Source: http://conflictuslegum.blogspot.fr/2016/04/
Timestamp: 2017-10-22 17:13:35+00:00

Document:
Conflictus Legum: 1/04/16 - 1/05/16
-Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de cooperación en materia de patentes (Unión PCT) en su 46ª reunión (27º sesión extraordinaria), celebrada en Ginebra del 22 al 30 de septiembre de 2014.
Nota: Estas modificaciones entraron en vigor de forma general y para España el 1.7.2015, esto es, hace diez meses (!!!).
Véase el Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
Véase la corrección de errores de las Modificaciones.
-Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los fondos de titulización.
Nota: Esta disposición regula las normas específicas de contabilidad, las cuentas anuales, los estados financieros públicos y los estados reservados de información estadística de los Fondos de Titulización regulados por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, así como los Fondos de Titulización Hipotecaria y Fondos de Titulización de Activos regulados mediante la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria, y el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los fondos de titulización de activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización, respectivamente, que se hubiesen constituido con anterioridad a la aprobación de la Ley 5/2015, de 27 de abril.
Cabe destacar la Norma 18ª, que regula las transacciones en moneda extranjera.
Véase la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial, así como la entrada de este blog del día 28.4.2015.
[BOE n. 104, de 30.4.2016]
Etiquetas: BOE, D.Sociedades/P.Jurídicas, IP, M.Capitales, Títulos valores
Bibliografía (Revista de revistas) - Diario La Ley - La Ley Unión Europea (abril 2016)
Trabajos publicados en el Diario La Ley (La Ley - Unión Europea) de día 29 de abril de 2016:
-José Alberto SANZ DÍAZ-PALACIOS, Reflexiones a propósito de la lucha contra el «fraude carrusel» del IVA en Italia
Una normativa nacional puede ser contraria a las obligaciones que el art. 325 TFUE, apartados 1 y 2, exige a los Estados miembros, siempre que dicha normativa nacional impida imponer sanciones efectivas y disuasorias en un número considerable de casos de fraude grave (como ocurre en este supuesto con el «fraude carrusel» del IVA) que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, o establezca, en el caso de fraudes que afecten a los intereses financieros del Estado miembro de que se trate, plazos de prescripción más largos que en el caso de fraudes que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional.
-José Manuel OTERO LASTRES, La presunción de inocencia en política
-Santiago ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Ejercicio de la acción civil en procedimiento penal y litispendencia internacional (STJUE de 22 de octubre de 2015, asunto C-523/14: Aannemingsbedrijf Aertssen NV and Aertssen Terrassements)
En su Sentencia de 22 de octubre de 2015, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Rechtbank Gerderland (tribunal de Países Bajos), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que 1) El artículo 1 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una denuncia con personación como actor civil presentada ante un juez de instrucción está incluida en el ámbito de aplicación de ese Reglamento en la medida en que tiene por objeto la indemnización pecuniaria del perjuicio alegado por el denunciante. 2) El artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una demanda ha sido formulada, a los efectos de esta disposición, cuando se ha presentado una denuncia con personación como actor civil ante un juez de instrucción, aunque no se haya completado todavía la fase de instrucción del asunto controvertido. [y] 3) El artículo 30 del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, cuando una persona formula una denuncia con personación como actor civil ante un juez de instrucción mediante presentación de un escrito que, según el Derecho nacional aplicable, no debe notificarse antes de dicha presentación, la fecha en la que procede considerar que ese órgano judicial conoce del litigio es la fecha en la que se formuló la denuncia. El presente comentario se ocupa de los puntos principales de la sentencia y pone de relieve algunos problemas que podrían aparecer en casos similares al conocido por el Tribunal de Justicia, especialmente en presencia de un proceso penal en España.
-Gracia M.ª LUCHENA MOZO, Geometría variable en la configuración del estatuto del no residente comunitario en la imposición directa y su incidencia en ordenamiento tributario español (STJUE de 19 de noviembre de 2015, Asunto C-632/2013: Hirvonen)
La denegación, en el marco de la tributación por los rendimientos, a los contribuyentes no residentes que obtienen la mayor parte de sus ingresos en el Estado fuente y que han optado por el régimen fiscal de retención en la fuente, de las deducciones personales que se conceden a los contribuyentes residentes en el marco del régimen general del impuesto no constituye una discriminación contraria al artículo 21 TFUE cuando los contribuyentes no residentes no están sujetos a una carga fiscal globalmente superior a la que recae sobre los contribuyentes residentes y sobre las personas que les son equiparables cuya situación sea comparable a la suya.
-Georgina GARRIGA SUAU, La ley aplicable al derecho de repetición de la aseguradora solvens contra la aseguradora del corresponsable (STJUEde 21 de enero de 2016, Asuntos acumulados C-359/2014 y C-475/2014, Ergo Insurance)
El Tribunal de Justicia somete al derecho de repetición de la aseguradora solvens, del autor del daño derivado de un accidente de circulación por carretera, primero, a que la ley rectora del referido accidente automovilístico prevea la responsabilidad solidaria de los coautores y, segundo, a que la ley aplicable al contrato de seguro entre la aseguradora solvens y su asegurado admita la subrogación de la aseguradora en los derechos de la víctima.
-Diego CASTRO-VILLACAÑAS PÉREZ, La autonomía de los programas nacionales de clemencia y el valor jurídico de los instrumentos de soft law en la red europea de competencia (STJUE de 20 de enero de 2016, asunto C 428/2014, DHL Express -Italy- y DHL Global Forwarding -Italy-)
La sentencia de 20 de enero de 2016 (asunto C 428/14, DHL) confirma la línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia que niega el carácter imperativo del denominado soft law (comunicaciones, etc.) empleado por la Comisión europea para el desarrollo del Derecho comunitario de competencia. La sentencia DHL confirma que el Programa modelo sobre clemencia aprobado en 2006 por la Red Europea de Competencia (REC) no tiene efectos imperativos para las autoridades nacionales de competencia, por lo que las solicitudes de clemencia que las empresas presenten ante estas autoridades o la Comisión para denunciar un cártel y asegurarse la exención de la sanción son enteramente independientes y no se benefician de lo ya comunicado ante otra autoridad.
-Federico F. GARAU SOBRINO, La oposición a un requerimiento europeo de pago emitido por órgano jurisdiccional incompetente (STJUE de 22 de octubre de 2015, asunto C 245/2014: Thomas Cook Belgium)
El requerimiento europeo de pago se emite inaudita parte sobre la información facilitada por el solicitante en el formulario modelo, notificándose al deudor, que tiene un plazo de 30 días para oponerse. Si el requerimiento ha sido emitido por un órgano jurisdiccional incompetente, el único mecanismo procesal que tiene el demandado es en el trámite de oposición, no pudiendo hace uso del proceso de revisión para casos excepcionales, regulado en el art. 20.2 del Reglamento del proceso monitorio europeo.
Etiquetas: Bibliografía, D.Competencia, D.Obligaciones, D.Penal, DPCI, DPPI, Extranjería, Fiscalidad, Reglamento Bruselas I, Reglamento PME
-Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Trinidad y Tobago sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Mediante el presente acto se comunica que el mencionado Acuerdo entrará en vigor el 1.5.2016.
Véase el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Trinidad y Tobago, sobre exención de visados para estancias de corta duración, así como la entrada de este blog del día 3.7.2015.
-Reglamento de Ejecución (UE) 2016/667 de la Comisión, de 27 de abril de 2016, que modifica el Reglamento (CE) n.o 2368/2002 del Consejo por el que se aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes en bruto.
Nota: Se procede a modificar el anexo III (Lista de autoridades competentes de los Estados miembros y de las tareas encomendadas a las mismas, de conformidad con las disposiciones de los artículos 2 y 19) del Reglamento (CE) n° 2368/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002.
[DOUE L115, de 29.4.2016]
Etiquetas: D.Comercio Internacional, D.Obligaciones, DOUE, Extranjería
Jurisprudencia - Las solas condenas penales no justifican la expulsión de un nacional de un tercer país familiar de ciudadano de la UE
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Sentencia de 29 Enero 2016, Rec. 359/2015: La mera presencia de condenas penales no es determinante para la expulsión de un familiar de ciudadano comunitario al no ser sinónimo de una peligrosidad real para el orden público del país. Al sancionado, extranjero de nacionalidad peruana, casado con ciudadana española, conviva o no con la misma, así como padre de una menor española, le resulta de aplicación el art. 15 del RD 240/2007, cuyo apartado 1 c) establece que procede la expulsión si existen motivos graves de orden público o seguridad pública. Conforme a lo dispuesto por el TJCE el concepto de orden público ha de ser entendido como la alteración del orden social que constituye toda infracción de la Ley, pero también ha de suponer ciertamente una amenaza real y suficientemente grave, que afecte a un interés fundamental de la sociedad. En este caso, para la Sala la existencia de condenas penales no son en sí determinantes de una peligrosidad cierta y amenaza para la paz social frente al hecho de que el recurrente tiene un arraigo familiar evidente, de tal forma que obligarle a la salida del país con prohibición de retorno por un periodo de 3 años colisiona de forma frontal con su derecho a estar y permanecer y disfrutar de su esposa e hija menor de nacionalidad española.
Ponente: Ortuño Rodríguez, Alicia Esther.
Nº de Recurso: 359/2015
Iustel - Diario Del Derecho, 27 abril 2016, sección Jurisprudencia
[Texto en CENDOJ: STSJ BAL 40/2016 - ECLI:ES:TSJBAL:2016:40]
Publicado por Federico Garau a las 11:22:00 0 comentarios
Jurisprudencia - Un procedimiento penal es un obstáculo relevante para la obtención de la nacionalidad española
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Sentencia de 29 Enero 2016, Rec. 2028/2013: Un procedimiento penal es un obstáculo relevante para la apreciación de la buena conducta cívica requerida para la obtención de la nacionalidad española. Se confirma la resolución denegatoria de la nacionalidad española por no haber acreditado el actor buena conducta cívica, pues fue condenado por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Si bien la doctrina del TS tiene establecido que para justificar la existencia de buena conducta cívica hay que realizar una valoración conjunta y global de la trayectoria ciudadana del solicitante, en el presente caso no se aportan datos positivos de suficiente entidad como para desvirtuar la conclusión a la que llegó la Administración. Así, no se invocan elementos de carácter positivo en relación a la conducta cívica, como podrían ser actividades del recurrente en beneficio de la comunidad o al servicio de proyectos o entidades altruistas y sin ánimo de lucro. Por otro lado, aunque existe una propuesta favorable del Juez Encargado del Registro Civil, no es vinculante y tampoco suficiente para acreditar la buena conducta cívica pues se evacuó cuando aún no constaba en el expediente los datos referentes a la condena penal. Finalmente, el hecho de que se renovara la autorización de residencia no significa que el hecho delictivo resulte intrascendente para valorar la buena conducta cívica en orden a la obtención de la nacionalidad española.
Ponente: Acín Aguado, Lucía.
Nº de Recurso: 2028/2013
[Texto en CENDOJ: SAN 192/2016 - ECLI:ES:AN:2016:192]
Informe final del proyecto sobre garantías procesales en la UE (TRAINAC)
La European Lawyers Foundation (ELF) ha publicado el informe final del proyecto TRAINAC sobre garantías procesales en la UE, en el que se analiza la puesta en práctica de las tres Directivas sobre garantías procesales aprobadas hasta el momento.
This report has been produced as the outcome of the TRAINAC project, which was funded by the European Union’s Justice Programme, whose aim was to provide an assessment by defence practitioners in the EU of the implementation of three directives:
-Directive 2010/64 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings;
-Directive 2012/13 on the Right to information in criminal proceedings; and
-Directive 2013/48 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty.
The right to interpretation and translation:
Number of interpreters and translators
Communication between suspect or accused and lawyer
Emergency access to interpreters
Timetable for provision of translated documents
Information about the accusation
Information given on more rights than required in the Letter of Rights
Right of access to a lawyer:
Waiver of right of access to a lawyer
El Informe final puede consultarse aquí.
Etiquetas: D.Penal, D.Persona, Documentos, DPPI
Bibliografía - La Directiva 2016/343 y el derecho a la presunción de inocencia
La Directiva (UE) 2016/343 y el derecho a la presunción de inocencia
Miguel RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Diario La Ley, Nº 8750, Sección Columna, 27 de Abril de 2016, Editorial LA LEY
La consecución del reconocimiento mutuo, piedra angular de la cooperación judicial presupone la definición de normas procesales equivalentes en los procesos penales de los Estados miembros. A tal fin se han ido aprobando a lo largo de este decenio una serie de directivas que reconocen derechos al justiciable en el proceso penal y que ya han sido traspuestas en nuestro ordenamiento en las recientes reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Más recientemente se ha aprobado la Directiva 2016/343 por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. Se examinan los antecedentes de esta Directiva que ha tenido muy en cuenta la jurisprudencia del TEDH, pero que la completa por considerar insuficiente en los ordenamientos nacionales de los Estados miembros la protección de la presunción de inocencia y del derecho a asistir al juicio. La nueva Directiva trata de reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo estableciendo unas normas mínimas comunes relativas a determinados aspectos de la presunción de inocencia y del derecho a estar presente en el juicio. La Directiva incluye un enfoque global de la presunción de inocencia más allá del momento de la condena penal, asegurando que una persona sea tratada efectivamente como inocente a lo largo de la investigación judicial y del proceso penal hasta que no sea condenada. También dedica especial atención al derecho del acusado a guardar silencio y a no contribuir a la propia incriminación, como elementos fundamentales de un proceso justo, cuyo contenido se clarifica detenidamente en los Considerandos de la Directiva. Otra garantía exigible en un proceso penal que desarrolla la Directiva es la del derecho del acusado a estar presente en el acto del juicio, que tiene una importancia particular en el proceso penal para ejercer los derechos que le reconoce el art. 6 del CEDH. También la Directiva se refiere al derecho a un nuevo juicio en relación con decisiones judiciales adoptadas en ausencia del acusado en el acto del juicio, estableciendo las condiciones en las que el derecho a ese nuevo juicio resulta exigible. Aspecto final de la Directiva es prever remedios eficaces para proteger y garantizar el respeto de la presunción de inocencia en todas sus manifestaciones y no solo en el momento de la condena penal.
Nota: Véase la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, así como la entrada de este blog del día 11.3.2016.
Etiquetas: Bibliografía, D.Penal, D.Persona, DPPI
Lista de los acuerdos bilaterales de inversión contemplados en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países.
Nota: El art. 4.1 del Reglamento (UE) nº 1219/2012 establece que la Comisión debe publicar cada año una lista de los acuerdos bilaterales de inversión notificados por los Estados miembros. Esta es la lista actualizada con las novedades notificadas en los últimos doce meses.
Véase el Reglamento (UE) nº 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, así como la entrada de este blog del día 20.12.2012.
Por lo que respecta a los acuerdos ratificados por España, estos se contienen en las págs. 40 a 44 del documento.
[DOUE C149, de 27.4.2016]
-Decisión (UE) 2016/630 del Consejo, de 11 de abril de 2016, sobre la posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión Europea en el Comité Mixto de Readmisión creado en virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de Rusia sobre readmisión, por lo que se refiere a una recomendación relativa a las solicitudes de readmisión que requieren la organización de entrevistas.
Nota: La entrevista es uno de los elementos del procedimiento de readmisión previstos en el Acuerdo de Readmisión entre la CE y Rusia. Con arreglo a su art. 9.4, debe organizarse la entrevista cuando la parte interesada no pueda adjuntar a la solicitud de readmisión ninguno de los documentos enumerados en los anexos 2 y 3 del Acuerdo. El 2.6.2009, el Comité Mixto de Readmisión adoptó una primera recomendación relativa a las solicitudes de readmisión que requieren la organización de entrevistas. Dicha recomendación debe aclararse ahora mediante una segunda recomendación que ofrezca orientaciones en aquellas situaciones en que no se puedan respetar los plazos para la organización de las entrevistas, a fin de reprogramarlas. Para ello, procede determinar la posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión en el Comité Mixto de Readmisión por lo que se refiere a la recomendación relativa a las solicitudes de readmisión que requieren la organización de entrevistas.
-Corrección de errores del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) no 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos).
Nota: Y aquí llega, señora y señores, la segunda corrección de errores del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (véase la entrada de este blog del día 24.12.2015). Véase la primera corrección de errores (véase la entrada de este blog del día 16.3.2016). ¿Para cuando la tercera? ¡Se admiten apuestas! ¡Y llegó la tercera!
-Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
Nota: Véase la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, así como la entrada de este blog del día 23.12.2015.
[DOUE L110, de 26.4.2016]
-Actualización de los importes de referencia para el cruce de las fronteras exteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
En relación con la actualización de las cantidades de referencia véanse DOUE C247, de 13.10.2006, p. 19; DOUE C153, de 6.7.2007, p. 22; DOUE C182, de 4.8.2007, p. 18; DOUE C57, de 1.3.2008, p. 38; DOUE C134, de 31.5.2008, p. 19; DOUE C37, de 14.2.2009, p. 8; DOUE C98, de 29.4.2009, p. 11; DOUE C35, de 12.2.2010, p. 7 y DOUE C304, de 10.11.2010, p. 5; DOUE C24, de 26.1.2011, p. 6; DOUE C157, de 27.5.2011, p. 8; DOUE C203, de 9.7.2011, p. 16; DOUE C11, de 13.1.2012, p. 13; DOUE C72, de 10.3.2012, p. 44; DOUE C199, de 7.7.2012, p. 8; DOUE C298, de 4.10.2012, p. 3; DOUE C56, de 26.2.2013, p. 13; DOUE C98, de 5.4.2013, p. 3; DOUE C269, de 18.9.2013, p. 2; DOUE C57, de 28.2.2014, p. 1; DOUE C152, de 20.5.2014, p. 25; DOUE C224, de 15.7.2014, p. 31; DOUE C434, de 4.12.2014, p. 3; DOUE C447, de 13.12.2014, p. 32; DOUE C38, de 4.2.2015, p. 20; DOUE C96, de 11.3.2016, p. 7.
[DOUE C146, de 26.4.2016]
Etiquetas: DOUE, Extranjería, IP
-Asunto C-49/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de febrero de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n.° 5 de Cartagena — Murcia) — Finanmadrid E.F.C., S.A./Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino (Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Proceso monitorio — Procedimiento de ejecución forzosa — Competencia del juez nacional de ejecución para apreciar de oficio la nulidad de la cláusula abusiva — Principio de cosa juzgada — Principio de efectividad — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Tutela judicial)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 18.2.2016.
-Asunto C-292/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de febrero de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Elliniko Dimosio/Stefanos Stroumpoulis y otros (Procedimiento prejudicial — Directiva 80/987/CEE — Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario — Ámbito de aplicación — Créditos salariales impagados de marineros enrolados a bordo de un buque con pabellón de un tercer Estado — Empresario que tiene su sede estatutaria en ese tercer Estado — Contrato de trabajo regido por el Derecho de ese mismo tercer Estado — Quiebra del empresario declarada en un Estado miembro en el que aquél tiene su sede real — Artículo 1, apartado 2 — Anexo, parte II, A — Legislación nacional que establece una garantía de los créditos salariales impagados de los marineros aplicable únicamente en caso de abandono de éstos en el extranjero — Nivel de protección no equivalente al establecido por la Directiva 80/987)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 25.2.2016.
-Asunto C-299/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de febrero de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Alemania) — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, Jovanlis Peña García, Joel Luis Peña Cruz [Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Ciudadanía de la Unión — Igualdad de trato — Directiva 2004/38/CE — Artículo 24, apartado 2 — Prestaciones de asistencia social — Reglamento (CE) n° 883/2004 — Artículos 4 y 70 — Prestaciones especiales en metálico no contributivas — Exclusión de los nacionales de un Estado miembro durante los tres primeros meses de residencia en el Estado miembro de acogida]
-Asunto C-601/15 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de febrero de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — J. N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional — Directiva 2008/115/CE — Permanencia legal — Directiva 2013/32/UE — Artículo 9 — Derecho a permanecer en un Estado miembro — Directiva 2013/33/UE — Artículo 8, apartado 3, párrafo primero, letra e) — Internamiento — Protección de la seguridad nacional o del orden público — Validez — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 6 y 52 — Limitación — Proporcionalidad]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 15.2.2016.
-Asunto C-24/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 18 de enero de 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
"1) En un procedimiento de reclamación de derechos derivados de un dibujo o modelo comunitario, el tribunal de un Estado miembro cuya competencia en relación con un demandado se fundamenta únicamente en el artículo 79, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en relación con el artículo 6, punto 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debido a que dicho demandado, que reside en otro Estado miembro, suministró al demandado residente en el Estado miembro del tribunal productos que posiblemente vulneren los derechos de propiedad intelectual, ¿puede ordenar contra el demandado mencionado en primer lugar diligencias que tengan validez en toda la Unión y que no se limiten a las relaciones de suministro en que se fundamenta la competencia?
2) ¿Debe interpretarse el Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en particular su artículo 20, apartado 1, letra c), en el sentido de que un tercero puede reproducir un dibujo o modelo comunitario con fines comerciales si desea distribuir accesorios para productos del titular conformes con el dibujo o modelo comunitario? Si es así, ¿qué criterios se han de aplicar?
3) ¿Cómo se ha de determinar el lugar «en el que se haya cometido la infracción» a efectos del artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, en los casos en que el infractor:
¿Debe interpretarse el artículo 15, letras a) y g), del mencionado Reglamento en el sentido de que la ley así determinada es aplicable también a los actos de colaboración de otras personas?"
-Asunto C-25/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 18 de enero de 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
Nota: Véase la referencia anterior, Asunto C-24/16.
-Asunto C-82/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Bélgica) el 12 de febrero de 2016 — K. y otros/Belgische Staat
"1) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, y en particular el artículo 20 TFUE, los artículos 5 y 11 de la Directiva 2008/115/CE en relación con los artículos 7 y 24 de la Carta, en el sentido de que, en determinadas circunstancias, se opone a una práctica nacional en virtud de la cual una solicitud de residencia presentada por un miembro de una familia, nacional de un tercer Estado, en el marco de la reagrupación familiar con un ciudadano de la Unión en el Estado miembro en el que reside el ciudadano de la Unión en cuestión, cuya nacionalidad posee y que no ha hecho uso de su derecho a la libre circulación y a la libertad de establecimiento (en lo sucesivo, «ciudadano sedentario de la Unión»), es desestimada —con la adopción de una decisión de expulsión o sin ella— por la mera razón de que dicho miembro de la familia, nacional de un tercer Estado, ha sido objeto de una prohibición en vigor de entrada a nivel europeo?
a) ¿Es relevante para apreciar tales circunstancias que entre el miembro de la familia, nacional de un tercer Estado, y el ciudadano sedentario de la Unión exista una relación de dependencia que vaya más allá de un mero vínculo familiar? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué factores determinan la existencia de una relación de dependencia? ¿Puede invocarse válidamente a este respecto la jurisprudencia relativa a la existencia de una vida familiar con arreglo al artículo 8 del CEDH y el artículo 7 de la Carta?
b) En lo que respecta en concreto a los hijos menores de edad, ¿exige el artículo 20 TFUE más que la existencia de un vínculo biológico entre el progenitor nacional de un tercer Estado y el menor ciudadano de la Unión? ¿Resulta relevante a este respecto que se acredite la convivencia o bien basta con vínculos afectivos y económicos como un régimen de residencia o visitas y el pago de alimentos? ¿Pueden invocarse válidamente a este respecto las sentencias del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2014, Ogieriakhi C-244/13, apartados 38 y 39; de 16 de julio de 2015, Singh y otros, C-218/14, apartado 54, y de 6 de diciembre de 2012, C-356/11 y C-357/11, O. y S., apartado 56? Véase a este respecto la remisión prejudicial pendiente en el asunto C-133/15.
d) ¿Es relevante para apreciar tales circunstancias el hecho de que no se interpusiera recurso con arreglo al artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE contra la decisión por la que se acuerda la prohibición de entrada o el hecho de que se desestimara el recurso interpuesto contra dicha decisión?
e) ¿Es relevante el hecho de que la prohibición de entrada se haya dictado por razones de orden público o a raíz de una residencia regular? En caso de respuesta afirmativa, ¿debe también examinarse si el nacional afectado de un tercer Estado constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad? ¿Pueden aplicarse por analogía, desde esta perspectiva, los artículos 27 y 28 de la Directiva 2004/38/CE, que se han transpuesto en los artículos 43 y 45 de la Ley de extranjería, y la correspondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de orden público, a los miembros de la familia de ciudadanos sedentarios de la Unión? (véanse las remisiones prejudiciales pendientes en los asuntos C-165/14 y C-304/14)
2) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, y en particular el artículo 5 de la Directiva 2008/115/CE y los artículos 7 y 24 de la Carta, en el sentido de que se opone a una práctica nacional en virtud de la cual se opone una prohibición de entrada en vigor para desestimar una posterior solicitud de reagrupación familiar con un ciudadano sedentario de la Unión, presentada en el territorio de un Estado miembro, sin tener en cuenta a tal respecto la vida familiar y privada y el interés de los hijos afectados mencionados en la posterior solicitud de reagrupación familiar?
3) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, y en particular el artículo 5 de la Directiva 2008/115/CE y los artículos 7 y 24 de la Carta, en el sentido de que se opone a una práctica nacional en virtud de la cual respecto a un nacional de un tercer Estado que ya está sujeto a una prohibición de entrada en vigor se adopta una decisión de expulsión sin tener en cuenta en ese contexto la vida familiar y la vida privada y el interés de los hijos afectados a los que se ha hecho referencia en una posterior solicitud de reagrupación familiar con un ciudadano sedentario de la Unión, es decir, una vez dictada la prohibición de entrada?
4) ¿Implica el artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2008/115/CE que un nacional de un tercer Estado debe presentar en principio una solicitud de revocación o suspensión de una prohibición de entrada válida y definitiva fuera de la Unión Europea, o bien existen circunstancias en las que también puede presentar dicha solicitud en la Unión Europea?
a) ¿Debe interpretarse el artículo 11, apartado 3, párrafos tercero y cuarto, de la Directiva 2008/115/CE en el sentido de que en cada caso concreto o en todas las categorías de casos debe cumplirse sin más lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, párrafo primero, de dicha Directiva, según el cual puede considerarse la posibilidad de revocar o suspender la prohibición de entrada únicamente si el nacional de un tercer Estado demuestra que ha abandonado el territorio en pleno cumplimiento de una decisión de retorno?
b) ¿Se oponen los artículos 5 y 11 de la Directiva 2008/115/CE a una interpretación en virtud de la cual se considera que una solicitud de residencia en el marco de la reagrupación familiar con un ciudadano sedentario de la Unión que no ha ejercido su derecho a la libre circulación ni a la libertad de establecimiento constituye una solicitud implícita (temporal) de revocación o suspensión de la prohibición de entrada válida y definitiva, si se pone de manifiesto que no se cumplen los requisitos de residencia y se restablece la prohibición de entrada válida y definitiva?
c) ¿Es relevante el hecho de que la obligación de presentar una solicitud de revocación o suspensión en el país de origen lleve consigo una mera separación temporal del nacional de un tercer Estado y el ciudadano sedentario de la Unión? ¿Existen circunstancias en las que los artículos 7 y 24 de la Carta se oponen no obstante a una separación temporal?
d) ¿Es relevante el hecho de que la obligación de presentar una solicitud de revocación o suspensión en el país de origen tenga como única consecuencia que el ciudadano de la Unión deba abandonar, en tal caso, únicamente por tiempo limitado el territorio de la Unión Europea en su totalidad? ¿Concurren circunstancias en las que no obstante el artículo 20 TFUE se opone al hecho al hecho de que el ciudadano sedentario de la Unión deba abandonar con carácter temporal el territorio de la Unión Europea?"
[DOUE C145, de 25.4.2016]
Etiquetas: Ciudadanía UE, D.Obligaciones, D.Persona, DOUE, DPCI, Extranjería, Insolvencia, IP, Jurisprudencia, Reglamento Bruselas I, Reglamento Roma II, TJUE
Jurisprudencia - El TS confirma la indemnización de 12.000 euros por daños morales a los pasajeros del buque «Costa Concordia»
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 232/2016 de 8 Abr. 2016, Rec. 1741/2014: Responsabilidad civil. Naufragio del «Costa Concordia». Utilización de las reglas del Baremo de accidentes de circulación como criterios orientadores en otros sectores. Indemnización por separado del daño moral. Se confirma la indemnización de 12.000 euros por daños morales a los pasajeros.
Ponente: Pantaleón Prieto, Ángel Fernando.
Nº de Sentencia: 232/2016
Nº de Recurso: 1741/2014
Diario La Ley, Nº 8748, Sección Jurisprudencia, 25 de Abril de 2016
Nota: En esta Resolución se recogen las comunicaciones sobre tratados recibidas en el MAEC hasta el 12.4.2016. Para los convenios en materia de Derecho Internacional Privado véase la pág. 27607 (pág. 25 del documento). Para los de Derecho Penal y Procesal, véanse las págs. 27607 a 27609 (págs. 25 a 27 del documento).
[BOE n. 99, de 25.4.2016]
-RDUNED - Revista de derecho UNED: núm. 17 (2015).
-Revista Española de Seguros: núm. 165-166 (2016).

References: Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 27
 artículo 30
 artículo 21
 resolución 
 artículo 4
 artículo 5
 Artículo 1
 Artículo 24
 Artículo 9
 Artículo 8
 artículo 79
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 8
 artículo 15
 artículo 20
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 20
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 20
 Resolución