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Timestamp: 2020-08-11 14:01:24+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 788, de 03/11/1999
Año 1999 VI Legislatura Núm. 788
celebrada el miércoles, 3 de noviembre de 1999
- Del señor Abejón Ortega (Grupo Socialista del Congreso), sobre previsiones acerca de las acciones Comenius del programa Sócrates, referidas a la formación del profesorado y a la elaboración de proyectos educativos europeos. (Número de expediente 181/002601.) ... (Página 23372)
- Del mismo señor diputado, sobre valoración de las acciones Lingua del programa Sócrates, dirigidas a futuros profesores de idiomas de la Unión Europea (UE). (Número de expediente 181/002602.) ... (Página 23372)
- Del mismo señor diputado, sobre valoración de las acciones Erasmus del programa Sócrates, que prevén la existencia de cooperación educativa en el terreno universitario en la Unión Europea (UE).
(Número de expediente 181/002603.) ... (Página 23373)
- Del señor Álvarez Álvarez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre medidas adoptadas para mejorar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. (Número de expediente 181/002651.) ... (Página 23375)
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- Del señor Guerra Zunzunegui (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre la valoración del incremento de escolarización en la educación infantil entre el año 1996 y el presente curso 1999/2000.
(Número de expediente 181/002675.) ... (Página 23377)
- Del mismo señor diputado, sobre valoración del incremento en el gasto por alumno experimentado en los últimos ejercicios. (Número de expediente 181/002676.) ... (Página 23379)
- Relativa a la creación de la oficina de gestión del Plan nacional de evaluación de la calidad de las Universidades. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001083.) ... (Página 23381)
- Sobre adaptación del título II de la Ley Orgánica 8/1995, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, a la nueva realidad del sistema educativo español, especialmente en lo referido a la composición del Consejo Escolar del Estado y su relación con la Conferencia sectorial de la educación. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/001245.) ... (Página 23384)
- Sobre declaración de bien de interés cultural del edificio de la antigua prisión provincial de Murcia y paralización del proyecto de demolición promovido por el Ministerio de Economía y Hacienda.
(Número de expediente 161/001180.) ... (Página 23386)
- Sobre ubicación de un monumento conmemorativo del final de la Guerra Civil en el puerto de Alicante. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001513.) ... (Página 23389)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión. Bienvenidos señoras y señores diputados. Antes de comenzar con la tramitación de los puntos que hay en el orden del día, cree esta Presidencia -y está segura de que interpreta el sentir de la Mesa y de toda la Comisión- que debe constar en el «Diario de Sesiones» el pésame y la condolencia de esta Comisión de Educación y Cultura por la muerte de Rafael Alberti y que deben hacerse llegar a su viuda doña Asunción Mateo, a su hija Aitana, al Ayuntamiento del Puerto de Santa María y a sus compañeros del Partido Comunista. Cree además que, aun hechas estas manifestaciones, todos y cada uno de los que formamos esta Comisión sentimos como propia la figura de Rafael Alberti y por ello nos parece que sería adecuado, si no tienen inconveniente, que constara en el «Diario de Sesiones».
A continuación y con respecto al orden del día, doña Carmen Laura Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiere hacer una aclaración. Tiene la palabra.
La señora GIL I MIRÓ: Solicitar a la Mesa, a los portavoces y a los compañeros que nos permitan aplazar el debate de nuestra proposición no de Ley, que figura con el número 10 en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún inconveniente? (Denegaciones.) El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, en la misma línea, rogaría que se aplazara la proposición no de Ley que presenta nuestro grupo, que lleva el número 7, para promover el uso adecuado de los nuevos servicios de información y comunicación en el ámbito de la sociedad de la información.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, a petición de ambos grupos, queda aplazada la tramitación de las proposiciones no de Ley que figuran con los números 7 y 10, que no equivale bajo ningún concepto a la retirada de dichas iniciativas, quedando pendientes de tramitación.
-DEL SEÑOR ABEJÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN ELCONGRESO, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LAS ACCIONES COMENIUS DEL PROGRAMA SÓCRATES, REFERIDAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y A LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS EUROPEOS. (Número de expediente 181/002601.)
-DEL SEÑOR ABEJÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN DE LAS ACCIONES LINGUA DEL PROGRAMA SÓCRATES, DIRIGIDAS A FUTUROS PROFESORES DE IDIOMAS DE LA UNIÓN EUROPEA (UE). (Número de expediente 181/002602.)
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-DEL SEÑOR ABEJÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN DE LAS ACCIONES ERASMUS DEL PROGRAMA SÓCRATES, QUE PREVÉN LA EXISTENCIA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA EN EL TERRENO UNIVERSITARIO EN LA UNIÓN EUROPEA (UE). (Número de expediente 181/002603.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el orden del día. Preguntas. Las tres primeras preguntas, promovidas por don Adolfo Abejón Ortega, sobre los programas Sócrates en sus diferentes vertientes, van a ser tramitadas conjuntamente, lo cual no significa que S.S. vaya a multiplicar por tres el tiempo. Tiene la palabra don Adolfo Abejón Ortega para formular sus preguntas, que serán contestadas por el secretario general de Educación y Formación Profesional, señor Mur Montero, a quien damos nuevamente la bienvenida en esta casa.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señor secretario general de Educación, por su comparecencia para responder a las preguntas que desde el Grupo Parlamentario Popular le vamos a formular.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron el 14 de marzo de 1995 la Decisión 819/95, por la que se creaba el programa comunitario Sócrates para contribuir a mejorar la calidad de los sistemas educativos de los países miembros en los ámbitos de la enseñanza superior, Erasmus, y de la enseñanza primaria y secundaria, Comenius y Lingua. Cuando pretendemos una auténtica Unión Europea -y ya se han dado pasos tan importantes como la libre circulación de personas y mercancías o la creación de un espacio común económico en la zona euro-, nada mejor que potenciar la educación para desarrollar la dimensión del ciudadano europeo en los estudios de todos los niveles apoyándose en la herencia cultural de los países miembros. En primer lugar, respecto a las acciones Comenius que está llevando a cabo el Gobierno español para fomentar la cooperación entre los centros escolares mediante la creación de asociaciones de colegios e institutos de al menos tres centros procedentes de tres Estados miembros diferentes para enriquecer sus proyectos educativos y caminar hacia un modelo común de proyecto educativo europeo, son valorados positivamente por mi grupo parlamentario. Asimismo, dentro de este capítulo, suscitan a mi grupo un gran interés los intercambios escolares de alumnos y profesores. Vemos con satisfacción que cada vez más jóvenes españoles y más profesores participen en intercambios organizados con arreglo a un proyecto conjunto entre su centro escolar y un centro de otro país para mejorar sus conocimientos de una lengua extranjera. En segundo lugar, señor secretario general, dada la importancia que para el sistema educativo español tiene la impartición y el conocimiento de al menos una segunda lengua extranjera, la formación de los futuros profesores que vayan a impartir estas materias es esencial y básica. Por ello, las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio de Educación y Cultura dentro del programa Lingua, encaminadas a fortalecer su conocimiento a través de estancias en centros escolares de otros países cuya lengua es la que en un futuro van a enseñar, están mejorando sin duda la capacidad de los nuevos profesores y la calidad de impartición de las clases de idiomas extranjeros. Quiero resaltar, en tercer lugar, la importancia que para el Grupo Parlamentario Popular tienen las acciones que está realizando el Ministerio para promocionar la dimensión europea en las universidades, así como el fomento de la movilidad de los estudiantes univesitarios en el marco comunitario a través de las becas Erasmus.
Ello está propiciando una auténtica igualdad de oportunidades a los alumnos con menos recursos económicos, permitiéndoles practicar idiomas y adquirir conocimientos socioculturales de los Estados miembros de acogida. Para el Grupo Parlamentario Popular es fundamental fomentar el reconocimiento académico de los títulos, períodos de estudio y otras cualificaciones, con el objeto de desarrollar un espacio europeo abierto de cooperación en materia de enseñanza.
Para terminar quiero señalar que, a las puertas de un nuevo programa Sócrates, para el Grupo Parlamentario Popular es importante seguir incrementando estos intercambios de información y de experiencias, a la vez que abrir nuevos horizontes en los campos de las nuevas tecnologías y de la investigación científica e innovación tecnológica, para que la diversidad y las particularidades de los sistemas educativos de los Estados miembros de la Unión Europea se conviertan en una fuente de enriquecimiento y de estímulo recíproco.
Al terminar el primer programa Sócrates es interés del Partido Popular conocer desde el Gobierno la valoración de todos sus programas y por ello he formulado las tres preguntas al respecto.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas tiene la palabra el señor Mur.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur Montero): Buenos días, señorías. Me complace haber sido invitado a participar en esta sesión para responder a estas preguntas y a cuantas otras en un futuro SS.SS. crean conveniente mi comparecencia, que yo con mucho gusto, como he manifestado en anteriores ocasiones, aportaré datos e información en la medida en que me sea posible y sea capaz de hacerlo para todo aquello que redunde en beneficio de la educación y de la transparencia de la información en la gestión del sistema educativo en lo que incumbe al Ministerio de Educación.
Respecto a las preguntas que se han formulado, todas ellas englobadas en lo que es la acción comunitaria en materia educativa a través de los distintos programas que en un momento determinado se compendian en el programa Sócrates, puedo decir -y creo que en esto todas SS.SS.
coincidirán, sin que ello se entienda como triunfalismo- que España ha participado activamente y quizá como país puntero en todos los programas educativos promovidos por la Unión Europea desde hace muchos años, muy especialmente a partir de la sistematización de esos programas europeos en el ámbito educativo que se realiza, como S.S.
acaba de señalar, por una decisión del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo del año 1995 que, como SS.SS. saben, articula el llamado programa Sócrates que compendia en los programas educativos que se venían desarrollando
hasta aquel momento y añade algunos nuevos. El programa Sócrates -para que SS.SS. tengan una idea aproximada de lo que significa- inicialmente en el año 1995 estaba dotado con una cantidad de 850 millones de euros en aquel entonces, terminando su ejecución el 31 de diciembre de este año 1999 con una previsión de gasto sobre los 850 millones iniciales de unos 990 millones de euros. Apartir de enero del año 2000 se va a aprobar el programa Sócrates II, que tiene una vigencia hasta el año 2006 y un incremento presupuestario de 1.800 millones de euros, es decir, más del doble de la cantidad asignada al período del programa Sócrates I. Entendemos que es una apuesta fuerte de la Unión Europea por promover este tipo de programas que han dado unos resultados positivos, especialmente en algunos países como España -hay que decirlo-, que con una cuota teórica de participación del 10 por ciento, dentro de los países de la Unión Europea, se ha beneficiado normalmente en estos programas por encima del 12 por ciento de cantidad de retorno, alcanzando en algunos de ellos cifras cercanas al 20 por ciento, porque en algunas acciones de estos programas la cuota de participación de España se ha visto incrementada justamente por la no utilización de cuotas por parte de otros países y España se ha beneficiado de ello. Esto tiene una doble interpretación o lectura: el incremento de la participación de España en recepción de ayudas para estos programas y el hecho de que España sea capaz de atender toda la asignación presupuestaria que tiene e incluso incrementarla; señal de que hay una demanda y que nuestros profesores tienen una sensibilización y una predisposición especial a participar en programas educativos europeos, y es fundamental. No tenemos que olvidar que en todas estas acciones de carácter descentralizado las comunidades autónomas han jugado un papel importante en promover y promocionar la participación de estudiantes y profesores en estos programas. Por tanto, en términos globales podemos decir que el programa Sócrates y todas las acciones en el ámbito educativo propiciadas por la Unión Europea tienen una excelente acogida en España.
Respecto a cada uno de los capítulos en que se divide la ejecución del programa Sócrates desde el año 1995 hasta hoy, su señoría acaba de señalar los tres grandes capítulos, que son, el de enseñanza universitaria, el Erasmus, el de enseñanza no universitaria -que se llama escolar-, el Comenius, y el capítulo tres, que son acciones transversales que incluyen distintas actuaciones, de las cuales las más significativas son Lingua, educación a distancia, y las referidas al intercambio de información, que yo quiero simplemente mencionar aquí, que son Eurídice y Arión, que tienen una importancia decisiva en España.
Respecto al capítulo segundo, Comenius -quiero ser muy breve y no voy a entrar en detalles-, hay tres proyectos, uno de ellos es acción centralizada y los significativos a efectos de informar aquí son las acciones una y tres, que son descentralizadas. La acción una se refiere a proyectos educativos conjuntos en el marco de asociaciones escolares en las que participan profesores y alumnos. Son centros coordinadores los que desarrollan la acción y participan en ella unos centros asociados. Pues bien, desde que se inició el programa, en el año 1995, en España participaron en la primera convocatoria 41 centros promotores y 80 asociados; en el año 1999 -y esto nos marca la evolución ascendente de participación en ellos- han pasado a ser 302 centros coordinadores y 700 centros asociados, lo cual significa que durante este período del Sócrates I en la acción una de Comenius han participado más de 1.000 centros. No hace falta insistir en la importancia y en la repercusión que tiene en un programa con una vigencia de algo más de cuatro años -que son las cuatro convocatorias- que 1.000 centros españoles hayan participado en esta acción. Respecto a la acción tercera del Comenius, que es la formación, actualización de profesores en estos proyectos en los que hay un centro escolar y, como ha indicado antes S.S., otros tres centros asociados con tres países que participan en ellos, he de decirles que en el año 1995 fueron 53 los centros coordinadores de proyectos los que participaron y actualmente son 236. En total, durante el período de aplicación de esta acción tres del capítulo Comenius, han participado 289 centros y dentro de esta misma acción están las ayudas para profesores a título individual. Se han otorgado 566 ayudas y hay una demanda que excede, aproximadamente en proporción de 3 a 1, el número de ayudas convocadas. Quiere decir que España tiene capacidad de respuesta para recibir, en la medida en que se pueda, mucha más ayuda de la Unión Europea y respondería inmediatamente, porque el profesorado, como he indicado antes, responde y ha pedido participar en estos programas europeos. Esto es, en síntesis -después, si quieren, puedo extenderme más-, lo que quería decir respecto al capítulo Comenius del programa Sócrates.
Respecto al capítulo de acciones transversales, la más importante de ellas es el programa Lingua, que se incluyó inicialmente, y les puedo anticipar que en el Sócrates II, que va a entrar en vigor en enero del 2000, esta acción Lingua va a incluirse en Comenius. La razón para hacerlo es que el programa Lingua tuvo en origen anterior al programa Sócrates y racionalmente la mayoría de las actividades englobadas en Lingua van a sistema escolar no universitario, por lo que deben estar englobadas en Comenius para racionalidad del programa y utilización adecuada de recursos, puesto que a veces hay acciones que se solapan o que coinciden en cierta medida, y de ahí que se vaya a incluir en Comenius a partir de enero del 2000. Les puedo decir que referente a las acciones que se dirigen a profesores, a las que S.S.
se refería fundamentalmente -están también las de los alumnos-, en el plan Lingua están incluidas las llamadas acción B y C. La acción B va dirigida a profesores en ejercicio que imparten una lengua extranjera, a quienes se facilita la estancia en el país de la lengua que están impartiendo para hacer un curso que, más que perfeccionar el idioma, les permita el conocimiento y la integración en la cultura del país cuya lengua están enseñando en España y entrar en contacto con profesionales de esos países para conocer el sistema educativo y establecer lazos de unión, que es lo importante, puesto que se entiende que este profesorado tiene capacitación suficiente para impartir la lengua extranjera en un centro escolar español. Son cursos que requieren estancia de cuatro semanas, que son suficientes para estos profesores, y en el período de aplicación de Lingua desde 1995 acá se han otorgado 2.527 ayudas a profesores en ejercicio en el sistema educativo español para asistir a otros países. La acción C va dirigida a futuros
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profesores de lengua extranjera, es decir, a aquellos licenciados universitarios o titulados que pretenden ejercer de profesores y a quienes se facilita que completen su formación en el conocimiento de una lengua en un país donde se hable la lengua que vayan a impartir, que son profesores en prácticas en ese país de destino durante un período de tres a ocho meses. A este respecto tengo que decirles que se produce la asistencia de profesores o futuros profesores españoles en prácticas en otros países y el retorno, es decir, profesores de otros países hacia España. Es significativo que la demanda de titulados de otros países para hacer prácticas en centros españoles rebasa con creces la posibilidad de ayudas para hacer prácticas en centros españoles. Es decir, España es el segundo país de la Unión Europea, después del Reino Unido, en demanda de prácticas de profesores de otros países, de tal modo que ha habido 358 alumnos aspirantes a profesores que han ejercido como profesores en prácticas en centros españoles, mientras que ha habido 253 profesores aspirantes españoles en centros a otros países. En el contexto total de una política educativa orientada a potenciar el conocimiento de los idiomas -y todos conocemos el retraso tradicional que ha habido en nuestro país en el conocimiento de idiomas-, esta acción es importantísima, relevante, pero no única. Las administraciones educativas y el Ministerio están realizando otras acciones y desde hace mucho tiempo hay programas de cooperación bilateral para los llamados auxiliares de conversación con Francia, Reino Unido y Alemania, que han permitido durante muchos años -y se continúa con ellos- que vengan auxiliares de conversación a centros españoles para que impartan la enseñanza profesores nativos y ayuden a los profesores españoles. Esto ha ido permitiendo al sistema educativo español durante muchos años conseguir, primero, una capacitación cada vez mayor del profesorado español en el dominio de una lengua extranjera y en las técnicas de su enseñanza y, segundo, disponer de un profesor nativo durante un período amplio de tiempo en un centro español para transmitir no solamente la enseñanza de la lengua, sino también de la cultura y del contexto de ese país; y viceversa, los licenciados españoles, en estos programas de intercambio, asisten a centros del Reino Unido, Francia y Alemania. Creemos que esta es una línea en la que se ha recorrido un trecho bastante importante pero que hay que intensificar. Y no sólo esto -y no quisiera salirme del tema-, sino que también está el hecho de la incorporación de la enseñanza precoz de un idioma a partir de la educación infantil -yo diría que al menos de la primaria, como se ha venido repitiendo, a partir de los seis años-, porque si queremos que nuestra juventud esté en el entorno abierto del espacio europeo y en la cultura del conocimiento futuro ha de dominar al menos uno y a ser posible dos idiomas extranjeros cuando terminen los estudios básicos obligatorios.
Pues bien, esto se refiere a la acción de Comenius del programa Erasmus y, como creo que voy muy ajustado de tiempo, sólo quiero apuntar que el Eramus, en el momento en que se empezó a aplicar, tuvo en España una demanda importantísima que ha ido creciendo de tal forma que actualmente estamos en 11.500 becarios, alumnos universitarios españoles que pasan un curso o parte de un curso en una universidad extranjera, con la importancia y la repercusión que esto tiene. Creemos que se ha de potenciar este programa y que ha de hacerse en una línea fundamental. No debemos disminuir el número de dotaciones, sino incrementarlas, pero debemos atender justamente la cuantía de estas ayudas. Es decir, hay un presupuesto dotado por la Unión Europea que en el caso de España asciende a 11 millones doscientos y pico mil euros en el último ejercicio, y la cuantía de la beca con fondos provenientes de la Unión Europea con esta partida es insuficiente para atender los gastos de desplazamiento, por lo que España -al decir España quiero decir las universidades, las comunidades autónomas y el presupuesto del Ministerio de Educación- tiene que aportar una cantidad significativa para poder atender los gastos que ocasiona el desplazamiento de un alumno, que no se pueden atender con la beca que proviene de fondos europeos. De ahí que en los presupuestos del Ministerio de Educación se haya incrementado la dotación para el 2000 en un 250 por ciento, pasando a ser de 750 millones, porque con una política de movilidad -con mayúsculas- en todos los sentidos hace falta que se propicien estas acciones y que nadie quede privado del beneficio de utilizar la ayuda de Erasmus o de movilidad en España o, con carácter general, de la ósmosis de nuestro sistema universitario, entendido dentro del europeo, por carencia de recursos, y las ayudas tienen que ser suficientes para sufragar la totalidad de los gastos, lo que en algunos casos, si nos atuviéramos estrictamente a la financiación europea, no podría hacerse. De ahí que se haya incrementado el presupuesto como he indicado anteriormente.
Esto es en síntesis lo que yo quería responder, en plan telegrama, a las preguntas que S.S. ha formulado.
El señor PRESIDENTE: Señor Abejón, ¿quiere añadir algo?
El señor ABEJÓN ORTEGA: Solamente quiero agradecer la extensa información que nos ha suministrado el secretario general y felicitarle por los resultados obtenidos.
El señor PRESIDENTE: Señor Mur, ¿quiere responder a la felicitación entusiástica del señor Abejón?
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur Montero): Mi respuesta es de reconocimiento y agradecimiento por esas palabras. En esto, como en la mayoría de las cosas, creo que por parte de todos existe el firme convencimiento de potenciarlo al máximo. Ese es el camino de futuro, que no debemos olvidar porque es el único positivo que interesa a nuestro sistema educativo.
-DEL SEÑOR ÁLVAREZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN ELCONGRESO, SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. (Número de expediente 181/002651.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 4, de don Amador Álvarez Álvarez. Su turno.
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El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señor presidente reitero las palabras de bienvenida que mi compañero ha dirigido al señor secretario general.
Señor secretario general, la educación, que es un derecho de todos los ciudadanos recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución, debe cumplir una función integradora y al mismo tiempo correctora de desigualdades. Los poderes públicos, para dar cumplimiento al mandato constitucional, están obligados a poner al servicio de los ciudadanos los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen recibir la educación en las mejores condiciones de idoneidad y eficacia. El marco legal que determina la prestación del servicio educativo a la comunidad en sus primeros niveles está recogido fundamentalmente en la Logse, cuya aplicación progresiva se está llevando a cabo en estos momentos. Cuando se regula la prestación de cualquier servicio, incluido el educativo, se hace con carácter general para todos los ciudadanos, pero en una sociedad plural las circunstancias personales de los alumnos receptores del servicio educativo son muy diversas y hacen necesario aplicar medidas especiales y extraordinarias para lograr el objetivo de proporcionar a todos una educación de calidad, incluidos aquellos que por diversas causas, familiares, sociales o de salud, no pueden seguir el ritmo normal del proceso educativo y requieren un tratamiento educativo especial y más personalizado. Me consta la sensibilidad y la preocupación del equipo ministerial por este alumnado con necesidades específicas. Por eso me gustaría conocer las medidas que desde el Ministerio de Educación y Cultura se están adoptando para mejorar el proceso educativo de los alumnos que requieren atención especial en el ámbito escolar.
El señor PRESIDENTE: Señor Mur, tiene la palabra para responder a la pregunta del señor Álvarez.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur Montero): Efectivamente, dentro de la política educativa uno de los aspectos fundamentales es la compensación de desigualdades, entre las que están las asociadas a discapacidades, que merecen una especial atención y que requieren esfuerzos y comprensión; no solamente medios materiales, no solamente recursos, sino una sensibilidad especial para atender a ese sector de alumnos que presentan estas discapacidades. La respuesta del sistema educativo ha sido variada y de forma predominante hacia la integración de estos alumnos en aulas ordinarias. Entendemos que ha de producirse una modificación en el sentido de revisión de algunos de los planteamientos que requieren la atención de los alumnos en función de las características de las necesidades educativas especiales que concurran en cada uno de ellos, porque de lo contrario estaríamos dando un tratamiento igual ante diagnósticos distintos, con independencia de que se tengan que poner medios adicionales que sean más costosos, que requieran un esfuerzo especial pero que en definitiva merece la pena para esos colectivos de alumnos. En esa línea no es que vaya sólo España y el Ministerio de Educación, sino que es en la que están la mayoría de los países de nuestro entorno europeo que apostaron inicialmente por una integración total y absoluta y que están procediendo a la revisión de algunas de las consideraciones y planteamientos que sobre ello se habían hecho.
Respecto a las medidas concretas querría señalar algo, aprovechando esta oportunidad, y es que en la planificación, en la ordenación de la educación especial de alumnos con necesidades asociadas a discapacidades hay una regulación última, el Real Decreto 696, del año 1995, que prevé esa transformación de los centros específicos de educación especial en centros de recursos que sirvan de punto de referencia y de apoyo para todos aquellos centros que escolarizan, en régimen ordinario, alumnos con necesidades educativas especiales y que tengan el apoyo a través de ese centro de recursos de referencia.
Se está procediendo a una implantación progresiva de transformación de esos centros, pero manteniendo los centros de educación especial allá donde sean necesarios; y no sólo manteniéndolos sino incluso proyectando y construyendo nuevos centros porque entendemos que esa atención debe singularizarse para cada grupo o estrato de alumnos según sus características. De lo contrario estaríamos simplificando un problema e incurriendo en errores como los de otra época que se ha visto que eran caminos equívocos. Dentro del desarrollo de ese decreto, como una medida inmediata que se empieza a aplicar este curso está la sustitución de la llamada formación profesional especial, aprendizaje de tarea, por un programa de formación para la transición a la vida adulta. Entendemos que no se trata solamente de intentar que el alumno con necesidades educativas especiales adquiera a lo largo de la etapa de la llamada educación básica obligatoria, la educación secundaria, la escolarización ordinaria, la formación para incorporarse a la vida activa a través de una formación profesional específica para él, sino que lo fundamental es que haya una formación para incorporarse a la vida adulta, es decir, para que el alumno que esté en esas condiciones adquiera la preparación no sólo específica de conocimientos sino formativa de aptitudes y capacidades para integrarse en la vida adulta. La orientación es distinta. Esa formación es la que se le va a dar al alumno cuando termine su preparación o su trayectoria dentro de un centro ordinario o de un centro específico de educación especial durante la etapa obligatoria.
En la orden ministerial a la que me refiero, que es de marzo de este año 1999, se prevé la preparación de esos programas de formación para la transición a la vida adulta, que va destinada a los alumnos que ya han cumplido 16 años, es decir, que teóricamente han terminado el período de escolarización obligatoria y a los que se tiene que dotar de una formación para la autonomía personal a fin de facilitarles la integración social. Evidentemente hay un componente de formación profesional; no en todos los casos. No se puede plantear en terminos iguales -vuelvo a decir lo que antes comentaba- que todos los alumnos de estas características tengan que tener una formación profesional para incorporarse a un puesto de trabajo. Esa formación profesional se dará en función de las características de cada alumno.
Inevitablemente -SS.SS. estarán pensando- es un sistema que requiere esfuerzos económicos y materiales y atenciones especiales, pero creo que por ese camino es por el que se debe ir y es por el que el Ministerio de Educación está apostando, y es la línea que está siguiendo la mayoría de los países de nuestro entorno que apostaron inicialmente
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por una integración total de los alumnos. Dentro de esa política, el Ministerio de Educación viene haciendo en los últimos años un programa de educación especial, que arrastra desde hace muchos años pero en el que hay una potencialidad expresa durante los últimos años tanto en recursos materiales como en recursos personales. En recursos materiales, en el último año, se está haciendo la adaptación de espacios de centros ordinarios, que es fundamental, porque se habla de la escolarización, de la integración, pero muchas veces se integran alumnos de necesidades educativas especiales en centros que no reúnen características materiales. Lo primero que hay que hacer es que el espacio educativo en el que se integra el alumno reúna las condiciones, no que venga la necesidad a posteriori y cree el problema de integración, con la repercusión psicológica que tiene para la familia y para el alumno. Pues bien, durante el último año se han destinado cerca de 500 millones a adaptaciones de centros ordinarios para alumnos con necesidades educativas especiales allí donde ha habido demanda y donde naturalmente ha habido una planificación, porque de lo contrario sería prácticamente imposible decir que la totalidad de los centros reúne la totalidad de los requisitos para escolarizar a la totalidad de alumnos con distintas deficiencias de integración. Por tanto, se ha hecho una planificación selectiva con una utilización de recursos. En cuanto a personal, se ha incrementado tanto el personal laboral, que es fundamental en estos centros, como los profesores especializados en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, que son los dos sectores fundamentales en los que se atiende a este tipo de alumnos.
Actualmente hay destinado un número específico de profesores que atienden a alumnos de educación especial, 5.409. Ha habido un incremento notable de un 12 por ciento en los últimos tres años.
Tengamos en cuenta que la disminución del número total de alumnos que se produce en nuestro sistema educativo afecta también a los alumnos con necesidades educativas especiales. Con esto quiero decir que ha habido un incremento de plantilla de profesorado y una disminución de alumnos, con lo cual la atención es de más calidad, si es que relacionamos la calidad con la ratio, pero esa es otra cuestión.
Sobre esta acción de proporcionar medios materiales, de acomodación de centros y de plantilla de profesores, hay acciones específicas a las que sí me quiero referir como, por ejemplo, el haber potenciado durante los últimos tres años una acción específica a través de la Confederación Nacional de Sordos de España, con la que se tiene firmado un convenio. Se ha preparado profesorado específico de lenguaje de signos, de publicaciones y de materiales para la educación de alumnos con dificultades auditivas a través de la Confederación Nacional de Sordos de España. Les puedo decir que de 7 profesores especialistas en interpretación de signos que había durante el curso 1995-1996, muy pocos, se ha pasado a 24 profesores especialistas en el presente curso. Me dirán que es una cantidad poco relevante, 24 profesores en lenguaje de signos, pero yo les digo que sí es importante no ya el incremento de 7 a 24, sino el que haya 24 profesores especialistas en algo que tiene un componente innovador y de dificultad muy elevada. En este caso, tenemos que agradecerle a la Confederación Nacional de Sordos de España el apoyo, el interés y la dedicación de los equipos en el trabajo en esta línea.
Quisiera hacer referencia a que dentro de la política del Ministerio, como de todas las administraciones educativas, están los programas que se vienen realizando durante tiempo de becas específicas para alumnos de educación especial y de programas de garantía social. Esos programas de garantía social tienen un componente muy elevado de atención a alumnos con necesidades educativas especiales. Por darles un dato cuantitativo, les diré que la convocatoria destinada a programas de garantía social este año ha ascendido, en el territorio de gestión del Ministerio, porque la convocatoria se hizo en el mes de junio, a 5.750 millones de pesetas destinados al desarrollo de estos programas por instituciones sin ánimo de lucro que atienden toda la demanda que haya de alumnos con necesidades educativas especiales. Todo ello muestra que dentro de la política educativa del Ministerio hay un sector importante de atención a alumnos con discapacidades educativas que requieren esa atención dentro de una política de educación compensatoria.
El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez Álvarez, ¿tiene algo que añadir?
El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Sólo quiero agradecer al señor secretario general los datos que nos ha proporcionado y alentarle a que se siga trabajando en esta línea, puesto que es un colectivo muy importante de alumnos que necesitan de la sensibilidad de todos para poder atenderles.
-DEL SEÑOR GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL INCREMENTO DE ESCOLARIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL ENTRE ELAÑO 1996 Y EL PRESENTE CURSO 1999/2000.
(Número de expediente 181/002675.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 5. El señor Guerra Zunzunegui tiene la palabra para su formulación.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Hemos hecho esta pregunta porque queríamos algunos datos sobre este tema que consideramos fundamentales, por eso al profesor Mur, secretario general del Ministerio, le querríamos indicar lo siguiente. La educación infantil, aunque no es obligatoria en nuestro sistema, puesto que empieza a los 6 y termina a los 16 años, sin embargo, es fundamental.
En todas las reuniones con profesores y en centros de educación observamos la diferencia que existe entre aquellos chicos y chicas que han recibido educación infantil y aquellos que no la han recibido. La preparación, la apertura de mentalidad, la adaptación de los niños para la primaria es completamente diferente si han seguido la educación infantil. Especialmente esto se puede observar en las zonas periféricas de las grandes ciudades y en las zonas rurales. En las zonas rurales, en localidades pequeñas, aunque existen las escuelas de educación infantil para pocos niños, sin embargo, se observa -como ya he dicho antes- la diferencia entre los niños que han seguido la educación infantil de aquellos que no lo han hecho.
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Por ello, y aunque conocemos en líneas generales, por intervenciones que ha tenido aquí el ministro, el secretario de Estado y el propio secretario general, cómo uno de los esfuerzos más grandes que se está haciendo por el actual equipo es la educación infantil, desearíamos saber qué incremento de escolarización en la población infantil ha habido.
El señor PRESIDENTE: El señor Mur tiene la palabra para contestar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur Montero): Una de las raíces de la discriminación que se produce en el sistema educativo arranca, y está demostrado, en la falta de escolarización en la educación infantil. Es decir, en un porcentaje muy elevado el fracaso escolar se produce inequívocamente en una relación causa-efecto en aquellos alumnos que no han sido escolarizados en educación infantil y empiezan la enseñanza obligatoria, es decir, la educación primaria, sin tener escolarización previa.
Todos sabemos que en la Logse la educación infantil es un tramo de enseñanza no obligatoria. Por tanto, teóricamente no existe la obligación por parte de los padres de llevar al niño al colegio en ese tramo de educación, puesto que es voluntaria al no ser obligatoria. Bien es verdad que en la propia Logse hay un mandato expreso a todas las administraciones educativas para que dispongan de puestos escolares suficientes para atender la demanda que haya de escolarización en ese tramo de enseñanza. La realidad nos lleva, al Ministerio de Educación, por supuesto, y a todas las administraciones educativas, a intentar la escolarización total y absoluta a partir del segundo ciclo de la educación infantil. Es decir, recuerdan SS.
SS. que en el sistema educativo regulado por la ley de 1970 la educación infantil era a partir de los 4 años, con la nueva ordenación del sistema educativo abarca la llamada educación infantil de 0 a 6 años con dos ciclos, siendo el segundo de 3 a 6 años.
Justamente el esfuerzo que han de dedicar las administraciones educativas es a conseguir la disponibilidad total y absoluta de puestos para la demanda potencial de alumnado escolarizado de 3 a 6 años.
La situación era distinta en cada una de las comunidades autónomas del territorio MEC y dependía mucho no sólo de la planificación educativa en centro, sino de la evolución demográfica. Lo cierto del caso es que en la escolarización de 4 a 6 años, es decir, la antigua educación preescolar, en el año 1995 -por tomar un punto de referencia de los últimos años-, en el territorio gestionado por el Ministerio, la escolarización de 4 a 5 años no estaba al cien por cien, estaba aproximadamente en el 91 por ciento de la demanda potencial. Es decir, había que hacer un esfuerzo inicial para conseguir la escolarización total y absoluta de 4 a 6 años y, al mismo tiempo, incrementar la de 3 años progresivamente. En estos momentos, si en el año 1995 estábamos aproximadamente entre el 90/91 por ciento en 4 a 6 años y del 70 por ciento en 3 años, hemos pasado en el curso presente a una escolarización del cien por cien en el tramo de 4 a 6 años y del 90/91 por ciento, según los últimos datos de este curso, en la escolarización de alumnos de 3 años. Podemos decir que, en términos relativos, la escolarización en el segundo ciclo de la educación infantil está cercana al cien por cien de la demanda potencial que puede haber en estos tramos. Bien es verdad que se producen aún algunas diferencias entre zonas rurales y zonas urbanas, fundamentalmente zonas periféricas de las grandes ciudades, en las que hay que poner un esfuerzo especial.
Dentro de los territorios gestionados por el Ministerio (y al decir gestionados por el Ministerio tengo que incluir en ellos -puesto que son los datos de la serie histórica de los últimos años- las últimas comunidades autónomas que han accedido al ejercicio de las competencias) la escolarización total de los 3 a los 6 años llegaba al cien por cien en comunidades como Asturias -cuya gestión actualmente aún depende del Ministerio de Educación-, Castilla y León o La Rioja. En cambio, en otras comunidades autónomas, como Murcia -que ha asumido ya competencias el 1 de julio-, Extremadura o Castilla-La Mancha hace falta aún completar un porcentaje de 3-4 puntos para escolarizar al cien por cien a los alumnos de 3 años; porcentaje que se consigue con la previsión planificada para el curso 2000-2001, con presupuestos del año 2000. Es decir, podríamos ya garantizar que todos los alumnos del segundo ciclo de educación infantil, demanda potencial, tendrán disponibilidad de puesto escolar para estar escolarizados a partir de los 3 años. Actualmente, en el territorio que gestiona el Ministerio hay 166.372 alumnos y, con el incremento de profesorado destinado a educación infantil -profesorado especializado-, se ha producido una disminución de la ratio de alumnos por unidad, de tal modo que hemos pasado de 21,2 alumnos por unidad en el año 1995 a 19,3 en este curso 1999-2000.
Dentro de esta política de escolarización, el Ministerio adoptó la decisión de financiar, a través de conciertos educativos, la escolarización de alumnos en centros de titularidad privada. Con esta decisión -que entendemos tiene un aval o un respaldo en la propia normativa de rango legal en esta materia- pretendemos que todos los alumnos, bajo el principio de libertad de elección de centro, puedan acceder a la educación infantil. Ahora mismo, si nos referimos a los porcentajes de distribución de alumnado de educación infantil que puede haber (y salimos al paso de algunas críticas un tanto alarmistas sobre ello), en centros públicos están escolarizados el 76,5 por ciento de los alumnos de educación infantil; en centros concertados, el 7 por ciento -contando la convocatoria de conciertos que se ha hecho este año- y en centros privados, es decir, centros de pago, para educación infantil están escolarizados el 16,5 por ciento.
Es decir, la mayoría de los alumnos del tramo 3-6 años de educación infantil están escolarizados en centros de titularidad pública que dependen de la Administración educativa. La previsión para el curso 2000-2001 es que la escolarización se incremente en centros de titularidad pública y en centros de titularidad privada concertados, y disminuya en centros privados. Es decir, en la práctica llegaremos, como tendencia, a que la enseñanza en el tramo 3-6 años sea gratuita.
Esto, combinado con el factor que antes señalaba de que no es enseñanza obligatoria pero que es de oferta gratuita que obliga a todas las administraciones públicas, nos llevará a conseguir que el tramo de la enseñanza obligatoriaen España sea de 3 a 16 años, y que la escolarización,
en un porcentaje cercano al cien por cien, llegue hasta los 18 años.
En nuestro país no tenemos ya problemas cuantitativos, entre otras razones por el descenso demográfico, y lo que hace falta es racionalizar la utilización de los recursos para conseguir, desde estos planteamientos que digo, que no se produzcan discriminaciones en el sistema educativo por razones sociales y económicas, fundamentalmente en zonas rurales y en zonas periféricas de las grandes ciudades, que todos los alumnos tengan disponibilidad de puestos escolares en el tramo 3-6 años y que esa disponibilidad sea absolutamente gratuita, bien mediante puesto escolar público, bien mediante centro privado concertado.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo, señor Guerra?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor presidente.
Realmente, algunos datos que ha dado el señor secretario general son muy positivos. El que en estos momentos esté escolarizada el cien por cien de la demanda potencial, de la población infantil entre 4 y 6 años, creo que es un hito en nuestra educación. Hemos conseguido escolarizar al 91 por ciento de niños de 3 años, pero pienso que nunca podremos conseguir el cien por cien porque en esta demanda potencial de los 3 años hay que contar con los diferentes criterios de los padres de los alumnos.
Por otra parte, también ha subrayado un dato que es muy importante y es que el 76,5 por ciento de la población infantil entre 3 y 4 años está escolarizada en centros públicos y el 7 por ciento en centros concertados. Es cierto -y nos congratulamos de ello- que van disminuyendo en un 16,5 por ciento los niños escolarizados en centros privados, pero lo lógico y a lo que tenemos que tender es a llegar a cifras de 80/15 ó 75/20, para que sólo quede una pequeñísima minoría que vaya a los centros privados de pago.
Creo que los datos que se nos han dado son importantes y quizá nos puedan llevar a que en la próxima legislatura la educación obligatoria en España, en vez de ser de 6 a 16, sea de 4 a 16 años; y no digo desde los 3 años porque ahí hay que respetar, indudablemente, los criterios de los padres de los chicos, que a veces piensan que no deben estar escolarizados a los 3 años. En todo caso, es un paso importante y espero que en la próxima legislatura podamos llegar a que la educación obligatoria en España comprenda de los 4 a los 16 años, que será uno de los grandes hitos para la igualdad de oportunidades del futuro de los chicos españoles.
-DEL SEÑOR GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN DEL INCREMENTO EN EL GASTO POR ALUMNO EXPERIMENTADO EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS. (Número de expediente 181/ 002676.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 6. Señor Guerra Zunzunegui, tiene la palabra para su formulación.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Es indudable el incremento en educación que se ha producido en nuestro país, no solamente en estos últimos años, sino fundamentalmente desde el inicio de nuestro sistema democrático. Quiero recordar aquí lo que fueron los Pactos de la Moncloa, que creo que fue un primer acuerdo entre todas las fuerzas políticas españolas en unos años en los que no había suficientes plazas para los niños y niñas españoles, en los que se hizo un gran esfuerzo. Cuando a veces se dice que en esos primeros años el esfuerzo se volcó en la educación y se dejaron algunos proyectos de obras públicas, yo siempre digo que lo primero en un país es la educación, aunque tengamos que aplazar otros gastos públicos. Por tanto, yo me enorgullezco de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años en los presupuestos de educación en nuestro país.
Uno de los datos que se dan en las reuniones de la Unesco y en reuniones internacionales es lo que en cada país se gasta por alumno -por eso yo pregunto qué incremento de gasto por alumno se ha experimentado en los últimos ejercicios-, porque en reuniones internacionales se dan tres datos fundamentalmente, que es porcentaje en educación respecto del PIB, porcentaje de educación respecto de los gastos públicos y un tercer dato que se da siempre, que es el gasto por alumno en el conjunto de la educación.
De ahí, la pregunta de nuestro grupo sobre cuál ha sido la valoración del incremento en el gasto por alumno en los últimos ejercicios.
El señor PRESIDENTE: Para su contestación, tiene la palabra el señor Mur.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur Montero): Efectivamente, se ha producido un incremento notable en el gasto por alumno durante los últimos años. Si tenemos en cuenta que los presupuestos destinados a educación han experimentado un notable crecimiento y al mismo tiempo se ha producido una disminución del número total de alumnos, si contamos desde el año 1996 hasta ahora, en términos globales ha habido un descenso del 8,2 por ciento del número total de alumnos, y ha habido un incremento presupuestario que, acumulado, es cercano al 20 por ciento durante ese período de tiempo, crecimiento nominal acumulado desde el año 1996 acá. En términos relativos a gasto por alumno el incremento ha sido, yo me atrevería a decir, casi espectacular, aunque habría que hacer una serie de consideraciones a las que S.S. acaba de aludir en la presentación de la pregunta.
Como datos, el gasto medio por alumno en el año 1996 ascendía a 338.969 pesetas por alumno; en el año 1999, rebasamos las 409.000 pesetas. Por tanto, se ha producido un incremento de más del 20 por ciento en el gasto medio por alumno. Si cogemos los parámetros que sirven como indicadores de gasto medio por alumno y lo relacionamos con el número de profesores y con gastos de funcionamiento de los centros, veremos que se ha producido cuantitativamente una mejora sustancial en nuestro sistema educativo.
La preocupación es que no existe una relación unívoca, paralela, entre medios disponibles, recursos, y mejora de la calidad del sistema educativo, este es un problema que nos
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incumbe directamente en España a los responsables de la Administración educativa y a todos los que nos preocupamos de la educación, pero que se está produciendo también en la mayoría de los países. Todos sabemos que a partir de una determinada utilización de recursos o de medios en el sistema educativo no se produce una relación directa entre más medios más calidad del sistema educativo, se llega a unos topes, es algo así como el debate durante años del número de alumnos por unidad, por aula o la relación profesor- alumno, esas cifras mágicas y tópicas que se utilizaban siempre.
Todos sabemos que a partir de un determinado número el hecho de que se rebaje el número de alumnos por aula no lleva aparejado necesariamente un incremento de la calidad de la educación. Son otros muchos factores y algunos de mucha más importancia y más relevancia que la utilización de los recursos.
Lo cierto del caso es que en estos momentos el gasto medio por alumno en nuestro país se sitúa, en términos relativos (no en términos absolutos, porque las comparaciones no pueden ser homogéneas), dentro de los países de nuestro entorno que están destinando a educación, en gasto por alumno, unas cantidades similares; yo diría que en algunos casos concretos de centros o de tramos del nivel educativo estamos por encima de ese gasto, lo que nos llevaría a reflexionar sobre si se está obteniendo la rentabilidad esperable de la utilización de los recursos en las magnitudes que se están utilizando. Bien es verdad que la réplica que se me puede hacer a esto es que, si disminuye demográficamente el número de alumnos, es algo que no viene dado por una política educativa de utilización de medios o recursos sino por una circunstancia demográfica. Ahora bien, si los presupuestos se están incrementando significa que hay una voluntad política de mejora de aportación de medios para el sistema educativo, y las pruebas evidentes las tenemos en estas relaciones que les he citado; yo tengo la cifra del gasto medio por alumno de los últimos años y solamente les he indicado el salto de las 339.000 pesetas en 1996 a las 409.000 del año 1999. Si relacionamos esto con la disminución de la ratio que hay de alumnos por unidad en cada uno de los niveles educativos debido a ese 8,2 de descenso demográfico que nosotros acusamos en nuestro sistema educativo y el que se va a producir en los próximos años, nos lleva a una llamada de atención seria sobre cómo estamos planificando la educación, cómo estamos utilizando los recursos y qué forma habría de rentabilizar más la utilización de esos recursos para que nuestro sistema educativo, ya que tiene condiciones materiales suficientes, tuviera una mayor aceptación o percepción de éxito -pongo lo de éxito entre comillas.
Piensen que nos estamos refiriendo a un período de tiempo relativamente corto, como es curso 1995-1996 a curso 1999-2000, en el que estamos ahora. En educación infantil, como he dicho antes, habíamos bajado de 21,2 alumnos por unidad a 19,3, hay un descenso de 1,7, y tenemos aún en esos restos población que falta por escolarizar de 3 años, pero hay sobra de puestos escolares en algunos sitios. En educación primaria, estábamos en el 20,7 en el curso 1995-1996 y hemos pasado al 18,2, hay una disminución de 2,5 puntos en esos pocos años. Previsiblemente, como la tendencia se mantiene y los cortes de edades están estudiados, en los próximos cuatro años se va a producir otra disminución análoga, con lo cual nos situaremos en un punto en el que el número de alumnos por aula, teóricamente, si respondiéramos a esos criterios de disminución aparejada a calidad, la calidad de nuestro sistema educativo debiera ser excelente, no digo buena, sino excelente, cosa que, todos coincidiremos, no es exactamente así, por lo tanto algo habrá que reflexionar sobre esto.
En educación secundaria, del 27,4 alumnos por unidadque había en 1995-1996, pasamos al 25,2, con lo cual hay un descenso también del 2,2. Si observamos estas cantidades, vemos una tendencia homogénea de que se produce una disminución de la relación alumnos-unidad entre el 2 y 2,5 por ciento en cada uno de los niveles educativos durante estos cuatro años. En los próximos cuatro años la tendencia es la misma; por tanto, habrá que reconsiderar la planificación, construcción de centros, oferta de unidades y posiblemente utilizar los recursos materiales, no la disminución de recursos, sino la mejor utilización de esos recursos, para otra serie de actuaciones en el mundo educativo que estén más necesitadas y que incidan más directamente en la mejora de la calidad de la enseñanza, puesto que, en términos comparables con otros países europeos, los indicadores de calidad en cuanto a gasto por alumno, alumno por profesor, alumno por unidad, estamos en los parámetros homologables a cualquiera de los mejores países europeos, no así en calidad de enseñanza, y quiero insistir en ese punto.
Por tanto, señoría, la valoración que hacemos desde el Ministerio de Educación sobre ese incremento de gasto por alumno es totalmente positiva, pero con una consideración, que no debemos dejarnos llevar por una especie de miopía de indicadores que dicen que una mayor cantidad económica por puesto escolar lleva aparejada una mejora equivalente en la calidad de la enseñanza. Hay que considerar otros factores, y habría que decir que el punto de referencia o el tope está en tal nivel y, a partir de ahí, no por mayor abundamiento de medios económicos vamos a conseguir mejores resultados.
El señor PRESIDENTE: Para resaltar los logros, el señor Guerra tiene la palabra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: No, muy brevemente. Sabe el señor presidente que éste es un tema en el cual yo nunca resalto los logros de los últimos años sino el conjunto, porque yo creo que esto nos llena de satisfacción a toda la sociedad española y a nosotros como representantes de ella.
Los datos que nos ha dado el secretario general son positivos, pasar de 339.000 pesetas a 409.000, un 20 por ciento, y además hay que tener en cuenta la baja inflación que ha habido estos años. El secretario general nos ha dado dos datos que yo creo que son importantes: primero, la tesis, que compartimos, de que ahora hay que pasar de los medios a la calidad; absolutamente de acuerdo; todavía necesitamos algo más de medios en algunos sectores de la educación media e infantil; segundo, el tema de construcción de centros, no solamente las tres comunidades que quedan de competencia del Ministerio, sino en el conjunto de todas las comunidades españolas el mapa escolar, es decir, las necesidades de centros, en el año 2002 quedará
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terminado y, por tanto, los esfuerzos que se han hecho en inversión en estos últimos años pasarán (también en inversión en mantenimiento de esos centros) a ir hacia la calidad, algo que realmente nos tiene que preocupar, y otro día hablaremos del fracaso escolar.
Quisiera, finalmente, señor presidente, puesto que a lo mejor es la última comparecencia del secretario general, señor Mur, en esta Comisión (digo a lo mejor, porque puede haber algo urgente para lo que esta Comisión pida de nuevo su comparecencia), decirle que le estamos muy agradecidos, por lo menos nuestro grupo, de que en todas sus intervenciones -él lo ha dicho en la anterior- no sea triunfalista, sino que dé unos datos e indique los problemas de la educación. Señor Mur, por parte del Grupo Popular nos congratulamos de que haya sido usted secretario general en estos últimos años, en viejos tiempos donde colaboró con equipos tanto de UCD como del Partido Socialista y, por tanto, le consideramos un profesional de la educación. Esperemos que en la próxima legislatura se haga cargo de responsabilidades importantes en el Ministerio de Educación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guerra.
Como verá usted, señor Mur, cuando llega la función de control del Parlamento y la ejercita el partido que apoya al Gobierno, es todo auténticamente delicioso. (Risas.) Quizá ha coincidido esta comparecencia suya con el final de legislatura para que no se lleve usted mal sabor de boca. En todo caso, sabe usted que siempre que venga a esta Comisión todos los miembros de la misma y la Mesa haremos todo lo posible por corresponder a lo que usted ha puesto de manifiesto, que es su deseo y su anhelo en colaborar con sus trabajos. Si hubiere lugar a volvernos a ver, santo y muy bueno, y si no, ya le adelantamos que unas felices Pascuas. (Risas.) Vamos a interrumplir la sesión para tomar un cafetito, porque afortunadamente vamos bastante bien de tiempo, y así podrán ustedes hacer el acopio de efectivos para entrar a discutir las correspondientes proposiciones no de ley. Cinco minutos, no hace falta que se dispersen ustedes por la geografía madrileña, simplemente cinco minutos. (Pausa.)
-RELATIVA A LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL PLAN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LACALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. PRESENTADAPOR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001083.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión, y entramos en el debate y votación de las proposiciones no de ley. Como saben, ha sido solicitado el aplazamiento de las que figuran en el orden del día con los números siete y diez, del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En consecuencia, debatimos la proposición no de ley que figura bajo el número ocho, del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa damos la palabra a doña Montserrat Palma i Muñoz.
Si nos comportamos todos debidamente, creo que podremos votar a las doce y media.
Doña Montserrat, disculpe la interrupción. Tiene usted la palabra.
La señora PALMA I MUÑOZ: Esta proposición que trae hoy a esta Comisión el Grupo Parlamentario Socialista es bastante sencilla en su parte dispositiva, que insta al Gobierno a crear la denominada oficina de gestión del Plan nacional de evaluación de la calidad de las universidades.
No voy a hacer un repaso exhaustivo de las características y funciones del plan, pero conviene recordar que la oficina de gestión del plan nacional figuraba ya como órgano a crear por el Ministerio en el Real Decreto de 1 de diciembre de 1995, a través del cual se establecía el Plan nacional de evaluación de la calidad de las universidades. Asimismo, el informe que elaboró el Consejo de Universidades después de la primera convocatoria del plan, publicado a finales de 1997, en sus recomendaciones finales, concretamente en las que se sitúan bajo el epígrafe de propuestas para mejorar el Plan nacional de evaluación, se insta directamente a constituir la oficina de gestión del plan para fortalecer la estructura organizativa de la Secretaría General del Consejo de Universidades.
Hasta el momento, las funciones que debería ejercer esta oficina de gestión las está asumiendo la Vicesecretaría General de Estudios del Consejo de Universidades y, por tanto, debemos entender que los medios materiales y personales necesarios para el correcto seguimiento del plan son bastante precarios.
La elaboración del plan nacional desde finales de 1995 ha comportado que se hayan realizado hasta la fecha tres convocatorias -la primera, por Orden de 21 de febrero de 1996- y tres resoluciones a través de las cuales se asignaban recursos a las universidades que habían presentado propuestas de trabajo bajo los diferentes tipos de proyectos que establece el plan. Asimismo, a lo largo de estos años, se han establecido convenios con algunas comunidades autónomas -entre ellas, Cataluña y Andalucía-, a través de los cuales dichas comunidades con sus propios organismos de evaluación se acogen a los recursos que distribuye el plan.
Quería recordar aquí que la preocupación por la calidad y la evaluación no es algo que surge de forma espontánea previamente a la elaboración de dicho plan nacional, sino que deberíamos casi remontarnos a la definición y al reconocimiento de la autonomía universitaria que la Constitución de 1978 establece, desarrollada posteriormente por la Ley de Reforma Universitaria en 1983. Después de estas disposiciones normativas se abrió para nuestras universidades un período en el que la atención estaba centrada en la organización, en la reforma de las propias estructuras y especialmente en el crecimiento. Asimismo, simultáneamente se produjeron algunas recomendaciones de la Comisión Europea sobre la necesidad de impulsar la cooperación europea en materia de garantía de la calidad de la enseñanza superior. Así pues, en nuestro país, a partir de 1991, después de un período en el que estábamos seguramente
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más preocupados por incrementar los recursos del propio sistema, empezamos a preocuparnos de una forma sistemática por la calidad y por la evaluación.
Cabe decir con ello que previamente al establecimiento del plan nacional, España participó también en diversos programas europeos y desarrolló un programa experimental. Después de las tres convocatorias, y visto el informe elaborado por el propio Consejo de Universidades, creemos que esta oficina de gestión, que debe de dotar de recursos técnicos materiales y humanos al desarrollo del propio plan, es absolutamente necesaria. Existe un comité técnico, formado por diferentes expertos de distintas universidades españolas, y existe también una comisión ejecutiva del plan, formada por representantes de las comunidades autónomas y de las propias universidades. Creemos que ni sólo con el comité técnico ni sólo con la comisión ejecutiva se pueden abordar algunas cuestiones de funcionamiento cotidiano y regular, puesto que estos organismos se reúnen de forma bastante espaciada a lo largo del año. Creemos que la oficina es necesaria por motivos de soporte técnico y por motivos vinculados a lo que algunos expertos europeos han denominado la meta evaluación, que seguramente es un tema que en todo este proceso de evaluación de la calidad de las universidades tenemos todavía pendiente, en el sentido de que debe haber alguien que se ocupe también de evaluar el propio proceso de evaluación.
Quiero citar a modo de ejemplo que en países europeos de nuestro entorno existen diferentes organismos, en muchos casos independientes de los propios gobiernos, en algún caso son asociaciones de universidades, como el que se propone es decir, la oficina de gestión del plan. Es el caso de Francia y de los Países Bajos, donde una asociación de universidades cooperadoras asume el proceso de evaluación y especialmente realiza una meta evaluación. También existe en Gran Bretaña, desde 1992, el Consejo de Calidad de la Enseñanza Superior. Todos estos organismos tienen una función final que debería conducirnos a establecer criterios indicadores de alguna forma homologables para el sistema universitario, no sólo dentro del Estado español sino también a nivel de la Unión Europea. Si la palabra homologación algunas veces suscita algunos fantasmas especiales, lo que no es menos cierto es que deberíamos tender a que, con criterios de calidad, podamos garantizar la acreditación de nuestros titulados universitarios ante un reto, que no es a medio sino a corto plazo, que es el de la movilidad de los profesores y de los estudiantes no sólo a nivel del territorio español sino a nivel de la Unión Europea.
Por tanto, proponemos a la Comisión que se inste al Gobierno a crear esta oficina de gestión de evaluación de la calidad de las universidades, que deberá, junto al comité técnico y al propio secretario general del Consejo de Universidades en las tareas derivadas de coordinación y gestión del plan, funcionar con la consecuente dotación de personal cualificado y de los medios materiales necesarios.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), doña Carmen Laura Gil i Miró tiene la palabra.
La señora GIL I MIRÓ: Sin duda, nuestro grupo comparte el objetivo de la mejora de la calidad y cree también que la universidad, uno de los líderes intelectuales del país, no puede obviamente sustraerse al proceso de cambio que contribuye a promoverlo. Es por ello que, como ha dicho la diputada, en Cataluña las universidades públicas, en uso de la autonomía que les ha conferido la Constitución y la Generalitat en el ejercicio de sus competencias universitarias, crearon conjuntamente ya en el año 1996 la Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya. Esta Agencia explicita el compromiso de las administraciones competentes con el objetivo de la mejora de la calidad, y la experiencia de estos años ha permitido ya constatar el acierto de esta línea adoptada.
Por otro lado, como ha dicho la señora Palma, la cooperación con este objetivo no ha sido exclusiva de Cataluña sino que desde otros ámbitos autonómicos se avanza también en esa dirección. Sin embargo, también es cierto que difícilmente se puede avanzar en este proceso de perfeccionamiento de la universidad sin que las administraciones directamente responsables, como es el caso de la propia universidad y de la Generalitat en nuestro caso, la Administración autonómica, se impliquen directamente en el cambio, porque la calidad no es un objetivo que sea externo a las organizaciones sino que, bien al contrario, incide en todos sus ámbitos y orienta la actividad cotidiana. Desde esta perspectiva, a nuestro grupo no le parece lógico crear una oficina centralizada con este objetivo, porque nos parece que con posterioridad a las transferencias universitarias, la creación de una oficina a este nivel es metodológicamente incoherente, jurídicamente discutible y políticamente regresivo.
En primer lugar, metodológicamente está bien claro que la mejora de la calidad universitaria requiere la proximidad al territorio. El análisis de la situación debe ser necesariamente desagregado, no sólo desde el conocimiento profundo de cada unidad, del centro y del departamento, que es allí donde se pueden empezar los procesos participativos y se pueden adaptar a la realidad existente.
En segundo lugar, debemos recordar a la ponente que la evaluación no constituye un objetivo en sí mismo, que su finalidad es identificar las propuestas de mejora, los responsables de aplicarla, el calendario y, sobre todo, hacer un seguimiento y reformular los planteamientos. Así, la evaluación es una parte a la cual necesariamente le debe seguir planificación, ejecución y redefinición de objetivos, y separar estas fases sería ciertamente un contrasentido.
En tercer lugar, las propuestas de mejora que se deriven de los procesos de evaluación de calidad son básicamente de dos tipos, por una parte, aquellas que por ser aplicadas requieren modificar los criterios de asignación de los recursos disponibles o simplemente ser susceptibles de ser aplicados sin recursos económicos adicionales, lo que normalmente se ha de referir al perfeccionamiento de los métodos didácticos, de la vertebración de materias, de la organización de las tutorías, de la coordinación de la investigación, etcétera; por otra parte, aquellas que por ser aplicadas requieren también recursos adicionales, los que lógicamente corresponde aportar a la Administración competente en materia financiera, que en el caso de Cataluña sería la Generalitat.
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Desde una perspectiva jurídica, el Plan nacional de calidad universitaria no nos parece consistente. En primer lugar, porque el Real Decreto 1947/1995, de 1 de diciembre, por el que se establece el Plan nacional de evaluación, invade las competencias en materia educativa previstas en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y fue por ese motivo por lo que en marzo de 1996 la Generalitat planteó el conflicto positivo de competencias ante el Gobierno del Estado, ante el Tribunal Constitucional, porque la evaluación es uno de los aspectos funcionales y organizativos de las universidades y es una competencia que en sus niveles ejecutivos y de desarrollo normativo ha sido atribuida a las comunidades autónomas.
En segundo lugar, la naturaleza y funciones que los artículos 23 y 24 de la Ley de Reforma Universitaria atribuyen al Consejo de Universidades no justifican en modo alguno que sea éste, en sustitución de las comunidades autónomas, quien deba realizar las funciones de gestión que, de acuerdo con sus competencias, sólo a aquéllas corresponden. El Tribunal Constitucional fue muy claro cuando, en su sentencia 145 del año 1989, estableció que la simple justificación general de un plan o de una medida de fomento o de coordinación no puede dar cobertura automática a cualquier instrumento de gestión de aquellas medidas.
En tercer lugar, queremos señalar que el hecho de que en las órdenes ministeriales a través de las que se convocan las ayudas previstas en el real decreto se haya incluido la posibilidad de que las comunidades autónomas, mediante un convenio con el Ministerio de Educación, puedan realizar algunas de las funciones establecidas en el real decreto no anula de ninguna manera los vicios de inconstitucionalidad, sino que con este procedimiento se obliga a las comunidades autónomas a asumir un convenio con la Administración del Estado para ejercer competencias que les son propias. Desde una perspectiva política, parece claro que la creación de la oficina del Plan nacional de evaluación tiene un carácter regresivo. Por eso, nos parece que debemos remarcar que la centralización de la gestión de la calidad universitaria supondría otorgar a una instancia administrativa la función de evaluación de las competencias transferidas a otra administración y, desde esta perspectiva, repito, la creación de una oficina de gestión del Plan nacional de evaluación de la calidad de las universidades constituye una decisión políticamente inaceptable, por lo que nuestro voto va a ser contrario a la proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: El Grupo Popular ha examinado con sumo interés la propuesta que ha formulado el Grupo Socialista acerca de la creación de una oficina de evaluación en relación con la enseñanza superior, con las universidades. Nosotros nos hemos preguntado -no sólo en el grupo sino consultando con los enseñantes de otros tramos de la educación- cuál debía ser la postura a tomar y hemos concluido que hay que hacer un planteamiento objetivo respecto a lo que entendemos por evaluación de la calidad. Haciendo este planteamiento con seriedad y rigor tenemos que pensar en dos aspectos: la evaluación interna y la evaluación externa. La evaluación interna debe hacerla cada uno de los centros educativos, porque es la forma de proceder para contrastar la realidad, la productividad y la riqueza de lo que se ha logrado. Si no existe adecuación -como ha dicho hace un momento la señora Gil i Miró- entre los objetivos a conseguir, las metas que se han establecido y el quehacer de cada día, habrá que tomar las propias decisiones y hacer las modificaciones pertinentes para que ese centro educativo tenga un desarrollo equilibrado y una productividad, en este caso con el triunfo de su enseñanza al adquirir un mayor número de alumnos y un enriquecimiento personal y científico de cada uno de ellos. Esto debe hacerse en todo el tramo educativo y nos damos cuenta de que algunas universidades sí lo han hecho y otras no, y que una mayoría de las personas que reclaman eso no han tenido a bien hacerlo durante períodos en los que han tenido competencias muy amplias en este terreno. No obstante, el arrepentirse, el darse cuenta de que hay que rectificar y modificar nuestros planteamientos, nuestros discursos y nuestras conductas es bueno y ejemplar para todos.
Lo que aquí se plantea es una evaluación externa y, en este aspecto, coincidimos en que, como mínimo, e independientemente de cuál sea nuestra postura a este respecto, tendríamos que conocer cuáles son los resultados, sí esos resultados han sido contrastados o no. ¿O es que nunca se ha hecho una evaluación sobre la enseñanza universitaria en España? Tenemos que dar una definición clara y explícita de las variables que inciden o no a la hora de apreciar esa calidad de la enseñanza, lo que implica una metodología adecuada y rigurosa; que cualquier científico pueda contrastar los datos obtenidos, porque, evidentemente, la ligereza con que se habla de la calidad por muchos responsables sorprende, al menos a las personas que saben un poco de esto y que han tenido competencia y responsabilidad. Aquí se habla de calidad sobre cosas tan peregrinas como, por ejemplo, hacer una publicación en la hoja parroquial o en cualquier periódico de distribución un poco más amplia y eso se considera como mérito académico para opositar a cualquier cosa. Es poco serio y poco riguroso. Por tanto, esos requisitos mínimos tienen que estar metodológicamente contrastados, como mínimo, tienen que reunir los requisitos que se requieren para cualquier medida en ciencia, es decir, ser fiables, válidos y que puedan estar tipificados, todo lo demás son zarandajas, ganas de entretenernos hablando del mar y los peces o de cosas más serias, pero con una frivolidad asombrosa.
Independientemente de esto que hemos dicho de que como requisito previo ha de existir una adecuación entre objetivos, metas y realidad objetiva del quehacer de cada día, en relación con la calidad hay que considerar también el mérito académico de los profesores de la universidad, de los profesores de enseñanza primaria, de los profesores de enseñanza media y de los profesores de infantil, por lo difícil que es impartir la enseñanza a esas edades cortas; es más fácil dar una clase en la universidad que dar una clase a unos niños, ya que hay que adecuarse y ponerse a su altura. Hay que tener en cuenta la movilidad de los estudiantes y profesores y yo tengo que decirle, señora Palma, que ustedes han hecho todo lo posible por favorecer la inmovilidad. Prohibieron explícitamente la movilidad de los estudiantes en el territorio español y prohibieron asimismo por ley -estaba en la LRU- que los profesores universitarios pudieran desplazarse de una universidad a otra,
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de tal manera que si querían cambiarse perdían su cátedra y tenían que hacer oposición de nuevo para acceder, para formar parte del profesorado de otra universidad. De manera que nos alegra muchísimo que ustedes hayan cambiado de opinión y nos traigan aquí cosas que pueden tener aspectos positivos, como es el recurrir de nuevo a la movilidad del profesorado y de los estudiantes. Hay que dar un apoyo real y decidido a la investigación, a la investigación básica y a la investigación aplicada. Éstos son, en gran medida, los criterios objetivos que deben contrastarse, que deben someterse a las variables rigurosa y científicamente contrastadas para que nos den los indicadores determinantes de si existe o no calidad en la enseñanza, cuáles son los factores definitorios de este concepto y cuáles son los pesos específicos o factoriales, como se llaman científicamente, que alcanzaría cada una de estas variables en la definición de la calidad.
Finalmente, tiene que existir una adecuación entre esa calidad y la responsabilidad que tiene la universidad en este contexto; es decir, la responsabilidad de esa universidad frente a la sociedad o en la sociedad de la que forma parte y, por tanto, una armonización entre esas normas, la sociedad y la propia autonomía de cada una de las universidades en las autonomías que España se ha dado en su Constitución.
Sinceramente, a mí me alegra esta propuesta, pero considero que está hecha con falta de seriedad y rigor y, por tanto, nuestro voto no va a ser favorable a la gestión de la misma. Además, es cierto, si nos fijamos en el real decreto, que en estos momentos está en una modificación seria; es verdad que el Consejo de Universidades sería favorable a que existiera esta oficina de gestión, pero tampoco debemos burocratizar excesivamente las cosas; si esto es una evaluación, tiene que ser una evaluación científica y, por tanto, no debemos crear una gran cantidad de órganos administrativos que lo único que hacen es poner trabas y no avanzar en lo que pretendemos.
(La señora Palma i Muñoz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Entendiendo que ha habido alguna alusión que ha superado lo dialécticamente admitido, tiene la palabra, señora Palma, pero no incurra usted en el mismo error.
La señora PALMA I MUÑOZ: Respetaré escrupulosamente sus recomendaciones, señor presidente.
Sobre la intervención de la portavoz del Grupo Popular, que me ha parecido que en algún momento tachaba nuestra propuesta de frívola e incluso de gratuita o incoherente, quiero recordar que el Grupo Socialista no ha hecho más que trasladar a esta Cámara, en forma de proposición no de ley, una recomendación que figura en el informe de la primera convocatoria del plan nacional, informe publicado, suscrito y aprobado por el Pleno del Consejo de Universidades. En cualquier caso, me permito recordarlo por si desde el Grupo Parlamentario Popular se le puede hacer llegar -nosotros también intentaremos hacerlo- al máximo responsable, en estos momentos, del Consejo de Universidades, su secretario general. En unas jornadas especialmente interesantes, que fueron organizadas por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, por la Fundación Universidad y Empresa y por la Embajada de los Estados Unidos de América -no especialmente sospechosos de según qué cosas, como las que ha expuesto aquí la portavoz del Grupo Parlamentario Popular-, el entonces director general de Universidades de la Comunidad de Madrid y actual secretario general del Consejo de Universidades decía que, ante la ausencia de directrices del Consejo de Universidades, cabía impulsar todavía más las competencias de las comunidades autónomas y de las propias universidades en estos temas. Vinculando esta afirmación con la exposición absolutamente respetable de la postura del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), cabe decir que, al lado de la recomendación de la creación de la oficina de gestión del plan, el propio informe del Consejo de Universidades insiste muchísimo en la necesidad de que las comunidades autónomas, una vez cumplidos todos los traspasos de competencia en materia universitaria, cobren mucho más protagonismo del que han tenido hasta ahora en los procesos de evaluación de calidad de las universidades, pero también bajo la fórmula de cooperación en el propio plan nacional.
Respecto a lo que ha comentado la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la cooperación ha sido una metodología recomendada por la Comisión de la Unión Europea, que insistió hace ya un par de años en que era absolutamente necesario utilizar metodologías comunes para disponer de mecanismos estables y coherentes de evaluación y especialmente de garantía de calidad de la formación superior a escala europea y mundial.
La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Creo que la réplica de la portavoz socialista, señora Palma, no ha hecho sino confirmar la exposición que yo he hecho, ampliándola un poco. Es decir, que tiene que haber una conformidad y una homogeneización de criterios para que esta evaluación sea realmente positiva. Lo que he aducido además de esto, y que no voy a repetir, es que en estos momentos se está trabajando en la modificación del Real Decreto 1947/1999 para que exista una mayor participación de las comunidades autónomas en la gestión y ejecución del plan y para que exista esa homogeneización. Me alegro mucho si el criterio del Partido Socialista es el que acaba de exponer su portavoz, que es coincidente con el nuestro.
El señor PRESIDENTE: Para no incurrir en inequidad, señora Gil i Miró, ¿se da por aludida? (Pausa.) Simplemente por mencionada.
-SOBRE ADAPTACIÓN DEL TÍTULO II, DE LA LEY ORGÁNICA8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN, A LA NUEVA REALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL, ESPECIALMENTE EN LO REFERIDO A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO Y SU RELACIÓN CON LA CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001245.)
El señor PRESIDENTE: Acabada la tramitación deesta proposición pasamos a la siguiente, que figura bajo el
número 9, también del Grupo Socialista del Congreso, para cuya presentación y defensa tiene la palabra don Bernardo Bayona.
El señor BAYONAAZNAR: En primer lugar, esta proposición, no de ley se presentó en la Cámara en el momento en el que se tramitaba un proyecto de ley de modificación de la LODE, además de modificación del título II y de la composición del Consejo Escolar del Estado al objeto de incluir un segundo representante municipal. Desde el Grupo Socialista entendimos, y así lo planteamos porque aquel proyecto de ley estaba dentro de lo que dio en llamarse proyectos de ley para un supuesto pacto local, que la modificación que había que hacer del Consejo Escolar y del título II de la LODE debería ser más coherente y reflejar el momento político e histórico del sistema educativo español y, por tanto, debería ser más profunda. Para ello, dejando también en manos del Gobierno la iniciativa, elaboramos en su momento esta proposición no de ley que se ve un año más tarde, lamentando en este momento que tengamos que estar debatiendo esta proposición no de ley en lugar de estar aprobando definitivamente un nuevo título II de la LODE acorde con el Estado autonómico y con la descentralización de competencias educativas a que hemos llegado a finales de este siglo.
Por lo tanto, este es el origen inmediato de la elaboración de la proposición no de ley. El objetivo de fondo, es decir, más allá de la coyuntura que dio lugar a esta proposición no de ley, es que el Consejo Escolar del Estado es un órgano consultivo que tiene una serie de competencias congruentes con las competencias de carácter estatal que tiene el Ministerio de Educación una vez transferidas las competencias de gestión ordinaria del sistema educativo a las comunidades autónomas. Todas aquellas competencias relativas, por ejemplo, a normas básicas que debe dictar el Estado en desarrollo del artículo 27 de la Constitución en cuanto a igualdad de derechos y oportunidades de la enseñanza. En todas aquellas que corresponden al Estado para la ordenación general del sistema educativo, por ejemplo, en cuanto a la determinación de los niveles educativos, requisitos mínimos de centros, obtención y homologación de títulos académicos, etcétera, el Consejo Escolar del Estado seguirá siendo el principal órgano de participación educativa y de consulta por parte del Estado, del Ministerio de Educación y de la Conferencia Sectorial para legislar sobre todas estas materias en las que, insisto, continuará habiendo competencias de carácter estatal.
No hacerlo así, es decir, no modificar el Consejo Escolar del Estado y no tenerlo en cuenta a la hora de efectuar estas modificaciones, no solamente vulnera el carácter participativo que dio al sistema educativo la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, sino que impide avanzar en la regulación por consenso de aspectos que son fundamentales. Les voy a poner un ejemplo de estos días. El Consejo Escolar del Estado no ha querido pronunciarse, ha retirado del orden del día el posicionamiento sobre la reforma de la formación profesional, puesto que le llegaba para debatirlo una vez que el proyecto de ley de reforma de la Logse en cuanto al paso de unos ciclos a otros de formación profesional ya estaba aprobado por el Consejo de Ministros. Esto es un ejemplo del desprecio que se hace al órgano máximo de participación, insisto, es un ejemplo concreto, pero podríamos citar otros. Por tanto, lo que se pretende con esta proposición no de ley es reforzar el Consejo Escolar del Estado, pero hacerlo en tanto en cuanto se adapte a la nueva realidad autonómica del Estado español en materia educativa. Existen, se han generalizado y se van a generalizar cuando se termine el traspaso de competencias, Consejos Escolares de comunidad autónoma. Puesto que la LODE deja abierta esa posibilidad, existen y pueden existir otros consejos escolares de otros ámbitos territoriales entre el Consejo Escolar de Centro, que está regulado por la LODE, y el Consejo Escolar de comunidad autónoma -que, como digo, prácticamente se están generalizando-; pueden existir otros consejos escolares de ámbito municipal, comarcal, de distrito, etcétera.
La procedencia y la forma de elección de los actuales consejeros del Consejo Escolar del Estado poco tiene que ver, y es lógico que así sea, con la descentralización profunda que ha sufrido el sistema educativo español. Es decir, la LODE se redacta y se aprueba por estas Cámaras en el año 1984. Estamos en 1999, han pasado 15 años, se ha transferido el sistema educativo y nosotros pensamos que sería conveniente incorporar al Consejo Escolar del Estado representantes que de alguna manera simbolicen la nueva realidad. Quizás más representantes de entidades locales, no sólo los dos que hay actualmente. O quizás no, a lo mejor estos tendrían que estar en los consejos escolares autonómicos. Sin duda, es excesivo el número de representantes de la Administración educativa y en concreto el número de miembros que nombra el Ministerio de Educación. Nosotros, en lo que se va a votar, es decir, en la propuesta concreta, no optamos por ninguna fórmula de representación. Es decir, no decimos cómo tiene que componerse. Simplemente exigimos que se adapte ya. Es posible que en el debate sobre la composición concreta tengamos discrepancias unos grupos y otros. Nosotros, por ejemplo, aunque lo ponemos en la exposición de motivos, somos partidarios de que haya representantes negociados o nombrados por la conferencia sectorial más que por el Ministerio de Educación. No seríamos tan favorables -y aquí habría discrepancias con otros grupos- a que el Consejo Escolar del Estado se entendiera como un órgano confederal o, dicho de otra manera, simplemente como la suma de consejos escolares autonómicos.
En el texto que se va a votar simplemente pedimos que se adapte, que se envíe un proyecto de ley para discutir cuál debe ser la composición más adecuada a la nueva realidad del sistema educativo español. Además, la relación entre la conferencia sectorial y el Consejo Escolar del Estado es rígida en la LODE y posiblemente tendríamos que replanteárnosla, entre otras cosas para que se cumpla, puesto que si no nos encontramos con una situación -como he dicho anteriormente- en la que de hecho se da la espalda al Consejo Escolar del Estado.
Este es el objeto de nuestra proposición. Quizás el debate llega tarde, y lamentamos que no estemos en este momento debatiendo el proyecto de ley en su fase final pues y entonces podríamos empezar la nueva legislatura con un Consejo escolar adaptado a la nueva realidad. Pero en esto, como en tantas otras cosas, el Partido Popular ha hecho dejación del liderazgo que le correspondería en la modificación
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y en la adaptación del Ministerio de Educación y de los órganos estatales a la nueva realidad autonómica.
El señor PRESIDENTE: ¿Fijación de posiciones? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra doña Carme Laura Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Intervengo a los solos efectos de manifestar nuestro acuerdo con la redacción de la proposición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, don Eduardo Rodríguez Espinosa tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ ESPINOSA: Intervengo en nombre del Grupo Popular para fijar posición en relación a la iniciativa del Grupo Socialista, por la que se insta al Gobierno a remitir en el plazo de tres meses un proyecto de ley de modificación del título II de la Ley Orgánica 8/1985, título que afecta -como ha indicado su portavoz- a la composición del Consejo Escolar del Estado y a la relación entre éste y la conferencia sectorial de Educación. Esta modificación la justifica el grupo proponente en la nueva realidad derivada del proceso de traspaso educativo a las comunidades autónomas.
El Grupo Popular anticipa su voto favorable a esta iniciativa, aunque entiende que sería oportuno hacer alguna reflexión tanto sobre su necesidad como por la conveniencia de que en un órgano de ámbito estatal como es el Consejo Escolar del Estado estén presentes de forma directa las instituciones de las comunidades autónomas, reflexiones que queremos hacer considerando que la finalidad de este órgano estatal es la participación de los sectores afectados por la programación general de la enseñanza y el asesoramiento en los proyectos de ley o reglamentos que pudiera proponer el Gobierno central. Si se comparte esta idea que, por otra parte, es la que desde nuestro punto de vista consta en la LODE, no sería disparatado considerar que en los consejos escolares de ámbito autonómico hubiese igualmente siempre un representante del Ministerio de Educación o de la Administración del Estado puesto que la finalidad de este Consejo es la misma que la del Consejo estatal pero en su ámbito territorial autonómico. Sin embargo, una solución por este camino desvirtuaría el sentido real que la LODE atribuye a los consejos escolares en cuanto órganos de participación y consultivos para su respectivo ámbito territorial y no de mezcla de competencias ni de ámbitos.
Un segundo punto que se trata en la proposición no de ley es la participación de las comunidades autónomas en las decisiones que afectan al sistema educativo general. A este respecto debemos recordar que la cooperación entre ambas administraciones se realiza en los órganos propios y legalmente previstos que para el caso que nos ocupa es la conferencia sectorial de Educación, cuyo reglamento, aprobado el 22 de julio pasado, en su artículo 2 prevé que el ministro, como presidente de dicha conferencia, pueda convocar a sus reuniones, bien por propia iniciativa o a propuesta de los representantes autonómicos, a todas aquellas personas que por sus cualidades, conocimientos o experiencia, sea conveniente que estén en la conferencia. En virtud de esta previsión cabe el supuesto de que asistan a la conferencia miembros del Consejo escolar, y de la misma manera la conferencia sectorial podría analizar cualquier informe que el Consejo escolar del Estado decidiera elevar a la misma.
Ala vista de estas reflexiones lo más procedente sería o bien pedir la retirada de esta iniciativa o no apoyarla y no por una cuestión de fondo, sino por innecesaria. No obstante, como el Grupo Popular lo que persigue es el buen funcionamiento del sistema educativo y el máximo consenso en materia de educación, hemos preferido votar a favor en la convicción de que la reforma propuesta no era necesaria ni el camino elegido -modificación de una ley orgánica- es el único posible.
-SOBRE DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA PRISIÓN PROVINCIAL DE MURCIAYPARALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DEMOLICIÓN PROMOVIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍAY HACIENDA.
(Número de expediente 161/001180.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley que figura al número 11.
Señor Ríos, le corresponde a S.S. presentar y defender la proposición no de ley que figura con el número 11, sobre declaración de bien de interés cultural del edificio de la antigua prisión provincial de Murcia y paralización del proyecto de demolición promovido por el Ministerio de Economía y Hacienda, proposición no de ley que tiene presentada dos enmiendas, una, del Grupo Parlamentario Popular y, otra, del Grupo Socialista.
Comience por la defensa de la suya, señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: El precedente de esta proposición no de ley está sugerido por dos grandes iniciativas previas. Una, que el Ministerio de Economía y Hacienda para ubicar las oficinas de la Agencia Tributaria de Murcia utiliza parte del patrimonio de la antigua cárcel que está situada en el centro de Murcia. En lugar de ir a una remodelación del edificio va a una demolición del actual edificio y la construcción de una nueva planta de esas infraestructuras. Existe un cierto movimiento social, que sería un segundo hecho para recoger la propuesta, tanto de intelectuales como de sectores sociales porque precisamente esa antigua prisión tiene un valor sociocultural por la evolución que ha tenido a lo largo de la historia de España. No se les escapa a SS.SS. que durante un largo período ha sido usada para que determinados ciudadanos, que hacían uso de su derecho a militar políticamente o a participar en la vida pública, fueran recluidos en esas instalaciones para que dejaran o desistieran de su voluntad de organizarse políticamente. Es una parte de la historia murciana, es una parte de toda nuestra historia.
Demoler significaría archivar, olvidar y nuestra voluntad es que ese edificio se rehabilite y se recupere como centro para actividades socioculturales. ¿Quién debe hacer esas actividades socioculturales?
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Lógicamente las administraciones más cercanas al ciudadano. Por tanto, el objetivo de nuestra proposición es doble. Uno, que la administración competente, es decir, el Ministerio de Educación y Cultura, a través del órgano pertinente, incoe el expediente de bien de interés cultural. Yo mismo le pedí directamente a la entonces ministra de Educación y Cultura el 16 de julio de 1998, hace ya más de un año, que se abriera esa declaración de interés cultural y una vez declarado pudiese actuarse en el segundo punto de nuestra proposición. Pero, mientras tanto, que no fuese demolido porque se podía declarar de interés pero estar las piedras en el suelo y no servir absolutamente para nada.
Por tanto, la primera parte es paralizar de oficio el proyecto de demolición. Es verdad que existe una ley que así lo indica, pero esa ley había sido desoída en el trámite anterior, precisamente porque la evolución iba a dar con las piedras en el suelo, a pesar de la existencia de esa ley. Es verdad que había una propuesta desde la comunidad autónoma, desde el Ayuntamiento de la ciudad de Murcia, aprobada en el Pleno, y desde la Dirección General de Cultura del propio Ministerio de Cultura que promovían esa declaración de interés cultural. Hubo una cierta demanda social, un alto grado de esa demanda social para que dicho inmueble tuviese ese reconocimiento.
¿Cuáles son los precedentes para que esto pudiera ser así? Primero, dicho inmueble fue incluido en el catálogo de edificios de interés por la Dirección Provincial de Bellas Artes en el año 1979 y, segundo, el 24 de septiembre de 1981, por resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, se incoó expediente de declaración de dicho edificio como bien de interés cultural. Si el expediente se incoa en el año 1981 y se llega a 1998 sin que se hubiese terminado su tramitación, señor presidente, creo que hay muchos años por medio. Ese expediente se había archivado y, por tanto, no había seguido el cauce de esa declaración de bien cultural.
Ese expediente se declaró caducado en el año 1993.
El Ministerio de Cultura resolvió, con posterioridad a ese año, conservar ese inmueble y abrir un museo en ese edificio. El proyecto fue redactado y presentado por un arquitecto que en aquella época trabajaba para el propio Ayuntamiento, y está aprobado. Es decir, toda la cadencia demuestra que el bien de interés cultural existía, que el edificio cumplía los requisitos de carácter artístico y cultural -entendiendo la cultura como un conjunto de voluntades de un pueblo-, y que además había un proyecto para hacer un museo en ese edificio, aunque también es verdad que desde el Gobierno central no se puede decidir qué museo ni qué gestión debe hacerse.
Concluyo, señor presidente, diciendo que el objetivo de nuestra posición sería, en primer lugar, declarar el bien de interés cultural que fue archivado en 1993, promoviendo un nuevo expediente, y paralizar de oficio ese proyecto -es verdad que ese proyecto está paralizado en este momento porque la Agencia Tributaria, afortunadamente, ha desistido-; en segundo lugar, proponemos -como tantas y tantas iniciativas han hecho en esta Cámara, tanto en Comisión como en Pleno- instar a la Administración central para que promueva un convenio de colaboración con la autoridad que debe gestionar este asunto, cual es el Ayuntamiento de Murcia. ¿Qué es lo que puede facilitarse en ese convenio? Aquí, tentativamente, deberíamos de hablar -y hablamos- de cesión, de permuta, de compra. ¿Para qué? Para facilitar un doble objetivo: por un lado, la rehabilitación del edificio de la antigua cárcel y, por otro, que la Agencia Tributaria tenga sus instalaciones. Através de este convenio se podría también buscar un solar en el que ubicar la nueva sede de la Agencia Tributaria, dedicando la cárcel hoy abandonada a otro uso distinto. Hay competencias municipales en este sentido y la dirección de Cultura puede facilitar la solución. Ese es el objetivo de la proposición. El tema no está solventado y, por tanto, se puede discutir aquí, puesto que el estímulo no caerá en saco roto.
A esta proposición se han presentado dos enmiendas y, aunque la Presidencia nos preguntará al final si las aceptamos o no, me voy a referir a ellas en el sentido de buscar un objetivo más positivo para los que estamos en la oposición. Durante año y medio ya se ha hecho la crítica y ahora vamos a sacar la parte más positiva: que se pueda aprobar algo. En cuanto a la enmienda que presenta el Grupo Socialista, acabo de venir de la Comisión de Presupuestos, en la que estamos discutiendo el articulado de la ley, y creo que es una enmienda que se puede incluir en los presupuestos, aunque entiendo que se haya presentado aquí porque, al final, lo que pretendía el Grupo Socialista es que, a la vez que en nuestra proposición instábamos al Gobierno -nuestra propuesta tenía ya un tiempo de cadencia puesto que fue presentada en octubre de 1998-, se pudiera recoger un compromiso presupuestario para hacer realidad la nueva sede de la Agencia Tributaria. Lo que pasa, señor presidente, es que si esto se admite por parte del proponente, tendrá un voto contrario de la mayoría de la Comisión. Por eso, entendiendo que la propuesta es positiva, que buscaba solventar una parte del problema y que estamos a tiempo de poder incluir esta enmienda en el debate presupuestario que culminará, Dios mediante, dentro de dos semanas en el Pleno, no voy a admitir la enmienda, con el fin de que no suponga una implicación contraria al voto, pero no en el sentido de que la enmienda no venga a cuento, que viene, y no sea oportuna, que lo es.
La segunda enmienda, que se ha presentado por parte del Grupo Parlamentario Popular, la voy a aceptar, con dos matizaciones.
Después le pasaremos a la Presidencia su redacción definitiva, para que el señor presidente disponga del texto que ha de someter a votación. En primer lugar, queremos que se corrija la palabra «decidan», porque el Grupo Popular pretende que decida una academia y nosotros estimamos que no son las academias las que deben decidir, sino proponer; la Administración es la que debe decidir la calificación definitiva. En segundo lugar, queremos que se mantenga la previsión de paralización de oficio del proyecto de demolición.
Por tanto, se haría una síntesis del punto primero de nuestra proposición con el texto que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Si el Grupo Popular acepta esa transacción a su enmienda, creo que podría ser aceptada mayoritariamente. Nos hubiese gustado que también se hubiesen recogido otras partes de la propuesta, pero quedarán para otro momento. Ojalá este diputado pueda defenderlas en la próxima legislatura en esta Cámara. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos. Incluyendo también entre los votantes a los que han sido
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hospedados en el edificio y que guardarán grato recuerdo, según lo que usted ha puesto de manifiesto, no me cabe la menor duda que gozará usted de la confianza suficiente como para defender proposiciones como ésta o alguna similar.
Pasamos al trámite de defensa de las correspondientes enmiendas, comenzando por la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra don Juan Carlos Ruiz, para la defensa de su enmienda.
El señor RUIZ LÓPEZ: En primer lugar, quiero agradecer la posición de los demás grupos a la hora de evaluar el motivo de la presentación de nuestra enmienda, y creo que el diputado de Izquierda Unida lo ha dicho muy claramente. Efectivamente, habría que conseguir que se vuelva a incoar ese expediente para ver si el edificio de la antigua prisión provincial de Murcia puede ser declarado bien de interés cultural, y ése ha sido el motivo que ha llevado al Grupo Parlamentario Popular a plantear esta enmienda para que, con toda la legitimidad del mundo y aprovechando que hablamos de la prisión, se pueda hablar del edificio, se pueda hablar de los usos, se pueda hablar de presupuestos, se pueda hablar de la Agencia Tributaria y se pueda hablar de muchas cosas, pero creo que lo que nos centraba era lo que he expuesto al principio.
En nuestra enmienda planteamos la desaparición del punto 2 porque entendemos que no es esta Comisión la que tiene que instar al Ministerio de Economía a que haga ningún convenio. Lógicamente tiene facultades para ello y lo puede hacer, pero consideramos que sería más lógico que el diputado de Izquierda Unida planteara en la Comisión de Economía la posibilidad de hacer ese convenio. En segundo lugar, y refiriéndome también a la enmienda del Grupo Socialista, valoramos el esfuerzo que ha hecho por colaborar y por dar más ideas, aunque no era exactamente el tema que nos correspondía tratar esta mañana. Nosotros entendemos que si realmente quieren que esa enmienda se recoja, la deben plantear en la Comisión de Presupuestos. Si allí se acepta, estaremos encantados de que salga adelante y, por supuesto, como diputado por Murcia, contento de que la Agencia Tributaria tenga una nueva sede y que se le dote con una partida abundante.
En relación con los bienes de interés cultural, entiendo que no es lógico que seamos nosotros, desde esta Comisión, los que valoremos si son o no son bienes de interés cultural. Lógicamente, podemos tener nuestras ideas y nuestra manera de pensar, pero creemos que debe ser un grupo de expertos -que es lo que plantea el Grupo Parlamentario Popular- quienes informen -en este caso, debido a la modificación que hemos hecho- para valorar si ese edificio del que estamos hablando sería un bien de interés cultural. Por eso proponemos, y ahí está el sentido de nuestra enmienda, que sean las reales academias de Bellas Artes y de San Fernando las que informen si el edificio en cuestión tiene o no valor para su declaración como monumento, y por eso también queremos valorar, porque estamos hablando de expertos, las iniciativas que han tenido colectivos de Murcia como, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos, o personas a nivel individual con prestigio dentro de la región de Murcia, que nos merecen todo el respeto y que han ayudado a que esto vaya adelante.
Como Grupo Parlamentario Popular tenemos que decir que por nosotros que no quede, que si hay que volver, como también ha dicho antes Pedro Antonio Ríos, como en 1981 a incoar un expediente, si hay que volver a hacerlo ahora, que se haga, no queremos que por nuestra culpa o intolerancia un edificio que puede ser bien de interés cultural desaparezca. Nuestra intención, es que se empieze a trabajar en esa línea, y ahí es donde nosotros estamos.
No quiero alargarme más, sólo decir que aunque el diputado de Izquierda Unida, señor Ríos, se ha empeñado un poco en que aparezca al final de lo que era nuestra enmienda -que nosotros aceptamos- que se paralice de oficio su demolición, consideramos que estaba ya incluido dentro de los artículos 11 y 16 de la Ley 16/1985, pero, como ya está incluido, por redundar tampoco importa.
Agradecemos al proponente de Izquierda Unida que haya aceptado nuestra enmienda, y lógicamente votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, la señora Cánovas, para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora CÁNOVAS MONTALBÁN: Intervengo para defender la enmienda de adición presentada por mi grupo cuyo texto leo: «El Ministerio de Economía y Hacienda recupere en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 las cantidades comprometidas en el presupuesto de 1997 de 1.700 millones de pesetas, a fin de construir la nueva sede de la Agencia Tributaria en Murcia con la programación plurianual adecuada».
Dicha enmienda se defiende por sí sola; no obstante daré algunas de las razones que nos inducen a presentarla, así como a apoyar la iniciativa de Izquierda Unida, ya que, estando a favor de la declaración de BIC de la antigua prisión y de que en Murcia se construya un nuevo edificio para Hacienda, creemos que debe de ser en otro lugar.
El Ministerio de Economía y Hacienda tiene en Murcia una delegación que quedó pequeña hace años, planteándose con buen criterio su ampliación en un nuevo y moderno edificio que centralizará todos los servicios que presta Hacienda en la región de Murcia, consignando en el presupuesto de 1997 una partida sobre una programación plurianual que llegaba hasta el 2000 y que con un cuantía de 1.700 millones de pesetas diera satisfacción al que no hemos dudado en calificar de acertado propósito. Pero he aquí que lo que no fue acertado sino más bien todo lo contrario, fue la ubicación de dicho edificio. Se buscó un sitio céntrico, y algún técnico o político creyó encontrar la mágica solución al ver que en el inventario de los bienes del Ministerio de Hacienda aparecía la antigua prisión provincial de Murcia sin presos dentro y a la espera de que las administraciones competentes le buscaran un uso acorde con su arquitectura y su historia y que fuera bien visto por los ciudadanos de Murcia.
Propuestas ha habido varias, incluso convenios o proyectos de convenio entre la consejería de Cultura y el Gobierno central, a fin de instalar allí un museo del que existe proyecto o incluso el archivo histórico-artístico, pero
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ninguno fue llevado a término. En esto, el Gobierno central tira por la calle de enmedio, y, desoyendo las propuestas ciudadanas que solicitan la declaración BIC para el edificio, elabora un proyecto de demolición de la cárcel vieja, como es conocido popularmente el inmueble, y pretende construir en su solar la nueva sede de la Agencia Tributaria en Murcia. Arrecian las protestas, y en una actuación de esas a las que nos va acostumbrando el Gobierno del señor Aznar simplemente elimina de los presupuestos los 1.700 millones, dejando plantado al ayuntamiento y a la comunidad autónoma en sus intentos de ayudar al Ministerio para que Murcia no quede sin esta inversión que concentraría en un edificio los servicios que actualmente están repartidos por la ciudad. Da un portazo, despreciando a los ciudadanos que han demostrado tener más sentido común que el Gobierno, y dice con los hechos: pa mí la perra gorda.
Si comparamos los presupuestos de 1997 con los del 2000, vemos que no es el único caso. Otro ejemplo sangrante de esta práctica del Gobierno es la desaparición en los presupuestos del 2000 de los 4.000 millones que venían siendo destinados a la construcción por Bazán de la segunda fase de los cazaminas en Cartagena, y no aludo a este caso porque tenga que ver con la declaración BIC del edificio de la antigua prisión o la construcción del nuevo de Hacienda sino para demostrar que el Gobierno del señor Aznar ni siquiera maquilla sus incumplimientos.
Por tanto, nuestro grupo dará el respaldo a la propuesta de Izquierda Unida en sus dos apartados o como estime conveniente el proponente, sea o no aceptada nuestra enmienda, ya que considera que el edificio de la antigua prisión provincial es un monumento singular que debe ser declarado BIC, y que por su singular arquitectura y sobre todo por su historia, además de su ubicación y accesibilidad, debe ser destinado a un uso cultural, y no seguir abandonado sino reutilizado como parte de un patrimonio que no nos pertenece y que debemos legar a las generaciones futuras.
El señor PRESIDENTE: Estando como están ustedes de acuerdo fundamentalmente en dos cosas que pueden parecer tan paradójicas, como conservar las cárceles y mejorar los servicios de la Hacienda pública, que trasladado al exterior puede produce alguna sorpresa, no vale la pena que nos empeñemos en pequeñas peleas. (El señor Ruiz López pide la palabra.) Brevemente, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Serán cinco segundos.
En primer lugar, quiero decir que no ha sido el Gobierno Aznar el que desestimó este expediente, sino que fue en 1993 el gobierno central quién desestimó el expediente. Luego, aprovechando el tema de los cazaminas, ya que, estamos hablando de la Agencia Tributaria y de los cazaminas, quiero decir que son buenos temas para hablar en la Comisión de Educación y Cultura.
Sólo recordar que si se llevara a efecto la enmienda que ha presentado el Partido Socialista, posiblemente conllevaría la demolición de esa cárcel, porque lógicamente el proyecto que tiene la Agencia Tributaria es de hacerlo en esa cárcel.
Sólo para recordar eso.
El señor PRESIDENTE: Doña Sacramento, brevemente.
La señora CÁNOVAS MONTALBÁN: El señor diputado no ha debido escuchar bien mi intervención porque yo en ningún momento he dicho que el Gobierno del señor Aznar paralizara el expediente de BIC sino otra cosa que supongo que podrá releer. He dicho claramente que nuestro grupo está a favor de que la Agencia Tributaria debería buscar otro solar, palabras textuales. Ese edificio sobre todo por su historia pertenece a todos los murcianos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: La demolición de la antigua prisión provincial de Murcia ha suscitado la reacción de centenares de murcianos que se han manifestado en su contra y que han pedido al Ministerio de Educación y Cultura que incoe el expediente para la declaración de bien de interés cultural y se paralice su demolición.
Sin lugar a dudas, la prisión provincial es un edificio singular que los murcianos desean conservar. En todo caso, son los organismos competentes los que han de decidir si el citado edificio tiene valor o no para su declaración como monumento o bien de interés cultural.
Por lo tanto, nuestro grupo apoyará la presente proposición no de ley con las enmiendas aceptadas por el grupo proponente y su redacción final.
- SOBRE LA UBICACIÓN DE UN MONUMENTO CONMEMORATIVO DEL FINAL DE LA GUERRA CIVIL EN EL PUERTO DE ALICANTE.
PRESENTADAPOR ELGRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/ 001513.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley que figura con el número 12, del Grupo Parlamentario Mixto, para cuya presentación y defensa tiene la palabra don Manuel Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor presidente, lamento haberme incorporado tan tarde a la Comisión y casi por los pelos, lo cual, dicho sea de paso, debe servir de reflexión en futuras juntas de Portavoces y Mesa ante los temores de alguno de la sobrecarga de trabajo, que parecía que íbamos a necesitar varios días para este orden del día y vamos a terminar bastante pronto. Venía de una situación bélica, venía de intervenir sobre los bombardeos en Irak y sobre la guerra en Chechenia, y ahora lo que quiero es hablar de paz.
Estos días pasados hemos podido asistir, y no sé si en alguna intervención previa se ha hecho alusión a ello, y si no me gustaría que constara en el «Diario de Sesiones», el pesar de esta Comisión por el fallecimiento del patriarca de los poetas señor Alberti (El señor Guerra Zunzunegui:Se ha hecho.), y con esa ocasión hemos tenido la
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oportunidad de ver varias veces cómo intervenía, cómo hablaba su hija, llamada Aitana. Aitana, por si alguna de SS.SS. no lo sabe, es una alta montaña de mi tierra, de Alicante, que es la última montaña que se veía por los exiliados que partían de la guerra civil rumbo al exilio, saliendo desde el puerto de Alicante. Creo que esta referencia, si se quiere poética o emotiva, nos introduce perfectamente a lo que pretendemos.
En la madrugada del 1 de abril de 1939, es decir, hace ahora 60 años, concluía la Guerra Civil en el puerto de Alicante, o al menos concluía para algunos, o concluía para los victoriosos. En las últimas semanas de la guerra miles de republicanos, de demócratas, afluyeron a Alicante buscando una puerta para el exilio, y así se pudo hacer hasta que en la noche del 28 de marzo partió el buque inglés Stanbrook con 2.638 refugiados; en la madrugada del día 29 hizo lo propio el Maritime con algunas decenas de autoridades casadistas. En estos días en el puerto de Alicante permanecieron entre 12 y 15.000 personas en espera de naves que nunca llegaron; algunas naves francesas estaban dispuestas, aunque no pudieron atracar por falta de protección, por el riesgo de ser bombardeados por las tropas franquistas. Según han narrado testigos presenciales, entre los que se encontraba algún ilustre historiador, las escenas que allí se vivieron fueron lógicamente aterradoras, con abundantes casos de suicidio, con diversas cifras que oscilan entre los 22 y los 136.
El intento de declarar el puerto de Alicante como zona neutral nunca fue aceptado por las fuerzas ocupantes, que el 30 de marzo anunciaron controlar la ciudad, aunque no fue hasta el día siguiente que llegaron las tropas italianas y otros batallones del ejército franquista. La desesperación para esas bolsas de miles de refugiados era lógica. Se sabía que desde allí la expectativa que quedaba para la mayoría de ellos era o el pelotón de fusilamiento, o los campos de concentración que proliferaron en la zona, o la cárcel. Alicante desde este punto de vista tiene una deuda de honor y de justicia con los hombres y las mujeres que sufrieron en sus carnes estos hechos, igual que tiene -y yo me siento orgulloso en este caso de ser alicantino- de haber sido la última ciudad en haber caído bajo la garra del fascismo al final de aquella guerra.
Es por ello por lo que parece insólito que este hecho histórico no lo hayan recordado los poderes públicos y que no se haya erigido ningún tipo de monumento, de signo conmemorativo, tanto al padecimiento de las, como digo, miles de personas que allí quedaron embolsadas, como de los que allí encontraron la muerte y, en definitiva, de recordar un hecho como era el fin de una guerra. Han pasado 60 años, y en estos 60 años hemos vivido una dictadura feroz y también hemos conseguido la recuperación democrática, y una sociedad democrática no puede renunciar a la memoria, de la misma manera que la democrática sociedad española puede y debe afrontar hechos históricos como estos sin necesidad de que las diversas fuerzas políticas o sectores ideológicos se adueñen del recuerdo. Todos los demócratas deberíamos estar de acuerdo con la defensa de los que sufrieron la intolerancia y la dictadura.
He de indicar, y por eso se presenta esta proposición no de ley, que formulé una pregunta al Gobierno, en nombre de Nueva Izquierda, sobre si el Gobierno había previsto, con motivo de este 60 aniversario, algún tipo de acto en Alicante para conmemorar, para recordar este final de la guerra, y lo que se me contestó, un poco sorprendentemente, es que lo que se estaba haciendo era el archivo de la Guerra Civil en Salamanca, que ciertamente es una obra que esperemos sea importante desde el punto de vista cultural, pero que tiene poco que ver con lo que se preguntaba. Entendemos también que el final de la Guerra Civil desde esta óptica de tolerancia, de superación de una parte de la más sombría historia de nuestro pueblo, es un asunto de Estado, en el que desde luego deberían comprometerse las autoridades locales, autonómicas y universitarias, porque algunos de los historiadores de la universidad de Alicante, por ejemplo, han trabajado este tema. Además, hay que recordar que la zona donde debería ubicarse este recordatorio es terreno del Estado, depende de la autoridad portuaria y, por tanto, es en un terreno del Estado en el que lógicamente también el Estado debe manifestar su voluntad favorable.
Lo que se pide no es ningún gesto grandilocuente. Se dice en la exposición de motivos que quizá bastara con un sobrio monolito y unos paneles explicativos de los sucesos recordados. No se pretende ninguna obra faraónica, ni ninguna obra que suponga un coste económico excesivo, ni que pueda tardar años en construirse, etcétera.
Por tanto, repito, y con esto concluyo, la proposición no de ley tiene dos partes: que se instale un monumento conmemorativo del final de la Guerra Civil en el puerto de Alicante, antes de que concluya este simbólico año, que deje constancia de los sucesos vividos; y que, con motivo del monumento, se organicen acciones -conferencias, exposiciones- explicativas de lo que allí se vivió. Francamente, entendemos que es una propuesta mesurada, que difícilmente podríamos entender, y difícilmente creo que ningún ciudadano demócrata puede entender que por razones políticas alguien se pueda negar a la aprobación de esta proposición no de ley, salvo con argumentos que insisto, en este momento al menos de mi intervención no alcanzo a imaginar, pues aparte de recordar, insisto una vez más, a aquellos que murieron, aquellos hombres, mujeres y niños que se vieron desplazados desde el puerto de Alicante, aquellos que perdieron allí la esperanza, aparte de recordar todo eso, debe ser un monumento a la reconciliación, debe ser un monumento a la paz, no un monumento de vencedores o de vencidos.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, doña Carmen Solsona tiene la palabra.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Nuestro grupo, aún estando de acuerdo con el espíritu de la proposición no de ley sobre conmemorar el final de la Guerra Civil -siempre hay que celebrar el final de una guerra-, no lo está ni en la forma ni en el lugar, ya que la construcción de un monumento tan importante y significativo para una ciudad es competencia del ayuntamiento de dicha ciudad en última
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instancia. Por tanto, no es aquí, en el Congreso de los Diputados, donde debe decidirse la construcción o no del citado monumento; es, a nuestro entender, la ciudad de Alicante la que debe decidir la conveniencia de su construcción y el lugar de su ubicación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Joaquín Leguina tiene la palabra.
El señor LEGUINA HERRÁN: Si esto que acaba de decir la señora Solsona fuera cierto, el Estado no podría poner ningún monumento, puesto que todo el territorio nacional pertenece a algún ayuntamiento, lo cual por reducción a lo absurdo, señora, no sirve.
Yo voy a apoyar la proposición que ha presentado don Manuel Alcaraz, pero puesto que esto es un Parlamento y tradicionalmente el Parlamento servía para hablar y para convencer, voy a intentar convencer, cosa que sé que está destinada probablemente al fracaso, pero no por eso voy a renunciar a ello; voy a intentar convencer al Grupo Popular.
Señores del Grupo Popular, nada más tomar posesión el presidente del Gobierno, de las primeras cosas que hizo, y que le honran, fue visitar la Fundación Max Aub. Max Aub, como saben ustedes, es uno de los grandes literatos de este siglo. Pese a llevar en su bolsillo el carné del Partido Socialista Obrero Español, el señor Aznar fue a visitar y a honrar a Max Aub en presencia de sus hijas. Yo pensé que era un buen inicio; un buen inicio por lo que significaba Max Aub: un español que eligió ser español (casi ninguno de nosotros elegimos ser españoles, lo somos por nacimiento; él, no) y ha dejado una obra impagable para la historia de la literatura y para la historia sentimental de este país. Pues bien, Max Aub es uno de los narradores de esos hechos que ha descrito someramente el diputado Alcaraz. Los narra en su Laberinto mágico y especialmente en una obra que se titula Campo de los almendros. El título viene dado precisamente por los almendros de Alicante y por los campos de concentración a los que también se ha hecho alusión, concretamente el de Albatera, en el que estuvieron presos muchos republicanos después del final de la guerra.
Les voy a leer lo que dice uno de los personajes justamente en el puerto de Alicante, momentos antes de ser detenido, estando con su familia y dirigiendose a su hijo de cinco años. Dice así: Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son -no lo olvides- lo mejor del mundo. El homenaje es a aquellas gentes y también a quien lo recogió para la historia, como es el caso de Max Aub. Si ahora ustedes se niegan, tendré que volverme sobre lo que pensaba y concluir que aquella visita fue oportunista. Estaría mal que yo llegara a pensar eso, y conmigo mucha gente, porque era un paso que ahora tienen ustedes ocasión de cimentar más en vez de volverse atrás.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Isabel Díez de la Lastra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: El Grupo Parlamentario Popular, aun compartiendo el deseo de celebrar el fin de la guerra civil -como bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), todos estamos satisfechos de haber superado la guerra civil-, no creemos que el Gobierno -en este caso el Ministerio de Cultura, que es la Comisión en que estamos- deba pronunciarse sobre la construcción de cada monumento que se haga en una ciudad.
Quizá porque he sido concejala durante trece años soy una defensora de la autonomía municipal. Creo que el ayuntamiento representa a todos los alicantinos y es el que debe pronunciarse sobre la idoneidad y ubicación de cualquier monumento en la ciudad. El señor Alcaraz ha dicho que el puerto es del Estado. Bien sabe el señor Alcaraz que la representación del Estado en la junta directiva del puerto es mínima. Está el ayuntamiento, representado por su alcalde, fuerzas sociales y la Generalidad Valenciana, que elige a la autoridad portuaria. De todas formas, al margen del fondo de la proposición no de ley y del foro para debatirla, creemos que el mejor monumento a la reconciliación existe ya: las distintas instituciones donde todos nos expresamos y convivimos y sobre todo la Constitución.
La Constitución es el futuro que miran las generaciones actuales, que han hecho suya la afirmación del llorado Rafael Alberti, fallecido estos días, cuando a su regreso a España en 1977 dijo: Salí de España con el puño cerrado, pero ahora vuelvo con la mano abierta en señal de paz y reconciliación con todos los españoles.
El señor PRESIDENTE: Culminado el debate de las proposiciones, vamos a señalar, si les parece, la hora de la votación, de modo que estén ustedes en condiciones de reagrupar efectivos y recabar asistencias y ayudas. Para que les dé a ustedes tiempo de llamar a los compañeros que estarán en la Comisión de Presupuestos, a las doce en punto comenzarán las votaciones.
El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con la votaciones consecuencia de los debates habidos en la mañana de hoy. En primer lugar votamos la proposición no de ley, que figuraba con el número 8 del orden del día, sobre la creación de la oficina de gestión del Plan nacional de evaluación de la calidad de las universidades, del Grupo Socialista del Congreso.
Votamos la proposición no de ley, que figura con el número 9 del orden del día, sobre composición del Consejo Escolar del Estado, del Grupo Socialista del Congreso.
Votamos la proposición no de ley, que figura con el número 11 del orden del día, sobre la declaración de bien de interés cultural del edificio de la antigua prisión provincialde Murcia. Sobre esta proposición se ha llegado a un
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acuerdo en una enmienda, lógicamente con retirada del texto inicial.
¿Están suficientemente informados? (Asentimiento.) Procedemos a la votación.
Votamos la proposición no de ley que figura con el número 12 del orden del día, del Grupo Parlamentario Mixto y defendida por don Manuel Alcaraz, sobre ubicación de un monumento conmemorativo del final de la Guerra Civil en el puerto de Alicante.

References: artículo 27
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 15
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 2
 resolución