Source: http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TyC2015n41a02/6589
Timestamp: 2017-05-23 01:05:01+00:00

Document:
“Los pobres encarcelados” Prácticas y representaciones de los presos de la cárcel capitular en el Buenos Aires tardocolonial | Rebagliati | Trabajos y comunicaciones
pobres encarcelados” Prácticas y representaciones de los
presos de la cárcel capitular en el Buenos Aires tardocolonial
Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”
y Letras, Universidad de Buenos Aires
sugerida: Rebagliati, L. (2015). “Los pobres encarcelados” Prácticas y representaciones de los presos de la cárcel capitular en el Buenos Aires tardocolonial. Trabajos y Comunicaciones (41). Recuperado de: http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TyC2015n41a02
se ocupa de examinar una estrategia que los reos de la cárcel
capitular porteña practicaron en tiempos virreinales en pos de
aliviar las penurias propias del encierro. Nos referimos a la
presentación de breves escritos –memoriales–
dirigidos a las máximas autoridades políticas. Mediante
un análisis cuantitativo y cualitativo, focalizaremos nuestra
atención en el perfil social de los presos que utilizaron esta
vía, y en las carencias que dejan entrever estas peticiones.
También analizaremos las redes movilizadas y los argumentos
expuestos por estos encarcelados. Concluimos que estos recursos
retóricos evidencian aspectos claves de la cultura jurídica
de la época y al mismo tiempo echan luz sobre los imaginarios
que sustentaban la legitimidad de la autoridad política.
“Los pobres encarcelados”
Practices and representations of the inmates of the Buenos Aires
prison in the late colonial period
a strategy that in the late colonial period prison inmates of Buenos
Aires deployed towards alleviating their miseries. We refer to the
submission of respectful requests addressed to the highest political
authorities. Through quantitative and qualitative analysis, we will
focus our attention on the social profile of the prisoners who used
this way, and on the shortcomings that requests revealed. We will
also analyze the networks mobilized and the arguments stated by these
prisoners. We conclude that these rhetorical resources demonstrate
key aspects of the legal culture of the time, and show as well the
ideology that supported the legitimacy of political authority.
Buenos Aires; Viceroyalty; Prison; Inmates; Requests
crecimiento demográfico de la ciudad de Buenos Aires, flamante
capital virreinal, a fines del siglo XVIII suscitó diversos
problemas de “orden público” a ojos de las
autoridades. Uno de ellos fue el número cada vez más
abultado de individuos que se apiñaban en la cárcel
situada en el edificio del Cabildo, a la espera de que se les
administre justicia. Este conjunto variopinto incluía “vagos
y mal entretenidos” remitidos de la campaña cercana,
mujeres “desobedientes”, esclavos castigados por sus
dueños, sospechosos de cometer robos y asesinatos, infractores
a la moral sexual de la época, adolescentes que desafiaban a
sus padres e indígenas enviados de otras regiones.2
Ni las visitas de
cárcel que ocasionalmente se realizaban, ni la asistencia
prestada por los sucesivos Defensores de pobres que anualmente
nombraba el ayuntamiento, lograron atenuar en forma significativa las
penurias de estos cientos de encarcelados que desfilaron por los
calabozos del Cabildo. Diversos estudios han dado cuenta de
hacinamiento, falta de higiene, superpoblación, deficiente
alimentación y vestuario, ausencia de catres para dormir, y
alta exposición a pestes y enfermedades que ocasionaban
víctimas fatales (Mallo, 2004; Levaggi, 2002; Rebagliati,
2011). La escasez de recursos para financiar las obras proyectadas en
pos de resolver muchos de estos problemas fue una constante, a lo
cual se sumó el frecuente retardo de las causas de estos reos.
Esta situación, según el decir de los regidores en
1805, había transformado un lugar pensado para custodia de los
encarcelados, en un verdadero castigo (AECBA, 1926: 18).
reaccionaron los encarcelados ante esta situación? Muchos de
ellos protagonizaron repetidas fugas individuales y colectivas
(Mallo, 2004; Levaggi, 2002). Sin embargo, esta no fue la única
estrategia que en su desesperación desplegaron los
encarcelados. En pos de peticionar por una mejora de sus condiciones
de detención recurrieron a la presentación de breves
memoriales y escritos dirigidos a la máxima autoridad política
del momento, el virrey. ¿Quiénes eran los presos que
más usaron de esta vía para encontrar solución a
sus reclamos? ¿Qué penurias y carencias propias a su
condición dejan entrever estas peticiones? Creemos que el
análisis de esta fuente también permite analizar los
discursos y estrategias retóricas desplegados por estos
individuos, revelando características de la cultura jurídica
de la época y echando luz sobre los pactos e imaginarios que
sustentaban la legitimidad de la autoridad política en todos
sus niveles. También será nuestro interés
analizar las redes y los vínculos que los reos ponían
en funcionamiento para poder redactar y hacer llegar estos escritos
al Virrey.
El corpus documental
con el que trabajamos se compone de 136 solicitudes o memoriales que
distintos individuos encarcelados en la cárcel que se ubicaba
en el Cabildo remitieron al Virrey durante el período
1776-1809. Dichas fuentes se encuentran alojadas en el Archivo
Histórico de la Nación –Argentina–.
Lamentablemente sabemos que las solicitudes que se conservan en el
mencionado archivo y analizadas en este trabajo no representan la
totalidad de memoriales que los encarcelados redactaron en aquella
época, sino solo una parte. Algunos detenidos hacían
referencia a varios memoriales escritos por anterioridad por ellos,
pero no tenemos rastro de los mismos. Esta situación no nos
permite saber cuan extendida estaba esta práctica, aunque si
tenemos noticia que los esclavos recurrían a una vía
similar para reclamar por sus derechos cuando no obtenían el
resultado deseado al acudir a la justicia ordinaria (Bernand, 2001;
Casals, 2011). En segundo término, los memoriales se
concentran mayoritariamente en algunos años del período
escogido, lo que hace muy difícil sacar alguna conclusión
en cuanto a tendencias que se experimenten en el tiempo.3
Por último, en algunos memoriales no aparece la resolución
de la petición y en otros directamente solo tenemos la
portada, la cual contiene información muy escueta sobre los
casos. Algo interesante a señalar, es que ante los pedidos de
los encarcelados, en muchos casos se pedían informes a los
alcaldes de hermandad o de barrio, al alcaide de la cárcel o
al cura de la parroquia del detenido para que aporten datos que
prueben la veracidad de los dichos de los peticionantes. Esto hace
que la fuente no solo revele –aunque con mediaciones– la
“voz” de los encarcelados, sino también la versión
que los agentes de justicia habían elaborado sobre los hechos
que se imputaban a los reos. El número de peticionantes es
mayor al número de memoriales, ya que algunos de éstos
eran de carácter colectivo, aunque ésta era una
práctica infrecuente en nuestra muestra. En total contamos 177
solicitantes. En forma secundaria tomaremos en cuenta otras fuentes
como las actas capitulares, un libro de visitas de la cárcel y
siglo XX, varias aproximaciones provenientes de la Historia
han advertido la centralidad de la administración de justicia
en la organización política del imperio español
en América (Zorraquín Becú 1952 y 1954).
Posteriormente se resaltó la flexibilidad de un sistema
jurídico que toleraba la inobservancia de algunas de las
normas dictadas desde la península, se nutría de las
costumbres locales y gozaba de un consenso que excedía a las
clases dirigentes (Martiré,
2005; Tau Anzoátegui,
2001). Esto
último se expresaba en los numerosos memoriales que
funcionarios, conquistadores y religiosos, pero también
plebeyos, indígenas e individuos de las castas dirigían
al rey en defensa y búsqueda “de su derecho”.4
rol central jugado por la administración de justicia en la
legitimación del dominio político español sobre
sus variados dominios americanos –ante la ausencia de grandes
ejércitos–, es una hipótesis que se mantiene
firme y se ha visto enriquecida en las últimas décadas
por historiadores sociales e historiadores críticos del
desde mediados de la década del “80”, algunos
estudiosos resaltaron el uso que las comunidades indígenas
realizaron de las instituciones de justicia en beneficio propio
(Borah, 1985; Stern, 1986; Cutter, 1986; Serulnikov, 2006),
posteriormente toda una historiografía ha señalado que
esta no era una práctica exclusiva de la población
originaria. Numerosas investigaciones que exploraron las estrategias
de resistencia y adaptación de las clases subalternas con los
entramados estatales en la época colonial e independiente
temprana mostraron que indígenas, campesinos, arrendatarios,
mujeres, pobres y esclavos de distintas regiones del mundo colonial
americano utilizaban las leyes en su provecho recurriendo a la
justicia con asiduidad (Fradkin, 2009; Mallo, 2004; De la Fuente,
2004; Bernand, 2001; Scott, 1989; Aguirre, 1995; Johnson, 2007;
Gallego, 2005; Cutter, 2007 ). Las nuevas miradas piensan a la
justicia como un ámbito de regulación y resolución
de conflictos que impone límites al ejercicio mismo del poder
cuando es utilizado por los actores subalternos en su beneficio
(Aguirre & Salvatore, 2001; Candioti & Palacio, 2007).5
función de impartir justicia no fuera una atribución
exclusiva de algunas instituciones sino competencia de todas las
autoridades en mayor o menor medida –desde
el Rey hasta los agentes subalternos–,
implica que sea más ajustado a la realidad hablar en plural de
“las justicias”, tal como lo hacían los actores de
la época.6
Estas autoridades impartían justicia en virtud de ser
titulares de iurisdictio,
que era la facultad “para declarar el derecho y establecer la
equidad”, “dando a cada uno lo suyo”, manteniendo
equilibrios preexistentes que se consideraban de origen natural y
divino (Agüero, 2006: 28-31; Vallejo, 2009). La atención
privilegiada que las justicias de antiguo régimen han
concitado en los últimos años ha corrido paralela y se
ha visto enriquecida por una renovación de la historia
Así se han abierto fructíferas líneas de
investigación al señalar características propias
del derecho previo al “imperio de la ley”. Se ha señalado
que el orden jurídico precontemporáneo se caracterizaba
por ser una “justicia de jueces”, dado el margen de
acción considerable que poseían los magistrados a la
hora de resolver casos particulares, acudiendo a una multiplicidad de
órdenes normativos como la religión, la jurisprudencia,
la doctrina, la costumbre, las normas escritas, etc. (Hespanha, 1993;
Garriga, 2004).
agentes e instituciones en Buenos Aires eran los encargados de
apresar a los justiciables y remitirlos a la cárcel capitular?
¿Con auxilio de qué fuerza las autoridades hacían
valer sus resoluciones? En la época, quienes cumplían
funciones que hoy denominaríamos policiales eran los alcaldes
de barrio y los tenientes nombrados por éstos, quienes estaban
diseminados por los barrios de la ciudad. En la campaña, los
alcaldes de hermandad y los cuadrilleros cumplían tareas
similares (Zorraquín Becú, 1947; Saénz Valiente,
1950). Además de apresar sospechosos, estos agentes –de
acuerdo a una concepción amplia del concepto de policía–
velaban por diversos aspectos de la vida cotidiana de las clases
populares, ejerciendo tareas de vigilancia. Pero había otros
actores además de los ya citados que colaboraban en el
mantenimiento del orden. Éstos eran el alguacil mayor –regidor
del cabildo-, los militares que estaban estacionados en la ciudad, y
ocasionalmente los vecinos principales. De esta forma, cabos,
soldados, sargentos, comandantes y vecinos participaban del
mantenimiento del orden, a veces con la autorización expresa
del Virrey y en otras no tanto. En el primero de los casos se los
llamaba “comisionados” porque se los facultaba para
alguna tarea específica (Barreneche, 2001: 58-60). A modo de
síntesis, se ha señalado que la justicia penal
rioplatense en el período tardocolonial exhibía una
debilidad institucional que era compensada por un accionar policial
que viciaba el proceso y reforzaba la función represiva y de
control social del sistema sobre las clases populares (Barreneche,
2001). Pese a que los estudios sobre criminalidad en el Río de
la Plata no tienen tanto desarrollo como el realizado sobre México
para el mismo período, algunos estudios han avanzado en este
sentido analizando ciertos delitos como los homicidios, las
violaciones, otras ofensas contra la moral sexual, los robos
protagonizados por negros y mulatos y el ser “vago y mal
entretenido” (Barreneche 1993 y 1995;
2005; Casagrande, 2012a). Pero… ¿Qué sujetos
podían caer en las redes de este entramado institucional y ser
enviados a los calabozos capitulares? ¿Quiénes eran los
reos que una vez apresados redactaban memoriales a las autoridades?
Los “pobres encarcelados”
1795, los calabozos de la Real cárcel alojaban, entre otros, a
Atanasio Rodriguez, acusado de ser “amancebado”. Solo
había querido casarse con María Tadea
una joven soltera de “calidad española”, pero se
lo habían impedido y además había sido
encarcelado por el alcalde de la Santa Hermandad del Norte, Don Juan
Ignacio Ferrari. Ante lo que percibía como una injusticia,
Atanasio resolvió redactar un escrito al Virrey. En dicho
memorial Anastasio relató que María Tadea estaba
embarazada y que él le había dado su palabra de
matrimonio, pero que el señor Vicario General se había
negado a concederle la licencia por cierta causa que se le había
sustanciado en la justicia. Atanasio culminaba su pedido apelando a
la piedad de las autoridades, clamando por que su situación se
aclare para poder cumplir con un “pensamiento tan christiano”.
Ante un pedido de informes, Martín de Álzaga, en
ese momento alcalde de primer voto,
se encargó de dar más precisiones sobre el asunto al
informar que el problema residía en que el peticionante “era
de condizion mulata”. Ante tamaño atrevimiento, quien
luego cobraría notoriedad por su actuación durante las
Invasiones Inglesas y otros sucesos, había resuelto desterrar
al reo a Montevideo. Dos semanas después, la resolución
de Álzaga todavía no se había materializado, y
Atanasio volvió a la carga, aunque esta vez la voz cantante la
llevó su pretendiente. Apelando a otra persona que le redactó
el escrito y se lo firmó a ruego, María Tadea Gadea
alegó ser vecina de la ciudad, expresó que no era
competencia del juzgado ordinario decidir sobre un matrimonio y
agregó que el destierro no era la pena prevista para los
mancebos. En su argumentación hizo referencia a las leyes de
Castilla, aseveró que ambos contaban con el consentimiento de
sus padres y desmintió que el encarcelado fuera mulato. Volvió
a reiterar su pedido de que lo liberen para poder casarse con él.
Finalmente Atanasio fue liberado, encargándose al alcalde de
Santa Hermandad que observe su conducta en lo sucesivo.7
Esta historia con
final feliz permite desmenuzar muchas aristas de la sociedad
tardocolonial y principalmente de la relación que los sectores
subalternos podían llegar a tener con la administración
de justicia. Un individuo considerado mulato y una muchacha
“española” analfabeta desafiaron los estereotipos
de la época al intentar casarse en contra de los prejuicios
socio-étnicos de la sociedad que los circundaba. Cuando la
administración de justicia descargó su poder punitivo
sobre ellos para impedirles tal deseo, redactaron escritos al Virrey,
apelaron a otras personas, demostraron un conocimiento significativo
de la legislación argumentando jurídicamente sus ideas
y lograron revertir la decisión que había tomado uno de
los individuos más influyentes y prestigiosos de la ciudad. En
esta apartado veremos que no todos los encarcelados tenían
tanto éxito al apelar a esta estrategia. Sin embargo, el hecho
que una resolución favorable fuera una posibilidad impulsó
a varios presos a optar por informar al Virrey sus pesares, miserias
y deseos por escrito, en pos de buscar justicia.
datos nos proveen los memoriales acerca de los peticionantes? El 97%
de los solicitantes eran hombres. Sólo cinco mujeres presas
recurrieron a esta vía para obtener algún beneficio o
alivio en su situación. A su vez, tenemos ocho solicitantes
indígenas, cinco esclavos y cuatro negros o mulatos libres. Es
decir en la gran mayoría de los casos, la condición
socio-étnica no se explicitaba, aunque creemos que este
silencio estaba motivado porque solo se explicitaba esta variable en
caso de que se perteneciera a la gente de color o se fuera indígena.
Con lo cual vamos a conjeturar que el resto eran tenidos por
“españoles”. Teniendo en cuenta estas
consideraciones, entonces los presumidos de “españoles”
serían una amplia mayoría en la muestra, alrededor del
90,5%, mientras que los negros y mulatos –5%– y los
indígenas –4,5%– representarían una
minoría. La comparación de la muestra con la sociedad
general tiene una serie de inconvenientes, de los cuales el más
importante es que los presos de la cárcel capitular no
provenían exclusivamente de la ciudad y sus alrededores, sino
que había individuos remitidos de diversas regiones. Lo que sí
podemos hacer es examinar si nuestros peticionantes son un reflejo
fiel de la población carcelaria en esos años. Algunos
estudios han constatado que la población carcelaria en el
período tardocolonial era predominante masculina y “española”,
pero aún así existe una leve diferencia con nuestra
muestra de peticionantes (Mallo, 2004: 128-129; Rebagliati, 2013a).
En el segundo de estos trabajos los datos arrojan que los indígenas
eran el 12% de los presos y las castas el 8% mientras que en nuestra
muestra de peticionantes los primeros representan el 4,5% y los
segundos el 5%. En otras palabras, los reos “españoles”
parecerían ser más propensos a escribir peticiones al
Virrey que los indígenas y los negros o mulatos.
ocasiones a los presos les antecedía el Don/Doña
o eran calificados de vecinos, aunque un porcentaje importante de
ellos sabía firmar. Un 35% firmó sus memoriales, un 39%
tuvo que acudir a un tercero para la redacción del escrito, y
sobre el 26% de las solicitudes no poseemos esta variable, ya sea
porque las peticiones no estaban firmadas o porque solo se han
conservado la portada de esos expedientes. Acerca de la procedencia y
las ocupaciones de los solicitantes, nuestra fuente se vuelve más
parca. Los escasos datos no permiten manejar hipótesis
sólidas.8
Había carniceros, marineros, zapateros, pulperos, herreros,
hombres de campo y varios soldados. La procedencia es más
heterogénea todavía. Algunos declararon ser vecinos de
algunos partidos como el de las Víboras, Magdalena, Morón,
Luján, Maldonado, el Paraje de los Arroyos, Capilla del
Rosario y Gualeguaychú. Otros no expresaban su lugar de
residencia aunque si su origen. Había naturales de la ciudad,
pero también los que habían nacido en Corrientes,
Paraguay, Córdoba, Santiago del Estero y Montevideo. Además
entre los peticionantes había seis españoles y dos
qué delitos se acusaba a los peticionantes? Cabe resaltar que
la permanencia de los reos en la cárcel implicaba que todavía
no se les había probado el delito del cual se los acusaba, ya
que ésta cumplía la función de resguardar y
custodiar a los sospechosos hasta el momento de la sentencia.
Afortunadamente este dato aparece en una buena parte de las
solicitudes.9
La mayor parte de los presos que escribían memoriales en
teoría habían cometido infracciones contra el orden
público.10
Abundaban los calificados de “jugadores”, pero también
había cinco involucrados en riñas y peleas, tres “vagos
y mal entretenidos”, dos acusados de portar cuchillo, un ebrio
y ocho que habían generado escándalo notorio por sus
conflictos conyugales. Quienes parecían tener menos chances de
prosperar en sus pedidos eran los que acumulaban varias acusaciones
de este tipo. Por ejemplo, Ante un pedido de informes sobre un reo
llamado Bartolo Flores, el alférez Don Manuel Cerrato no dudó
en tacharlo de “jugador”, “camorrista”,
“cuchillero y “ladrón”. Ante los dichos de
su esposa de que Bartolo no había cometido ningún
delito grave, se le informó la gravedad de las acusaciones que
pesaban sobre su marido.11
acusados de cometer infracciones contra la moral sexual también
estaban al orden del día.12
La mayoría estaban imputados de ser amancebados o de estar
inmersos en una amistad ilícita. Pero también había
cinco acusados de doble matrimonio y uno preso por sospechoso del
“pecado nefando”. Pedro Martín López,
“vezino del partido de las Víboras”, decía
estar hacía mucho tiempo en la cárcel producto de que
su suegro lo había denunciado por doble matrimonio. Pero según
el reo la acusación era falsa porque su primera mujer en
Galicia había muerto. Ofrecía testigos de su versión.
Tres meses después, cuando se estaba por tomar una
determinación, el escribano de gobierno informó que el
peticionante había enfermado en la cárcel y luego
fallecido en el hospital.13
Llama la atención que los peticionantes acusados de delitos
contra las personas o la propiedad fueran escasos fueran escasos.
Representaban el 5,5% y el 14,5% del total sobre los que tenemos
datos. Surge un nítido contraste cuando se comparan estos
números con los estudios que se han realizado sobre los fondos
documentales que contienen expedientes criminales del período.14
Aquí puede avizorarse otra tendencia algo esperable, quienes
eran aprehendidos por faltas menores eran más proclives a
peticionar que quienes estaban imputados de delitos graves.
Ocho solicitantes
estaban encarcelados por “corrección” ya que no
habían cometido ningún delito sino que su
encarcelamiento se debía a una sanción disciplinaria de
alguna autoridad. Estaban en esta situación dos esclavos que
habían sido enviados por sus dueños, un individuo a
pedido de su hermano por el “descuido en que vivía”,
un zapatero por no trabajar y cuatro jóvenes enviados por
desobedecer a sus padres. Dos de ellos se habían casado
contrariando a sus padres, quienes cuestionaban que los contrayentes
fueran de la misma condición. León Ocampo en cambio
había sido encarcelado por pedido de su madre, quien adujo
tener cinco hijas para mantener mientras León lo único
que hacia al respecto era ir a la pulpería a jugar, ya que era
un vago que no le gustaba trabajar.15
Más serios parecían ser los proyectos de Don Juan
Manuel Robledo, a quien sus padres primero trataron que sea cura y
luego buscaron que se gane la vida como carpintero, sastre o
zapatero, desconociendo siempre su verdadera vocación: las
armas. Ante la negativa de Don Juan Manuel a ganarse la vida en
trabajos que no eran de su agrado, su padre lo mandó a
encarcelar y lo acusó de libertino y de andar “viviendo
con personas sospechosas”. El suplicante pasó un mes y
ocho días en la cárcel, habiendo escrito dos memoriales
al Virrey pidiendo su libertad y que se le conceda plaza de soldado.
Dicha perseverancia tuvo su premio y finalmente se cumplió su
deseo siendo destinado al regimiento de infantería.16
decían haber sido acusados de delitos diversos. Había
un deudor, un falsificador de moneda, dos esclavos que habían
huido de sus dueños, otros dos estaban litigando por su
libertad, un individuo por disparar sin querer su arma, un joven por
tirar un cohete, y otros casos particulares en los que se combinaban
una serie de circunstancias fortuitas para que individuos que no
tenían culpa alguna terminaran en los calabozos del cabildo.
Al decir de Eric Van Young, se trataba de gente cuyo único
talento había sido estar en el lugar equivocado en el momento
equivocado (Van Young, 2006; 98). Este parece haber sido el caso de
Zipriano Rodriguez Cordero, quien fue encontrado con cuchillos en una
pulpería y por eso fue arrestado. Sus captores no se
percataron que era carnicero y que las armas blancas eran su
herramienta de trabajo.17
José Silbestre Basualdo y Bartolomé Cáceres en
cambio habían ido a comprar jabón y tabaco a una
pulpería donde se reunían habitualmente jugadores,
teniendo la mala suerte de coincidir en el momento que se producía
una redada de los agentes subalternos de justicia.18
Un caso similar fue el de Josef Alonso, quien quedó en el
medio de una persecución entre una partida de Don Manuel
Cipriano de Melo y unos contrabandistas portugueses, habiendo sido
confundido con uno de éstos últimos. Una de las razones
del equívoco era que Josef Alonso también era
portugués.19
En todos estos casos luego de un par de días se procedió
a la liberación de los detenidos previo pedido de informes a
quienes los habían arrestado, o al alcalde de barrio para que
declare sobre el modo de vida de los reos.
Peor suerte habían
tenido ocho reos indígenas sobre los cuales ni siquiera se
sabía porque estaban encarcelados o si se les había
formado causa. El Protector de naturales Juan Gregorio de Zamudio
solicitó que le envíen las causas de sus protegidos –en
caso de existir– así los podía defender y
agilizar estos procesos.20
La situación de estos ocho individuos no era excepcional sino
que señalaba una tendencia general. Entre los indígenas
que estaban recluidos en la cárcel capitular, la posibilidad
de que las autoridades no tomaran conocimiento de sus causas formales
se duplicaba en relación al resto de los detenidos. Entre los
indígenas también eran más frecuentes los casos
de largas estancias en la cárcel (Rebagliati, 2013a).
cuanto tiempo que los peticionantes estaban encarcelados?21
Las situaciones eran muy diversas aunque el grupo mayoritario era
aquel que al momento de escribir el memorial llevaba unos pocos días
o semanas en los calabozos, lo que se corresponde con el hecho de que
la mayoría de los peticionantes alegaban haber sido recluidos
por faltas leves o contravenciones. Gregorio Gómez y José
Moraga –concuñados– estuvieron dos semanas
encadenados y trabajando en las tareas diarias de la cárcel
por una pelea que habían tenido entre ellos. Sus esposas
solicitaron la libertad de ambos argumentando que se habían
reconciliado y ya eran amigos de vuelta. Sin embargo, un informe
negativo del alcaide de la cárcel influyó para que los
dos permanecieran trabajando por seis meses más en los
calabozos capitulares.22
Otros al momento de la petición ya llevaban meses y un
porcentaje significativo llevaba un año o varios esperando que
la justicia dictamine su culpabilidad o inocencia. Francisco Xavier
Toledo le escribió al virrey para suplicarle piedad por su
hijo que a los trece años había sido encarcelado y
mantenido durante siete años con grillos y cepo. Finalmente,
el joven –ya de 19 años– luego de tantos años
de prisión había sido sentenciado a doscientos azotes
en las calles públicas de Buenos Aires y destierro a las islas
Malvinas, siendo la solicitud de clemencia denegada. La razón
de tal severidad radicaba en que se lo acusaba de cometer el “pecado
nefando”.23
Al menos veinticinco
de los peticionantes no se contentaron con dirigir solo un memorial
al Virrey, sino que ante la ausencia de respuestas satisfactorias a
sus reclamos volvieron a ensayar la misma vía de protesta.
Algunos insistían en el mismo pedido pero sumaban nuevos
argumentos a su solicitud. Otros, ante la negativa anterior o la
falta de respuestas, pedían otras cuestiones en compensación.
Joseph Moreno Díaz, uno de los encarcelados por la famosa
conspiración de los franceses de 1795, en los momentos
iniciales de la investigación había sido torturado dos
veces por Martín de Álzaga, aunque no se le había
logrado arrancar ninguna confesión (Johnson, 2011: 168-173).
Un año después había sido sentenciado a
Malvinas, siendo enviado provisoriamente a Montevideo hasta poder
enviarlo a su destino. Su primer memorial pidiendo un alivio de sus
prisiones y una rebaja de la condena no había surtido efecto.
Posteriormente su hermana se encargó de aclarar que Joseph era
de avanzada edad, se mantenía de limosnas y que ella le
cuidaba el hijo ya que su esposa había fallecido acongojada
por la situación, por lo que pedía que cumpla su
condena en el presidio de la capital y no en Malvinas. Finalmente
accedieron a su pedido.24
entrever en algunos de los casos particulares que hemos descripto
hasta ahora, a veces los presos no eran los que redactaban y enviaban
los memoriales a las autoridades sino que lo hacían sus
familiares. No obstante lo más común era que el mismo
reo solicite una mejora en su situación, ya sea redactando el
mismo su escrito o en otros casos pidiéndole a alguien que
supiera leer y escribir que le transcriba sus deseos (Ver
gráfico nº 1).
En los casos en que la iniciativa no correspondía al
encarcelado, emerge la fuerza de los vínculos familiares. Las
esposas y las madres eran quienes en segundo y tercer lugar
peticionaban en forma más frecuente por los reos, aunque
también peticionaban hermanos, padres, hijos, abuelos y tíos.
naturales redactó el 1% de las solicitudes y los Defensores de
pobres el 3%. El primero de los casos es comprensible dado que los
únicos presos por los que debía velar el Protector de
naturales eran los indígenas. Y en efecto, este funcionario
los representó a todos en una sola petición colectiva
en la cual abogó por aclarar la situación procesal de
los mismos. En cambio, asombra que los Defensores de pobres hayan
redactado tan pocas solicitudes, ya que eran los encargados de cuidar
del bienestar de todos los detenidos –excluyendo a los
indígenas–, haciendo todo lo posible para velar por sus
condiciones de vida en la cárcel y representándolos en
el proceso por el cual eran juzgados. Solo no eran representados por
estos Defensores aquellos que podían costearse un abogado,
aunque ésta claramente no era la situación de la
mayoría de los detenidos.
Quienes iniciaban los memoriales de los presos (1776-1800)
Fuente: A.G.N., IX,
12-9-11, 12-9-12, 12-9-13.
“Sumergido en un calabozo sin
más amparo que el Dios”
Los encarcelados en
su gran mayoría anhelaban y solicitaban su libertad (Ver tabla
nº 1). La excarcelación de los detenidos en la cárcel
capitular no era una práctica infrecuente cuando se realizaba
la visita de cárcel, pese a que ésta no se realizaba
con la asiduidad que establecía la legislación
(Rebagliati, 2013a). Los pedidos restantes pueden dividirse en tres
tipos. Aquellos que pedían un paliativo a una situación
de sufrimiento, los que solicitaban que se respeten ciertas
formalidades procesales respecto a sus causas y los que imploraban
por una reducción o morigeración de una pena ya
impuesta. Los primeros pedían una mejora en la alimentación
y vestuario, un relajamiento de los grillos que los sujetaban, o el
traslado a una prisión más decente. El segundo grupo
iba desde los que pedían tomar conocimiento de sus causas,
hasta los que pedían que se les formulen los cargos, llamar a
testigos o que les tomen declaración. Otros simplemente
solicitaban que actúe la justicia y se llegue a sentencia. Por
último, quienes ya habían sido sentenciados a menudo
solicitaban cumplir su condena en la capital para estar cerca de sus
familias, o servir en los cuerpos militares del Rey. No siempre
quienes peticionaban lo hacían a favor de los presos. En unos
pocos casos, pese a tratarse de cónyuges o familiares, el
pedido de los peticionantes era que se mantuviera al reo encarcelado.
La esposa de Antonio Monteros, Doña María Gregoria
Nuñez recomendaba que a su marido no le den soltura por sus
“costumbres notoriamente pecaminosas”, pedido que fue
transmitido al alcaide de la cárcel.25
María Asencio, mujer de Andrés Barragan –alias
hueso– anticipándose a la noticia de que en la próxima
visita de cárcel iban a liberar a su marido, informaba que
éste había dicho que la iba a matar cuando saliera y
ofrecía como testigo al alcalde de barrio de Monserrat. Su
petición fue elevada a quienes debían realizar la
visita de cárcel.26
Pedidos de los peticionantes (1776-1800)
en la comida y/o vestuario
actúe la justicia y se llegue a sentencia
al Rey en los ejércitos o marina
a prisión más decente
se formulen los cargos, se llame a testigos
o se tome declaración al reo
la condena en la capital
no den soltura al encarcelado
la ciudad por cárcel
¿De qué argumentos se
valieron los encarcelados y en otros casos sus familiares para
solicitar la libertad? Las narrativas que desplegaron en búsqueda
de justicia son una rica fuente de información. Nos brindan
–en contraste y entrecruzamiento con otras fuentes- información
sobre las penurias y sufrimientos más comunes que aquejaban a
la población carcelaria de esos años. También
podremos vislumbrar algunas de las características de la
cultura legal de la época, especialmente aquella propia de los
sectores marginales y criminalizados que habitaban la cárcel
Siguiendo una larga
tradición, las autoridades de Buenos Aires durante el siglo
XVIII consideraban en términos generales a los presos como
parte de un conjunto más amplio de pobres
que eran dignos de caridad y asistencia. Los caídos en
desgracia y dignos de conmiseración incluían a
encarcelados, indígenas, enfermos, niños de escasos
afroamericanos de toda condición (Rebagliati, 2013b). Los
encarcelados y sus familiares usualmente se reivindicaban como pobres
también, resaltando sus penurias, en pos de tener éxito
en sus súplicas. Josef Alejandro de la Cruz, quien había
tenido una pelea en una pulpería y estaba encarcelado hacía
cinco días se llamaba a sí mismo como un “pobre,
miserable y desamparado”.27
Justo Urquiza, encarcelado hacía tres meses por robar unos
caballos decía ser un “pobre indefenso sin más
alivio ni amparo que el de Dios”.28
Doña María Ignacia Salinas, al peticionar por la
libertad de su hijo aseveró ser “una miserable viuda
destituida de todo auxilio, cargada de familia y sin otro amparo que
el de este hijo”.29
Unos pocos eran pobres
de solemnidad,
lo que significaba que habían obtenido una certificación
de la Real Audiencia probando sus dificultades para subsistir en pos
de litigar sin costos.
de los encarcelados como pobres
evidentemente buscaba concitar la piedad de las autoridades, dado que
de esta manera se podía llegar a una atenuación de las
penas. Otros motivos que podía impulsar a las autoridades a
ejercer clemencia con los detenidos eran la rustiquez y la vejez
(Hespanha, 1993: 235). Pese a ello, no hay que descartar que tal
recurso discursivo fuera uno de los únicos modos posibles de
dar cuenta de una serie de aflicciones de distinto orden que
aquejaban a los encarcelados. El encierro ya de por sí era
visto como una situación angustiante porque implicaba la
pérdida de la libertad. En muchos memoriales el calificativo
de “pobre” no parece hacer alusión estricta a la
condición socioeconómica del encarcelado o a
necesidades concretas, sino a la situación momentánea
encarcelados eran bastante explícitos a la hora de describir
las carencias y privaciones que los aquejaban a causa de la prisión.
Los rigores de los calabozos parecen haber sido inclementes con todos
los presos con independencia del delito que habían cometido.
Las denuncias más frecuentes eran la de no poder cubrir
necesidades básicas como el vestuario y el alimento. En
una petición colectiva, once presos, que estaban imputados en
una misma causa pedían que se les suministren los alimentos de
su anterior prisión o en su defecto un real por día por
la necesidad que padecían. Cinco meses después en otro
memorial solicitaban que les den la ciudad por cárcel “para
buscar su sustento de que tanto carecen”.30
Lo que es claro es que la reclusión no siempre era garantía
de recibir alimentos y ropa. Así muchos reos dependían
para su sustento de la asistencia de sus familias o de la caridad de
personas piadosas. Nicolás de los Angeles decía estar
en un calabozo “donde no entra la luz del día…pasando
dos mil necesidades de ambres y desnudez” manteniéndose
de la caridad de un individuo que le daba un bocado de comida cada
veinticuatro horas.31
Teodoro Ricardo unos años después en cambio si recibía
alimentos por parte de las autoridades de la cárcel, ya que
era un forastero y no tenía a nadie que lo socorra. Sin
embargo, según su opinión la comida era insuficiente ya
que consistía en un “triste soquete de carne cada veinte
y quatro horas”.32
Otros lograban trabajar para mantenerse mientras estaban
encarcelados. Francisco de Paula Ramirez solicitó permanecer
unas semanas en Buenos Aires antes de ser desterrado para España,
para cobrar unas deudas dado que en la cárcel se había
ganado el sustento haciendo cigarrillos para vender.33
En el caso de los esclavos encarcelados, se sobreentendía que
la manutención de los mismos corría por cuenta de sus
amos, quienes a menudo se desentendían de esta obligación.34
José Medina era un esclavo que había sido enviado a la
cárcel en calidad de depósito por el apoderado de su
difunto amo. Pese a no haber cometido ningún delito hacía
dos años y medio que se encontraba en esta situación.
Además de solicitar que se ponga fin a su reclusión
tomando alguna determinación, denunciaba que ya había
protestado por escrito en dos ocasiones porque el apoderado no le
contribuía con lo necesario para alimentarse.35
dichos de los encarcelados los calabozos eran fríos,
estrechos, húmedos, carecían de luz y ventilación,
y tampoco había camas ni frazadas en ellos. Varios decían
también sufrir inmovilidad por los grillos que los sujetaban y
unos pocos se quejaban de que estaban incomunicados. Este cuadro de
situación derivaba fácilmente en el deterioro de la
salud. Don Santiago Peñalba, encarcelado por los “desórdenes
escandalosos de su mujer”, se quejaba de que en el calabozo
sufría humedad y frio, lo que le había deteriorado su
salud, no encontrando explicación “para tanta
crueldad”.36
Bernardo Bori era un peninsular que había sido remitido desde
Potosí hacia Buenos Aires, sujetado con grillos y esposas.
Habiéndose caído varias veces del caballo durante el
trayecto, según el cirujano de la cárcel se le habían
producido dos hernias que no habían sido bien curadas. Una vez
en la cárcel de la capital del Virreinato había tenido
que vender su ropa para mantenerse. Finalmente fue trasladado a la
casa cuna para seguir su curación.37
Las mujeres tampoco estaban a salvo de estos padecimientos. Doña
Manuela Correa de Sa al momento de su encierro tenía dieciocho
años y estaba embarazada de seis meses. Había sido
encarcelada por no querer vivir con su marido, quien la maltrataba al
punto de casi matarla en una ocasión. Manuela decía
estar encerrada en un lugar húmedo, sin cama y con una frazada
prestada, expresando el peligro que corría la criatura que
llevaba en su vientre.38
señalar las carencias de alimentación y vestuario y de
resaltar la crudeza de la vida en los calabozos, los presos hacían
referencia a otros perjuicios que les acarreaba la reclusión,
tales como la interrupción de su trabajo y la imposibilidad de
mantener a sus familias y parientes. En una sociedad donde las
oportunidades laborales para las mujeres eran acotadas, no
calificadas y mal pagas, la prisión del hombre implicaba una
merma significativa en los ingresos del hogar, sobre todo en las
familias con varios hijos menores. Este argumento era utilizado tanto
por los presos como por sus esposas cuando peticionaban. Manuel
Cabrera hacía tres meses estaba encarcelado por una queja que
había realizado su esposa ante el alcalde de barrio. Pero
ahora ella pedía que lo liberen dado que tres meses ya eran
suficientes como castigo pero sobre todo porque le hacía falta
el trabajo de su marido para su sustento. Se accedió a su
petición.39
Otros decían que se les estaban “destruyendo sus
haciendas de campo”, que tenían el negocio abandonado, o
que se le estaban perdiendo los animales y quienes tenían
criaturas que mantener se encargaban de resaltarlo. También
pedían ser liberados para poder trabajar sin hacer alusión
a su familia. Las madres que peticionaban por sus hijos declaraban a
menudo que éstos proporcionaban su única ayuda para
subsistir. Razón no les faltaba, particularmente entre los
sectores subalternos la ancianidad derivaba fácilmente en una
situación de precariedad, pobreza y dependencia de la ayuda de
terceros como hijos o parientes o benefactores. Felipe Pesoa mantenía
a su madre y una hermana trabajando en una quinta, pero hacía
tres semanas que estaba recluido por “mala amistad” con
una mujer casada. Su madre elevó un memorial donde decía
que “sin el auxilio de mi hijo no podre subsistir”.
Finalmente, luego de una serie de informes, Felipe Pesoa fue
liberado.40
autoidentificación como pobre
o el relato minucioso de las carencias que sufrían durante su
reclusión no eran argumentos suficientes para reclamar por su
libertad. Era imperioso desplegar otras explicaciones de peso para
convencer al Virrey de que haga justicia en favor de los
encarcelados. Así fue que muchos manifestaron ser inocentes,
denunciando que no se habían cumplido ciertas formalidades
procesales como tomarles declaración, informarles de la
acusación, llamar a testigos a declarar, o recolectar pruebas
convincentes para justificar el arresto. Si bien en la época
se estaba lejos de una administración de justicia que
respetara garantías procesales claras –producto de la
naturaleza inquisitiva del derecho penal vigente–, tanto las
autoridades como los detenidos creían en la legitimidad de
ciertos procedimientos legales referentes a la detención de
sospechosos.41
combinación de hechos fortuitos y la arbitrariedad que a veces
demostraban los agentes subalternos de justicia en la instrucción
de las causas podían derivar en la reclusión de
encarcelamiento no tenía nada de azaroso, sino que estaba
motivado según los detenidos por calumnias que escondían
conflictos preexistentes entre el acusado y el denunciante. José
Lino Tito denunciaba que su capitán lo acusó falsamente
para quedarse con su salario durante varios meses.42
José María Segovia y Nicolás de los Ángeles
también se quejaban de que sus patrones los habían
mandado a arrestar para no pagarles el salario,43
mientras que Agustín Medina decía que su arresto había
sido planificado por su patrón como castigo por haberse
conchabado en otra pulpería.44
Las apuestas en el juego también generaban rencores que
derivaban en acusaciones falsas, y en otros casos los hijos eran
calumniados por sus padres con el fin de recluirlos y sujetarlos a su
autoridad. El padre de Cayetano García aseveró que su
hijo era ladrón, vago ocioso y “vagamundo”. Su
madre, en cambio, dio otra versión. Dijo que el padre había
mandado a prender a su hijo para quedarse con el dinero que éste
había ganado como herrero y con el cual le brindaba a ella
casa y alimentos. Luego de un careo con varios individuos, Cayetano
fue liberado.45
Algunos presos no
ponían en duda su culpabilidad. Pero aún así
imploraban por su libertad o por una reducción de la pena.
Argumentaban que el tiempo que ya habían pasado en la cárcel
era suficiente como para que se considere purgado su delito. La
reclusión provisoria en los calabozos capitulares era
entendida como un castigo proporcionado a la falta cometida, sobre
todo en los casos en que los detenidos hacia meses o años que
estaban encarcelados. En otros casos se apelaba a la proximidad de
una festividad relacionada con la casa real para pedir clemencia y
peticionantes tenían noción de la ilegitimidad que
acarreaban ciertas detenciones arbitrarias no conformes a derecho,
rara vez utilizaban en sus memoriales argumentos netamente jurídicos
o referentes a la legislación de la época. Una de estas
excepciones la constituye Jacinto Lima, un negro esclavo que había
desertado hacía varios años de Colonia de Sacramento y
ahora alegaba ser libre. Jacinto acudía al virrey porque su
antiguo amo lo quería volver a esclavizar y alegaba ser libre
porque había desertado en tiempo de guerra, momento en el cual
se había liberado a todos los esclavos fugados. No tuvo éxito
en su solicitud y tres meses después volvió a
peticionar porque se resuelva su situación, siendo derivado al
alcalde de primer voto.46
Las pocas menciones explícitas a la legislación por
parte de los solicitantes concordaban con un derecho que no reconocía
a la ley como su fuente de inspiración única ni
exclusiva (Herzog, 1995; Tau Anzoátegui, 1999).
la referencia explícita a la legislación era
infrecuente, mucho más comunes eran los pedidos de clemencia y
piedad a la máxima autoridad del Virreinato, la cual era
concebida en términos paternales. Los solicitantes se dirigían
el Virrey denominándolo “protector de los desvalidos”
o “padre de pobres”. Otros decían que apelaban a
las autoridades porque éstas se caracterizaban por “una
cristiana conmiseración con los miserables” o con “los
pobres necesitados.” Por lo visto, la misericordia no solo era
una virtud cristiana que tenían los poderosos de la sociedad
para con los humildes, sino que sustentaba y retroalimentaba un pacto
de gobernabilidad entre el Virrey y los vasallos.
tan piadosos se mostraban el Virrey y otras autoridades ante los
pedidos de misericordia de los encarcelados? Lo primero que
generalmente se hacía era comprobar los dichos de los
encarcelados o ampliar la información disponible en la
solicitud acudiendo a otros testimonios. Se pedían informes a
los agentes subalternos de justicia que habían procedido a la
aprehensión del reo como alcaldes de hermandad, alcaldes de
barrio y comisionados. En otros casos se pedían informes a
quienes llevaban adelante la causa de los presos, como los alcaldes
de primer y segundo voto o los escribanos de gobierno. Por último
también se pedían precisiones al alcaide de la cárcel
y a personas que pudieran testimoniar sobre la conducta y los hábitos
cotidianos de los encarcelados previos a la detención, como
curas, patrones, familiares y otros.
la resolución de los memoriales no está presente en
todos ellos. En muchos casos el último dato que tenemos sobre
las solicitudes es que se daba vista al asesor o al escribano de
gobierno, sin saber cuál fue la resolución finalmente
tomada. En el 37, 5% de los casos se accedió a la solicitud
del encarcelado, en el 24,5% se denegó explícitamente,
y sobre el 38% no sabemos la determinación adoptada. Aun
considerando que las solicitudes en las cuales no sabemos la
respuesta de las autoridades es probable que no hayan tenido éxito,
el porcentaje en los cuales se accedía al pedido de los
peticionantes es significativo. Sobre todo teniendo en cuenta que la
mayoría de estos pedidos consistían en la libertad del
reo. Cuando los presos no obtenían justicia por parte de
procesos judiciales que se extendían en el tiempo, y cuando
las visitas de la cárcel no eran tan frecuentes como debieran
haber sido, la apelación directa a las autoridades parecía
ser un recurso con algunas chances de éxito. Accediendo a los
pedidos de los encarcelados se enmendaban algunas de las detenciones
más arbitrarias y escandalosas que protagonizaban los agentes
con poder de policía, a la vez que se tomaban en cuenta
situaciones particulares concernientes a la condición social,
personal y familiar del reo. Pero por sobre todas las cosas, el
Virrey demostraba su benevolencia y piedad para con los “pobres
aportes nos deja el análisis de las solicitudes de presos en
el Buenos Aires tardocolonial? Desde hace décadas la
historiografía viene señalando la lógica con la
que operaban la administración de justicia y el sistema de
poder en el mundo precontemporáneo europeo y americano. Así
se ha descripto un sistema jurídico que en muchas ciudades de
ambos lados del atlántico estaba lejos de ser rígido e
inflexible. Por el contrario, operaba con una dosis de maleabilidad
que permitía la no aplicación de las leyes más
severas previstas en la legislación, siendo este fenómeno
una característica intrínseca al sistema (Levaggi,
1975; Tau Anzoátegui, 1979; Hespanha, 1993;
Movellán, 2008;
vínculo entre esta lógica y la legitimidad política
en un nivel más amplio no dejó de ser notada por muchos
estudiosos. Las penas ejemplificadoras y excepcionales buscaban
inculcar temor en los súbditos, y el perdón extendido
apelaba al amor que un buen padre tenía para con sus hijos.
Mediante esta dialéctica del castigo y el perdón, las
autoridades afianzaban los vínculos de lealtad y obediencia, y
se eafirmaba la imagen
del rey y sus representantes en América –como el Virrey-
como un “defensor de pobres y desvalidos” (Agüero
2006 y 2008). La otra cara de esta indeterminación legal de
las penas o de su suspensión discrecional estaba dada por una
multiplicidad de formas de proceder al momento de apresar, juzgar y
condenar a los justiciables. En este sentido, no siempre se juzgaba
necesario que para recluir a un individuo hubiera al menos indicios
y/o pruebas de que había delinquido. Por lo tanto se actuaba
de manera preventiva y ni siquiera se formaba una investigación
sumaria, ya que en este caso el accionar de las autoridades para con
la plebe se equiparaba al poder de corrección y
discrecionalidad que un padre de familia tenía sobre su
esposa, hijos, criados y parientes que vivían bajo su
dependencia. Eran los procedimientos sumarios y extraordinarios,
propios de una concepción de policía,
en oposición a los procedimientos ordinarios característicos
que conllevaban ciertas formalidades procesales y derechos del reo
(Agüero 2006; Casagrande,
2012b; Zamora, 2011).
En el extremo más
austral del imperio español en América a fines del
siglo XVIII, hemos podido comprobar cómo las solicitudes de
presos y las respuestas que daban las autoridades –al igual que
las visitas de cárcel– se enmarcaban dentro de las
características propias de una administración de
justicia de antiguo régimen. Sobre todo porque evidencian dos
aspectos centrales señalados por numerosos autores: el
accionar doméstico y discrecional, propio de “policía”
con el que actuaban muchos agentes subalternos de justicia al apresar
a sujetos de los sectores subalternos, y la magnanimidad demostrada
por el Virrey a la hora de corregir y remediar estos excesos. El
perfil social de los solicitantes también permite comprobar la
heterogeneidad de funciones que cumplía la cárcel en la
época según algunos estudios previos. Sus denuncias
confirman también lo que mencionan frecuentemente las actas
capitulares y lo señalado por algunos autores: las penosas
condiciones vividas efectivamente en los calabozos de la cárcel
Pero los memoriales
no solo nos permiten comprobar varias cuestiones ya apuntadas por la
historiografía, sino ver el rol jugado por los sectores
subalternos en la retroalimentación de una cultura jurídica
específica que en algunas regiones tardaría mucho
tiempo en desaparecer (Tío Vallejo, 2010; Agüero 2010).
No solo los juristas y las autoridades definían los principios
rectores que separaban lo justo de lo injusto. Los grupos más
desfavorecidos se apropiaban selectivamente de algunos principios
generales en pos de utilizarlos en su provecho y forzando ciertas
resoluciones que tomaban finalmente las autoridades (Cutter, 2007;
Fradkin, 2009). Otros autores se han mostrado más escépticos
en cuanto a la posibilidad de reconstruir la cultura legal de los
sectores subalternos y prefieren hablar de cultura popular en
términos amplios, dado que los saberes y nociones que tenían
los sectores subalternos acerca de la administración de
justicia no se nos aparecen en forma explícita y transparente.
Esto ocurre porque en su gran mayoría eran analfabetos, se
encontraban en una posición desventajosa dentro de la
maquinaria judicial, y además en los juicios eran
representados por un experto –abogado defensor–
(Salvatore, 2010: 15-53).
Las solicitudes de presos son un
documento excepcional en cuanto a que parecerían reflejar la
voz de los encarcelados en forma un poco más fidedigna que los
expedientes judiciales, lo que nos permitiría aproximarnos en
forma tentativa a la cultura jurídica de los sectores
subalternos. La mediación de los defensores oficiales era
insignificante, y la escritura de los memoriales eran una iniciativa
propia que los encarcelados desplegaban cuando sentían que
estaban siendo víctimas de una injusticia. Muchas veces ellos
mismos redactaban y firmaban los escritos, en otras ocasiones sus
familiares y a veces otros individuos sobre los cuales no sabemos qué
relación tenían con los reos. A su vez los problemas
descriptos por los presos eran una dura realidad según otras
pese a que los memoriales eran escritos por personas muy disímiles,
en general tenían la misma estructura interna. Al “Excmo
señor Virrey” o “Excmo señor” a secas
le seguía la presentación del nombre de los
peticionantes junto con manifestaciones de respeto y obediencia. “Con
la más reverente sumisión”, “con el más
sumiso respeto” o “puesto a los pies” eran
expresiones que antecedían a las denuncias concretas que
efectuaban los encarcelados. Por último, al momento de
efectuar algún pedido, los solicitantes apelaban a la piedad,
la liberalidad y a la gracia de las autoridades para que hagan
justicia. Probablemente la experiencia del encierro familiarizaba a
los encarcelados con ciertas formalidades que debían seguirse
a la hora de redactar un memorial. La socialización de
conocimientos entre los encarcelados era una posibilidad y los
calabozos funcionaban como una escuela donde quienes habían
sido atrapados por los agentes punitivos del estado, aprendían
los resquicios que ofrecía la administración de
justicia, familiarizándose y retroalimentando la cultura legal
de la época. Por ejemplo, uno de los encarcelados redactó
en cuatro ocasiones los memoriales de otros presos a pedido de ellos.
de antiguo régimen legitimaba el poder político y
justificaba las diferencias estamentales, en manos de los
encarcelados podía ser utilizada para resistir el accionar
punitivo de los agentes subalternos de justicia y afrontar toda una
serie de conflictos que se daban en la sociedad. De esta manera,
“jugadores y vagos”, delincuentes, esclavos, adolescentes
y trabajadores impugnaron la autoridad de quienes los habían
mandado a encarcelar. Se dieron cuenta que las instituciones de
justicia y las frecuentes menciones que las autoridades realizaban
sobre la protección de los miserables
podían ser usadas para desafiar los designios de alcaldes,
amos, padres y patrones. La garantía de éxito no era
absoluta, pero la posibilidad cierta de obtener justicia por este
medio ameritaba realizar el intento.
presente trabajo forma parte de una investigación mayor
acerca del desempeño de los Defensores de pobres de la ciudad
de Buenos Aires durante el período 1776-1821. La misma cuenta
con financiamiento del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET). Agradezco las
sugerencias que me fueron realizadas por Romina Zamora, Melina
Yangilevich y María Paula Parolo en el marco de las I
Jornadas interdisciplinarias sobre Crimen y Castigo en la Argentina, realizadas en la ciudad de San Miguel de Tucumán los días
21 a 23 de Noviembre del año 2013. También soy deudor
de los comentarios de Jorge Gelman a una versión previa a
aproximación a la población carcelaria en el Buenos
Aires virreinal basada en el análisis de los libros de visita
de cárcel da cuenta de la variedad de situaciones por las que
podían ser aprehendidos los reos, ya que éstos estaban
lejos de ser exclusivamente sospechosos de haber cometido crímenes
(Rebagliati, 2013a). Según Abelardo Levaggi, la cárcel
en la época colonial cumplía variadas funciones, entre
las que se encontraban las de custodia, corrección, depósito
y pena (Levaggi, 2002).
ejemplo, mientras tenemos diecisiete solicitudes correspondientes al
año 1796, solo tenemos dos peticiones correspondientes al año
1800. 4 El
afán pleitista de los súbditos americanos ha sido
resaltado entre otros por Ricardo Zorraquín Becú
(1955-56) y Alfonso García-Gallo (1967). Esta tendencia a
acudir frecuentemente a la justicia ha sido resaltado para la misma
época en Castilla
(Kagan, 1991).
raíz thompsoniana de muchos de los nuevos planteos es
innegable. A
mediados de la década del “70” del siglo pasado,
Edward Thompson (2010) señalaba en unas conclusiones
sugerentes que la ley no sólo era un “refuerzo de las
relaciones de clase existentes”, y su legitimadora, sino
también un “escenario central de conflicto” que
limitaba e inhibía el ejercicio ilimitado del poder.
Barriera (2003) ha advertido que en los primeros tiempos del período
colonial no sólo impartían justicia los alcaldes del
Cabildo sino también los adelantados, gobernadores, tenientes
de adelantado y tenientes de gobernador. Por ello el autor sostiene
la idea de que existía un ejercicio descentrado de la
General de la Nación (en adelante A.G.N.), IX, 12-9-12, fs.
en el 16% de los casos se explicitó la ocupación de
estos encarcelados. A su vez, sabemos la procedencia geográfica
del 28% de los peticionantes. 9 En
el 65% de los casos se consignó esta variable.
tipo de acusaciones pesaban sobre 37 solicitantes, el 32,5% sobre
los que tenemos datos.
11 A.G.N., IX,
12-9-12, f. 79.
el 15,5% de los solicitantes.
13 A.G.N., IX,
12-9-12, f. 247.
14 Fabián
Alonso ha postulado la primacía de los delitos contra las
personas en base a los fondos documentales del Archivo General de la
Nación, mientras que Julián Carrera ha señalado
que los expedientes conservados en el Archivo Histórico de la
Provincia de Buenos Aires señalan el predominio de los
delitos contra la propiedad (Alonso, 1999; Carrera, 2011: 208-209).
Por otra parte una muestra de todos los individuos censados en las
visitas de cárcel durante el período 1776-1783 arroja
que los dos grupos de reclusos mayoritarios eran los que estaban
acusados de delitos contra las personas -32%- y los imputados de
haber atentado contra la propiedad -24%- (Rebagliati, 2013a). 15 A.G.N., IX,
12-9-13, fs. 41-43.
16 A.G.N., IX,
12-9-13, fs. 117-122.
17 A.G.N., IX,
12-9-12, f. 351.
18 A.G.N., IX,
12-9-11, fs.168-169 y 207-208.
19 A.G.N., IX,
12-9-11, fs. 38-44.
20 A.G.N., IX,
12-9-13, f. 378.
tenemos este dato para todos los encarcelados, solo en 94 de ellos,
lo que representa el 54% del total de peticionantes. Sobre los que
se ha podido recuperar esta variable, el 36% no había pasado
más de un mes en los calabozos, un 21% entre uno y cuatro
meses, un 8% entre cuatro y ocho meses y un 7 % entre ocho meses y
un año. Los restantes se dividían en las siguientes
proporciones: entre un año y dos -17%-, entre dos y tres
-3%-, entre tres y cinco -1% y entre cinco y siete -7%-. 22 A.G.N., IX,
12-9-13, fs. 363-364.
23 A.G.N., IX,
12-9-13, fs. 303-307; IX, 31-2-9, 20.
24 A.G.N., IX,
12-9-11, fs. 182-185 y 319-324.
25 A.G.N., IX,
12-9-12, fs. 320-321.
26 A.G.N., IX,
12-9-11, f. 158.
27 A.G.N., IX,
12-9-11, fs. 284-286.
28 A.G.N., IX,
12-9-13, f. 322.
29 A.G.N., IX,
12-9-11, fs. 210-212.
30 A.G.N., IX,
12-9-11, fs. 300-301.
31 A.G.N., IX,
12-9-11, fs. 74-80.
32 A.G.N.,
IX, 12-9-13, f. 101.
33 A.G.N., IX,
12-9-13, fs. 14-16.
1811 el Defensor de pobres leyó un informe en el cual pidió
que se obligue a los dueños de esclavos que estuvieran
encarcelados que contribuyan con un real diario para su manutención,
ya que frecuentemente se desentendían de su alimentación
y vestuario. Actas capitulares de años posteriores dan cuenta
de que el Alguacil Mayor de la cárcel se encargó de
cobrar este dinero de los amos para la mantención de sus
esclavos encarcelados (AECBA,
1927: 641-642; AECBA, 1931: 227 y 259; AECBA, 1934: 1301, 372 y
35 A.G.N., IX,
12-9-12, f. 295.
36 A.G.N., IX,
12-9-13, fs. 29-30.
37 A.G.N., IX,
12-9-11, fs. 191-193.
38 A.G.N., IX,
12-9-11, fs. 276-280.
39 A.G.N., IX,
12-9-11, f. 102.
40 A.G.N., IX,
12-9-12, fs. 139-143.
la época no existía una distinción entre el
Derecho Penal y el Derecho Procesal tal cual existe en la
actualidad, sino que ambos aspectos del Derecho se hallaban
profundamente imbricados (Tomás y Valiente, 1969: 13-23)
Sobre el carácter inquisitivo del derecho penal en el Río
de la Plata ver el citado estudio de María Alejandra
Fernández ( 2007). Las formalidades procesales han sido
analizadas por Eduardo Martiré (1980). 42 A.G.N., IX, 12-9-12,
fs. 222-226.
43 A.G.N., IX, 12-9-13,
f. 250. 12-9-11. Fs. 74-80.
44 A.G.N., IX, 12-9-12,
fs. 283-285.
45 A.G.N., IX, 12-9-12,
fs. 108-111.
46 A.G.N., IX, 12-9-12,
fs. 190 y 221.
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Recibido: 27/06/14
Aprobado: 01/12/14

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