro millones ochocientos mil colones (¢34.800.000,00). (En este inciso f) del artículo 84, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto II de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44, de 3 de marzo de 2008.) g) En las administraciones citadas en el inciso g) del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los veinticuatro millones de colones (¢24.000.000,00). (En este inciso g) del artículo 84, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto II de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44, de 3 de marzo de 2008.)
h) En las administraciones citadas en el inciso h) del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los diecisiete millones cuatrocientos mil colones (¢17.400.000,00). (En este inciso h) del artículo 84, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto II de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44, de 3 de marzo de 2008.) i) En las administraciones citadas en el inciso i) del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los once millones seiscientos mil colones (¢11.600.000,00). (En este inciso i) del artículo 84, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto II de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44, de 3 de marzo de 2008.) j) En las administraciones citadas en el inciso j) del artículo 27 de esta Ley, cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a los cinco millones ochocientos mil colones (¢5.800.000,00). (En este inciso j) del artículo 84, fueron modificados los límites económicos establecidos, por el punto II de la Resolución de la Contraloría General de la República R-CO-7-2008, de las once horas del 15 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 44, de 3 de marzo de 2008.)
Para efectos de la aplicación de los límites anteriores, únicamente se tomará en consideración el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias líneas, se sumarán los montos adjudicados de las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial, sin considerar prórrogas eventuales. En licitaciones con cuantía inestimable cabrá el recurso de apelación. En los concursos promovidos de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 1 de esta Ley, resultarán aplicables los límites establecidos en los anteriores incisos. En las adjudicaciones derivadas de autorizaciones basadas en razones de urgencia, no procederá recurso alguno.
Los montos de apelación citados en este artículo serán ajustados de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 27 de esta Ley. (Este artículo 84, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007. Además la Ley Nº 8511, establece lo siguiente en el artículo 6, Disposiciones transitorias: “Los procedimientos de contratación iniciados antes de la vigencia de esta reforma parcial de la Ley Nº 7494, se concluirán conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que se adopte la decisión de iniciar el concurso. En los casos de los montos previstos en todos los incisos de los artículos 27 y 84, respectivamente, deberán aplicarse los últimos valores actualizados por la Contraloría General de la República en el momento de la entrada en vigencia de esta Ley. Para tales efectos, en el caso de la nueva licitación abreviada se utilizarán los límites superiores de la licitación por registro, así como los límites inferiores de la licitación restringida. Posteriormente se seguirá aplicando el mecanismo de ajuste previsto en esos mismos numerales.”)
Artículo 87.- ANULADO por resolución de la Sala Constitucional No. 998- 98 de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998.
En los casos en que se apele un acto de readjudicación, la impugnación, únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará precluída. (Este artículo 88, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
En casos muy calificados, cuando para resolver el recurso haya sido necesario recabar prueba para mejor resolver que, por su complejidad no pueda ser rendida dentro del plazo normal de resolución, mediante decisión motivada podrá prorrogarse el período hasta por otros veinte días hábiles, en los casos de licitaciones públicas, y por diez días hábiles, cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley. (Este artículo 89, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
Dentro de los tres días posteriores a la comunicación, el interesado podrá impugnar el acto final, sin efectos suspensivos, ante el Tribunal Superior Contencioso-Administrativo, por medio del proceso especial regulado en los artículos 89 y 90 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa.
Sección tercera Revocatoria
a) Se presentará ante el mismo órgano que dictó el acto. b) Para legitimar y fundamentar, la revocatoria se regirá por las reglas de la apelación. c) Si no resulta improcedente en forma manifiesta, la Administración notificará a la parte adjudicada, a más tardar cuarenta y ocho horas después de la presentación para que se pronuncie sobre el recurso en un plazo de tres días hábiles. d) La Administración deberá resolver dentro del plazo de los quince días hábiles siguientes a la contestación del recurso. e) La resolución que dicte la Administración dará por agotada la vía administrativa; sin embargo, podrá ser impugnada, sin efecto suspensivo, dentro de los tres días siguientes a su comunicación, por medio del proceso especial regulado en los artículos 89 y 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. f) Si la contratación, cuya adjudicación se impugna, ha sido ejecutada o se encuentra en curso de ejecución, la sentencia favorable al accionante solo podrá reconocer el pago de los daños y perjuicios causados.
CAPÍTULO X Sanciones
Sección segunda Sanciones a funcionarios públicos
Si alguno de los funcionarios contemplados en el inciso b) del artículo 22 de esta ley comete la infracción, incurrirá en causal de despido sin responsabilidad patronal. Así reformado por el artículo 1, inciso m), de la ley No. 7612 de 22 de julio de 1996.
a) No incorporar oportunamente, debiendo hacerlo, documentación atinente al expediente administrativo. b) Impedir o dificultar de manera injustificada el acceso a un expediente administrativo, de cuyo manejo o custodia esté encargado. c) No incluir en un informe o dictamen datos relevantes para el estudio de las ofertas, cuando se determine que los conocía al rendir su dictamen. d) Retrasar injustificadamente el trámite de pagos que deba cubrir la Administración a sus proveedores o contratistas. e) Retrasar de modo injustificado la recepción de bienes u obras. f) En general, incumplir los plazos que esta Ley prevé para el dictado o la ejecución de los actos administrativos. (Este inciso f) del artículo 96, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.) g) No atender ni responder a tiempo e injustificadamente una prevención hecha por la Contraloría General de la República en el ejercicio de sus funciones. h) Faltar al deber de diligencia esperada de sus condiciones personales y del puesto que ocupa, ya sea por culpa, imprudencia o impericia causando un daño real a los particulares o a la Administración, durante un procedimiento de contratación, siempre que la gravedad de las circunstancias y la cuantía del daño no ameriten una sanción mayor. i) No publicar el encargado de hacerlo, en el tiempo debido, el programa de adquisiciones según se dispone en el artículo 6 de la presente ley. j) No enviar a la Contraloría General de la República, en el plazo establecido, los informes mencionados en el artículo 101 de esta ley. (Así reformado por el artículo 1, inciso n), de la ley No. 7612 de 22 de julio de 1996.)
a) Incurrir, dentro de los dos años siguientes a la firmeza de la sanción respectiva, en nueva infracción de la misma naturaleza, pese a estar apercibido conforme a los términos del primer párrafo del artículo 96. b) Dar por recibidos bienes, obras o servicios que no se ajusten a lo adjudicado, sin advertirlo expresamente a sus superiores. c) Recomendar la contratación con una persona física o jurídica comprendida en el régimen de prohibiciones para contratar establecido en el artículo 22 de esta ley, siempre que haya conocido esta circunstancia antes de la recomendación. (Así adicionado por el artículo 1, inciso n), de la Ley No. 7612 de 22 de julio de 1996.) d) Propiciar o disponer la fragmentación ilegal de operaciones, tramitando contratos que, por su monto, impliquen un procedimiento más riguroso que el seguido al dividir dichas operaciones o promover una contratación irregular. (Este inciso d) del artículo 96 bis, fue adicionado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
a) Incurrir, después de haber sido sancionado según los términos del artículo 96 bis, dentro de los dos años siguientes a la firmeza de la sanción respectiva, en una nueva infracción de las contempladas allí. b) Suministrar a un oferente información que le dé ventaja sobre el resto de proveedores potenciales. c) Recibir dádivas, comisiones o regalías, de los proveedores ordinarios o potenciales del ente en el cual labora o solicitárselas. d) Hacer que la Administración incurra en pérdidas patrimoniales mayores que el monto equivalente a doce meses del salario devengado por el funcionario responsable en el momento de cometer la falta, si realiza la acción con dolo, culpa grave o negligencia en el trámite del procedimiento para contratar o en el control de su ejecución. El despido procederá sin perjuicio de la responsabilidad de indemnizar que deberá ejercerse. Así adicionado por el artículo 1, inciso n), de la ley No. 7612 del 22 de julio de 1996.
Incurrirá en falta grave de servicio, sancionable de acuerdo con el régimen de la institución u órgano correspondiente, el funcionario público que participe en actividades organizadas o patrocinadas por los proveedores, ordinarios o potenciales, dentro o fuera del país, cuando no formen parte de los compromisos de capacitación, formalmente adquiridos en contrataciones administrativas, o no sean parte del proceso de valoración objetiva de las ofertas. Dentro del alcance de esta infracción, se incluye la asistencia a congresos, seminarios o cualquier otra actividad, por cuenta de un proveedor; excepto si forma parte de los planes de capacitación ordinarios o las actividades autorizadas expresamente por el superior jerárquico, en forma razonada, con la cual demuestre el beneficio para la Administración.
Si las faltas referidas en los Artículos 96 ter y 97, se producen cuando se encuentra en trámite un procedimiento de contratación, el oferente que con su participación haya contribuido en esas infracciones, directa o indirectamente, será excluido del concurso o, en su caso, se anulará la adjudicación respectiva, independientemente de si existió favorecimiento. (Este artículo 97 bis, fue adicionado por el artículo 65, de la Ley Nº 8422, de 6 de octubre de 2004. Publicada en La Gaceta Nº 212, de 29 de octubre de 2004. Es importante destacar que la Ley Nº 8422 establece lo siguiente en sus transitorios: “Transitorio I.- Los funcionarios que, de acuerdo con la presente Ley y su Reglamento, estén obligados a declarar su situación patrimonial, no deberán presentar de nuevo una declaración inicial, cuando lo hayan hecho bajo la vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos; por ello, las declaraciones mantendrán todo efecto y valor. No obstante, las declaraciones anuales y la final que reste por entregar, se sujetarán a la presente Ley y su Reglamento. Transitorio II.- Las personas que, bajo la vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, no estaban obligadas a declarar sus bienes, pero sí deban hacerlo en virtud de la presente Ley y su Reglamento, contarán con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de publicación del respectivo Reglamento para cumplir tal obligación.”)
Sección tercera Sanciones a particulares
a) El contratista que, sin motivo suficiente, incumpla o cumpla defectuosa o tardíamente con el objeto del contrato; sin perjuicio de la ejecución de las garantías de participación o cumplimiento. b) Quien afecte, reiteradamente, el normal desarrollo de los procedimientos de contratación. c) Quien deje sin efecto su propuesta, sin mediar una causa justa, en los casos en que se haya requerido garantía de participación. (Este inciso c), del artículo 99, fue reformado por el inciso c) del artículo 1, de la Ley Nº 8701, de 13 de enero de 2009. Publicada en La Gaceta Nº 20, de 29 de enero de 2009. Es importante destacar que la Ley Nº 8701, rige tres meses después de su publicación, es decir el 29 de abril de 2009.)
d) Derogado. (Este inciso d), del artículo 99, fue derogado por el artículo 3, de la Ley Nº 8701, de 13 de enero de 2009. Publicada en La Gaceta Nº 20, de 29 de enero de 2009. Es importante destacar que la Ley Nº 8701, rige tres meses después de su publicación, es decir el 29 de abril de 2009.)
La Administración o la Contraloría General de la República inhabilitarán para participar en procedimientos de contratación administrativa, por un período de dos a diez años, según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que incurra en las conductas descritas a continuación: (Este primer párrafo del artículo 100, fue reformado por el artículo único de la Ley Nº 8439, de 13 de abril de 2005. Publicada en La Gaceta Nº 79, de 26 de abril de 2005.)
a) Después del apercibimiento previsto en el artículo anterior, reincida en la misma conducta, con idéntico bien o producto, dentro de los tres años siguientes a la sanción. En todos los casos, la inhabilitación se dictará exclusivamente para participar ofreciendo el mismo producto o bien objeto del contrato por el cual fue sancionado previamente. En caso de contratos de obra o servicios, la inhabilitación se aplicará al contratista en general. (Este inciso a), del artículo 100, fue reformado por el inciso d) del artículo 1, de la Ley Nº 8701, de 13 de enero de 2009. Publicada en La Gaceta Nº 20, de 29 de enero de 2009. Es importante destacar que la Ley Nº 8701, rige tres meses después de su publicación, es decir el 29 de abril de 2009.) b) Obtenga ilegalmente información confidencial que la coloque en una situación de ventaja, a ella, a la empresa de su propiedad o a la empresa para la cual labora, respecto de otros competidores potenciales. c) Suministre, directamente o por intermedio de otra persona, dádivas a los funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación administrativa. En este caso, la inhabilitación será por el máximo del período establecido. (Este inciso c) del artículo 100, fue reformado por el artículo único de la Ley Nº 8439, de 13 de abril de 2005. Publicada en La Gaceta Nº 79, de 26 de abril de 2005.) d) Suministre un objeto, servicio u obra de inferior condición o calidad del ofrecido. e) Contrate o subcontrate obras, maquinaria, equipo, instalaciones o materiales, para ejecutar obras públicas adjudicadas mediante licitación, con empresas o grupos de empresas relacionadas, diferentes de las que señala el listado de subcontratación presentado con la oferta según el artículo 58 de esta ley. (Así adicionado este inciso por el artículo 1, inciso ñ), de la Ley Nº 7612 de 22 de julio de 1996.) f) Participe, directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación, pese a estar cubierta por el régimen de prohibiciones del artículo 22 de esta ley. (Así adicionado este inciso por el artículo 1, inciso ñ), de la Ley Nº 7612 del 22 de julio de 1996.) g) Sin motivo comprobado de caso fortuito o fuerza mayor, no inicie las labores propias de la obra de que se trate, dentro del mes siguiente al refrendo del contrato respectivo por parte de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la ejecución de la garantía correspondiente o de otro tipo de responsabilidades legales que quepan. (Este inciso g) del artículo 100, fue adicionado por el artículo único de la Ley N° 8291, de 23 de julio de 2002. Publicada en La Gaceta N° 158, de 20 de agosto de 2002.) h) Deje sin efecto su propuesta sin mediar una causa justa, en los casos en que no se haya requerido garantía de participación. (Este inciso h) del artículo 100, fue adicionado por el artículo 3º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.) i) Quien invoque o introduzca hechos falsos en los procedimientos para contratar o en los recursos contra el acto de adjudicación. (Este inciso i), del artículo 100, fue adicionado por el inciso b) del artículo 2, de la Ley Nº 8701, de 13 de enero de 2009. Publicada en La Gaceta Nº 20, de 29 de enero de 2009. Es importante destacar que la Ley Nº 8701, rige tres meses después de su publicación, es decir el 29 de abril de 2009.)
En el caso de las causales incluidas en los incisos a), d), e), g) y h) del artículo 100 de esta Ley, la sanción cubrirá los procedimientos tramitados por la entidad que impuso la sanción, incluidos todos los órganos desconcentrados que la componen. Si, posteriormente, una persona física o jurídica es inhabilitada otra vez por la misma entidad, la nueva sanción cubrirá a toda la Administración Pública. En los supuestos fundamentados en los incisos b), c), f) e i) del artículo 100 de esta Ley, la sanción cubre las contrataciones que se realicen en toda la Administración Pública, independientemente de quién haya impuesto la sanción.
Excepcionalmente la Administración podrá contratar con una persona jurídica o física que se encuentre inhabilitada por las causales establecidas en los incisos a), d), e), g) y h) del artículo 100 de esta Ley. Para ello, deberá solicitar autorización a la Contraloría General de la República, acreditando que la persona inhabilitada es la única que puede satisfacer el objeto contractual requerido y que, de no hacerlo, se estaría ante una grave afectación del interés público. La Contraloría General de la República deberá resolver en el plazo de diez (10) días hábiles y podrá ordenarle a la administración que le exija al contratista una garantía de cumplimiento superior al diez por ciento (10%) del monto del contrato. (Este artículo 100 bis, fue adicionado por el inciso c) del artículo 2, de la Ley Nº 8701, de 13 de enero de 2009. Publicada en La Gaceta Nº 20, de 29 de enero de 2009. Es importante destacar que la Ley Nº 8701, rige tres meses después de su publicación, es decir el 29 de abril de 2009.)
CAPÍTULO XI Control
La administración remitirá, a la Contraloría General de la República, la información sobre su actividad contractual, en los términos y por los medios que el Órgano Contralor defina reglamentariamente, para los efectos del ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización. (Este artículo 101, fue reformado por el artículo 1º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
CAPÍTULO XII Proveeduría Nacional
a) El trámite en todas sus etapas incluso la de adjudicación, de los procedimientos para contratar del Poder Ejecutivo que no estén asignados a proveedurías institucionales. b) Brindar asesoría a los sujetos públicos y privados, que desarrollan actividades de contratación administrativa. c) Evaluar las políticas y los procedimientos de contratación, con la finalidad de que se ajusten, constantemente, a satisfacer el interés público. d) Administrar el fondo circulante. e) Las que le asignen otras leyes o reglamentos.
a) Ser costarricense. b) Ser ciudadano en ejercicio. c) Ser licenciado en derecho, ciencias económicas u otra disciplina afín con el puesto. d) Poseer amplia experiencia administrativa. e) Ser de reconocida honorabilidad.
CAPÍTULO XIII Proveedurías institucionales y registro de proveedores
Sección primera Proveedurías institucionales
Sección segunda Registro de proveedores
Artículo 108.- Derogado (Este artículo 108, fue derogado por el artículo 4º, de la Ley Nº 8511, de 16 de mayo de 2006. Publicada en La Gaceta Nº 128, de 4 de julio de 2006. Es importante destacar que la Ley Nº 8511, rige seis meses después de su publicación, es decir el 4 de enero de 2007.)
CAPÍTULO XIV Reglamentación de esta ley
La reglamentación ejecutiva, en materia de requisitos previos, garantías, prohibiciones, sanciones y recursos, estará fuera del alcance regulatorio de los entes sujetos a esta ley. Para tales efectos, deberán acogerse plenamente al reglamento que, acerca de esas materias, promulgue el Poder Ejecutivo. (ANULADO PARCIALMENTE por resolución de la Sala Constitucional No. 998-98 de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998.)
Se reforma el artículo 508 del Código Procesal Civil, cuyo texto dirá: “Artículo 508.- Facultad de los sujetos públicos de someter a arbitraje El Estado, sus instituciones y las municipalidades también podrán someter a la decisión de árbitros o de peritos, conforme con los trámites de este capítulo, las pretensiones estrictamente patrimoniales en que figuren como partes interesadas”.
Se derogan los artículos 88 a 98, 100 a 120 y 122 de la Ley de la Administración Financiera de la República, No. 1279 del 2 de mayo de 1951; el artículo 80 del Código Municipal No. 4574 del 4 de mayo de 1970; el artículo 7 de la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República, No. 7107 del 4 de noviembre de 1988; el artículo 9 de la Ley No. 3226 del 28 de octubre de 1963; el artículo 193 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley No. 5501 del 7 de mayo de 1974 y la Ley de Beneficios Legales en Ajustes de Precios en la Contratación Administrativa, No. 5518 del 7 de mayo de 1974. (Así corregido por Fe de Erratas publicada en "La Gaceta" No. 120 del 23 de junio de 1995.)
Alberto F. Cañas - PRESIDENTE
Juan Luis Jiménez - PRIMER SECRETARIO
Succar Mario A. Alvarez G. - SEGUNDO SECRETARIO
El Primer Vicepresidente de la República y
Ministro de la Presidencia de la República, Rodrigo Oreamuno.
_________________________________________________________________ Actualizada al: 05-06-2014 Sanción: 02-05-1995 Publicación: 08-06-1995 La Gaceta Nº 110 Alcance Nº 20 Rige: 01-05-1996 (ver artículo 113) ÚLTIMA REFORMA APLICADA: LEY Nº 9240, DE 02 MAYO 2014

References: Resolución 
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 3
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 artículo 4
 artículo 1
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 artículo 6
 artículo 1
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 artículo 7
 artículo 1
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Artículo 12
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 artículo 3
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 artículo 3
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 artículo 3
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Artículo 19
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 artículo 96
 artículo 21
 artículo 3
 artículo 22
 artículo 65
 artículo 22
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in fine
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 artículo 65
 artículo 23
 artículo 65
 artículo 24
 artículo 65
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 artículo 6
 artículo 30
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Artículo 32
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 artículo 3
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 artículo 3
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 artículo 40
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 artículo 82
 artículo 33
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Artículo 47
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Artículo 48
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 artículo 4
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 artículo 1
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 artículo 1
 artículo 63
 artículo 1
 artículo 64
 artículo 1
 artículo 69
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 artículo 1
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 artículo 76
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Artículo 77
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 artículo 1
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Artículo 87
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 artículo 22
 artículo 1
 artículo 96
 artículo 1
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 artículo 96
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 96
 artículo 3
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 artículo 1
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 artículo 99
 artículo 1
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 artículo 100
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 artículo 1
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 artículo 58
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 1
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 artículo 3
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 artículo 100
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 artículo 101
 artículo 1

Artículo 108
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 artículo 4
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 artículo 508
 artículo 80
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 193
 artículo 113