Source: https://www.dipublico.org/104427/declaracion-de-nueva-york-para-los-refugiados-y-los-migrantes/
Timestamp: 2020-08-15 20:40:12+00:00

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Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes | Derecho Internacional Público - www.dipublico.org
dipublico 20/09/2016 Refugiados, Tratados y Documentos Internacionales 703 Vistas
La humanidad ha estado en movimiento desde los tiempos más antiguos. Algunas personas se desplazan en busca de nuevas oportunidades económicas y nuevos horizontes. Otras lo hacen para escapar de los conflictos armados, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la persecución, el terrorismo o las violaciones y los abusos de los derechos humanos. Hay otras personas que se desplazan por los efectos adversos del cambio climático o de desastres naturales (algunos de los cuales pueden estar vinculados al cambio climático) u otros factores ambientales. Muchos se trasladan, de hecho, debido a varios de esos motivos.
Hemos examinado hoy la mejor manera en que la comunidad internacional debe responder al creciente fenómeno mundial de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes.
En la actualidad, estamos en presencia de una movilidad humana que ha alcanzado un nivel sin precedentes. Más personas que nunca viven un país distinto de aquel donde nacieron. En todos los países del mundo hay migrantes que, en su mayoría, se trasladan de un lugar a otro sin incidentes. El número de migrantes crece a un ritmo más rápido que el de la población mundial, y en 2015 ascendió a más de 244 millones. Sin embargo, hay aproximadamente 65 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre ellas más de 21 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos.
Al aprobar hace un año la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[1], reconocimos claramente la contribución positiva de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible. Nuestro mundo es un mundo mejor gracias a esa contribución. Los beneficios y las oportunidades que ofrece la migración segura, ordenada y regular son considerables y a menudo se subestiman. En cambio, el desplazamiento forzoso y la migración irregular de personas en grandes movimientos suelen plantear problemas complejos.
Reafirmamos los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Reafirmamos también la Declaración Universal de Derechos Humanos[2] y recordamos los principales tratados internacionales de derechos humanos. Reafirmamos, y protegeremos plenamente, los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, independientemente de su condición; todos son titulares de derechos. En nuestra respuesta respetaremos plenamente el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos y, cuando proceda, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario.
Aunque el trato que se les dispensa se rige por marcos jurídicos separados, los refugiados y los migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales. Afrontan también muchos problemas comunes y tienen vulnerabilidades similares, incluso en el contexto de los grandes desplazamientos. Cabe entender que el término “grandes desplazamientos” refleja una serie de consideraciones, entre ellas las siguientes: el número de personas que llegan; el contexto económico, social y geográfico; la capacidad de respuesta del Estado receptor; y las repercusiones de un desplazamiento de carácter repentino o prolongado. El término no abarca, por ejemplo, las corrientes habituales de migrantes de un país a otro. En los “grandes desplazamientos” pueden darse corrientes mezcladas, integradas por refugiados o migrantes que se trasladan por motivos diferentes, pero que pueden seguir rutas similares.
Los grandes movimientos de refugiados y migrantes tienen ramificaciones políticas, económicas, sociales y humanitarias y para el desarrollo y los derechos humanos que traspasan todas las fronteras. Se trata de fenómenos mundiales que exigen enfoques y soluciones mundiales. Ningún Estado puede por sí solo gestionar esos desplazamientos. Los países vecinos o los de tránsito, en su mayoría países en desarrollo, son afectados de manera desproporcionada y, en muchos casos, su capacidad se ha visto seriamente desbordada, lo que afecta la cohesión social y económica y el desarrollo propios. Además, las crisis de refugiados prolongadas se han vuelto habituales y tienen repercusiones a largo plazo para los propios afectados y para los países y las comunidades que los acogen. Se necesita una mayor cooperación internacional para ayudar a los países y las comunidades de acogida.
Expresamos nuestra profunda solidaridad y apoyo a los millones de personas que, en diferentes partes del mundo, por motivos que escapan a su control, se ven obligados a desarraigarse y, junto con sus familias, a abandonar sus hogares.
Los refugiados y los migrantes involucrados en grandes movimientos de personas a menudo enfrentan un calvario desesperado. Muchos corren grandes riesgos al emprender viajes peligrosos a los que tal vez no sobrevivirán. Algunos se ven obligados a emplear los servicios de grupos delictivos, incluidos los traficantes de personas, y otros pueden caer en manos de esos grupos o convertirse en víctimas de la trata. Incluso después de llegar a su destino, les espera un recibimiento y un futuro inciertos.
Estamos decididos a salvar vidas. El desafío que enfrentamos es, ante todo, moral y humanitario. Estamos decididos también a encontrar soluciones de largo plazo y sostenibles. Lucharemos con todos los medios a nuestro alcance contra los abusos y la explotación que sufre el incontable número de refugiados y migrantes que se encuentran en situación vulnerable.
Reconocemos que compartimos la responsabilidad de gestionar los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes de manera humana, respetuosa, compasiva y centrada en las personas. Acometeremos esa tarea mediante la cooperación internacional, reconociendo al mismo tiempo que hay capacidades y recursos diversos para responder a esos movimientos. La cooperación internacional y, en particular, la cooperación entre los países de origen o nacionalidad, de tránsito y de destino, es ahora más importante que nunca; en este ámbito, una cooperación en la que todos salen ganando reporta beneficios considerables para la humanidad. Los grandes desplazamientos de refugiados y los migrantes requieren un apoyo amplio en materia de políticas, asistencia y protección, en consonancia con las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional. Recordamos también nuestra obligación de respetar plenamente sus derechos humanos y libertades fundamentales y destacamos que necesitan vivir su vida en condiciones de seguridad y dignidad. Nos comprometemos a apoyar a las personas afectadas actualmente, así como a quienes formarán parte de grandes desplazamientos en el futuro.
Estamos decididos a abordar las causas profundas de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, e incluso a intensificar las gestiones para prevenir las situaciones de crisis en las etapas iniciales, sobre la base de la diplomacia preventiva. También haremos frente a esas causas mediante la prevención y la solución pacífica de los conflictos, una mayor coordinación de las actividades de asistencia humanitaria, desarrollo y consolidación de la paz, la promoción del estado de derecho en los planos nacional e internacional y la protección de los derechos humanos. De manera análoga, nos ocuparemos de los desplazamientos causados por la pobreza, la inestabilidad, la marginación y la exclusión y la falta de oportunidades económicas y de desarrollo, prestando especial atención a las poblaciones más vulnerables. Trabajaremos con los países de origen para reforzar su capacidad.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Recordamos nuestras obligaciones, contraídas en virtud del derecho internacional, que prohíben todo tipo de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Sin embargo, en muchas partes del mundo observamos, con gran preocupación, respuestas cada vez más xenófobas y racistas ante los refugiados y los migrantes.
Condenamos enérgicamente los actos y las manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia contra los refugiados y los migrantes, así como los estereotipos que se les suelen aplicar, especialmente los basados en la religión o las creencias. La diversidad enriquece a todas las sociedades y contribuye a la cohesión social. La demonización de los refugiados o migrantes atenta gravemente contra los valores de dignidad e igualdad de todos los seres humanos que hemos prometido defender. Reunidos hoy en las Naciones Unidas, el lugar donde nacieron y se custodian esos valores universales, lamentamos todas las manifestaciones de xenofobia, discriminación racial e intolerancia. Adoptaremos una serie de medidas para contrarrestar esas actitudes y comportamientos, en particular con respecto a los delitos motivados por los prejuicios, el discurso de odio y la violencia racial. Acogemos con beneplácito la campaña mundial de lucha contra la xenofobia propuesta por el Secretario General y la llevaremos adelante en cooperación con las Naciones Unidas y todos los interesados pertinentes, de conformidad con el derecho internacional. La campaña pondrá de relieve, entre otras cosas, el contacto directo y personal entre las comunidades de acogida y los refugiados y migrantes y resaltará las contribuciones positivas de estos últimos, así como nuestra humanidad común.
Invitamos al sector privado y a la sociedad civil, incluidas las organizaciones de refugiados y migrantes, a que participen en alianzas de múltiples interesados para apoyar los esfuerzos por cumplir los compromisos que asumimos hoy día.
En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, prometimos que nadie se quedaría atrás. Declaramos que deseábamos ver cumplidos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y sus metas para todas las naciones y los pueblos y para todos los sectores de la sociedad. Afirmamos también que nos esforzaríamos por llegar primero a los más rezagados. Reafirmamos hoy los compromisos relacionados con las necesidades específicas de los migrantes o refugiados. En la Agenda 2030 se plantea claramente, entre otras cosas, que facilitaremos la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Las necesidades de los refugiados, los desplazados internos y los migrantes se reconocen expresamente.
La implementación de todas las disposiciones pertinentes de la Agenda 2030 permitirá reforzar la contribución positiva que hacen los migrantes al desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, se podrán encarar muchas de las causas fundamentales de los desplazamientos forzosos, lo que ayudará a crear condiciones más favorables en los países de origen. Al reunirnos hoy, un año después de la aprobación de la Agenda 2030, afirmamos que estamos decididos a aprovechar todo el pleno de la Agenda en favor de los refugiados y los migrantes.
Recordamos el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030[3] y sus recomendaciones sobre las medidas para mitigar los riesgos asociados a los desastres. Los Estados que han firmado y ratificado el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático[4] acogen con beneplácito ese acuerdo y están comprometidos con su aplicación. Reafirmamos la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo[5], incluidas las disposiciones que se aplican a los refugiados y los migrantes.
Tomamos nota del informe del Secretario General, titulado “En condiciones de seguridad y dignidad: respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes”[6], preparado en cumplimiento de la decisión 70/539 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 2015, como parte de los preparativos de esta reunión de alto nivel. Si bien reconocemos que las conferencias siguientes concluyeron sin resultados acordados a nivel intergubernamental o tuvieron alcance regional, tomamos nota de la Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada en Estambul (Turquía) los días 23 y 24 de mayo de 2016, la reunión de alto nivel sobre las cuestiones de la responsabilidad compartida de todos los países y las vías de admisión de refugiados sirios, convocada por el Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y celebrada el 30 de marzo de 2016, la Conferencia de Apoyo a Siria y la Región, celebrada en Londres el 4 de febrero de 2016, y la conferencia sobre promesas de contribuciones para los refugiados somalíes, celebrada en Bruselas el 21 de octubre de 2015. Si bien reconocemos que las iniciativas siguientes tienen carácter regional y se aplican únicamente a los países que participan en ellas, tomamos nota de iniciativas regionales como el Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los Delitos Transnacionales Conexos, la Iniciativa de la Unión Europea y el Cuerno de África sobre Rutas Migratorias y la Iniciativa de la Unión Africana y el Cuerno de África sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (el proceso de Jartum), el Proceso de Rabat, el Plan de Acción de La Valetta y la Declaración y Plan de Acción del Brasil.
Reconocemos el gran número de personas desplazadas dentro de las fronteras nacionales y la posibilidad de que esas personas soliciten protección y asistencia en otros países como refugiados o migrantes. Observamos que es necesario reflexionar sobre estrategias eficaces para garantizar de manera apropiada la prestación de asistencia a los desplazados internos y su protección y para prevenir y reducir esos desplazamientos.
Hemos aprobado hoy una serie de compromisos que se aplican tanto a los refugiados como a los migrantes, así como conjuntos separados de compromisos con respecto a los refugiados y los migrantes. Al asumirlos, tenemos en cuenta las distintas realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales y respetamos las políticas y prioridades de cada país. Reafirmamos nuestra adhesión al derecho internacional y ponemos de relieve que la presente declaración y sus anexos habrán de aplicarse de manera compatible con los derechos y las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional. Aunque algunos compromisos se aplican principalmente a un grupo, también pueden ser aplicables al otro grupo. Además, si bien todos los compromisos están enmarcados en el contexto de los grandes desplazamientos que examinamos hoy, muchos pueden aplicarse también a la migración regular. En el anexo I de la presente declaración figura un marco de respuesta integral para los refugiados y se esbozan los pasos necesarios para concertar en 2018 un pacto mundial sobre la cuestión de los refugiados, mientras que en el anexo II se establecen medidas para concertar en 2018 un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular.
Subrayando la importancia de adoptar un enfoque integral de las cuestiones pertinentes, garantizaremos que se dé a todas las personas que llegan a nuestros países, en particular las que formen parte de grandes movimientos, ya sean refugiados o migrantes, una acogida rápida, respetuosa, humana y digna, que se centre en las personas y tenga en cuenta las cuestiones de género. Garantizaremos también el pleno respeto y la protección de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Reconocemos, y las atenderemos de conformidad con las obligaciones que nos incumben en virtud del derecho internacional, las necesidades especiales de todas las personas que se encuentran en situación vulnerable y que viajan durante los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, como las mujeres en situación de riesgo, los niños, especialmente los menores no acompañados o separados de sus familias, los miembros de minorías étnicas y religiosas, las víctimas de la violencia, las personas de edad, las personas con discapacidad, las personas que son objeto de discriminación, por el motivo que sea, los pueblos indígenas, las víctimas de la trata de personas, y las víctimas de la explotación y los abusos cometidos en el contexto del tráfico ilícito de migrantes.
Reconociendo que los Estados tienen derechos y responsabilidades en la gestión y el control de sus fronteras, aplicaremos procedimientos de control de fronteras que sean conformes con las obligaciones aplicables en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Promoveremos la cooperación internacional en materia de gestión y control de las fronteras como un elemento importante de la seguridad de los Estados, incluidas las cuestiones relativas a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y el comercio ilícito. Velaremos por que los funcionarios públicos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que trabajan en las zonas fronterizas estén capacitados para respetar los derechos humanos de todas las personas que cruzan o tratan de cruzar las fronteras internacionales. Fortaleceremos la cooperación internacional en la gestión de las fronteras, incluso en lo que respecta a la capacitación y el intercambio de las mejores prácticas. Intensificaremos el apoyo en ese ámbito y contribuiremos al desarrollo de la capacidad, según proceda. Reafirmamos que, de conformidad con el principio de no devolución, las personas no deben ser devueltas a las fronteras. Reconocemos también que los Estados, al tiempo que respetan esas obligaciones y principios, tienen derecho a tomar medidas para impedir el cruce irregular de sus fronteras.
Procuraremos reunir información precisa sobre los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes. Asimismo, adoptaremos medidas para identificar correctamente sus nacionalidades y determinar las razones de su desplazamiento. Tomaremos medidas para identificar a las personas que buscan protección internacional en calidad de refugiados.
Seguiremos protegiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en tránsito y después de su llegada. Destacamos la importancia de atender, a su llegada, las necesidades inmediatas de las personas que se hayan visto expuestas a malos tratos físicos o psicológicos mientras se encontraban en tránsito, sin discriminación y con independencia de su condición jurídica o situación migratoria o de los medios de transporte que hayan empleado. Con ese fin, consideraremos la posibilidad de prestar debido apoyo al desarrollo de la capacidad de los países que reciben refugiados y migrantes en gran número y que lo soliciten.
Estamos decididos a hacer frente a los movimientos inseguros de refugiados y migrantes, en particular los movimientos de refugiados y migrantes de carácter irregular. Lo haremos sin perjuicio del derecho a solicitar asilo. Lucharemos contra la explotación, el abuso y la discriminación que sufren muchos refugiados y migrantes.
Expresamos nuestra profunda preocupación por el gran número de personas que han perdido la vida en tránsito. Encomiamos los esfuerzos que se han hecho para rescatar a las personas en situación de peligro en el mar. Nos comprometemos a intensificar la cooperación internacional dirigida a fortalecer los mecanismos de búsqueda y salvamento. Trabajaremos también por mejorar la disponibilidad de datos exactos sobre el paradero de las personas y las embarcaciones abandonadas a su suerte en el mar. Además, reforzaremos nuestro apoyo a las labores de rescate en tierra a lo largo de rutas peligrosas o aisladas, y en primer lugar destacaremos los riesgos que entraña el uso de esas rutas.
Reconocemos que las mujeres y los niños son especialmente vulnerables durante el viaje del país de origen al país de llegada y adoptaremos medidas para encarar esas vulnerabilidades. Las mujeres y los niños pueden verse expuestos a la discriminación y la explotación, así como al abuso sexual y los malos tratos físicos y psicológicos, la violencia, la trata de personas y las formas contemporáneas de esclavitud.
Alentamos a los Estados a que se ocupen de atender la vulnerabilidad al VIH y las necesidades de salud específicas de las poblaciones migrantes y móviles y de los refugiados y las poblaciones afectadas por crisis y adopten medidas para reducir el estigma, la discriminación y la violencia, y los alentamos también a que examinen las políticas sobre restricciones a la entrada de personas seropositivas, con miras a eliminar esas restricciones y la devolución de personas por su condición de seropositivas, y a que faciliten su acceso a servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo en relación con el VIH;
Nos aseguraremos de que en nuestras respuestas a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes se incorpore la perspectiva de género, se promuevan la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas y se respeten y protejan plenamente los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Lucharemos en la mayor medida posible contra la violencia sexual y la violencia por razón de género. Facilitaremos el acceso a servicios de atención de la salud sexual y reproductiva. Combatiremos las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación contra las mujeres y niñas refugiadas y migrantes. Al mismo tiempo, reconociendo la importante contribución y el liderazgo de las mujeres en las comunidades de refugiados y migrantes, trabajaremos para garantizar que participen de manera plena, fructífera y en pie de igualdad en la formulación de soluciones y oportunidades locales. Tomaremos en consideración las diferentes necesidades, vulnerabilidades y capacidades de las mujeres, las niñas, los niños y los hombres.
Protegeremos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los niños refugiados y migrantes, independientemente de su condición, teniendo en cuenta en todo momento el interés superior del niño como consideración principal. Esto se aplicará en particular a los niños no acompañados y los que estén separados de sus familias; remitiremos su atención a las autoridades nacionales de protección de la infancia y otras autoridades competentes. Cumpliremos las obligaciones que nos incumben en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño[7]. Procuraremos proporcionar servicios básicos de salud, educación y desarrollo psicosocial y servicios de inscripción de todos los nacimientos en nuestros territorios. Estamos decididos a asegurar que todos los niños estén estudiando en un plazo de unos meses después de su llegada, y daremos prioridad a las asignaciones presupuestarias que contribuyan a ese propósito, incluso mediante el apoyo a los países de acogida, según sea necesario. Nos esforzaremos por brindar a los niños refugiados y migrantes un entorno propicio para la plena realización de sus derechos y capacidades.
Reafirmando que todas las personas que cruzan o tratan de cruzar las fronteras internacionales tienen derecho a las debidas garantías procesales a la hora de evaluar su condición jurídica y de determinar si se les permite la entrada y si están autorizados a permanecer en el país, estudiaremos la posibilidad de revisar las políticas que penalizan los movimientos transfronterizos. Trataremos también de emplear medidas sustitutivas de la detención entretanto se realicen esas evaluaciones. Además, reconociendo que, a los efectos de determinar la situación migratoria, la detención raras veces o nunca redunda en el interés superior del niño, la utilizaremos únicamente como medida de último recurso, en el entorno menos restrictivo, durante el período más breve posible, en condiciones que respeten los derechos humanos de cada niño y de manera que se tenga en cuenta como consideración primordial el interés superior del niño, y trabajaremos para poner fin a esa práctica.
Reafirmando la importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos pertinentes[8], alentamos la ratificación de los instrumentos internacionales sobre la prevención y lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la adhesión a ellos y su aplicación.
Reconocemos que los refugiados y los migrantes que forman parte de grandes movimientos corren un mayor riesgo de ser víctimas de la trata y de ser sometidos a trabajo forzoso. Combatiremos enérgicamente la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes con miras a su eliminación, incluso medidas selectivas encaminadas a identificar a las víctimas de la trata o las personas que corran el riesgo de serlo, garantizando el pleno respeto de las obligaciones que nos impone el derecho internacional. Prestaremos apoyo a las víctimas de la trata de personas. Trabajaremos para prevenir la trata de personas entre los desplazados.
Con miras a desarticular y eliminar las redes delictivas involucradas en esos actos, examinaremos nuestra legislación nacional para garantizar que sea conforme con las obligaciones que nos impone el derecho internacional en lo tocante al tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y la seguridad marítima. Pondremos en práctica el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas[9]. Estableceremos o mejoraremos, según proceda, las políticas nacionales y regionales de lucha contra la trata de personas. Tomamos nota de iniciativas regionales como la Iniciativa de la Unión Africana y el Cuerno de África sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, el Plan de Acción contra la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, la Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos 2012-2016, y los planes de trabajo para combatir la trata de personas en el hemisferio occidental. Acogemos con satisfacción el fortalecimiento de la cooperación técnica en los planos regional y bilateral entre los países de origen, tránsito y destino para prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y procesar a los tratantes y contrabandistas.
Somos partidarios de que se adopte un enfoque que aborde los factores determinantes y las causas profundas de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, incluidos los desplazamientos forzosos y las crisis prolongadas, para, entre otras cosas, reducir la vulnerabilidad, combatir la pobreza, mejorar la autosuficiencia y la resiliencia, reforzar el nexo entre las cuestiones humanitarias y el desarrollo y mejorar la coordinación con las actividades de consolidación de la paz. Todo ello implicará coordinar las respuestas priorizadas a partir de una evaluación conjunta e imparcial de las necesidades y facilitar la cooperación entre los mandatos institucionales.
Adoptaremos medidas para proporcionar, sobre la base de la cooperación bilateral, regional e internacional, financiación para la asistencia humanitaria que sea suficiente, flexible, previsible y sistemática, para que los países y las comunidades de acogida puedan responder a las necesidades humanitarias inmediatas y a sus necesidades de desarrollo a más largo plazo. Es preciso subsanar los déficits de financiación para las actividades humanitarias, considerando la posibilidad de recurrir, según corresponda, a recursos adicionales. En ese sentido, esperamos que se establezca una cooperación estrecha entre los Estados Miembros, las entidades de las Naciones Unidas y otros agentes y entre las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, cuando proceda. Aspiramos a contar con sistemas de financiación innovadores, instrumentos de financiación del riesgo para las comunidades afectadas y otras ganancias en eficiencia, como reducir los gastos de gestión, mejorar la transparencia, emplear cada vez más al personal de respuesta nacional, ampliar el uso de la asistencia en efectivo, reducir la duplicación, aumentar la colaboración con los beneficiarios, disminuir la asignación de fondos para fines específicos y armonizar la presentación de informes, a fin de garantizar un uso más eficaz de los recursos existentes.
Nos comprometemos a combatir la xenofobia, el racismo y la discriminación contra los refugiados y migrantes en nuestras sociedades. Tomaremos medidas para mejorar su integración e inclusión, según proceda, teniendo en cuenta en particular el acceso a la educación, la atención de la salud, la justicia y la enseñanza de idiomas. Reconocemos que estas medidas reducirán el riesgo de marginación y radicalización. La formulación de políticas nacionales relativas a la integración y la inclusión se realizará, según corresponda, junto con las organizaciones pertinentes de la sociedad civil, incluidas las organizaciones confesionales, el sector privado, las organizaciones de empleadores y trabajadores y otros interesados. Hacemos notar también que los refugiados y los migrantes tienen la obligación de respetar las leyes y los reglamentos de los países que los acogen.
Reconocemos la importancia de mejorar la reunión de datos, en particular por parte de las autoridades nacionales, y mejoraremos la cooperación internacional con ese fin, entre otras cosas mediante el desarrollo de la capacidad, el apoyo financiero y la asistencia técnica. Esos datos deben ser desglosados por sexo y edad y deben incluir información sobre las corrientes regulares e irregulares, los efectos económicos de la migración y los movimientos de refugiados, la trata de personas, las necesidades de los refugiados, los migrantes y las comunidades de acogida y otras cuestiones. Realizaremos esa labor de conformidad con nuestras leyes nacionales de protección de datos, si fuera pertinente, y nuestras obligaciones internacionales relativas a la privacidad, según proceda.
Asumimos el compromiso de proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, sea cual fuere su estatus migratorio, en todo momento. Cooperaremos estrechamente para facilitar y garantizar la migración segura, ordenada y regular, incluidos el retorno y la readmisión, teniendo en cuenta la legislación nacional.
Nos comprometemos a salvaguardar los derechos de las comunidades de migrantes de nuestros países en el extranjero, a proteger sus intereses y a prestarles ayuda, en particular mediante la protección, la asistencia y la cooperación consulares, conforme a las normas pertinentes del derecho internacional. Reafirmamos que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Recordamos, al mismo tiempo, que cada Estado tiene el derecho soberano de decidir a quién admite en su territorio, con sujeción a las obligaciones internacionales que le correspondan. Recordamos también que los Estados deben readmitir a los nacionales que regresan al país y velar por que sean recibidos adecuadamente y sin dilaciones indebidas una vez que se haya confirmado su nacionalidad de acuerdo con la legislación nacional. Tomaremos medidas para informar a los migrantes de los diversos procesos relacionados con su llegada y estancia en los países de tránsito, destino y retorno.
Nos comprometemos a atacar los factores que provocan o exacerban los grandes desplazamientos. Analizaremos los factores que provocan o agravan los grandes desplazamientos y responderemos a ellos, incluso en los países de origen. Cooperaremos para crear condiciones que permitan a las comunidades y las personas vivir en paz y prosperidad en su patria. La migración debe ser una opción, no una necesidad. Tomaremos medidas que tengan por fin, entre otros, implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre cuyos objetivos se cuentan los de erradicar la pobreza extrema y la desigualdad, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, promover sociedades pacíficas e inclusivas fundadas en el estado de derecho y el derecho internacional de los derechos humanos, crear las condiciones necesarias para el crecimiento económico equilibrado, sostenible e inclusivo y el empleo, combatir la degradación del medio ambiente y asegurar la eficacia de las respuestas a los desastres naturales y los efectos adversos del cambio climático.
Reconociendo que la falta de oportunidades educativas suele ser un factor de expulsión, especialmente para los jóvenes, nos comprometemos a reforzar la capacidad de los países de origen, en particular la de las instituciones educativas. Nos comprometemos también a aumentar las oportunidades de empleo, en particular para los jóvenes, en los países de origen. Reconocemos también los efectos que tiene la migración en el capital humano de los países de origen.
Estudiaremos la posibilidad de revisar nuestras políticas de migración con miras a estudiar sus posibles consecuencias negativas imprevistas.
Reconocemos también que la migración internacional es una realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino que exige respuestas coherentes e integrales. Los migrantes pueden hacer contribuciones positivas y profundas al desarrollo económico y social de las sociedades de acogida y a la creación de riqueza mundial. Pueden ayudar a responder a las tendencias demográficas, la escasez de mano de obra y otras dificultades que afrontan las sociedades de acogida, y aportar nuevas aptitudes y dinamismo a la economía de esas sociedades. Reconocemos los beneficios que genera la migración para el desarrollo de los países de origen, entre otras cosas gracias a que las diásporas participan en el desarrollo económico y la reconstrucción. Nos comprometeremos a reducir los costos de la migración laboral y a promover políticas y prácticas de contratación ética entre los países de origen y de destino. Promoveremos transferencias más rápidas, económicas y seguras de las remesas de los migrantes tanto en los países de origen como en los receptores, incluso reduciendo los costos de transacción, así como una interacción más sencilla entre las diásporas y sus respectivos países de origen. Quisiéramos que esas contribuciones tuvieran mayor reconocimiento y, de hecho, se incrementaran en el contexto de la implementación de la Agenda 2030.
Velaremos por que todos los aspectos de la migración estén integrados en los planes mundiales, regionales y nacionales de desarrollo sostenible y en las políticas y los programas humanitarios, de consolidación de la paz y de derechos humanos.
Instamos a los Estados que no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares[10] o de adherirse a ella. Instamos también a los Estados que no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de adherirse a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo al respecto, según proceda. Observamos, asimismo, que los migrantes gozan de derechos y protección en virtud de diversas disposiciones del derecho internacional.
Nos comprometemos a fortalecer la gobernanza mundial de la migración. Por consiguiente, acogemos y respaldamos complacidos el acuerdo orientado a estrechar la relación jurídica y de trabajo entre las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones en su calidad de organización conexa[11], que sus Estados Miembros consideran el organismo principal a escala mundial en el ámbito de la migración. Esperamos con interés la aplicación de este acuerdo, que prestará asistencia y protección a los migrantes de manera más integral, ayudará a los Estados a resolver las cuestiones relacionadas con la migración y promoverá una mayor coherencia entre el ámbito de la migración y otros ámbitos de políticas conexos.
Ayudaremos, con imparcialidad y según las necesidades, a los migrantes de países que atraviesan conflictos o desastres naturales, coordinando la labor, según proceda, con las autoridades nacionales competentes. Si bien reconocemos que no todos los Estados están participando en ellas, hacemos notar, en este sentido, la iniciativa Migrantes en Países en Crisis y la Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a través de Fronteras en el Contexto de Desastres y Cambio Climático, aprobada en el marco de la Iniciativa Nansen.
Tomamos nota de la labor realizada por el Grupo Mundial sobre Migración con el fin de elaborar principios y orientaciones prácticas sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad.
Estudiaremos la posibilidad de elaborar principios rectores no vinculantes y directrices voluntarias, coherentes con el derecho internacional, sobre el trato de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad, especialmente los niños no acompañados y separados que no reúnen las condiciones para recibir protección internacional como refugiados y que tal vez necesiten asistencia. Esos principios rectores y directrices se elaborarán mediante un proceso dirigido por los Estados, con la participación de todos los interesados pertinentes y con la contribución del Representante Especial del Secretario General sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras entidades competentes de las Naciones Unidas, y complementarán las actividades nacionales para proteger y ayudar a los migrantes.
Acogemos con beneplácito la voluntad de algunos Estados de ofrecer protección temporal frente al retorno a los migrantes que no reúnen los requisitos para ser considerados refugiados y que no pueden regresar a su hogar debido a las condiciones imperantes en sus respectivos países.
Aprovecharemos los mecanismos existentes de cooperación y asociación bilateral, regional y mundial, de conformidad con el derecho internacional, para facilitar la migración en consonancia con la Agenda 2030. Intensificaremos la cooperación a tal fin entre los países de origen, tránsito y destino, por ejemplo mediante procesos consultivos regionales, las organizaciones internacionales, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las organizaciones económicas regionales y las autoridades gubernamentales locales, así como con los empleadores del sector privado, los sindicatos, la sociedad civil y los grupos de migrantes y de diásporas. Reconocemos las necesidades especiales de las autoridades locales, que son las primeras en recibir a los migrantes.
Reconocemos los progresos realizados en el sistema de las Naciones Unidas respecto de las cuestiones relacionadas con la migración internacional y el desarrollo, en particular el Primer y Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo. Respaldaremos un diálogo renovado a nivel mundial y regional y una colaboración más profunda sobre la migración, en especial a través del intercambio de mejores prácticas y el aprendizaje mutuo y el desarrollo de iniciativas nacionales o regionales. En este sentido, señalamos la valiosa contribución del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y reconocemos la importancia de los diálogos entre múltiples interesados sobre la migración y el desarrollo.
Afirmamos que los niños no deben ser penalizados ni sometidos a medidas punitivas por su estatus migratorio ni por el de sus padres.
Estudiaremos la posibilidad de facilitar oportunidades para la migración segura, ordenada y regular, por ejemplo, según proceda, la creación de empleo, la movilidad laboral en todos los niveles de cualificación, la migración circular, la reunificación familiar y las oportunidades relacionadas con la educación. Prestaremos especial atención a la aplicación de normas laborales mínimas para los trabajadores migrantes sea cual fuere su estatus, así como a los gastos de contratación y otros gastos relacionados con la migración, las corrientes de remesas, la transferencia de aptitudes y conocimientos y la creación de oportunidades de empleo para los jóvenes.
Alentamos firmemente la cooperación entre los países de origen o nacionalidad, los países de tránsito, los países de destino y otros países interesados para que los migrantes que no tengan permiso para permanecer en el país de destino puedan regresar, de conformidad con las obligaciones internacionales de todos los Estados, a su país de origen o nacionalidad en orden y en condiciones de seguridad y dignidad, preferiblemente a voluntad, teniendo en cuenta la legislación nacional conforme al derecho internacional. Observamos que la cooperación para el retorno y la readmisión constituye un elemento importante de la cooperación internacional en materia de migración. Esa cooperación abarcaría la identificación correcta y el suministro de los documentos de viaje que correspondan. Todos los tipos de retorno, voluntarios o de otra índole, deben ajustarse a las obligaciones que nos competen en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y observar el principio de no devolución. También deberían respetar las normas del derecho internacional y, además, deben llevarse a cabo en consonancia con el interés superior del niño y con el procedimiento previsto en la ley. Si bien reconocemos que se aplican solo a los Estados que los han concertado, reconocemos también que los acuerdos de readmisión vigentes deberían implementarse del todo. Apoyamos una mejor recepción y asistencia para la reintegración de aquellos que regresen. Se debe prestar especial atención a las necesidades de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad que regresan, como los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y las víctimas de la trata.
Reafirmamos nuestro compromiso de proteger los derechos humanos de los niños migrantes, dada su vulnerabilidad, particularmente los niños migrantes no acompañados, y de brindar acceso a los servicios básicos psicosociales y de salud y educación, asegurándonos de que el interés superior del niño sea una consideración fundamental en todas las políticas pertinentes.
Reconocemos la necesidad de abordar la situación especial y la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas migrantes mediante, entre otras cosas, la incorporación de una perspectiva de género en las políticas de migración y el fortalecimiento de las leyes, las instituciones y los programas nacionales para combatir la violencia por razón de género, incluida la trata de personas y la discriminación contra las mujeres y las niñas.
Si bien reconocemos la contribución de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, en la promoción del bienestar de los migrantes y su integración en las sociedades, especialmente cuando se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, y el apoyo de la comunidad internacional a los esfuerzos de esas organizaciones, alentamos una mayor interacción entre los Gobiernos y la sociedad civil para dar respuesta a los retos y las oportunidades que plantea la migración internacional.
Observamos que el Representante Especial del Secretario General sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, el Sr. Peter Sutherland, presentará, antes de que termine 2016, un informe en el que se propondrán maneras de reforzar la cooperación internacional y la actuación de las Naciones Unidas en el ámbito de la migración.
Nos comprometemos a iniciar en 2016 un proceso de negociaciones intergubernamentales que culminará con la aprobación de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular en una conferencia intergubernamental que ha de celebrarse en 2018. Invitamos al Presidente de la Asamblea General a que haga los arreglos necesarios para determinar las modalidades, el cronograma y otros aspectos prácticos relacionados con el proceso de negociación. En el anexo II de la presente declaración figuran más detalles sobre el proceso.
Reconociendo que los conflictos armados, la persecución y la violencia, incluido el terrorismo, se encuentran entre los factores que dan lugar a grandes desplazamientos de refugiados, trabajaremos para atacar las causas fundamentales de esas situaciones de crisis y para prevenir o resolver los conflictos por medios pacíficos. Haremos todo lo posible para solucionar pacíficamente las controversias, prevenir los conflictos y lograr las soluciones políticas que hacen falta a largo plazo. La diplomacia preventiva y la pronta respuesta a los conflictos por parte de los Estados y las Naciones Unidas son esenciales. También es esencial la promoción de los derechos humanos. Además, promoveremos la buena gobernanza, el estado de derecho, instituciones eficaces, responsables e inclusivas, y el desarrollo sostenible a nivel internacional, regional, nacional y local. Reconociendo que los desplazamientos podrían reducirse si todas las partes en los conflictos armados respetaran el derecho internacional humanitario, renovamos nuestro compromiso de defender los principios humanitarios y el derecho internacional humanitario. Confirmamos también nuestro respeto por las normas que protegen a los civiles en los conflictos.
Reafirmamos que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados[12], de 1951, y su Protocolo[13], de 1967, son la base del régimen internacional de protección de los refugiados. Reconocemos la importancia de que los Estados partes los apliquen plena y eficazmente y de los valores que encarnan. Observamos con satisfacción que 148 Estados son ahora partes en uno de esos instrumentos o en ambos. Alentamos a los Estados que no son partes a que consideren la posibilidad de adherirse a esos instrumentos y a los Estados que son partes con reservas a que consideren la posibilidad de retirarlas. Reconocemos también que varios Estados que no son partes en los instrumentos internacionales relativos a los refugiados han dado pruebas de generosidad acogiendo a estos.
Reafirmamos que el derecho internacional de los refugiados, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario constituyen el marco jurídico para reforzar la protección de los refugiados. En este contexto, garantizaremos la protección de todos los que la necesiten. Tomamos nota de los instrumentos regionales sobre los refugiados, como la Convención de la Organización de la Unidad Africana por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África[14] y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.
Reafirmamos el respeto de la institución del asilo y el derecho a solicitar asilo. Reafirmamos también el respeto y el cumplimiento del principio fundamental de no devolución de conformidad con el derecho internacional de los refugiados.
Subrayamos la importancia que reviste la cooperación internacional para el régimen de protección de los refugiados. Reconocemos la carga que imponen los grandes desplazamientos de refugiados en los recursos nacionales, especialmente en el caso de los países en desarrollo. Para atender las necesidades de los refugiados y los Estados de acogida, nos comprometemos a repartir más equitativamente la carga y la responsabilidad de acoger y dar apoyo a los refugiados del mundo, teniendo en cuenta las contribuciones hechas y las diferentes capacidades y recursos de los distintos Estados.
Creemos que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados debe preparar y poner en marcha la respuesta integral para los refugiados en estrecha coordinación con los Estados pertinentes, incluidos los países de acogida, y con la participación de otras entidades competentes de las Naciones Unidas, en cada situación en la que haya grandes desplazamientos de refugiados. Esa respuesta debe incluir la participación de múltiples interesados, a saber, las autoridades nacionales y locales, las organizaciones internacionales, las instituciones financieras internacionales, los asociados de la sociedad civil (entre ellos, organizaciones confesionales, organizaciones de la diáspora y el mundo académico), el sector privado, los medios de comunicación y los propios refugiados. En el anexo de la presente declaración figura un marco integral de ese tipo.
Velaremos por que las políticas o los arreglos de admisión de refugiados estén en consonancia con las obligaciones que nos incumben en virtud del derecho internacional. Queremos que se flexibilicen las barreras administrativas con miras a acelerar los procedimientos de admisión de refugiados en la medida de lo posible. Cuando corresponda, ayudaremos a los Estados con el registro y la documentación tempranos y efectivos de los refugiados. También procuraremos que los niños tengan acceso a procedimientos apropiados para ellos. Al mismo tiempo, reconocemos que puede regularse la posibilidad de que los refugiados soliciten asilo en el país de su elección, con la garantía de que tengan acceso a protección y gocen de ella en otros lugares.
Alentamos la adopción de medidas que faciliten a los refugiados el acceso al registro civil y la documentación. Reconocemos en este sentido la importancia del registro y la documentación tempranos y efectivos como instrumento de protección y para facilitar la prestación de asistencia humanitaria.
Reconocemos que la apatridia puede ser una de las causas fundamentales de los desplazamientos forzosos y que, a su vez, los desplazamientos forzosos pueden dar lugar a la apatridia. Tomamos nota de la campaña de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que tiene por objeto poner fin a la apatridia en un decenio y alentamos a los Estados a que estudien qué medidas podrían adoptar para reducir los casos de apatridia. Alentamos a los Estados que aún no se hayan adherido a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas[15], de 1954, y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia[16], de 1961, a que consideren la posibilidad de hacerlo.
Reconocemos que los campamentos de refugiados deben ser la excepción y, en la medida de lo posible, una medida provisional ante las emergencias. Observamos que el 60% de los refugiados de todo el mundo se encuentra en entornos urbanos y solo hay una minoría en los campamentos. Velaremos por que la prestación de asistencia a los refugiados y las comunidades de acogida se adapte al contexto. Subrayamos que los Estados de acogida son los principales responsables de garantizar el carácter civil y humanitario de los campamentos y asentamientos de refugiados. Trabajaremos para que ese carácter no se vea comprometido por la presencia o las actividades de elementos armados y para que los campamentos no se utilicen con fines que sean incompatibles con su carácter civil. Trabajaremos para redoblar la seguridad en los campamentos de refugiados y las comunidades locales circundantes, a solicitud del país de acogida y con su consentimiento.
Acogemos con beneplácito la contribución sumamente generosa realizada hasta la fecha por los países que acogen a grandes grupos de refugiados y trabajaremos para dar más apoyo a esos países. Hacemos un llamamiento para que se desembolsen cuanto antes las contribuciones prometidas en las conferencias sobre el tema.
Nos comprometemos a buscar soluciones desde el momento en que se produce un desplazamiento de refugiados. Promoveremos enérgicamente soluciones duraderas, sobre todo en los casos de refugiados que llevan mucho tiempo en esa situación, que se centren en el retorno sostenible y oportuno en condiciones de seguridad y dignidad. Esto supondrá actividades de repatriación, reintegración, rehabilitación y reconstrucción. Alentamos a los Estados y a otros actores competentes a que presten apoyo, por ejemplo asignando fondos.
Reafirmamos que la repatriación voluntaria no debe estar necesariamente supeditada al logro de soluciones políticas en el país de origen.
Tenemos la intención de aumentar el número y la variedad de las vías legales disponibles para la admisión o el reasentamiento de los refugiados en terceros países. Además de aliviar la penosa situación de los refugiados, esto trae beneficios para los países que acogen a grandes grupos de refugiados y para los terceros países que reciben refugiados.
Instamos a los Estados que aún no hayan establecido programas de reasentamiento a que consideren la posibilidad de hacerlo a la mayor brevedad posible. Se alienta a los que ya lo hayan hecho a que estudien la posibilidad de ampliarlos. Nos proponemos ofrecer lugares de reasentamiento y otras vías legales de admisión a una escala que satisfaga las necesidades anuales de reasentamiento determinadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Estudiaremos la posibilidad de ampliar los programas de admisión humanitaria en curso, posibles programas de evacuación temporal, incluida la evacuación por motivos médicos, arreglos flexibles para favorecer la reunificación familiar, el patrocinio privado de los refugiados y oportunidades de movilidad laboral para los refugiados mediante asociaciones con el sector privado, entre otros medios, y de educación, como becas y visados de estudiante.
Asumimos el compromiso de prestar asistencia humanitaria a los refugiados para garantizar el apoyo esencial en los sectores de vital importancia, como la atención médica, la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento. Nos comprometemos a respaldar a los países y las comunidades de acogida en este sentido, por ejemplo utilizando los conocimientos y las capacidades disponibles a nivel local. Apoyaremos los programas de desarrollo basado en la comunidad que beneficien tanto a los refugiados como a las comunidades de acogida.
Estamos decididos a brindar educación primaria y secundaria de calidad en entornos de aprendizaje seguros para todos los niños refugiados, ya en los primeros meses después del desplazamiento inicial. Nos comprometemos a prestar apoyo a los países de acogida en este sentido. El acceso a una educación de calidad, incluso para las comunidades de acogida, da protección fundamental a los niños y jóvenes en contextos de desplazamiento, especialmente en situaciones de conflicto y crisis.
Apoyaremos la educación de los niños refugiados en la primera infancia. También promoveremos la educación terciaria, la formación práctica y la formación profesional. En las situaciones de conflicto y crisis, la educación superior es un potente impulsor del cambio, alberga y protege a un grupo esencial de hombres y mujeres jóvenes manteniendo su esperanza con respecto al futuro, fomenta la inclusión y la no discriminación y actúa como catalizador para la recuperación y reconstrucción de los países que salen de un conflicto.
Trabajaremos para que se satisfagan las necesidades básicas de salud de las comunidades de refugiados y para que las mujeres y las niñas tengan acceso a servicios de salud esenciales. Nos comprometemos a prestar apoyo a los países de acogida en este sentido. También vamos a elaborar estrategias nacionales para la protección de los refugiados en el marco de los sistemas nacionales de protección social, según proceda.
Acogiendo con beneplácito las medidas positivas adoptadas por los distintos Estados, alentamos a los Gobiernos de los países de acogida a que consideren la posibilidad de abrir sus respectivos mercados laborales a los refugiados. Trabajaremos para reforzar la resiliencia de los países y las comunidades de acogida, prestándoles asistencia, por ejemplo, con planes de creación de empleo y generación de ingresos. En este sentido, reconocemos el potencial de los jóvenes y trabajaremos con el fin de crear las condiciones para el crecimiento, el empleo y la educación que les permitan ser los impulsores del desarrollo.
Para hacer frente a los retos que plantean los grandes desplazamientos de refugiados, se necesitará una estrecha coordinación entre diversos agentes humanitarios y de desarrollo. Nos comprometemos a dar a los más afectados un lugar central en la planificación y la adopción de medidas. Los Gobiernos y las comunidades de los países de acogida tal vez necesiten el apoyo de los organismos competentes de las Naciones Unidas, las autoridades locales, las instituciones financieras internacionales, los bancos regionales de desarrollo, los donantes bilaterales, el sector privado y la sociedad civil. Alentamos firmemente las respuestas conjuntas en las que participen todos esos agentes a fin de fortalecer el nexo entre los agentes humanitarios y de desarrollo, facilitar la cooperación entre mandatos institucionales y, al fomentar la autosuficiencia y la resiliencia, sentar las bases de soluciones sostenibles. Además de satisfacer las necesidades humanitarias y de desarrollo directas, trabajaremos para apoyar la rehabilitación ambiental, social y de la infraestructura de las zonas afectadas por los grandes desplazamientos de refugiados.
Observamos con preocupación que existe una brecha considerable entre las necesidades de los refugiados y los recursos disponibles. Alentamos el apoyo procedente de una variedad más amplia de donantes y tomaremos medidas para que la financiación humanitaria sea más flexible y previsible, con menos asignación de fondos para fines específicos y más fondos plurianuales, a fin de salvar esa brecha. Los organismos de las Naciones Unidas como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente y otras organizaciones competentes necesitan fondos suficientes para poder llevar a cabo sus actividades con eficacia y previsibilidad. Acogemos con beneplácito la creciente actuación del Banco Mundial y los bancos multilaterales de desarrollo y las mejoras en el acceso de las comunidades afectadas a la financiación para el desarrollo en condiciones favorables. Asimismo, es evidente que la inversión del sector privado en apoyo de las comunidades de refugiados y los países de acogida será fundamental en los próximos años. La sociedad civil también es un asociado clave en todas las regiones del mundo a la hora de responder a las necesidades de los refugiados.
Hacemos notar que los Estados Unidos de América, el Canadá, Etiopía, Alemania, Jordania, México, Suecia y el Secretario General acogerán una reunión de alto nivel sobre los refugiados el 20 de septiembre de 2016.
Reconocemos que se necesitan mecanismos para garantizar el seguimiento y el examen sistemáticos de todos los compromisos que estamos contrayendo hoy. Por consiguiente, solicitamos al Secretario General que garantice que los progresos realizados por los Estados Miembros y las Naciones Unidas en la aplicación de los compromisos contraídos en la reunión de alto nivel celebrada hoy sean objeto de evaluaciones periódicas ante la Asamblea General en relación, según proceda, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Además, debería preverse el examen de los aspectos pertinentes de la presente declaración en los diálogos periódicos de alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo y el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a la Asamblea General.
En reconocimiento de la necesidad de ofrecer un considerable apoyo financiero y programático a los países de acogida y a las comunidades afectadas por los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, solicitamos al Secretario General que informe a la Asamblea General en su septuagésimo primer período de sesiones sobre los medios de lograr una mayor eficiencia, eficacia operacional y coherencia de todo el sistema, así como formas de reforzar la interacción de las Naciones Unidas con las instituciones financieras internacionales y el sector privado, con miras a lograr el pleno cumplimiento de los compromisos enunciados en la presente declaración.
Hoy la escala y la naturaleza de los movimientos de refugiados exigen que actuemos de manera integral y previsible ante los grandes desplazamientos de refugiados. A través de una respuesta integral a la cuestión de los refugiados basada en los principios de la cooperación internacional y la distribución de la carga y la responsabilidad, estamos en mejores condiciones para proteger y ayudar a los refugiados y apoyar a los Estados de acogida y a las comunidades afectadas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en estrecha coordinación con los Estados pertinentes, incluidos los países de acogida, y con la participación de otras entidades competentes de las Naciones Unidas, será la encargada de preparar y poner en marcha el marco de respuesta integral para los refugiados en cada situación en la que haya grandes desplazamientos de refugiados. Una respuesta integral a la cuestión de los refugiados debe incluir la participación de múltiples interesados, a saber, las autoridades nacionales y locales, las organizaciones internacionales, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones regionales, los mecanismos regionales de coordinación y asociación, los asociados de la sociedad civil, incluidas las organizaciones confesionales y el mundo académico, el sector privado, los medios de comunicación y los propios refugiados.
Si bien habrá diferencias en la naturaleza de cada uno de los grandes desplazamientos de refugiados, los elementos que se indican a continuación proporcionan un marco para una respuesta a los refugiados integral y centrada en las personas, que se ajusta al derecho internacional y las mejores prácticas internacionales y está adaptado a cada contexto específico.
Aspiramos a un marco de respuesta integral para los refugiados para cada situación en la que haya grandes desplazamientos de refugiados, incluso en las situaciones prolongadas, como parte esencial e inconfundible de una respuesta humanitaria general, cuando la haya, y que, en condiciones normales, incluiría los elementos que se indican a continuación.
Al comienzo de un gran movimiento de refugiados, los Estados receptores, teniendo en cuenta sus capacidades nacionales y obligaciones jurídicas internacionales, en cooperación, según proceda, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, las organizaciones internacionales y otros asociados, y con el apoyo de otros Estados, si así se solicita, de conformidad con las obligaciones internacionales, procederían a:
Los Estados, en cooperación con donantes multilaterales y asociados del sector privado, según corresponda, en coordinación con los Estados receptores procederían a:
Los Estados de acogida, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras entidades de las Naciones Unidas, instituciones financieras y otros asociados pertinentes, según corresponda, procederían a:
Los Estados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y los asociados pertinentes procederían a:
Reconocemos que en la actualidad millones de refugiados en todo el mundo no tienen acceso a soluciones oportunas y duraderas, y conseguirlas es uno de los principales objetivos de la protección internacional. El éxito de la búsqueda de soluciones depende en gran medida de la cooperación y el apoyo firmes y sostenidos de la comunidad internacional.
Creemos que deberían adoptarse medidas para encontrar soluciones duraderas: repatriación voluntaria, soluciones locales y reasentamiento y canales complementarios de admisión. Esas medidas deberían incluir los aspectos que se indican a continuación.
Reafirmamos el objetivo primordial de lograr condiciones que ayuden a los refugiados a regresar a sus países en condiciones de seguridad y dignidad, y ponemos de relieve la necesidad de abordar las causas profundas de la violencia y los conflictos armados y de lograr las soluciones políticas necesarias y el arreglo pacífico de controversias, así como ayudar en los esfuerzos de reconstrucción. En este contexto: Los Estados de origen o de nacionalidad procederían a:
A fin de garantizar el regreso y la reintegración sostenibles, los Estados, las entidades de las Naciones Unidas y los asociados pertinentes procederían a:
Los Estados de acogida, teniendo en cuenta sus capacidades y obligaciones jurídicas internacionales, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, cuando corresponda, y otras entidades de las Naciones Unidas, instituciones financieras y otros asociados pertinentes, cuando corresponda, procederían a:
Los terceros países procederían a:
Se alienta a los Estados que aún no hayan establecido programas de reasentamiento a que lo hagan a la mayor brevedad posible. Se alienta a los que ya lo hayan hecho a que estudien la posibilidad de ampliarlos. Los programas deberían incorporar en todos sus aspectos un planteamiento no discriminatorio y una perspectiva de género.
Los Estados se proponen ofrecer lugares de reasentamiento y otras vías legales a una escala que satisfaga las necesidades anuales de reasentamiento determinadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Nos comprometemos a aplicar este marco de respuesta integral para los refugiados.
Invitamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a colaborar con los Estados y celebrar consultas con todos los interesados pertinentes, durante los próximos dos años, con el fin de evaluar la aplicación práctica detallada del marco de respuesta integral para los refugiados y las posibilidades de mejora y perfeccionamiento. Este proceso debería basarse en la experiencia práctica derivada de aplicar el marco en una serie de situaciones específicas. El objetivo sería aliviar las presiones sobre los países de acogida afectados, mejorar la autosuficiencia de los refugiados, ampliar el acceso a las soluciones que impliquen a terceros países y apoyar las condiciones existentes en los países de origen para el regreso en condiciones de seguridad y dignidad.
Trabajaremos para la adopción, en 2018, de un pacto mundial sobre la cuestión de los refugiados, sobre la base del marco de respuesta integral para los refugiados y de los resultados del proceso descrito. Invitamos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a que incluya el pacto mundial sobre los refugiados propuesto en su informe anual a la Asamblea General en 2018, para su examen por la Asamblea en su septuagésimo tercer período de sesiones en conjunción con su resolución anual sobre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Este año iniciaremos un proceso de negociaciones intergubernamentales que culminarán con la aprobación de un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular.
Este pacto mundial establecería una serie de principios, compromisos y entendimientos entre los Estados Miembros sobre la migración internacional en todas sus dimensiones. Sería una contribución importante a la gobernanza mundial y mejoraría la coordinación en lo que concierne a la migración internacional. Ofrecería un marco para la cooperación internacional amplia respecto de los migrantes y la movilidad humana. Abordaría todos los aspectos de la migración internacional, como los humanitarios, de desarrollo y de derechos humanos, entre otros. Seguiría la senda marcada por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[17] y la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo[18] y se basaría en la Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, aprobada en octubre de 2013[19].
Reconocemos la importante contribución de los migrantes y la migración al desarrollo de los países de origen, de tránsito y de destino, así como la compleja interrelación entre la migración y el desarrollo.
Reconocemos la contribución positiva de los migrantes al desarrollo inclusivo y sostenible. Reconocemos también que la migración internacional es una realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo de los países de origen, de tránsito y de destino, que exige respuestas coherentes e integrales.
Cooperaremos en el plano internacional para velar por que las migraciones sean seguras, regulares y ordenadas, respetando plenamente los derechos humanos y dispensando un trato humanitario a los migrantes, sea cual fuere su situación migratoria. Subrayamos la necesidad de velar por el respeto de la dignidad de los migrantes y la protección de sus derechos en virtud del derecho internacional aplicable, en particular el principio de no discriminación con arreglo al derecho internacional.
Ponemos de relieve el carácter multidimensional de la migración internacional, la importancia de la cooperación y el diálogo a ese respecto a nivel internacional, regional y bilateral y la necesidad de proteger los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su situación, particularmente en un momento en que las corrientes migratorias han aumentado.
Tenemos presente que las políticas e iniciativas sobre la cuestión de la migración deberían promover planteamientos integrales que tengan en cuenta las causas y consecuencias del fenómeno. Reconocemos que la pobreza, el subdesarrollo, la falta de oportunidades, la mala gobernanza y los factores ambientales son algunas de las causas de la migración. A su vez, las políticas en pro de los pobres relacionadas con el comercio, el empleo y las inversiones productivas, pueden estimular el crecimiento y generar enormes posibilidades de desarrollo. Observamos que los desequilibrios económicos internacionales, la pobreza y la degradación ambiental, junto con la ausencia de paz y seguridad y de respeto de los derechos humanos, son factores que afectan a la migración internacional.
El pacto mundial podría incluir, sin ánimo de exhaustividad, los elementos que se indican a continuación:
El pacto mundial se elaboraría mediante un proceso de negociaciones intergubernamentales, cuyos preparativos comenzarán inmediatamente. Las negociaciones, que empezarán a principios de 2017, culminarán en una conferencia intergubernamental sobre migración internacional en 2018, en la que se presentará el pacto mundial para su aprobación.
Ya que el Tercer Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo se celebrará en Nueva York a más tardar en 2019[20], debería desempeñar un papel en el proceso.
Se invita al Presidente de la Asamblea General a disponer la designación de dos cofacilitadores para dirigir consultas abiertas, transparentes e inclusivas con los Estados, con miras determinar las modalidades, un calendario, la posible celebración de conferencias preparatorias y otros aspectos prácticos relativos a las negociaciones intergubernamentales, incluida la participación de los expertos sobre migración en Ginebra.
Se pide al Secretario General que preste el apoyo apropiado a las negociaciones. Prevemos que la Secretaría de las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones presten servicio conjuntamente a las negociaciones, la primera en cuanto a capacidad y apoyo, y la segunda en cuanto a los conocimientos técnicos y normativos necesarios.
Prevemos también que el Representante Especial del Secretario General sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, el Sr. Peter Sutherland, se encargue de coordinar las aportaciones del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y el Grupo Mundial sobre Migración al proceso de negociación. Prevemos que contribuyan al proceso la Organización Internacional del Trabajo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras entidades con mandatos y conocimientos importantes relacionados con la migración.
Convendría que se celebrasen consultas regionales en apoyo de las negociaciones, por ejemplo mediante los procesos y mecanismos consultivos existentes, cuando proceda.
Se invitará a la sociedad civil, el sector privado, las comunidades de la diáspora y las organizaciones de migrantes a contribuir al proceso de preparación del pacto mundial.
[1] Resolución 70/1.
[2] Resolución 217 A (III).
[3] Resolución 69/283, anexo II.
[4] Véase FCCC/CP/2015/10/Add.1, decisión 1/CP.21, anexo.
[5] Resolución 69/313, anexo.
[6] A/70/59.
[7] Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, núm. 27531.
[8] Ibid., vols. 2225, 2237 y 2241, núm. 39574.
[9] Resolución 64/293.
[10] Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2220, núm. 39481.
[11] Resolución 70/296, anexo.
[12] Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, núm. 2545.
[13] Ibid., vol. 606, núm. 8791.
[14] Ibid., vol. 1001, núm. 14691.
[15] Ibid., vol. 360, núm. 5158.
[16] Ibid., vol. 989, núm. 14458.
[17] Resolución 70/1.
[18] Resolución 69/313, anexo.
[19] Resolución 68/4.
[20] Véase la resolución 69/229, párr. 32.
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