Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/12061
Timestamp: 2019-10-18 22:13:01+00:00

Document:
Sentencia: CE SIII E 14850 DE 2007
BERNARDO NIÑO INFANTE VS. FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
Una entidad pública y un piloto celebraron contrato de prestación de servicios, cuyo objeto era la operación de unos aviones turbo por conducto para la erradicación de cultivos ilícitos dentro del territorio nacional.
Posteriormente, el interventor del contrato da la orden de retirar inmediatamente los helicópteros que les servían de escolta a los aviones encargados de la fumigación. Frente a esta situación, el piloto solicita a la entidad dar cumplimiento al contrato y, adicionalmente, pone en conocimiento ciertas apreciaciones y recomendaciones frente a al mismo, pues considera que la decisión tomada por el interventor omite dar aplicación a lo ordenado en el manual de seguridad para garantizar la operación idónea y la seguridad de los pilotos de los aviones encargados de la fumigación.
¿Puede una entidad pública omitir dar respuesta a una petición presentada por un piloto, con el que celebró contrato de prestación de servicios, en la que le solicita a la entidad contratante cumplir con sus obligaciones contractuales, sin que se configure el silencio administrativo mediante un acto ficto o presunto?
El vencimiento del plazo consagrado en la ley como requisito para la ocurrencia del silencio administrativo negativo sustancial o inicial, el peticionario, en cuyo beneficio y garantía se ha consagrado la institución, podrá. «(…) i) continuar esperando a que la Administración resuelva o decida su solicitud, tiempo durante el cual la autoridad administrativa continuará con el deber constitucional y legal de pronunciarse sobre la petición, independiente de que ya hubiere expirado el plazo legalmente establecido para atender la misma; ii) interponer, en cualquier momento[2]. (…)»
En el silencio administrativo positivo, el pronunciamiento expreso de la administración después de vencido el término, se asemeja a un acto inexistente por carencia de competencia. «(…) Cuando la voluntad del legislador suple definitiva e irrevocablemente la del organismo administrativo que no la expresó en tiempo oportuno, como en la hipótesis del silencio regulado por los artículos 36 de la ley 63 de 1967 y 9 de la ley 8 de 1970, los actos administrativos expedidos para expresar tardíamente ese querer del organismo son absolutamente inválidos por incompetencia de la administración para dictarlos y no puede generar, por ende, situaciones jurídicas de ninguna especie, ni siquiera en la apariencia normal, y esa nulidad radical de tales actos puede y debe ser declarada en cualquier tiempo, pues el mero transcurso del tiempo no convierte en existente lo que desde un principio era jurídicamente inexistente (…) En resumen si la administración, se pronuncia extemporáneamente es lo mismo que si no lo hubiera hecho y no hay necesidad de pedir que se declare nulo ese acto: basta con solicitar que se reconozca que el pronunciamiento administrativo fue extemporáneo y que por lo tanto sólo puede tener efectos de resolución tácita favorable. (…)»
La existencia y los efectos del silencio administrativo no dependen de su formalización. «(…) “Advierte la Sala que la protocolización de la copia de la solicitud presentada a la administración a que hace referencia nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 42 del CCA, se ha entendido como un mero trámite encaminado a darle forma a la resolución tácita para que quien pretenda hacer valer sus consecuencias pueda acreditarlo, tarea que la ley le ha confiado al notario en lugar del juez; por tal razón no hay término de caducidad para pedir dicha verificación. En el silencio positivo esa declaración ya está hecha y sólo resta describirla y aplicar sus consecuencias, con mayor razón en nuestra legislación donde no existe la denuncia de la mora”. (…)»
[1] C.C.A. art. 51 inciso 1°.
[2] C.C.A. art, 135, inciso 2°.
«(…) Tal como ya se dejó señalado, para que haya lugar a la configuración del silencio administrativo, se requiere que el objeto de la petición[1] sea claro, preciso, concreto, para que pueda dar lugar a una respuesta positiva o negativa; si el peticionario no cumple con esta carga de claridad, mal puede pretender que se genere un acto ficto.
(…) Al respecto cabe señalar, de un lado, que la forma confusa y vaga en que se encuentra formulada la primera solicitud, dificulta en extremo concluir que ante la falta de respuesta por parte de la Administración, realmente se hubiere podido configurar el silencio administrativo negativo en cuya virtud se hubiere adoptado una decisión adversa a su contenido y, de otro lado, que el sentido y la naturaleza misma de la petición, en cuanto se encamina a solicitar que la entidad contratante cumpla con sus obligaciones contractuales, tampoco permite la configuración del silencio administrativo mediante un acto ficto o presunto que generare efectos jurídicos contrarios a los intereses del peticionario, susceptible de ser anulado en sede judicial, como quiera que una respuesta a dicha petición no sería suficiente para derivar de ella efectos jurídicos relevantes. En efecto, el hecho de que el contratista solicite -como aquí lo pidió-, que la entidad contratante cumpla con sus obligaciones contractuales, no resulta suficiente para que acerca de esa tal solicitud se pueda adoptar una decisión -ora a través de acto administrativo expreso, ora a través de acto administrativo ficto o presunto-, puesto que la fuente de las obligaciones cuyo cumplimiento se solicita no estará en la resolución que se adopte frente a la petición, sino en el contrato válidamente celebrado. Además la decisión que se pudiere adoptar al respecto tampoco tendrá la virtualidad necesaria para concluir que con arreglo a la misma la entidad contratante ha cumplido o, por el contrario, ha violado sus compromisos contractuales, puesto que serán la ejecución material y efectiva del contrato, junto con las pruebas que se aporten acerca de tales hechos, las únicas que realmente permitirán concluir, con convicción, si cada una de las partes del contrato satisfizo, o no, en debida y oportuna forma, las prestaciones a las cuales se obligó, independientemente de que al respecto existan manifestaciones -expresas o fictas-, indicando que esa parte ha decidido cumplir el contrato o que no continuará ejecutándolo, puesto que, sin desconocer totalmente el valor probatorio que tales manifestaciones pudieren llegar a tener durante el juzgamiento del cumplimiento contractual, la verdad -se insiste en ello-, más que tales manifestaciones -que bien podrían quedarse en el terreno puramente formal-, será el proceder observado por cada parte del contrato, frente a sus respectivas obligaciones, el que permitirá establecer si esos compromisos han sido honrados en la forma y oportunidad estipuladas, o no. (…)»
[1] C.C.A. Art. 5-3.
Una entidad pública puede omitir dar respuesta a una petición presentada por un piloto, con el que celebró contrato de prestación de servicios, en la que le solicita a la entidad contratante cumplir con sus obligaciones contractuales, sin que se configure el silencio administrativo mediante un acto ficto o presunto, porque:
Para que se configure el silencio administrativo, se requiere que el objeto de la petición sea claro, preciso, concreto y dé lugar a una respuesta positiva o negativa; si el peticionario no cumple con esta carga de claridad, no hay posibilidad de que se genere un acto ficto.
Al no derivar la petición efectos jurídicos relevantes tampoco permite la configuración del silencio administrativo mediante un acto ficto o presunto, susceptible de ser anulado en sede judicial.
Frente a la petición que solicita a la entidad contratante para cumplir con sus obligaciones contractuales no se puede adoptar una decisión - a través de acto administrativo expreso o de acto administrativo ficto o presunto-, puesto que la fuente de las obligaciones cuyo cumplimiento se solicita no está en la resolución que se adopte frente a la petición, sino en el contrato válidamente celebrado.
La decisión que se adopte al respecto no tiene la virtualidad necesaria para concluir que con arreglo a la misma la entidad contratante ha cumplido o, por el contrario, ha violado sus compromisos contractuales, puesto que es la ejecución material y efectiva del contrato, junto con las pruebas que se aporten acerca de tales hechos, lo único que realmente permite concluir si cada una de las partes del contrato satisfizo o no las prestaciones a las cuales se obligó, independientemente de que al respecto existan manifestaciones -expresas o fictas-.
Nota del editor. No obstante lo aquí señalado, el Consejo de Estado declaró probada la excepción de falta de legitimación pasiva, propuesta por la Nación - Ministerio de Defensa.
PRIMERO.- Confírmase la sentencia apelada, esto es, la proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de octubre de 1.997.
SEGUNDO.- Declárase probada la excepción de Falta de Legitimación Pasiva, propuesta por la Nación - Ministerio de Defensa.
TERCERO.- En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
Artículo 25, numeral 16, de la Ley 80 de 1993.
El acto ficto o presunto. «(…) se debe entender como respuesta negativa[2].
La misma regla general indica que el silencio administrativo negativo sustancial o inicial opera por ministerio de la ley, esto es, sin necesidad de declaratoria judicial, cuando ha transcurrido un plazo de tres (3) meses, que se cuenta a partir de la presentación de la petición, sin que se haya notificado la respectiva respuesta, decisión o resolución. (…)»
[1] C.C.A., art. 40.
[2] Debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del C.C.A., la petición relacionada con la revocatoria directa de un acto administrativo, no da lugar a la configuración del silencio administrativo.
Documento: CE SIII E 14850 DE 2007

References: resolución 
 artículo 42
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 25
 artículo 73