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Timestamp: 2020-08-14 20:27:09+00:00

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﻿ SENTENCIA 2013-06461/2578-16 DE FEBRERO 8 DE 2018
SENTENCIA 2013-06461 DE 08 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:EFECTOS DE LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ. SE EXPLICA QUE LOS DOCENTES NACIONALES VINCULADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1990 SE LES RECONOCERÁ UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN BAJO EL RÉGIMEN GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO. PARA LOS DOCENTES NACIONALIZADOS VINCULADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1989, EL RECONOCIMIENTO SE EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD CON EL RÉGIMEN PRESTACIONAL DEL QUE HAN VENIDO GOZANDO EN CADA ENTIDAD TERRITORIAL. POR CONSIGUIENTE, TENIENDO CLARO QUE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ SE EXCLUYEN ENTRE SÍ, SOLO SE PUEDE OPTAR POR UNA DE ELLAS. EN CONSECUENCIA, RESULTA IMPROCEDENTE EL RECONOCIMIENTO DE DOS PENSIONES ORDINARIAS DE JUBILACIÓN, ASÍ LAS NORMAS APLICABLES A LOS DOCENTES LES PERMITA PERCIBIR SIMULTÁNEAMENTE PENSIÓN DE JUBILACIÓN, PENSIÓN GRACIA Y SALARIO, POR LOS SERVICIOS DOCENTES QUE PUEDEN SEGUIR PRESTANDO, TODA VEZ QUE NO EXISTE NORMA ALGUNA QUE ASÍ LO PERMITA. FINALMENTE, CONCLUIR QUE SE PRESENTA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ, PORQUE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO LO PROHÍBE Y, POR TANTO, NO PUEDEN SER DISFRUTADAS CONJUNTAMENTE CON BASE EN LO SIGUIENTE: I. TIENEN SU ORIGEN EN UNA MISMA RELACIÓN LABORALII. ESTÁN CONDICIONADAS A LOS APORTES QUE LA DEMANDANTE HAGA A LA SEGURIDAD SOCIALIII. SU FINALIDAD ES LA MISMA, ES DECIR, MIENTRAS LA PENSIÓN DE VEJEZ TIENE COMO FINALIDAD CUBRIR LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DE TRABAJO POR HABER LLEGADO LA PERSONA A LA VEJEZ, LA PENSIÓN DE INVALIDEZ TAMBIÉN TIENE POR OBJETO CUBRIR LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL, EN RAZÓN DE LA INVALIDEZ.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, PENSIÓN DE INVALIDEZ, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, PENSIÓN MÍNIMA DE INVALIDEZ, PENSIÓN ORDINARIA DE JUBILACIÓN, DERECHO A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia 2013-06461/2578-16 febrero 8 de 2018
Rad.: 25000-23-42-000-2013-06461-01 (2578-16)
Actor: Leyda Margarita Torres Salazar
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
Bogotá, ocho de febrero de dos mil dieciocho
EXTRACTOS: “2. Consideraciones
La Sección Segunda ya ha estudiado casos similares al acá expuesto, razón por la cual en esta oportunidad la Sala reiterará los argumentos plasmados en aquellas oportunidades(5).
De conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003(6), las personas vinculadas al servicio educativo a partir de la entrada en vigencia de esta norma, se encuentran amparadas por el régimen pensional de prima media contemplado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Por su parte, a los docentes vinculados con anterioridad a esta ley se les aplican las disposiciones anteriores. Este mandato fue ratificado por el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 1º de 2005, así:
2.2.2. De la prohibición de percibir más de una asignación del tesoro público.
La disposición constitucional contiene la prohibición de desempeñar más de un empleo público y percibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Este precepto fue desarrollado por el artículo 19 de la Ley 4º del 18 de mayo 1992(7), que dispuso lo siguiente:
2.2.3. Compatibilidad pensional de los docentes
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación (...)
A su turno, el artículo 6º de la Ley 60 de 1993, en su inciso 4º señala:
Por su parte, la Ley 100 de 1993, en su artículo 279, excluyó de su aplicación a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que fue creado por la Ley 91 de 1989(8), cuyo artículo 15 establece lo siguiente:
Artículo 15.—A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
Como se desprende de las anteriores disposiciones, a los docentes nacionales vinculados a partir del 1º de enero de 1990 se les reconocerá una pensión de jubilación bajo el régimen general del sector público. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el reconocimiento se efectuará de conformidad con el régimen prestacional del que han venido gozando en cada entidad territorial.
Ahora bien, conforme al artículo 5º del Decreto 224 de 1972(9) el goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de empleos docentes, es decir, al tenor de esta disposición pueden los educadores percibir la pensión de jubilación y el salario. Por consiguiente, los docentes están exceptuados de la prohibición de recibir doble asignación del tesoro público, en tanto que el artículo 6º de la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la compatibilidad entre las prestaciones pensionales y las asignaciones derivadas del ejercicio de la actividad docente. Así mismo, la ley permite la compatibilidad de las pensiones gracia y ordinaria.
2.2.4. Incompatibilidad entre la pensión de jubilación y la pensión de invalidez.
Artículo 31.—Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas.
Teniendo claro que las pensiones de jubilación e invalidez se excluyen entre sí, solo se puede optar por una de ellas. En consecuencia, como lo precisó esta Sección(10) resulta improcedente el reconocimiento de dos pensiones ordinarias de jubilación, así las normas aplicables a los docentes les permita percibir simultáneamente pensión de jubilación, pensión gracia y salario, por los servicios docentes que pueden seguir prestando, toda vez que no existe norma alguna que así lo permita. En dicha providencia se señaló:
En las anteriores condiciones, tal como lo ha señalado esta Corporación(11), es dable concluir que se presenta incompatibilidad entre las pensiones de jubilación e invalidez, porque el ordenamiento jurídico lo prohíbe y, por tanto, no pueden ser disfrutadas conjuntamente con base en lo siguiente: i) tienen su origen en una misma relación laboral; ii) están condicionadas a los aportes que la demandante haga a la seguridad social; iii) su finalidad es la misma, es decir, mientras la pensión de vejez tiene como finalidad cubrir la pérdida de la capacidad de trabajo por haber llegado la persona a la vejez, la pensión de invalidez también tiene por objeto cubrir la pérdida de la capacidad laboral, en razón de la invalidez.
• Por Resolución 0528 del 15 de febrero de 2011(12) la Secretaría de Educación de Bogotá reconoció y ordenó el pago de una pensión de invalidez a la señora Leyda Margarita Torres Salazar, efectiva a partir del 1º de octubre de 2010 en cuantía equivalente al 100%.
• Mediante Resolución 5804 del 17 de octubre de 2013(13), se negó la solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada por la demandante en consideración a la incompatibilidad con la pensión de invalidez reconocida.
Las resoluciones mencionadas dan cuenta de que a la demandante, por haber presentado pérdida de capacidad laboral del 98%, se le reconoció la pensión de invalidez, a partir del 17 de octubre de 2010.
Mediante escrito radicado el 20 de junio de 2013(14) solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación. La entidad, con fundamento en el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969, que establece la incompatibilidad entre las pensiones de invalidez y de jubilación, negó la petición.
La demandante alega que se encuentra cobijada por un régimen especial que le permite devengar las dos pensiones. Al respecto, debe reiterar la Sala que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fonpremag) son destinatarios de la normatividad pensional de los empleados del orden nacional, en virtud de la exclusión que hizo la Ley 100 de 1993, y por la remisión prevista en las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003.
Es sabido que el legislador le ha dado un tratamiento especial al ejercicio de la profesión docente(15); no obstante, este no expidió un régimen especial de pensiones que les permita percibir varias prestaciones al amparo de una misma normatividad y por las mismas causas, pues, se reitera, en materia pensional están sometidos al régimen prestacional de los empleados del nivel central, que expresamente consagra la referida incompatibilidad pensional.
Asimismo, son conocidas las excepciones para el sector docente respecto de la prohibición de erogar dos asignaciones con cargo al tesoro público, que, dentro de las salvedades previstas en el Decreto Ley 1278 de 2002(16), corresponden a la posibilidad de percibir pensión gracia(17) y de jubilación, y la compatibilidad de esta con el salario siempre que el docente no tenga edad de retiro forzoso y mantenga aptitud mental y física(18).
En este sentido, la decisión de la administración de negarle a la actora el reconocimiento de la pensión de jubilación por ser incompatible con la de invalidez que ya tiene reconocida, en manera alguna desconoce sus derechos adquiridos, puesto que ninguna disposición permite el goce de ambas prestaciones.
Por tanto, como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia,(19) la demandante tiene ante la administración la posibilidad de optar por la pensión que le resulte más favorable económicamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 88 de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente.
Finalmente, respecto de las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia que aduce el libelo, en las cuales se admite la posibilidad de percibir simultáneamente la pensión de jubilación y la de invalidez, esta Subsección(20) determinó que no es procedente aplicar el criterio desarrollado por dicha corporación, toda vez que se trata de contextos fácticos y jurídicos distintos, en la medida en que las pensiones pretendidas en los asuntos que han sido objeto de examen por esta Sala provienen de una misma causa, esto es, los aportes pensionales efectuados por los demandantes al sistema general de seguridad social por su relación laboral docente; además estas prestaciones se encuentran a cargo de una misma entidad, esto es, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Sumado a lo anterior, no existe norma que consagre expresamente la compatibilidad entre las pensiones de invalidez y de jubilación, por el contrario, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 la prohíben de manera expresa.
Conforme a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y con base en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, aplicables a la demandante por haberse vinculado antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003(21), las pensiones de invalidez y jubilación son incompatibles por cuanto se trata de prestaciones ordinarias que provienen de la misma causa y se encuentran a cargo de la misma entidad.
De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta Subsección(22) en el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas en la segunda instancia, toda vez que no hubo intervención de la parte demandada en esta.
CONFIRMAR la Sentencia del 19 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que denegó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Leyda Margarita Torres Salazar contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
5. Subsección A, Sentencias de 2º y 16 de marzo de 2017, expedientes 25-000-23-42-000-2012-00275-01 (1078-2014) y 25-000-23-42-000-2013-05785-01 (2413-2014), ponente doctor William Hernández Gómez; de 18 de febrero de 2016, expediente 85-001-23-33-000-2012-00217-01 (2415-2013), ponente doctor Gabriel Valbuena Hernández. Subsección B, Sentencia del 16 de marzo de 2017, expediente 25000-23-42-000-2014-03132-01(2750-16), ponente doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez.
6. “ART. 81.—Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
7. Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
8. Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
9. El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente…
10. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 3 de mayo de 2001, número interno 2841 de 2000, ponente doctora Ana Margarita Olaya Forero.
11. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 21 de julio de 2016, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno: 1793-2015; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A Sentencia de 18 de febrero de 2016, número interno: 2415-2013, Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández
12. Folios 6 y 7
13. Folios 3 y 4
14. Fecha consignada por la entidad en la resolución acusada.
15. Estatuto Docente, Decreto Ley 2277 de 1979, Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994
16. Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente, artículo 45, vigente desde el 19 de junio de 2002.
17. Ley 114 de 1913.
18. Decreto 224 de 1972.
19. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 21 de julio de 2016, consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno 1793-2015; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A Sentencia de 18 de febrero de 2016, número interno: 2415-2013, consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 13 de noviembre de 2014, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 3008-2013; iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 25 de marzo de 2010, consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 3058-2004; v) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 30 de septiembre de 2010, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1067-2009.
20. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 27 de noviembre de 2017, consejero ponente William Hernández Gómez, número interno: 3510-14.
21. La demandante se vinculó al servicio docente el 1º de febrero de 1976 (folio 9)
22. Al respecto ver Sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección “A” de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.

References: artículo 81
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 279
 artículo 15

Artículo 15
 artículo 5
 artículo 6

Artículo 31
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 88
 artículo 150
 resolución 
 artículo 45