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Timestamp: 2019-09-15 08:09:15+00:00

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﻿ SENTENCIA 15590 DE AGOSTO 1 DE 2002
SENTENCIA 15590 DE 01 DE AGOSTO DE 2002
CONTENIDO:CASACIÓN. LA FALTA DE CONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN ES UN ERROR QUE AFECTA EL DEBIDO PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN, APLICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓ
Sentencia 15590 de agosto 1º de 2002
Aprobada Acta Nº 82 (jul. 18/2002)
Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil dos
EXTRACTOS: «Asunto
El 22 de julio de 1998, el Juzgado 4º Penal del Circuito de Neiva dictó sentencia condenatoria contra Jesús de los Ángeles y José Alfredo Jiménez Reyes. Al primero, le impuso como penas principales cuarenta (40) años y ocho (8) meses de prisión y multa de $ 4.000, luego de hallarlo responsable, en calidad de coautor, de los delitos de homicidio agravado y lesiones personales. Al segundo, en cambio, únicamente lo condenó a cuarenta (40) años de prisión por el delito de homicidio agravado.
A ambos, a manera de sanción accesoria, les fijó interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por un período de diez (10) años. Además, por concepto de los daños y perjuicios morales y materiales causados con sus conductas punibles, dispuso que los sentenciados cancelaran solidariamente la suma de ochenta y cuatro millones doscientos mil pesos ($ 84.200.000).
El fallo fue impugnado por los procesados y su defensora. El 5 de octubre de 1998, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva lo confirmó en todas sus partes.
Contra esta sentencia, la representante judicial de los incriminados presentó demanda de casación. Debe la Sala pronunciarse sobre el fondo del recurso interpuesto.
El 16 de marzo de 1997, en el barrio Santa Isabel de Neiva, al amanecer, después de haber discutido la noche anterior, los hermanos Jesús de los Ángeles y José Alfredo Jiménez Reyes se liaron a puñetazos con Carlos Albeiro Charry Cruz y Oscar Javier Hernández Solano. En la refriega, salió a relucir un arma cortopunzante. Con ella, los hermanos Jiménez Reyes, tomándolo por el cuello, le causaron lesiones mortales a Carlos Albeiro Charry en el abdomen y en el pecho. Oscar Javier Hernández Solano intervino en defensa de su compañero. Entonces Jesús de los Ángeles Jiménez Reyes lo atacó con su arma y lo lesionó a la altura del vientre. Como consecuencia de las heridas, fue incapacitado durante 35 días para trabajar y le quedó como secuela una deformidad física de carácter permanente.
La Corte casará la sentencia con base en el primer cargo propuesto por la defensora, centrado en la causal tercera de casación, que desarrolla acudiendo a infracción al debido proceso y a la contradicción.
Si bien es cierto que la inconsonancia goza de una causal específica de casación, la segunda, también lo es que la incongruencia admite el planteamiento a través de la causal tercera pues sin duda cuando existe, resquebraja la estructura del proceso y en hipótesis como lo aquí estudiado constituye error de garantía pues afecta fundamentalmente el derecho de defensa.
Las razones de la Sala son los siguientes:
1. El tribunal, en expresa alusión a los planteamientos de la defensa, a propósito de la apelación de la sentencia de primera instancia, sostuvo, basado en algunas citas doctrinarias, que la calificación jurídica de una determinada conducta podía ser adecuada por el fallador dentro de los tipos penales del correspondiente capítulo del Código Penal, dado su carácter de decisión provisional, “por evidencia objetiva de error antecedente de la Fiscalía al acusar” o “por prueba sobreviniente en la etapa del juicio”, modificación “de ninguna manera prevista sólo favor rei debido al derecho esencial y principio rector de la igualdad (arts. 13 de la C.P. y 20 del CPP de 1991) y razones estructurales del valor justicia que trae el preámbulo de la Carta Política, soportes insoslayables de una jurisprudencia axiológica y de principios”.
Agrega el tribunal que no está de acuerdo con la condición a la que se somete esta variación de la calificación. Sostiene que esa rectificación puede hacerse, inclusive en el caso de que ella implique empeorar la situación jurídica del acusado. El planteamiento, obviamente, aunque en sí mismo comporta una manera de sustentar la decisión, no es acertado. De antaño, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que un proceder de esta naturaleza, porque afecta de modo sustancial la estructura del proceso y las garantías fundamentales del enjuiciado, es inaceptable.
Por ello la Corte, en la decisión del 2 de agosto de 1995 (M.P. Ricardo Calvete Rangel, rad. 9117) —que cita la casacionista en pro de sus afirmaciones— precisó: en vigencia del Código de Procedimiento Penal de 1991, la fiscalía no podía accionar la acusación durante el juicio, pues los cargos debían estar formulados en su totalidad en la calificación, para que el enjuiciado tuviera certeza sobre aquello que debía defenderse; a la etapa del juicio no se podría llegar con incertidumbre sobre cuáles eran los cargos, para tratar de concretarlos en tal sede; el marco dentro del cual se desarrollaba el juicio estaba determinado por la resolución de acusación, que debía contener, con exactitud, la tipicidad de los hechos investigados, con todas sus circunstancias agravantes y atenuantes modificadoras de la punibilidad; los sujetos procesales tenían como punto de referencia esa acusación, con miras al juicio.
Posteriormente, insistió la Sala:
“La resolución acusatoria es presupuesto y límite del juzgamiento. En ella tiene lugar la realización de la imputación al procesado, tanto fáctica como jurídica, y el juez no puede desbordarla en la sentencia. Está obligado a dictar el fallo en consonancia con los cargos allí hechos, lo cual le impide condenar o absolver por unos distintos. No obstante, como lo ha admitido la jurisprudencia de la Sala, puede dictar condena por un delito diferente al de la acusación, a condición de que resulte menos grave para el procesado y esté dentro de los mismos título y capítulo que el de la acusación” (Sent. jul. 12/2001, M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar, rad. 11.288) (se destaca, ahora).
Esta doctrina de la Sala frente a la legislación procesal de 1991, no ha sufrido modificaciones y en la actualidad no encuentra explicaciones para variarla. Sería suficiente recordar que si en el Código de Procedimiento Penal de 1987 existía una normatividad que permitía mudar la calificación, tal fenómeno fue suprimido conscientemente cuando se confeccionó su sustituto, el Código de 1991.
2. El debido proceso, una de las instituciones fundamentales del Estado de derecho, indudablemente ostenta la calidad de garantía constitucional. Él constituye uno de los elementos estructurales del sistema judicial colombiano. Por mandato de la Carta, no puede existir ningún procedimiento que no se ajuste a las previsiones de su artículo 29.
Una de las expresiones del debido proceso es el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia. Este postulado básico tiene origen y asiento en la Constitución Política. Las siguientes normas lo consagran: 29 —debido proceso y sus especies constitutivas—; 235, numeral 4º —juicio adelantado con fundamento en los hechos imputados—; 250 —función acusadora de la fiscalía—; 251, numeral 1º —función acusadora del Fiscal General de la Nación—; y 252 —funciones de acusación y de juzgamiento—. Ellas hacen exigible la existencia de un acto jurídico en el que se fije con claridad y precisión el comportamiento punible que se atribuye al imputado. El estatuto procedimental de 1991, consecuente con esas normas generales, lo desarrolla, entre otros, en sus artículos 180 (hoy 179, num. 3º) —contenido de la sentencia— y 220, numeral 2º (hoy 207, num. 2º) —causal segunda de casación—.
En varias ocasiones, la Corte ha explicado que la falta de congruencia entre la sentencia y la resolución de acusación, es un error que afecta el debido proceso. En casación del 4 de julio de 2001 por ejemplo, expresó lo siguiente:
“La formulación de la acusación exige, de un extremo, la precisión de la conducta que será objeto del juicio, dicho en otros términos, la concreción de los hechos —imputación fáctica—, pero además, la calificación jurídica que los mismos concitan imputación jurídica—, traducida en el señalamiento del tipo en el cual se subsume la conducta, con deducción de todas aquellas circunstancias que la especifican”.
“Este postulado, entonces, implica que el fallo no puede recaer sobre hechos diferentes a los que fueron materia de la acusación, ni desconocer la calificación jurídica predicada en ellos. Podrá el juzgador a lo sumo, dado el carácter provisional de esta última concretar definitivamente la adecuación típica del hecho punible, acomodando a la sentencia —si es del caso— la conducta a uno cualquiera de los tipos que integran el capítulo respectivo, pero sin trascender los límites o parámetros impuestos por el núcleo central de la acusación, como lo tiene bien definido la jurisprudencia (Cfr. Sent. mar. 4/97, rad. 9637). Dicho en otros términos, el pronunciamiento del juez debe versar sobre los cargos elevados en la acusación, absolviendo o condenando al encausado” (M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego, rad. 16.150).
Posteriormente, en sentencia del 14 de noviembre 2001, reiteró:
“La falta de consonancia entre la sentencia y la resolución de acusación es un error que afecta el debido proceso, situación que separadamente ha sido establecida como causal de casación y que se corrige casando la sentencia, para proferir la de reemplazo” (se destaca, hoy).
“Cuando se invoca esta causal, tiene definido la Sala que, como es natural, su demostración debe hacerse confrontando la resolución de acusación con el fallo, con el fin de verificar si se ha condenado por cargos no incluidos en aquélla o si, eventualmente, se dejó de resolver alguno o algunos expresamente formulados. Esta censura implica demostrarle a la Corte que la condena no corresponde a la realidad fáctica y jurídica tenida en cuenta en la acusación, resultando evidente que el fallo lo desbordó o desestimó” (M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla, rad. 15.354).
Resulta claro, entonces, que entre los cargos demandados en la resolución de acusación y los que fueran materia de juzgamiento, al menos en la normatividad preexistente al acto imputado a los procesados, debía guardarse concordancia. No podía el juez, so pena de violar el debido proceso y el derecho de defensa, proferir sentencia por un delito distinto al que se les había imputado concretamente a esas personas. En el fallo, sólo era admisible la variación de la calificación referida a la especie del delito, pero siempre y cuando la corrección anexada no hiciera más grave la situación jurídica de los sindicados.
Un juicio que en ese momento desatendiera estos presupuestos, se situaba al margen de la esencia, los fundamentos y las finalidades del debido proceso.
Desconocía su esencia porque la súbita y gravosa adecuación jurídica de la conducta del enjuiciado, hecha además extemporánea y unilateralmente, convertía al juez en apóstata de la alteridad, requisito esencial de todo acto verdadero de justicia.
Así mismo, al no emplear medios idóneos y legalmente prefijados para introducir la adición, tendientes a dar estabilidad y seguridad a las partes dentro del proceso, hacía tabla rasa de sus fundamentos.
Y, por último, negaba las finalidades del debido proceso porque el juez, en su calidad de tercero imparcial, con su proceder inopinado y abrupto, provocaba el rompimiento de la relación jurídico-procesal cuya protección le habían confiado las partes por virtud de su ministerio.
3. A pesar de que la defensora apuntó a la causal tercera de casación sin relacionarla con la segunda, del texto de la demanda que elaboró aflora con claridad lo que quiere significar. Dice que en este caso, por no haberse atenido el juez a los lineamientos trazados en la resolución acusatoria, no sólo vulneró el debido proceso sino que sorprendió a los sentenciados, sin darles oportunidad de defenderse, con una calificación jurídica que hacía más onerosa su situación. Así se expresó la demandante:
a) No discute el carácter provisional de los cargos atribuidos en la resolución de acusación.
b) No está de acuerdo, eso sí, con que a sus defendidos, a quienes se les imputó el delito de homicidio simple en el auto de cargos, se les haya sorprendido con una sentencia por el delito de homicidio agravado, provocada por una extemporánea e informal petición del fiscal, en el sentido de agregarle a la conducta punible el estado de indefensión como circunstancia de agravación y por la ilegal aceptación de dicha solicitud por parte del juez de la causa y el Tribunal Superior.
c) Tal actuación condujo, concluye la demandante, a la violación del debido proceso y el derecho de defensa de los inculpados.
Como se ve, la actora hace ostensible su propósito: obtener la revocatoria de la sentencia porque el Tribunal, al condenar a los procesados por un delito de especie diferente al que se reseñó en la resolución de acusación, pero con el agregado de ser más grave que el imputado originalmente, transgredió el debido proceso y el derecho de defensa.
4. El fiscal, en la resolución de acusación, confirmada en segunda instancia por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva, consideró que Jesús Ángeles Jiménez Reyes debía responder en juicio por los delitos de homicidio simple y de lesiones personales y su hermano José Alfredo Jiménez Reyes únicamente por homicidio simple. Las bases de su decisión, fueron las siguientes:
“Mercedes Tovar Reyes y Oscar Javier Hernández, refieren que cuando se presentó el alegato entre los Jiménez y Carlos Albeiro, se continúo con pelea entre éste y José Alfredo, habiendo sacado a relucir éste último una navaja y, como Carlos Albeiro fuera de mayor contextura, hubo de enfrentarlo y en el desarrollo de la misma es tomada la víctima por la parte posterior de su cuerpo, no siendo posible su reacción y facilitando en cambio para que Jesús de los Ángeles lo agrediera con otra arma blanca”.
“Estimamos creíbles las declaraciones de Mercedes Tovar Reyes y Oscar Javier Hernández Solano, pues son en últimas las personas que junto con los sindicados y con el occiso, hasta ahora conocidas que fueron testigos de los sucesos, pues se deduce que otros acompañaban a los sindicados sin que hasta ahora se tenga conocimiento y, estas personas expresan sus relatos que son consecuentes y lógicos de acuerdo a lo narrado en tiempo y espacio. Si la víctima estuviera portando arma de fuego, necesariamente ésta tendría que aparecer en cualquier lugar y si cayó al piso, los más interesados en recuperarla para demostrar su existencia eran los hoy implicados, actitud que no se vislumbra en el proceso”.
“Con base en lo analizado, consideramos que se reúnen los requisitos del artículo 441 del Código de Procedimiento Penal, para decretar resolución de acusación en contra de Jesús de los Ángeles y José Alfredo Jiménez Reyes, como posibles responsables del delito de homicidio simple en la persona de Carlos Albeiro Charry Cruz, conducta sancionada en el Libro Segundo del Código Penal, Título XIII, Capítulo I”.
El Juez 4º Penal del Circuito de Neiva, en cambio, consideró que la sentencia debía proferirse por el delito de homicidio agravado. Su decisión la tomó con fundamento en lo siguiente:
“En consecuencia, acreditadas las exigencias que demanda el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, la jurídicamente procedente es imprimirle fallo de naturaleza condenatoria al proceso penal adelantado en contra de los hermanos Jesús de los Ángeles y José Alfredo Jiménez Reyes, por cuanto no se vislumbran causales de justificación o de inculpabilidad predicables a su favor. Obsérvese, entonces, que no aparece de parte de Carlos Albeiro Charry Cruz una agresión proporcionada a la irracional y descomunal arremetida de los enjuiciados, quienes colocando en condiciones de inferioridad a la víctima, de manera inclemente le propinan varias puñaladas, sin que hubiese posibilidad de reacción o defensa, por cuanto sus fuerzas se encontraban doblegadas por el embate pérfido de José Alfredo, quien además de encuellarlo le disminuyó sus fuerzas con las iniciales cuchilladas causadas. En estas circunstancias, no se puede pretender justificar la legítima defensa ni mucho menos el exceso punible, previsto en el artículo 30 del Código Penal, por cuanto al no quedar acreditada la legítima defensa pregonada, mucho menos se puede pretender hablar de defensa excesiva, como lo sostiene la doctrina, más aún si se tiene en cuenta que lo que aparece demostrado es un acto aleve, ruin y desproporcionado, el cual no admite justificantes ni aminorantes de ninguna índole”.
El tribunal, a su vez, cuando dispuso la confirmación íntegra de la sentencia justificó del siguiente modo la falta de concordancia entre el cargo por homicidio simple elevado en la resolución acusatoria y la sentencia condenatoria por el delito de homicidio agravado:
“Y, la Corte Constitucional, máxima guardiana de la Carta Política y por tanto de prerrogativas, garantías, valores y derechos esenciales como el debido proceso, decidió que la calificación jurídica contenida en la resolución de acusación era provisional y por tanto mutable por el juez para quien no podía, a riesgo de atentarse contra la autonomía e independencia, convertirse en un forzado corsé, como tampoco terminarse el proceso en ese momento intermedio, con la razón adicional que la interpretación del artículo 250 de la Constitución, ubica en titularidad de la fiscalía la función de acusar infenecible con la emisión de la resolución acusatoria sino que se prolonga durante la vital etapa de juzgamiento, en cuya sede bien pueden corregirse yerros antecedentes a aquel pronunciamiento o adicionar los cargos por motivo de prueba de incriminación sobreviniente, como lo hizo el fiscal de autos y con la anuencia y el respaldo del juez, quienes tuvieron el buen cuidado de brindar a la Defensa y a los procesados la posibilidad de ejercer la contradicción probatoria, como en efecto se hizo en la debida oportunidad. Además el a quo a la postre respetó el capítulo correspondiente del Código Penal (Primero, del Título XIII, Libro Segundo), el nomen juris y el núcleo central de la original acusación”. (las subrayas pertenecen al texto).
5. De lo relacionado hasta aquí, se llega a las siguientes conclusiones parciales:
a) El juez y el tribunal aceptaron los hechos en la forma como los narró el fiscal en la resolución acusatoria.
b) Los sentenciadores discreparon en la forma de calificar la conducta relacionada con la muerte de Carlos Albeiro Charry mientras el fiscal, inicialmente, consideró que el hecho de que la víctima hubiera sido tomada por el cuello por uno de los autores del homicidio para facilitar que su compañero lo acometiera a cuchilladas no constituía circunstancia de indefensión; los jueces, finalmente —ante la petición aditiva de la fiscalía—, estimaron que tal forma de proceder encuadraba a la perfección dentro de la circunstancia de agravación prevista en el numeral 7 del artículo 324 del Código Penal.
c) El Juzgado 4º Penal del Circuito de Neiva, apoyado en que existía prueba posterior que justificaba la enmendadura, no estuvo de acuerdo con la calificación jurídica que de la conducta había hecho el fiscal en la resolución de acusatoria del 5 de septiembre de 1997, confirmada luego por su superior jerárquico el 20 de octubre del mismo año. Por eso, acatando la petición que este último presentó dentro de la etapa del juicio, mutó por homicidio agravado el cargo inicial por homicidio simple.
d) El error del tribunal consistió en confirmar la decisión del juez, quien había aceptado corregir, sin fórmula de juicio y en detrimento de las garantías fundamentales de los procesados, la calificación contenida en la resolución de acusatoria del 20 de octubre de 1997, adicionada con la solicitud en la audiencia.
e) El tribunal, en lugar de confirmar y justificar el cambio de la calificación pedido en la audiencia pública, debió proceder conforme con la acusación original.
6. La conclusión final, entonces, es la siguiente:
La sentencia impugnada tiene que dejarse sin efecto en cuanto a la punibilidad, porque el tribunal incurrió en un protuberante error que directamente afecta el debido proceso y con consecuencias inmediatas en el derecho de defensa de los procesados. Admitió como propio de las formas del juicio, sin serlo, la facultad del fiscal de modificar en peor la calificación jurídica de la conducta y confirmó una sentencia que no estaba en consonancia con los cargos deducidos en la resolución acusatoria. Por tanto, la Corte debe sustituirla por la que corresponda en derecho.
7. Con fundamento en lo expuesto, la Sala tomará las siguientes determinaciones:
a) Casará parcialmente la sentencia objeto del recurso, con base en la primera propuesta hecha por la defensa, por cuanto es evidente que ella, por ser efecto de un procedimiento extraño al proceso penal consistente en rectificar la resolución acusatoria para empeorar la situación jurídica de los imputados, se erige ante todo, en pieza violatoria de las garantías fundamentales y, desde luego, de la estructura misma del proceso penal.
b) Reemplazará la penalidad establecida en el fallo, dictando uno acorde con los cargos formulados en la resolución de acusación del 20 de octubre de 1997, en lo pertinente.
c) Redosificará las penas, así:
1. Respecto de Jesús de los Ángeles Jiménez Reyes, fue acusado de homicidio simple en concurso con lesiones personales. Para fijar la sanción, el Juez 4º Penal del Circuito de Neiva partió del mínimo establecido para el homicidio agravado en el Código Penal anterior —40 años— y aumentó la cantidad en ocho (8) meses en razón del concurso con las lesiones, para un total de 40 años y 8 meses de prisión. La multa la fijó en cuatro mil pesos ($ 4.000), a partir de la norma pertinente en materia de heridas con deformidad.
En razón de la benignidad, su situación quedará así:
Prisión de trece (13) años y ocho (meses). Se impone el mínimo del artículo 103 del nuevo Código Penal —13 años—, y se agregan ocho (8) meses, por el concurso, con el fin de conservar los mismos parámetros atendidos por el a quo.
Multa de cuatro mil pesos ($ 4.000), la misma fijada por el juez de primera instancia, con fundamento en el artículo 333-2 del Código Penal derogado. No se impone la pecuniaria a que alude el artículo 113-2 del actual estatuto, que oscila entre 26 y 36 salarios mínimos legales mensuales, porque, respecto de aquélla, es desfavorable.
La accesoria de interdicción se mantiene en el mismo monto: 10 años.
2. Respecto de José Alfredo Jiménez Reyes. Fue acusado de homicidio simple, y al convertirlo en agravado le fueron impuestos cuarenta (40) años de prisión, es decir, el mínimo establecido en el tipo. Siguiendo la misma línea anterior, con base en el artículo 103 del actual Código Penal, la prisión le quedará en trece (13) años.
La interdicción se mantendrá en la misma cantidad.
En materia de perjuicios, se sostendrá la vigencia de la obligación de pagar solidariamente la cifra fijada por el fallador de primera instancia, confirmada a su vez por el tribunal, en sesenta y cuatro millones setecientos mil pesos ($ 64.700.000) para los perjuicios materiales y diecinueve millones quinientos mil pesos ($ 19.500.000) para los morales.
Los sentenciados, por expresa prohibición del artículo 63 del Código Penal de 2000, acorde con la legislación anterior, no tendrán derecho a que se les suspenda condicionalmente la ejecución de la sentencia.
Sin embargo, el tiempo que han permanecido en detención preventiva, se les abonará como parte cumplida de la pena principal.
1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia proferida dentro de este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el sentido de condenar a Jesús de los Ángeles Jiménez Reyes como coautor del delito de homicidio simple, en concurso con el de lesiones personales, e imponerle como penas principales, trece (13) años y ocho (8) meses de prisión y multa de cuatro mil pesos ($ 4.000), y como sanción accesoria, diez (10) años de interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas; y a José Alfredo Jiménez Reyes como coautor del delito de homicidio simple, sujeto a la pena principal, trece (13) años de prisión y, a manera de sanción accesoria, diez (10) años de interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas.
2. Mantener la vigencia de la sentencia de primera instancia en lo demás.

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 artículo 29
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 artículo 247
 artículo 30
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 artículo 250
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 artículo 324
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 artículo 103
 artículo 333
 artículo 113
 artículo 103
 artículo 63