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Timestamp: 2017-06-23 06:04:30+00:00

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1_9788490531686 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
(Incluye caso práctico, papeles de trabajo y cuadros de
clasificación de créditos)
3ª Edición actualizada conforme a la Ley 38/2011, de 10 de
octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
y Resolución de 18 de octubre de 2013 del ICAC sobre Marco de
Información Financiera cuando no resulta adecuada la aplicación
del principio de empresa en funcionamientoDANIEL PASTOR VEGAAbogado-Economista-Auditor de CuentasValencia, 2014Copyright ® 2014
Catedrática de Derecho Mercantil© Daniel Pastor Vega© TIRANT LO BLANCH
ISBN: 978-84-9053-168-6
Procedimiento de quejas.A mí mismo por compartir tanto tiempo
juntos y haberme rodeado de los mejores
en la amistad, el amor y en el trabajo.
A mis hermanos, por querer a mis padres.
A mis hijos, Dani y Belén, pues son la razón de mi vida.
A mis “ahijados pequeños” Rosa y José Antonio
para que nadie los cambie.
Prólogo	..................................................................................................................	9
Prólogo a la segunda edición.................................................................................	15
Prólogo a la tercera edición...................................................................................	19
Introducción...........................................................................................................	25
I.	DEFINICIÓN...............................................................................................	29	II.	PLAZO DE PRESENTACIÓN.......................................................................	31	III.	CONTENIDO DEL INFORME (Arts. 74 y 75 LC).........................................	35	IV.	DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE LA MASA ACTIVA..........................	45	V.	DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE LA MASA PASIVA..........................	51	VI.	ESQUEMA DEL CONTENIDO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL (Arts. 74 Y 75 LC)................................................................	67	VII.	PUBLICIDAD, IMPUGNACIÓN DEL INFORME Y FINALIZACIÓN DE LA
FASE COMÚN DEL CONCURSO.................................................................	77
VIII.	LAS CUENTAS ANUALES...........................................................................	83
IX.	REFERENCIAS LEGALES A INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN CONCURSAL.........................	91	X.	PAPELES DE TRABAJO DE LA AC.............................................................	119	XI.	CASO PRÁCTICO DE INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
(Arts. 74 y 75 LC)......................................................................................	123Diligencia de cierre.................................................................................................	205Prólogo
I. LA EMPRESA COMO SÍNTESIS DEL MUNDO JURÍDICO Y
ECONÓMICO: OBJETO DEL LIBRO
Cuando —tras el alcance de la especialización en materia mercantil mediante las pruebas que al efecto convocaba el Consejo General del Poder
Judicial en el año 2003— me comunicaron la asignación de la plaza de Málaga en el juzgado de lo Mercantil 1 de Málaga (la primera de mis peticiones)
tuve claro que me debía poner en contacto inicial, comunicando dicha asignación, a los diferentes Colegios de la Provincia y no dudaba entonces —y
tampoco ahora— que era necesaria una coordinación y mayor colaboración
entre profesionales jurídicos y económicos. La empresa, núcleo esencial de
todo ello, tomó durante el primer tercio del siglo XX una definición objetiva
y organicista puramente económica; fue el desgaje del aspecto subjetivo (el
empresario como actividad) y objetivo (conjunto de medios instrumentales) el que motivó un nuevo concepto jurídico de empresa como actividad.
Sin embargo no es posible abstraerse de la conjunción necesaria de ambos
aspectos en cuanto, como señala URÍA1, a la actividad planificada y profesional con tendencia de continuidad (una mercantia non facit mercatorem) y
propósito de lucro permanente. Lo que afecta a la empresa afecta al mundo
en cuyo círculo tiene influencia. Y una de las mayores razones que fundamentan y justifican esta influencia, es el proceso concursal.
La visión económica del concurso —que se plasma en la presente
obra— parte de características particulares (a las que haremos posterior
referencia) pero es estrictamente necesaria. El profesional económico debe partir (parafraseando la exposición de motivos de la reciente reforma
16/20072 que afecta al Derecho Contable societario) de la neutralidad de los
conceptos jurídicos respecto de las normas técnicas. El jurista desconoce
—en su aplicación e interpretación jurídica— el desarrollo técnico; pero lo
curioso de todo ello es que el concurso de acreedores muestra apartados	1
2RODRIGO URÍA. Derecho Mercantil. 28ª Edición. Marcial Pons, pp. 31 a 33.
LEY 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión
Europea.10Enrique Sanjuán y Muñozjurídicos y económicos en donde esa neutralidad de conceptos y desarrollos
técnicos desaparece.
Es por ello loable el intento de definición del “INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL” que el autor realiza en la obra. Quizás sea este el
apartado de mayor dificultad al que ha debido enfrentarse el autor (incluso
sin saberlo) puesto que pretende conceptos cuyo desarrollo técnico nos
presenta a continuación. De esta forma la definición dada queda del siguiente modo: “Documento mercantil de carácter vinculante respecto a la cuantía,
calificación y graduación de créditos concursales y su afección al convenio
o liquidación y de carácter informativo respecto al inventario de la masa activa, la evolución de la situación jurídica y económica así como de las razones
que han determinado la situación de insolvencia y su evolución”.
Son documentos mercantiles, según MUÑOZ CONDE3, “los formados
con arreglo al Código de Comercio y que, según él, tenga validez y efecto”. Y
no cabe duda de que el citado documento (formado dentro de la normativa
mercantil) a partir de la propia Ley Concursal tiene dicho carácter y naturaleza. La Ley Concursal se refiere al mismo (en la exposición de motivos)
señalando que “La ley establece reglas precisas para la elaboración de estos
documentos”. No se atreve, sin embargo, a dar una definición del mismo del
que regula su estructura, formalización, presentación e impugnación.
Su carácter vinculante se manifiesta específicamente en lo previsto en el
artículo 97.1 LC al referir que “Quienes no impugnaren en tiempo y forma
el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de
modificación del contenido de estos documentos”; y particularmente por
lo que pudiera afectar al voto para el Convenio, al Convenio mismo o a la
liquidación final de la empresa.
El carácter informativo del informe (a cuyo fin impugnatorio cualquier
parte podrá obtener copia a su costa y podrán solicitar aclaraciones en la
Junta de Acreedores) es quizás uno de los mejores logros de la nueva normativa concursal y al mismo tiempo el mayor levantamiento de velo que
la ley prevé con falta de limitaciones que, sin duda, serían muy necesarias
para garantizar la continuidad de la empresa en los supuestos en que esta
se produzca. En este apartado es conveniente que pudiera producirse una
limitación importante judicial respecto del contenido del mismo en función
3MUÑOZ CONDE F. Derecho Penal. Parte Especial. 7ª Edición. Tirant lo Blanch. 7ª Edición,
p. 501.Prólogo11del interés acreditado y de lo previsto en el artículo 185 LC: “Los acreedores
no comparecidos en forma podrán solicitar del juzgado el examen de aquellos documentos o informes que consten en autos sobre sus respectivos
créditos, acudiendo para ello a la secretaría del juzgado personalmente o
por medio de letrado o procurador que los represente, quienes para dicho
trámite no estarán obligados a personarse”.
Destaca igualmente el marco del Análisis de Solvencia que se inspira
en las teorías —probadas— del Catedrático García Martín y que parten de
la capacidad de generación como modelo de prevención y detección de la
situación empresarial. Aunque el análisis y las fórmulas utilizadas pudieran
detraer inicialmente al jurista, lo cierto es que el modelo probado de preparación integral (tal y como ya se hace en el Máster de Viabilidad empresarial
en el concurso de acreedores, como título propio de la Universidad de Málaga) conllevan que el profesional de la economía pueda atender a supuestos
procesales y sustantivos concursales propios del concurso y que el jurista
tenga una idea más que esencial del derecho contable. No puedo dejar pasar
la ocasión para determinar que éste forma parte del Derecho Mercantil y
que en la actualidad encuentra su desarrollo en el Código de Comercio y en
las leyes societarias y que se convierte en necesidad más que posibilidad.
Recientemente es aprobada una norma que nos ilustra claramente de esta
necesidad. El Real Decreto-LEY 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se
adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y
medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias recoge
en su haber una norma de utilización temporal y una reforma del Código de
Comercio en este apartado. En relación a esta última se modifica el artículo
36 del Código de Comercio para señalar que “también a los citados efectos,
los ajustes por cambios de valor originados en operaciones de cobertura de
flujos de efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias
no se considerarán patrimonio neto”. Criterio, a efectos de cálculo del patrimonio neto de la sociedad, que nos servirá para supuestos de reparto de
dividendos, de disolución de la sociedad o reducción del capital social y que
ningún jurista debiera estar impedido de calcular.
Se añaden a lo anterior esquemas sobre resoluciones más importantes
en calificación de créditos, esquemas de trabajo y un modelo completo, desarrollado y esquemático de informe que supone un acto de generosidad
que muestra la personalidad del autor por cuanto concilia su condición de
autor con la de administrador concursal en numerosas provincias y que
deriva de la practica adquirida en estos primeros cinco años de vigencia de12Enrique Sanjuán y Muñozla Ley concursal y de la anterior, que ya poseía, en la tramitación de quiebras
bien como Sindico o como Comisario.II. EL AUTOR
La propuesta al autor del libro conllevaba ciertos compromisos, a modo
de principios, que debería observar y que sin duda así ha sido: claridad,
concreción y actualidad. No buscamos el desarrollo investigador sino el
resultado de la práctica. Unimos la experiencia y la realidad.
La apuesta, sin embargo, —aún a pesar de la introducción— no era
arriesgada por cuanto la praxis resulta vital para el operador jurídico y económico. Este debe saber que puede encontrar en el manual adquirido la solución a un problema concreto o el protocolo de una actuación necesaria en
su quehacer diario. El resultado está a la vista. Un solo repaso transversal de
la obra dirá más que cualquier exordio que pudiéramos hacer de la misma.
Economista y Auditor concilia ambos mundos (no tan distantes pero tan
complejos) con una pasión casi férrea por los procesos concursales. A ello
le sigue la codirección de un Máster de Auditoría que cumple ya catorce
ediciones y otro de derecho concursal que va por la segunda. Ha sabido conciliar la necesaria adecuación entre el trabajo y la formación; o la formación
y el trabajo, sin cuyos fundamentos es, hoy en día, tan difícil navegar y mantenerse a flote. Aunque ha principiado en la edición de algún libro (Gestión
práctica de obras y promociones de López Pinel R.) le faltaba la aventura (y
a ella me refería en las palabras que recoge en la referida introducción) de
una publicación (propia o en coautoría) de su puño y letra.
No es una aventura sino una necesidad que los economistas accedan a
pronunciar y pronunciarse, a manifestar y manifestarse al respecto de su
intervención en el concurso. Por ello son llamados hasta en dos ocasiones
en cada concurso ordinario e incluso pueden ser nombrados como únicos
administradores concursales en un abreviado. En alguna ocasión nos brinda
recomendaciones (como la referida a la estructura del informe) que pueden
resultar muy útiles para completar aspectos que la ley ha pasado por alto.
Incluso con una propuesta de situación patrimonial conjugando la complejidad del nuevo Plan General de Contabilidad, en cuanto a su estructura, con
la clasificación concursal de los créditos, para determinar el activo, el pasivo
y el patrimonio neto de la sociedad.13PrólogoLa aventura, por tanto, es fruto del resultado de la laboriosidad, del trabajo bien hecho y del esfuerzo por mejorar que se presuponía en el autor
como administrador concursal de concursos importantes y trascendentales
que no es necesario citar. De su preocupación es una muestra la Resolución
que nos acompaña sobre la Consulta vinculante resuelta por la Dirección
General de Tributos sobre la imposición referida a la retribución de la Administración Concursal.III. LA OBRA
Ha querido el autor dividir la obra en dos grandes apartados: el informe
y anexo sobre propuesta de informe (caso práctico).
Se acompaña la primera de un marco de referencias legales de utilidad
diaria y de papeles de trabajo que determinan un verdadero esquema y estructura de recogida de información en los despachos profesionales que
sin duda constituyen una estructura a seguir (en la medida de lo posible)
incluso en el ámbito judicial.
Se acompaña, en segundo lugar, un caso práctico cuyo único defecto es
no poder disponer del mismo en formato digital para (con el copyleft) poder
ser utilizado como modelo a seguir. Constituye, sin duda, la mejor guía práctica sobre el informe de la Administración Concursal y el mejor esquema, de
entre los posibles, para solucionar las cuestiones y problemas que día a día
se nos presentan en los concursos.IV. CONCLUSIONES
Me preguntó el autor —con prudencia y respeto— si era posible que
prologara su obra, creyendo que la misma ganaría con estas palabras. Ignoraba entonces que su obra valía por sí misma y que no era necesario prólogo
alguno o que, entre los posibles, no lo era éste de quien tiene el honor de
prologar.
Cumple con la misma —con esta obra— una vieja aspiración (y espero
que me permita esta referencia conocida únicamente en la relación de coordinación de la obra) de terminar uno de los dos trabajos que se ha propuesto
para dedicar a una persona para él importante en su vida cuya razón le ha
llevado incluso a adelantar la terminación para su publicación.14Enrique Sanjuán y MuñozPero finalmente ha cumplido y la claridad, concreción y actualidad se
impone de tal manera que sin duda me es grato y fácil concluir que la presente tiende a convertirse en guía de trabajo para las profesiones jurídicas
y económicas que diariamente se dedican a esto del “derecho concursal”.
En Málaga a 16 de diciembre de 2008.
Enrique Sanjuán y MuñozMagistrado. Profesor Asociado de Derecho Mercantil de MálagaPrólogo a la segunda edición
I. “CAVEAT CREDIT”
Ciertamente gratificante es prologar por segunda vez una obra que en
breve tiempo ha conseguido agotar la primera edición y que por ello significa la gran acogida que se ha dispensado por quienes se dedican a esto del
“derecho concursal”. Pero si reconfortante es para quien prologa ninguna
sensación se acerca a la que debe sentir el autor bajo la presión de tener que
actualizar su obra en tan breve tiempo.
Me consta que el esfuerzo ha sido recompensado en un reconocimiento
público —al modo de obligación pasiva universal— de quien ha dedicado tiempo, inversión y pasión a la hora de recopilar, compilar, estudiar y
presentar no sólo un libro sino también una imagen al exterior del trabajo
Y lo más importante de todo es que el camino no está andado sino que
se está haciendo al modo del poema de Machado “se hace camino al andar”. Por eso “caveat credit” —frase latina acuñada en el primer máster de
viabilidad empresarial de Málaga— es algo más que una seña de identidad;
es la simplificación en dos palabras de ese camino que queda y que motiva
serios estudios, prácticos argumentos para una buena solución al concurso.II. REFORMAS Y CONTRARREFORMAS
Cuando se ponía a disposición la primera edición todavía no constaban
las siguientes reformas que han venido y el gran anuncio (legal y oficial) de
una reforma posterior (hacia 2010) con mucho más empaque y enjundia.
Sin embargo la obra ha demostrado que su carácter general y su tratamiento global puede superar estas y otras grandes reformas que nos queden
por venir. Bien es cierto que deberá actualizarlas pero también lo es que el
cuerpo esencial sigue siendo válido aún a pesar de las mismas.
Dos de los grandes apartados de la reforma de 27 de marzo (RD 3/2009)
son el añadido de un nuevo crédito subordinado (92.7 LC) y un supuesto
especial de reconocimiento (87.2 LC) de determinados créditos.16Enrique Sanjuán y MuñozEn cuanto al primero (Los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas a que se refieren los artículos 61, 62, 68 y 69, cuando el
juez constate, previo informe de la Administración Concursal, que el acreedor obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio
del interés del concurso.) es evidente que lo que se pretende (nuevo principio concursal ad hoc) es impedir cualquier tipo de afectación o perjuicio
al concurso por parte de los acreedores, partiendo de esa universalidad que
tanto es discutida desde posiciones civilistas. Al margen de la crítica general
que puede realizarse a la redacción lo cierto es que la obstaculización por
el acreedor motiva una sanción grave por parte del legislador incomprensible en otro ámbito del derecho precisamente porque nos movemos en un
proceso en donde las instituciones y naturalezas quedan desvirtuadas por el
propio sistema concursal.
La segunda de las reformas referidas lo es también al principio de devengo que tan discutido ha sido, en ámbitos diferentes del proceso concursal,
por parte de las administraciones públicas. El recoger un crédito señalando
que “que por el contrario, los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos que resulten de procedimientos
de comprobación o inspección se reconocerán como contingentes hasta su
cuantificación, a partir de la cual tendrán el carácter que les corresponda con
arreglo a su naturaleza sin que sea posible su subordinación por comunicación tardía. Igualmente, en el caso de no existir liquidación administrativa,
se clasificarán como contingentes hasta su reconocimiento por sentencia
judicial, las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública y a la Tesorería
General de la Seguridad Social desde la admisión a trámite de la querella o
denuncia”, supone un carpetazo al régimen del devengo administrativo para
motivar una “contingencia” diferente a la que pudiera venir del derecho tradicional civil y un fuerte apoyo a los criterios establecidos por los juzgados
de lo mercantil en materia de sanciones, impuestos o nuevas certificaciones
de deudas.III. UNA LIMITACIÓN AL ALCANCE
El juego de los artículos 75 y 96 de la LC nos permite señalar que el
informe de la Administración Concursal no es un informe público. Sólo el
inventario y la lista de acreedores son susceptibles de impugnación y por17Prólogo a la segunda ediciónello sólo de estos pueden obtenerse copias en un sistema previo de petición
y a los efectos de dicha impugnación.
Esto es evidente puesto que la continuidad de la empresa no soportaría
que competidores o concurrentes conocieran la realidad de la empresa, ya
de por sí bastante oreada en el marco concursal.
Sin embargo la información ofrecida por dicho informe debe considerarse muy útil a los efectos de la naturaleza jurídica del mismo, como documento mercantil propio de un proceso concursal.
Pero el juego de dicho artículos también nos permite ver que el informe
de la Administración Concursal es un documento complejo que la práctica
ha venido facilitando y para cuya adecuación es una herramienta imprescindible el presente libro.
(Ya hubieran querido los Fugger contar con tales instrumentos).IV. UN MOMENTO CRUCIAL
Estamos en un momento crucial. En plena crisis y con complejos procesos concursales pendientes de venir, lo interesante es adecuar las medidas
(de todo tipo) para facilitar la pervivencia de la empresa y del empleo. Cualquier esfuerzo es mínimo y bien venido. Por ello sigue siendo loable que las
personas que diariamente trabajan en la práctica de los juzgados incorporen
el fruto de su experiencia en escritos, artículos y libros y los den a conocer
a otros para que puedan servirse de sus conocimientos.
Es por ello que esta segunda edición del presente libro ratifica la opinión
de la necesidad de libros concretos, con claridad, actualidad y práctica. Y
también que esta segunda edición debe suponer para el autor la iniciativa y
el impulso suficiente para abordar otros grandes temas de su práctica concursal, a quien animo desde este momento.
En Granada a 10 de julio de 2009.
Enrique Sanjuán y MuñozMagistrado especialista en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil
en excedencia. Profesor Asociado de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga. Socio/Director del Departamento Mercantil de Martínez-Echevarría, Pérez i Ferro
abogados.Prólogo a la tercera edición
El primer prólogo a la presente obra se firmó en fecha de 16 de diciembre
de 2008. Unos años después y varias ediciones más —caminos, venturas y
desventuras— nuevamente sale a la luz una edición actualizada de la misma.
Han pasado, en lo que al objeto del mismo se refieren, dos grandes reformas
por la Ley Concursal, una en 2009 y otra en 2011. El RD 3/2009 tenía por
extraño nombre el de “medidas urgentes en materia tributaria, financiera y
concursal ante la evolución de la situación económica”; en ella se incorporó
una modificación al artículo 34 LC referido a la retribución de la Administración Concursal en donde se recogía —y todavía se mantiene— que “en
aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago
de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una
cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones obligatorias
de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las
retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales
en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine reglamentariamente”. La posterior reforma 38/2011 justificaba, entre otros, la misma
añadiendo: “...la ley es consciente de la importancia del papel que desempeñan en este ámbito los administradores concursales y busca una mayor
profesionalización”. Esa profesionalización se cercenó, entonces, aplicando
la regla de un solo administrador concursal para limitar —según se recoge
en su exposición de motivos— los costes del concurso de acreedores. En
realidad una pequeña revisión (adecuada a la realidad) del RD 1860/2004
(eternamente pendiente y anunciada) hubiera bastado para mantener la profesionalización inicial y reducir esos gastos que tanto pesan en la dinámica
actual de los supuestos de insolvencia. En las referidas reformas importaban
dos cuestiones esenciales: 1º. La profesionalización de la Administración
Concursal. 2º. La retribución de la Administración Concursal. Seguramente
porque el legislador no estaba muy al tanto o no creía suficientemente en
su normativa, con posterioridad se aprueba el Real Decreto 1333/2012, de
21 de septiembre, por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y
la garantía equivalente de los administradores concursales, con amparo en
la reforma de 2011. Es por ello que su propia exposición de motivos habla
de “seguro o garantía” como si de la misma institución se tratara. Otro de20Enrique Sanjuán y Muñozlos grandes apartados (nunca completamente explicados o comprendidos)
de la última de las reformas fue la de introducir la posibilidad (siempre al
amparo de los costes del concurso) de nombramiento de personas jurídicas
(sin referencia expresa a sociedades profesionales) para ser nombrados administradores concursales; y ello con la idea de que las mismas integraran
al menos profesionales jurídicos y económicos que tendencionaran a los
juzgados al nombramiento de estas —frente a las personas físicas— dado
que en el pack ya se incluían aquellos iniciales profesionales que la Ley de
2003 había querido. Esa profesionalización, por tanto, se había delimitado
sobre varias líneas esenciales: 1. Un solo administrador como regla general. 2. Sujeto a un requisito previo de aceptación como es la existencia de
un seguro de responsabilidad civil. 3. Personas jurídicas en las listas para
que juristas y economistas integraran en un solo nombramiento el cuerpo
de administradores concursales. Poco seguro, igualmente, de lo que había
dicho tampoco reguló nunca lo referente a la retribución en los términos de
las dos citadas reformas; y el baremo (ciertamente importante en supuestos
de activos y pasivos elevados) permanece igual desde su aprobación.
En la actualidad es tema candente y se ha puesto en cuestión el sistema de nombramiento de los administradores concursales. Desde la inicial
ley de 2003 la misma se realiza por nombramiento discrecional del juez
con los límites legales del artículo 28 LC. La reforma de 2011 introdujo
igualmente otros requisitos —curiosos— bajo la siempre problemática coletilla de “no obstante”. No obstante —nos dice la ley— “podrá (el juez),
apreciándolo razonadamente, designar a unos concretos administradores
concursales cuando el previsible desarrollo del proceso exija una experiencia o unos conocimientos o formación especiales, como los vinculados a
asegurar la continuidad de la actividad empresarial o que se puedan deducir
de la complejidad del concurso”. Y, además “...para concursos ordinarios
deberá designar a quienes acrediten su participación como administradores o auxiliares delegados en otros concursos ordinarios o, al menos, tres
concursos abreviados, salvo que el juez considere, de manera motivada,
idónea la formación y experiencia de los que designe en atención a las características concretas del concurso.” Ello obedecía a un régimen particular
que distinguía entre concursos abreviados y ordinarios y a concursos de
especial trascendencia frente a otros que no lo eran. El criterio esencial en
uno y otro supuesto es siempre cuantitativo y no cualitativo. Las noticias en
los medios de comunicación nos hablan de “suspicacias” y críticas —cuan-Prólogo a la tercera edición21do no dudas— al sistema, lo que ha motivado (y ha sido publicado en algún
medio de comunicación) que mi opinión sea la que expongo a continuación.
Nuestra norma de insolvencias vino a modernizar la existente con anterioridad y que se mantenía desde tiempos de Fernando VII o la regencia de
María Cristina. La reforma de la normativa de quiebras no solo era obligatoria sino irremediablemente urgente para evitar la destrucción de los tejidos
empresariales de las diferentes zonas o territorios. Desde las Ordenanzas
de Bilbao (1.737) o las de Málaga (1..825) y en los Códigos de Comercio
de 1829 y 1885, se había mantenido un régimen mixto de control judicial y
un órgano auxiliar formado por insaculación —en parte— de expertos en
quiebras y por designación —en otra— por los acreedores. La relación,
por tanto, era de confianza (depositario), experiencia (comisario) y control
por los interesados (síndicos). La nueva norma concursal recogió de la experiencia de derecho comparado la figura de la especialización necesaria
para intervenir en procesos concursales (designación por el juez de quienes
voluntariamente se registraban a través de colegios profesionales allí donde
se exigiera) y el necesario control por los acreedores (cuyo representante
también formaba parte de las citadas listas). Este sistema fue querido particularmente por las corporaciones y colegios profesionales que intervinieron
activamente en el proceso parlamentario de la citada norma. La reforma
que se produce en 2011 de la normativa concursal pretendió reducir gastos
en cuanto a la actuación de estos profesionales y estableció la designación
judicial de un solo administrador concursal (salvo supuestos complejos) de
entre las listas elaboradas por colegios e instituciones, entre sus miembros,
con formación en la materia y con límites en cuanto a no poder ser nombrados (el mismo) más de tres veces en dos años en el mismo juzgado y prohibiciones por las relaciones profesionales que los mismos pudieran tener
con la empresa insolvente. La designación por lo tanto lo es a discreción,
con esos y otros límites, por el juez que declara el concurso. Sin embargo
la crisis económico-financiera que vivimos ha hecho que las citadas listas
hayan ido creciendo geométricamente conforme la crisis aumentaba y que
los procesos concursales se hayan convertido en una de las vías de negocio
de los despachos (grandes y pequeños) de abogados y profesionales de
la economía. Con ello ha aumentado también la suspicacia en cuanto a los
nombramientos (siempre partiendo del respeto a los límites y prohibiciones
previstos en la norma); y en un mundo, como el actual, en el que todo se
pone en duda, también la crítica ha surgido en diferentes medios de comuni-22Enrique Sanjuán y Muñozcación de forma, en ocasiones, extremadamente desagradable. Pero el sistema judicial no puede permitirse esas dudas. El juez se debe al imperio de
la ley y mientras esta permanezca de una forma será necesario aplicarla en
los términos que ha querido el legislador como depositario de la soberanía
popular. No obstante —y nuevamente— cuando el sistema se pone en duda
es necesario replantear la cuestión y buscar una solución que margine las
opiniones contrarias o que se opongan a un determinado sistema. Ninguno
es mejor que otro pero la imparcialidad y la independencia deben imperar
por encima de todos los supuestos. Los argumentos que apoyen los diferentes sistemas posibles pueden ser diferentes y válidos en todos los casos
pero existen axiomas de los que deberíamos partir: 1. La especialización
—incluso universitaria— de quienes administran las empresas se hace en
condición estrictamente necesaria para evitar riesgos innecesarios. 2. La designación judicial puede ser sustituida pero los sistemas aleatorios o de azar
no son objetivos cuando de especialización, empleo y empresa hablamos.
3. El sistema debe buscar la mejor solución a los intereses de los concursos
(de todos los afectados) y por tanto se han de rechazar sistemas abiertos. 4.
El control judicial debe ir acompañado del control por todos los afectados.
Las críticas al sistema pueden y deben existir; las dudas del sistema deben
ser corregidas. Y más aún cuando de un pilar fundamental del derecho hablamos como es la justicia.
A lo largo de estos años se ha venido a poner en duda el funcionamiento
de la Administración Concursal, de los juzgados y de los propios jueces,
cuando en realidad es la propia ineficacia de la normativa concursal y de las
dotaciones de los juzgados que nos invade la que se pone de manifiesto en la
realidad empírica que tanto se quiere marginar. Aun a pesar del crecimiento
exponencial de concursos de acreedores en estos últimos años la creación
de los juzgados de lo mercantil ha sido nula y la previsión de creación para
futuros años es también inexistente. Desde la aprobación de la normativa
concursal y en su aplicación práctica profesional y en el ámbito jurisdiccional la complejidad de la materia ha llevado a los implicados a necesitar una
formación constante y continua. Nunca se ha conocido —quizás por haber
estado vetado por quienes controlaban la razón pedagógica y editorial— la
implicación tan importante de la magistratura y de los profesionales en la
formación y en el desarrollo doctrinal de instituciones y estructuras. Ello ha
llevado a que los colectivos hayan funcionado coordinadamente (tal y como
se realiza en la rama laboral) partiendo del patrimonio, de la empresa y delPrólogo a la tercera edición23empleo como común denominador y en la necesidad de integrar, completar
y desarrollar una casuística inabarcable que en los últimos diez años se ha
desarrollado tanto como en los doscientos anteriores que estuvo vigente la
normativa derogada. Esto es sin duda el resultado de una labor de trabajo duro y de esfuerzo en preparación, formación e investigación en donde
cátedras, magistratura y profesionales jurídicos y económicos están deontológicamente implicados. Las suspicacias obedecen a la ignorancia y a la
querencia de un sistema —ya por suerte derogado— que se había mostrado
altamente tóxico.
Ofrecer al lector y al profesional una visión de la Administración Concursal (como órgano del concurso) y de sus funciones es la misión esencial y
lograda de la presente edición que se adapta a la nueva reforma de 2011 y a
la introducción del seguro de responsabilidad civil. Con ello se logra el triple
objetivo de generosidad (extendiendo la experiencia y conocimientos propios), de formación (ayudando a quienes se inician o a quienes trabajan diariamente en ello) y de profesionalidad (buscando siempre la excelencia en el
propio trabajo). La colección de derecho concursal de la editorial Tirant ha
apostado por ello y nos presenta ahora una nueva edición de la inicial obra
de su autor en el compromiso de divulgación de los conocimientos adquiridos, de formación inicial y continua y de profesionalidad en su elaboración;
notas características de la presente obra que incorporan los conocimientos
jurídicos y económicos, demostrados, del autor.
Ya señalé en otros prólogos que el valor de la presente obra es su configuración práctica y la posibilidad de utilizar los instrumentos de la misma
para el propio trabajo o para la autoformación. Que nos ofrece instrumentos
de análisis y de aplicación y formularios reales de trabajo esenciales para
una buena Administración Concursal. Un simple vistazo al índice es suficiente para la recepción del esfuerzo realizado y de la utilidad práctica de la
misma. Y que las notas características de la obra son una muestra de las
notas de generosidad, compromiso de formación y profesionalidad de la
editorial, de la colección y del autor.
Profesor Asociado de Derecho Mercantil de la UMA
En Granada a 25 de septiembre de 2013Introducción
El presente documento de trabajo, y siguiendo las instrucciones del encargo, pretende ser una herramienta de utilidad para mis compañeros los
administradores concursales en la ardua tarea de confección del informe
relacionado con la formación del inventario de la masa activa y masa pasiva
del concurso, que se encuentra previsto en los artículos 74, 75, 76 a 83 y del
89 al 94 de la Ley Concursal (en adelante LC) para el procedimiento general
y 191.2 de la Ley Concursal para el procedimiento abreviado.
A título enunciativo señalaré que la Administración Concursal realiza o
puede realizar a lo largo del procedimiento concursal otros informes que
1)	Informe de supervisión solicitado por el Juez (Art. 35.4 LC).
2)	Informe sobre el cambio de situaciones de intervención o suspensión de facultades del deudor (Art. 40.4 LC).
3)	Informe sobre actos de disposición de bienes no necesarios para la
continuidad de la actividad (Art. 43.3.2º LC).
4)	Informe sobre continuación del ejercicio de la actividad profesional
o empresarial (Art. 44.4 LC).
5)	Informe sobre las medidas a adoptar para puesta a disposición de
los libros del deudor (Art. 45 LC).
6)	Informe de supervisión de cuentas anuales formuladas por el órgano de administración (Art. 46.1 LC).
7)	Informe sobre los auditores (Art. 46.2 LC).
8)	Formulación de cuentas anuales y, en su caso, pedir informe de
auditoría en caso de sustitución (Art. 46.3 LC).
9)	Informe sobre cuantía y periodicidad del derecho a alimentos del
deudor (Art. 47.1 LC).
10)	Ejercicios de derechos políticos de la concursada (Art. 48.5 LC).
11)	Informe sobre embargo de bienes y derechos de administradores o
liquidadores de hecho o de derecho (Art. 48.Ter. 2).
12)	Informe sobre interposición de demandas convenientes a los intereses del concurso (Art. 54.2 LC).All pages:234567891011121314151617181920InfoSaveLikeShareDownloadMore1_9788490531686 Published on Mar 17, 2014 tirantloblanchFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: Resolución 

artículo 97
 artículo 185
 artículo
36
 Resolución

 artículo 34
 Real Decreto 
 artículo 28