Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610649.html
Timestamp: 2019-03-25 14:04:03+00:00

Document:
as201610649
AUTO SUPREMO Nº 649/2016-RRC
Expediente : La Paz 29/2016
Parte Acusadora : Melania Mamani
Parte Imputada : Bertha Canaviri Choquechambi
Por memorial presentado el 5 de febrero de 2016, cursante de fs. 156 a 158, Melania Mamani, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 90/2015 de 3 de diciembre, de fs. 133 a 136, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los Vocales Elías Fernando Ganam Cortez y Rubén Ramírez Conde, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente contra Bertha Canaviri Choquechambi, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Por Sentencia 27/2015 de 13 de agosto (fs. 83 a 84), el Juez de Partido Mixto y Sentencia de Sica Sica del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a la imputada Bertha Canaviri Choquechambi, autora de la comisión del delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del CP, imponiéndole la pena de prestación de trabajo de cuatro meses en el Gobierno Municipal, con costas y demás formalidades de ley.
b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada Bertha Canaviri Choquechambi, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 105 a 115 vta.), resuelto por Auto de Vista 90/2015 de 3 de diciembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible el recurso interpuesto y procedentes las cuestiones planteadas; en consecuencia, anuló la Sentencia apelada y dispuso la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, motivando la formulación de recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 369/2016-RA de 23 de mayo, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
La recurrente denuncia que en el Auto de Vista impugnado, el Tribunal de alzada emitió una serie de subjetividades a priori, que vulneran el principio de inmediación previsto en el art. 330 del CPP, al referir: i) En el inc. 2) de la parte Considerativa, que se incurrió en el art. 370 inc. 1) del CPP, al argumentar el Tribunal de alzada que el delito de Injuria es un delito formal y no material, que para su consumación debió existir el animus iudicandi; asimismo, señaló que el Juez de origen solo se limitó a señalar el hecho que configuró el delito de Injuria sin establecer sus elementos constitutivos y por qué no se configuraron los delitos de Difamación y Calumnias; ii) En el inc. 3) de la parte Considerativa, estableció que el Juez debió analizar la prueba en su integridad, dando valor a cada una, sin considerar que esta valoración integral se la realizó en la fundamentación probatoria; iii) En el inc. 4), refirió que ante la existencia de contradicciones en las declaraciones de los testigos Basilia Canaviri, Eusebio Quispe Álvarez y Roberto León Maizo, no estableció porqué dio credibilidad a uno y otro no, extremo que dio lugar a la revalorización de la declaración de los testigos, vulnerando el principio de inmediación cuya prerrogativa es del Juez de primera instancia, de lo cual se advirtió fue una valoración subjetiva del Tribunal de instancia al nuevamente valorar la prueba que le está prohibida.
La recurrente solicita se admita su recurso y se case el Auto de Vista impugnado.
Por Auto Supremo 369/2016-RA de 23 de mayo, cursante de fs. 171 a 173 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación, interpuesto por Melania Mamani, para su análisis de fondo.
Por Sentencia 27/2015 de 13 de agosto, el Juez de Partido Mixto y Sentencia de Sica Sica del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a la imputada Bertha Canaviri Choquechambi, autora de la comisión del delito de Injuria previsto y sancionado por el art. 287 del CP, decisión asumida de acuerdo a los siguientes argumentos consignados en el acápite destinado a los fundamentos de hecho y de derecho:
“(…) del análisis de la prueba aportada al juicio oral y público se tiene que la ahora acusada Bertha Canaviri Choquechambi en fecha 16 de julio de 2014 al promediar las 7:30 pm. en circunstancias en que se encontraba transitando por el frontis del domicilio de la víctima Melania Mamani a consecuencia de un escupitajo al suelo realizado por esta última tuvo una confrontación verbal en la que se pudo establecer que el día y hora señalados la ciudadana Melania Mamani en forma pública y a viva voz y de modo directo fue víctima de ofensas en su dignidad y decoro, con palabras tales como `cochina´, puta, ese tu hijo no es para tu marido” palabras ofensivas realizadas en su contra por la acusada Bertha Canaviri Choquechambi quien por lo analizado precedentemente, se llega a la convicción de que adecuó su conducta a lo determinado por el art. 287 del Código Penal cometiendo el ilícito de Injurias, no habiendo sucedido lo mismo en cuanto a los delitos de Difamación (art. 282 CP) y Calumnia (art. 283 del CP), que no fueron probados.
Contra la mencionada Sentencia, la acusada Bertha Canaviri Choquechambi, interpuso recurso de apelación restringida, que en lo que respecta al motivo a considerarse en casación denunció:
1) Existencia de errónea aplicación de la Ley sustantiva al haberse incurrido en el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, procediendo a referirse a las declaraciones testificales, para indicar que el delito de Injuria consiste en lesionar a través de cualquier forma de modo directo o de una expresión la dignidad o decoro de una persona perjudicada en su reputación, la Injuria puede constituir en atribuir hechos inciertos a una persona; es decir, que se trata de deshonrar o desacreditar a una persona en su presencia y en el presente caso se hubiese dado contradicciones en la declaraciones y pese a ello el juez consideró que eran suficientes, sin tomar en cuenta que el delito de Injuria es material y no formal; por lo que, es necesario que exista el animus injuriandi. Continua señalando que el juez tenía la obligación de valorar íntegramente la prueba y definir si existió o no la voluntad dolosa de dañar la dignidad o decoro de la acusadora, ya que lo que existió fue una riña recíproca, argumentos que a decir de la recurrente establecerían la existencia de una errónea aplicación de la ley, invocando al respecto el Auto Supremo 212/2013-RRC de 27 de agosto, referido a los elementos configuradores del delito de Injuria.
2) Falta de fundamentación de la Sentencia prevista en el art. 370 inc. 5) del CPP, refiriendo que no le está permitido al Juez o Tribunal reemplazar la fundamentación por la simple relación de antecedentes y la mención de los requerimientos de las partes u omitir la valoración de la prueba. Señala que la Sentencia en el primer apartado se refirió al hecho, para luego describir los actos procesales, seguidamente a efectuar una fundamentación probatoria, sí como la fundamentación de hecho y derecho; sin embargo, no realizó una descripción probatoria integral, además de no haber detallado cada una de la pruebas, cuando el juez debió describir y valorar cada una de las pruebas de cargo y descargo, incurriendo el fallo en las causales de nulidad. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007, 183 de 6 de febrero de 2007, 306/2013-RRC de 22 de noviembre y 026/2014-RRC de 18 de febrero, todos referidos al agravio denunciado.
3) Defectuosa valoración de la prueba, defecto descrito en el art. 370 inc. 6) del CPP, refiriendo que en la valoración de la prueba se deben aplicar las reglas de la sana crítica referidas al correcto entendimiento, en las que se tiene las reglas de la lógica y de la experiencia del Juez; en el presente caso, se vulneraron las reglas del correcto entendimiento humano, ya que una de las testigos de descargo hubiese señalado que se encontraba el día de los hechos y que no habían otras personas; invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 161/2012-RRC de 17 de julio, 179/2013-RRC de 27 de junio y 011/2013-RRC de 6 de febrero.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 90/2015 de 3 de diciembre, declara procedentes las cuestiones planteadas; por ende, anula la Sentencia 27/2015 de 13 de agosto, deponiendo la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, de acuerdo a los siguientes argumentos de orden legal, previa constancia de que en apelación restringida no se puede efectuar ninguna revalorización probatoria.
a) En cuanto al defecto previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, estableció que en la Sentencia apelada el juez inferior se limitó a señalar el hecho de la acusación; es decir, exponer que el 16 de julio de 2014, hubo una confrontación verbal en la que se estableció que Melania Mamani fue víctima en forma pública y a viva voz de modo directo de ofensas en su dignidad y decoro, describiendo las palabras motivo de litis, concluyendo que por este hecho la acusada adecuó su conducta al tipo penal de Injuria y que no sucedió lo mismo en los otros delitos acusados; de lo expresado, a decir del Tribunal de alzada se incumplió lo establecido en el Auto Supremo 221 de 7 de junio de 2006, que en lo esencial establece que en resguardo del principio de legalidad los juzgadores deben realizar tareas objetivas de subsunción que demuestren el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídica; sin embargo, en el caso presente no hubiese sido cumplida, ya que el Juez se limitó a señalar el hecho y que por el mismo se hubiese establecido que se configuró en el delito de Injuria y no así en los delitos de Difamación y Calumnia, sin determinar porqué se configuraron los elementos constitutivos del delito condenado, tampoco señaló por qué no se configuró los elementos constitutivos de los delitos de Difamación y Calumnia, además de no haber sido motivo de pronunciamiento en la parte dispositiva de la Sentencia, aspectos que hicieron evidente la concurrencia del defecto denunciado.
b) Respecto del defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, el Tribunal de alzada concluyó que de acuerdo a la doctrina legal aplicable invocada se determina que la falta de fundamentación de la Sentencia constituye una vulneración del debido proceso y que en el presente caso se estableció de manera inequívoca, que existió falta de motivación en la resolución apelada, por ser insuficiente, ya que en la fundamentación probatoria se hizo referencia a las pruebas producidas; sin embargo, sólo se efectuó una descripción general, no se realizó una contrastación de las mismas y menos se estableció cuál el valor otorgado a cada una de ellas, simplemente se realizó una relación de pruebas, lo cual vulnera el art. 124 del CPP, pues al respecto no se tomó en cuanta lo señalado por la Sentencia Constitucional 1365/2005-R de 31 de octubre que señala que no es necesaria que una resolución deba ser extensa, ampulosa, sino que debe responder a todo lo debatido en juicio, aspecto no cumplido por el Juez inferior.
c) En cuanto, al defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, estableció que no se realizó una descripción de las pruebas producidas por las partes tanto de cargo como de descargo; asimismo, no se realizó una valoración integral de toda la prueba producida, en vulneración del art. 173 del CPP, puesto que de la revisión de la Sentencia se estableció que se efectuó una incorrecta e inadecuada valoración probatoria, al no haberse aplicado las reglas de la sana crítica, de la lógica y la experiencia, pues el Juez inferior no se apoyó en proposiciones lógicas correctas y fundamentadas en observancia de la experiencia; por lo que, en aplicación del art. 420 del CPP, corresponde dar cumplimiento a lo establecido en el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, que en lo particular estableció que los fallos sustentados en defectuosa valoración de la prueba, vulneran las previsiones de los arts. 173 y 339 del CPP y siendo evidente que el fallo no contiene los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto incurrido por el juez, corresponde cumplir la previsión del art. 413 del CPP y anular la sentencia disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal a efecto de garantizar que las partes en conflicto se sometan nuevamente al conocimiento, discusión y valoración de la prueba por ante otro Juez o Tribunal, quien observando los principios de inmediación y contradicción que rigen el proceso y el circuito probatorio, dictará una nueva resolución en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica.
III. VERIFICACIÓN DE VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN
Este Tribunal admitió el presente recurso, abriendo su competencia a objeto de verificar la posible vulneración del principio de inmediación ante la denuncia de que el Tribunal de alzada al emitir la Resolución impugnada, hubiese emitido criterios a priori respecto del delito de Injuria, además de revalorizar la prueba, por lo que corresponde la problemática planteada.
III.1. Respecto al principio de inmediación.
Con carácter previo a resolver la problemática planteada en autos, es imperioso señalar que el art. 330 CPP, al referirse a la inmediación, dispone: “El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces y de todas las partes…’, comprendiendo que el principio de inmediación constituye el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente a los Jueces o Tribunales de Sentencia, principio comprendido como el conocimiento, relación directa que deben tener las autoridades jurisdiccionales con la producción de toda la prueba durante un juicio oral, público y contradictorio, quienes en base a ese conocimiento directo realizarán una adecuada valoración.
Bajo este análisis se debe considerar la criterio asumido por el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional 474/2012-R, que señala: “…principio de inmediación -contacto directo entre el juez, las pruebas y las partes-… (que exige)… al juez o tribunal de garantías…’ y la Sentencia Constitucional 096/2012-R que precisa: “…en materia penal rigen premisas máximas como los principios de oralidad e inmediación que se vinculan a su vez con el principio de celeridad, que hacen a la actuación de los sujetos procesales, con la finalidad de lograr una administración de justicia pronta y oportuna, sin dilaciones indebidas, materializando así la disposición contenida en el art. 115 de la CPE y el principio de igualdad para las partes del proceso. En ese sentido, la inmediación está dirigida a la relación directa entre las partes y el órgano jurisdiccional, prescindiendo de otras formalidades o la intervención de otras personas, permitiendo se aprecie de mejor manera los medios probatorios, estrechamente vinculado con la oralidad del procedimiento que hace a su inmediatez y eficacia…”.
Ahora bien, ingresando al examen del Auto de Vista impugnado, en cuanto a la resolución del motivo traído en casación, en lo esencial se asumen los argumentos expuestos por el Tribunal de alzada, que en el considerando II numerales 2, 3 y 4 [desarrollados como incisos a), b) y c) en la presente resolución], de manera expresa sentó las bases sobre las que pronunciaría su resolución, señalando de forma por demás clara que la alzada no se constituye un medio jerárquico para revalorizar prueba o revisar cuestiones de hecho que hacen a los jueces y Tribunales de inferiores; a consecuencia de lo expresado anteriormente y en cumplimiento a su competencia en los numerales 2, 3 y 4 del segundo considerando del Auto de Vista recurrido, procedió a efectuar la labor de control legal sobre la valoración probatoria, además de previamente haber establecido de que en dicha valoración no se procedió a efectuar una correcta fundamentación sobre si los hechos probados se adecuaban al delito de Injuria y en su caso que es lo que no se probó respecto de los delitos de Difamación y Calumnia, concluyendo que solo existió una descripción general de la prueba producida, pero no una valoración a cada una de estas y que en base a ellas se haya efectuado una correcta subsunción; en consecuencia, con base a lo resuelto, el Tribunal de alzada en cumplimiento al Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007 y en aplicación del art. 413 de la Ley 1970, estableció que no era posible reparar directamente los defectos de la sentencia observados, por lo que correspondía anular totalmente la sentencia disponiendo la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal.
Al haber establecido el Tribunal de Alzada que el Tribunal de instancia pronunció un fallo sustentado en defectuosa valoración de la prueba, en vulneración de la previsión de los arts. 173 y 359 del CPP, incurriendo en el defecto establecido en el art. 370 inciso 6) del Código Adjetivo Penal, y que la resolución no contenía los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto en que incurrió el Juez o Tribunal de instancia, aplicó correctamente el art. 413 del CPP al anular la Sentencia totalmente y disponer la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia a efecto de garantizar que las partes en conflicto puedan someterse nuevamente a conocimiento, discusión y valoración de la prueba (otro Juez o Tribunal), observando los Principios de Inmediación y Contradicción que rigen al proceso; y, el circuito probatorio, a los fines de que se emita una nueva Resolución en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica.
En conclusión, para llegar a determinar la correcta actuación del Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista recurrido, además de lo expresado, se verifica que no es evidente lo alegado por la recurrente, respecto de que el citado Tribunal de manera a priori hubiere señalado que el delito de Injuria es formal y no material; además que se requiere para su consumación el animus iudicandi, pues dichas aseveraciones fueron expresadas por la parte imputada en su recurso de apelación restringida y de ninguna manera por el Tribunal de alzada que al respecto señaló que la fundamentación de la Sentencia no permitía establecer la correcta subsunción de los hechos “probados” en juicio al delito condenado como a los otros tipos penales acusados; de igual manera, no se advierte revalorización probatoria alguna, menos de la prueba testifical, ya que en ningún acápite de la resolución impugnada se advierte un valor otorgado por dicho tribunal a alguna prueba, por el contrario se abocó dentro del ámbito de las facultades que le corresponde al resolver la apelación restringida, a establecer que no existía fundamentación probatoria alguna que hubiere sido efectuada por el Juez de Sentencia lo que acreditaba los defectos denunciados ; y por consiguiente, correspondía la nulidad de la Sentencia, justamente precautelando el principio de inmediación alegado por la recurrente; en consecuencia, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución, no advirtiendo la denunciada vulneración al principio de inmediación, corresponde declarar infundado el presente recurso.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Melania Mamani, cursante de fs. 156 a 158.

References: resolución 
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