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Timestamp: 2017-11-19 17:46:51+00:00

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PAREJAS DE HECHO Y HERENCIA, EN VIRTUD DE EL ARTICULO 77 DE LA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA DE 1999 // FACTUAL AND HERITAGE COUPLES, ACCORDING TO ARTICLE 77 IN THE 1999 VENEZUELAN CONSTITUTION | Morales Manzur | CIVITAS
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PAREJAS DE HECHO Y HERENCIA, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 77 DE LA CONSTITUCION VENEZOLANA DE 1999
(FACTUAL AND HERITAGE COUPLES, ACCORDING TO ARTICLE 77 IN THE 1999 VENEZUELAN CONSTITUTION)
Recibido: 08/06/2014 Aceptado: 16/07/2014
jcmmanzur@hotmail.com
Morales, Lucrecia
Palabras clave: Constitución Nacional, concubina, derecho sucesoral, concubinato, uniones de hecho.
The Venezuelan people’s reality was turned upside down in many aspects upon the birth of a new Magna Carta, which, upon coming into effect in 1999 regulates some issues never regulated before in some occasions and regarding some other issues it also gives them a significative turn as well. Concubinage is one of these realities present in today’s national arena which for the first time in history finds a firm grip in 1999’s national Constitution when, in virtue of what is established in its 77th article, pairs up both the effects of concubinage and a legally constituted marriage. With this descriptive and analytic report, the main goal is to determine if the male or female concubine has the right to inherit from the person with whom he or she had a legally constituted concubinage in virtue of the 77th article which equals the judicial effects of both institutions or if a special legislature is required in order to regulate such an issue.
Keywords: National Constitution, Concubine, Successor Rights, Concubinage, Factual Unions.
Venezuela abre el nuevo milenio con una Carta Magna caracterizada por la modernidad y adaptación a la realidad de un país que requiere de un instrumento normativo que satisfaga las expectativas de la sociedad, reglamentando materias que nunca antes habían sido reguladas a través de normas programáticas, que luego se desarrollarían en leyes especiales. Es precisamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV), una Constitución socialista en la que se regula y se establece de forma programática, en su segunda parte del artículo 77, el deber de equiparar en sus efectos el concubinato en relación con el matrimonio, puesto que la intención del legislador ha sido el proteger la familia como base fundamental de toda sociedad.
Las normas son consecuencias de los requerimientos de la sociedad y, como es evidente, las normas contenidas en esta nueva carta magna buscan ser el reflejo de las necesidades de los venezolanos en la actualidad, que se caracterizan por atravesar una grave crisis económica, así como un aumento de las uniones concubinarias y las relaciones de hecho.
La CRBV de 1999 estableció la presunción de comunidad concubinaria, con la condición de que en este tipo de relaciones se cumplan los requisitos señalados en el Artículo 767 del Código Civil (en lo adelante CC). Esta nueva Carta Fundamental acabó con la discriminación existente entre familia concubinaria y familia matrimonial, para determinar expresamente en su artículo 77 que “las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requerimientos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”.
Al respecto de lo señalado anteriormente, y parafraseando a González (1999), significa que al dar cumplimiento al requisito de estabilidad al que hace referencia el artículo 767 del CC, al igual que a los otros requerimientos que determinan la existencia de una sociedad llamada de hecho o concubinaria, se produce en primer lugar a la familia y, por otra parte, se le otorga a este tipo de familia la igualdad que merece, cuando se trata de que ésta existe de manera estable y en consecuencia, al equiparamiento con la familia matrimonial.
En la Venezuela del siglo XXI, las uniones concubinarias se encuentran a la par, o por encima, del número de matrimonios legalmente constituidos. Por otra parte, como producto de la evolución de la sociedad venezolana, se ha cambiado la visión acerca de este tipo de uniones, que hoy cuentan con un aumento significativo de simpatizantes. El número de demandas de divorcio que cada día se introducen en los tribunales de la República demuestran cómo en la actualidad el matrimonio legalmente constituido llega a su fin en períodos relativamente cortos, en muchas ocasiones.
Es por lo señalado anteriormente y en virtud del equiparamiento de los efectos del concubinato con los del matrimonio, en razón del contenido del segundo aparte del artículo 77 de la actual Constitución Nacional que cabe preguntarse si éste equiparamiento también abarca los derechos sucesorios, si un concubino puede heredar de manera intestada de esa persona con quién compartió sus sueños y sus luchas, con quién vivió y compartió un periodo de su vida, con quién creo una familia.
Se parte del hecho de que el Artículo 823 del CC prescribe: "El matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona cuya sucesión se trate…", mientras que el Artículo 77 de la CRBV establece:
"Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la Ley producirán los mismos efectos que el matrimonio".
Como se puede observar, se colige del artículo 823 del CC que en la sucesión intestada hereda el cónyuge sobreviviente (tomando una parte igual a la de un hijo, según el artículo 824 eiusdem), por lo cual, según el legislador sustantivo de 1982 la concubina o concubino queda excluido de dicha sucesión.
Ahora bien, en atención a que las uniones estables de hecho producen los mismos efectos que el matrimonio y que éste crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona cuya sucesión se trate, lo que se busca es analizar si a la muerte de un copartícipe de una comunidad concubinaria, el comunero sobreviviente tendría fundamentos jurídicos para reclamar derechos hereditarios en la sucesión tal como lo haría el cónyuge supérstite en un matrimonio, y qué requisitos o condiciones deberían exigírsele al comunero reclamante. Para dilucidar estas interrogantes se tomará en cuenta tanto la doctrina como la jurisprudencia, al igual que los principios generales del Derecho.
APRECIACIONES CARACTERÍSTICAS DEL CONCUBINATO
González (1999) define al concubinato como:
“aquella unión monogámica entre un hombre y una mujer, sin impedimentos para celebrar matrimonios, cuya unión reviste carácter de permanencia, responsabilidad, destinada a integrar una familia y en cuya unión se comprenden los deberes de cohabitación, socorro y respeto recíprocos, todo realizado dentro de la apariencia externa de una unión semejante a la del matrimonio”
Asimismo, conviene resaltar que Bustos et al. (2001) al respecto establecen lo siguiente:
"La unión de un hombre y una mujer que cohabitan como si estuvieran casados es decir, en forma más o menos permanente, se conoce como concubinato y el Derecho les reconoce ciertos efectos semejantes a los del matrimonio. Para que la unión sea considerada como concubinato, ser lícita y producir efectos debe cumplir ciertos requisitos: debe ser monogámica, ambos deben estar libres de matrimonio y debe ser duradera la unión".
El concubinato se perfila como una situación de hecho en la que se encuentran dos personas de distinto sexo que hacen vidas juntas sin unirse en matrimonio. Es una unión de hecho que tiene como características principales la estabilidad y permanencia.
Esta definición dada anteriormente permite destacar que desde el punto de vista interno el concubinato se refiere a la unión monogámica, es decir entre un solo hombre y una sola mujer a la convivencia, a la asistencia, al socorro, a la reciproca satisfacción de necesidades, incluyendo como es lógico a las sexuales. (González, 1999)
Es evidente que para que la unión extramatrimonial pueda calificarse como concubinato debe cumplir o debe estar revertida de ciertas particularidades. Estas características lo asemejan al matrimonio, por lo que podría plantearse que el concubinato es un matrimonio no celebrado legalmente. Asimismo, y como efecto de lo anterior, no toda unión de dos personas de sexo opuesto, aunque en ella exista descendencia, puede denominarse concubinato. Ya que éste, en opinión de Sojo
Bianco (1997), debe cumplir con los siguientes caracteres a saber:
“Ser público y notorio, lo que va a determinar una especie de posesión de estado entre concubinos, por lo cual tanto el hombre como la mujer son tenidos como tales por sus familiares y relacionados”, en una especie de estado matrimonial legítimo en forma franca e indubitada. Es por ello que debe exhibirse como una vida conyugal toda vez que los concubinos se comportan como marido y mujer, más aún como si fueran cónyuges.
“Debe ser regular y permanente, debido a que una unión transitoria u esporádica no configura la unión concubinaria”. En el concubinato debe haber la intención de permanencia puesto que cuando se trata de probar la unión concubinaria el mejor medio es la posesión de estado que requiere dentro de sus elementos la constancia, es decir, su duración en el tiempo.
“Debe ser singular”, o dicho en otras palabras, debe constituirse entre un solo hombre y una sola mujer y es imperioso resaltar que esta característica nació en los tiempos del derecho romano y su importancia ha perdurado en el tiempo. El concubinato tiene como carácter fundamental la monogamia que impone la Ley al matrimonio. Un solo hombre va al concubinato con una sola mujer.
Debe tener lugar entre personas de sexo opuesto, debido a que de no ser así no se daría cumplimiento a los postulados referidos a sus fines y en consecuencia su similitud con el matrimonio se vería diezmada. El concubinato requiere de la unión de individuos de sexo diferente. Al igual que el Código Civil parte de que solo puede celebrarse el matrimonio entre un hombre y una mujer, la unión concubinaria debe obedecer al mismo patrón y por ello, en ambos se excluyen las relaciones anormales entre personas del mismo sexo.
La no existencia de impedimentos para contraer matrimonio: el Artículo 767 del CC niega la posibilidad concubinaria cuando uno de los que a él concurren están unidos en matrimonio con un tercero. En esas condiciones no puede existir el concubinato ya que este artículo en su parte in fine señala que no puede haber concubinato si alguno de los integrantes de la pareja estuviese casado.
En este mismo orden de ideas, es conveniente acotar que existen impedimentos absolutos o relativos a la hora de contraer matrimonio. Entre los impedimentos absolutos se encuentran el sexo, algunos grados de parentescos y la existencia de un matrimonio anterior. Los impedimentos relativos, por su parte, son: la edad, algunos grados de parentesco, la tutela, la curatela, etc. (González, 1999).
Inexistencia de las formalidades del matrimonio: el concubinato como sociedad de hecho se diferencia del matrimonio, que es una sociedad de derecho entre otras cosas; porque para su constitución, los concubinos no tienen que cumplir con una serie de formalidades que si son de obligatorio cumplimiento en el caso del matrimonio.
Desenvolvimiento de una vida íntima semejante a la matrimonial: característica que supone la existencia de un elemento subjetivo, debido a que los concubinos al mismo tiempo que comparten el mismo hogar, la misma mesa y el mismo lecho, lo hacen sintiéndose unidos por las costumbres de casados y este comportamiento pareciera indicar la existencia de un vínculo matrimonial.
Con relación a este carácter subjetivo se produce a juicio de González (1999) en correspondencia, dos asomos objetivos de mucha importancia, se tratan del deber de socorro y el deber de asistencia que se prestan los concubinos en forma recíproca, debido a que ambos, dentro del campo interpretativo que se adjudica a tales conceptos al hablar de matrimonio, toman una conducta enrumbada a la satisfacción de dichas obligaciones las cuales tienen carácter material y también espiritual.
Asimismo, hay que resaltar que al hablar de socorro se hace referencia es a la ayuda que ellos se deben brindar, puesto que ambos de forma voluntaria se han propuesto llevar una vida en común porque creen que su visión de la vida es similar y tienen la firme convicción de que uniéndose aúnan esfuerzos para la realización de sus mutuos deseos y aspiraciones. (Perera Planas, 1983).
En otro orden de ideas, también resulta pertinente señalar que el concubinato es concebido como una sociedad de hecho, a diferencia del matrimonio que es concebido como una sociedad de derechos; y esta diferencia radica en el no cumplimiento de formalidades que sí se cumplen en el matrimonio.
EL CONCUBINATO EN VENEZUELA: JURIDICIDAD
A juicio de Sojo Bianco (1997), al hablar de la naturaleza jurídica del concubinato hay que señalar que se ha sostenido que el mismo no es de derecho sino de hecho. Este criterio prevaleció durante un largo tiempo principalmente en el continente europeo. Empero, dicho criterio luego de la Segunda Guerra Mundial ha venido modificándose y en la actualidad, en la legislación de muchos países, se regula al concubinato como un hecho jurídico, o sea, como un acontecimiento que tiene la virtud de generar consecuencias jurídicas.
Lo señalado anteriormente no se debe interpretar como que el Estado tenga interés en fomentarlo o brindarle protección, sino que por ser el Derecho el orden social justo, y teniendo en cuenta que las normas se establecen para cristalizar los postulados que el grupo social ha preconizado, no es posible soslayar esta realidad.
El concubinato, en efecto, es también fuente de familia y se hace imperiosa la necesidad de dictar normas que sitúen a sus miembros en una relativa posición de justicia y equidad, debido a que por no ignorar la realidad se podrá eliminar la existencia del concubinato, especialmente en los países no desarrollados culturalmente.
En la actualidad, la tendencia en muchos países es hacia el equiparamiento del concubinato con el matrimonio, prohibiéndose la discriminación entre hijos habidos dentro del matrimonio y los nacidos de uniones concubinarias, puesto que se les reconocen iguales derechos a éstos frente a aquellos, y tratándose de poner término en todos los órdenes a las diferencias derivadas de la filiación que con frecuencia perjudican a quienes han sido procreados fuera del matrimonio.
Por otro lado, González (1999) señala en cuanto a la posible naturaleza jurídica del concubinato que no puede hablarse de una institución y no puede aplicársele los conceptos y características de ella, debido a que al no estar regulado jurídicamente no puede decirse que sea un poder organizado, a pesar de que existen ciertas normas en el Código Civil que tienden a regular ciertas situaciones de la realidad social imperante hoy en Venezuela.
Por consiguiente, si se analiza su naturaleza jurídica según la teoría contractual se llegará a la conclusión de que se está en presencia de un contrato. En tanto, que en el caso del matrimonio aún y cuando la teoría clásica o contractual lo señala como tal y, en efecto, los críticos de la misma sostienen que no puede ser el matrimonio un contrato, ya que a diferencia del concubinato, no puede disolverse sin el mutuo consentimiento de las partes, debido a que para ello se requiere siempre la participación de la autoridad judicial.
Con lo señalado anteriormente, se puede afirmar que el concubinato constituye más un contrato que el matrimonio, aun cuando al no estar regulado jurídicamente y constituir una sociedad de hecho sus manifestaciones imposibilitan que se pueda definir como tal de manera concreta y expresa. En realidad, se debería de conceptualizar como un contrato de tipo sui generis, debido a que, a pesar de que no se encuentra regulado, sí genera efectos jurídicos en el caso de los hijos nacidos de tales uniones. En lo que respecta al régimen de los bienes creados por ellos, los mismos puede ser heredados y también se puede solicitar la disolución de la comunidad concubinaria a tenor de lo dispuesto en el Artículo 767 del CC (González, 1999).
La doctrina es muy discreta en lo que respecta al concubinato, ya que si lo hace le estaría otorgando al concubinato una trascendencia que, evidentemente, desmejora al matrimonio visto como una institución, como esa célula mentora de la familia y por ende de la sociedad.
Pero, parafraseando a González (1999) y sin la intención de defender el concubinato, existe una realidad en la sociedad actual que no se puede desconocer, no se puede negar que en la realidad social de la Venezuela del siglo XXI el concubinato ocupa un lugar preferencial. Las uniones concubinarias están a la orden del día y hay que afrontar dicha realidad. Aunado, a que dicha unión tampoco es ilícita, entonces es una realidad y como tal debe ser aceptada.
EL CONCUBINATO EN LA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA DE 1999
La instauración del régimen democrático a finales de la década de los años cincuenta, el profundo y anhelado sueño de convertir al país en un modelo o paladín de la democracia en América Latina requería de la promulgación de una nueva Constitución que se adaptara a la nueva realidad imperante en suelo venezolano.
En lo que respecta al concubinato, los hacedores de la Carta Magna Venezolana promulgada en 1961 establecieron en el artículo 60 de la misma que nadie podría ser obligado a prestar juramento ni ser constreñido a rendir declaración o a reconocer la culpabilidad en alguna causa penal contra sí mismo, su cónyuge o contra la persona con quien llevara o hiciera vida marital, ni en contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad (Congreso de la República de Venezuela,1961).
Con esta disposición emanada de la Constitución Nacional se demuestra que sólo se refería a una situación específica, pero no regulaba dentro de su articulado al concubinato como tal, puesto que el mismo era concebido como una relación de hecho al señalar la frase “persona con quien se haga vida marital”.
No es secreto para nadie que con el boom petrolero en los años setenta Venezuela se convirtió en puerto de llegada para inmigrantes de muchas nacionalidades, quienes veían en el país la posibilidad de cristalizar sus sueños. Con su llegada, al igual que otros factores, contribuyeron a que los índices de uniones concubinarias aumentaran.
Por otra parte, se observa el deseo de parejas de vivir juntos con el solo deseo de cristalizar su amor, sin importarles un papel firmado que no les garantiza la tan anhelada felicidad. Esta es una realidad palpable y latente dentro de las fronteras del país.
A finales de los años noventa llega a la presidencia de la República Hugo Chávez Frías, quien cristalizó una de las propuestas en las que sustentó su campaña presidencial como lo fue la elaboración y puesta en vigencia de una nueva Carta Magna.
Como es lógico pensar, constituía una tarea prioritaria del Estado Venezolano y de los constituyentistas de esta constitución promulgada en 1999 lograr la regulación de una manera adecuada, digna y sin ningún tipo de discriminación, basada en el debido respeto al libre desarrollo de la personalidad y en la autonomía de la voluntad de las partes a una realidad cada vez más palpable en el suelo venezolano, como lo son las uniones concubinarias.
Hasta este entonces, el concubinato sufría los embates de la discriminación en lo que se refiere a las personas que deseaban constituir una familia sin el cumplimiento de las formalidades requeridas por la ley, deseaban constituirlo porque se amaban y deseaban vivir juntos, respetándose, guardándose felicidad, brindándose apoyo y socorro recíprocamente, cumpliendo de esta manera algunos de los deberes a que se comprometen los cónyuges cuando celebran un matrimonio de acuerdo a los parámetros legalmente establecidos.
Es por ello que el Estado venezolano se ve en la imperiosa necesidad de crear una plataforma con las condiciones necesarias y establecimiento de normas que regulen, basadas en el debido respeto, una materia de tal envergadura como lo es el asunto social, familiar y moral.
Ante esta realidad, la Constitución de 1999 estableció la presunción de comunidad concubinaria con la condición de que en este tipo de relaciones cumplan los requisitos señalados en el artículo 767 del CC. Con esta reforma constitucional se eliminó la discriminación entre familia concubinaria y familia matrimonial. Por medio de su Artículo 77 expresa que las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requerimientos establecidos en la Ley producirán los mismos efectos que el matrimonio.
Por otro lado, se le da carácter constitucional al concubinato, al igual que en las legislaciones de Cuba y Bolivia, mientras que se prepara el camino para que sean leyes especiales las que regulen de manera detallada dicha situación, al igual que en el Código Civil en una posterior modificación. De esta manera, la familia originada del concubinato se equipara con la surgida del matrimonio legalmente constituido, lo que conlleva a que ambos tipos de familia sean considerados un hecho social cuya protección es pertinente. El Artículo 77 de la CRBV establece lo siguiente:
"Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la Ley producirán los mismos efectos que el matrimonio" (Asamblea Nacional Constituyente, 1999).
En primer lugar, se reconoce en la nueva Carta Magna el avance trascendental que trae en lo que a materia de familia se refiere, y prueba fehaciente de ello es la protección que le otorga a las uniones estables de hecho constituidas entre personas de diferente sexo. Y esta regulación representa un importante avance ya que las uniones de hecho son cada día más frecuentes.
Es de hacer notar, que el Artículo 77 CRBV es una norma programática que equipara los efectos del concubinato con los del matrimonio legalmente constituido.
Es importante acotar que con respecto a esta norma, la doctrina patria está dividida en cuanto a sí, ya que dicha norma puede ser aplicada de manera inmediata. Una parte de la doctrina sostiene el aspecto programático de dicha norma, y otra parte de la doctrina alega el principio de la primacía que rige en el ámbito constitucional.
Por su parte, la norma en estudio puede ser aplicada de manera inmediata sin que medie una ley especial que regule la materia objeto de análisis. Para hacer esta aseveración se basa en el supuesto de que la Constitución de un Estado constituye el escalafón más alto dentro del ordenamiento jurídico, y es de esta norma fundamental de la cual emana todo el cuerpo normativo de un Estado de derecho, sustentando esta afirmación evidentemente que en el principio de la primacía constitucional.
Partiendo de esta presunción, Kelsen (1997) comenta que toda vez que la norma hipotética fundamental de un país se considere válida hay también que considerar como válido al ordenamiento jurídico que le está subordinado, debido a que es la Constitución la que le atribuye a todos los actos del orden jurídico el sentido normativo a la relación establecida.
Es por lo señalado anteriormente que se puede afirmar que todo el ordenamiento jurídico estatal tiene su fuente o su origen en lo que Kelsen denomina “norma hipotética”. El autor fundamenta que no es otra cosa que la Constitución Nacional de cualquier Estado.
Es por lo descrito anteriormente que Kelsen sostiene que el aparato normativo de un país debe concebirse como un sistema de subordinación, porque del análisis de la función de la norma hipotética fundamental se deduce de igual manera la particularidad del Derecho que se caracteriza por regular su propia creación, debido a que una norma señala cómo debe darse la creación de otra norma y el contenido de la misma, aunado a que es ésta circunstancia lo que le otorga la validez. Y, es lo ya descrito lo que permite referirse a norma superior y norma inferior, existiendo al mismo tiempo una subordinación de la segunda a la primera.
Dicho en otras palabras, existe una estructura jerárquica que conlleva a la norma hipotética fundamental de la cual emana la validez del orden jurídico visto desde su conjunto, debido a que esta cuenta con el poderío necesario para prohibir determinado contenido en leyes que están en franca contradicción con los principios que la Constitución consagra y protege.
El principio de la primacía constitucional se encuentra consagrado en el artículo 7 de la CRBV de 1999, el cual a la letra establece que: “la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Con este artículo se puede corroborar lo ya establecido por Kelsen, respecto a la supremacía de la norma fundamental y la subordinación de todo el ordenamiento jurídico a la misma.
Por otra parte, el artículo 333 de la CRBV garantiza la protección a la Carta Magna al señalar que la mismas no perderán su vigencia si se dejara de cumplir por acto de fuerza o bien porque fuere derogada por cualquier otra vía diferente a la que ella misma contempla, evidenciándose de esta manera lo contundente de sus preceptos y la supremacía a la hora de aplicarla a todo ordenamiento jurídico.
También es conveniente acotar que el artículo 334 de la CRBV consagra que todos los jueces de la República, conforme al ámbito de sus competencias y según lo previsto tanto en la Constitución como en la Ley, tienen la obligatoriedad de garantizar el respeto a la integridad de la Constitución y, al mismo tiempo señala el artículo, que en caso de presentarse una colisión entre este documento y algún otro dispositivo normativo privaran las normas revestidas de carácter constitucional, corresponderá a los órganos jurisdiccionales en cualquier causa o aún de oficio pronunciarse.
Este artículo también establece que es competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, actuando como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y de los demás actos de los órganos encargados de ejercer el poder público, dictados ya sea en ejecución directa o indirecta de la Carta Magna o los que tengan rango de ley cuando los mismos chocan con lo establecido en la Constitución.
Por todo lo anteriormente señalado, se deduce que el artículo 77 de la CRBV en el cual se nivela el concubinato con el matrimonio, tiene un rango de superior jerarquía a cualquier otra disposición contenida en el ordenamiento jurídico venezolano que sea inferior a ella.
En consecuencia, se debe afirmar que la Constitución priva sobre lo contenido en el Código Civil venezolano, aprobado con anterioridad y que debe ser reformado para poder adaptarlo a la realidad de Venezuela, ya que el mismo en varias partes de su articulado se encuentra desfasado, añadiendo que existen materias que han surgido con posterioridad a su promulgación y el mismo no contiene ninguna disposición referida a estas situaciones. Principalmente, que en materia de familia y sucesiones el mismo debe ser adaptado a la actualidad venezolana.
Aunado a ello, los principios constitucionales vigentes en la actualidad traspasan la plataforma normativa y expanden su radio de acción hacia los órganos jurisdiccionales, específicamente a los jueces, quienes al erigirse como guardianes de la carta magna tienen la encomienda de velar por la preservación de dichos principios al ejercer el poder constitucional difuso, aplicado en sus sentencias.
Es de hacer notar, que esta disposición no se encontraba consagrada en la hoy derogada Constitución de 1961, por lo que al introducirse este artículo que equipara las relaciones estables de hecho con el matrimonio en la Constitución de 1999, surge una colisión entre la Carta Magna y el Código civil de 1982, como se señaló anteriormente y en la que en virtud del principio de primacía constitucional es la misma constitución la que goza de preferente aplicación.
Sin embargo, mientras no se subsane dicho choque, y según lo contemplado en el artículo 334 de la CRBV, queda a criterio del juez dar respuesta a esta situación que se puede presentar con el artículo 77 del mencionado instrumento legal y su colisión con otras normas contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano, en lo que respecta a las uniones estables de hecho, teniendo para ello como norte el principio de primacía de la Constitución.
Ahora bien, desde el punto de vista jurisprudencial es conveniente acotar que en lo que respecta a la prioridad de la Constitución existe una sentencia emanada de la Sala Constitucional (cuyas decisiones tienen carácter vinculante) del Tribunal Supremo de la República, en fecha 25 de enero de 2001, donde se señala que:
“La Constitución es suprema, entre otras cosas porque en ella se encuentran recogidos y positivizados los valores básicos de la existencia individual y de la convivencia social, al tiempo que instrumenta los mecanismos democráticos y pluralistas de legitimación de poder, tales como los relativos a la designación de las autoridades y a los mandatos respecto al cómo y al para qué se ejerce la autoridad. Persigue con ello el respeto a la determinación libre y responsable de los individuos, la tolerancia entre lo diverso y lo distinto y la promoción del desarrollo armonioso de los pueblos. El principio de Supremacía de la Constitución responde a estos valores de cuya realización depende la calidad de vida y el bien común”.
Según lo contenido en esta disposición emanada del máximo tribunal de la República se puede afirmar que la Constitución garantiza los derechos y garantías que ella consagra, pero al mismo tiempo también asegura los derechos inherentes a la persona que no se encuentren consagrados en ella. Al mismo tiempo, establece que la no existencia de una ley especial no debe ser tomada como piedra de tranca para el disfrute de dichos derechos.
Desde esta visión queda claro que la supremacía de la Constitución priva sobre cualquier otra norma de inferior jerarquía y por tanto son las normas constitucionales las que tienen preferente aplicación en caso de colisión. Aunado a ello, hay que tener presente que el artículo 77 de la CRBV se refiere a una situación que no encuentra la protección que le brinda la Carta Magna en ningún otro instrumento jurídico, sumado a que los órganos jurisdiccionales de la República bajo ningún motivo pueden desconocer esta situación, debido a que todo acto emanado del ejercicio del poder público que merme los derechos constitucionales es considerado como nulo de pleno derecho.
Como consecuencia de lo anterior, todo concubino tiene derecho a asistir a cualquier órgano jurisdiccional de la República a exigir el cumplimiento de su derecho. Sin embargo, existe otra parte de la doctrina que desconoce la situación antes planteada. Hay quienes basándose en el hecho de que las normas contenidas en la Constitución son normas programáticas y que las mismas requiere de una normativa especial para poder ser operacionalizadas, aceptan el equiparamiento de los efectos del concubinato con los efectos del matrimonio, pero señalan que para que esta norma pueda ser aplicada deben crearse leyes especiales que regulen la materia o debe ser reformado el Código Civil.
Para los seguidores de esta corriente doctrinaria es evidente que la concubina no hereda porque, según el Código Civil vigente, esta es una norma de estricto orden público que no puede bajo ninguna circunstancia ser relajada por las partes.
Se respeta lo consagrado en el artículo 77 de la CRBV solo cuando una ley especial regule al concubinato como una institución, se podrá dar el equiparamiento y en consecuencia se puede afirmar según esta corriente doctrinaria que la concubina o el concubino podría heredar de su pareja en la relación concubinaria.
Para los defensores de que el artículo 77 de la CRBV es de perfecta aplicación en los actuales momentos sin el requerimiento de que sea sancionada una ley especial que regule el caso concreto, la concubina sí hereda ya que se produce el equiparamiento de los efectos del concubinato con los del matrimonio y esta o este, de ser así, vendría a ocupar el lugar del cónyuge en el orden de suceder sin que nadie los pueda excluir.
Los defensores de esta postura, en cuanto a la inexistencia de una ley especial que regule el caso concreto del concubinato con todas sus implicaciones, señalan que ya la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sentó su posición en lo que respecta al hecho de que la falta de ley expresa que regule determinada circunstancia no puede entorpecer el derecho a exigir el cumplimiento de una garantía que tiene carácter constitucional.
En un extracto de la ponencia de Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez del Tribunal Supremo de Justicia (2010) se sostiene que:
“En la actualidad existe consenso en el Derecho Nacional y Comparado, que ha superado la tesis de considerar las disposiciones constitucionales como meramente programáticas. Ya la exposición de motivos de la Constitución de 1.961, siguiendo esta tendencia, disponía que “aun cuando muchas de estas disposiciones tienen carácter programático su enunciado se considera como guía indispensable para la acción futura del legislador”, y al mismo tiempo, señalaba; “Y se deja fuera de toda duda la interpretación de que no pueden quedar las garantías a merced de que exista o no una legislación que explícitamente las consagre y las reglamente. La intención de la Constitución de 1.961 comprendía la de sus redactores, que en una oportunidad manifestaron que las disposiciones constitucionales son la voluntad directa del poder constituyente, y no puede pretenderse que sea obstruida en su aplicación por la circunstancia de que no sean completadas en la legislación o en la reglamentación. Esto sería condenar la jerarquía de la Constitución a la acción y omisión de los poderes constituidos lo que no es doctrinaria, ni histórica ni filosóficamente aceptable”.
Ahora bien, vistas ambas posiciones y quedando suficientemente claro el hecho de que los derechos económicos de los concubinos quedan totalmente protegidos en virtud de lo consagrado en el Artículo 767 del CC, lo único que falta por dilucidar es si el concubino sobreviviente puede heredar de la persona con quien decidió compartir sus sueños y formar una familia.
Independientemente de lo que puedan argumentar cualquiera de las dos posiciones doctrinarias referidas anteriormente de manera muy somera, el papel determinante en esta situación lo van a jugar los tribunales de la República, quiénes deben pronunciase al respecto cuando decidan sobre una situación como la aquí planteada.
En Maracaibo, ya desde el año 2001 el Tribunal de Protección del Niño y el Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en Corte Superior y específicamente en la Sala de Apelaciones, la Dra. Idamys Ávila ha aplicado lo contenido en el Artículo 77 de la CRBV y le ha reconocido derechos hereditarios al concubino sobreviviente. Afirmando la tesis basada en el principio de primacía de la Constitución y en los artículos 77, 333 y 334 eiusdem.
La realidad es evidente. La Constitución protege a los concubinos y esa protección se debe operacionalizar en leyes especiales que regulen la materia. Mientras no existan estas leyes corresponderá a los Tribunales de la República hacer cumplir lo consagrado en la Constitución en virtud del principio de primacía de la misma.
En primer lugar, es conveniente señalar que ya el tema del concubinato ha visto la luz de una forma clara en el ordenamiento jurídico venezolano y no podía ser de otra manera, porque las uniones concubinarias están presentes en todo el territorio nacional.
La realidad social de la Venezuela actual es totalmente diferente a la imperante hace décadas anteriores. La visión del venezolano ha cambiado radicalmente, ya no existe el desprecio hacia los concubinos. No se aprecia la discriminación entre los hijos habidos dentro de un matrimonio legalmente constituido y los nacidos de uniones concubinarias.
Por otra parte, la promulgación de una nueva Carta Magna en Venezuela en 1999 es un gigantesco paso en lo que a la regulación del concubinato se refiere. Por primera vez, una norma constitucional equipara los efectos del concubinato con los del matrimonio, logro más que representativo en un ordenamiento jurídico que solo reconocía a la comunidad concubinaria las cuestiones económicas.
Al contrastar estos efectos entre concubinato y matrimonio es evidente que los concubinos pasan a ocupar el lugar de los cónyuges y adquieren los mismos derechos que tienen en el matrimonio, pero a ellos les nacerán en virtud de la unión concubinaria.
Luego de haber analizado el artículo 77 CRBV y lo establecido en la misma sobre el principio de la primacía de la Constitución, aunado a la interpretación que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le ha dado a la primacía de la carta magna, se llega a la conclusión que es posible pensar que él o la concubina puedan heredar de manera intestada.
Claro está, que tal y como lo establece el artículo 334 de la CRBV corresponderá a los jueces el sentar dicho criterio a través de una jurisprudencia hasta tanto no se legisle una ley especial al respecto. Es evidente que con base en el Código Civil ella o no pueden heredar, pero en lo que se desprende de lo consagrado en el Artículo 77 de la CRBV es viable.
También se recomienda la elaboración de una Ley especial que regule al concubinato como una institución de derecho, ya que la misma se encuentra consagrada en la Constitución Nacional.
Aunado a ello, se debe tener presente que el artículo 77 de la CRBV se refiere a una situación que no encuentra la protección que le brinda la Carta Magna en ningún otro instrumento jurídico, sumado a que los órganos jurisdiccionales de la República bajo ningún motivo pueden desconocer esta situación, debido a que todo acto emanado del ejercicio del poder público que merme los derechos constitucionales es considerado como nulo de pleno derecho.
Se requiere con urgencia el sancionamiento de dicha ley, porque no se puede dar la espalda a la realidad actual en la sociedad venezolana. El concubinato es un hecho y se debe que regularlo.

References: ARTÍCULO 77
 artículo 77
 Artículo 767
 artículo 77
 artículo 767
 artículo 77
 Artículo 823
 Artículo 77
 artículo 823
 artículo 824
 Artículo 767
in fine
sui generis
 Artículo 767
 artículo 60
 artículo 767
 Artículo 77
 Artículo 77
 Artículo 77
 artículo 7
 artículo 333
 artículo 334
 artículo 77
 artículo 334
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 77
 Artículo 767
 Artículo 77
 artículo 77
 artículo 334
 Artículo 77
 artículo 77