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Timestamp: 2019-02-20 23:24:15+00:00

Document:
ES 1.3. Estatutos Iniciales Del Consorcio de Resid...
Bases Estudio
Gobierno inscribe mancomunidades que lo solicitaron
Normatividad Del SNIPPP
Código Municipal Actual
DS036_2014EF_FONIPREL
Estrategia Comunicación Mancomunidades 2015
Tema 2 - Estatuto
Práctica 1 Educacion y sociedad
Ley_031
Los comedores escolares en España: del diagnóstico a las propuestas de mejora
BOJA18-084-00002-7779-01_00135179-MODIFICACIÓN-NO-OPOS.pdf
03 10 2014-12-31 F. Lpez Menudo y C. Mingorance Bienes y Obras Pblicas
Informe financiación
date-57b9c6de7b4cd0.88779132.pdf
RS_216961.pdf
02 test 126364
Sayed Aiyed Khaiyum
Hanson v. Wyatt, 540 F.3d 1187, 10th Cir. (2008)
Acto Adtvo. Como Categoría Jdca.
Taller Textil Confección y Bordados c.c Los Ríos.
Número 96 Fecha 17-05-2007 Página 13796
Boletín Oficial de Gipuzkoa Número 96 Fecha 17-05-2007 Página 13796
4 ADMINISTRACION DEL T.H. DE GIPUZKOA DFG-DESARROLLO SOSTENIBLE Aprobación proyecto convenio colaboración entre DFG y Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, S. Marcos, Sasieta, Urola-Erdia, Urola-Kosta y Tolosaldea y estatutos del Consorcio
DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Proyecto de Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola-erdia, Urola-kosta y Tolosaldea para la constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. El Consejo de Diputados, en sesión de fecha 15 de mayo de 2007, ha adoptado el Acuerdo que a continuación se publica: «Con fecha 13 de marzo de 2007, el Consejo de Diputados prestó aprobación al proyecto de Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola-erdia, Urola-kosta y Tolosaldea para la constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. Asimismo, mediante dicho Acuerdo, se aprobó inicialmente el proyecto de estatutos del citado Consorcio de Residuos y se ordenó su exposición a información pública por período de treinta días, a fin de que los interesados pudieran presentar las reclamaciones y sugerencias oportunas. Durante esta fase de exposición pública se han recibido alegaciones, tanto ante el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa como ante las Mancomunidades, referidas al mismo Acuerdo, las cuales han sido analizadas y valoradas de manera conjunta, habiéndose estimado aquellas sugerencias y propuestas que se consideran contribuyen a mejorar los Estatutos de referencia. A pesar de que el plazo de exposición pública lo ha sido con respecto al proyecto de Estatutos del Consorcio de Residuos, en una de las alegaciones formuladas se han planteado cuestiones referidas al Convenio de Colaboración ya aprobado que enlazan directamente con determinaciones estatutarias, por lo que se estima conveniente que la aprobación definitiva de los Estatutos de referencia se haga extensiva a aquellos aspectos del Convenio que se remiten a los mismos. Finalmente, se introducen de oficio algunas modificaciones, que junto con las realizadas como consecuencia de las alegaciones estimadas, dan como resultado una nueva redacción de Estatutos del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa que se adjunta como Anexo al presente Acuerdo. Entrando en el análisis de las diferentes cuestiones planteadas a través de las alegaciones y de la revisión de oficio a que se ha hecho referencia, se han sistematizado las reflexiones que se consignan a continuación estructuradas en función de las diversas materias sometidas a debate. CONSIDERACIONES RESPECTO AL OBJETO DEL CONSORCIO Y COMPETENCIA DE LOS ENTES CONSTITUYENTES Un grupo de alegaciones argumenta la falta de competencia, tanto de las Mancomunidades como de la Diputación Foral para el establecimiento del sistema de incineración como forma de gestión de los residuos urbanos, por corresponder aquélla al órgano ambiental de la Comunidad. Considera, asimismo, que la Diputación Foral y las Mancomunidades pueden constituir un consorcio para la gestión de residuos pero en ningún caso para el desarrollo del PIGRUG, por no constituir un Plan de residuos y no ser competentes para su aprobación ni, reiteran, para el establecimiento de un sistema de incineración y decidir su ubicación. Solicita, en consecuencia, que se eliminen de los estatutos las menciones a la planta de incineración y a la red de infraestructuras de tratamiento, por no ser del ámbito competencial de los entes constituyentes del Consorcio. El artículo 74 de la ley 3/1998, de 27 de febrero, atribuye a los órganos forales de los territorios históricos el desarrollo de la planificación marco de gestión de residuos sólidos urbanos, a través de los correspondientes planes forales, la coordinación de las actuaciones municipales en orden a garantizar la prestación integral de servicios en esta materia y el impulso de infraestructuras supramunicipales. Si bien es cierto que el Gobierno Vasco no ha procedido a elaborar un plan autonómico de residuos
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urbanos, no lo es menos que el sentido común nos dicta que en ausencia de aquél los entes competentes para la gestión de los residuos urbanos deberán realizar una gestión de residuos conforme a una planificación. La propia Ley previó, en su Disposición Transitoria Primera, que en tanto en cuanto no se procediera a la aprobación de la planificación marco antes mencionada, serían de plena aplicación los planes integrales de gestión de residuos sólidos urbanos que hubiesen sido aprobados por los órganos forales. De dicha previsión se desprende la clara voluntad del legislador de rellenar el vacío de planificación que pudiera generarse de no existir plan marco autonómico a través de los correspondientes planes forales. Asimismo, no hay que olvidar que la Ley de Bases de Régimen Local, en su art. 36, atribuye a las Diputaciones de régimen común la competencia subsidiaria en dicha materia, lo que obliga a asegurar la prestación integral y adecuada del servicio. Dicha competencia ha sido históricamente ejercida por las diputaciones provinciales, en este caso forales, a través de la redacción de planes directores de residuos y financiación de infraestructuras. En su día los municipios, ante la imposibilidad de prestación individual del servicio, deciden mancomunarse, conforme al criterio establecido en el Plan Director de 1982. De la misma manera, las entidades que constituyen el consorcio no tienen, individualmente, ni capacidad técnica ni económica, ni generan masa crítica de residuo suficiente para abordar el complejo proceso de creación de las infraestructuras de residuos que la nueva legislación medioambiente a nivel europeo exige. Esta incapacidad constituye, en definitiva, la razón última que ha hecho imprescindible la creación de dicha entidad y ha hecho posible el acuerdo político-institucional necesario para ello. En cualquier caso, no existiendo planificación marco autonómica, resulta irrelevante que el PIGRUG sea un instrumento de planificación con base competencial suficiente, porque la responsabilidad de la gestión del servicio y la competencia para ello reside en las entidades constituyentes del Consorcio, que no han hecho sino crear un instrumento de gestión que, en el peor de los casos, no contraviene ningún instrumento de planificación previo. El instrumento de gestión se ha diseñado sobre el principio del escrupuloso respeto a las competencias del Gobierno Vasco en la definición de los requisitos técnicos de ubicación, implantación y explotación de infraestructuras de gestión de residuos, previéndose en el Convenio para la definición del futuro de la gestión de residuos la remisión al Gobierno Vasco de los estudios de impacto ambiental, tanto para la evaluación conjunta de la modificación del PGOU de Donostia-San Sebastián, como para la evaluación individualizada de impacto ambiental del proyecto de instalación. Por lo anterior, debe estimarse procedente el proyecto de Estatutos tanto en cuanto a su objeto como en cuanto a las competencias de las entidades consorciadas para su aprobación. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE FINANCIACION En las alegaciones formuladas se alude a que el sistema previsto en el art. 22 de los Estatutos conduce a aportaciones superiores al 100% de la cantidad prevista para la aportación necesaria para la creación de las infraestructuras y se ha hecho sin el adecuado estudio de las consecuencias económicas de los compromisos asumidos. Se aprecia una incorrecta interpretación de los contenidos del art. 22 de los Estatutos referentes al sistema de aportaciones, lo que aconseja proponer una mejora en la redacción del citado artículo para clarificar su contenido, que se concreta en la nueva dicción del mismo recogida en el Anexo a este acuerdo. El compromiso de aportación recogido en la Disposición Transitoria 2.ª, es independiente y en nada afecta a los acuerdos adoptados entre los entes consorciados para aportaciones que el Consorcio requiera para su constitución y funcionamiento ordinario, que son las aportaciones reguladas en el señalado artículo 22. Cuando el Consorcio acuerde la creación de una determinada infraestructura, deberá definir cómo financia la parte que exceda del 33% aportado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, si lo hace con cargo a aportaciones de los entes consorciados o lo financia con los ingresos procedentes de la propia gestión. Ante la realidad de que cualquier compromiso económico de aportaciones al Consorcio, incluso la prevista en la Disposición Transitoria 2.ª para la Diputación Foral de Gipuzkoa, exige nuevo Convenio entre los entes consorciados, la conclusión es que no hay, a día de hoy, ninguna obligación asumida por ninguna entidad pública que exceda de su capacidad ni que se haya adoptado sin el adecuado análisis técnico-económico, lo cual resulta coherente si se considera que conforme prevé el cronograma establecido en el Convenio para la definición del futuro de la gestión de los residuos urbanos de Gipuzkoa, será el propio Consorcio el que deba realizar los estudios precisos para la definición de las infraestructuras, su coste económico, el de la prestación del servicio, etc., en definitiva, para la implantación de un servicio de gestión de residuos. CONSIDERACIONES RESPECTO A LOS PRINCIPIOS INFORMADORES Señalan también algunas alegaciones que los Estatutos del Consorcio se rigen por los principios de progresividad, de coordinación y colaboración y de cohesión territorial, y que no se siguen, por consiguiente, los aprobados por la Unión Europea, legislación estatal y autonómica, citando a este respecto los de gestión sostenible, jerarquía de principios de la Unión Europea y legislación estatal y autonómica, autosuficiencia, proximidad, transparencia en la información y los recogidos en el art. 73 de la ley 3/1998, de 27 de febrero.
En efecto, los estatutos del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, en su parte expositiva, mencionan los tres grupos de principios inspiradores que van a regir la vida de la citada entidad, pero no, evidentemente, desde el punto de vista de la gestión de los residuos, como corresponde al conjunto de principios enumerados en las alegaciones formuladas, sino desde la perspectiva organizativa ad intra de establecer cuáles van a ser las bases de actuación ante la incorporación de nuevas entidades públicas al Consorcio, relaciones entre los entes consorciados, etc. En definitiva, los principios recogidos son los que han posibilitado la concurrencia de las diversas administraciones competentes en la creación de un Consorcio, y no se refieren a los principios que legalmente se determinan para la gestión del servicio. Para ello, se encuentra el propio PIGRUG, que en su apartado 4, Los principios estratégicos del Plan Integral, tiene en cuenta de manera detallada y extensa las opciones, objetivos, estrategias, políticas y principios desarrollados, tanto por Naciones Unidas como por la Unión Europea, el Estado español, la Comunidad Autónoma del País Vasco y el resto de países industrializados con relación a la gestión de los residuos. Así, el Plan Integral basa sus acciones, propuestas de gestión e infraestructuras en once principios estratégicos, a saber: 1) Principio de Gestión Sostenible de los Residuos. 2) Principio de Jerarquía Comunitaria de gestión. 3) Principio de Gestión Integra. 4) Principio de Prevención de la generación de RU. 5) Principio de Maximización de la valoración de RU. 6) Principio de Minimización del vertido de RU. 7) Principio de Autosuficiencia. 8) Principio de Proximidad. 9) Principio de Subsidiariedad Administrativa y de Responsabilidad Compartida. 10) Principio de Transparencia de Precios. 11) Principio de Transparencia Informativa. En cualquier caso, huelga decir que ni el PIGRUG ni ningún Convenio o Estatutos contienen una relación exhaustiva ni limitativa de los principios que deben informar la gestión de los residuos urbanos, que vienen y vendrán determinados por la constante evolución de la legislación ambiental. No procede considerar, por consiguiente, que no se respetan los principios vigentes en materia de gestión de residuos por el mero hecho de que no figuran enumerados en los Estatutos del Consorcio, por no constituir materia estatutaria. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCION Señalan algunas alegaciones que la constitución de un Consorcio por una Mancomunidad precisa la autorización expresa de los municipios que la constituyen, sobre la base de que no se recoge en ningún artículo de los estatutos la capacidad de transferir las señaladas competencias. Sin embargo, los artículos 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 110 del Texto Refundido de Régimen Local, R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, mencionados por los propios alegantes, confirman la competencia de las mancomunidades, en su calidad de entes locales, para constituir consorcios, no imponiendo ningún requisito de previa autorización al mero hecho de su constitución, siempre y cuando se circunscriban a las competencias reconocidas en sus propios estatutos. Este criterio se confirma en la reciente Norma Foral 6/2007, de 10 de abril, reguladora de las entidades de ámbito supramunicipal del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en cuyo artículo 18 se reitera la posibilidad de las entidades locales, y en consecuencia, las mancomunidades, para constituir consorcios sin el requisito de la autorización previo de los municipios que los constituyen. Asimismo, en los apartados 2 y 3 de su artículo 20, se menciona específicamente la posibilidad de municipios y mancomunidades de atribuir a los consorcios determinadas facultades relacionadas con la fijación de precios y gestión y liquidación de tasas propias de los mismos. Ello supone atribuir una capacidad del Consorcio de intervención en cuestiones que se reservan a la competencia de los entes locales y que, por tanto, no pueden ser delegadas. ¿Cómo no admitir la posibilidad de que los entes locales deleguen otras facultades que sí están contempladas en la ley que pueden ser delegadas?. La mancomunidad parte del principio de la asociación voluntaria de los municipios que la conforman, que se agrupan para el ejercicio de sus competencias, por lo que todo Consorcio constituido por una mancomunidad exigiría, de seguir el criterio de los alegantes, previo acuerdo de cada municipio, o previsión estatutaria. Esto supone elevar el consentimiento previo del municipio a la categoría de requisito de constitución del Consorcio. Sin embargo, ni la legislación estatal ni la reciente Norma Foral anteriormente citad prevén tal requisito, por lo que no se puede exigir por vía indirecta lo que la ley expresamente no exige al regular el procedimiento de constitución del consorcio.
CONSIDERACIONES AL CONVENIO DE CONSTITUCION Se describen por algunos alegantes ciertas incorrecciones del Convenio de constitución, que afectan a las estipulaciones primera y tercera (a y c) en lo que se refiere al tratamiento de los municipios en su redacción, y a la cuarta en lo que afecta al sistema de elección de asambleístas. El tratamiento de los municipios en la redacción de las estipulaciones primera y sexta responde al principio que informa la constitución del Consorcio, que es el de considerar a las Mancomunidades como actores principales de la gestión. Ello es así en lo que se refiere a la gestión «en alta» de los residuos, que constituye el objeto del Consorcio. Más allá de este hecho, hay que considerar que la estructura orgánica de la asamblea del Consorcio haría inviable, sin una modificación de carácter general de los estatutos, la participación directa de un municipio no mancomunado en el mismo. Ello justifica que se requiera un acuerdo general de los entes constituyentes para permitir una intervención que supone una alteración de las reglas de juego del Consorcio. Por ello, resulta lógica y coherente la estipulación 6.ª, y no constituye ni menosprecio ni mucho menos un castigo a los municipios, sino que debe entenderse como una previsión necesaria para la pervivencia del Consorcio y para la igualdad de tratamiento de los entes consorciados. La estipulación 4.ª responde al acuerdo de las mancomunidades de concordar un criterio de elección de asambleístas compatible con el contenido de sus estatutos y coherente con la vocación de máxima participación y pluralidad de los órganos que componen el Consorcio. Por ello, se determina un sistema de formación de propuestas de asambleístas que, en cualquier caso, debe ser aprobado conforme al régimen de adopción de acuerdos que sea propio para cada mancomunidad, lo que no puede ser considerado como contrario a sus estatutos. CONSIDERACIONES A LOS ESTATUTOS Se han planteado diversas alegaciones y revisiones de oficio de la redacción de algunos artículos, que se recogen a continuación: a) Art. 3.º: Naturaleza jurídica. La Norma Foral 6/2007, de 10 de abril, reguladora de las entidades de ámbito supramunicipal del Territorio Histórico de Gipuzkoa, resuelve adecuadamente esta cuestión, recogiendo de manera expresa en su art. 19 el reconocimiento a los Consorcios de las potestades determinadas en el art. 3.º de los Estatutos. b) Art. 8.4.: El establecimiento de un sistema de coordinación no supone su imposición a los municipios sino la capacidad del Consorcio para entablar relación con otras entidades competentes en la gestión de residuos y acordar con ellas sistemas que permitan complementar sus actividades respectivas. c) Art. 14.1.: Se ha considerado adecuado mejorar la redacción de este apartado a efectos de clarificar que quienes ejercen la Presidencia y Vicepresidencia forman parte de la representación de las entidades consorciadas. d) Art. 14.2.: Se considera innecesario trasladar la cuestión referida a la periodicidad de la Asamblea a una Disposición Transitoria pues resulta irrelevante jurídicamente su ubicación. e) Art. 14.3. párr. 1.º: Se ha estimado necesario mejorar la redacción de este apartado sustituyendo el término «avisando» por «notificándolo». f) Art. 25: En la medida en que el control que ejerce el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no se identifica con el control financiero, se estima adecuado modificar el título del artículo, por el de Contabilidad y Fiscalización de Cuentas. Asimismo, es necesario sustituir la referencia a la Norma Foral 21/2003 por la del Decreto Foral 100/2004. g) Art. 30: El hecho de que se prevea la creación de comisiones de seguimiento y control resulta coherente con la participación de diversas administraciones en la gestión del servicio, y se ha contemplado pensando en que la necesaria participación en los instrumentos de coordinación que se acuerden del resto de administraciones debía tener una previsión estatutaria. Por ello, no es incompatible con la alegación en la medida en que cabe que las señaladas comisiones estén integradas por representantes de los ayuntamientos, pero no debe ser excluyente e impedir la integración en las mismas de representantes de otras administraciones. h) Art. 35: Se mejora la redacción recogiendo la referencia al trámite de información pública. i) Disposición Adicional Segunda: Sin perjuicio de que el art. 12.3 prevé un sistema de participación en la asamblea, cabe la posibilidad de que en el futuro se incorporen al Consorcio entidades que no necesariamente cuentan con naturaleza territorial, por lo que el sistema de su participación en la asamblea no podría corresponder al definido en el señalado art. 12.3., resultando adecuado mantener su actual redacción. j) Disposiciones Transitorias: Resulta irrelevante jurídicamente la ubicación de ciertas disposiciones en el cuerpo del articulado o en las presentes disposiciones, por lo que estimando adecuada su redacción se acuerda no modificarlas. k) Disposición Transitoria Sexta: Se considera preciso incluir una previsión para la convocatoria de la Asamblea Constituyente, ubicándolo como párrafo 2.º de la Disposición Transitoria Sexta. Carece de sentido,
sin embargo, negar la posibilidad de constituir el Consorcio por el hecho de que alguno de los entes consorciados no haya aprobado sus estatutos, considerando que debe aplicarse al presente supuesto un mínimo principio de economía reduciendo el efecto negativo de la desestimación o no aprobación por un ente consorciado de los estatutos a su ámbito particular, dando validez el acto constitutivo al resto de las entidades. l) Disposición Final Tercera: Se estima necesario corregir la referencia del apartado a) en cuanto al plazo de exposición al público, sustituyendo la referencia del mes a treinta días, conforme al procedimiento seguido en la aprobación inicial. En su virtud, este Consejo de Diputados, a propuesta del Diputado Foral para el Desarrollo Sostenible, ACUERDA Primero: Desestimar la solicitud de suspensión del procedimiento de aprobación del Convenio de Constitución y Estatutos del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. Segundo: A la vista de las alegaciones presentadas a los Estatutos del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, y del análisis que de oficio se ha realizado de los mismos, introducir las modificaciones que se recogen en el Anexo a este Acuerdo. Tercero: Aprobar definitivamente los Estatutos del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, de acuerdo con la redacción de los mismos contenida en el Anexo a este Acuerdo, así como los artículos 1, 4, 6 y 7 del Convenio de Colaboración para la constitución del citado Consorcio de 15 de marzo de 2007, en cuanto que se refieren a materia directamente relacionada con los Estatutos de referencia. Cuarto: Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa. Este Acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa. Los interesados podrán interponer directamente contra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Donostia-San Sebastián, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación. No obstante los particulares, con carácter previo, podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Diputados, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime pertinente». Donostia-San Sebastián, a 15 de mayo de 2007.—El secretario técnico, Juan José de Pedro Alonso. (5584) ANEXO ESTATUTOS DEL «CONSORCIO DE RESIDUOS DE GIPUZKOA» INDICE DE ARTICULOS CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.º Constitución Artículo 2.º Denominación y sede Artículo 3.º Naturaleza jurídica Artículo 4.º Ambito territorial de actuación Artículo 5.º Organización y funcionamiento Artículo 6.º Vigencia del Consorcio CAPITULO II. OBJETO Y REGIMEN JURIDICO Artículo 7.º Objeto del Consorcio Artículo 8.º Desarrollo del objeto Artículo 9.º Gestión de la actividad CAPITULO III. -ORGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO 17 Artículo 10.º Estructura orgánica SECCION I. De la Asamblea General Articulo 11.º Asamblea General Artículo 12.º -Designación de los miembros de la Asamblea General Artículo 13.º Renovación de la Asamblea General Artículo 14.º Sesiones de la Asamblea General
Artículo 15.º Facultades de la Asamblea General SECCION II. -DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA Artículo 16.º Presidencia del Consorcio Artículo 17.º Facultades de la Presidencia Artículo 18.º Vicepresidencia del Consorcio SECCION III. DE LA SECRETARIA Artículo 19. Secretaría CAPITULO IV. -REGIMEN ECONOMICO, TRIBUTARIO Y DE CONTRATACION SECCION I. Régimen Económico Artículo 20.º Normativa aplicable Artículo 21.º Recursos económico-financieros Artículo 22.º Financiación del Consorcio Artículo 23.º Patrimonio del Consorcio Artículo 24.º Aprobación del presupuesto Artículo 25.º Contabilidad y fiscalización de cuentas Artículo 26.º Liquidación con Entes Consorciados Artículo 27.º Liquidación del presupuesto SECCION II. Régimen Tributario Artículo 28.º Régimen de tarifas SECCION III. Régimen de Contratación Artículo 29.º Régimen de contratación CAPITULO V. COORDINACION INSTITUCIONAL Artículo 30.º Comisiones de seguimiento y coordinación CAPITULO VI. -AMPLIACION, SEPARACION Y DISOLUCION DEL CONSORCIO Artículo 31.º Ampliación del Consorcio Artículo 32.º Separación del Consorcio Artículo 33.º Disolución del Consorcio Artículo 34.º Procedimiento de disolución CAPITULO VII. MODIFICACION DE ESTATUTOS Artículo 35.º Modificación de Estatutos DISPOSICIONES ADICIONALES DISPOSICIONES TRANSITORIAS DISPOSICIONES FINALES ESTATUTOS DEL «CONSORCIO DE RESIDUOS DE GIPUZKOA» Las mancomunidades, relacionadas en los presentes Estatutos, junto con la Diputación Foral de Gipuzkoa, han decidido la creación del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y la puesta en práctica de las determinaciones del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa, aprobado para el período 2002-2016, a fin de lograr la mejora en la citada gestión de los Residuos Urbanos (R.U.). Las actividades del Consorcio se regirán por los siguientes principios inspiradores: El principio de progresividad que se articula como la posibilidad de incorporación al Ente Público, de entidades públicas que persigan fines coincidentes con el objeto social de aquél. El principio de coordinación y colaboración, entendido como un sistema participativo por el que se establece la óptima gestión de los Residuos Urbanos, con el máximo respeto hacía el ejercicio de las competencias de las entidades involucradas, ejerciendo un papel proactivo y facilitador de soluciones entre las mismas. El principio de cohesión territorial, entendido como la síntesis de los más elementales principios de equidad y solidaridad que perseguirá unos niveles de prestación de servicios equivalentes para todo el territorio, con una racionalización eficiente, en términos de sostenibilidad, de los recursos y su implantación territorial.
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.º Constitución. 1. Las entidades que se relacionan a continuación acuerdan, de forma voluntaria, junto con la Diputación Foral de Gipuzkoa, la constitución de un ente público de gestión de residuos urbanos en alta de Gipuzkoa: — Mancomunidad Municipal de San Marcos. — Mancomunidad Comarcal de Debabarrena. — Mancomunidad Sasieta. — Mancomunidad de Debagoiena. — Mancomunidad de Tolosaldea. — Mancomunidad Urola-Kosta. — Mancomunidad Urola-Erdia. 2. Asimismo, de conformidad con el procedimiento previsto en los presentes Estatutos, podrán adherirse otras entidades siempre que persigan fines de interés público concurrentes con el objeto del Consorcio. Artículo 2.º Denominación y sede. El ente así constituido pasará a denominarse «Consorcio de Residuos de Gipuzkoa» y tendrá su sede en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). El cambio de sede será aprobado por la Asamblea General, sin necesidad de modificar los presentes Estatutos. Artículo 3.º Naturaleza jurídica. 1. El Ente Público para la Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa tendrá la naturaleza de Consorcio, disponiendo de personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones vigentes y en los presentes Estatutos. 2. El Consorcio dispondrá de las siguientes potestades para el ejercicio de sus funciones: a) La potestad reglamentaria y de auto-organización. b) La potestad financiera y tributaria, en los términos establecidos en la legislación vigente. c) La potestad de programación o planificación, incluyendo la propuesta territorial de ubicación de infraestructuras, sin perjuicio de la planificación urbanística existente. d) La potestad de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. e) La presunción de legitimidad y ejecutividad en sus actos. f) La potestad de ejecución forzosa y sancionadora. g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. h) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las Leyes; las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma conforme a la legislación vigente y demás facultades que se deriven de su carácter de entidad local. 3. El Consorcio podrá ser beneficiario de expedientes de expropiación tramitados por Entidades de carácter territorial. En estos casos, el importe de las indemnizaciones que haya que satisfacer a los expropiados será sufragado por el Consorcio. Artículo 4.º Ambito territorial de actuación. El Consorcio ejercerá su actividad en el territorio de las mancomunidades consorciadas, si bien podrá excepcionalmente actuar en municipios de territorios adyacentes. Artículo 5.º Organización y funcionamiento. La organización, funcionamiento y régimen jurídico del Consorcio se ajustará a lo previsto en los presentes Estatutos y, supletoriamente, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en las Disposiciones de la Comunidad Autónoma y el Territorio Histórico de Gipuzkoa que desarrollen la anterior, en las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las entidades locales, y en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y otras disposiciones sectoriales que regulen la materia. Artículo 6.º Vigencia del Consorcio.
El plazo de duración y vigencia del Consorcio será indefinido sin perjuicio de su disolución por las causas y el procedimiento establecido en los presentes Estatutos. CAPITULO II. OBJETO Y REGIMEN JURIDICO Artículo 7.º Objeto del Consorcio. 1. Constituye el objeto primordial del Consorcio, dentro de su ámbito territorial, la realización de la gestión en alta entendiendo por tal el conjunto de actividades para la creación y explotación de las infraestructuras previstas en el PIGRUG 2002-2016 que pueden dar servicio a más de un ente consorciado, y que comprende, entre otras las actuaciones siguientes: — El diseño, construcción y gestión de la Planta de Incineración con Recuperación Energética para la llamada fracción «resto», es decir, de aquellos residuos que no hayan podido ser evitados, reciclados o compostados, incluidas cuantas instalaciones. directamente asociadas a la actividad de dicha Planta se consideren necesarias: Planta de embalado de basura para su almacenamiento temporal en periodos de parada, planta de maduración-estabilización de escorias, planta de acondicionamiento-inertización de cenizas volantes, planta de pretratamiento de los R.U. previo a su incineración, etc. — La ubicación, diseño, construcción y explotación de las plantas de compostaje que resulten precisas para la materia orgánica biodegradable recogida selectivamente, proveniente tanto del ámbito doméstico como del de los grandes generadores. — La ubicación, diseño, construcción y/o gestión de las estaciones de transferencia de residuos urbanos que resulten precisas en el ámbito de aquellas mancomunidades que se encuentren alejadas de las plantas de tratamiento final (incineración y compostaje), en todos aquellos procesos relacionados con la gestión en «alta» de los residuos, sin perjuicio de lo determinado en la disposición adicional tercera. — El transporte propiamente dicho de los R.U. desde las estaciones de transferencia a las plantas de tratamiento final (incineración y compostaje) o, en su caso, a vertedero. — El tratamiento de los residuos y rechazos derivados de los procesos de incineración (escorias, cenizas volantes,) o de compostaje. 2. El diseño y construcción de la Planta de Incineración con Recuperación Energética y de las plantas de compostaje deberá respetar los planteamientos básicos determinados en el Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, y las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Tolosaldea, Urola-Erdia y Urola-Kosta para la definición del futuro de la gestión de los residuos urbanos de Gipuzkoa. 3. El Consorcio, cuando así lo acuerde, podrá extender su actuación a los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria de los entes consorciados que así lo soliciten. 4. El Consorcio, cuando así lo acuerde, podrá suscribir Convenios de Colaboración con otras Administraciones o sociedades que gestionen residuos urbanos sobre las competencias encomendadas al Consorcio a fin de lograr las mejores sinergias en su ejercicio. 5. El Consorcio, cumplidos los requisitos determinados en las estipulaciones sexta y séptima del convenio de Colaboración para la Constitución del Convenio de Residuos de Gipuzkoa, y cuando así lo acuerde, podrá suscribir Convenios de Colaboración con los entes consorciados que así lo soliciten, para asistirles en el ejercicio de las competencias de gestión de R.U., siempre que la Asamblea General lo acuerde con la mayoría prevenida en el artículo 15. Estos Convenios también se podrán suscribir directamente con los Municipios, respetando en cualquier caso el límite prevenido la estipulación sexta del Convenio de Colaboración para la Constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, por lo que la celebración de Convenios de Colaboración entre el Consorcio y los Municipios requerirá la aprobación de la Mancomunidad de la que formen parte, o la unanimidad de los Entes Consorciados si el Municipio no estuviera integrado en ninguna Mancomunidad. Se garantizará por el Consorcio que los Convenios de Colaboración para la prestación de servicios de gestión de R.U. repercutan exclusivamente a la entidad a la que el Consorcio asista, todos los costos directos e indirectos derivados de la asistencia, así como el derecho de todos los entes consorciados a conveniar tal asistencia en los mismos términos que los previstos para cualquiera de ellos, respetándose el principio de igualdad entre los mismos. En particular, si como consecuencia de los señalados Convenios de Colaboración se trasladaran al Consorcio estructuras de gestión de los entes consorciados, se respetarán los principios determinados en la estipulación séptima del Convenio de Constitución del Consorcio. 6. El Consorcio, en cualquier caso, podrá realizar campañas de sensibilización y concienciación relacionadas con los servicios prestados. Asimismo, el Consorcio, cuando así lo acuerde, también podrá realizar Campañas Generales de sensibilización y concienciación relacionadas con los residuos urbanos, siempre que los entes consorciados así lo soliciten.
7. El Consorcio, en cualquier caso, dispondrá de los productos y subproductos derivados de la gestión de los residuos, inclusive de la energía producida y cuando lo estime oportuno podrá realizar actividades de comercialización de los mismos. Artículo 8.º Desarrollo del objeto. El objeto del Consorcio se desarrollará a través de: 1. La obtención de financiación para la realización de inversiones para la correcta gestión de las actividades encomendadas al Consorcio. 2. La creación en el seno del Consorcio, en su caso, de cualesquiera infraestructuras en alta relacionadas con el objeto de prestar el servicio con la mayor eficacia posible a los ciudadanos. 3. La determinación y gestión de cobro de las tarifas que se establezcan por la prestación o realización de actividades, y que supongan la repercusión del costo de los servicios prestados a los usuarios de los mismos. 4. El establecimiento de un sistema de coordinación de los diversos entes y actividades de gestión con relación a los residuos urbanos. 5. La realización de estudios que determinen la necesidad de introducir nuevas infraestructuras para las actividades encomendadas al Consorcio. 6. La ejecución de cuantas actividades sean precisas para el cumplimiento de sus fines. Artículo 9.º Gestión de la actividad. La gestión en la prestación de servicios por parte del Consorcio se realizará de acuerdo a alguna de las formas de gestión de los servicios públicos locales que establece la Ley de Bases de Régimen Local. CAPITULO III. ORGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO Artículo 10.º Estructura orgánica. El Consorcio estará compuesto por los siguientes órganos de gobierno: — Asamblea General. — Presidencia y Vicepresidencia. SECCION I. De la Asamblea General
Artículo 11.º Asamblea General. 1. Es el órgano supremo de gobierno y al mismo le corresponden las facultades de adopción de acuerdos y decisiones de mayor trascendencia. 2. En la Asamblea estarán representadas las mancomunidades y la Diputación Foral de Gipuzkoa y, en su caso, el resto de entes consorciados. 3. La representación en la Asamblea, con voto ponderado, de los entes locales que formen parte del Consorcio se calculará, dentro del porcentaje total que corresponde a los mismos, conforme al número de habitantes de cada uno con respecto al número de habitantes total de los entes consorciados, que se calculará de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, teniendo en cuenta la representación inicial prevista en el artículo 12.3 de los presentes Estatutos. 4. La Diputación Foral de Gipuzkoa estará representada en todo caso con el porcentaje establecido en el artículo 12.3 de los presentes Estatutos y le corresponderá en los órganos en los que forme parte un número de votos igual a dicho porcentaje. Artículo 12.º Designación de los miembros de la Asamblea General. 1. La Asamblea se integra por los representantes de los entes que formen parte del Consorcio. Para cada miembro designado se elegirá un suplente que pudiera suplir la vacante de su titular. La sustitución sólo alcanzará a las funciones genéricas de miembros del órgano colegiado, no a las específicas de Presidente, Vicepresidente o cualquiera otra que pudiera concurrir en el sustituido. 2. Cada ente consorciado designará tres representantes garantizando la máxima pluralidad de representación en la Asamblea. 3. La representación de las entidades consorciadas recaerá en las tres personas designadas por los entes consorciados, correspondiendo inicialmente a cada entidad un número de votos de acuerdo a la siguiente escala:
ENTITATE KONTSORTZIOKIDEAK
Entitatearen ordezkaritza (%)
Ordezkariei esleitutako boto kopurua 1 zk. 2 zk. 3 zk.
Gipuzkoako Foru Aldundia San Markoseko udal mankomunitatea Debabarrenako eskualde mankomunitatea Sasietako mankomunitatea Debagoienako mankomunitatea Tolosaldeako mankomunitatea Urola Kostako mankomunitatea Urola Erdiko mankomunitatea GUZTIRA ENTIDADES CONSORCIADAS
11.0 10.6 2.6 2.3 2.3 2.0 1.3 1.0
8 2.8 7 2.4 7 2.4 6 2.0 4 1.4 3 1.0 100 Representación de la entidad (%) Diputación Foral de Gipuzkoa 33 Mancomunidad Municipal de San Marcos 32 Mancomunidad Comarcal de Debabarrena 8 Mancomunidad Sasieta 7 Mancomunidad de Debagoiena 7 Mancomunidad de Tolosaldea 6 Mancomunidad Urola-Kosta 4 Mancomunidad Urola-Erdia 3 TOTAL 100
Votos atribuidos a los representantes nº 1 nº 2 nº 3 11.0 11.0 11.0 10.8 10.6 10.6 2.8 2.6 2.6 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.0 2.0 2.0 1.4 1.3 1.3 1.0 1.0 1.0
4. A cada uno de los tres representantes de los entes consorciados le corresponderá un porcentaje de voto equivalente a la tercera parte del voto ponderado que se atribuya al ente al que representa. Cuando el resultado de dividir entre tres el porcentaje de voto ponderado atribuido a un determinado ente consorciado no sea un número entero, se tomará el número entero y el primer decimal, por lo que el voto ponderado de cada representante tendrá finalmente un único decimal. La diferencia decimal de porcentaje de voto existente entre la así atribuida a los representantes y la correspondiente a la entidad consorciada, se atribuirá a aquel de los representantes que así lo hubiera decidido el ente consorciado. 5. Cada vez que deban de constituirse los órganos de los entes consorciados como consecuencia de la renovación de las Corporaciones Locales, se actualizará el porcentaje de representación asignado a cada Mancomunidad. Dicho porcentaje no tendrá ningún decimal. 6. Cuando los representantes de las entidades locales cesen en sus cargos debido al término de sus mandatos, éstos mantendrán su puesto en el Consorcio hasta que los entes consorciados procedan a la designación de sus nuevos representantes. Artículo 13.º Renovación de la Asamblea General. Una vez renovadas las entidades consorciadas por la celebración de las elecciones locales, aquéllas deberán proceder en el plazo de treinta días a la designación de sus representantes en la Asamblea General del Consorcio. Mientras tanto, y en caso de que no se designen los nuevos representantes, continuarán como miembros de la Asamblea General los representantes cesantes de las entidades que forman el Consorcio. Artículo 14.º Sesiones de la Asamblea General. 1. La Asamblea General estará constituida por la representación de las entidades consorciadas, de la que forman parte las personas que ejerzan las funciones de Presidencia y Vicepresidencia. También formará parte de la Asamblea el Secretario o Secretaria del Consorcio, con voz pero sin voto. El personal técnico que se estime conveniente podrá asistir a las sesiones, con voz pero sin voto. 2. La Asamblea General se reunirá previa convocatoria. El Presidente deberá convocar la asamblea con carácter ordinario con una periodicidad mensual el primer año desde la constitución del Consorcio, y trimestralmente en los años posteriores. La convocatoria se efectuará con una antelación no inferior a cinco días hábiles. 3. De forma extraordinaria, la persona que ejerza la Presidencia podrá convocar cuantas sesiones de la Asamblea General estime oportuno, notificándolo con una antelación de quince días. La persona que ejerza la Presidencia, también convocará la Asamblea, cuando lo soliciten, previa aprobación de los órganos de gobierno respectivos, dos de los entes consorciados, debiendo en este caso
incluir en el orden del día aquellos puntos que le fueren solicitados por los entes consorciados que soliciten la celebración de la asamblea. La Presidencia podrá decidir en este caso diferir la celebración de la Asamblea hasta que proceda la siguiente Asamblea Ordinaria, debiendo incluir en el orden del día de esta los puntos solicitados por los dos entes consorciados. 4. Se convocarán sesiones extraordinarias de carácter urgente por quien ejerza la Presidencia de la Asamblea General cuando la urgencia del asunto lo exija, debiendo realizarse la convocatoria con una antelación mínima de tres días hábiles. En este caso deberá incluirse como primer asunto del Orden del día el pronunciamiento de la Asamblea General sobre la urgencia. Si ésta no fuera apreciada por dicho órgano se levantará acto seguido la sesión, sin que pueda adoptarse acuerdo alguno. Asimismo, se podrá celebrar sesión cuando estando presentes todos los miembros de la Asamblea así se decida por unanimidad de los mismos. 5. En todo caso, el anuncio de la convocatoria deberá indicar la fecha de la reunión, el lugar, hora y todos los asuntos que vayan a tratarse. No podrán adoptarse acuerdos sobre asuntos que no aparezcan expresamente consignados en el orden del día, salvo supuestos de urgencia apreciada previamente por el órgano con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros. 6. Para la válida celebración de las sesiones de la Asamblea se exigirá, en primera convocatoria, la mitad más uno de los miembros de la Asamblea que además supongan la mitad más de uno de sus votos y en segunda convocatoria la mitad más uno de sus votos, cualquiera que sea el número de miembros siempre que al menos asistan tres miembros. Además será preceptiva la asistencia del Presidente o Vicepresidente y del Secretario/a o sustituto legal. 7. Las sesiones y acuerdos adoptados por la Asamblea serán recogidos en un acta redactada por el Secretario o Secretaria. Las actas una vez aprobadas serán firmadas por quien ejerza la Presidencia y el Secretario o Secretaria y se transcribirán al Libro de Actas correspondiente. Artículo 15.º Facultades de la Asamblea General. La Asamblea General dispondrá de las siguientes facultades: a) Admisión de los entes consorciados, fijando el número de votos de cada ente consorciado, así como separación de los mismos en los casos previstos en el artículo 32.2. b) Modificación de los Estatutos y cambio de sede social. c) Disolución del Consorcio por los motivos expuestos en el artículo 33.º d) La aprobación de las formas de gestión de los servicios. e) Aprobación de los reglamentos o normativa interna que se establezcan como norma del Consorcio, y en su caso la constitución, composición y el reglamento de régimen interno de las comisiones de seguimiento y coordinación previstas en el art. 30. f) Aprobación del Presupuesto, sus bases de ejecución y la Cuenta General, así como las actividades de enajenación y adquisición de patrimonio por parte del ente consorcial. g) Aprobación de las reglas que determinen el régimen de aportaciones de los entes consorciados. En cualquier caso, las aportaciones de los entes consorciados deberán ser proporcionales al porcentaje de su representación en la asamblea, salvo lo dispuesto en la disposición transitoria segunda. h) Contratación de las operaciones de crédito. i) Nombramiento y cese de las personas que ejerzan la Presidencia y Vicepresidencia del Consorcio. j) Establecimiento del régimen de tarifas aplicable a cada tipo de servicio prestado. k) Aprobación de acuerdos o convenios de colaboración con otras Administraciones o sociedades que gestionen residuos urbanos previstos en los artículos 7.4 y 7.5 de los presentes Estatutos con el límite prevenido en las estipulaciones sexta y séptima del Convenio de Colaboración para la constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. l) Creación de las comisiones que estime necesarias para el eficaz funcionamiento del Consorcio. m) Aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo. n) Contratación de obras, servicios y suministros para la mejor gestión de la actividad, cuando dicha contratación suponga un desembolso superior a 30.000 € en el caso de contratación de servicios y suministros, 60.000 € en el caso de contratos de consultoría y asistencia y 120.000 € en el caso de obras. o) La aceptación de la transferencia de infraestructuras por parte de las Mancomunidades al Consorcio, para la gestión y tratamiento de Residuos Urbanos, en los términos establecidos en la Disposición Transitoria Cuarta y en la Disposición Adicional Tercera. p) Aprobación de la cuenta de liquidación en caso de separación de uno los miembros del Consorcio. q) Acordar el ejercicio las acciones judiciales y administrativas pertinentes para la defensa de los intereses del Consorcio.
r) Aquellas otras atribuciones que en los Municipios corresponda al Ayuntamiento Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. s) Las demás que expresamente le confieren las Leyes al Pleno de los Ayuntamientos. Los acuerdos de la Asamblea se adoptarán, por regla general, por mayoría simple de los votos de los miembros presentes, excepto en los acuerdos relativos a los puntos a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) y p) para cuya aprobación se requerirá mayoría absoluta de los votos de los miembros con derecho a voto. En estos supuestos, con excepción del prevenido en el punto f), se requerirá además el voto favorable de la mayoría absoluta de los Entes consorciados, considerándose a estos efectos que cada Ente consorciado dispone de un voto, computándose éste en función del que hayan ejercido la mayoría de sus tres representantes. Si el cómputo de votos de los representantes de un ente consorciado presentara un empate, se estimará voto de la Mancomunidad como abstención. Las mayorías prevenidas en este artículo se incrementarán exigiendo unanimidad de los entes consorciados si superan condiciones determinadas en las estipulaciones segunda, sexta y séptima del Convenio de Colaboración para la Constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. SECCION II. De la Presidencia y Vicepresidencia
Artículo 16.º Presidencia del Consorcio. 1. La persona que ejerza la Presidencia del Consorcio, que la ejercerá también respecto de la Asamblea General, será elegida de entre los representantes de las entidades consorciadas representadas en la Asamblea General. 2. Para la elección de la persona que ejerza la Presidencia se exigirá preceptivamente la mayoría determinada en el art. 15.2. 3. Para el cese en el ejercicio de la Presidencia se requerirá la mayoría preceptiva para su nombramiento. 4. La Presidencia cesará en el momento en que se celebre la primera asamblea ordinaria tras las elecciones municipales en la que participen los nuevos representantes designados por los entes consorciados y se designe la nueva Presidencia entre los representantes. Artículo 17.º Facultades de la Presidencia. Son facultades de la Presidencia: 1. Ejercer la máxima representación, tanto interna como externa, del Consorcio. 2. Convocar, presidir, suspender y levantar, así como dirigir las deliberaciones y dirimir los empates con su voto de calidad de las sesiones de la Asamblea General. 3. Publicar y ejecutar las decisiones adoptadas en la Asamblea General. 4. Acordar el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas pertinentes para la defensa de los intereses del Consorcio en materias de su competencia, y en caso de urgencia, en materias competencia de la Asamblea. 5. Aprobación de las bases de contratación de personal y el nombramiento de personal. Artículo 18.º Vicepresidencia del Consorcio. 1. Ejercerá las funciones de Vicepresidencia la persona designada con la mayoría que determina preceptivamente el art. 15.2. 2. Quien ejerza las funciones de Vicepresidencia sustituirá a la persona que ejerza la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad, y en todas las ocasiones en que ésta última delegue en aquélla su actividad. 3. El cese en el ejercicio de la Vicepresidencia deberá aprobarse por la mayoría requerida para su nombramiento, designándose en la misma sesión su sustituto. 4. La Vicepresidencia cesará en el momento en que se celebre la primera asamblea ordinaria tras las elecciones municipales en la que participen los nuevos representantes designados por los entes consorciados, en la que se proceda a la elección de una nueva Vicepresidencia entre los representantes. 5. Los cargos de Presidente y Vicepresidente no podrán recaer en representantes de un mismo ente consorciado. Si estuvieran vacantes simultáneamente ambos cargos, ejercerá de Presidente interinamente el miembro de la Asamblea General de más edad y de Vicepresidente el siguiente en edad manteniendo la excepción anterior. SECCION III. De la Secretaría
Artículo 19. Secretaría. Actuará de Secretario o Secretaria del Consorcio un funcionario o funcionaria con habilitación de carácter
nacional, a quien le corresponderán las siguientes facultades: a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto. b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Asamblea por orden de la Presidencia, así como las citaciones a los miembros del mismo. c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con la Asamblea y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. f) Asesoramiento legal preceptivo. g) Cuantas otras facultades sean inherentes a la función de Secretaría. CAPITULO IV. REGIMEN ECONOMICO, TRIBUTARIO Y DE CONTRATACION SECCION I. Régimen Económico
Artículo 20.º Normativa aplicable. La Hacienda del Consorcio estará constituida, en el marco de lo establecido en la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa y disposiciones que la desarrollen, por los recursos previstos en los presentes Estatutos. Artículo 21.º Recursos económico-financieros. Los recursos económico-financieros del Consorcio serán los siguientes: 1. El patrimonio del Consorcio. 2. Las aportaciones de los entes consorciados, que pueden ser patrimoniales o dinerarias. 3. Los ingresos procedentes de subvenciones que recibiera del Estado, Comunidad Autónoma o de cualquier otro ente público o privado. 4. Las operaciones de crédito que puedan realizarse con las entidades financieras correspondientes. 5. Los ingresos procedentes de la prestación de los servicios de gestión de los residuos urbanos objeto del Consorcio. 6. Los ingresos procedentes de las determinaciones fijadas en los Convenios de Colaboración a que se refieren los artículos 7-4.º, 7-5.º y 15.k) de los presentes Estatutos. 7. Los que se deriven de la comercialización de productos y subproductos derivados de la gestión de los residuos, inclusive de la energía producida. 8. Las aportaciones necesarias que se podrán exigir a los entes consorciados para cubrir los gastos que no hayan podido ser cubiertos mediante otros mecanismos de financiación. 9. Cualquier otro que pudiera serle atribuido. Artículo 22.º Financiación del Consorcio. Las aportaciones necesarias para la constitución y el funcionamiento del Consorcio serán abonadas por los entes consorciados en proporción al porcentaje de representación en la Asamblea General que resulta del sistema de voto ponderado que establece el art. 11.3., con la única excepción del compromiso que se recoge en la Disposición Transitoria Segunda, párrafo segundo, de los presentes Estatutos. Artículo 23.º Patrimonio del Consorcio. 1. Constituyen el patrimonio del Consorcio tanto los bienes adquiridos por parte del ente a lo largo de su vida como todos los bienes aportados por las entidades consorciadas. 2. Los bienes de titularidad del Consorcio podrán ser bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Los bienes que dejen de estar afectos al servicio público pasarán a ser patrimoniales. 3. Lo regulado en este artículo quedará sujeto a las prescripciones establecidas en la normativa reguladora de Bienes de las Corporaciones Locales. Artículo 24.º Aprobación del presupuesto. El presupuesto se aprobará anualmente por la Asamblea General, en los plazos y con los requisitos establecidos en la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Artículo 25.º Contabilidad y fiscalización de cuentas. 1. El Consorcio contabilizará, formará y rendirá sus cuentas conforme a los principios y normas de
contabilidad pública, previstas en el Decreto Foral 100/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la estructura presupuestaria y el Plan General de Contabilidad Pública de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 2. La fiscalización externa de las Cuentas del Consorcio le corresponderá al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Artículo 26.º Liquidación con Entes Consorciados. Periódicamente se realizará entre el Consorcio y los entes consorciados, la regularización económica de acuerdo a los servicios que cada uno preste. Artículo 27.º Liquidación del presupuesto. Los eventuales saldos positivos que presente el resultado del ejercicio se dedicarán exclusivamente a la financiación de la actividad y a la mejora de los servicios prestados por el Consorcio. En cualquier caso, el objetivo de las tarifas debe ser ajustar el importe de las mismas al costo real de la gestión. SECCION II. Régimen Tributario
Artículo 28.º Régimen de tarifas. 1. El Consorcio establecerá anualmente las tarifas correspondientes a los diferentes servicios prestados, y se encargará de su gestión, liquidación y cobro. 2. Para cada tipo de servicio se establecerá una tarifa homogénea e igualitaria para todos los entes consorciados. No obstante, en función del grado de sostenibilidad empleado en la gestión de los residuos por parte de cada entidad local consorciada, podrán incorporarse criterios de discriminación tarifaria. 3. Las tarifas se calcularán de modo que los ingresos cubran los gastos, inclusive los derivados de la creación de nuevas infraestructuras para la prestación de servicios por parte del Consorcio. Se estimará como costo de la infraestructura el resultante de reducir del mismo el importe de las aportaciones que en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda haga la Diputación Foral de Gipuzkoa. SECCION III. Régimen de Contratación
Artículo 29.º Régimen de contratación. Los contratos celebrados por el Consorcio se regirán por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás normativa vigente en la materia. CAPITULO V. COORDINACION INSTITUCIONAL Artículo 30.º Comisiones de Seguimiento y Coordinación. Si la asamblea lo estimara procedente, se constituirán Comisiones para la coordinación, seguimiento y control de las actividades del Consorcio y los entes consorciados. Se aprobará por la Asamblea su constitución, composición, así como el Reglamento de Régimen Interno que regulará el funcionamiento de las mismas. CAPITULO VI. AMPLIACION, SEPARACION Y DISOLUCION DEL CONSORCIO Artículo 31.º Ampliación del Consorcio. De conformidad con el principio de progresividad al que se hace referencia en la parte expositiva de estos estatutos, para posibles incorporaciones futuras de entidades el procedimiento de ampliación será el siguiente: 1. Será necesario el acuerdo previo de la entidad interesada, según su régimen de adopción de acuerdos, para solicitar la incorporación al Consorcio. 2. El Consorcio, a través de la Asamblea General, dará curso a la solicitud y establecerá la viabilidad o no de la incorporación al Consorcio de dicha entidad, señalando en aquel caso las condiciones de incorporación. 3. En este último caso y una vez notificado el acuerdo, la entidad interesada deberá acordar la aprobación de los Estatutos del Consorcio, designar su representación en el ente consorcial y determinar en su caso, los bienes que aportará al Consorcio. 4. Formalizado este trámite, la Asamblea General del Consorcio aprobará con la mayoría prevista en el art. 15, la incorporación del nuevo miembro al Consorcio, e iniciará el proceso de modificación de Estatutos.
Artículo 32.º Separación del Consorcio. 1. Para que una entidad consorciada deje de formar parte voluntariamente del Consorcio, bastará con que el ente consorciado adopte válidamente la decisión y la comunique al Consorcio. Tras la comunicación se estimará separada a la entidad consorciada del Consorcio, y se procederá a liquidar las relaciones económicas entre ambas entidades con arreglo al siguiente procedimiento: a) Se regularizará la situación económica entre el Consorcio y el ente consorciado. b) El ente consorciado abonará los gastos que se originen con motivo de la separación, así como la parte del pasivo contraído por el Consocio de su cargo. c) Se requerirá la aprobación de la cuenta de liquidación por mayoría absoluta de miembros de la Asamblea General. 2. Adicionalmente, por incumplimiento grave de las normas estatutarias o leyes vigentes y cuando así lo estime la Asamblea General con la mayoría prevista en el artículo 15, podrá acordar la separación forzosa de un determinado miembro del Consorcio, previa tramitación de las siguientes actuaciones: La Presidencia requerirá mediante escrito motivado al ente incumplidor para que alegue lo que estime conveniente en su defensa o, en su caso, asuma el compromiso que hubiera dado lugar al incumplimiento, con advertencia expresa de que de no hacerlo así en el plazo que al efecto se señale se procederá a la suspensión provisional de su condición de miembro del Consorcio, como paso previo a su separación definitiva. 3. Por último, será causa de separación forzosa la disolución de cualquiera de los entes consorciados, así como una modificación estatutaria en la entidad consorciada que suponga la incompatibilidad del objeto del Consorcio con las competencias de la misma. 4. La separación de los miembros del Consorcio se realizará teniendo en cuenta el respeto a las competencias atribuidas al mismo. En todo caso, la separación de un municipio de la respectiva mancomunidad, no alterará la situación de la mancomunidad en la que aquél estaba integrado. La separación de uno de los entes consorciales implicará la pérdida por parte del mismo de todos los derechos con respecto a las inversiones e infraestructuras que se hayan realizado por parte del Consorcio. Artículo 33.º Disolución del Consorcio. Las causas de disolución del Consorcio serán los siguientes: 1. Por imposibilidad del cumplimiento de los fines establecidos. 2. Por disposición legal o por concurrir circunstancias contrarias al interés público. 3. Cuando lo determine la Asamblea General con la mayoría prevenida en el artículo 15. Artículo 34.º Procedimiento de disolución. El procedimiento de disolución se producirá de la siguiente manera: 1. La Asamblea General, en el plazo de 30 días a contar desde la adopción del acuerdo de disolución, nombrará una Comisión liquidadora compuesta por la persona que ejerza la Presidencia y tres vocales. 2. La Comisión Liquidadora, en plazo no superior a tres meses, efectuará un inventario de los bienes y derechos del Consorcio, señalando sus recursos, cargas y débitos, y hará una enumeración de su personal. 3. Realizado el inventario, la Comisión liquidadora propondrá a la Asamblea General la distribución e integración de los bienes, derechos y débitos, incluidos los de carácter laboral de su personal, entre las entidades consorciadas. A tal efecto, la Comisión determinará un calendario de actuaciones. 4. La propuesta de liquidación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Asamblea General. CAPITULO VII. MODIFICACION DE ESTATUTOS Artículo 35.º Modificación de Estatutos. 1. Los Estatutos del Consorcio podrán ser modificados a petición de la persona que ejerza la Presidencia, o, al menos, de una tercera parte de los miembros de la Asamblea General. 2. Una vez adoptada la iniciativa señalada en el apartado anterior y constituida la Asamblea General convocada en sesión extraordinaria, se procederá a la aprobación de un proyecto de modificación de Estatutos con base a las propuestas formuladas, y teniendo en consideración los informes que hubiera sido preceptivo solicitar, que será sometido a la aprobación de los entes consorciados. 3. Una vez aprobado el proyecto de Estatutos tras el correspondiente trámite de información pública por todos los entes consorciados, se someterá a la aprobación definitiva de la Asamblea del Consorcio para su aprobación, que requerirá la mayoría prevista en el art. 15. 4. El acuerdo de modificación de Estatutos será publicado en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y en
el Boletín Oficial del País Vasco. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera: El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, iniciará su actividad con los entes que se incorporen en el acto constitutivo, sin perjuicio de que pueda ir ampliando su ámbito territorial conforme se vayan incorporando nuevos miembros. La incorporación de cualquier miembro al ente consorcial llevará implícita la aceptación de los presentes Estatutos y de las determinaciones prevenidas en el Convenio de Colaboración para la constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa que han suscrito la Diputación Foral de Gipuzkoa y las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Tolosaldea, Urola-Erdia y UrolaKosta. Segunda: Para el caso de la posible incorporación de nuevas entidades al Consorcio, y sin que sea necesaria la correspondiente modificación de Estatutos, cada Administración representada, tendrá en la Asamblea General tres representantes con el porcentaje de voto que la misma determine. La citada Administración designará suplentes para la ausencia de cada titular. Tercera: En caso de que determinadas infraestructuras de gestión de residuos, como puede ocurrir con las estaciones de transferencia, sirvan simultáneamente a la prestación de servicios de gestión en «alta» y en «baja», se promoverá la celebración de un Convenio de Colaboración entre la entidad titular de la infraestructura y la usuaria, en forma tal que se garantice el respeto recíproco a las competencias respectivas, la independencia de gestión que a cada una corresponde, y la suficiente disponibilidad de la infraestructura para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, sin perjuicio de que la titularidad dominical sea del Consorcio o de la entidad que, en su caso, preste servicios de gestión en «baja». Cuarta: El Consorcio aprobará un Reglamento de Régimen Interior que comprenda los fines indicados en el art. 7 de los presentes Estatutos, así como una Ordenanza Reguladora de los servicios de transferencia, tratamiento y eliminación en alta de residuos urbanos. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera: El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa constituido entre los entes que hayan concurrido al acto constitutivo, actuarán conforme al siguiente régimen transitorio: 1. La integración de nuevos miembros en el Consorcio no determinará la necesidad de modificación de los cargos relativos a la Presidencia y Vicepresidencia del Consorcio. Por el contrario, la Asamblea General irá ampliándose en la medida en que se incorporen nuevos miembros. 2. Las reglas que determinen el régimen de aportaciones se establecerán por acuerdo de la Asamblea, compuesta por los miembros integrantes del Consorcio, de forma que aquellos que se incorporen al Consorcio con posterioridad, también deberán someterse a dichas obligaciones. 3. En cualquier caso, las aportaciones de los entes consorciados deberán ser proporcionales al porcentaje de su representación en la Asamblea, salvo lo dispuesto en la disposición transitoria segunda. 4. Los presupuestos y tarifas aplicables a cada tipo de servicio prestado, aprobados para un determinado ejercicio se mantendrán vigentes, con independencia de la incorporación de nuevos miembros en el ente consorcial y las aportaciones a las que den lugar estos miembros. Segunda: Las aportaciones, dinerarias o no, realizadas a lo largo de la vida del Consorcio por cada uno de los miembros pasarán a ser titularidad del Consorcio, de forma que la separación de cualquier miembro no implicará la devolución de las aportaciones realizadas. En particular, el régimen de aportaciones que apruebe la Asamblea deberá respetar los criterios determinados en el Convenio de Colaboración para la constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa que han suscrito la Diputación Foral de Gipuzkoa y las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Tolosaldea, Urola-Erdia y Urola-Kosta, que determina que la Diputación Foral de Gipuzkoa se compromete a participar económicamente en la construcción de la planta incineradora, de las plantas de compostaje, de las estaciones de transferencia, así como en otras infraestructuras en alta contempladas en el PIGRUG, en una cuantía equivalente a su porcentaje de representación en votos en los órganos de gobierno del Consorcio sin perjuicio de otros recursos económico-financieros complementarios que puedan preverse en sus estatutos. Tercera: Las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Tolosaldea, UrolaErdia y Urola-Kosta, adaptarán, en coordinación con el Consorcio, la prestación de sus servicios de gestión en alta de Residuos Urbanos, mediante la elaboración de un Plan Técnico de Integración suscrito entre el Consorcio y cada Mancomunidad. Cuarta: La transferencia de infraestructuras para la gestión y tratamiento de Residuos Urbanos por las Mancomunidades al Consorcio requerirá del previo acuerdo entre los dos entes, que en el caso del Consorcio será aprobado con la mayoría prevista en el art.15, y que contendrá como mínimo los siguientes elementos: a) Un Informe Técnico y Económico de la situación de la infraestructura, de su disponibilidad, de las eventuales limitaciones de uso derivadas de circunstancias técnicas, administrativas o jurídicas, una valoración económica actualizada de los bienes a transferir, etc. b) Un Plan Técnico de Integración para la distribución de las actividades entre la Mancomunidad y el
Consorcio. c) El compromiso de dar de baja las infraestructuras aportadas en el inventario de la entidad aportante y de darlas de alta en el inventario del Consorcio de Residuos Urbanos de Gipuzkoa. De la eventual transferencia de infraestructuras quedarán expresamente excluidos los vertederos de residuos urbanos ubicados en Gipuzkoa cuya fecha definitiva de cierre tendrá lugar el 16 de julio de 2009, momento en el cual cesará definitivamente cualquier actividad de vertido, procediendo inmediatamente las mancomunidades responsables de su gestión a su clausura definitiva y mantenimiento post-clausura durante al menos 30 años con arreglo al Fondo y otros requisitos exigidos en el R.D. 1.481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. En particular, cuando la transferencia de infraestructuras afecte a las estaciones de transferencia se garantizará la igualdad de tratamiento para todas las Mancomunidades, reconociéndose el derecho de aquéllas que hubiesen sufragado con sus propios recursos la construcción de las mismas a la recuperación de las cantidades destinadas a tal fin. La cesión de cualquier infraestructura se realizará sin que ello conlleve transferencia de personal o de responsabilidades derivadas de relaciones laborales no constituidas por el Consorcio. Se requerirá acuerdo expreso y escrito para que se entienda trasladada al Consorcio cualquier responsabilidad laboral de personal que hubiera sido dependiente de las entidades cedentes de las infraestructuras. Quinta: No obstante lo dispuesto en el art. 7 sobre la definición de gestión en «alta», las Mancomunidades de Sasieta, Urola-Erdia y Urola-Kosta conservarán sus competencias exclusivas para la gestión de los vertederos de Sasieta, Lapatx y Urteta en los términos establecidos en el Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, y las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Tolosaldea, Urola-Erdia y Urola-Kosta para la definición del futuro de la gestión de los residuos urbanos de Gipuzkoa. Asimismo, todas las Mancomunidades conservarán sus competencias para el transporte en alta de los residuos a los vertederos de Sasieta, Lapatx y Urteta. Sexta: Tras la firma del Convenio de Constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, se constituirá una comisión de las prevenidas en el art. 15.1-l), que estará Presidida por el Presidente del Consorcio, e integrada además por el Vicepresidente del Consorcio, por todos los Presidentes de las Mancomunidades que lo integran y en su caso por el Diputado para el Desarrollo Sostenible. El objeto de la Comisión será asistir al Presidente en la toma de decisiones hasta tanto se creen estructuras de gestión del Consorcio. La duración de la Comisión será de un año, prorrogable por decisión de la mayoría absoluta de la Asamblea conforme previene el art. 15.1-l de los Estatutos. El Diputado Foral para el Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa convocará la Asamblea Constituyente del Consorcio en un plazo de un mes a contar desde la aprobación definitiva de sus Estatutos por todas las entidades consorciadas. La convocatoria reunirá los requisitos determinados en los artículos 14.2 y 14.5, exigiéndose para su celebración las mayorías previstas en el art. 14.6. DISPOSICIONES FINALES Primera: Para todo lo no previsto en estos Estatutos y para la interpretación de las normas que contienen, se estará a lo dispuesto en la legislación de Régimen Local, así como en las normas, forales, autonómicas, estatales y europeas relacionadas con la materia objeto del Consorcio. Segunda: Expresamente se dispone que las modificaciones estatutarias que superen o modifiquen las condiciones de constitución determinadas en el Convenio de Colaboración para la Constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa que le da origen en las materias reguladas en sus estipulaciones segunda, sexta y séptima, requerirá acuerdo unánime de todos los entes consorciados aprobado por sus respectivas Asambleas o Juntas con las mayorías prevenidas en la Ley. Tercera: Para la efectiva creación del Consorcio se estará a lo dispuesto en los siguientes apartados: a) Aprobados inicialmente por todos los entes consorciados los presentes Estatutos, serán expuestos al público por un período de treinta días. b) Concluida la exposición al público sin reclamaciones se entenderá que los estatutos están automáticamente aprobados. En caso contrario, se adoptarán los oportunos acuerdos respecto de las alegaciones o impugnaciones presentadas y la aprobación definitiva de los estatutos. c) Los entes que hayan aprobado definitivamente los estatutos, tácita o expresamente, procederán en un acto único a la constitución del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa. d) En dicha sesión constitutiva se procederá al nombramiento de la Presidencia y Vicepresidencia. e) El acuerdo de constitución se publicará en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y en el Boletín Oficial del País Vasco, y junto con los estatutos se inscribirá en el Registro Foral de Entidades Locales de Gipuzkoa.
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