Source: http://www.accounter.co/normatividad/sentencias/sentencia-t-09810-parejas-que-viven-en-union-libre-pueden-heredar-pension-de-manera-retroactiva.html
Timestamp: 2017-09-24 15:41:09+00:00

Document:
Sentencia T-098/10 Parejas que viven en unión libre pueden heredar pensión de manera retroactiva : Accounter
febrero 15, 2010 8:59 pm
Sentencia T -098/10
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil diez (2010)
4. El dos (2) de marzo de dos mil nueve (2009), solicitó nuevamente a Seguros Bolivar S.A. el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, “(…) por haber convivido ocho (8) años en unión marital de hecho (…)” (Cuad. 1, folio 12) con el señor Cuadros Estevez, reuniendo así “(…) los requisitos exigidos por la ley 100 de 1993 (…)” (Cuad. 1, folio 12).
2.1 Procedibilidad de la acción de tutela.
2.1.1 El artículo 86 de la Constitución establece como regla de procedibilidad de la acción de tutela, que la misma “(…) solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. A su vez, dentro de las causales de improcedencia de la misma, contempladas en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, se encuentra la existencia de otros medios de defensa judicial, pero esta disposición enfatiza que “(…) la existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”.
2.1.3 Dadas las características de la acción de tutela y debido a los tres enunciados señalados que concretan las reglas de procedibilidad de la acción en comento, el juez de tutela, antes de abordar cualquier otro problema jurídico, debe efectuar un análisis suficiente que le permita constatar la inexistencia de otro medio de defensa judicial dentro del ordenamiento jurídico, su ineficacia dadas las circunstancias del caso concreto, o el acaecimiento de un perjuicio irremediable[2]. No se trata entonces de un ejercicio mecánico, mediante el cual la autoridad judicial simplemente declara una acción improcedente o procedente, sino que debe haber un ejercicio oficioso de toda autoridad judicial, con sustento argumentativo, que determine la procedencia de la acción de tutela.
2.1.5. A juicio de la Corte, esta conclusión, empero, partió de una compresión errada del problema jurídico planteado y por tanto de los derechos fundamentales en juego. Es del caso recordar que la acción de tutela, conforme al Decreto 2591 de 1991, es informal. Por lo mismo, y al poder ser ejercida sin apoderado judicial, el juez debe estudiar con mucho cuidado la solicitud, para extraer de ahí – al igual que del material probatorio a su disposición – el derecho verdaderamente transgredido y la posible reparación que deberá ordenar. Por lo mismo, el inciso segundo, del artículo 14, del mencionado Decreto consagra que “No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado (…)”, cosa que debe efectuarse “(…) con la mayor claridad posible, [expresando] la acción o la omisión que (…) motiva [la acción de tutela] (…)”[3]. En cuanto a la protección del derecho transgredido, el artículo 23 del Decreto establece que el fallo “(…) tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior de la violación cuando fuera posible (…)”.
Ahora bien, el yerro cometido por las autoridades judiciales se acentúa aún más si se considera el análisis del caso concreto desde la procedibilidad excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente. En efecto, a pesar de que el asunto bajo estudio debió ser analizado desde la óptica de la transgresión del derecho a la igualdad, lo cierto es que sí el problema jurídico se hubiese abordado desde esta otra perspectiva, la simple observación de los hechos impelía a que la acción de tutela fuera declarada procedente. Esto, por cuanto, de las pruebas que obran en el expediente se observa con claridad que existía un perjuicio irremediable en la medida en que se afectaba el mínimo vital de la gestora del amparo, quien recibió por más de veintinueve años la mesada pensional del causante y de la cual dependía para satisfacer el mencionado derecho fundamental (Cuad. 1, folio 4).
2.2.2. Ahora bien, en décadas pasadas, visiones morales – revestidas de normas jurídicas- acarreaban tratos diferentes – bajo una perspectiva que actualmente sería vista como discriminatoria – para aquellas familias que se hubiesen conformado sin seguir cánones sociales específicos, esto es, sin contraer matrimonio. De allí que tales uniones se reconocieran bajo nombres peyorativos como concubinato, amancebamiento o barraganería, las cuales al ser consideradas “ilegítimas”, les eran adscritas consecuencias jurídicas adversas por la diferencia de trato que tenían respecto de quienes se encontraban casados por contrato matrimonial.
Un ejemplo de lo anterior se encontraba en lo previsto en el artículo 275 del CST (Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados por la Ley 141 de 1961 como legislación permanente), que establecía el derecho de la cónyuge y los hijos legítimos menores de diez y ocho (18) años de recibir temporalmente la mitad de la pensión del trabajador jubilado. Además de las limitaciones establecidas al derecho a la sustitución pensional en términos generales[4], los hijos habidos fuera del matrimonio sólo tenían derecho a la mitad de la mesada pensional a que tenían derecho los hijos “legítimos” y ningún derecho era reconocido a la concubina[5].
2.2.4 Frente a la seguridad social, una primera variación importante fue la posibilidad de que las viudas recibieran de forma vitalicia la sustitución pensional, quienes sólo hasta la Ley 33 de 1973 obtuvieron ese derecho, pero se continuó excluyendo del mismo a las concubinas. A mediados de la década de los 70 del siglo pasado, se promulgó la Ley 12 de 1975, “Por la cual se dictan algunas disposiciones, sobre régimen de pensiones de jubilación”, que comenzó a reducir las antiguas discriminaciones entre cónyuge y compañera permanente. En efecto, el artículo 1º de esta norma consagraba que “El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador (…) tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si ese falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en convenciones colectivas”.
Esta disposición, empero, desde una interpretación literal, restringía la sustitución pensional a que el trabajador muerto no se hubiera jubilado aún. Por lo mismo, se promulgó la Ley 113 de 1985, que adicionó la Ley 12 de 1975. El parágrafo 1º del artículo 1º de esa nueva disposición, contempló que el derecho de la sustitución pensional procedería “(…) tanto cuando el trabajador fallecido estaba pensionado como cuando había adquirido el derecho a la pensión”.
De hecho, la abrupta interrupción del pago de la mencionada prestación se produjo cuando su hijo contaba ya con más de veintinueve años de edad (Cuad. 1, folio 3), luego la suspensión no tuvo nada que ver con el cumplimiento de la mayoría de edad o con la ausencia de estudios universitarios. Esta circunstancia fue aceptada por Seguros Bolívar S.A., que en la respuesta a la petición presentada por la demandante el dos (2) de marzo de dos mil nueve (2009), señaló que la mesada pensional fue “(…) puntualmente pagada (…), hasta el 13 de enero del año en curso, fecha en la cual el beneficiario contaba con más de 25 años de edad” (Cuad. 1, folios 9 y 20).
3.5 Ahora bien, tanto en respuesta a la solicitud de la actora, como a la tutela en cuanto tal, Seguros Bolívar adujo que no le asistía ningún derecho a la sustitución pensional del causante, pues al momento de la muerte de Hernando Cuadros Estevez regía la Ley 33 de 1973, que sólo reconocía derechos para la viuda del trabajador, mas “(…) no consagra[ba] derecho alguno para la compañera permanente” (Cuad. 1, folios 9 y 20). Es decir, la demandada pretende que aún después de la Constitución de 1991 se continúe aplicando una disposición que discriminaba, por razones morales, a las mujeres que libremente habían decidido formar una familia sin casarse. Esta postura pone en evidencia que la decisión de cancelar el pago de la pensión de sustitución supuso una trasgresión al derecho a la igualdad, ya que excluye a una persona de la sustitución pensional que se encuentra bajo el mismo supuesto de una cónyuge – por haber hecho vida marital con determinado hombre –, y sólo por el hecho de no haberse casado.
[9] Aún así, la Corte determinó que los efectos económicos de la decisión, sólo empezarían a correr desde la notificación de la sentencia.
[10] Igualmente, en la sentencia C-309 de 1996, esta Corporación declaró inexequibles las expresiones “o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital” del artículo 2º de la Ley 33 de 1973, “o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital” del artículo 2º de la Ley 12 de 1975; y “por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital” del artículo 2º de la Ley 126 de 1985, pues estas regulaciones contemplaban que se perdía la sustitución pensional en tales circunstancias. Es decir, aún se sancionaba jurídicamente a las mujeres que decidieran casarse nuevamente o unirse maritalmente con un nuevo hombre. En esta oportunidad, La Corte indicó que los efectos de estas normas, actos inconstitucionales pretéritos, eran un factor de lesividad que se hacía patente frente al nuevo régimen de la Ley 100 de 1993 que no contemplaba tal condición resolutoria. Para las mujeres que habían perdido este derecho a partir de la Constitución se observaba un trato desigual para hechos iguales – reanudar una vida en pareja tras la muerte del esposo o compañero permanente -, carente de justificación objetiva y razonable. Por lo mismo, la seguridad jurídica no podía ser usada para mantener este acto discriminatorio. Así, la Sala Plena de esta Corporación dispuso, en la parte resolutiva de la sentencia, que las viudas que con posterioridad a 1991 hubieren contraído nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, perdido la pensión de sobreviviente, podrían ver restablecidos sus derechos constitucionales conculcados y reclamar ante las autoridades competentes las mesadas que se causaran a partir de la notificación de esa providencia.
Etiquetas: libre, manera, parejas, pension, pueden, sentencia, Union, viven

References: artículo 86
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 23
 artículo 275
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2