Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/655236-regl-2019-2088-ue-de-27-nov-sobre-la-divulgacion-de-informacion-relativa.html
Timestamp: 2020-04-07 21:27:45+00:00

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Artículo 3 Transparencia de las políticas relativas a los riesgos de sostenibilidad
Artículo 4 Transparencia de incidencias adversas en materia de sostenibilidad a nivel de entidad
Artículo 5 Transparencia de las políticas de remuneración en relación con la integración de los riesgos de sostenibilidad
Artículo 6 Transparencia de la integración de los riesgos de sostenibilidad
Artículo 7 Transparencia de incidencias adversas en materia de sostenibilidad con respecto al producto financiero
Artículo 8 Transparencia de la promoción de las características medioambientales o sociales en la información precontractual
Artículo 9 Transparencia de las inversiones sostenibles en la información precontractual
Artículo 10 Transparencia de la promoción de las características medioambientales o sociales y de las inversiones sostenibles en los sitios web
Artículo 11 Transparencia de la promoción de las características medioambientales o sociales y de las inversiones sostenibles en los informes periódicos
Artículo 12 Revisión de la información divulgada
Artículo 13 Comunicaciones publicitarias
Artículo 15 Transparencia de los FPE y de los intermediarios de seguros
Artículo 16 Productos de pensiones regulados por los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y (CE) nº 987/2009
(1) El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un nuevo marco mundial de desarrollo sostenible: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo, «Agenda 2030»), cuyo núcleo lo constituyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Comunicación de la Comisión titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible», publicada el 22 de noviembre de 2016, vincula los ODS con el marco de actuación de la Unión para garantizar que todas las acciones e iniciativas estratégicas de la Unión, dentro de su territorio y a nivel global, incorporen desde el primer momento los ODS. En sus conclusiones de 20 de junio de 2017 el Consejo Europeo confirmó el compromiso de la Unión y de sus Estados miembros con la aplicación de la Agenda 2030 de manera completa, coherente, global, integrada y eficaz, y en estrecha cooperación con sus socios y otras partes interesadas.
(2) La transición a una economía hipocarbónica, más sostenible, eficiente en el uso de los recursos y circular, en consonancia con los ODS, es fundamental para garantizar la competitividad a largo plazo de la economía de la Unión. El Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), que fue ratificado por la Unión el 5 de octubre de 2016 (3) y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, aspira a reforzar la respuesta al cambio climático logrando, entre otras cosas, que los flujos financieros sean coherentes con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
(3) A fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y reducir significativamente los riesgos e impactos del cambio climático, el objetivo global es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales.
(4) La Directivas 2009/65/CE (4) , 2009/138/CE (5) , 2011/61/UE (6) , 2013/36/UE (7) , 2014/65/UE (8) , (UE) 2016/97 (9) , (UE) 2016/2341 (10) , del Parlamento Europeo y del Consejo, y los Reglamentos (UE) nº 345/2013 (11) , (UE) nº 346/2013 (12) , (UE) 2015/760 (13) y (UE)2019/1238 (14) del Parlamento Europeo y del Consejo persiguen el objetivo común de facilitar el acceso a la actividad y su ejercicio por parte de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), las entidades de crédito, los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) que gestionan o comercializan fondos de inversión alternativos, incluidos los fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE), las empresas de seguros, las empresas de servicios de inversión, los intermediarios de seguros, los fondos de pensiones de empleo (FPE), los gestores de fondos de capital riesgo admisibles (gestores de FCRE), los gestores de fondos de emprendimiento social europeos admisibles (gestores de FESE) y los proveedores de productos paneuropeos de pensiones individuales. Estos Reglamentos y Directivas garantizan una mayor uniformidad de la protección de los inversores finales, hacen que les resulte más fácil beneficiarse de una amplia gama de productos) y, al mismo tiempo, establecen normas para que los inversores finales puedan tomar decisiones de inversión fundamentadas.
(5) La divulgación de información a los inversores finales sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad, sobre el análisis de las incidencias adversas en materia de sostenibilidad, sobre los objetivos de inversión sostenible o en la promoción de las características ambientales o sociales, en la toma de decisiones de inversión y en los procesos consultivos no se han desarrollado lo suficiente por no estar sujetas a requisitos armonizados.
(6) La exención respecto de lo dispuesto en el presente Reglamento prevista para los asesores financieros con menos de tres empleados debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones nacionales de transposición de las Directivas 2014/65/UE y (UE) 2016/97, en particular de las normas relativas al asesoramiento sobre inversión y seguros. Por lo tanto, si bien dichos asesores no están obligados a facilitar información de conformidad con el presente Reglamento, han de analizar e incluir los riesgos de sostenibilidad en sus procesos de asesoramiento.
(7) Las entidades reguladas por el presente Reglamento, en función de la naturaleza de las actividades que desarrollen, deben cumplir las normas en materia de participantes en los mercados financieros cuando creen productos financieros y en materia de asesores financieros cuando presten asesoramiento sobre inversiones o seguros. Por tanto, en aquellas situaciones en las que las entidades realicen de forma concurrente actividades correspondientes a participantes en los mercados financieros y a asesores financieros, dichas entidades han de considerarse participantes en los mercados financieros cuando actúen en calidad de creadores de productos financieros, también prestando servicios de gestión de carteras, y asesores financieros cuando presten servicios de asesoramiento de inversiones o seguros.
(8) Habida cuenta de que la Unión afronta cada vez más las consecuencias catastróficas e impredecibles del cambio climático, del agotamiento de los recursos y de otras cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, movilizar capital no solo a través de las políticas públicas, sino también por medio del sector de los servicios financieros. Por lo tanto, procede exigir a los participantes en los mercados financieros y a los asesores financieros que divulguen información específica relativa a cómo abordan la integración de los riesgos de sostenibilidad y el análisis de las incidencias adversas en materia de sostenibilidad.
(9) En ausencia de normas armonizadas de la Unión sobre la divulgación de información en materia de sostenibilidad a los inversores finales, es probable que se sigan adoptando medidas divergentes a nivel nacional y podrían persistir enfoques distintos en los diferentes sectores de servicios financieros. Tales medidas y enfoques divergentes seguirían provocando un falseamiento significativo de la competencia como consecuencia de las notables diferencias en las normas de divulgación de información. Además, el desarrollo paralelo de las prácticas del mercado que esté basado en prioridades comerciales que producen resultados divergentes, da lugar actualmente a una mayor fragmentación del mercado e incluso podría agravar aún más las ineficiencias en el funcionamiento del mercado interior en el futuro. Las divergencias entre las normas de divulgación de información y las prácticas del mercado dificultan enormemente que se puedan comparar los diferentes productos financieros, crean condiciones desiguales para dichos productos financieros y para los canales de distribución, y levantan barreras adicionales al mercado interior. Esas divergencias también podrían generar confusión para los inversores finales y distorsionar sus decisiones de inversión. A la hora de garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París, existe el riesgo de que los Estados miembros adopten disposiciones nacionales divergentes que podrían obstaculizar el correcto funcionamiento del mercado interior en detrimento de los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros. Además, la falta de normas armonizadas en materia de transparencia dificulta a los inversores finales comparar de manera eficaz los distintos productos financieros en los distintos Estados miembros en cuanto a sus riesgos ambientales, sociales y de gobernanza y objetivos de inversión sostenible. Es necesario, por tanto, suprimir los obstáculos existentes al funcionamiento actual del mercado interior y mejorar la comparabilidad de los productos financieros a fin de evitar los obstáculos que puedan plantearse en el futuro.
(10) El presente Reglamento tiene como finalidad reducir las asimetrías de información en las relaciones comitente-agente respecto de la integración de los riesgos de sostenibilidad, el análisis de las incidencias adversas en materia de sostenibilidad, la promoción de características ambientales o sociales, así como de la inversión sostenible, al requerir de los participantes en los mercados financieros y asesores financieros la divulgación a los inversores finales de información precontractual y en curso cuando actúen como agentes de dichos inversores finales.
(11) El presente Reglamento completa los requisitos de divulgación de información establecidos en las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, y los Reglamentos (UE) nº 345/2013, ( UE) nº 346/2013, (UE) 2015/760 y (UE) 2019/1238 así como en el Derecho nacional que regula los productos de pensiones personales e individuales. Con el fin de garantizar una vigilancia ordenada y efectiva del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, los Estados miembros deben valerse de las autoridades competentes ya designadas con arreglo a dichas normas.
(12) El presente Reglamento mantiene los requisitos que obligan a los participantes en los mercados financieros y a los asesores financieros a actuar en interés de los inversores finales, en particular, pero no exclusivamente, el requisito de actuar con la adecuada diligencia debida antes de realizar la inversión, conforme a lo dispuesto en las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, y los Reglamentos (UE) nº 345/2013 y ( UE) nº 346/2013, así como en la legislación nacional que regula los productos de pensiones personales e individuales. Con objeto de cumplir las obligaciones que les incumben con arreglo a dichas normas, los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros deben integrar en sus procesos, también en sus procesos de diligencia debida, así como evaluar de manera continua, no solo todos los riesgos financieros pertinentes sino también, en particular, todos los riesgos de sostenibilidad pertinentes que pudieran tener un efecto material negativo en la rentabilidad financiera de la inversión, o asesorar al respecto. Por lo tanto, los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros deben especificar en sus políticas el modo en que integran dichos riesgos y publicarlas.
(13) El presente Reglamento requiere que los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros que prestan asesoramiento sobre inversión o sobre seguros respecto a productos de inversión basados en seguros (PIBS), con independencia de la concepción de los productos financieros y del mercado al que se destinen, publiquen por escrito sus políticas sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad y que garanticen la transparencia de dicha integración.
(14) Debe entenderse por riesgo de sostenibilidad un hecho o condición ambiental, social o de gobernanza que, de producirse, podría provocar un impacto material negativo material en el valor de la inversión, conforme se especifica en la legislación sectorial, en particular en las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 y (UE) 2016/2341, o en los actos delegados y en las normas técnicas de regulación adoptadas de conformidad con los mismos.
(15) El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las normas sobre integración del riesgo contempladas en las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, y los Reglamentos (UE) nº 345/2013 y ( UE) nº 346/2013, así como en virtud de la legislación nacional que regula los productos de pensiones individuales, en particular, pero no exclusivamente, los criterios de proporcionalidad aplicables pertinentes, como el tamaño, la organización interna y la naturaleza, el alcance y la complejidad de las actividades en cuestión. El presente Reglamento se propone mejorar la transparencia respecto del modo en que los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros integran los riesgos de sostenibilidad en sus decisiones de inversión y su asesoramiento sobre inversiones o seguros. Cuando de la evaluación de los riesgos de sostenibilidad se concluya que no existen riesgos de sostenibilidad que se consideren pertinentes para el producto financiero, deben explicarse los motivos para ello. Cuando de la evaluación de los riesgos de sostenibilidad se concluya que dichos riesgos son pertinentes, debe divulgarse, ya sea en términos cualitativos o cuantitativos, la medida en que dichos riesgos de sostenibilidad puedan afectar al rendimiento del producto financiero. Las evaluaciones de los riesgos de sostenibilidad y las correspondientes divulgaciones de información precontractual por parte de los participantes en los mercados financieros deben incorporarse a las divulgaciones de información precontractual que realicen. Antes de prestar su asesoramiento, los asesores financieros deben divulgar la información sobre de qué manera tienen en cuenta los riesgos de sostenibilidad en el proceso de selección del producto financiero que se presenta a los inversores finales, con independencia de las preferencias que estos tengan en materia de sostenibilidad. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones nacionales de transposición de las Directivas 2014/65/UE y (UE) 2016/97, en particular las obligaciones de los participantes en los mercados financieros y de los asesores financieros por lo que respecta a la gobernanza del producto, las evaluaciones de su adecuación e idoneidad, y las comprobaciones de las exigencias y necesidades.
(16) Las decisiones y el asesoramiento en materia de inversión pueden tener efectos negativos, materiales o posiblemente materiales, sobre factores de sostenibilidad, contribuir a ellos o estar directamente vinculados con ellos.
(17) A fin garantizar una aplicación coherente y congruente del presente Reglamento es preciso establecer una definición armonizada de «inversiones sostenibles» según la cual las empresas objeto de la inversión observan buenas prácticas de gobernanza y se respeta el principio de precaución consistente en «no causar un perjuicio significativo», es decir, que ni el objetivo ambiental ni el social resulten significativamente perjudicados.
(18) Cuando los participantes en el mercado, teniendo debidamente en cuenta el tamaño, naturaleza y la escala de sus actividades, así como los tipos de sus productos financieros que ellos proporcionan, analicen las principales incidencias adversas, materiales o posiblemente materiales, de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad, deben integrar en sus procesos, incluidos sus procesos de diligencia debida, los procedimientos adoptados para el análisis de las principales incidencias adversas junto con los riesgos financieros pertinentes y los riesgos de sostenibilidad pertinentes. La información relativa a dichos procedimientos puede describir la manera en que los participantes en los mercados financieros ejercen sus responsabilidades administrativas relativas a la sostenibilidad o demás compromisos para con sus accionistas. Los participantes en los mercados financieros deben incluir en sus sitios web información sobre dichos procedimientos y descripciones de las principales incidencias adversas. A ese respecto, el comité mixto de la Autoridad Bancaria Europea establecida en virtud del Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación establecida en virtud del Reglamento nº 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados establecida en virtud del Reglamento (UE) nº1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (17) (AEVM) (en lo sucesivo, «comité mixto») y los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros deben analizar las directrices en materia de diligencia debida para una conducta empresarial responsable elaboradas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y los Principios para la Inversión Responsable apoyados por las Naciones Unidas.
(19) El análisis de los factores de sostenibilidad durante los procesos de asesoramiento y toma de decisiones de inversión puede brindar beneficios que trascienden los mercados financieros, ya que puede incrementar la resiliencia de la economía real y la estabilidad del sistema financiero. Con ello, puede en último término incidir en la relación entre riesgo y rentabilidad de los productos financieros. Resulta, por tanto, fundamental que los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros proporcionen la información necesaria para que los inversores finales puedan adoptar decisiones de inversión fundamentadas.
(20) Los participantes en los mercados financieros que analicen las principales incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad deben divulgar en la información precontractual, para cada producto financiero, de forma concisa, en términos cualitativos o cuantitativos, cómo se analizan las principales incidencias adversas, así como una declaración de que el proceso de información en curso contiene información relativa a las principales incidencias adversas en los factores de sostenibilidad. Por principales incidencias adversas deben entenderse aquellas incidencias del asesoramiento y las decisiones de inversión que tengan efectos negativos sobre los factores de sostenibilidad.
(21) Hasta la fecha se han creado productos sostenibles con diversos grados de ambición. Por tanto, a efectos de la divulgación de información precontractual y de la divulgación de información mediante informes periódicos, es preciso distinguir entre los requisitos que afectan a los productos financieros que promueven características ambientales o sociales, y aquellos que afectan a los productos financieros que tienen como objetivo lograr un efecto positivo en el medio ambiente y la sociedad. Por consiguiente, en lo que atañe a los productos financieros con características ambientales o sociales, los participantes en los mercados financieros deben divulgar si, y de qué manera, el índice designado, el índice de sostenibilidad o el índice convencional son acordes con dichas características y, de no utilizarse un índice de referencia, información sobre el modo en que se cumplen las características de sostenibilidad de los productos financieros. En lo que atañe a los productos financieros que tienen como objetivo lograr un efecto positivo en el medio ambiente y la sociedad, los participantes en los mercados financieros deben divulgar cuál es el índice de sostenibilidad que utilizan para medir el rendimiento sostenible y, de no utilizarse un índice de referencia, explicar de qué modo se cumple el objetivo sostenible. Dicha divulgación de información debe llevarse a cabo por medio de sus informes anuales.
(22) El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las normas en materia de remuneración o de la evaluación del rendimiento del personal de los participantes en los mercados financieros y de los asesores financieros en virtud de las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, y los Reglamentos (UE) nº 345/2013 y ( UE) nº 346/2013, o de los actos de ejecución y la legislación nacional que regula los productos de pensiones individuales, en particular, pero no exclusivamente, los correspondientes criterios de proporcionalidad, como el tamaño, la organización interna y la naturaleza, el alcance y la complejidad de las actividades en cuestión. No obstante, conviene que aumente la transparencia, en términos cualitativos o cuantitativos, sobre las políticas de remuneración de los participantes en los mercados financieros y de los asesores financieros por lo que respecta a su asesoramiento en materia de inversiones o seguros, que fomenten así una gestión sólida y eficaz del riesgo en relación con los riesgos de sostenibilidad mientras que la estructura de remuneración no alienta la asunción de riesgos excesivos con respecto a los riesgos de sostenibilidad y está vinculada al rendimiento ajustado al riesgo.
(23) A fin de reforzar la transparencia e informar a los inversores finales, debe regularse la forma en que los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros integran los riesgos de sostenibilidad pertinentes, materiales o posiblemente materiales, en sus procesos de toma de decisiones de inversión, incluidos los aspectos de organización, gestión de riesgos y gobernanza de dichos procesos y que hacen lo propio en sus procesos de asesoramiento, respectivamente, obligando a dichas entidades a mantener información concisa sobre dichas políticas en su sitio web.
(24) Las actuales obligaciones de divulgación de información establecidas en el Derecho de la Unión no requieren que se divulgue toda la información necesaria para informar adecuadamente a los inversores finales sobre la incidencia de sus inversiones en materia de sostenibilidad a través de productos financieros con características ambientales o sociales o de productos financieros que tengan objetivos de sostenibilidad. Por lo tanto, conviene establecer obligaciones de divulgación de información más específicas y normalizadas por lo que se refiere a dichas inversiones. Por ejemplo, la incidencia global de los productos financieros en materia de sostenibilidad debe comunicarse periódicamente mediante indicadores pertinentes que midan el objetivo de inversión sostenible elegido. Cuando se haya designado un índice apropiado como índice de referencia, también deberá facilitarse dicha información en relación con el índice designado, así como con un índice general del mercado para que se pueda comparar. Cuando los gestores de FESE faciliten información sobre la incidencia social positiva que un determinado fondo tenga por objetivo, sobre el resultado social global obtenido y sobre los correspondientes métodos utilizados de conformidad con el Reglamento (UE) nº 346/2013, podrán utilizar, cuando proceda, dichos datos a efectos de la información que deba divulgarse con arreglo al presente Reglamento.
(25) La Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (18) impone obligaciones de transparencia en la comunicación de información no financiera en relación con los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno de la empresa. No obstante, el formato y la presentación requeridos por esas Directivas no siempre se prestan a ser usados directamente por los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros cuando tratan con inversores finales. Los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros deben tener la opción de utilizar la información que contienen los informes de gestión y los estados no financieros a efectos del presente Reglamento de conformidad con dicha Directiva, cuando proceda.
(26) A fin de garantizar la fiabilidad de la información publicada en los sitios web de los participantes en los mercados financieros y de los asesores financieros, dicha información debe estar actualizada, y debe explicarse claramente cualquier revisión que se efectúe o modificación que se introduzca.
(27) Aun cuando el presente Reglamento no incluye los regímenes nacionales de seguridad social regulados por los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y (CE) nº 987/2009, teniendo en cuenta que cada vez más Estados miembros abren partes de la gestión de los regímenes de jubilación obligatorios de sus sistemas de seguridad social a participantes en mercados financieros o a otras entidades de Derecho privado, y que dichos regímenes están expuestos a riesgos de sostenibilidad y podrían analizar las incidencias adversas en materia de sostenibilidad, promover características ambientales o sociales, o efectuar inversiones sostenibles, los Estados miembros deben tener la opción de aplicar el presente Reglamento con respecto a dichos regímenes con el fin de reducir las asimetrías de información en dicha relación comitente-agente.
(28) El presente Reglamento no debe impedir a un Estado miembro adoptar ni mantener en vigor disposiciones más estrictas en materia de publicación de políticas de adaptación al cambio climático ni de divulgación de información adicional a los inversores finales al respecto de los riesgos de sostenibilidad, siempre que los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros a quienes afecten dichas disposiciones tengan su sede principal en su territorio. Sin embargo, dichas disposiciones no deben obstaculizar la aplicación efectiva del presente Reglamento ni la consecución de sus objetivos.
(29) Con arreglo a la Directiva (UE) 2016/2341, los FPE están obligados a garantizar que se apliquen ya normas de gobernanza y gestión de riesgos a sus decisiones de inversión y las evaluaciones de riesgos a fin de garantizar la continuidad y regularidad. Las decisiones de inversión y la evaluación de los riesgos pertinentes, incluidos los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, deben realizarse de tal forma que se garantice la protección de los intereses de los partícipes y beneficiarios de los FPE. La AESPJ debe publicar directrices que especifiquen de qué forma las decisiones de inversión y de evaluación de riesgos que adoptan los FPE tienen en cuenta los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en el marco de dicha Directiva.
(30) La ABE, la AESPJ y la AEVM (en lo sucesivo denominadas colectivamente «AES»), a través del comité mixto, debe encargarse de la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen en mayor detalle el contenido, las metodologías y la presentación de información en relación con los indicadores de sostenibilidad en materia de clima y otras incidencias adversas relativas al medio ambiente, con asuntos sociales y laborales, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y contra el soborno, la presentación y el contenido de la información con respecto a la promoción de las características ambientales o sociales y los objetivos de inversión sostenible que deben figurar en los documentos precontractuales, los informes anuales y los sitios web de los participantes en los mercados financieros, de conformidad con los artículos 10 a 14 de los Reglamentos (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 y (UE) nº 1095/2010. La Comisión debe estar facultada para adoptar dichas normas técnicas de regulación mediante actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y de conformidad con los artículos 10 a 14 de los Reglamentos (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 y (UE) nº 1095/2010.
(31) Debe encargarse a las AES, a través del comité mixto, la elaboración de proyectos de normas técnicas de ejecución para establecer la presentación estándar de la promoción de las características ambientales o sociales e inversión sostenible en las comunicaciones publicitarias. La Comisión debe estar facultada para adoptar dichas normas técnicas de ejecución mediante actos delegados de conformidad con el artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de conformidad con el artículo 15 de los Reglamentos (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 y (UE) nº 1095/2010.
(32) Dado que en principio los informes anuales resumen los resultados empresariales de años naturales completos, la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento relativas a los requisitos de transparencia en dichos informes debe posponerse hasta el 1 de enero de 2022.
(33) Las normas en materia de divulgación de información contenidas en el presente Reglamento deben completar las disposiciones de las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, y (UE) 2016/2341, y de los Reglamentos (UE) nº 345/2013, ( UE) nº 346/2013, (UE) 2015/760 y (UE) nº 2019/1238.
(34) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(35) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, reforzar la protección de los inversores finales y mejorar la información que se les ofrece, también en los casos de compras transfronterizas para inversores finales, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de fijar requisitos uniformes, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
g) todo gestor de fondos de capital riesgo admisibles registrado de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) nº 345/2013;
h) todo gestor de fondos de emprendimiento social europeos admisibles registrado de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 346/2013;
a) todo producto de inversión basado en seguros, tal como se define en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (19) ;
a) todo producto de pensión contemplado en el artículo 2, apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) nº 1286/2014; o
b) todo producto de pensión individual contemplado en el artículo 2, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) nº 1286/2014;
f) toda sociedad de gestión de OICVM que preste asesoramiento en materia de inversión, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, letra b), inciso i), de la Directiva 2009/65/CE;
6. A más tardar el 30 de diciembre de 2020, las AES, a través de su comité mixto, elaborarán proyectos de normas técnicas de regulación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 a 14 de los Reglamentos (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 y (UE) nº 1095/2010, sobre el contenido, metodologías y presentación de la información a que se refieren los apartados 1 a 5 del presente artículo, respecto a los indicadores de sostenibilidad en relación con incidencias adversas sobre el clima y otras relacionadas con el medio ambiente.
Se delegan en la Comisión poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 de los Reglamentos (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 y (UE) nº 1095/2010.
El artículo 4, apartados 6 y 7, el artículo 8, apartado 3, el artículo 9, apartado 5, el artículo 10, apartado 2, el artículo 11, apartado 4, y el artículo 13, apartado 2, serán de aplicación a partir del 29 de diciembre de 2019 y el artículo 11, apartados 1 a 3, será de aplicación a partir del 1 de enero de 2022, conforme dispone el número 3 del artículo 20 del presente Reglamento.
7. A más tardar el 30 de diciembre de 2021, las AES a través de su comité mixto, elaborarán proyectos de normas técnicas de regulación con arreglo a los artículos 10 a 14 de los Reglamentos (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 y (UE) nº 1095/2010, sobre el contenido, metodologías y presentación de la información a que se refieren los apartados 1 a 5 del presente artículo, respecto a los indicadores de sostenibilidad en relación con las incidencias adversas en el ámbito de los asuntos sociales y laborales, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno,.
d) en el caso de los gestores de fondos de capital riesgo admisibles, en la información a que se hace referencia en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 345/2013;
e) en el caso de los gestores de fondos de emprendimiento social admisibles, en la información a que se hace referencia en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 346/2013;
No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, cuando no se disponga de un índice de referencia de transición climática de la UE o un índice de referencia de la UE alineado con el Acuerdo de París de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) , la información contemplada en el artículo 6 deberá incluir una explicación detallada de cómo se lleva a cabo el esfuerzo permanente de alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de carbono con vistas a cumplir los objetivos sobre el calentamiento global a largo plazo del Acuerdo de París.
Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 de los Reglamentos (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 y (UE) nº 1095/2010.
d) en el caso de los gestores de fondos de capital riesgo admisibles, en el informe anual a que se hace referencia en el artículo 12 del Reglamento (UE) nº 345/2013;
e) en el caso de los gestores de fondos de emprendimiento social admisibles, en el informe anual a que se hace referencia en el artículo 13 del Reglamento (UE) nº 346/2013;
Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 de los Reglamentos (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 y (UE) nº 1095/2010.
1. Sin perjuicio de disposiciones legales sectoriales más estrictas y, en particular, de las Directivas 2009/65/CE, 2014/65/UE, y (UE) 2016/97, y el Reglamento (UE) nº 1286/2014, los participantes en los mercados financieros y los asesores financieros velarán por que sus comunicaciones publicitarias no contradigan la información divulgada con arreglo al presente Reglamento.
Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 de los Reglamentos (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 y (UE) nº 1095/2010.
1. Los Estados miembros podrán decidir aplicar el presente Reglamento a los creadores de productos de pensiones que gestionen sistemas nacionales de seguridad social regulados por los Reglamentos (CE) nº 883/2004 y (CE) nº 987/2009. En tales casos, los creadores de productos de pensiones a que hace referencia el artículo 2, apartado 1, letra d) del presente Reglamento incluirán a los creadores de productos de pensiones que gestionen sistemas nacionales de seguridad social y los productos de pensión a que se hace referencia en el artículo 2, punto 8) del presente Reglamento. En tal caso la definición de producto de pensión del artículo 2, punto 8) del presente Reglamento se entenderá que incluye los productos de pensión a que se hace referencia en la primera frase.
DO C 62 de 15.2.2019, p. 97.
Posición del Parlamento Europeo de 18 de abril de 2019 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 8 de noviembre de 2019.
Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2015 sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos (DO L 123 de 19.5.2015, p. 98).
Reglamento (UE) 2019/1238, de 20 de junio de 2019, sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (DO L 198, 25.7.2019, p. 1)]
Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010 por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
Reglamento (UE) nº 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010 por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 48).
Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010 por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
Reglamento (UE) nº 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (DO L 352 de 9.12.2014, p. 1).
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) nº 596/2014(DO L 171 de 29.6.2016, p. 1).

References: Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 290
 artículo 291
 artículo 15
 artículo 5
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 4
 artículo 2
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 artículo 6
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 13
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 artículo 20
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 2
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 Decisión nº 
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