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Timestamp: 2018-01-22 20:05:34+00:00

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¿Donde ha estado la Inocencia en el Proceso Penal Mexicano?
¿Dónde ha estado la Inocencia en el Proceso Penal Mexicano?
Por Germán Martínez Cisneros
Ciertas instituciones y grupos nacionales han practicado desde tiempos muy remotos un deporte en el que sobresalen por meritos propios. Para fines didácticos y un cierto afán metafórico vamos a denominar a ese deporte el del “discurso de altura”.
Lo que lleva a la victoria a quien practica esa actividad es el esfuerzo que se aplica en levantar la voz, en elevar el discurso lo más alejado posible de la realidad y dar la apariencia de que es más “verdad” la encerrada en frases y formulas preconcebidas (ajenas a lo que apreciamos con nuestros sentidos e inteligencia) que la verdad derivada de la historia general o particular, o incluso impuesta por las normas y el sentido común.
Una de las hazañas memorables en dicho ámbito “deportivo” ha sido, sin duda alguna, ese salto formidable que se dio en algún momento de nuestra historia jurídico-procesal, para superar (ignorar) olímpicamente uno de los principios fundamentales y de mayor valía en el sistema de justicia penal.
Me refiero a la presunción de inocencia. Respecto a ese principio, las ideas de los juristas han oscilado entre la rotunda afirmación de que en México no existe y nunca ha existido porque no hay disposición legal alguna que la establezca, a considerar, por otro lado, que si bien tiene una existencia difusa en las normas legales mexicanas, lo más adecuado para una buena política criminal es no atenderlo en la práctica de los operarios del sistema de justicia o reservarlo para ciertos casos de laboratorio.
En junio de 2008, se concretaron importantes reformas en nuestra Constitución Política, en ellas se comprende una seria transformación del sistema de justicia criminal. Para que no hubiera duda en cuanto a la existencia o conveniencia de la presunción de inocencia, se incluyó de manera expresa como uno de los principios básicos del nuevo modelo. Sin embargo, de poco va a servir que ahora exista normativamente si no tenemos la voluntad de aplicar ese principio en la vida diaria de las autoridades enroladas en el procedimiento penal mexicano.
Este texto fue pensado para señalar ciertas tendencias conscientes e inconscientes que tenemos las autoridades mexicanas, cuya concreción en las prácticas diarias, podrían sumir bajo tierra los buenos deseos que llevaron a incluir en nuestra Carta Magna la presunción de inocencia y dejar en su lugar una simple evocación romántica de un ideal o un derecho constitucional programático de tercera o cuarta generación.
EL ASPECTO FILOSOFICO DEL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA.
Considerar, de entrada, inocente a cualquier persona, implica un respeto a su dignidad, en esa actitud se sintetiza la voluntad de una sociedad civilizada de creer que los individuos integrantes del grupo humano son, de ordinario, buenos para convivir con los demás.
En la vida diaria buscamos y a veces exigimos que se nos considere seres desprovistos de maldad o, al menos, incapaces de realizar actos que evidentemente perjudiquen a nuestros semejantes y, por tanto, con la capacidad mínima para convivir en armonía con los otros miembros de la sociedad. Ello comprende la necesidad de compartir los mismos valores y principios.
Desde una perspectiva iusnaturalista diríamos que todos tenemos, entre otros derechos inherentes a la condición humana, el de lograr un mínimo de respeto a nuestra dignidad, y parte esencial de ese respeto es que se presuma nuestra inocencia; ello impide estimar perversa o antisocial a cualquiera sin bases que lo sustenten, lo cual tiene una importancia de especial trascendencia si recordamos que la culpa es en esencia un estigma que justifica la sanción y la marginación.
Dice Carlos Soria “La presunción de inocencia protege esa peculiar dimensión social de la dignidad humana que es la confianza colectiva. ¿La presunción de inocencia? ¿Qué tipo de sociedad aparecerá si se partiera de la base de que toda persona es culpable mientras no se demuestre lo contrario? (1)
Al respecto recordemos que uno de los teóricos de la revolución francesa, Juan Jacobo Rousseau en su celebre “Contrato Social” hace patente esa idea de marginación del culpable: "… todo malhechor, atacando el derecho social, conviértese por sus delitos en rebelde y traidor a la patria; cesa de ser miembro de ella al violar sus leyes y le hace la guerra. Los procedimientos, el juicio, son las pruebas y la declaración de que ha roto el pacto social, y, por consiguiente, de que no es ya miembro del Estado".(2)
Al ser casi siempre inmediatas esas consecuencias contra el que se considera no inocente, permite advertir con mayor claridad que la inocencia es componente esencial de la dignidad humana; más aun si entendemos que la inocencia es en sustancia aptitud: aptitud de la persona para vivir aceptablemente en sociedad.
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA A TRAVÉS DE LA HISTORIA.
Unos doscientos años antes de Cristo, el jurista romano Ulpiano dejo asentado: “Es preferible dejar impune el delito de un culpable que condenar un inocente”, con esa máxima se regía el procedimiento penal romano, y adquirió posteriormente un mayor énfasis en la inocencia al ser incorporadas las doctrinas cristianas.
Durante la Edad Media, los tribunales (al servicio de la clase gobernante) no tenían empacho alguno en admitir pruebas ilegales y el uso indiscriminado de la tortura como un medio válido para obtener la confesión. El acusado no era considerado un simple sospechoso, antes bien, se le estimaba y se le trataba como culpable, por tanto a él le correspondía el deber de destruir las pruebas o las simples conjeturas de culpabilidad, para demostrar su inocencia. Se ha considerado la época oscura no únicamente del enjuiciamiento criminal sino del conocimiento humano.
En el año de 1670 en Francia existía una ordenanza que incluía el siguiente párrafo:”Todos se presumen buenos mientras no se pruebe que son malos”. (3)
En la época de la revolución francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su artículo 9 establece: “Tout homme étant présumé innocent jusqu â ce qu’il ait été déclaré cupable” (Todo hombre se presume inocente hasta que haya sido declarado culpable) (4)
En Inglaterra Jeremias Betham, fue partidario de ese principio, argumentó que el acusado debía ser escuchado en juicio y darle la oportunidad de probar, ya que todo ser humano es inocente por naturaleza.
En Italia Beccaria también consideró de un rango predominante al mismo principio en su “Tratado de los Delitos y de las Penas” (1764), en una parte de su capitulo XVI dice: “…no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados”. Incluso este humanista italiano fue más allá en el tema de considerar la inocencia como un principio básico del proceso penal, pues se opuso abiertamente al encarcelamiento preventivo, al cual consideraba una pena anticipada, y que por tanto sólo podía aplicarse cuando se actualizaran suficientes requisitos legales (5)
En el siglo XIX, imperaron las ideas de la denominada Escuela Clásica italiana, en la que destaca Francesco Carrara, quien respecto al estado de inocencia expresó: "El postulado de que parte la ciencia en esta segunda serie de estudios es la presunción de inocencia, y así la negación de la culpa... Aquí dice ella: Protejo a este hombre porque es inocente, así lo proclamo hasta que no hayáis probado su culpabilidad... con los modos y las forma que yo prescribo, y que debéis respetar porque ellas proceden también de dogmas de absoluta razón" (6)
EL PRINCIPIO DE INOCENCIA EN LAS NORMAS INTERNACIONALES.
En el año de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas, proclamo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el numeral 11.1 señala: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa" Además, dicha Declaración recoge los principios de legalidad, publicidad y de un efectivo acceso a la defensa.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, deriva del consenso de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966, que entró en vigor internacionalmente hasta 23 de marzo de 1976, en su artículo 14, apartado 2 señala "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley"
En el derecho internacional originado en nuestro continente, es de suma importancia la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá, Colombia, en 1948, por ser en Latinoamérica la primera norma que expresamente se pronuncia sobre la presunción de inocencia, en el apartado XXVI refiere: "Derecho a Proceso Regular. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable" .
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (ambos formalmente aceptados por el Estado Mexicano), en sus artículos 14 apartado 2 y 8 apartado 2, respectivamente casi en términos semejantes refieren que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad" (texto de la Convención).
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MEXICANO.
Antes de las reformas constitucionales en materia penal de junio de 2008, es posible afirmar que la consideración de inocencia de los individuos subyacía en el sistema legal, sobre todo en nuestra Constitución y como reflejo de ésta en las leyes secundarias.
El artículo 1° constitucional establece que todo individuo goza de las garantías derivadas de esa ley y no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones estipuladas en la propia constitución. En el mismo orden de ideas el numeral 14 de nuestra máxima norma jurídica contempla la garantía del debido proceso y expresa otras restricciones para privar a cualquiera de derechos. El mismo sentido de exigir requisitos ineludibles para privar o molestar a alguien en sus derechos, se advierte en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 102 del propio ordenamiento constitucional.
Resulta fácil constatar en nuestra máxima ley y en los Códigos ordinarios, una importante lista de requisitos y limitantes que se imponen a las autoridades para poder emitir cualquier acto que pueda causar una molestia de cualquier tipo y gravedad a los gobernados.
Los criterios de jurisprudencia son acordes con las mismas restricciones y exigencias de las normas legales, las interpretaciones que se hacen de las leyes penales invariablemente dan relevancia suprema a los derechos fundamentales de los particulares frente al Estado y generalmente (salvo extrañas excepciones) reafirman la necesidad de cumplir con determinados requisitos para emitir un acto que pudiera perjudicar de cualquier manera al particular.
Visto así, es claro que aun sin un texto expreso, el sistema legal presupone la inocencia del gobernado y por tanto jerarquiza en primerísimo orden el respeto en su persona, en sus derechos, papeles, posesiones, etcétera, ello obviamente porque se le debe considerar de inicio un ser no culpable, es decir, se presume su inocencia. Miguel Carbonell al referirse al principio de presunción de inocencia lo deduce de la siguiente manera:
“…puede entenderse que está presente a contrario sensu a partir de la interpretación de las normas constitucionales que establecen una serie de requisitos para que una persona sea privada de su libertad.”(7)
Con independencia de las reflexiones expresadas en precedentes párrafos, nuestra Suprema Corte se ha pronunciado al respecto afirmando que es un principio constitucional, de especial y absoluta aplicación. Muestras patentes en la materia de este texto, son las tesis de los rubros siguientes: “PRESUNCION DE INOCENCIA, EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.” (Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta T. XVI, agosto 2002) “PRESUNCION DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.” (Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta T. XXV, mayo 2007), ambas de la novena época. En la primera se hace una interpretación sistemática de los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución mexicana, concluyendo que los principios constitucionales de debido proceso legal y el acusatorio (contenidos expresamente en la norma) resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, merced al cual al acusado no le corresponde probar su inocencia. La segunda tesis de alguna manera complementa a la antes reseñada, al disponer que los alcances de la presunción de inocencia trasciende la orbita del debido proceso, debe aplicarse en cualquier materia para garantizar al gobernado un trato de no autor o no partícipe en cualquier hecho que pudiera infringir la norma legal (se insiste, no sólo penal), refiere que con la aplicación de la presunción de inocencia “se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrán resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares.”
No obstante si se considera la situación que impera en las acciones de las autoridades relacionadas con el sistema de justicia penal; tan grave es la situación en la realidad cotidiana, que muy pocos conocedores del tema de la justicia se podrían oponer con argumentos razonables a la conveniencia que tiene haber insertado el principio de presunción de inocencia expresamente en las normas legales de mayor trascendencia. El artículo 20 constitucional ya reformado empieza diciendo: “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.” Enseguida, en el apartado A, que denomina “De los principios generales”“I.- El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.” “…V.- La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora…” “VIII.- El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del acusado;” “IX.- Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula.“ establece, entre otros puntos:
Las anteriores expresiones normativas derivan, sin duda alguna, directamente de la presunción de inocencia, sin embargo, para que no haya lugar a interpretaciones banales, el principio se inserta de manera expresa en el apartado B, “De los derechos de toda persona imputada: I.- A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. Con ello el legislador nos pone a la altura, al menos formalmente, de los sistemas de justicia penal de vanguardia internacional.
Cabe hacer la aclaración que, conforme a los artículos transitorios de las reformas en comento, éstas no entran inmediatamente en vigor, sino hasta que lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder del plazo de ocho años (a partir de la publicación del decreto); sin embargo, ello no significa que el principio de presunción de inocencia (al cual me circunscribo en esta reflexión), no pueda aplicarse en la actualidad, al contrario, es una obligación observarlo por un cúmulo de razones, varías de las cuales se consignan en este trabajo.
¿SE APLICA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN NUESTRO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL?
El que esto escribe comenzó su vida profesional como agente del ministerio público investigador (fiscal) y después he incursionado en la labor jurisdiccional en materia penal por espacio de veinte años, ocho de los cuales ha sido como juzgador; con esa experiencia acumulada en la práctica diaria, me atrevo afirmar que con una frecuencia que sería inusitada desde una perspectiva ajena a este país, se observan acciones que de manera rotunda se apartan del respeto a los derechos básicos del gobernado. Son irregularidades tan reiteradas que sería ridículo negarlas. Obviamente se traducen en una total inobservancia del principio de inocencia.
Bajo esa óptica, no puedo dejar de referirme a las acciones de personajes cuya intervención tiene un peso enorme en la mayoría de los casos sometidos a juicio; sobre todo si se considera que un gran porcentaje de los individuos que son procesados en México, fueron capturados en flagrancia o cuasi flagrancia (se habla de que un setenta por ciento de los inculpados fueron detenidos en menos de 24 horas de ocurrido el delito), así pues, por lo general los agentes de policía en los proceso penales aparecen como testigos directos o al menos muy vinculados al supuesto hecho criminal, de alguna manera tienen un cierto monopolio probatorio; en el sistema procesal que todavía rige, los elementos de las corporaciones de policía (de cualquier nivel) presentan la pruebas en la indagatoria sin necesidad de la intervención judicial, por tanto tienen un cierto control unilateral de ese material, mismo que es determinante para dictar sentencia.
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
La actividad de los organismos del Estado que deben combatir de manera directa la delincuencia e investigar el delito, sin importar el nivel de gobierno al que pertenezcan, es de las cuestiones más duramente criticadas no sólo por los especialistas, sino por el común de la gente. Lo que en el fondo motivó el clamor por una reforma en el sistema de justicia penal, no es el avance de la criminalidad por si mismo, sino el hecho percibido por la ciudadanía en general, el cual se traduce en una distorsión o definitiva negación de los objetivos para los que fueron creados los órganos de Estado encargados de la prevención del delito, de la seguridad ciudadana y de la procuración de justicia.
Varios informes anuales de la organización de derechos humanos “Human Rights Watch”, refieren con detalle las acciones que revelan las deficiencias y prácticas más desleales por parte de algunas autoridades, es representativo de ello el informe dado a la luz pública en 2001 que contiene el siguiente párrafo:
“Las deficiencias en la administraron de justicia fueron de hecho una preocupación importante. Los agentes del Ministerio Público ignoraron con frecuencia los abusos policiales y también fabricaron directamente pruebas, y la supervisión judicial de su trabajo fue seriamente inadecuada. Los tribunales aceptaron pruebas obtenidas mediante violaciones a los derechos humanos, lo que incluyó registros ilegales, y los jueces citaron precedentes legales que menoscabaron las garantías de los derechos humanos”. (8)
Otro informe de la misma organización antes mencionada, pero éste de 2006, entre diversos señalamientos refiere el siguiente:
“Las confesiones forzadas pueden servir a múltiples propósitos. Uno de ellos consiste en generar evidencia (tanto la declaración auto-inculpatoria como cualquier prueba que la victima pueda proporcionar sobre otros testigos sobre evidencia física) de que la victima es culpable de un delito. Si bien la tortura generalmente apunta a obligar a los criminales a decir la verdad, también puede obligar a una persona inocente a mentir. Puede, asimismo, servir un propósito aun más siniestro (permitir que los agentes de seguridad encubran sus propias actividades delictivas. Por ejemplo, cuando los agentes detienen ilegalmente a un individuo sin una orden de arresto, pueden forzarlo a declarar a que fue atrapado mientras cometía un delito – in flagrante delito- justificando así la detención. De esta manera, la tortura facilita la práctica de la detención arbitraria que constituye, en si misma, un problema crónico de derechos humanos en México.” (9)
Las conclusiones de investigaciones de otras organizaciones interesadas en el tema, como la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos; el Instituto del Banco Mundial; Amnistía Internacional; el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín pro Juárez”, A.C; Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. (CIDE), por citar algunos, dan noticia clara y detallada de conductas irregulares, abiertamente transgresoras de los derechos humanos, practicadas de manera sistemática por las autoridades que en el papel tienen como finalidad la seguridad social.
Con el panorama antes expuesto, es claro que en el ámbito de las autoridades ya mencionadas, contrario a lo que disponen las norma nacionales e internacionales, la historia, la teoría y la jurisprudencia, en la práctica diaria lejos de observar el principio de presunción de inocencia, rige la presunción contraria, la de culpabilidad de cualquier persona sometida a procedimiento criminal.
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LOS JUECES PENALES.
La labor jurisdiccional se encuentra estrechamente vinculada con las acciones de los cuerpos policiales, pues la actividad de éstos, por lo general, es la que da origen al procedimiento que luego se encausa a los órganos judiciales; por ende, la labor de los jueces penales consiste en gran medida en decidir respecto a la situación de los imputados que en un principio fueron sorprendidos por la acción policial (en nuestro país, un porcentaje abrumador de asuntos llevados a los jueces se iniciaron por flagrancia, excepcionalmente devienen de una investigación); por consecuencia con nuestras resoluciones (aunque no sea el principal objetivo de ello) también calificamos el proceder de tales órganos de autoridad.
Pues bien, si las prácticas anómalas, que desgraciadamente forman parte de nuestra cotidianeidad, no son consideradas por los jueces, aún cuando (y solamente cuando) haya señales de ellas en los casos sometidos a su análisis; luego entonces además de apartarnos de la ética, no estamos aplicando a cabalidad los principios jurídicos que rigen el juicio penal, en concreto el de presunción de inocencia.
Por el contrario, partiendo de una base conformada por el principio de presunción de inocencia, el hecho de reconocer esa realidad, implica que la voy a tener presente para resolver con apego a la justicia los conflictos que se me presentan en la tarea judicial; desde el punto de vista ético y jurídico es imprescindible considerar el estado de cosas que vivimos; reconocer en la medida necesaria que el mundo que vive el enjuiciado es el mismo mundo que estoy viviendo yo como juzgador y que la misma lógica de la vida diaria (aunque depurada en sus formas), es la que va a regir mi desempeño judicial.
Lo anterior no implica, esto debe quedar bien claro, que los encargados de juzgar decidamos a priori respecto a cualquier prueba, en cambio se traduce en la obligación de suprimir todo tipo de formulismo a ultranzas, que solo llevan a enjuiciar con trivialidad y sin mucho apego a la verdad. De esa manera, reconociendo la posibilidad de practicas deshonestas y abusivas, como juzgadores debemos exigir el cumplimiento mínimo de requisitos formales, no otros que los previstos por la ley, a las pruebas generadas por los elementos de las instituciones referidas y también que las mismas al menos se ubiquen dentro de parámetros exiguos de congruencia, de lógica, de sentido común, es decir, de verosimilitud.
No debemos olvidar como funcionarios judiciales, que el principio de inocencia nos obliga a revisar que las pruebas de cargo reúnan los mínimos requisitos no solo legales, sino de sentido común y de congruencia con la realidad, para estimarlas jurídicamente eficaces. De igual manera, nos impone abandonar una actividad jurisdiccional sustentada en meros formulismos sordos a las voces de la verdad, privados de la lógica más elemental.
Lo antes mencionado nos lleva a hacernos la inevitable pregunta: ¿Realmente se aplica el principio de inocencia por los jueces en México?
Antes de contestar voy a decir lo siguiente: Todavía puede haber juzgadores que piensan que es mejor no tener ninguna clase de consideración con el inculpado, a quien por el simple hecho de haber sido presentado por la autoridad como presunto responsable automáticamente debe ser considerado enemigo de la sociedad.
Algunos otros señalan que ante el clima de inseguridad y alta criminalidad, no estamos preparados en México para aplicar la presunción de inocencia, con ese argumento lo convierten de un plumazo en un derecho programático, y no en una necesidad urgente de nuestro sistema procesal penal. Estos pertenecen a la clase que, como lo señalan Miguel Carbonell y Enrique Ochoa Reza, tienen la “persistente visión de que la seguridad pública requiere, para ser eficaz en la prevención o la persecución del delito, el sacrificio de los derechos fundamentales” (10)
A nosotros se nos clasifica como malos o buenos jueces, según el número de resoluciones adversas o favorables a los intereses de los que tienen la función de procuración de justicia ¡Que son también los encargados de hacer la clasificación!, sin importar las razones que sustentan el fallo o determinación, y obviamente sin detenerse a analizar si se debió a una deficiencia excepcional o de plano sistemática en las acciones del órgano investigador o acusador. Menos aún se atiende si el fallo en cuestión ponderó en su justa medida las normas y principios de derecho. Luego entonces, bajo las condiciones que vivimos, de deficiencias en las técnicas investigativas, de patentes carencias lógicas y de evidente vulneración a los derechos humanos, el juez que aplique la presunción de inocencia, que se apegue a la verdad y reconozca en sus resoluciones las irregularidades que saltan a los sentidos y a la razón, sería, en términos de esos estándares absurdos, un pésimo juez, incluso objeto de condena.
Eso no es justo para los jueces y, más importante todavía, representa una postura que pretende anular una formula civilizada, de comprobada valía social, que justifica la existencia misma del proceso penal y a la larga son muchos y de muy variada índole los perjuicios causados a un orden que pretende ser democrático.
A estas alturas cabría preguntarnos ¿La manera como se lleva el actual sistema de justicia penal ha satisfecho sus objetivos? Dicho en otras palabras ¿Los métodos policiales, de investigación y de impartición de justicia, un tanto apartados del respeto a los derechos fundamentales, han cumplido con sus fines? De obtener una respuesta afirmativa nos llevaría en todo caso a reconocer que tenemos un estado represor y autoritario, que alcanza sus metas no a través de medios democráticos sino mediante el uso de herramientas violentas y nugatorias de los derechos fundamentales, pero finalmente preserva cierto orden estatal y social. Ello sería lamentable a estas alturas de nuestra historia y de la era de posmodernidad que se vive en el mundo considerado civilizado. En suma, en esa hipótesis, las autoridades no contribuiríamos para la mejor solución, pero al menos tendríamos el consuelo de que de alguna manera funciona el aparato estatal.
Sin embargo, puede existir una hipótesis aun más triste, que es posible deducir de una respuesta diferente a los cuestionamientos anteriores; esto es, si a pesar de utilizar medios abyectos o inaceptables para preservar la seguridad y para ajustarle las cuentas a los “culpables”, no se ha podido llegar realmente los verdaderos responsables de la criminalidad ni se han contenido las olas cada vez más avasallantes de inseguridad y los propios órganos de autoridad contribuyen abierta o implícitamente con sus acciones a la impunidad y a la criminalidad; entonces, quienes formamos parte activa (o inactiva, vayan a saber) del sistema de justicia, no solo estamos fuera de la solución ¡nos convertimos en parte del problema!, cada quien con la porción de culpa que le corresponde.
Como última parte de esta consideración, creo que es muy importante conocer la percepción de la sociedad en general y de los especialista, con respecto a la actividad jurisdiccional, ello pudiera contribuir a una profunda toma de conciencia de los juzgadores, además es importante desde la perspectiva de que los jueces debemos ser sensibles al sentir social, pues finalmente nuestra labor no es un fin en si mismo, sino un instrumento para el bienestar de los miembros de la comunidad en la que existimos.
Lo que se dice en mayor medida del poder judicial tiene que ver con la falta de compromiso, con la evidencia de una ya tradicional apatía; no se nos atribuye, por lo general, la realización directa de prácticas abusivas o deshonestas contra los particulares. Nos descalifican por padecer de una indiferencia que no debería de ser en un juzgador.
Al respecto Miguel Carbonell, levanta su voz crítica para decir:
“No se trata solamente de la no existencia de vías jurisdiccionales internas para proteger los derechos sociales, sino en general de funcionamiento deficiente del poder encargado por mandato constitucional de proteger los derechos fundamentales. El Poder Judicial federal, a pesar de que en los últimos años ha sido modernizado de forma importante, sigue actuando de manera poco “comprometida” (por decirlo de algún modo) con los derechos”.(11)
Por otra parte, al analizar la labor jurisdiccional en América Latina, el argentino Alberto Binder, señala graves deficiencias que lamentablemente se acomodan a algunas practicas judiciales en nuestro país, veamos:
“…hemos visto que el problema de la corrupción del sistema judicial no sólo se refiere a su situación interna sino que también tiene que ver con el modo como reaccionan las instituciones judiciales frente a la corrupción en otras áreas del Estado. Si su actuación es ineficaz, ya sea porque participa de esos actos corruptos o por su tradicional ineficiencia, de todos modos la ciudadanía lo computará a la percepción total que tiene del sistema. El proceso de reforma judicial debe ocuparse especialmente de este tema. Es posible que, en los próximos años, la mejor oportunidad que tenga el sistema judicial de recuperar credibilidad y la confianza de los ciudadanos esté vinculada a su contribución en la resolución del problema de la corrupción de los funcionarios públicos”. (12)
Otra clase de opiniones que se basan sobre todo en investigaciones de campo, igualmente expresan serias críticas a la labor judicial. Así tenemos los informes anuales de Human Rights Watch, en el de 2001 se contiene el siguiente párrafo:
“Las deficiencias en la administraron de justicia fueron de hecho una preocupación importante. Los agentes del Ministerio Público ignoraron con frecuencia los abusos policiales y también fabricaron directamente pruebas, y la supervisión judicial de su trabajo fue seriamente inadecuada. Los tribunales aceptaron pruebas obtenidas mediante violaciones a los derechos humanos, lo que incluyó registros ilegales, y los jueces citaron precedentes legales que menoscabaron las garantías de los derechos humanos”(13).
Es más severa todavía la conclusión a la que llega otro organismo, este nacional, el CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS A.C (CIDE), que en su informe de 2005, señala:
“Tomando como parámetro los estándares internacionales, es un hecho que la práctica judicial nacional deja mucho que desear, desde la base hasta la cúspide. La Suprema Corte y la justicia federal en general han hecho lo contrario de crear incentivos para que los jueces de instancia sean capaces de fiscalizar y hacer valer los estándares internacionales de calidad de juicio. Hay cinco puntos elementales que nuestros jueces penales no están vigilando y que contribuyen al severo problema de desconfianza ciudadana: Aunque el Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) estable que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, en México, el maltrato sigue siendo una práctica generalizada avalada por los jueces. Típicamente, cuando un acusado afirma ante un juez haber sido sometido a golpes o torturas por parte de la policía o agentes del ministerio público, la respuesta y actitud del juez son de indeferencia…” “…principalmente, el problema es que denunciar ante los jueces maltratos por parte de la policía o el MP no tiene ningún efecto al interior del juicio, ni tiene algún impacto sobre la validez de las pruebas, aunque el maltrato haya ocurrido.”(14)
LA UTILIDAD DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO EN UN ESQUEMA DE POLITICA CRIMINAL.
Con una voz potente y categórica, muchos sostienen que si bien no aplicar la presunción de inocencia tiene aspectos negativos para los derechos humanos, finalmente son mayores los beneficios, pues aun cuando se pudiera condenar a gente inocente, lo cierto es que se logra contener la criminalidad, es posible hacer un escarmiento, una advertencia ejemplar y se logra apartar, confinar, a los delincuentes sacándolos de circulación; se tiene un autentico control de las autoridades; esa es la política de mano dura, de origen ancestral en México.
Pues bien, s fuera verdad esa tesis, no estaríamos en las condiciones de inseguridad en las que nos encontramos, no existirían estos niveles de criminalidad e impunidad, este patente vacío de poder estatal, no habría avanzado la corrupción a esferas que se escapan del control de la sociedad.
¿Pero, que tiene que ver la presunción de inocencia con la presencia de la criminalidad y la corrupción? Antes bien, ¿No debe entenderse que si no se respeta cabalmente la inocencia, lo lógico es que más fácilmente, sin tanto obstáculo legal, se condene y por tanto se recluya al criminal que constituye un grave riesgo social?
Para dar respuesta a tales interrogantes en principio habría que hacerse estas otras preguntas ¿Es que nuestras actuales autoridades realmente han demostrado la intención de combatir a los delincuentes que constituyen un verdadero riesgo social? ¿A nuestras policías y funcionarios encargados de procurar y administrar la justicia, se les califica por la calidad de trabajo o por la cantidad del mismo?
Así expuestas las cuestiones, es más fácil explicar como es que tiene relación la observancia del principio de inocencia con una mejor política criminal, es decir, con una efectiva labor de combate a la delincuencia e incluso a la corrupción.
Podría responderse a las dos última interrogantes que es obvia la intención de abatir la delincuencia de alto impacto si tan solo observamos el despliegue que ha realizado el Estado mexicano de fuerzas policiales e incluso del Ejercito, sin embargo, se debe reconocer que ese es una especie de solución inevitable y desesperada, ante el poder cada vez más evidente y avasallante de lo ilícito, algo que precisamente confirma que las fuerzas del estado que de ordinario debían ocuparse del asunto no estuvieron haciendo de manera eficaz su labor, que incluso les quedaba tiempo y ganas para coludirse de manera manifiesta con organizaciones criminales; se han estado dando las condiciones para que nuestros funcionarios tuvieran el tiempo y las intenciones de realizar otro tipo de actividades pues las que formalmente les han sido asignadas, bajo los tradicionales parámetros de valuación, las podían realizar sin ningún problema ante las mínimas exigencias de calidad, de efectividad, de observancia de los derechos humanos, de verosimilitud, de respeto a su función y a otras autoridades a las que supuestamente están subordinados. Ahí tenemos pues, como la falta de referencia a los valores legales (ya no se diga valores éticos), pueden influir de manera determinante para menoscabar gravemente la política criminal.
En efecto, se han preguntado ustedes ¿Que clase de asuntos llegan ante los jueces mexicanos?
La respuesta es sorprendente y reveladora:
“La mayoría de los sentenciados han cometido delitos contra la propiedad, particularmente robos de poca cuantía, o delitos contra la salud, sobre todo tráfico de drogas en pequeños montos (menos de 100 dólares en promedio como valor de la venta de las sustancias con las que fueron detenidos, aunque la mitad traía sustancias con un valor inferior a los 16 dólares. Para algunos analistas estos últimos datos demuestran que la policía más que detener a verdaderos narcotraficantes detienen a consumidores, probablemente para intentar cumplir con un cupo o cuota de detenciones que les exigen sus superiores.” “…lo que podemos concluir es que la justicia penal procesa delincuentes novatos y de poca monta, pero deja ir a los que son expertos y cometen delitos de gran cuantía.” (15)
En nuestra labor diaria nos percatamos que un gran porcentaje de los que son presentados como criminales, realmente deberían ser considerados como víctimas; y es que no puede ser aceptable que en un país sumido en una inseguridad terrorífica, a merced de la criminalidad a gran escala y de alto impacto, una sociedad tomada por grupos criminales desmesuradamente poderosos, donde se manejan sustancias u objetos ilícitos a una escala industrial, de toneladas, estemos los jueces ocupados (y realmente bien ocupados) conociendo una gran cantidad de asuntos insignificantes, en escalas de gramos o miligramos.
Visto de esa manera, si los juzgadores exigimos pruebas eficaces y suficientes que en todo caso abatan de manera contundente, sin lugar a dudas, la presunción de inocencia que es inherente a cualquier ciudadano (por disposición de la norma jurídica, según ya lo dijimos), entonces los agentes encargados de prevenir y de investigar los delitos, tendrán menos posibilidad de “inflar” o “maquillar” su trabajo, van a traer a juicio únicamente los asuntos que se van a ajustar a las exigencias de los juzgadores, o mejor dicho todavía, a las exigencias que impone la presunción de inocencia; se obligaría a someter a proceso solo en contra de quienes se tuvieran pruebas aptas en todos los sentidos (legales, lícitas, lógicas, verosímiles, suficientes, determinantes, etc.)
Creo que ello impediría la saturación de casos mediocres, pues el hecho de que no se pongan límites a los excesos de las autoridades mencionadas y que eventualmente haya juzgadores que no hagan patentes –cuando son evidentes- tales irregularidades, pues no las someten a las exigencias derivadas de la aplicación cabal del principio de presunción de inocencia, ha provocado que cualquier acción de mínima relevancia ilícita (que podría considerarse una mera infracción) sea tratada con desmedida energía por los órganos del estado; que hechos burdamente inventados o exagerados, pongan a funcionar, sin el menor escrúpulo, todo el aparato de justicia con un desgaste que no se restringe a éste, sino a todo el estado y la sociedad misma y que muchas de las veces ocasionan dramas inmerecidos.
Así pues, es claro que, al contrario de lo que se pudiera pensar, la aplicación cabal del principio que nos ocupa, crea condiciones para una mejor política criminal, si bien no de manera directa, definitivamente contribuiría a la seguridad ciudadana.
EFECTOS PRACTICOS DEL PRINCIPIO EN LOS JUICIOS.
La observancia del principio de presunción de inocencia, se traduce para el juez, durante el proceso penal, sin importar la fase del mismo, por supuesto de acuerdo a los requerimientos probatorios que impone la ley (no es lo mismo demostrar una probable responsabilidad criminal que la responsabilidad criminal plena, por ejemplo), en los siguientes efectos prácticos:
a).- La carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, es decir, al ministerio público.
b).- El acusado debe ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial.
El concepto de independencia, bien entendido supone que el juzgador en todo caso sólo es súbdito de la justicia, de la verdad y de la razón, a nadie en particular le debe sus decisiones, aunque ciertamente debe cumplir con el verdadero sentir social exclusivamente en la interpretación adecuada de la ley. El juez es obviamente parte del estado, pero debe ser la parte más objetiva y reflexiva de éste. No puede, por ende, prejuzgar la inocencia ni decidir con base en factores que estén fuera de los hechos del juicio y de las normas aplicables.
c).- El acusado no puede ser obligado a declarar en su contra.
Es el sentido del denominado “Derecho a guardar silencio”; lo que implica no solamente la ausencia de cualquier tipo de presión para obtener el eventual reconocimiento de culpabilidad, sino la supresión total de consecuencias legales por negarse a declarar o por no hacerlo en algún momento determinado.
d).- Para condenar a alguien el juez debe estar plenamente convencido, fuera de toda duda razonable, de la culpabilidad del enjuiciado.
Implica asumir de entrada, sin reticencias, obviamente sin prejuicios, la inocencia del imputado, con la conciencia de que nuestras resoluciones no son un acto meramente declarativo, sino que implica afectar los bienes más preciados de los gobernados, como son la libertad, la dignidad y el patrimonio, por tanto se debe estar seguro de que se aplica una sanción a quien, para su desgracia, la merece.
e).- El acusado debe beneficiarse de todos los medios para su defensa.
Es decir, al imputado no se le debe poner obstáculos, al contrario, se le deben de facilitar los medios para que obtenga las pruebas que requiera para su defensa, pues hay que entender el hecho de que muchas veces se encuentra privado de su libertad y por tanto limitado para obtener sus pruebas.
f).- La actividad probatoria de cargo debe sujetarse estrictamente a las reglas del debido proceso.
De ello se desprende la obligación de que las pruebas de cargo se obtengan de manera lícita, de acuerdo con las normas legales que rigen en materia procesal, bajo pena de nulidad absoluta (es decir, ni siquiera podrían considerarse parcialmente para sustentar una condena).
g).- Un mínimo de molestias y consecuencias para el imputado, como efecto del proceso.
Si hay que decidir entre dos o más opciones en relación al acusado durante el proceso, debe escogerse siempre la que implique menos consecuencias negativas. Ello no se circunscribe a cuestiones de fondo, sino en cualquier punto inherente a la situación del reo.
A MANERA DE CONCLUSIÓN. LO QUE ES LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
Después de haber expresado esa serie de consideraciones, es posible definir en que se traduce la presunción de inocencia, esto es, luego de esta suma de razones nos quedan más claros los componentes elementales que definen, en los diversos campos en que se refleja, el principio materia de este ensayo.
1.- Un valor humano.- Debe ser vista, sin pecar de exagerados, más que como un derecho; prácticamente se traduce en un valor que se le da a la persona viviendo en sociedad y por lo tanto es fuente de derechos básicos. Se entiende mejor la idea si consideramos el hecho de que el Estado admite y protege la libertad de quien es apto para vivir en grupo, esto es, de quien es inocente; para quien no lo es, se cuenta con instrumentos e instituciones que limitan o definitivamente lo privan del derecho de libertad. La propia existencia del proceso judicial con todas sus garantías, sólo se justifica en un sistema donde se concibe, al menos formalmente, la inocencia como el estado normal de las personas.
2.- Un principio general de derecho.- Lo cual significa que aun cuando no se encuentre contenido expresamente en la norma escrita, en un estado de derecho resulta obvia su existencia como guía rectora en la aplicación y creación del derecho positivo.
3.- Un derecho constitucional y fundamental.- En el plano meramente legal, en México es un derecho fundamental de todo ser humano, que se manifiesta con mayor énfasis cuando éste es sujeto de procedimiento y deriva de la interpretación sistemática de diversos artículos de nuestra Constitución nacional. Esto es, forma parte del grupo selecto de derechos contenidos en nuestra Constitución, pero además se encuentra inserto en normas internacionales como son la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4.- Es una obligación ineludible.- Como reflejo del derecho del gobernado, la presunción de inocencia conlleva una obligación para cualquier autoridad de respetar a aquél, de evitar la mínima molestia si no es bajo la reunión de determinados requisitos establecidos en la ley y aún en el supuesto de ser justificada la molestia o, mejor aún, la sujeción a un determinado procedimiento, la autoridad está obligada a creer al menos formalmente, con todas las consecuencias que implica esa convicción, que el individuo es inocente y por tanto a conducirse de tal manera que no haga pensar que lo estima culpable; debe suprimir cualquier actuación o suposición que implique una consideración de culpabilidad.
(1) Soria Carlos,” Fundamentos Éticos de la presunción de inocencia o la legitimidad del periodismo de denuncia”. Revista COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. Universidad de Navarra. Volumen IX, febrero de 1996.
(2) Rousseau, Juan Jacobo “El Pacto Social” Editora Nacional, México 1979. pag. 217.
(3) Citado por Hernández Pliego Julio Antonio, “No existe la presunción de inocencia”. Revista del Instituto Federal de Defensoría Pública. Número 4. dic. 2007. pag. 86)
(4) Visto en página del Ministerio de Justicia de Francia http://www.texts.justice.gouv.fr/index.php
(5) Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas. Tercera edición facsimilar. Ed, Porrua México 1988. pag 61).
(6) [online]. ago. 1999, Vol. 10 supl. [citado 27 Abril 2008], pp. 41-58..http://mingaonline.uach.cl
(7) Carbonell Miguel, “Los Derechos Fundamentales en México” Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primera Edición, México 2004, pag. 739.
(8)Human Rights Watch, Informe 2001 en: ww.hrw.org/spanish/inf_anual2001/mexico.html
(9) pag. 119 del mencionado informe. Sitio electrónico antes citado. Informe 2006).
(10) Miguel Carbonell y Enrique Reza “El abismo del sistema penal”, Revista Nexos, número 366 junio de 2008
(11) Carbonell Miguel. “Los derechos fundamentales en México”. Op. Cit. pag. 142.
(12) Alberto Binder: Corrupción y sistemas judiciales. REVISTA “SISTEMAS JUDICIALES” número 11 octubre 2006. Publicación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), editada en conjunto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP. Chile.
(13) Informe Anual 2001 De Human Rights Watch. Sitio electrónico citado.
(14)Informe del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C (CIDE),DE 31 DE MARZO DE 2005, PAGINAS 5 Y 6.
(15) Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín pro Juárez”, A.C. y Lawyers Commitee for Human Rights, 2001).

References: artículo 9
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 20
 resolución 
 Artículo 5