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Timestamp: 2015-05-04 14:23:02+00:00

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“Sentencia que declaró sin lugar la demanda de nulidad que se intentó…
“Sentencia que declaró sin lugar la demanda de nulidad que se intentó contra los artículos 11 y 91, cardinal 29, de la ley orgánica de la contraloría general de la república y del sistema nacional de control fiscal”
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“Sentencia que declaró sin lugar la demanda de nulidad que se intentó contralos artículos 11 y 91, cardinal 29, de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal” SALA CONSTITUCIONAL MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO Mediante escrito presentado el 13 de agosto de 2002, ante esta Sala, el abogado FREDDYJ. ORLANDO S., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 6960, actuando en su propio nombre,interpuso recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra las normas contenidas en el artículo11 y el numeral 29 del artículo 91, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República ydel Sistema Nacional de Control Fiscal, sancionada por la Asamblea Nacional el 27 de noviembrede 2001 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.347 del 17de diciembre de 2001. El 13 de agosto de 2002, se dio cuenta en Sala y se acordó pasar el expediente al Juzgadode Sustanciación. Por auto del 17 de septiembre de 2002, se admitió el recurso interpuesto, en cuanto halugar en derecho y, en consecuencia, se ordenó notificar al Presidente de la Asamblea Nacional, alFiscal General de la República, a la Procuradora General de la República y se ordenó emplazar a losinteresados. Asimismo se acordó que una vez constasen en autos las notificaciones y el cartel deemplazamiento, fuese remitido el expediente a la Sala a los fines de la decisión correspondiente,en virtud de la solicitud del recurrente de que se dictara sentencia sin relación ni informes, por serel asunto tratado de mero derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LeyOrgánica de la Corte Suprema de Justicia. 2.
El 31 de octubre de 2002, se libró el respectivo cartel de emplazamiento, el cual fueretirado, publicado y consignado en el lapso de Ley. El 13 de noviembre de 2002, se acordó remitir el expediente a esta Sala, por cuantoconstan en autos las notificaciones y el cartel ordenados en el auto de admisión, a los fines de lacorrespondiente decisión previa. El 21 de noviembre de 2002, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistradoque, con tal carácter, suscribe el presente fallo. Mediante escrito del 27 de noviembre de 2002, la abogada Karla D’ Vivo Yusti, inscrita enel Inpreabogado bajo el Nº 44.381, actuando como representante de la Contraloría General de laRepública, solicitó que se le tuviera como parte en el presente juicio. El 9 de enero de 2003, las abogadas María del Valle Rojas Rodríguez y MónicaGioconda Misticchio Tortorella, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 32.307 y47.196, respectivamente, actuando con el carácter de representante de la ContraloríaGeneral de la República, consignaron escrito contentivo de observaciones. I FUNDAMENTOS DEL RECURSO Alegó el recurrente en el libelo:- Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República irrumpió contra elTexto Constitucional, al establecer unas condiciones para desempeñar el cargo de ContralorGeneral de la República, que no son exigidas por la Constitución. 3.
- Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 288 constitucional, los requisitos que debe llenartodo aspirante a desempeñarse como Contralor General de la República son, el de ser:“venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años y conprobada aptitud y experiencia para el ejercicio del cargo”.- Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal, exige además, en lo que coincide con el artículo 288 constitucional, queel aspirante a dicho cargo sea de estado civil seglar, tenga un mínimo de quince años de graduadoen alguna de las siguientes profesiones: Derecho, Economía, Contaduría Pública, AdministraciónComercial o Ciencias Fiscales y posea experiencia no menor de diez años en el ejercicio de cargosdirectivos en los órganos de control fiscal del sector público, condiciones estas últimas ausentes enel Texto Constitucional que como era evidente, se traducen en un indebido exceso del legisladorordinario.- Que de lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución se pone de manifiesto que por lo querespecta al Poder Legislativo, la actividad que éste realiza como cuerpo productor de leyes, nopuede traducirse en trasgresión de ninguna norma constitucional, ya que las leyes dictadas por elmencionado poder, lo son en ejecución inmediata y directa de la Constitución.- Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal, contradijo la voluntad del pueblo soberano.- Que el referido artículo, además de la transgresión al principio de la Supremacía Constitucional,rompió con la previsión contenida en el artículo 21 de la Constitución y en el numeral 1 de eseartículo, en el que está establecida la igualdad ante la ley. 4.
- Que el referido artículo 11 excluyó, para desempeñarse como Contralor General de la República,a ciudadanos formados en disciplinas diferentes a las que allí aparecen indicadas.- Que la discriminación contenida en la normativa impugnada era absurda, ya que reservó elejercicio del cargo de Contralor a quien poseyera “experiencia no menor de diez años en elejercicio de cargos directivos en los órganos de control fiscal del sector público”, olvidando que lapropia Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal,incorporó a las labores de auditoría del Estado “las firmas de auditores, consultores oprofesionales independientes y que así lo previó el artículo 47 de la mencionada ley y la ResoluciónNº 01-00-00-016, en materia de Normas de Auditoría del Estado” dictada por el Contralor Generalde la República, el 30 de abril de 1997 y publicada en Gaceta Oficial Nº 36.229, del 17 de junio de1997, cuyo artículo 1º, numeral 4, refiere como destinatario de tales normas a “Las sociedades deauditores externos y los profesionales independientes contratados para que participen en elproceso de auditoría del Estado”.- Que de lo referido en el aparte anterior, se desprende que por mucha experiencia quellegara a acumular en materia de control fiscal, algún directivo de una firma o sociedad deauditores contratados por el Estado, éstos jamás podrían aspirar a ocupar el cargo deContralor General de la República, dada la discriminación que opera sobre ellos, según elinconstitucional artículo 11 de la normativa impugnada.- Que el referido artículo 11 de la normativa impugnada, evidenciaba la contradicción con elartículo 87 constitucional, ya que éste, establecía en su encabezamiento que “Toda persona tienederecho al trabajo y el deber de trabajar”.- Que el numeral 29 del artículo 91 de la normativa impugnada, atinente a la regulación de laactividad del organismo contralor, era diferente a los taxativamente establecidos en los 28numerales precedentes, y que por tanto, el referido numeral 29, podía generar responsabilidadadministrativa, contrariando lo establecido en el artículo 7 de la Constitución, razón por la cualincurría en una transgresión del principio de la supremacía constitucional y al debido proceso. 5.
- Que la norma en cuestión, irrumpió contra el precepto constitucional que establecía el requisitode la tipicidad- inherente al principio de legalidad de las infracciones administrativas- toda vez quedejó a juicio de la autoridad contralora, la definición de qué era el “acto, hecho u omisión contrarioa una norma legal o sublegal al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manualesde sistemas y procedimientos que comprenden el control interno” y que tipificaban el hechosancionable.- Que el artículo 91 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y delSistema de Control Fiscal, amplió, con respecto a la ley anterior, doce supuestos que hacíanprocedente una declaratoria de responsabilidad administrativa, y tiene ahora, por virtud de sunumeral 29, un carácter enunciativo, resultando entonces innecesarios los anteriores 28 supuestosy en aras de la celeridad, bastaba con argumentar sólo el numeral 29.- Que el vigente texto de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en elinconstitucional numeral 29 del artículo 91, dejaba a discreción de la autoridad contralora unaformulación genérica e imprecisa, la determinación de la correspondiente irregularidadadministrativa, capaz de producir una declaratoria de responsabilidad administrativa. II ALEGATOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Por su parte, las abogadas María del Valle Rojas Rodríguez y Mónica GiocondaMisticchio Tortorella, actuando con el carácter de representantes de la Contraloría Generalde la República, realizaron las siguientes observaciones: Que en cuanto a que el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de laRepública y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establecía requisitos adicionales a los 6.
requeridos en el texto constitucional, transgredía la supremacía constitucional, vulneraba lagarantía de la igualdad de las partes y lesionaba el derecho y el deber que tenían las personas altrabajo, consideró la representación de la Contraloría General de la República que era necesarioprecisar el marco de la normativa impugnada, haciendo las siguientes observaciones:- Que con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela serealizaron importantes innovaciones en las bases del sistema público, como lo fue la conformaciónde las ramas del Poder Público Nacional (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano), yque el Contralor como parte del Poder Ciudadano, tiene como atribución prevenir, investigar ysancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa (Art. 274Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).- Que en cuanto a las funciones propias de la Contraloría General de la República, el artículo 287constitucional le otorgó al referido órgano, autonomía funcional, administrativa y organizativa y leencomienda las funciones de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienespúblicos y bienes nacionales.- Que el legislador dictó la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y delSistema de Control Fiscal, la cual de conformidad con su artículo 1, tiene por objeto regular lasfunciones de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal y laparticipación de los ciudadanos en el ejercicio de la función contralora.- Que el artículo 4 de la normativa impugnada, define el Sistema Nacional de Control Fiscal como“el conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que integrados bajo la rectoría de laContraloría General de la República, interactúan coordinadamente, a fin de lograr la unidad dedirección de los sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivosgenerales de los distintos entes y organismos sujetos a esta Ley, así como el buen funcionamientode la Administración Pública”. 7.
- Que de las disposiciones contenidas en la mencionada Ley que desarrollan el Sistema Nacional deControl Fiscal, se desprenden las siguientes características y alcance del referido sistema: 1. quetiene como objetivo, entre otros, fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente sufunción de gobierno, además de establecer la responsabilidad por la comisión de irregularidadesrelacionadas con la gestión pública; 2. que se le otorga expresamentea la Contraloría General de laRepública ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal y se le faculta para dictarnormas reglamentarias en la materia de su competencia y velar por el cumplimiento de la LeyOrgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; 3. quelos órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal son la Contraloría General de laRepública, las Contralorías de los Estados, de los Distritos Metropolitanos y de los Municipios, laContraloría de la Fuerza Armada Nacional, las Unidades de Auditoría Interna de las entidadessometidas a las disposiciones de dicha ley, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, lasmáximas autoridades y los niveles directivos y gerenciales de los órganos y entidadescomprendidas dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de la Contraloría y losciudadanos en el ejercicio de su derecho a la participación de la función de control de la gestiónpública; que constituyen instrumentos del Sistema Nacional de Control Fiscal, las políticas, leyes,reglamentos, normas, procedimientos e instructivos, adoptados para salvaguardar los recursos delos entes sujetos a la Ley de la Contraloría; 4. que entre los principios rectores del SistemaNacional de Control Fiscal, destacan la capacidad financiera e independencia presupuestaria de losórganos encargados de ejercer el control fiscal, apoliticismo, objetividad e imparcialidad de lagestión fiscalizadora, tecnicismo, economía en el ejercicio del control, celeridad en las actuacionesde control fiscal.- Que aplicando el principio al caso bajo análisis se observa que el legislador, realizando unanálisis sistemático de los artículos 287, 288 y 290 de la Constitución, procedió a trasladar a la LeyOrgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal, las condicionesrequeridas en el Texto Fundamental para ejercer el cargo de Contralor General de la República. 8.
- Que el legislador en atención al requisito de la probada aptitud para el desempeño del cargo y ala complejidad y especialidad del Sistema Nacional de Control Fiscal, consideró procedente, quelas personas que aspiraran a ejercer dicho cargo fueran especialistas en las áreas de Derecho,Economía, Contaduría Pública, Administración Comercial o Ciencias Fiscales.- Que el legislador consideró que el aspirante al cargo de Contralor General de la República debíatener una experiencia no menor de diez años en el ejercicio de cargos directivos en los órganos decontrol fiscal del sector público, no sólo por el carácter de servidor público que le correspondeejercer al funcionario, sino por el hecho de que quien haya prestado servicio durante ciertos añosa la Administración Pública maneja con mayor dominio los principios, fines, normas yprocedimientos que regulan este particular sector.- Que la actividad administrativa está regulada por instrumentos normativos que deben sermanejados por quienes pretenden realizar un control del erario público, como suele suceder enmateria presupuestaria, financiera y fiscal, aunado a que los empleados públicos están sujetos aun régimen estatutario de derecho público fijado unilateralmente por el Estado a través de leyes yreglamentos.- Que resulta evidente que si el legislador en la normativa impugnada, hubiere establecidocondiciones demostrativas de la aptitud y experiencia que debe reunir el aspirante al cargo deContraloría General de la República, no violenta el texto constitucional, sino que por el contrario,armoniza con el ordenamiento superior y facilita el cumplimiento de los postulados que contiene.- Que de ninguna manera existe colisión directa entre la norma contenida en el artículo 11 de laLey Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y elartículo 288 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que tampoco seconfiguró la denunciada infracción al principio de la supremacía constitucional. 9.
- En cuanto a que el artículo 11 de la normativa impugnada vulneró el principio de la igualdad y nodiscriminación, consagrado en el artículo 21 de la Constitución, que consiste en que todos losciudadanos deben gozar del derecho a ser tratados por la ley de forma igualitaria, señalaron que elmencionado artículo 11, no resultaba discriminatorio, porque los requisitos que exigía estabanbasados en causas objetivas y razonables.- Que de los preceptos constitucionales relacionados con el control fiscal se desprende que laintención del constituyente fue atribuirle altas responsabilidades al Contralor General de laRepública.- Que el establecimiento de condiciones complementarias de las previstas en el textoconstitucional para el nombramiento del Contralor General de la República, está dirigido a labúsqueda de la excelencia en el servicio de la función pública y específicamente, al mejoramientoy fortalecimiento de la función contralora.- En cuanto a que el numeral 29 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de laRepública contraría el artículo 7 de la Constitución que establece que la Constitución es la normasuprema, e infringe el principio de la legalidad de las infracciones y penas contemplado en elnumeral 6 del artículo 49 eiusdem, según el cual los hechos y las conductas que constituyeninfracciones administrativas deben estar previamente tipificados en una norma legal, y que elmencionado numeral “deja a discreción de la autoridad contralora de que se trate, mediante unaformulación genérica e imprecisa la determinación de la correspondiente irregularidadadministrativa capaz de producir una declaratoria de responsabilidad administrativa”.- Sobre la inconstitucionalidad del numeral 29 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, alegaron que el sistema decontrol interno de cada organismo o entidad está constituido, por una multiplicidad de sujetos y 10.
un cúmulo de operaciones que justifican la existencia de una diversidad de normas, métodos yprocedimientos instaurados a los fines de su regulación y del cumplimiento de sus objetivos.- Que por razones de técnica legislativa, el numeral 29 del artículo 91 de la Ley no podía enumerartodas y cada una de dichas normas, bajo el riesgo de excluir alguna de ellas o de que tal numeralpierda su vigencia en el tiempo cuando se modifique, o elimine alguna de ellas.- Que el mencionado numeral no resultaba ambiguo, porque de la redacción del legislador sedesprende que no está referido a un número ilimitado de actos hechos u omisiones, sino que secircunscribe o limita a aquellas actuaciones que resulten contrarias a una norma legal o sublegal alplan de organización, las políticas normativas internas, los manuales de sistemas y procedimientosdictados dentro del ámbito del control interno.- Que el numeral 29 del artículo 91 se ajustó a las tendencias más recientes que ha asumido ladoctrina respecto al principio de la legalidad de las penas y las infracciones, por cuanto el ilícitoadministrativo que daba lugar a la responsabilidad ha sido especificado por el legislador demanera clara y cierta, con lo que se logra que el administrado conozca anticipadamente el hechoprohibido y las consecuencias de sus actos. III DE LA COMPETENCIA Previo a cualquier otra consideración debe esta Sala determinar su competencia paradecidir el presente caso y, a tal efecto, observa que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 delartículo 336 de la Constitución, corresponde a esta Sala “(d)eclarar la nulidad total o parcial de lasleyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con estaConstitución”. 11.
En consecuencia, siendo que, en el presente caso, ha sido ejercido recurso denulidad por razones de inconstitucionalidad contra los artículos 11 y el 91, numeral 29, dela Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional deControl Fiscal, esta Sala Constitucional resulta competente para conocer del caso de autos.Así se decide. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR En el presente caso, se demandó la inconstitucionalidad de dos normas a saber: losartículos 11 y 91, numeral 29, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal. La Sala para decidir observa que el artículo 11 dela normativa impugnada establece lo siguiente: “Artículo 11. Para ser designado Contralor o Contralora General de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años, de estado seglar, tener un mínimo de quince (15) años de graduado en alguna de las siguientes profesiones: Derecho, Economía, Contaduría Pública, Administración Comercial o Ciencias Fiscales, y poseer experiencia no menor de diez (10) años en el ejercicio de cargos directivos en los órganos de control fiscal del sector público”. En cuanto a la norma transcrita, el recurrente alegó que la misma había violado la garantíade la igualdad ante la Ley, que estableció requisitos adicionales a los requeridos en el textoconstitucional, transgredió la supremacía constitucional y lesionó el derecho y el deber que teníanlas personas al trabajo. Al respecto estima la Sala, que al ser la Constitución la norma primariaa la cual debe sujetarse el ordenamiento jurídico, la labor del legislador debetener como norte no sólo los principios generales expresamente consagrados,sino además los supremos fines por ella perseguidos, por lo que está obligadoa realizar una interpretación integral y coordinada de las normas que 12.
conforman el cuerpo constitucional, es decir, que el legislador no es un simpleejecutor de los principios constitucionales sino que por el contrario enejercicio de sus funciones goza de una amplia libertad de configuraciónnormativa que le permite determinar y aplicar, de manera concreta lasdirectrices necesarias para el cumplimiento de los cometidos constitucionales. Asimismo observa, realizando un análisis de los artículos 287, 288 y 290 de la Constitución,que se trasladaron a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema deControl Fiscal, las condiciones requeridas en el Texto Fundamental para ejercer el cargo deContralor General de la República; ello se evidencia del artículo 288 de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela, que establece: “Artículo 288.- La Contraloría General de la República estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor o Contralora General de la República, quien debe ser venezolano o venezolana, mayor de treinta años y con probada aptitud y experiencia para el ejercicio del cargo. El Contralor o Contralora General de la República será designado o designado para un período de siete años”. Sin embargo, considera la Sala que en el artículo 11 de la normativa impugnada, lo que seevidencia es el desarrollo de lo que se entiende por probada aptitud y experiencia, a fin deadecuarlas a las nuevas exigencias que imponía el complejo sistema de control fiscal. En cuanto al requisito de la probada aptitud para el desempeño del cargo y a lacomplejidad y especialidad del Sistema Nacional de Control Fiscal, considera la Sala que ellegislador estimó conveniente, en beneficio de quienes ocuparan el cargo de Contralor, que fueranlos más idóneos y preparados desde el punto de vista técnico, es decir, que las personas que 13.
aspiraran a ejercer dicho cargo fueran especialistas en las áreas de Derecho, Economía, ContaduríaPública, Administración Comercial o Ciencias Fiscales. Al respecto, la Sala observa que el concepto de aptitud se refiere a la “...Suficiencia oidoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo. Capacidad y disposición para el buendesempeño...” y el de experiencia se refiere a la “(e)nseñanza que se adquiere con el uso, lapráctica o el vivir”. (Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición 1992. Págs. 123 y660). Considera la Sala que atendiendo a la conceptualización realizada, no se viola ningúnprecepto constitucional, toda vez que la normativa impugnada al consagrar otros requisitostendentes a la mejor calificación del funcionario en su desempeño, lo que hace es dar fielcumplimiento a lo ordenado por la Constitución. De la misma manera, considera la Sala que la función primordial de la Contraloría Generalde la República es velar por una buena gestión y legalidad en el uso del patrimonio público, controlque a su vez está asociado a la actividad presupuestaria como una manifestación de la actividadadministrativa, resulta que las personas especializadas en estas áreas son las que estánmayormente capacitadas para el control del manejo de las finanzas públicas. En cuanto a lo denunciado por el recurrente de que el artículo 11 de la normativaimpugnada vulneró el principio de la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 21 de laConstitución, laSala observa que tal principio no fue violado por cuanto de la redacción del referido artículo 11, nose evidencia ningún trato discriminatorio, sólo la intención del constituyente en la exigencia de lacalificación necesaria para el mejor desempeño en el cargo de Contralor General de la República;en virtud de lo cual resultaba obligatorio que el texto legal consagrara y desarrollara lascondiciones de formación académica y experiencia profesional que garantizaran la idoneidad de 14.
quien sea designado para tales fines y lo convirtieran en un funcionario de alto rango en el marcode la profesionalización, aunado a que la Ley puede exigir requisitos demostrativos de la aptitudpara el ejercicio de determinados cargos y que el establecimiento de condicionescomplementarias de las previstas en el texto constitucional para el nombramiento del ContralorGeneral de la República, dentro del margen de discrecionalidad concedido al legislador, estáevidentemente dirigido a la búsqueda de la excelencia en el servicio de la función pública yespecíficamente, al mejoramiento y fortalecimiento de la función contralora, razón por la que laSala desestima el argumento esgrimido por el recurrente y así se decide. El artículo 91 de la normativa impugnada, en su numeral 29, dispone: “Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de los que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: (omissis) 29. (C)ualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno”. Con respecto a esta norma, alegó el recurrente que contrariaba el artículo 7 de laConstitución que establecía la supremacía constitucional, e infringía el principio de la legalidad delas infracciones y penas contemplado en el numeral 6 del artículo 49 ejusdem. Previamente, la Sala considera necesario traer a colación que en el textode la derogada Ley de la Contraloría General de la República, publicada en 15.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5017Extraordinario del 13 de diciembre de 2001, en su artículo 114, se establecíaigualmente la facultad de la Contraloría para aplicar sanciones a losfuncionarios, aunque no estuvieran previstas en el artículo correspondiente aéstas, es decir, en el artículo 113 eiusdem. El referido artículo 114 de la Ley Contraloría General de la Repúblicaderogada establecía que: “En los casos de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o reglamentaria, pero distintos a los mencionados en el artículo anterior, la Contraloría podrá iniciar el procedimiento tendiente a imponer la sanción de multa establecida en el artículo 127 de esta Ley o proceder a la formulación del correspondiente reparo si es que existiesen perjuicios pecuniarios”. Atendiendo a lo expresado por la parte actora, la Sala considera quesobre el principio de la legalidad, doctrinariamente se ha venido admitiendoque el mismo comporta un doble significado, a saber: la sumisión de los actosestatales a las disposiciones emanadas de los cuerpos legislativos en forma deley; además, el sometimiento de todos los actos singulares, individuales yconcretos, provenientes de una autoridad pública, a las normas generales yabstractas, previamente establecidas, sean o no de origen legislativo, einclusive provenientes de esa misma autoridad. De acuerdo a lo indicado, la legalidad representa la conformidad con el derecho, en otrostérminos, la regularidad jurídica de las actuaciones de todos los órganos del Estado. 16.
Al analizarse detenidamente el contenido del principio de la legalidad, se evidencia laexistencia de dos intereses considerados como contrapuestos en el desarrollo de la actividadadministrativa: por una parte, la necesidad de salvaguardar los derechos de los administradoscontra los eventuales abusos de la Administración; y por la otra, la exigencia de dotar a ésta de unmargen de libertad de acción. En este sentido, si bien es cierto que se debe evitar la posibilidad que se produzcanactuaciones arbitrarias por parte de la autoridad administrativa, siendo para ello preciso que éstase encuentre supeditada a una serie de reglas jurídicas, no es menos cierto que tal sujeción nodebe ser excesiva, al punto que se impida un normal desenvolvimiento de la actividadadministrativa, lo que de igual forma causaría perjuicios a los administrados. De manera que seentiende que la oportunidad de adoptar determinadas medidas no siempre puede precisarse porvía general anticipadamente, sino en el momento específico en que cada caso concreto sepresente. En cuanto al principio de la supremacía constitucional, observa la Sala que no se violentótal principio, ya que la Contraloría General de la República posee un sistema de control internodonde cada organismo o entidad está constituido por un universo de entidades, una multiplicidadde sujetos y un cúmulo de operaciones que justifican la existencia de una diversidad de normas,métodos y procedimientos instaurados a los fines de su regulación y del cumplimiento de susobjetivos. Asimismo alegó el recurrente en cuanto a la infracción, que debía estar tipificada y alrespecto señaló: “(l)a tipificación es suficiente cuando consta en la norma una predeterminacióninteligible de la infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra (...)”. 17.
Al respecto observa la Sala, que la cita que realizó el recurrente fue incompleta, ya que delmismo texto se consultó y se constató que la culminación de la idea es la siguiente: “La descripciónrigurosa y perfecta de la infracción es, salvo excepciones, prácticamente imposible. El detallismodel tipo tiene su límite. Las exigencias maximalistas sólo conducen, por tanto, a la parálisisnormativa o a la nulidad de buena parte de las disposiciones sancionadoras existentes o pordictar...”. (NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Tecnos. Pág. 293). En lo que se refiere al campo sancionador administrativo propiamente dicho, el principiode legalidad admite una descripción básica, producto de caracteres atribuidos en primerainstancia, a la legalidad punitiva pero que resulten extensibles a la legalidad sancionadora engeneral. Así, este principio implica la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior (lexprevia) y que la ley describa un supuesto de hecho determinado (lex certa), lo cual tiene ciertacorrespondencia con el dispositivo nullum crimen, nulla poena sine lege, es decir, no hay delito nipena, sin ley penal previa. Entonces, la potestad sancionatoria requiere de una normativa quefaculte a la Administración para actuar y aplicar determinada sanciónadministrativa. En cuanto al punto de vista administrativo de las potestades sancionadoras del Estado,tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido que el objeto y estudio del DerechoAdministrativo Sancionador se configura en el ejercicio de la potestad punitiva realizada por loórganos del Poder Público actuando en función administrativa, requerida a los fines de hacerejecutables sus competencias de índole administrativa, que le han sido conferidas para garantizarel objeto de utilidad general de la actividad pública. Esto se debe a la necesidad de laAdministración de contar con los mecanismos coercitivos para cumplir sus fines, ya que de locontrario la actividad administrativa quedaría vacía de contenido, ante la imposibilidad de ejercerel ius puniendi del Estado frente a la inobservancia de los particulares en el cumplimiento de lasobligaciones que les han sido impuestas por ley, de contribuir a las cargas públicas y a lasnecesidades de la colectividad. 18.
Vistas las argumentaciones precedentemente expuestas, debe la Sala recordar que laactividad administrativa, por su propia naturaleza, se encuentra en un constante movimiento yevolución, suscitándose con frecuencia nuevas situaciones y necesidades que no pueden ser en sutotalidad previstas por el legislador, estimándose por tanto que el sujetar la actuación de lasautoridades administrativas, a lo que prescriba exclusivamente un texto de carácter legal,conllevaría indefectiblemente a que la gestión pública se torne ineficiente e incapaz de darlerespuesta a las nuevas necesidades del colectivo. Por ello se ha venido aceptando que es viable que el legislador, en la misma ley, faculte ala Administración para que dicte reglas y normas reguladoras de la función administrativa, que lepermita tener cierta libertad de acción en el cumplimiento de sus funciones propias, lo cual demodo alguno puede estimarse como una transgresión de los principios de legalidad y de reservalegal. Asimismo, el legislador delega en la Administración, la posibilidad de dictar normas para sueficaz funcionamiento, de manera de evitar que las autoridades públicas se constituyan enejecutores mecánicos de decisiones dictadas previamente por él, lo que perjudicaría elcumplimiento de la gestión. Además, la Sala considera que por razones de técnica legislativa, ante la multiplicidad denormativas dictadas en esta materia y el dinamismo que pudieran revestir los mecanismosutilizados por los organismos o entidades para regular su sistema de control interno, el artículo 91de la Ley no puede enumerar todas y cada una de dichas normas, bajo el riesgo de excluir algunade ellas o de que pierda su vigencia en el tiempo cuando se modifique, o elimine alguna de ellas.Por lo cual el numeral 29 del referido artículo 91, no resulta ambiguo, ya que de la redacción dellegislador se desprende que no está referido a un número ilimitado de actos hechos u omisiones,sino que se circunscribe o limita a aquellas actuaciones que resulten contrarias a una norma legalo sublegal al plan de organización, las políticas normativas internas, los manuales de sistemas y 19.
procedimientos dictados dentro del ámbito del control interno con el propósito de salvaguardar elpatrimonio público y procurar la eficacia y legalidad de los procesos y operaciones institucionales. Así las cosas, estima la Sala que el numeral 29 del artículo 91 de la normativa impugnada,se ajusta a las tendencias más recientes que ha asumido la doctrina respecto al principio de lalegalidad de las penas y las infracciones, por cuanto el ilícito administrativo que da lugar a laresponsabilidad ha sido especificado por el legislador de manera clara y cierta, con lo que se lograque el administrado conozca anticipadamente el hecho prohibido y las consecuencias de sus actos,a los fines de evitar aquellas conductas que pudieran ser objeto de sanción, y por la otra que noquede a la discrecionalidad de la autoridad contralora de que se trate la determinación arbitrariade la correspondiente figura delictual y la potestad irrestricta para imponer sanciones. En realidadlo que se sanciona es la violación de normas, así como de formas de proceder establecidos, comoson las que recogen los manuales de sistemas y procedimientos. De igual manera alegó el recurrente, que se irrumpía contra el precepto constitucional queestablecía el requisito de tipicidad- inherente al principio de legalidad de las infracciones y penas -y con respecto a ello, la Sala observa que en cuanto a las peculiaridades de la tipificación de lasinfracciones administrativas, en el repertorio de delitos en materia penal es cuantitativamentelimitado, de tal manera que los catálogos del Código Penal y demás leyes penales, por muyamplios que parezcan son fácilmente cognoscibles, mientras que el repertorio de infraccionesadministrativas es literalmente indominable y si se pretendiera ser exhaustivo, comprenderíabibliotecas enteras. Lo cual obedece a una razón más profunda de naturaleza cualitativa: laenumeración de los delitos es autónoma en cuanto a que no remite a otras normas. Por ello nopuede haber, como regla, más delitos que los tipificados. Los tipos sancionadores administrativospor el contrario, no son autónomos sino que se remiten a otra norma en la que se formula unaorden o prohibición, cuyo incumplimiento supone cabalmente la infracción. Estas normassustantivas constituyen, por ende, un pre-tipo, que condiciona y predetermina el tipo de lainfracción. Y por ello si se quisiera ser riguroso, la descripción literal de un tipo infractor habría deconsistir en la reproducción de la orden o la prohibición del pre-tipo con la advertencia añadida dela sanción que lleva aparejada su incumplimiento. 20.
Por lo que la Sala desestima el alegato esgrimido por el recurrente respecto a lainconstitucionalidad del numeral 29 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General dela República y en consecuencia se declara sin lugar el recurso ejercido. Así se decide.V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR laacción de nulidad por razones de inconstitucionalidadinterpuesta por el abogado FREDDY J.ORLANDO S., contra losartículos 11 y 91 numeral 29 de la Ley de la Contraloría General de laRepública y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la SalaConstitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días delmes de marzo dos mil cuatro. Años: 193°de la Independencia y 145° de laFederación.El Presidente de la Sala,IVÁN RINCÓN URDANETA 21.
EL Vicepresidente-Ponente, JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO Los Magistrados,JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍAPEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ El Secretario, JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLOExp. N°: 02-1957JECR/gistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, discrepa de la mayoría que suscribió la decisión queantecede; en consecuencia, salva su voto, con fundamento en las siguientesconsideraciones: 22.
La sentencia que precede declaró sin lugar la demanda de nulidad quese intentó contra los artículos 11 y 91, cardinal 29, de la Ley Orgánica de laContraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. La decisión de la mayoría sentenciadora concluyó que el último de dichos artículosno viola los principios de legalidad ni de tipicidad de las infracciones y sanciones en materiasancionadora administrativa y, en consecuencia, no se verifican las denuncias deinconstitucionalidad que contra esa norma se realizaron. En este sentido, el fallo señala que “porrazones de técnica legislativa, ante la multiplicidad de normativas dictadas en esta materia y eldinamismo que pudieran revestir los mecanismos utilizados por los organismos o entidades pararegular su sistema de control interno el artículo 91 de la Ley no puede enumerar todas y cada unade dichas normas, bajo el riesgo de excluir alguna de ellas o de que pierda su vigencia en el tiempocuando se modifique, o elimine alguna de ellas”. Ahora bien, conviene transcribir el artículo 91, cardinal 29, de la LeyOrgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional deControl Fiscal: “Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: (...) 29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno”. Quien disiente considera que la Sala ha debido estimar la denuncia deinconstitucionalidad de esa norma, pues esta última es violatoria del principiode legalidad en materia sancionadora y, en concreto, del principio de tipicidadde las infracciones y sanciones administrativas, por las siguientes razones: El principio de tipicidad consiste en la exigencia de descripción específica y precisa,por la norma creadora de las infracciones y sanciones, de las conductas concretas que pueden sersancionadas, y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión decada conducta, así como la correlación entre unas y otras (cfr. SANTAMARÍA PASTOR, JUANALFONSO, Principios de Derecho Administrativo, tomo II, Madrid, 2001,p. 385). 23.
Este principio, que consigue su origen en el Derecho Penal, se aplica ciertamente,y como se afirma en la decisión, con ciertas matizaciones en el ámbito del Derecho AdministrativoSancionador, pero siempre debe respetar el núcleo esencial del derecho fundamental al debidoproceso, uno de cuyos atributos es precisamente la garantía de tipificación legal de las faltas ysanciones, que consigue fundamento en el artículo 49, cardinal 6, de la Constitución de 1999 de lasiguiente manera: “Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fuerenprevistos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes”. Así, la matización que se acepta respecto de la aplicación de este principio,para que mantenga el respeto de ese núcleo esencial, lo que permite es que la Ley acuda adescripciones genéricas de las conductas censurables, dejando a la Administración ladeterminación de ciertos aspectos de las mismas; descripción genérica de conductas queexige, evidentemente, que se establezca en la Ley cuál es esa conducta, es decir, que setipifique, pues de lo contrario se incurriría en violación del principio de tipicidad. Enconsecuencia, las normas sublegales lo que pueden es complementar o precisar el supuestode hecho que debe, siempre, derivar suficientemente de la Ley. En el caso de autos, la norma que se impugnó no describe, ni siquiera demanera genérica, cuáles son los ilícitos administrativos que pueden dar lugar a sancionesadministrativas, ni cuáles son, concretamente, las normas cuya violación comporta unainfracción, y deja al arbitrio de la Administración la absoluta determinación del contenidode esa conducta como hecho generador de responsabilidad administrativa. Con ello, esevidente que se trata de una norma en blanco que no se respeta el núcleo esencial de lagarantía fundamental de la tipicidad de las infracciones y sanciones administrativas quepreceptúa la norma constitucional y, por tanto, ha debido declarase su nulidad. En abundancia, este voto salvante advierte que, en este caso, la Sala seapartó de su propia jurisprudencia en relación con el principio de legalidad y de tipicidad delas sanciones administrativas. Así, en sentencia de 11-6-02 (caso la Ley para Promover yProteger el Ejercicio de la Libre Competencia) la Sala anuló el artículo 52 de esa Leyporque no se adecuaba al principio constitucional de tipicidad de las sancionesadministrativas e implicaba una norma en blanco. En esa oportunidad esta Sala estableció: “si bien el Derecho Sancionatorio se nutre de los principios básicos del Derecho Penal que regula el ius puniendi del Estado contra las infracciones al orden jurídico cuyo ejercicio implica la imposición de penas corporales y que se efectúa a través de la jurisdicción penal; sin embargo, tales principios no tienen la misma rigidez que presentan en su fuente originaria, por cuanto están adaptados a las actividades de la Administración. Así, el principio de tipicidad de los delitos y las penas que se consustancia con el principio general de la legalidad, admite en el Derecho Sancionatorio la delegación que haga el legislador en normas de rango sublegal, de algunos de los elementos que configuran el ilícito administrativo y, asimismo, éste, puede configurarse con contornos menos rígidos que los que rigen en el campo del Derecho Penal. Sin embargo, existe una gran dificultad para delimitar las diferencias sustentadas por gran parte de la doctrina, entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. (...) 24.
Considera esta Sala que poco provecho se obtendría al pretender generar la discusión con base al órgano que ejecuta el ius puniendi (judicial o administrativo), ya que las diferencias existentes entre el derecho penal y el derecho sancionador son sólo relevantes en cuanto se refieren a su ámbito de aplicación, siendo en consecuencia necesario entrar a analizar la finalidad de las mismas, pues las diferencias que pudiesen existir en ese orden, serán las que permitan establecer los parámetros de interpretación de tales ramas del derecho. (...) En este orden de ideas, la discrecionalidad de la Administración sólo es admitida en la esfera del ejercicio de la potestad sancionatoria para determinar la gravedad de los hechos a los fines de la sanción, y siempre sometido a las reglas de la racionalidad y proporcionalidad.No abarca la discrecionalidad, en consecuencia, la posibilidad de tipificar el hecho ilícito, ni de desprender de una circunstancia determinados efectos en relación con los sujetos sometidos a un ordenamiento en el cual no exista una relación fija de supremacía especial. En consecuencia, importa destacar que la facultad genérica otorgada a la administración mediante una norma que la autoriza a establecer caso por caso los elementos constitutivos de un ilícito sancionable, configura lo que se denomina norma en blanco, situación ésta, que ha sido objeto del total rechazo por parte de la jurisprudencia”. (Destacado añadido). Con fundamento en esas consideraciones, la Sala anuló el artículo 52 de la LeyPara Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, norma esta que disponía, demanera similar a la que se impugnó en esta oportunidad, lo siguiente: Artículo 52: Toda infraccióna esta ley y a sus reglamentos no castigado expresamente será castigado con multa de hasta tresmillones de bolívares según la gravedad de la falta a juicio de la Superintendencia”. En relación conel alcance de esa norma la Sala agregó: “La modalidad de remisión adoptada por el legislador en el artículo 52 de la Ley Para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, el cual ha sido impugnado en autos, excede de los métodos de técnica legislativa mencionadas supra, pues la identificación de los supuestos de hecho sancionables no se hacen mencionando a ninguno de los artículos, secciones o capítulos en los que están contendidos, sino utilizando una formula residual. (...) Analizado lo anterior, observa esta Sala que el sistema de remisión residual otorga una potestad sancionatoria tan amplia que el administrado podría quedar sometido a la multa contemplada en el artículo por cualquier conducta que se juzgue como “infracción” a la Ley, esto es, como violatoria de una exigencia contenida en la Ley. A lasconsideraciones que anteceden ha de agregarse la relativa a la amplitud de la facultad que el artículo le otorga a la Administración, al 25.
incluir como sancionables no sólo a las infracciones de la ley, sino a las infracciones del reglamento, lo cual permite una apertura indefinida de los supuestos ilícitos administrativos, ya que cualquier conducta exigida por vía reglamentaria que es incumplida por el administrado daría lugar a la sanción que la norma prevé. Analizada la situación en la forma que antecede, no puede menos que estimarse que el artículo 52 contempla una norma en blanco, esto es, facultativa en forma total y completa a la Superintendencia para crear el supuesto de hecho constitutivo del acto ilícito y por ello violatoria del principio de tipicidad, lo cual implica su nulidad por inconstitucionalidad. Así se declara”. (Destacado añadido). En consecuencia, quien disiente considera que la Sala, en aras del mantenimientode la uniformidad y constancia de su jurisprudencia, y en atención a la importancia de los valoresconstitucionales que se lesionaron en este caso, ha debido reiterar su postura en relación con elalcance del principio de legalidad y tipicidad de las sanciones administrativas y, en consecuencia,declarar la nulidad, por inconstitucionalidad, del artículo 91, cardinal 29, de la Ley Orgánica de laContraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, porque la misma loque contempla es una norma en blanco que no respeta el núcleo esencial de dichas garantíasconstitucionales y, en consecuencia, del derecho al debido proceso. En los términos que anteceden, queda expuesto el criterio de estedisidente. Fecha ut supra. El Presidente, IVÁN RINCÓN URDANETA El Vicepresidente, JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO 26.
Magistrado ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA Magistrado PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ Magistrado Disidente El Secretario, JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLOPRRH.sn.fs.Exp n° 02-1957 Recommended
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