Source: http://www.cidh.org/annualrep/2006sp/Mexico972.03sp.htm
Timestamp: 2019-06-26 19:50:37+00:00

Document:
2. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“la Convención Americana”): el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la libertad personal (artículo 7), el derecho a las debidas garantías judiciales (artículo 8), el derecho a la protección judicial (artículo 25), así como el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción (artículo 1.1). Asimismo, alegan la violación de los artículos 3, 4, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belém do Pará”, el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y los artículos 1, 16, 34 y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sostienen igualmente que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana.
3. El Estado mexicano, por su parte, sostiene que la Procuraduría General de Justicia Militar inició una investigación previa de oficio sobre el caso, y que acordó su competencia para continuar con las investigaciones del caso cuando el ministerio público local declinó su competencia a favor del fuero militar. El Estado sostiene que no se han agotado los recursos internos y en consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.
7. Los peticionarios alegan que, el 16 de febrero de 2002, aproximadamente a las 2 de la tarde, Valentina Rosendo Cantú, indígena del pueblo Tlapaneca y vecina de Barranca Bejuco, se encontraba lavando ropa en un arroyo ubicado unos 200 metros de su domicilio cuando aparecieron dos soldados acompañados de un civil que traían amarrado. Dos de los soldados se acercaron a la presunta agraviada mientras que los otros la rodearon y enojados le preguntaron dónde estaban los encapuchados. Ella respondió que no conocía a ninguno lo que provocó que un militar le apuntara con un arma y amenazándola con dispararle le preguntó si ella era de Barranca Bejuco. La presunta agraviada respondió que no, que era de Caxiltepec. Uno de los militares le mostró una fotografía y le preguntó si conocía a la persona a lo que ella contestó que no.
8. Según los peticionarios, los militares le continuaron preguntando sobre unos nombres escritos en una lista y si los conocía, a lo que ella respondía negativamente. Acto seguido el militar que le apuntaba con el arma le dio un culatazo en el estómago y por el golpe cayó al piso boca arriba sobre unas piedras desmayándose momentáneamente. Al recobrar el conocimiento se sentó y uno de los militares tomándole de los cabellos y de manera violenta le dijo: “¿Cómo que no sabes, no eres de Barrnaca Bejuco?”, contestándoles una vez más que no, que era de Caxitepec, que vivía en Barranca Bejuco porque se acababa de casar. Los dos militares procedieron a rasguñarle la cara, le quitaron la falda, el fondo y la pantaleta que llevaba puesta y la acostaron en el piso. Uno de ellos le abrió las piernas, se bajó su pantalón y truza y la violó por un lapso de 5 a 6 minutos y el otro militar hizo lo mismo, mientras otros seis militares presenciaban los hechos. Apenas pudo librarse, la presunta agraviada pudo pararse “prácticamente desnuda y corrió logrando pasar el cerco de los militares que la rodeaban, en tanto los castrenses la observaban burlonamente”. Corrió a su casa e informó a sus familiares, entre ellos su esposo F., sobre los hechos, con quien decidió reportarlos al Delegado de la comunidad.
10. Los peticionarios alegan que el 8 de marzo de 2002 la presunta agraviada presentó denuncia contra los elementos castrenses ante el Ministerio Público del Fuero Común, en Ayutla de los Libres, Guerrero por los delitos de violación sexual, tortura, detención ilegal y los que resultasen de la investigación. Es así que se dio apertura a la Averiguación Previa ALLE/SC/02/62/2002. Después de un conflicto de competencia para ver el caso,[3] el 5 de abril del 2002 el Director General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Guerrero envió la Averiguación Previa a la Agencia del Ministerio Público especializada de delitos sexuales y atención a delitos de violencia intrafamiliar del distrito judicial de Morelos con domicilio en Tlapa de Comonfort. Junto con la investigación se envió el certificado médico ginecológico de fecha 19 de marzo de 2002 el mismo que según los peticionarios, dado el tiempo transcurrido desde la presunta agresión sexual hasta la realización del examen médico que, no detectaba vestigios de penetración vaginal pero sí rasgos corporales de violencia.[4] Por su parte, Cristina Estrada Martínez, titular de la Agencia Investigadora del Ministerio Público especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar del distrito judicial de Morelos, comunicó a la Procuraduría General de Justicia del Estado que, con fecha 15 de abril del 2002 dieron inicio a la Averiguación Previa del caso. Según los peticionarios, desde esta fecha realmente se da inicio a las investigaciones, pues el Agente Investigador ordena la realización de las primeras pruebas.
11. Según los peticionarios, el 08 de abril de 2002, el subprocurador de procedimientos penales, Miguel Barreto Sedeño, le solicitó a la Agencia encargada de la investigación del caso “realizar un análisis jurídico con el objeto de ver la posibilidad de que se remita al Ministerio Público del Fuero Militar que corresponda, por corresponderle al fuero castrense de acuerdo a la aplicación de la ley a las personas, a fin de que se esclarezca y se castigue a los responsables.”[5] Por este motivo, el 16 de mayo de 2002, la Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común encargada del caso, se declaró incompetente y remitió la averiguación previa al Director General de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero para que se la envíe al Ministerio Público Militar correspondiente.
12. Ante esta decisión, los peticionarios alegan que la presunta agraviada interpuso recurso de amparo el 06 de junio de 2002 ante el Primer Juzgado de Distrito del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Chilpancingo, Guerrero, reclamando la declinación de competencia de la Procuraduría Estatal, aduciendo que deben ser las autoridades civiles quienes investiguen y resuelvan los delitos de los cuales fue objeto y no las autoridades militares por carecer de independencia e imparcialidad. El amparo fue declarado improcedente el 30 de agosto de 2002. Ante esta decisión, la presunta agraviada interpuso recurso de revisión de amparo, en cuya sentencia se confirmó la improcedencia con fecha 12 de noviembre de 2002.
13. Según los peticionarios, ante este hecho, con fecha de 28 de noviembre de 2002, la presunta agraviada solicitó mediante escrito al Agente del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 Zona Militar con residencia en Chilpancingo, Guerrero, que informara si aceptó o no la competencia declinada por la Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común especializada en delitos sexuales y atención a delitos de violencia intrafamiliar del distrito judicial de Morelos. En el supuesto afirmativo, solicitó que se abstuviera de conocer del asunto por ser inconstitucional la competencia militar. Al no ser notificada de su solicitud, la presunta agraviada acudió al Ministerio Público Militar en mención, en donde se le informó que la investigación fue enviada a la Procuraduría General de Justicia Militar de la ciudad de México. Ante este hecho, abogados del Centro PRODH se apersonaron a la institución y el 20 de enero de 2003, la Procuraduría General de Justicia Militar emitió un escrito en el que informa que aceptó la competencia y que no la declinará a las autoridades civiles. Ante este hecho, el 11 de febrero del 2003, la presunta agraviada interpuso recurso de amparo, el mismo que fue resuelto por el juez Quinto de Distrito “B” de Amparo en Material Penal en el Distrito Federal, quien con fecha 29 de abril de 2003 ordenó sobreseer el juicio de garantías.
14. Si bien ante la resolución del amparo cabía la interposición del recurso de revisión del amparo, los peticionarios alegan que la presunta agraviada decidió no interponerlo debido a que “el recurso de revisión de amparo indirecto carece de idoneidad y padece de ineficacia por estar de antemano destinado al fracaso.”[6] Para ello se basa en una serie de precedentes que dan cuenta que el Poder Judicial no considera violatorio que el Fuero Militar vea casos de violación de derechos humanos perpetrados a civiles por parte de personal militar. Por esta razón los peticionarios invocan el agotamiento de los recursos internos establecido en el artículo 46.1.a, así como la excepción a la regla de agotamiento de recursos internos prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana.
17. El Estado señala que el 5 de marzo de 2002, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDDH) inició una queja con motivo de la denuncia interpuesta por la presunta agraviada y su representante. Posterior a algunas diligencias, la CDDH remitió el expediente de queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por razones de competencia debido a que probablemente “los responsables de la violación eran servidores públicos.” Sobre el particular, el Estado aduce que la CNDH en diciembre de 2002 declaró concluido el expediente debido a que no había suficientes elementos para determinar que la peticionaria hubiera sido objeto de una violación sexual.
18. El Estado alega que aún no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna debido a que este caso se encuentra en la primera etapa del procedimiento penal, a saber el procedimiento de la averiguación previa. Para ello, se han realizado diversas actuaciones como declaraciones ministeriales de la peticionaria, de miembros de la comunidad y de diversos miembros del personal perteneciente a las fuerzas armadas algunos de los cuales habrían manifestado que son falsos los hechos denunciados por la presunta agraviada.[7] Asimismo, el Estado aduce que los peticionarios al no impugnar el último recurso de amparo presentado, causó ejecutoria.
1. Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere, respecto a Valentina Rosendo Cantú, a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 5.1, 7, 8.1, 11, 19 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones generales consagradas en el artículo 1.1 de dicho tratado, además del artículo 7 de la Convención Belém do Pará y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
[4] Comunicación de los peticionarios del 6 de noviembre de 2003, pág. 4
[11] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4., párr. 63.
[12] Informe Nº 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Informe Anual de la CIDH 1997, párrs. 96 y 97. Ver también Informe N° 55/97, párr. 392.
[13] CIDH, Informe de Fondo, N˚ 54/01, Maria Da Penha Maia Fernandes, Brasil, 16 Abril 2001, párr. 43, citando Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4., párr. 176 y Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5., párr. 175; CIDH, Informe de Fondo, N˚ 53/01, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, México, 4 Abril 2001, párr. 84.
[14] CIDH Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1999), pág. 175; Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1993), pág. 246; Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil (1997), págs. 40-42. Asimismo, la Corte Interamericana ha confirmado que la justicia penal militar sólo constituye un ámbito adecuado para juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Corte I.D.H., Caso Durand y Ugarte, Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68., párr. 117.

References: artículo 2
 resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 1
 artículo 7