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Timestamp: 2020-07-08 07:46:17+00:00

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RD sobre el estado de alarma por el Covid-19: ¿qué medidas implica?
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Real Decreto sobre el estado de alarma por Covid-19: ¿qué medidas implica?
El BOE publica el Real Decreto por el cual se fijan las medidas sobre el estado de alarma por el Covid-19
Este viernes se anunciaba que, tras el Consejo de Ministros de este sábado, el Gobierno de España decretaría el estado de alarma por la crisis del Covid-19. A última hora de la tarde el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciaba las medidas que incluiría el Real Decreto que lo regula. Literalmente, en el RD se recoge que la aplicación de este estado de alarma se aplica con el fin de “afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19″.
Esta declaración afecta a todo el territorio nacional y, a priori, se extiende durante 15 días naturales. El Gobierno central se establece como la máxima autoridad en todo el país. Además, los ministros de Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Sanidad, serán las autoridades competentes delegadas en sus áreas de responsabilidad. En el resto de áreas no contempladas en este documento, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es la autoridad competente.
“Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las órdenes directas del Ministro del Interior“. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que también se otorgan otras responsabilidades a estos profesionales.
En el Real Decreto se dispone que estos profesionales están autorizados a realizar las comprobaciones oportunas en personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos para certificar que no se incumplen las restricciones de este documento. Asimismo podrán dictar las órdenes y prohibiciones que consideren necesarias para suspender las actividades o servicios que se estén realizando y no esté permitido.
Si fuera necesario, las autoridades competentes delegadas pueden solicitar la colaboración de las Fuerzas Armadas para asegurar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Real Decreto.
Limitación de la circulación
Durante la vigencia de este Real Decreto, la circulación de personas y vehículos queda limitada a las necesidades básicas. Así, se permite salir para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y otros bienes de primera necesidad. También, para asistir y regresar del lugar de trabajo en aquellas actividades laborales que lo requieran, o para atender a personas mayores, menores o en situación de dependencia. Otro de los casos en que se permite la circulación es para desplazarse a entidades financieras o de seguros o cualquier otra situación de necesidad. En estos casos, la circulación habrá de hacerse con la debida justificación y de manera individual, a no ser que se acompañe a personas dependientes o con algún tipo de discapacidad.
La circulación de vehículos también está permitida para el repostaje en gasolineras, aunque en cualquier caso deben seguirse las recomendaciones de las autoridades sanitarias. También se precisa que es competencia del ministro del Interior ordenar el cierre de carreteras o tramos de las mismas. Esta medida se aplicaría “por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos”.
Además, se establece que durante el período de estado de alarma se pueden establecer requisas temporales a petición de las comunidades autónomas o entidades locales. Estas se pueden realizar para cumplir los objetivos de este Real Decreto, aunque sobre todo para la prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos y esenciales.
Como ya se había establecido en algunas comunidades autónomas, se cesa la actividad formativa de manera presencial en todo el territorio. En este punto se incluye la educación a todos los niveles (escuelas infantiles, colegios, institutos y universidades) ya sean entidades públicas o privadas. Para que las actividades en marcha puedan continuar su curso, se insta a desarrollarlas de manera online en todos los casos que sea posible.
El Real Decreto limita la actividad comercial únicamente a aquellas áreas destinadas a garantizar suministros o servicios esenciales. Por ello, se suspende la actividad de todos aquellos locales y comercios minoristas no destinados a este fin. Las excepciones a esta medida se dirigen a aquellos que venden alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías
y lavanderías.
Dentro de estos establecimientos, la actividad queda restringida a que los consumidores puedan hacerse con los productos que necesiten. Así, se suspende la posibilidad de consumir productos en estos establecimientos. También se dispone que han de evitarse las aglomeraciones y se insta a mantener la distancia de un metro entre personas para evitar posibles contagios.
Museos, archivos y bibliotecas quedan cerrados, y los establecimientos de hostelería sólo pueden permanecer abiertos para realizar entregas a domicilio. El Real Decreto también incluye la suspensión temporal de verbenas, desfiles y fiestas populares. También se limita la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas.
Según establece el Real Decreto sobre el estado de alarma, todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas quedan bajo el mando del ministro de Sanidad, Salvador Illa. A pesar de esta medida, las comunidades autónomas mantienen las competencias sobre la gestión de la sanidad en cada región para asegurar su correcto funcionamiento. El Ministerio de Sanidad, en principio, reserva su actuación si fuera necesario garantizar la cohesión.
Se asegurará también la plena disposición de las autoridades civiles responsables del ámbito de salud pública, y de los empleados que presten servicio en el mismo. También se podrán distribuir estos recursos humanos por todo el territorio para atender a las necesidades de esta crisis sanitaria.
En caso de que fuera necesario, las autoridades sanitarias actuarán para garantizar que el personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar contribuyan a reforzar el SNS en todo el territorio nacional. Por último, el Ministerio de Sanidad también podrá ejercer aquellas facultades necesarias respecto de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada.
Suministro y abastecimiento de alimentos
Se autoriza al ministro de Sanidad a dar todas aquellas órdenes que sirvan para garantizar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los centros de producción. También, a intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o
locales de cualquier naturaleza (también centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada) y aquellos que desarrollan su actividad en el sector farmacéutico. Por último, se permite la requisa temporal de bienes y la imposición de prestaciones personales obligatorias para proteger la salud pública.
También, en el caso de los alimentos y otros productos básicos, las autoridades competentes garantizarán el abastecimiento y distribución. En caso de que fuera necesario, se autoriza a realizar el acompañamiento de los vehículos que transportan estos bienes. Asimismo se pueden establecer corredores sanitarios para permitir el tránsito de personas y materias primas u otros productos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, lonjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos. Si fuera necesario, se permite la actuación de las Fuerzas Armadas para asegurar un buen funcionamiento del sector.
También se permite el tránsito aduanero tomando las medidas de seguridad necesarias. En este área, se priorizarán los productos de primera necesidad.
En materia de transporte, es el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quien tiene autoridad para dar órdenes específicas en esta área. Estas podrán ser ordenadas a nivel nacional o de determinadas zonas del territorio, también realizarse a solicitud motivada de las diferentes regiones. Para ello, exponen, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.
De manera más concreta se establece que las operadoras de transporte público que no estén sometidas a contrato público tendrán que limitar sus servicios a un máximo del 50 por ciento. Aun así, el ministerio de Transportes puede adoptar órdenes concretas al respecto. Por otra parte, los servicios de transporte por tierra, mar o aire sometidos a contrato público reducirán su actividad también, al menos a la mitad.
En el momento de la venta de los billetes, las operadoras han de mostrar un mensaje que indique que únicamente se debe viajar en casos estrictamente necesarios. Por último, estas organizaciones han de adaptarse a las recomendaciones sanitarias, limitando el aforo en los habitáculos de cada transporte y garantizando que se cumpla la distancia de seguridad.
Suministro de energía y servicios esenciales
Dentro del BOE también se recoge que las autoridades delegadas han de tomar cuantas acciones sean necesarias para garantizar el suministro energético. También, de productos derivados del petróleo y de gas natural.
Asimismo los operadores críticos de servicios esenciales deben adoptar aquellas medidas necesarias para asegurar que pueden desarrollar su actividad. Esta exigencia también debe ser adoptada por empresas y proveedores que, sin ser críticos, si tienen la consideración de ofrecer servicios esenciales.
Todos los medios de comunicación, tanto públicos como privados, tienen la obligación de insertar los mensajes que dicten las autoridades competentes. También quedan a disposición de aquellas comunicaciones que quieran insertar dentro de los mismos las autoridades autonómicas o locales.
Dentro del último artículo del Real Decreto se incluyen algunas concreciones y excepciones a las medidas dispuestas. En primer lugar, se indica que cualquier incumplimiento de las normas anteriores se sancionará en base a la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio relativa a los estados de alarma, sitio y excepción.
Una de las excepciones que se incluyen es la que hace referencia al personal diplomático, al cual no se restringe el derecho de circulación.
Se suspenden todos los servicios procesales agendados durante la duración del estado de alarma. Estos plazos volverán a iniciarse cuando deje de aplicarse este real decreto.
También se suspenden los plazos administrativos de las entidades del sector público. Igual que en el punto anterior, se reanudarán cuando acabe el estado de alarma o se prorrogarán en función de su naturaleza.
Se suspenden los plazos de prescripción y caducidad durante el estado de alarma,y, en su caso, de las prórrogas que se adoptasen.
Los miembros de las fuerzas armadas, durante la vigencia de este real decreto, adquieren funciones de agentes de autoridad.
Para concluir, el Real Decreto señala que se certifican todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las CC.AA así como de las entidades locales. Este Real Decreto entra en vigor desde que se acordaron las medidas, es decir, este 14 de marzo, y durante la vigencia del mismo se podrán añadir o modificar las disposiciones del mismo, que deberán ser ratificadas por el Congreso de los Diputados.
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