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Timestamp: 2018-04-25 08:47:22+00:00

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Inclusión política de los y las migrantes | Organización Internacional para las Migraciones
Inclusión política de los y las migrantes
Enviado por smathews el Lun, 15/05/2017 - 12:44
La acepción mayormente utilizada del concepto de inclusión, en cuanto se refiere a los y las inmigrantes, se relaciona en la literatura especializada con su acceso a los derechos sociales, en igualdad de condiciones y sin discriminación.
Aunque, desde luego, tal alcance del concepto supone el acceso a la esfera pública, la menor importancia que se da en esa literatura al ejercicio de derechos políticos por los y las inmigrantes es representativa de una limitación real a la inclusión social en la mayor parte de los países del mundo.
Si se considera que la inclusión social de un extranjero en el país de acogida implica el ejercicio de todos sus derechos, en igualdad de condiciones y sin discriminación respecto al resto de los miembros de la sociedad, es posible sostener la existencia del derecho humano a la inclusión social de los y las inmigrantes.
Es explicable, especialmente, en cuanto se relaciona con los y las inmigrantes más vulnerables, considerar el acceso a una fuente de trabajo remunerado como la base constitutiva de tal derecho. Del mismo modo, atendiendo a la condición de extranjero, también se enfatiza el necesario respeto a la identidad cultural del inmigrante, como base de una convivencia entre iguales.
No se otorga, sin embargo, el mismo énfasis al reconocimiento de la ciudadanía y, en general, de los derechos políticos, como elemento integrante de la inclusión social, pese a que tal reconocimiento permitiría reforzar la participación y, por tanto, la pertenencia de las familias inmigrantes al nuevo país.
Sin embargo, esta reticencia, que obedece a causas que se desprenden fácilmente del concepto tradicional de soberanía estatal y de la dependencia de la ciudadanía a la nacionalidad, comienza a revertirse en la reflexión académica, especialmente en Europa.
2 ACTUAL REFLEXIÓN POLÍTICA Y ACADÉMICA
El irreversible fenómeno de la globalización, necesariamente, genera una reflexión política y jurídica conducente a nuevos paradigmas. En efecto, la globalización del comercio, base de la nueva economía global, que obliga a los Estados a actuar en un ámbito variado de relaciones internacionales y a someterse a nuevos ordenamientos jurídicos supranacionales, así como sus efectos en las relaciones de cada Estado con su población, está produciendo un creciente cuestionamiento de la democracia política anclada en los principios inveterados del Estado Nación.
Por ello, se afirma que, quiérase o no, la globalización es un factor de primer orden en el debilitamiento de la soberanía tradicional de los Estados.
Del mismo modo, si hasta fines del siglo XX, salvo respecto a los refugiados, el enfoque sobre las migraciones era fundamentalmente económico, en la actualidad, la óptica se amplía hacia los aspectos políticos del fenómeno y comienza a desafiar las tradicionales bases conceptuales del Estado Nación.
Cada vez se plantea con mayor énfasis la interrogante sobre cuál sería el futuro del sistema político democrático si un porcentaje importante de la población de los Estados no participa de los derechos políticos, en particular, del derecho a elegir los representantes del pueblo.
En este contexto, se desarrolla actualmente una reflexión política y académica que cuestiona los fundamentos de una exclusión que no considera los vínculos efectivos que los extranjeros establecen con el presente y el futuro del Estado de residencia. En el curso de dicha reflexión, varios autores estiman que, en el siglo XXI, el peso de la globalización, de los flujos migratorios y de la internacionalización del Derecho determina que aquella exclusión sea considerada un anacronismo.
La confluencia de la globalización y de los nuevos fenómenos migratorios, ligados sustantivamente a ella, alimentan la idea de que la participación política ha de estar mayormente relacionada con la residencia que con la nacionalidad, de modo que se conciba al pueblo integrado por la totalidad de las personas “que participan en la relación jurídica que surge con la residencia en el territorio”.
Se trata, por cierto, de un ejercicio que se desarrolla en ámbitos académicos y en grupos de inmigrantes, pero no aún en los parlamentos ni en la mente de los gobernantes.
Si nos detenemos solamente en el derecho a sufragio, en el curso de esa reflexión se ha logrado sistematizar una serie de argumentos en pro de la concesión de este derecho a los no nacionales residentes en el Estado, en elecciones generales.
Un primer argumento recoge el principio que inspiraba el voto censitario y consiste en que los extranjeros deben ejercitar el poder político, a través del voto, por cuanto contribuyen con el Estado pagando tributos. Personalmente, estimamos que este razonamiento no corresponde al nivel en que se debe desarrollar la discusión, ni enfrenta eficazmente los elementos de la doctrina predominante. Al relacionar el ejercicio del poder político con la contribución impositiva, podría abrirse la posibilidad de estratificar el cuerpo electoral, según la fortuna, dejando a aquellos que nada poseen, en nuestro caso a los y las inmigrantes pobres, marginados de aquel ejercicio. Esa misma argumentación se invocó, en su momento, por quienes rechazaban la posibilidad de que los chilenos residentes en el exterior, que no pagan impuestos en Chile, pudiesen participar en las elecciones de Presidente de la República de este país.
Un argumento en boga favorable al voto de los extranjeros, capaz de enfrentar con éxito la idea predominante, se basa en el debilitamiento del Estado Nación en el último medio siglo, particularmente en Europa, entre cuyas causas se cuentan los flujos migratorios por motivos económicos y la creciente pluralidad étnica, hasta el punto que Habermas, pensador destacado en esta reflexión, sostiene que las sociedades políticas de cada uno de los Estados europeos se convertirán en “sociedades postnacionales”.
En la actualidad, hay quienes sostienen que debido al crecimiento permanente de los flujos migratorios y la pluralidad étnica y cultural que es su consecuencia, a lo menos en Europa, la homogeneidad nacional que supone el Estado Nación ha pasado a ser una ficción.
La pregunta que consecuentemente surge es: ¿puede el sistema político democrático edificarse sobre una base ficticia, sin graves consecuencias para su propia existencia? Porque si la democracia consiste, esencialmente, en el pueblo como titular de la soberanía, excluir del pueblo a un porcentaje significativo de los habitantes del territorio puede conducir a un conflicto que amenace la pervivencia misma del sistema político.
En nuestro tiempo, De Lucas postula la redefinición del concepto de ciudadanía, sobre la base de considerar las circunstancias concretas de vida de los extranjeros y su integración a la sociedad de acogida, trasladando el cimiento de la ciudadanía y, por tanto, el fundamento del derecho de sufragio, desde la nacionalidad a la residencia.
Del mismo modo, aunque circunscrita a los ciudadanos de los Estados de la Unión Europea, también reviste valor doctrinario lo preceptuado en los artículos 37 y 38 de la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, aprobada en la de Cumbre de Niza, en diciembre de 2000, que proclama los derechos de todo ciudadano de la Unión radicado en un país del que no es nacional a ser elector y candidato elegible en las elecciones al Parlamento Europeo y en los comicios municipales, en las mismas condiciones que los nacionales del Estado de residencia. Estos derechos también se han incorporado al proyecto de Constitución Europea (artículos 39 y 40 de la Parte II).
Los objetivos invocados por las Directivas de la Unión Europea revisten, igualmente, relevancia doctrinaria. basta pensar en la creación de una “ciudadanía de la Unión” independiente de la nacionalidad. Como postula en su Preámbulo la Directiva 93/109/CE, del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, con “la ciudadanía de la Unión” que “tiene por objeto integrar mejor a los ciudadanos de ésta en su país de acogida” se “pretende, fundamentalmente, suprimir la condición de nacionalidad que se exige actualmente en la mayor parte de los Estados miembros para ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo”.
Esta declaración europea de principios, aunque circunscrita a los ciudadanos de los países de la Unión, constituye un fortísimo respaldo a quienes sostienen la posibilidad de desligar la ciudadanía de la nacionalidad, sin menoscabo del sistema político, sobre la base de que el sustento del Estado no radica necesariamente en una población histórica, racial y culturalmente homogénea, sino en la integración de los diversos componentes de la población residente y en la participación política de todos los mayores de edad, sin distinción de nacionalidad, especialmente, en cuanto se refiere al derecho de sufragio.
Más allá, Habermas sostiene que la Comunidad Europea, sin marchar hacia la desaparición de los Estados particulares, está abandonando su concepto tradicional del Estado nacional, fundado en una población homogénea, y concibiendo un nuevo Estado, asentado en comunidades con diferentes lenguas y tradiciones.
La aceptación de esta nueva conformación de lo que se ha denominado nación implica también una modificación del concepto de pueblo, que ahora se extiende a los extranjeros residentes.
Gran influencia, como ya se ha dicho, cobran en estos cambios, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Migratorio Internacional, en relación con los principios de la democracia. En efecto, el derecho humano de las personas a tomar parte en las decisiones políticas que les afectan, mediante su participación en la designación de quienes habrán de adoptarlas, es de carácter universal y, sin embargo, de él se encuentran excluidos los extranjeros residentes, pese a que son igualmente afectados por tales decisiones y deben acatarlas, lo cual atenta contra los principios de igualdad y no discriminación, que palpitan en el centro del Derecho Migratorio Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del ideario democrático.
Pero no es solo a los no nacionales residentes que interesa esta integración, sino a la población toda. Aunque todavía existe en la mayor parte de las sociedades un arraigado concepto de los extranjeros como si constituyesen una amenaza de diverso orden al Estado, crece la cantidad de autores que postulan concederles el derecho de sufragio en todos los niveles, como una medida que produciría fuertes distensiones sociales.
Se estima que la integración de los y las inmigrantes, si implica una inserción social con salvaguardia de su identidad cultural, producirá efectos benéficos de paz social y gobernabilidad. Uno de los elementos fundamentales de tal inserción, que responde al principio de generar condiciones de igualdad para los y las inmigrantes, respecto al resto de la población, es precisamente la posibilidad de participar en las elecciones de los representantes del pueblo.
Es decir, la integración y la multiculturalidad, implican preocuparse no solamente de un esfuerzo por superar los prejuicios y la discriminación subjetiva, sino también atender a las condiciones materiales de los migrantes más vulnerables y a la superación de su exclusión social. Por ello, es central abocarse, como aspecto ineludible de una política migratoria, a la inclusión de los y las migrantes en el sistema de protección social, abordando las desigualdades que se reproducen en esta población y los obstáculos para su inclusión, como son los relacionados con el acceso a la vivienda, a la salud y a la educación, sin descuidar, por cierto, el enfoque de género, que permita fortalecer los instrumentos para la protección de los derechos de las mujeres migrantes.
De modo que poner esta atención central en la garantía de los derechos sociales de los y las migrantes no constituye algo adicional, al respeto, hacia la multiculturalidad y la multietnicidad, sino un requisito básico para garantizar ese respeto y la tolerancia a la diversidad, así como la valoración social de la contribución de los y las migrantes al crecimiento y desarrollo del país.
3 DERECHOS POLÍTICOS DE LOS Y LAS MIGRANTES EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y NACIONAL
3.1 PRINCIPIOS INTERNACIONALES
3.1.1 Derecho Internacional de los Derechos Humanos En principio, los derechos políticos establecidos en el Derecho Internacional convencional, específicamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no debiesen excluir a los y las migrantes.
Sin embargo, la idea tradicional predominante, según la cual la ciudadanía se concede solo a los nacionales -y nos referimos específicamente a la ciudadanía básica, es decir, el derecho a sufragar y a ser elegido representante popular- mantiene tal gravitación que los propios instrumentos internacionales de derechos humanos, si bien reconocen que los extranjeros son titulares de derechos políticos, reiteran la conexión entre derecho de sufragio y nacionalidad.
Como sostiene un estudioso del tema migratorio, “los principios generales de igualdad de derechos y de no discriminación, proclamados en los textos internacionales y sobre todo en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, podrían constituir una base para el derecho de voto de los extranjeros”, pero “la mayor parte de los textos enuncian, por un lado, un principio universalista y, por el otro, restricciones a estos principios, sobre todo limitando con frecuencia el ejercicio de los derechos tan sólo a los nacionales de los Estados”.
Una revisión de esos instrumentos nos permite verificar que los derechos políticos, particularmente, la elegibilidad activa y pasiva, se atribuyen a los nacionales de cada Estado. Así, el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno “de su país”, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, aludiendo con ello, según una interpretación generalmente aceptada, al Estado de que es nacional.
Por su parte, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a diferencia de otras disposiciones, concede el derecho “a votar y ser elegidos en elecciones” no a todas las personas, sino a “todos los ciudadanos”, restricción semántica que también se ha interpretado como alusiva, entre otras circunstancias, a la nacionalidad. En el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23, párrafo 1, virtualmente, reproduce aquella disposición del Pacto Internacional precedentemente aludido.
Lo expuesto explica por qué razón un progreso contemporáneo del derecho de sufragio, que no ha encontrado mayores obstáculos, ha sido la posibilidad de que los nacionales de un Estado residentes en otro país puedan participar en las elecciones; y explica, asimismo, por qué las movilizaciones que han cobrado más fuerza en muchos países, particularmente en América Latina, son aquellas que han perseguido el ejercicio del derecho de sufragio por los nacionales que viven fuera del territorio estatal y no las que apuntan al voto de los extranjeros en el país de residencia.
Es decir, en general, pese a que los extranjeros residentes son igualmente afectados por las decisiones políticas, no solo no tienen participación en la adopción de estas decisiones, sino que ni siquiera la tienen indirectamente, mediante su participación en la designación de quienes habrán de adoptarlas, lo cual atenta contra los principios de igualdad y no discriminación, que palpitan en el centro del Derecho Migratorio Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del ideario democrático.
Siguiendo estos principios, a nuestro juicio, no debiese ser ya sostenible interpretar la expresión “su país”, contenida en los instrumentos internacionales de derechos humanos, como alusiva a aquel del que se es nacional, sino referida al país en que la persona habita. De otro modo, una multitud creciente de seres humanos, con capacidad jurídica, vivirá ausente de la democracia en que otros participan.
3.1.2 Derecho internacional migratorio Quienes propugnan el reconocimiento de los derechos políticos y la concesión del derecho de sufragio a los extranjeros han encontrado un soporte fortísimo en el Derecho Migratorio Internacional, cuya vertiente originaria es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Un hito en el desarrollo del Derecho Migratorio Internacional fue la aprobación, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1990, de la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la cual entró en vigor, recién, en 2003, cuando se logró su ratificación por veinte Estados.
El corazón de esta Convención es la afirmación de los principios de igualdad y no discriminación.
Los Estados miembros de la Asamblea General, al aprobar la Convención, reconocieron como su fuente principal “los principios consagrados en los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Esta consideración es de trascendencia teórica para el reconocimiento de los derechos políticos de los y las inmigrantes.
Es importante destacar que, según lo señala su Preámbulo, la Convención es aplicable a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares, sin distinción, y durante todo el proceso de migración.
En su Parte IV, la Convención enuncia los derechos políticos, de los cuales, según el artículo 36, podrán gozar aquellos trabajadores migratorios y los familiares de ellos “que estén documentados o se encuentren en situación regular en el Estado de empleo”.
En cuanto se relaciona, particularmente, al derecho de sufragio, la Convención, en su artículo 42, obliga a los Estados a facilitar, “de conformidad con su legislación nacional” la participación de los y las inmigrantes, a nivel local o comunal.
El mismo artículo se refiere a los derechos políticos, a nivel estatal, en los siguientes términos: “Los trabajadores migratorios podrán disfrutar de derechos políticos en el Estado de empleo si ese Estado, en el ejercicio de su soberanía, les concede tales derechos”.
De acuerdo con esta disposición, el Estado receptor mantiene la prerrogativa de conceder o no el derecho, en ejercicio de una soberanía conceptualizada de acuerdo a la idea predominante sobre la materia, pero es evidente que los autores de la Convención manifiestan una proclividad hacia el reconocimiento de los derechos políticos de los extranjeros.
3.2 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
Salvo excepciones muy contadas, las Constituciones solo conceden derecho de sufragio en las elecciones generales a los nacionales de los respectivos Estados y lo niegan a quienes residiendo en ellos carecen de tal atributo, lo cual se debe a que el concepto de ciudadanía se halla atado de modo terminante al de nacionalidad. Recordando Kelsen la gradual protección que los Estados fueron prestando a los extranjeros, hasta equipararlos a los ciudadanos, “en cuanto al derecho privado y a una parte del público” (específicamente los derechos procesales), hace la salvedad de que “en oposición (...) a los extranjeros, que tienen una capacidad disminuida, se va formando el concepto de ciudadano”, dotado de plena capacidad, y que la diferencia entre ambos radica en que el extranjero “siempre carece de los derechos políticos en sentido estricto”.
Pese a los enormes cambios y desafíos que plantea la globalización, la exigencia de la nacionalidad, a la que el maestro de Viena se refería en 1926, permanece en gran medida vigente y es aceptada como una condición mínima y casi “natural”, por muchísimos manuales actuales de enseñanza del Derecho positivo, en diversas latitudes. En suma, como señala Mario Justo López, los extranjeros serían parte integrante de la población del Estado, constituida por todos sus habitantes, pero no formarían parte del pueblo, constituido por los ciudadanos, es decir, quienes son sujetos de derechos políticos, entre ellos el derecho de sufragio.
En el trasfondo, esta sujeción de la ciudadanía a la nacionalidad se desprende de la pervivencia del postulado del Estado Nación y, en particular, del denominado principio de las nacionalidades, según el cual el Estado solo puede sostenerse sobre la base de una población cuyos miembros se identifican con una misma tradición histórica y cultural, que es la base de la nacionalidad común. De este modo, se afirma por quienes sostienen esta posición doctrinaria aun vigente, la sociedad política se identificaría plenamente con la comunidad nacional, hasta constituir ambas una misma realidad.
La doctrina expuesta, precedentemente, se expresa en los ordenamientos constitucionales de casi todos los Estados. Los progresos que en la mayoría de los Estados ha experimentado el derecho de sufragio se han producido en el ámbito de los nacionales, manteniéndose el impedimento impuesto a los extranjeros.
Ya hemos sugerido que la excepción más generalizada al impedimento que se coloca a los extranjeros para poder votar se contempla en las elecciones de nivel local, como ocurre en casi todos los países europeos y de América Latina, en los Estados Unidos y en algunos Estados asiáticos.
Pese al predominio de la idea que sustenta el ejercicio del derecho de sufragio basado en la nacionalidad, se observa en varias legislaciones nacionales signos de progreso del reconocimiento de este derecho a los extranjeros residentes. Desde luego, aunque exigiendo reciprocidad de sus homólogos, varios Estados lo conceden para votaciones nacionales. Algunos, sin exigencia de reciprocidad, confieren derecho de sufragio en elecciones generales, a nacionales de Estados que en el pasado fueron sus colonias, como ocurre en Gran bretaña, respecto a los miembros de la Commonwealth y a los irlandeses, y viceversa.
Pero, son otros, muy pocos, los países que marcan el mayor progreso, a nivel internacional, pues otorgan derechos políticos y, en particular, el derecho de sufragio a los extranjeros con residencia establecida, cualquiera sea su nacionalidad y sin exigencia de reciprocidad. Son los casos de Hong-Kong y Nueva Zelanda, y en América del Sur, Chile y Uruguay.
El caso de Chile, cuya Constitución Política, en su artículo 14, establece que “los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley”, en todo tipo de elecciones, ha sido particularmente destacado por varios autores, como “el ejemplo más significativo, caminando por una vía muy distinta de la que habitualmente se considera como adecuada (...) y logrando un contenido actual e inclusivo del concepto de ciudadanía (...) que diferencia expresamente entre nacionalidad y ciudadanía”, de modo que “no son nacionales chilenos, pero sí son ciudadanos los extranjeros avecindados durante más de cinco años en territorio chileno”7.
En forma menos amplia que la Constitución chilena, el artículo 78 de la Constitución uruguaya concede derecho de sufragio a los extranjeros “de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan residencia habitual de quince años, por lo menos” en el territorio del Estado.
De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución chilena, la ciudadanía es la fuente del derecho de sufragio; no la nacionalidad. Como coronación, el artículo 14 de la Carta Fundamental otorga el derecho de sufragio a todos los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años. Aquí, la ciudadanía no emana de la nacionalidad, como en el supuesto del artículo 13, sino de la residencia.
Por último, respecto a la elegibilidad para ser representantes populares, el mismo artículo 14 establece que los extranjeros que hubieren obtenido carta de nacionalización podrán a optar a cargos públicos de elección popular, después de cinco años de estar en posesión de dichas cartas. Hace excepción a esta norma el cargo de Presidente de la República, que exige del postulante la nacionalidad por haber nacido en territorio chileno o por ser nacido en el extranjero, pero hijo de padre o madre chilenos.
4 RELEVANCIA DEL NIVEL LOCAL
No podemos dejar de expresar la relevancia que, para la inclusión política y, por tanto, social de los y las inmigrantes, reviste el ámbito de la comuna.
El acceso de los y las inmigrantes a la esfera pública, requisito indispensable de la inclusión, debe significar, para que cobre sentido, el ejercicio pleno de sus derechos, lo cual, en el ámbito político, no puede estar constreñido al sufragio sino que ha de comprender su participación en la vida comunitaria, en las mismas condiciones que los nacionales del país de acogida.
Numerosas legislaciones municipales, entre ellas la chilena, abren oportunidades para la participación de los y las migrantes en la política local. Pero, obviamente, aprovechar dichas oportunidades implica la voluntad de la autoridad y la acción organizada de los propios migrantes para impulsar respuestas y capacidades institucionales (políticas, planes y acciones) que contribuyan, desde luego, a la efectiva participación ciudadana en general, como una dimensión central para el desarrollo comunal y el mejoramiento de la calidad de vida de todos, y en particular, la participación del colectivo de migrantes.
Pero quizás lo más complejo de abordar, en términos de políticas y estrategias de participación comunal, sea considerar correctamente la realidad de la diversidad cultural y cómo ella influye en la permanencia o transformación de la identidad local, por ejemplo, cual es la reacción vital de los nativos sobre la presencia de migrantes en la comuna.
Sin una política de promoción del respeto a la diversidad, no es posible la inclusión plena de los y las migrantes y menos aun el ejercicio de su ciudadanía a nivel comunal. Y una política tal debiese partir por la promoción del diálogo, porque solo del diálogo surge la comprensión de que la diversidad es un valor que enriquece a todos.
También es necesaria la participación de la población migrante en las organizaciones sociales de la comuna, como son en Chile las juntas de vecinos. Existen datos, provenientes de encuestas serias, que nos indican que en Santiago, a lo menos, el 90% de la población inmigrante no pertenece a una asociación de este tipo. En tal sentido, parece muy relevante, en el camino hacia la ciudadanía plena de los y las migrantes a nivel comunal, promover su integración en aquellas organizaciones; que los gobiernos locales no sean indiferentes sino facilitadores activos de la organización de los y las migrantes; y, si existen esta organizaciones, reconocerlas e incorporarlas en la vida de la comuna, por ejemplo, poniendo a su disposición un inmueble que les sirva de sede y favoreciendo la participación ciudadana de la organización de migrantes en la definición de las políticas locales de migración.
La ciudadanía plena significa que, aparte de la delegación de poder en el representante comunal, los ciudadanos también participan activamente en el proceso de adopción de las decisiones políticas, incluso de las decisiones presupuestarias y en el control de su ejecución. Y es tal la ciudadanía a la que aspiran todas las personas migrantes
5 DERECHOS SOCIALES
Vanas serían las normas que permiten el ejercicio del derecho a sufragio de los y las migrantes si no pueden ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, para que gocen del atributo genuino de la ciudadanía, no se requiere solamente la superación de los prejuicios y la discriminación subjetiva, sino también atender a las condiciones materiales de los y las migrantes más vulnerables y a la superación de su exclusión social. Por ello, es central abocarse, como aspecto ineludible de una política migratoria, a la inclusión de los y las migrantes en el sistema de protección social, abordando las desigualdades que se reproducen en esta población y los obstáculos para su inclusión, como son los relacionados con el acceso a la vivienda, a la salud y a la educación, sin descuidar, por cierto, el enfoque de género, que permita fortalecer los instrumentos para la protección de los derechos de las mujeres migrantes.
De modo que, como ya lo hemos dicho precedentemente, atender centralmente a la garantía de los derechos sociales de los y las migrantes no constituye solo un “complemento” de los derechos ciudadanos básicos, sino una condición real para garantizar la ciudadanía plena, así como la valoración social de la contribución de los y las migrantes al crecimiento y desarrollo del país.
Por cierto, esta no es la tarea de un ministerio o de un servicio del gobierno, sino una necesaria política de Estado cuya aplicación es de responsabilidad interministerial y de todos los entes públicos específicamente involucrados, en relación con los gobiernos regionales y locales, y que debe comprometer a la sociedad civil, incluidas las entidades que trabajan por los derechos de los y las migrantes, los empresarios, los trabajadores, los organismos vecinales, la academia, las iglesias y todas las organizaciones sociales.
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- ESPONDA, J.(2009) Derecho Migratorio, Revista Diplomacia. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, N° 119.
- ESPONDA, J. (2013) El Derecho de sufragio de los inmigrantes, próxima fase en la evolución de los derechos políticos.XXIV Jornadas de Derecho Público. Santiago, Ediciones Derecho UC.
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- KELSEN, H. (2009) Compendio General de Teoría del Estado.México D.F. Ediciones Gernika.
- MARGALIT, A. (1997) La Sociedad Decente. barcelona. Paidos.
Fuente: Revista Hemiciclo de la Academía Parlamentaria

References: artículo 21
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 36
 artículo 42
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 78
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 14