Source: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0102:ES:NOT
Timestamp: 2014-03-12 04:31:20+00:00

Document:
EUR-Lex - 52004PC0102 - ES
Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2005-2010 {SEC(2004) 161}
del documento: 12/02/2004
de envío: 12/02/2004; transmitido al Consejo
fin de validez: 02/12/2004; adoptado por 32004D0904
adoptado por 32004D0904 Actos posteriores relacionados:
dictamen CES 52004AE0850 dictamen PE 52004AP0307 dictamen sin modificación dictamen CDR 52004AR0080 Actos citados:
FER II : UNA SOLIDARIDAD FINANCIERA REFORZADA Y MÁS ESTRATÉGICA AL SERVICIO DEL RÉGIMEN DE ASILO EUROPEO COMÚN
La Decisión del Consejo de 28 septiembre 2000 [1] por la que se crea el Fondo Europeo para los Refugiados (FER) fue una de las primeras medidas en materia de política de asilo adoptada sobre la base del Tratado de Ámsterdam. Reclamado por el Parlamento Europeo y sobre la base de una propuesta de la Comisión, el FER permitió establecer las bases de una solidaridad comunitaria en materia de acogida de los solicitantes de asilo y de las personas necesitadas de una protección internacional en el marco de un enfoque global y concluir el acuerdo relativo a la Directiva sobre la protección temporal en caso de afluencia masiva de desplazados. Dado que la primera fase de armonización legislativa que establece el régimen de asilo europeo común está a punto de concluir, la Comisión debe presentar una nueva propuesta de Decisión que permita al Consejo reexaminar la Decisión de septiembre de 2000 a más tardar el 31 diciembre 2004, como está previsto en esta misma Decisión.
[1] Decisión 2000/596/CE de 28.9.2000, DO L252 de 6.10.2000 p.12.
La preparación de esta propuesta contó con una evaluación integrada y un importante proceso de consulta a los protagonistas interesados: la evaluación intermedia del FER I, concluida en noviembre 2003, la Conferencia de evaluación de los días 30 y 31 octubre 2003, que contó con una gran participación, y el estudio de impacto en profundidad (el documento de trabajo de los servicios de la Comisión por separado) [2].
[2] SEC (2004) 161 DE 12.2.2004.
1. LOS RESULTADOS DEL FER I Y LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS PARA EL FER II
RESULTADOS DEL FER I
El FER cumplió globalmente la tarea asignada en 2000 como instrumento de solidaridad.
La autoridad presupuestaria revisó al alza el importe de los recursos inicialmente previstos para el FER en 2002 y en 2003. Por lo que se refiere al cálculo de las dotaciones anuales concedidas a los Estados miembros, los métodos de cálculo previstos en el artículo 10 de la Decisión del Consejo permitieron algunos cambios en la distribución de los fondos entre los Estados miembros en función de la evolución del número de solicitudes de asilo y de las personas a las que se les concedía el estatuto de refugiado u otra forma de protección internacional. Los importes fijos, definidos en el apartado 1 del artículo 10 tuvieron un efecto corrector positivo reequilibrando la distribución de los fondos de manera comparable (pero más simple en términos de gestión) a los criterios como la carga relativa soportada por cada país (en particular, en términos del número de solicitudes de asilo por el PNB per cápita). En cuanto a la aplicación, tras algunas dificultades encontradas por los Estados miembros al principio del programa debidas a la aprobación tardía de la Decisión del Consejo en septiembre 2000, se puede decir que la ejecución del programa y de los proyectos alcanzó su velocidad de crucero en 2002.
Los principales Estados miembros beneficiarios del FER son la RFA, Reino Unido, Francia y los Países Bajos (alrededor del 64% del total). Vienen a continuación Suecia, Austria, Italia y Bélgica (alrededor 25,5% del total). Finalmente Irlanda, España, Finlandia, Grecia, Luxemburgo y Portugal comparten el restante 10,5%.
Impacto en los sistemas nacionales de asilo
Se establecieron tres grandes estrategias nacionales en la aplicación por los Estados miembros del FER I. Un primer grupo (Italia, España, Portugal y Grecia) tenía una experiencia limitada en materia de acogida, integración y retorno voluntario antes de la creación del FER. Éstos centraron su acción principalmente en el desarrollo de los dispositivos de acogida y llama especialmente la atención el caso de Italia, que desarrolló, gracias al FER, un verdadero programa nacional. Un segundo grupo de Estados miembros con una trayectoria más larga en materia de política estructural de asilo (Países Bajos, RFA, Reino Unido, Suecia y Finlandia) prefirió en general desarrollar proyectos de integración y retorno. El tercer grupo de Estados miembros (Francia y Luxemburgo) utilizó el FER más como un complemento presupuestario para el apoyo de las actividades ya existentes. Existen asimismo otras variaciones, determinadas en general por el estado y la calidad de los dispositivos de acogida. Así algunos Estados miembros (Austria, España, RFA, Grecia y el Reino Unido) utilizan más el FER para acciones en relación con los individuos mientras que otros (Bélgica, Francia, Luxemburgo, Irlanda) conceden mayor prioridad a los sistemas y estructuras.
Medidas y beneficiarios
En materia de acogida y acceso a los procedimientos (51% de las actividades nacionales del FER entre 2000 y 2002), las acciones cofinanciadas por el FER se centraron principalmente en el alojamiento y el acceso a las necesidades básicas, la formación del personal que trabaja con los solicitantes de asilo, la ayuda a las personas traumatizadas, el asesoramiento a los solicitantes de asilo y la mejora de las redes y la cooperación entre las autoridades públicas, las ONG y las organizaciones gubernamentales.
En materia de integración (el 28% de las actividades nacionales del FER entre 2000 y 2002), el apoyo del FER se destinó a la formación lingüística, a la inserción profesional, al asesoramiento en materia de alojamiento, educación, servicio de interpretación y acceso a las ayudas sociales, al desarrollo de asociaciones entre autoridades públicas, organizaciones comunitarias, empresarios, centros de alojamiento así como campañas públicas sobre las cuestiones relativas a los refugiados.
En materia de retorno (el 21% de las actividades nacionales del FER entre 2000 y 2002), la ayuda del FER desarrolló principalmente la asistencia material al retorno, las redes entre las organizaciones en Europa y/o los países de origen, el asesoramiento, la formación profesional dirigida hacia las posibilidades de reintegración así como la búsqueda de empleos en los países de origen y la instauración de estrategias de información sobre la situación en los países de origen. La proporción de proyectos de retorno experimentó un fuerte incremento, pasando del 15,82% en 2000 al 24,45% en 2002. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que su ejecución es difícil.
Cabe estimar que entre 250.000 y 350.000 personas (solicitantes de asilo o personas que se benefician de una protección internacional en la Unión Europea) se beneficiaron, directa o indirectamente, de las acciones cofinanciadas por el FER entre 2000 y 2002.
Los importes destinados a las acciones comunitarias (5% de la dotación del FER), contribuyeron entre 2000 y 2002 a actividades de análisis y evaluación (53 %), sensibilización (24 %) y refuerzo de las capacidades (23 %).
Hasta el presente no se han puesto en marcha las medidas de emergencias en ausencia de una situación que justifique la adopción de un dispositivo de protección temporal en la Comunidad.
NECESIDADES ENCONTRADAS PARA LA SEGUNDA FASE DEL FER
Refuerzo de la dimensión política europea, valor añadido y complementariedad
En el momento de la creación del FER, la Unión Europea no contaba aún con un arsenal legislativo ad hoc en el ámbito del asilo. Al desarrollarse éste, ha resultado que la aplicación de las cofinanciaciones nacionales dejaba sin embargo poco lugar a la perspectiva global de la convergencia europea en materia de política de asilo. La consideración del impacto de la transposición y la aplicación de la legislación europea en materia de asilo así como las orientaciones políticas a nivel europeo, la comparación de las prácticas tanto en materia de gestión como de los proyectos cofinanciados, la definición de buenas prácticas y de mayores posibilidades de acciones transnacionales se definieron como necesidades cruciales. Sin embargo, es importante que cada Estado miembro pueda definir sus opciones de modo que las acciones se correspondan con las necesidades particulares de su sistema de asilo y se atengan a las diferencias estructurales y a la historia del fenómeno de la acogida de los refugiados en cada Estado miembro. En este contexto, la necesidad de asociar aún más a todos los protagonistas de la política de asilo en cada Estado miembro a la definición de las estrategias nacionales de aplicación del FER se destacó especialmente en las consultas preparatorias con el fin de aumentar el impacto del FER y el estímulo de los socios.
El principio de complementariedad y de valor añadido de los fondos comunitarios debe reforzarse en relación con el desarrollo de una política común de asilo. Los fondos del FER no deben sustituir a los recursos nacionales normalmente destinados al dispositivo nacional en materia de acogida, integración y retorno voluntario, sino proporcionar una asistencia a los Estados miembros en el desarrollo de las capacidades y estructuras encargadas de la aplicación y el apoyo a la política de asilo, apoyando en particular acciones destinadas a acompañar la aplicación de las normas comunes resultantes de la legislación comunitaria en materia de asilo, así como de los proyectos innovadores.
Consideración de otros instrumentos financieros en el ámbito migratorio
Desde 2003, la Unión Europea cuenta con nuevos instrumentos de solidaridad en materia de gestión de los flujos migratorios. Se ha creado una línea en apoyo de los proyectos piloto en 2003 y de las acciones preparatorias en 2004 y 2005 con el fin de desarrollar la problemática de la integración de los emigrantes (al margen de los refugiados) en la Unión. Está dotada con 4 millones en 2003 y 5 millones en el 2004. La solidaridad en materia de gestión de las fronteras exteriores se expresa a través de la creación de la Agencia europea de gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores [3]. La Comisión propuso también un apoyo financiero en forma de acciones preparatorias para la gestión del retorno para los años 2005 y 2006, dotadas con 30 millones, centrado en casos específicamente definidos de manera común y que cubre tanto la problemática del retorno voluntario como los retornos forzosos, incluidos los costes que conllevan las operaciones de retorno. El proyecto de Reglamento del Consejo y del Parlamento Europeo sobre la cooperación y la asistencia técnica con los terceros países en materia de migración y asilo debería adoptarse a principios de 2004. Está dotado con 250 millones 2004-2008. El programa EQUAL, en el marco del FSE, que cubre parcialmente la problemática de la inserción profesional de los solicitantes de asilo, finalizará en 2007. En el conjunto del período de programación 2000-2006, EQUAL tendrá una dotación de 125 millones de euros para el tema "Solicitantes de asilo". Por lo tanto es importante tener en cuenta la necesaria coherencia y complementariedad entre todos estos instrumentos. Está también claro que el paso al segundo período de programación plurianual del FER II como se propone más bajos deberá hacerse teniendo en cuenta el impacto de estos instrumentos y su posible seguimiento.
[3] COM (2003) 687 de 11.11.2003.
Aunque los países adherentes están cubiertos en 2004 por el FER I, su verdadera participación en la gestión y a los objetivos del FER se hará a partir de 2005. En las consultas previas a la presente propuesta, se destacó especialmente la necesidad de acompañar mediante orientaciones bien definidas a nivel europeo la aplicación del FER en estos nuevos Estados miembros. Además, es probable que el número de solicitantes de asilo y refugiados de los que estos países van a ser directamente responsables irá aumentando poco a poco. Finalmente, la problemática de la integración y el retorno voluntario debe desarrollarse en el futuro de manera especial en estos países.
La primera fase del FER se basaba en un sistema de gestión compartida con los Estados miembros. En el contexto de la aplicación de este sistema, se definieron las siguientes necesidades:
- una mayor exigencia en la relación coste/eficacia (debido, en particular, a la importancia que tiene, para el público destinatario y los beneficiarios de la subvención, disponer de un acceso a la información y a los procedimientos de gestión en su lengua de origen);
- un mayor control de la Comisión en la aplicación estratégica y operativa del FER;
- la búsqueda de soluciones a las dificultades expresadas por numerosos Estados miembros en la primera fase del FER en relación con la gestión y vinculadas a la complejidad y el importante coste de las normas de gestión y las dificultades planteadas por las modalidades de pago de los fondos comunitarios en el caso de las Administraciones nacionales que no disponen, en el marco de los presupuestos nacionales, de fondos para los adelantos del importe de la intervención comunitaria en favor de los beneficiarios de los proyectos.
2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL FER II
Una vinculación más fuerte con la armonización legislativa y la política europea de asilo
En un momento en el que al menos seis actos jurídicos del derecho derivado relativos a normas comunes en materia de política de asilo deberán entrar en vigor en todos los Estados miembros, se hace indispensable que el FER sea aplicado con carácter complementario por los Estados miembros que se enfrentan a modificaciones estructurales inducidas por la acogida de los grupos cubiertos por el Fondo y por la aplicación de la nueva legislación. Son necesarios auténticos planes de aplicación a nivel nacional. Además, han surgido nuevas muestras de la necesidad de una intervención europea en la gestión del sistema de asilo con la entrada en la UE de personas que necesitan protección internacional (como, por ejemplo, los dispositivos de reinstalación). Por último, aumentará la necesidad de complementariedad y coherencia con la segunda fase de armonización legislativa definida en Tampere y en el proyecto de Tratado constitucional.
Esta es la razón por la que la Comisión considera necesario prorrogar el FER estableciendo una segunda fase más estratégica a la luz de la legislación comunitaria y sus efectos. Esta segunda fase tendrá una duración de 6 años y una programación plurianual de dos períodos de tres años. Esta división permitirá, por una parte, tener en cuenta el impacto de las nuevas perspectivas financieras en 2007 y, por otra, examinar las consecuencias para el FER del desarrollo de otros instrumentos financieros en el ámbito de la migración.
Se propone que los grupos beneficiarios sean los mismos que en el FER I, además de las personas admitidas en la UE por razones de protección internacional de conformidad con los dispositivos de reinstalación. Aunque este grupo no era excluido formalmente del FER, no aparecía mencionado, lo cual se prestaba a confusión. En la actualidad se ha convertido en una problemática de interés europeo destacada por las Comunicaciones de la Comisión [4], las recientes conclusiones de la Presidencia [5] así como por el desarrollo de programas operativos en varios Estados miembros.
[4] COM (2000) 755 de 22.11.2000, COM (2003) 152 de 26.03.2003, COM (2003) 315 de 3.06.2003.
[5] Consejo Europeo de Salónica de los días 19 y 20 de junio de 2003 y Consejo JAI de 27.11.2003.
Se mantienen, precisándose más sobre la base de la experiencia del FER I, los tres grandes tipos de medidas (acogida y procedimientos de asilo, integración, retorno voluntario) por razones de la necesaria coherencia de la política de asilo. Se pretende incluso reforzarla permitiendo la cofinanciación de proyectos que cubran dos o todas las dimensiones del asilo. Todo ello no prejuzga el examen posterior, que se hará al final de sus ejercicios respectivos, del impacto y el seguimiento de los instrumentos financieros como los proyectos piloto en materia de integración o las acciones preparatorias para la gestión de los retornos. El año 2007 será el momento de este examen (final del ejercicio de cada uno de estos instrumentos y nuevas perspectivas financieras).
Las acciones comunitarias (en un 10% de la dotación asignada al Fondo en vez del 5% actual) se reforzarían concentrándolas en la problemática de las buenas prácticas, otorgándolas un carácter más transnacional y reforzando el diálogo y la información sobre los resultados de las acciones.
Por último, persisten las medidas de emergencia en relación con la aplicación de la Directiva sobre la protección temporal en caso de una afluencia masiva de desplazados.
Mejoras de la gestión y un papel más estratégico para la Comisión
Teniendo en cuenta, por una parte, la diversidad actual de los sistemas de asilo en los Estados miembros y, por otra parte, la necesidad de apoyar iniciativas que produzcan resultados e impactos en la situación de las personas en los Estados miembros y en los sistemas vinculados a la acogida, la integración y el retorno voluntario, está justificada una delegación de ciertas tareas de gestión, incluida la ejecución presupuestaria, a los Estados miembros en la segunda fase del FER. Además, el aumento sustancial propuesto en los recursos del FER en su segunda fase justifica el mantenimiento de esta delegación.
El examen de los resultados de la primera fase del FER, la necesidad expresada de que la Comisión desempeñe un mayor papel en términos de planificación y puesta en común de la información, así como la entrada en vigor de la normativa financiera (Reglamento Financiero y Normas de desarrollo) en las que se definen más concretamente los métodos de delegación de las tareas de carácter público a instituciones u organismos externos, condujeron a la confirmación de la elección, para la segunda fase del FER, de un método de gestión "compartido", con delegación de tareas de gestión a los Estados miembros por medio de organismos designados en cada uno de los Estados miembros (Autoridades responsables del FER).
La delegación de las tareas de gestión, incluidas las financieras, a las Autoridades responsables del FER ira acompañada de medidas destinadas a simplificar el marco de gestión, y a garantizar una mejor coherencia y una mejor interoperatividad de los sistemas de gestión e información.
Por su parte, la Comisión se encargaría de examinar y aprobar las programaciones plurianuales, verdaderos planes de trabajo estratégicos de los Estados miembros, realizadas asimismo tras una consulta nacional con los protagonistas de la política de asilo interesados, así como las solicitudes anuales de cofinanciación. Establecería también en beneficio de los Estados miembros aún más herramientas comunes de dirección e información para la aplicación del FER.
3. LOS RECURSOS ASIGNADOS Y LOS CRITERIOS DE REPARTO
Tal como se indica en su Comunicación de 3 de junio de 2003 y en el espíritu del texto del proyecto de Tratado constitucional fruto de la Convención sobre el futuro de Europa, la Comisión considera que la solidaridad comunitaria en materia de política de asilo merece aún más recursos respetando al mismo tiempo las perspectivas financieras. Esta es la razón por la que prevé dos fases financieras: la primera de 2005 a 2007, en la que los importes asignados eran globalmente comparables a los de la fase actual, aunque en ligera progresión, y una segunda, de 2008 a 2010, en la que los importes aumentan de manera importante, a la luz de las nuevas perspectivas financieras. Este aumento permitiría al FER salir de su dimensión "simbólica" y producir resultados e impactos significativos no sólo en los grupos beneficiarios sino también en los sistemas de asilo. Esta previsión combina una gestión razonable del presupuesto comunitario y la necesidad de consignar de manera más estratégica el aspecto financiero de la política interna de asilo. Estas dos fases permiten asimismo tener en cuenta la evolución paralela y progresiva, tanto por lo que se refiere a los importes financieros asignados como al contenido de los fundamentos jurídicos y la solidaridad general en materia de gestión de los flujos migratorios (solidaridad en materia de gestión de las fronteras exteriores, instrumentos de política de retorno, acciones que favorecen la integración de los nacionales de terceros países, cooperación administrativa entre Estados miembros y programas de asistencia técnica y financiera en favor de terceros países en el ámbito del asilo y las migraciones).
Habida cuenta de los objetivos de este instrumento de solidaridad y de las situaciones diferentes en las cuales se encuentran los Estados miembros, la Comisión considera que los criterios de reparto reflejados en el FER I no deben modificarse sensiblemente. La referencia de base debe seguir siendo el número de solicitantes de asilo y de personas que necesitan una protección internacional efectivamente acogidas en cada Estado miembro. Debe también conservarse el principio corrector de la dotación de un importe fijo. Se propone elevar este importe a 300.000 con el fin de que todos los estados miembros hagan frente a sus obligaciones de gestión del Fondo y abandonen la regresividad de este importe consignado en el FER I. Un apoyo específico a los nuevos Estados miembros durante los 3 primeros años del FER II incrementaría este importe a 500.000 euros con el fin de que se destinen prioritariamente a colmar las carencias estructurales.
4. ELECCIÓN DE LA BASE JURÍDICA
La letra b) del apartado 2 del artículo 63 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea constituye la base jurídica adecuada para esta Decisión incluido el objetivo inmediato de apoyar y fomentar los esfuerzos realizados por los Estados miembros para acoger a los refugiados y desplazados y ayudar ante las consecuencias de esta acogida. Si el Reino Unido e Irlanda desean que se les aplique la Decisión deben notificarlo de acuerdo con el artículo 3 del protocolo sobre su posición, adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. De acuerdo con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca adjunto al Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y por lo tanto no está sujeta a su aplicación.
5. SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD
Resulta evidente que la exigencia de equilibrio entre los esfuerzos realizados por los Estados miembros en el marco de la aplicación del sistema de asilo europeo común requiere un esfuerzo en términos financieros para, a la vez, aliviar la carga de los Estados miembros más afectados y desarrollar la capacidad de los Estados cuyas infraestructuras y servicios de asilo son insuficientes y les supone un efecto redistribuidor en la Unión Europea que no pueden realizar por separado.
En virtud de la presente Decisión se podrá aportar la ayuda financiera del Fondo Europeo para los Refugiados a las medidas que se enumeran en cada uno de los ámbitos de acción que contempla, dejando al mismo tiempo a los Estados miembros la elección de las acciones y la manera de ejecutarlas en el marco de los proyectos aprobados en concertación con la Comisión. Sin embargo, habida cuenta de la adopción gradual, después de 2000 y de la creación del FER, de normas comunes en materia de política de asilo y la mayor importancia de la solidaridad en la gestión de la migración, la dimensión estratégica se ve acentuada en tanto que herramienta al servicio del régimen de asilo europeo común (en particular, a través de la programación plurianual) y, por otra parte, está previsto el aumento de los recursos financieros en el contexto de una gestión compartida. Al mismo tiempo, es necesario que la utilización de los créditos comunitarios se someta a normas precisas y uniformes en el marco de una Decisión del Consejo que sea un instrumento adaptado a la aplicación de programas comunitarios.
Este artículo establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el período comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 2010 y describe en términos generales su objetivo, consistente en apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para acoger a los refugiados y desplazados con el fin de contribuir a la realización del equilibrio entre los esfuerzos que realizan, todo ello en el marco de la armonización legislativa en curso y la política europea de asilo.
Este artículo destaca el principio de anualidad del presupuesto y la consignación en el marco de las perspectivas financieras de la Unión. Prevé una reunión para después de la adopción de las nuevas perspectivas financieras y la posibilidad, si fuera necesario, de mantener la coherencia de las asignaciones anuales.
Este artículo describe las distintas categorías que constituyen los grupos destinatarios a los que pueden afectar por una u otra razón las acciones contempladas por la Decisión.
Este artículo enumera los tres ámbitos de acciones en los Estados miembros en los cuales el apoyo del Fondo Europeo para los Refugiados contribuye al objetivo expuesto en el artículo 1 y los incluye en el apoyo a la aplicación de la legislación comunitaria. Prevé también la consideración de una serie de problemas horizontales y destaca que los créditos del Fondo no pueden sustituir simplemente a los créditos que los Estados miembros deben también poner a disposición de la política de asilo.
Este artículo describe las acciones subvencionables en los Estados miembros en el ámbito de las condiciones de acogida y los procedimientos de asilo.
Este artículo describe las acciones subvencionables en los Estados miembros en el ámbito de la integración.
Este artículo describe las acciones subvencionables en los Estados miembros en el ámbito del retorno voluntario.
Este artículo describe las acciones gestionadas directamente por la Comisión con una dotación anual del 10% y un interés de carácter comunitario dadas sus dimensiones innovadoras, transnacionales o de apoyo a la legislación y definición de las buenas prácticas comunitarias.
Este artículo abre la posibilidad de que el Fondo Europeo para los Refugiados financie medidas de emergencia en caso de se ponga en marcha la protección temporal prevista en la Directiva 2001/55/CE (afluencia masiva de desplazados). Las medidas de emergencia se sitúan fuera de la aplicación de las acciones a largo plazo, las cuales se benefician del apoyo del Fondo a las cuales se añaden. Se corresponden con las necesidades primordiales de las personas y las necesidades inmediatas de los Estados miembros.
Este artículo establece el papel de la Comisión para la aplicación de la Decisión del Consejo.
Este artículo define las responsabilidades respectivas y conjuntas de la Comisión y los Estados miembros para la aplicación y cooperación necesaria en el marco de un método de gestión compartido, según lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento financiero, ajustadas a las condiciones particulares del Fondo Europeo para los Refugiados. Tiene en cuenta, en particular, las disposiciones del artículo 35 de las normas de desarrollo del Reglamento financiero relativas a los controles a priori de los sistemas de gestión y control que deben establecerse en los Estados miembros.
Este artículo prevé la instauración en los Estados miembros de las autoridades responsables de las tareas de ejecución del presupuesto mediante la gestión compartida, las condiciones mínimas a las cuales deben responder estas autoridades, la financiación nacional necesaria y las distintas tareas que deben desempeñar.
Este artículo prevé que la Comisión esté asistida por un Comité Consultivo. La elección de este tipo de Comité se ajusta a los criterios mencionados en la Decisión del Consejo de 28 de junio de 1999 por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1999/468/CE) [6].
[6] DO L 184 de 17.7.1999, p.23.
Este artículo prevé que la ejecución de las acciones en los Estados miembros se hará a partir de dos grandes fases de programación plurianuales (2005-2007 y 2008-2010). Este nuevo principio permitirá tener en cuenta la necesidad de una utilización más estratégica del Fondo para la política de asilo y proceder a modificaciones estructurales significativas en algunos Estados miembros así como los ajustes necesarios a partir de la adopción de las nuevas perspectivas financieras. La Comisión definirá las directrices y las dotaciones financieras indicativas antes del principio de cada período de programación. Las propuestas de programación relativas a los objetivos del Fondo, una serie de condiciones y el calendario previsto en este artículo se fijarán de acuerdo con la Comisión.
Este artículo prevé que dentro de las programaciones plurianuales, se autorice algunos programas anuales con el fin de respetar el principio de anualidad del presupuesto. Este procedimiento se simplificará con relación al previsto en la Decisión que establece la primera fase del Fondo en la medida en que estos programas anuales se inscribirán en el marco plurianual.
Este artículo indica sobre qué bases se repartirán los recursos disponibles entre los Estados miembros. El sistema de distribución combina la distribución proporcional entre personas acogidas que forman parte de los grupos beneficiarios y un importe fijo, más estructurado. Se abandona la regresividad de este importe mencionada en la Decisión por la que se establece la primera fase del Fondo. El importe fijo concedido a los nuevos Estados miembros es más elevado durante los 3 primeros años de la segunda fase. Esta combinación ha demostrado que podía reconciliar el apoyo a los Estados miembros que recibían a más personas, el criterio del número relacionado con el PIB y los objetivos de recuperación estructural.
Este artículo prevé las condiciones de utilización de la cofinanciación anual para medidas de asistencia técnica y gestión administrativa del Fondo en los Estados miembros.
Este artículo establece las disposiciones particulares para la aplicación de las medidas urgentes en caso de protección temporal. La ayuda a estas medidas se limita a la fase de emergencia, es decir, una duración de seis meses, y no puede superar el 80% del coste de cada una de las medidas. Los Estados miembros afectados deberán dar a conocer a la Comisión sus necesidades y las medidas que tienen previsto aplicar. La Comisión distribuirá los recursos disponibles entre los Estados miembros en función del número de personas que se benefician de la protección temporal.
Este artículo prevé la estructura de la financiación indicando su forma (subvenciones no reembolsables) y el principio de no acumulación con otras fuentes a cargo del presupuesto comunitario (por ejemplo: Fondo Social Europeo, apoyo financiero para la gestión de los que regresan, programa de cooperación de asistencia técnica y financiera con terceros países en materia de migración y asilo, etc...). La financiación procedente del FER pretende facilitar la puesta en marcha de acciones en los Estados miembros reduciendo el peso que las mismas suponen para los recursos públicos, pero no pretende sustituir la acción de los Estados miembros ni permite a éstos desentenderse. Por esta razón, en la cofinanciación, el nivel de la ayuda financiera del FER se limita al 50% del coste total de cada acción particular. Esta proporción puede, no obstante, aumentarse hasta un 10% en el caso de las acciones particulares o un 25% en el caso de los Estados miembros que dependen del Fondo de cohesión. A diferencia de la Decisión de la primera fase, este artículo permite también cubrir proyectos de una duración entre un año y tres años, con la condición de la revisión de los progresos realizados.
Este artículo precisa las condiciones de admisibilidad de los gastos. La Comisión adoptará disposiciones específicas de aplicación de acuerdo con las disposiciones del artículo 13.
Este artículo fija las condiciones de los compromisos presupuestarios que asume la Comisión.
Este artículo precisa las modalidades y condiciones en virtud de las cuales se efectúa el pago a las autoridades responsables de los Estados miembros.
Este artículo precisa las normas relativas a las declaraciones de gasto y los principios de buena gestión financiera que deben aplicar las autoridades responsables en los Estados miembros. Tiene en cuenta, en particular, las disposiciones de la letra a) del apartado 2 del artículo 42 de las normas de desarrollo del Reglamento financiero.
Este artículo establece las disposiciones y condiciones para los controles y las correcciones financieras efectuadas por los Estados miembros de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento financiero y las normas de desarrollo.
Este artículo precisa las modalidades y condiciones de control y de las correcciones financieras efectuadas por la Comisión de conformidad con el Reglamento financiero y en el marco de la gestión compartida.
Este artículo define los principios generales de seguimiento y evaluación del Fondo tanto por los Estados miembros como por la Comisión.
Este artículo precisa las condiciones y el calendario en que se efectúan los informes de los Estados miembros y de la Comisión necesarios para el control y la evaluación del Fondo.
Este artículo implica, como medida transitoria con vistas a una aprobación de la Decisión de establecimiento de la segunda fase del Fondo durante el segundo semestre de 2004, el calendario de la primera programación plurianual 2005-2007. Prevé expresamente y fija un plazo para la designación de las Autoridades responsables en los Estados miembros.
Este artículo implica, como medida transitoria con objeto de la adopción de la Decisión de establecimiento de la segunda fase del Fondo durante el segundo semestre de 2004, el calendario del primer programa anual 2005. Prevé expresamente la transmisión por los Estados miembros de la descripción de los sistemas de gestión y control que deben aplicarse (apartado 3 del artículo 35 de las Normas de desarrollo del Reglamento Financiero).
Este artículo prevé expresamente que se revise la presente Decisión al término de un período de seis años.
Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2005-2010
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 63,
[7] DO C [...] de [...], p. [...]
[8] DO C [...] de [...], p. [...]
[9] DO C [...] de [...], p. [...]
[10] DO C [...] de [...], p. [...]
(1) La elaboración de una política común en el ámbito del asilo que incluya un régimen de asilo europeo común es un elemento constitutivo del objetivo de la Unión Europea de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a quienes, obligados por las circunstancias, buscan legítimamente protección en la Unión Europea.
(2) La aplicación de dicha política debe basarse en la solidaridad entre los Estados miembros y supone la existencia de mecanismos que contribuyan a lograr el equilibrio entre los esfuerzos realizados por los Estados miembros para acoger a los refugiados y personas desplazadas y asumir las consecuencias de dicha acogida. A tal efecto, se instituyó entre 2000 y 2004 el Fondo Europeo para los Refugiados.
(3) Conviene continuar en esta vía y establecer el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2005 a 2010 con el fin de proseguir esta solidaridad entre los Estados miembros a la luz del desarrollo de la legislación comunitaria en el ámbito del asilo y teniendo en cuenta la experiencia extraída de la aplicación de la primera fase del Fondo entre 2000 y 2004.
(5) La integración de las personas que se benefician de una protección internacional en la sociedad del país donde se establecen es uno de los objetivos de la Convención de Ginebra. Es necesario hacer compartir a estas personas los valores recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los derechos y obligaciones de la ciudadanía europea. Conviene, a tal efecto, apoyar la acción de los Estados miembros en favor de la promoción de su integración social, económica y cultural en la medida en que ello contribuya a la realización de la cohesión económica y social cuyo mantenimiento y refuerzo figuran entre los objetivos fundamentales de la Comunidad mencionados en el artículo 2 y en la letra k) del apartado 1 del artículo 3 del Tratado.
(6) Interesa tanto a los Estados miembros como a las personas concernidas que los refugiados y personas desplazadas a los que se permita residir en el territorio de los Estados miembros estén en condiciones de costear sus necesidades con el fruto de su trabajo.
(7) Las medidas que se benefician de la ayuda de los Fondos estructurales así como las otras medidas comunitarias en el ámbito de la enseñanza y la formación profesional no son suficientes en sí mismas para promover esta integración; es pues conveniente apoyar medidas específicas para permitir a los refugiados y a los desplazados beneficiarse plenamente de los programas establecidos.
(9) Es necesario probar concretamente acciones innovadoras o de interés comunitario en estos ámbitos y promover los intercambios entre los Estados miembros para definir y favorecer las prácticas más eficaces.
(10) Conviene constituir una reserva financiera destinada a aplicar medidas urgentes con el fin de proporcionar una protección temporal en caso de afluencia masiva de desplazados de conformidad con la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida [11].
[11] DO L 212 de 7.8.2001, p.12.
(11) Con el fin de aplicar eficazmente, de manera pertinente y proporcional la solidaridad financiera y con el fin de tener en cuenta la experiencia de la aplicación del Fondo Europeo para los Refugiados de 2000 a 2004, conviene adoptar un método de gestión compartido y distinguir las responsabilidades de la Comisión y las de los Estados miembros. A este respecto, es necesario prever la designación de las estructuras nacionales convenientes así como la definición de sus tareas.
(12) El apoyo prestado por el Fondo Europeo para los Refugiados será más eficaz y más específico si la cofinanciación de las acciones subvencionables se basa en dos programaciones estratégicas plurianuales de las intervenciones y en un programa de trabajo anual formulados por cada Estado miembro en función de su situación y las necesidades constatadas también respecto al desarrollo del régimen de asilo europeo común.
(13) Es equitativo repartir los recursos de manera proporcional a la carga que recae sobre cada Estado miembro como consecuencia del esfuerzo que realiza para acoger refugiados y personas desplazadas.
(14) Conviene adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente Decisión de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo de 28 junio 1999 por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [12].
(16) Una de las garantías de la eficacia de la acción del Fondo Europeo para los Refugiados es un seguimiento eficaz; es necesario determinar las condiciones en que se efectuará este seguimiento.
(17) Sin perjuicio de las competencias de la Comisión en materia de control financiero, conviene establecer una cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en este campo.
(18) Es necesario establecer la responsabilidad de los Estados miembros en materia de persecución y corrección de las irregularidades e infracciones, así como la de la Comisión en caso de incumplimiento por parte de los Estados miembros.
(19) La eficacia y el efecto de las acciones a las que presta ayuda el Fondo Europeo para los Refugiados dependen también de la evaluación de las mismas y conviene precisar las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en la materia, así como las disposiciones que garanticen la fiabilidad de la evaluación.
(20) Conviene, por una parte, evaluar las acciones para su reconsideración intermedia y la valoración de sus efectos y, por otra, integrar el proceso de evaluación al seguimiento de las acciones.
(21) Dado que los objetivos de la acción prevista, es decir, manifestar la solidaridad entre los Estados miembros garantizando un equilibrio entre los esfuerzos realizados por dichos Estados miembros para acoger a los refugiados y personas desplazadas a la luz de la evolución de la legislación comunitaria en materia de asilo, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por cada Estado miembro y por consiguiente se lograrían mejor, dadas las dimensiones y efectos de la acción, a nivel comunitario, la Comunidad podrá adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De acuerdo con el principio de proporcionalidad tal como se recoge en el mencionado artículo, la presente Decisión no excederá de lo que es necesario para lograr estos objetivos.
(22) De acuerdo con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca adjunto al Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la aprobación de la presente Decisión y por lo tanto no queda vinculada por ésta ni sujeta a su aplicación.
Establecimiento del Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2005-2010 y objetivos
1. La presente Decisión establece, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2010, el Fondo Europeo para los Refugiados, en lo sucesivo denominado el "Fondo".
2. El Fondo se destina a apoyar y fomentar los esfuerzos realizados por los Estados miembros con el fin de acoger a los refugiados y desplazados y asumir las consecuencias de esta acogida mediante la cofinanciación de las acciones previstas en la presente Decisión y de conformidad con la legislación comunitaria en estos ámbitos.
1. Los créditos anuales del Fondo serán aprobados por la Autoridad Presupuestaria dentro de los límites fijados por las perspectivas financieras.
2. En el contexto del procedimiento presupuestario para 2008, la Comisión informará, a más tardar el 1 de mayo de 2007, sobre la adecuación del importe para 2008-2010 con las nuevas perspectivas financieras. Cuando proceda, la Comisión hará las gestiones necesarias durante los procedimientos presupuestarios 2008-2010 con el fin de garantizar la coherencia de las asignaciones anuales con las perspectivas financieras.
Grupos que se benefician de las acciones
A efectos de la presente Decisión, los grupos destinatarios estarán compuestos de las categorías siguientes:
(1) los nacionales de un país tercero o apátridas que obtengan el estatuto previsto por la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967 y sea admitido para residir en calidad de tal en uno de los Estados miembros;
(2) los nacionales de un país tercero o apátridas admitidos para residir en uno de los Estados miembros en virtud de una necesidad de protección internacional en el marco de un dispositivo de reinstalación;
(3) los nacionales de un país tercero o apátridas que obtengan una forma de protección subsidiaria con arreglo a la Directiva [...];
(4) los nacionales de un país tercero o apátridas que soliciten una de las formas de protección contempladas en los puntos 1 y 3;
(5) los nacionales de países terceros o apátridas que obtengan un régimen de protección temporal con arreglo a la Directiva 2001/55/CE.
1. El Fondo apoya las acciones ejecutadas en los Estados miembros relativas:
a) a las condiciones de acogida y procedimientos de asilo;
b) a la integración de las personas previstas en el artículo 3 cuya estancia en el Estado miembro en cuestión tiene un carácter duradero y/o estable;
c) al retorno voluntario de las personas previstas en el artículo 3 dado que estas personas no adquirieron una nueva nacionalidad y no han abandonado el territorio del Estado miembro.
2. Sin perjuicio de otros actos del derecho derivado adoptados posteriormente en relación con los procedimientos de asilo, las condiciones para obtener el estatuto de refugiado, el beneficio de la protección subsidiaria y el estatuto de residente de larga duración, las acciones previstas en el apartado 1 deben contribuir a la aplicación de las disposiciones previstas en los Reglamentos (CE) nº 2725/2000 [13] y (CE) nº 343/2003 del Consejo [14] así como las Directivas 2001/55/CE [15], 2003/9/CE [16] y 2003/86/CE del Consejo [17].
[13] DO L 316 de 15.12.2000, p.1.
[14] DO L 50 de 25.2.2003, p.1.
[15] DO L 212 de 7.8.2001, p.12.
[16] DO L 31 de 6.2.2003, p.18.
[17] DO L 251 de 3.10.2003, p.12.
Acciones nacionales subvencionables en materia de condiciones de acogida y procedimientos de asilo
Podrán beneficiarse del apoyo del Fondo las acciones relativas a las condiciones de acogida y los procedimientos de asilo y más concretamente:
- las infraestructuras o los servicios destinados al alojamiento;
- el suministro de una ayuda material, cuidados médicos y psicológicos;
- la asistencia social, la información o el asesoramiento en las gestiones administrativas;
- la asistencia jurídica y lingüística;
- la educación, la formación lingüística, la inserción profesional;
- la mejora de la eficacia y la calidad de los procedimientos de asilo;
- los dispositivos de primera acogida y de gestión previstos en los Estados miembros para las personas admitidas en concepto de reinstalación;
- la información a la población local del país de acogida.
Acciones nacionales subvencionables en materia de integración
- las acciones de asistencia social en ámbitos como el alojamiento, los medios de subsistencia, los cuidados médicos y psicológicos;
- la adaptación de los beneficiarios a la sociedad del Estado miembro, también desde una perspectiva sociocultural, y el hecho de compartir los valores contemplados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los derechos y obligaciones de la ciudadanía europea;
- las acciones de promoción para la participación civil y cultural de los beneficiarios;
- la educación, la formación profesional, el reconocimiento de las cualificaciones y títulos;
- las acciones destinadas a hacer más autónomas a estas personas, incluido en un sentido económico;
- las acciones sobre integración de estas personas con la participación de las autoridades locales, el público en general o las asociaciones de refugiados, por ejemplo, a través del voluntariado, el patrocinio, la participación de organizaciones socio-profesionales o sindicales.
Acciones nacionales subvencionables en materia de retorno voluntario
Podrán beneficiarse de un apoyo del Fondo las acciones en materia de retorno voluntario y, en particular:
- la información y los servicios de asesoramiento relativos a las acciones o programas de retorno voluntario;
- la información relativa a la situación en los países o regiones de origen;
- la formación general o profesional y la ayuda a la reinserción;
- las acciones de las comunidades de origen residentes en la Unión Europea con vistas a facilitar el retorno voluntario de las personas contempladas en la presente Decisión.
1. Al margen de las acciones previstas en los artículos 5, 6 y 7, el Fondo podrá financiar asimismo, a iniciativa de la Comisión, y dentro del límite de 10% de sus recursos disponibles, las acciones en materia de política de asilo y medidas aplicables a los refugiados y a las personas desplazadas, innovadoras o de interés comunitario contempladas en el apartado 2.
a) la promoción de la cooperación comunitaria en la aplicación de la legislación comunitaria y las buenas prácticas;
b) el apoyo a la instauración de redes de cooperación transnacionales que faciliten el intercambio de experiencia y buenas prácticas;
c) el apoyo a proyectos piloto innovadores a partir de asociaciones transnacionales concebidas para estimular la innovación y la calidad de la política de asilo;
d) el apoyo a operaciones transnacionales de sensibilización para públicos específicos sobre la política europea de asilo y la situación de las personas contempladas en el artículo 3;
e) el apoyo a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
1. En caso de aplicación de los mecanismos de protección temporal con arreglo a la Directiva 2001/55/CE del Consejo, el Fondo financiará también, fuera de las acciones contempladas en el artículo 4 y de manera adicional a éstas, medidas de emergencia en beneficio de los Estados miembros.
2. En la hipótesis prevista en el apartado 1, las medidas de emergencia subvencionables cubrirán los siguientes tipos de acciones:
MODALIDADES DE ENTRADA EN VIGOR Y DE GESTIÓN
La Comisión será la encargada de la aplicación de la presente Decisión y adoptará cualquier otra modalidad necesaria para ello.
a) adoptará las directrices referentes a las prioridades de los programas plurianuales previstos en el artículo 14 y comunicará a los Estados miembros las dotaciones financieras indicativas del Fondo;
b) en el marco de su responsabilidad en la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas, garantizará la existencia, la pertinencia y el buen funcionamiento en los Estados miembros de sistemas de gestión y de control de manera que los fondos comunitarios sean utilizados de manera regular y eficaz. Esta comprobación incluirá, en concreto, un examen previo documental y sobre el terreno de los procedimientos de aplicación, de los sistemas de control, de los sistemas de contabilidad y de los procedimientos de contratación y concesión de subvenciones utilizados por las Autoridades responsables. La Comisión procederá a toda reconsideración necesaria con motivo de cualquier cambio sustancial de procedimientos o sistemas.
c) se encargará de la aplicación de las acciones comunitarias contempladas en el artículo 8.
a) serán responsables de la aplicación de las acciones nacionales que cuenten con la ayuda del Fondo adoptando las medidas necesarias para garantizar el eficaz funcionamiento del programa a nivel nacional y haciendo partícipes a todas las partes concernidas en el ámbito de la educación, de acuerdo con las prácticas nacionales;
b) establecerán la estructura adecuada, denominada Autoridad responsable para el Fondo Europeo para los Refugiados, encargada de administrar las acciones nacionales apoyadas por el Fondo de acuerdo con la legislación comunitaria aplicable y el principio de buena gestión financiera;
c) asumirán, en primera instancia, la responsabilidad del Control Financiero de las acciones y garantizarán que se aplican algunos sistemas de gestión y control que garanticen una utilización eficaz y regular de los fondos comunitarios. Remitirán a la Comisión una descripción de estos sistemas;
e) cooperarán con la Comisión para el acopio de las estadísticas necesarias para la aplicación del artículo 16.
a) se hará cargo de la difusión de los resultados de las acciones emprendidas en el marco de la fase 2000-2004 del Fondo Europeo para los Refugiados y de las que se deben aplicar en el marco de la fase 2005-2010;
b) se encargará de que las acciones apoyadas por el Fondo sean objeto de una información, publicidad y seguimiento adecuados;
c) garantizará la coherencia global y la complementariedad con otras políticas, instrumentos y acciones comunitarias pertinentes.
1. Cada Estado miembro designará una Autoridad responsable, que será el único interlocutor de la Comisión. Esta autoridad podrá ser el propio Estado miembro o un organismo público nacional o una entidad de derecho privado regulada por el derecho del Estado miembro y encargada de una misión de servicio público. En caso de que el Estado miembro designe una Autoridad responsable que no sea él mismo, fijará todas las modalidades de sus relaciones con dicha autoridad y las relaciones de ésta con la Comisión.
2. El organismo designado como Autoridad responsable deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas:
e) tener una capacidad financiera y de gestión en relación con el volumen de fondos comunitarios que la Autoridad responsable deberá administrar;
3. El Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar una financiación apropiada de la Autoridad responsable, de forma que pueda realizar sus tareas adecuadamente y sin interrupción durante el período 2005 -2010.
4. Las Autoridades responsables deberán, en particular, garantizar las siguientes tareas:
c) organizar los procedimientos de selección y adjudicación de cofinanciaciones del Fondo, en cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de trato y no acumulación;
d) garantizar la coherencia y complementariedad entre la cofinanciación del Fondo y la prevista en el marco de los diferentes instrumentos financieros nacionales y comunitarios pertinentes;
f) desarrollar las actividades relacionadas con la información y la difusión de los resultados;
e) encargarse de la cooperación y conexión con la Comisión y las Autoridades responsables de los otros Estados miembros.
5. Las actividades de las Autoridades responsables vinculadas a la gestión de las acciones aplicadas en los Estados miembros podrán ser financiadas de conformidad con la asistencia técnica y administrativa definida en el artículo 17.
6. La Comisión aprobará, conforme al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 13, las normas relativas a los sistemas de gestión y control de los Estados miembros, incluidas las normas de gestión administrativa y financiera de las acciones nacionales cofinanciadas por el Fondo.
2. En el caso al que se hace referencia en el presente apartado, se aplicarán los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
1. Las acciones en los Estados miembros se ejecutarán a lo largo de dos períodos de programación plurianual de una duración de tres años cada uno (2005-2007 y 2008-2010).
2. Para cada período de programación, y sobre la base de las directrices relativas a las prioridades de los programas plurianuales y las dotaciones financieras indicativas comunicadas por la Comisión y contempladas en el apartado 1 del artículo 11, cada Estado miembro propondrá un proyecto de programa plurianual en el que se recogerán los siguientes elementos:
a) una descripción de la situación actual en el Estado miembro en relación con las condiciones de acogida, los procedimientos de asilo, la integración y la repatriación voluntaria de las personas contempladas en el artículo 3;
b) un análisis de las necesidades en el Estado miembro de que se trate en materia de acogida, procedimientos de asilo, integración y retorno voluntario y la indicación de los objetivos operativos para responder a estas necesidades durante el período cubierto por la programación;
c) la presentación de una estrategia adecuada para alcanzar estos objetivos y la prioridad fijada para su realización, teniendo en cuenta los resultados de la consulta de los socios interesados prevista en el apartado 4 del artículo 12 así como una descripción sucinta de las acciones previstas para cumplir con las prioridades;
3. Los Estados miembros presentarán a la Comisión su proyecto de programa plurianual en los cuatro meses siguientes a la Comunicación por la Comisión de las directrices y dotaciones financieras indicativas para el periodo de referencia.
4. La Comisión aprobará, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 13, los programas plurianuales en los tres meses siguientes a su recepción, después de haber procedido a un examen de las solicitudes a la luz de las orientaciones definidas en las directrices.
1. Los programas plurianuales aprobados por la Comisión son ejecutados mediante programas de trabajo anuales.
2. La Comisión dará a conocer a los Estados miembros, no más tarde del 1 de julio de cada año, una estimación de los importes que se les asignarán para el año siguiente dentro de los créditos globalmente concedidos en el marco del procedimiento presupuestario anual en aplicación de los sistemas de cálculo previstos en el artículo 16.
3. Los Estados miembros presentarán a la Comisión a más tardar el 1 de noviembre de cada año, una propuesta de programa anual para el año siguiente establecido de acuerdo con el programa plurianual aprobado y que incluirá:
a) los criterios de selección de las acciones que se van a financiar en el marco del programa anual;
b) la descripción de las tareas que deberá llevar a cabo la Autoridad responsable para la ejecución del programa anual;
c) el reparto financiero previsto de la contribución del Fondo entre las distintas acciones del programa, así como el importe solicitado de conformidad con la asistencia técnica y administrativa prevista en el artículo 17 para la ejecución del programa anual.
4. La Comisión examinará la propuesta del Estado miembro, teniendo en cuenta el importe definitivo de los créditos asignados al Fondo en el marco del procedimiento presupuestario, y decidirá sobre la cofinanciación por el Fondo, a más tardar el 1 de marzo del año en cuestión. La decisión indicará el importe asignado al Estado miembro así como el período de admisibilidad de los gastos.
1. Cada Estado miembro recibirá de la dotación anual del Fondo un importe fijo de 300.000 euros. Este importe se elevará a 500.000 euros anuales en los años 2005, 2006 y 2007 en el caso de los Estados que se adhieren a la Unión Europea el 1 de mayo 2004.
a) al número de personas admitidas en una de las categorías contempladas en los puntos 1, 2 y 3 del artículo 3, durante los tres años anteriores, para el 35% de su volumen;
b) al número de personas contempladas en los puntos 4 y 5 del artículo 3, registradas durante los tres años anteriores, para el 65 % de su volumen.
3. Las cifras de referencia son las últimas cifras establecidas por la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas de acuerdo con la legislación comunitaria relativa al acopio y al análisis de las estadísticas en el ámbito del asilo.
Una parte de la cofinanciación anual concedida a un Estado miembro puede reservarse para cubrir los gastos de asistencia técnica y administrativa necesarios para la preparación, el control y la evaluación de las acciones.
El importe anual asignado a la asistencia técnica y administrativa no podrá sobrepasar el 5% de la cofinanciación anual total asignada al Estado miembro, aumentado en 30.000 euros.
2. La ayuda financiera procedente del Fondo para las medidas de emergencia previstas en el artículo 9 estará limitada a una duración de seis meses y no podrá superar el 80% del coste de cada medida.
3. Los recursos disponibles se distribuirán entre los Estados miembros en función del número de personas que se benefician en cada Estado miembro de la protección temporal contemplada en el apartado 1 del artículo 9.
4. Se aplicarán los apartados 1 y 2 del artículo 19 y los artículos 20 y 22 a 25.
2. Las acciones cofinanciadas por el Fondo no podrán optar a una financiación por parte de otras fuentes a cargo del presupuesto comunitario.
4. La contribución comunitaria a las acciones que reciben la ayuda no podrán superar:
a) en el marco de las acciones aplicadas en los Estados miembros previstas en los artículos 5, 6 y 7, el 50 % del coste total de una acción específica. Esta proporción podrá elevarse al 60% en el caso de acciones especialmente innovadoras o que son objeto de asociaciones transnacionales y al 75% en los Estados miembros que dependen del Fondo de Cohesión;
b) en el marco de las convocatorias de propuestas, de conformidad con las acciones comunitarias previstas en el artículo 8, al 80% del coste total de una acción específica.
5. Por regla general, las ayudas financieras comunitarias concedidas para proyectos en el marco del Fondo se concederán para un período máximo de tres años, previa revisión periódica de los logros realizados.
2. Para poder recibir el apoyo del Fondo, el gasto deberá haber sido efectivamente desembolsado, pero nunca antes del 1 de enero del año al cual se refiere la decisión de cofinanciación de la Comisión prevista en el apartado 4 del artículo 15.
3. La Comisión adoptará, de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 13, las normas relativas a la admisibilidad de los gastos en el marco de las acciones ejecutadas en los Estados miembros contempladas en los artículos 5, 6 y 7 y cofinanciadas por el Fondo.
Los compromisos presupuestarios comunitarios se contraerán anualmente sobre la base de la decisión de cofinanciación adoptada por la Comisión contemplada en el apartado 4 del artículo 15.
1. La Comisión abonará la contribución del Fondo a la Autoridad responsable de acuerdo con los compromisos presupuestarios.
3. Se desembolsará una segunda prefinanciación en un plazo no superior a los tres meses a partir de la aprobación por la Comisión de un informe relativo a la ejecución del programa de trabajo anual, así como una declaración de gastos en la que conste un nivel de gastos que represente al menos el 70% del importe de la primera prefinanciación desembolsada. El importe de la segunda prefinanciación desembolsada por la Comisión no excederá el 50% del importe total asignado en la decisión de cofinanciación o, en todo caso, el saldo entre el importe de los fondos comunitarios efectivamente adoptados por el Estado miembro en beneficio de las acciones seleccionadas en el marco del programa anual y el importe de la primera prefinanciación desembolsada.
4. El pago del saldo o la solicitud de reembolso de las sumas pagadas de conformidad con las prefinanciaciones que superen los gastos finales aprobados con cargo al Fondo se efectuará en un plazo que no será superior a los tres meses después de la aprobación por la Comisión del informe final de ejecución y la declaración de gastos finales del programa anual prevista en el apartado 3 del artículo 23 y en el apartado 2 del artículo 27.
1. En todos los gastos que la Autoridad responsable declare a la Comisión, garantizará que los programas nacionales de ejecución se administran de acuerdo con el conjunto de la normativa comunitaria aplicable y que los fondos se utilizan de acuerdo con los principios de buena gestión financiera.
2. Las declaraciones de gastos serán certificadas por un servicio o un órgano funcionalmente independiente de la Autoridad responsable.
3. En los nueve meses siguientes a la fecha fijada por la decisión de cofinanciación para la ejecución de los gastos, la Autoridad responsable transmitirá a la Comisión una declaración final de gastos. Si esta declaración no ha sido transmitida a la Comisión en dicho plazo, ésta procederá automáticamente al cierre del programa y a la liberación de los créditos correspondientes.
1. Sin perjuicio de la responsabilidad de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas, los Estados miembros asumirán en primera instancia la responsabilidad del control financiero de las acciones. A tal efecto, adoptarán en particular las siguientes medidas:
a) llevarán a cabo, a partir de una muestra apropiada, controles de las acciones referentes al 10% como mínimo de los gastos totales subvencionables para cada programa anual de aplicación y sobre una muestra representativa de las acciones aprobadas. Los Estados miembros garantizarán una separación adecuada entre estos controles y los procedimientos de aplicación o de pago relativo a las acciones;
b) investigarán, detectarán y perseguirán las irregularidades, y las comunicarán a la Comisión, a la que tendrán informada de la evolución de las diligencias administrativas y judiciales;
c) cooperarán con la Comisión para garantizar una utilización de los fondos comunitarios conforme al principio de la buena gestión financiera.
2. Los Estados miembros procederán a las correcciones financieras requeridas en relación con la irregularidad constatada teniendo en cuenta su carácter individual o sistémico. Las correcciones financieras consisten en una supresión de la totalidad o parte de la contribución del Fondo a las acciones en cuestión y darán lugar, en caso de que no se proceda al reembolso en el momento de la fecha de vencimiento fijada por el Estado miembro, al pago de los intereses de demora, al tipo previsto en el apartado 4 del artículo 25.
3. La Comisión aprobará, de conformidad con el procedimiento previsto por el apartado 2 del artículo 13, las normas y los procedimientos para las correcciones financieras efectuadas por los Estados miembros en el marco de las acciones a las que se hace mención en los artículos 5, 6 y 7, ejecutadas por éstos y cofinanciadas por el Fondo.
1. Sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas ni de los controles efectuados por los Estados miembros de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, los funcionarios o agentes de la Comisión podrán efectuar controles in situ mediante muestreo de las acciones financiadas por el Fondo y de los sistemas de gestión y control con un preaviso de un día laborable como mínimo. La Comisión informará de ello al Estado miembro en cuestión con el fin de obtener toda la ayuda necesaria. Podrán participar en estos controles funcionarios o agentes del Estado miembro de la Comisión.
La Comisión podrá solicitar al Estado miembro de que se trate que efectúe un control sobre el terreno para comprobar la regularidad de una o varias operaciones. En estos controles podrán participar funcionarios o agentes del Estado miembro.
2. Si, después de haber procedido a las comprobaciones necesarias, la Comisión concluyera que un Estado miembro no se ha ajustado a las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 24, la Comisión suspenderá los pagos de las prefinanciaciones o el pago final relativo a las cofinanciaciones del Fondo para los programas anuales correspondientes en los siguientes casos:
(a) si un Estado miembro no ejecuta las acciones tal como viene definido en la decisión de cofinanciación, o;
(b) si una parte o la totalidad de la cofinanciación por el Fondo de una o más acciones no está justificada;
(c) si se detectan insuficiencias graves en los sistemas de gestión y control que podrían dar lugar a irregularidades de carácter sistémico.
En estos casos, la Comisión pedirá al Estado miembro, indicando sus motivos, que presente sus observaciones y, cuando proceda, efectuará las posibles correcciones en un plazo determinado.
3. Al expirar el plazo fijado por la Comisión, en ausencia de acuerdo y si el Estado miembro no efectuó las correcciones y teniedo en cuenta sus posibles observaciones, la Comisión podrá decidir, en el plazo de tres meses:
(a) reducir el pago de las prefinanciaciones o el pago final, o;
(b) suprimir la totalidad o parte de la contribución del Fondo a las acciones en cuestión.
En caso de que no se tomara la decisión de actuar según lo dispuesto en las letras a) o b), la suspensión de los pagos finalizará inmediatamente.
4. Toda suma que deba recuperarse o dé lugar a la devolución de las sumas pagadas deberá ser devuelta a la Comisión. En caso de no devolución en la fecha de vencimiento fijada por la Comisión, ésta aumentará la suma adeudada añadiendo un interés de demora al tipo aplicado por el Banco Central Europeo en sus operaciones principales de refinanciación en euros incrementado en tres puntos y medio. El tipo de referencia al cual se aplica el aumento es el tipo vigente el primer día del mes de la fecha límite de pago, publicado en el Diario Oficial serie C de la Unión Europea.
5. La Comisión decidirá, de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 13, las normas de desarrollo de la presente Decisión relativas a los procedimientos de corrección financiera en el marco de las acciones emprendidas en los Estados miembros contempladas en los artículos 5, 6 y 7 y cofinanciadas por el Fondo.
2. El Fondo será objeto de una evaluación periódica, realizada por la Comisión en cooperación con los Estados miembros, sobre la pertinencia, la eficacia y el impacto de las acciones aplicadas en relación con los objetivos contemplados en el artículo 1. Esta evaluación se referirá también a la complementariedad entre las acciones aplicadas en el marco del Fondo y las que dependen de otras políticas, instrumentos y acciones comunitarias pertinentes.
A tal efecto, los acuerdos y contratos que celebre para ejecutar las acciones incluirán cláusulas relativas a la obligación de rendir cuentas periódicamente mediante un informe detallado sobre la situación de la ejecución de la acción y el cumplimiento de los objetivos que se le hubieren asignado.
2. En los nueve meses siguientes a la fecha del final de la subvencionabilidad de los gastos fijada por la decisión de cofinanciación relativa a cada programa anual, la autoridad responsable enviará a la Comisión un informe final sobre la ejecución de las acciones y la declaración de gastos finales prevista en el apartado 3 del artículo 23.
b) a más tardar el 30 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2012, un informe de evaluación de los resultados y del impacto de las acciones cofinanciadas por el Fondo.
4. La Comisión presentará al Consejo, al Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de Regiones.
a) a más tardar el 30 de abril de 2007, un informe intermedio sobre los resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del Fondo, acompañado, cuando proceda, de toda propuesta de modificación;
c) a más tardar el 31 diciembre 2012, un informe de evaluación a posteriori.
No obstante lo dispuesto en el artículo 14, se aplicará el calendario siguiente a la ejecución de la programación plurianual durante el período 2005-2007:
a) a más tardar el 31 de enero de 2005, la Comisión comunicará a los Estados miembros las directrices de programación y las dotaciones financieras indicativas de los importes correspondientes;
b) los Estados miembros designarán a la Autoridad responsable nacional a la que se hace mención en el artículo 12 y presentarán a la Comisión la propuesta de programación plurianual para el período 2005-2007 prevista en el artículo 14 a más tardar antes del 15 de marzo de 2005;
c) la Comisión aprobará, de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 13, los programas plurianuales en los dos meses siguientes a partir de la recepción de la propuesta de programa plurianual.
No obstante lo dispuesto en el artículo 15, se aplicará el calendario siguiente a la ejecución del ejercicio 2005:
a) a más tardar el 31 de enero de 2005, la Comisión comunicará a los Estados miembros la estimación de los importes que les conciernen;
b) los Estados miembros presentarán a la Comisión la propuesta de programa anual contemplada en el artículo 15 a más tardar el 1 de junio de 2005; esta propuesta deberá ir acompañada de una exposición de los sistemas de gestión y control aplicados para garantizar una utilización eficaz y regular de los fondos comunitarios;
c) la Comisión adoptará las decisiones de cofinanciación en los dos meses siguientes a la recepción de la propuesta de programa anual tras la verificación de los elementos previstos en la letra b) del apartado 1 del artículo 11.
A propuesta de la Comisión, el Consejo reexaminará la presente Decisión no más tarde del 31 de diciembre de 2010.
Ámbito(s) político(s): Justicia y Asuntos de Interior
Actividad(es): Políticas Comunes en materia de inmigración y asilo
Denominación de la medida: Fondo Europeo para los Refugiados
18 03 03 - Fondo Europeo para los Refugiados
18 03 04 - Medidas de emergencia en caso de afluencia masiva de refugiados
18 01 04 02 - Fondo Europeo para los Refugiados - Gastos de gestión administrativa
18 01 04 03 - Medidas de emergencia en caso de afluencia masiva de refugiados - Gastos de gestión administrativa
2.1 Dotación total de la acción (Parte B): 670,090 millones de EUR en CC (Los créditos relativos al período 2007-2010 se otorgan a título indicativo y deberán ser compatibles con la programación financiera establecida en el marco de las perspectivas financieras con posterioridad a 2006).
Línea 18 03 03 - Fondo Europeo para los Refugiados.
Línea 18 03 04 - Medidas de emergencia en caso de afluencia masiva de refugiados (el importe llevará la mención p.m.)
18 01 04 03 - Medidas de emergencia en caso de afluencia masiva de refugiados - Gastos de gestión administrativa (el importe llevará la mención p.m.)
c) Incidencia financiera global de los recursos humanos y otros gastos de funcionamiento
(véanse los puntos 7.2 y 7.3)
|x| Propuesta compatible con la programación financiera existente para los créditos 2004-2006. Los créditos del período 2007-2010 se ofrecen a título indicativo y deberán ser compatibles con la programación financiera establecida en el marco de las perspectivas financieras con posterioridad a 2006.
| | |Esta propuesta requiere una reprogramación de la rúbrica correspondiente de las perspectivas financieras,
|x| Ninguna implicación financiera (se refiere a aspectos técnicos relacionados con la aplicación de una medida)
Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2005-2010; letra b) del apartado 2 del artículo 63 del TCE.
La aplicación de una política común en materia de asilo prevista en el artículo 63 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, prevé la aplicación de medidas que fomenten un "esfuerzo equitativo entre los Estados miembros en la acogida de refugiados y personas desplazadas y en la asunción de las consecuencias de dicha acogida".
A este respecto, el Fondo Europeo para los Refugiados (FER), creado para su primera fase (2000-2004) en septiembre de 2000, es un mecanismo de apoyo financiero de las acciones de los Estados miembros en favor de los solicitantes de asilo y refugiados o personas que se benefician o que solicitan beneficiarse de una protección subsidiaria o temporal, destinado a los Estados miembros en función de la carga (i.e. el número de personas en estas situaciones) que deben asumir.
Siguiendo las disposiciones del Tratado, el FER para el período 2005-2010 tiene como objetivo mostrar la solidaridad entre la Comunidad y los Estados miembros en la acogida de los solicitantes de asilo (entre 350.000 y 400.000 al año), la integración de las personas que obtienen una protección internacional en la UE (entre 50.000 y 100.000 anuales según los años) y las acciones que alientan el retorno voluntario de las personas bajo protección o de los solicitantes de asilo rechazados (entre 50 y 80% de los casos), todo ello sin olvidar que la legislación comunitaria en materia de asilo y la ampliación supondrán modificaciones estructurales importantes. La aplicación del FER en su segunda fase deberá acompañar la realización de los objetivos definidos en la legislación comunitaria sobre la política común de asilo (Directiva por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros [18], Reglamento "Dublín II" [19], Directivas sobre los procedimientos de asilo [20] y sobre la opción al estatuto de refugiado y la protección subsidiaria [21]), y en una fase posterior, el objetivo de un régimen de asilo europeo común. En este marco, el FER debe permitir, respetando los principios de subsidiariedad y complementariedad, desarrollar, en los estados miembros, medidas para la mejora de la situación de las personas y la eficacia de los sistemas en materia de acogida de los solicitantes de asilo y de las personas que buscan una protección en el territorio de la Unión Europea, la integración de las personas que se benefician de una forma de protección internacional, así como medidas que fomenten el retorno voluntario de estas personas.
[18] Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, DO L 31 de 06/02/2003, p. 18.
[19] Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país.
[20] Propuesta modificada de Directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, COM(2002)326 Final, DO C 291 de 26/11/2002, p. 143.
[21] Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los requisitos y el estatuto al que pueden optar ciudadanos de países terceros y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional, COM (2001) 510 Final, DO C 51 E de 26/02/2002, p.325.
Por otra parte, la experiencia de la situación de los años 1990 en relación con el conflicto en la antigua Yugoslavia y Kosovo requieren la instauración de un mecanismo de apoyo urgente en caso de afluencia masiva de desplazados con el objetivo de garantizar a estas personas, en relación con la legislación comunitaria sobre este tema, un dispositivo de acogida eficaz y humano [22].
[22] Directiva 2001/55/ CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, DOCE n° L 212 de 7.8.2001, p.12.
5.1.2 Disposiciones tomadas en relación con la evaluación ex ante y disposiciones tomadas tras la evaluación a posteriori.
La presente propuesta de Decisión por la que se establece la segunda fase del FER se estableció después de la realización de un estudio minucioso sobre el impacto. Este estudio se basó en los resultados de la evaluación intermedia de la primera fase del FER, realizada en 2003, sobre una consulta pública en la Conferencia organizada por la Comisión el 30 y 31 de octubre de 2003, que reunió a más de 350 participantes implicados en la política de asilo (representantes de las Administraciones nacionales, de las ONG, de las colectividades regionales y locales, de las organizaciones de refugiados) de 15 Estados miembros y de 10 países adherentes. Por otra parte, se dirigió un cuestionario específico a las organizaciones activas en el ámbito de la acogida, la integración y el retorno voluntario de los grupos objetivo del FER, así como a las Administraciones nacionales encargadas de la gestión de las acciones del FER a nivel nacional.
Los resultados del estudio de impacto permitieron, por una parte, validar una serie de hipótesis establecidas en la primera fase del FER:
- criterios de distribución de los fondos entre los Estados miembros, basados en criterios objetivos que reflejan las responsabilidades a las cuales deben enfrentarse los Estados miembros (numerosas personas que se benefician/que solicitan beneficiarse de una forma de protección internacional registradas en el territorio durante los tres últimos años), acompañados de un mecanismo correctivo (importe fijo) destinado a tener en cuenta criterios como la carga relativa (por ejemplo, en relación a la población del Estado miembro, su riqueza, la evolución de su sistema de asilo nacional).
- validez y una buena relación coste-eficacia de un método de gestión en el cual se delegan una serie de tareas a los Estados miembros: evaluación de las prioridades de la acción vinculadas a una evaluación de las necesidades a nivel nacional, la selección de los proyectos apoyados, la gestión financiera de las subvenciones concedidas a los proyectos.
- validez de los grupos destinatarios de acciones y medidas en las cuales estas acciones deben inscribirse: acogida (incluidos acceso y eficacia del procedimiento de examen de la solicitud de asilo), integración de las personas bajo protección en la sociedad del Estado miembro, simplificación del retorno voluntario de los solicitantes de asilo (incluidos los rechazados) y los refugiados.
Los resultados del ejercicio de evaluación intermedio permitió también determinar una serie de orientaciones o propuestas destinadas a mejorar la pertinencia, la eficiencia, la eficacia y la viabilidad del instrumento financiero:
- en primer lugar, un aumento sustancial del presupuesto, que permitiría al instrumento salir de su dimensión "simbólica" en términos de solidaridad comunitaria y producir resultados e impactos significativos no sólo en los grupos destinatarios, sino también en los sistemas. Este aumento viene justificado, por una parte, por la evolución del contexto en términos del número de solicitantes de asilo (aumento medio anual del 13% en el número de solicitantes entre 1998 y 2002), y, por otra parte, por el papel del FER en apoyo de la aplicación de una verdadera política común en materia de asilo (v.gr. normas mínimas en materia de acogida, procedimientos de asilo, derechos y beneficios de las personas bajo protección y retornos voluntarios organizados). En este sentido, el aumento de los fondos asignados al FER debe permitir mejorar la situación de las personas que buscan o que se benefician de una protección internacional, teniendo en cuenta la evolución de los flujos de estas personas y permitiendo cubrir las necesidades inmediatas resultantes de estos cambios. De acuerdo con las estimaciones extraídas de la evaluación intermedia, las acciones desarrolladas en el marco de la primera fase del FER permitieron alcanzar alrededor de un 15% de la población destinataria en relación con la acogida, un 10% en relación con la integración y un 3% en materia de retorno. La segunda fase del FER debe fijarse como objetivo aumentar el impacto en la población destinataria en una media del 30%. El aumento propuesto de los créditos debe también permitir reforzar la calidad y la viabilidad de los sistemas y estructuras en relación con las normas comunes. La evaluación intermedia puso de relieve que el impacto en los sistemas y estructuras son sustanciales cuando los fondos asignados con cargo al FER representan un complemento de más del 10% de las dotaciones nacionales en materia de asilo. Sin embargo, es importante tener en cuenta las diferencias de desarrollo estructural de los sistemas de asilo entre los Estados miembros. En este contexto, las inversiones necesarias para el refuerzo de las capacidades de acogida y de los sistemas en los nuevos Estados miembros vinculados a la aplicación de la nueva legislación comunitaria en materia de asilo, que deberían, con toda probabilidad, constatar un aumento de los flujos, deben poder beneficiarse de un apoyo del FER. Por otra parte, la evaluación de los recursos necesarios debe también concebirse sobre la base de la mejora de los métodos de programación y gestión del FER con el objetivo de maximizar la eficiencia y la eficacia del FER. Por lo tanto, la Comisión considera que un aumento gradual de los créditos para alcanzar, a partir de 2008, los 150 millones de euros anuales permitirá previsiblemente lograr los objetivos de solidaridad, complementariedad y aplicación de las normas comunitarias en materia de asilo;
- una programación más estratégica de las intervenciones del instrumento, en la cual la Comisión debería jugar un papel de liderazgo mayor considerando la adopción del marco reglamentario comunitario en materia de política de asilo;
- por otra parte, la necesidad de tener en cuenta, en los criterios de distribución de los fondos entre los Estados miembros, no sólo a la población destinataria, sino también la necesidad, en particular para los nuevos Estados miembros, de efectuar inversiones estructurales destinadas a garantizar la eficacia de los sistemas nacionales de asilo. La evaluación intermedia analizó la distribución entre los gastos destinados al refuerzo de las estructuras y sistemas y los gastos en apoyo de los individuos. Este análisis destacó una preponderancia de estos últimos, con riesgos de rupturas y precarización por lo que se refiere a la acogida y la integración. Habida cuenta de la situación en los nuevos Estados miembros, todo indica que el refuerzo de los sistemas y estructuras debe ser un aspecto prioritario del nuevo FER -es necesario recordar que este tipo de gastos exige importes más sustanciales que el apoyo a los individuos.
- una programación y un ciclo de vida de los proyectos que permita una mejor utilidad y viabilidad de los resultados por medio de estrategias plurianuales establecidas sobre la base de un proceso de concertación (entre socios nacionales y entre los Estados miembros y la Comisión), permitiendo financiar proyectos estructurales, también sobre una base plurianual. Esta conclusión de la evaluación intermedia está basada en una consulta a los principales socios implicados en la aplicación de proyectos y fue validada con ocasión del ejercicio de análisis en profundidad del impacto causado, tal como se indicaba anteriormente.
- la evaluación intermedia también examinó las Acciones comunitarias del actual FER y, además de constatar una serie de mejoras que deben aportarse en este ámbito, reconoció la utilidad y el valor añadido de este tipo de acciones. Se prestará pues más atención a la dimensión transnacional y al valor añadido comunitario por medio de sistemas de información e intercambios de experiencias y buenas prácticas a escala comunitaria y un mayor apoyo a proyectos transnacionales innovadores. Estos proyectos deberían beneficiarse de una duración más larga (véase más arriba) pero deberán acompañarse de medidas destinadas a difundir los resultados y garantizar la asunción en el "mainstream".
- una delegación de tareas de gestión a los Estados miembros junto con una participación más importante a escala comunitaria (marco financiero y administrativo común, herramientas de gestión comunes), que permita garantizar una aplicación del instrumento en cumplimiento del principio de buena gestión financiera permitiendo al mismo tiempo a los proyectos desarrollar sus acciones en condiciones más favorables. Esta recomendación se enlaza en gran medida con la evaluación intermedia, en la que, a pesar de algunas críticas por la complejidad y la lentitud de los procedimientos, se recoge una petición unánime de un enfoque más proactivo a escala comunitaria.
El Fondo Europeo para los Refugiados es el reflejo del principio de solidaridad y división de las tareas entre la Comunidad y los Estados miembros en el establecimiento de una política de asilo común y, a largo plazo, de un sistema de asilo común.
A este respecto, el 90% de los fondos asignados se distribuirán entre los Estados miembros sobre la base de un importe fijo y del número de personas que pertenecen al grupo destinatario registradas en el territorio del Estado miembro en los tres años anteriores. Los Estados miembros realizarán la programación estratégica de las acciones que el FER debe apoyar sobre la base de un período de tres años. Sin embargo, con el fin de tener en cuenta la anualidad presupuestaria y adaptar la distribución de los fondos a la evolución (a veces rápida) de la situación en cada Estado miembro, la distribución efectiva de los fondos se realizará anualmente sobre la base del presupuesto asignado en el marco del procedimiento presupuestario. Esta asignación anual será objeto de programas anuales nacionales de ejecución.
El 10% restante de los fondos se reservarán a la aplicación a escala comunitaria de acciones destinadas a mejorar la comunicación y la reflexión común de las acciones del FER por medio de reuniones de expertos, intercambio de experiencias y aplicación de proyectos transnacionales innovadores.
Los beneficiarios de las acciones del Fondo Europeo para los Refugiados son:
- beneficiarios finales: solicitantes de asilo (número registrado cada año en la UE -15 : alrededor de 375.000), personas admitidas que deben beneficiarse del estatuto de refugiado, también a través de dispositivos de reinstalación, de una forma de protección subsidiaria o de una protección temporal (número de personas admitidas cada año en la UE -15: alrededor de 30.000). También deben tenerse en cuenta las necesidades específicas de personas especialmente vulnerables (menores no acompañados, mujeres solas con niños, personas mayores, personas minusválidas, personas víctimas de tortura o trato degradante).
- beneficiarios intermedios: servicios de los Estados miembros encargados de la instauración de los dispositivos de acogida, integración y retorno voluntario, incluidos los servicios encargados de los procedimientos de asilo, personal y trabajadores de las ONG y autoridades regionales/locales implicadas en la instauración de los dispositivos de acogida (incluido el procedimiento correspondiente), integración y retorno voluntario.
Las acciones apoyadas por el FER deben perseguir la mejora de las condiciones de acogida, integración y retorno voluntario de los beneficiarios finales en cumplimiento de las condiciones mínimas fijadas por la legislación comunitaria y la mejora asimismo de la capacidad de los sistemas en los Estados miembros y favorecer las asociaciones entre los distintos participantes (servicios del Estado, colectividades territoriales y locales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de refugiados). A escala comunitaria (acciones comunitarias), las acciones deben contemplar la puesta en común y los intercambios de información, los intercambios y transferencias de buenas prácticas (incluidas normas superiores a las normas mínimas definidas en la normativa comunitaria).
Las acciones apoyadas por el FER tomarán la forma de subvenciones concedidas en cumplimiento de las disposiciones relativas a las convocatorias de propuestas o los contratos públicos. Las acciones que se benefician de apoyo deberán inscribirse en el marco de los objetivos estratégicos y operativos definidos en las programaciones plurianuales y los programas anuales.
La contribución comunitaria a los proyectos que se benefician de apoyo no podrán exceder:
- en el marco de las acciones ejecutadas en los Estados miembros, el 50% del coste total de un proyecto específico. Esta proporción puede elevarse al 60% en el caso de proyectos especialmente innovadores o que son objeto de asociaciones transnacionales, y al 75% en los Estados miembros que dependen del Fondo de Cohesión;
- en el marco de las convocatorias de propuestas en virtud de las acciones comunitarias, el 80% del coste total de un proyecto específico.
Por regla general, las ayudas financieras comunitarias concedidas para proyectos en el marco del Fondo podrán abarcar un período máximo de tres años, previo examen periódico de los progresos alcanzados.
La primera fase del FER (2000-2004, Decisión del Consejo 2000/596/CE) se basaba en un sistema de gestión compartida con los Estados miembros. Teniendo en cuenta, por una parte, la diversidad actual de los sistemas de asilo en los Estados miembros y, por otra parte, la necesidad de apoyar iniciativas aptas para producir resultados y efectos en la situación de las personas en los Estados miembros y en los sistemas vinculados a la acogida, la integración y el retorno voluntario, estaría justificada una delegación de algunas tareas de gestión, incluida la ejecución presupuestaria, a favor los Estados miembros en la segunda fase del FER. Además, el aumento sustancial propuesto de los recursos del FER en su segunda fase justifica el mantenimiento de esta delegación.
El examen de los resultados de la primera fase del FER, la necesidad expresada de un mayor papel de la Comisión en términos de planificación y comunicación de la información, así como la entrada en vigor de la normativa financiera (Reglamento Financiero y Normas de desarrollo) en la que se definían más concretamente los métodos de delegación de tareas del poder público a instituciones u organismos externos condujeron a la elección, para la segunda fase del FER, de un método de gestión "compartido" con la delegación de las tareas de gestión a los Estados miembros, que designarán, para la gestión de las acciones del FER, a organismos nacionales públicos o entidades de derecho privado encargadas de una misión de servicio público con las garantías financieras suficientes y respetando las condiciones previstas en las normas de desarrollo (Autoridades responsables FER). Se aumentará el importe concedido en virtud de la asistencia técnica, que estará compuesto de una parte fija (30.000 euros) y de una parte variable, equivalente al 5% de la dotación anual concedida al Estado miembro, y se destinará a cubrir la totalidad o parte de los gastos vinculados a la organización de las convocatorias de propuestas, la selección de proyectos, la gestión administrativa, contractual y financiera de los proyectos, la publicidad y difusión de la información, el control y la evaluación, y los controles y auditoría al primer nivel. Por otra parte, la Comisión desarrollará normas comunes en materia de gestión administrativa y financiera, así como herramientas comunes de gestión.
Esta estructura de gestión responde:
- a una exigencia de coste-eficacia (debido, en particular, a la necesaria adecuación de los programas nacionales a las necesidades constatadas en el sistema nacional de asilo, y a la importancia, para el público destinatario y los beneficiarios de la subvención, de un acceso a la información y a los procedimientos de gestión en su lengua de origen);
- a la orientación tomada a favor de un mayor control, por parte de la Comisión, de la aplicación estratégica y operativa del FER;
- a las dificultades expresadas por algunos Estados miembros en la primera fase del FER, para los cuales las dificultades derivadas de un método de gestión "compartido" eran desproporcionadas con relación a la "ganancia" de la intervención comunitaria y al deseo de la puesta a disposición de las Administraciones nacionales encargadas de la gestión del FER de herramientas de gestión comunes más detalladas (en particular en los nuevos Estados miembros).
A este respecto, la delegación de las tareas de gestión, incluida la financiera, a los Estados miembros, a través de las Autoridades responsables del FER permitirá simplificar el marco de gestión e irá acompañada de una mejor coherencia y una mejor interoperatividad de los sistemas de gestión y de los sistemas de información.
La Comisión gestionará las "Acciones comunitarias" de forma centralizada en cumplimiento de la normativa aplicable (contratos públicos, convocatorias de propuestas).
6.1 Incidencia financiera total en la Parte B (para todo el periodo de programación)
Línea 18 03 03 - Fondo Europeo para los Refugiados
Línea 18 03 04 - Medidas de emergencia en caso de afluencia masiva de refugiados (importe que llevará la denominación p.m.)
6.1.2 Asistencia técnica y administrativa (ATA), gastos de apoyo (GA) y
gastos de TI (créditos de compromiso)
18 01 04 03 - Medidas de emergencia en caso de afluencia masiva de refugiados - Gastos de gestión administrativa (importe que llevará la denominación p.m.)
Los importes corresponden a los gastos totales durante 12 meses de acuerdo con las necesidades de gestión del instrumento a partir de 2008. Las necesidades de recursos administrativos y financieros estarán cubiertas gradualmente mediante la asignación a la Dirección General encargada de la gestión en el marco de los procedimientos anuales de asignación.
Los importes corresponden a los gastos totales de la acción durante 12 meses de acuerdo con las necesidades de gestión del instrumento a partir de 2008.
I. Total anual (7.2 + 7.3) // 3.409.200
III. Coste total de la acción // 17.386.920
En el marco del sistema de gestión previsto, se establecerán algunos formatos estándar mínimos en todos los Estados miembros para la presentación de los proyectos, el control y la evaluación. En este marco, se definirán algunos indicadores comunes para los distintos tipos de acción que deberán reunirse en la presentación de los informes de ejecución de los proyectos.
Del mismo modo, en materia financiera, se desarrollará un sistema común de gestión (con el apoyo de un programa informático común) conjuntamente con los Estados miembros, con el fin de realizar un control en común de la ejecución de los programas y proyectos subvencionados.
Se han previsto varias evaluaciones tanto a nivel nacional como a escala comunitaria. Las evaluaciones se basan en el calendario de la programación plurianual del FER, que reúne dos períodos de programación: 2005-2007 y 2008-2009. A este respecto, el calendario de las evaluaciones previsto en la propuesta de Decisión es el siguiente:
- 31 de diciembre de 2006: informes nacionales de los Estados miembros con una evaluación de la aplicación de las acciones del Fondo. Este informe irá seguido, a más tardar el 30 de abril de 2007, de un informe de evaluación de la Comisión con una síntesis de estas evaluaciones. A la luz del plazo fijado, estos informes se centrarán de manera prioritaria sobre la fase de ejecución de los programas y acciones: es poco probable que una evaluación profunda de los resultados e impactos de las acciones sea posible en dicha fecha. Sin embargo, estos informes son necesarios para la preparación de la segunda fase plurianual del FER (2008-2010).
- 30 de junio de 2009: informes nacionales de los Estados miembros sobre la evaluación de las acciones del Fondo para el período de programación plurianual 2005-2007. Este informe vendrá seguido, a más tardar el 31 de diciembre de 2009, por un informe de evaluación intermedia de la Comisión acompañado de una propuesta relativa a la continuación de las acciones del FER a partir de 2011.
- 30 de junio de 2012 : informes nacionales de los Estados miembros con una evaluación a posteriori de las acciones del Fondo para el período de programación plurianual 2008-2010, y una evaluación global a posteriori de las acciones para todo el período 2005-2010. A este informe le seguirá, a más tardar el 31 de diciembre de 2012, un informe de evaluación a posteriori de la Comisión.
Las evaluaciones, tanto nacionales como a escala comunitaria, se basarán en evaluaciones independientes realizadas según los criterios establecidos por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 26 de la propuesta de Decisión.
Las acciones administradas de manera centralizada directamente por la Comisión (Acciones comunitarias, gastos de asistencia técnica) se ejecutarán de acuerdo con la normativa en vigor tal como se recoge en el Reglamento financiero y sus normas de desarrollo. Los contratos y convenios de subvención utilizados serán los contratos y convenios modelo establecidos por la Comisión, y estará prevista la posibilidad de un control por parte de la Comisión y del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.
Las normas generales de gestión administrativa y financiera de las acciones en los Estados miembros, que serán adoptadas por la Comisión con arreglo al artículo 12 de la propuesta de Decisión de acuerdo con el procedimiento de comitología definido en el artículo 13, incluirán disposiciones específicas en materia de gestión y control de los proyectos por las Autoridades responsables, así como las disposiciones relativas a los controles a posteriori de la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.

References: artículo 10
 artículo 10
 artículo 63
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 53
 artículo 35
 artículo 13
 artículo 42
 artículo 35
 artículo 63
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 19
 artículo 8
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 23
 artículo 27
 artículo 25
 artículo 13
 artículo 24
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 23
 artículo 14
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 26
 artículo 12
 artículo 13