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GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA: Los sindicatos rechazan “profundamente” el Real Decreto Ley 16/2012 y anuncian un calendario de movilizaciones en defensa de la Sanidad :: El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad
Los sindicatos rechazan “profundamente” el Real Decreto Ley 16/2012 y anuncian un calendario de movilizaciones en defensa de la Sanidad :: El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad
El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad Los sindicatos rechazan “profundamente” el Real Decreto Ley 16/2012 y anuncian un calendario de movilizaciones en defensa de la Sanidad
Los sindicatos rechazan “profundamente” el Real Decreto Ley 16/2012 y anuncian un calendario de movilizaciones en defensa de la Sanidad
Madrid (10/05/2012) - Ana Montero
• Las organizaciones sindicales más representativas de la Mesa Sectorial de Sanidad han anunciado que el 10 de mayo comienzan movilizaciones y concentraciones en todos los hospitales públicos de gestión tradicional, así como en cabeceras de distrito o direcciones de área en AP, en contra de los recortes y del RD-Ley 16/2012 que según los expertos "roza la inconstitucionalidad"
Las organizaciones sindicales más representativas en el Sistema Nacional de Salud –FSS-CC.OO., FSP-UGT, CEMSATSE, SATSE y CSI-F- se han reunido para manifestar su "desconfianza" en que las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad, a través del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, puedan generar un ahorro económico de 7.000 millones de euros y su rechazo frontal a la normativa en defensa de la Sanidad. En este sentido, Fernando Molina, presidente del sector de Sanidad de CSI-F, ha defendido que esta medida "genera desigualdades entre la población y empeora las condiciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud", a lo que ha añadido que la misma "es un agravio para pensionistas y crónicos", rechazando así las medidas de copagos y "repagos" que plantea el Gobierno porque recaen sobre los más débiles, los más enfermos y los mayores.
"Se están tomando medidas que afectan a los derechos básicos de los ciudadanos y un ahorro en el sector sanitario de este calado puede generar graves consecuencias en la calidad asistencial y en la atención sanitaria", ha manifestado el experto.
Asimismo, Molina ha recordado que las medidas contempladas están encaminadas a ahorrar en recursos humanos del sistema, por ejemplo, en la limitación del transporte ambulatorio no urgente, algo que el presidente del sector de Sanidad de CSI-F ha calificado de "grave", poniendo como ejemplo el caso de los dializados que no son urgentes sino crónicos. También se ha referido al anuncio de una nueva Cartera de Servicios que quedará dividida en tres niveles: la financiada; la que se realiza con "repago", es decir, con aportación del usuario; y la que será exclusivamente de pago, lo que Molina ha definido como "una sangría para los ciudadanos".
Del mismo modo, Molina ha subrayado que las medidas adoptadas por el Gobierno van a producir, de forma inmediata, un incremento de las listas de espera, una sobrecarga asistencial para los profesionales que tendrán que redoblar esfuerzos por menor retribución y va a impedir el acceso a la tarjeta sanitaria a un importante número de inmigrantes que viven en nuestro país, algo que supone un incumplimiento del mandato constitucional y una falta de humanidad que, como ha señalado Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. (FSS-CC.OO.), "también puede suponer un problema de salud pública", puesto que no atender a los ciudadanos inmigrantes enfermos puede suponer un riesgo para el resto de la población. Además, ha señalado que el hecho de que los inmigrantes tengan derecho a la atención urgente producirá una masificación de las urgencias y un coste añadido, porque la Medicina defensiva que se practica en los hospitales hace que se pongan en marcha una serie de protocolos costosos que no sería necesario activar si los inmigrantes fueran atendidos en los centros de salud. En la línea, Molina ha puesto sobre la mesa la situación en la que la medida deja a los no cotizantes menores de 26 años, asegurando que "se quedan fuera del sistema".
"Con esta medida los profesionales se sienten coaccionados, pero su celo profesional y su juramento es lo que hace que, a pesar de la presión asistencial, la calidad del sistema se mantenga", ha apuntado Molina. "Ningún profesional va a dejar abandonado a un enfermo por mucho que lo diga el Real Decreto", ha advertido.
Igualmente, Molina ha detallado que la normativa afecta también a la homologación de las categorías profesionales y elimina "sin contar con nadie", como ha matizado, los sistemas de los colectivos de cupo y zona y de asistencia pública domiciliaria (APD).
Por todas estas razones, los representantes de las principales organizaciones sindicales más representativas en el Sistema Nacional de Salud consideran que el Real Decreto Ley 16/2012 "roza la inconstitucionalidad" y han anunciado que están "expectantes" ante la resolución del mismo, que tendrá lugar el 17 de mayo, porque tal y como ha señalado Molina "tiene muchas lagunas y de ahí no salen los 7.000 millones de euros de recorte anunciados".
En este sentido, los sindicatos han manifestado que sus servicios jurídicos están estudiando esa posible inconstitucionalidad de la norma y están valorando los instrumentos para poder recurrirla, reconociendo, en cualquier caso, que por la vía legal "va a ser difícil parar las reformas", razón por la cual han llamado a "ocupar ahora la calle entre todos", puesto que las resoluciones judiciales requieren su tiempo.
Así pues, por su parte, Antonio Cabrera, secretario general de FSS-CC.OO., ha manifestado que esta normativa ratifica una política continuista de recortes de los derechos de los ciudadanos y de los profesionales, materializados en recortes "importantes" de salarios, y ha recordado que los presupuestos de Sanidad para este año son los de 2008, una infrafinanciación "que pone al SNS es una situación agónica y que conllevará a que reviente desde dentro".
Asimismo, Cabrera ha reconocido que es necesario reformar el sistema, "pero no en la línea de los recortes", como ha matizado, a lo que ha añadido que existen bolsas de ineficiencia, donde hay posibilidades de "ahorro real", pero en las que el Gobierno "no quiere entrar", poniendo el ejemplo del gasto farmacéutico que hay en nuestro país, la duplicidad de gasto en el área sanitaria y sociosanitaria, "que viven a espaldas", como ha apostillado, y la infrafinanciación de Atención Primaria, "porque la prevención es ahorro a medio y largo plazo", como ha defendido Cabrera.
"Todo esto requiere de un proceso de negociación, de ahí que reclamemos una Mesa Sectorial por un Pacto por la Sanidad, de hecho, si antes del 30 de junio, con un último intento de pregunta parlamentaria, la ministra Ana Mato no convoca una, la reclamaremos por vía judicial", ha sentenciado el secretario general de FSS-CC.OO.
En este contexto, Cabrera ha anunciado movilizaciones "continuadas en el tiempo", que se irán concretando conforme se vayan materializando los recortes en todas las comunidades autónomas, "que serán más crueles en 2013", según sus palabras, y un calendario de concentraciones que arranca este jueves 10 de mayo en todos los hospitales públicos de gestión tradicional, así como en cabeceras de distrito o direcciones de área en Atención Primaria. Los parones, serán de 20 minutos, tal y como han informado los expertos, y tendrán lugar entre las 10.30 y las 11.30 horas. Concretamente, en Madrid, la concentración central, fijada como el "Día de Lucha por la Sanidad", será en el Hospital Ramón y Cajal, a las 12.00 horas.
Además, han manifestado la intención de organizar un día informativo para el ciudadano, con stands en los hospitales y en las consultas de AP, en el que se informe a la población de las consecuencias reales que para su salud tienen las medidas anunciadas por el Ejecutivo. "La población no es consciente de lo que está perdiendo y todas las medidas que se tomen van a empeorar los resultados de salud de forma alarmante", ha señalado Cabrera.
Asimismo, Cabrera ha explicado que uno de los riesgos que pueden derivarse de esta normativa es el "doble aseguramiento", tal y como se hace en otros países como Estados Unidos o Canadá, "donde la protección es menor y donde los resultados en salud son peores".
En contra de la forma y el contenido
En esta misma línea, Pilar Navarro, secretaria del sector de salud, servicios sociosanitarios y dependencia de la FSP-UGT, ha señalado el rechazo "profundo" al Real Decreto Ley 16/2012, tanto en forma como en contenido. En cuanto a la forma, Navarro ha calificado de "sorprendente" su presentación, asegurando además que en la normativa se contemplan medidas "variopintas" que no justifican urgencia. "El Gobierno no ha contado con nadie para articular esta medida, ni con el arco parlamentario, ni con los agentes sociales, ni con las comunidades autónomas", ha manifestado Navarro, achancando así al Gobierno "falta de transparencia en su actuación" y asegurando que "han obviado instrumentos como la Mesa Sectorial".
Por lo que se refiere al contenido, Navarro ha identificado su carácter "recentralizador" y que supone un "cambio absoluto del modelo sanitario, en el que prima la mercantilización de la Sanidad, por encima del beneficio social", como ha matizado.
Del mismo modo, según la experta, esta medida modifica aspectos importantes de los recursos humanos y cambia condiciones laborales, "sin negociación"; obvia el RD de troncalidad y obliga a colectivos a tomar decisiones, como los colectivos de cupo y zona y de APD, "que antes de agosto tienen que decidir si se incorporan al sistema o bien pasan a ser funcionarios administrativos o, en el peor de los casos, se van a la calle", como ha informado.
En definitiva, los sindicatos no descartan ninguna medida para impedir que el RD se plasme y se implante, según ha advertido Navarro. "No hay voluntad de negociación, están atacando y vulnerando los derechos de los profesionales", ha añadido.
"Si los ciudadanos no se echan a la calle difícilmente se le va a dar la vuelta por mucho que los profesionales se movilicen", ha subrayado Cabrera.

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