Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1294
Timestamp: 2020-02-29 10:37:57+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 88/1989
SENTENCIA 88/1989, de 11 de mayo
ECLI:ES:TC:1989:88
En el conflicto positivo de competencia núm. 886/1984, promovido por el Gobierno vasco, representado por el Abogado don Javier Otaola Bajeneta, en relación con la Resolución de 20 de agosto de 1984, de la Dirección General de Cooperativas, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se inscribe en el Registro de Cooperativas y se da por constituida la cooperativa ATINA. Ha comparecido el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, y ha sido Ponente el Magistrado don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo- Ferrer, quien expresa el parecer el Tribunal.
1. El Letrado don Javier Otaola Bajeneta, en nombre y representación del Gobierno vasco, interpone conflicto positivo de competencia frente al Gobierno de la Nación contra la Resolución de 20 de agosto de 1984, de la Dirección General de Cooperativas, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se inscribe en el Registro de Cooperativas y se da por constituida la entidad cooperativa ATINA, por estimar que no respeta el orden de competencias establecido por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Los hechos y fundamentos de derecho de su pretensión son, en síntesis, los que se relatan a continuación.
1. Voto particular que, frente a la Sentencia dictada en el conflicto de competencias núm. 886/1984, formula el Magistrado don Francisco Rubio Llorente, al que se adhieren los Magistrados don Carlos de la Vega Benayas y don Eugenio Díaz Eimil
Tipo y número de registro Conflicto positivo de competencia 886-1984
Promovido por el Gobierno Vasco en relación con la Resolución de 20 de agosto de 1984, de la Dirección General de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se inscribe en el Registro de Cooperativas y se da por constituida la Cooperativa ATINA. Voto particular
Tras recordar la especificidad del conflicto positivo de competencia en tanto que proceso constitucional, debe afirmarse que la identidad del conflicto positivo de competencia radica en la existencia entre dos entes, Estado y Comunidad Autónoma o Comunidades Autónomas entre sí, de una controversia planteada con motivo de una disposición, resolución o acto, en relación con la titularidad de competencias «asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las leyes orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y las Comunidades Autónomas». [F.J. 2]
Con el conocimiento de estos conflictos por el Tribunal Constitucional se asegura un sistema de garantías jurídicas del reparto de poderes entre diversos sujetos constitucionales, teniendo el conflicto como finalidad principal la controversia sobre la distribución constitucional de las competencias en relación con la actuación del Estado y de las Comunidades Autónomas. La decisión sobre el conflicto se refiere fundamentalmente a la pertenencia de las competencias constitucionales de que gozan el Estado y las Comunidades Autónomas, aunque si el Tribunal reconoce la existencia de una lesión en el orden competencial, junto a ese efecto declarativo, su decisión podrá producir, en su caso, el efecto constitutivo de la anulación del acto ilegítimo correspondiente. [F.J. 2]
Este Tribunal ha venido afirmando que para que exista un conflicto positivo de competencia es necesario que haya primero una actuación presuntamente lesiva de la competencia de quien plantea el conflicto y además que se dé la realidad actual del conflicto, excluyendo la admisión de conflictos puramente virtuales o potenciales. Sin embargo, ha estimado como idóneo para originar ese conflicto real todo tipo de disposiciones, normas y actos, siempre que ese conflicto surja en relación a la definición constitucional y estatutaria de las competencias respectivas, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo, lo que constituye un límite a tener en cuenta para evitar una dilatación excesiva e injustificada de los conflictos positivos de competencia. Por ello mismo, cuando sobre la titularidad y límites de esa competencia no existe controversia, sino que ésta se limita a discutir el ejercicio concreto de esa competencia en relación a supuestos específicos, dentro de unos límites competenciales sobre los que existe acuerdo, ha de afirmarse que falta el presupuesto para la jurisdicción reservada al Tribunal Constitucional. Por ello la discrepancia sobre el ámbito territorial de una determinada situación o supuesto no es propia ni puede ser planteada en un proceso constitucional como el del conflicto positivo de competencias. [F.J. 2]
Resolución de la Dirección General de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 20 de agosto de 1984. Inscripción en el Registro y constitución de la Cooperativa ATINA
Artículo 59, f. 2, VP
Artículo 10.23, f. 3, VP
Artículo 20.6, f. 3, VP
Carencia de jurisdicción constitucionalCarencia de jurisdicción constitucional, f. 3
Competencias en materia de cooperativasCompetencias en materia de cooperativas, f. 3
Conflictos positivos de competenciaConflictos positivos de competencia, VP
Equilibrio de poderesEquilibrio de poderes, VP
Estado de las autonomíasEstado de las autonomías, VP
Jurisdicción constitucional versus jurisdicción contencioso-administrativaJurisdicción constitucional versus jurisdicción contencioso-administrativa, f. 3, V2
Límites externos de las competenciasLímites externos de las competencias, VP
CooperativasCooperativas, f. 3
Jurisdicción contencioso-administrativaJurisdicción contencioso-administrativa, VP

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 

Resolución 

Artículo 59

Artículo 10

Artículo 20