Source: http://martinezarrieta.com/2015/02/03/la-contradiccion-de-tesis-2932011-el-lugar-constitucional-de-los-derechos-humanos-en-tratados-internacionales-ratificados-por-mexico/
Timestamp: 2018-08-19 02:40:17+00:00

Document:
La contradicción de tesis 293/2011: El lugar constitucional de los derechos humanos en tratados internacionales ratificados por México | Martínez Arrieta, Abogados
La contradicción de tesis 293/2011: El lugar constitucional de los derechos humanos en tratados internacionales ratificados por México
Home Publicaciones La contradicción de tesis 293/2011: El lugar constitucional de los derechos humanos en tratados internacionales ratificados por México
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por mayoría de diez votos [1], la contradicción de tesis 293/2011, en la cual se atiende la problemática causada en torno a la interpretación del artículo primero de la Constitución a partir de la reforma de 10 de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos y sus implicaciones. En la sentencia emitida por nuestro tribunal constitucional, se resuelven distintas cuestiones de forma definitiva: la no distinción de la fuente, ya sea constitucional o convencional, por la cual derivan los derechos humanos; el reconocimiento de rango constitucional de los derechos humanos de fuente internacional; la armonización a través del principio pro persona de las normas nacionales e internacionales; la prevalencia de la Constitución cuando ésta prevea expresamente una restricción al ejercicio de Derechos Humanos; y la obligatoriedad de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana para los jueces mexicanos, siempre que la misma resulte más favorable para la persona.
Lo anterior en base a las siguientes consideraciones esbozadas en el proyecto del Ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea:
La jerarquía normativa de los tratados internacionales
Históricamente, la jurisprudencia de la Suprema Corte había determinado en virtud del artículo 133 [2] que la Constitución era el ordenamiento jurídico supremo en el orden jurídico mexicano, por encima de los tratados [3]. Dicho criterio de jerarquía resulta insatisfactorio a la luz de la reforma al artículo 1 [4] de la Constitución respecto a las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales, pues del precepto se desprende que la Constitución reconoce los derechos humanos provenientes de ambas fuentes. Si bien, ya existía un catálogo constitucional de derechos humanos, la reforma incorpora los reconocidos en tratados internacionales a dicho catálogo.
Es porque el artículo 1 pone énfasis exclusivamente a este aspecto, que resulta irrelevante la fuente u origen del derecho humano, ya se convencional o constitucional, y por lo tanto, no se relacionan entre sí en términos jerárquicos. Lo anterior se respalda, pues el precepto prevé criterios interpretativos como el principio pro-persona [5] para la solución de antinomias frente a la posible duplicidad en la regulación de un derecho humano [6].
Es importante destacar que en aras de esta interpretación, la SCJN determinó que las nuevas figuras incorporadas en la Constitución deben estudiarse con un enfoque de derechos humanos, buscándose el efecto útil de la reforma, con afán de optimizar las reformas constitucionales sin perder de vista que su objetivo principal es la tutela efectiva de los derechos humanos de las personas.
Como excepción a lo dispuesto anteriormente, la Corte determinó que cuando en la Constitución impere una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional frente a la convencional, pues es el primero el ordenamiento normativo supremo, toda vez que de éste se deriva el mismo rango y validez de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales.
Al respecto, el Ministro de la SCJN, José Ramón Cossío (quien votó en contra del proyecto), criticó esta postura, pues consideró que existe una contradicción lógica al afirmar, por un lado, que la fuente de los derechos humanos no se relaciona en términos jerárquicos, y de manera simultánea, sostener que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica el texto constitucional. Aunado a lo anterior, considera que existe una regresión respecto de lo votado en ocasiones anteriores en que no se habían restringido los derechos humanos de esta forma, cuando la propia Constitución habla de la no regresividad en la materia [7].
La jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Respecto a la problemática de los efectos que tiene la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, anteriormente se había determinado que las sentencias emitidas por ésta eran vinculantes en sus términos cuando el Estado mexicano fuera parte en el litigio [8].
Para lo conducente, es pertinente distinguir entre los conceptos de obligatoriedad de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación de la vinculatoriedad de los precedentes de la CIDH.
Por un lado, la jurisprudencia nacional adquiere tal carácter cuando cumple con los requisitos de integración previstos en dichos ordenamientos: reiteración, contradicción o sustitución. Por otro lado, la jurisprudencia interamericana se integra en un sistema de precedentes según el cual todos los criterios interpretativos contenidos en una resolución dictada por la Corte gozan de fuerza vinculante, sin necesidad de seguirse un procedimiento formal.
Como resultado de nuevas reflexiones, en la resolución de este asunto, la Suprema Corte de Justicia consideró que los criterios interpretativos contenidos en las sentencias de la CIDH deben extenderse a las dictadas en casos en que el Estado mexicano no haya sido parte, volviendo vinculantes todos los criterios allí esbozados. Lo anterior, pues considera que la jurisprudencia de la CIDH constituye una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
A su vez, la Suprema Corte emite un pronunciamiento significativo respecto de su relación con la CIDH: asevera que las relaciones entre ellas deben entenderse en términos de cooperación y colaboración, debiendo mantener un diálogo jurisprudencial constante. En virtud de esto, la jurisprudencia interamericana no sustituye la jurisprudencia nacional, sino que debe interpretarse de forma que se armonice con la jurisprudencia nacional; en caso que los criterios resulten en una antinomia, deberán ser resueltos en luz del principio pro persona [9].
[1] El ministro José Ramón Cossío votó en contra.
[2] Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.
[3] Amparo en revisión 2069/91. Amparo en revisión 1475/98. Amparo en revisión 120/2002.
[4] Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
[5] La interpretación del contenido de un determinado derecho humano en el que se elij el estándar que resulte más favorable para los individuos de entre los contenido en fuente constitucional o aquellos que se deriven de fuente internacional. (Acción de inconstitucionalidad 155/2007).
[6] Criterio jurisprudencial resultante de la sentencia: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTENACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL.”
[7] Disponible en línea: Suprema Corte de Justicia de la Nación. <http://www.sitios.scjn.gob.mx/jrcossio/sites/default/files/articulos/prt040913.pdf&gt; Fecha de consulta: Septiembre 12, 2013.
[8] Expediente varios 912/2010.
[9] Criterio jurisprudencial resultante de la sentencia: “LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.”
El despido injustificado y sus consecuencias para el patrónTeoría y práctica del control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad

References: artículo 133
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 Artículo 133
 Artículo 1