Source: https://issuu.com/direccion.comunicacion/docs/3.-_ley_de_miner_a
Timestamp: 2016-12-07 21:08:59+00:00

Document:
Ley de Mineria by Asamblea Nacional - issuu
Ley de MinerĂ­a
Publicada en el 1er Suplemento del Registro Oficial
No. 517 el 29 de enero de 2009
Introducción a la Ley de Minería	13
TITULO I	25
DE LOS PRECEPTOS GENERALES	25
DE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA MINERA	26
DEL DOMINIO DEL ESTADO Y DE LOS DERECHOS MINEROS	32
DE LOS SUJETOS DE DERECHO MINERO	33
DE LA ACTIVIDAD MINERA	34
DE LAS ZONAS MINERAS ESPECIALES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS
FAVORABLES PREVIOS
DE LAS FASES DE LA ACTIVIDAD	35
DE LOS DERECHOS MINEROS	40
DE LA PROSPECCIÓN	40
DE LA CONCESIÓN MINERA	40
DE LAS RELACIONES DE LOS TITULARES DE DERECHOS MINEROS
ENTRE SÍ Y CON LOS PROPIETARIOS DEL SUELO
DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICIÓN Y REFINACIÓN	52
DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS MINERALES 53
DE LA INTERNACIÓN	71
DE LAS SERVIDUMBRES	72
DE LOS DERECHOS EN GENERAL	56
DE LA INTERNACION, DEL AMPARO ADMINISTRATIVO, DE LAS INVASIONES
EN ÁREAS MINERAS Y OPOSICIONES	57
DE LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS MINEROS	74
DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONCESIÓN Y PERMISOS	74
DE LA REDUCCIÓN Y RENUNCIA DE LA CONCESIÓN	74
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES MINEROS	59
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL	59
DE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	62
DE LA CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN Y LOS PERMISOS	75
DE LA NULIDAD DE LOS DERECHOS MINEROS	78
DE LA GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	66
DEL PAGO DE REGALÍAS	68
DE LOS CONTRATOS MINEROS	79
DE LAS NORMAS APLICABLES Y DE LOS REQUISITOS DE LOS CONTRATOS	79
DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA Y DE LA PROMESA IRREVOCABLE	79
DE LA CESIÓN EN GARANTÍA Y DE LA PRENDA	80
DEL CONDOMINIO, LAS COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES DEDICADAS
A LAS ACTIVIDADES MINERAS
DEL CONDOMINIO, LAS COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES	81
DE LOS REGÍMENES ESPECIALES	82
DE LA MINERÍA ARTESANAL Y DE SUSTENTO	82
PEQUEÑA MINERÍA	83
DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	85
DE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA CONTENCIOSOADMINISTRATIVA Y COACTIVA
DE LAS ACTIVIDADES MINERAS EN EL FONDO MARINO	87
DE LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS Y ECONÓMICAS	88
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RENUNCIA DERECHOS MINEROS	90
DISPOSICIONES GENERALES 92
DISPOSICIONES TRANSITORIAS	94
DISPOSICIONES FINALES	96
Miembros: Jorge Calvas, Rolando Panchana, Hilda Roca (Movimiento País), Andrés
Pavón (Partido Renovador Institucional Acción Nacional), Jorge Sarango (Pachakutik),
Laly Caicedo (Partido Sociedad Patriótica)
Nuevas reglas para las actividades
mineras en el Ecuador
La Ley de Minería fue una iniciativa del Ejecutivo, diseñada para establecer reglas de juego claras con el fin de que la actividad minera se desarrolle en condiciones de respeto a la sociedad y al país. Esta ley fue pensada
para ajustarse a los principios de nuevo modelo de Estado, responder a
los intereses nacionales, observar la preservación del medio ambiente,
respetar los derechos de todas las personas y, de manera particular, de
los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y comunidades involucradas en
esta actividad. La ley tiene como antecedente el Mandato Minero, dictado
por la Asamblea Constituyente en abril de 2008, que estableció las bases
para desarrollar un cuerpo legal para recuperar y ejercer la soberanía y las
políticas públicas que regulen la minería.
Uno de los justificativos económicos de la ley es la importancia del aprovechamiento racional de metales como el oro, cobre y minerales, sus altos
precios de comercialización y el descubrimiento de varios yacimientos en
Ecuador. La ley aspira facilitar el desarrollo de una actividad que puede
mejorar las condiciones materiales de vida de todos los ecuatorianos y
permite que la explotación sustentable de los recursos naturales sea conducida y administrada por los poderes del Estado en beneficio del pueblo.
Responde también a la necesidad de crear más puestos de trabajo, pues
exige que solamente en caso de no haber personal ecuatoriano para determinadas tareas, se emplee a personas extranjeras.
La amplitud del debate no
bastó para generar consensos
Varias instituciones estatales participaron en la socialización del proyecto de ley y apoyaron en esta tarea a la comisión responsable de tratarla
en la Asamblea Nacional: el Ministerio Coordinador de la Política Económica; la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; el Consejo
Nacional para la Reactivación de la Producción y la Competitividad; y
el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. Por su parte, el
Ministerio de Minas y Petróleos, hoy de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR) generó un proceso de diálogo nacional para lo cual se
realizaron talleres de consulta en Quito, Zaruma, Cuenca, Loja, Zamora y
Machala. En estos talleres participaron organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); la Defensoría
del Pueblo; la Facultad de Geología y Minas de la Universidad Central;
la Universidad Estatal de Cuenca; la Cámara de la Pequeña Minería; los
alcaldes de varios cantones del sur del país; siete prefectos provinciales;
delegados de alrededor de 200 juntas parroquiales del Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro.
Además, esta cartera realizó un Foro sobre Agua y Minería con organizaciones ambientales, universidades e instituciones internacionales. En
noviembre de 2008 se hicieron contactos con 37 localidades de Azuay,
Loja, El Oro y Zamora Chinchipe en las que participaron más de 2.500
personas que aportaron con criterios y sugerencias. Varias organizaciones realizaron observaciones y contribuciones al margen de las actividades mencionadas: Movimiento Indígena de Tungurahua; Consejo de
Gobierno del Pueblo Shuar-Arutam; Cámaras de Minería; Frente Amplio
de Mineros del Ecuador; Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio; Fundición y Refinación de Sustancias Minerales de El Oro; Asociación
de Municipalidades Ecuatorianas (AME), entre otros. La comisión responsable también organizó foros ciudadanos los días 3, 4 y 5 de diciembre
de 2008 en las ciudades de Machala, Cuenca y Zamora. Este último fue el
más concurrido, con 18 organizaciones participantes.
Hubo polémica. Ambientalistas y organizaciones indígenas mostraron
desacuerdo y se opusieron al proyecto de ley durante todo el proceso. Si
bien se dieron instancias de debate con la participación tanto de líderes
indígenas como de representantes de organizaciones ambientalistas, el
diálogo se rompió por falta de consenso.
Se experimentaron algunos cambios como fruto del debate. Por ejemplo, al inicio de la discusión, la comisión responsable había considerado
que la Ley de Minería debía tener el carácter de orgánica, al regular las
actividades de minería a distintas escalas; además de crear instituciones
de derecho público cuya organización y funcionamiento estaban previstas en este cuerpo legal. Esta condición haría posible que mantuviera un
carácter rector. Sin embargo, esta noción fue descartada en atención a
las protestas sociales que demandaban que la ley no tuviera un rango
mayor a otras, particularmente aquellas leyes relacionadas con el agua.
Asimismo, se introdujeron disposiciones sobre sistemas de incentivos
para la protección ambiental y el apoyo a la minería de pequeña escala
a través de mecanismos de fomento, asistencia técnica, capacitación y financiamiento. Se fijaron varias obligaciones para los titulares de las concesiones mineras como auditorias sobre su producción, la preservación
del medio ambiente, el tratamiento de aguas, las acciones de reforestación, la conservación de especies y el manejo de desechos. Se incluyeron
principios reguladores para los mineros artesanales y de sustento.
Para acoger demandas del sector indígena, se estableció que no será
posible explotar minas donde existen comunidades indígenas en aislamiento voluntario, en áreas protegidas o en reservas ecológicas. Los comisionados sostuvieron que la nueva Ley de Minería representa un gran
avance con relación a la anterior legislación minera.
Roberto Ponce /Alt- Annabella Azín Instit. Acción Nacional
Franklin Puente Peñaranda
/Alt- Hilda Dolores Roca Bósquez Altiva Soberana
Félix Andrés Alcívar Mera
Edgar Eduardo Sánchez Paredes
Rommel Santiago Correa Padrón
Édison Raul Narváez Guerra
Que,	el marco jurídico minero actual, es insuficiente y no responde a los
intereses nacionales, por lo que es necesario corregir y frenar las afectaciones ambientales, sociales y culturales, con regulaciones seguras y eficientes, acordes al nuevo modelo de desarrollo deseado por
Que,	la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 408, establece
que “Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable
del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los
productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos,
sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que
se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial
y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio
Que,	los recursos naturales no renovables se consideran un sector estratégico, tal como lo establece la Constitución en su Art. 313, sobre
los cuales el Estado se reserva el derecho de administrar, regular,
controlar y gestionar los sectores estratégicos con los principios de
sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia; así
como también delegar de manera excepcional a la iniciativa privada,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución
de la República del Ecuador;
Que,	“El Estado reconoce diversas formas de organización de la producción
en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales, públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas”, según lo estipula la Constitución de la República del
Ecuador en su artículo 319;
Que,	el Estado promoverá el buen vivir de la población, e incentivará aquellas formas de producción que preserven sus derechos y el cuidado de
Que,	el Estado garantizará el derecho al trabajo, reconociendo todas sus
modalidades, en relación de dependencia o autónomas con inclusión
de labores de auto sustento y cuidado humano y como actores sociales productivos a todas las trabajadoras y trabajadores;
Que,	el Estado impulsará el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan,
fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución
Que,	“El Estado evitará la concentración o acaparamiento de factores
privilegios o desigualdades en el acceso a ellos”, tal como lo establece
la Constitución de la República en su Art. 334;
Que,	el Estado impulsará y apoyará el desarrollo y difusión de conocimientos y tecnologías orientados a los procesos de producción;
Que,	los Gobiernos Municipales regularán y controlarán la explotación de
materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los
ríos, lagos, playas de mar y canteras;
Art. 1.- Del objeto de la Ley.- La presente Ley de Minería norma el
ejercicio de los derechos soberanos del Estado Ecuatoriano, para administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y
eficiencia. Se exceptúan de esta Ley, el petróleo y demás hidrocarburos.
Que,	la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 395, señala que “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo,
que conserve la biodiversidad, la capacidad de regeneración natural
de los eco sistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las
generaciones presentes y futuras”; y,
El Estado podrá delegar su participación en el sector minero, a empresas
mixtas mineras en las cuales tenga mayoría accionaria, o a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, para la prospección,
exploración y explotación, o el beneficio, fundición y refinación, si fuere
el caso, además de la comercialización interna o externa de sustancias
Art. 2.- Ámbito de aplicación.- A fin de normar la delegación prevista en el artículo anterior, la presente Ley de Minería, regula las relaciones del Estado con las empresas mixtas mineras; con las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas, mixtas, privadas y las
de éstas entre si, respecto de la obtención, conservación y extinción de
derechos mineros y de la ejecución de actividades mineras.
Art. 3.- Normas supletorias.- Son aplicables en materia minera,
en la relación Estado - particulares, y de éstos entre si, la normativa:
Administrativa, Contencioso-Administrativa; de soberanía alimentaria;
tributaria; penal; procesal penal; de empresas públicas; societaria; civil;
procesal civil; de gobiernos autónomos descentralizados; de patrimonio
cultural y más normativa de la legislación positiva ecuatoriana aplicable
al sector geológico minero, en todo lo que corresponda y no esté expresamente regulado en la presente Ley.
DE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA MINERA
Art. 4.- Definición y dirección de la política minera.- Es atribución y deber de la Presidenta o Presidente de la República, la definición
Para el desarrollo de dicha política, su ejecución y aplicación, el Estado
obrará por intermedio del Ministerio Sectorial y las entidades y organismos que se determinan en esta Ley.
El Estado será el encargado de administrar, regular, controlar y gestionar
el desarrollo de la industria minera, priorizando el desarrollo sustentable y el fomento de la participación social.
a)	b)	c)	d)	e)	El Ministerio Sectorial;
La Agencia de Regulación y Control Minero;
El Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico;
La Empresa Nacional Minera; y,
Las Municipalidades en las competencias que les correspondan.
Art. 6.- Del Ministerio Sectorial.- Definido por la Presidencia de la
República, es el órgano rector y planificador del sector minero. A dicho
órgano le corresponde la aplicación de políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la Ley, sus reglamentos
El Estado, determinará de acuerdo a lo prescrito en el artículo 279 de la
Constitución vigente y en función de los principios del buen vivir, así como
de sus necesidades económicas, ambientales, sociales y culturales, las áreas
susceptibles de exploración y explotación minera, teniendo como prioridad
la racionalidad en la utilización de los recursos naturales, la generación de
nuevas zonas de desarrollo y el principio de equilibrio regional.
La Política Minera Nacional tenderá a promover en todos los niveles la
innovación, la tecnología y la investigación que permitan un desarrollo
interno del sector, para este proceso el Ministerio Sectorial coordinará
con las instancias de ciencia y tecnología y de altos estudios que existen
El Estado establecerá mecanismos de fomento, asistencia técnica,
capacitación y de financiamiento para el desarrollo sustentable para la
minería artesanal y pequeña minería. Así mismo, establecerá sistemas
de incentivos para la protección ambiental y generación de unidades
productivas más eficientes.
Art. 7.- Competencias del Ministerio Sectorial.- Corresponde al
Ministerio Sectorial:
a.	El ejercicio de la rectoría de las políticas públicas del área geológicominera, la expedición de los acuerdos y resoluciones administrativas
que requiera su gestión;
b.	Ejercer la representación del Estado en materia de política minera;
c.	Evaluar las políticas, planes y proyectos para el desarrollo, administración, regulación y gestión del sector minero;
d.	Ejecutar, de manera desconcentrada, la política pública definida
para el desarrollo del sector;
e.	Promover en coordinación con instituciones públicas y/o privadas,
Universidades y Escuelas Politécnicas, la investigación científica
y tecnológica en el sector minero;
f.	Definir, en coordinación con la entidad rectora de la planificación
nacional, el Plan Nacional de Desarrollo del sector minero;
g.	Supervisar el cumplimiento de los objetivos, las políticas y las metas
definidas para el sector que ejecutan las personas naturales y jurídicas públicas y/o privadas;
h.	Establecer los parámetros e indicadores para el seguimiento, supervisión y evaluación de la gestión de las empresas públicas e informar
al Ejecutivo sobre los resultados de tal ejecución y medición;
i.	Crear los Consejos Consultivos que permitan la participación ciudadana para la toma de decisiones en las políticas mineras;
j.	Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros; y,
k.	Las demás establecidas en las leyes y decretos ejecutivos vigentes, así
como en el Reglamento de esta Ley.
Art. 8.- Agencia de Regulación y Control Minero.- La Agencia
de Regulación y Control Minero, es el organismo técnico-administrativo,
encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría,
intervención y control de las fases de la actividad minera que realicen
la Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa
privada, la pequeña minería y minería artesanal y de sustento, de conformidad con las regulaciones de esta Ley y sus Reglamentos.
La Agencia de Regulación y Control Minero como institución de derecho
público, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica,
económica, financiera y patrimonio propio, está adscrita al Ministerio
Sectorial y tiene competencia para supervisar y adoptar acciones administrativas que coadyuven al aprovechamiento racional y técnico del
recurso minero, a la justa percepción de los beneficios que corresponden
al Estado, como resultado de su explotación, así como también, al cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad social y ambiental que
asuman los titulares de derechos mineros.
Art. 9.- Atribuciones de la Agencia de Regulación y Control
Minero.- Son atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Minero, las siguientes:
a)	Velar por la correcta aplicación de la presente Ley, sus reglamentos
b)	Dictar las regulaciones y planes técnicos para el correcto funcionamiento y desarrollo del sector, de conformidad con la presente Ley;
c)	Emitir informes de los procesos de otorgamiento, conservación y extinción de concesiones mineras, de autorización para la instalación
y operación de plantas de beneficio, tratamiento fundición y refinación; y de la suscripción de contratos de explotación, por parte del
Ministerio Sectorial;
d)	Llevar un registro y catastro de las concesiones mineras y publicarlo
mediante medios informáticos y electrónicos;
e)	Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se interpongan respecto de las resoluciones de las unidades desconcentradas que llegaren a su conocimiento;
f)	Conocer, tramitar y resolver, en los procesos de amparo administrativo;
g)	Inspeccionar las actividades mineras que ejecuten los titulares de los
derechos y títulos mineros;
h)	Vigilar que en las actividades mineras que ejecutan los titulares de
los derechos mineros, no se encuentren trabajando, o prestando servicios a cualquier titulo, niños, niñas y adolescentes y velar por el
cumplimiento del artículo 43 de la Constitución de la República;
i)	Sancionar con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento a los
titulares de la actividad minera, si de la observación a que se refiere
el literal h) que antecede, se estableciere que existen niños, niñas
j)	Designar un Interventor en los casos que la Ley lo determine;
k)	Fijar los derechos de concesión en el sector minero de conformidad
con lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, así como recaudar los
montos correspondientes por multas y sanciones;
l)	Ejercer el control técnico y aplicar las sanciones del caso para asegurar la correcta aplicación de las políticas y regulaciones del sector;
m)	Abrir, sustanciar y decidir los procedimientos destinados a la imposición de las sanciones establecidas en esta Ley;
n)	Vigilar, evaluar y divulgar el comportamiento del mercado y las estadísticas del sector minero;
o)	Otorgar las licencias de comercialización de sustancias minerales
determinadas en la presente ley; y,
p)	Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y los reglamentos aplicables.
El Estatuto de la Agencia de Regulación y Control determinará las competencias de las Agencias Regionales que se creen, en el marco de las
atribuciones contenidas en la presente Ley.
Art. 10.- Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico.- Créase el Instituto Nacional de investigación
Geológico, Minero, Metalúrgico de acuerdo con las normas del artículo 386 de la Constitución de la República del Ecuador como institución
pública encargada de realizar actividades de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en materia Geológica, Minera y Metalúrgica.
El Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico,
tiene personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio; está adscrito al Ministerio Sectorial
y tiene competencia para generar, sistematizar, focalizar y administrar
la información geológica en todo el territorio nacional, para promover
el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos minerales y prevenir la incidencia de las amenazas geológicas y aquellas ocasionadas por
el hombre, en apoyo al ordenamiento territorial.
La organización y funcionamiento de éste Instituto, deberá guardar conformidad con las disposiciones de la presente Ley y sus Reglamentos.
Art. 11.- Directorio de la Agencia de Regulación y Control
Minero.- La Agencia de Regulación y Control Minero tendrá un Directorio conformado por tres miembros que no tendrán relación de dependencia con esta entidad. Estará integrado por dos miembros titulares y
sus respectivos suplentes, que deben ser técnicos en la materia, designados por el Presidente de la República, y el Ministro Sectorial o su delegado permanente y su respectivo suplente, el cual ejercerá la Presidencia
El Directorio nombrará un Director Ejecutivo y establecerá la estructura
administrativa y financiera más conveniente para su correcto funcionamiento, así como también las atribuciones de sus funcionarios.
de Empresas Públicas, deberá actuar con altos parámetros de calidad y
Para el cumplimiento de su fin, la Empresa Nacional Minera podrá
asociarse, constituir compañías de economía mixta, celebrar asociaciones, uniones transitorias, alianzas estratégicas y en general todo acto
o contrato permitido por las leyes nacionales con la finalidad de cumplir
con su objeto social y alcanzar los objetivos nacionales, con personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.
Art. 13.- Sistemas administrativos.- Las servidoras o servidores públicos que presten sus servicios en las entidades y organismos que crea
esta Ley, estarán sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de unificación y homologación de las remuneraciones del
Sector Público, con excepción de la Empresa Nacional Minera, que se regirá por su propia normativa en apego a la Constitución de la República.
Art. 14.- Jurisdicción y competencia.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de derechos mineros
y jueces del país. En el caso de las personas naturales y jurídicas extranjeras, se atendrán a los términos del artículo 422 de la Constitución de
Art. 15.- Utilidad pública.- Se declara de utilidad pública la actividad minera en todas sus fases, dentro y fuera de las concesiones mineras. En consecuencia, procede la constitución de las servidumbres que
fueren necesarias, en el marco y límites establecidos en esta Ley, considerando la prohibición y excepción señaladas en el artículo 407 de la
Art. 12.- Empresa Nacional Minera.- Es una sociedad de derecho
público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica y administrativa, destinada a la gestión de la actividad minera para el aprovechamiento sustentable de los recursos materia de la presente Ley, en observancia a las
disposiciones de la misma y sus Reglamentos. La Empresa Pública Minera, sujeta a la regulación y el control específico establecidos en la Ley
Art. 16.- Dominio del Estado sobre minas y yacimientos.- Son
de propiedad inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable
del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta
de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por
las aguas del mar territorial. El dominio del Estado sobre el subsuelo se
ejercerá con independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos
superficiales que cubren las minas y yacimientos.
Art. 18.- Sujetos de derecho minero.- Son sujetos de derecho minero las personas naturales legalmente capaces y las jurídicas, nacionales
y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias y de autogestión, cuyo objeto social y funcionamiento se ajusten a las disposiciones
legales vigentes en el país.
La explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos mineros se ceñirán a los principios del desarrollo sustentable y sostenible,
de la protección y conservación del medio ambiente y de la participación y responsabilidad social, debiendo respetar el patrimonio natural
se realizará en función de los intereses nacionales, por personas naturales o jurídicas, empresas públicas, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras, otorgándoles derechos mineros, de conformidad con esta Ley.
La exploración y explotación de los recursos mineros estará basada en
una estrategia de sostenibilidad ambiental pública que priorizará la
y remediación ambiental, así como el fomento de la participación social
y la veeduría ciudadana.
Tanto la explotación directa cuanto las subastas destinadas a concesiones mineras, se realizarán únicamente en las áreas definidas en el Plan
Nacional de Desarrollo, en su componente de Ordenamiento Territorial.
Art. 19.- Domicilio de extranjeros.- Las personas naturales o jurídicas extranjeras, para ser titulares de derechos mineros, deben tener
domicilio legal en el territorio nacional y recibirán el mismo tratamiento
que el otorgado a cualquier otra persona natural o jurídica nacional.
Art. 20.- Personas inhabilitadas.- Se prohíbe el otorgamiento de
concesiones mineras a personas que tengan o hayan tenido conflictos
de interés o puedan hacer uso de información privilegiada, las personas
naturales o jurídicas vinculadas a los organismos de decisión de la actividad minera, sea a través de su participación directa o de sus accionistas y
sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o ex funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales, Ministerio de
Energía y Minas, Ministerio de Minas y Petróleos o de sus parientes inmediatos hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y las
personas naturales o jurídicas vinculadas a las instituciones de decisión
del sector minero, señaladas en el Título IV “de los contratos” Capítulo I
“de las capacidades, inhabilidades o nulidades” de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, entre otros.
Art. 17.- Derechos mineros.- Por derechos mineros se entienden
aquellos que emanan tanto de los títulos de concesiones mineras, contratos de explotación minera, licencias y permisos, como de las autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación,
Art. 21.- Actividad minera nacional.- La actividad minera nacional
se desarrolla por medio de empresas públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y familiares, de auto gestión o personas naturales,
de conformidad con esta Ley. El Estado ejecuta sus actividades mineras
por intermedio de la Empresa Nacional Minera y podrá constituir compañías de economía mixta. Las actividades mineras públicas, comunitarias o de autogestión, mixtas y la privada o de personas naturales, gozan
de las mismas garantías que les corresponde y merecen la protección
estatal, en la forma establecida en la Constitución y en esta Ley.
Art. 22.- Del Régimen Jurídico de la Empresa Nacional Minera y de los concesionarios privados.- La obtención y el ejercicio
de los derechos mineros de la Empresa Nacional Minera se sujetarán al
régimen jurídico establecido en la presente Ley y de acuerdo a lo determinado en el artículo 316 de la Constitución vigente. Asimismo, los
concesionarios privados en que ésta participe se sujetarán también a las
disposiciones de esta Ley y a las normas jurídicas comunes aplicables a la
inversión nacional y al desarrollo de actividades productivas en el país.
Art. 23.- Del interventor en actividades mineras.- La Agencia de Regulación y Control, designará un interventor en actividades mineras, que
interesada o de oficio, que el titular de los derechos mineros ha contravenido alguna de las disposiciones de esta ley y las demás que regulan el
sector minero, cuyos hechos pudieren generar perjuicios para los socios,
accionistas o terceros.
La Agencia de Regulación y Control, en el acto administrativo que designe al interventor, establecerá las operaciones y documentos que requieran de la firma y del visto bueno de éste. En todo caso el interventor hará
las veces de administrador y sus funciones serán: llevar cuenta exacta de
los productos, maquinarias y gastos de la concesionaria para rendirla
a su tiempo debidamente documentada; realizará la supervisión efecti36
va de los trabajos; y, vigilará el cumplimiento de sus deberes a todos el
personal tanto administrativo como de campo.
Los honorarios que perciba el interventor, serán los que determine la
Agencia de Regulación y Control, cuyo pago estará a cargo del titular de
los derechos mineros a través de éste Órgano Regulador.
Si la denuncia fuere manifiestamente infundada, la Agencia de Regulación y Control la rechazará e impondrá a los peticionarios o denunciantes las sanciones administrativas y civiles determinadas en la presente
ley, sin perjuicio de las sanciones penales que determine su respectivo
DE LAS ZONAS MINERAS ESPECIALES
Y ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES PREVIOS
Art. 24.- Áreas Mineras Especiales.- El Presidente de la República
podrá declarar Áreas Mineras Especiales, en sujeción al artículo 407 de
la Constitución de la República, a aquellas en las que exista potencial
de desarrollo minero y no se encuentren concesionadas, con el objeto
de que el Ministerio Sectorial, a través de sus entidades adscritas, realice catastros, investigaciones geológico-mineras u otro tipo de actividades con interés científico, dentro de sus respectivas competencias. En la
declaratoria de Área Minera Especial se establecerá expresamente el plazo de vigencia de la misma, el que no podrá ser superior a cuatro años;
vencido este plazo quedará levantada sin necesidad de disposición alguna que así lo declare. En todo caso, la declaratoria respetará los derechos
legalmente establecidos o los que deriven de éstos. No podrán otorgarse
concesiones mineras en dichas áreas durante su vigencia.
Durante los cuatro años siguientes desde el término de la vigencia de
un Área Minera Especial, la Empresa Nacional Minera tendrá un derecho
preferente para solicitar concesiones mineras en dicha área. Asimismo,
si durante el mismo plazo de cuatro años referido anteriormente, un
tercero solicita una concesión minera que abarque total o parcialmente
terrenos que hayan sido comprendidos por esa Área Minera Especial, la
Empresa Nacional Minera tendrá un derecho de primera opción para
el otorgamiento de una concesión minera en dicha área. La Agencia de
Regulación y Control Minero dará curso al procedimiento para el ejercicio del derecho de primera opción en los términos, condiciones y plazos
establecidos en el Reglamento General de la presente Ley.
Las áreas mineras y proyectos mineros en los cuales el Estado ecuatoriano haya realizado investigación geológica, realizó exploración o haya
establecido estudios de prefactibilidad o factibilidad, serán restituidos
Art. 25.- De las áreas protegidas.- Se prohíbe la actividad extractiva
de recursos no renovables en áreas protegidas. Excepcionalmente dichos
de la República, y previa declaratoria de interés nacional por parte de la
Asamblea Nacional, de conformidad a lo determinado en el artículo 407
de la Constitución de la República del Ecuador.
Art. 26.- Actos Administrativos Previos.- Para ejecutar las actividades mineras a las que se refiere el Capítulo siguiente, en los lugares que
a continuación se determinan, se requieren, de manera obligatoria, actos administrativos fundamentados y favorables, otorgados previamente
por las siguientes autoridades e instituciones, según sea el caso:
a)	En todos los casos, se requiere la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental y el informe sobre la afectación a áreas protegidas por
parte del Ministerio del Ambiente;
b)	Del Concejo Municipal, dentro de zonas urbanas y de acuerdo con el
ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo económico
social cantonal;
c)	Del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con relación a edificios, caminos públicos, ferrocarriles, andariveles y, a los Consejos
provinciales en el caso de vías de tercer orden;
d)	De la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones con relación a estaciones
de radiocomunicaciones, antenas e instalaciones de telecomunicaciones;
e)	Del Ministerio de Defensa, dentro de áreas o recintos militares o en
sus terrenos adyacentes, de lugares destinados a depósitos de materiales explosivos o inflamables, en zonas que se encuentren en los
límites y fronteras oficiales del país y en puertos habilitados, playas
de mar y fondos marinos;
f)	De la autoridad única del Agua en todo cuerpo de agua, como lagos,
lagunas, ríos o embalses o en las áreas contiguas a las destinadas
para la captación de agua para consumo humano o riego, de conformidad con la ley que regula los recursos hídricos. En el referido
acto administrativo se estará a lo determinado en la Constitución de
la República del Ecuador en cuanto al orden de prelación sobre el
Derecho al acceso al Agua;
g)	De la Dirección Nacional de Hidrocarburos con relación a oleoductos,
gasoductos y poliductos, refinerías y demás instalaciones petroleras;
h)	De la Dirección de Aviación Civil, con relación a aeropuertos o aeródromos o en sus terrenos adyacentes;
i)	Del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables en áreas en las
cuales existan centrales eléctricas, de las torres y líneas de tendidos
del sistema nacional interconectado; y,
j)	Obligatoriamente del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la
zona de prospección minera que pueda tener vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural.
Las distancias y demás requerimientos técnicos y ambientales para los
mencionados actos administrativos se establecerán de conformidad con
los criterios previstos en los respectivos reglamentos que dicten las instancias administrativas competentes en cada caso.
con los cuales se precautelen los intereses de cada institución y los derechos y garantías ciudadanas. Las autoridades e instituciones encargadas
de emitir los actos administrativos aquí referidos, no podrán solicitar
actos administrativos adicionales para extender el plazo en que deben
emitir su pronunciamiento.
En el caso que las autoridades e instituciones antes indicadas emitan
actos administrativos desfavorables, el concesionario minero podrá apelar de dicha resolución ante el Ministro Sectorial, quien emitirá su resolución de manera motivada, excepto lo señalado en el literal f) que será
apelable mediante vía judicial.
Art. 27.- Fases de la actividad minera.- Para efectos de aplicación
de esta Ley, las fases de la actividad minera son:
a)	Prospección, que consiste en la búsqueda de indicios de áreas
b)	Exploración, que consiste en la determinación del tamaño y forma
del yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él
existente. La exploración podrá ser inicial o avanzada e incluye también la evaluación económica del yacimiento, su factibilidad técnica
c)	Explotación, que comprende el conjunto de operaciones, trabajos
y labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la extracción y transporte de los minerales;
d)	Beneficio, que consiste en un conjunto de procesos físicos, químicos y/o metalúrgicos a los que se someten los minerales producto
de la explotación con el objeto de elevar el contenido útil o ley de
e)	Fundición, que consiste en el proceso de fusión de minerales,
concentrados o precipitados de éstos, con el objeto de separar el
producto metálico que se desea obtener, de otros minerales que los
f)	Refinación, que consiste en el proceso destinado a convertir los productos metálicos en metales de alta pureza;
g)	Comercialización, que consiste en la compraventa de minerales o la
celebración de otros contratos que tengan por objeto la negociación
de cualquier producto resultante de la actividad minera; y,
h)	Cierre de Minas, que consiste en el término de las actividades
mineras y el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en cualquiera de las fases referidas previamente, si no fueren
de interés público, incluyendo la reparación ambiental de acuerdo
al plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad ambiental
El Estado propenderá a la industrialización de los minerales producto
de las actividades de explotación, promocionando la incorporación del
valor agregado con máxima eficiencia, respetando los límites biofísicos
En todas las fases de la actividad minera, está implícita la obligación de
la reparación y remediación ambiental de conformidad a la Constitución
de la República del Ecuador, la ley y sus reglamentos.
Art. 28.- Libertad de prospección.- Toda persona natural o jurídica,
nacional o extranjera, pública, mixta o privada, comunitarias, asociativas, familiares y de auto gestión, excepto las que prohíbe la Constitución
de la República y esta Ley, tienen la facultad de prospectar libremente,
con el objeto de buscar sustancias minerales, salvo en áreas protegidas
zonas urbanas, centros poblados, zonas arqueológicas, bienes declarados de utilidad pública y en las Áreas Mineras Especiales. Cuando sea
del caso, deberán obtenerse los actos administrativos favorables previos
Art. 29.- Del remate y subasta pública para el otorgamiento de
concesiones mineras.- El Ministerio sectorial convocará a subasta pública para el otorgamiento de toda concesión minera metálica. Asimismo,
convocará a remate público para el otorgamiento de concesiones mineras
sobre áreas de concesiones caducadas o que hayan sido devueltas o revertidas al Estado, en el que participarán los peticionarios y presentarán sus
respectivas ofertas de conformidad con el procedimiento que establezca
En la planificación anual y plurianual del Ministerio Sectorial, deberá
obligatoriamente contener diferenciadamente las áreas susceptibles
de concesionamiento minero metálico para pequeña minería, minería
artesanal y por otra parte la minería a gran escala.
En la subasta pública para concesiones de pequeña minería solo y exclusivamente podrán participar las personas naturales o jurídicas que se
encuentren en esta categoría de acuerdo a los procedimientos y requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento General.
Las personas naturales y jurídicas que se encuentren en la categoría de
pequeña minería o mineros artesanales en ningún caso podrán tener
como socios o accionistas a empresas extranjeras.
El Reglamento General de esta Ley establecerá el procedimiento para
el remate y la subasta, así como los requisitos y condiciones para su
Art. 30.- Concesiones mineras.- El Estado podrá excepcionalmente
delegar la participación en el sector minero a través de las concesiones.
La concesión minera es un acto administrativo que otorga un título minero, sobre el cual el titular tiene un derecho personal, que es transferible previa la calificación obligatoria de la idoneidad del cesionario de los
derechos mineros por parte del Ministerio Sectorial, y sobre éste se podrán establecer prendas, cesiones en garantía y otras garantías previstas
en las leyes, de acuerdo con las prescripciones y requisitos contemplados
en la presente Ley y su Reglamento General.
La inscripción de la transferencia del título minero será autorizada por
la Agencia de Regulación y Control Minero una vez que reciba la comunicación de parte del concesionario informando la cesión de sus derechos
mineros, de acuerdo al procedimiento y los requisitos establecidos en el
Reglamento General de esta Ley. Dicho acto se perfeccionará con la inscripción en el Registro Minero previo el pago de un derecho de registro
que corresponderá al uno por ciento del valor de la transacción.
El Estado, con los informes legales correspondientes autorizará la transferencia del título minero por lo menos luego de transcurridos dos años
Se consideran accesorios a la concesión las construcciones, instalaciones
y demás objetos afectados permanentemente a la investigación y extracción de minerales, así como también a su beneficio.
El domicilio tributario y societario de los titulares de derechos mineros
será la región donde se encuentre la concesión minera, la mayor super43
ficie de la suma de ellas en el caso de concesionarios con títulos mineros
en distintas provincias o el principal proyecto de explotación o industrialización. Esta obligación deberá acreditarse al momento de solicitar
el otorgamiento de una concesión minera y no podrá modificarse sin
una autorización expresa de la Agencia de Regulación y Control Minero.
Art. 31.- Otorgamiento de concesiones mineras.- El Estado otorgará
excepcionalmente concesiones mineras a través de un acto administrativo a favor de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y de auto gestión,
conforme a las prescripciones de la Constitución de la República, esta
Ley y su Reglamento General.
El título minero sin perder su carácter personal confiere a su titular el
derecho exclusivo a prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, comercializar y enajenar todas las sustancias minerales que puedan
existir y obtenerse en el área de dicha concesión, haciéndose beneficiario de los réditos económicos que se obtengan de dichos procesos,
dentro de los límites establecidos en la presente normativa y luego del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el concesionario minero
solo puede ejecutar las actividades que le confiere este títulos una vez
cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 26.
El título minero constituirá un título valor de acuerdo a las regulaciones
que al efecto dicte la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Bancos, una vez que las reservas mineras contenidas en la
concesión sean debidamente valorizadas por la Agencia de Regulación
y Control Minero en los términos del respectivo Reglamento de Calificación de Recursos y Reservas Mineras.
El otorgamiento de concesiones mineras no metálicas y de materiales
de construcción no estarán sujetas al remate y subasta pública referidos en esta Ley, el reglamento General establecerá el procedimiento
para tal efecto, el mismo que en forma explícita deberá contener los
requerimientos de solvencia técnica, económica, montos de inversión,
Art. 32.- Unidad de medida.- Para fines de aplicación de la presente
Ley, la unidad de medida para el otorgamiento de un título minero se
denominará “hectárea minera”. Esta unidad de medida, constituye un
volumen de forma piramidal, cuyo vértice es el centro de la tierra; su
límite exterior es la superficie del suelo y corresponde planimétricamente a un cuadrado de cien metros por lado, medido y orientado de
acuerdo con el sistema de coordenadas UTM de la Proyección Transversa
Mercator, en uso para la Carta Topográfica Nacional.
Se exceptúa de estas reglas al lado de una concesión que linde con las
fronteras internacionales, áreas protegidas y/o con zonas de playa, en
El título minero es susceptible de división material o acumulación,
dentro del límite de una hectárea minera mínima y cinco mil hectáreas
mineras máximas, por concesión.
Los aspectos técnicos que correspondan a las formas, dimensiones, relación entre las dimensiones mínima y máxima de las concesiones, orientación, delimitaciones, graficaciones, verificaciones, posicionamientos,
mensuras, sistemas catastrales y los demás que se requieran para los
trámites de otorgamiento, conservación y extinción de derechos mineros, constarán en el Reglamento General de esta Ley.
Art. 33.- Derechos de trámite para concesión.- Los interesados en
la obtención de concesiones mineras pagarán en concepto de derechos
por cada trámite de solicitud de concesión minera y por una sola vez,
cinco remuneraciones básicas unificadas. El valor de este derecho no será
reembolsable y deberá ser depositado en la forma que se establezca en
No se admitirá a trámite solicitud alguna a la que no se hubiere anexado
y exclusivamente, el mes de marzo de cada año, los concesionarios mi45
neros pagarán una patente anual de conservación por cada hectárea minera, la que comprenderá el año calendario en curso a la fecha del pago
y se pagará de acuerdo con la escala indicada en el párrafo siguiente. En
ningún caso, ni por vía administrativa o judicial, se otorgará prórroga
para el pago de esta patente.
La patente de conservación desde el otorgamiento de la concesión hasta el 31 de diciembre del año en que venza el período de vigencia de
exploración inicial, equivaldrá al 2,5 por ciento de una remuneración
básica unificada por cada hectárea minera concesionada. Esta patente de conservación se aumentará al 5 por ciento de una remuneración
básica unificada por cada hectárea minera concesionada para el período de exploración avanzada y el período de evaluación económica del
yacimiento. Durante la etapa de explotación de la concesión minera, el
concesionario deberá pagar una patente de conservación equivalente
al 10 por ciento de una remuneración básica unificada por cada hectárea minera concesionada.
El primer pago del valor de la patente de conservación deberá efectuarse dentro del término de treinta días, contados a partir de la fecha del
otorgamiento del título minero y corresponderá al lapso de tiempo que
transcurra entre la fecha de otorgamiento de la concesión y el 31 de
diciembre de dicho año.
Se establece una patente anual de conservación para pequeña minería
de dos (2) dólares de los Estados Unidos de América por hectárea minera durante la fase de exploración inicial. En la fase de exploración
avanzada y de evaluación, de cuatro (4) dólares de los Estados Unidos
de América por hectárea minera y en el período de explotación, por el
área declarada en producción comercial, pagará diez (10) dólares de los
Estados Unidos de América por cada hectárea minera.
Art. 35.- Dimensión de la concesión y demasía.- Cada concesión
minera no podrá exceder de cinco mil hectáreas mineras contiguas.
Si entre dos o más concesiones mineras resultare un espacio libre que no
llegare a formar una hectárea minera, tal espacio se denominará demasía, que podrá concederse al concesionario colindante que la solicitare.
El Reglamento General de esta Ley establecerá el procedimiento para la
solicitud y el otorgamiento de las demasías.
Art. 36.- Plazo y etapas de la concesión minera.- La concesión
minera tendrá un plazo de duración de hasta veinte y cinco años que
podrá ser renovada por períodos iguales, siempre y cuando se hubiere presentado petición escrita del concesionario al Ministerio Sectorial
para tal fin, antes de su vencimiento y se haya obtenido previamente
el informe favorable de la Agencia de Regulación y Control Minero y del
En caso de que el Ministerio Sectorial no dicte la resolución correspondiente dentro del plazo de 90 días desde la presentación de la petición
indicada anteriormente, se producirá el silencio administrativo positivo,
en cuyo caso el título minero se renovará por diez años considerando la
renegociación objetiva del contrato que amerite. El o los funcionarios
que por cuya omisión haya operado el silencio administrativo serán responsables administrativa, civil o penalmente.
La concesión minera se dividirá en una etapa de exploración y una etapa
de explotación. A su vez, en la etapa de exploración se distinguirán el
período de exploración inicial, el período de exploración avanzada y el
período de evaluación económica del yacimiento.
Art. 37.- Etapa de exploración de la concesión minera.- Una
vez otorgada la concesión minera, su titular deberá realizar labores de
exploración en el área de la concesión por un plazo de hasta cuatro
años, lo que constituirá el período de exploración inicial.
No obstante, antes del vencimiento de dicho período de exploración
inicial, el concesionario minero tendrá derecho a solicitar al Ministerio
Sectorial que se le conceda otro período de hasta cuatro años para llevar
adelante el período de exploración avanzada, en cuyo caso su solicitud
deberá contener la renuncia expresa a una parte de la superficie de la
El Ministerio Sectorial dará curso a esta solicitud siempre y cuando el
concesionario minero hubiere cumplido con las actividades e inversiones mínimas en el área de la concesión minera durante el período de
exploración inicial. Una vez recibida la solicitud indicada en los términos
referidos anteriormente, el Ministerio Sectorial dictará una resolución
administrativa declarando el inicio del período de exploración avanza47
da. Sin embargo, en caso de que el Ministerio Sectorial no dicte la resolución correspondiente en el plazo de 60 días desde la presentación de
la solicitud, se producirá el silencio administrativo positivo. El o los funcionarios que por cuya omisión haya operado el silencio administrativo
serán responsables administrativa, civil o penalmente.
Una vez cumplido el período de exploración inicial o el período de exploración avanzada, según sea el caso, el concesionario minero tendrá
un período de hasta dos años para realizar la evaluación económica
del yacimiento y solicitar, antes de su vencimiento, el inicio a la etapa
de explotación y la correspondiente suscripción del Contrato de Explotación Minera, en los términos indicados en esta Ley. El concesionario
minero tendrá derecho a solicitar al Ministerio Sectorial la extensión del
período de evaluación económica del yacimiento por un plazo de hasta dos años contados desde la fecha del acto administrativo que acoge
dicha solicitud, debiendo el concesionario pagar la patente anual de
conservación para el período de evaluación económica del yacimiento,
aumentada en un 50 por ciento.
En caso que el concesionario minero no solicite dar inicio a la etapa
de explotación en los términos antes indicados, la concesión minera se
declarará extinguida por parte del Ministerio Sectorial.
de marzo de cada año y durante toda la vigencia de la etapa de exploración de la concesión minera, el concesionario deberá presentar al Ministerio Sectorial un informe anual de actividades e inversiones en exploración realizadas en el área de la concesión minera durante el año anterior
presentarse debidamente auditados por un profesional certificado por
la Agencia de Control y Regulación en los términos del Reglamento de
Calificación de Recursos y Reservas Mineras.
En el caso que el concesionario no cumpla con el plan de inversiones antes señalado, podrá evitar la caducidad de su concesión minera mediante el pago de una compensación económica equivalente al monto de las
inversiones no realizadas, siempre y cuando haya realizado inversiones
equivalentes al ochenta por ciento de dichas inversiones mínimas. El
pago de esta compensación deberá acreditarse en el informe anual de
las actividades e inversiones en exploración a que se refiere este artículo.
Estos valores se verán reflejados en el balance general y en las declaraciones al Servicio de Rentas Internas.
El pago de la compensación establecida en el inciso anterior no exime al
concesionario de la obligación de presentar el informe a que se refiere
Art. 39.- Etapa de explotación de la concesión minera.- El concesionario minero tendrá derecho a solicitar al Ministerio Sectorial, durante la vigencia del período de evaluación económica del yacimiento,
su paso a la etapa de explotación y la consiguiente suscripción del Contrato de Explotación Minera o del Contrato de Prestación de Servicios,
según sea el caso, que lo faculte para ejercer los derechos inherentes a
la preparación y desarrollo del yacimiento, así como también a la extracción, transporte, beneficio y comercialización de sus minerales.
Ningún concesionario minero podrá tener uno o más títulos que en su
conjunto sumen un área superior a cinco mil hectáreas mineras a partir
de la etapa de explotación. No obstante lo anterior, el Reglamento General de esta Ley establecerá los criterios técnicos para el establecimiento
de áreas de protección de los proyectos mineros en etapa de explotación.
La solicitud indicada anteriormente deberá contener los requisitos
mínimos previstos en esta Ley, su Reglamento General y a ella se deberá
acompañar un informe debidamente auditado por un profesional certificado en los términos del Reglamento respectivo. Este informe deberá dar cuenta del pago de los derechos de trámite administrativo y las
patentes de conservación que correspondieren, así como también de las
actividades e inversiones mínimas en exploración exigidas por la Ley.
El Ministerio Sectorial podrá solicitar al concesionario minero que en el
plazo de treinta días, amplíe o complemente la información entregada
en su solicitud. La información entregada por el concesionario minero
tendrá la categoría de confidencial y no podrá ser utilizada o revelada
a terceros salvo autorización escrita de su titular.
Una vez recibida la solicitud indicada en los términos referidos anteriormente, el Ministerio Sectorial dictará una resolución administrativa declarando el inicio a la etapa de explotación. Sin embargo, en caso de que
el Ministerio Sectorial no dicte la resolución correspondiente en el plazo
de 60 días desde la presentación de la solicitud o 30 días desde la presentación de los documentos que amplían o complementan la información
entregada, se producirá el silencio administrativo positivo. El o los funcionarios que por cuya omisión haya operado el silencio administrativo
serán responsables administrativa, civil o penalmente. En este caso el
concesionario minero podrá acceder a la etapa de explotación directamente conforme al modelo de Contrato referido en el artículo 40 o 41
de esta Ley, donde se acordarán los términos de la relación contractual.
No obstante lo anterior, en caso que como resultado de la evaluación
económica del yacimiento el concesionario minero decida no iniciar su
construcción y montaje, tendrá derecho a solicitar, la suspensión del
inicio de la etapa de explotación. Esta suspensión no podrá durar más
de dos años contados desde la fecha del acto administrativo que acoge dicha solicitud y dará derecho al Estado a recibir una compensación
económica equivalente a una remuneración básica unificada anual por
cada hectárea minera concesionada, durante el período de vigencia de
En el caso que el concesionario minero no solicite dar inicio a la etapa
de explotación o de suspensión en los términos antes indicados, la concesión minera se extinguirá.
Art. 40.- Contrato de Prestación de Servicios.- El Estado, a través del Ministerio Sectorial, podrá suscribir un Contrato de Prestación
de Servicios en los términos y condiciones establecidas por el Ministerio
Sectorial y las ofrecidas por el prestatario al momento de la adjudicación.
del prestatario minero como sus obligaciones en materias de gestión ambiental, presentación de garantías, relación con las comunidades y actividades de cierre parcial o total de la mina. El modelo de este contrato
será aprobado por el Ministerio Sectorial mediante Acuerdo Ministerial.
En este caso, el prestatario no estará obligado a pagar las regalías establecidas en la presente Ley ni los impuestos que deriven de ganancias extraordinarias. No obstante lo anterior, el Gobierno destinará los
recursos económicos correspondientes al 3% de las ventas de los minerales explotados, a proyectos de desarrollo local sustentable, a través de
los gobiernos municipales y juntas parroquiales y, de ser el caso, a las
instancias de gobierno de las comunidades indígenas, para lo cual se
establecerá la normativa respectiva.
En lo demás, el prestatario tendrá los mismos derechos y obligaciones
establecidos en el caso de los contratos de explotación minera individualizados en el artículo siguiente.
meses desde la resolución que declara el inicio de la etapa de explotación, el concesionario minero deberá suscribir con el Estado, a través del
Ministerio Sectorial, un Contrato de Explotación Minera que contendrá los términos, condiciones y plazos para las etapas de construcción
y montaje, extracción, transporte, y comercialización de los minerales
obtenidos dentro de los límites de la concesión minera.
Asimismo, los contratos deberán contener las obligaciones del concesionario minero en materias de gestión ambiental, presentación de garantías,
relación con las comunidades, pago de regalías y actividades de cierre parcial o total de la mina incluyendo el pago de todos los pasivos ambientales
correspondientes a un período equivalente al de la concesión.
El Contrato de Explotación Minera deberá contener el Precio Base para
la aplicación de la normativa determinada en la legislación tributaria
El contrato establecerá el derecho del concesionario minero a suspender
las actividades mineras sujeto al pago de una compensación económica
a favor del Estado, en el caso que las condiciones técnicas o de mercado
le impidan cumplir con los plazos establecidos para cada una de las
etapas y actividades indicadas anteriormente.
El titular de una concesión minera no podrá realizar labores de explotación sin haber suscrito previamente el respectivo contrato. No obstante
lo anterior, el concesionario hará suyos los minerales que eventualmente obtenga como resultado de los trabajos de exploración.
En el desarrollo de las actividades propias de la etapa de explotación,
el concesionario minero deberá cumplir con la normativa ambiental
vigente y no podrá llevar a cabo dichas actividades sin la correspondiente Licencia Ambiental. La resolución de diferencias y/o controversias
que sea materia de estos contratos sólo podrá someterse a los jueces
de la Función Judicial del Ecuador o de una instancia de arbitraje en
Art. 42.- Informe semestral de producción.- A partir de la explotación del yacimiento, los titulares de las concesiones mineras deberán
presentar al Ministerio Sectorial de manera semestral con anterioridad
al 15 de enero y al 15 de julio de cada año, informes auditados respecto
de su producción en el semestre calendario anterior, de acuerdo con las
guías técnicas que prepare la Agencia de Regulación y Control Minero.
Estos informes serán suscritos por el concesionario minero o su representante legal y por su asesor técnico, el que deberá acreditar su calidad
de profesional en las ramas de geología y/o minería.
Las auditorias y verificaciones técnicas de tales informes serán realizadas
por Universidades o Escuelas Politécnicas que cuenten con Facultades
dotadas de suficiente capacidad técnica para realizar el informe, evaluación o comprobación; o profesionales y/o firmas certificados por la
Los costos que demande la intervención de las entidades que practiquen
las evaluaciones serán de exclusiva cuenta del concesionario.
Art. 43.- Residuos minero - metalúrgicos.- Constituyen residuos
minero-metalúrgicos los desmontes, escombreras, relaves, desechos y escorias resultantes de las actividades minero-metalúrgicas.
Los residuos minero-metalúrgicos forman parte accesoria de la concesión, planta de beneficio o fundición de donde provienen, aunque se
encuentren fuera de ellas. El titular del derecho minero puede aprovecharlos libremente.
Art. 44.- Concesión de residuos abandonados.- El derecho a beneficiar, fundir, refinar o comercializar los residuos minero-metalúrgicos
abandonados se otorga conjuntamente con los derechos otorgados al
titular de una concesión minera sobre las demás sustancias minerales
que existan dentro de los límites de la concesión solicitada, conforme
con las prescripciones de esta Ley.
a)	De un título minero extinguido;
b)	De una planta de beneficio o fundición cuya autorización se encuentre vencida o que hubiere dejado de trabajar por un período de dos
años, salvo fuerza mayor o caso fortuito comprobados antes del vencimiento del plazo; y,
c)	Cuando no es posible determinar la propiedad de los mismos.
Previo al otorgamiento de la concesión minera solicitada, la Agencia de
Regulación y Control Minero deberá certificar la concurrencia de alguno
de los casos antes referidos.
Art. 45.- Autorización para instalación y operación de plantas.- El Ministerio Sectorial podrá autorizar la instalación y operación de
plantas de beneficio, fundición o refinación a cualquier persona natural
o jurídica, nacional o extranjera, pública, mixta o privada, comunitarias
y de auto gestión, que lo solicite de conformidad con lo establecido en
la presente Ley y su Reglamento General. No será requisito ser titular de
una concesión minera para presentar dicha solicitud.
plantas de beneficio de minerales, constituidas exclusivamente por trituración y molienda, con una capacidad instalada de 10 toneladas diarias
y plantas de beneficio; que incluyan trituración, molienda, flotación y/o
cianuración con una capacidad mínima de 50 toneladas diarias.
y operación de plantas de beneficio, fundición o refinación, deberán contar con la respectiva Licencia Ambiental, incluso si fuesen concesionarios.
Para obtener la autorización, en la normativa ambiental vigente y en el
Reglamento General a esta Ley se establecerán los requisitos.
Art. 46.- Derechos del concesionario minero para la instalación de plantas.- Los titulares de concesiones mineras pueden instalar
y operar plantas de beneficio, fundición y refinación, al amparo de sus concesiones, sin necesidad de solicitar la autorización prevista en el artículo
anterior, siempre que dichas plantas se destinen a tratar los minerales
de las mismas. El tratamiento de minerales ajenos a la concesión requerirá la autorización respectiva.
Art. 47.- Informes semestrales.- Los titulares de plantas de beneficio, fundición y refinación, presentarán informes semestrales de sus
actividades al Ministerio Sectorial, consignando la información requerida por la autoridad competente, conjuntamente con un resumen de las
inversiones y trabajos realizados, la producción obtenida y los resultados
técnicos de la operación.
Art. 48.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Los titulares de plantas de beneficio, fundición y refinación gozan de los derechos a que se refiere el
Título III Capítulos I y II, y están sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título IV de esta Ley en lo que les fuere aplicable.	CAPÍTULO V
Art. 49.- Derecho de libre comercialización.- Los titulares de
concesiones mineras pueden comercializar libremente su producción
Art. 50.- Licencia de comercialización.- Las personas naturales
o jurídicas que sin ser titulares de concesiones mineras se dediquen a
las actividades de comercialización o exportación de sustancias minerales metálicas o a la exportación de sustancias minerales no metálicas,
deben obtener la licencia correspondiente en el Ministerio Sectorial, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de esta Ley.
Igual licencia deben obtener los concesionarios mineros que comercien
sustancias minerales metálicas o exporten las no metálicas de áreas ajenas a sus concesiones.
No requerirán de esta licencia las personas naturales o jurídicas que
se dediquen a la comercialización interna de sustancias minerales no
metálicas, así como los artesanos de joyerías.
Art. 51.- Duración de la licencia y renovación.- Las licencias de
comercialización que se otorgan a las personas naturales o jurídicas
mencionadas en el artículo anterior, tienen vigencia por períodos de tres
años, son intransferibles y pueden renovarse por iguales períodos de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de esta Ley.
Art. 52.- Registro de Comercializadores.- La Agencia de Regulación y Control Minero mantendrá el Registro de Comercializadores de
sustancias minerales metálicas y de exportadores de minerales metálicos y no metálicos, con la finalidad de llevar un control estadístico de
las actividades de comercialización interna y de la exportación de estas
sustancias minerales, así como de verificar y precautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley.
Art. 53.- Obligación de los comercializadores.- Son obligaciones
de los comercializadores de sustancias minerales legalmente autorizados:
a)	Constituirse en agentes de retención sujetándose a las normas tributarias vigentes;
b)	Efectuar declaraciones en forma detallada, consignando todas las
retenciones y deducciones realizadas; y,
c)	Enviar un informe semestral al Ministerio Sectorial sobre el origen,
volumen y valor de sus compras; destino, volumen y valor de las ventas; retenciones efectuadas y cualquier información estadística que
fuere requerida por el Ministerio Sectorial. Dichos informes serán
remitidos en formularios simplificados que para el efecto elabore la
Art. 57.- Juzgamiento y sanciones.- La explotación ilegal o el comercio clandestino de sustancias minerales, calificado por la autoridad administrativa, será sancionado con el decomiso de la maquinaria, equipos
y los productos objeto de la ilegalidad y el cobro de un valor equivalente
al total de los minerales extraídos ilegalmente, sin perjuicio de las acciones penales que se deriven de estas infracciones. Sanciones que serán
aplicadas a todo sujeto minero. Se garantiza el debido proceso.
Las afectaciones al ambiente y el daño al ecosistema y biodiversidad
producidos a consecuencia de la explotación ilícita o invasiones, serán
considerados como agravantes al momento de dictar las resoluciones
respecto del amparo administrativo.
Art. 54.- Cancelación de la licencia.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo anterior dará lugar a la cancelación de
la licencia de comercialización, sin perjuicio de las responsabilidades
Art. 55.- Comercio clandestino de sustancias minerales.- Se
considerará comercio clandestino de sustancias minerales a:
a)	Los titulares de concesiones mineras que comercien internamente
sustancias minerales metálicas o exporten minerales metálicos o no
metálicos de otras concesiones, sin la licencia exigida en el artículo
50; y;
b)	Los productores mineros que vendan sustancias minerales metálicas
a personas o entidades no autorizadas para su comercialización.
Art. 56.- Explotación ilegal de minerales.- Incurrirán en explotación
ilegal de sustancias minerales quienes realicen las operaciones, trabajos
y labores de minería en cualquiera de sus fases sin título alguno para
ello o sin el permiso legal correspondiente.
Art. 58.- Continuidad de los trabajos.- Las actividades mineras
pueden ser suspendidas en el caso de internación o cuando así lo exijan
la protección de la salud y vida de los trabajadores mineros o de las comunidades ubicadas en un perímetro del área donde se realiza actividad
minera, según lo disponga el Reglamento General de esta Ley, cuando
así lo requiera la Defensa Civil o cuando se verifique el incumplimiento
a la Licencia Ambiental, por parte de la autoridad ambiental competente. En todo caso, la disposición de suspensión de actividades mineras
será ordenada exclusivamente, por el Ministro Sectorial, mediante resolución motivada.
El concesionario minero que se viere impedido de ejecutar normalmente sus labores mineras, por fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, podrá solicitar ante el Ministerio Sectorial, la suspensión
del plazo de la concesión por el período de tiempo que dure el impedimento. Para dicho efecto, el Ministerio Sectorial, mediante resolución
motivada, admitirá o negará dicha petición.
Art. 59.- Construcciones e instalaciones complementarias.Los titulares de concesiones mineras, pueden construir e instalar dentro
de su concesión, plantas de beneficio, fundición y refinación, depósitos
de acumulación de residuos, edificios, campamentos, depósitos, ductos,
plantas de bombeo y fuerza motriz, cañerías, talleres, líneas de transmisión de energía eléctrica, estanques, sistemas de comunicación, caminos, líneas férreas y demás sistemas de transporte local, canales, muelles
para el desarrollo de sus operaciones e instalaciones, sujetándose a las
disposiciones de esta Ley, a la normativa ambiental vigente y a todas las
normas legales correspondientes previo acuerdo con el dueño del predio superficial o de haberse otorgado las servidumbres correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, la
presente Ley y su Reglamento General.
Art. 60.- Aprovechamiento del agua y constitución de servidumbres.- La ejecución de actividades mineras en general y la autorización para la operación de plantas de beneficio, fundición y refinación,
requieren el permiso de la autoridad única del agua, para el aprovechamiento económico del agua y podrán solicitar las servidumbres que fueren
necesarias de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley que
regule los recursos hídricos.
Art. 61.- Autorización para el aprovechamiento del agua.Los concesionarios mineros que obtengan el permiso para el aprovechamiento de la autoridad única del agua deberán presentar ante el
Ministerio Sectorial el estudio técnico que justifique la idoneidad de los
trabajos a realizarse y que han sido aprobados por la autoridad de aguas
Las aguas alumbradas durante las labores mineras podrán ser usadas
por el concesionario minero, previa autorización de la autoridad única
del agua, con la obligación de descargarlas, observando los requisitos,
límites permisibles y parámetros técnicos establecidos en la legislación
DE LA INTERNACION, DEL AMPARO ADMINISTRATIVO,
DE LAS INVASIONES EN ÁREAS MINERAS Y OPOSICIONES
Art. 62.- Denuncia de internación.- Se prohíbe a los titulares de concesiones mineras o a los poseedores de permisos para realizar minería artesanal internarse con sus labores en concesión ajena. La denuncia de internación de trabajos será presentada ante el Ministerio Sectorial, junto con
el título de concesión y el certificado de pago de patentes, actualizado. El
Reglamento de esta Ley determinará el procedimiento para dicho trámite.
y Control Minero, que se impida el ejercicio ilegal de actividades mineras, la ocupación de hecho o cualquier otro acto perturbatorio inminente, contra el derecho de amparo que consagra este capítulo
El Estado, a través de la Agencia de Regulación y Control Minero, otorgará
amparo administrativo a los titulares de derechos mineros ante denuncias de internación, despojo, invasión o cualquier otra forma de perturbación que impida el ejercicio de sus actividades mineras.
y Control Minero, con fundamento en la resolución que otorga el amparo y a solicitud del demandante, pronunciará resolución por la que
ordene al ocupante ilegal abandonar el área objeto de la demanda de
amparo, en el plazo máximo de tres días, bajo prevención de desalojo
Si a pesar de la prevención anterior, el ocupante ilegal no abandonare
el área, la Agencia de Regulación y Control Minero, a solicitud de parte,
expedirá orden de desalojo, cuya ejecución corresponde a la autoridad
de policía competente de la provincia.
Art. 65.- Sanción a invasores de áreas mineras.- Los que con el
propósito de obtener provecho personal o de terceros, individual o colectivamente, invadan áreas mineras especiales, concesionadas y aquellas que tengan permisos artesanales, atentando contra los derechos del
Estado o de los titulares de derechos mineros, serán sancionados con
una multa de doscientos salarios básicos unificados, el decomiso de herramientas, equipos y producción obtenida, sin perjuicio de la demanda
de amparo y de las sanciones penales que el caso requiera.
Art. 66.- Formulación de oposiciones.- Los titulares de concesiones mineras pueden formular oposiciones alegando superposición,
cuando sobre sus concesiones se presenten otros pedidos de concesión.
Art. 67.- Obligaciones laborales.- Las obligaciones de orden laboral contraídas por los titulares de derechos mineros con sus trabajadores, serán de su exclusiva responsabilidad y de ninguna manera se harán
extensivas al Estado.
En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad minera, éstos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado
al Estado, que lo destinará, única y exclusivamente, a proyectos de inversión social en salud, educación y vivienda, a través de los organismos
seccionales del área donde se encuentra el proyecto minero. Dichos proyectos deberán estar armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo.
Para el caso de los trabajadores de la pequeña minería será del 10%
del porcentaje de utilidades y el 5% restante será pagado al Estado, que
lo destinará, única y exclusivamente, a proyectos de inversión social en
salud, educación y vivienda, a través de los organismos seccionales del
área donde se encuentra el proyecto minero. Dichos proyectos deberán
estar armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo.
Art. 68.- Seguridad e higiene minera-industrial.- Los titulares
de derechos mineros tienen la obligación de preservar la salud mental
y física y la vida de su personal técnico y de sus trabajadores, aplicando las normas de seguridad e higiene minera-industrial previstas en las
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, dotándoles de servicios de salud y atención permanente, además, de condiciones higiénicas
planos y especificaciones aprobados por la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio de Trabajo y Empleo.
Los concesionarios mineros están obligados a tener aprobado y en vigencia un Reglamento interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera, sujetándose a las disposiciones al Reglamento de Seguridad Minera
y demás Reglamentos pertinentes que para el efecto dictaren las instituciones correspondientes.
Ministerio Sectorial de acuerdo a las normas contenidas en el Reglamento General de la presente Ley y sin perjuicio de la responsabilidad penal
que corresponda si hubieran procedido maliciosamente, conforme lo
dispone el Código Penal, cuya sanción se impondrá también a quien
derribe, altere o traslade hitos demarcatorios de concesiones mineras.
Art. 69.- Prohibición de trabajo infantil.- Se prohíbe el trabajo de
niños, niñas o adolescentes a cualquier título en toda actividad minera,
de conformidad a lo que estipula el numeral 2 del artículo 46 de la
Constitución de la República. La inobservancia a esta disposición será
considerada infracción grave y se sancionará por primera y única vez
con multa señalada en el Reglamento de esta Ley; y, en caso de reincidencia, el Ministerio Sectorial declarará la caducidad de la concesión, la
terminación del contrato o de los permisos artesanales. Para el caso del
trabajo de mujeres, recibirán un tratamiento especial de conformidad al
Art. 73.- Mantenimiento y acceso a registros.- Los titulares de
derechos mineros se encuentran obligados a:
Art. 70.- Resarcimiento de daños y perjuicios.- Los titulares de
concesiones y permisos mineros están obligados a ejecutar sus labores
con métodos y técnicas que minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural o cultural, a las concesiones colindantes,
a terceros y, en todo caso, a resarcir cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus trabajos.
La inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el inciso
anterior se considerará como causal de suspensión de las actividades
mineras; además de las sanciones correspondientes.
Art. 71.- Conservación de hitos demarcatorios.- Los titulares de
concesiones mineras y permisos tienen la obligación de conservar los
hitos demarcatorios, bajo sanción de multa que será establecida por el
Ministerio Sectorial de acuerdo a las normas contenidas en el Reglamento General de la presente Ley.
Art. 72.- Alteración de hitos demarcatorios.- Los titulares de
concesiones mineras y permisos no pueden alterar o trasladar los hitos
demarcatorios de los límites de sus concesiones, so pena de pagar una
multa de 100 remuneraciones básicas unificadas que será impuesta por el
a)	Mantener registros contables, financieros, técnicos, de empleo, datos
estadísticos de producción, de avance de trabajo, consumo de materiales, energía, agua y otros que reflejen adecuadamente el desarrollo de sus operaciones; y,
b)	Facilitar el acceso de funcionarios debidamente autorizados por el
Ministerio Sectorial y sus entidades adscritas a los libros y registros
referidos en el literal anterior, a efecto de evaluar la actividad minera realizada.
Una vez que esta información sea entregada al Ministerio Sectorial,
tendrá el carácter de pública en el marco que establece la normativa
Art. 74.- Inspección de instalaciones.- Los titulares de derechos
mineros están obligados a permitir la inspección de sus instalaciones
u operaciones, a los funcionarios debidamente autorizados por parte de
los Ministerios Sectorial y del Ambiente y sus entidades adscritas. Dichas
inspecciones no podrán interferir en ningún caso el normal desarrollo
de los trabajos mineros. De no permitir la inspección u obstaculizar la
misma, la persona que ejerza las funciones competentes, deberá informar al Ministerio Sectorial de la respectiva jurisdicción, el cual podrá
suspender las actividades mineras.
Art. 75.- Empleo de personal nacional.- Los titulares de derechos
mineros están obligados a emplear personal ecuatoriano en una proporción no menor del 80% para el desarrollo de sus operaciones mineras.
En el porcentaje restante se preferirá al personal técnico especializado ecuatoriano, de no existir se contratará personal extranjero, el cual
deberá cumplir con la legislación ecuatoriana vigente.
Art. 76.- Capacitación de personal.- Los titulares de derechos mineros están obligados a mantener procesos y programas permanentes de
entrenamiento y capacitación para su personal a todo nivel. Dichos programas deben ser comunicados periódicamente al Ministerio Sectorial.
Para el procedimiento de presentación y calificación de los estudios
de impacto ambiental y planes de manejo ambiental y otorgamiento
de licencias ambientales, los límites permisibles y parámetros técnicos
exigibles serán aquellos establecidos en la normativa ambiental vigente.
Art. 77.- Apoyo al empleo local y formación de técnicos y
profesionales.- Los concesionarios mineros preferentemente contratarán trabajadores residentes en las localidades y zonas aledañas a sus
proyectos mineros y mantendrán una política de recursos humanos y
bienestar social que integren a las familias de los trabajadores.
Todas las fases de la actividad minera y sus informes ambientales aprobatorios requieren de la presentación de garantías económicas determinadas en la normativa ambiental legal y reglamentaria vigente.
Asimismo, en sus planes de operación y en coordinación con la Agencia
de Regulación y Control Minero, los concesionarios mineros acogerán en
sus labores mineras a estudiantes de segundo y tercer nivel de educación
para que realicen prácticas y pasantías en el campo de la minería y disciplinas afines, proporcionándoles las facilidades que fueren necesarias.
Art. 78.- Estudios de impacto ambiental y Auditorías Ambientales.- Los titulares de concesiones mineras y plantas de beneficio, fundición y refinación, previamente a la iniciación de las actividades mineras
en todas sus fases, de conformidad a lo determinado en el inciso siguiente, deberán efectuar y presentar estudios de impacto ambiental en la
fase de exploración inicial, estudios de impacto ambiental definitivos
y planes de manejo ambiental en la fase de exploración avanzada y
subsiguientes, para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos
ambientales y sociales derivados de sus actividades, estudios que deberán ser aprobados por el Ministerio del Ambiente, con el otorgamiento
de la respectiva Licencia Ambiental.
No podrán ejecutarse actividades mineras de exploración inicial, avanzada, explotación, beneficio, fundición, refinación y cierre de minas que
no cuenten con la respectiva Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del ramo.
Los términos de referencia y los concursos para la elaboración de estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y auditorias
ambientales deberán ser elaborados, obligatoriamente por el Ministerio
del Ambiente y otras instituciones públicas competentes, estas atribuciones son indelegables a instituciones privadas.
Los gastos en los que el ministerio del ambiente incurra por estos términos de referencia y concursos serán asumidos por el concesionario.
Los titulares de derechos mineros están obligados a presentar una auditoría ambiental anual que permita a la entidad de control monitorear,
vigilar y verificar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental.
y mineros artesanales que, previa autorización de la autoridad única del
agua, utilicen aguas para sus trabajos y procesos, deben devolverlas al
cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna de donde fueron
tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los límites permisibles
establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, con el fin
que no se afecte a los derechos de las personas y de la naturaleza reconocidos constitucionalmente.
El tratamiento a darse a las aguas para garantizar su calidad y la observancia de los parámetros de calidad ambiental correspondientes, deberá
preverse en el respectivo sistema de manejo ambiental, con observancia
de lo previsto en las Leyes pertinentes y sus reglamentos.
La reutilización del agua, a través de sistemas de recirculación es una
obligación permanente de los concesionarios
El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones que pueden
llegar a la caducidad de la concesión o permiso.
Art. 80.- Revegetación y Reforestación.- Si la actividad minera
requiere de trabajos que obliguen al retiro de la capa vegetal y la tala de
árboles, será obligación del titular del derecho minero proceder a la revegetación y reforestación de dicha zona preferentemente con especies
nativas, conforme lo establecido en la normativa ambiental y al plan de
Art. 85.- Cierre de Operaciones Mineras.- Los titulares de concesiones mineras deberán incluir en sus programas anuales de actividades
referentes al plan de manejo ambiental, información de las inversiones
y para la rehabilitación del área afectada por las actividades mineras de
artesanales, para acumular residuos minero-metalúrgicos deben tomar
estrictas precauciones que eviten la contaminación del suelo, agua, aire
y/o biota de los lugares donde estos se depositen, en todas sus fases
incluyendo la etapa de cierre, construyendo instalaciones como escombreras, rellenos de desechos, depósitos de relaves o represas u otras
infraestructuras técnicamente diseñadas y construidas que garanticen
un manejo seguro y a largo plazo.
Asimismo, en un plazo no inferior a dos años previo al cierre o abandono total de operaciones para las actividades mineras de explotación,
beneficio, fundición o refinación, el concesionario minero deberá presentar ante el Ministerio del Ambiente, para su aprobación, un Plan de
Cierre de Operaciones que incluya la recuperación del sector o área, un
plan de verificación de su cumplimiento, los impactos sociales y su plan
de compensación y las garantías indicadas en la normativa ambiental
vigente; así como, un plan de incorporación a nuevas formas de desarrollo económico.
Se prohíbe la descarga de desechos de escombros, relaves u otros
desechos no tratados, provenientes de cualquier actividad minera, hacia
los ríos, quebradas, lagunas u otros sitios donde se presenten riesgos de
Art. 86.- Daños ambientales.- Para todos los efectos legales derivados de la aplicación de las disposiciones del presente artículo y de
la normativa ambiental vigente, la autoridad legal es el Ministerio del
a terceros se estará a lo establecido en la Constitución de la República
del Ecuador y en la normativa civil y penal vigente.
Art. 82.- Conservación de la flora y fauna.- Los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental, deberán contener
información acerca de las especies de flora y fauna existentes en la zona,
así como realizar los estudios de monitoreo y las respectivas medidas de
mitigación de impactos en ellas.
Art. 83.- Manejo de desechos.- El manejo de desechos y residuos
sólidos, líquidos y emisiones gaseosas que la actividad minera produzca
dentro de los límites del territorio nacional, deberá cumplir con lo establecido en la Constitución y en la normativa ambiental vigente.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este capítulo, dará
lugar a las sanciones administrativas al titular de derechos mineros
administrativas podrán incluir la suspensión de las actividades mineras
El procedimiento y los requisitos para la aplicación de dichas sanciones
estarán contenidos en el Reglamento General de la Ley.
Art. 84.- Protección del ecosistema.- Las actividades mineras en
todas sus fases, contarán con medidas de protección del ecosistema, sujetándose a lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador y
Art. 87.- Derecho a la información, participación y consulta.El Estado, es responsable de ejecutar los procesos de participación y consulta social a través de las instituciones públicas que correspondan de
acuerdo a los principios constitucionales y a la normativa vigente. Dicha
competencia es indelegable a cualquier instancia privada.
Estos procesos tendrán por objeto promover el desarrollo sustentable
de la actividad minera, precautelando el racional aprovechamiento del
recurso minero, el respeto del ambiente, la participación social en materia ambiental y el desarrollo de las localidades ubicadas en las áreas de
influencia de un proyecto minero.
En el caso que de un proceso de consulta resulte una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de desarrollar el proyecto
será adoptada por resolución motivada del Ministro Sectorial.
Todo concesionario minero deberá respetar el derecho de las personas
al acceso a los procesos de información, participación y consulta en la
gestión ambiental de las actividades mineras.
Para todo proceso de consulta, el Ministerio de Finanzas, proporcionará
el respectivo presupuesto a través del Ministerio Sectorial.
Art. 88.- Procesos de Información.- A partir del otorgamiento de
una concesión minera y durante todas las etapas de ésta, el concesionario, a través del Estado, deberá informar adecuadamente a las autoridades competentes, gobiernos autónomos descentralizados, comunidades
y entidades que representen intereses sociales, ambientales o gremiales,
acerca de los posibles impactos, tanto positivos como negativos de la
Art. 89.- Procesos de Participación y Consulta.- La participación
ciudadana es un proceso que tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios de la comunidad a la gestión social y ambiental de un
proyecto minero, dicho proceso deberá llevarse a cabo en todas las fases
de la actividad minera, en el marco de los procedimientos y mecanismos
Art. 90.- Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos.Los procesos de participación ciudadana o consulta deberán considerar
un procedimiento especial obligatorio a las comunidades, pueblos y nacionalidades, partiendo del principio de legitimidad y representatividad,
o la explotación minera se lleve a cabo en sus tierras y territorios ancestrales y cuando dichas labores puedan afectar sus intereses. De conformidad con el artículo 398 de la Constitución de la República.
Art. 91.- Denuncias de Amenazas o Daños Sociales y Ambientales.- Existirá acción popular para denunciar las actividades mineras que
generen impactos sociales, culturales o ambientales, las que podrán ser
denunciadas por cualquier persona natural o jurídica ante el Ministerio del Ambiente, previo al cumplimiento de los requisitos y formalidades propias de una denuncia, tales como el reconocimiento de firma
El Ministerio del Ambiente adoptará las medidas oportunas que eviten
los daños ambientales cuando exista certidumbre científica de los mismos, resultantes de las actividades mineras.
de Regulación y Control adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas, las que en forma simultánea y en la misma providencia ordenará la
práctica de acciones mediante las cuales se compruebe el daño.
La autoridad ambiental deberá dar libre acceso a los estudios ambientales y sociales, formalmente solicitados, así como también a los informes
y resoluciones técnicas emitidas por autoridad competente, en la forma
Art. 92.- Regalías a la Actividad Minera.- El Estado, en cuanto propietario de los recursos naturales no renovables, tendrá derecho a recibir el pago de una regalía de parte de los concesionarios mineros que
realizan labores de explotación, en consideración a lo dispuesto en este
a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y de los minerales secundarios y serán pagadas semestralmente en los meses de marzo
y septiembre de cada año. Los montos por concepto de regalías deberán
estar debidamente reflejados en los informes semestrales de producción
sidades de las comunidades que se encuentran en áreas de influencia
afectadas directamente por la actividad minera.
Los titulares de derechos mineros de pequeña minería, pagarán por concepto de regalías, el 3% de las ventas del mineral principal y los minerales secundarios, tomando como referencia los estándares del mercado
El porcentaje de regalía para la explotación de minerales no metálicos se
calculará con base a los costos de producción.
El Reglamento de esta Ley y el Contrato de Explotación Minera establecerán los parámetros para la aplicación del pago de regalías, así como
también los requisitos para su distribución.
Art. 93.- Regalías a la explotación de minerales.- Los beneficios
económicos para el Estado estarán sujetos a lo establecido en el artículo
408 de la Constitución de la República; es decir, que el Estado participará
en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto no
menor a los del concesionario que los explota.
Para este efecto el concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas, adicional al pago
correspondiente del 25% del impuesto a la renta, del 12% de las utilidades determinadas en esta Ley, del 70% del impuesto sobre los ingresos
extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado determinado
en la normativa tributaria vigente.
La evasión del pago de regalías, será causal de caducidad, sin perjuicio
de los efectos civiles y penales a que diere lugar.
El 60% de la regalía será destinado para proyectos productivos y de desarrollo local sustentable a través de los gobiernos municipales, juntas
parroquiales y, cuando el caso amerite, el 50% de este porcentaje a las
instancias de gobierno de las comunidades indígenas y/o circunscripciones territoriales. Estos recursos serán distribuidos priorizando las nece70
DE LAS RELACIONES DE LOS TITULARES
DE DERECHOS MINEROS ENTRE SÍ
Y CON LOS PROPIETARIOS DEL SUELO
Art. 94.- Permiso a colindantes.- Los titulares de concesiones mineras, los titulares de los predios y de plantas de beneficio, fundición y
refinación, permitirán a los propietarios de los predios colindantes o a
los titulares colindantes el ingreso a sus instalaciones, galerías o socavones, en las siguientes circunstancias:
a)	Cuando exista fundado peligro de que los trabajos que se realizan
puedan generar algún daño al minero colindante;
b)	Cuando los derrumbes o deterioros en las galerías, socavones y demás instalaciones pudieran ser reparados más fácil y oportunamente desde los socavones, galerías o instalaciones vecinos, aunque se
tuviera que abrir comunicaciones temporales. En todo caso, los costos correrán por cuenta exclusiva del beneficiario; y,
c)	Cuando exista sospecha de internación.
Si este permiso fuere denegado, el interesado podrá acudir al Ministerio
y perjuicios ocasionados, provengan de la acumulación de aguas utilizadas en las labores mineras de una concesión vecina o colindante, el
perjudicado requerirá por escrito al que causó el daño para que, en el
plazo máximo de 48 horas proceda a su desagüe total, sin perjuicio de
las indemnizaciones por los daños ocasionados.
El costo de la operación de desagüe correrá por cuenta exclusiva del causante del daño, pudiendo el perjudicado cubrir los gastos, con derecho
El perjudicado debe acudir ante el Ministerio Sectorial, a fin de lograr
el cumplimiento de lo establecido en este artículo, así como también
informar sobre el particular a la Secretaría Nacional de Agua.
Art. 96.- Aprovechamiento de aguas subterráneas en concesiones vecinas.- Los titulares de derechos mineros pueden aprovechar
las aguas subterráneas alumbradas en su concesión minera o en una
colindante, una vez que el que las alumbró haya dejado de servirse de
ellas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley que regula el recurso
hídrico y el control sobre el manejo ambiental.
Art. 97.- Prohibición de internación.- Se prohíbe a los titulares de
concesiones mineras, internarse con sus labores en concesión ajena sin
permiso del colindante. Toda internación no consentida obliga al que la
efectúa a paralizar los trabajos, al pago del valor de los minerales que
hubiere extraído, deducidos los costos de extracción y a la indemnización por los perjuicios causados.
Art. 98.- Suspensión de labores.- Cuando se denuncie internación
de trabajos, la denuncia administrativa deberá ser reconocida ante autoridad competente de la Agencia de Regulación y Control Minero, la que
previa investigación, ordenará la suspensión de labores en la zona de
litigio y dictará la resolución que corresponda en la controversia.
Art. 99.- Internación dolosa.- Se presume de hecho, como dolosa,
la internación que exceda los 20 metros medidos desde el límite de la
concesión. Igualmente, se considerará dolosa la internación cuando se
continuaren los trabajos después de decretada la suspensión de labores
por la Agencia de Regulación y Control Minero. En estos casos, el pago del
valor de los minerales extraídos o su restitución se efectuará sin deducción
alguna y sin perjuicio de la responsabilidad penal de quien se interne para
cometer el delito de usurpación.
Art. 100.- Clases de servidumbres.- Desde el momento en que se
constituye una concesión minera o se autoriza la instalación de plantas
de beneficio, fundición y refinación, los predios superficiales están sujetos
a)	La de ser ocupados en toda la extensión requerida por las instalaciones y construcciones propias de la actividad minera. El concesionario
minero, deberá de manera obligatoria cancelar al propietario del
predio, un valor monetario por concepto de uso y goce de la servidumbre, así como el correspondiente pago por daños y perjuicios
que le irrogare. En caso de no existir acuerdo, la Agencia de Regulación y Control determinará ese valor;
b)	Las de tránsito, acueducto, líneas férreas, aeródromos, andariveles,
rampas, cintas transportadoras y todo otro sistema de transporte
y comunicación;
c)	Las establecidas en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico para el
caso de instalaciones de servicio eléctrico; y,
d)	Las demás necesarias para el desarrollo de las actividades mineras.
Art. 103.- Constitución y extinción de servidumbres.- La constitución de la servidumbre sobre predios, áreas libres o concesiones, es
esencialmente transitoria, la cual se otorgará mediante escritura pública
y en caso de ser ordenada por resolución de la Agencia de Regulación y
Control Minero, se protocolizará. Estos instrumentos se inscribirán en el
Estas servidumbres se extinguen con los derechos mineros y no pueden
aprovecharse con fines distintos de aquellos propios de la respectiva
concesión o planta; y pueden ampliarse o restringirse según lo requieran
las actividades de la concesión o planta.
Art. 104.- Indemnización por perjuicios.- Las servidumbres se
constituyen previa determinación del monto de la indemnización por
todo perjuicio que se causare al dueño del inmueble o al titular de la
concesión sirviente y no podrá ejercitarse mientras no se consigne previamente el valor de la misma.
Art. 105.- Gastos de constitución de la servidumbre.- Los gastos que demande la constitución de estas servidumbres serán de cuenta
exclusiva del concesionario beneficiado o del titular de la planta.
Art. 101.- Servidumbres voluntarias y convenios.- Los titulares
de derechos mineros pueden convenir con los propietarios del suelo, las
servidumbres sobre las extensiones de terreno que necesiten para el adecuado ejercicio de sus derechos mineros, sea en las etapas de exploración
o explotación, así como también para sus instalaciones y construcciones,
con destino exclusivo a las actividades mineras.
En el caso de zonas pertenecientes al Patrimonio Cultural, para el otorgamiento de una servidumbre deberá contarse con la autorización del
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y se estará a las condiciones
establecidas en el acto administrativo emitido por dicho Instituto.
Art. 102.- Servidumbres sobre concesiones colindantes.- Para dar
a plantas de beneficio, fundición o refinación, podrán constituirse servidumbres sobre otras concesiones colindantes o en áreas libres.
DE LA EXTINCIÓN DE LOS
Art. 106.- Vencimiento del plazo.- La concesión minera y los permisos se extinguirán por la expiración del plazo otorgado o el de su
La Agencia de Regulación y Control Minero ordenará la cancelación en
los respectivos registros una vez cumplido el plazo de vigencia de una
concesión minera, o en el caso de que el concesionario minero no haya
solicitado dar inicio a la etapa de explotación o la renovación del plazo
de concesión en el marco de un Contrato de Explotación Minera, en los
términos dispuestos en la presente Ley.
Art. 107.- Facultad de los concesionarios.- En cualquier tiempo
durante la vigencia de una concesión minera, sus titulares podrán reducirlas o renunciar totalmente a ellas de acuerdo con el procedimiento
establecido en esta Ley y en su Reglamento General, siempre que dichas
renuncias o reducciones no afecten derechos de terceros.
La renuncia da lugar a la cancelación de la inscripción del título en los
respectivos registros, quedando libre el área cubierta por dicha concesión minera. En el caso de la reducción, se procederá a anotar al margen
del registro el área que subsiste en poder del concesionario minero.
Art. 108.- Caducidad de concesiones.- El Ministerio Sectorial estará
facultado para declarar la caducidad de las concesiones mineras y permisos en el caso de que sus titulares no hayan dado cumplimiento a las
obligaciones indicadas expresamente en este capítulo.
El proceso de declaración de caducidad podrá iniciarse de oficio por el
Ministerio Sectorial, a petición de los Ministerios que tienen relación con
la actividad minera o previa denuncia de un tercero y estará sujeto a las
disposiciones, requisitos y procedimientos que para el efecto determine
La calificación técnica y jurídica de los hechos que servirán de fundamento a la declaración de caducidad será formulada por la Agencia de
Una vez notificado con el motivo de la caducidad presunta, el concesionario minero tendrá, por una sola vez, un término de 30 días para
desvirtuar la causal de caducidad o cumplir con la obligación no atendida, en este último caso previo pago de una multa de veinte y cinco
remuneraciones básicas unificadas. Este derecho a subsanar los incumplimientos que constituyen una causal de caducidad no se aplicará a los
casos indicados en los artículos 110 115, 116 y 117.
Art. 109.- Efectos de la caducidad.- La caducidad extingue los derechos mineros. Con excepción de la causal establecida en el artículo
117, no será necesario contar con una sentencia judicial previa para la
declaración de caducidad, en este caso, producirá sus efectos desde la
fecha de su notificación y respectiva ejecutoria.
Art. 110.- Caducidad por falta de pago.- Las concesiones caducan
cuando sus titulares han dejado de pagar las patentes, regalías y demás
derechos o tributos establecidos en la presente Ley.
Art. 111.- Caducidad por no presentación de informes de exploración o por no acreditación de actividades e inversiones mínimas.- Será causal de caducidad la falta de presentación ante el Ministerio
Sectorial del informe anual de las actividades e inversiones en exploración realizadas en el área de la concesión minera.
Art. 112.- Caducidad por no presentación de informes de
producción.- Caducará la concesión minera cuyos titulares no acompañen dentro del plazo establecido en el artículo 42 de la presente Ley,
los informes auditados respecto de su producción.
Art. 113.- Caducidad por explotación no autorizada y por
presentación de información falsa.- Caducará la concesión minera en caso que su titular realice labores de explotación, directa o indirectamente, con anterioridad a la suscripción del Contrato de Explotación Minera respectivo.
Asimismo, caducará la concesión minera en caso que los informes que
señala esta Ley contengan información falsa o que maliciosamente altere sus conclusiones técnicas y económicas.
Art.- 114.- Caducidad por alteración maliciosa de los hitos.La alteración maliciosa de los hitos demarcatorios debidamente comprobada, será causal de caducidad de la concesión minera.
Art. 115.- Caducidad por Declaración de Daño Ambiental.- El
Ministerio Sectorial deberá declarar la caducidad de las concesiones mineras cuando se produzcan daños ambientales, sin perjuicio de la obligación del concesionario de reparar los daños ambientales causados.
La calificación del daño ambiental, tanto en sus aspectos técnicos como
jurídicos, se efectuará mediante resolución motivada del Ministerio del
Ambiente, en concordancia con el artículo 78 de la presente Ley. Cuando
haya afectación de recursos hídricos a causa de las actividades mineras,
la calificación de daño ambiental deberá considerar el pronunciamiento
de la autoridad única del agua.
El procedimiento y los requisitos para la declaración de daño ambiental estarán contenidos en el Reglamento General de la normativa ambiental vigente.
Art. 116.- CADUCIDAD POR DAÑO AL PATRIMONIO CULTURAL DEL
ESTADO.- El Ministerio Sectorial, previo informe técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, deberá declarar la caducidad de las concesiones mineras en el caso de que sus actividades hubieren producido un
daño grave, permanente o irreparable al patrimonio cultural del Estado,
en concordancia con las disposiciones de la Constitución de la República
y de la Ley de Patrimonio Cultural.
El procedimiento y los requisitos para la declaración de daño al patrimonio cultural estarán contenidos en el Reglamento que para el efecto
Art. 117.- Caducidad por Violación de los Derechos Humanos.- El Ministerio Sectorial deberá declarar la caducidad de una concesión minera si se ha producido violación de derechos humanos, ya sea
por parte del concesionario o de sus representantes, así como de sus
contratistas, especialmente de las compañías de seguridad que actúen
en nombre del concesionario o quien haga sus veces, para lo cual deberá
contar previamente con sentencia ejecutoriada dictada por juez competente que determine violación de derechos humanos.
Art. 118.- Inhabilidad para solicitar concesiones mineras.Las personas naturales o jurídicas que hubieren perdido su calidad de
concesionarios mineros debido al incumplimiento de una o más obligaciones legales o contractuales derivadas de la concesión minera, no podrán volver a obtener una concesión en aquellas áreas cubiertas, total o
parcialmente, por la concesión original ni en otra área minera, en el plazo de tres años desde que se haya ejecutoriado el correspondiente acto
administrativo de caducidad de dicha concesión.
Art. 119.- Responsabilidades y sanciones.- La persona que ejerza
las funciones públicas competentes que no hubiere dado cumplimiento a
una o más de las obligaciones legales establecidas en la presente Ley, responderán administrativa, civil y penalmente por dicho incumplimiento.
Los profesionales responsables de entregar información legal, técnica,
económica o ambiental a las autoridades competentes, serán civil y penalmente responsables por la presentación de información falsa o maliciosa.
Art. 120.- Nulidad de concesiones.- Serán nulos los títulos de los
derechos mineros otorgados en contravención a las disposiciones de esta
Ley. También será nula la concesión otorgada sobre otra legalmente válida
e inscrita, en la parte en que se superponga a ésta, siempre y cuando no
produzca los efectos de las causales de caducidad.
Art. 121.- Declaratoria de nulidad.- Es de competencia del Ministerio Sectorial conocer y resolver la nulidad de una concesión minera denunciada por los sujetos de derechos mineros y de terceros perjudicados. La
nulidad produce la devolución del área minera al concesionario minero
con derecho preferente, o en su caso al Estado, quedando la misma libre.
Art. 122.- Derecho de propiedad sobre bienes mineros.- Por
la extinción de los derechos mineros, el ex-titular, no pierde su derecho
de propiedad sobre edificaciones, maquinarias, instalaciones y demás
elementos de trabajo, los que pueden ser retirados a su propio costo.
Y DE LOS REQUISITOS DE LOS CONTRATOS
Art. 123.- Normas aplicables.- Los contratos entre concesionarios o
de estos con terceros, relativos a derechos y actividades mineras, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 125 de la presente Ley y además por
las normas del derecho privado, en todo cuanto no se opongan a esta.
Art. 124.- Requisitos.- Los contratos mineros, para su validez, deben
celebrarse mediante escritura pública e inscribirse en el Registro Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero y cumplir con
todos los requisitos constantes en la presente Ley. Todos los contratos
deberán publicarse en los portales informáticos del Registro Minero.
DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA Y DE
LA PROMESA IRREVOCABLE
Art. 125.- Derechos transferibles.- Los derechos mineros en general son susceptibles de cesión y transferencia, previa autorización de la
Agencia de Regulación y Control Minero, y de libre transmisibilidad por
causa de muerte. Dichas transferencias se perfeccionan con la inscripción en el libro correspondiente del Registro Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero; Los derechos de registro se fijarán en
el Reglamento General de ésta Ley.
La cesión y transferencia de derechos que emanen de una concesión
minera, será nula y no tendrá valor alguno si no precede la autorización
de la Agencia de Regulación y Control Minero, sin perjuicio de la declaración de caducidad según lo previsto en la presente Ley.
Art. 126.- Promesa irrevocable.- Podrán celebrarse contratos de
promesa irrevocable de cesión o transferencia de derechos y acciones
sobre un título minero o en general en relación a cualesquiera otros
derechos mineros, cumpliendo los mismos requisitos y obligaciones establecidas en el artículo anterior.
En este tipo de contratos es facultativo para el promitente cesionario
celebrar o no el contrato definitivo, pero es obligatorio para el oferente
celebrar dicho contrato definitivo.
Art. 127.- Contratos no rescindibles por lesión enorme.- Los contratos
de cesión o transferencia y de permuta de derechos y acciones sobre títulos
mineros u otros derechos mineros, no son rescindibles por lesión enorme.
Art. 128.- De la Cesión en Garantía.- Las construcciones, plantas
de beneficio, fundición, refinación o los derechos que emanan del título
minero, que existan en las concesiones pueden ser objeto de cesión en
Los contratos de cesión en garantía sobre los bienes antes referidos, deberán otorgarse por escritura pública e inscribirse en el Registro Minero
a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero.
Art. 129.- De la prenda.- Puede constituirse prenda sobre los bienes
muebles destinados a la operación de la concesión y sobre las sustancias
minerales extraídas del yacimiento.
Los contratos de prenda deberán anotarse al margen de las inscripciones
de las concesiones mineras en el Registro Minero a cargo de la Agencia
DEL CONDOMINIO, LAS COOPERATIVAS
Y ASOCIACIONES DEDICADAS
Art. 131.- Constitución del condominio minero.- Se constituye
condominio sobre una concesión minera, cuando el Estado otorga el
título minero a varias personas naturales que la hayan solicitado mediante una sola petición, sujetándose a las disposiciones pertinentes de
Art. 132.- Responsabilidad de los condóminos.- El condominio no
supone la existencia de una compañía legalmente constituida. Los
condóminos son solidariamente responsables por las obligaciones emanadas de la titularidad minera que ejercen.
Los condóminos designarán un procurador común mediante escritura
pública inscrita en el Registro Minero. En caso de no hacerlo, la notificación efectuada a uno de ellos surtirá efecto legal para todos.
Art. 133.- Derechos y obligaciones de las cooperativas, asociaciones, condominios y microempresas.- Las cooperativas,
asociaciones, condominios y microempresas dedicadas a realizar actividades mineras, gozan de los mismos derechos; tienen las mismas obligaciones que esta Ley establece para los titulares de derechos mineros y
pueden asociarse y suscribir todo tipo de contratos mineros con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
Art. 130.- Acciones judiciales.- En el caso de los artículos 128 y 129
anteriores, el acreedor puede ejercer acciones judiciales hasta el remate
del bien gravado. La autoridad judicial no podrá disponer la interrupción de las labores mineras.
Art. 134.- Minería Artesanal.- Se considera minería artesanal y de
sustento aquella que se efectúa mediante trabajo individual, familiar o
asociativo de quien realiza actividades mineras autorizadas por el Estado en la forma prevista en esta Ley y su reglamento y que se caracteriza
por la utilización de herramientas, máquinas simples y portátiles destinadas a la obtención de minerales cuya comercialización en general sólo
permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar
que las realiza y que no hayan requerido una inversión superior a las
ciento cincuenta remuneraciones básicas unificadas.
En caso de producirse la asociación de tres o más mineros artesanales su
inversión será de trescientas remuneraciones básicas unificadas y previo
informe técnico, económico, social y ambiental de la Agencia de Regulación y Control Minero.
El Ministerio Sectorial otorgará permisos por un plazo de 10 años para
realizar labores de minería artesanal, que será renovado por períodos
iguales, siempre que exista petición escrita antes de su vencimiento
del Ministerio del Ambiente. Los permisos de la Minería Artesanal, no
podrán afectar los derechos de un concesionario minero con un título vigente; no obstante lo anterior, los concesionarios mineros podrán
autorizar la realización de trabajos de minería artesanal en el área de
su concesión mediante contratos mineros en los que se prevea el cumplimiento de la normativa ambiental y minera de acuerdo al reglamento
especial que se dictará para el efecto.
La Agencia de Regulación y Control Minero, estará facultada para regular la explotación de minerales y seguridad minera que sean aplicables
de protección al ambiente, el órgano competente será el Ministerio del
La inobservancia de la presente ley y su reglamento, constituirá causal
de revocatoria de los permisos.
Para el caso de la calificación positiva del cesionario operará el silencio
Art. 136.- El Ministerio Sectorial promoverá programas especiales de
asistencia técnica, manejo ambiental, seguridad minera y de capacitación y formación profesional a la minería artesanal, para lo cual se podrá contar con el soporte de Universidades y Escuelas Politécnicas que
cuenten con las especialidades correspondientes a estas áreas.
Art. 137.- Incentivo a la producción minera nacional.- A fin de
impulsar el pleno empleo, eliminación del subempleo y del desempleo,
a la iniciativa privada, cooperativas y asociaciones de economía popular
y solidaria, promoverá el desarrollo de la minería nacional bajo el régimen especial de pequeña minería, garantizando el derecho a realizar
dicha actividad en forma individual y colectiva bajo principios de solidaridad y responsabilidad social.
Art. 138.- Pequeña Minería.- Se considera pequeña minería a aquella que, en razón del área de las concesiones, volumen de procesamiento
a)	Una capacidad instalada de explotación y/o beneficio de hasta 300
toneladas métricas por día.
b)	Una capacidad de producción de hasta 800 metros cúbicos por día, con
relación a la minería de no metálicos y materiales de construcción.
Los titulares de derechos en pequeña minería estarán sujetos al cumplimento de la normativa ambiental vigente y a la concurrencia y aprobación de los programas de capacitación promovidos por el Instituto
Nacional de Investigación Geológica.
Las personas naturales o jurídicas que realicen pequeña minería deberán ser titulares de una concesión minera para la pequeña minería
y cumplirán con las disposiciones especiales de este capítulo II. En todo
aquello que no esté regulado por normas especiales, se aplicarán los
contenidos generales de la presente Ley y su Reglamento General.
El Ministerio Sectorial promoverá programas especiales de asistencia
técnica, de manejo ambiental, de seguridad minera y de capacitación
y formación profesional a la pequeña minería. El Ministerio del Ambiente también promoverá programas especiales de manejo ambiental en la
Art. 139.- Concesión Minera para la Pequeña Minería.- El Estado otorgará Concesiones Mineras para la Pequeña Minería a favor de
personas naturales y jurídicas, conforme a las prescripciones de esta Ley
La concesión minera para la pequeña minería será otorgada por el
Ministerio Sectorial de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento y confiere a su titular el derecho exclusivo a prospectar, explorar,
explotar, beneficiar, fundir, refinar y comercializar todas las sustancias
minerales que puedan existir y obtenerse en el área de dicha concesión,
sin otras limitaciones que las señaladas en la presente Ley.
Art. 140.- Registro.- Para acceder a los derechos y beneficios que este
capítulo confiere a los titulares de derechos mineros, estos deben registrar su condición de pequeños mineros, ante la autoridad administrativa minera del Ministerio Sectorial. El procedimiento y los requisitos de
registro constarán en el Reglamento de esta Ley.
Art. 141.- Obligaciones.- Los concesionarios mineros que realicen actividades de pequeña minería deberán cumplir con las obligaciones de
los concesionarios mineros contenidas en el Título IV de la presente Ley.
Art. 142.- Concesiones para materiales de construcción.- El
Estado, por intermedio del Ministerio Sectorial, podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, rocas y demás materiales de empleo directo en la industria de la construcción, con
excepción de los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras que
se regirán a las limitaciones establecidas en el Reglamento General de
esta Ley, que también definirá cuales son los materiales de construcción
y sus volúmenes de explotación.
En el marco del artículo 264 de la Constitución vigente, cada Gobierno
Municipal, asumirá las competencias para regular, autorizar y controlar
la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los
lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, de acuerdo al
Reglamento Especial que establecerá los requisitos, limitaciones y procedimientos para el efecto. El ejercicio de la competencia deberá ceñirse a
los principios, derechos y obligaciones contempladas en las Ordenanzas
Municipales que se emitan al respecto. No establecerán condiciones y obligaciones distintas a las establecidas en la presente Ley y sus reglamentos.
Art. 143.- Derechos y Obligaciones del concesionario de materiales de construcción.- El concesionario estará facultado para explorar dichos materiales sin necesidad de suscribir un Contrato; la explotación se realizará con posterioridad a la suscripción del respectivo contrato
y podrá constituir las servidumbres requeridas para el adecuado ejercicio de los derechos que emanan de su concesión.
No obstante lo anterior, el propietario del terreno superficial tendrá
derecho preferente para solicitar una concesión que coincida con el área
de la que éste sea propietario. Si el propietario del predio, libre y voluntariamente, mediante instrumento público otorgare autorización para el
uso de su predio para una concesión, esta autorización lleva implícita la
renuncia de su derecho preferente para el otorgamiento de una concesión sobre dicho predio.
Por otra parte, el concesionario de materiales de construcción deberá
cumplir con las obligaciones emanadas de los artículos 38, 41 y 42 Capítulo I del Título III y los Capítulos I, II y III del Título IV de la presente Ley.
Asimismo, deberá cumplir con el pago de regalías establecidas en esta
Ley para la pequeña minería.
Art. 144.- Libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas.- El Estado directamente o a través de sus
contratistas podrá aprovechar libremente los materiales de construcción
para obras públicas en áreas no concesionadas o concesionadas.
Considerando la finalidad social o pública del libre aprovechamiento,
estos serán autorizados por el Ministerio Sectorial. La vigencia y los volúmenes de explotación se regirán y se extenderán única y exclusivamente
por los requerimientos técnicos de producción y el tiempo que dure la
ejecución de la obra pública.
Dicho material podrá emplearse, única y exclusivamente, en beneficio
de la obra pública para la que se requirió el libre aprovechamiento. El
uso para otros fines constituirá explotación ilegal que se someterá a lo
determinado para este efecto en la presente ley.
El contratista del Estado, no podrá incluir en sus costos los valores correspondientes a los materiales de construcción aprovechados libremente.
En caso de comprobarse la explotación de libre aprovechamiento para
otros fines será sancionado con una multa equivalente a 200 remuneraciones básicas unificadas y en caso de reincidencia con la terminación
del contrato para dicha obra pública.
Las autorizaciones de libre aprovechamiento, están sujetas al cumplimiento de todas las disposiciones de la presente ley, especialmente las
Art. 145.- Explotación de Minerales No Metálicos.- La exploración
y explotación de minería no metálica, deberán cumplir con las normas
generales aplicables a las concesiones mineras en los términos dispuestos por la presente Ley y su Reglamento General, incluyendo el pago de
El Reglamento General de esta Ley definirá cuáles son las sustancias minerales no metálicas y la forma de participación del Estado en los beneficios, de conformidad a lo previsto en el inciso segundo del artículo 408
Se tendrá en cuenta el interés del Estado respecto del empleo de dichos
minerales no metálicos en la construcción de obras de infraestructura
de beneficio nacional.
Art. 146.- De la investigación y operación en el fondo marino.- El aprovechamiento de sustancias minerales de cualquier clase existentes en el fondo marino está a cargo del Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico y de la Empresa Nacional Minera,
los que podrán celebrar convenios de investigación y contratos de prestación de servicios, respectivamente, con personas naturales y jurídicas
nacionales o extranjeras, bajo los requisitos y condiciones que constarán
en el Reglamento Especial que para el efecto, expedirá el Presidente de
Los contratistas que explotaren los libres aprovechamientos, están obligados al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
TRIBUTARIAS Y ECONÓMICAS
DE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA,
Y COACTIVA
Art. 147.- Depreciación acelerada.- Los titulares de derechos mineros que hayan suscrito un Contrato de Explotación Minera, podrán
solicitar al Servicio de Rentas Internas un tratamiento especial de depreciación acelerada para aquellos activos fijos que tienen una vida útil
más corta como consecuencia del mayor desgaste que se produce en la
operación de un proyecto minero. El Servicio de Rentas Internas previo
informe de la Agencia de Regulación y Control Minero calificará o desechará la petición.
Se considerarán bienes susceptibles de depreciación acelerada, aquellos
que según listado consten en el Reglamento General de la Ley.
Art. 148.- Régimen Impositivo Simplificado para mineros artesanales.- Los mineros artesanales podrán acogerse al Régimen Impositivo Simplificado para el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor
Agregado en las condiciones, plazos y requisitos previstos en la Ley de
Art. 149.- Compras de oro.- Las compras de oro efectuadas por el
Banco Central del Ecuador están gravadas con impuesto al valor agregado tarifa cero.
Art. 150.- Jurisdicción y competencia.- Ejercen jurisdicción y competencia regulatoria y de control en materia minera, la Agencia de Regulación y Control Minero con las funciones y atribuciones que les señala
la presente Ley y su Reglamento General.
Las controversias que pudieran suscitarse entre los sujetos de derecho
minero y las autoridades administrativas en materia minera, serán resueltas por los Tribunales Distritales de lo Contencioso-Administrativo.
a las garantías jurisdiccionales, a la acción de protección, de acceso a
la información pública y de derechos de protección contemplados en
PARA LA RENUNCIA DERECHOS MINEROS
Art. 152.- Renuncia de hectáreas mineras.- Se puede renunciar a
una o más hectáreas mineras comprendidas en una concesión minera
constituida, siempre que con la renuncia no se perjudique el derecho de
terceros. La renuncia total o parcial estará sujeta a lo determinado en el
Art. 153.- Jurisdicción voluntaria o contenciosa.- La renuncia
constituye procedimiento de jurisdicción voluntaria, el cual puede transformarse en contencioso, si se formula oposición por parte de terceros
Art. 157.- Oposición.- Constituyen causales de oposición: la existencia
de contratos preparatorios, de prenda, de habilitación, de arrendamiento, de explotación o de venta de minerales y embargos, respecto a la
concesión que abarque las hectáreas mineras materia de la renuncia.
En toda presentación de una demanda de oposición, se procederá por la
vía administrativa, que deberá tramitarse ante la dependencia competente del Ministerio Sectorial, siendo su resolución apelable para ante la
instancia superior jerárquica, dentro del término de cinco días contados
del Ministerio Sectorial, copia certificada de tales actuaciones para fines
Art. 154.- Solicitud de renuncia.- La solicitud de renuncia se presentará ante la dependencia competente del Ministerio Sectorial y en la
misma se pedirá expresamente se ordene la cancelación o modificación
de las inscripciones respectivas, según la renuncia sea total o parcial.
El Reglamento General establecerá los requisitos y procedimientos que
deben cumplirse para su trámite y resolución.
Art. 155.- Forma y perfeccionamiento.- Una vez aprobada la renuncia, este acto aprobatorio se protocolizará en una Notaría Pública y
se inscribirá en el Registro Minero a cargo de la agencia de Regulación
y Control Minero.
Art. 156.- Derecho de terceros.- Si de los antecedentes apareciere
que la renuncia afecta o puede afectar el derecho de terceros, la autoridad del Ministerio Sectorial competente para conocer el trámite ordenará
al renunciante, acredite mediante escritura pública, el consentimiento
de aquellos para la renuncia.
Si no se hubiera acreditado dicho consentimiento, la autoridad del Ministerio Sectorial competente, ordenará notificar y citar a los terceros,
mediante publicación por una sola vez en un periódico de circulación
PRIMERA.- Si como resultado de las actividades a las que se refiere
la presente Ley, se llegaren a descubrir minerales u otras sustancias
radiactivas, en concentraciones económicamente explotables, el titular
del derecho minero, deberá comunicar el descubrimiento al Ministerio
SEGUNDA.- Las infracciones a las disposiciones establecidas en esta Ley,
que no constituyan causa de extinción de derechos mineros serán sancionadas por el Ministerio Sectorial o sus entidades adscritas en el marco
de sus competencias con una multa que no podrá ser inferior a veinte
ni superior a quinientas remuneraciones básicas unificadas, más el 0.1%
de la inversión, según la gravedad de la falta, sin perjuicio de la responsabilidad de carácter civil y penal en que pudieran incurrir sus autores.
presunciones de responsabilidad dolosa del funcionario que por cuya
omisión operó dicho silencio administrativo, se podrá presentar la acción judicial penal.
En caso de no emitirse en los términos indicados en los artículos de la
presente Ley los actos administrativos correspondientes se producirán el
silencio administrativo, el mismo que deberá ser establecido mediante
resolución por la instancia judicial competente.
OCTAVA.- Para la provincia de Galápagos, única y exclusivamente se autorizarán permisos de libre aprovechamiento para materiales de construcción.
Se respetará, en todo caso, el derecho al debido proceso. Las multas serán depositadas en las entidades legalmente autorizadas para recaudar
TERCERA.- El Servicio de Rentas Internas realizará la recaudación de los
valores correspondiente a las patentes y regalías a las que se refiere esta
Ley, estando investido para tal efecto de todas las facultades y atribuciones que le otorgan la Ley de Régimen Tributario Interno, el Código
Tributario, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador
CUARTA.- Los actos administrativos que extinguieron o caducaron concesiones mineras, por efecto del Mandato No. 6, se encuentran ejecutoriados.
QUINTA.- Todo daño ambiental genera responsabilidad objetiva.
SEXTA.- Prohíbase todo tipo de actividad minera en las zonas declaradas
como territorios ancestrales de los pueblos en aislamiento voluntario, de
acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la República.
SEPTIMA.- Los funcionarios y servidores públicos que por cuya omisión operó el silencio administrativo serán sancionados administrativa
y civilmente, según la gravedad de la falta. En caso de comprobarse
PRIMERA.- Los titulares de concesiones mineras que mantuvieron sus
concesiones mineras en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Mandato Constituyente No. 6, mantendrán sus derechos mineros y podrán
reiniciar sus actividades. En el plazo de 120 días, a partir de la vigencia
de los reglamentos respectivos deberán haber regularizado y armonizado sus procedimientos a la presente normativa.
En el caso de los propietarios de plantas de beneficios actualmente en
operación, tendrán que adecuarse a la presente normativa en el plazo
de un año a partir de la vigencia de esta Ley.
El incumplimiento de esta disposición determinará la extinción del título minero y por lo tanto la caducidad de la concesión minera o del
permiso de operación de una planta de beneficio otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley.
SEGUNDA.- Una vez promulgada esta Ley en el Registro Oficial, el Presidente de la Republica mediante decreto ejecutivo dispondrá la práctica
de los actos administrativos para la integración, organización, regulación y control de los organismos que se crean en la misma, hasta tanto
la Dirección Nacional de Minería, las Direcciones Regionales de Minería
y la Dirección de Protección Ambiental Minera ejercerán en forma transitoria las atribuciones y funciones de la Agencia de Regulación y Control
Minero y la Dirección Nacional de Geología las funciones del Instituto
Nacional de Investigación Geológico, Minero Metalúrgico, siempre que
las mismas no se opongan a la normativa de la presente Ley.
QUINTA.- En el plazo de 90 días a partir de la vigencia de la presente Ley,
el Ministerio Sectorial, expedirá el Acuerdo Ministerial que contenga los
términos, condiciones y plazos en que serán restituidas las áreas mineras
y proyectos mineros referidos en el artículo 24, inciso final.
SEXTA.- En el plazo de 180 días a partir de la vigencia de la presente
Ley, el Ejecutivo remitirá a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de
Fomento, Participación y Capacitación a la Pequeña Minería y Minería
SEPTIMA.- En el plazo de 180 días el ejecutivo dictará los reglamentos
especiales para precautelar la vida, la salud y el ambiente en las zonas
de la Josefina, Portovelo y Nambija.
OCTAVA.- En el plazo de 180 días a partir de la promulgación de la
presente Ley, el Ministerio Sectorial, realizará un censo de los mineros
artesanales que carezcan de autorizaciones para efectuar actividades
mineras y que justifiquen haber trabajado en las mismas por lo menos
dos años antes de la realización del mencionado censo a fin de que sean
NOVENA.- Las plantas de beneficio que a la vigencia de la presente Ley
tengan el permiso y se encuentren en funcionamiento y que tuvieren una
capacidad instalada inferior a la señalada en los artículos anteriores podrán seguir con su operación una vez que obtengan la licencia ambiental
en los términos que determina la presente Ley y los Reglamentos.
TERCERA.- Los Registradores de la Propiedad, en el término de 90 días,
contados a partir de la promulgación de la presente Ley, deberán remitir
a la Agencia de Regulación y Control Minero toda información y archivos
originales sobre concesiones mineras inscritas y cualquier otro trámite
concerniente a la actividad minera. Los actos y procedimientos que deban llevarse en el registro Minero, se sujetarán a las normas de la Ley de
Registro, en cuanto fuere aplicable.
CUARTA.- En el plazo de 120 días, a partir de la vigencia de la presente
Ley, se promulgarán los respectivos reglamentos.
PRIMERA.- Derogatorias. Derógase la Ley de Minería 126, publicado en
el Registro Oficial No. 695, Suplemento de 31 de mayo de 1991 y sus reglamentos y el Decreto Ley 2000 – Ley para la Promoción de la Inversión
y la Participación Ciudadana, publicado en el Registro Oficial No. 690 de
18 de agosto del 2000, en cuanto reforma la antes mencionada Ley de
Minería, y todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente Ley.
SEGUNDA.- Vigencia.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial. Sus normas prevalecerán sobre otras
leyes y sólo podrá ser modificada o derogada por disposición expresa
de otra Ley destinada específicamente a tales fines. En consecuencia no
serán aplicables las leyes o decretos que de cualquier manera contravengan este precepto o los establecidos en la Constitución.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y seis días
del mes de enero de dos mil nueve.

References: artículo 316
 artículo 319
 artículo 279
 artículo 43
 artículo 386
 artículo 422
 artículo 407
 artículo 316
 artículo 407
 artículo 407
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 40
 resolución 
 resolución 
 artículo
50
 resolución 
 resolución

 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 resolución 
 artículo 398
 artículo
408
 resolución 
 resolución 
 artículo
117
 artículo 42
 resolución 
 artículo 78
 artículo 125
 artículo 264
 artículo 408
 resolución 

resolución 
 artículo 8
 artículo 24