Source: http://abogadopoblete.blogspot.com.ar/2009/03/
Timestamp: 2017-10-23 05:54:04+00:00

Document:
Antonini Wilson, Guido A.
1°) Que, por el recurso de apelación interpuesto a fs. 6718/6751 de los autos principales, los fiscales actuantes ante la instancia anterior se agraviaron de la resolución recurrida toda vez que "... a criterio de este Ministerio Público Fiscal, los elementos reunidos hasta el momento en el marco de la presente investigación, resultan suficientes para estimar, con el alcance propio de esta etapa del proceso, que se encuentran reunidos los extremos previstos por el artículo 306 del CPP.N. respecto de Claudio UBERTI.. ".
Asimismo, estimaron que "... la hipótesis fáctica fijada es constitutiva de los delitos tipificados en los artículos 863, 865 inciso a) y 865 inciso b), 871 del Código Aduanero, y artículo 278, inciso 3° del Código Penal ... ".
2°) Que, el hecho por el cual se recibió declaración a Claudio UBERTI consistió en "... el intento por parte de Guido Alejandro Antonini Wilson de ingresar al país el día 4 de agosto de 2007 en horas de la madrugada en el vuelo de la aeronave de la empresa Royal Class matrícula N° 5113 S proveniente de Maiquetía, República Bolivariana de Venezuela que fuera contratado por la empresa ENARSA, omitiendo el nombrado Antonini Wilson realizar la declaración aduanera correspondiente en función de lo establecido por la resolución general 1172/2001 (artículo segundo in fine), la suma de setecientos noventa mil quinientos cincuenta dólares estadounidenses (U$S 790.550) de origen presuntamente ilícito, ello con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia de un origen lícito. Se destaca que el declarante sería la persona que habría autorizado el abordaje de Guido Alejandro Antonini Wilson y de Daniel Uzcátegui Specht al vuelo mencionado" (confr. fs. 333 vta.).
3°) Que, por la resolución apelada, remitiéndose a un pronunciamiento anterior dictado en el mismo expediente, se calificaron los hechos descriptos por el considerando anterior en los términos del art. 278 inc. 3° del Código Penal, considerándose que "... el delito de contrabando no prevé la conducta de introducir a la República, divisas en la forma descripta ... ".
Asimismo, por aquel auto se estableció: "... si bien es cierto que el dinero no fue declarado, conforme lo exige la reglamentación correspondiente, por la manera de su ingreso al país ... no ha mediado en el caso ninguna de las condiciones objetivas referidas en la norma citada [Código Aduanero], por lo que mal podría haberse constituido el delito de contrabando previsto por el arto 863 del Código Aduanero ... "; "...las expresiones falaces que habría proferido el acarreador de la valija, al no estar acompañadas de otros actos engañosos, no pueden ser constitutivos del ardid o engaño al que se refiere la norma ... ".
5°) Que en una oportunidad anterior (confr. Reg. N° 656/2007 de esta Sala B), quien suscribe este voto estableció:
"8°) Que, ...: "...en el delito de contrabando lo tutelado esencialmente es el ejercicio de la función principal encomendada a las aduanas: el control sobre la introducción, la extracción y la circulación de las mercaderías ... " (confr., en lo pertinente, Reg. N° 519/03, de esta Sala "B ')
En efecto, concierne al Estado Nacional el control sobre el ingreso, egreso y circulación de mercadería, en cuanto se vinculan con el tráfico internacional. "
"9°) Que, en efecto, de conformidad con lo establecido por el arto 112 del Código Aduanero, " …El servicio aduanero ejercerá el control sobre las personas y la Mercadería… en cuanto tuvieren relación con el tráfico internacional de mercadería ". Asimismo, por el art. 116 del mencionado código se establece: "...la importación de mercadería, deben efectuarse ...previa autorización del servicio aduanero ... ". "
"10°) Que, por la Resolución General de Aduanas N° 1172, se establece: "Los viajeros de cualquier categoría y tripulantes que ingresen al territorio argentino deberán declarar ...cuando en calidad de equipaje o pacotilla ingresen con más de diez mil dólares estadounidenses (u$s 10.000) o su equivalente en moneda de circulación legal en la República Argentina, o en cualquier moneda extranjera, en efectivo o en instrumentos monetarios ". "
"11°) Que, en este contexto, no puede soslayarse que la ponderación de la motivación de la resolución general mencionada se advierte sin hesitación la finalidad de establecer pautas específicas de control aduanero sobre las mercaderías. En efecto, por la fundamentación de la resolución general mencionada por el considerando anterior se expresó: "...las medidas que se tratan no pretenden en modo alguno, restringir o limitar el ingreso de capitales a nuestro país, ni obstaculizar el normal flujo de transferencias dinerarias o la repatriación de capitales impulsada por el Gobierno nacional, sino simplemente cumplir con el debido control aduanero como bien jurídico tutelado ... " (el resaltado es de la presente). "
"12°) Que, con independencia de lo expresado por los considerandos anteriores, por las circunstancias peculiares del caso no puede soslayarse que, de conformidad con lo establecido por los arts. 488, 489 Y ss. del Código Aduanero, la pretendida importación de la mercadería objeto de la presente investigación, del modo en que se intentó, es ajena al régimen especial de equipaje. "
"Asimismo, por el art. 10 del Código Aduanero (texto según ley 25.063) se establece que "1. A los fines de este Código, es mercadería todo objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado ".
"En consecuencia, con motivo del agravio de la defensa de .... en punto a que "...el Código Aduanero sólo establece el contrabando de mercaderías mas no el de dinero ... " (Ver fs. 2 primer párrafo), corresponde establecer si el "dinero" (en este caso dólares estadounidenses) puede ser considerando un "objeto" susceptible de ser importado o exportado y, por lo tanto, "mercadería" en los términos del art. 10 del C.A. "
"2°) Que, además, por el art. 11 del citado ordenamiento legal (texto según ley 24.206) se prevé que “1. En las normas que se dictaren para regular el tráfico internacional de mercadería, ésta se individualizará y clasificará de acuerdo con el sistema armonizado de designación y codificación de mercaderías, establecido por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías, elaborado bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera, en Bruselas, con fecha 14 de junio de 1.983 y modificado por su Protocolo de Enmienda hecho en Bruselas el 24 de junio de 1.986, y sus notas explicativas ".
"En consecuencia, a los fines de la legislación aduanera, reviste el carácter de mercadería todo objeto que pueda ser importado o exportado; las mercaderías se individualizarán y clasificarán de acuerdo a la nomenclatura correspondiente establecida por la Convención de Cooperación Aduanera de Bruselas (arts. 10, 11 y ccs. del Código Aduanero). "
3°) Que, por el capítulo 49, posición 49.07.00.100 de la Nomenclatura para la clasificación de la Mercaderia en los Aranceles Aduaneros, se advierte que la señalada clasificación arancelaria corresponde a "Sellos, estampillas de correos, timbres fiscales y análogos ...;papel timbrado; billetes de banco; cheques; titulas".
"Asimismo, las notas explicativas del capitulo 49, posición 49.07.00.100 apartado D) aclaran que, con respecto a "Los billetes de banco: este término comprende los billetes a la orden de cualquier clase emitidos por los estados o por determinados bancos autorizados (bancos emisores) para utilizarlos como signos fiduciarios tanto en el pais emisor como en los demás paises ... ".
"Por lo tanto, se advierte que el dinero (en este caso dólares estadounidenses emitidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos de América) es un objeto susceptible de ser importado o exportado y, en consecuencia, mercaderia en los términos del art. 10 del C.A. "
"4°) Que, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal expresó, en un caso cuyas conclusiones son aplicables al "sub lite ", que "El Código Aduanero considera mercaderia a los bienes que pueden ser importados o exportados, entendiendo por tal, toda cosa u objeto susceptible de tener valor económico ... Los billetes de banco son mercaderías" (contr. Causa "RODRIGUEZ, ALBA ISABEL s/contrabando ", rta. 23.03.95).
"Asimismo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 estableció, en un caso cuyas conclusiones también resultan de aplicación al "sub examine", que "Desde el punto de vista aduanero, los billetes de banco de curso legal nacionales o extranjeros son mercaderia, ya que encuentran su clasificación como tal en el Nomenclador Arancelario Aduanero correspondiéndole el capitulo 49, posición 49.07.00.100" (config. Causa "SALAZAR, Florentino s/contrabando ", rta. 27.04.94) -todo lo resaltado es de la presente.
"5°) Que, al haberse establecido que los billetes de banco de curso legal nacionales o extranjeros (dólares estadounidenses) son un objeto susceptible de ser importado o exportado y, por lo tanto, mercaderia en los términos del art. 10 del Código Aduanero, corresponde expresar que no asiste razón a la defensa en punto a que por el Código Aduanero no se establece "el contrabando de dinero ", pues el dinero es mercadería susceptible de ser importada o exportada. "
"Por lo tanto, en el supuesto que el servicio aduanero resulte impedido o dificultado en el control sobre la importación y/o exportación de dinero, podría realizarse el delito de contrabando y, en consecuencia, podrían aplicarse las sanciones previstas por el C.A." (confr. Reg. N° 868/2002 de esta Sala "B"; el resaltado es de la presente). "
"14°) Que, en consecuencia, si se tiene en cuenta que se encuentra probado que ... utilizaron maniobras engañosas aptas para impedir o dificultar los controles aduaneros con la intención de ingresar al territorio argentino las sumas ...; y, además, que aquellos controles fueron impuestos con la finalidad específica de reglamentar las tareas de control aduanero, se concluye que en este caso se verifica una afectación al bien jurídico protegido mediante la tipificación del delito de contrabando. "
7°) Que, por el art. 863 del Código Aduanero se prevé: "Será reprimido ...el que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones ".
a) Guido Alejandro ANTONINI WILSON arribó al Aeroparque Jorge Newbery de esta ciudad el día 4 de agosto de 2007 en horas de la madrugada (2:30 aproximadamente) en el vuelo de la empresa ROYAL CLASS S.A. matrícula N 5113 S proveniente de Maiquetía, República Bolivariana de Venezuela, junto con Victoria BEREZIUK, Claudio UBERTI, Exequiel ESPINOSA, Daniel David UZCATEGUI SPECHT, Wilfredo AVILA DRIET, Ruth Behrends RAMIREZ y Nelli CARDOZO SÁNCHEZ (fs. 6,7/9,15,73, 75/77, 104/107,42/44 vta. y 370/372 de los autos principales);
d) en aquella oportunidad, Guido Alejandro ANTONINI WILSON habría intentado ingresar al país la suma de setecientos noventa mil quinientos cincuenta dólares estadounidenses (u$s 790.550) en billetes de cincuenta dólares agrupados con bandas elásticas sin contar con faja bancaria alguna, los cuales se encontraban acondicionados en una valija tipo "carry-on" que el nombrado habría reconocido como de su propiedad (v. fs. 6, 7/9, 38/41 vta., 42/44 vta., 45/47 vta., 818/822 vta. y 824/828 vta. de los autos principales);
1) al ser preguntado respecto del contenido de la valija en cuestión, ANTONINI WILSON habría manifestado que se trataba de "libros" y "papeles" (v. fs. 42/44 vta.);
h) al exhibirse el contenido real de la valija y preguntado sobre el monto del dinero transportado, ANTONINI WILSON habría contestado que se trataba de sesenta mil dólares (u$s 60.000) (fs. 49/50 vta. y 278/282 de los autos principales).
9°) Que, si se tiene en cuenta que sólo tres de los pasajeros de aquel vuelo se habrían desempeñado en el ámbito de la función pública de este país (fs. 781/782), que otros tres habrían sido empleados o funcionarios de PDVSA (de la República Bolivariana de Venezuela) y los restantes dos pasajeros, en principio, no habrían tenido ninguna vinculación con la Presidencia de la Nación, lo reportado por la empresa ROYAL CLASS S.A. (v. apartado e del considerando anterior) sería inexacto.
Por otra parte, se advierte que aquella relación con la "Presidencia de la Nación" no fue utilizada en la comunicación del vuelo de ida a Venezuela en la misma aeronave de aquella empresa en la cual viajaron los tres funcionarios públicos de este país: Claudio UBERTI, Exequiel ESPINOSA y Victoria BEREZIUK, oportunidad en la cual se aludió a "... traslado de personal de alto nivel empresarial" (fs. 141).
A esto cabe agregar que, del croquis de la Terminal Sur aludida (sobre 16, en caja N° 1 de la documentación que se encuentra reservada por Secretaría) surgiría que el recorrido que obligadamente efectúan los pasajeros que ingresan desde la plataforma no los conduce a la oficina en la que se encontraba instalado el scarmer habilitado para el control del equipaje.
Por lo demás, en aquella terminal, al momento de los hechos, se verificaban algunas deficiencias relacionadas principalmente, en cuanto interesa, a: la falta de confección y firma de las fichas migratorias por parte de los pasajeros de los vuelos privados (serían llenadas y firmadas por los pilotos), la falta de funcionamiento del scanner instalado en la oficina de la Dirección Nacional de Migraciones, mediante el cual se registran los datos de los pasaportes y se graban las imágenes de éstos; la falta de registro e identificación del equipaje cargado a los aviones privados; la inexistencia de marbetes para poder individualizar el equipaje que despacha cada pasajero; la ausencia de un mecanismo aleatorio de canal para el control selectivo de equipajes; la inexistencia de cámaras de filmación; la falta de provisión de los formularios "Declaración de Aduana" previstos por la Resolución 1172 de la A.F.I.P.; la falta de claridad de las imágenes del scanner utilizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como también la carencia de un scarmer por parte de la aduana (fojas 104/107 vta, 108/111, 151, 278/282, 297, 396, 572/574 vta, 755/760 vta, 812/822 vta., 1078/1084 vta. y 1232/1234 de los autos principales).
Con relación al scanner existente en la Terminal Sur, utilizado en el procedimiento del que se da cuenta por el acta de fs. 6, quien lo operaba -María de Luján TELPUK - manifestó que no confiaba en aquella máquina y que había pedido, en varias oportunidades, que sea cambiada (fs. 278/282). Al respecto, resulta ilustrativo el informe obrante a fs. 4370, 4371/4372, del cual surge que la definición en blanco y negro de las imágenes es "escasa" y que las paletas de colores, alternativas al uso en blanco y negro, "...son totalmente diferentes a la que está acostumbrado el personal de la P.S.A. teniendo una escasa definición" y "... dando colores diferentes a elementos de similares identidades ", fs. 4373/4374, 4389/4391 Y 4392/4395.
En efecto, "... la simple mentira" se caracteriza por carecer de entidad objetiva suficiente para reconocerla como causa del error que determina la disposición perjudicial de la víctima. Así, en el contrabando, la mentira deja de ser simple cuando se la acompaña de maniobras engañosas capaces de impedir o dificultar el control aduanero" (confr. Reg. N° 267/97, de esta Sala "B").
En el caso bajo examen, esta situación se verificaría, pues aquellas manifestaciones del imputado -quien había viajado en varias ocasiones a este país y, en consecuencia, habría conocido las disposiciones relacionadas con el ingreso de dinero a la República Argentina- deben evaluarse en conjunto con las circunstancias mencionadas por el considerando anterior, sin obviar que por la forma en que se habría acondicionado el dinero en la valija, al pasar aquel equipaje por el scanner, los fajos de billetes se habrían visualizado como libros.
Al respecto (cabe reiterar), resulta ilustrativo lo manifestado por la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que intervino en el control: " a simple vista parecían libros pues tenían forma rectangular de alta densidad"; también dijo que "... veía seis rectángulos muy perfectos que podían parecer libros." (fs. 42/44 vta, 49/50 vta. y 278/282 de los autos principales).
En este sentido, resulta ilustrativo lo manifestado por la inspectora de la Dirección Nacional de Migraciones Andrea María RAMOS, al prestar declaración testifical: "... terminé mi trabajo y me fui rápidamente ya que eran cerca de las 3 de la mañana y trabajaba al siguiente día ... " (fs. 855/861).
Asimismo, lo manifestado por TELPUK: "... si no hubiera hecho el control que hice la valija pasaba, supongo que por el horario" (v. fs. 278/282 -el resaltado corresponde a la presente-), quien además recordó que el guarda aduanero, Jorge Félix LAMASTRA, habría sugerido que ".. .por el horario todos nos queríamos ir... " (fs. 278/282).
13°) Que, la circunstancia que el dinero incautado se encontraba "únicamente" dentro de una valija, conforme a lo que surge de fs. 7/9, 38/41 vta., 45/47 vta., 740/750 vta. y 818/822 vta. de los autos principales, es decir, sin hallarse dentro de un doble fondo, envuelto de algún modo o entre las ropas del imputado, no obsta para presumir que se intentó burlar el control aduanero (lo que casi se logra) e ingresar las divisas sin declararlas, pues por la cantidad de billetes que se intentó ingresar al país, en principio no parecería posible ocultar aquella cantidad mediante alguno de aquellos modos descriptas precedentemente, pues se hubiera necesitado una mayor cantidad de valijas provistas de algún medio de ocultación lo cual, en sí mismo, podría haber resultado llamativo.
Por lo tanto, el arribo en un vuelo privado contratado por una empresa estatal, en compañía de funcionarios públicos de este país que habrían efectuado el viaje con motivo y en ocasión de las funciones inherentes a sus cargos, fuera del horario habitual de trabajo del personal del aeropuerto y en una terminal con las características descriptas por el considerando 10° de este voto, para intentar ingresar u$s 790.550 sin ser sometidos al control aduanero, resulta, en principio, una maniobra suficientemente idónea a los fines previstos por el art. 863 y demás concordantes y aplicables del Código Aduanero, sin perjuicio que finalmente aquellas divisas hayan sido halladas por las autoridades intervinientes.
15°) Que, de conformidad con lo establecido por el considerando anterior, cabe expresar: "... por el control obligatorio de la importación en cuestión no se soslaya la existencia de las presuntas maniobras examinadas, pues éstas habrían estado encaminadas, precisamente, a burlar aquel control y, en consecuencia, lo presuponen" (confr. Reg. N° 267/97, de esta Sala "B").
En efecto, a las 10:14 del día 30 de mayo de 2007, desde la línea telefónica N° 1144947835, utilizada por Victoria BEREZIUK, secretaria de UBERTI (fs. 1460/69), se habría efectuado un llamado con destino a la línea telefónica 0017862476616, declarada por Guido Alejandro ANTONINI WILSON en una reserva efectuada en AMERICAN AIRLINES (fs. 951) y en la ficha de registro del hotel SOFITEL (fs. 1611). De la agenda digital de Claudio UBERTI -secuestrada en oportunidad del allanamiento de las oficinas del OCCOVI (ver CD Secretaria 1, documentación reservada por Secretaría)- surgiría que el nombrado tenía programada para las 17:30 la visita del "Sr. Alejandro Antonini" -esta anotación podría haber sido efectuada por Victoria BEREZIUK, en virtud de encontrarse sus iniciales (vb) a continuación de aquella inscripción-. Por otra parte, del cuaderno de novedades de la entrada al edificio de las oficinas del OCCOVI en Paseo Colón 171 de esta ciudad surge que el 30 de mayo de 2007: "17:28 hs. Ingresa por cochera para Uberti Antonini, Guillermo; Acompaña Ricci [chofer del OCCOVI, confr. fs. 5196/5200, 6561/6564 y 6950 de la causa principal], Eduardo, Aut. Havrylets Helena".
Asimismo, se encontraría acreditado que UBERTI se hallaba en el edificio en aquella fecha entre las 17:04 horas y las 17:53 horas (ver planillas relativas a los movimientos de UBERTI, fs. 2762 de los autos principales).
Si se tienen en cuenta las circunstancias expresadas precedentemente con relación a la comunicación efectuada entre la secretaria BEREZIUK y Guido Alejandro ANTONINI WILSON, podría concluirse que el nombre de pila "Guillermo ", consignado en el cuaderno de novedades, se podría deber a un error material; y que aquella persona cuyo ingreso quedó registrado podría haber sido Guido Alejandro ANTONINI WILSON, no obstante lo manifestado por los testigos a fs. 2200/2201 vta., 2669/2672 vta, 3163/3165 vta., 3176/3178 vta, 3187/3190, 4836/4841 vta., 4887/4890, 4894/4899, 4906/4909 vta., 4914/4917, 4922/4925,5196/5200 vta., 6561/6564 y 6950/6952 vta. Del expediente principal, máxime si se tiene en cuenta la cantidad de gente que ingresaba "de visita" diariamente al edificio (aproximadamente 2.000 personas), y que en aquel momento no habría existido, "prima facie", motivo alguno para que ANTONINI WILSON se destacara entre las demás personas que ingresaban al edificio del Ministerio de Economía para reunirse con Claudio UBERTI.
Lo expresado por el párrafo anterior no se modificaría por los argumentos de la defensa de UBERTI en cuanto a que "... en la Ciudad de Buenos Aires existen dos personas de nombre Guillermo ANTONINI...una tercera que vive en... Rosario, Santa Fe ... una cuarta ... en la ciudad de la Plata", pues en el legajo no obra constancia alguna por la cual se pueda acreditar que la reunión del 30 de mayo de 2007 se haya celebrado entre UBERTI y alguna de aquellas personas.
18°) Que, por lo demás, aquel conocimiento previo entre ANTONINI WILSON y UBERTI también fue invocado por Diego Bautista UZCATEGUI MATHEUS, quien afirmó: "... mendaz es la afirmación de no haber conocido Uberti a Antonini Wilson hasta ese mes de agosto de 2007 .... el nombrado ha olvidado que en el mes de mayo de ese mismo año le fue presentado por mi, como ocurriera con otros empresarios venezolanos en otras oportunidades. El encuentro… ocurrió en el bar del Hotel Sofitel... " (v. fs. 5646/5659). El conocimiento previo mencionado también fue invocado por Daniel David UZCÁTEGUI SPECHT, quien manifestó: "... mi propio padre ...se lo presentó (a UBERTI) en el mes de mayo de ese mismo año, como ocurriera con otros empresarios venezolanos en otras oportunidades. El encuentro que dio lugar a esa presentación ocurrió en el bar del Hotel Sofitel, estando presentes la Srta. Bereziuk y la Licenciada Maryory Gutiérrez ... " (confr. fs. 5629/5645).
En este contexto, no cabría descartar -por el momento- sin alguna constancia de sustento, las explicaciones de Claudio UBERTI con relación al consentimiento otorgado para que ANTONINI WILSON haya viajado en el vuelo de ROYAL CLASS S.A. el día 3 de agosto de 2007 desde Caracas con destino a Buenos Aires, así como tampoco el desconocimiento que UBERTI invocó con relación a las divisas que fueron detectadas en la valija que, según las constancias de autos, pertenecería a Guido Alejandro ANTONINI WILSON.
Por lo tanto, por el momento, los elementos reseñados por los señores representantes del Ministerio Público Fiscal a fs. 6718/6751 del expediente principal y 442/445 vta. de este incidente no resultarían suficientes para reprochar a Claudio UBERTI, con el alcance requerido por el art. 306 del C.P.P.N., la participación culpable en los hechos que se investigan, sin perjuicio que como resultado de las medidas de instrucción dispuestas en el expediente principal, y de las que el juzgado "a qua" haya dispuesto o pudiera disponer para profundizar la pesquisa, se reúnan nuevos elementos que permitan otorgar, a las circunstancias valoradas por los recurrentes, el alcance invocado por aquéllos.
22°) Que, por lo establecido por los considerandos anteriores y en atención al número de imputados en el expediente principal, los hechos que se investigan en el expediente principal encontrarían adecuación típica, "prima facíe", en las previsiones de los arts. 863, 865 inc. a) y 871, del Código Aduanero.
23°) Que, sin perjuicio de lo expresado por el considerando anterior, en atención a la cantidad de dinero y a la forma en que se habría intentado ingresar aquél al territorio nacional en la oportunidad que se encuentra bajo examen; a la ausencia de declaración jurada del dinero al egresar de la República Bolivariana de Venezuela, no obstante la obligación de proceder así (v. fs. 5272/5277 de la causa principal); a la falta de declaración del ingreso de las divisas en el territorio nacional; y dado que aún no se ha podido determinar el origen de la fuente de producción de aquel dinero, por el momento no cabría descartar la hipótesis que el dinero incautado haya resultado el producto de actividades delictivas (confr., en lo pertinente y aplicable, el voto de quien suscribe el presente por el pronunciamiento del Reg. N° 656/02, de esta Sala "B").
Por lo tanto, los hechos que se investigan en la causa principal también encontrarían adecuación típica, "prima facíe", en las previsiones del art. 278 del Código Penal.
24°) Que, con referencia al delito previsto por el art. 278 inc. 3° , del Código Penal, en atención a lo establecido por el considerando 20° del presente, por el momento no se advierte en el expediente principal la existencia de elementos probatorios suficientes para atribuir a Claudio UBERTI alguna participación culpable en los hechos que se examinan en lo atinente al posible delito mencionado al inicio de este considerando, con el grado de certeza exigido por el art. 306 del C.P.P.N.
26°) Que, en atención a la existencia de posibles irregularidades según lo establecido por los considerando s 8° apartado "e", y 9°, de este voto, corresponde encomendar al juzgado “a quo” que se arbitre la realización de la actividad y de las medidas necesarias tendientes a la determinación y a la atribución de las responsabilidades pertinentes por parte de los órganos competentes, si correspondiera así.
Por lo tanto, si se tiene en cuenta el carácter personal de aquel formulario que debe contener los datos y la firma de cada pasajero, corresponde encomendar al juzgado “a quo” que se arbitren las medidas necesarias para establecer las razones de aquella conducta y para determinar la atribución de responsabilidades, por parte de los órganos competentes, si correspondiera así.
I. CONFIRMAR el punto 1 de la resolución apelada, por los fundamentos de la presente y conforme a lo expresado por los considerandos 22° y 23°.
a) cual es la calificación legal, en principio, correspondería asignar al hecho investigado, y b) si resulta ajustado a derecho y a las constancias de la causa el auto de falta de mérito para sobreseer o para procesar a Claudio UBERTI dispuesto en la instancia anterior.
6°) Que, con relación a la primera de aquellas cuestiones, esto es la relativa a la calificación jurídica que correspondería otorgar al hecho materia de la investigación, con anterioridad el suscripto estableció, mediante el voto emitido por la resolución del Reg. N° 656/2007 de esta Sala "B": "9°) Que, "...en el delito de contrabando lo tutelado esencialmente es el ejercicio de la función principal encomendada a las aduanas: el control sobre la introducción, la extracción y la circulación de las mercaderías... " (confr., en lo pertinente, Reg. N° 519/03, de esta Sala "B ").
Más específicamente se ha expresado que "...el tipo penal de contrabando, cuando alude al control aduanero, comprende las facultades inequívocamente aduaneras, esto es, las referentes al arancel y a las prohibiciones sobre importación o exportación, y no a otras que por razones operativas también puedan haberse delegado al servicio aduanero" y que "...la función de la aduana a los fines del contrabando es controlar el tráfico internacional de mercadería, que es su bien jurídico; y tal función la cumple con fines arancelarios y de cumplimiento de las prohibiciones. Toda otra función de contralor que también se le pueda encomendar a la aduana que no guardase relación directa con tales objetivos es irrelevante para su configuración." (Héctor Guillermo VIDAL ALBARRACÍN, "Delitos Aduaneros ", Ed. Mave, 2.004, Buenos Aires, págs. 125 y 136; el resaltado corresponde a la presente).
"10°) Que, por la Resolución General de Aduanas N° 1172, se establece que: "Los viajeros de cualquier categoría y tripulantes que ingresen al territorio argentino deberán declarar... cuando en calidad de equipaje o pacotilla ingresen con más de diez mil dólares estadounidenses (U$S 10.000) o su equivalente en moneda de circulación legal en la República Argentina, o en cualquier moneda extranjera, en efectivo o en instrumentos monetarios ".
Asimismo, por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1570/01 (modif. por el Decr. PE.N N° 1606/01) se establece una prohibición relativa referida a la exportación de divisas, pero nada se regula con relación a la importación de aquéllas. "
"11°) Que, en consecuencia, si bien se encuentra probado que... efectuaron maniobras de ocultamiento aptas para impedir o dificultar los controles aduaneros con la intención de ingresar al territorio argentino las sumas..., aquellos controles en el caso no se encontraban vinculados al cumplimiento de aranceles u obligaciones tributarias o a prohibiciones sobre la importación de mercaderías, por lo tanto, en principio y por el momento, no se advierte una afectación al bien jurídico protegido por el delito de contrabando."
"13°) Que, la exigencia constitucional de que la conducta tipificada como delito y la sanción penal correspondiente se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, pone en cabeza exclusiva del poder legislativo la determinación de cuales son los intereses que deben ser protegidos mediante la amenaza penal. Sólo quienes están investidos de la facultad de declarar que ciertos intereses constituyen bienes jurídicos y merecen protección penal, son los legitimados para establecer el alcance de esa protección mediante la determinación abstracta de la pena que se ha considerado adecuada (Fallos 319:1920)."
En efecto, por las consideraciones que fundamentan aquella Resolución General se expresa que "las medidas que se tratan no pretenden en modo alguno restringir o limitar el ingreso de capitales a nuestro país, ni obstaculizar el normal flujo de transferencias dinerarias o la repatriación de capitales impulsada por el Gobierno Nacional ... ", así como que no tendrían incidencia con respecto a las funciones especificas del servicio aduanero con relación al control del tráfico internacional de mercaderías, sino que la disposición se vincula con "el lavado de dinero internacional proveniente de actividades ilícitas" y "se encuadra perfectamente con la recomendación veintitrés de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (C.I.C.A.D.), la cual señala que: "Se deberá estudiar la factibilidad de establecer medidas para detectar o supervisar el efectivo fronterizo, sujeto a estricta salvaguardia para asegurar el debido uso de la información y sin impedir en modo alguno el libre movimiento de divisas ... ", poniéndose especial énfasis en destacar que por la disposición en cuestión "no se altera en absoluto la legislación de fondo vigente"."
"15°) Que, por otra parte, cuanto se ha establecido por las consideraciones precedentes de este voto y la forma en la cual en consecuencia correspondería resolver, encuentra soporte en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de contrabando, según la cual se ha expresado, en cuanto resulta de interés para el presente, "Sólo aquellas funciones especificas de la actividad aduanera, pueden ser tenidas en cuenta para la integración del tipo del art. 863 del Código Aduanero. Esta comprensión excluye cualquier interpretación formal que pretenda que constituye contrabando toda infracción al control aduanero, por el solo hecho de que ese control le haya sido atribuido por una norma general". "... lo determinante para la punición es que se tienda a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades legales de las aduanas...las funciones aduaneras comprenden las facultades necesarias para controlar la concurrencia de los supuestos que regulan los gravámenes aduaneros o fundan la existencia de restricciones o prohibiciones a la importación y exportación" (Fallos 312: 1920; lo resaltado es del presente).
Por aquel mismo pronunciamiento se concluyó que no se "autoriza a entender que cualquier acto que afecte la actividad estatal en materia de policía económica puede ser considerado contrabando, del mismo modo que tampoco puede considerarse como propio de la función aduanera el ejercicio de todas las facultades de policía económica que competen al Estado "... "la interpretación que aquí se establece es la que aparece como más adecuada al principio del arto 18 de la Constitución Nacional, de cuya formulación emana la prohibición de interpretar analógicamente las leyes penales, porque la ampliación por vía interpretativa de los bienes jurídicos comprometidos ... sería contraria a aquella norma."(lo resaltado corresponde al presente)."
"16°) Que, finalmente, debe ponerse de resalto que las circunstancias verificadas en este caso difieren de las que fueron objeto de consideración por la resolución del Reg. N° 868/02 de esta Sala "B", oportunidad en la que debió decidirse con relación a un planteo de inconstitucionalidad vinculado a una supuesta tentativa de contrabando de exportación de dinero, habiéndose evaluado en aquella ocasión la vigencia de una prohibición a la exportación de más de diez mil dólares (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas, salvo que la misma se realice a través de entidades sujetas a la Superintendencia de entidades financieras y cambiarias y sea previamente autorizada por el Banco Central de la República Argentina (arts. 608, 609 y 611 del Código Aduanero y art. 3° del decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1.606/01 el cual sustituyó al art. 7° del decreto del mismo origen N° 1.570/01), prohibición no prevista en materia de importación."
9°) Que, no se advierte que los elementos de convicción acumulados hasta este momento en legajo principal y los reseñados por los representantes del Ministerio Público Fiscal a fs. 6718/6751 del expediente principal y a fs. 442/445 vta. de este incidente resulten suficientes para atribuir a Claudio UBERTI, con el alcance requerido para este momento del proceso (art. 306 del C.P.P.N.), una participación culpable en los hechos que se investigan.
En efecto, si bien no se encuentra cuestionado que UBERTI fue quien autorizó que Guido Alejandro ANTONINI WILSON abordara el avión de ROYAL CLASS, matrícula N 5113 S, contratado por ENARSA, que partió el 3 de agosto de 2007 desde Caracas y que arribó el 4 de agosto de 2007 al Aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, no resulta posible concluir que por los elementos de prueba hasta aquí colectados se encuentre demostrado que Claudio UBERTI conociera con anterioridad al hecho de la causa la existencia de más de diez mil dólares (u$s 10.000) en la valija que Guido Alej andro ANTONINI WILSON habría reconocido como propia, ni que estuviera en conocimiento del origen o destino que se le daría al dinero secuestrado.
Esto es así pues, por ninguna de aquellas constancias se ha logrado acreditar que las comunicaciones en cuestión se hubieran llevado a cabo como consecuencia de alguna concertación previa al ingreso al país del dinero incautado, ni median elementos que permitan estimar inequívoco el contenido por el momento no conocido de aquellas comunicaciones, sin perjuicio que las medidas de instrucción ordenadas y las que el juzgado “ a quo" disponga para la profundización de la pesquisa puedan otorgar un alcance probatorio diferente a las circunstancias aludidas por los recurrentes.
14°) Que, corroborando lo establecido precedentemente, a fs. 21 de los autos principales, obra una constancia por la que se daría cuenta que no se habría realizado una consulta judicial inmediata tras la constatación del hecho y en la cual se hace referencia a que habría habido una comunicación de lo actuado recién el día siguiente del suceso, a las 12,30 hs., comunicación cuyas finalidades no quedan en claro, pues no se advierten, ni se explican, los motivos por los cuales se habría dispuesto anoticiar a la autoridad judicial la formación de actuaciones sumariales en las que no se le había otorgado intervención.
* Con fecha 29 de agosto de 2.008 se requirió una respuesta a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela con relación a cuatro exhorto s librados en el expediente entre los cuales se encuentra el mencionado por el acápite anterior (fs. 7043/7045).
17°) Que, ninguna de las rogatorias inten1acionales aludidas por la consideración precedente tuvo respuesta alguna por el momento.
Para cumplir con aquellas declaraciones sólo ha comparecido hasta es e momento el imputado cuya situación procesal se examina por la presente. c) Recibir declaración testifical a Victoria BERESIUK, Daniel Ángel PUCCIARELLI, Gerardo Ariel SÁNCHEZ, Wilfredo A VILA DRIET, Ruth BEHRENDS RAMÍREZ y Nelli CARDOZO SÁNCHEZ.
De los nombrados, comparecieron a testificar en la causa principal P CCIARELLI (fs. 104, 933 y 7840), SÁNCHEZ (fs. 108 y 1076) Y RESIUK (fs. 1460).
Con relación a Wilfredo ÁVILA DRIET, Ruth BEHRENDS RAMÍREZ y Nelli CARDOZO SÁNCHEZ se requirió el testimonio mediante un exhorto internacional librado a la autoridad judicial competente de la República Bolivariana de Venezuela con fecha 8 de octubre de 2.008 (fs. 7482/7 511), acompañándose un pliego de preguntas a ese fin, rogatoria que se encuentra pendiente.
Por lo expresado, emito mi voto por la confirmación de la resolución impugnada y por encomendar al juzgado “ a quo” en los términos de los considerandos 11°,12°,17° Y18° de esta ponencia.
El Dr. Carlos Alberto PIZZA TELLI expresó:
5°) Que, corresponde establecer que: “… en el delito de contrabando lo tutelado esencialmente es el ejercicio de la función principal encomendada a las aduanas: el control sobre la introducción, la extracción y la circulación de las mercaderías...” (confr., en lo pertinente, Reg. N° 519/03, de esta Sala "B").
6°) Que, en efecto, de conformidad con lo establecido por el art. 112 del Código Aduanero, "... El servicio aduanero ejercerá el control sobre las personas y la mercadería en cuanto tuvieren relación con el tráfico internacional de mercadería ”. Asimismo, por el art. 116 del mencionado código se establece: ",.. la importación de mercadería, deben efectuarse ...previa autorización del servicio aduanero ...” .
7°) Que, por la Resolución General de Aduanas N° 1172, se establece: "Los viajeros de cualquier categoría y tripulantes que ingresen al territorio argentino deberán declarar...cuando en calidad de equipaje o pacotilla ingresen con más de diez mil dólares estadounidenses (u$s 10.000) o su equivalente en moneda de circulación legal en la República Argentina, o en cualquier moneda extranjera, en efectivo o en instrumentos monetarios".
8°) Que, asimismo, por la fundamentación de la resolución general mencionada por el considerando anterior se expresó: "... las medidas que se tratan no pretenden en modo alguno, restringir o limitar el ingreso de capitales a nuestro país, ni obstaculizar el normal flujo de transferencias dinerarias o la repatriación de capitales impulsada por el Gobierno nacional, sino simplemente cumplir con el debido control aduanero como bien jurídico tutelado... " (el resaltado es de la presente).
III. ESTABLECER que los hechos mencionados por el considerando 2° de la presente resolución encuentran adecuación típica, "prima facie ", en los arts. 863, 865 inc. a y 871, del Código Aduanero y 278 inc. 3°, del Código Penal.
IV. ENCOMENDAR al juzgado "a quo" en los términos de los considerandos 11°, 26°, 27° Y 28° del voto emitido por los doctores Carlos Alberto PIZZA TELLI y Marcos Amoldo GRABIVKER.
CARLOS ALBERTO PIZATELLI - JUEZ DE CAMARA
ROBERTO ENRIQUE HORNOS - JUEZ DE CAMARA
MARCOS ARNOLDO GRABIVKER - JUEZ DE CAMARA
MARTA L MARMISSOLLE - Secretaria de Cámara
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La Plata 19 de febrero de 2009.
VISTO el expediente N° 21200-17111/09 del Ministerio de Justicia, por el que se propicia implementar y poner en práctica el Programa de Mediación en Contextos de Encierro, y
Que las condiciones objetivas y subjetivas que condicionan la convivencia de miles de personas en contextos de encierro en la Provincia, generan de ordinario episodios de violencia extrema, que muchas veces son la consecuencia directa de la forma de dirimir diferencias entre los internos, o entre ellos y el personal penitenciario;
Que en consecuencia, distintos y cotidianos conflictos de intereses, interpersonales e intergrupales, disputas por la asignación y la legitimación de roles, se saldan de ordinario imponiendo una visión unilateral que responde en muchos casos a la relación de fuerzas interna y la violencia;
Que la vida en las cárceles presenta peculiaridades que influyen siempre de manera negativa en las relaciones personales y grupales;
Que en ese marco los conflictos se potencian y multiplican a partir de datos objetivos tales como la diversidad y la multiculturalidad, y una convivencia forzada, en espacios reducidos, con personas con las que se tiene poco en común, y donde las clasificaciones y las formas de agrupación de los reclusos responden a lógicas administrativas que no siempre atienden a esas particularidades y a esa diversidad;
Que estos datos culturales y subculturales - por su gravedad- demandan una oportuna, eficiente y reflexiva intervención del Estado frente a una problemática que afecta la salud y la supervivencia misma de las personas privadas de libertad, único derecho que les está legalmente limitado;
Que las políticas públicas deben ser tuitivas del plexo totalizante de derechos y garantías que como ciudadanos le asisten a las personas privadas de libertad;
Que uno de esos derechos, fundamental, es el derecho a la vida. Otro, el derecho a una convivencia armónica, aún en las condiciones difíciles en que deben cumplir sus condenas o su prisión provisional, de tal suerte que la misma facilite en el recluso la incorporación del respeto a las normas y desarrolle en ellos capacidades compatibles con ese mandato constitucional;
Que el carácter no aflictivo de las penas (que se inscribe en el paradigma constitucional que considera a las personas privadas de libertad como partícipes de la sociedad de la que provienen), muchas veces se difumina frente a las formas particularmente violentas que, en la práctica, priman en esos contextos de encierro, y a la puesta en riesgo del ejercicio de derechos que formalmente le asisten;
Que, si los prisioneros son ciudadanos a los cuales se les limita únicamente el derecho a su libertad física por el término que corresponde, deben como tales acceder de manera irrestricta al resto de los derechos y garantías que no les han sido enervados;
Que uno de esos derechos lo constituye el derecho a un desarrollo en paz, para lo cual las modalidades alternativas o no violentas de resolución de conflictos importan un insumo fundamental a tales fines;
Que el Estado está obligado a intentar este tipo de estrategias e intervenciones en las cárceles a su cargo;
Que lo que se pretende con la presente iniciativa es -justamente- devolver esos conflictos a los propios interesados, y dotarlos de los insumos y las capacidades necesarias como para resolverlos apelando a formas dialógicas, donde la restauración y la reparación sean los paradigmas fundamentales a partir de los cuales los mismos se diriman, antes que la dialéctica acción/reacción imperante;
Que estos cambios cualitativos suponen una adecuación para nada sencilla, que rompe con rutinas adversariales donde los conflictos arrojan ganadores y perdedores;
Que para ello será necesaria no solamente una capacitación y el desarrollo de nuevas capacidades en los internos, sino también en la propia agencia penitenciaria;
Que entre los internos la propuesta deberá necesariamente hacer hincapié en la idea de concebir al conflicto como una potencialidad, como un patrimonio antes que como un problema. Y al otro como alguien que interactúa en una problemática común, y respecto del cual la hostilidad, las ansias de venganza y la violencia interior, dificultan sobremanera la resolución del conflicto a través de vías superadoras;
Que el personal penitenciario, a su vez, deberá reformular las lógicas disuasivas de solución de problemas;
Que la base del éxito de estos abordajes radica en la estimulación del diálogo entre las personas y en fortalecerlo de cara a la cotidianeidad;
Que, a los fines de la puesta en práctica del Programa, será menester contar con Gabinetes técnico científico multidisciplinarios, que articulen lo atinente a la instrumentación de aquel, conformado por profesionales y técnicos del Servicio Penitenciario Bonaerense;
Que en cada Unidad penitenciaria funcionará un Gabinete, que tendrá a su cargo la evaluación y selección de los internos que actuarán como mediadores;
Que los Gabinetes deberán igualmente definir el procedimiento de mediación, basado en la comprensión, la tolerancia, la paciencia y la ejercitación permanente de la alteridad;
Que esto supone la creación de un manual de funciones, donde queden explicitados claramente el sentido y alcance de la mediación, la participación de los profesionales que integran el Gabinete, la delimitación de los orígenes de los conflictos, los plazos que durará cada abordaje, las técnicas y roles de los mediadores y las formas que asumirán las conclusiones;
Que a fojas 11, 11 vuelta y 21 ha tomado intervención la Asesoría General de Gobierno;
Art. 1° - Crear en el ámbito de la Dirección de Política Criminal, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia, el Programa Provincial de Mediación en contextos de encierro, el que tendrá los siguientes fines y objetivos:
a) Proponer y poner en práctica los procedimientos y estrategias de Resolución Alternativa de Disputas, en todos los establecimientos carcelarios de la Provincia de Buenos Aires.
b) Estimular y promover, mediante una continua capacitación e intervención estatal, la posibilidad de que los conflictos individuales o grupales de que trata la presente norma, sean resueltos con el protagonismo de sus propios actores y del Estado, a través de mecanismos horizontales y no punitivos que se detallan en los Considerandos y en el articulado de la presente norma, y con el concurso de las entidades estatales y las demás Instituciones involucradas.
c) Articular las respectivas políticas e intervenciones, suscribiendo los acuerdos que resulten menester con las Universidades y los Colegios Profesionales de la Provincia, a fin que provean de la capacitación suficiente y oportuna a los operadores que deberán desempeñarse como mediadores.
Art. 2° - Todo ciudadana o ciudadano privado de libertad, alojado en establecimientos que dependan del Servicio Penitenciario Bonaerense, tiene derecho a recurrir a la mediación, para solucionar sus diferencias y conflictos derivados de sus relaciones interpersonales e intergrupales, con los alcances y en la forma que establece el presente Programa. A los fines de operativizar este derecho, las personas interesadas deberán solicitarlo a las autoridades de cada uno de los establecimientos, quienes de manera inmediata deberán dar cuenta de esta circunstancia a los miembros de los Gabinetes Técnico Científicos.
Art. 3° - Los principios en los que se basa el presente Programa son los siguientes: lógicas no violentas ni punitivas en la resolución de los conflictos que se suscitan intramuros, celeridad, autonomía de la voluntad de las partes, igualdad de las partes, confidencialidad, privacidad, informalidad y flexibilidad del procedimiento, buena fe, solidaridad, mediación.
Art. 4° - A los efectos de este Programa, se entenderá a la mediación como un procedimiento no adversarial de resolución de controversias, donde las partes recuperan la posibilidad de resolución de sus conflictos, asumiendo ellas mismas un protagonismo y participación decisiva en la solución que se alcance en cada caso.
Art. 5° - El Mediador será siempre un interno elegido por el mutuo consentimiento de las partes. Desempeñará el rol de simple comunicador entre las mismas, situando correctamente la cuestión objeto del conflicto; no es árbitro ni juez, ya que no es él quien resuelve en definitiva, porque carecen de poder de decisión, sino que lo hacen las partes implicadas.
Art. 6° - El proceso de Mediación será informal, flexible y voluntario. Es informal y flexible porque prescinde de ritualismos y no está sometido a las reglas legales rígidas previamente concebidas. Es voluntario porque las personas se prestan a participar del mismo por su propia y libre decisión, la que les posibilita llegar o no a un acuerdo y retirarse de la mediación cuando lo deseen o crean conveniente.
Art. 7° - El proceso de Mediación será, en principio y salvo convención en contrario, confidencial, pudiendo las partes celebrar un acuerdo en el que se establezcan las reglas del proceso y se garantice que nada de lo que allí se hable va a ser transmitido fuera del ámbito del procedimiento. Tampoco, en ese caso, el Mediador podrá reproducir nada de lo que en este procedimiento se diga. El deber de confidencialidad alcanza también al miembro del gabinete técnico científico, con excepción de los ejercicios de devolución, evaluación e intercambio que el mismo considere oportuno hacer con sus pares respecto del caso al que deba asistir en tal condición.
Art. 8° - En el proceso regirá el principio de celeridad, tendiente a que los conflictos se resuelvan en plazos breves, pudiendo pactar las partes un término máximo para arribar a una solución de los mismos.
Art. 9° - Los gabinetes técnico científicos deberán ser de carácter multidisciplinario, y estar integrados por personas capacitadas en la temática de Resolución Alternativa de Conflictos, conforme las pautas que se consignan en los "Considerando" del presente. Se integrarán con profesionales y técnicos que presten actualmente funciones en el Servicio Penitenciario Bonaerense, y que muestren interés en incorporarse a esta iniciativa, a cuyos fines la Institución habilitará el registro respectivo para recibir las sucesivas postulaciones.
Art. 10. - Los integrantes de los gabinetes tendrán a su cargo el proceso de evaluación y selección de los internos que aspiren a desempeñarse como mediadores. A su vez, podrán también establecer estrategias de resolución específicas para cada uno de los conflictos, de conformidad con los principios que surgen del decreto de creación, los que a su vez serán explicados a quienes actúen como mediadores en los casos sometidos a esta modalidad de solución.
Art. 11. - Los miembros de los gabinetes deberán estar presentes mientras se sustancian los procesos de mediación, pudiendo sugerir el lugar, el horario y demás circunstancias que hagan a una mejor sustanciación del trámite.
Art. 12. - Igualmente, los miembros de los gabinetes podrán sugerir cursos de acción y recordar a las partes y los mediadores los principios en que se basan estas reglas alternativas de resolución de conflicto, a los fines del debido encuadramiento de los respectivos procesos.
Art. 13. - El procedimiento de composición se dará por terminado:
a) Al llegar las partes a un acuerdo y firmarlo.
b) Al hacer el mediador, previa consulta con las partes, una declaración por escrito que haga constar que ya no se justifica seguir intentando llegar a un acuerdo, en la fecha de tal declaración.
c) Al hacer las partes al mediador una declaración por escrito de que dan por terminado el procedimiento de mediación, en la fecha de tal declaración.
d) Al hacer una parte a la otra u otras partes y al mediador, una declaración por escrito en la que da cuenta que desea dar por terminado el procedimiento de mediación.
Art. 14. - El acta en la que se plasme el acuerdo de composición deberá de cumplir con los siguientes requisitos básicos:
c) Nombres, apellidos y generales del mediador.
f) Firma de las partes y los componedores que hubieren intervenido en la audiencia en la que se llegó al acuerdo.
Art. 15. - El presente decreto será refrendado por el Ministro Secretario en el Departamento de Justicia.
Art. 16. - Comuníquese, etc. - Casal - Scioli
a la/s 3:54 p.m. Publicadas por Jorge Poblete

References: resolución 
 artículo 306
 artículo 278
 resolución 
in fine
 resolución 
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