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Timestamp: 2018-10-20 06:27:32+00:00

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Tarragona Transparent: El principi de transparència y el dret constitucional d'accés a l'informació pública
El principi de transparència y el dret constitucional d'accés a l'informació pública
[Ponència presentada en el XII Congrés de Constitucionalistes d'Espanya "Participación, representación y Democracia" celebrat a la vella Universitat de Salamanca el 3 i 4 d'abril de 2014 per D. Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, professor titular de Dret Constitucional de la Facultat de Ciències de l'Informació de l'Universitat Complutense de Madrid i publicat en seu blog]
Optimismo y pesimismo con la Ley de Transparencia.
De la entrada en vigor de la transparencia.
Transparencia o derecho de acceso a la información pública. Conclusiones.
Bibliografía del Ponente.
Las disposiciones previstas en el título II [Buen Gobierno] entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
El título preliminar [Objeto de la Ley], el título I [Transparencia de la Actividad Pública] y el título III [Transparencia de la Actividad Pública] entrarán en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Las leyes modificadas en las disposiciones finales 1.ª a 4.ª y 6.ª, que al no existir una norma expresa, debemos entender se les aplica la vacatio legis propia del párrafo 1.º del artículo 2 del Código Civil, veinte días desde su publicación. Dichas leyes modificadas son:
Continúa el acceso a la información en varios supuestos en los que la Ley de Transparencia es meramente subsidiaria. En estos casos es posible ejercitar el derecho de acceso a la información sin tener que esperar a la entrada en vigor de la Ley 19/2013, así ocurre en:
Existen otros aspectos de la transparencia que quedan pendientes, pues no tiene fecha de puesta en marcha, aunque en algunos casos ya se está trabajando en ellos. Para que la transparencia se instale definitivamente en nuestro país se precisa la incorporación de normas de transparencia en los Reglamentos del Congreso de los Diputados, el Senado, en el Consejo General del Poder Judicial y las cámaras legislativas de las Comunidades Autónomas. También está prevista la realización de convenios de colaboración entre corporaciones de derecho público y «la Administración Pública correspondiente o, en su caso, con el organismo que ejerza la representación en su ámbito concreto de actividad», según prevé la disposición adicional tercera de la Ley. De igual forma, la revisión y simplificación normativa –materia tangencial a la transparencia y que constituye un desiderátum recurrente‑ se inicia sin una fecha de cumplimiento por parte de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes que elaborará un Plan de Calidad y Simplificación Normativa y se encargará de coordinar el proceso de revisión y simplificación normativa respecto del resto de Departamentos ministeriales cuya labor recaerá sobre sus Secretarías Generales Técnicas que podrán coordinar su actividad con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que, en ejercicio de las competencias que le son propias y en aplicación del principio de cooperación administrativa, lleven a cabo un proceso de revisión de sus respectivos ordenamientos jurídicos. (Disposición adicional segunda)
Por último citar, la disposición final séptima que establece que el Consejo de Ministros aprobará, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta Ley en el “Boletín Oficial del Estado”, un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno». El 10 de marzo de 2014 había transcurrido este plazo de tres meses sin que se hubiese aprobado el citado reglamento.
Transparencia se refiere una cualidad del sistema informativo de las entidades públicas, mientras que si nos referimos al derecho de acceso a la información pública nos referimos a un derecho subjetivo. La transparencia pública como tal no puede configurarse como un derecho fundamental, pero es una característica de las Administraciones democráticas.
Defendemos un derecho humano fundamental, por tanto de carácter constitucional, que tiene su origen en las libertades informativas y con las que coincide en las finalidades. Por un lado subjetivas, la realización de la persona a través de su puesta en relación intelectual con la comunidad. Por otro lado, una dimensión pública que aparece citada en el Convenio 205 del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos[28], firmado en Tromsø el 18 de junio de 2009 cuando en su exposición de motivos dice: «considerando que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos: i) proporciona una fuente de información para el público; ii) ayuda al público a formar se una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas; iii) fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se reafirme su legitimidad».
La sentencia Kenedi v. Hungary, de 26 de mayo de 2009 (Appl. núm. 31475/05)[34] tiene su origen en la negativa a acceder a documentos oficiales incluso después de haber obtenido una sentencia favorable de los tribunales húngaros. El señor Kenedi precisaba esos documentos para escribir un estudio sobre el funcionamiento del Servicio de Seguridad del Estado húngaro en la década de 1960. En el parágrafo § 43 el TEDH resalta que «el acceso a las fuentes documentales originales para la investigación histórica legítima era un elemento esencial del ejercicio del derecho de la demandante a la libertad de expresión (véase mutatis mutandis Társaság a Szabadságjogokértcontra Hungría, núm. 37374/05, §§ 35 a 39, 14 de abril de 2009)».
“….sanción de los ilícitos penales…” como excepción del artículo 14. 1 e entraría en contradicción con el artículo 120 CE que se refiere a “las sentencias serán siempre motivadas y que se pronunciarán en audiencia pública”, y con el proceso público como garantía, recogido en el 24 CE.
Al medio ambiente: ¿no se protege mejor el medio ambiente poniendo la información a disposición del público? Sería sumamente enrevesado buscar algún ejemplo en que pudiera funcionar como límite: ¿dar a conocer los lugares en donde se alimenta a especies en peligro de extinción? Bajo ese razonamiento existe un prejuicio previo, se considera que con esa información se va a molestar al animal en peligro de extinción, cuando posiblemente la razón por la que se solicita la información sea precisamente la contraria.
En lo relativo a la información en elaboración, auxiliar o que necesita reelaboración, deberían tener un tratamiento temporal propio. Por ejemplo: si en 1 mes no se ha elaborado o publicado la información solicitada, se ha de entregar los datos que permitan al peticionario elaborar el mismo la información. La información auxiliar deberá entregarse pasado 1 mes desde que aprobó el acto o disposición administrativa. Por último, si ha de reelaborarse la información debería ofrecerse al peticionario la posibilidad de que el mismo reelaborara la información bajo la supervisión y tutela de la autoridad pública.
Es necesario que el derecho de acceso tenga naturaleza de derecho fundamental –tal y como hemos manifestado antes‑ para que pueda ser ponderado adecuadamente cuando se alegue la protección de datos personales.
En general y salvo que se justifique por razones de orden público, seguridad nacional o averiguación de los delitos, en cuyo caso nos encontraríamos con limitaciones al derecho de acceso, la pregunta es el porqué los poderes públicos tienen en su poder ese tipo de información.
En todo caso, el acceso parcial o el acceso a los datos después de un proceso de disociación, lo que supone la entrega de información con el borrado de los nombres, en lo que el artículo 5 del Reglamento 1720/2007 llama “dato disociado”. Esta es la solución que otorga el apartado 4 del artículo 15 de la Ley de Transparencia y ésta debería ser la norma general de acceso, salvo que expresamente se soliciten los datos asociados a personas, en cuyo caso se aplicaría el artículo 15.
Bibliografía sobre esta materia del ponente:
El día después de la Ley de Transparencia en Revista Jurídica de Castilla y León. nº 33. mayo 2014. ISSN 1696-6759.
El proyecto de Ley de Transparencia en España. Errores y Soluciones en nº 87 Julio-Diciembre 2013 de la revista Diálogos de la Comunicación (Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social- FELAFACS) ISSN: 1995-6630. Páginas 1-32. http://www.dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2013/07/87_El_proyecto_de_Ley_de_Transparencia_en_Espana_Errores_y_soluciones.pdf (A, WWW)
Transparencia y acceso a la información pública ¿son lo mismo? Por un derecho fundamental a acceder a la información pública en CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto y COTINO HUESO, Lorenzo:“Libertad de expresión e información en Internet. Amenazas y protección de los derechos personales”Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 2013. Páginas 283-323. (CL) ISBN: 978-84-259-1561-1
Comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para informar en relación con el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (121/19) (Núm.Exp. 219/000188 ) 12 de febrero de 2013. (WWW) http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=23-23&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000019*.EXPO.%29 Comparecencia: min. 45:30 a 1:02:02 – Preguntas: min. 1:02 a 1:51 –Respuestas: min. 1:45 a 1:51:41
Transparencia y derecho de acceso a la información: ni tanto monta, ni tanto da en Ciberlaw Clinic http://cyberlaw.ucm.es/home/25-manuel-sanchez-de-diego/164-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-ni-tanto-monta-ni-tanto-da. 2012 (WWW)
Que lo urgente no nos haga olvidar lo importante. El Movimiento 15M demanda una Ley de Transparencia en Derecom nº 6. Junio-Agosto, 2011 http://derecom.com/numeros/pdf/acceso.pdf (A,WWW) ISSN: 1988-2629.
De la libertad de expresión al derecho de acceso a la información pública en Comunicación y Pluralismo nº 9. Salamanca, 2010. Páginas 231-266 (A). ISSN: 1885-8201
Una nueva libertad de expresión para una nueva sociedad en Diálogos de la Comunicación (Revista de la Federación Latinoamericana de Facultades de la Comunicación Social) nº 82. Lima, Perú. septiembre-diciembre 2010. Páginas 1- 22 http://www.dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2011/10/Una-nueva-libertad-de-expresi%C3%B3n-para-una-nueva-soociedad-Manuel-S%C3%A1nchez..pdf (WWW) ISSN: 1995 – 6630
El derecho de acceso a la información pública en Cotino Hueso, Lorenzo y Valero Torrijos, Julián y otros: “Administración electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y los retos jurídicos del e-gobierno en España”. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2010 Páginas 325-348(CL) ISBN 978-84-9876-997-5
[1]Así figura en el Programa Electoral del Partido Popularhttp://www.pp.es/actualidad-documentos-descarga.php?nomArchivo=5751-20111101123811.pdf Página 146: “con carácter inmediato y de acuerdo con los principios que inspiran el Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos, una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La ley abordará desde una perspectiva integral la transparencia como un derecho de los ciudadanos y como un principio básico de actuación de todas las administraciones públicas, garantizando de manera ponderada el derecho a la protección de datos de carácter personal y salvaguardando siempre el interés general”
[2] El informe del Consejo de Estado sobre el proyecto de Ley de Transparencia se encuentra depositado enhttp://www.scribd.com/doc/105482040/Informe-del-Consejo-Estado-sobre-la-Ley-de-Transparencia. Antes era posible encontrarlo en la página del BOE, http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-707 pero últimamente no se encuentra ni en el BOE, ni la página web del Consejo de Estado.
[4]http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Council_of_Europe/Convention_on_Access_to_Official_Documetnts_CofE._es.pdf
[6] DE LA NUEZ, Elisa, “El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen Gobierno ¿Una ley gatopardesca?”, en el blog ¿Hay Derecho?, 24 de septiembre de 2014.http://hayderecho.com/2012/09/24/el-proyecto-de-ley-de-transparencia-acceso-a-la-informacion-publica-y-buen-gobierno-una-ley-gatopardesca.
[21] COTINO, Lorenzo: “Del “deber de publicidad” de Brandeis al “Open Governement” de Obama. Regulación y control de la información pública a través de las nuevas tecnologías” enhttp://goo.gl/br3rs. Nota a pié de página número 12.
[22] SÁNCHEZ DE DIEGO FERNÁNDEZ DE LA RIVA, Manuel: “El derecho fundamental a acceder a la información pública” en El derecho de acceso a la información pública. Cersa, Madrid, 2008. Págs. 7-9http://eprints.ucm.es/8946/
Publicat per Jordi Planas Manzano a 19:19
Etiquetes de comentaris: dret d'accés a l'informació pública, silenci administratiu

References: artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 120
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 15