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Timestamp: 2018-07-21 11:56:37+00:00

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Principios aplicables en materia de DDHH - González Cancino
Principios aplicables en materia de DDHHGC2018-07-16T22:59:38+00:00
Principios aplicables en materia de derechos humanos
La reforma constitucional de junio de 2011 no solamente incorporó obligaciones en materia de derechos humanos, sino que también agregó principios que todas las autoridades están obligadas a observar.
En este apartado se verán cuáles son esos principios, cuáles son sus alcances y algunas de las consecuencias que cada uno tiene para el juicio de amparo.
A partir de la reforma de junio de 2011, el principio pro personae fue incorporado en forma expresa al texto constitucional.
Es importante señalar que aun si la reforma constitucional no hubiese incorporado en forma expresa el principio pro persona, es posible inferirlo de la causa final de la Constitución, ya que las constituciones son creadas para proteger a la población y ellas solamente establecen los derechos mínimos, es decir, pueden ser ampliados por los órganos constituidos.
Artículo 29. Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
Caso Ricardo Canese vs Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C, No. 180:
180. De conformidad con el artículo 29.b) de la Convención, si alguna ley del Estado Parte u otro tratado internacional del cual sea Parte dicho Estado otorga una mayor protección o regula con mayor amplitud el goce y ejercicio de algún derecho o libertad, éste deberá aplicar la norma más favorable para la tutela de los derechos humanos.
181. Es preciso recordar que la Corte en diversas ocasiones ha aplicado el principio de la norma más favorable para interpretar la Convención Americana, de manera que siempre se elija la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado. Según lo ha establecido este Tribunal, si a una situación son aplicables dos normas distintas, “debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana”.
A continuación se explica brevemente qué es el principio pro personae:
El principio pro persona es un criterio de solución de problemas jurídicos que tiene por efecto brindar la mayor protección posible a los particulares.
Para lograr una adecuada comprensión de esta definición, resulta necesario saber, en primer lugar, qué son los problemas jurídicos y cómo opera el principio pro personae respecto de cada uno.
A grandes rasgos, los problemas jurídicos se clasifican en cuatro categorías:
Los problemas jurídicos relativos a la prueba tienen que ver con la acreditación de ciertos hechos, es decir, con la demostración del acontecimiento de ciertos eventos, mismos que tienen consecuencias en el mundo jurídico.
En los problemas de prueba, el principio pro personae puede tener varios efectos. Uno de ellos consiste en que el quejoso no es el único que tiene la carga de la prueba para acreditar los actos reclamados en un juicio de amparo. Al respecto, conviene citar el siguiente criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Albán Cornejo y otros vs Ecuador, 2007):
Lo anterior es una consecuencia lógica si se consideran tanto las obligaciones aplicables en materia de derechos humanos, como la naturaleza pública de los derechos humanos.
En materia de prueba, otra expresión del principio pro personae está constituida por el principio denominado in dubio pro reo, que obliga a la autoridad jurisdiccional a favorecer al imputado en caso de insuficiencia probatoria.
Los problemas jurídicos de calificación se refieren a la manera en que los hechos son clasificados en las distintas materias o instituciones jurídicas.
Por ejemplo, el hecho de que una persona extranjera reciba la orden de salir del país por parte de una autoridad puede ser clasificado como el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 33 de la Constitución, o bien puede ser clasificado como la aplicación de la pena de destierro.
En caso de que el asunto sea clasificado como un destierro, el juicio de amparo contempla beneficios tales como la suspensión de oficio y la posibilidad de que la demanda pueda ser presentada por cualquier persona. Ello hace evidente que el quejoso tiene una mayor protección si el caso es clasificado como un destierro y no como el ejercicio de la facultad del artículo 33 de la Constitución.
Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.
En ese contexto, el principio pro persona obliga a la autoridad a resolver el problema de calificación proporcionando la mayor protección al quejoso; en consecuencia, el caso concreto deberá ser clasificado como un destierro.
Los problemas jurídicos de relevancia tienen por objeto identificar qué normas son las aplicables al caso concreto.
Al tratarse de los problemas de relevancia, el efecto del principio pro persona consiste en preferir aquella norma que resulte más benéfica para un individuo.
El siguiente ejemplo aclara lo anterior: supóngase el caso de una contradicción entre una disposición constitucional y un tratado internacional. En un escenario así, el principio pro persona obliga a la autoridad a resolver la antinomia a través de la elección de aquella norma que más beneficie a los particulares; en algunas ocasiones será la disposición constitucional y, en otras, el tratado internacional según corresponda.
Los problemas jurídicos de interpretación refieren a la obtención del sentido de una disposición.
En estos casos, el principio pro persona obliga a la autoridad a elegir, dentro de todos los significados derivables de una disposición, aquel que resulte más benéfico y protector para los derechos humanos del particular.
Implicaciones del principio pro personae
Probablemente la incorporación expresa del principio pro personae sea el cambio más trascendente en el ordenamiento jurídico mexicano, ya que dicho principio prácticamente hace irrelevante la jerarquía normativa según se ha visto líneas arriba.
Otra consecuencia que ha pasado desapercibida por la doctrina y por los órganos jurisdiccionales, consiste en que el principio pro personae elimina la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y demás tribunales creadores de jurisprudencia en materia de derechos humanos. Enseguida se explica esta afirmación.
En términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia está estructurada en un esquema jerárquico en donde la decisión interpretativa del tribunal superior obliga al inferior por sí misma, es decir, sin tomar en cuenta si la interpretación es la que mayor protección da a los derechos humanos y sus titulares:
La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
Por otra parte, en materia de derechos humanos, el segundo párrafo del artículo 1º constitucional producto de la reforma constitucional de junio de 2011 incorpora el principio pro personae, que obliga a todas las autoridades a aplicar aquella interpretación que sea más protectora:
De lo anterior se desprende que, en materia de derechos humanos, la jurisprudencia que establezcan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito ya no es obligatoria por sí misma, pues con el principio pro personae, la interpretación aplicable será aquella que resulte más benéfica a los derechos humanos. En algunas ocasiones, el criterio interpretativo vendrá de un juez de primera instancia, otras de una Sala y en otras más de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados y aquí el criterio será obligatorio no por causa del órgano del cual proviene, sino por implicar la interpretación más protectora.
Por lo tanto, desde junio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no es el máximo intérprete en materia de derechos humanos. Es importante aclarar que esto se encuentra circunscrito a la materia de derechos humanos, pues la jurisprudencia de materias distintas a los derechos humanos sigue observando el esquema jerárquico que establece la Ley de Amparo.
En otras palabras, en el ordenamiento jurídico existe jurisprudencia que versa sobre derechos humanos y jurisprudencia de materias distintas a los derechos humanos, como cuestiones civiles, mercantiles, administrativas, laborales y fiscales, entre otras.
Jurisprudencia distinta a la materia de derechos humanos
Una vez aclarado lo anterior, es válido afirmar que la jurisprudencia distinta a la materia de derechos humanos continúa bajo el esquema jerárquico establecido por la Ley de Amparo, mientras que la jurisprudencia de derechos humanos ha perdido obligatoriedad, pues ahora la interpretación aplicable es la que brinda una protección más amplia a los derechos humanos con independencia del órgano jurisdiccional que la establece.
El artículo primero constitucional establece el principio de universalidad en materia de derechos humanos: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
La universalidad consiste imputar un derecho específico al 100% de las personas pertenecientes a una clase de sujetos (en donde cada uno de ellos es titular del derecho en cuestión).
Como se puede observar, la universalidad está inspirada en una pretensión totalizadora respecto de los sujetos que deben ser titulares de un determinado derecho.
Así las cosas, el principio de universalidad será violentado cuando un sujeto perteneciente a una determinada clase no sea reconocido como titular de los derechos propios de cada clase.
Por ejemplo, en términos del artículo 13 de la Convención de los Derechos de los Niños, todos los niños tienen derecho a la libertad de expresión:
Por su parte el artículo define qué sujetos formarán la clase de los sujetos denominados niños:
Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Ahora supóngase el caso de Jaime que tiene 3 años de edad, quien claramente encuadra en la definición de niño y, no obstante, se le priva de la titularidad de la libertad de expresión.
En ese supuesto, la imputación normativa del derecho de libertad de expresión no se está realizando al 100%, pues Jaime, quien es un niño —ya que tiene 3 años de edad—, es reconocido como titular de la libertad de expresión.
Como se puede observar, una forma de transgredir el principio de universalidad consiste en no reconocer como titular de un derecho a un sujeto que queda comprendido por una definición normativa.
Al respecto, es importante precisar que el principio de universalidad también puede ser transgredido mediante restricciones arbitrarias a las categorías, de tal suerte que sujetos prácticamente idénticos o similares en los aspectos relevantes quedan excluidos de la titularidad de un derecho en específico.
El artículo primero constitucional establece el principio de indivisibilidad en materia de derechos humanos: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
La indivisibilidad implica respetar y garantizar el 100% de los derechos humanos con independencia de la naturaleza de sus objetos.
Tradicionalmente, los derechos humanos fueron clasificados en generaciones (primera, segunda y así sucesivamente). En la primera generación se encontraban principalmente los derechos de libertad que exigían, con preponderancia, conductas negativas por parte del Estado, como no arrestar arbitrariamente a las personas, no impedirles transitar por el territorio y no entrar injustificadamente al hogar, entre otras.
Se aclara que el objeto de tales derechos exige preponderantemente conductas negativas, en virtud de que ya se ha demostrado que todos los derechos exigen tanto conductas negativas como positivas, para garantizar a sus titulares el pleno goce y ejercicio de los mismos.
Una vez que se positivaron los derechos que exigían conductas positivas, los Estados se mostraron renuentes a respetarlos y garantizarlos, precisamente porque implicaban dichas conductas, así como la creación de instituciones y disposiciones presupuestarias, entre otras, lo cual implicaba que la logística se complejizara.
Ante esa renuncia a respetar y garantizar los derechos, surge el principio de indivisibilidad, el cual enfatiza la obligatoriedad y la exigibilidad de los derechos humanos sin importar si el objeto del derecho implica preponderantemente conductas positivas o negativas.
Al comparar el principio de universalidad y el principio de indivisibilidad, se aprecia que el aspecto común entre ellos es que en ellos existe una pretensión totalizadora; sin embargo, la diferencia radica en los objetos respecto de los cuales esta se ejerce.
En ese orden de ideas, el principio de universalidad tiene como finalidad beneficiar a todos los sujetos posibles con la imputación de un derecho, mientras que el objetivo del principio de indivisibilidad es lograr la plena eficacia de todos los derechos humanos independencia de la naturaleza de su objeto.
Principio de interdependencia
El artículo primero constitucional establece el principio de interdependencia en materia de derechos humanos, como se lee a continuación: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
La interdependencia hace referencia a la relación recíproca que existe entre dos o más derechos humanos.
En relación con el principio de interdependencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo siguiente (Caso Acevedo Buendía y otros —Cesantes y Jubilados de la Controlaría— vs Perú, 2009):
101. En este sentido, la Corte considera pertinente recordar la interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. Al respecto, resulta oportuno citar la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos que, en el caso Airey señaló que:
El Tribunal no ignora que la progresiva realización de los derechos sociales y económicos depende de la situación de cada Estado, y sobre todo de su situación económica. Por otro lado, el Convenio
[Europeo] debe interpretarse a la luz de las condiciones del presente […] y ha sido diseñado para salvaguardar al individuo de manera real y efectiva respecto de los derechos protegidos por este Convenio […]. Si bien el Convenio recoge derechos esencialmente civiles y políticos, gran parte de ellos tienen implicaciones de naturaleza económica y social. Por eso el Tribunal estima, como lo hace la Comisión, que el hecho de que una interpretación del Convenio pueda extenderse a la esfera de los derechos sociales y económicos no es factor decisivo en contra de dicha interpretación, ya que no existe una separación tajante entre esa esfera y el campo cubierto por el Convenio.
El principio de interdependencia alude a la conexión que existe entre los derechos y reconoce que el goce de unos habilita el ejercicio de los otros.
Este principio hace énfasis al hecho de que los objetos de los derechos no son excluyentes entre sí, pues lejos de estar aislados, están vinculados.
El artículo primero constitucional establece el principio de progresividad en materia de derechos humanos: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
El principio de progresividad establece que las obligaciones correlativas a los derechos humanos deben ser cumplidas en el mayor grado posible atendiendo a las circunstancias y recursos de un determinado momento histórico. Asimismo, el principio de progresividad implica la prohibición de retroceder en el respeto y en el cumplimiento de los derechos humanos (prohibición de regresividad).
En palabras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (Principios Constitucionales en Materia de Derechos Humanos, 2014):
El principio de progresividad establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre estén en evolución y, bajo ninguna justificación, en retroceso.
Implicaciones para el juicio de amparo
Como se ha visto, el principio de progresividad tiene una dimensión positiva en el sentido de exigir el máximo cumplimiento de los derechos humanos, y una negativa, que se traduce en la prohibición de regresividad.
Es importante mencionar que la regresividad puede acontecer en el terreno de lo jurídico, tal como lo señala Christian Courtis (2006)­­:
[…] la noción de regresividad puede aplicarse a normas jurídicas: es decir, se refiere a la extensión de los derechos concedidos por una norma (regresividad normativa). En este sentido —no empírico sino normativo—, para determinar que una norma es regresiva, es necesario compararla con la norma que ésta ha modificado o sustituido, y evaluar si la norma posterior suprime, limita o restringe derechos o beneficios concedidos por la anterior. (p. 4)
Para quien quiere conocer el juicio de amparo, esto implica que:
Se debe estudiar tanto la Ley de Amparo anterior como la Ley de Amparo publicada el 2 de abril de 2013, toda vez que las partes pueden invocar los derechos y beneficios previstos en la ley anterior que fueron derogados. Además, quiere decir que el juez está obligado a respetarlos en observancia del principio de progresividad, el cual contiene una prohibición de regresividad.
A manera de ejemplo, se citan los siguientes casos:
Caso 1. Plazo para impugnar el desechamiento de la demanda de amparo
En términos de la anterior Ley de Amparo, el quejoso contaba con un plazo de 10 días para impugnar el desechamiento de la demanda de amparo:
Artículo 86.- El recurso de revisión se interpondrá por conducto del juez de Distrito, de la autoridad que conozca del juicio, o del Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo. El término para la interposición del recurso será de diez días, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida.
Por su parte, la actual Ley de Amparo establece que el desechamiento de la demanda de amparo debe impugnarse en un plazo de 5 días:
Artículo 98. El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, con las excepciones siguientes:
I. De dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o provisional; y
II. En cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la demanda de amparo.
Como se desprende de las transcripciones, el Congreso de la Unión transgredió el principio de progresividad en su dimensión de no regresividad, ya que al expedir la nueva Ley de Amparo, incurrió en una regresividad normativa, pues redujo el plazo para impugnar el desechamiento de la demanda de amparo.
Caso 2. Procedencia del juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva que aprueba un remate
En este caso, el Congreso de la Unión eliminó —o al menos postergó— la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de las sentencias definitivas que aprueban o desaprueban un remate judicial.
En términos de la anterior Ley de Amparo, el quejoso podía acudir al amparo indirecto ante la sentencia definitiva que aprobaba un remate:
Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:
Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.
Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;
En relación con este mismo acto reclamado, la nueva Ley de Amparo eliminó la disposición anterior y, en su lugar, emitió lo siguiente:
Al comparar las disposiciones resulta que anteriormente, tan pronto como existiera una sentencia definitiva que aprobaba o desaprobaba un remate judicial, el quejoso podía acceder al juicio de amparo indirecto. No obstante, con la nueva Ley de Amparo ya no es posible, pues es necesario esperar hasta que se ordene la entrega de los bienes.
Como se puede ver, nuevamente el Congreso de la Unión incurrió en una regresividad normativa, pues eliminó un derecho o procedencia ya reconocido en la ley anterior.
Es importante mencionar que el hecho de que el artículo 1º constitucional imponga a todas las autoridades la obligación de respetar el principio de progresividad implica que en aquellos casos que el legislador (o alguna otra autoridad) incurre en una regresividad, el resto de las autoridades (administrativas y judiciales, entre otros) deben evitar que dicha regresividad produzca sus efecto. Es por eso que, en los casos citados, el juez de amparo está obligado a desaplicar las disposiciones de la nueva Ley de Amparo que resulten regresivas y, en su lugar, aplicar las anteriores.
A continuación se estudiarán cuáles son las características y lineamientos que deben observarse en todo proceso seguido en forma de juicio.

References: Artículo 29
 artículo 29
in dubio
 artículo 33
 artículo 33

Artículo 15
 artículo 22
 artículo 217
 artículo 1
 artículo 13

Artículo 1

Artículo 86
 resolución 

Artículo 98

Artículo 114
 resolución 
 resolución 
 artículo 1