Source: http://liberation-progressif.blogspot.com/2007/12/
Timestamp: 2019-10-14 01:51:15+00:00

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progressif: diciembre 2007
Un año de atracos sin fin
Un sombrío inicio de año y un final sin gloria y con mucha penas es el resultado de un año plagado de pifias, prepotencia, violaciones a los derechos humanos, incremento en cascada de precios y un pelele que demostró a pulso que el mote es una descripción más que una denostación.
No cabe duda que las promesas del PRIAN, ni se cumplen, ni tienen peso alguno sobre las decisiones de quienes las hicieron. Se trata de una gran burla a la ciudadanía, mientras que los poderes fácticos son los que reciben los “premios” por el fraude y la corrupción de los tres poderes de la Unión.
Para nadie es un secreto la alta corrupción, falta de ética y la venta de favores por parte de los tres poderes que conforman el Estado de derecho en México. Esa dinámica es la que ofrece como primer saldo de la continuidad desastrosa del panismo, aberraciones como la devolución de millonarios impuestos a los grandes empresarios del fraude, mientras que al ciudadano de a pie se le aplican sin más los incrementos a los productos básicos, a la par que un raquítico y miserable incremento a su Salario.
Los cientos de miles de mexicanos que emigran a Estados Unidos se suman a los millones que trabajan en condiciones de pobreza laboral y los otros tantos millones que se encuentran sin empleo en el país.
Ese panorama es el marco para la entrada en vigor de la libre importación de granos, el incremento a los combustibles y electricidad y la continuación descarada del saqueo de los bienes nacionales y el robo sin freno por el alto costo de la vida. Pagar más por los pésimos servicios de telefonía, internet, televisión, trámites administrativos, etc, es la forma de continuar exprimiendo los bolsillos de los mexicanos. El resultado son fortunas millonarias, no de formidables empresarios con visión, sino de una pandilla de ladrones que se han apoderado de México.
La siguiente información fue tomada de la revista Proceso.
El sombrío 2008
Como hacía muchos años no lo experimentaba –prácticamente desde la macrodevaluación del peso de finales de diciembre de 1994, que desató en enero de 1995 la crisis económica más aguda de la historia reciente–, el país iniciará un año nuevo, 2008, en medio de la incertidumbre y la zozobra.
Sobre el ciudadano común y corriente, lo mismo en el campo que en la ciudad y aun en los mexicanos que viven en Estados Unidos; sobre las empresas, las organizaciones sociales, las instituciones educativas… en todo el tejido social, se cierne un panorama, por decir lo menos, desolador.
En todos los frentes el acoso será implacable. Y desde el primer día del año se iniciará el embate: aumentos a las gasolinas y a la energía eléctrica; nuevos impuestos que aumentarán la carga fiscal a todos los contribuyentes y debilitarán más los frágiles empleos, y la liberalización absoluta de las importaciones de maíz, frijol, azúcar y leche, en el marco del TLCAN, que agudizará la pobreza en el campo y dará jugosas ganancias a los especuladores.
De hecho los asalariados peor remunerados iniciarán el año perdiendo, por el grosero aumento de dos pesos al salario mínimo, decretado hace 10 días, que aleja cada vez más a millones de mexicanos de la canasta alimenticia recomendable, que ya supera los 100 pesos mientras que el salario mínimo diario será de 51 pesos en promedio a partir del martes 1.
La expectativa se complica por la inminente recesión en Estados Unidos. Todos los análisis en ese país coinciden en que el próximo semestre será negro para la economía estadunidense. Alan Greenspan, extitular de la Reserva Federal, el banco central de ese país, ha dicho que “lo peor está por venir”.
Y si así sucede, el panorama será peor para la economía mexicana, tan estrechamente dependiente de aquélla. Bajará el monto de las remesas, caerán las exportaciones, se desacelerarán sectores enteros de la economía, se achicarán o cerrarán empresas, caerá la tributación y se desplomará el empleo… aumentará la migración.
Las administraciones del Partido Acción Nacional han dado muestra de que el impulso al empleo no se les da. En los años de gobiernos panistas se han registrado las tasas más altas de desocupación nacional y de pérdida de empleos, según el INEGI.
Peor todavía: aun sin recesión estadunidense, la economía mexicana registró uno de los peores comportamientos en 2007, con un crecimiento del PIB de apenas 3.3%, contra 5.6% del promedio en América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Y para 2008, el propio organismo internacional prevé para México un crecimiento similar al de este año, muy distante del 8.5% que augura para Panamá, incluso por abajo del 4% que se espera para Haití.
Y no hay nada que, por ahora, lleve al optimismo. Los ingresos adicionales que supuestamente dejará la reforma fiscal no son seguros, a causa de la desaceleración económica. Inclusive se reconoce oficialmente el desplome de la producción petrolera, que se agravará por la creciente importación de gasolinas, y que no será compensada ni con los altos –y volátiles– precios internacionales del petróleo. El propio gobierno advierte que no falta mucho para que seamos importadores netos de crudo.
El 2008, en fin, se asoma sombrío.
Sin llenadero
En guerra contra el Estado, Ricardo Salinas confronta al Congreso por la reciente reforma electoral y al mismo tiempo pelea que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le devuelva más de 596 millones de pesos de una multa que, según él, le fue cobrada de manera indebida a Unefon. Y aunque el último día de la administración de Vicente Fox recibió 550 millones, el dueño de TV Azteca está lejos de conformarse con los poco más de 46 que restan: quiere 3 mil 57 millones “por intereses y recargos”.
Expansivo y con intereses lo mismo en el sector financiero que en el telefónico, televisivo, mueblero e inmobiliario, Ricardo Benjamín Salinas Pliego se transforma también en ensamblador de carros de bajo costo: se asoció con la compañía china Faw y ya inició la construcción de la primera planta armadora.
El multimillonario que ocupa el lugar 228 en la lista de Forbes tiene una estrategia que le ha dado grandes dividendos y pretende aplicar otra vez: el conflicto judicial para obtener el pago de supuestas deudas.
El nuevo negocio de Salinas Pliego consiste en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le pague la friolera de 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y recargos de un pago que realizó Unefon, compañía de su propiedad, para obtener concesiones en telefonía inalámbrica.
Este monto, que representa alrededor de 9% del presupuesto de la SCT, es reclamado por Unefon a pesar de que la misma secretaría le entregó el 30 de noviembre de 2006, el último día de la administración foxista, un total de 550 millones de pesos, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
De acuerdo con la sentencia, la SCT aún debe pagarle a Unefon 46 millones 385 mil pesos para sumar 596 millones 385 mil pesos, monto global por el “cobro indebido de los intereses” de una multa que le interpuso la SCT a Unefon en 1998.
Sin embargo, a la compañía de Salinas Pliego ya no le basta que le paguen el faltante de 46 millones. Desde junio pasado litiga el pago de 3 mil 57 millones de pesos que defiende como monto total por la retención de su dinero durante los casi cinco años que duró el pleito con la SCT.
El argumento de Marco Polo Castro Pérez, representante legal de Unefon, es que la suma que ya le pagaron (550 millones) “no alcanzó a cubrir el monto principal del pago de lo indebido, ni la actualización ni los intereses por la mora en la devolución”.
En los cálculos que realiza en su demanda del 20 de diciembre de 2006, de la cual Proceso obtuvo una copia, la compañía exige que le paguen 329 millones 907 mil pesos, más 2 mil 727 millones de intereses generados durante cinco años. La cifra da un total de 3 mil 57 millones 94 mil pesos.
El caso ha causado nerviosismo en la SCT y provocó que el senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, promoviera el jueves 13 un punto de acuerdo en el que califica de “ilegal” la pretensión de Unefon, considera que las autoridades y la empresa se coludieron para otorgarle 550 millones de pesos al final del sexenio foxista a la compañía de Salinas Pliego y pide una investigación al respecto de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la contraloría interna de la SCT.
Sotelo, legislador del PRD, no menciona a Salinas Pliego en su punto de acuerdo, pero sí señala al entonces subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Álvarez Hoth, como responsable de posible quebranto por haber autorizado el pago de 550 millones de pesos “sin mediar apremio o requerimiento de autoridad jurisdiccional, el último día del sexenio anterior” y sin haber exigido el finiquito de la deuda.
En su punto de acuerdo, el legislador interpretó que esta irregularidad permitió que Unefon “reclame ahora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras prestaciones, el pago de 3 mil 57 millones de pesos”.
Álvarez Hoth desmiente a Sotelo. Señala que sí había un apremio judicial en la sentencia del 6 de abril de 2004 y la resolución del 20 de abril de 2006, ambas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para pagarle a Unefon los 596 millones de pesos, y sostiene que no existe relación entre los 550 millones pagados y los 3 mil 57 millones que pretende cobrar Salinas Pliego, ya que este último caso aún espera resolución.
“A mí que me auditen y me reclamen por lo que yo tenía que devolver por sentencia definitiva de pago de lo indebido”, afirma Álvarez Hoth, consultado por Proceso.
El exsubsecretario de Comunicaciones y Transportes precisa que la devolución de 550 millones de pesos no fue realizada por la subsecretaría a su cargo, sino por la Tesorería de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda, que autorizó las reclasificaciones del presupuesto de la SCT para obtener el monto que debían pagar a Unefon.
Sobre la omisión cometida al no exigir el finiquito, Álvarez Hoth señala que “no procede porque la devolución es de 596 millones de pesos a valor histórico y faltan por devolver 46 millones que se dejaron en Adefas (adeudos de ejercicios fiscales anteriores) de 2006”.
Álvarez Hoth insiste en que es importante diferenciar los 596 millones de pesos “que nacen de unas prórrogas mal dadas y unos intereses mal establecidos” a favor de Unefon, de los 3 mil 57 millones que ésta pretende cobrar como si se tratara de un crédito fiscal.
Advierte que la devolución de los 46 millones de pesos restantes es responsabilidad de la actual administración. En todo caso, agrega, hay que investigar las responsabilidades por daño patrimonial contra la SCT por parte de funcionarios que “establecieron mal una multa y que se tuvo que devolver”.
“A Sotelo lo malinformaron y estoy dispuesto a platicar con él y con la comisión”, establece Álvarez Hoth.
El expediente original del caso revela que tanto el secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio zedillista, Carlos Ruiz Sacristán, como Javier Lozano Alarcón, entonces presidente de la Cofetel, le otorgaron de manera irregular dos prórrogas a Unefon para que pagara el saldo de la contraprestación por el aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia para telefonía inalámbrica.
Ambas prórrogas se realizaron en contra de las bases de licitación que la Cofetel emitió en junio de 1997 para explotar por 20 años frecuencias para telefonía inalámbrica, fija y móvil. Estas bases estipularon que las compañías ganadoras debían pagar cuando menos 20% de la contraprestación como pago inicial, y posteriormente el resto.
El 31 de agosto de 1998, Javier Sarro Cortina, representante de Unefon, le solicitó a Lozano Alarcón una prórroga de 180 días para pagar el 80% restante de la contraprestación y dijo que la empresa estaba “dispuesta a pagar los intereses razonables que se generen”, para no causarle “menoscabo patrimonial” al gobierno federal.
El documento del pleno de la Cofetel (folio P/290998/0218) comprueba que este organismo acordó otorgar una prórroga de 180 días para el pago del 80% de la contraprestación, contada a partir del 1 de octubre de 1998, y estipuló el pago de tasas de interés: los primeros 90 días a una tasa TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más 8%; y el segundo período de 90 días, una tasa TIEE más 10%.
El acuerdo fue firmado por Javier Lozano Alarcón, actual secretario de Trabajo, y por los comisionados Jorge Lara Guerrero, Jorge Arreola Cavazos y Enrique Melrose Aguilar.
En marzo de 1999, un oficio de Unefon dirigido al titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán, reconoció que la compañía tenía pendiente de pagar 2 mil 96 millones 724 mil pesos, equivalentes a 80% de la contraprestación, más 453 millones 681 mil pesos por los intereses generados, y le solicitó una segunda prórroga “para cubrir el saldo insoluto de la contraprestación”.
El 29 de marzo de 1999, mediante oficio dirigido a Ruiz Sacristán, Javier Lozano Alarcón, presidente de la Cofetel, emitió su opinión favorable para otorgar a Unefon la nueva prórroga solicitada. Ese mismo día, el titular de la SCT se lo informó a la compañía, que dio su consentimiento “con todas y cada una de las condiciones establecidas”.
El plazo para la nueva prórroga vencía el 15 de junio de 1999, pero antes Unefon comenzó a litigar en contra de lo acordado con las autoridades de la SCT y la Cofetel. En septiembre de 1998, un oficio del abogado de Unefon, dirigido a la Cofetel, le advierte que el anticipo parcial entregado por la compañía fue “un pago de lo indebido” y le solicita la devolución de esa cantidad.
En su ruta de litigio jurídico, Unefon promovió el 6 de octubre de 1999 un recurso de revisión, y en enero de 2000 un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conseguir la devolución del pago.
El 6 de abril de 2004 la Primera Sala Regional Metropolitana dictó una sentencia favorable a Unefon. La magistrada María Concepción Martínez Godínez le dio la razón a la compañía de Salinas Pliego porque a su juicio fue indebido que la SCT estipulara el pago de intereses de Unefon a cambio de la prórroga concedida.
La SCT impugnó la sentencia, pero el 2 de marzo de 2005 el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró infundado el recurso de la secretaría.
Dos años después, ante el incumplimiento de la sentencia favorable, Unefon interpuso una queja y, el 20 de abril de 2006, la Primera Sala Regional Metropolitana estableció que le correspondía a la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes pagarle a la compañía lo reclamado.
Después de presiones y gestiones de Unefon al interior de la SCT, el 29 de noviembre del mismo año la subsecretaría a cargo de Álvarez Hoth le informó a Unefon que el monto total pagado por concepto de intereses ascendía a 596 millones 385 mil pesos.
El 30 de noviembre de 2006, con recursos de las economías de la SCT, determinados por la Secretaría de Hacienda, se le pagaron 550 millones de pesos a Unefon, y quedaron pendientes 46 millones de pesos.
Veinte días después (el 20 de diciembre de 2006) el representante legal de Unefon, Marco Polo Castro Pérez, realizó cuentas alegres para demandar, ya no sólo el pago de aquellos 46 millones, sino de 3 mil 57 millones de pesos, como si se tratara de un crédito fiscal que se le tuviera que devolver a la empresa.
Castro Pérez nunca mencionó en su oficio, del cual Proceso obtuvo una copia, que el origen de esta danza de millones fue la petición de una doble prórroga solicitada por Unefon y concedida de manera irregular por las autoridades de la Cofetel y la SCT.
Hasta el momento, ni Luis Téllez, actual titular de la SCT, ni Rafael del Villar, subsecretario de Comunicaciones, han autorizado el pago de los 46 millones 385 mil pesos restantes a Unefon, a pesar de que consta desde enero de 2007 que existen las gestiones ante la Tesorería de la Federación (Tesofe) para pagarle a la empresa de Salinas Pliego a través del Centro de Cómputo Bancario (Cecoban).
Tampoco han señalado públicamente cómo responderán a la demanda por los 3 mil 57 millones de pesos que exige Unefon.
El “riesgo Salinas”
No es la primera vez que Ricardo Salinas Pliego y su compañía Unefon enfrentan un escándalo. En enero de 2005, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) hizo pública su demanda de fraude contra tres altos funcionarios de TV Azteca por el caso Unefon-Codisco: Salinas Pliego, Luis Echarte y Pedro Padilla Longoria.
Fue la primera ocasión que la SEC acudió a los criterios de la ley Sarbanes-Oxley, que busca sancionar el fraude contra accionistas minoritarios cometido a través de estratagemas financieras. A Salinas Pliego se le acusó de obtener ilegalmente ganancias al recomprar deuda de Unefon a través de otra de sus empresas, Codisco. Por esta operación obtuvo una ganancia de 109 millones de dólares, de la cual no informó a sus accionistas minoritarios.
La reacción de la prensa especializada (como The Wall Street Journal) y de las corredurías fue inmediata: comenzó a generalizarse el uso del concepto “riesgo Salinas” para nombrar los peligros a los que se enfrentan los accionistas bursátiles que se involucran con alguna de las compañías del dueño de TV Azteca.
El 5 de enero de aquel año, a raíz del escándalo en Estados Unidos, el secretario de Hacienda foxista, Francisco Gil Díaz, confirmó que las transacciones bursátiles de TV Azteca se encontraban bajo revisión y análisis de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A partir de entonces se inició la guerra mediática de TV Azteca contra Gil Díaz.
A casi dos años de ese escándalo, el “riesgo Salinas” parece haberse diluido en los ambientes bursátiles mexicanos y estadunidenses. Principal accionista de la segunda cadena privada de televisión en México, Salinas Pliego no ha dudado en usar la pantalla contra sus críticos y los legisladores que impulsaron la reciente reforma electoral.
En una entrevista con Mauricio González Lara, en el portal Alta Empresa, Salinas Pliego dio nuevas muestras de su talante empresarial.
“–El Poder Legislativo –preguntó González– les dijo en cadena nacional que no se hicieran bolas, que la televisión era un bien público.
“–¡A toda madre! ¿Cómo bien público? ¿Y dónde está el dinero público? Están muy mal, son unos mentirosos y ladrones, nos han despojado de nuestro legítimo trabajo sin compensaciones. Es un robo, nos han confiscado nuestro tiempo y nuestra audiencia para servir a sus intereses. Así que la empresa no es un bien público, es de sus accionistas.”
A pesar de estos desplantes, Salinas Pliego busca ahora un bien público: 3 mil millones de pesos en su beneficio.
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Cuando el gobierno pierde la vergüenza, el pueblo pierde el respeto**
*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo.
**Tomado del periódico La Jornada.
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Deseoso de elevar a su pupilo a las cimas de la mundana gloria, el obispo en realidad por poco lo lleva a la tumba. Ocurrió así: antes que saltara a la arena el último de la tarde, Onésimo le dijo al muchacho que se situara en el centro del ruedo y esperara de rodillas al animal para engañarlo con el capote. En ese momento, el prelado exhibió nula caridad cristiana y total falta de colmillo al emitir semejantes recomendaciones, porque los cinco toros previos habían sido pésimos, de manera que no tenía por qué esperar que el sexto fuera distinto.
Y no lo fue. Salió corriendo a todo trapo y pasó por encima de Xavier a punto de arrancarle la cabeza. No obstante, el muchacho se arrodilló de nuevo, ahora junto a las tablas, para volver a tratar de torearlo de hinojos, pero la bestia le hundió un cuerno en la axila derecha, lo aporreó contra la madera, se lo echó al lomo y le clavó el otro pitón en el muslo zurdo, antes de abrirle un boquete más en la frente y dejarlo como santocristo.
Con su inmenso crucifijo metálico sobre el pecho, el obispo lo acompañó a la enfermería, detrás de los monosabios que lo cargaban taponando como podían las tres hemorragias. A esa misma hora, pero en Coahuila, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, denunciaba que sus oficinas acababan de ser asaltadas por desconocidos que le robaron documentos, y señaló con todas sus letras que los autores de los hechos bien podrían ser miembros del Ejército Mexicano.
Esto, subrayó, en represalia por la resuelta defensa que ha hecho de los familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos y de un grupo de sexoservidoras de la localidad de Castaños, que en julio del año pasado fueron violadas tumultuariamente, durante largas horas, por un pelotón de soldados borrachos de alcohol y de drogas, que abandonaron las oficinas del IFE, donde “cuidaban” los votos del 2 de julio en la ciudad de Múzquiz, para irse de farra de tan mala y bestial manera.
Algunos de esos soldados fueron juzgados y condenados a varios años de cárcel, merced a una sentencia que monseñor Vera considera insuficiente, y tras la cual ha recibido toda clase de amenazas. A quienes leímos las crónicas del reciente encuentro de varios distinguidos intelectuales con el señor Marcos en la ciudad de San Cristóbal nos llamó la atención que nadie hiciera un llamado a la solidaridad para con el obispo de Saltillo, un hombre que una década atrás se jugó muchas veces la vida protegiendo a las comunidades indígenas de Chiapas.
A lo largo de ese encuentro, el señor Marcos explicó a sus visitantes que el pequeño movimiento que encabeza pretende reunir a toda la izquierda “antisistémica” en una lucha anticapitalista (no contra Felipe Calderón sino contra López Obrador, acoto yo). Sin embargo, omitió informarles que ese objetivo (el de aglutinar a todas las izquierdas), ya lo alcanzó el Frente Nacional Contra la Represión, que encabeza doña Rosario Ibarra de Piedra, y que se está convirtiendo en una coordinadora de todos los movimientos que resisten los embates de la dictadura del PRI, del PAN y de una parte del PRD, es decir, del salinismo.
Un espacio como ese, que responde a la violencia desatada por Calderón contra el descontento general, tendrá una gran importancia en la nueva fase que se inicia con 2008 por la defensa a toda costa del petróleo. Pero basta de cosas tristes por ahora, porque sigue colgada en la red y a la disposición de quien desee disfrutarla, la novela Adiós cara de trapo, que en sus primeras dos semanas de difusión cibernética ha recibido más de 2 mil 600 visitas (consúltela en www.adioscaradetrapo.blogspot.com).
Y ya que de hígados hablamos, Desfiladero se complace en anunciarles que, desde Buenos Aires, la chef Narda Lepes lanza al mundo una exquisita receta para hacer paté y compartirlo con ustedes la noche del 31. Es muy fácil, pero tienen que hacerla entre hoy y manaña a más tardar. Vean…
En un plato de leche remojen 200 gramos de hígado de pollo durante 30 minutos. Echen 100 gramos de tocino picado al fondo de un sartén caliente (sin aceite) para que se funda la grasa. Añadan, partida en trocitos, una pechuga de pollo hasta dorarla. Sáquenla y cubran ahora el sartén con una cebolla mediana, finamente cortada, hasta que cambie de color. Coloquen de nuevo la pechuga y, ahora sí, el hígado, más ramitas de tomillo, hojas de laurel, sal y pimienta.
Vigilen que no se cueza demasiado –el hígado tiene que estar rosa por dentro–, arrojen todo, así calientito, a una licuadora; agreguen mantequilla, crema y vino tinto hasta que todo se convierta en un muy espeso puré. Cubran el molde que escojan con plástico transparente, distribuyan el puré alisándolo por arriba con una pala, tápenlo con plástico también por arriba y déjenlo en el refrigerador por lo menos 24 horas hasta el momento de usarlo. Es mucho más sabroso si al servirlo lo adornan con una franja de mermelada de durazno o de manzana o de la que más les guste. ¡Y que sea un feliz año, pues como quiera que venga será de alegría y de lucha!
*Tomado del periódico La Jornada.
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Condiciones de esclavitud laboral, marca registrada del PRIAN
El desempleo en México afecta en mayor medida a la población entre 14 y 34 años de edad, la que se considera el bono demográfico. Es decir, el que un país cuente con una población mayoritariamente joven, que generaría los recursos para un sistema de pensiones nacional. Pero sí este segmento es el que más padece el desempleo, el mentado bono se va al caño. Claro que a los poderes fácticos no les importa, pues en teoría ya resolvieron el problema al crear las afores, aumentar la edad para la jubilación y reducir las prestaciones a la misma.
Pero todo es papel, y así será, cuando los millones de jubilados padezcan los rigores de una pensión raquítica. Ya se está viviendo hoy, pero aún no son tan numerosos para generar un disturbio social.
Datos del propio gobierno usurpador del pelele Felipe Calderón Hinojosa indican que la población entre 14 y 19 años es el segmento donde se registra el mayor desempleo, llegando al 20 por ciento y representando el 8 por ciento de la Población Económicamente Activa.
Otro dato de la Facultad de Economía de la UNAM –la institución con el mayor reconocimiento en el país- señala que 47 por ciento de las personas con trabajo ganan entre 1 y dos salarios mínimos al mes. Lo que representa entre 50 y 100 pesos diarios. Esta situación los obliga a buscar un segundo y hasta tercer empleo, además de que otros miembros de la familia se sumen a la contribución con el gasto familiar.
Además, el 67 por ciento de quienes cuentan con un empleo carecen de prestaciones sociales, como jubilación, vales de despensa o servicio médico. En pocas palabras se trata de condiciones totalmente violatorias de la Constitución que dice que el salario de los trabajadores deberá ser suficiente para garantizar el alimento, salud, casa, vestido, educación y diversión de una familia.
Mientras eso es letra muerta nos encontramos con los millonarios salarios que ganan los altos funcionarios de la burocracia, los jueces y los legisladores. Todos ellos pagados con los impuestos de todos. En tanto esos “representantes” populares hacen leyes para mantener sus salarios altos y los de la mayoría de la población, tan bajos, que se considera que están en situación de “pobreza laboral”. Para completar el panorama, los anuncios publicitarios de la temporada nos llaman a “redoblar” esfuerzos para salir adelante. ¿Se refieren a conseguir un cuarto empleo? ¿A que los bebés trabajen? ¿O a que demonios se refieren, quienes tienen a la sociedad mexicana en condiciones de esclavitud?
2007: Paradojas de la libertad de expresión
México, D.F., 27 de diciembre (apro).- El pasado 21 de diciembre, un grupo de escritores y comentaristas televisivos se unieron a la condena contra la reforma electoral con el mismo argumento planteado por la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra y las dos grandes empresas televisivas: los cambios constitucionales “conculcan la libertad de expresión”.
Ejemplificaron su queja de esta manera:
“Si sale un candidato racista o un xenófobo donde sea, no podríamos salir a rentar un spot y decir que estamos en contra”, afirmó Federico Reyes Heroles, conductor del programa de análisis político en Canal 13, de TV Azteca.
En otras palabras, la supuesta libertad de expresión conculcada por las reformas aprobadas en el Congreso se trata, en realidad, de la imposibilidad de comprar tiempo-aire en las estaciones televisivas y radiofónicas.
¿No se les ocurrió a los promotores de esta carta que los noticiarios de radio y televisión tendrían la obligación de difundir e informar sobre los puntos de vista sin necesidad de pagar?
Paradójicamente, los autonombrados guardianes de la libertad de expresión –con cargo a las cuentas publicitarias de Televisa y TV
Azteca-- no se escandalizaron con la resolución de la Suprema Corte de Justicia que exoneró al gobernador precioso Mario Marín de cualquier responsabilidad en el secuestro, acoso y persecución política en contra de la periodista Lydia Cacho.
Si un expediente está vinculado a la defensa de la libertad de expresión es el de Lydia Cacho. La reportera y directora de un centro de atención a mujeres en Cancún, por ejercer su libertad de expresión y el derecho a investigar sobre un asunto de múltiples aristas –las redes políticas y económicas de la pederastia--, ha sido perseguida políticamente por Marín, por el empresario Kamel Nacif y por una red tan amplia como poderosa que llega a la Cámara de Diputados y a varios gobernadores.
Seis de los cuatro ministros del pleno de la Suprema Corte consideraron que no hubo violación alguna a los derechos humanos de la autora de Los demonios del edén.
La airada reacción social no se hizo esperar a esta resolución. La sentencia de la Suprema Corte en el caso de Lydia Cacho ha constituido la peor crisis de credibilidad para los ministros frente a la opinión pública. No se necesitaron cartas de Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles, Luis González de Alba, Ramón Xirau o de Jorge Castañeda, para que una enorme franja de la población se diera cuenta de que, en la escandalosa exoneración a Mario Marín, se marcaban los límites de este sexenio a la libertad de expresión.
Y aquí está la segunda paradoja de este año: los mismos ministros que tuvieron la claridad, la valentía y el interés para estudiar la acción de anticonstitucionalidad de la Ley Televisa, los mismos integrantes del Poder Judicial que enmendaron con su resolución la sumisión absoluta del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo a las presiones de la empresa mediática más importante de América Latina, retrocedieron de manera clara en el caso de Lydia Cacho.
En el balance de este año, las deliberaciones y la resolución adoptada por la Suprema Corte en junio de 2007, en torno a la Ley Televisa, quedarán como uno de los debates más claros y pedagógicos sobre el derecho a la información, la libertad de expresión y el futuro de la radiodifusión y las telecomunicaciones en nuestro país.
La respuesta de Televisa y de TV Azteca frente a la osadía de los ministros, fue brutal. El linchamiento mediático salió a relucir. En especial, en la pantalla de Ricardo Salinas Pliego, que se plegó así a los intereses de Emilio Azcárraga Jean para demostrar que el duopolio cierra filas en momentos claves. Una serie de “reportajes” de Canal 13 insistieron durante varios días que, con su resolución, la Suprema Corte de Justicia provocó que en México retorne al “presidencialismo autoritario”, ya que “atentó contra organismos autónomos”, estableciendo una “neodictadura”.
Por supuesto, el mensaje iba dirigido también al presidente Felipe Calderón. El reproche de ambas televisoras es que no ejerció los privilegios de ese presidencialismo autoritario para frenar la resolución de la Corte.
La carta que tardíamente promovieron “los intelectuales” apadrinados por las televisoras, tuvo un antecedente singular: la rebelión de los principales comentaristas de televisión y radio contra la reforma constitucional en materia electoral. El 11 de septiembre, las torres gemelas de TV Azteca y Televisa –más las principales cadenas radiofónicas-- sumaron sus fuerzas para acudir a la sesión de comisiones dictaminadoras en el Senado y echar abajo las reformas mediante un singular reality show en cadena nacional, durante tres horas y media.
El resultado fue contrario al que pretendían las empresas al mandar al matadero a sus comentaristas estelares. En lugar de exhibir “la censura”, “la intolerancia” y “la partidocracia”, la transmisión de aquella sesión dejó claro que los representantes de los concesionarios y los dueños mismos de las estaciones de radio y televisión no tenían argumentos contundentes en contra de la reforma. Ignoraban su contenido, inventaron amenazas pero, sobre todo, exhibieron que la información en los medios electrónicos, especialmente la política y la electoral, es un negocio y no un derecho.
Con la ingenuidad que da el desconocimiento, la productora y conductora de Ventaneando, Patricia Chapoy fue la más clara de todo aquel selecto grupo de conductores y concesionarios. Su temor era que ya no pudiera decirle “guapo” en sus emisiones a Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, a partir de la reforma. La respuesta fue clara por parte de Ricardo García Cervantes, senador del PAN: decirle guapo o feo a un gobernante no se prohibirá. Lo que queda prohibido es facturar, cobrar, vender esos comentarios casuales, aparentemente ingenuos, que forman parte de la mercadotecnia de los políticos mexicanos y del gran negocio electoral subrepticio de las televisoras.
Peña Nieto ha sido uno de los más generosos en materia publicitaria. Entre 2006 y 2007, según los datos oficiales del estado de México, erogará un total de 266 millones 603 mil 840 pesos, de los que 53 por ciento ha sido para Televisa y 17.23 por ciento para TV Azteca. Esto, sin contabilizar los contratos con empresas “pantalla” de los directivos de Televisa, como TV Promo, que Proceso documentó en 2005.
A través de TV Promo. Peña Nieto tiene acceso privilegiado, todas las noches, a los espacios informativos nacionales como si se tratara de una figura relevante. No hay día en que Canal 2 no nos informe “desinteresadamente” de lo que hace el Golden Boy mexiquense. Se calcula que el convenio con TV Promo fue superior a los 700 millones de pesos.
De ese tamaño es el negocio de la publicidad disfrazada de información de las televisoras. El último intento de Televisa y TV Azteca para frenar la reforma constitucional se produjo entre el 12 y 20 de septiembre de este año. En una reunión de emergencia, convocada por los altos ejecutivos de Televisa y TV Azteca, el consejo directivo de la CIRT difundió en cadena nacional una reunión para condenar los cambios y, a propuesta de Sergio Sarmiento, convocar a un “referéndum por la libertad” en las entidades para que los cambios constitucionales se frenaran en los congresos estatales.
La convocatoria resultó un fiasco. Nadie salió a las calles y plazas del país para defender el derecho mercantil vulnerado de las televisoras. Ningún ciudadano medianamente informado se tragó el cuento de que se trataba de una violación a la libertad de expresión.
La reforma a nueve artículos constitucionales fue aprobada por la mayoría de los congresos estatales –sólo el de Coahuila votó en contra--, y con ello automáticamente quedó configurado lo que se convertirá en un giro de 180 grados en la relación entre medios electrónicos-elecciones-partidos. Se prohíbe explícitamente la compra de tiempo-aire; se privilegia el uso de los tiempos fiscales; se le otorgan al IFE facultades para distribuir ese tiempo; se prohíbe que terceros puedan comprar tiempo en estos medios para denostar o defender a algún candidato, y se prohíben explícitamente las campañas publicitarias de guerra sucia.
La brutal reacción de resistencia de las televisoras, que ahora se extiende hacia los “terceros” (Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex e intelectuales circundantes) demuestra lo importante y necesaria que era esta reforma y el tamaño de los intereses afectados.
No obstante que este año disminuyó la ola de crímenes contra periodistas que caracterizó al sexenio de Vicente Fox, por lo menos 11 reporteros, directivos y colaboradores de medios impresos fueron asesinados. El ambiente de impunidad, las amenazas contra medios y periodistas, la violencia prevaleciente, no han disminuido. Por el contrario, la vulnerabilidad se incrementó.
Particularmente grave es la situación en entidades donde el pleito entre las bandas criminales se cruza con la disputa política-electoral: Baja California, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, por mencionar las entidades más señaladas en el fuego cruzado del narcotráfico y de los operativos del Ejército.
En 2007, todos fuimos testigos del escándalo Zhen Li Ye Gon, el empresario que llegó de Shangai a construir un emporio a partir del tráfico de la pseudoefedrina, pero los fuegos artificiales informativos no se han correspondido con una sola detención e investigación profunda por parte de las autoridades. A los reporteros que se han involucrado en este expediente, las presiones han surgido de inmediato por el lado tanto de gobernadores priistas involucrados, como de autoridades federales.
La paradoja más grave es que existe suficiente tela de donde cortar en materia de investigación periodística, pero el mensaje de la Suprema Corte en el caso de Lydia Cacho fue sumamente ominoso: aquellos reporteros que decidan investigar las redes del crimen organizado, pasarán de víctimas a inculpados en estos casos.
Quizá este es la peor señal que heredamos de 2007 en materia de derecho a la información, periodismo y comunicación.
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El PAN por boca del hijo político del pelele Felipe Calderón Hinojosa anunció que defenderá como prioridad la reforma judicial que autorizaría a la policía a ingresar a los hogares de los ciudadanos sin una orden emitida por un juez. Germán Martínez –quien desde hace tiempo se ofreció como tapete a las órdenes del usurpador- afirmó que la mentada reforma garantiza los derechos humanos. Nada más recordemos que en los casos de San Salvador Atenco y de Oaxaca hubo desde violaciones a mujeres hasta asesinatos de manos de las policías estatales y de la federales, incluido el ejército mexicano. ¿Será esa la garantía del mentiroso y corrupto Germán Martínez?
Si de hipocresías y mentiras hablamos el PRIAN se pinta solo. La dirigente del PAN en el Distrito Federal se le ocurrió decir que por el pago de impuestos que hacemos los capitalinos tenemos derecho a regresar a nuestros hogares seguros y libres de la violencia de los criminales. Por ello anunció una cruzada para obligar al gobierno de la ciudad a que cumpla con esa meta. Pero al preguntársele si el gasolinazo aprobado por el PRIAN afectaría a la ciudadanía, se salió por la tangente y dijo que se tendría que analizar y ver algunas formas de ayudar. Aquí recordemos que la mayoría de los impuestos que pagamos los ciudadanos del país son a la federación, vía el IVA y el ISR. Son pocos los impuestos locales. Entonces –según la sobrina del espurio Calderón Hinojosa- ¿quién es el obligado a garantizar nuestra seguridad? ¿No es a quien le pagamos tanto impuesto? Por otro lado, Jalisco, gobernado por el PAN tiene menos población que el Distrito Federal y más denuncias de abusos por parte de la policía local, además de ajustes de cuentas por el narcotráfico. ¿Al gobernador panista lo obligará la sobrina de Margarita Zavala –esposa del pelele Calderón Hinojosa- a garantizar la seguridad de los habitantes de esa entidad? Por su puesto que no. La púber panista es meramente francotiradora al servicio de su tío, su falta de sentido común sólo es rebasado por su ignorancia en política. Claro es una alumna destacada del chantaje, la mentira y el cinismo de personajes de la talla del coyote Diego Fernández de Cevallos, Germán Martínez, Héctor Larios, Santiago Creel o de rateros como el traidor Vicente Fox Quesada. ¿Esa es la juventud que "heredará" el país? Por su puesto que no. Abajo, entre la ciudadanía existen jóvenes preparados y con talento, no oportunistas con aire en la cabeza, el signo de dólares en los ojos y dispuestos a ensuciar sus "limpias manos" en estiércol con tal de en pocos años asegurar su futuro económico y el de sus descendientes.
El siguiente reportaje fue tomado de la revista Proceso.
El Ejército y la Iglesia se abrazan...
Con la llegada del PAN al poder presidencial, el Ejército Mexicano no sólo hizo a un lado su tradicional laicismo, sino que ahora subordina sus símbolos y emblemas a las imágenes y alegorías de la Iglesia católica. Contra sus propias leyes, e inclusive olvidando el papel que jugó en la Guerra Cristera, el Ejército permite que un soldado mexicano, en un vitral rodeado por insignias castrenses, sea conducido desde el cielo por San Miguel Arcángel y, peor aún, que en el sagrario de la iglesia concurrida por sus elementos se ponga una sexta estrella (la del "general de generales", Jesucristo) por encima de la quinta que corresponde al presidente de la República como mando supremo de las Fuerzas Armadas…
Principal promotor y aun defensor con las armas del laicismo del Estado mexicano en el siglo XX, el Ejército ha sucumbido ante la Iglesia católica con la llegada del PAN a la Presidencia de la República.
Lo que comenzó con el establecimiento de capellanías militares derivó ya en una mezcla de símbolos militares y religiosos en la cual los emblemas castrenses están subordinados a las representaciones de la Iglesia.
Lo más significativo de esa amalgama es la incorporación de una estrella a las cinco reglamentarias que utilizan el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana para identificar a sus mandos.
En violación de lo que establecen las leyes orgánicas del Ejército y la Fuerza Aérea, así como de la Armada de México, en el sentido de que el presidente de la República es el mando supremo de las Fuerzas Armadas del país, la Iglesia católica ha incorporado una nueva insignia a los mandos castrenses mexicanos: la de "general de generales", simbolizada por Jesucristo.
El testimonio de este hecho se ubica frente a las principales oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a un lado del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México: en la iglesia Cristo de la Paz, convertida ya no sólo en capellanía militar, sino en una asociación religiosa de la Arquidiócesis Primada de México, autorizada por la Secretaría de Gobernación.
Erigido en la esquina de Legaria y Periférico, durante 25 años fue un templo en el que los feligreses, la mayor parte de ellos militares sin uniforme o sus familias, acudían, discretos, a los servicios religiosos.
Desde que se construyó, a finales del gobierno de José López Portillo, ahí fueron catequizados parientes de los militares; luego, los sacerdotes adoctrinaron directamente a los uniformados. Ahora, ese templo aloja a la principal capellanía de la Iglesia católica para el Ejército Mexicano.
El 24 de febrero de 2006, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación la relación de seis nuevas asociaciones religiosas, creadas como "unidades internas" de la Arquidiócesis Primada de México, con el objetivo de "realizar actos de culto público religioso y predicar y anunciar proféticamente el Evangelio".
Encabeza esa relación el templo Cristo de la Paz, que atiende al Hospital Central Militar, a diversas unidades militares y a la zona habitacional destinada a efectivos del Ejército y sus familias.
El capellán, de origen guatemalteco, es Otto Francisco Galicia Soto, conocido entre los elementos del Campo Militar Número 1, de las oficinas de la Sedena y del Hospital Militar como "el padre Otto".
En meses recientes, al templo se le han hecho arreglos y modificaciones para dar fe de la nueva etapa de las relaciones entre el Ejército y la Iglesia, confrontados durante una parte importante del siglo pasado en la Guerra Cristera.
Poco a poco, se le han incorporado trabajos artísticos para modificar creaciones y símbolos meramente castrenses y darles un sentido religioso.
El 30 de julio pasado, el obispo auxiliar de México, Abelardo Alvarado Alcántara, acudió a esa iglesia para oficiar una ceremonia con motivo de la inauguración y bendición del vitral Del cielo a la misión, una versión modificada de un mural que originalmente se concibió para honrar al Cuerpo Especial de Paracaidistas.
La nueva versión del vitral incorporó a San Miguel Arcángel, que de acuerdo con la Biblia fue el guerrero celestial que venció a Lucifer. Los paracaidistas del Ejército lo asumieron como patrono y protector.
Se trata de un vitral de 700 kilos y de tres metros de ancho por 4.20 de largo, colocado a la entrada de la capellanía. Su propósito es mostrar al Arcángel y a los paracaidistas del Ejército como "aliados contra el mal".
El vitral está firmado por Mario Juárez Ruiz y contó con el apoyo de la unidad de ingenieros del Ejército. Su elaboración, con técnica de emplomado y latonado, requirió 75 tipos de vidrio en 20 colores, según informes de personal militar.
En la nueva representación, un soldado desciende del cielo custodiado por San Miguel Arcángel, quien mantiene sometido al demonio. En la idea original, plasmada en un mural del museo de la Brigada de Fusileros, el paracaidista bajaba para enfrentar a las armas enemigas, amparado sólo con las alas de plata, símbolo del militar graduado en salto aéreo.
El vitral se halla enmarcado entre los distintos escudos de la Fuerza Aérea Mexicana, y el descenso del paracaidista tiene como fondo el azul del cielo y el rojo de la batalla.
El Cuerpo Especial de Paracaidistas es uno de los de mayor tradición dentro del Ejército. A él pertenece el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), reestructurado el sexenio pasado luego de conocerse que algunos de sus miembros desertaron para crear a Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo.
Del cielo a la misión es ahora el vitral más vistoso de los que existen en el templo Cristo de la Paz, en una de cuyas paredes laterales se han instalado desde hace años otros nueve símbolos alusivos a diferentes unidades del Ejército.
Más pequeños y sencillos, esos vitrales representan a la Fuerza Aérea Mexicana, Sanidad Militar, Caballería y Blindados, Infantería, Justicia Militar, Fuerzas Especiales, Artillería, Administración y Familia Militar.
Pero la principal modificación a la identidad y simbolismo de las Fuerzas Armadas se encuentra en la parte superior del Sagrario de la iglesia, donde se deposita a "Cristo sacramentado" en la hostia.
Empotrado en la pared frontal del altar mayor del templo, a un lado del presbiterio y en el extremo opuesto de un gigantesco Cristo de madera donado por las Fuerzas Armadas, el Sagrario está coronado por seis estrellas; cinco corresponden a los mandos superiores del Ejército y una a la Iglesia católica.
Contadas de izquierda a derecha, y de acuerdo a la norma militar, la primera estrella pertenece al grado de general brigadier; la segunda, al de general de brigada; la tercera, al general de división; la cuarta, al secretario de la Defensa Nacional –como alto mando–, y la quinta al mando supremo, que recae en el presidente de la República…
La novedosa sexta estrella corresponde al "general de generales": Jesús.
Esto, pese a que el artículo 125 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea establece que los uniformes y las divisas de esos cuerpos militares son de su uso exclusivo, "por lo que no podrán ser utilizados por personas, corporaciones o dependencias que les sean ajenas"; al punto de que, advierte, "quienes violen estas disposiciones quedarán sujetos a lo que dispone la ley penal de la materia".
Aún más, a la entrada principal de la capellanía fue colocada una gran escultura en la que un soldado yace moribundo en brazos de Jesús. Sin título y sin autor consignados, la obra fue instalada en agosto pasado y está de espaldas al edificio de la Sedena.
Mientras que en el interior de la iglesia se encuentra enmarcada la Oración de un soldado mexicano. El que la lee o reza de memoria, se declara primero soldado "del Señor" para en seguida pedir a Dios:
"Hazme un soldado fiel a las órdenes de mis superiores, aun cuando no esté de acuerdo con ellas… No me permitas abusar de los demás con la autoridad que mi uniforme me entrega… Gracias por escuchar esta pobre oración de un soldado mexicano y un soldado tuyo también."
Los Cruzados de Cristo Rey
La iglesia Cristo de la Paz fue la primera capellanía militar que se estableció en México como resultado del trabajo de los Cruzados de Cristo Rey, sociedad religiosa fundada en 1971 pero que en años recientes ha avanzado en su objetivo de "extender el Reinado de Cristo en las personas, las familias, instituciones y toda la sociedad".
La Sociedad Cruzados de Cristo Rey fue creada por monseñor Hilario Chávez Joya, exobispo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y entre sus principales promotores desde la década de los setenta estuvo Ramón Plata Moreno, fundador en Puebla de la organización secreta El Yunque.
De acuerdo con una placa colocada afuera de la capellanía, la iglesia fue fundada en 1936 por los hermanos Josefina y Guillermo Belloc, de la Asociación de Caballeros y Damas de la Paz.
La primera piedra no fue puesta sino hasta 1949 por el entonces arzobispo primado de México, Luis María Martínez y Rodríguez. Pero su construcción se logró más de tres décadas después, entre 1981 y 1982, cuando el patronato de la Asociación lo presidía Refugio Pacheco viuda de López Portillo, madre del entonces presidente José López Portillo.
El diseño arquitectónico lo hizo Pedro Ramírez Vázquez, titular de la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y autor también de la arquitectura de la Basílica de Guadalupe.
El siguiente paso que quiere dar la Iglesia católica es abrir capellanías dentro de las instalaciones militares, luego de las que ha establecido fuera del perímetro de unidades militares en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Chihuahua y Baja California Sur (Proceso 1598).
En entrevista con este semanario (edición1051), Chávez Joya dio a conocer en 1996 los planes que tenía el entonces Papa Juan Pablo II para que, desde mediados de los ochenta, el Episcopado Mexicano iniciara la evangelización de las Fuerzas Armadas.
En 1985, la Conferencia del Episcopado Mexicano designó a Chávez Joya para coordinar a los Cruzados de Cristo Rey, la congregación encargada de llevar los sacramentos a "la oveja perdida", como se refirió al Ejército.
El entonces obispo explicó que la labor empezó en el templo Cristo de la Paz con parientes de los militares y siguió con los propios elementos del Ejército, con la complacencia de las autoridades castrenses.
En esa misma entrevista, el entonces encargado del templo, el sacerdote Carlos Ortiz Montes, mostró ya el interés de la Iglesia católica para que el Ejército permitiera su presencia dentro de las áreas militares.
Pero el establecimiento de ese tipo de capellanías no es el fin último. La meta fijada por Juan Pablo II fue el nombramiento de un obispo castrense responsable de una diócesis con sacerdotes, catedral y seminarios propios.
La presencia de la Iglesia católica en el Ejército es consecuencia de la reforma constitucional de 1991 impulsada por el presidente Carlos Salinas, que dio personalidad jurídica a las Iglesias y a las agrupaciones religiosas.
A partir de entonces, el acercamiento entre la Iglesia católica y las autoridades mexicanas ha crecido, sobre todo con la llegada del PAN y Vicente Fox a la Presidencia de la República en el año 2000.
En mayo pasado, la Arquidiócesis de México dedicó una de sus ediciones del semanario Desde la Fe a apoyar la decisión de Felipe Calderón de poner al Ejército al frente de la lucha contra el narcotráfico.
En medio de las acusaciones contra efectivos militares por la alegada violación y muerte de una anciana en la sierra de Zongolica, Veracruz, el órgano de la Iglesia católica criticó en esa misma edición las acusaciones contra el Ejército.
"Sorprende que algunos sectores, lejos de apoyar ese combate (al narcotráfico)… se dediquen a denostar al Ejército, a hacer acusaciones inverosímiles y difamatorias."
El Ejército y la Iglesia de hoy comparten, pues, algo más que emblemas, símbolos y alegorías…
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Tomado de El Universal, Naranjo.
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Tomados de La Jornada, El Fisgón y Ahumada y El Universal, Omar.
Acteal: cierro, abro los ojos
Si no castigan a Zedillo, el crimen se repetirá
Hay que renovar la solidaridad con Chiapas
Y unir todas las luchas en defensa del petróleo
A las generaciones de mexicanos adultos que coexistimos en esta etapa del tiempo nos ha llegado la hora de la verdad. Felipe Calderón ha pactado con Shell, Chevron, Petrobras, Nexen y Statoil aquello por lo que Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox fueron puestos, de una forma o de otra, en la Presidencia de la República: entregar la base de la economía de México, la industria nacional del petróleo y sus reservas estratégicas, a los inversionistas privados. Al costo político y social que sea.
Por lo tanto, ha sonado la hora de posponer las diferencias y unir todas las luchas en torno de este objetivo: impedir la privatización de la máxima fuente de ingresos que tenemos, de lo que todavía nos permite ser viables en el presente y contar con lo mínimo para impulsar la transformación del modelo de saqueo que hoy padecemos en una plataforma de despegue hacia un futuro más amable y generoso.
Esta será, sin duda, la tarea central de 2008 pero hay que ponerla en marcha desde ya, definiendo una lista de prioridades: impedir la ley Gestapo que abriría las puertas de la policía a nuestras casas, rechazar el Plan Mérida de WC y Calderón que traería los marines a México, impulsar la solidaridad como medida de resistencia a la carestía, la escasez, la desocupación y el hambre; avanzar hacia la construcción del poder popular que eche por la borda a los golpistas, empezando por los ministros de la Suprema Corte y sus protegidos, los represores y los pederastas, y tomar muy pero muy en cuenta, con la misma seriedad y vehemencia con que fueron pronunciadas la noche del jueves en Casa Lamm, las palabras de John Berger, en el sentido de renovar, fortalecer y colocar hasta arriba de la agenda del pueblo el respaldo de todas las luchas a la resistencia de las comunidades indígenas de Chiapas.
Hoy, hace exactamente 10 años, el Ejército, bajo el mando local del general Renán Castillo, con la anuencia del gobernador Julio César Ruiz Ferro, del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, y del presidente Ernesto Zedillo, auspició la matanza de Acteal, mediante bandas de paramilitares, al cabo de una campaña de hostigamiento y terror que había ido intensificando a lo largo de 1997, para obtener un pretexto horroroso que justificara la plena ocupación militar de los Altos.
Acteal fue posible porque la sociedad mexicana no fue capaz de castigar como era debido a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría por las matanzas de Tlatelolco y de San Cosme. Y si ahora tampoco logramos que Zedillo pague lo que debe por este crimen de lesa humanidad, el día de mañana, antes quizá de lo que suponemos, otros volverán a cometerlo, seguros de que el manto de la impunidad habrá de cobijarlos. A tal efecto, antes de entrar en la pausa de fin de año, esta columna desea compartir con sus lectores el fragmento relativo a la matanza de Acteal que se puede leer íntegro en el capítulo 12 de mi novela Adiós cara de trapo… (consulte www.adioscaradetrapo.blogspot.com)
“…cierro, abro los párpados: la televisión transmite un extenso reportaje sobre los zapatistas que se han refugiado en las montañas: la pantalla magnifica la cara sucia y el esqueleto de un niño que tiembla semidesnudo en la lluvia: su familia ha perdido la casa, la tierra, los animales, la cosecha de café: el periodista que dirige la filmación (Ricardo Rocha) habla a la cámara para mostrarse igualmente empapado, pero se suelta a llorar: cierro, abro los párpados: hay cinco mil personas en el Zócalo, el programa de Rocha ha surtido efecto: la izquierda parlamentaria tacha de irresponsable a Zedillo: cierro, abro los párpados: Rocha está fuera del aire, su programa, suspendido: cierro, abro los párpados: Octavio Paz comparece moribundo en el último jardín de su vida pública, y se despide mintiendo: esperan a México días con sol, vaticina: uno de los poetas mayores de Chiapas lo desengaña: esperan a México días sangrientos, advierte el maestro Oscar Oliva: cierro, abro los párpados: en el hormiguero humano que los refugiados zapatistas han excavado en la barranca de Polhó, alguien escucha los primeros tiros: el teléfono suena en la oficina del padre Gonzalo Ituarte, vicario del obispo de San Cristóbal: llevan más de dos horas disparando, le dice alguien: no se puede pasar: la policía está bloqueando el camino: cierro, abro los párpados: el teléfono suena en el despacho del gobernador: es el padre Ituarte, le informan: que no estoy, contesta Julio César Ruiz Ferro: que hay una matanza en los Altos, le avisan: que estoy de gira, cuando regrese me comunico personalmente: cierro, abro los párpados: al frente de una escuela primaria pintada de café y de crema por el gobierno de Chiapas, 300 soldados con uniformes de la policía estatal, armados con fusiles R-15, cortan el paso a todos los que se preguntan qué guerra estalló y por qué sigue: “decenas de cadáveres”, titula La Jornada: Hermann Bellinghausen describe la posición de los cuerpos: acribillados a plomo, rematados a machetazos: el forense y la Cruz Roja confirman: en la morgue de Tuxtla hay varias embarazadas a quienes les rajaron el vientre para sacarles el muchacho: cierro, abro los párpados: el Ejército federal ocupa con cinco mil hombres las montañas de Chenalhó: cierro, abro los párpados, los mantengo abiertos: millones de moscas tapizan los ataúdes que guardan los despojos de los Mártires de Acteal: millones de moscas acuden a las honras fúnebres de Las Abejas: millones de moscas: Hermann Bellinghausen las cuenta una por una de un plumazo y las fija para siempre en la crónica más alta de su vida: Zedillo condena “enérgicamente” los hechos en que “indígenas perdieron la vida por conflictos intrafamiliares”: cierro, abro los párpados: huele a ramilletes de juncia, a cera agria, a adrenalina, a bosque: escucho cientos de voces que lloriquean: ¡detenlos florido padre san Antonio!, ¡detenlos florido padre san Manuel!, que no disparen su rifle, que no disparen su cañón, que no los traigan sus pasos de esos tus hijos, que no los traigan los pasos de esas tus hijas: detenlos sagrada ruta, sagrado padre: cierro, abro los párpados: que no vengan de Pechiquil, que no vengan de Los Chorros: que vengan y nos perdonen porque estamos arrodillados ante Dios: que nos perdonen porque estamos intercediendo por ellos, florido padre san Antonio, florido padre san Manuel, sagrada gruta, sagrado Espíritu: cierro, abro los párpados: llueven duros chisguetes de bala: hincados al pie de una cruz, tiritando en la neblina, los primeros cuerpos se doblan acribillados por la espalda: cierro, abro los párpados: los fierros truenan y truenan sobre decenas de inocentes que huyen y gritan sorteando a ciegas los alambres instantáneos que perforan el aire, las hojitas de las plantas, las camisas, mis pantalones, mis naguas, mis piernas, mis brazos, mi sangre: cierro, abro los párpados: mi sangre: un hombre ordena a su esposa: Mujer, levántate, mujer, levántate: los heridos reptan entre las hierbas, los francotiradores se divierten, practican la puntería, apuestan, rematan a aquel infeliz, el viejillo ése, el del morral que se desliza sangrando como una iguana: cierro, abro los párpados: tengo frío, tiemblo, nosotros estamos muertos…”
posted by Liberation at 8:25 a. m. | 5 comments

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 125