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Timestamp: 2018-03-24 19:18:37+00:00

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marzo | 2017 | MONSIEUR DE VILLEFORT
En esta entrada continuamos el análisis, iniciado en la anterior, del procedimiento a seguir para la selección de jueces federales en Estados Unidos. Si en la anterior exponíamos una introducción general y analizábamos la fase pre-procedimental y el inicio stricto sensu con la nominación, continuaremos con las últimas fases del iter selectivo.
I.- DESIGNACIÓN, CON EL “AVISO Y CONSENTIMIENTO” DEL SENADO.
A la hora de elaborar el texto constitucional, los founding fathers introdujeron esta cláusula del “advise and consent” senatorial sin tener una idea muy clara de en qué había de consistir la misma. Entiéndase bien lo que queremos decir: que el Senado había de intervenir y otorgar su conformidad a los nombramientos tanto de empleados públicos como de jueces federales que hiciera el Presidente, era algo sobre lo que no podía albergarse duda. Pero cómo había de hacerlo y el procedimiento a seguir estaba muy lejos de ser algo definido. Y, precisamente por ello, esta es una de las fases en las que se ha producido una mutación más severa respecto de los momentos fundacionales de los Estados Unidos.
Si uno tiene la curiosidad de sumergirse en los interesantísimos documentos oficiales de la primera etapa histórica de los Estados Unidos, y en concreto respecto a los primeros nombramientos de jueces para el Tribunal Supremo, quien pase su mirada por los mismos comprobará que el “advise and consent” suponía un simple asentimiento o rechazo al nombre remitido por el Presidente. En otras palabras, que no había comparecencia alguna de los candidatos, ni investigación o análisis del currículum académico o profesional de la persona cuyo nombre se sometía a la consideración de la Cámara Alta. El Senado limitaba sus funciones a registrar el nombramiento del Presidente y a someter a votación el mismo, limitando la votación a la pregunta de si la Cámara debía otorgar el visto bueno al candidato propuesto. Y la situación permaneció sin variación alguna hasta finales del primer tercio del siglo XX.
1.1 Procedimiento en el Comité Judicial del Senado.
En 1816 se creó el United States Senate Committee on the Judiciary, popularmente conocido como Senate Judiciary Committee. Ese comité interno es el responsable desde 1925 de efectuar lo que se denomina confirmation hearings, es decir, audiencias de confirmación, y en las cuales los miembros de dicho comité someten a un exhaustivo interrogatorio al candidato propuesto, preguntándole sobre lo humano y lo divino. El primer juez sometido a estos confirmation hearings fue Harlan Fisk Stone en 1925. Desde la década de los noventa, los confirmation hearing son televisados e incluso hoy en día se encuentran accesibles en la página web del Comité Judicial del Senado, tanto en formato audiovisual como en transcripciones. Quien desee echar un vistazo a los procedimientos de confirmación de jueces federales puede hacerlo en la siguiente enlace: procedimientos senatoriales de confirmación de jueces.
Quien piense que este procedimiento en el Comité Judicial es poco menos que una formalidad, está en un craso error y quizá haya modelado esta creencias sobre la burla siniestra (más bien grotesca parodia) de las “comparecencias” existentes en nuestro país, que sólo con una generosidad sin límites rayana en la más pura ingenuidad permite otorgarles tal nombre. Durante los últimos treinta años, el juez que menos tiempo ha consumido ante el Comité Judicial del Senado fue Anthony Kennedy, cuyo interrogatorio por los distintos senadores que formaban parte de dicho comité ocupó “solamente” once horas. El resto de jueces no bajaron de las dos decenas, y en algunos casos llegaron hasta tres. El juez es preguntado por sus orientaciones jurídicas, por sus criterios sobre el precedente, por sus opiniones sobre el aborto y el caso Roe v. Wade, e incluso sobre sus creencias religiosas (fundamentalmente en el caso de Kennedy y Roberts, dado que ambos son católicos y no protestantes). A la juez Elena Kagan llegaron a preguntarle incluso si una ley del Congreso que obligase a todo ciudadano a comer un determinado número de vegetales era o no constitucional.
Pero junto con el examen personal del candidato, existe numerosa documentación adicional que pasa a engrosar el expediente de designación. Así, por ejemplo, el informe de la American Bar Association, testificales de personas que han tenido relación profesional con el candidato propuesto, etc. Como una imagen vale más que mil palabras, ofrecemos al lector interesado las actas del Comité Judicial del Senado relativas a la confirmación del actual chief justice John Robert, que ocupan “únicamente” mil doscientas treinta y seis nutridas páginas, en el siguiente enlace: chief justice Roberts confirmation hearings. En las mismas aparece totalmente desgranado el perfil de Roberts. ¿Cabe mayor ejercicio de transparencia que éste, donde toda la vida profesional (e incluso hasta la personal) es absolutametne pública y accesible? Basta un somero y simple vistazo para verificar la gigantesca distancia que separa las ratificaciones legislativas en los Estados Unidos y en España, cien mil veces superior a la distancia física entre ambas naciones.
Indicar, por último, que el candidato no tiene por qué contestar a todas las preguntas, pues está legitimado para contestar con evasivas, generalidades o incluso no contestar. Por ejemplo, Robert Bork tuvo la “ingenuidad” de contestar honestamente a todas las preguntas que se le hicieron, mientras que, por ejemplo, Ruth Bader Gisburn fue la que inició lo que hoy en día se conoce coloquialmente como Gisburn style, consistente en guardar silencio o responder de forma evasiva a las preguntas más comprometidas. E incluso puede ocurrir que a lo largo del procedimiento surjan cuestiones que pueden suponer un inconveniente cuando no un claro obstáculo para el candidato. Así, por ejemplo, en los hearings de William Rehnquist surgió un informe que éste había elaborado en 1953 siendo law clerk del juez Robert H Jackson, y en el cual defendía mantener la doctrina Plessy v. Fergusson (es decir, mantener la segregación racial) cuando la vigencia de la misma era cuestionada en el célebre caso Brown v. Board of Education of Topeka. Rehnquist sostuvo que en el informe defendía no sus propios puntos de vista, sino los de Jackson, para quien trabajaba entonces, algo que parecía evidentemente cierto, pues la postura inicial de Jackson así como el de varios otros jueces del Tribunal era inicialmente contraria a revocar la doctrina Plessy. En otros casos, el asunto puede ser de índole más delicada, como ocurrió en el caso de Clarence Thomas, donde a lo largo de los procedimientos salió a la luz pública el denominado affaire Anita Hill, una antigua secretaria de Thomas que acusó a éste de haber abusado sexualmente de ella.
Una vez finalizado el procedimiento en el Comité, éste eleva la propuesta al Senado para que tenga lugar la votación final en el Pleno de la Cámara.
1.2 Ratificación por el Pleno de la Cámara.
Una vez finalizado el examen en el Comité, éste eleva el nombramiento al Pleno para que tenga lugar la votación final sobre el asunto. Durante los últimos treinta años, todos los candidatos han superado el trámite con dos excepciones. En 1987 Ronald Reagan vio cómo el Senado rechazaba a Robert Bork, debido entre otras cosas a la brutal campaña en su contra iniciada por el senador Edward Kennedy. En 2016 el Senado rehusó siquiera tomar en consideración la propuesta de Merrick Garland, remitida por Obama, para cubrir la vacante de Antonin Scalia. Ahora bien, no se trata de dos casos idénticos, pues en el primer caso estamos ante un rechazo expreso de la Cámara, mientras que en la segunda no es una negativa explícita, sino un boicot expreso (que en terminología política estadounidense se denomina filibustering) en virtud del cual el Senado se negó a fijar siquiera fechas para iniciar el procedimiento de confirmación.
Como dato curioso, el primer candidato que sufrió un rechazo senatorial fue John Rutledge. Éste había sido uno de los seis jueces que integraron el primer Tribunal, pero en 1791 dimitió de su cargo para desempeñar la Presidencia del Tribunal Supremo de Carolina del Sur, su estado natal. Aunque no quedan explícitas las razones de su renuncia, todo parece indicar que aspiraba al cargo de chief justice, dado que se consideraba con bastante más experiencia jurídica que John Jay. Cuando éste dimitió en 1795 de la Presidencia del Tribunal Supremo para ser elegido Gobernador de Nueva York, Rutledge dirigió una carta a Washington postulándose para el cargo, y el presidente aceptó efectuando un nombramiento temporal (recess appointment), dado que había finalizado el periodo de sesiones de la Cámara Alta. No obstante, cuando ésta se reunió de nuevo y hubo de pronunciarse, rechazó al candidato. En la negativa influyeron las incendiarias manifestaciones de Rutledge en contra de la ratificación del tratado de paz con Gran Bretaña (conocido popularmente como Tratado Jay debido a que fue éste precisamente quien lo negoció), llegando hasta el punto de manifestar explícitamente que “con todo el aprecio que tengo al Presidente, sería preferible su muerte a que firmase el Tratado”. También empezaron a surgir rumores sobre su estado de salud mental, que algún fundamento debían tener por cuanto al verse rechazado intentó cometer suicidio, y pasó sus últimos años privado de la razón.
En todo caso, y a lo que a estos efectos interesa, es que una vez el Senado otorga el visto bueno, el candidato ha dejado de serlo para convertirse ya en juez federal al haber superado todos los trámites, salvo uno de índole estrictamente formal.
II.- NOMBRAMIENTO Y JURA O PROMESA.
2.1 Nombramiento stricto sensu.
En este sentido, para hablar del nombramiento, nada mejor que otorgar la palabra al chief justice John Marshall y a su magnífica explicación sobre el particular plasmada en la sentencia Marbury v. Madison: “En este caso, por ello, designación y acta de nombramiento aparecen como inseparables, siendo imposible demostrar una designación si no es mediante el acta de nombramiento, aunque el acta de nombramiento no sea la designación en sí misma, sino sólo el medio mediante el cual ésta se exterioriza y acredita.”
Quiere ello decir que el nombramiento no es más que el acto presidencial, al que se estampa el sello de los Estados Unidos, en el que se constata que el Senado ha dado el visto bueno a la candidatura y que, por tanto, acredita que la persona designada ha superado el procedimiento de selección. Como tal, se trata de un requisito ad solemnitatem, y es un acto debido, es decir, reglado, donde el Presidente carece de todo tipo de discrecionalidad. Como tal, ha de entregarlo al interesado.
2.2 Prestar el juramento o promesa.
El último de los trámites, éste impuesto por la propia Constitución, es del prestar el juramento o promesa. ¿Se trata de una simple formalidad o es un requisito o fase más de los que jalonan el procedimiento? La respuesta no es tan sencilla y admite dudas. En el año 2008 el Presidente Barack Obama, que había prestado el juramento en público, pero de forma irregular (hubo un pequeño error y la fórmula adoptada no era exactamente la misma que la que figuraba en la Constitución), no dudó en prestar un segundo juramento para despejar cualquier duda al respecto, hecho que efectuó precisamente porque sus asesores le indicaron que jurídicamente existían dudas sobre si un juramento prestado de forma errónea era o no invalidante. Y buena prueba de la importancia que se atribuye lo ofrece un dato. En 1991, cuando por estrechísimo margen el Senado otorgó finalmente el placet a Clarence Thomas en plena ebullición del asunto Anita Hill, el presidente George H.W. Bush se vio en una penosa obligación: acelerar la jura, para lo cual hubo de solicitar del chief justice William H. Rehnquist, que en esos mismos días acababa de perder a su esposa (fallecida víctima de un cáncer) y se encontraba en pleno duelo, para que tomase el juramento a Thomas.
Tanto en esta entrada como en la siguiente, analizaremos con cierto detalle el procedimiento seguidos en los Estados Unidos para el nombramiento de jueces federales. Creo que el asunto tiene no sólo interés, sino que es de rabiosa actualidad, dado que esta semana han dado comienzo en el Senado estadounidense el procedimiento de confirmación senatorial de Neil Gorsuch, candidato propuesto por el presidente Donald Trump para cubrir la vacante del fallecido Antonin Scalia.
Ha de indicarse que los trámites son idénticos para cubrir una vacante tanto en el Tribunal Supremo como en un Tribunal de Apelaciones o en un simple juzgado federal. Y hemos de dejar ya claro desde el principio que la idea de acceso a la judicatura por oposición memorística no sólo es absolutamente desconocido en los Estados Unidos (y en el mundo anglosajón en general) sino que dicho sistema ni tan siquiera goza de defensores entusiastas.
INTRODUCCIÓN: FASES DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE UN JUEZ FEDERAL.
Hemos de partir necesariamente de la normativa aplicable. En este sentido, el Artículo Segundo Sección Segunda de la Constitución norteamericana enumera entre las atribuciones del Presidente de los Estados Unidos: “He shall nominate, and by and with the advise and consent of the Senate, shall appoint […] judges of the Supreme Court, and all other officers of the United States, whose appointments are not herein otherwise provided for” (Propondrá, y con el visto bueno del Senado, nombrará […] a los jueces del Tribunal Supremo, así como a todos los cargos públicos estadounidenses para cuyo nombramiento no se haya establecido un cauce específico).
En la sentencia Marbury v. Madison (5 US 137 [1803]) que abordaba precisamente la demanda relativa a la exigencia de un juez federal para que se le entregase su nombramiento, el juez Marshall distingue tres fases en el procedimiento de designación de un magistrado, que desglosa de esta forma en la célebre sentencia:
“1.- Propuesta, que es un acto que corresponde al Presidente y que es absolutamente personal.
2.- Designación, que es de igual manera una cto voluntario del presidente, a pesar de que sólo puede ser realizado con el visto bueno del Senado.
3.- Nombramiento, pues entregar el acta de nombramiento proporcionándosela a la persona nombrada, se podría considerar como un deber impuesto por la Constitución.”
A esas tres fases podría añadirse un estadio o fase previa, cual es el estudio o análisis por el Presidente de los potenciales candidatos a jueces federales.
Abordaremos separadamente las distintas etapas.
I.- FASE PREVIA: ESTUDIO DE LOS POTENCIALES CANDIDATOS E INVESTIGACIÓN DE LOS MISMOS.
Todo candidato a la Presidencia que ha alcanzado la victoria en los comicios presidenciales suele llevar consigo a la Casa Blanca una lista de nombres para el caso de que se produzcan vacantes en cualquiera de los órganos judiciales que integran el Poder Judicial de los Estados Unidos. En esa lista de potential nominees (posibles candidatos) ocupan un lugar de honor quienes pueden ser designados para el Tribunal Supremo en caso de producirse una vacante. Lo normal es que esa lista sea elaborada por el Presidente con la ayuda de su personal de confianza, y que la integren personas de una dilatada trayectoria profesional y que, lógicamente, compartan la visión jurídica del mandatario que eventualmente los propondrá.
Una vez que se produce la vacante, el Presidente analiza más exhaustivamente la lista de candidatos con la ayuda tanto del personal del Departamento de Justicia como con sus asesores políticos de confianza.
Cuando ya se han despejado las dudas, e inclinada ya la balanza hacia una persona concreta, lo normal es que alguien del staff de la Casa Blanca se lo comunique informalmente al interesado, a fin de verificar si éste aceptaría la posible nominación. Con ello se trata de evitar espectáculos como, por ejemplo, el que ocurrió en diciembre de 1800, cuando ante la renuncia del chief justice Oliver Ellsworth el presidente en funciones John Adams propuso y remitió al Senado a John Jay…..sin contar con el interesado, a quien informó a posteriori cuando la Cámara Alta había avalado ya el nombramiento. Con ello Adams pretendía colocar a Jay ante una situación de hechos consumados, dado que todos daban por hecho que éste no aceptaría el cargo, como efectivamente sucedió. También puede ocurrir que un potencial candidato se apresure a rechazar la nominación incluso antes de que informalmente se le ofrezca, como ocurrió en 1969, cuando el nombre de Potter Stewart, ya juez del Tribunal Supremo, aparecía en las quinielas para sustituir a Earl Warren como Presidente de la institución judicial; Stewart se adelantó y, tras pedir audiencia al Presidente Nixon, insinuó cortésmente que no deseaba ser promocionado al puesto de chief justice.
Si el candidato informalmente propuesto manifiesta su conformidad, con carácter previo a la formalizar públicamente su candidatura, se efectúa una labor de investigación para ver si existe algún episodio oscuro o algún hecho que pueda enturbiar u obstaculizar la confirmación senatorial, investigación que suele llevar a cabo el Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) Con ello se trata también de evitas situaciones como la ocurrida en 1987, cuando Douglas H. Ginsburn, candidato formalmente propuesto por Ronald Reagan para juez del Tribunal Supremo, decidió solicitar al presidente que anulase el nombramiento tras descubrirse y hacerse público que en su época universitaria había fumado marihuana. También puede ocurrir que el hecho que impida el nombramiento sea puramente fisiológico o médico, como ocurrió en 1994 cuando Bill Clinton trató de proponer como juez del Supremo a Richard S. Arnold, cuyo nombramiento se frustró al descubrirse que padecía un cáncer muy avanzado y, sobre todo, cuando los médicos aseguraron al Presidente que, aún cuando el paciente se encontraba en tratamiento, no podrían afirmar a ciencia cierta que la enfermedad no le impidiese ejercer su puesto con normalidad.
Esa investigación informal que se lleva a cabo puede dar lugar a circunstancias curiosas, como la que nos cuenta Steven Calabresi en la evocación que hace del fallecido juez Scalia en el último número de la Harvard Journal of Law and Public Policy. Cuando en 1986 el F.B.I. efectuaba la investigación de Antonin Scalia, éste se encontró un día con que a la salida de la misa dominical, el párroco se le acercó con semblante de preocupación y, preguntado sobre ello, obtuvo la siguiente respuesta: “Nino…es el F.B.I. Estuvieron aquí ayer preguntando todo tipo de cosas sobre ti. Pero no te preocupes. No les he contado nada.” Scalia tuvo que tranquilizar al buen párroco y decirle que no se preocupase, que el asunto carecía de importancia.
Una vez efectuada la investigación reservada y despejadas las dudas, puede darse por terminada la fase previa y da comienzo la fase inicial del procedimiento stricto sensu.
II.- PRIMERA FASE: LA NOMINATION O PROPUESTA FORMAL.
La primera fase propiamente dicha en el iter procedimental que ha de seguirse para la designación de un juez federal es la nomination. No es otra cosa que el anuncio formal y público en virtud del cual el Presidente de los Estados Unidos informa al pueblo de la identidad de la persona que ha elegido para ocupar la vacante concreta a cubrir. Normalmente el anuncio suele tener lugar en la Casa Blanca y en compañía de la persona elegida, aunque no es estrictamente necesario. Así, por ejemplo, cuando George W. Bush propuso a John Roberts para cubrir la vacante que dejó libre Sandra Day O´Connor, el candidato propuesto compareció junto con su esposa y sus dos hijos pequeños (uno de los cuales, por cierto, causó las delicias de los fotógrafos al imitar a Spiderman).
La propuesta, como indicó John Marshall en la sentencia Marbury v. Madison, es un acto absolutamente personal del Presidente y que, por tanto, no está sometido a control judicial alguno. Tampoco es absoluta y vinculante, en tanto en cuanto el Presidente puede dar marcha atrás en cualquier momento. Con anterioridad ya hemos ofrecido dos ejemplos de ello. Reagan hubo de retirar la propuesta de Ginsburn a solicitud del interesado, y en el caso de John Roberts fue el propio presidente Bush quien dio marcha atrás, aunque en este último caso debido al fallecimiento del chief justice William Rehnquist en septiembre de 2005 (apenas tres meses después de la propuesta de Roberts para sustituir a O´Connor), que motivó un inteligente movimiento táctico presidencial y moviendo la candidatura de Roberts para sustituir a Rehnquist en vez de a O´Connor.
Una vez que ha tenido lugar la propuesta formal, el Presidente remitirá al Senado el nombre del candidato propuesto, dando inicio así la segunda fase, a la que dedicaremos la próxima entrada.
INICIO DEL PROCESO DE CONFIRMACIÓN SENATORIAL DE NEIL GORSUCH PARA JUEZ DEL TRIBUNAL SUPREMO. CUANDO EL CANDIDATO POSEE EL “GOLD STANDARD”
En una entrevista bastante reciente, el actual chief justice John Roberts mostraba su preocupación por el hecho de que, en los últimos procesos de ratificación senatorial de candidatos a ocupar un puesto de juez del Tribunal Supremo, la votación siguiese una línea estrictamente partidista, orillando valorar la cualificación profesional. Con ello, Roberts pretende dar la voz de alerta ante lo que podríamos denominar “hispanización” del procedimiento selectivo, es decir, la politización extrema de la judicatura. Un buen ejemplo de esa tendencia lo ofrece Jeffrey Toobin en su libro The Oath. Cuando tras el fallecimiento de William Rehnquist, el presidente George W. Bush propone a John Roberts como sucesor, el por entonces senador Barack Obama no formuló objeción alguna en cuanto a la adecuación de Roberts para el cargo. Éste no sólo procedía de la facultad de derecho de Harvard (al igual que Obama), sino que tenía un impecable currículum académico y un impresionante historial, siendo además uno de los mejores abogados que había ejercido ante el Tribunal Supremo, a lo que añadía un carácter sumamente abierto y simpático capaz de atraerse incluso a potenciales adversarios. Tan es así, que según indica Toobin la intención del senador por Illinois era votar favorablemente a Roberts, pero sus asesores políticos le disuadieron de hacerlo con un poderosísimo argumento: votar “sí” a un candidato propuesto por George W. Bush podría minar las posibilidades de Obama a la hora de luchar por la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2008, por muy intachables que fuesen los méritos de Roberts. Y así, por ese motivo, el siniestro Obama votó en contra.
Esta semana se inicia en el Comité Judicial del Senado el procedimiento de confirmación de Neil Gorsuch para cubrir la vacante que en el Tribunal Supremo ocasionara el fallecimiento de Antonin Scalia hace más de un año. Sin perjuicio de que en nuestra próxima entrada desgranaremos las fases que integran el procedimiento de designación de un juez federal, adelantaremos que uno de los informes que suele tener bastante peso es el de la American Bar Association, es decir, la organización que engloba a la profesión letrada. La evaluación no es, ni mucho menos, un “paseo militar” para el candidato, que ve diseccionada su trayectoria pública en el mundo del Derecho y es sometido a un exhaustivo proceso de análisis objetivo que desgrana punto por punto no sólo su trayectoria jurídica, sino incluso la integridad profesional del aspirante a juez. Pues bien, en el caso de Gorsuch la valoración que de forma unánime ha otorgado la American Bar Association es la de “well qualified”, es decir, la máxima posible. Tan es así, que como se indica en una entrada que obra en el imprescincible Supreme Court of the United States Blog, ha llegado a denominarse al informe positivo de la American Bar como el “gold standard.” Ello hace francamente difícil, por no decir imposible, cuestionar su idoneidad para el cargo, de ahí que seguramente la principal oposición venga por otro flanco: el político.
Evidentemente, sería inútil negarlo, todo nombramiento que se hace para cubrir una vacante en el Tribunal Supremo tiene un componente político, y es así desde que el presidente John Adams, en sus últimas semanas en el cargo, nombrara a John Marshall como chief justice. Tal politización puede, obviamente, acentuarse, y en este sentido tanto demócratas como republicanos aceptan el hecho como natural. Es evidente que el demócrata Franklin D. Roosevelt pretendió, con su prerrogativa de designación de jueces federales, reorientar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en un sentido más favorable a su política de New Deal, algo que finalmente logró. Es también evidente que el republicano Richard Nixon llegó a convertir en uno de los principales ejes de su campaña electoral el rectificar los excesos jurisprudenciales de la era Warren, y sin perjuicio de que tuvo la posibilidad de efectuar cuatro nombramientos, no logró su objetivo final. Es también claro y manifiesto que tanto en Estados Unidos como en cualquier país del mundo cualquier juez tiene su filosofía jurídica y sus inclinaciones personales. Y es evidente que no es mejor juez quien se recluye en su despacho aislándose de la sociedad en aras de esgrimir una mala entendida imagen de independencia judicial. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra (por citar dos países de los que nadie podrá dudar de la excelencia de su judicatura) los magistrados no rehúyen expresar su opinión sobre la calidad técnica de las leyes, incluso en entrevistas y debates televisivos. Hemos visto a dos jueces de Tribunal Supremo, Stephen Breyer y el fallecido Antonin Scalia, debatir amigablemente sus puntos de vista acerca de la interpretación judicial de las leyes. Hemos visto al propio chief justice en múltiples entrevistas, encuentros, e incluso en publicaciones expresarse sobre cuestiones legales. Es una experiencia no sólo enriquecedora, sino que contribuye a que los jueces tomen contacto con la realidad y “pisen el suelo”.
Con todo, si algo es de admirar en este punto es la seriedad y rigor de los procedimientos que tienen lugar en el Comité Judicial del Senado. Y dado que en los denominados hearings, los senadores que integran el Comité bombardean literalmente al candidato con preguntas de la más variada índole, es evidente que cualquier persona con un mínimo de interés puede, simplemente observando dichos procedimientos, hacerse una idea de ante qué tipo de profesional nos encontramos. Qué diferencia en este punto con las ramplones y mediocres comparecencias que tienen lugar en nuestro país, donde los candidatos propuestos únicamente acuden a recibir el placet de los diputados sometidos al mandato imperativo de sus jefes, que en la intimidad de las covachuelas o ante un más o menos copioso refrigerio han pactado su cuota de alta judicatura.
CUANDO LA ADMINISTRACIÓN ES DERROTADA EN EL PLEITO PERO GANA EN LA REALIDAD: DERRIBAR ILÍCITAMENTE EDIFICACIONES NO GENERA RESPONSABILIDAD.
En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no siempre quien es procesalmente vencedor lo es igualmente en la vida real, dado que puede ocurrir, y en muchas ocasiones sucede, que una maravillosa sentencia que da la razón al particular y desautoriza jurídicamente al ente público en ocasiones queda desvirtuada en la práctica porque la Administración, gracias al uso abusivo del privilegio de autotutela, incomprensiblemente tolerado por los órganos judiciales, se ha salido con la suya, y al particular no le queda otra cosa que intentar consolarse por su victoria menos que pírrica.
Viene esto a raíz de un supuesto que viene a demostrar en toda su crudeza la insuficiencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y que deja patente la enorme desventaja en que se mueve el particular. Porque, pregúntense ustedes ¿De qué sirve una sentencia estimatoria que anula una declaración de ruina cuando el inmueble en cuestión ya ha sido demolido por el Ayuntamiento? ¿Debe responder en estos casos la Administración por ese derribo prematuro? Pues, si la respuesta al primer interrogante es “nada”, la contestación al segundo es “no”. Veámoslo.
El Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo dicta Resolución 42/2008 de 23 de abril, declarando en ruina un edificio sito en Cóbreces. En el seno del procedimiento contencioso-administrativo tendente a enjuiciar la legalidad del acto declaratorio de ruina, además de los informes de los dos técnicos municipales (no ratificados en sede judicial), se presentan dos informes, el primero de un perito de parte, y el otro de un perito judicial, ambos coincidentes y ratificados el juicio. Y así la Sentencia de 22 de junio de 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Cantabria estima parcialmente el recurso anulando la resolución administrativa, por considerar que el inmueble no podía ser considerado jurídicamente como ruinoso. Para ello, se basa fundamentalmente en el informe del perito judicial, por lo detallado de su informe “más que los otros examinados”. Pero hete aquí que el Ayuntamiento ya había ejecutado el acto, es decir, derribado el inmueble, por lo que la Sentencia era ya de imposible cumplimiento. No obstante, el ente local apela la sentencia, esgrimiendo dos argumentos que no pueden ser sino considerados una inmensa falta de respeto. En primer lugar, considera que el juzgado debió prescindir de los dos informes periciales ratificados en juicio, y debía primar los de la Administración por ser “más imparcial” (sic), lo cual supone una gravísima falta de respeto al perito judicial, cuyo informe no puede ser calificado de parte y cuya independencia, por tanto, se está cuestionando sin el más mínimo rubor. Pero además, el Ayuntamiento llega al escarnio de impugnar la prueba pericial aportada por el demandante con el argumento (que ni en el más generoso de los supuestos puede considerarse de otra manera que como una burla siniestra hacia el ciudadano a quien habían avasallado) que “ni siquiera visitó el edificio ya que estaba demolido cuando efectuó el informe” (sic). La Sentencia 203/2012 de 18 de marzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictada en recurso número 349/2011 (ES:TSJCANT:2012:520) desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de instancia. Tenemos pues a un ciudadano a quien jurídicamente se le ha dado la razón al haber sido anulada la resolución que declaraba su inmueble en ruina, pero a quien en la práctica poco servirá, dado que había visto cómo la todopoderosa Administración, con la inexcusable complicidad del poder judicial, se había apresurado a hacer uso de sus potestades de autotutela para derribar el meritado inmueble.
Ante ello, el particular afectado decide solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento. Por supuesto, la Administración no contesta, y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Cantabria estima parcialmente el recurso y aprecia dicha responsabilidad. Dicho recurso de apelación es resuelto por la Sentencia de 15 de enero de 2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictada en recurso número 189/2015 (ES:TSJCANT:2016:118), que debería figurar en las antologías como ejemplo de lo que ni jurídica ni materialmente debe ser una resolución judicial. Porque dicha sentencia anula la resolución de instancia y deniega la responsabilidad del Ayuntamiento. Atención al razonamiento de la Sala, que no tiene desperdicio:
No se trata, por ende, de considerar conforme a Derecho un acto que una sentencia ya anulado de modo firme por su contradicción con el Ordenamiento. Sino de ver si la Administración, al dictar el acto, actuó dentro de los márgenes de razonabilidad, sin poder prever un futuro pronunciamiento judicial que declarara la ilegalidad de aquél. Y, por ello, contrariamente a los que hace la sentencia recurrida, no hay que pararse en el análisis fáctico y jurídico que se realizó en la sentencia anulatoria ni descartar la razonabilidad del actuar de la Administración en razón de la contundencia y solidez con que el juzgador fundó la conclusión de ilegalidad del acto, pues no se trata de volver sobre lo que ya está decidido judicialmente (la disconformidad a Derecho del acto administrativo), sino de determinar la razonabilidad del actuar administrativo; y, a tal fin, debemos retrotraernos al momento en que el acto se dictó, obviando lo actuado y juzgado en el proceso judicial que culminó con la sentencia anulatoria.
En otras palabras, para la Sala hay que prescindir de la sentencia anulatoria, por lo que debe verificarse “la razonabilidad del actuar administrativo”, y para ello ha de “obviarse lo actuado y juzgado en el proceso judicial que culminó con la sentencia anulatoria”. Y ello lo hace la Sala para tratar de “puentear” el varapalo que se propinó a los informes técnicos municipales en sede judicial. ¿Y qué hace la Sala? Pues un ejercicio de cinismo tal que sonroja hasta el lego: retrotraernos al momento en que se dicta la resolución obviando lo ulterior, y como en esa fecha no existían más que dos informes municipales, pues la actuación administrativa era objetivamente “razonable”.
Como jurista, me cuesta sinceramente pensar que tres magistrados se han reunido a perpetrar esta auténtica burla hacia el ciudadano, hacia el derecho de propiedad y hacia el ordenamiento jurídico. Porque, de sostenerse el acierto de esta tesis y verificar su adecuación a Derecho, cabe plantearse lo siguiente:
Primero.- ¿Qué eficacia práctica tiene la jurisdicción contencioso-administrativa en particular y el Derecho administrativo en general como ordenamiento tendente a equilibrar los privilegios de la Administración y las garantías del ciudadano? Porque, en efecto, si un particular obtiene un triunfo en sede judicial pero en la práctica la parte derrotada ha salido vencedora, el obtener unos cuantos folios que le permitan hacer valer su tesis como correcta en nada le servirá para satisfacer sus pretensiones, en tanto en cuanto lo que desea el particular es ello tenga consecuencias prácticas. Y en la práctica, lo que consagra esta lamentable resolución judicial no es más que la ley del más fuerte.
Segundo.- ¿Cómo es posible prescindir de una resolución judicial anulatoria de un actuar administrativo para verificar la “razonabilidad” o no de la misma? El ardid utilizado por la Sala es tan absolutamente parcial y sonrojante que la Sala no se da cuenta que, en el fondo, está desautorizando la primera resolución judicial, aunque no lo diga explícitamente.
Como ya indiqué en un post anterior, William Rehnquist (un excelente jurista, número uno de su promoción en la Universidad de Stanford, juez y con posterioridad Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos) manifestó en su día que: “un buen juez debe en todo momento estar dispuesto a interrumpir a un letrado y decirle ´su argumento es perfectamente lógico pero el resultado al que llega me parece absurdo”. Pues bien, si aplicamos dicho criterio, ninguno de los tres magistrados que han perpetrado la nefasta sentencia comentada podría en propiedad ser calificado como “buen juez”.

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