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Timestamp: 2020-01-19 04:48:57+00:00

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El recurso de casación penal tras la reforma de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de las Ley de Enjuiciamiento Criminal | E&J
El recurso de casación penal tras la reforma de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de las Ley de Enjuiciamiento Criminal
María del Rosario Cañete Aguado. Abogada de María Rosario Cañete & Asociados y miembro de Legal Touch
Por María del Rosario Cañete Aguado. Abogada de María Rosario Cañete & Asociados y miembro de Legal Touch
Competencia y resoluciones del recurso de casación
a) Por vulneración de Derechos fundamentales
b) Denuncia de infracción de Ley, art. 849.
c) Por quebrantamiento de forma al amparo del artº 850 LECrim (vicios in procedendo) y por vicios in iudicando artº 851 LECrim
Requisitos establecidos por el Tribunal Supremo.
IV.1. Respecto a la interpretación del artº 847.1 b) de la LECrim.
IV.2. Respecto a la posibilidad de recurso de casación contra sentencias recaídas en procesos de delitos leves
V.1. Fase de preparación
V.2 Fase de interposición
VI.1 En cuanto a la legitimación
VI.2 Recurso de casación penal en juicios por jurado
VI.3 Efectividad del recurso de casación
VI.4 Entrada en vigor de la reforma y régimen transitorio
EN BREVE: La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim) para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (B.O.E., de 6 octubre), y vigente desde el día 6 diciembre 2015, vino a reformar el Recurso de casación en el procedimiento penal, regulado en la Sección Segunda del Título II, del Libro V artículos 847 a 906 de dicho texto legal.
La reforma se hacía indispensable y traía causa de la imperiosa necesidad de modificar el procedimiento de casación para unificar la doctrina penal evitando sentencias contradictorias entre Audiencias Provinciales, ampliando su ámbito de aplicación -con las excepciones que más adelante indicaremos-, pero en consonancia con los principios del estado de derecho garantizando la seguridad jurídica. En palabras del propio Tribunal Supremo “la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible.
La reforma extiende, el recurso de casación a todos los procedimientos seguidos por delitos, con la única excepción de los delitos leves, con independencia de su gravedad y del órgano al que competa la revisión a través de la apelación. La ley ha instaurado una previa apelación lo que supone que la casación ya no tendrá como función necesaria la de satisfacer la revisión de las sentencias condenatorias que como derecho prevén el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos”[1].
Así se constata en el Preámbulo de la Ley, concretamente en el apartado V: “Junto con la reforma de la segunda instancia es necesario remodelar la casación para conseguir que cumpla de forma eficaz su función unificadora de la doctrina penal. Actualmente un porcentaje limitado de delitos tiene acceso al recurso de casación y, por consiguiente, su interpretación unificadora se lleva a cabo por las Audiencias Provinciales, lo que no garantiza un tratamiento homogéneo para toda España. A esta realidad se unen las sucesivas reformas del Código Penal, a impulsos de exigencias sociales, transposición de directivas europeas o con motivo del cumplimiento de normativas internacionales, la última de las cuales en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto cambios profundos en la ley sustantiva. Ante esta situación se hacía imprescindible una reforma del ámbito material del recurso de casación para permitir que el Tribunal Supremo aportara la exigible uniformidad en tales materias”.
II.-Competencia y Resoluciones susceptibles del recurso de casación
La competencia para conocer del Recurso de Casación en el ámbito penal viene atribuida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el artículo 57 de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
En los artículos 847 y 848 de la LECrim, se establece el catálogo de las resoluciones recurribles contra las que procede. Así el artículo 847 enumera las sentencias contra las que cabe el recurso, distinguiendo los motivos en un primer apartado a) entre infracción de ley y por quebrantamiento de forma, siendo recurribles en casación por este motivo las sentencias dictadas en apelación por los Tribunales Superiores de Justicia o por la Sala de Apelación de lo Penal de la Audiencia Nacional y en un segundo apartado b) por infracción de ley del motivo previsto en el número 1.º del artículo 849 siendo recurribles en casación las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En este último supuesto la inadmisión a trámite del recurso de casación podrá acordarse por providencia sucintamente motivada siempre que haya unanimidad por carencia de interés casacional)[2].
Quedan exceptuadas aquellas que se limiten a declarar la nulidad de las sentencias recaídas en primera instancia.
Por su parte en el artículo 848 LECrim se establece con respecto a los autos recurribles en casación que únicamente por infracción de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada[3]. Así conforme a lo establecido en el artículo 848 LECrim solo cabe recurso de casación contra autos que acuerden el sobreseimiento por falta de jurisdicción, y no contra los que la afirmen[4]
III.-Motivos de casación
Teniendo en cuenta que el recurso de casación penal es un recurso extraordinario, los motivos están expresamente tasados, y siguiendo la LECrim, los motivos por los que cabe la interposición son los siguientes:
a) por vulneración de derechos fundamentales al amparo de lo previsto en el artículo 852 LECrim que establece: en todo caso, el recurso de casación podrá interponerse fundándose en la infracción de precepto constitucional[5]
b) denuncia de infracción de ley artículo 849[6], por el que se entenderá infringida la ley en los siguientes casos:
1º Cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de ley penal.
2.º Cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios[7].
c) por quebrantamiento de forma al amparo de lo previsto en el artículo 850[8] LECrim (vicios in procedendo), y por vicios in iudicando artículo 851 de dicho texto legal.
Siendo los motivos del artículo 850 LECrim los siguientes:
Por su parte el artículo 851 LECrim establece que se podrá interponer el recurso de casación por la misma causa por los siguientes motivos:
IV.-Requisitos establecidos por el Tribunal Supremo
El Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 9 de junio de 2016, ha unificado los criterios sobre el alcance de la reforma de la LECrim[9]
IV.1. Respecto a la interpretación del artículo 847.1 b) de la LECrim, acuerda:
A) El art 847 1º letra b) de la LECrim. debe serinterpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art 849 de la LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los 849 2º, 850, 851y 852.
B) Los recursos articulados por el art 849 1ºdeberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivou otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.
C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( 884 LECrim).
Respecto a la posibilidad de recurso de casación contra sentencias recaídas en procesos por delitos leves acuerda:
El art 847 b) LECrim debe ser interpretado en relación con los arts. 792 4 y 977, que establecen respectivamente los recursos prevenidos para las sentencias dictadas en apelación respecto de delitos menos graves y respecto de los delitos leves (antiguas faltas). Mientras el art 792 establece que contra la sentencia de apelación corresponde el recurso de casación previsto en el art 847, en el art 977 se establece taxativamente que contra la sentencia de segunda instancia no procede recurso alguno.
En consecuencia, el recurso de casación no se extiende a las sentencias de apelación dictadas en el procedimiento por delitos leves.”
V.-Procedimiento
El procedimiento consta de cuatro fases, la fase de preparación ante el Tribunal de Instancia, la fase de interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la fase de sustanciación y la fase de decisión, nos centraremos en las dos primeras.
Está regulada en los artículos 855 a 861 bis c) de la LECrim. El recurso se prepara ante el Tribunal de instancia, mediante escrito de Abogado con firma de Procurador, dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación de la resolución que se recurre, consignando promesa de constituir depósito que establece el artículo 876 de dicho texto legal, debiendo pedir un testimonio de la resolución que se propone recurrir y la clase de recurso que pretende utilizar.
En el caso que el testimonio le sea denegado el recurrente podrá interponer recurso de queja ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Cuando el recurrente se proponga fundar el recurso en el número 2.º del artículo 849, deberá designar, sin razonamiento alguno, los particulares del documento que muestre el error en la apreciación de la prueba. Si se propusiese utilizar el de quebrantamiento de forma designará también, sin razonamiento alguno, la falta o faltas que supongan cometidas y, en su caso, la reclamación practicada para subsanarla y su fecha.
En la misma resolución en que se tenga por preparado el recurso se mandará que el Secretario judicial expida, en el plazo de tres días, el testimonio de la sentencia, con los votos particulares si los hubiere y una vez librado, el Secretario judicial emplazará a las partes para que comparezcan ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dentro del término improrrogable de 15 días, si se refiere a resoluciones dictadas por Tribunales con sede en la Península; de 20 días, si tienen sede en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de 30, si tienen sede en la Comunidad Autónoma de Canarias o en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla.
Fase de Interposición:
El recurso de casación se interpondrá ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo dentro de los términos señalados en el artículo 859 LECrim (15 días), se interpondrá en escrito, firmado por Abogado y Procurador autorizado con poder bastante, sin que en ningún caso pueda admitirse la promesa de presentarlo. En dicho escrito se consignará, en párrafos numerados con la mayor concisión y claridad:
VI.-Particularidades
En cuanto a la legitimación:
El artículo 854 establece quienes son partes legitimadas para la interposición: El Ministerio Fiscal, Los que hayan sido parte en los juicios criminales, Los que sin haberlo sido resulten condenados en la sentencia y los herederos de unos y otros. Los actores civiles no podrán interponer el recurso sino en cuanto pueda afectar a las restituciones, reparaciones e indemnizaciones que hayan reclamado.
Recurso de casación penal en juicios por jurado:
La Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo del Tribunal del Jurado estableció que contra la resolución del recurso de apelación se pudiera interponer un recurso de casación. La regulación se contiene en la LECrim 849, 850 y 851, y al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ con el único límite a los motivos esgrimidos contra la sentencia de apelación, ya que no se permite invocar motivos nuevos.
Efectividad del recurso de casación:
Salvo en el caso que estime que se ha producido quebrantamiento de forma el Tribunal no reenvía la causa al Tribunal de instancia, sino que dicta nueva sentencia conforme a su doctrina.
Entrada en vigor de la reforma y régimen transitorio:
Según establece la Disposición Transitoria única en su apartado primero de la Ley 41/2.015, la nueva regulación del recurso de casación se aplicará a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor, que de conformidad con la disposición final cuarta se produjo el 6 de diciembre de 2015. Los asuntos incoados con anterioridad se han continuado rigiendo por la ley anterior.
La reforma operada por la Ley 41/2.015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el poco tiempo de vigencia ha venido a unificar la doctrina penal evitando sentencias contradictorias entre Audiencias Provinciales, fijando la interpretación de la ley y así garantizar los principios de seguridad jurídica e igualdad, en consonancia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Continúa siendo un recurso extraordinario ya que sólo puede interponerse por los motivos tasados en la LECrim, como contrapartida el Tribunal no reenvía el asunto al Tribunal de Instancia, sino que dicta su propia sentencia, lo que hace que el recurso sea mas efectivo, salvo en el caso que estime que se ha producido un quebrantamiento de forma
Se introduce ex novo que las sentencias dictadas en apelación ante la Audiencia Provincial puedan acceder al recurso de casación, pero sólo a través de la infracción de ley del artículo 849.1 LECrim, y estando sometidas al previo juicio de admisión sobre si el asunto tiene interés casacional
Aunque la reforma operada en el recurso de casación penal ha flexibilizado en ciertos aspectos la posibilidad de acceder al mismo, el simple estudio de los requisitos tanto de forma como de fondo revelan la cuidada técnica jurídica que ha de tener el abogado que pretenda su estimación
[1] Preámbulo Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales («B.O.E.» 6 octubre),
[2] Artículo 889 modificado conforme establece el apartado catorce del artículo único de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
[4] Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del día 28-02-2018
[5] En el mismo sentido artículo 5.4 LOPJ
[6] Artículo 849 redactado por Ley 16 julio 1949 (B.O.E., de 17 julio)
[7] Redactado por la Ley 6/1985, 27 marzo (B.O.E., de 30 marzo)
[8] Artículo 850 redactado por Ley 16 julio 1949 (B.O.E., de 17 julio)
[9] Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de Junio de dos mil dieciseís sobre unificación de criterios sobre el alcance de la reforma de la LECrim de 2015, en el ámbito del recurso de casación.
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Ley de Segunda Oportunidad. Concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI)

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