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Timestamp: 2020-04-08 06:22:25+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 99-1, de 23/06/2014
cve: BOCG-10-A-99-1
121/000099 Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y se establece una tasa para determinados procedimientos de adquisición de la nacionalidad española.
Se denomina "sefardíes" a los judíos que vivieron en la Península Ibérica y en particular a sus descendientes, aquéllos que tras el Edicto de 1492 que compelía a la conversión forzosa o a la expulsión tomaron esta drástica vía. Tal denominación procede de la voz "Sefarad", palabra con la que se conoce a España en lengua hebrea tanto clásica como contemporánea. En verdad la presencia judía en tierras ibéricas era firme y milenaria, palpable aún en vestigios de verbo y de piedra. Sin embargo y por imperativo de la historia los judíos volvieron a emprender los caminos de la diáspora, agregándose o fundando comunidades nuevas principalmente en el norte de África, en los Balcanes y en el Imperio Otomano.
Los hijos de Sefarad mantuvieron un caudal de nostalgia inmune al devenir de las leguas y de las generaciones. Como soporte de esa nostalgia conservaron el ladino o la haketía, español primigenio enriquecido con los préstamos de los idiomas de acogida. En el español de sus ancestros remedaban los rezos y las recetas, los juegos y los romances. Mantuvieron los usos, respetaron los nombres que tantas veces invocaban la horma de su origen, y aceptaron sin rencor el silencio de la España mecida en el olvido.
La memoria y fidelidad de estos "españoles sin patria", como se conoce también a los Sefardíes, ha permanecido a lo largo de los tiempos en una numerosa comunidad que mereció el honor de recibir su reconocimiento con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1990. Fue una decisión animada por el deseo de contribuir, después de cinco siglos de alejamiento, al proceso de concordia ya iniciado, que convoca a las comunidades sefardíes al reencuentro con sus orígenes, abriéndose para siempre las puertas de su antigua patria. El otorgamiento de este premio había sido precedido pocos años antes por un acontecimiento histórico: la primera visita de un Rey de España a una sinagoga. Fue el 1 de octubre de 1987 en el templo sefardí Tifereth Israel de Los Ángeles, California.
Históricamente, la nacionalidad española también la adquirieron los sefardíes en circunstancias excepcionales. Ejemplo de ello fue el Real Decreto de 20 de diciembre de 1924, en cuya exposición de motivos se alude a los "antiguos protegidos españoles o descendientes de éstos, y en general individuos pertenecientes a familias de origen español que en alguna ocasión han sido inscritas en registros españoles
y estos elementos hispanos, con sentimientos arraigados de amor a España, por desconocimiento de la ley y por otras causas ajenas a su voluntad de ser españoles, no han logrado obtener nuestra nacionalidad". Se abría así un proceso de naturalización que permitía a los sefardíes obtener la nacionalidad española dentro de un plazo que se prolongó hasta 1930. Apenas tres mil sefardíes ejercitaron ese derecho. Sin embargo, después de finalizado el plazo, muchos recibieron la protección de los Cónsules de España incluso sin haber obtenido propiamente la nacionalidad española.
El Real Decreto de 20 de diciembre de 1924 tuvo una utilidad inesperada en la que probablemente no pensaron sus redactores: fue el marco jurídico que permitió a las legaciones diplomáticas españolas, durante la Segunda Guerra Mundial, dar protección consular a aquellos sefardíes que habían obtenido la nacionalidad española al amparo de ese Decreto. El espíritu humanitario de estos diplomáticos amplió la protección consular a los sefardíes no naturalizados y, en último término, a muchos otros judíos. Es el caso, entre otros, de Ángel Sanz Briz en Budapest, de Sebastián de Romero Radigales en Atenas, de Bernardo Rolland de Miotta en París, de Julio Palencia en Sofía, de José Rojas en Bucarest, de Javier Martínez de Bedoya en Lisboa, o de Eduardo Propper de Callejón en Burdeos. Miles de judíos escaparon así del Holocausto y pudieron rehacer sus vidas.
Es necesario proceder también, como complemento de lo anterior, a la reforma del artículo 23 del Código Civil para evitar que al adquirir la nacionalidad española deban renunciar a su anterior nacionalidad, puesto que los sefardíes son los únicos a los que, concediéndoseles la nacionalidad con tan solo dos años de residencia, como consecuencia de esa especial relación con España, se les obligaba a aquella renuncia, como se desprende la actual letra b) del artículo 23 en relación con los apartados primeros de los artículos 22 y 24 del Código Civil.
La norma se estructura en dos artículos, cuatro disposiciones adicionales, una transitoria y cinco finales. Especial importancia tiene la disposición final segunda en la que se crea una tasa para hacer frente al procedimiento regulado en esta ley y para los procedimientos de obtención de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza o dispensa. La complejidad de estos procedimientos hace imprescindible la existencia de una tasa que sirva como vía de financiación parcial de los gastos que la Administración General del Estado realiza para su correcta tramitación. Son numerosos los organismos e instituciones que intervienen en su desenvolvimiento, así como numerosos los datos que deben ser recabados para el desarrollo y finalización de aquellos, lo que determina unos costes ciertamente imputables a quien obtiene un beneficio directo de la actuación administrativa, teniendo perfecta cabida en la definición conceptual que de tasa se realiza en el artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. Por otra parte, esta tasa no es ajena a lo que ocurre en la mayoría de los países de
nuestro entorno, Reino Unido, Alemania o Países Bajos entre otros, en los que desde hace tiempo la tramitación de expedientes similares las devenga. En todo caso las previstas son sustancialmente más reducidas que las de la mayoría de aquellos países en los que ya existen, teniendo en cuenta que estos procedimientos implican a los Registros civiles y a los servicios centrales de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
1. A los efectos previstos en el artículo 21.1 del Código Civil, en cuanto a las circunstancias excepcionales que exige para adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza, se entiende que tales circunstancias concurren en los ciudadanos extranjeros sefardíes originarios de España que prueben dicha condición y una especial vinculación con España, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país.
2. Presentada la solicitud, la Dirección General de los Registros y del Notariado comunicará dicha circunstancia al Consejo General del Notariado. El interesado, a través de dicho Consejo y en la forma que
éste determine, concertará día y hora para la comparecencia ante notario competente para actuar en la localidad designada por el solicitante.
El notario remitirá a la Dirección General de los Registros y del Notariado copia electrónica del acta en el formato estandarizado, y cumplimentados los campos codificados, que se determinarán por Orden del Ministro de Justicia.
1. Las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española reguladas en la presente ley habrán de ser resueltas en el plazo máximo de dieciocho meses desde que hubiera tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado el acta de notoriedad prevista en el artículo 2.3.
Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 1.6, cuando se acrediten circunstancias excepcionales o razones humanitarias, los sefardíes que cumplan con los requisitos de la presente ley y acogiéndose a su procedimiento, podrán solicitar la obtención de la nacionalidad española, cuyo otorgamiento corresponderá al Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Justicia.
2. El ejercicio de la opción deberá realizarse a través de la plataforma electrónica establecida en la disposición adicional tercera durante el plazo señalado en el artículo 1.6 y estará sujeto al pago de la tasa regulada en la disposición final segunda. Realizada la opción, la tramitación del correspondiente expediente de nacionalidad por carta de naturaleza, ya incoado, continuará su tramitación con arreglo a las previsiones sustantivas y procedimentales contenidas en esta ley, si bien el interesado, personalmente o por medio de persona autorizada, podrá solicitar de la Dirección General de los Registros y del Notariado el desglose de los documentos aportados en su momento al expediente para incorporarlos ahora al acta de notoriedad. Todas las solicitudes, incluidas las de opción, serán tramitadas por el orden de recepción de los documentos e informes exigidos.
Disposición final segunda. Tasa por tramitación de los procedimientos para la obtención de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza o dispensa y por los sefardíes que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la iniciación del procedimiento para obtener la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza o dispensa, así como por el procedimiento regulado en la presente ley.
2. Es sujeto pasivo de la tasa el solicitante de la nacionalidad española, aun en el caso de que la solicitud hubiera sido instada por otra persona en su nombre.
3. El devengo de la tasa se produce con la presentación de la solicitud, con independencia del resultado del procedimiento.
4. La cuantía será de 75 euros. El obligado tributario autoliquidará la tasa en la forma establecida en el apartado siguiente.
5. La gestión de la tasa corresponderá al Ministerio de Justicia que regulará cómo ha de efectuarse el pago de la misma a través de la plataforma electrónica regulada en la disposición adicional tercera.
La presente ley se dicta al amparo del artículo 149.1.2.ª de la Constitución Española en lo relativo a "nacionalidad", excepto el artículo 2.5 que se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución en lo relativo a "ordenación de los registros e instrumentos públicos" y la disposición final primera que se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución en lo relativo a "legislación civil".

References: artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 149
 artículo 2
 artículo 149
 artículo 149