Source: http://represoresrosario.blogspot.com/2011_08_01_archive.html
Timestamp: 2017-04-24 22:48:23+00:00

Document:
Represores Rosario: agosto 2011
Camarista apartada en la causa que investiga delitos de lesa humanidad
Cosidoy se apartó. Tuvo que dar un paso al costadoHIJOS había presentado una recusación contra la magistrada por su falta de imparcialidad. Ella había sido defensora oficial de tres jóvenes militantes a los que le aplicaron la ley de "actividades subversivas" en plena dictadura.por José MaggiLa camarista federal Laura Inés Cosidoy debió dar un paso al costado y dejar su lugar en un tribunal que debía juzgar a los responsables del destino de un grupo de estudiantes secundarios de San Nicolás de la escuela Don Bosco, enrolados con el desaparecido obispo Ponce de León. Cosidoy se alejó definitivamente de esta causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad, luego de resistir a pie firme su lugar, tras ser recusada por un grupo de familiares de víctimas y querellantes, patrocinado por abogados de HIJOS. La salida no fue generosa: ocurrió luego que apareciera una viejo expediente en el que ella misma había actuado como defensora de tres de las víctimas.Lucas Ciarnello, miembro del equipo jurídico de HIJOS junto a Alvaro Baella, Nadia Schujman y Ana Oberlin recordó el periplo judicial."La agrupación había presentado una recusación de Cosidoy por su falta de imparcialidad. Sin embargo la camarista rechazó la misma, y derivó en que sus dos compañeros del Tribunal Oral Nº 1 se expidieran sobre el tema: Otmar Paulucci y Ricardo Vázquez, opinaron de manera disímil"."La decisión -agregó el letrado- derivó en un recurso ante la Cámara de Casación, que designó a un tercer juez para conformar el tribunal. El elegido fue Escobar Cello, pero mientras este nuevo tribunal discutía sobre la recusación de la camarista, 'apareció' en el tribunal un expediente iniciado a tres jóvenes militantes encausados por la ley 20840, que no es otra que la ley que juzgaba las 'actividades subversivas'".Se la habían aplicado a María Luisa Corelli, Alicia Cámpora y Gustavo de Cara. Y justamente Cosidoy había sido defensora de los tres. Una muestra más que formó parte de la aparato que intentó darle una pátina de legalidad a la dictadura. Recién entonces Cosidoy decidió apartarse.La causa investiga el destino de dos desaparecidos: Carlos Farayi y Gerardo Cámpora, y el secuestro de José María (Cholo) Budassi.Es importante develar el último voto de los restantes camaristas: Ricardo Vázquez opinó que la recusación de HIJOS era "abstracta", en cambio Otmar Paulucci y Escobar Cello rechazaron la recusación porque se esgrimió imparcialidad del juzgador. Es que HIJOS le había objetado a Cosidoy su estrecha relación con el general Leopoldo Fortunato Galtieri.Por esta decisión Ciarnelo, de HiIJOS, señaló que "más allá de la causal objetiva, pensamos que Cosidoy no puede integrar ningún tribunal que juzgue delitos de lesa humanidad porque no tiene imparcialidad, y es un derecho de las víctimas pedir el apartamiento de cualquier juez por temor de parcialidad. Esto lo fija el Código", resalto el letrado.Tal como había descripto en su alegato en la causa Díaz Bessone, la abogada Oberlin, "la ley 20.840 era un ropaje de legalidad de un proceso en el cual a estas tres personas Corelli, Cámpora y De Cara le arrancaron declaraciones bajo tormentos, se las hicieron firmar y con estos documentos los llevaron a juicio: Alicia Cámpora tenía solo 16 años. Era muy joven, pero igual fue acusada"."Estamos conformes con el apartamiento de Cosidoy porque no queríamos que participe en este juicio pero igualmente hubiéramos preferido que se la apartara por nuestros motivo de falta de imparcialidad", señaló Oberlin.Por su parte "Cholo" Budassi entendió el apartamiento de Cosidoy como una buena noticia. "No la queríamos por sus antecedentes pero nuestro reclamos es unificar las causas. Nosotros aspiramos a que la causa del colegio Don Bosco, que investiga el secuestro de siete militantes, dos de los cuales terminaron desaparecidos, se unifique con otros tres expedientes más: La Masacre de calle Juan B. Justo que ocurrió en noviembre del 76, y otras dos más en mayo del 77, una en el barrio Tripoli conocida como Mastroberardino y la otra en el barrio Santa Rosa, conocida como Alvira/Martínez".Budassi remarcó que "el TOF 2 entiende en estas tres causas, pero postergó el inicio de las mismas a raíz de que la causa Díaz Bessone no está terminada, y que recién en octubre podría concluir en sentencia".
robo menores
Patti ya no puede escabullir más la acción judicial, por dos casos
La Justicia federal va por Patti en el caso Cambiaso y Pereyra Rossi.Persecusión penal ya habilitadaLa decisión judicial marca el final de un largo capítulo iniciado en el año 2005 por el fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray que habían solicitado la anulación de los sobreseimientos de Patti, y los otros dos imputados.Por José MaggiLa Cámara Federal de Apelaciones de Rosario habilitó definitivamente la posibilidad de persecución penal contra los autores del secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurrido en mayo de 1983. Se trata del entonces oficial inspector de la policía bonaerense Luis Abelardo Patti, el entonces cabo Juan Amadeo Spataro y el ex sargento Rodolfo Dieguez, adscriptos al entonces Comando Radioeléctrico dependiente de la Unidad Regional de Tigre. La decisión marca el final de un largo capítulo judicial iniciado en el año 2005 por el fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray que con la adhesión de los representantes de las hermanas Cambiaso, Ana Oberlin, Nadia Schujman, Lucas Ciarnello y Alvaro Baella, habían solicitado la anulación de los sobreseimientos de Patti, y los otros dos imputados. En agosto de 2010 el juez Villafuerte Ruzo habia decidido reabrir la causa pero el defensor del represor había apelado la reapertura, y finalmente la Cámara local, refrendó lo actuado por le juez. "Este era un obstáculo para poder indagarlos, incluso porque ellos esgrimían que habían sido sobreseídos, por lo cual no se podía perseguirlos. Esto destraba la posibilidad de la persecución penal hacia estas personas", explicó Ana Oberlin a Rosario/12Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 1983, en el bar "Magnum" -ubicado en calle Córdoba y Ovidio Lagos. Con posterioridad trasladaron a Cambiaso y a Pereyra Rossi a la ciudad de Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, donde se simuló un enfrentamiento con policías bonaerenses y ambos resultaron muertos.Murray había argumentado que la investigación del hecho "se llevó adelante ante la Justicia Ordinaria cuando debió hacérselo ante la Justicia Federal". Y que "el auto de sobreseimiento dictado por la justicia ordinaria en favor de los encartados, convertido en definitivo por el transcurso de tiempo, resulta ser nulo por controvertir el orden público constitucional y procesal por resultar un absurdo jurídico"."En definitiva -agregaba el fiscal en su presentación del 2005- una investigación llevada adelante por la justicia de facto, y una pretendida autoridad de cosa juzgada, en el contexto histórico político pre mencionado, y con las falencias detalladas, no pueden prevalecer por sobre el derecho de las víctimas y la sociedad en general de conocer la verdad de lo acontecido y procurar el castigo de los responsables de los hechos y de su encubrimiento". Más aún "estando enmarcados los hechos cometidos en perjuicio de las víctimas dentro de los denominados delitos de lesa humanidad, la persecución de estos posee carácter imprescriptible".Con estos argumentos, Villafuerte Ruzo le dió la razón, pero Silvio Duarte, el abogado defensor de Patti, apeló la medida. Con fecha 1º de julio la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, con la firma de Guillermo Toledo, Liliana Arribillaga, Carlos Carrillo, Edgardo Bello, Elida Vidal y Fernando Barbara, resolvieron ratificar la reapertura.Como la defensa de Patti había argumentado la aplicación del criterio "ne bis in idem" es decir que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismos delito, y el ex comisario de Escobar junto a sus dos cómplices habían sido sobreseídos por el simple paso del tiempo, bien vale la pena apuntar lo dicho por la Cámara."Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado en lo que toca al principio ne bis in idem, aun cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: I) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; II) el procedimiento no fue instruído independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o III) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada 'aparente' o 'fraudulenta'. Por otro lado, dicha Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana, desplazan la protección del ne bis in idem".
pereyra rosi,
Represores que verbalizan sus mentiras por primera vez en el juicio
Una docena de militares del Centro de Operaciones Tácticas de la dictadura en el banquilloEs un grupo que se desempeñaba en el II Cuerpo de Ejército. Uno de ellos que después llegó a general llegó a decir "no entiendo por qué por el simple hecho de aparecer en una plantilla donde estaba destinado, se me imputan ahora estos hechos que desconozco".Por José MaggiUna docena de militares integrantes del Centro de Operaciones Tácticas (COT), del Segundo Cuerpo de Ejército en los primeros tiempos de la dictadura militar; desfilaron en los últimos días frente a la justicia federal rosarina. A pedido de la fiscal Mabel Colalongo, el juez Marcelo Bailaque dispuso detener y recibir declaración indagatoria a los integrantes del COT entre los años 1976 y 1979. El órgano militar estaba integrado por jefes de distintas áreas como Operaciones, Inteligencia, Recursos Humanos o Logística, entre otras, que conformaban el estado mayor del Segundo Cuerpo. El COT diseñaba las operaciones posibles, se las proponía al comandante y este era el que decidía cuál se ponía en marcha. Finalmente, la ejecución y el control de la misma quedaba en manos de este grupo de militares. La justicia les imputa haber sido responsables de una veintena de secuestros, torturas y desapariciones ocurridas en el segundo semestre de 1976.Los cargos por los que se los imputa son 28 privaciones ilegítimas de la libertad, 22 de las cuales terminaron en homicidios (básicamente ocurridos en agosto de 1976 en una furibunda repesalia contra el Ejercito Revolucionario del Pueblo), el secuestro y desaparición de Oscar Medina, el secuestro y asesinato de la joven Maria Victoria Gazzano Bertos y la alteración de identidad de la hija de Ricardo Klotzman y Cecilia Barral. La responsabilidad del COT es evidente, a juzgar por la declaración de uno de los imputados: "Funcionaba las 24 horas".Los indagados, hasta el momento son:* Horacio Guillermo Canestro, en aquel momento era Mayor y estuvo destinado desde Junio a Diciembre de 1976. Según declaró estaba "a cargo de tareas de seguridad externa e interna", todas supervisadas por el COTEl militar aclaró que " era el comandante el que determinaba el formato y la amplitud, la forma o la extensión del COT"."Ahí no opinaba ni la Policía, ni la Gendarmería, ni la Prefectura, es decir ninguna área externa al Ejército" dijo Canestro.En su tiempo, el COT estaba integrado por "personal de mayor jerarquía" que él, que era considerado de la línea joven, y aclaró que no tomaba decisiones en ese marco, sino que su tarea era controlada por el COT".Canestro es defendido por el abogado rosarino Gonzalo Miño.* Edgardo Antonio Faur era capitán del ejército."Nunca maté a nadie, nunca maté a una persona, niego terminantemente las imputaciones y no me hago cargo de ninguna de las acusaciones que se me hace". Se defendió argumentando que el 24 de marzo del 76 lo sacaron de la Escuela Superior de Guerra, para reasignarlo al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, y lo trasladaron a Formosa.Faur es defendido por Ricardo Saint Jean, hijo del ex gobernador de facto de Buenos Aires Ibérico Saint Jean, quien acuñara la famosa frase:"Primero mataremos a todos los subversivos luego mataremos a sus colaboradores después a sus simpatizantes enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos."* Julio Ezequiel Franciulli. Era coronel, y jefe del departamento Personal e integrante del Estado Mayor del Segundo Cuerpo a cuyo cargo se encontraba el control operacional de la zona Dos." Niego todas las imputaciones y no voy a declarar". Su defensor es Carlos Zürchr y Federico Tschopp, ambos defensores oficiales.* Eitel Aramis Ferreira. Era coronel, jefe del departamento de Logística, del estado mayor del Segundo Cuerpo de Ejército a cuyo cargo se encontraba la zona operacional 2. Se abstuvo de declarar. Lo defiende Alberto José Ensinck, quien fijo domicilio en un estudio del foro local: Santa Fe 1211 piso noveno oficina 1 y 2.* José Javier de la Torre, era capitán, y jefe de la sección Comando y Servicio del Destacamento de Inteligencia 121 del Segundo Cuerpo de Ejército. Es defendido por Eduardo Sinforiano San Emeterio.Se abstuvo de declarar.* Enrique Benito Laurenti. Era Mayor. Es defendido por Gonzalo Miño.Primero se negó a declarar, aunque después decidió ampliar su indagatoria. "Cuando vino a buscarme la gendarmería, pensé 'esto pasó hace 35 años' asi que me hice un ayuda memoria" explicó Laurenti. De todos modos no contestó preguntas de la fiscalía""Vine a Rosario en 1975, y estuve en el Departamento 3 de Operaciones hasta julio del 76. En ese momento el coronel Gazzari Barroso era mi superior ya que era el G 3. El 15 de diciembre de 1976 viaje a Bolivia como asesor del Estado mayor del ejército de aquel país"Laurenti intentó defenderse argumentando que " el Destacamento de Inteligencia no tenía que ver con el de Operaciones".Ante el relato de los hechos, respondió "se me habla de la Quinta de Fisherton" sobre la que dijo " desconozco si realmente existió" es decir que no lo negó, sino que no lo sabía."Mi función no era ni ejecutiva ni tenía mando de tropa, solo de Estado Mayor, es decir que colaboraba en el planeamiento de la instrucción y la organización de los juegos de guerra" (sic)Laurenti recordó que "el comandante (Díaz Bessone) quería mantener presencia del Ejército en las calles de Rosario como acción disuasiva, pidió que se realizaran patrullajes, control de rutas. Pero siempre las tropas estaban uniformadas, con armas reglamentarias, cumpliendo los reglamentos militares. Mientras me desempeñé en el COT en el área de Operaciones nunca recibí ninguna orden que no fuera reglamentaria ni impartí ninguna orden que lo fuera. Todos los operativos se hicieron con ordenes reglamentarias".El mayor Laurenti desplegó entonces la frase que desnudaría el eje de su declaración: "Quiero dejar en claro que en 35 años nunca me llamaron ni desde el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ni de la justicia federal" disparó el militar, reconociendo su sorpresa por la indagatoria y detención. Y por si fuera poco recordó que "cuando asumió Alfonsín se revisaron mis antecedentes y aprobaron mi ascenso en 1984, y en el 88 me ascendieron a general. Durante el gobierno doctor Menem fui propuesto para ascender a General de división y además en el año 93 y 94 fui comandante general electoral del doctor Ruckauf".Laurenti finalizó su exposición volviendo sobre la sorpresiva declaración: "no entiendo porque por el simple hecho de aparecer en una plantilla de organización del COT donde estaba destinado, se me imputan ahora estos hechos que desconozco".Roberto Oscar Galuppo, Jorge López, Heriberto Lavallén y Roberto Fossa, completan la lista, de la que forman parte el ex comisario federal Federico Almeder (del que dio cuenta este diario el último domingo) y Rubén Oscar Jaime, experto en incautaciones fraguadas de vehículos.
El equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticos, terminó de presentar y valorar la prueba de los 77 casos que representa en la causa. Ante una sala llena de público, las abogadas expusieron pruebas de cada uno de los crímenes sufridos por tantas personas que pasaron por el Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe.
En el relato de cada caso, se vivieron momentos muy emotivos. Las primeras lágrimas entre el público se vieron cuando se escuchó a Durruty decir en referencia al caso de Rut González: "Solo hay una situación más terrible que una persona retenida en un centro clandestino y es estarlo y saber que tus pequeñas hijas se encuentran recibiendo los mismos tratos de los monstruos que se encargan de los tormentos de todos". La menor de las hijas de Rut, Josefina Victoria Tosetto González, escuchaba conmovida.
Lo mismo ocurrió al ser presentado el caso de Oscar Manzur, quien fue secuestrado y torturado hasta la muerte en el Servicio de Informaciones. Otro de los casos en cuya presentación se detuvieron especialmente fue el conocido "Caso de los Surgentes". Daniel Barjacoba, Analía Murgiondo, José Oyarzabal y María Cristina Márquez integran el grupo de siete personas cuyos cadáveres aparecieron en esa localidad cordobesa luego de permanecer cautivos en el Servicio de Informaciones. El resto del grupo son Sergio Jalil, Eduardo Laus y Cristina Costanzo, que por cuestiones procesales, no pueden ser parte de este juicio.
Las abogadas detallaron la situación de la familia Bettanin, diezmada por las fuerzas represivas en un operativo en su domicilio de Barrio Gráfico el 2 de enero de 1977.
Al final del alegato, volvió a vivirse un momento de mucha emoción cuando se relató el caso de Eduardo Nasini, una de las personas más activas en el inicio e impulso de esta causa, que por una grave enfermedad no pudo llegar con vida a este juicio. Las abogadas le rindieron un sentido homenaje. El alegato continuará el 29 de agosto, desde las 9.30.
Verdad marcada en los cuerposLas abogadas que representan a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas establecieron las pruebas del genocidio, al tiempo que plantearon las pruebas de cada caso."La verdad de lo ocurrido está marcada en los cuerpos de los sobrevivientes, es parte de la memoria y de lo repetido hasta el cansancio todos estos años. El testigo narra su verdad como parte de la verdad total, su persona es la prueba viviente del horror, incluso, poder convertirse en testigos de lo ocurrido, es lo que a muchos los motivó a sobrevivir". La frase pertenece a la abogada Gabriela Durruty y se escuchó ayer en el marco de la Causa Díaz Bessone en medio del alegato de los abogados querellantes que patrocinan a Marta Bertolino, Alfredo Vivono, Eduardo Seminara, Azucena Solana, José Aloisio, Liliana Gómez. El alegato estuvo a cargo de las abogadas Daniela Asinari, Leticia Faccendini y Jesica Pellegrini, quienes integran el equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.En primer lugar, Pellegrini hizo referencia al contexto histórico en el que se enmarcaron los hechos afirmando que el gobierno militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, implementó un modo clandestino de represión, un plan sistemático de tortura y desaparición de personas que derivó en una escalada represiva sin precedentes en la historia argentina.Asimismo destacaron que ese plan fue diseñado con anterioridad al golpe y contó con la participación protagónica de varios sectores de la población, entre ellos el sector financiero y empresario y la Iglesia Católica. Específicamente en relación a ésta, sostuvieron que "el apoyo explícito de las autoridades de la Iglesia al golpe genocida en la UR II tuvo nombre y apellido. En esa convicción esta querella solicitó al juez Bailaque que indague a Eugenio Zitelli por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, y esperamos que así lo haga".Asimismo, el plan sistemático de exterminio fue producto de la influencia de la doctrina contrarrevolucionaria francesa. En el documental de Marie Monique Robin "Los Escuadrones de la Muerte: La Escuela Francesa" que fue incorporado a la causa así como el propio testimonio de la autora, pudimos observar a Ramón Genaro Díaz Bessone, admitir que se utilizó la tortura para obtener información y diciendo que no se pudo utilizar la ley marcial ni el fusilamiento por las condiciones internacionales, por lo que se desaparecieron los cadáveres de los prisioneros asesinados".En lo que a este juicio concierne, el Segundo Cuerpo del Ejército estuvo comandado por el imputado Ramón Genaro Díaz Bessone, en principio hasta octubre de 1976, cuando fue ascendido a ministro del poder ejecutivo nacional usurpado por Jorge Rafael Videla.En su alegato la letrada hizo hincapié en que "los sucesos señalados no fueron hechos aislados producto del comportamiento criminal de algunos militares y policías, sino que lo que examinamos en este Juicio es un episodio inescindible del drama general que no es otro que el del genocidio perpetrado contra un grupo nacional del cual, nuestros representados, como el conjunto de las víctimas, fueron objeto".Posteriormente, Durruty se refirió a la forma en que debe merituarse la abundante prueba que obra en la causa y que "refieren a un andamiaje burocrático orquestado por el estado terrorista con la única finalidad de ocultar responsabilidades en aquellos casos en que el destino del secuestrado, del torturado, era acceder poco a poco a la legalidad. Si no decidían asesinar en un enfrentamiento fraguado, o directamente desaparecer el cuerpo, los detenidos entraban de a poco en la pseudo legalidad pensada para los opositores políticos como parte del maquillaje que intentaba establecer y perpetrar la impunidad del genocidio. Pero hoy, una vez probada la existencia y mecánica del plan sistemático, clandestino e ilegal de eliminación del colectivo integrado por todos aquellos que militaban por una mejor distribución de las riquezas, por un país más justo, no podemos caer en la trampa". Luego, junto a las abogadas Asinari y Faccendini, dieron comienzo a la exposición de cada uno de los 77 casos que representan en este juicio. Seguirán hoy, a las 9.
causa diaz bessone,
HIJOS-Rosario, pidió prisión perpetua y cárcel común para Díaz Bessone
"Con la verdad sobra para condenarlo"El abogado querellante de HIJOS solicitó además 25 años de cárcel para Lofiego, Marcote, Scortecchini y Vergara. "Solicitamos que se tome en cuenta el carácter de crímenes de lesa humanidad de los delitos que se juzgan".El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, que juzga al ex general Ramón Genaro Díaz Bessone y otros cinco imputados por delitos de lesa humanidad, escuchó ayer alegato final de HIJOS, que solicitó "prisión perpetua y cárcel común" para el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército. En tanto solicitó 25 años de cárcel para los policías José Rubén Lofiego, Mario Marcote, José Carlos Scortecchini y Ramón Rito Vergara. "Con la verdad sobra para condenar a los imputados", señaló Nadia Schujman quien junto a Alvaro Baella representan a HIJOS. Al igual que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, HIJOS no pidió penas para el civil Ricardo Miguel Chomicki.La abogada terminó ayer de desarrollar el último de los siete casos que representa con el relato de los hechos sufridos por la ex detenida Carmen Lucero, quien tenía sólo 16 años cuando fue secuestrada.Luego fue el turno de Baella, quien subrayó todo lo que dijeron los sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones sobre cada uno de los imputados, y extrajo de los testimonios de los más de 150 testigos, los dichos que confirmaron lo declarado en el juicio por los querellantes que representa HIJOS.Con relación el delito de privación ilegítima de la libertad, desde HIJOS hicieron un planteo novedoso, al señalar que ese delito duró todo el tiempo que estuvieron detenidos los querellantes que representan, aún el tiempo que permanecieron en calidad de "blanqueados" (es decir puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional). Baella explicó que esa detención "era un engranaje más dentro del plan sistemático" trazado por el terrorismo de estado.Además hizo un desarrollo sobre cómo las Fuerzas Armadas construyeron la idea de "enemigo", y lo amplio que podía ser ese concepto. Para ejemplificar dicha construcción recordó palabras del imputado Díaz Bessone en una entrevista con la periodista francesa, Marie Monique Robin. El abogado de HIJOS recordó los dichos del militar, quien aseguró que "el enemigo podía estar en todos lados: atendiendo un comercio, asistiendo a clases en la universidad o en colegios, enseñando como profesores. Puede ser un abogado, un ingeniero, un médico, un trabajador, un obrero".El letrado también trajo a la luz el documento conocido como informe Sotera redactado por Ejército y Policía en el que constaban como blanco, buena parte de las víctimas de esta causa. Luego de ese planteo, Baella argumentó por qué los delitos cometidos en el SI, deben ser considerados en el marco de un genocidio, y definió a la práctica genocida como "aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento, para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios".El abogado de HIJOS remarcó algunas cuestiones que el tribunal no podía dejar de tener en cuenta a la hora de evaluar los hechos juzgados. "Solicitamos ﷓dijo Baella﷓ que se tome en cuenta el carácter de crímenes de lesa humanidad de los delitos que se juzgan; la gravedad de los hechos descriptos y la intensidad del padecimiento de las víctimas, padecimiento que todos hemos percibido del relato de los sobrevivientes aquí en esta sala, con la proximidad propia del lugar desde donde declararon; cualquier palabra que pronuncie sobre ese sufrimiento va a empequeñecer la magnitud de los relatos".Baella también destacó a los jueces que "deben considerarse la sistematicidad de la prácticas llevadas adelante por los acusados; los delitos sexuales perpetrados contra las víctimas, la amenaza constante respecto a la suerte de los familiares de los detenidos, que a veces llegaba al punto de hacerles creer que los tenían también detenidos o hacerles escuchar el llanto de un bebe refiriendo que era su hijo, o incluso ponerles frente a su hijo, madre u otro familiar que habían capturado"."La desaparición forzada de Miriam Moro y Roberto De Vicenzo y el ocultamiento del cadáver de los asesinados por tanto tiempo, coloca a los imputados, en la negación de la humanidad misma, ya que privar a las familias (como se intentó hacer con el caso Moro-De Vicenzo), de los ritos funerarios, manteniéndolos en un estado de incertidumbre constante, coloca a quien determina ese hecho, en un estado previo a la civilización", afirmó el letrado.Al término de la exposición de HIJOS, otra de las abogadas querellantes, Gabriela Durruti, solicitó comenzar con su alegato la próxima jornada. Desde el tribunal informaron que se retomarán las audiencias el lunes 15 a las 9.30.
La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación culminó ayer con su alegato en el juicio oral por la causa Díaz Bessone, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex jefatura de policía durante la dictadura.Los abogados Ana Oberlin y Lucas Ciarniello Ibañez cerraron el alegato del organismo nacional haciendo la valoración de la prueba en cada uno de los casos.Los abogados resaltaron "la violencia sexual y de género a la que fueron sometidas las víctimas en este circuito represivo", además de "incluir el uso instrumental de niños como parte de la tortura, principalmente de sus madres". Citaron que "sin dudas el caso más escalofriante lo constituyó el de Rut González, cuyas hijas fueron dejadas en el SI y como relataron sus compañeras de cautiverio, continuamente preguntaba por ellas, además de que fueron golpeadas en su presencia como forma de tortura".También destacaron que los represores implementaron "una metodología de blanqueo de las personas secuestradas que tuvo dos maneras: simular enfrentamientos y formar causas judiciales o militares a las personas que eran secuestradas acusándolas de distintos delitos". Se hizo, además, especial referencia a "las identidades políticas de quienes sufrieron la represión para oponerlo al concepto de víctima despolitizada acuñado en los años '80". En ese sentido, remarcaron que "todas las víctimas fueron perseguidos políticos" y que "la mayoría de ellos eran marcados como blancos a aniquilar por pertenecer a organizaciones que la dictadura había construido como enemigos a desterrar por oponerse al terrorismo de Estado".Finalmente, pidieron que se aplique al ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y el ex policía José Lo Fiego la pena de prisión perpetua, por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos, homicidio agravado y asociación ilícita. Para los ex policías José Scortecchini, Ramón Vergara y Mario Marcote solicitaron 25 años de prisión, por delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos y asociación ilícita. En todos los casos se reclamó que los represores sean condenados "en el marco del delito de genocidio". No hicieron en cambio acusación contra el civil sindicado colaboracionista Ricardo Chomicky, ya que la Secretaría había desistido de hacer cargos.Además, se planteó que se revoque la prisión domiciliaria a Díaz Bessone, y que para el resto de los imputados "se termine con la insultante situación de libertad que gozan".Al respecto, el equipo jurídico de Familiares de Desaparecidos, y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, presentaron ante el Tribunal un pedido para que se revoque la excarcelación de que gozan los imputados y se ordene su inmediata remisión a una cárcel común. El reiterado pedido en ese sentido, hasta ahora rechazado por los jueces, surge de que "existen suficientes argumentos jurisprudenciales, emanados desde la mismísima Corte Suprema de la Nación", explicó la abogada Daniela Asinari.
El general en pijamas y pantuflasAsí recibió a la fiscal Colalongo el dictador que está preso en el hospital militar. Fue indagado por su "autoría mediata" en tres causas relacionadas con la desaparición de militantes del PRT-ERP en la ciudad de Rosario en el año 1976. Por José MaggiEl dictador Jorge Rafael Videla fue indagado esta semana por tres expedientes federales que investigan delitos de lesa humanidad ocurridos en Rosario: la causa Klotzman/Barral, ocurrida en el mes de agosto de 1976 cuando las fuerzas represivas pretendieron acabar con el PRT-ERP secuestrando y desapareciendo a 29 militantes de esa fuerza. El segundo expediente es el que investiga la supresión y cambio de identidad de la hija de Ricardo Klotzman y Cecilia Barral (recuperada e identificada como Josefina Kertz), además de los casos de Gazano Berto y de Oscar Medina, el hermano desaparecido del líder sindical telefónico Héctor Medina. La indagatoria fue ordenada por el juez federal Marcelo Bailaque, y llevada adelante por la fiscal federal Mabel Colalongo, el último jueves en el Hospital Militar (Capital Federal) donde está detenido Videla, quien fue indagado por su "autoría mediata", entendiendo la existencia de un plan general de represión clandestina.Al ex jefe militar se lo indagó por las desapariciones de Ricardo Klotzman, Cecilia Barral, Juan Tumbetta, Edgardo Silva, Isabel Carlucci y Víctor Fina, José Maciel, Herminia Inchaurraga, Dante Vidali, Elena Marques todas ocurridas en agosto del 76 entre otros militantes del ERP.Por el caso de Oscar Medina la indagatoria había sido solicitada por las abogadas del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Familiares, encabezado por Gabriela Durruty.Para la época de los hechos Videla era Comandante General del Ejército Argentino y Presidente, la máxima autoridad militar y administrativa del país. En tal carácter dispuso un plan de acción criminal que integraba el resto de las Fuerzas Armadas. "Considerando la alta jerarquía que revestían, resulta indudable que su responsabilidad en la preparación e implementación del plan sistemático de represión ilegal los ubican como autores mediatos de la desaparición de Oscar Medina" había asegurada la querella de la causa Medina.Sin embargo Videla -quien recibió a la comitiva judicial en el hospital vestido con pijama y unas curiosas pantuflas más adecuadas para una mujer- intentó defenderse argumentando que "era la Junta Militar la que tenía autoridad sobre el presidente", quien no ejercía la comandancia de la fuerza sino que era cada comandante el que lo hacia sobre su àrea respectiva. Por eso solo podía ser indagado como comandante y no como presidente de la nación.También negó la competencia de la justicia civil para juzgarlo por los hechos cometidos y argumentó que estos hechos ya habían sido juzgados en la Causa 13, es decir el Juicio a las Juntas.En rigor Videla se hizo cargo de todo lo actuado por el Ejército durante la llamada "guerra interna", y aclaró que sus subordinados se limitaron a cumplir sus órdenes, por lo tanto "carecían de toda responsabilidad"El dictador también reconoció la autoría de todas las directivas que dictó e impartió en su condición de comandante en jefe del Ejército durante lo que el mismo denominó "guerra interna".En el mismo sentido aseguró que "todas ellas respondían a la doctrina vigente en ese momento" y que, por otra parte habían sido calificadas como " inobjetables " por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.El ex general culminó diciendo que no iba a prestar declaración, sobre los hechos que se le imputaban.Otro de los indagados esta misma semana por la fiscal Colalongo fue Héctor Marino González, el cuarto jefe en jerarquía del Destacamento de Inteligencia del 121, quien comenzó negando la existencia "de detenidos de ningún tipo". En igual sentido el ex jefe de inteligencia negó la existencia de reglamentos u órdenes internas en la lucha contra la subversión. A su vez aseguró que cumplió "con toda las obligaciones vigentes a ese momento". Repreguntado sobre cuáles eran las mismas, aclaró "puntualmente no recuerdo reglamentos que dijeran qué hacer con los detenidos clandestinamente". "Bueno, además no había detenidos de ningún tipo " se esforzó en aclarar rápidamente.Marino González también trastablilló al hablar de los informes que redactaba sobre "la información que se manejaba, en la que no se nombraba a personas sino a situaciones generales cuya probable evolución ponía en peligro a las unidades militares".
El Colegio de Abogados canceló la matrícula a condenado por delitos de lesa humanidad
Juan Daniel Amelong: El hombre sin ley no podrá litigarEn una votación dividida, se decidió por 7 votos contra 6 retirar la habilitación al condenado por terrorismo de estado. Por José MaggiEl Colegio de Abogados de Rosario le retiró ayer la matrícula al represor Juan Daniel Amelong, condenado por delitos de lesa humanidad e inscripto en el foro local. En un fallo dividido, por siete votos contra seis, se impuso la moción de cancelar la matrícula profesional al exmilitar condenado en 2010 a prisión perpetua por terrorismo de estado. La resolución llegó tras un intenso debate, promovido por Vildor Garavelli, uno de los catorce miembros del Directorio, de los cuales solo uno estuvo ausente, Martín Rosúa. Como había seis votos a favor y seis en contra llegó el desempate a manos del presidente del Colegio Ignacio Del Vecchio. La polémica se centró en que la condena del Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario aún no está firme."Mientras la mayoría de los directores contempló la Ley en su conjunto e invocó la función esencial del Colegio de Abogados de velar por el decoro del foro, garantizando que quieres ejercen la profesión reúnen los valores éticos necesarios, hubo otros integrantes que se centraron en la letra del artículo 295 y la necesidad de contar con una sentencia firme, para decidir la cancelación de la matrícula", explicó Del Vecchio y resaltó que "esto es positivo y puede darse porque el organismo está compuesto por siete movimientos con distintas posiciones"."Hay que destacar la madurez y la calidad institucional con que se abordó en la reunión un tema tan difícil como éste y el hecho de que la mayoría de los integrantes del directorio evaluaron los antecedentes objetivos de Amelong como negativos para el ejercicio de la profesión", señaló Del Vecchio.Por su parte Vildor Garavelli explicó a Rosario/12 que "estando el colegiado Juan Amelong condenado por delitos dolosos con prisión efectiva se daban los extremos que pide el artículo 295 de la Ley Orgánica de Tribunales, que integra el Estatuto del Colegio de Abogados y en esas condiciones, teniendo en cuenta la calificación de delito de lesa humanidad por los que fue condenado, el Directorio del Colegio estaba habilitado para cancelarle la matrícula".La disparidad de opiniones dentro del organismo se debió a distintas interpretaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 295 alude a la necesidad de "sentencia firme", requisito que seis colegiados entendieron que no se cumple en el caso de Amelong, ya que la misma fue apelada ante la Cámara Nacional de Casación.A favor de retirarle la matrícula al exmilitar -﷓que podrá apelar la decisión del Colegio ante la Cámara de Apelaciones Penal-﷓ se manifestaron Eduardo Martínez Pintado, Alejo Molina, Pedro Kasabián, Vildor Garavelli, Alberto Pessón, Pablo Saccone y el presidente, Ignacio Del Vecchio. El voto del titular del Colegio fue clave para desempatar.En tanto, Mario Tettamanzi, Jorge Colombo Berra, Daniel Pellegrino, María Cristina Ferrada, María Laura Albornoz y Matilde Bouchardt consideraron que el artículo 295 no habilita al Directorio a la cancelación de la matrícula al ex militar.En rigor, en la sesión de ayer nadie lo defendió, aunque se necesitaron cuatro reuniones para el acuerdo. Sin lugar a dudas, que un presidente del Colegio enrolado en las filas de Defensa Profesional --una agrupación ligada al peronismo de derecha, la Iglesia y los militares que desde hace años gobierna el Colegio-- haya desempatado en contra de un condenado por terrorismo de estado es más que significativo.La agrupación Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre festejó ayer el fallo: "La decisión del directorio es muy relevante. No pertenecemos al mismo colegio. No queremos genocidas en nuestra matrícula", dice el texto del documento que rubricaron las abogadas Gabriela Durruty, Daniela Asinari, Jesica Pellegrini y Leticia Fascendini.
A un año del inicio del juicio oral y público de la causa Díaz Bessone, ayer se dio por concluida la etapa probatoria en la causa Díaz Bessone. La audiencia comenzó pasado el mediodía por la demora en llegar del defensor particular del ex general que está siendo indagado.La de ayer fue una jornada en la que solo se trató la incorporación por lectura de la prueba realizada en instrucción suplementaria, de documental y de las declaraciones realizadas por las víctimas que han fallecido a lo largo de mas de 20 años de lucha contra la impunidad.Tras una incidencia planteada por el Fiscal Gonzalo Stara, por entender que "el presidente del TOF 2 Venegas Echagüe se estaba oponiendo a la resuelto la semana pasada", se resolvió "tener todo por incorporado, sin mediar oposición por parte de las defensas", según explicó la abogada querellante, Leticia Fascendini.En efecto "solo los abogados defensores de Chomicki y Díaz Bessone plantearon la imposibilidad de valorar en ese momento la prueba que se pretendía incorporar, difiriendo su opinión al momento de sus alegatos", agregó la letrada.En tanto, hoy finalmente se inician los alegatos de la acusación, siendo en primer lugar la querella de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.En esta causa están imputados el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército durante este período, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex policías provinciales José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini; y el ex detenido político acusado de complicidad, Ricardo Miguel Chomicki.El juicio investiga crímenes cometidos contra 91 víctimas del terrorismo de Estado. Durante las audiencias testimoniaron más de 150 víctimas, familiares y sobrevivientes del SI, por donde se estima que pasaron entre 1.800 y 2.000 detenidos desaparecidos.Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, invitó a la comunidad a acompañar a familiares, sobrevivientes, querellantes y testigos de la causa Díaz Bessone en los alegatos de las querellas y la Fiscalía.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ﷓a través de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia﷓ ofreció ayer 100 mil pesos para aquel que aporte datos ciertos que permitan ubicar a estos sospechosos, en el marco de causas que tramita el juzgado federal 4 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Bailaque.
Quienes puedan aportar información útil para dar con el paradero de los prófugos, pueden hacerlo llamando al (011) 5300﷓4020, escribiendo a la casilla de correo electrónico unidadespecial@jus.gov.ar, o ingresando al sitio oficial del Ministerio de Justicia: www.jus.gov.ar, donde están exhibidas las fotos de los fugitivos
rosario. juicios

References: artículo 8
 resolución 
 artículo 295
 artículo 295
 artículo 295
 artículo 295