Source: http://www.iurismatica.com/reutilizacion-vs-propiedad-intelectual/
Timestamp: 2016-06-29 08:59:07+00:00

Document:
Reutilización vs Propiedad Intelectual - Iurismática Abogados - Derecho TICs Iurismática Abogados – Derecho TICs
por José Luis Calzada Pérez publicado el 25 noviembre 2010
Categorías: Administración Pública / Normativa / Open Data / Opinión / Propiedad Intelectual / Reutilización / Trasparencia y Acceso a la información	Recientemente se ha publicado el Borrador de Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Aunque todavía en fase de borrador el texto desarrolla uno de los aspectos más problemáticos, a mi entender, que se plantea cuando hablamos de Reutilización, y es la inclusión en el Borrador, como susceptibles de ser reutilizados, de documentos sobre los cuales puedan existir derechos de propiedad intelectual. Vaya por delante que, en mi opinión, nos encontramos ante una incongruencia terminológica y conceptual que parece va asentándose en la práctica (limitada hasta el momento). Me explico:
La situación de partida en esta materia arranca en la Directiva 2003/98/CE que en su considerando 22 advierte que:
“La presente Directiva no afecta a los derechos de propiedad intelectual de terceros” .
El problema aquí está en la interpretación del verbo afectar. ¿Es una “afectación” de carácter excluyente o simplemente protectora de los mecanismos generales de transimisión-cesión de los derechos de propiedad intelectual? La respuesta parece dárnosla ya desde el principio la Directiva que apuesta decididamente por un carácter excluyente cuando el artículo 1.2.b) determina que
“La presente Directiva no se aplicará a:……..b) los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual por parte de terceros;
con lo que “no afecta” debe entenderse en términos interpretativos como “no se aplicará”. Para delimitar el concepto de derechos de propiedad intelectual, tanto la Directiva como la propia Ley 37/2007 dicen que deberán entenderse por tales: “…..los derechos de autor y derechos afines (incluidas las formas de protección sui generis).
El siguiente escalón (descendente) normativo, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, recoge esta interpretación excluyente desde su exposición de motivos:
“….En este punto cabe precisar que la ley no se aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual……… especialmente por parte de terceros” , y reservar un apartado e) en su artículo 3 referido al ámbito de aplicación de la Ley para
“Los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros”.
Parece que, a priori, existe una clara voluntad del legislador de no mezclar propiedad intelectual y reutilización de información (documentos) pública, al menos en lo referido a aquellos derechos de propiedad intelectual de terceros. ¿ Y qué pasa con los derechos de propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a la Administración? Pues tanto la directiva como la ley nacional emplean la expresión “no afectará” que, siguiendo el criterio interpretativo anterior, debería significar “no se aplicará”. La mención que se hace a estos derechos en ambos textos contiene dos mensajes: uno de salvaguarda (con cierto sentido excluyente) y otro en forma de “recomendación”:
“No obstante, la presente Ley no afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público ni a su posesión por éstos, ni restringe el ejercicio de esos derechos fuera de los límites establecidos por la presente Ley. El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público deberá realizarse de forma que se facilite su reutilización”
La salvaguarda consiste que la reutilización no restringe el ejercicio de esos derechos fuera de los límites de la Ley 37/2007, es decir, se puede ser todo lo abierto o cerrado en términos de copyright que se quiera, pero la recomendación que se hace desde la Directiva y la Ley 37/2007 es que
“los organismos del sector público deben ejercer sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.”
Y aquí es donde se añade, en mi opinión, el factor de confusión terminológica y conceptual en una norma que parecía tajante en cuanto a excluir los derechos de propiedad intelectual de la normativa sobre reutilización de la información pública. Porque la recomendación se está dirigiendo a un ámbito ajeno en principio al de la reutilización, aconsejando que cuando la Administración ejerza ese tipo de derechos se ponga como paradigma los principios y previsiones que inspiran la reutilización.
En este sentido, lo que debería quedar clara es la frontera entre “reutilización” (en el sentido legal del término) y “difusión” o reproducción, distribución, transformación o comunicación pública de documentos sujetos a derechos de propiedad intelectual.
Confusión que parece declararse en toda su amplitud cuando el citado Borrador que pretende aprobarse incluye un
“Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual o que contengan datos personales”
con nada menos que dos amplios artículos (el 10 y el 11 del Borrador) donde se menciona la posibilidad de “autorizar” la reutilización de documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual, no sólo los que son de titularidad pública, sino incluso los que correspondan a terceros que previamente los hayan cedido a la Administración.
De repente, nos adentramos en un inestable y pantanoso terreno al mezclar la normativa de reutilización con la de propiedad intelectual que puede traernos no pocos problemas o dificultades, y por sólo apuntar algunos que a vuela pluma se me ocurren, señalaría los siguientes:
La cesión de derechos en favor de la Administración sólo puede abarcar los derechos patrimoniales, nunca los morales. ¿Como va la Administración a respetar esos derechos (autoría, por ejemplo) en el marco de las autorizaciones masivas de documentos?
Teniendo en cuenta que la reutilización tiene un componente económico evidente para agentes reutilizadores privados (empresas), las cesiones por parte de los autores serán de carácter oneroso o gratuito? ¿Qué criterios se van a seguir al respecto?
Está abierto el plazo hasta el 15 de diciembre para presentar observaciones al Borrador aunque la principal de ellas sería, en mi opinión, la inclusión de una regulación específica para estos documentos cuando ni la Directiva 2003/98 ni la Ley 37/2007 contemplan su reutilización.
el comentario me temo que ignora que por la vis expansiva del concepto de obra protegida y de la protección sui generis de bases de datos se vaciaría de contenido el ámbito de la información reutilizable si se excluyera del mismo de manera radical aquella información sujeta a derechos de PI titularidad de la administración –
Precisamente por tener en cuenta esa posibilidad (vis expansiva) resulta más llamativa esa exclusión radical, y si no se quiere vaciar de contenido la reutilización debería por ello mismo haberse regulado ya desde la Directiva. Pero insisto en que el legislador no lo ha contemplado.
La confusión actual produce que en la práctica se estén utilizando licencias pensadas para transmitir derechos de propiedad intelectual para reutilizar datos sobre establecimientos hoteleros o pluviometría en una comarca concreta. Si se quería añadir la propiedad intelectual a la reutilización se podía haber hecho desde el principio y no a fuerza de vis expansiva.
supongo que el RD quiere superar esa vaguedad (que no prohibición) de la directiva y de la ley (que dice, como dices que hay que hacer un ejercicio de derechos favorable a la reutilización) y en el fondo lo que hace es hacer practicable la autorización de reutilización que sin licenciamiento de derechos paralelo se quedaría vacía.
En todo caso, como bien dices es algo que ya están haciendo las administraciones – ya sea con avisos legales que permiten ciertas reproducciones o con licencias diversas como las CC etc – y parece que la ley de propiedad intelectual no impide que la administración decida que en estos casos va a licenciar en paralelo lo que autorice administrativamente – pero quizás deban aclararlo mejor en el borrador…
Hombre, vaguedad no se si cabe dentro de la expresión “no se aplicará”, pero en cualquier caso, creo que el RD, con más buena voluntad que coherencia, y dejo al margen los derechos de titularidad pública, va más allá de lo que la Directiva permite.
lo cierto es que la ley dice que no se aplica a “Los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de TERCEROS” y el borrador parece ser respetuoso con eso al decir que mientras que esos derechos sean de terceros no podrá autorizarse la reutilización. El artículo 11 por su parte si lo leo bien se refiere a derechos de titularidad de la administración (en principio, cualquier informe, base de datos etc) y ahí la ley lo que establece es un mandato de que el ejercicio de los derechos de titularidad de la administración se realice favoreciendo la reutilización – una lógica opción, me parece, es que la administración (como se hace con las Open Government Licenses en UK, en Francia, en Asturias, etc) ceda no exclusivamente los derechos de PI necesarios para que la autorización de reutilización tenga sentido y contenido…
Interesante, el problema, y creo que habría que investigarlo, puede deberse a que se está fijando el legislador en las regulaciones sobre reutilización de países con una menor importancia de los derechos morales, puesto que técnicamente todas los trabajos que se puedan considerar obra (y aquí habría mucho que tratar…) tienen derechos de propiedad intelectual de terceros ya que aún pagados por la administración los morales nunca se cederán, y según las condiciones aparecerán otros de explotación que tampoco.
El problema es que debería aclarase a qué derechos se refiere con la exclusión y las posibilidades de reutilización. En mi opinión es un problema de la Directiva y que el legislador nacional poco puede hacer salvo aclarar o limitar.
Personalmente entiendo que esta Directiva es insuficiente y que no sirve a lo que los ciudadanos estamos realmente reclamando de los poderes públicos.
David dijo: “todas los trabajos que se puedan considerar obra (y aquí habría mucho que tratar…) tienen derechos de propiedad intelectual de terceros”: en realidad no es así. Las AAPP crean obras protegibles (informes, mapas, fotos, bases de datos, etc) con sus propios medios. Ahí las AAPP son titulares como “empleadoras” – los funcionarios o empleados públicos serían los titulares de los derechos morales, pero no es algo que se vea que sea reclamado en la práctica ¿no?
por otro lado, las directivas de la UE apenas han tocado el tema de los derechos morales: es un campo sin apenas armonización. principalmente se refieren a los derechos de explotación (y a algún derecho moral suelto como el “droit de suite”).
finalmente, la cesión de derechos de explotación sin poder ceder los derechos morales correspondientes (que son irrenunciables e inalienables en nuestra LPI) no es un problema circunscrito a las AAPP y a la probemática de la reutilización, sino que como seguro que sabéis es un problema general de las cesiones de derechos de PI también en el mundo privado, donde los derechos de explotación p.e. de un guionista son cedidos plenamente a una productora, esta a su vez a otra productora mayor, algunos derechos luego a un distribuidor etc etc… pero el derecho moral original del guionista permanece, lo que en ocasiones puede entrar en conflicto con los derechos de explotación cedidos.
quizás me equivoco, pero parece que el borrador de RD pretende ser lo más abierto posible y prever que cuando la administración es titular de derechos (ya sea por cesión o por ser empleadora) sobre una obra protegida (p.e. una base de datos original p.e. de datos metereológicos) y quiera autorizar la reutilización, que esa reutilización vaya acompañada de la cesión correspondiente de derechos de PI. En caso contrario la autorización carecería de contenido, lo que sería contrario a la finalidad de la norma…
Los derechos morales los he mencionado como una dificultad añadida a una normativa que pretende ser ágil y liberalizar contenidos. Insisto en que, en mi opinión, no cabe hablar de reutilización de la información cuando estamos en presencia de PI. Será otra cosa, pero no reutilización, técnicamente hablando.
Podemos liberar contenidos, ceder derechos en mayor o menor extensión, etc. pero estaremos siempre dentro de la LPI y no de la 37/2007. La mezcla de ámbas es lo que puede traer problemas a futuro, sobre todo en un campo:
Reutilización=beneficio económico según la exp. motivos tanto de la Directiva como de la 37/2007. Partiendo de esta premisa, las cesiones de derechos de explotación anteriores a la ley deberían ser revisadas y las posteriores serán contempladas por los titulares por el valor que puedan tener y actuar en consecuencia.
En realidad, la excepción (reutilización de contenidos sujetos a PI), se va a convertir en la norma, de ahí que a mi me parezca que la normativa sobre reutilización está desenfocada en este ámbito. Si el RD viene a corregir el tiro, pues loable sea su intención, pero un reglamento no puede venir a enmendar por la vía de hecho ni una ley ni una Directiva.
Si una empresa va a “reutilizar/rentabilizar” aquellos derechos que en su día cedí a la Administración en aras del patromonio común y la difusión de la cultura y etc etc, algo tendré que decir al respecto no? Apuntado queda.
jlcalzada escribió: “Insisto en que, en mi opinión, no cabe hablar de reutilización de la información cuando estamos en presencia de PI. Será otra cosa, pero no reutilización, técnicamente hablando.”
No veo por qué no puede ser “reutilización” – la ley 37/2007 contempla expresamente un mandato de ejercer derechos de PI para favorecer la reutilización, lo que implica que reconoce que habrá supuestos de reutilización de información pública que al mismo tiempo esté protegida por derechos de PI. El quid de la cuestión está en no ver la relación de ambas normas como una relación mutuamente excluyente (del tipo “o bien es reutilización o bien es cesión de derechos PI”) sino en verla como una relación complementaria de parcial solapamiento (cuando la información administrativa sea al mismo tiempo una obra protegible), es decir, en reconocer que la información pública a menudo presentará una naturaleza dual: información pública cuya reutilización debe autorizarse administrativamente y, al mismo tiempo, información pública que constituye una obra protegible bajo el TRLPI y cuya reutilización solo es posible si se ceden los derechos de PI correspondientes.
yo creo que hacer una separación radical ni es posible ni es conveniente ni está mandatado por la ley (que de hecho mandata un ejercicio armonónico)…lo que hace falta es un rágimen de autorización+cesión, es decir, una lectura y aplicación conjunta de ambos cuerpos normativos acorde con el mandato de la ley de que el “ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público deberá realizarse de forma que se facilite su reutilización”
intentar separar la autorización de reutilización de la cesión de derechos es condenar la Ley 37/2007 al absurdo (y ya sabemos como buenos juristas que no caben interpretaciones que vacíen de contenido las normas si otra interpretación favorable a su finalidad es posible) y, por cierto, sería lo contrario a lo que están haciendo en UK, FR, etc donde las open government licenses aúnan autorización administrativa y cesión de derechos de PI
en cuanto a lo último que señalas (“Si una empresa va a “reutilizar/rentabilizar” aquellos derechos que en su día cedí a la Administración en aras del patromonio común y la difusión de la cultura y etc etc, algo tendré que decir al respecto no? Apuntado queda.”): obviamente si la cesión ha sido hecha con unas finalidades restrictivas como estas la Administración no puede legalmente saltarse esas condiciones (digo yo). S.e., lo cierto es que las AAPP normalmente son titulares de los derechos de PI de empresas que realizan encargos para ellas conforme a clausulados de contratacion que prevén una cesión absoluta de todos los derechos de explotación de PI…
espero que esto aclare algunas ideas 😉
La separación “radical” la realizan la Directiva y la ley 37/2007 no la hago yo, y te remito al texto legal. El mandato al que te refieres es un principio de actuación en materia de PI tal y como apunto en el post, inspirado el la filosofía reutilizadora pero referido a la aplicación de la normativa de derecho privado LPI. Le ordena a la Admon. a ejercer con la mayor amplitud posible sus derechos de PI, cediéndolos de la manera menos restrictiva posible. Si coloquialmente queremos llamar a eso reutilización pues bueno, pero a mi me parece que para ese viaje no hacían falta alforjas. Prescindimos de la 37/2207, cedemos con una CC BY los derechos de los documentos puestos a disposición y asunto terminado. Ni siquiera necesitamos autorizar, que el usuario haga lo que le parezca con el contenido colgado en la web correspondiente siempre que respete la CC. La autorización+cesión es una redundancia innecesaria cuando hablamos de PI. Si te cedo te autorizo y si te autorizo es porque puedo hacerlo. Por eso la PI va por su propia vía civil (eso sí, de forma armónica con los principios reutilizadores).
La Directiva y la 37/2007 están pensadas para establecer un procedimiento de carácter administrativo para autorizar el uso de una serie de documentos entre los que se excepcionan, por razones distintas, hasta ocho categorías (una de ellas, la e) los de PI) y especialmente los puramente culturales (f, g y h). En la práctica, y recordando que estamos en la esfera del derecho público, todo lo que caiga en la esfera PI se va a regir necesariamente por la normativa civil de aplicación (TRLPI). El propio RD viene a reconocerlo, como no podría ser de otra manera, en su art. 11.2. Aplicación pura y dura del derecho privado. Para todo lo demás que no sea PI, la 37/2007 y sus autorizaciones generales. En mi opinión no se deben mezclar autorizaciones administrativas con licencias de propiedad intelectual.
Por eso creo que aunque el destino sea el mismo (reutilizar) las vías para llegar a él son distintas y no necesariamente complementarias. Y si, al final y por la vis expansiva TODO es derecho “sui generis” pues sobra la 37/2007 y sus autorizaciones administrativas.
Lo actual (RD) es una confuso producto derivado de la mezcla del no pero sí. Nada bueno para la seguridad jurídica.
Supongo que todo es mejorable en derecho, pero el caso es que tenemos la directiva, la ley 37/07 y el TRLPI y de lo que se trata en el RD creo es de establecer un régimen armonizado. La reutilización tiene una vertiente administrativa (la autorización administrativa, que implica ejercicio de autoridad pública) y a menudo una vertiente jurídico-civil (el TRLPI) de cesión de derechos. Esa es la realidad jurídica y legal. Te insisto que conviene ver lo que están haciendo en UK, FR y otros países de nuestro entorno… probablemente varios países no pueden equivocarse tanto y de forma tan parecida por casualidad, no? Una buena lectura de hace ya algunos años que podría aclarar un poco las cosas a los lectores es “Copyright como límite a la comercialización de la información pública” de Raquel Xalabarder Plantada
Y por cierto, la directiva y la ley solo excluyen los documentos sujetos a derechos de PI de TERCEROS- se puede repetir muchas veces que se excluyen los derechos de PI en general pero ello es contrario a la literalidad de la ley, a su contexto, a los antecedentes, a la sistemática, a la realidad social actual y a la finalidad de la ley 37/07 y de la directiva (me parece que no me dejo ningún criterio de interpretación del CC) 🙂
No estoy de acuerdo con la crítica a mi comentario, puesto que si analizamos el artículo 51, por ejemplo:
y lo ponemos en relación con el 43:
En la medida en que el documento público se utilice para otra cosa, o formatos nuevos, etc, etc., ya tenemos el lío montado, porque el tercero tendrá derechos, no sólo los morales, que subsisten a pesar del contrato (y hablaríamos de los contratos que firmó un ayuntamiento hace 20 años y sus previsiones sobre PI)
Por lo tanto sí hay obras de las que la administración, aunque las haya pagado no va a tener todos los derechos de propiedad intelectual en un momento determinado o para un uso concreto.
¿como digitalizamos los planos de un edificio, encargado por la administración, de 1988, por ejemplo, y lo ponemos en internet respetando los derechos de PI del autor? subsisten derechos, nos guste o no.
Por lo tanto, con esas consideraciones la ley es imprecisa, puesto que debería referirse a las obras con derechos de propiedad intelectual añadiendo la coletilla de derechos de explotación y aún así no resolvería muchos problemas que se plantean.
Creo que la finalidad de la norma es buena, pero peca en ciertos aspectos de no ser acorde con la PI, y tal vez haya que empezar a reclamar cambios en la LPI (y a nivel internacional) para que los fines que se pretenden en la norma se puedan cumplir.
Interesantísimas intervenciones, de otra parte.
david escribió “porque el tercero tendrá derechos, no sólo los morales, que subsisten a pesar del contrato (y hablaríamos de los contratos que firmó un ayuntamiento hace 20 años y sus previsiones sobre PI)
Por lo tanto sí hay obras de las que la administración, aunque las haya pagado no va a tener todos los derechos de propiedad intelectual en un momento determinado o para un uso concreto.”
totalmente de acuerdo – pero me parece que el RD dice en el art 10 que solo puede permitirse la reutilización cuando las AAPP tengan los derechos de PI correspondientes, ergo a contrario si la cesión fue limitada no podrá cederlo a su vez la administración o cederlo dentro de la limitación originaria.
en todo caso, es bueno tener en cuenta el art 277.2 de la ley 30/2007 de contratos del sector público:
“2. Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1.”
los pliegos suelen ser más explícitos aún…
Creo que David apunta acertadamente alguno de los problemas que podemos encontrarnos en el futuro en esta materia. Lo que a mi juicio falta en la regulación que plantea el RD y la 37/2007 es una remisión expresa al TRLPI con todas sus consecuencias. La regulación “paralela” que se realiza en los artículos 10 y 11, en mi opinión, es insuficiente.
Al hilo del último comentario, los pliegos que realice la Administración a partir de ahora deberían contener expresamente las alusiones a la reutilización, a sus objetivos y a todos los modos posibles de puesta a disposición que se puedan considerar convenientes al efecto, precisamente para salvar el escollo del 43.2 y 5 LPI. Si nos fijamos bien, en materia de PI, al final terminamos aplicando el TRLPI y no la 37/2007, con lo que la “exclusión” de la materia PI que realizan la ley española y la Directiva parece que va cobrando sentido. Saludos.
supongo que la remisión plena al TRLPI no es posible porque el 3.3.e) de la ley 37/07 no solo establece el mandato del ejercicio favorable que ya hemos citado varias veces, sino que además señala que hay límites al ejercicio de derechos de PI impuestos en esa ley 37 (“No obstante, la presente Ley no afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público ni a su posesión por éstos, ni restringe el ejercicio de esos derechos FUERA DE LOS LÍMITES establecidos por la presente Ley.”)
Esos límites condicionan el ejercicio de derechos de PI de las AAPP e implican que deban cumplirse condiciones como las establecidas en los artículos 5.3 o 6 de la Ley 37/2007. P.e. no caben cesiones exclusivas, discriminatorias o que limiten la competencia (todo esto NO viene en el TRLPI…)
por otro lado, la cesión de derechos PI no sustituye el ejercicio de autoridad que supone la autorización administrativa de reutilización que además tiene el respaldo de un régimen sancionador en el art 11 de la Ley 37/07.
respecto de los pliegos administrativos: recomiendo la lectura de algún ejemplar. normalmente las cesiones son bastante absolutas.
Como veo que el 3.3 e) de la 37/2007 si me permites la expresión es la “madre del cordero” creo que es conveniente que intentemos descifrar lo que dice (mala cosa esta de descifrar lo que aplicando bien la técnica jurídica debería ser prístino).
En realidad, el apartado empieza con un mandato muy claro: la presente ley no se aplicará a…..”e) Los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros.” Parece claro, sin margen interpretativo….. hasta que llega el RD.
La segunda parte que tú transcribes (la problemática) dice que la ley no va a modificar ni el nacimiento/existencia o posesión de derechos de PI de las AAPP ni tampoco va a mermar el ejercicio de esos derechos fuera de la 37/2007, para seguidamente modular el ejercicio de los derechos de PI a fin de favorecer la reutilización con un mandato expreso: “El ejercicio de los derechos….. deberá realizarse de forma que se facilite su reutilización”
Por lo tanto, la 37/2007 “restringe el ejercicio de esos derechos” a las AAPP cuando se trate de reutilizar, permitiendo la aplicación plena del TRLPI cuando estemos en otro escenario. Todo ello referido a los derechos propios de las AAPP. Acorde con esto, es el art. 11 RD quien determina como va a traducirse esa “limitación” de los derechos propios.
Pero es que el RD no se queda aquí, circunscrito al ámbito de los derechos propios AAPP, sino que (vuelvo al leit motiv del post) se “atreve”, en mi opinión sin fundamento legal, con los derechos de terceros que no eran contemplados como reutilizables ni en la Directiva ni en la 37/2007. (art. 3.3.e)
Lo grave a mi parecer no es la cesión de derechos en favor de las AAPP ni la aplicación directa o no del TRLPI, sino la inclusión de derechos de terceros en el ámbito de la reutilización por la vía del art. 10 RD. Aún siendo capaces de superar ese escollo, la preceptiva cesión (previa a la reutilización) de la que habla el art. 10 RD debe ser conforme plenamente con el TRLPI (esta vez sin limitaciones) porque estamos hablando de derechos de terceros que se habrán cedido conforme a un “statu quo” anterior a la puesta a disposición y generación de valor añadido que procura la reutilización o se cederán en el futuro para esos fines.
En mi opinión el art. 10 “sobra” del RD, y en su caso debería contener una remisión expresa al TRLPI.
Por otra parte señalar que en el TRLPI cabe todo, el copyright y el copyleft. Lo exclusivo y lo general. Casi todo es derecho dispositivo.
Excelentes intervenciones.
Intuyo que estamos llegando al punto de acuerdo de que la reutilización con la actual regulación de la propiedad intelectual tiene un frente de batalla de muy dificil resolución y que provoca que estemos muy limitados en el uso de obras que tiene la administración, y por lo tanto muy limitados en el alcance de la reutilización, que entiendo es la tesis del artículo original.
Este campo es otro más que se debe contemplar a la hora de plantearnos la ineludible reforma de las legislaciones sobre propiedad intelectual en una sociedad en red.
Como digo, enhorabuena por el nivel, así da gusto.
puedo compartir el que haya limitaciones relevantes cuando los derechos sobre las obras tengan su origen en una cesión por parte de un tercero a las AAPP… ahí habrá que analizar que la cesión cubra también los derechos que permitan autorizar su reutilización: dependerá del pliego, del contrato, de las finalidades del mismo, etc, etc
s.e., quizás por una visión ius-privatista creo que David y JLCalzada no veis el potencial que tiene la autorización+cesión de información sujeta a derechos de titularidad de las AAPP. En mi opinión el potencial es enorme y probablemente sea de agradecer que el RD trate de establecer una autorización+cesión tan amplia como hace en sus artículos 8 y 11. Como muestra del potencial véase el anuncio de la AEMET de ayer de autorizar el libre uso de miles de datasets (sobre los que tiene derechos de PI)…
no obstante, quizás la futura reforma del TRLPI deba plantearse (aparte de un fai use etc) una cláusula de eliminación mucho más amplia de derechos de PI por parte de Administraciones (a semejanza de lo que establece la US Copyright Act para “federal government works”)
Precisamente porque, al menos yo, veo el potencial económico que puede tener la reutilización pretendemos que la seguridad jurídica de titulares de derechos, reutilizadores y AAPP en esta materia sea la mayor posible.
Por cierto, ya que se menciona el tema de la AEMET, es llamativo que la puesta a disposición de los datos se haga en base al TRLPI y no se mencione para nada a la 37/2007 como fundamento legal. La “licencia” incorporada a los contenidos es un equivalente a la Creative Commons BY.
La nota legal que se puede consultar aquí:http://www.aemet.es/es/nota_legal no menciona ni uno solo de los preceptos de la 37/2007, lo que, no se es si lo hace premeditadamente o por desconocimiento.
el premio por número de comentarios cuando lo dais? 😉
sí, la AEMET aplica directamente el TRLPI, aunque de hecho está aplicando la Ley 37/07 – como los derechos de PI de la información son de su titularidad licencia y como es similar a una CCBY no hay problem. distinto sería si la licencia fuese una CC Share alike y/o no derivatives: eso quizás no sería tan coherente con la ley 37/07… el RD espero que mejore en esa seguridad jurídica, no sé, yo creo que será un paso al dar una base homogénea aplicable por defecto (similar a la CC BY – si miramos el art 8+11) para el ámbito del estado… ahora desde luego parece que es un caos y cada organismo hace lo que le parece…
José Luis Calzada Pérez
Pues tienes razón, llevamos ritmo de record. Lástima que este blog no pueda participar en el concurso. En cualquier caso, siempre es un placer contrastar posturas, aunque es posible que tengamos al personal un poco cansado ya.
El problema con la AEMET, y con el BOE, y con el CENDOJ, es que se acogen a la regulación de bases de datos para limitar usos de información que en (casi) ningún caso son obras. Es decir, hay una tergiversación del espíritu de la norma.
Pero bueno, yo si veo la potencialidad, y como dice José Luis creo que es necesario un marco más claro y dado que no es posible lograrlo por la vía de la reutilización la pata que falla es la de la propiedad intelectual es esa la que hay que modificar, posiblemente en la línea de lo que dices.

References: Real Decreto 
 artículo 1
sui generis
 artículo 3
sui generis
 artículo 11
sui generis
 artículo 51
 artículo 3
 resolución