Source: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/normativa/refundicion.htm
Timestamp: 2017-05-26 09:25:23+00:00

Document:
Universidad Complutense de Madrid Refundición
1. Acumulación y refundición
3. Competencia del último tribunal o juzgado sentenciador
5. Conexidad delictiva
5.1 La toxicomanía como factor de conexidad
5.2 Quebrantamiento de condenas refundidas
6. Problemas que plantea el Código Penal de 1995
6.1 No redfundibilidad de las condenas ya licenciadas
6.2 Refundición de condenas a efectos de libertad
7. La inaplicación de la refundición de condenas
afecta al derecho a la libertad
8. Naturaleza de la pena refundida
9. El principio de consunción
*1. Acumulación y refundición: Los términos acumulación
y refundición están confundidos por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo. La refundición alude a la aplicación del artículo
76 del nuevo Código Penal (antiguo artículo 70.2 del derogado
Código Penal). Por el contrario, penitenciariamente se conoce como
acumulación o enlace de condenas la suma aritmética de todas
las penas que se están cumpliendo para considerarlas como una única,
a efectos de la concesión de la libertad condicional, pero sin suponer
ningún recorte o limitación en su cumplimiento, según
se prevé en el artículo 193.2 del nuevo Reglamento Penitenciario.
Sin embargo, la terminología oficial de Instituciones Penitenciarias
es justamente la inversa. En el ámbito de la ejecución
de las penas, la refundición de condenas, conforme a lo establecido
en el artículo 76.1 y 2 del vigente Código Penal, constituye
una de los instrumentos más importantes para la reducción del
tiempo de cumplimiento efectivo de las condenas. La refundición de condenas del
artículo 76 del Código Penal es un procedimiento por el que,
respecto de una pluralidad de condenas impuestas, se fija un límite
máximo de tiempo de cumplimiento, constituyendo una limitación
legal al cumplimiento de las penas impuestas, mediante el establecimiento
de dos topes máximos de cumplimiento: un limite establecido por el
hecho de que el tiempo de cumplimiento no podrá exceder del resultado
de multiplicar por tres la mayor de las penas en que haya incurrido el condenado;
y otro límite fijando el tiempo máximo de cumplimiento en 20
años, salvo las excepciones que se recogen de hasta 25 años
-cuando se condene por dos o más delitos y alguno de ellos tenga un
pena de hasta veinte años- o de hasta 30 años -cuando se condene
por dos o más delitos y alguno este castigado con una pena superior
a los veinte años-. El resto excedente de tiempo de cumplimiento queda
extinguido. El objeto de la refundición de
condenas tiene por objeto evitar el descrédito de penar más
gravemente una pluralidad de delitos leves, por su acumulación aritmética,
que un delito muy grave. *2. Procedimiento: El procedimiento para solicitar de la
refundición de condenas, ya como triple de la mayor de las condenas,
ya como tope de los 20 años, aparece regulado en el artículo
988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, conforme a dicho precepto se
debe pedir mediante escrito dirigido al último tribunal sentenciador.
En el escrito se indicarán las causas que se quieren refundir. El
Juzgado o Tribunal requerido recabará la hoja histórico penal
del Ministerio de Justicia para averiguar si es efectivamente competente
por ser el último Juzgado; de ser así pedirá los testimonios
de sentencia de todas las condenas a los diversos Juzgados o Tribunales;
posteriormente cotejará si las causas pueden considerarse conexas
entre sí y, si ello es así, comprobará si la suma de
las condenas refundibles es superior al tope de los 20 años o al triple
de la mayor de todas las penas impuestas, y si ello es así, procederá
mediante auto a estimar la solicitud. En el tramite de refundición de
condenas debe ofrecerse trámite de audiencia al interesado, quien
deberá ser asesorado por su abogado, según sentencia del Tribunal
Constitucional: “Solicitada por el recurrente la refundición de las
penas de las causas (pues esto es evidentemente lo que pide) debió
abrirse el trámite del articulo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
con audiencia del interesado asistido de Letrado y resolverse por Auto, contra
el cual pudiera presentarse el recurso de casación previsto en el
citado articulo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Al no procederse
así se han vulnerado los derechos de defensa del interesado reconocidos
en el artículo 24.2 de la Constitución”. Finalmente, la resolución que se
dicte al respecto (auto) debe estar suficientemente motivada. *3. Competencia del último
tribunal o juzgado sentenciador: Desde el principio, los Jueces de Vigilancia
vienen reclamando en sus reuniones la competencia para proceder a la refundición
frente a los órganos judiciales sentenciadores, Audiencias Provinciales
y Juzgados de lo Penal. Con ello asumirían el papel que el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispensa al “último tribunal sentenciador”, cuya función no d potestad declarativa, ya que si así
lo fuera no se explicaría su asunción de funciones, sino que
se limita a decidir si concurre o no la conexidad delictiva exigida por la
ley para la acumulación. Sin embargo, el Tribunal Supremo viene
manifestado todo lo contrario en sus sentencias de 14 de octubre de 1989,
7 de mayo de 1990, 10 de mayo de 1993 y 18 de mayo de 1995. Entre otras razones,
aduce el Tribunal Supremo que contra las resoluciones de los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria no cabe recurso de casación. En esa misma
línea se pronuncia el Tribunal Constitucional en su sentencia de 14
de julio de 1988. El ultimo tribunal o juzgado sentenciador
es el último que haya dictado el último auto de firmeza de
sentencia. *4. Recurso de casación: Los autos que vienen a resolver las solicitudes
de refundición de condena son recurribles en casación, por
infracción de ley, ante el Tribunal Supremo, según establece
el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. *5. Conexidad delictiva: Lo más trascendente para estimar,
o no, una solicitud de refundición de condena, es determinar si concurre,
o no, la exigencia de la conexidad. Hasta la Ley de 8 de abril de 1967, origen
del artículo 76 del Código Penal y del artículo 988
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, únicamente era posible aplicar
las limitaciones en el cumplimiento de las penas para las condenas por diversos
delitos que hubieran sido juzgadas en un mismo juicio, porque en su momento
hubieran sido acumuladas por considerarse conexas. Es esa Ley de 1967 la que permite introducir
los límites para condenas recaídas en procedimientos distintos,
pero para ello se exigió que los delitos o faltas enjuiciados en distintos
procesos, habrían de ser conexos entre sí, a tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, este artículo 17 fue concebido para determinar la enjuiciabilidad de
diversos delitos por un mismo juzgado o tribunal, y se caracteriza por la
diversidad de criterios de conexión, de tipo subjetivo, instrumental o medial, o mixtos, que exigen, para considerar conexas diversas infracciones, que diversos delitos se imputaren a una misma persona al incoársele causa por cualquiera de ellos (condición subjetiva), que tengan analogía
o relación, entre sí (condición objetiva) y que no estuviese
ya sentenciados. Bajo tal pluralidad de criterios el Tribunal
Supremo ha utilizado como pautas para apreciar o no la conexidad, el tiempo,
el lugar, el bien jurídico protegido lesionado, preceptos infringidos,
modus operandi del agente, entre otros (sentencias del Tribunal Supremo de
fechas 15 de marzo de 1985, 8 de mayo de 1991, 10 de febrero, 14 de junio,
6 de noviembre de 1992, 18 de mayo, 24 de junio y 13 de julio de 1994 y 2
de julio de 1997. Ante tal pluralidad de criterios, que
en más de una ocasión daban lugar a grandes arbitrariedades
en la apreciación de la conexidad, el punto de inflexión lo
marca la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1992 que, bajo los
principios de racionalidad, de cumplimiento del mandato constitucional del
artículo 25.2, de orientación resocializadora del sistema penológico,
de proporcionalidad, de favorecimiento al reo y de concepción del
Derecho como orientado a la justicia, como suma de equilibrios, viene a introducir
la posibilidad de realizar una interpretación extensiva y analógica
del concepto de conexidad de la refundición de condenas. Desde entonces la línea jurisprudencial
se ha asentado con una diversidad de sentencias que han venido a ampliar
el campo de los criterios de interpretación extensiva. Así,
entre otros: a) el Principio de reeducación y reinserción social
de la pena (sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de febrero de 1994);
b) el principio de unidad de ejecución y unidad de cumplimiento de
las condenas, según el cual el tratamiento penitenciario se inspira
en la conveniencia de operar sobre la totalidad de las penas impuestas en
la sentencia o condenas pendientes de ejecución; así el sistema
de individualización a que se refiere el artículo 72 de la
Ley Orgánica General Penitenciaria, debe girar sobre el binomio personalidad
criminal-duración de la pena; c) el principio de humanismo penal (sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 8 de marzo de 1994 y 15 de noviembre de 1995);
d) la interpretación de la conexidad del artículo 76 dentro
de la disciplina del concurso real de delitos y sistema de pena única
(sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de abril de 1994, 3 de noviembre
de 1995, 27 de diciembre de 1995 y 19 de mayo de 1997). De conformidad con los anteriores criterios
para determinar la existencia, o no, de la conexidad “solo debe atenderse
a si los diversos delitos han podido ser enjuiciados en un solo proceso y
existirá siempre que la acumulación no se trasforme en una
exclusión de la punibilidad para todo delito posterior” (sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 10 de noviembre de 1995), ya que “si una persona
supiera que no ha de cumplir las penas por los delitos posteriores a otras
ya firmemente impuestas se crearía un sentimiento de impunidad singularmente
peligroso y contrario a la finalidad de prevención especial de la
sanción”. De este modo, “los períodos de acumulación
de penas se cortan desde el momento en que existe la condena de carácter
firme” (sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de noviembre de 1995).
De acuerdo con esta doctrina “se deben considerar acumulables [...] las penas
impuestas a todos los hechos ocurridos antes de la fecha de firmeza de la
primera sentencia que adquirió tal condición; correlativamente,
los que fueron cometidos con posterioridad a dicha fecha deben ser tratados con el mismo criterio, pero sin acumulación a los anteriores” (sentencias del Tribunal Supremo de fecha 21 de marzo, 1 de abril y 12 de diciembre de
1995). Por tanto, si después de haber
sido dictada sentencia firme en su contra, el condenado comete una nueva
infracción penal, esta última condena no se puede refundir
con las anteriores ya que técnicamente es imposible que se pudiera
juzgar esa nueva infracción penal en un mismo juicio con los anteriores
delitos, puesto que ya habrían sido dictadas condenas que han ganado
firmeza. Pero si se comenten varios delitos y después
de recaer condena firme por el primero de ellos se comete un nuevo delito,
surgen dos opciones: una, refundir este nuevo delito con los que quedan por
juzgar, dejando fuera el primer delito ya con sentencia firme, o bien, refundir
todos los primeros delitos cometidos, dejando fuera el nuevo delito cometido.
Todo dependerá de lo que más interese, por las penas que resulten. Es por ello que para el cálculo
de la procedencia o no de una refundición entre varias condenas firmes
se tengan que tener muy en cuenta las fechas de la comisión de los
hechos para ponerlas en conexión con las fechas de las firmezas de
las sentencias de las distintas causas y, a partir de ahí, calcular
detenidamente, qué causas se pueden incluir en un grupo de condenas
y cuales no, en función de que unas fueran firmes al cometerse unos
hechos y otras no. No obstante, recientemente, ha empezado
a surgir una línea jurisprudencial que establece que los principios
constitucionales que prohiben las penas degradantes y propugnan la reeducación
y la reinserción social de las penas, han de prevalecer sobre la estricta
interpretación de la conexidad cuando el límite temporal, sobre
todo cuando el total de las condenas excedería de los 30 años
antes, o de los 20, ahora (sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de
diciembre de 1994). Paradigma de esta última línea
de pronunciamientos judiciales es el auto de 23 de enero de 1996 de la Audiencia
Provincial de Vizcaya que, después de una pormenorizada enumeración
de los principios sobre los que se sostiene la doctrina jurisprudencial sobre
la refundición -principio de humanidad, de analogía en favor
del reo y de reeducación y reinserción social- considera extinguida
la vigencia de la conexión delictiva como presupuesto de aplicación
de la regla 2ª del antiguo artículo 70 del Código Penal,
y aprueba la refundición de dos condenas firmes con una por quebrantamiento
y un delito cometido durante ese quebrantamiento. Lo anterior supone una auténtica
quiebra de los principios jurisprudenciales vigentes hasta la fecha, ya que
evidentemente cuando se quebranta una condena es porque se está cumpliendo
una sentencia firme, en principio irrefundible con cualquier tipo de delito
posterior. *5.1 La toxicomanía como factor de conexidad: En aplicación de la interpretación
extensiva y analógica que permite la sentencia del Tribunal Supremo
de fecha 31 de mayo de 1992, la finalidad reeducativa de la pena privativa
de libertad, establecida en el artículo 25.2 de la Constitución
y el principio de individualización de la pena, la condición
de toxicómano de la persona en las distintas infracciones penales
perpetradas podría concebirse como “un elemento de conexión
entre varios delitos aún cuando los tipos fuesen diferentes y cometidos
en momentos temporales distantes entre sí”. *5.2 Quebrantamiento
de condenas refundidas: La problemática concreta -a desaparecer
con la supresión de la redención de penas por el trabajo- surge
cuando se quebranta una condena que es el resultado de una refundición,
en ese momento el antiguo Código Penal en su artículo 100.1,
sanciona dicho infracción impidiendo volver a redimir en la condena
quebrantada. La polémica se plantea en que si
se concibe la refundición como la creación de una nueva y única
condena, por aplicación de la sanción indicada, en caso de
quebrantamiento, no se podría volver a redimir en toda la condena
refundida. Sin embargo, procurando la interpretación
más beneficiosa para el reo, puede considerarse que ajustándonos
a la interpretación estrictamente literal de las palabras del vigente
artículo 76.1 del Código Penal -al igual que de las del antiguo
artículo 70.2-, cuando el artículo se refiere a que “el máximo
de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de la penas
en que haya incurrido”, ha de entenderse que se está fijando un límite
de cumplimiento, pero no está creando una condena nueva. Así, una vez aprobada, por ejemplo,
una limitación en 15 años, por ser la mayor de las condenas
de 5 años, se cumplirían sucesivamente las condenas de mayor
a menor y cuando se llegarán a los 15 años de cumplimiento,
se consideraría cumplida la pena, “declarando extinguidas las que
procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo” dice el artículo
76.1. La importancia de fijar el artículo
76.1 como un límite de cumplimiento reside en que si se quebranta
condena, la baja en redención se aplicaría exclusivamente a
la concreta condena que se estaría penando, según el orden
de cumplimiento de mayor a menor, y una vez extinguida esa condena se podría
volver a redimir en las siguientes. En este sentido, existe alguna opinión
concordante con esta tesis, como la que se recoge en la IX Reunión
de Jueces de Vigilancia en la que se desarrolla el argumento de que la aplicación
de los beneficios del artículo 76.1 operan de manera que las penas
dejan de cumplirse cuando se alcanza el máximo fijado, actuando como
pura reducción de la pena aplicable y no como si de una nueva pena,
resultante o autónoma se tratase. *6. Problemas que plantea
el Código Penal de 1995: La entrada en vigor del nuevo Código
Penal en relación con la institución de la limitación
de condenas del artículo 76 ha venido a crear algunos problemas, en
relación a su aplicación: Un primer problema consiste en si se puede
redimir o no cuando se refunden un conjunto de condenas en el que concurran
condenas del nuevo Código Penal, en el que no cabe redimir, y condenas
del antiguo Código Penal donde si es posible la redención. La única referencia al problema
se encuentra en el apartado 1º, del punto 5 de la Disposición
Transitoria 1ª del vigente Reglamento Penitenciario, en el que “para
la ejecución de la pena resultante -de refundir condenas del nuevo
y del viejo Código- se estará a lo que disponga el Juez o Tribunal,
en orden al sometimiento de la ejecución a las normas de uno u otro
Código”. Sin embargo, la deficiencia de la norma
no sólo viene por la ausencia de criterio sino, también de
lo inapropiado de que una simple norma de carácter reglamentario sustraiga
de las competencias atribuidas por Ley Orgánica al Juez de Vigilancia
Penitenciaria en materia de ejecución de las penas. En la práctica, una pauta de solución
nos la puede ofrecer los criterios de revisión de condenas que prevé
las disposiciones transitorias del nuevo Código Penal, en el sentido
de estar, principalmente a la opinión del reo a la hora de optar por
la aplicación de uno y otro código en lo que se refiere a la
ejecución de la pena, en lo referente, sobre todo, a la posibilidad
de redimir o no. Otro motivo de duda surge en relación
a si es de aplicación el nuevo tope de cumplimiento de 20 años,
en condenas del viejo Código Penal no revisadas superiores a ese tiempo.
En este sentido, en un gran número de resoluciones judiciales, en
la que no se estimaba la revisión de la condena conforme al nuevo
Código, se ha introducido una apostilla en el sentido de indicar que
no procede la revisión pero en cualquier caso no se cumplirá
un tiempo de prisión mayor que el que correspondería si la
condena hubiera sido revisada. Es un procedimiento sumamente inteligente
para, en una misma resolución, decidir en dos sentido, por el antiguo
Código y por el nuevo al no permitir que se cumpla más de lo
que correspondería con este. Así, en las condenas de más
de 20 años con el viejo Código no se cumplirían más
allá de ese tiempo aunque no se hubiera revisado la condena conforme
al nuevo Código. En este mismo sentido, como argumento
teórico de solución al respecto, existe una tesis, según
la cual el Código Penal podría desglosarse perfectamente, en
una parte puramente procedimental referida al cumplimiento concreto de las
penas, con autonomía y entidad propia respecto del resto del Código,
de manera que, aunque no se hubiera producido la revisión de la condena
respecto de la pena a imponer, si podría el reo acogerse al nuevo
Código Penal en el concreto aspecto del máximo de cumplimiento
de condena fijado en el nuevo texto legal, de modo y manera que, una persona
cuya condena superior a los 20 años de prisión no hubiera sido revisada, si podría pedir que se le aplicara el nuevo máximo de cumplimiento de 20 años del vigente artículo 76. *6.1 No refundibilidad
de las condenas ya licenciadas: Sucede con bastante frecuencia que, cuando
se solicita la refundición condena, alguna de las que serían
susceptibles de ser refundidas se encuentren licenciadas definitivamente,
es decir, ya cumplida. En esos casos, esas condenas, en principio, no se
puedan refundir. Para estos supuestos, existe una reciente
sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1.997 que viene a referir
que, conforme a la doctrina jurisprudencial (sentencias del Tribunal Supremo
de fechas 1 de julio de 1994 y 31 de octubre de 1996), la inclusión
de determinadas condenas en una refundición a los efectos de la aplicación
del artículo 76 del Código Penal, no puede quedar al albur
de una tramitación más o menos rápida o lenta, circunstancia
ordinariamente ajena a la conducta del penado, sino que es necesario que
todas las condenas de la misma época, incluso aunque ya haya sido
cumplida la pena, se tengan en cuenta para fijar los límites correspondientes
a tal refundición. *6.2 Refundición
de condenas a efectos de libertad condicional: El artículo 193.2 del Reglamento
Penitenciario establece que las condenas han de computarse -sumándolas-
las sucesivas o simultáneas condenas que cumple un penado, de forma
que la suma de las condenas serán consideradas como una sola a efectos
de libertad condicional. A la luz de este precepto, aunque a alguna
de las penas se haya llegado al cumplimiento de las tres cuartas partes,
no cabe proponer el licenciamiento definitivo de esta causa mientras queden
otras vigentes y pendientes de cumplir en el expediente, porque de ser así,
cerraríamos la posibilidad de que la evolución del interno
en el tiempo que le queda de cumplimiento le permita acceder a tercer grado
y disfrutar de libertad condicional en el total de las causas. Esto es de aplicación aunque delinquiera
estando en situación de libertad condicional, ingresando de nuevo
en prisión, siendo juzgado por éstos y como consecuencia, revocada
la libertad condicional. Sin embargo, la Administración Penitenciaria
licencia al preso de las condenas porque entiende que al haber quebrantado
la libertad condicional ya no se le puede conceder otra sobre esas condenas
y por ello pide el licenciamiento definitivo de las mismas. Esta interpretación
es ilegal por dos motivos: a) De un análisis pormenorizado
de la legislación penal y penitenciaria no se desprende tal limitación
de concesión de libertad condicional, aún cuando se haya delinquido
durante la misma. Por ello, si la ley no lo limita, no existe apoyo legal
para el acto administrativo que ha servido de fundamento a la resolución adoptada por la cárcel. Por ello, ese acto de la administración penitenciaria por el que se acuerda solicitar el licenciamiento de condena al Tribunal sentenciador es nulo (en este sentido el Auto de la Audiencia Provincial, Sección 5ª de Madrid de abril de 1997, Auto del Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria de Burgos de 16 de octubre de 1995 y Auto del
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Ciudad Real de 6 de febrero de 1997) b) Por otro lado, cuando se refundan las
causas anteriores con las nuevas, ya no es la misma condena en la que se
cometió el delito durante la libertad condicional, sino es otra distinta
que surge al refundir las anteriores a la nueva “la suma de las mismas será
considerada como una condena”. Las Juntas de Régimen, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 193.2 del Reglamento Penitenciario
que textualmente preceptúa que “cuando el penado sufra dos o más
condenas de privación de libertad, la suma de las mismas será
considerada como una sóla condena a efectos de aplicación de
libertad condicional”, deben enlazar las nuevas condenas con las anteriores,
haciendo de todas una única condena. El artículo 193.2 del Reglamento
Penitenciario es plenamente eficaz, a pesar de ser una norma reglamentaria,
desde el momento en que no vulnera ninguna norma de rango superior y que
goza de autonomía. Responde, además, con toda claridad a la
lógica necesaria en el sistema penal para dotar de efectividad a una
institución tan esencial como la libertad condicional que no podría
resistir el absurdo juego de ser aprobada y disfrutada en cada una de las
condenas debiendo el interno regresar a prisión a su término
para iniciar el cumplimiento de otra pena pendiente. El principio de legalidad, es considerado
el eje básico del Estado de Derecho que obliga a los poderes públicos
al sometimiento a la ley. Pues bien, dentro de este principio, se desarrolla
lo que la doctrina denomina principio de legalidad en la ejecución,
que viene definido en el artículo 3.2 del Código Penal que,
preceptúa que “no puede ser ejecutada pena alguna en otra forma que
la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto”. A mayor abundamiento, el artículo
2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria señala que “la actividad
penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de
los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las sentencias
judiciales”. La competencia para declarar nulo los
actos administrativos de las Juntas de Régimen que se niegan a ello,
la tiene el Juez de Vigilancia penitenciaria toda vez que es el encargado
de velar por la ejecución de las penas de acuerdo con el principio
de legalidad y el control de la actividad penitenciaria; debe salvaguardar
los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en
cumplimiento de los preceptos de régimen penitenciario puedan producirse
(artículo 76.1 Ley Orgánica General Penitenciaria). A mayor abundamiento, la nulidad de esas
órdenes administrativas deriva también de que no se le notifican,
ni a los presos, ni a sus letrados la decisión de dar por licenciada
la condena. Ello implica la imposibilidad de revisar legal y oportunamente
tal decisión administrativa. De esta manera, además de generar
una grave indefensión se han vulnerado el artículo 238.3 Ley
Orgánica del Poder Judicial que establece que serán nulos los
actos que supongan la infracción de los principios de audiencia, asistencia
y defensa siempre que hayan generado indefensión. *7. La inaplicación
de la refundición de condenas afecta al derecho a la libertad. Sentencia
del Tribunal Constitucional 130/1996: “La sentencia del Tribunal Constitucional
147/1988 contempla un supuesto análogo al que ahora se ofrece a nuestra
consideración, que no es otro que el relativo a cómo han de
ejecutarse las penas, en este caso, privativas de libertad, cuando las mismas
son varias, y por consiguiente no admiten un cómputo simultaneo, preponderando
como es bien sabido en dicha ejecución, un criterio de acumulación o de suma de carácter limitado. En tales circunstancias, dice la sentencia
del Tribunal Constitucional citada, que no es excluible una lesión del artículo 17.1 de la Constitución si no se procede tal y
como ordena el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo
que podría afectar al derecho a la tutela judicial efectiva del artículo
24.1 de la Constitución. En este sentido se afirma en la sentencia
del Tribunal Constitucional citada que “el derecho reconocido en el artículo
17.1 de la Constitución permite la privación de libertad sólo
en los casos y en las formas previstos en la ley. En el presente caso no
se pone en duda la licitud de la situación de preso y penado del solicitante
de amparo, al existir una condena impuesta por sentencia, la única
firme, además, en el momento de iniciarse el cumplimiento de
esa pena. Lo que se cuestiona es la forma de ejecución de esa condena
en relación con el cómputo del tiempo de estancia en prisión.
No ha de excluirse que lesione el derecho reconocido en el artículo
17.1 de la Constitución, la ejecución de una sentencia penal
con inobservancia de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y del Código Penal respecto al cumplimiento sucesivo o, en su caso,
refundido de las distintas condenas de pérdida de libertad que pudieran
reducir el tiempo de permanencia en prisión del condenado, en cuanto
que supongan alargamiento ilegitimo de esa permanencia y, por ende, de la
pérdida de libertad. Al mismo tiempo, la inobservancia de tales disposiciones,
en ejecución de las correspondientes sentencias, podrá afectar
al derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución”. *8. Naturaleza de la
pena refundida: Se discute si el resultado de la acumulación
es una nueva pena de consideración única o si, por el contrario,
se trata simplemente de una suma aritmética de unas penas que siguen
manteniendo su propia sustantividad, si bien quedan extinguidas aquellas
que sobrepasan el triplo de la más grave o el tope legalmente señalado. La cuestión tiene importantes repercusiones
prácticas. Si la pena refundida es una nueva pena, todas las alteraciones
que en la misma se produzcan es como si lo fueran sobre ella misma, sin distinguir entre las que la integraron. Así, si se quebranta, no es posible determinar
en cuál de las integrantes se produjo el quebrantamiento, de suerte
que los efectos negativos (la baja en redención) lo será por
la nueva pena y no por las anteriores, a diferencia de lo que ocurriría si se tratara de una mera refundición. En otro caso se quebrantaría la pena que se estuviera cumpliendo en ese momento, pero no afectaría a las demás. Lo mismo ocurre con la libertad condicional
y la redención. Si se mantiene la autonomía de las penas acumuladas *9. El principio de consunción: El principio de consunción es una
excepción extralegal a la acumulación de condenas, y puede
enunciarse de la forma siguiente: siempre que un sujeto realice sucesivamente
varias acciones de forma tal que alguna o varias de ellas, autónomamente
punibles, sean absorbidas en atención a su injusto, por un acto anterior
o posterior a aquellas, deberá el agente ser sancionado sólo
por dicho acto. La jurisprudencia del Tribunal Supremo
esporádicamente admitió este principio por la tendencia a disgregar
los hechos en todas y cada una de sus manifestaciones punibles (concurso
real), deslindando el concurso de leyes del concurso ideal. Según
el Tribunal Supremo los hechos plurales deben ser castigados e cuanto el
delito absorbente pueda ser concebido sin necesidad de los demás hechos
se produzcan (sentencias de 54 de abril de 1953 y 4 de enero de 1955). El principio de consunción presupone
la existencia de varias acciones. Si sólo hay una acción, no
cabe aplicarlo, sin que esa unidad se vea rota por la circunstancia de que
el resultado se produzca separadamente en el tiempo o en el espacio de la
manifestación volitiva, ni por la que sean varios los tipos aplicables.
En estos casos habrá concurso de leyes o concurso ideal. ©THEORIA - PROYECTO

References: artículo
76
 artículo 70
 artículo 193
 artículo 76

artículo 76
 artículo
988
 artículo 24
 resolución 
 artículo 988
 artículo 988
 artículo 76
 artículo 988
 artículo 17
 artículo 17

artículo 25
 artículo 72
 artículo 76
 artículo 70
 artículo 25
 artículo 100

artículo 76

artículo 70
 artículo
76
 artículo
76
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 193
 resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 3
 artículo
2
 artículo 238
 artículo 17
 artículo
24
 artículo
17
 artículo
17
 artículo 24