Source: http://notitia-criminis.blogspot.nl/2010/
Timestamp: 2017-06-23 19:03:55+00:00

Document:
NOTITIA CRIMINIS: 2010
La reunión no ha tenido lugar en
restaurante exquisito o en oficina privada o en sórdido tugurio de
los frecuentados por hampones poco amantes de la publicidad, sino en
el propio Congreso de los Diputados. Así, tal y como informa El
“José Bono abandonó el
martes (21 de diciembre de 2010) el hemiciclo del Congreso durante
más de media hora, tras levantarse el veto del Senado a los
Presupuestos Generales de 2011 y mientras se debatía la nueva ley
antitabaco, para reunirse en su despacho oficial de la Cámara
Baja con un emisario del promotor Francisco Hernando, El Pocero,
que realizó obras de mejora en la hípica propiedad de Bono –pagadas
por la firma Porcelanosa– y fue presuntamente favorecido por éste,
durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha, para
construir un polémico macrocomplejo urbanístico en Seseña
Un portavoz oficial de Bono ni
confirmó ni desmintió a El Confidencial el encuentro del
presidente del Congreso con el periodista Alfredo Urdaci,
responsable de comunicación e imagen de El Pocero y mano
derecha del constructor. Urdaci, sin embargo, admitió, en
conversación telefónica con este periódico, que Bono le
recibió en su despacho, pero rehusó precisar qué asuntos
abordaron. 'Fue personal', se limitó a señalar. Y ante la
insistencia para que aclarase lo tratado durante la reunión, añadió:
'Personal, sin más'”.
El hecho coincide con unas semanas
pródigas –o más pródigas– en declaraciones de Bono.
Durante una fiesta organizada por los periodistas
parlamentarios, el Presidente del Congreso, además de hablar de
liebres, dedicó encendidos elogios a Gaspar Llamazares: “eres
de los políticos más honrados y mejores que yo me he encontrado en
mi vida” para añadir luego, refiriéndose a Cayo Lara, que
de él “no diría lo mismo que de tí” lo cual, lo digo sin la
menor ironía, enaltece mucho a Cayo Lara y debería preocupar
seriamente a Llamazares.
Poco después, el 16 de diciembre de
este mismo año, Bono, ante la noticia de que el Tribunal
Supremo había archivado a limine las dos querellas
presentadas contra él por presuntos delitos de corrupción, se
declaraba “muy contento” –de todos es sabido que las querellas
y denuncias presentadas contra políticos presuntamente corruptos
siempre tienen un efecto ciclotímico: primero producen una gran
tranquilidad. Todos los afectados declaran: “estoy muy tranquilo”;
para luego ser causa de extraordinaria euforia si la suerte les
acompaña– porque el Supremo le había puesto a salvo de un grupo
de “delincuentes y calumniadores”.
No determinó Bono, en este
punto, si los “delincuentes” y “calumniadores” eran los
responsables de la presentación de la querella, el diario La
Gaceta o el diario Público
o todos juntos incluyendo a
este modesto blog que tanto interés despierta entre sus seguidores.
Tampoco explicó que el Auto del Supremo rechazaba las querellas por
dos motivos: uno formal pues, se decía, no se especificaba en ellas
qué actos administrativos ilícitos se podrían corresponder con el
presunto soborno recibido. El otro, más de fondo, mantenía que no
era aplicable a la decoración de las habitaciones de la casa de
Olías del Rey y a la reforma de la casa de Salobre –pagadas por el
constructor Rafael Santamaría– la figura del cohecho
impropio puesto que para que eso sea así es necesario que la
única causa eficiente de la
dádiva –que el Tribunal no niega que exista, porque existe– sea
la condición de autoridad o funcionario público del presuntamente
sobornado, y en el caso de Bono, además de esta posibilidad, las
dádivas en cuestión también podrían traer causa de la relación
de amistad entre el constructor y Bono
o, incluso, de la relación de madrinazgo
entre la esposa de Santamaría
y una de las hijas del
de Salobre.
bien, así las cosas y sin una sentencia firme que haga efecto de
cosa juzgada este hombre, que se relame ya viendo el cadáver de
pasar por delante de su puerta, se permite el arrogante lujo de
entrevistarse con “un
emisario del Pocero” en su despacho oficial del Congreso de los
Diputados. Ya
me dirán si no es “problemático y febril” este siglo XXI.
El cerco judicial se estrecha sobre Juan Pedro Hernández Moltó, el que fuera presidente de la quebrada CCM, ahora destituído e investigado por Anticorrupción y por la Audiencia Nacional. Ha llovido mucho desde que, a finales del 2006, Notitia Criminis empezó a revelar sospechosas vinculaciones entre CCM y determinadas operaciones inmobiliarias –como la del campo de golf de Carranque o la de la finca Alcalvín de Bargas, ambas localidades toledanas– algunas de ellas realizadas en Madrid, Toledo y Murcia por los procesados en la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, Pedro Román o Enrique Ventero. Los hechos, sin embargo, han comenzado a precipitarse a partir del 8 de septiembre del corriente año cuando el diario “El Mundo” publicó que el Banco de España había remitido un voluminoso informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre los hechos detectados durante la intervención de la Caja. En dicho informe, al que ha tenido acceso Notitia Criminis –cuya parte filtrada a la prensa se puede descargar desde aquí– aparecen nombres habituales en esta página: Petra Mateos Aparicio-Morales, Domingo Díaz de Mera, Luis Portillo, los hermanos Barco Fernández, Juan María López Alvarez, etc. y además se describe concienzudamente lo que bien podría llamarse “el saco” de CCM consumado durante los meses previos a su intervención por parte del Banco de España. Posteriormente, el 22 de septiembre apareció la noticia de la apertura de diligencias contra Moltó y otros miembros del Consejo de la difunta Caja por parte de la Fiscalía Anticorrupción; y el día 17 de octubre de este mismo año el diario digital “Noticias de Castilla-La Mancha” informó sobre una reunión de importantes dirigentes del PSOE toledano, encabezados por José Bono, con Hernández Moltó en lo que fue una manifiesta muestra pública de apoyo dada a un hombre al que seguramente se le deba mucho y que, sin duda, también sabe mucho. En la mencionada reunión Bono fue sorprendido, como se puede apreciar en la fotografía que acompaña a este artículo, saludando efusivamente a Moltó, pero el próspero Presidente del Congreso de los Diputados y atinado empresario hípico, no fue el único asistente. Otros personajes cuyos nombres no sorprenderán a quien haya seguido las informaciones publicadas aquí, acompañaron ese día Moltó. Tal es el caso de José Manuel Tofiño, presidente de la Diputación Provincial de Toledo y alcalde de Illescas, Emiliano García Paje, actual alcalde de Toledo y eterno delfín de Bono, o Antonio Guijarro, diputado regional y secretario general del PSOE de Toledo. No obstante, este despliegue de públicas amistades no ha impedido que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 asuma la competencia para investigar los posibles delitos cometidos por Moltó y otros consejeros y directivos de la quebrada Caja Castilla-La Mancha. Según el Auto dictado por el Juez Pablo Ruz, los 7.100 Millones de € que ha necesitado CCM para paliar los efectos de su quiebra “evidencia de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”, razón por la cual se deducen suficientes indicios como para investigar presuntos delitos defraudatorios cometidos contra una “generalidad de personas” afectadas por el perjuicio patrimonial y que serían “los depositantes y acreedores” de la Caja. Sigue, pues, de esta manera, desvelándose lenta pero inevitablemente, la verdad de lo ocurrido en Castilla-La Mancha, primero bajo el cetro de José Bono y ahora bajo el de José María Barreda.
CCM. Hernández Moltó,
Se trata de la adjudicación del contrato de obra del centro de salud Valdelasfuentes, en Alcobendas. La noticia fue dada por la Cadena Ser, el 13 de abril de este año y, finalmente, la denuncia pública hecha tanto por la concejal de IU de la localidad, como por los ediles del PSOE, frustró el intento de seleccionar a la constructora PEYBER HISPÁNICA, la cual había obtenido el segundo puesto en la licitación. Previamente, PEYBER ya se había alzado con la construcción de otro centro de salud, el de Arroyo de la Vega, por un importe cercano a los tres millones de Euros. En esa ocasión El País, aseguró que la obra fue financiada con los fondos del Plan E, a pesar de que la materia era competencia de la Comunidad de Madrid. A continuación las declaraciones del concejal Angel Sánchez y la noticia tal y como aparece en la página de la Cadena Ser: “Los socialistas de Alcobendas afirman que los tenientes de alcalde del ayuntamiento, Mónica Sánchez y Agustín Martín y la concejala de Obras, Paloma Cano, podrían haber incurrido en una ilegalidad al proponer y votar a favor de la adjudicación de las obras del centro de salud de Valdelasfuentes a la constructora que consiguió la segunda puntuación del concurso. Esta empresa, Peyber Hispánica, consiguió una puntación de 65,14 frente a BM3 Obras y Servicios que obtuvo 68,70 puntos. Según el concejal socialista presente en la mesa de adjudicación, Ángel Sánchez Sanguino, los ediles populares argumentaron su desconocimiento de la empresa con mayor puntuación y su miedo a encargar la obra a esta constructora. Según el PSOE, Sánchez Sanguino, la concejal de IU, María Benito Durango, la interventora municipal y el director general de la asesoría jurídica municipal votaron en contra de la propuesta de los ediles. Sánchez Sanguino afirma que la arbitrariedad de los concejales populares frente a una resolución clara del informe técnico podría ser constitutiva de delito. Desde el equipo de gobierno afirman que los tres ediles presentes en la mesa de adjudicación consideraron más favorable, para los intereses del ayuntamiento y el cumplimiento de las obras, la segunda empresa mejor valorada por los técnicos. Ante esta situación, que según el gobierno municipal se produce habitualmente en la administración local, se encargó un informe jurídico cuya resolución terminó adjudicando la obra a BM3 Obras y Servicios, la empresa con mayor puntuación en el concurso. Mediante un comunicado de prensa, el equipo de gobierno insiste en que cualquier mala interpretación de este tema no es más que un afán de la oposición de encontrar algo turbio en un ayuntamiento que ha recibido el Primer Premio en Transparencia en materia de contratación. Así mismo, se anima al grupo socialista, a que si consideran que se ha producido alguna irregularidad “acudan a la Fiscalía en lugar de tratar de empañar en los medios de comunicación la imagen de la ciudad”.
Hoy se ha hecho pública la noticia de que el Tribunal de Cuentas traslada sus conclusiones sobre Seseña y la urbanización de El Pocero, a la Fiscalía Anticorrupción, por considerar que lo descubierto por el organismo fiscalizador presenta indicios serios de delito. Según informa hoy El Mundo, el Tribunal de Cuentas, además, insta a la Fiscalía Anticorrupción a que reactive la denuncia presentada por Manuel Fuentes en 2003 relativa a cinco cartas de pago presuntamente falsas, con las que ONDE 2000 pretendió acreditar que había saldado con el ayuntamiento de Seseña una deuda de 1,29 Millones de €. El episodio de las cinco cartas de pago –presuntamente– falsas lo narran detalladamente Ruth Ugalde y Alejandra Ramón en su libro “El Pocero de Seseña”. En 2003, cuando IU ganó a la alcaldía, las primeras pesquisas de Manuel Fuentes y su equipo de gobierno en las cuentas del Ayuntamiento, desvelaron varios apuntes contables pendientes de cobro relativos a cesiones de aprovechamientos y licencias de urbanización. Según esa documentación ONDE-2000 adeudaba al Ayuntamiento de Seseña 1.29 Millones de €. Cuando se reclamó el dinero al Pocero, éste presentó cinco cartas de pago, supuestamente acreditativas de tener saldada esa deuda, pero firmadas por un “tesorero” que en aquella época no existía. La contabilidad del Ayuntamiento se llevaba en “Papelería Escribano”, la cual, a petición de Manuel Fuentes, certificó que “una vez revisada la contabilidad de ingresos de 2002, no aparece ninguno de los conceptos, cantidades y fechas anteriormente citadas”. Esta fue la causa de que IU solicitara la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento al Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha. Pese a la gravedad del hecho, la Sidicatura de Cuentas, dependiente del Gobierno de Bono, dio carpetazo al asunto. Este organismo no vio “ningún motivo para realizar la fiscalización”. Ante la situación, Manuel Fuentes llevó el caso ante los juzgados: “Dos semanas después –continua el libro citado– el 27 de octubre de 2003, Fuentes llevó ante la justicia a Francisco Hernando del Saz, hijo del Pocero y administrador de ONDE 2000, a Felipe Sancho Ricoy, concejal de Hacienda del ayuntamiento de Seseña entre 1999 y 2003, y a Fermín Martín Carrillo, ex secretario-interventor del consistorio, por impago y por un posible delito de falsificación de documento público. Ese mismo día, el portavoz de la corporación municipal socialista, Carlos Aguilar Sandoval, presentó su renuncia como concejal alegando 'razones personales y de conciencia', y fue sustituido, precisamente, por Felipe Sancho Ricoy, el hombre que mandó al secretario-interventor del ayuntamiento elaborar las cinco cartas de pago falsas y rubricarlas con un garabato donde debería aparecer la firma del tesorero. Al menos, eso fue lo que confesó Fermín Martín Carrillo a Fuentes, según aparece en la denuncia presentada en Anticorrupción”. Ante esa denuncia Francisco Hernando respondió, según su acostumbrada rutina, asegurando que denunciaría a Fuentas como autor de un delito de denuncia falsa. No obstante, las pruebas eran irrefutables: “Esta vez, las amenazas de Hernando cayeron en saco roto –escriben Alejandra Ramón y Ruth Ugalde– Fuentes le había ganado la mano, tras constatar que no existía registro alguno del pago en la contabilidad municipal, el empresario terminó reconociendo la deuda, a cambio de que el alcalde retirase la denuncia contra su hijo. Un movimiento que, de facto, significaba reconocer que las cartas de pago presentadas ante el ayuntamiento eran falsas. Sin embargo, en el escrito donde se comprometía a saldar la deuda, Francisco Hernando del Saz apuntaba hacia errores contables como fuente de todo el conflicto”. Llegados a este acuerdo y hecho el pago, Manuel Fuentes retiró la denuncia y la fiscalía tampoco acusó, de modo que sin acusación, ni pública ni privada, el Juzgado de Illescas tuvo que archivar las diligencias. Pues bien, este episodio de la larga batalla de Seseña, es el que ahora resucita el Tribunal de Cuentas al remitir su informe a la Fiscalía Anticorrupción y advertirla que los delitos denunciados entonces, especialmente los de malversación de fondos públicos y de falsedad de documento público, son delitos perseguibles de oficio, de modo que llegada la notitia criminis a los órganos obligados a actuar, estos deben dar cumplimiento a esa obligación con independencia de que el denunciante mantenga o retire su denuncia. El hecho tiene una importancia trascendental y la primera consecuencia, salvo que la Fiscalía Anticorrupción persista en su teoría de que Francisco Hernando es ajeno al caso, podría ser la inmediata imputación del famoso constructor, conocido por todo lo descubierto como El Pocero.
La institución que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez aprecia indicios de delito en la actuación de Juan Pedro Hernánde Moltó al frente de CCM y trasladará a la Fiscalía el tanto de culpa. La noticia la hace pública hoy El Mundo. Lo que, en atención al contenido del Pliego de Cargos redactado por el Banco de España, parecía inevitable o, al menos, legalmente exigible, se ha producido, pero 16 meses después de aquella intervención. Esto no es cosa vana puesto que en ese casi año y medio los presuntos responsables de los delitos detectados han contado con un tiempo inestimable para alterar pruebas, para difuminarlas o para dificultar en extremo la investigación judicial. A pesar de ello, el material recopilado por los Inspectores y el aportado por investigaciones periodísticas no deja de ser abrumador. Al hilo de esto, hay que recordar que el 24 de octubre de 2008, bastante antes de la intervención, El Confidencial publicó un artículo titulado “Los Agujeros de Caja Castilla la Mancha”. Ahí se decía lo siguiente: “Entre sus actuaciones –las de CCM– se incluyen el aeropuerto de Ciudad Real, necesitado de socios financieros a una semana de su inauguración, a proyectos inmobiliarios con conocidos imputados en operaciones contra la corrupción como Malaya”. A esas afirmaciones, “un portavoz de la entidad”, contestó diciendo: “Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida... Nadie de esta casa está imputado... Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”. Ese “portavoz” también recordará –permítaseme la pedantería– un comentario hecho ese día a la periodista que le había telefoneado: eso son calumnias esparcidas por un blog, pero “ya le hemos denunciado”. Pues bien, señor “Portavoz” de la ahora desaparecida CCM, hasta aquí hemos llegado y ya veremos hasta dónde llegamos en el futuro.
El pasado 29 de junio el alcalde de San Javier (Murcia) José Hernández fue detenido por agentes de la UCO, junto a los constructores Santiago Martínez Esparza (URDEMASA) Jaime Navarro Aparicio (GRIMANGA) y Antonio Javier Sánchez Reyes (LADERA DOS MARES). Según ha informado El País, estas detenciones traen cuenta de las investigaciones iniciadas en 2008 en relación con el presunto trato de favor dispensado por el alcalde Hernández a dos empresarios: Santiago Martínez Esparza, uno de los ahora detenidos, y Juan Gracia Jiménez. Ocho días después, este martes día 6 de julio, la policía ha detenido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y al constructor Enrique Ortiz Selfa, y ha realizado registros en el ayuntamiento de Orihuela y en la sede de la empresa ORTIZ E HIJOS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, propiedad del citado Ortiz. La Fiscalía investiga el Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero del año 2008. La aprobación –según el diario Público– “se produjo por unanimidad por los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por Ripoll y que recayó en la UTE CESPA-ORTIZ”. La empresa CESPA, asociada con Ortiz en este caso, es muy conocida. Se dedica al negocio de la basura, pertenece en un 99,99 % a FERROVIAL SERVICIOS y tiene participación, entre otras muchas sociedades, en GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE TOLEDO. También, según el “plan de saneamiento financiero” propuesto por el Ayuntamiento de Aranjuez el 22 de julio de 2009, esta entidad es una de las principales acreedoras de esa Corporación (la deuda, en esa fecha, ascendía a 5.237.520,96 €) y, además, aparece mencionada en los Tomos VI, VII y XI del sumario del caso Astapa, relativo a la operación contra la corrupción en Estepona. Para resumir la mucha y detallada información que obra en el sumario Astapa sobre la mercantil CESPA, puede citarse lo dicho en el informe de la UDEF CENTRAL incluido en el Tomo VII de las diligencias, folio 3.126: “Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2007, se producen comunicaciones telefónicas entre algunos funcionarios con gran poder decisorio dentro del Ayuntamiento de Estepona, como es el caso de José FLORES SIMÓN, Jefe de Gabinete de Alcaldía, y responsables de la mercantil CESPA, representada en las conversaciones por Antonio LÓPEZ SOTO (Delegado de Andalucía Oriental) y Manuel MEDINA MURILLO, con el objeto de obtener, por parte de estos últimos, la adjudicación del servicio de limpieza del municipio. Las conversaciones telefónicas pusieron de manifiesto que CESPA habría pagado alguna deuda municipal y que personas como Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ, Concejal de Hacienda y Personal, habría podido exigir algún tipo de contraprestación económica a los responsables de la mercantil concursante, a cambio de favorecer la concesión del servicio. El día siete de abril de dos mil ocho, la empresa CESPA, filial del GRUPO FERROVIAL, resultó concesionaria de la gestión de los servicios de recogida y transporte de los residuos urbanos, suministro, colocación, mantenimiento y lavado de los contenedores para dichos residuos y limpieza viaria de Estepona... La aprobación de la concesión del servicio de limpieza se habría producido en una Junta de Gobierno extraordinaria, precedida por una Comisión Informativa, presidida por Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ, concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Estepona y en la que habrían figurado como vocales y otros, personas como Rafael Antonio DUARTE MARTÍNEZ, Manuel REINA CONTRERAS, Ricardo GALEOTE QUECEDO o María Luisa RODRÍGUEZ PINO SÁNCHEZ”. Estas últimas detenciones practicadas en San Javier (Murcia) y en Alicante –en este caso, en relación con la llamada “mafia de las basuras”– podrían acabar teniendo ramificaciones en Castilla-La Mancha y, concretamente, salpicando a Aurelio González Villarejo, asociado con algunos de los detenidos e investigados. Aurelio González Villarejo y Juan Gracia Jiménez Ya se dijo en Notitia Criminis hace tiempo. Aurelio González Villarejo es socio, tanto de Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-07, como de Enrique Ortiz Selfa. El primero, Juan Gracia Jiménez aparecía vinculado –en el ámbito del Plan Parcial Torre del Rame de los Alcázares (Murcia)– con un grupo de empresarios, todos también del gremio de la construcción, investigados o imputados en el curso de la Operación Ninette; así como al arquitecto municipal de esa localidad, Mariano Ayuso, detenido durante la citada operación; y a Enrique Ventero Terleira, uno de los principales imputados en la Operación Malaya. El mismo Juan Gracia Jiménez es uno de los constructores que acompañaron, junto al propio Aurelio González Villarejo, a Luis Portillo –también socio del imputado en Malaya, Enrique Ventero– en la OPA que permitió a éste hacerse con el control de COLONIAL, luego llevada a la quiebra en uno de los primeros episodios del fiasco inmobiliario español Por otro lado, este empresario levantino ya se ha visto implicado en varios casos de presunta corrupción. Como ya dije aquí, la Fiscalía del TSJ de Murcia abrió diligencias contra el alcalde de San Javier, José Hernández por posibles tratos de favor a los constructores Santiago Martinez Esparza y Juan Gracia Jiménez, de los cuales, además, es socio en la mercantil NUEVA VALENCIA AL MAR S.L. En la misma localidad, la Fiscalía también abrió investigaciones sobre PEINSA-97 a causa de la urbanización denominada “Señorío de Roda” que, según denuncia presentada por el Grupo Independiente de San Javier, se inició sin ningún tipo de permiso y si que estuviera aprobado el plan parcial necesario para iniciar los trabajos. Lo mismo ocurre en el caso del Plan Parcial “Roda Golf” que supone la recalificación de un millón de metros cuadrados de suelo rústico de interés agrícola, a favor de URDEMASA, la empresa de Martínez Esparza, socio del alcalde de San Javier y de Juan Gracia Jiménez. PEINSA-97, también está relacionada con el caso del puerto deportivo de San Pedro del Pinatar. Se da la circunstancia de que aquí, PEINSA-97 participa junto a la empresa de Félix Marín García, INVERSIONES HIPOTECARIAS DEL MEDITERRÁNEO S.L. En la localidad de Mula, el Fiscal Jefe, abrió diligencias contra el concejal de urbanismo Leandro Pérez Cobos, por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, relacionados con la compra, por parte del tal Leandro junto con otros socios, de casi dos millones de metros cuadrados al precio de 55.000 € que después vendió, siendo concejal, en 2004 por 1.162 millones de Euros a las empresas ARTECONS MAR MENOR S.L., URBICOSTA S.L. y GALBA INVERSIONES S.L., todas propiedad de Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97. En La Unión, PEINSA-97 ha estado implicada en el caso de “La Casa del Piñón”, edificio que fue objeto de un convenio denunciado en su día por presunto tráfico de influencias y prevaricación. El caso de Pilar de la Horadada tiene, si cabe, mayor importancia. En esta localidad el alcalde Ignacio Ramos fue depuesto mediante moción de censura y con la ayuda de una concejal trásfuga, debido a su oposición al Plan de Actuación Integrada (PAI) de Pinar de lo Romero en el que está prevista la construcción de 5.200 viviendas y el imprescindible campo de golf. El proyecto urbanístico había sido presentado por las mercantiles METROPOL DESARROLLOS URBANÍSTICOS S.L y PEINSA-97 S.L. Precisamente, la mercantil METROPOL es una de las que Juan Gracia Jiménez comparte con Aurelio González Villarejo. Su capital está repartido entre PEINSA 97, CONSTRUCCIONES VILLAREJO y PROMOCIONES GONZÁLEZ, las dos últimas del citado Aurelio González Villarejo. Otra de las sociedades que González Villarejo comparte con Juan Gracia es NUEVOS ENTORNOS URBANOS, en cuyo consejo de administración, aparecen el citado Juan Gracia, Alberto González Tostado, hijo de Aurelio González y Román Conde Alonso, este último también presente en URBAPLANING, la empresa del grupo de González Villarejo que actúa en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas (Toledo) y en los PAUs de las Montanillas en Carranque (Toledo). Aurelio González Villarejo y Enrique Ortiz Selfa González Villarejo, promotor en Bargas de uno de los chalets adquiridos últimamente por las empresas de la familia Bono, también es socio de Enrique Ortiz Selfa en la mercantil VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO. Esa asociación provocó que Aurelio González tuviera que declarar como testigo en las diligencias seguidas en Alicante contra el citado Enrique Ortiz por el “Caso de los Aparcamientos”, un enrevesado asunto en el que también estuvieron implicados el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi y la actual alcaldesa, Sonia Castedo. Los detalles del caso se pueden consultar aquí, pero de cualquier forma, tanto Ortiz como González Villarejo salieron bien librados de este asunto, archivado, finalmente, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Otro de los asuntos importantes en el que se vio implicado Enrique Ortiz, y que aún colea, fue el del Plan Rabasa (15.000 viviendas sobre un suelo de 4,2 millones de m2) El País del día 30 de marzo de 2008 titulaba: “Un dictamen concluye que Alperi ―el alcalde de Alicante en esas fechas― benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabasa”. En ese dictamen se decía que “la mercantil seleccionada ―VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO SL― ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia… El propio ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor”. Por supuesto, como acabamos de decir, en esa empresa también participa Aurelio González Villarejo. Sin embargo, hasta ahora, el caso de corrupción de mayor alcance que salpica a Enrique Ortiz es en la Operación Gürtel. Como ya dije, el pasado día 25 de septiembre de 2009, El Mundo titulaba: «El PP de Valencia montó su “Filesa”», por su parte, el 22 de septiembre El País habría su primera página con este otro titular: «Seis constructoras financiaron al PP valenciano a través de la red “Gürtel”». La información procedía de un dossier elaborado por la Brigada de Blanqueo de la policía judicial. En él se analizaban conversaciones grabadas a los imputados y una extensa documentación intervenida en los distintos registros. Según esa investigación, la Brigada de Blanqueo considera una de las empresas que habría participado de pleno en la trama de corrupción valenciana es ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, propiedad de Enrique Ortiz Selfa. Así, por ejemplo, según el diario Público, “varios correos electrónicos intervenidos por la Policía a Orange Market… constatan que la trama Gürtel falsificó facturas en beneficio de la formación conservadora… en uno de esos correos un empleado de Orange Market se dirige a un subordinado de José Ramón Blanco Balín, blanqueador de la red corrupta, y le da instrucciones sobre dos facturas. Tras especificar el número de cada una de ellas y el importe superior a 30.000 euros en un caso y a 80.000 en el otro, le comunica que ambas deben ponerse a nombre de la empresa Ortiz e Hijos”.
Enrique Ortiz Selfa,
La información que publica hoy El Mundo –que se puede descargar íntegramente pulsando sobre la imagen– hace entrar el caso del Pocero de Seseña en un nuevo estado, cualitativamente distinto y de alcance aún difícil de calcular. El citado periódico desvela un “informe confidencial” fechado el 11 de mayo de 2007 y remitido por la Intervención General del Estado a la teniente fiscal Belén González Patín, quien actúa ahora como acusación pública contra José Luis Martín, alcalde de Seseña durante la aprobación del PAU del Pocero. Para la Intervención General del Estado, la actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sólo puede explicarse como “grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” y eso sitúa al que entonces era Consejero del ramo, Alejandro Gil al borde del precipicio y a punto de dar un gran paso al frente; pero no sólo a Gil, sino también a quienes, por encima de él presidían el Gobierno regional del que formaba parte: José Bono y José María Barreda sucesivamente. Únase a esta información, un presunto miembro de la mafia calabresa –Giovanni Piero Montaldo– detenido durante la operación Malaya y también imputado en la operación Astapa, pagando al ex alcalde José Luis Martín 700.000 € por razones que todavía se desconocen. Únase a ambas cosas, que ese presunto mafioso actuaba en Marbella como apoderado de APEX 2000 (Iberdrola Inmobiliaria) en cuyo consejo de administración aparece Rafael Santamaría Trigo, gran amigo de Bono y benefactor, según las últimas informaciones de prensa, de aquél y su familia con diversas dádivas de muy considerable cuantía. Añádase que el mismo Rafael Santamaría compartió sociedad (Royal Mediterránea) con con el abogado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas. Finalmente, téngase muy presente el artículo que Enrique Gimbernat –un penalista sobresaliente y, sin duda, un sabio de rango europeo en materia de dogmática penal– publica hoy, también en El Mundo, sobre el cohecho impropio.
Hace ya tiempo que la estrategia seguida por el PSOE toledano en el caso del Pocero pasó del manifiesto apoyo a un aparente repudio. En 2004 la Ejecutiva Federal del PSOE, para entendernos, Ferráz, no Toledo, forzó la disolución de la agrupación socialista de Seseña, a todas luces ya entonces, demasiado sospechosa. En noviembre de 2007 Hernández Moltó, refiriéndose a la retirada del crédito que CCM venía proveyendo al Pocero, hizo unas notablemente indiscretas declaraciones recogidas por el diario Las Provincias: “el que la hace que la pague y que la pague rápido y suficientemente. Considera que al negocio no le van bien los exhibicionistas, la ostentación es un mal aliado del empresario”. Esto no siempre ha sido así. En julio de 2006, apenas unas horas antes de que se hiciera pública que la Fiscalía Anticorrupción abría diligencias de investigación sobre el asunto del Pocero, Barreda aseguró en rueda de prensa que El Quiñón era “transparente, legal e impecable”. Ahora, en 2010 parece que ya no está dispuesto a repetir esas declaraciones, pero hay un incidente en la ya larga historia del PAU del Pocero que hace sospechar seriamente sobre la sinceridad de Barreda en aquel momento. Según describen detalladamente Alejandra Ramón y Ruth Ugalde en “El Pocero de Seseña”, corriendo el otoño de 2003, con el ahora imputado José Luis Martín de alcalde, “Ante la gravedad de los acontecimientos IU decidió convocar un pleno para solicitar una fiscalización de las cuentas del consistorio desde el año 1990. El grupo municipal del PSOE... votó a favor, mientras que el PP se abstuvo. La decisión socialista sorprendió a todos los presentes y entre los militantes de IU empezaron a temer que los socialistas hubiesen actuado así porque tenían la seguridad de que la Junta rechazaría la petición. Y los malos augurios se cumplieron. Pasados unos meses, el síndico de cuentas de Castilla-La Mancha dio carpetazo al asunto tras alegar que “no ve ningún ningún motivo para realizar la fiscalización”. Siete años después, el Tribunal de Cuentas, una de las pocas instituciones españolas en las que aún se puede confiar, desmiente al Síndico de CASTILLA-LA MANCHA, desmiente a Barreda e, igualmente, desmiente a Bono, todos los cuales han insistido e insisten en la absoluta legalidad de la tramitación del PAU del Pocero o, en todo caso, en la absoluta legalidad de su propia actuación. Pero, además, ese mismo informe, que pone de manifiesto la evidente omisión de las obligaciones de inspección y control que la Ley imponía a los gobiernos de Bono y Barreda y que, dependiendo de hasta dónde lleguen las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas, bien podría hacer entrar en juego al artículo 11 del Código Penal; desmiente la fatigosa estrategia defensiva de José Bono, él sí, incansable a la hora de denunciar la “campaña de difamación de que es víctima”. Si alguien difama a Bono, son los hechos y lo malo para él, es que son sus hechos y los hechos de su sucesor, Barreda. En fin, léase con atención el artículo que publica hoy Carlos Segovia en El Mundo. Se puede descargar pulsando sobre la imagen.
Entre el oficio periodístico circula habitualmente un dicho: “perro no come perro”. Falso de toda falsedad. Desde los griegos y en realidad desde mucho antes, el perro es símbolo de la incapacidad para discriminar, entre otras cosas, el alimento. Por eso Antístenes o Diógenes de Sinope se tenían por “cínicos”, es decir, por enemigos de las distinciones de la Polis y partidarios de la confusión, que más allá de los muros de la Ciudad, imperaba en la selva. Yo no he sido, ha sido ese Si a día de hoy algo ilustra con nitidez esta verdad: que “perro sí come perro”, es la estrategia defensiva que están utilizando Juan Pedro Hernández Moltó y los que fueran sus hombres de confianza en CCM y en CCM CORPORACIÓN. Según informa hoy El Mundo, Ildefonso Ortega, ex director general de la Caja, ha declarado en el Juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca que “Moltó estaba allí presente, conocía la operación y salió que sí”. Por su lado, otro testigo, el actual secretario general de la Caja corroboró esta declaración. Ambos se referían a la concesión de un aval “irregular” de más de 10 Millones de € a la quebrada DHO, cuando la constructora ya estaba en situación preconcursal. El mencionado aval se enmascaró con la denominación de confort letter o “carta de patrocinio”, pero sus efectos, devenida finalmente la quiebra de DHO son los mismos. El crédito que esta constructora formalizó con Banco Espírito Santo gracias al aval de CCM, tendrá ahora que ser pagado por la Caja. Frente a esto, dando una clara idea, que no hace falta calificar, del tipo de personajes de los que se han rodeando José Bono primero y Barreda después, lo que Hernández Moltó ha venido afirmando es que “su cargo no era ejecutivo” y que fue víctima de “engaños” de sus directivos que son los que cometieron las “irregularidades”. Curiosamente, esta misma argumentación fue la esgrimida por el propio Barreda y por su Consejera de economía tras la intervención de la Caja, sólo que ellos cargaban el engaño sobre el propio Hernández Moltó, cuya actuación al frente de CCM, decían, permaneció desconocida por el Gobierno manchego. El revelador silencio sobre la financiación a las tramas delictivas de Marbella Tal y como afirma El Mundo, y así consta en el pliego de cargos del Banco de España contra los consejeros de CCM, una de las operaciones “más turbias” de las ejecutadas por Moltó y su equipo directivo fue la concesión del mencionado aval a DHO. Sin embargo, las hay más turbias, más sospechosas y más inquietantes. Voy a citar sólo algunas de las ya mencionadas aquí: 1.- Crédito a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del malayo Pedro Román Zurdo, de 30 Millones de € (no de 10, como en el caso DHO) renovado por Moltó días antes de la intervención. 2.- Crédito a la trama empresarial del malayo Juan Antonio Roca para la adquisición del palacio de Villa Gonzalo, en Madrid. 3.- Participación y financiación a una de las empresas del malayo Enrique Ventero, en Los Alcázares, Murcia. 4.- Financiación con, al menos, 40 millones de € a las empresas de Roca, ONE PROPERTIES y MASDEVALLIA... Sobre estas operaciones de Hernández Moltó y sus consejeros no consta ni una sola palabra en el pliego de cargos del Banco de España; no consta, tampoco, que exista la menor actividad judicial o fiscal, a parte de la iniciada, tras recibir cierta información, por el Juzgado nº 5 de Marbella el cual, por otro lado, carece de jurisdicción en Castilla-La Mancha; y no consta, tampoco, que exista el menor propósito de investigar esta financiación, que según El Economista, alcanza una cuantía no inferior a 200 Millones de €, financiación concedida a una trama calificada por el Juez instructor del caso Malaya, como “organización criminal”. ¿Por qué no se investiga esto? ¿Tampoco hay aquí suficientes indicios de relevancia penal? ¿Quizás, por el contrario, es que hay indicios de demasiada relevancia penal?
El pasado 11 de junio, Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque, y Gregorio Fernández Vaquero comparecieron en una rueda de prensa. Fernández Vaquero reconoció la existencia de negociaciones “discretas” sobre un nuevo aeropuerto en Casarrubios del Monte (Toledo), pero el tema central fue Pompa y el Auto de sobreseimiento provisional de la querella que tenía interpuesta en el Juzgado nº 2 de Illescas, ahora pendiente de recurso en la Audiencia Provincial. Al respecto, según publica Castilla-La Mancha Digital, Pompa dijo lo siguiente: “Tejieron una supuesta trama de corrupción “implicándonos al secretario municipal, a un ex funcionario del Ayuntamiento y a mí”. Entonces comenzaba un rosario de querellas “habrán interpuesto 12 ó 14”, comenta, antes de empezar a explicar que los denunciantes eran el sindicato de ultraderecha Manos Limpias, el Partido Popular e Izquierda Unida”. Por su parte, Fernández Vaquero aseguró que “Manos Limpias y el PP ―el PP no ha puesto ninguna querella ni denuncia contra Pompa― acusaron de forma mimética en sus escritos, ¿es casualidad?”, pregunta, a la vez que recuerda que hace poco ha ocurrido algo “muy parecido” con el juez Baltasar Garzón”. Es decir, que Pompa no sólo se pone a la altura del Juez Garzón, sino que, además se declara víctima de una conjura en la que peligrosos bolcheviques y siniestros fascistas, con la colaboración necesaria del PP, acordaron fraguar su desastre político en beneficio de Jesús Terrón, un ex alcalde de Carranque expulsado del consistorio hace 20 años con la ayuda de un tránsfuga, episodio que abrió las puertas del Ayuntamiento al mencionado Pompa y que, desde entonces, se ha convertido en su sostenida monomanía. En esta línea, Pompa sacó a relucir los nombres de José Esteban Chozas y Sonsoles Arnau, ambos dirigentes de IU, que en 2007 hicieron pública la denuncia de la coalición contra él y contra José Manuel Tofiño, por presuntos delitos de corrupción relacionados con el campo de golf de Carranque y con la adjudicación del mantenimiento de las carreteras de Toledo. Sobre ellos, ―a los que Fernández Vaquero, con motivo de aquella denuncia, ya tachó de «bandoleros» ― el alcalde de Carranque, según cita La Tribuna de Toledo, dijo lo siguiente: “El regidor descalificó a Chozas como defensor de la legalidad urbanística en La Sagra preguntándose si sería capaz de explicar «el chiringuito que se montó en Seseña con la empresa municipal de la vivienda, que le reportó importantes emolumentos para suplementar (sic) su sueldo de conserje»”. A Pompa, que con “suplementar”, que no existe, se ve que tenía intención de decir “suplir”, que sí existe; la frase anterior le debe parecer ingeniosa y contundente, y se entiende porque el hijo del que fuera cartero de Carranque, es decir Pompa, se ha asignado como sueldo por su actividad de alcalde en un municipio con la deuda por habitante más alta de la provincia de Toledo y en situación de suspensión de pagos, 40.549 € anuales ―6.746.872 Pts― a lo que hay que sumar el que le corresponda por ocupar la presidencia de la Mancomunidad de la Sagra Alta, un seguro médico privado, y las dietas y suplidos de que, en su caso, se beneficie. Con estas cantidades y no otras, ya se entiende que este alto dignatario haya olvidado las muchas estrecheces y privaciones de su infancia y juventud y que tenga por bajo y despreciable el oficio y sueldo de “conserje”, a la par que, sin traza de rubor, declare ―lo hizo a la Cope en marzo de 2009― que “aquí, en el Ayuntamiento de Carranque, se entiende, de lo que se trata es de vivir de lo que ganamos”. Pero lo más inaudito de todo esto es la ubérrima desvergüenza de Pompa cuando insinúa actos delictivos cometidos por Manuel Fuentes, actual alcalde de Seseña, en relación con la contratación de José Esteban Chozas. Insólita es la cosa porque Manuel Fuentes, y los que con él sostienen las trincheras en la batalla de Seseña, tienen sobradamente acreditada con hechos, una decencia cuya dimensión y calidad, probablemente, esté más allá de las capacidades de estimación que adornan a Pompa y, también, porque Manuel Fuentes gobierna en Seseña en minoría, con los votos del PSOE y por lo tanto bajo su inmediata vigilancia y sañudo control. Pero además de impertinentes, las declaraciones del próspero alcalde de Carranque son significativas porque vienen a demostrar, otra vez, que los hombres fuertes del PSOE toledano sangran por la herida de Seseña. No es para menos. Demasiadas cosas están saliendo a la luz, incluida la participación de la Mafia en los hechos que confluyen en el caso de la urbanización de El Quiñón, aprobada por el que entonces era cofrade de Pompa, el ex taxista y ahora millonario José Luis Martín. La realidad de la situación jurídica de Pompa Pompa aseguró en la rueda de prensa del pasado día 11 que el contubernio formado por IU, Manos Límpias y el PP, ha llegado a presentar contra él 12 o 14 denuncias y querellas. Pues bien, o Pompa había estado celebrando la resolución del Juzgado nº 2 de Illescas y se encontraba confuso o los problemas se le agigantan últimamente o, simplemente, estaba cultivando su imagen de víctima. Contra el alcalde de Carranque se han presentado las siguientes denuncias: En diciembre de 2006, la primera de todas, relativa a la permuta de parcelas entre el ayuntamiento y el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas. A principios de 2007, se interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo la denuncia de IU, contra José Manuel Tofiño, presidente de la Diputación de Toledo y contra Pompa y otros concejales de Carranque, relativa a la concesión a una empresa del grupo PEYBER, del mantenimiento de la Zona 2 de las carreteras de Toledo y a la tramitación del PAU del campo de golf de Carranque. Finalmente, Manos Límpias presentó en el Juzgado nº 4 de Illescas querella, también, por los hechos que concurrieron en la tramitación y aprobación de ese mismo campo de Golf. Hay una querella más, que sigue pendiente de resolución. Durante las elecciones de 2007 se distribuyó en Carranque un anónimo: la llamada “Carta PIP” en la que se hacía alusiones sobre ciertos concejales del PP y varios de sus familiares. Algunos de estos presentaron denuncia y de las diligencias de investigación puestas en marcha por la Guardia Civil, resultó que dos testigos de la empresa que realizó el envío, identificaron a Pompa, sin lugar a dudas, como el individuo que hizo el encargo y lo pagó en efectivo. De forma que no son catorce, sino cuatro y, además, esas cuatro son relativas a tres asuntos: El campo de golf, la permuta con el funcionario Ernesto Rodríguez y el anónimo PIP, y de esas cuatro, dos siguen con actuaciones abiertas en los Juzgados. Así, salvo que Pompa conozca más de lo que se ha hecho público o salvo que haya recibido garantías que los demás ignoramos, este hombre se precipita al considerar definitivamente archivadas todas sus causas pendientes con la Justicia. La Fiscalía Anticorrupción de Toledo y el principio de intervención mínima Fernández Vaquero, en la rueda de prensa citada arriba, equipara a Alejandro Pompa con Baltasar Garzón. Al margen de lo risible de la ocurrencia, si lo que hay que buscar es un término de comparación apropiado para Pompa éste, desde luego, no es el Juez Garzón, sino otro personaje no menos famoso: José Bono. Recientemente, la Fiscalía General dio respuesta a la petición del PP de que se investigara el origen del multimillonario patrimonio de Bono. Esa respuesta incluía los siguientes argumentos: Investigar el patrimonio de Bono equivaldría a abrir “un procedimiento inquisitorial” contra él y, hasta ahora, las acusaciones sufren de “vaguedad y nula concreción”. Al margen de que no veo qué tienen de vagos los datos documentados que acreditan las dádivas recibidas por Bono de manos de Rafael Santamaría y los fabulosos intereses económicos de este constructor en Castilla-La Mancha; la resolución de la Fiscalía General se parece, como una gota de agua a otra, a la nota hecha pública por el Fiscal Jefe de la Audiencia provincial de Toledo en la que, en vísperas de las elecciones de 2007, hacía pública su intención de archivar la denuncia presentada por IU contra Tofiño y Pompa. En en la nota de la Fiscalía de Toledo se reprochaba la vaguedad de las imputaciones: “se trata de imputaciones poco concretas y de escaso contenido penal (sic)” y, luego, respecto a las investigación solicitada del patrimonio de Tofiño, también se decía, textualmente, que el Fiscal se opone a esas diligencias de indagación “mientras no se especifique una finalidad concreta a efectos de investigación delictiva pues las inquisiciones genéricas son contrarias a nuestro Estado de Derecho”. También, al igual que ahora en el caso Bono, donde la Fiscalía General desprecia los “meros comentarios y valoraciones de medios de comunicación”, aunque esas informaciones estén acreditadas con documentos de los Registros públicos; la fiscalía de Toledo, en el caso denunciado por IU, afirmó que algunas de las personas cuyos nombres figuraban ahí, habían sido “simplemente tomadas de los datos registrales de las empresas, incluso entidades bancarias como la Caja Castilla-La Mancha”. Hay una cosa más. Cuando IU interpuso la denuncia que se viene comentando, Gregorio Fernández Vaquero aseguró en rueda de prensa que ésta nunca iría más allá de la Fiscalía; una afirmación asombrosamente profética, sobre todo teniendo en cuenta que el Sr. Fernández Vaquero es maestro y no jurista. En cualquier caso, la Fiscalía de Toledo ha seguido, desde entonces, manteniendo estos criterios los cuales, además, han resultado decisivos para el archivo de las diligencias del caso del campo de golf de Carranque ―donde la propia Fiscalía reconoce que existen ilegalidades, pero a las cuales niega la relevancia penal― y ahora, del caso de la permuta con la empresa del funcionario Rodríguez Cubas. ¿Por qué el Juzgado nº 2 de Illescas archiva las diligencias previas contra Pompa y los demás imputados? En primer lugar porque así lo ha pedido el Fiscal. De hecho, el Juzgado de instrucción de Illescas ya había dictado Auto de continuación del Procedimiento Abreviado. Lo hizo con fecha de 25 de enero de 2010 y, para entendernos, esto significaba que Pompa, Ernesto Rodríguez Cubas (en la foto) y los demás iban a sentarse en el baquillo, ya no como imputados, sino como acusados. Lógicamente, la defensa de Pompa recurrió esa resolución y a dicho recurso se unió la Fiscalía de Toledo argumentando, según el Auto del Juzgado nº 2 de Illescas, que «de las actuaciones practicadas no se desprenden claramente hechos delictivos cometidos por los imputados... no pudiendo acreditar el elemento subjetivo de los tipos penales que imputan pues todo se basa en cuestiones plenarias del Ayuntamiento de Carranque». ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Fiscalía considera que no se ha acreditado el dolo, es decir, la intención y voluntad de violar la Ley, en los hechos cometidos por los imputados, cuya realidad, por otra parte, no discute. A tal conclusión llega el Ministerio Público debido a que las decisiones de Pompa fueron votadas por los concejales de su grupo en el Pleno del Ayuntamiento. Con este hallazgo jurídico, que añade una nueva eximente ―la de aprobar en Pleno las resoluciones presuntamente delictivas― inédita hasta la fecha, a la lista contenida en el Código Penal, el Juzgado resuelve que ni Pompa de Mingo, ni ninguno de los otros imputados, han «cometido, conscientemente y aceptando su resultado ―esto es, dolosamente― ninguno de los delitos tipificados con carácter principal por la acusación popular como de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos del art. 439 del Código Penal, ni de Prevaricación del art. 404 del Mismo Texto Legal, ni tampoco de Tráfico de Influencias previsto en el art. 428 del Texto Penal Sustantivo... Los imputados ―continúa el Auto― no fueron conscientes en ningún momento de la antijuridicidad de sus actos». Así que, partiendo de que el Auto reconoce la existencia de actos antijurídicos, habrá que decir que el dolo, como bien apunta el Auto comentado, supone cometer el hecho delictivo con conciencia y voluntad de su resultado, pero también, en su modalidad de dolo eventual, representándose la probable lesión del bien jurídico protegido por el tipo penal y aún sin buscarla o quererla, despreciar esa probabilidad y continuar con la acción que, finalmente, provoca la lesión del bien que la norma penal quiere proteger. Representarse la probable lesión del bien jurídico supone que, para un hombre de entendimiento medio, apreciar ese probable daño es algo asequible, bien porque él conoce las circunstancias o bien porque se las han dado a conocer. Pompa conocía desde hacía años al funcionario Ernesto Rodríguez Cubas y mantenía y mantiene con él pública amistad; conocía la situación de incompatibilidad en que el tal Rodríguez estaba incurriendo, su actuación como secretario eventual y encargado de urbanismo en el Ayuntamiento y su participación en, al menos, una de las seis mercantiles dedicadas al negocio inmobiliario en Carranque propiedad de ese funcionario y consta ese conocimiento porque el hecho fue denunciado por la oposición del Ayuntamiento en el Pleno del 16 de octubre de 2003, que aprobó la permuta, como así está recogido en el acta correspondiente. La posibilidad de la conducta ilícita, por tanto, había sido dada a conocer a Pompa, que ni siquiera esperó a recibir informe jurídico oportuno o a hacer las consultas necesarias, sino que con manifiesto y arrogante desprecio de la probable lesión del bien jurídico protegido, de la que había sido advertido, contestó ―así se refleja en el acta del Pleno― «que el funcionario mencionado, fuera de su horario de trabajo en el Ayuntamiento podía dedicarse a lo que le pareciera. Que dicho funcionario no tenía información privilegiada a pesar de lo que se dijera en la calle. Que el convenio estaba bastante bien redactado... y que no obstante, si alguien tenía dudas sobre la legalidad de la actuación, podía acudir a los Tribunales de Justicia». Por consiguiente resulta realmente difícil considerar que Pompa, al que se le ha de presumir un entendimiento medio, aunque diga ser “ingeniero naval privado no homologado”, no tuviera presente, como mínimo, la probabilidad de la ilicitud de sus actos; pero más difícil es concluir que el funcionario Rodríguez Cubas, que había actuado como secretario y como interventor del Ayuntamiento y que, además, había estado encargado del área de urbanismo de esa Corporación, no estuviera perfectamente al tanto de su situación de incompatibilidad y de la prohibición de las negociaciones en las que participaba; y aún si no lo hubiera estado hasta el Pleno del 16 de octubre de 2010, sí tenía un deber imperioso de conocer las obligaciones que le competen como funcionario público. En consecuencia, el Auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Illescas parece bastante discutible y, aunque Castilla-La Mancha sea tierra de prodigios jurídicos, no es en modo alguno descabellado esperar que la Audiencia Provincial de Toledo lo anule y ordene la continuidad al procedimiento contra Pompa y los demás. ¿Quién es el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas? Ernesto Rodriguez Cubas es, desde hace décadas, auxiliar administrativo del ayuntamiento de Carranque, ahora en excedencia voluntaria. En el momento en que se iniciaron las acciones judiciales contra él y contra Pompa, era socio y administrador, al menos, de seis empresas inmobiliarias: PRICASA CARRANQUE, con CIF B45560794; DESARROLLOS URBANOS DE ILLESCAS, con CIF: B82233370; CONSTRUCCIONES SIERRA DOS, con CIF: B83948398; PROSPECCIONES E INVESTIGACIONES URBANÍSTICAS CARRANQUE, con CIF: B83080937, PROYECTOS URBANIZABLES LA SAGRA, con CIF: B84790211; y MAXISUELO, con CIF: B83853432. Su situación en el Ayuntamiento puede engañar si se atiende únicamente al grado de auxiliar administrativo. La importancia de Rodríguez Cubas durante años en esa Corporación ha sido decisiva y prueba de ello es su actuación como encargado de urbanismo y como Secretario eventual. Paralelamente, desplegó una frenética actividad empresarial en el gremio de la construcción que se centró, esencialmente, en Carranque. Fruto de esa actividad fue un insólito enriquecimiento que se fraguó, en su práctica totalidad, durante los años 2003 y 2004. Según las notas registrales a las que ha tenido acceso Notitia Criminis (cuyo listado se puede descargar pulsando sobre la imagen anterior) el patrimonio inmobiliario de las empresas del funcionario, en el momento en que se están produciendo los hechos que aquí se comentan y tasado prudentemente a los precios que entonces regían en el mercado, alcanzaba la cifra de unos 10.480.000 €, es decir más de 1.700.000.000 de Pts. En otras palabras, que en tres años el valor del patrimonio adquirido por las sociedades de un auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Carranque, sin más fortuna que la nómina que le correspondía por ese puesto, se aproxima notablemente a los dos mil millones de Pts. La crisis habrá diezmado esa cantidad, sin duda, pero esto no desvirtúa este descomunal enriquecimiento, tan rápidamente atesorado. No obstante tanta riqueza y en tan poco tiempo acumulada, mayor que la hasta ahora descubierta a José Bono, no llama la atención de la Fiscalía. Ni siguiera cuando ella misma reconoce que está acompañada de ilícitos, ya que tales ilegalidades, piensan el Fiscal y el Juez de instrucción, fueron cometidas sin «consciencia y voluntad». Entre tanto, fuentes del lugar cuentan que estos días atrás, mientras Pompa estaba en una de las varias cantinas de Carranque, recibió una llamada en el móvil. Cuando colgó dijo: «era Bono, para felicitarme porque me han cerrado todo». Todo menos la boca, estará pensando Bono, que aún solícito con los suyos, conoce muy bien lo que vale la discreción.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 11
 resolución 
 resolución 
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