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Timestamp: 2016-12-08 07:57:08+00:00

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RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Banco de Valencia, S.A.» contra la negativa de la registradora de bienes muebles de Barcelona, doña Juana Cuadrado Cenzual, a inscribir un contrato de arrendamiento financiero mobiliario
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Banco de Valencia, S.A.» contra la negativa de la registradora de bienes muebles de Barcelona, doña Juana Cuadrado Cenzual, a inscribir un contrato de arrendamiento financiero mobiliario Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Banco de Valencia, S.A.» contra la negativa de la registradora de bienes muebles de Barcelona, doña Juana Cuadrado Cenzual, a inscribir un contrato de arrendamiento financiero mobiliario Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Banco de Valencia, S.A.» contra la negativa de la registradora de bienes muebles de Barcelona, doña Juana Cuadrado Cenzual, a inscribir un contrato de arrendamiento financiero mobiliario.
En el recurso gubernativo interpuesto por D. Óscar Manuel Valero Mendoza, en representación de «Banco de Valencia, S.A.» contra la calificación negativa de la Registradora de Bienes Muebles de Barcelona, D Juana Cuadrado Cenzual, a inscribir un contrato de arrendamiento financiero mobiliario.
Con fecha 27 de febrero de 2003, se celebró contrato de arrendamiento financiero mobiliario, suscrito en virtud de documento público intervenido por el Notario de Barcelona D. Miguel Álvarez Ángel, entre «Banco de Valencia, S.A.» oficina Principal de Barcelona y la mercantil «Sparkling Studio, S.L.».
Presentado el citado contrato en el Registro de Bienes Muebles de Barcelona el 25 de septiembre de 2003, fue calificado con la siguiente nota: «El Registrador de Bienes Muebles que suscribe, previo examen y calificación del documento presentado, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada, por adolecer dicho documento de los siguientes defectos: No aportarse modelo oficial aprobado por la Dirección General de los Registros y del Notariado ajustado a la Orden de 19 de junio de 1999, por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles. Disposición Adicional 3 de la citada Orden). Se advierte que de conformidad con el artículo 17 de la Orden de 19 de julio de 1999 por la que se aprueba la Ordenanza se practicará inscripción parcial del contrato, sin la cláusula de sumisión a fuero, por contravenir ésta lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Advertencia: Se hace constar que el asiento de presentación quedará prorrogado por un plazo de 60 días a contar desde la fecha de la notificación (Art. 323 LH por remisión DA 24 de la Ley 24/01). Barcelona, 2 de octubre de 2002. El Registrador. Firma ilegible.»
Don Óscar Manuel Valero Mendoza, en nombre y representación de Banco de Valencia S.A, C.I.F-A 46002036, con domicilio en Valencia, calle Pintor Sorolla números 2 y 4, cuya representación acredita mediante escrituras de apoderamiento otorgadas ante el Notario de Valencia D. Máximo Catalán Pardo, interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación por no considerarla ajustada a derecho. A juicio del recurrente, no existe disposición legal alguna que permita denegar la inscripción pretendida, según expresan los siguientes fundamentos de derecho: La Disposición Adicional 1 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, relativa al arrendamiento financiero, regulada en la Disposición Adicional 7.' de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de entidades de crédito que se refiere a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el artículo 1, dispone que podrán ser inscritos en el Registro, según el artículo 15 de la Ley. Siendo necesario para que sean oponibles a terceros las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer en los contratos sujetos a la ley, su inscripción en el Registro, ésta se practicará sin que conste nota administrativa de su situación fiscal. Exige el artículo 6 de la citada Ley, que dichos contratos consten por escrito y contengan los requisitos del artículo 7. Si bien, en la calificación recurrida no se cuestiona el contenido del contrato, sino sólo su inscribibilidad como consecuencia de no figurar en modelo oficial aprobado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, alega el recurrente, que ninguna disposición de la Ley ordena el cumplimiento de requisito alguno específico, ni menos dispone que los contratos sean aprobados por el referido Centro Directivo. En relación al domicilio, sostiene, que no es cierto cuanto se expresa, pues se designa la cuenta de cargo o pago del titular, y respecto a los intereses, manifiesta que no es sino una oficiosidad de la Ordenanza que no viene exigido por Ley alguna, y que no es aplicable el principio de especialidad aplicable a la hipoteca inmobiliaria o mobiliaria al tratarse de un puro arrendamiento financiero. No exigiéndolo la Ley, y sólo la Ordenanza, no es clara la aplicación y no puede impedir la inscripción. Por todo ello, y en concordancia con el artículo 3 de la Ley Hipotecaria y 33 de su Reglamento, considera que el documento público reúne todos los requisitos exigibles para su inscripción. Añade que sólo la Ordenanza del Registro de Ventas a Plazos, aprobada por Orden Ministerial de 19 de julio de 1999 establece en su artículo 10 que para ser inscritos los contratos deberán ajustarse a los modelos oficiales, y que esta disposición carece de sustento legal alguno. Considera el recurrente que debe tener aplicación el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por ello, el Centro Directivo debe considerar ese artículo contrario a la Constitución o al principio de jerarquía normativa. Motiva, además, su recurso en la Resolución de 23 de octubre de 2002. En su virtud, solicita que se considere válido el contrato presentado a inscripción, se reforme la calificación y se proceda a la inscripción solicitada.
La Registradora Mercantil y de Bienes Muebles de Barcelona emitió su informe con fecha 11 de noviembre de 2003 y elevó el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
Vistos los artículos 3 de la Ley Hipotecaria y 33 de su Reglamento, artículo 4.12 de la Ley 28/1998, de 13 de julio de 1998, de Venta a Plazos de Bienes Muebles; su Disposición Adicional 2.a; artículos 2, 4, 10, 11.10.° de la Ordenanza para el Registro de venta a Plazos de Bienes Muebles y la Resolución de la Dirección de los Registros y del Notariado de 30 de noviembre de 1999.
Conforme al artículo 10 de la Orden de 19 de julio de 1999, por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos Bienes Muebles (dictada en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Final 2.a de la Ley 28/1998), «Para que puedan ser inscritos los contratos a que se refieren los artículos 2 y 4 de la Ordenanza habrán de ajustarse a los modelos oficiales aprobados por la Dirección General de los Registros y del Notariado», recogiendo el artículo 11 del mismo cuerpo legal las circunstancias que deben reflejar dichos modelos oficiales; y advierte el artículo 17 que la falta de adecuación a los modelos oficiales determinará la suspensión de la inscripción.
La Orden del Ministerio de Justicia de 19 de julio de 1999 tiene por finalidad desarrollar la Ley 28/1998 de 13 de julio de Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin contenida en la Disposición Final 2.' de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa habilitación legislativa tiene la consideración de verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo de Estado, aunque adopten la forma de órdenes Ministeriales y no de Reales Decretos. Por tanto, mientras no se declare su nulidad por los Tribunales deben ser aplicadas en cumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica. Por eso, los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de julio de 1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.
Madrid, 12 de enero de 2005.-La Directora General, Pilar Blanco-Morales Limones.

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