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Siete abogados del Caso ERE presentan un escrito a la juez Bolaños que demuestra que las ayudas sociolaborales eran legales | Certezas de los ERE
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16 noviembre, 2016 · 11:26 am
Siete abogados del Caso ERE presentan un escrito a la juez Bolaños que demuestra que las ayudas sociolaborales eran legales
Los juristas se basan en una ley que no ha sido tenida en cuenta en la instrucción: el Real Decreto 1035/1984 sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de expedientes de regulación de empleo.
El documento, en el que los letrados solicitan una respuesta judicial fundamentada en Derecho, cuestiona los cimientos jurídicos del Caso ERE y podría dar un vuelco a la instrucción. .
Siete abogados defensores de imputados del Caso ERE han presentado en el Juzgado nº 6 de Sevilla un escrito conjunto en el que solicitan a la juez Bolaños una respuesta fundada en derecho. En el citado documento se acredita que desde el año 1984, en función del Real Decreto 1035/1984, de 9 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de expedientes de regulación de empleo, la Junta de Andalucía tiene competencias para conceder las ayudas sociolaborales conforme a los criterios que consten en la legislación dictada por el Ministerio de Trabajo. Como es sabido, en 2013 un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) solicitado por la juez Alaya rechazó que las ayudas sociolaborales de los ERE fueran una competencia de la Administración andaluza. Y este es uno de los pilares de la instrucción del Caso ERE.
El texto de los juristas pide que se corrija todo lo instruido y se aplique la ley, ya que existe un manifiesto desconocimiento de la misma por parte de los poderes públicos.
Esta disposición nunca ha sido citada –ni por supuesto tenida en cuenta– en la instrucción del Caso ERE por alguno de los actores implicados: el informe de la IGAE, los jueces Alaya, Bolaños y Martín, la UCO, la Audiencia Provincial de Sevilla, el Partido Popular de Andalucía, Manos Limpias, el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno en Andalucía y la Fiscalía. El conocimiento de tal disposición hubiera evitado casi toda esta instrucción, pues acredita que las ayudas sociolaborales fueron concedidas al amparo de un marco legal lícito y preexistente.
La literalidad de la norma no deja lugar a dudas:
«Funciones en que han de concurrir la Administración del Estado y/o la de la Comunidad Autónoma y forma de cooperación. En aquellos expedientes en que se proponga la jubilación anticipada de trabajadores, y cuya competencia resida en la Comunidad Autónoma de Andalucía, será preciso que ésta cuente con fondos suficientes para su financiación. En todo caso, la Comunidad Autónoma deberá respetar y cumplir las normas sobre financiación, garantías y sistema de cómputo establecido para el sistema de jubilaciones anticipadas. Todo ello sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma para habilitar fondos, con cargo a sus presupuestos, para subvencionar este tipo de jubilaciones» (Real Decreto 1035/1984, de 9 de mayo)
En 1984, la normativa sobre ayudas sociolaborales existente era la Orden Ministerial de 15 de marzo de 1982. Cuando comenzaron a otorgarse, las ayudas del Caso ERE se acogieron a la OM de 5 de abril de 1995, punto 4 del art. 1, vigente en esos años. En las más de cien resoluciones que constan en la causa se refleja que el Ministerio de Trabajo otorgó las ayudas conjuntamente con la Junta de Andalucía conforme a lo dispuesto a esa disposición.
En definitiva, la norma de 1984 deja claro que la Junta de Andalucía es competente para otorgar las ayudas sociolaborales, y la norma de 1995 establece la modalidad, forma y criterio de la concesión de cada ayuda.
En la actualidad, las ayudas de los ERE están reguladas por el RD 908-2013, aprobado por el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy a propuesta de la ministra Fátima Báñez. En la citada norma –que adapta la OM de 1995 sobre la Ley de Subvenciones– se establece que las ayudas se conceden de forma directa, sin concurso, y que son ayudas extraordinarias a trabajadores destinadas a atender situaciones de urgencia y necesidad sociolaboral.
Contacto e información: Carlos Leal | cleal@icasevilla.org
Las ayudas reguladas por este real decreto son ayudas extraordinarias destinadas a atender situaciones de urgencia y necesidad socio-laboral, que permitan paliar las consecuencias sociales derivadas de los procesos de reestructuración de empresas que pudieran conllevar el cese total o parcial de la actividad de las mismas o contribuyan al mantenimiento del empleo.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo en lo que afecta a los principios de publicidad y concurrencia; por su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; y por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como por lo establecido en las demás normas que resulten de aplicación.
Se otorgarán en régimen de concesión directa, conforme a los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 67 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por concurrir en la concesión de las mismas razones de interés público y dificultades en su convocatoria pública derivadas de la naturaleza de la situación de urgencia y necesidad socio-laboral que se trata de solucionar mediante la concesión de la subvención.
Documento BOE-A-1984-12253
La Constitución, en su artículo 149.1, 7., establece que corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Andalucía establece en su artículo 17.2 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la ejecución de la legislación laboral, con las facultades y servicios propios de la Administración respecto de las relaciones laborales, sin perjuicio de la Alta Inspección del Estado y de lo establecido en el artículo 149.1, 2. de la Constitución.
D) Funciones en que han de concurrir la Administración del Estado y/o la de la Comunidad Autónoma y forma de cooperación.
En aquellos expedientes en que se proponga la jubilación anticipada de trabajadores, y cuya competencia resida en la Comunidad Autónoma de Andalucía, será preciso que ésta cuente con fondos suficientes para su financiación. En todo caso, la Comunidad Autónoma deberá respetar y cumplir las normas sobre financiación, garantías y sistema de cómputo establecido para el sistema de jubilaciones anticipadas. Todo ello sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma para habilitar fondos, con cargo a sus presupuestos, para subvencionar este tipo de jubilaciones.
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 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 67
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 17
 artículo 149