Source: https://www.scribd.com/document/136107806/La-Liberalizacion-de-los-Servicios-Publicos-en-Venezuela
Timestamp: 2018-11-13 01:08:09+00:00

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La Liberalización de los Servicios Públicos en Ven...
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LA LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN VENEZUELA Conferencia dictada por Rafael Badell Madrid el 6 de Marzo de 2002, en el marco de las VI Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo "Allan Randolph BrewerCarias" Rafael Badell Madrid Conjuez de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Profesor de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello Universidad Central de Venezuela
Tradicionalmente la Administración Pública se caracterizó por su intervención en la economía, la cual se manifestaba con la imposición de limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad económica de los particulares a través de la declaratoria de servicio público de algún sector de la economía. El Estado intervenía en estas actividades asumiendo su dirección, proyección, planificación, establecimiento y, por su puesto, su prestación en forma exclusiva y excluyente, pues en un principio las mismas no parecían susceptibles de prestación en régimen de competencia, sino que eran
capaz de enfrentar las exigencias que la sociedad contemporánea demanda. la concesión administrativa. en consecuencia. que asumió la prestación de las mismas en virtud de que se entendió que el Estado no podía gestionarlas directamente. La tensión existente –Ariño Ortiz. De allí que la concesión se configuró como la transferencia de funciones y tareas a los particulares. a pesar de que no forman parte de sus fines históricos o esenciales. al concesionario. como titular de dichas actividades y. que en un principio había resuelto el conflicto entre una y otra postura. exclusividad y con una necesidad de unidad organizativa. cuya titularidad corresponde al Estado.[2] . la incapacidad de la Administración para satisfacer las necesidades colectivas. los dogmas liberales surgidos tanto en la Europa Continental como en los sistemas Anglosajones a raíz de la revolución industrial. Ciertamente. debía abrir paso a una nueva concepción. No obstante. constituyeron un obstáculo para que el Estado asumiera directamente tales responsabilidades.3 actividades con cierta vocación de monopolio. a los fines de adaptarse a la realidad económica y social imperante. a medida que las ideas liberales se fueron desarrollando y el intervensionismo estatal fue perdiendo fuerza. demostró que el viejo concepto de servicio público había quedado desfasado y. ya no fue suficiente y. Sin embargo. así como la necesidad de satisfacer requerimientos de una sociedad cada vez más urbanizada e industrializada. que tiene por causa la liberalización y despublificación de las actividades que hasta hace poco habían sido asumidas como propias de la Administración Pública.ha experimentado una sustancial transformación. fórmula utilizada por el Estado para moldear la institución del servicio público a la nueva realidad imperante en la época. el servicio público tradicional sufrió una nueva modificación. de la otra.[1] En este punto encontramos. dado que su función principal debía ser la de garantizar el libre y espontáneo desenvolvimiento de la iniciativa privada. en consecuencia. De allí que la concepción clásica del servicio público elaborada en Francia –Lopez Pellicer. de una parte al Estado. fue resuelta a través de la concesión administrativa.entre la urgencia de satisfacer las nuevas necesidades públicas y las concepciones imperantes de corte liberal que exigían que la prestación de los servicios públicos económicos fuera encomendada a los particulares.
derecho de exclusividad. hasta el más mínimo detalle.»[3] Como consecuencia de esta nueva concepción. sino a servicios regidos por una libertad de empresa matizada. dando paso a un régimen de mercado liberalizado en el que lo esencial son las relaciones de derecho civil que entablan los agentes privados intervinientes en dicho mercado y donde el Estado funge como regulador y contralor de la actividad. como cualquier otra actividad comercial o industrial. Hernández. a un sistema abierto. como lo hacen los franceses. pues no tratan de actividades publificadas. como dice Villar Ezcurra.. en definitiva. Durante los últimos años se ha generalizado un proceso de liberalización de los servicios públicos a consecuencia de las corrientes político-económicas de corte liberal. concesiones cerradas. No puede pretenderse entonces.. –Ariño Ortiz. el concepto del servicio público tradicional ha quedado agotado y. precios administrativamente fijados. La liberalización implica –Ariño Ortiz. ya que fue un instrumento de progreso y de socialización.. Estas actividades de interés general –J.) consiste en el paso de un sistema de titularidad pública sobre la actividad.. hay que hacerle un digno entierro... embalsamar el concepto tradicional del servicio público. en la que hay que luchar por el cliente (. con determinadas obligaciones o cargas de servicio público (. en la cual se imponen a quienes gestionan . en consecuencia. en régimen de competencia abierta..que el poder público deja de gozar de la exclusividad en la gestión de la actividad publificada dando cabida a la iniciativa privada en su gestión.I. obligación de suministro. pero también se refieren a un punto de vista diferente.aluden a un concepto mucho más amplio que la noción tradicional de servicio público.) pero con libertad de precio y modalidades de prestación. pues con ello no podemos resucitarlo.[4] Hoy en día existe una convicción global: el Estado se ha hecho demasiado grande y su incapacidad es manifiesta.4 La esencia del cambio en el concepto clásico del servicio público «(. carácter temporal (con reversión rescate en todo caso) y regulación total de la actividad.es merecedor de un gran elogio. con libertad de inversión y amortización y. Ello lleva consigo una pérdida de áreas de regulación tradicional del derecho administrativo. para que sean las reglas de la oferta y la demanda y el libre mercado las que impongan las condiciones de prestación de tales servicios.. presidido por la libertad de empresa (. Debe por tanto devolverse a los particulares la gestión de los servicios públicos de contenido económico.) .).
. Su función no puede ser otra que la de solventar los fallos del mercado. las cuales han sido denominadas “actividades de interés general” o actividades liberalizadas. prestadas en un régimen de libre competencia. que imponen a los particulares que ejercitan esa actividad unas obligaciones de servicio universal. que no son más que obligaciones de servicio público. manteniendo el orden y la seguridad jurídica. Debe procurarse el establecimiento de un modelo de regulación económica orientado al estímulo de la sana competencia.5 tales actividades. cargas de servicio universal que persiguen que todos los usuarios reciban un conjunto mínimo de servicios de una calidad determinada y a un precio asequible. La Liberalización de los servicios públicos en Venezuela Venezuela no se ha mantenido aislada de esta transformación del servicio público. orientado hacia actividades que ya no son de titularidad estatal sino de iniciativa privada. que se manifiestan como actividades despublificadas pero reguladas. El Estado tiene entonces un nuevo papel frente al servicio público: debe intervenir en el mercado liberalizado como regulador de la actividad. Es sobre la base de estas concepciones que ha surgido el “nuevo” concepto de servicio público. El servicio público ha sido sustituido por la nueva concepción de “actividad liberalizada”. velando por el cabal cumplimiento de los contratos y la protección de los usuarios. a los fines de corregir las desviaciones que el libre mercado pudiera ocasionar. sin afectar con ello la libertad empresarial y la gestión de las empresas. por lo que en la medida en que el Estado deba intervenir en el mercado para mantener estos estándares de prestación del servicio liberalizado. y en las que se sustituye al Estado gestor de actividades económicas por un Estado encargado de ejercitar las potestades de regulación y control de las mismas. pero con ciertos matices propios de la ordenación de los servicios públicos en Venezuela. que lo diferencian de la regulación que de éstos se ha hecho en otros países. III. por lo que el Estado debe procurar regular el mercado de manera de garantizar la adecuada prestación del servicio y su continuidad. en niveles de calidad y precio adecuados. sino que ha sido receptora de las ideas liberales en boga en Europa. dicha intervención estará justificada. con obligaciones de servicio universal (que son las mismas obligaciones de servicio público).
. sino como un gestor de las mismas. la actividad petrolera y otras industrias. muy por el contrario aparece en la Constitución de 1999 como un derecho limitable por razones de interés social. muy por el contrario. alto valor agregado nacional. conjuntamente con la iniciativa privada. los artículos 300 y 301 de nuestra Carta Magna disponen que el Estado podrá intervenir en la economía a través de empresas públicas.. pero no como un ente regulador y fiscalizador de las actividades económicas de los particulares. elevar el nivel de vida de la población. pudiendo además.. Asimismo. pues favorece . dando libertad a la iniciativa privada y preservando el interés colectivo (. lo cual es incompatible con el proceso liberalizador de los servicios públicos. promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo. la libertad económica no es un derecho absoluto. conforme lo señalado en el artículo 302 de la Constitución.)» De la exposición de motivos de la Constitución y del propio texto constitucional se evidencia la ausencia de neutralidad económica del Texto Fundamental. sino un mejor estado y el mercado no es un fin en sí mismo. En efecto.. ese equilibrio debe prevalecer entre productividad y solidaridad. el modelo de Estado plasmado en la Constitución de 1999 evidencia su decidida intervención en la economía. sino un medio para satisfacer las necesidades colecivas. conforme lo dispuesto en el artículo 299 del Texto Constitucional. es decir. el Estado puede disminuir y regular el ejercicio de dicho derecho dentro del marco de la planificación de su política económica orientada hacia el desarrollo integral del país.) En suma. entre eficiencia económica y justicia social..6 El Estado venezolano no se ha caracterizado por tener una política liberalizadora de los servicios públicos. explotaciones. Además la exposición de motivos del texto constitucional señala que «(.) el Estado no está ausente. y garantizar el desarrollo sustentable de la economía. en razón de que el problema no es más Estado o menos Estado. tiene un papel fundamental como ente regulador de la economía (. servicios y bienes de interés público y carácter estratégico. se plantea un equilibrio entre el Estado y mercado. el Estado. reservarse mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional.. Por su parte.
. Ello se traduce en la imposibilidad de deducir de la letra de dicho Texto. La tesis de la neutralidad política excede la mera flexibilidad del régimen económico. y sin más legitimación que la que deriva de su carácter de cuerpo colegiado elegido popularmente.dentro de los márgenes que la propia Constitución le ha impuesto. la Constitución no determina ni prevé una garantía de modelo económico alguno.7 un determinado orden económico. cuyo objetivo es el de participar en la economía como gestor de actividades económicas y no como regulador de dichas actividades. pues se entiende que éstas son tareas que están encomendadas al legislador. La neutralidad política de la Constitución evita comprometer al Estado con unas específicas doctrinas económicas y con la garantía o imposición de las correspondientes concepciones acerca de la política de ordenación óptima o adecuada[5]. A la Constitución no le corresponde el establecimiento de paradigmas económicos. en tercer lugar. en segundo lugar. esa neutralidad de la Constitución no implica en modo alguno la ausencia de bases jurídicas sobre las cuales pueda desarrollarse una economía. modelo económico alguno o una orientación político-económica concreta. el carácter mutable de las necesidades del Estado y la coyuntura económica justifican la neutralidad política de la Constitución. en vez de partir de una base neutral a los fines de que sea el legislador quien lo configure. a quien corresponderá dar un sentido específico a los lineamientos establecidos en la Ley Fundamental. no deben establecerse juicios en relación con el modelo económico a partir de las disposiciones constitucionales y. antes por el contrario. en primer lugar. también pueda convertirse en un instrumento eficaz y predecible para asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos. debe establecer la orientación político-económica del Estado. El modelo económico consagrado en la Constitución evidencia el carácter intervensionista del Estado venezolano. Lo que se persigue en definitiva con la neutralidad política del texto Constitucional es que pueda dotarse al estado de un instrumento que. debe advertirse. la neutralidad debe entenderse como una clave interpretativa conforme a la cual. existe una delegación a favor del legislador quien -atendiendo a las necesidades y a las circunstancias. además de dar espacio al legislador para que produzca leyes adecuadas a los requerimientos del grupo social. lo que hace es delegar en el legislador el desarrollo de dichas bases. No obstante.
Para la realización de esta política liberalizadora del Estado Venezolano. a los fines de incentivar la participación de los particulares en la prestación de los servicios públicos. se había declarado. cuando optó por dejar «Cierta flexibilidad al legislador ordinario para resolver cuestiones e injertar modificaciones que correspondieran a las necesidades y a la experiencia de la República sin tener que apelar a una reforma constitucional»[6]. que ha evidenciado que el Estado no ha sido competente para gestionar los servicios públicos. quienes sólo podían explotarla previa concesión. Ciertamente. Sin embargo. puede asegurarse que se está produciendo en Venezuela un proceso de revisión de la intervención administrativa en la economía. interviniendo en el mercado sólo como regulador y fiscalizador de las actividades privadas en esos sectores liberalizados. fueron promulgadas distintas leyes que liberalizaron las actividades de telecomunicaciones. tal vez no en sus planteamientos originales. la promulgación de diversas leyes cuyo objeto es la liberalización económica. la desregulación y la neo-regulación. a saber: la despublificación. la Constitución de 1999 dista mucho de este concepto. a los fines de promover la iniciativa privada en estos sectores. Efectivamente. pone de manifiesto esta intención. en primer lugar. No obstante. haciéndolos más competitivos y procurando que los usuarios se beneficiaran de servicios públicos de calidad. Así. la despublificación es uno de los valores . sino más bien en sus consecuencias prácticas.8 En el logro de ese objetivo fue exitoso el Constituyente de 1961. debe abandonado su gestión. La política interventora del Estado venezolano en la economía. Ciertamente. Así. en virtud de la cual el Estado. estaba excluida la intervención de los particulares. consiente de la necesidad de adaptar el modelo tradicional de servicio público a la nueva realidad socioeconómica imperante. la despublificación se manifiesta en la derogación de la reserva que sobre determinado sector económico. electricidad e hidrocarburos gaseosos. el legislador. por lo que como principio general. a pesar del modelo socio-económico intervensionista del Estado venezolano consagrado en la Constitución de 1999. ha dictado una serie de instrumentos normativos tendientes a la liberalización de distintos sectores de la economía. el legislador se ha valido de tres técnicas específicas. permitiendo a los entes privados su prestación en un régimen de libertad económica y libre competencia. es contraria a la liberalización de los servicios públicos.
De allí que la liberalización deba ser entendida como la política a través de la cual el Estado fomenta la iniciativa privada y la libre competencia en actividades en las cuales . el legislador ha consagrado diversos principios para afianzar el ejercicio de la iniciativa privada en los sectores liberalizados a los fines de consolidar la vigencia del régimen de libertad económica a través de la desregulación. pues es el instrumento que permite al particular participar libremente en actividades originalmente reservadas por Ley al estado. Debe por tanto establecerse normas que autovinculen a los actores en el mercado y que se pueda exigir su cumplimiento. por el contrario. pues su intervención en la economía debería limitarse al mantenimiento del orden económico pero con un sentido muy distinto al tradicionalmente perseguido. En la medida en que para obtener esos fines sea necesaria e imprescindible la intervención de la Administración en la actividad y en las decisiones empresariales. En segundo término. Sin embargo. estará justificada este modelo de regulación o neoregulación. precisamente. La desregulación. no debe dirigirla. desde que se dirigen a proteger el interés general presente en el sector y la vigencia del mercado. trata de promover la competencia en los casos en los que ello sea posible y se limita a proteger los intereses de los usuarios del servicio.9 fundamentales de la liberalización. los aspectos fundamentales hacia donde debe orientarse la neo-regulación son dos: (i) garantizar la prestación presente y futura del servicio de que se trate y (ii) establecer los niveles adecuados en la relación calidad-precio. la cual persigue la racionalización de las regulaciones de la actividad liberalizada para llevarlas a su mínima expresión necesaria. sino que. en todo caso. si bien es cierto que la Administración debe regular la economía. pues la apertura del mercado y la vocación de incrementar la concurrencia dentro del mismo exigen fijar unas reglas del juego claras y que compensen las debilidades propias del mercado para auto regularse. Por tanto. La neo-regulación por tanto se diferencia del modelo regulatorio del servicio público tradicional. reserva que imponía la necesaria exclusión de la iniciativa privada en la actividad. la tercera técnica utilizada por el legislador para la liberalización de actividades económicas: la neo-regulación. lo cual es. pues no tiene como objetivo el control de la actividad y de los operadores. no implica una supresión absoluta de regulaciones administrativas.
.[7] Sobre este particular ya se había pronunciado la Sala Político Administrativa mediante decisión de fecha 18 de junio de 1998.10 se encontraba originalmente excluida o disminuida. también.. por lo cual. la nueva Ley permitió la incorporación de varios elementos dirigidos a la liberalización de este sector. se aceptó la existencia de servicios públicos sometidos al régimen de Derecho Privado y de libre competencia. en virtud de que a partir de la decisión del Consejo de Estado de fecha 23 de diciembre de 1921. en ese sentido. sino que además. Liberalización de las Telecomunicaciones La entrada en vigor de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones[9] (LOT) supuso la introducción de importantes cambios en el régimen jurídico tradicional de las telecomunicaciones. lo que imponía la necesidad de reformular el concepto de Derecho Administrativo. . despublificando la actividad y aplicando nuevas técnicas de regulación orientadas a la protección del interés público que subyace en estas actividades. «(. las telecomunicaciones no se regulan bajo el modelo de los servicios públicos tradicionales. caso Société Général d` armements. que llevan el estandarte del nuevo servicio público en Venezuela. IV. las cuales son las actividades liberalizadas. debe tenerse en cuenta que en Venezuela no es una novedad la existencia de “servicios públicos” sometidos a la libertad económica y la libre competencia. caso Avensa. en la cual señaló que la libertad económica y la libre competencia son principios presentes.) creador del servicio público. serían servicios públicos prestados en régimen de libre competencia.»[8] En tal sentido. Hernández.I. tampoco es una novedad en el Derecho Francés –J. en los “servicios públicos”. En tal virtud. por el contrario. el sector eléctrico y los hidrocarburos gaseosos. Sin embargo. sino que. Ahora bien. es común que el Legislador califique ciertas actividades como “servicios públicos” sin contemplar su reserva al Estado. la nota característica de las actividades liberalizadas es la vigencia de la libertad económica en dichas actividades y su prestación en régimen de libre competencia. no sólo fue derogada la ya anticuada Ley de Telecomunicaciones de 1940. Lo anterior. sobre la base de las anteriores consideraciones nos dedicaremos a analizar la liberalización en tres sectores específicos de la economía en Venezuela: las telecomunicaciones.
lo que supone el fomento y protección de la libertad económica. adaptado a nuestro ordenamiento jurídico. Bajo la nueva ordenación de las telecomunicaciones. a normas reglamentarias. .)». cantidad. dentro del ámbito de validez propio de éstas. en general. acceso y precio para la población. A partir de dicha derogatoria. Todo ello con la intención de sancionar una ley-marco. Estos planteamientos quedaron reflejados en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Telecomunicaciones elaborado por CONATEL: «(. pero además las disposiciones de la LOT tienen profundas implicaciones en el régimen jurídico de los servicios públicos y. mediante el establecimiento de reglas claras y transparentes de actuación. la LOT derogó la reserva que sobre ese sector de la economía había establecido la Ley de Telecomunicaciones de 1940. teniendo como norte fomentar la competencia entre los operadores. con la finalidad de que ello se traduzca en servicios de telecomunicaciones de mejor calidad. Así. estas pasaron a ser actividades económicas privadas. y la introducción y defensa de la libre competencia. promoviendo así una mayor eficiencia y fomentando la iniciativa privada y la libre competencia.[10] Un examen de la LOT permite derivar los principios generales sobre los cuales se liberalizó el sector de las telecomunicaciones. claro está. las telecomunicaciones pueden ser explotadas por los particulares en ejercicio del derecho constitucional a la libertad económica.) La nueva regulación pretende convertirse en el marco normativo general que regule los servicios de Telecomunicaciones de cara al milenio que comienza.. en el Derecho Administrativo Económico venezolano. La Ley plantea un cambio radical en la regulación de las telecomunicaciones en Venezuela. también. a la vez de que se garantice la presencia y vigilancia del Estado sobre las desviaciones perniciosas del mercado (.. La LOT parte de una serie de principios cuya intencionalidad última es la liberalización del sector. al establecer mecanismos que propenden a una racionalización de la intervención estatal en el sector de las telecomunicaciones. contentiva de principios cuyo desarrollo corresponderá a otras leyes y. creando el sustento legal necesario para garantizar estabilidad y seguridad jurídica indispensables. El principal cambio entonces ha operado en lo que respecta a la titularidad de estas actividades.11 sino conforme los principios del “nuevo servicio público”...
rige en toda su plenitud el principio del favor libertatis. cualquier duda interpretativa que pudiera existir respecto de la aplicación de la limitación o delimitación de derechos.. Entre nosotros ello es consecuencia de los principios fundamentales de la Constitución vigente. de culto. continuarla o finalizar su explotación. El principio del favor libertatis. pues como se lee en su Exposición de Motivos. éstas pasaron a ser actividades que pueden ser explotadas directamente por los particulares. asignándole una posición preferente en el marco jurídico-constitucional..). Las telecomunicaciones pasan a regirse. libertad de industria y comercio. Las principales consecuencias de ello son cuatro: a. como el nuestro. permite el libre acceso al ejercer cualquier actividad económica. Así.. en ejercicio de su derecho a la libertad económica. han sido incorporados «al texto constitucional como valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado y de su actuación. ha consagrado la ley. en los sistemas constitucionales en los que. sino conforme los principios del “nuevo servicio público”.g. permite predicar en este sector el carácter restrictivo de las actuaciones que limitan las libertades económicas[11]. es la liberalización de las telecomunicaciones. impide a la Administración abusar de su discrecionalidad para dictar medidas que afecten la libertad individual cuando existen otros medios en el ordenamiento jurídico para el logro de la misma finalidad que ella se ha propuesto.La libertad de competencia es aquella que permite a todo particular ejercer a su voluntad el comercio de su escogencia. la vida. etc. con carácter general. en consecuencia.”[13]. Amplitud de la libertad económica: La LOT despublificó las telecomunicaciones y. Así. b.12 1. en virtud de lo cual ese sector no se regularía bajo el modelo de los servicios públicos tradicionales. de expresión. Principios de la liberalización de las telecomunicaciones en la LOT La principal innovación de la LOT. la liberalización y la vigencia del derecho de libertad económica en los servicios de telecomunicaciones. como se ha dicho. que obliga a resolver a favor de la libertad. se entiende ahora que las telecomunicaciones son actividades privadas regidas por el principio de libertad económica consagrado en el artículo 112 de la Constitución. Además. la libertad. la justicia [y] la igualdad»[12].. Principio de libre competencia: Se ha señalado que “. en definitiva. de iniciar una empresa. obligando a la Administración a favorecer siempre el derecho o libertad que. se ha consagrado como principio general la libertad (e. .
Esta situación desaparece –al menos formalmente con la LOT. Por tanto. c. en los casos y condiciones que establece la ley. por las normas de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.)» .13 así. más ahora que se ha producido la despublificación de la actividad. control. insistimos. las telecomunicaciones eran servicios públicos tradicionales y su ejercicio estaba sujeto a las amplísimas potestades de disciplina. en especial. Por lo tanto las telecomunicaciones se regirán por el principio de libre competencia y. para cuyo ejercicio se requerirá la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa y concesión de ser necesaria. sólo pueden ser limitadas por la Ley. por el principio de libre competencia. la libre competencia sí rige el desarrollo de las actividades económicas de telecomunicaciones. Son. según el cual: «(.... Ciertamente. como habíamos ya señalado. en primer lugar. Por último. la cual podía en consecuencia. catalogadas de interés general por el artículo 5 de la Ley. ni se encuentran reservadas. lo que supone que la Administración debe favorecer la libertad en el ejercicio de estos servicios.desde que las telecomunicaciones pasaron a ser actividades amparadas por la libertad económica y. ordenación y dirección de la Administración. fiscalización. que la libre competencia es el régimen natural en el cual se ejercita la libertad de industria y comercio. a pesar del silencio de la Ley en la materia. la libre competencia es un principio de valor constitucional. Bajo el modelo establecido por la Ley de Telecomunicaciones de 1940. por virtud de ello. téngase en cuenta. así como la prestación de servicios de telecomunicaciones se consideran actividades de interés general. Su configuración como actividades de interés general: Las telecomunicaciones no son consideradas ahora servicios públicos tradicionales. actividades privadas. los reglamentos y las Condiciones Generales que al efecto establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (. imponer cargas o limitaciones sin necesidad de una previa habilitación legal.) El establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones. la libre competencia es uno de los principales objetivos de toda liberalización de actividades económicas estratégicas. consagrado como tal en los artículos 113 y 299 de la Constitución. a que se refiere el artículo 112 constitucional. en segundo término..
En efecto.[15] Además. En definitiva. como se ha expresado «. al señalar su objeto. Precisamente. pero sometida a regulación y control por parte del Estado. son actividades de interés general y. indudablemente. parte del concepto servicios de interés económico general contenido en el anterior artículo 90 del Tratado de la Comunidad Europea. es la calificación de las actividades de telecomunicaciones. tal omisión ningún cambio apareja. incorporando así al Derecho Venezolano un concepto propio del Derecho Comunitario. sino como actividades de interés general. por tanto. uno de los cambios producidos entre el Proyecto elaborado por CONATEL y el que definitivamente fue aprobado. Creemos que el Proyecto de CONATEL se influenció. indica que las telecomunicaciones son actividades económicas. término que. Durante la discusión del Proyecto ante la Comisión Legislativa Nacional se sustituyó el concepto interés general por interés público. calificó a las telecomunicaciones como actividades de interés general. independientemente de la consideración anterior. que empleaba en su artículo 3 el término actividades económicas de interés general. al ser esencialmente actividades económicas.. en primer lugar. dado el interés público o general que ésta satisface. contenido en el artículo 90 del Tratado de la Comunidad Europea. Esta sustitución ninguna trascendencia jurídica hubiese implicado. por lo que la explotación de esas actividades se realizará en ejercicio de la libertad económica. actividades económicas de interés general. Además. son. En efecto. en este punto. .. pues el propio artículo 1° de la LOT. la sustitución del término “interés general” por “interés público” no modifica en modo alguno la regulación de las telecomunicaciones como una actividad económica bajo régimen de libertad económica.. Sin embargo. no existe reserva o publicatio de las telecomunicaciones a favor del Estado. el Proyecto de CONATEL calificaba a las telecomunicaciones como actividades económicas de interés general. la idea de interés público o general se sitúa como factor motivador y condicionante de todo ejercicio de las potestades administrativas. eliminando el calificativo “económica” utilizado en el Proyecto elaborado por CONATEL. por Ley. y al cual aludimos ya.»[14]. el 22 de noviembre de 1999. la Ley no califica a las telecomunicaciones como servicios públicos. dicho cambio no produce ninguna consecuencia jurídica: las telecomunicaciones. pues los términos interés público e interés general son sinónimos.. y concretamente en el administrativo.en el campo del Derecho público.14 Nótese que. en su artículo 5°. la LOT aprobada. en el Proyecto de Ley de Telecomunicaciones aprobado por la entonces Cámara de Diputados del Congreso. Finalmente.
Se ha sustituido entonces la técnica de reserva por la técnica de la regulación económica.limitarse a controlarla.tampoco es novedoso en el Derecho Administrativo venezolano. dirigidas a satisfacer necesidades colectivas. Así. Como bien señalara la jurisprudencia de la Sala PolíticoAdministrativa. su ejercicio se halle sujeto a especiales controles y sometido a un intenso régimen de policía administrativa -regulación y control. Para este autor. bajo la legislación de 1940. El cambio. esto es. aquél implica siempre la expresa reserva de la actividad (publicatio). con la nueva Ley. las telecomunicaciones eran actividades reservadas al Estado.por parte del Estado. de titularidad pública. sino en cuanto a las técnicas de intervención del Estado en ese sector. el interés general se asocia a la necesidad de dar satisfacción de modo regular y continuo a una necesidad colectiva. no operó respecto de la naturaleza jurídica de las telecomunicaciones. no impone necesariamente que el Estado deba asumir su titularidad: bien puede -como enseña Lares Martínez. y alude a dos ideas: (i) que la actividad se desarrolla a través de ejercicio de la libertad económica y (ii) que en virtud de su vinculación con el interés general. que en caso de ser abandonada a la libre iniciativa de los particulares. como hemos señalado antes. sin ser las telecomunicaciones un sector de actividad excluida de la libertad de económica. y respecto a las cuales el Estado despliega sus técnicas de intervención en el orden económico. De allí que la calificación de la actividad de telecomunicaciones como una actividad de interés general o público no implica que ésta deba ordenarse bajo el régimen del servicio público. Que una actividad económica afecte al interés general. Lares Martínez en su manual de Derecho Administrativo destaca la existencia de actividades económicas y comerciales que afectan al interés general. Bajo la legislación derogada.lo que erigía a las telecomunicaciones como servicios públicos. Eso es en definitiva lo que ha ocurrido con las telecomunicaciones en Venezuela. respecto de la hoy derogada Ley de Telecomunicaciones. no hallaría sino una satisfacción incompleta o llena de inconvenientes. las telecomunicaciones son actividades de titularidad privada sometidas al control del Estado. pues aun cuando el servicio público presupone también el interés público. era la reserva de la actividad -y no su conexión con el interés general. . las telecomunicaciones son actividades económicas destinadas a satisfacer necesidades de interés general. La referencia al interés general permite que.15 El término “actividades de interés general”. En efecto. por satisfacer necesidades colectivas. por tanto. igualmente. Este concepto –actividades de interés general. las telecomunicaciones eran actividades comerciales. Ahora. Bajo la LOT de 2000. sustituye en la actualidad al concepto de servicio público tradicional. puede el Estado intervenir en su ejercicio.
Al elaborar la vigente LOT no se tomaron en cuenta las distintas discusiones que. dada la vaguedad. Para comprender esas tres realidades en un solo concepto. La intervención del Estado en las telecomunicaciones y el respeto a la libertad económica. De allí que. Así expresamente se deriva del citado artículo 5 de la LOT. como se sabe. los servicios de telecomunicaciones podrán someterse a parámetros de calidad y metas especiales de cobertura mínima uniforme. por el contrario. al elaborar el Tratado de las Comunidades Europeas. y las provenientes del Derecho anglosajón. deliberadamente. concepto que. Es por ello que hemos tratado de delinear ese concepto. . se ha debido tener en cuenta que la amplitud del término se justificaba en el Derecho Europeo. existiendo. Ahora bien. conforme al cual «en su condición de actividad de interés general y de conformidad con lo que prevean los reglamentos correspondientes. así como a la prestación de servicios bajo condiciones preferenciales de acceso y precios a escuelas. tres posiciones: las derivadas del Derecho francés. en el ordenamiento jurídico venezolano. nace del Derecho Comunitario y pareciera haber sido trasladado a nuestro ordenamiento jurídico fuera de contexto. al traspolar ese concepto al Derecho Venezolano. se acudió entonces. ésta. al amplísimo término actividades económicas de interés general[16]. se han planteado en torno al concepto actividades de interés general. universidades. Y es que. imprecisión y amplitud de ese término. cuando menos. habría sido preferible que la Ley se limitara a disponer que las telecomunicaciones se desarrollarán en ejercicio de la libertad económica. sus redactores tuvieron que acudir a un término lo suficientemente amplio para que abarcara los conceptos de servicio público en los distintos países de Europa. pudiera establecer la propia Ley. d. por su condición de actividad de interés general el contenido de las transmisiones o comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones podrán someterse a las limitaciones y restricciones que por razones de interés público establezca la Constitución y la ley”. pero que. Así mismo.16 Resulta en nuestra opinión un tanto criticable el empleo del término actividades de interés general. sin perjuicio de las cargas que. bibliotecas y centros asistenciales de carácter público. en atención a los principios que informan el Derecho Administrativo venezolano. las derivadas del Derecho alemán. hay que tener en cuenta que la amplitud del concepto es plenamente justificable en el Derecho Comunitario. En efecto. La liberalización de las telecomunicaciones declarada por la LOT no implica la ausencia de intervención del Estado. no hay en el Derecho Europeo un concepto unívoco de servicio público. por razones de interés general o público. podía prestarse a confusiones. como ya señalamos. puede incluso incrementarse a través de la neo-regulación. en Derecho Comparado. En nuestra opinión.
una regulación que. para la defensa del interés general presente en éstas.. la cual se instrumenta ahora conforme técnicas proporcionales. por satisfacer directamente necesidades colectivas (como la telefonía básica) deben ser asegurados por el Estado. Para garantizar ese interés general. (ii) sujetas a la actuación de policía administrativa. también. se trata de una regulación al servicio del mercado. decíamos. Como señalamos antes. Pero también la regulación se dirige a la protección del usuario y la calidad del servicio. que se caracteriza entonces por la ordenación de actividades económicas para la defensa del mercado y. en ciertas actividades. persigue alcanzar – con criterios de mayor eficacia.responden las denominadas cargas de servicio público que la LOT ha incorporado bajo la denominación –tributaria también del Derecho Europeo. la intervención del Estado es necesaria para garantizar la adecuada satisfacción de esas necesidades públicas.17 Las actividades de telecomunicaciones. el Estado recurre a la regulación económica. bajo el principio de libre competencia. (iv) con imposición de obligaciones de servicio público. e incluso (v) con limitaciones en cuanto a los operadores que pueden intervenir en el mercado[17].los mismos fines que el servicio público tradicional.se caracteriza entonces por (i) estar altamente regladas. que respeten e incluso fomenten la libre iniciativa privada y la libre competencia.para favorecer el funcionamiento de los mercados y no para alcanzar objetivos políticos. Tal es la denominada neo-regulación. Siguiendo a Ariño Ortiz[18].. luego de la liberalización -como ha destacado la doctrina. . De allí que la LOT haya dotado a CONATEL de potestades amplísimas destinadas a la ordenación del sector de las telecomunicaciones.».. esto es. el interés general impide que esas actividades sean abandonadas a la libre iniciativa privada y a la libre competencia: por ello. deriva de su relación con el interés general. una regulación conforme al mercado.. (iii) la aplicación del régimen de concesiones. pensada «. siguiendo la posición de Lares Martínez.del Servicio Universal. La justificación de la intervención del Estado en las telecomunicaciones. la liberalización ha demostrado -como enseña Sebastián Martín-Retortilloque la Administración económica permanece con un grado de intervención «mucho más penetrante que el que venía siendo habitual»[19]. A esta misma idea -protección del interés general en la liberalización de las telecomunicaciones. Trátese de servicios concretos que. No hay por tanto en la LOT una desaparición de la Administración económica: muy por el contrario. Es pues.
con la LOT. desde que.18 quien “impone” como “carga”. un retorno a la legalidad. La libre competencia. quien no puede sustraerse del efecto liberalizador de la nueva Ley. ahora. por la otra. como actividades amparadas por la libertad económica. Hemos dicho ya que la liberalización de las telecomunicaciones supone en los términos de la LOT. permitiendo. sino como un gestor de las mismas. Esa situación desaparece -al menos formalmente. El necesario retorno a la legalidad. la libre iniciativa privada en determinadas materias y. implementando mecanismos de regulación que vacíen el contenido privado de la libertad económica: la regulación subsiste. Bajo la derogada Ley. comercialización). fue dictada la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico . en esas actividades.que esa actividad económica. las telecomunicaciones -como servicios públicos tradicionalesestaban sujetas a las amplísimas potestades de disciplina. Esta técnica de neo-regulación debe siempre respetar los principios de libertad económica y la libre competencia que sirven de fundamento al régimen que prevé la LOT y esa es la principal limitación de la Administración reguladora (CONATEL) en las telecomunicaciones. pero en modo alguno puede ésta suplantar o derogar la vigencia de la libertad económica en las telecomunicaciones. fue dictada la Ley de Servicio Eléctrico que impuso una liberalización moderada del sector eléctrico. que como señalamos anteriormente se caracteriza por su carácter interventor de la economía por haber plasmado un modelo económico en el que el Estado participa no como un ente regulador y fiscalizador de las actividades económicas de los particulares. de una parte. Posteriormente. en atención a la actividad de que se trate (generación. la obligación de satisfacer tales prestaciones de manera universal. imponer cargas o limitaciones sin necesidad de una previa habilitación legal. la cual podía en consecuencia. La Liberalización del Sector Eléctrico Paralelamente a la promulgación de la Constitución de 1999. se entienda comprendida dentro de la libertad económica prevista en el artículo 112 de la Constitución. podría afectar negativamente su normal desarrollo. transmisión. la regulación de mayor o menor intensidad. Se produce. las telecomunicaciones. IV. sólo pueden ser limitadas por la Ley. entonces.son materia de la reserva legal. ahora. el cual es explícito al disponer que las limitaciones a esa libertad además de las que derivan de la Constitución . ordenación y dirección de la Administración concedente. e.
la regulación de este estaba contenido en normas de rango sublegal. pues depende de la regulación concreta que establezca la ley. es pertinente señalar que antes de la entrada en vigencia de la LOSE que no existía ningún texto con rango y fuerza de Ley que regulara el sector. incluyendo los supuestos en los cuales el Estado habiéndose reservado servicio. tal declaratoria sólo podía ser hecha a través de un instrumento con rango legal.558 del de 30 de octubre de 1996[20]. cuando una actividad se erige en servicio público. pueden derivarse limitaciones importantes que inciden notablemente en el ámbito de libertad económica de los particulares. sin embargo. En efecto. La inserción de la noción de servicio público en cualquier actividad apareja su sujeción a un régimen jurídico especial y la aplicación de restricciones de diversa gradación al derecho constitucional de libertad económica. dadas las implicaciones que ello tiene sobre el derecho de libertad económica. así como la imposición de las limitaciones correspondientes. calificaba la prestación de servicio eléctrico como un servicio público nacional. Sin embargo. por lo que éste sector no se encontraba reservado al Estado. régimen de policía administrativa aplicable. términos y condiciones mínimas para la prestación del servicio. en consecuencia. antes de tratar el tema de la liberalización del sector eléctrico en Venezuela. para la declaratoria formal del servicio eléctrico como un servicio público. en su artículo 4°. entre otras. La declaratoria de una actividad como servicio público no apareja necesariamente la imposición de un obstáculo o una negación a la participación del sector privado en el servicio. es conveniente realizar algunas consideraciones en torno a el régimen tradicional de este sector. En tal sentido. como lo ha apuntado la doctrina. El Decreto No.19 (en adelante LOSE) la cual reguló en los mismos términos que su predecesora la liberalización del sector eléctrico. la cual establece una variada gama de restricciones a la libertad económica: desde la exclusión total de los particulares en el ejercicio de la actividad. por el contrario. habilita a los particulares para su prestación mediante concesión[21]. El alcance concreto de dicha restricción no es uniforme. se requería una normativa de rango legal. . tales como controles en la fijación de tarifas. hasta una concurrencia casi sin restricciones entre actividad pública y actividad privada. 1. dado lo ambiguo y confuso de este régimen. su prestación se impone obligatoriamente al Estado y se derivan restricciones a los particulares en el sentido de que no pueden ejercer libremente dicha actividad.
al menos en teoría.. regulará aquellas situaciones de monopolios donde la libre competencia no garantice la prestación eficiente en términos económicos y fomentará la participación privada en el ejercicio de las actividades que constituyen el servicio eléctrico. si entrar en consideraciones sobre la inconstitucionalidad que tradicionalmente caracterizó las restricciones a la libertad económica en el ámbito del sector eléctrico. El principio de libre competencia está contenido en el artículo 3 de la LOSE. la competencia es una noción mucho más amplia que se utiliza para designar todo tipo de situación en la cual no hay un monopolio. La existencia de condiciones de competencia en el mercado eléctrico implica la existencia de más de un agente que. Dentro de estos instrumentos destaca. actúen en como rivales. obviamente. acorde con las necesidades del sector. Parágrafo Unico. la introducción de competencia en el sector. la garantía constitucional de libertad económica y la libre competencia. Esta Ley puede enmarcarse dentro del denominado proceso de liberalización de los servicios públicos. es necesario señalar que el alto grado de participación del Estado en dicho sector y el propósito de liberalizarlo exigía una normativa que equilibrara la necesaria intervención del Estado como regulador del servicio eléctrico. Paragua y Caura». el cual prevé a la letra lo siguiente: «El Estado promoverá la competencia en aquellas actividades del servicio eléctrico dentro de las que sea pertinente. la cual tiene por finalidad establecer un régimen jurídico moderno. . pues emplea una variedad de disposiciones e instrumentos a los fines de llevar adelante dicho proceso. Sin embargo.El Estado se reserva la actividad de generación hidroeléctrica en las cuencas de los ríos Caroní.20 Ahora bien. La doctrina ha sido cautelosa en dar definiciones de competencia. la cual es uno de los pilares fundamentales en los cuales de funda la liberalización de los servicios públicos. pues se trata de un noción cuyo contenido puede variar de acuerdo con las circunstancias. En este contexto surge la LOSE. que favoreciera el desarrollo de la industria eléctrica en el país y el fomento de la libre iniciativa privada en el sector.
de imponer alguna condición en las relaciones de intercambio (art. por lo que -en principio. tenga completa libertad de entrar o salir del mercado. el artículo 3° de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. no tengan posibilidad. tanto individualmente como en colusión con otros. no tengan posibilidad. sea oferente o demandante. debe tenerse claro que la liberalización de un sector económico no implica necesariamente que deba desaparecer el sector empresarial público. mal podría hablarse de libre competencia (CPCA del 24. de manera que quienes estén dentro de él. un concepto afín a la libertad económica.de no regir esa libertad. Ahora bien. caso: Aeropostal). sin que una misma persona pudiera asumir ambos cometidos. en las áreas en que ello sea posible o viable. sea oferente o consumidor. por tanto. . como actividad que se diferencia de la actividad de actuar en el mercado de acuerdo con las reglas previamente establecidas. La libre competencia es un atributo de determinadas actividades económicas. es decir.». en las cuales existen las condiciones para que cualquier sujeto económico. en tal sentido. un sector de la doctrina considera que si la misma parte que actúa en concurrencia con otros operadores fija las reglas del juego. y quienes están dentro de él.21 El término utilizado en la legislación venezolana es el de “libre competencia” y. La libre competencia es.97. nada impide que las empresas públicas continúen participando en el sector. de imponer alguna condición en las relaciones de intercambio. A partir de esta premisa se ha desarrollado el concepto de actividad de regulación. en condiciones de libre competencia.09. prevista en el artículo 112 de la Constitución. Sobre la base de esta definición. No obstante. Por esta razón se ha insistido en separa las figuras de ente regulador y sujeto regulado. la concurrencia no es real. Ejemplo de ello es precisamente el sector eléctrico en Venezuela. ni individualmente ni en colusión con otros. tenga completa libertad de entrar o salir del mercado. en el que si bien es cierto que se liberalizó la actividad. el sector empresarial público puede mantenerse actuando en régimen de libre iniciativa económica. 3º de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia). hay libre competencia cuando existen «las condiciones para que cualquier sujeto económico. la liberalización del sector eléctrico comprende la apertura del sector a la iniciativa privada.
.22 El artículo 3 de la LOSE se ha referido a la libre competencia en aquellas actividades del servicio eléctrico dentro de las que sea pertinente. a los fines de introducir competencia en aquellos sectores que no sean monopolios naturales. más bien. correlativamente. la aplicación de un régimen jurídico distinto a unas y otras en un mercado eléctrico en dos niveles: un mercado mayorista eléctrico y un mercado con tarifas reguladas. la cual establece un régimen de autorizaciones para el desarrollo de las actividades de generación y comercialización especializada (arts. de competencia regulada en el cual las distintas actividades que integran el sector están sometidas a regímenes «claramente diferenciados.de un modelo de competencia sin reglas. el legislador se ha valido de la separación de actividades en el sector eléctrico. Todos y cada uno de esos principios están previstos en la Ley del Sector Eléctrcio. libre acceso a las infraestructuras y libertad de contratación y formación competitiva de precios. En tal . num. De allí que pueda afirmarse que la liberalización del sector eléctrico no supone un modelo de competencia perfecta sino. Hernández. en concreto.I.. 7°) y prevé la posibilidad de que los agentes en el mercado mayorista eléctrico puedan contratar libremente con otros agentes la venta de potencia y energía eléctrica (art. la Ley se sirve de la separación de actividades. Ciertamente. garantiza a todos los operadores del servicio eléctrico libre acceso a las infraestructuras de red (art. en los que se reservan cometidos muy diversos al principio de libre competencia y a la regulación o intervención pública y en los que estos elementos se integran y complementan bajo muy diversas combinaciones [. la cual implica la desintegración del sector y el establecimiento de un régimen diferenciado para las actividades competitivas (como son la generación y la comercialización especializada) y las no competitivas o de competencia atenuada (transmisión y distribución) y. 24 y 38). es oportuno observar que hay actividades en el sector eléctrico que su propia naturaleza no podrían ser desarrolladas en condiciones plenas de libre competencia y en las que dicho principio se aplica en forma relativamente restringida. para las cuales el legislador exige a los particulares la obtención de una concesión. 5). sino más bien de competencia regulada. en tal sentido. a su vez están presididas por tres principios fundamentales: libertad de entrada al mercado y libertad de inversión.]»[22] La liberalización del sector eléctrico no implica la adopción –J. Por tal motivo. 25. nos referimos a las actividades de transmisión y distribución. de manera de incentivar la iniciativa privada en esos sectores. Las “actividades competitivas".
sin embargo. sin embargo. industrialización. El régimen jurídico tradicional de los hidrocarburos gaseosos El régimen jurídico tradicional de los hidrocarburos gaseosos estuvo caracterizado por su carácter reservado. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 2° de la LOHG puede afirmarse que ha operado en Venezuela la liberalización de los hidrocarburos gaseosos.23 sentido. con la consecuente necesidad de que la Administración concediese previamente .»[23] V. sometidas. así como la recolección. regidas por los principios de libertad económica y libre competencia. estableció que dicha actividad sería ejercida por el Estado. transporte. Dicha reserva trajo como consecuencia la exclusión de la libertad económica en el sector. almacenamiento y utilización tanto del gas natural no asociado como el asociado a petróleo y otros fósiles. al igual que las actividades de procesamiento. muy especialmente de la Administración.) tal y como lo señala Ariño Ortiz. Ciertamente. distribución. Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural. lo importante es entonces el cuestionamiento del alcance y sentido de la regulación. LOHG)[24] en su artículo 2° estableció que las actividades de exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos gaseosos no asociados. postulados que. excluyendo en consecuencia la participación del sector privado en las mismas. «(. pues lo que se pretende con la liberalización es minimizar tal regulación. a diversos controles por parte de los Poderes Públicos.. por tanto. la protección y promoción de la libre competencia y de la iniciativa privada. pues estas actividades. 1.. pasaron a explotarse mediante actividades económicas privadas. posteriormente modificada por la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos. La Liberalización de los Hidrocarburos Gaseosos La Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (en lo adelante. siempre será un sector regulado. Se erige como objeto de la acción administrativa. se contradicen con algunas disposiciones de la Ley del Sector Eléctrico –derivadas del régimen derogadoque preservan una clara intención de intervención sobre el sector. tradicionalmente reservadas al Estado. comercio interior y exterior de dichos gases pueden ser ejercidas tanto por el Estado como por personas privadas nacionales o extranjeras.
[25] Puede entonces afirmarse que la participación de la iniciativa privada en el sector quedaba sumamente reducida. (i) mediante la celebración de convenios operativos. sin embargo. En tal sentido. Y siempre. No obstante.[26] En tal sentido. por lo que. (ii) a través de convenios de asociación –que suponen una intervención más activa. como principio general rige en la Constitución venezolana el derecho a la libertad económica. La Liberalización de los Hidrocarburos Gaseosos y la nueva regulación del sector Como ya hemos señalado anteriormente. tal participación se efectuaba no en virtud de un derecho propio de los particulares. 2. a saber. En tal sentido. la despublificación implicó que a partir de la entrada en vigencia de la LOHG las actividades del sector son actividades económicas privadas. de conformidad con lo establecido en el único . siempre bajo el control del Estado. rige en el mismo el principio de libre iniciativa privada. en consecuencia.24 a los particulares el derecho a intervenir en dichas actividades. pues sólo a través de tres vías podían los particulares participar en el sector.. como por particulares nacionales o extranjeros. de no estar reservado determinado sector de la economía al Estado. sino en atención a los distintos convenios celebrados con el Poder Ejecutivo. ha operado en el sector de los hidrocarburos gaseosos su despublificación. el derecho constitucional a la libertad económica no es un derecho absoluto. tal y como lo ha señalado la jurisprudencia. Así. se derogó la reserva que sobre dichas actividades regía y. Esta intervención fue establecida.y por último.I. Lo anterior queda ratificado por el artículo 2° de la LOHG. (iii) mediante convenios de comercialización del Gas de Petróleo Licuado (GPL). al quedar derogada la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural con la entrada en vigencia de la LOHG. Hernández. pues se encuentra sometido a las limitaciones establecidas por la Ley. el cual dispuso que las actividades relacionadas con los hidrocarburos gaseosos podría ser ejercidas tanto por el Estado directamente. la LOHG establece una serie de limitaciones para el acceso de los particulares al ejercicio de las actividades del sector de los hidrocarburos gaseosos. que pueden ser desarrolladas en ejercicio del derecho a la libertad económica y en régimen de libre competencia. con un marcado carácter excepcional –J.
De la norma antes transcrita se evidencia que los particulares que deseen realizar actividades en el sector de los hidrocarburos gaseosos deberán obtener licencia o permiso. los yacimientos de hidrocarburos gaseosos existentes en el territorio nacional. deberán obtener la respectiva concesión para la utilización de bienes del dominio público (espectro radioeléctrico). conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la LOHG. son bienes del domino público y por tanto inalienables e imprescriptibles. transporte. los servicios de telecomunicaciones que requieran la utilización del espectro radioeléctrico que es un bien del dominio público. pertenecen a la República. almacenamiento. debe tenerse presente que las licencias y permisos a los que hemos hecho referencia están orientados. únicamente. producidos por otras personas. el particular no deba obtener una concesión para la utilización de bienes del dominio público. Conforme lo dispuesto en el artículo 24 eiusdem. Lo anterior no es una situación extraña. no sólo requerirán de la habilitación para la prestación de la actividad de telecomunicaciones que deseen realizar. dirigidos al desarrollo nacional. sino que además. requerirán licencia o permiso. Ahora bien. En dichos títulos se establecerán los requisitos y condiciones para que los particulares puedan realizar tales actividades. a la realización de las actividades de hidrocarburos gaseosos. bajo el lecho del mar territorial. En efecto. comercialización y exportación de gases asociados o no asociados. conforme el artículo 3° de esta Ley». el hecho de que para realizar actividades privadas se requiera la utilización de bienes del dominio público es común en el régimen de liberalización de los servicios públicos en Venezuela. . con o sin la participación del Estado. distribución. deberán obtener previamente un permiso.25 aparte del artículo 22 de la LOHG «Las actividades a ser realizadas por personas privadas nacionales o extranjeras. de la zona marítima contigua y en la plataforma continental. Por su parte. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la LOHG. quienes deseen realizar actividades de procesamiento. industrialización. lo cual no implica que si la realización de dichas actividades requiere la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos gaseosos. según el caso. para la exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados se requerirá una licencia. y deberán estar vinculados con proyectos o destinos determinados. Recuérdese por ejemplo que de conformidad con lo previsto en la LOT.
sin perjuicio de la intervención de los Poderes Públicos como entes reguladores de la actividad. el artículo 8 de la LOHG establece que los almacenadores. pues el Estado no ha pretendido adoptar un sistema de competencia absoluta en el sector. Lo que se pretende con esta neoregulación del sector es corregir las posibles deficiencias del mercado. mediante el aprovechamiento intensivo y eficiente de tales sustancias como combustibles para uso doméstico o industrial. dada la vinculación con bienes del dominio público de la prestación de actividades de hidrocarburos gaseosos. los transportistas y los distribuidores de hidrocarburos gaseosos. por lo que puede afirmarse que si bien es cierto que ha operado la liberalización de los hidrocarburos gaseosos a raíz de la entrada en vigencia de la LOHG. Además señala el referido artículo que dichas actividades se realizarán atendiendo a la defensa y uso racional de los hidrocarburos gaseosos y a la protección. dicha liberalización es más bien matizada. tendrán que prestar el servicio en forma continua y de conformidad con las normas legales. en forma determinante. . sino más bien la competencia efectiva. conservación y preservación del medio ambiente. el legislador ha utilizado la técnica de la neo-regulación de la actividad.26 Por tal motivo. el Estado debe regular en forma directa y especial dichas actividades. no pretende establecer u sistema de competencia perfecta en el sector. sin afectar con ello. lo cual. a fin de garantizar los objetivos antes señalados pueda imponer a quienes desarrollen estas actividades determinadas obligaciones de servicio público o servicio universal. a los fines de evitar que una competencia absoluta impida un adecuado suministro del gas natural. caracterizado por el incentivo de la iniciativa privada y la libre competencia en el sector. Es por ello que de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la LOHG las actividades relativas a este sector deben estar dirigidas al desarrollo nacional. como materia prima a los fines de su industrialización y para su eventual exportación en cualquiera de sus fases. reglamentarias y técnicas de eficiencia. mediante la cual se han establecido distintos mecanismos de regulación destinados a garantizar la adecuada prestación del suministro de hidrocarburos gaseosos en forma regular y continua manteniendo altos estándares de calidad. De allí que la Administración. la libre competencia.[27] Para el logro de dicho objetivo. De allí que pueda afirmarse que la LOHG parte de un modelo de “competencia regulada”. calidad y seguridad. Así por ejemplo. en aplicación del artículo 113 del Texto Constitucional.
que son las que la nueva realidad social reclama.com/?pag=26&ct=105 . uniforme-. diferenciadas.27 Por tanto. a través de la incorporación del libre competencia. en vista del interés general que revisten tales actividades. una última reflexión. un nuevo modelo de regulación económica..) al igual que con el resto de las actividades liberalizadas en Venezuela. no debemos perder de vista el largo camino que aún nos queda por recorrer. utilizando nuevas técnicas de regulación que propendan al adecuado desarrollo del sector. la existencia de un servicio universal dirigido a todos los ciudadanos en todos los niveles. para lo cual es necesario un nuevo servicio público. Si bien es cierto ya se ha dado un primer paso en esta dirección con la liberalización de algunos sectores de la economía nacional. ha quedado agotado.»[28] Para concluir. establecer un régimen jurídico que propenda al adecuado desarrollo del sector. pero sin perder lo ya conseguido hasta ahora que es. el viejo concepto de servicio público –monopólico. más competitivas.badellgrau.. ya no satisface las necesidades de la población. de mínimos. BIBLIOGRAFIA http://www. la neo-regulación en el sector de los hidrocarburos gaseosos pretende «(. básicamente. innovadoras. igualitario. Hay que mejorar la prestación de los servicios públicos. un cambio profundo en la política económica de Estado. Hoy hay que abrir camino a nuevas realidades.
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