Source: https://www.scribd.com/doc/157873011/Ley-975-de-2005
Timestamp: 2018-01-20 19:16:45+00:00

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por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. El Congreso de Colombia DECRETA: CAPITULO I Principios y definiciones Artículo 1°. Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002. Artículo 2°. Ambito de la ley, interpretación y aplicación normativa. La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.
La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia. La reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley. Artículo 3°. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley. Artículo 4°. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados. Artículo 5°. Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compaLey de justicia y paz
ñera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima. Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley. Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley. Artículo 6°. Derecho a la justicia. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones. Las autoridades públicas que intervengan en los procesos que se tramiten con fundamento en la presente ley deberán atender, primordialmente, el deber de que trata este artículo.
Ley de justicia y paz 4/35 . La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido. Artículo 8°. la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley. Derecho a la verdad. y en especial las víctimas.Artículo 7°. Derecho a la reparación. pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley. La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito. Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad. indemnización. satisfacción. Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito. Las garantías de no repetición comprenden. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución. entre otras. rehabilitación. La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito. Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente. y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada. tienen el derecho inalienable. La sociedad. y las garantías de no repetición de las conductas.
Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática. Se entiende por desmovilización el acto individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley. en los términos de esta ley. el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. siempre que se encuentren en el listado que el Ley de justicia y paz 5/35 . La desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 782 de 2002. Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales. acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos. CAPITULO II Aspectos preliminares Artículo 10.Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica. realizado ante autoridad competente. Desmovilización. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva. Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados. colectivas o simbólicas que sean del caso. la aceptación pública de los hechos. la no repetición de los hechos victimizantes. Artículo 9°. cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002. La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia.
Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz nacional. 10.3 Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados.1 Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional. 10. 10.1 Que entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía. 10. las siguientes condiciones: 10. podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002.6 Que se liberen las personas secuestradas. además. podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley. Ley de justicia y paz 6/35 . Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se encuentren privados de la libertad. 10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita.Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan.5 Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.2 Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal. siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo. que se hallen en su poder. Artículo 11. Parágrafo. siempre que reúnan los siguientes requisitos: 11.
2 Que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional.5 Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal. Las decisiones se entenderán notificadas en estrados. Celeridad. 11. CAPITULO III Principios procesales Artículo 12. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos idóneos que garanticen su reproducción fidedigna. las personas cuyos nombres e identidades presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la Nación. para que se repare a la víctima cuando se disponga de ellos. 11. Oralidad. Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en esta ley. La conservación de los registros corresponderá al Secretario de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por la presente ley. y al de la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial que conozca del juzgamiento. Los asuntos que se debatan en audiencia serán resueltos dentro de la misma. Las audiencias preliminares se realizarán ante el Magistrado de Control de Garantías que designe el Tribunal respectivo. Ley de justicia y paz 7/35 .6 Que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.3 Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto.4 Que cese toda actividad ilícita. Artículo 13. 11. según corresponda.11. 11.
La adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos. La solicitud y la decisión de imponer medida de aseguramiento. La solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares sobre bienes de procedencia ilícita. 3. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores. Las decisiones que resuelvan asuntos sustanciales y las sentencias deberán fundamentarse fáctica. La práctica de una prueba anticipada que por motivos fundados y de extrema necesidad se requiera para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. 5. Esclarecimiento de la verdad. deberá hacerse el mismo día en que se reciba la actuación en el correspondiente despacho. La formulación de cargos. Artículo 15. 2. probatoria y jurídicamente e indicar los motivos de estimación o de desestimación de las pretensiones de las partes. en su defecto. La formulación de la imputación. El reparto de los asuntos a que se refiere la presente ley. La defensa estará a cargo del defensor de confianza que libremente designe el imputado o acusado o. 6. Defensa. Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verLey de justicia y paz 8/35 . Artículo 14.En audiencia preliminar se tramitarán los siguientes asuntos: 1. del asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. 4. 7.
y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas. La protección de los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos. la policía judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas. pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales. por conducto del fiscal delegado para el caso. sufrimiento emocional. CAPITULO IV Investigación y juzgamiento Artículo 16. La Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas. el. asumirá de manera inmediata la Ley de justicia y paz 9/35 . el fiscal delegado que corresponda. o los nombres de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional.dad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados. deberá investigar. los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio. La protección de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura. Recibido por la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz. Competencia. con el apoyo del grupo especializado de policía judicial. familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior. los antecedentes judiciales y de policía. La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley. sociales. modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles. Con la colaboración de los desmovilizados. las circunstancias de tiempo. las condiciones de vida. tales como lesiones físicas o sicológicas.
En la misma diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las víctimas. modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos. El Tribunal Superior de Distrito Judicial que determine el CSJ. manifestarán las circunstancias de tiempo. será competente para conocer del juzgamiento de las conductas punibles a que se refiere la presente ley. 16.competencia para: 16.1 Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. quien los interrogará sobre todos los hechos de que tenga conocimiento. que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley. Artículo 17. rendirán versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de desmovilización. si los tuvieren. mediante acuerdo que expida antes de que se inicie cualquier trámite. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley. y la fecha Ley de justicia y paz 10/35 . En presencia de su defensor. No podrá haber conflicto o colisión de competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito judicial que conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridad judicial.2 Conocer de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros. que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación. 16.3 Conocer de las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad a la desmovilización. Versión libre y confesión.
o de la versión libre pueda inferirse. Razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan. previa solicitud del fiscal que conozca del caso. Ley de justicia y paz 11/35 . Cuando de los elementos materiales probatorios. según lo dispuesto en la presente ley. información legalmente obtenida. quien dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes señalará y realizará audiencia de formulación de imputación. En esta audiencia. en uno de los establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley. evidencia tísica.de su ingreso al grupo. comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización. El desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del magistrado que ejerza la función de control de garantías. Formulación de imputación. el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda. el fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para formulación de imputación. Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos de la reparación a las víctimas. Artículo 18. se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación.
En la audiencia de formulación de cargos el imputado podrá aceptar los presentados por la Fiscalía. En este evento el Magistrado que ejerza la función de control de garantías enviará inmediatamente lo actuado a la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial a la que corresponda su conocimiento. la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz remitirá la actuación al funcionario competente conforme con la ley vigente al momento de Ley de justicia y paz 12/35 . como consecuencia de la versión libre o de las investigaciones en curso al momento de la desmovilización. espontánea y asistido por su defensor. la Sala correspondiente convocará a audiencia pública dentro de los diez (10) días siguientes para examinar si la aceptación de cargos ha sido libre. De hallarla conforme a derecho.A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días siguientes. Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de la acción penal. Si en esta audiencia el imputado no acepta los cargos. Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre. voluntaria. voluntaria. Parágrafo 1°. Finalizado el término. con el apoyo de su grupo de policía judicial. espontánea y asistida por su defensor. y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Aceptación de cargos. la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz. Artículo 19. dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud. o antes si fuere posible. Recibida la actuación. adelantará las labores de investigación y verificación de los hechos admitidos por el imputado. si a ello hubiere lugar. el fiscal del caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia de formulación de cargos. dentro de los diez (10) días siguientes citará a audiencia de sentencia e individualización de pena. o se retracta de los admitidos en la versión libre.
Artículo 21. la Fiscalía adelanta investigaciones o formuló acusación en su contra. se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de penas pero en ningún caso. se acumularán los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos consignados en la resolución que le impuso medida de aseguramiento. o acusado. Parágrafo 2°. Si para el momento en que el desmovilizado se acoja a la presente ley. la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley. Acumulación de procesos y penas. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley. Si el imputado o acusado acepta parcialmente los cargos se romperá la unidad procesal respecto de los no admitidos. Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley. o en Ley de justicia y paz 13/35 . Para los efectos procesales de la presente ley. Cuando exista solicitud de reparación integral.la comisión de las conductas investigadas. Artículo 22. Ruptura de la unidad procesal. asistido por su defensor. En este caso la investigación y el juzgamiento de los cargos no aceptados se tramitarán por las autoridades competentes y las leyes procedimentales vigentes al momento de su comisión. previamente se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley. Respecto de los cargos aceptados se otorgarán los beneficios de que trata la presente ley. Artículo 20. Investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización. el imputado.
Incidente de reparación integral. decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley.la formulación de imputación. la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que ha aceptado los cargos y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar. el imputado o su defensor. o del fiscal del caso. previa. Parágrafo 1°. o del Ministerio Público a instancia de ella. Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio. Artículo 23. podrán Ley de justicia y paz 14/35 . en caso contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes. Admitida la pretensión. solicitud expresa de la víctima. la víctima. En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos. el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio público. según el caso. Exclusivamente para efectos de la conciliación prevista en este artículo. para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende. La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión formulada. oirá el fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el incidente. el magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes. Si hubiere acuerdo su contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente. Dicha aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla la función de control de garantías en las condiciones previstas en la presente ley. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia condenatoria. e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones. o en la resolución o escrito de acusación.
sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa. estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas conductas. Ley de justicia y paz 15/35 . las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de l os bienes que se destinarán a la reparación. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley. o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la presente ley. Artículo 25. No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho en el incidente de reparación integral. los compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal. Artículo 24. Contenido de la sentencia. Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782 de 2002. en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. de manera libre. De acuerdo con los criterios establecidos en la ley. oralmente o por escrito.solicitar la citación del Director de la Red de Solidaridad Social en su condición de ordenador del gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas. haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. debidamente informado por su defensor. en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte. voluntaria. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley. expresa y espontánea. con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización. Parágrafo 2°. el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto. En este evento.. La Sala correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.
El Magistrado ponente citará a las partes e intervinientes a audiencia de argumentación oral que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la actuación en la Secretaría de la Sala de Casación Penal. Sustentado el recurso por el apelante y oídos las demás partes e intervinientes. Salvo la sentencia. Parágrafo 2°. la Sala podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas para emitir la decisión que corresponda. El trámite de los recursos de apelación de que trata la presente ley. Contra la decisión de segunda instancia no procede Ley de justicia y paz 16/35 . adoptados durante el desarrollo de las audiencias. De la acción extraordinaria de revisión conocerá la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia. La apelación procede contra los autos que resuelvan asuntos de fondo. Artículo 26. en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal vigente. y se concede en el efecto suspensivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia. Recursos. Se interpone en la misma audiencia en que se profiera la decisión. la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia. y contra las sentencias. Si el recurrente no concurriere o no sustentare el recurso. Parágrafo 1°. la autoridad judicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba.Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados. excepto lo relacionado con acciones de tutela. tendrá prelación sobre los demás asuntos de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia. se declarará desierto. Parágrafo 3°.
Intervención del Ministerio Público. Artículo 27. mientras no se haya extinguido la acción penal. Pena alternativa. CAPITULO V Pena alternativa Artículo 29. si surgieren nuevos elementos probatorios se reanudará la averiguación conforme con el procedimiento establecido en la presente ley. Sin embargo. del patrimonio público. o de los derechos y garantías fundamentales. el fiscal delegado llegare a constatar que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o que indiquen la posible existencia. según el caso. el Ministerio Público intervendrá cuando sea necesario. de acuerdo con las reglas del Código Penal. la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años. En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley. en defensa del orden jurídico. Si en relación con los hechos admitidos o no admitidos por el desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación. Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del Ley de justicia y paz 17/35 . En los términos del artículo 277 de la Constitución Política. Archivo de las diligencias.recurso de casación. tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos. dispondrá de inmediato el archivo de la actuación. La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos. antes de la audiencia de imputación. Artículo 28.
beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa. se declarará extinguida la pena principal. En ningún caso se aplicarán subrogados penales. Parágrafo. Establecimiento de reclusión. El Gobierno Nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva. En caso contrario. Ley de justicia y paz 18/35 . sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan. La pena podrá cumplirse en el exterior. y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció. período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley. CAPITULO VI Régimen de la privación de la libertad Artículo 30. estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y austeridad propios de los establecimientos administrados por el Inpec. a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia.trabajo. Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta. se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada. Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba.
Tiempo de permanencia en las zonas de concentración. Además de las competencias establecidas en otras leyes. con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar del olvido la memoria colectiva. en colaboración con las autoridades locales cuando sea el caso. se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa. sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley. Competencias de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de justicia y paz.Artículo 31. de conformidad con la Ley 782 de 2002. Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Ley de justicia y paz 19/35 . vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados. Artículo 33. CAPITULO VII Instituciones para la ejecución de la presente ley Artículo 32. los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley. sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses. hayan permanecido en una zona de concentración decretada por el Gobierno Nacional. El funcionario que el Gobierno Nacional designe. será el responsable de certificar el tiempo que hayan permanecido en zona de concentración los miembros de los grupos armados de que trata la presente ley. y contar con una Oficina de Comunicaciones para divulgar la verdad de lo acontecido. También deberá garantizar el acceso público a los registros de casos ejecutoriados. El tiempo que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados a procesos para la reincorporación colectiva a la vida civil. Corresponde a la Secretaria del respectivo Tribunal organizar.
conformada por miembros de las autoridades que corresponda. en los procedimientos establecidos en la presente ley. mediante los mecanismos de la Defensoría Pública y en los términos señalados en la ley. La Fiscalía General de la Nación destacará de su planta de personal. le corresponden a la Fiscalía General de la Nación. permanente y con competencia en todo el territorio nacional. El Estado garantizará a imputados. Defensoría pública. para el año 2005 establecida en el artículo transitorio 1° de la Ley 938 de 2004.Paz. con dedicación exclusiva. La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz tendrá el apoyo permanente de una unidad especial de policía judicial. los siguientes cargos: 20 Fiscal Delegado ante Tribunal Artículo 34. los siguientes cargos: 150 Investigador Criminalístico VII 15 Secretario IV 15 Asistente Judicial IV 20 Conductor III 40 Escolta III 15 Asistente de Investigación Criminalística IV 20 Asistente de Fiscal II. acusados y condenados el ejercicio del derecho de defensa. Ley de justicia y paz 20/35 . Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación. Esta unidad será la responsable de adelantar las diligencias que por razón de su competencia. Parágrafo. delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. para conformar la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz. con competencia nacional e integrada en la forma que se señala en la presente ley. Créase la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz.
etc.2 A la protección de su intimidad y garantía de su seguridad.1[sic]1 Recibir todo el procedimiento un trato humano digno. impulsará mecanismos para la participación de las organizaciones sociales para la asistencia a las víctimas. 38. Para el cumplimiento de lo previsto en la presente ley. 38. Derechos de las víctimas. Artículo 35. Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz. la Procuraduría General de la Nación. una Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz. para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.4 A ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas. Artículo 36. El Procurador General de la Nación creará. Participación de las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas. 48. CAPITULO VIII Derechos de las víctimas frente a la administración de justicia Artículo 37. En desarrollo de lo anterior.3 A una pronta e integral reparación de los daños sufridos. cuando quiera que resulten amenazadas. a cargo del autor o partícipe del delito. para los efectos de la presente ley.5 A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en Los numerales de este artículo y de los siguientes (44.La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la presente ley. la de sus familiares y testigos a favor. 38. 38. 1 Ley de justicia y paz 21/35 . El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia. las víctimas tendrán derecho: 38. con competencia nacional.) conservaron la numeración del proyecto de ley original.
38. Excepción a la publicidad en el juicio. 38.los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Protección a víctimas y testigos. Artículo 38. el género y la salud. ni serán incompatibles con estos. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial. 38. incluidos la edad. Los funcionarios a los que se refiere esta ley adoptarán las medidas adecuadas y todas las acciones pertinentes para proteger la seguridad. Como Ley de justicia y paz 22/35 . la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Se dará capacitación especial a los funcionarios que trabajan con este tipo de víctimas. el bienestar físico y psicológico. irrespeto a la igualdad de género o violencia contra niños y niñas. Para ello se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes.9 A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete. y conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido víctimas. información pertinente para la protección de sus intereses. 38.8 A recibir asistencia integral para su recuperación. así como la índole del delito. en particular cuando este entrañe violencia sexual. en el evento de no conocer el idioma. Artículo 39. la de las demás partes del proceso. o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos. así como.6 A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a interponer los recursos cuando ello hubiere lugar.7 A ser asistidas durante el juicio por un abogado de confianza o por la Procuraduría Judicial de que trata la presente ley.
niños. Artículo 40. Artículo 41. En ningún caso. evidencia física o información legalmente obtenida entrañe peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia. el Fiscal deberá abstenerse de presentarlos en cualquier diligencia anterior al juicio. Atención a necesidades especiales. personas mayores de edad o con discapacidad que participen en el proceso. se aplicarán estas medidas respecto de víctimas de agresión sexual o de niños.excepción al principio del carácter público de las audiencias de juzgamiento. Cuando la publicidad de elementos materiales probatorios. CAPITULO IX Derecho a la reparación de las víctimas Artículo 42. podrá ordenar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada. Ley de justicia y paz 23/35 . el Tribunal Superior del Distrito judicial. de las niñas. los testigos. Tanto los órganos judiciales como las entidades de apoyo técnico y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz. En su reemplazo hará un resumen de dichos elementos de conocimiento. o a un acusado. Podrá ordenar la práctica de testimonio a través del sistema de audiovideo para permitir su contradicción y confrontación por las partes. a fin de proteger a las víctimas. ni serán incompatibles con estos. Los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados con las disposiciones previstas en esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas de aquellas conductas punibles por las que fueren condenados mediante sentencia judicial. niñas y adolescentes que sean víctimas o testigo. tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres. esas medidas podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial. En particular. Deber general de reparar. Otras medidas de protección durante el proceso.
destinados para tal fin. Artículo 43. la declaración pública de arrepentimiento. Son actos de reparación integral los siguientes: 45. indemnización. ordenará la reparación a las víctimas y fijará las medidas pertinentes. rehabilitación y satisfacción. 45. La reparación de las víctimas de la que trata la presente ley comporta los deberes de restitución. Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba. Actos de reparación. la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales conductas punibles.1 La entrega al Estado de bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de las víctimas. cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de la presente ley.4 La colaboración eficaz para la localización de personas Ley de justicia y paz 24/35 . el Tribunal directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía. El Tribunal Superior de Distrito Judicial al proferir sentencia. el condenado deberá proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes. Reparación. 45. 45. Artículo 44.Igualmente. realizar satisfactoriamente los actos de reparación que se le hayan impuesto.3 El reconocimiento público de haber causado daños a las víctimas. si los tuviese. ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación. colaborar con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación o suscribir un acuerdo con el Tribunal Superior de Distrito Judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación.2 La declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas más vinculadas con ella.
deberán incluir: 49. de ser posible. adoptadas por las distintas autoridades directamente comprometidas en el proceso de reconciliación nacional. los testigos u otras personas. Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas. Artículo 45.5 La búsqueda de los desaparecidos y de los restos de personas muertas. en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima. en relación con los hechos que sean de su conocimiento. Las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Incluye el restablecimiento de la libertad. el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades. y la ayuda para identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. de conformidad con las normas y leyes vigentes. Artículo 48. Las víctimas de los grupos armados al margen de la ley pueden obtener reparación acudiendo al Tribunal Superior de Distrito judicial. ni Ley de justicia y paz 25/35 .1 La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial. La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. La rehabilitación deberá incluir la atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Restitución. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Solicitud de reparación. 45. Artículo 47. Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto. Rehabilitación. Artículo 46. hacen parte de la reparación y de la rehabilitación.secuestradas o desaparecidas y la localización de los cadáveres de las víctimas.
que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades.7 La prevención de violaciones de derechos humanos. Esta tarea se encuentra principalmente a cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.4 La disculpa. la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones podrá recomendar a los órganos políticos o de gobierno de los distintos niveles.8 La asistencia a cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los responsables de las violaciones.5 La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones. 49. reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en primer grado de consanguinidad.3 La decisión judicial que restablezca la dignidad.cree un peligro para su seguridad. siguiendo las recomendaciones la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones.6 La sala competente del Tribunal Superior de Distrito judicial podrá ordenar conmemoraciones. 49. homenajes y reconocimiento a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. 49. 49. El Gobierno. Artículo 49. la adopción de este tipo de medidas. Programas de reparación colectiva. 49. Adicionalmente. deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva que comprenda acciones directaLey de justicia y paz 26/35 .2 La búsqueda de los desaparecidos o de las personas muertas y la ayuda para identificarlas y volverlas a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. 49. todo lo cual estará a cargo de los órganos judiciales que intervengan en los procesos de que trata la presente ley. 49. Esta medida podrá ser impuesta a los condenados por la sala competente Tribunal Superior de Distrito Judicial.
al menos. dos de las cuales. quien desempeñará la Secretaría Técnica. Artículo 51. Para estos efectos la Comisión Nacional Ley de justicia y paz 27/35 . el Ministro del Interior y de justicia o su delegado. el Procurador General de la Nación o su delegado. 52. 52. dos Representantes de Organizaciones de Víctimas y el Director de la Red de Solidaridad Social. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. quien la presidirá.2 Presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales.1 Garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos. Créase la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación integrada por el Vicepresidente de la República o su delegado. el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.mente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho particularmente en las zonas más afectadas por la violencia.3 Hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades locales a fin de garantizar la desmovilización plena de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley. y el cabal funcionamiento de las instituciones en esos territorios. y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia. Defensor del Pueblo. Artículo 50. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación cumplirá las siguientes funciones: 52. Esta Comisión tendrá una vigencia de 8 años. El Presidente de la República designará como integrantes de esta Comisión a cinco personalidades. a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia. deben ser mujeres. Funciones de la comisión nacional de reparación y reconciliación.
52. y un delegado del Ministerio del Interior y de justicia. ante el Gobierno Nacional y las Comisiones de Paz de Senado y Cámara. con cargo al Fondo de Reparación a las Víctimas.Reparación y Reconciliación podrá invitar a participar a organismos o personalidades extranjeras. Artículo 53. un (1) Delegado del Defensor del Pueblo. un delegado de la Procuraduría para justicia y la paz. un informe acerca del proceso de reparación a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Las Comisiones Regionales estarán integradas por un (1) representante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 52. un (1) delegado de la Personería municipal o Distrital. Composición. Artículo 52. 52. contados a partir de la vigencia de la presente ley.6 Recomendar los criterios para las reparaciones de que trata la presente ley. Ley de justicia y paz 28/35 . Las comisiones regionales serán las responsables de propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de bienes en el marco del proceso establecido en la presente ley. Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. 52. dentro del término de dos años. 52.5 Presentar.9 Darse su reglamento. 52.7 Coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. de Representantes.8 Adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional.4 Hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación de que trata la presente ley y señalar recomendaciones para su adecuada ejecución. quien la presidirá.
nacionales o extranjeras. Ley de justicia y paz 29/35 . Fondo para la Reparación de las Víctimas. Artículo 55. en particular. lo concerniente a la reclamación y entrega de bienes respecto de terceros de buena fe. El Gobierno reglamentará el funcionamiento de este Fondo y. Funciones de la Red de Solidaridad Social. El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la presente ley. por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie. a través del Fondo de que trata la presente ley. el funcionamiento y distribución territorial de las comisiones. de acuerdo con las necesidades del proceso. Parágrafo. cuyo ordenador del gasto será el Director de la Red de Solidaridad Social. como una cuenta especial sin personería jurídica. La Red de Solidaridad Social. Créase el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Artículo 54. Igual procedimiento se observará respecto de los bienes vinculados a investigaciones penales y acciones de extinción del derecho de dominio en curso al momento de la desmovilización.El Gobierno Nacional tendrá la facultad de designar un representante de las comunidades religiosas y determinará. Los bienes a que hacen referencia los artículos 10 y 11. siempre que la conducta se haya realizado con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen de la ley y con anterioridad a la vigencia de la presente ley. se entregarán directamente al Fondo para la Reparación de las Víctimas creado por esta ley. Los recursos del Fondo se ejecutarán conforme a las reglas del derecho privado. Los recursos administrados por este Fondo estarán bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República.
Artículo 58. El acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos. de acuerdo con el presupuesto asignado para el Fondo. 56. Medidas de preservación de los archivos. Medidas para facilitar el acceso a los archivos.3 Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya lugar. que pretendan imponer la impunidad.1 Liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales de que trata la presente ley dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional. 56. las siguientes funciones: 56. El conocimiento de la historia de las causas. Cuando el acceso se solicite en interés de la investigación históLey de justicia y paz 30/35 . 56. así como la Procuraduría General de la Nación. en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado. desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados. deberán adoptar las medidas para impedir la sustracción. Deber de memoria. El derecho a la verdad implica que sean preservados los archivos. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las normas penales pertinentes. Para ello los órganos judiciales que los tengan a su cargo.2 Administrar el Fondo para la reparación de víctimas. CAPITULO X Conservación de archivos Artículo 56.4 Las demás que señale el reglamento. Artículo 57.tendrá a su cargo. la destrucción o la falsificación de los archivos.
22. ni crear un peligro para su seguridad. el Presidente de la República podrá autorizar a sus representantes o voceros. y no con fines de censura. CAPITULO XI Acuerdos Humanitarios Artículo 59. para adelantar contactos que permitan llegar a acuerdos humanitarios con los grupos armados organizados al margen de la ley. custodia y adecuado mantenimiento del material. los testigos u otras personas. habida consideración de la situación de orden público que vive el país y la amenaza contra la población civil y las instituciones legítimamente constituidas. Es obligación del Gobierno garantizar el derecho a la paz conforme a los artículos 2°. y para no provocar más daños innecesarios a la víctima. El Gobierno Nacional podrá exigir las condiciones que estime pertinentes para que estas decisiones contribuyan efectivamente a la Ley de justicia y paz 31/35 . para los efectos y en los términos de la presente ley. las formalidades de autorización sólo tendrán la finalidad del control de acceso. y el beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios. niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Artículo 60. En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas. la suspensión condicional de la pena. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la presente ley.rica. El Presidente de la República tendrá la facultad de solicitar a la autoridad competente. 93 y 189 de la Constitución Política. Artículo 61.
Complementariedad. El Gobierno Nacional. Ley futura más favorable. Artículo 63. Si con posterioridad a la promulgación de la presenta ley. Artículo 64. CAPITULO XII Vigencia y disposiciones complementarias Artículo 62. Artículo 65. se expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más favorables que los establecidos en esta. podrán acogerse a las condiciones que se establezcan en esas leyes posteriores. Artículo 66. Simultáneamente y de acuerdo con el mismo programa.búsqueda y logro de la paz. La entrega de menores por parte de miembros de Grupos armados al margen de la ley no serán causal de la pérdida de los beneficios a que se refieren la presente ley y la Ley 782 de 2002. Para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal. el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación apropiarán los recursos suficientes indispensables para la debida y oportuna aplicación de la ley de extinción de dominio. las personas que hayan sido sujetos del mecanismo alternativo. Ley de justicia y paz 32/35 . procurará su apoyo para ingresar a programas de asistencia psicológica adecuados que faciliten su reincisión social y adopción a la normal vida cotidiana. De acuerdo con el Programa de Reincorporación a la vida civil el Gobierno Nacional procurará la vinculación de los desmovilizados a proyectos productivos o a programas de capacitación o educación que les facilite acceder a empleos productivos. Entrega de menores.
Rebaja de penas. tendrán prelación sobre los demás asuntos de competencia de la Corporación y deberán ser resueltos dentro del término de treinta días. Los recursos de que trata la presente ley y cuyo trámite corresponde a la Corte Suprema de justicia. Artículo 68. por los delitos de concierto para delinquir en los términos del inciso primero del artículo 340 del Código Penal. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. será n los mismos exigidos para desempeñarse como Magistrado de los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial. instigación a delinquir en los términos del inciso primero del artículo 348 del Código Penal. Las personas que al momento de Ley de justicia y paz 33/35 . Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito judicial. que se creen en virtud de la presente ley.Artículo 67. preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento. fabricación. estará a cargo de los Magistrados de los Tribunales creados por la presente ley. Las personas que se hayan desmovilizado dentro del marco de la Ley 782 de 2002 y que hayan sido certificadas por el Gobierno Nacional. tráfico y porte de armas y municiones. también podrán acceder a los beneficios jurídicos que para ellas consagra la Ley 782 de 2002. Las personas condenadas por los mismos delitos y que reúnan las condiciones establecidas en el presente artículo. podrán ser beneficiarias de resolución inhibitoria. según el caso. Artículo 69. de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. utilización ilegal de uniformes e insignias. serán elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia. Artículo 70. podrá conformar los grupos de apoyo administrativo y social para estos Tribunales. La nominación de los empleados. Los requisitos exigidos para ser Magistrado de estos Tribunales.
La presente ley deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. En este caso. Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una décima parte. Ley de justicia y paz 34/35 . El Secretario General del honorable Senado de la República.entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia ejecutoriadas. Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad. suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislación nacional mediante Ley 67 de 1993". Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación. integridad y formación sexuales. el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado. Artículo 71. El Presidente del honorable Senado de la República. lesa humanidad y narcotráfico. Para la concesión y tasación del beneficio. su compromiso de no repetición de actos delictivos. la pena será la misma prevista para el delito de rebelión. Artículo 72. Luis Humberto Gómez Gallo. Sedición. Vigencia y derogatorias. su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a las víctimas. Adiciónase al artículo 468 del Código Penal un inciso del siguiente tenor: "También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal.
D. Zulema Jattin Corrales.GOBIERNO NACIONAL Publíquese y ejecútese. Dada en Bogotá.Emilio Ramón Otero Dajud. Camilo Ospina Bernal. La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes. C. El Ministro de Hacienda y Crédito Público. Angelino Lizcano Rivera. a 25 de julio de 2005.. ÁLVARO URIBE VÉLEZ El Ministro del Interior y de Justicia. Sabas Pretelt de la Vega. Ley de justicia y paz 35/35 . El Ministro de Defensa Nacional. El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes. REPUBLICA DE COLOMBIA . Alberto Carrasquilla Barrera.
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