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Timestamp: 2020-06-05 04:03:30+00:00

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ajax – Página 48 – Alan Culvi Bertomeu
Todas estas pruebas, reflexionan los expertos, solo podrían tener sentido en casos realmente excepcionales, y siempre de forma preventiva, nunca reactiva. “Tendrían que ser controles en situaciones muy específicas y a profesionales muy concretos, como perfiles que trabajen en altura, que manejen maquinaria pesada, que tengan responsabilidad sobre otros empleados…”, cuenta Fernández. Eso sí, apunta Daniel Cifuentes, tendrían que ser pruebas que se realizasen de forma anónima e incluso aleatoria”.
En ese sentido, explica Germán Martínez, asociado de laboral de un despacho, hay algunos colectivos que quieren establecer qué es una actividad peligrosa para poder fijar reconocimientos médicos. Por ejemplo, “los trabajadores expuestos a agentes cancerígenos, los que trabajan en metalurgia, los que están en riesgo de caídas desde grandes alturas… Pero siempre de forma aleatoria y también preventiva. Todos estos casos son lo más parecido a la propuesta de CEOE que la normativa española recoge”, agrega Martínez.
Desde largo tiempo atrás, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido rechazando de forma reiterada la deducibilidad de estas remuneraciones, siempre y cuando no se recojan en estatuto pero, hace ya más de una década, el alto tribunal añadió un requisito cuya interpretación resulta problemática y ha generado gran litigiosidad: el requisito de «certeza».
– Los recogidos en el artículo 122.2 LRJS.
– Cuando no se haya realizado el periodo de consultas o no se haya entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no se haya respetado el procedimiento previsto en el artículo 51.7 de nuestra norma sustantiva laboral.
De tal forma que el despido podía impugnarse a nivel individual por todos los motivos anteriormente referenciados con independencia de la existencia de un acuerdo entre las partes. Esta posibilidad fue acogida por la jurisprudencia de forma pacífica, pudiéndose citar, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2017 [RJ 2017/2822] o 25 de junio de 2014 [RJ 2014/4385].Para llegar a la conclusión de la imposibilidad de combatir las causas del procedimiento, nuestro Alto Tribunal destaca varias cuestiones:
– Desde un punto de vista sustantivo, señala que se ha querido incentivar y fomentar la consecución de acuerdos entre empresa y representantes de los trabajadores.
– Desde un punto de vista procesal, deriva a los procesos colectivos la discusión sobre la concurrencia de las causas justificativas de la medida empresarial que inciden por igual en todos los trabajadores afectados.
– El acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores es la herramienta más adecuada para la resolución de situaciones de crisis y,
– La paralela prevalencia del proceso colectivo sobre el individual en la resolución de las discrepancias sobre aquellos aspectos que inciden por igual en todos los trabajadores afectados.
Parece superar así nuestro Alto Tribunal su línea doctrinal contenida, entre otras, en Sentencia de 8 noviembre de 2017 [Rec. 40/2017], tendente a otorgar únicamente un valor reforzado al acuerdo suscrito en el seno del periodo de negociaciones, para pasar a significarlo como impedimento para la impugnación de las causas alegadas como justificativas de la medida. No obstante, la existencia de cinco votos particulares evidencia lo controvertida de la cuestión y la posibilidad manifiesta de variación en un futuro, así como la necesidad de analizar cada supuesto de forma concreta. En concreto, los Magistrados discrepantes hacen referencia a varias cuestiones al objeto de manifestar su contraposición con el criterio de la mayoría de la Sala:
1) El efecto de cosa juzgada establecido en el artículo 124 LRJS únicamente se establece para aquellos procedimientos que se hayan impugnado a nivel colectivo. La conclusión alcanzada supone conferir al acuerdo alcanzado en el periodo de consultas el mismo valor que a la sentencia judicial.
2) No puede entenderse que pueda impugnarse a nivel individual un convenio colectivo y no un acuerdo alcanzado en un periodo de consultas.
3) No es dable entender que la omisión en el artículo 51 ET de la misma previsión que se contiene en el artículo 47 ET, sea fruto de un olvido del legislador.
4) Se profundiza así en la dicotomía existente entre las novaciones modificativas y las modificaciones extintivas.
5) Para combatir la mayor carga procesal que pudieran tener los Juzgados, existen otras soluciones menos traumáticas que la adoptada.
Así lo establecía el artículo 68.2 del reglamento sobre la tasa AJD de 1995. En febrero de este año, el Pleno de la Sala Primera de lo Civil del Supremo dejó claro que el sujeto pasivo del AJD era el consumidor. Durante 23 años no se había cuestionado este principio, hasta que una sentencia del Supremo del 18 de octubre decidió que tenían que ser los bancos los responsables. En ese fallo se aseguraba que el único interesado en elevar a escritura pública la hipoteca era el banco, por lo que el debía pagar el impuesto. Como había sentencias anteriores contradictorias sobre esta cuestión, se convocó el pleno que terminó decidiendo dejarlo todo como estaba.
La decisión del Supremo de cargar el impuesto AJD al cliente deja poco margen de maniobra para reclamar a quienes ya tienen hipoteca. Aunque desde las asociaciones de consumidores han anunciado que recurrirán a Europa. Desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) se ha anunciado que pedirá a los jueces que planteen la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
No hay todavía una jurisprudencia clara al respecto. Se está a la espera de un pronunciamiento temprano del Tribunal Supremo, que debe resolver cuatro recursos planteados sobre este asunto. Lo que existe ahora es un pronunciamiento del Supremo muy vago, que sólo dice que debe haber un reparto de gastos «equitativo», tal y como se espera que se recoja y apruebe en la nueva Ley Hipotecaria que se tramita en el Congreso.
Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos- ATA, su presidente Lorenzo Amor, ha celebrado que «tras meses de negociación entre la Agencia Tributaria y ATA se haya decidido mantener los actuales límites que permiten la tributación por módulos». Lo que según estimaciones de esta asociación beneficiará a más de 400.000 autónomos, que permanecerán en este tipo de tributación fiscal.
Desde ATA han recordado quede los 3,2 millones de autónomos, un millón y medio lo han hecho a través de la estimación directa, más de 400.000 a través del citado sistema de módulos y el resto como sociedades. Para Amor, «el mantenimiento de los límites actuales permitirá a muchos autónomos seguir con sus actividades, que de otra manera ser verían abocados a echar el cierre».
Este Real Decreto-ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 9 viernes y entrará en vigor al día siguiente. Se aplicará a las escrituras formalizadas a partir de la entrada en vigor de la norma.
La DGT considera que no existe ninguna limitación para que una entidad patrimonial pueda aplicar la reserva de capitalización, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.
Una sociedad limitada que tiene la consideración de entidad patrimonial plantea ante la DGT la posibilidad de aplicar la reserva de capitalización.
La Administración, en su contestación recuerda los requisitos para la aplicación de la reducción de la base imponible del 10% del importe del incremento de los fondos propios:
a) Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables de la entidad.
Además, el incremento de fondos propios vendrá determinado por la diferencia positiva entre los fondos propios existentes al cierre del ejercicio sin incluir los resultados del mismo, y los fondos propios existentes al inicio del mismo, sin incluir los resultados del ejercicio anterior.
Por lo tanto, dado que no se establecen limitaciones para la aplicación de la reserva a las entidades patrimoniales, y siempre que cumpla con los requisitos establecidos, la entidad puede aplicar la reserva de capitalización.
Consulta DGT V1839/2018 de 22 junio de 2018. EDD 2018/113279

References: artículo 122
 artículo 51
 artículo 51
 resolución 
 resolución 
 artículo 124
 artículo 51
 artículo 47
 artículo 68