Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S11-04.html
Timestamp: 2014-10-22 01:46:30+00:00

Document:
Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores v. Mexico, Caso 735/01, Informe No. 11/04, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 en 462 (2004). INFORME N° 11/04
3. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana”): derecho a la integridad personal (artículo 5); libertad personal (artículo 7); garantías judiciales (artículo 8); protección judicial (artículo 25) y el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción (artículo 1(1)). Alegan igualmente que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana. 4. Por su parte, el Estado mexicano sostiene en su primera respuesta que la decisión de liberar a los señores Montiel Flores y Cabrera García dejó a salvo su derecho de seguir planteando ante los órganos jurisdiccionales las acciones procesales que estimaran necesarias; que seguían en trámite el amparo para impugnar la sentencia que había confirmado la condena de dichas personas y la investigación de los hechos de tortura por parte de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM). En su segunda comunicación con observaciones sobre el asunto, el Estado reitera que siguen pendientes de resolución las peticiones tanto en el ámbito administrativo como judicial, por lo que no se agotaron los recursos internos. En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.
21. Alegan asimismo los peticionarios que interpusieron los recursos disponibles en la jurisdicción interna para buscar la solución de la situación, pero que “fueron ineficaces porque la Procuraduría de Justicia Militar carece de imparcialidad e independencia para investigar los hechos y por el retardo injustificado en el trámite de los mismos”.[11] Con posterioridad, en su “ampliación de petición”, sostienen que en el presente caso se tramitan dos procesos internos distintos, uno de ellos en la jurisdicción ordinaria y el otro en la jurisdicción militar. En cuanto al primero, se refieren en los siguientes términos a la sentencia de 14 de agosto de 2002 que confirmó la condena por “portación de arma de uso exclusivo del ejército”:
La resolución del juicio de amparo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, sin duda constituye mayores violaciones en perjuicio de los señores Montiel y Cabrera, porque el Estado Mexicano teniendo la oportunidad a través del juicio de garantías para poner fin a una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos, no garantizó la imparcialidad de la judicatura y tampoco otorgó a los ecologistas el acceso a la protección judicial, constituyéndose eso en la violación a los artículos 8.1, 25 y 1.1 de la Convención. Lo que a su vez se ha materializado en el encubrimiento y justificación del actuar ilegal del Ejército Mexicano.[12] (énfasis en el original)
22. La primera comunicación del Estado mexicano respecto al presente asunto fue remitida el 8 de noviembre de 2001 --seis días después de haberse iniciado el trámite P735/01-- con el objeto de informar que ese mismo día fueron excarcelados los señores Cabrera García y Montiel Flores. A la vez, el Estado instó a la CIDH que otorgara medidas cautelares para la protección de los campesinos ecologistas, trámite que fue resumido en la correspondiente sección del presente informe.
23. En su respuesta a la solicitud de información sobre la petición, el Estado mexicano explica las razones por las que decidió liberar a los campesinos ecologistas, y sostiene que con ello se “dejó a salvo los derechos de los señores Montiel y Cabrera y de sus abogados defensores, para seguir planteando ante los órganos jurisdiccionales competentes las acciones procesales que estimen necesarias”.[13] Igualmente, indica el Estado que las autoridades prestaron su colaboración a las presuntas víctimas a efectos de la presentación de un amparo,[14] pero que con fecha 16 de julio de 2001 el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito “examinó y valoró el documento y decidió, no obstante, confirmar su resolución”.[15] El Estado manifiesta además en su escrito que el nuevo amparo interpuesto por los señores Cabrera García y Montiel Flores el 14 de octubre de 2001 “podría significar la invalidez de las declaraciones inculpatorias vertidas por los señores Montiel y Cabrera en el proceso”. [16] Agrega lo siguiente:
24. El Estado mexicano prosigue con su explicación del trámite seguido por la CNDH y menciona la Recomendación que dicho organismo dirigió el 14 de julio de 2000 al Secretario de la Defensa Nacional. En cuanto al trámite seguido por el Ministerio Público militar, el manifiesta que “con el fin de que se profundizara en la investigación de las violaciones a los derechos humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la PGJM de manera expresa, el 15 de enero de 2002, que reconsiderara la posibilidad de continuar o de iniciar una nueva investigación al respecto.” [18] Concluye la misiva del Estado con la indicación de que el documento fue remitido a la PGJM el 30 de enero de 2002 y que “seguiría manteniendo informada a la Comisión y a los peticionarios sobre las decisiones y resoluciones administrativas y jurisdiccionales que adopten las autoridades nacionales en el marco del presente asunto.” [19]
27. Respecto al acceso de los peticionarios a la investigación militar, explica el Estado que “es previsible la negativa a proporcionar copia del acuerdo de no ejercicio de la acción penal” por parte de la PGJM debido a que se hallaba bajo revisión, pero que la SEDENA indicó que “las constancias que integran la averiguación previa están a disposición de los peticionarios, así como de sus legítimos representantes”. [22] Prosigue el Estado:
Por último, es deseo del gobierno de México establecer de manera clara y precisa que, tanto por la vía administrativa como por la judicial (Unidad de Inspección de Contraloría general del Ejército y Fuerza Aérea y tribunal de alzada), se encuentran pendientes de resolución las peticiones ahí plantadas, lo que significa un no agotamiento de los recursos internos. [23]
28. El Estado concluye su segundo informe con la solicitud de que la CIDH “tenga por no agotados los recursos internos...y, en virtud de ello, declare la no admisibilidad del presente asunto como caso”. [24]
29. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto a quienes México se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que México es parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981, fecha en que se depositó el respectivo instrumento de ratificación; y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde el 22 de junio 1987. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
30. La CIDH tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de México, Estado parte en dicho tratado. Asimismo, la Comisión Interamericana goza de competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión es competente ratione materiae, debido a que en la petición se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
40. Respecto a la averiguación previa abierta por la PGJM para investigar los presuntos hechos de tortura, la Comisión Interamericana se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que la jurisdicción militar no constituye un foro apropiado y por lo tanto no brinda un recurso adecuado para investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana.[27] A la luz de todo lo expresado más arriba, y de las constancias del expediente de este asunto, la Comisión Interamericana establece --a efectos de la admisibilidad-- que la investigación de los órganos de la justicia militar respecto a los hechos denunciados no constituye un recurso adecuado. En consecuencia, la CIDH aplica a dicho trámite presente asunto la excepción al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46(2) de la Convención Americana.
41. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la invocación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46(2) se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos consagrados en la Convención Americana, tales como el debido proceso y la protección judicial establecidos en los artículos 8 y 25.[28] 42. Sin embargo, el artículo 46(2), por su naturaleza y objeto, es de contenido autónomo respecto a las normas sustantivas de la Convención Americana. Por lo tanto, la determinación sobre la aplicabilidad de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos al asunto analizado en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un parámetro de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 del instrumento internacional citado. Las causas y efectos que han impedido el agotamiento de la investigación de los hechos objeto del presente caso serán analizados en el informe que adopte la CIDH sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si efectivamente configuran violaciones a la Convención Americana.
43. La CIDH concluye que la sentencia de 14 de agosto de 2002 agotó la jurisdicción interna en cuanto al juicio penal seguido a los señores Cabrera García y Montiel Flores. Asimismo, la CIDH concluye que la averiguación militar no constituye un recurso adecuado en la investigación por los hechos de tortura denunciados por los representantes de los campesinos ecologistas, y en consecuencia los peticionarios están exceptuados del requisito de agotamiento de tal recurso.
45. El expediente de la petición no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que el presente asunto se hallase pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente decidido por la Comisión Interamericana. En razón de ello, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones previstas en el artículo 46(1)(d) y en el artículo 47(d) de la Convención Americana.
46. Los alegatos de los peticionarios se refieren a la presunta detención ilegal, tortura, y denegación de justicia de los señores cabrera García. Por su parte, el Estado mexicano no disputa de manera directa que los hechos no caracterizan posibles violaciones de la Convención Americana, aunque sí alega que los peticionarios tuvieron a su disposición los recursos que podrían solucionar la situación denunciada.
47. No corresponde establecer en la presente etapa procesal si se violó efectivamente la Convención Americana. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe determinar si se exponen los hechos que caracterizan una violación, como estipula el artículo 47(b) de la Convención Americana. El parámetro de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre el fondo de una denuncia. La Comisión Interamericana debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención Americana. Este es un análisis sumario, que no implica prejuicio o avance de opinión sobre el fondo de la controversia. La distinción entre el estudio correspondiente a la declaración sobre la admisibilidad y el requerido para determinar una violación se refleja en el propio Reglamento de la CIDH, que establece de manera claramente diferenciada las etapas de admisibilidad y fondo.
48. Los alegatos de los peticionarios se refieren a hechos que, de ser ciertos, caracterizarían violaciones de varios derechos garantizados por la Convención Americana. La CIDH estima que los hechos expuestos ameritan un examen de manera más precisa y completa de la petición en la etapa de fondo.
[3] Idem, párr. 9, pág.9.
[4] Comunicación de los peticionarios de 25 de octubre de 2001, párr. 8, pág. 3.
[5] Los peticionarios explican que los señores Cabrera García y Montiel Flores quedaron “formalmente presos y procesados primero ante el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mina bajo la causa penal 13/99 (autoridad incompetente para conocer del caso ya que se trataba de supuestos delitos federales) y posteriormente ante el Juzgado Quinto de Distrito del Vigésimo Primer Circuito bajo la causa penal 16/99. Comunicación de los peticionarios de 25 de octubre de 2001, párr. 11, pág. 3.
[8] El ombudsman mexicano llegó a dicha determinación luego de considerar “el silencio reiterado” de la PGJM a las solicitudes de entrega de varios documentos, incluyendo copia de la averiguación previa 35ZM/06/99. CNDH, Recomendación 08/2000 de 14 de julio de 2000, págs. 24 y 25.
[9] Comunicación de los peticionarios de 25 de octubre de 2001, párr. 15, pág. 4.
[10] Idem, párr. 17, pág.4.
[18] Idem, pág. 3.
[22] Idem, pág. 2.
[23] Idem, págs. 2 y 3.
[24] Idem, pág. 3.
[28] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C Nº 1, párr 91. Ver, en el mismo sentido, Corte IDH, “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987, Serie A Nº 9, párr. 24.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 47