Source: http://responsabilidad-social.blogspot.com.co/2014/01/las-acciones-populares-y-de-grupo-en-la.html
Timestamp: 2018-03-21 14:20:43+00:00

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En un artículo anterior publiqué sobre los mecanismos de protección de los derechos humanos en Colombia. En éste nuevo artículo escribiré sólo sobre las "Acciones Populares y de Grupo. Otros mecanismos de protección son la "Acción de Tutela", la "Acción de Cumplimiento", el "Derecho de Petición", el "Habeas Corpus" y el "Habeas Data".
El artículo 2 de la Ley 472/ 98 define las acciones populares como “los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos” y permite su ejercicio “para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.
Por otro lado, establece en el artículo 3 que las acciones de grupo “son aquellas interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad” y además, especifica que la acción de grupo “se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios”.
Son un instrumento de carácter judicial que procura la defensa de los intereses colectivos, cuando estos sean lesionados o amenazados. Las acciones populares o de grupo proceden contra toda acción o irregularidad de las autoridades públicas o de los particulares y pueden ser aplicadas por toda persona natural o jurídica, por organizaciones no gubernamentales, populares o cívicas y servidores públicos.
La acción debe contener en su solicitud el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado; los hechos, actos u omisiones que motivan la petición; el responsable de la amenaza o causante del perjuicio; las pruebas; y, los datos de quien ejerce la acción. Además, el interesado podrá acudir ante el Personero Distrital o Municipial, o a la Defensoría del Pueblo para que se le colabore en la elaboración de su demanda o petición, así como en los eventos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir – artículo 17, Ley 472/98.
En el artículo 11 de la Ley 472/98 se establece que la Acción Popular podrá promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo. Cuando dicha acción esté dirigida a volver las cosas a su estado anterior, el término para interponerla será de 5 años, contados a partir de la acción u omisión que produjo la alteración.
La Ley 472 de 1998 reglamentó el artículo 88 de la C. P. en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo. Estas acciones proceden contra toda acción o irregularidad de las autoridades públicas o de los particulares y pueden ser aplicadas por toda persona natural o jurídica, por organizaciones no gubernamentales, populares o cívicas y servidores públicos.
En el artículo 20 de la citada Ley se estipula que la admisión de la demanda deberá ser determinada por el juez competente dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presentación de la demanda. En el auto admisorio, el juez deberá ordenar su traslado al demandado por el término de 10 días para contestarla, quien dispondrá de 30 pata contestar de la demanda.
Una vez realizado el proyecto de pacto de cumplimiento, sin lograr acuerdo el juez deberá decretar las pruebas solicitadas y las que de oficio estime pertinentes, señalando día y hora para su práctica, dentro del término de 20 días prorrogables por 20 más. Vencido el término para practicar pruebas, el juez dará traslado a las partes para alegar por el término común de 5 días, y luego la sentencia del juez en los siguientes 20 días.
Según el artículo 34 de la Ley 472/98 “la sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular”.
En el tema de competencias, según la misma Ley, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo deberá conocer los procesos de las Acciones Populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, y que en los demás casos, será la jurisdicción civil ordinaria quien tenga competencia del asunto.
En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial del Juez de primera instancia - artículo 16 y será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular.
MOTIVACIONES DE LAS ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO
La Ley 472 de 1998 establece que las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos – artículo 9, y que éste sólo podrá interponerse una vez se haya agotado el recurso administrativo correspondiente. Aún así, el artículo 10 dispone que cuando el derecho o interés colectivo se ve amenazado o vulnerado por una actividad de la administración pública, no será necesario interponer previamente los recursos administrativos como requisito para intentar la acción popular.
EFECTOS DE LAS ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO
El artículo 34 de la Ley 472/98 dispone que en la sentencia del juez éste deberá señalar un plazo prudencial dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución. “La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada respecto de las partes y del público en general “ - artículo 35.

References: artículo 2
 artículo 3
 artículo 17
 artículo 11
 artículo 88
 artículo 20
 artículo 34
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 34
 artículo 35