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Timestamp: 2019-05-25 09:19:48+00:00

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enero, 2011 | Economía Personal
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Impuesto a la Herencia en la Provincia de Buenos Aires
En la Provincia de Buenos Aires, el Impuesto a la Herencia se paga desde $ 50 mil
Fue reglamentado y rige desde el 1° de enero. Buscan obtener $ 300 millones.
LA PLATA. Con la reglamentación de la Ley de Herencia, que grava la transmisión gratuita de bienes a partir de los 50.001 pesos, se puso en práctica la polémica norma provincial. El gobierno de Daniel Scioli prevé una recaudación de 300 millones de pesos en el primer año de aplicación de este tributo.
Según la Ley 14.200 reglamentada por ARBA, se estableció en $50.000 el monto total del enriquecimiento patrimonial obtenido a título gratuito que no estará alcanzado por el impuesto a la herencia. Ese monto se eleva a $ 200.000 cuando se trate de padres, hijos y cónyuge.
Si heredaron 200.001 pesos, los familiares directos pagarán el 4% sobre el excedente de un peso. Si ese excedente supera los 125.000 pesos, la alícuota pasa al 4,075%. En el caso de familiares indirectos, si heredaron 50.001, pagarán 6% sobre ese peso excedente.
Fuentes cercanas al director de ARBA, Martín Di Bella, advirtieron que el 90% de las herencias son recibidas por familiares directos, por lo que serán mayoría los que paguen la alícuota más baja.
Desde el 1° de enero son afectadas por este gravamen las herencias, legados y donaciones.
Incluye a todos los bienes de las personas residentes en la Provincia al momento de la transmisión o cesión.
En el debate del proyecto se había cuestionado el espíritu de la norma porque “con un piso tan bajo”, el impuesto perdía su carácter progresivo y fija el alcance en un universo mayoritario.
El 24 de diciembre el Poder Ejecutivo realizó la promulgación con la publicación en el Boletín Oficial. Esta semana fue reglamentada por la Agencia de Recaudación para cumplimentar el trámite.
¿Cuáles son los bienes afectados? Además de los inmuebles, automóviles, aeronaves, acciones en sociedades comerciales o empresarias y títulos públicos o privados.
ARBA podrá actuar sobre propiedades del fallecido radicadas fuera de la Provincia.
El riesgo, suponen algunos legisladores, es que en valores tan acotados como establece la ley, las familias no podrían hacer frente al tributo sin afectar el patrimonio legado. Según el senador José Zingoni (GEN), “los deudos deberán asumir el pago de una suma significativa que, de no contar con el efectivo va a derivar en la venta de los bienes en cuestión”.
La Ley 14.200 habla de “enriquecimiento gratuito”. En esos casos de valores menores el enriquecimiento se tornaría relativo.
Con autorización judicial, ARBA podría acceder a conocer lo que hay dentro de una caja de seguridad. Requiere de elementos que respalden la sospecha de elusión tributaria del fallecido u otra maniobra ilegal. Es ineludible la intervención judicial.
Buenos Aires hace punta con este impuesto. Tiene necesidades recaudatorias y por eso incrementó el Inmobiliario Urbano y Sellos. Este tributo reglamentado sobre la transmisión gratuita de bienes espera ser más exitosa que la última experiencia en Nación. En 1975 se aplicó y apenas hubo una cosecha del 0,0065 por ciento del total de los ingresos tributarios. Diez años después, Raúl Alfonsín envío un proyecto al Congreso y sólo recibió media sanción.
Fuente: Clarín. Buenos Aires, 29/01/11.
Argentina: Avanzada gubernamental contra el Lavado de dinero genera dudas y controversias
Avanzada gubernamental contra el Lavado de dinero genera dudas y controversias en Argentina
Desde los primeros días del 2011 el gobierno argentino, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), ha anunciado doce normativas para prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Actividades como la venta de vehículos e inmuebles, uso tarjetas de crédito y cheques de viajero, apuestas en casinos y bingos, las pólizas de seguros, transferencias bancarias, transporte de caudales, ventas de obras de arte y antigüedades, entre otras actividades comerciales, financieras y profesionales, serán examinadas por el Estado, siempre que se enciendan las alarmas por los montos en juego en cada una de las operaciones.
La Resolución 2511, publicada en Boletín Oficial (fecha), que obliga a ciertos profesionales de ciencias económicas a reportar ante la UIF eventuales maniobras de lavado de dinero que pudieran detectarse en la preparación de las declaraciones juradas, despertó las primeras reacciones.
Según reporta el portal infobae.com, voceros de la Federación de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) manifiestan que la medida es de “difícil cumplimiento, en lo inmediato”.
Guillermo Fernández, secretario de dicha organización, argumentó que «con esta medida se incorpora a los profesionales independientes que presentan declaraciones juradas, pero siempre hay que tener en cuenta que cumplen una función de asesoramiento”.
Explicó que el problema está en que las declaraciones juradas se hacen en base a la información suministrada por los clientes.
La resolución incluye a las personas físicas que posean un activo superior a los 3 millones de pesos o hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año, de acuerdo con la información proveniente de los estados contables auditados.
De acuerdo con el portal web oficial de la FACPCE “el proyecto inicial de la UIF comprendía como sujetos obligados a todos los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales en Ciencias Económicas”.
Eso significaba que pasaban a ser sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas todos los profesionales en Ciencias Económicas matriculados -contadores, actuarios, licenciados en administración y en economía- por los trabajos profesionales que realizaran con cualquier tipo de cliente. Ahora esta exigencia se circunscribe sólo a los contadores que actúan como auditores externos y síndicos societarios.
La intervención realizada por el gremio logró limitar la propuesta inicial a través de la realización de varias reuniones en el seno de la UIF, y de la presentación de un proyecto.
“De esta forma, los demás profesionales en ciencias económicas, pese a estar incluidos en la ley 25.246, (la cual creó la UIF en el año 2000) no tendrán obligación de informar operaciones sospechosas y no están incluidos en la Resolución 25/11”, señala FACPCE en su página web.
Entre algunas de las circunstancias “sospechosas”, especificadas en los formatos que auditores externos y síndicos societarios están obligados a reportar, podemos señalar:
· Operaciones con empresas Off Shore, o con personas físicas o jurídicas radicadas en países o territorios no cooperativos (FATF/GAFI).
· Incrementos o decrementos significativos en los volúmenes operados o registrados en distintas cuentas u operatorias.
· Cancelaciones anticipadas de préstamos.
· Cancelaciones anticipadas de pólizas de seguros.
· Valuaciones correspondientes a acciones intangibles o revalúos técnicos que no parezcan acordes con los bienes de referencia.
Control al dinero plástico
Cuando todavía se debatía las repercusiones de la normativa 25/11, la UIF publicó en Gaceta Oficial una nueva medida que tiene como norte impedir el uso de tarjetas de crédito y cheques de viajero, para canalizar fondos de procedencia ilícita.
En resumen, la nueva resolución 27/11 tiene las siguientes implicaciones y las compañías emisoras tienen plazo hasta el 1 de abril de 2011, para adecuarse a los nuevos requerimientos:
Se considerará cliente tanto al usuario titular como a los adicionales o beneficiarios de extensiones, y a los proveedores de bienes o servicios o comercios adheridos.
Las operadoras deberán adoptar políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, elaborar un manual de procedimientos y designar a una persona como Oficial de Cumplimiento.
Las compañías emisoras estarán obligadas a exigir una declaración jurada a sus clientes cuando éstos soliciten una emisión de cheques de viajero superior a 5.000 pesos o tengan tarjetas con un límite de compra por encima a esa cantidad.
En el caso en que el cliente solicite la emisión de cheques de viajero por un monto superior a 20.000 pesos o en caso que la tarjeta de crédito o de compra tenga un límite de crédito superior a ese monto, se deberá requerir además de la declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos la correspondiente documentación respaldatoria que sustente el origen declarado de los fondos.
Las empresas deberán realizar perfiles transaccionales de sus clientes y hacer seguimiento a las operaciones que efectúen.
Las compañías emisoras deberán informar cualquier operación de sus clientes considerada «sospechosa».
El titular de la UIF, José Sbatella, aclaró que estas nuevas reglas se harán sentir sobre los nuevos usuarios. “Los que ya tengan un historial crediticio ni se van a enterar de esta normativa”, dijo a los medios.
Para quienes ya tienen una tarjeta de crédito, se activarán los alertas cuando registren un nivel de consumo por encima de su promedio mensual. En ese caso, la empresa emisora deberá requerirle información sobre esos gastos.
Sbatella indicó que tendrán como blanco especial el uso de las “tarjetas prepagas”, que pueden ser una vía para lavar dinero.
Existirá especial supervisión con las denominadas “Tarjetas Prepagadas”, las cuales “se cargan” con fondos y luego se usan libremente, lógicamente hasta que se agota el fondo.
Quedan exceptuadas las “Tarjetas Prepagas no Recargables” emitidas por entidades no financieras para ser usadas exclusivamente en un establecimiento comercial determinado, cuyo valor individual no supere los 2.000 pesos, siempre y cuando el total de tarjetas compradas por el cliente no supere los 10.000 pesos, dentro del mes calendario.
Sbatella explicó que “nada de lo que exige es nuevo, lo nuevo es que los bancos deben informarlo”, aseguró.
Sin embargo, algunos analistas económicos consultados por la prensa de Buenos Aires han argumentado que debido a la inflación, la mayoría de los bancos emisores actualizaron los montos, lo que hizo que el límite establecido por la UIF para los controles involucre a más del 70% de los 14,3 millones de titulares de tarjetas del sistema financiero.
En primer término esto fue entendido como un mecanismo que afectaría a millones de consumidores argentinos en la cotidianidad de sus operaciones comerciales; se creía que alcanzaría a todos los usuarios de tarjetas de crédito con límites superiores a 5.000 pesos, por lo cual tuvo que ser aclarado en medio de una avalancha de críticas. La máxima autoridad de la UIF aclaró que «la nueva reglamentación es una responsabilidad para el banco, no para sus clientes. Tiene que ver con el proceso de auditoría interna y con conocer a sus clientes».
Sbatella reiteró que «no hay una persecución al usuario de una tarjeta, sino medidas reforzadas para las administradoras de tarjetas o de cheques de viajero, que al momento de otorgamiento deberán asegurarse, de la mejor manera, de la capacidad del cliente, de su debida identificación«.
UFI se adapta
Diferentes actividades económicas y financieras en Argentina deberán ajustarse a todo un cuerpo de normas, las cuales establecen obligaciones de informar sobre operaciones que puedan entrar en la categoría de sospechosas.
Este esquema necesariamente apunta a la necesidad de una mayor diversificación, entrenamiento, pericia técnica y observación de datos objetivos, dada la sofisticación de los mecanismos de acción del crimen organizado.
Desde el próximo 1 de abril, el país sureño contará con un sistema electrónico para el Reporte de Operaciones Sospechosas, según el portal web de la UFI.
Además, realizarán anualmente informes sobre la calidad de los reportes sistemáticos y de transacciones susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de activos o relacionadas con actos terroristas, recibidos de los sujetos obligados. En los próximos días se espera el anuncio de nuevas medidas de control.
En octubre 2010, el GAFI formuló cuestionamientos contra la Argentina, porque no respetar 47 de las 49 normas que dictó ese organismo internacional para combatir el lavado de dinero.
Recuento de las Resoluciones
En el siguiente listado ofrecemos un inventario de las normativas publicadas en Gaceta durante el mes de enero de 2010:
Resolución 11/2011: Medidas referidas a la prevención y detección de operaciones sospechosas de las Personas Expuestas Políticamente (PEP’s), una categoría a la que ahora pertenecen funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, los funcionarios extranjeros que se desempeñan en Argentina, autoridades sindicales y miembros de cámaras empresariales.
Resolución 194/2010: Nueva normativa sobre el tratamiento de la información obtenida de otra Unidad al amparo de los mecanismos de intercambio existentes en materia de prevención y castigo al lavado de divisas y la financiación del terrorismo.
Resolución 18/2011: Establece procedimientos que deberán observar las personas físicas o jurídicas dedicadas a la explotación de juegos de azar. Las apuestas a través de Internet y otros medios electrónicos son objeto de los mecanismos de control antilavado, imponiendo a quienes los explotan las mismas obligaciones que rigen para los casinos, bingos, loterías e hipódromos.
Resolución 19/2011: Impone nuevas obligaciones a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), encargada de fiscalizar a las personas físicas o jurídicas.
Resolución 21/2011: Destinada a escribanos públicos. Una de las obligaciones que añade a los notarios es la de extremar las medidas precautorias para evitar la utilización de “empresas pantalla” o “empresas vehículo”
Resolución 22/2011: Establece que la Comisión Nacional de Valores es el organismo de control de una serie de sujetos obligados entre los que figuran las sociedades emisoras, fondos comunes de inversión, calificadoras de riesgo, fideicomisos financieros, bolsas de comercio con y sin mercado de valores adherido.
Resolución 23/2011: Sobre medidas que deben cumplir los sujetos obligados, incluidas las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realizan operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
Resolución 24/2011: Establece medidas y procedimientos mínimos que deberán observar las empresas dedicadas al transporte de caudales.
Resolución 25/2011: Profundiza las medidas que deben cumplir los contadores públicos, que están obligados a emitir reportes sistemáticos mensualmente, mediante un sistema “on line”. Los profesionales de este sector que brindan asesoramiento impositivo se encontraban hasta ahora exceptuados, pero en lo sucesivo estarán comprendidos en las normas globales antilavado.
Resolución 26/2011: Referida a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos prendarios.
• 24 de enero 2011
Resolución 27/11: Se establece un régimen de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, aplicable específicamente a las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
• 26 de enero 2011
Resolución 28/2011: Indica la obligatoriedad que tienen los vendedores de arte y antigüedades, los marchands, los que se dediquen la exportación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales preciosos a presentar informes sobre las actividades de sus clientes habituales u ocasionales, para evitar el lavado de dinero.
En la declaración emitida tras la reunión de dos días, las autoridades de la Fed destacaron algunos progresos en los gastos de los consumidores, al afirmar que estos «repuntaron a fines del año pasado».
Sin embargo, reconocieron que la economía sigue siendo afectada por la alta tasa de desempleo, el lento crecimiento en los ingresos y la restricción en el crédito. Las empresas «siguen renuentes a aumentar las nóminas» y el sector de la vivienda «continúa deprimido».
Eso ya no parece probable. Ante las expectativas de que la tasa de desempleo permanezca alta y que la tasa de inflación subyacente siga baja por algún tiempo, el FOMC dijo que «continuará expandiendo sus tenencias de valores como se anunció en noviembre».
Washington, 20 ene (EFE).- La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó hoy a la compañía costarricense Provident Capital Indemnity (PCI) del fraude de más de 670 millones de dólares en bonos respaldados por seguros de vida en EEUU y el extranjero La acusación, formulada ante un tribunal del estado de Virginia, contempla cargos contra el presidente de la compañía Minor Vargas Calvo, de 59 años, y Jorge L. Castillo, de 55 años, que actuaba como «supuesto auditor externo».
«PCI está acusada de engañar a inversores de todo el mundo para que vendiesen más de 670 millones de dólares en bonos de garantía que luego resultaron carecer de valor», explicó el fiscal Neil H. MacBride.
Los acusados supuestamente defraudaron a miles de clientes distorsionando el valor de «bonos de garantía financiera», que estaban supuestamente respaldados por acuerdos de seguros de vida (acuerdos de vida y viáticos).
Provident Capital Indemnity «distorsionaba la capacidad de satisfacer sus obligaciones de pagos mediante fingidas auditorías», señaló en su comunicado la SEC. EFE
USA: El sector manufacturero revierte un prolongado declive
El sector manufacturero de EE.UU. empieza a revertir un prolongado declive
El sector manufacturero de Estados Unidos, considerado como una causa perdida por muchos en ese país, ha comenzado a crear más empleos de los que elimina por primera vez en más de una década.
El número de puestos fabriles subió 1,2%, o 136.000, el año pasado, gracias a la recuperación económica y a la gradual construcción o modernización de plantas por las grandes compañías, según datos del gobierno. Se trata del primer aumento desde 1997 y la cifra total crecerá de nuevo este año, según economistas de IHS Global Insight y Moody’s Analytics.
Entre las empresas que están contratando personal se encuentra las automotrices. Ford Motor Co. anunció la semana pasada que planeaba añadir 7.000 trabajadores en los próximos dos años.
Las previsiones de los economistas para este año —que apuntan a un incremento de unos 330.000 empleos manufactureros— no compensaría los casi seis millones de puestos perdidos desde 1997. Pero el sector debería contribuir modestamente al empleo en EE.UU. en los próximos dos años, afirman los analistas.
Tras la fuerte caída durante la recesión, la manufactura es «la estrella fulgurante de esta recuperación», afirma Thomas Runiewicz, economista de IHS. Runiewicz considera que el total de empleos fabriles en EE.UU. subirá a unos 12 millones. Hoy en día, los empleos del sector representan alrededor de 9% de todos los trabajos no agrícolas; el salario promedio para estos empleos es de unos US$22 por hora, o casi el doble del promedio para el sector de servicios, según datos oficiales.
A pesar de las previsiones optimistas, el crecimiento laboral podría seguir siendo modesto ya que muchas compañías están buscando maneras de mejorar la producción mediante una mayor eficiencia y la automatización, sin añadir más trabajadores.
«La manufactura va a ser una fuente significativa de crecimiento de empleo en los próximos 10 años», dice Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics. Zandi señala que las compañías que sobrevivieron la brutal recesión de 2008-2009 son ahora muy competitivas, al haber reducido considerablemente sus deudas y sus costos laborales, por lo que pueden permitirse su expansión. Además de seguir construyendo plantas en el extranjero para enfrentar la demanda en los mercados emergentes, también invertirán en plantas en EE.UU., dice el experto. En su opinión, el crecimiento del empleo fabril promediará cerca de 2% al año hasta 2015.
Este crecimiento se espera a medida que las compañías reemplazan maquinaria obsoleta, aprovechan incentivos fiscales, buscan ahorros energéticos y se dan cuenta de que les conviene producir algunos productos en casa, en lugar de transportarlos largas distancias. Además, una nueva exención fiscal estimularía las inversiones al permitir a las empresas deducir de sus ingresos sujetos a impuestos 100% de ciertos tipos de inversiones este año.
Whirpool Corp., que cuenta con 39 plantas en todo el mundo, incluyendo nueve en EE.UU., tuvo que tomar una difícil decisión el año pasado: qué hacer con su complejo manufacturero de hornos y vitrocerámica en Tennessee, de más de 100 años de antigüedad y calificada de «museo industrial» por Alan Holaday, director de manufactura para Norteamérica de Whirpool.
Una opción obvia era trasladar parte de la producción a México, donde Whirpool ya cuenta con varias plantas. Pero tras meses de estudio, la compañía decidió invertir US$120 millones en una nueva planta a escasos kilómetros de la antigua, en lo que será la primera fábrica nueva de Whirpool en EE.UU. desde mediados de los 90.
Si bien los costos laborales habrían sido menores en México, Whirpool encontró razones de peso para quedarse en Estados Unidos, como una fuerza laboral capacitada y la escalada de violencia relacionada con el narcotráfico en México.
En 1950, la manufactura aportaba 27% al PIB de EE.UU. En 2009, sólo 11%.
Fuente: The Wall Street Journal, 18/01/11.
España vuelve al rescate de las Cajas de Ahorro
España vuelve a intervenir para rescatar a las Cajas de Ahorro
Por Sara Schaefer Muñoz y Jonathan House
España planea inyectar miles de millones de euros al atribulado sistema de Cajas de Ahorro (sociedades de ahorro y préstamo) para obligarlas a adoptar estructuras más transparentes, dijeron fuentes cercanas. La medida equivale a un reconocimiento de que los esfuerzos previos para sanear las finanzas del sector han, en su mayor parte, fracasado.
El gobierno espera que la iniciativa disipe las dudas de los inversionistas respecto a la salud de sus finanzas. El país ya combate los rumores de que podría verse forzado a solicitar un rescate, lo que ha pesado sobre la cotización del euro. El temor a que las Cajas de Ahorro no puedan acudir a los mercados para recaudar capital y no tengan más remedio que depender de los fondos del gobierno fue una de las razones por la que la clasificadora de riesgo Moody’s Investors Service colocó el mes pasado la calificación de la deuda española en revisión de cara a una posible rebaja.
No obstante, la necesidad de recaudar capital fresco, que según algunas estimaciones podría ascender a US$30.000 millones de euros (US$40.160 millones) podría tensar aún más las finanzas españolas.
Los economistas calculan que el país necesita captar 125.000 millones de euros en 2011 (US$106.782 millones) para cubrir su déficit y refinanciar deuda que vence. El banco de inversión suizo UBS estima que el costo final del saneamiento de las Cajas fluctuaría entre los 20.000 millones de euros y los 120.000 millones de euros.
Las Cajas de Ahorro siguen siendo un dolor de cabeza para el gobierno español.
En una primera etapa, España prepara la emisión de un bono de 3.000 millones de euros que irán a parar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), su fondo de recapitalización de la banca. El gobierno estaría diseñando planes para recaudar más de 30.000 millones de euros, según fuentes cercanas a las conversaciones, aunque algunos recalcan que la cifra podría ser inferior.
Sus juntas directivas están conformadas por políticos locales, sindicalistas, clientes y, en algunos casos, sacerdotes católicos, muchos de los cuales han sido renuentes a ceder su influencia.
Estas entidades financieras, cuyos activos bordean 1,3 billones (millones de millones) de euros, 42% del total del sistema bancario, fueron las grandes perdedoras tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y sus carteras incobrables y pérdidas potenciales podrían ser cuantiosas.
El año pasado, el gobierno español forzó una oleada de fusiones que redujo el número de Cajas de 45 a 17, pero sus estructuras confusas han ahuyentado a los inversionistas.
El objetivo de la actual reestructuración es obligar a la Cajas a colocar todos sus activos en un holding central y racionalizar su administración, haciéndolas más parecidas a los Bancos tradicionales y más atractivas para los inversionistas privados, dicen fuentes cercanas. Los cambios estructurales podrían implementarse mediante una ley o como una condición previa para acceder a los fondos fiscales.
Las nuevas medidas constituyen, asimismo, un reconocimiento de que el reordenamiento impulsado el año pasado no funcionó. El gobierno creó el FROB y le inyectó 9.000 millones de euros, pero los matrimonios forzados fueron difíciles de ejecutar en la práctica.
Las juntas directivas de las Cajas fusionadas mantuvieron disputas internas sobre toda clase de asuntos, desde la remuneración de los ejecutivos hasta el horario de apertura de las sucursales.
Lo más preocupante es que las Cajas fusionadas se toparon con obstáculos a la hora de levantar fondos. En la mayoría de los casos, no fusionaron totalmente sus activos, sino que se limitaron a poner sólo una parte de ellos bajo el control de un holding central.
Los inversionistas quedaron desconcertados. La firma de capital privado J.C. Flowers, que en julio se comprometió a comprar 450 millones de euros en deuda de Banca Cívica, una combinación recién formada de cinco Cajas en Madrid, dejó en suspenso su inversión hasta evaluar la integración final de la institución, dijo una persona cercana al fondo.
A fines de noviembre, el Banco de España exhortó públicamente a las Cajas a acelerar la combinación de sus negocios y la reducción de sus costos. La semana pasada, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó la recapitalización de los Bancos como un «objetivo urgente».
La presión parece haber surtido algún efecto. Algunas Cajas de Ahorro decidieron abandonar su modelo descentralizado y transformarse en entidades más parecidas a los Bancos. Cajastur, por ejemplo, anunció a fines del mes pasado que centralizará el 100% de sus activos.
El gobierno esperará para dar un ultimátum hasta que analice la información detallada sobre el tipo y la calidad de los préstamos que las Cajas otorgaron al sector inmobiliario, dijeron fuentes cercanas. Esa información será hecha pública por primera vez a fines de este mes y en febrero.
El mensaje desde Alemania sobre hacer algo más que respaldar un fondo permanente es «nein, nein y nein«. Los alemanes, los holandeses y los fineses esperan que la periferia europea incremente aún más la austeridad para poder optar a rescates.
Si la respuesta es «pobreza», la tentación de declarar la suspensión de pagos será difícil de resistir. Aunque signifique la salida del euro.
En España, Rafael Pampillón, profesor de Economía de IE Business School, destaca que la marcha de la economía dependerá mucho de las reformas pendientes que lleve a cabo el Gobierno: «si se alarga la edad de jubilación (de los 65 hasta los 67 años), tal y como está barajando el Gobierno, si se incluye el copago sanitario (Estado-paciente), que ya está instaurado prácticamente en toda Europa, o se liberaliza la negociación colectiva. También habrá que ver el coste que supondrá reestructurar las Cajas de Ahorro».
Pampillón cree que, en 2011, «la deuda pública seguirá creciendo, aunque a tasas cada vez menores (por la política fiscal menos expansiva), situándose en el 70% en 2011 (desde el 64,5% en 2010) y un 73% para 2012. Las previsiones de la Comisión Europea sobre la evolución del déficit público en el país son de un 9,3% para este año 2010, un 6,4% para 2011 y un 5,5% 2012, que aún nos sitúan lejos del 3% que exigen los compromisos europeos».
A este escenario hay que sumar la posibilidad de que, en línea con lo ocurrido en 2010, la inflación siga su racha alcista por el aumento de los precios de las materias primas. Ese año, en España los precios de los bienes de consumo subieron el 2,9%, frente al 2,2% de la eurozona. Pampillón también prevé que haya un incremento de los tipos de interés «por el coste que supone para la banca buscar financiación. Al ser más caro, esto va a repercutir en los créditos a las empresas y las hipotecas».
Pero, en su opinión, el punto más preocupante de la economía española es y seguirá siendo el alto desempleo. Según las predicciones de la Comisión Europea en 2011 aumentará hasta un 20,2% mientras que otras instituciones, como Caja Madrid, lo sitúan en el 20,5% de la población activa. «Estos altos niveles de paro harán muy difícil que mejore el bienestar de la población española», comenta.

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