Source: https://www.v2c.es/es/analisis-medidas-covid-19/
Timestamp: 2020-05-27 16:26:09+00:00

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Análisis medidas COVID-19 – ESTUDIO JURÍDICO V2C
A la vista de las nuevas medidas que ha adoptado el gobierno de España después de la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, desde nuestro despacho os queremos informar de las diferentes medidas que se han adoptado con la aprobación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 caso de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente también al impacto económico y social del COVID-19.
A. EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE)
El ERTE será posiblemente la vía más utilizada por las empresas en los próximos días. Se trata de realizar suspensión de contratos temporales y/o reducción de jornadas por causas de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que finalizan una vez concluyen las circunstancias que provocan el ERTE.
En virtud de las medidas tomadas por el Gobierno para frenar el impacto de la epidemia, ambas vías ofrecen la posibilidad a los trabajadores de percibir la prestación por desempleo aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para acceder a la prestación en condiciones normales, y sin computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo, es decir, no se consume el paro acumulado. Además, este periodo será considerado periodo cotizado para los trabajadores a todos los efectos, y finalizará cuando concluya la suspensión.
La suspensión del contrato implica el cese en las obligaciones propias de la relación laboral por parte de empresario y trabajador, es decir, no existe prestación de servicio ni abono del salario, pero sí se mantiene la antigüedad y demás conceptos percibir el trabajador/a la prestación por desempleo proporcionalmente a las horas en las que vea reducida su jornada.
Será considerada causa de fuerza mayor, y por tanto motivo habilitante para proceder a la suspensión de los contratos, las pérdidas de actividad derivadas de las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la epidemia que comprendan cierre de actividades o servicios, que afecten a la movilidad de las personas o al contagio de la plantilla, así como la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria.
No obstante, es obligatorio comunicar el ERTE a la Autoridad Laboral competente, quien en última instancia declarará si la justificación en la cual se basa la medida adoptada se constituye como causa de fuerza mayor o no. Es decir, corresponde a la Autoridad Laboral determinar si existe causa de fuerza mayor o no.
La gran diferencia entre encauzar la suspensión por causa de fuerza mayor, y hacerlo por causas económicas técnicas u organizativas reside en que las suspensiones de contratos y/o reducciones de jornada por causa de fuerza mayor de las empresas que cuenten con menos de 50 trabajadores quedan exoneradas de la cuota empresarial de cotización a la Seguridad Social. Por su parte las que a 29 de febrero de 2020 tuvieran 50 o más trabajadores tendrán que abonar únicamente el 25% de la cuota empresarial de cotización a la Seguridad Social. Por el contrario, las suspensiones basadas en causas económicas técnicas u organizativas no quedan exoneradas de la cotización.
Este es uno de los motivos por el que es de suma importancia el criterio de la Autoridad Laboral a la hora de verificar causa de fuerza mayor.
B. ALTERNATIVAS AL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE)
Por su parte, debemos indicar que existen otras alternativas al ERTE como podrían ser:
Estudiar la opción del teletrabajo en el caso de que sea posible. En esta modalidad el trabajador realiza el trabajo a distancia manteniendo las mismas condiciones laborales (salario, jornada, horario, etc.) que tenía el trabajador cuando trabajaba en el centro de trabajo.
Acudir a la negociación con los trabajadores para un posible periodo de disfrute de vacaciones, suspensión del contrato de mutuo acuerdo, reducción de jornada por petición del trabajador/a, etc.
Nota: Hay que tener en cuenta que el Real Decreto de medidas extraordinarias establece que se debe garantizar todos aquellos trabajadores que se encuentren afectados por el ERTE, una vez readmitidos, no podrán ser despedidos en un período de 6 meses. Asimismo, debemos tener en cuenta que en el caso de decidir acudir a un ERTE por causas objetivas, el mismo seguramente no se llevaría al efecto hasta pasados unos 20 días aproximadamente, y en este periodo de tiempo los trabajadores seguirían devengando el salario hasta que se llegara a un acuerdo con la representación de los trabajadores.
C. CESE ACTIVIDAD AUTÓNOMOS.
Por otro lado, los Autónomos cuyas actividades queden suspendidas a causa de los efectos del COVID 19, y/o que su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
Si su actividad no se encuentra directamente suspendida por el Real Decreto que declaró el Estado de Alarma, deben acreditar la reducción de facturación del 75% referenciada anteriormente.
La cuantía de la prestación será del 70% de la base reguladora y tendrá una duración de un mes, como máximo, o cuando finalice el estado de alarma.
D. OTROS APARTADOS DE INTERÉS
Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto de los Trabajadores, cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo, con la reducción proporcional de su salario. Salvo por las peculiaridades que se exponen a continuación, esta reducción especial se regirá por lo establecido en los artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto de los Trabajadores, así como por el resto de normas que atribuyen garantías, beneficios, o especificaciones de cualquier naturaleza a las personas que acceden a los derechos establecidos en estos preceptos.
A. SUSPENSIÓN DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS
B. AMPLIACIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020.
Ampliación hasta el 30 de abril de determinados plazos abiertos con anterioridad al 18 de marzo de 2020 y que no estaban concluidos a esa fecha.
C. AMPLIACIÓN HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020
Ampliación hasta el 20 de mayo o, si fuera posterior, hasta la fecha otorgada por la norma general, de determinados plazos que se inicien a partir del 18 de marzo de 2020.
En este sentido, se amplían los mismos plazos que los establecidos en el punto B anterior.
D. INICIO EL 1 DE MAYO DE 2020 DEL PLAZO PARA INTERPONER RECURSOS O RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS.
E. EXENCIÓN DE LA CUOTA GRADUAL DE ITPYAJD.
Exención de la cuota gradual de ITPyAJD documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentos del ITPyAJD las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios realizados al amparo del Real Decreto-ley.
F. SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE CADUCIDAD DE LOS ASIENTOS REGISTRALES.
Los plazos se reanudarán a la finalización del Real Decreto de declaración del estado de alarma.
G. APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE DETERMINADAS DEUDAS TRIBUTARIAS.
En el ámbito tributario, el Real Decreto-ley 8/2020 publica también una medida mediante la cual se permite solicitar, hasta el 30 de mayo, el aplazamiento en el pago de determinadas deudas tributarias con un límite de 30.000 euros y por un plazo de 6 meses (con una carencia de intereses en los 3 primeros), permitiendo extraordinariamente el aplazamiento respecto de las retenciones practicadas de IRPF, cuotas de IVA y el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, que hasta ahora eran inaplazables; esta medida queda limitada únicamente a pymes y autónomos, con un volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros.
H. PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES TRIBUTARIAS.
Por último, comentar que, lo más destacable e importante de lo dispuesto en el Real Decreto en materia fiscal es que no se interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, por lo que los plazos seguirán siendo los mismos que hasta ahora. En el supuesto de querer más información, no duden en ponerse en contacto con nosotros.
A. POSIBILIDAD DE CELEBRAR LAS SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA.
B. POSIBILIDAD DE ADOPCIÓN DE ACUERDO MEDIANTE VOTACIÓN POR ESCRITO Y SIN SESIÓN.
Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas.
Serán de aplicación a todos, no sólo a las sociedades mercantiles, los supuestos especiales recogidos en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que, en todo caso, las personas con facultad de certificar dejarán constancia en acta de los acuerdos adoptados, expresando el nombre de los socios o, en su caso, de los administradores, y el sistema seguido para formar la voluntad del órgano social de que se trate, con indicación del voto emitido por cada uno de ellos. En este caso, se considerará que los acuerdos han sido adoptados en el lugar del domicilio social y en la fecha de recepción del último de los votos emitidos.
Igualmente, si se tratare de acuerdos del órgano de administración adoptados por escrito y sin sesión, se expresará, además, que ningún miembro del mismo se ha opuesto a este procedimiento.
C. SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA FORMULAR CUENTAS ANUALES Y AMPLIACIÓN HASTA LOS SIGUIENTES 3 MESES POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA.
Si bien el plazo habitual era de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formularse de las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades, éste ha quedado suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.
D. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS (EN CASO DE SER OBLIGATORIA) HASTA LOS 2 MESES POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA.
E. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DEL EJERCICO ANTERIOR HASTA 3 MESES DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA.
F. CONVOCATORIAS REALIZADAS ANTES DEL ESTADO DE ALARMA
Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma, pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado».
G. ASISTENCIA NOTARIAL A DISTANCIA A JUNTAS GENERALES DE SOCIOS.
H. SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS.
I. REINTEGRO DE APORTACIONES A SOCIOS COOPERATIVOS EN BAJA.
J. CAUSA LEGAL O ESTATUTARIA DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
K. PLAZO DEL DEBER DE SOLICITUD DE CONCURSO.
L. SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS
El consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182, 189 y 521 de la Ley de Sociedades de Capital, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional, aunque estos extremos no estén previstos en los estatutos sociales. Si la convocatoria ya se hubiese publicado a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, se podrá prever cualquiera de estos supuestos en un anuncio complementario que habrá de publicarse al menos cinco días naturales antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta.
M. LIMITACIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS A DETERMINADOS SECTORES.
Desde la declaración del estado de alarma y en adelante, ha quedado modificada la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior a fin de evitar la toma de control de empresas y sectores relevantes para la economía española por parte de inversores extranjeros.
A los efectos de esta suspensión, se consideran inversiones extranjeras directas en España, las realizadas por residentes en países fuera de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio, cuando el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de la sociedad española, o bien, si con la operación realizada se participe de forma efectiva en la gestión o control de dicha sociedad.
Los sectores incluidos en esta suspensión son:
Infraestructuras críticas, físicas o virtuales (energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, defensa, electoral, financiera, instalaciones sensibles), incluidos los terrenos e inmuebles necesarios para dichas actividades.
Tecnologías críticas y productos de doble uso del art. 2.1 Reglamento UE 428/2009, incluyendo inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales, defensa, almacenamiento de energía, cuántica, nuclear, nanotecnología y biotecnología.
Suministro de insumos fundamentales y en particular, referidos a: energía, hidrocarburos, materias primas y seguridad alimentaria.
Sectores con acceso a información sensible y, en particular, datos personales.
Además de la suspensión por sectores, según lo visto arriba, también quedan suspendidas las inversiones extranjeras directas en los siguientes casos:
Si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno y organismos públicos o fuerzas armadas de terceros países.
Si el inversor extranjero ha invertido o participado en actividades de sectores que afecten la seguridad, orden público y/o salud pública en otro estado miembro (especialmente en los sectores referidos antes).
Si se ha abierto procedimiento administrativo o judicial contra el inversor extranjero en otro Estado.
Además de estas limitaciones, siguen las ya aplicables conforme al art. 7 de la Ley 18/2003, con un alcance limitado, en tanto España tenía ya un régimen de inversión extranjera muy abierto.
Cualquiera de estas inversiones suspendidas podrá realizarse previa autorización administrativa. En caso contrario, no puede realizarse.
Esta suspensión tiene una vigencia indefinida, hasta que por Acuerdo del Consejo de Ministros se determine su levantamiento. En tanto la recuperación de las empresas tardará más tiempo que el de vigencia del estado de alarma, esta suspensión y su duración deberá delimitarse a la vista de la evolución del mercado.
Con la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, se ha suspendido el cómputo de plazos administrativos, procesales, de prescripción y caducidad.
La disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020 establece que se suspenden los términos e interrumpen los plazos procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. Por ello, en estos días no se darán trámite a la presentación de demandas o cualquier otro escrito procesal que no encuentren en las excepciones que a continuación se especificarán. El cómputo se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Esta suspensión de plazos no se aplicará a los siguientes supuestos, tasados expresamente por el Real Decreto:
En concreto, se detallan las recomendaciones de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, ante las normas derivadas del Real Decreto 463/2020 que declara el estado de alarma y la creciente preocupación de la población derivadas de la extensión del coronavirus, uno de los efectos suscitados con creciente interés es el cumplimiento de las resoluciones judiciales en materia de custodia, visitas y estancias derivadas de las separaciones, divorcios y relaciones paternofiliales.
Los progenitores deben actuar, sobre todo, siguiendo las normas sanitarias, el sentido común, aplicando responsabilidad en sus decisiones, y siempre buscando el mejor interés del menor.
Comprendido el cuidado de menores en las excepciones de movilidad (art. 7 e) en el decreto de alarma, deben cumplirse las resoluciones judiciales o los acuerdos adoptados siempre que no se ponga al/la menor en situación de riesgo.
Se alienta y sería altamente deseable que los progenitores lleguen a los necesarios acuerdos en beneficio de los hijos/as, pudiendo cambiar las estancias establecidas en las resoluciones judiciales, teniendo en cuenta que la situación es de emergencia nacional. Recomendamos que dichos acuerdos se plasmen por escrito o entre abogados y abogadas.
Acordar las modificaciones de estancia con cada progenitor va a permitir también descansar al otro y aliviar la rutina de los menores, pero siempre deberá hacerse con constancia por escrito por cualquier medio posible, y garantizándose por cada progenitor el cumplimiento estricto de todas las normas sanitarias y confinamiento en el domicilio, así como la inexistencia de posibilidad de contagio o cuarentena en el entorno.
Si no se consigue el acuerdo entre los progenitores, y la custodia está establecida judicialmente de forma monoparental, la recomendación es que sea el progenitor custodio quien mantenga la guarda del/de la menor evitando traslados de los menores y riesgos de contagio.
Apelamos desde esta Sección de Familia a llamar a los padres a la sensatez, al sentido común y a la generosidad, y distinguir entre incumplimientos voluntarios -aprovechando la emergencia nacional con incumplimientos necesarios, evitando ampararse en la situación de emergencia para retener a los/las menores y/o limitar la relación con el otro progenitor.
Recordar que, en caso de síntomas de enfermedad, hay que ponerse en contacto con el teléfono de emergencias de coronavirus habilitado por la CAM (900102112) o por la Comunidad que corresponda, no acudir a emergencias salvo casos graves, y se debe avisar de inmediato al otro progenitor pues es materia de patria potestad, teniendo ambos progenitores el derecho a estar con el/la menor, sin perjuicio de las normas que reciban de los facultativos que deberán ser acatadas. Si hubiera otros hijos, de nuevo se llama a la sensatez de los padres para repartirse las responsabilidades con los menores.
La imposibilidad de garantizar el confinamiento adecuado para la salud de los hijos e hijas o de los convivientes (viviendas o habitaciones compartidas, convivencia con personas de riesgo, etc..), debe llevar al progenitor que las sufra a renunciar voluntariamente y de forma temporal a la custodia de los menores mientras dure esta situación. Igualmente, aquellos progenitores que por motivos laborales se encuentren en contacto con personas con riesgo de contagio, como el personal sanitario, deberá anteponer el interés de los/las menores y la salud pública a la custodia de los menores mientras dure esta situación de alarma.
Asimismo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy día 20 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria que corresponde al juez la decisión sobre la suspensión, alteración o modulación del régimen de custodia, visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia cuando lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, afecte directa o indirectamente a la forma y medio con arreglo a los cuales se llevan a la práctica las medidas acordadas.
El juez será quien decida en cada caso sobre la modificación del régimen de custodia y visitas, según el CGPJ.
La información contemplada en el presente documento es la vigente a día de hoy. Dada la naturaleza del presente documento y su finalidad, V2C no garantiza que la información contenida en el presente documento pueda variar en el tiempo como consecuencia de la aprobación de nuevas normas o la modificación de las existentes.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 37
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 100
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto