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Timestamp: 2019-12-05 17:40:27+00:00

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Instrucción aprobada por acuerdo de consejo de gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia de 29 de octubre de 2013 por la que se establecen criterios sobre mantenimiento de condiciones de trabajo y medidas de carácter social para su aplicación en los procedimientos de contratación de la Diputación Foral de Bizkaia.
Publicado en BOB núm. 218 de 14 de Noviembre de 2013
3.1. Transparencia.
3.2. Libertad de pactos.
3.3. Eficiencia.
4. Criterios de actuación de los órganos de contratación para los contratos en ejecución.
5. Criterios de actuación de los órganos de contratación para futuros contratos.
6. Entidades en las que la Diputación Foral de Bizkaia participe de forma minoritaria y se encuentren sometidas a la legislación de contratos del sector público.
7. Información y evaluación.
9. Publicación.
10. Inicio de la aplicación.
La reforma laboral de 2012 modificó la regulación sobre vigencia de los convenios colectivos tras la finalización de su duración inicial pactada (ultraactividad) introduciendo, «salvo pacto en contrario», un límite anual a esa situación a contabilizar desde la fecha de la denuncia del convenio. Para los convenios colectivos denunciados antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ese plazo ha vencido el 7 de julio de 2013.
La aplicación de la nueva regulación de la ultraactividad es compleja y, dada su novedad, presenta dudas interpretativas en aspectos esenciales tales como los supuestos en que el límite anual se desplaza por las previsiones del propio convenio colectivo o el alcance de la desaparición o el mantenimiento de las condiciones de trabajo anteriores una vez que decaiga la vigencia en ultraactividad del convenio colectivo.
Las modificaciones introducidas en la regulación de esta importante cuestión han generado un amplio debate social centrado especialmente en la posibilidad de que por esta vía pueda producirse una merma considerable de las condiciones laborales, en particular las salariales, de los trabajadores de empresas afectadas por la finalización de la ultraactividad de los Convenios que les habían venido resultando de aplicación.
En la medida en que esta situación puede afectar a los trabajadores que prestan servicios en actividades sujetas a contratación por parte del sector público foral, la Diputación Foral de Bizkaia considera necesario establecer unos criterios generales que, con estricto respeto al marco normativo vigente, delimiten la actuación de los órganos de contratación en esta materia.
Aun cuando el Territorio Histórico de Bizkaia no tiene competencias normativas en materia laboral ni de contratación pública, la Diputación Foral de Bizkaia puede incidir en el problema descrito a través del ejercicio de las prerrogativas que el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, confiere a las Administraciones Públicas y que ha de ejercer de acuerdo con las previsiones contenidas en los pliegos que rigen cada contratación. Con Respecto a los contratos futuros, los órganos de contratación de la Administración Foral pueden, además, incluir en los pliegos cláusulas que les permitan una actuación específica en esta materia.
Por otra parte, el Acuerdo Regulador de las condiciones de empleo del personal funcionario de la Diputación Foral de Bizkaia y sus Organismos Autónomos («Boletín Oficial de Bizkaia» de 9 de diciembre de 2008) y el Convenio Colectivo de su Personal Laboral («Boletín Oficial de Bizkaia» de 11 de marzo de 2008) incluyen diversas previsiones (bajo la rúbrica «Política de Empleo y Mantenimiento de Servicios Públicos») en las que contemplan que, en caso de contratación externa de servicios por parte de la Diputación Foral, se prevea una dotación económica suficiente para garantizar las condiciones laborales que se deriven de los marcos de negociación colectiva vigentes y aplicables a cada supuesto, incluyendo además diversas medidas en defensa de los derechos de los trabajadores de las empresas que desempeñen los servicios contratados.
Tales previsiones constituyen compromisos adquiridos por la Diputación Foral de Bizkaia a los que, en buena lógica, debe tratar de dar respuesta dentro de los límites contemplados en el ordenamiento jurídico.
El eventual empeoramiento de las condiciones laborales que pudiera producirse en las empresas contratistas como consecuencia de la nueva regulación sobre finalización de la ultraactividad es susceptible de generar una importante conflictividad laboral que repercutiría negativamente en la prestación de los servicios públicos a los que afecte. Por otra parte, una reducción salarial generalizada incidiría en el poder adquisitivo y, por tanto, en el consumo privado con los consiguientes efectos negativos en el comercio y otros sectores que atraviesan una difícil situación, así como en la recaudación de la propia Hacienda Foral.
Además, esta cuestión presenta una especial incidencia en los contratos referidos a actividades «intensivas en mano de obra», esto es, aquellos en los que la prestación contratada consiste básicamente en un servicio cuyo componente económico fundamental o preponderante son los costes de personal, tales como vigilancia y seguridad, limpieza, residencias concertadas, transporte de viajeros por carretera.... En estos sectores, una parte importante de las personas trabajadoras que desarrollan en ellos su actividad pertenecen a colectivos con especiales dificultades de inserción laboral (mujeres, personas con baja cualificación, mayores de más de 45 años...) a los que las autoridades públicas deben prestar una especial protección.
En este contexto, la Diputación Foral de Bizkaia entiende que, al amparo de sus competencias ejecutivas y del margen de maniobra que permite el TRLCSP, debe definir criterios de actuación en aquellos casos en los que la aplicación de los mecanismos introducidos en la última reforma laboral conduzcan a una merma de las condiciones que las empresas contratistas aplican a los trabajadores que desarrollan su actividad en el seno de contratos adjudicados por entidades del sector público foral. Es indudable que resulta de interés defender el mantenimiento de estas condiciones pero siempre desde el total respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, en este caso trabajadores y empresarios. Por lo tanto, los criterios definidos no resultarán de aplicación en aquellos casos en que las modificaciones de condiciones de trabajo sean el resultado de un acuerdo alcanzado con la representación de los trabajadores.
En otro orden de cosas, desde hace tiempo la Diputación Foral de Bizkaia ha venido introduciendo en sus procedimientos de contratación diversas cláusulas sociales con el objeto de proteger o favorecer a sectores más necesitados de protección. No obstante, aprovechando la presente Instrucción, se considera que es oportuno y conveniente recordar y fijar algunos de estos criterios estableciéndose a tal efecto algunas consideraciones.
Por todo ello, se aprueba la presente Instrucción dirigida a los órganos de contratación y en la que se establecen los criterios de aplicación uniforme en el sector público foral del TRLCSP con respecto a los contratos en vigor así como a las cláusulas que podrán introducirse en las nuevas contrataciones con la finalidad de atemperar los efectos que, en materia contractual, podría generar la modificación de las condiciones de trabajo como consecuencia de la aplicación de los mecanismos introducidos por la reforma laboral, y especialmente por la finalización de la ultraactividad de los convenios aplicables a las empresas contratistas del sector público foral de Bizkaia.
Asimismo, la Instrucción contiene indicaciones sobre determinadas cláusulas sociales relativas a la garantía de la seguridad e higiene en las obras públicas, la promoción del uso social del euskera, la igualdad de género, la promoción del empleo de colectivos especialmente afectados por el desempleo y la subcontratación. Materias sensibles sobre las que la Diputación Foral ha de actuar en defensa de los intereses generales.
En virtud de lo expuesto, la Diputación Foral de Bizkaia adopta los criterios e instrucciones que a continuación se señalan mediante las que se garantizan la aplicación uniforme de los criterios y pautas que establece pero respetando el necesario margen de apreciación del que en cada caso deban hacer uso los órganos de contratación a los que se dirige.
La estructura y contenido de la Instrucción es la siguiente:
- Los apartados 1 y 2 recogen respectivamente el objeto y el ámbito de aplicación de la Instrucción, tanto el subjetivo como el objetivo, incluyendo a todo el sector público y especificando los contratos que se sujetan a la presente Instrucción.
- El apartado 3 hace referencia a los principios de transparencia, libertad de pactos y eficacia que han de estar presentes en la aplicación práctica de los criterios de actuación de la presente Instrucción.
- Los apartados 4 y 5 contienen los criterios que se han de aplicar tanto a los contratos en ejecución como en los que se suscriban en un futuro. Estos últimos, además de enunciar los criterios relativos al fin de la ultraactividad de los convenios colectivos contempla medidas adicionales de carácter social como la seguridad en el trabajo, la promoción del uso social del euskera, la exigencia de planes de igualdad a las empresas con más de 125 empleados, la promoción de la contratación de personas pertenecientes a colectivos especialmente afectados por el desempleo y sobre la subcontratación.
- Por su parte, el apartado 6 se ocupa de las entidades en las que la Diputación Foral de Bizkaia participa de forma minoritaria y se encuentren sometidas a la legislación de contratos del sector público.
- El apartado 7 establece las obligaciones de información sobre la aplicación de la presente Instrucción al Consejo de Gobierno y a las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, mientras que el 8 advierte de la responsabilidad a que puede dar lugar su inobservancia.
- Para terminar, el 9 establece la obligación de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia para público conocimiento y el 10 el inicio de su aplicación a partir de dicha publicación.
1.1 El objeto de la presente Instrucción es establecer los criterios y pautas de actuación a tener en cuenta en los procedimientos de contratación, actuales y futuros, del sector público foral de Bizkaia.
Los referidos criterios se aplicarán en aquellos supuestos en los que el contratista resuelva adoptar unilateralmente medidas que, como consecuencia del fin de la ultractividad de los correspondientes convenios colectivos, conduzcan a una merma de las condiciones esenciales de trabajo que venían aplicándose a los trabajadores adscritos a contratos suscritos por entidades del sector público foral y en base a las cuales se estableció el precio del contrato.
1.2. Asimismo, esta Instrucción tiene por objeto regularizar la aplicación de las denominadas cláusulas de carácter social, tanto las contempladas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) como en otras normas, esta vez con carácter general para todos los contratos.
2.1. Subjetivo.
Los destinatarios de esta instrucción son todos los órganos de contratación del la Diputación Foral de Bizkaia y de entidades vinculadas a la misma, bien por integrar el sector público foral de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria de Bizkaia, bien por integrar dicho sector a efectos de la contratación administrativa, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Los apartados 4 y 5.1 de la presente Instrucción se aplicarán a los contratos cuyo valor estimado supere los 120.000 Euros y, además, concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se contraten prestaciones en las que el componente económico fundamental venga constituido por el coste de la mano de obra, en particular los que se refieran a los sectores de vigilancia y seguridad, limpieza, transporte de viajeros por carretera y residencias para personas dependientes.
b) Que incorporen cláusulas que obliguen al adjudicatario a subrogarse en los contratos de trabajo de los trabajadores que vengan desarrollando el servicio objeto del contrato.
c) Que, atendiendo a las concretas circunstancias concurrentes en el contrato a celebrar, el órgano de contratación estime necesaria la aplicación de los criterios contenidos en la Instrucción.
El órgano de contratación dejará constancia en los expedientes de contratación cuyo valor estimado supere los 120.000 Euros de las circunstancias que haya tomado en consideración para aplicar o, en su caso, excluir la aplicación de los citados apartados de la presente Instrucción.
Los principios informadores de la presente Instrucción y que han de ser tenidos en cuenta en la aplicación práctica de los criterios de actuación contenidos en la misma son los recogidos en el TRLCSP y, en especial, los siguientes:
La Diputación Foral de Bizkaia considera que las previsiones de la presente Instrucción deben tener la máxima difusión posible tanto en cuanto a su contenido preciso como a su fundamentación. Por ello, será publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para que se de público conocimiento a los criterios que se aplicarán a los supuestos que contempla a fin de que puedan ser conocidos por la ciudadanía en general y ponderados debidamente por los empresarios con carácter previo a la presentación de sus ofertas en las licitaciones públicas a las que se refiere esta Instrucción.
Asimismo, las cláusulas o condiciones que contiene esta Instrucción se harán constar en los pliegos correspondientes por lo que también en el caso concreto los interesados estarán informados específicamente.
En definitiva, se cumple holgadamente el principio de transparencia en la actuación de los órganos de contratación.
La libertad de pactos que rige en los contratos del sector público ( artículo 25 TRLCSP) es compatible con el ejercicio por la administración de las prerrogativas que, como organización servicial del interés público, le confiere la legislación vigente, así como con la incorporación a los pliegos de cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.
Por ello, los criterios y las cláusulas que se indican más adelante respetan el principio de la autonomía de la voluntad de las partes a la vez que permiten la consecución de los objetivos apuntados.
La introducción de los criterios aplicativos contenidos en la presente Instrucción ha tenido también en cuenta el objetivo último que persigue la regulación de la contratación pública que es la consecución de una eficiente utilización de los fondos públicos de manera que la satisfacción de los intereses generales mediante la contratación se realice seleccionando la oferta económicamente más ventajosa.
Precisamente, es el afán de la Diputación Foral de Bizkaia de atender eficientemente los intereses públicos que tiene encomendados lo que hace que bajo este principio se entienda comprendida la evitación o paliación de los efectos disfuncionales que pudiera conllevar para la correcta prestación de los servicios públicos que atienden los contratistas una aplicación mecánica de la reducción salarial o empeoramiento de las condiciones de trabajo que posibilita la reforma laboral.
Con carácter general, la Diputación Foral de Bizkaia considera que no resulta razonable que los empresarios contratistas procedan, durante la vigencia de un contrato, a rebajar de manera unilateral las condiciones de trabajo del personal adscrito al mismo que fueron tenidas en cuenta en el momento de la presentación de las ofertas y, por tanto, en la determinación del precio de adjudicación.
A partir de esta premisa, los órganos de contratación adoptarán las medidas de gestión necesarias para el desarrollo de las actuaciones que a continuación se indican:
4.1. Seguimiento y control.
Con la finalidad de identificar los supuestos en los que, como consecuencia de la finalización de la ultraactividad del convenio que venía siendo aplicable, se produzca un minoración de las condiciones de trabajo del personal adscrito a los contratos, el personal responsable de la gestión de los mismos realizará un seguimiento específico de esta cuestión, a través de los siguientes medios:
4.1.1. Identificación del convenio colectivo que viniera aplicándose al contrato en el momento de la adjudicación y de sus previsiones sobre vigencia y, en su caso, denuncia y aplicación del convenio una vez finalizada la duración inicial pactada de manera que puedan establecerse los plazos en los que, en su caso, podría entenderse que se produce la pérdida de vigencia del convenio.
A través de la página web del Gobierno Vasco puede accederse por vía telemática a la información contenida en el Registro de Convenios Colectivos (en el apartado «consulta pública»), donde se refleja en particular información sobre las denuncias de los convenios e inicio de negociaciones dirigidas a su renovación.
De acuerdo con la normativa vigente ( artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores), «la vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio», y «transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación».
Por su parte, la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2012 («Vigencia de los convenios denunciados») aclara que la nueva redacción del artículo 86.3 ET se aplica a los convenios que ya estuvieran denunciados, si bien el plazo de un año «empezará a computarse a partir de» su entrada en vigor, plazo que comenzó a correr el 8 de julio de 2012 y finalizó, por tanto, el 7 de julio de 2013.
4.1.2. Identificación de la existencia de minoraciones en las condiciones de trabajo, una vez transcurrido el periodo anual de posible vigencia prorrogada del contrato.
En aquellos contratos en cuyos pliegos se contemple la obligación del contratista de transmitir periódicamente la información contenida en los seguros sociales, los gestores de los contratos realizarán un análisis de esos documentos en fechas anteriores y posteriores al momento en que la empresa contratista pudiera entender finalizada la ultraactividad a efectos de comprobar si se ha producido una reducción en las bases de cotización de los trabajadores, indicativa de una reducción de salarios.
De forma alternativa o complementaria al análisis de los seguros sociales, los gestores del contrato podrán requerir a la empresa contratista para que manifieste si ha procedido a modificar las condiciones de trabajo que aplica a los trabajadores adscritos al contrato con posterioridad a la adjudicación del mismo, con indicación del alcance exacto de la modificación efectuada, la norma legal al amparo de la cual se ha llevado a cabo, los trámites seguidos para ello y la posición de la representación legal de los trabajadores (comité de empresa o, en su caso, delegados de personal) al respecto.
Los gestores del contrato analizarán y tendrán igualmente en cuenta cualquier información que, en su caso, pudiera hacerles llegar la representación de los trabajadores en la empresa contratista.
4.2 Puesta en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En tanto no se establezcan criterios jurisprudenciales firmes que determinen en qué casos se produce la pérdida de vigencia del convenio por el transcurso del plazo de ultraactividad, así como las consecuencias asociadas a la misma, los órganos de contratación procederán como se indica a continuación.
En caso de que se detecte que alguna empresa contratista ha procedido a realizar alteraciones en las condiciones de trabajo que incidan en un incremento de jornada y/o disminución de salarios de los trabajadores adscritos al contrato, en función de la supuesta pérdida de vigencia del convenio colectivo que venía siendo de aplicación en el momento de la adjudicación, el órgano de contratación pondrá esta circunstancia en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por si la misma pudiera ser constitutiva de infracción laboral; en particular de la prevista en el artículo 7.10 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social: establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas por convenio colectivo o, en su caso, en el artículo 7.6 de esa misma norma: modificación de condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por el empresario, sin acudir a los procedimientos establecidos en el artículo 41 o en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
4.3. Utilización de las previsiones contenidas en cláusulas de los pliegos de condiciones que rigen el contrato.
4.3.1. Los pliegos tipo que viene utilizando la Diputación Foral de Bizkaia contienen una obligación específica de exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral.
De haberse previsto en la Carátula del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares el carácter esencial de esta obligación o la imposición de penalidades en caso de incumplimiento de la misma, podría procederse bien a resolver el contrato o bien a imponer penalidades por un importe de hasta el 10% del presupuesto del contrato, si se constatara que la reducción de condiciones de trabajo por la empresa contratista constituye un incumplimiento de obligaciones laborales. Esa constatación vendrá determinada por la imposición de una sanción laboral tras la correspondiente actuación inspectora de la ITSS o el pronunciamiento de una Sentencia judicial, una vez alcance firmeza cualquiera de ellas.
4.3.2. En aquellos contratos que contengan una previsión de prórroga por mutuo acuerdo, los órganos de contratación no suscribirán tales prórrogas con empresas contratistas que hayan procedido a una reducción unilateral de las condiciones de trabajo del personal adscrito al contrato que estuviesen contempladas en el convenio aplicable en el momento de la adjudicación del mismo.
4.3.3. Las previsiones contenidas en los pliegos que permitan la ampliación-reducción de los servicios contratados se utilizarán de forma restrictiva con respecto a las empresas contratistas que hayan procedido a una reducción de las condiciones de trabajo del personal adscrito al contrato que estuvieran previstas en el convenio aplicable en el momento de la adjudicación del mismo. En los supuestos de contratos celebrados con una pluralidad de adjudicatarios, los órganos de contratación utilizarán las facultades de ampliación-reducción de los servicios contratados de manera que se favorezca a aquellas empresas que hayan mantenido las condiciones laborales del personal adscrito al contrato.
De cara a los futuros procedimientos de contratación y con el fin de cumplir los objetivos expuestos, los órganos de contratación incluirán, dentro del apartado «Otras especificaciones» de la Carátula de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Instrucción, las condiciones de ejecución que sean adecuadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 TRLCSP. Todo ello sin perjuicio de que una vez que estén en ejecución tales contratos se les puedan aplicar los criterios del epígrafe anterior.
En la introducción de estas cláusulas el órgano de contratación ha de tener en cuenta el criterio de adecuación o idoneidad de las mismas para alcanzar el fin social perseguido en el supuesto específico así como la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas que se adopten, todo ello en función del sector económico o social en el que se vaya a producir la contratación.
5.1. Criterios relacionados con el fin de la aplicación en ultraactividad de los convenios colectivos
a) Cláusula sobre obligación de mantener las condiciones de trabajo: En el apartado «otras especificaciones» de la Carátula de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación de esta Instrucción se incluirá la siguiente cláusula:
«Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la empresa contratista está obligada a no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de jornada y salario y en términos anualizados, correspondan en cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta; y ello con independencia de que tal convenio pueda posteriormente perder su vigencia en aplicación de las previsiones legales o convencionales sobre finalización de la vigencia de los convenios colectivos.
La obligación se entenderá cumplida si se mantiene el salario/hora convenio vigente en el momento inmediatamente anterior a aquel en que, en su caso, se produzca la pérdida de vigencia. El contratista vendrá obligado a facilitar al órgano de contratación cualquier información o documentación que le sea requerida para acreditar este extremo.
En todo caso, se entenderá igualmente cumplida la obligación si la reducción que eventualmente pueda producirse en el salario/hora convenio se adopta por acuerdo alcanzado entre el empresario contratista y la representación de los trabajadores.
De no respetarse esta obligación, se impondrá al contratista una penalidad cuyo importe se calculará aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje en que se haya minorado el salario/hora convenio del trabajador adscrito al contrato cuya reducción se haya operado en mayor medida hasta el límite del 10%. De superar la reducción del salario/hora convenio del trabajador que experimente una mayor reducción el 10%, o en caso de que el contratista no facilitara la información requerida para acreditar el cumplimiento de la obligación establecida en esta cláusula, se considerará incumplida una obligación esencial del contrato incurriendo el contratista en causa de resolución».
La cláusula incorpora, para el contratista, una obligación de mantenimiento de las condiciones del convenio colectivo aplicables a los trabajadores adscritos al contrato que se definen con arreglo a un parámetro objetivable (el salario/hora convenio) que incluye los dos elementos básicos del coste salarial: la remuneración del trabajador y el tiempo de trabajo necesario para obtenerla. El cálculo de ese parámetro se realizará en términos anualizados, es decir, dividiendo el salario anual entre la jornada (número de horas de trabajo) anual.
El convenio colectivo cuyas condiciones deben tomarse en consideración a estos efectos es el que resulte aplicable al contratista (y para la realización de la prestación objeto del contrato) en el momento de la presentación de la oferta. Si con posterioridad a ese momento, el convenio se renovase (por aprobarse uno nuevo del mismo ámbito que lo sustituya) o se actualizase (por ejemplo por aprobarse tablas salariales correspondientes a un ejercicio posterior) el parámetro salario/hora convenio se ajustará de acuerdo con lo que disponga el texto y tablas vigentes en cada momento.
La comparación entre el parámetro salario/hora convenio y el salario/hora real de los trabajadores adscritos al contrato de trabajo (de acuerdo con el Grupo Profesional-categoría que corresponda dentro del sistema de clasificación profesional del convenio colectivo) determinará el cumplimiento o incumplimiento de la obligación definida en esta cláusula:
- Se cumplirá cuando el salario/hora real sea igual o superior al del convenio.
- Se incumplirá cuando el salario/hora real sea inferior al del convenio, salvo que se acredite que su aplicación responde a un acuerdo suscrito con la representación de los trabajadores.
b) Formas de actuación ante posibles incumplimientos: Los gestores de los contratos realizarán un seguimiento de las condiciones de trabajo que aplican los contratistas de acuerdo con las instrucciones sobre seguimiento y control contenidas en el apartado 4.1 anterior.
En el momento en que se detecte la posibilidad de que se haya producido un incumplimiento de la cláusula de mantenimiento de condiciones de trabajo, se realizarán las actuaciones necesarias para constatar la existencia o no del incumplimiento y su alcance exacto, requiriendo en su caso al contratista la información necesaria para determinar estos extremos.
Una vez se acredite la existencia de incumplimiento y su alcance (porcentaje de desviación entre salario/hora real y salario/hora convenio) los gestores del contrato elaborarán un informe-propuesta de penalización (si la desviación es igual o inferior al 10%) o de resolución del contrato (si la desviación es superior al 10% o el empresario no ha facilitado la documentación requerida al efecto), de la que se dará traslado al contratista en trámite de audiencia siguiendo para ello las previsiones del TRLCSP y disposiciones concordantes para la imposición de penalidades (artículo 212) o la resolución de los contratos (artículos 223 y siguientes).
5.2. Medidas adicionales de carácter social.
Además de abordar el posible problema derivado del fin de la ultraactividad de los convenios, la presente Instrucción también tiene por objeto la introducción en los pliegos de los contratos públicos de otros criterios de tipo social que merecen especial atención.
Los órganos de contratación analizarán de forma individualizada la conveniencia de incluir las cláusulas que se indican a continuación atendiendo a la naturaleza del contrato y del sector de actividad al que se refiera la contratación.
a) Respeto de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales: En el apartado «otras especificaciones» de la Carátula de los pliegos de cláusulas administrativas particulares los órganos de contratación podrán incluir la siguiente cláusula:
«La condena a la empresa contratista por la comisión de infracciones en materia de prevención de riesgos laborales tipificadas en los artículos 11 o 12 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y que se cometan con ocasión de la ejecución del contrato, tiene la consideración de incumplimiento contractual que dará lugar, una vez la sanción sea firme, a la imposición de una penalidad del 5% del presupuesto del contrato si la sanción se impone por infracción leve (artículo 11) o del 10% si se importe por infracción grave (artículo 12).
La condena por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 13 de la LISOS cometida con ocasión de la ejecución del contrato supondrá que se considere incumplida una condición esencial del contrato, incurriendo el contratista, una vez firme la sanción, en causa de resolución.
El contratista igualmente vendrá obligado a informar puntualmente al órgano de contratación sobre cualquier sanción que le sea impuesta en materia de prevención riesgos laborales por hechos cometidos con ocasión de la ejecución del contrato, así como sobre los eventuales recursos que se hayan planteado contra ella y las resoluciones que recaigan sobre los mismos. El incumplimiento de esta obligación de información supondrá que se considere incumplida una condición esencial del contrato, incurriendo el contratista, una vez firme la sanción, en causa de resolución».
A la hora de determinar la inclusión o no de esta cláusula el órgano de contratación valorará la naturaleza del contrato y su importancia. La cláusula se incluirá en particular en los contratos de obra de importe de licitación IVA excluido superior a 50 Millones de euros. El personal responsable de la gestión del contrato realizará un seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratista.
b) Promoción del uso social del euskera: En el apartado «otras especificaciones» de la Carátula de los pliegos de cláusulas administrativas particulares los órganos de contratación podrán incluir la cláusula siguiente:
«La empresa adjudicataria tratará de que el personal que, en el marco de la ejecución del contrato, se relacione con la ciudadanía sea bilingüe en un porcentaje igual al índice de vascohablantes del área de influencia de la actividad contratada en vistas a que la atención pueda prestarse en el idioma que elija el destinatario. De no poder cumplir ese criterio al inicio de la ejecución del contrato, la empresa desarrollará durante su ejecución medidas que permitan avanzar hacia su cumplimiento tales como organizar cursos específicos para atención bilingüe, considerar criterios lingüísticos en las nuevas contrataciones de personal.».
A la hora de determinar la inclusión o no de esta cláusula el órgano de contratación valorará las características de la actividad contratada en la medida en que su desarrollo implique relación directa con la ciudadanía; así como la naturaleza del contrato y su cuantía (en general no se incorporará en los contratos menores y negociados). El personal responsable de la gestión del contrato realizará un seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratista.
c) Política de igualdad de género: En el apartado «otras especificaciones» de la Carátula de los pliegos de cláusulas administrativas particulares los órganos de contratación podrán incluir la siguiente cláusula:
«Las empresas contratistas de más de 125 trabajadores deben justificar ante el órgano de contratación que disponen de un Plan de Igualdad, con el contenido previsto en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Aquellas empresas para las que exista obligación legal o convencional de disponer de Plan de Igualdad deberán justificar el cumplimiento de este requisito en el plazo de un mes desde la formalización del contrato.
Las empresas para las que no exista esa obligación legal lo elaborarán durante la ejecución del contrato, justificando este extremo, antes de la finalización del mismo.
El incumplimiento de esta obligación se considerará incumplimiento de una obligación esencial en el caso de empresas legalmente obligadas a disponer del Plan de Igualdad con carácter de causa de resolución del contrato. En las empresas que no vengan legalmente obligadas, el incumplimiento de la obligación dará lugar a la imposición de una penalidad por importe del 10% del presupuesto del contrato.».
A la hora de determinar la inclusión o no de esta cláusula el órgano de contratación valorará la naturaleza del contrato y su importancia. La cláusula se incluirá en particular en los contratos de obra de importe de licitación IVA excluido superior a 2,5 Millones de Euros y los de servicios de importe de licitación IVA excluido superior a 250.000 Euros. El personal responsable de la gestión del contrato realizará un seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratista.
d) Promoción del empleo de colectivos especialmente afectados por el desempleo: En el apartado «otras especificaciones» de la Carátula de los pliegos de cláusulas administrativas particulares los órganos de contratación podrán incluir la siguiente cláusula:
«En las nuevas contrataciones de personal necesario para la ejecución del contrato, las empresas contratistas darán preferencia a las personas pertenecientes a colectivos especialmente afectados por el desempleo; de manera que, salvo justificación de su imposibilidad atendiendo a las características del concreto trabajo a desarrollar, garantizarán que al menos un 15% de las nuevas contrataciones que se realicen se refieran a personas de estos colectivos.
El contratista deberá acreditar las nuevas contrataciones de personal realizadas en el marco de la ejecución del contrato así como las que se refieran a personas pertenecientes a colectivos especialmente afectados por el desempleo, facilitando la documentación necesaria para ello. La falta de aportación de esa documentación, así como el incumplimiento total de la obligación de contratación de personas pertenecientes a dichos colectivos se considerará un incumplimiento contractual que dará lugar a la imposición de una penalidad del 10% del presupuesto del contrato. El incumplimiento parcial de la obligación de contratación de personas pertenecientes a dichos colectivos (contratación en un porcentaje inferior al 15% de las nuevas contrataciones) dará lugar a la imposición de una penalidad del 5% del presupuesto del contrato.
Se entiende a los efectos de la presente cláusula como colectivos especialmente afectados por el desempleo los siguientes:
- Personas mayores de 45 años que figuren inscritas como paradas al menos con una antigüedad de tres meses.
- Jóvenes menores de 30 años que figuren inscritos como parados con una antigüedad mínima de tres meses.
- Personas paradas de larga duración, entendiendo por tales aquellas que figuren inscritas como paradas al menos con una antigüedad de doce meses.
- Personas beneficiarias de las ayudas establecidas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social (antigua Renta Básica), y en el Decreto 199/1999, de 20 de abril, por el que se regulan las Ayudas de Emergencia Social, en desarrollo de la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social.
A la hora de determinar la inclusión o no de esta cláusula el órgano de contratación valorará la naturaleza del contrato y su cuantía y las características de la actividad contratada en la medida en que resulte idónea para la contratación de personas pertenecientes a colectivos especialmente afectados por el desempleo. La cláusula se incluirá en particular en los contratos de obra de importe de licitación IVA excluido superior a 2,5 Millones de Euros y los de servicios de importe de licitación IVA excluido superior a 250.000 Euros. El personal responsable de la gestión del contrato realizará un seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratista.
e) Subcontratación: En el apartado «otras especificaciones» de la Carátula de los pliegos de cláusulas administrativas particulares los órganos de contratación podrán incluir la siguiente cláusula:
«Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas en materia de subcontratación y siempre que ello resulte posible atendiendo a las características de las prestaciones que deban obtenerse, si la empresa adjudicataria tuviera que subcontratar alguna prestación accesoria necesaria para la ejecución del contrato lo hará, preferentemente, con entidades inscritas en el Registro de Centros Especiales de Empleo contemplado en el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, o en el Registro de Empresas de Inserción regulado por el Decreto 305/2000, de 26 de diciembre («B.O.P.V.» de 2 de febrero de 2001); o bien con entidades sin ánimo de lucro que trabajan para la integración de las personas con riesgo de exclusión social.».
A la hora de determinar la inclusión o no de esta cláusula el órgano de contratación valorará la naturaleza del contrato así como las prestaciones accesorias que pueden ser objeto de subcontratación en el seno del mismo; contrastando si tales prestaciones son ofrecidas de forma suficientemente amplia en el sector de empleo protegido.
El personal responsable de la gestión del contrato realizará un seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratista. El grado de cumplimiento de esta cláusula se tomará en cuenta para tomar las decisiones que el órgano de contratación pueda adoptar respecto a la aplicación de las previsiones de los pliegos en materia de prórroga por mutuo acuerdo y ampliación-reducción de los servicios contratados.
En las empresas o entidades sometidas a la legislación de contratos del sector público en las que la participación, directa o indirecta, de la Diputación Foral de Bizkaia en su capital social no sea mayoritaria los representantes de la Institución Foral en aquellas promoverán, en la medida de sus posibilidades, que se incorporen los criterios de actuación contenidos en la presente Instrucción.
Los órganos de contratación deben informar anualmente al Consejo de Gobierno de la aplicación y el resultado de los criterios de la presente Instrucción, evaluando sus efectos prácticos. La Diputación Foral de Bizkaia informará, a su vez, a las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia.
La inobservancia de los criterios recogidos en el presente texto podrá dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de las oportunas responsabilidades disciplinarias del personal empleado público infractor, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/1989 de 6 de julio de Función Pública Vasca.
La presente Instrucción será publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» para público conocimiento y estará accesible al público en general en la página web de la Diputación Foral de Bizkaia.
Esta Instrucción se aplicará a partir del mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 25
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 41
 artículo 82
 artículo 118
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 13
 resolución 
 Real Decreto