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Timestamp: 2018-11-14 09:32:04+00:00

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﻿ Sentencia T-129 de febrero 23 de 2010
SENTENCIA T-129 DE 23 DE FEBRERO DE 2010
CONTENIDO:PRINCIPIO DE EXACTITUD Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y BANCARIA A LAS CENTRALES DE RIESGO. DEBER DE EXHIBIR LOS SOPORTES DE LOS REGISTROS CONTABLES AL TITULAR DEL CRÉDITO CUANDO ESTE DISCUTA LA EXISTENCIA Y VERACIDAD DE LOS DATOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ESTABLECIMIENTO BANCARIO, INSTITUCIÓN FINANCIERA, HÁBEAS DATA, ASIENTO CONTABLE
REVISTA TUTELA N°:126 DE JUNIO DE 2010, PG.841
Sentencia T-129 de febrero 23 de 2010
Ref.: Expediente T-2319187
1.1. El 14 de octubre de 2008, la accionante tuvo noticia de que se encontraba reportada en las centrales de riesgo datacredito y Cifin por el Banco de Bogotá, a pesar de no tener vínculo alguno con dicha entidad —según lo refiere— y de que la obligación que se le imputaba no reunía los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.
1.2. Al averiguar la accionante por el origen de la obligación que aparecía a favor del Banco de Bogotá, se le informó que esta correspondía a una deuda contraída en el año 1990, por valor de $ 542.000 con el Banco Popular, la cual fue cedida por dicha entidad al Banco de Bogotá. No obstante, dicha cesión no fue notificada a la actora, quien indica que existió un acuerdo de pago con el Banco Popular del cual no contaba con los soportes correspondientes.
1.3. Sin embargo, ante la premura porque le fuese aprobado un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro, decidió llegar a un acuerdo de pago con la oficina de cobranzas del Banco de Bogotá, siempre que fuese retirada de manera inmediata de las centrales de riesgo.
1.4. Así, el día 14 de octubre de 2008 suscribió con el Banco de Bogotá un acuerdo de pago por la suma de $ 502.000, la cual fue cancelada el 17 de octubre de 2008, según comprobante número 8233909-5 del Banco de Bogotá. El 10 de noviembre del mismo año, el Banco de Bogotá expidió el respectivo paz y salvo firmado por la gerente.
1.5. El 15 de diciembre de 2008, verificó que a pesar del acuerdo efectuado con el Banco de Bogotá, no había sido retirada de la Cifin en la cual aparecía reportada a causa de una obligación con el Banco Popular: por tal razón y ante la certeza de haber cancelado un crédito cedido por el Banco Popular al Banco de Bogotá, interpuso un derecho de petición frente a este último en el cual solicitó claridad acerca del origen de la obligación distinguida con el número 720131548 —ya cancelada—.
1.6. En la misma fecha interpuso otro derecho de petición dirigido al Banco Popular, con el fin de aclarar el origen de los reportes efectuados a la central de riesgo Cifin, con su número de cédula por las obligaciones 583214494 y 370250000375.
1.7. El 26 de febrero de 2009 reiteró al Banco de Bogotá su petición de 15 de diciembre de 2008, en el sentido de establecer el origen de la obligación cancelada con el número 720131548. Nuevamente elevó petición al Banco de Bogotá el día 20 de marzo de 2009, en la que además, solicitó determinar con los soportes probatorios correspondientes, si la obligación reportada correspondía a su nombre y a su número de cédula ó de lo contrario le fuese devuelto el dinero cancelado.
1.8. El día 21 de marzo de 2009, recibió respuesta del Banco de Bogotá a su derecho de petición de fecha 16 de marzo de 2009, en la cual se omitió señalar el origen del crédito, así como el envío de los soportes correspondientes a dicha obligación. En esa oportunidad el banco afirmó que la obligación cancelada correspondía a un crédito adquirido en el año 1980, es decir, diez años antes de la obligación contraída con el Banco Popular.
1.9. El 24 de marzo de 2009 recibió respuesta del Banco Popular, oficina de Zipaquirá, en la cual se indicó que según lo señalado por las centrales de riesgo se encontraba pendiente una deuda por valor de $ 378.387 por concepto de capital, con intereses corrientes de $ 81.008 e intereses de mora por valor de $ 2.183.763.64, correspondientes a 6.884 días de mora. Igualmente, se le informó que si dicha deuda fue cancelada al Banco de Bogotá “… ellos deben tener el dinero, le pedimos que aclare esta situación y sea ubicado el dinero en esta oficina y sí (sic) poder solucionar este problema”.
2.1. La peticionaria adjuntó a su demanda las siguientes pruebas:
• Fotocopia de la cedula de ciudadanía (fl. 9, cdno. 1).
• Fotocopia de la relación o reporte expedido por la central de riesgo datacredito ( fls. 10 y 11, cdno. 1).
• Copia del acuerdo de pago firmado el 14 de octubre de 2008 por el esposo de la accionante el señor José Wadid Rocha, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.322.368 y el Banco de Bogotá (fl. 12, cdno. 1).
• Comprobante de la consignación efectuada al Banco de Bogotá por la suma de $ 502.000 con fecha 7 de octubre de 2008 (fl. 13, cdno. 1).
• Fotocopia de la misma consignación (fl. 14, cdno. 1).
• Fotocopia del paz y salvo que expidió el Banco de Bogotá a la accionante y firmado por la gerente de gestión avanzada de fecha 10 de noviembre de 2008 (fl. 15, cdno. 1).
• Copia del derecho de petición presentado al Banco de Bogotá el 15 de diciembre de 2008 ( fls. 16 y 17, cdno. 1).
• Copia del derecho de petición presentado al Banco Popular el 15 de diciembre (fl. 18, cdno. 1).
• Copia de la segunda carta presentada al Banco de Bogotá con fecha 26 de febrero de 2009 (fls. 19 y 20, cdno. 1).
• Copia de la tercera y última carta presentada al Banco de Bogotá (fls. 21 y 22, cdno. 1).
• Repuesta del Banco de Bogotá al derecho de petición interpuesto por la accionante el 15 de diciembre de 2008, con su respectiva guía de envío fechado el 20 de marzo de 2009, recibida el 21 de marzo del mismo año, por la cual se informa a la accionante que la obligación número 720131548 pertenece a un crédito adquirido por la accionante desde el año de 1980 como deudora principal. (fl. 25, cdno. 1).
• Copia de la carta que envió a la accionante el Banco Popular de Zipaquirá, en la cual se relacionan las obligaciones pendientes (fl. 26, cdno. 1).
• Copia de la propuesta de pago enviada por la accionante al Banco Popular (fls. 27 y 28, cdno. 1).
• Copia del recurso de queja interpuesto por la accionante ante la Superintendencia de Industria y Comercio con copia enviada a la Superintendencia financiera de Colombia con fecha 13 de abril de 2009 ( fls. 29 a 32, cdno. 1).
2.2. Mediante auto de 13 de octubre de 2009, la Sala Primera de Revisión con fundamento en los artículos 96 y 98 del estatuto orgánico del sistema financiero, según los cuales “vencido este lapso (5 años para mantener los documentos físicos de una obligación financiera), podrán ser destruidos siempre que por cualquier medio técnico se garantice su reproducción exacta” (resaltado fuera de texto), solicitó lo siguiente:
• Al Banco de Bogotá y al Banco Popular copia del soporte documental con el cual se acredite la existencia de la obligación distinguida con el número 720-131548 y la identificada con el número 0000000583214491, respectivamente, de las cuales aparece como deudora principal la señora Eddy del Carmen Gómez Tabares, identificada con la cédula de ciudadanía 51.718.583 de Bogotá.
• A la Sociedad Computec S. A., división datacrédito y a la Asociación Bancaria y de entidades financieras de Colombia central de información financiera, Cifin, remitir toda la documentación o información que sirvió de soporte a esas entidades para incluir en su base de datos a la señora Eddy del Carmen Gómez.
• Comunicación del Banco Popular RP 4553, radicada el 23 de octubre de 2009, mediante la cual se informa que la señora Eddy del Carmen Gómez no presenta endeudamiento alguno con el Banco Popular, como tampoco se observa novedad alguna reportada por el banco a las centrales de riesgo.
En ese orden, las normas que establecían que los actos o contratos de cuantía superior “a $ 500 debían constar por escrito fueron derogadas (ver CPC, art. 698), para probar obligaciones acudimos al régimen general en materia de prueba señalado en el artículo 232 inciso 2º del CPC (...)’ ‘(...) Siendo ello así, resulta claro que la ley en ningún momento exige para la existencia o validez de una obligación la prueba que hoy se solicita (pagaré, carta de instrucciones, etc) ya que la norma determina expresamente que la falta de documento se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia de la obligación”.
En el presente caso existe principio de prueba en los términos del artículo 69 del Código de Comercio, que no es otro que los libros de contabilidad del Banco, en los cuales aparece que la señora Gómez Tabares tenía una obligación con el banco, la cual fue cancelada de manera voluntaria el día 17 de octubre de 2008. La ley en ningún momento exige para la existencia o validez de una obligación que además de los registros contables deban existir otros documentos o sea, “una pluralidad de pruebas (prueba de la prueba) —ver artículos 8º, 9º, 10 y 11 de la Ley 527 de 1999—”, sin perjuicio del reconocimiento de la deuda a través del pago por la señora Gómez Tabares.
“(...) al Banco de Bogotá proceder a retirar mi nombre y de mi número de cédula de las centrales de riesgo datacrédito y Cifin, respectivamente, por no haber sido nunca cliente de ese banco y haberme reportado desde el mes de mayo del año 2007 sobre una presunta obligación que no debo, que no existe y que no es clara, expresa ni actualmente exigible”.
“(...) al Banco de Bogotá devolverme la suma de $ 502.000 que se me cobró sobre una obligación que pagué y que no correspondía ni a mi nombre ni a mi número de cédula”.
“(...) al Banco de Bogotá limpiar mi nombre ante las centrales de riesgo y responder de fondo e integralmente el derecho de petición que les elevé el día 15 de diciembre de 2008”.
El juzgado fundó su determinación en que la accionante incurrió en una mora de 540 días en el pago de la obligación contraída con el Banco de Bogotá, poniéndose al día el 17 de octubre de 2008. Así, de conformidad con la Ley 1266 de 31 de diciembre de 2008 de hábeas data y la Sentencia C-1011 de 2008, para que pueda ser borrada de las centrales de riesgo debe esperar el doble del tiempo que duró la mora, término que empieza a contarse a partir del momento en que se extingue la obligación.
2. La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional debe determinar si el Banco de Bogotá vulneró los derechos fundamentales al buen nombre, de petición y hábeas data de la señora Eddy del Carmen Gómez, al negarse a aclarar el origen de la obligación crediticia cuya mora fue reportada a las centrales de riesgo, así como a exhibir los soportes de los correspondientes registros contables que dan cuenta de la existencia del crédito, en la medida que la señora Gómez afirma no haber tenido vínculo alguno con la entidad bancaria. De igual manera establecer, si el hecho de que la actora haya concurrido al pago del crédito urgida por la inminente necesidad de ser excluida de las centrales de riesgo, exonera a la entidad bancaria para garantizar su derecho de consulta.
Procedencia de la acción de tutela contra entidades bancarias. Reiteración
“ 1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación (...)”.
‘(...) 4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controla efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización (...)’.
´(...) 6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la trascripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma (...)” (negrillas fuera de texto).
De la norma citada se infiere que procede la acción de tutela contra particulares, cuando estos: (i) prestan servicios públicos; (ii) configuran, respecto de un tercero, una relación de subordinación e indefensión; (iii) han recibido una solicitud en ejercicio del derecho de hábeas data y (iv) prestan funciones públicas, entre otros.
“la Corte en su jurisprudencia ha señalado que éste no tiene origen en la obligatoriedad que se deriva de un vínculo jurídico, sino en la situación de ausencia o insuficiencia de medios físicos y jurídicos de defensa para resistir u oponerse a la agresión, amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales. La indefensión no puede ser, entonces, analizada en abstracto, sino que requiere de un vínculo entre quien la alega y quien la genera, que permita asegurar el nexo causal y la respectiva vulneración del derecho fundamental”(1).
“En este orden de ideas, la acción de tutela procede tanto por la violación al derecho de petición como por las vulneraciones que puedan emanar de una relación asimétrica como es la que se entabla entre una entidad financiera y los usuarios, al tener los bancos atribuciones que los colocan en una posición de preeminencia desde la cual pueden con sus acciones y omisiones desconocer o amenazar derechos fundamentales de las personas. Independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta los bancos actúan con una autorización del Estado para prestar un servicio público por ello, los usuarios están facultados para utilizar los mecanismos de protección que garanticen sus derechos (...)”.
“(…) En relación con las obligaciones que emanan de los contratos bancarios si algo debe saber el usuario, sin ninguna duda en forma expresa, diáfana y clara, es cuánto debe y por qué concepto, máxime si la entidad financiera emite comunicados contradictorios e ininteligibles (...)”.
‘(...) Si los clientes de las entidades bancarias no pueden preguntar sobre las condiciones exactas de sus créditos ¿qué tipo de peticiones pueden entonces hacerse a los bancos y corporaciones de crédito? Se pregunta esta Corte (...)”.
“(...) Los jueces de instancia desconocen abiertamente la doctrina de esta Corte en un acto contrario al deber que tiene el juez en el Estado social de derecho, pero fundamentalmente su comportamiento constituye un acto de denegación de justicia al no proteger los derechos y garantías de las personas en situación de desequilibrio frente a un poder preeminente como el que tienen las entidades financieras”(2) (resaltado y subrayado fuera de texto).
7. De otra parte, la acción de tutela también resulta procedente para proteger tanto el derecho de petición(3) como los derechos fundamentales al buen nombre y de hábeas data, siempre que en relación con este último se haya agotado el requisito de procedibilidad señalado por la ley, consistente en que el actor haya efectuado solicitud previa a la entidad correspondiente, para corregir, aclarar, rectificar o actualizar el dato o la información que se tiene sobre él.
Ello, de conformidad con la Ley 1266 de 2008, que dicta las disposiciones generales relativas al derecho de hábeas data y que regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales. Al respecto, señala su artículo 16 que “Los titulares de la información o sus causahabientes que consideren que la información contenida en su registro individual en un banco de datos debe ser objeto de corrección o actualización podrán presentar un reclamo ante el operador (...) en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida”.
8. En el caso concreto, la Sala de Revisión advierte que el requisito de procedibilidad exigido para la interposición de acción de tutela, por vulneración del derecho fundamental al hábeas data fue cumplido a cabalidad por la accionante, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, mediante las cuales se demuestra con suficiencia que esta interpuso varios derechos de petición orientados a solicitar al Banco de Bogotá, no solo claridad sobre el origen de la obligación que se le imputaba sino, además, copia de los documentos que sirvieron de soporte a dicho crédito.
Los derechos al buen nombre, al habeas data y el derecho de petición como derechos constitucionales fundamentales. Reiteración
9. El artículo 15 de la Constitución Política consagra los derechos fundamentales al buen nombre y al hábeas data, los cuales, si bien guardan estrecha relación, tienen dimensiones específicas que los individualizan, de tal suerte que la vulneración de alguno de ellos no siempre apareja el quebrantamiento del otro. En efecto, esta corporación ha escindido el núcleo de protección de tales derechos en los siguientes términos(4):
“Debe decirse que en lo relativo al manejo de la información, la protección del derecho al buen nombre se circunscribe a que dicha información sea cierta y veraz, esto es, que los datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos. Por su parte, la garantía del derecho a la intimidad hace referencia a que la información no toque aspectos que pertenecen al ámbito de privacidad mínimo que tiene la persona y que solo a ella interesa. Finalmente, el derecho al hábeas data salvaguarda lo relacionado con el conocimiento, actualización y rectificación de la información contenida en los mencionados bancos de datos”(5)(resaltado fuera de texto).
10. El buen nombre ha sido comprendido en la doctrina y en la jurisprudencia constitucional como la reputación o fama de una persona, esto es, como el concepto que el conglomerado social se forma de ella. El buen nombre se erige en derecho fundamental de las personas y constituye uno de los elementos más valiosos dentro del patrimonio moral y social, a la vez que en un factor intrínseco de la dignidad humana. En efecto, esta corporación ha precisado que el derecho al buen nombre se encuentra ligado a los actos que realice una persona, de manera que a través de éstos, el conglomerado social se forma un juicio de valor sobre la real dimensión de bondades, virtudes y defectos del individuo(6).
Es por ello que la vulneración del derecho al buen nombre se concreta cuando se difunde información falsa o errónea sobre las personas, de tal suerte que se distorsione la imagen que estas tienen ante la sociedad en sus diferentes esferas generando perjuicios de orden moral o patrimonial. Es así como en la Sentencia T-783 de 2002, se precisó en relación con el concepto del buen nombre:
“En cuanto al derecho al buen nombre, la Corte ha señalado que este puede verse afectado “cuando sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público —bien sea de forma directa o personal, o a través de los medios de comunicación de masas— informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionen el concepto público que se tiene del individuo y que por lo tanto, tienden a socavar el prestigio o la confianza de los que disfrutan del entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen”. El buen nombre es entonces objetivo, ya que surge por los hechos o actos de la persona de quien se trata. Se tiene el nombre que resulta de las conductas y decisiones adoptadas por una persona y por lo tanto este será bueno sí éstas han sido responsables y son presentadas de manera imparcial, completa y correcta”.
“(...) en otras palabras, solo se desconoce el derecho al buen nombre cuando la información suministrada por la entidad pertinente, registre un hecho o un comportamiento carente de veracidad. En consecuencia, si los datos económicos de carácter histórico son fidedignos y muestran el comportamiento crediticio de un sujeto, no pueden violar el derecho al buen nombre, pues en caso contrario, estaría la Corte protegiendo en pie de igualdad, a quienes cumplen con sus obligaciones, frente a quienes no lo hacen, no habiendo entonces una diferencia de trato entre la probidad comercial y el manejo descuidado de estos asuntos, lo cual se constituiría en un ejercicio abusivo y arbitrario de las decisiones judiciales”(7).
11. Por otro lado, del mismo artículo 15 superior se desprende el derecho constitucional de hábeas data que tiene por núcleo fundamental, de una parte, el derecho a la autodeterminación informática, que consiste en la facultad que tienen los individuos para autorizar la conservación, uso y circulación de los datos que versen sobre ellos y, de otra, la libertad en general, y en particular la económica. La Corte ha establecido el derecho que tienen las instituciones financieras de conocer la solvencia económica de los usuarios de los servicios que prestan, en la medida en que la función que desempeñan comporta el recaudo y manejo de dinero del público, actividad celosamente vigilada y regulada por el Estado colombiano, por ser ésta una actividad de interés público tal como lo señala el artículo 335 de la Carta Política.
“Es claro que si la información respectiva es falsa o errónea, no solamente se afectan los derechos a la honra y al buen nombre de la persona concernida, sino que, precisamente por el efecto multiplicador que tiene el informe negativo en las instituciones receptoras de la información incorporada al banco de datos o archivo, resulta notoriamente perjudicada en su actividad económica y en su situación patrimonial. No se pierda de vista que un cierre del crédito puede provocar una cadena de incumplimientos forzados, la incapacidad de contraer nuevas obligaciones, la cesación de pagos y la quiebra”(8).
“(...) b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita(...)”(9).
Señaló en aquella oportunidad la Corte, a propósito del proyecto de la actual Ley 1226 de 2008, que la reglamentación que introducía el artículo 16 sobre estas expresiones del derecho de petición en el ámbito específico del hábeas data, atendía los elementos esenciales que conformaban el ejercicio de este derecho fundamental al cumplir una doble finalidad(10): (i) permitir a los interesados elevar peticiones o solicitudes respetuosas a las entidades u organizaciones públicas o privadas que participan en el proceso de administración de los datos personales; y (ii) asegurar mediante la imposición de una obligación con cargo a las organizaciones requeridas, la respuesta y/o resolución de dicha petición, de manera oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo pedido(11).
Principio de exactitud, veracidad e integridad de la información que suministran las fuentes sobre información financiera y bancaria a las centrales de riesgo
Según el principio de veracidad, los datos personales deben corresponder a situaciones reales, lo que impone la prohibición de recopilar, procesar y circular información falsa, errónea o equívoca. Por su parte, el principio de integridad impone la obligación a las fuentes de información y a los operadores de suministrar y recopilar datos personales completos, de tal forma que está prohibido el registro y divulgación de información parcial, incompleta o fraccionada(12).
Deber de exhibir los soportes de los registros contables al titular del crédito cuando este discuta la existencia y veracidad de los datos de la información financiera
18. El artículo 6º de la Ley 1266 de 2008, faculta al titular de un dato de ejercer el derecho fundamental al hábeas data, mediante la utilización de los procedimientos de consulta o reclamo, sin perjuicio de los demás mecanismos constitucionales y legales. En idéntico sentido el artículo 8º de la ley impone a la fuente de la información la obligación de garantizar las condiciones de acceso a la información, de manera completa, exacta y, sobre todo, comprobable. Al punto que, corresponde a la fuente atender “integralmente” las solicitudes en un término de diez (10) días hábiles que pueden extenderse de manera impostergable hasta por cinco (5) días más.
20. Los registros de los hechos económicos en los asientos contables deben encontrarse respaldados, tal como lo ordena la ley, en los respectivos soportes, de manera que las operaciones de crédito deben documentarse mediante los preliminares de aprobación de crédito, el contrato de mutuo debidamente instrumentalizado a través de un pagaré o cualquier otro medio utilizado por las partes usuarios y operadores para formalizar sus negocios jurídicos y sus relaciones financieras. Es por ello que dichos soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos y deben conservarse debidamente de manera que sea posible su verificación —artículo 123 del Decreto 2649 de 1993—. Por tal razón el artículo 124 del Decreto 2649 de 1993, señala expresamente que las partidas asentadas en los libros contables “... deben estar respaldadas en comprobantes de contabilidad elaborados previamente...” y que dichos “comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes...”, de forma que no es posible predicar la existencia de un registro contable sin la existencia del soporte correspondiente.
21. En igual sentido, el artículo 51 del Código de Comercio señala que hacen parte de la contabilidad todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la correspondencia directamente relacionada con tales negocios. Por su parte, el artículo 53 del mismo estatuto señala que el comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y al cual deben anexarse los documentos que la justifiquen. De esta manera, si entre los asientos contables registrados en los libros y los comprobantes de las cuentas no existe la debida correspondencia, tales registros carecerán de eficacia probatoria contra el comerciante obligado a llevarlos — Código de Comercio, artículo 59—.
22. El deber de asegurar los datos contables y sus respectivos soportes es predicable de las entidades financieras, que como cualquier comerciante están en la obligación de “... llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales...”, según lo señala el artículo 19, numeral 3º del Código de Comercio.
"(...) Sea lo primero precisar que la contabilidad no es otra cosa que el registro cifrado de la situación patrimonial de un ente económico, de suerte que con él se refleje "la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios" (C. Co., arts. 48 y ss. y E.T., art. 774). El llevar la contabilidad es uno de los principales deberes que la ley le impone a algunas personas, en especial a los comerciantes. Igualmente determina la ley que la contabilidad ha de llevarse en libros, que si bien en un comienzo la propia ley se encarga de determinarlos con precisión, en la actualidad se le da a los entes económicos obligados a llevar contabilidad libertad para establecer el número y la importancia de los mismos, a condición de que el sistema utilizado tenga valor jurídico contable y que refleje la historia completa y fidedigna de la situación económica. No sobra llamar la atención sobre el hecho de que la ley a veces confunda la obligación de llevar contabilidad con aquella relativa al diligenciamiento de los libros. No obstante, una cosa es la obligación de llevar contabilidad y otra distinta que dicha obligación se cumpla a través de la confección de los libros”.
“ART. 96.—Conservación de archivos y documentos. (Artículo modificado por el art .22 de la L. 795/2003. El nuevo texto es el siguiente) Los libros y papeles de las instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberán conservarse por un período no menor de cinco años (5) años, desde la fecha del respectivo asiento, sin perjuicio de los términos establecidos en normas especiales. Vencido este lapso, podrán ser destruidos siempre que, por cualquier medio técnico adecuado, se garantice su reproducción exacta.
PAR.—La administración y conservación de los archivos de las entidades financieras públicas en liquidación, se someterá a lo previsto para las entidades financieras en liquidación por el estatuto orgánico del sistema financiero y demás normas que lo modifiquen o adicionen. Una vez transcurridos cinco años se deberá realizar la reproducción correspondiente, a través de cualquier medio técnico adecuado y transferirse al Archivo General de la Nación” (resaltado fuera de texto).
26. Por los motivos anteriores no le asiste razón al banco cuando afirma que “... la ley en ningún momento exige para la existencia o validez de una obligación que además de los registros contables deban existir otros documentos o sea una pluralidad de pruebas...”, pues como quedó evidenciado, el registro contable impone la existencia de los soportes correspondientes cuya ausencia le resta eficacia probatoria al registro contable.
En ejercicio del derecho de hábeas data no existe razón alguna para que la entidad financiera niegue al titular de un crédito la exhibición de los soportes que le permitan verificar, en caso de duda o discrepancia, la existencia, integridad, exigibilidad y condiciones de la obligación que se le imputa, pues solo así se garantiza la posibilidad de comprobar la veracidad y actualidad del dato. De otra parte los libros de comercio podrán examinarse por orden de autoridad competente como en el caso que nos ocupa, en que la Corte directamente ordenó la exhibición de los respectivos soportes de los registros contables al punto que de existir renuencia en su exhibición “se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponga demostrar”, según se señala en el artículo 67 del Código de Comercio.
En principio, el Banco de Bogotá informó a la señora Eddy del Carmen que la obligación en mora que se había reportado, correspondía a un crédito adquirido por ella en el año 1990 con el Banco Popular, por valor de $ 542.000, el cual fue cedido a esa entidad financiera, operación de la cual nunca fue debidamente notificada en calidad de deudora cedida.
28. A ello se suma la renuencia del Banco de Bogotá a exhibir los respectivos soportes de la obligación que se imputa a la señora Eddy del Carmen Gómez —titular de la información— alegando para el efecto:
Comunicación de 20 de abril de 2009 (fl. 55 de cuaderno del juzgado municipal)
• En este caso en los libros de contabilidad del Banco aparece que la señora Eddy Gómez Tabares tuvo una obligación a favor de esta entidad que ya fue cancelada, libros que al ser llevados de legal forma se presumen auténticos (ver CPC, art. 252), principio de prueba que es calificado por el legislador según lo estatuido en el artículo 69 del Código de Comercio.
• El banco como cualquier otro comerciante lleva sus libros de contabilidad en legal forma, por lo que al hacer los asientos respectivos se orienta bajo los principios que rigen o gobiernan la contabilidad dentro de los cuales se encuentra el de veracidad, que de no tomarse en cuenta significaría que el banco no podría confiar en sus propios libros”.
“ Teniendo en cuenta que las normas que establecían que los actos o contratos de cuantía superior a $ 500 debían constar por escrito fueron derogadas (ver CPC, art. 698), para probar las obligaciones acudimos al régimen general en materia de pruebas señalado en el artículo 232 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, que expresamente indica:
“... Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave e la inexistencia del respectivo acto, a menos...” Siendo ello así, resulta claro que la ley en ningún momento exige para la existencia o validez de una obligación la prueba que hoy se solicita (pagaré, carta de instrucciones, etc.), ya que la norma determina expresamente que la falta de documento se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia de la obligación.
En este caso SI existe el principio de prueba por escrito, que no es otro que los libros de contabilidad del banco —donde aparece que la señora Gómez Tabares tenía una obligación a favor del banco la cual fue cancelada de manera voluntaria el día 17 de octubre de 2008, tal y como consta en los propios reportes de las centrales de información financiera – libros que al ser llevados en legal forma se presumen auténticos ( ver CPC , art. 252), principio de prueba que es calificado por el legislador según lo estatuido en el artículo 69 del Código de Comercio.
Por lo anterior, la ley en ningún momento exige para la existencia o validez de una obligación, que además de los registros contables deban existir otros documentos o sea una pluralidad de pruebas (prueba de prueba – ver L. 527/99, arts. 8º, 9º, 10 y 11).
Aunado a lo anterior a que la reclamante, a través del pago que voluntariamente realizó al Banco de Bogotá, reconoció sin lugar a equívocos la existencia de la obligación que origina la presente acción, aclarado que el reporte de la misma es correcto toda vez que da cuenta del pago voluntariamente realizado, habiendo cumplido de esta manera el Banco de Bogotá con las obligaciones que legalmente le son exigibles”.
iv. En el evento en que la obligación correspondiera al año 1980 o aún al año 1992, ya había operada frente a ella el término de prescripción extintivo, por haber transcurrido un término superior a 28 y 16 años, respectivamente, caso en el cual no sería exigible el cobro como condicionante para proceder a su exclusión de las centrales de riesgo al amparo de la ley de hábeas data.
En ese orden de ideas, correspondía al Banco de Bogotá —independientemente del pago voluntario efectuado por la actora—, demostrar el origen de la obligación, su existencia y pertinencia, permitiendo el acceso de la “aparente” titular del crédito a los correspondientes soportes, los cuales la entidad bancaria se encuentra en la obligación de conservar. No obstante, por razones que se desconocen, la entidad se negó sistemáticamente a suministrarlos, aún mediando orden judicial, en contravía del Código de Comercio y la ley de hábeas data y las leyes contables, lo cual lleva inexorablemente a esta Sala de Revisión a concluir la inexistencia de la obligación que se imputa a la señora Gómez Tabares, aplicando para el efecto los artículos 59 y 67 del Código de Comercio ya reseñados.
31. Desde ese punto de vista corresponde a la entidad accionada restituir el pago de lo no debido con su correspondiente actualización monetaria, así como ordenar a las centrales de riesgo eliminar cualquier referencia —positiva o negativa— a la obligación Y0000000000720131548 en lo que dice relación al Banco de Bogotá, lo cual será ordenado por esta Sala de Revisión.
1. LEVANTAR la suspensión ordenada mediante auto de 13 de octubre de 2009.
2. REVOCAR las Sentencias proferidas por el Juzgado 12 Civil Municipal de Bogotá el 28 de abril 2009 y por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá el 8 de junio de 2009, por las consideraciones expuestas en esta providencia.
3. TUTELAR los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data de la ciudadana Eddy del Carmen Gómez Tabares y, en consecuencia, ORDENAR al Banco de Bogotá retirar cualquier reporte o referencia —positiva o negativa— a la obligación Y0000000000720131548 al encontrarla inexistente en los términos señalados en la parte considerativa de esta providencia.
4. ORDENAR a las centrales de riesgo datacredito y Cifin eliminar de sus bases de datos cualquier reporte o referencia —positiva o negativa— de la obligación Y0000000000720131548, en cabeza de la señora Eddy del Carmen Gómez Tabares a favor del Banco de Bogotá por la razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
5. ORDENAR al Banco de Bogotá restituir a la señora Eddy del Carmen Gómez Tabares, la suma de quinientos dos mil pesos ($ 502.0009) pagados indebidamente en los términos señalados en la parte motiva de esta providencia, debidamente actualizados y acompañados de los intereses corrientes a que haya lugar desde la fecha en que efectuó el pago y hasta la fecha en que se verifique la devolución. La restitución deberá efectuarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia.
(1) T-482 de 2004.
(2) C-134 de 1994.
(3) T-312 de 2006, T-814 de 2005 y T-377 de 2000.
(4) T-067 de 2007.
(5) T-411 de 1995.
(6) T-067 de 2007.
(7) T-067 de 2007.
(8) Sentencia T-094 de 1995.
(9) Sentencia T-377 del 3 de abril 2000.
(10) Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-911/01, T-381/02 y T-425/02.
(11) Así, lo estableció esta corporación en Sentencia T-1160A de 2001: “c) la respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad“. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición”. En idéntico sentido, esta corporación precisó que: “... el derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P., arts. 2º y 86) se une en este punto con el principio constitucional de la eficacia administrativa (art. 209) (...) Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada... en segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea...y finalmente, la comunicación debe ser oportuna...” (sent. T-220/94).
(12) Sentencia C-1011 de 2008.

References: artículo 488
 artículo 232
 artículo 69
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 335
 resolución 
 artículo 16
 resolución 
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 124
 artículo 51
 artículo 53
 artículo 59
 artículo 19
 artículo 67
 artículo 69
 artículo 232
 artículo 69