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Timestamp: 2019-10-14 17:09:05+00:00

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﻿ SENTENCIA SL4103-2017/49638 DE MARZO 22 DE 2017
SENTENCIA SL4103-2017 DE 22 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE AFILIACIÓN DEL TRABAJADOR AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. SE HA SEÑALADO QUE LA FALTA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y LA INEXISTENCIA DE CONVALIDACIÓN DE TIEMPOS PRESTADOS CONLLEVAN A QUE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES SEA RECONOCIDA POR PARTE DEL EMPLEADOR. TENIENDO EN CUENTA QUE LA FALTA DE AFILIACIÓN DEL TRABAJADOR DA LUGAR A LA EMISIÓN DE UN CÁLCULO ACTUARIAL POR PARTE DEL EMPLEADOR Y NO A QUE SE LE IMPONGA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES OPERA EN PENSIONES DE JUBILACIÓN Y DE VEJEZ, NO DE SOBREVIVIENTES. ASÍ LAS COSAS, EN LOS DOS CASOS, SI EL TRABAJADOR ESTÁ DEBIDAMENTE AFILIADO, LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES PUEDEN PREVER RAZONABLEMENTE LA REALIZACIÓN DE LOS RIESGOS, GESTIONARLOS Y ADOPTAR MEDIDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS PRESTACIONES, A TRAVÉS DE LAS RESERVAS RESPECTIVAS O DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS CORRESPONDIENTES. POR EL CONTRARIO, SI EL TRABAJADOR NO HA ESTADO AFILIADO Y NO SE TIENE NOTICIA DE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, NI SE HA ADELANTADO ALGÚN TRÁMITE DE CONVALIDACIÓN DE TIEMPOS, LOS RIESGOS SE TORNAN IMPREVISIBLES PARA LA ASEGURADORA, IMPOSIBLES DE GESTIONAR Y, A LA POSTRE, DE FINANCIAR, POR NO HABERSE PODIDO CONSERVAR RESERVAS O CONTRATAR SEGUROS.
TEMAS ESPECÍFICOS:AFILIACIÓN DEL PENSIONADO, PROTECCIÓN PENSIONAL, PENSIÓN, APLICACIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONAL, DERECHOS DEL PENSIONADO, DEFINICIÓN DE PENSIÓN
Sentencia SL4103-2017/49638 de marzo 22 de 2017
SL4103-2017
Rad.: 49638
En aras de comprender la decisión del tribunal y sus fundamentos, resulta preciso resaltar que el presente proceso estuvo encaminado a obtener que la sociedad demandada asumiera el pago de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de la señora Mercedes Esther Angulo Bolaño, debido a que “… no fue afiliada al sistema de I.V.M., al Seguro Social, por lo que le corresponde a la demandada la carga pensional”. Asimismo, que la empresa demandada expresó, en la contestación a la demanda, que “… estaba convalidando ante el Instituto de Seguros Sociales el tiempo servido por la señora Mercedes Esther Angulo Bolaño, para que dicho instituto le reconociera la pensión correspondiente a quien tuviera derecho…” y que, en esencia, en dicha premisa fundamentó toda su defensa.
En ese sentido, la afiliación de la trabajadora fallecida al Instituto de Seguros Sociales, así como el presunto trámite de convalidación de los tiempos servidos, a partir de un título pensional, constituyeron supuestos cardinales del proceso, en la medida en que, en los términos de la demandada, reiterados en su recurso de apelación, tales premisas demostrarían la existencia de una subrogación del riesgo en el Instituto, que impediría una condena en su contra.
Ahora bien, en plena concordancia con los anteriores supuestos, teniendo en cuenta las bases sobre las cuales se había proyectado la discusión, anteriormente descritas, el tribunal negó que la demandada tuviera la responsabilidad de asumir el pago de la pensión de sobrevivientes y, para tal efecto, construyó una aserción de las siguientes características: i) de acuerdo con el oficio obrante a folios 540 y 541, en el proceso estaba demostrada la existencia de un trámite de emisión de cálculo actuarial entre la demandada y el Instituto de Seguros Sociales, en relación con la señora Mercedes Esther Angulo Bolaño; ii) y, por lo mismo, “… es esta la entidad [ISS] llamada a responder por la posible prestación que se pueda generar…”.
Esto es, el tribunal ligó la responsabilidad de la demandada al hecho de la existencia del trámite de emisión de cálculo actuarial, ya que, supuso, con el mismo se daría una subrogación válida del riesgo. En dicha medida, su alusión a la jurisprudencia de esta Sala sobre la mora en el pago de los aportes, debe entenderse relacionada, de manera necesaria, con el hecho de que mediaba un trámite de emisión de cálculo actuarial que podía suplir la falta de afiliación.
Las anteriores precisiones resultan necesarias para concluir que la censura sí controvierte la decisión del tribunal, en la integridad de sus fundamentos, contrario a lo que aduce la oposición. Y ello es así porque, si, en el marco de la decisión del tribunal, la responsabilidad de la demandada se hizo depender de la existencia de un trámite de convalidación de tiempos servidos, bastaba con rebatir esta premisa fáctica, como en efecto lo hace la censura, para combatir la validez de toda la sentencia gravada.
Por lo demás, el cargo es claro en denunciar un error de hecho, el de dar por demostrado, sin estarlo, la existencia del trámite de convalidación de tiempos, a través de cálculo actuarial, así como en señalar pruebas calificadas, como los oficios Nos. 3828 del 5 de septiembre de 2007 y 3112 del 14 de agosto de 2007. El cargo también cuenta con una proposición jurídica suficiente, pues menciona, cuando menos, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que contiene el derecho a la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios de personas fallecidas en vigencia de dicha norma, como la señora Mercedes Esther Angulo Bolaño, además de que ya no resulta necesario integrar una proposición jurídica completa.
Así las cosas, los reparos técnicos de la oposición no resultan atendibles.
Dilucidado lo anterior, en cuanto al fondo del asunto planteado, el Tribunal analizó, en efecto, el oficio UPA 3112 del 14 de agosto de 2007 (fls. 540 y 541), emanado del Instituto de Seguros Sociales, y de allí concluyó que “… se tiene que efectivamente se presenta una aceptación por parte del fondo pensional, de posibles solicitudes inherentes al riesgo por vejez, la cual se encuentra bajo la premisa del cálculo actuarial…” (Resalta la Sala).
Tras ello, dicha corporación efectivamente incurrió en el error de hecho manifiesto señalado por la censura, pues, a través de ese Oficio UPA 3112 de 14 de agosto de 2007, el Instituto de Seguros Sociales se limitó a informarle al juzgador de primer grado, el trámite que debía seguir la entidad demandada para la emisión y pago de un cálculo actuarial, para los fines previstos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, pero nunca expresó su “… aceptación… de posibles solicitudes inherentes al riesgo por vejez... bajo la premisa del cálculo actuarial…”, en relación con la señora Mercedes Esther Angulo Bolaño.
El tribunal también desconoció que en el Oficio UPA 3828 del 5 de septiembre de 2007, posterior al anterior, el Instituto de Seguros Sociales fue más específico e informó que “…revisados los archivos de trámites, de esta Unidad, no se encontró trámite alguno enviado por AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. AVIANCA S.A. con relación a la señora Mercedes Esther Angulo Bolaño. No es posible remitir los documentos presentados por AVIANCA S.A. puesto que dicha Compañía no ha iniciado trámite alguno para convalidar el tiempo de servicio de la señora Mercedes Esther Angulo Bolaño. En razón a lo anterior le reitero que el trámite no registra avance alguno”. (Resalta la Sala).
En ese sentido, de la información vertida en el expediente se deriva que la empresa demandada no había iniciado formalmente los trámites de convalidación del tiempo de servicios, a través de cálculo actuarial, respecto de la señora Mercedes Esther Angulo Bolaño, y el tribunal incurrió en un error de hecho manifiesto al así asumirlo. A lo anterior cabe agregar que la demandada siempre admitió su obligación de “… convalidar el tiempo dejado de aportar al sistema general de pensiones…” (fl. 13), pero nunca demostró haber iniciado las diligencias pertinentes para tales efectos, ni haber afiliado a la trabajadora en vigencia de la relación laboral. El documento de folios 16 y 443 tan solo demuestra la intención de la demandada de cancelar la reserva actuarial en el año 2004, pero no que hubiera anexado los documentos requeridos por el Instituto de Seguros Sociales (fls. 540 y 541) y que, transcurridos más de 10 años, lo hubiera hecho efectivamente.
Una vez demostrado el error de hecho del tribunal, la Corte considera necesario analizar su relevancia o suficiencia, para dar al traste con la sentencia gravada. Para tales fines, la Corte debe determinar si la falta de afiliación al sistema de pensiones, sumada a la inexistencia de algún trámite de convalidación de tiempos servidos, daría lugar a la imposición de la pensión de sobrevivientes en cabeza del empleador.
Frente a esto, lo primero que cabe reiterar es que, dentro de los límites en los que se concentró la decisión del tribunal, la eventual subrogación del riesgo de muerte en el Instituto de Seguros Sociales estuvo atada al proceso de convalidación de tiempos, a través de cálculo actuarial. En esas condiciones, desvirtuada la existencia del mencionado trámite, como ya se observó, de manera lógica, no era posible admitir la subrogación y negar que a la demandada le asistiera alguna responsabilidad frente a la pensión de sobrevivientes reclamada.
Con lo anterior, indudablemente el error del tribunal resultaría suficiente para dar al traste con la validez de su decisión, porque, sin convalidación de tiempos ni subrogación del riesgo, ante la comprobada falta de afiliación de la trabajadora fallecida al Instituto de Seguros Sociales, la sociedad demandada debe asumir el pago de la pensión de sobrevivientes, como se ha definido en sentencias como las CSJ SL, 9 sep. 2009, rad. 35211; CSJ SL, 6 dic. 2011, rad. 40575; y CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 38587.
Ahora bien, la Corte considera preciso advertir que es cierto que, en la evolución de su jurisprudencia, ha concluido que “… ante hipótesis de omisión en la afiliación del trabajador al sistema de pensiones, es deber de las entidades de seguridad social tener en cuenta el tiempo servido, como tiempo efectivamente cotizado, y obligación del empleador pagar un cálculo actuarial, por los tiempos omitidos, a satisfacción de la respectiva entidad de seguridad social”. (CSJ SLSL9856-2014, CSJ SL16715-2014, CSJSL17300-2014, CSJ SL2731 de 2015, CSJ SL14388-2015). Es decir que, en principio, bajo los nuevos criterios de la jurisprudencia, la comprobada falta de afiliación de la trabajadora daría lugar a la emisión de un cálculo actuarial por parte del empleador y no a que se le imponga el pago de las prestaciones derivadas del sistema general de pensiones.
No obstante, para la Corte es necesario aclarar que la referida orientación ha estado dirigida a las pensiones de jubilación y de vejez, en aplicación de las normas y principios de la Ley 100 de 1993 y bajo la idea de que son derechos en formación, respecto de los cuales se puede predicar “… el carácter retrospectivo, que ya ha definido la jurisprudencia de la Sala, tienen las normas de seguridad social, y que permite sean aplicables a situaciones en curso, en el momento que han entrado a regir, como es el caso del derecho a la pensión, que requiere de un término bastante largo para su consolidación, durante el cual el afiliado debe acumular un mínimo de aportes”. (CSJ SL2731-2015 y CSJ SL14388-2015). Con razón en estas decisiones se ha hecho uso, principalmente, de las normas relacionadas con el cómputo de las semanas necesarias para la causación de una pensión de vejez, como el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones.
De otro lado, es preciso destacar que las pensiones de sobrevivientes tienen unas características particulares y diferentes a las que guían a las pensiones de vejez, pues encuentran una fecha cierta de causación, atada a la realización cierta del riesgo que cubren, a la vez que están fundamentadas sobre otras concepciones de solidaridad, financiación y aseguramiento, diferentes de la acumulación de una cantidad suficiente de capital o de aportes, durante largos años. En tal sentido, la Corte Constitucional ha precisado que “… en lo referente a la pensión de sobrevivientes, su régimen no se fundamenta en el hecho de la acumulación de un capital suficiente para financiar una pensión, sino en el aseguramiento del riesgo de fallecimiento del afiliado. Por esa razón el legislador, al regular la pensión de sobrevivientes, previó un tiempo mínimo de cotización, partiendo de la base que las sumas recibidas para cubrir el riesgo de muerte, unidas a las que aportan todos los demás afiliados cotizantes, resultaban suficientes para generar un fondo común separado o una mutualidad que asumiera estas prestaciones”. (Sentencia C 617 de 2001). (Resalta la Sala).
Esta Sala de la Corte se refiere con ello a que, de acuerdo con la estructura del sistema de seguridad social, en el régimen de prima media, la pensión de vejez puede ser adquirida luego de la reunión de un gran número de aportes y del acopio del capital necesario para financiarla –20 años de aportes, o más de 1000 semanas dependiendo de cada caso–, mientras que la pensión de sobrevivientes puede ser causada, en este caso, con un mínimo de 26 semanas cotizadas –artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original–, de manera que su financiación depende más de la filosofía solidaria del régimen y no del acopio de tiempos y capital para ello.
En concordancia con lo anterior, el artículo 20 de Ley 100 de 1993 contempla la destinación de un 3% de la cotización de todos los afiliados al pago de pensiones de sobrevivientes e invalidez, en el caso del régimen de prima media con prestación definida, mientras que en el régimen de ahorro individual con solidaridad se prevé la contratación de un seguro previsional, para cubrir la suma adicional necesaria para completar el capital necesario para financiar la pensión de sobrevivientes (artículo 77 de la Ley 100 de 1993).
En los dos casos, si el trabajador está debidamente afiliado, las administradoras de pensiones pueden prever razonablemente la realización de los riesgos, gestionarlos y adoptar medidas para la financiación de las prestaciones, a través de las reservas respectivas o de la contratación de los seguros correspondientes (artículo 6º del Decreto 832 de 1996). Contrario sensu, si el trabajador no ha estado afiliado y no se tiene noticia de la prestación de sus servicios, ni se ha adelantado algún trámite de convalidación de tiempos, los riesgos se tornan imprevisibles para la aseguradora, imposibles de gestionar y, a la postre, de financiar, por no haberse podido conservar reservas o contratar seguros.
Así las cosas, se repite, las pensiones de vejez se conciben en función de la conformación de un mínimo de capital, respecto del cual la integración de aportes del empleador omiso encuentra pleno sentido, mientras que las pensiones de sobrevivientes se conciben en función de un aseguramiento del riesgo, respecto del cual la integración de aportes no tiene la misma funcionalidad ni puede producir las mismas consecuencias. Por esa razón, la orientación jurisprudencial que defiende el pago de cálculos actuariales y la responsabilidad de las administradoras de pensiones, a la que se hizo alusión, no puede ser irrestrictamente aplicable en tratándose de pensiones de sobrevivientes.
Es por ello que, en tratándose de una prestación definida en función del aseguramiento del riesgo, como la pensión de sobrevivientes, para la Corte resulta trascendental que, antes de asumir las prestaciones correspondientes a la realización del riesgo, las entidades de seguridad social hubieran contado con la posibilidad de gestionarlo, lo que solo se logra con la afiliación oportuna del trabajador o, en subsidio, con algún trámite de convalidación de los tiempos servidos, pero con antelación a que se concrete el riesgo.
Lo contrario equivaldría a imponer una carga desproporcionada en contra de las entidades de seguridad social, que tendrían que asumir el pago completo de una pensión de sobrevivientes, por la convalidación de un tiempo mínimo e indeterminado de servicios y sin poder adoptar medidas para la gestión adecuada del riesgo, por la falta de afiliación. Así, por ejemplo, si se admitiera irrestrictamente que, ante la falta de afiliación, las administradoras de pensiones son las encargadas del pago de la pensión, se llegaría a la conclusión de que el Instituto de Seguros Sociales, como administradora del régimen de prima media, debe asumir el pago de una pensión respecto de la cual: i) no tuvo conocimiento para iniciar acciones de cobro de los aportes; ii) no pudo prever y gestionar el riesgo de sobrevivientes, a través de reservas o seguros; iii) y tiene que financiar en un 100%, aun si los aportes que puede convalidar a través de título pensional no alcanzan para ello.
Con arreglo a lo anterior, para la Corte, en el caso específico de las pensiones de sobrevivientes, la subrogación del riesgo pensional en el Instituto de Seguros Sociales, por la vía de la convalidación de tiempos servidos y no cotizados, a través de cálculo actuarial, solo resulta admisible si dicho procedimiento es realizado en su integridad, antes de que se produzca el riesgo que da origen a la prestación, vale decir, la muerte. Si ello es así, la entidad de seguridad social puede asumir y gestionar válidamente el riesgo, a través de los mecanismos y recursos establecidos legalmente para ello, mientras que, si se admitiera esa posibilidad una vez causado el riesgo, se podría dar lugar a que la entidad tenga que financiar una pensión completa, tras el pago de escasos recursos por tiempos indeterminados de servicios.
Como corolario de lo dicho, si el empleador omiso en la afiliación no realiza el trámite de convalidación de tiempos servidos, antes de la causación del riesgo de muerte, debe asumir el pago de la pensión de sobrevivientes reclamada, en aplicación de disposiciones como el artículo 8º del Decreto 1642 de 1995 y sentencias de esta Sala como la CSJ SL, 9 sep. 2009, rad. 35211. De esta orientación deben excluirse, eso sí, los casos en los que se ha realizado la afiliación del trabajador y la administradora de pensiones incumple las gestiones de cobro, que han recibido otro tratamiento en la jurisprudencia (Ver CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, reiterada, entre otras, en las CSJ SL, 17 may. 2011, rad. 38622, CSJ SL, 13 feb. 2013, rad. 43839, y CSJ SL, 15 may. 2013, rad. 41802).
En este caso, la sociedad demandada era plenamente consciente de su omisión de la afiliación de la trabajadora fallecida al Instituto de Seguros Sociales y, a pesar de que, a partir del año 1994, la Ley 100 le dio instrumentos para solucionar esa situación, de los que también era plenamente consciente, hasta antes del 1º de marzo de 2002, fecha en la que ocurrió el fallecimiento, no adelantó diligencia alguna tendiente a la convalidación de tiempos servidos, a través de cálculo actuarial, de manera que, con posterioridad a tal suceso, como ya se dijo, no resultaba admisible ese trámite, ni la elusión de su responsabilidad.
Tampoco se le podía endilgar al Instituto de Seguros Sociales alguna responsabilidad por el no cobro de los aportes, respecto de una trabajadora que ni siquiera había sido afiliada.
En ese sentido, la inexistencia del trámite de convalidación de tiempos ante el Instituto de Seguros Sociales, que se dejó sentado con anterioridad, efectivamente resultaba determinante a la hora de definir la legalidad de la sentencia gravada, pues, sin ello, en las condiciones que han sido descritas, el empleador debía asumir el pago de la pensión.
Las anteriores precisiones bastan para concluir que el cargo es fundado y, como consecuencia, se casará totalmente la sentencia recurrida.
En instancia, la Corte debe resaltar que el recurso de apelación de la parte demandada estuvo encaminado a demostrar que: i) el demandante no cumplía con el requisito de convivencia establecido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993; ii) la menor Mercy Daniela Lara Angulo tampoco reunía las condiciones para ser beneficiaria, porque no dependía económicamente de la fallecida; iii) debía declararse probada la excepción de cosa juzgada, porque la trabajadora fallecida había declarado a paz y salvo a la empresa, en un acta de conciliación que hacía tránsito a cosa juzgada; iv) cualquier derecho pensional causado con anterioridad al 15 de diciembre de 2001 se encuentra prescrito; v) y, “… de haber estado afiliada [la trabajadora] al ISS, habría operado la subrogación del riesgo en forma total y ello también conduciría a la absolución de la demandada”.
La Sala se referirá a los mencionados temas en el orden planteado.
1. En torno a la condición de beneficiario del señor Noel Pío Lara Acosta, tal y como lo señaló el juzgador de primer grado, los testimonios de las señoras Elvira Nieto Montes e Ilva Lara Altamar (fls. 114 y 115) son coincidentes en indicar que convivía en unión libre con la señora Mercedes Angulo Bolaño (q.e.p.d.); que procrearon una hija y que mantuvieron su convivencia hasta el momento de la muerte de esta última, ocurrida en el año 2002.
Dichos testimonios son plenamente creíbles para la Corte, porque, contrario a lo reclamado en la apelación, en el caso de Elvira Nieto, explicó suficientemente las razones por las cuales conocía la convivencia del demandante con la trabajadora fallecida, y en el caso de Ilva Lara, la sola condición de que sea hermana del demandante no hace desdeñable la información que aporta al proceso, pues, por el contrario, tenía un conocimiento preferente de los supuestos relativos a la convivencia.
Adicional a ello, el juzgador de primer grado también tuvo en cuenta los documentos de folios 392 a 396 y 400 a 407, en los que el Instituto de Seguros Sociales certifica la afiliación del demandante al sistema de salud, así como la inscripción de Mercedes Esther Angulo Bolaño, como su compañera, y Mercy Daniela Lara, como su hija; Coomeva E.P.S. certifica la afiliación de Mercedes Esther Angulo Bolaño y la anotación del demandante, como su compañero; Avianca S.A. da cuenta de que el demandante es pensionado de la empresa y tiene registrados como familiares a Mercedes Angulo, en calidad de compañera permanente; la Cooperativa de Trabajadores de Avianca informa que dentro de los beneficiarios del demandante está la señora Mercedes Esther Angulo Bolaño, como compañera permanente; y Los Olivos S.A. declara haberle prestado servicios funerarios a la señora Mercedes Esther Angulo Bolaño, por ser beneficiaria del demandante.
Todos los anteriores elementos de juicio daban cuenta suficiente de la convivencia del demandante con la señora Mercedes Esther Angulo Bolaño, hasta el momento de la muerte de esta última, de manera que los reproches del apelante en este punto no pasan de ser meras especulaciones.
2. Respecto de la menor Mercy Daniela Lara Angulo, a la Sala le basta con remitirse al registro civil de nacimiento obrante a folio 8, en el que consta que era hija de la trabajadora fallecida y nació el 9 de agosto de 1989, de manera que, para la fecha de la muerte de su madre –1º de marzo de 2002–, era menor de edad y, en ese sentido, no le era exigible el requisito de dependencia económica en el que recaba el apelante. La Corte ha precisado, en ese sentido, que “… a la pensión legal de sobrevivientes, conforme lo establece el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, sustento de la decisión del juez a quo, tienen derecho los hijos menores del causante, quienes precisamente por esa condición, no tienen que probar ninguna dependencia económica de quien los proveía de todo lo necesario para su subsistencia”. (CSJ SL, 27 feb. 2013, rad. 45264).
Ello no excluye, desde luego, que la entidad pagadora de la pensión verifique si, después de cumplidos los 18 años de edad, se cumplieron las condiciones legales de ausencia de autosuficiencia económica, para que se continuara el pago de la pensión y que, en definitiva, se acrezca el derecho del otro beneficiario cuando haya lugar a ello. Así lo dejó sentado correctamente el juzgador de primer grado, al disponer que la pensión para la menor se pagaría “… hasta cuando la menor acredite su mayoría de edad o sea 18 años o hasta los 25 años siempre y cuando acredite que se encuentra estudiando…”.
3. Frente a la excepción de cosa juzgada, contrario a lo que señala el apelante, esta Sala de la Corte ha sido consistente en adoctrinar “… que los acuerdos de conciliación deben ser analizados en su contexto, de manera razonable, por lo que no es dable entenderlos de manera ligera y extenderlos indiscriminadamente sobre aspectos sensibles de la relación laboral que las partes no fueron claras en incluir…” como la pensión de jubilación o, en este caso, la de sobrevivientes (CSJ SL11457-2014).
En el presente asunto, en el acta de conciliación de folios 17 y 18, la señora Mercedes Esther Angulo Bolaño y la demandada se limitaron a dejar constancia de la terminación de la relación laboral, por mutuo acuerdo, luego del pago de los salarios y las prestaciones sociales debidas, junto con una bonificación y unos tiquetes en las rutas de la empresa. En ninguna parte del acta de conciliación se hizo alusión a la falta de afiliación de la trabajadora al sistema de seguridad social, ni a la responsabilidad que le asistía a la empresa por dicho hecho, de manera que los derechos reclamados en este juicio no estaban gobernados por la conciliación y, como consecuencia, no estaban afectados por la cosa juzgada.
4. En lo que tiene que ver con la excepción de prescripción, el apelante se limita a decir que los derechos causados con anterioridad al 15 de diciembre de 2001 se encontraban afectados por dicho fenómeno, pero no advierte que la pensión fue reconocida por el a quo a partir del 2 de marzo de 2002, de manera que su afirmación carece de sentido.
Además de ello, lo cierto es que la demanda fue presentada el 15 de diciembre de 2004, dentro de los tres años posteriores al fallecimiento de la señora Mercedes Esther Angulo Bolaño, de manera que ninguna de las mesadas de la pensión de sobrevivientes se encontraba afectada por la prescripción.
5. Finalmente, como se dejó sentado en sede de casación, la demandada nunca afilió a la demandante al sistema de seguridad social en pensiones, ni acreditó el trámite de convalidación de tiempos ante el Instituto de Seguros Sociales, con anterioridad a la realización del riesgo –muerte–, de manera que, contrario a lo que dice el apelante, no había operado la subrogación del riesgo y la empresa demandada debía asumir el pago de la pensión de sobrevivientes.
En torno al cumplimiento de los requisitos necesarios para la causación de la pensión o respecto de su cuantía, nada se dice en la apelación, por lo que, sin más consideraciones, la Sala confirmará en su integridad la decisión emitida por el juzgador de primer grado.
Sin costas en el recurso de casación. En las instancias correrán por cuenta de la entidad demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 30 de julio de 2010, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Noel Pío Lara Acosta, quien actúa en su propio nombre y en representación de su hija Mercy Daniela Lara Angulo, contra la sociedad Avianca S.A.
En sede de instancia, confirma íntegramente la sentencia emitida el 21 de septiembre de 2007, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla.

References: artículo 46
 artículo 33
 artículo 9
 artículo 33
 artículo 20
 artículo 8
 artículo 47
 artículo 47