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Timestamp: 2019-10-19 09:41:41+00:00

Document:
STC 196/2013, 2 de Diciembre de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 485966302
Ponente: don Pedro González-Trevijano Sánchez
Número de Recurso: Recurso de amparo 5652-2012
Recurso de amparo 5652-2012. Promovido por don José Antonio Montserrat Sánchez respecto de las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Jaén que le condenaron por un delito de sustracción de menores. Vulneración del derecho a la legalidad penal: condena fundada en una interpretación del elemento subjetivo del delito ajena a la consideración constitucional de la culpabilidad como principio estructural básico del Derecho penal.
Sentencia citada en: 516 sentencias, 12 artículos doctrinales
STC 196/2013
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, don Fernando Valdés Dal-Re, don Juan José González Rivas, don Pedro González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REY
En el recurso de amparo número 5652-2012, promovido por don José Antonio Montserrat Sánchez, representado por el Procurador don Manuel Ortiz de Apodaca García y bajo la dirección letrada de don Esteban L. Martín Herrera, contra la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Jaén de fecha 17 de julio de 2012, en cuya virtud se desestima el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén, de fecha 26 de abril del 2012, en el procedimiento abreviado número 504-2008, contra la que también se dirige el presente recurso. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente don Pedro González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.I. ANTECEDENTES
Mediante escrito registrado el 8 de octubre del 2012, el procurador don Manuel Ortiz de Apodaca García, en nombre y representación de su poderdante don José Antonio Montserrat Sánchez, interpuso recurso de amparo contra las Sentencias que se mencionan en el encabezamiento. En dicho escrito invoca la vulneración del principio de legalidad penal contemplado en el artículo 25.1 de la Constitución.
Los hechos en que se basa la presente demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:
En el procedimiento abreviado 504-2008 seguido contra el recurrente, el Juzgado de lo Penal número dos de Jaén dictó Sentencia, en fecha 26 de abril del 2012, en la que se declararon probados los siguientes hechos: “Que el acusado mantuvo una relación sentimental con María de los Ángeles Bautista Jurado, fruto de la cual nació un niño […] el 6 de septiembre de 1997. Por auto dictado el 5 de agosto de 1999 por el juzgado de Instancia número 1 de la Carolina, en autos de Jurisdicción voluntaria sobre guarda y custodia 11/1999, se atribuye provisionalmente la guarda y custodia del hijo menor […] a María Ángeles Bautista Jurado, en tanto se resuelva el juicio de menor cuantía 2/1999, siendo la patria potestad compartida, atribuyendo régimen de visitas al acusado. Por Sentencia de 15 de febrero del 2000 el Juzgado de instancia número 1 de la Carolina, en autos de menor cuantía número 2/99, se atribuye de forma definitiva la guarda y custodia del hijo menor […] a María Ángeles Bautista Jurado, siendo la patria potestad compartida, atribuyendo régimen de visitas al acusado. Durante el año 2002, hasta octubre del 2006, el acusado, sin el consentimiento expreso de la madre y sin causa justificada, con el propósito de impedir a la misma el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia que le correspondían judicialmente, retuvo al menor en el extranjero, en Méjico, hasta que en octubre del 2006 reintegra al menor a su madre. Durante ese tiempo la madre no tuvo en ningún momento conocimiento del estado y de la situación del menor.”
En el fundamento jurídico segundo de la Sentencia se manifiesta que “los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de sustracción de menores previsto y penado en el artículo 225 bis 1 y 3 del Código Penal”. De dicha infracción, según se indica en el fundamento jurídico cuarto, “es responsable en concepto de autor el acusado, por haber realizado material y directamente los hechos que integran el respectivo tipo penal habiendo tomado parte directa y dolosamente en su ejecución”.
El demandante interpuso recurso de apelación, en fecha 29 de mayo del 2012. En síntesis, alegó la vulneración del artículo 25.1 CE en relación con lo establecido en el art. 1.1 del Código penal (CP), por considerar que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente. En apoyo de su pretensión alegó que el traslado de su hijo menor al extranjero no fue constitutivo de infracción penal, habida cuenta que en el momento que tuvo lugar (año 1998) dicha conducta no estaba tipificada. En cualquier caso —añade— para que los hechos pudieran ser catalogados como delito a raíz de la entrada en vigor del artículo 225 bis CP, resultaría necesario haber tenido conocimiento previo de las resoluciones judiciales que otorgaron a la madre la guarda y custodia del menor, lo cual, como se desprende del contenido de la Sentencia, no ocurrió en el presente caso. Es más, si la conducta desarrollada por el demandante pasó a ser considerada delictiva tras el cambio normativo operado por la Ley Orgánica 9/2002, sólo cabría deducir responsabilidad penal si el autor fuera sabedor del referido cambio normativo y, no obstante ello, hubiera persistido en su comportamiento.
El recurso de apelación fue resuelto por Sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Jaén en fecha 17 de julio del 2012. Dicha resolución aceptó los hechos probados consignados por el juzgador de instancia y, en relación con las alegaciones del recurrente, la calendada resolución argumentó lo siguiente:
La retención del menor mantenida a partir de la entrada en vigor del art. 225 bis CP configura un supuesto de delito permanente, por lo que la conducta penalmente relevante trasciende del momento de la consumación. De ahí que tras la entrada en vigor del artículo citado, la conducta del acusado era perfectamente perseguible mientras persistiera la retención del menor, cualquiera que hubiera sido la fecha de la sustracción. Por tanto, no existe vulneración del art. 25.1 CE por aplicación retroactiva de la ley penal.
Respecto de la alegación relativa al hecho de que la resolución judicial debe ser conscientemente infringida, como requisito necesario para la existencia del delito, la Sala dispensó el siguiente razonamiento:
Se pone de manifiesto que para la existencia del delito objeto de enjuiciamiento sería necesaria una decisión judicial o administrativa previa que sea conscientemente infringida por el acusado. Y en este sentido se dice que cuando éste se marchó en julio de 1998 no existía ninguna decisión judicial o administrativa que atribuyera la guarda y custodia a alguno de los progenitores, por lo que nada se infringió; y añade que, aun cuando la conducta se hubiera realizado una vez entrada en vigor la Ley 9/2002 tampoco existiría delito, por cuanto se requiere la infracción de forma consciente de una resolución judicial o administrativa, como se establece en el apartado 2 del artículo 225 bis.2 del Código Penal.
Lo característico de este delito es el dolo consciente en la voluntad del autor, que pretende privar completamente al otro progenitor del derecho a relacionarse con el hijo. No es un delito de desobediencia stricto sensu, por lo que no es necesario ni requerimiento expreso y personal para el cumplimiento de la resolución judicial, ni se exige tampoco una advertencia previa de las consecuencias penales de su incumplimiento.
En el presente caso, es cierto que cuando provisionalmente se atribuyó a la madre, por Auto de 5 de agosto de 1999 dictado en autos de Jurisdicción Voluntaria número 11/1999, y definitivamente por Sentencia de 15 de febrero de 2000, en los autos de menor cuantía número 2/1999, siendo la patria potestad compartida y con un régimen de visitas a favor del padre, éste ya se había marchado al extranjero llevándose al niño (julio de 1998), por lo que las referidas resoluciones se dictaron en rebeldía del aquí acusado; rebeldía que hay que entender voluntaria por la propia decisión adoptada marchándose de España, colocándose así en una posición tal que hacía difícil o incluso imposible conocer cualquier procedimiento que se siguiera, máxime teniendo en cuenta los lugares a los que decidió acudir, países asiáticos, hasta que se fue a vivir a Méjico con el niño cuando éste contaba unos tres años y pico de edad para escolarizarlo.
En consecuencia, la rebeldía procesal declarada en estos procedimientos civiles, sólo es achacable al propio comportamiento del acusado, que impidió ante la conducta adoptada, ya de por sí moral y éticamente reprochable, se le notificaran personalmente las actuaciones y consiguientes resoluciones judiciales, lo que motivó que se acudiera a los medios legales previstos en la LEC, esto es, por edictos, que deben producir, como acertadamente se declara en la sentencia de instancia, los correspondientes efectos, sin que quepa aquí el argumento de su desconocimiento, pues como decimos, sólo el acusado es responsable de esa falta de notificación personal, al estar ausente de España durante más de 8 años.
El órgano de apelación descartó la existencia de error en la conducta del acusado, habida cuenta que éste tuvo conciencia de la antijuridicidad de su conducta o al menos que su comportamiento era contrario a derecho, aunque no supiera de forma precisa la sanción o respuesta del ordenamiento jurídico que podría tener su forma de actuar. En definitiva, el Tribunal consideró que el acusado sabía que estaba procediendo de forma ilegítima y en perjuicio de los intereses del otro progenitor, impidiendo la compañía del menor con su madre al sustraerle de su ámbito familiar, social, geográfico y cultural. Por todo ello, la Sala desestimó la apelación formulada, confirmando la sentencia de instancia.
En la demanda de amparo se denunció la vulneración del principio de legalidad en el ámbito penal que reconoce el art. 25.1 CE. El recurrente reproduce los argumentos ya desgranados en el recurso de apelación, pues reitera que cuando se trasladó al extranjero con el menor, en el año 1998, dicha conducta no era constitutiva de infracción penal. Por tal motivo considera que a quien realiza una actuación no castigada por la ley penal —y por ello lícita— no puede serle impuesta pena alguna salvo que se conculque el mandato previsto en el referido art. 25.1 CE. Por otra parte —añade— si cupiera exigir responsabilidad penal con motivo de la entrada en vigor del art. 225 bis CP, sería preciso acreditar que el autor ha conocido el cambio de la ley penal y, pese a ello, siguió desarrollando tal comportamiento. Esa situación no es apreciable en el presente caso, puesto que el demandante no fue conocedor, mientras retuvo al menor, del cambio operado en la normativa penal.
Por providencia de fecha 28 de enero del 2013 se rechazó la pretensión de ampliación del recurso, interesada por escrito de fecha 25 de enero del citado año, relativa a la concurrencia de causa de justificación respecto del traslado de su hijo menor al extranjero.
Por providencia de fecha 28 de febrero del 2013 se acordó admitir a trámite la demanda presentada por la representación procesal del recurrente, así como solicitar de los órganos judiciales certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al rollo de apelación 72-2012 y al procedimiento abreviado 504-2008, debiendo emplazarse para que en el plazo de diez días pudieran personarse en el recurso de amparo quienes hubieran sido parte en el procedimiento judicial, excepto la parte recurrente. También se acordó formar pieza separada para la tramitación de la suspensión interesada.
Por Auto 75/2013, de 8 de abril, se acordó conceder la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad de dos años de prisión y la accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Por Auto 92/2013, de 6 de mayo, se rectificó el error padecido en cuanto a la duración de la pena privativa de libertad, sustituyéndose el término “dos años” por el de “tres años”.
Por providencia de fecha 11 de julio del 2013 se acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y al Procurador del recurrente, por plazo común de veinte días, para que dentro de dicho término puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes conforme determina el artículo 52.1 LOTC.
El 16 de septiembre del 2013 se registró el escrito de alegaciones del Procurador don Francisco Ortiz de Apodaca García en representación de la parte actora. Dicho escrito reiteró las argumentaciones contenidas en el escrito de demanda y, a mayor abundamiento, sometió a la consideración del Tribunal una serie de aspectos que no habían sido contemplados en el citado escrito.
En fecha 27 de septiembre del 2013 se registró el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal, en el que interesó la desestimación del recurso, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 86.1, inciso primero, 52.3 y 53 b) LOTC. Tras detallar los hechos relevantes para la resolución de la cuestión suscitada, el Fiscal analiza la doctrina de este Tribunal en relación con el derecho a la legalidad penal que proclama el artículo 25.1 CE y sobre la motivación exigida a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Conforme a la doctrina expuesta, el Ministerio público concluye que el recurrente no ha cuestionado realmente la razonabilidad de la subsunción de los hechos en la norma penal, en lo concerniente a la conducta desarrollada entre el 12 de diciembre del 2002 y el día que reintegró al menor a su madre, único periodo de tiempo por el que aquél resultó condenado. Ese dato avala la indiscutible corrección del criterio seguido por los órganos jurisdiccionales, lo que debería hacer perecer el único motivo de amparo esgrimido.
Quien fue acusación particular en el proceso penal no se ha personado en el presente procedimiento, pese a ser debidamente emplazada a tal fin.
Por providencia de fecha 28 de noviembre del 2013 se señaló fecha para la deliberación y votación de la presente Sentencia, para el día 2 de diciembre de 2013.
El presente recurso se interpone contra la Sentencia número 212/2012, de fecha 26 de abril, dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén, en cuya virtud el demandante resultó condenado como autor de un delito previsto en los números 1 y 3 del artículo 225 bis del Código penal, a las penas de tres años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por tiempo de siete años, inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por plazo de tres años, pago de las costas procesales e indemnizar a la progenitora del menor en la cuantía de 600.000 euros más los intereses legales. El recurso también alcanza a la Sentencia número 182/2012, de fecha 26 de abril, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Jaén, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la primera de las Sentencias indicadas.
El demandante imputa a las resoluciones judiciales la infracción del derecho a la legalidad penal consagrado en el art. 25.1 CE, al haber sido condenado por unos hechos que cuando acontecieron (en el año 1998) no eran constitutivos del delito, pues el artículo 225 bis no se había incorporado al Código penal (CP). También considera que al no ser conocedor de la entrada en vigor del citado artículo, no debió ser condenado por la retención del menor acaecida desde la vigencia de la referida norma penal. Por último, alega que la retención del menor sólo podría considerarse constitutiva de delito si el incumplimiento de las decisiones judiciales que otorgaban la guarda y custodia a la madre hubiera sido consciente, es decir, si el autor hubiera tenido conocimiento cierto del contenido de las citadas resoluciones. Por ello, al desconocer lo dispuesto en las referidas decisiones judiciales e, incluso, la existencia de las mismas, la condena de la que fue objeto conculca el derecho fundamental invocado en el recurso de amparo.
Considera el Fiscal que el planteamiento del recurso no atañe a la eventual aplicación retroactiva del art. 225 bis CP. Sin embargo, a la vista del contenido de algunos pasajes del recurso de amparo no cabe descartar que el recurrente invoque tal retroactividad, sobre la base de que el traslado de su hijo menor al extranjero tuvo lugar en fecha anterior a la entrada en vigor de ese precepto. Por ello, no resulta ocioso abordar ese aspecto, para así ofrecer respuesta a todas las pretensiones planteadas por el demandante.
Despejada la anterior cuestión, procede abordar la objeción planteada por el Ministerio Fiscal, relativa al inadecuado planteamiento de la ausencia del elemento intencional, tanto por ignorancia de la entrada en vigor del art. 225 bis CP, como por desconocimiento de las resoluciones judiciales sobre guarda y custodia del menor. Considera el Fiscal que el recurrente debió invocar la vulneración de la presunción de inocencia contemplada en el art. 24.2 CE, en vez de apelar a la lesión de la garantía reconocida en el art. 25.1 CE. Hemos de convenir, con el Ministerio Fiscal, que el derecho a la presunción de inocencia que consagra el art. 24.2 CE no sólo exige que la prueba de cargo acredite la existencia de los requisitos objetivos de la infracción penal aplicable al caso, sino también aquellos otros de naturaleza subjetiva o anímica. Así, hemos declarado “que la prueba de cargo ha de estar referida a los elementos esenciales del delito objeto de condena, tanto de naturaleza objetiva como subjetiva (SSTC 252/1994, de 19 de septiembre FJ 3; 35/1995, de 6 de febrero, FJ 3; 68/2001, de 17 de marzo, FJ 5 y 222/2001, de 5 de noviembre, FJ 3)” (STC 147/2002, de 15 de julio, FJ 5).
Llegados a este punto, procede traer a colación la doctrina de este Tribunal sobre el alcance y contenido del derecho consagrado en el art. 25.1 CE, principalmente referida a la interpretación de la norma penal y la subsunción del supuesto de hecho en el precepto de aplicación. Como decíamos en la STC 153/2011, de 17 de octubre, FJ 8:
En relación con el principio de legalidad penal este Tribunal viene declarando (por todas STC 91/2009, de 20 de abril, FJ 6) que tal principio supone que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que no constituyan delito o falta según la legislación vigente en el momento de realización de tales conductas. Se quiebra así el derecho cuando la conducta enjuiciada, la ya delimitada como probada, es subsumida de un modo irrazonable en el tipo penal que resulta aplicado, bien por la interpretación que se realiza de la norma, bien por la operación de subsunción en sí. En tales supuestos la condena resulta sorpresiva para su destinatario y la intervención penal es, amén de contraria al valor de la seguridad jurídica, fruto de una decisión judicial que rompe el monopolio legislativo en la definición de las conductas delictivas (por todas, STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6). En el examen de razonabilidad de la subsunción de los hechos probados en la norma penal el primero de los criterios está constituido por el respeto al tenor literal de la norma, y la consiguiente prohibición de la analogía in malam partem. No obstante este respeto no garantiza siempre una decisión sancionadora acorde con el derecho fundamental, dada la propia vaguedad y ambigüedad del lenguaje ordinario y la necesaria formulación abstracta del precepto.
Queda por analizar un último punto, concretamente el relativo a la necesidad del conocimiento previo del contenido de las resoluciones judiciales a que se refiere el tipo penal para que, en puridad, pueda entenderse cometido el delito por el que el recurrente fue condenado. Previamente a abordar esa cuestión parece oportuno, no obstante, formular una serie de consideraciones sobre la figura delictiva a que se ha hecho mención. En efecto, según establece el artículo 225 bis del Código penal: “1. El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años. 2. A los efectos de este artículo, se considera sustracción: … 2º La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa”. El artículo transcrito tiene por objeto sancionar ciertos comportamientos que atentan contra los derechos del progenitor custodio y, en última instancia, contra el superior interés del menor. Ahora bien, para que la retención del menor sea penalmente relevante no basta con que tal conducta impida el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación civil a los padres, pues es necesario que medie una resolución judicial o administrativa que determine el contenido concreto de las facultades atribuidas al progenitor perjudicado, de manera que la retención a que se ha hecho mención suponga la frustración de tales facultades y el correlativo incumplimiento del “deber” a que se refiere el tipo penal. Este aspecto es de capital importancia —como más adelante se explicita— para ponderar hasta qué punto la fundamentación ofrecida por los órganos judiciales ha contemplado, en toda su extensión, la descripción de la conducta típica sobre la que necesariamente se proyecta el elemento culpabilístico.
Reconocer el derecho del demandante a la legalidad en materia penal (artículo 25.1 CE).
Restablecer su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén, de fecha 26 de abril del 2012, en el procedimiento abreviado número 504-2008, así como de la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Jaén, de fecha 17 de julio de 2012, en cuya virtud se desestima el recurso de apelación interpuesto contra la primera de las Sentencias citadas.
STSJ Asturias 865/2006, 22 de Mayo de 2006

References: artículo 25
 artículo 225
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 resolución 
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 artículo 52
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 artículo 225
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