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Timestamp: 2020-05-25 07:11:08+00:00

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FECHA= 29.03.1999
ROL= Ing. No. 27/98, Rol No. 450
NORMA= Art. 29 Código de Ética Profesional
DESCRIPTORES= Conflicto de Intereses. Patrocinio y Poder, Aceptación, Acto Solemne. Aceptación, Requisito de Existencia. Insuficiencia de Prueba
DOCTRINA= La denuncia fundada en un supuesto conflicto de intereses en el ejercicio de la actividad, supone una relación profesional preexistente entre el denunciante y el denunciado, que imposibilite a éstos, asumir la defensa de su contraparte. Por lo tanto, no infringen el Código de Ética los abogados que asumen esa defensa sin haber sido previamente contratados por el denunciante.
EXTRACTO= Reclamante interpone denuncia contra dos abogados colegiados, señalando que contrató sus servicios profesionales para la protección y defensa de la marca comercial de un hotel, que intentaba registrar a su nombre. En lugar de asumir la defensa del poderdante, uno de los reclamados presentó con posterioridad una oposición a la marca que se pretendía registrar, en representación de otra sociedad; esto es, asumió la representación de su contraparte. En definitiva, esta oposición fue rechazada.
Por su parte, los abogados denunciados señalaron desconocer al denunciante y que este jamás ha sido cliente suyo, y que ellos asumieron responsablemente la representación profesional de su contraparte en el juicio.
Para verificar alguna infracción por parte de los reclamados, resulta fundamental dilucidar si existió una relación profesional entre las partes. Ninguno de los documentos acompañados es capaz de acreditar la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales, de un mandato o de un simple otorgamiento de poder aceptado por el o los apoderados. En el caso de autos, el documento acompañado por el reclamante, denominado “poder especial”, si bien lleva membrete del estudio jurídico de los reclamados, es un formulario que está firmado tan sólo por el denunciante y no puede acreditar voluntad de obligarse, si no lleva la firma de los abogados que constituyen ese estudio.
A mayor abundamiento, el artículo 15 de la Ley 19.039, sobre Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial establece que todos los poderes relativos a materias de propiedad industrial son actos jurídicos solemnes, especificando la forma en que deben otorgarse los poderes. El documento denominado “poder especial” no cumple con dicha solemnidad, por lo que en estricto derecho debe estimarse inexistente, y en el mejor de los casos, nulo de nulidad absoluta.
Con lo señalado queda suficientemente comprobado que el denunciante no produjo prueba suficiente para dar por acreditada la relación profesional que invoca con los abogados denunciados. Se resuelve rechazar la denuncia formulada.
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los consejeros Gonzalo Figueroa Yánez (tramitador), Sergio Urrejola Monckeberg, Arnaldo Gorziglia Balbi, Luis Ortiz Quiroga, Arturo Prado Puga, Jorge Mario Quinzio Figueiredo, Avelino León Steffens, Ana María Hübner Guzmán, Manuel Guzmán Vial y Waldo Ortúzar Latapiat. Las referencias personales han sido eliminadas en cumplimiento con la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.
FECHA= 15.11.1999
ROL= Ing. No. 01/98, Rol No. 428
NORMA= Art. 2 Código de Ética Profesional, 6 Código de Ética Profesional, 29 Código de Ética Profesional
DESCRIPTORES= Profesión Jurídica. Dignidad. Alcances. Profesión Jurídica, Conducta Incompatible. Honor Profesional. Sanción de Oficio
DOCTRINA= Procede aplicar, de oficio, la sanción de censura por escrito al abogado que infringe lo dispuesto en el artículo 2 del Código de Ética Profesional, al hacer valer el ascendiente que tiene sobre un cliente para ejecutar actos y/o contratos que directa o indirectamente lo beneficien, especialmente si se toma en consideración la avanzada edad del cliente, lo cual constituye un acto desdoroso e incompatible con la dignidad con que debe ejercerse la profesión de abogado.
EXTRACTO= Se interpone reclamo contra abogado a quien habría contratado la madre de la reclamante, para hacer la posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de su cónyuge y padre respectivamente. Señala que este abogado junto con cumplir el encargo profesional indicado, procedió a redactar una escritura de venta de dichos bienes y derechos a favor de una sociedad de la cual es socio, aprovechándose del hecho de que las facultades mentales de su madre se encuentran deterioradas. Sostiene además que la cifra pagada por el abogado reclamado es ínfima en relación al valor real de los mismos. Termina solicitando que el Consejo investigue a fondo esta situación para velar por el prestigio del Colegio y de la profesión.
El reclamado reconoce que atendió profesionalmente a la madre de la reclamante en la obtención de la posesión efectiva indicada, gestión profesional por la cual cobró honorarios, los cuales hasta la fecha no le han sido pagados. Reconoce asimismo, que la sociedad que representa procedió a comprar por escritura pública otorgada ante Notario, el 50% de la totalidad de las acciones y derechos y/o cuotas hereditarias que le correspondían a la madre de la reclamante en la herencia intestada, pagándole íntegramente el precio de la cesión a la fecha del contrato. Agrega que la sociedad que representa compró los referidos derechos en atención a los insistentes ofrecimientos de su cliente y de que la escritura respectiva le fue leída a la vendedora en dos oportunidades por el Notario quien estuvo personalmente presente en el acto. En oficio remitido por dicho Ministro de Fe, éste manifestó que la cedente firmó el contrato en su presencia sin manifestar indicios de tener sus facultades mentales perturbadas. Termina su informe el reclamado, solicitando que se rechace el reclamo por falta de fundamentos.
Considerando que no se han acreditado los cargos formulados por la reclamante consistentes en que el abogado habría defraudado a su madre aprovechándose de la demencia senil que la afecta, se rechaza el reclamo presentado en contra del abogado reclamado. Sin perjuicio de lo expuesto, este Consejo procediendo de Oficio, y en relación a los hechos no discutidos que las partes han aceptados como acaecidos, considera que constituye un acto desdoroso e incompatible con la dignidad con que debe ejercerse la profesión de abogado el hecho de que éste haga valer el ascendiente que tiene sobre un cliente para ejecutar actos y/o contratos que directa o indirectamente lo beneficien, especialmente si se toma en consideración la avanzada edad del cliente. Dicha conducta es censurable y afecta el prestigio de la profesión, por lo cual resulta procedente la medida disciplinaria de censura por escrito.
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los consejeros Luis Ortiz Quiroga (tramitador), Sergio Urrejola Monckeberg, Avelino León Steffens, Arturo Alessandri Cohn, Juan Agustín Figueroa Yávar, Roberto Garretón Merino, Rafael Gómez Balmaceda, Eduardo González Errázuriz, Alejandra Krauss Valle, Juan Luis Ossa Bulnes, Guillermo Piedrabuena Richard, Álvaro Puelma Accorsi, Jorge Mario Quinzio Figueiredo, Carlos Reymond Aldunate, Alberto Zaldívar Larraín y Enrique Zenteno Undurraga. Las referencias personales han sido eliminadas en cumplimiento con la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.
FECHA= 07.05.2001
ROL= Ing. No. 60/99, Rol No. 535
NORMA= Art. 1 Código de Ética Profesional, 2 Código de Ética Profesional, 3 Código de Ética Profesional, 6 Código de Ética Profesional, 25 Código de Ética Profesional, 29 Código de Ética Profesional
DESCRIPTORES= Profesión Jurídica. Defensa en Juicio. Conflicto de Intereses, Actuación Incompatible. Defensa del Honor Profesional
DOCTRINA= Procede aplicar la sanción de suspensión de seis meses de sus derechos como asociado, y publicación de la resolución, al abogado que infringe el artículo 29 del Código de Ética Profesional al aceptar el patrocinio y el poder conferido a la iniciación de un procedimiento ejecutivo, asumiendo la defensa del ejecutante, en circunstancias que integraba el estudio profesional con quien atendía habitualmente al ejecutado; sumado al hecho que el reclamado tenía simultáneamente, a esa misma fecha, poder para representar al ejecutado en otro juicio pendiente.
EXTRACTO= Abogado interpone reclamo contra otro profesional, con motivo de la tramitación de un juicio ejecutivo que presenta ciertas irregularidades. Expone que una sociedad, ejecutante en dicho juicio, demandó a una persona en calidad de curador provisional de su hermano demente, confiriendo patrocinio y poder al abogado reclamado. Se invocó como título ejecutivo, un contrato de mutuo de dinero otorgado por escritura pública, suscrito entre la sociedad y la persona interdicta, quien compareció representada por su hermano. El mutuo se convino como un crédito “a la vista” pagadero “sin intereses de ninguna especie, aunque el deudor sea constituido en mora”. En la demanda ejecutiva se señaló para el embargo una propiedad raíz, de la cual el demandado es dueño de una cuota de condominio del 50%. El otro 50% pertenecía al ejecutante, de tal manera que ambos estaban en situación de condominio sobre la propiedad señalada por el embargo. Una vez notificada la demanda ejecutiva, se requiere de pago al ejecutado y se traba embargo sobre el referido bien. El ejecutado no opone excepciones dentro del plazo legal, así como luego, tampoco objetó la tasación para su remate, que se fijó en una suma inferior a la mitad del valor de la otra cuota de condominio sobre el mismo inmueble. Su primera intervención en el proceso se produce, estando ya aprobadas las bases para el remate, al evacuar el traslado conferido con motivo de la presentación de una demanda incidental efectuada por una tercera persona, que intervino en el juicio solicitando se declare la nulidad absoluta del contrato de mutuo celebrado entre ellos, sosteniendo la existencia de una simulación en que participarían el ejecutante y el curador provisional del demente ejecutado, en perjuicio de éste último.
El abogado reclamante hace presente además, que en una demanda sobre comodato precario iniciada por el hermano del interdicto por demencia, en su calidad de curador provisional, el abogado del demandante delegó el poder que conducía en esos autos en el abogado reclamado. Pendiente el juicio antes referido, la sociedad presenta la demanda ejecutiva en contra del interdicto, representado por su hermano y curador provisional, designándose como abogado patrocinante al reclamado, quien acepta.
De los antecedentes relacionados, se presume que la sociedad ejecutante intentó, a través del juicio ejecutivo, provocar el remate judicial de la cuota de condominio del interdicto, evitando la liquidación de la comunidad y las autorizaciones judiciales correspondientes. Era presumible también que el remate judicial de una cuota de condominio de un inmueble no concitaría mayormente el interés de terceros compradores. Por otra parte, las características del contrato de mutuo de dinero que hizo posible la demanda ejecutiva, unido a la ninguna participación del curador en el juicio; si se agrega además que la sociedad ejecutante designó abogado patrocinado al reclamado, integrante del estudio profesional que atiende habitualmente al curador provisional del ejecutado, tales antecedentes hacen verosímil la posibilidad de que el contrato de mutuo haya sido efectivamente simulado. No obstante, no corresponde a este Colegio pronunciarse sobre una materia que se encuentra aun entregada a la resolución de la justicia ordinaria.
Ahora bien, el hecho de haber aceptado el abogado reclamado el patrocinio y el poder conferido a la iniciación de un procedimiento ejecutivo, asumiendo la defensa del ejecutante, en circunstancias que integraba el estudio profesional con quien atendía habitualmente al ejecutado; sumado al hecho que el reclamado tenía simultáneamente, a esa misma fecha, poder para representar al ejecutado en otro juicio pendiente, ambos hechos configuran una infracción a la norma del artículo 29 del Código de Ética Profesional, que conduce a aplicar al abogado reclamado una sanción de seis meses de sus derechos de asociado, con publicidad en la Revista del Abogado.
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los consejeros Carlos Reymond Aldunate (Tramitador), Sergio Urrejola Monckeberg, Avelino León Steffens, Arturo Alessandri Cohn, Olga Feliú Segovia, Eduardo González Errázuriz, Juan Luis Ossa Bulnes, Álvaro Puelma Accorsi, Raúl Rencoret De la Fuente, Jorge Mario Saavedra Canales, Luis Thayer Morel, Alberto Zaldívar Larraín y Enrique Zenteno Undurraga. Las referencias personales han sido eliminadas en cumplimiento con la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.
FECHA= 06.05.2002
ROL= Ing. No. 91/01, Rol No. 679
NORMA= Art. 1 Reglamento para la Tramitación de Acusaciones o Denuncias por Infracciones a la Ética Profesional de los Abogados
DESCRIPTORES= Relación Profesional. Efecto Relativo. Investigaciones Éticas. Denuncia, Falta de Fundamentos
DOCTRINA= Resulta procedente rechazar el reclamo interpuesto por la reclamante cuando consta que entre ésta y el abogado reclamado no existió relación profesional alguna. No corresponde que se use esta instancia para discutir y plantear problemas que exceden la competencia de este Consejo.
EXTRACTO= Reclamante formula cargos en contra de abogado, por la actuación que ha tenido al haberle requerido sus servicios para tramitar la posesión efectiva de una sucesión hereditaria, de quien ella era mandataria. La dificultad se suscitó cuando la sucesión le revocó el poder de administración de bienes, revocación en la cual habría intervenido el reclamado, quien además se habría puesto a disposición de la nueva administradora, faltando así a la ética profesional. El abogado expone que su relación profesional lo ha sido con la sucesión y en representación de ella tramitó la posesión efectiva y no en representación de la reclamante. Agrega que no logra comprender cual es la falta de que se le acusa ya que tramitó la posesión efectiva que se le encargó, a la que compareció la reclamante en representación de la cónyuge sobreviviente del causante y de sus hijos; lo que hace indiscutible que su patrocinada era la cónyuge sobreviviente y sus hijos y por tanto su obligación profesional estaba ligada a la viuda e hijos del causante. Continúa expresando que cumplió cabalmente con todos y cada uno de los trámites de ese encargo profesional pero que en el transcurso del trámite sufrió entorpecimiento de parte de la reclamante.
Conforme a lo expuesto y a la prueba rendida es evidente que la relación profesional existió entre la sucesión hereditaria y el abogado reclamado y este cumplió fielmente su encargo y que los problemas y diferencias entre dicha sucesión y la mandataria, reclamante de autos, son asuntos de otra índole y no corresponde que se use esta instancia para discutir y plantear problemas de otra jurisdicción. Se rechaza el reclamo por ser improcedente y, además, carecer de fundamento.
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los consejeros Alberto Zaldívar Larraín (tramitador), Sergio Urrejola Monckeberg, Avelino León Steffens, Arturo Alessandri Cohn, Jorge Mario Quinzio Figueiredo, Enrique Zenteno Undurraga, Juan Luis Ossa Bulnes, Eduardo González Errázuriz, Luis Ortiz Quiroga, Arturo Prado Puga y Luis Bates Hidalgo. Las referencias personales han sido eliminadas en cumplimiento con la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.
FECHA= 23.12.2002
ROL= Ing. No. 37/01, Rol No. 646
NORMA= Art. 13 Código de Ética Profesional, 40 Código de Ética Profesional; 7 Estatutos del Colegio de Abogados de Chile
DESCRIPTORES= Procedimiento de Oficio. Formación de Clientela. Promoción de Servicios. Falta Grave
DOCTRINA= Procede imponer al abogado reclamado la medida disciplinaria de suspensión por dos meses, por ofrecer sus servicios profesionales mediante una carta y que del tenor de ella aparece de manifiesto que es para asesorar al cliente de otro abogado en un proceso pendiente. Dicho ofrecimiento constituye una falta grave a la ética y un quebrantamiento de la norma contenida en el artículo 13 del Código de Ética Profesional, norma que exige evitar escrupulosamente la solicitación directa o indirecta de clientela.
EXTRACTO= Se iniciaron estos autos de oficio, por haber recibido este Consejo, una comunicación enviada por un abogado, en la que da cuenta que su cliente recibió una carta del abogado denunciado ofreciéndole sus servicios a un costo cero y que del tenor de ella aparece de manifiesto que es para asesorarle en el proceso cuyo patrocinio le ha sido encomendado, y que se encuentra en recurso de apelación. El abogado denunciado señala en su informe que le era necesario hacer promoción de los nuevos servicios de su oficina ya que había integrado contadores, ingenieros comerciales y economistas; y no niega haber hecho promoción de sus servicios legales al cliente del abogado denunciante, con información que obtuvo en tribunales al momento de la apelación de la causa. Tampoco ha objetado la autenticidad, el tenor ni la firma de la carta que ha motivado la formación de estos autos, respecto de la cual se puede inferir que el abogado firmante de la carta y su oficina hacen un ofrecimiento de servicios profesionales. No se considera valedera la excusa de que no ha existido intención de lesionar al abogado denunciante porque ofrecería un servicio en el campo de planificación tributaria ya que no se trata de planificar tributaciones sino defenderlo en el juicio ya existente que se encuentra en etapa avanzada de tramitación. A juicio del Consejo dicho ofrecimiento constituye una falta grave a la ética y un quebrantamiento de la norma contenida en el artículo 13 del Código de Ética Profesional, norma que exige evitar escrupulosamente la solicitación directa o indirecta de clientela. En la especie, el Estudio Profesional del abogado reclamado desarrolla al mismo tiempo ambas actividades, contables y jurídicas, incurriendo en una peligrosa confusión de roles y, además, llevando a cabo una acción promocional que afecta severamente el prestigio de la profesión. Se resuelve imponer al abogado reclamado la medida disciplinaria de suspensión por tres meses con publicidad.
Conociendo de la reposición interpuesta por el reclamado, se rebaja la medida de suspensión a dos meses sin publicidad.
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los consejeros Olga Feliú Segovia (tramitador), Sergio Urrejola Monckeberg, Felipe Bulnes Serrano, Sergio Diez Arriagada, Eduardo González Errázuriz, Juan Ossa Luis Bulnes, Arturo Prado Puga, Felipe Vial Claro, Alberto Zaldívar Larraín y Enrique Zenteno Undurraga. Las referencias personales han sido eliminadas en cumplimiento con la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.
FECHA= 13.01.2003
ROL= Ing. No. 73/01, Rol No. 670
NORMA= Art. 37 Código de Ética Profesional
DESCRIPTORES= Defensa en Juicio. Abogados. Patrocinio Propio. Interés Pecuniario en el Asunto, Alcances
DOCTRINA= Se rechaza el reclamo interpuesto en contra de abogado, por cuanto no existe en nuestro Código de Ética prohibición para asumir el propio patrocinio. En cuanto a la prohibición del artículo 37 de no adquirir interés pecuniario en el asunto, ella se está refiriendo a intereses de terceros, que podrían verse menoscabados en caso que su abogado tuviese algún interés pecuniario en la causa que patrocina, situación que no se produce si una persona reúne las características de parte y de abogado patrocinante de si mismo.
EXTRACTO= En su reclamo la denunciante señala que el abogado reclamado atenta en contra de principios éticos en el ejercicio de la profesión de la abogacía al haber asumido su propio patrocinio, alegando personalmente las causa de visita de su propia nieta. Alude que el abogado ha empleado recursos y formalidades innecesarias y puramente dilatorias para entorpecer injustamente el normal desarrollo del procedimiento, causándole perjuicios innecesarios. El abogado en su defensa puntualiza que no existe principio ético que impida a un abogado asumir su propio patrocinio.
No existe en nuestro Código de Ética prohibición para asumir el propio patrocinio y que en cuanto a la prohibición del artículo 37 de no adquirir interés pecuniario, es forzoso concluir que tal prohibición se está refiriendo a intereses de terceros, quienes podrían verse menoscabados en sus derechos en caso que su abogado patrocinante tuviese algún interés pecuniario en la causa que patrocina, situación que no se produce si una persona reúne las características de parte y de abogado patrocinante de si mismo. A mayor abundamiento, las causas que motivan este reclamo son causas de familia en la que un abuelo litiga por sus derechos respecto de una nieta, actuando el mismo como patrocinante. En cuanto a la acusación de haber empleado recursos y formalidades innecesarias y puramente dilatorias para entorpecer el normal desarrollo del procedimiento, se debe hacer notar que tal acusación dicha en general no se concreta respecto de actuaciones precisas en que ello haya ocurrido. Aparece si la pasión que desgraciadamente suele envolver a las partes en este tipo de dolorosas situaciones, pasión que si bien puede ser inconveniente para el ejercicio de la justicia no merece reproche ético. En atención a lo anterior se rechaza el reclamo deducido.
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los consejeros Eduardo González Errázuriz (tramitador), Sergio Diez Arriagada, Arturo Alessandri Cohn, Alfredo Etcheberry Orthusteguy, Olga Feliú Segovia, Luis Ortiz Quiroga, Jorge Mario Quinzio Figueiredo, Carlos Reymond Aldunate, Luis Thayer Morel, Alberto Zaldívar Larraín y Enrique Zenteno Undurraga. Las referencias personales han sido eliminadas en cumplimiento con la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.
FECHA= 13.10.2003
ROL= Ing. No. 76/01, Rol No. 698
NORMA= Art. 1 Código de Ética Profesional, 6 Código de Ética Profesional, 25 Código de Ética Profesional, 38 Código de Ética Profesional
DESCRIPTORES= Contrato de Prestación de Servicios. Incumplimiento. Incompatibilidad de Funciones Profesionales. Indemnizaciones. Consejo General, Incompetencia
DOCTRINA= Procede aplicar la sanción de censura por escrito al abogado reclamado, quien como abogado, mediador y ejecutor de los acuerdos logrados en un juicio de nulidad matrimonial, prestando sus servicios profesionales a ambas partes. El abogado careció de un criterio ético que orientara su trabajo como tal, llegando incluso a retener dineros percibidos en representación de su cliente, para pagarse honorarios. La referida confusión de roles impidió que el reclamado actuara eficientemente como abogado y equitativamente como mediador dejando a ambas partes insatisfechas con su labor y, de paso, infringiendo lo dispuesto en los artículos 1 y 6 del Código de Ética Profesional.
EXTRACTO= Comparece denunciante deduciendo reclamo en contra del abogado de su cónyuge, porque en sus actuaciones ha faltado al compromiso que adquirió respecto de él, al ofrecerle sus servicios como mediador para encontrar una forma de solución rápida para lograr la nulidad de matrimonio y liquidación de sociedad conyugal y al mismo tiempo se responsabilizó a concretar los acuerdos tramitando las gestiones legales pertinentes. Los honorarios pactados se asumirían por partes iguales entre el reclamante y su cónyuge. Posteriormente se impuso que el honorario de su cónyuge fue rebajado a un tercio, en un avenimiento que puso término al reclamo presentado por ella ante el Colegio de Abogados. En cambio sus honorarios permanecieron iguales. Le imputa también no haberle hecho saber el conflicto de intereses contradictorios a que se encontraba sujeto, como abogado de su mujer, como mediador y como ejecutor de los acuerdos, lo que en el fondo, significó actuar como abogado de ambas partes, con resultados adversos para él, ya que en todas sus actuaciones prevaleció la calidad de abogado de su cónyuge; también la negligencia en el juicio de nulidad de matrimonio, a pesar de haber recibido los honorarios que le correspondían; el haber entorpecido el normal desarrollo del procedimiento al retener dineros que había recibido para su cliente, a fin de pagarse de los honorarios convenidos con ella, lo que significó que ésta detuviese el curso de la nulidad hasta que le fuere restituida la totalidad del dinero. Concluye solicitando que se exija al abogado le restituya la diferencia de honorarios pagados en exceso, antes de la rebaja que le otorgó a su cónyuge y lo indemnice por la pérdida de su fuente laboral y por los perjuicios y daños morales que le ha causado al deficiente gestión del abogado.
El reclamado realizó su actuación como abogado, mediador y ejecutor de los acuerdos logrados, en las materias relativas a la liquidación de la sociedad conyugal y al juicio de nulidad de matrimonio. El abogado, en este ejercicio triple de funciones, prestó sus servicios profesionales a ambas partes. Sin embargo, tales roles son claramente distintos. La falta de un análisis cuidadoso de la gestión, por parte del profesional, significó que su papel de abogado de la cónyuge del reclamante prevaleciera en las negociaciones de los acuerdos para la liquidación de los bienes, tramitación de la nulidad y en la posterior rebaja de los honorarios que le otorgó con motivo del avenimiento suscrito por ambos para poner fin al reclamo interpuesto, por la retención indebida de dineros. Consecuentemente los roles de mediador y de defensa de los intereses del actor en los demás aspectos que le interesaban, no fueron hechos valer debidamente por el abogado. El profesional no clarificó ante sus dos clientes su actuación en los tres roles ya referidos y si bien sobre este aspecto no se encuentra en el Código de Ética una norma expresa que prohíba este tipo de actuación, el principio de deduce del análisis del artículo sexto del mismo Código. Se aprecia en el abogado, una falta de conocimiento de su rol como mediador dentro de una materia en que este procedimiento de solución de controversias tiene una gran importancia. El abogado no debe cumplir a la vez ambos roles, el de mediador y de abogado de las partes, porque el papel del mediador se asimila al de un Juez. Como consecuencia de ello, el abogado careció de un criterio ético que orientara su trabajo como tal, llegando incluso a retener dineros percibidos en representación de su cliente, para pagarse honorarios. La referida confusión de roles impidió que el reclamado actuara eficientemente como abogado y equitativamente como mediador dejando a ambas partes insatisfechas con su labor y, de paso, infringiendo lo dispuesto en los artículos 1° y 6° del Código de Ética Profesional.
Se resuelve que se hace lugar al reclamo y se aplica al abogado la sanción de censura por escrito, instándolo a devolver parte del dinero percibido por haber dejado inconcluso el compromiso adquirido con el reclamante respecto a la nulidad de matrimonio, bajo el apercibimiento de publicarse este fallo en la revista del Abogado, si no diere cumplimiento a ello, dentro de los cinco días en que quede ejecutoriado; y no ha lugar a las indemnizaciones solicitadas por el actor, por carecer este Consejo, en su calidad de tribunal de ética, de competencia para conocer y pronunciarse sobre ellas.
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los consejeros Juan Luis Ossa Bulnes (tramitador), Sergio Urrejola Monckeberg, Felipe Vial Claro, Juan Eduardo Figueroa Valdés, Roberto Mayorga Lorca, Eduardo Rodríguez Guarachi, Carlos Reymond Aldunate, Arturo Alessandri Cohn, Olga Feliú Segovia, Luis Thayer Morel, Luis Ortiz Quiroga y Alfredo Etcheberry Orthusteguy. Las referencias personales han sido eliminadas en cumplimiento con la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.
FECHA= 09.08.2004
ROL= Ing. No. 105/03, Rol No. 846
NORMA= Art. 1 Código de Ética Profesional, 6 Código de Ética Profesional, 9 Código de Ética Profesional, 25 Código de Ética Profesional
DESCRIPTORES= Acusaciones Penales. Diligencia. Relación Abogado-Cliente. Descalificación Pública. Prevención al Abogado
DOCTRINA= Se previene al abogado denunciado de realizar toda manifestación tendiente a descalificar públicamente a otra persona aludiendo a sus antecedentes o características personales, las que además de consistir en prejuicios sin mayores fundamentos que la apreciación personal, se emiten en el marco de una relación cliente-abogado, la que supone por parte del abogado un mayor conocimiento de la situación personal que afecta a su cliente.
EXTRACTO= La denuncia de la reclamante se basa en que habiendo cancelado la mitad del valor de los servicios profesionales al abogado reclamado, con el fin de que la representara en una querella criminal por delitos de injurias y calumnias, este habría actuado lentamente impidiendo con su conducta dar un buen y rápido curso al proceso. Continúa haciendo presente que habiéndose frustrado la realización del primer comparendo, el reclamado le exige el pago del saldo de los honorarios, petición que fue rechazada por aquélla en consideración al estado de avance del proceso. Ante esta negativa, el abogado la habría amenazado con renunciar a su defensa, prolongando sus malos tratos en conversaciones posteriores.
El reclamado señala que la denuncia es absolutamente infundada, considerando que la reclamante parece ser una apersona altamente conflictiva y con graves problemas de adaptabilidad, problemas que serían de tal magnitud, que el denunciado habría procurado hacerla desistir de su querella en atención a que su versión no le parecía del todo consistente. En este contexto, habría aceptado tomar el asunto sólo después de constantes y vehementes ruegos de la reclamante. Finalmente, manifiesta que con motivo de la reclamación de autos presentará su escrito de renuncia al patrocinio y poder.
Considerando que el examen de las actuaciones profesionales denunciadas demuestran que ellas no son contrarias ni constituyen infracciones al Código de Ética Profesional, se puede concluir que la actuación del abogado denunciado cumplió con los estándares comunes en la práctica legal, tanto es así, que el abogado presentó diversos escritos durante su patrocinio en la causa, incluyendo una apelación al sobreseimiento de la misma. A mayor abundamiento, este Consejo estima importante informar a la denunciante que las actuaciones del abogado denunciado no ameritan sanciones a la ética, por cuanto sus acciones en esta causa responden a las actuaciones propias de los abogados en la etapa del sumario de los juicios penales. Asimismo, las notificaciones y citaciones, tanto a los querellados como a los testigos, son diligencias cuya determinación y ejecución corresponden al tribunal, no teniendo el abogado patrocinante mayor injerencia en las mismas. Sin perjuicio de lo señalado, este Colegio previene al abogado denunciado de realizar toda manifestación tendiente a descalificar públicamente a otra persona aludiendo a sus antecedentes o características personales, las que además de consistir en prejuicios sin mayores fundamentos que la apreciación personal, se emiten en el marco de una relación cliente-abogado, la que supone por parte del abogado un mayor conocimiento de la situación personal que afecta a su cliente. En los informes evacuados por el abogado denunciado, se observan conductas que carecen del respeto debido entre un cliente y su abogado, siendo ésta las que motivan al Consejo a realizar esta prevención, la cual busca velar por el correcto desempeño y mantención de las buenas conductas que deben observarse en el marco de este tipo de relación, así como un estricto respeto a las normas del Código de Ética Profesional. Finalmente este Consejo es de la opinión que el abogado denunciado debió haber actuado conforme a su conciencia y haberse negado a aceptar el patrocinio de esta causa en atención a que las explicaciones y caso propuesto por su cliente no le parecieron, desde un comienzo, consistentes, y más aún, de difícil comprobación. Se declara no ha lugar al reclamo de autos, sin perjuicio de la prevención realizada al abogado reclamado.
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los consejeros Sergio Diez Arriagada (tramitador), Alfredo Alcaíno De Esteve, Felipe Bulnes Serrano, Carlos Reymond Aldunate, Luis Thayer Morel, Roberto Mayorga Lorca, Jorge Mario Quinzio Figueiredo, Sergio Urrejola Monckeberg, Luis Ortiz Quiroga, Arturo Prado Puga y Miguel Amunátegui Monckeberg. Las referencias personales han sido eliminadas en cumplimiento con la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.
FECHA= 10.01.2005
ROL= Ing. No. 98/02, Rol No. 773
NORMA= Art. 1 Código de Ética Profesional, 2 Código de Ética Profesional, 3 Código de Ética Profesional, 5 Código de Ética Profesional
DESCRIPTORES= Profesión Jurídica. Patrocinio y Poder. Intereses Jurídicos. Juicio Ejecutivo. Ejecutado, Tercerista, Vínculo Matrimonial. Voto Disidente
DOCTRINA= El hecho de haber patrocinado la reclamada al ejecutado y a su cónyuge, la tercerista, no constituye una trasgresión a los artículos 1, 2, 3 y 5 del Código de Ética Profesional puesto que no ha habido derechos contrapuestos entre ellos, hecho que ha quedado en evidencia al allanarse el ejecutado a la tercería, fundado precisamente en su calidad de cónyuge de la tercerista.
EXTRACTO= Reclamante en representación de una sociedad anónima que es ejecutante en un juicio ejecutivo, interpone denuncia por faltas a la ética profesional en contra de abogada. Señala que en dicho juicio el ejecutado es patrocinado por la reclamada, y que una vez practicado el embargo compareció en el juicio una tercera persona interponiendo una demanda de tercería de posesión contra el ejecutante y el ejecutado, designando como abogada patrocinante y confiriendo poder a la abogada denunciada. Señala que los intereses del ejecutado y la tercerista son absolutamente incompatibles entre sí y no puede bajo respecto alguno permitirse que ellos actúen mediante procurador común en el negocio. Consta que el ejecutado se allanó a la solicitud de tercería de posesión presentada por la tercerista, señalando que ésta última es su cónyuge y junto con ella vive en el inmueble que les pertenece y es lugar donde se practicó el embargo de bienes.
El hecho de haber patrocinado la reclamada al ejecutado y a su cónyuge, la tercerista, no constituye una trasgresión a los artículos 1, 2, 3 y 5 del Código de Ética Profesional, puesto que en el caso específico de estos autos no ha habido derechos contrapuestos entre el ejecutado y la tercerista, hecho que ha quedado en evidencia al allanarse el ejecutado a la tercería, fundado precisamente en su calidad de cónyuge de la tercerista. La abogada tenía plena conciencia que al patrocinar a la tercerista no provocaría perjuicio al ejecutado puesto que este mismo le solicitó la defensa de su cónyuge. Cabe destacarse que, a juicio de estos sentenciadores, la situación que se analiza es absolutamente excepcional pues se trata de cónyuges cuyo domicilio es común y por tanto los bienes que pertenecen a uno sólo de los cónyuges se encuentran en un lugar que es común para ambos. Se resuelve declarar que no se hace lugar a la denuncia interpuesta.
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los consejeros Olga Feliú Segovia (tramitador), Sergio Urrejola Monckeberg, Roberto Mayorga Lorca, Juan Eduardo Figueroa Valdés, Felipe Bulnes Serrano, Enrique Zenteno Undurraga, Sergio Diez Arriagada, Miguel Amunátegui Monckeberg, Jorge Mario Saavedra Canales, Jorge Mario Quinzio Figueiredo y Carlos Reymond Aldunate. Votos disidentes: Los consejeros Felipe Vial Claro, Luis Thayer Morel y Arturo Alessandri Cohn no adhieren al fallo pues consideran que ni aún en la situación de excepción destacada es justificable la actuación de un mismo abogado como patrocinante del tercerista y del ejecutado en un juicio ejecutivo, por lo cual estiman que la conducta de la abogada denunciada debe ser sancionada con la medida de amonestación. Las referencias personales han sido eliminadas en cumplimiento con la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.
FECHA= 24.01.2005
ROL= Ing. No. 100/03, Rol No. 853
NORMA= Art. 1 Código de Ética Profesional, 2 Código de Ética Profesional, 25 Código de Ética Profesional, 37 Código de Ética Profesional
DESCRIPTORES= Profesión Jurídica. Defensa en Juicio. Adquisición de Interés en el Asunto. Honor Profesional
DOCTRINA= Procede aplicar la sanción de censura por escrito al abogado que infringe el deber de abstenerse de adquirir interés pecuniario relativo al asunto que patrocina o haya patrocinado. El artículo 37 del Código de Ética Profesional busca evitar no sólo las situaciones de fraude que puedan derivarse del hecho que el abogado adquiera interés económico en los asuntos en que actúa como patrocinante sino también, aquellas situaciones que, aunque desprovistas de malicia, coloquen al profesional en situación de postergar los intereses de su patrocinado a favor de si mismo o sus relacionados, generando con ello desconcierto en dicho cliente, y favoreciendo el descrédito de la función de abogado.
EXTRACTO= El motivo de este reclamo se centra en la actuación profesional del abogado en cumplimiento de su encargo. En esencia, el reproche que se le formula es que habría incurrido en un conflicto de intereses mal resuelto, pues durante la tramitación del juicio el profesional negoció la venta del local a su hermana sin preocuparse de que los gastos comunes fueran efectivamente pagados a la Comunidad, cuyos intereses defendía y para cuyo cobro había sido contratado. El abogado denunciado indica haberse ocupado debidamente de resguardar los intereses de la comunidad. A dicho efecto acompañó el contrato de compraventa del local comercial, en el cual figura como compradora su hermana; y además, fotocopia del escrito en el cual la administradora de la comunidad se desiste de la demanda ejecutiva de cobro de gastos comunes del Local y solicita se decrete el alzamiento del embargo. La razón invocada es la “venta del local y que la nueva compradora asumirá el total de la deuda que se cobra en el presente juicio. Para explicar que no se cumpliera el pago de la deuda de gastos comunes, compromiso adquirido por su hermana en calidad de compradora, expresó que se debió al aumento de la deuda que se tuvo en consideración para contratar.
El artículo 37 del Código de Ética Profesional es claro al disponer que el abogado no debe adquirir interés pecuniario de ninguna clase relativo al asunto que patrocina o haya patrocinado. Que esta toma de interés a que se refiere esta disposición, comprende no sólo aquel que directamente pueda tener el abogado, sino también, aquél que pueda derivar indirectamente a través de sus familiares cercanos como es el caso autos, en que la hermana del profesional compró el local comercial. Con independencia de lo plausible que puedan ser las razones invocadas por el profesional denunciado para excusar el que su hermana no haya cumplido con el compromiso previsto en la escritura de compraventa, el caso es que el abogado debió abstenerse absolutamente de enfrentar las circunstancias que motivan estos autos. En efecto, el artículo 37 más arriba referido busca evitar no sólo las situaciones de fraude que puedan derivarse del hecho que el abogado adquiera interés económico en los asuntos en que actúa como patrocinante sino también, aquellas situaciones que, aunque desprovistas de malicia, coloquen al profesional en situación de postergar los intereses de su patrocinado a favor de si mismo o sus relacionados, generando con ello desconcierto en dicho cliente, y favoreciendo el descrédito de la función de abogado. De hecho, tan inconveniente es la situación a que dio lugar el profesional denunciado, como que buscando defender la conducta de su hermana, impugna el porcentaje de gastos que le toca soportar al local adquirido por ella, aún cuando se trata del mismo porcentaje que en su momento él demandó actuando en representación de la comunidad. Y esta contradicción no es más que un ejemplo de lo poco apropiado y conveniente que resulta que un abogado adquiera interés directo o indirecto en un asunto en que actúa como patrocinante, según se dijera más arriba. El profesional denunciado debió haber buscado evitar que su hermana interviniera como compradora del local cuyo remate serviría para el pago de los gastos comunes que él cobraba judicialmente; o de serle imposible lo anterior, debió haber renunciado al patrocinio de la causa a fin de que un abogado sin intereses comprometidos negociara con su hermana el pago de la deuda cobrada por la comunidad y sus correspondientes resguardos. Por razonables que pueden ser los hechos expuestos por el profesional en sus descargos, respecto a que el monto de los gastos comunes había aumentado excesivamente (superando con creces la cantidad convenida en su momento entre la comunidad y su hermana), el caso es que hoy día el abogado se enfrenta a que actuando en representación de la Comunidad, aconsejó e implementó el desistimiento de la acción judicial por él patrocinada, y todo ello en función de un acuerdo alcanzado con su hermana que, por las razones que fueran, ésta no cumplió. Se configura así, fundada o infundadamente, una circunstancia que se presta para suspicacias, que perjudica la percepción de la noble función que corresponde desempeñar a los abogados, y a la cual el profesional denunciado jamás debió exponerse. En estas condiciones, analizados y ponderados los antecedentes del reclamo, y especialmente la interpretación del alcance de la disposición del artículo 37 del Código de Ética Profesional, se concluye que el profesional vulneró lo dispuesto en dicho artículo, y se resuelve que se hace lugar al reclamo deducido y se aplica al abogado la sanción de censura por escrito.
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los consejeros Felipe Bulnes Serrano (tramitador), Sergio Urrejola Monckeberg, Jorge Mario Saavedra Canales, Olga Feliú Segovia, Jorge Mario Quinzio Figueiredo, Eduardo Rodríguez Guarachi, Sergio Diez Arriagada, Enrique Zenteno Undurraga, Arturo Prado Puga y Juan Eduardo Figueroa Valdés. Las referencias personales han sido eliminadas en cumplimiento con la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.
FECHA= 14.03.2005
ROL= Ing. No. 38/04, Rol No. 879
NORMA= Art. 6 Código de Ética Profesional, 33 Código de Ética Profesional, 34 Código de Ética Profesional
DESCRIPTORES= Profesión Jurídica. Aceptación o Rechazo de Asuntos. Fijación de Honorarios, Efectos Relativos
DOCTRINA= No merece reproche ético la negativa del reclamado de aceptar tomar una gestión judicial en base a un honorario previamente entre la reclamante y una tercera persona. Este aspecto del reclamo no puede afectar la conducta profesional del reclamado, quien puede legítimamente plantear sus condiciones, rechazando aquellas fijadas sin su intervención.
EXTRACTO= Reclamante presenta un reclamo en contra de abogado colegiado, relacionado con la actuación del reclamado ante el posible patrocinio de un juicio de determinación del mayor valor sobre la tasación legal de un bien raíz expropiado a la sucesión, de la cual forma parte la reclamante. Explica la reclamante que una licenciada en derecho había convenido un honorario por esta gestión del 15% de lo que se obtuviera en el juicio, pero derivó la atención del proceso en el abogado reclamado quien habría desconocido el convenio previo de honorarios, exigiendo elevarlo al 20% de lo que se obtenga. La reclamante, representante de una parte de los integrantes de la sucesión, se opuso al aumento, el que si fue aceptado por el resto de los miembros de la sucesión. La otra queja de la reclamante se refiere a actitudes del reclamado, quien habría pretendido desacreditarla ante su familia, informándose que ella habría exigido percibir un 7% para ella si el honorario era del 20%. La reclamante, informada de tales imputaciones por sus familiares, exigió al abogado reclamado la devolución de los antecedentes para entregarlos a otro estudio jurídico, negándose a hacerlo. Por su parte, éste último expresa que hizo ver a los miembros de la sucesión, o a un a parte de ellos, la situación producida con la reclamante, insistiéndole los primeros en asumir la defensa, lo que el reclamado no ha aceptado para nombres envuelto en rencillas familiares, manteniendo en todo caso la estimación de sus honorarios en un 20% de lo obtenido.
Considerando que el reclamo en examen se refiere a la negativa del reclamado de aceptar tomar a su cargo la gestión judicial en base de un honorario previamente fijado, sin la intervención del reclamado, en 15% de lo obtenido en el juicio, exigiendo el reclamado un honorario de 20%, este aspecto del reclamo no puede afectar la conducta profesional del reclamado, quien puede legítimamente plantear sus condiciones, rechazando aquellas fijadas sin su intervención. Atendido en consecuencia que la primera motivación del reclamo relacionada con la fijación de honorarios profesionales, no afecta de manera alguna la conducta profesional del abogado reclamado; y que la segunda motivación del reclamo, sobre un descrédito de la reclamante presuntamente protagonizado por el reclamado, ha sido negado por éste último, despejando la connotación subrepticia que incluye el reclamo, que no resulta acreditada, se resuelve rechazar el reclamo.
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los consejeros Carlos Reymond Aldunate (tramitador), Miguel Amunátegui Monckeberg, Eduardo Rodríguez Guarachi, Sergio Diez Arriagada, Juan Eduardo Figueroa Valdés, Arturo Alessandri Cohn, Jorge Mario Quinzio Figueiredo, Enrique Zenteno Undurraga, Olga Feliú Segovia, Luis Ortiz Quiroga, Luis Thayer Morel y Sergio Urrejola Monckeberg. Las referencias personales han sido eliminadas en cumplimiento con la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada.
FECHA= 21.08.2006
ROL= Ing. No. 16/06, Rol No. 1021
NORMA= Art. 2 Código de Ética Profesional, 3 Código de Ética Profesional, 13 Código de Ética Profesional, 14 Código de Ética Profesional, 16 Código de Ética Profesional
DESCRIPTORES= Profesión Jurídica. Defensa del Honor Profesional. Honradez, Buena fe. Formación de Clientela
DOCTRINA= Infringe gravemente las normas sobre captación de clientes, el abogado que ofrece sus servicios a ambas partes, y que ante el rechazo de una de ellas para que le prestara sus servicios profesionales, obtuvo que la parte contraria se los aceptara, cuestión que en este caso particular fue reconocido por el propio abogado reclamado. El artículo 13 del Código de Ética Profesional preceptúa que “Para la formación decorosa de clientela, el abogado debe cimentar una reputación de capacidad profesional y honradez y evitará escrupulosamente la solicitación directa o indirecta de la clientela”. Este deber ha sido vulnerado por el actuar del reclamado, y el Consejo, velando por la corrección profesional de sus colegiados, resuelve aplicar al abogado reclamado la medida disciplinaria de suspensión por tres meses de sus derechos como asociado, con publicación en la Revista del Abogado.
EXTRACTO= Reclamante señala que con motivo de haber sufrido un accidente de tránsito, con lesionados, llegó a su domicilio una carta del abogado reclamado ofreciéndole sus servicios. Inmediatamente de recibida dicha carta lo llamó telefónicamente a su oficina manifestándole a su secretaria que ya había tomado abogado. Posteriormente llegó una nueva carta del abogado reclamado, quien había asumido la defensa de la parte contraria del reclamante y que el comunicaba que: “Con la finalidad de evitar las molestias propias de diversas gestiones judiciales como embargo de bienes, prohibiciones de enajenar, anotaciones prontuariales (antecedentes penales), sin perjuicio de una acción por delito de calumnias ya que Ud., sin fundamento alguno se querelló en contra de mi representado, le insto a comunicarse conmigo a la brevedad, directamente o por intermedio de su abogado (alternativa última, que resultaría más útil)”. Dadas estas comunicaciones, cree que no sería lícito y ético que un abogado utilice algún tipo de recurso para conocer los datos completos de los litigantes y que ofrezca sus servicios a ambos, presionando posteriormente en forma violenta a la persona que no optó por sus servicios.
Informando sobre el reclamo, el abogado denunciado dice que “es lícito y ético que un abogado utilice algún recurso para conocer los datos de los litigantes”, y que, según él, no ve problema u objeción alguna en ofrecer sus servicios a ambas partes. Indica que el reclamante, después de tanto tiempo transcurrido por haber sido condenado en la causa y por un acto vengativo presenta este reclamo.
Considerando lo expuesto tanto por el reclamante como por el reclamado, los antecedentes que constan en autos, el propio reconocimiento del abogado reclamado que ofreció sus servicios a ambas partes, y que ante el rechazo del reclamante para que le prestara sus servicios profesionales, obtuvo que la parte contraria al reclamante se los aceptara. Por las consideraciones anteriores y en mérito de los artículos 2, 13, 14 y 16 del Código de Ética Profesional, y velando por la corrección profesional de sus colegiados, se resuelve aplicar al abogado reclamado la medida disciplinaria de suspensión por tres meses de sus derechos como asociado, con publicación en la Revista del Abogado, atendidas las circunstancias que gravemente vulneran las normas sobre captación de clientes.
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los consejeros Jorge Mario Quinzio Figueiredo (tramitador), Sergio Urrejola Monckeberg, Arturo Alessandri Cohn, María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes, Miguel Amunátegui Monckeberg, Héctor Humeres Noguer, Olga Feliú Segovia, María Teresa Jottar Nasrallah y Francisco Zaldívar Peralta. Las referencias personales han sido eliminadas en cumplimiento con la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.
FECHA= 16.10.2006
ROL= Ing. No. 93/05, Rol No. 1005
NORMA= Art. 1 Código de Ética Profesional, 25 Código de Ética Profesional, 27 Código de Ética Profesional, 28 Código de Ética Profesional, 29 Código de Ética Profesional
DESCRIPTORES= Profesión Jurídica. Esencia del Deber Profesional. Relación Abogado-Cliente. Atención Personal del Abogado a su Cliente. Responsabilidad Relativa a la Conducción del Asunto. Parentesco, Conflicto de Intereses
DOCTRINA= El parentesco que existe entre un primo del abogado reclamado, por causa de matrimonio, con una sobrina del demandado no parece que conduzca a una actuación profesional carente de la necesaria independencia como para imputar al abogado actuar bajo conflicto de intereses en los términos señalados por el artículo 29 del Código de Ética Profesional. Baste al respecto constatar la acuciosidad con que llevó el juicio y aun, la independencia con que condujo la colaboración a un acuerdo que fue satisfactorio para la reclamante.
EXTRACTO= Denunciante ha interpuesto reclamo en contra de abogado porque habría infringido los artículos 27, 28 y 29 del Código de Ética Profesional, al no haberle dado un trato personal al asunto que se le encargó; habría cometido negligencias, no se habría allanado a indemnizarla por ello y no le habría mencionado el grado de parentesco que tenía con el demandado. Las acusaciones de la denunciante se refieren a que una vez terminado el juicio de alimentos para el que contrató al abogado reclamado, pareciéndole insuficiente la pensión lograda, le pidió su colaboración para modificar el avenimiento que anteriormente habían logrado las partes, para corregir ciertos errores y carencias que aquel contenía y que si bien el abogado logró éxito en tal avenimiento, no lo habría sometido a la aprobación judicial por lo que carecería de validez legal, lo que considera una negligencia de la que ha debido adelantarse a responder.
Sobre la materia es claro que el abogado reclamado no participó en las etapas relativas a la separación de los cónyuges ni a los inicios de la judicialización del conflicto; tampoco a las etapas de los primeros avenimientos acordados entres las partes. También lo es, que el abogado cumplió con corrección el encargo relativo a Alimentos Mayores desde que asumió el poder y que dicho juicio terminó por avenimiento aprobado por el Tribunal.
En lo que respecta a la función de lograr un nuevo acuerdo que corrigiera uno antiguo que ostentaba errores y carencias, no se ha acreditado en estos autos que el reclamado haya sido contratado para ello, aunque si que se dispuso a colaborar con su contraparte para que tal acuerdo se perfeccionara, logrando en ello éxito. Tratándose de una mera colaboración la prestada, no parece razonable una denuncia por razón de falta a la ética profesional por el motivo indicado. Tampoco puede deducirse que se haya seguido de ello un daño a la reclamante que deba ser reparado, pues si bien el acuerdo no es inválido para lograr valor de exibilidad solo requiere la aprobación judicial, lo que puede pedirse si la contraparte se niega a cumplirlo voluntariamente. Así entonces, no cabe aplicar en este caso la norma del artículo 28 de del Código de Ética Profesional.
En cuanto se refiere a la falta de atención personal del abogado, es lo cierto que el juicio fue bien atendido, personalmente, como lo exige el artículo 27 del Código de Ética; que el abogado, efectivamente, porque la denunciante no lo ha negado, la atendió en diversas ocasiones por teléfono o en audiencias en su oficina con sus distintos hijos o aun con su pareja, aunque todo ello sin perjuicio de que sea de presumir que en el último tiempo se haya producido un desencuentro que culminó, terminado el juicio, con la petición de la documentación por parte de la interesada. Ello, terminado el encargo profesional exitosamente, tampoco admite una acusación como la que se ha formulado.
En cuanto al problema referente al parentesco, aun cuando las partes discrepan del momento del conocimiento de la situación por parte de la denunciante, el que existe entre un primo del abogado, por causa de matrimonio con una sobrina del demandado no parece que conduzca a una actuación carente de la necesaria independencia como para imputar al abogado actuar bajo conflicto de intereses en los términos señalados por el artículo 29 del Código en referencia. Baste al respecto constatar la acuciosidad con que llevó el juicio y aun, la independencia con que condujo la colaboración a un acuerdo que fue satisfactorio para la demandante. En consecuencia, a la vista de las disposiciones invocadas y los hechos analizados, no puede acogerse esta denuncia por no existir faltas a la ética profesional que reprochar.
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los consejeros Miguel Amunátegui Monckeberg (tramitador), Sergio Urrejola Monckeberg, Arturo Alessandri Cohn, María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes, Héctor Humeres Noguer, María Teresa Jottar Nasrallah, Francisco Orrego Bauzá, Mario Papi Beyer, Jorge Mario Quinzio Figueiredo, Rafael Vergara Gutiérrez y Francisco Zaldívar Peralta. Las referencias personales han sido eliminadas en cumplimiento con la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.
FECHA= 13.11.2006
ROL= Ing. No. 47/06, Rol No. 1043
NORMA= Art. 1 Código de Ética Profesional, 25 Código de Ética Profesional
DESCRIPTORES= Profesión Jurídica. Servicios Profesionales. Contratación. Alcances. Responsabilidad Profesional. Alcances
DOCTRINA= El no cumplimiento de requisitos personales por parte de un cliente para poder realizar operaciones bancarias que inciden en actos jurídicos, y que han impedido finiquitar los acuerdos de las partes, no son, ni pueden ser, responsabilidad de la abogada denunciada, quien por su parte, sólo se limitó a cumplir el encargo que le fuera encomendado. En estas condiciones, no es posible atribuirle responsabilidad ética.
EXTRACTO= Denunciante, ciudadana de un país extranjero, funda su reclamo en que requirió los oficios de la abogada denunciada para que la asesorara y velara por sus intereses en un contrato de compraventa de un establecimiento educacional, contrato que incluía la transferencia de la calidad de sostenedora reconocida por el Ministerio de Educación, y el inmueble donde funcionaba el colegio. Indica que le mencionó su preocupación por su parentesco con la vendedora pues el cónyuge de ésta es primo de la abogada reclamada, a lo que la referida abogada le hizo presente su ética y profesionalismo. Ante el rechazo del traspaso por parte del Ministerio de Educación, la denunciante señala que considera que ha sido objeto de un verdadero fraude pues, además, ha tomado conocimiento que con anterioridad a la negociación con la vendedora, que debía ejecutar la abogada denunciada, la señora vendedora había transferido el 50% de sus derechos sobre su calidad de sostenedora y sobre el contrato de leasing, respecto del inmueble donde se encontraba el colegio. Por otra parte, agrega que el banco no podía autorizar la transferencia del leasing pues no era contribuyente chilena y no podía demostrar ingresos en el país, a lo que se agrega los defectos que impedían al Ministerio de Educación autorizar el traspaso. Finalmente expresa que con su conducta la abogada no adoptó los resguardos necesarios, habiendo incurrido en errores que no se han solucionado hasta la fecha.
Es un hecho no controvertido la reunión de ambas partes, compradora y vendedora, en que se acordó contratar a la abogada denunciada para suscribir las escrituras correspondientes, en forma inmediata, por la necesidad de la denunciante de regresar a su país. Por consiguiente, resulta necesario colegir que la profesional denunciada fue contratada, como ella lo afirma, para materializar un acuerdo ya resuelto entre las partes y no para estudiar la procedencia jurídica de adoptar acuerdos sobre esta negociación. En estas condiciones, no es posible atribuir responsabilidad ética a la abogada denunciada, atendido que el cometido para el cual fue contratada lo ejecutó con la redacción de las escrituras públicas que materializaban los acuerdos de las partes. El cumplimiento de requisitos para la aprobación de cualquier operación por un banco debe verificarse por las partes. Por consiguiente, los inconvenientes surgidos con posterioridad a la firma de las escrituras correspondientes, que han impedido finiquitar los acuerdos de las partes, no son de responsabilidad de la abogada denunciada. Se resuelve que no se hace lugar a la denuncia en contra de ella.
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los consejeros Olga Feliú Segovia (tramitador), Mario Papi Beyer, Miguel Amunátegui Monckeberg, Arturo Prado Puga, Jorge Mario Quinzio Figueiredo, Rafael Vergara Gutiérrez, Enrique Zenteno Undurraga, Francisco Zaldívar Peralta, María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes y Sergio Urrejola Monckeberg. Las referencias personales han sido eliminadas en cumplimiento con la ley 19.628, sobre protección de la vida privada.

References: artículo 15
 artículo 2
 artículo 29
 resolución 
 artículo 29
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 13
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 27
 artículo 29