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Timestamp: 2016-08-25 11:28:54+00:00

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Mientras la opinión siga siendo libre, acá estamos...
EL PRESIDENTE DE LA DIGNIDAD Entre el 12 de octubre de 1963 y 28 de junio de 1966 la República Argentina tuvo un gobierno ejemplar. Un gobierno democrático y progresista al que muchos pretendieron - y aun pretenden - limitar a la litografía
de un Presidente despojado de la ambición por acumular bienes materiales. Hemos
escuchado, más de una vez, repetir como un mantra aquello de que “Illia murió
pobre”. Un error de percepción axiológica. Illia no era pobre. Illia era
honesto. Ser pobre es una circunstancia. Ser honesto, una virtud. Por eso Illia representa una virtud ética cardinal que debería ser el
presupuesto que antecede toda vocación política. Han pasado 50 años del derrocamiento de aquel gobierno ejemplar que, como bien señalara el historiador Félix
Luna, llevaba “un pecado original que el peronismo nunca perdonó”, refiriéndose
a las condiciones de proscripción que en las que se desarrollaron las
elecciones del 7 de julio de 1963. Pero no
es menos cierto - como suele rememorar el Profesor Alberto Abecasis - que dicha situación “no era un componente
atribuible a Illia”. El compromiso de Illia por lograr una democracia plena e
incondicionada se manifestó la misma noche de los comicios, momento en el cual
el Presidente electo anunciaba que aquella seria “la última elección con
proscripciones”. En cumplimento de esa consigna el 17 de octubre de 1963 – a tan sólo 5
días de haber asumido el gobierno - se autorizó el primer acto público del Peronismo
en la Plaza de Once, derogándose el decreto que prohibía las actividades de
dicha agrupación política y poniendo fin de esta manera a años de arbitraria
proscripción. El 7 de enero de 1965 la Justicia Electoral de la Capital Federal
otorgó personería política al Partido Justicialista. En las elecciones
parlamentarias nacionales de 1965, el Movimiento Nacional Justicialista pudo
asistir a la compulsa del 14 de marzo bajo el nombre “Unión Popular” resultando
triunfante en ésa instancia, sin que ello diera lugar a la anulación de las
elecciones o el desconocimiento de la voluntad popular expresada libremente en
las urnas. Como había sucedió, por caso, durante el Gobierno de Frondizi en
1962 en donde que se anularon las elecciones en todo el país, entre ellas la de
la Provincia de Córdoba donde había triunfado la fórmula de la Unión Cívica
Radical del Pueblo que postulaba a Arturo Illia y Justo Páez Molina como
candidatos a Gobernador y Vicegobernador respectivamente. A pesar de estos avances, la acción política del Justicialismo se
endureció progresivamente, sumándose a ello el inclemente plan de lucha lanzado
por la Confederación General del Trabajo encabeza por Augusto Vandor, lo que
sin lugar a dudas en nada contribuía a estabilizar la transición democrática.
Esto no hizo mella en la vocación democrática del Presidente Illia, que gobernó
sin apelación al Estado de Sitio, ni persecución a opositores, ni presos
políticos. Ejemplo de ello fue la legalidad con la que se enfrentó la aventura
del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) comandado por Jorge Ricardo Masseti,
quienes enclavados en Salta buscaron diseminar un movimiento foquista, animados
por la experiencia de la Revolución Cubana. El Gobierno desarticuló esa operación
aplicado rigurosamente la ley, sin violar los derechos humanos de los
involucrados en la primera acción guerrillera intentada en nuestro país. Pero no estaban allí los enemigos de aquel gobierno. La instrumentación del Seguro Nacional de Salud que universalizaba la
cobertura sanitaria a toda la población, concibiendo a la salud como un bien
social - como lo definiera el Ministro Oñativia - afectaba directamente los
intereses de obras sociales y empresarios de la salud que verían reducidos sus
amplios márgenes de rentabilidad. Esto se complementó con la sanción de la Ley
Nacional de Medicamentos basada en una filosofía humanista de profunda
sensibilidad social, que vino a poner coto a las pingues ganancias obtenidas
por laboratorios y oligopólios farmacéuticos que concentraban la lucrativo
industria de las patentes medicinales. Desmotar ese fenomenal negocio implicó ir en contra de la
mercantilización de la salud pública, lo trajo que aparejado como consecuencia
los apremios de la industria farmacológica contra el gobierno nacional, con
acciones que iban desde el desabastecimiento hasta la presión ejercida desde
organismos multilaterales de crédito. Sectores de la prensa gráfica, encabezados por Jacobo Timerman,
Bernardo Neustadt, Mariano Grondona, Ramiro de Casasbellas, Tomás Eloy Martínez
y Mariano Montemayor entre otros "notables" periodistas, se constituyeron en la
vocería de los sectores reaccionarios que impulsaron la destitución del
Presidente Illia en defensa de inconfesables intereses. No fue extraño a ese
ambiente cargado de conjuras las editoriales del periódico fundado por Roberto
Noble, quien mantenía una indisimulable simpatía por la figura del Presidente
Frondizi y respaldaba las medidas de Gobierno adoptadas entre 1958 a 1962; medidas a las
que Arturo Illia vendría a subvertir inspirado en las mejores tradiciones del
ideario de reparación que predicaba Hipólito Yrigoyen. Sin embargo no existió
restricción alguna a la libertad de expresión, ni tentativa de revancha contra
aquellos que ridiculizaban - sin inocencia - la investidura presidencial. Ni
mucho menos periodistas asalariados o propaganda oficial que intentara
contrarrestar las embestidas de los factores de presión y los grupos de poder. Esto conmemoración seria incompleta si no hiciéramos referencia a una
de las acciones de Gobierno más valientes encaradas por el Dr. Illia en defensa
de la soberanía nacional, en cumplimiento del compromiso expresado durante la
campaña electoral de 1963. Nos referimos a la anulación de los contratos
petroleros, reafirmando en ese acto la postura histórica de la Unión Cívica
Radical en materia de hidrocarburos y recursos naturales llevada adelante por
el General Mosconi bajo la Presidencia de Yrigoyen y Alvear respectivamente.
Aquellas convenciones leoninas suscriptas bajo el Gobierno de
Frondizi, implicaban renunciar a recursos estratégicos para el desarrollo del
país, vulnerando derechos de las Provincias donde se ubicaban los yacimientos e
inobservando lo establecido en la normativa legal, otorgando a los
concesionarios la propiedad de la riqueza del subsuelo de la Patria. El
Presidente Illia se mantuvo inconmovible en la decisión soberana de lograr que
YPF volviera a ser “la entidad rectora del desarrollo energético” en nuestro
país, como él mismo afirmara en su discurso de asunción del 12 octubre de 1963.
Los decretos N° 744 y N° 745 declararon “nulas de la nulidad absoluta” las concesiones petroleras a
compañías trasnacionales efectuadas por Frondizi, por "vicios de
ilegitimidad” y por “ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación",
medida que alcanzaba a los contratos relativos a la explotación y la
perforación de pozos petroleros. Militando sin desviaciones en la línea yrigoyenista, la anulación de
los contratos petroleros decretada por el Presidente Illia – como afirmara el
ex Subsecretario de Energía de la Nación Gustavo Callejas - no implicó perder
el autoabastecimiento, ni ocasionó una baja en la producción de hidrocarburos,
como suelen exponer falazmente escribas de los factores de poder contrariados
por aquella decisión soberana. Tampoco - reflexiona el autor citado - esto obligó al pago de indemnizaciones en acuerdos
extrajudiciales. Aquella decisión, por el contrario, permitió reorganizar YPF,
lo que trajo entre otras consecuencias ventajosas para el país el
descubrimiento años más tarde en Neuquén del yacimiento gasífero Loma de La
Lata, en un área que estaba en poder de la petrolera ESSO. La defensa irrestricta de la soberanía también tendría sus
manifestaciones en la política exterior. La Resolución 2065 adoptada por la
Asamblea General de la Naciones Unidas constituye el mayor avance diplomático con
relación a la recuperación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Aquella resolución fue aprobada con 94 votos favorables, 14 abstenciones, sin
registrase posiciones contrarias. La resolución expresa en sus considerandos
que está inspirada en “el anhelado propósito de poner fin al colonialismo en
todas partes y en todas sus formas” admitiendo “la existencia de una disputa
entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte acerca de la soberanía sobre dichas Islas” ante lo cual “invita a los
Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial
encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema teniendo
debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las
Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como
los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands)”. De esta manera el cuerpo diplomático argentino encabezado por el Canciller
Miguel Ángel Zavala Ortiz y el Embajador José María Ruda lograba que Naciones
Unidas reconocieran la existencia de una disputa de soberanía e instara a la
negociación bilateral entre las partes a los fines de procurar la solución
pacífica al problema, teniendo en cuenta los intereses de los isleños, lo que
no implicaba ponderar sus deseos ya que ello hubiese significado extender a
dicha situación el principio de libre determinación, situación que no configura
éste supuesto ya que no se trata de un reclamo de independencia de los isleños
respecto al Reino Unido, sino una disputa bilateral de dos naciones soberanas
sobre un territorio insular. Pero si bien éste constituye un gran logro diplomático en mérito de la
defensa de la soberanía nacional, no es menor destacar otros puntos
sobresalientes del gobierno del Dr. Illia en materia de política exterior. Como
por caso la negativa de enviar tropas a la Republica Dominicana para participar
- junto a los marines estadounidenses - del derrocamiento del Presidente Juan
Bosch. Prevaleció, ante las intimidaciones externas y las presiones internas,
la tradición histórica de Radicalismo de solidaridad latinoamericana, el
principio de no intervención y el mandato yrigoyenista que reza que “los
hombres son sagrados para los hombres, como los pueblos sagrados para los
pueblos”. 46 años después de que Hipólito Yrigoyen ordenara izar el pabellón
dominicano en Santo Domingo ante la invasión norteamericana a la isla, aquel
joven médico oriundo de la ciudad de Pergamino al cual Yrigoyen designara
medico ferroviario en Cruz del Eje, desde la primera magistratura emularía con
firmeza la posición doctrinaria del primer Presidente democrático surgido de la
Su paso por Europa durante de la década del 30´ le permitió vivir de
cerca el ascenso de los totalitarismos, razón por la cual siempre desprecio el
culto a la personalidad. Tal vez aquellas vivencias hayan influido en su
capacidad para diferenciar claramente la defensa de los intereses nacionales
del nacionalismo y la vocación popular del populismo. Así es que a la par de la defensa de los intereses nacionales, el gobierno de Illia se fundaba en una profunda vocación popular patentizada en
medidas propias de lo que años más tarde se denominaría “Estado de Bienestar”.
La dignidad salarial de los trabajadores fue una preocupación constante de
Illia, lo que motivo la sanción de la Ley 16. 459 del año 1964, por la cual se
establecía el salario mínimo, vital y móvil, creando el Consejo del Salario
integrado por representantes del Estado, los sindicatos y las cámaras
empresariales, cuya función esencial era la de determinar periódicamente el salario
vital mínimo. A no dudarlo, aquella fue una ley hija del espíritu del Artículo
14 bis de la Constitución Nacional. Consecuencia directa de esto fue el crecimiento del salario real entre
1963 y 1966 en una casi un 10%, elevando la participación de los trabajadores
en la distribución del ingreso al 43%. Esto se complementaba con la sanción de
la Ley de Abastecimiento que protegía el consumo de los sectores populares,
mediante el control de precios de los insumos que componían la canasta
familiar, como reaseguro del poder adquisitivo del salario. La Confederación General del Trabajo, a pesar de estos indicadores y
de que la desocupación cayó de 8,8 % en 1963 a un 5,2 % en 1966, lo cual la
ubicaba casi en el umbral del pleno empleo, no daba tregua y embestía
incesantemente contra el Gobierno de Illia. Imperturbable, el Presidente
garantizó sin limitaciones el derecho de huelga y los derechos colectivos de
las organizaciones sindicales y los representantes gremiales. La política económica, como no podía ser de otra manera, estaban en
consonancia con la defensa de los intereses nacionales y populares. El equipo
económico que acompañaba al Presidente integrado por Eugenio Blanco, Juan
Carlos Pugliese, Alfredo Concepción, Enrique García Vázquez, Roque Carranza,
Félix Elizalde, entre otros hombres de notable formación, tenía la
particularidad de no provenir de ningún “think tank” financiado por grupos
económicos que como contraprestación exigían el amparo de intereses
particulares o sectoriales. De todos ellos se puede predicar que compartían una
savia común que entendía que la economía debe estar subordinada a la política y
está a programas que se estructuren sobre la base de claras posiciones
ideológicas y férreos principios morales. Los organismos multilaterales de crédito, surgidos de los acuerdo de Bretton
Woods recibieron al gobierno de Illia con una agenda que incluía una particular
interpretación de las garantías de seguridad jurídica para el capital
extranjero: políticas impositivas diferenciales como requisito para atraer
inversiones, congelamiento de salarios, enajenación de activos públicos,
restricción de la intervención estatal en la economía, apertura de las
fronteras económicas, desregulación de barreras arancelarias, ajuste de las
cuentas públicas, restricción de la estructura estatal y control del déficit público, entre otras ya
clásicas medidas de la ortodoxia económica. Arturo Illia desechó la aplicación de medidas de este
talente que hubieran golpeado fuertemente a los sectores populares. Por lo que
tomo la decisión de cancelar vencimientos sin comprometer reservas, evitando la
opción de tomar nuevos créditos de aquellos mismos organismos. La deuda externa
global del país entonces operó una notable disminución lo que significó la
recuperación de la autonomía, evitando injerencias externas sobre nuestra
política económica. Esto no entraño enclaustrar nuestra economía, si no que por
el contrario, siguiendo lo establecido en plataforma difundida durante la
campaña electoral, se diversificaron las relaciones comerciales en el plano
internacional, siendo ejemplo de ello la apertura de relaciones comerciales con
la República Popular China y países de Europa del Este – valga ponerlo en
contexto – en pleno desarrollo de la denominada “Guerra Fría”. Solo por citar algunos indicadores podemos mencionar la evolución del
Producto Industrial del 4, 1% en 1963 al 18, 9% en 1964 y al 13, 8% en 1965. El PBI opero un crecimiento el 2,4%
en 1963, 10, 3% en 1964 y 9,1% en 1965.
Las reservas en oro y divisas al asumir Illia el Gobierno se encontraba en el
orden de los 6.384 millones de pesos, en tanto que al momento de producirse el
asalto al gobierno por parte de Juan Carlos Onganía el país contaba con 38.037
millones pesos de reservas en oro y divisas. La deuda externa en tanto
experimentó una deducción en el mismo periodo de 3.390 millones de pesos a
2.650 millones. Los fríos números de la economía toman color popular si recordamos que
estas medidas tuvieron su correlato en el plano interno con la adopción de una
política crediticia desvinculada de la especulación financiera y volcada a la
producción y el trabajo, mediante un fuerte impulso al cooperativismo y
rigurosos controles a la banca
internacional para limitar el giro de utilidades al exterior y a las entidades
financieras nacionales respecto del otorgamiento de préstamos por encima de la
capacidad de respuesta económica. La creación del Consejo Nacional de Desarrollo acompaño esta política
económica, impulsando la industrialización, la sustitución de importaciones, la
promoción de las exportaciones y el despliegue de un plan federal de obras
públicas que armonizaran el crecimiento y apuntalara el progreso de las
economías regionales. A esto se sumó el control del desempeño de las empresas
públicas con la creación de la Sindicatura General de Empresas del Estado,
poniéndolas al servicio del proyecto nacional.
En paralelo se estableció el Consejo Económico y Social como instancia
democrática de planificación de la economía nacional, respetando las
competencias originarias del Congreso de la Nación en materias establecidas por
la Constitución Nacional, descartando cualquier tentación por solicitar
facultades extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En el plano institucional se respetó sin
cortapisas el principio republicano de división entre los poderes del Estado,
asegurando la independencia del Poder Judicial como forma de garantizar la
imparcialidad de la Justicia. Illia le rechazó la renuncia a los Ministros de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresándoles “la República necesita
los jueces de la Constitución y no los jueces del Presidente. Cumplan ustedes
con fidelidad su labor”.
Pero todo crecimiento económico - sabia Illia - deviene injusto sin ello no es acompañado de un equitativo
progreso social. Formado en los valores de la Reforma Universitaria de 1918,
asumía como consigna que la educación es el motor de la movilidad social
ascendente, razón por la cual elevo la asignación de las partidas dirigidas a
educación, cultura, ciencias e investigación de un 12% en 1963 al 25% en 1965,
duplicando así su participación en el presupuesto nacional. Su salida del gobierno fue la resultante de la confluencia de factores
convergentes, muchos de los cuales son relevados por los investigadores Cesar
Tcach y Celso Rodriguez en la obra “Illia. Un sueño breve”, la que
cuenta con interesantes aportes surgidos de la desclasificación de documentos de la Embajada de los Estados
Unidos en nuestro país. Los intereses
corporativos que habían visto peligrar sus privilegios por las acciones
emprendidas por un Presidente sin macula, tuvieron en el sector integrista de las
Fuerzas Armadas - de orientación falangista y formados en la doctrina de
Seguridad Nacional - su brazo armando para perpetrar el golpe de Estado. Illia cuyas única arma de defensa era su integridad moral, intento
resistir el putsch encabezado por Perlinger, Pistarini y Alsogaray al mando de
un grupo de oficiales del Ejército. Si bien no pudo detener aquel avance, no se
privó de calificarlos frontalmente de “salteadores nocturnos”. Rodeado por un
puñado de colaboradores y algunos militantes de la Unión Cívica Radical, bajo
las escaleras de la Casa de Gobierno y salió con la misma honestidad que había
ingresado. Arturo Illia había dejado de ser Presidente de la Republica para
volver a ser el militante orgánico que fue toda su vida. Un militante democrático
y progresista que había encontrado en el Radicalismo las banderas para portar
en su estandarte. La Dictadura de Ongania, lo encontró caminando junto a los estudiantes
conmemorando el 50° aniversario de la Reforma Universitaria, como recordara
alguna vez Guillermo Estévez Boero, quien se refreía a Arturo Umberto Illia - con
toda razón - como el “Presidente de la Dignidad”. Publicado por
50º aniversario derrocamiento,
EL SABLE QUE EMPUJA LA PLUMA
El Gobierno de la alianza Cambiemos suele conseguir logros de manera paradojal. Prueba de ello es el contundente reconocimiento a la política de democratización de Las Fuerzas Armadas llevada adelante por el Presidente Raúl Alfonsín, de parte de organismos de Derechos Humanos, intelectuales progresistas y dirigentes políticos y sociales del campo popular. Muchos ellos - que le negaron a Alfonsín en su momento la valentía cívica puesta de manifiesto durante la transición democrática - en los últimos 12 años -valga decirlo - tuvieron una actitud, al menos benévola, con iniciativas como el denominado “Proyecto X” (por medio del cual Gendarmería Nacional ejecutaba actividades de espionaje o inteligencia sin una clara delimitación metodológica o especificación de objetivos), las denuncias sobre actividades de inteligencia militar a cargo del General Cesar Milani (acusado de participar en la comisión de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar) o la nunca resuelta desaparición en democracia de Jorge Julio López, tras su declaración en el juicio por delitos de lesa humanidad en el que fue condenado el represor Miguel Etchecolatz. El decreto 721/2016 firmado por el actual titular del Poder Ejecutivo Nacional, de manera paradojal, vino a iluminar los valores democráticos del Gobierno del Presidente Alfonsín y el coraje político para defender sus instituciones. El Presidente Alfonsín había fijado como misión primordial de su mandato restablecer el orden democrático, la forma representativa y republicana de gobierno, garantizar los Derechos Humanos, juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad conforme una gradación de responsabilidades penales, civiles y políticas, depurando a Las Fuerzas Armadas, para devolverlas al marco de sus responsabilidades originarias en torno a la defensa nacional. En concordancia con esa misión fundacional para la democracia argentina, el Presidente Alfonsín firmó los decretos 436/84 (del 12 de enero de 1984, a poco más de un mes de iniciar su mandato) y el 101/85 (del 16 de enero de 1985) con el objetivo de reimplantar la subordinación absoluta de Las Fuerzas Armadas al orden jurídico democrático y poner la toma de decisiones - aun las administrativas - en la esfera del poder civil y las instituciones que establece la Constitución Nacional, que son las que legítimamente elige el Pueblo mediante el sufragio universal, secreto y obligatorio. Esta doctrina democrática sobre el poder castrense se complementó con la sanción de la ley que modificó el Código de Justicia Militar y ponía en la órbita de la jurisdicción civil el juzgamientos de miembros de Las Fuerzas Armadas (lo que posibilitó el Juicio a las Juntas y los procesos penales por delitos de lesa humanidad, conjuntamente con los decretos presidenciales 157/83 y 158/83), la ley de seguridad interior y la ley de defensa nacional. Este hecho toma una relevancia extraordinaria si tenemos en consideración que el expandido poder militar no había declinado frente a las fuerzas de la democracia y era, aún, un factor de desestabilización permanente y al acecho. Lo que quedó demostrado con las asonadas militares que tuvieron en vilo a la democracia argentina en Semana Santa del año 1987 y en Monte Caseros y Villa Martelli durante el año 1988.
Aquellos decretos firmados por el Presidente Alfonsín cargaban con el propósito de refirmar, de manera indubitable, el carácter de Comandante en Jefe de Las Fuerzas Armadas del Presidente de la Nación tal cual manda la Constitución Nacional. Por lo tanto toda decisión en el ámbito de Las Fuerzas Armadas debía, necesariamente, emanar del Poder Ejecutivo Nacional. De ninguna manera podía permitirse la autonomía respecto del poder civil de un General, Almirante o Brigadier en el dictado de decisiones internas de ninguna de Las Fuerzas Armadas ni, mucho menos, en el ámbito del Estado Mayor Conjunto. El decreto 721/2016 - el cual deroga totalmente en su artículo 8 el decreto 436/84 y parcialmente en sus artículos 1 y 7 el 101/85 - significa un vuelco doctrinario inédito en la relación entre las instituciones civiles y las instituciones castrenses. La nueva disposición vuelve a poner en manos del Jefe del Estado Mayor Conjunto y los Jefes del Estado Mayor de Las Fuerzas Armadas facultades incompatibles con la inacabada tarea de democratización del poder militar en la República Argentina. En los considerandos del decreto se fundamenta la decisión del Poder Ejecutivo Nacional en la necesidad de “establecer procedimientos ágiles” y “simplificar los circuitos administrativos”. Conceptos muy propios del ámbito empresarial donde el objetivo es la maximización de la rentabilidad mediante principios eficiencia y eficacia, pero absolutamente ajenos a las Fuerzas Armadas cuyo objetivo primordial es la defensa de la soberanía nacional. El decreto 721/2016 - por el cual se opera un vaciamiento de facultades originarias del Ministerio de Defensa como autoridad civil del orden castrense - en su artículo 3º delega en el Jefe del Estado Mayor Conjunto la designación de oficiales y suboficiales en su jurisdicción; con lo cual se cede a quien se encuentra situado en el escalafón inferior inmediato al Comandante en Jefe de Las Fuerzas Armadas, un enorme poder discrecional que le permitiría organizar una mesnada bajo su mando conforme su propio criterio político, sin revisión por parte del poder civil. El mismo artículo, en su apartado 3º, le delega al Jefe del Estado Mayor Conjunto la “aprobación de las calificaciones de egreso de los cursos conjuntos y otorgamiento de los títulos correspondientes”. Lo que está vinculado a la conformación del orden de mérito que debe elevarse a la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, para la aprobación de los pliegos de ascenso del personal militar. El apartado 4º delega la facultad de “designación del personal militar retirado para funciones docentes…en los institutos y cursos de formación conjuntos”. Lo cual también es una facultad eminentemente política. Las orientaciones de quienes dictan materias de una currícula nunca son neutrales. Y es lo lógico que así sea. Lo preocupante sería que en el ámbito formativo de Las Fuerzas Armadas se incorporen cuadros militares que reivindiquen los postulados doctrinarios, por ejemplo, del General Alcides López Aufranc, y esto no cuente con instancia de revisión por parte de la autoridad civil. Por lo que sería aconsejable que esa facultad de designación no depende del arbitrio de una sola persona, sino que esté a cargo de un órgano colegido mixto, integrado también por profesionales civiles con conocimientos acreditables en materia militar, geoestratégica, tecnológica y científica, y por supuesto, comprometidos con los valores democráticos. Y que sea ese cuerpo colegiado quien eleve propuestas para incorporación de cuadros militares retirados a los institutos de formación a la autoridad civil para su aprobación. Incluso, abriendo la participación a organizaciones de la sociedad civil para recabar opinión en el marco de una política de apertura y democratización de Las Fuerzas Armadas. Finalmente el apartado 5º del artículo 3º otorga a la autoridad mencionada la facultad de designar “agentes civiles en su jurisdicción y autorización de sus cambios de destino”. Un dato, que por los antecedentes en la materia, se torna alarmante. Ya que por agente civil puede entenderse desde un empleado administrativo a un agente vinculado a tareas de inteligencia militar. Recordemos que en la nómina del tristemente célebre Batallón 601 del Ejército, figuraban - según consta en una denuncia radicada en el año 2010 en el Juzgado Federal a cargo del Juez Ariel Lijo - más de 4000 “agentes civiles” que cumplían tareas clandestinas en esa dependencia. Tareas que consistían en actividades ilegales de inteligencia, infiltración y secuestro extorsivo de personas durante la dictadura militar. Uno de los casos más emblemáticos de esa organización fue el del “agente civil” Raúl Guglieminetti (vinculado al centro clandestino de detención “Automotores Orletti” y años más tarde a la banda criminal de Aníbal Gordon) quien se logró infiltrar, incluso, en la custodia del Presidente Alfonsín en plena transición democrática. Por eso, este apartado 5º del artículo 3º del decreto 721/2016, nos parece uno de los más preocupantes con relación a estos antecedentes. El Art. 4º del decreto 721/2016 - en sus 18 apartados - confiere a los Jefes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada amplísimas facultades para la designación y cambio de destino de Suboficiales Subalternos, Suboficiales Superiores, Oficiales Subalternos Y Oficiales Jefes de las distintas Fuerzas Armadas (lo que en la práctica son los rangos – excluidos los extremos de Tropa y Oficiales Superiores – en los que el personal castrense desarrolla casi la totalidad de su carrera militar). En los apartados posteriores el articulo les delega potestades como la aprobación de calificaciones, otorgamiento de grados, disposición de bajas y retiros, otorgamiento de ascensos y licencias, disposición de cambio de situación de revista, designación de personal militar retirado para funciones docentes, designaciones de agentes civiles y autorización de cambio de destino. Delega también prerrogativas jurisdiccionales como la resolución de los recursos “como definitiva y última instancia” previa a agotar la vía administrativa; pone bajo la autoridad del Jefe de cada Fuerza al personal retirado, en disponibilidad y en situación pasiva. Concede facultades para otorgamiento de pensiones o situaciones de retiro efectivo y una vasta legitimación procesal para actuar frente a la administración de justicia. Es decir, un extraordinario cumulo de potestades que, en manos de los Jefes de cada una de las Fuerzas Armadas – y al tratarse de una organización jerárquica y vertical - , engrosa su poder interno al no depender de ya - siquiera – del visado o referendo de la autoridad civil ejercida por el Ministerio de Defensa en representación del Comandante en Jefe de Las Fuerzas Armadas.
Esta situación naturalmente modificará las relaciones internas de poder dentro de Las Fuerzas Armadas. Particularmente entre los Jefes y los subordinados; los que al no contar con la posibilidad sindicalizarse en defensa de sus intereses por las propias características de la organización militar, podrían verse empujados a establecer conductas más bien inclinadas a prestar lealtad a quien cuenta con el poder político de facilitar la carrera militar, antes que con la institución misma a la que pertenecen. Generando, incluso, fisuras en la uniformidad del cuerpo militar por el florecimiento de camarillas internas. Lo que desde el punto de vista de una organización tan peculiar como la institución militar, es siempre un nudo de conflictos latente porque posibilita la aparición de prácticas caudillistas alejadas de patrones de profesionalización, experiencia, capacidad técnica e idoneidad estratégica. Aspectos, estos últimos, que deben regir equilibradamente en un ámbito organizacional de compleja conducción como Las Fuerzas Armadas. El decreto 721/2016 concede un empoderamiento a los Jefes Militares que excede largamente las meras funciones administrativas o “sinceramiento de prácticas que se daban en los hechos”. Argumento con el que algunos dirigentes políticos oficialistas pretendieron minimizar el impacto de una medida inédita que modifica una política de Estado vigente a lo largo de más 30 años, más allá de los gobiernos constitucionales que se sucedieron, de distinto signo político y diversa orientación ideológica. La nueva normativa convierte a los Jefes Militares en verdaderos Jefes Políticos de cada una de la Fuerzas Armadas que comandan y al Jefe del Estado Mayor Conjunto en un Jefe de Jefes, cuya autoridad no está sometida al escrutinio de la voluntad popular, si no que dependerá de su propia capacidad de acumulación política. En síntesis el decreto 721/2016 les ha otorgado un grado de poder autónomo los Jefes de Las Fuerzas Armadas que no ostentaban desde la época en la que el Presidente Alfonsín impulsó su subordinación al orden democrático. Tres décadas después un Ministro de Defensa, de origen radical, refrendó con su pluma el decreto que derogó aquellas medidas que garantizaron una transición hacia la democracia por ruptura y sin negociación con el régimen militar. Los sables han vuelto a brillar. Quizás tenía razón Borges – una vez más – cuando decía aquello de que “ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones”
[Aclaración previa: Este es un intento de reflexión, sin la rigidez dogmática de la polarización, sobre algunos aspectos que hacen al reverdecer del pensamiento neoconservador que ha encontrado eco, incluso, entre quienes son lesionados por la aplicación de este tipo de políticas en el plano económico, social y cultural. El punto de enfoque es la construcción discusiva de una corriente ideológica que encontró su apogeo en la década del 90’ y hoy, pendularmente, vuelve por sus propios fueros. Quien quiera encontrar en estas líneas una defensa solapada del gobierno anterior (con el cual he expresado en su momento diferencias éticas irreconciliables) o bien es preso de sus propios prejuicios o bien está atado a una obstinada necedad. Situación de la que, lamentablemente, no puedo hacerme cargo.]
"LE HICIERON CREER A UN EMPLEADO MEDIO QUE PODÍA COMPRARSE CELULARES E IRSE AL EXTERIOR". Con esa frase el economista Javier González Fraga hizo emerger a la superficie una reacción intuitiva que anida en el pensamiento de buena parte de la dirigencia política actual.
Quien fuera Presidente del BCRA durante el Gobierno de Carlos Menem (lugar que debió abandonar cuando se hicieron públicas sus vinculaciones con el oscuro financista saudí, Gaith Pharaon, condenado en distintos lugares del mundo por lavado de dinero proveniente del tráfico ilegal de armas y drogas) puso de manifiesto, de manera muy nítida, el pensamiento neoconservador profundo. En la esencia de ese razonamiento (muy respetable, por cierto) los sectores medios y los sectores populares deben justificar toda aspiración de ascenso social con ahorro, sacrificio y privaciones. Algo que desde luego no le es exigido a los que acumulan la mayor porción en la distribución de la renta y concentran la riqueza. Un rico, por derecho propio, puede acceder al uso, goce y disfrute de todo tipo de bienes materiales porque se corresponde con su condición social y su situación económica. Ahí no hay ninguna indagación sobre mérito y origen del dinero.
Para el pensamiento neoconservador toda pretensión creciente de participación e igualdad interfiere en la gobernabilidad de una sociedad. Por eso disciplinan, ya no a través del uso directo de la fuerza (a menos que sea estrictamente necesario), si con distintas herramientas de política económica y el montaje de un aparato de difusión de sus pautas culturales, las que naturalizan y perpetúan la desigualdad que es la base de su esquema de estratificación social.
Esta doctrina que alienta la contracción del Estado para permitir la expansión del mercado como agente de asignación de recursos, riquezas, expectativas, ingresos y funciones en la sociedad, tuvo a Robert Nozik como exponente en plano filosófico, a Samuel Huntington en el aspecto geopolítico, a Milton Friedman en el ámbito económico y a Ronald Reagan y Margaret Tatcher como referentes políticos.
Los neoconservadores conciben como negativa toda política de transferencia operada desde el Estado en favor de los sectores menos favorecidos, y promueven la estabilidad fiscal y monetaria a través de políticas de ajustes que restablezcan el equilibrio cuando se verifica una actividad Estatal que reasigna recursos mediante instrumentos de política económica. Esto debido a que piensan que la función del Estado debe limitarse a garantizar la seguridad jurídica y la libre competencia entre los agentes económicos, dejando librado al mercado todos los demás aspectos, como salud, educación, reglas de juego entre el capital y el trabajo, infraestructura, servicios públicos, etc.
Los neoconservadores criollos frente a este tipo de políticas redistributivas por medio de la intervención estatal en los procesos económicos, de inmediato recurren a una simplificación semántica para hacer más atendible su razonamiento. Utilizan desde hace más de 80 años el siguiente recurso lingüístico: “Acá hubo una fiesta y la fiesta hay que pagarla”
En primer lugar, llamar “fiesta” a un tímido intento de reasignación que no modificó la matriz de distribución del ingreso en la sociedad es, al menos, un exceso gramatical cargado de intencionalidad ideológica.
Pero concediendo que lo que aquí sucedió fue una “fiesta”, hablamos entonces de los costos de la fiesta.
¿Sería justo que pague en igual proporción el que llegó al inicio de “la fiesta”, degustó caviar ruso, salmón del mar del norte, atún rojo japonés y ostras del pacifico acompañado de champagne francés, vinos de California y whisky escoses de 25 años; que aquel que ingresó a “la fiesta” por unos minutos, probó un sándwich endurecido y una cerveza tibia?
Es mas ¿es justo pretender que paguen “la fiesta” también aquellos que ni siquiera asistieron y la vieron sólo por fotos?
¿Quiénes son, entonces, los que disfrutaron realmente de “la fiesta”?
Vamos con un dato duro. Los bancos en la Argentina, durante los 12 años del ciclo político anterior, tuvieron tasa anual de rentabilidad que promedió casi el 25%. Los bancos privados - aun después de la crisis financiera mundial de 2008 - crecieron a un ritmo de casi el 30% anual. Sólo en 2015 – según el BCRA - el sector financiero ganó más de 60.000 millones de pesos, un 33% más que en 2014. El nivel de utilidades con relación al nivel de activos del sistema ascendió a un ritmo superior al 4% por año. Para no cifrar la realidad tapizándola con números (se pueden revistar sector por sector), digamos que ese nivel de crecimiento y rentabilidad se verificó también en distintos sectores de la actividad económica como el industrial, la construcción, agroexportador, servicios, telecomunicaciones, conglomerados de medios de comunicación, grandes cadenas de supermercados, etc. Ni hablar de actividades socialmente nocivas como la megaminería o el juego.
Es decir, el grueso de la renta fue captada por los sectores más potentes de la actividad económica. En la puja distributiva los sectores más vulnerables apenas mejoraron su posición por vía de transferencias articuladas desde la intervención del Estado (subsidios de tarifas de servicios públicos, asignación de partidas para cobertura de derechos universales, inclusión jubilatoria, flexibilización crediticia, etc.). Hoy, a esos sectores que apenas lograron captar un pequeña parte de la renta - que además la volcaron al consumo interno dinamizando la actividad económica y no a la especulación financiera - se le impone el mayor peso del ajuste con el que se pretende “pagar la fiesta”.
Ahora. ¿Se puede llamar “fiesta” al hecho que un trabajador/a, con el fruto de su trabajo, tenga la posibilidad de mejorar sus condiciones materiales de vida, adquiriendo electrodomésticos, una motito, un auto, mejorando o accediendo a la vivienda propia; o que se pueda “dar el lujo” de disfrutar de vacaciones o que sus hijos logren a niveles de educación que sus padres no pudieron alcanzar? Por otro lado no sería irrazonable preguntar si las medidas tomadas en los últimos meses por el actual gobierno nacional (levantamiento de retenciones a los sectores exportadores, apertura de la importación, liberación impositiva a la minería, eliminación de restricciones para girar divisas al exterior, acuerdo con los fondos buitres, toma de deuda pública con la banca privada internacional, restablecimiento de relaciones con FMI, amnistía fiscal, blanqueo de capitales, altas tasas de interés para operaciones con títulos y acciones bursátiles, eximición tributaria a la renta financiera, entre otras) no son el realidad el comienzo o la segunda parte de LA FIESTA que ya vivimos en la década del 90´, y que ya sabemos quién pagó y cargó con la resaca.
Entonces ¿Qué es lo que irrita realmente al pensamiento neoconservador?
Ni más ni menos que la posibilidad de un cambio de la estructura socioeconómica.
¿Cómo es esto? Vamos por la vía del ejemplo. Supongamos que toda la renta nacional de un país es una torta dividida en 12 porciones. En un esquema de distribución desigual clásico, un 10% de la sociedad se queda con 8 porciones de esa torta. Un 40% se queda con 3 porciones y el restante 50% se queda con la porción sobrante. Un proceso redistributivo podría restarle al 10% más rico 2 porciones y transferirlas - mediante herramientas de política fiscal o política económica – al 90% menos favorecido. Así el 40% que recibía 3 y ahora pasa ahora a recibir 4 y el 50% que recibía 1 y ahora recibe 2. Con lo cual el 40% mejoraría su participación en la distribución en un 25% y el 50% lo haría en un 100%. Mientras que el 10% seguiría siendo favorecido con el 50% de las porciones de esa torta.
Como se podrá apreciar no estamos hablando - ni por aproximación - de un proceso revolucionario de colectivización de los medios de producción; si no tan sólo de una corrección progresiva de los índices de proporcionalidad en la distribución del ingreso en una sociedad marcadamente desigual.
Pero aun cuando no esté en el planteo la sustitución del capitalismo, toda política redistributiva enciende las alarmas del pensamiento neoconservador.
Porque ahí, justamente, está el peligro inminente de la pérdida de sus porciones de poder. El ascenso social de los sectores populares, envalentonados por su mejora en la distribución de la renta, es la antesala – entienden - desde donde pretenderían avanzar cuestionando el orden establecido y disputado el escenario político y el gobierno de las instituciones del Estado. Lo cual podría – eventualmente - poner en riego valores como la propiedad privada y la seguridad jurídica. El pánico es que la democratización de la economía termine “degenerando” en una democratización social que haga perder sus privilegios a los sectores dominantes.
Para evitar ese escenario es necesario obturar la constitución de un sujeto político homogéneo con la fortaleza suficiente para entrar en pugna con los factores tradicionales de poder. Para conservar el orden establecido será imprescindible fomentar el individualismo defensivo (“sálvese quien pueda”) y el control social mediante la manipulación de la emotividad, las pasiones y el sentimiento irreflexivo de los individuos. En eso cuentan con el inestimable apoyo de grandes medios de comunicación, que mediante el uso un verdadero aparato de propaganda hipodérmica y un blindaje mediático nunca antes visto, intentan persuadir a cerca de las "bondades" futuras que derivaran de los "esfuerzos" presentes. Esta acción orquestada garantiza el retraimiento del desarrollo una conciencia colectiva crítica que juzgue y dispute la hegemonía política de la sociedad a los sectores dominantes. Para lograr ese objetivo nada mejor que intentar hacerles entender a los trabajadores/as – a través de, por ejemplo, “prestigiosos economistas” o “influyentes formadores de opinión pública” - que toda pretensión de mejora en su calidad de vida a costa del Estado, es en realidad a costa de quienes contribuyen con sus impuestos a su sostenimiento. De lo que se deduce que no hay derecho a el Estado se haga cargo de lo que tiene que estar cargo de cada persona de manera individual.
Por eso lo expresado por González Fraga más allá del repudio personal que me generan sus declaraciones, me impone la necesidad de escribir estas palabras para expresar esta especie de vergüenza ajena que me queda como un amargo sabor, por el hecho de que esta persona haya sido candidato a Vicepresidente de la Nación en la 2011 integrando la fórmula de mi Partido. Situación debida a que, de manera inconsulta e intempestiva, un puñado de dirigentes arrogándose unilateralmente la representación de todo/as los afiliados/as creyó necesario dar una “señal de previsibilidad a los mercados”, y así apareció en la fórmula este elemento extraño al Radicalismo. El resultado fue previsible. Luego, presintiendo en el error, la dirigencia partidaria que convocó a González Fraga a integrar la fórmula, lo invito “afilarse” a la Unión Cívica Radical y lo convirtió en una especie de “referente económico” partidario. Quizás hubiese sido muy útil que al momento de extenderle la ficha de afiliación a la UCR, le hubiesen hecho conocer a González Fraga que para el Radicalismo – como decía Hipólito Yrigoyen - “la democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política, entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimum de felicidad siquiera”. Hubiese sido muy útil también para la Unión Cívica Radical recordarlo, ya que últimamente termina pagando la fiesta inolvidable de dirigentes que a diario nos recuerdan más a Peter Sellers que a Leandro Alem.
distribución del riqueza,
Gonzalez Fraga,
EL CENTENARIO DE LA DEMOCRACIA PLEBEYA
de un régimen político que no imita leyes de nuestros vecinos; en efecto,
nosotros mismos servimos de modelo para algunos. En cuanto al nombre, puesto
que la administración se ejerce en favor de la mayoría, y no de unos pocos, a
este régimen se lo ha llamado DEMOCRACIA. Respecto a las leyes,
todos gozan de iguales derechos en la defensa de sus intereses particulares; en
lo relativo a los honores, cualquiera que se distinga en algún aspecto puede
acceder a los cargos públicos, pues se lo elige más por sus méritos que por su
categoría social; y tampoco al que es pobre, por su parte, su desafortunada
posición le impide prestar sus servicios a la patria, si es que tiene la
posibilidad de hacerlo”.
palabras pronunciadas por Pericles en el año 431 A.C, en ocasión del homenaje a
los caídos durante la Guerra del Peloponeso, esbozan toda una definición de
democracia. De aquella definición del ateniense hasta la llegada de la
democracia a la República Argentina pasarían casi 25 siglos.
Habríamos de
esperar 100 años desde ocurrida la Declaración de la Independencia de
nuestro país en 1816 hasta el momento en que el pueblo argentino pudiese
elegir, democráticamente, a sus representantes en las distintas esferas del
Gobierno del Estado. Si bien nuestra Constitución Nacional de 1853 había
adoptado el sistema republicano de gobierno, en ningún párrafo del histórico
texto constitucional se mencionaba la palabra “democracia”. Tal vez por
deducción del principio por el cual se establece que “el pueblo no delibera
ni gobierna si no por medio de sus representantes” y al haber alcanzado
acuerdo para fundar una República federal ello, de alguna manera, llevaba
insisto la percepción de democracia que tenía el liberalismo argentino en
realidad de los hechos esto distaba, y mucho, de ser un auténtico sistema
democrático. La Ley 140 - que rigió desde 1857 hasta 1912 - establecía lo que
se denominó el “voto calificado”. Este sistema electoral tenía las
siguientes particularidades. En primer lugar el voto era opcional, por lo que
toda persona que cumplimentara con los requisitos fijados por la ley (que no
eran pocos), debía inscribirse ante una junta calificadora a cargo de la
autoridad política de cada localidad, la que determinaba, según su arbitrio, si
ese individuo estaba en condiciones o no de elegir a sus representantes. El
acto comicial era presidido por funcionarios de locales más un par de “vecinos notables”. Estos elegían a lo
que hoy conocemos como “autoridades de mesa”, quienes a su vez eran los encargados
de llevar adelante la asamblea electoral. La emisión del voto era verbal o
escrita, dejándose constancia de por quién votaba cada persona. La norma en
cuestión, también otorgaba amplios y discrecionales poderes a las autoridades
para la exclusión, por medio del uso de la fuerza pública, de “elementos
indeseables” que pudieran entorpecer el “normal desenvolvimiento del
comicio”. Nótese que no existían ciudadanos con la facultad de fiscalizar
la transparencia del acto electoral ni del escrutinio; y todo se iba
resolviendo en base al criterio de la autoridad actuante.
La ley 140
encontraba fundamento en la antigua (y siempre vigente) tradición conservadora
que veía en la libre expresión de la voluntad de los sectores populares
peligro inminente de perder sus privilegios sobre el dominio del Estado y el
control social de la población. Las élites dominantes, hasta el acaecimiento de
las elecciones de 1916, se alternaban ininterrumpidamente en el Gobierno y
hacían del Estado su hacienda. Esta constante práctica política, excluyente y
oligárquica, tenía una doctrina propia que le servía de inspiración. Entre
quienes tributaban a esa corriente doctrinaria estaba Juan Bautista Alberdi,
quien sostenía “Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne,
busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el
sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza y el
acierto de su ejercicio". Es decir que para esta concepción ideológica
sólo estaban calificados para elegir a sus gobernantes las personas cultas y
ricas, puesto que todo lo demás podía ser contaminado por ignorancia o
necesidad. Así sólo unos pocos podían ostentar la calidad de ciudadanos,
relegando a quiénes no pudieran exhibir esas condiciones a ser súbditos de una
cuando el resultado de esas elecciones condicionadas podía poner en riesgo el
orden establecido, las élites dominantes siempre tenían a mano la posibilidad
de recurrir a la violencia y el fraude para restaurar el orden impuesto por
ellas. Domingo Faustino Sarmiento, con motivo de las elecciones celebradas en
1857, escribía a modo de confesión a su amigo Domingo de Oro Zavalla: “Para
ganarlas, nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror,
que empleados hábilmente han dado este resultado. Los gauchos que se
resistieron a votar por nuestros candidatos fueron puestos en el cepo o
enviados a las fronteras con los indios y quemados sus ranchos…Bandas de
soldados armados recorrían las calles acuchillando y persiguiendo a los
opositores. Tal fue el terror que sembramos entre toda esa gente, que el día 29
triunfamos sin oposición. El miedo es una enfermedad endémica de este pueblo.
Esta es la palanca con que siempre se gobernará a los porteños, que son unos
necios, fatuos y tontos”.
dogma positivista, el fraude y la violencia política se alzaría un movimiento
de ciudadanos, que en su mayoría posteriormente integrarían la Unión Cívica
Radical. Aquel movimiento nacional, popular, democrático y federal provocó una
verdadera revolución en la vida política de nuestro país. Venía para acabar
con una democracia oligárquica y derrumbar lo que Leandro Alem denominó “un
régimen falaz y descreído”.
Cívica Radical se erige entonces como “la causa contra el régimen”, llevando
adelante una indomable lucha política que se prolongó a lo largo de 25 años, la
cual incluyó desde levantamientos armados hasta una obstinada abstención
líder político del radicalismo, Hipólito Yrigoyen, decide aceptar la invitación
al dialogo propuesta por el Presidente de la Nación Roque Saenz Peña. En
aquella reunión, el Presidente de la Nación le hace formalmente un ofrecimiento
a Yrigoyen:
- “Don Hipólito, mi propuesta es que la Unión Cívica Radical se integre al
Gobierno. En razón de ello le ofrezco dos ministerios y participar en la
reforma electoral”
fiel a la intransigencia principista que caracterizaba al Radicalismo de
aquellos tiempos, fue lacónico y firme en la respuesta:
- “Presidente. La Unión Cívica Radical no busca ministerios. Únicamente
pide garantías para que el Pueblo pueda votar libremente”.
tuvo, en principio, una actitud de reproche frente a lo que consideraba una
falta de colaboración del Radicalismo en la reforma política que buscaba. Pero
al finalizar la reunión contempló, en toda su magnitud, la dignidad cívica de
Yrigoyen y lo despidió con una mezcla de admiración y afecto por aquel gesto
que definía la ética política del Radicalismo y particularmente de su líder.
lucha radical alcanzaría su objetivo en el 10 de febrero de 1912 con la sanción
de la Ley 8871, conocida como Ley Saenz Peña. Así denominada ya que fue aquel
Presidente quien bajo la consigna “quiera el pueblo votar” le dio
impulso definitivo al sistema electoral que consagraba el voto universal,
secreto y obligatorio. Lo cual, valga decirlo, se completó en 1949 con la
sanción del denominado “voto femenino”, que a nivel nacional reconoció
los derechos políticos de la mujer. El
acaecimiento de la democracia en nuestro país, como puede observarse, no fue
obra de una gentil concesión de la oligarquía gobernante ni se dio por una
evolución espontánea del derecho del pueblo a ejercer su soberanía. Fue, como
toda conquista social, fruto de la disputa política entre quienes detentan el
poder en un determinado orden establecido y el pueblo movilizado y organizado,
con objetivos claros y conciencia de la trascendencia de su lucha. El
Radicalismo, con el liderazgo político de Hipólito Yrigoyen, supo interpelar e
interpretar las legítimas aspiraciones del pueblo argentino en aquel momento
histórico. El 2 de abril
de 1916 la soberanía popular se expresaría, por primera vez en nuestra historia,
de manera democrática en comicios libres y transparentes. El veredicto del
aquel escrutinio se confundió con la voz del pueblo en una frase que resumía un
nuevo tiempo que comenzaba: Yrigoyen Presidente.
el tiempo de la democracia plebeya en Argentina.
RESPUESTA AL PERIODISTA NEGRO
A la espontanea indignación que
me provocó el artículo de Germán Negro publicado en La Voz Del Interior bajo el
título “NO TODOS USABAN UNIFORMES”, le siguió una mirada reflexiva que se fue
macerando con el correr de los días hasta decidirme a publicar esta respuesta. El texto de Negro cargado de
insinuaciones, consideraciones subjetivas, hechos no corroborados y algunos
datos objetivos sobre el pasado reciente, pretende poner a la Unión Cívica
Radical en el ímprobo lugar de “colaboracionista civil” de la última dictadura
militar, enlodando - sobre la base de elucubraciones indocumentadas - la memoria
de dirigentes emblemáticos del Radicalismo.
Las razón o el móvil que impulsó al autor a escribir ese artículo son desconocidas para nosotros. Pero sí, hablando con el texto,
podemos hacer algunas preguntas.
El artículo comienza y termina
con algunos datos, que, como dijimos tienen carácter objetivo. Tanto cuando
hace referencia a “los sectores del
empresariado y de la derecha criolla que siempre aportaron hombres, recursos e
ideología a cuanto militar se asomara con alguna cuota de poder”, cómo
cuando señala la participación de dirigentes de distintos Partidos Políticos como
funcionarios de facto en sucesivos gobiernos militares. Desde el Golpe de Estado
contra Hipólito Yrigoyen en adelante, éste ha sido un hecho tan lamentable como
incontrovertible. Entonces, sobre este punto, nada por agregar de nuestra parte. Pero siguiendo el recorrido del
artículo nos encontramos con lo siguiente: “La columna política que tuvo Jorge Rafael Videla en los dos primeros
años fue de cuna radical. El general José Villarreal, a quien se consideraba un
militar vinculado al radicalismo, fue designado después del golpe como
secretario General de la Presidencia. Con él llegaría uno de los cuadros más
brillantes que tenía la UCR: el abogado cordobés Ricardo Yofre. Es el hermano
mayor de Juan Bautista ‘Tata’ Yofre, quien sería titular de la Side durante el
gobierno de Carlos Menem. Esa área política del gobierno del genocida Jorge
Rafael Videla tendría como asesor al también radical Virgilio Loiácono, quien
reaparecería en escena como secretario Legal y Técnico de la presidencia de
Fernando de la Rúa.” Para agregar, párrafos más adelante, “Entre los radicales con puestos encumbrados
durante la dictadura también se destaca José María Lladós, director del Banco
Hipotecario en 1981. Y se reciclaría en el gobierno de Alfonsín como secretario
de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.”
Presentado de esta manera, un
lector desprevenido puede llegar a concluir que las alusiones asertivas
desplegadas en el texto presentan algún grado de coherencia lógica. De esta
forma el artículo induce, con real malicia, a un razonamiento inválido. Es
decir, a un tipo de razonamiento que partiendo de premisas válidas llega a
conclusiones incorrectas. Veamos cómo funciona este tipo de
razonamiento inválido con un ejemplo:
premisa 1: Todos los gatos son vertebrados
premisa 2: Todas las liebres son vertebradas
conclusión: Todos los gatos son liebres.
Con el artículo sucede algo
premisa 1: se alude a cuatro individuos
que tuvieron participación en la última dictadura militar.
premisa 2: se relaciona a estos cuatro individuos
con la Unión Cívica Radical.
conclusión: se sugiere un vínculo de
colaboración entre la Unión Cívica Radical y la última dictadura militar.
conclusión incorrecta donde el texto busca hacer pasar gato por
liebre. Avanzado en el análisis del
artículo encontramos otras falacias argumentales. Afirma el texto: “La columna
política que tuvo Jorge Rafael Videla en los dos primeros años fue de cuna
Pregunta: - ¿Quiénes conformaban “la columna
política de Videla”?
- No se sabe. No hay datos, nombres,
hechos ni documentos que acompañen esa descripción. Pregunta:
- ¿Qué es lo que considera el artículo
“una cuna radical”? Respuesta:
- Tampoco se sabe. Es solo una
frase prosaica sin ningún argumento de respaldo. Por lo que sólo se busca, con
esa referencia abstracta, predisponer al lector a tomar como válidas
afirmaciones posteriores. En esa misma línea enunciativa
prosigue el artículo: “El general José
Villarreal, a quien se consideraba un militar vinculado al radicalismo, fue
designado después del golpe como secretario General de la Presidencia.”
- ¿La afirmación a cerca de un
presunto vínculo de Villareal con el Radicalismo, es un dato verificable o es
una simple opinión?
- Es una simple opinión. Pregunta:
- ¿Quién o quiénes consideraban a Villareal
“un militar vinculado al radicalismo”?
- No se sabe. Otra nebulosa
referencia más cercana al rumor que a la evidencia. Pregunta:
- ¿Villareal era afiliado de la Unión
Cívica Radical? Respuesta:
- No. La ley establece, taxativamente, que no pueden ser afiliados a Partidos Políticos
“El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en
actividad, o en situación de retiro cuando haya sido llamado a prestar
- ¿Aporta el texto algún elemento
probatorio para sostener esa opinión?
- Ninguno. Repito: Ninguno. El artículo prosigue con una
singular caracterización. Sostiene que el abogado Ricardo Yofre era “uno de los cuadros más brillantes que tenía
la UCR”. Aquí quizás nos encontramos
frente a una de las incógnitas más insondables del texto, lo cual dispara inmediatamente
una serie de preguntas que difícilmente obtengan respuesta sin una
interpelación al autor. ¿Cuál es la noción que tiene autor acerca de lo que considera “un cuadro” y cuál es la escala intelectual
y política para adjetivarlo con el calificativo de “brillante”?
texto, como dijimos, no nos puede brindar una respuesta. Ni siquiera una aproximación
tentativa; ya que la afirmación se desprende de una valoración, personal y
subjetiva, que realiza el autor desde su propia escala de valores. Es decir, se
trata de una mera opinión personal. De una creencia del autor, sin ningún tipo
de fundamento epistemológico. Y como
toda opinión es siempre respetable, aun cuando se manifieste de imposible
verificación. Hecha esta aclaración y
centrándonos en la figura de Ricardo Yofre, lo poco que sabemos de este
individuo es que él, al igual que su hermano Juan Bautista, han sido personas
íntimamente vinculadas al sombrío mundo de los servicios de inteligencia, sea
en su faz orgánica o inorgánica. Uno operaba dentro de la Unión Cívica Radical
y el otro operaba dentro de la estructura del Partido Justicialista. Por lo que
prender vincular sesgamente a Ricardo Yofre con la Unión Cívica Radical y desde
allí forzar un nexo vincular entre dicho Partido Político y la dictadura
militar, es, lisa y llanamente una tramposa falacia que no resiste el menor
análisis. A fin de evitar la redundancia,
digamos que lo expresado hasta aquí sobre Villareal y Yofre, vale también para
los ignotos Loiacono y Lladós. Pero tal vez la zona del artículo
donde se nota con mayor nitidez el desprecio por toda estándar de rigurosidad investigativa
y la ausencia total de pautas deontológicas, es en el pasaje del texto en el
que se hace alusión a supuestas palabras puestas en boca de Ricardo Balbín,
como asimismo a la también supuesta participación de Raúl Alfonsín en una -
también supuesta - negociación llevada adelante por Ricardo Yofre con facciones
del Ejercito, en medio de la interna del poder militar durante la dictadura. Estas incomprobables aseveraciones
tendrían origen en obras literarias de Ceferino Reato y Juan Bautista Yofre. Ambos
autores, valga decirlo, activos participantes de la línea política que abona
justificaciones sobre a la última dictadura militar. Dichas aseveraciones no
cuentan con ningún respaldo documental que avale el manto de sospecha que el
texto pretende tender sobre dos ciudadanos comprometidos con los valores
democráticos, como lo fueron en vida Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín. El texto -
a esta altura ya evidentemente cargado de frases arteras como puñales en la
noche - se desarrolla con la indescontable e impúdica ventaja de que los
aludidos no podrán ejercer por sí mismos su derecho a réplica.
Rápidamente el artículo se va cerrando
con un estilo huidizo, dejando a su paso cuestiones sin responder: ¿Por qué un Partido Político, con
el nivel de vinculación que el texto induce a pensar que existía entre la UCR y
la dictadura, permanecería impasible frente al secuestro, tortura y muerte de Sergio
Karakachoff, Mario Abel Amaya, Angel Pisarello o Luis Ramón Aredez; o ante las detenciones
clandestinas, allanamientos ilegales y el exilio que sufrieran, entre otros, Hipólito
Solari Yrigoyen, Adolfo Gass, Jorge De La Rúa o Luis Brandoni, por solo citar algunos casos acreditados?
¿Por qué decenas de abogados
radicales en todo el país se presentaban ante los estrados judiciales
solicitando, mediante recursos de habeas corpus, el paradero de personas
detenidas - desaparecidas, si su Partido supuestamente estaba alineado con el
proceso militar?
¿Porque razón cientos de
militantes de la Unión Cívica Radical formaron parte de la
fundación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos?
A estos interrogantes se suma
algo realmente llamativo. El texto evita hacer alusión a un hecho histórico no
menor. Durante la campaña electoral de
1983 hubo un candidato de un Partido Político que se opuso a la autoamnistía
que se habían otorgado los militares. Un candidato de un Partido Político que se comprometió
a derogar esa norma antijurídica que garantizaba impunidad y a juzgar, en sus
distintos niveles de responsabilidad y con todas las garantías establecidas en
la Constitución Nacional, a quienes habían actuado en la represión ilegal antes
y durante la dictadura. Ese candidato triunfó en las elecciones del 30 de
octubre de 1983, asumiendo la Presidencia de la Nación el 10 de diciembre de ese
mismo año. Tan sólo cinco días más tarde, cumpliendo la promesa de campaña, firmó el
decreto creando la CONADEP, cuyo informe titulado “NUNCA MAS”, fue la base del emblemático
Juicio a las juntas militares que por primera vez juzgó y condenó a los máximos
responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en este país. Pregunta:
- ¿Puede llamarse a este hecho
político extraordinario, de trascendencia histórica y universal,
colaboracionismo civil con el régimen anterior? Respuesta:
- Indiscutiblemente se trataría de
un colaboracionismo muy poco colaborativo…
Pero también es dable decir que esa
secuencia de juicio y condena aun no llegó a muchos de los verdaderos cómplices
civiles de la dictadura militar, exceptuados de toda mención en el artículo. Es
curioso, pero el texto al señalar “la ‘base civil’ que tuvo el golpe de 1976”, omite cualquier referencia a datos históricos fácilmente verificables y hechos
comprobados por la Justicia como: La participación, por ejemplo, de
Oscar Camillion (en su momento jefe de redacción del Diario Clarín) como Canciller
durante la dictadura militar. Posteriormente Camillion sería Ministro de Defensa
durante la presidencia de Carlos Menen, período en cual se otorgó el indulto a
los militares condenados durante el Juicio a las juntas.
La forma, modo, tiempo, lugar y circunstancias
en las que los diarios La Nación y Clarín (empresas que actualmente poseen el
50% cada una de CIMECO S.A, empresa controlante de los diarios La Voz del
Interior, Día a Día, Los Andes de Mendoza y Revista Rumbos), se hicieron con el
paquete accionario mayoritario de la empresa Papel Prensa S.A, lo cual les permitió
contar con el monopolio del papel de diario en Argentina y, de esa manera, consolidar
su posición dominante el mercado gráfico local.
Los motivos de la visita del
Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, al dictador Jorge
La correspondencia entre la Unión de República Socialistas Soviéticas, el Partido Comunista Argentino y la dictadura militar. Las evidencias surgidas de las investigaciones
sobre el denominado “Plan Cóndor”.
La actuación de periodistas y
escribas al servicio del proceso militar.
La presencia de miembros de la
Iglesia Católica, como por ejemplo el presbítero Christian von Wernich,
asistiendo espiritualmente a víctimas del Terrorismo de Estado en centros
Las públicas relaciones entre la jerarquía
eclesiástica y los altos mandos militares. (Siempre me llamo la atención que la distancia que separa la Catedral de la
Ciudad de Córdoba del centro de detención ilegal que funcionaba en las
mazmorras del Cabildo histórico de esta ciudad, sea de tan sólo 7 pasos…)
Los vínculos entre el Almirante Lacoste,
su sucesor en la AFA Julio Humberto Grondona y los dirigentes del fútbol argentino
durante el Mundial de Fútbol de 1978.
Las posibles conexiones entre la desaparición
y muerte de Elena Holmberg, el Almirante Emilio Eduardo Massera, el dirigente Montonero Mario Eduardo
Firmenich y el gran maestre de la logia masónica Propaganda Due, Licio Gelli.
El nexo soterrado entre
dirigentes de la CGT – Azopardo y jerarcas de las juntas militares. La "cooperación" de 3.952 civiles con
el Batallón 601 del Ejército en tareas clandestinas de espionaje,
seguimiento y delación, según obra en una denuncia presentada años atrás ante
La estatización de la deuda
privada llevada adelante, entre otros, por uno de los “cuadros más brillantes”
de la Fundación Mediterránea, el Dr. Domingo Felipe Cavallo. Maniobra que
favoreció multimillonariamente a un puñado de familias argentinas, absorbiendo
sus pasivos en dólares y cargándolo a la
deuda externa nacional. Lo que quedó demostrado en la causa “Olmos Alejandro s/
Denuncia”, iniciada en octubre de 1982 y concluida con el fallo del Juez
Federal Jorge Ballesteros en el año 2000.
Los juicios substanciados
actualmente, en sede penal, por la
presunta “colaboración civil” con la dictadura militar de empresarios como Juan
Pedro Blaquier, dueño del emporio azucarero Ledesma o Vicente Massot, dueño del
periódico La Nueva Provincia de Bahía Blanca.
¿Por qué no ahonda el articulo sobré
estos últimos aspectos? Lamentablemente no podemos aventurar una respuesta con
pretensiones de certeza. Pero lo que si podemos alegar es que de las hablillas
conjeturales que componen sus párrafos principales, se desprende del texto una
notoria mala fe y una indudable intención de distorsionar y manipular datos en
dirección a inducir a falsas percepciones históricas. Quizás, detrás de esa
maniobra, se esconda el propósito de ocultar mediante el uso de pirotecnia
gramatical, hechos que demostrarían que durante la dictadura, efectivamente, “NO
TODOS USABAN UNIFORMES”. Publicado por
40º aniversario Golpe de Estado en Argentina,
RADICALISMO Y SOCIALDEMOCRACIA
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