Source: http://estamosdefrente.blogspot.com/2008_06_01_archive.html
Timestamp: 2013-05-23 03:12:31+00:00

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FRENTE NACIONAL DE LUCHA: junio 2008
Guatemala, 28 de Junio del 2008Hace algunas semanas, en Suchitepéquez, numerosas organizaciones campesinas e indígenas de todo el país, hartas ya de que el pueblo sea constantemente atropellado en el ejercicio de sus derechos, tomaron la decisión de agruparse en lo que hoy denominan “Movimiento Indígena y Campesino de Guatemala”, MOINCAGUA.Esta nueva instancia coordinadora será su herramienta para construir unidad de criterios y de acción en la lucha por forjar una sociedad en la que predominen la justicia y la equidad. Y optaron por lanzar su organización en el marco de una Marcha que tendría lugar en varios Departamentos, incluida la Ciudad Capital. Esa fue la génesis de la Jornada Nacional de Lucha que antier protagonizó el pueblo en 20 Departamentos del país.El contexto que hoy padece el pueblo de Guatemala, tras más de 50 años de gobiernos de derecha, es hasta tal punto desastroso, alarmante e intolerable, que el llamado de MOINCAGUA caló hondo, se extendió con prontitud a lo largo y ancho del país, y al mismo se sumaron cientos de organizaciones, que representan, de manera legítima, los derechos e intereses de las mayorías. El FNL se adhirió con fuerza a la idea planteada por los compañeros indígenas y campesinos, y, junto al Frente, fueron rápidamente acogiéndose al llamado numerosas organizaciones que coinciden respecto a que el pueblo debe ya tomarse la palabra.Se construyó, por consenso, un planteamiento de lucha alrededor del cual se coincidió, y éste se convirtió en el documento que, durante la Marcha, le fuera entregado tanto al Poder Legislativo, como al Ejecutivo.Compartimos el contenido de estas notas, por cuanto los medios de prensa, radial, escrita y televisiva, han inundado a la opinión pública con una infinidad de interpretaciones que pueden causar confusión. Invitamos a su lectura y análisis:__________________________________Guatemala, 26 de Junio del 2008Álvaro ColomPresidente de la República de GuatemalaSus manosSeñor Presidente: Permítanos, ante todo, expresarle nuestros deseos de que las gestiones emprendidas por el Poder Ejecutivo, bajo su presidencia, se orienten a favor de los derechos e intereses de los sectores populares.El Movimiento Indígena y Campesino de Guatemala, MOINCAGUA, el Frente Nacional de Lucha, FNL, y las diversas organizaciones que hemos salido hoy a las calles a expresar nuestra preocupación por el rumbo desacertado y anti-popular emprendido por el Estado, en su conjunto, manifestamos ante Usted lo siguiente:CONSIDERANDO:1.- Que han pasado ya más de 150 días de su labor como Presidente de la República, a lo largo de los cuales la población esperó en vano que la conducción del país se llevara a cabo con apego a las promesas electorales y a favor del pueblo que lo puso en el poder.2.- Que la continuidad de las políticas neoliberales adoptada por la actual administración pública ha agudizado una situación de crisis generalizada, el peso de la cual recae, con especial énfasis, sobre los hombros del pueblo sencillo y trabajador, cuyos cada vez más menguados bolsillos ya no soportan mayores sacrificios.3.- Que esta crisis ha generado entre la población un alarmante nivel de descontento y frustración, al punto de que el país se encuentra ya sentado sobre un barril de pólvora, al cual, además, esas políticas públicas le han prendido la mecha.4.- Que esta inaceptable situación coloca a Guatemala muy cerca de un punto de ingobernabilidad, el cual, de materializarse, podría generar resultados aún más nefastos que los que se desprenden de las actuales codicias neoliberales y de las costosas imposiciones foráneas.5.- Que el Poder Ejecutivo, varias bancadas parlamentarias y los sectores económicamente más poderosos, han expresado su voluntad de presionar por la aprobación y puesta en ejecución de un conjunto de leyes y políticas, cada una de las cuales agudizará aún más la crisis, por cuanto niegan a la población el acceso al disfrute de derechos que son inalienables.6.- Que a los sectores de poder, incluido el Estado que les sirve fielmente, no les ha temblado el pulso incluso para llenarse sus manos de sangre del pueblo cuando se trata de defender sus egoístas intereses.7.- Que esos mismos sectores, minoritarios pero poderosos, no han dudado en someter a su Gobierno ante situaciones vergonzosas, por la evidente vía de imponerle nombramientos, vetarle políticas anunciadas por su persona y definir, desde sus Cámaras, el rumbo que debe adoptar el Estado en su conjunto.8.- Que la ausencia de políticas de desarrollo, la insuficiencia de las medidas de caridad por las que ha optado su administración, la carencia de respuestas efectivas ante cada uno de los grandes problemas nacionales, la sumisión ante imposiciones provenientes tanto del CACIF como de las grandes transnacionales, entre otros factores afines, crean condiciones desde las que podría generarse un estallido social de consecuencias impredecibles.9.- Que las empresas privadas, sobre todo cañeras, mineras, azucareras, petroleras,generadoras de energía, huleras, de palma africana, bananeras, turísticas y madereras, con el respaldo de algunas Fundaciones nacionales, pretenden apoderarse de amplias zonas del territorio nacional para explotarlas sin respeto a las regulaciones ambientales, laborales ni sociales, y actúan sin que el Estado les imponga limitaciones de ningún tipo a sus codicias desmedidas.Por lo tanto, demandamos de la Presidencia de la República que, en términosinmediatos:1.- Mandate a su Ministerio de Salud para que, de manera pública, se pronuncie en contra de la iniciativa de Ley Marco de Salud nacida desde el Plan Visión de País y anuncie, asimismo, la decisión política de su Gobierno de vetarla, en caso de que el Congreso de la República la apruebe. Esta iniciativa de ley abre de par en par las puertas a la privatización de la salud y, por ende, busca convertir ese derecho en privilegio exclusivo de las familias que puedan pagar por ello.2.- Exprese, de manera clara y contundente, su rechazo a la propuesta de Ley Marco de Desarrollo Rural surgida de la misma fuente ya mencionada, y el Poder Ejecutivo haga pública su decisión de vetarla, en caso de resultar aprobada por el Plenario Legislativo. Esta propuesta de ley conduce a la desaparición de la familia campesina por la vía de despojarlos de sus tierras, conduce a una aun mayor concentración de la tierra en pocas manos y favorece la producción de bienes de exportación, en especial de agrocombustibles, con lo que atenta, entonces, contra la seguridad y la soberanía alimentaria.3.- Declare públicamente, a través de su Ministra de Educación, el rechazo del Poder Ejecutivo a la Ley Marco de Educación emanada desde el Plan Visión de País, y anticipe el veto presidencial si esta Ley resultara aprobada. En esta propuesta de ley se evidencian también propósitos privatizantes que niegan a la niñez de los sectores populares su derecho al estudio, convierte al Ministerio de Educación en una instancia que norma y supervisa pero que no presta servicios, y obliga a la población al pago de cualquier servicio educativo.4.- Manifieste, como Gobierno, su respaldo a la iniciativa de Ley General de Protección Social de la Salud que emana como producto del consenso entre el Colegio de Médicos, la Universidad de San Carlos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, el Frente Nacional de Lucha y otros actores sociales, por cuanto en la misma se concibe y abre espacio a un Sistema Nacional de Salud que, como debe ser, busca la universalización, la articulación, la calidad, la accesibilidad y la gratuidad de los servicios, con plenos espacios para la fiscalización social.5.- Introduzca ante el Congreso de la República, para su aprobación, las iniciativasde Ley de Regularización de la Tierra y la de creación de los Tribunales Agrarios,nacidas del consenso entre las organizaciones campesinas e indígenas del país, como vías para, junto con el Registro de Información Catastral, ir poniéndole orden al tema de la tierra e ir, asimismo, buscando que la justicia, en todo sentido, sea el eje alrededor del cual se resuelva este centenario conflicto.6.- Que su administración actúe con energía para que en el país cese la impunidad y se esclarezcan los casos de asesinatos y atentados cometidos en contra de dirigentes de organizaciones populares, llevándose ante los Tribunales de Justicia, en el menor plazo posible, a los autores materiales e intelectuales de cada uno de esos dolorosos e inaceptables hechos. Que, para estos propósitos, el Gobierno pida rendición de cuentas a su Ministro de Gobernación y al Fiscal General, a efectos de que expliquen las razones de su extraordinaria y evidente ineficiencia. El Gobierno debe girar orientaciones a sus autoridades para que cesen los desalojos en contra de la población campesina e indígena que, forzada por la crisis misma, se ha visto obligada a recuperar sus tierras. Deben cesar las prácticas represivas, de persecución de dirigentes, de hostigamiento y de emisión de órdenes de captura.7.- Particularmente demandamos la intervención del Gobierno de la República para quese haga justicia en el caso del asesinato del dirigente campesino Mario Caal el pasado 13 de Marzo, cuya muerte, clara e irrefutablemente, ha sido calificada por la propia Procuraduría de los Derechos Humanos como una ejecución extrajudicial, luego de realizar una investigación exhaustiva de los hechos. Igual atención especial debe dársele a los casos ocurridos en la Finca Nueva Linda, tanto la desaparición forzada del Compañero Héctor Reyes, como la masacre que tuvo lugar el 31 de Agosto del 2004, así como al asesinato del compañero Raúl Castro Bocel, a quien fuerzas combinadas de la Policía y del Ejército dieron muerte en pasado 11 de Febrero del 2005 en Sololá, y el del dirigente campesino Juan López Velásquez, también asesinado en Colotenango por las mismas fuerzas, el 15 de Marzo del 2005.8.- Solicitamos a su persona, en calidad de Presidente de la República, su oportuna yeficiente gestión para lograr que el Estado indemnice de manera adecuada y respetuosa a las familias dolientes, cuyo luto es causado por las propias autoridades públicas.9.- Articular acciones desde la Presidencia de la República para que, en el menor plazo posible, se suscriba un convenio con PetroCaribe, de manera que los efectos del precio internacional de los combustibles se minimicen en el país. La crisis del transporte debe encontrar prontas soluciones y es evidente que el subsidio a los empresarios transportistas no resuelve nada, por cuanto son los pilotos quienes corren con los costos del combustible. Debe promulgarse la nacionalización del transporte urbano y extraurbano, así como una política de subsidio orientada a favorecer, de manera directa, a los sectores populares.10.- Revertir la política energética que se implementa desde el Poder Ejecutivo codo a codo con el sector privado, por cuanto lesiona intereses superiores de la población y de la Nación en su conjunto. En concreto, que se retorne al techo de 300 kwh en la cobertura de la Tarifa Social, que el subsidio a la Tarifa Social lo absorba el Poder Ejecutivo desde el Presupuesto General de la Nación, que se nieguen los permisos para la construcción de plantas generadoras de energía a base de carbón mineral, que se rechacen los megaproyectos para la construcción de hidroeléctricas y que se detenga el proceso que conduce a la acelerada privatización del INDE.11.- Velar por que la voz del pueblo emanada en las consultas comunitarias de buena fe alrededor de los temas de exploración y explotación minera a cielo abierto y petrolera, así como sobre la construcción de megaproyectos hidroeléctricos, sea respetada por las autoridades del Estado y considerada como prioritaria al momento de tomarse decisiones en estas materias. Los resultados de las consultas o asambleas populares deben tener efectos vinculantes.12.- De cara a la crisis alimentaria y de desnutrición infantil crónica que afectaseveramente a los sectores populares, Guatemala, como Estado, debe adherirse a laspolíticas, planes y programas que fueron consensuados en la Cumbre Presidencialrealizada en Nicaragua el pasado 7 de Mayo, a la cual no asistieron solamente lospresidentes de El Salvador y de Guatemala.13.- Para hacer frente a la crisis alimentaria, su Gobierno debe ir más allá de las políticas asistenciales, insuficientes y tardías adoptadas hasta el momento, e implementar planes y programas que permitan a la población campesina producir los alimentos que el país necesita con urgencia, incluyéndose una adecuada política de subsidio a la población campesina y de incentivos a la producción de alimentos. Deben retomarse las demandas planteadas ante el Ejecutivo por CODECA el pasado 4 de Febrero. Las organizaciones coincidimos respecto a la necesidad de que, desde el Estado, se de impulso a una Reforma Agraria integral.14.- Detener la intención de rebajar el salario mínimo por la vía de municipalizar la facultad de decidir su monto. Por el contrario, definir desde el Gobierno un salario mínimo que cubra los costos de la canasta básica y garantizar, desde el Estado, mecanismos que obliguen a que se cumpla con su pago.15.- Ordenar el inmediato retiro de las fuerzas armadas que se han lanzado contra el pueblo de San Juan Sacatepéquez, ordenar la libertad de los 43 campesinos que han sido arbitrariamente detenidos y decretar el cese del estado de prevención que declaró su Gobierno.16.- Para estos propósitos pedimos al Poder Ejecutivo la constitución de un Gabinete de Crisis, facultado para encontrar y aplicar la solución ante la problemática social y económica que afecta al país, el cual, en un plazo de quince días, entregue propuestas concretas ante el pueblo de Guatemala, a las organizaciones legítimamenterepresentativas de los sectores populares y las implemente de inmediato en beneficio de la población.Sin otro particular, en espera de que estos planteamientos sean debidamente respetados por su persona en su condición de Primer Mandatario, nos suscribimos de Usted, Movimiento Indígena y Campesino de Guatemala Frente Nacional de Lucha_______________________________________Una nota con similares contenidos se le entregó al Diputado Aristides Crespo, en su condición de Presidente del Congreso de la República.Los considerandos y las demandas concretas planteadas en ambas notas, fueron ampliamente discutidas en el seno de las organizaciones que tomaron parte en la Jornada de Lucha, en todos los Departamentos. En consecuencia, cada uno de ellos debe entenderse como bandera de lucha que adoptan las organizaciones populares.Tanto el Gobierno como el Congreso de la República tienen ahora la obligación de responder, de manera positiva, ante las demandas del pueblo.Por otra parte, las marchas realizadas en los Departamentos hicieron entrega de memoriales en los que plantean reivindicaciones locales específicas, ante los respectivos Gobiernos Municipales o ante las Gobernaciones departamentales.También estas demandas deben ser debidamente atendidas por las autoridades correspondientes.En Santa Lucía Cotzumalguapa, por ejemplo, las organizaciones populares locales, aglutinadas en el “Frente Unido por los Derechos del Pueblo Luciano”, al final de su nutrida Marcha sostuvieron una reunión con miembros del Concejo Municipal, ante quienes plantearon su rechazo al incremento de tasas y arbitrios municipales, decretado ilícita y unilateralmente por la Alcaldía, en un Reglamento ya publicado incluso en el Diario Oficial.La Concejal Primera, Mabel García, evidentemente a disgusto por la enorme marcha que se había instalado en las afueras del edificio municipal, que la llevó a dar muestras de una prepotencia sin límite y de una ausencia de capacidad de diálogo y de negociación, a pesar de que se permitió expresar que los dirigentes tenían “afanes protagónicos”, se vio al final obligada a aceptar al Frente como interlocutor válido y se comprometió a convocar a una sesión extraordinaria del Concejo, para abordar en la misma los planteamientos del pueblo.En Santa Cruz del Quiché las organizaciones populares, unidas en el “Frente Indígena, Campesino y Sindical del Quiché”, entregaron al Gobernador Departamental dos memoriales: el primero en solidaridad con el pueblo de San Juan Sacatepéquez, exigiendo el retiro de las fuerzas combinadas que han ocupado la Aldea Las Trojes, así como la liberación de los 43 compañeros detenidos y la suspensión del Estado de prevención. El segundo expresa su rechazo a que este Gobierno utilice la pobreza, opresión, militarización, saqueo e impunidad, como armas que continúan exterminando a los pueblos con énfasis a los pueblos indígenas.La indignación que entre el pueblo ha causado esta militarización decretada por el Gobierno en contra de la población de San Juan Sacatepéquez quedó puesta de manifiesto en el principal medio de comunicación con el que cuentan las organizaciones populares: las paredes de la ciudad. Las pintas, una vez más, mostraron ser el medio legítimo para que la voz del pueblo, a gritos, se exprese conautenticidad.Compartimos otras fotos de la actividad publicadas en diferentes medios de prensa, las cuales muestran tanto la masividad de la Marcha en la Capital, como las acciones, también relevantes, que se realizaron en varios Departamentos. Estas complementan la información que trasladamos en el comunicado que circulamos ayer.Esta fotografía, publicada en la página 10 de Nuestro Diario del 27 de Junio, muestra sólo un segmento de la marcha que recorrió las calles capitalinas. Pero muestra, también, la manta que expresa una de las principales demandas planteadas por los pobladores ante el Estado: el esclarecimiento y la aplicación de la justicia en el caso tanto de la desaparición forzada del dirigente campesino Héctor Reyes, como de la masacre que cometieron autoridades públicas en la Finca Nueva Linda el 31 de Agosto del 2004.De hecho, desde la voz de las organizaciones el cese de la impunidad se plantea como un requisito indispensable no solamente para que en el país se imponga la justicia, sino, además, para evitar el retorno de las políticas represivas, que tienden a reinstalarse. La militarización decretada por el Gobierno en San Juan Sacatepéquez, el hecho de que en corto plazo, este Gobierno haya suspendido ya en dos ocasiones las garantías y derechos constitucionales, son muestras del rumbo que están dispuestas a tomar las derechas con tal de hacer prevalecer sus intereses por encima de los derechos del pueblo. En la misma edición, Nuestro Diario agrega fotografías de las acciones realizadas en varios Departamentos, las cuales también compartimos en este comunicado, por cuanto, sumadas a las publicadas por otros medios, evidencian la cobertura nacional de la Jornada de Lucha.Las siguientes corresponden a la edición de Al Día del 27 de Junio.Como puede fácilmente apreciarse, la Jornada de Lucha tuvo alcance nacional, y en cada lugar fue combativa, alegre, pacífica y firme.En nuestro próximo comunicado, haremos una tercera entrega de lo relativo a la Jornada de Lucha del 26 de Junio, debido a que la información es abundante.¡La Lucha Sigue!
a la/s 6/29/2008 02:29:00 p.m.
Guatemala, 27 de Junio del 2008Compartimos los artículos de prensa, con respecto a la Jornada de Lucha que ayer protagonizó el pueblo a lo largo y ancho del país, publicados por el vespertino La Hora, por la empresa Emisoras Unidas y los artículos circula el diario Prensa Libre. Asumimos el compromiso de hacerles llegar mucho más información el día de mañana, elaborada a partir de fuentes propias.La Hora, 26 de Junio:Fotografías publicadas por La HoraNacionalesJueves, 26 de Junio de 2008Marcha en la capital y doce departamentos¡Que baje el costo de la vida!Ligia Floreslahora@lahora.com.gtA eso de las 8:30 de la mañana, unas cuatro mil personas, entre campesinos, indígenas, sindicalistas y otros sectores sociales, iniciaron una marcha pacífica, para manifestar su rechazo al alto costo de la vida y su renuencia al Plan Visión de País, que contempla varias reformas legislativas.Al unísono, movilizaciones en 12 departamentos del occidente y oriente del país se efectuaron este día. "Hacemos una protesta a nivel nacional, como reacción al encarecimiento de la vida, porque estamos cansados de que los salarios no nos alcancen. También exigimos que cesen las privatizaciones en la salud, educación y agricultura", señaló Luis, del Frente Nacional de Lucha (FNL).Acceso a la tierraLos manifestantes recorrieron la séptima avenida de la zona 9. Al llegar frente al Fondo Nacional de Tierras (Fontierras), en la 11 calle, detuvieron la marcha por unos 15 minutos para exigir públicamente que se agilice la búsqueda de soluciones para laproblemática de la tierra y los conflictos agrarios que se generan en todo el país."Rechazamos la implementación de la Ley Marco de Desarrollo Rural, porque no contempla el uso de la tierra para producir alimentos", afirmó el dirigente del (FNL).Violaciones laboralesLa caminata se detuvo posteriormente ante las instalaciones del Ministerio de Trabajo, momento que aprovecharon para hacer públicas las violaciones laborales de las que son víctimas los sectores campesinos y sindicales y para exigir que las mismas sean investigadas.Según Luis Lara, durante su paso por el Congreso de la República entregarían al presidente del Legislativo, Arístides Crespo, una petición para que detenga la aprobación del paquete de leyes que incluye el Plan Visión de País."Exigimos a los diputados que cesen de legislar para la privatización de los servicios sociales, especialmente las que se contemplan dentro del Plan Visión de País, que representan una agresión directa contra los derechos de los sectores sociales más pobres", argumentó el dirigente.Aumento salarialLos sectores sociales culminarían la marcha frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde, según Luis Lara, se reunirían al mediodía con el presidente de la República, Álvaro Colom, a quien harían la petición de un aumento salarial para los trabajadores públicos y privados. No obstante, la cita no estaba confirmada Plan Visión de PaísEl mencionado Plan Visión de País agrupa el paquete de leyes: Ley Marco de Salud, Ley Marco de Educación, Ley Marco de Desarrollo Rural y la Ley Marco de Seguridad.Emisoras UnidasMasiva protesta contra Estado de Prevención en San Juan Sacatepequez Guatemala, Guatemala - Jueves, 26 de Junio de 2008Unos mil campesinos e integrantes de organizaciones sociales protestaron hoy en la ciudad capital, manifestación que inició desde la Plaza el Obelisco y concluyó en Casa Presidencial, contra el estado de excepción impuesto el domingo en la comunidad Las Trojes, en San Juan Sacatepéquez."Por la defensa del medio ambiente en San Juan Sacatepéquez, hoy hay estado de prevención (excepción). No se puede dialogar con una medida como ésa, porque es como dialogar con una pistola en la sien", afirmó Dora Regina Ruano, dirigente del Frente Nacional de Lucha."Estamos en estado de desnutrición, ¿para qué queremos un estado de prevención?", decía una pancarta que portaban los manifestantes, en su mayoría indígenas. El estado de prevención restringe las libertades constitucionales de libre manifestación, porte de armas de fuego y movilización, y posibilita a las autoridades el registro de automóviles o viviendas.La noche del domingo el presidente Álvaro Colom, decretó estado de prevención en lareferida localidad para poner fin a las protestas contra el proyecto de instalar una planta cementera en dicha área, en las que murió una persona.Desde entonces, policías y soldados mantienen el control de la población, lo que haprovocado un creciente malestar de los vecinos.Orlando Blanco, titular de la Secretaría de la Paz, declaró que los acercamientos entre líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez, la empresa interesada en instalar la planta cementera y las autoridades gubernamentales están "avanzando satisfactoriamente".Para la próxima semana podrían presentar un informe general al presidente Colom, paraque se pueda instalar una mesa de diálogo en la que se encuentre una solución a eseproblema, agregó.La activista Ruano, explicó que protestas similares se realizaron simultáneamente en 18 departamentos, para denunciar también otros problemas que aquejan a la población guatemalteca, entre ellas el alto costo de vida, la privatización de servicios públicos y la inseguridad."A diario sube más la comida, la canasta básica, se paga más de energía eléctrica y los salarios son lo único que quieren bajar", destacó la activista."Estamos haciendo públicas las alzas de la canasta básica y los combustibles que están afectando seriamente a la población del área rural con el hambre, desempleo, falta de educación y analfabetismo, causas que están llevando al país a una crisis grande", afirmó Oswaldo Hernández.Dirigente del Comité de Desarrollo Campesino, Hernández detalló también que en febrero pasado pidieron al gobierno que se entregaran cuatro quintales (sacos de 46 kilos) a cada campesino para que pudieran trabajar sus siembras, pero hasta el momento no han recibido respuestas.Prensa Libre, 26 de Junio, edición electrónicaProtestan contra el alto costo de la canasta básicaManifestación pacífica se llevó a cabo en cabecera departamental de Sololá. Foto Prensa Libre: Édgar SáenzPor Prensa Libre.com y corresponsales11:24 | 26/06/2008Cientos de personas en diversos departamentos salieron a las calles a protestar contra el alza en los productos de la canasta básica y para manifestarse contra otros problemas que aquejan a sus comunidades.Unos mil 500 campesinos e integrantes de organizaciones sociales protestan en la capital. Desde tempranas horas cientos de personas se reunieron en el Obelisco y desfilaron por la zona 9 hasta llegar al Congreso de la República, en la zona 1, tras lo cual se dirigirán a la Casa Presidencial. De acuerdo a Dora Regina López, del sindicato de salud, esta movilización es para pedir a las autoridades que eviten una escalada de precios en la canasta básica.Una comisión de 15 dirigentes entró al Congreso a entregar un pliego de peticiones, al presidente en funciones de ese organismo, Arístides Crespo.- En Quetzaltenango, unas 250 personas que representaban a 10 sindicatos desfilaron con pancartas y bocinas gritando consignas en contra del alto costo de la vida, la pasividad del Gobierno para contrarrestar la criminalidad y el mal servicio de la energía eléctrica.- En Sololá, unas mil 500 personas y representantes de 59 comunidades de la cabecera departamental, incluyendo el casco urbano, realizaron una concentración pacífica frente a la municipalidad para exponer y exigir a las autoridades de gobierno que se ponga fin a la escalada de precios en la canasta básica, así como la mala distribución que se hizo del fertilizante.Los inconformes además protestan contra la facturación de energía eléctrica y en rechazo a la política de explotación minera.- En Mazatenango, Suchitepéquez, organizaciones campesinas y populares realizaron una manifestación para exigir al gobierno no aumentar los precios a la canasta básica, a la energía eléctrica así como por los incumplimientos a las promesas hechas en campaña por el presidente Álvaro Colom.- La mala distribución del fertilizante y la carestía en el servicio de energía y de la canasta básica fue objeto de reclamos por decenas de pobladores de Jalapa que protestaron frente a la Gobernación Departamental.- Al menos 200 trabajadores de salud del departamento de San Marcos, salieron a las calles para manifestarse contra las políticas que este gobierno ha asumido.Se pronunciaron contra el alto costo de la vida, el estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, y la detención de ocho campesinos de San Miguel Ixtaguacán.- Protestas similares se reportan en Totonicapán, Quetzaltenango, Escuintla, entre otros lugares.Prensa Libre, 27 de Junio, edición impresaProtestan por alto costo de la vidaPor Alberto Ramírez y gema palenciaUnas mil 500 personas manifestaron ayer en las calles de la capital en protesta por el alto costo de la vida y la falta de acciones del Gobierno para ayudar a la población de escasos recursos económicos.Organizaciones sindicales, populares y campesinas se unieron para protestar y, además de quejarse por el incremento de precios, se adhirieron a demandas de todo tipo: “No a la explotación minera”, “por el acceso a tierra”, “no más militarización”, “no más represión, no a la privatización de la salud y la educación”, “por la equiparación salarial”.También hubo quejas por la declaratoria del estado de Excepción en San Juan Sacatepéquez.Alrededor de las 9 horas, la marcha salió de El Obelisco, zona 13, y se dirigió al Congreso y la Casa Presidencial, zona 1.Basilio Sánchez, del Comité de Desarrollo Campesino, refirió que el 5 de febrero hicieron una serie de peticiones al presidente Álvaro Colom para que se formularan reformas en el sector agrario, pero no han recibido ninguna respuesta.Pidieron a los diputados que tramiten las leyes de desarrollo rural o las leyes marco de salud y educación.Medidas de hecho“Si no hay respuesta de las autoridades, el pueblo volverá a salir a las calles”, expresó Sánchez, quien no descartó la toma de edificios públicos.- Entre las peticiones se incluye la creación de un gabinete de crisis para la solución de los conflictos que están surgiendo.- María Us viajó desde San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, para exigir un alto al aumento de precios de la canasta básica, porque su salario no le alcanza para comprar la comida de sus hijos.- Víctor Guamuch, del comité de vecinos de la aldea Pajón, Santa Catarina Pinula, decidió participar porque el transporte extraurbano para llegar a su casa es escaso y aumentó Q1 la tarifa.Los líderes se entrevistaron con Fernando Fuentes Mohr, gerente de la Presidencia, quien recibió sus demandas y prometió respuestas.PeticionesDesinterésLos manifestantes ven desinterés por los pobres en las políticas del Gobierno, por lo cual exigen:• Aumento salarial para empleados públicos y privados.• Un alto a la inflación.• Aplicación de la justicia; no más impunidad de funcionarios corruptos.• Defensa de los recursos naturales; no más minería metálica.• Nacionalización del petróleo guatemalteco.• No más contaminación de las fuentes hídricas.• Detener la intimidación y asesinato de líderes comunales y sindicales.• Bajar las tarifas del transporte extraurbano.• Reforma agraria para que las comunidades tengan acceso a la tierra.GobiernoRespuesta en dos semanasFernando Fuentes Mohr, gerente de la Presidencia, se reunió con líderes sindicales y de organizaciones sociales, durante dos horas, en la Casa Presidencial.Afirmó que en la segunda semana de julio próximo podrían tener respuesta a algunas de las demandas que ellos plantearon.Refirió que dirigieron varias de las peticiones hacia los ministerios vinculados con cada asunto.Fuentes Mohr pidió paciencia a los manifestantes, ya que algunas de sus demandas no pueden resolverse de inmediato.El funcionario insistió en que estos asuntos se deben resolver siempre por la vía del diálogo, y reiteró la anuencia del Gobierno a responder a las demandas de los grupos sociales.“Es responsabilidad de todos poder encontrar el camino para una solución”, expresó.DEPARTAMENTALES Jornada de protestas en la provinciaMiles de pobladores de varios departamentos participaron ayer en protestas, bloqueos de carreteras y ocupación de edificios públicos, en rechazo al alto costo de la canasta básica y combustibles, entre otros.En Sololá, unos mil 500 vecinos, representantes de 59 comunidades, hicieron una concentración pacífica frente a la municipalidad para exigir al Gobierno que ponga fin a la escalada de precios de la canasta básica; manifestaron su descontento por la mala distribución de fertilizantes, la explotación minera y los exagerados cobros por servicio de energía eléctrica.Santos Mendoza, coordinador de la Defensoría Indígena, explicó que el pueblo Cololateco vive una situación precaria debido al abandono, indiferencia y poca voluntad de autoridades para resolver los problemas que aquejan a la gente, en especial a la de escasos recursos.“Hay cientos de familias que no pueden subsistir, ni mucho menos comer dignamente, porque el maíz, huevos, pan y frijol están muy caros”, expresó José María Julajuj, alcalde indígena.En Mazatenango, Suchitepéquez, hubo una marcha que comenzó en la terminal de autobuses y acabó frente a Gobernación Departamental.Los inconformes rechazaron el alza en los productos alimenticios, los combustibles y la electricidad, y criticaron el incumplimiento de las promesas de campaña del Álvaro Colom.Aparte, unos 200 trabajadores de Salud de San Marcos, marcharon por calles de esa cabecera departamental. Luis Alpírez, en nombre de los empleados, comentó que el Gobierno ha dado al país un clima de zozobra porque no ha podido detener la carestía de la vida.En la carretera que conduce a Malacatán, salubristas bloquearon el paso vehicular, en protesta por las leyes en los marcos de Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo Rural, pues consideran que es el primer paso para privatizar los servicios públicos.Iguales motivos tuvieron empleados de Salud en Quetzaltenango para marchar por las calles. Durante esa jornada, también rechazaron la crisis económica que vive el país.En Coatepeque, los participantes colocaron barricadas en la Calzada Álvaro Arzú e incendiaron neumáticos.Rolando Valey, manifestante de Salamá, Baja Verapaz, comentó que el Gobierno debe hacer algo para ayudar a los pobladores más desposeída a enfrentar la aludida crisis.En Jalapa, más de 500 personas criticaron los altos grados de corrupción que supuestamente se han registrado en el Gobierno, la violencia y los monopolios.EscuintlaRechazan reglamento Pobladores de Santa Lucía Cotzumalguapa, salieron a protestar ayer, pues están en contra de un reglamento que instituyó la municipalidad, mediante el cual se crea o eleva arbitrios por distintos servicios.Jesús Antonio Aguilar, representante de la Asociación de Vendedores Ambulantes, comentó que la comuna publicó en el Diario de Centroamérica ese reglamento, en el que incrementó los costos por servicios como celebración de matrimonios, estudios topográficos, piso de plaza, entre otros.Explicó que las nuevas tarifas son inconcebibles, y que antes de tomar una decisión de esa naturaleza, debió hacer un estudio socioeconómico para determinar cuánto podían pagar los vecinos.Mabel García, concejal primero, dijo que trasladará las peticiones de los pobladores al Concejo, y añadió que las nuevas tarifas son más bajas que en otros municipios del país.
a la/s 6/28/2008 07:42:00 p.m.
Saludo del FNL al naciente Movimiento Indígena y Campesino de Guatemala.
a la/s 6/24/2008 10:58:00 p.m.
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, INDIGENAS Y CAMPESINAS(UNSITRAGUA, FNL, SNTSG, CNOC, CUC, FESTRAS)Al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional manifestamos nuestro total rechazo a las prácticas de militarización y represión, como respuesta del Estado ante la problemática social.Las acciones del actual gobierno nos hace recordar épocas precedentes de ingrata memoria, como las emprendidas por el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio y otros gobiernos que le sucedieron. Todos implementaron la suspensión de las garantías constitucionales como una de sus principales armas para enfrentar el descontento popular. La historia, si no se le conoce, se torna cíclica.El pueblo de San Juan Sacatepéquez lucha, con dignidad, por la defensa de su tierra y la integridad de su territorio. Los acompañan la razón y el derecho. La empresa de la familia Novella amenaza con convertir sus jardines en desierto.Ante su clamor, nada, en absoluto, se resuelve con la intervención militar. Los problemas sociales, que se multiplican a lo largo y ancho del país, requieren respuestas de otra naturaleza. El precedente que establece el Gobierno de militarizar las áreas de conflicto, por la vía de suspender las garantías constitucionales y lanzar sobre el terreno a sus perros de la guerra, es inaceptable. El pasado no debe volver, ni la impunidad puede seguir siendo el manto bajo el cual se abrigan todo tipo de atropellos en contra de los derechos e intereses superiores del pueblo. Los movimientos sociales no son terroristas. Por el contrario, es el propio Estado quien siembra el terror, para defender los intereses de la familia Novella.El actual Gobierno debe recordar que, quien siembra vientos, cosechará tempestades. Las derechas de este país deben saber que han de ponerle límites a su codicia, porque, si no lo hacen, es el propio pueblo quien terminará por limitarlas.Colom llama a los pobladores a establecer un diálogo luego de militarizar el área. No es válido dialogar cuando una de las partes apunta con un fusil en la sien de la otra. Claro que debe darse un proceso de diálogo, pero en condiciones de equidad y respeto mutuo.Para ello, es precisa la mediación de actores que, como la Iglesia Católica, puedan desempeñar un arbitrio respetuoso y conciliador entre las partes.La inteligencia, la razón, deben imponerse por encima del uso de la fuerza bruta.Exigimos del Estado el inmediato retiro de sus tropas y que, también de inmediato, cese el Estado de Prevención.¡A mayor represión, mayor organización!Guatemala, 23 de Junio del 2008
a la/s 6/23/2008 07:07:00 p.m.
Guatemala, 20 de Junio del 2008¡Hasta Siempre compañero Vicente!Hoy, en horas de la mañana, falleció trágicamente nuestro compañero Vicente Caal, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala y del Frente Nacional de Lucha. El compañero Vicente era dirigente sindical del Área de Salud de Guatemala, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La tragedia ocurrió mientras realizaba labores de rescate y limpieza en apoyo a CONRED, en el sector del Barrio La Verbena, zona 7 de esta capital. “Chente” murió como había vivido: sirviéndole a los demás.Lamentamos esta pérdida irreparable tanto para su familia, como para el movimiento sindical en su conjunto. Su hijo, de escasos 4 años, pierde a un gran padre, quien le lega un loable ejemplo de entereza, de compromiso auténtico con su pueblo, en síntesis, de amor al prójimo.Vicente siempre se caracterizó por aportar lo mejor de sí mismo hacia su pueblo y sus luchas. Un incansable revolucionario y defensor de los derechos de los más necesitados.¿Por qué muere Chente? No sólo por haberse ofrecido para colaborar con las familias damnificadas de La Verbena. Muere, también, como consecuencia de políticas públicas que colocan a millones de ciudadanos y ciudadanas en la obligación de vivir rodeados de condiciones de alto riesgo. Una Alcaldía capitalina que, en los últimos 25 años, no ha movido un solo dedo para resolver los agobiantes problemas que afectan a los sectores más pobres de la Ciudad Capital. Una realidad social que fuerza a millares de niños y adultos a someterse, para apenas sobrevivir precariamente, a trabajos inhumanos e indignos. Vicente quiso ayudarlos, y entregó su vida en ello.Lo que ocasiona tragedias lamentables como la de hoy, es la ausencia de una política nacional de vivienda, es la falta de una política generadora de empleo, es la carencia de sensibilidad humana por parte de las autoridades tanto del Gobierno Central como del Municipal.Por cambiar todo ello también luchaba Vicente.En su homenaje, prometemos levantar sus banderas y, con dignidad, enarbolarlas por todos los rincones del país, porque, así, Chente seguirá con nosotros.¡Compañero Vicente Caal, presente en la lucha!
a la/s 6/22/2008 10:26:00 p.m.
“Aquí no lloró nadieaquí sólo queremos ser humanos…”Otto René CastilloSiguen los desalojosDenunciamos ante la opinión pública nacional e internacional que el Gobierno deÁlvaro Colom, lejos de resolver los problemas mediante el diálogo o la aplicación depolíticas adecuadas y justas, opta por el uso de la fuerza y la violencia, sobre todocuando se trata de defender los intereses de los ricos.La semana pasada, con amplio despliegue de fuerzas militares, fueron desalojadas lasfamilias campesinas que ocupaban de la finca Ixtán, en Champerico, Retalhuleu. Es laaguda situación de hambre, desesperanza y abandono de las políticas de desarrollo la que obliga al campesino a buscar cómo resolver su propia subsistencia.El país requiere de soluciones de fondo y no discursos ni limosnas disfrazadas de remesas que sólo dividen al pueblo y siembran desconfianza.Las fotos que adjuntamos fueron tomadas por compañeros de la Juventud de CODECA,quienes desafiando el cerco y el terror, fueron al lugar de los hechos para ver si podían apoyar a la población agredida.¡La Lucha Sigue!En las fotos se ve el despliegue de armamento pesado y tanquetascomo si se tratara de combatir a un ejército invasor.Da tristeza ver cómo se invierten recursos y fuerzas contra campesinos en lugar de invertir en escuelas, hospitales y desarrollo rural, lo que evitaría en gran medida los conflictos.Algunas personas trataron de acercarse al lugar pero este se encontraba totalmente rodeado de tropas fuertemente armadas.Se ve a lo lejos el despliegue de la tropa cuando iba rumbo al lugar a quemar los ranchos de los campesinos.“Policía y soldados incendian ranchos de campesinos que invadían la finca Ixtán.”Fuente: Prensa Libre 13/06/08)Porque estas políticas no deben seguir, porque el pueblo tiene derechos que no debenseguir siendo violados, porque hay que decir ¡Basta Ya! ante situaciones semejantes. Por todo ello, en cada departamento del país, las organizaciones populares comprometidas con los derechos del pueblo, junto al Movimiento Indígena y Campesino,MARCHAREMOS ESTE PRÓXIMO 26 DE JUNIOCada Departamento tiene ya establecida su ruta, su horario y su punto de reunión. En la Ciudad Capital será en el Obelisco, a las 8:30 a.m.
a la/s 6/18/2008 07:14:00 p.m.
Guatemala, 11 de Junio del 2006Sigue la represión contra los dirigentes popularesEl pasado Domingo 8 de Junio, en la Colonia Las Ilusiones, Zona 18 de la Ciudad Capital, a las 19 horas y apenas a una cuadra de su casa de habitación, fue atacado a tiros el compañero Freddy Morales Villagrán, miembro del Consejo Consultivo del SITRAPETÉN, sindicato de los trabajadores y trabajadoras de Aguas Salvavidas. Para realizar este nuevo atentado en contra de un dirigente popular, los sicarios usaron armas de guerra calibre 7.62 mm. En estos momentos, nuestro compañero se encuentra al borde de la muerte, bajo atención médica en un hospital cuyo nombre, por razones de seguridad, nos reservamos.Este nuevo hecho de sangre ocurre poco tiempo después de que el sindicato del cual Freddy es miembro tuviera un fuerte conflicto con la parte patronal, que llevó incluso a que los antimotines, al servicio de la empresa como suelen hacerlo, arremetieran a gases y golpes contra los trabajadores. Bien sabido es que en las múltiples y poderosas empresas de la familia Castillo, los dueños no aceptan la existencia de sindicatos. La creación del de Aguas Salvavidas desencadenó el conflicto al que nos hemos referido, el cual aún no se ha resuelto. Ese sindicato fue ya bautizado con la sangre de un joven de apenas 25 años, que cometió el flagrante delito de defender los derechos de su gremio.Desde el FNL expresamos nuestro fehaciente deseo de que nuestro compañero conserve la vida y recupere la salud hasta la plenitud de sus condiciones.Al mismo tiempo, demandamos del Ministerio Público, una vez más, que esclarezca este nuevo caso e identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales de este intento de homicidio. Para eso existe este Ministerio Público que, como institución, hasta el momento ha dado evidentes muestras de ineficiencia cuando se trata de intervenir a favor de los sectores populares.¡La Lucha Sigue!
a la/s 6/13/2008 09:32:00 a.m.
DENUNCIAMOS ABUSO DE AUTORIDAD E IMPUNIDAD EN VILLA NUEVA
EL FRENTE NACIONAL DE LUCHA SE SOLIDARIZA CON LOS VECINOS DE VILLA NUEVA, ANTE LOS ABUSOS DE GENTE ALLEGADA AL ALCALDE. SE LE HA QUITADO A LOS VECINOS EL ÁREA VERDE Y EL CAMPO DEPORTIVO EN BENEFICIO DE UN EMPRESARIO CORRUPTO, SIN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES HAGAN NADA. EXIGIMOS SE HAGA CUMPLIR LA LEY Y SE DETENGA ESTE ABUSO. ALTO A LA IMPUNIDAD DE LOS RICOS Y PODEROSOS NO A LA COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDAADES. EXHORTAMOS A QUE LEAN EL DOCUMENTO DE DENUNCIA QUE VIENE CON FOTOS DOCUMENTALES DEL ABUSOES INCREIBLE QUE ESTO SUCEDA ANTE LA VISTA DE LAS AUTORIDADES. LA LUCHA SIGUE. FNL_____________________________________________Colonia COVINTA, Barcenas, Villa Nueva, mayo de 2008El órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la colonia COVINTA a la opinión públicaHACE SABER:Nuestra colonia, por más de 14 años, ha llevado un proceso de recuperación de propiedad comunitaria usurpada por el Señor Raul Monroy Pineda, y en múltiples ocasiones, de manera organizada, hemos logrado evitar la invasión de terrenos que históricamente nos pertenecen.La colonia Covinta se formó se encuentra ubicada en Bárcenas, Villa Nueva. Se encuentra dentro la zona de recarga hídrica de la cuenca alta de Amatitlan, por lo tanto, las buenas condiciones de medio ambiente en ese sector son fundamentales para la vida de toda la población de la región por ser una fuente de recarga de agua, en especial por la actual desmesurada explotación de los recursos naturales por la construcciones del sector industrial, extracción de arena, construcción de proyectos habitacionales.Que desde el viernes 16 de mayo del presente año el área comunitaria destinada para centro cívico y áreas verdes fue invadida y destruida a manos de trabajadores del Señor Manuel de Jesús López Samayoa, quien, en un despliegue de poder, amedrentó a los vecinos de la colonia por medio de una guardia armada particular civil, quienes portaban armas automáticas de grueso calibre. Durante esta intervención destruyeron parcialmente un campo de futbol y una reforestación iniciada hace dos años.Durante todas las intervenciones de dicha persona se ha hecho acompañar de agentes de la Policia Nacional Civil, quienes no hicieron nada ante la presencia de civiles en portación de armas de grueso calibre amedrentando la población, incluso durante el período de estado de prevención dictaminado por el presidente de la republica.Los amedrentamientos de dicho individuo por medio de guardias armados iniciaron a finales del 2007 cuando civiles armados desalojaban a jóvenes y niños del campo de futbol amenazándoles con dispararles a los balones de futbol.Las intenciones de dicha persona, según lo expresó a la colonia, es hacer un muro perimetral para el estacionamiento de furgones enfriadores. Según información del mismo individuo el necesita el espacio porque esta siendo desalojado de donde actualmente tiene los furgones por reclamos de una colonia adyacente por los altos grados de contaminación ambiental generadas por ruido, vibraciones y desechos. Sin embargo, según la licencia de construcción No 24035 el permiso de construcción es para un complejo habitacional de casas de 1 y 2 niveles.En 1998 la municipalidad de Villa Nueva denegó una licencia de construcción de ese tipo por las condiciones de daño al medio ambiente que significaría la sobrepoblación derivada de convertir en viviendas un área originalmente destinado para las áreas verdes.En dicho año, el 18 de septiembre, la municipalidad emitió un acuerdo municipal en base a un estudio técnico de la Autoridad para el Manejo de la Cuenca y el lago Amatitlán, en el cual se indica que “ante el problema habitacional y especialmente el crecimiento desmedido y desordenado que se ha dado en los últimos años en esta localidad lo que ha provocado explotación irracional de los recursos naturales en detrimento de las condiciones de vida de la población ya asentada y de futuros pobladores”.En base a esto se resuelve en dicho acuerdo que “todo el área de Bárcenas, Las Nubes, Zacarías, Plan Grande sean destinados para fines forestales, prohibiendo cualquier desarrollo urbanístico en este lugar ya que se considera zona de recarga de agua de los mantos acuíferos y el permitir el crecimiento poblacional el día de mañana agudizaría el problema en perjuicio de los intereses de la población”.La autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán de la Presidencia de la República, emitió un informe en mayo del presente año, denominado “problemática en la comunidad COVINTA, de la jurisdicción de Bárcenas, Villa Nueva”, en dicho informe constatan que “existen problemas provocados por una empresa constructora de viviendas, que esta utilizando maquinaria pesada que afectan a dicha comunidad y ocasionan un impacto ambiental al ecosistema y por ende están destruyendo la reforestación de 900 árboles que brindó AMSA” y afirma que “los problemas mencionados anteriormente ocasionan efectos negativos en el ecosistema, tales como : aumento del agua en forma de escorrentía, provocando el arrastre del suelo superficial y transporte hacia las partes bajas y dando lugar a inundaciones en algún momento en los poblados que se ubican en las riveras de los ríos”Por tanto1. Tomando en cuenta que es el Estado Guatemalteco es el obligado a garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos guatemaltecos, en base a la Constitución Política de la República de Guatemala, según la cual en su artículo 1º del Título I, Capítulo único se establece que: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.”, al Artículo 2º que indica que “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona” y del artículo 3º, del Título II, capítulo I que indica que “El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona”.2. Con base en la “Ley de vivienda y asentamientos humanos” (Decreto 120-96) con fecha de 21 de noviembre de 1996, que en su artículo 2º, del título I, capítulo único indica que tanto “el Estado y los habitantes de la República deben sujetarse a los siguientes principios rectores: a) El derecho a vivienda adecuada constituye un derecho humano fundamental, debiendo el Estado facilitar su ejercicio b) Los asentamientos humanos constituyen una base insustituible para el desarrollo delpaís, debiendo el Estado promover su desarrollo” y los incisos: “f) Las municipalidades deben cumplir eficazmente sus funciones en materia de vivienda y asentamientos humanos, y g) El Estado y los habitantes de la República deben velar porque en el desarrollo de los asentamientos humanos se preserve racional y eficazmente la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, con el fin de garantizar su sustentabilidad.”3. Que en base a la ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en su capítulo I, Artículo 2, uno de los principios generales del sistema de consejos de desarrollo es: “e) la conservación y el mantenimiento del equilibrio ambiental y el desarrollo humano, con base a las cosmovisiones de los pueblos maya, xinca y garífuna y de la población no indígena”.4. Que de acuerdo a la reunión de asamblea comunitaria realizada el 20 de mayo de 2007, según el acta no 51 del libro del COCODE se declaró como prioridad la recuperación de los terrenos de área verde y se emprendió un proceso de organización comunitaria para ese efecto.5. Que la comunidad se ha opuesto rotundamente en ocasiones anteriores a perder el área que por derecho histórico le pertenece y que la municipalidad de Villa Nueva ya ha denegado licencias de construcción en dicho terreno por representar un riesgo para las condiciones ambientales de la colonia.Exigimos:1. Al alcalde de Villa Nueva y su corporación que anulen la licencia de construcción otorgada al Sr. Manuel de Jesús López Samayoa y no vuelva a aprobar ningún tipo de licencia de construcción en dicha área, bajo ningún motivo.2. A las autoridades correspondientes (Municipalidad de Villa Nueva, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, AMNSA, FONTIERRA, etc.) que tomen cartas en el asunto y realicen los trámites necesarios para devolver a la colonia lo que por derecho le pertenece.
a la/s 6/11/2008 11:57:00 a.m.
Compañeras y compañeros:Adjuntamos copia del volante que, impreso por ambas caras, estamos usando para la convocatoria a las acciones del 26 de Junio Para poder verlo en grande desde aquí tienen que darle "click" a la imagen.
a la/s 6/06/2008 10:20:00 a.m.
Guatemala, 3 de Junio del 2008¡Un barril de pólvora, con la mecha encendida!Incluso para aquellas personas que a lo largo de sus vidas habían optado por permanecer indiferentes, hoy resulta evidente que Guatemala, como sociedad, está al borde del abismo. Aún quienes afirmaban no interesarse por lo que pasara en el país, quienes sostenían ingenua y equivocadamente que lo que ocurriera en la política no tenía nada que ver con ellas, ya muestran signos de alarma por el futuro del país, por el de sus familias y por el suyo propio. En el seno de nuestra sociedad, la inconciencia y la apatía van rápidamente cediendo el paso a un malestar cada vez más generalizado. El descontento nace, crece y se multiplica a diario.Sin duda alguna, la población tiene sobrada razón al preocuparse. Porque es cierto que el país va mal. Guatemala marcha por rumbos errados en cada uno de los campos sustantivos propios de la vida de cualquier sociedad. Los consecutivos gobiernos controlados por las derechas, (tanto la derecha militar como la derecha empresarial), simplemente no muestran la menor intención de ejercer la autoridad que les confiere el voto, en absoluto, en beneficio de los derechos e intereses de los sectores populares que precisamente los eligen. Por el contrario, persisten en su compromiso de gobernar de manera exclusiva a favor de minorías pequeñas pero poderosas, dueñas de una codicia sin límites, a las que no les importan, para nada, las condiciones de vida del pueblo y a las que, en función de la acumulación de sus capitales, tampoco les importa siquiera mirar hacia el futuro amargo que su avaricia genera. Guatemala es un país gobernado, de manera egoísta, por el poder del dinero, que se concentra en pocas manos.Por lo tanto, no es aceptable, en absoluto, el argumento de que la crisis nace a partir del alza internacional en los precios del petróleo. Porque desde 1954 Guatemala camina, con pasos cada vez más rápidos, hacia ese despeñadero en cuyo mismísimo borde nos encontramos hoy en día. Las principales causas que han conducido al país hasta este alarmante punto en el que hoy se encuentra no se derivan de la crisis mundial del petróleo ni de la de los alimentos, sino que se ubican en las raíces mismas de la propia realidad nacional:• La exclusión de las mayorías del acceso al disfrute de los bienes y servicios sociales; • la existencia de políticas públicas discriminatorias, que violentan un día sí y otro también cada uno de los derechos básicos de la población; • la ausencia de espacios reales de participación ciudadana a partir de los cuales sea posible forjar una auténtica democracia; • la creciente presencia del crimen organizado y de múltiples formas de corrupción en la conducción de todos los hilos propios de la vida nacional y en prácticamente todas las estructuras del Estado; • la sumisión abyecta ante las diversas imposiciones foráneas, provenientes tanto desde la voracidad los grandes consorcios internacionales, como desde la política exterior estadounidense, que nos considera su patio trasero; • la violencia convertida ya en pan nuestro de cada día, y no solamente la referida a la delincuencia común, sino la que nace desde todas las formas de injusticia y exclusión, por ejemplo, la que obliga a millones de niños a padecer de desnutrición crónica; • el retorno progresivo de la represión política en todas sus nefastas expresiones, que fuera parte integral de las políticas de Estado desde 1954, pero que debería ya quedar sepultado en el pasado y que, sin embargo, se alimenta y crece a partir de una permanente impunidad;• el predominio de un sistema de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales de corte neoliberal, que produce unos pocos ricos cada vez más ricos, a costa de millones de pobres cada vez más pobres. Estos, entre otros factores afines, provocan que Guatemala sea un país a punto de desmoronarse. El mal que nos aqueja reside en las raíces. No es responsable buscar explicaciones en causas externas, cuando la enfermedad radica dentro del propio cuerpo de la sociedad guatemalteca. Si, cuando menos desde el 54, como país hemos sido adictos a la injusticia, no culpemos entonces al mundo exterior del cáncer que esa injusticia interna nos genera.Esa realidad ya resulta intolerable cada vez para más y más personas. El malestar que brota desde la aguda crisis puede desembocar incluso en estallidos sociales violentos y ausentes de conducción, de los cuales los grandes ganadores podrían ser, precisamente, las mismas derechas que han generado la crisis.En consecuencia, las organizaciones que representan los derechos e intereses de los distintos sectores populares tenemos hoy la obligación irrenunciable de analizar con detenimiento los componentes que dan forma a esta aguda e inaceptable crisis, a efectos de plantear propuestas sólidas que cambien de manera positiva el rumbo de las cosas. Debemos pensar, definir y luchar por la construcción de una Guatemala diferente, como con todo derecho y razón la han soñado, larga y postergadamente, los sectores populares.Y, de manera paralela, tenemos el deber de aunar esfuerzos para evitar que el egoísmo y la codicia de las derechas terminen de empujar al país hasta el fondo del abismo al que están a punto de lanzarnos. Hay que dar una lucha firme y decidida para evitar que el neoliberalismo de sus últimos zarpazos en contra de los sectores populares. El país simplemente no puede ya seguir transitando por los mismos rumbos adoptados desde 1954.Naturalmente, factores de naturaleza estructural como los mencionados en líneas anteriores son la principal causa generadora de injusticias, de hambre, de dolor y de violencia social. Pero también conviene detenerse a analizar, con sentido de responsabilidad, las situaciones negativas de orden coyuntural que hoy predominan; es decir, aquellas que, en el actual momento histórico, pesan con mayor fuerza sobre los de por sí ya cansados hombros de los sectores populares.En este orden de ideas, los principales problemas que hoy vive, soporta y sufre el pueblo guatemalteco pueden agruparse en cuatro grandes categorías. Obviamente, ninguno de esos problemas existe aislado de los otros. Todos se dan en un contexto nacional que los determina y los concatena estrechamente, hasta el punto que resulta un ejercicio complejo el separarlos para efectos de análisis. Estos cuatro grandes ejes problemáticos son:1.- ALZA EXORBITANTE EN EL COSTO DE LA VIDA.Es un hecho indiscutible que el costo de la vida ha subido hasta llegar a cifras ya inalcanzables para la mayoría de la población, que a duras penas sobrevive. A principios de este año, 2008, la canasta básica vital tenía oficialmente un costo equivalente a dos salarios mínimos, lo cual en todo caso resultaba ya inaceptable. Pero esa relación se ha modificado sustantivamente a lo largo de los primeros meses del año en curso, debido a un incesante y acelerado incremento en el precio de los principales componentes de esa canasta básica.A.- Transporte: Dentro de este campo del alza al costo de la vida destacan, como detonantes de malestar social, las pretendidas alzas en el precio del transporte público, que en el país es un negocio que ejerce la empresa privada. Eso es lo primero que se debe tener en claro: el transporte es para el público, pero, en la gran mayoría de los casos, se trata de un negocio privado. Por lo tanto, los empresarios que lo controlan prestan el servicio con fines de lucro, como ocurre con toda actividad empresarial privada que se emprenda. Y es allí en donde comienza el problema. Porque desde esa realidad se derivan intereses contrapuestos: por una parte, los de la población, que espera recibir un servicio de calidad y a bajo costo (al cual, por lo demás, tiene derecho), y, por otra, los de los empresarios, que como principal objetivo buscan obtener ganancias, para lo cual pretenden subir los precios e invertir el mínimo posible en la calidad del servicio. Para confirmar lo anterior, basta ver las desastrosas condiciones de la inmensa mayoría de las unidades que circulan, que más parecen reliquias de museo mal conservadas que buses destinados al transporte de personas. Y del afán de lucro se deriva, además, la nula preparación del personal que opera estas unidades, puesto que los dueños no invierten ni un centavo en capacitarlos para que presten buena atención a los usuarios. Así mismo, la relación laboral que el empresario establece con los conductores y ayudantes es injusta, al punto de ser casi inhumana, ausente de seguridad social y de derechos laborales. Simplemente les alquilan los buses a cambio de una cuota diaria, con lo que los someten a una fuerte presión de tiempo con la que deben lidiar para ganarse un salario decente. Esto los obliga a manejar con pocas consideraciones hacia los pasajeros e incluso con continuo irrespeto a las regulaciones del tránsito. Pésimo mantenimiento, sumado a la obligación de correr en busca de pasaje, a personal no calificado trabajando bajo presión y, encima, bajo el constante temor de ser asesinados en cualquier momento, suman una receta diabólica que ha demostrado ser generadora de severos accidentes viales, los cuales han cobrado ya la vida de cientos de personas.Pero hoy el principal malestar de la población gira alrededor del hecho de que los empresarios ahora pretenden hacer su agosto a partir del incremento internacional en los precios del combustible, por la vía de establecer tarifas que van mucho más allá de lo que ese incremento amerita. Es decir, ven en la crisis del petróleo una oportunidad óptima para incrementar sus ganancias privadas, a costa, claro está, del público usuario del servicio. Eso la mayoría de la población del país simplemente no lo acepta y responde incluso con violencia ante semejante atropello. Los hechos recientes ocurridos en Fraijanes, en Pajón, San Juan Sacatepéquez y en otros muchos rincones de Guatemala, lo ponen en evidencia. El alza en las tarifas del transporte privado que debería estar al servicio del público se constituye, por lo tanto, en parte integral de esa mecha encendida cuyo fuego avanza implacablemente hacia el barril de pólvora en el que hoy se ha convertido Guatemala.En la medida en que no se resuelva esa contradicción existente entre derechos de la población e intereses privados, el problema seguirá agudizándose. Es obvio que en este, como en otros casos, el Estado deberá optar: o está a favor de los derechos del pueblo, o está con los intereses de los empresarios. Por lo pronto, al parecer este Gobierno, al igual que los anteriores, ha optado por colocarse al lado de los intereses de los empresarios, a quienes ofrece pagar un subsidio para que sigan adelante con su negocio. Es decir, destinar una parte de los impuestos que pagamos entre todos los ciudadanos y ciudadanas, para entregárselos a los empresarios del transporte, sin exigirles que mejoren para nada la calidad del servicio.B.- Costo de los alimentos: En Guatemala, para los sectores populares el alimentarse se ha convertido en cosa casi de puro milagro. La mayoría de la población simplemente padece hambre. Las cifras oficiales lo demuestran de manera clara y contundente: el 49.3% de los niños y niñas del país padecen de desnutrición crónica. No de desnutrición pura y simple, sino de desnutrición crónica. Y agregaba Andrés Botrán, en su condición de Secretario de Seguridad Alimentaria que, a partir de esos datos, por lo menos el 40% de la niñez padece de retardo mental, debido a que no se alimentan lo necesario para desarrollar su cerebro, lo cual genera daños irreversibles. Esa sola realidad, en sí misma, llora sangre.Porque esos indicadores reflejan mucho más de lo que dicen los fríos números. Son el resultado de una tragedia largamente acumulada, de una permanente injusticia en la distribución de la riqueza nacional. Son el resultado de décadas de padecer hambre los muchos, para que engorden los menos. Un país que somete impunemente al hambre y a la desnutrición a millones de sus niños y niñas, es, sin duda alguna, un país enfermo. Una sociedad que no se conmueve ante el hecho dramático de que la mayoría de sus hijos e hijas simplemente no comen, es una sociedad a todas luces enferma. Enferma, entre otras cosas, de una aguda indiferencia y de apatía crónica. Enferma por cuanto genera condiciones de vida en las que a millones todo les falta, para que a unos pocos todo les sobre.El hambre, como cualquier otro mal, si no se le combate, se agudiza. Pero en Guatemala, en lugar de combatírsele, más bien desde el Estado se adoptan e implementan políticas que, por el contrario, la fomentan. Políticas que reducen la capacidad familiar de compra y, con ello, la capacidad de que en el seno de cada familia sus miembros puedan alimentarse como es debido.No es válido, entonces, aceptar que esa cruda realidad se deba solamente a causas externas, derivadas de la subida en el precio internacional de algunos alimentos, como ahora se argumenta. Esa realidad precede cualquier alza internacional que nos afecte hoy en día. También en el caso de los alimentos, la población se ve sometida a la codicia empresarial. Las grandes empresas productoras y comercializadoras de alimentos, con la transnacional Walmart a la cabeza, ven en la crisis internacional la excusa que puede permitirles aumentar implacablemente su tasa de ganancias. No sólo por la vía de incrementar los precios más allá de lo que la situación amerita, sino, además, a través de la mera especulación, del acaparamiento de productos y de los manejos malintencionados del mercado. No debe permitirse, bajo ninguna circunstancia, que el Guatemala la voracidad y la codicia de unos cuantos multipliquen el hambre, incrementen la desnutrición y fomenten la miseria.De nuevo, en este caso el Estado guatemalteco debe optar: o está a favor de los derechos e intereses de la población, o, por el contrario, está con los de los empresarios nacionales y extranjeros que lucran con el hambre del pueblo.C.- Energía más cara y de menos calidad: El actual Gobierno ya hizo pública su política referida a la producción y distribución de energía eléctrica. Es simple y sencillamente desastrosa. Esta política, claramente errada y de corte anti-popular, se podría sintetizar en los siguientes enunciados:• Reducción en la cobertura de la Tarifa Social, que implicó ya el encarecimiento de la factura eléctrica para más de 600 mil familias a lo largo y ancho del país. Esta arbitraria disposición se aplica desde inicios del pasado mes de Marzo. Hasta esa fecha, la Tarifa Social cubría a todos los usuarios que consumieran entre 0 y 300 kwh. Ese techo de cobertura se redujo de manera tal que hoy sólo cubre a quienes consumen entre 0 y 100 kwh. Esto, con el agravante de que el Gobierno lo presenta públicamente como si fuera beneficio para el pueblo, mediante una costosa, falsa y demagógica campaña de publicidad que incluye elaborados spots televisivos. Esta reducción en la cobertura de la Tarifa Social le ahorra al Estado la suma de 402 millones de quetzales anuales, que tendrán que ser pagados desde el menguado presupuesto familiar de esas 600 mil familias que consumen entre 100 y 300 kwh y que, desde Marzo, ya han quedado fuera del subsidio que les debería otorgar el Estado.• Producción de energía a partir de la quema de carbón mineral, lo que implica no sólo convertir a Guatemala en severo contaminante del ambiente, sino que, además, condena al país a depender del carbón que deberá importarse desde Estados Unidos, Canadá o Colombia. Guatemala no produce carbón mineral ni existen en nuestro suelo yacimientos de ese material. Por lo tanto, dependeremos de quien quiera vendérnoslo y tendremos que pagar el precio que nos cobren.• Privatización acelerada de la producción de energía, con lo cual se condena a muerte al INDE y desaparecerá, así, otra institución pública llamada, en beneficio de la población, a prestarle servicios sin fines de lucro. Todas las empresas privadas a las que el Gobierno les han abierto de par en par las puertas para que produzcan energía lo harán, lógicamente, con el propósito de obtener ganancias, las cuales al final saldrán de los bolsillos de las familias consumidoras.• Indiferencia e irrespeto a la voz emanada del pueblo en múltiples consultas populares sobre el tema de la construcción de plantas hidroeléctricas. Los proyectos de construcción de plantas hidroeléctricas se han concebido en ausencia de respeto a los derechos e intereses de la población que se verá afectada por los embalses. Incluso en ausencia de diálogo y de consulta con la población que se verá afectada por las obras.Es obvio que los pueblos no tienen por qué cargar sobre sus hombros con los costos económicos, sociales y culturales que les pretende imponer la construcción de obras privadas destinadas a generarle ganancias, de manera exclusiva, a empresas extranjeras y a sus socios nacionales.• Sumisión de Guatemala ante las imposiciones externas contenidas en el Plan Puebla Panamá y en otros planteamientos afines. Este Gobierno, igual a como han actuado los anteriores, simplemente agacha mansamente la cabeza ante los mandatos de sus amos del Norte. Todas estas aberraciones contenidas en las anunciadas políticas energéticas nacen y se establecen en el texto del Plan Puebla Panamá, así como en compromisos adquiridos por el propio Ing. Álvaro Colom, incluso desde antes de asumir la Presidencia de la República. La soberanía energética del país simplemente no cuenta. Primero Arzú, mediante un oscuro negocio, entregó la distribución a la Unión Penosa, y ahora quieren entregar la producción a manos de poderosos consorcios transnacionales.Los costos económicos y sociales de cada uno de estos desatinos contenidos en la política energética anunciada terminaremos pagándolos los sectores populares, a quienes, por efecto de cascada, quizás hasta nos corresponda pagarlos por partida doble.D.- Reducción del salario y violación de derechos laborales: Entre todas las barbaridades que ha propuesto de manera pública el actual Gobierno, debe destacarse el anuncio formal de que se procederá a rebajar el salario mínimo. El propio Presidente Álvaro Colom se encargó de dar declaraciones oficiales al respecto, que luego las ratificó su Ministro de Trabajo. La propuesta presidencial sobre este particular sugiere que el salario mínimo se establezca en Q30, es decir, 17 quetzales menos que el actual salario mínimo vigente. Ni siquiera Berger, cuyo compromiso con el sector empresarial era público, claro e indiscutible, se atrevió a tanto.Es notorio el hecho de que, en el país, la única mercancía a la que los sectores poderosos, codo a codo con el Gobierno, buscan afanosamente bajarle el precio, es al salario. Resulta evidente que, para ellos, el trabajo humano es lo que menos vale. Si algo han aprendido a hacer con eficiencia los empresarios guatemaltecos con el paso del tiempo, es a hacerse ricos a partir de la explotación de lo que ellos emplean como el recurso natural renovable más barato y abundante: el sudor ajeno.“Que todo suba, pero que el salario baje” es la síntesis de lo que en la práctica se proponen los ricos del país, quienes, para lograrlo, emplean como instrumento idóneo a los Gobiernos que ellos controlan, quitan y ponen desde hace décadas. Sube la comida, sube el transporte, sube la energía, sube toda la canasta básica vital, pero el salario, por el contrario, que se reduzca Con ello, es obvio que el resultado inmediato es la reducción de la capacidad de compra del ingreso familiar que se genera como producto del trabajo honrado. A partir de esa realidad, muchos ciudadanos y ciudadanas, colocados contra la pared por esas políticas públicas neoliberales, se preguntan: “Entonces, ¿para qué sirve dedicarse al trabajo honrado?”. Cuando a una persona se le acosa hasta el punto de que llega a perder hasta la paciencia, cuando se le somete a extremos de miseria, exclusión, hambre y desconcierto, se siembran semillas de discordia que pueden germinar en cualquier momento y transformarse en fuentes de mayor violencia. Mucho más peligroso aún cuando ello ocurre en contra de todo un pueblo. Y eso es exactamente lo que ha venido ocurriendo en Guatemala a lo largo de las últimas décadas.Pero el problema no reside solamente en que se baje el salario nominal, es decir, la cantidad de salario que recibe cada trabajador y trabajadora. Esa política, en sí misma, es una flagrante agresión contra los derechos de toda la clase trabajadora. Si paralelamente se encarece el costo del transporte, se privatizan los servicios públicos esenciales como salud y educación, sube la tarifa eléctrica, como está ocurriendo, pues entonces se obliga a cada familia a gastar más de su salario en otras cosas, con lo cual lo que se sacrifica es la comida. En un país cuyos índices de desnutrición ponen al desnudo la injusticia dominante, forzar al pueblo a comer menos es simplemente inaceptable.Por otra parte, la única propuesta que, en términos de generación de empleo, se le ha escuchado a las autoridades del Estado, ha sido la de multiplicar las maquilas y convertirlas en una plaga de cobertura nacional. Es decir, multiplicar a lo largo y ancho de toda Guatemala la presencia del salario por productividad; consagrar como válida la ausencia de garantías sociales; anular los derechos a bono 14, a aguinaldo, a vacaciones, a IGSS, incluso a estabilidad laboral; acabar con la jornada laboral de 8 horas; negar a cada trabajador y trabajadora el derecho a soñar siquiera con llegar a pensionarse; ponerle fin a la existencia de sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos laborales, etc. En síntesis, incrementa aún más los niveles de explotación en perjuicio de la clase trabajadora. En pleno siglo 21, es hacer girar las ruedas de la historia 100 años atrás, en beneficio del capital y de sus dueños.Esta posición adoptada por las autoridades en materia de empleo refleja, de manera clara y contundente, su carencia de compromiso alguno a favor del pueblo y pone al descubierto, una vez más, la forma sumisa en que están dispuestas a servir a los intereses de los ricos, en este caso, por la vía de abolir los derechos laborales. El propio Ministro de Trabajo actual, en declaraciones oficiales, se dejó decir la barbaridad de que “el Código de Trabajo vigente no sólo está obsoleto, sino que está muerto”.Debe tenerse presente que esta agresión atenta no sólo contra los trabajadores y trabajadoras organizados en sindicatos, sino que lo hace en perjuicio de todas las personas que tienen un trabajo, estén o no organizadas, se trate de un trabajo agrícola o no agrícola. Afecta, de manera negativa y dramática, a cada persona y cada familia que vive o aspira a vivir con dignidad a partir del fruto de su trabajo, negándole ese derecho.2.- PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS:En la actual coyuntura, el segundo gran eje generador de problemas para cada familia que forme parte de los sectores populares se ubica en el campo de los servicios públicos. En primer lugar, debe tenerse presente que el Gobierno de Colom no plantea otra cosa más que la continuidad de la política neoliberal adoptada por sus antecesores. Y es lógico que así ocurra, porque los gobiernos de derecha simplemente sirven a los intereses de la derecha, tanto nacional como extranjera, y sería hasta ingenuo esperar que modifiquen el rumbo de las políticas en beneficio del pueblo. En Guatemala, el poder real lo tienen desde hace décadas los sectores minoritarios pero poderosos de la derecha, los cuales, a su vez, son sumisos ante los mandatos de Washington. Aquí no mandan los gobiernos, sino que lo hacen los ricos nacionales y las grandes transnacionales. Eso explica que las principales líneas de los últimos gobiernos se sujeten a los contenidos del Plan Visión de País. Este plan construye una Guatemala hecha a gusto y conveniencia de los del CACIF, pero contraria a todos los intereses del pueblo. Nunca lo consultaron con ninguna organización popular. Lo hicieron los grandes finqueros, los banqueros, los grandes industriales y los más poderosos comerciantes. Nadie más participó.Obviamente, un plan que se construye de manera excluyente busca la generación de beneficios de manera exclusiva, a favor de quienes lo formularon. La elaboración del Plan Visión de País fue un proceso que les tomó tres años de debate y de búsqueda de acuerdos, (2004 al 2006), al final del cual obtienen, como resultado, una visión conjunta respecto al modelo de país que los sectores burgueses buscan construir para Guatemala. Es decir, el Plan Visión de País no es, en absoluto, un planteamiento coyuntural. En sus entrañas lleva una propuesta para construir un país aún más excluyente e injusto que el que ya tenemos, y lo proyecta por lo menos hasta el año 2050. En síntesis, es un atentado no sólo contra los derechos de quienes hoy vivimos, sino contra los de nuestros nietos y nietas.De este Plan Visión de País nacieron cuatro leyes nefastas, con las que aspiran a darle marco jurídico a las políticas neoliberales y anti-populares que han adoptado de hecho:• Ley Marco de Salud;• Ley Marco de Educación;• Ley Marco de Desarrollo Rural, y,• Ley Marco de Seguridad.Cada una de estas cuatro leyes es una agresión directa contra los derechos e intereses superiores de la población, en especial de los sectores sociales más pobres, a los que empuja hasta el sótano de la pobreza y, por ende, hasta un punto muy cercano al estallido social.A.- La Ley Marco de Salud entrega el sistema de salud, es decir, los Hospitales, los Centros y los Puestos de Salud, a manos de los voraces consorcios privados nacionales y extranjeros, que en numerosos países han hecho de la prestación de servicios de salud un jugoso negocio. Es decir, privatiza la salud. De aprobarse esta iniciativa de ley, el acceso a la salud se convertirá en privilegio sólo de las familias que puedan pagar por ello. En Guatemala, la persona que se enferme y no pueda pagar, aunque sea de una enfermedad curable, simplemente estará condenada a muerte. Se trata, en consecuencia, de una propuesta de ley que, sin temor a equivocarse, puede calificarse como criminal, por cuanto conduce a la muerte de miles y miles de personas por el hecho de que no tenían en sus bolsillos el dinero necesario para pagar por el derecho a seguir vivas.Esta propuesta ya está en la Comisión de Salud del Congreso de la República para que los diputados emitan un dictamen al respecto. Si el dictamen resulta favorable, sólo faltaría, entonces, que el pleno del Congreso la apruebe, para que se convierta en ley vigente, de cumplimiento obligatorio para todos y todas. Debe quedar claro para toda la población que, si la aprueban, desaparece el sistema de salud pública. B.- La Ley Marco de Educación tiene idénticas intenciones y propone, para la educación, mecanismos similares a los que plantea para el caso de la salud. Nace de las mismas fuentes y, por ende, busca privatizar la educación, por la vía de entregar las escuelas y los institutos a manos de empresas privadas. En consecuencia, si se aprueba esta ley, en el país sólo estudiarán los hijos e hijas de las familias que tengan cómo pagar por el derecho a la educación. Las familias que no tengan verán a sus niños y niñas condenados al analfabetismo. ¿Cuántos miles y miles de niños y de niñas en todo el territorio nacional se quedarán fuera del sistema educativo solamente porque sus familias no tienen cómo pagar por ello?Es importante señalar que el Ministerio de Educación ha dado declaraciones en las que afirma que van a hacer desaparecer a los PRONADE y que van a presupuestar a los maestros por contrato. Esas dos ofertas no son, de ninguna manera, producto de iniciativas de Colom ni de la UNE, sino que nacen como el resultado de las constantes luchas dadas desde el 2003 por padres y madres de familia, por el magisterio y por el propio FNL. En consecuencia, estas declaraciones ministeriales pueden tener la intención de confundir a la opinión pública y a las organizaciones que han protagonizado esas relevantes luchas por conseguir ambos objetivos. Incluso de mediatizarlas y desmovilizarlas. Porque, mientras por una parte hablan de que van a desaparecer a los PRONADE, por otra han iniciado ya a darle impulso, con toda energía, a un proceso de municipalización del sistema educativo, lo cual no es otra cosa más que la de pronadeizar la educación, poniéndole otro nombre. La Ley Marco de Educación abre de par en par las puertas para que se establezcan políticas educativas idénticas a las de PRONADE, aunque les cambien el nombre. Por otra parte, la Ley Marco de Educación plantea el desarrollo de un modelo educativo que, en sus contenidos, normas y procedimientos, resulta totalmente promotor del modelo neoliberal. Es decir, educa para el neoliberalismo, con lo cual se contrapone, de manera absoluta, al modelo propio de la Reforma Educativa que nace desde la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz.C.- La Ley Marco de Desarrollo Rural es la peor de todas estas propuestas que nacen desde el Plan Visión de País. Busca que la tierra del país sirva para producir dólares, en lugar de producir comida. Sobre todo, quieren que Guatemala produzca bio-combustibles, es decir, gasolina y diesel que se sacan de la caña de azúcar, del maíz, de la yuca y de la palma africana. Es importante conocer que, para producir un galón de gasolina, se ocupan 440 libras de maíz, o sea, lo que consume una familia durante un año.En un país en el que hay tanta desnutrición, destinar la tierra a producir cosas para enviar a otros países en lugar de los alimentos que necesita el pueblo, es condenar a millones a sufrir más hambre y más pobreza. ¿Para qué debería emplearse nuestra tierra?: ¿Para llenar los tanques de vehículos en otros países, o para llenar los estómagos vacíos de nuestra niñez desnutrida? Este modelo de desarrollo rural que se expresa en la Ley Marco a la que hacemos referencia propone que, cuando se emplee la tierra para producir alimentos, se trate de alimentos para la exportación, es decir, para que los consuman en otros países, principalmente en Estados Unidos. Productos como la okra, la arveja china, la alcachofa, la nuez de macadamia, los espárragos o los anturios, entre otros productos agrícolas similares, son los que deben generarse a partir del esfuerzo del trabajo agrícola. A ello le llaman “agricultura diversificada”, nombre tras el cual ocultan que lo que pretenden es que nuestro pueblo trabaje para alimentar a otros y no a nosotros mismos.Por otra parte, esta Ley busca que la tierra se concentre todavía en menos manos. Es decir, parte de la afirmación de que el campesino es una figura económica no rentable, que no genera ganancias y que, por lo tanto, debe desaparecer. Obviamente, plantea que esas cuerdas y parcelas se manejen, entonces, como unidades productivas de un solo dueño, mecanizables, fumigables vía aérea, que dejen más ganancias porque producen bienes destinados para la exportación y no para consumirse en el país.La Ley es omisa en cuanto a resolver los agudos problemas en cuanto al uso y tenencia de la tierra que ya existen en el país, cuando menos desde 1954. Los excesos, la ausencia de Tribunales Agrarios o de una Ley de Regularización, la carencia de un Código Agrario a partir del cual sea posible aplicar justicia en el tema de la tierra, simplemente se omiten en la propuesta del Ley Marco de Desarrollo Rural.La Ley de Desarrollo Rural, al igual que la de Salud, ya se encuentra en Comisión en el Congreso de la República. Por lo tanto, está a un paso de aprobarse y de consagrar como válidos todos los atropellos que se han venido cometiendo reiteradamente en contra de la población campesina e indígena en el país.3.- ACCESO A LA TIERRA Y ENTREGA DE LOS RECURSOS NATURALES:Ahora, grandes empresas extranjeras, aliadas con empresarios nacionales, quieren apoderarse del agua del país y de las riquezas que existen en las entrañas de la Madre Tierra. Esos recursos naturales son patrimonio irrenunciable del pueblo. Es evidente que la población rural ha rechazado, de manera fehaciente, tanto a la exploración como a la explotación minera. Igualmente claro ha sido el rechazo popular a las iniciativas de ley que buscan privatizar un recurso vital como, sin duda alguna, lo es el agua. Y en San Juan Sacatepéquez la población, prácticamente a una sola voz, ha puesto de manifiesto su rechazo a la pretensión de la familia Novella de instalar una planta cementera en el Municipio.Los gobiernos, así como los ricos que han controlado a cada uno de los últimos gobiernos, (incluido el actual, claro está), tienen que aprender a respetar la voz del pueblo, que se ha expresado en las consultas populares y ha dicho claramente que ¡NO! al saqueo de nuestras riquezas. Estas consultas no solamente tienen fundamentos éticos, sino que las amparan sólidos estamentos jurídicos, como el Convenio 169 de la OIT e incluso la propia Constitución Política de la República.La Corte de Constitucionalidad, como instrumento del Estado que sirve a los intereses de los poderosos, emitió una resolución con la cual pretenden restarle valor a las consultas populares, declarándolas válidas pero de resultados no vinculantes. Es decir que, según la CC, la población del país puede decir lo que quiera, a eso tiene pleno derecho, pero que eso que diga la población no obliga a nadie a nada. Es decir, que lo que quiera que resuelvan las comunidades mediante procesos de consulta, no sirve para nada más que no sea para saber cómo es que piensan.La tierra misma es un recurso natural que también es patrimonio del pueblo. Debemos oponernos a todos los planes que buscan quitarle al campesino su tierra e incluso que criminalizan sus luchas por ejercer el derecho a la tierra. Ahora las derechas, tanto la empresarial como la militar, han desplegado una fuerte y falsa campaña de medios mediante la cual pretenden presentar a las organizaciones campesinas e indígenas como aliadas del narcotráfico y promotoras de la destrucción del medio ambiente. Con ello, quieren sentar las bases que justifiquen la escalada represiva en la que se han sumergido. Buscan que, en el imaginario social, se establezca un sinónimo entre campesino y criminal, de manera que la población no se sorprenda ni se moleste cuando se les reprima. Bien sabido es que quienes más daño causan al ambiente son las grandes empresas, sobre todo las madereras, las ganaderas, las industrias de extracción y las productoras de energía eléctrica a base de carbón mineral.4.- PERPETUACIÓN DE LA IMPUNIDAD:Los principales males que aquejan al país encuentran, entre una de sus principales causas generadoras, la prevalencia de un estado de impunidad que ampara bajo su manto todo tipo de atropellos. La impunidad es el abrigo tras el cual se ocultan todas las formas de corrupción y de violencia que hoy se han convertido en el pan nuestro de cada día. La impunidad protege a los empresarios privados para que realicen quiebras fraudulentas de sus empresas y lesionen, con ello, a miles de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran desamparados y vulnerables. Así ocurrió, por ejemplo, con el cierre del Bancafé y del Banco de Comercio, que permitieron el robo de los ahorros de decenas de miles de clientes, a quienes el Estado no sólo no ofrece compensación alguna, sino que ni siquiera protección ante el vandalismo empresarial.La impunidad permite que los inescrupulosos se dediquen al acaparamiento de productos básicos, con lo cual se alteran los precios, siempre en beneficio de unos pocos empresarios y en perjuicio de centenares de miles de personas que forman parte de los sectores populares.La impunidad auspicia la voracidad de los empresarios especuladores, que buscan subir los precios indiscriminadamente, argumentando que ello se debe a la crisis internacional del petróleo o a la de los alimentos. La impunidad cubre a los funcionarios corruptos que no mueven un dedo si no media una mordida dada por debajo de la mesa, así como a los altos funcionarios, igualmente corruptos, que trafican influencias.La impunidad abre espacios al retorno de la represión como práctica política desde el Estado. Los últimos años, sobre todo del 2004 en adelante, han estado marcados por el sello doloroso y oscuro del regreso progresivo y creciente de la represión. Los asesinatos de dirigentes sindicales y populares, la imposición por la fuerza del modelo neoliberal, la represión contra las organizaciones populares, entre otras prácticas similares, deben cesar.El caso del asesinato del compañero Mario Caal, ocurrido recientemente en Livingston, Izabal, se convierte en un caso paradigmático. Al compañero Caal le dan muerte durante un operativo de fuerzas combinadas del Ejército y de la Policía Nacional. Fallece a causa del impacto de una granada de gases lacrimógenos en su pecho, que le provoca severa hemorragias internas y lo revienta por dentro. Ante esos hechos incuestionables, que incluso llevan a la Procuraduría de los Derechos Humanos a calificar este crimen como “ejecución extrajudicial”, el Ministerio Público, en boca del Fiscal de Izabal, da declaraciones que caen en lo absurdo. Afirma que “no se puede culpar a la policía ni al ejército, porque la trayectoria de una granada de gases es irregular”. Semejante estupidez no busca otro propósito más que el de perpetuar la impunidad e impedir, así, que se aplique la justicia en contra de los autores materiales e intelectuales de este horrendo crimen.En tan solo cinco meses, el actual Gobierno ha desplegado masivamente tropas en Livingston, en San Juan Sacatepéquez, en Fraijanes y en Pajón. En ningún caso en persecución de delincuentes o de narcotraficantes, sino con el propósito de capturar dirigentes populares y de sembrar terror en el seno de las comunidades.Por todo lo anterior, las organizaciones campesinas e indígenas del país, las organizaciones sindicales, las organizaciones comunitarias, las estudiantiles, las de mujeres, las juveniles, en síntesis, las fuerzas propias de los sectores populares, hemos optado por manifestar de manera enfática nuestro descontento. Para ello, en cada departamento del país realizaremos acciones concretas y distintas, que llevarán al Estado y a sus instituciones a aprender a escuchar la voz del pueblo.A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS, MARCHEMOS CON ALEGRIA Y CON FIRMEZA ESTE PRÓXIMO 26 DE JUNIO, PARA QUE, COMO PUEBLO, NOS TOMEMOS LA PALABRA, ¡Y NOS HAGAMOS ESCUCHAR!
a la/s 6/03/2008 01:18:00 a.m.

References: artículo 1
 Artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
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in fine
 resolución