Source: http://conflictuslegum.blogspot.com/2015/02/
Timestamp: 2019-04-24 15:55:26+00:00

Document:
Conflictus Legum: 1/02/15 - 1/03/15
Congreso de los Diputados - Proyectos de Ley sobre modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
-Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 130-1, de 27.2.2015).
Nota: En la exposición de motivos de este proyecto de ley se afirma que su objeto es introducir los cambios jurídicos-procesales y sustantivos necesarios en aquellos ámbitos considerados como materia orgánica, al incidir en los derechos fundamentales y libertades públicas establecidos en los arts. 14, 15, 16, 17.1, 18.2 y 24 de la Constitución. Se pretende la mejora de los instrumentos de protección, a los efectos de continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado, que sirva de marco a las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación de protección de menores, con independencia de su situación administrativa, en caso de extranjeros. Así, el artículo primero modifica la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor; el artículo segundo hace lo propio con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; la disposición final recoge las modificaciones correspondientes a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; y la disposición final segunda modifica la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
En este proyecto de ley cabe destacar específicamente el artículo primero, número tres, en el que se modifica el art. 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se refiere al respeto a los convenios internacionales en la materia:
"Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y de los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, discapacidad o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.
-Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 131-1, de 27.2.2015).
Nota: En la exposición de motivos se resumen las modificaciones realizadas en el artículo primero a la la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se afirma que éstas se refieren, básicamente, a la adaptación de los principios de actuación administrativa a las nuevas necesidades que presenta la infancia y la adolescencia en España, tales como la situación de los menores extranjeros, los que son víctimas de violencia y la regulación de determinados derechos y deberes.
Con la modificación del art. 10 se refuerzan las medidas para facilitar el ejercicio de los derechos de los menores y se establece un marco regulador adecuado de los relativos a los menores extranjeros, reconociendo, respecto de los que se encuentren en España y con independencia de su situación administrativa, sus derechos a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales, tal y como se recogen en la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del sistema nacional de salud. Asimismo, se reconoce el derecho a obtener la preceptiva documentación de residencia a todos los menores extranjeros que estén tutelados por las entidades públicas una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen.
En el art. 18 se regula por vez primera la competencia de las entidades públicas respecto a la protección de los menores españoles en situación de desprotección en un país extranjero y el procedimiento a seguir en caso de traslado de un menor protegido desde una Comunidad Autónoma a otra distinta, cuestiones no contempladas hasta el momento. Así, el art. 18.6 prevé la aplicación del Reglamento 2201/2003 y, para los casos en los que no sea aplicable, el Convenio de La Haya de 1996.
En el art. 19 bis se prevé la reagrupación familiar de los menores extranjeros no acompañados.
Finalmente, en el art. 24 se contiene para la adopción nacional e internacional una remisión a lo establecido por la legislación civil aplicable.
El artículo segundo modifica el Código civil. En la exposición de motivos se resumen las reformas que afectan al DIPr. En primer lugar, se reforman los apartados 4, 6 y 7 del art. 9, normas de conflicto relativas a la ley aplicable a la filiación, a la protección de menores y mayores y a las obligaciones de alimentos. Estas modificaciones responden, por un lado, a la incorporación de normas de la UE e internacionales y adaptaciones terminológicas a las mismas y, por otro, a mejoras técnicas en la determinación de los supuestos de hecho o de los puntos de conexión y su precisión temporal. Por otro lado, en el art. 19 se introduce un nuevo apartado para prever el reconocimiento, por parte del ordenamiento jurídico español, de la doble nacionalidad en supuestos de adopción internacional, en los cuales la legislación del país de origen del menor adoptado prevé la conservación de su nacionalidad de origen.
Para los nuevos apartados 4, 6 y 7 del art. 9 se propone la siguiente redacción:
"4. La determinación y el carácter de la filiación por naturaleza se regirán por la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. A falta de residencia habitual del hijo, se aplicará la ley nacional del hijo en ese momento, y si el hijo careciere de residencia habitual y de nacionalidad, se aplicará la ley sustantiva española.
La ley aplicable al contenido de la filiación, por naturaleza o por adopción, y al ejercicio de la responsabilidad parental, se determinará con arreglo al Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, o normativa que lo sustituya.
6. La ley aplicable a la protección de menores se determinará de acuerdo con los convenios internacionales vigentes en España, en particular el Convenio de La Haya anteriormente referido.
7. La ley aplicable a las obligaciones alimenticias se determinará de acuerdo con los convenios internacionales vigentes en España, en particular el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias o texto legal que lo sustituya. En los casos no regulados por el Protocolo citado, se aplicará, en primer lugar, la ley de la residencia habitual del que reclama los alimentos. Si dicha ley no permite a la persona que los reclama obtener alimentos, se aplicará su ley nacional. En defecto de ambas leyes anteriores, o cuando ninguna de ellas permita la obtención de alimentos, se aplicará la ley sustantiva española que corresponda a la autoridad que deba decidir del asunto. En caso de cambio de la nacionalidad común o de la residencia habitual del alimentista, la nueva ley se aplicará a partir del momento del cambio."
Por otro lado, el nuevo art. 19.3 tendrá el siguiente contenido:
"3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, si de acuerdo con el sistema jurídico del país de origen el menor adoptado mantiene su nacionalidad, esta será reconocida también en España."
En el artículo tercero se modifica la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional. En relación con estas modificaciones, se afirma en la exposición de motivos que se clarifica el ámbito de aplicación de la ley que, en su redacción inicial, solo aludía al contenido de los títulos II y III, obviando el título I, y se define el concepto de adopción internacional a los efectos de la misma como lo hace el Convenio de La Haya de 1993, toda vez que con la definición que aparecía en el apartado 2 del artículo 1, las previsiones del título I no eran aplicables a muchos de los casos de adopciones internacionales sin desplazamiento internacional de los menores, habiéndose generado confusión en situaciones concretas.
Se deslindan las competencias de las diversas administraciones públicas. Se determinan como competencias de la Administración General del Estado, por afectar a la política exterior, la decisión de iniciar, suspender o limitar la tramitación de adopciones con determinados países, así como la acreditación de los Organismos para actuar como intermediarios en las adopciones internacionales, sin perjuicio de la necesaria intervención de las Entidades Públicas de las Comunidades Autónomas.
Se mantiene la competencia autonómica para el control, inspección y seguimiento de los organismos acreditados en cuanto a sus actuaciones en su territorio pero se prevé que la Administración General del Estado sea la competente para el control y seguimiento respecto a la intermediación que el Organismo acreditado lleva a cabo en el extranjero.
Se refuerzan las previsiones de garantía de las adopciones internacionales señalando que solo podrán realizarse a través de la intermediación de Organismos acreditados y en los casos de países signatarios del Convenio de La Haya y con determinadas condiciones por la intermediación de las Entidades Públicas. Se refuerzan en los arts. 4, 6 y 26 los controles sobre los beneficios financieros indebidos.
Se detallan con mayor claridad en el art. 11 las obligaciones de los adoptantes, tanto en la fase preadoptiva, dado que la información y formación previa es la mayor garantía para el éxito de las adopciones, como en la fase postadoptiva mediante el establecimiento de consecuencias jurídicas del incumplimiento de las obligaciones postadoptivas a las que los progenitores y las administraciones públicas están obligadas respecto de los países de origen de los menores.
Se introducen importantes modificaciones en las normas de DIPr. que básicamente responden a las siguientes cuestiones: suprimir las referencias a la modificación y revisión de la adopción, figuras jurídicas inexistentes en nuestro Derecho (art. 15); mejorar la regulación de la adopción consular circunscribiéndola a los supuestos en los que no se precisa propuesta de la entidad pública (art. 17); establecer la imposibilidad de constituir adopciones de menores cuya ley nacional las prohíba, con alguna matización, para evitar la existencia de adopciones claudicantes que atentan gravemente a la seguridad jurídica del menor (art. 19.4); modificar los presupuestos de reconocimiento de adopciones constituidas por autoridades extranjeras, reformulando el control de la competencia internacional de la autoridad extrajera a través de la bilateralización de las normas españolas de competencia previstas en los arts. 14 y 15 de la ley, lo que permite a la autoridad que reconoce realizar su función sin tener que acudir a una compleja e innecesaria prueba de derecho extranjero. Por otra parte, se sustituye el presupuesto del control de la ley aplicada o aplicable, ajeno al sistema español de reconocimiento de decisiones y resoluciones extranjeras, por el de la no contrariedad de la adopción constituida en el extranjero con el orden público español, concretando este concepto jurídico indeterminado en los casos de adopciones en las que el consentimiento de la familia de origen no ha existido, no ha sido informado o se ha obtenido mediante precio, para evitar que en este ámbito de la adopción internacional se produzcan supuestos de "niños robados".
Se modifica el art. 24 para regular la cooperación internacional de autoridades en los casos de adopciones realizadas por adoptante español y residente en el país de origen del adoptado.
Por último, y en relación con las otras medidas de protección de menores, se introduce la oportuna referencia a dos Reglamentos de la UE y un Convenio de La Haya esenciales en esta materia, y se mejora el sistema de reconocimiento en España de estas medidas, de forma similar a la prevista en el derecho francés, recientemente avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso "Harroudj c. Francia", de 4 de enero de 2013.
De este modo, se procede a la modificación de los siguientes preceptos de la LAI: arts. 1; 2.2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14.2; 15; 17; 18; 19; 22; 24; 26.1; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33 y 34.
Se deroga la disposición adicional única de la LAI, referida a las Entidades Públicas de Protección de Menores (disposición derogatoria única).
Finalmente, en el artículo cuarto se contienen las modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento civil, en la que cabe destacar la regulación, en el art. 1832, del procedimiento, la competencia y los requisitos para la conversión de la adopción simple o no plena constituida por autoridad extranjera en adopción regulada por el derecho español, materia en la que existía una laguna. Para el art. 1832 se propone la siguiente redacción:
"En los casos de adopción internacional se estará a lo previsto en el artículo 9.5 del Código Civil y en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, así como a lo establecido al respecto en los Tratados y Convenios internacionales en que España sea parte y, en especial, en el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional."
Etiquetas: Cortes Generales, D.Familia, D.Obligaciones, D.Persona, DPCI, Extranjería, Ley aplicable, Nacionalidad, Proyectos
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (26.2.2015)
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 26 de febrero de 2015, en el Asunto C‑359/13 (Martens): Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Artículos 20 TFUE y 21 TFUE — Nacional de un Estado miembro — Residencia en otro Estado miembro — Estudios cursados en un país o territorio de ultramar — Mantenimiento de la concesión de la financiación para estudios superiores — Requisito de residencia de “tres años de seis” — Restricción — Justificación.
Fallo del Tribunal: "Los artículos 20 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que supedita el mantenimiento de una financiación de los estudios superiores cursados fuera de ese Estado al requisito de que el estudiante que solicita tal financiación haya residido en el referido Estado durante un período de al menos tres de los seis años anteriores a su matriculación en los citados estudios."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 26 de febrero de 2015, en el Asunto C‑472/13 (Shepherd): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Asilo — Directiva 2004/83/CE — Artículo 9, apartado 2, letras b), c) y e) — Normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados — Requisitos para ser considerado refugiado — Actos de persecución — Sanciones penales contra un militar de los Estados Unidos que se niega a prestar servicios en Irak.
"1) El artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que:
— cubre a todo el personal militar, incluido el personal logístico o de apoyo;
— se refiere a la situación en la que el propio cumplimiento del servicio militar supondría, en un conflicto determinado, cometer crímenes de guerra, incluidas las situaciones en las que el solicitante del estatuto de refugiado participaría sólo indirectamente en la comisión de tales crímenes, dado que, mediante el ejercicio de sus funciones, proporcionaría, con una verosimilitud razonable, un apoyo indispensable a la preparación o la ejecución de éstos;
— no se refiere exclusivamente a las situaciones en las que se ha demostrado que ya se han cometido crímenes de guerra, o éstos están ya siendo enjuiciados por la Corte Penal Internacional, sino también a aquellas en las que el solicitante del estatuto de refugiado puede demostrar que es altamente probable que se cometan tales crímenes;
— la apreciación de los hechos que incumbe realizar únicamente a las autoridades nacionales, bajo control del juez, para calificar la situación del servicio controvertido debe fundarse en un conjunto de indicios que pueda demostrar, vistas todas las circunstancias en cuestión, en especial las relativas a los hechos pertinentes relativos al país de origen en el momento de resolver sobre la solicitud y a la situación particular y a las circunstancias personales del solicitante, que la situación del servicio hace verosímil la comisión de los crímenes de guerra alegados;
— el hecho de que la intervención armada se haya iniciado sobre la base de un mandato del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas o de un consenso de la comunidad internacional y de que el Estado o los Estados que llevan a cabo las operaciones castiguen los crímenes de guerra debe tenerse en cuenta en la apreciación que incumbe a las autoridades nacionales, y
— la negativa a cumplir el servicio militar debe ser el único medio que permita al solicitante del estatuto de refugiado evitar su participación en los crímenes de guerra alegados y, en consecuencia, si éste se ha abstenido de hacer uso de un procedimiento al objeto de obtener el estatuto de objetor de conciencia, tal circunstancia excluye cualquier protección con arreglo al artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 2004/83, a menos que dicho solicitante demuestre que no podía hacer uso de ningún procedimiento de este tipo en su situación concreta.
2) El artículo 9, apartado 2, letras b) y c), de la Directiva 2004/83 debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, no parece que las medidas a las que se expone un militar por negarse a cumplir su servicio, como la condena a una pena de prisión o la expulsión del ejército, puedan considerarse, habida cuenta del ejercicio legítimo por parte del Estado de que se trate de su derecho a mantener unas fuerzas armadas, desproporcionadas o discriminatorias hasta el punto de estar incluidas en los actos de persecución a los que se refiere dicho artículo. No obstante, incumbe a las autoridades nacionales comprobar este extremo."
Nota: Es de destacar que esta disposición lleva fecha de 26 de noviembre de 2014, esto es, de hace tres meses, y que el Reglamento 1215/2012 se viene aplicando desde el 10 de enero de 2015. Esto me confirma una vez más la sensación que tengo de que la UE de cada día es más chapucera. Es difícilmente justificable que se hayan tardado tres meses en publicar estas modificaciones cuando llevamos mes y medio aplicando el Reglamento.
El motivo de la modificación de los anexos I (formulario del certificado relativo a una resolución en materia civil y mercantil) y II (formulario del certificado relativo a un documento público/una transacción judicial en materia civil y mercantil) del Reglamento 1215/2012 es, por un lado, que Letonia adoptó el euro a partir del 1.1.2014, por lo que deben suprimirse de los actuales formularios todas las referencias a la antigua moneda de Letonia. Por otro lado, Lituania adoptó el euro a partir del 1.1.2015, por lo que también deben suprimirse de los formularios todas las referencias a la moneda de Lituania. Finalmente, con la adhesión de Croacia a la UE el 1.7.2013, era preciso incluir en los formularios las referencias a Croacia y a su moneda.
Véase el Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, así como la entrada de este blog del día 20.12.2012.
[DOUE L54, de 25.2.2015]
Publicado por Federico Garau a las 18:39:00 No hay comentarios:
Publicado por Federico Garau a las 18:22:00 No hay comentarios:
Bibliografía (Artículo doctrinal) - Interpretación y traducción
Interpretar lenguas es interpretar culturas
Pilar DE LUNA Y JIMÉNEZ DE PARGA, Magistrada de lo Penal de Madrid. Perteneciente al grupo de Jueces para la Democracia
Diario La Ley, Nº 8487, Sección Tribuna, 24 de Febrero de 2015, Ref. D-69
LA LEY 1178/2015
Parece que algunos legisladores, cegados por un material resplandeciente que luce entre el suelo de mármol que pisan cada día, olvidan las pesadillas de los que sufren, que no son los profesionales que ahora gritamos en solitario, sino los hombres y mujeres que hablan otras lenguas y llegan a nuestra tierra sin libros en las manos, y que por alguna razón caen en las redes de la policía. Así es como percibo a esta España galdosiana, de la que creo que nunca nos hemos separado.
Nota: Véase la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, así como la entrada de este blog del día 26.10.2010. Véase también la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, y la entrada de este blog del día 1.6.2012.
-Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se nombra a los miembros de los Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
Nota: Las personas que componen el Comité Asesor 9 (Derecho y Jurisprudencia) son las siguientes:
Presidente: Don Luis Jimena Quesada, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.
-Don Ernesto Eseverri Martínez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada.
-Doña María Ángeles Egusquiza Balmaseda, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra.
-Doña Esperanza Gallego Sánchez, Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante.
-Doña Paz de Andrés Sáenz de Santamaría, Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo.
-Doña Arantzazu Vicente Palacio, Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad Jaume I de Castellón.
-Don Fernando López Ramón, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.
-Don José Luis Cuesta Arzamendi, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco.
-Don Luis Prieto Sanchís, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha.
-Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se prorroga el derecho a asistencia sanitaria para todos aquellos beneficiarios de prestación económica, por razón de necesidad, a favor de los españoles residentes en el exterior que acreditasen esta condición a 31 de diciembre de 2014.
Nota: Se mantiene el derecho a la protección de asistencia sanitaria hasta el 31.12.2015 para todos los españoles residentes en el exterior que hubieran acreditado la condición de beneficiario de prestación económica por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior a 31.12.2014.
Véase el Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados.
[BOE n. 47, de 24.2.2015]
Publicado por Federico Garau a las 17:32:00 No hay comentarios:
[Versión provisional hasta tanto se publique en EURLex la versión en HTML, que permite acceder de forma individualizada a los documentos]
-Dictamen 2/13: Dictamen del Tribunal de Justicia (Pleno) de 18 de diciembre de 2014 — Comisión Europea (Dictamen emitido en virtud del artículo 218 TFUE, apartado 11 — Proyecto de acuerdo internacional — Adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales — Compatibilidad de dicho Proyecto con los Tratados UE y FUE)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 18.12.2014.
-Asunto C-87/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/X (Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Normativa tributaria — Impuesto sobre la renta — Sujeto pasivo no residente — Deducibilidad de los gastos relativos a un monumento histórico habitado por su propietario — No deducibilidad en el caso de un monumento que no está registrado como monumento protegido en el Estado de imposición a pesar de estarlo en el Estado de residencia)
-Asunto C-133/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën/Q (Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Legislación tributaria — Impuesto sobre sucesiones — Exención de una «finca rústica» — No exención en el caso de una finca situada en el territorio de otro Estado miembro)
-Asunto C-202/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido) — The Queen, a instancia de: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez/Secretary of State for the Home Department [Ciudadanía de la Unión Europea — Directiva 2004/38/CE — Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros — Derecho de entrada — Nacional de un tercer Estado, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, en posesión de un tarjeta de residencia expedida por un Estado miembro — Legislación nacional que supedita la entrada en el territorio nacional a la obtención previa de un permiso de entrada — Artículo 35 de la Directiva 2004/38/CE — Artículo 1 del Protocolo (no 20) sobre la aplicación de determinados aspectos del artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al Reino Unido y a Irlanda]
-Asuntos acumulados C-400/13 y C-408/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de diciembre de 2014 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Amtsgericht Düsseldorf, Amtsgericht Karlsruhe — Alemania) — Sophia Marie Nicole Sanders representada por Marianne Sanders/David Verhaegen (C-400/13), Barbara Huber/Manfred Huber (C-408/13) (Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación en materia civil — Reglamento no 4/2009 — Artículo 3 — Competencia para resolver un recurso relativo a una obligación de alimentos respecto de una persona domiciliada en otro Estado miembro — Normativa nacional que establece una concentración de competencias)
-Asunto C-542/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle — Bélgica) — Mohamed M'Bodj/État belge (Procedimiento prejudicial — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 19, apartado 2 — Directiva 2004/83/CE — Normas mínimas relativas a los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria — Persona con derecho a la protección subsidiaria — Artículo 15, letra b) — Tortura o penas o tratos inhumanos o degradantes infligidos a un solicitante en su país de origen — Artículo 3 — Normas más favorables — Solicitante aquejado de una enfermedad grave — Falta de tratamiento adecuado disponible en el país de origen — Artículo 28 — Protección social — Artículo 29 — Asistencia sanitaria)
-Asunto C-562/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour du travail de Bruxelles — Bélgica) — Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve/Moussa Abdida [Procedimiento prejudicial — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 19, apartado 2, y 47 — Directiva 2004/ 83/CE — Normas mínimas relativas a los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria — Persona con derecho a la protección subsidiaria — Artículo 15, letra b) — Tortura o tratos inhumanos o degradantes infligidos a un solicitante en su país de origen — Artículo 3 — Normas más favorables — Solicitante aquejado de una grave enfermedad — Falta de tratamiento adecuado disponible en el país de origen — Directiva 2008/115/CE — Retorno de los nacionales de países terceros en situación irregular — Artículo 13 — Recurso jurisdiccional con efecto suspensivo — Artículo 14 — Garantías en espera del retorno — Necesidades básicas]
-Asunto C-507/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) el 13 de noviembre de 2014 — P/M
Cuestión planteada: "Habida cuenta de que se ha iniciado en un Estado miembro un procedimiento relativo a responsabilidades parentales, y de que existía otro procedimiento, con el que presenta una identidad de objeto y de causa, iniciado procesalmente en un momento anterior en otro Estado miembro diferente, procedimiento éste que entre tanto había sido suspendido al haberlo solicitado así la demandante en dicho procedimiento, sin que el demandado hubiera sido citado ni tenido conocimiento de su existencia ni participado en él en modo alguno, suspensión que se mantenía cuando dicho demandado inició el procedimiento referido en primer lugar, ¿debe considerarse, a la luz de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, y a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2, del citado Reglamento, que el procedimiento objeto de tal suspensión se inició en primer lugar?"
-Asunto C-561/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 5 de diciembre de 2014 — Caner Genc/Udlændingenævnet
"1) ¿Deben interpretarse la cláusula de «standstill» contenida en el artículo 13 de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adjunta al Acuerdo de 12 de septiembre de 1963 entre la Comunidad Económica Europea y Turquía por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, y/o la cláusula de «standstill» contenida en el artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional de 23 de noviembre de 1970, confirmado por el Reglamento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, en el sentido de que los requisitos nuevos y más estrictos para el acceso a la reagrupación familiar de miembros de la familia que no ejercen una actividad económica, incluidos los hijos menores de edad de nacionales turcos que ejercen una actividad económica y que residen y tienen un permiso de residencia en un Estado miembro, están comprendidos en el requisito de «standstill» habida cuenta de:
— la interpretación de las cláusulas de «standstill» realizada por el Tribunal de Justicia, en particular en sus sentencias Derin (EU:C:2007:442), Dülger (EU:C:2012:504), Ziebell (EU:C:2011:809) (Gran Sala) y Demirkan EU:C:2013:583) (Gran Sala),
— el objetivo y el contenido del Acuerdo de Ankara, tal como ha sido interpretado en particular en las sentencias Ziebell y Demirkan, y habida cuenta de que:
— el Acuerdo y los protocolos, decisiones, etc. adjuntos al mismo no contienen disposiciones en materia de reagrupación familiar, y
— la reagrupación familiar dentro de la Comunidad en aquel tiempo y la actual Unión Europea siempre ha estado regulada por el Derecho secundario, y en la actualidad por la Directiva sobre libre circulación (Directiva 2004/38/CE?
2) A la hora de responder a la cuestión 1, se solicita al Tribunal de Justicia que indique si cualquier derecho derivado a la reagrupación familiar de miembros de la familia de nacionales turcos que ejercen una actividad económica y que residen y tienen un permiso de residencia en un Estado miembro se aplica a los miembros de la familia de trabajadores turcos en virtud del artículo 13 de la Decisión no 1/80, o bien se aplica únicamente a miembros de la familia de trabajadores turcos por cuenta propia en virtud del artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional.
3) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1 en relación con la cuestión 2, se solicita al Tribunal de Justicia que señale si la cláusula de «standstill» contenida en el artículo 13, apartado 1, de la Decisión no 1/80 debe interpretarse en el sentido de que son lícitas las nuevas restricciones, que estén «justificadas por una razón imperiosa de interés general, sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo legítimo perseguido y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo» (más allá de lo establecido en el artículo 14 de la Decisión no 1/80).
4) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 3, se solicita al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones siguientes:
a) ¿Qué directrices deben utilizarse para realizar el examen de la restricción y la apreciación de la proporcionalidad? Se solicita al Tribunal de Justicia, entre otras cosas, que señale si deben seguirse los mismos principios establecidos en la jurisprudencia en materia de reagrupación familiar en relación con la libre circulación de ciudadanos de la Unión, que están basados en la Directiva sobre libre circulación (Directiva 2004/38) y las disposiciones del Tratado, o bien debe realizarse otra apreciación?
b) Si debe realizarse una apreciación distinta de la que se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de reagrupación familiar en relación con la libre circulación de ciudadanos de la Unión, se pide al Tribunal de Justicia que señale si la apreciación de la proporcionalidad realizada en relación con el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo al respeto a la vida familiar, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha de adoptarse como punto de referencia y, de no ser así, qué principios deben seguirse.
c) Con independencia de qué método de apreciación deba aplicarse:
¿Puede considerarse que una norma como la establecida en el artículo 9, apartado 13, de la Udlændingeloven (Ley danesa de extranjería), en virtud de la cual se establece como requisito para la reagrupación familiar entre una
persona que es nacional de un tercer país y tiene permiso de residencia y reside en Dinamarca, y su hijo menor de edad, si dicho hijo y el otro progenitor del mismo residen en el país de origen o bien en otro país, que el hijo tenga o pueda establecer vínculos con Dinamarca que le permitan una integración satisfactoria en Dinamarca, está «justificada por una razón imperiosa de interés general, es adecuada para garantizar la realización del objetivo legítimo perseguido y no va más allá de lo necesario para alcanzarlo»?"
[DOUE C65, de 23.2.2015]
Etiquetas: D.Obligaciones, D.Persona, DPCI, Extranjería, Fiscalidad, Jurisprudencia, M.Capitales, Reglamento Bruselas II, TJUE, UE
Bibliografía (Artículo doctrinal) - Comentarios al Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional
Diario La Ley, Nº 8486, Sección Tribuna, 23 de Febrero de 2015, Ref. D-67
LA LEY 1014/2015
Después de que haya transcurrido ya más de una década desde que comencé a tramitar exequátur en España —tanto de sentencias como de escrituras de divorcio extranjeras—, no puedo dejar de realizar los siguientes comentarios sobre el Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional, que hemos tenido conocimiento que fue aprobado por Consejo de Ministros el pasado 4 de julio de 2014.
Bibliografía (Artículo doctrinal) - El dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Código Mercantil
El dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Código Mercantil
Diario La Ley, Nº 8486, Sección Columna, 23 de Febrero de 2015
LA LEY 1015/2015
El dictamen del Consejo de Estado sobre el importante Anteproyecto del nuevo Código Mercantil ha hecho una valoración muy positiva de la iniciativa y de su resultado, pero ha formulado algunas críticas de fondo que sugieren una necesaria revisión de su texto antes de su elevación al Consejo de Ministros. El dictamen ha criticado la notable ampliación del ámbito de lo mercantil a costa o en perjuicio de regulaciones hasta ahora civiles, ha cuestionado la nueva noción de operadores de mercado como criterio para la aplicación de la legislación mercantil, especialmente en materia de obligaciones y contratos y ha defendido la necesidad de acotar adecuadamente la materia mercantil de la civil, de forma que el Código Civil continúe siendo el marco legal en que se establezca la regulación general común de las obligaciones en la contratación privada.
Nota: Véase el texto de la propuesta de Código mercantil, así como la entrada de este blog del día 24.6.2013.
Publicado por Federico Garau a las 13:50:00 No hay comentarios:
Etiquetas: Bibliografía, D.Comercio Internacional, D.Competencia, D.Obligaciones, D.Reales, D.Sociedades/P.Jurídicas, Internet, IP, Ley aplicable, Títulos valores
Seminario "Derecho y fiscalidad de las sucesiones mortis causa en España: una perspectiva multidisciplinar" (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)
"Derecho y fiscalidad de las sucesiones mortis causa en España: una perspectiva multidisciplinar"
Sevilla, 18-19 de marzo de 2015
Salón de Grados - Edificio nº 7 “Pedro R. Campomanes”
Seminario organizado en el marco del Proyecto de Excelencia SEJ-7089: “Las sucesiones transfronterizas en la UE: régimen jurídico y problemas fiscales”
El Seminario analizará las principales cuestiones que plantea en la actualidad el Derecho y la fiscalidad de las sucesiones mortis causa en España, desde la doble perspectiva del Derecho interno y del Derecho de la Unión Europea. Con la participación de expertos de reconocido prestigio se identificarán los problemas más relevantes y posibles vías de solución. Además, el Seminario servirá de foro académico abierto para que los interesados en la materia puedan realizar sus aportaciones en forma de comunicaciones sobre los aspectos jurídico-privados o tributarios de las sucesiones por causa de muerte.
1.ª Sesión: 18 de marzo (mañana)
Cuestiones actuales del Derecho de sucesiones en España (I)
9:00 – 9:30: Recepción de participantes
10:00 – 11:15: Libertad de testar vs. Legítima: ¿una reforma necesaria?, Francisco Capilla Roncero, Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Sevilla
11:15 – 11:45: Pausa-café
11:45 – 13:00: No sólo la legítima y la libertad de testar: otras reformas en nuestro Derecho de sucesiones, Jesús Delgado Echeverría, Catedrático de Derecho civil, Universidad de Zaragoza
13:00 – 14:15: Mesa de comunicaciones “Estado actual del Derecho de sucesiones en España y propuestas de reforma”
Leonor Aguilar Ruiz (Moderadora), Profesora Titular de Derecho civil, Universidad Pablo de Olavide
2.ª Sesión: 18 de marzo (tarde)
Cuestiones actuales del Derecho de sucesiones en España (II)
16:15 – 17:30: Las sucesiones internacionales, Andrés Rodríguez Benot, Catedrático de Derecho internacional privado, Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
18:00 – 19:15: El procedimiento para la división de la herencia, Rosario Romero Candau, Secretaria Judicial
19:15 – 20:30: Mesa de comunicaciones “Las sucesiones internacionales”
Alfonso Ybarra Bores (Moderador), Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Privado, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
3.ª Sesión: 19 de marzo (mañana)
La tributación de las sucesiones mortis causa en España (I): análisis desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea
9:45 – 10:00: Presentación, Francisco José Gallo Masero, Delegado AEDAF Andalucía (Sevilla) y Extremadura
10:00 – 11:15: La tributación de las sucesiones transfronterizas y el Derecho de la Unión Europea, Pedro Herrera Molina, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Nacional de Educación a Distancia
11:45 – 13:00: La tributación sucesoria de los no residentes en España, Aurora Ribes Ribes, Profesora Titular de Derecho financiero y tributario, Universidad de Alicante
13:00 – 14:15: Mesa de comunicaciones: “La tributación de las sucesiones mortis causa: principales problemas desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea”
Gloria Fernández Arribas (Moderadora), Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
4.ª Sesión: 19 de marzo (tarde)
La tributación de las sucesiones mortis causa en España (II): análisis desde la perspectiva del Derecho interno
16:15 – 17:30: El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: análisis constitucional, Juan Enrique Varona Alabern, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Cantabria, Miembro de AEDAF
18:00 – 19:15: El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: principales deficiencias de su regulación actual, Francisco Adame Martínez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Sevilla, Miembro de AEDAF
19:15 – 20:30: Mesa de comunicaciones: “La tributación de las sucesiones mortis causa: principales problemas desde la perspectiva del Derecho interno”
Montserrat Hermosín Álvarez (Moderadora), Profesora Contratada Doctora de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Presentación de comunicaciones (Call for papers):
Se abre un periodo de presentación de comunicaciones que deberán versar sobre las siguientes líneas temáticas:
1. Cuestiones actuales del Derecho de sucesiones en España
Estado actual del Derecho de sucesiones en España y propuestas de reforma.
Las sucesiones internacionales.
El procedimiento de división judicial de la herencia.
2. La tributación de las sucesiones mortis causa en España
Principales problemas desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea.
Principales problemas desde la perspectiva del Derecho interno.
Comunidades Autónomas e imposición sobre sucesiones.
El plazo para el envío de las propuestas de comunicación finaliza el 2 de marzo de 2015. Las propuestas deberán enviarse a "suctrue (at) upo.es" con los siguientes datos:
a) Nombre, profesión, institución a la que pertenece e información de contacto (email/tél.)
c) Resumen (máximo 500 palabras) del contenido de la comunicación en español o inglés, en el que se incida especialmente en su conexión con los temas objeto del Seminario.
Las propuestas serán revisadas por el Comité Científico, que comunicará a cada proponente su aceptación antes del 6 de marzo de 2015.
Las comunicaciones seleccionadas por el Comité Científico serán objeto de una breve exposición pública en las mesas de comunicaciones previstas en el programa del Seminario.
El texto definitivo de las comunicaciones deberá remitirse a los Directores del Seminario antes del día 30 de junio de 2015. La extensión máxima será de 15 páginas (incluyendo bibliografía y abstract), en Times New Roman 12 (notas a pie 10), interlineado sencillo, 3 cms. de margen.
Todas las comunicaciones aceptadas y entregadas en plazo serán publicadas en una obra colectiva con ISBN en una editorial jurídica de prestigio
Jesús Ramos Prieto, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
César Hornero Méndez, Profesor Contratado Doctor de Derecho Civil, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Javier Lasarte Álvarez, Profesor Emérito de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Manuel Rivera Fernández, Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Sevilla
Isaac Merino Jara, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad del País Vasco
Manuel Espejo Lerdo de Tejada, Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Sevilla
Fernando Fernández Marín, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Almería
Ignacio Colomer Hernández, Profesor Titular de Derecho Procesal, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Francisco Oliva Blázquez, Profesor Titular de Derecho Civil, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Alfonso Ybarra Bores, Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Privado, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
María José Trigueros Martín, Profesora Contratada Doctora de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Dirección de contacto: suctrue (at) upo.es
-Aranzadi Civil-Mercantil: 2014, núm. 8.
-Revista de derecho UNED - RDUNED: núm. 14 (2014).
-Revue de l'Arbitrage: Bulletin du Comité Français de l'Arbitrage: 2014, núm. 1; 2014, núm. 2.
-Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni: 2014, núm. 4.
Publicado por Federico Garau a las 13:02:00 No hay comentarios:
-Reglamento de Ejecución (UE) 2015/228 de la Comisión, de 17 de febrero de 2015, por el que se sustituyen los anexos I a VII del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.
Nota: Como ya se indica en el título de esta disposición, se modifica el anexo I (extracto de una resolución o transacción judicial en materia de obligación de alimentos no sometida a un procedimiento de reconocimiento y declaración de exequátur), el anexo II (extracto de una resolución o transacción judicial en materia de obligación de alimentos sometida a un procedimiento de reconocimiento y declaración de exequátur), el anexo III (extracto de un documento público con fuerza ejecutiva no sometido a un procedimiento de reconocimiento y declaración de exequátur), el anexo IV (extracto de un documento público con fuerza ejecutiva sometido a un procedimiento de reconocimiento y declaración de exequátur), el anexo V (solicitud con vistas a la adopción de medidas específicas), el anexo VI (formulario de solicitud de reconocimiento, de declaración de exequátur o de ejecución de una resolución en materia de obligaciones de alimentos) y el anexo VII (formulario de solicitud para obtener o modificar una resolución en materia de obligaciones de alimentos) del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008 (véase la entrada de este blog del día 10.1.2009).
[DOUE L49, de 20.2.2015]
-Declaraciones unilaterales sobre el artículo 8 del Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas.
Nota: Véase la Decisión del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, sobre la adhesión de Croacia al Convenio de 23 de julio de 1990 relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas, así como la entrada de este blog del día 13.12.2014.
[DOUE C62, de 20.2.2015]
Publicado por Federico Garau a las 17:53:00 No hay comentarios:
Etiquetas: D.Familia, D.Obligaciones, D.Sociedades/P.Jurídicas, DOUE, DPCI, Fiscalidad, Ley aplicable
Bibliografía (Artículo doctrinal) - Tratamiento legal y respuesta jurisprudencial ante el cyberbullying
Matones en la red: cyberbullying. Tratamiento legal y respuesta jurisprudencial
Marta ORTEGA BALANZA, Licenciada en Derecho e Historia UB, Profesora UAB e Investigadora UB; Luis RAMÍREZ ROMERO, Ex Magistrado-Juez sustituto, Abogado
Diario La Ley, Nº 8485, Sección Tribuna, 20 de Febrero de 2015, Ref. D-65
LA LEY 1012/2015
Las redes sociales han posibilitado que comportamientos agresivos que tradicionalmente requerían la inmediatez de agresor y víctima y que tenían como escenario un espacio público puedan prolongarse ahora en el ámbito privado de la víctima sin que esta pueda evadirse debido a la naturaleza móvil de los nuevos dispositivos tecnológicos. El «bully», término inglés que hace referencia al matón o abusón, se convierte en «cyberbullying» cuando ese comportamiento se lleva a cabo usando formas electrónicas de contacto. El presente artículo examina esta nueva forma de abuso desde el punto de vista social y penal y trata de responder a la pregunta de si nuestro Derecho penal es capaz de reaccionar frente a este ciberdelito desde los tipos penales tradicionales.
Enmiendas al proyecto de ley de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes
En el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados de hoy se publican las enmiendas al proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el art. 23 del Código Civil y se establece una tasa para determinados procedimientos de adquisición de la nacionalidad española (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 99-2, de 19.2.2015).
Nota: Véase el texto del proyecto de ley, así como la entrada de este blog del día 23.6.2014.
Publicado por Federico Garau a las 18:23:00 No hay comentarios:
Bibliografía (Artículo doctrinal) - Uso de la marca ajena y distribución hotelera digital
Uso de la marca ajena y distribución hotelera digital
Juan FLAQUER RIUTORT, Profesor Titular de Universidad de Derecho Mercantil (Universitat de les Illes Balears)
Diario La Ley, Nº 8484, Sección Tribuna, 19 de Febrero de 2015, Ref. D-63
LA LEY 884/2015
La relación entre los principales portales de venta de servicios turísticos en Internet y los empresarios del sector de alojamiento es cada vez más estrecha, lo que ocasiona a menudo puntos de fricción entre ambas partes. En este trabajo, el autor se ocupa del conflicto surgido a raíz del uso que los distribuidores digitales efectúan de las marcas de los establecimientos hoteleros, principalmente en su estrategia de posicionamiento en los motores de búsqueda en la red.
-Reglamento (UE) 2015/263 de la Comisión, de 16 de enero de 2015, por el que se modifican los anexos I a IV del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Nota: Como se indica en el título, mediante este acto se modifican los anexos I (reglas de competencia mencionadas en los artículos 3, apartado 2, y 4, apartado 2), II (tribunales o autoridades competentes ante los que se presentarán las solicitudes a las que se refiere el artículo 39), III (tribunales ante los que se interponen los recursos a los que se refiere el artículo 43, apartado 2,) y IV (recursos que pueden interponerse en virtud del artículo 44) del Reglamento 44/2001 (Reglamento Bruselas I).
Después del inicio de la aplicación del Reglamento 1215/2012 (Reglamento Bruselas I refundido) el 10.1.2015 (art. 66.1 del Reglamento 1215/2012) y la derogación del Reglamento 44/2001 por el Reglamento 1215/2012 (art. 80 del Reglamento 1215/2012), el único sentido que parecen tener estas modificaciones es la aplicación del Reglamento 44/2001 a las resoluciones emanadas de acciones judiciales ejercitadas, a los documentos públicos formalizados o registrados oficialmente como tales y a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas antes del 10.1.2015 y que se hallen incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 1215/2012 (art. 66.2).
Nota: Y aquí nos llega la segunda (!!) corrección de errores de la versión española de una Directiva publicada hace más de cinco años (!!!): la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (véase la entrada de este blog del día 17.12.2009). Véase la primera corrección de errores, así como la entrada de este blog del día 25.7.2014.
[DOUE L45, de 19.2.2015]
Etiquetas: D.Sociedades/P.Jurídicas, DOUE, DPCI, Insolvencia

References: artículo 1
 artículo 9
 Artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 218
 Artículo 35
 Artículo 1
 artículo 26
 Artículo 3
 Artículo 19
 Artículo 15
 Artículo 3
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 15
 Artículo 3
 Artículo 13
 Artículo 14
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 41
 artículo 13
 artículo 41
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 39
 artículo 43
 artículo 44