Source: http://unmimeografo.blogspot.com/2013/09/que-no-nos-roben-con-el-boleto.html
Timestamp: 2017-08-24 06:57:18+00:00

Document:
Par de Ideas en un Mimeógrafo: Que no nos roben con el boleto
Cuando el costo del boleto es un viaje de ida
Los últimos días trajeron de nuevo al debate la cuestión del pasaje del boleto urbano e interurbano, principalmente de Resistencia.
Debate caliente si los hay por los intereses en juego, pero principalmente porque miles de personas necesitan a diario del servicio público para cumplir con sus obligaciones laborales, acceder a la educación, ir al médico o desarrollar actividades sociales. De alto consumo popular y motivo de dolores de cabeza diarios de quienes están con la plata justa, o con menos de ella, transportarse dignamente es un derecho esencial que es puente para el acceso a otros derechos.
No es menor, el costo del transporte público también es una de las causas del caos del tránsito.
El cascabel es, sin dudas, las dos resoluciones judiciales que dejaron sin efecto sendos instrumentos administrativos, uno municipal (de Resistencia) y otro provincial, que establecieron en noviembre de 2012 sustantivos e injustificados aumentos tarifarios del 30% del transporte público urbano e interurbano. Un cascabel a favor de los sectores populares
Identificar al gato es un poco mas complejo. ¿Los gobiernos o los empresarios? ¿o ambos? ¿y también alguna dirigencia sindical?. Si fuera por el tamaño del maullido podrían ser los gobiernos, que fueron la voz mas alta del descontento contra las resoluciones judiciales. Pero prefiero identificar al receptor del cascabel con una combinación de empresarios, algún que otro grupo sindical y sectores políticos que comparten una común unión en pos de una jugosa tarifa que les garantice un portensoso bienestar.
No está bien que nadie ponga sus intereses individuales sobre los colectivos. Empresarios y sindicalistas hacen la suya, pero la mayor responsabilidad recae sobre los funcionarios públicos, que deben responder a mandatos populares y no al lucro o al beneficio personal.
El autor de las resoluciones judiciales, o sea, el que le puso el cascabel al gato, es un simple juez –Julián Flores- de la desprestigiada justicia chaqueña.
Juez que tiene antecedentes de haber fallado ya a favor de los “gatos” corporativos cuando en una resolución judicial le prohibió a la ONG Encuentro por la Vida realizar acciones en contra de la instalación de un shopping en una zona prohibida para ello de acuerdo al Código de Aguas. Un resolución judicial absurda que cercena libertades elementales a favor de un proyecto de inversión.
Es decir, un juez que no puede ser sospechado de antiempresarial ni de perseguir al Municipio de Resistencia, dado que el sistema de inversiones beneficiado con ese fallo tiene el aliento de Aída Ayala y de cierto empresariado local.
Pero en ésta hay que darle la derecha al juez. Casi nadie se anima a éstas decisiones y el se animó.
Hay que rescatar también que las acciones tienen un fuerte impulsor, un actor nuevo en el sistema institucional que ya debería haber estado funcionando hace casi 20 años: el Defensor del Pueblo. Esta institución, con reciente designación en Gustavo Corregido, fue la impulsora de las decisiones judiciales. La importancia del instituto del Defensor se visualiza en éstas acciones. (tal vez por eso, cuando crearon la Defensoría un grupo de Diputados llenaron de familiares y amigos la estructura burocrática del organismo, decisión por suerte resistida por el Defensor y vetada por el Gobernador)
Resistencia: las omisiones, la violencia y la carta orgánica
El juez Flores funda principalmente la nulidad de la ordenanza municipal de Resistencia en dos aspectos: las omisiones y las presiones para votar.
La omisión: el Concejo Municipal “se olvidó” de incluir a los usuarios en la pomposamente llamada Comisión Mixta de Seguimiento y Control del Trasporte, la que sugiere los aumentos de tarifas. En realidad esa Comisión prevee una participación edulcorada de usuarios: “un representante de los usuarios del servicio designados por cada uno de los bloques que integran el Concejo Municipal de Resistencia”. Pero parece ser que para la dama de hierro municipal hasta esa participación era mucho, así que no la convocaron.
Las presiones: aunque el Juez Flores consideró suficiente para nulificar el aumento municipal la omisión citada en el párrafo anterior, se detuvo a analizar el clima de la sesión. El jueves 8N (raro concejo municipal en jueves, además de una jornada de protesta cacerolera) fue un jueves negro para algunos concejales. Saul Medero y Alejandro Aradas se plantaron y dieron el no al aumento, pero las concejalas Liliana Godoy y Clarisse Pasmanter y el concejal José Barbetti, de acuerdo a Flores, fueron objeto de violencia e intimidación, lo que hace nulo el acto administrativo.
Cada tanto dudo y gugleo (o sea, busco en google), tal vez la existencia de la Carta Orgánica de Resistencia solamente es un dulce sueño y el instrumento no existe. Pero goggle me lo recuerda, desde agosto de 2000 hay Carta Orgánica que es sistemáticamente negada por las autoridades municipales. Y, para esto, ¿qué dice?. Por ejemplo dice en su artículo 70 que el Municipio protegerá a usuarios y consumidores en relación a sus intereses económicos y que garantizará sus derechos contra las distorsiones del mercado. También dice en su artículo 71 que debe funcionar el Consejo de Defensa del Consumidor, organismo que los resistencianos nunca vieron ni escucharon de su existencia.
Pero el desprecio de las instituciones de las autoridades municipales es impresionante. La misma idea que llevó a Aída Ayala a denostar a un simple juez por dictar fallos en contra de sus intereses es la que la lleva a no implementar el Defensor del Pueblo que crea la Cara Orgánica de Resistencia en su artículo 221 y subsiguientes. Y pensar que en el año 1999 y siendo Ayala una concejala presentó una ordenanza para crear el Defensor… ¿será que se olvidó o el poder emborracha?.
La Provincia: Otro ministro que trae dolores de cabeza, y el antiboleto estudiantil
Como si Jorge Capitanich no tuviera suficiente con el Ministro de Gobierno -que en su affaire contra la jueza Saidman esta semana profundizó sus deslices mintiéndole a los diputados provinciales respecto del pronunciamiento de la jueza-, en éste tema tiene a otro saezpeñense como lo es el Ministro de Infraestructura Omar Judis que ha venido convalidando aumentos tarifarios seriales.
El Juez Julian Flores en su fallo revocando la resolución Ministerial de Judis que convalida el incremento tarifario del 30% es muy contundente. Parece que el Juez la tuvo mas simple, pero lo del Ministro es mas complicado.
Es que la defensa del Estado argumentó que la decisión ministerial se sostuvo en aquella Comisión Mixta del Municipio de Resistencia, ergo, dijo el Juez: si es nula la ordenanza del aumento por vicios de constitución de la Comisión también lo es la Resolución ministerial que se sustenta en ella.
Pero ¿puede ser cierto que un Ministerio provincial sustenta sus decisiones en una comisión municipal? Si es así, ¿no se podrá articular desde el Estado provincial instrumentos de control y seguimiento mas poderosos que un municipio? o por lo menos ¿le contaron a Judis quienes y como gobiernan el Municipio de Resistencia? No me cabe en la cabeza que esa fuera una decisión política meditada.
Otra perla provincial: hay sectores impulsando un boleto estudiantil gratuito para garantizar el acceso a la educación a los sectores populares, pero si uno mira la evolución tarifaria provincial se encuentra con una ingrata sorpresa. Desde que Judis es Ministro (o desde que gobierna Capitanich) el boleto para los estudiantes primarios aumentó mas de un 40% que el boleto único, y el de los secundarios mas de un 28% que el boleto único (igual que el de jubilados y pensionados). Todo un antiboleto estudiantil.
Ya se dijo, el transporte público es esencial. Y el Estado en todos sus niveles contribuye mucho en abaratar sus costos de explotación: jugosos subsidios, exenciones de impuestos y tasas de todo tipo, emergencias que disminuyen los requisitos de prestación. Es un gran esfuerzo de toda la sociedad para que el costo del transporte sea razonable. No se trata de prohibir aumentos ni de que los empresarios no ganen, se trata de razonabilidad y transparencia.
No se sostiene mas la oscuridad. No se puede explicar más el golpe al bolsillo en los servicios públicos sin la participación de vecinas y vecinos. Claridad en los números y un buen debate sobre la calidad de los servicios. Costos al aire libre, difundidos, y audiencias públicas para discutir porqué y para qué.
(por razones de espacio se omite hablar de Tarjebus, otra increíble decisión)
Publicado por Daniel San Cristobal en 20:33

References: resolución 
 resolución 
 artículo 70
 artículo 71
 artículo 221
 resolución 
 Resolución