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Timestamp: 2014-04-19 11:58:49+00:00

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A Estrada- PONTEVEDRA FARO DE VIGO---22/09/2005--- EL ALCALDE DE A ESTRADA Y TRES EDILES DEL PP, JUNTO CON ANTERIORES CONCEJALES, SE ENCUENTRAN IMPUTADOS. La Audiencia Provincial retoma el proceso por presunta prevaricación del concello. El informe de la Fiscalía señala la existencia de indicios de delito en la acción del gobierno local.
El CorreoGallego.es .-5-abril-2007.- -El TSXG declara ilegales centenares de viviendas en un barrio de Ourense ."El candidato popular no puede seguir en la actitud de que fue abducido durante todo este tiempo, "alguien se metió en mi cuerpo y no me enteré de nada", aseveró. El auto del juez afecta a centenares de viviendas de nueva construcción, zonas verdes y al nuevo edificio de la Policía Local . La sentencia "deja claro" que si el letrado que representa a los vecinos de A Ponte hubiese solicitado la anulación de todo el PXOM, "se le habría concedido". Los nacionalistas consideran que se trata de un problema de dimensiones "enormes" y proponen que el gobierno municipal "rehaga" el planeamiento urbanístico en la zona para lograr su aprobación, ya que calculan que el área podría alcanzar unos 100.000 metros cuadrados. Sánchez Vidal recriminó la modificación del PXOM en esa zona de la ciudad y culpó al gobierno municipal ourensano de propiciar un "trato de favor" hacia el promotor inmobiliario, en contra del "interés colectivo de los vecinos" de la zona. Acusó también al alcalde de Ourense, Enrique Nóvoa, de seguir gestionando esa modificación cuando era concejal de Urbanismo. La Voz de Galicia.-4-abril-2007.- El TSXG anula parte del PXOUM ourensano a petición de un particular. La suspensión afecta a la urbanización de viviendas en una zona reparcelada.
El Pais.com.05/04/2007 .-El Tribunal Superior anula la urbanización de la zona de expansión de Ourense. El Ayuntamiento agrupó solares y concedió la edificabilidad a un promotor y las cargas a los vecinos. Sánchez Vidal asegura que el Ayuntamiento "amañó un acuerdo con un promotor de forma que aprobó la segregación del polígono urbano en varias parcelas y concedió a un promotor la destinada a la edificación mientras que a los particulares les concedió la otra en la que no sólo no les otorga edificabilidad, sino que les impone la cesión de los viales, el pago de la construcción de una carretera de 20 metros de ancho y el acondicionamiento de la zona verde". En el caso de que se apruebe el derribo de los cientos de edificaciones construidas, "el Ayuntamiento tendría que indemnizar con cantidades millonarias, de las arcas municipales, a los afectados", destaca el edil, "como consecuencia de una actuación de connivencia y trato de favor del grupo de gobierno hacia el promotor". Explica que la "operación especulativa" que el PP llevó a cabo en A Ponte consistió "en modificar en el plan el área de reparto a suelo urbano consolidado para no pagar la cesión a la que obliga la ley no hacer vivienda protegida ni pagar la urbanización". Pulsar para subir
El Correo Gallego.-29-3-2007.- Polémica: Carballo no atendió los cambios que la Xunta propuso al PXOM El edil de Urbanismo califica de "chapuza" el documento aprobado en 2003 ·· Los informes de Carreteras, del arquitecto y el secretario municipal eran negativos ·· A pesar de ello todos los grupos votaron a favor del Plan Xeral El Correo Gallego.-28-3-2007.- Una sentencia anula el Plan Xeral de Carballo aprobado en el 2003 .El TSXG entiende que los datos aportados por el Gobierno gallego son insuficientes ·· El Concello recurrirá ante el Supremo ·· Pedirá informes para conocer la repercusión sobre las licencias ·· La revisión del PXOM podría ser la solución .
Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Carballo que había sido aprobado en mayo de 2003. El fallo se produce tras un recurso presentado ese mismo año contra la aprobación de dicho plan, por parte del presidente de la Asociación de Vecinos San Cristovo, de Lema ( Baldaio), José Luis Pacoret Regueira. LOS DATOS: Más de 20 recursosContra la aprobación del Plan Xeral de Carballo fueron presentados más de veinte recursos contenciosos-administrativos, algunos de los cuales ya fueron desestimados, y otros estimados en parte. Además, también los hay pendientes de resolución por parte del TSXG.
Normas subsidiarias En caso de que el Tribunal Supremo ratifique la decisión del TSXG y la revisión del Plan Xeral no haya sido aprobada para entonces, el alcalde, Evencio Ferrero, señaló que se volverían a aplicar las normas subsidiarias anteriores al PXOM . Silleda-PONTEVEDRA La Voz de Galicia.com.-21-decembro de 2006.-El TSXG ordena a Fernández tramitar la demolición de parte de un edificio. El Concello, demandado por otorgar la licencia, puede recurrir el nuevo fallo judicial. Otorga un mes de plazo al alcalde de Silleda para iniciar el proceso, del que debe informarle. El anterior fallo judicial, dictado por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, ordenaba la demolición de la cuarta planta y de dos metros del fondo de la edificación ya que tiene veinte y el Plan Xeral vigente pone el límite en dieciocho ya que no era legalizable. En la resolución, de finales de mayo y que fue recurrida, se anulaba además la licencia otorgada por el Concello de Silleda el 21 de abril del 2005 para legalizar el inmueble por el que hay litigio desde hace ocho años.
Faro de Vigo-25 de noviembre de 2005-EN ESTE MOMENTO, LOS AFECTADOS PERCIBIR�N 200 EUROS POR METRO Y 123 M�S POR INTERESES Los terrenos del Ponti�as costar�n m�s de 8 millones al retrasarse el pago Faro de Vigo-25 de noviembre de 2005-La Xunta deber� pagar 200 euros por metro a los expropiados del Ponti�as
,La Voz de Galicia-25 noviembre-La Xunta recurri� en las distintas instancias las sentencias a favor de los vecinos
La Voz de Galicia-25 noviembre-Una valoraci�n en funci�n de las edificaciones del entorno
La Voz de Galicia-25 noviembre-La Xunta deber� pagar 7,2 millones por las expropiaciones del Ponti�as
El Correo Gallego.- 20 de decembro de 2006.-Palo judicial a Raxoi por el "raro" trazado del vial Sar-Pontepedriña Se queres comentar esta noticia, podes fac�lo desde a noticia publicada no mesmo xornal. El Correo Gallego.- 20 de decembro de 2006
El Tribunal Superior de Xustiza tumba los cambios realizados en el proyecto original para atender las demandas de los vecinos de la calle Ulla ·· Entre los recurrentes figura el propietario del polémico chalé ilegal que fue derribado con el fin de construir el enlace El desquite del dueño:.- José Mariño Codesido es uno de los que han demandado al Ayuntamiento por el trazado del vial Sar-Pontepedriña. Mariño tenía un chalé en la rúa Boqueixón. La finca disponía de un terreno muy amplio que se extendía hasta el río Sar. Mariño llegó a ofrecer completamente gratis algunas tierras por las que podría pasar este vial, salvando así su casa, pero no tuvieron efecto sobre el equipo de gobierno municipal. Desde Raxoi se decía, por aquellas fechas, que esta vivienda se había construido sobre una zona verde y sin ninguna autorización. El chalé de José Mariño Codesido fue finalmente demolido el 15 de enero de 2002. Mariño no quiso hacer ayer declaraciones, pero ya en 2002 había denunciado que en la construcción de este vial "se han incumplido muchas normas. Pulsar para subir
MIÑO -A Coruña La Opinioncoruna.27 de abril de 2006.- LOS JUECES ESTIMAN LA DEMANDA CONTRA UNA PROMOCIÓN DE 1.500 VIVIENDAS Un tribunal anula la concesión a Fadesa de una urbanización en Miño Pulsar para subir
EOLICAS Sentenza pioneira
Lavozdegalicia.es.-17-abril-2007.-PARQUES Productores eólicos y propietarios de montes cargan contra la Xunta. Las grandes empresas tachan de «ilegal» el decreto de Industria y ultiman otro recurso
Los dueños de los terrenos exigen obtener un 10% del beneficio de los futuros parques Endesa, Iberdrola, Eurovento y Acciona tienen el 50% del pastel .Advierte de que no es jurídicamente defendible que quien decide las concesiones se quede con el 10% de cada proyecto, y califican de «contrasentido» que Industria pueda conseguir un beneficio tan alto cuando ellos sólo ganan un 1%. Además, recuerdan que con el nuevo marco regulatorio la consellería puede iniciar una expropiación contra los vecinos una vez que el proyecto sea declarado de utilidad pública. «Esto nos deixa sen capacidade negociadora coas empresas e imos alegar; hai que recordar tamén que en caso de desacordo no precio quen fixa a indemnización é o xurado único de expropiación que, como o Inega, forma parte da Administración», explica Jacobo Feijoo, portavoz del colectivo. .
SENTENCIA La Voz de Galicia.-15-2-2007.-El Tribunal Supremo ilegaliza en Vigo el mayor centro comercial de Galicia
El recinto incluye también cuatro torres que totalizan más de 300 viviendas.La inversión para ejecutar el conjunto superó ampliamente los 200 millones de euros. El PSOE y la Xunta del PP impugnaron esta iniciativa . El revés se suma a los 2.000 pisos que ya están pendientes de derribo por sentencias Expansión, viernes 23/05/2003 .-Madrid se enfrenta a una indemnización millonaria por expropiaciones indebidas. En aquel momento se estableció un pago por expropiación de 2,51 euros por metro cuadrado, que tras un proceso de negociación se incrementó hasta 10,8 euros. después de una sentencia del tribunal superior de justicia de madrid de 1994, la cantidad se ha acabado elevando hasta 48 euros por metro cuadrado: 1,38 millones de euros para el total de 21.000 metros cuadrados propiedad de las familias. mientras, el ayuntamiento acabó beneficiándose de un precio final de venta de, al menos, 213 millones. pese a ello, hasta ahora el ayuntamiento se ha negado a pagar por lo que los denunciantes han exigido el embargo de las cuentas municipales, proceso que en este momento se encuentra en tramitación El Correo Gallego.15-2-2006.--Los últimos "rebeldes" del Castiñeiriño logran chalés El IGVS logra cerrar un acuerdo entre los vecinos del sunp 13 y la cooperativa Combarro ·· Los propietarios recibirán una vivienda unifamiliar a cambio de sus casas . Los propietarios del sunp 13 de O Castiñeiriño recibirán viviendas unifamiliares a cambio de sus actuales casas y terrenos, sin tener que pagar ninguna cantidad a mayores por ellas.
La Voz de Galicia.es-09/03/2007.-SANCIÓN EN VIGO . Vivenda pide 3,6 millones a un promotor por cobrar de más por pisos protegidos .La medida responde a la denuncia colectiva presentada por 41 demandantes. Pulsar para subir
19/09/2005---Privación de libertad e inhabilitación El grupo municipal del BNG, personado en esta causa como acusación, destacó ayer que el informe del fiscal apunta que las penas máximas a las que podrían ser condenados los imputados en este presunto delito de prevaricación no superarían los nueve años de privación de libertad. También se podrían imponer sanciones económicas e inhabilitación especial para empleo o cargo público.
No obstante, el fiscal deja clara su consideración de que las penas previstas para este delito "son en todo caso inferiores a las penas máximas (por las anteriormente citadas) que aparecen contempladas en el ámbito material de este procedimiento abreviado". Dudas en Pérez Viondi
El auge urbanístico que vivió la villa estradense en los noventa quedó empañado parcialmente por algunas denuncias urbanísticas ante acuerdos municipales y licencias que podrían rozar la ilegalidad. Casi todas acabaron archivadas, pero uno de los pleitos siguió adelante y llega ahora a la Audiencia Provincial, con una seria amenaza judicial para quienes adoptaron aquellos acuerdos, la práctica totalidad de gobernantes municipales de entondes, de los que varios siguen en activo en el gobierno local, como Ramón Campos, Somoza, Reboredo o Arca. Las denuncias del BNG señalaban que existían ilegalidades en decisiones y permisos municipales para los chalés construidos junto a la iglesia, catalogación de la calle donde están actualmente los cines como prolongación de Losada Diéguez -decisión que permitía dar más edificabilidad a las futuras construcciones- y alturas concedidas a un edificio en la calle Pérez Viondi considerando que el inmueble formaría parte de la plaza de A Farola. El juzgado de Primera Instancia de A Estrada dictó hace poco más de un mes un auto, relativo a estos casos, por el que da continuidad a las diligencias, tras un informe del fiscal que aprecia indicios de delito en todos los imputados. En concreto, se estima la presunta comisión de delito de prevaricación urbanística o administrativa, indicando además que las penas máximas a las que podrían ser condenados son de nueve años de privación de libertad, con multas e inhabilitación. El caso seguirá ahora en la Audiencia Provincial, a la espera de que el fiscal presente -si corresponde finalmente- su acusación y petición de penas. Habrá juicio en la Sala de lo Penal. Las partes fueron informadas el pasado día 12 sobre el auto, contra el que se puede interponer recurso de reforma y de apelación. Hace tres años, el Tribunal Supremo desestimó un recurso del Concello estradense -contra un fallo del TSXG que apreciaba ilegalidad en los acuerdos urbanísticos- dándole la razón a las denuncias del BNG estradense, que logra ahora abrir un proceso penal en la Audiencia. Las denuncias llegan ahora a dicha vía penal tras un largo y complejo proceso con resoluciones administrativas. Pulsar para subir
Logo de once anos... Xoves 22 de Setembro de 2005 - 12:44
Urbanismo de A Estrada, a juicio El fiscal pide 16 años de inhabilitación y una multa de 19.440 € para ediles del PP por presunta prevaricación en los 90 ·· Entre los imputados por tres licencias: Campos y tres concejales del gobierno actual ·· El Supremo declaró ilegales las obras por la denuncia del BNG Faro de Vigo, 12 de xullo de 2006
BNG- A Estrada.-O Fiscal solicita 8 anos de inhabilitación para o Alcalde e os Concelleiros do PP --------------------------------------------------------------------------------
La Voz de Galicia.-16/09/2005 | Deza-Tabeirós .-Exigen el derribo de una casa en Codeseda Un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del día 5 exige al Concello de A Estrada la ejecución de la sentencia de derribo de una vivienda unifamiliar situada en Currelos, en la parroquia estradense de Codeseda. El auto desestima el recurso presentado por los propietarios del inmueble ante el Constitucional y hace un exhorto al alcalde, Ramón Campos, para que ejecute la sentencia de inmediato. De lo contrario, incurriría en un delito de desobediencia.
El TSXG estima que la vivienda unifamiliar no es legalizable y determina que debe demolerse, como ya había ordenado el Alto Tribunal gallego a principios de septiembre de 2005 tras recibir la notificación del Tribunal Constitucional en la que éste le comunicaba la inadmisión del recurso de amparo que había presentado hacía seis meses el propietario de la vivienda sobre la que pesa la orden de derribo, R.P.O, contra la inadmisión del recurso de casación en el que se solicitaba cautelarmente la suspensión de la ejecución de sentencia. Entonces, el auto del TSXG ordenaba que la ejecución del derribo de la vivienda se realizase bajo la directa supervisión del alcalde de A Estrada, Ramón Campos. Asimismo, el documento judicial también incluía un apercibimiento en virtud del cual el alcalde debería deducir testimonio, informando periódicamente al Alto Tribunal Gallego de la evolución de la ejecución del derribo. En caso contrario, incurriría en delito de desobediencia, según se advertía en el texto del propio auto judicial.
El CorreoGallego.es .-5-abril-2007.- -El TSXG declara ilegales centenares de viviendas en un barrio de Ourense ."El candidato popular no puede seguir en la actitud de que fue abducido durante todo este tiempo, "alguien se metió en mi cuerpo y no me enteré de nada", aseveró. La sentencia "deja claro" que si el letrado que representa a los vecinos de A Ponte hubiese solicitado la anulación de todo el PXOM, "se le habría concedido". Los nacionalistas consideran que se trata de un problema de dimensiones "enormes" y proponen que el gobierno municipal "rehaga" el planeamiento urbanístico en la zona para lograr su aprobación, ya que calculan que el área podría alcanzar unos 100.000 metros cuadrados. El auto del juez afecta a centenares de viviendas de nueva construcción, zonas verdes y al nuevo edificio de la Policía Local ·· El Bloque dio a conocer ayer el fallo, aunque había sido dictado el pasado 5 de marzo EUROPA PRESS  OURENSE
FOTO: La Región Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado ilegal una parte del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del barrio de A Ponte de la ciudad de Ourense. La zona afectada incluye centenares de viviendas de nueva promoción entre las calles Basilio Álvarez, As Caldas y Xesús Pousa, zonas verdes e incluso la nueva sede de la Policía Local ourensana. La sentencia fue hecha pública ayer por el grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, aunque fue dictada por el juez con fecha 5 de marzo de este año, después de que unos vecinos de A Ponte presentasen un recurso contra una reparcelación de la zona que el ayuntamiento concedió a un promotor de la construcción en el año 1998. Por aquel entonces ocupaba la cartera de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ourense Ricardo Campo Labrador, quien, según los nacionalistas, modificó "puntualmente" el PXOM para esa zona de A Ponte. La sentencia invalida ahora este acuerdo y, como consecuencia, todas las actuaciones inmobiliarias realizadas, dotaciones, espacios públicos, así como zonas verdes, se encuentran en la actualidad en situación de ilegalidad. El candidato del BNG a la alcaldía de Ourense, Alexandre Sánchez Vidal, compareció en una rueda de prensa en la que aseguró que la sentencia del Alto Tribunal afecta a "dotaciones públicas fundamentales", como el edificio de la Policía Local, "que está incluido en esta área de planeamiento". Proceso de reparcelación Asimismo, la decisión judicial también atañe a zonas verdes "previstas" o a un nuevo vial de la zona, como es la calle Basilio Álvarez, que comunica ésta con la estación de ferrocarril que, en un futuro, será la estación del AVE. El candidato nacionalista explicó que esta situación es "consecuencia" de un proceso de "reparcelación" de 1998, cuando un promotor "pide una modificación puntual" de un área de actuación "conjunta" que databa del planeamiento de 1986. Así, Sánchez Vidal manifestó que el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ourense "concedió" esta petición del promotor y que, por aquel entonces, los nacionalistas ya "advertimos" de los problemas que esta situación produciría en un futuro. "Significa trasladar todos los beneficios urbanísticos a ese promotor y las cargas urbanísticas de dotaciones públicas a una serie de familias de A Ponte", aseveró. Sánchez Vidal recriminó la modificación del PXOM en esa zona de la ciudad y culpó al gobierno municipal ourensano de propiciar un "trato de favor" hacia el promotor inmobiliario, en contra del "interés colectivo de los vecinos" de la zona. Acusó también al alcalde de Ourense, Enrique Nóvoa, de seguir gestionando esa modificación cuando era concejal de Urbanismo. Abducido En este sentido, el candidato del BNG explicó que Enrique Nóvoa "gestionó todo el proceso que después llevó a esta sentencia" y aunque tuvo "oportunidad" de resolver esta situación, "no lo hizo". "El candidato popular no puede seguir en la actitud de que fue abducido durante todo este tiempo, alguien se metió en mi cuerpo y no me enteré de nada", aseveró. Además, Sánchez Vidal aseguró que la sentencia "deja claro" que si el letrado que representa a los vecinos de A Ponte hubiese solicitado la anulación de todo el PXOM, "se le habría concedido". Los nacionalistas consideran que se trata de un problema de dimensiones "enormes" y proponen que el gobierno municipal "rehaga" el planeamiento urbanístico en la zona para lograr su aprobación, ya que calculan que el área podría alcanzar unos 100.000 metros cuadrados. AVALES TÉCNICOS Y JURÍDICOS Alcalde y promotor recurren al TS El Ayuntamiento de Ourense y el promotor presentaron sendos recursos contra la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de anular la parcelación aprobada en 2003 por la Xunta de Galicia par el barrio de A Ponte. El alcalde alegó contar con el respaldo de informes jurídicos y técnicos. Mientras que el Bloque estimó que la superficie afectada por la sentencia es de 50.000 metros cuadrados, el regidor municipal explicó que afecta "sólo a una esquina con dos edificios". Según recordó a Efe, la parcelación de esos terrenos requirió una modificación puntual del PXOM que se aprobó en un pleno municipal de 2003 con los votos a favor de PP y PSdeG y la abstención de los concejales nacionalistas. Tres meses después, la Consellería de Política Territorial dio su aprobación definitiva al plan general, incluyendo la modificación realizada por el Ayuntamiento, según Enrique Nóvoa, y con el respaldo de los informes jurídicos y técnicos. La construcción continuará "Salvo en la esquina afectada, la construcción en la zona continuará y seguimos adelante con la decisión de sacar a concurso público la construcción de un aparcamiento subterráneo", añadió el alcalde. La relación a las responsabilidades de la actuación ahora anulada por el TSXG, Nóvoa recordó que él no era concejal de Urbanismo en aquel momento. "Sólo quiero manifestar mi respeto a las familias afectadas, a las que conozco, y que no son cientos ni mucho menos, como dice el BNG" . Pulsar para subir
Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula una parte del PXOUM de Ourense que afecta a la urbanización del barrio de A Ponte de la ciudad donde se ubica un edificio de la policía y estaban proyectadas varias viviendas. La denuncia partió de un particular y tiene relación con la reparcelación de un área urbana. El TSXG da la razón al denunciante y declara nula la modificación del plan en relación a esta actuación, que fue acometida en el año 2003. Aunque la anulación se refiere a dos parcelas concretas, el BNG ourensano ya ha alertado que por extensión alcanza a la planificación de toda la zona en la que se ubican cientos de viviendas, hechas y de futura construcción. También se encuentra en este lugar un edificio de la policía que, de progresar la decisión judicial, estaría fuera del plan. Desde el concello ya se ha anunciado que presentarán un recurso de casación contra la decisión del TSXG. Además insisten en que el fallo sólo afecta a dos parcelas de esta urganización del barrio de A Ponte. Pulsar para subir
El Pais.com.05/04/2007 .-El Tribunal Superior anula la urbanización de la zona de expansión de Ourense. El Ayuntamiento agrupó solares y concedió la edificabilidad a un promotor y las cargas a los vecinos CRISTINA HUETE - Ourense -
U. Foces / VIGO No irán a la cárcel. Los dos ex concejales del gobierno local gondomareño José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, así como la compañera sentimental del primero y el arquitecto vigués Borja Ramilo, detenidos en febrero por una supuesta corrupción urbanística en Gondomar, no irán a prisión aún en el caso de ser juzgados y considerados culpables. La razón es que se les imputan tres delitos de cohecho a cada uno de los concejales y también al arquitecto. Este figura penal está castigada con una inhabilitación que, de no existir agravantes (como parece ser en este caso), implica la suspensión de empleo o cargo público de 6 meses a 3 años. El Juzgado Número 6 de Vigo que instruye las diligencias por la supuesta corrupción urbanística de Gondomar ha dado por concluida la investigación y no tiene previsto citar a nadie más tras la declaración de los cuatro imputados y los propietarios, promotores e intermediarios de las tres fincas que dieron origen al caso y que se ratificaron ante la juez de la petición de dinero para acometer las edificaciones que tenían previstas.
El Correo Gallego.-29-3-2007.- Polémica: Carballo no atendió los cambios que la Xunta propuso al PXOM El edil de Urbanismo califica de "chapuza" el documento aprobado en 2003 ·· Los informes de Carreteras, del arquitecto y el secretario municipal eran negativos ·· A pesar de ello todos los grupos votaron a favor del Plan Xeral J. M. R.  MUXÍA La anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Carballo por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia viene motivada, entre otras causas, porque no se realizaron todas las modificaciones que la Consellería de Política Territorial propuso en su informe que, aunque era favorable, ponía como "expresa condición" subsanar "la totalidad de las observaciones" reseñadas en el mismo.
Caride, en el Parlamento Por su parte, desde la Consellería de Política Territorial aseguraron que el Plan Xeral aprobado por el Concello carballés en mayo de 2003 se hizo al amparo de la Ley del 1997, por lo que, al contrario de lo que sucede actualmente "la aprobación definitiva recaía en las corporaciones locales".
El Correo Gallego.-28-3-2007.- Una sentencia anula el Plan Xeral de Carballo aprobado en el 2003 El TSXG entiende que los datos aportados por el Gobierno gallego son insuficientes ·· El Concello recurrirá ante el Supremo ·· Pedirá informes para conocer la repercusión sobre las licencias ·· La revisión del PXOM podría ser la solución J. M. R.  MUXÍA Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Carballo que había sido aprobado en mayo de 2003. El fallo se produce tras un recurso presentado ese mismo año contra la aprobación de dicho plan, por parte del presidente de la Asociación de Vecinos San Cristovo, de Lema ( Baldaio), José Luis Pacoret Regueira. El alcalde, Evencio Ferrero, y los portavoces de los cuatro grupos municipales representados en la Corporación comparecieron ayer en rueda de prensa para analizar la resolución judicial que, según el regidor, se basa únicamente en "cuestiones de procedimiento". Así, el Tribunal Superior entiende que los informes aportados por la Xunta, a pesar de ser todos ellos favorables, son insuficientes. Ferrero reconoció que se trata de una noticia de "impacto" y que puede generar desconcierto, pero quiso enviar un mensaje tranquilizador a los vecinos porque "este Concello está libre de toda sospecha urbanística", a la vez que recordó que el Plan Xeral fue apoyado, de forma unánime, por todos los partidos. Además, el alcalde confirmó que el Concello presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, para ello, recabará los pertinentes informes jurídicos con el fin de conocer también cómo puede afectar la resolución judicial a la concesión de nuevas licencias. Gobierno local y oposición confían en que el fallo del TSXG no tenga efecto alguno, pues esperan que antes de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación esté aprobada la revisión del Plan Xeral que se está tramitando, y que dejaría resueltos todos los problemas. El alcalde señaló que pedirán reuniones con la Consellería de Política Territorial para que agilice los trámites de dicha revisión, ya que entiende además que la propia Administración autonómica "es parte codemandada en este proceso". LOS DATOS: Más de 20 recursosContra la aprobación del Plan Xeral de Carballo fueron presentados más de veinte recursos contenciosos-administrativos, algunos de los cuales ya fueron desestimados, y otros estimados en parte. Además, también los hay pendientes de resolución por parte del TSXG.
?na resolución judicial dictada por la sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) requiere al alcalde de Silleda, José Fernández, que en el plazo de un mes proceda a iniciar los trámites de cara a la demolición de parte de un edificio situado en la esquina de las calles Emilio Alonso Paz y José Antonio. En la providencia, establece que el Concello de Silleda debe informar, además, a la sala del TSXG del desarrollo de esta tramitación. La nueva resolución judicial indica que es necesario cumplir el fallo que fijaba la demolición de parte del inmueble mientras no se plantee que no se puede ejecutar. «Mientras no se platee en el proceso específico incidente de inejecutabilidad de sentencia, deviene obligada la ejecución de la sentencia resolutoria del presente proceso, en cuanto a las consecuencias de demolición que de la misma deriven», indica la providencia. Es por ello, que requiere al Ayuntamiento de Silleda, en la persona de su alcalde-presidente, que inicie el proceso de cara a derribar parte de la edificación. Contra la resolución dictada, las partes implicadas tanto el Concello (el demandado) como la firma propietaria del inmueble Gumadeza (codemandada), pueden presentar un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El anterior fallo judicial, dictado por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, ordenaba la demolición de la cuarta planta y de dos metros del fondo de la edificación ya que tiene veinte y el Plan Xeral vigente pone el límite en dieciocho ya que no era legalizable. En la resolución, de finales de mayo y que fue recurrida, se anulaba además la licencia otorgada por el Concello de Silleda el 21 de abril del 2005 para legalizar el inmueble por el que hay litigio desde hace ocho años. El juzgado provincial estimaba que el Concello al otorgar el permiso para la edificación pretendía «defraudar» la ejecución del fallo del TSXG de noviembre del 2002 en la que se anulaba la licencia municipal otorgada por el Concello en 1998 para la construcción de la edificación en la esquina de las calles Alonso Paz y José Antonio. Largo proceso Desde el año 1998, el inmueble se encuentra en los juzgados. Manuel Pena presentó entonces un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la comisión de gobierno al entender que sus características no se adaptaban a la legislación urbanística. El TSXG estimó su recurso en el 2002 y anuló la licencia, y con posterioridad, se anuló el permiso que legalizaba la construcción. Pulsar para subir
La Opinioncoruna.27 de abril de 2006.- LOS JUECES ESTIMAN LA DEMANDA CONTRA UNA PROMOCIÓN DE 1.500 VIVIENDAS Un tribunal anula la concesión a Fadesa de una urbanización en Miño El Tribunal Superior de Galicia ha estimado el recurso que presentaron los expropiados contra el acuerdo del Ayuntamiento por el que se adjudicaron la obras a la inmobiliaria. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia que supone la anulación de la adjudicación que hizo el Concello de Miño a Fadesa Inmobiliaria en 2002 para construir una urbanización entre Perbes y San Xoán de Vilanova, una de las de mayor dimensión de Galicia, con 1.500 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos y un hotel. Los jueces han estimado el recurso que presentó la asociación de afectados por las expropiaciones para ejecutar este sector residencial contra la resolución del Ayuntamiento de adjudicar la concesión a Fadesa pero desestimaron la impugnación del acuerdo plenario que supuso la elección del sistema de expropiación, en lugar del de compensación, para desarrollar este ámbito. Esta sentencia, emitida el mes pasado, plantea dudas sobre cómo será aplicada y si supondrá la paralización o no de las obras que se llevan a cabo en esta zona, donde Fadesa ya ejecutó el 70% del proyecto de urbanización y el 50% del campo de golf. Los responsables de la entidad, según confirmaron hace unas semanas, preveían iniciar la siembra del césped del campo, los ocho primeros hoyos (de los 18 totales) en cuanto se acercase el verano y mejorase el tiempo. La empresa pidió autorización al Concello para abrir el campo de golf el pasado mes de enero. También anunciaron que antes de finalizar este año entregarían las primeras viviendas. La resolución del Tribunal Superior es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La superficie de actuación ocupa 160 hectáreas; dicho de otro modo, 160 campos de fútbol; es decir, el 4,5% de la superficie del ayuntamiento de Miño. La edificabilidad sobre la superficie total de este ámbito es de 0,20 metros cuadrados por metro cuadrado y la densidad, 8,5 viviendas por hectárea. En total Fadesa prevé construir 272 chalés pareados y 172 adosados; 384 pisos y apartamentos; además de 392 parcelas para vender individualmente. El presupuesto total es de 30 millones de euros y el plazo de ejecución, 30 meses.
Los afectados por las expropiaciones presentaron un contencioso en 2002 en el que impugnaban la elección del sistema de expropiación porque varios propietarios ya habían llegado a un acuerdo con una inmobiliaria para desarrollar esta urbanización por el sistema de compensación. También recurrieron la aprobación en pleno del pliego de bases al entender que dicha aprobación no podía haberse realizado antes de que se aprobase el plan general de ordenación (pues sino se aprobase el plan, no tendría razón de ser el pliego). También impugnaron la adjudicación de la urbanización a Fadesa al entender que no se hizo un concurso real, pues sólo se presentó esta inmobiliaria, por lo que no se pudo comparar y elegir entre varias ofertas. El TSXG destaca en su sentencia que "llama la atención" que el Concello procediese a elegir el sistema de actuación "sin que previamente se hubiera aprobado el instrumento de planeamiento que da cobertura normativa a la actuación", es decir, un plan parcial. Para el Alto Tribunal éste es ya un motivo decisivo para impugnar esta decisión, pero a lo largo de la resolución reconoce varias alegaciones de la parte demandada. El fallo tiene en cuenta informes del asesor jurídico y del secretario del Concello, en los que aseguraban que el sistema de expropiación era el único posible ante la imposibilidad del desarrollo de la urbanización por medio de la iniciativa privada; ante la imposibilidad del Ayuntamiento de desarrollarlo él mismo; así como por la excesiva fragmentación del parcelario y el elevado número de propietarios. Los magistrados dan sin embargo la razón al Concello al aducir que carece de medios para desarrollar este ámbito; admite que no fue posible llegar a un acuerdo entre los propietarios para que ellos mismos desarrollasen la actuación; y reconoce la existencia de minifundismo, tras ver los planos, por lo que considera que "no cabe apreciar " la vulneración de la legislación aplicable. El TSXG añade que su interpretación habría sido "totalmente distinta" si los afectados por las expropiaciones hubiesen llegado a un acuerdo entre ellos y hubiesen presentado la petición del sistema de compensación desde el principio. La urbanización Anácara, que así se denomina, ha sido y es una fuente importante de ingresos para el Concello: en 2005, por tasas y licencias de obras ingresó en total 1.567.937,7 euros. La inversión real del Concello para ese año fue de 1,3 millones; es decir, que con los ingresos de Fadesa pudo afrontar todas las obras y aún le sobró dinero. El origen
El desarrollo de este ámbito residencial-deportivo comenzó a gestarse hace casi seis años, en 2001, cuando el entonces alcalde Deogracias Romeu firmó un convenio urbanístico con Fadesa porque quería "intensificar el desarrollo" de las "potencialidades" de Miño en el sector turístico. En mayo de 2002 se aprobó el pliego de cláusulas del concurso que se abrió y el pleno del Concello del mes de agosto de ese año adjudicó de forma definitiva a Fadesa la actuación mediante concesión. La inmobiliaria aplicó el sistema de expropiación pero los propietarios afectados, al estar disconformes, presentaron un recurso, del que ahora se conoce la sentencia. Estos afectados también presentaron otro recurso, con próxima resolución judicial también. Presentaron un contencioso contra el retraso del Concello, de dos años, en enviar al Jurado Provincial de Expropiación el expediente expropiatorio, con el fin de que este órgano determine si debieron cobrar más de los seis euros por metro cuadrado que les abonó Fadesa por sus tierras. Pulsar para subir
REDACCIÓN  SANTIAGO El vial de Sar-Pontepedriña se abrió a la circulación el pasado 21 de julio para desahogar el intenso tráfico que cruza la rotonda de la Galuresa
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha emitido un fallo que es, cuando menos, llamativo. Y es que los magistrados Juan Carlos Trillo Alonso, José Antonio Méndez Barrera y María del Carmen Núñez Fiaño han decidido "anular, por ser contraria a Derecho," la resolución del pleno del Ayuntamiento de Santiago del 30 de marzo de 2000. En esa junta se aprobó "la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para el trazado de la nueva variante Sar-Pontepedriña". Es decir, el recorrido que hoy todos conocen, y que une la avenida de Lugo con la rúa do Restollal (en donde está El Corte Inglés), no era el que originalmente se había pensado. "Antes, el Ayuntamiento quería que esta carretera fuese paralela a la vía del tren y bajase por la rúa Ulla", comentan algunas fuentes. Pero los vecinos de esta calle protestaron, y se revisó el itinerario. ¿Se cerrará la carretera? El problema es que después de esto, "Raxoi no hizo bien las cosas. En primer lugar, no puso a disposición pública la información del nuevo trazado, y esto vulneró nuestros derechos", aseguran algunas fuentes. "También se ha incumplido la normativa", dicen otras voces. Según estas últimas, "un perito judicial escribió un informe sobre el vial Sar- Pontepedriña, y ha valorado que es peligroso, y que sus curvas no se acogen a lo que exige la ley de carreteras", señalan. Así las cosas, "nosotros creemos que, a tenor de lo que dice esta sentencia, el vial Sar Pontepedriña tiene que cerrarse". El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, señaló ayer a este diario, sin embargo, que "el fallo anula la modificación del Plan General, pero no anula la construcción del tramo. Esta carretera permanecerá tal y como está", indica. "Y, en todo caso, la sentencia está recurrida, y no es firme. Además, el vial es una obra de interés general y está mucho mejor por donde va ahora que por donde estaba previsto que discurriera en un principio, que era por la rúa Ulla", dice. Uno de los demandantes difiere de estas opiniones del alcalde y explica que "la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia es firme, porque había diez días de plazo para presentar un recurso y, que nosotros sepamos, a día de hoy ya ha transcurrido ese plazo y el Ayuntamiento no ha presentado nada. Además, exigiremos a los jueces que se ejecute la sentencia. Es decir, y según lo entendemos nosotros, ahora se tiene que cerrar la carretera y devolverle los terrenos a sus dueños". El desquite del dueño José Mariño Codesido es uno de los que han demandado al Ayuntamiento por el trazado del vial Sar-Pontepedriña. Mariño tenía un chalé en la rúa Boqueixón. La finca disponía de un terreno muy amplio que se extendía hasta el río Sar. Mariño llegó a ofrecer completamente gratis algunas tierras por las que podría pasar este vial, salvando así su casa, pero no tuvieron efecto sobre el equipo de gobierno municipal. Desde Raxoi se decía, por aquellas fechas, que esta vivienda se había construido sobre una zona verde y sin ninguna autorización. El chalé de José Mariño Codesido fue finalmente demolido el 15 de enero de 2002. Mariño no quiso hacer ayer declaraciones, pero ya en 2002 había denunciado que en la construcción de este vial "se han incumplido muchas normas. Además se ha ido de manera descarada contra una familia". Y ADEMÁS También se anula el plan con Renfe El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, confirmó ayer a este diario que esta sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que tiene fecha del 24 de octubre de 2006, también anula el denominado Plan Especial 11. Éste consistía en un convenio firmado por el Ayuntamiento de Santiago con Renfe para ejecutar unas edificaciones en la estación de ferrocarril. "Pero hay que decir -señala Bugallo- que este plan ya lo habíamos parado nosotros mismos, porque no queríamos hacer nada hasta que los propios responsables de la compañía de ferrocarriles no nos presentaran un proyecto completo. Y es que no queríamos correr el riesgo de que lo que se hiciera ahora fuese después incompatible con la estación del AVE. Así que se sometió a información al público, pero no llegó a aprobarse de manera definitiva" . LAS CLAVES Una modificación contraria a Derecho El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de fallar que la modificación del trazado del vial Sar-Pontepedriña, que hizo Raxoi en el año 2000, "es contraria a Derecho". Es decir, no se ha realizado según describe la normativa. "Es ilegal", dicen los demandantes. ¿Qué repercusiones tendrá la sentencia? Lo que nadie se atreve a decir con claridad, todavía, son las consecuencias que puede tener esta sentencia. "Sólo se hizo una modificación puntual, y no afecta a la legalidad del vial", explica Bugallo. Para los demandantes, sin embargo, esta carretera "tiene que cerrarse" . Pulsar para subir
Faro de Vigo-25 de noviembre de 2005-EN ESTE MOMENTO, LOS AFECTADOS PERCIBIR�N 200 EUROS POR METRO Y 123 M�S POR INTERESES
Los terrenos del Ponti�as costar�n m�s de 8 millones al retrasarse el pago Afectados por las expropiaciones del paseo del Ponti�as, ayer, en Casa Mouri�o de Lal�n. / BERNAB�
Daniel Fern�ndez / LAL�N Los terrenos expropiados para la construcci�n de la primera fase del paseo del Ponti�as en Lal�n le costar�n a la Administraci�n auton�mica al menos 8 millones de euros, aunque esta cantidad se elevar� ya que el retraso en el pago de este justiprecio -no est� contemplado en los presupuestos de la Xunta para 2006- motivar� que la cuant�a se incremente por los intereses de demora.
Los afectados por esta expropiaci�n se reunieron ayer en Casa Mouri�o para conocer el fallo emitido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que cifra en 200,2 euros el pago por cada metro cuadrado. Los expropiados, que pose�an un total de 24.585,1 metros cuadrados, tambi�n conocieron las estimaciones de su servicio jur�dico en cuanto al premio de afecci�n y los intereses de demora que deben abon�rseles. De este modo, se les inform� que estas variables ascienden en este momento a m�s de 123 euros, por lo que, a d�a de hoy, percibir�an un total de 323,72 euros por cada metro.
As� las cosas, en la actualidad la Xunta tendr�a que abonar 7.958.000 euros por el conjunto de la superficie expropiada, aunque es seguro que esta cantidad aumentar� al demorarse el pago. El servicio jur�dico les coment� que en estos momentos se est� discutiendo el proyecto de presupuestos auton�micos para 2006 y no contemplan este justiprecio, una circunstancia que considera normal por cuanto la Xunta no pod�a prever el fallo en esta fecha. Por ello, les inform� que, en caso de que no haya contratiempos, se cobrar�n estas cantidades en 2007. "Cada ano que pasa se cobran m�is intereses, pero podemos estar tranquilos porque a administraci�n ten unha solvencia acreditada e sabemos que imos cobrar", se coment� en el encuentro.
No obstante, estas cantidades en concepto de justiprecio no ser�n las �nicas que perciban los afectados, ya que a�n est� pendiente de que dictamine la cantidad en que consistir�n las indemnizaciones por la expropiaci�n, una cuesti�n en la que ya se conoce que la raz�n est� de parte de los expropiados pero en la que falta que se determine la cuant�a exacta que percibir�n.
De este modo, de los escasos 8 euros que se le ofrecieron en su momento se ha pasado a unos 323 que se quedar�n cortos por los intereses de demora.
Faro de Vigo-25 de noviembre de 2005-La Xunta deber� pagar 200 euros por metro a los expropiados del Ponti�as
Los afectados est�n convocados ma�ana a una reuni�n en Casa Mouri�o en la que se les explicar� la situaci�n y los pasos para cobrar.
Reuni�n mantenida a finales de septiembre en Casa Mouri�o. / bernab�
La Xunta de Galicia deber� pagar 200 euros por metro cuadrado a los expropiados en su d�a por la obra de acondicionamiento del r�o Ponti�as, entre las calles Ponte, Matem�tico Rodr�guez y Mercado. Los afectados por esta actuaci�n est�n convocados ma�ana a una reuni�n en Casa Mouri�o, prevista para las 19.00 horas, en las que se les explicar� la situaci�n y los pasos que deben seguir para cobrar.
Ya en septiembre pasado hubo otro encuentro para proponer a las personas que no hab�an recurrido a la justicia que se sumaran al recurso para poder percibir m�s dinero. De hecho, podr�an cobrar hasta diez veces m�s de los 18 euros por metro cuadrado que fijaba el justiprecio de la Xunta.
Una reciente resoluci�n del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) cifra en 33.307,4 pesetas (200,2 euros) el precio unitario a pagar a los afectados, tras requerir al perito Carlos Alvira Dupl� la fijaci�n de un justiprecio para el suelo expropiado. La medida hab�a sido solicitada el 5 de octubre de 2004 por los vecinos que iniciaron el proceso judicial -a principios de los 90- al demandar la ejecuci�n de la sentencia favorable a sus intereses. Aunque la superficie afectada por la obra es de 24.585,1 metros cuadrados, computar� como si fuesen 76.799,53, ya que el perito aplica el m�ximo aprovechamiento urban�stico (3,12 m2/m2). As�, por una parcela de 171,144 m2 se abonar�n 34.259,87 euros
?l proceso expropiatorio del paseo del Ponti�as, iniciado por la Conseller�a de Pol�tica Territorial que entonces dirig�a Xos� Cu��a Crespo, est� jalonado de recursos judiciales desde sus inicios. El valor inicial fijado para los terrenos era de unos 9 euros. Los vecinos, recurrieron a Justiprecio que a finales de 1997 les daba la raz�n y multiplicaba por 2,5 aquellos valores. La administraci�n auton�mica se mostraba disconforme con aquella valoraci�n, y el proceso lleg� hasta la actualidad: con sentencia firme, favorable a los vecinos el auto de ejecuci�n del TSXG no es recurrible. En paralelo a la cuesti�n del precio, los vecinos tambi�n llegaron al Supremo, y ganaron, la nulidad de todo el proceso expropiatorio: es la sentencia que falta ahora por ejecutar. Tambi�n en la segunda fase del Ponti�as, los propietarios de la carballeira de A Crespa lograban, el pasado julio, la nulidad del proceso expropiatorio. Los treinta beneficiarios de la resoluci�n se reunir�n esta tarde para valorar las consecuencias del auto. Sin valoraci�n oficial Desde la Conseller�a de Medio Ambiente, en la que se engloba actualmente Augas de Galicia -responsable de las obras- prefirieron no realizar valoraciones ayer sobre el auto, al se�alarse que todav�a no les fue comunicado el mismo por parte del tribunal.
?os criterios empleados para fijar el justiprecio del metro cuadrado responden a una f�rmula jur�dica, que determina el aprovechamiento del terreno en funci�n de las parcelas del entorno. Esto es, se toma como referencia la edificaci�n en las zonas pr�ximas al terreno afectado para calcular su aprovechamiento urban�stico: la media, en este caso, se fij� en 3,2 plantas. El caballo de batalla entre los recurrentes y la administraci�n auton�mica estaba en la calificaci�n de los terrenos expropiados. Los treinta recurrentes mantuvieron que se trataba de sistemas generales, y por tanto, suelo urbanizable, mientras desde la Xunta se consideraban como r�sticos.
Las distintas sentencias fallaron a favor de los vecinos, lo que explica que el valor pasase de unos 9 euros iniciales por metro cuadrado a los 200 que ahora se�ala el auto del TSXG. La Voz de Galicia-25 noviembre-La Xunta deber� pagar 7,2 millones por las expropiaciones del Ponti�as
A esta cantidad falta todav�a por sumar la ejecuci�n de la sentencia que declar� nula la expropiaci�n
Autor de la imagen: MARCOS M�GUEZ (Lugar: la voz | lal�n) ?as controvertidas expropiaciones del paseo del Ponti�as escriben un nuevo cap�tulo, tras el auto dictado por la secci�n tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG, que fija el justiprecio de la expropiaci�n para la treintena de vecinos que reclamaron en la expropiaci�n de terrenos de la primera fase. Un precio fijado en 200 euros por metro cuadrado para casi la totalidad de recurrentes, ya que en dos casos se fija en 126 euros y en uno solo a 42 euros. Esta tasaci�n fijada por el tribunal supondr� un desembolso para la Xunta de Galicia de unos 7,2 millones de euros: y es que a la cantidad base debe a�adirse un 5% de premio de afecci�n y los intereses de demora, que el abogado de los afectados, Jos� Luis Fern�ndez, calcula en un 52%. De este modo, el precio por cada uno de los m�s de 23.000 metros cuadrados que suman los reclamantes alcanza los 312 euros. M�s indemnizaciones Estas cantidades no son las finales que percibir�n los reclamantes. Y es que el TSXG acaba de dictar los autos de ejecuci�n de la sentencia favorable a los vecinos en relaci�n al justiprecio. Pero falta otra sentencia por ejecutar: la del Tribunal Supremo que hab�a declarado nula la expropiaci�n de los terrenos para construir la primera fase del paseo del Ponti�as. Las indemnizaciones se prev�n cuantiosas, ya que los terrenos se califican como urbanos, a diferencia del criterio mantenido en su d�a por Pol�tica Territorial que los consideraba r�sticos. Seg�n fuentes jur�dicas consultadas, la jurisprudencia suele marcar una indemnizaci�n del 25% sobre el precio fijado para los terrenos, para compensar econ�micamente la nulidad del proceso expropiatorio. Pulsar para subir
En aquel momento se estableció un pago por expropiación de 2,51 euros por metro cuadrado, que tras un proceso de negociación se incrementó hasta 10,8 euros. después de una sentencia del tribunal superior de justicia de madrid de 1994, la cantidad se ha acabado elevando hasta 48 euros por metro cuadrado: 1,38 millones de euros para el total de 21.000 metros cuadrados propiedad de las familias. mientras, el ayuntamiento acabó beneficiándose de un precio final de venta de, al menos, 213 millones. pese a ello, hasta ahora el ayuntamiento se ha negado a pagar por lo que los denunciantes han exigido el embargo de las cuentas municipales, proceso que en este momento se encuentra en tramitación Pulsar para subir
La inversión para ejecutar el conjunto superó ampliamente los 200 millones de euros El PSOE y la Xunta del PP impugnaron esta iniciativa El revés se suma a los 2.000 pisos que ya están pendientes de derribo por sentencias Autor de la imagen: XOÁN CARLOS GIL (Firma: Juanma Fuentes | Lugar: vigo)
El Concello de Vigo tenía muchos y graves problemas urbanísticos, y desde hace días ha sumado a la lista otro de no menor entidad. El Tribunal Supremo dictó el pasado 27 de diciembre una sentencia que anula el conjunto del proyecto urbanístico Finca do Conde por considerar que contraviene el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en vigor. Este fallo ratificó otro anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ya era público cuando se concedió la licencia para un centro comercial. Los edificios de viviendas habían obtenido el permiso municipal un poco antes. A partir de ahora este proyecto urbanístico se suma a la amplia relación de actuaciones anuladas por el Supremo en Vigo, que para su posible legalización queda al amparo del nuevo Plan Xeral, siempre que los jueces lo acepten. En este caso concreto la polémica rodeó al proyecto desde el mismo momento en que salió a la luz a finales de los años noventa. En su largo periplo fue notoria la oposición de la Xunta anterior, una larga batalla del PSOE vigués en contra de la licencia y numerosas advertencias sobre que el Supremo podría anularla antes de que estuviera en vigor el nuevo PXOM, como finalmente ha ocurrido. A mayores, existen varias demandas más en contra de Finca do Conde en los tribunales. El motivo por el que se anula esta actuación urbanística es precisamente la inclusión en la misma del centro comercial. En el plan especial que la regula se indica que los terrenos tendrán como uso característico el residencial. Posteriormente, en su desarrollo se incluyó el mayor centro comercial de Galicia, con un recinto de 120.000 metros cuadrados, 40.000 comerciales, un espacio construido muy superior al que ocupan los alrededor de 300 pisos de los cuatro edificios que incluye. En su sentencia el Supremo admite que el plan especial fije el reparto de ambos usos siempre que el Plan Xeral deje este asunto sin concretar, pero rechaza que modifique una norma superior como es el PXOM. En base a ello el alto tribunal ratifica la anulación del proyecto decidida en primera instancia por el Tribunal Superior e impone las costas del recurso a la empresa promotora. Amplio aforo Mil puestos de trabajo directos, una inversión superior a los cien millones de euros para construirlo y un aforo para diez mil personas en 150 tiendas, una batería de cines, un hipermercado y un aparcamiento de 1.700 plazas son las grandes cifras del complejo. A ello se añaden dos torres, cada una con 114 viviendas, y otras dos de menor altura y obviamente inferior número de pisos. Aunque no se conocen los datos de la inversión realizada, hace algo más de un año el fondo inmobiliario del BBVA compró de golpe uno de los edificios grandes por 35 millones de euros, con la finalidad es alquilar las viviendas. LARGA CRISIS El PSOE y la Xunta del PP impugnaron esta iniciativa
Manuel Pérez, alcalde del PP entre 1995 y 1999, fue el gran impulsor de Finca do Conde, dándole preeminencia a la parte comercial del proyecto. Los requerimientos de Política Territorial, a cargo de Cuíña, no le hicieron cambiar de criterio y el plan fue aprobado en vísperas de abandonar el cargo, aunque la Xunta presentó un recurso judicial que no ha sido resuelto. En el siguiente mandato, ya con un alcalde nacionalista, el BNG intentó en un principio anularlo. Esta vez se toparon con el Consello Consultivo de Galicia, que lo impidió. Ante ello Lois Castrillo siguió adelante y antes de dejar el cargo concedió licencia para los edificios de viviendas. Ventura Pérez Mariño, fugaz alcalde socialista en el 2003, intentó paralizar la licencia del centro comercial e incluso renunció temporalmente a sus competencias para traspasárselas a la Gerencia de Urbanismo. Fue una de las polémicas con el BNG previas a su cese. Finalmente, la licencia llegó con Corina Porro en la alcaldía y el edil José Manuel Figueroa al frente del área de urbanismo.
Desde hace años el Concello vigués acumula una lista cada vez más larga de fallos judiciales firmes que anulan importantes proyectos urbanísticos. La solución decidida por la Justicia implica el derribo como vía para recuperar la legalidad de las actuaciones, aunque lo cierto es que la piqueta no ha llegado a actuar en ningún caso. Los cálculos realizados sitúan en unos 2.000 los pisos amenazados, una cifra importante que provoca alarma entre los afectados y también en los responsables municipales, temerosos de una cascada de indemnizaciones que puede quebrar la hacienda local.
La práctica totalidad de los fallos judiciales tienen como telón de fondo el PXOM de 1993, actualmente en vigor, considerado de forma general como una norma deficiente cuya aplicación ha provocado esta grave crisis. Por este motivo, PP y BNG llevan meses tratando de aprobar un nuevo Plan Xeral que permita legalizar las viviendas hasta ahora condenadas por la Justicia. Plan recuperado Curiosamente, esta sentencia se conoce coincidiendo con el final de dos años de suspensión de licencias, decidida el 15 de febrero del 2005 para concluir la aprobación del nuevo planeamiento. En este tiempo, sin embargo, el gobierno vigués y los nacionalistas no han logrado sacar adelante el nuevo Plan, lo que añade una nueva dificultad a la crisis urbanística de la ciudad. En la lista de edificios ilegalizados por sentencias judiciales puede citarse O Piricoto, con algo más de cien viviendas, situado a pocos metros del pazo de Castrelos; las torres Ifer, en el centro de la ciudad, donde tiene su sede el Club Financiero; un edificio de viviendas en Jacinto Benavente que incluye un centro comercial juguetero; los apartoteles de Samil; los chalés de Canido; 500 pisos y locales comerciales de la calle de Rosalía de Castro, también en el centro; y así una larguísima relación.
El responsable de urbanismo ha reconocido en diversas ocasiones que el Concello trata de evitar los derribos «para impedir una crisis social de enormes proporciones». Pulsar para subir
Galicia Hoxe.-15-2-2007.-Unha eólica de Chantada, obrigada a pagarlles a propietarios Os afectados por un parque eólico de Enerfín en Chantada, satisfeitos pola sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obriga á empresa a remuneralos de xeito satisfactorio. Reclaman un 10% dos beneficios polo 1% que reciben actualmente P. POUSADA
FOTO: A.H. A asociación Ventonoso, que agrupa os propietarios de terreos da localidade lucense de Chantada onde a empresa Enerfín instalou un parque eólico, son desde onte os propietarios nestas circunstancias máis satisfeitos. A razón, unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que lle obriga á empresa eólica a retirar os 23 aeroxeradores instalados ou a negociar cos afectados unha remuneración satisfactoria para estes.
Juan Antonio Diéguez Otero, representante da asociación Ventonoso, que agrupa os afectados polas instalacións de parques eólicos e representante tamén dos propietarios deste lugar de Chantada, amosaba a súa satisfacción onte e deixaba clara a súa intención de reclamar o 10 por cento dos beneficios deste parque. "O parque, con 23 aeroxeradores de 1,67 megawatts cada un, déixalles á empresa, ós prezos actuais, 10 millóns de euros brutos cada ano, o que quere dicir que ese 10 por cento que reclamamos suporía 1 millón de euros anuais para os propietarios", explica Diéguez, un dos 58 comuneiros afectados por este parque eólico. Non obstante, afirmaba realista que "nas negociacións, que será a tres bancas entre a empresa, os donos dos terreos e a Xunta, xa se sabe, tampouco imos ir cunha posición inamovible". Ventonoso considera, de todos modos, que esta sentenza vital para os propietarios, que ata o de agora estaban indefensos ante os poderes de negociación das empresas, así como dos prezos fixados polo Xurado de Expropiación. "A partir de agora, debe acabarse a prepotencia das empresas, xa que terán que sentar a negociar connosco", explican desde Ventonoso.
Agora, Ventonoso pídelle ó conselleiro de Innovación e Industria da Xunta de Galicia, Fernando Blanco, que non recorra ó Tribunal Supremo, porque iría en contra dos intereses dos veciños e daríalle a razón a empresas como Enerfín, que campan ás súas anchas e pretenden facer diñeiro á conta dos demais, indicou Diéguez Otero. A ASOCIACIÓN DEMANDANTE- Ventonoso: A actual Xunta expolia os terreos
Lavozdegalicia.es.-17-abril-2007.-PARQUES Productores eólicos y propietarios de montes cargan contra la Xunta
Los dueños de los terrenos exigen obtener un 10% del beneficio de los futuros parques Endesa, Iberdrola, Eurovento y Acciona tienen el 50% del pastel
El sector eólico amenaza con verter una tormenta de alegaciones contra el nuevo decreto regulador presentado por la Consellería de Industria. La asociación eólica gallega (EGA), que agrupa a los grandes productores y representa más del 80% de la potencia instalada en Galicia, recurrió la pasada semana los últimos 511 megavatios autorizados por la Xunta en febrero. Pero en cuestión de horas presentarán otra iniciativa legal contra el fondo del decreto hecho público por Fernando Blanco. Consideran irregular que el Gobierno autónomo se quede con el 10% de los parques, exigen que no se cancelen planes industriales que dependen de la adjudicación de nueva potencia, y piden que se valoren los esfuerzos realizados hasta ahora para la creación de tejido empresarial. A sus quejas se suman las de los propietarios de terrenos donde se ubican las infraestructuras eólicas. La asociación Ventonoso, que representa los intereses de este sector y que está promovida por Unións Agrarias, también ha anunciado la presentación de alegaciones en contra el decreto de la Administración gallega. Un gabinete jurídico concreta ya los puntos de oposición a la normativa. El colectivo avanzó ayer a este periódico las cuestiones generales en las que está en desacuerdo. Advierte de que no es jurídicamente defendible que quien decide las concesiones se quede con el 10% de cada proyecto, y califican de «contrasentido» que Industria pueda conseguir un beneficio tan alto cuando ellos sólo ganan un 1%. Además, recuerdan que con el nuevo marco regulatorio la consellería puede iniciar una expropiación contra los vecinos una vez que el proyecto sea declarado de utilidad pública. «Esto nos deixa sen capacidade negociadora coas empresas e imos alegar; hai que recordar tamén que en caso de desacordo no precio quen fixa a indemnización é o xurado único de expropiación que, como o Inega, forma parte da Administración», explica Jacobo Feijoo, portavoz del colectivo. Negocio de 1.600 millones En la actualidad, en Galicia existen unos 40.000 propietarios de terrenos (particulares y comuneros) afectados por las infraestructuras eólicas. Un informe elaborado por Ventonoso revela que si Galicia llega a desarrollar los 6.500 megavatios que pretende (actualmente está en 2.400) el negocio eólico podría alcanzar una facturación de 1.600 millones de euros al año. Los dueños de estas parcelas reclaman un marco legal que les permita obtener un 10% de los beneficios anuales, que se invertirían en el desarrollo rural. «As enerxías renovables supoñen unha das últimas oportunidades para o desenvolvemento rural galego», precisa el presidente de Ventonoso. Industria rebate este planteamiento con el argumento de que el 10% de participación pública ya sirve, entre otras cosas, para invertir en estrategias que redunden en la mejora del campo y de sus habitantes. Además, recuerda que, a diferencia de lo que ocurría en los años de gestión de Fraga, en las comunidades de montes se precisa ahora una mayoría cualificada para autorizar la puesta en marcha de un proyecto.
El pastel eólico gallego acumula un centenar largo de adjudicatarios. Pero son cuatro grandes operadores los que se reparten algo más de la mitad del negocio. Endesa, Iberdrola, Eurovento y Acciona manejan uno de cada dos megavatios de potencia eólica generados o adjudicados en la comunidad. La frustrada opa de la alemana E.On sobre Endesa y el posterior acuerdo de la italiana Enel y Acciona para hacerse con la eléctrica española convertirá a la constructora en líder eólico gallego. Junto a ella, Gaelsa, la nueva firma creada por los empresarios Jove, Cortizo, Couceiro, Campo y Añón, podría coliderar el mercado regional si finalmente se hace con los 600 megavatios que pide.? El complejo mapa eólico arranca de mediados de los noventa, cuando la Xunta pactó con los grandes operadores interesados en la explotación del viento un decreto regulador. Se primaron los planes industriales asociados a los parques y se repartió la primera potencia. Siete años después, una nueva normativa dividió los parques eólicos en singulares, individuales y especiales. A muchos ya no se les exigió plan industrial paralelo y la colección de adjudicaciones a nuevas empresas y particulares levantó una polémica todavía hoy no cicatrizada. La reventas de potencia adjudicada y no instalada afloró un negocio de miles de millones de euros.
El actual conselleiro de Industria, con su nuevo decreto, quiere cambiar el marco regulador eólico con la intención de frenar los «pelotazos» y que una parte del beneficio de las explotaciones revierta en Galicia. El sector cree que la propuesta es ilegal. Pulsar para subir
El Correo Gallego.15-2-2006.--Los últimos "rebeldes" del Castiñeiriño logran chalés El IGVS logra cerrar un acuerdo entre los vecinos del sunp 13 y la cooperativa Combarro ·· Los propietarios recibirán una vivienda unifamiliar a cambio de sus casas REDACCIÓN  SANTIAGO Los propietarios del sunp 13 de O Castiñeiriño recibirán viviendas unifamiliares a cambio de sus actuales casas y terrenos, sin tener que pagar ninguna cantidad a mayores por ellas. Así lo anunció ayer oficialmente la Consellería de Vivienda. Según explican, tras varias semanas de mediación, el director xeral del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Daniel Pino, consiguió cerrar un acuerdo entre estos propietarios y la cooperativa Combarro, encargada de desarrollar este suelo para la construcción de viviendas protegidas. En el acuerdo se establece que los vecinos de O Castiñeiriño "tendrán en propiedad una vivienda adecuada a sus necesidades dentro del ámbito en el que residen actualmente". El IGVS inició su mediación en 2005, cuando los vecinos comenzaron a hacer públicas sus protestas por considerar insuficientes las contrapartidas que Combarro les ofrecía a cambio de sus casas, que situaban muy por debajo del precio de mercado, y que no les alcanzaban para comprar una de las viviendas nuevas. Con el acuerdo, los propietarios verán cumplido el objetivo de acceder a una vivienda sin desembolsos adicionales y que, además, está en la misma zona. Pulsar para subir
SANCIÓN EN VIGO La Voz de Galicia.es-09/03/2007.-Vivenda pide 3,6 millones a un promotor por cobrar de más por pisos protegidos La medida responde a la denuncia colectiva presentada por 41 demandantes. Enviar noticia Imprimir noticia --------------------------------------------------------------------------------
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La Consellería de Vivenda ha propuesto una sanción de 3,6 millones de euros y una inhabilitación para construir vivienda protegida durante seis años para la promotora Vigolar S.A. por cobrar sobreprecios en la venta de 49 viviendas protegidas en San Paio de Navia (Vigo) En un comunicado de prensa, Vivienda informa de que ha cerrado el expediente de sanción abierto contra a empresa Vigolar S.A. el pasado mes de septiembre a raíz de la denuncia colectiva presentada por 41 demandantes y -a los que posteriormente se sumaron 8 nuevos demandantes-, considera probado que la promotora cobró un sobreprecio de 1.820.686,75 euros en la venta de 49 viviendas protegidas. La delegación Provincial de la Consellería de Vivienda en Pontevedra ha remitido a la empresa la propuesta de sanción, que consiste en la imposición de una multa de 3.641.373 euros por infringir el artículo 54.1 da Lei 4/2003 de Vivienda. La multa propuesta por la Consellería de Vivienda equivale al doble de la cantidad indebidamente cobrada por sobreprecio. El importe de la sanción está fijado en la propia ley, que establece que el preceptor de un sobreprecio será sancionado con una multa equivalente al doble de la cantidad percibida ilegalmente, según el comunicado. Además, también se propone una multa de 9.015,3 euros por vulnerar el artículo 53.1 de la Ley de Vivienda, ya que en 15 de los casos denunciados la empresa promotora no cumplió con la obligación de avalar las cantidades entregadas a cuenta por los compradores de la vivienda protegida. La sanción propuesta también incluye la inhabilitación de Vigolar S.A. para construir vivienda protegida durante seis años, inhabilitación máxima prevista en la ley, que empezarán a contar a partir del día en el que la resolución sea firme. Igualmente, el departamento autonómico impone a la empresa la obligación de devolver la cantidad indebidamente cobrada como sobreprecio a todos y cada uno de los denunciantes, cantidad que suma un total de 1.820.686,75 euros, lo que implica una media de 37.157 euros por cada demandante. Pulsar para subir

References: resolución 
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 artículo 54
 artículo 53
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