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Autor Tema: Guardia Civil... ni pies ni cabeza (Leído 133602 veces)
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« Respuesta #680 en: 16 de Enero de 2017, 06:44:30 am »
Las madres de la Guardia Civil denuncian que el Cuerpo impide la conciliación familiar, lo que eleva el absentismo entre las mujeres .
› Pepe Barahona ›@pepebarahona
› Fernando Ruso ›@FernandoRuso
16.01.2017 02:11 h.
“Mi padre, guardia civil, cuando salí de la academia me dijo: ‘Enhorabuena, pero a partir de ahora serás una desgraciada’. Y no se equivocó”. Paula nació para ser guardia civil. Antes de ella lo fue su padre, también su abuelo, su bisabuelo, su hermano, sus tíos, primos, suegro, cuñados… Pese a la larga tradición familiar, ella es la primera mujer en vestir el verde de la benemérita institución desoyendo el consejo de sus allegados. “El Cuerpo no está preparado para las mujeres”, le decían. Y, muy a su pesar, la vida acabó dándoles la razón.
El ‘error’ de Paula fue ser madre. Circunstancia que le ha dado dos hijos, gran parte de la felicidad de su día a día, pero que le granjeó la enemistad de sus superiores, todos hombres, que no supieron entender que la conciliación familiar y profesional también tiene cabida en la Guardia Civil. En España, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), las trabas que los mandos ponen para el cuidado de los hijos eleva la tasa de absentismo de las mujeres del Cuerpo al 11,58 por ciento, muy por encima del 6,83 por ciento en el caso de los agentes masculinos.
Y eso que la mujer lleva en el Cuerpo, de forma oficiosa, desde el año 1948. Paradójicamente, a las primeras las llamaron ‘matronas’, bien por ser huérfanas de guardias civiles o viudas de los mismos, y vestían el uniforme sin divisas ni armamento. Su papel fue básico en la postguerra para practicar los registros a otras mujeres.
Oficialmente, y con los mismos derechos que sus compañeros varones, las primeras mujeres acceden al Cuerpo en 1988. De las 2.817 aspirantes solo adquieren el puesto 197 agentes. Pero esa integración se ha quedado, según denuncia la AUGC, en una “mera exhibición” a tenor de la “paupérrima e insignificante” política de igualdad realizada estos años por la Dirección General.
Y es en el caso de la conciliación familiar, cuando llegan los hijos, el momento en el que más se nota la debilidad de estas agentes femeninas. “Dependes de los favores del superior, de una decisión a veces aleatoria, para poder atender a tus hijos sin tener que renunciar a tu profesión”, concreta Paula.
Ella, guardia civil desde el año 2000, conoció a su marido, también agente, haciendo patrulla. Surgió el amor y tres años después se casaron. Apenas unos meses después llegó su primer hijo y ambos se vieron obligados a comunicar la situación a su jefe para que éste le facilitara un horario adecuado a las necesidades del matrimonio. La buena fe de su superior hizo que todo fuese como la seda, al menos en lo laboral.
“No veía a mi hija, que estaba siempre con los abuelos; de hecho, papi y mami eran ellos y no nosotros”, recuerda amargamente. “Con nosotros sólo eran lloros porque cada vez que nos veía era para ir al pediatra, vacunas…”, añade. Hasta que decidieron poner fin a esa situación pidiendo una reducción de jornada, un recurso que permite la Administración. También solicita concreción horaria que le permita llevar y recoger a su hija al colegio.
El jefe acepta las condiciones y destina a Paula a hacer trabajos de oficina, a registrar las denuncias. Pero todo cambia con la llegada de un nuevo superior. “El brigada no admitía que un guardia civil tuviese un horario, eso de que no me pudiese manejar a su antojo es algo incomprensible para él”, sostiene la agente.
En sus nuevos planes, el brigada, un hombre de unos 55 años y “de la vieja escuela”, manda a la agente a hacer patrullas unipersonales, algo inusual en la Guardia Civil. También le da un consejo: “O metes a una mujer en tu casa para que cuide de tus hijos o pides otro destino, pero aquí no hay reducción de jornada que valga”.
“Me decía ‘la funcionaria’ y estuve tres meses limpiando coches”
Y a partir de ahí empieza un catálogo de vejaciones. “Me decía ‘la funcionaria’ y llegó el punto en el que me retiró de todos los servicios y me puso a limpiar los coches. Estuve tres meses limpiando coches. Limpiaba sobre limpio”, recuerda Paula. “Aunque pudiera hacer algo más útil. Pero ya se sabe, donde la lógica termina, empieza la Guardia Civil”.
—¿Eso no roza el acoso laboral?
—Llegó el momento en el que yo me sentía una guardia de segunda, una mala profesional, que era menos que los demás. Me habían comido la moral. Eso es acoso laboral, pero no puedes demostrarlo. Hay mucho miedo y ningún compañero va a declarar por ti en un juicio porque temen las represalias. Pueden alegar pérdida de confianza y te ves en la calle, con un nuevo destino a kilómetros de tu casa.
—¿Y no se planteó grabarlo?
—No, por favor. Nuestro régimen disciplinario dice que grabar a un superior es una falta muy grave, que puede conllevar la expulsión del cuerpo. Nos tienen muy atados.
Todo se complica con un nuevo embarazo, además, de riesgo. Después de dar a luz pide nuevamente la reducción de jornada y se la vuelven a denegar. A pesar de todo, se echa la situación a la espalda. “Lo hice por evitar que dijeran que no podía por ser mujer”, recuerda. Pero el esfuerzo acabó pasándole factura: crisis de ansiedad. Lleva más de un año de baja. Y su reducción de jornada está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de interponer un recurso ante el Contencioso Administrativo.
—¿Es compatible ser madre con ser guardia civil?
—Podría ser, pero no. He estado cuatro años haciéndolo, pero los jefes no quieren que sea.
Las madres vencen en los Tribunales
En el caso de Paula se enfrentan el derecho a conciliar la vida laboral y familiar, reconocido en varias sentencias del TSJA y demás jurisprudencia, y el derecho de la Administración a autoorganizarse, explica el abogado y ex guardia civil José Luis Ganfornina, que lleva el caso de Paula y de dos mujeres más en Sevilla. Según detalla, el TSJA establece que la autoorganización de la Administración no debe hacerse a la ligera y tampoco de forma genérica, sólo en casos puntuales, y siempre entendiendo la necesidad del servicio. Algo que beneficia a sus defendidas.
“El TSJA lo tiene clarísimo y ya ha manifestado su criterio, pero la Guardia Civil no quiere que exista jurisprudencia y deniega por sistema las peticiones porque teme que se abra la puerta a muchas más”, argumenta el abogado. “Concede las reducciones laborales pero sólo de forma oficiosa, no oficial”, añade Ganfornina.
A su juicio, esta negación sistemática de las peticiones responde a una falta de personal en la Guardia Civil. Y sobre todo de mujeres dentro del cuerpo, añade el portavoz de la AUGC, que también pide permanecer en el anonimato por miedo a las represalias. La Benemérita Institución, al regirse por un reglamento militar, carece de sindicatos y la Asociación Unificada —la de mayor representación dentro del cuerpo con más de 31.000 asociados— ejerce un papel similar a favor de los derechos de los trabajadores.
Solo el cinco por ciento de la plantilla, unas 82.000 agentes, son mujeres y en periodos estivales, con las vacaciones, se incrementan las comisiones de servicios “indiscriminadas sin tener en cuenta la situación familiar o personal de éstas”, denuncia la AUGC.
“El colectivo femenino de la Guardia Civil no debe ser responsable ni victima de las deficiencias de organización y planificación de la Institución”, reclama el portavoz de la AUGC, que recuerda el “altísimo índice de retiradas” de las mujeres de la primera promoción. Muchas de estas situaciones desembocan “en bajas laborales depresivas que degeneran en situaciones de retiro”, sobre todo en familias monoparentales o derivadas de separaciones o divorcios.
Madre, guardia civil y soltera, el eslabón más débil
Pilar no quiere ni hablar. Rehúsa a verse con el periodista de EL ESPAÑOL, ni siquiera habla por teléfono. Su historia se reduce a una retahíla de mensajes por WhatsApp por miedo a que la identifiquen y su ya difícil situación empeore. Es madre soltera y agente del Servicio de Información de la Zona de Andalucía. “Los que detienen a los yihadistas y cosas parecidas, un trabajo duro, de calle, de esos que pasan desapercibidos”, relata un agente.
Está de baja psicológica después de que su petición, flexibilidad horaria para no ser comisionada fuera de la ciudad en la que reside, fuese desoída por los distintos escalones de la cadena de mando: el Teniente Jefe del Grupo, el Teniente Coronel Jefe Servicio Información y, por último, el General Jefe de Zona de Andalucía. Todos ellos con capacidad para decidir.
“Su caso clama al cielo”, aclara su abogado. “Ella fue con total buena fe a sus superiores pidiendo cuidar a su hija, de dos años, que está sola y que depende de su madre. Y le dijeron que no”.
El Contencioso Administrativo de la ciudad donde presentó el recurso le ha dado la razón, anulando las resoluciones de la cadena de mando y reconociéndole el derecho a la concreción horaria solicitada. Pero ella sigue sin querer hablar. “Todavía no, están a cuchillo conmigo y me gusta hacer las cosas con pies de plomo después de lo que llevo pasado”, argumenta.
Las mujeres son las grandes perjudicadas ante la falta de regulación en la materia. Como sucede en otras parcelas de la sociedad, las mujeres de la Guardia Civil son quienes asumen la conciliación, y un alto índice de peticiones procede de ellas. Ese rechazo generalizado “convierte la negativa de la Institución en un trato discriminatorio por razón de género”, denuncia a AUGC.
“Un calvario”, según valoran, que empeora en las zonas rurales, el ámbito de actuación eminente de la Guardia Civil, donde los recursos —guarderías, comedores escolares…— para la atención de los menores son más escasos. Y la situación se repite con frecuencia por todo el territorio nacional, pero son pocas las que deciden llevar el caso a los Tribunales.
En su toma de posesión, el nuevo Director General de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, recién nombrado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anticipó que por delante tenía el completo desarrollo de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil. En el mismo acto, el responsable de la Institución se comprometió a realizar las gestiones precisas y necesarias ante los Ministerios de Defensa e Interior para mejorar las condiciones sociolaborales "de todos los que integran este Cuerpo”. Porque, sigue, “benemérito es ser digno de galardón y recompensa por los servicios prestados”. Y en la práctica no siempre es así.
“La Guardia Civil no es un lugar para madres”
“La Guardia Civil no es un lugar para madres”, denuncia María. “Es incompatible”, asegura. “Y sabíamos dónde nos metíamos —continúa—, pero si pedimos ayuda es porque realmente la necesitábamos”. Y se echa a llorar.
María es guardia civil, está de baja y a la espera de la respuesta del TSJA. Ya ganó el recurso en el Contencioso Administrativo, pero la Abogacía del Estado, a instancia de la Dirección General, recurrió. “Qué más le da a ellos, no les va a costar el dinero”, sostiene.
Tiene dos hijos de nueve y cinco años, que nunca fueron fáciles. “Alergias y demás, cosas de niños”, puntualiza. Su marido también es guardia civil. La endogamia es habitual en el Cuerpo. Y pidió una reducción de dos horas a su subteniente para poder conciliar. La respuesta fue no. “Me llegó a decir que no estaba cualificada para estar en Investigación por ser madre, por tener una familia y que por eso no iba a atender bien el trabajo”, recuerda amargamente María.
Ahora los tribunales civiles le han dado la razón. Si el recurso de la Dirección General de la Guardia Civil no prospera, le darán la reducción y el horario solicitado al entender el Contencioso que la Administración no ha acreditado suficientemente el motivo por el que le deniega la petición.
Pero ella, de baja y en tratamiento psicológico, ya ha perdido la fe en la Guardia Civil. “Para mí es una empresa más, no es una institución. Una institución se preocupa por los que trabajan para ella”, critica María, que pensó en su día llevarse los niños al cuartel para protestar por la situación.
“Es una institución anacrónica porque nadie quiere legislar para que esto cambie”, sostiene. “Sólo pido una cosa, que mis hijos no quieran ser guardias civiles, sobre todo mi hija, que no pasen por lo que hemos pasado nosotras”.
« Respuesta #681 en: 21 de Enero de 2017, 07:39:14 am »
javier nodar rodríguez
19 enero 201720:01
El Diario Montañés del pasado 13 de enero titulaba una información: 'Buelna, Iguña y Cieza piden no cerrar la oficina de atención al público de los cuarteles de la Guardia Civil'. Mi historia personal y profesional, igual que la de muchos otros guardias civiles, se identifica con los valores de «honor, lealtad, sacrificio y servicio a los españoles» que nuestro fundador allá por el año 1844 inculcó a los primeros guardias civiles, y que generación tras generación han llegado hasta nuestros días. La Guardia Civil ha ido creciendo y evolucionando de la mano de la sociedad a la que sirve, con el objeto de cubrir las demandas que en cada momento le han requerido.
En los últimos 25 años, España ha experimentado importantes cambios sociales y económicos que han favorecido el desarrollo de la educación y la sanidad, pero no así las políticas de seguridad. La Guardia Civil dio un salto hacia el futuro con la adecuación de medios y personal en este periodo, pero esta adecuación no lo fue de la fuerza e intensidad adecuadas; en este periodo no se desarrolló el suficiente músculo para atender los cambios producidos en la sociedad española en campos como la industria, movimientos poblacionales, etc.; y con este músculo insuficiente a la Guardia Civil le tocó afrontar la crisis como al resto de estructuras del Estado. Pero ocurrió que teníamos un despliegue del siglo XIX, para atender la sociedad del siglo XXI, que no teníamos medios, que no teníamos personal.
Esta crisis ha provocado 13.000 vacantes dentro de la Guardia Civil, y estamos hablando que con esto cubriríamos las necesidades de unidades como las de los puestos de Los Corrales de Buelna y Molledo, diseño de unidades que estaban pensadas para actuar en otro modelo de estructura social y no en el actual.
¿Por qué no tenemos músculo para afrontar esta realidad? Pues por carecer de políticas de Estado en materia de seguridad, por no atender las necesidades de cuerpos como la Guardia Civil y por permitir que el trabajo policial descansara solo sobre el espíritu de sacrificio de los guardias civiles, espíritu que es mucho, pero ante nuevas realidades delincuenciales se hace a todas luces escaso.
La situación de abandono a la que se ha sometido a la Guardia Civil como institución, y a los guardias civiles como servidores públicos, tendría que sonrojar a nuestra clase política en general. Cuando se habla de deudas históricas, creo que la clase política tiene una deuda histórica con los guardias civiles, y cuando esta se comience a pagar, entenderemos los guardias civiles que a nuestros responsables políticos les preocupa la seguridad.
Si los alcaldes de Los Corrales de Buelna, Cieza, e Iguña son conocedores de la realidad de la Guardia Civil, saben que sus demandas no serán cubiertas, simplemente porque no lo pueden ser por la carencia de efectivos para hacerlo. Si cuando se han reunido en los últimos años en las Juntas de Seguridad, y el delegado del Gobierno les hacía el mismo relato y ellos lo aceptaron, son copartícipes de esta situación. Les aconsejo que revisen la hemeroteca de los últimos años cuando se han evidenciado problemas de seguridad pública y ahí encontrarán las respuestas a la reunión del día 17 de enero de 2017. No quisiera centrar el problema con estos tres ayuntamientos, porque no sería justo: es problema de toda Cantabria y, por desgracia, trasladable a toda España.
La Guardia Civil ha afrontado la crisis sin músculo suficiente; tenemos un despliegue del siglo XIX para atender a la sociedad del siglo XXI, sin medios ni personal
El día 12 de este mes la organización que represento mantuvo una reunión con el director general de la Guardia Civil donde se le expuso la realidad que vivimos, en ella fui calificado como derrotista, pero no me considero como tal, solo soy realista.
¿Es previsible que la situación mejore en 2017? La respuesta es no. ¿Y en el 2018? La respuesta es no. El daño sufrido en nuestra estructura no se arreglará en los próximos años, y mucho menos si no se introducen cambios sustanciales en la Institución, cambios que tienen que venir del debate de muchos actores, asociaciones profesionales, movimientos cívicos, asociaciones de empresarios, partidos políticos, y población en general.
« Respuesta #682 en: 01 de Febrero de 2017, 10:42:09 am »
José Bono llamó a la Benemérita para que vigilasen al fotógrafo, que hacía su trabajo en los exteriores de la casa del político
01/02/2017 02:59h - Actualizado: 01/02/2017 02:59h
El fotógrafo de ABC Ángel de Antonio tuvo que acudir ayer al cuartel de la Guardia Civil de Illescas (Toledo) tras el requerimiento de la Benemérita para que explicase los motivos por los que el pasado lunes se encontraba en los exteriores de la casa que el expresidente del Congreso José Bono tiene en la localidad toledana de Olías del Rey.
En acto de buena fe y acompañado por el director de ABC, Bieito Rubido, De Antonio explicó a los agentes que simplemente estaba realizando labores profesionales en su condición de fotoperiodista.
El teniente al mando le pidió perdón por el trastorno causado y recalcó en todo momento que no había nada de qué preocuparse, pues solo se trataba de labores de identificación.
Asimismo explicó que el origen de las pesquisas estuvo en una llamada de Bono a la Comandancia de la Guardia Civil en Toledo. A raíz de esa comunicación, cuatro agentes se personaron en el domicilio del fotoperiodista y preguntaron por él a sus vecinos, que lógicamente se alarmaron ante la presencia policial.
« Respuesta #683 en: 04 de Febrero de 2017, 09:11:12 am »
y el cuerpo envejece de forma rápida
El campo, sin Guardia Civil: 5.000 agentes menos, coches ruinosos y cuarteles cerrados
La escasa oferta pública, la decisión de Interior de reforzar núcleos urbanos y el poco interés de los guardias por las zonas rurales incrementan la preocupación de los alcaldes
04.02.2017 – 05:00 H. - Actualizado: 7 H.
Hasta el año 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo convocatorias masivas de oferta de empleo para la Policía y la Guardia Civil. Cada año entraban alrededor de 5.000 nuevos funcionarios en ambos cuerpos. La crisis, sin embargo, irrumpió con fuerza y provocó que el Ejecutivo tuviera que moderar su alegría. A partir de 2010, la Administración redujo a apenas 200 plazas la oferta pública en estas instituciones, lo que suponía que solo renovaba al 10% de los agentes que se jubilaban. Este último ejercicio, la tasa de reposición se ha situado por primera vez en el 100% desde que surgió la recesión económica, lo que quiere decir que la Policía y la Guardia Civil ya no pierden efectivos, aunque tampoco recuperan los que abandonaron sus filas.
En el caso de la benemérita, la mayoría de puestos que durante este tiempo se han quedado vacantes han sido los que se dedicaban a controlar el ámbito rural, que por otra parte es la competencia principal del instituto armado. Es lo que sospechan la mayoría de expertos consultados. La diputada del Grupo Socialista por Valencia en el Congreso, Ana Botella, por ejemplo, admite tener la "sensación" y "el temor" de que esto esté ocurriendo. Se basa en las denuncias públicas de las asociaciones agrarias, que ponen en evidencia un incremento del número de robos en el campo, y en la percepción social de la gente, que se siente más insegura en estas zonas.
"Hoy por hoy, ningún alcalde renuncia a tener un acuartelamiento", asegura Botella, quien junto a su compañero Julián López, diputado por Alicante, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno para que responda sobre el número de efectivos de la Guardia Civil que hay en más de un centenar de municipios de la Comunidad Valenciana en los que hay un puesto del instituto armado. Por el momento, no hay respuesta del Ejecutivo, dado que la cuestión ha sido planteada este mismo mes de enero.
Sí contestó el Gobierno a otra pregunta parlamentaria del Grupo Socialista que reclamaba la evolución de efectivos a nivel nacional durante los últimos cinco años. Según explica Botella, el Ejecutivo aseguró que en 2011 había 82.692 funcionarios en la corporación, una cifra que se redujo hasta los 77.427 en octubre de 2016. Es decir, un 6,4% de reducción en un lustro, dato que "confirma la caída de personal", pero que no concreta en qué zonas tiene lugar, ya que —como indica la diputada— las cifras son aportadas por el Gobierno por provincias, no por municipios con puesto de la Guardia Civil, que es lo que acaba de reclamar ahora el Grupo Socialista.
Esta reducción generalizada de agentes es corroborada por otros parámetros, aunque de forma dispar. Según datos extraídos del Boletín Oficial de la Guardia Civil y hechos públicos por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) el pasado 15 de enero, entre diciembre de 2011 y el mismo mes de 2015 la institución perdió 4.263 efectivos de la escala de cabos y guardias (un 6,5%) y 406 de la de suboficiales, un descenso que contrasta con el incremento de 132 personas en el nivel de oficiales, lo que supone un 4,2% más. "Cada vez hay menos agentes para trabajar en la calle y más para mandar desde las oficinas", resumía la asociación.
La Administración redujo a apenas 200 plazas la oferta pública, lo que suponía que solo renovaba al 10% de los agentes que se jubilaban
El escalafón 2017, dato interno más actualizado al que ha tenido acceso El Confidencial gracias a AUGC, revela que el número de efectivos de la corporación ha pasado de 79.841 funcionarios en 2011 a los actuales 74.165. Los datos publicados en abierto muestran la misma tendencia, aunque ligeramente más moderada. El Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas reflejaba cómo en 2009 la Guardia Civil contaba con 76.643 miembros en sus filas, casi 2.000 más que en 2016, cuando la misma fuente contabilizaba 74.958 funcionarios en la institución. Los Presupuestos Generales del Estado, por su parte, preveían en 2006 pagar las nóminas de 76.204 efectivos de la corporación, casi 500 más que diez años después, cuando computaba 75.728 componentes dentro del cuerpo.
En paralelo al descenso de miembros del instituto armado, las diferentes escalas profesionales han incrementado considerablemente su edad media, dado que todos ellos cumplen años y no son renovados por funcionarios más jóvenes al no haber suficiente oferta de empleo público. En concreto, si un guardia de base tenía 37,9 años de media en 2011, ahora tiene 42. En el caso de los suboficiales ocurre algo similar. Si hace cinco años la media de edad de los sargentos era de 38 años, actualmente se sitúa en 40 primaveras. Algo menos se ha incrementado en el caso de los generales, que en 2011 tenían 59,6 años de media y hoy tienen 60,8.
Según explican desde el departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido, "la reducción de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el período 2011-2016 obedece a que, en un período de contención del gasto público, la oferta de empleo público no ha alcanzado a reponer el número de agentes que han causado baja en este período" por haber pasado a la jubilación. "Esta reducción —continúan desde Interior— no ha sido igual en todo el territorio nacional" debido sobre todo a "la evolución permanente de las necesidades de seguridad en unas y otras regiones y núcleos urbanos". "La necesidad de adaptarse a las necesidades operativas durante estos años implica que las variaciones porcentuales de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no puedan ser homogéneas en todo el territorio nacional", justifican desde el Ministerio.
Por otro lado, la orden general 11/2014 que entró en vigor en abril de ese año con el fin de poner orden en los horarios de los guardias, provocó una pérdida de personal efectivo de servicio, ya que limitó las horas que los agentes pueden estar en la calle. En concreto, según Silva, este ajuste normativo supuso una pérdida de "potencial de servicio" de un 10%. La reforma, continúa el representante de esta agrupación, estaba pensada para que el Ministerio del Interior compensara esa reducción de horas de trabajo con la entrada de más personal. Sin embargo, no ha sido esto lo que ha ocurrido en los últimos años, que se han caracterizado precisamente por todo lo contrario, por lo que la consecuencias es la mencionada disminución de agentes que patrullan las calles.
Esta situación se ha unido a la disminución del servicio de atención al público que se da en los cuarteles de la Guardia Civil. Durante los últimos años, estas instalaciones han ido cerrando sus puertas e incluso desapareciendo. El Ministerio del Interior argumenta que es necesario reagrupar efectivos, pero lo cierto es que al final lo que ha pasado es que cuarteles que abrían 24 horas han pasado a prestar servicio apenas dos mañanas por semana. "El puesto de la Guardia Civil ha muerto como primera unidad de respuesta ante una incidencia de seguridad ciudadana; ahora se ha convertido en un mero receptor de denuncias; hay patrullas que se encargan de cuatro o cinco puestos", valora Silva.
Según publicó 'La Voz de Galicia' hace un año, la mayoría de los 32 puestos de la Guardia Civil de Ourense atienden al público únicamente en horario de mañana y en los últimos años han desaparecido instalaciones auxiliares como las de las poblaciones de Entrimo y A Mezquita. Únicamente los puestos principales de O Barco, A Rúa, Xinzo, O Carballino y Verín abren también por la tarde, lo que limita a muchos ciudadanos a tener como exclusivo medio de comunicarse con el instituto armado el teléfono 062.
Un agente ayuda a extinguir un fuego. (EFE)
Durante los últimos meses se han multiplicado las reuniones entre delegados del Gobierno de toda España con alcaldes de municipios pequeños azotados por el incremento de la criminalidad. El pasado 30 de enero el delegado en Asturias, Gabino de Lorenzo, tuvo un encuentro con el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, para abordar el aumento de robos, y el 18 de enero el delegado en Cantabria, Samuel Ruiz, recibió a los responsables municipales de Buelna, Iguña y Cieza con el fin de evitar el cierre de las oficinas de atención al público de dos cuarteles. Esta situación, asegura Silva, no se había dado hasta el momento.
Los alcaldes de las poblaciones afectadas por la reducción de efectivos o el cierre de instalaciones son, de hecho, los que más notan lo que está pasando. El pasado 12 de abril, el primer edil de San Martín de la Vega, Rafael Martínez, remitió una carta a la Delegación del Gobierno para pedir explicaciones por el cierre por las noches del cuartel de la Guardia Civil que, según dijo, incumplía el compromiso adoptado entre él y la delegada Concepción Dancausa. "Desconocemos los motivos de este cambio de criterio", afirmó el regidor.
En 2010 los agentes hicieron 120.000 auxilios en carretera y 95.000 denuncias mientras que en 2015 impusieron casi 135.000 denuncias y solo 15.000 ayudas a los conductores
Desde AUGC entienden que el Ministerio del Interior debe acometer con urgencia una "reforma del despliegue territorial de las unidades diseminadas por toda España", ya que el actual modelo "está basado en el siglo XIX". Así se expresa Juan Fernández, portavoz de la asociación, quien insiste en que el sistema no se ha alterado desde que se creó la institución y "el siglo XXI requiere de otro modelo". La propia Dirección General de la Guardia Civil, asegura, "es consciente" del problema y "ha elaborado ya un estudio para acometer esta reforma, pero falta la valentía política para ponerlo en marcha". El objetivo, añade, es "abordar esos núcleos poblacionales" más abandonados "con mayor efectividad". No tiene sentido, subraya, "mantener casas cuarteles con una bandera que se sube y se baja todos los días pero en los que en realidad nunca hay nadie".
A todo este panorama se une la situación también denunciada recientemente por AUGC en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que según la asociación sufre una carencia de personal muy elevada que afecta directamente a la seguridad en las carreteras. Vehículos con más de 400.000 kilómetros tanto en esta agrupación como en los cuarteles de las zonas rurales dificultan notablemente la labor policial, afirman desde AUGC, que entiende que este problema provoca que no haya apenas patrullas en carreteras secundarias. "Se supone que en estas vías es donde se producen los accidentes más graves, pero no hay guardias suficientes para atender las incidencias; solo hay efectivos en autopistas, autovías y vías desdobladas", aseguró públicamente el secretario provincial de AUGC, Francisco Cecilia.
« Respuesta #684 en: 05 de Febrero de 2017, 08:16:32 am »
La Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid), realiza presuntamente concesiones a amigos y castiga a los agentes que las denuncian
La asociación profesional con representación en el Consejo de la Guardia Civil, ante el conocimiento unos hechos ocurridos en la comandancia de la Guardia Civil de esta población madrileña, derivados de un accidente de circulación de un vehículo oficial rotulado y la más que presumible apertura de medidas disciplinarias contra un agente por comunicar supuestas irregularidades en la reparación de dichos vehículos ha decidido poner en conocimiento público la posibles irregularidades observadas en cuanto a las concesiones de los talleres reparadores y el posterior acoso interno sufrido en la figura del agente denunciante.
UniónGC tiene conocimiento que en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos-Madrid se está barajando la posibilidad de apertura de expediente disciplinario a un Cabo 1º destinado en el puesto de la guardia civil de Arroyomolinos (Madrid) por la comunicación escrita al servicio de Riesgos Laborales de dicha comandancia por el más que probable descuido en la reparación de vehículos que se realiza en un taller civil que de forma “dedocrática” realiza la mayoría de dichas reparaciones de los vehículos policiales.
Dicha comunicación escrita, amparada plenamente por la Ley Orgánica 11-2007 reguladora de los derechos y deberes de los guardias civiles que establece en su artículo 31 que los guardias civiles tienen derecho a una protección adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo reforzado este derecho y protegido con el Real Decreto 179-2005 sobre Prevención de Riesgos laborales que regula como objetivo principal promover la seguridad y la salud en el trabajo de los guardias civiles, ha servido para el inicio de una “caza del mensajero” y no para el objetivo que se pretendía que no es otro que el control y supervisión de las reparaciones de los vehículos que se realizan en talleres civiles que como en este caso es apreciable la poca vigilancia en las mismas y como consecuencia de ésta ha provocado un accidente de circulación con resultado de dos agentes heridos causando baja para el servicio. Dicho accidente y en gran medida ante la pericia del conductor no ha sido causante de daños ni lesiones a terceros y el mismo se ha producido según los informes obtenidos como consecuencia de la mala práctica en la reparación del vehículo ya que tres días antes había sido supuestamente reparado y por lo tanto debería estar en condiciones para circular.
Anomalías en las reparaciones
Desde UniónGC señalan que dicho Cabo 1º ejerciendo funciones de mando, había comunicado anteriormente al accidente y al menos en dos ocasiones, al servicio de Automovilismo de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos-Madrid que, de forma habitual se estaban observando anomalías en las reparaciones de los vehículos en dicho taller que casualidad o no, el gerente de mismo tiene una relación de amistad directa con algunos de los que forman el servicio de Automovilismo de dicha comandancia de la guardia civil por su condición de ex guardia civil.
Además de la gravedad de lo denunciado, UniónGC tiene conocimiento de que por parte del servicio médico militar concretamente del Comandante médico de dicha comandancia se está ejerciendo una gran presión en la persona del Cabo1º para que ante la poco creíble existencia de lesión según dicho comandante, solicite el alta médica para volver a su actividad laboral. Dicho médico no solo duda de la lesión sino que además se atreve a ridiculizar el expediente médico aportado por el Cabo 1º y realizado por un profesional de la medicina que nada y menos tiene que ver con el “corporativismo militar”, advirtiendo además la posibilidad de ordenar una vigilancia desde asuntos internos por si este estuviese fingiendo, es decir, una clara coacción con el claro objetivo de vulnerar el derecho a una recuperación en condiciones para prestar un servicio al ciudadano con garantías.
Contestación de la Comandancia de la Guardia Civil
Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos-Madrid, en su escrito de contestación dirigido al Cabo 1º, comunican la poca o nula credibilidad de los hechos denunciados tanto por el defectuoso servicio prestado por el taller de reparación de vehículos como por el supuesto trato recibido por parte del Comandante médico de la Comandancia a la vez que se le informa de la posible apertura de un expediente disciplinario por la comisión de una supuesta falta grave que pudiera significar entre otras una pérdida de destino.
<p>UniónGC ante el conocimiento de estos graves hechos y ante la posible vulneración de algún derecho ha puesto a disposición del agraviado el servicio jurídico de la asociación para como así se ha hecho interponer denuncia en el Juzgado de Instrucción de Móstoles con el claro objetivo que desde la justicia ordinaria se aclare y se castigue si procede ésta clara enajenación.
« Respuesta #685 en: 20 de Febrero de 2017, 09:19:20 am »
18/02/2017 23:04 Actualizado: 19/02/2017 11:33
carlos del castillo @CdelCastilloMvídeo: almudena tomás
Invirtieron los papeles: el represor se contagiaba de la conflictividad social y se convertía en un foco más de esta. Sus compañeros, conscientes de la justicia de sus peticiones, no actuaron contra ellos, "manteniéndose en actitud pasiva": "A pesar de que algunos oficiales fueron a la puerta del Ministerio a disolver la manifestación, las órdenes que daban para cargar no eran obedecidas", recuerda el investigador Rodrigo M. Rico en Guardias civiles versus guardias civiles.
La cobertura mediática que logró la protesta de los principales cuerpos de represión del Estado, junto a la complicidad que los agentes en servicio para con sus camaradas –"las fotos que debían tomarse de los cabecillas aparecían veladas o desenfocadas", recoge Rico– exasperó al alto mando militar. La sensación de riesgo que dejó la movilización llegó hasta lo más alto del Estado.
Portada de 'El País' del 18 de diciembre de 1976. Pulsa en la esquina superior derecha para ver la imagen completa.
"Democracia en la Guardia Civil, para que no se proteja solo a los poderosos, para que no hayan más 23-F" [sic] eran consignas reflejadas en las octavillas del SUGC.
"Empezamos a movernos por toda España exigiendo derechos, porque en aquellos años e incluso hasta principios de los 90, se hacían jornadas laborales de 80 o 100 horas a la semana, ni siquiera teníamos un día libre", cuenta José Morata, uno de los fundadores del movimiento.
"Necesitábamos poner de acuerdo a las diferentes organizaciones que surgían a través del territorio. Usábamos las estructuras de los sindicatos policiales y de los sindicatos de clase, UGT, CCOO, juristas…", narra Fernando Carrillo, otro de los promotores.
El principal peligro estaba en el propio cuerpo. Algunos guardias delataban a sus compañeros sindicalistas
"El PSOE lo sabía todo, se hablaba, se hacían reuniones preparadas por ellos en Iglesias de Valencia para que nadie supiese dónde estábamos. Sin embargo cuando salía la información desde el PSOE de Valencia hacia el Gobierno de Madrid, cortaban. Lo que era sí en un sitio se convertía en no en otro", relata Alejandro Borja, también fundador del SUGC.
"El primer gran objetivo era sacar el debate de la Guardia Civil de los círculos que sí eran conocedores de la problemática. Lo primero que nos planteamos es que había que transmitir a la sociedad que eso estaba ocurriendo", rememora Carrillo.
"Desde los primeros momentos los sindicalistas de la Guardia Civil se dan cuenta de que la batalla más importante está en los medios de comunicación. Y la colaboración nace en un principio por la relación que tenían los guardias con los medios por la cobertura de los sucesos, los tribunales...", revela Carrillo.
"Estamos hablando de algo que se producía en la clandestinidad, que despierta una simpatía muy importante en diversas capas de la sociedad y mucho más en el caso de la Guardia Civil que era un cuerpo muy anquilosado, muy cerrado. Muchos periodistas descubren que hay una realidad paralela, les choca mucho con la imagen que ellos tenían. Hicieron de esa lucha por la apertura de la Guardia Civil mediante el sindicalismo una batalla propia, y empezaron a darle salida porque en la sociedad de aquel momento era una noticia llamativa, pero también por la impresión positiva que causó en un colectivo como el de periodistas, que fue muy perseguido en la dictadura e incluso en los primeros años de la democracia".
"Los periodistas hicieron del sindicalismo una batalla propia"
"Se involucraron con esas reivindicaciones no como simples testigos, sino también como profesionales implicados en la lucha por las libertades de este país. Ahí es donde se tejen esos vínculos", rememora el exguardia.
"No esperábamos que fueran militantes de la izquierda radical... Pero que fueran demócratas ya era la hostia", confiesa un periodista involucrado en aquellos hechos. Prefiere no dar su nombre y evitar el protagonismo en esta historia. A cambio cita a Emili Gisbert, entonces redactor de El País, como pieza clave de aquella colaboración. Gisbert falleció hace años, pero sus colegas mantienen su recuerdo con una beca para estudiar periodismo que lleva su nombre.
"Entender que había gente dispuesta a perder su trabajo (y todos con familia, que aunque eran muy jóvenes la inmensa mayoría tenían mujer e hijos) nos hizo comprender que iban en serio. Estaban dispuestos a arriesgar mucho e incluso a perderlo todo por algo en lo que creían", explica este periodista en una conversación con Público.
Guerra sucia. La 'Operación Columna'
"Sabíamos que iban a controlar nuestros movimientos –admite este periodista sobre las operaciones policiales que se desataron contra el sindicato– pero en ningún momento pensamos que podían estar por delante de nosotros".
"Una parte muy elevada de los dirigentes de los denominados COMITÉS está considerando abordar una fase de PROVOCACIÓN DIRECTA, consistente en la presentación pública, y sin ocultación de personalidades, de componentes del movimiento sindical clandestino en número tal que impida la adopción, por parte del Mando, de medidas disciplinarias efectivas sin que ello suponga un fuerte costo político a las Autoridades del Gobierno", avisaban los agentes de inteligencia en documentos calificados como "secreto" fechados en 1988 y 1989.
Con expresiones y vocabulario como "eliminar objetivo", "células organizadas" o "ideología irrecuperable" para describir a sus propios compañeros, los servicios de información aconsejaban descabezar el sindicato deteniendo a "dirigentes del movimiento, que oscilaría entre 10 y 15 de los que se estimen más peligrosos".
El Servicio de Información utilizaba vocabulario como "eliminar objetivo" para hablar de sus compañeros sindicalistas
Quizá lo más paradójico sea que los propios agentes del Servicio Central de Información aconsejaban que, "antes de pasar a la fase operativa de desarticulación del movimiento sindical clandestino", se atendieran las peticiones del SUGC "aceptables". Todo "al objeto de arrebatar el mayor número posible de banderas reivindicativas que ostenta el movimiento" y minar así su fuerza.
En la lista de "objetivos de la Operación Columna" aparecían tanto el sargento José Morata como el guardia Alejandro Borja, junto a otros 16 compañeros. Todos fueron detenidos y acusados de sedición militar, un delito castigado con penas de ocho a doce años de prisión. Contra otros miembros del SUGC se empleó la guerra sucia, con imputaciones por posesión y contrabando de drogas o internamientos en centros psiquiátricos, revelan fuentes conocedoras de los hechos.
La prensa simpatizante de la cúpula militar apoyó la campaña de detenciones y publicó que el "sindicato de encapuchados" formaba parte de "una maniobra subersiva" orquestada desde "el Este" para "debilitar a las democracias occidentales". El antiguo deseo comunista de la URSS de hacer caer a la gloriosa Guardia Civil española, ya se sabe.
ABC, agosto de 1986.
"Da casi para una película... La represión en aquel momento fue brutal", explican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), heredera de las reivindicaciones del SUGC. Estas apenas han cambiado con respecto a las que ya recogía la Operación Columna a finales de los 80.
Los guardias aún no pueden sindicarse, aunque siguieron luchando y esquivando las prohibiciones hasta que en 2006 José Luis Rodríguez Zapatero habilitó las "asociaciones profesionales". Una figura asociativa con la mayoría de derechos laborales y de negociación colectiva recortados, por lo que el objetivo final de la sindicación y desmilitarización del cuerpo sigue muy presente entre los 33.000 afiliados de AUGC, casi la mitad del total de agentes.
En 2009, todos los partidos presentes en el Congreso de los Diputados votaron a favor de permitir el reingreso de aquellos guardias expulsados por intentar implantar el sindicalismo en el cuerpo. "Se aprobó por unanimidad de todos, hasta el punto de que la presidenta de la Comisión de Interior los felicitó porque era la primera vez que algo se aprobaba con el 100% de los votos", cuenta Morata.
A fecha de hoy no se ha producido ningún reingreso. Desde el Gobierno alegan que son "cuestiones jurídicas" pero el exagente lo achaca a "falta de voluntad política". Ni el PP ni el PSOE parecen estar dispuestos a perturbar a la cúpula militar. Aunque para la mayoría de expulsados ya es demasiado tarde: "Yo tengo 63 años, ya no podría. Pero bueno, lo más importante es el tema de la rehabilitación, la dignidad propia y de la gente que está a tu alrededor", defiende el exsargento Morata.
http://www.publico.es/politica/guardia-civil-atrapados-bunker.html
« Respuesta #686 en: 24 de Febrero de 2017, 09:09:10 am »
Agentes destinados en Torrevieja vienen denunciando hechos anómalos en el Puesto Principal
22 de febrero de 2017 by pressvalencia
Los/as agentes destinados en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja vienen denunciando ante sus representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles AUGC Alicante que desde hace varios meses, se están produciendo 2016-01-20_Incautacion_Armas La Guardia Civil interviene en un almacén de Moncada cerca de 3.000 armas prohibidas valencia_01 (1) de Torrevieja, tales como la obligación de prestar servicio en las oficinas de atención al ciudadano sin que, previamente, se les forme en su nueva tarea y se les obliga a ir aprendiendo sobre la marcha. Todo ello en detrimento de la correcta atención a los ciudadanos.
Debido al gran volumen de trabajo que hay en esas oficinas y al estrés que produce ver la sala de espera llena de ciudadanos esperando para formular algún tipo de denuncia se cometen errores leves.
Los agentes “castigados” temporalmente en las oficinas de atención al ciudadano se sienten desamparados por aquellos que, deberían instruirles y aconsejarles.
Tendrían que aportarles una adecuada formación en vez de darles, de vez en cuando, alguna charla esporádica más a modo de reprensión cuando se cometen errores que una academia o cursillo al uso, que sería lo que correspondería.
Alguno de estos agentes, jamás ha recibido jornadas de actualización y ni tan siquiera una academia, o instrucciones básicas de cómo realizar su trabajo.
A esto hay que añadir el ridículo, incómodo y casi insalubre estado del material de oficina. Unas sillas pésimas para estar trabajando ocho horas, ni siquiera son de oficina, no adaptadas ergonómicamente para el trabajo de oficina y, aunque resulte ridículo, hay veces que se lucha por las grapadoras y los sellos ya que el material está contado. Impresoras sin tóner constantemente pero eso sí, la máquina de la Coca-Cola no se puede desconectar nunca con el ruido insoportable que produce la misma por ponerlo como modo de apunte curioso. Este verano pasado de 2016 se produjeron cortes de suministro eléctrico constantemente y les ordenaban apagar los aires acondicionados pero que la máquina de refrescos no dejara de funcionar.
Sabemos que todo lo expuesto es complicado de explicar, pero es lo que sucede y al menos lo ponemos en conocimiento de la opinión pública para que este tipo de hechos no caigan en saco roto y que en algún momento alguien tenga responsabilidades en la cadena de mando, más allá de calentar la silla.
Se ha llegado hasta el punto de resultar ridículo por no precisar ni tan siquiera de papel higiénico en los aseos y en alguna ocasión haber tenido que dejarle los agentes papel higiénico de su propiedad a los detenidos.
Desde AUGC Alicante queremos resaltar el grado de estrés y hastío que produce dar el 100% de uno mismo cada día y que lo traten como si fuera un ciudadano sin derechos de ningún tipo, que tiene que recoger problemas de todos los ciudadanos con la mayor profesionalidad y talante, y que ese trato es desesperanzador, y al final acaba haciendo mella psicológica en los/las agentes.
« Respuesta #687 en: 03 de Marzo de 2017, 10:15:43 am »
La Guardia Civil expedienta de nuevo a la agente que optó por su propio chaleco antibalas para mujer, pese a que la juez reconoció que existe discriminación femenina
La Dirección General de la Guardia Civil ha abierto un expediente contra Alicia Sánchez, la guardia civil que, con el apoyo y la asesoría jurídica de AUGC, asociación de la que también es representante, ha logrado que la justicia reconozca la discriminación existente hacia las mujeres que trabajan en el Instituto Armado al no proporcionárseles chalecos antibalas adaptados a su anatomía. Precisamente, tras la resolución, la Dirección General ha comenzado a incluir la posibilidad de seleccionar chalecos antibalas adaptados antropomórficamente a la mujer.
A través de dicho expediente, la Dirección General pide que se sancione a la agente con una falta grave, lo cual podría llegar a suponerle incluso la pérdida de destino profesional y su consiguiente destierro. Ante esta situación, AUGC ha puesto en marcha una campaña que buscará recabar el apoyo de diversos colectivos sociales y grupos políticos a una trabajadora que lo único que ha hecho es poner en evidencia una carencia en la Guardia Civil que afecta no sólo a la seguridad de las agentes, sino por extensión a la del resto de los ciudadanos.
El caso arranco a principios del pasado mes de agosto, cuando en la prestación de un control policial y ante la carencia de chaleco antibalas femenino de dotación oficial, Alicia solicitó hacer uso del suyo propio que había adquirido por unos 500 euros y que llevaba usando sin más problemas desde hacía unos años. Sin embargo, el oficial al mando denegó su uso, ordenando que usara uno masculino a sabiendas de que el mismo le impedía el acceso a su arma reglamentaria y a los grilletes debido a su excesivo tamaño.
Sin embargo, el pasado enero, la juez del Juzgado Togado Militar Territorial Nº42 decidió archivar el auto abierto contra Alicia Sánchez. En su auto, la juez señalaba directamente la “discriminación” que padecen las guardias civiles en cuanto a su acceso a chalecos femeninos: “A juicio de esta Juez, es evidente que la razón de la actitud de la Guardia Dª Alicia no fue otra que poner de manifiesto la dificultad que le entraña la prestación del servicio haciendo uso del chaleco antibalas oficial, la discriminación en la adquisición de los equipos de trabajo para el desempeño de la actividad policial –inexistencia de chalecos antibalas específicos femeninos- y la incidencia negativa en su seguridad y salud con ocasión de los equipos de trabajo”.
« Respuesta #688 en: 03 de Marzo de 2017, 14:14:46 pm »
Por Juan Fernández - 03/03/20170
Imagínese que usted detecta una grave deficiencia de seguridad en su trabajo, una carencia que puede llegar a poner en peligro su propia vida, la de sus compañeros e incluso la de los clientes de su empresa. Suponga también que su advertencia ante esta situación sirve para que la compañía en la que trabaja corrija esta grave disfunción, tras ser ésta confirmada por un auditor interno al que se ha consultado previamente.
Alicia Sánchez es una guardia civil destinada en Salamanca. Una trabajadora y madre que cada día afronta su labor con profesionalidad y orgullo. Un día le toca prestar servicio en un control de carretera, y su jefe le pide que se ponga el chaleco antibalas. Pero hay un problema, el chaleco es demasiado grande, no se le ajusta bien, porque no está adaptado al cuerpo de una mujer, y además le dificulta el acceso a su arma reglamentaria.
Entonces Alicia le dice a su jefe que prefiere vestir su propio chaleco antibalas, el que se ha comprado de su propio bolsillo y lleva usando sin problemas desde hace varios años. Al fin y al cabo, ¿qué son 600 euros si estos ayudan a proteger la propia vida? Y si en la ‘oficina’ no se han dado todavía cuenta de que las mujeres no tienen las mismas tallas y medidas que los hombres, pues qué se le va a hacer. Será que no se han fijado. Así que, a grandes males, grandes remedios, debió de pensar.
« Respuesta #689 en: 03 de Marzo de 2017, 15:23:34 pm »
Nunca mejor dicho "ni pies ni cabeza", algunos mandos no quieren abandonar su estado militar para poder "humillar" a sus subordinados...
ÁNIMO ALICIA
« Respuesta #690 en: 06 de Marzo de 2017, 08:22:00 am »
Tras el caso de la agente sancionada por comprarse el suyo propio
Las comandancias deben incorporar protecciones adaptadas al busto y al abdomen
Una sentencia de Juzgado Togado Militar Territorial nº 42 que decidió archivar el caso de la guardia civil sancionada por insubordinación de un oficial por discriminación, obliga a las comandancias actualizar la gestión de vestuario.
El Confidencial Digital ha podido saber que un correo electrónico remitido a las comandancias de la Guardia Civil, ordena a todos los componentes de las distintas unidades a acceder al aplicativo informático ‘Gestión de Vestuario’ para actualizar las tallas.
Fuentes extraoficiales cuentan a ECD que la gran novedad reside en el hecho de que por primera vez en dicho aplicativo se incluye la posibilidad de seleccionar chalecos antibalas adaptados antropomórficamente a la mujer. Por ejemplo, las medidas 2 y 3 permiten anotar la medida en centímetros del perímetro del busto y el bajo pecho, respectivamente, especificando en el documento que se trata de medidas solo para mujeres.
Esto se produce después de la sentencia emitida el pasado mes de enero por el Juzgado Togado Militar Territorial Nº42, que decidió archivar el auto abierto contra Alicia Sánchez, la guardia civil que afrontaba la instrucción de un delito militar en Salamanca por insubordinación por haber optado en un control policial por vestir su propio chaleco antibalas frente al oficial, que no se adaptaba a su anatomía y por lo tanto no la protegía.
En su auto, la juez señalaba directamente la “discriminación” que padecen las guardias civiles en cuanto a su acceso a chalecos femeninos: “A juicio de esta Juez, es evidente que la razón de la actitud de la Guardia Dª Alicia no fue otra que poner de manifiesto la dificultad que le entraña la prestación del servicio haciendo uso del chaleco antibalas oficial, la discriminación en la adquisición de los equipos de trabajo para el desempeño de la actividad policial y la incidencia negativa en su seguridad y salud con ocasión de los equipos de trabajo”.
Este confidencial se ha hecho eco de que “desde AUGC celebramos que por fin se haya reparado esta grave carencia en la Guardia Civil, aunque haya tenido que ser cediendo al fin a la presión judicial y mediática ejercida por nuestra asociación y, sobre todo, por unas guardias civiles valientes que no han dudado en enfrentarse a la Administración a la hora de reclamar sus derechos.
« Respuesta #691 en: 09 de Marzo de 2017, 08:18:37 am »
“Tengo tetas y caderas y no me vale el chaleco antibalas de hombre que me da la Guardia Civil”
La agente Alicia Sánchez se enfrenta a un posible cambio de destino en represalia por usar la prenda protectora que pagó de su propio bolsillo. Esta es su primera entrevista a un medio.
/Alicia Sánchez es guardia civil en Monleras. /Fernando Ruso
08.03.2017 21:04 h.
El destierro, la pérdida del destino, es de los peores castigos que puede sufrir un guardia civil. Implica decirle adiós a una casa, a la familia, los amigos, los compañeros de cuartel... El exilio, más que una deshonra, desbarata años de sacrificios y son muchos los que renuncian al tricornio antes que empaquetar toda una vida y poner tierra de por medio. La agente Alicia Sánchez (43 años), consignada al puesto salmantino de Monleras, se juega su plaza por usar el chaleco antibalas que ella mismo compró y usó en contra de la orden de su capitán, que le exigía vestir el reglamentario (y de hombres).
“La Guardia Civil no está hecha para las mujeres”, afirma rotunda la guardia civil Alicia Sánchez en la primera entrevista que concede a un medio. EL ESPAÑOL llega a su casa de Monleras, un pequeño pueblo al norte de Salamanca, situado casi en la frontera con Portugal, que vive de la ganadería: vacuno para carne y ovino para elaborar quesos ecológicos. Allí llegó la agente en 2003 y de ahí podría irse en los próximos meses si prospera el expediente disciplinario que pende sobre ella. Por medio, dos hijos, una pareja, amigos, una casa... Toda una vida.
“El año que viene se cumplirán 30 de la primera mujer guardia civil y siguen sin estar preparados para tener mujeres, seguimos sin vestuarios, de hecho, mis primeros zapatos de cordón me los compré yo porque salía a trabajar con falda y zapatos de tacón”, narra rápida, en plena retahíla liberadora. “Y la uniformidad ha empezado a incluir el corte y las tallas femeninas no hace mucho, antes todo era unisex”, sostiene Alicia, madre de dos adolescentes de 19 y 17 años. Los tres viven en su casa de Monleras, una cálida vivienda de dos plantas, con una fachada ladrillo y vigas de madera.
A cuenta de las tallas y las formas femeninas, hace ocho años decidió —como otros compañeros varones— comprarse su propio chaleco antibalas. Le costó 550 euros que salieron de su bolsillo y que pudo pagar en cómodos plazos. Eran las beneficiosas condiciones que le aplicaron a todos los agentes por adquirir un buen número de prendas. “Lo compramos casi todos los efectivos de mi cuartel, también de otros cuarteles de la zona”, detalla Alicia.
El chaleco antibalas que usa Alicia y que ella misma tuvo que comprar.
/El chaleco antibalas que usa Alicia y que ella misma tuvo que comprar. /Fernando Ruso
—¿Y la Guardia Civil no se lo ofrecía?
—No, cuando nos los compramos, hace ocho años, creo que no los había en stock en estas provincias. Igual en el norte y en algunas zonas complicadas, sí. Pero aquí no.
—¿Qué interés podía tener en comprarse un chaleco antibalas?
—El interés es mi vida, mi integridad. No sé si es poco o mucho. [Ironiza]. Me pueden dar unos pantalones mejores o peores, pero como no me proveían de un equipo de seguridad que yo entiendo que es necesario opté por comprármelo, aunque la economía no estaba rimbombante.
Su chaleco hecho a medida llegó a las pocas semanas. Se adaptaba bien a su figura y, a diferencia de los oficiales, le permitían acceder a sus herramientas de trabajo: la pistola, los grilletes o el cargador. “Aquí importa la comodidad y la seguridad, cuanto más ajustado esté, menos huecos crea y más efectivos son en caso de impacto”, detalla la agente, que cuando cavilaba la compra buscó información para tomar la mejor decisión. “Es como cuando te compras un televisor, te haces una experta en el tema”, recuerda Alicia.
licia Sánchez, guardia civil en Monleras (Salamanca), con sus amigas en el bar.
/licia Sánchez, guardia civil en Monleras (Salamanca), con sus amigas en el bar. /Fernando Ruso
DERECHO A LA AUTOPROTECCIÓN
Los chalecos antibalas tienen una vida útil de diez años. Caducan, como un yogurt. Puedes seguir usándolos, pero la empresa no garantiza la efectividad. Y un par de años antes de que cumpliese, Alicia decidió pedir uno a la Guardia Civil. La economía renqueaba y no estaba en disposición de invertir cientos de euros. La comandancia le responde que no los hay, que están pedidos y que ya vendrán.
—¿La Guardia Civil permite usar un chaleco propio?
—El reglamento de la Guardia Civil no habla de chalecos pero sí hay una Ley Orgánica, de derechos y deberes de la Guardia Civil, la 11/2007, que en el artículo 31 dice que los guardias civiles tienen el derecho a la autoprotección y la Administración proveerá de esos medios. Y lo dice una ley, no un reglamento.
—¿Recuerda algún momento difícil en el que fuese necesario el uso del chaleco antibalas?
—Quitando cuatro peleas, no se viven momentos especialmente complicados en esta provincia, pero un botellazo, un cuchillo, una patada en el pecho… siempre te protege más. Pero, sí, hay compañeros que se han enfrentado a hombres con escopetas, es zona de cazadores.
Alicia Sánchez, guardia civil, saludando a un vecino en Monleras (Salamanca).
/Alicia Sánchez, guardia civil, saludando a un vecino en Monleras (Salamanca). /Fernando Ruso
Semanas después, justo antes de hacer un control de carretera, le pide a su capitán un chaleco adaptado a sus necesidades. La respuesta: “Me dice que no hay y que me ponga el que mejor se me adapte”. “Es como decir que tengo una talla 40 de pantalón pero la que mejor se adapta es una 44”, recuerda la guardia civil.
Ya en el control, el capitán sitúa a los efectivos, reparte órdenes y exige a los agentes el uso del chaleco antibalas reglamentario. Alicia levanta la mano y se dirige a su superior. “Le pedí permiso para usar el mío ante la falta de chalecos femeninos, pero no me dejó ni acabar”, rememora. La respuesta fue un ‘no’. Ella insistió. “Y el oficial me respondió que si los chalecos le servían al resto de compañeros también le servirían a ella”. “Traté de hacerlo entrar en razón, pero él no quería entender”, defiende quien también es la secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada(AUGC) de la Guardia Civil en Salamanca.
“Tengo tetas, tengo cadera, cintura, no soy igual que un hombre, no me vale el chaleco para hombres que me da la Guardia Civil”, razona Alicia. “Le dije que bajo mi responsabilidad yo me ponía mi chaleco”, recuerda. “¿Sabe usted lo que es una orden?”, le preguntó el oficial, que le deslizó la idea de que se pusiera el chaleco propio debajo del personal. Y se zanjó la disputa dialéctica entre ella y el capitán.
QUEJAS POR DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO
El mismo capitán al que en 2013 Alicia había interpuesto una queja por discriminación. En varias ocasiones, sostiene la agente, su superior la apartó del servicio argumentando que lo hacía “porque era mujer”. “La comandancia me respondió que yo era muy sensible; y sí, puedo ser sensible, pero son ellos los que deberían estar sensibilizados”, añade.
Minutos después del choque de argumentos, ya en mitad del control, el capitán se percató de que Alicia no llevaba el chaleco oficial. “¿Por qué no se ha puesto usted el chaleco oficial?”, le preguntó. “Porque no me siento protegida”, respondió ella. Tras esto, él llamó a varios testigos, le pidió la papeleta de servicio y empezó a escribir. “Me dijo que desde ese momento finalizaba el servicio por apertura de procedimiento judicial por insubordinación y que me marchara de inmediato”.
Alicia Sánchez, guardia civil en Monleras (Salamanca), ante el cuartel de la localidad.
/Alicia Sánchez, guardia civil en Monleras (Salamanca), ante el cuartel de la localidad. /Fernando Ruso
—¿Cree que su capitán se la tenía guardada?
—No quiero acusar a nadie de perseguirme, pero sí es cierto que después de aquel hecho tuve un poco de seguimiento por parte de este capitán. Pareció que se había calmado. Pero esperó la oportunidad. O no.
Días después, en otro control de carretera, se repetía la discusión. “Esa vez, ni mi compañero ni yo llevábamos el oficial; pero ese día sí obedecí para que él viese que no me quedaba bien, que no podía desarrollar bien el trabajo”, cuenta Alicia. Acabó su turno y sufrió un cuadro de ansiedad. El médico le firmó una baja psicológica.
De forma paralela, seguía su curso la propuesta instrucción contra Sánchez por un delito militar de insubordinación, que el pasado enero, la jueza del Juzgado Togado Militar Territorial número 42 decidió archivar.
En su auto, la magistrada subrayaba la “discriminación” que padecen las guardias civiles en cuanto a su acceso a chalecos femeninos. “A juicio de esta Juez, es evidente que la razón de la actitud de la guardia Alicia Sánchez no fue otra que poner de manifiesto la dificultad que le entraña la prestación del servicio haciendo uso del chaleco antibalas oficial y la discriminación en la adquisición de los equipos de trabajo para el desempeño de la actividad policial”, detalla en un comunicado la AUGC, la organización con mayor representatividad de la Guardia Civil con más de 30.000 afiliados.
Alicia Sánchez, guardia civil en Monleras (Salamanca).
/Alicia Sánchez, guardia civil en Monleras (Salamanca). /Fernando Ruso
EL DESTIERRO DE ALICIA
Sin embargo, pese al archivo de la causa, la guardia civil salmantina deberá esperar para saldar su caso. Ahora, meses después, la Dirección General pide que se sancione a la agente con una falta grave, lo cual podría llegar a suponerle incluso la pérdida de destino profesional y su consiguiente destierro.
—¿Cómo ha encajado este proceso?
—El mismo día que a mí me comunicaron la apertura del procedimiento judicial por insubordinación, el 4 de agosto, ingresaron a mi padre con un cáncer terminal. Me lo callé. No dije nada. Jugué con la suerte de que mi padre no leyera la prensa. Y mi padre falleció dos meses después sin enterarse de esto y orgulloso de su hija.
Monleras es un apacible pueblo de casas con muros de piedra. Apenas pasan coches que silencien el piar de los gorriones. Los pocos vecinos, apenas doscientos, con los que se cruza Alicia de camino a la panadería saludan con familiaridad a quien es su guardia civil aunque esté de baja. En el bar Tormes, un grupo de amigas entre las que está la mujer del alcalde comenta con Alicia el proceso.
“Solo mi familia y mis amigos saben por lo que estoy pasando”, confiesa. “He tenido mis arranques de ira, mis ataques de ansiedad y aún a día de hoy lloro por alguna cosa; mis allegados saben que lo paso mal hablando de la Guardia Civil”.
/Monleras (Salamanca). /Fernando Ruso
“A un guardia civil se le puede hacer muchísimo daño, tanto que están muy latentes el tema de los suicidios. Se le puede hacer mucho daño. Joderle la vida”, insiste con la cabeza puesta en su posible destierro.
“¿Rompes con todo? Porque no me van a mandar a la provincia de al lado para que pueda ir y venir, para que pueda seguir con mi vida”, comenta agitada. “Creo que hay veces que intentan hacer el mayor daño posible”, defiende la guardia civil. “Rompen con tu vida e incluso prefiero que me metan cuatro días en calabozos antes que un destierro”, zanja.
LA RESPUESTA DE LA GUARDIA CIVIL
Fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil, en declaraciones a EL ESPAÑOL, aseguran que “comparten la necesidad de que todos los agentes dispongan de un chaleco individual acorde a sus características físicas”. “Es el objetivo que buscamos conseguir en breve, pero hasta ahora no ha sido posible, en parte por las limitaciones presupuestarias y en parte porque hasta hace muy poco tampoco existían chalecos adaptados a la anatomía femenina, sino que únicamente solían ser más pequeños de tamaño”.
También explican que el expediente disciplinario que afecta a la guardia civil Alicia Sánchez no se abre por llevar un chaleco propio, sino por desobediencia, ya que la agente se niega a quitarse una prenda que no forma parte de la uniformidad del Cuerpo.
“La Guardia Civil no puede permitir que un agente lleve un chaleco que no pertenezca a la uniformidad en primer lugar para garantizar su propia seguridad, ya que desconoce dónde se ha adquirido ni si está homologado, por lo que no puede hacerse responsable de que salvaguarde la integridad del agente”.
También detalla que dicho expediente disciplinario no se abre ahora, sino que se abrió en su momento pero se paralizó al abrirse la vía penal y una vez archivada por el Juzgado Togado Militar vuelve a activarse. “La apertura del expediente no implica una sanción, sino que una vez estudiado el caso y presentadas las oportunas alegaciones, se adoptará una decisión, que puede ser sancionar o no”, sostienen las citadas fuentes. “Estamos convencidos de que este caso acabará de un modo justo y satisfactorio para todos”, concretan.
A propósito del caso de la agente Sánchez, la Dirección General de la Guardia Civil recuerda su “firme voluntad” de proteger la seguridad de sus agentes y de garantizar chalecos antibalas adaptados al cien por cien del personal destinado a las unidades de seguridad ciudadana.
Para ello, recuerdan las citadas fuentes, se ha iniciado el tramitación de un expediente plurianual para adquirir en los próximos tres ejercicios económicos unos 21.000 chalecos antibalas externos para personal de distintas unidades, de los cuales se han reservado dos tallas para efectivos femeninos, así como un 20 por ciento adicional para atender necesidades de personal, tanto masculino como femenino, con medidas antropométricas especiales. Este año se van a adquirir 5.250 chalecos antibalas externos, de los cuales 3.500 serán especiales para mujeres.
« Respuesta #692 en: 09 de Marzo de 2017, 15:02:55 pm »
Es muy triste que el benemérito instituto sea noticia por casos como este que nacen de la sin razón y despotismo . . . o del mal entendido concepto de mando y jerarquía por parte de quien debería ser modelo de de buen hacer y abnegación en el servicio, en ocasiones llegar al convencimiento de que por las venas de uno corre sangre azul y que su palabra es dogma de fe lleva a situaciones tan lamentables y grotescas como esta fruto de una ejercicio de la autoridad mal entendido y distorsionado . . . así no se ejercita el mando en un cuerpo del siglo XXI, esto es mas propio del XIX donde los cabos utilizaban la vara y la justicia la picota . . . desde aquí expresar mi más absoluta solidaridad con la compañera y desearla que todo se resuelva favorablemente para ella.
« Respuesta #693 en: 10 de Marzo de 2017, 08:46:11 am »
Si la Guardia Civil no fuese a si, no seria la Guardia Civil. Esto lo descubrió el PSOE en época de Felipe Gonzalez.
« Respuesta #694 en: 18 de Abril de 2017, 07:27:24 am »
SOCIEDAD/ EDUARDO BAYONA
También, como ocurre en Tauste (Zaragoza), utiliza espacios cedidos por particulares para encerrar los coches-patrulla, aunque ese tipo de soluciones no siempre resultan óptimas. El cuartel de Sarrión (Teruel) usa como garaje un almacén en el que ni siquiera caben los trece vehículos asignados al puesto y en el que los agentes han llegado a encontrar topos y ratones en sus taquillas, procedentes, al parecer, de los cercanos corrales y galineros
« Respuesta #695 en: 18 de Abril de 2017, 10:28:39 am »
Para tener casa y reforma hay que ser amigo se Zoido . . .
« Respuesta #696 en: 30 de Mayo de 2017, 09:46:42 am »
« Respuesta #697 en: 31 de Mayo de 2017, 08:41:06 am »
El agente de la Guardia Civil de Verín que insultó a su sargento en un partido de fútbol condenado a ir a prisión
La asociación UniónGC anuncia que recurrirá la sentencia de cuatro meses y un día de cárcel. El guardia civil ourensano deberá cumplir la pena íntegra si no se acepta su apelación
S. De La Fuente Ourense 30.05.2017 | 09:15
El agente de la Guardia Civil de Verín que fue juzgado por el Tribunal Militar de A Coruña por insultos a un superior fue condenado a cuatro meses de prisión. El demandado conoció ayer la sentencia que implica su ingreso en la cárcel madrileña de Alcalá Meco y el cumplimiento íntegro de la pena, si bien la asociación UniónGC ya anunció que presentará recurso contra esta resolución y llegará "a instancias europeas si hace falta".
El colectivo ya anticipó que llegaría "hasta el final" a principios de mayo, cuando el secretario general, Ramón Rodríguez, y el responsable gallego, José Freire, hicieron público el caso y calificaron de "inadmisible" y "auténtica barbaridad" la aplicación del código penal militar a unos hechos que afectan al ocio en el ámbito privado de los agentes. De hecho, a este sistema se recurre únicamente ante situaciones de estado de sitio, guerras o misiones internacionales. No obstante, la discusión que llevó al guardia de Verín ante el tribunal militar tuvo lugar en un partido de fútbol, una pachanga convocada por WhatsApp en septiembre de 2014 en la que participaron agentes y vecinos de la villa del Támega.
El pasado 3 de mayo se celebró la vista y, tal y como habían declarado con anterioridad, los participantes en el partido de fútbol atribuyeron la bronca entre el sargento y su subordinado a un "lance normal del juego" sin llegar a concretar que se produjesen los insultos que alegó el superior. En su declaración, este indicó que el agente profirió diversos insultos y amenazas contra él.
El guardia civil ya fue objeto de un expediente disciplinario a nivel interno y fue sancionado por insubordinación con cinco días sin sueldo. Ya en aquel momento declararon ambos implicados y el resto de jugadores, que alegaron no haber oído ningún insulto. De ahí que el ahora condendado denunciase por falso testimonio a dos superiores que no jugaron el partido pero que declararon en su contra.De ahí que el ahora condendado denunciase por falso testimonio a dos superiores que no jugaron el partido pero que declararon en su contra. Esa denuncia no sólo fue archivada sino que se volvió contra él ya que supuso la apertura de este nuevo caso por el que ha sido sentenciado.
« Respuesta #698 en: 26 de Agosto de 2017, 09:23:11 am »
Juan Antonio Delgado, diputado de Podemos y exportavoz de la AUGC.El guardia civil de Podemos: "Zoido está potenciando la policía política"
¿La cabo a la que se revisó el examen es sobrina política del general de brigada Francisco Esteban Pérez, quien ejerce el mando de la Jefatura de Personal de la Guardia Civil (Madrid), dependiente de la Subdirección General de Personal al mando del teniente general José Luis Ulla Rega
« Respuesta #699 en: 20 de Febrero de 2018, 12:33:17 pm »
ENFERMA DE CÁNCER DE PULMÓN
España / 20 febrero, 2018
Esta mujer de Gijón no ha podido pasar sus últimos días de vida junto a su hijo guardia civil porque el director general del Cuerpo le denegó el traslado.
Imagine que su madre, que vive a más de 400 kilómetros de distancia de donde usted reside, sufre una enfermedad incurable y de elevada gravedad. Imagine que esa dolencia limita considerablemente el tiempo de vida de la mujer que le ha traído al mundo. Imagine, ahora, que su madre muere sin que usted haya podido proporcionarle la atención y cuidados necesarios porque su jefe no le ha permitido trasladarse.
Vergonzoso, ¿verdad? Esta dramática situación es la que le ha tocado vivir a un guardia civil natural de Gijón y destinado en Madrid -cuyo nombre no desvelamos por petición del afectado- ‘gracias’ a la falta de sensibilidad del director general de la Benemérita, José Manuel Holgado Me
El agente, afiliado a la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), solicitó el 30 de agosto del pasado año la adscripción temporal al puesto de Gijón o a la unidad más cercana debido a “circunstancias excepcionales”: su madre, de 60 años, padecía cáncer de pulmón con metástasis.
El único deseo de esta asturiana era que su hijo pudiera permanecer el mayor tiempo posible a su lado, cuidándola en sus últimos días de vida, y el director de la Guardia Civil se lo negó. El 22 de noviembre de 2017, Holgado desestimó la petición del agente para ser trasladado.
Lo hizo a pesar de que su madre sufría una enfermedad terminal con una evolución avanzada, tal y como queda demostrado en los informes médicos aportados y a los cuales ha tenido acceso La Gaceta. Para el máximo responsable del Instituto Armado -amparado en las resoluciones del Servicio de Sanidad y del Servicio Médico de la Comandancia de Madrid-, que la madre de uno de sus efectivos se estuviera muriendo era simplemente una “problemática social” que en ningún caso constituía un “motivo de concesión de la adscripción temporal”.
Lo hizo a pesar de que el artículo 81.2 de la Ley 29/2014 de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, establece que “cuando existan circunstancias excepcionales de atención familiar, basadas en motivos de salud, discapacidad o rehabilitación del guardia civil, su cónyuge, hijos o familiares hasta segundo grado de consanguinidad, se podrá adscribir temporalmente al guardia civil a un puesto de trabajo en distinta unidad o localidad, conservando el destino que tuviera, previa solicitud del interesado e informe del servicio médico oficial legalmente establecido”.
El afectado interpuso entonces un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil. Esta vez fue el subsecretario del Interior, Antonio Doz Orrit, el que consideró que no existían las “circunstancias excepcionales de atención familiar” que establece el artículo 81.2 y que el hecho de que un hijo tenga que cuidar a su madre enferma no constituye una “situación de necesidad de atención familiar de carácter permanente”. Así, el día 31 de este mes de enero resolvía desestimar el recurso de alzada presentado por el agente.
Dos semanas después, el pasado viernes, el guardia civil interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid frente a la resolución dictada por Doz Orrit.
En el escrito, la abogada del afectado recordaba que se daban los motivos suficientes para que le fuera reconocida la medida cautelar solicitada y advertía de que los cuidados que necesitaba su madre no podían ser proporcionados por otra persona u organismo asistencial, puesto que el agente es hijo único y no tiene familiares cercanos que pudieran prestarle asistencia.
Denunciaba además que “la desaprobación de la petición contrariaba el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (protección a la familia), ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos indica que el contenido del art. 8.1 del Convenio obliga a los Estados partes a adoptar medidas positivas atinentes a un efectivo respeto de la vida privada o familiar, creando instrumentos jurídicos que permitan adoptar medidas para reunir a progenitor e hijo, advirtiéndose expresamente que para que fueran adecuadas, las medidas tendientes a reunir progenitor e hijo deben actuar rápidamente puesto que el transcurso del tiempo puede traer consecuencias irremediables”.
Ese mismo día, 15 de febrero, la víctima acudió al Servicio de Oncología del Hospital Universitario de Cabueñes con “fiebre, escalofríos y disnea en aumento hasta hacerse de mínimos esfuerzos”. Así queda recogido en el informe médico al que ha tenido acceso La Gaceta, en el que se especificaba que “estamos pendientes de realización de TAC, aunque la situación parece de mal pronóstico a corto plazo”.
El guardia civil suplicó por activa y por pasiva que le fuera concedido el traslado con urgencia, porque cabía la posibilidad del inminente fallecimiento de su progenitora. Pero ya era tarde. Un día después, el pasado sábado 16 de febrero, al agente le comunicaban la triste noticia: su madre había muerto.
Murió sin poder pasar sus últimos días de vida en compañía de su hijo. Murió sola, señor director de la Guardia Civil, porque usted no tuvo reparos en considerar que la situación de esta madre era un simple “problema social”. Murió sola, señor director de la Guardia Civil, porque usted no actuó con la sensibilidad y humanidad que caracteriza al Cuerpo armado que representa.
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References: artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 31
 resolución 
 artículo 81
 resolución 
 artículo 81
 resolución 
 artículo 8