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Timestamp: 2020-02-21 03:57:59+00:00

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DOCTRINA S.E.S.
INEMBARGABILIDAD – DEPÓSITOS DE AHORRO - AHORRO
Concepto 2005045452-001 del 29 de diciembre de 2005.
Síntesis: Las normas y los antecedentes legales permiten advertir el interés del legislador en rodear de especiales beneficios los dineros recaudados mediante depósitos en las secciones de ahorro de los bancos cuyos titulares son personas naturales pues el objetivo de tales beneficios fue fomentar el ahorro popular y combatir el desempleo, por lo que se estima que el beneficio de inembargabilidad de los depósitos efectuados en los bancos procede únicamente para recursos en cuentas de ahorros cuyos titulares sean personas naturales. Ahorro contractual y ahorro puro, definiciones, desarrollo normativo y consideraciones doctrinales.
«(…) plantea unos interrogantes relacionados con los montos de inembargabilidad de los depósitos de ahorro en las secciones de ahorro de los bancos a que aluden los Decretos 2349 de 1965 y 564 de 1996, los cuales se transcriben y absuelven a continuación:
“1. Si de acuerdo con el texto de los decretos mencionados, la interpretación correcta de los mismos es entender que los montos de inembargabilidad operan frente a todas las cuentas de ahorro de los bancos sin importar que el titular de la cuenta sea una persona natural o jurídica, o si por el contrario, se entiende sólo respecto de las cuentas de ahorro de personas naturales, atendiendo a que el espíritu del Decreto 2349 de 1965 es fomentar el ahorro de personas naturales”.
Antes de dar respuesta a su interrogante es preciso remontarnos a los antecedentes de las normas materia de consulta, como el artículo 115 de la Ley 45 de 1923, cuya finalidad fue la entrega directa de dineros a los herederos del titular de los depósitos de ahorro constituidos en las corporaciones de ahorro y vivienda y en las secciones de ahorro de los bancos sin necesidad de juicio de sucesión. En efecto, el inciso final de la norma en mención preveía:
“Si muere una persona dejando una cuenta en la sección de ahorros cuyo saldo a favor de aquella no exceda de quinientos pesos, y no hubiere albacea nombrado o administrador de los bienes de la sucesión, el establecimiento bancario puede, a su juicio, pagar el saldo de dicha cuenta al cónyuge sobreviviente, al pariente más próximo, al director de exequias, o a cualquier otro acreedor que parezca tener derecho para ello. Como condición de este pago el establecimiento bancario puede requerir declaraciones juradas respecto a las partes interesadas, la presentación de las debidas renuncias, la expedición de un documento de garantías por la persona a quien el pago se haga y el recibo del caso, como constancia del pago. Por razón de tal pago, hecho de acuerdo con este artículo, el establecimiento bancario no tendrá responsabilidad para con el albacea o administrador nombrado después”.
Del tenor literal de la norma transcrita se deduce que las sumas de dinero depositadas en cuentas de ahorro en las secciones de ahorro de los establecimientos bancarios debían entregarse a los herederos o a las personas allí señaladas sin necesidad de juicio de sucesión. De acuerdo con las expresiones utilizadas por la ley al referirse a los destinatarios del pago, esto es: “… al cónyuge sobreviviente, al pariente más próximo, al director de exequias, o a cualquier otro acreedor…”, es claro que tal posibilidad se consagró únicamente para personas naturales titulares de las citadas cuentas. En tal virtud, la entrega sin juicio de sucesión de tales recursos corresponde a un privilegio que sólo puede predicarse de las personas naturales, toda vez que, se insiste, la norma contiene expresiones, tales como, muerte, sucesión y herederos las cuales sólo se predican de una persona física y no de personas jurídicas de quienes se predica es su liquidación y disolución en caso de extinción.
Sin perder de vista la anterior consideración, con la expedición del Decreto 2349 de 1965, por el cual se fomentó el ahorro popular, se encauzó hacia la construcción y adquisición de vivienda, se estimuló la inversión y se combatió el desempleo, se adicionó al beneficio de entrega sin juicio de sucesión el de inembargabilidad de los depósitos de ahorro constituidos en las cajas de ahorro y secciones de ahorro de los bancos, quedando así ambos privilegios contenidos en la norma, en los siguientes términos:
“… hasta la cantidad de $ 30.000.00, dichos depósitos1 no serán embargables y hasta $ 50.000.00 podrán ser entregados directamente al cónyuge sobreviviente, o a los herederos, o a uno y otros conjuntamente, según el caso, sin necesidad de juicio de sucesión, según las condiciones del inciso 10º del artículo 115 de la Ley 45 de 1923”
De lo anterior se observa que esta disposición incluyó un nuevo beneficio para los citados recursos, el de inembargabilidad de los depósitos de ahorro puro y contractual –respecto de los cuales nos referiremos más adelante-, reiterando la entrega de dineros al cónyuge sobreviviente o a los herederos o a uno y otro sin necesidad de juicio de sucesión. Es así como este nuevo privilegio fue concebido siguiendo los mismos parámetros del anterior al referirse “…al cónyuge sobreviviente, o a los herederos, o a uno y otros conjuntamente…” –expresiones éstas últimas que, como ya se indicó, aluden a personas naturales. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la finalidad de las disposiciones contenidas en el Decreto 2349 de 1965 el cual buscó fomentar el ahorro popular -entendido éste como el ahorro del pueblo- y combatir de desempleo, aspectos que sólo se invocan respecto de personas naturales.
Así pues, atendiendo el tenor literal de la norma, así como la finalidad de la reglamentación que la contiene debe deducirse que tales beneficios son aplicables únicamente a personas naturales.
En la misma línea, la norma actualmente vigente -el numeral 4 del artículo 126 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993)- prevé que las sumas depositadas en la sección de ahorro de los establecimientos bancarios “(...) no serán embargables hasta la cantidad que se determine de conformidad con lo ordenado en el artículo 29 del Decreto 2349 de 1965”.
En tal virtud, para interpretar los alcances y aplicación de la norma actualmente vigente no pueden desconocerse los antecedentes a que se hizo referencia y que fueron el origen del numeral 4 del artículo 126 del actual Estatuto Orgánico del Sistema Financiero citado, pues dicha disposición expresamente remite a lo señalado en el artículo 29 del Decreto 2349 de 1965 que antes comentamos.
Ahora bien, en cuanto al límite de la inembargabilidad para los depósitos de ahorro, vale mencionar que el Decreto 564 de 1996 en su artículo 1º señala lo siguiente:
“Se establece en siete millones setecientos veintiún mil trescientos noventa y siete pesos ($7.721.397) moneda corriente el monto de inembargabilidad de los depósitos de ahorro constituidos en las corporaciones de ahorro y vivienda y en las secciones de ahorro de los bancos. Igualmente, se establece en doce millones ochocientos sesenta y ocho mil novecientos noventa y cuatro pesos ($12.868.994) moneda corriente la suma que podrá ser entregada directamente al cónyuge sobreviviente, a los herederos o a uno y otro conjuntamente según el caso, sin necesidad de juicio de sucesión”.
El artículo 2° del decreto en mención dispuso que los límites allí señalados se reajustarán anualmente de forma automática con base en el índice anual promedio de precios para empleados suministrado por el DANE y que la Superintendencia Bancaria divulgará los valores reajustados2.
En conclusión, las normas referidas así como los antecedentes legales permiten advertir el interés del legislador en establecer y rodear de especiales beneficios los dineros recaudados a través de dineros depositados en las secciones de ahorro de los bancos cuyos titulares son personas naturales, de acuerdo con los argumentos antes señalados, pues el objetivo de tales beneficios fue fomentar el ahorro popular y combatir el desempleo, por lo que este Despacho estima que el beneficio de inembargabilidad de los depósitos efectuados en los bancos procede únicamente para recursos depositados en cuentas de ahorros cuyos titulares sean personas naturales.
En consecuencia, en los términos anotados se modifica la posición expuesta sobre la materia en oficios 2001067781-1 del 15 de noviembre del 2001, 2004035140-1 del 11 de agosto de 2004 y 2005044352-1 del 31 de octubre de este año expedidos por esta Entidad.
“2. De acuerdo al Decreto 2349 qué se entiende por: (…) Ahorro contractual (…) Ahorro Puro”.
Conforme lo disponía el artículo 25 de la norma en mención3 “Las cajas de ahorro de los Bancos, en los contratos de depósitos que celebren de conformidad con el inciso 6º del artículo 115 de la ley 45 de 19234, podrán estipular la obligación de conceder préstamos hipotecarios a los suscriptores de dichos contratos, de acuerdo con las disposiciones del presente Decreto.
“El ahorro captado en estas condiciones se denominará ‘ahorro contractual’.
“PARAGRAFO.- La facultad de celebrar contratos de ahorro con la mencionada obligación no es incompatible con la de recibir depósitos a término o a plazo indefinido que tienen dichas cajas y secciones de ahorro. Este ahorro se denominará ahorro puro”.
Ahora bien, esta Superintendencia se ha referido a la definición del “ahorro contractual”, mediante oficio 95034951-2 del 20 de diciembre de 1995, en los siguientes términos:
“1. Definición de ahorro contractual.
“1.1. Consideraciones legales.
“Debemos indicar que la legislación colombiana se ocupó del tema en primer lugar con la Ley 45 de 1923, la cual estableció esta modalidad de ahorro en el inciso 6º. del artículo 115 al consagrar que ‘Un establecimiento bancario puede hacer contratos con sus depositantes de ahorros para pagar en tiempo convenido, depósitos de sumas fijas, hechos a intervalos regulares, con intereses acumulados de los mismos, o a pagar dichos depósitos cuando, con los réditos acreditados, igualen a una suma determinada, y puede expedir, en prueba del tal contrato, una certificación en que conste la suma dada a que deben acumularse tales depósitos o el tiempo dado durante el cual los depósitos y los intereses deban acumularse’.
“El inciso 7º señaló que ‘tales contratos no estipularán pérdida alguna de las sumas depositadas en caso de que no se hagan los pagos regulares convenidos; pero pueden obligar al depositante, en tal evento, a perder en todo o en parte, los intereses acreditados o devengados con anterioridad a tal incumplimiento’.
“La anterior norma ha sido recogida en el artículo 116 numeral 2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
“Posteriormente, el Decreto 2349 de 1965 en su artículo 25 otorgó la posibilidad de convenir la obligación de conceder préstamos hipotecarios a los suscriptores de dichos contratos dándole el nombre de ‘ahorro contractual’ al ahorro captado en las condiciones del artículo 115 de la ley referida y del decreto en mención.
“El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero recogió la anterior regulación legal consagrando las normas aplicables a los depósitos de ahorro así:
“El artículo 126 contempla las normas relativas a las secciones de ahorro para los establecimientos bancarios, regulando específicamente en el numeral segundo el ahorro contractual, recogiendo lo consagrado en el inciso 6º del artículo 115 de la ley 45 de 1923 transcrito anteriormente.
“El artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero consagra lo pertinente a las condiciones de los depósitos de ahorro.
“1.2 Consideraciones doctrinales
“Es oportuno mencionar algunas de las definiciones que trae la doctrina acerca de la modalidad contractual. Al respecto, el profesor Rodríguez Azuero comenta que con la expresión ahorro contractual o periódico ‘quiere indicarse que el monto y la periodicidad de los depósitos no obedecen a la simple iniciativa del titular, sino a un programa convenido desde el principio con el banco y enderezado a acumular una cierta cantidad de dinero que le permita al ahorrista obtener un préstamo de la institución de crédito y realizar una determinada finalidad. El gran déficit habitacional en muchos países, hace que la más frecuente consista en la adquisición o construcción de una vivienda’ (Sergio Rodríguez Azuero. Contratos Bancarios. Su significación en América Latina, Tercera edición, Biblioteca FELABAN, Bogotá, 1985, Pág. 248).
“Con el fin de ilustrar un poco más respecto de la naturaleza de este contrato, es conveniente mencionar la comparación que trae el autor con los llamados contratos de capitalización y de apertura de crédito. En primer lugar se debe establecer que los planes de ahorro periódico participan de algunas características de estos contratos: ‘En efecto, en la primera etapa el cliente se compromete a aportar una suma periódica hasta llegar a una determinada cuantía, asimilándose por su finalidad a un programa de capitalización, sin el atractivo del reembolso anticipado por medio de sorteos. Una vez obtenida la suma por la perseverancia en los ahorros sucesivos, el cliente adquiere el derecho de obtener un crédito del banco. La obligación de este último puede enmarcarse en las propias del contrato de apertura de crédito, pues a partir de este momento, el cliente cuenta con la disponibilidad a su favor para solicitar la entrega del préstamo que, junto con sus recursos, le permitirá llevar a cabo la finalidad prevista. Podría sostenerse, también que existe desde el comienzo una promesa condicional de mutuo, lo que en la práctica conduce al mismo resultado’. (Opus Cit, pág 248).
“Igualmente, el doctor Hildebrando Leal Pérez comenta que esta clase de depósitos ‘indica la presencia de una suma inicial y de depósitos periódicos hasta la concurrencia de una suma determinada final’. Agrega también que, ‘esta modalidad de depósito tiene por finalidad obtener de la entidad bancaria una cierta prestación, como sería el caso de un préstamo para adquisición de vivienda’. (Contratos Bancarios, primera edición, Ediciones librería del profesional, Bogotá, 1990, pág. 142)”.
De otro lado, mediante oficio 1998025061-4 del 30 de junio de 1998, esta Superintendencia conceptuó acerca del ahorro puro, así:
“Con relación a este aspecto, el cual es puramente doctrinal, me permito referirme en primer lugar a la expedición de la Ley 45 de 1923, en la que se organizó el sistema financiero colombiano, precisándose que las secciones de ahorro de un establecimiento bancario son especialmente autorizadas para recoger las pequeñas economías de la colectividad, propias del ahorro simple.
“Bajo esta perspectiva, los depósitos correspondientes a las pequeñas capacidades de ahorro en el que el propósito fundamental no es de inversión financiera sino de una economía doméstica, que permita preservar las cantidades depositadas del impacto de una desvalorización y así mantener su capacidad adquisitiva, es la concepción con la que el legislador desde un principio trazó los lineamientos de las cuentas de ahorro simple o puro. Dicha concepción ha evolucionado hasta la expedición del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, o Decreto 663 de 1993, que en su artículo 125 numeral 2 consagra el ahorro contractual, en contraposición a la tradicional concepción del ahorro simple o puro.
“En efecto, bajo esta modalidad se permite que los establecimientos bancarios celebren con sus depositantes de ahorros contratos en los que se estipule pagar en tiempos convenidos, depósitos de sumas fijas, hechos a intervalos regulares, con intereses acumulados de los mismos y otras modalidades de ahorro programado. Esta modalidad se caracteriza por la admisibilidad de estipular planes de inversión mediante la entrega al banco de economías más significativas en las que en prueba del contrato, se faculta la expedición de un certificado en que conste la suma invertida que debe ser objeto de acumulación de intereses.
“De acuerdo a lo anterior, las cuentas de ahorro puro involucran aquellas que de conformidad con el literal b) del artículo 7º, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero citado, se les autoriza celebrar a los establecimientos bancarios mediante la recepción del depósito de recursos en sus secciones de ahorro, de conformidad con las previsiones establecidas en el artículo 1396 del Código de Comercio y en el mismo Decreto 663 de 1993.
“Con fundamento en lo expuesto, podemos manifestarle a manera de ejemplo que la expedición de certificados de depósito a término aparejan las características de un ahorro inversión de tipo contractual que es administrado institucionalmente en su sección comercial por los establecimientos bancarios, y su naturaleza y realidad económica es mas de inversión que de ahorro puro, de ahí que la clasificación contable de éstos depósitos difiera sustancialmente de las cuentas de ahorro simple, en las cuales su exigibilidad es a la vista propia del ahorro en su mas elemental expresión”.
“3. Indicar cuál fue la motivación o antecedentes que dieron origen al Decreto 2349 de 1965”.
Al respecto, le recuerdo que la Superintendencia Bancaria de Colombia de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), modificado por las Leyes 510 de 1999 y 795 de 2003 es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al que le corresponde ejercer funciones en su condición de máxima autoridad de vigilancia y control de las entidades que integran los sistemas financiero, asegurador y previsional del país. En tal virtud, le manifiesto que dentro de las funciones atribuidas a este Organismo de Control no se encuentra la de llevar un archivo acerca de los antecedentes de la normatividad expedida por el Gobierno o el Congreso Nacional en materias que involucran las operaciones de las entidades vigiladas o su actividad en general.
1 Se refiere a los depósitos de ahorro puro y contractual constituidos en las cajas de ahorro y secciones de ahorro de los bancos señalados en el inciso primero de la misma norma.
2 En desarrollo de (lo) anterior este organismo expidió la Carta Circular 53 del 10 de octubre de 2005, divulgando la cifra reajustada del beneficio de inembargabilidad de los depósitos de ahorro constituidos en las secciones de ahorro de los bancos hasta 21’097.926.00, valor que rige entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006.
3 El Decreto 2349 de 1965 perdió vigencia en virtud de la Ley 48 de 1968. Sin embargo, el parágrafo del artículo 1º (adoptó) como legislación permanente los artículos 29 y 30 e incisos 4º, 5º, y 6º del artículo 34 del citado Decreto 2349.
4 El inciso 6º citado preveía que “Un establecimiento bancario puede hacer contratos con sus depositantes de ahorros para pagar en tiempo convenido, depósitos de sumas fijas, hechos a intervalos regulares, con intereses acumulados de los mismos, o a pagar tales depósitos cuando, con los réditos acreditados, igualen a una suma determinada …”.
Concepto No. 33176 del 12 de diciembre de 2001
Síntesis Acción de Responsabilidad Social
Con toda atención nos referimos a su comunicación citada en la referencia, radicada en esta Superintendencia bajo el número 033176, a través de la cual eleva consulta sobre algunos aspectos relacionados con la responsabilidad como miembros del consejo de administración del pago de una indemnización al gerente destituido y su posible inhabilidad para ejercer sus derechos frente a la cooperativa.
Para dilucidar el tema, es necesario recordar algunos aspectos legales, consagrados en la Ley 79 de 1988, sobre la responsabilidad de los órganos de administración y vigilancia y de otra parte, precisar el tema del asociado inhábil, pues se desprende de su comunicación que se están planteando dos temas bien distintos.
En primer lugar, consagra el artículo 149 de la Ley 79 de 1988:
“Los miembros del consejo de administración y el gerente serán responsables por violación de la ley, los estatutos o los reglamentos. Los miembros del Consejo serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado expresamente su voto”.
De otra parte, y como quiera que para los casos no regulados por la legislación cooperativa se aplican las disposiciones del Código de Comercio por remisión expresa del artículo 158 de la Ley 79 de 1988, se tiene que el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, modificatoria del Código de Comercio, dispone:
“los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de su asociados”.
En virtud de dichos principios, se impone a los administradores la obligación de obrar observando una conducta transparente, cuya actividad debe ir más allá de la diligencia ordinaria, toda vez que la ley exige un grado de gestión profesional, caracterizada por el compromiso, la lealtad y propendiendo por los intereses de los asociados y no los propios. No basta conducir los negocios con diligencia y prudencia simplemente mediana, esto es, con la que se espera de un buen padre de familia. La ley exige a los administradores actuar con la diligencia propia de un buen hombre de negocios, es decir, con aquella que pondría un comerciante normal en sus propios asuntos, lo que supone un mayor esfuerzo y la más alta exigencia para los administradores en la conducción de los asuntos de la entidad , en la toma de sus decisiones y el manejo de la empresa de propiedad solidaria, de la empresa de un grupo de asociados que persiguen el beneficio de todos. Los administradores responden hasta por la culpa levísima (art. 63 del Código Civil).
En ese orden de ideas, es claro entonces, que los actos de los administradores se deben cumplir con entera lealtad, con intención recta y positiva para que así puedan realizarse cabal y satisfactoriamente los fines de la entidad cooperativa.
Ahora, el artículo 200 del Código de Comercio, modificado por la Ley 222 de 1995, dispone:
“No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecute.
“En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos se presumirá culpa del administrador
Por ello, y para observar los preceptos legales que son de carácter imperativo, el Estatuto en comento consagró la acción social de responsabilidad, la cual podrá se ejercida, previa decisión de la asamblea general. Si adoptada la decisión por la asamblea, no se inicia la acción social de responsabilidad dentro de los tres meses siguientes, ésta podrá ser ejercida por el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad.
De otra parte, en virtud de que el consejo responsabilizó a quienes tomaron la decisión de destituir al gerente, en la suma de $1.500.000 a cada uno, dicha obligación deberá ser cubierta por el asociado responsable y en consecuencia, se traduce en una obligación con la cooperativa, toda vez que no demandó la decisión adoptada por el consejo de administración, sino que se allanó a cumplirla, reconoció su grado de responsabilidad por la decisión tomada.
El incumplimiento de dicha obligación, seguramente le genera la suspensión de sus derechos y lo enmarca como un asociado inhábil, pues ello hace que no se encuentre al corriente en sus obligaciones, condición necesaria para ser hábil. No obstante ello, se debe tener en cuenta, que para suspender los derechos a un asociado, se requiere que el órgano competente realice el proceso consagrado en los estatutos, de tal suerte que no se viole el debido proceso y el derecho a su defensa.
Así las cosas, y en principio, el señor Erasmo Enrique Zambrano, sería un asociado inhábil, tal como lo determinó el consejo de administración y en tal virtud, no podía la junta de vigilancia habilitarlo para tener derecho a la rifa que le permitía ingresar un vehículo a la cooperativa.
No se puede olvidar que son deberes especiales de los asociados entre otros: (artículo 24, numerales 2 y 3 de la Ley 79 de 1988),
“Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo.
“Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia.
Ahora bien, no obstante lo anterior, se desprende de uno de los apartes de su comunicación que el asociado Zambrano con el consentimiento del consejo de administración firmó un acuerdo mediante el cual se compromete a pagar la suma que le corresponde si el fallo que profiera el juez es favorable a la cooperativa, lo que conlleva entonces a concluir, que existe acuerdo y en consecuencia, el pago de la obligación está condicionado al fallo, razón por la cual el asociado Zambrano no estaría en mora en el cumplimiento de su obligación, toda vez que existe acuerdo de voluntades entre las partes: asociado y consejo de administración.
Bien distinto es el caso de los señores Diego Mario Aranguren Díaz y Aquileo Parra Amaya, quienes en este momento, en concepto de esta Oficina, son asociados hábiles, pues hasta tanto no se profiera un fallo por el juez de la causa, que decida sobre su responsabilidad, no se puede presumir que están en mora en sus obligaciones.
CONCEPTO No. 028803 del 18 de octubre de 2001
SÍNTESIS: ACTIVIDADES QUE PUEDEN DESARROLLAR LAS INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO
Con toda atención nos referimos a su comunicación citada en la referencia, radicada en esta Superintendencia bajo el número 028803 del 12 de octubre del año en curso, a través de la cual eleva consulta sobre la posibilidad de que “Cundicafe” entidad auxiliar del cooperativismo, pueda desarrollar válidamente la actividad de comercialización.
Sobre el particular, resultan pertinentes algunos comentarios, en torno a las disposiciones legales sobre el tema.
En primer lugar, el artículo 94 de la Ley 79 de 1988 dispone:
“Los organismos cooperativos podrán, directamente o en forma conjunta, crear instituciones auxiliares del cooperativismo orientada exclusivamente al cumplimiento de actividades de apoyo o complementación de su objeto social.
“(...) Las instituciones auxiliares cuyos miembros sean personas naturales, podrán asociarse a organismos cooperativos de segundo grado. Aquellas cuyos miembros sean personas jurídicas podrán asociarse a organismos cooperativos de segundo grado”. (Resaltado ajeno al texto).
A su turno, el artículo 97 ibídem, establece:
“A los organismos mencionados en el presente capítulo le serán aplicables, en lo pertinente, las normas legales previstas para las cooperativas.
En ese orden de ideas, tenemos entonces que, el objeto de la empresa asociativa –cooperativa-, es producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general, pero siempre propendiendo por el interés social y el bienestar colectivo, mientras que las instituciones auxiliare están orientadas exclusivamente a cumplir las actividades de apoyo o complementarios al objeto social.
Ahora bien, el artículo 123 ibídem reza:
“Son instituciones auxiliares del cooperativismo las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se constituyan de conformidad con el artículo 94 de la presente ley, con el objeto de incrementar y desarrollar el sector cooperativo, mediante el cumplimiento de actividades orientadas a proporcionar preferentemente a los organismos competentes del sector cooperativo el apoyo y ayuda necesarios para facilitar el mejor logro de sus propósitos económicos y sociales.
“Las instituciones auxiliares limitarán su objeto social a una sola línea de actividad y sus áreas afines”. (Resaltado extratextual).
En ese escenario jurídico y para sintetizar lo expuesto hasta aquí, forzoso es concluir que las instituciones auxiliares del cooperativismo están concebidas para contribuir al crecimiento y desarrollo del sector cooperativo, a través de acciones encaminadas a que las cooperativas logren el desarrollo de sus objetivos y de sus propósitos económicos, en bien de los asociados y de la comunidad en general, aclarando, que en ningún caso, las instituciones auxiliares pueden pretender reemplazar a las cooperativas, o asumir el desarrollo del objeto que éstas realicen.
Así las cosas, se debe tener en cuenta entonces que, la institución auxiliar no puede desarrollar el mismo objeto que la principal, sino uno complementario. De lo contrario sería competencia y de hecho, de otra entidad solidaria independiente y no auxiliar.
Es autonomía de la entidad principal determinar el objeto de la auxiliar que ha creado. En el caso que nos ocupa, deberá definir si la comercialización está a cargo de la principal o de la auxiliar, pero no podría ser una actividad que desarrollen las dos.
De lo contrario, en el caso objeto de consulta, se estaría de hecho, no ante una institución auxiliar, sino ante una cooperativa o un organismo de segundo grado conformado por menos del número de asociados requerido legalmente.
Así las cosas, en concepto de esta Oficina, la comercialización de café, que se propone adelantar la institución auxiliar, deberá ser exclusiva de ésta, o en su defecto de la principal, pero en ningún caso dicha actividad podrá ser compartida por la cooperativa y la institución auxiliar, sin dejar de lado que la filosofía propia de las instituciones auxiliares no es otra que desarrollar actividades de apoyo o complementación del objeto social de las cooperativas que la constituyen.
Concepto No. 032556 del 13 de octubre de 2004
Síntesis: Viabilidad de entregar como aportes a la cooperativa un lote de terreno.
Con toda atención nos referimos a su comunicación citada en el asunto en la cual solicita concepto sobre la viabilidad de entregar como aportes a la cooperativa un lote de terreno.
Sobre el particular le manifestamos que en concepto de esta oficina es viable dicha proposición, esto es, entregar como aportes a la cooperativa un lote de terrero, no obstante, ello deberá ser aprobado por el órgano que estatutariamente esté facultado para aprobar dicha decisión, bien sea el gerente, el consejo de administración o la asamblea general.
Lo anterior con base en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 79 de 1988, que prevé:
“Los aportes sociales ordinarios o extraordinarios que hagan los asociados pueden ser satisfechos en dinero, en especie o trabajo convencionalmente avaluados”.
No obstante lo anterior, es importante hacer claridad en que los terrenos que se reciban pasan a constituirse o bien en patrimonio del ente social o bien en activos improductivos y en tal virtud, el título traslaticio de dominio, esto es la escritura pública, deberá hacerse a nombre e la cooperativa como quiera que el asociado entrega su terreno como un aporte en especie.
En segundo lugar, es importante conocer la destinación que la cooperativa va a dar esos terreros, si se aprueba recibirlos como aportes, esto es precisar para qué y por qué se van a recibir como aportes de los asociados en especie, como quiera que esta Superintendencia ha considerado que no es sano que las organizaciones de economía solidaria posean activos improductivos que nos les genere ningún tipo de beneficios a los asociados, distinto si se obtienen para construir la sede de la cooperativa en cuyo caso se afectará la cuenta Propiedad, Planta y Equipo/Aportes sociales. Si los mismos se adquieren como negocio, esto es para su posterior venta, se afectará la cuenta inventario/aportes sociales.
GARANTIAS ADMISIBLES
Concepto No. 026391 del 27 de diciembre de 2004
Síntesis: Garantías admisibles: aportes, garantías personales
Acusamos el recibo de la comunicación citada en referencia, mediante la cual, presentan consulta sobre varios temas:
El numeral 10.2 del Capítulo II de la Circular Contable y Financiera No. 013 de 2003 establece claramente que un crédito se puede registrar con garantía admisible, cuando el valor de los aportes supere el 100% del total del crédito, o sea, que si un asociado tiene un crédito de $1, éste debe tener como mínimo la misma cantidad en aportes sociales, para que el crédito se constituya con garantía admisible.
No es obligación que la entidad, registre las garantías personales la totalidad de los pagarés en las cuentas de orden, no obstante, si la entidad decide registrar los pagarés por un control sobre los mismos, solo deberá retirarlos cuando sean cancelados.
è De otro lado, cuando un crédito tiene garantía admisible, se deberá registrar en las cuentas de orden, el valor de la hipoteca y se debitará por la cancelación de la garantía constituida a favor de la entidad.
è Así mismo, tal como lo establece la dinámica del Plan Único de Cuentas, estos valores se acreditan con el valor nominal de los documentos recibidos, valor de la hipoteca o el valor de las otras garantías recibidas, y solo se debitan cuando se cancele el valor de la garantía constituida a favor de la entidad.
De conformidad con lo señalado en el inciso 5º del numeral 1 del Capítulo XII de la Circular Contable y Financiera No. 013 de 2003, el libro de registro social se debe actualizar al cierre de cada período contable. De otra parte, dicho libro debe contener como mínimo la fecha de afiliación, identificación y nombre del asociado, el valor de sus aportaciones y revalorizaciones si las hay.
La determinación del monto de las pólizas de manejo que el ente cooperativo debe constituir, obedece a una reglamentación expedida por el órgano de administración, quien debe determinar las riesgos a los que está expuesta la entidad, en aspectos tales como: Tipo de actividad desarrollada, ubicación, valor de los activos, responsabilidad del funcionario, cargo, funciones, etc.
25160 del 4 de agosto de 2004
023094 del 15 de agosto de 2001
008448 de marzo 16 de 2004
Concepto SES No. 0233 del 7 de octubre de 2002

References: artículo 115
 artículo 115
 artículo 126
 artículo 29
 artículo 126
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 25
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 116
 artículo 25
 artículo 115
 artículo 126
 artículo 115
 artículo 127
 artículo 125
 artículo 7
 artículo 1396
 artículo 325
 artículo 1
 artículo 34
 artículo 149
 artículo 158
 artículo 23
 artículo 200
 artículo 94
 artículo 97
 artículo 123
 artículo 94
 artículo 47