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Timestamp: 2018-09-20 09:34:35+00:00

Document:
Tema Derecho a la libertad de tránsito EXP. N.° 6322-2005-PHC/TC
Resolución N. º 06322-2005-HC/TC CALLAO
Caso César Augusto Inca Soller CÉSAR AUGUSTO
Se desarrollan los diversos suspuestos de las restricciones explícitas o implícitas, a las cuales se encuentra sometido el derecho a la libertad de tránsito se encuentra sometido a una serie de restricciones en su ejercicio. INCA SOLLER
En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia.
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Inca Soller contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 140, su fecha 18 de julio de 2005, que declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos.
Con fecha 6 de junio de 2005, don César Augusto Inca Soller interpone demanda de hábeas corpus en nombre propio y a favor de Magda Haro Ramos, María Quispe Colque, Castor Cherca Silvera y el personal de despachadores y de seguridad que oportunamente indique la Empresa de Transporte Urbano Indoamérica S.A. (en adelante ETUISA); contra los señores Roberth Parra Guillermo, Eddy Traverzo Rojas, Manuel Parra Lira, Martín José García Peralta, Héctor Rolando Malpartida, Luis Alvites Zavala, Miguel Alvites Zavala, Carlos Hugo Cruz Tiburcio y Pedro Ángel Orahulio Bendezú, de la empresa Sociedad de Transportistas Independientes S.A. (en adelante SOTISA) por no permitirles el ingreso a los ambientes alquilados a favor de ETUISA, afectando así su derecho fundamental a la libertad de tránsito.
- El día 6 de mayo de 2005 los demandados impidieron arbitrariamente el ingreso de los demandantes a las instalaciones del inmueble ubicado en la Av. Bertello s/n, Programa Habitacional Las Garzas–Callao, limitando su derecho fundamental de libre tránsito y de locomoción; derecho que se ampara en el contrato de alquiler celebrado entre las empresas SOTISA y ETUISA.
- Con carta notarial firmada por la apoderada de ETUISA, Magda Haro Ramos, recibida por SOTISA el día 1 de junio de 2005, se comunicó a los demandados que los recurrentes están facultados para ingresar y salir de las instalaciones del inmueble alquilado por ETUISA. Para tal efecto, la apoderada anexó a la referida carta notarial el poder otorgado por el administrador judicial de esta empresa.
- Asimismo, los demandados retienen indebidamente el Documento Nacional de Identidad de Castor Cherca Silvera y María Elena Quispe Colque, tal como consta en la certificación otorgada por la Comisaría “J. INGUNZA-VIPOL”.
2. Investigación sumaria del hábeas corpus
Con fecha 6 de junio de 2005, el Primer Juzgado Penal del Callao (fojas 16) dispuso que se lleve a cabo la investigación sumaria del hábeas corpus y, en consecuencia, se realice una inspección judicial en el lugar de los hechos y se reciba la declaración indagatoria de las partes en este proceso constitucional.
- El 7 de junio de 2005 el Juez del Primer Juzgado Penal del Callao y el especialista legal (fojas 21), llevaron a cabo la inspección ocular en las instalaciones del inmueble que guarda relación con el proceso. En esta diligencia se pudo observar que salen e ingresan micros de la línea de la empresa SOTISA y de la empresa ETUISA, siendo los últimos concesionarios de la empresa SOTISA según declaración del señor Parra Guillermo, quien se presentó como presidente del directorio de la empresa SOTISA.
- El 8 de junio de 2005 se recibe la declaración indagatoria de Robert Leopoldo Parra Guillermo (fojas 31), quien preside el directorio de la empresa SOTISA. El declarante señaló no conocer a César Augusto Inca Soller y negó las acusaciones que se formulan en su contra. Respecto del contrato de alquiler celebrado con la empresa ETUISA dijo que éste fue celebrado con el administrador judicial de esta empresa, y no con los presuntos agraviados en este proceso constitucional.
- Con fecha 8 de junio de 2005, se recibe un escrito de Lucio Juan Fernández Condori (fojas 33), quien solicita intervenir en el proceso de hábeas corpus en calidad de litisconsorte necesario por ser el apoderado general de la empresa ETUISA. En su intervención, alega que por orden del Juez del Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, ETUISA ya no cuenta con administrador judicial y que los demandantes pretenden sorprender a las autoridades alegando la existencia de un poder caduco. Señala, además, que el demandante, señor Inca Soller, ha sido excluido de esta empresa por malos manejos.
Con fecha 10 de junio de 2005, el Primer Juzgado Penal de Callao (fojas 92) declara infundada la demanda de hábeas corpus, argumentando que no se ha presentado prueba suficiente que acredite la vulneración; y que los presuntos agraviados no se han presentado a brindar su declaración pese a haber sido oportunamente notificados.
Con fecha 18 de julio de 2005, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Callao (fojas 140) confirma la apelada y declara infundada la demanda de autos, por considerar que no se advierte la intervención de los presuntos agraviados en el contrato que obra a fojas 13 y que, en todo caso, el hecho de que el arrendador le niegue el ingreso al inmueble al arrendatario, implica la existencia de un incumplimiento contractual y no la vulneración de un derecho fundamental tutelable a través del hábeas corpus.
1. En anterior pronunciamiento (Exp. N.° 2663-2003-HC/TC), este Tribunal ha establecido que el hábeas corpus restringido “(...) se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, ‘se la limita en menor grado’. Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc.”. Siendo que el objeto del hábeas corpus restringido consiste en atender no los supuestos en los cuales el derecho a la libertad personal es afectado totalmente, sino aquellos en los cuales existe una restricción menor en la libertad física de la persona, se convierte en el instrumento idóneo para tutelar el derecho fundamental a la libertad de tránsito.
2. La Constitución en su artículo 2º, inciso 11 (también el artículo 25º, inciso 6 del Código Procesal Constitucional) reconoce el derecho de todas las personas “(...) a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería”. Esta disposición constitucional procura salvaguardar el hecho de que todo nacional o extranjero con residencia establecida pueda circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio patrio, habida cuenta de que, en tanto sujetos con capacidad de autodeterminación, tienen la libre opción de disponer cómo o por dónde deciden desplazarse, sea que dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso al territorio de nuestro Estado, circulación o tránsito dentro del mismo, sea que simplemente suponga salida o egreso del país.
3. Sin embargo, el derecho a la libertad de tránsito también se manifiesta en la facultad de toda persona para desplazarse, sin impedimentos, en las vías públicas. No obstante, como ha establecido este Colegiado (Exp. N.º 4453-2004HC/TC), si bien la libertad de tránsito suele manifestarse en desplazamiento de la persona a través de autopistas, avenidas, calles, veredas, plazas, o vías con similares características, ello no significa que dentro de espacios semiabiertos e, incluso, ámbitos de carácter particular, no puedan darse manifestaciones vinculadas al ejercicio de este derecho.
4. Por otro lado, por mandato expreso de la propia Constitución, el derecho a la libertad de tránsito se encuentra sometido a una serie de restricciones en su ejercicio (Exp. N.º 2876-2005-PHC/TC). Dichas restricciones pueden ser de dos clases: explícitas o implícitas. Las restricciones explícitas se encuentran reconocidas de modo expreso y pueden estar referidas tanto a supuestos de tipo ordinario, como los enunciados por el inciso 11 del artículo 2° de la Constitución (mandato judicial, aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad), como a supuestos de tipo extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° de la Constitución, referidos a los estados de emergencia y de sitio, respectivamente).
5. El primer supuesto explícito se expresa en que ninguna persona puede ser restringida en su libertad individual, salvo que exista un mandato formal emitido por autoridad judicial. En dicho contexto, y aunque toda persona tiene la opción de decidir el lugar al cual quiere desplazarse y el modo para llevarlo a efecto, queda claro que cuando ella es sometida a un proceso, sus derechos, en buena medida, pueden verse afectados a instancias de la autoridad judicial que lo dirige. Aunque tal restricción suele rodearse de un cierto margen de discrecionalidad, tampoco puede o debe ser tomada como un exceso, ya que su procedencia, por lo general, se sustenta en la ponderación efectuada por el juzgador de que, con el libre tránsito de tal persona, no puede verse perjudicada o entorpecida la investigación o proceso de la que tal juzgador tiene conocimiento. En tales circunstancias no es, pues, que el derecho se restrinja por un capricho del juzgador, sino por la necesidad de que el servicio de justicia y los derechos que ella está obligada a garantizar, no sufran menoscabo alguno y, por consiguiente, puedan materializarse sin desmedro de los diversos objetivos constitucionales.
6. El segundo supuesto, mucho más explicable porque el derecho de locomoción sólo le corresponde a los nacionales o extranjeros con residencia establecida, supone que quien, sin pertenecer a nuestro Estado, pretende ingresar, transitar o salir libremente de su territorio, se expone a ser expulsado bajo las consideraciones jurídicas que impone la Ley de Extranjería. La justificación de dicho proceder se sustenta en que si bien los derechos fundamentales son reconocidos universalmente, cuando se trata de aquellos cuyo ámbito de ejecución trastoca principios esenciales, como la soberanía del Estado o la protección de sus nacionales, el ordenamiento jurídico, sobre la base de una equilibrada ponderación, puede hacer distingos entre quienes forman parte del mismo (del Estado) y quienes carecen de tal vínculo. En tales circunstancias, no es que se niegue la posibilidad de poder gozar de un derecho a quienes no nacieron en nuestro territorio o no poseen nuestra nacionalidad, sino que resulta posible o plenamente legítimo imponer ciertas reglas de obligatorio cumplimiento para hacer viable el goce de dichos atributos. Supuesto similar ocurre en el ámbito de los derechos políticos, donde el Estado se reserva el reconocimiento y la obligación de tutela de derechos fundamentalmente para el caso específico o preferente de los nacionales, sin que con ello se vea perturbada o desconocida la regla de igualdad.
7. El tercer supuesto explícito tiene que ver con otra situación perfectamente justificada. Como resulta evidente, por razones de sanidad también puede restringirse el derecho de tránsito, esencialmente porque, en tal caso, de lo que se trata es de garantizar que el ejercicio de dicho atributo no ponga en peligro derechos de terceros o, incluso, derechos distintos de los derechos de la persona que intenta el desplazamiento. Tal contingencia, de suyo, podría ocurrir en el caso de una epidemia o grave enfermedad que pudiera detectarse en determinada zona o sector del territorio del país. En tales circunstancias, la restricción del derecho de tránsito se vuelve casi un imperativo que el ordenamiento, como es evidente, está obligado a reconocer y, por supuesto, a convalidar.
9. Las restricciones implícitas, a diferencia de las explícitas, resultan mucho más complejas en cuanto a su delimitación, aunque no son, por ello, inexistentes o carentes de base constitucional. Se trata, en tales supuestos, de vincular el derecho reconocido (en este caso, la libertad de tránsito) con otros derechos o bienes constitucionalmente relevantes, a fin de poder determinar, dentro de una técnica de ponderación, cuál de todos ellos es el que, en determinadas circunstancias, debe prevalecer.
10. Del mismo modo como se ha procedido en anterior oportunidad (Exp. N.º 3482-2005-HC/TC), conviene precisar que en el hábeas corpus restringido, si bien no está de por medio una medida de detención, no quiere ello decir que la discusión o controversia a dilucidar resulte un asunto de mera constatación empírica. Por el contrario, en estos casos, como en otros similares, es tan importante verificar la restricción a la libertad que se alega como lo señalado por las partes que participan en el proceso, además de merituar las diversas instrumentales que puedan haber sido aportadas. Al margen de la sumariedad del proceso, es necesario evaluar con algún detalle lo que se reclama y el elemento probatorio con el que se cuenta. Ello con el objeto de tutelar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales (artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional)
11. Para este Colegiado, a excepción de los ámbitos del dominio privado, todo aquel espacio que desde el Estado haya sido estructurado como referente para el libre desplazamiento de personas puede ser considerado una vía de tránsito público. Dentro de tales espacios (avenidas, calles, veredas, puentes, plazas, etc.), no existe, en principio, restricción o limitación a la locomoción de los individuos, esto es, no existe la necesidad de pedir autorización alguna ni ante el Estado ni ante particular alguno, pues se presume que la vía pública pertenece a todos y no a determinada persona o grupo de personas en particular. En ese sentido, las vías de tránsito público, sirven no sólo para permitir el desplazamiento peatonal, sino para facilitar otros ámbitos de autodeterminación de la persona o el ejercicio de otros derechos fundamentales (trabajo, salud, alimentación, descanso, etc.); y como tales, se constituyen en un elemento instrumental sumamente importante del cual depende la satisfacción plena o la realización de una multiplicidad de objetivos personales. Sin embargo, siendo las vías de tránsito público libres en su alcance y utilidad, puede ser, en determinadas circunstancias, objeto de regulaciones y aun de restricciones. Cuando estas provienen directamente del Estado, se presumen acordes con las facultades que el propio ordenamiento jurídico reconoce en determinados ámbitos (como ocurre, por ejemplo, con las funciones de control de tránsito efectuadas por los gobiernos municipales); pero cuando provienen de particulares, existe la necesidad de determinar si existe alguna justificación sustentada en la presencia, o no, de determinados bienes jurídicos.
12. En el caso concreto, el demandante afirma que los emplazados no permiten su ingreso, ni de las otras personas en cuyo favor ha interpuesto también la demanda de hábeas corpus, a los ambientes alquilados en beneficio de la Empresa de Transportes Urbano Indoamérica S.A., ETUISA. Al respecto, este Tribunal estima conveniente puntualizar dos cuestiones. En primer lugar, que no se puede descartar la posibilidad de que se vulnere, dentro de un espacio privado, el derecho fundamental a la libertad de tránsito, en aquellos supuestos, por ejemplo, en que, no obstante que un espacio sea de dominio privado, una persona que es miembro de una asociación o cualquier persona que tiene una propiedad dentro de ella, se ve impedido de ingresar o salir de él, arbitrariamente, por decisión de una persona o de un grupo de ellas. En segundo lugar que el derecho a la libertad de tránsito no comprende únicamente el desplazamiento por medios propios, sino que también incluye el desplazamiento a través de vehículos u otros medios de transporte. No obstante esto, se aprecia que el objeto de la controversia, en el presente caso, está directamente relacionado con dicrepancias que se derivan de un contrato de concesión de playa de estacionamiento, que obra a fojas 13. Lo cual se manifiesta también en el escrito de fojas 33, en el cual don Lucio Juan Fernández Condori, apoderado de la empresa ETUISA, desautoriza a la persona que presentó la presente demanda de hábeas corpus, en virtud de lo decidido en el proceso civil signado con el expediente N.º 37700-97. De todo se concluye que no se advierte la vulneración del derecho fundamental a la libertad de tránsito invocado. Por el contrario, se infiere de los actuados que los hechos controvertidos no corresponden ser dilucidados por este Colegiado, y menos aún en un proceso constitucional como el del hábeas corpus.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 137