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Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 4/2013, DE 21 DE MAYO, DE GOBIERNO ABIERTO DE EXTREMADURA (DOE DEL 24)
Título preliminar. Ámbito y principios generales (Arts. 1 a 4)
Título I. Administración abierta (Arts. 5 a 29)
Capítulo I. Transparencia en la actividad administrativa (Arts. 5 a 14)
Art. 6. Programación
Art. 7. Elaboración de disposiciones de carácter general
Art. 8. Contratos públicos
Art. 9. Concesión de servicios
Art. 10. Convenios de colaboración
Art. 11. Subvenciones y ayudas
Art. 12. Ordenación del territorio y urbanismo
Art. 13. Provisión de puestos
Art. 14. Transparencia en el gasto público
Capítulo II. Información pública (Arts. 15 a 29)
Sección 1.ª Régimen general (Arts. 15 a 18)
Art. 15. Derecho de acceso a la información pública
Art. 16. Límites al derecho de acceso a la información pública
Art. 17. Protección de datos personales
Art. 18. Acceso parcial
Sección 2.ª Ejercicio del derecho de acceso a la información pública (Arts. 19 a 29)
Art. 19. Solicitud
Art. 20. Solicitudes imprecisas
Art. 21. Causas de inadmisión
Art. 22. Intervención de terceros y otros órganos y entidades
Art. 23. Plazo para resolver
Art. 26. Formalización del acceso y costes
Sección 3.ª Reutilización de la información administrativa (Arts. 27 y 28)
Art. 27. Reutilización de la información administrativa
Art. 28. Condiciones para la reutilización
Sección 4.ª Información estadística (Art. 29)
Art. 29. Información estadística
Título II. Del buen Gobierno (Arts. 30 a 35)
Art. 30. Ámbito de aplicación
Art. 31. Principios éticos y de actuación
Art. 32. Conflictos de intereses
Art. 33. Declaraciones de actividades, bienes, derechos e intereses
Art. 34. Gobierno en funciones
Art. 35. Transparencia en la acción de gobierno y rendición de cuentas
Título III Participación y colaboración ciudadanas capítulo i condiciones básicas (Arts. 36 a 39)
Capítulo I. Condiciones básicas (Arts. 36 a 39)
Art. 36. Concepto y ámbito de aplicación
Art. 37. Principios e instrumentos
Art. 38. Consejo Extremeño de Ciudadanos
Art. 39. Debate público
Capítulo II. Derechos específicos de participación y colaboración (Arts. 40 a 42)
Art. 40. Derecho a la participación en la programación y en la elaboración de disposiciones generales
Art. 41. Iniciativas normativas
Art. 42. Proceso de racionalización administrativa y modelos de gestión
Título IV. Régimen de garantías (Arts. 43 y 44)
Art. 43. Reclamaciones de acceso
Art. 44. Recursos y reclamaciones
Primera. Plan de Simplificación Administrativa
Segunda. Portal de la Transparencia y Participación Ciudadana
Tercera. Asamblea de Extremadura
Cuarta. Plan de Formación
Quinta. De las responsabilidades en el ejercicio del gobierno abierto
Sexta. Regulaciones especiales para las obligaciones de transparencia y el derecho de acceso
Séptima. Igualdad de género en el lenguaje
LEY 4/2013, DE 21 DE MAYO, DE GOBIERNO ABIERTO DE EXTREMADURA (DOE DEL 24; BOE DE 7 DE JUNIO)
Existe una nueva cultura de cambio social, sustentada en unos profundos cambios tecnológicos, que impulsará a las administraciones (de todos los niveles) y a las organizaciones (profesionales, económicas, políticas, culturales académicas.) a ofrecer una respuesta organizada, fiable y solvente ante las expectativas de cambio y demanda de mayor democratización por parte de la ciudadanía. Son cada vez más voces las que apuntan a la necesidad de crear una cultura mucho más horizontal de colaboración y comunicación entre los ciudadanos y sus representantes.
El 19 de junio de 2012 la Mesa de la Asamblea de Extremadura acordó, a solicitud conjunta de los Grupos Parlamentarios Popular-Extremadura Unida (PP-EU), Socialista (PSOE-Regio - nalistas) e Izquierda Unida (IU-Verdes-SIEx) la creación de una Comisión No Permanente de Estudio para la Elaboración de una Propuesta de Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, como futuro instrumento que posibilitara una nueva forma de relación entre la Administración pública y la ciudadanía.
Inició así su andadura la comisión, a la que se incorporaron representantes de la Adminis - tración regional con el objetivo de elaborar una propuesta de ley conjunta, fruto del consenso de los tres grupos políticos con representación en la Asamblea.
El artículo 37 del Estatuto de Autonomía, como plasmación a nivel autonómico de los principios consagrados en los
Art. 1. Constitución de España como un Estado social y democrático de derecho
artículos 1.1, 9.2, 10.2, 20 y 103 de la Constitución española, impone a la Administración regional, bajo la dependencia de la Junta de Extremadura, servir con objetividad a los intereses generales y procurar satisfacer, con eficacia y eficiencia, las necesidades públicas, de conformidad con los principios constitucionales y estatutarios, respetando los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia y calidad en el servicio a los ciudadanos.
Artículo 1. Objeto y finalidad.—1. Es objeto de esta ley, conforme a lo establecido en los artículos 37 y 39 del Estatuto de Autonomía, la implantación de una nueva forma de relación del Gobierno y la Adminis - tración pública con la ciudadanía basada en la transparencia y orientada al establecimiento del llamado gobierno abierto. La pretensión es garantizar de forma efectiva:
a) La plena transparencia de la toma de decisiones y de la propia actividad de la Administra ción regional, así como de los organismos y entidades que la integran.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.—Están incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley:
Artículo 4. Principios generales.—La Administración pública ajustará su actuación al conjunto de principios previstos en la normativa básica del Estado. Además, habrán de informar la buena administración y el buen gobierno los siguientes:
Artículo 5. Actividad organizativa.—1. La Administración pública mantendrá permanentemente actualizadas y a disposición de los ciudadanos, en las unidades de información correspondientes y en sus sedes electrónicas, el esquema de su organización y el de sus organismos dependientes, con indicación de las funciones que desarrollan y la identificación de sus responsables.
Artículo 6. Programación.—1. La Administración pública publicará planes y programas anuales y plurianuales de su actividad, en los que se definirán los objetivos concretos y las actividades y medios necesarios para ejecutarlos, así como el tiempo estimado para su consecución.
Artículo 7. Elaboración de disposiciones de carácter general.—La Administración autonómica publicará los procedimientos de elaboración normativa que estén en curso, indicando su objeto, estado de tramitación, el proyecto normativo, así como la posibilidad que tienen las personas de realizar sugerencias y el procedimiento a seguir, sin que ello pueda suponer la sustitución del trámite de audiencia pública, en los supuestos en que sea preceptivo. También se publicarán las memorias y los otros documentos que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos.
Artículo 8. Contratos públicos.—Serán objeto de publicación en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadanas:
2. Los procedimientos que no conlleven publicidad en los diarios oficiales, cuando superen 12.000 euros para los contratos de suministro y servicios y 30.000 en los contratos obras.
Los datos a publicar serán los siguientes:
— Órgano de contratación, objeto del contrato, prescripciones técnicas, en su caso, el precio, los licitadores, el plazo de presentación de ofertas y el de formalización del contrato.
— Criterios de adjudicación, tanto los de valoración automática como los sujetos a juicio de valor y su ponderación.
— El cuadro comparativo de las ofertas económicas, de las propuestas técnicas y de las mejoras, si procede.
— Puntuación por cada oferta, con detalle para cada uno de los criterios, y resumen de la motivación.
— El adjudicatario, su solvencia técnica y económica.
— Las modificaciones del contrato que representen un incremento superior o igual al 10% del precio inicial de la licitación.
— Cesión y subcontratación, si procede, con identificación de los cesionarios y subcontratistas, y las condiciones de los acuerdos alcanzados entre estos y los contratistas, siempre que la normativa aplicable lo permita.
Artículo 9. Concesión de servicios.—1. La transparencia en la concesión de los servicios que tengan la consideración de públicos exigirá que los prestadores garanticen a los ciudadanos la información que les permita demandar la prestación de unos servicios de calidad y, en su caso, ejercitar sus derechos.
Artículo 10. Convenios de colaboración.—1. Deberán inscribirse en el Registro de Convenios, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de su firma, aquellos convenios que celebre la Administración autonómica con entidades públicas y privadas.
— Las partes, sus representantes y el carácter de esta representación.
— El objeto del convenio, con indicación de las actividades comprometidas y financiación.
— El plazo y condiciones de vigencia.
— En su caso, el lugar de publicación del convenio o acuerdo.
— Modificaciones operadas y las fechas de las mismas.
Artículo 11. Subvenciones y ayudas.—1. Con independencia de la publicidad de las subvenciones y ayudas, obligatoria de conformidad con la normativa reguladora, la Administración autonómica deberá publicar en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana:
— Una relación actualizada de las ayudas o subvenciones que vayan a convocarse durante el ejercicio presupuestario, con indicación de los importes destinados a las mismas, su objetivo o finalidad y las condiciones que deberán reunir los posibles beneficiarios.
— El texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones.
— Las concesiones de dichas ayudas o subvenciones dentro de los quince días siguientes al de su notificación o publicación, con indicación únicamente de la relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora.
— Las subvenciones concedidas fuera de los procedimientos de concurrencia competitiva.
— Las concesiones de créditos oficiales, cuando se otorguen sin intereses o con intereses inferiores a los de mercado.
— Las concesiones de ayudas en que la Administración asuma la obligación de satisfacer a la entidad prestamista todo o parte de los intereses.
— Las condonaciones de créditos.
— Cualquier otro acuerdo o resolución de los cuales resulte un efecto equivalente a la obtención de ayudas directas por parte del beneficiario.
— Las aportaciones dinerarias realizadas por las administraciones públicas a favor de otras entidades u organismos.
Artículo 12. Ordenación del territorio y urbanismo.—Los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos habrán de ser objeto de difusión a través del Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en el que se habrán de publicar los siguientes datos:
Artículo 13. Provisión de puestos.—Deberán ser objeto de publicación en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana los procedimientos de libre designación, la selección de personal directivo y laboral de alta dirección; candidatos y méritos aportados; propuesta motivada del candidato seleccionado; remuneración; los ceses y sus causas; los nombramientos, ceses, régimen retributivo, formación o trayectoria profesional del personal eventual. En el caso del personal directivo y laboral de alta dirección, se publicarán, además, los objetivos que se les hayan fijado y los resultados obtenidos de acuerdo con el procedimiento por el que deban evaluarse.
Artículo 14. Transparencia en el gasto público.—1. Las administraciones públicas darán publicidad a sus presupuestos y a los de sus entes dependientes; estados de ejecución; niveles de cumplimiento; principios de finanzas públicas; planes o programas que deban aprobarse con sus informes y memorias, variables de la situación económico-patrimonial de la entidad; cuenta de resultados; pérdidas y ganancias, estado del resultado presupuestario; remanente de tesorería; planes de saneamiento y económico-financieros de las haciendas locales. En particular, se reflejarán las partidas presupuestarias, así como la información trimestral del grado de ejecución, por secciones, capítulos y programas, con expresión pormenorizada, en su caso, del gasto público en publicidad institucional.
Artículo 15. Derecho de acceso a la información pública.—1. El derecho de acceso se configura como una obligación de proporcionar y difundir de forma constante, veraz, objetiva y accesible la información, para garantizar la transparencia de la actividad política, de la gestión pública y fomentar con ello la implicación de la ciudadanía.
Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar esta ley.
Artículo 16. Límites al derecho de acceso a la información pública.—1. El derecho de acceso a la información pública solo podrá ser limitado o denegado cuando de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio:
Artículo 17. Protección de datos personales.—1. Para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que contenga datos personales del propio solicitante, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 18. Acceso parcial.—1. En el caso de que la información solicitada esté afectada por alguna de las limitaciones establecidas en los artículos precedentes de esta ley o en la legislación básica del Estado, pero no se vea afectada la totalidad de la información, y siempre que sea posible, se concederá el acceso parcial, omitiendo la parte afectada por tal limitación, salvo que de ello resulte una información distorsionada que pudiera causar equívocos o carente de sentido.
Artículo 19. Solicitud.—1. Los ciudadanos tienen derecho a elegir los medios para relacionarse con las administraciones y sus organismos o entes dependientes.
— La identidad del solicitante.
— La indicación precisa de la información que se solicita, sin que sea requisito indispensable identificar un documento o expediente concretos.
— La forma o formato preferido de acceso a la información solicitada, en su caso.
— Una dirección de contacto válida a la cual puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la solicitud.
Artículo 20. Solicitudes imprecisas.—1. Si la solicitud de información pública estuviera formulada de manera imprecisa, se advertirá al solicitante de tal circunstancia, concediéndole un plazo máximo de diez días hábiles para su subsanación y ofreciéndole asistencia para la concreción de su solicitud.
Artículo 21. Causas de inadmisión.—Serán inadmitidas a trámite, previa resolución motivada, las solicitudes:
Artículo 22. Intervención de terceros y otros órganos y entidades.—1. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, siempre que estas pudieran ser determinantes del sentido de la resolución. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
Artículo 23. Plazo para resolver.—1. Las resoluciones que resuelvan las peticiones de acceso a la información se adoptarán y notificarán con la mayor celeridad posible, y en todo caso en el plazo máximo de treinta días hábiles desde su recepción por el órgano competente.
Artículo 24. Resolución.—1. La resolución se formalizará por escrito y se notificará al solicitante y, en su caso, a terceros afectados. Cuando sea estimatoria, total o parcialmente, de la solicitud, indicará la forma o formato de la información y, cuando proceda, el plazo y las circunstancias del acceso, que deberán garantizar la efectividad del derecho y la integridad de la información en el menor plazo posible.
Artículo 25. Régimen de impugnaciones.—1. Las resoluciones dictadas serán objeto de los recursos administrativos y contencioso-administrativos previstos en la legislación que resulte de aplicación.
Artículo 26. Formalización del acceso y costes.—1. El órgano competente deberá suministrar la información en la forma o formato solicitado, en el marco de la legislación básica del Estado, a menos que concurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación:
Artículo 27. Reutilización de la información administrativa.—1. Para mejorar la transparencia y generar confianza en la sociedad, las administraciones incardinadas en el ámbito de aplicación de esta ley procederán a una efectiva apertura de los datos públicos no sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o propiedad que obren en su poder, para su reutilización por los ciudadanos con fines comerciales o no, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública.
Artículo 28. Condiciones para la reutilización.—En la reutilización de la información, los únicos condicionantes serán aquellos que marquen las licencias bajo las que esté la información que se publique, así como lo dispuesto en la legislación básica sobre reutilización de la información del sector público.
Artículo 29. Información estadística.—La información económica y estadística en poder de la Administración autonómica cuya difusión pública se considere relevante, será objeto de publicación de manera periódica, en formato accesible para todos los ciudadanos y reutilizable.
Artículo 30. Ámbito de aplicación.—1. Las previsiones contenidas en este título, que vienen a hacer efectivos los principios contenidos en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía, serán de aplicación a los miembros del Consejo de Gobierno de Extremadura y el resto de altos cargos de la Administración autonómica y de las entidades del sector público autonómico.
Artículo 31. Principios éticos y de actuación.—1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán, en el ejercicio de sus funciones, lo dispuesto en la Constitución española y en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.
4. Cada año, el órgano de gobierno competente de cada Administración y sus organismos y entidades públicas dependientes informarán sobre el grado de cumplimiento o los eventuales incumplimientos de los principios de conducta y éticos contemplados en este artículo o de los códigos de conducta que para sí mismos se hayan dado. Dicho informe será accesible a través del Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana co rres pondiente.
Artículo 32. Conflictos de intereses.—Los miembros de la Junta de Extremadura y demás altos cargos de la Administración pública deberán abstenerse de toda actividad privada o interés que pueda suponer un conflicto de intereses con sus responsabilidades públicas.
Artículo 33. Declaraciones de actividades, bienes, derechos e intereses.—1. Los diputados de la Asamblea de Extremadura, los altos cargos de la Junta de Extremadura y otros cargos públicos están obligados a presentar declaración de actividades, bienes, derechos e intereses, que se regulará por su normativa específica.
Artículo 34. Gobierno en funciones.—El Gobierno en funciones, que limitará su actuación y decisiones a lo establecido en la normativa vigente de la comunidad, deberá facilitar el traspaso de poderes al nuevo Gobierno, garantizando la documentación necesaria para ello, elaborando inventarios de los documentos, en el formato más seguro y práctico, con el fin de informar de manera transparente sobre el estado concreto de los archivos y temas pendientes de cada departamento y centros directivos, así como del estado de ejecución del presupuesto correspondiente.
Artículo 35. Transparencia en la acción de gobierno y rendición de cuentas.—1. Los miembros de la Junta de Extremadura asumirán el compromiso de ejercer la acción de gobierno de forma transparente y se obligarán a rendir cuentas sobre su gestión a los ciudadanos y ciudadanas.
Artículo 36. Concepto y ámbito de aplicación.—1. Se entiende por participación ciudadana la intervención, implicación y colaboración de los ciudadanos y ciudadanas, individual o colectivamente considerados, en los asuntos públicos, canalizadas a través de procesos de escucha activa, comunicación y conversación bidireccional.
Artículo 37. Principios e instrumentos.—1. Con el fin de promover la participación ciudadana, las administraciones públicas en Extremadura se regirán por los siguientes principios:
Artículo 38. Consejo Extremeño de Ciudadanos.—1. Se constituye el Consejo Extremeño de Ciudadanos como foro de consulta para el ejercicio de la participación ciudadana, vinculado a la Asamblea de Extremadura. El consejo incentivará y promoverá debates sobre cuestiones de actualidad e interés general, o formulará, dentro de los cauces y procedimientos legalmente establecidos en la normativa autonómica, propuestas ante las instituciones y autoridades públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, será uno de los garantes del cumplimiento efectivo del título III de esta ley en todo lo referido a la capacidad de iniciativa ciudadana en los distintos sectores de la acción pública a los que se refiere, realizando el seguimiento donde corresponda respecto de las distintas propuestas o sugerencias ciudadanas que se le formulen.
Artículo 39. Debate público.—Al margen de los debates parlamentarios y los debates electorales, que se regirán por su respectiva normativa, se promoverán debates entre los presidentes de los grupos parlamentarios y/o los diferentes integrantes de los mismos. Estos debates serán abiertos a su participación tanto por otras fuerzas políticas y sociales representativas en la Comunidad Autónoma de Extremadura como por los ciudadanos.
Artículo 40. Derecho a la participación en la programación y en la elaboración de disposiciones generales.—1. Los ciudadanos participarán en la elaboración de disposiciones de carácter general conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley. También las administraciones públicas publicarán, en las formas anteriormente señaladas, la relación de los procedimientos de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación, así como la posibilidad que tienen las personas de remitir sugerencias y el procedimiento a seguir.
Artículo 41. Iniciativas normativas.—1. Los ciudadanos tendrán derecho a presentar a la Administración pública, en las materias de la competencia de esta, propuestas de tramitación de iniciativas de carácter reglamentario sobre materias que afecten a sus derechos e intereses legítimos.
5. La resolución emitida por el órgano competente sobre la iniciativa se comunicará a los proponentes.
De conformidad con esta ley, los proponentes podrán interponer los recursos que procedan cuando consideren que se ha conculcado su derecho de propuesta o las garantías recogidas en esta norma para hacerlo efectivo; pero no podrán impugnar, por su propia naturaleza, una vez seguido el procedimiento previsto en esta ley, la decisión de iniciar o no la tramitación de la iniciativa reglamentaria propuesta.
Artículo 42. Proceso de racionalización administrativa y modelos de gestión.—1. De acuerdo con el marco general regulador que establece la legislación básica del Estado y los principios rectores de actuación administrativa que definen tanto el Estatuto de Autonomía como la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Administración pública, como complemento necesario para la implantación del gobierno abierto, impulsará un proceso de racionalización y simplificación administrativa, tanto de sus procedimientos y de sus estructuras como de la normativa que los rige. Todo ello al objeto de promover una Administración más comprensible, cercana y accesible a la ciudadanía con la que ha de colaborar, y capaz de gestionar con mayor agilidad y eficiencia al servicio de esta, sin menoscabo en momento alguno de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, de las garantías y de la seguridad jurídicas.
Artículo 43. Reclamaciones de acceso.—Las reclamaciones en materia de acceso se regirán por la normativa básica estatal. A este respecto, la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura podrá suscribir un convenio con la Administración general del Estado para la resolución de las reclamaciones que presenten los ciudadanos en relación con las resoluciones que se dicten en el ejercicio de acceso a la información, sin perjuicio de la potestad de la Comunidad Autónoma de Extremadura para crear o atribuir a un órgano propio el ejercicio de tal competencia.
Artículo 44. Recursos y reclamaciones.—1. Quien considere que un acto, inactividad o vía de hecho imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o sus organismos públicos ha vulnerado los derechos que le reconoce esta ley en materia de información y participación y colaboración públicas, salvo en los supuestos en materia de acceso previstos en el artículo anterior, podrá interponer los recursos administrativos regulados en la normativa básica sobre procedimiento administrativo común y en la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Disposición adicional primera. Plan de Simplificación Administrativa.—1. La Administración pública elaborará, en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, un Plan de Simplificación Administrativa cuya finalidad será, previa evaluación de los procedimientos y de las estructuras de su competencia, promover su racionalización, adoptando medidas a tal efecto.
Disposición adicional segunda. Portal de la Transparencia y Participación Ciudadana.—1. A efectos del cumplimiento de lo previsto en la presente ley, las administraciones públicas de Extremadura dispondrán de la web o sede electrónica corporativa, como puntos generales de acceso para los ciudadanos y ciudadanas a la información, a los servicios y a los trámites electrónicos de las mismas y sus entidades u organismos dependientes, a través de redes de telecomunicación cuya titularidad, gestión y administración corresponderá a cada Administración para el desarrollo de sus competencias.
Disposición adicional tercera. Asamblea de Extremadura.—De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Asamblea de Extremadura, la actividad parlamentaria estará sometida con carácter general, salvo las limitaciones expresamente establecidas, a la publicidad oficial a través del Diario de Sesiones y el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura. De conformidad con los objetivos de esta ley, también serán públicos, en sede electrónica de la Asamblea Extremadura, las actividades de régimen interior y funcionamiento tanto de sus órganos de gobierno como de los grupos parlamentarios. Se entenderá por régimen interior su presupuesto anual, los medios materiales y humanos adscritos, provisión, régimen retributivo nominal, extendiéndose este deber de transparencia a los organismos o entidades adscritas o dependientes de la Asamblea de Extremadura.
Disposición adicional cuarta. Plan de Formación.—La Escuela de Administración Pública de Extremadura realizará acciones de formación específicas tendentes a sensibilizar al personal de la Administración Pública respecto a los derechos y obligaciones previstos en la presente Ley.
Disposición adicional quinta. De las responsabilidades en el ejercicio del gobierno abierto.—1. El régimen de responsabilidades en el ámbito de la transparencia en la actividad administrativa y en el buen gobierno para la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus entes vinculados o dependientes, indicados en los apartados a) y b) del artículo 2 de esta ley, se complementará mediante la correspondiente normativa básica estatal en la materia y el Estatuto de Cargos Públicos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que regulará, entre otros, el régimen de infracciones y sanciones sobre las materias en las que la comunidad tenga competencias plenas y, en todo caso, los órganos competentes y el procedimiento sancionador.
Los organismos; fundaciones; consorcios; entes pertenecientes al sector público empresarial;
entidades de derecho público, con o sin personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura; personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que presten servicios públicos, incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, promoverán, sin perjuicio de lo que dispongan sus normas reguladoras, los cambios tanto organizativos y estructurales como, en su caso, de su normativa de régimen interno que consideren necesarios para ajustar su actividad de servicio a los principios rectores de la Ley de Gobierno Abierto, así como al régimen de responsabilidades que para su cumplimiento se deriva de la misma.
Disposición adicional sexta. Regulaciones especiales para las obligaciones de transparencia y el derecho de acceso.—Las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública contenidas en esta ley se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
Disposición adicional séptima. Igualdad de género en el lenguaje.—En los casos en que esta Ley de Gobierno Abierto de Extremadura utiliza sustantivos de género gramatical masculino para referirse a personas, cargos o puestos de trabajo, debe entenderse que se hace por mera economía en la expresión, y que se utilizan de forma genérica con independencia del sexo de las personas aludidas o de los titulares de dichos cargos o puestos, con estricta igualdad en cuanto a efectos jurídicos.
Derogación normativa.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.
Disposición final primera. Habilitación normativa.—Se faculta a la Junta de Extremadura para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y la ejecución de lo establecido en esta ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.—Esta ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

References: artículo 37

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 resolución 

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 resolución 

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 resolución 

Artículo 22
 resolución 

Artículo 23

Artículo 24
 resolución 

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30
 artículo 37

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40
 artículo 7

Artículo 41
 resolución 

Artículo 42

Artículo 43
 resolución 

Artículo 44
 artículo 2