Source: http://www.gabilos.com/leyes_derogadas/r0-d4104-1964.html
Timestamp: 2017-09-25 04:14:30+00:00

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CAPÍTULO IX. DE LA RENTA, SU REVISION Y DE LA FIANZA
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY, CLASES Y CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS QUE REGULA
El de los locales ocupados por las personas a que se refiere el artículo 4, número 2, cuando estén destinados al ejercicio de actividades económicas.
El de los depósitos y almacenes, en todo caso, aunque el arrendatario sea una de las personas señaladas en el artículo 4, número 2.
El de los locales destinados a escritorios y oficinas cuando el arrendatario se valga de ellos para ejercer actividad de comercio, de industria o de enseñanza con fin lucrativo, o para el desarrollo de las actividades mencionados en el apartado 1 de este número, aunque dichos locales no se hallaren abiertos al público.
Hasta el 30 de septiembre de 1939, 500;
Del 1 de octubre de 1939 al 1 de enero de 1942, 1.000;
Del 2 de enero de 1 942 al 31 de diciembre de 1 946, 2.000;
Del 1 de enero de 1947 al 31 de diciembre de 1956, 3.000;
Del 1 de enero de 1957 al 31 de diciembre de 1959, 5.000, y
A partir del 1 de enero de 1960, 6.000 pesetas.
En poblaciones de menos de 20.000 habitantes; el 60 %;
De 20.000 a 100.000, el 50 %; de 100.000 a 250.000, el 40 %;
De 250.000 a 500.000, el 30 %, y
De 500.000 a 1.000.000, el 20 %.
CESION DE VIVIENDA Y TRASPASO DE LOCAL DE NEGOCIO
Artículo 23. 1. Queda prohibido el contrato de cesión de vivienda a título oneroso, aunque en él se comprenda mobiliario o cualquier otro bien o derecho.
Cuando se hubiere infringido lo dispuesto en el artículo anterior.
Cuando el precio de la transmisión, incluido, en su caso, el importe de las cargas exceda de la capitalización de la renta anual que en el momento de la transmisión pague el inquilino a los siguientes tipos:
Al 3 %, cuando hubiere sido ocupada la vivienda por primera vez antes de 1 de enero de 1942, y
Al 4,5 % si lo fuere con posterioridad.
Al fallecimiento del subrogado en la vivienda por actos inter vivos o mortis causa , sólo podrá continuar ocupándola con el mismo carácter su cónyuge o descendientes legítimos, naturales o adoptivos, sin que se autoricen ulteriores subrogaciones, debiendo observarse en cuanto a convivencia, orden de prelación y notificación, lo preceptuado en el artículo anterior.
EXCEPCIONES A LA PRORROGA
Cuando, domiciliado en el lugar en que se hallare la finca, por causas absolutamente ajenas a su voluntad se vea obligado a desalojar la vivienda que habitare.
Que se justifique debidamente la necesidad de la ocupación.
Que se practique el requerimiento de denegación de prórroga en los términos prevenidos en el artículo 65.
Que el que aspire a ocupar el local de negocio se halle establecido en actividad de comercio o industria con un año de antelación, cuando menos, a la fecha en que se practique el requerimiento.
Que el arrendatario sea indemnizado por el arrendador en la cuantía que libremente convengan, y de no haber acuerdo, en la forma que establece el artículo 73, número 3, salvo que se tratase de arrendamiento comprendido en el número 2 del artículo 5, en que la indemnización será de dos anualidades de renta.
Que el arrendador contraiga, comunicándolo por escrito al Gobernador Civil de la provincia , el compromiso de que las obras de reedificación se realizarán en el plazo que previamente deberá ser señalado por dicha autoridad y que la reedificación se verificará de modo que la nueva finca cuente al menos con una tercera parte más del número de viviendas de que disponga aquélla, respetando al propio tiempo el número de locales de negocio si en el inmueble a derruir los hubiere. Y cuando la finca careciera de viviendas o las que existieran fueran dependencias del local o locales de negocio con que cuente, que se compromete a que la reedificada disponga de una o más viviendas susceptibles de ser utilizadas con independencia plena de los locales.
Que autorizada que sea por el Gobernador Civil la demolición, y con un año de antelación por lo menos al día en que proyecta iniciarla, lo notifique en forma fehaciente a todos los arrendatarios del inmueble, bien lo sean de vivienda o de local de negocio, insertando copia literal de la mencionada autorización del Gobernador y la expresión de la fecha en que han de ser iniciadas las respectivas obras.
3. Asimismo perderá el derecho de ocupación de vivienda o local de negocio en la finca reedificada y el arrendador quedará en libertad de disponer del que le corresponda, el inquilino o arrendatario que tenga a su disposición vivienda o local de negocio en el modo previsto en el apartado 5 del artículo 62.
Los inquilinos podrán optar, en forma alternativa, por una indemnización en metálico no inferior a diez anualidades de la renta revalorizada, o porque el arrendador ponga a su disposición vivienda en renta adecuada a sus necesidades y posibilidades económicas situada en la misma población, o bien porque se les reserve, para ocuparla en arrendamiento y en igualdad de condiciones que un tercero, una vivienda en la finca reconstruida.
El arrendatario, en los casos de locales de negocio, tendrá derecho a optar entre una indemnización del 50 % de lo que normalmente se abone por traspaso en locales similares de la misma zona, señalada por la Junta de Estimación, o, en su defecto, a ocupar en arrendamiento, en igualdad de condiciones que un tercero, un local de negocio en la finca reconstruida de análogas características al que venía disfrutando.
Un 10 % si el local de negocio o la vivienda asignada está en planta distinta de la que ocupaba en el inmueble derruido. Ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente para los arrendatarios de locales de negocio.
Si la superficie fuere inferior a la mínima exigida o contara con menos instalaciones y servicios que la vivienda o local de negocio anterior, la renta será la misma que la pagada en la finca derruida, y el 50 % de ésta si la reducción de superficie equivale a más de la mitad.
El 40 % de dicha renta anterior cuando ocupando en la finca demolida, vivienda o local de negocio al exterior, el asignado fuese interior.
DE LA RENTA, SU REVISION Y DE LA FIANZA
Artículo 95. 1. La renta de las viviendas y locales de negocio cuyo arrendamiento subsista el día en que comience a regir esta Ley será la que en tal fecha cobrare el arrendador, con todos los incrementos que viniera percibiendo, revalorizada, en su caso, la de los locales de negocio y viviendas comprendidas en el número 2 del artículo 6, conforme a las disposiciones de los números 1 al 10 del artículo 96, y sujeta la de las restantes viviendas a lo prevenido, en el número 11 del mismo artículo.
Por renta contractual la pactada inicialmente en el contrato que dio origen al arrendamiento. En los casos de duda se estará a la declarada a efectos fiscales.
Por renta legal , la que, al comenzar a regir la presente Ley, cobrare el arrendador con todos los incrementos que viniera percibiendo, sin incluir las cantidades asimiladas a la renta.
Por renta revalorizada , la que resulte de aplicar las reglas que se contienen en los números 1, 2, 3 y 4 del presente artículo.
Por creación o elevación de impuestos o arbitrios por el Estado, Provincia o Municipio que graven directamente la propiedad urbana. Las diferencias por estos conceptos podrán derramarse por el arrendador entre los inquilinos y arrendatarios en la forma fijada por las disposiciones vigentes.
Cuando por expiración del plazo por el cual se concedió cesare la exención tributaria total o parcial que gozare la finca, en cuyo caso podrá el arrendador reclamar de sus inquilinos y arrendatarios la diferencia existente entre lo que le hubiere correspondido pagar sin dicha exención y lo que pagare al término de la misma.
Si la Hacienda, en virtud de resolución firme dictada en expediente instruido de oficio por el Servicio de Catastro Urbano, asignare a la vivienda o local de negocio una renta superior a la que satisfaga el inquilino. El importe de la elevación no podrá exceder, en estos casos, de la diferencia entre la renta que se pague y la asignada por la Hacienda. Y si la diferencia rebasare el 25 % de la renta que se satisfaga, el exceso sólo podrá hacerse efectivo por anualidades sucesivas a razón de un 5 %, como máximo, sobre la renta que estuviere vigente al dictarse la resolución. Para la efectividad de este incremento será indispensable que en el expediente instruido por la Hacienda se conceda audiencia al inquilino o arrendatario, o se le notifique fehacientemente por el arrendador la existencia de dicho expediente, para que pueda comparecer en el mismo y formular alegaciones.
Cuando se realicen obras conforme al artículo 114, causa 7), párrafos tercero y siguientes, en que el aumento será el que determine la autoridad
Si el inquilino subroga en los derechos y obligaciones dimanantes del contrato del inquilinato a uno de los parientes señalados en el artículo 24, el importe de la elevación no podrá exceder, en este caso, del 15 % de la renta.
Cuando, sin haberse estipulado en el contrato, el inquilino, su cónyuge o pariente de uno u otro hasta el tercer grado que con cualquiera de ellos conviva ejerza en la vivienda o en sus dependencias una pequeña industria doméstica, sujeta a tributación. La cuantía del aumento no podrá exceder del 15 % de la renta a que se refiere el artículo 95.
Cuando no se requiera, conforme al artículo 21, autorización expresa y escrita del arrendador para el ejercicio de la industria doméstica de hospedaje, en la que la participación del arrendador será del 10 % por cada huésped. Cuando sea precisa la autorización del arrendador, el importe de la elevación se fijará de común acuerdo.
Cuando el inquilino haga uso de la facultad prevista en el artículo 18, el importe de la elevación no podrá exceder por cada subarriendo del 20 % de la renta vigente en la fecha de aquél.
En los traspasos del artículo 42, en que, a falta de acuerdo, el aumento será del 15 %.
Cuando el arrendatario de local de negocio lo destine a otra clase distinta del que viniere ejerciendo, en cuyo supuesto será del 10 % de la renta.
2. En los contratos anteriores al 12 de mayo de 1956, comprendidos en el número 1 del artículo 96, una vez que la suma de la renta, de las cantidades asimiladas a ella y de sus incrementos alcance el límite de la renta revalorizada y se haya realizado el pago total a que se refiere el número 6 del mismo artículo no regirán las causas de elevación de renta previstas en los apartados primero, segundo y tercero del número anterior, ni las repercusiones por aumento de coste de los servicios y suministros del artículo 102, ni la contribución a los gastos y pagos del artículo 108, salvo lo establecido en la disposición adicional sexta.
2. Si la adaptación implicare un aumento de la renta revisada, será deducible del incremento el importe de las elevaciones a que se refiere el artículo 99, número 1, apartados 1 y 3, exigidas, en su caso, por el arrendador durante el bienio a que se contraiga la adaptación.
El arrendador notificará por escrito al inquilino o arrendatario la cantidad que, a su juicio deba pagar éste como aumento de renta y la causa de ello.
Dentro de los treinta días siguientes, el inquilino o arrendatario comunicará al arrendador, también por escrito, si acepta o no la obligación de pago propuesta, interpretándose su silencio como aceptación tácita.
En caso de aceptación expresa o tácita, el arrendador al siguiente período de renta que proceda, podrá girar el recibo incrementándolo con la cantidad que hubiere propuesto, y su pago será obligatorio para el inquilino o arrendatario. El importe de la elevación habrá de figurar separadamente de la cantidad que constituía la renta anterior.
No obstante la aceptación tácita del inquilino o arrendatario, si la cantidad girada resultase superior a la que autoriza este capítulo, podrá aquél pedir la revisión de la renta satisfecha y la devolución de lo indebidamente pagado en el plazo señalado en el artículo 106.
Cuando el inquilino o arrendatario rechazare la elevación propuesta y ésta fuere legítima, el arrendador podrá optar entre reclamarle las diferencias desde el día en que debieron serle satisfechas, o resolver el contrato si fuera temeraria la oposición de aquél. No procederá la resolución si el demandado consignare, antes de contestar a la demandada, las diferencias reclamadas. En ambos casos la acción caducará dentro de los tres meses a contar desde el día en que la negativa se hubiese producido.
3. Lo dispuesto en los números anteriores se entiende sin perjuicio de la aplicación de lo prevenido en los artículos 95, número 2; 96, número 6; 99, número 2 y 100, número 4.
CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE CONTRATOS A QUE SE REFIERE ESTA LEY
La falta de pago de la renta o de las cantidades que a ésta se asimilan.
El haberse subarrendado la vivienda o el local de negocio o la tenencia de huéspedes, de modo distinto al autorizado en el capítulo III.
Cuando en el supuesto previsto en el artículo 12 en los subarriendos parciales de vivienda, aunque se hubieren celebrado éstos con autorización expresa y escrita del arrendador, perciba el subarrendador rentas superiores a las que autoriza la presente Ley.
Cuando concurra la causa segunda, párrafo A), del artículo 117, y requerido el subarrendador por el arrendador, dentro de los dos meses siguientes, no se hubiere ejercitado la acción resolutoria contra el subarrendatario.
La cesión de vivienda o el traspaso de local de negocio realizado de modo distinto del autorizado en el capítulo IV de esta Ley.
La transformación de la vivienda en local de negocio o viceversa, o el incumplimiento por el adquirente en traspaso de la obligación que le impone el apartado segundo del artículo 32.
Cuando en el interior de la vivienda o local de negocio tengan lugar actividades que de modo notorio resulten inmorales, peligrosas, incómodas o insalubres.
Cuando los locales estuvieren arrendados con destino a oficinas o servicios del Estado, Provincia, Municipio, Iglesia Católica o Corporaciones de Derecho público.
Cuando se destinaron a Colegio o Escuelas públicas o particulares, siempre que estas últimas se hallasen constituidas y desenvolvieren su labor ajustándose a las disposiciones vigentes.
Cuando se dedicaren a Consultorios públicos, Casas de Socorro e Instituciones piadosas o benéficas de cualquier clase que fueren.
La expropiación forzosa del inmueble, dispuesta por autoridad competente, según resolución que no dé lugar a ulterior recurso.
La declaración de ruina de la finca, acordada por resolución que no dé lugar a recurso y en expediente contradictorio tramitado ante la autoridad Municipal, en el cual hubieren sido citados al tiempo de su iniciación todos los inquilinos y arrendatarios.
Por no cumplirse los requisitos o no reunirse las circunstancias exigidas en el capítulo VII para la prórroga forzosa del contrato o por concurrir alguna de las causas de denegación de la misma, señaladas en el artículo 62.
En los casos de extinción de usufructo, cuando el titular dominical pruebe que las condiciones pactadas para el arrendamiento por el usufructuario anterior fueron notoriamente gravosas para la propiedad.
Las perturbaciones de hecho o de derecho que en la vivienda o local de negocio arrendado o en las cosas de uso necesario y común en la finca realice el arrendador, ello sin perjuicio de cualquier otra acción que pudiera asistirle.
Por no efectuar el arrendador las reparaciones necesarias, a fin de conservar la vivienda o el local de negocio, sus instalaciones o servicios o las cosas de uso necesario o común en la finca en estado de servir para lo pactado en el contrato.
La falta de prestación por el arrendador de los servicios propios de la vivienda o local de negocio, ya aparezcan especificadas en el contrato, ya resulten de las instalaciones con que cuente la finca.
En el primer caso del artículo anterior, a una cantidad que no podrá ser nunca inferior al importe de una mensualidad de renta, y que guardará proporción con la importancia o gravedad de la perturbación. Cuando ésta se debiere a obras encaminadas precisamente a aumentar el número de las viviendas con que cuente la finca, los inquilinos o arrendatarios no tendrán derecho al abono de indemnización alguna, pero sí a dejar en suspenso sus respectivos contratos, con los efectos establecidos en el artículo 119.
En el segundo caso del precedente artículo la cantidad que proceda, atendida la importancia y trascendencia del daño o incomodidad que la no reparación origina en el uso de la cosa arrendada.
En el tercer caso del artículo anterior, sea cual fuere la causa de la no prestación, e incluso de ser debida a fuerza mayor, si el incumplimiento afectare al servicio de calefacción a cargo del arrendador y el mismo no se diere en absoluto o se prestare en forma notoria y ostensiblemente irregular o deficiente, la indemnización será del 20 % del importe anual de la renta, salvo que esta prestación apareciere especificada separadamente en el contrato, en cuyo caso, de haberse satisfecho su precio, la indemnización será igual a lo que por él hubiere pagado. Y tanto en uno como en otro caso, si el arrendador hubiere percibido diferencias por el coste del servicio, vendrá obligado a reintegrarlas.
El subarriendo o la cesión realizados por el subarrendatario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.
La transformación de la vivienda subarrendada en el local de negocio o viceversa.
En los casos 7 y 8 del artículo 114, sustituida la referencia a inquilino o arrendatario por la de subarrendatario.
El vencimiento del plazo contractual, sin perjuicio de lo dispuesto en los números 2 y 3 del artículo 13.
El demandado podrá enervar la acción si en cualquier momento anterior a ser notificado de la sentencia que no dé lugar a ulterior recurso, él u otra persona en su nombre, aunque obre sin su consentimiento, paga al actor o pone a su disposición en el Juzgado el importe de las cantidades en cuya inefectividad se sustente la demanda y el de las que en dicho instante debiere.
En los arrendamientos de viviendas, cualquiera que fuere su renta, y en los de local de negocio, si no excede de 12.000 pesetas anuales podrá el demandado rehabilitar de plena vigencia el contrato y evitar el lanzamiento si hasta el momento mismo en que fuera a practicarse, él u otra persona en su nombre, aunque obre sin su consentimiento, paga al actor o pone a su disposición, depositándolo incluso en poder del encargado de ejecutarla diligencia que en todo caso lo tomará y dará recibo, el importe de las cantidades que por principal debiera en dicho instante, el 25 % del mismo y los intereses legales, a contar éstos desde la fecha de la demanda, en las sumas vencidas, y desde el día en que el pago debió hacerse, en las pendientes.
Cuando por la reiteración con que se haga uso del beneficio a que la precedente regla se refiere resulte aplicable al artículo 9 de la presente Ley, no tendrá efectos enervatorios la consignación efectuada, a cuyo fin el actor podrá en el curso de litigio, alegar dicha reiteración y practicar prueba para acreditarla.
Cuando con anterioridad a la vigencia de la presente Ley se hubiera arrendado un local construido para servir de casa-habitación, con el fin de ejercer en él actividad industrial, comercial o de enseñanza, con fin lucrativo, aunque a tenor de lo dispuesto en este texto legal merezca el arrendamiento la clasificación de local de negocio , podrá el arrendador negarse a la prórroga, al amparo de la causa primera del artículo 62, cumpliendo lo establecido en los artículos 63, 64, 65, 67, 68, 73, números 1 y 2 y 74, que serán aplicables con las siguientes modificaciones:
Cuando el arrendatario no tuviera en él su casa-habitación, a efectos del orden de prelación del artículo 64, el local se entenderá situado entre las viviendas que no sirvan de hogar familiar y la ocupada por familia menos numerosa. Mas si le sirviere de casa-habitación, se considerará comprendido en el grupo de las viviendas correspondientes a quienes, habitando en ellas, ejerzan en las mismas profesión u oficio que sea objeto de tributación.
El artículo 65 será de aplicación, salvo en lo relativo a la indemnización que percibirá el arrendatario, la cual se establecerá según lo dispuesto en los artículos 70, apartado cuarto, o, en su caso, 73, número 4 y siguientes cuyos preceptos se aplicarán sin otra modificación que en cuanto al plazo en que deberá ocuparse el local, para lo que se estará a lo prevenido en el artículo 68.
El alquiler obligatorio de aquellas viviendas que, susceptibles de ser ocupadas, no lo fueran por nadie. A tales fines, el Gobernador Civil de la provincia , comprobando sumariamente las denuncias que se le formulen, concederá al propietario el plazo de un mes para que se ocupen, precisamente como casa-habitación y no como escritorio, oficina, depósito, almacén o local de negocio. Y transcurrido dicho plazo sin hacerlo, dentro de los quince días que sigan, acordará aquella autoridad que sea ocupada por el primer aspirante a inquilino, en turno riguroso de antigüedad, que se hallare dispuesto a pagar como renta la exigida por el arrendador, si no fuera superior a la última declarada a fines fiscales o a la que sirva de base al tributo, de no haberse formulado declaración, y el aspirante advendrá inquilino de la vivienda, con los derechos y deberes que le impone esta Ley, aunque el arrendador se niegue a otorgarle contrato, en cuyo caso la renta se determinará conforme a los datos fiscales que se expresan.
El desahucio por causa de necesidad social de aquellas viviendas ocupadas que, sin mediar justa causa, se hallaren habitualmente deshabitadas, o el de las que no sirvan de casa-habitación, oficinas o local de negocio del arrendador, o si se hallaren alquilados, de su inquilino o arrendatario. Los Tribunales, al resolver, tendrán en cuenta, además de aquellas circunstancias personales del demandado que determinen la existencia o inexistencia de causa justa, lo siguiente:
Si es realmente útil la ocupación en razón a la proximidad o alejamiento del núcleo urbano en que la escasez de viviendas se produce;
Si por ser la vivienda de características parecidas o semejantes a las que normalmente sirven en la localidad de casa-habitación, permanentemente ocupada, procede acordar que así sea.
Ley de 23 de septiembre de 1939, en los casos cuya aplicación está establecida;
Decretos de 3 de febrero, 13 de abril y 25 de mayo de 1945 y 21 de marzo de 1952, sobre competencia y procedimiento administrativo de desahucio;
Decreto de 3 de octubre de 1947, sobre aplicación y cumplimiento de la letra a) de la disposición transitoria 23 del Texto Articulado de la Ley de 31 de diciembre de 1946;
Decreto de 22 de septiembre y Orden de 23 de octubre de 1947 y Decreto de 22 de abril de 1949, con normas singulares sobre arrendamientos de fincas urbanas en la ciudad de Cádiz;
Decreto de 1 de marzo de 1949 sobre papel de fianzas;
Orden de 12 de diciembre de 1947 sobre destino y aplicación de las cantidades a que se refiere el artículo 96 del Texto Articulado antes citado;
Orden de 22 de febrero y Decreto de 28 de mayo de 1950, aclaratorios de los artículos 71 y 79, respectivamente, del mismo Texto Articulado;
Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión;
Decreto de 26 de julio de 1956 por el que se desarrolla lo dispuesto en los artículos 98, número 1, y 102 del presente Texto Articulado;
Decreto-ley de 14 de septiembre y Decreto de 28 de septiembre de 1956, sobre aplicación de la disposición transitoria octava del mismo texto;
Decretos de 30 de noviembre de 1956 y 22 de julio de 1958, dictados en aplicación de la disposición adicional sexta del Texto Articulado aprobado por Decreto de 13 de abril de 1956;
Ley de 12 de mayo de 1956 y disposiciones complementarias sobre ordenación urbanística;
Decreto de 22 de febrero de 1957, aclaratorio del artículo 7 de este Texto Articulado;
Decreto de 18 de octubre de 1957 sobre instalación de antenas receptoras de televisión;
Decretos de 28 de marzo de 1958, 29 de enero de 1959 y 15 de diciembre de 1960, sobre aplicación de las medidas señaladas en el apartado b) de la disposición adicional segunda del Texto Articulado últimamente citado;
Ley de 24 de abril y Decreto de 22 de julio de 1958, sobre préstamos a los inquilinos para la adquisición de sus viviendas;
Decreto de 10 de octubre de 1958, sobre facultades de los Gobernadores Civiles en materia de vivienda;
Decreto de 31 de octubre de 1958, complementario del artículo 62, número 3, del mismo texto;
Decreto de 8 de enero de 1959, sobre aplicación del artículo 76 y de la disposición adicional primera de igual texto;
Decreto de 17 de noviembre de 1960, sobre viviendas construidas al amparo de la Ley de 25 de junio de 1935;
Decreto de 6 de septiembre de 1961, sobre revisión quinquenal de las rentas, y artículo 32 de la Ley 77/1961, de 23 de diciembre, sobre educación física.
Seguirán igualmente en vigor las disposiciones dictadas para la defensa del patrimonio artístico o histórico nacional .
Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la Legislación Mercantil a las Directivas de la Comunidad Economica Europea (CEE) en materia de Sociedades.
Artículos 122, 125, 126, 127, 128, 131, 135 y 142:
Redacción según la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal.
Artículos 123, 130, 141, 149:
Queda sin contenido según la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal.
Artículos 132, 133, 134, 136, 137, 138 y 139:
Derogado por la disposición final tercera de la Ley 10/1968, de 20 de junio, sobre atribución de competencia en material civil a las Audiencias Provinciales.
Véanse las Leyes 1/1992, de 10 de febrero, de Arrendamientos Rústicos Históricos. y 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos..
Artículos 78, 79, 81, 87, y 92; Disposiciones Adicional Segunda y Final Segunda:
Desde la entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la figura del Gobernador Civil queda suprimida, cuyas funciones han sido asumidas por los Delegados y Subdelegados del Gobierno.
Véase la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español..
Texto vigente hasta el 1 de enero de 1995, fecha de entrada en vigor de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

References: artículo 4
 artículo 4

Artículo 23
 artículo 65
 artículo 73
 artículo 5
 artículo 62

Artículo 95
 artículo 6
 artículo 96
 resolución 
 artículo 114
 artículo 24
 artículo 95
 artículo 21
 artículo 18
 artículo 42
 artículo 96
 artículo 102
 artículo 108
 artículo 99
 artículo 106
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 12
 artículo 117
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 artículo 62
 artículo 119
 artículo 27
 artículo 114
 artículo 13
 artículo 9
 artículo 62
 artículo 64
 artículo 65
 artículo 68
 artículo 96
 artículo 7
 artículo 62
 artículo 76
 artículo 32