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Timestamp: 2017-07-25 12:49:16+00:00

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ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, ABOGADO: febrero 2013
Artículo 43. Los agentes de seguridad privada, debidamente autorizado y habilitado por la DIASP, solo podrán desempeñar las siguientes funciones: … 2. En caso de que le sea solicitado o necesario, coadyuvar con las actividades de la Fuerza Pública en la lucha contra la delincuencia, sin menoscabo de sus responsabilidades. La redacción es peligrosa, pues podría permitir que particulares, a pedido de las autoridades gubernamentales, puedan contribuir con la represión de manifestantes, en la vía pública, so pretexto de mitigar los efectos de un acto ilícito, conforme a lo reglado en el código penal patrio. Esto debiera ponderarse mejor.
Ley que necesita consultarse primero con los padres Acaba de salir en la gaceta oficial, No 27232, la ley 6 de 2013, sobre el síndrome del alcoholismo fetal. No obstante, se introduce en su artículo 3 que el MINSA, MIDES y el MEDUCA, diseñaran programas y estrategias en los colegios, referente a la educación sexual en los menores de edad. Este punto es preocupante por que, a mi criterio, la implementación del mismo, requiere del convencimiento previo de los padres de familia, porque podría afectar la filosófica hogareña.
Balance sobre el PROYECTO DE LEY No. 573, DE LA AUTORIDAD DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO que ha sido presentado para su discusión, en la Asamblea Nacional, el 21 de febrero del año en curso. BALANCE POSITIVO 1. Se crea la Autoridad con fondos separados del gobierno central y derecho de administrarlo. 2. Se dota a la autoridad, facultad para proteger los recursos hídricos. 3. Se crea una unidad rural de agua potable y saneamiento, para las comunidades rurales. 4. Se crea un fiscalizador general, responsable por la realización y supervisión de auditorías e investigaciones, relacionadas con la operación de la autoridad. 5. El presupuesto de la Autoridad, no formará parte del presupuesto general del Estado. 6. La Asamblea Nacional no tiene facultad para modificar el presupuesto de la Autoridad, sólo puede aprobarlo o rechazarlo. 7. Los fondos de la Autoridad podrán ser colocados a corto plazo, en instrumentos de inversión. 8. El gobierno no podrá comprometer los ingresos brutos percibidos por la Autoridad. 9. Las entidades públicas, deberán pagar, la tarifa que les corresponda. 10. Se establecen derechos, para los usuarios del servicio. 11. Se permite recurrir a los usuarios ante la ASEP, cuando los niveles de servicio, sean inferiores a los establecidos. 12. La nueva institución no podrá ser privatizada.
2. No establece que la Contraloría General pueda ejercer el control previo, sólo el posterior y esto es inconstitucional. (Ver el artículo 50 del instrumento en cita y confróntelo, con el artículo 280 constitucional) 3. Se permite que la nueva institución elabore su propio régimen de contrataciones públicas diferente al que existe para el resto del gobierno, como si fuera una especie de república aparte y se hace énfasis a que puede contratar directamente y esto, se puede prestar, para actos de corrupción.
5. No consta, como requisito para los administradores de la Autoridad, el que se tenga un título universitario de ingeniería o de alguna carrera a fin, al servicio que va a prestar. 6. Invade el ejercicio libre del poder judicial cuando afirma que en ningún caso, podrá decretarse la suspensión provisional de cualquier acto demandado de la AUTORIDAD, ni en la jurisdicción contenciosa administrativa (sala tercera) ni en los recursos de amparo de garantías constitucionales (pleno de la corte).
“Por los eventos ocurridos en el año 2012, a raíz de la propuesta de venta de acciones de las empresas mixtas por parte del Gobierno Nacional, este entiende que para el pueblo panameño, la participación del Estado en las empresas mixtas es parte del patrimonio nacional. Por lo tanto, el Gobierno Nacional ha decidido que en la eventualidad de venta de las acciones de las empresas mixtas, los fondos provenientes de dicha venta pasarán a formar parte de los activos del FAP, fortaleciendo dicho Fondo, y cumpliendo de esta manera con el objetivo de preservar el patrimonio del Estado en las empresas mixtas para generaciones futuras.”
Artículo 1. Se adiciona un numeral 42 al artículo 2 de la Ley 38 de 2012, así: "Artículo 2. Glosario. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: l. 42. Empresas mixtas: Se consideran empresas mixtas las siguientes: AES Panamá, S.A., Bahía Las Minas Corp., Cable & Wireless Panamá, S.A., Elektra Noreste, S.A., Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A., Enel Fortuna, S.A., Energía y Servicios de Panamá, S.A., Panamá Ports Company y Petroterminal de Panamá, S.A."
Otra modificación Artículo 2. El artículo 3 de la Ley 38 de 2012 queda así: "Artículo 3. Regla de acumulación. El F AP se constituirá por la totalidad de los activos del FFD y se acumularán activos con los siguientes aportes: 1. Toda contribución de la Autoridad del Canal de Panamá al Tesoro Nacional, superior al 3.5% del PIB nominal del año en curso, a partir del año fiscal 2015. 2. Los fondos provenientes de la venta de las acciones de las empresas mixtas propiedad del Estado. ...
¿Se debe firmar el pacto ético electoral? Representantes de la Iglesia Católica han elaborado un borrador del pacto ético electoral con miras al proceso de elecciones del 2014 y lo han presentado a los medios de comunicación social y a los partidos políticos, para su evaluación.
A mi juicio la sugerencia pudiera estar violando el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues un comunicador tiene el derecho de difundir libremente las informaciones que recibe, por cualquier medio de expresión. A su vez podría conculcar a mi juicio, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reza así:
ARTÍCULO 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Y podría estar flagelando, al artículo 37 de la Carta Magna patria.
CONVOCATORIA DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE PANAMÁ
2° Posición del Colegio Nacional de Abogados de Panamá en torno al Proyecto de Ley “Por la
cual se adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador”
Lo anterior corresponde a decisión de la Junta Directiva, el día 8 de febrero de 2013.
Panamá y su política migratoria Mientras que Brasil, inspirada en el modelo que aplican Canadá y Australia, adopta una política de inmigración selectiva, para los profesionales extranjeros, altamente calificados, propiciando así una “fuga de cerebros”; en Panamá, no se sabe aún, a que estamos apostando. Panamá le ha abierto las puertas a muchos extranjeros de escasos recursos, para luego regularizarlos extraordinariamente, en donde ni siquiera, tienen que probar per se, su solvencia económica, porque no la tienen. Ejemplo los procesos extraordinarios denominados “Panamá Crisol de Razas”. (Decreto Ejecutivo No. 547 de 2012)
Para mayo se está anunciado un nuevo proceso de ésta índole. El proceso de conceder las citas para la jornada de mayo comenzará en el mes de marzo, según informó Migración.
De igual forma han facilitado la inmigración extranjera, permitiendo, que nacionales de 39 países entren, a sus anchas, sin visa a Panamá, independientemente, de que tengan o no, recursos económicas para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 380 de 2012. Por otro lado, también impulsa que extranjeros, esta vez con recursos, de 22 o más países se establezcan aquí, para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 343 de 2012. Igualmente el Decreto Ejecutivo No. 804 de 2012, crea la residencia permanente en calidad de extranjero profesional, para el que aporte copia del diploma o título universitario, licenciatura, maestría o doctorado, siempre que la profesión no esté limitada por Constitución a los panameños. Para esta residencia no es necesario que el que aporte el titulo, ejerza la profesión del diploma o que cuente con mayores recursos. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Es eso indispensable para el país?
Esta falta de definición migratoria, producirá a corto o a mediano plazo, lo siguiente: 1. Que colapse el sistema de salud, por la atención a los menesterosos foráneos. 2. Que haya una competencia desleal laboral del extranjero, hacia el nacional panameño. 3. Que nuestras tradiciones se vayan perdiendo, para abrirle paso a las fiestas y costumbres extranjeras. 4. Que se vayan practicando, nuevas figuras delictivas.
5. Que se vaya aumentando el alto costo de la vida, producto de servicios, que el panameño no podrá pagar, fácilmente, pero algunos extranjeros sí. Ejemplo. El empleo doméstico. 6. Que muchas tierras vayan siendo de propiedad de extranjeros, sin limitación alguna. Argentina, Brasil etc., ya han puesto límites para la extranjerización de tierras, por efecto del agro, ganadería y otras actividades. 7. Que aumente la población en el país, pero no por los nacimientos de nativos, sino por la afluencia extranjera. Por lo antes expuesto, urge una definición seria y clara sobre lo que queremos como país.
Con el proyecto de ley No. 566, que se presentó a la Asamblea Nacional, se pretende crear la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos como una institución autónoma del Estado, con competencia nacional, personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, funcional y financiera.
El proyecto se ve bueno para imprimirle el aval correspondiente, no obstante, lo veo confuso y feo, en los siguientes puntos:
1. El artículo 14 plantea que el Administrador Nacional de Ingresos Públicos, ejercerá sus funciones por un periodo de siete (7) años, contados a partir de su toma de posesión y solo podrá ser removido del cargo por las siguientes causas: a) Por impedimento físico o mental para ejercer el cargo. b) Haber sido condenado por la Comisión de Hecho Punible Doloso."
Sin embargo, en la normativa no dice quien es la persona que lo puede remover ni quien es el ente que puede calificar el impedimento en cuestión.
2. El Artículo 21 dice que La remuneración del Administrador Nacional de Ingresos Públicos consistirá de un salario mensual de B/ 6,000.000 (seis mil Balboas con 00/100) más gastos de representación mensuales de B/. 4,000.00 (cuatro mil Balboas con 00/100). Esto quiere decir que ganará más que un ministro de Estado y esto debiera ser inadmisible debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que representará a la ANIP, ante el Órgano Ejecutivo y como se explica que su ministro, va a ganar menos que su representado.
Por otro lado cuando el artículo 213 de la Constitución dice que los magistrados de la Corte no percibirán menor salario que los ministros de Estado, lo que está patentizando es que los salarios, van acorde con la jerarquía de los diversos poderes del Estado en donde los ministros de Estado tienen una mayor jerarquía.
3. Del artículo 26 al final se infiere que personal simple de secretaría común y corriente serán de libre nombramiento y remoción y esto es un error. La norma debiera limitarse a los jefes de esas oficinas.
4. El artículo 28 dice que todos los contratos que suscriba la ANIP, con terceros deberán efectuar mención expresa de una disposición en una sección denominada "Cláusula de Incumplimiento". En aquellos casos donde haya una contratación por algún servicio requerido por la ANIP, el incumplimiento de esta disposición será motivo suficiente para rescindir del contrato.
Esto es confuso pues no dice nada si se honrara un procedimiento para rescindir el contrato, en beneficio del debido proceso, por lo que se podría INTERPRETAR que podría rescindirse de plano un contrato.
5. La normativa redactada, no permite identificar si al director actual, al momento de convertirse en ley, se le transforma su nombramiento en permanente por los 7 años. Publicado por

References: Artículo 43
 artículo 3
 artículo 50
 artículo 280

Artículo 1
 artículo 2
 Artículo 2
 artículo 3
 Artículo 19
 artículo 13

ARTÍCULO 13
 artículo 37
 artículo 14
 Artículo 21
 artículo 213
 artículo 26
 artículo 28