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Timestamp: 2017-06-22 21:27:46+00:00

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Víctor Díaz - La implementación del JDC en la Ley de Medios del Estado de MéxicoUploaded by Antonio GuilloRelated InterestsElectionsConstitutional RightDemocracyVotingConstitutionRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content179La elección del presidente en la historia constitucional mexicana
LA IMPLEMENTACIÓN DEL JUICIO PARA LA PROTEC-
CIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES
DEL CIUDADANO EN EL SISTEMA DE MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Víctor Díaz Herrera
Introducción; 1. ¿Qué son los derechos políticos electorales del ciu-
dadano?; a. Sistema electoral; b. Naturaleza jurídica de los dere-
chos político-electorales del ciudadano; c. ¿Cuáles son los derechos
políticos electorales?; d. El juicio para la protección de los derechos
políticos electorales del ciudadano; e. Autoridades competentes para
conocer del juicio para la protección de los derechos político-electo-
rales del ciudadano en el ámbito federal; f. Entidades que contem-
plan el juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano; 2. Propuesta de incorporación del juicio para la pro-
tección de los derechos políticos electorales del ciudadano, en el siste-
ma de medios de impugnación electoral del Estado de México.
* Maestro en Derecho, especialista en procedimientos jurídico-electorales y licenciado en
Derecho por la Univiersidad Autónoma del Estado de México. Cuenta además con diplomado en
Derecho electoral y diplomado en el Sistema de Nulidades en Materia Electoral impartido por
el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De La Federación. Actualmente secretario de estudio y
cuenta del Tribunal Electoral Del Estado De México; catedrático universitario de las materias
de Derecho electoral y Derecho administrativo. Ha participado en diversos foros en la misma
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.bibliojuridica.org
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la viabilidad de
implementar el juicio para la protección de los derechos políticos
electorales del ciudadano, en el sistema de medios en materia electo-
ral del Estado de México. Esto, atendiendo a que el Estado mexicano
instauró como forma de organización estatal el federalismo, susten-
tando el análisis de acuerdo al modelo garantista que en materia
electoral está imperando, para que los ciudadanos mexiquenses ten-
gan la posibilidad de hacer valer sus derechos políticos electorales a
través del medio de protección citado, ante la autoridad jurisdiccio-
nal local.
Palabras clave: derechos fundamentales, derechos humanos, dere-
chos políticos, garantismo, juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, federalismo, prerrogativas.
La elección del presidente en la historia constitucional mexicana
Desde la independencia de nuestra Nación, y con la promulgación
de la Constitución de 1824, se establece que nuestra Nación sería de-
mocrática, instituyendo los derechos políticos electorales que los en-
tonces ciudadanos tenían.
Sin embargo, desde la instauración de este primer ordenamiento,
no existió en nuestra legislación un medio a través del cual pudiera
garantizarse de manera efectiva el pleno acceso a estos derechos; por
lo que no es sino hasta 1996 con la reforma al artículo 99 de la Consti-
tución vigente de 1917, en la que se establece el juicio para la protec-
ción de los derechos político-electorales del ciudadano, también co-
nocido como JDC, como medio de control jurisdiccional protector de
los derechos político-electorales del ciudadano.
Es así que el presente trabajo tiene como objetivo realizar un análi-
sis de los derechos políticos electorales reconocidos al ciudadano mexi-
cano, estudiando en un primer momento qué debe entenderse por de-
rechos político-electorales y definiendo cuales son aquellos que están
reconocidos por la legislación mexicana.
Además de ello, se analiza específicamente al juicio para la protec-
ción de los derechos políticos electorales del ciudadano como medio
de impugnación creado ad hoc para la defensa de los derechos políti-
cos electorales del ciudadano; analizando, así mismo, las principales
características de este juicio y las autoridades que son competentes
para conocer del mismo en el ámbito federal. En ese mismo tenor, se
analiza cuáles son las entidades de la federación que contemplan en sus
sistemas jurídicos internos un juicio análogo, a través del cual los ciu-
dadanos que integran cada una de las entidades tengan la posibilidad
de defender sus derechos políticos electorales en una primera ins-
Del análisis realizado en el segundo apartado se concluye en el últi-
mo numeral que es posible la creación de un medio de defensa local,
atendiendo a la forma de organización federal adoptado por el Estado
mexicano, por el cual se permite a cada una de las entidades, en aten-
ción al principio de soberanía interna, el conocimiento y la defensa de
los derechos políticos electorales del ciudadano por el órgano juris-
diccional local.
El juicio para la protección de los derechos electorales ciudadanos en el Edo. de México
1. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES
DEL CIUDADANO?
a. Sistema electoral
Este breve artículo tiene como objetivo la presentación de una pro-
puesta consistente en la creación de un nuevo medio de impugnación
en materia jurídico electoral para el Estado de México: EL JUICIO PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE LOS
La propuesta se refiere a un aspecto muy específico del sistema
electoral del Estado de México, relativo a los medios de impugnación
en materia electoral, cuya presentación requiere algunas explicacio-
nes previas, toda vez que en nuestro país existe una clara tendencia a
concebir y a reducir nuestro sistema electoral a sus elementos legales
y procedimentales.
En efecto, en México -y especialmente entre muchos juristas- pre-
valece la idea de que los sistemas electorales son equivalentes a las
normas jurídicas que regulan los procesos electorales y los medios de
impugnación para resolver los conflictos derivados de sus resultados.
Esto significa que el sistema electoral se identifica con el Derecho elec-
toral, lo cual no es exacto.
Un sistema electoral es más amplio que las normas que regulan los
procesos de elección de los órganos de representación popular. El De-
recho electoral es sólo una parte de este sistema y tiene como objetivo
general la legalidad electoral. No obstante, un sistema electoral tam-
bién consiste en las estructuras que determinan la forma de elegir a los
representantes populares y la manera de distribuir los diferentes car-
gos electorales, todo lo cual se establece antes de que existan normas
electorales, las cuales recogen estos métodos y las convierten en nor-
mas legales. Este sistema tiene como objetivo la legitimidad electoral.
La democracia se sustenta en ambos elementos de un sistema elec-
toral, tanto en las estructuras, como en las normas legales, en lo que se
refiere a los procesos relativos al origen del poder, por lo que constitu-
ye un grave error asimilar la democracia a la legalidad electoral.
Considerando que la propuesta que presentamos se limita concre-
tamente a la creación de un medio de impugnación en materia electo-
ral, y por ende, se circunscribe a un aspecto del Derecho electoral, es
necesario aclarar por qué no se debe suponer que si hay legalidad elec-
toral hay automáticamente democracia.
En México, un amplio sector de la opinión pública –ilustrada o no–
considera que un sistema político es democrático cuando la lucha por
el poder se lleva a cabo con pleno respeto de las normas jurídicas que
regulan los procesos electorales. En estas condiciones, la existencia y
la práctica de la democracia se identifican con la legalidad electoral.
Consecuentemente, es conveniente resumir los argumentos funda-
mentales que permiten establecer la diferencia entre legitimidad elec-
toral y legalidad electoral, con el objeto de demostrar que lo que es
esencial a la democracia es la legitimidad, mientras que la legalidad
sólo es un medio para alcanzar y mantener la primera.
La diferencia entre legitimidad y legalidad del poder es un asunto
muy complejo que tiene relación directa con todo el sistema político
en las distintas etapas de los procesos del poder político, según lo esta-
blece la teoría del Rombo.
En este momento centraremos nuestra aten-
ción en la diferencia entre legitimidad y legalidad en el origen del po-
der, refiriéndonos concretamente a los procesos electorales.
La legalidad electoral implica la aplicación exacta y permanente de
las leyes que regulan los procesos de elección de los representantes
populares. Cuando la legalidad electoral existe, lo único que puede
afirmarse es que tanto los partidos políticos y sus candidatos, como las
autoridades electorales y de gobierno, además de los ciudadanos y los
diversos sectores de la sociedad en lo que a cada uno corresponde, han
respetado las normas jurídicas electorales, lo cual también puede ex-
presarse diciendo que “los actores” de la lucha por el poder político
han acatado “las reglas del juego” en el que participan.
En nuestro país es muy frecuente escuchar planteamientos sobre
los problemas de legalidad electoral que han caracterizado a nuestro
sistema político en diversas etapas de su desarrollo –y que en muchos
sentidos todavía lo caracterizan–, realizados por políticos y por
analistas que sin darse cuenta, en la mayoría de los casos, piensan,
COVIÁN Andrade, Miguel. “La Teoría del Rombo. Ingeniería Constitucional del Sistema
Político Democrático”. 1ª reimpresión, México, Centro de Estudios de Ingeniería Política y
Constitucional A. C. 2002. pp. 86-155.
equivocadamente, que la discusión que los ocupa se refiere a la legiti-
midad del origen del poder, sin conocer en qué consiste realmente
En efecto, asuntos como la no intromisión de los gobernantes en los
procesos electorales, la equidad en la distribución entre los partidos
políticos de los recursos financieros permitidos por las leyes, la dispo-
sición sin distinciones políticas de los medios de comunicación, el res-
peto de los plazos para el registro de candidatos y listas electorales, la
conformidad de los contendientes con los resultados de la elección y la
imparcialidad de las autoridades encargadas de organizar y vigilar los
procesos electorales, son entre otros, varios de los aspectos más im-
portantes de la legalidad electoral, a cuyo análisis y discusión dedican
muchos esfuerzos de reflexión individuales y colectivos, tanto de los
“actores” del sistema político, como de los “especialistas” en estos te-
mas. Sin embargo, ninguno de estos aspectos, ni todos en conjunto,
garantizarían la legitimidad electoral del sistema político mexicano,
aunque se convirtieran en una realidad permanentemente perceptible
en los procesos de elección de los representantes populares.
¿A qué se debe que afirmemos lo anterior, de tal manera que aun-
que todos estos aspectos caracterizaran a los procesos electorales de
nuestro país, no podríamos considerar satisfactorio el nivel de “legiti-
midad electoral”, ni el de concreción de la “democracia mexicana” en
la etapa del origen del poder?
Se debe principalmente, a que la legitimidad electoral no es equiva-
lente a la legalidad electoral y, por lo tanto, ésta no puede ser la base de
la democracia, ni siquiera en su aspecto político. Para entender mejor
lo anterior, también puede captarse de esta manera: la legitimidad es el
“fin de la democracia” en la etapa del origen del poder, mientras que la
legalidad es el “medio para lograr la democracia” correspondiente a
La legitimidad electoral depende del diseño del sistema electoral, el
cual se compone de dos elementos fundamentales que son: los meca-
nismos para elegir a los representantes populares y los mecanismos
para repartir los lugares en los órganos de representación popular.
COVIÁN Andrade, Miguel. “Sistema Político Mexicano. Legitimidad Electoral y Control del
Poder Político”. 1ª ed. México, Centro de Estudios de Ingeniería Política y Constitucional A.
C., 2004. Capítulo segundo.
Esto significa que aunque existiera la legalidad electoral y ésta fuera
permanente durante diversos procesos de elección, si las estructuras
electorales no permitieran que la voluntad popular se reflejara autén-
ticamente en los órganos de representación política, nunca se alcanza-
rían niveles aceptables de legitimidad democrática en el origen del
Desde luego, no estamos sugiriendo que la legalidad electoral sea
irrelevante o que pueda ser descuidada tanto en la praxis de la lucha
por el poder, como en la evaluación del grado de democracia de un sis-
tema político determinado. Lo que estamos señalando es que no debe
confundirse la legitimidad con la legalidad en el origen del poder y en
general, en ninguna de sus etapas. Tampoco es admisible que aunque
se haga la diferenciación correspondiente entre uno y otro conceptos,
se trate de suplir la carencia de legitimidad electoral, mediante la com-
probación de que las leyes electorales son respetadas.
Esto es muy frecuente en nuestro país, toda vez que cuando no se
confunden los términos, se plantea la necesidad de que la legalidad
electoral se garantice para alcanzar el nivel de legitimidad esperado en
cada proceso electoral. El lector recordará que desde 1997 a la fecha,
pasando por los diversos procesos electorales federales recientes, se
ha afirmado que en México existe un grado de “legitimidad democráti-
ca” cada vez mayor, lo cual normalmente se “comprueba” haciendo
referencia a elementos que sólo tienen relación con la legalidad, como
los que hemos señalado previamente.
En México, casi nunca se discute sobre la necesidad de modificar las
estructuras del sistema electoral cambiando, por ejemplo, la forma de
elegir al presidente de la República o la forma de repartir los lugares en
las cámaras del Congreso federal.
Entre otros, de estos elementos sí
depende la legitimidad electoral y el grado de democracia de nuestro
sistema político y de cualquier otro, en la etapa del origen del poder.
La legitimidad implica la correspondencia, lo más exacta que sea posi-
ble, entre la voluntad ciudadana expresada mediante el voto y la inte-
gración de los diversos órganos de elección popular. Consecuentemen-
te, si bien puede existir legalidad electoral, de ninguna manera puede
ignorarse que el respeto a las leyes no es suficiente para pasar por alto
el “detalle” de la falta de correspondencia entre la voluntad ciudadana
y la integración de los órganos representativos.
En el sistema político mexicano no han sido resueltos problemas
fundamentales relativos a la legitimidad de la representación política,
entre los que pueden mencionarse la sobrerrepresentación de uno o
dos partidos políticos y la sub-representación de otros en los congre-
sos federal y locales.
En suma, lo que tenemos que plantearnos es lo siguiente: ¿cuál debe
ser el objetivo esencial de un sistema electoral: la aplicación de las
normas jurídicas o el respeto de la voluntad electoral? La respuesta
nos parece obvia, toda vez que la democracia en su aspecto político no
es la legalidad electoral, sino la legitimidad electoral, de tal manera
que de nada sirve que se cumplan las leyes electorales si no se logra
que la integración de los órganos de representación política tenga co-
rrespondencia con la voluntad de los ciudadanos. Las normas electo-
rales son sólo un medio, indispensable sin duda, para hacer posible la
democracia política, cuyo fundamento es incuestionablemente, la le-
gitimidad del origen del poder.
Estas aclaraciones son suficientes para entender que si bien es inne-
gable que en México hemos logrado un avance muy importante en
materia de legalidad electoral, no menos verdadero es que este desa-
rrollo contrasta con el rezago ostensible de nuestras estructuras elec-
torales, las cuales todavía no permiten alcanzar los estadios necesa-
rios de legitimidad electoral imprescindibles en un estado democrá-
En efecto, en los últimos treinta años se ha construido paulatina-
mente un nuevo sistema electoral en nuestro país, pero sólo en lo rela-
tivo al Derecho electoral y muy limitadamente en cuanto a sus estruc-
turas electorales. Es evidente que actualmente contamos con autori-
dades electorales y ordenamientos jurídicos que regulan adecuada-
mente los procesos electorales federales y locales, si bien siguen sien-
do necesarios cambios y adiciones como el que proponemos aquí, con-
sistente en la creación de un nuevo medio de impugnación en materia
electoral para el Estado de México. No obstante, resulta obvio que con
estos avances difícilmente podemos suponer que nuestro sistema elec-
toral ya no requiere de modificaciones de fondo, sencillamente porque
en lo que corresponde a sus estructuras, poco o casi nada se ha hecho
durante este período. Es necesario revisar la forma de elegir a nuestros
representantes populares y los mecanismos de asignación de los luga-
res en los órganos representativos, aspectos que no son accesorios, ni
tangenciales en un sistema electoral, el cual no podrá considerarse
sólido y bien desarrollado sólo en función de las normas jurídicas que
regulan los procesos de elección ciudadana.
El caso que nos ocupa en este artículo debe entenderse como un
intento de mejorar, concretamente, este aspecto relativo al derecho
electoral, para el efecto de que los ciudadanos del Estado de México
cuenten con un medio de impugnación adicional a los que prevé nues-
tra legislación local y puedan defender sus derechos político-electora-
les de una manera más eficaz. Consecuentemente, lo que específica-
mente pretendemos con esta propuesta se centra en una parte del de-
recho electoral de nuestra entidad federativa, sin perjuicio de muchos
otros cambios que podríamos proponer para mejorar el desarrollo y la
aplicación del sistema electoral en su conjunto. Hechas estas aclara-
ciones, procedemos a la presentación de nuestra propuesta.
b. Naturaleza jurídica de los derechos político-electorales
En primer término, para poder entender qué son los derechos polí-
ticos electorales del ciudadano, es necesario atender a su origen con-
ceptual y normativo.
Bajo este rubro, el artículo 35 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nom-
brado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades
que establezca la ley;
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma
pacífica en los asuntos políticos del país;
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la de-
fensa de la República y de sus instituciones, en los términos que
prescriben las leyes; y
Es aquí, donde surgen las primeras interrogantes al planteamiento
inicialmente formulado: ¿Los derechos políticos son prerrogativas o
derechos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
Al respecto, derecho, entendido desde el punto de vista Constitu-
cional como Garantía Individual, de acuerdo al Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM):
[…] El término <derecho> además de designar un orden jurídico (o
una parte significativa del mismo), se usa para referirse a una ven-
taja o beneficio normativo conferido a un individuo o a una clase de
individuos. En este sentido, <derecho> designa una permisión otor-
gada a alguien o algunos para hacer u omitir cierta conducta, con la
garantía de la protección judicial […]
Por su parte, prerrogativa es definida por el diccionario de la Real
Academia Española como:
1. f. Privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para que
goce de ello, anejo regularmente a una dignidad, empleo o cargo.
2. f. Facultad importante de alguno de los poderes supremos del
Estado, en orden a su ejercicio o a las relaciones con los demás pode-
res de clase semejante.
3. f. Atributo de excelencia o dignidad muy honrosa en algo inmate-
Cabe hacer mención que el término prerrogativa(s) es empleado
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además
del artículo 35, en los artículos 12, 38 y 41 fracción V, que señalan de
manera sustancial lo siguiente:
Artículo 12.- En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títu-
los de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará
efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país.
Artículo 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se sus-
penden:
Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, “Enciclopedia Jurídica Mexicana”. México:
Porrúa, Tomo III, 2004. p.184.
El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y
directa, además de las que le determine la ley, las actividades rela-
tivas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los
derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políti-
cos, […]
Por ende, de conformidad con lo que establece el artículo 38 citado,
pudiera concluirse que derecho y prerrogativa son palabras sinónimas,
en razón de que la palabra “o” que las une les da el carácter de equiva-
lentes. Sin embargo, el artículo 41 fracción V del mismo precepto legal
invocado, les concede una distinta acepción, en razón de que refiere:
“… los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos
políticos…”, la palabra “y” es empleada como una conjunción coordi-
nada que une dos palabras de la misma categoría, por lo tanto, para
este apartado, derecho y prerrogativa tienen significados diferentes.
En ese orden de ideas, es necesario destacar que las prerrogativas
enunciadas en el artículo 35 de la Carta Magna están ubicadas dentro
de lo que la doctrina denomina como la “parte orgánica” de la Consti-
tución, es decir, dentro de la parte que organiza al Estado mexicano,
quedando excluidas de lo que en nuestro derecho se conoció como
garantías individuales, reconocidas dentro de los primeros 29 artícu-
los de la Constitución, a la que la misma doctrina denomina “parte
dogmática”.
Así pues, ha sido criterio sostenido y reiterado por la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación que sólo son consideradas garantías indivi-
duales las contenidas en los primeros 29 artículos del máximo ordena-
miento legal, lo que llevó al órgano jurisdiccional en cita a emitir la
jurisprudencia cuyo rubro y texto indica:
DERECHOS POLÍTICOS. IMPROCEDENCIA. La violación de los dere-
chos políticos no da lugar al juicio de amparo, porque no se trata de
Bajo ese contexto, se puede decir que no pueden ser considerados
sinónimos los términos derechos (garantías individuales) y prerroga-
tivas, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no les
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis 219. DERECHOS POLÍTICOS. IMPROCE-
DENCIA. Apéndice 1995. p. 149. Registro 394175, p. 149.
otorgó el carácter de derechos individuales a las prerrogativas conte-
nidas en el artículo 35 de la Ley Suprema de Nuestra Nación.
El argumento de dicho razonamiento estriba en dos características
1 .Las garantías individuales son derechos fundamentales que los
individuos tienen por el simple hecho de serlo, es decir, son derechos
subjetivos, intrínsecos al individuo.
2. Los derechos políticos no pueden ser considerados garantías indi-
viduales, porque para gozar de dicha prerrogativa es necesario te-
ner la calidad de ciudadano, es decir, sólo aquellos individuos que
tengan el atributo de ciudadanos podrán hacer uso de las prerroga-
tivas señaladas en el artículo 35 de la Constitución Federal.
Es en este segundo razonamiento, en el que se sustenta la diferencia
entre derecho y prerrogativa, en razón de que para gozar de la prerro-
gativa es necesario contar con una calidad: la de ciudadano; en tanto
que el derecho (entendido como garantía individual en nuestro dere-
cho) es garantizado por el simple hecho de ser individuo.
Nuestro sistema jurídico, en materia de derechos políticos, está
encaminado a sostener esta diferencia, si se tiene en cuenta que la re-
forma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el
seis de junio del dos mil once,
en la que se modifican, entre otros, los
artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, para señalar que:
Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda con-
troversia que se suscite:
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que vio-
len los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para
su protección por esta Constitución, así como por los tratados inter-
nacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se su-
jetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria,
de acuerdo con las bases siguientes: […]
Además de ello, si se considera que el artículo 73 fracción VII de la
vigente Ley de Amparo, en la que se establece:
El decreto de reforma en cita entró en vigor el 4 de octubre del año 2011.
VII.- Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y au-
toridades en materia electoral.
Por lo tanto, el carácter de prerrogativas que la Constitución fede-
ral otorga a los derechos políticos es predominante en nuestro sistema
jurídico, lo que ocasionó que durante largo tiempo estos derechos no
tuvieran un medio de defensa adecuado por el que se pudieran garan-
Habrá que hacer una diferencia más, la que existe entre garantía,
derechos fundamentales y derechos subjetivos.
Al respecto Ferrajoli señala: <<garantía>> es una expresión del
léxico jurídico con la que se designa cualquier técnica normativa de
tutela de un derecho subjetivo.
El autor citado, hace la distinción entre garantías desde el punto de
vista restringido, usado por los civilistas para distinguir los derechos
reales tales como la prenda e hipoteca de aquellos que son considera-
dos personales como la fianza y el aval; de la posición que considera a
las garantías desde un punto de vista ampliado (al que pertenece el
autor referido) que introduce el neologismo garantismo, para referir-
se a las técnicas de tutela de los derechos fundamentales, entiendo por
estos: los derechos universales, y por ello, indispensables e inalienables,
que resultan atribuidos directamente por las normas jurídicas a todos
en cuanto a personas, ciudadanos o capaces de obrar.
El mismo autor señala:
Son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que
corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuando
a dotados de status de personas, de ciudadanos o personas con capaci-
dad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expecta-
tiva positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) ads-
crita a un sujeto por una norma jurídica; y por status la condición de
un sujeto, prevista de su idoneidad para ser titular de situaciones
jurídicas y/o autor de los actos que son ejercidos por éste.
FERRAJOLI, Luigi. “Democracia y Garantismo” 2ª Ed. Ciudad Fernández, S.L.P. México,
Trotta, 2010. p. 60.
Ibid. p. 61
En consecuencia, conforme al autor de referencia, los conceptos en
estudio no son sinónimos, en virtud de que cada uno tiene un significa-
do distinto.
Precisión que se hace, en virtud de la reforma constitucional publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio del dos mil
once, por la cual se modifica el capítulo primero del título primero de
la Constitución General de la República, para denominarse: De los De-
rechos Humanos y sus Garantías.
c. ¿Cuáles son los derechos políticos electorales?
Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el lunes 5 de febrero de 1917, se reconocieron en el
artículo 35 como derechos políticos los siguientes:
II. Poder ser votados para todos los cargos de elección popular, y
nombrado para cualquier otro empleo de comisión, teniendo las ca-
lidades que establezca la ley.
III. Asociarse para tratar asuntos políticos del país.
En 1990, el Congreso Constituyente reformó la fracción III del pre-
cepto legal en cita, para quedar como sigue:
Artículo 35…
Asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos
políticos del país [...].
La última reforma que se hiciera al referido artículo 35 de la Consti-
tución Federal, tuvo verificativo el jueves 22 de agosto de 1996, la que
también transformó la fracción III del precepto legal en cita, de la
I. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma
pacífica en los asuntos políticos del país.…
Por lo tanto, la Constitución Federal, en este artículo reconoce como
derechos políticos los siguientes:
1) Votar en las elecciones populares.
2) Poder ser votados para todos los cargos de elección popular, y
3) Asociarse individual y libremente para tomar parte, en forma
pacífica, en los asuntos políticos del país
4) Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
Todos estos derechos se encuentran elevados a la calidad de dere-
chos fundamentales, en virtud de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), el 10 de diciembre de 1948, misma que en su artículo 21
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igual-
dad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder públi-
co; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual
y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice
De la misma forma, la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, mejor conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, adop-
tada en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969; ratificada
por el Senado mexicano el 18 de diciembre de 1980, y que entró en
vigor en nuestro país el 24 de marzo de 1980
1. Al adherirse a la Convención, el Gobierno de México formuló las declaraciones y reservas
Con respecto al párrafo 1 del Artículo 4, considera que la expresión “en general”, usada en el
citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja
la vida “a partir del momento de la concepción” ya que esta materia pertenece al dominio
reservado de los Estados.
Por otra parte, en concepto del Gobierno de México que la limitación que establece la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que todo acto público de culto
religioso deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, es de las comprendidas en el
párrafo 3 del Artículo 12.
El Gobierno de México hace Reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del Artículo 23 ya que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 130, dispone que los
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y opor-
tunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamen-
te o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, reali-
zadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice
la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las fun-
ciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportuni-
dades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones
de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad
civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
En la actualidad, los derechos políticos reconocidos en diversos
artículos de nuestra constitución son los siguientes:
1 . De votar y ser votado en las elecciones populares.
2. De asociarse individual y libremente para tomar parte en forma
pacífica en los asuntos políticos del país.
3. De afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.
4. De petición.
5. De información.
6. De reunión o de libre expresión y difusión de las ideas.
Lo anterior, tiene como sustento tanto los preceptos constitucio-
nales, como los criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo de
nuestro país en materia electoral:
Ministros de los cultos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines
2. Con fecha 9 de abril de 2002, el Gobierno de México notificó a la Secretaría General de la
Organización de Estados Americanos su decisión de retirar parcialmente las declaraciones
interpretativas y reserva. Dicho retiro parcial fue aprobado por el Senado de la República el 9
de enero de 2002, según Decreto publicado en el DOF el 17 de enero de 2002, subsistiendo en
Con respecto al párrafo 1 del Articulo 4 considera que la expresión “en general” usada en el
citado párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja
la vida “a partir del momento de la concepción”, ya que esta materia pertenece al dominio
«El Gobierno de México hace Reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del Artículo 23, ya que la
Ministros de los cultos no tendrán voto pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.»
[…] JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZ-
CAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES
VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE
ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN. El juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano debe considerarse proce-
dente no sólo cuando directamente se hagan valer presuntas viola-
ciones a cualquiera de los siguientes derechos político-electorales: I)
De votar y ser votado en las elecciones populares; II) De asociarse
individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos del país, y III) De afiliarse libre e individualmente
a los partidos políticos, sino también cuando se aduzcan violaciones
a otros derechos fundamentales que se encuentren estrechamente
vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos político-elec-
torales, como podrían ser los derechos de petición, de información,
de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya protec-
ción sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de
aquellos derechos político-electorales, garantizando el derecho cons-
titucional a la impartición de justicia completa y a la tutela judicial
d. El juicio para la protección de los derechos políticos
electorales del ciudadano
Para el tema de análisis que nos ocupa, el cambio significativo fue la
creación del juicio para la protección de los derechos político-electo-
rales, el cual en un primer momento era un juicio restringido en razón
de que sólo procedía para combatir actos que privaran los derechos
políticos de votar, ser votado, de afiliación y de asociación, tal y como
se preveía en el texto original del artículo 80 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en
el Diario Oficial de la Federación, el 22 de noviembre del año de 1996,
según el cual sería procedente cuando:
a) No hubiere obtenido oportunamente el documento que exija la
ley electoral respectiva para ejercer el voto.
Sala Superior, Jurisprudencia 36/2002 JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERE-
CHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZ-
CAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON
LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN. Justicia
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Suplemento 6,
2003, pp. 40 y 41.
b) No aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección
correspondiente a su domicilio.
c) Le sea negado indebidamente su registro como candidato a un
cargo de elección popular.
d) Considere que el acto o resolución de la autoridad es violatorio de
cualquiera de sus derechos político-electorales.
Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, a través de la jurisprudencia, cuyo rubro indica:
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELEC-
TORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA,
señaló que los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 80
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, eran sólo enunciativos mas no limitativos, por lo que, la
procedencia del juicio dependía exclusivamente de que el ciudadano
adujera la violación a un derecho político electoral, con independen-
cia de que en lo medular el agravio se declarara fundo o infundado.
La evolución de este medio de protección constitucional se produ-
jo de una manera rápida, en razón de que en un primer momento la Sala
Superior consideró que no era procedente en contra de resoluciones
de los órganos de los partidos políticos, sin embargo, ante la evidente
violación que estos órganos cometían en contra de sus miembros, la
Sala cambió de criterio y señaló a través de la jurisprudencia 3/2003,
que hoy es histórica,
la que señala que: JUICIO PARA LA PROTEC-
CIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.
PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE LOS
Sala Superior, Jurisprudencia 2/2000, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Suplemen-
to 4, 2001, pp. 17 y 18.
Es histórica en virtud de la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, por
la cual se adicionó al artículo 80 numeral 1, el inciso g), que señala: 1. El juicio podrá ser
promovido por el ciudadano cuando: […] g) Considere que los actos o resoluciones del
partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales. Lo
anterior es aplicable a los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular aun
cuando no estén afiliados al partido señalado como responsable.
Sala Superior, Jurisprudencia Histórica 3/2003, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CONTRA ACTOS
DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Justicia Electoral. Re-
vista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Suplemento 7, 2004, pp. 18-20.
De la misma forma, la Sala Superior, por medio de la jurisprudencia
36/2002, que ha sido citada en páginas anteriores, cuyo rubro señala:
TORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLA-
CIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON
LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFI-
LIACIÓN, amplía la gama de derechos fundamentales contra los cuales
procede el juicio en estudio, siempre y cuando tengan relación directa
con los derechos políticos electorales.
Este juicio ha sido de gran importancia para el desarrollo de la vida
política del Estado mexicano, en virtud, de que se ha erigido como el
medio de control constitucional que tienen al alcance los ciudadanos
para salvaguardar sus derechos político-electorales.
e. Autoridades competentes para conocer del juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no en el ámbito federal
El artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en la parte que al estudio interesa, señala:
Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispues-
to en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima
autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e
inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga
la ley, sobre:
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los dere-
chos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de
afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos
del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes.
Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal
por violaciones a sus derechos por el partido político al que se en-
cuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias
de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley
establecerá las reglas y plazos aplicables; […]
Por su parte la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
indica en su artículo 186, lo siguiente:
En los términos de lo dispuesto por los artículos 41, Base VI; 60,
párrafos segundo y tercero y 99, párrafo cuarto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral, de con-
formidad con lo que señalen la propia Constitución y las leyes aplica-
bles, es competente para:
[…] III.- Resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias
que se susciten por:
c) Actos y resoluciones que violen los derechos político–electorales
de los ciudadanos de votar y ser votado en las elecciones populares,
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pací-
fica en los asuntos políticos y afiliarse libre e individualmente a los
partidos políticos, siempre y cuando se hubiesen reunido los requisi-
tos constitucionales y los que se señalen en las leyes para su ejerci-
cio; […]
En ese mismo sentido, el artículo 189 del mismo ordenamiento cita-
do señala:
Artículo 189.- La Sala Superior tendrá competencia para:
[…] e) Los juicios para la protección de los derechos político-electora-
les del ciudadano, en única instancia y en los términos de la ley de la
materia, que se promuevan por violación al derecho de ser votado
en las elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, de diputados federales y senadores por el principio de
representación proporcional, Gobernador o de Jefe de Gobierno del
Distrito Federal; […]
Del mismo modo, el artículo 195 establece:
Cada una de las Salas Regionales, en el ámbito en el que ejerza su
jurisdicción, tendrá competencia para:
IV. Conocer y resolver, en única instancia y en forma definitiva e
inatacable, los juicios para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano que se promuevan por:
a) La violación al derecho de votar en las elecciones constituciona-
b) La violación al derecho de ser votado en las elecciones federales de
diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, en las
elecciones de diputados locales y a la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal, ayuntamientos y titulares de los órganos político-ad-
ministrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Fede-
ral, siempre y cuando se hubiesen reunido los requisitos constitucio-
nales y los previstos en las leyes para su ejercicio;
c) La violación al derecho de ser votado en las elecciones de los servi-
dores públicos municipales diversos a los electos para integrar los
ayuntamientos, y
d) La violación de los derechos político-electorales por determinacio-
nes emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos a
los cargos de diputados federales y senadores por el principio de ma-
yoría relativa, diputados locales y a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, ayuntamientos, titulares de los órganos político
administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Fe-
deral y dirigentes de los órganos de dichos institutos distintos a los
nacionales. La Sala Regional correspondiente admitirá el medio de
impugnación una vez que los quejosos hayan agotado los medios
partidistas de defensa.
En consecuencia, son a la Sala Superior y a las Regionales, a quienes
les corresponde conocer del juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, bajo la siguiente dinámica:
1 .Sala Superior:
a.Elección de Presidente de la República.
b.Elección de Diputados y Senadores por el principio de representa-
ción proporcional.
c. Elección de Gobernadores y Jefe del Gobierno del Distrito Federal.
2. Salas Regionales:
a.Elecciones de Diputados y Senadores por el principio de mayoría
b.Elecciones de Diputados locales y miembros de la Asamblea del
c. Elección de munícipes y miembros de las demarcaciones del Dis-
d.Resoluciones de los partidos políticos que vulneres los derechos
políticos electorales.
Además de lo señalado por los preceptos constitucionales y legales
referidos, el artículo 116 fracción IV, inciso I de la propia Carta Magna,
El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de
estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el
legislativo en un solo individuo. […]
IV Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
garantizarán que:
1) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que
todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente
al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y
las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y ju-
risdiccional, de recuentos totales o parciales de votación; […]
Por lo tanto, este último precepto constitucional fundamenta la
posibilidad de que las entidades federativas regulen los medios de im-
pugnación necesarios para que los actos y las resoluciones electorales
se sujeten al principio de legalidad.
f. Entidades que contemplan el juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano
Para poder determinar qué estados contemplan el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se rea-
lizó un análisis a las diversas legislaciones que contemplan la parte
adjetiva de los medios de impugnación, para así, estar en posibilidad
de esclarecer dicha interrogante.
Del análisis realizado, se obtuvo que: Coahuila, Chiapas, Distrito
Federal, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, tienen
implementado dentro de su sistema de medios de impugnación en
materia electoral, el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano.
En tanto que los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán, no lo contemplan.
Del análisis llevado a cabo, se evidencia que catorce estados de la
federación cuentan con el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano a nivel local, mientras que diecio-
cho de ellos no lo tienen.
2. PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DEL JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORA-
LES DEL CIUDADANO, EN EL SISTEMA DE MEDIOS DE
Como puede advertirse, el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano no está previsto en el Código Elec-
toral del Estado de México, por lo que proponemos su inclusión en el
sistema de medios de impugnación en materia electoral de nuestra
Es necesario reiterar que la importancia de este juicio es innegable,
toda vez que su inclusión como mecanismo de protección de los dere-
chos políticos electorales es equivalente al juicio de amparo, pero en el
ámbito político electoral, el cual es indispensable para un sistema elec-
toral estructurado en función de la salvaguarda de los derechos de los
ciudadanos en esta materia.
En ese sentido, el Código Electoral del Estado de México, en su artí-
culo 301, establece que el sistema de medios de impugnación se inte-
gra con: el recurso de revisión, el recurso de apelación y el juicio de
inconformidad. Por lo que en un primer momento debe incorporarse
en este precepto legal al juicio para la protección de los derechos polí-
tico-electorales del ciudadano, como medio de impugnación recono-
cido por el sistema de medios de impugnación en la entidad, para luego
ser tratada la procedencia del mismo, en los artículos 302 y 302 bis
del ordenamiento legal en cita, o bien, sea implementado un nuevo
precepto que regule específicamente la procedencia de juicio que se
En ese mismo tenor, deberá señalarse que el juicio para la protec-
ción de los derechos político-electorales del ciudadano será proce-
dente cuando un ciudadano o un grupo de ciudadanos, por sí mismos o
por conducto de representante legal, manifiesten presuntas violacio-
nes a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares,
de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífi-
ca en; los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los
partidos políticos asimismo, para impugnar los actos y resoluciones
por quien teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se
afecta su derecho para integrar las autoridades electorales locales.
Deberá también indicarse específicamente que:
1 .El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando:
a) Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondien-
tes, no hubiere obtenido oportunamente el documento que exija la
b) Habiendo obtenido oportunamente el documento a que se refiere
el inciso anterior, no aparezca incluido en la lista nominal de electo-
res de la sección correspondiente a su domicilio.
c) Considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal
de electores de la sección correspondiente a su domicilio.
d) Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado
cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea nega-
do indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección
popular. Si durante el desarrollo del proceso electoral local, el parti-
do político también interpuso recurso de revisión o apelación, según
corresponda, por la negativa del mismo registro, el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de México, a solicitud del Tribunal
Electoral, remitirá el expediente para que sea resuelto por éste, jun-
to con el juicio promovido por el ciudadano.
e) Considere que se violó su derecho de acceso a la información en
materia político electoral.
f) Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de
cualquier otro de los derechos político-electorales a que garantiza la
g) Considere que los actos o resoluciones del partido político al que
está afiliado violan alguno de sus derechos políticos electorales reco-
2. El juicio podrá ser promovido por un candidato cuando:
a) Considere que se ha violado su derecho de acceder y desempeñar
el cargo para el que fue electo.
b) Considere que se violó su derecho a ocupar una cargo por el prin-
cipio de representación proporcional.
3. El juicio podrá ser promovido por una asociación de ciudadanos
cuando habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte
en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplica-
bles, consideren que se les negó indebidamente su registro como par-
tido político o agrupación política.
4. El juicio podrá promoverse por integrantes de comunidades o
pueblos indígenas, que planteen el menoscabo o detrimento de su
autonomía para elegir a sus autoridades o representantes por el
sistema de usos y costumbres.
Deberá indicarse además en el Código Electoral del Estado de Méxi-
co, que el juicio sólo será procedente cuando se hayan agotado previa-
mente las instancias de solución de conflictos previstas en las normas
internas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas
competentes no estuvieren integrados e instalados con antelación a
los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves
de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, en cuyo caso po-
drán acudir directamente al Tribunal Electoral del Estado de México.
Es necesario precisar que los requisitos de procedencia señalados
en los párrafos anteriores, ya contemplan los criterios jurisprudenciales
emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, por lo que, de ser contemplados en el Código Electo-
ral del Estado de México, los mismos estarán al día, conforme a las
interpretaciones de procedencia del juicio en análisis.
Derivado de lo anterior, en el artículo 303 del Código Electoral del
Estado de México deberá indicarse que el Tribunal Electoral del Estado
de México será el competente para conocer del juicio para la protec-
ción de los derechos político-electorales del ciudadano que se propo-
ne, en virtud de que esta institución es la máxima autoridad jurisdic-
cional en materia electoral en el Estado de México.
Esta propuesta se hace atendiendo además al artículo 40 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se señala
que fue voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos
en una federación establecida según los principios de la propia ley fun-
Al respecto, la palabra “federación”, proviene del latín foederatio,
-onis, y significa acción de federar, organismo, entidad o estado resul-
tante de dicha acción; a su vez ,“federal” proviene del latín foedus, -
eris: pacto, alianza, remite administración federalista. Conviene to-
mar en cuenta también, el término federar del latín foederare y federa-
tivo del latín foederatus e –ivo- que respectivamente significan: unir
por alianza, liga, unión o pacto entre varios y perteneciente o relativo
a la federación, así como sistema de varios estados que, rigiéndose
cada uno por leyes propias están sujetos, en ciertos casos y circuns-
tancias, a las decisiones de un gobierno central.
El propio artículo 40 en cita, al crear la federación mexicana, esta-
blece que habrá dos órdenes jurídicos o entidades de derechos públi-
cos: uno central (al señalar unidos en una federación) que funciona
como eje, y otro que lo complementa (al establecer: compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen inte-
rior). Así, la estructura del estado federal comprende: 1) la existencia
de un orden jurídico central; 2) la existencia de un orden jurídico local;
3) la coexistencia de ambos en un ámbito espacial de validez determi-
nado; 4) la participación de ambos órdenes jurídicos en la formación
de la voluntad para las decisiones nacionales; y 5) la coordinación de
ellos entre sí por una ley suprema, que es la Constitución general.
En consecuencia con ello, las entidades que conforman la federa-
ción mexicana tienen la capacidad de autodeterminarse, tal y como lo
han hecho en el sentido propuesto, catorce estados de la federación,
que incluyeron en su sistema de medios de impugnación el juicio para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; sin
que pase desapercibido que en ejercicio de dicha atribución pudiesen
optar por no hacerlo.
Por lo tanto, con base en el pacto federal, el cual otorga la facultad a
las entidades, en el artículo 116 fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, de crear los medios de impugnación
necesarios para la vigilancia de la legalidad de los actos y resoluciones
de carácter electoral; no debe ser la autoridad jurisdiccional electoral
federal quien en única instancia conozca de este tipo de asuntos, en
razón de que atenta contra el principio federal contemplado en el refe-
rido artículo 40 de la Constitución General de la República.
Aunado a lo anterior, ello se considera así, tomando como base el
modelo garantista de Luigi Ferrajoli, que reconoce dos significados
genéricos del modelo citado: 1) como una alternativa al actual Estado
de Derecho, y; 2) como una superación de los reduccionismos
iusnaturalistas y positivistas, en el que ambos significados confluyen
en un axioma distintivo: el derecho como garantía de limitación del
Suprema Corte de Justicia de la Nación. “El Federalismo”. 1ª ed. México, Suprema Corte de
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MORENO Cruz, Rodolfo. “El Modelo garantista de Luigi Ferrajoli. Lineamientos Genera-
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http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/120/art/art6.htm
Por lo tanto, si el derecho debe ser una limitación al poder, es in-
concuso que el juicio para la protección de los derechos políticos elec-
torales del ciudadano debe de considerarse como un medio al alcance
de los ciudadanos del Estado de México para oponerse a las determina-
ciones que las autoridades electorales administrativas locales y los
partidos políticos emitan, y que con ellas se pudiese restringir los de-
rechos políticos electorales de los ciudadanos.
A lo anterior debe considerarse que en el Estado de México, en
ejercicio de la autodeterminación referida, el constituyente local, al
reformar el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, prescribió que el sistema de medios de impugna-
ción tiene entre otros fines la protección de los derechos políticos elec-
torales de los ciudadanos, consecuentemente el mandamiento fue cla-
ro: los derechos político-electorales del ciudadano en el Estado de
México deben ser protegidos, con lo cual cobra vigencia la garantía
para hacer efectivos los derechos como límite al poder. Sin embargo,
tal mandamiento aún no se ha obedecido, en virtud de que el legislador
ordinario al implementar el sistema de medios de impugnación en
materia electoral en el Código Electoral del Estado de México, omitió
crear el medio de impugnación para garantizar los referidos derechos
políticos electorales. Es por ello evidente, la necesidad de implementar
el medio de defensa que garantice a los ciudadanos mexiquenses su
pleno goce y ejercicio.
Se robustece lo anterior si se toma en consideración lo plasmado en
las recientes reformas constitucionales en materia de derechos huma-
nos, así como lo contenido en el texto del artículo 2º de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, de la que se desprende que los
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedi-
mientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las
medidas legislativas, o de otro carácter, que fueren necesarias para
hacer efectivos tales derechos y libertades, entre las que se encuen-
tran los derechos políticos electorales. Consecuentemente, todos los
actos legislativos deben ser encaminados a proteger al ciudadano y a
garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos.
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General.aspx?ID=919107&IDs=919107,919130,919178,91999,920795,920872,920895,
920951,922653,922707,922761&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Expresion=
PROTECCI%c3%93N DE LOS DERECHOS POL%c3%8dTICOELECTORALES&
Epoca=1110001111000111111111111111111110011111101111111&Apendice=11111111111111011111111111111
10011111100&Clase=DetalleTesisBL&startRowIndex=0&Hit=1&NumTE=
11&Epp=20&maximumRows=20&Desde=2000&Hasta=2002&Index=0
Recuperada el 30 de mayo de 2011.
9. Sala Superior. Jurisprudencia histórica 3/2003: JUICIO PARA LA
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DANO. PROCEDE EN CONTRA DE ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES
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junio de 2011] Disponible en: http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/
nJurisprudenciayTesis?f=templates&fn=default.htm)
1. Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.
2. Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.
3. Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
4. Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
5. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
6. Código Electoral de Colima.
7. Código Electoral de Estado de México.
8. Código Electoral del Estado de Aguascalientes.
9. Código electoral del Estado de Durando.
10. Código Electoral del Estado de México.
11. Código Electoral del Estado de Michoacán.
12. Código Electoral del Estado de Sonora.
13. Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.
14. Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
15. Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
16. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
17. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
18. Constitución política del Estado Libre y Soberano de México.
19. Convención Interamericana de Derechos Humanos.
20. Ley de Amparo, reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.
21. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Edo. de Coahuila.
22. Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado Baja California.
23. Ley de Medios de Impugnación Electorales del Estado de Tamaulipas.
24. Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Edo. de Hidalgo.
25. Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Edo. de Querétaro.
26. Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Edo. de Quinta-
na Roo.
27. Ley de medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Tabasco.
28. Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Edo. de Tlaxcala.
29. Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Edo. de Zacatecas.
30. Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del
31. Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del
32. Ley Electoral de Chihuahua.
33. Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.
34. Ley Electoral del Estado de Nayarit.
35. Ley Electoral del Estado de Nuevo León.
36. Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.
37. Ley Electoral del Estado de Sinaloa.
38. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electo-
39. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
para el Estado de Oaxaca.
40. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
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References: artículo 99
 artículo 35
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Artículo 12

Artículo 38
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 artículo 41
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Artículo 103

Artículo 107
 artículo 103
 artículo 73

artículo 35

Artículo 35
 artículo 35
 artículo 21
 Artículo 4
 Artículo 12
 Artículo 23
 Artículo 130
 Artículo 23
 artículo 80
 resolución 
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 99

Artículo 99
 artículo 105
 artículo 186
 artículo 189

Artículo 189
 artículo 195
 artículo 116
 resolución 
 artículo 303
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 116
 artículo 40
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 103