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Timestamp: 2018-06-18 13:49:16+00:00

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Conflictus Legum: BOE de 22.7.2015 - Modificación de la LOPJ
Nota: En esta disposición cabe destacar estas importantísimas modificaciones:
-El número dos del artículo único añade un nuevo art. 4 bis, que queda redactado del siguiente modo:
"1. Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
-El número tres añade un nuevo art. 5 bis:
"Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión."
-El número cuatro modifica el art. 21:
"1. Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas.
2. No obstante, no conocerán de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución de conformidad con las normas del Derecho Internacional Público."
-El número cinco modifica el art. 22:
"Con carácter exclusivo, los Tribunales españoles serán competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias:
-El número seis añade un nuevo art. 22 bis con la siguiente redacción:
"1. En aquellas materias en que una norma expresamente lo permita, los Tribunales españoles serán competentes cuando las partes, con independencia de su domicilio, se hayan sometido expresa o tácitamente a ellos. No surtirán efectos los acuerdos que atribuyan la competencia a los Tribunales españoles ni las estipulaciones similares incluidas en un contrato si son contrarios a lo establecido en los artículos 22 quáter, 22 quinquies, 22 sexies y 22 septies, o si excluyen la competencia de los órganos judiciales españoles exclusivamente competentes conforme lo establecido en el artículo 22, en cuyo caso se estará a lo establecido en dichos preceptos.
-El número siete añade un nuevo art. 22 ter, que queda redactado del siguiente modo:
"1. En materias distintas a las contempladas en los artículos 22, 22 sexies y 22 septies y si no mediare sumisión a los Tribunales españoles de conformidad con el artículo 22 bis, éstos resultarán competentes cuando el demandado tenga su domicilio en España o cuando así venga determinado por cualquiera de los foros establecidos en los artículos 22 quáter y 22 quinquies.
-El número ocho añade un nuevo art. 22 quáter:
"En defecto de los criterios anteriores, los Tribunales españoles serán competentes:
g) En materia de sucesiones, cuando el causante hubiera tenido su última residencia habitual en España o cuando los bienes se encuentren en España y el causante fuera español en el momento del fallecimiento. También serán competentes cuando las partes se hubieran sometido a los Tribunales españoles, siempre que fuera aplicable la ley española a la sucesión. Cuando ninguna jurisdicción extranjera sea competente, los Tribunales españoles lo serán respecto de los bienes de la sucesión que se encuentren en España."
-Mediante el número nueve se añade un nuevo art. 22 quinquies con la siguiente redacción:
"Asimismo, en defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes:
Respecto a los supuestos previstos en las letras d) y e) también serán competentes los Tribunales españoles cuando el consumidor, asegurado o tomador del seguro sea demandante y las partes hayan acordado la sumisión a los Tribunales españoles después de surgir la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio en España en el momento de celebración del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro."
-El número diez añade un nuevo art. 22 sexies, que queda redactado como sigue:
"Los Tribunales españoles serán competentes cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España. Serán también competentes para adoptar estas medidas si lo son para conocer del asunto principal."
-El número once añade un nuevo art. 22 septies:
"En materia concursal y demás procedimientos de insolvencia se estará a lo que disponga su legislación reguladora."
-El número doce añade un nuevo art. 22 octies:
"1. No serán competentes los Tribunales españoles en aquellos casos en que los fueros de competencia previstos en las leyes españolas no contemplen dicha competencia.
Los Tribunales españoles no podrán abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España y los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. Tampoco lo podrán hacer cuando se trate del reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados por los Tribunales extranjeros."
-Mediante el número trece se añade un nuevo art. 22 nonies con la siguiente redacción:
"Las excepciones de litispendencia y de conexidad internacionales se alegarán y tramitarán con arreglo a las normas generales que regulen las leyes procesales."
-El número veintitrés modifica los apartados 1 y 2 del art. 86 ter. En el apartado 2 cabe destacar las siguiente modificaciones [nótese, no sin cierto estupor, que el legislador español desconoce a día de hoy que, desde el año 2009, el "Tratado constitutivo de la Comunidad Europea" se denomina "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", y que los arts. 81 y 82 que cita en este precepto han pasado a ser los arts. 101 y 102 TFUE]:
"2. Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:
f) De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su Derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia."
-El número treinta y nueve modifica el art. 276, que pasa a tener las siguiente redacción:
"Las peticiones de cooperación internacional se tramitarán de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas que resulten de aplicación."
-El número cuarenta modifica el art. 277:
"Los Juzgados y Tribunales españoles prestarán a las autoridades judiciales extranjeras la cooperación que les soliciten para el desempeño de su función jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas sobre esta materia."
-El número cuarenta y uno modifica el art. 278:
"La prestación de cooperación internacional sólo será denegada por los Juzgados y Tribunales españoles:
4.º Cuando la solicitud de cooperación internacional no reúna el contenido y requisitos mínimos exigidos por las leyes para su tramitación."
-La DT 1ª reglamenta la cuestión de la normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados:
"1. Los procedimientos que se rijan por normas de competencia judicial internacional en el orden civil iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán sustanciándose conforme a las normas que regían a la fecha de su incoación.
3. Los procedimientos de responsabilidad civil directa de Jueces y Magistrados que se estuvieran tramitando en el momento de entrada en vigor de la Ley, se continuarán tramitando de acuerdo con las normas procesales y sustantivas vigentes en el momento de su incoación."
-La DF 2ª, número uno, modifica el art. 328 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar. El nuevo art. 328.2 establece:
"2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.
En estos casos, los procesos de revisión se sustanciarán conforme a las normas sobre esta materia contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no será de aplicación lo previsto en los artículos 329 a 333, 335 y 336. Se aplicarán las reglas sobre legitimación previstas en dicha Ley para ese tipo de procesos.
Igualmente, las sentencias que se dicten en dichos procesos tendrán los efectos prevenidos para este caso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal."
-La DF 2ª, número tres, modifica el art. 504 de la Ley Orgánica 2/1989. En el nuevo art. 504.2 se establece:
"2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión."
-La DF 3ª modifica diversos preceptos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Así, su número uno modifica la sección 3.ª del capítulo III del título IV, integrada por los arts. 86 a 93, a la vez que suprime los artículos 94 y 95.
El nuevo art. 86.3, párrafo primero, estable:
"3. Las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora."
El nuevo art. 88.2 establece:
"2. El Tribunal de casación podrá apreciar que existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión, cuando, entre otras circunstancias, la resolución que se impugna:
El nuevo art. 89.2.e) establece:
"2. El escrito de preparación deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan:
e) Justificar, en el caso de que ésta hubiera sido dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal o del de la Unión Europea."
El nuevo art. 93.1 establece:
"1. La sentencia fijará la interpretación de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las de la Unión Europea sobre las que, en el auto de admisión a trámite, se consideró necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y, con arreglo a ella y a las restantes normas que fueran aplicables, resolverá las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto recurrido, en todo o en parte, o confirmándolos. Podrá asimismo, cuando justifique su necesidad, ordenar la retroacción de actuaciones a un momento determinado del procedimiento de instancia para que siga el curso ordenado por la ley hasta su culminación."
-La DF 3ª, número tres, modifica el art. 102 de la Ley 29/1998. El nuevo art. 102.2 establece:
"2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas."
-La DF 4ª, número trece, modifica el art. 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El nuevo art. 510.2 establece:
-La DF 4ª, número catorce, modifica el art. 511 de la LEC:
"Artículo 511. Legitimación activa.
En el supuesto del apartado 2 del artículo anterior, la revisión sólo podrá ser solicitada por quien hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos."
-La DF 4ª, número quince, modifica el art. 512.1 LEC,que pasa a tener la siguiente redacción:
"1. En ningún caso podrá solicitarse la revisión después de transcurridos cinco años desde la fecha de la publicación de la sentencia que se pretende impugnar. Se rechazará toda solicitud de revisión que se presente pasado este plazo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando la revisión esté motivada en una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso la solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal."
-En la DF 10ª se regula la entrada en vigor en los siguientes términos: "La presente Ley entrará en vigor el día 1 de octubre de 2015, excepto los apartados uno, dos y cinco de la disposición final tercera, que lo harán al año de su publicación."
Sobre el proyecto de Ley remitido por el gobierno a las Cortes Generales véase la entrada de este blog del día 6.3.2015.
[BOE n. 174, de 22.7.2015]
Etiquetas: BOE, DPCI, TEDH, TJUE
Antonia Durán Ayago 21/9/15 12:16
Como imagino que todos andamos dándole vueltas a las últimas reformas introducidas, aprovecho este espacio para compartir algunas reflexiones sobre las modificaciones introducidas por la LOPJ en comptencia judicial internacional y si es posible abrir el debate http://diarium.usal.es/aduran/2015/09/21/novedades-introducidas-por-la-ley-organica-72015-de-21-de-julio-por-la-que-se-modifica-la-lopj-en-materia-de-competencia-judicial-internacional/.
Federico Garau 21/9/15 12:36
Muchas gracias por haber puesto la referencia de tus interesantes comentarios a las modificaciones de la LOPJ. Lo cierto es que a mí los nuevos preceptos me generan muchos problemas de interpretación y me plantean muchas dudas. Creo que el Seminario que se celebrará en la Universidad de Barcelona el próximo 19 de noviembre --que anuncié en el blog el pasado viernes-- será muy instructivo y creo que, debido al formato elegido de participación, entre todos los asistentes podremos intentar resolver dudas.

References: resolución 
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 artículo 22
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