Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S20150426707350.HTML
Timestamp: 2019-04-21 22:26:51+00:00

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CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 426/2015
(Son las 15:06).
–Damos la bienvenida a la delegación de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y les damos la palabra.
SEÑOR CABRERA.- Gracias por recibirnos. Gran parte de lo que la Federación viene a plantear hoy ya se empezó a discutir en los meses en que el Poder Ejecutivo intentaba elaborar este proyecto de ley. Hemos tenido un cierto acercamiento con los integrantes de la Cámara Baja en la discusión y hoy seguimos negociando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para intentar acuerdos con ASSE, lo que para nosotros es algo fundamental. Esperamos que estos acuerdos se vean luego plasmados en algunos cambios que este proyecto de ley, tal cual fue presentado, debería tener para avanzar en la plataforma reivindicativa de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. A su vez, entendemos que esto fortalecería a ASSE y el rol que la institución debería tener dentro del propio Sistema Nacional Integrado de Salud, habida cuenta de la necesidad de lograr que el organismo tenga mayor competitividad. Esto está planteado por la propia ley y en este momento somos el único organismo prestador público dentro del sistema, pero con las características que el propio sistema impone.
Para nosotros, los trabajadores, es de gran importancia avanzar en algunos aspectos como, por ejemplo, lograr igualar el salario los sectores público y privado, en función del principio por el cual a igual función, corresponde igual remuneración. Esto forma parte de la discusión que se está dando en el gobierno y, si bien sabemos que todavía se está lejos de concretarlo, sería bueno poder empezar a avanzar en el tema. Una de las propuestas que hoy estamos discutiendo con el Poder Ejecutivo, implica lograr un piso de $ 20.000, lo que significaría un avance en cuanto al ingreso a la función y mejoraría la situación de un colectivo de más de 2.000 funcionarios que hoy perciben salarios que están por debajo de esa cifra. Para obtener esta partida hay que readaptar parte de este articulado y por eso la importancia de llegar al Senado para proponer los cambios que consideramos necesarios. De todos modos, todavía estamos en la etapa de negociación y el martes tendremos una nueva instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Seguimos intentando llegar a acuerdos y en el planteo se expresa la necesidad de una partida que, al menos, mejore el salario de los trabajadores que perciben entre $ 20.000 y $ 28.000.
Hemos visto como algo positivo el recurso que se destina al departamento de Enfermería, dado que es importante destacar el fortalecimiento que debe tener dentro el sector público. Sin embargo, esto marca una distancia importante entre los licenciados de Enfermería y el resto de los técnicos que, en otras áreas, tienen responsabilidades similares. En este sentido, hemos fundamentado la necesidad de esta partida de, al menos, $ 1.000 para ir mejorando estos salarios que están bastante por debajo de los que recibe Enfermería.
Otro aspecto importante que queremos rescatar es que, con relación a la posibilidad de presupuestar trabajadores, en el período pasado a través de un convenio logramos que se eliminara la tercerización de servicios en el Departamento de Alimentación y la contratación de auxiliares de servicio de Enfermería, particularmente para algunos blocks quirúrgicos.
Actualmente estos compañeros tienen una relación laboral de dependencia con ASSE, es decir que esta administración les paga el salario, pero no tienen el resto de las garantías que se nos brindan a los funcionarios que hoy estamos presupuestados o tenemos algún tipo de relación laboral, como sucede con los funcionarios de la Comisión de apoyo y patronato, que tienen más derechos. A estos compañeros lo único que les asiste al día de hoy es poder percibir el salario directamente de ASSE, que les garantiza su salario mensualmente.
Durante la discusión de ese convenio entendíamos que era prioritario avanzar a la siguiente etapa, que era precisamente la presupuestación. Estamos ante una nueva ley de presupuesto que podría abordar este tema.
Cabe indicar que esto no tiene costo, particularmente lo relativo al Departamento de Alimentación. Esto fue discutido con el Ministerio de Economía y Finanzas, que dio los avales correspondientes en función de los cuales, si no existe ningún tipo de costo, se podría estar presupuestando a este colectivo. Estamos hablando de más de 300 trabajadores distribuidos en todo el país.
Creemos que es un tema de justicia que trabajadores que están cumpliendo las mismas tareas y con las mismas responsabilidades tengan, también, derecho a la presupuestación. Con el aval de que no habría costos y de que, simplemente, con lo que hoy se paga se puede abordar la presupuestación, se podría lograr, aunque esto también está atado a esta etapa de negociación que está teniendo la Federación con el Poder Ejecutivo, que esperamos se pueda trasladar rápidamente a esta ley de presupuesto, abordándose la presupuestación de este colectivo.
Dentro de ese mismo colectivo –como ya lo mencioné– la presupuestación de auxiliares de Enfermería y de Servicios sí tiene un costo adicional porque, justamente, en las áreas cerradas tienen un incentivo particular. Esto tendría un costo de $ 12:000.000 que también hoy estamos analizando, discutiendo y tratando de que se encuentre esa partida, específicamente para resolver esta situación y presupuestar a un colectivo de casi 500 trabajadores.
Para nosotros ha sido uno de los temas centrales de la discusión porque entendemos que es de justicia, precisamente, que este colectivo se incorpore al presupuesto nacional porque, tanto el Departamento de Alimentación como la asignación de Enfermería a los blocks quirúrgicos son dos lugares importantes dentro de la administración. Entendemos que hay que fortalecer los espacios a través de las condiciones de trabajo y qué mejor que lograr la presupuestación genuina de un cargo, para mejorar en cierto grado las condiciones laborales.
Para nosotros este ha sido un tiempo sensible. Los señores Senadores deben haber seguido de cerca lo que ha sido la conflictividad. Hemos pasado momentos como el que se vivió el día de ayer, cuando se ocupó un centro de salud, conflicto que, en definitiva, se pudo resolver a través de la negociación en la Dinatra, que insumió todo el día.
De todas maneras, esperamos que en estos días se pueda lograr esa transformación dentro de ASSE porque también era parte de una discusión de fondo la posibilidad de reasignación de recursos que en otras instituciones ya fueron destinados –sin mirar– y asignados en este presupuesto.
Si observamos los recursos genuinos que tiene ASSE, se podría hacer una readaptación. Estamos hablando de que en realidad no serían mayores costos y si tenemos la capacidad, a través de la negociación, de llegar a determinados acuerdos, estaríamos avanzando en un aspecto fundamental para mejorar lo relativo a ASSE, a los trabajadores, a las relaciones laborales, en esta mirada de un fortalecimiento de un sistema de salud que no es exclusivamente público. Si desde el sector privado se sigue avanzando en la obtención de determinados espacios de mejora para sus trabajadores –como sucedió con el último convenio colectivo– entendemos que, por las mismas consideraciones, el sector público y en particular ASSE también deberían poder hacerlo.
SEÑOR AMORÍN.- Para nosotros es un gusto recibir a la delegación que nos visita.
De la clara exposición que hicieron nos da la impresión de que están esperando finalizar la negociación con ASSE a los efectos de ver si se pueden incorporar algunos artículos al proyecto de ley de presupuesto. Bueno, eso estamos esperando todos.
SEÑOR CABRERA.- Quiero destacar que el 31 de agosto, en una reunión en el Ministerio de Salud Pública –a la que concurrieron todas las autoridades involucradas en el tema: el Directorio de ASSE, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas–, intentamos empezar a dibujar un espacio diferente entendiendo que lo que había planteado el Poder Ejecutivo no contemplaba los pedidos de los trabajadores pero sí estaba en condiciones de, en el marco de una negociación, hacer cambios sin involucrar mayores recursos, ya que los asignados se podían cambiar. Esto es lo que estamos esperando, pero también pedimos la voluntad del Poder Legislativo para que podamos avanzar rápidamente en la elaboración de esos nuevos artículos con los recursos asignados, sabiendo que el piso de $ 20.000 necesariamente tendrá que tener una bolsa diferente a cómo hoy están asignadas algunas partidas diferenciales que hacen a, precisamente, esa diferencia entre llegar a algo que estimamos positivo para los trabajadores y el actual proyecto, que no colma nuestras expectativas.
SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos la presencia y les informamos que vamos a analizar los planteamientos realizados.
SEÑOR CABRERA.- Gracias a los señores Senadores por recibirnos.
(Se retira de sala la delegación de la Federación de Funcionarios de Salud Pública).
(Ingresa a sala la delegación de la Asociación de Informáticos Judiciales).
–Damos la bienvenida a los representantes de la Asociación de Informáticos Judiciales, señores Guillermo Fragello, Néstor Piazza y Sebastián Rodríguez.
SEÑOR PIAZZA.- Voy a dirigirme a los integrantes de la Comisión en representación del gremio de la Asociación de Informáticos del Poder Judicial.
En primer término, agradecemos la oportunidad que nos han dado para poder exponer nuestros argumentos.
En segundo lugar, queremos resaltar que sin perjuicio del total apoyo con que cuenta la propuesta del Poder Judicial, hay dos artículos que para nosotros son fundamentales y de sumo interés: el 32 y el 33.
En el artículo 32 de la propuesta planteada por el Poder Judicial se hace mención a la presupuestación de funcionarios del Escalafón al que pertenecemos, el R. ¿Por qué para nosotros esto es importante? Porque de los 70 asociados que hay en el escalafón, solamente 28 está presupuestados. Es más, cuando se crea el escalafón R se hace con una cantidad pequeña de presupuestación, lo que da como resultado que cuando un funcionario quiere ascender mediante concurso, pierde la calidad de presupuestado. Si a eso se le suma el bajo salario que con respecto al medio tiene un informático en el Poder Judicial, está claro que entre ascender y perder la calidad de presupuestado –y además ganando poco–, muchas veces prefiere irse. Esto resulta en una total ineficiencia ya que después hay que tener gente nueva que hay que capacitar y volver a completar ese círculo que parece ser un poco perverso, porque preparamos gente que no produce y que después que está preparada, se va. Esto tiene que ver con la eficiencia, con el cuidado de los dineros del Estado y no tiene presupuesto, tiene costo cero. Simplemente se trata de presupuestar gente que ya está trabajando en el Poder Judicial.
El segundo artículo para nosotros, que es el 33, tiene especial significación ya que refiere a tres aspectos que son de nuestro interés. El primero tiene que ver con la equiparación del cargo de Director, hacia abajo, con el resto del Poder Judicial. Lo que sucede es que el escalafón R se creó con una escala diferente. Esto trae como consecuencia que el Director de División, por ejemplo –tal como figura en la información que les suministramos– sea grado 16 mientras el resto del Poder Judicial es grado 17. Esa modificación de denominación no implica un cambio de salario, sino que se trata de ser un poco más coherente dentro de la estructura, de que haya una equiparación. Todos los Directores deberían ganar lo mismo porque cumplen funciones análogas, y de ahí para abajo los distintos grados técnicos.
El segundo aspecto es la transformación del cargo de jefe de proyecto, que corresponde al grado 14, que no fue utilizado porque la dinámica nos ha llevado a que la tarea de ese jefe de proyecto la realice el jefe administrador de cada una de las áreas. ¿Por qué hacemos esta propuesta? En nuestra estructura existe el técnico 2 y el técnico 1, con una diferencia salarial de $ 6.000 entro uno y otro. Luego sigue el cargo de jefe administrador con una diferencia salarial de más de $ 20.000 con el técnico 1, que es el inmediato inferior, lo que genera una pirámide salarial distorsionada, estirada. Asimismo, esa situación suma al desestimulo del propio personal por la pérdida de presupuestación, los riesgos que conlleva presentarse a un concurso y no ganar, con todas las expectativas que eso genera. Quiere decir que no hay una carrera administrativa que le permita decir que tiene un futuro, porque no lo avizora.
Este técnico especializado, a la vez, cumpliría las tareas que muchas veces un jefe administrador puede no tener interés en realizar como, por ejemplo, aquellas específicamente técnicas y no de gestión o, al revés.
El tercer y último aspecto que quiero señalar tiene que ver con la derogación del párrafo final del Anexo I, del artículo 453, de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Esto refiere al momento de creación del Escalafón R. Cuando se crea este escalafón el legislador tuvo en cuenta que habría una diferencia salarial dentro del contexto de lo que era el resto del Poder Judicial. Allí hay una cláusula que dice «por todo concepto». O sea, se tiene la percepción de que el salario del informático es por todo concepto. ¿Qué quiere decir? Que no podemos percibir ninguna otra prima, nada.
Entonces, ¿qué implicancia tiene eso desde el punto de vista del funcionamiento del Poder Judicial? No es ajeno a los señores Senadores que muchas veces los recursos informáticos requieren un mantenimiento extrahorario. ¿Qué sucede si un fin de semana un servidor se cae? Alguien tiene que atenderlo. Hasta ahora, lo hemos solucionado recurriendo al favor o la gauchada, pero esa no es la forma de trabajar en ningún Organismo, sea del Estado o no. No se puede depender del favor, de la gauchada o de la buena onda que pueda tener un técnico para levantar un servicio que cayó un fin de semana. Deberíamos tener la posibilidad de decir: «Perfecto, si tenemos que ir de noche, hay una nocturnidad; si hay que ir un domingo, se cobran horas extras.» La persona que realiza el servicio debería poder cobrar algún estímulo, pero ahora no se puede cobrar porque «por todo concepto» estamos bloqueados. Esos son aspectos a considerar.
Con mucho respeto, queremos decir que hasta ahora siempre hemos analizado los mensajes del Poder Ejecutivo y utilizado el sentido común para hacer nuestros planteos. Pero a la hora de recibir respuestas por parte de nuestros Representantes no se ha sido generoso con ese sentido común. Hace cinco años, en oportunidad del presupuesto anterior en que se exhortaba a lograr mayor eficiencia del Estado, presentamos una prima por rendimiento que también era sin costo porque era la supresión de un cargo. Inexplicablemente, se nos dijo que no. ¡Era sin costo y estábamos siguiendo el mensaje del Poder Ejecutivo!
Ahora, volvemos a la misma situación. El mensaje de este Poder Ejecutivo insta a ser austero. Algunas de las propuestas que traemos hoy son sin costo, como la que presentamos en la Cámara de Representantes, por ejemplo, para cambiar la denominación de los grados, pero ni siquiera se consideró. Entonces, nos preguntamos –con renovada esperanza en esta Cámara– si no será posible que se considere sin otros aspectos espurios, simplemente desde la fría lógica y desde el sentido común. Eso es lo que queremos, de ahí nuestro planteo.
Muchas gracias por la atención brindada. Esperamos que hayan tomado con mucho respeto esta última crítica –por decirlo de alguna forma– que nos permitimos elevar.
SEÑOR CAMY.- Bienvenidos los señores representantes de los trabajadores del sector informático del Poder Judicial.
Hemos escuchado atentamente su planteamiento. Si bien tenemos nuestra consideración al respecto, enmarcada dentro de lo que es la disposición que se ha tenido para con el Poder Judicial, este no es el ámbito para discutir; debemos restringirnos a escuchar las propuestas, y las consideraciones políticas plantearlas posteriormente.
La pregunta concreta, fundamentalmente con relación a lo que no involucra aumento del gasto, es ¿qué respuesta tuvieron en ocasión de realizar este mismo planteamiento –como recién mencionó– ante la Cámara de Representantes, visto que no fue considerado?
SEÑOR PIAZZA.- Cuando tuvimos reuniones por separado con cada uno de los Representantes, las respuestas fueron: «¡Sí, bárbaro! ¡Qué disparate! Vamos a hacerlo.» Pero eso luego esa opinión no se vio reflejada porque, lacónicamente, nos enteramos por los medios de prensa de que para el Poder Judicial no había habido ningún acuerdo de ese tipo. Al leer la información nos enteramos de que nuestro planteo no se había tenido en cuenta.
Vuelvo a decir: individualmente –por separado, con cada uno de los representantes– está todo bien.
De más está decir que nos deja un sabor bastante amargo. ¿Estamos siendo escuchados? ¿Tenemos puesto el piloto automático y movemos la cabeza solamente para decir que sí a lo que se escucha y a la hora de los bifes no cortamos el churrasco? Discúlpeseme la expresión. En definitiva, uno tiene su corazoncito y, como lo siente muy adentro, uno se exalta. Nuevamente les pido disculpas.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos su presencia. Toda la información brindada ha quedado registrada en la versión taquigráfica.
(Se retiran de sala los representantes de la asociación de informáticos judiciales).
(Ingresan a sala los representantes de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas).
–Damos la bienvenida a las señoras Silvana Martínez e Isabel Figari y a los señores Diego Alonso y Felipe Olariaga, Representantes de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Les cedemos la palabra.
SEÑOR ALONSO.- Agradecemos la posibilidad que nos da la Comisión para expresar nuestros planteos. Comenzamos con una visión general, en donde el Hospital solicitó un monto bastante superior al que la propia Universidad planteó en el Presupuesto. Ese monto refería a una visión de desarrollo del Hospital Universitario, que tenía que ver con su proceso de reconstrucción y restructuración.
Como sabrán los señores Senadores, se vienen discutiendo en profundidad varios cambios importantes para que el hospital pueda reposicionarse en el Sistema Integrado Nacional de Salud, en una lógica de poder fortalecer su sector público y también para lograr la inclusión formal a ese sistema, con sus reconocimientos. Esto ya fue ajustado por la propia universidad tomando en cuenta lo global de la solicitud presupuestal y el margen del 6% para la educación. A su vez, tanto lo que figura en el mensaje del Poder Ejecutivo como lo resuelto finalmente por la Cámara de Representantes está a una distancia muy grande de ser suficiente para poder llevar adelante estos procesos de desarrollo.
Según la propia universidad, su Presupuesto general ronda el 30% de lo solicitado; en el caso del Hospital es aún es menor. Todo esto estaría poniendo en riesgo el propio desarrollo del Hospital Universitario e, incluso, todos los proyectos que se vienen llevando adelante. Se dieron discusiones en torno a esa expectativa, a esa perspectiva; se dijeron varias palabras –desde refundar el Hospital, reconstruirlo–, hubo diferentes acepciones, pero tenían en común la necesidad de mejorar ese patrimonio de la sociedad uruguaya. Como ustedes saben, el Hospital no está inserto formalmente al Sistema Integrado Nacional de Salud ni recibe, más allá del convenio con ASSE, ninguna cuota parte por las contraprestaciones o prestaciones que brinda al sistema. Básicamente, todo su funcionamiento se financia con presupuesto educativo. A su vez, lo que se votó en Diputados, siendo incluso muy insuficiente, también tiene algunos problemas de orientación. El principal problema que hoy tiene el Hospital Universitario, más allá de su planta física, es la necesidad de retener a los recursos humanos más calificados. Estamos teniendo una sangría de recursos humanos a otras partes del sistema, por competencia salarial, por condiciones de trabajo y por otra gran cantidad de aspectos. En ese sentido, es necesario desarrollar algunas políticas de recursos humanos que permitan, más allá del aumento general otorgado a la Universidad, implementar políticas para retener ese personal. Tanto los cincuenta millones como los cien millones están destinados, fundamentalmente, a gastos, no siendo este el principal problema que tenemos hoy para garantizar los niveles de funcionamiento actuales. Volvemos a insistir en que los proyectos de desarrollo se verían seriamente comprometidos con el Presupuesto aprobado. Nosotros pensamos que eso podría modificarse, más allá del monto. Los destinos de estos dineros deberían votarse dirigidos al hospital, pero en carácter de partida global, y no dirigida a gastos o inversiones. Eso permitiría desarrollar, por ejemplo, los concursos de enfermería, que hace más de 20 años que no se realizan y por eso las compañeras no han podido tener ascensos, entre otras situaciones similares. Al mismo tiempo, no contamos con la base presupuestal que permita desarrollar la planta física –se planteaba específicamente un monto para empezar una reconversión de las áreas de planta baja y de un piso–, porque eso tampoco se ha aprobado en la Cámara de Representantes.
Sin dudas, en la sociedad uruguaya, a partir del triunfo del Frente Amplio y de la instalación de su gobierno, por la promesa que se había planteado en el sentido de contar con fondos para la recuperación de la planta edilicia del Hospital Universitario, mejorando los niveles asistenciales y permitiendo su incorporación al Sistema Nacional Integrado de Salud, se generó una gran expectativa que no ha sido contemplada en el presupuesto. En virtud de esto, todo el esfuerzo que hizo la Universidad, así como esa expectativa de la sociedad uruguaya, se verían fuertemente frustrados. La Universidad viene con una lógica de discutir un proyecto con profundidad, con tensiones y con conflictos, pero en definitiva se logró llegar a una visión del Hospital que es fruto del consenso; me refiero a su reconversión. Esto se expresa, entre otras cosas, en reformar los órganos de gobierno del Hospital, la propia ordenanza que nos regía hasta este año, pero todos estos avances no reciben la contrapartida de contar con esos US$ 100:000.000, que garantizarían la reconversión del hospital universitario.
De más está decir –y así lo hemos planteado durante varios años– que el Hospital hace un gran aporte al sistema de salud, a la formación de recursos humanos y a la investigación de la ciencia médica en este país.
Por otra parte, seguimos sin percibir –más allá del convenio que se había firmado con ASSE– un retorno de fondo por la participación que este hospital tiene en el sistema en su conjunto. Del Fonasa el Hospital no recibe nada, más allá del convenio hecho con ASSE, como acabo de decir.
Asimismo, nos preocupa mucho a los funcionarios y a la colectividad universitaria en general que, de alguna manera, la salida que se plantea para la reconversión del Hospital de Clínicas es su privatización, a través de la instrumentación de una Participación Público Privada. Más allá del aspecto ideológico en general, en particular, en los ámbitos sanitarios, la experiencia mundial demuestra que donde se aplicaron fueron negativas para la población. Tan negativas fueron que, incluso, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial –como puede verse, no se trata de organizaciones sindicales– han dicho que estas PPP se han utilizado como forma de licuar endeudamiento público, mostrándolo como si se debiera a la gestión privada. Esto ha significado la toma de control de los servicios sanitarios de los países por parte de corporaciones empresariales y holdings que nuclean bancos, empresas constructoras y de gestión hospitalaria. A esta información se puede acceder fácilmente, está en internet y existen datos profusos en esta materia. Cabe destacar, por ejemplo, lo que ocurrió con el sistema de salud inglés, que fue destruido a partir de las políticas llevadas adelante por gobiernos como el de Margaret Thatcher. Lo mismo ocurrió con la financiación de iniciativas públicas con fondos privados. En España ha sido bastante preocupante lo que sucedió con este tipo de modalidades y se registraron denuncias de todo tipo. A su vez, en Francia, se comenzó un proceso de reestatización de los hospitales, porque los ejemplos que se han utilizado fueron altamente negativos.
Por otro lado, cuando se planteó arreglar el Hospital de Clínicas, lo que todos los uruguayos y uruguayas entendimos fue que se proponía, justamente, arreglar el Hospital de Clínicas, y no cambiar su figura jurídica para pasar a ser una empresa que se va a regir por un criterio privado y cuyo control va a estar a cargo de un holding internacional o nacional de empresas privadas. Esto es más preocupante, incluso, que cuando se planteó su transformación en persona pública no estatal en otro momento político del país.
Estos son los temas que nos están preocupando y no vemos una posibilidad de salida. Queremos insistir en la necesidad de más fondos, que creemos que se pueden encontrar, para atender la situación del hospital en particular; en la posibilidad de cambiar la Dirección de estos gastos que ya venían definidos, y en la posibilidad de buscar otras alternativas. Hay una ley de fideicomiso y otros caminos que permitirían el financiamiento del arreglo del hospital universitario sin tener que transitar por esta alternativa, que en última instancia implica su privatización.
SEÑORA FIGARI.- Quisiera realizar algunos comentarios sobre un artículo que hace referencia a la Red Integrada de Efectores Públicos en Salud, en la cual participa la UTHC, en un sentido de complementación dentro del subsector público. Concretamente, se hace una transformación en este proyecto de ley y se crea una coordinación que incluye el sector privado. Nosotros estamos viendo –y esto ha sido dicho por las autoridades de ASSE– que el sector se ha vuelto muy competitivo, público con público, privado con privado, privado con público, y pensamos que esto va a aumentar esa competitividad y va a dejar de lado la complementariedad. Por eso no estamos de acuerdo con esa transformación que se plantea.
Estamos preocupados por la opinión de los señores Legisladores con respecto a esto, porque en la discusión presupuestal que hubo en la Cámara de Representantes la Bancada oficialista no se expresó en absoluto con respecto al Hospital de Clínicas y la única manifestación que hubo, por parte de una de las Bancadas, fue denostando, a nuestro entender, el Hospital de Clínicas, porque se dijo que era como una bolsa donde siempre se tiraba dinero. Nosotros sabemos que, por las protestas y los reclamos que se hacen por el Hospital de Clínicas, a veces parece que siempre el hospital está pidiendo, pero el hospital ha rendido cuentas, la universidad ha rendido cuentas y tenemos cuadros comparativos de la actuación del hospital con respecto a los otros hospitales de ASSE. Por lo tanto, nos parece que se debe tener respeto cuando se rinden cuentas y también cuando se exige dinero, en la medida en que nunca se han alcanzado los presupuestos, como en este caso, que solo se le otorga el 13% de lo que se solicita.
Entonces, en ese sentido, queremos que se tome en cuenta el Hospital así como la importancia que tiene dentro de la Universidad y como un referente que ha sido –y que queremos que siga siendo– en el país y en la salud pública del país.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a los Representantes de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas por su presencia en la sesión de hoy.
(Se retira de sala la delegación de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas).
(Ingresa a sala una delegación de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay).
–Damos la bienvenida a una delegación de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, integrada por los doctores Alejandro Bielli, Margarita De Miquelerena y Carlos Morón, a quienes con mucho gusto les ofrecemos la palabra.
SEÑOR MORÓN.- En primer lugar, vamos a hacer dos precisiones. Esta delegación pertenece a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay y está integrada por la doctora Margarita De Miquelerena; el Decano interino de la Facultad de Veterinaria, doctor Alejandro Bielli y quien habla, doctor Carlos Morón, Presidente.
La Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay es una institución de carácter cultural y gremial. Tiene 108 años de existencia, 20 centros veterinarios distribuidos en todo el país y sociedades de especialistas; además, actualmente publica la revista científica más antigua del Uruguay que el año que viene cumplirá 100 años.
¿Por qué estamos acá, en la Subcomisión de audiencias –a la cual le agradecemos profundamente que nos reciba– del Senado? Por cinco artículos, que van del 270 al 275 –tal como fueron aprobados por la Cámara de Representantes–, en los que teníamos una participación activa referente al bienestar animal. Nuestra institución, la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, por mandato del Poder Legislativo participa en muchas comisiones. Dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca participa en la Comisión de Salud Animal, en las comisiones departamentales de Salud Animal, y por ley de acreditación, la Nº 18595, tiene participación activa, por el artículo 14 de la Ley Nº 19.175, en los temas de la pesca. A nivel del Ministerio de Salud Pública interviene en la Comisión de Zoonosis, Ley Nº 13.459 y en las Comisiones Departamentales. En el Ministerio de Educación y Cultura colaboramos de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Nº 18.471 sobre tenencia responsable y bienestar animal, que es el tema que nos trae acá.
Como ya dijimos, existen cinco artículos que vienen de la Cámara de Representantes. El artículo 270 corresponde a la Comisión Nacional de Bienestar Animal.
SEÑORA PRESIDENTA.- La nueva numeración es a partir del 276; aclaro esto para que quede constancia en la versión taquigráfica.
SEÑOR MORÓN.- Estoy nombrando los artículos tal como vinieron de la Cámara de Representantes.
SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a ponernos de acuerdo, es el artículo que comienza diciendo: «Transfiérese la Comisión Honoraria…».
SEÑOR MORÓN.- Exacto.
SEÑORA PRESIDENTA.- Actualmente es el 276 y sucesivos, porque se agregaron artículos.
SEÑOR MORÓN.- Muy bien.
El artículo 276 es el que transfiere todas las potestades de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y en eso no tenemos objeciones; nos parece bien.
Ahora, el artículo 277 cambia lo que es la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal por la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal.
El artículo 278 cambia la integración de esa Comisión, y eso es lo que nos preocupa, porque saca a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, que estaba en otra Comisión por mandato legislativo. Ahí ya no estamos más, como tampoco están otras organizaciones.
El artículo 279 crea un consejo consultivo que tampoco nos contempla como Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay.
El artículo 280 crea la Comisión asesora de zoonosis.
El bienestar animal es de incumbencia de veterinaria y nosotros estamos acá aclarando esta temática. Reclamamos la integración a esa Comisión por considerar, por convicción y por formación, que los veterinarios somos los que tenemos que actuar en el tema de bienestar animal. Si cualquiera de los señores Senadores tiene que conocer el estado de salud consulta a un médico, si quiere saber el estado de salud psiquiátrico, consulta a un psiquiatra, y si tiene que hablar de salud y bienestar animal tiene que consultar con un veterinario; no hay vuelta de hoja.
Otro dato importante a recalcar es que estas potestades se transfieren al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que solo cuenta con 60 veterinarios de campo que están encargados de un montón de actividades de combate de las enfermedades.
SEÑORA PRESIDENTA.- El artículo aprobado en la Cámara de Representantes agrega un delegado de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay.
SEÑOR MORÓN.- Sí, pero en la Comisión consultiva y no en las otras dos Comisiones que se crean. Por tanto, estamos solicitando participar de las otras dos comisiones.
Como les decía, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que va a tener esas nuevas potestades cuenta con 60 veterinarios de campo y debe cumplir con el control de las otras enfermedades, como ser, la aftosa, tuberculosis, brucelosis, etcétera, mientras que nosotros contamos con 4.400 veterinarios. Por eso, pensamos que a los veterinarios del Ministerio les será bastante complicado cumplir con todas las actividades referentes a la tenencia responsable y al bienestar animal.
Insisto en que lo que solicitamos es integrar las tres comisiones porque entendemos, por formación y por convicción, que estamos capacitados para ello y la historia demuestra que participamos en numerosísimas comisiones a nivel nacional con distintos Ministerios y siempre cumplimos la tarea de forma honoraria. En resumen, queremos seguir participando allí.
Si lo permiten, ahora intervendría el decano interino de la Facultad de Veterinaria y luego la secretaria de la sociedad.
SEÑOR BIELLI.- Como el Decano titular se encuentra de viaje, me ha tocado participar a mí. Simplemente, quiero decir que el Consejo de la Facultad de Veterinaria ha tratado el tema con cierta preocupación. Compartimos totalmente la intervención que acaba de realizar el colega. Así como participaba la Sociedad de Medicina Veterinaria, también lo hacía la Facultad de Veterinaria y pienso que sería bueno tenerlo en cuenta para el futuro.
En una etapa de la actividad parlamentaria en que mucha gente viene a pedir dinero, recursos, muchas veces con argumentos entendibles, nosotros no venimos a pedir nada de eso. Lo que venimos a solicitar es que se acuerden que había una actividad de la profesión veterinaria bastante importante vinculada al tema del bienestar animal. Entendemos que es una responsabilidad desde el punto de vista técnico y de nuestra formación profesional, seguir participando.
SEÑORA DE MIQUELERENA.- Soy la Secretaria de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay. Entendemos que es ineludible la incorporación de la profesión y el compromiso desde el ejercicio liberal de la profesión en este tema, porque es una temática social que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. La ley trata de contemplar la tenencia, sobre todo, de perros y caballos –es a lo que más apuntó el legislador cuando elaboró la ley– y creemos que el profesional es quien debe actuar directamente en esta temática. Consideramos que temas como la tenencia responsable de animales, los animales sueltos y las agresiones deben tomar un cariz profesional y lógico porque no podemos seguir con problemáticas que no se pueden resolver. Hay que dar un tratamiento profesional y comprometer a la profesión para que se realice un registro de perros. También debe haber un compromiso de los profesionales que apunte a la educación de los propietarios para que la situación social cambie y se siga el rumbo de otras sociedades.
SEÑOR CAMY.- En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay.
Simplemente quiero hacer una consulta. Cuando ustedes comparecieron en la Comisión de la Cámara de Representantes por este mismo tema o en algún diálogo con alguna dependencia del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿han recibido alguna explicación por la decisión de excluir a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay? Digo esto porque, luego de haberlos escuchado, parecería que la decisión de no incorporarlos tiene, precisamente, el objetivo de que no estén representados. Se pasa de la Conahoba a esta nueva Comisión Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –lo que ustedes no cuestionan– y se los incorpora, pero restringidos al ámbito consultivo. Es decir que dejan de tener las otras dos potestades que tenían cuando participaban de la Conahoba.
Considerando que esta decisión no implica aspectos presupuestales –como señalaba el Decano interino– y contando con la posición favorable del Consejo de la Facultad de Veterinaria, no puedo dejar de creer que se trata de un error, ya que no veo ningún argumento para esta decisión.
Entonces, ante la posibilidad de que se pueda corregir esto en el Senado, quisiera preguntarles si les han dado alguna explicación, repito, en la Cámara de Representantes o en algún organismo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con el que tienen un relacionamiento profesional cotidiano.
SEÑOR AMORÍN.- Deseo hacer una consulta a los efectos de ponernos a trabajar en el tema, ya que el planteo parece bastante sensato.
El artículo 276 hace alguna modificación que, en principio, no los complicaría. Tampoco tendrían problemas con el 277. Con el que sí tienen problemas es con el 278, que es en el que ustedes son excluidos de la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. Me parece que tampoco tendrían complicaciones en el artículo 279. En el 280 ya fueron incluidos en la Cámara de Diputados. Me da la impresión de que lo que ha pasado es que no se tomó en cuenta el artículo 278, que es el que crea la Comisión.
Entonces, si el Senado resuelve que ustedes participen –lo que, reitero, me parece sensato–, ¿quedaría más o menos saldada la situación?
SEÑOR MORÓN.- Gracias a los señores Senadores Amorín y Camy por las preguntas formuladas.
Nosotros no quedamos conformes de ninguna manera, en la medida en que creemos que nuestra participación es imprescindible para el buen logro de la función. Somos 4.440 veterinarios que somos los ojos y oídos del bienestar y la salud animal. Realmente tenemos que participar.
SEÑOR AMORÍN.- Si en el artículo 278, que es el que dice: «Créase la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, como organismo desconcentrado dependiente del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", que se integrará por: un Representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que la presidirá; un Representante del Ministerio de Salud Pública; un Representante del Ministerio del Interior y un Representante del Congreso de Intendentes», agregamos «y un representante de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay», y teniendo en cuenta que ya están incluidos en el artículo 280, ¿quedaría solucionado el problema?
SEÑOR MORÓN.- Sí, quedaría solucionado.
En cuanto a la consulta del señor Senador Camy, debo decir que no nos consultaron para cambiar esta normativa. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no nos ha consultado para nada y tampoco hay ninguna explicación de por medio.
SEÑORA PRESIDENTA.- Tomamos nota de lo que han solicitado y les agradecemos mucho su presencia.
(Se retiran de sala los representantes de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay).
(Ingresan a sala los representantes de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores).
–Damos la bienvenida a los representantes de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores: María Lucía Actis Acevedo, Hugo Enrique Caussade Zaccaron, Carlos María Courtoisie Beyhant y Mariel Virginia Forestier Urta y Yully Alexandra Lacerda Nieves y les cedemos el uso de la palabra.
SEÑOR CAUSSADE.- Venimos a presentar una propuesta que entendemos forma parte de una nueva manera de implementación y de una búsqueda de equilibrios en la Cancillería por parte de la nueva administración. En esta ocasión nos queremos referir a una propuesta de artículo que en su momento no fue recogida favorablemente por el Ministerio de Economía y Finanzas, ya que simplemente se contempló uno de los artículos. En este caso se busca equiparar las retribuciones básicas del Escalafón M con los restantes de la Cancillería, respetando y buscando las equivalencias de los grados presupuestales que existen en ambas categorías y conceptos. Vale decir que los funcionarios del servicio exterior que trabajan en las oficinas en Montevideo reciben una compensación por dedicación total y su fundamentación estaría en las características propias del funcionamiento de Cancillería que implica el desarrollo de funciones, atendiendo no solamente a su casa matriz, que es la oficina en Montevideo, sino también a todas las otras en el exterior. El tratamiento de los temas y los requerimientos de las oficinas en el exterior son permanentes y por eso el trabajo va más allá de las ocho horas que se establecen para los horarios comunes de funcionamiento de oficina y de lunes a viernes. Estas condiciones de trabajo no le atañen solamente al Servicio Exterior de la República, sino también a todos los funcionarios que se desempeñan en la Cancillería, es decir, en el resto de los Escalafones sin una distinción precisa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el funcionario del Servicio Exterior, en el ejercicio de su profesión está directamente vinculado al tratamiento y solución de los problemas sustantivos de la Cancillería, no es posible lograrlo si el resto de su andamiaje no es afín y no está alineado con esos objetivos. Por lo tanto, para desarrollar esas funciones se necesita que detrás o apoyando al personal diplomático esté el resto de los escalafones de la Cancillería.
Entendemos, entonces, que esa dedicación total –fundada básicamente en el tipo de funcionamiento y de operativa que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores– debería ser incorporada al resto de los escalafones.
Por lo tanto, en primera instancia solicitamos una equiparación por la que se conceda la misma compensación por dedicación total que tiene hoy el escalafón M, al resto de los escalafones de Cancillería. Este es, básicamente, el planteo.
Quiero hacer una precisión con respecto al material que se entregó a los señores Senadores. En el cuarto párrafo de la primera página dice que la propuesta planteada supone un incremento salarial promedio de un 24% y quiero aclarar que es sobre el sueldo base. No hablamos de la retribución total del funcionariado, sino del sueldo base de un funcionario en los diferentes grados en que puede estar calificado.
El costo del artículo es de $ 15:544.000. Entendemos que el financiamiento podría darse a través de la modificación de uno de los artículos incorporados en la Cámara de Representantes y la eliminación de otro. Ello implicaría una rebaja al presupuesto de Cancillería de unos $ 20:000.000. Me refiero a la eliminación del artículo 258 –que figura en la propuesta que recibieron los señores Senadores para su análisis– y la modificación del artículo 260. De esta forma, se obtendría la fuente de financiamiento para poder atender la erogación de la que estamos hablando.
Estamos a las órdenes para responder las preguntas que nos quieran plantear y las consideraciones que entiendan oportuno realizar.
SEÑOR AMORÍN.- La pregunta es la siguiente.
Me pareció escuchar que en sus conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para realizar el Presupuesto, esta propuesta estaba aceptada por dicha Cartera. Es decir, la propuesta que los trabajadores de la Cancillería están realizando acá, ¿salió del Ministerio, pero durante la elaboración del presupuesto se concretaron algunos artículos y otros no?
SEÑOR CAUSSADE.- No llegó a salir con formato de articulado, porque ya en la primera y segunda conversación previa que tuvimos –hubo tres o cuatro instancias antes de que el articulado se definiera– esto no fue aceptado; o sea, ni la redacción propuesta en su momento, ni –lógicamente– esta redacción que nunca llegó a articularse.
SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión agradece la presencia de la delegación de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
(Se retira de sala la delegación de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores).
(Ingresa a sala la delegación de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay).
–Buenas tardes. Tenemos el agrado de recibir a los representantes de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, señora Florencia Abbondanza, y señores Diego Fernández y Juan Ignacio Fernández.
SEÑOR FERNÁNDEZ (Diego).- Buenas tardes y gracias por recibirnos.
Como Presidente de Asoprod, debo decir que hemos estado trabajando también en la Cámara de Representantes, donde tuvimos numerosas reuniones con Legisladores de distintos sectores políticos.
Haciendo un pequeño repaso, lo que hoy nos trae aquí es, principalmente, la ley de creación del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay que fue sancionada en el año 2008 por unanimidad, luego de haber estado –según se dice– en un cajón durante cincuenta años como proyecto. La única disciplina artística, cultural e industrial que Uruguay había relegado de tener producción propia, finalmente comenzó a desarrollarse en forma sostenida en este siglo. Como respuesta a ello, en el año 2008 surgió esta ley, que creaba un fondo de fomento y un instituto mediante el cual se promovía y fomentaba esta actividad.
Esta ley, como dije, fue sancionada en el 2008 por unanimidad y establecía un monto fijo de $ 25:000.000. En ese momento fue un muy buen impulso para la actividad –de hecho, en el documento que les vamos a dejar hay gráficas que muestran el impacto que tuvo y el crecimiento que mencioné–, pero con el correr del tiempo, evidentemente, los montos fijos en pesos van perdiendo su valor. De hecho, en estos 7 años que llevamos, lo que valía 100 en el 2008 pasó a tener un valor de 59 este año, y de no incorporarse o no reajustarse, la tendencia hará que dentro de unos años termine teniendo un valor de 30. Esto iba en contra del espíritu con el cual se creó la ley. Hoy en día se dice que también hay que apostar a esta actividad –por más que los productores ya veníamos haciendo cine y audiovisual con muy pocas cosas– porque en muchos aspectos es un área estratégica para el país.
Por ello reclamamos que se reajuste ese monto de manera de evitar que vuelva a pasar lo mismo –que no pierda más valor– considerando que es la base que necesita el fondo de fomento para el desarrollo de esa actividad.
Siempre se dijo que esto se iba a cambiar, es decir que después se iba a mejorar el monto establecido inicialmente. Lo cierto es que durante esos siete años estuvimos señalando que iba a ser un problema porque la diferencia cada vez se iba a acentuar más. Finalmente, terminamos aquí, en el Parlamento, para procurar que eso se corrija en este Presupuesto.
Estamos contentos porque en la Cámara de Representantes se entendió la situación y volvieron a asignarse recursos para que el valor del fondo de fomento vuelva a ser el de 2008. Además, el trabajo estuvo muy bueno porque no hablamos solo del dinero, sino de la importancia de esta actividad –en la que, de hecho, nuestro país invierte mucho menos comparativamente, según el PIB, que otros países similares, por ejemplo, seis veces menos que Argentina y por lo menos seis veces menos que Nueva Zelanda– en el mundo actual. El diálogo que se fue dando en la Cámara de Representantes fue interesante y abrió las puertas para seguir discutiendo políticas de largo plazo y aspectos más profundos que trascienden la cuestión del dinero para el fondo. Insisto: esto fue lo que nos permitió ese proceso en la Cámara de Representantes. Por nuestra parte, tenemos la mayor disposición; incluso hay experiencias de otros países cercanos que son replicables y adaptables para que podamos hacer muy bien las cosas, pues, de hecho, estamos bastante relegados a nivel de la región, en cuanto a la visión y la apuesta de las políticas que tiene el Uruguay sobre el cine y el audiovisual.
Logramos que los Legisladores aprobaran que el fondo volviera a tener el mismo valor que se votó en 2008 –fue un gran paso para nosotros–, pero aún no quedó incorporado cómo se reajustará a futuro. Por lo tanto, nos encontramos con que vamos a tener el mismo problema que tuvimos la vez pasada.
Cabe aclarar que ese reajuste fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes.
SEÑORA ABBONDANZA.- Es verdad que el reajuste fue aprobado por unanimidad. También es verdad que el Diputado Jorge Gandini, del Partido Nacional, propuso que el reajuste fuera real y que se fijara según el IPC. Al mismo tiempo, el diputado del Frente Amplio, Sebastián Sabini, dijo que este tema se debía definir en el Senado y por el valor de las unidades indexadas.
Entendemos que el verdadero cambio conceptual que debe haber por parte del Estado es el del reajuste por unidades indexadas o por el IPC. Esto tiene que cambiar conceptualmente. El Estado debe demostrar que quiere fomentar la actividad audiovisual. Darnos más plata y, del mismo modo, tener que volver cada dos años para pedir que se reajuste por el IPC, no soluciona el problema. Acá el problema radica en que no hay una política audiovisual clara por parte del Estado. Entonces, pedimos una señal política de que realmente hay un fomento al audiovisual y al cine nacional. La batalla la ganamos con el reajuste por el IPC o en unidades indexadas.
No queremos más plata –es importante que realmente se entienda–, sino políticas audiovisuales integrales para el país, de modo de poder desarrollar todo lo que el universo audiovisual puede generar para el crecimiento y el desarrollo de un país con más justicia social, con más herramientas para los niños, para los adultos y para los sectores más marginados, es decir para todos los sectores que conforman nuestra sociedad.
Es necesario entender un poco para qué sirve el fondo. Con él no solo se financian películas de ficción, sino también herramientas de fomento para esas películas, para series de televisión, para documentales y contenidos educativos, entre otros. El fondo de fomento es mucho más que plata para hacer películas que se estrenan en el cine, aunque es el puntapié inicial para hacer esas películas que son la punta de la lanza de lo que es todo el audiovisual.
SEÑOR FERNÁNDEZ (Diego).- Con respecto al tema de para qué sirve el fondo de fomento, me parece pertinente contextualizarlo a fin de entenderlo mejor. A modo de ejemplo, en nuestro país tendremos un fondo de fomento que será de un poco más de USD 1:000.000. Eso es lo que cuesta en Brasil o en Colombia hacer una película de mediano o bajo porte. Digo esto para entender realmente el alcance de la apuesta que está haciendo Uruguay en este aspecto. Por eso decimos que estamos muy por debajo.
Sin embargo, eso es lo que motiva que los productores locales salgamos con un 20% o 30% del presupuesto a captar socios afuera, o sea, coproductores, fondos, distribuidores y televisiones. En realidad, nos hemos vuelto unos campeones al salir con esos porcentajes. Cuando uno es mayoritario, lo ideal es que salga con el 50% para conseguir el 50% restante. Si bien nos hemos especializado en salir con mucho menos, es imposible salir con el 12%, porque nadie va a querer sumarse al emprendimiento. Dirán: «Si en tu país confían tan poco en el proyecto, por qué tengo que confiar yo». Es una operación de matemáticas muy simple.
Igualmente, estamos peleando en la B. Si bien no hemos tenido proyectos por los montos que requieren, tuvimos muchos proyectos con los que nos ha ido tan bien en los festivales –a pesar de estar jugando desde la B–, que han trascendido y superaron su propia barrera de limitación para ingresar en carriles de distribución mucho más grandes.
A futuro deberíamos discutir –en función de lo bien que nos ha ido en la B con lo poco que hemos tenido– cómo pensar, también, en jugar en la A. Perdón por la analogía futbolística, pero con el tema del reajuste –sin saber si en los dos años se dará una señal política de cuánto realmente interesa apostar–, es que peleamos para no caernos a la divisional C. Esto es para entender la contextualización del fondo de fomento y qué es lo que implica.
SEÑOR FERNÁNDEZ (Juan Ignacio).- Hay que entender que el lenguaje visual –con esto estamos todos de acuerdo– es la escritura de nuestro tiempo. Por algo hace varios años apostamos a las ceibalitas. Y si recordamos, lo primero que hacían los niños cuando la recibían era sacarle fotos a su familia o filmarse, es decir, representarse con ese lenguaje. Con el cine, con las películas, hemos logrado una representación, una construcción de identidad y de historia. Por ejemplo, tenemos películas como Artigas: la Redota. Piensen en las herramientas educativas que puede generar una película de esta magnitud. El niño, que justamente se ha criado con herramientas audiovisuales en la computadora, va al cine, ve esa película y tal vez luego vuelve a la escritura; quiere saber más sobre el tema y busca los libros. De esa misma manera podemos hablar de una película como La sociedad de la nieve, relacionada con la tragedia de los Andes, y de lo que son las epopeyas, por aquello de lo que estamos orgullosos. Es así que tenemos Maracaná, Mundialito, o sea, todas películas que terminan siendo nuestra historia representadas por el cine.
El otro día leía acerca de que Selkirk, una de las primeras películas de animación que se hicieron acá, se utiliza en Francia, justamente, para hablar del tema de Robinson Crusoe y la historia de aquella época. ¿Por qué nosotros no podemos, con las películas que hicimos, como también con las que quedan por hacer, trabajar en educación en ese sentido? Queremos recalcar que no es solo pedir, sino pedir para apostar, pedir para seguir dando, para tener un cine como un álbum familiar, tal como lo pensamos. Si ese álbum familiar no lo hacemos con nuestras propias fotos, lo dejamos librado a que después venga el cine extranjero y termine haciendo la gran ficción sobre Maracaná o como pasó con la tragedia de los Andes, que la primera película que se hizo era americana y tuvieron que pasar treinta años para que la hiciéramos nosotros. Creo que tenemos que pensar el cine desde ese punto de vista a la hora de apostar por él, es decir, para educar, para brindar cultura, para tener un álbum familiar. Ese es el sentido profundo que hemos venido a discutir. El IPC simplemente es la punta del iceberg de todo esto.
SEÑORA ABBONDANZA.- Algo que no es menor es que esto tiene que ver con puestos de trabajo. Hace unos años veníamos realizando unas siete películas de ficción al año, lo que representaba unos 600 puestos de trabajo. Este año se filmó una y se está llevando adelante otra. Se redujeron muchísimos estos puestos de trabajo. También hay que entender que tenemos 4.000 estudiantes de la carrera audiovisual en el Uruguay. Hablo de todo el país porque la Universidad de la República tiene una licenciatura en otro departamento que no es Montevideo debido a la descentralización. Entonces, ¿qué trabajos van a tener estos 4.000 chicos cuando salgan de esos ámbitos públicos o privados de estudio? Todo esto es parte del tema audiovisual.
SEÑOR FERNÁNDEZ (Diego).- Como decía Florencia, ya no es un tema de que los jóvenes están estudiando audiovisual porque es la carrera de moda; no es así, sino que el mundo cambió. Piensen cuánto se ha modificado en sus vidas todo lo relacionado con los contenidos audiovisuales. A un niño aprender solo de una imagen fija le cuesta mucho más. El país debe entender que estratégicamente, en un mundo donde avanza la producción de contenidos, donde hay ventanas de distribución, no puede quedarse atrás y tiene que dar la batalla para tener sus propios contenidos, como también colocarlos afuera y hacer de esto una actividad económica rentable.
Estamos plenamente dispuestos –de hecho, en el documento citamos experiencias de otros países– a trabajar y a diseñar políticas. Es más, estamos afines a venir la cantidad de veces que sean necesarias. Lo que no nos parece lógico es que tengamos que estar viniendo para reclamar que el fondo volvió a perder su valor. Ojalá que en dos años podamos estar acá evaluando las cosas que definimos que podrían hacer crecer esto y cómo implementarlas, y no tener que estar peleando, otra vez, porque se perdió un 7% anual de valor. Como ciudadano de este país deseo que discutamos mirando hacia el futuro y no volviendo a vivir los mismos problemas por no haber sabido aprender de ellos.
SEÑORA ALONSO.- Simplemente quiero saludar a la delegación y felicitar a sus integrantes por las ganas y por apostar a lo que hacen. Soy una convencida de que tenemos una excelente producción nacional y, por eso, debemos fomentarla mucho más. Asimismo, comparto en su totalidad lo que han expresado. Precisamente, en esa búsqueda de tratar de fomentar la producción nacional audiovisual quiero dejar constancia de que el Partido Nacional presentó en la Cámara de Representantes un aditivo con el que vamos a insistir en esta instancia en el Senado. Esperamos que en este ámbito se dé un espacio para la negociación y la discusión de la iniciativa por la que todas las sumas asignadas a este fondo de fomento puedan ser ajustadas por IPC.
Esa era la constancia que queríamos dejar y nuevamente saludamos a los integrantes de esta delegación.
SEÑORA PRESIDENTA.- Estamos despidiendo a esta delegación y aclaramos que esta Comisión ha tomado nota de su planteo.
(Se retira de sala la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay)
(Ingresa a sala el Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva en Uruguay)
–La Subcomisión de audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado da la bienvenida a la delegación del Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva en Uruguay, integrado por las señoras Umpiérrez, García, Viola y Toledo y los señores Soto y Muiño.
SEÑORA UMPIÉRREZ.- Gracias señora Presidenta. Antes de comenzar con nuestra exposición, quisiéramos conocer los nombres de los integrantes de la Subcomisión aquí presentes.
SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a presentar a las señoras Senadoras Alonso y Ayala y a los señores Senadores Amorín, De León y Meléndez. Asimismo, está presidiendo en este momento la Senadora Payssé. Agrego que hay asesores de los distintos Senadores, quienes también escucharán con mucha atención lo que ustedes tengan para decir.
SEÑORA UMPIÉRREZ.- Muchas gracias.
En nombre del Grupo de Trabajo en Educación Inclusiva les agradecemos mucho la invitación y la posibilidad de tener esta audiencia.
Nuestro grupo está integrado por organizaciones no gubernamentales y también federaciones y asociaciones de padres y familiares de personas con discapacidad. Específicamente nuestro grupo está integrado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública –Cainfo–, Afauco, Amnistía Internacional Uruguay, Asociación de Padres y Amigos de Sordos del Uruguay –Apasu–, Comité de los Derechos del Niño y la Niña de Uruguay, Defensa de Niños y Niñas Internacional, El Abrojo, Federación Autismo Uruguay, Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, Infancia y Adolescencia Ciudadana –IACi–, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, ProEdu, Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la activista Marta Varela.
Nuestro grupo tiene por objetivo principal impulsar y promover el derecho a la educación inclusiva, en este caso con énfasis en las personas con discapacidad, y está trabajando para que en Uruguay se promueva un cambio de paradigma y contemos con un sistema educativo común en el cual la inclusión de las personas con discapacidad sea plena.
SEÑOR SOTO.- Agradecemos a los señores Senadores y señoras Senadoras por recibirnos.
Siguiendo la línea de lo que decía la señora Alejandra Umpiérrez, para nosotros, en este proceso de la educación inclusiva, uno de los aspectos fundamentales –si bien todo es importante para lograr este cambio y que se instale el nuevo paradigma– es trabajar en la formación docente. Nosotros apelamos a que los señores Senadores puedan tener en consideración en el Presupuesto Nacional –que está centrándose en los temas educativos– que realmente se destinen dineros específicos para apuntar a que en la formación docente de pregrado se incluyan los temas de discapacidad, de derechos humanos y de diversidad. De esa forma los maestros y profesores que educan a todos nuestros niños y adolescentes van a salir con herramientas que les permitan recibir, orientar y educar a los chicos y chicas con discapacidad en general.
Nos sucede muchas veces que los maestros recibidos no tienen formación, herramientas ni conocimiento de estos temas y cuando un día cualquiera se ven enfrentados a un caso de un alumno o alumna con discapacidad, se asustan o se dan situaciones de rechazo. Esto hace que la persona con discapacidad se aísle del sistema. Todos tenemos presente los problemas que hay para mejorar la educación y la deserción estudiantil que existe, pero si en general en la sociedad quienes terminan el proceso educativo representan el 40% o el 50%, entre las personas con discapacidad es muchísimo mayor la cantidad de estudiantes que no logran ni siquiera llegar al Ciclo Básico.
Por eso es muy importante generar y disponer recursos para la formación docente.
SEÑORA TOLEDO.- Soy integrante del equipo técnico del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo y parte de este grupo de trabajo.
Queremos destacar que, dentro de los materiales que fueron enviados a los señores Legisladores, están las leyes que nos obligan a todos, por ser parte de nuestro país. Allí está específicamente aclarado que el Uruguay se compromete a cumplir con todos los requisitos posibles para una educación inclusiva. Esto implica una educación inclusiva para todos los niños, adolescentes y jóvenes en todas las etapas en un sistema común de enseñanza. Para eso es muy importante tener presente que si bien todos los niños son iguales en derechos no todos tienen las mismas características o condiciones como para tener las mismas oportunidades de aprendizaje. Para que el sistema educativo sea inclusivo es necesario contar con las condiciones de accesibilidad plena para todos los niños, y esto no implica solamente la accesibilidad edilicia, que es la que más escuchamos o hacemos referencia cuando hablamos. Lamentablemente, en muchos edificios de nuestra ciudad no están dadas las condiciones de accesibilidad física. Es importante tener presente la accesibilidad a la comunicación, al conocimiento y a la información que da el docente dentro del aula. También necesitamos expresar que en muchas instancias ese docente necesita equipos profesionales de apoyo que puedan acompañar esos procesos de aprendizaje. Nosotros, como país, estamos obligados a generar las condiciones para que esa inclusión sea dada de la forma más natural, porque todos los niños, tengan o no discapacidad, tienen el derecho a vivir la realidad y a convivir en esa realidad tal cual es. No estamos diciendo «no a la educación especial» –donde históricamente nuestro país tuvo un rol muy importante– porque allí hay mucho conocimiento, pero, hoy por hoy, la escuela especial debería ser vista como un centro de recurso para apoyar a los centros regulares o comunes de educación. El grupo está trabajando en los ajustes razonables de acuerdo con la convención, que son los que se deben realizar para cubrir las necesidades de los niños según sus características, tengan discapacidad visual o intelectual. Ese proceso y ese conocimiento están instalados en muchas de las organizaciones o fundaciones que ya están trabajando en nuestro país y en el equipo docente dentro de las escuelas especiales. Estamos pidiendo que en el presupuesto se destinen los recursos necesarios para que eso se garantice, tal como lo dispone la convención y la ley nacional de protección a las personas con discapacidad. Muchas gracias.
SEÑOR MUIÑO.- Integro la ComisiónDdirectiva de una Federación que nuclea cerca de 20 asociaciones de padres –de todo el país– que tenemos hijos con discapacidad intelectual.
Desde hace años, previo a la integración y formación de este grupo, veíamos que la manera de incidir en las políticas públicas era a partir de datos concretos de la realidad, con información sobre lo que estaba pasando. Durante años tratamos de obtener esa información de los distintos consejos y subsistemas de la educación, pero como padre no teníamos la fuerza para conseguirlos. Entonces, en el año 2013 hicimos un proyecto, un trabajo en conjunto con la gente de Cainfo, que terminó llevando a juicio a la ANEP y el juez sentenció al organismo a preparar una información básica: dentro de su boletín estadístico debería incluir dos mínimos cuadros que por lo menos dijeran dónde están los chicos con discapacidad, en qué escuelas comunes están incluidos, en qué departamentos, qué edades tienen, qué grados cursan, si las escuelas están preparadas para recibirlos, si ediliciamente están adaptadas, etcétera. Hasta el momento, a pesar de los años que han transcurrido, esa información no consta en ningún lado. Ese es el paso primero y fundamental. Entendemos que todos los subsistemas –la enseñanza preescolar, primaria, secundaria e inclusive la terciaria– deberían generar información de calidad. Eso es importante, también, para que los señores Senadores tomen las decisiones políticas para generar el sistema educativo que nosotros necesitamos y para que realmente sea posible una educación inclusiva donde nuestros hijos puedan ejercer el derecho de concurrir a los mismos centros educativos que el resto de las personas.
SEÑORA ALONSO.- Quiero saludar a este grupo de trabajo. He conocido a varios de sus integrantes durante estos años trabajando desde el Parlamento en la búsqueda de la reglamentación de la Ley Nº 18.651. He compartido momentos muy lindos y, hace poco, en la inauguración de ProEdu, quien me terminó de convencer sobre lo que significa la importancia de la educación inclusiva fue Magdalena –la hija de Mercedes Viola– que hizo una presentación muy linda, espontánea y natural. Me conmovió ver cómo ella desde su lugar pudo generar una inclusión, aunque ciertamente todavía hay muchos niños que no han podido acceder a esa educación inclusiva. Por tanto, desde nuestro lugar dejamos sentado nuestro compromiso.
Ahora bien, más allá del hecho de que estamos en una instancia presupuestal y me queda muy claro el planteo concreto, respecto al cual tienen nuestro compromiso como legisladores, quería saber si han trasladado este planteo a las autoridades de la educación.
SEÑORA UMPIERREZ.- Muchas gracias por la pregunta y por el comentario.
El grupo tiene una formación bastante nueva porque es de diciembre de 2014, pero cada uno de sus integrantes y de las otras organizaciones –que aquí no están presentes– tiene una trayectoria muy importante en el tema de la educación inclusiva.
Nos hemos acercado a todas las autoridades e intentamos el acercamiento con los gremios, lo que también es clave. Acudimos al Ministerio de Educación y Cultura, a Enseñanza Primaria, a Enseñanza Secundaria y a la UdelaR para que se entienda que nuestra preocupación es terminar con la actual discriminación que sufren las personas con discapacidad. Además, nuestro foco apunta a toda la trayectoria educativa. Por eso pretendemos que en el presupuesto se garantice que las personas puedan acceder a la educación inicial, primaria, secundaria, terciaria técnica, terciaria universitaria y que también se garantice una continuidad laboral importante. Hemos estado conversando con las autoridades pertinentes para lograr el cambio de paradigma. Como dijo la señora Toledo, no desestimamos el modelo especial y entendemos que fue importante, pero ya es hora de dar un paso más. Contar con los recursos económicos suficientes y necesarios para lograr ese cambio de paradigma es clave. Por eso queríamos trasmitirles nuestra inquietud.
SEÑORA TOLEDO.- Mantuvimos conversaciones con las autoridades y nos informaron que dentro del Presupuesto que se pedía para la educación se había solicitado partidas para apoyar un proyecto –en el que se está trabajando actualmente desde Primaria– de apoyo a la educación inclusiva. En forma específica, se piden maestros de apoyo, que es lo que estamos solicitando. Es decir que habría un espacio directo con referencia a la educación inclusiva dentro de lo que es la propuesta desde el sistema educativo.
SEÑORA VIOLA.- En definitiva, venimos a plantear cuatro temas fundamentales. Ante todo, contar con el presupuesto necesario para la formación docente a fin de lograr una educación inclusiva largo plazo. A corto plazo pedimos que haya un presupuesto para abordar el tema de la accesibilidad en las escuelas a nivel edilicio y de comunicación. A nivel educativo, mientras los docentes no estén formados, la accesibilidad se logra con gente formada que apoye a los docentes cuando tienen niños con discapacidad en la clase, pero para eso se necesita presupuesto. Estos serían los cuatro puntos concretos a nivel de presupuesto.
SEÑOR SOTO.- Queremos un modelo de educación inclusiva, pero sabemos que no se va a poder implementar de un día para el otro. Es un proceso lento, pero queremos que se inicie y para ello necesitamos dinero –tanto las instituciones públicas como las personas que estamos trabajando– a fin de aportar en la construcción de esta forma educacional.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a la delegación su comparecencia y leeremos la versión taquigráfica para repasar los planteos que han hecho.
(Se retira de sala la delegación del Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva en Uruguay).
(Ingresa a sala la delegación de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Alimentación).
–La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tiene el gusto de recibir a la delegación de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Alimentación, integrada por Rosana Bachini, Sergio Turra, Ana Laura Daluz, Alison Barbe y Dahiana Roche.
SEÑORA BACHINI.- Como Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Alimentación, quiero agradecer a la Comisión por habernos recibido.
Les dejamos una carpeta con nuestra presentación y nuestras propuestas.
Como ustedes ya saben, INDA pasa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al Ministerio de Desarrollo Social, por lo que tenemos muchas inquietudes e incertidumbres. El Instituto tiene muy pocos funcionarios; somos poco más de 120, con más de 70 tercerizados, debido a que ha habido un proceso de achicamiento; no hay concursos ni ascensos. Entonces, estamos preocupados por esta situación y por lo que va a suceder con este pasaje, a pesar de que nos damos cuenta de que al pasar a ser una Unidad Ejecutora vamos a tener grandes ventajas.
En la carpeta hay tres artículos que proponemos. El primero es el 492.
SEÑORA PRESIDENTA.- Ahora pasó a ser 507.
SEÑORA BACHINI.- Sospechamos que podía cambiar, así que les agradezco que entiendan que todo lo que decimos es para el artículo 507.
El artículo que proponemos es igual, solo que en el último párrafo agregamos «garantizando o manteniendo las remuneraciones, ingresos y otros beneficios que existan», para salvaguardar en algo los derechos adquiridos. Tal vez para ustedes esto sea redundante y consideran que con el articulado eso queda cubierto, pero ese es nuestro pedido.
SEÑOR TURRA.- Como decía mi compañera, todo lo que proponemos va en la línea de tratar de asimilar algunos de los derechos que históricamente se fueron conquistando. Esta nueva situación del pasaje al Mides realmente nos genera mucha incertidumbre porque se trata de un inciso diferente, con dinámicas de funcionamiento distintas.
INDA es un organismo que existe desde el año 1942, lo que le ha dado determinada estabilidad en los procedimientos y en su funcionamiento. Un ejemplo que quiero mencionar –quizás sea algo menor para los señores Senadores pero para los funcionarios puede llegar a ser importante– es lo vinculado al cobro de viáticos porque el Mides no paga viáticos a sus funcionarios, por más que esto está regulado en un Decreto. INDA y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo tienen claramente especificado y regulado. Otro de los beneficios que hemos tenido históricamente, por la propia especificidad del Instituto y que aparece en el articulado, tiene que ver con el almuerzo. Quizás los señores Senadores pueden pensar que esto es algo menor pero los trabajadores lo consideramos un derecho adquirido y proponemos un artículo para eso.
Otro artículo que proponemos tiene que ver con una prestación en alimentos que se nos da a los funcionarios y que luego de este pasaje no sabemos si se va a mantener o no. Todos estos artículos tienen gasto cero para la administración e, incluso, creo que algunos la beneficiarían porque si en lugar de implementar un servicio de alimentación como se hace ahora, eso se incluyera en el salario, ahorraría todo lo relativo a la gestión y al funcionamiento que esto requiere. Ahora se está sosteniendo porque estamos en un local que tiene las características necesarias como para poder hacerlo pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, dos de los artículos que presentamos proponen que esas partidas de alimentación se puedan incorporar al salario. Frente al cambio inminente, esta es una forma de asegurar algunos de los derechos que hemos adquirido con el tiempo.
SEÑORA BACHINI.- No queremos dejar pasar que el Mides tiene un tema con los funcionarios tercerizados y eso se replica en INDA. La cantidad de personal tercerizado en nuestro instituto es muy importante y, en su momento, en una asamblea resolvimos apoyar –sé que esto es discutible pero queremos trasmitir la posición del sindicato– la incorporación de estas personas como funcionarios públicos, por los mecanismos que se entienda conveniente. Nosotros no sentimos lesionados nuestros derechos y apoyamos su incorporación. No hacemos un análisis y no juzgamos la situación sino que simplemente dejamos en claro que respaldamos la decisión tomada. Por lo tanto, el hecho de que estas personas ingresen como funcionarios públicos no genera ningún conflicto. Sabemos que es algo muy discutido y que hay varias posiciones pero nos interesa dejar clara nuestra posición.
SEÑORA DALUZ.- Soy Secretaria del Sindicato y en la misma línea de lo que decía mi compañera quiero plantear la preocupación por la regularización de los funcionarios tercerizados. INDA está en un proceso en el cual muchos de sus funcionarios se están jubilando este año y otros lo harán el que viene, lo que afecta el funcionamiento de la institución. En la actualidad, el instituto se sostiene, en parte, por las tareas que realiza el personal tercerizado. El proceso de no llamado a concurso, de no renovación del plantel de funcionarios, ha hecho mella en el buen funcionamiento del instituto y ha obligado a la contratación de personal tercerizado que, hoy por hoy, es un pilar muy importante que hace al funcionamiento diario del Instituto que tiene programas y gestiones en todo el país.
SEÑOR BACHINI.- Como tenemos que redondear, antes de retirarnos queremos agradecer esta oportunidad y decirles que sabemos que no es fácil en este momento incluir un artículo, cuando ya tienen un Presupuesto casi armado, pero si de alguna forma estos artículos pudieran tener el apoyo de este cuerpo, estamos a las órdenes por cualquier consulta que quieran formular.
SEÑOR TURRA.- Quería agregar algo que no mencionamos pero que aparece en las carpetas y me refiero al papel de INDA en las políticas públicas sociales de este país.
INDA participa en la matriz de políticas sociales de todo el país –en general sus políticas son de invisibilidad, aunque algunas llaman la atención más que otras–, realizando las transferencias para los centros CAIF, tarjeta alimentaria y tiene comedores en conjunto con otras instituciones. Creemos que INDA, en este nuevo marco de políticas sociales –como es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados–, fortalecido con la cantidad necesaria de funcionarios, puede llevar a cabo una mejor función, que no pasa solo por dar una prestación, sino por darla bien y por cumplir el derecho a la alimentación de toda la población. Creo que esto es compartido por las autoridades así como también por la asociación de funcionarios.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de la delegación de funcionarios del INDA. Quedan recogidos en la versión taquigráfica los planteos realizados.
(Se retira de sala la delegación de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Alimentación).
(Ingresa a sala una delegación de la Asociación de Funcionarios no Docentes de la Dirección Nacional de Deporte).
–Damos la bienvenida a la delegación de la Asociación de Funcionarios no Docentes de la Dirección Nacional del Deporte, Secretaría Nacional de Deportes, Presidencia de la República.
Integran esta delegación la arquitecta Nora Cacciavillani y los administrativos, Luisa Díaz, Myriam Torres y Fernando Galeano.
SEÑORA CACCIAVILLANI.- Buenas tardes y gracias por recibirnos.
Como integrantes de la directiva de la Asociación de Funcionarios No Docentes de la Secretaría Nacional de Deporte, queremos exponer la particular situación por la que atraviesa nuestra Dirección.
Es un organismo que en los últimos años ha pertenecido a diversos Ministerios. Como recordarán, primero fuimos parte del Ministerio de Educación y Cultura, en el año 2000 pasamos a ser el Ministerio de Deporte y Juventud, en 2005 integramos el Ministerio de Turismo y Deporte, y ahora, en virtud de una nueva ley, pertenecemos a Presidencia de la República. Esta cantidad de movimientos ha generado una situación muy particular: desde 1985 no tenemos una estructura administrativa aprobada, lo que ha resultado en que cada vez que se ha pedido a las oficinas correspondientes –ahora, la Oficina Nacional del Servicio Civil, pero antes eran otras– hacer concursos de ascensos, la respuesta ha sido que no se podía hacer porque no había una estructura aprobada. Hubo dos excepciones puntuales en las que sí hubo concurso, pero el 98 % de las veces la respuesta fue la que señalé. Por lo tanto, junto con la Biblioteca Nacional –creo que es la única entidad, además de la nuestra, que está en esta situación–, somos los dos únicos organismos de la administración pública que hace treinta años –reitero: desde 1985– no hemos podido tener concursos de ascenso. Por lo tanto, la carrera administrativa de los funcionarios de la Secretaría Nacional de Deporte es totalmente bajita, está trunca, sin posibilidades de ascenso y con una deformación muy grande de la pirámide. Pero, sobre todo, todos esos funcionarios no han tenido derecho a la carrera administrativa, tal como se prevé en el artículo 60 –si no me equivoco– de la Constitución de la República. Además, esto ha sido totalmente desmotivante y ha modificado hasta las relaciones interpersonales y las conductas, porque siempre está latente la esperanza de que pueda ser aprobada una estructura administrativa. Cada Organismo que ha tomado las riendas de nuestra Dirección ha tenido la buena intención de concretar esa tan ansiada estructura, pero nunca se ha logrado porque siempre se ha producido un cambio de autoridades antes de poder consumarla. Esa es la situación actual.
Presidencia de la República –con la que tuvimos que concurrir– hizo suyo el planteo y originalmente pidió $ 10:000.000 para poder realizar una estructura administrativa y los concursos de ascenso correspondientes. En la Cámara de Representantes ese monto se recortó, pasando de $ 10:000.000 a $ 3:000.000, tal como figura en el artículo 89. Sabemos que están tratando de estirar la frazada para cubrir a todos, pero queríamos plantear nuestra situación porque se trata de algo que hemos estado esperando durante treinta años y recién ahora va a poder concretarse. Nos gustaría que, de ser posible, revean ese recorte de $ 7:000.000 que fue votado en la Cámara de Representantes.
La otra alternativa para tratar de solucionar este tema –si bien no se relaciona con la carrera funcional, sí va a ayudar a aquella gente que está por jubilarse; fíjense que hace treinta años que fue creada la Dirección– fue incluida en el artículo 88, en el cual se prevé un monto importante de $ 27:000.000, que significa en promedio algo más de $ 5.000 mensuales por persona. Este dinero es para repartir entre todos los funcionarios no docentes a los efectos de mejorar esos salarios que estuvieron estancados durante treinta años.
Por suerte eso no se recortó, pero sí la parte de realizar una estructura y permitir los ascensos dentro de la propia nueva estructura que se va a hacer. Como ustedes saben las vacantes se van perdiendo si no se usan y nosotros no las hemos podido usar porque siempre es «no» a los posibles concursos para ascender. Vamos a tener que financiar la nueva estructura con esos $ 3:000.000 y las pocas vacantes que quedaron. Esta situación es muy preocupante.
Queríamos explicarles el porqué del artículo 88, el porqué de esos $ 27:000.000 y cuál es la media nominal que implicará. Respecto al artículo 89, queremos decirles que si pudieran rever los $ 3:000.000 sería muy importante y si no, entenderemos que están haciendo lo más que pueden. Insisto: esto sería muy importante en el contexto que tenemos en el sector no docente, porque la parte docente, por suerte, no se vio afectada en la medida en que tiene sus propios reglamentos y sí hubo concursos docentes durante estos años.
Era cuanto quería decir.
Muchas gracias a los señores Senadores por habernos recibido.
SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos la presencia y les informamos que luego analizaremos la versión taquigráfica.
(Se retira de sala la delegación de la Asociación de Funcionarios no docentes de la Secretaría Nacional de Deporte).
(Ingresa a sala la delegación del Sindicato Médico del Uruguay).
–Buenas tardes. Tenemos el agrado de recibir a los representantes del Sindicato Médico del Uruguay: Alejandro Cuesta, Eduardo Figueredo, Federico Penino, Luis Lazarov y Gastón Pérgola.
SEÑOR CUESTA.- Buenas tardes y gracias por recibirnos.
Soy secretario Médico del Sindicato Médico del Uruguay.
La presentación que vamos a hacer se enmarca en el Sistema Nacional Integrado de Salud y en particular en el 30% de los usuarios, que en este momento se asisten en el sistema público.
Existen diversos efectores públicos de salud, pero fundamentalmente la enorme mayoría están nucleados en ASSE y en eso nos vamos a centrar por razones de tiempo.
¿Qué relevancia tiene esto para el país? Creemos que es trascendental. En ASSE se atiende la población más vulnerable del país, sin lugar a dudas, por sus condiciones socioeconómicas y con la que el país está más en deuda, porque están más rezagados en términos de su situación de salud y de sus necesidades insatisfechas. Es, además, un efector con atrasos importantes en la calidad de asistencia, en la que en los últimos tiempos, paradójicamente, ha habido un mayor aumento de los recursos que se han destinado para su desempeño.
Cuando apoyamos –así también lo hizo el país– la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud que se componía de efectores públicos y privados, pensamos que se partía de la premisa de que nos dirigiríamos hacia una equiparación de las condiciones de funcionamiento y, por ende, de las condiciones de asistencia a nivel de ambos tipos de efectores para que ambos sistemas –tanto el público como el privado y, particularmente, ASSE– pudieran dar la misma calidad de atención y competir por su público en igualdad de condiciones.
Sin embargo, pensamos que aún estamos muy lejos de lograrlo y que el Sistema Nacional Integrado de Salud no estará afianzado hasta que no avancemos en esa equiparación y hasta que –lo decimos a nivel privado– la reforma no llegue a nivel del consultorio, es decir a la gente que se atiende a nivel público.
¿Por qué estamos tan distantes? En primer lugar, en cuanto a las formas de financiación –o sea su esqueleto–, abogamos para que la forma de financiación de ASSE sea de la misma manera o similar a la que se realiza en el sector privado. Es decir que los ingresos de ASSE y la asignación de dinero de ASSE pase por las cápitas, además de lo que serían las metas y los otros ingresos que tiene el sistema mutual, como ser los tiques y otras cuotas de regulación. Actualmente, eso no es así, ya que se le asignan determinados recursos que no sabemos muy bien cómo se calculan ni cuán distantes están, pero sí sabemos que son bien distintos de los asignados a nivel privado. Es decir que el dinero que se asigna a nivel público por paciente atendido o por población atendida, es distinto.
En segundo término, los costos de funcionamiento de ASSE son distintos. En ese sentido, queremos centrarnos en los gastos que ASSE tiene por su personal. Los aportes patronales son distintos; hay hasta un 13 % de diferencia entre el dinero de esos recursos y los que ASSE debe devolver al Estado por el personal que se desempeña en su órbita, respecto al privado.
En tercer lugar, ASSE, además de tener costos distintos, está más maniatado en cuanto a la forma de realizar sus gastos. ¿Por qué? Porque es un Ente del Estado. Aun en ese marco que compartimos, nos parece que se podría otorgar una mayor flexibilidad para ASSE en ese sentido. Eso permitiría una mayor independencia de gestión, incluso permitiría separar más la planificación de los recursos que ASSE utiliza y cómo los utiliza respecto a la planificación que luego se hace desde el Estado. Ese es un aspecto muy importante.
En cuarto término, están las condiciones de trabajo. Para que podamos brindar una calidad de asistencia similar tiene que haber una equiparación a nivel público y privado de las condiciones laborales, de lo contrario seguirá ocurriendo lo que sucede en la actualidad, que es una migración de profesionales médicos y no médicos, es decir de trabajadores desde el sistema público, en el que se forman, al sistema privado, al que llegan los más experimentados o los más requeridos por el mercado. Si no logramos esa equiparación, ASSE seguirá estando en inferiores condiciones que el sistema privado. Por ende, la calidad de atención se verá disminuida.
En virtud de que en este momento los Senadores están tratando el proyecto de ley de Presupuesto, queremos destacar tres aspectos considerados allí que deseamos que atiendan especialmente. Uno de ellos se refiere al conjunto de profesionales de trabajadores médicos que no han recibido aumentos por encima de la inflación en los últimos cinco años. Por los convenios anteriores y por cómo se ha dado la dinámica, esto es lo que ha ocurrido. Nosotros planteamos, queremos y no sabemos bien hasta dónde, pero deben dedicarse recursos para estimular a estos profesionales y, de alguna manera, aumentar su salario, por lo menos, en la medida de lo que hemos logrado con los demás colegas.
El otro punto refiere a los cargos de alta dedicación. La creación de cargos de alta dedicación –que por otras razones ahora también está en la prensa– es algo que comenzamos a hacer a nivel de ASSE. Incluso, pensamos que es un instrumento muy potente para mejorar la relación de los médicos con los pacientes, como también para la continuidad de la asistencia de los mismos. Lamentablemente, ese elemento que comenzamos a instrumentar a nivel público se ha detenido; a nivel privado se ha avanzado mucho más. Entonces, lejos de ser una herramienta para transitar hacia la igualdad, lamentablemente está siendo una razón más de la separación o la disminución de la calidad del sistema público con relación al privado.
El tercer punto refiere a las condiciones de trabajo. Tenemos un grupo grande de colegas que se desempeña a nivel de ASSE en condiciones muy precarias en cuanto a la relación laboral. Planteamos que hay un grupo importante de colegas que debe ser presupuestado, y no es un tema de dinero, sino de organización y gestión. De hecho, en la ley de Presupuesto tienen incluidos varios artículos sobre el tema, por lo que queremos detenernos en el que se establece un plazo para que puedan ser presupuestados los colegas. Esto fue incluido cuando se redactó el presupuesto, pero hoy ya es visto prácticamente por la unanimidad de los actores como un impedimento para la presupuestación. ¿Por qué? Planteamos que tanto el incentivo de los médicos que han quedado rezagados como los cargos de alta dedicación y la presupuestación, sean además instrumentos para la creación de centros de referencia, organización de servicios y priorización de áreas. Mal podemos nosotros organizar áreas si volvemos a introducir heterogeneidad en la forma de remuneración de los colegas que allí se desempeñan. En ese sentido, nos parece que sería mucho más apropiado que dejáramos libres las manos de ASSE en cuanto a qué colegas presupuestar, poniendo una fecha muy posterior a la que se incluye en ese artículo. Esta es la única disposición para la que traemos una propuesta concreta de modificación, la cual refiere a la fecha.
Hay otros temas de ASSE que son importantes y caros para nosotros y que hacen a la estructura general, que es resorte de los señores Senadores analizar, además de la gestión del Organismo, ya que, en definitiva, el presupuesto son los recursos que se le asignan a esta entidad para que pueda cumplir con estas metas. Parece haber acuerdo en lo conceptual, pero bastante retraso a la hora de la ejecución. Por ejemplo, en la regionalización, ASSE es un efector que atiende pacientes a nivel de las ciudades, como también de los pueblos más chiquitos de todo el país. Entonces, para hacer una buena gestión de un efector de ese tamaño, es imprescindible regionalizar la asistencia. En este momento tenemos buenos Directores de hospitales en muchos lugares, pero están limitados en cuanto a su capacidad de poder regionalizar la asistencia y organizarla.
Otro tema que debe ser contemplado cuando se analizan las necesidades de ASSE es la posibilidad de establecer centros de referencia. Hay técnicas o especialidades que, por su complejidad, y para lograr resultados, es fundamental que se realicen en uno o dos lugares y no en muchos dispersos en el país. Para eso se necesitan recursos y voluntad política, lo que se hace difícil, porque no estamos partiendo de cero. En ASSE no hay ningún aspecto en el que partamos de cero. En realidad, partimos de estructuras ya establecidas, algunas de ellas muy duras de cambiar, pero la transformación es imprescindible en el camino hacia la mejora de la calidad y la equiparación pública y privada.
Otro punto que queremos mencionar es el de la coordinación de servicios. Es razonable que en lugares pequeños y en otros no tanto se logre la coordinación de servicios entre efectores privados y también entre los públicos y privados. Para eso, necesariamente tenemos que partir de una ASSE que pueda sentarse a conversar de estos temas en igualdad de condiciones, de modo que se pueda exigir, trabajar y negociar.
Quisiera introducir un tema más, relativo a los artículos que versan sobre el acceso a los tratamientos de alto costo. Compartimos la necesidad de que esto sea estudiado, regulado a nivel nacional y resuelto con la premisa de que los recursos son finitos, que no todo lo que los laboratorios eventualmente ofrecen sirve, pero que todos los orientales tienen el mismo derecho a acceder a cualquier técnica que nosotros definamos. Consideramos fundamental que en cada uno de los niveles esto sea resuelto con esos preceptos, asumiendo esa responsabilidad. Hay un nivel político y económico que definirá cuánto dinero se adjudica al país, pero otro nivel totalmente distinto y que debe estar bien separado es el nivel científico técnico, donde se define si un tratamiento es, en primer lugar, efectivo como se dice y, en segundo término, si la erogación que ese tratamiento determina para la población o para un grupo es costo efectivo. Ese es un tema técnico que debe ser analizado y para eso proponemos la creación de un instituto de evaluación tecnológica donde se resuelva ese aspecto, de modo que esté separado del tercer nivel, que es el de la relación médico paciente. Las tres cosas no pueden estar mezcladas, no puede mezclarse lo científico técnico con lo político y tampoco podemos mezclar el ámbito donde se toman las decisiones con quienes financian o deciden financiar cada uno de los procedimientos, ya sean tratamientos invasivos o medicamentos.
Muchas gracias y estamos a disposición de los señores Senadores para responder las preguntas que quieran formular.
SEÑOR AMORÍN.- Como percibí que les quedaban algunos aspectos para compartir, cedería mi tiempo de preguntas para que completaran su exposición.
SEÑOR CUESTA.- Queremos que ASSE tenga los recursos suficientes para restructurar su sistema y para que las autoridades, con nuestro apoyo y el de los otros trabajadores, puedan adecuar sus servicios apuntando a la equiparación en la calidad de asistencia. Ese es nuestro norte y el camino que estamos marcando. Si nos preguntan cuánto dinero se necesita para eso, debemos decir que hoy no lo sabemos a ciencia cierta, aunque podemos llegar a saberlo más adelante. En realidad, las solicitudes de partidas de dinero que se han hecho en este ámbito no resultan claras en cuanto a dónde están bien asignados, cuáles son las características de los colegas que van a ser presupuestados o cuáles serán los cargos de alta dedicación a ser instrumentados. Por eso, en no mucho tiempo es altamente probable que debamos volver a recurrir a los señores Senadores o a otras autoridades para satisfacer esas necesidades que consideramos prioritarias y no han sido contempladas.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a la delegación su presencia y la información que nos han brindado.
(Se retira de sala la delegación del Sindicato Médico del Uruguay)
(Ingresa a sala una delegación de la Asociación Nacional para el Niño Lisiado).
–Damos la bienvenida a la delegación de la Asociación Nacional para el Niño Lisiado, Escuela Franklin Delano Roosevelt, integrada por la arquitecta Áurea Gómez, Vicepresidenta; la doctora Mercedes Castro, Directora Técnica, y el señor Jorge García, Administrador.
SEÑORA GÓMEZ.- Esta Asociación es una Institución privada sin fines de lucro, fundada en 1942, a raíz de las secuelas dejadas en aquel entonces por la epidemia de la poliomielitis. Su finalidad, reflejada en sus estatutos, es la de atender al niño que padezca una discapacidad física congénita o adquirida en los aspectos terapéutico, educacional y, en la medida de lo posible, en todo lo relativo a su preparación para la inserción en el medio laboral. En resumen, podemos decir que es un centro de rehabilitación integral, docente y terapéutico.
Como todos sabemos, la poliomielitis ya fue erradicada del mundo, por lo que en la actualidad la asociación atiende a niños con parálisis cerebral, distrofia muscular, espina bífida y otras malformaciones, con el agravante de que pertenecen a grupos sociales muy carenciados, en general hogares monoparentales, etcétera.
Es bueno destacar que en los 73 años de actividad que tiene la Institución, ha sufrido varios avatares, aunque afortunadamente siempre ha podido salir adelante sin dejar de cumplir con sus funciones. A la fecha, atiende a 80 niños, para lo cual tiene a 55 personas trabajando, o sea que existe una relación muy elevada entre la cantidad de niños y el personal. Entre el 75% y el 80% del Presupuesto de la Asociación es destinado al rubro salarial. 45 de estos niños necesitan ser alimentados por una auxiliar –no pueden por sí mismos–, 70 necesitan ser sondeados para hacer sus necesidades básicas y todos requieren ayuda para subir a los vehículos que los trasladan. Esto hace necesario tener mucho personal en planilla.
La Asociación trata de brindar a estos niños todo lo que está a su alcance: se los va a buscar a sus hogares a primeras horas de la mañana, se los lleva a la escuela, se les da el desayuno, luego tienen actividad escolar, a mediodía se les brinda el almuerzo, de tarde tienen diferentes actividades y atención de los técnicos –esto lo explicará la doctora Mercedes Castro– y a media tarde se les da la merienda y se los lleva a sus hogares.
Estimamos que este año nuestro presupuesto estará cerca de los $ 21:000.000. El año pasado fue de $ 17:000.000. Como siempre apostamos a más, estamos tratando de incorporar nuevos servicios para estos niños: una piscina de hidroterapia y una sala multisensorial, lo cual –además de la inflación– hace que nuestro presupuesto vaya creciendo en un momento en que los ingresos son cada vez más menguados. Nuestros ingresos provienen, básicamente, del Estado, y de una importante cantidad de socios y de donaciones de particulares que no siempre son seguras. La partida Presupuestal forma parte de los ingresos genuinos y permanentes de la institución desde el año 2001. Pretendemos, en primer lugar, subsistir, y en segundo término, mejorar las condiciones de rehabilitación de estos niños. Estamos en una permanente situación de déficit que cubrimos con esos recursos extraordinarios –socios y donaciones varias que no son permanentes ni seguros– y en distintas circunstancias ha llegado a estar en riesgo la viabilidad de la institución. Me refiero al año 2002 y, posteriormente, el año 2010.
Estos son los motivos por los que molestamos a la Comisión, ya que aspiramos a que en la partida presupuestal se contemple una mejora que nos permita ver con tranquilidad el futuro. Tal vez nuestra aspiración sea un poco ambiciosa, pero ese tiene que ser el motor que nos mueva para poder mejorar la atención de estos niños, que me atrevo a decir que si no contaran con nuestra institución, no tendrían forma de acceder a una educación y una rehabilitación física como las que les proporcionamos.
Obviamente, quedamos a disposición de los señores Senadores para las preguntas que deseen hacernos.
Me gustaría pedir especialmente a alguno de los integrantes de esta Comisión, preferentemente al género femenino que, en general, es el más sensible a estos temas, que nos visitara –aunque sé que tienen muy poco tiempo– porque es indudable que si asistieran al lugar y vieran lo que hacen los chicos, tendrían otra idea de lo que les estamos comentando. Hay niños con enormes carencias físicas e intelectuales a los que tenemos que educar y enseñar a leer y a escribir. Pese a todo esto, no se imaginan los adelantos que logran. Insisto en que es importante ver a estos chicos. ¿Dónde se ubicarían si no estuviéramos? Para nosotros es un dolor de cabeza permanente la solución de esa realidad, pero también sentimos una profunda satisfacción cuando vemos entrar a un chico arrastrándose y, al tiempo, vemos que puede manejarse con un andador y, más adelante ,caminar y, después, dicen: «Me voy a jugar al fútbol». Eso es algo que a uno le mueve todo. Entonces, ¿dónde se va a lograr todo esto? No hay un lugar en el Estado que proporcione este tipo de atención. Sí existe, por ejemplo, la Teletón, que da un excelente diagnóstico pero no una atención permanente y continua en el tiempo para lograr la mejor recuperación. En nuestra escuela, el chico llega, lo alimentamos y le damos contención espiritual. Los niños ahí son felices, y eso hay que tenerlo en cuenta.
SEÑORA CASTRO.- Soy médico neuropediatra y dirijo la parte técnica de la Escuela Roosevelt, donde tengo un equipo de 14 técnicos en diferentes especialidades: fisioterapeuta, nutricionista, psicomotricista, terapistas ocupacionales, que es lo último en tecnicaturas para atender estos chicos y la realidad que vivimos con ellos.
A todo lo que muy bien dijo la arquitecta hay poco para agregar, pero este poco es por lo que venimos luchando. Tenemos una preciosa piscina que se reinauguró hace un año gracias a la ayuda de dos Ministerios y del BPS, pero no está en uso. Estamos luchando para que nuestros niños reciban todo tipo de terapias además de las convencionales en piso, y sería fundamental para ellos –así como para muchos niños más e incluso adultos– utilizar esta piscina; sería algo fantástico de lograr porque el agua ayuda mucho en las terapias rehabilitadoras.
El otro tema tiene que ver con la sala multisensorial. En estos días vamos a recibir todo el equipamiento, donado por la Embajada de Estados Unidos. Va a ser una sala realmente majestuosa, destinada no solo a los chicos que tienen dificultades neurológicas, sino a cualquier persona que lo necesite. Por ejemplo, gente con estrés –una patología que todos vivimos hoy en día– podría beneficiarse de estos tratamientos.
Entonces, ¿a qué apelamos? A tratar de que, entre todos, estos proyectos salgan adelante, pensando en lo mejor para todos nosotros. Queremos la ayuda porque queremos que nuestros niños, por sobre todo, sean felices, como dijo la arquitecta Gómez.
SEÑOR GARCÍA.- Soy el Administrador y llevo cerca de 10 años en la institución. Fundamentalmente me ocupo del tema económico, de la planificación financiera y de las proyecciones. Además, cuando se desarrollan nuevos proyectos realizo los cálculos y los estudios junto con el presidente, que es contador.
Hoy nos encontramos frente a una situación puntual. Venimos porque el Consejo Directivo hizo una apuesta muy grande al redoblar esfuerzos para llevar adelante una sala multisensorial. A la Institución le donan el contenido, pero todo lo que lo rodea más los funcionarios que lo llevan adelante, no está incluido. Aun así no podíamos negarnos a recibir una sala multisensorial, como tampoco a que nos repararan una piscina, pero el costo de la piscina es hacerla funcionar. Tenemos un proyecto que muestra que precisamos $ 150.000 por mes para hacer que la piscina funcione los 365 días del año porque se debe contar con dos técnicos que entren al agua, dos auxiliares de vida, una limpiadora y un coordinador, más los consumos de gas por cañería y agua. Todo eso ronda la cifra que mencioné, la que puede fluctuar según la temporada del año. Estos costos no podemos asumirlos si no tenemos nuevos ingresos genuinos. Ya hemos venido a golpearles la puerta a los señores Senadores, así como también lo hemos hecho en la Cámara de Diputados en otras oportunidades. Tuvimos enormes esperanzas cuando salieron las donaciones especiales. Sin embargo, después tuvimos que volver acá a decirles que no queríamos las donaciones especiales porque, de lograrlas, por una interpretación que había se tenía que optar entre la partida de la subvención o las donaciones especiales. Somos la única institución de todo el Uruguay que tiene la siguiente condición: lo que se pueda producir por aquellos que renuncian a la partida presupuestal por adherirse al sistema de donaciones especiales, viene a nuestra institución. Sin embargo, eso no lo hemos visto cristalizar, no lo hemos podido lograr. Y no podemos renunciar a la partida presupuestal que es un ingreso fijo, porque necesitamos pagar los sueldos mes a mes.
Hay dos formas por las que podemos recibir el dinero. Una de ellas es aumentando la partida. Si ven el planteo que hicimos observarán que la partida de $ 1:500.000 la queríamos duplicar. La partida actual representa $ 125.000 por mes y veníamos por el doble, es decir por otros, $ 125.000. En la práctica, tal como está hoy la situación, si hubiera renuncias podríamos contar con nuevos ingresos, pero eso sería algo fortuito y no definido.
No quiero continuar con el tema para no ser descortés con los señores Senadores que nos han atendido muy bien. Sabemos que nos escuchan y que van a considerar esta situación. Como dijo la Vicepresidenta, esperamos que nos visiten para que puedan confirmar nuestras aspiraciones.
SEÑORA PRESIDENTA.- Son viejos conocidos de esta casa y ha sido verdaderamente un gusto haberlos recibido.
(Son las 18:00).

References: artículo 32
 artículo 453
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 270
 artículo 276
 artículo 277
 artículo 278
 artículo 279
 artículo 280
 artículo 276
 artículo 279
 artículo 278
 artículo 278
 artículo 280
 artículo 258
 artículo 260
 artículo 507
 artículo 60
 artículo 89
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 89
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