Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0349_ES.html
Timestamp: 2019-11-22 23:29:11+00:00

Document:
441k 199k
con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión
Ponentes: Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer
– Visto el informe de la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares (Comisión TAXE) (2015/2066(INI)),
– Visto el informe final de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G-20 relativo al proyecto de «Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios» (BEPS), publicado el 5 de octubre de 2013,
E. Considerando que las investigaciones llevadas a cabo en la Comisión TAXE pusieron de manifiesto que la práctica de las resoluciones fiscales no tiene lugar exclusivamente en Luxemburgo, sino que es común en toda la Unión; que la práctica de las resoluciones fiscales puede utilizarse legítimamente para ofrecer la seguridad jurídica necesaria a las empresas y reducir los riesgos financieros para las empresas honestas, pero que está abierta, no obstante, a posibles abusos y a la elusión fiscal, y, al ofrecer seguridad jurídica tan solo a algunos actores elegidos, podría crear un cierto grado de desigualdad entre las empresas para las que se han adoptado resoluciones fiscales y las empresas que no recurren a dichas resoluciones;
I. Considerando que la Unión Europea ha dado pasos importantes hacia la integración europea, por ejemplo con la Unión Económica y Monetaria y la Unión Bancaria, y que la coordinación de las políticas fiscales a escala de la Unión dentro de los límites del Tratado representa una parte indispensable del proceso de integración;
V. Considerando que el recurso de las empresas multinacionales a las prácticas de planificación fiscal abusiva es incompatible con el principio de competencia leal y de responsabilidad empresarial contemplado en la comunicación COM (2011) 681 final, dado que la concepción de estrategias de planificación fiscal requiere recursos de los que solo disponen las grandes empresas y que ello se traduce en un desequilibrio de condiciones entre las pymes y las grandes compañías que debe atajarse urgentemente;
AK. Considerando que las revelaciones del escándalo «LuxLeaks» y el trabajo llevado a cabo por la Comisión TAXE ponen claramente de manifiesto la necesidad de medidas legislativas de la Unión para mejorar la transparencia, la coordinación y la convergencia de las políticas de tributación de las sociedades en la Unión;
AN Considerando que el principio de «coherencia de las políticas para el desarrollo», que figura en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), obliga a la Unión a garantizar que en todas las fases de la elaboración de las políticas en todos los ámbitos, incluida la tributación de las sociedades, no se vaya en detrimento, sino que se promueva, el objetivo del desarrollo sostenible;
iii) considerando que el aumento de la transparencia se lograría si los Estados miembros se informaran recíprocamente y a la Comisión de cualquier nueva deducción, exención, excepción, incentivo o medida similar que pueda tener una repercusión importante en su tipo impositivo efectivo; que dicha notificación puede ayudar a los Estados miembros a detectar prácticas fiscales perjudiciales;
iv) considerando que, pese al reciente acuerdo del Consejo en relación con la modificación de la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático de resoluciones fiscales, sigue existiendo el peligro de que los Estados miembros no se comuniquen entre sí de manera suficiente sobre el posible impacto que sus acuerdos fiscales con determinadas empresas podrían tener en la recaudación de impuestos en otros Estados miembros; que las autoridades fiscales nacionales deberían intercambiar inmediata y automáticamente todas las resoluciones fiscales una vez que se hayan emitido; que la Comisión debe tener acceso a las resoluciones fiscales, a través de un repertorio central seguro; que los acuerdos tributarios firmados por las autoridades fiscales deben estar sujetos a una mayor transparencia, respetándose en cualquier caso la información confidencial e información comercial sensible;
v) considerando que la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011(6) , prevé la cooperación entre los Estados miembros en las inspecciones fiscales y auditorías y promueve el intercambio de mejores prácticas entre las autoridades fiscales; que, no obstante, los instrumentos establecidos en dicha Directiva no son suficientemente eficaces y los enfoques nacionales divergentes respecto de las empresas de auditoría contrastan marcadamente con las técnicas de planificación fiscal altamente organizadas de determinadas empresas;
iii) considerando que la Unión debe aplicar medidas disuasorias a las empresas que hacen uso de los paraísos fiscales; que el Parlamento Europeo ya lo solicitó en su Informe sobre el informe anual sobre la fiscalidad de 2014(7), en el que pedía la introducción de sanciones estrictas para prevenir que las empresas violen o esquiven las normas fiscales denegando a las empresas fraudulentas o a las empresas situadas en paraísos fiscales o países que distorsionan la competencia con condiciones fiscales favorables la concesión de fondos de la Unión y el acceso a ayudas estatales o a la contratación pública, e instaba a los Estados miembros a que recuperen todo tipo de ayudas públicas concedidas a las empresas cuando estas estén implicadas en una infracción de las normas fiscales de la Unión; que a los Estados miembros de la UE también se les deben aplicar medidas de retorsión en caso de que se nieguen a tomar medidas para modificar sus regímenes fiscales preferenciales perjudiciales que vayan en detrimento de la igualdad de condiciones en la Unión;
iv) considerando que es necesaria una nueva definición vinculante de «establecimiento permanente» para garantizar que la tributación tenga lugar allí donde se lleve a cabo y se cree valor económico; que ello debería ir acompañado de criterios mínimos vinculantes para determinar si la actividad económica tiene sustancia suficiente para ser gravada en un Estado miembro, a fin de evitar el problema de las «sociedades ficticias», en particular en relación con los retos planteados por la economía digital;.
4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones detalladas que se recogen en el anexo a la Comisión, al Consejo y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.
ANEXO : RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA
El Parlamento Europeo pide una vez más a la Comisión Europea que tome todas las medidas necesarias para introducir la presentación por parte de las empresas multinacionales de información desglosada por países (IDP) relativa a todos los sectores, no más tarde del primer trimestre de 2016.
• Esta propuesta debe desarrollarse sobre la base de los requisitos formulados por la OCDE en su plantilla de datos IDP publicada en septiembre de 2014 (acción 13 del proyecto BEPS de la OCDE/G-20).
• Al elaborar la propuesta, la Comisión también debe tener en cuenta:
o los resultados de la consulta de la Comisión sobre la IDP celebrada entre el 17 de junio y el 9 de septiembre de 2015, que examinó diferentes opciones para la posible aplicación de la IDP en la Unión;
o las propuestas relativas a una IDP de carácter totalmente público que se esbozan en la revisión de la Directiva sobre los derechos de los accionistas aprobada por el Parlamento Europeo el 8 de julio de 2015(10) y el resultado de las negociaciones tripartitas en curso sobre esa Directiva.
• La propuesta debería comprender un marco europeo de los criterios de elegibilidad en virtud de los cuales podría ser concedida la etiqueta por órganos nacionales.
• Este marco de criterios de elegibilidad debería aclarar que la etiqueta «Contribuyente justo» solo se concede a las empresas que hayan ido más allá del tenor literal de las exigencias que les imponen el Derecho de la Unión y el Derecho nacional.
• La etiqueta «Contribuyente justo» debería incitar a las empresas a considerar el pago de una parte equitativa de los impuestos como un elemento esencial de su política de responsabilidad social empresarial y a informar sobre su postura en materia fiscal en su informe anual.
• Estas notificaciones de los Estados miembros contendrán análisis de los efectos indirectos del impacto material de las nuevas medidas fiscales en otros Estados miembros y los países en desarrollo, a fin de apoyar la acción del Grupo «Código de conducta» en la identificación de prácticas fiscales perniciosas.
• Estas nuevas medidas fiscales también deben ser tratadas en el proceso del Semestre Europeo y se han de formular recomendaciones para su seguimiento.
• El Parlamento Europeo debe recibir actualizaciones periódicas referentes a las notificaciones y evaluaciones realizadas por la Comisión Europea.
• Se deben prever sanciones para los Estados miembros que incumplan esos requisitos de información.
• La Comisión también debería examinar la posibilidad de si resultaría conveniente obligar a las empresas de asesoría fiscal a notificar a las autoridades fiscales nacionales el desarrollo y el inicio de la promoción de determinados regímenes fiscales destinados a ayudar a las empresas a reducir su deuda tributaria global, como ya sucede actualmente en algunos Estados miembros; debería examinar asimismo si el intercambio de tal información entre Estados miembros a través del Grupo «Código de conducta» sería una herramienta eficaz para realizar mejoras en el ámbito de la fiscalidad de sociedades dentro de la Unión.
• la ampliación del ámbito de aplicación del intercambio automático de información más allá de las resoluciones fiscales transfronterizas para incluir todas las resoluciones fiscales en el ámbito de la tributación de las sociedades; la información habrá de ser exhaustiva y facilitarse en un formato decidido de mutuo acuerdo a fin de garantizar que las autoridades fiscales de los países concernidos puedan utilizarla de forma eficaz;
• el aumento significativo de la transparencia de las resoluciones fiscales a nivel de la Unión, con la debida atención al respeto de los secretos comerciales y teniendo en cuenta las mejores prácticas actuales aplicables en algunos Estados miembros, publicando para ello un informe anual con el resumen de los casos más importantes que figuran en el repertorio central seguro de resoluciones fiscales y acuerdos previos sobre precios de transferencia, recientemente creado por la Comisión;
• la información contenida en el informe debe presentarse en un formato acordado y normalizado que permita al público utilizarla eficazmente.
• la garantía de que la Comisión desempeña un papel significativo en el intercambio obligatorio de información sobre resoluciones fiscales con la creación de un repertorio central seguro sobre todas las resoluciones fiscales acordadas en la Unión, accesible a los Estados miembros y a la Comisión.
• la garantía de que se aplican las sanciones apropiadas a los Estados miembros que, pese a deber hacerlo, no intercambien automáticamente información sobre resoluciones fiscales.
• fijar un plazo máximo para la venta de mercancías en puertos francos exentas de derechos de aduanas e impuestos especiales y de IVA;
• obligar a las autoridades de los puertos francos a informar inmediatamente a las autoridades fiscales de los Estados miembros y de terceros países de cualquier transacción llevada a cabo por sus residentes fiscales en instalaciones de puertos francos.
• sobre la base de las mejores prácticas seguidas actualmente por los Estados miembros, cree una metodología armonizada que debería hacerse pública y que los Estados miembros puedan utilizar para estimar la magnitud de los déficits directo e indirecto en la tributación de las sociedades —es decir, la diferencia entre los impuestos de sociedades adeudados y los impuestos de sociedades pagados— en todos los Estados miembros;
• trabaje con los Estados miembros para garantizar el suministro de todos los datos que sea necesario analizar con arreglo a la metodología establecida a fin de producir cifras de la mayor exactitud posible;
• utilice la metodología acordada y todos los datos necesarios para elaborar y publicar cada dos años una estimación de los déficits directo e indirecto en la tributación de las sociedades en el conjunto de la Unión.
• proteger a los denunciantes de irregularidades que actúen en aras del interés público (y no por dinero o para otros fines personales) con el fin de revelar comportamientos impropios, irregularidades, fraudes o actividades ilegales en relación con la tributación de sociedades en cualquier Estado miembro de la Unión Europea; los denunciantes de irregularidades deben recibir protección si dan cuenta de presuntos comportamientos impropios, irregularidades, fraudes o actividades ilegales a la autoridad competente pertinente, y también deberían gozar de protección cuando, ante la persistencia —sin que se tomen medidas al respecto— de tales comportamientos impropios, irregularidades, fraudes o actividades ilegales relacionados con la tributación de las sociedades y que puedan afectar al interés público, informan de ello al público en general;
• garantizar que en la Unión Europea se preserve el derecho a la libertad de expresión y de información;
• dicha protección debe ser coherente con el ordenamiento jurídico en general y eficaz frente a procesos judiciales injustificados, sanciones económicas y actos discriminatorios;
• esta propuesta legislativa debería basarse en el Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, y tener en cuenta toda futura legislación de la Unión en este ámbito;
• esta propuesta legislativa también podría tener en cuenta la Recomendación del Consejo de Europa CM/Rec (2014)7 sobre la protección de los denunciantes de irregularidades(11) y, en particular, la definición del término «denunciante de irregularidades» como toda persona que informa o revela información sobre una amenaza o perjuicio al interés público en el contexto de su relación laboral, ya sea en el sector público o en el sector privado.
• El Grupo «Código de Conducta» (Grupo CdC) deberá adquirir más transparencia, más eficacia y más responsabilidad, en particular mediante:
o la entrega, la actualización y la publicación de forma regular de los resultados de su supervisión en lo relativo al grado de cumplimiento por los Estados miembros de las recomendaciones establecidas por el Grupo en sus informes semestrales de situación presentados a los ministros de Hacienda;
o la entrega, la actualización y la publicación de forma regular, cada dos años, de una lista de prácticas fiscales perniciosas;
o la redacción, la puesta a disposición y la publicación de forma regular de las actas de sus reuniones, con una mayor transparencia del proceso de elaboración de recomendaciones, indicando, en particular, las posiciones de los representantes de los Estados miembros;
o el nombramiento de un presidente político por parte de los ministros de Hacienda;
o el nombramiento por parte de cada Estado miembro de un representante de alto nivel y de un suplente para dar mayor visibilidad a este órgano.
• Entre las tareas del Grupo CdC figuran las siguientes:
o identificar las prácticas fiscales perniciosas en la Unión;
o proponer medidas y plazos para la eliminación de las prácticas fiscales perniciosas y supervisar los resultados de las recomendaciones/medidas propuestas;
o revisar los informes sobre los efectos secundarios de las nuevas medidas fiscales comunicados por los Estados miembros, tal como se menciona anteriormente, y evaluar si es necesario tomar medidas;
o proponer otras iniciativas centradas en medidas fiscales en la política exterior de la Unión;
o mejorar los mecanismos de aplicación frente a las prácticas que faciliten una planificación fiscal agresiva.
• Esta orientación debe dejar claro que los regímenes preferenciales, como los de «casilla de patentes» («patent boxes»), deben basarse en el «planteamiento de nexo modificado», tal y como se define en la acción 5 del proyecto BEPS de la OCDE, a saber, que debe existir una relación directa entre las ventajas fiscales y las actividades de investigación y desarrollo subyacentes.
• Los regímenes de incentivos fiscales «casilla de patentes» («patent boxes») poco vinculantes y sin relación con el origen geográfico ni con la «edad» de los conocimientos técnicos deben considerarse prácticas perniciosas.
• Si, en el plazo de doce meses, los Estados miembros no aplican sistemáticamente este nuevo planteamiento, la Comisión debe presentar una propuesta legislativa de carácter vinculante.
• La Comisión debe presentar propuestas con vistas a unas normas y definiciones europeas comunes sobre lo que se considera fomento de la investigación y el desarrollo, y lo que no, y para armonizar el uso de regímenes fiscales favorables a las patentes y a la innovación, incluido el adelanto al 30 de junio de 2017 de la supresión del régimen anterior reduciendo el plazo de las normas sobre protección de derechos adquiridos.
• para crear un marco coordinado a escala de la Unión para las normas en materia de sociedades extranjeras controladas, a fin de garantizar que los beneficios fiscales registrados en países con regímenes de imposición baja o nula tributen realmente y evitar que la diversidad de normas nacionales dentro de la UE en materia de sociedades extranjeras controladas distorsionen el funcionamiento del mercado interior. Este marco debe garantizar el pleno uso de la legislación en materia de sociedades extranjeras controladas más allá de montajes puramente artificiales. Esto no impedirá que un Estado miembro introduzca normas más estrictas.
• garantizar auditorías y controles fiscales simultáneos más eficaces cuando dos o más autoridades fiscales nacionales decidan proceder a controles de una o más personas que sean de interés común o complementario.
• garantizar que una sociedad matriz y sus filiales situadas en la Unión son auditadas por sus respectivas autoridades fiscales en el mismo período de tiempo, bajo la dirección de las autoridades fiscales de la sociedad matriz, a fin de garantizar unos flujos de información eficaces entre las autoridades fiscales. Como parte de esto:
o las autoridades fiscales deben intercambiar regularmente información sobre sus investigaciones con el fin de garantizar que los grupos no se benefician de discordancias o lagunas al combinar varios regímenes fiscales nacionales;
o los plazos para intercambiar información sobre las auditorías en curso deben reducirse al mínimo;
o las autoridades fiscales de la empresa deben informar sistemáticamente a las autoridades fiscales de las otras entidades del mismo grupo sobre los resultados de un control fiscal;
o no se debe tomar ninguna decisión basada en el resultado de un control fiscal realizado por una autoridad fiscal sin informar previamente de ello a las demás autoridades fiscales interesadas.
El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta para introducir un número de identificación fiscal (NIF) europeo.
• La propuesta se basará en el esbozo de NIF europeo que figura en el plan de acción de la Comisión sobre la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal de 2012 (acción 22)(12) y en el resultado de la subsiguiente consulta de 2013(13).
• Se debe otorgar un mandato a la Comisión para que negocie acuerdos fiscales con terceros países en nombre de la Unión en lugar de continuar con la práctica actual de las negociaciones bilaterales cuyos resultados son mejorables, especialmente para los países en desarrollo.
• La Comisión debe garantizar que dichos acuerdos contengan cláusulas de reciprocidad y prohíban cualquier efecto adverso para los ciudadanos de la Unión y las empresas, en particular las pymes, derivado de la aplicación extraterritorial de legislación de terceros países en el territorio de la Unión y de sus Estados miembros.
• Conviene introducir un acuerdo fiscal multilateral común a escala de la Unión para sustituir la multitud de acuerdos fiscales bilaterales acordados entre los propios Estados miembros y con otros países.
• Todos los acuerdos comerciales internacionales nuevos suscritos por la Unión deben incluir una cláusula relativa a la buena gobernanza en el ámbito fiscal.
• Todos los acuerdos fiscales internacionales deberán prever un mecanismo de aplicación.
• Estos criterios han de basarse en indicadores detallados, transparentes, sólidos, objetivamente verificables y comúnmente aceptados, desarrollando en mayor medida los principios de buena gobernanza, tal como se definen en la Comunicación de la Comisión de 2009 titulada «Fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal»(14): intercambio de información y cooperación administrativa, competencia fiscal justa y transparencia.
• Estos criterios han de abarcar conceptos como el secreto bancario, el registro de la titularidad de las sociedades, los fideicomisos y las fundaciones, la publicación de las cuentas de las sociedades, la capacidad para intercambiar información, la eficacia de la administración fiscal, el fomento de la evasión fiscal, la existencia de instrumentos jurídicos perjudiciales, la prevención del blanqueo de capitales, la automaticidad del intercambio de información, la existencia de convenios bilaterales, los compromisos internacionales en materia de transparencia y la cooperación judicial a escala internacional.
• Sobre la base de estos criterios, la Comisión debe presentar una lista revisada de paraísos fiscales que sustituirá a la lista provisional presentada en junio de 2015.
• La lista de paraísos fiscales debe estar vinculada con la legislación fiscal pertinente, como punto de referencia para otras políticas y actos legislativos.
• La Comisión debe revisar la lista al menos una vez cada dos años, o a petición justificada de una de las jurisdicciones que figuren en ella.
• Estas medidas de retorsión deben incluir:
o la prohibición de acceder a las ayudas estatales o las oportunidades de contratación pública a nivel de la Unión o a nivel nacional,
o la prohibición de acceder a determinados fondos de la Unión.
• Esto debe lograrse a través de las medidas siguientes, entre otras:
o modificación del estatuto del Banco Europeo de Inversiones (BEI) (Protocolo nº 5 anejo a los Tratados) para garantizar que la financiación del BEI no vaya a parar a beneficiarios finales o intermediarios financieros que recurran a los paraísos fiscales o a prácticas fiscales perniciosas(15);
o modificación del Reglamento del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) para garantizar que los fondos del FEIE no vayan a parar a estas empresas(16);
o modificación de los cuatro Reglamentos relativos a la política agrícola común (PAC) para garantizar que los fondos de la PAC no vayan a parar a estas empresas;
o continuación del proceso de modernización de las ayudas estatales para garantizar que los Estados miembros no faciliten ayudas estatales a estas empresas(17);
o modificación del Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes para garantizar que el dinero de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) no vaya a parar a estas empresas(18);
o modificación del Acuerdo constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) para garantizar que los fondos del BERD no vayan a parar a estas empresas(19);
o prohibición de la celebración de acuerdos comerciales de la Unión con jurisdicciones definidas por la Comisión como «paraísos fiscales».
• adaptar la definición de «establecimiento permanente» de modo que las empresas no puedan evitar artificialmente tener presencia fiscal en los Estados miembros en los que desarrollan una actividad económica. Esta definición debe abordar asimismo aquellas situaciones en las que se considere que las empresas que se dedican a actividades digitales completamente desmaterializadas tienen su establecimiento permanente en un Estado miembro cuando mantienen una presencia digital significativa en la economía de ese país;
• introducir una definición de la Unión en materia de «sustancia económica» mínima, que abarque asimismo la economía digital, a fin de garantizar que las empresas crean efectivamente un valor añadido y contribuyen realmente a la economía del Estado miembro en el que tienen presencia fiscal.
• para desarrollar, sobre la base de su experiencia y de sus análisis de los nuevos principios de la OCDE sobre los precios de transferencia, orientaciones específicas de la Unión que establezcan cómo deben aplicarse los principios de la OCDE y cómo deben interpretarse en el contexto de la Unión, con el fin de:
o reflejar la realidad económica del mercado interior;
o aportar seguridad, claridad y equidad a los Estados miembros y a las empresas que operan dentro de la Unión;
o reducir el riesgo de uso indebido de las normas a efectos de transferencia de beneficios.
• armonizar las definiciones nacionales de deuda, capital, entidades opacas y transparentes, armonizar la atribución de los activos y pasivos del establecimiento permanente, y armonizar la distribución de los costes y beneficios entre las diferentes entidades dentro del mismo grupo; o para
• impedir la doble no imposición, en caso de desajuste.
• establecer directrices sobre ayudas estatales que aclaren cómo determinará la Comisión los casos de ayudas estatales de carácter fiscal para proporcionar así mayor seguridad jurídica a las empresas y a los Estados miembros, teniendo en cuenta que, en otros sectores, dichas directrices han resultado ser muy eficaces a la hora de poner término y adelantarse al desarrollo en los Estados miembros de prácticas que entren en conflicto con la legislación de la UE en materia de ayudas estatales; para obtener un efecto de ese tipo se requieren unas directrices muy específicas, que incluyan unos umbrales numéricos;
• señalar públicamente las políticas fiscales que no son coherentes con la política de ayudas estatales con el fin de orientar y dar una mayor seguridad jurídica a las empresas y a los Estados miembros. a este fin, la Comisión reasignará recursos de la DG de Competencia para poder hacer frente de forma eficaz a cualquier asunto relativo a ayudas estatales ilegales (ventajas fiscales selectivas incluidas).
Recomendación C 8. Modificación de la Directiva 90/435/CE del Consejo(20), la Directiva 2003/49/CE, la Directiva 2005/19/CE y otras medidas legislativas pertinentes de la Unión e introducción de una norma general contra las prácticas abusivas
• A raíz de la introducción de una norma general contra las prácticas abusivas en la Directiva 90/435/CE, para proceder lo antes posible a la introducción de una norma general contra las prácticas abusivas en la Directiva 2003/49/CE, y que presente propuestas para una norma general contra las prácticas abusivas que se introducirá en la Directiva 2005/19/CE y en otras medidas legislativas pertinentes de la Unión.
• Para introducir esa norma general contra las prácticas abusivas en toda futura legislación de la Unión que abarque asuntos fiscales o que tenga repercusiones fiscales.
• En relación con la Directiva 2003/49/CE, además de introducir una norma general contra las prácticas abusivas, para suprimir también la obligación de los Estados miembros de conceder un trato favorable a los pagos de intereses y cánones si no hay imposición efectiva en otro lugar de la Unión.
• En relación con la Directiva 2005/19/CE, además de introducir una norma general contra las prácticas abusivas, para introducir también obligaciones de transparencia adicionales y, si estos cambios resultan insuficientes para impedir una planificación fiscal agresiva, introducir una disposición fiscal mínima como el requisito de utilizar «ventajas fiscales» (como por ejemplo, la no imposición de los dividendos) u otras medidas de efecto similar.
• Para mejorar los actuales mecanismos de resolución de litigios en materia de fiscalidad transfronteriza en la Unión, centrándose no solo en los casos de doble imposición, sino también en la doble no imposición. El objetivo es crear un enfoque coordinado de la Unión para la resolución de litigios, con normas más claras y plazos más rigurosos, basándose en los sistemas ya existentes.
• La labor y las decisiones del mecanismo de resolución de litigios deben ser transparentes a fin de reducir cualquier incertidumbre para las empresas a la hora de aplicar la legislación fiscal.
• investigando las fuentes de baja eficiencia en lo que se refiere a la recaudación de impuestos, incluida la recaudación del IVA;
• investigando las fuentes de desigualdad fiscal o de escasa credibilidad de las administraciones fiscales en ámbitos distintos de la fiscalidad de las empresas;
• estableciendo principios para las amnistías fiscales, en particular las circunstancias en las que sería conveniente concederlas y aquellas en las que sería preferible optar por otras soluciones políticas, e introduciendo la obligación para los Estados miembros de informar previamente a la Comisión acerca de toda nueva amnistía fiscal, con el fin de eliminar las consecuencias negativas de estas políticas en las futuras recaudaciones fiscales;
• proponiendo un nivel mínimo de transparencia para los planes de «amnistía fiscal» y reducciones de impuestos discrecionales gestionados por los Gobiernos nacionales;
• dando a los Estados miembros más libertad para que, a la hora de adjudicar contratos públicos, el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas y, en particular, los casos de incumplimiento sistemático, sean factores a tener en cuenta;
• garantizando que las autoridades tributarias tengan un acceso pleno y significativo a los registros centrales de la titularidad real de las empresas y fideicomisos, y que estos registros se lleven y verifiquen de manera adecuada.
De conformidad con el artículo 225 del TFUE, el Parlamento Europeo podrá, por decisión de la mayoría de los miembros que lo componen, solicitar a la Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que a su juicio requiera la elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los Tratados. Si la Comisión no presenta propuesta alguna, comunicará las razones al Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo decidió, en diciembre de 2014, autorizar la elaboración de un informe de iniciativa legislativa sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión. Esta Decisión fue la consecuencia directa de las revelaciones LuxLeaks por una asociación de periodistas en noviembre de 2014, según las cuales muchas empresas multinacionales habían celebrado acuerdos secretos con las autoridades luxemburguesas que les permitían reducir sus obligaciones fiscales —en algunos casos a casi el 1 %— cuando la actividad económica que ejercían en ese país era escasa o totalmente inexistente.
Posteriores debates públicos, en especial bajo los auspicios de la recién constituida Comisión TAXE del Parlamento Europeo, han demostrado que estas prácticas de «planificación fiscal agresiva» no se limitan en modo alguno a Luxemburgo, y que de hecho están extendidas por toda la UE. El fenómeno de la «planificación fiscal agresiva» consiste en el aprovechamiento de los aspectos técnicos de un sistema fiscal, o de las discordancias entre dos o más sistemas fiscales, con el fin de reducir la deuda tributaria. Aunque esto difiere del fraude fiscal y de la evasión fiscal, que constituyen actividades ilegales de evasión de responsabilidades fiscales, en esencia las tres prácticas sirven para reducir la base imponible y debilitar la confianza en los gobiernos y las empresas por igual.
Según un estudio encargado por el Parlamento Europeo(21), la UE pierde alrededor de 50 000 a 70 000 millones de euros al año debido a la elusión del impuesto de sociedades únicamente mediante la deslocalización de beneficios. Esta cifra asciende a unos 160 000-190 000 millones de euros si se tienen en cuenta regímenes fiscales especiales, deficiencias en la recaudación y otros elementos similares.
Estas prácticas no deberían ser aceptables en ningún caso, pero en circunstancias económicas difíciles, como las que afronta Europa en la actualidad, los coponentes consideran fundamental que todos los agentes económicos contribuyan de forma equitativa. En caso de que algunas de las empresas multinacionales no contribuyan, el efecto que se produce es el de unas condiciones de competencia desiguales en las que las empresas nacionales más pequeñas luchan por competir, en flagrante contradicción con el principio del mercado único. Esto acarrea otra serie de efectos para los gobiernos nacionales, que, ante la disminución de la base fiscal, se ven obligados a contemplar recortes en los servicios públicos, a aumentar los impuestos que pagan los ciudadanos o a contraer más préstamos.
Experiencias recientes han puesto de manifiesto que los Estados miembros no pueden actuar individualmente en el ámbito de la lucha contra la planificación fiscal agresiva. El mero hecho de que se supone que tenemos un mercado único en la Unión Europea requiere una acción coordinada. Respetando la soberanía de los Estados miembros en relación con la política fiscal, los coponentes consideran que hacen falta medidas legislativas de la UE para mejorar la transparencia, la coordinación y la convergencia de las políticas en materia de impuesto sobre sociedades en la Unión.
El presente informe enumera una serie de medidas que los coponentes piden a la Comisión que proponga como actos legislativos. En aras de la claridad, las medidas se detallan en los distintos epígrafes correspondientes a: i) transparencia, ii) coordinación y iii) convergencia.
sobre la incorporación de transparencia, coordinación y convergencia hacia las políticas del impuesto sobre sociedades en la Unión
Ponente: Massimiliano Salini
1. Se felicita por las recientes iniciativas de la Comisión, e insta a los Estados miembros a que intensifiquen su lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, favoreciendo unas resoluciones fiscales transparentes y justas, luchando contra la planificación fiscal agresiva, evitando la doble imposición y la no imposición y poniendo fin a la competencia fiscal desleal y perniciosa entre ellos;
2. Pide un relanzamiento del régimen de la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) e insta a su plena aplicación, sobre la base de una evaluación completa del impacto, en el respeto de la subsidiariedad y previendo herramientas adecuadas para evitar el abuso; considera que la BICCIS debería evitar las cargas administrativas innecesarias y el coste de la conformidad y colmar las lagunas entre los sistemas nacionales; opina igualmente que la BICCIS debería complementar la introducción de una información desglosada por países púbica y transparente por parte de las multinacionales;
3. Recuerda que no se están adoptando decisiones relevantes a escala del Consejo en relación con la fiscalidad de las empresas pese a la evolución reciente en la materia y opina que la BICCIS supone un paso decisivo hacia una mayor integración de la Unión;
4. Toma nota del enfoque de la Comisión de presentar una BICIS simple (sin consolidación) como primer paso y que, hasta que vuelva a introducirse la consolidación en una fase posterior, la Comisión incluirá un elemento de desgravación transfronteriza; destaca que este elemento no es un sustituto perfecto de la consolidación y que se requeriría tiempo para que este nuevo régimen resulte plenamente operativo;
5. Opina que las políticas presupuestarias y la fiscalidad de las empresas han de ser un instrumento para impulsar la innovación, la competitividad, el crecimiento, el empleo y las inversiones; considera que los Estados miembros, dispensando un trato fiscal más eficaz, transparente y justo a todas las empresas, deben promover un entorno empresarial atractivo, competitivo y estable que permita a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas (pymes), a las empresas innovadoras, a las empresas familiares, a los trabajadores autónomos y a las profesiones liberales, llevar a cabo con mayor facilidad actividades transfronterizas en el seno de la Unión, también con el objetivo de atraer más inversión extranjera; deplora el uso de instrumentos de planificación fiscal agresiva por parte de las empresas multinacionales que tienen una ventaja por encima de las pymes y contribuyen así a reducir su competitividad; pide la promoción de sistemas fiscales competitivos, simples, y mejor coordinados, con un reducido número de exenciones fiscales y la eliminación de medidas fiscales perniciosas en estrecha cooperación con los Estados miembros y entre ellos;
6. Cree firmemente que la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales debe tener lugar en un contexto más amplio y en línea con las recomendaciones de la OCDE; pide a la Comisión que presente una propuesta para establecer los criterios necesarios para definir el concepto de «paraísos fiscales» sobre la base de una definición de la Unión, y que negocie acuerdos fiscales con terceros países en nombre de la Unión en esta materia; destaca que la falta de una definición común distorsiona el mercado interior causando inseguridad jurídica;
7. Destaca que los impuestos y los dividendos han de pagarse en los países en los que se lleven a cabo las actividades económicas o se cree valor añadido y cuando se utilicen servicios e infraestructuras de carácter público; pide a los Estados miembros que respeten esos principios en las legislaciones fiscales nacionales; lamenta que la excesiva complejidad de los regímenes tributarios nacionales y las diferencias entre los mismos se aprovechen para una planificación fiscal agresiva;
8. Destaca, en este sentido, la necesidad de unas normas claras, transparentes y coherentes sobre la contabilidad de los beneficios y la creación de valor;
9. Se muestra a favor del principio de transparencia y del intercambio automático de información sobre acuerdos tributarios entre Estados miembros; observa que, de este modo, se puede aumentar la confianza entre Estados miembros; opina que los acuerdos tributarios se utilizan para garantizar la seguridad jurídica a los contribuyentes y un entorno favorable a las empresas;
10. Destaca que la digitalización también supone un reto para los sistemas fiscales nacionales y las actividades transfronterizas; hace hincapié a este respecto en la necesidad de una aplicación coherente de los principios generales de la fiscalidad de empresas; pide a la Comisión que promueva una definición armonizada de «establecimiento permanente» y de «sustancia económica» de las empresas digitales, con vistas a mejorar la evaluación de los beneficios generados en una zona determinada, de modo que puedan establecerse las consiguientes contribuciones fiscales;
11. Opina que los principios fundamentales de transparencia y responsabilidad de la gobernanza corporativa contribuirán a una economía fuerte y estable, reduciendo la volatilidad del mercado y aumentando la confianza en las empresas; pide que la información pública desglosada por países sobre las principales empresas de todos los sectores sea más transparente en cuanto a sus actividades, en particular en lo que se refiere a sus beneficios, los impuestos sobre los beneficios abonados y las subvenciones recibidas; considera que la información obligatoria en este ámbito es un importante elemento de la responsabilidad corporativa de las empresas con respecto a las partes interesadas y la sociedad;
12. Opina que, para funcionar correctamente, el mercado interior necesita un marco fiscal más transparente, corporativo y armonizado de forma progresiva; destaca que, en la situación actual, las pymes de la Unión pueden enfrentarse a una competencia desleal en comparación con las empresas multinacionales, que podrían diseñar artificialmente su estructura para reducir sus tipos impositivos;
13. Opina que se deberían tener en cuenta los derechos soberanos de los Estados miembros, así como la diversidad de los sectores económico, comercial y corporativo, en términos de la manera en que afectan al crecimiento y al desarrollo, así como a la cohesión social, en el seno de los Estados miembros y de la UE en su conjunto;
14. Destaca la importancia de velar por que el objetivo de transparencia fiscal se alcance garantizando al mismo tiempo la protección de los datos personales, la confidencialidad de la información intercambiada y la libertad para realizar negocios; alienta, en este contexto, la búsqueda de soluciones que permitan el equilibrio entre transparencia y confidencialidad;
15. Subraya que las iniciativas de la Unión deben evitar un aumento innecesario de la carga administrativa y los costes de su cumplimiento; opina que todas las propuestas deberían conducir a un aumento de la seguridad jurídica, la transparencia, la seguridad y la rapidez en el proceso administrativo;
16. Recuerda que, pese a los esfuerzos realizados, aún se dan casos de doble imposición que deben resolverse; anima a encontrar soluciones más fáciles, más rápidas y más transparentes, en particular para las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores por cuenta propia y las profesiones liberales; propone que se simplifique la utilización del crédito procedente de impuestos abonados en un país extranjero;
17. Señala que la complejidad de los acuerdos tributarios bilaterales y multilaterales crean en muchas ocasiones lagunas que permiten la elusión fiscal en conjunción con regímenes fiscales nacionales;
18. Subraya la necesidad de un intercambio de información automático, transparente, inmediato y exhaustivo, incluidas las resoluciones fiscales, entre las autoridades fiscales pertinentes, a poder ser en forma de un registro central a escala de la Unión y anima a que se intensifique el intercambio de información entre autoridades competentes en materia fiscal;
19. Considera que la Comisión y los Estados miembros deben seguir desplegando soluciones electrónicas en procedimientos relativos a la fiscalidad a fin de reducir las cargas administrativas y simplificar los procedimientos transfronterizos;
20. Destaca la importancia de una soberanía fiscal fuerte y pide que se mantenga la fiscalidad como una competencia nacional en cada Estado miembro, de conformidad con el Tratado; anima, no obstante, a que se intensifique el intercambio de información entre autoridades competentes en materia fiscal;
21. Propone que la Comisión evalúe las zonas económicas especiales existentes en Europa, utilizadas para impulsar el crecimiento y la recuperación económica en zonas delimitadas, como las zonas fronterizas, profundamente afectadas por la crisis o con una alta tasa de desempleo; alienta, a este respecto, el intercambio de mejores prácticas entre las autoridades fiscales; destaca que las políticas concebidas para aportar beneficios fiscales a las regiones desfavorecidas deben ser conformes con los objetivos de la Unión de una mayor transparencia fiscal y de atajar la evasión y el fraude fiscales y no debe menoscabar el vigente marco jurídico de la UE para las ayudas regionales;
22. Exige que el acceso a la información sobre el beneficiario o beneficiarios reales en última instancia de las empresas presentes en la Unión de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo(22) comprenda también la información sobre el tipo efectivo global del impuesto de sociedades sobre la base de las cuentas financieras establecidas y publicadas en virtud de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(23) y que el acceso a esta información sea directo y en línea, esté exento de formalidades innecesarias y se facilite en un lenguaje fácilmente comprensible a las autoridades públicas pertinentes;
23. Destaca que para la estabilidad económica de la Unión a largo plazo, es un requisito previo la realización de una unión fiscal;
24. Considera que las iniciativas para una fiscalidad de sociedades más eficaz deben incluir propuestas para mejorar el entorno empresarial para las empresas de nueva creación, por ejemplo, con incentivos fiscales para los inversores que reinvierten los beneficios de capital en pequeñas empresas de la Unión de mayor riesgo o mediante la clarificación de la normativa fiscal aplicable a las opciones sobre acciones;
25. Subraya la necesidad de apoyar, hasta la plena aplicación de la BICCIS, el trabajo de la Comisión Especial TAXE, que investiga los abusos de regímenes de incentivos fiscales («patent boxes»), sociedades ficticias y otras prácticas de ingeniería fiscal diseñadas para evitar o reducir al mínimo los impuestos, ya que toda elusión fiscal se traduce en último extremo en mayor deuda pública y/o en un aumento de la fiscalidad sobre las pymes y los ciudadanos;
26. Pide el establecimiento de la norma de que entidades públicas como la Unión, los Estados miembros y las empresas de su propiedad no podrán pagar dinero público a empresas que no hayan comunicado su beneficiario o beneficiarios reales en última instancia, el tipo efectivo global del impuesto de sociedades y la información desglosada por países;
27. Pide a la Comisión que proponga criterios armonizados para permitir la exención de impuestos a las inversiones de las empresas en materia de I&D, con miras a alcanzar el objetivo de la Unión de destinar un 3 % del PIB a investigación de aquí a 2020;
28. Pide a la Comisión que no se abstenga de recurrir al artículo 116 del TFUE, que ofrece la base jurídica necesaria para que el Parlamento y el Consejo actúen con arreglo al procedimiento legislativo ordinario para eliminar prácticas que den lugar a la distorsión de la competencia en el mercado interior, como la competencia fiscal que llevan a la práctica los Estados miembros mediante resoluciones fiscales opacas y desleales;
29. Insta a la Comisión a que presente cuanto antes una propuesta legislativa relativa a la introducción de BICCIS a fin de mejorar el entorno empresarial y de combatir la elusión fiscal en la Unión;
«European added value of legislative report on bringing Transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union», Benjamin Ferrett, Daniel Gravino y Silvia Merler (pendiente de publicación).
Textos Aprobados de 8.7.2015, P8_TA(2015)0257.
Como la Fair Tax Mark: http://www.fairtaxmark.net/.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0040+0+DOC+XML+V0//ES.
Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros (DO L 157 de 26.6.2003, p. 49).
Directiva 2005/19/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, por la que se modifica la Directiva 90/434/CEE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros (DO L 58 de 4.3.2005, p. 19).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0201:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1449652301796&uri=CELEX:52015PC0010
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0026+0+DOC+XML+V0//ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&:PDF
Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO L 225 de 20.8.1990, p. 6).
Véase el estudio elaborado por el Dr. Benjamin Ferrett, Daniel Gravino y Silvia Merler, a petición de la Unidad de Valor Añadido Europeo de la Dirección de Evaluación de Impacto y Valor Añadido Europeo, dentro de la Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios (DG EPRS) de la Secretaría General del Parlamento Europeo.
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p.73).

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 225
 artículo 116