Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-III/2013/as201311352L.html
Timestamp: 2019-03-23 08:40:34+00:00

Document:
as201311352L
Auto Supremo Nº: 352/2013
Expediente: 209/08
Partes: Ministerio Público y Corporación Industrial “Dillman” contra Víctor Hugo Trillo
Delito: Falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y estafa (arts. 198. 199, 203 y 335 del Código Penal)
VISTOS: Los Autos correspondientes al recurso de casación cursante de fs. 403 a 405 vlta., interpuesto por el procesado Víctor Hugo Trillo, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 78 de 9 de mayo de 2008 cursante de fs. 395 a 396 vlta, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y estafa, previstos y sancionados por los arts. 198. 199, 203 y 335 del Código Penal; los antecedentes de la causa; y,
CONSIDERANDO I: Que, el Tribunal de Sentencia Nº 3 de la ciudad de La Paz pronunció la resolución de grado contenida en la sentencia Nº 14 de 1 de octubre de 2007 cursante de fs. 332 a 337, declarando al procesado Víctor Hugo Trillo autor de la comisión de los delitos de estafa y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados por los arts. 335 y 203 del Código Penal, siéndole impuesta la pena privativa de libertad de cinco (5) años de reclusión en el penal de “San Pedro” de esa ciudad, más el pago de costas y multa a ser calificados en ejecución de sentencia. Por otro lado, el tribunal de la causa lo absolvió respecto de los delitos de falsedad material y falsedad ideológica, previstos por los arts. 198 y 199 del Código Penal.
Que, la sentencia condenatoria pronunciada por el tribunal de la causa fue objeto de impugnación por parte del proceso a través de recurso de apelación restringida cursante de fs. 341 a 348, alegando como motivos de su recurso de apelación la errónea aplicación de la ley penal sustantiva por falta de subsunción de los hechos a los elementos constitutivos de los tipos penales sancionados; insuficiente fundamentación de la sentencia; errónea aplicación de las normas procesales contenidas en los arts. 124, 173 y 359 del Código de Procedimiento Penal y la falta de consignación de la fecha de la sentencia.
CONSIDERANDO II: Que, previo el trámite recursivo seguido por las autoridades jurisdiccionales, el Tribunal de Apelación conformado en el caso sub lite por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 78 de 9 de mayo de 2008 cursante de fs. 395 a 396 vlta., declarando improcedente los aspectos alegados en el recurso de apelación, confirmando en consecuencia la sentencia pronunciada, argumentándose por parte del tribunal de alzada que el tribunal de la causa asignó el valor correspondiente a los elementos de convicción, fundamentando las razones sobre la apreciación conjunta y armónica, expresando sus conclusiones conforme a las reglas de la sana crítica, cumpliendo con la debida fundamentación fáctica y probatoria concluyéndose que el procesado incurrió en la comisión de los delitos por los que fue sancionado penalmente al efectuar cobros a nombre de la empresa, llegando a obtener en beneficio propio en la suma total de Bs. 83.062,55.-, utilizando recibos falsos y falsificando además un documento de conciliación de cuentas.
CONSIDERANDO III: Que, a través del recurso de casación cursante de fs. 403 405 vlta., el procesado Víctor Hugo Trillo impugna la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 78 de 9 de mayo de 2008 cursante de fs. 395 a 396 vlta, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, alegando como motivo de su recurso de casación: la existencia de contradicción del Auto de Vista impugnado con los precedentes contradictorios contenidos en los Autos Supremos Nº 279 de 12 de marzo de 2007, 236 de 27 de junio de 2002, 158 de 27 de octubre de 1981 y 192 de 4 de octubre de 1985, toda vez que –alega- si en el caso presente se tendría demostrado que el hecho se habría consumado cuando su persona prestaba servicios a la empresa, abusando de la confianza, existiría una inadecuada subsunción de los hechos al tipo penal de estafa, pues, conforme determinarían los precedentes invocados, la concurrencia de un contrato de trabajo o de prestación de servicios profesionales desvirtuaría la comisión de estafa, motivo por el que, señala el recurrente, los precedentes calificarían estas circunstancias como una errónea aplicación del art. 335 del Código Penal; motivo por el que solicita que previa verificación de las contradicciones postuladas se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido.
Que, previa verificación de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, este Tribunal pronunció el Auto Supremo Nº 323 de 7 de agosto de 2013 declarando admisible el recurso interpuesto por el procesado, correspondiendo en consecuencia establecer la existencia o inexistencia de las contradicciones postuladas por el recurrente, conforme así establece la norma procesal contenida en el art. 419 del Código de Procedimiento Penal.
CONSIDERANDO IV: Que, conforme se tiene expuesto, el recurrente postuló que el Auto de Vista impugnado habría incurrido en contradicción de los precedentes contenidos en los Autos Supremos Nº 279 de 12 de marzo de 2007, 236 de 27 de junio de 2002, 158 de 27 de octubre de 1981 y 192 de 4 de octubre de 1985 arguyendo de manera concreta que la contradicción radicaría en el hecho de que si bien se tendría demostrado que el hecho se habría consumado cuando su persona prestaba servicios a la empresa, abusando de la confianza, existiría una inadecuada subsunción de los hechos al tipo penal de estafa, pues, los precedentes invocados determinarían que la concurrencia de un contrato de trabajo y la prestación de servicios profesionales desvirtuaría la comisión de estafa, considerándose la concurrencia de estas circunstancias como una errónea aplicación del art. 335 del Código Penal.
Que, corresponde iniciar la resolución del recurso expresando que, en cuanto a los precedentes que se encontrarían contenidos en los Autos Supremos Nº 236 de 27 de junio de 2002, 158 de 27 de octubre de 1981 y 192 de 4 de octubre de 1985, el recurrente no identificó cuáles serían las Salas que habrían emitido tales resoluciones, mucho menos adjuntó en calidad de prueba tales precedentes para su valoración, imposibilitando que este Tribunal efectúe su compulsa, máxime si de la revisión efectuada de los precedentes digitalizados en la página web de este Tribunal tales precedentes no cursan en el banco de datos, siendo de considerar que tales precedentes corresponderían -en el primer caso- a una resolución que habría sido pronunciada hace más de diez años y, en el caso de las dos siguientes, hace más de 25 años atrás, circunstancia que corresponde ser considerada, máxime si este Tribunal a través de reiterados fallos ha establecido que los precedentes invocados por los recurrentes en apelación y casación deben estar actualizados en cuanto a la posición doctrinal asumida por el Tribunal de Casación; consiguientemente, existe imposibilidad material de efectuar la compulsa de las contradicciones postuladas por el recurrente respecto de tales precedentes.
Ahora bien, con relación al precedente contenido en el Auto Supremo Nº 279 de 12 de marzo de 2007, de la revisión del mismo se establece que el mismo fue pronunciado dentro de un proceso penal sustanciado conforme a las normas procesales previstas en el sistema procesal antiguo contenido en el Código de Procedimiento Penal de 1972, caso en el que se determinó lo siguiente:
“Que, del estudio y análisis de las pruebas en su conjunto, se evidencia que la base del presente proceso penal es el contrato de trabajo con la modalidad de obra vendida cursante a fojas 1 y vuelta, mediante el cual María Luisa Rivera contrata los servicios profesionales de Edgar Rada Zeballos, para que este construya un muro de contención con un volumen de 71 metros cuadrados cúbicos de concreto y otros, por el precio de ocho mil doscientos dólares americanos ( $us. 8.200.-), en un plazo de un mes, suscrito en fecha 30 de abril de 1986, cuyos desembolsos ascienden a la suma de cinco mil trescientos cincuenta dólares americanos ($us. 5.350.-), quedando la obra inconclusa.
El contrato de trabajo descrito anteriormente es de carácter exclusivamente civil, por consiguiente sus efectos de rescisión o de incumplimiento corresponden a otra vía legal y de ninguna manera a la penal, porque en el hecho faltan los elementos constitutivos del delito de estafa como ser el común denominador del ilícito (betrug), engaño, nuestro código punitivo al delito de estafa ha puesto atención en el modus operandi del agente que dice: "el que induciendo a error por medios de artificios y engaño..." y el contrato de trabajo aludido, fue suscrito por la actora con un profesional entendido y formado en el ramo de construcciones, según la fotocopia legalizada cursante a fojas 187 es, TECNICO SUPERIOR EN CONSTRUCCIONES CIVILES, tampoco hubo sonsacamiento porque se realizó gran parte de la obra, y el hecho de que en el contrato de fojas uno, en la claúsula segunda se haya consignado el nombre genérico de INGENIERO CONSTRUCTOR, no se ha cometido delito alguno, el profesional tiene título del rubro para construir, sino que hubo incumplimiento del contrato”
Estableciéndose de su contenido que el auto de vista impugnado no contradice de modo alguno con la decisión contenida en el citado precedente, pues, éste último corresponde a una situación de hecho distinta al caso de autos, toda vez que en el caso presente el procesado no incumplió ningún servicio, ni dejó inconclusa una obra a cuyo cumplimiento se ligó a través del perfeccionamiento de una relación material de carácter civil, para concluirse que en su caso de penalizó un incumplimiento contractual por haber recibido la contraprestación económica del servicio y de la obligación dejando de cumplirla, concluyéndose que el precedente contradictorio citado no guarda relación alguna con el caso de autos, siendo de considerar al respecto que por expresa disposición de la norma procesal inserta en el art. 416 del Código de Procedimiento Penal “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas a una misma norma con diverso alcance”, siendo correcta la ponderación que efectuaron tanto el tribunal de la causa, como el tribunal de alzada, al subsumir su conducta a los delitos de estafa y uso de instrumento falsificado, por cuanto, como se demostró en juicio, el procesado adscribió su conducta a los tipos penales citados al efectuar cobros a nombre de la empresa, llegando a obtener en beneficio propio en la suma total de Bs. 83.062,55.-, utilizando recibos falsos y falsificando además un documento de conciliación de cuentas.
POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de la norma procesal contenida en el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara: INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 403 a 405 vlta., interpuesto por el procesado Víctor Hugo Trillo, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 78 de 9 de mayo de 2008 cursante de fs. 395 a 396 vlta, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y estafa, previstos y sancionados por los arts. 198. 199, 203 y 335 del Código Penal.
No interviene el Magistrado Dr. William E. Alave Laura por haberse aceptado su excusa.
Libro Tomas de Razón 352/2013

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