Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1997/00007-1997-AA.html
Timestamp: 2017-12-15 08:06:46+00:00

Document:
00007-1997-AA
…cuando el actor juzga que se habría vulnerado su derecho a la legítima defensa,…pareciera confundir dicha institución de contenido material de índole penal, reconocido en el inciso 23 del artículo 2º de la Constitución, por medio del cual se exime o se atenúa a un individuo de responsabilidad penal, con el derecho de defensa, reconocido en el inciso 14 del artículo 139º de la Constitución…
Exp. Nº 007-97-AA/TC
José Evangelista Rosado
En Lima, a los treinta días del mes de junio de mil novecientos noventa y siete, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados:
Recurso extraordinario contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, su fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis, que confirmó la apelada, que declaró infundada la demanda, en los seguidos entre José Evangelista Rosado con la Superintendencia Nacional de Aduanas sobre Acción de Amparo.
Don José Ernesto Evangelista Rosado interpone Acción de Amparo contra la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD), por violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, legítima defensa y derecho de petición.
Sostiene el actor que con fecha veintisiete de abril de mil novecientos noventa y cinco, la oficina de recursos humanos de la Superintendencia Nacional de Aduanas le cursó una carta notarial a fin de que formule sus descargos en el término de seis días, por haber incurrido en diversos actos que conllevaban el cese de la relación laboral. Alega que con fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, formuló sus descargos, y con fecha once del mismo mes y año se le cursaba nuevamente una carta notarial, a través de la cual se daba término al vínculo laboral que la unía con la entidad demandada, en aplicación del inciso a) del artículo 61 del decreto legislativo 728º.
Refiere que con fecha veintinueve de mayo del mismo año, interpuso su recurso de reconsideración, y sin embargo, dicho medio impugnatorio no fue tramitado, aceptado ni recibido respuesta alguna, transgrediéndose el inciso 20) del artículo 2º de la Constitución. No obstante ello, nuevamente, esta vez con fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, solicitó se regularice su trámite, de lo que no obtuvo respuesta, por lo que considera que se está vulnerando su derecho constitucional a la legítima defensa.
Recuerda que tras no haber obtenido respuesta alguna, con fecha once de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, interpuso recurso de apelación contra la carta notarial, no obteniendo nuevamente respuesta alguna. No obstante ello, con fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, la oficina de recursos humanos le remite una carta notarial por la cual se ratifica la rescisión del contrato de trabajo, y que el trámite se ha ceñido al régimen laboral privado, aplicable a los trabajadores de Aduanas.
Sostiene el actor, que siendo la SUNAD una institución pública descentralizada, y encontrarse laborando en calidad de empleado público, tras haber sido nombrado por Resolución Ministerial Nº 515-74-MINCOM-DIGA, con fecha veinticuatro de setiembre de mil novecientos setenta y cuatro, se encontraba sujeto a un procedimiento administrativo, y no como se ha realizado contra el actor, al sometérsela a un procedimiento de la actividad privada, no constituyendo excusa para su cumplimiento el hecho de que la Ley Orgánica de la entidad demandada prevea en sus artículos 20º y 21º que le es aplicable la Ley Nº 24514 y el Decreto Legislativo Nº 728, respecto de las infracciones y sanciones.
Refiere que debió, en el peor de los casos, haber sido cesado mediante resolución del Superintendente Nacional de Aduana, previo proceso administrativo, y no a través de una carta notarial, pues así se prevé en el artículo 7º inciso k) del Estatuto de la referida entidad. Alude, asimismo, que de conformidad con el artículo 31º del mismo Estatuto, el personal de Aduanas se sujeta sin excepción al reglamento interno de trabajo, que se aprueba por resolución de Superintendencia de Aduanas, y cuyo artículo 60º, reproduce los mismos términos del ya referido inciso k) del artículo 7º de sus Estatutos, por lo que considera que su despido habría sido arbitrario además de violatorio a sus derechos constitucionales ya citados.
Admitida la demanda, ésta es contestada por el Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales de Aduanas, quien solicita se declare improcedente la demanda, ya que: a) no se ha vulnerado su derecho de defensa, pues se le concedió un plazo de seis días para que efectuara sus descargos antes de haberse procedido a disolver el vínculo laboral, que el actor ejercitó en forma irrestricta. b) SUNAD ha observado estrictamente el procedimiento de despido establecido por los artículos 67º y 68º del Decreto Legislativo Nº 728º, por lo que no se ha vulnerado su derecho al debido proceso; c) de conformidad con el artículo 60º del Estatuto de Aduanas, el despido se formalizará por resolución del Superintendente o de quien éste delegue, siendo que mediante Resolución Nº 000649 del dos de julio de mil novecientos noventa y dos, se facultó al Gerente de Personal de la Intendencia Nacional de Administración (ahora Jefe de la Oficina de Recursos Humanos) para que proceda a efectivizar (sic) el despido de sus trabajadores.
Con fecha dieciocho de julio de mil novecientos noventa y seis, el Juez del Tercer Juzgado Civil del Callao expide resolución, declarando infundada la demanda. Interpuesto el recurso de apelación, la Sala Civil de la Corte Superior del Callao confirma la apelada.
Considerando: Que, conforme se desprende del petitorio de la demanda, el objeto de ésta es que cese la violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, legítima defensa y de petición que la entidad demandada habría realizado, y en consecuencia, se reponga al actor a su centro de labores en el cargo que venía desempeñándose. Que, siendo ello así, y con el objeto de que este Colegiado pueda determinar los extremos sobre los que ha de pronunciarse en esta sentencia, en forma inexorable habrá de detenerse en evaluar si, en el caso de autos, se habría generado la violación de los derechos constitucionales a la legítima defensa y el derecho de petición. Que, ello es necesario realizar en el caso de autos pues en realidad, cuando el actor juzga que se habría vulnerado su derecho a la legítima defensa, en realidad pareciera confundir dicha institución de contenido material de índole penal, reconocido en el inciso 23 del artículo 2º de la Constitución, por medio del cual se exime o se atenúa a un individuo de responsabilidad penal, con el derecho de defensa, reconocido en el inciso 14 del artículo 139º de la Constitución, contenido esencial del derecho al debido proceso, que permite a un individuo, en el ámbito jurisdiccional, administrativo o privado, de plantear libremente los argumentos de hecho y de derecho que coadyuven al tercero imparcial, resolver el asunto sometido de manera objetiva y responsable. Que, en el caso de autos, dicho derecho de defensa no aparece ser conculcado por la entidad demandada, pues de los documentos obrantes de fojas uno a tres, de cuatro a dieciocho, y de fojas cuarenta y uno a cincuenta, se desprende que el actor ejercitó su derecho de manera libre. exponiendo las razones que, a su juicio, lo eximían de cualquier clase de responsabilidad administrativa. Que en el mismo sentido. de autos puede apreciarse que la presunta violación del derecho de petición que se alega, no es tal pues, como se aprecia del propio tenor de la demanda, y de los documentos que se recaudan, el actor en diversas oportunidades ejercitó dicho derecho, habiendo la entidad demandante. según se está al documento obrante a fojas sesenta y cuatro, cumplido con la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito, conforme se ordena en el inciso 20 del artículo 2º de la Constitución. Que, por lo que respecta a la presunta violación del derecho constitucional al debido proceso, este Colegiado estima que tampoco se ha producido algún acto lesivo, pues según se está a la Resolución de Gerencia Nº 00297, su fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y dos, obrante a fojas ciento catorce y ciento quince, el actor libremente optó por acogerse al régimen previsto por el inciso b) del artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 680, por lo que el procedimiento administrativo previsto en el Decreto Legislativo Nº 728, y al que se sujetó al actor, no puede entenderse como violación del derecho al debido proceso, y, concretamente, del derecho a no ser sometido a procedimiento distinto del previamente establecido.
Confirmando la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, su fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis, que confirmó la apelada, que declaró infundada la Acción de Amparo interpuesta; Dispusieron la publicación de esta sentencia en el Diario Oficial "El Peruano", y los devolvieron.

References: artículo 2
 artículo 139
 resolución 
 artículo 61
 artículo 2
 Resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 31
 resolución 
 artículo 60
 artículo 7
 artículo 60
 resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 139
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 5
 resolución