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Timestamp: 2018-12-11 03:13:16+00:00

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﻿ SENTENCIA T-1239 DE DICIEMBRE 11 DE 2008
SENTENCIA T-1239 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2008
CONTENIDO:REINTEGRO LABORAL DEL PENSIONADO. ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DEL TRABAJADOR PRÓXIMO A PENSIONARSE DE LA ENTIDAD PÚBLICA EN REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA. DEBE EXTENDERSE DURANTE TODO EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REINTEGRO LABORAL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA, PENSIONADO
Sentencia T-1239 de diciembre 11 de 2008
Ref.: Expedientes acumulados T-1’968.373 y T-1’923.927
Acciones de tutela instauradas por María del Pilar Morales contra Fiduagraria S.A. y por Elia María Negrete Genes contra el Incoder
1.2. Expresa que mediante Decreto 3202 (1) del 24 de agosto de 2007, el gobierno suprimió la empresa y ordenó su liquidación, nombrando como agente liquidador a Fiduagraria S.A., entidad que, mediante escrito de fecha 3 de enero de 2008 (2) , le comunicó la supresión de su cargo.
1.3. Manifiesta que contra dicho acto interpuso oportunamente recurso de reposición con la finalidad de ser incluida en el retén social por encontrarse próxima a cumplir con los requisitos de jubilación convencional (3) : el 29 de noviembre de 2009. Que a la fecha de interposición de la tutela, la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento no ha dado respuesta al recurso.
1.4. Alega, además, que la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial se encuentra vigente y que la misma exige como requisitos para pensión de jubilación haber cumplido cincuenta años de edad, si es mujer, y acreditar veinte años de servicio a entidades de derecho público (4) . Que en sentencias C-314 y C-349 de 2004, la Corte Constitucional ordenó el reconocimiento de beneficios convencionales a los trabajadores del ISS y que por medio del Decreto 1750 de 2003 fueron incorporados en las nuevas empresas sociales del Estado, mientras la convención colectiva de trabajo estuviera vigente.
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 1º de abril de 2008, tuteló los derechos de la accionante, ordenando a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria S.A, reintegrarla a la ESE ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’ en un cargo de igual o superior categoría y remuneración al que desempeñaba al momento de su retiro y cancelarle las acreencias laborales dejadas de percibir desde su desvinculación hasta su reincorporación. En el fallo, el despacho aclara a la accionada que deberá mantener en el cargo a la señora Morales Ruiz, “hasta cuando se produzca la liquidación de la entidad o con anterioridad a la liquidación de la misma hasta cuando se le notifique a la antes citada del reconocimiento de la pensión y se notifique de la inclusión en nómina de pensionados”.
Considera el despacho que “la categoría de prepensionado es objeto de igual protección al derecho a la igualdad pues es entendido que el trato diferenciado radica en la afectación del mínimo vital por operar la desvinculación de la demandante una consecuencia desventajosa en el derecho a la persona por perder la continuidad en el servicio cuando le faltan menos de 3 años para acceder a la pensión convencional por 20 años de servicio y 50 años de edad, acreditado como quedó en el plenario que la actora ingresó al servicio del Instituto de Seguros Sociales el 23 de octubre de 1989 hasta el 3 de enero de 2008, esto es registrando un tiempo de servicios de 18 años, 2 meses y 10 días y la edad de 49 años (fls. 101-102-103-104), en el entendido que en virtud del Decreto 1750 de 2003, artículos 17 y 18, la incorporación automática y sin solución de continuidad de los trabajadores oficiales del ISS en la nueva planta de empleados públicos de las empresas sociales del Estado creadas por el estatuto antes citado, no implica la pérdida de beneficios logrados convencionalmente, de manera que a la accionante la cobija el beneficio convencional incoado en la solicitud de tutela mientras el mismo mantenga su vigencia, conforme a lo dispuesto en la Sentencia C-314 de 2004”.
Mediante escrito recibido el 10 de abril de 2008, la ESE ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’ impugnó la decisión del juzgado laboral por considerar que la tutela no es el medio idóneo para hacer reclamaciones de carácter laboral, debido a que la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa.
Además, señala que “la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en liquidación, no está facultada legalmente para iniciar nuevas actividades en desarrollo del objeto social de la extinta ESE Luis Carlos Galán Sarmiento y, su capacidad se reduce y limita única y exclusivamente a realizar actos, operaciones y contratos necesarios para efectuar su pronta liquidación, de donde se colige, que nos encontramos ante la imposibilidad jurídica, en virtud del Decreto 3202 de agosto 24 de 2007, para brindar servicios de salud a los afiliados del ISS o a cualquier otro usuario de dicho servicio”. Advierte que como consecuencia de lo anterior, “al no tener dicha responsabilidad, el número de servidores públicos que laboraba en aras de la asistencia del servicio de salud, obviamente se quedó sin funciones para realizar y por lo tanto, se hizo necesario por disposición legal del artículo 12 del mencionado decreto, dar por terminado el vínculo legal reglamentario, proferido por el Gobierno Nacional mediante Decreto-Ley 4992 del 31 de diciembre de 2007”.
Manifiesta que a la señora María del Pilar Morales no se le han vulnerado sus derechos al trabajo, debido proceso, mínimo vital, seguridad social e igualdad, toda vez que las decisiones adoptadas dentro del proceso liquidatorio se ciñen a los preceptos legales. Que se le reconoció a la accionante una indemnización por la supresión de su cargo, por valor de $ 70’493.553 y que aquella se encuentra debidamente preparada para ejercer cualquier otro trabajo en el ámbito laboral.
Con relación a la protección del retén social para las personas próximas a pensionarse, alega que la misma se extendió hasta el 24 de julio de 2007, razón por la que considera que los beneficios no cobijan a la accionante. Concluye manifestando que la señora Morales Ruiz no forma parte del sindicato, motivo por el cual no se le aplica la convención colectiva anexada a la demanda. Cita una sentencia de la Corte Constitucional (5) para argumentar su posición, señalando que dicha corporación “al declarar la exequibilidad del Decreto 1750 de 2003 ratificó en forma expresa la imposibilidad jurídica de aplicar la convención colectiva de trabajo del ISS a la población laboral de empleados públicos que quedaron automáticamente incorporados en las plantas de personal de las siete empresas sociales del Estado creadas por el mismo decreto” y por tanto, cualquier reclamación soportada en que la convención colectiva del ISS rige para las ESE resulta inválida jurídicamente.
Igualmente, señala que no es posible concluir si la señora Morales Ruiz cumple las exigencias para hacerse acreedora de los beneficios del retén social consagrado en la Ley 790 de 2002, toda vez que no “posee la expectativa legítima de pensionarse con 20 años de servicio y 50 de edad en virtud del Decreto 1653 de 1977, pues para que ello sea posible, debería, en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, haber tenido a 1º de abril de 1994 más de 15 años de servicio y 35 de edad, y del material probatorio allegado, se concluye que para esas calendas tan solo completaba 34 años, 4 meses y 2 días de edad y poco más de 4 años de servicio”.
a. Copia de la convención colectiva de trabajo celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato nacional de trabajadores de la seguridad social (fls. 14 al 83).
b. Copia del Decreto 3202 del 24 de agosto de 2007, mediante el cual se suprime la empresa social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento y se ordena su liquidación (fls. 85 al 95).
c. Copia de escrito de fecha 3 de enero de 2008, mediante el cual el apoderado general liquidador le informa a la accionante la supresión de su cargo (fl. 96).
d. Copia del recurso de reposición interpuesto contra el acto de fecha 3 de enero de 2008 (fls. 97 al 100).
e. Copia de la cédula de ciudadanía (fl. 101).
f. Copia de constancia de prestación de servicios suscrita por la jefe de recursos humanos del ISS (fl. 103).
g. Copia de constancia de prestación de servicios suscrita por la coordinadora de talento humano de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en liquidación (fl. 104).
Pruebas recaudadas en el trámite de la revisión de la presente acción
El despacho del magistrado sustanciador, mediante auto del 28 de octubre de 2008, solicitó a la oficina de renovación de la administración pública del Departamento Nacional de Planeación que informara: si la supresión y liquidación de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento se dio en el marco del programa de renovación de la administración pública y cuáles son los criterios que se aplican para determinar si la supresión y liquidación de una entidad se enmarcan dentro del programa de renovación de la administración pública.
En el mismo auto, este despacho solicitó a la Fiduagraria, como agente liquidador de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, mediante auto del 28 de octubre de 2008, que informara
“1) Si ya pagó a la peticionaria María del Pilar Morales Ruiz el dinero correspondiente a la indemnización por supresión del cargo que aquella venía ejerciendo. Si no lo ha hecho, informe cuál es la razón.
3) Exactamente, cuánto tiempo le faltaba a la peticionaria, María del Pilar Morales Ruiz, para cumplir con los requisitos de pensión establecidos en la convención colectiva suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial.
5) Cuáles fueron los criterios y el fundamento jurídico para que la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en liquidación haya establecido el retén social en su proceso de liquidación, únicamente respecto de madres y padres cabeza de familia y personas discapacitadas, pero no de prepensionados”.
El Departamento Nacional de Planeación, a través de la directora del programa de renovación de la administración pública, el 11 de noviembre dio respuesta al requerimiento de la Sala, informando que “la supresión y liquidación de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, se dio en el marco del programa de renovación de la administración pública, de conformidad con los lineamientos definidos por el Presidente de la República en la Directiva 10 del 20 de agosto de 2002” documento que fue anexado al expediente.
Igualmente, esta entidad expresa que los criterios que se deben tener en cuenta para que el Presidente de la República pueda determinar la supresión y liquidación de una entidad se encuentran en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y que en desarrollo de su objetivo “se propone adecuar la administración pública a las necesidades y a las condiciones del país y contribuir a fortalecer su capacidad para brindar seguridad democrática, sanear las finanzas públicas, promover la equidad, garantizar la estabilidad y el crecimiento sostenible de la economía”. Agrega que en ese sentido, se expidió el memorando 538 de junio 23 de 2004 mediante el cual se estableció la guía para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional y se señalan los lineamientos que deben ser tenidos en cuenta en los procesos liquidatorios de dichas entidades.
Mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2008, la coordinadora de talento humano de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en liquidación, dio respuesta a lo solicitado por la Sala en los siguientes términos:
Frente al primer interrogante, señaló que la indemnización no se canceló debido a que la accionante fue reintegrada en el mes de abril de 2008 y aún no se había finalizado el proceso de la nómina de pago de indemnización. A continuación, y en respuesta al segundo cuestionamiento señala que “los parámetros para la liquidación de la indemnización de los empleados de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento - en liquidación se encuentran establecidos en el artículo 14 del Decreto 3202 de 24 de agosto de 2007, por medio del cual se suprime la empresa”.
Como respuesta a la tercera pregunta, señala que “al escindirse el ISS, por medio del Decreto 1750 de 2003, cambió la naturaleza jurídica del vínculo que unía a sus servidores con dicha institución, los cuales al pasar a pertenecer a las empresas sociales del Estado, se convirtieron, por mandato legal, en empleados públicos, dejando de ser trabajadores oficiales. Este cambio operó a partir del 26 de junio de 2003, razón por la cual la señora María del Pilar Morales Ruiz, que ostentaba el cargo de odontólogo código 2087, grado 18, al ser incorporada a la ESE LCGS, como empleada pública, según lo señala expresamente el decreto ley, se le aplica la normatividad general dictada para esta clase de servidores, por lo que no es beneficiaria de la convención colectiva, la cual se aplica a los trabajadores oficiales de la empresa”.
Por último, manifiesta que los criterios y fundamentos jurídicos tenidos en cuenta para aplicar el retén social, son los contemplados en la Ley 790 de 2002 y el Decreto reglamentario 190 de 2003. Además, manifiesta que con relación a los prepensionados, la protección se estableció “para los empleados que cumplieran los requisitos dentro del plazo de un (1) año para la liquidación de la empresa, establecido en el Decreto 3202 de 24 de agosto de 2007, es decir, hasta el 24 de agosto de 2008”.
2. Expediente T-1’923.927.
1.1. Señala la actora que ingresó a trabajar en el Incoder el 16 de diciembre de 2003. Que revisada su hoja de vida, el coordinador del grupo de gestión talento humano, mediante Oficio 20063165240 (6) de fecha 14 de diciembre de 2006, le solicitó que gestionara ante la entidad de previsión social a la que se encontraba afiliada la posibilidad de obtener el derecho a la pensión de vejez, atendiendo su edad y tiempo de servicio.
1.2. Manifiesta que posteriormente, el 27 de diciembre de 2007, el gerente general del Incoder, por Oficio 20073175927 (7) , le informó sobre la supresión del cargo profesional especializado código 2028 grado 16, que venía desempeñando en provisionalidad y su consecuente retiro del servicio, a partir del 30 de diciembre de 2007. Contra este acto interpuso recurso de reposición el 4 de enero de 2008 ante la comisión de personal del Incoder, el cual fue negado el 15 de febrero del presente año, por considerar dicha comisión que no era competente para resolver la situación de la recurrente, debido a que el cargo que ocupaba la recurrente había sido suprimido y su nombramiento era de carácter provisional.
1.5. Finaliza alegando que tiene más de 55 años de edad y le faltan menos de 3 años para cumplir las 1.000 semanas exigidas por la ley para acceder a su pensión de vejez.
El Incoder, por intermedio de la jefa de la oficina asesora jurídica y representante judicial, dio respuesta a la demanda de tutela manifestando que la acción es improcedente debido a que la señora Negrete cuenta con otro mecanismo de defensa judicial idóneo, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Agrega que la supresión de cargos se hizo de conformidad con estudios técnicos de reestructuración de la entidad y atendiendo lo dispuesto en la Ley 1152 de 2007. Que el cargo que desempeñaba la accionante estaba adscrito a la subgerencia administrativa y financiera y, con la reestructuración, quedó asignado a la secretaría general, dependencia que cuenta con 28 funcionarios de los cuales 3 son de profesional especializado 2028 grado 16, provistos con empleados de carrera administrativa. Continúa expresando que estos funcionarios “son servidores públicos que igualmente venían nombrados definitivamente con carácter de propiedad en el cargo, los cuales tenían el derecho preferencial a ser incorporados, por cuanto cumplían con el perfil requerido. (...) Así las cosas, es claro que no existe en la planta de personal del nivel central, otro cargo de profesional especializado 2028 grado 16, por cuanto como se expuso, los que quedaron asignados están ocupados por los citados funcionarios, que por tener propiedad del cargo, estar en carrera administrativa, tener fuero sindical y estar dentro del retén social tienen mejor derecho que la actora. Ahora bien, es de suma importancia para el proceso, poner en conocimiento al despacho que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, aunque no estaba obligado por ley a convocar el denominado retén social, como se expondrá más adelante, resolvió abrir convocatoria para los funcionarios que consideraran tener alguna condición, dentro de la cual no se incluyó la accionante (...)”.
Señala que dentro de los beneficios contemplados por la Ley 790 de 2002 se encuentra el de la estabilidad laboral reforzada, de la cual son beneficiarios “únicamente: los funcionarios de carrera administrativa con nombramiento en propiedad y que para ese momento eran madres y padres cabeza de familia, funcionarios con limitación física, mental, visual o auditiva y; aquellos funcionarios que cumplían la totalidad de los requisitos para adquirir la pensión en el término de tres años contados a partir, de la entrada en vigencia de la Ley 790 de 2002, caso contrario al que nos ocupa”. Que de acuerdo con la Ley 812 de 2003, los beneficios “los recibirán los servidores públicos retirados del servicio, durante el périodo (sic) comprendido entre el 1º de septiembre de 2002 hasta el 31 de enero de 2004, y no hasta el vencimiento de las facultades extraordinarias, esto es, hasta el 27 de junio de 2003 como prescribía la norma anterior” resaltando que la demandante fue retirada del servicio a partir del 27 de diciembre de 2007 y los beneficios habían agotado su aplicabilidad el 31 de enero de 2004.
El Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal del Circuito de Bogotá, en sentencia del 1º de abril de 2008, negó la tutela de los derechos de la accionante.
Consideró el despacho que “dentro de los cargos que fueron suprimidos, también se encontraban 6 personas más que ostentaban un carácter aún más preferencial que el de la accionante, esto es, se encuentran vinculados por carrera, algunos de ellos con condición de trabajadores sindicalizados (fls. 32 y 33, c.o.), condiciones que acreditaron y por las cuales, fueron acreedores del llamado plan de protección ‘retén social’ (...) Protección a la cual se hizo, previamente, amplia alusión y que se reitera, superan las condiciones de la demandante, a quien por demás, no le fue vulnerado su derecho al debido proceso por las razones anotadas, reiterando que la misma se encontraba vinculada a la entidad en provisionalidad —en oposición a los demás trabajadores—, no tenía condición de mujer embarazada, ni de mujer cabeza de familia, y menos aún de discapacitada”.
Inconforme con la decisión, la señora Elia María Negrete impugnó el fallo de tutela alegando que el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 “no hace alusión alguna a funcionarios amparados por la carrera administrativa; por el contrario, sin condicionamiento de ninguna especie se confiere a las madres cabeza de familia sin alternativa económica, a las personas con limitación física, mental o auditiva y a los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o vejez en el término de tres años, la prerrogativa de no ser retirados del servicio en el desarrollo del programa de renovación de la administración pública”.
h. Copia de Oficio 20063165240 suscrito por el coordinador del grupo de gestión talento humano del Incoder (fl. 10).
i. Copia de Oficio 20073175927 suscrito por el gerente general del Incoder, mediante el cual le comunican la supresión del cargo (fl. 11).
j. Copia de Oficio 20082104011 suscrito por el gerente general del Incoder, mediante el cual le comunican la decisión dictada por la comisión de personal del organismo, frente a su recurso de reposición (fl. 12).
k. Copia del certificado de registro civil de nacimiento (fl. 13).
l. Copia de la cédula de ciudadanía (fl. 14).
m. Copia de constancia de prestación de servicios, suscrita por el gerente liquidador del Incora (fls. 15 y 16).
n. Copia del certificado 19708 de información laboral para bonos pensionales y pensiones, del Ministerio de Hacienda (fls. 17 y 18).
o. Copia del reporte de semanas cotizadas durante el período 1967 - 1994, del Seguro Social (fls. 19 al 24).
p. Copia del Decreto 4903 del 21 de diciembre de 2007, mediante el cual se aprueba la modificación de la planta de personal del Incoder (fls. 43 al 47).
q. Copia de la Resolución 950 del 20 de noviembre de 2003, mediante la cual el Incoder nombra provisionalmente a la señora Negrete en el cargo de profesional especializado 3010 grado 19 (fl. 48).
r. Copia de la Resolución 3738 del 27 de Diciembre de 2007, por la cual se distribuyen los cargos de planta de personal del Incoder (fls. 51 al 61).
s. Copia de certificación suscrita por el subgerente administrativo del Incoder, sobre la calidad de madres cabeza de familia y discapacitados de funcionarios de dicha entidad (fls. 64 al 70).
“1) Si ya pagó a la peticionaria Elia María Negrete Genes el dinero correspondiente a la indemnización por supresión del cargo que aquella venía ejerciendo. Si no lo ha hecho, informe cuál es la razón.
4) Exactamente, cuánto tiempo le faltaba a la peticionaria, Elia María Negrete Genes, para cumplir con los requisitos de pensión atendiendo el régimen aplicable a su situación pensional.
6) Cuáles fueron los criterios y el fundamento jurídico para que el Incoder haya establecido el retén social en su proceso de liquidación, únicamente respecto de madres y padres cabeza de familia y personas discapacitadas, pero no de prepensionados”.
El Departamento Nacional de Planeación, a través de la directora del programa de renovación de la administración pública, dio respuesta al requerimiento de la Sala, informando que “la reestructuración de la planta de personal del Incoder se dio en el marco del programa de renovación de la administración pública, de conformidad con os lineamientos definidos por el Presidente de la República en la Directiva 10 del 20 de agosto de 2002, Directiva 13 del 15 de octubre de 2002 y la Circular Instructiva 530 de 2002” documentos que fueron anexados al expediente. Igualmente, esta entidad expresa frente al segundo cuestionamiento, que los criterios que se deben tener en cuenta para determinar la reestructuración de una entidad se encuentran señalados en el artículo 1º de la Ley 790 de 2002 (8) .
En la presente ocasión, corresponde determinar a la Sala si las accionantes cumplen los requisitos para ser consideradas prepensionadas y, si en esa condición, las entidades accionadas - Fiduagraria S.A. y el Incoder - vulneraron los derechos a la igualdad, debido proceso, al trabajo y a la seguridad social, invocados por las accionantes, al desvincularlas de sus cargos por considerar que no hacen parte del retén social consagrado en la Ley 790 de 2002.
La Corte ha señalado de manera reiterada que, por regla general, la acción de tutela no es procedente para obtener el reintegro laboral (9) . Lo anterior en virtud de que se trata de un asunto típicamente laboral, para cuyo debate están establecidas las vías jurisdiccionales ante los jueces especializados.
Para esta corporación, dado el carácter excepcional de este mecanismo constitucional de protección de los derechos (10) , la acción de tutela no puede desplazar ni sustituir los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Al respecto ha sostenido:
“(...) la paulatina sustitución de los mecanismos ordinarios de protección de derechos y de solución de controversias por el uso indiscriminado e irresponsable de la acción de tutela entraña (i) que se desfigure el papel institucional de la acción de tutela como mecanismo subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, (ii) que se niegue el papel primordial que debe cumplir el juez ordinario en idéntica tarea, como quiera que es sobre todo este quien tiene el deber constitucional de garantizar el principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2º superior) (11) y (iii) que se abran las puertas para desconocer el derecho al debido proceso de las partes en contienda, mediante el desplazamiento de la garantía reforzada en que consisten los procedimientos ordinarios ante la subversión del juez natural (juez especializado) y la transformación de los procesos ordinarios que son por regla general procesos de conocimiento (no sumarios)” (Sent. T-514/2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
Ahora bien, con relación a la señora María del Pilar Morales Ruiz (12) , la peticionaria solicita que se proteja su derecho a la igualdad por considerar que el mismo fue vulnerado por la entidad accionada al no incluirla en el retén social como prepensionada. La actora tiene 48 años de edad, fue indemnizada por la fiduciaria y no obra en el expediente prueba sumaria de tener bajo su responsabilidad algún miembro familiar.
Respecto de la petición de la señora Elia María Negrete Genes (13) , la misma se dirige a la protección de sus derechos al trabajo, seguridad social y debido proceso, los cuales considera vulnerados por el Incoder al no tener en cuenta su calidad de prepensionada y la protección laboral que le cobijaba. La accionante tiene 56 años de edad y no se observa en el expediente, información alguna sobre su situación familiar y económica.
En ambos casos, observa esta Sala que no hay claridad sobre la afectación del mínimo vital de las accionantes. Sin embargo, se advierte que la desvinculación de las mismas genera una consecuencia negativa en su derecho a obtener la pensión de vejez, ya que las entidades tuteladas, Fiduagraria y el Incoder, al momento de suprimir los cargos que ocupaban las señoras Morales y Negrete no tuvieron en cuenta que eran trabajadoras que se encontraban próximas a pensionarse, en los términos de la convención colectiva —para la primera— y de la Ley 100 de 1993 —en el caso de la segunda—.
Ahora, con relación al derecho a la igualdad invocado por Elia María Negrete Genes, quedó demostrado en el expediente que el Incoder, en el proceso de reestructuración y con base en las previsiones de la Ley 790 de 2002, tuvo en cuenta a otros sujetos de especial protección como lo fueron las madres y padres cabeza de familia y los trabajadores incapacitados (14) . La exclusión de la demandante, como beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada por tener la calidad de prepensionada, permite inferir una transgresión de su derecho fundamental a la igualdad.
“Ciertamente, la panorámica general del caso le revela a la Sala que la afrenta irremediable se cierne contra el derecho a adquirir una pensión, de un individuo que estaba en vía inequívoca de adquirirla. Y aunque para los fines de su reconocimiento sería posible acudir a la jurisdicción ordinaria, es previsible que para cuando se produzca el fallo judicial la entidad suprimida haya sido plenamente liquidada y la peticionaria no encuentre a quién reclamar su derecho pensional vitalicio. También es previsible que en las circunstancias actuales de la demandante, la misma vea limitadas sus posibilidades reales de conseguir un empleo que le permita completar la edad para pensionarse, que de cualquier manera no sería la consagrada en la convención colectiva de trabajo”.
“Ciertamente, la panorámica general del caso le revela a la Sala que la afrenta irremediable se cierne contra el derecho a adquirir una pensión, de un individuo que estaba en vía inequívoca de adquirirla. Y aunque para los fines de su reconocimiento sería posible acudir a la jurisdicción ordinaria, es previsible que para cuando se produzca el fallo judicial la entidad suprimida haya sido plenamente liquidada y la peticionaria no encuentre a quién reclamar su derecho pensional vitalicio. También es previsible que en las circunstancias actuales de la demandante, la misma vea limitadas sus posibilidades reales de conseguir un empleo que le permita completar la edad para pensionarse, que de cualquier manera no sería la consagrada en la convención colectiva de trabajo” (Sent. T-009/2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
En su jurisprudencia (15) , esta corporación ha definido el concepto de derechos adquiridos como aquellos que han ingresado definitivamente al patrimonio de una persona. Esto implica que un derecho se ha adquirido cuando quien lo reclama, acredita el cumplimiento de los requisitos descritos en el ordenamiento.
Estos conceptos generan consecuencias jurídicas diferentes. Los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la Carta Política, no pueden ser desconocidos por leyes posteriores ya que comprenden una situación jurídica consolidada tras el cumplimiento de ciertos requisitos fácticos, lo que les confiere el carácter de intangibles (16) . No ocurre lo mismo con las expectativas de derecho, que pueden ser afectadas por normas posteriores, pues no entrañan una consolidación de derechos ni el perfeccionamiento de situaciones jurídicas bajo un ordenamiento precedente (17) .
Ahora bien, en materia de reconocimiento de derechos pensionales la Corte Constitucional ha construido una sólida jurisprudencia (18) de protección de aquellas expectativas próximas a realizarse, estableciendo una diferencia inequívoca entre las meras expectativas y aquellas expectativas legítimas y previsibles de adquisición de un derecho, para concluir que mientras las primeras no son objeto de protección constitucional, las segundas gozan de un privilegio especial proveniente de la Carta.
Sobre el tema esta Sala de revisión, en Sentencia T-009 de 2008 (19) , expuso lo siguiente:
En el marco de protección de los derechos de las personas próximas a pensionarse, el legislador promulgó la Ley 790 de 2002. El objeto de esta ley fue renovar y modernizar la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines del Estado en un marco de sostenibilidad financiera (20) . Para tal efecto ordenó la fusión y la liquidación de distintas entidades en el marco de lo que se denominó el programa de renovación de la administración pública, disponiendo al mismo tiempo medidas de protección a favor de personas que por sus condiciones particulares podrían resultar especialmente afectadas por la desvinculación.
Dicha ley, en su artículo 12 (21) , estableció un beneficio —concretamente para los prepensionados— que cobijaba a aquellos servidores públicos que dentro de los tres años siguientes contados a partir de la promulgación de la ley, cumplieran con la totalidad de los requisitos para disfrutar de la pensión de vejez o jubilación.
Posteriormente se expidió la Ley 812 de 2003, la cual en su artículo 8º (22) modifica la protección conferida por la Ley 790, disponiendo expresamente que los beneficios otorgados por la Ley 790 de 2002 se aplicarían hasta el 31 de enero de 2004, exceptuando a las personas próximas a pensionarse, cuya garantía debía respetarse hasta el reconocimiento de la pensión de jubilación o de vejez.
Mediante Sentencia C-991 de 2004, esta corporación declaró la inexequibilidad del límite temporal establecido en la Ley 812, por considerar, en primer lugar, que constituía un retroceso respecto de lo estipulado por la Ley 790 de 2002 (23) ; así como violatorio del principio de igualdad, pues para la protección a las personas próximas a pensionarse no se había fijado ninguna restricción temporal. En dicho fallo la Corte recogió la posición fijada por la Sentencia T-792 de 2004 (24) , mediante la cual se dio inaplicación a la norma legal por violación del principio de igualdad constitucional, y retiró del ordenamiento jurídico la expresión “aplicarán hasta el 31 de enero de 2004”, con lo cual eliminó el límite temporal que perjudicaba a las madres cabeza de familia y a los discapacitados.
“Así, pues, una interpretación literal de la norma no parece llevar a conclusión distinta: los 3 años deben contarse a partir de la promulgación de la Ley 790 de 2002 (25) .
“ART. 13.—Aplicación en el tiempo. Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a los servidores públicos retirados del servicio a partir del 1º de septiembre del año 2002, dentro del programa de renovación de la administración pública del orden nacional, y hasta el vencimiento de las facultades extraordinarias que se confieren en la presente ley.
“La entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 modificó —sin embargo— el panorama de protección previsto: la Ley 812 de 2003 extendió el programa de renovación de la administración pública nacional, en tanto que ordenó al Gobierno Nacional promover un plan general basado en tres principios básicos: a) Fortalecimiento de la participación ciudadana; b) Adopción de una nueva cultura de gestión de lo público, y c) Avance en la descentralización y su articulación con el ordenamiento territorial.
“Al proceder de esta forma, la Ley 812 prolongó los beneficios de protección social concedidos por el artículo 12 de la Ley 790, no ya hasta el vencimiento de las facultades extraordinarias concedidas por el artículo 13 de la Ley 790 —seis meses después, como se había previsto—, sino hasta el 31 de enero de 2004.
“Artículo 8º, literal D. Conforme con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, el reconocimiento económico previsto en el artículo 8º de la Ley 790 de 2002, se pagará durante un plazo no mayor de 12 meses; los programas de mejoramiento de competencias laborales de que trata el artículo 12 de la ley, así como la protección especial establecida en el artículo 12 de la misma, aplicarán hasta el 31 de enero de 2004, salvo en lo relacionado con los servidores próximos a pensionarse, cuya garantía deberá respetarse hasta el reconocimiento de la pensión de jubilación o de vejez”.
“Con la modificación hecha por la Ley 812, el retén social se desvinculó del plan de renovación previsto en la Ley 790 de 2002, para convertirse en régimen obligatorio en el proceso de renovación administrativa fijado por el plan nacional de desarrollo, por lo menos hasta la fecha de vigencia de ese plan, que es 24 de julio de 2007, fecha en la cual entró a regir la nueva ley del plan, la Ley 1151 de 2007. Así lo estableció la Sentencia T-993 de 2007 (26) .
“Efectivamente, por virtud de la Ley 812 de 2003, el retén social dejó de regir por el término fijado en el artículo 13 de la Ley 790 de 2002 —a partir del 1º de septiembre del año 2002 hasta el vencimiento de las facultades extraordinarias—, para imponerse como constante en el programa de renovación general de la Ley 812 de 2003, plan nacional de desarrollo.
“Inicialmente, respecto de las madres cabeza de familia y de los discapacitados, la protección se concedió hasta el 31 de enero de 2004. No obstante, la Corte Constitucional declaró inexequible el límite temporal por considerarlo regresivo (27) y violatorio del principio de igualdad (28) e hizo extensiva la protección a todo el programa de renovación.
“No obstante, como la Ley 812 de 2003 incorporó las normas del retén social de la Ley 790 a un plan general —de mayor amplitud— de renovación de la administración pública, la conclusión congruente es que la definición de “persona próxima a pensionarse” debiera desligarse de uno de sus elementos: la fecha de vencimiento establecida en la Ley 790.
“En otras palabras, el hecho de que el retén social propulsado por la Ley 812 se hubiera desarticulado del programa provisional de la Ley 790, hace que también se desligue de la fecha de vencimiento fijada por la Ley 790. Este desprendimiento de las restricciones del régimen transitorio de la Ley 790 obliga a reconocer que la definición de “persona próxima a pensionarse” debe ajustarse esta nueva realidad jurídica, a esta incorporación jurídica de la figura en un régimen de mayor duración, y que, por tanto, el momento en que deben empezar a contarse los 3 años de protección para las personas próximas a pensionarse no pueda ser el de la fecha de promulgación de la Ley 790 de 2002 —por ser este el régimen anterior, que tenía vigencia transitoria— sino el de reestructuración efectiva de la entidad de la administración pública objeto de renovación, en virtud de la Ley 812 de 2003.
“Ello porque el hecho de que el término de 3 años se cuente a partir de la fecha de promulgación de la Ley 790 de 2002 es una condición claramente modificada por el plan nacional de desarrollo —812 de 2003—, pues esta última prolongó la vigencia del retén social a todo el plan de renovación de la administración pública, no ya al que fue objeto de regulación transitoria por parte de la Ley 790.
“Adicionalmente, admitir que las madres y padres cabeza de familia y las personas discapacitadas sí pueden ser beneficiarios del retén social, pero los próximos a pensionarse no pueden serlo, implica contradecir la jurisprudencia de la Corte que reconoce que estas tres categorías se encuentran en similares condiciones de desprotección y merecen un trato igualitario por parte de las entidades en proceso de reestructuraron”.
Atendiendo lo expuesto en acápite anterior, la señora María del Pilar Morales Ruiz fue desvinculada de la Empresa Social del Estado ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’ como consecuencia de la supresión del cargo de odontóloga general que ejercía desde el 23 de octubre de 1989 (29) , sin que se tuviera en cuenta su condición de prepensionada.
No obstante lo anterior, para obtener mayor claridad sobre este punto la Sala solicitó a la oficina de renovación de la administración pública del Departamento Nacional de Planeación que informara si la supresión y liquidación de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento se dio dentro del programa de renovación de la administración, entidad que dentro del término legal informó que dicha liquidación se efectuó dentro del programa de renovación, de conformidad con los lineamientos señalados por el Presidente de la República en la Directiva 10 de agosto de 2002.
Como se expuso en capitulo anterior, la protección de las personas próximas a pensionarse se extiende durante todo el proceso de renovación de la administración pública, por tanto se aplica hasta la liquidación de la entidad accionada. En ese sentido y teniendo en cuenta que el plazo para dar por terminado el proceso de liquidación de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento —el cual se estipuló para el 25 de agosto de 2008— se prorrogó hasta el 24 de febrero de 2009 (30) , dicha entidad está en la obligación de aplicar los beneficios contemplados en el retén social protección durante el proceso de liquidación.
Al respecto manifiesta la accionante que el régimen aplicable a su caso es contemplado en la convención colectiva suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, la cual, a su juicio, se encuentra vigente. Dicha convención señala como requisitos para acceder a la pensión de jubilación que el trabajador cumpla 20 años de servicio continuo o discontinuo y cincuenta años de edad si es mujer (31) .
La Corte Constitucional, en Sentencia C-314 de 2004 (32) al analizar la afectación de los derechos adquiridos de los trabajadores que, automáticamente y sin solución de continuidad, fueron vinculados a las nuevas empresas sociales del Estado, en virtud del Decreto 1750 de 2003 dijo lo siguiente:
“Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de protección de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico” (negrillas fuera de texto).
“Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, contrariamente a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía de estabilidad laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al permitir que no pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador - trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador - trabajador en principio cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la convención colectiva vigente” (negrilla fuera de texto).
Con todo, el Código Sustantivo del Trabajo establece en su artículo 478 que si la convención colectiva no es denunciada antes de que se cumpla el término de vencimiento, la misma se entenderá legalmente prorrogada por términos de 6 meses. La disposición legal establece que la falta de denuncia de la convención extiende indefinidamente —por lapsos de 6 meses y hasta que se denuncie o se suscriba otra convención— los derechos, beneficios y garantías que en ella se consigna.
Ahora, si bien en el expediente se encuentra acreditada que la mencionada convención fue denunciada en dos ocasiones por los representantes del ISS (33) , ese acto por sí solo, de acuerdo con la legislación laboral, no da por terminada la convención colectiva. En estos casos, radicada la denuncia se entra nuevamente en negociaciones hasta llegar a una nueva convención. Al respecto, el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo dispone:
“ART. 479.—Modificado por el artículo 14 del Decreto 616 de 1954. Denuncia. 1. Para que sea válida la manifestación escrita de dar por terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por una de las partes, o por ambas separadamente, debe presentarse por triplicado ante el inspector de trabajo del lugar, y en su defecto ante el alcalde, funcionarios que le pondrán la nota respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha y la hora de la misma. El original de la denuncia será entregado al destinatario por dicho funcionario, y las copias serán destinadas para el Departamento Nacional del Trabajo y para el denunciante de la convención.
2. Formulada así la denuncia de la convención colectiva, esta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención” (negrilla fuera de texto).
La Corte en Sentencia C-1050 de 2001 (34) , al analizar los efectos de la denuncia de la convención colectiva dijo lo siguiente:
“De tal manera que los efectos de la denuncia sobre la convención denunciada son limitados: primero, no le resta eficacia jurídica a lo pactado, ya que la convención continua vigente; segundo, la vigencia de la convención denunciada no tiene término legal fijo; tercero, la continuidad de la convención está supeditada a que se firme una nueva convención, lo cual supone un nuevo acuerdo entre las partes en lugar de la imposición unilateral de condiciones laborales diferentes” (resaltado fuera de texto).
“En consecuencia, los efectos de la denuncia de la convención colectiva por parte del empleador se entienden, en relación con los cargos de la demanda y la norma demandada, limitados a la manifestación unilateral de desacuerdo sobre su continuidad, siendo los trabajadores quienes determinan si dan inicio al conflicto colectivo mediante la presentación del respectivo pliego de peticiones”.
El precedente jurisprudencial, deja en claro que la denuncia hecha solamente por el empleador no extingue la convención colectiva, en razón a que este no tiene la facultad legal para presentar pliego de condiciones ni para iniciar un conflicto colectivo.
“En la legislación colombiana, se estableció la sustitución patronal desde 1935 (D. 652, art. 27, de tal año), reglamentario de la Ley 10 de 1934, que dijo: ‘Para los efectos de la ley que se reglamenta, se considerará como una misma empresa, la que haya conservado en sus líneas generales el mismo giro del negocio u ocupaciones con las variaciones naturales del progreso, ensanche o disminución, aun cuando hubiere cambiado de nombre, patrono o dueño’. Posteriormente, el inciso 3º del artículo 8º de la ley 6ª de 1945 estatuyó que la sola sustitución del patrono no extingue los contratos de trabajo. Esta ley fue desarrollada por el Decreto 2127 de 1945 que en su artículo 53 definió la sustitución de patronos como ‘toda mutación del dominio sobre la empresa o negocio o de su régimen de administración sea por muerte del primitivo dueño, o por enajenación a cualquier título, o por transformación de la sociedad empresaria o por contrato de administración delegada o por otras causas análogas’. Posteriormente se expidió la Ley 64 de 1946 en el mismo sentido. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 67 indicó que ‘Se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones en el giro de sus actividades o negocios’, y es perentoria la determinación del artículo 68: ‘La sola sustitución de patronos no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes’. El profesor Guillermo González Charry al comentar este artículo dice que ‘El artículo 68 establece, siguiendo este criterio, que la sola sustitución de patronos no extingue, suspende o modifica los contratos de trabajo existentes; es decir, que lo que se ha querido establecer es una desconexión completa entre la suerte de los trabajadores y las operaciones financieras o mercantiles que puedan ocurrir en relación con la empresa. No siendo parte en la negociación, los trabajadores tampoco pueden ser sus víctimas’ (Derecho del trabajo, p. 231).
“Este criterio cobra mayor fuerza cuando se trata de obligaciones de hacer, que son imposibles de cumplir por el antiguo empleador, y que, por el contrario, la facticidad de su cumplimiento solo podría concretarla la nueva empresa. De manera que hay igual pensamiento de la doctrina con lo que la Corte Constitucional ha dicho a este especto (sic)” (Sent. T-395/2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
Desde tal perspectiva, esta Sala puede afirmar que el cambio de empleador no impide que la convención colectiva de trabajo suscrita con el ISS deje de ser fuente de derechos para el trabajador —por lo menos mientras dicha convención conserve vigencia—, y que el cumplimiento de sus cláusulas sea exigido en ese entretanto al nuevo empleador.
“ART. 98.—Pension de jubilación.
“El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el período que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales (...)”.
A fecha de esta providencia, la señora María del Pilar Morales Ruiz tiene poco más de 48 años de edad (35) y 18 años, 8 meses y 19 días de tiempo de servicios (36) . Ahora, al momento de la supresión de su cargo —3 de enero de 2008— tenía 48 años de edad y 18 años, 2 meses y 11 días de servicio. En este caso, a la accionante le hacen falta menos de tres años para acceder a la pensión de jubilación convencional, encontrándose dentro del plazo exigido por las normas del retén social para ser beneficiaria de la protección laboral en calidad de prepensionada.
Así las cosas, la desvinculación de la accionante María del Pilar Morales Ruiz con desconocimiento de la protección laboral consagrada en la Ley 790 de 2002, al tener —como pudo constatar la Sala— la condición de prepensionada, vulnera sus derechos a la igualdad, a la seguridad social, al trabajo y al debido proceso.
En consecuencia de lo anterior, la Sala revocará la sentencia de segunda instancia, que negó el amparo de los derechos de la tutelante y concederá la tutela ordenando a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria S.A., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, el reintegro de la señora María del Pilar Morales Ruiz y proceda a pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir. En caso de que la accionante hubiera recibido la indemnización correspondiente por la desvinculación de la entidad, esta Sala considera pertinente advertir a la autoridad liquidadora que podrá adelantar el cruce de cuentas y compensaciones de las mismas en relación con las sumas recibidas. En este procedimiento, la autoridad liquidadora ofrecerá facilidades de pago a la demandante, de manera que se garantice su subsistencia digna y la de su familia.
De acuerdo con lo expuesto en los hechos de la demanda, la señora Elia María Negrete Genes manifiesta que fue desvinculada del Incoder como consecuencia de la supresión del cargo de profesional especializado 2028 grado 16 que venía desempeñando en provisionalidad, que tiene 56 años de edad (37) y le faltan menos de 3 años para cumplir las 1.000 semanas exigidas por la ley para acceder a su pensión de vejez.
De otro lado, el Incoder señala que aunque no debía aplicar el retén social, lo hizo teniendo en cuenta a los trabajadores que presentaban la calidad de madre o padre cabeza de familia o discapacitados (38) . Además, afirma que los beneficios de la Ley 790 de 2002 se aplican “únicamente” a los funcionarios de carrera administrativa con nombramiento en propiedad, condición que no acreditaba la accionante.
Si bien la entidad accionada expresa que no estaba en la obligación de aplicar el retén social en el proceso de reestructuración, la misma admite que la protección laboral se aplicó a trabajadores que acreditaron la calidad de madre o padre cabeza de familia o de discapacitados, sin tener en cuenta a los prepensionados. Sin embargo, contrario a lo afirmado por la entidad accionada, el Departamento Nacional de Planeación en respuesta al requerimiento realizado por esta Sala, manifiesta que la reestructuración de la planta de personal del Incoder se dio dentro del marco del programa de renovación de la administración pública, de conformidad con los lineamientos definidos por el Presidente de la República en las directivas 10 de agosto 20 y, 13 de octubre 15 de 2002 (39) .
Ahora, de las pruebas (40) obrantes en el proceso se pudo constatar que la situación de la accionante se enmarca dentro del término estipulado en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, es decir, le faltan menos de tres años para adquirir el derecho a pensionarse.
Por otra parte, dentro de los argumentos expuestos por el Incoder para justificar su actuación, se resalta el hecho de que la señora Elia María Negrete Genes ocupaba el cargo de profesional especializado en provisionalidad, situación que —a juicio de la entidad— no la hace merecedora de la estabilidad laboral reforzada debido a que dicho beneficio solo se aplica a los funcionarios de carrera administrativa. Esta posición fue aceptada por el juez de primera instancia como fundamento para negar la protección de los derechos solicitados por la señora Negrete.
Sobre el particular, en la Sentencia T-800 de 1998 (41) se expuso que:
“la estabilidad laboral de un funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa no se reduce por el hecho de que lo haga en provisionalidad; en otros términos, el nombramiento en provisionalidad de servidores públicos para cargos de carrera administrativa, como es el caso, no convierte el cargo en uno de libre nombramiento y remoción. Por ello, el nominador no puede desvincular al empleado con la misma discrecionalidad con que puede hacerlo sobre uno de libre nombramiento y remoción, a menos que exista justa causa para ello”.
1. LEVANTAR la suspensión de términos, decretada por esta Sala mediante auto del 28 de octubre de 2008, para fallar en el presente asunto.
2. REVOCAR la sentencia de fecha 24 de junio de 2008, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, mediante la cual se niega el amparo de los derechos invocados por la señora María del Pilar Morales Ruiz.
3. TUTELAR los derechos fundamentales de la accionante y, en consecuencia, ordenará a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria S.A., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, realice el reintegro de la señora María del Pilar Morales Ruiz y proceda a pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir. La Sala autorizará, no obstante, que se hagan los cruces de cuentas con el monto recibido por la peticionaria en calidad de indemnización, en caso de haberla recibido. El reintegro durará hasta cuando se reconozca la pensión de jubilación o vejez o se dé el último acto de liquidación de la entidad, lo que ocurra primero.
4. REVOCAR la sentencia de fecha 16 de mayo de 2008, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, mediante la cual se niega el amparo de los derechos invocados por la señora Elia María Negrete Genes.
5. TUTELAR los derechos fundamentales de la accionante y, en consecuencia, ordenará al Incoder que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, reintegre a la señora Elia María Negrete Genes y proceda al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir. La Sala autorizará, no obstante, que se hagan los cruces de cuentas con el monto recibido por la peticionaria en calidad de indemnización, en caso de haberla recibido. El reintegro durará hasta cuando se reconozca la pensión de jubilación o vejez.
(1) Ver copia del decreto a folios 85 al 95 del expediente.
(2) Visible a folio 96 ibídem.
(3) Ver escrito de reposición recibido el 11 de enero de 2008 por la ESE, a folios 97 al 100 del expediente.
(4) Artículos 98 y 101 de la convención, visible a folios 14 al 83.
(6) Visible a folio 10 del cuaderno principal.
(7) Ver folio 11 ibídem.
(8) ART. 1º—Objeto. La presente ley tiene por objeto renovar y modernizar la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional, con la finalidad de garantizar, dentro de un marco de sostenibilidad financiera de la Nación, un adecuado cumplimiento de los fines del Estado con celeridad e inmediación en la atención de las necesidades de los ciudadanos, conforme a los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Nacional y desarrollados en la Ley 489 de 1998.
(9) Ver, entre otras, la Sentencia T-768 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(10) Artículo 86. Constitución Política. “(...) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (...)”.
(11) Cfr. Sentencia T-249 de 2002.
(12) Expediente T-1’968.373.
(13) Expediente T-1’923.927.
(14) En su escrito de contestación, el Incoder reconoce la protección especial de los funcionarios que acreditaron la calidad de padres o madres cabeza de familia.
(15) Ver entre otras las sentencias C-177 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-314 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-038 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), C-147 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y C-168 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
(16) Sentencia C-584 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(17) Sentencia C-374 de 1997 (M.P: José Gregorio Hernández Galindo).
(18) Ver entre otras, Sentencia C-168 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-147 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-235 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(20) Artículo 1º ibídem.
(21) “ART. 12.—Protección especial. De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del programa de renovación de la administración pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley”.
(22) “Artículo 8º, literal D. Conforme con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, el reconocimiento económico previsto en el artículo 8º de la Ley 790 de 2002, se pagará durante un plazo no mayor de 12 meses; los programas de mejoramiento de competencias laborales de que trata el artículo 12 de la ley, así como la protección especial establecida en el artículo 12 de la misma, aplicarán hasta el 31 de enero de 2004, salvo en lo relacionado con los servidores próximos a pensionarse, cuya garantía deberá respetarse hasta el reconocimiento de la pensión de jubilación o de vejez”.
(23) Cfr. Sentencia C-038 de 2004: “... el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve restringida, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato de progresividad”.
(25) Adpostal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y también el Ministerio de Comunicaciones en memorial remitido a esta Sala el 22 de octubre de 2007, se acogen a esa manera de entendimiento de la norma.
(26) “Por lo tanto, el plan de renovación de la administración pública y su protección del retén social se convirtió en régimen obligatorio del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2005 hasta el vencimiento de su vigencia, 24 de julio de 2007, cuando entró a regir la Ley 1151 de 2007 que contiene el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
“(...) entidad del orden nacional; iii) el plan de renovación de la administración pública y la aplicación del retén social es una medida que tuvo vigencia hasta el 24 de julio de 2007 cuando expiró la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006” (Sent. T-993/2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(26) (sic) “La Sala observa que con la modificación del artículo 12 de la Ley 790 de 2003 introducida por el legislador se presentó un retroceso en la protección del derecho al trabajo de los empleados de las entidades reestructuradas que presentaban alguna discapacidad o eran padres o madres cabeza de familia. Tal retroceso en la protección de los derechos sociales se suma al desconocimiento del mandato dirigido al Estado de “prote[er] especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”(C.P., art. 13). Si en términos generales los retrocesos en materia de protección de los derechos sociales están prohibidos, tal prohibición prima facie se presenta con mayor intensidad cuando se desarrollan derechos sociales de los cuales son titulares personas con especial protección constitucional” (Sent. C-991/2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(26) (sic) “Para analizar si tal trato diferencial constituye una vulneración se debe establecer, primero, si los sujetos entre los cuales se presenta el trato diferencial están bajo iguales supuestos que impliquen un trato igual. La Sala observa que si bien materialmente se trata de sujetos con características diversas —en virtud de que una madre cabeza de familia no tiene las mismas calidades que un discapacitado o un sujeto próximo a pensionarse— jurídico-constitucionalmente están en igual posición, a saber, son sujetos con especial protección constitucional en virtud de su estado de debilidad manifiesta (art. 13 constitucional)” (Sent. C-991/2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
“De acuerdo a lo anterior se tiene que: i) en los procesos de renovación de la administración pública existen límites a la remoción de servidores pertenecientes a la planta de personal, los cuales buscan garantizar la estabilidad laboral de las cabezas de familia, los discapacitados y los prepensionados; y ii) la aplicación del retén social es determinada por la rama ejecutiva cuando decide en el contexto del plan de renovación de la administración pública suprimir o renovar una entidad del orden nacional; iii) el plan de renovación de la administración pública y la aplicación del retén social es una medida que tuvo vigencia hasta el 24 de julio de 2007 cuando expiró la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006” (Sent. T-993/2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(27) “La Sala observa que con la modificación del artículo 12 de la Ley 790 de 2003 introducida por el legislador se presentó un retroceso en la protección del derecho al trabajo de los empleados de las entidades reestructuradas que presentaban alguna discapacidad o eran padres o madres cabeza de familia. Tal retroceso en la protección de los derechos sociales se suma al desconocimiento del mandato dirigido al Estado de “prote[er] especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”(C.P., art. 13). Si en términos generales los retrocesos en materia de protección de los derechos sociales están prohibidos, tal prohibición prima facie se presenta con mayor intensidad cuando se desarrollan derechos sociales de los cuales son titulares personas con especial protección constitucional” (Sent. C-991/2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(28) “Para analizar si tal trato diferencial constituye una vulneración se debe establecer, primero, si los sujetos entre los cuales se presenta el trato diferencial están bajo iguales supuestos que impliquen un trato igual. La Sala observa que si bien materialmente se trata de sujetos con características diversas —en virtud de que una madre cabeza de familia no tiene las mismas calidades que un discapacitado o un sujeto próximo a pensionarse— jurídico-constitucionalmente están en igual posición, a saber, son sujetos con especial protección constitucional en virtud de su estado de debilidad manifiesta (art. 13 constitucional)” (Sent. C-991/2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(29) La actora ingresó a trabajar en el Instituto de Seguros Sociales el 23 de octubre de 1989, como odontóloga general de la seccional Cundinamarca y fue incorporada automáticamente y sin solución de continuidad en el mismo cargo, en la Empresa Social del Estado ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’ mediante Decreto 1750 del 26 de junio de 2003.
(30) Ver copia del Decreto 3057 de 2008 a folio 14 del cuaderno 2.
(31) Artículo 98 de la convención, visible a folio 44 del expediente.
(32) Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.
(33) Ver a folio 84 del expediente, respuesta de derecho de petición radicado bajo el Nº 55723 mediante el cual se informa que la convención colectiva suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial el 31 de octubre de 2001 fue objeto de 2 denuncias: “1. El día 28 de octubre de 2004 fue denunciada por la doctora Elena Mesa Zuleta, como representante legal del Instituto de Seguros Sociales. // 2. El día 26 de abril de 2005 fue denunciada por el doctor Gilberto Quince Toro, como representante legal del Instituto de Seguros Sociales”.
(35) Nació el 29 de noviembre de 1959. Ver copia de la cédula de ciudadanía a folio 101 del expediente.
(36) La accionante manifiesta que ingresó al ISS el 23 de octubre de 1989. Igualmente, la fiduciaria accionada reconoce en su escrito de impugnación el tiempo de servicios de la señora Morales Ruiz.
(37) La accionante nació el 11 de enero de 1952 (ver copia de la cédula de ciudadanía a folio 14 del cuaderno principal).
(38) Ver certificación expedida el 22 de noviembre de 2007 por el subgerente administrativo y financiero y el coordinador de talento humano a folios 64 al 70 del cuaderno principal.
(39) Ver folios 23 a 96 del cuaderno de tutela 2.
(40) Certificaciones de información laboral expedidos por el Incora y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y reporte de semanas cotizadas en el Seguros Social (fls. 15 al 24).

References: artículo 12
 artículo 36
 artículo 52
 artículo 14
 artículo 12
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 58
 artículo 12
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 478
 artículo 479
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 53
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 12
 artículo 209
 Artículo 86
 Artículo 1
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 Artículo 98