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Timestamp: 2018-12-15 04:26:02+00:00

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jurisprudencia del TC sobre bienes inembargales de...
EXP. N.º 015-2001-AI/TC EXP. N.º 016-2001-AI/TC EXP. N.
º 004-2002-AI/TC COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA, DEFENSORÍA DEL PUEBLO (ACUMULADOS) SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 29 días del mes de enero de 2004, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Rey Terry, Aguirre Roca, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento singular, adjunto, del magistrado Aguirre Roca ASUNTO Demandas de inconstitucionalidad interpuestas por el Colegio de Abogados de Ica y la Defensoría del Pueblo contra el Decreto de Urgencia N.° 055-2001, y demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Ica contra la Ley N.° 27684. ANTECEDENTES El Colegio de Abogados de Ica, con fecha 8 de noviembre de 2001, interpone demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1°, 2°, 3° y 5° del Decreto de Urgencia N.° 055-2001, norma que estableció el procedimiento para el pago de sumas de dinero ordenadas por mandato judicial en los procesos seguidos contra el Estado. Sostiene el demandante que tales dispositivos impiden al acreedor ejecutar al Estado, situación que también vulnera el principio de igualdad, dado que esta situación no se presenta cuando el Estado no es parte en los procesos. Agrega que la norma impugnada vulnera el principio de independencia de la función jurisdiccional, porque la Constitución no le ha dado al Poder Ejecutivo, la facultad de crear procedimientos posteriores a las sentencias; y que el artículo 5° del texto impugnado viola el principio de irretroactividad de la ley, al establecer que el Decreto de Urgencia N.° 055-2001 es aplicable –inclusive– a los procesos que se encuentren en etapa de ejecución de sentencia. Por su parte, con fecha 12 de noviembre de 2001, el Defensor del Pueblo (e) interpone demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia N.° 055-2001, alegando que dicha norma atenta contra los derechos de igualdad ante la ley y de tutela judicial efectiva, al otorgar un privilegio irrazonable al Estado cuando este es emplazado judicialmente. Entiende que al persistirse en tratamientos excepcionales favorables a las entidades públicas, se convierte en ilusorio el derecho de los justiciables a una tutela judicial efectiva. Agrega que si bien el citado Decreto pretende establecer un procedimiento para hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias judiciales emitidas contra el Estado, consagra reglas que podrían mantener una situación de desigualdad procesal cuando el Estado sea el obligado a acatar una sentencia. El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante escritos de fecha 17 de abril de 2002, solicita que se declaren improcedentes las demandas presentadas por el Colegio de Abogados de Ica y la Defensoría del Pueblo, aduciendo que los artículos 2°, 3° y 5° del Decreto de Urgencia N.° 055-2001 fueron derogados por la Ley N.° 27684, publicada el 16 de marzo de 2002, y que es un principio de carácter presupuestal que los recursos públicos se destinen a los fines establecidos en la ley. Con fecha 9 de mayo de 2002, el Colegio de Abogados de Ica interpone nueva demanda de inconstitucionalidad, esta vez, contra la Ley N.° 27684, modificatoria de la Ley N.° 27584, solicitando que se declaren inconstitucionales sus artículos 1° y 2°, y que la presente se resuelva e integre con la demanda de inconstitucionalidad interpuesta precedentemente contra el Decreto de Urgencia N.° 055-2001. Fundamenta su demanda en las siguientes consideraciones: a) El artículo 1° de la Ley N.° 27684 ha sustituido al artículo 42° en sus 4 numerales de la Ley N.° 27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo, restituyendo al Estado el privilegio de condicionar el acatamiento de sentencias judiciales. b) El artículo 42.1, tal como ha quedado redactado según el dispositivo impugnado, resulta contrario al principio de independencia de la función jurisdiccional, puesto que condiciona el cumplimiento de una sentencia a la disponibilidad presupuestal, limitando con ello la facultad jurisdiccional de hacer cumplir sus sentencias. Asimismo, considera que dicho privilegio estatal vulnera el principio de igualdad ante la ley, pues los particulares no gozan de él. Por último, resulta opuesto al principio de intangibilidad de la cosa juzgada, al reiterar el mismo criterio de la Ley N.° 26599 y la Disposición Transitoria Única de la Ley N.° 26756, que, en su momento, fueron dejadas sin efecto por el Tribunal Constitucional. c) El artículo 42.2 resulta violatorio del principio de independencia de la función jurisdiccional, pues pretende establecer una prioridad distinta a la sentenciada por el juez en materia de obligaciones. Asimismo, vulnera el principio de eficacia de la cosa juzgada, al dejar librada a la voluntad del obligado la decisión de habilitar o no la partida correspondiente. d) El artículo 42.3 vulnera igualmente el principio de independencia de la función jurisdiccional al establecer sobre el administrador la facultad de decidir la forma y el plazo para acatar una sentencia judicial. Es, además, contrario al principio de igualdad ante la ley, al señalar para la deuda pública interna un porcentaje de presupuesto que no es equitativo en relación con el que existe para la deuda pública externa. Por otra parte, resulta también incompatible con la prohibición constitucional de que no puede aprobarse presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública, pues con la fórmula utilizada se pretende que existan deudas que no han sido presupuestadas. e) El artículo 42.4 es opuesto al principio de igualdad ante la ley, porque el Estado y el ciudadano son tratados de forma distinta. Asimismo, resulta contrario a los principios de eficacia de la cosa juzgada, tutela jurisdiccional efectiva e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, ya que condiciona el cumplimiento del artículo 713° y siguientes del Código Procesal Civil. f) Finalmente, el artículo 2° de la norma impugnada viola el principio de cosa juzgada en materia constitucional, pues contraría la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Admitida la demanda, el Congreso de la República la contesta negándola y contradiciéndola, con los siguientes argumentos: a) Que no es cierto que al modificarse el artículo 42° de la Ley N° 27584, mediante el artículo 1° de la norma impugnada, se haya restituido al Estado el privilegio de condicionar el acatamiento de sentencias judiciales, pues el mencionado dispositivo precisa que el pago se hace en el marco de las leyes anuales de presupuesto, y que, en todo caso, si dicho financiamiento fuera insuficiente, el titular del Pliego Presupuestario podrá realizar modificaciones respectivas, comunicándolo al órgano jurisdiccional correspondiente, con lo cual se ha incorporado en la ley la recomendación que hiciera el Informe Defensorial sobre “Incumplimiento de Sentencias por parte de la Administración Estatal”, aprobado por Resolución Defensorial N.° 62-98/DP. Que el mismo artículo 42° agrega que si el requerimiento judicial superase el financiamiento adicional obtenido a través de modificaciones presupuestarias, el titular del Pliego correspondiente, bajo responsabilidad, debe destinar hasta el 3% de los recursos ordinarios en el ejercicio presupuestal siguiente, debiendo el Ministerio de Economía y Finanzas deducir dicho porcentaje de los recursos asignados al pago de la deuda pública y la reserva de contingencia, coincidiendo con un criterio que también proponía la Defensoría del Pueblo. Que el Estado no puede limitar el pago de sus obligaciones a su disponibilidad presupuestaria lo demuestra el mismo artículo 42°, donde se precisa que una vez transcurridos seis meses de la notificación sin que el Estado haya iniciado el pago o se haya obligado al mismo según al procedimiento previsto, se puede recurrir a la ejecución de resoluciones judiciales conforme al Código Procesal Civil. Se trata, en
Determinación del petitorio 4. 016-2001-AI/TC y 004-2002/AI/TC. §3. la cual. y de los artículos 1º. Las dos primeras demandas (expedientes N. 3 y 5 que quedan derogados”. las demandas interpuestas por el Colegio de Abogados de Ica y la Defensoría del Pueblo sólo han impugnado el artículo 1°.º 019-2001). decide llevar a cabo una nueva Audiencia pública de los tres procesos acumulados. . El artículo 2º de la Ley N. 3° y 5° del Decreto de Urgencia N. el cual establece que los recursos públicos no pueden ser destinados a fines distintos de los que establece la ley. señala que entre tanto se dicte dicha ley. Que la posición del demandante implica que las sentencias judiciales firmes deben ser ejecutadas en forma inmediata e indiscriminada contra los recursos del Estado.° 055-2001 (artículos 1°. En dicha demanda.º 055-2001”..º 019-2001. contraviniendo el principio de equilibrio presupuestal y de asignación equitativa de recursos. y por otro. Mediante Resolución de fecha 28 de enero de 2003. en todo caso. Habiendo sido derogados los artículos 2°.° 019-2001.º 26756. con excepción de los artículos 2°.. de una limitación temporal y razonable para que la Administración Pública obtenga los recursos necesarios para realizar el pago ordenado.º 019-2001).º 055-2001. el Tribunal Constitucional dispone la acumulación de los Expedientes N. del Decreto de Urgencia N. atendiendo al escrito del 20 de noviembre de 2003.º 26756). por existir conexión entre ellos. 4º y 6º del Decreto de Urgencia N. FUNDAMENTOS 1. restituye la plena vigencia del Decreto de Urgencia citado. De las disposiciones que se encuentran vigentes del Decreto de Urgencia N.os 015-2001AI/TC.° 27684.º 019-2001 (artículo 3º del Decreto de Urgencia N. no se ha producido. 2º y 3º de la Ley N. sin importar que ellos se encuentren destinados a fines socialmente relevantes. declarada inconstitucional mediante sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de marzo del año 2001. del representante del Poder Ejecutivo.° 055-2001 por el inciso 8) de la Primera Disposición Derogatoria de la Ley N. §1. La declaración de que los procesos judiciales en trámite deberán adecuarse a las disposiciones del Decreto de Urgencia N. a fin de no recortar el derecho de defensa del Poder Ejecutivo. él que no había participado. 3° y 5° que deroga.° 27584 y. del Decreto de Urgencia N.º 055-2001.os 0015-2001-AI/TC y 0016-2001-AI/TC) se ven en Audiencia pública el 19 de agosto de 2002. transcurrido dicho lapso.° 27684.º 27684 declara: “Retírase el inciso 8) de la Primera Disposición Derogatoria de la Ley N. total o parcial.) 8) La Ley N. los depósitos de dinero se consideran inembargables.º 27584.° 055-2001 (con excepción de sus artículos 2°. El Tribunal se aboca entonces a sentenciar las causas acumuladas. entre otras materias. El artículo 2° de la norma impugnada tampoco vulnera la Constitución.° 27684 que. de los artículos 1º.º 26756. la que se realiza el 10 de diciembre de 2003.° 004-2002-AI/TC.d) e) todo caso. las dos primeras demandas tienen por objeto que se declare la inconstitucionalidad. 3 y 6 del Decreto de Urgencia N. 4° y 6°). el Decreto de Urgencia N. no han sido declaradas como tales por el Tribunal Constitucional.° 26756 (con excepción de su Disposición Transitoria Única). el Tribunal. con excepción de la Disposición Transitoria Única.º 055-2001 y sustracción de la materia 3. por haberse producido la sustracción de la materia. retirado de las disposiciones derogatorias de la Ley N. con excepción de sus artículos 2. pues en la vista respectiva. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 6. por lo que los procesos judiciales que se encuentran en trámite deberán adecuarse a las disposiciones que ya se encuentran en vigencia. por un lado. el 20 de agosto de 2002. cuando el legislador establece que mediante una ley se determinará cuáles son los bienes del Estado que pueden ser afectados por mandato judicial para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de un proceso judicial. que modifica diversos numerales del artículo 42° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Derogación de diversos artículos del Decreto de Urgencia N.º 27584. en consecuencia. De esta manera. Evidentemente.º 27584. carece de objeto pronunciarse en torno a ellos. también han sido impugnados: a) b) c) La declaración de que sólo son embargables los bienes del Estado que se incluyan en la ley que se expida más adelante (artículo 2º de la Ley N. se restituye al Estado el privilegio de declarar inembargables los bienes que administra a título privado.º 26756. De esta forma. y. 2º. 3° y 5°). en el que solicita que se programe una nueva vista del último proceso. pues se limita a restituir normas que no son inconstitucionales. La declaración de que los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en el Sistema Financiero Nacional constituyen bienes inembargables (artículo 1º del Decreto de Urgencia N. 3º y 4º del Decreto de Urgencia N. §4. pues. al mismo tiempo. §2. y la prerrogativa de cumplir las sentencias que le ordenan el pago de adeudos. quedan derogados: (.º 019-2001 y del Decreto de Urgencia N. A su vez. en la forma y el plazo que estime convenientes. está limitando el derecho de la parte vencedora en un juicio de poder ejecutar lo resuelto en un fallo que tiene la calidad de cosa juzgada.° 055-2001. Las partes solicitaron a este Tribunal un plazo prudencial para la expedición de esta sentencia. 5. también se impugna el artículo 2° de la Ley N.º 019-2001 y los artículos 2. Finalmente. establecía: “A partir de la vigencia de la presente Ley. con miras a obtener una solución conciliatoria. del Decreto de Urgencia N. declárase la plena vigen cia de la Ley N. en la última de ellas se solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley N. y la tercera demanda (expediente N. el inciso 8) de la Primera Disposición Derogatoria de la Ley N. pues se considera que al restablecer la vigencia de la Ley N. se ha restablecido la vigencia de los artículos 1º. y del Decreto de Urgencia N. La segunda demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Ica impugna el artículo 1° de la Ley N. o que. Disposición que restablece la vigencia de diversas disposiciones legales 2.
con rapidez y efectividad” [STC Exp.no cumple lo ordenado por la sentencia o la resolución judicial firme. pues. como sucede con todos los derechos fundamentales. Como el Tribunal Constitucional ha recordado. Respecto de los jueces. con su cumplimiento no sólo se resuelve un conflicto y se restablece la paz social. cuando ese vencido en juicio sea el Estado. De ahí que cuando un tribunal de justicia emite una resolución. etc). en la medida en que éstas tengan una justificación constitucional. y por ello el sistema jurídico ha de estar organizado de tal forma que dicho incumplimiento –si se produjera. el glosado derecho exige un particular tipo de actuación. sentencia del 13 de marzo de 1997. tienen la obligación de adoptar.. 45º. que esté exento de condiciones. 8.º 006-1996-AI/TC. a quien. se desprende tanto del artículo 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos como del artículo 25. desde luego. a través de la sentencia favorable.. impida o disuada irrazonablemente. es claro que quienes las dictan.se incumple por los poderes públicos. 9. sino también (. entre los que destacan el acceso a la justicia. Como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el arret “Hornsby c/ Grecia”. 12. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada. tales características deben considerarse extensivas también a los denominados procesos judiciales ordinarios. cabe recordar que. . es decir. El problema. 13. o quienes resulten responsables de ejecutarlas. 10. reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución. ya que. en la que se dejó entrever que. la necesidad de entender que el derecho a la tutela jurisdiccional comprende necesariamente su efectividad. el legislador pueda establecer ciertos límites o restricciones al derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales firmes.º inciso 2. El Estado democrático de derecho está. inciso 1.las medidas necesarias y oportunas para su estricto cumplimiento.. rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. tras los artículos 38º. el de efectividad de las resoluciones judiciales tampoco es un derecho absoluto. 51º. justo s obre el plano de las modalidades de su tránsito. a quienes participaron en calidad de partes en el proceso y. 118º. lo constituye el mandato constitucional de que ciertos bienes del Estado.7. el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales forma parte de las garantías judiciales. Dado que en ambos instrumentos internacionales se hace referencia a los derecho s reconocidos en la “ley”. rápido y efectivo esencialmente está referido a los procesos constitucionales de la libertad. tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (v. a juicio del Tribunal Constitucional. si hubiere lugar a ello. como puede ser que la ejecución deba llevarla adelante el órgano jurisdiccional competente. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo. en la garantía de su cumplimiento. Sin embargo. Sin embargo. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. no pueden recaer sobre los denominados bienes de dominio público. y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela. es decir. que se trate de una resolución firme. “Cuando este deber de cumplimiento y colaboración –que constituye una obligación en cada caso concreto en que se actualiza. se pone a prueba la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos al ordenamiento jurídico. no pueden ser afectados. De acuerdo con el primero. 16. definitiva y vinculante. conforme establece el inciso 9) del artículo 118° de la Constitución. la nuestra no alude al derecho a la tutela jurisdiccional “efectiva”. el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales autoriza al afectado con el incumplimiento a pedir del órgano jurisdiccional competente la adopción de las medidas y providencias necesarias para que se ejecute lo dispuesto. derivado directamente de la Norma Suprema. También se encuentra aludido en el segundo párrafo del inciso 2) del mismo artículo 139º. El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla. sino. el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. le corresponde “Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”. brevedad y efectividad) se prediquen sólo en esta clase de procesos. 102. 14. Conforme al segundo.) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en au toridad de cosa juzgada (. Y es que si el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia o en una resolución judicial sea cumplido. según las normas y procedimientos aplicables -y con independencia de que la resolución a ejecutar haya de ser cumplida por un ente público o no. voluntaria o forzosamente. gr.) capaz de consentir los resultados alcanzados. Ese fue el criterio implícitamente señalado por este Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Exp. etc. Pero también lo está el Presidente de la República. cuando se produce un conflicto.)”... de conformidad con el artículo 73º de la Constitución. Al margen de los requisitos y la presencia de una serie de circunstancias generales que la ley pueda prever. el derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.)”. Y es difícil que pueda hablarse de la existencia de un Estado de derecho cuando las sentencias y las resoluciones judiciales firmes no se cumplen. y que no se agota allí.. quedase inoperante. tal derecho al recurso sencillo.) ni retardar su ejecución”. cuando se menciona que “ninguna autoridad puede (. por el daño sufrido. a los que se encuentran en principio vinculados y. tomando en cuenta al sujeto procesal vencido en juicio y.. A juicio del Tribunal Constitucional. causando daño a una de sus partes (. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. derecho a un proceso que dure un plazo razonable. sea repuesta en su derecho y compensada. es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional. ordinariamente se procesa a través del Poder Judicial. A diferencia de lo que sucede en otras constituciones. El derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos. Como afirma el Tribunal Constitucional espa ñol. sino también una cuestión de capital importancia para la efectividad del “Estado democrático de derecho” que procl ama la Constitución. Uno de esos límites. además. Por ello. Y si así fuera. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional. 010-2002AI/TC]. es decir.. pues “sería ilusorio” que “el ordenamiento jurídico interno de un Estado contratante permitiese que una decisión judicial. al propio juez. la ley o la presente Convención (. 15. y. No obstante. N.. el Tribunal considera que cuando el obligado –sea un particular o el Estado. de ello no debe inferirse que tales exigencias (sencillez. N°. límites o restricciones en su ejercicio. tales resoluciones judiciales o las que se emitan para ejecutarlas. que la ejecución se realice respetando el contenido del fallo. Dicha sujeción al ordenamiento jurídico. tras el reconocimiento del derecho a la ejecución de las sentencias no sólo está el derecho subjetivo del vencedor en juicio.no pueda impedir en ningún caso la efectividad de las sentencias y resoluciones judiciales firmes” (STC 67/1984). El contenido constitucionalmente protegido de este derecho impone especiales exigencias a los sujetos pasivos del derecho. como los de dominio público. por su propio carácter. como quedó dicho. sujeto a un plebiscito de todos los días. y 138º de la Constitución. el Tribunal Constitucional considera legítimo que.. 11.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. sin que se le obstruya. existe un mandato de sujeción de los ciudadanos y órganos públicos a la Constitución y a todo el ordenamiento jurídico. en concreto. Precisamente. en tanto que tercero imparcial. en su condición de titular del Poder Ejecutivo. y ésta adquiere la condición de firme. en particular. en línea de principio. en modo alguno puede concebirse que nuestra Carta Fundamental tan sólo garantice un proceso “intrínsecamente correcto y leal. es determinar si con tal limitación se persigue satisfacer un bien del mismo rango que el derecho afectado. ante los tribunales nacionales competentes. evaluar si dicha restricción afecta o no lo garantizado constitucionalmente por tal derecho. En efecto.. ello constituye un grave atentado al Estado de Derecho.
encontramos conforme a la Constitución. por ende. en cada caso concreto. fundamentalmente. que este se no encuentre previsto en la ley futura. el cual establece que los recursos públicos no pueden ser destinados a fines distintos de los que establece la ley. o tener la condición. sean estos muebles o inmuebles. el principio general es que al juez le corresponde pronunciar el carácter embargable de un determinado bien. según lo expresa el artículo 1° del Decreto de Urgencia N°. con ello no debe entenderse que es la sola exclusión de un determinado bien estatal de la ley futura lo que lo hace inembargable.impaga. en deudas previsionales o laborales. no supone que el juez de ejecución y el órgano administrativo correspondiente no puedan dictar o ejecutar embargos sobre bienes del Estado. el civil o el penal. por lo que corresponde al juez. si nos atenemos a la distinción entre “disposición”. no embargable. la inconstitucionalidad no recae sobre la disposición en cuestión. declara: “Los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en el Sistema Financiero Nacional.° 26756 que “sólo son embargables los bienes del Estado que se incluyan en la respectiva Ley”. El problema respecto a este punto es determinar si el dinero del Estado existente en el Sistema Financiero Nacional constituye un bien de dominio público y. Los funcionarios públicos que malversaron estos recursos son los causantes de la imposibilidad del Estado para cumplir sus obligaciones.° 055-2001 18. precisando los principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales. en exclusiva. 26. El Tribunal comparte las preocupaciones de los demandantes en torno a la interpretación y eventual aplicación que se le podría dar a dicho precepto legal. es decir. Los montos que el Estado peruano debe pagar en ejecución de sentencias judiciales se originan. facultad que le es propia y que –en principio. la condición de bienes de dominio privado. lo que la ley se encargará de precisar. Una interpretación en ese sentido. Artículo 2° de la Ley N. Las deudas de carácter previsional o laboral tienen solución especial y autónoma. Artículo 1° del Decreto de Urgencia N. . En efecto. bajo responsabilidad. Los bienes poseídos por los entes públicos. los considerados bienes de dominio privado. de bienes de dominio público. entre ellas. correspondiendo al Ministerio Público investigar y denunciar a los responsables de dichos actos ilícitos.° 019-2001 27. N°. qué bienes cumplen o no las condiciones de un bien de dominio privado y. sean los únicos bienes que puedan ser embargables. lo serán porque tienen.º 019-2001. c omo sentido interpretativo que de la disposición se pueda derivar [STC Exp. determinar. 019-2001. pareciera desprenderse que no es la cualidad jurídica del bien del Estado lo que lo hace inembargable.º 26756 y clase de bienes inembargables 19. antes bien. podría llevar a autorizar al legislador a excluir de entre esos bienes embargables a determinados bienes distintos de los denominados de dominio público. que ha merecido en anterior oportunidad una sentencia de este Tribunal y que permanece aún –después de muchos años. en cada caso concreto. El artículo 1º del Decreto de Urgencia N.° 2675 6. de una lectura literal de dicho precepto. los recursos del Estado sólo deben estar asignados a los fines que determine la ley previamente existente. Ya en la sentencia recaída en el Exp. 29. Artículo 1° del Decreto de Urgencia N. 006-1996-AI/TC. En efecto. Hubiera sido más eficiente que el Congreso optase por “definir” con claridad el concepto de bien del Estado de uso privado en lugar de “enumerar” los bienes del Estado de uso privado. ya sea el administrativo. §7. esencialmente. de forma tal que. convendría que la Corte Suprema de la República aplique el artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.17. entre otras materias. en lo sucesivo. son los comprendidos bajo el nomen de dominio público. En este sentido. este Colegiado considera conveniente declarar la inconstitucionalidad de la palabra “sólo” del artículo 2° de la Ley N. al establecerse en el artículo 2° de la Ley N. son embargables. o deberán tener. Por tales motivos. impone en ambos órganos públicos un deber especial de protección del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. 22. en su mayoría. por el hecho de estar allí expresados. cabe destacar. Lo que hace que un bien del Estado tenga dicha condición es su afectación al servicio y uso públicos. este Tribunal sostuvo que los bienes del Estado pueden ser públicos o privados. 20. N°. a la deuda del Estado por los bonos de la Reforma Agraria. En efecto. En ese particular contexto. ante el vacío de legislación que precise qué bienes estatales pueden ser embargados. pues se han venido destinando diversos recursos del Estado a fines ajenos a los previstos en el orden presupuestal. En todo caso. lo que sería evidentemente inconstitucional. 23. y si está o no afecto a un uso público. El Tribunal Constitucional considera que no existen vicios de inconstitucionalidad en el artículo 1° del Decreto de Urgencia N. o en indemnizaciones por daños y perjuicios o en cuestiones comerciales. en la omisión de haberse precisado que los bienes del Estado sobre los cuales puede recaer el embargo lo constituyen. sino. si el bien sobre el que se ha trabado la ejecución forzosa está o no relacionado con el cumplimiento de las funciones del órgano público.º 26756 declara “Sólo son embargables los bienes del Estado que se incluyan expresamente en la respectiva ley”. su condición de bien de dominio público. 25. al sentido interpretativo que de él se pueda inferir. que no repare en la naturaleza jurídica del bien del Estado. 28. sino. 0010-2002-AI/TC]. Los fundamentos de esta sentencia se refieren y comprenden. La posibilidad de entenderse como inconstitucional el artículo 2° de la Ley N. §6. no debe tener más límite que el hecho de tratarse. y en lo que fuere aplicable. En buena cuenta. Es preciso insistir en que la inexistencia de una ley especial que determine qué bienes del Estado son embargables. a la de los bonos de la Reforma Agraria. Y entre las otras. el Congreso decidió enumerar en una futura norma los bienes de dominio y uso privado del Estado. En efecto. la procedencia del embargo sobre bienes del Estado. §5. reconocido en el artículo 77° de la Constitución. constituyen bienes inembargables”. analizando. sino. mediante dicho dispositivo legal tan sólo se ha reproducido legislativamente el principio de legalidad presupuestaria. no se refiere tanto al tenor de la disposición. y “norma”.° 26756.° 055-2001. a título público. sino. De manera que el Tribunal Constitucional debe señalar que. por su monto. Por el contrario. 21. El artículo 2º de la resucitada Ley N. según el cual la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. la inexistencia de una ley especial que fije qué bienes son embargables. Cabe advertir que es evidente que en el pasado no se ha respetado lo previsto en esta disposición. como enunciado lingüístico de un precepto legal. las ordenadas por sentencias judiciales. 24. como tal. y deben ser sancionados en el ámbito que corresponda. concretamente. dicha disposición se interprete y aplique en este sentido: Los bienes del Estado que se incluyan en la futura ley y que.
los jueces y tribunales.º 019-2001. sino. No ha existido hasta la fecha un enfoque integral de dicha problemática a efectos de determinar si puede considerarse inconstitucional. infra). en tanto que. o no. Entendida la referida disposición en el sentido interpretativo conforme a la Constitución. Las anteriores sentencias del Tribunal Constitucional que tienen estrecha vinculación con la temática que ahora se aborda (recaídas en las causas Nos 006-96-AI/TC y 022-96-AI/TC). el que las sentencias expedidas en procesos donde el Estado ha sido parte y en las cuales ha quedado obligado en términos económicos. Artículo 1° de la Ley N. cuestionado en la tercera demanda (Expediente N° 004-2002-AI/TC) resulta. Debe tenerse presente que. Y es que en este caso. sus autoridades y funcionarios.° 27684 35. por ello. 55 a 58. respetándose el procedimiento señalado en la ley. la inconstitucionalidad del artículo 1° del Decreto de Urgencia N. se relaciona con las exigencias que se derivan de la observancia del principio de legalidad presupuestaria del gasto público. afectada al uso de todos. no contienen juicio alguno acerca de si es procedente o no limitar el cumplimiento de los mandatos judiciales que declaran obligaciones económicas sobre el Estado.º 019-2001 cuando establece que “Los procesos judiciales en trámite deberán adecuarse a las disposiciones contenidas en el presente Decreto de Urgencia”. uno de los condicionamientos a los que puede someterse el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Ciertamente. 37. Atendiendo a lo expuesto. lo que puede afirmarse es que no todos esos depósitos se encuentran afectos al servicio público.El dominio público es una forma de propiedad especial. es decir. en el futuro. Los bienes que no están afectos al servicio público. Es en este mismo contexto que se plantea la impugnación de los artículos 1° y 2° de la Ley N. con generalidad. Dicho principio. puedan ser condicionadas en su ejecución o cumplimiento a la disposición de partidas presupuestales. contrario a la Constitución Política del Estado. determinar. hagan una interpretación y aplicación del artículo 1º del Decreto de Urgencia y las demás disposiciones afines. por un lado. o no. por ejemplo. por efectos del principio de optimización de los derechos fundamentales. §8. como tal. Tal problema de constitucionalidad puede ser resuelto expidiendo una “sentencia interpretativa reductora”. los que son de dominio público.º 27684. al resolver. de oficio o a instancia de parte. 39.º 019-2001 sería inconstitucional en la parte de la disposición que no precisa que sólo tienen la condición de bienes inembargables. prima facie.° 019-2001 33. §9. qué depósitos de dinero del Estado existentes en el Sistema Financiero Nacional constituyen bienes de dominio público no es un asunto que. Finalmente. según el cual “todo” depósito de dinero existente en una cuenta del Estado en el Sistema Financiero Nacional constituye un bien inembargable. Principio de legalidad presupuestal. Las disposiciones que pretendan condicionar el ejercicio del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales deben ser aplicadas de conformidad a la Constitución y. además de inembargables. esto es.º 0192001 no reside en lo que omite. este Tribunal no encuentra inconstitucional el artículo 3º del Decreto de Urgencia N. existen determinadas cuentas en el Sistema Financiero Nacional que no sólo no tienen la calidad de bien de dominio público. que está destinada a la satisfacción de intereses y finalidades públicas y. Alcance de los precedentes del Tribunal Constitucional sobre la materia 36. que se deriva del artículo 77º de la Constitución Política del Estado. pueda precisar este Tribunal Constitucional en un proceso como el de inconstitucionalidad de las leyes. de acuerdo con lo establecido en los fundamentos de esta sentencia. debe interpretarse que tales “depósitos de dinero” son sólo aquellos que se encuentren afectos al servicio público. es decir. Artículo 3° del Decreto de Urgencia N. lo que en realidad es el objeto central de la presente demanda. Es el caso. principio de autotutela ejecutiva de la administración estatal y derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales 38. al uso público o al interés nacional. Así expuesto el problema. de cumplir los mandatos judiciales. en su amplio margen de alcance.° 27684. 30. de las cuentas que por imperativo legal deben existir en los pliegos presupuestales para tales efectos (ver fundamentos Nos. En los alcances de dicho principio de legalidad presupuestaria se encuentra. En otras palabras: el Tribunal considera que es inconstitucional el sentido interpretativo que se deriva de la disposición contenida en el artículo 1º del Decreto de Urgencia N. los depósitos de dinero que resultan indispensables para el cumplimiento de los fines esenciales de los órganos del Estado o porque contribuyen con su funcionamiento. a un servicio a la comunidad o al interés nacional. el Tribunal Constitucional sólo se pronunció en el sentido de considerar que los bienes del Estado de dominio privado no pueden ser susceptibles de la misma protección de inembargabilidad que reciben los de dominio público. en su caso. deben interpretarse en el sentido que más favorezca al ejercicio del derecho. bienes de domino privado y. 32. el Tribunal Constitucional considera que el artículo 1º del Decreto de Urgencia N. En efecto y como se mencionará luego. so pretexto de no contarse con disponibilidad presupuestaria. sino que se encuentran específicamente destinadas al cumplimiento de pago de las obligaciones estatales que surjan a consecuencia de la expedición de sentencias judiciales. como expresa el artículo 73º de la Constitución. constituyen. sólo podrá ser cumplido con cargo a la partida presupuestal correspondiente. consti tuyen bienes inembargables”. en abstracto. una solicitud destinada a embargar bienes del Estado.están en la obligación de dar cuenta. 34. por el contrario. queda por determinar si el artículo 1° de la Ley N. Precisamente. En cambio. que el cumplimiento de . es decir. En aquellas oportunidades. el Tribunal Constitucional deja asentado que cuando la disposición referida establece que “los depósitos de d inero existentes en las cuentas del Estado en el Sistema Financiero Nacional. conforme a los criterios que más adelante se exponen. el Tribunal Constitucional considera que debe desestimarse este extremo de la demanda. este extremo de la pretensión debe desestimarse. son embargables. a solicitud del juez. una sentencia sobre cuya base el ámbito de aplicación de la disposición quede reducido. de los fines que tienen los depósitos de dinero existentes en el Sistema Financiero Nacional y. en adelante. 31. tiene las características de bienes inalienables e imprescriptibles. En este sentido. los órganos del Estado –y con ellos. incluyendo los depósitos de dinero. el origen del llamado privilegio de la autotutela ejecutiva de la administración. implica que el pago de las sumas de dinero ordenado por una resolución judicial firme. Por tal motivo. tratándose del Estado como sujeto procesal vencido en juicio.
con posterioridad a la expedición de la sentencia condenatoria contra el Estado. 43. es claro que al haberse modificado el artículo 42° de la Ley N. calcularán el tres por ciento (3%) mencionado en el párrafo precedente. declarando que tal pago se efectuará conforme a un procedimiento. que declara que “las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero. al establecerse que “única y exclusivamente” dichos montos provendrán del Pliego Presupuestario en el que tuvo origen la deuda.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento expresadas en los numerales precedentes.° 27684. Análisis de constitucionalidad 40. Se deriva. 44.las sentencias condenatorias contra la administración haya de estar sujeto al cumplimiento de un procedimiento administrativo ante el órgano estatal deudor. los pliegos presupuestarios.° 27684. de manera tal que. previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias. para lo cual se obliga a destinar hasta el tres por ciento (3%) de la asignación presupuestal que le corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios. En efecto. para que actúen de acuerdo con la ley del presupuesto y las asignaciones presupuestales previstas para su satisfacción. en un doble sentido: por un lado. y 42. 47. declarada inconstitucional. Sin perjuicio de lo expuesto. previa aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas.º 27584 por las disposiciones del artículo 1° de la Ley N. se podrá dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del Código Procesal Civil. . se ha regulado la actuación que deberán tener los órganos estatales ante la existencia de mandatos judiciales que ordenen el pago de dinero al Estado. Ello. según sea el caso. Este Colegiado considera que al haberse sustituido el artículo 42º de la Ley N..1 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del Pliego Presupuestario requerido deberá proceder confor me al mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto.)” (subrayado agregado). el Titular del Pliego Presupuestario. serán a tendidas única y exclusivamente por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda (. y sin sustento constitucional alguno a favor de los órganos estatales. pues sucede que la obligación de pago no podrá ser satisfecha si no existe el crédito presupuestario suficiente para cubrirla.” Todo ello con la finalidad de regular y. 42. bajo responsabilidad del Titular del Pliego.° 27584 por las disposiciones del artículo 1° de la Ley N. se niega la posibilidad de afectar la existencia de partidas presupuestarias especiales comunes a todos los pliegos para cubrir las respectivas obligaciones. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú. la capacidad de poder disponer discrecionalmente el cumplimiento de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. cuyas reglas son: “42. es conexo y concordante con el artículo 1° de la Ley N. este Colegiado considera pertinente declarar la inconstitucionalidad de la expresión “única y exclusivamente” del a rtículo 42° de la Ley N. a favor de los órganos estatales. por otro. la reserva de contingencia y las obligaciones previsionales.2 y 42. tampoco desvirtúa la posibilidad de que. hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente. Se ha alegado que a través de los artículos 42. se pueda proceder a su ejecución forzada. reservado a esos órganos estatales. en principio. limitar el derecho constitucional a la ejecución de las resoluciones judiciales cuando es el Estado el obligado a realizar determinadas prestaciones ordenadas mediante una sentencia judicial. existan transferencias dinerarias de un pliego a otro con el propósito de honrar las deudas respectivas. Por un lado. harán de conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de atender tales sentencias en el ejercicio presupuestario siguiente. el principio de legalidad presupuestaria en el régimen jurídico del cumplimiento de las sentencias condenatorias de pago de sumas de dinero del Estado. si el procedimiento contemplado en los artículos 42.1. desde luego.° 175-2002-EF. sobre los bienes del Estado de dominio privado. por el contrario. se limita irrazonablemente la fuente de donde pueden surgir los montos para cubrir las deudas estatales que provengan de sentencias judiciales. no solamente pueden provenir del Pliego Presupuestal en donde se generó la deuda.2. per se.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos en los numerales 42. ya que reitera la expresión “única y exclusivamente”. 42. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional. y en estricta observancia del principio de legalidad presupuestal. se interprete.. un privilegio que el Legislador haya creado ex novo. no constituye.3 precedentes. la posibilidad de diferir la ejecución forzada. Este artí culo 1° del Decreto Supremo 175-2002 resulta inconstitucional por los mismos fundamentos expuestos al comentar el artículo 1° de la Ley N° 27684. sino también de partidas presupuestales comunes a todos los pliegos.º 27684. de los alcances del principio de legalidad presupuestaria en los gastos de ejecución de las sentencias que ordenan el pago de sumas de dinero. Así pues. y. y.1. Se deriva del principio de legalidad presupuestaria que la ejecución de las sentencias esté sujeta al seguimiento de un procedimiento previo. en su caso.4 satisface los principios de razonabilidad y proporcionalidad. que establece que “las obligaciones de pago serán atendidas única y exclusivamente con cargo a la asignación del Pliego Presupuestal”. El artículo 1° del Decreto Supremo N.1).2 y 42. tal como lo ha sugerido la Defensoría del Pueblo.3 se ha establecido. 42.3. según el cual la ejecución de las sentencias que ordenen el pago de sumas de dinero al Estado deberá efectuarse conforme a la Ley Anual del Presupuesto (artículo 42. que los fondos para cubrir las deudas estatales surgidas de resoluciones judiciales.° 27684. mediante comunicación escrita de la Oficina General de Administración. 42. deduciendo el valor correspondiente a la asignación para el pago del servicio de la deuda pública. 41. por otro. 42. De ahí que el Tribunal Constitucional considere que son dos los temas en los cuales debe centrar su análisis. el principio de legalidad presupuestaria. 45.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente. y en el caso de que ese procedimiento no satisfaga la deuda o demore el pago irrazonablemente. por otro. modificado por el artículo 1° de la Ley N. y. 42. El Tribunal Constitucional no comparte dicho criterio. podrá realizar las modificaciones presupuestarias dentro de los quince días de notificada. 46.° 27584. por un lapso razonable. recordando la sujeción en la que se encuentran los órganos de la administración en su actuación (principio de legalidad administrativa). Si bien una resolución judicial firme produce la exigibilidad de la obligación de pago de una suma de dinero determinada. cuando esas previsiones presupuestarias resulten insuficientes. en lo sucesivo. ello no quiere decir que ésta sea inmediatamente ejecutable. La necesidad de seguirse un procedimiento administrativo. De ahí que el cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen el pago de sumas de dinero a cargo del Estado se encuentre. 42.
otorgándose prioridad a las más antiguas y a las originadas en el trabajo.)) no debe entenderse como que la ley otorga una facultad discrecional.2 y 42. que ese cumplimiento de las sentencias ha de realizarse “conforme a las leyes de presupuesto”. el verbo poder (“podrá” realizar las modificaciones (. se haya previsto una facultad discrecional de los órganos de la administración para cumplir o no las decisiones judiciales. Por ello. y en la medida en que esa disposición de la partida no comprometa la continuidad en la prestación de los servicios públicos. como una concreción del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos. El principio de legalidad presupuestaria debe armonizarse con el de efectividad de las sentencias judiciales. La preservación del primero no justifica el desconocimiento o la demora irracional en el cumplimiento de las sentencias judiciales. La eventual colisión entre el principio de legalidad presupuestaria y el principio de efectividad de las sentencias judiciales debe resolverse sobre la base de los test de proporcionalidad y razonabilidad. Y es que si bien pueden abrigarse dudas sobre la interpretación del verbo “poder” que se utiliza en dicho precepto legal. bajo responsabilidad del Titular del Pliego. los plieg os presupuestarios. según sea el caso.1. en la medida en que el tema del pago de intereses que genere el retraso en la ejecución de la sentencia se encuentra previsto en el artículo 43º de la Ley N. En consecuencia. y tampoco lo es que en la fijación de ese procedimiento. que el legislador difiera el cumplimiento de la ejecución de la sentencia. el Tribunal Constitucional tampoco considera que sea inconstitucional el artículo 42. Tal autorización de la ley para que un órgano administrativo modifique el presupuesto de la institución. ha de expresar el Tribunal que no encuentra reparo constitucional alguno en la parte del artículo 42. señalada a fardo cerrado para todos los casos. no es inconstitucional. 53. Asimismo. está advertir que los aumentos anuales en el Presupuesto deben concordar con el monto y la naturaleza de las deudas exigidas judicialmente. En efecto. por establecer que “De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento expresadas en los numerales precedentes. Con dicha disposición simplemente se ha establecido. de existir partidas presupuestales.º 27584. son los órganos en principio llamados a cumplir las resoluciones judiciales. sino como una autorización. ponderando a cuál de esos principios debe dársele mayor peso y sin desconocer. pese a que originalmente dicha partida estaba prevista para el cumplimiento de otras metas.3 es idóneo para garantizar el cumplimiento de las sentencias de pago de sumas de dinero del Estado. la reserva de contingencia y las obligaciones previsionales” (subrayado agregado). como lo han expresado los demandantes. 50. . y menos una cifra máxima. considera el Tribunal que no se ha establecido allí una facultad discrecional para que dicho funcionario cumpla o no con satisfacer la suma de dinero ordenada en la sentencia. prima facie. al establecer que “En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficient e. para lo cual se obliga a destinar hasta el tres por ciento (3%) de la asignación presupuestal que le corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios. mediante comunicación escrita de la Oficina General de Administración.1 de la ley impugnada. calcularán el tres por ciento (3%) referido en el párrafo precedente. 52. inconstitucional. la importancia del otro. sino un mandato de cumplimiento dentro de los límites establecidos en la decisión judicial y la ley presupuestaria. como una concreción del principio de legalidad presupuestaria en la ejecución de pagar sumas de dinero. el Tribunal Constitucional tampoco considera que sea inconstitucional el artículo 42. y. bien entendida la disposición.48. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional. De más. en lo que sigue el Tribunal centrará su atención en evaluar si el procedimiento establecido en los artículos 42. como antes se ha indicado. simplemente se quiere poner de relieve que el establecimiento de un procedimiento conforme al cual se deberán ejecutar las decisiones judiciales que ordenen el pago de sumas de dinero del Estado no es. como antes se ha dicho. se deriva de los efectos del principio de legalidad en la actuación administrativa. 49. como una actividad de los órganos administrativos encaminada a la satisfacción de lo resuelto judicialmente. el funcionario administrativo necesariamente deba disponer de aquéllas para el cumplimiento de la sentencia. en la medida en que el legislador puede establecer condicionamientos constitucionales temporales y razonables al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias. En primer lugar. y se justifica de cara al principio de legalidad presupuestaria. podrá realizar las modificaciones presupuestarias dentro de los quince días de notificada. mediante ella se autoriza a realizar modificaciones presupuestarias. necesariamente. porque en el año presupuestal no se cuente con la disponibilidad correspondiente. la autotutela ejecutiva de la administración en el cumplimiento de las resoluciones judiciales es servicial e instrumental al cumplimiento de las sentencias. En segundo lugar. que las oficinas generales de administración o las que hagan sus veces. como antes se ha expresado. Con lo anterior. 42. 51. 54. el Titular del Pliego Presupuestario. para que. En ese contexto. deduciendo el valor correspondiente a la asignación para el pago del servicio de la deuda pública. pero no una cifra fija. 55. y que el artículo 44º de la misma ley ha establecido que se encuentran afectados de nulidad “los actos y di sposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de éstas”. en su segunda parte. en realidad. que declara: “La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto”. per se. harán de conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de atender tales sentencias en el ejercicio presupuestario siguiente. de modo que el 3% debe ser sólo un mínimo. debe darse preferencia al pago de las deudas más antiguas y reconocerse los intereses devengados por demoras injustificadas del pago. Dicha disposición se refiere al procedimiento que ha de cumplir el Estado en los casos en que se excedan las posibilidades de financiamiento. ya que dicha disposición podría interpretarse en el sentido de que mediante él el titular del Pliego Presupuestario queda facultado discrecionalmente para realizar las modificaciones presupuestarias y así poder satisfacer el mandato ordenado en la sentencia. autorización a tal órgano administrativo para que disponga libremente si cumple o no la decisión judicial.. con el objeto de poder satisfacer lo ordenado por la decisión judicial. A juicio del Tribunal.2 de la ley impugnada. hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondi ente”.. En el Estado Constitucional de derecho. El principio de autotutela ejecutiva de la administración en el cumplimiento de las sentencias que ordenan el pago de sumas de dinero al Estado debe entenderse. así como en el ámbito presupuestal. No hay allí. sin embargo.3 de la ley.
y con el compromiso de atenderse tales sentencias en el ejercicio presupuestal del año siguiente. toda vez que hacía indeterminado el plazo para el cumplimiento efectivo de las sentencias en contra del Estado. 42.4 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. reglamentar temporalmente el derecho a ejecutar una sentencia firme. de haber permanecido vigente al momento de expedirse la presente sentencia. terrenos eriazos. y otra. por ende. los órganos públicos deben habilitar cuentas no tan sólo una vez que existe una obligación cierta de pago.° 28128 –Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004. mejor. Tal porcentaje.° 28128. 63 y 64. aún cuando se haya iniciado el procedimiento. refiere que el monto destinado a afrontar las deudas surgidas de sentencias judiciales se origina solamente “con cargo a la Categoría del Gasto 5. con preocupación que son sólo algunos sectores de la administración estatal los que cumplen con depositar los montos de las referidas previsiones presupuestales. 57. en consecuencia corresponde al Ministerio Público investigar si los funcionarios públicos que incumplieron con presupuestar las deudas del Estado procedieron o no dolosamente. constitucional.3 de Ley N. A juicio de este Colegiado. establecer un plazo máximo de 5 años para que el Estado cubra proporcionalmente la totalidad de una obligación declarada en una resolución judicial resulta razonable y. el cual se referiere a los recursos que debe presupuestar toda entidad pública. debiendo ser cubierta la deuda hasta en un máximo de 5 años. El Tribunal tampoco considera que sea inconstitucional la parte del artículo 42. De esta manera. pudieran ocasionar finalmente una sentencia condenatoria contra el Estado. el cual. sino también de orden civil o penal. teniendo ya más de 5 años de dictadas.° 27684. Bienes y Servicios. como es lógico. Dicho concepto ya ha sido aludido en el primer párrafo del artículo 16. 58. a juicio del Tribunal.5.2 y 42. lo cierto es que resultará bastante improbable que el vencedor en el juicio pueda hacerse cobro en dicho trámite inicial. el compromiso para atender los pagos impagos surge desde el ejercicio presupuestario inmediatamente siguiente. surge. Así las cosas. Finalmente. previsto en el artículo 42. el cual.a de la Ley N. infra. 60. a consecuencia de procesos judiciales en trámite (recursos contingentes).3. conforme lo establece el artículo 16. atenderán dichos requerimientos única y exclusivamente con los recursos que para tal efecto ha previsto la Ley N. podría resultar que el inicio del procedimiento estipulado para el pago de las obligaciones declaradas en resoluciones judiciales (artículos 42. así vistas las cosas. Podrían incurrir en responsabilidad. pues. y a la vista del procedimiento previo. pues dada la inexistencia de partidas presupuestales previamente destinadas a tales efectos. son potenciales obligaciones futuras que deberá afrontar la entidad. Pero. debe tenerse presente que. en atención a los procesos judiciales que. Sobre el particular. este Colegiado consi dera que esta norma afecta al principio de legalidad al que está sujeta toda disposición reglamentaria. Corresponde al Congreso facilitar estas otras maneras de cumplir las sentencias judiciales. . este Colegiado recuerda que es importante para el adecuado afrontamiento de las eventuales sentencias que pudieran resultar adversas al Estado. conforme a lo establecido en el artículo 43. ha sido reglamentado por el artículo 2° del Decreto Supremo N. actualizando las normas sobre transacciones en las que es parte el Estado. de la fuente de financiamientos de Recursos Ordinarios”. siendo insuficientes para el cumplimiento de la obligación las instancias procedimentales previstas en los artículos 42. hubiese tenido que ser declarado inconstitucional por conexión. so pretexto de no contarse con disponibilidad presupuestal para satisfacerla. la obligación del Estado de destinar hasta un 3% de la asignación presupuestal que le corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios para cubrir la obligación de una sentencia judicial.° 175-2002-EF. dicho precepto refiere que “Los Pliegos Presupuestarios del Gobierno Nacional.2. tal como se declara en los fundamentos Nos. contraviniendo el mencionado artículo 42. no se presenta. Por otra parte.° 27584. Pero no es razonable ni constitucional el incumplimiento de sentencias judiciales que. los cuales se asignarán a la cuenta habilitada para la atención de la partida presupuestaria prevista para las contingencias judiciales de cada entidad” (subrayado agregado). por lo que es procedente la vía de la ejecución forzosa mientras se incumpla el pago parcial o total de la obligación.3 en que se ordena que. además. no puedan recurrir a la cuenta bancaria a la que se ha hecho referencia. 59. ha de evaluarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 42. dada la inexistencia de la misma. Debe tenerse en cuenta que. el concepto de “recursos contingentes” o también denominado “de contingencias judiciales” . Gastos Corrientes.° 25684. siendo plenamente factible que los jueces ejecutores hagan valer la responsabilidad penal existente en dichos funcionarios públicos. se podrá dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del Código Procesal Civil. pretendiendo ejecutar una sentencia judicial firme. debe recordarse a los titulares de los respectivos pliegos presupuestales. las transacciones extrajudiciales o judiciales mediante las cuales el Estado pueda coinvertir con su acreedor o adjudicar en pago concesiones. encontrándose ya iniciados.1 y 42. cuando dicha sentencia judicial ya existe y ha quedado firme. 56. como irrazonable. en caso de que. Esta última disposición ha derogado expresamente el segundo párrafo de la Séptima Disposición Final de la Ley N.3 de la Ley N. de común acuerdo con este. una cosa es condicionar p. de existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento. la Oficina General de Administración se obligue ante el juez a destinar hasta un 3% de la asignación presupuestal que le corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios. sin que el interesado tenga que esperar los 5 años a que se refiere la ley. En efecto. acciones u otros bienes o servicios.3 precedentes. al reducir. la obligación que por imperativo legal les alcanza. es que ese derecho a la ejecución quede postergado en el tiempo sine die.° 26435 –Orgánica del Tribunal Constitucional-.a de la Ley N. lesionando el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. bastante distinta.No se descartan.1). Cabe advertir que el artículo 42. el monto destinado a atender las deudas del Estado contenido en resoluciones judiciales. modificado por el artículo 1° de la Ley N. Desde luego.3 .1. extra legem. el procedimiento establecido no debe servir de herramienta para postergar sine die el cumplimiento de las sentencias judiciales contra el Estado. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú”. en abstracto.° 27684 y sus normas modificatorias. El Tribunal Constitucional observa. en aplicación del artículo 38° de la Ley N. en el Grupo Genérico 3. Dicho precepto legal declara: “Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos en los numerales 42. aunque aún inciertas. Por tal motivo. Responsabilidad que eventualmente no es sólo de carácter administrativo. los funcionarios públicos competentes que no hayan previsto en el Presupuesto el pago de las deudas sentenciadas del ente estatal correspondiente. En tal sentido. sino también para afrontar obligaciones que. no hayan sido presupuestadas conforme a la legislación vigente al tiempo de ser expedidas dichas sentencias. por lo que considera inconstitucional el artículo 2° del referido Decreto Supremo. sea de mero trámite. que deban abonar sumas de dinero por efecto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.° 27879 –Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2003.5.
Las diversas disposiciones constitucionales. como medio para el cumplimiento pleno de una sentencia que ordena la realización de una determinada prestación. se evidencia la inexistencia de cuentas habilitadas por el respectivo órgano público para afrontarla. al paso que vaya liquidándose”.4 es plenamente legítimo. siempre y cuando. el artículo 42. desde su independencia. y fijar los medios para consolidarla y amortizarla”. 1920 (artículo 83º. de acuerdo con la Constitución y la ley”.1. En consecuencia. En primer término.° 28128 y. pese a las limitaciones contempladas. La Constitución de 1979 (artículo 141º) dispuso que “El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública que contraen los gobiernos constitucionales. quien tenga una obligación judicialmente declarada pueda.2 y 42. recién entonces ejecutar forzosamente la resolución judicial. Entendido en la manera como antes se ha señalado. El marco histórico-constitucional de la deuda pública y el deber estatal de cumplir con su pago 66. cabe precisar que de la misma disposición se puede inferir otro sentido interpretativo. inciso 7) y 1933 (artículo 123º. a criterio de este Colegiado. de una hipótesis en la que. no obstante los límites presupuestales. pues se permitiría postergar sine die el cumplimiento de las sentencias. §11. conforme a las reglas del Código Procesal Civil. ni la que pueda tener tal naturaleza en el futuro inmediato o mediato. no cabe que se inicie un procedimiento de ejecución forzada. 62.1. pues éste sólo está contemplado para el supuesto en el que no se hubiese seguido ninguna de las fases del procedimiento establecido en los numerales 42. existe una verdadera y manifiesta voluntad por parte del órgano público de honrar la deuda respectiva. No obstante ello. inciso 7). Sin embargo.3. declaró que era facultad del Congreso (artículo 60°. En términos similares. inciso 10). en aplicación del artículo 716° de mismo cuerpo de leyes. y sin desmedro de los servicios básicos que debe cumplir el Estado en cuanto a salud. deberá ser atendido por el Juez ejecutor. sí debe declararse la inconstitucionalidad del sentido interpretativo aludido en el fundamento precedente. ésta no debe entenderse o aplicarse en el sentido de que. de manera que una y otra tenían amparo en los textos respectivos. saneamiento y seguridad.1. 1867 (artículo 59º. Al contrario. y transcurridos 6 meses desde la notificación de la resolución judicial.61. La primera Constitución. inciso 3).3 de la ley impugnada. la creación de un registro de la deuda pública interna. El plazo máximo de 5 años que tiene el Estado para pagar el íntegro de una obligación contenida en una sentencia judicial. Debe quedar claro que si. Y las Constituciones de 1828 (artículo 48º. vivienda. implícitamente se habría introducido una hipótesis inconstitucional.a de la Ley N. No obstante. inciso 8). sin éxito en el cobro. Dicho precepto está repetido en el artículo 75º de la Constituci ón de 1993. la judicatura goza de la potestad para determinar los bienes estatales de dominio privado sobre los que recaerá el embargo. El pago de esa deuda se programa en el Presupuesto de la República. si la disposición se interpretara de esta forma. Este sería así: Si se ha iniciado el procedimiento establecido en los numerales 42. no hicieron diferencia alguna entre la deuda pública interna y la externa. proporciona el Banco Central de Reserva del Perú. Por ello. y el Congreso establecerá los medios convenientes para su pago. y aún manteniéndose incumplida la prestación ordenada por la sentencia. se encuentra necesariamente garantizado por la Constitución. en franco incremento.2 y 42. Evidentemente.4 de la ley impugnada. en la etapa de ejecución forzada de las resoluciones judiciales. la preferencia legal para la amortización y el pago. 42. que tal ejecución forzosa no pueda recaer sobre los bienes de dominio público. La historia no debe repetirse. en primer término. si tales prestaciones no se cumplen. 1860 (artículo 59º. no es posible que se inicie el procedimiento de ejecución forzosa. 1834 (artículo 51º. inciso 22). 64. en el que conste el origen. Así lo acredita el artículo 19° de las Bases de la Constitución Peruana. 42. iniciado el procedimiento previsto en el artículo 42° y durante toda su continuidad.2 y 42. sin perjuicio de determinar las responsabilidades administrativas y penales a que hubiere lugar. sobre todo cuando ha causado inmenso daño a la población. se pueda dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales. inciso 10). esto es. Este Colegiado recomienda. el juez deberá agotar la posibilidad de que dichas cuentas existan a efectos de cubrir el pago con ellas. exigir su cumplimiento. En tal sentido. no habiéndose dado inicio al procedimiento previsto para cubrir la deuda.3 precedentes”. §10. periódica y oficialmente. 42. honrar la deuda pública. aplicar los embargos respectivos. no hay ningún registro de la deuda interna. del 17 de diciembre de 1822. 1839 (artículo 55º. a través de la ejecución forzosa. de haberse seguido el procedimiento señalado en los numerales 42. Tampoco puede considerarse constitucional una interpretación según la cual basta que el Estado haya iniciado el procedimiento previsto en el artículo 42° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. observe signos objetivos y razonables que evidencien que. inciso 8). Responsabilidad solidaria de los funcionarios . 42. al aplicarse el artículo 42. ello se debe a que. es más o menos de conocimiento del país a través de la información que. 67. con las limitaciones que se derivan del artículo 73° de la Constitución.3 de la ley impugnada. se insiste en que resulta imperativo e inexcusable que se abra un registro de tal deuda. aunque no resulta necesario (ni conveniente) expulsar del ordenamiento jurídico la disposición sub análisis. cabe que el vencedor pueda iniciar dicho procedimiento de ejecución forzosa. 63. el Tribunal ha de señalar que la ejecución forzada.2 y 42. y sólo corroborada su inexistencia. ni se conoce a cuánto asciende la devengada y exigible.5. que dispuso literalmente: “La Constitución reconoce la deuda del Estado.1. una vez que se ha seguido un procedimiento de ejecución razonablemente impuesto por las exigencias del principio de legalidad presupuestal. 65. luego de superada la etapa prevista en el artículo 42. en consecuencia. educación. En tal sentido. dado el absoluto desinterés del Estado en cubrir el monto de la deuda. Este Tribunal estima razonable que se haya previsto que “Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos en los numerales 42. inciso 8) “establecer los medios de pagar la deuda pública al paso que vaya liquidándose”. resulta claro que. la Constitución de 1825 concedió a la Cámara de Tribunos la facultad de autorizar al Poder Ejecutivo para negociar empréstitos y adoptar arbitrios para extinguir la deuda pública (artículo 43º. el juez podrá trabar embargo sobre los bienes de dominio privado del Estado que juzgue conveniente. según se advierte. de 1823. así como todos los otros datos que permitan conocer con claridad las obligaciones asumidas por el Tesoro Público. Dicha ejecución forzosa deberá realizarse conforme a las reglas del artículo 713° y siguientes del Código Procesal Civil. declararon que era atribución del Congreso “Reconocer la deuda nacional. en efecto. y pese a ello no se ha cumplido con satisfacer la prestación exigida por la sentencia. para que el juez deba esperar los 5 ejercicios presupuestales a que hace alusión el artículo 16. dentro de las posibilidades fiscales. La deuda pública externa.3 de la ley impugnada. así como de los plazos y condiciones para su amortización paulatina y su cancelación. El Perú previó. Se trata.
Este Colegiado exhorta. o compensación de créditos. Sancionar sin omisión alguna a los funcionarios que no presupuesten oportunamente las deudas de su sector. 238-2003-PCM y 317-2003-PCM. a pesar de que. de acuerdo con el artículo 80° del Código Penal. la Constitución de 1823 (artículo 78º) indicó que “El Presidente es responsable de los actos de su administración” y (artículo 84º) que “Son responsables in solidum los Ministros por las resoluciones tomadas en común. formule las denuncias a que haya lugar por los delitos tipificados en los artículos 317° y 346° del Código Penal. no sólo el cumplimiento de las sentencias judiciales por parte del Estado. Es pertinente exhortar al Congreso a efectos de que dicte la ley que regule el ejercicio de la acción pauliana contra los autores del Decreto Ley N. el 5 de abril de 2012. A saber: Establecer un registro actualizado. especialmente en los períodos de facto. Contemplar legalmente la posibilidad de sustituir la prestación ordenada en la sentencia. y cada ministro en particular por los actos peculiares a su departamento” (subrayado agregado). de tal modo que permita constituir un Fondo Patrimonial Estatal de disponibilidad restringida. la responsabilidad solidaria por los actos que ejercen en nombre del Estado es lamentablemente inexistente. en cuyo artículo 8° se dispuso dejar en suspenso la Constitución de 1979. De no aprobarse tal ley en un plazo razonable. distinguiendo entre los que son de dominio público y aquellos que son de dominio privado. Modificar el artículo 17° de la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado para destinarse un porcentaje razonable de la reserva de contingencia al pago de sentencias que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada con posterioridad a la programación y formulación del presupuesto de cada año fiscal. Dentro del conjunto de medidas sugeridas por la referida Comisión Multisectorial y por la Defensoría del Pueblo en su Opinión Particular del Informe Final antes citado. ya sea mediante una indemnización. Regular la posibilidad de fraccionar las prestaciones ordenadas por mandato judicial. que existan vacíos en la normatividad vigente que permiten interpretaciones inconstitucionales en el cumplimiento de sentencias (conclusión 11). o adjudicación en pago. cuando existen otros medios y medidas que pudieran implementarse con el objeto de satisfacer las deudas ordenadas por sentencias firmes. respecto a la responsabilidad civil solidaria de los funcionarios públicos y del Estado frente a terceros. previsoriamente. pero en términos más o menos restringidos o ambiguos. corresponde al Congreso decretar. lo cual no permite calcular de manera cabal la magnitud del problema” (conclusión 2). Asimismo.68. que se incorpore a la Constitución la norma que establezca la responsabilidad de los funcionarios públicos ante el Estado y la de éste y aquéllos en los casos en que causen perjuicios a terceros. no se puede establecer si todas las entidades públicas están realizado un uso efectivo de los bienes de su propiedad o sobre los que ejerzan algún otro derecho real. a la Fiscalía de la Nación para que. Crear programas de previsión de gastos para atender el cumplimiento de sentencias que puedan razonablemente ser desfavorables al Estado. derivadas de sentencias judiciales firmes. respecto de los actos administrativos que dispongan. otras medidas que estima importantes. civiles. Este Colegiado reitera que. militares y policías. eficiencia y calidad. público y transparente de las deudas que tiene el Estado. que la mayoría de comisiones constituidas para solucionar el cumplimiento por el Estado de sentencias judiciales no hayan culminado sus trabajos quedando sus miembros impunes. dispuso que “Los que ejercen el poder ejecutivo y los ministros de estado son responsables in solidum por las resoluciones tomadas en común. Es menester. §12. para atender alternativamente el mandato de sentencias cont ra el Estado” (conclusión 13). celebren o ejecuten. que las han hecho inoperantes. Al Tribunal Constitucional no le es ajeno que el Estado peruano no es precisamente un Estado rico. que el registro inmobiliario de los bienes del Estado a nivel nacional esté desactualizado y se desconozca la realidad patrimonial de cada entidad estatal y del Estado mis mo: “como consecuencia de ello. Establecer legalmente que el gasto para el cumplimiento de sentencias es prioritario en la programación y formulación presupuestaria. Informe de la Comisión Multisectorial encargada de estudiar y formular propuestas técnicas y normativa orientadas a coadyuvar al cumplimiento de sentencias por parte de la Administración Estatal y de la Opinión Particular de la Defensoría del Pueblo 69. desde el momento en que se dicte la sentencia de primera instancia. este Tribunal considera que varias de esas medidas merecen implementación administrativa o legislativa. . por consiguiente.“no se cuenta con un registro de todas las obligaciones del Estado pendientes de ejecución en virtud a sentencias en calidad de cosa juzgada. modificando el artículo 48° de la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 158°. razón por la cual. 159° y 160° de la Constitución. 70. contra los responsables del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. sin perjuicio de legislarse. Pero tal condición tampoco puede servir como un pretexto constitucionalmente suficiente como para autorizar el sacrificio del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. debido a sentencias judiciales firmes. salvo la que se deriva de los delitos que perpetren en agravio de la República. Los presupuestos del Estado Social y Democrático de Derecho exigen. violando así esa Carta Magna. adicionando. del mismo o de menor rango. Las demás Cartas Políticas han mantenido el criterio de la responsabilidad solidaria de los ministros de Estado. y de todos los otros funcionarios. que se desconozcan las razones por las que las entidades estatales se resisten a cumplir tales sentencias (conclusión 4). que sancionan con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de veinte años a quienes integran una agrupación ilícita que comete el delito contra los Poderes del Estado. asimismo. acción penal que sólo prescribirá. Resulta alarmante que –según el informe de la Comisión Multisectorial encargada de estudiar y formular propuestas técnicas y normativa orientadas a coadyuvar al cumplimiento de sentencias por parte de la Administración Estatal. Es necesario establecer la responsabilidad solidaria de los funcionarios públicos con el Estado. el artículo 15° de las Bases de la Constitución Peruana. los acreedores del Estado estarán autorizados para acogerse a las disposiciones pertinentes del Código Civil. los motivos por los que no fueron canceladas oportunamente y la responsabilidad de los operadores estaduales que intervinieron en la generación de dicha obligación. mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. incursos en la responsabilidad de resarcimiento prevista en el referido artículo 307° de la anterior Constitución. y cada uno en particular por los actos peculiares de su departamento”. y que muchas veces no cuenta con los fondos necesarios para satisfacer los más elementales servicios públicos con idoneidad. conformada mediante las Resoluciones Ministeriales N°. la incautación de todo o de parte de los bienes de los responsables del golpe de Estado de 5 de abril de 1992 y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado. Establecer un registro actualizado de los bienes del Estado. a su vez. por aplicación ultraactiva del artículo 307º de la Constitución de 1979. En cuanto a otros funcionarios públicos. en plazo razonable. sino también conocer el origen de las obligaciones. La impunidad penal y la irresponsabilidad civil han permitido que la República haya sido gobernada de manera inescrupulosa.° 25418. el Ejecutivo debe crear una Comisión especial para que analice las obligaciones ya referidas y establezca un Registro de la deuda interna. y que no exista ley que regule el Régimen Jurídico de los Bienes del Estado (conclusión 15). previa aceptación del deudor.
68. civil o administrativa en los casos de generación de deudas motivadas por razones dolosas. sino sólo una manifestación de ella. el Tribunal Constitucional. de modo que la decantada ultraactividad del artículo 307° de la Constitución precedente. 41. por haberse producido la sustracción de la materia. en principio. considerando la antigüedad de las sentencias firmes irrazonablemente retrasadas en su ejecución. interpretado el artículo 42. no aplicaron por inconstitucionales diversas disposiciones legislativas –muchas de las cuales han sido objeto de pronunciamiento en esta sentencia. no es materia. y otras análogas que permitan contar con una política estatal destinada al pago de la deuda interna.3.. Declarar la inconstitucionalidad de la expresión “única y exclusivamente” del artículo 42° de la Ley N. culpa inexcusable o arbitrariedad de funcionarios públicos. DEFENSORÍA DEL PUEBLO (ACUMULADOS) FUNDAMENTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MANUEL AGUIRRE ROCA De acuerdo con la mayor parte de la fundamentación y del FALLO de la presente Sentencia. sino que debería ser expulsada del sistema u ordenamiento jurídico. Independencia de la judicatura en el ejercicio de la función jurisdiccional y vinculación del juez a las leyes constitucionales 71. corriente bajo el subtítulo de Responsabilidad solidaria de los funcionarios. 65 y concordantes. 53 a 55. en la parte que contiene el adverbio “Sólo”. Desestimar las demandas en lo demás que contienen. 59. fue reemplazada por la actual de 1993. supra. así como la adopción de las medidas señaladas en el fundamentos Nos.4 como se hace en el precitado fundamento 64. Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la validez de los artículos 2°. todas las normas de derecho son ultractivas. en verdad. 42. es preconstitucional– están sujetas. §13. de dos precisiones. con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere. Integrar al fallo los fundamentos Nos. en general.° 67 de esta sentencia. y que lo mismo se aplica al plazo de los 5 años que aparece en el artículo 16. En ambos casos. por la supuesta comisión del delito de prevaricato. es necesario tener presente que las normas preconstitucionales (ya sean de rango legal. la regla respectiva no sólo sería inconstitucional.° 055-2001. y haya dado el Estado signos claros de su voluntad de cumplir con la sentencia.el Estado ha iniciado acciones penales contra dichos magistrados. y a no aplicarla en el supuesto contrario. al régimen resultante de la Constitución vigente. y su cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos que a continuación se señalan: (. 4. conforme al fundamento N. creo de mi deber dejar constancia. también debo precisar que considero que. aun cuando se haya respetado previamente el procedimiento de los artículos 42. cuando en ejercicio pleno e irrestricto de la función jurisdiccional. y que. procesalmente hablando. Que.. del derecho de recurrir a la ejecución forzada.- Establecer la prelación en los pagos ordenados en sentencias judiciales desfavorables al Estado.° 27684. a saber: a) Que respecto de los fundamentos 64. quedando subsistente dicho precepto legal con la siguiente redacción: “Las sentencias en calidad de cosa juzgada que o rdenen el pago de suma de dinero. Establecer la responsabilidad penal. 3. el Tribunal Constitucional observa con mucha preocupación que. como lo es el glosado artículo 307° –puesto que el mismo es parte de la Constitución del 79’ que. 58. Recomendar la creación de un registro de la deuda pública interna. 2. evidentemente hace alusión a una ley constitucionalmente válida. sin embargo. Declarar la inconstitucionalidad del artículo 2° de la Ley N. no puede privarse al acreedor del derecho de recurrir. estimo necesario aclarar mi criterio en el sentido de que. bajo responsabilidad del Titular del Pliego. como se sabe. Ha resuelto 1. el Tribunal Constitucional recuerda que cuando el artículo 418° del Código Penal sanciona el acto de dictar una resolución o expedir un dictamen “contrarios al texto expreso y claro de la ley”. en su ultraactividad y efectos.° 26756. pasados los 6 primeros meses correspondientes a los trámites administrativos.a de la Ley N. 32 a 34. ALVA ORLANDINI REY TERRY AGUIRRE ROCA REVOREDO MARSANO GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA EXP N° 0015-2001-AITC EXP.1. Además. Sobre el particular. Y es que los jueces y fiscales están obligados a aplicar la ley conforme a su texto claro y expreso. por tal motivo. constitucional. inferior al legal. FALLO Por los fundamentos expuestos.2 y 42.5. 6. en consecuencia. b) SR AGUIRRE ROCA . 42. en suma. y.° 28128. siempre que se encuentre conforme con la Constitución (y en esto los asiste toda sentencia del Tribunal Constitucional).° 27584. Publíquese en el diario oficial El Peruano y notifíquese. respecto del fundamento 68. habida cuenta de que los hechos y actos ocurridos durante su vigencia. quedando s ubsistente dicho artículo 2° con la siguiente redacción: “Son embargables los bienes del Estado que se incluyan expresamente en la respectiva ley”. 5. y. 24 a 26. verbigracia. 62 a 65.N° 016-2001-AI/TC EXP. serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda. de estos autos. los jueces han efectuado el control judicial de constitucionalidad de las leyes y. no es una excepción a la regla. 68 y 70 de esta sentencia.)”. 3° y 5° del Decreto de Urgencia N. siguen siempre sujetos a ellas. respecto de ésta.N° 004-2002-AI/TC COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA. SS. Finalmente. modificado po r el artículo 1° de la Ley N. o superior al legal.
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References: artículo 5
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 artículo 42
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 artículo 15
 artículo 307
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