Source: https://tc.vlex.es/vid/m-c-z-329330823
Timestamp: 2020-08-06 13:51:49+00:00

Document:
STC 150/2011, 29 de Septiembre de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 329330823
Número de Recurso: 5125-2003
Sentencia citada en: 93 sentencias, 18 artículos doctrinales
La demanda de amparo fue registrada en este Tribunal el 31 de julio de 2003.
El barrio de San José de Valencia, a medida que la Corporación Municipal fue autorizando a partir de 1974 la apertura de salas de ocio como discotecas, pubs y otros establecimientos de hostelería, fue sufriendo una paulatina degradación medioambiental derivada de los ruidos provenientes de esas actividades. Ante este incremento notable del ruido ambiental, el Ayuntamiento, “considera[ndo] necesario establecer objetivos claros y concisos … para conseguir niveles sonoros en el medio ambiente satisfactorios para la totalidad de la población”, aprobó la Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones de 28 de junio de 1996, en la que establecía límites sonoros diurnos y nocturnos para cada tipo de zona -siendo relevante aquí el límite nocturno de 45 dB(A) fijado para zonas donde el uso dominante es el residencial plurifamiliar - (art. 8), reglamentaba las medidas de insonorización de fuentes sonoras y de aislamiento acústico que estaban obligadas a adoptar las distintas actividades, de un modo especial las sujetas a la normativa específica de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas (arts. 21 a 26), y preveía en su art. 30 que se pudiera declarar zona acústicamente saturada por efectos aditivos aquella en la que se sobrepasasen repetidamente -dos veces por semana durante dos semanas consecutivas o tres alternas en un plazo de 35 días naturales- en más de 20 dB(A) los niveles de ruido exterior fijados en el art. 8, declaración que podía llevar aparejadas ciertas medidas especiales de protección de entre las previstas en su art. 32. El Ayuntamiento, dado que el ruido ambiental nocturno en el barrio de San José superaba reiteradamente los 65 dB(A) (por tanto en más de 20 dB(A) el límite de 45 dB(A) señalado para esa zona), mediante acuerdo plenario del 27 de diciembre de 1996 lo declaró zona acústicamente saturada , asociando a esa calificación, junto a otros efectos, un régimen especial de horarios, una restricción horaria de colocación de mesas y sillas en la vía pública y la prohibición de instalación, modificación o ampliación de actividades incluidas en el catálogo de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas. En fin, la efectividad de las obligaciones generales de la Ordenanza y de las especiales del acuerdo plenario quedaban respaldadas por el régimen sancionador regulado en la Ley autonómica 2/1991, de 18 de febrero, de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas, que atribuía la competencia sancionadora indistintamente a la Generalidad y a las corporaciones locales, habiendo usado de ella el Ayuntamiento de Valencia en los términos que más adelante se dirá.
El actor, presidente de la asociación de vecinos de la zona desde el 20 de abril de 1994, como consecuencia de haber instalado en su casa ventanales para lograr mayor aislamiento sonoro y aire acondicionado para evitar el calor derivado de vivir con las ventanas cerradas, y apreciando responsabilidad municipal por tolerar el exceso sonoro, reclamó al Ayuntamiento las cantidades invertidas así como otras derivadas de daños morales (por amenazas de muerte, recibidas por teléfono y a través de pintadas en su portal, y por excesos de ruido en su domicilio) mediante escrito de 14 de junio de 1999. No acompañó a su reclamación y no aportó a lo largo del trámite administrativo medición alguna de niveles sonoros, ni del ruido ambiental en la zona ni de la repercusión individualizada en el interior de su vivienda. Se limitó a pedir que fuera aquél el que allegara todas las mediciones de ruido ambiental tomadas en el barrio de San José desde su declaración como zona acústicamente saturada , a lo que no accedió por considerarlo irrelevante.
El 12 de junio de 2000, entendiendo rechazada su reclamación por silencio administrativo, el actor interpuso recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el que por demanda de 22 de noviembre de 2001, dirigida también contra la resolución administrativa tardía de 5 de enero de 2001 por la que el Ayuntamiento de Valencia expresamente desestimaba su reclamación, pidió que se declarase la responsabilidad patrimonial de aquél respecto de las cantidades requeridas por tolerar que los ruidos nocturnos en esa zona superasen con exceso el nivel permitido en la ordenanza, produciéndole, dada su transmisión al interior de su vivienda, insomnio y correlativo deterioro de su salud (art. 15 CE) y privándole del pacífico disfrute de su domicilio (art. 24.1 CE).
El señor Cuenca deduce contra esta Sentencia recurso de amparo, que articula por el cauce del art. 44.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y funda en los siguientes motivos:
Vulneración de los derechos fundamentales del recurrente previstos en el art. 15 CE y en los apartados primero y segundo del art. 18 CE, ya que la Sentencia impugnada desestima la pretensión indemnizatoria porque, no habiéndose aportado mediciones individualizadas al efecto, no ha quedado probado que el ruido percibido en el interior de la vivienda del actor sea de tal intensidad que se pueda establecer como causa de los daños cuya indemnización reclama, esto es, del insomnio, del daño correlativo a su salud y de la privación del pacífico disfrute de su domicilio. Este pronunciamiento, a su juicio, obvia que los daños físicos en la salud del actor están probados, así como los ruidos exteriores e interiores, y desconoce la interpretación jurisprudencial vertida en relación con el art. 15 CE y los apartados primero y segundo del art. 18 CE. Tales carencias argumentativas, por referirse a derechos fundamentales sustantivos, entrañan una lesión material de los mismos (STC 138/2000, de 29 de mayo, FJ 5).
Infracción del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE y STC 114/1992, de 14 de septiembre). Señala como término de comparación la Sentencia de 7 de marzo de 1997 de la misma Sala y Sección del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que, bastando con la prueba de los niveles de ruido ambiental y sin requerir ninguna medición del ruido interno de la vivienda, se estimó la demanda que interpuso otro vecino del barrio con base en los mismos supuestos de hecho (identidad de zona, construcción, altura, ruidos soportados durante muchos años y daños físicos y morales sufridos) y fundamentos jurídicos (reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por tolerar un nivel de ruido en la zona que le produce insomnio, daña su salud y le priva del pacífico disfrute de su domicilio).
El cambio de ponente, operado una vez completada la instrucción del proceso, le ha producido indefensión prohibida por el art. 24.1 CE y ha lesionado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley que le reconoce el art. 24.2 CE, toda vez que el nuevo ponente no ha tenido una participación directa en la tramitación del proceso, en particular en la admisión y práctica de las pruebas, extremo que se ha revelado esencial a la vista de la Sentencia.
La Sección Cuarta del Tribunal Constitucional acordó, mediante providencia de 18 de octubre de 2004, inadmitir la demanda de amparo. Las dos primeras quejas se inadmiten por carecer de contenido constitucional. Esto ocurre con el alegato referido a la salud, a la integridad física, a una vivienda digna y a un medio ambiente adecuado, ya que, en el caso que nos ocupa, como ocurriera en la STC 119/2001, de 24 de mayo, “no ha acreditado la recurrente ninguna medición de los ruidos padecidos en su vivienda que permita concluir que, por su carácter prolongado e insoportable, hayan podido afectar al derecho fundamental para cuya preservación solicita el amparo”. Igual destino corre la queja referida al principio de igualdad, que se inadmite porque en la resolución judicial que se presenta como término de comparación la Administración demandada asumió un papel distinto, puesto que no cuestionó, como ahora ha hecho, su pasividad frente al ruido excesivo (cfr. STC 129/2004 de 19 de julio). Finalmente, la invocación de los apartados primero y segundo del art. 24 CE se inadmite porque el cambio de la ponencia del proceso judicial de que trae causa el motivo fue en su día consentida, de suerte que no se ha respetado la exigencia de invocación formal en la vía judicial previa contenida en el art. 44.1 c) LOTC, lo que debe traducirse en la inadmisión del motivo conforme al art. 50.1 a) del mismo cuerpo normativo.
El Fiscal interpuso recurso de súplica contra la providencia de 18 de octubre de 2004, que basa en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Moreno Gómez, de 16 de noviembre de 2004, que, habiendo sido dictada en el asunto decidido previamente por la STC 119/2001, de 24 de mayo, que desestimó un recurso de amparo planteado por otra vecina de la misma plaza en virtud de hechos y fundamentos jurídicos similares a los de este recurso de amparo, apreció que el Estado español menoscabó el derecho a la vida privada y familiar de la citada señora Moreno Gómez.
El Auto de la Sección Cuarta del Tribunal Constitucional 37/2005, de 31 de enero, argumentando que “la Sentencia dictada con posterioridad por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos justifica plenamente la reconsideración del presente recurso de amparo, a fin de determinar en qué medida pudiera tratarse de un supuesto análogo y examinar si por el Tribunal Europeo han sido objeto de análisis los mismos derechos fundamentales que en este recurso de amparo” (FJ 2), estima la súplica interpuesta por el Ministerio Fiscal, dejando sin efecto la providencia recurrida.
La Sala Segunda acuerda a través de providencia de 1 de febrero de 2005 admitir a trámite esta demanda de amparo y dirigir atenta comunicación al Ayuntamiento de Valencia y a la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que, en plazo que no exceda de diez días, remitan certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al expediente administrativo formado a raíz de la reclamación de responsabilidad patrimonial de 14 de junio de 1999 y al recurso contencioso-administrativo 969-2000, respectivamente. Se solicita igualmente al mentado órgano judicial que proceda al previo emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que puedan comparecer en el plazo de diez días en este proceso constitucional. Las actuaciones solicitadas fueron recibidas en este Tribunal los días 23 de febrero y 15 de marzo de 2005, respectivamente. El 11 de marzo de 2005 se personó el Ayuntamiento de Valencia, representado por el Procurador de los Tribunales don César de Frías y Benito y asistido por su Letrado don Francisco Javier Móner González.
Mediante diligencia de ordenación de 31 de marzo de 2005 se tiene por personado y parte en el procedimiento al Procurador don César de Frías Benito, en nombre y representación del Ayuntamiento de Valencia (de forma condicionada a la presentación de un poder original que la acredite, que se aporta el ulterior 12 de abril), y se da vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para que presenten las alegaciones que consideren oportunas, todo ello al amparo del art. 52.1 LOTC.
El Fiscal interesa, en el escrito de alegaciones cursado el 22 de abril de 2005, que este Tribunal, declarando que el recurrente ha visto lesionado su derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito de su domicilio (art. 18.1 y 2 CE), otorgue el amparo solicitado. Comienza su argumentación diciendo que “el presente recurso de amparo, aunque formalmente dirigido contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano, también se extiende, en su trasfondo, a la impugnación de la resolución administrativa que denegó la reclamación por responsabilidad patrimonial que había formulado el actor contra el Ayuntamiento de Valencia,… en la medida en que la vulneración de los derechos a la integridad física y psíquica así como la inviolabilidad del domicilio se habría operado ya con el acto administrativo, primero presunto y posteriormente expreso, que denegó la existencia de tales infracciones constitucionales y, por ende, la reclamación por responsabilidad presentada”.
El escrito de alegaciones de la representación procesal del Ayuntamiento de Valencia, que fue evacuado el 4 de mayo de 2005, comienza destacando que, dado que el presente recurso de amparo se articula por la vía del art. 44.1 LOTC y que la violación alegada de los derechos a la integridad física y a la intimidad domiciliaria jamás puede imputarse de modo “inmediato y directo” a la resolución judicial de la Sala de Valencia sino que tiene su origen en los hechos que dieron lugar a ese proceso, en los cuales el Tribunal Constitucional no puede entrar por mandato expreso del art. 44.1 b) LOTC, el primer motivo de amparo debe desestimarse sin necesidad de efectuar más consideraciones.
El escrito de alegaciones del recurrente, también registrado el 4 de mayo de 2005, además de reproducir en esencia las alegaciones en que fundó la demanda de amparo, destaca la transcendental influencia que la STEDH de 16 de noviembre de 2004, caso Moreno Gómez contra España, presenta en el actual proceso constitucional. Tras retomar sus principales considerandos (en particular §§ 58-62), en términos parecidos a los ya descritos por el Ministerio Fiscal, pone de relieve que las circunstancias, la génesis y la argumentación jurídica son idénticas en ambos casos, cuyos promotores han contado con el auxilio profesional del mismo despacho de abogados. El único matiz diferenciador que media entre ambos procesos es que, mientras que el recurso de la señora Moreno Gómez se interpuso por la vía preferente y sumaria de protección de los derechos fundamentales, el que ahora se enjuicia se presentó por la vía ordinaria de responsabilidad patrimonial, dado que la propia Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había señalado en otros casos idénticos que la primera vía procesal indicada era improcedente. Por tal identidad, y por imperativo del art. 10.2 CE, precepto que vincula al Tribunal Constitucional, la resolución del presente recurso de amparo debe ser igual a la ofrecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por providencia de 28 de septiembre de 2011, se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 29 del mismo mes y año.
El presente proceso constitucional, a pesar de articularse únicamente por el cauce del art. 44.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), tiene como objeto, por un lado, la desestimación por silencio administrativo, luego por resolución expresa, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente ante el Ayuntamiento de Valencia por los gastos efectuados en su vivienda para impedir la transmisión de ruidos desde el exterior a la misma, fundándose la reclamación en que dicho Ayuntamiento toleraba que los ruidos nocturnos en dicha zona superasen con exceso el número de decibelios permitido en la ordenanza municipal, lo que le produce insomnio y correlativo deterioro de su salud y le priva del pacífico disfrute de su domicilio, por todo lo cual entiende vulnerados sus derechos a la integridad física y moral (art. 15 CE) y a lo que denomina intimidad domiciliaria que conecta, a la luz del derecho al respeto de la vida privada y familiar del art. 8 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH) tal como lo interpreta el Tribunal de dicha Convención, con los derechos reconocidos por los arts. 18 1 y.2 CE.
Antes de abordar el fondo de las cuestiones planteadas en este recurso de amparo, resulta procedente precisar el carácter o naturaleza de su objeto. Esta tarea resulta obligada desde el mismo momento en que el Letrado del Ayuntamiento de Valencia sostiene que, tratándose de un recurso promovido por la vía del art. 44 LOTC, dirigido por tanto contra actos u omisiones de un órgano judicial, su objeto debe ceñirse a la Sentencia impugnada, dejando de lado por tanto la inactividad del Ayuntamiento de Valencia que es la causante originaria de la lesión de los arts. 15 y 18.1 y 2 CE. Por el contrario, para el Ministerio Fiscal “el presente recurso de amparo, aunque formalmente dirigido contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano, también se extiende, en su trasfondo, a la impugnación de la resolución administrativa que denegó la reclamación por responsabilidad patrimonial que había formulado el actor contra el Ayuntamiento de Valencia”, de donde se sigue que es un recurso de amparo de los denominados mixtos, pues su objeto comprende igualmente la pasividad de la Administración local en la preservación de los derechos fundamentales protegidos por los arts. 15 y 18.1 y 2 CE.
La circunstancia de que nos encontremos ante un recurso de amparo mixto “determina que analicemos en primer término las eventuales vulneraciones que serían imputables a la actuación administrativa para efectuar con posterioridad, en su caso, el enjuiciamiento de las lesiones constitucionales imputadas a la resolución judicial” (STC 195/2005, de 18 de julio, FJ 2). Esta doctrina, según la cual en los amparos mixtos ha de anteponerse el examen de las quejas deducidas por el cauce del art. 43 LOTC, es constante en este Tribunal y ha sido confirmada por las SSTC 307/2006, 308/2006, ambas de 23 de octubre, y 338/2006 y 346/2006, ambas de 11 de diciembre. En aplicación de este criterio, y como ya hicimos en el asunto resuelto por la STC 119/2001, hemos de comenzar nuestro estudio por las infracciones constitucionales imputadas al Ayuntamiento, en este caso la vulneración de los arts. 15 y 18.1 y. 2 CE.
Concretamente, el demandante denuncia la continua desatención por la Administración municipal de las obligaciones dimanantes de la declaración del área en la que reside como “zona acústicamente saturada”, al punto que, siempre según el alegato de la recurrente, la permisividad del Ayuntamiento de Valencia frente al reiterado incumplimiento por los locales de ocio radicados en dicha zona de los ruidos máximos autorizados y de los horarios de cierre representa una auténtica inaplicación del mencionado acuerdo municipal, lo que provoca una degradación del medio ambiente circundante. En este contexto el actor se queja, además de violación de su derecho a la salud (art. 43.1 CE), a un medio ambiente adecuado (art. 45.1 CE) y a una vivienda digna (art. 47 CE), de que la exposición a ese intenso ruido nocturno le produce insomnio, del que se siguen ciertas disfunciones en su salud, y le priva del pacífico disfrute de su domicilio, resultando así lesionados sus derechos fundamentales a la integridad física y moral (art. 15 CE) y a la intimidad domiciliaria (18.1 y 2 CE) conectados con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad (10.1 CE), en apoyo de todo lo cual alude en su demanda a una serie de elementos de prueba expuestos en los antecedentes.
El derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15 CE), repetidamente ha dicho este Tribunal, protege “la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular” (entre otras, SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8 y 207/1996, de 15 de diciembre, FJ 2). Por su lado, el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) implica “la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana” (por todas, STC 186/2000, de 10 de julio, FJ 5) y que se halla estrictamente vinculado a la propia personalidad y deriva de la dignidad de la persona que el art. 10.1 CE reconoce (STC 202/1999, de 8 de noviembre, FJ 2 y las resoluciones allí citadas). Por último, este Tribunal ha identificado como “domicilio inviolable” (art. 18.2 CE) el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde ejerce su libertad más íntima (por todas, STC 171/1999, de 27 de septiembre, FJ 9) y, en consecuencia, el objeto específico de protección en este derecho fundamental es tanto el espacio físico en sí mismo como también lo que en él hay de emanación de la persona que lo habita (STC 22/1984, de 17 de febrero, FJ 5).
En el recurso de amparo constitucional, en tanto medio excepcional de protección de los derechos fundamentales, se plantea exclusivamente si el nivel de ruido padecido por el actor en su vivienda reviste entidad suficiente para reputar vulnerados los derechos fundamentales invocados. Deben quedar al margen, por tanto, las consideraciones que pudieran proceder en relación a otros cauces de protección frente al ruido como factor psicopatógeno apto para perturbar la calidad de vida de los ciudadanos, también previstos por nuestro ordenamiento jurídico pero no como derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional. Así, este recurso no es lugar para enjuiciar si la Administración permitió con su pasividad que en una zona acústicamente saturada se superasen los umbrales fijados por la Ordenanza ni si esa pasividad prolongada fue el origen de una notable degradación medioambiental del barrio de San José de Valencia sino solamente si esa omisión, por la intensidad y permanencia de esos ruidos, ha supuesto que el actor se vea afectado en el disfrute de los derechos fundamentales que alega. En otras palabras, será ilegal toda pasividad de la Administración que tolere que se excedan los límites fijados en la ordenanza y será contraria al art. 45 CE la inactividad prolongada de la que derive una seria degradación medioambiental de esa zona, pero sólo serán materia de un recurso de amparo aquellas omisiones que se traduzcan en la lesión de un derecho fundamental de los invocados. Ésta es la idea que expresamos en la STC 119/2001 cuando resolvimos dejar fuera de nuestra atención “las alusiones efectuadas tanto por la propia demandante como por el Ministerio Fiscal en torno a la degradación del medio ambiente circundante, cuestión reconducible, en su caso, a la esfera propia del art. 45 CE. Dicho de otro modo, debemos dilucidar si han tenido lugar la específicas infracciones constitucionales aquí planteadas por la recurrente y no hemos de pronunciarnos acerca de la calidad de vida existente en el entorno urbano de su vivienda”.
Establecidas las condiciones en que el ruido puede suponer una lesión de los derechos fundamentales alegados, corresponde verificar si la contaminación acústica sufrida por el recurrente cumple esas condiciones. Para concluir que así es resultaría indispensable que el recurrente hubiese acreditado bien que padecía un nivel de ruidos que le producía insomnio y, en consecuencia, ponía en peligro grave e inmediato su salud, bien que el nivel de ruidos existentes en el interior de su vivienda era tan molesto que impedía o dificultaba gravemente el libre desarrollo de su personalidad. Sin embargo, es lo cierto que no ha hecho tal cosa, limitándose a (1) acompañar documentos que acreditan los niveles de ruido externo en la zona que por su permanencia e intensidad han supuesto que el medioambiente circundante a su casa esté acústicamente degradado, (2) a aportar el informe de un Catedrático de física aplicada que, sin tener en cuenta las circunstancias singulares de cada vivienda, particularmente sin tener en cuenta su altura ni su aislamiento, afirma con carácter general que, dado el ruido externo probado en horarios nocturnos en el barrio de San José, la repercusión en el interior de las viviendas sería del orden de los cincuenta decibelios y a (3) instar una pericia judicial médica que, sin reconocer físicamente al recurrente y, sobre todo, sin tener a la vista ninguna medición individualizada del nivel de ruido percibido en su vivienda, concluye que “el ruido nocturno alteraba necesariamente el sueño fisiológico del Sr. Cuenca y sus familiares, sin que podamos precisar la intensidad y características de la perturbación por carecer de los correspondientes estudios del sueño” (Conclusión 4).
Es cierto, sin embargo, que, como el Fiscal advierte, no podemos perder de vista la STEDH de 16 de noviembre de 2004, asunto Moreno Gómez, en la que se condenó a España, pues se refiere a unos hechos, objeto y fundamento jurídico que, al menos en principio, son similares a los del caso que ahora nos ocupa y sobre los que este Tribunal falló desestimatoriamente en la STC 119/2001, de 24 de mayo, al “constatar que no ha acreditado la recurrente ninguna medición de los ruidos padecidos en su vivienda que permita concluir que, por su carácter prolongado e insoportable, hayan podido afectar al derecho fundamental para cuya preservación solicita el amparo. Por el contrario, toda su argumentación se basa en una serie de estudios sonométricos realizados en lugares distintos de su domicilio, que arrojan resultados diversos y hasta contradictorios” (FJ 7).
Además, para que se reputasen lesionados los derechos fundamentales invocados no habría bastado con acreditar una merma relevante en la salud o en la intimidad personal o familiar del actor, sino que junto a ello sería necesario que la misma fuese imputable a la acción u omisión de un poder público. Adviértase, en ese sentido, que la propia STEDH de 16 de noviembre de 2004, según hemos dejado reseñado en el fundamento jurídico anterior, puso un gran énfasis en la tolerancia del Ayuntamiento de Valencia con el incumplimiento de las medidas mitigadoras del ruido que él mismo había aprobado, hasta el punto que de no haber concurrido esa pasividad se deduce con claridad que no habría declarado al Ayuntamiento responsable del daño y, por tanto, tampoco la existencia de la lesión de los derechos fundamentales invocados.
El recurrente, en segundo lugar, denuncia la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), pues, a su juicio, el criterio expresado en la resolución judicial ahora impugnada contradice sin ofrecer para ello una argumentación suficiente el establecido en una Sentencia de la misma Sala y Sección de 7 de marzo de 1997, pues esta última sí estimó probado el nexo causal entre la inactividad del Ayuntamiento de Valencia y la lesión de los derechos fundamentales alegados sin necesidad de que se probase la situación individualizada de la vivienda del recurrente.
En fin, el recurrente sostiene que el cambio de ponente operado una vez completada la instrucción del proceso le ha producido indefensión prohibida por el art. 24.1 CE y ha lesionado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley que le reconoce el art. 24.2 CE, todo ello porque el nuevo ponente no ha tenido una participación directa en la tramitación del proceso, en particular en la admisión y práctica de las pruebas, extremo que se ha revelado esencial a la vista de la Sentencia.
Mi discrepancia se centra en los fundamentos jurídicos quinto a noveno de la Sentencia, esto es, en la interpretación que se realiza sobre el contenido de los derechos fundamentales a la integridad física y moral (art. 15 CE), a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), en relación con el asunto enjuiciado en el recurso de amparo (una reclamación de responsabilidad patrimonial a una entidad local por los daños físicos y morales sufridos por el recurrente por el exceso de ruidos en la zona en que se encuentra ubicada su vivienda y por los gastos efectuados en ésta para intentar su aislamiento acústico).
Nada tengo que objetar, como es obvio, a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya estimado oportuno sentar la doctrina aludida, conforme a la cual, en determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales (como pueden serlo los derivados de la exposición a niveles insoportables de ruido ambiental), aun cuando no pongan en peligro la salud de la persona, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar, en el ámbito del domicilio, en los términos del art. 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Fundamentales (por todas, SSTEDH de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra contra Reino de España, de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros contra Italia, y de 16 de noviembre de 2004, caso Moreno Gómez contra Reino de España). En efecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como intérprete auténtico del Convenio y de sus Protocolos y garante del respeto a los compromisos que de los mismos resultan para los Estados parte (art. 19 CEDH), puede perfectamente interpretar que del art. 8.1 CEDH (derecho al respeto a la vida privada y familiar) se desprende la existencia de un derecho frente al exceso de ruido ambiental que afecte gravemente al bienestar de la vida privada en el ámbito domiciliario.
La consecuencia de lo anterior es, a mi juicio, evidente: afirmar, como se hizo en las SSTC 119/2001 y 16/2004 y de nuevo se hace en la Sentencia de cuya fundamentación jurídico discrepo, partiendo de la aludida doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el art. 8.1 CEDH, que el ruido ambiental puede lesionar los derechos a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), incurre en una grave error conceptual, pues implica una incorporación encubierta de nuevos derechos fundamentales a nuestro sistema constitucional (el “derecho frente al ruido” o “derecho al silencio”) o, cuando menos, una radical alteración del contenido de los derechos fundamentales reconocidos por los arts. 18.1 y 2 CE. En nuestra Constitución no existe un derecho fundamental a la “privacidad” (o a la protección a la vida privada) en sentido amplio, sino unos muy concretos derechos de objeto, pues, más delimitado sobre ámbitos precisos de esa privacidad (art. 18 CE). Tal derecho a la “privacidad” en sentido amplio, procedente del mundo anglosajón y en especial del Derecho de los Estados Unidos de América, es justamente el reconocido en el art. 8.1 CEDH que, por ello, no puede identificarse por completo con nuestro art. 18.1 y 2 CE.
En resumen, puede concluirse que el art. 8.1 CEDH (interpretado en el sentido expuesto por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) asegura un derecho subjetivo por parte de los ciudadanos españoles (ya que ese derecho forma parte del ordenamiento español ex art. 96.1 CE) a la vida privada en el domicilio (que incluye el derecho a reaccionar frente al exceso de ruido ambiental que afecte gravemente al bienestar en el disfrute del domicilio), y que ese derecho debe ser garantizado por los Jueces y Tribunales ordinarios, pero no existe un “derecho fundamental al silencio” que pueda ser tutelado por el Tribunal Constitucional en amparo, por lo que la Sentencia de cuya fundamentación jurídica discrepo debió desestimar el recurso de amparo por este motivo, esto es, por alegarse en el recurso la lesión de un derecho no susceptible de amparo constitucional.
El derecho a la intimidad domiciliaria frente a agentes contaminantes como el ruido forma parte del contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 18.1 y 2 CE, tal como ha reconocido el Tribunal en las SSTC 16/2004, FJ 4, y 119/2001, FJ 6, por el juego del 10.2 CE y la interpretación conforme que impone de los derechos constitucionales con los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), y, por tanto, con la recepción de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre vulneración del art. 8 del Convenio (derecho a la intimidad domiciliaria). Aunque el Tribunal ha reconocido una posible afectación del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, lo que en este momento me interesa destacar es el canon constitucional que utiliza el Tribunal para entender lesionado el art. 18.1 y 2 CE. En este sentido, el Tribunal tiene declarado, conforme a la señalada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que “una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida” (SSTC 16/2004, FJ 4, y 119/2001, FJ 6).
Mi discrepancia con la Sentencia aprobada por la mayoría del Pleno se fundamenta, por tanto, en que, a pesar de que se recoge el canon de constitucionalidad de la extensión de la protección del derecho a la intimidad individual y familiar a los supuestos de contaminación acústica que afecten a la vida en el interior del domicilio (fundamento jurídico 6), la aplicación del mismo resulta contraria al art. 18 en conexión con el art. 10.2 , ambos de la Constitución y al art. 8 del Convenio, porque no se realiza de forma completa una interpretación compatible con el art.8 del Convenio al no respetarse el estándar mínimo de protección que aquel impone, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exonera de una prueba individualizada en el interior de la vivienda cuando existe una comprobación realizada por las autoridades públicas del exceso de ruido en la zona urbana o calle donde se sitúa la vivienda de la víctima.
A lo que debo añadir que tampoco se eliminaría la lesión del derecho fundamental en la hipótesis de las eventuales responsabilidades en que incurriese la Administración pública, que parece la preocupación que late de fondo en el fundamento jurídico 8 de la Sentencia de que discrepo, en cuanto dice que “entender que el mencionado Tribunal europeo haya atribuido a estas afirmaciones [que la exigencia de prueba de la intensidad del ruido en el interior de la vivienda era excesivamente formalista en una zona acústica saturada] una validez general conduciría -como ya hemos apuntado- al absurdo de admitir que, cuando el ruido ambiental supera los niveles máximos autorizados, todos los ciudadanos que habitan en un área declarada acústicamente saturada, por ese mero hecho y de un modo uniforme y automático, independientemente de las peculiaridades de su caso, sufren vulneraciones de los derechos fundamentales aquí considerados”. Es decir, que para la mayoría del Pleno del Tribunal cuando el ruido ambiental -producido por bares y discotecas como en el barrio de San José de Valencia- supere los niveles máximos autorizados y aunque la zona haya sido declarada por el propio Ayuntamiento como zona acústica saturada, eso no supone la vulneración de un derecho fundamental, sino que el recurrente, además, deberá probar el ruido en el interior de la vivienda y el daño causado. En mi opinión, estamos ante lo que el Tribunal de Estrasburgo denominó una prueba demasiado formalista en el caso Gómez Moreno o una carga desproporcionada en el citado caso Dees contra Hungría que, además, vulnera el art. 10.2 CE, que impone la interpretación conforme de los derechos constitucionales con los reconocidos en los Tratados internacionales suscritos por España.
Es conocido que el art. 10.2 CE no trata de la incorporación de derechos fundamentales al catálogo constitucional, como admite la Constitución portuguesa en el art. 16.1 (“Los derechos fundamentales proclamados en la Constitución no excluyen cualesquiera otros que resulten de las leyes y de las normas aplicables del Derecho internacional”), sino de la interpretación internacionalmente adecuada de los derechos fundamentales del título I CE. De acuerdo con la doctrina científica, la labor de conformación de los contenidos constitucionalmente declarados de los derechos a través de la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional puede suponer, como sucede con los ejemplos que enumeraré con posterioridad, la incorporación a los mismos de aspectos no explicitados en la Constitución. Se introducen en los derechos fundamentales del título I facultades o posiciones jurídicas por parte del Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, que se hacen derivar de su relación con un derecho fundamental. No se trata de crear ex novo derechos fundamentales, lo que no ampara el art. 10.2, sino de concretar el contenido de los presentes en la Constitución en conexión con los cuales se manifestarán nuevos derechos entendidos como expresión de facultades, garantías o posiciones jurídicas no explicitadas en el texto constitucional pero que se hacen derivar de su relación con un derecho fundamental. Es decir, si el Tribunal Constitucional tiene la última palabra sobre cuál pueda ser el contenido esencial de los derechos fundamentales y si en esa tarea interpretativa e integradora ha de proceder de conformidad con los tratados internacionales y el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (ex art. 10.2 CE), parece que la conclusión a la que se llega respecto al contenido esencial de los derechos fundamentales es que debe incorporar (en el sentido de no contradecir) las facultades, garantías o posiciones jurídicas de los tratados.
La Sentencia de que discrepo deniega el amparo básicamente por dos motivos: por no aportar el recurrente prueba individualizada del ruido en el interior de su vivienda y porque el recurrente tampoco probó, en opinión de la mayoría del Pleno, el daño causado en su salud como consecuencia del ruido padecido. Sin embargo, en mi opinión, la Sentencia vulnera el art. 18.1 y 2 y el art. 10.2, ambos de la Constitución porque no recoge el contenido de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o en otros términos, porque no realiza una interpretación compatible del art. 18.1 y 2 CE con el art. 8 del Convenio, tal como ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El derecho fundamental derivado de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del art. 18.1 y 2 en conexión con el art. 10.2, ambos de la Constitución, es a la inexistencia de ruido en el entorno sin necesidad de prueba en el interior de la vivienda. No lo exige por considerar desproporcionada o demasiado formalista, especialmente cuando ya hay prueba objetiva del daño ambiental proporcionada por la autoridad pública (caso Gómez Moreno) o la prueba en el interior de la vivienda (caso Dees contra Hungría).
Nuevos perfiles de la responsabilidad patrimonial de los entes locales según el Tribunal Constitucional: prueba individualizada del ruido, adopción de ...
SAP Valencia 377/2012, 30 de Mayo de 2012
ATC 227/2015, 15 de Diciembre de 2015
STSJ Comunidad de Madrid 781/2010, 30 de Septiembre de 2010

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