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Timestamp: 2014-07-23 22:00:41+00:00

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.: El procedimiento de impugnación de la tasación de costas.
El procedimiento de impugnación de la tasación de costas.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, una vez practicada la ta­sación de costas, se dará trasladó de ella a las partes por un plazo común de diez días para que, en su caso, puedan impugnarla. Es preciso observar que cuando una de las partes sea titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, no se discutirá ni se resolverá en el incidente de tasación de costas cuestión alguna relativa a la obli­gación de la Administración de asumir el pago de las cantidades que se le reclaman por aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (cfr. art. 246.6 Lec).
La legitimación activa para impugnar la tasación de costas practicada por el Se­cretario Judicial la ostenta la parte conde­nada en costas como la otra parte, favorecida por dicha condena (cfr. art. 245 Lec). Esta impugnación podrá ser fundada en diversos motivos que, lógicamente serán distintos según que la plantee la parte condenada costas o la parte que ha resultado favorecida por la condena.
A) Motivos de impugnación de la parte condenada en costas:
a) Haberse incluido en la tasación de costas partidas, derechos o gastos in­debidos.
En este sentido, deben considerarse partidas, derechos o gastos indebidos, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo los siguientes: Aquellas partidas relativas a escritos cuya interposición no está prevista en la Ley Procesal. (por todas, STS de 1 de diciembre de 2001).
El concepto de seguimiento y tramitación del procedimiento hasta la obtención de la sentencia, por la cual se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la adversa, con imposición de costas al recurrente tampoco es minutable pues con­cierne a una actividad que bien incumbe al Procurador o bien está fuera de la disponibilidad de la parte. (STS de 5 de noviembre de 2001).
Las minutas que no permitan especificar las distintas partidas (STS de 5 de noviembre de 2001).
Son indebidos los derechos del procurador al ser su actuación potestativa (SAP Madrid 26. de enero de 2002).
También son indebidos los derechos del procurador en cuanto a copias que se queden en poder de la propia parte o su defensa jurídica, por tratarse de actuaciones inútiles o superfluas, alquiler de taxi y desglose de poder, por tratarse esta última de una actua­ción procesalmente innecesaria, en interés exclusivo de la propia parte y que puede ser evitada mediante la aportación simultánea de poder y fotocopia para dejar ésta testimoniada (SAP Huelva 17.de enero de 2002).
El epígrafe bastanteo, despacho y desglose de poder son gastos independientes de la condena en costas (SAP Jaén 15 de marzo de .2002).
También quedan excluidas las partidas relativas a las costas pro­pias de la tasación, (SAP Jaén 15 de marzo de 2002).
Es indebido el aumento porcentual por pluralidad de contrarios y de clientes, cuando existe identidad en la causa de pedir (SAP Astu­ rias 21 de marzo de 2002).
Las partidas relativas a la personación en el pleito (STS 22.de febrero de 2003).
Tienen la consideración de partidas, derechos o gastos debidos los siguientes:
· Las minutas de letrado, aunque se presenten de forma globalizada (no detallada), son debidas cuando únicamente ocurre que la suma especificada ha de distribuirse entre las distintas actuaciones procesa­les, en que por exigirlo la Ley, es necesaria la intervención de abogado (STS 24de junio de 1998).
· Si bien es cierto que se exige la aportación de minuta detallada, «no es necesaria la consignación de la cuantía concreta asignada a cada concepto, pues la misma ha de resultar indudable­ mente del aspecto proporcional relativo a cada una de las correspon­dientes normas (aparte de otras, TS SS de 24 Oct. 1992, 12 Ene. 1999, 21 Feb. y 13 Sep. 2001)» (STS 24.10.2001).
· Del mismo modo, «cuando hay varias partes recurridas que no litigaron unidas, cada una de ellas tiene derecho a la correspondiente tasación de costas» (STS 21 de junio de 2000).
· La partida correspondiente al IVA debe ser incluida por así exigirlo las normas fiscales (STS 24 de marzo de 2000;).
· Son debidos los derechos del procurador en cuanto a copias de la demanda y demás documentos que debe autorizar respondiendo de su exactitud, por no tratarse de actuaciones inútiles o superfluas, sino por el contrario inexcusables (SAP Huelva 17 de enero de 2002, con cita de numerosa jurisprudencia).
· Igualmente son debidos los derechos de procurador que no hayan sido incluidos por error; ya que «el error material de no haber incluido el procurador dentro de sus derechos los corres­pondientes al desistimiento no impide que, puesto de manifiesto, sea corregido, puesto que efectivamente ha existido tal trámite [...]» (SAP Huelva 17de enero de 2002).
· Es debido el aumento aplicado en relación con «[...] la mayor envergadura del trabajo jurídico del letrado de la parte actora al enfrentarse con varios demandados” (SAP de Asturias de 21 de marzo de 2002).
· También son debidas aquellas facturas que únicamente contengan algún defecto formal como la mención del NIF, el número de la factura, etc. (STS 20 de octubre de 1998).
Resultan excesivos los honorarios de abogados, peritos o pro­fesionales no sujetos a arancel. Este motivo de impugnación viene referido única y exclusivamente a la cuantía de los conceptos minutados y no a si éstos son debidos o no. Ambos aspectos no deben confundirse (por todas, STS 22 de marzo de 2002). Por lo demás, vemos como no procederá impugnar los derechos de los procuradores por considerarlos excesivos, ya que son profesiona­les sujetos a arancel (STS 25 de marzo de 2002).
b) Motivos de impugnación de la parte favorecida por la conde­na en costas.No haberse incluido en la tasación gastos debidamente justificados y reclamados.
No haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios de su abogado, o del perito, profesional o funcionario no sujeto a aran­cel que hubiese actuado en el proceso a su instancia.
No haber sido incluidos correctamente los derechos del procurador.
B) El escrito de impugnación.
Dispone el art. 245.4 LEC que en el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiera la discrepancia y las razones de ésta. Es decir, no será suficiente aque­lla impugnación que genéricamente tache de excesivas o indebidas las distintas minutas, cuentas o partidas que conformen la tasación. Todo lo contrario: la Ley no sólo exige la mención expresa de las cuentas, minutas o partidas concretas -no genéricas- que sean obje­to de discusión, sino que además requiere que se pongan de mani­fiesto los motivos o razones que conducen a ella. Es más, el precepto citado finaliza diciendo que, de no efectuarse dicha mención, no se admitirá la impugnación a trámite.
Anteriormente hemos señalado que la impugnación de la tasación de costas deberá plantearse dentro del plazo de diez días desde que el Secretario Judicial procede a su traslado a las partes. Como el art. 244.1 LEC habla de plazo común de diez días, debe entenderse que empieza a computarse desde el último traslado que se realice de la tasación.
Si en el escrito de impugnación de la tasación de costas, no se mencionan las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiera la discrepancia y las razones de ésta, el art. 245.4 Lec sanciona tal omisión con la no admisión a trámite de la impugnación. Conforme dispone el art. 246 LEC, la tramitación del incidente de impugnación será distinta según que éste se haya planteado por considerar excesivos los honorarios de determinados profesionales; por estimar que se han incluido partidas o derechos indebidos; por no incluirse gastos debidamente justificados y recla­mados; o, de forma acumulada, por considerar que alguna partida de los honorarios de abogados o peritos es indebida y, en caso de no serlo, cuanto menos excesiva.
a) Impugnación basada en honorarios excesivos.
Según se ha visto, la parte condenada en costas podrá impug­nar la tasación practicada por el Secretario si considera que son exce­sivos los honorarios de los abogados o de los peritos que han interve­nido en el pleito (cfr, art. 245 Lec). Así lo confirma igualmente el art. 246 Lec. No obstante, nótese como este último precepto, a diferencia de lo que ocurre en el art. 245 Lec, no hace alusión a cualquiera otros profesionales no sujetos a arancel. Pues bien, si la impugnación se planteara por este motivo, se oirá en el plazo de cinco días al abogado o perito de que se trate, a fin de que se manifieste sobre la reclamada reducción de sus honorarios. De tal forma que: si la acepta, el Secretario así lo reflejará en la tasación. Mas, si los mencionados profesionales no aceptan la reduc­ción, se pasará testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte necesaria, al Colegio de Abogados o al Colegio, Asociación o Corporación profesional a que pertenezca el perito, con el fin de que procedan a la emisión de un informe o dictamen al respecto. La regulación anterior establecida en el artículo 427 de la Lec de 1881 disponía que el plazo de audiencia de los abogados y peritos cuya minuta hubiera sido impugnada fuese tan sólo de dos días. Por otra parte, cabía la posibilidad de oír, en '.sustitución del dictamen del Colegio, Academia o Gremio, a dos letrados, peritos o funcionarios no sometidos a arancel, que serían designados por el Juez o Sala.
El Secretario, a la vista de lo actuado y de los informes o dic­támenes emitidos, optará por: mantener la tasación realizada o introducir las modificaciones que procedan. En cualquier caso, remitirá la tasación al Tribunal, el cual a la vista de la tasación, resolverá por medio de auto lo que proceda, sin ulterior recurso.
En cuanto a las costas de la impugnación, si fuere totalmente desestimada se impondrán las costas del in­cidente al impugnante. Si fuere total o parcialmente estimada: se impondrán al abogado o perito cuyos honorarios se hubieran considerado excesivos.
b) Impugnación basada en la inclusión de partidas o derechos indebidos
Establece el art. 246.4 Lec que se convocará a las partes a una vista continuando la tramitación del incidente con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal. Debemos acudir en este punto, por remisión de la propia Ley, a lo previsto en los arts. 442 y ss. Lec, con las correspondientes adaptaciones. Con ocasión de la celebración de esta vista pueden acontecer que no asista el demandante. Si la otra parte no alega interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo se produce el desistimiento del impugnante, al que se le impondrán las costas cau­sadas y se le condenará a indemnizar a la parte comparecida, si ésta lo solicitare y acreditare los daños y perjuicios sufridos. Si no asistiere el demandado se le declarará en rebeldía y, sin volver a citarlo, continuará el juicio su curso.
El demandado (parte que ha visto impugnada la tasación) podrá formular las alegaciones que a su derecho conven­gan y que puedan obstar a la válida prosecución y término del proce­so mediante sentencia sobre el fondo. Oído el demandante sobre éstas y otras cuestiones señaladas en el art. 443.3 Lec -falta de jurisdicción o de competencia del Tribunal-, así como las que considerare necesario proponer acerca de la perso­nalidad y representación del demandado, el Tribunal resolverá lo que proceda y si manda proseguir el juicio, el demandado podrá pedir que conste en acta su disconformidad, a los efectos de apelar contra la sentencia que en definitiva recaiga.
Una vez resueltas dichas cuestiones o si no se hubieran planteado aquéllas, se dará la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos relevantes en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre los hechos, se propondrán las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, se practicarán seguidamente. La proposición de prueba de las partes podrá completarse con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 429 Lec. Cuado el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de /os hechos controvertidos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afec­tados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal, limitándose a los elementos probatorios cuya exis­tencia resulte de los autos, podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente. En el caso anterior, las partes podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el tribunal-.
Por lo demás, en materia de prueba y de presunciones, es de .aplicación a los juicios verbales lo establecido en los arts. 281 a 386 Lec. Únicamente interesa añadir que contra las resoluciones del Tri­bunal sobre inadmisión de pruebas o sobre admisión de las que se denunciaran como obtenidas con violación de derechos fundamenta­les, las partes podrán formular protesta a efecto de hacer valer sus derechos en la segunda instancia (cfr. art. 446 Lec).
La sentencia se dictará dentro de los diez días siguientes a que se dé por terminada la vista (art. 447.1 Lec) y puede contener cualquiera de estos pronunciamientos.Impugnación basada en la no inclusión de gastos debidamente justificados y reclamados. La Ley le otorga el mismo tratamiento que a la impugnación basa­da en la inclusión de partidas o derechos indebidos, vista anteriormente. Impugnación basada, inicialmente, en la inclusión de partidas de honorarios de abogados y peritos indebidas y, subsidiariamente, en ser éstas excesivas. El art. 246.5 Lec apunta en este sentido que cuando se alegue que alguna partida de honorarios de abogados o peritos que, en caso de no serlo, sería excesi­va, se tramitarán ambas impugnaciones simultáneamente, con arreglo a lo prevenido para cada una de ellas en los apartados anteriores, pero la resolución sobre si los honorarios son excesivos quedará en suspenso hasta que se decida sobre si la partida impugnada es o no debida. Es decir, confluirán ambas manifestaciones, la vista a los distintos profesionales, en relación con las de los honorarios que se reputen excesivos. Mas, con anterioridad a que el Tribunal se pronuncie acerca de este último aspecto, debe resolverse sobre si las partidas puestas en tela de juicio son debidas o indebidas. Hasta entonces quedará en suspenso la resolución sobre si los honorarios son excesivos.

References: artículo 244
e contrario
 artículo 427
 artículo 429
 resolución 
 resolución