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Timestamp: 2017-04-29 23:18:43+00:00

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capturavidas: julio 2011
Bibliotecas Tribunal de Apelaciones aceptó la figura de desaparición forzada en el caso Calcagno. La condena reafirmada por el Tribunal de Apelaciones es la del coronel retirado Carlos Calcagno, por la desaparición forzada, en 1977, de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, dictada en agosto de 2010 por la jueza Mariana Mota y a pedido de la fiscal Mirtha Guianze. Se trata de la primera vez que este organismo reconoce esta tipificación y lo hizo con una mayoría de dos en uno. Para justificar la figura de desaparición forzada, Apelaciones cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman. En base a los alegatos de este fallo afirma que "el delito subsiste como un 'todo indivisible' más allá de la fecha en que se produjo la muerte, producida en el marco de una desaparición forzada". Por esta sentencia, Mota fue cuestionada públicamente por varios abogados, entre ellos el ex presidente Jorge Batlle, el ex vice Gonzalo Aguirre y el defensor de los militares Miguel Langón. También criticaron la sentencia afirmando que “la vieja máxima de que nadie puede estar obligado a suministrar pruebas contra sí mismo” es “obsoleta y profundamente injusta”. Calcagno se encuentra recluido en la prisión de Domingo Arena desde antes de su procesamiento, a la espera de que el juez Rolando Vomero se pronunciara sobre un pedido de extradición presentado por Paraguay en 2005 y cursado en ese país por el juez Gustavo Santander. No obstante, Vomero no deberá pronunciarse porque el militar ya está sentenciado y también porque en Paraguay se lo indaga por el mismo tipo de delito. Específicamente, se indaga su actuación en la ejecución del Plan Cóndor, en particular por la desaparición forzada de Federico Tatter, un militante opositor al régimen del general Alfredo Stroessner. El pronunciamiento de Apelaciones llega un día después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazara por segunda vez y en un expediente diferente la figura de desaparición forzada. Por esa razón, es de suponer que cuando el expediente llegue al máximo órgano del Poder Judicial se expida en el mismo sentido. Por mayoría, la SCJ entiende que el delito de desaparición forzada se incorporó a la legislatura nacional en 2006. Por otra parte, la confirmación de la condena de Mota llega el mismo día en que la jueza compareció ante el tribunal penal de tercer turno por las denuncias realizadas en su contra por parte de militares indagados y testigos en la causa que investiga la muerte de ﻿bagésner Chaves Sosa en 1976. Las tres demandas presentadas estuvieron motivadas por la presunta participación de Mota en la última Marcha del Silencio, lo cual fue publicado por el semanario Búsqueda. Los denunciantes entienden que eso viola el principio de imparcialidad y que por lo tanto debe apartársela de las causas vinculadas al pasado reciente. El abogado de Mota, Antonio Rammauro, explicó a la diaria tras su comparecencia, que se abre un plazo de diez días para que la fiscal del caso Chaves Sosa, Ana María Tellechea, dé su opinión sobre la situación de Mota. Luego de esto, el tribunal de tercer turno tiene quince días para pronunciarse; puede entender que no hay motivo que justifique las denuncias o resolver que Mota debe retirarse de las causas. Lourdes Rodríguez
Breccia: "El perdón es una materia que debemos" "Este es un país que tiene todavía que trabajar mucho en materia de perdón. Es una materia que debemos", reconoció el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, al referirse al tema de los derechos humanos. Entrevistado por el programa Quién es quién, Breccia señaló que la "única forma" de comenzar a cerrar heridas del pasado es "trabajar sobre el tema del perdón" en la sociedad, pero admitió que esa "es un tarea muy difícil". El secretario de Presidencia dijo que en más de una oportunidad les manifestó a las distintas organizaciones de familiares de desaparecidos en dictadura que está "absolutamente seguro" que hay una "inmensa mayoría de gente" - sobre todo la "más carenciada, de menores recursos"- que "nos diría que ese tema (de los derechos humanos) ya les dejó de interesar" y que preferiría que los dirigentes políticos "nos aboquemos enteramente a solucionar sus problemas", otros asuntos más "urgentes", entre los cuales mencionó los de vivienda, salud, educación y la crianza de sus hijos. "Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es un convencimiento personal que tengo y lo digo", enfatizó, aunque insistió que es consciente de que no es una tarea fácil para los uruguayos dejar atrás ciertos asuntos del pasado. "No podemos convencer de esta posición a quienes siguen buscando justicia", reflexionó. Sin embargo, para Breccia el punto final al tema se logrará únicamente con el perdón. Consultado sobre la iniciativa que el presidente José Mujica había manejado al asumir el gobierno de liberar a exrepresores de la dictadura porque no quería que "los viejos mueran en la cárcel", Breccia enfatizó que acompañaría esa idea si fuera un medio para alcanzar la solución. Pero además de generar una "brutal polémica" en el seno del Frente Amplio ya fue descartada porque "no sirve" para el fin buscado. "No fue funcional", reconoció Breccia. De todas formas aclaró que en su opinión "la muerte o no en prisión es un hecho anecdótico" en este asunto. "Cuando estén todos en prisión, nos van a pedir que no estén más en Domingo Arena, que vayan al penal de Libertad, a pasar en condiciones de prisión graves, o serias, rigurosas, y cuando estén en el Penal de Libertad no va a alcanzar, porque nos van a decir y por qué salen al recreo (...) No va a haber paz. Estoy convencido de que no va a haber paz. Entonces tenemos que trabajar mucho sobre el perdón. Pedírselo a gente que ha perdido hijos es una tarea difícil. Para mí es la única forma", recalcó. El propio Breccia recordó que él, por su entorno familiar, ha sido afectado directamente por situaciones que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, y sin embargo siente que ha perdonado. No obstante reconoció que "el perdón verdadero no es el que se otorga a pedido". El País Digital Publicado por
EL MUNDO › GABRIEL GATTI, SOCIOLOGO URUGUAYO, HIJO Y HERMANO DE VICTIMAS DEL PLAN CONDOR“El desaparecido molesta en Uruguay”Gatti sostiene que mientras en la Argentina la figura de los familiares de desaparecidos forma parte de la escena pública, en Uruguay sigue siendo una figura molesta para gran parte de la sociedad. Mujica y la Ley de Caducidad.“En Uruguay, antes de 2005, era muy difícil que te hablasen de desaparecidos.”Por Luciana BertoiaGabriel Gatti es uruguayo. En 1975, tenía ocho años cuando escapando de la dictadura oriental vino a vivir con su familia a Buenos Aires. En junio del año siguiente, los militares secuestraron y desaparecieron a su padre, Gerardo Gatti, un importante dirigente obrero uruguayo que fue visto en Automotores Orletti, un centro clandestino que funcionaba como sede del Plan Cóndor. Su hermana Adriana fue secuestrada embarazada meses después. Los restos de la chica aparecieron recién en 1983. Gabriel, su madre y su hermano se exiliaron en Francia. Después, viajaron a España. En Madrid, estudió Sociología. En 1993 se fue al País Vasco, donde todavía vive y trabaja como investigador universitario. “Euskadi era un lugar con un nivel de agitación política muy excitante en ese momento, no sólo por ETA sino por lo que estaba alrededor. Era muy atractivo para cualquier joven de izquierda, recién salido de una carrera de Sociales y en particular con una historia detrás de padres estupendos vinculados a un proyecto revolucionario”, contó a Página/12.Como otras veces, volvió a Buenos Aires. En esta oportunidad, lo hizo para participar del Tercer Congreso Internacional de Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas organizado por la Universidad de Tres de Febrero (Untref) y dialogó con este diario sobre las diferentes formas de asimilar la figura del detenido-desaparecido a cada orilla del Río de la Plata.–¿Qué diferencias hay entre Argentina y Uruguay en lo que respecta a la elaboración del pasado?–En la Argentina, la figura del desaparecido está totalmente institucionalizada como parte de la escena pública. Los familiares de desaparecidos existen no sólo como un personaje doliente sino como un personaje político de primer orden. A diferencia, la figura del desaparecido es sumamente molesta para el imaginario colectivo del Uruguay, que tiende a valorar las cosas tranquilas. En parte, se explica por una cuestión de números, allí hay muy pocos. En Uruguay, antes de 2005, era muy difícil que te hablasen de desaparecidos. Te hablaban de otra cosa, de presos.–¿A qué se debe de que hoy esté más presente en Uruguay la figura del desaparecido?–Desde ese año hasta hoy, han pasado muchísimas cosas, no sólo la constatación del Segundo Vuelo (N. de R: que trasladó en 1976 detenidos desde Argentina a Uruguay). Hubo un importantísimo intento de anular la Ley de Caducidad. No se puede decir que fue negativo el resultado: el 48 por ciento de la gente votó a favor de anularla, el resto de la gente no votó. Y hubo una movilización colectiva que indica que está aflorando, en cierto grado, una figura que era invisible y muy vinculada al mundo muy chiquito de los familiares. Pero la sensibilidad de los líderes políticos más renombrados, incluido el propio presidente, no es la misma que la que tienen los argentinos en esta materia.–¿Cómo tomó la actuación del presidente José Mujica frente al proyecto interpretativo que pretendía dejar sin efecto la Ley de Caducidad?–Me generó profundo desagrado. Entre otras cosas, porque el presidente y su actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, son parte de la misma generación de mi padre. Eran colegas de sensibilidad, aunque no eran de la misma línea política y, sin embargo, tienen una lectura tan militarista que es insensible con lo que ocurrió a una buena parte de su propia generación. Es desagradable por una cosa muy uruguaya (como científico social no lo debería decir porque es una generalización barata) que es la sobrevaloración de la institucionalidad, de los acuerdos, de lo que votó el pueblo. Eso los torna insensibles ante las cosas excepcionales, como es la figura del desaparecido.–¿Esa “insensibilidad” podría explicarse por una cuestión de números, porque allí hubo menos desaparecidos que en la Argentina?–Sí, en parte. La dictadura uruguaya fue diferente de la argentina. Tuvo un “plan institucional” de exterminio. O sea, se pasaba por las cárceles y por el exilio, hasta eso era legal. La desaparición no entró en el registro de prácticas represivas de modo tan extensivo como ocurrió aquí. La sensibilidad uruguaya tan extrema por lo que es compartido y tan nula por lo que se sale de la norma hace que sea difícil pensar la figura.–¿Y qué diferencias ve entre el movimiento de derechos humanos argentino y el uruguayo?–Las sensibilidades históricas son tan distintas que no sé si es justo hacer una comparación, porque entre otras cosas lleva a considerar lo evidente: Argentina está muy por delante en esa materia con respecto a Uruguay. Si hago la comparación, tendría que plantear una evolución en esta línea que no se va a dar.–¿Por qué dice que las políticas de la memoria son tramposas?–Construyen unanimidades y construyen la convicción de que la verdad es cierta. Eso es tramposo, si lo miro desde el ojo clínico del sociólogo. Y no lo digo por aquello de que las memorias son múltiples sino porque éste es un campo precario, móvil, difuso. Si lo valoro como ciudadano implicado, no puede estar más que contento en el caso argentino, de una construcción de una narrativa oficial en el tema de los derechos humanos que ha permitido elaborar a medio plazo una figura internacionalmente consensuada de lo que es un desaparecido y que se está aplicando por doquier y con dosis crecientes de eficacia.–¿Por qué afirma que no es correcto hablar de “desaparecidos” en el caso de la represión franquista?–Estamos hablando de un fenómeno que empezó a finales de los años ‘30 y hasta ahora no se nombraba. Se los denominaba “fantasmas”, los “paseados”. Sólo hace cinco años, y ahora está especialmente el asunto hirviendo, empieza a usarse el término desaparecido.Fuente: Pagina 12ÁLVAREZ. NEGÓ QUE CASTRO HAYA SIDO SU MAESTROEx SID reconoce lugar de reclusiónEn "La Casona" estuvo recluido el maestro Julio Castro"Goyo". Declaró ayer como testigo.Un ex integrante del Servicio de Información y Defensa (SID) reconoció ayer ante la Justicia, que el maestro Julio Castro fue detenido por efectivos de dicha repartición, y derivado al centro clandestino de detención conocido como "La Casona" de Avenida Millán y Loreto Gomensoro.El ex oficial principal de la Policía, Ricardo Zabala, compareció ayer ante el juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, y la fiscal Mirtha Guianze, en el marco de la indagatoria penal por el secuestro y desaparición de Castro, en agosto de 1977.En este sentido, Zabala reconoció que el 1º de agosto de 1977 participó, por orden del Comando General del Ejército, en el operativo de detención de Castro. El ex oficial admitió, además, que el maestro fue derivado a "La Casona" de Avenida Millán, indicaron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA. "El testimonio fue importante porque por primera vez 'blanqueó' la existencia de 'La Casona'", señalaron las fuentes.El testimonio de Zabala avala, además, la versión aportada por el ex agente del SID, Julio César Barboza. Barboza, testigo en varias causas por violaciones a los derechos humanos, declaró que participó en el operativo de detención de Julio Castro, por orden de Zabala.Asimismo, el juez Fernández Lecchini interrogó ayer al ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez. El dictador fue citado como "testigo", para confirmar la versión sobre la existencia de una carta de la esposa de Julio Castro, en la cual se reclama por la situación del maestro.Castro, según su esposa, fue maestro del ex dictador, por lo cual apelaba a ese nexo para conocer su paradero; Álvarez dijo que Castro no fue su maestro y que la carta fue entregada al jefe de Policía de Montevideo, Julio Bonelli, porque no pertenecía a su competencia, explicaron las fuentes.En tanto, el pasado martes el magistrado interrogó al coronel (r) José Nino Gavazzo. El oficial no aportó mucha información sobre el caso, pero reconoció su participación en la detención del periodista brasileño Flavio Taváres, también detenido en "La Casona", según informó ayer "Ultimas Noticias".En tanto, el abogado Pedro Montano, representante de Álvarez, en el litigio anunció que recusará al juez Fernández Lecchini, porque no brinda garantías de imparcialidad en el proceso. Montano ya recusó al magistrado en la causa por la muerte de Roberto Luzardo, por la cual Álvarez fue procesado.@@@MILITARES. OPINAN QUE RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL "VIOLA" LOS DDHHRetirados presentan recurso contra el decreto de MujicaEl presidente del Centro de Oficiales Retirados de las FFAA coronel Puente, presentó el escrito de revocación contra la decisión de anular los actos de archivo de gobiernos anteriores.LORELEY NICROSITorre Ejecutiva. El recurso fue presentado el pasado 12 de julio.Junto al también coronel retirado Walter Forischi, Puente presentó el recurso de revocación en Presidencia de la República el pasado 12 de julio. En el extenso texto al que tuvo acceso LA REPÚBLICA, se señala que la resolución "que se recurre, atenta contra los derechos humanos consagrados constitucional y legalmente, de un importante sector de nuestra ciudadanía, dentro de los cuales, podrían encontrarse asociados de mi representada", expresa en alusión al centro social. Añade que "debería recordarse que en las dos convocatorias que se efectuaron al pueblo oriental respecto a la continuidad de la aplicabilidad de la ley (de Caducidad), en ambas ocasiones el cuerpo electoral dispuso el mantenimiento íntegro de la normativa que el gobierno pretendía anular".Puente subrayó que el recurso apunta a amparar a los socios que puedan estar eventualmente incluidos en los 88 actos administrativos dictados por las administraciones blancas y coloradas, que fueron anulados por Mujica.En el recurso presentado a título personal, se afirma que "no puede el Poder Ejecutivo desconocer dichos pronunciamientos definitorios e irrevocables del máximo órgano soberano, que tienen fuerza constitucional, y mucho menos tratar de hacerlo violando la Constitución y las leyes utilizando una simple resolución administrativa".Luego de explicitar los contenidos de la Ley de Caducidad y su alcance, el texto añade que "todo lo que está pretendiendo hacer el Poder Ejecutivo con la resolución que se recurre atenta contra la separación de poderes, es violatorio de la Constitución y de nuestro régimen legal y por supuesto involucra en las responsabilidades que correspondan: a) a quienes hayan dispuesto la resolución que se recurre, y a todos aquellos funcionarios del Poder Ejecutivo que tengan intervención en el intento de eludir lo que dispone la norma legal, hecho que, guste o no guste, deberá ser calificado como un fraude. b) A el, o los funcionarios del Poder Judicial que intervengan en el fraude, ya que la obligación que la ley impone a los magistrados es la de clausurar el caso y archivar los antecedentes".Por otra parte, cuestiona que a través de un sólo decreto se hayan anulado los 88 casos."(...) el Poder Ejecutivo debe tener presente que en su oportunidad se requiere el estudio de cada caso en forma individual, lo que no se ha hecho en el acto administrativo que se recurre", indica. EL DECRETO* El 30 de junio, el presidente José Mujica firmó el decreto que anula los 88 actos administrativos aprobados por los gobiernos de los lemas tradiciones, por entender que estaban comprendidos en la Ley de Caducidad.La resolución presidencial permitirá la reapertura de casos de denuncias de violación a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. En el texto, el mandatario planteó que anula las anteriores resoluciones por "razones de legitimidad".La mayoría de los casos fueron desestimados por el ex presidente Julio María Sanguinetti. El decreto firmado por Mujica hace hincapié en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Uruguay por el caso Gelman. Fuente: La Republica
CASO RAMOS. HOMICIDIO Y ENCUBRIMIENTO Dos coroneles procesados por crimen en 1981 La justicia halló culpables del asesinato del militante tupamaro Horacio Ramos, ocurrido hace treinta años, a dos ex coroneles. Fueron a prisión por homicidio y encubrimiento. Penal de Libertad. La muerte ocurrió en 1981. El juez Penal de 3er. Turno, Ruben Saravia, dispuso el procesamiento con prisión del coronel (r) Walter Gula, como coautor del "homicidio muy especialmente agravado" del militante del MLN-T, Horacio Ramos. Asimismo, el coronel (r) Enrique Ribero fue procesado por "encubrimiento", por intentar entorpecer la indagatoria judicial. Ramos apareció muerto en junio de 1981, en las entrañas del Establecimiento Militar de Reclusión Nº1 (EMR1), conocido como "Penal de Libertad". Su muerte generó una profunda conmoción en el establecimiento. Los mandos del EMR1 notificaron su deceso como "suicidio", pero dicha versión nunca fue avalada por sus compañeros ni su familia. La muerte de Ramos fue certificada por un médico del EMR1 a la 1.35 horas del 30 de junio de 1981, mientras se encontraba alojado en "La Isla". Empero, su cuerpo "no ingresó a la morgue judicial para autopsia, ni intervino ningún médico forense judicial", según expresa el fallo del juez Saravia, al cual accedió LA REPÚBLICA. El desarrollo de diversas pericias (autopsia histórica y autopsia psicológica) incorporadas en la causa, descartaron la tesis oficial de la dictadura. "La Isla" era "una sala de disciplina donde se intensificaban los castigos físicos, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, prolongados en el tiempo, y de manera sistemática (no ya como mero abuso o exceso), utilizándolos como instrumento o mecanismo de terror para obtener información" sobre acciones de los movimientos de izquierda política, explica el fallo. En este sentido, el ex director del EMR1 en 1981, coronel (r) Walter Gula, fue enjuiciado por cuanto "conocía el mecanismo que se utilizaba al respecto, por haber ejercido la Subdirección del Establecimiento desde el año 1978, y al asumir la Dirección no impidió que continuarán con dicha política (...), sino por el contrario se comprometió a encubrir los referidos excesos de sus subordinados". La muerte de Ramos se produjo "por motivos fútiles, frívolos e irracionales", agrega. En tanto, Ribero fue enjuiciado por "encubrimiento" por intentar "entorpecer" la investigación judicial. El oficial, procesado por la muerte de Ubagesner Cháves Sosa, se presentó voluntariamente ante la Sede aduciendo tener información sobre la causa. Empero, "estorbó las investigaciones que se realizaban al respecto, simulando pruebas con la finalidad de ocultar el delito de homicidio y favorecer a los eventuales responsables del mismo a sustraerse de la persecución de la Justicia o a eludir su castigo". Ribero efectuó declaraciones "a sabiendas de su falsedad", estimó el magistrado. En este sentido, la hija del ex militante tupamaro expresó que el fallo judicial significa "un alivio porque se ha hecho justicia". "La verdad en la Justicia es un proceso sanador para la sociedad entera y por eso se necesita avanzar en ese camino. Me siento en paz", dijo Patricia Ramos a LA REPÚBLICA. El caso fue patrocinado por el abogado Oscar López Goldaracena, con respaldo de Serpaj. Gula fue detenido en Colonia por efectivos de Interpol y derivado al local de la Guardia de Coraceros. Publicado por
Analizan reabrir caso de 1973 amparado en ley de Caducidad PABLO MELÉNDREZ En función de la resolución del Poder Ejecutivo que revocó antiguas decisiones basadas en la ley de Caducidad, una fiscal evalúa desarchivar el caso que indaga el homicidio de un joven en 1973. Preparan más pedidos para reactivar causas. Se trata del expediente que investiga la muerte del estudiante de agronomía Hugo De los Santos, de 21 años de edad, quien fue detenido por las Fuerzas Conjuntas el 1° de septiembre de 1973, solo dos meses después del golpe de Estado. Tras permanecer tres días detenido en el Regimiento 9 de Caballería, el cuerpo de De los Santos fue entregado en un féretro cerrado a sus familiares en el departamento de Rocha. Inicialmente se informó que murió a causa de un edema pulmonar, pero luego se comprobó que perdió la vida debido a un golpe en la cabeza. Durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985 -1990) la familia del joven presentó una denuncia reclamando investigar el hecho, pero el Poder Ejecutivo la amparó en la ley de Caducidad, por lo que la indagatoria no prosperó. Ahora, la jueza Mariana Mota y la fiscal Ana Tellechea, analizan desarchivar el caso de De los Santos, en virtud de la resolución firmada a fines de junio por el presidente José Mujica, y que dejó sin efecto actos administrativos basados en la ley de Caducidad adoptados por gobiernos pasados. En tal sentido, según informaron fuentes judiciales a El País, el expediente se encuentra a estudio de la fiscal Tellechea, quien deberá decidir si finalmente pide o no reabrir la indagatoria judicial. El Poder Ejecutivo invocó "razones de ilegitimidad" para dejar sin efecto las resoluciones por las cuales anteriores gobiernos ampararon en la ley de Caducidad denuncias por crímenes registrados durante la dictadura (1973-1985). El gobierno sostiene que con esta medida (que podría reactivar la investigación de más de 80 causas) cumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en febrero condenó a Uruguay. Ayer, la Suprema Corte de Justicia resolvió comunicar la disposición del Poder Ejecutivo a todos los jueces penales. OTROS CASOS. Por su parte, el abogado Pablo Chargoñia dijo a El País que, en base a la resolución del Poder Ejecutivo, en breve pedirá el desarchivo de tres causas, una de ellas, la que investiga la desaparición de la maestra Elena Quinteros, ocurrida en 1976. Por el caso de Quinteros solamente fue procesado y condenado el excanciller Juan Carlos Blanco, pero no fue posible imputar a funcionarios militares ni policiales, ya que el expediente fue amparado en la ley de Caducidad. A su vez, Chargoñia reclamará la reapertura de la indagatoria de la muerte por torturas del dirigente sindical Omar Paita, ocurrida en 1981. El abogado también prepara un escrito en el que pedirá el desarchivo del expediente de la causa que investiga la desaparición del militante comunista Álvaro Balbi. Ese expediente fue excluido de la ley de Caducidad por el gobierno de Mujica en mayo, a pedido expreso de la viuda de Balbi, Lile Caruso. Indagarán a militares en causas que involucraban a Bordaberry El fallecimiento de Juan María Bordaberry, ocurrido el domingo 17, clausura las indagatorias solo en relación a él, pero la Justicia seguirá investigando a militares como presuntos autores materiales de nueve delitos de "desaparición forzada" y dos de "homicidio político" que le fueron imputados al exdictador en calidad de coautor, dijeron fuentes judiciales En febrero de 2010, a pedido de la fiscal Ana Tellechea, la jueza Mariana Mota condenó a Bordaberry a 30 años de prisión. Además de los homicidios y desapariciones, la jueza le imputó el delito "atentado a la Constitución" por el golpe de Estado de 1973. El año pasado, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la aplicación de la ley de Caducidad para una veintena de homicidios y desapariciones registradas entre junio de 1973 y junio de 1976 que se indagaban en forma conexa a la causa contra el exdictador. Las fuentes dijeron que por esos casos serán citados varios militares, y seguramente se dispondrán procesamientos, ya que habría elementos para determinar responsabilidades materiales en varios hechos. Al momento del fallecimiento de Bordaberry, la sentencia condenatoria dictada por Mota estaba a estudio de un tribunal de apelaciones, que debería ratificar o anular el fallo. Sin embargo, ese procedimiento, con la muerte del exdictador, carece de objeto, ya que no es posible seguir un proceso contra una persona fallecida, según el artículo 122 del Código del Proceso Penal. El abogado Gastón Chaves, quien ejerció la defensa de Bordaberry, dijo a El País que su cliente falleció "siendo jurídicamente inocente", ya que en ninguna causa judicial tenía sentencia condenatoria firme. Chaves dijo que Bordaberry no estaba siendo indagado en otras causas. En su momento declaró por el homicidio de Ramón Peré, caso por el cual fue procesado el coronel (r) Tranquilino Machado. A su vez, el juez Roberto Timbal no dictará sentencia contra el Bordaberry en el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz, donde estaba siendo juzgado junto al excanciller Juan Carlos Blanco. El País Digital
UN EQUIPO DE PERITOS DETERMINO QUE EL EX PRESIDENTE CHILENO SE SUICIDO EN 1973Confirman que Salvador Allende se matóLuego de dos meses de pericias, los equipos multidisciplinarios conformados por expertos locales y extranjeros que trabajan en el caso confirmaron que Salvador Allende se suicidó en el interior del palacio de gobierno chileno. La senadora Isabel Allende, hija del ex presidente, ayer junto a los peritos. Por Christian PalmaDesde SantiagoLa certeza con que hablaba la senadora socialista Isabel Allende acerca de las causas de la muerte de su padre, el ex presidente de Chile, Salvador Allende, casi no daban espacio a la duda. Casi, porque, más allá de lo que pensara la familia y los más cercanos –basándose en declaraciones de quienes estuvieron en La Moneda el 11 de septiembre de 1973–, siempre hubo sectores que negaron la tesis del suicidio, atribuyéndoles la responsabilidad a terceros, incluso a un colaborador que le habría dado un tiro de gracia, luego de que el propio presidente fallara en un primer intento por acabar con su vida.Eso hasta ayer. Luego de dos meses de pericias, los equipos multidisciplinarios conformados por expertos del Servicio Médico Legal (SML) y de científicos extranjeros que trabajan en el caso confirmaron que Salvador Allende se suicidó en el interior del palacio de gobierno chileno. Las dudas al fin se disiparon y permiten saber la “verdad jurídica” tal como lo esperaba la familia Allende, que accedió a reabrir viejas heridas para terminar para siempre con las especulaciones.En ese sentido, la hija de Allende criticó a la Televisión Nacional de Chile (TVN) por emitir hace unos meses un programa que cuestionaba la versión oficial sobre la muerte del mandatario y exigió que ahora se publique la versión completa de los hechos.Lo cierto es que el ex presidente se quitó la vida de un disparo en el mentón, tal como lo señaló el médico español Fernando Etcheverría, quien encabezó los exámenes tanatológicos tras la exhumación de los restos de Allende realizada en mayo pasado.“Estamos en condiciones de poder asegurar que se trata de una muerte violenta de explicación médico-legal suicida y para ello no tenemos absolutamente ninguna duda. No encontramos ninguna evidencia de esa versión (asesinato) y por lo tanto no la compartimos. Había sólo una herida”, sostuvo el profesional.Isabel Allende, junto al facultativo, entregó al ministro que lleva adelante el caso, Mario Carroza, un informe oficial con todos los peritajes que se le realizaron a los restos del mandatario socialista.Como se señaló, este informe de más de 500 páginas fue elaborado por un equipo multidisciplinario internacional que estuvo encabezado por el doctor Patricio Bustos, director del SML, y que tuvo a la Cruz Roja Internacional como testigo de las pericias.Bustos precisó que la investigación estableció la identidad de Allende mediante peritajes odontológicos y genéricos y que la causa de la muerte fue por herida de proyectil. Si bien el cráneo de Allende tiene una sola herida, bien pudieron ser dos balas, debido a que el arma que usó (el famoso fusil AK-47 que le regaló Fidel Castro) estaba en modo de disparo automático, lo que puede originar hasta 10 proyectiles por segundo.Desde su muerte, el cuerpo de Allende fue sometido a varias diligencias, pero ninguna tan acuciosa como esta. En septiembre de 1973 se le efectuó una necropsia y luego sus restos fueron trasladados a Viña del Mar, donde fue enterrado casi en el anonimato total. En 1990, cuando regresó la democracia, el cadáver fue exhumado y trasladado de nuevo a Santiago, al mausoleo que la familia tiene en el Cementerio General. En esa ocasión se le realizó una segunda autopsia.La verdad histórica llega justo cuando otro caso busca identificar los nombres de los pilotos que bombardearon La Moneda y que la Fuerza Aérea de Chile (FACH) no ha revelado.El juez Mario Carroza ha intentado llegar a los autores por medios oficiales; sin embargo, tanto la FACH como el gobierno aseguran que esa información no existe.El abogado querellante Roberto Avila ha dicho a la prensa que los pilotos serían Mario López Tobar, Fernando Rojas Vender, Enrique Montealegre Julliá, Gustavo Leigh Yates y Eitel von Müllenbrock, todos ellos oficiales de la FACH.De hecho, Leigh Yates era hijo del general Gustavo Leigh, miembro de la Junta Militar que encabezó Augusto Pinochet una vez derrocado Allende.Rojas Vender, en tanto, llegó años después a la jefatura máxima de la aviación militar.El caso volvió a tomar color luego de que un reportaje de la revista chilena Qué Pasa revelara que el general retirado Fernando Matthei, que sucedió a Leigh en la jefatura de FACH, insinuó que en la institución hubo una especie de “pacto de silencio” para mantener los nombres en secreto.En ese escenario, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, ha asegurado que los antecedentes que solicita el tribunal sobre el bombardeo de La Moneda no están disponibles en la Fuerza Aérea de Chile (FACh).“Como todo el mundo entiende, estos son hechos que ocurrieron exactamente hace 38 años y la Fuerza Aérea ha sido particularmente clara en colaborar con la investigación y hacer ver al tribunal que los antecedentes que solicita no están disponibles en la Fuerza Aérea”, sostuvo el secretario de Estado, hace unas semanas, a Radio Cooperativa.“Y más aún, ha puesto a disposición sus instalaciones, la documentación”, sentenció el ministro.Fuente: Pagina 112, miercoles@@@ SIN SENTENCIA FIRMEClausura de todas las causasBordaberry en la Justicia.Juan María Bordaberry falleció sin que el Poder Judicial haya pronunciado sentencia firme por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985).Bordaberry fue condenado, en febrero de 2010, en primera instancia, por once crímenes perpetrados durante los tres años que encabezó la dictadura. La jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, enjuició al ex dictador como "coautor" de nueve delitos de "desaparición forzada" y dos delitos de "homicidio político".Sin embargo, el fallo devino histórico por cuanto significó la condena de Bordaberry por el delito de "Atentado a la Constitución". "Invocando defender la Constitución, modificó la misma sin aceptar ni considerar otras posibles alternativas (...) La Constitución en modo alguno le habilitaba a tomar la medida que tomó y ello determina de por sí un grave atentado a la Carta Magna por cuanto se atribuyó una competencia que no le había sido concedida en su cargo de presidente", expresó la jueza. El ex dictador fue enjuiciado a la pena máxima de 30 años de penitenciaría. El caso estaba bajo revisión de un Tribunal de Apelaciones.En tanto, el juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, tenía a estudio el pedido de condena del ex dictador por los crímenes de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, en 1976. La fiscal Mirtha Guianze solicitó la condena de Bordaberry a 30 años de penitenciaría como coautor de un delito "complejo de homicidio muy especialmente agravado".Sin embargo, la muerte de Bordaberry implicará la inmediata "clausura" del expediente en su contra, en atención de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Nº 16.893, "Código del Proceso Penal". El juez Timbal, por tanto, solo podrá dictar sentencia para el caso del ex canciller Juan Carlos Blanco. Lo mismo sucederá con otra veintena de casos tramitados a nivel judicial por la presunta responsabilidad del ex dictador en crímenes de la dictadura. @@@UN PARO CARDIORRESPIRATORIO. FUE LA CAUSA DEL DECESO OCURRIDO AYER A LAS 5.20 DE LA MAÑANAA los 83 años, falleció Juan María BordaberryA consecuencia de un paro cardiorrespiratorio falleció ayer domingo a las 5.20 horas de la madrugada el dictador Juan María Bordaberry. Reacciones en el sistema político. Varios dirigentes prefirieron guardar respetuoso silencio frente al deceso.Calle Potosí. Desde temprano, decenas de personas comenzaron a visitar su morada, que fue también su prisión.Bordaberry dejó de existir a los 83 años de edad y en la casa de uno de sus hijos, lugar donde permanecía bajo arresto domiciliario desde principios del año 2007.Cumplía una pena de 30 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, por los crímenes de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw, y por atentar contra la Constitución en grado de reiteración real. Sobre esta última causa, Bordaberry fue el único dictador en el mundo que fue procesado por el atentado a la Carta Magna de una nación. La familia del ex dictador resolvió no realizar un servicio velatorio y sus restos permanecieron en el domicilio de su hijo, el senador Pedro Bordaberry, en Carrasco. Por la tarde fue sepultado en el Parque Martinelli. Juan María Bordaberry padecía serios problemas respiratorios desde hacía por lo menos 2 años, y en los últimos meses su salud había empeorado. Precisamente esa fue una de las causas que determinaron su pasaje de Cárcel Central a cumplir su arresto en un domicilio. ReaccionesTras su fallecimiento, Max Sapolinsky, dirigente y secretario de Vamos Uruguay, el sector político liderado por Pedro Bordaberry, comentó que "era el padre de un amigo y en estos momentos estoy acompañando a mi amigo".El ex presidente Jorge Batlle comentó a LA REPÚBLICA que prefería hacer un "absoluto silencio, porque no puedo hacer ningún comentario sobre una persona que no me va a poder responder por la razón que está muerta".El diputado del Partido Nacional Hernán Bonilla escribió en Twitter que "el dictador Bordaberry no merece ningún homenaje y la muerte no lo redime pero respetemos el dolor de su familia".El senador de Asamblea Uruguay Carlos Baráibar envió sus condolencias al senador Pedro Bordaberry y afirmó en radio Carve que en momentos como estos "el vínculo filial está por encima de cualquier otra consideración".La abogada Hebe Martínez Burlé, iniciadora de algunas de las causas por las que Bordaberry fue procesado, comentó a este diario que "así como (Juan María Bordaberry) sembró terror, también sembró amor a su familia. Hoy, sus hijos sufren lo mismo que sentí yo cuando falleció mi padre. Por eso, no quiero para otros lo que tampoco quiero para mí", señaló.El senador y presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo a radio Carve que con la muerte de Bordaberry se termina "una generación que generó enfrentamientos y radicalización de ideas en Uruguay".LA REPÚBLICA realizó un sondeo entre varios dirigentes políticos y en su mayoría optaron por mantener un respetuoso silencio al respecto. PANCARTASUnas veinticinco personas esperaban a la puerta del cementerio privado el arribo de la caravana fúnebre que trasladaría los restos de Juan María Bordaberry. A la llegada del cortejo, los manifestantes profirieron algunos insultos y exhibieron las pancartas en las que se leía: "Como no hay justicia, hay escrache popular". FUERON EXCLUIDOS POR UN PROYECTO DE LEY EN 2006No hubo honores de EstadoIngreso al cementerio.No hubo servicio oficial de honores de Estado para el ex presidente de facto Bordaberry que fuera electo democráticamente en 1971 pero que tras su golpe de Estado del 27 de junio de 1973 ejerció el mando en forma dictatorial hasta 1976 cuando fue derrocado por los militares. En 2006, el Parlamento aprobó por unanimidad un proyecto en el que se excluían de los honores de Estado a aquellos que ejercieron los cargos de presidente o vicepresidente durante la dictadura; entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985. La intención de los legisladores fue modificar un decreto ley 14-458 de 1975 en el que se dictaminaba que el Poder Ejecutivo "deberá decretar honras fúnebres cuando fallecieren el presidente de la República, el vicepresidente de la República o cualquiera de los ciudadanos que hayan ocupado dichos cargos".La intención de los legisladores era no repetir las honras fúnebres que sí se aplicaron al ex presidente de facto entre 1976 y 1981 Aparicio Méndez, fallecido en 1987. JUAN MARIA BORDABERRY. FUE PRESIDENTE (1972-1973) Y DICTADOR (1973-1976)Primer caso de un ex presidente en Uruguay fallecido en prisiónHacía 56 meses que Juan María Bordaberry estaba preso por impulsar un golpe de Estado y por la muerte de opositores. Encabezó la tercera dictadura instaurada en Uruguay en todo el siglo XX.LUIS CASAL BECKLa era militar. Había llegado al gobierno en 1972 con el apoyo del presidente colorado Jorge Pacheco Areco.Es la primera vez que un uruguayo, que ocupó sucesivamente la presidencia del país (1972-1973) y fue dictador (1973-1976), muere estando en prisión domiciliaria, por decisión de la justicia que lo consideró responsable de haber roto el orden democrático, y de la muerte de 14 militantes políticos contrarios a su régimen. Juan María Bordaberry Arocena, privado de su libertad desde el 16 de noviembre de 2006, tenía 83 años.Encabezó en su primer tramo la más totalitaria y represiva de las tres dictaduras que tuvo el Uruguay a lo largo del pasado siglo XX, en la que las Fuerzas Armadas (FFAA) ocuparon un rol central.En marzo de 1933, Gabriel Terra impulsó un golpe de Estado, pero de inmediato convocó a una Constituyente, que reformó la carta magna, y consiguió un nuevo mandato de cuatro años (1934-1938).Lo sucedió en elecciones abiertas, Alfredo Baldomir (1938-1943), que en febrero de 1942, cerró las cámaras, y respaldado por los sectores excluidos por el terrismo, modificó la Constitución, la sometió a consulta popular y abrió una instancia electoral con amplias garantías, resultando electo presidente Juan José de Amézaga (1943 y 1947).Terra falleció en setiembre de 1942 a los 69 años y llegó a ocupar ­tras el ciclo dictatorial, y durante breve tiempo, por problemas de salud­ la presidencia del Banco República. Baldomir dejó el gobierno en marzo de 1943, lideró una fracción colorada y murió en el verano de 1948.La situación de Bordaberry es muy distinta: no solo por la ferocidad represiva del régimen que condujo sino porque fueron las propias FFAA las que lo sacaron de la Casa de Gobierno en junio de 1976, ante su rechazo a toda salida a la situación de hecho, que implicara una consulta al pueblo, con la existencia de partidos y la elección de órganos de gobierno representativos de la voluntad general.Para Bordaberry, como lo explicó muchos años después a Miguel Angel Campodónico en sus memorias, ("Antes del silencio", julio de 2003), la democracia había perdido todo valor, y solo importaba la "soberanía de Dios" sobre los hombres. "Lo que yo agredí (con la propuesta de nueva institucionalidad), fue el principio de que la soberanía está en el pueblo", señaló.Había llegado al gobierno en marzo de 1972, respaldado por el presidente colorado Jorge Pacheco Areco ­surgido de una fracción conservadora del batllismo­, que cuatro meses antes fracasó en su intento de conseguir la reelección, a través de una reforma constitucional simultánea con las elecciones.Bordaberry era desde 1969 miembro de su gabinete (ministro de Ganadería y Agricultura), y despertaba en el entonces mandatario mucho aprecio, por su estilo medido, y por encabezar una familia numerosa (nueve hijos), según coinciden en señalar quienes han estudiado ese período de nuestro pasado. Su vida cambió a partir de 2005, cuando los tribunales dieron curso a denuncias que culminaron con su condena a 30 años de penitenciaria. LIBERALES, MASONESEl origen último de los problemas del mundo se afinca "en la rebelión del hombre contra Dios" , ha dicho Bordaberry, centrando sus críticas en lo ocurrido a partir del desarrollo de las revoluciones liberales, como la norteamericana y la francesa, y la acción de la masonería universal a la que acusó de estar detrás de todos estos procesos."Hay militares masones, hay políticos masones, que se movían para el retorno a la democracia, en contra de mi manera de pensar", señaló al periodista Alfonso Lessa, al recordar su caída en 1976, en el ensayo "Estado de Guerra. "La revolución iniciada en Francia en 1789 (...) es la rebelión contra la ley natural, es la rebelión contra Dios", subrayó. Senador blanco y ministroNacido en Montevideo un 17 de junio de 1928, Juan María Bordaberry Arocena, con estancias en Durazno, presidió la Liga Federal de Acción Ruralista, liderada por Benito Nardone, a quien conoció su padre (Domingo Bordaberry, 1889-1952, político colorado y dirigente ruralista) e impulso a la acción pública. Como ruralista, integró el Senado (1963-1964)dentro de la bancada blanca que conducía Martín R. Echegoyen. Entre 1969 y 1971 formó parte del gobierno del colorado Jorge Pacheco Areco, quien promovió su nombre, para encabezar la fórmula presidencial de su sector en los comicios de 1971 por el régimen constitucional vigente. Pacheco buscaba su reelección, pero no logro los votos esperados. No obstante ello, su sector fue el mas votado en el partido que triunfó. De esta forma, Bordaberry Arocena llegó al gobierno en marzo de 1971. En 1973 impulso un golpe de Estado. En 1976 los militares lo sacaron del poder. Casado en 1953 con Sofía Herrán, tuvo nueve hijos. Estudio abogacía pero se consagro a los negocios rurales. Ferviente católico, tras su caída, mantuvo vínculos con el régimen chileno de Augusto Pinochet y se relacionó al carlismo, una corriente medievalista española. Falleció en la madrugada de ayer en Montevideo, en una residencia familiar donde cumplía prisión domiciliaria.Fuente: La Republica, lunes
Integrantes de Plenaria Memoria y Justicia manifiestan a la llegada de los restos de Juan María Bordaberry al cementerio Martinelli, donde fue sepultado ayer en la tardeFoto: EFE, Sandro PereyraArchíveseA los 83 años y habiendo cumplido cuatro años de su condena murió ayer el dictador Juan María Bordaberry.mera y única vez en este marco.El velorio y entierro fueron rápidos. El dictador murió en la madrugada de ayer, pasadas las 5.00, en su casa en Carrasco, donde desde 2007 cumplía su condena a 30 años de prisión por razones de salud. Según se informó ayer, a los 83 años Bordaberry tuvo un paro cardiorrespiratorio. El velorio se realizó en su casa y el entierro, 12 horas después de su muerte, en el cementerio privado Parque Martinelli, en el kilómetro 24 de la ruta 102.Pese al frío, unos 20 militantes de Plenaria Memoria y Justicia fueron hasta la puerta del Parque Martinelli, cerca del aeropuerto. Bajo los gritos de "se murió, se murió, la puta que los parió" entró el féretro que llevaba a Bordaberry padre, seguido de los autos que conducían, entre otros familiares, a uno de sus hijos, el senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado).Desde los parlantes que instalaron los activistas se escuchaba "La Memoria", de León Gieco, y audios que nombraban uno por uno a los civiles que fueron funcionarios del gobierno dictatorial. "El dictador no se debía ir en silencio, algo teníamos que decir. Él se fue viviendo en total privilegio, no pagó por lo que le hizo al pueblo y se fue llevando una cantidad de verdades", explicó Irma Leites, militante de Plenaria, que aclaró que la organización no llegó a convocar la movilización por falta de tiempo.Alrededor de 300 personas concurrieron al entierro, gran parte, familiares y amigos. Fueron pocas las figuras del ámbito público que asistieron, en su mayoría integrantes del sector que lidera el senador Bordaberry, Vamos Uruguay (VU). Algunos de los que estuvieron presentes fueron el senador Alfredo Solari (VU, PC) y los diputados, también de VU, Walter Verry, José Amy, Aníbal Gloodtdofsky, Juan Manuel Garino y Nicolás Ortiz. Estuvieron el intendente de Salto, Germán Coutinho (VU, PC), el ex ministro de Economía Isaac Alfie (Propuesta Batllista, PC), el compañero de fórmula de Pedro Bordaberry en 2009, Hugo de León, el ex presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Alfonso Varela, la viuda de Jorge Pacheco, Graciela Rompani, y el periodista deportivo y empresario Julio Sánchez Padilla. El único dirigente político no colorado que concurrió al entierro fue el diputado Carmelo Vidalín (Soplan Vientos Nuevos, Partido Nacional), ex intendente de Durazno.En silencioA todos los presidentes o vicepresidentes de la República se les rinde honores de Estado cuando mueren, pero desde 2006 la ley 18.023, promovida por legisladores frenteamplistas, exceptúa de ese reconocimiento a quienes ocuparon dichos cargos durante la dictadura cívico-militar (1973-1984), por lo que Bordaberry quedó excluido de los homenajes. En el PC, partido por el cual fue electo presidente en 1971, los dirigentes históricos Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle y el senador de Proba José Amorín no quisieron manifestarse sobre su muerte, y no se espera ninguna actividad a raíz de su fallecimiento.Las causasEl Código Penal, en su artículo 107, establece que “la muerte del reo, sobreviniendo con anterioridad a la condena, extingue el delito y, si ocurriera después de ella, hace cesar sus efectos”. Bordaberry, junto con el ex canciller Juan Carlos Blanco, fue procesado en primera instancia en diciembre de 2006, a pedido de la fiscal Mirtha Guianze, por la coautoría de los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. En febrero de 2010, en el marco de otra causa, fue procesado por el delito de “atentado a la Constitución” que desencadenó la “desaparición forzada” de nueve personas y el “homicidio político” de dos. En ambos expedientes Bordaberry fue condenado en primera instancia por parte de los jueces Roberto Timbal y Mariana Motta, respectivamente.El Tribunal de Apelaciones no alcanzó a pronunciarse sobre las condenas, ni tampoco la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo que significa que las instancias judiciales no se agotaron cuando Bordaberry murió y que, por tanto, las causas siguen abiertas. Según explicaron a la diaria fuentes judiciales, en función del citado artículo del Código Penal, el Tribunal de Apelaciones deberá expedirse por la condena de Blanco en el caso de los cuatro homicidios, pero no por Bordaberry. El otro expediente, en cambio, se archivará, porque Bordaberry era el único imputado. Por esa razón, no se conocerá la opinión del Tribunal de Apelaciones ni de la SCJ sobre la tipificación de "atentado a la Constitución", aplicada por priEl presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, tampoco quiso hacer declaraciones al respecto. El presidente del directorio del PN, el senador Luis Alberto Heber, dijo ayer en radio Carve que con la muerte de Bordaberry se está "terminando una generación que generó enfrentamientos y radicalización de ideas en Uruguay".Cronología1928 - Nace el 17 de mayo.1959 - Presidente de la Junta Cárnica Nacional.1960 - Designado miembro honorario del Comité del Plan de Desarrollo Agrícola.1962 - Presidente de la Comisión contra Enfermedades Bucopédicas.1960-62 - Integró el Consejo Lanero Nacional y presidió la Comisión contra Enfermedades Bucopédicas.1963-65 - La Liga se alió con el Partido Nacional (PN).1967 - Con la llegada del Partido Colorado (PC) al poder se pasó a sus filas por considerarlo la mejor garantía para un poder fuerte.1969 - En octubre, el presidente Jorge Pacheco Areco lo designó ministro de Agricultura.1971 - Presentó su candidatura por partida doble para los comicios del 28 de noviembre: a la presidencia y a la vicepresidencia de Jorge Pacheco.1972 - El 15 de febrero fue declarado vencedor sobre Wilson Ferreira Aldunate (PN) y Líber Seregni (Frente Amplio).1º de marzo - Asumió sus funciones para un período de cinco años. Ese día, en la Asamblea General, fue interrumpido por el senador Enrique Erro: "¡Con su estilo, usted es un peligro para la paz de la nación! ¡Usted es un futuro prototipo dictatorial!", advirtió el parlamentario.15 de abril - Impulsó el "estado de guerra interno" que acotó las garantías constitucionales.1973 - El 25 de junio, anunció la disolución del Congreso, consumando, un día después, el golpe de Estado.1976 -El 12 de junio, a pocos meses de que terminaran los cinco años para los que había sido electo, abandonó el cargo tras un desencuentro con los militares por diferencias en la normalización constitucional, que Bordaberry no quería.2006 - El 16 de noviembre, es procesado por el delito de "homicidio muy especialmente agravado".2007 - En enero, pasó a cumplir su pena con arresto domiciliario, debido a su estado de salud.2010 - En febrero, es procesado por el delito de “atentado a la Constitución”.

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
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 artículo 122
 artículo 122
 artículo 107