Source: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/concursal/iii-congreso-aranzadi-concursal-de-catalunya-2016
Timestamp: 2017-03-27 10:38:01+00:00

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27 de Marzo de 2017 | 12:37
José María Marqués Vilallonga,Abogado y administrador concursal
Prosumer	La Ley Concursal
alumbrada en el año 2003 permitió a los profesionales disponer de un plano con
el que poderse guiar por esos vericuetos. Sin embargo, tras las más de
veinticinco reformas acometidas desde su promulgación hoy ese mapa se ha
convertido en una herramienta de difícil interpretación. En ocasiones, donde indica
la existencia de un pasillo nos encontramos una puerta. Donde parece que hay
una esquina se atisba una recta sin final. Por eso, en el caminar por el
laberinto a veces resulta más útil dejarse guiar por los principios rectores y
las reglas generales que por la letra de la ley. Cada seis meses el legislador
nos castiga con una nueva previsión normativa que -al margen de
su oportunidad y conveniencia- no hace más que confundirnos e impedir la existencia
de un criterio uniforme.
Aranzadi Concursal de Catalunya 2016 organizado por El Col.legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya y dirigido por Alfonso Muñoz Paredes, celebrado el 18 y 19 de febrero pasado, puso
sobre la mesa los temas más actuales de nuestra actualidad concursal. La
fórmula empleada, temas muy específicos y con amplios debates, permitieron
abordar los aspectos más novedosos de las últimas reformas. Se clarificaron
ideas y conceptos para poder interpretar con mayor soltura ese mapa del concurso al que antes nos
referíamos. Alguno de sus asistentes comentó a su término con mucha razón que
había sido el mejor Congreso celebrado desde hace tiempo.
trabajo intentaré recoger algunos de los aspectos más destacados de las charlas
y los posteriores debates. Es conveniente consultar el documento en su formato
digital pues desde el mismo se linka
a las ponencias presentadas, así como a resoluciones judiciales y otros
documentos. La primera de las
ponencias fue impartida por Florencio
Molina López y en ella, de la mano de una completa presentación,
abordó el tema de la liquidación en un escenario de insuficiencia de masa
activa, principalmente de la previsión normativa que recoge el art. 176 bis LC.
Anunció la próxima publicación de las conclusiones del Seminario de Jueces
Mercantiles en torno al mecanismo de segunda oportunidad. Destacó la figura
del concurso express como la fórmula
más útil para dar salida a los procedimientos en los que la totalidad o la
práctica totalidad de los bienes y derechos que conforman el inventario se
encuentran hipotecados en garantía de saldos que superan el valor de los
propios activos. A su criterio, la
locución "(t)an pronto como conste" del art. 176 bis 2 LC es declarativa y no
constitutiva. No precisa de una homologación judicial y de ella se debe dar
traslado a las partes. Además, no es impugnable, sin perjuicio de lo dispuesto
en los arts. 84.4 y 176 bis 5 LC. El juicio de insuficiencia es de
previsibilidad, no de evidencia. Su solicitud suspende el plazo de presentación
del informe provisional del art. 75 LC pero no la presentación del inventario del 191.1 LC si el concurso
es abreviado.
El ponente afirmó
que en su reciente Auto de 26 de enero de 2016 dispuso que la comunicación del
art. 176 bis no es compatible con la sección de calificación. A partir de aquí, debemos
preguntarnos ¿Qué sucede en aquéllas sociedades titulares de un patrimonio pero
en las que se acuerda la declaración-conclusión del procedimiento (art. 176.4
LC)? En relación a los bienes muebles desde la mesa se propuso como solución la
ocupación si se trata de bienes
muebles (art.
610 CCv) o la incorporación al patrimonio del Estado en los términos del art.
17 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas si se trata de inmuebles.
A criterio de Alfonso Muñoz Paredes los
administradores podrían convocar una junta de socios para acordar la disolución
de la sociedad (art. 360 LSC), o bien celebrar una junta universal y adoptar
dicho acuerdo. Es la llamada liquidación
consecutiva en la que tras la realización de esos bienes debería atenderse
el pago de los acreedores siguiendo no el orden de vencimiento ni tampoco la
graduación del Capítulo III del Título IV LC. Tampoco el orden del art. 176 bis
2 LC. El orden de pago sería el establecido en el Código
Civil en los arts. 1922 y ss. Ya en el turno de
preguntas, responde que en aras a determinar la conveniencia de impulsar una
acción de calificación en la que se puedan exigir responsabilidades
patrimoniales a las personas afectadas por la calificación, el AC puede pedir medidas
de averiguación patrimonial de aquéllas, antes de promover el incidente de
calificación. El ponente recordó
la conveniencia de ir atendiendo el pago de los créditos contra la masa a su
vencimiento. A su criterio resulta inaceptable que se espere a la concurrencia
de los presupuestos establecidos en el art. 176 bis LC para empezar a pagar.
También insistió en la necesidad de presentar la comunicación del art. 176 bis
concursos en los que se ha atendido el pago de los créditos de la masa y contra
la masa, al haber desaparecido el presupuesto de la insolvencia procede la
conclusión del procedimiento. El ponente menciona la Sentencia del JM 9 y uno
de los asistentes la del JM 7 de 2 de junio de 2015[1]
en la que se determina la posible reactivación de la sociedad pese a que se
hubiese abierto la liquidación. La segunda plática de
la mañana trató sobre la problemática de los acreedores con derecho de
ejecución separada, judicial y administrativa. El ponente fue Alberto de la Mata Saiz que entregó
unos materiales
a los que nos remitimos por su claridad. A su criterio, tras
la promulgación del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, el inicio del
acuerdo extrajudicial de pagos someterá la ejecución hipotecaria sobre la
vivienda habitual a la suspensión que regula el art.
235.2 a) LC. Y lo que para él resulta más discutible, se puede interpretar
que aunque no se acuda al acuerdo extrajudicial de pagos, la vivienda habitual
será siempre bien necesario en el
seno de un concurso, a los efectos de paralizar una ejecución hipotecaria, a
pesar de que no se ha modificado el art. 56 de la LC. Valoró positivamente la reforma del art. 90.1.6º LC
acometida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. A partir de su promulgación los créditos garantizados con prenda
constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que
estén en posesión del acreedor o de un tercero tendrán la consideración de
créditos con privilegio especial. Si se tratare de prenda de créditos, bastará
con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre
los créditos pignorados. Los créditos garantizados con prenda constituida sobre
créditos futuros sólo gozarán de privilegio especial cuando concurran los
siguientes requisitos antes de la declaración de concurso:
a) Que los créditos futuros nazcan de contratos
perfeccionados o relaciones jurídicas constituidas con anterioridad a dicha
b) Que la prenda esté constituida en documento
público o, en el caso de prenda sin desplazamiento de la posesión, se haya
inscrito en el registro público competente.
c) Que, en el caso de créditos derivados de la
resolución de contratos de concesión de obras o de gestión de servicios
públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo
261.3 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
En los casos de venta de la unidad productiva los
acreedores con privilegio especial deberán prestar su consentimiento siempre
que concurra la mayoría del 75% de
aquellos que además de gozar de ese privilegio tenga el derecho de ejecución separada. Entendiendo por estos últimos, y
aquí lo importante, aquellos que ejercitaron su derecho antes de la
presentación del concurso. Algo en lo que coinciden otros ponentes en durante
El conferenciante destacó la novedad -verdadera sorpresa,
la nota es nuestra- que supuso la promulgación del punto quinto del artículo
155, cuando dispone que en los casos de venta de la unidad productiva los
acreedores con privilegio especial podrán hacer suyo el importe del precio
hasta cubrir su deuda originaria. Hasta ahora se había limitado al importe que
tenían reconocido con la categoría de privilegiado especial.
En la siguiente conferencia, José Angel de Pablo Vellisco Inspector Jefe Equipo Regional de la
Delegación Especial de la AEAT de Catalunya abordó el tema de las singularidades
del crédito público en el concurso. Inició su charla refiriéndose a la Instrucción
3/2014 de 19 de noviembre, de la directora del departamento de recaudación
de la AEAT, para la suscripción de acuerdos singulares con obligados declarados
en concurso de acreedores. Puntualizó que los dos grandes objetivos del Organismo
en el concurso son (i) procurar el máximo recobro de la deuda; y (ii) evitar la
generación de nueva deuda. Para ello, van a "incentivar la presentación de
concursos" en las fases primigenias de la insolvencia para que el procedimiento
sea una herramienta de restructuración. Destacó que se han flexibilizado las condiciones de
aplazamiento de la deuda tributaria en situaciones de preconcurso. Matizó que
no se están concediendo quitas pero sí fraccionamientos del pago de la deuda,
sobre todo en aquellos casos en los que el deudor viene acompañado de un socio
Cuantificó los expedientes que se están tramitando en
más de 5.000. Y como resultado de la experiencia de estos años, desde el
Organismo van a iniciar acciones de derivación de responsabilidad de la deuda
concursal en el marco de lo establecido en el art.
42.1 c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en
aquellos casos en los que un tercero suceda en el ejercicio de actividades
económicas de la concursada.
Sobre la venta de unidades productivas advirtió que si
el adquirente no es un tercero de buena fe sino una persona especialmente
relacionada con la concursada, también se procederá a dicha derivación. A preguntas de Francisco
Salvatella, respondió que la declaración de fortuidad en la sección sexta
no prejuzga exención de responsabilidad de los administradores sociales frente
Otro de los asistentes formuló algunas propuestas que
son bien acogidas por el conferenciante. A criterio de este asistente, la AEAT
1. Facilitar interlocutores de un
cierto nivel y capacitación con los que poder plantear escenarios preconcursales
pues en ocasiones no es fácil dar con un responsable cualificado con el que
negociar aplazamientos.
2. Dirigirse al administrador
concursal antes de promover cualquier incidente para subsanar el posible error
en que se haya podido incurrir.
justificativa del crédito en formato editable para que la información pueda
volcarse en los programas de los AC.
4. Si existen agravios respecto la
actuación de la AC no esperar a que se presente la rendición de cuentas sino
impugnar o formular alegaciones en los informes trimestrales.
5. Instar concursos necesarios de
aquellos deudores que en una huida hacia
adelante, acumulan impagados reiterados y por su volumen pueden estar
perjudicando las normas de la competencia e incrementando los pasivos de forma
tarde inició con una ponencia de Luis
Arqued Alsina sobre la confusión de valor y precio en la compra de unidades
productivas y el régimen de proporcionalidad que debe asignarse a los
acreedores con privilegio especial respecto el precio total. En su exposición
recomendó la consulta del libro "144 Errores en
la valoración de empresas" de Pablo
A continuación, Xavier Doménech trató el tema de la
unidades productivas. Y afirmó con buen criterio que "el crédito contra la masa
no existe" pues al tenerse que pagar a su vencimiento debería atenderse sin
esperar a la fase final del procedimiento.
jornada finalizó con una ponencia de José
María Fernández Seijo, la primera que imparte sobre la venta de la unidad productiva
en el concurso. Señaló que en ventas de unidades productivas no existen dos
casos iguales y que la Ley no define lo que debemos entender por unidad
productiva. Se refierió a la Directiva
2001/23/CE DEL CONSEJO de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los
derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de
actividad o de partes de empresas o de centros de actividad[2],
que derogó la Directiva 77/187/CEE.
el año 2014 el legislador intentó poner orden en el régimen legal que regula la
venta de unidades productivas y esto ha dotado a la institución de herramientas
interpretativas que han cambiado el panorama. A
la vista de lo dispuesto por el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores el
cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad
productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el
nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de
Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los
términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas
el cedente. Lo que podría tener su incidencia en los casos de venta de unidades
productivas o de ventas de bienes en globo.
criterio del ponente, desde el momento en que la Ley Concursal ha sido
reformada en este punto, parece razonable pensar que en un eventual
planteamiento de conflicto de jurisdicción el asunto podría recabar en los
Juzgados Mercantiles, porque como decimos, después de la reforma acometida en
el mes de septiembre de 2014, la Ley Concursal regula la materia de forma
alusión al quorum cualificado de quienes tengan derecho de ejecución separada
del art. 149.2.a) LC comprende a quienes
habiéndolo tenido en abstracto, no lo han llegado a ejercitar, porque si lo han
hecho su ejecución se sigue al margen del plan de liquidación; el activo,
otrora afecto al privilegio, ya no está en el concurso y, por extensión, no le
afecta en modo alguno las previsiones del plan, por lo que carece de sentido
que pueda quedar vinculado colectivamente en los términos de aquel precepto.
Criterio que es compartido por Alfonso
Muñoz Paredes.
ponente destacó las ya conocidas Resoluciones en los casos Gimnasio
San Andreu[3] y Cubigel[4].
su criterio, el interés del concurso puede justificar que la venta de la unidad
productiva se lleve a cabo por un precio simbólico cuando los créditos contra
la masa que se ahorre el concurso sean superiores.
Alfonso Muñoz Paredes apuntó que el sistema de subastas on
line que se está desarrollando por el Ministerio de Justicia no parece
idóneo para este tipo de ventas ya que los elementos que confluyen son muy
viernes comenzó con cuatro ponencias sobre la calificación del concurso. La
primera fue impartida por Carlos Nieto
Delgado. A su criterio es
criticable que se considere una presunción de culpabilidad iuris et de iure la
irregularidad contable, cuando en ocasiones las irregularidades contables nada
tienen que ver con la generación o agravación del estado de insolvencia. Destacó
del Plenario del TS de 12 de enero de 2015[5]
en la se determinó que la reforma del art. 172 bis LC acometida por el Real Decreto ley 4/2014, de 7 de marzo, convalidado y ratificado en este extremo por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre no era una aclaración
sino una verdadera modificación legislativa introduciendo un régimen legal de
naturaleza resarcitoria.
que en la cuantificación del daño deberá realizarse una labor de cirujía. Pero es la única forma de evitar algunos excesos
que se habían producido en el marco de la legislación derogada. El
ponente reconoció que se le hace difícil contemplar escenarios en los que se
pueda llegar a condenar a los asesores contables, fiscales o auditores de
cuentas como cómplices del concurso culpable. En
este punto Alfonso Muñoz Paredes
advirtió que existe un deber de vigilancia por parte del administrador social y
que este no puede ampararse en excusas como "yo no lo sabía" o "me llevaban la
contabilidad". Además, la imputación es coral. Sólo en casos como la salida
fraudulenta de activos o algún otro podría llegarse a determinar una condena
individualizada a algún miembro del consejo, con exoneración del resto. Pero
para ello deberían acreditar la existencia de una diligencia media.
magistrados disienten en el porcentaje de culpabilidades acordadas en los
procedimientos en los que se ha abierto la sección sexta. Mientras el ponente
afirma que las condenas son relativamente pocas, Alfonso Muñoz Paredes reconoce que porcentualmente en su Juzgado
las condenas son considerables[6].
preguntas de los asistentes aludió a la doctrina del TS conforme a la cual el
conocimiento por los acreedores de la situación de desbalance por estar denunciado
en el informe de auditoría, no excluye la imputación de responsabilidad
exigible ya que el elenco del art. 164.2.1 LC es autónomo respecto el 164.1 LC.
Y añadió Alfonso Muñoz Paredes que
en el marco de una responsabilidad societaria por no disolución por pérdidas
(art. 363 LSC) el TS ha llegado a la misma conclusión, es decir, que es
imputable una responsabilidad al administrador social pese a que la situación
de desbalance fuese pública y estuviese reconocida expresamente en las cuentas
anuales publicadas por el Registro Mercantil. Sólo quedaría exonerado el
administrador frente a reclamaciones promovidas por los socios y las entidades
Félix Pedrosa Negrete abordó los
aspectos contables de la calificación del concurso. Nos remitimos a los materiales
entregados. A continuación Alfonso Muñoz Paredes trató sobre un
tema que genera cierta confusión: el ajuste y distinción entre disolución
societaria y situaciones de insolvencia. Entregó un completísimo trabajo
que aborda esta cuestión en profundidad.
Axiomatizó tres
existan pérdidas cualificadas pero no un estado de insolvencia: procede acudir
a la liquidación societaria. Segundo.- Que
exista insolvencia actual pero no pérdidas cualificadas, en cuyo caso se impone
la solución concursal, bien mediante la solicitud directa de concurso
voluntario, bien con una comunicación previa del art. 5 bis siempre responda a
la finalidad que le es propia y vaya seguido de la solicitud temporánea de
concurso. Tercero.- Que existan
pérdidas cualificadas y, además, insolvencia actual: el deber de concursar se
impone al deber de disolver. Y también refirió
otros escenarios que calificó mixtos: (i) si abierta la liquidación el
liquidador detecta una situación de insolvencia, debe presentar el concurso y
(ii) aparición de pérdidas cualificadas durante el período de cumplimiento de
un convenio concursal[7]. Alfonso Gutiérrez Arqued diseccionó
en su ponencia la cuantificación del déficit patrimonial por la presentación
tardía del concurso a los efectos de la imputación de responsabilidad a las
PAC. A su criterio la
fórmula para determinar el déficit patrimonial es el resultado de restar a) el patrimonio neto contable existente en el momento en que debió
solicitarse el concurso al b) patrimonio
neto contable en la fecha en que se solicitó el concurso. Determinada esta
cuantía debe procederse a realizar unos ajustes procediendo a determinadas inclusiones
y exclusiones, como las consideradas producidas en fecha anterior a la que
debió solicitarse el concurso, las que se hubiesen producido inevitablemente y
las que no pueden suponer un agravamiento de la insolvencia, etc... Todas ellas
recogidas en las trasparencias
facilitadas que además incluyen un clarificador caso práctico.
Referenció el trabajo
de Alexandra Mercader de Sojo, una obra que aborda la cuantificación de la
condena al pago del déficit concursal. A preguntas de uno
de los asistentes, Alfonso Muñoz Paredes
afirmó que en un concurso permitió a un acreedor el ejercicio del derecho al
reconocimiento de los libros y demás documentos del deudor que recoge el
apartado segundo del art. 32 CCom en su redacción dada por Ley 19/1989, 25
julio («B.O.E.» 27 julio), de reforma parcial y adaptación de la legislación
mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de
Sociedades. Las dos últimas
conferencias de las Jornadas versaron sobre la retribución de los
administradores concursales. Raúl Lorente Sibina, con el
soporte de un estudio
muy elaborado, llegó a la conclusión de que es necesaria una
profesionalización de la administración concursal, pero también es necesaria
una diversificación para que los administradores concursales tengan abiertas
otras líneas de negocio complementarias. Y también una especialización en
concursos de determinadas áreas (servicios, industrial, inmobiliario...).
Marta Cervera Martínez impartió
la conferencia de conclusión de las Jornadas.
descenso de nombramientos por la reducción de expedientes que entran en los
juzgados y también porque en un porcentaje considerable de procedimientos se
concluye en concurso en el mismo auto de declaración (art. 176 bis.4 LC).
posibilidad de imputar al concurso los gastos de representación del AC en un
recurso de apelación, cuando ese AC es economista. También destacó el
criterio de los JJMM de Catalunya de que los honorarios de la AC pueden
considerarse un crédito imprescindible para la liquidación (art. 176 bis.2
segundo párrafo). En torno a la posibilidad de que la AC continúe percibiendo
sus honorarios transcurrido el docevo mes después de abierta la liquidación,
manifestó que no existe una postura definida por parte de los JJMM.
Y en este punto el
Congreso tocó su fin. Los asistentes agradecieron las numerosas intervenciones
de Alfonso Muñoz Paredes que
permitieron un trato mucho más profundo de las materias abordadas, con cita al
aire de resoluciones judiciales.
[1] Sentencia JM 7 de
Barcelona de 2 de Junio de 2015. Fundamentos de Derecho. "PRIMERO.- (...) En el presente caso, el administrador concursal ha
solicitado la conclusión afirmando, tal y como detalla en el escrito de
solicitud y rendición de cuentas, haberse satisfecho los créditos de los
acreedores (...). Asimismo se interesa por la administración concursal que se
acuerde por este Juzgado la reactivación de la sociedad al amparo del art. 370
de la ley de Sociedades de Capital. Debe indicarse que ningún acreedor ha
puesto objeciones al archivo de las actuaciones. Por todo ello, sin más
innecesarias consideraciones, debe ordenarse la conclusión del concurso sin los
efectos extintivos del art. 178. En lo que a la rendición de cuentas se
refiere, dado que no se ha formulado oposición, deben aprobarse sin más
trámites (artículo 181.3º de la Ley Concursal).
SEGUNDO.- La dificultad se encuentra en la petición que se formula
por la administración concursal relativa a la reactivación de la sociedad, dado
que no operan los efectos extintivos de la sociedad. Cuestión similar fue
abordada por el Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona en su auto de fecha 1
de octubre de 2014 en el que se resolvió que no había lugar a acordar la
reactivación interesada dado que el art. 370 de la LSC dispone que la
competencia le corresponde a la Junta General y además, si bien es cierto es
que el art. 370 LSC permite dicha reactivación cuando estamos ante una
disolución aprobada por junta y cuando se haya removido la causa que la
originó. Ahora bien, el propio precepto, en su apartado primero in fine,
establece una excepción, y es que no cabe la reactivación de una sociedad
cuando estemos ante una disolución de pleno derecho, teniendo la apertura de la
fase de liquidación en sede concursal tal naturaleza conforme al art. 361.2 LSC.
El primero de los argumentos resulta claro pues no se puede sustraer la
decisión de reactivación de la voluntad de la Junta General y, además, si se
tiene en cuenta que la Ley de Sociedades de Capital prevé un mecanismo de
separación del socio que no votó a favor del acuerdo de reactivación que
tampoco se puede sustraer acordando una reactivación mediante decisión
judicial. Dicho lo anterior, es preciso recordar también que la DGRN en su
Resolución de 9 de junio de 2014 interpreta el art. 370 de la LSC y viene a
indicar que dicho precepto no impone forzosamente, en caso de concurrencia de
una causa de disolución de pleno derecho (como es la apertura de la liquidación
concursal), una liquidación sino que delimita un supuesto de reactivación
ordinaria (en palabras de la DRGN) en que basta un acuerdo social de otro
supuesto (que podemos llamar aquí de reactivación extraordinaria) que exigiría
la concurrencia de un nuevo acuerdo socia, un nuevo consentimiento contractual
de todos los socios. En tal sentido el art. 370 no dice que no cabe
reactivación en caso de disolución de pleno derecho, sino que la Junta General,
a través del mecanismo normal de adopción de acuerdos, no puede acordarla." [2] En su
art. 1 dispone que se considerará traspaso a efectos de la presente Directiva
el de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un
conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica,
ya fuere esencial o accesoria.
[3] "(E)n el supuesto de que, en el marco de una
transmisión de empresa, el cedente sea objeto de un procedimiento de
insolvencia que esté bajo la supervisión de una autoridad pública competente y
el Estado miembro de que se trate haya optado por hacer uso del artículo 5,
apartado 2, de la mencionada Directiva, ésta no se opone a que dicho Estado
miembro disponga o permita que las cargas que, en el momento de la transmisión
o de la apertura del procedimiento de insolvencia, resulten para el cedente de
contratos o relaciones laborales, incluidas las relativas al régimen legal de
la seguridad social, no se transfieran al cesionario, siempre que dicho
procedimiento garantice una protección de los trabajadores como mínimo
equivalente a la establecida por la Directiva 80/987, si bien nada impide que
dicho Estado miembro prevea que tales cargas deban ser soportadas por el
cesionario aun en caso de insolvencia del cedente; sin perjuicio de las
disposiciones previstas en su artículo 3, apartado 4, letra b), dicha
Directiva no establece obligaciones en cuanto a las cargas del cedente
resultantes de contratos o relaciones laborales que ya se hubieran extinguido
antes de la fecha de la transmisión, pero no se opone a que la normativa de los
Estados miembros permita la transferencia de tales cargas al cesionario."
[4] En ella se condena al comprador de la unidad
productiva a atender el pago de las deudas que no sean asumidas por el FOGASA,
en aplicación del art. 44 LC. Además, el despido se produce por la transmisión
y por causa de esta, por lo que la cesionaria responde de dicho despido, con el
límite expuesto.
[5] "Existiendo esta jurisprudencia razonablemente uniforme (a lo que no obsta la existencia de una cierta evolución y la
introducción de algunos matices por una u otra sentencia), la introducción de tal inciso en esa reforma legal no puede considerarse como una aclaración o interpretación de la normativa preexistente, sino como la decisión del legislador de modificar el criterio determinante de la responsabilidad concursal e introducir un régimen de responsabilidad de naturaleza resarcitoria, en cuanto que podrá hacerse responsable al administrador, liquidador o apoderado general de la persona jurídica (y, en determinadas circunstancias, a los socios) de la cobertura total o parcial del déficit concursal « en la medida que la conducta que ha determinado la
calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia». Como se ha indicado anteriormente, este nuevo régimen es aplicable en las secciones de calificación que hayan sido abiertas estando en vigor la reforma legal, pero no de modo retroactivo en las secciones abiertas con anterioridad, en las que regirá el régimen general de Derecho transitorio conforme al cual
las normas no tienen eficacia retroactiva." [6] Citaremos a modo de ejemplo, algunas de las
más recientes: 10 de
Noviembre de 2015, 9 de
Noviembre de 2015, 3 de
Noviembre de 2015, y 30 de
septiembre de 2015. Esta última, en la que se imputa
la responsabilidad a una comunidad de bienes y se considera personas afectadas
a sus dos comuneros.
[7] En este caso, según la STS de 15 de octubre de 2013 durante la fase de cumplimiento del
convenio no existe deber legal de promover la disolución y en consecuencia no
es exigible la consiguiente responsabilidad por no hacerlo dentro del plazo
legal. Lo impide, no la vigencia de los efectos de la declaración de concurso,
que cesan conforme al art. 133.2 LC, sino la propia normativa societaria (arts.
260.1.4.º y 262.2 y 5 TRLSA aplicable al caso enjuiciado por la Sentencia), que
establece el concurso de acreedores como un límite al deber de los
administradores de promover la disolución, bajo la lógica de que la situación
de concurso de la compañía se rige por una normativa propia, que expresamente
prevé la disolución de la compañía, como consecuencia necesaria a la apertura
de la fase de liquidación (art. 145.3 LC), y que, en caso de aprobación de
convenio, impone al deudor el deber de instar la liquidación cuando, durante la
vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos
comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a su aprobación
(art. 142.2 LC). En su caso, el incumplimiento de este deber puede operar de
forma refleja al juzgar sobre la calificación del concurso, en concreto la
conducta tipificada en el art. 164.2.3.º LC. Pero no cabe exigir la
responsabilidad solidaria de las deudas de la sociedad a los administradores,
ex art. 262.5 TRLSA (actual 367 LSC), por un supuesto incumplimiento de un
inexistente deber de disolver la sociedad durante la fase de convenio. José María Marqués Vilallonga,
Posicionamiento en el ranking de contenidos 1943

References: resolución 
 artículo
261
 artículo
155
 Real Decreto 
in fine

Resolución 
 artículo 5
 artículo 3