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ATC 780/1984, 12 de Diciembre de 1984 - Jurisprudencia - VLEX 58136510
ATC 780/1984, 12 de Diciembre de 1984
Número de Recurso: 776/1984
Inadmisión. Prueba penal: su apreciación corresponde al Juez. Tutela efectiva de Jueces y Tribunales: extradición. Extradición: requisito de la doble incriminación; Sentencia condenatoria en rebeldía. Contenido constitucional de la demanda: carencia.
La Sección ha examinado el recurso de amparo promovido por don Raffaele Scarnato.
Don Raffaele Scarnato, representado por Procurador y asistido de Letrado, interpuso recurso de amparo, mediante demanda, presentada el día 5 de noviembre de 1984, en cuyo contenido y documentación acompañada constan los siguientes hechos:
El señor Scarnato fue detenido en Barcelona, el 2 de noviembre de 1983, por encontrarse reclamado por las Autoridades italianas en atención a: a) mandato de captura emitido por la Fiscalía de los Tribunales de Nápoles, de fecha 3 de julio de 1982, ratificado por otro de 3 de noviembre de 1983, por supuesto delito de asociación para delinquir de los artículos 416 y 416 bis del Código Penal italiano; b) mandato de captura número 2707/1981 R. G. y 203/1981 R. 0. C. emitido en Salerno por el Fiscal de dicha demarcación en 7 de diciembre de 1981 por supuestos delitos de asociación para delinquir (de los arts. 110 y 416 del Código Penal italiano), robo agravado (arts. 110, 61.2, 624, 625.2 y 7 del Código Penal italiano), fabricación de artefacto explosivo y colocación del mismo en lugar público ( de los artículos 110, 81, 61.2 del Código Penal italiano y 9, 10 y 12 de la Ley de 14 de octubre de 1974), y estragos (de los arts. 110 y 422, párrafo 2.°, del Código Penal italiano); c) Ordenanza (providencia) de reenvío a juicio núm. 1385/1982 F. Reg. Gen. J. I. del Juez Instructor de Nápoles de fecha 17 de marzo de 1983, ordenando la elevación a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Nápoles del procedimiento, seguido, entre otros, contra el señor Scarnato por supuesto delito de asociación para delinquir (del art. 416 del Código Penal italiano) -epígrafe b) del documento.
Seguido el expediente, se señaló para la celebración de la correspondiente vista la audiencia del 24 de mayo de 1984, celebrándose la misma ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional. En dicho acto el demandante presentó un testimonio legalizado por el procedimiento de las «Apostillas» (único válido para la legalización de documentos judiciales a tenor del Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre), traducido por traductor jurado y visado por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este documento era una Sentencia absolutoria dictada en fase de instrucción del procedimiento y en la que el Juez de Instrucción de Salerno eximía de responsabilidad al señor Scarnato por los hechos reseñados en el epígrafe b) del apartado anterior, dejando solamente subsistente el cargo de asociación para delinquir, si bien se declara incompetente para conocer de este delito por no haber ocurrido los hechos en el territorio de su demarcación y envía, por ello, la competencia al Tribunal de Nápoles. La resolución dice expresamente que el señor Scarnato debe ser absuelto de los delitos de robo agravado, fabricación de artefacto explosivo y colocación del mismo en lugar público y estragos «por no haber cometido el hecho». Dicha resolución está fechada en 14 de octubre de 1982 y, aunque en Italia adopta la forma de «Sentencia instructora de absolución e incompetencia», su equivalente en nuestro Derecho sería un «Auto de sobreseimiento libre». Dicha resolución viene igualmente complementada por una providencia de 7 de diciembre de 1982, en la que se salva el error material de no haber recogido en el fallo las consecuencias inmediatas de la absolución del señor Scarnato y otro de los procesados, ordenando el levantamiento de la orden de captura que contra ellos pesaba.
La defensa del extradicturus alegó, en relación con las causas seguidas por supuesto delito de asociación para delinquir, la doctrina sentada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en numerosos Autos dictados en el sentido de no proceder a la extradición por esta causa ya que a ello se opone por una parte el principio de identidad normativa o doble incriminación, recogido en el art. 29 del Convenio Italo-Español de Extradición y, por otra parte, por no exceder la penalidad máxima de la figura delictiva que en última instancia en España sería la equivalente (asociación ilícita del art. 173.1, en relación con el 174.2 del Código Penal) del mínimo de un año recogido en el Convenio Bilateral de Extradición. Por último, se alegaba, en el momento de celebración de la vista que el señor Scarnato llevaba ya cumplidos más que de sobra esos seis meses de arresto mayor que, como máximo, podían corresponderle según el Derecho español.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó Auto, el 28 de mayo de 1984, concediendo la extradición por todos los motivos solicitados por las Autoridades italianas. Contra dicha resolución se formuló recurso de súplica, que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia desestimó por Auto de 3 de octubre.
Contra estas resoluciones se interpuso el presente recurso de amparo en cuya demanda se alega haberse violado el art. 24.1 de la C. E., por cuanto el Auto de 3 de octubre le produce indefensión por las siguientes razones: a) porque al no conceder el valor que realmente tiene la Sentencia absolutoria del Juez de Instrucción de Salerno de 14 de octubre de 1982, se posibilita la extradición por una causa en la que se ha declarado inexistente la responsabilidad penal; b) porque se ha concedido la extradición por el delito de asociación para delinquir, contradiciendo la doctrina sentada por la propia Audiencia Nacional en reiteradas Sentencias; c) porque, considerando la existencia de una condena en rebeldía dictada por la Audiencia Provincial de Nápoles, el 17 de noviembre de 1983 contra el demandante, se entiende en el Auto impugnado que no tiene valor de Sentencia condenatoria; de este modo se soslaya la exigencia de que, antes de llevarse a efecto la extradición, se haya formulado el compromiso por parte de las Autoridades reclamantes de someter a nuevo juicio al reclamado, dándose la no remota posibilidad de que las Autoridades italianas no se consideren obligadas a repetir el juicio, haciendo que el recurrente cumpla la Sentencia impuesta en rebeldía.
Por providencia de 14 de noviembre se acordó oír a la representación del demandante y al Ministerio Fiscal acerca de la posible inadmisión de la demanda por las dos siguientes causas: 1.ª) la que regula el art. 50.1 b) en relación con el 44.1 c) de la Ley Orgánica de este Tribunal; 2.ª) la del artículo 50.2 b) de la misma Ley.
El Pleno explica, además, que las Sentencias condenatorias en rebeldía tienen, al menos, igual o mayor valor que las órdenes de captura, por lo que estima procedente conceder la extradición, también por el delito de asociación ilegal, «con el objeto de que Italia le juzgue por dicho delito nuevamente, estando personalmente presente en el juicio y con todas las garantías legales»
Alega el recurrente, como se dijo, que tal condicionamiento a que se celebre nuevo juicio, no consta en el acuerdo final de la resolución del Pleno, pero de su lectura no se sigue esa conclusión. El «acuerdo» tal vez podría haber sido más preciso, pero, en todo caso, en él se dice, con toda claridad, que se accede a la extradición solicitada por Italia: a) únicamente por los hechos objeto de la presente solicitud extradicional (y la solicitud por el delito de asociación ilícita, como hemos visto hasta la saciedad), no se basa en la Sentencia condenatoria en rebeldía, sino en los mandatos de captura, lo que implica la necesidad de celebrar nuevo juicio; y b) expresamente se dice en el acuerdo que la extradición se concede «para que sea juzgado en su persona y con todas las garantías legales, por los Tribunales italianos competentes».
En el referido trámite de alegaciones del art. 50 de la Ley Orgánica de este Tribunal, la representación del demandante ha alegado que en el recurso de súplica, en la vía judicial alegó la violación de los derechos constitucionales reconocidos en el art. 24 de la Constitución. Y en cuanto al contenido constitucional de la demanda alega que su pretensión de amparo afecta a derechos medulares reconocidos en la Constitución en torno las garantías mínimas del proceso judicial,razonando la indefensión que considera se le ha producido, que afecta a la cosa juzgada y su correlativo principio non bis in idem, exponiendo la doble incriminación de que es destinatario el demandante y la falta, en la resolución impugnada, como condicionamiento previo a la efectividad de la extradición, de que los Tribunales italianos se comprometan a anular el juicio celebrado en rebeldía en Nápoles lo que puede decirse que afecta al meollo mismo de la defensa penal. Entiende el demandante, además, que la protección constitucional se extiende a la valoración de las pruebas hechas por el juzgador penal, lo que no ha tenido en cuenta la Audiencia Nacional al no dar a una Sentencia absolutoria el valor que se desprende de sus propios términos.
Frente a las resoluciones de la Audiencia Nacional accediendo a la extradición, entiende el recurrente que el art. 24.1 de la Constitución Española ha sido vulnerado en aquéllas, en méritos de una triple argumentación que desarrolla en su demanda de este recurso constitucional de amparo, la primera de las cuales consiste en que aquel órgano jurisdiccional penal valoró inadecuadamente -o si se prefiere, dejó de reconocer en su verdadero alcance y significado- el documento aportado por el propio interesado en el que consta la resolución del Juez de Salerno de acuerdo con la cual se le libera de toda responsabilidad criminal, esto es, se le absuelve de un grupo de delitos por los que ello no obstante, el Tribunal español accede a la extradición. Acerca de esto debe decirse que, aun haciendo abstracción de que, normalmente, no es misión de este Tribunal Constitucional formular un nuevo juicio acerca del valor de las pruebas practicadas en un determinado proceso, y sobre el acierto o error respecto de lo concluido por parte de los órganos del orden jurisdiccional correspondiente, es lo cierto que en el caso actual tanto la Sección Tercera como el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en sus respectivas resoluciones, inicial la de la Sección, y resolutoria del recurso de súplica la del Pleno, razonan de un modo verdaderamente amplio acerca de este tema, respecto del cual no se hace aquí otra cosa que reproducirlo de nuevo, sometiendo a reconsideración -pura y simplemente- lo ya aducido ante la justicia penal, ante la que, como precisamos al final de la presente resolución, se hizo también expresa invocación de haberse violado el art. 24 de la C. E., fundamentación jurídica la de aquellas resoluciones, que en manera alguna se apartan de cuanto la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria permite, y aun obliga, y que, consecuentemente, aleja de un modo notorio y manifiesto toda posibilidad de positiva estimación de haberse situado al interesado en la denunciada indefensión, fruto de habérsele privado de la tutela judicial efectiva que nuestro Texto fundamental proclame.
Seguidamente este recurso de amparo se fundamenta en la circunstancia de que la Audiencia Nacional, al otorgar la extradición por el delito de asociación para delinquir, rompe la línea que venía siguiendo sobre este punto en casos similares, alteración de doctrina que se pretende inadmisible también porque en atención a que en el caso actual no se ha respetado la exigencia de la doble incriminación, la extradición es improcedente. No mejor éxito puede merecer lo que acabamos de reflejar ya que por lo que respecta al primero de los dos aspectos que incluye aquella argumentación -si de lo que se trata es de decir que un Tribunal no puede cambiar de criterio sin incluir en sus razonamientos alguno que venga a justificar tal mutación es de notar que ni sobre la base de aplicar el art. 14 de la C. E. (que el recurrente no invoca), ni con el apoyo de que trata valerse, insistiendo en esgrimir el art. 24.1 del mismo Texto, la tesis será aceptable, ya que se carece en realidad de toda constancia de que ese cambio de criterio se haya producido; y en lo que concierne al segundo punto, como certeramente alega el Ministerio Fiscal, en el Auto dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se explica cómo en la legislación española se halla tipificado el delito de asociación para delinquir, razonándose en tal sentido acerca del respeto y cumplimiento del requisito de la doble incriminación o de la identidad normativa exigidos tanto por el Convenio Europeo de Extradición de 12 de diciembre de 1957, como por el Tratado con Italia de 22 de mayo de 1973.
En cuanto al otorgamiento de la extradición en méritos de una Sentencia condenatoria dictada en ausencia -o en rebeldía- del acusado, no cabe desconocer que la Audiencia Nacional razona acerca de que la petición de extradición -y consecuentemente el acuerdo favorable a ella- no se han formulado tomando como base tal Sentencia condenatoria (acerca de la cual incluso se pone de manifiesto que su autenticidad no consta fehacientemente), sino merced a solicitud anterior a la fecha de tal Sentencia, basada en órdenes de detención y captura, las que por sí solas viabilizan la extradición de conformidad con el Tratado Europeo y Convenios bilaterales suscritos y ratificados por España, aludiendo además el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a que las Sentencias condenatorias en rebeldía, tienen, al menos, igual o mayor valor que las órdenes de captura, y sale al paso de las objeciones del interesado arguyendo aquel Tribunal que inequívocamente consta en su resolución que la extradición se concede únicamente por los hechos consignados en la solicitud -en lo que aquí importa, por el mandato de captura-, lo que implica la necesidad de celebrar un nuevo juicio, presente el acusado, sujeto que deberá pues ser juzgado en su persona y con todas las garantías legales, por los Tribunales italianos competentes; y, finalmente, ante la invocación en el sentido de que el Estado requirente no se atenga a cuanto acabamos de relacionar, ignorando el cumplimiento de su deber, es una situación que escapa a la competencia de este Tribunal, y que en su caso -como ya se expuso en supuesto precedente- deberá residenciarse en la esfera de la competencia de otros órganos del Estado que todavía han de intervenir en estas actuaciones, los cuales deberán velar por el estricto y recíproco cumplimiento de cuantos deberes dimanen de los Tratados concertados y en vigor, que los Tribunales se limitan a aplicar.
Por lo que importa a la invocación del art. 24.2 de la C- E. por el recurrente en amparo, no es aceptable su argumentación en el sentido de habérsele privado de las garantías de un proceso en el que se atendiera a la prueba practicada, esencialmente al documento en el que consta la providencia-Sentencia del Juzgado de Salerno, al que hicimos alusión con anterioridad, y no es aceptable tal argumentación por las razones que en el oportuno lugar de esta misma resolución quedaron consignadas, tratándose en suma de la interpretación y valoración del alcance de tal documento, realizada en su momento por el Tribunal penal español, que reflexiona minuciosamente sobre el particular, bien que alcance unas conclusiones que el interesado no comparte, diferencia de criterio absolutamente inocua a los fines de este recurso de amparo.
De los dos posibles motivos de inadmisibilidad de este recurso de amparo, puestos de relieve en la providencia inicial del mismo, ha quedado subsanado uno de ellos, esto es, el consistente en la invocación formal del derecho vulnerado [art. 50.1 b) en relación con el 44.1 c) de la LOTC], más no así el segundo -carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda de amparo- establecido en el art. 50.2 b) de la misma Ley, y ello en méritos de los razonamientos que anteceden, lo que conduce obligadamente a la inadmisión del recurso, en el que, como ya se expuso, se denunció la violación del art. 24 de la C. E. en sus núms. 1 y 2, relacionándolos el recurrente con el art. 13 del mismo Texto, este último marginado de las posibilidades de la vía de amparo, a salvo su simple cita, como realiza en realidad el recurrente, para reconducir los temas cuestionales al antedicho artículo 24 de la C. E.
En virtud de lo expuesto, la Sección acuerda la inadmisibilidad de este recurso de amparo.Madrid, a doce de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
SAP Alicante 150/2008, 29 de Abril de 2008
SAP Málaga 117/2007, 13 de Febrero de 2007

References: Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24