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Reflexiones éticas y jurí­dicas en torno al proyecto de ley sobre el aborto | Bioetica web
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Juan Ramón Lacadena 4031 views	0 likes	Oct 28, 2009	Comentarios jurí­dicos no comments Share
Ponencia leída en el Congreso Internacional “Bioética en Europa y Derechos de la Persona", Universidad Pontificia de Salamanca, 8-10 octubre de 2009
Se está viviendo en España una fuerte tensión social como consecuencia de la aprobación el 14 de mayo de 2009 por parte del Gobierno y a propuesta de la Ministra de Igualdad Bibiana Aído del Anteproyecto de “Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. Desconocemos cuáles hayan sido las razones políticas del PSOE para empecinarse en sacar adelante una nueva ley de plazos sobre el aborto cuando no estaba en su programa electoral. Aún siendo consciente de la provisionalidad del texto legal, me parece oportuno hacer una reflexión sobre el mismo con el riesgo de que algunos comentarios resulten finalmente fuera de lugar por las posibles modificaciones que se puedan producir en el texto durante el trámite parlamentario antes de la aprobación definitiva de la Ley.
I. ASPECTOS SOCIOLÓGICOS Y LEGALES DEL ABORTO EN ESPAÑA
De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad y Política Social y los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas que recoge el dictamen del Consejo de Estado emitido el 17 de septiembre de 2009, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 9/1985 de despenalización del aborto se han producido en España un millón de abortos legales, con incrementos anuales del siguiente orden: un 10,3% en 2007 (es decir, 10.546 abortos más en 2007 que en 2006) y entre los años 1990 y 2007 el número de abortos se triplicó en la población global mientras que se cuadruplicó en chicas menores de 18 años, a pesar de que este colectivo disminuyó un 30%.
Según el Ministerio de Sanidad y Política Social, los datos estadísticos señalan que los embarazos no planificados suponen alrededor del 40% del total de embarazos y de ellos un 60% terminan en aborto provocado. Las tasas más altas de aborto por mil mujeres corresponden al grupo de 20 a 24 años (20,65%), seguido del grupo de 25 a 29 años (15,57%) mientras que en el grupo menor de 20 años la tasa es del 13,79%. Finalmente, en el año 2007, casi el 98% de las interrupciones se llevaron a cabo en centros privados (el 10,55% en un centro hospitalario y el 87,36% en un centro extrahospitalario; es decir, en clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo).
Ante estos datos, el dictamen del Consejo de Estado señala que “la experiencia demuestra que la aplicación de la ley de 1985, ya por sus propios defectos, ya por la interpretación laxa que se le ha dado, ya por la evolución social durante sus años de vigencia, ha llevado en España a una indeseable situación de aborto libre cuando no arbitrario, en el que junto a un incremento notabilísimo de abortos legales siguen practicándose otros muchos en condiciones de grave riesgo sanitario. Una regulación que, aunque despenalizadora del aborto era inicialmente restrictiva, ha hecho de España un paraíso de ‘turismo abortista’ y el lugar donde más crece el número de abortos en la Unión Europea”.
Estando de acuerdo con el diagnóstico del Consejo de Estado, la cuestión que se plantea es si la solución buena está en abrir la mano con una nueva “ley de plazos” como propone el Gobierno por la gravedad de lo que significa (la vida del feto humano no vale nada ante la voluntad de la madre) y porque se volverán a cometer los mismos abusos que con la ley de despenalización ahora vigente o si no sería preferible continuar con la actual ley de despenalización corrigiendo sus posibles defectos –que los tiene– y, sobre todo, siendo estricto en su cumplimiento.
Para comprender mejor la situación de la controversia actual española, a continuación se indican algunos datos cronológicos sobre los aspectos legales del aborto en España que pueden resultar de interés:
– Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril, sobre el recurso previo de inconstitucionalidad contra el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del artículo 417 bis del Código Penal.
– Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de despenalización del aborto en determinado supuestos.
– Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en el Título II trata del aborto en los artículos 144, 145 y 146, quedando además vigente el artículo 417 bis del anterior Código Penal de 1985.
– El Consejo de Ministros, el 14 de mayo de 2009 y a propuesta de la Ministra de Igualdad Bibiana Aído, aprobó el Anteproyecto de “Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”.
– Informe del Consejo Fiscal (23 de junio de 2009) sobre el anteproyecto de Ley
– “No-informe” del Consejo General del Poder Judicial (23 de julio de 2009) sobre el anteproyecto de Ley
– Dictamen del Consejo de Estado (17 de septiembre de 2009) sobre el anteproyecto de Ley
– El Consejo de Ministros, el 26 de septiembre y a propuesta de la Ministra de Igualdad Bibiana Aído, aprobó el Proyecto de “Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo” y acuerda enviarlo al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. El proyecto de Ley fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 2 de octubre de 2009.
II. ANTECEDENTES: LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA
Para un mejor seguimiento de las reflexiones que se van a exponer en el presente trabajo parece conveniente presentar los antecedentes legales de la situación en España con relación al aborto.
La Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de despenalización del aborto en determinados supuestos introdujo en el Código Penal español el Artículo 417 bis que despenaliza el aborto en los términos que se indican:
Art.417 bis
En relación con la Ley Orgánica 9/1985 de despenalización del aborto, tuve ocasión de escribir un artículo desde una perspectiva genética cuando se inició el debate social dos años antes (Lacadena, 1983) y luego, más tarde, al hacerse pública la Sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional (STC) sobre la despenalización del aborto en determinados supuestos ante el recurso previo de inconstitucionalidad presentado por el partido Alianza Popular, hice una “lectura genética” de dicha sentencia (Lacadena, 1985). En este último artículo analizaba la STC sobre los tres supuestos contemplados por la Ley –el “aborto terapéutico”, el “aborto ético” (¿?) y “aborto eugenésico” (¡resulta chocante el adjetivo utilizado!), según la terminología utilizada por el alto tribunal– y las reflexiones que hice entonces –que omito ahora por razones de espacio– son aplicables al actual proyecto de Ley aprobado por el Gobierno. No obstante, me parece importante recordar las palabras recogidas en la STC 53/1985 cuando decía en su fundamento jurídico 5 que “a) la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación,…es un continuo sometido por efectos del tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica; b) que la gestación ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el seno de ésta; c) …previamente al nacimiento tiene especial trascendencia el momento a partir del cual el nasciturus es ya susceptible de vida independiente de la madre, esto es, de adquirir plena individualidad humana”. Ciertamente la STC 53/1985 fue controvertida.
Diez años más tarde se reformó el Código Penal mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que en el Título II trata del aborto en los artículos 144, 145 y 146, quedando además vigente el artículo 417 bis del antiguo código de 1985 antes descrito:
III. EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
Como se infiere por su título, el contenido del anteproyecto de ley orgánica elaborado por el gobierno se refiere al tema más amplio de la “salud sexual y reproductiva” (Título I) y a la “interrupción voluntaria del embarazo” (Título II). No obstante, en el presente trabajo solamente haremos el comentario referente al Título II así como a la disposición derogatoria única y a las disposiciones finales primera, segunda y tercera que tienen especial relevancia con el aborto. El texto de tales normativas (Título II, “DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO”) se incluye en el Anexo al final de este trabajo.
1. Sobre la terminología
Desde el punto de vista bioético se viene denunciando desde hace tiempo que el cambio de palabras sirve para justificar actitudes (o, recíprocamente, para justificar actitudes se cambian las palabras) y que en ocasiones se utilizan eufemismos para ocultar la verdadera realidad de los hechos. Esta reflexión viene a cuento con el mismo título del Proyecto de Ley cuando utiliza las palabras “interrupción del embarazo” en lugar de la palabra “aborto” porque resulta más agresiva, siendo así que el propio Código Penal la usa continuamente. La palabra “aborto” resulta políticamente incorrecta. Además, el verbo “interrumpir” se interpreta normalmente como la detención temporal de un proceso que podrá reanudarse más adelante. El Diccionario de la Lengua Española de la RAE (22 ª ed., 2001) define “interrumpir” como “cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo”. Por ello, dado que la interrupción del embarazo significa la detención del proceso de desarrollo que conlleva la muerte del embrión o del feto humano haciendo imposible la reanudación del proceso, entonces lo correcto sería hablar de “finalización del embarazo” y no de “interrupción del embarazo”. De hecho, en la práctica hospitalaria se hace referencia al aborto inducido como interrupción voluntaria del embarazo y, para más inri, se utiliza el acrónimo IVE; por ejemplo, se oye decir que “en este mes se han practicado tantos o cuantos IVEs”.
2. Consideraciones éticas y jurídicas
Para una mayor claridad en mis reflexiones, la exposición seguirá el orden del articulado en el texto legal.
En primer lugar, el proyecto de Ley, en su Título Segundo, artículo 12, garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en la Ley como expresión de un derecho fundamental de la mujer y su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación. Es interesante señalar que el dictamen del Consejo de Estado fue contrario al texto original que figuraba en el anteproyecto que decía “se reconoce [la cursiva es mía] y garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo…” argumentando que la expresión “se reconoce” es propia de las declaraciones constitucionales de derechos fundamentales y que el artículo 12 se refiere no a un derecho al aborto sino a la prestación sanitaria requerida por la interrupción voluntaria del embarazo. En mi opinión, en este artículo 12 se encuentra lo más fundamental de la ley: considerar el aborto como un derecho fundamental de la mujer por encima del derecho del feto a vivir. Sin embargo, en el debate social ha sucedido que “el árbol no deja ver el bosque” porque se ha gastado la pólvora en las disquisiciones jurídicas sobre si una chica de 16 o 17 años puede o no decidir por ella misma, dando por supuesta la legalidad (constitucionalidad) de que la voluntad de la mujer puede decidi r sobre la vida del nasciturus.
En segundo lugar, en el proyecto de Ley se regulan las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y las garantías en el acceso a la prestación. Las condiciones se resumen en los siguientes puntos:
– Art. 13: Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo el que se practique por un médico o bajo su dirección en un centro acreditado (público o privado) y con el consentimiento informado de la mujer.
– Art. 14: Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada (libre elección).
– Art. 15: Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada… b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto… c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida… o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico… En estos últimos casos no se menciona límite de edad de desarrollo fetal alguno.
Es decir, se trata de una “ley de plazos” según las circunstancias: dentro de las primeras 14 semanas a petición libre de la interesada o por causas médicas (riesgo para la vida o la salud de la embarazada o graves anomalías en el feto) hasta la semana 22 o después de la semana 22, sin limitación de tiempo, en determinadas circunstancias de anomalías fetales. Una cuestión que se plantea es si existen fundamentos biológicos que justifiquen la diferenciación jurídica de las 14 y las 22 semanas (¿por qué no 12, 16 o 24 semanas?); ciertamente no se da explicación alguna. Desde el punto de vista biológico se podría entrar en una discusión en la que se tratarían de justificar las 14 semanas en relación con el proceso de la organogénesis y las 22 semanas con la posibilidad de viabilidad fetal extrauterina. En el texto legal, únicamente, en la parte II de la Exposición de Motivos de la Ley, se dice que “…la ponderación que el legislador realiza ha tenido en cuenta la STC 53/1985 y atiende a los cambios cualitativos de la vida en formación que tienen lugar durante el embarazo, estableciendo, de este modo, una concordancia práctica de los derechos y bienes concurrentes a través de un modelo de tutela gradual a lo largo de la gestación.”
Como se ha mencionado anteriormente, las reflexiones que hice en el artículo en que analicé la sentencia 53/1985 del TC sobre los tres supuestos contemplados por la Ley Orgánica 9/1985 de despenalización del aborto –“aborto terapéutico”, “aborto ético” como consecuencia de violación y “aborto eugenésico”– son aplicables al Artículo 15 del proyecto de Ley aprobado por el Gobierno cuando se refiere a la “interrupción por causas médicas”.
El Artículo 15 a) dice que “excepcionalmente” se podrá interrumpir el embarazo antes de las 22 semanas por causas médicas cuando “exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada” ( equivalente a un “aborto terapéutico”, usando la terminología de la sentencia 53/1985 del TC); sin embargo, teniendo en cuenta que la propia Ley define la salud en el Artículo 2a) como “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades” (definición de la OMS), por la puerta del “bienestar mental” se escaparán en la práctica muchos de los casos “excepcionales” previstos por la Ley, lo mismo que sucedió con la aplicación del apartado primero de la anterior Ley Orgánica 9/1985 de despenalización del aborto. El “aborto eugenésico”, usando la terminología del TC, se contempla también en el apartado b) del Artículo 15 al considerar como causa excepcional “que exista riesgo de graves anomalías en el feto”. La dificultad en la interpretación de esta norma estriba en la ambigüedad de los términos “riesgo” (¿hasta qué probabilidad?) y “grave” (¿hasta qué grado?).
También se contempla el “aborto eugenésico” en el apartado c) del Artículo 15 que autoriza el aborto más allá de las 22 semanas, sin limitación de fechas, “cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida… o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico…” Realmente, en la literalidad del apartado c) no se menciona fecha alguna aunque, sin embargo, en la Exposición de Motivos (parte II) dice que “después de las 22 semanas, sólo será posible cuando se diagnostiquen en el feto anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico”. Si no se indica limitación máxima ¿hasta qué tiempo anterior al que habría de producirse el parto natural se podría provocar el aborto? ¿Estaríamos hablando de la frontera del infanticidio?
La cuestión que se puede plantear ahora es cuál es el verdadero significado del término “gestación” en el proyecto de Ley que se discute. Sería necesario que en el artículo 2 dedicado a definiciones se incluyera el término “gestación” para saber con precisión de qué se está hablando cuando en los artículos 14 y 15 se mencionan, respectivamente, los plazos de “dentro de las primeras catorce semanas de gestación” y “que no superen las veintidós semanas de gestación”.
En este punto me parece importante recordar que los conceptos biológicos y médicos de fecundación y gestación aparecían confusos ya en la Sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional cuando decía en el fundamento jurídico 5 (párrafos a, b y c) que “a) la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación… ; b)…la gestación ha generado un tertium… ; c)…la vida es una realidad desde el inicio de la gestación…”; es decir, parece claro que el TC confunde gestación con fecundación (ver Lacadena, 1985).
A este respecto es interesante mencionar el criterio del Comité de Bioética de España que, como se detalla más adelante, distingue entre “edad embrionaria” (que toma como día primero el de la fecundación) y “edad gestacional” (que comienza a contar el tiempo de embarazo desde el inicio de la última menstruación), habiendo entre ellas aproximadamente dos semanas de diferencia. En efecto, cuando se dice que una mujer “está de tantas o cuantas semanas” se está tomando como punto de referencia el día inicial de la última menstruación (edad gestacional) aunque en realidad la fecundación ocurrió dos semanas después (edad embrionaria). No obstante, en el apartado correspondiente se volverá a tratar este tema.
El Artículo 17 de la Ley se refiere al contenido de la información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. Abreviando el comentario, sólo quiero manifestar mi perplejidad ante algunos puntos concretos del mismo como son el que las mujeres que deseen abortar dentro de las primeras 14 semanas reciban la información que se indica “por escrito y en un sobre cerrado” (Art. 17.2) y que deban transcurrir al menos tres días de reflexión antes de que se produzca la intervención abortiva (Art. 14 b). Resulta chocante que entre la información que se entrega a la mujer, ya decidida a practicar el aborto, figuren “datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro” (Art. 17.2c). Permítaseme que utilice aquí una expresión coloquial española: “¡a buenas horas, mangas verdes!”. En mi opinión, el Artículo 17 rezuma paternalismo estatal en un papel escrito y entregado en sobre cerrado en un proceso que pretende sustituir a un correcto consentimiento informado, que es uno de los aspectos más difíciles de la bioética clínica.
Desde el punto de vista penal, la disposición derogatoria del proyecto de Ley deroga el artículo 417 bis del Código Penal introducido en el Código Penal de 1973 por la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, y cuya vigencia fue mantenida por el Código Penal de 1995. En resumen, el aborto voluntario pasa en España de estar despenalizado en determinados supuestos a estar legalizado en las condiciones indicadas en los artículos 14 y 15 de la nueva Ley, tal como se indica en el cuadro siguiente:
Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:
Vigencia del Artículo 417 bis
Por otro lado, la disposición final primera consagra otro de los objetivos de la lucha feminista al dar una nueva redacción al apartado 2 del artículo 145 del Código Penal que suprime la pena de prisión para la mujer que aborte voluntariamente fuera de los casos permitidos por la Ley y añade los apartados 3 y 4 en el artículo 145 del Código Penal. En el último apartado se indica que la mujer embarazada no será penada aunque se produzcan ciertos incumplimientos de la normativa legal. Véase el cuadro siguiente:
Disposición final primera. Modificación Ley Orgánica 10/1995
Se añade un nuevo artículo 145 bis del Código Penal, con la siguiente redacción:
1. Será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de seis meses a dos años, el que dentro de los plazos contemplados en la ley, practique un aborto:
1. a) 417 bis
Se suprime el inciso “417 bis” de la letra a) del apartado primero de la disposición derogatoria única
Otro aspecto importante desde el punto de vista social y jurídico es la decisión de rebajar a los 16 años la edad en la que la mujer (la adolescente) puede tomar libremente la decisión de abortar estableciendo un nuevo concepto de “mayoría de edad sexual” en contraposición con la Ley 41/2002 “básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica” que en su Art. 9 (Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación) apartado 3, párrafo c), establece que “cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación”, pero que, sin embargo, en el apartado 4 siguiente dice que “la interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación.”. Pues bien, la Disposición final segunda que figura en el proyecto de Ley modifica este apartado 4 suprimiendo la referencia a “la interrupción voluntaria del embarazo”. En resumen, a efectos de poder abortar libremente sin necesidad de consentimiento paterno alguno, la mayoría de edad sexual se adelanta a los 16 años. Véase el cuadro siguiente:
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 41/2002.
4. La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación.
Resulta paradójico, sin embargo, que dentro del ámbito legal sexual de España se siga exigiendo la mayoría de edad para la utilización de las técnicas de reproducción humana asistida (Ley 14/2006, Art. 6. Usuarios de las técnicas. 1. “Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar…con independencia de su estado civil y orientación sexual”. Me parece una incongruencia que se exija la mayoría de edad para utilizar las técnicas de reproducción humana asistida y no para abortar.
Por otro lado, no resisto la tentación de hacer alusión a la asimetría legal de género ya que, tratándose de una ley propuesta por el Ministerio de Igualdad, resulta una contradicción por la desigualdad de trato para el varón ya que el padre del embrión o del feto no tiene opinión legal sobre la decisión de abortar de la madre. Sin embargo, de forma análoga a lo que se comentaba anteriormente sobre la mayoría de edad sexual para abortar, la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida dice que “si la mujer estuviera casada, se precisará además, el consentimiento de su marido” (Art.6.3). Teniendo en cuenta que podría tratarse de un matrimonio homosexual entre lesbianas, debería haber sustituido el “consentimiento de su marido” por “el consentimiento de su cónyuge o su pareja”. Está claro que cuando, a propuesta del Ministerio de Igualdad y su Ministra Bibiana Aído, se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, entre los supuestos contemplados no se tuvo en consideración la discriminación negativa de los padres de los fetos abortados.
Asimismo, en el apartado 5 del artículo11, que trata de la Crioconservación de gametos y preembriones, la Ley 14/2006 dice que “…En el caso de los preembriones, el consentimiento deberá haber sido prestado por la mujer o, en el caso de la mujer casada con un hombre, también por el marido, con anterioridad a la generación de los preembriones.”
En mi opinión, es incongruente que para una decisión de mucha mayor envergadura moral como es el aborto no se tenga en consideración la opinión del padre y sí para la utilización de las técnicas de reproducción asistida. No obstante, en este contexto es oportuno recordar la opinión del Tribunal Constitucional en su sentencia 53/1985 sobre el recurso previo de inconstitucionalidad de la ley de despenalización del aborto en determinados supuestos al decir que la no participación del padre en cuanto a su consentimiento se refiere no es inconstitucional “dado que la peculiar relación entre la embarazada y el nasciturus hace que la decisión afecte primordialmente a aquella” (Fto. jco. 13). Desde el punto de vista genético, es evidente que las aportaciones paterna y materna al patrimonio hereditario nuclear del hijo que va a condicionar su desarrollo son equivalentes, lo cual no otorga a la madre una especie de “mayor derecho de propiedad genética” sobre el hijo, aún teniendo en cuenta la ligera asimetría que supone el que el citoplasma del cigoto (y por tanto del futuro ser) sea casi exclusivamente de procedencia materna a través del citoplasma del gameto femenino.
En la tabla siguiente se resume de forma comparativa la regulación vigente (Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de despenalización del aborto en determinado supuestos y Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) y lo que propone el proyecto de Ley:
Tabla comparativa entre la legislación vigente sobre la interrupción voluntaria del embarazo y propuestas del proyecto de Ley (basada en http://mujeresantecongreso.blogspot.com)
Situación regulada
Legislación vigente (art. 417 bis y 145 del Código Penal)
Periodo de libre elección por la mujer embarazada
Antes de las 14 semanas, previa entrega de sobre cerrado informativo y tres días de reflexión
Por violación denunciada
“Aborto ético”, 12 semanas
No lo considera, pero estaría incluido en el plazo de libre decisión de las 14 semanas
Por grave riesgo para la vida o salud de la mujer en las primeras 22 semanas
“Aborto terapéutico”, permitido con dictamen previo de un especialista
Permitido, con dictamen previo de dos especialistas
Por riesgo de graves anomalías fetales
“Aborto eugenésico”, 22 semanas, con dictamen previo de dos especialistas
22 semanas, con dictamen previo de dos especialistas
Por grave peligro para la vida o la salud de la mujer, a partir de la semana 23 hasta el final
Permitido, con dictamen de un especialista
Anomalía fetal incompatible con la vida del feto
Figura no existente, pero hasta la semana 22 entra en el supuesto por anomalía fetal y después de la semana 22 por grave peligro para la salud psíquica de la mujer
Permitido durante todo el embarazo, con dictamen de dos especialistas
Feto con enfermedad extremadamente grave o incurable
Figura no existente, pero se le podrían aplicar los supuestos del caso anterior
Permitido durante todo el embarazo, con el dictamen de un Comité Clínico nombrado por la Comunidad Autónoma
Edad de la mujer para poder tomar la decisión
Código Penal, pena a las mujeres que abortan fuera de los supuestos permitidos
Prisión de 6 a 12 meses o multa de 6 a 24 meses
Código penal, penas a personal sanitario por producir aborto
Prisión de 1 a 3 años e inhabilitación de 1 a 6 años
Código penal, penas a personal sanitario por no entregar sobre informativo o no cumplir tres días de período de reflexión
No existía esa figura
Multa de 6 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años
Objeción de conciencia de profesionales sanitarios
Uno de los problemas éticos que plantea el Proyecto de Ley es la cuestión de la objeción de conciencia por parte del médico y del personal sanitario.
El Consejo de Estado señalaba en su dictamen del 17 de septiembre de 2009 que el TC, en su sentencia 53/1985, no se pronunció sobre la regulación de la objeción de conciencia en el caso del aborto inducido “por ser ajena al enjuiciamiento de la constitucionalidad del proyecto [de Ley], que debe circunscribirse a la norma penal impugnada, de conformidad con lo dispuesto en el art.79 de la LOTC”, añadiendo en su Fto. jco. 14 que, “no obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho de la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales”. En su dictamen, el Consejo de Estado se lamenta de que, a pesar de que el mismo TC reconociera en su momento (fto. jco. 14) la “especial relevancia” y que “su regulación pueda revestir singular interés”, hayan pasado 25 años y en España no se ha legislado aún sobre la objeción de conciencia. En la controversia social que actualmente se vive en España, se han oído voces de organizaciones médicas que aseguran que “defenderán con uñas y dientes la objeción de conciencia”. Yo no soy jurista, pero me parece que la doctrina constitucional es clara, aunque entren en colisión los derechos del médico en un hospital de servicio público.
4. La controversia jurídica y ética en España
En la controversia social y jurídica en torno al proyecto de ley, en mi opinión parece que se ha olvidado el tema más grave, que es la legalización del aborto frente a la situación de despenalización anterior, en comparación con el hecho de la nueva “mayoría de edad sexual” (16 años) y no es que no lo considere importante. En cierto modo podría decirse que “el árbol no deja ver el bosque”, tal como se ha dicho anteriormente.
Muchos juristas encuentran problemas jurídicos importantes, incluso de inconstitucionalidad, a determinados contenidos de la Ley. De acuerdo con la normativa española, antes de que el Gobierno envíe al Parlamento el Proyecto de Ley para su tramitación y debate parlamentario, son preceptivos los informes del Consejo de Fiscales y del Consejo General del Poder Judicial aunque en ningún caso son vinculantes. Lo sucedido en ambos consejos merece un comentario especial.
El Consejo Fiscal, organismo asesor del Fiscal General del Estado, está compuesto por doce miembros, pero por fallecimiento reciente de uno de ellos en la actualidad son once, de los que seis pertenecen a la conservadora Asociación de Fiscales y cinco a la Unión Progresista de Fiscales, incluyendo al Fiscal General del Estado que, en su calidad de Presidente del Consejo, tiene voto de calidad en caso de empate. Pues bien, el Consejo Fiscal aprobó por mayoría de seis a cinco votos un informe en contra del anteproyecto de Ley porque los artículos 12 y 14 deben considerarse inconstitucionales debido “a la desprotección del nasciturus que se observa en el texto respecto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el tema”, añadiendo que “en puridad no puede hablarse de un derecho al aborto, pues ello supondría el reconocimiento del derecho a eliminar a un ser humano distinto de la madre y titular del derecho a la vida humana”. Además el informe señala que “la vida del nasciturus es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15 de la Constitución” (“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral…”) y de la jurisprudencia del TC se deduce que la vida del feto es humana y distinta de la madre. Por tanto, si hay conflicto, ni los derechos de la mujer ni la protección de la vida del nasciturus son derechos absolutos. Sin embargo, dice el informe que “no es eso lo que el anteproyecto planea” puesto que durante las 14 primeras semanas de gestación “la prevalencia de la voluntad de la madre y de sus derechos aparece como absoluta, frente al valor de la vida encarnado en el nasciturus”. Más adelante añade el informe que “consideramos que si la vida del nasciturus no puede ser considerada un derecho fundamental, como declara la sentencia 53/1985 del TC, con menos razón puede el derecho de la madre a interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación ser considerado un derecho de tal categoría”.
Al quedar en minoría el informe del Fiscal General, que era favorable al anteproyecto de Ley, la normativa establece que se pueden enviar al Ministro de Justicia los dos informes, el mayoritario y el minoritario en calidad de votos particulares, aunque ninguno de los dos es vinculante. En relación con si la menor de edad (entre 16 y 18 años) puede tomar libremente la decisión de abortar sin consentimiento paterno, tanto el informe mayoritario como el minoritario coinciden en rechazar que los padres no tengan que ser siquiera informados de la decisión de su hija. La cuestión es si basta el simple conocimiento por parte de los padres (o tutores) aunque su opinión sea contraria a la de la hija.
Lo que ha sucedido con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con su toma de postura en relación con el anteproyecto de Ley es una muestra más de la fractura político-jurídica que el tema está produciendo en España. Por primera vez en los 29 años de existencia del CGPJ, una iniciativa legislativa del Gobierno no será informada por este órgano consultivo. Tras pedir varias prórrogas, finalmente el 23 de julio de 2009 se reunió el Pleno del CGPJ para proponer un informe al Gobierno, dando como resultado un empate entre los votos en contra del anteproyecto de Ley por considerarla inconstitucional y los votos a favor. En efecto, en una primera ocasión la Comisión de Estudios del CGPJ rechazó por 3 votos a 2 el informe realizado por un magistrado ponente “conservador” que consideraba inconstitucional la Ley, decidiendo que otro magistrado –ahora del bando “progresista”– actuara como ponente en la Comisión de Estudios, siendo aprobado su informe favorable al anteproyecto gubernamental por 3 votos a 2. Los dos informes –el “conservador” y el “progresista”– fueron sometidos a votación en el Pleno. En una primera votación, el informe “conservador” fue rechazado por 11 votos contra 10 y en una segunda votación se sometió el informe “progresista” con el resultado de 10 votos a favor (los magistrados progresistas), 10 votos en contra (los magistrados conservadores, incluyendo al Presidente del CGHPJ que, paradójicamente, había sido nombrado a propuesta del propio Presidente del Gobierno) y una abstención. En el mismo Pleno se decidió que, dado que había un número impar de votantes (21), el voto del Presidente no fuera considerado voto de calidad y, por tanto, no resolvía el empate a 10. En consecuencia, el Pleno del CGPJ decidió no mandar informe alguno al Gobierno.
Las dos posturas jurídicas antagónicas se pueden resumir en los siguientes puntos:
· Posición contraria a la nueva ley
– Constitucionalidad: Considera que la ley de plazos vulnera las recomendaciones de la sentencia del TC y, por tanto, es inconstitucional.
– Menores: Considera que el Código Civil prevé la capacidad de decisión de los padres sobre los menores, sin excepciones.
– Supuestos: Entiende que los supuestos establecidos no cumplen las exigencias de protección del nasciturus.
– Derecho: El aborto no puede configurarse en ningún caso como un derecho.
– Objeción de conciencia: Debe regularse claramente el derecho del personal sanitario a la objeción de conciencia.
– Penas: Aboga por mantener en el Código Penal las penas de cárcel por aborto ilegal.
· Posición favorable a la nueva ley
– Constitucionalidad: Considera que la ley de plazos es conforme a la Constitución y coincide con la de casi todos los países de la UE.
– Menores: Admite la capacidad de las mujeres de entre 16 y 18 años para decidir, pero se aconseja que se comunique a los padres.
– Supuestos: Recomienda que se precisen los supuestos de aborto médico, hasta las 22 semanas.
– Información: Propone mejorar la información que se vaya a ofrecer a las mujeres que pretenden abortar.
– Objeción de conciencia: Propone un registro de objetores para el personal sanitario.
– Penas: Se pide establecer proporcionalidad en las penas por abortos fuera de los supuestos o plazos establecidos.
A mí, como simple ciudadano español, me escandaliza que en los altos tribunales y órganos de justicia de España (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Fiscales, etc.) se sepa de antemano el resultado de su decisión en función del número de jueces o magistrados que han sido propuestos por los diferentes partidos políticos. Yo no soy jurista, pero no me cabe en la cabeza que por ser de “derechas” o de “izquierdas”, “conservadores” o “progresistas” todos tengan que interpretar las leyes al unísono dentro del grupo ideológico al que están adscritos. ¿Dónde está la independencia de los jueces para interpretar las leyes? En este contexto cabe recordar por su clarividencia las recomendaciones de la UNESCO en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (1997) y la Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos Humanos (2005) en las que aludían a las características fundamentales que deben tener los Comités de Bioética: independencia, pluridisciplinaridad y pluralismo. Características que deberían asumir también los órganos colegiados de la Justicia.
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (art. 107 de la Constitución Española). El 17 de septiembre de 2009, la Comisión Permanente del Consejo de Estado, constituida por nueve consejeros más el Presidente del Consejo, emitió, por unanimidad, un dictamen favorable a la constitucionalidad del anteproyecto de Ley. Para más de uno resultó sorprendente que algunos consejeros procedentes del centro-derecha político dieran su voto a favor de la constitucionalidad del proyecto de Ley. Otro interrogante del procedimiento es por qué no se votó en Pleno.
Aunque se transmitió a la opinión pública que el dictamen del Consejo de Estado era totalmente favorable al anteproyecto de Ley, sin embargo la realidad es que contenía numerosas objeciones al mismo (se podría hablar de un auténtico “rapapolvo jurídico”) que el Gobierno trató de obviar introduciendo algunas modificaciones en el texto legal.
Los informes anteriores (Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado) son preceptivos, pero no vinculantes. Sin embargo se ha producido una reacción por parte del Gobierno que no deja de llamar la atención: ante las posturas contrarias a la propuesta del Gobierno (Consejo Fiscal y el “no-informe” del CGPJ) éste reaccionó diciendo que no se sentía vinculado a ellas; sin embargo, ante el dictamen favorable a la constitucionalidad del Consejo de Estado, solamente necesitó el Gobierno una semana para aprobar en el Consejo de Ministros del día 26 de septiembre el Proyecto de Ley que habría de enviar al Congreso de los Diputados para que iniciara su trámite parlamentario, cosa que hizo a partir del 2 de octubre.
La Ley 14/2007 (Art. 77) creó el Comité de Bioética de España como órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo, señalando entre sus funciones (Art. 78.1a) la de “emitir informes, propuestas y recomendaciones para los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico en asuntos con implicaciones éticas relevantes”. Al parecer, el Gobierno no ha considerado que la cuestión del aborto tenga implicaciones éticas relevantes porque no le solicitó informe alguno. No obstante, aunque no fue requerida su opinión por parte del Gobierno porque no es preceptivo, el Comité de Bioética de España dio a conocer el 7 de octubre, a “toro pasado” cuando el proyecto de Ley ya estaba en el Parlamento, su “Opinión a propósito del proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”. Dicho documento fue aprobado por el Comité con un solo voto particular discrepante. Como decía la nota de prensa, realmente se trata de una opinión a propósito de la interrupción voluntaria del embarazo en el proyecto de Ley Orgánica.
La opinión del Comité se concreta en nueve conclusiones, que se resumen a continuación:
Primera: Considera que el Estado tiene obligación de solucionar el problema social de la interrupción voluntaria del embarazo con “el debido respeto a los principios éticos y a los derechos fundamentales implicados, al nasciturus como bien jurídico constitucionalmente protegido y con las máximas condiciones de seguridad para las personas”.
Segunda: Considera que la Ley de despenalización del aborto (art. 417 bis del Código Penal) ha sido interpretada o aplicada de manera insatisfactoria, haciendo referencia explícita al uso extralimitado del “grave riesgo para la salud psíquica de la madre”. Por ello considera necesaria una nueva legislación.
Tercera: Considera necesario que se establezca claramente la distinción entre “edad embrionaria” (que toma como día primero el de la fecundación) y “edad gestacional” (que comienza a contar el tiempo de embarazo desde el inicio de la última menstruación), habiendo entre ellas aproximadamente dos semanas de diferencia. En efecto, cuando se dice que una mujer “está de tantas o cuantas semanas” se está tomando como punto de referencia el día inicial de la última menstruación (edad gestacional) aunque en realidad la fecundación ocurrió dos semanas después (edad embrionaria). Por ello, el Comité recomienda que en el texto legal se sustituya el término “gestación” por el de “edad gestacional”.
Yo no estoy de acuerdo con la definición de “edad gestacional” que propone el Comité porque el término “gestación” en Biología se refiere al “período intrauterino del desarrollo de un embrión” (Diccionario Henderson de Términos biológicos, 9º ed., 1979). Aún más, el prestigioso ginecólogo profesor José Botella, comentando la STC 53/1985, decía (Ya, 18-4-85): “para obstretas y endocrinólogos, la gestación comienza seis días y medio después de la fecundación…cuando el concepto se implanta (empieza implantarse) en el útero. La gestación es un fenómeno propio de los mamíferos euterios…y supone la penetración del embrión dentro del cuerpo materno en el interior de sus estructuras titulares. Como esta penetración sólo aparece en el momento de la implantación hay casi una semana en la que existe una vida nueva, pero propiamente hablando no hay todavía gestación”. Por otro lado, ya en 1985, la Sociedad Alemana de Ginecología consideraba que el embarazo comienza con el final de la anidación del embrión en el útero materno, no con la fecundación.
En este punto me parece importante recordar –como se ha señalado anteriormente– que los conceptos biológicos y médicos de fecundación y gestación aparecían confusos ya en la Sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional (fundamento jurídico 5, párrafos a, b y c). La cuestión que se puede plantear ahora es cuál es el significado del término “gestación” en el proyecto de Ley que se discute para saber con precisión de qué se está hablando cuando en los artículos 14 y 15 de la Ley se mencionan, respectivamente, los plazos de “dentro de las primeras catorce semanas de gestación” y “que no superen las veintidós semanas de gestación”. Aunque lo lógico sería suponer que se está hablando en términos biológicos (edad embrionaria) –es decir, que se trata del tiempo de desarrollo a partir de la fecundación según el criterio del Comité de Bioética de España– sin embargo, es posible que haya una tendencia a interpretarlo como edad gestacional. Y esto crea confusión.
Cuarta: Esta conclusión dice literalmente que “la semana doce del desarrollo embrionario (semana catorce de edad gestacional) constituye un hito relevante del proceso constitutivo de la organogénesis. Ello permite establecer una diferencia cualitativa en la valoración ética y jurídica del feto antes y después de esa fecha. Dicha diferencia cualitativa justifica que se sitúe el límite permitido para la interrupción voluntaria del embarazo en las doces semanas de desarrollo embrionario, equivalentes a catorce de edad gestacional.”
En mi opinión, me parece que la afirmación es demasiado tajante porque, desde el punto de vista del desarrollo biológico humano, muchos autores sitúan ese hito importante de la organogénesis en el paso de embrión a feto; es decir, al final de la octava semana y principio de la novena semana de desarrollo embrionario. De hecho, el propio documento sitúa el proceso de organogénesis entre la octava y la duodécima semana aunque luego se queda con las 12 semanas, encajando mejor con el texto legal. Además, por otro lado, no se ve tan claramente por qué ese hito biológico implica una diferencia cualitativa en la valoración ética y jurídica del feto que justifique el límite para la autorización legal de la madre para decidir libremente la inducción del aborto.
Quinta: Recordando el criterio del Tribunal Constitucional, el Comité señala que “el Estado tiene la doble obligación de proteger al no nacido como bien jurídico constitucional, por un lado, y la dignidad y autonomía de la mujer y sus derechos fundamentales, por otro lado, y que ninguna de ambas obligaciones tiene carácter absoluto, de manera que la norma legal tiene que establecer las condiciones y razones por la que una de las obligaciones pueda prevalecer sobre la otra.” La cuestión es que muchos pensamos que las alusiones al “libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad o a la libertad ideológica de la mujer” (art. 12) no justifican la libertad de provocar su aborto.
Sexta: Considera el Comité que “el establecimiento de un plazo para interrumpir voluntariamente el embarazo significa que el Estado no exige a la mujer que haga explícita su motivación, respetando así su libertad de decidir en el entorno de su intimidad” y que, a su juicio, “dicha solución no comporta una desprotección absoluta de la vida prenatal, al limitarse la interrupción del embarazo a un período de tiempo determinado y al exigir que la mujer sea ampliamente informada”. En mi opinión, tal como se indicaba en el comentario de la conclusión anterior, el precio que se paga por el respeto a la libertad de decisión en el entorno de la intimidad de la mujer es enorme (la vida de un ser humano, embrión o feto) y, además, no me convence la justificación que ofrece el Comité en razón del tiempo limitado para practicar el aborto (14 semanas) y la obligación de que sea informada.
Séptima: Considerando que estamos en una sociedad plural, el Comité considera lógico que haya “diversidad de juicios y de opiniones sobre el fundamento ético último que pueda justificar tanto la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo como la prohibición total del mismo” y que una norma como la que contempla el proyecto de Ley no impone comportamiento específico alguno a quienes no la compartan.
Octava: El Comité considera que el proyecto de Ley debería incorporar las previsiones que garanticen la necesaria dotación presupuestaria para su desarrollo en relación con la mejora de las prácticas de educación sexual y reproductiva y las políticas de protección a la mujer embarazada para evitar al máximo los casos de aborto.
Novena: El Comité considera razonable la edad de 16 años para que la mujer pueda tomar la decisión de interrumpir el embarazo con plena autonomía, sin negarle el derecho a la confidencialidad. Defendiendo la plena autonomía de la menor, sin embargo el Comité insiste en la conveniencia de que en la información que se le dé se incluya la recomendación de informar a los padres o tutores. Por mi parte, en un lugar anterior de este escrito he mencionado la incongruencia de rebajar la “mayoría de edad sexual” a los 16 años para la decisión del aborto voluntario cuando la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida exige la mayoría de edad civil de los 18 años.
Décima: El Comité considera constitucional la objeción de conciencia de los “profesionales” (¿todo el personal sanitario?) y manifiesta la urgencia de regular su ejercicio, haciendo mención al artículo 10.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Finalmente, en el contexto de los Comités de Bioética españoles, cabe mencionar que el Comité de Bioética de Cataluña aprobó una resolución apoyando totalmente al anteproyecto de Ley, tanto en lo que afecta a la regulación de los plazos para abortar como a que las menores entre 16 y 18 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres.
En manifestaciones públicas, el Defensor del Pueblo se ha mostrado partidario de una ley de plazos que regule la posibilidad de abortar, tal como establece el anteproyecto de Ley, pero añadiendo que lo lógico y lo razonable sería que los padres sean informados cuando sus hijas menores de edad soliciten abortar.
Como era de esperar, con fecha 17 de junio de 2009, la Conferencia Episcopal Española (CEE) a través de su CCXIII Comisión Permanente hizo una extensa Declaración en contra del anteproyecto de “ley del aborto”, denunciando que se pretendiera convertir en “derecho” lo que es un atentado contra la vida de los que van a nacer.
La Declaración de la CEE señala que cuando en el Artículo 3.2 de la Ley se dice que “se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida”, en realidad no significa que toda mujer tiene derecho a elegir si quiere o no quiere ser madre, sino que tiene derecho a decidir eliminar a su hijo ya concebido y que, según el Artículo 14, en las primeras catorce semanas la gestante puede decidir libremente sobre la muerte del que va a nacer, calificando el aborto provocado como un derecho que habría de ser protegido por el Estado.
Ante las opiniones manifestadas por los organismos oficiales consultados y las declaraciones a título individual (por ejemplo, el Defensor del Pueblo) o colectivo (Comités de Bioética, Conferencia Episcopal, etc.), se produjeron algunos cambios en la redacción del texto inicial. En cualquier caso, insisto, en los debates el “bosque” –el derecho a la vida del nasciturus– ha sido ocultado por el “árbol” –la mayoría de edad sexual para decidir de la chica entre 16 y 18 años.
Como tuve ocasión de escribir en otro lugar (Lacadena, 2009), en el fragor de la controversia social, la Ministra de Igualdad del Gobierno de España, Bibiana Aído, responsable del anteproyecto de Ley en cuestión, tuvo muchas intervenciones más o menos llamativas. Entre ellas merece citarse aquella de una entrevista radiofónica en la que le preguntaron cómo consideraba a un feto de trece semanas, a lo que respondió: “Un ser vivo, claro, lo que no podemos hablar es de ser humano porque eso no tiene ninguna base científica”[sic]. Aparte su mayor o menor grado de conocimientos biológicos, la ministra Aído no podía haber contestado otra cosa porque, dado que España está obligada a cumplir la Convención de Derechos Humanos y Biomedicina (1997) que en su Artículo 1 dice que “las partes protegerán la dignidad de todo ser humano”[la cursiva es mía], tuvo que resguardarse bajo el paraguas de la supuesta base científica de su afirmación para justificar lo injustificable y no entrar en una incompatibilidad con una norma jurídica que España tiene obligación de cumplir. Yo, desde la Genética y la Biología, disiento de la opinión de la ministra Aído porque considero que el feto de trece semanas (y mucho antes) es un ser humano aunque esté aún en fase de desarrollo.
Hace muchos años que se viene discutiendo en foros pluridisciplinares (biología, derecho, filosofía, teología) sobre el significado de términos como “ser humano”, “individuo”, “persona” y “dignidad humana”. No se trata, aquí y ahora, de hacer una extensa disquisición sobre el tema. Solamente me referiré a la ambigüedad con que se usan tales términos en algunos textos legales del más alto grado normativo o de declaraciones institucionales del más alto nivel. Por ejemplo [la cursiva es mía],
• Constitución Europea (Art. II-61): “La dignidad humana es inviolable”
• Constitución Española (Art.10.1): “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes,…” (Art.15): “Todos tienen derecho a la vida…”
• Convención de Derechos Humanos y Biomedicina 1997 (Art.1): “Las partes protegerán la dignidad de todo ser humano”
• Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos 1997 (Art.2): “Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad”
• Declaración Universal de la UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos 2005 (Art.1.a): La Declaración trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos. (Art.2): Los objetivos…iii) promover el respeto de la dignidad humana… respeto de la vida de los seres humanos. (Art.3): a)…respetar plenamente la dignidad humana. b)…el bienestar de la persona…prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad.
Teniendo en cuenta la realidad del aborto en la sociedad actual, cuando se leen estos textos cabe preguntarse si pueden aplicarse al ser humano no nacido porque ¿hay algo que atente más a la dignidad humana que la destrucción y muerte del embrión o el feto humanos?
En el presente contexto, me parece oportuno señalar que en el mundo incoherente en que vivimos –donde se gastan miles de millones de dólares en armamento cuando hay millones de personas que viven en la pobreza o se arrojan excedentes de alimentos al mar para que no baje su precio en los mercados cuando hay millones de personas que mueren de hambre– se dan también incongruencias como las de algunos grupos defensores de la naturaleza o de los derechos de los animales que se declaran partidarios del aborto, como si la especie humana no fuera parte de la naturaleza. Son capaces de defender un nido de aves, pero no la vida del embrión o del feto humano.
A la pérdida de valores en la sociedad española que supone la ley del aborto que se quiere implantar hay que añadir la frivolización de las relaciones sexuales que implica la dispensación libre en las farmacias de la píldora postcoital o “píldora del día siguiente” dispuesta por el Ministerio de Sanidad y Política Social de España. Posiblemente, habrá muchas mujeres (especialmente adolescentes) que la utilizarán como si fuera un anticonceptivo. Lamentablemente, nuestra sociedad no anda con exceso de valores.
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Declaración sobre el anteproyecto de “Ley del aborto”: Atentar contra la vida de los que van a nacer, convertido en “derecho”. CCXIII Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Madrid. http://www.conferenciaepiscopal.es 2009.
LACADENA, J.R., “La naturaleza genética del hombre: Consideraciones en torno al aborto”, Cuenta y Razón, 10, 1983, 39-59.
LACADENA, J.R., “Una lectura genética de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto”, Jano, vol. XXIX Nº 665-H, 1985, 1557-1567.
LACADENA, J.R., “Ser vivo, ser humano y otras incongruencias”, Vida Nueva, 2.662, 2009, 11.
LACADENA, J.R., “Aborto: reflexiones jurídicas y éticas en torno al anteproyecto de ley español”, Rev. Facultad Derecho, Univ. Nacional San Agustín, Arequipa, Perú (en prensa), 2009.
LACADENA, J.R., “Reflexiones éticas y jurídicas en torno al proyecto de Ley sobre el aborto” (versión en galego), Encrucillada, (en prensa), 2009.
Desde estas líneas pido disculpas y agradezco anticipadamente su comprensión a las revistas implicadas por la necesidad lógica de tener que utilizar mayoritariamente los textos de otros trabajos previos del autor que se indican a continuación:
LACADENA, J.R., “Reflexiones éticas y jurídicas en torno al proyecto de Ley sobre el aborto (versión en galego)”, Encrucillada, (en prensa), 2009.
4. En todos los supuestos y con carácter previo a la prestación del consentimiento, se habrá de informar a la mujer en los términos de los artículos 4 y 10 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, y específicamente sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo.
“Artículo 145.
2 .La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de multa de seis a veinticuatro meses.”
“Artículo 145 bis.
2. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas previstas en este artículo en su atad superior cuando el aborto se haya practicado a partir de la vigésimo segunda semana de gestación.
Tres. Se suprime el inciso “417 bis” de la letra a) del apartado primero de la disposición derogatoria única.
“4. La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación.”
Juan Ramón Lacadena 4031 views 0 likes Oct 28, 2009 Comentarios jurí­dicos no comments Share

References: artículo 417
 artículo 417
 Artículo 417
 artículo 417
 artículo 12
e contrario
 artículo 12
 artículo 12
 Artículo 15
 Artículo 15
 Artículo 2
 Artículo 15
 Artículo 15
 artículo 2
 Artículo 17
 Artículo 17
 artículo 417
 Artículo 417
 artículo 145
 artículo 145
 artículo 145
 artículo11
 artículo 15
 artículo 10
 resolución 
 Artículo 3
 Artículo 14
 Artículo 1