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Timestamp: 2018-09-21 22:30:24+00:00

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﻿ Sentencia 2002-00139 de marzo 18 de 2010
SENTENCIA 2002-00139 DE 18 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:REFORMAS DE LOS ESTATUTOS DE LOS SINDICATOS. DEPÓSITO ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO DE ASOCIACIÓN, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, SINDICATO, ESTATUTOS DEL SINDICATO
Sentencia 2002-00139 de marzo 18 de 2010
Rad. 11001-03-25-000-2002-0139-01
Número interno: 2682-2002.
Demandante: Bavaria S.A. Autoridades nacionales
Procede la Sala a proferir sentencia de única instancia que desate la controversia dentro del presente proceso que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instauró ante esta corporación la empresa Bavaria S.A. contra la Nación - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Bavaria S.A. a través de apoderado solicita la nulidad del acta de fecha 9 de enero de 2002, suscrita por el coordinador del grupo de trabajo de la dirección territorial de trabajo y seguridad social de Cundinamarca, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio de la Protección Social), por la cual se efectuó el depósito de la reforma estatutaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la industria de las cervezas, malterías, afines y similares, Sintracervezas, aprobada en asamblea de noviembre 4 de 2001.
Así mismo, solicita la nulidad del oficio 01111 de febrero 11 de 2002, por el cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le negó la procedencia de recursos contra el acto de depósito de reforma de estatutos de enero 9 de 2002.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicita se restablezca a Bavaria S.A. “su derecho a contar con un interlocutor sindical legalmente constituido lo cual se logra con el ajuste total de los estatutos sindicales a las leyes vigentes”.
Mediante escrito del 13 de diciembre de 2001 Sintracervezas solicitó el depósito de la reforma estatutaria aprobada en asamblea adelantada el día 4 de noviembre del mismo año. Dentro de las reformas aprobadas se encuentra la efectuada al nombre y alcances del sindicato.
Informa que el depósito de la reforma estatutaria fue efectuado por la dirección territorial de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante acta del 9 de enero de 2002; en dicho documento se alude a la reforma aprobada por la asamblea del sindicato el 9 de diciembre de 2001.
Manifiesta que Bavaria S.A. interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra el acta de depósito por considerar que los alcances del sindicato excedían al concepto de sindicato de industria. Como el acto de depósito no fue notificado ni se informó de los recursos que contra él procedían, la demandante se notificó por conducta concluyente con la presentación de los recursos, el día 30 de mayo de 2002.
El ministerio profirió el 11 de febrero de 2002 el oficio 01111, en el cual informa que el depósito se había hecho de acuerdo con la Resolución 02270 de 9 de noviembre de 2000, modificada por la Resolución 930 de mayo 25 de 2001, las cuales eliminaron la aprobación previa de las autoridades públicas para entrar en vigor, de manera que contra el acta de depósito no procedía ningún recurso.
Sostiene, además, que el oficio mencionado no fue remitido a Bavaria ni notificado en modo alguno, sino que lo conoció cuando el ministerio hizo alusión al mismo dentro de la acción de tutela que se instauró en su contra el 24 de abril de 2002. Con dicha acción se pretendía garantizar el derecho de defensa y el debido proceso en el caso expuesto.
c) Normas violadas y concepto de violación.
Se citan por el actor las siguientes:
— Constitución Política: artículos 29, inciso 1º; 39, inciso 2º.
— Disposiciones legales: artículos 44, 46, 47, 50, 59, 61 del Código Contencioso Administrativo; 353, 356 literal b, 366 numeral 4º y 369 del Código Sustantivo del Trabajo.
A los actos demandados se le atribuyen los siguientes cargos:
— Desconocimiento del principio del debido proceso. Sostiene que el ministerio manifestó que contra el acta de depósito de una reforma estatutaria no procede ningún recurso por cuanto las organizaciones sindicales gozan de absoluta libertad para elaborar sus propios estatutos y reglamentos. Al respecto, considera que el depósito de una reforma sindical es un acto administrativo que tiene como objetivo hacer oponibles frente a terceros los actos registrados o inscritos y, en no pocos casos, darle validez a los mismos, tal y como se desprende del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 5º de la Ley 584 de 2000.
Alega, que al tratarse de un acto administrativo de carácter definitivo, debe permitirse la discusión en sede administrativa como garantía del debido proceso y del derecho de defensa, no solo a los directamente interesados en el acto, sino también a los terceros que resultan afectados, como en este caso. Sin embargo, como el ministerio desconoce el carácter de acto administrativo a su acto de depósito, no efectuó la notificación ni su discusión en vía gubernativa, con lo cual, desconoce el principio del debido proceso.
Considera que todas las empresas que puedan contar con trabajadores afiliados a Sintracervezas se les debió notificar la inscripción de la reforma estatutaria en la forma prevista en el artículo 46 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto el sindicato es su interlocutor para efectos del buen desarrollo de las relaciones laborales.
Adicionalmente, advierte que el oficio con el cual el ministerio rechazó la procedencia de los recursos interpuestos por Bavaria S.A. no fue enviado a la apoderada de la misma, ni tampoco notificado y solamente se enteró del mismo de manera accidental.
— Violación directa de normas sustanciales de carácter superior. Indica que el acto de depósito de reformas estatutarias de sindicatos tiene como efecto conferirle validez y plena vigencia a las mismas, razón por la cual, el ministerio debe efectuar una revisión al contenido de la reforma para evitar avalar estatutos ilegales o viciados de alguna forma. Este aval de validez y de vigencia afecta no solo a los miembros del sindicato sino también a terceros, por cuanto se trata de un registro público.
En su concepto, los alcances y el ámbito de cobertura que el artículo 1º de los estatutos de Sintracervezas le imprimen a la organización, desconoce el concepto de sindicato de industria consignado en el artículo 356 literal b del Código Sustantivo del Trabajo, en la medida en que implica diversas ramas de actividades económicas, incluso excluyentes entre sí.
De conformidad con la clasificación industrial internacional uniforme —CIIU— revisión 3, aprobada por la Organización de la Naciones Unidad en 1989 y acogida en Colombia por la Resolución 0056 de 23 de enero de 1998 del DANE y utilizada por la OIT en el anuario de estadísticas del trabajo como clasificación de las principales actividades económicas, son ramas de actividad económica, distintas entre sí, “agricultura, caza, silvicultura y pesca” y la “industria manufacturera”. Por consiguiente, si bien es cierto que tanto trabajadores como empleadores tienen el derecho de asociarse libremente, formando asociaciones profesionales o sindicatos, éstos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes a las normas legales pertinentes y a la inspección y vigilancia del gobierno.
Por lo anterior, estima que la reforma a los estatutos de Sintracervezas implica una clara violación de la ley en la medida en que excede el concepto de un sindicato de industria; por tal razón, el ministerio debió formular la correspondiente observación tendiente a adecuar la cláusula estatutaria a la ley.
— Violación de la ley por interpretación errónea. Plantea que la Ley 584 de 2000 tan solo reemplazó la palabra “registro” por “depósito” y, no tendría razón de ser este depósito ni los efectos que al mismo se le dan frente a la validez y vigencia de las reformas estatutarias, si el ministerio no pudiese ejercer un mínimo control de legalidad sobre las mismas, dado que el artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo regula las causales por las cuales se puede objetar una reforma estatutaria sindical.
La demanda fue admitida por auto del 25 de octubre de 2002 (fl. 74, cdno. ppal.). La diligencia notificatoria a Sintracervezas como tercero interesado se surtió de manera indebida, razón por la cual, mediante auto del 31 de enero de 2005 se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación efectuada el 30 de agosto de 2004 inclusive, y se solicitó a la parte actora allegar la dirección exacta de Sintracervezas para proceder a notificarle la demanda (fls. 133 y 134, cdno. ppal.)
De este trámite se destaca lo que sigue:
a) Contestación a la demanda.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (fls. 125-128, cdno. ppal.), se opone a la prosperidad de las pretensiones por cuanto los actos que sirvieron de fundamento legal para efectuar el depósito de la reforma estatutaria de Sintracervezas, esto es, las resoluciones 2270 de 2000 y 0930 de 2001 desaparecieron del ordenamiento jurídico al ser derogadas por la Resolución 002 de enero 2 de 2003. Por tal razón, el Ministerio profirió la Resolución 00386 del 21 de marzo de 2003 declarando la pérdida de fuerza ejecutoria del acto de depósito.
Aclara que no obstante lo anterior, los actos acusados fueron expedidos teniendo en cuenta los parámetros legales existentes sobre la materia y durante su vigencia, 9 de febrero de 2002 al 2 de enero de 2003, gozaron de plena legalidad.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Cervezas, Malterías, afines y similares. Ante la imposibilidad de notificar a Sintracervezas, se le nombró curador ad litem, quien se limitó a declarar como ciertos la mayor parte de los hechos de la demanda y respecto a las pretensiones manifestó que no se opone ni las coadyuva, sino que se atiene a lo que se pruebe dentro del proceso (fls. 158 y 158, cdno. ppal.).
b) Alegatos de conclusión.
Parte demandante. Reitera los argumentos de la demanda y cita apartes de jurisprudencia del Consejo de Estado donde se señaló que la resolución de inscripción efectuada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es un acto administrativo de carácter particular sometido al régimen del Código Contencioso Administrativo, de manera que proceden contra ella los recursos de la vía gubernativa.
Ministerio Público. En primer lugar considera que el acto de depósito de la reforma sindical constituye un acto administrativo de carácter particular que produce los efectos jurídicos contenidos en el artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales no son otros que darle eficacia al acto de modificación de los estatutos.
Por otra parte, estima que dicho acto únicamente crea una situación jurídica para el sindicato, motivo por el cual, no se puede considerar a la empresa como sujeto de derechos de dicho trámite administrativo, ya que el registro o depósito de los estatutos tiene como fin el de dar publicidad y seguridad jurídica a las normas internas que regulan a la organización. Por ello, la demandante no tiene legitimación en la causa por activa para demandar la nulidad y restablecimiento del derecho del acto ni tampoco debía hacerse parte dentro de dicho procedimiento administrativo; sin embargo, sí está legitimada para impetrar la acción de simple nulidad del mencionado acto.
Finalmente, considera que para el estudio del cargo relacionado con la vulneración del concepto de sindicato de industria, era necesario contar con la prueba de la modificación de los estatutos que fue registrada mediante el acto acusado, prueba ésta que no fue allegada por la parte actora ni solicitada. Así pues, en virtud del principio de la carga de la prueba contenido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, el cargo no puede prosperar.
El problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer si el acto de depósito efectuado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio de la Protección Social), de la reforma a los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Cervezas, Malterías, afines y similares, Sintracervezas, aprobada en asamblea de noviembre 4 de 2001, constituye un acto administrativo contra el que proceden los recursos de la vía gubernativa y, en caso positivo, determinar si el acto se debió notificar a la empresa Bavaria S.A. como tercero interesado.
“... Derecho de asociación
En la Sentencia C-385 de 2000(1) la Corte Constitucional precisó la relación entre el derecho de asociación, considerado como derecho fundamental, y la libertad sindical de la siguiente manera:
Considera la Corte, en consecuencia, que la libertad sindical comporta: i) el derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones; ii) la facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la injerencia, intervención o restricción del Estado; iii) el poder de las organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto de la organización, sus estatutos, las condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación, constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura, organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el legislador conforme al inciso 2º del artículo 39 (...)(2). Este inciso hace referencia a que la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios democráticos.
Ya con anterioridad los convenios 87 y 98 de la OIT aprobados por las leyes 26 y 27 de 1976, establecieron en su primera parte una serie de normas sobre la libertad sindical. Entre ellas se encuentran los artículos 2º y 3º del primero de los convenios citados, que rezan:
“ART 2º—Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.
El artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo —modificado por el artículo 5º de la Ley 584 de 2000— dispone:
De acuerdo con lo anterior, en principio podría decirse que la labor del hoy Ministerio de la Protección Social se limita a efectuar la radicación de la reforma estatutaria del sindicato en la correspondiente dependencia, sin realizar ningún juicio con respecto a la validez de la reforma, precisamente para salvaguardar la libertad de las asociaciones sindicales, que tiene su razón de ser no solo en la Constitución Política (art. 39) sino también, como ya se anotó, en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo OIT debidamente ratificados por el Congreso y que, por tanto, forman parte del bloque de constitucionalidad en los términos del artículo 93 superior.
Sin embargo, llama la atención de la Sala que el artículo 369 del Código Sustantivo del Trabajo —modificado por la Ley 50 de 1990, artículo 48— establece las siguientes reglas que es necesario seguir para la modificación de los estatutos:
Ocurre, sin embargo, que aunque estas normas se encuentran formalmente vigentes, los trámites de modificación del registro sindical, previstos en el artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 50 de 1990 y por la Ley 584 de 2000, han variado sustancialmente con la Sentencia C-465 de 2008, en la cual la Corte Constitucional decidió,
“Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 5º de la Ley 584 de 2000, por el cargo analizado, en el entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma. Por el contrario, las expresiones “Validez de la” y “tiene validez ni”, se declaran INEXEQUIBLES”.
Dicha situación conlleva que a partir del 14 de mayo de 2008 las reformas a los estatutos de las organizaciones sindicales son válidas desde su aprobación por parte de la asamblea del sindicato y, por tanto, el depósito que efectúe el Ministerio de la Protección Social solo garantiza la publicidad frente a terceros. Ello significa que la declaratoria de inexequibilidad parcial del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo no se hace extensiva al acta de depósito objeto de estudio en el caso de autos, pues la decisión de la Corte Constitucional en este evento tiene efectos hacia el futuro, tal y como lo dispone el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, ley estatutaria de la administración de justicia.
Recuerda la Corte, además
“... que el Ministerio de la Protección Social ya no puede negar la inscripción en el registro de las modificaciones de los estatutos de las organizaciones sindicales que sean depositadas ante él. Si la obligación del sindicato es simplemente la de ‘depositar’ la modificación de los estatutos ante el ministerio —lo que implica también depositar los documentos que acrediten que la modificación se realizó de acuerdo con las exigencias legales—, el ministerio no puede entrar a juzgar si esas enmiendas se ajustan a la Constitución o a la ley. De esta manera, si el ministerio considera que las reformas introducidas son inconstitucionales o ilegales tendrá que acudir a la jurisdicción laboral para que así lo declare”(4).
Igualmente, esta corporación se ha pronunciado, manifestando que
“Para efectos de determinar la posibilidad de impugnación ante el juez contencioso administrativo, debe tenerse en cuenta aquélla definición de acto administrativo según la cual este se presenta cuando el Estado administrador produce una decisión con consecuencias jurídicas, vale decir, que implican cambios en el mundo de las regulaciones del derecho, bien para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, sean éstas generales o particulares. No basta, entonces, que se produzca una simple manifestación, que se exprese una opinión o se formule un concepto por parte de la autoridad pública; el acto administrativo siempre contiene una decisión, cuyo fundamento se encuentra directamente en el ejercicio de las potestades propias del poder público, de las que carecen losparticulares”(6) (negrillas fuera de texto).
Como puede observarse, el acta de depósito constituye claramente una manifestación de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos, pues la ley determinó (antes de la Sent. C-465/2008) que con el depósito la modificación de los estatutos del sindicato “tiene validez y comenzará a regir”.
“ART. 3º—Si la solicitud de depósito de la reforma estatutaria no reúne los requisitos legales, se proferirá un auto de observaciones para que se efectúen las correcciones a que haya lugar. No se podrán formular objeciones para el depósito de causales distintas de las contempladas en los literales a y b del numeral 4º del artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo.
ART. 4º—El funcionario competente para efectuar el depósito de las reformas estatutarias de las organizaciones sindicales acatará estrictamente los términos establecidos por el artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, vencidos los cuales el depósito se producirá automáticamente. En este caso, el funcionario procederá de inmediato a elaborar la correspondiente acta, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar a causa de su omisión”.
Posteriormente, la Resolución 0002 del 2 de enero de 2003(7) derogó de manera expresa en su artículo 9º los anteriores actos y estableció en su artículo 6º que
“Contra las resoluciones mediante las cuales se deciden las solicitudes de depósito de las reformas estatutarias de las organizaciones sindicales, proceden los recursos de reposición y apelación”.
En el caso sub examine reposa a folio 3 del cuaderno principal del expediente copia ilegible del “acta de depósito de reforma estatutaria”, en los siguientes términos:
“Mediante oficio radicado con el 39008 del 13 de diciembre de 2001, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Cervezas, Malterías, afines y similares Sintracervezas, con personería jurídica 00849 de 9 abril de 1975 informa que aprobó una reforma estatutaria en asamblea general realizada en día 9 de diciembre de 2001, solicitó a este despacho el depósito de los estatutos de su organización.
Dado en Bogotá D.C. a los 9 días del mes de enero del año 2002”.
Por otro lado, la Sala considera conveniente aclarar que la empresa Bavaria S.A. no debía recibir notificación del acto de depósito por cuanto no puede considerarse como parte dentro de la actuación administrativa de depósito de estatutos adelantada ante el Ministerio de la Protección Social, ni tampoco habría lugar a la aplicación del artículo 46 del Código Contencioso, ya que la decisión de efectuar el depósito no afecta de manera directa e inmediata a la empresa demandante.
c) La comunicación que informó que el acto de depósito no tiene recurso alguno.
El oficio 0111 del 11 de febrero de 2002 (fl. 4, cdno. ppal.), constituye un acto administrativo particular productor de efectos jurídicos, efectos de carácter negativo para el administrado al haberle impedido la posibilidad jurídica de interponer los recursos de la vía gubernativa contra el acta de depósito de la reforma estatutaria efectuada por la asamblea de Sintracervezas.
“Por perfección del acto administrativo entiende la doctrina el cumplimiento de todos los requisitos de procedimiento y forma que la ley señale para su expedición. Y solo cuando el acto está perfeccionado se producen entonces sus efectos jurídicos. Sin embargo, la ley suele exigir la publicación o notificación del acto administrativo, para que este adquiera eficacia, o sea, para que produzca efectos. Por eso la doctrina suele distinguir el acto perfecto del acto eficaz, la perfección de la eficacia. Aquella se refiere al cumplimiento de los trámites exigidos para la formación o la producción del acto; esta a sus efectos. En tales condiciones, el acto puede ser perfecto, pero no eficaz; y, al contrario, para que el acto sea eficaz, requiere ser perfecto”. (Derecho administrativo, Gustavo Humberto Rodríguez. Ediciones Librería del Profesional)”(8).
“La doctrina foránea, y la nacional que ha seguido esas concepciones sin mayor profundidad, bueno es reconocerlo, al tratar las formas de extinción de los actos administrativos, generales o de efectos particulares, ha reconocido y consagrado la figura jurídica del decaimiento del acto administrativo, o sea, la extinción de ese acto jurídico producida por circunstancias supervinientes que hacen desaparecer un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la existencia del acto: a) derogación o modificación de la norma legal en que se fundó el acto administrativo; b) declaratoria de inexequibilidad de la norma constitucional o legal hecha por el juez que ejerce el control de constitucionalidad, en los países donde ello existe; c) declaratoria de nulidad del acto administrativo de carácter general en que se fundamenta la decisión de contenido individual o particular; y d) desaparición de las circunstancias fácticas o de hecho que determinaron el reconocimiento de un derecho o situación jurídica particular y concreta”(9)(sic).
La parte actora presenta un cargo adicional que denomina violación directa de normas superiores en el cual señala que la reforma estatutaria “implica diversas ramas de actividades económicas, incluso excluyentes entre sí” desconociendo el concepto de sindicato de industria previsto en el literal b del artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo y en la Resolución 0056 de 1998 del DANE.
Si bien el Departamento Nacional de Estadística, DANE, remitió con destino al proceso información relacionada con la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas revisión 3 CIIU Rev. 3 (fls. 178 y 178, cdno. ppal.), no existe dentro del expediente el texto de la reforma estatutaria aprobada por la asamblea del sindicato Sintracervezas que, enuncia la demandante, fue aprobada por dicha organización el 4 de noviembre de 2001, prueba que estaba a su cargo conforme con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil al enunciar que le corresponde a la parte “probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Por tanto, la omisión de la demandante en anexar el texto de la reforma que considera vulnera las normas legales, le impide a la Sala efectuar un pronunciamiento de fondo sobre el acto administrativo de depósito de dicha modificación efectuada por la dependencia designada para tal fin en el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
(1) Sentencia del 5 de abril de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(2) Sentencia C-797 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(4) En Sentencia 3888-01 del 16 de abril de 2009, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Actor: Sindicato de Trabajadores de Noel S.A. “Sintranoel”, la Sala explicó los diferentes tipos de conflictos colectivos laborales y la competencia de la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa según el tipo de conflicto.
(5) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. “Tratado de derecho administrativo”, tomo III Acto administrativo. El autor en su obra señala cinco elementos claves para poder llegar a la conclusión de que existe un acto administrativo de contenido particular. “El primero de ellos hace referencia, por regla general, a la existencia de la figura a partir de un acto positivo, consistente en una expresión o manifestación concreta o específica, proveniente de quienes ejercen funciones administrativas”. “El segundo consiste en la manifestación realizada por quienes ejercen funciones administrativas, esto es, la expresión de lo querido o deseado conforme a derecho, la cual debe ser de naturaleza unilateral. En el acto administrativo se trata de expresar tan solo la voluntad de un sujeto, de aquel que ejerce funciones administrativas”. “El tercero señala que el acto administrativo debe ser, básicamente, expresión de voluntad. La voluntad constituye el querer, la intención, la actitud consciente y deseada que se forma en el órgano administrativo de acuerdo con los elementos de juicio que le son aportados o que la administración recopila en el ejercicio de su función y las normas jurídicas que corresponda aplicar al caso concreto”. “El cuarto determina que las manifestaciones unilaterales de voluntad no solo pueden provenir de los órganos de la rama ejecutiva del poder público, sino también de cualquier autoridad de los otros poderes u órganos autónomos e independientes, e incluso de los particulares a los que hubieren sido atribuidas funciones administrativas. El quinto elemento hace relación a su naturaleza decisoria, cuya definición se transcribe dentro de este fallo.
(6) Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 11 de abril de 2002. Radicación 11001-03-26-000-2001-0058-01(21652). C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(8) Sentencia T-335 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 370
 artículo 5
 artículo 46
 artículo 1
 artículo 356
 Resolución 
 artículo 366
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 370
 artículo 177
 artículo 39
 artículo 370
 artículo 5
 artículo 93
 artículo 369
 artículo 48
 artículo 370
 artículo 370
 artículo 5
 artículo 370
 artículo 45
 artículo 366
 artículo 366
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 46
 artículo 356
 Resolución 
 artículo 177