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Timestamp: 2017-10-22 06:29:01+00:00

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cátedrajudicial: abril 2008
El ejercicio abusivo del derecho en las decisiones de las juntas de acreedores dentro de un procedimiento concursal
Cátedra Judicial agradece la contribución invaluable del Doctor Juan Espinoza Espinoza, quien muy gentilmente nos autorizó la publicación de su artículo, El Ejercicio Abusivo del Derecho en las Decisiones de las Juntas de Acreedores dentro del Procedimiento Concursal (publicado el 19-04-2008), aporte que indudablemente otorga un mayor prestigio a nuestro Blog.
El profesor Juan Espinoza Espinoza, es doctor en derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magister en Derecho Civil por la Unidad de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
"Those are mi principles,
if you dont’t like them,
I have others." Groucho Marx
En un concurso preventivo, la junta general de acreedores aprobó, con el voto favorable del 81,993% y el desfavorable del 16,271% de los mismos, el acuerdo global de refinanciación de una sociedad anónima. El mismo contenía un cronograma de pagos en el cual se clasificaba a los acreedores en los siguientes grupos:
El problema radica en que dos acreedores (que formaban parte de la minoría), no obstante tenían créditos respaldados, uno con una medida cautelar y otro con un warrant, en vez de ser clasificados dentro del Grupo D, se encontraban dentro del Grupo E (vade decir, como acreedores no garantizados), con el correspondiente tratamiento diferenciado (gozarían de una menor tasa de interés nominal anual, de una posibilidad de recuperación de las acreencias un año y medio después, por citar un par de ejemplos) a pesar de que contaban con afectaciones específicas sobre el patrimonio de la deudora. Los acreedores minoritarios impugnaron administrativamente esta decisión argumentando el ejercicio abusivo del la junta de acreedores. Los acreedores mayoritarios sostenían, por su parte, que el Grupo D se constituyó con los acreedores que contaban con garantías otorgadas voluntariamente por la empresa y el Grupo E por acreedores que no contaban con garantías reales constituidas por la sociedad deudora, sino con medidas cautelares interpuestas en perjuicio de la misma y contra su voluntad.
Antes de analizar las decisiones es forzoso remitirse a un caso que señaló un precedente que se debe tener en cuenta a efectos de determinar si nos encontramos frente a un ejercicio abusivo de derecho en materia concursal: con fecha 12.08.96, Eurobanco presentó a la entonces Comisión de Salida del Mercado del INDECOPI una solicitud para que se declare la insolvencia del Grupo Pantel por mantener frente a este créditos exigibles y vencidos por más de 30 días calendario superiores a 50 UIT. Mediante Resoluciones N.o 001 y 002-96-CSA-INDECOPI/EXP-058 del 6 y 13.09.96, se concedió al deudor el plazo de 10 días hábiles, computados a partir de la fecha de notificación de la última de las resoluciones mencionadas, para que acredite su capacidad de pago de las obligaciones invocadas en cualquiera de las formas previstas en al artículo 4 del Reglamento de la Ley de Reestructuración Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N.o 044-93-EF. Transcurrido el plazo otorgado, sin que el emplazado se hubiera apersonado al procedimiento, el 09.10.96, la Comisión emitió la Resolución N.o 003-96-CSA-INDECOPI/EXP-058, por la cual se declaró la insolvencia del Grupo Pantel, convocándose a sus acreedores para que, reunidos en junta, decidan el destino del deudor. El 09.10.96, el Grupo Pantel se apersonó al procedimiento deduciendo la nulidad de las resoluciones N.o 001 y 002-96-CSA-INDECOPI/EXP-058 por considerar que Eurobanco estaría haciendo ejercicio abusivo del derecho. Como sustento de su pretensión, manifestó que, en un procedimiento concursal, Eurobanco no lograría una cancelación privilegiada de sus créditos, por lo que su verdadera intención sería utilizar este procedimiento para lograr el pago inmediato de los mismos bajo la amenaza de dañar la “imagen” (sic) del Grupo Pantel mediante la declaración de su insolvencia y la publicación de la convocatoria a su Junta de Acreedores. Por ello, las resoluciones emitidas habrían amparado una pretensión que la ley rechaza, incurriendo en la causal de nulidad tipificada en el inciso b del artículo 43 del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo N.o 002-94-JUS, entre otros aspectos.
Por los mismos fundamentos expuestos anteriormente, el 15.10.96, el Grupo Pantel apeló la Resolución N.o 003-96-CSA-INDECOPI/EXP-058 y solicitó la suspensión de su ejecución, porque podría causar un “daño irreparable a su imagen”. Por Resolución N.o 004-96-CSA-INDECOPI/EXP-058, emitida el 23.10.96, la Comisión calificó el recurso presentado por el Grupo Pantel contra las Resoluciones N.o 001 y 002-CSA-INDECOPI/EXP-58 como uno de apelación, declarándolo improcedente por haber sido interpuesto contra resoluciones que no ponen fin al procedimiento. En la misma fecha, mediante Resolución N.o 005-96-CSA-INDECOPI/EXP-058, la Comisión concedió al Grupo Pantel la apelación interpuesta contra la Resolución N.o 003-96-CSA-INDECOPI/EXP-058, disponiendo elevar los actuados a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. En atención al pedido formulado por el Grupo Pantel, la Sala dispuso la suspensión de la ejecución de la Resolución que ordenaba la inmediata publicación de los avisos de convocatoria a la Junta de Acreedores en tanto se emita pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.
La Sala, mediante Resolución N.o 104-96-TDC, del 23.12.96, confirmó en todos sus extremos la Resolución N.o 003-96-CSA-INDECOPI/EXP-58, que declaró la insolvencia del Grupo Pantel. En dicha Resolución se establecen las siguientes notas características del abuso de derecho:
“Para que un acto se encuentre dentro del supuesto de abuso de derecho es necesario que: (i) el derecho esté formalmente reconocido en el ordenamiento; (ii) que su ejercicio vulnere un interés causando un perjuicio; (iii) que, al causar tal perjuicio, el interés que se está viendo afectado no esté protegido por una específica prerrogativa jurídica; (iv) que se desvirtúe manifiestamente los fines económicos y sociales para los cuales el ordenamiento reconoció el derecho que se ejerce dentro del marco impuesto por el principio de buena fe”.
Esta Resolución, al enfocar la finalidad económica y social de la ley, parte del análisis de la nueva naturaleza de la declaración de insolvencia, afirmando que:
“El proceso de declaración de insolvencia no debe ser entendido como una sanción a la empresa insolvente, sino como la apertura de un marco que permite llegar a acuerdos entre los acreedores, en medio de situaciones en crisis, tratando de sustituir una caótica carrera por cobrar por un ordenado sistema de búsqueda de consenso y establecimiento de prioridades en el cobro. Esto es concordante con la visión de la nueva legislación concursal, que sustituyó a la Ley Procesal de Quiebras, en la que se concibe al estado de insolvencia, antes que como una condena a la situación de la empresa, como una segunda oportunidad que permite encontrar mecanismos de solución a los estados de crisis”.
Se llega a la conclusión de que Eurobanco está realizando un ejercicio regular de un derecho, enunciando que:
“El daño que Grupo Pantel alega que puede sufrir como consecuencia de la declaración de insolvencia no se deriva del actuar de Eurobanco; sino, precisamente, de la situación de hecho en la que se encuentra Grupo Pantel, el cual habría devenido en insolvente de acuerdo a Ley, al no encontrarse en capacidad de cumplir con sus obligaciones en los plazos y formas previstas.
La afirmación de que el crédito de Eurobanco no es privilegiado no es un argumento válido para concluir la supuesta intención de dañar, porque el estado de insolvencia no significa necesariamente la disolución y liquidación de la misma y porque es razonable que, atendiendo a la situación de Grupo Pantel, el acreedor considere que por la vía judicial su cobro puede ser suspendido si posteriormente otra empresa inicia el procedimiento concursal. De asumirse el argumento de Grupo Pantel, podríamos llegar al sinsentido de afirmar que los acreedores no privilegiados que eligen la vía concursal siempre tienen intención de dañar la imagen de las empresas”.
Como ya lo había mencionado en otra sede, “salvo el error en el que se incurre al confundir imagen (semblanza física que solo corresponde a la persona natural y al concebido) con reputación (juicio de valor que el grupo u otra persona hace de un sujeto, que corresponde tanto a la persona natural como a la jurídica y a los demás sujetos de derecho), comparto los criterios de esta Resolución que establece no una definición dogmática del abuso del derecho sino una serie de supuestos que lo caracterizan”[2].
Volviendo al caso que motiva este comentario, la Comisión de Reestructuración Patrimonial de la Oficina Descentralizada del INDECOPI en la Cámara de Comercio de Lima, mediante Resolución No. 2557-2000/CRP-ODI-CÁMARA, del 10.08.00, amparó este pedido. En efecto, siguiendo el precedente, analizó los criterios contenidos en la Resolución No. 104-96-TRI-SDC/INDECOPI. Respecto al primer requisito, el derecho de los acreedores a aprobar el acuerdo global estaba formalmente reconocido en el art. 36 del T.U.O. de la Ley de Reestructuración Patrimonial. Ahora lo tenemos en el art. 53 de la Ley General del Sistema Concursal, No. 27809, del 05.08.02. A propósito del segundo requisito, vale decir, que dicho ejercicio cause un perjuicio a un interés, ello queda evidenciado en la disminución de categoría de los deudores de la minoría al quedar clasificados en un grupo con menos oportunidades y ventajas. Al verificar el tercer requisito, es decir, que el interés vulnerado no esté regulado por una norma específica, se entiende que la única forma de tutela que se tiene es aquella de naturaleza genérica en materia administrativa contenida en los arts. 39 y 40 del T.U.O. de la Ley de Reestructuración Patrimonial. En la actualidad esta forma de tutela genérica la encontramos en el art. 118.1 de la Ley General del Sistema Concursal, cuando establece lo siguiente:
“El deudor o los acreedores que en conjunto representen créditos de cuando menos el 10% del monto total de los créditos reconocidos por la Comisión, podrán impugnar ante la misma, los acuerdos adoptados por la Junta dentro de los diez (10) días siguientes del acuerdo, sea por el incumplimiento de las formalidades legales, por inobservancia de las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico, o porque el acuerdo constituye el ejercicio abusivo de un derecho. Asimismo, cualquier cuestionamiento sobre la convocatoria y reunión de la Junta de Acreedores deberá efectuarse mediante el procedimiento previsto para la impugnación de acuerdos”.
Nótese que, en buena cuenta, este requisito pone énfasis en una nota característica del ejercicio abusivo de derecho, que no es más que la de su función residual. Es decir, si ya se cuenta en el ordenamiento jurídico con una medida específica para solucionar un conflicto, no cabría invocar este principio jurídico. A propósito del cuatro requisito, referido a que se desvirtúen los fines económicos y sociales por los que se reconoció el derecho, en contravención del principio de la buena fe, se señala que:
“la normatividad concursal es un mecanismo tendente a reducir los costos de transacción en las situaciones de crisis de empresas, a fin de lograr que los acreedores adopten la decisión que consideren más adecuada respecto del destino de su deudora, ya sea su reestructuración en caso éstos la consideren una empresa viable o su salida ordenada del mercado de considerarla que es inviable, buscando proteger el derecho de los acreedores a recuperar sus créditos en la medida que la viabilidad y/o patrimonio de la empresa lo permitan.
En principio, debe tenerse en consideración el legítimo interés que poseen las mayorías en su calidad de tales, de adoptar acuerdos que satisfagan sus expectativas, los que en muchos casos pueden afectar a los intereses de las minorías, quienes sin embargo, tienen una natural postergación precisamente por su menor participación en la Junta de Acreedores.
No obstante ello, a fin de verificar la existencia de abuso del derecho en el presente caso, se deberá analizar si el perjuicio sufrido por los recurrentes es o no un perjuicio válido y natural en decisiones adoptadas en sede concursal y si la conducta que lo genera afecta la finalidad económica y social por la que se reconoce el derecho de las mayorías a aprobar un acuerdo global.
En ese sentido, cabe señalar que el Texto Único Ordenado de la Ley de Reestructuración Patrimonial ha previsto limitaciones expresas a los acuerdos que pueda adoptar la Junta de Acreedores por considerar que de adoptarse decisiones contrarias a dichos límites se desvirtuarían los fines del mecanismo concursal. Dichas limitaciones están referidas a los requisitos que necesariamente deberá incorporar el Plan, a los acuerdos de capitalización y condonación, a la información que deberán poseer los acreedores previamente a la adopción de una acuerdo, entre otras.
Sin embargo, la norma no ha previsto limitaciones en el tratamiento que se le deba dar a la deuda concursal al momento de incoporarla al Plan de Reestructuración con relación al plazo en que ésta deberá ser necesariamente pagada. Es decir, la norma no limita la posibilidad de que ciertos acreedores, por determinadas consideraciones, reciban un tratamiento diferenciado frente a otros acreedores y puedan obtener un recupero de sus créditos con anterioridad o ser beneficiados con tasas de interés mayores, por ejemplo.
Dicha falta de limitación tiene como finalidad permitir la negociación entre el insolvente y sus acreedores en ejercicio de su autonomía privada, con la finalidad de que se generen mutuos incentivos destinados a adoptar decisiones más eficientes que beneficien a los acreedores –principales perjudicados por la crisis de su deudor-, al propio deudor y al mercado en general.
Uno de dichos incentivos puede estar referido, por ejemplo, a promover el otorgamiento de créditos al deudor concursado obteniendo como contrapartida un pronto recupero de las obligaciones concursales y el pago de intereses con una tasa mayor a la de otros acreedores que no proporcionen crédito a la insolvente. Sostener lo contrario, es decir, que no se pueda dar un tratamiento diferenciado a los acreedores en atención a determinados parámetros objetivos como el señalado, desincentivaría -por ejemplo en este caso- el otorgamiento de líneas de crédito a deudores insolventes.
En el presente caso, deberá determinarse si la diferenciación efectuada en el acuerdo global aprobado ha sido realizada con base en algún criterio objetivo que la amerite, a fin de verificar que no se tata de un acuerdo discriminatorio que afecte los fines económicos y sociales del proceso concursal
Tal como se ha señalado anteriormente, el acuerdo global establece que para la conformación del Grupo D se ha considerado la existencia de afectaciones específicas del patrimonio de Austral al pago de los créditos incorporados en dicho grupo, tomando en cuenta el tratamiento que les otorga la Ley a los acreedores que las posean en un escenario de disolución y liquidación. Por otro lado, en el Grupo E se han comprendido -entre otros créditos- a aquéllos que no están respaldados por garantías reales constituidas sobre bienes del patrimonio de Austral, incorporándose a los acreedores que tienen a su favor afectaciones del patrimonio de Austral distintas de las garantías reales.
Como se puede apreciar, el criterio utilizado para conformar el Grupo E, es decir, la existencia de afectaciones específicas sobre el patrimonio de Austral y el tratamiento que se le otorga a dichos créditos en el caso de la disolución y liquidación de una empresa, le son también aplicables -al igual que a los créditos que cuentan con garantías reales- a aquellos acreedores que cuentan con medidas cautelares trabadas a su favor, ya que dichas cargas son también afectaciones específicas sobre el patrimonio de Austral. Si bien jurídicamente la naturaleza de una garantía real es distinta de la de una medida cautelar, la norma concursal equipara ambas y les otorga el mismo tratamiento en el caso de una disolución y liquidación.
En ese sentido, la diferenciación efectuada en el acuerdo global no se basa en criterio objetivo alguno, ya que de acuerdo al análisis efectuado, no habría razón para no considerar en el Grupo D a aquellos acreedores que han obtenido medidas cautelares a favor de sus créditos, por lo que la exclusión de dichos acreedores del referido grupo configura un acuerdo discriminatorio que por su naturaleza de tal, desvirtúa la finalidad económico social del proceso concursal, al violar el principio de la par conditio creditorum que rige el proceso concursal, por el cual todos los acreedores concurren en igualdad de condiciones al proceso.
La igualdad de condiciones se encuentra circunscrita a las características de los créditos, sin embargo, es claro que créditos que poseen características similares no pueden tener un tratamiento diferenciado entre ellos, ya que se configuraría un acto discriminatorio al establecer diferenciaciones sin atenderse a razón objetiva alguna.
De otro lado, lo señalado por Austral en el sentido que los acreedores incluidos en el Grupo E que cuentan con medidas cautelares interpuestas en perjuicio de la empresa y contra su voluntad, no contaban con dichas medidas en agosto de 1999, mes en que empezaron las negociaciones de los términos de la refinanciación de las obligaciones, y que fueron ordenadas luego de que dichos acreedores se apartaran unilateralmente de las negociaciones, carece de fundamento ya que, además de que ello resultaba un riesgo natural de la negociación previa a la solicitud de acogimiento al proceso de concurso preventivo, en esta instancia se verifica la situación de los créditos a la fecha de publicación del acogimiento al proceso, fecha en la cual dichos acreedores sí contaban con dichas medidas cautelares a su favor y representaban afectaciones sobre el patrimonio de Austral, que si bien se efectuaron en contra de la voluntad de la empresa, otorgan derechos similares a las garantías reales voluntarias. Es el caso del Banco Standard Chartered y de The Nassau Branch of BankBoston, acreedores que cuentan con medidas cautelares que han sido excluidos del Grupo D.
Con relación a la exclusión de BankBoston N.A., Sucursal del Perú, del Grupo D, se constata que dicho banco no cuenta con media cautelar alguna, sino mas bien con una garantía consistente en un warrant.
En ese sentido, el hecho de haber excluido al Banco Standard Chartered, a The Nassau Branch of BankBoston y a BankBoston N.A., Sucursal del Perú, del grupo D de acreedores y haberlos incluido en el Grupo E sin razón objetiva que pueda justificarlo, afecta la finalidad económico y social del proceso concursal, contraviniéndose así efectivamente el principio de la pars conditio creditoris” (el subrayado es mío).
La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0469-2000/TDC-INDECOPI, del 06.11.00, confirmó esta decisión:
“en el extremo que consideró que la clasificación como acreedores no garantizados a los Bancos Standard Chartered y The Nassau Branch of BankBoston N.A en el Acuerdo Global de Refinanciación de Austral Group S.A.A., a pesar de que contaban con afectaciones específicas sobre el patrimonio de la deudora, constituía un abuso de derecho por parte de la Junta de Acreedores. Ello en tanto, si bien existen diferencias en su naturaleza económica, la ley ha asimilado a ambas medidas, otorgándoles el mismo orden de preferencia, no existiendo, en ese sentido, margen legal para justificar la diferenciación alegada por la insolvente y el Banco Wiese Sudameris S.A.A. Adicionalmente, no se ha presentado elementos de juicio que acrediten una diferencia entre las garantías reales y las medidas cautelares que respaldaban los créditos de dichos acreedores que justifiquen la distinción efectuada en el Acuerdo”.
En atención a ello, la junta de acreedores debió reunirse nuevamente a efectos de adecuar el acuerdo adoptado a lo dispuesto en estas resoluciones.
Una autorizada doctrina argentina[3] ha clasificado los criterios para caracterizar el ejercicio abusivo de los derechos de la siguiente forma:
a) Criterios subjetivos:
i. El abuso de derecho se identifica con la intención de perjudicar (Josserand, en un primer momento; Markovitch y Charmont)
ii. El abuso de derecho consiste en el ejercicio del derecho con culpa del titular (Colin, Capitant inicialmente, Demogue, Sourdat, Lalou, los Mazeaud y Salvat).
iii. El abuso consiste en el ejercicio del derecho sin interés o utilidad (Bonnecase, Ripert, Lafaille y Aguiar).
b) Criterios objetivos:
i. El abuso consiste en el ejercicio contrario al fin económico y social del derecho (Saleilles, Díaz y Salas).
ii. El abuso consiste en el ejercicio contrario al fin de su institución (Porcherot y Josserand).
iii. El abuso se define por un ejercicio contrario a la moral y buenas costumbres (Savatier, R. Goldschmidt y Borda).
c) Criterio mixto: que conjuga las distintas ideas para definir el abuso (Capitant).
En mi opinión, el abuso de derecho es un principio general del derecho que, como toda institución jurídica, atraviesa por dos momentos, uno fisiológico y el otro patológico. En el momento fisiológico, el abuso de derecho debe ser entendido, junto con la buena fe, como un límite intrínseco del mismo derecho subjetivo[4] y ahí sí cabría su estudio dentro de la teoría general del derecho[5]. En cambio, en el momento patológico, el abuso de derecho se asimila, bien a los principios de la responsabilidad civil (cuando se produce un daño o hay amenaza del mismo) o bien a las reglas de la ineficacia (cuando nos encontramos frente a una pretensión procesal abusiva)[6].
En atención a ello, comparto plenamente la opinión que sostiene que la función de este principio no debe agotarse solamente en la de ser una fuente de obligaciones (como inducirían las tesis subjetivistas señaladas)[7]. Las notas características adicionales que ha asimilado No. 104-96-TRI-SDC/INDECOPI son correctas y se dirigen hacia una concepción de carácter objetivo del mismo. Es por ello que, aunque se considere al abuso de derecho como un factor de atribución, éste debe ser de naturaleza objetiva[8], vale decir, que se tipifique independientemente de la intención de dañar y si lo asimilamos sólo a un standard de conducta, no se entendería por qué deba configurarse independientemente de la culpa. Creo que la ocasión de este comentario es propicia para insistir en que supuestos no nos encontramos frente a un abuso de derecho:
i) No existe identidad conceptual entre el principio de abuso de derecho (que es de carácter jurídico) y el abuso de posición de dominio, que es una figura de naturaleza preminentemente económica (que tiene, obviamente, consecuencias jurídicas). El abuso de derecho es una limitación intrínseca del derecho subjetivo que se configura con el conflicto entre éste y un legítimo interés. Para entender lo que es el abuso de posición de dominio, debemos describir de qué es lo que se abusa, esto es, la posición de dominio, la cual es definida en el art. 4, del D. Leg. No. 701, del 05.11.91, de la siguiente manera:
“Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el mercado, cuando pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales como la participación significativa de las empresas en los mercados respectivos, las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así como redes de distribución.”
Hasta allí, la posición de dominio no está sancionada por ley. Sin embargo, sí, el abuso de la misma. Así lo determina el primer párrafo del art. 5 del texto que comento:
“Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, cuando una o más empresas que se encuentran en la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera indebida, con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio”[9].
Con acierto, se observa que “el “actuar de manera indebida” debe entenderse referido a utilizar la participación en el mercado de manera tal que se produzca un daño distinto al mero daño concurrencial, es decir el derivado de una competencia leal y libre”[10]. Evidentemente, entre el abuso de derecho y el abuso de posición de dominio existen, como notas comunes, (aunque peque por decir lo evidente), el abuso y que, si se ocasionan daños por éste, surge la obligación a la reparación; pero debido a las diferencias ya anotadas, el órgano competente para conocer el abuso de la posición de dominio (por mandato de la ley, art. 16 del D. Leg. No. 25878) es la Comisión de Libre Competencia y, en segunda instancia administrativa, la Sala de la Defensa de la Competencia del INDECOPI y, recién podrá hacerse un cuestionamiento a nivel del Poder Judicial, agotada la vía administrativa.
Si analizamos de una manera detenida los supuestos específicos de abuso de posición de dominio (discriminación al contratar, discriminación de precios, métodos coercitivos, principalmente) nos damos cuenta que los mismos no encajan dentro de lo que conceptualmente se conoce como abuso de derecho. Son supuestos de colisión de derechos.
ii) Tampoco constituyen una forma de abuso de derecho las cláusulas vejatorias, el abuso de derecho no es más que el conflicto entre un derecho subjetivo y un legítimo interés que se produce por el ejercicio irregular de un derecho o por la omisión irregular de su ejercicio (conforme lo podemos interpretar sistemáticamente de los arts. II del t.p. y 1971.1 del c.c.)[11]. Las cláusulas vejatorias (o abusivas) son aquellas predispuestas previamente por una de las partes y que generan una asimetría (en contraste con el principio de buena fe) en la economía de las obligaciones a las que se encuentran vinculadas contractualmente las partes, en desmedro de la parte que las acepta[12].
En el caso concreto, se sabe que si una persona jurídica se encuentra en un procedimiento reestructuración, los poderes de actuación de sus órganos se suspenden y pasan a los acreedores, los cuales, mediante las juntas, deciden el destino de la concursada (art. 63.1 de la Ley General del Sistema Concursal). En el caso del procedimiento concursal preventivo los órganos mantienen el ejercicio de sus funciones; pero la intervención de los acreedores se da justamente a efectos de decidir el acuerdo global de refinanciación, dentro del cual se encuentra el cronograma de pagos. Evidentemente, al igual que en las juntas de accionistas, en las juntas de acreedores existen conflictos de intereses entre los mayoritarios y los minoritarios. La regla será siempre que prevalecerán los acuerdos de mayoría. Sin embargo, la minoría no se encuentra desprotegida. El ya mencionado art. 118.1 de la Ley General del Sistema Concursal faculta tanto al deudor como a los acreedores que representen al menos el 10% de los créditos reconocidos para que impugnen dichos acuerdos debido al incumplimiento de las formalidades legales, inobservancia de las normas o por ejercicio abusivo de derecho. Ahora, no obstante el reconocimiento formal, resulta sumamente difícil para los acreedores minoritarios (y para el deudor) demostrar el abuso. Prueba de ello está en que son raros los casos en los cuales se ha amparado dicha pretensión.
Las resoluciones que son materia de este comentario y sancionan el hecho manifiesto que, abusando del poder de decisión de la mayoría, se incluyó desventajosamente a dos acreedores en un grupo que correspondía a aquellos que no contaban con garantías (no obstante las tenían), motivan las siguientes reflexiones:
a. Se hace mención al “legítimo interés que poseen las mayorías para adoptar acuerdos que satisfagan sus expectativas”. En el proceso de votación debemos distinguir los siguientes momentos:
i) Cada accionista o acreedor (según sea el caso) detenta el derecho (situación jurídica de ventaja activa) a votar y el interés material que la mayoría sea coincidente con el mismo. Aquí no cabe la distinción entre mayoritario y minoritario.
ii) El hecho de encontrarse en una situación cuantitativamente superior, (al detentar más acciones o acreencias reconocidas) no genera impunidad respecto a la toma de decisiones que contravengan normas imperativas ni de que se configure un ejercicio abusivo del derecho.
iii) Si dentro del acuerdo se configura un ejercicio regular de derecho no obstante se lesionen los legítimos intereses de la minoría, nos encontraremos frente al supuesto de un daño jurídicamente permitido (art. 1971.1 c.c.).
b. ¿Cuál es el parámetro para determinar si el acuerdo de la mayoría constituye o no un ejercicio regular de un derecho? En la resolución de primera instancia se advierte, con razón, que el tratamiento diferenciado entre los acreedores no constituye a priori un ejercicio irregular de un derecho. El parámetro será determinar si nos encontrarnos frente a justificados criterios de diferenciación objetiva.
c. El hecho de diferenciar los tipos de garantías, con la única finalidad de lesionar las situaciones jurídicas de dos acreedores minoritarios revela que se está vulnerando el principio de la par conditio creditorum.
Es importante distinguir dos conceptos que suelen confundirse: igualdad y paridad de tratamiento. En efecto, “mientras la paridad de tratamiento se justifica siempre en base a la lógica de la justicia retributiva y de la par condicio, la igualdad constitucional tiende a realizar la paritaria dignidad social, removiendo los obstáculos que limitan la libertad de los ciudadanos para realizar la justicia social y distributiva”[13]. El principio de la par conditio creditorum es una manifestación del principio de paridad de tratamiento, basado en el criterio simétrico del do ut des. En otras experiencias jurídicas, como la italiana, la doctrina es sumamente crítica con el uso indiferenciado y absoluto de este principio, llegando a sostener que su aplicación debe ser residual, mientras que la jurisprudencia, admite una serie de excepciones[14].
La reflexión final es la de constatar que, dado el carácter dinámico de este principio, resulta sumamente limitado plantear el estudio del abuso de derecho en abstracto. En efecto, dadas las particularidades de cada derecho del cual se podría abusar, este principio se va enriqueciendo y resulta ser una exigencia analizarlo dentro de lo que los common lawyers llaman law in action.
[1] Profesor de Derecho Civil en las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima.
[2] Juan ESPINOZA ESPINOZA, Los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil Peruano de 1984. Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial, segunda edición, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2005, 130.
[3] Joaquín LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte General, Tomo II, Personas Jurídicas, Bienes, Hechos y Actos Jurídicos, duodécima edición, actualizada por Daniel RAFFO BENEGAS, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1986, 180.
[4] Ricardo RUIZ SERRAMALERA, Derecho Civil. Parte General, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 1980, 472.
[5] Carlos FERNÁNDEZ SESSAREGO, Abuso de derecho, Astrea, Buenos Aires, 1992, 163.
[6] Antonio GAMBARO, Nota a sentencia del Tribunal de Torino, 13.06.83, en Responsabilità ci vile e previdenza, Giuffrè, 1983, 824 y en Abuso del diritto, II) Diritto comparato e straniero, en Enciclopedia Giuridica, Istituto della Enciclopedia Giuridica fondata da Giovanni Treccani, I, Roma, 1988, 2.
[7] Joaquín LLAMBÍAS, op. cit., 181 y 182.
[8] Permítaseme remitir a Juan ESPINOZA ESPINOZA, Derecho de la Responsabilidad Civil, tercera edición corregida, Gaceta Jurídica, 2005, 129.
[9] En este artículo se agrega que: “Son casos de abuso de posición de dominio:
a) La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de venta o prestación de productos o servicios.
c) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos;
d) La aplicación en la venta local de materias primas, cuyos precios de venta se rigen en base a cotizaciones internacionales, de sistemas de fijación de precio, condiciones de venta, de entrega o de financiamiento que impliquen la obtención de mayores valores de venta en el mercado local que los valores de venta ex planta netos obtenibles en la exportación de esas mismas materias primas;
e) El aprovechamiento de los términos concedidos por los Convenios de estabilidad tributaria suscritos con anterioridad a la vigencia del presente Decreto Legislativo, en forma tal que impidan a otras empresas productoras de bienes similares las posibilidades de competencia equitativa, tanto en el mercado nacional, como en el internacional.
f) Otros casos de efecto equivalente.”
[10] Alfredo BULLARD GONZALES, Legislación antimonopólica y el mito del Muro de Berlín, en en Thémis, Segunda Epoca, No. 30, Lima, 1994, 403.
[11] Juan ESPINOZA ESPINOZA, Ejercicio abusivo del derecho, en Código Civil Comentado, Tomo I, Título Preliminar, Derecho de las Personas, Acto Jurídico, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, 24-31.
[12] Juan ESPINOZA ESPINOZA, Las cláusulas vejatorias en los contratos estipulados unilateralmente, en Estudios sobre el Contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002), Selección, traducción y notas de Leysser LEÓN HILARIO, ARA Editores, Lima, 2003, 584.
[13] Pietro PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, ESI, Napoli, 1991, 178.
[14] Guido ALPA, I principi generali, en Trattato di Diritto Privato, a cura de Giovanni IUDICA y Paolo ZATTI, Giuffrè, Milano, 1993, 407.
Publicado por Fernando Murillo Flores en 13:47 1 comentario:
EL DERECHO DÚCTIL[1]
1. Lo que cuenta es la "idea" del derecho, de la Constitución. La idea es tan determinante que a veces, cuando está particularmente viva y es ampliamente aceptada, puede incluso precisndirse de la "cosa" misma como sucede con la Constitución en Gran Bretaña. Por el contrario, cuando la idea no existe o se disuelve en una variedad de perfiles, el derecho positivo se pierde en una babel de lenguas incomprensibles.
2. De "Estado de derecho" a "Estado constitucional" (de eso trata este libro). La idea del derecho que el Estado constitucional implica no ha entrado plenamente en el aire que respiran los juristas.
La transformación de la soberanía
3. La idea tradicional de soberanía nacional
En la idea de soberanía -entendida originariamente como situación eficiente de una fuerza material empeñada en construir y garantizar su supremacía y unicidad en la esfera política-, se encontraba implícito el principio de exclusión y beligerancia frente a lo ajeno. El Estado soberano no podía admitir competidores; si se hubiese permitido una concurrencia, el estado habría dejado de ser políticamente el "todo" para pasar a ser simplemente una "parte" de sistemas políticos más comprensivos, con lo que inevitablemente se habría puesto en cuestión la soberanía.
Desde la perspectiva interna, la soberanía indicaba la inconmensurabilidad del Estado frente a cualquiera otros sujetos y, por tanto, la imposibilidad de entrar en relaciones jurídicas con ellos. Frente al Estado soberano sólo podía exisit relaciones de sujeción. Desde la perspectiva externa, los Estados se presentaban como fortalezas cerradas, protegidas por el principio de la no injerencia. Podía darse la lucha entre soberanías (la guerra) o la coexistencia de soberanías (tratados internacionales).
4. El Estado soberano como "persona"
La soberanía se expresaba mediante la reconducción de cualquier manifestación de fuerza política a la "persona" soberana del Estado: una grandiosa metáfora que permitía a los juristas hablar del Estado como de un sujeto unitario abstracto y capaz de manifestar su voluntad.
La ciencia política ha desemascarado esta ficción y ha mostrado las fuerzas reales, los grupos de poder, las élites, las clases políticas o sociales, etc., de las que la "persona" estatal no era más que una representación, una pantalla. Desde el punto de vista jurídico, esta concepción desempeñaba una función de gran importancia e incidencia práctica: permitía dotar a cuantos actuaban en nombre del Estado y según su derecho.
5. La progresiva corrosión del Estado soberano
Desde fines del siglo XIX actúan vigorosamente fuerzas corrosivas, tanto interna como externamente: el pluralismo político y social interno, que se opone a la idea misma de soberanía y de sujeción; la formación de centros de poder alternativos y concurrentes con el Estado, que operan en el campo político, económico, cultural y religioso. La progresiva institucionalización de "contextos" que integran sus poderes en dimensiones supraestatales, sustrayéndolos asi a la disponibilidad de los Estados particulares.
La "soberanía" de la Constitución
6. Si valoramos la reflexión cinetífica sobre el derecho público en estas décadas, notamos que los términos y los conceptos empleados son básicamente los mismos de otros tiempos, que han sido heredados de la tradición; ahora bien, ya no producen significados unívocos y estables. Por ende, el rasgo más notorio del derecho público actual no es la sustitución radical de las categorías tradicionales, sino su pérdida de la posición central. Hoy en día el significado debe ser construido.
7. Las sociedades pluralistas actuales (sociedades marcadas por las presencia de grupos sociales con intereses, ideologías y proyectos diferentes, pero sin que ninguno tenga fuerza suficiente para hacerse exclusivo o dominante), esto es, las sociedades dotadas en su conjunto de cierto grado de relativismo, asignan a la Constitución no la tarea de establecer directamente un proyecto predeterminado de vida en común sino la de realizar las condiciones de posibilidad de la misma. Desde la Constitución, como plataforma de partida que representa la garantía de legitimidad para cada uno de los sectores sociales, puede comenzar la competición para imprimir al Estado una orientación de uno u otro signo en el ámbito de las posibilidades ofrecidas por el compromiso constitucional. En ese sentido, hay quienes plantean sustituir la soberanía del Estado por la soberanía de la Constitución.
8. La asunción del pluralismo en una Constitución democrática es simplemente una propuesta de soluciones y coexistencias posibles, es decir, un "compromiso de las posibilidades" y no un proyecto rígidamente ordenador que pueda asumirse como un a priori de la política. Sólo asi podremos tener Constituciones "abiertas" que permitan, dentro de los límites constitucionales, tanto la espontaneidad de la vida social como la competición para asumir la direccióm política. Será la política constitucional y no la Constitución la que podrá determinar los resultados constitucionales históricos concretos. La "política constitucional" no es ejecución de la Constitución sino la realización de la misma en uno de los cambiantes equilibrios en los que puede hacerse efectiva.
La ductilidad constitucional
9. Si mediante una palabra quisiéramos indicar el sentido de este carácter esencial del derecho de los Estados constitucionales actuales, quizás podríamos usar la imagen de la ductilidad. La coexistencia de valores y principios, sobre la que hoy debe basarse necesariamente una Constitución para no renunciar a sus cometidos de unidad e integración y al mismo tiempo no hacerse incompatible con su base material pluralista, exige que cada uno de tales valores y principios se asuma con carácter no absoluto, compatible con aquellos otros con los que debe convivir. Solamente asume carácter absoluto el metavalor que se expresa en el doble imprativo del pluralismo de los valores y la lealtad en su enfrentamiento.
10. Los términos a los que hay que asociar la ductilidad constitucional son la coexistencia y el compromiso. La visión de la política que está implícita no es la de la relación de exclusión e imposición por la fuerza sino la inclusiva de integración a través de la red de valores y procedimientos comunicativos, que es además la única visión no catastrófica de la política posible en nuestro tiempo. La visión que muchos tienen a fines del siglo XX es la de una gran desolación de ideales, ideologías y esperanzas truncadas.
11. No se trata en absoluto de una renuncia, de un pobre "justo medio". Se trata, por el contrario, de una mayor plenitud de vida constitucional que no debe mantenerse con la actitud resignada de quien se pliega a una necesidad en espera de tiempos mejores para restaurar una concepción constitucional simplificada, menos basada en el compromiso y, por tanto, en este sentido, fuerte, Una plenitud de vida colectiva que exige actitudes moderadas pero positivas y constructivas.
La aspiración a la convivencia de los principios
12. La condición espiritual del tiempo en que vivimos podría describirse como la aspiración no a uno sino a los muchos principios o valores que conforman la convivencia colectiva: la libertad de la sociedad, pero también las reformas sociales, la igualdad ante la ley pero también la especialidad de las reglas jurídicas, el reconocimiento de los derechos del individuo pero también de los derechos de la sociedad, la valoración de las capacidades materiales de los individuos pero también la protección de los bienes colectivos frente a la fuerza destructura de aquellos, la responsabilidad individual en la determinación de la propia existencia pero tambiñen la intervención colectiva en apoyo al más débil, etc.
13. El imperativo teórico de no contradicción no debería obstaculizar la labor, propia de la jurisprudencia, de intentar realizar la "concordancia práctica" de las diversidades e incluso de las contradicciones; no mediante la simple amputación de potencialidades constitucionales sino principalmente mediante prudentes soluciones acumulativas, combinatorias, compensatorias, que conduzcan a los principios constitucionales a un desarrollo conjunto y no a un declive conjunto.
Una dogmática fluida
14. He defendido la exigencia de una dogmática jurídica "líquida" o "fluida" que pueda contener los elementos del derecho constitucional de nuestra época, aunque sean heterogéneos, agrupándolos en una construcción necesariamente no rígida que dé cabida a combinaciones que deriven no ya del derecho constitucional sino de la política constitucional. La dogmática constitucional debe ser como el líquido donde las sustancias que se vierten -los conceptos- mantienen su individualidad y coexisten sin choques destructivos, aunque con ciertos movimientos de oscilación y, en todo caso, sin que jamás un solo componente pueda imponerse o eliminar a los demás.
15. El único contenido "sólido" que la ciencia constitucional debe defender decididamente contra las agresiones de sus enemigos es el de la pluralidad de valores y principios. El único valor "simple" es de la atemperación necesaria y el único contenido constitucional que no se presta a ser "integrado" en otros más comprensivos y que, por consiguiente, puede asumir la dureza de un concepto constitucional "combatiente" es el de la necesaria coexistencia de los contenidos. Pero más allá de los escasos supuestos en que la propia Constitución establece gradaciones y jerarquías, el modo en los valores y principios convivan ya no es un problema de la ciencia constitucional sino de la política constitucional.
16. La hipótesis que orienta las observaciones que siguen es que cada uno de los "grandes temas" del derecho constitucional actual se caracteriza estructuralmente por la presencia de elementos constitutivos que, para poder coexistir, deben ser relativizados entre sí, es decir, deben hacerse dúctiles o moderados.
17. El "Estado de derecho"
ü La expresión "Estado de derecho" es ciertamente una de las más afortunadas de la ciencia jurídica contemporánea. El Estado de derecho indica un valor y alude sólo a una de las direcciones de desarrollo de la organización del Estado pero no encierra en sí consecuencias precisas. El valor es la eliminación de la arbitrariedad en el ámbito de la actividad estatal que afecta a los ciudadanos. La dirección es la inversión de la relación entre poder y derecho. El concepto es tan abierto que todas las épocas, en función de sus exigencias, han podido llenarlo de contenidos diversos más o menos densos.
ü El calificativo de Estado de derecho se habría podido aplicar a cualquier situación en que se excluyese la eventual arbitrariedad pública y privada y se garantizace el respeto a la ley, cualquiera que ésta fuese. Al final, todos los "Estados" habrían debido llamarse genéricamente "de derecho". Llegaba a ser irrelevante que la ley impuesta se resolviese en medidas personales, concretas y retroactivas. Al final, se podía incluso llegar a invertir el uso de la nocion de Estado de derecho, apartándola de su origen liberal y vinculándola a la dogmática del Estado totalitario.
ü Pero el Estado liberal de derecho tenía necesariamente una connotación sustantiva relativa las funciones y fines del Estado. Asi, en la clásica exposición del derecho administrativo de Otto Mayer, la idea de Rechtsstaat en el sentido de Estado liberal, se caracteriza por la concepción de la ley como acto deliberado de un Parlamento representativo y se concreta en: a) la supremacía de la ley sobre la Administración; b) la subordinación a la ley de los derechos de los ciudadanos; c) la presencia de jueces independientes con competencia exclusiva para aplicar la ley. De este modo, el Estado de derecho asumía un significado que comprendía la representación electiva, los derechos de los ciudadanos y la separación de poderes.
ü Con estas formulaciones la tradicional concepción de la organización estatal apoyada sólo sobre el principio de autoridad, comienza a experimentar un cambio. El sentido general del Estado liberal de derecho consiste en el condicionamiento de la autoridad del Estado a la libertad de la sociedad, en el marco del equilibrio recíproco establecido por la ley.
18. El principio de legalidad. Excursus sobre el rule of law
ü Los aspectos del Estado liberal de derecho indicados remiten todos a la primacía de la ley frente a la administración, la jurisdicción y los ciudadanos. El Estado liberal de derecho era un Estado legislativo que se afirmaba a sí mismo a través del principio de legalidad. Este principio expresa la idea de la ley como acto normativo supremo e irresistible al que, en línea de principio, no es oponible ningún derecho más fuerte, cualquiera que sea su forma y fundamento: ni el poder de excepción del rey y de su administración, ni la inaplicación por parte de los jueces o la resistencia de los particulares. La primacía de la ley señalaba así la derrota de las tradiciones jurídicas del ancient régime. El Estado de derecho y el principio de legalidad suponían la reducción del derecho a la ley y la exclusión, o por lo menos, la sumisión a la ley de todas las demás fuentes del derecho.
ü En todas las manifestaciones del Estado de derecho la ley se configuraba como la expresión de la centralización del poder político. La eminente "fuerza" de la ley se vinculaba asi a un poder legislativo capaz de decisión soberana en nombre de una función ordenadora general.
ü En la soberanía legislativa estaba ínsita la fuerza normativa absoluta pero también el deber de asumir por entero el peso de todas las exigencias de regulación. Máximo poder pero máxima responsabilidad también. En este sentido, el principio de legalidad no era más que la culminación de la tradición absolutista del Estado; el hecho de que el Rey fuese ahora sustituido o apoyado por asambleas parlamentarias cambiaba las cosas en muchos aspectos, pero no en la consideración de la ley como elemento de sostén o fuerza motriz exclusiva de la gran máquina del Estado.
ü En este fundamental aspecto del principio de legalidad, se diferenciaba claramente el principio inglés del rule of law; distinto porque se desarrolló a partir de otra historia constitucional pero orientado a la defensa de similares ideales políticos.
ü Rule of law not of men no sólo evocaba el gobierno de las leyes en lugar del gobierno de los hombres, sino también la lucha histórica que el parlamento inglés había librado contra el absolutismo regio. En la tradición europea continental, la impugnación del absolutismo significó la pretensión de sustituir al rey por otro poder absoluto, la asamblea soberana; en Inglaterra, la lucha contra el absolutismo consistió en oponer a las pretensiones del rey los "privilegios y libertades" tradicionales de los ingleses. No hay modo más categórico de indicar la diferencia que el siguiente: el absolutismo regio fue derrotado, en un caso, como poder regio; en otro, como poder absoluto. Por eso, sólo en el primer caso se abrió la vía a lo que será el absolutismo parlamentario por medio de la ley; en el segundo, la ley se concebía solamente como uno de los elementos constitutivos de un sistema jurídico complejo, el "common law", nacido de elaboración judicial, de historia y de tradiciones.
ü La originaria concepción inglesa de la ley como "producto de justicia" (o de negociación con el rey", más que voluntad política soberana, puede sorprender a quien tiene las ideas modeladas sobre la tradición constitucional de la Europa continental, pero a la luz de los avatares históricos del constitucionalismo inglés no tiene nada de incomprensible.
ü La naturaleza de órgano de garantía de las libertades inglesas armonizaba perfectamente con una concepción de la actividad parlamentaria más "jurisdiccional" que "política" en el sentido continental. El Parlamento podía considerarse, al estilo medieval, un Tribunal de justicia. El procedimiento parlamentario no se encontraba en las antípodas del modelo judicial: en ambos casos regía la exigencia del due process.
ü En esto radica toda la diferencia entre el Estado de derecho continental y el rule of law británico. El rule of law se orienta originariamente por la dialéctica del proceso judicial, aun cuando se desarrolle en el parlamento; la idea del Rechtsstaat, en cambio, se reconduce a un soberano que decide unilateralmente. Para el rule of law, el desarrollo del derecho es un proceso inacabado, históricamente siempre abierto. El Rechtsstaat -concebido desde un punto de vista iusnaturalista- tiene en mente un derecho universal y atemporal.
ü Estas contraposiciones reflejan los modelos iniciales, pero han cambiado mucho las cosas al hilo de una cierta convergencia entre los dos sistemas. Desde el siglo XIX el rule of law se ha transformado en la sovereignity of Parliament, lo que indudablemente ha aumentado el peso del derecho legislativo aunque sin llegar a suplantar al common law.
19. Libertad de los ciudadanos, vinculación de la Administración: el significado liberal del principio de legalidad
ü Según la primera y más rigurosa concepción del principio de legalidad, el poder ejecutivo, carente de potestades originarias, dependía íntegramente de la ley que -a cuentagotas- le atribuía cada potestad singular. La capacidad de actuar del ejecutivo dependía de las leyes de autorización y sólo era válida dentro de los límites de dicha autorización. La segunda concepción, por el contrario, atribuía al ejecutivola titularidad originaria de potestades para la protección de los intereses del Estado, circunscribiéndola solo desde fuera por medio de leyes delimitadoras.
ü La tarea típica de la ley consistía, por consiguiente, en disciplinar los puntos de colisión entre intereses públicos e intereses privados mediante la valoración respectiva del poder público y de los derechos particulares, de la autoridad y de la libertad.
ü Esta distinta posición frente a la ley, que diferenciaba a la Administración pública de los sujetos privados, era la consecuencia de asumir, junto al principio de legalidad, el principio de libertad como pilar del Estado de derecho decimonónico.
ü Todo lo anterior no es más que un modo de expresar los principios fundamentales de toda Constitución auténticamente liberal, de todo Estado liberal de derecho: la libertad de los ciudadanos (en ausencia de leyes) como regla, la autoridad del Estado (en presencia de leyes) como excepción.
20. La ley como norma general y abstracta
ü La generalidad es la esencia de la ley en el Estado de derecho. En efecto, el hecho de que la norma legislativa opere frente a todos los sujetos de derecho, sin distinción, está necesariamente conectado con algunos postulados fundamentales del Estado de derecho, como la moderación del poder, la separación de poderes y la igualdad ante la ley. El Estado de derecho es enemigo de los excesos, es decir, del uso "no regulado" del poder. La generalidad de la ley comporta una "normatividad media", esto es, hecha para todos, lo que naturalmente contiene una garantía contra un uso desbocado del propio poder legislativo.
ü La generalidad es además la premisa para la realización del importante principio de la separación de poderes. Si las leyes pudiesen dirigirse a los sujetos considerados individualmente sustituirían a los actos de la Administración y a las sentencias de los jueces. El legislador concentraría en sí todos los poderes del Estado. La generalidad de la ley era, en fin, garantía de la imparcialidad del Estado respecto a los componentes sociales, asi como de su igualdad jurídica.
ü Vinculada a la generalidad estaba la abstracción de las leyes, que puede definirse como "generalidad en el tiempo" y que consiste en prescripciones destinadas a valer indefinidamente y, por tanto, formuladas mediante "supuestos de hecho abstractos". La abstracción respondía a una exigencia de la sociedad liberal tan esencial como la generalidad: se trataba de garantizar la estabilidad del orden jurídico y, por consiguiente, la certeza y previsibilidad del derecho. La abstracción es enemiga de las leyes retroactivas, necesariamente "concretas", como también de las leyes "a término".
21. La homogeneidad del derecho legislativo en el Estado liberal: el ordenamiento jurídico como dato
ü Con respecto a la jurisdicción, se tratab de sancionar definitivamente la degradación de los cuerpos judiciales a aparatos de mera aplicación de un derecho no elaborado por ellos y la eliminación de cualquier función de contrapeso activo.
ü La Administración también estaba subordinada a la ley, pero dadas las raíces absolutistas de los ordenamientos europeo-continentales, difícilmente podía pensarse que se situara en una posición de paridad con otros sujetos no públicos. Esta consideración explica las dificultades que se presentarion durante el siglo XIX, pese a la afirmación generalizada del principio de legalidad, para realizar este principio en relación con la Administración.
ü Las leyes, al ocupar la posición más alta, no tenían por encima ninguna regla jurídica que sirviese para establecer límites, para poner orden. Pero no había necesidad de ello; jurídicamente la ley lo podía todo porque estaba materialmente vinculada a un contexto político-social de hegemonía de la burguesía.
ü No podríamos comprender esta concepción en su significado pleno si pensáramos en "la ley" como en "las leyes" que conocemos hoy, numerosas, cambiantes, fragmentarias, ocasionales. La ley por excelencia era entonces el código, cuyo modelo histórico durante todo el siglo XIX estaría representado por el Código civil napoléonico. En los códigos estaban reunidas y exaltadas todas las características de la ley: la voluntad positiva del legislador, capaz de imponerse en todo el territorio del Estado; el carácter deductivo del desarrollo de las normas; la generalidad y la abstracción, la sistematicidad y la plenitud.
22. Positivismo jurídico y Estado de derecho legislativo
ü La concepción del derecho porpia del Estado de derecho, del principio de legalidad y del concepto de ley del que hemos hablado era el "positivismo jurídico" como ciencia de la legislación positiva. La idea expresada por esta fórmula presupone una situación histórica concreta: la concetración de la producción jurídica en una sola instancia constitucional, la instancia legislativa. Su significado supone una reducción de todo lo que pertenece al mundo del derecho a lo dispuesto por la ley. Era pues apropiada la afirmación despectiva: tres palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras en basura.
ü Pero esta vocación de la ciencia del derecho es la que ha sido mantenida por el positivismo acrítico en el curso del siglo XIX y todavía hoy suele estar presente, como un residuo, en la opinión que, por lo general, inconscientemente, tienen de sí mismos los juristas prácticos (sobre todo los jueces). Pero es un residuo que sólo se explica por la fuerza de la tradición. El Estado constitucional está en contradicción con esta inercia mental.
23. El Estado constitucional
ü La ley, por primera vez en la época moderna, viene sometida a una relación de adecuación y por tanto de subordinación, a un estrato más alto de derecho establecido por la Constitución. De por sí, esta innovación podría presentarse, y de hecho se ha presentado, como una simple continuación de los principios del Estado de derecho que lleva hasta sus últimas consecuencias la compñleta sujeción al derecho de todas las funciones del Estado, incluida la legislativa. Con ello, podría decirse, se realiza de la forma más completa posible el principio frecuentemente considerado como una de las bases ideológicas que fundamentan el Estado de derecho.
ü Sin embargo, si de las afirmaciones genéricas se pasa a comparar los caracteres concretos del Estado de derecho decimonónico con los del Estado constitucional actual, se advierte que, más que de una continuación, se trata de una profunda transformación que incluso afecta la concepción del derecho.
24. La ley, la Administración y los ciudadanos
ü En la actualidad ya no vale la distinción entre la posición de los particulares y la de la Administración frente a la ley. Hoy sería problemático proponer de nuevo con carácter general la doble regla que constituía el sentido del principio de legalidad: libertad del particular en línea de principio, poder limitado del Estado en línea de principio. Esta regla está ya erosionada en ambas direcciones en relación con los particulare y con la Administración.
ü La realización de tareas de gestión directa de grandes intereses públicos requiere la existencia de grandes aparatos organizativos que actúan necesariamente según su propia lógica, determinada por reglas empresariales de eficiencia, exigencias objetivas de funcionamiento, intereses sindicales de los empleados. Este conjunto de reglas es expresión de una lógica intrínseca a la organización y refractaria a una normativa externa. He aquí un importante factor de crisis del principio tradicional de legalidad.
ü Se afirma así un principio de autonomñia funcional de la Administración que, en el ámbito de leyes que simplemente indican tareas, restablece situaciones de supremacía necesarias para el desempeño de las mismas, atribuyendo implícitamente, en cada caso, las potestades que se precisan para su realización. En estos supuestos no podría hablarse de mera ejecución de la ley. En presencia de objetivos sustanciales de amplio alcance, indicados necesariamente mediante formulaciones genéricas y cuya realización supone una cantidad y variedad de valoraciones operativas que no pueden ser previstas, la ley se limita a identificar a la autoridad pública y a facultarla para actuar en pro de un fin de interés público. Para todo lo demás, la Administración actúa haciendo uso de una específica autonomía instrumental, cuyos límites, en relación con el respeto a las posiciones subjetivas de terceros, resultan fundamentalmente imprecisos.
ü Se produce también una pérdida de la posición originaria de los particulares frente a la ley en numerosos sectores del derecho que ya no se inspiran en la premisa liberal de la autonomía como regla y del límite legislativo como excepción. No es sólo que la ley intervenga para orientar, esto es para enderezar la libertad individual a fines colectivos, autorizando a la Administración a poner en marcha medidas "conformadoras" de la autonomía privada. Es que además, en determinados sectores particularmente relevantes por la connotación "social" del Estado contemporáneo, se niega el principio de la libertad general salvo disposición legislativa en contrario. En su lugar se establecen prohibiciones generales como presupuesto de normas o medidas particulares que eventualmente las remuevan en situaciones específicas y a menudo tras el pago de sumas en concepto de títulos diversos (bienes escasos o medio ambiente, por ejemplo).
ü De este modo, frente a los peligros de una libertad sin responsabilidad, resurge la llamada a un paternalismo del Estado del que quizás no pueda prescindirse en asuntos como los de los bienes escasos. La regla liberal clásica, según la cual las actividades privadas siempre son lícitas si no vienen expresamente prohibidas por la ley, invierte su sentido en algunos supuestos y, en cualquier caso, ya no puede ser afirmada con carácter general.
25. La reducción de la generalidad y abstracción de las leyes
ü La época actual viene marcada por la "pulverización" del derecho legislativo, ocasionada por la multiplicación de leyes de carácter sectorial y temporal, es decir, de reducida generalidad o de bajo grado de abstracción, hasta el extremo de las "leyes-medida" y las retroactivas, las que en vez de normas son medidas.
ü Las razones de la actual desaparición de las características "clásicas" de la ley pueden buscarse en la amplia diversificación de grupos y estratos sociales. Dichos grupos dan lugar a una acentuada diferenciación de tratamientos normativos, sea como implicación del principio de igualdad del "Estado social", sea como consecuencia de la presión que los intereses corporativos ejercen sobre el legislador. La creciente vitalidad de tales grupos determina además cada vez más rápidas transformaciones sociales que requieren normas jurídicas ad hoc, adecuadas a las necesidadces y destinadas a perder rápidamente su sentido y a ser sustituidas cuando surjan nuevas necesidades.
ü Debe añadirse la cada vez más marcada "contractualización" de los contenidos de la ley. El acto de creación del derecho es la conclusión de un proceso político en el que participan numerosos sujetos sociales particulares (grupos de presión, sindicatos, partidos). El resultado de este proceso plural está marcado por el rasgo de la ocasionalidad; cada uno de los actores sociales, cuando cree haber alcanzado fuerza suficiente para orientar en su propio favor los términos del acuerdo, busca la aprobación de nuevas leyes que sancionen la nueva relación de fuerzas.
ü En estas circunstancias, se reduce notablemente la aspiración de la ley a convertirse en factor de ordenación. Mas bien expresa un desorden al que intenta, a lo sumo, poner remedio ex post factum.
26. La heterogeneidad del derecho en el Estado constitucional: el ordenamiento jurídico como problema
ü A la pulverización de la generalidad de la ley se añade la heterogeneidad de sus contenidos. El pluralismo de las fuerzas políticas y sociales, conduce a la heterogeneidad de los valores e intereses expresados en las leyes.
ü La ley -en este punto de la historia- ya no es la expresión "pacífica" de una sociedad política internamente coherente, sino que es manifestación e instrumento de competición y enfrentamiento social; no es el final sino la continuación de un conflicto; no es un acto impersonal, general y abstracto, expresión de intereses objetivos, coherentes, racionalmente justificables y generalizables. Es, por el contrario, un acto personalizado (en el sentido que proviene de grupos identificables de personas y está dirigido a otros grupos igualmente identificables) que persigue intereses particulares. La ley, en suma, ya no es garantía absoluta de estabilidad, sino que ella misma se convierte en instrumento y causa de inestabilidad.
ü La amplia "contractualización" de la ley da lugar a que la mayoría legislativa es sustituida, cada vez con más frecuencia, por cambiantes coaliciones legislativas de intereses que operan mediante sistemas de do ut des. La consecuencia es el carácter cada vez más compromisorio del producto legislativo, tanto más en la medida en que la negociación se extienda a fuerzas numerosas y con intereses heterogéneos.
ü Las leyes pactadas, para poder conseguir el acuerdo político y social al que aspiran, son contradictorias, caóticas, oscuras y, sobre todo, expresan la idea que todo es susceptible de transacción entre las partes, incluso los más altos valores.
ü La estatalidad del derecho, que era una premisa del positivismo del siglo XIX, es puesta en tela de juicio y la ley se retrae con frecuencia para dejar sectores enteros a regulaciones de origen diverso, provenientes bien de sujetos públicos locales (descentralización), bien de la autonomía de sujetos sociales (empresarios y sindicatos).
27. La función unificadora de la Constitución. El principio de constitucionalidad
ü El siglo XX ha sido definido como el del "legislador motorizado" en todos los sectores del ordenamiento jurídico, sin exclusión de ninguno. Como consecuencia, el derecho se ha "mecanizado" y "tecnificado". Las constituciones contemporáneas intentan poner remedio a estos efectos destructivos del orden jurídico mediante la previsión de un derecho más alto, dotado de fuerza obligatorio incluso para el legislador.
ü El objetivo es condicionar y, por tanto, contener, orientándolos, los desarrollos contradictorios de la producción del derecho, generados por la heterogeneidad y ocasionalidad de las presiones sociales que se ejercen sobre el mismo.
ü La antigua exigencia de someter la actividad del ejecutivo y de los jueces a reglas generales y estables, se extiende hasta alcanzar a la propia actividad del legislador. He aquí, entonces, la oportunidad de cifrar dicha unidad en un conjunto de principios y valores constitucionales superiores sobre los que, a pesar de todo, existe un consenso social suficientemente amplio.
ü El pluralismo no degenera en anarquía normativa siempre que, pese a la diferencia de estrategias particulares de los grupos sociales, haya una convergencia general sobre algunos aspectos estructurales de la convivencia política y social que puedan, asi, quedar fuera de toda discusión y ser consagrados en un texto indisponible para los ocasionales señores de la ley.
ü La ley, un tiempo medida exclusiva de todas las cosas en el campo del derecho, cede asi el paso a la Constitución. Es destronada a favor de una instancia más alta. Y esta instancia más alta asume ahora la importantísima función de mantener unidas y en paz sociedades enteras divididas en su interior. Una función inexistente en otro tiempo, cuando la sociedad política estaba, y se presuponía que era en sí misma, unida y pacífica. En la nueva situación, el principio de constitucionalidad es el que debe asegurar la consecución de este objetivo de unidad.
28. Rasgos de la unificación del derecho en el Estado constitucional
ü Si pensásemos, mediante una trasposición del viejo orden conceptual, en una mecánica unificación de arriba hacia abajo, por medio de una fuerza jurídica jerárquicamente superior que se desarrolla unilateral y deductivamente a partir de la Constitución, invadiendo todas las demás y subordinadas manifestaciones del derecho, andaríamos completamente errados. Estaríamos proponiendo de nuevo un esquema que simplemente sustituye la soberanía concreta del soberano (un monarca o una asamblea parlamentaria), que se expresaba en la ley, por una soberanía de la Constitución.
ü Lo que viene operando no es en absoluto una unificación sino una serie de divisiones. Al respecto, lo que caracteriza al "Estado constitucional" actual es ante todo la separación entre los distintos aspectos o componentes del derecho que en el Estado de derecho del siglo XIX estaban unificados o "reducidos" en la ley.
ü La supervivencia "ideológica" del positivismo jurídico es un ejemplo de la fuerza de inercia de las grandes concepciones jurídicas, que a menudo continúan operando como residuos, incluso cuando ya han perdido su razón de ser a causa del cambio de las circunstancias que originariamente las habían justificado.
[1] Resumen de “Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Editorial Trotta, Madrid, 1995, capitulos 1 (pp. 7-20) y 2 (pp. 21-45). Texto proporcionado por los profesores Juan Carlos Ruíz Molleda y Carlos Rivera Paz en el curso “Introducción al funcionamiento del sistema de justicia en el Perú” (DER103) del ciclo 2007-2 en la facultad de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Publicado por Fernando Murillo Flores en 8:18 No hay comentarios:
Una versión preliminar de las ideas que se exponen en este artículo fue publicada en este blog el 10 de setiembre de 2007. El presente artículo es una ampliación del mismo.
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References: artículo 4
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 artículo 43
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