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Timestamp: 2019-03-22 06:32:31+00:00

Document:
23/11/2017 | LEGAL CLOUD MRCI
En este asunto la Sala declaró que:
Considera que el artículo 117, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, vulnera el derecho a la privacidad para fines de investigación penal, pues al permitir la interferencia de la actividad ministerial en el ejercicio del derecho fundamental a la intimidad, resulta violatorio del artículo 16 de la Constitución Federal, que regula los presupuestos bajo los cuales el Estado, en legítimo ejercicio de su potestad investigadora puede realizar intervenciones en los derechos fundamentales, previa solicitud a autoridad judicial; de ahí que lo declara inconstitucional.
En este caso, el quejoso planteó que el artículo 117, fracción II de la Ley de Instituciones de Crédito, abrogado pero vigente en la época de los hechos delictivos, transgrede su seguridad jurídica, en relación al secreto financiero o bancario como parte del derecho a la privacidad protegido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que otorga facultades a la representación social local de solicitar información que es considerada privada, sin existir autorización judicial.
Este artículo en su primera parte contiene lo que se ha denominado "secreto bancario o financiero", que en términos generales, es posible entender como el deber que tienen las instituciones de crédito de no dar noticias o proporcionar información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, salvo cuando así lo disponga la ley o cuando lo faculte el mismo cliente.
Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y deValores.
Así el secreto bancario guarda relación con la vida privada de los gobernados en su condición de clientes o deudores de las entidades bancarias, en cuanto a que el acceso a la información no es de libre acceso, sino que se refiere a información privada o confidencial. Al respecto, es aplicable la tesis 2a. LXIV/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, mayo de 2008, página 234, que dice:
De los artículos 2o., 5o. y 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en relación con el 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, se advierte que el secreto financiero o bancario guarda relación con la vida privada de los gobernados, en su condición de clientes o deudores de las entidades bancarias, por lo que si bien no está consagrado como tal explícitamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estar referido a la historia crediticia de aquéllos, puede considerarse como una extensión del derecho fundamental a la vida privada de la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de los gobernados, protegido por el artículo 16, primer párrafo, constitucional.
Ahora bien, dicho precepto legal en su fracción II, establece excepciones para que las Instituciones bancarias den noticias o información contenida bajo su resguardo entre otras autoridades al Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades; los procuradores generales de justicia de los Estados y del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) o subprocuradores y el Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación de hechos delictivos y la probable responsabilidad penal de los imputados o inculpados.
Por lo que, la Primera Sala sostuvo que esta fracción, vulnera el derecho a la privacidad para fines de investigación penal, pues permitir a la autoridad ministerial interferir en el derecho fundamental a la privacidad o intimidad, resulta violatorio del artículo 16 de la Constitución Federal que regula los presupuestos bajo los cuales el Estado, en legítimo ejercicio de su potestad investigadora puede realizar intervenciones en los derechos fundamentales, previa solicitud a autoridad judicial.
Atento a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la vida privada, la Primera Sala consideró que la permisión que otorga el precepto impugnado a la autoridad ministerial local, "viola ese derecho", toda vez que la información bancaria no se encuentra otorgada como parte de la facultad de investigación de delitos contenida en el artículo 21 constitucional, menos aún forma parte de la extensión de facultades de irrupción en la vida privada expresamente protegidas en el artículo 16 de la Constitución Federal. De ahí que la información bancaria que se solicite por parte de la autoridad ministerial debe estar precedida de autorización judicial.
Así, las medidas que adopte el Ministerio Público en el desarrollo de investigación de los delitos y que impliquen afectación a derechos fundamentales, como el de la privacidad sin control judicial, dicha norma aplicable al recurrente debe considerarse trasgresora de derechos fundamentales y, por tanto, inconsitucional.
Si desea consultar la publicación oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo puede hacer a través de este enlace: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4631

References: artículo 117
 artículo 16
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 artículo 16
 artículo 16
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 artículo 21
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