Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1111229
Timestamp: 2019-05-26 04:15:35+00:00

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Una cláusula tipo incluida en contratos celebrados con consumidores sigue estando sometida al control de su carácter abusivo aun cuando se limite a reproducir una normativa nacional aplicable a otra categoría de contratos
Corresponde al juez nacional apreciar, en cada caso concreto, si una cláusula de este tipo que permita al suministrador de gas adaptar el precio de manera unilateral se ajusta a las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia
La asociación de consumidores de Renania del Norte-Westfalia impugna ante los tribunales alemanes una cláusula contractual tipo mediante la que RWE, empresa alemana suministradora de gas natural, se reserva el derecho de modificar unilateralmente el precio a sus clientes cuando están sujetos a una tarifa especial (Sonderkunden, clientes especiales). En lugar de haber optado por la tarifa tipo que los suministradores de gas alemanes están obligados a ofrecer a los consumidores, estos clientes celebraron un contrato en régimen de libertad contractual. Al estimar abusiva la cláusula en cuestión, la asociación reclama, por cuenta de 25 consumidores, el reembolso de las cantidades adicionales que éstos abonaron a RWE tras cuatro incrementos del precio entre 2003 y 2005 por un importe total de 16.128,63 euros.
RWE considera concretamente que la cláusula controvertida, incluida en las condiciones generales aplicables a los clientes afectados, no puede someterse al control de su carácter abusivo. En efecto, dicha cláusula se refería simplemente a la normativa alemana aplicable a los contratos sujetos a la tarifa tipo. Esta normativa permitía al proveedor modificar unilateralmente el precio del gas sin indicar la causa, las condiciones o el alcance de la modificación, garantizando al mismo tiempo, no obstante, que los clientes fueran informados de la modificación y pudieran, en su caso, denunciar el contrato.
Al haber sido desestimados sus recursos en los tribunales inferiores, RWE recurrió ante el Bundesgerichtshof (Alemania), que solicita al Tribunal de Justicia que interprete disposiciones del Derecho de la Unión cuyo objeto es proteger a los consumidores de las cláusulas contractuales tipo abusivas u oscuras. El tribunal alemán alberga dudas, en particular, acerca del alcance de la exclusión del control del carácter abusivo de las cláusulas tipo que se limitan a reproducir disposiciones legales o reglamentarias imperativas.
Mediante la sentencia que hoy dicta, el Tribunal de Justicia declara que tales cláusulas deben estar sometidas al control de su carácter abusivo cuando las disposiciones legales que reproducen se aplican únicamente a otra categoría de contrato.
En efecto, la exclusión del control del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que reflejen las disposiciones de la normativa nacional que regula una categoría determinada de contratos se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha establecido un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes de estos contratos. No obstante, este razonamiento no es válido con respecto a las cláusulas de un contrato diferente.
Ciertamente, excluir el control del carácter abusivo de una cláusula incluida en semejante contrato por el mero hecho de que reproduce una normativa aplicable únicamente a otra categoría de contratos pondría en tela de juicio la protección de los consumidores que pretende el Derecho de la Unión.
Por lo que se refiere al carácter eventualmente abusivo de la cláusula controvertida, el Tribunal de Justicia declara que el legislador de la Unión ha reconocido que, en el marco de contratos de duración indeterminada como los contratos de suministro de gas, la empresa suministradora tiene un interés legítimo en modificar el coste de su servicio. Una cláusula tipo que permita tal adaptación unilateral debe satisfacer, no obstante, las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia. A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que, en definitiva, no corresponde al mismo, sino al juez nacional, determinar en cada caso concreto si sucede así realmente.
Al llevar a cabo este examen, el juez nacional debe conceder una importancia esencial a los siguientes criterios:
- En el contrato se debe exponer de manera transparente el motivo y el modo de variación del coste, de forma que el consumidor pueda prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, sus eventuales modificaciones.
El Tribunal de Justicia subraya a este respecto que la falta de información sobre este extremo antes de celebrarse el contrato no puede ser compensada, en principio, por el mero hecho de que el consumidor será informado, durante la ejecución del contrato, de la modificación del coste con una antelación razonable y de su derecho a rescindir el contrato si no desea aceptar la modificación.
- La facultad de rescisión conferida al consumidor debe poder ser ejercida efectivamente en la situación concreta. No sucede así cuando, por motivos relacionados con las modalidades de rescisión o con las condiciones del mercado de que se trate, el consumidor no cuenta con la posibilidad real de cambiar de proveedor, o cuando no ha sido informado debidamente y en el momento adecuado de la modificación.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia desestima las solicitudes del Gobierno alemán y de RWE de limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia para limitar sus consecuencias financieras. Por consiguiente, la interpretación del Derecho de la Unión que hace el Tribunal de Justicia en esta sentencia es aplicable no sólo a las modificaciones de tarifa que tengan lugar a partir de hoy, sino a todas las modificaciones de tarifa que se hayan producido desde la entrada en vigor de las disposiciones del Derecho de la Unión interpretadas en esta sentencia. Es necesario asimismo cumplir los requisitos para poder someter ante los tribunales competentes un litigio relativo a la aplicación de esas disposiciones.
El Tribunal de Justicia observa a este respecto que las consecuencias financieras para las empresas suministradoras de gas en Alemania que hayan celebrado con los consumidores contratos especiales no pueden determinarse únicamente sobre la base de la interpretación del Derecho de la Unión que hace el Tribunal de Justicia en la sentencia de hoy. En efecto, incumbe al juez nacional pronunciarse, teniendo en cuenta tal interpretación, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual particular en función de las circunstancias propias del caso.
Directiva 2003/55/CE - Mercado interior del gas natural - Directiva 93/13/CEE - Artículo 1, apartado 2, y artículos 3 a 5 - Contratos celebrados entre los profesionales y los consumidores - Condiciones generales - Cláusulas abusivas - Modificación unilateral del precio del servicio por el profesional - Remisión a una normativa imperativa concebida para otra categoría de consumidores - Aplicabilidad de la Directiva 93/13 - Obligación de redacción clara y comprensible y de transparencia
En el asunto C-92/11,
integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet, M. Ileic y M. Safjan (Ponente) y la Sra. M. Berger, Jueces;
- en nombre de RWE Vertrieb AG, por los Sres. P. Rosin, J. Schütze y A. von Graevenitz, Rechtsanwälte;
- en nombre de la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, por el Sr. P. Wassermann, Rechtsanwalt;
- en nombre del Gobierno belga, por los Sres. T. Materne y J.?C. Halleux, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. M. Owsiany-Hornung y S. Grünheid, en calidad de agentes;
2 Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre RWE Vertrieb AG (en lo sucesivo, RWE) y la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (central de consumidores) en relación con la utilización, por parte de RWE, de cláusulas supuestamente abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
[...] se supone que las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no contienen cláusulas abusivas; [...] por consiguiente, no resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que los Estados miembros o la Comunidad sean parte; [...] a este respecto, la expresión disposiciones legales o reglamentarias imperativas que aparece en el apartado 2 del artículo 1 [de esta Directiva] incluye también las normas que, con arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo.
[...] el consumidor debe contar con la posibilidad real de tener conocimiento de todas las cláusulas y [...], en caso de duda, deberá prevalecer la interpretación más favorable al consumidor.
Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.
1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.
[...] el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.
En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor. [...]
1. Cláusulas que tengan por objeto o por efecto:
d) La letra l) se entiende sin perjuicio de las cláusulas de adaptación de los precios a un índice, siempre que sean legales y que en ellas se describa explícitamente el modo de variación del precio.
Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y para garantizar un nivel elevado de protección del consumidor y, en particular, ofrecerán una protección adecuada a los clientes vulnerables, también mediante medidas oportunas que les ayuden a evitar las interrupciones de suministro. En este contexto, los Estados miembros podrán adoptar las medidas adecuadas para proteger a los clientes de zonas apartadas que estén conectados a la red de gas. Los Estados miembros podrán designar un suministrador de último recurso para los clientes conectados a la red de gas. Garantizarán un elevado nivel de protección del consumidor, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de las condiciones contractuales generales, la información general y los mecanismos de resolución de conflictos. Los Estados miembros velarán por que los clientes cualificados puedan cambiar de suministrador si así lo desean. Al menos por lo que respecta a los clientes domésticos, estas medidas deberán incluir las que se enuncian en el Anexo A.
Sin perjuicio de las normas comunitarias sobre protección del consumidor, en particular la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (DO L 144, p. 19),] y la Directiva 93/13 [...], las medidas a que hace referencia el artículo 3 consisten en velar por que los clientes:
12 Conforme al artículo 1, apartados 1 y 2, del Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden (reglamento de condiciones generales de suministro de gas a clientes sujetos a tarifa; en lo sucesivo, AVBGasV), aplicable en el período contemplado en el litigio principal:
(1) Las condiciones generales a las que las empresas suministradoras de gas están obligadas a [...] conectar a toda persona que lo desee a su red de distribución y a ofrecer tarifas generales se establecen en los artículos 2 a 34 del presente reglamento. Tales condiciones forman parte del contrato de suministro.
(2) A los efectos del presente reglamento, se entenderá por cliente el cliente sujeto a tarifa.
(1) La empresa suministradora de gas proporcionará gas conforme a las tarifas y condiciones generales aplicables. El poder calorífico con el margen de fluctuación resultante de las condiciones de producción y adquisición de la empresa, así como la presión estática del gas determinante para el suministro al cliente se fijarán conforme a las tarifas generales.
(1) El contrato tendrá validez en tanto no sea rescindido por alguna de las partes mediante un preaviso de 30 días, finalizando el último día del mes que corresponda [...]
15 El artículo 307 del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemán; en lo sucesivo, BGB) establece lo siguiente:
(1) Las disposiciones contenidas en las condiciones generales de venta serán ineficaces cuando perjudiquen a la otra parte contratante de forma desproporcionada, en contra del principio de buena fe. El hecho de que la cláusula no sea clara y comprensible también puede causar un perjuicio desproporcionado.
(3) Los apartados 1 y 2 y los artículos 308 y 309 sólo se aplicarán a disposiciones contenidas en condiciones generales de venta mediante las que se pacten reglas que se aparten de disposiciones legales o reglamentarias o que las complementen. Cualquier otra disposición podrá ser ineficaz en virtud del apartado 1, segunda frase, en relación con el apartado 1, primera frase.
Los artículos 308 y 309 no se aplicarán a los contratos de las empresas suministradoras de electricidad, gas, calefacción a distancia y agua relativos al suministro a clientes especiales de energía eléctrica, gas, calefacción a distancia y agua de la red de suministro, en la medida en que las condiciones de suministro no se aparten, en perjuicio del cliente, de los reglamentos sobre condiciones generales de contratación para el suministro a clientes sujetos a tarifa de energía eléctrica, gas, calefacción a distancia y agua. Lo anterior se aplicará, por analogía, a los contratos de eliminación de aguas residuales.
17 RWE, empresa suministradora de gas, celebró con consumidores -en el marco del régimen de libertad contractual- contratos de suministro de gas natural (contratos especiales). Además de la posibilidad de celebrar tales contratos, RWE y las demás empresas suministradoras de gas tienen la obligación, conforme a la normativa nacional, de contratar con los consumidores aplicando una tarifa tipo (contratos sujetos a tarifa).
18 Las cláusulas de las condiciones generales (en lo sucesivo, CG) incluidas en los contratos especiales controvertidos en el presente asunto, relativas a la modificación del precio del gas, hacían referencia a las disposiciones de la normativa nacional o a las condiciones tipo cuyo texto se correspondía con tal normativa, sin ser ésta aplicable a dichos contratos, regulando únicamente los contratos sujetos a tarifa. Tal normativa permitía al proveedor modificar unilateralmente el precio del gas sin indicar la causa, las condiciones o el alcance de la modificación, garantizando al mismo tiempo, no obstante, que los clientes fueran informados de esa modificación y pudieran, en su caso, denunciar el contrato.
1) ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 [...] en el sentido de que las cláusulas contractuales sobre modificaciones de precios incluidas en contratos de suministro de gas con consumidores a los que se suministra gas al margen de la obligación general de suministro, en el marco de la libertad contractual general (clientes especiales), no están sujetas a las disposiciones de la Directiva si en dichas cláusulas contractuales se reproducen literalmente, para las relaciones contractuales con clientes especiales, las disposiciones legales vigentes para los clientes sujetos a tarifa en el marco de la obligación general de conexión y suministro?
2) ¿Deben interpretarse -en la medida en que sean aplicables- los artículos 3 y 5 de la Directiva 93/13 [...], en relación con los apartados 1, letra j), y 2, letra b), [párrafo segundo], del Anexo [...] de dicha Directiva, y el artículo 3, apartado 3, en relación con el anexo A, letras b) y/o c), de la Directiva 2003/55 [...] en el sentido de que las cláusulas contractuales sobre modificaciones de precios incluidas en contratos de suministro de gas natural con clientes especiales cumplen las exigencias sobre redacción clara y comprensible y/o el grado de transparencia requerido, si en ellas no se recogen la causa, las condiciones y el alcance de una modificación de precios, pero se garantiza que la empresa suministradora de gas informará a sus clientes acerca de cualquier incremento de precios con un plazo razonable y que el cliente tendrá derecho a rescindir el contrato si no desea aceptar las condiciones modificadas que se le comunican?
34 Además, esta constatación no se ve cuestionada por el hecho de que la prohibición de las cláusulas específicas previstas en los artículos 308 y 309 del BGB no sea aplicable, en virtud del artículo 310, apartado 2, de ese Código, a los contratos de las empresas suministradoras de gas que regulan el suministro a clientes especiales, en la medida en que las condiciones de suministro no difieren -en detrimento de estos últimos- de las establecidas en los reglamentos de condiciones generales de suministro a clientes sujetos a tarifa.
41 A fin de responder a esta cuestión, procede recordar de inmediato que el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto al profesional, en lo referente tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional, sin poder influir en el contenido de éstas (sentencias de 15 de marzo de 2012, Perenicová y Perenic, C-453/10, Rec. p. I-0000, apartado 27, y de 26 de abril de 2012, Invitel, C-472/10, Rec. p. I-0000, apartado 33).
43 Por otro lado, la Directiva 93/13 impone a los profesionales -en su artículo 5- la obligación de redactar las cláusulas de forma clara y comprensible. El vigésimo considerando de la propia Directiva precisa a este respecto que el consumidor debe contar con la posibilidad real de tener conocimiento de todas las cláusulas del contrato.
48 A este respecto, procede recordar que, en definitiva, no corresponde al Tribunal de Justicia, sino al juez nacional, determinar en cada caso concreto si sucede así realmente. En efecto, la competencia del Tribunal de Justicia comprende la interpretación de las disposiciones de las mencionadas Directivas y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula contractual a la luz de esas disposiciones, entendiéndose que incumbe a dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta tales criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual particular en función de las circunstancias propias del caso (véanse las sentencias de 9 de noviembre de 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, Rec. p. I-10847, apartado 44, e Invitel, antes citada, apartado 22).
53 Estas rigurosas exigencias en cuanto a la información que ha de facilitarse al consumidor, tanto en la fase de celebración de un contrato de suministro como durante la ejecución del mismo, en lo que atañe al derecho del profesional a modificar unilateralmente las condiciones, obedecen a una ponderación de los intereses de ambas partes. Al interés legítimo del profesional en precaverse frente a un cambio de circunstancias corresponde el interés asimismo legítimo del consumidor en conocer -y así poder prever- las consecuencias que tal cambio pudiera acarrearle en el futuro, por un lado, y en disponer en ese supuesto de los datos que le permitan hacer frente a su nueva situación de la manera más adecuada, por otro lado.
- Los artículos 3 y 5 de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/55, deben interpretarse en el sentido de que, para apreciar si una cláusula contractual tipo, mediante la que una empresa suministradora se reserva el derecho a modificar el coste del suministro de gas, obedece o no a las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia que imponen tales disposiciones, reviste concretamente una importancia esencial determinar:
- si en el contrato se expone de manera transparente el motivo y el modo de variación de tal coste, de forma que el consumidor pueda prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, las eventuales modificaciones de ese coste. La falta de información a este respecto antes de celebrarse el contrato no puede ser compensada, en principio, por el mero hecho de que el consumidor será informado, durante la ejecución del contrato, de la modificación del coste con una antelación razonable y de su derecho a rescindir el contrato si no desea aceptar la modificación, y
- si la facultad de rescisión conferida al consumidor puede, en la situación concreta, ser ejercida efectivamente.
- Corresponde al tribunal remitente efectuar dicha apreciación en función de todas las circunstancias propias del caso, incluido el conjunto de cláusulas que figuran en las CG de los contratos de consumo, del que forma parte la cláusula controvertida.
58 A este respecto, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la interpretación que, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 267 TFUE, hace el Tribunal de Justicia de una norma de Derecho de la Unión aclara y precisa el significado y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor. De ello resulta que la norma así interpretada puede y debe ser aplicada por el juez a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación, si además se reúnen los requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma (véanse, en particular, las sentencias de 2 de febrero de 1988, Blaizot y otros, 24/86, Rec. p. 379, apartado 27; de 10 de enero de 2006, Skov y Bilka, C-402/03, Rec. p. I-199, apartado 50; de 18 de enero de 2007, Brzezinski, C-313/05, Rec. p. I-513, apartado 55, y de 7 de julio de 2011, Nisipeanu, C-263/10, apartado 32).
59 Sólo con carácter excepcional puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, verse inducido a limitar la posibilidad de que los interesados invoquen una disposición por él interpretada con el fin de cuestionar relaciones jurídicas establecidas de buena fe. Para poder decidir dicha limitación, es necesario que concurran dos criterios esenciales, a saber, la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves (véanse, en particular, las sentencias Skov y Bilka, antes citada, apartado 51; Brzezinski, antes citada, apartado 56; de 3 de junio de 2010, Kalinchev, C-2/09, Rec. p. I-4939, apartado 50, y de 19 de julio de 2012, Redlihs, C-263/11, Rec. p. I-0000, apartado 59).
60 Por lo que respecta al riesgo de trastornos graves, debe declararse, con carácter liminar, que, en este caso, la interpretación del Derecho de la Unión que hace el Tribunal de Justicia en la presente sentencia comprende el concepto de cláusula abusiva, a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula contractual controvertida a la luz de las disposiciones de la Directiva 93/13 teniendo en cuenta las disposiciones de la Directiva 2003/55. En efecto, incumbe al juez nacional pronunciarse, teniendo en cuenta dichos criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual particular en función de las circunstancias propias del caso (sentencias, antes citadas, VB Pénzügyi Lízing, apartado 44, e Invitel, apartado 22).
61 En estas circunstancias, las consecuencias financieras para las empresas suministradoras de gas en Alemania que hayan celebrado con los consumidores contratos especiales de suministro de gas natural no pueden determinarse únicamente sobre la base de la interpretación del Derecho de la Unión que hace el Tribunal de Justicia en el marco del presente asunto (véase, por analogía, la sentencia de 13 de marzo de 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, Rec. p. I-2107, apartado 131).

References: Artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 307
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 310
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 267
 artículo 3