Source: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50067
Timestamp: 2020-02-27 20:31:37+00:00

Document:
Las lenguas indígenas no sólo son formas de comunicación, sino amplios sistemas integrales de codificación de vida y saberes ancestrales.
La diversidad y cultura de los pueblos indígenas son una herramienta central para la toma de decisiones y las propuestas de políticas públicas.
Los fenómenos del racismo y la discriminación obstaculizan el goce y ejercicio de los derechos humanos.
México es un país pluricultural y multiétnico, la situación actual que prevalece respecto de sus pueblos indígenas y afromexicanos se caracteriza por una inadecuada protección integral, plena y efectiva a sus derechos humanos, debido a la falta de reconocimiento como sujetos de derecho público y a pesar de su reconocimiento expreso en el artículo 2° de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Por su parte, los pueblos afromexicanos han reiterado en múltiples espacios de diálogo su reconocimiento constitucional expreso, con su identidad y derechos específicos.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala que “la situación actual de los pueblos indígenas en México refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país”; por lo que se debe dar cumplimiento a la Resolución 33/25 del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
De acuerdo con los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015, elaborados por la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a partir de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, y del criterio “de hogar indígena”, cuantifican una población indígena de 12 millones 25 mil 947 personas, quienes representan el 10.1% de la población total del país; de la cual, 4 millones 623 mil 197 no hablan una lengua indígena y 7 millones 387 mil 341 son personas mayores de 3 años de edad hablantes de lenguas indígenas. El país posee una gran diversidad lingüística, según el INALI, en México existen 11 familias lingüísticas, 68 pueblos originarios, que aportan una armonía que se produce al nombrar las más de 364 lenguas indígenas.
En relación con la población afrodescendiente, según la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI), hasta 1.38 millones de mexicanos se identificaron como afrodescendientes. Representan 1.2% de la población total del país; en esta nación, una de cada 100 personas se considera afrodescendiente. De los casi 1.4 millones de afrodescendientes, 304 274 radican en el Estado de México, 266 163 en Veracruz de Ignacio de la Llave, 229 514 en Guerrero, 196 213 en Oaxaca, 160 353 en Ciudad de México, 76 241 en Nuevo León y 61 140 en Jalisco. Es por ello, que la Organización de las Naciones Unidas ha proclamado el decenio para las personas afrodescendientes de 2015 a 2024, con la finalidad de que todos los países reivindiquen los derechos de estos pueblos.
En la Ciudad de México (CDMX) un millón de personas se reconocen como indígenas, además se hablan 57 de las 68 lenguas originarias del país, así lo reveló el Diagnóstico sobre la población indígenas en la Ciudad de México, la cual ha sido durante mucho tiempo uno de los destinos principales de personas migrantes de origen nacional y extranjero. Se concentran sobre todo en los pueblos originarios de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan; también incluyen migrantes indígenas de estados como Guerrero, Puebla, Veracruz, México y Morelos.
Tomando en cuenta este entorno de pluralidad cultural y las exigencias de estos colectivos, es que la CNDH ha realizado sus actividades de promoción y difusión de los derechos humanos de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, con el objetivo de promover relaciones interculturales de respeto y diálogo, que eviten la comisión de conductas y actitudes de exclusión, discriminación y violencia hacia esos pueblos y sus integrantes, todo ello, en concordancia con los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y para contribuir a una convivencia armónica y a un ambiente de paz. Para la CNDH, la promoción de los derechos humanos permite visibilizar y pretende desmitificar las falsas concepciones que han ubicado a los pueblos como susceptibles de ser a asimilados o integrados a un modelo de nación hegemónico. La CNDH, busca incidir en los procesos que permitan a las personas servidoras públicas en toda la República Mexicana el desarrollo de sus labores de atención a integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con un adecuado conocimiento sobre los derechos que les asisten a estos pueblos y de manera particular en lo relacionado con el derecho a la salud, la educación, la seguridad, el acceso a la justicia y el debido proceso, entre otros. Estas acciones, resultan preventivas y apoyan la construcción de relaciones horizontales, para que las autoridades y las y los servidores públicos revaloren sus funciones a la luz del respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, sin importar sus diferencias culturales, su género o condición socioeconómica, por mencionar algunas.
A partir de la reforma de 2001, las y los indígenas, en lo individual y en lo colectivo, tienen derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos reconocidos en la CPEUM, aunado a ello, las normas internacionales de derechos humanos, reconocen que la vigencia de estos derechos se hará sin discriminación y generando las condiciones materiales, presupuestales y de política pública que garanticen el reconocimiento de sus derechos como pueblos, en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad nacional. A esta situación ha hecho mención la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que el reconocimiento jurídico de la pluralidad de la nación, trae aparejados derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas, cuyo cumplimiento es ineludible para el Estado y sus instituciones, en correlación con las obligaciones contraídas por México en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, coloca al Estado Mexicano y a todas sus instituciones como protectoras y garantes de los derechos humanos reconocidos en la CPEUM y en los tratados internacionales ratificados por el Senado de la República, ya que están obligadas a asumir este compromiso y desarrollar todas sus actuaciones desde el nuevo paradigma que incorpora la perspectiva de los derechos humanos.
El 4 de diciembre de 2018 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Nueva Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la que se define a este Instituto como la autoridad del Poder Ejecutivo Federal para la atención de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, además, entre sus objetivos están el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como su desarrollo integral y sostenible, además del fortalecimiento de sus culturas e identidades. El propio Instituto en su Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, señala como su objetivo Impulsar y garantizar el desarrollo y bienestar integral de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, en el marco de una nueva relación con el Estado mexicano, para el ejercicio efectivo de sus derechos, el aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como el fortalecimiento de sus autonomías, instituciones, culturas e identidades, mediante la implementación de procesos permanentes de diálogo, participación, consulta y acuerdo.
A partir de este panorama, y en conjunción con sus funciones y atribuciones, la CNDH se ha dado a la tarea de dar cumplimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y contribuir a lograr los objetivos ahí planteados, y a realizar la observancia necesaria para lograr que el Estado mexicano adopte los medios idóneos para garantizar el desarrollo pleno de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Es de destacar que la CNDH, realizó en 2018 un curso en línea sobre “Los derechos humanos de los pueblos indígenas”, en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) de la UNAM. Ello con el fin de sensibilizar a la población sobre los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. En el curso se dan a conocer temas básicos en materia de derechos de los pueblos indígenas para fomentar el principio de igualdad y no discriminación. Cabe destacar que tanto el curso, como todas las actividades que realiza la CNDH en esta materia, se rigen con base en los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad.
Así mismo para cumplir con las atribuciones de promoción y difusión de los derechos de las personas indígenas en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de su Cuarta Visitaduría General ha impulsado, la realización de la Escuela Itinerante, con el objeto de dotar de herramientas, información y formación tanto a responsables de diseñar y ejecutar políticas públicas como a personas líderes y defensoras de DDHH de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Según la Encuesta Nacional Indígena, los Mexicanos Vistos por sí mismos. Los Grandes Temas Nacionales, “el 43.2% de las personas entrevistadas opinan que el mayor obstáculo a que se enfrentan las personas por pertenecer a un pueblo originario es a la discriminación. Además, 21.6% considera que hay que tener en cuenta que tanto la pobreza como la marginación son elementos que siempre van acompañados cuando se habla de pueblos indígenas. El 51.2% de las personas encuestadas opina que sí influye el color de la piel en el trato que reciben las personas, en tanto que el 72.2% considera que sí hay racismo en México”. “Las causas más frecuentes para la discriminación varían por sexo, para las mujeres son la apariencia física, las creencias religiosas y el género. Para los hombres, los motivos para ser discriminados son la apariencia física, la manera de hablar y la edad. De las personas encuestadas, 56,5% de hombres dijo haberse sentido discriminado por su apariencia, mientras que el 51,3% de las mujeres expresó el mismo sentimiento”.
En México, con la aparición del término mestizo en el siglo XX, se incrementó la discriminación de la población afrodescendiente o afromexicana, junto con las poblaciones indígenas. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación /ENADIS 2017), los prejuicios y estigmas afectan a un tercio de nuestro país, que cree que la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura. (CONAPRED, 2018)
En los grupos de atención prioritaria, tiene especial consideración la situación de las personas integrantes de pueblos indígenas y afromexicanos que se encuentran en situación de migración, ante la falta de sensibilidad por parte de las personas servidoras públicas y la ausencia de protocolos, manuales o procedimientos definidos para la identificación adecuada y objetiva.
Por lo tanto, como se puede observar hay grupos que viven mayor afectación en el goce y ejercicio de sus derechos por pertenecer a estos grupos. A nivel nacional el 25.4% de la población indígena reportó haber sido discriminada por algún motivo, de igual manera, el 31.2% de las mujeres indígenas trabajadoras del hogar manifestaron que fueron víctimas de discriminación, y ambos sectores de la población la enfrentaron tanto en los servicios médicos, la calle o el transporte público, el trabajo o la escuela. El 23.3% de la población de 18 años y más considera que en los últimos cinco años, se le negó injustificadamente algún derecho; de manera general, destaca la posibilidad de recibir apoyos de programas sociales y la atención médica o medicamentos. (CONAPRED 2018).
Por ejemplo, en materia de salud y bienestar, se ha trabajado con instituciones a nivel nacional, en donde se imparten temas de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres indígenas o jornaleras agrícolas, muchas de ellas en contexto de migración o desplazamientos forzados, se promueve el respeto por la medicina tradicional, la labor de las mujeres parteras indígenas y los derechos de las mujeres indígenas; con el fin de lograr que se atiendan las principales carencias sociales para esta población en el ámbito del derecho humano a la salud. No es un hecho aislado, que de conformidad con el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos, en los últimos seis años se ha visto un incremento considerable del número de quejas recibidas en esta CNDH en contra del sector salud, lo que ha dado lugar a la emisión de recomendaciones específicas y generales por violaciones al derecho a la protección de la salud y por violencia obstétrica.
En materia de seguridad, se han realizado diversas actividades, con la finalidad de dar a conocer los derechos de los pueblos indígenas, la normatividad jurídica que protege sus derechos, las situaciones que con actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden vulnerarse tales derechos o provocar hechos constitutivos de delitos por discriminación, así como para que se conviertan en un cuerpo de seguridad policial respetuoso de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas, es importante mencionar que un gran número de integrantes de estas fuerzas, forman parte de pueblos y comunidades indígenas.Las diferentes condicionantes provocan que grandes contingentes de personas menores de 18 años se integren al mercado laboral desde edades muy tempranas. Situación que violenta la integralidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas.
En México, ha sido un fenómeno constante la presencia de la discriminación racial, a pesar de la existencia de instituciones y organismos dedicados a su erradicación. Continúa arraigada en prejuicios, estereotipos y etiquetas que desvalorizan el color de piel o la etnicidad, es un hecho que el racismo es contrario a los derechos humanos. No obstante, son muchos los beneficios alcanzados con la promoción y difusión de los derechos humanos que han servido para dar a conocer los mecanismos e instancias a las que pueden acudir quienes consideran vulnerados sus derechos. De igual manera, para que las personas servidoras públicas reconozcan los derechos humanos sin distinción de pertenencia étnica, ideología, género, condición social, religión, edad, entre otras, y asuman sus responsabilidades y obligaciones.
Con base en la experiencia que ha dejado la observación e interacción con las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, durante las acciones de promoción y difusión en sus comunidades, ha detectado problemas que afectan y limitan el ejercicio pleno de sus derechos humanos, que, de no atenderse de manera prioritaria y oportuna, pueden derivar en serios conflictos de trascendencia nacional. Algunos de ellos, forman parte de los retos que se tienen en esta materia, debido a que aún prevalece la falta de políticas públicas adecuadas que preserven y protejan la cultura e identidad indígena que se encuentra en peligro, así como su cosmovisión, sus lenguas, territorios culturales, sitios sagrados y patrimonio cultural, por lo que será necesario continuar protegiendo mediante la observancia de la normatividad específica y de la propuesta de modificación de prácticas discriminatorias.
También se abarcó un mayor número de poblaciones indígenas y afromexicanas para brindarles orientación jurídica y para que conozcan los mecanismos e instrumentos jurídicos con que cuentan para hacer valer sus derechos, en condiciones de igualdad ante la ley, y promover que cuenten con personas intérpretes-traductoras y defensoras que reconozcan su cultura y respeten sus sistemas normativos internos como lo manda la CPEUM. Otro reto lo constituye la incidencia en las instituciones de salud para que promuevan políticas de acceso a los servicios y a la cobertura de salud, y consideren brindar la atención mediante personas que hablen la lengua de quienes solicitan el servicio. Al igual que promover atención especializada en materia ginecológica para las mujeres indígenas recluidas en los centros penitenciarios.
En materia educativa, promover que las instancias académicas prevean la educación intercultural y bilingüe en las regiones indígenas para fomentar el uso y práctica de su lengua, cultura y tradiciones. Así como incentivar la utilización de los enfoques de género, para dar mayor reconocimiento a los derechos de las mujeres indígenas, y contribuir a modificar en las comunidades afromexicanas y en las regiones indígenas las situaciones que prevalecen de desigualdad, discriminación y exclusión social hacia este sector.
En materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas es imprescindible crear conciencia entre las instituciones de Estado sobre la importancia del respeto al Derecho a la Consulta de los pueblos indígenas, crear programas y políticas públicas en los que se tome en cuenta los criterios que se han definido para que se lleven a cabo, de igual manera definir los medios e instrumentos que deben utilizarse y las instancias encargadas de verificar que se ejerza de manera, previa, libre, informada y de buena fe, cuando se trate de asuntos que les afecten como pueblo, como comunidad o a sus tierras y territorios, siendo necesario que se expida una Ley sobre Consulta tomando en seguimiento a la Recomendación General 27 “Sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana", emitida por la CNDH el 11 de julio de 2016.
Durante el presente ejercicio, se continuó con actividades que promueven la no discriminación por pertenencia étnica en el desempeño de las funciones de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y se instó a las autoridades competentes a elaborar propuestas de reformas legislativas, económicas y sociales para eliminar la discriminación y fortalecer la protección de los derechos de los pueblos indígenas en lo individual y en lo colectivo. Un reto muy importante es el de impulsar en el país acciones para el reconocimiento de las personas afrodescendientes como un grupo étnico y promover el reconocimiento de sus derechos.
Asimismo, un tema de vital importancia para las comunidades y pueblos indígenas es la tierra, para ellos no sólo es el elemento natural donde pueden vivir y obtener sus alimentos, es también el asiento de su cosmovisión, por eso guardan una relación cultural muy especial con ella. Tanto, que cuando han sido despojados de sus tierras han sufrido invariablemente trastornos en su estructura social que muchas veces se han convertido en etnocidio. Más que tierra es territorio, por eso su reclamo además de un derecho subjetivo conlleva el ejercicio de un poder para seguir siendo pueblos; este hecho contrasta profundamente con la concepción mercantilista que en el mundo occidental se tiene de la tierra, en el cual el argumento de la libertad de acción y la autonomía de la voluntad individual ha servido como elemento para el despojo de los pueblos. En el siglo XIX la legislación agraria se enfocó a fraccionar las tierras comunales de los pueblos para convertirlas en propiedad privada, con lo cual se les dejaba sin espacio donde ejercer el poder, política que se continuó durante el siglo XX, aunque no de manera tan abierta.
La reforma agraria promovida por el Estado mexicano, tan celebrada en todo el continente por su orientación social, no reconoció el carácter colectivo de la propiedad de los pueblos y repartió las tierras según la presión de los grupos sociales más que por el derecho que tenían sobre ellas. La ratificación que en el año de 1990 hizo el Estado mexicano del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales –documento de derecho internacional que entró en vigor al año siguiente y que, por disposición de la Constitución Federal del Estado mexicano, forma parte del derecho interno, con una jerarquía superior a las leyes federales– no resolvió el problema de la falta de reconocimiento de los territorios indígenas, por más que en él se establece una protección especial de las tierras que pertenecen a los pueblos indígenas, así como de los recursos naturales que existen en ellas.
Los efectos que este documento pudo tener se nulificaron en la práctica porque en el año de 1992 el Estado mexicano introdujo modificaciones al marco jurídico agrario con el argumento de dar certeza a la propiedad de la tierra y promover su capitalización. En virtud de esas reformas las tierras ejidales y comunales, hasta entonces consideradas de perspectivas cívicas, derecho social, perdieron parcialmente ese carácter y entraron a la circulación mercantil. Como parte de la certidumbre que el Estado se proponía brindar al campo, se crearon los tribunales agrarios con facultades para dirimir todo tipo de controversias ligadas al campo.
Una de las cualidades de la nueva institución agraria fue que, por fin, después de casi un siglo de luchas campesinas, el Estado mexicano contaba con instituciones donde las y los campesinos podrían acudir para que se resolvieran sus problemas derivados de la tierra aplicando el derecho y dejando atrás las Comisiones Agrarias Mixtas y el Cuerpo Consultivo Agrario, que por estar compuestos por políticos y no por jueces, muchas veces resolvían de acuerdo con intereses de grupo más que conforme a derechos reconocidos. Esto no se ha terminado, pero cuando las y los campesinos ven afectados sus derechos tienen la posibilidad de acudir a la protección de la justicia federal por la vía del amparo.
El problema central con el que las personas indígenas se han encontrado al acudir a los tribunales en busca de justicia es que éstos en su mayor parte siguen aplicando los criterios de la justicia civil y dejan de lado sus sistemas normativos. La Ley Agraria, en su artículo 164, sólo de manera vaga, establece que “en los juicios en que se involucren tierras de los grupos indígenas, los tribunales deberán considerar las costumbres y usos de cada grupo mientras no contravengan lo dispuesto por esta ley ni se afecten derechos de terceros; de igual manera, cuando se haga necesario, el tribunal se asegurará de que integrantes de pueblos indígenas cuenten con personas traductoras”. La primera parte de esta norma jurídica contiene una inconsistencia derivada de referirse a los pueblos indígenas como grupos indígenas y de condicionar la aplicación de los sistemas normativos internos a que no contravengan lo dispuesto en la propia ley, lo cual es difícil que suceda, pues normalmente, por obedecer a realidades distintas, los sistemas normativos internos tienen un sentido diferente al de las leyes estatales.
La CNDH a través de sus visitadores/as adjuntos/as lleva a cabo una investigación exhaustiva y diligente en cada uno de los expedientes, para que más allá de los intereses de las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, o grupos políticos, que en reiteradas ocasiones aparecen como peticionarios, el contacto se efectúe en forma directa con las personas agraviadas, con el propósito de evitar se vulneren sus derechos humanos, concernientes a su tierra y protección de la misma.
A través de las actividades de promoción y difusión sobre Pueblos y Comunidades Indígenas, este Organismo Nacional ha podido percatarse del estado que guardan los derechos de esta población de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad,
La promoción y difusión de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, se ha orientado, durante el presente ejercicio a temas como los derechos de la infancia y la adolescencia indígena, de las personas adultas mayores, los derechos de las mujeres indígenas y la protección de sus derechos especialmente en temas de violencia social e institucional, la participación política en instancias municipales de las mujeres afromexicanas, el reconocimiento del derecho a la consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, sin dejar de lado los temas de acceso a la justicia, así como las condiciones y circunstancias en materia de atención a la salud y la educación que debe atender a la transversalidad de la interculturalidad, la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos como criterios básicos, así como el derecho a la autonomía y libre determinación, el derecho al desarrollo y el reconocimiento de la no discriminación como condición indispensable en la construcción del pleno reconocimiento de todos y cada uno de sus derechos.
Por ello, en las actividades de promoción y difusión se hace énfasis en la especificidad de sus derechos, fundamentalmente en el aspecto tanto individual como colectivo, enunciando las normas nacionales e internacionales que reconocen los estándares existentes en materia de derechos humanos.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos ha manifestado que “las actividades de promoción pueden desempeñar una función importante en la sensibilización del público hacia los derechos humanos y proporcionar notoriedad a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, (INDH) dentro de la comunidad”, además de señalar que “no deben limitarse a un solo tipo de actividad y deberían estudiar cuáles son las que mejor corresponden a sus destinatarios”. Además de mencionar que su “labor se potencia considerablemente con las iniciativas conjuntas y la colaboración en torno a la sensibilización y las actividades didácticas. Estas alianzas contribuyen a garantizar que los esfuerzos realizados logren el máximo impacto”.
A nivel constitucional, en el artículo 1°, párrafo tercero se establece que “[t]odas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…", de ello se sigue que la CNDH, como Organismo Constitucional Autónomo, le corresponde la protección y promoción de los derechos humanos. Por su parte, el artículo 2° constitucional, en su apartado B establece que “[l]a Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de [las personas] indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas…”
Actividades de Promoción de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Se reforzó la difusión del derecho a la consulta previa, libre, informada de buena fe y culturalmente adecuada de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, que participan de manera activa en la vida política del país, con la finalidad de preservar y fortalecer sus instituciones, lenguas, tradiciones y costumbres, tomando en cuenta la connotación dicotómica ya que es colectivo y se vincula intrínsecamente con el derecho a la autodeterminación. Además de que hacen falta mecanismos que hagan posible la materialización del mismo, para llevarlo a la práctica e implementarlo en las instituciones del Estado mexicano. Para 2019, las prioridades del Programa de Promoción y Difusión de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se centraron en la continuidad del trabajo con las personas servidoras públicas, además de incrementar el número de servicios de promoción brindados en comunidades indígenas, así como con instituciones educativas de niveles básico, medio y superior.
En los casos en que se visitó a comunidades indígenas, en las que la mayoría de la población era monolingüe y sólo hablaba una lengua indígena, se desarrollaron las pláticas con el apoyo de personas indígenas de la comunidad, mismas que son enlaces y promotoras de los derechos humanos y que además de fungir como traductoras, son intérpretes que tienen conocimiento de la cosmovisión e identidad cultural de determinada comunidad.
El objetivo es que las personas indígenas reciban información sobre sus derechos, disipen sus dudas y tomen decisiones, con el fin de que estén en posibilidad de hacer valer, así como exigir sus derechos y con ello logren consolidar en lo individual y colectivamente su bienestar y desarrollo político, económico, social y cultural. Así como que las personas servidoras públicas adquieran una sensibilización, concientización y reconocimiento de que, estos colectivos son parte importante y esencial de la nación mexicana.
Por medio de pláticas de sensibilización, conferencias, cursos o talleres, de la realización de foros o eventos de amplia convocatoria así como de la elaboración y distribución de material de difusión en materia de derechos humanos, la CNDH ha llegado a diversos espacios y poblaciones indígenas y afromexicanas, con la encomienda de promover sus derechos, además de acercarles a sus comunidades, los servicios que brinda de orientación y asesoría jurídica.
Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo 267 acciones de promoción en materia de derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, en las que se contó con la participación de 31,104 personas. De las actividades realizadas en este periodo, 59 fueron dirigidas a 1,924 personas servidoras públicas; 70 a 21,014 personas integrantes de comunidades indígenas; 29 más a 1,516 estudiantes de nivel superior; 19 a 1,506 estudiantes de nivel medio superior; y, 90 a 5,144 estudiantes de educación básica. De los temas que se abordaron, destacan: Los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Género y Derechos Humanos, Derechos de las Mujeres Indígenas, Legislación Indígena y Derechos Humanos, Discriminación y Derechos Humanos, La transversalidad de los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad en la protección integral de los derechos de los pueblos indígenas, Los derechos de la niñez indígena, entre otros.
Actividades promocion Fila: Personas servidoras públicasPersonas integrantes de comunidades indígenasEstudiantes de nivel superiorEstudiantes de nivel medio superiorEstudiantes de educación básica
Personas servidoras públicas atendidas por sector
Personas atendidas Fila: Seguridad públicaImpartición de justiciaSistema penitenciarioSaludInstituto de las MujeresOrganismos Públicos de Derechos HumanosOtras personas servidoras públicas
Durante esta gestión se creó en 2018 el Diplomado Escuela Itinerante de Derechos Humanos de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la cual ha permitido la formación, capacitación y fortalecimiento de agentes comunitarios promotores de derechos humanos sobre el acceso y la defensa de los mismos en las diferentes comunidades indígenas.
En este sentido, la Escuela Itinerante preparó a 1,161 personas, de ellas 684 fueron mujeres y 477 hombres. Se transmitieron 28 módulos temáticos desde 18 entidades federativas. Se debe resaltar que entre las y los estudiantes hubo hablantes de 16 lenguas indígenas: chatino, chinanteco, chontal, maya, mazateca, mixe, mixteco, náhuatl, otomí, tepehua, totonaco, tojolabal, triqui, tzeltal, tzotzil y zapoteco.
Este proyecto de la CNDH fue adoptado por 40 instituciones gubernamentales de Derechos Humanos, de la academia y de la sociedad civil, las cuales participaron en estos procesos de formación que se realizaron en las 16 entidades federativas con mayor población indígena, dentro de las cuales se encuentran las comisiones estatales de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Baja California, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz, San Luis Potosí, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Hidalgo; los tribunales superiores de justicia de Quintana Roo, Veracruz, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Yucatán y el Tribunal Electoral de Oaxaca; igualmente, instancias federales y estatales como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de SEGOB; el INALI; la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP; la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca; el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y la Universidad Intercultural del Estado de Puebla.
Esta herramienta pedagógica ha motivado el acercamiento entre personas originarias de pueblos indígenas y afromexicanos a funcionarias y funcionarios públicos, con el objetivo de generar condiciones favorables para el respeto de sus Derechos Humanos. El ciclo formativo está integrado por una sesión introductoria y 17 sesiones temáticas que se desarrollan en 16 sedes diferentes, con la colaboración de organismos de protección de Derechos Humanos e instituciones federales y locales, lo que ha permitido contar con un cuerpo académico especializado para abordar los diferentes temas de la actualidad de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas.
Cabe destacar que este ciclo formativo cuenta con el respaldo de la SEP, por medio de la Dirección de Educación Indígena, lo que permite tener el reconocimiento oficial correspondiente. En ese sentido, se ha cumplido con el objetivo de obtener una amplia e importante formación en los temas que hoy impactan la realidad de estos pueblos y ponen en riesgo la vigencia de sus derechos, y se ha logrado refrendar que a través de la educación se fortalece y empodera a las personas.
En relación con el tema de derechos de las mujeres indígenas, en este periodo inició la Primera Escuela Itinerante de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas, la cual ha logrado acelerar procesos locales de formación en igualdad sustantiva de servidoras y servidores públicos, defensores y defensoras de los Derechos Humanos, académicos y mujeres indígenas, estableciendo una relación de corresponsabilidad con las comisiones estatales de Derechos Humanos, y autoridades municipales y estatales de las entidades con mayor incidencia de violencia contra las mujeres.
A través de la Escuela de Igualdad, este Organismo Nacional ha logrado comenzar a construir un modelo educativo de formación y capacitación con valor curricular, donde los funcionarios públicos fortalecen su compromiso con sus obligaciones para la igualdad y donde las personas y mujeres indígenas y afromexicanas, adquieren conocimientos para la defensa de sus derechos en las instancias competentes.
Esta Escuela de Igualdad ha contribuido también al fortalecimiento de las capacidades institucionales de organizaciones públicas y sociales, para la promoción de la igualdad sustantiva, así como para la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, rurales y afromexicanas, en seis entidades de la República con altos índices de feminicidio. El proceso de desarrollo académico incluye ocho sedes estatales y 9 sesiones temáticas que abordan de manera transversal la igualdad sustantiva, el feminismo, los derechos humanos, la interculturalidad y la perspectiva de género, herramientas teóricas y prácticas, a través de las cuales llevar a cabo análisis e interpretaciones de las problemáticas que enfrentan las mujeres.
A través de las tecnologías para la información y comunicación, el Diplomado Escuela Itinerante de Igualdad de la CNDH ha logrado impactar a más de 609 alumnas y alumnos inscritos que se conectan desde sus comunidades y/o espacios de trabajo para poder obtener los conocimientos que ofrece este programa. Por último, es importante destacar que este ciclo formativo cuenta con el respaldo de la Dirección de Formación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Tema de relevancia
En el tema de las personas jornaleras agrícolas indígenas, las acciones de promoción, ha permitido identificar algunos hechos, situaciones y condiciones que vulneran sus derechos tanto en el ámbito laboral como en el de desarrollo social tanto en entidades receptoras como en las que son expulsoras de esta población; de manera particular se manifiesta la situación los niños y niñas víctimas de situaciones de explotación laboral y en el caso de las mujeres jornaleras, la deficiente atención a su salud y de manera específica de la salud reproductiva y violencia obstétrica.
En materia de educación, la presencia de situaciones distintas asociadas a las condiciones de violencia tanto en educación básica, como en los niveles de educación media y superior, en donde también ha incrementado de manera importante la presencia de situaciones de comercialización de diferentes tipos de droga en las comunidades, así como el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en diferentes espacios de la delincuencia organizada. No obstante, los espacios educativos siguen siendo los que, por su naturaleza, permiten sensibilizar a la población indígena, no solo de forma directa a través del respecto, goce y ejercicio de sus derechos sino también por la influencia social que este sector de la población genera hacia los adultos.
En las actividades de promoción y difusión de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se ha incluido el tema de la discriminación racial y el racismo que provocan procesos de destrucción cultural, así como violaciones a derechos humanos y laceran la dignidad de las personas, retomando un enfoque humanista que incluya en las acciones de política pública la protección de los derechos individuales y colectivos de las poblaciones indígenas y afromexicanas. Primordialmente, el tema de la Discriminación es un elemento que se ha trabajado de forma continua entre las personas servidoras públicas.
Otros temas importantes han sido los relacionados con la protección de la salud, la mortalidad materna y el derecho a la salud intercultural, entre otros, promoviendo la importancia de evitar prácticas que atenten contra los derechos humanos y la dignidad de las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, como lo es la violencia obstétrica, a la vez que se promueve la salud intercultural como elemento esencial en las comunidades y los pueblos.
Importante también es tratar y atender los temas relacionados con la afectación y menoscabo del patrimonio cultural llevado a cabo por empresas nacionales e internacionales de diversos ramos, principalmente de la industria textil, confección de ropa y alimentaria, a través del plagio o reproducción no autorizada del patrimonio cultural material e inmaterial de distintos pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y otras comunidades equiparables. Sobre este tema hace falta avanzar hacia la preservación, salvaguarda y protección de los derechos culturales de las comunidades, a fin de velar por sus derechos a través de modificaciones normativas y practicas institucionales que fomenten, reconozcan y protejan de manera íntegra el patrimonio cultural material e inmaterial.
El tema del desplazamiento forzado de muchos pueblos y comunidades indígenas, a consecuencia del desarrollo de diferentes megaproyectos que se han llevado a cabo tanto por empresas trasnacionales como por el gobierno, afectando la situación y condiciones de las comunidades, y que han propiciado la migración de muchas personas indígenas, además de los graves daños causados a sus tierras y territorios.
El derecho a la consulta previa, libre, informada de buena fe y culturalmente adecuada de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, tiene como finalidad, el que las comunidades participen de manera activa en la vida política del país, para preservar y fortalecer sus instituciones, lenguas, tradiciones y costumbres, tomando en cuenta la connotación dicotómica y colectiva y se vincula intrínsecamente con el derecho a la autodeterminación. Al tiempo que se hace énfasis en la falta mecanismos que hagan posible la materialización de este mecanismo que permita llevar a la práctica la interrelación de las instituciones del Estado Mexicano, con los integrantes de los pueblos y el capital privado en busca de un desarrollo pleno además del bienestar de todas y todos los involucrados.
Como acciones estratégicas emprendidas por la CNDH en relación con la protección a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en México, la Cuarta Visitadora General participó en Reunión de un Grupo de Trabajo para la Consulta del Proyecto del Tren Maya realizada el 3 de enero en la Ciudad de México. En igual sentido participó en Plenaria de Consulta Indígena para definir el Régimen Electoral del Municipio de Oxchuc en Chiapas realizada en esa comunidad el día 5 de enero.
Con el mismo fin, un equipo de trabajo encabezado por la Cuarta Visitadora General, representó a la CNDH fungiendo como observadores en los procesos de consulta de la Planta Termo Eléctrica del Proyecto Integral de Morelos, realizada los días 23 y 24 de febrero. El derecho a la consulta previa, libre, informada y socialmente aceptada de los pueblos y comunidades ha despertado mayor interés recientemente en instancias académicas y organizaciones de sociedad civil, lo que propició la participación de la CNDH representada por la Cuarta Visitadora General en el foro de Derecho a la Consulta realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el 22 de enero; y en igual sentido se participó en el Foro de Consulta con Comunidades Afromexicanas realizado el 20 de febrero por radio UNAM.
La CNDH estuvo representada por la Cuarta Visitadora General como testigo de honor en la firma del pacto de civilidad que se realizó en el Municipio de Oxchuc, Chiapas, actividad realizada el 5 de abril en dicha Tuxtla Gutiérrez. También, la Cuarta Visitadora general en nombre de la CNDH participó en el Foro sobre Vivienda organizado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores realizado el día 11 de abril, donde se expuso el alcance del derecho humano a la vivienda digna. En igual sentido, la CNDH estuvo representada por la Cuarta Visitadora General “Foro Nacional sobre Estado Pluricultural, Derechos Humanos y Patrimonio Biocultural” realizado por el Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM el 24 abril.
La CNDH por medio de la Cuarta Visitaduría General realizó dos foros internacionales sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas. El primero de ellos se realizó los días 16 y 17 de abril y llevó por nombre “Seminario Internacional de Alta Formación sobre el Derecho a la Consulta y al Consentimiento Previo, Libre e Informado de las Comunidades, Pueblos Originarios Y Afrodescendientes” el cual contó con la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil, funcionarios y funcionarias de la administración pública, defensores/as de derechos humanos, Ombudsperson locales, especialistas nacionales e internacionales. El Segundo foro internacional, fue el Encuentro Internacional la Defensa del Patrimonio Cultural como Derecho Colectivo, que se llevó a cabo los días 17 y 18 de mayo, mismo que contó con la participación de pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, organizaciones de la sociedad Civil, organismos de derechos humanos, funcionarios y funcionarias de la administración pública de los tres niveles de gobierno
Personal adscrito a la Cuarta Visitaduría General, participó en representación de la CNDH, como instancia observadora y organismo garante en 25 Foros Regionales del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, celebrados en diversas entidades federativas, de acuerdo con la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2019, con la finalidad de recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre los principios y criterios que habrán de dar contenido a la iniciativa de reforma y consolidar un marco jurídico y alcanzar el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano a partir de 16 ejes temáticos, Principios y Criterios y un Protocolo para desarrollar tal consulta.
El 11 y 12 de octubre, tuvo lugar en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el Foro de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional donde participaron unos 40 líderes y lideresas de los pueblos indígenas: Zapoteco, Mixteco, Hñäñhü, Triqui, Nahua, Maya, Tzotzil, Cucapa, Wixárika y Ch’ol, presentes en ocho estados de la República mexicana. El evento lo realizó la CNDH por medio de la Cuarta Visitaduría General en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit y la Red Iberoamericana de Expertos en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
El día 24 y 25 de octubre se realizó en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el Foro: “Análisis de la Conflictividad y la Intervención en las Comunidades indígenas. En este foro participaron unas 100 personas y tenía el propósito de generar interacción entre autoridades y pueblos y comunidades indígenas con el propósito de identificar lugares y tipos de conflictos que se presentan en diferentes partes de la república mexicana, para finalmente proponer una metodología de intervención en los diferentes conflictos. El evento fue coordinado por la Cuarta Visitaduría General de la CNDH en conjunto con la Comisión para el Dialogo con los Pueblos Indígenas.
Se han realizado reuniones de trabajo en materia de derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas con la finalidad de establecer acuerdos para la realización de eventos de promoción y difusión.
Como parte de las acciones de vinculación se realizaron reuniones de trabajo con diferentes instituciones y organismos de la sociedad civil, que trabajan en favor de esta población objetivo, a fin de concretar acuerdos de colaboración para el desarrollo de acciones de promoción. Durante el periodo que se informa, se realizaron 26 reuniones de trabajo con diferentes instituciones, que a continuación se refieren:
1) Instituto de Especialización del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala
2) Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
3) Secretaría Académica Poder Judicial Estado de Campeche
4) Dirección de Atención Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX
5) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
6) Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato
7) Suprema Corte de Justicia de la Nación
8) Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca
9) Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas (PGR)
10) Comisión de los Derechos Humanos de Chiapas
11) Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México
12) Comisión de los Derechos Humanos de Campeche
13) Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca
14) Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo
15) Secretaría de Marina
16) Comisión de los Derechos Humanos de San Luis Potosí
17) Comisión de Derechos Humanos de Veracruz
18) Comisión de Derechos Humanos de Querétaro
19) Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit
20) Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chihuahua
21) Comisión de Derechos Humanos de Jalisco
22) Comisión de Derechos Humanos de Puebla
23) Procuraduría de Derechos de Guanajuato
24) Unidad de Pueblos y Barrios Originarios Alcaldía Cuauhtémoc
25) Asamblea de Mujeres Indígenas Alcaldía Cuauhtémoc
26) Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala
Como parte de las acciones para la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se diseñó una estrategia para la amplia difusión de sus derechos y los temas asociados con la defensa y protección de los mismos, de tal manera se distribuyen diferentes títulos de materiales de difusión, entre otros folletos, cartillas, trípticos, dípticos y cuadernos de trabajo sobre temas de derechos de las mujeres indígenas, la impartición de justicia para personas indígenas, así como la atención de la salud en comunidades; todos estos materiales están dirigidos a integrantes de pueblos y comunidades indígenas, así como a las personas servidoras públicas de los diferentes ámbitos y niveles de gobierno.
Durante el desarrollo de las diferentes actividades se distribuyeron 51,299 ejemplares de material de difusión entre dípticos, trípticos, cartillas, folletos cuadernillos, cuadernos de trabajo, memoramas y carteles de diferentes títulos y temas.
Quejas en materia de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
1. Trámite y atención de expedientes de queja
Al inicio del año 2019, la Cuarta Visitaduría General tenía un total de 57 expedientes en trámite, los cuales corresponden a 45 expedientes de queja, 4 de Orientación Directa y 8 de Remisión.
Al 31 de diciembre de 2019, se radicaron 60 expedientes de queja, por lo cual sumando los 45 expedientes de queja radicados al inicio de año da un total de 105 expedientes en trámite en esta Visitaduría General.
De los expedientes mencionados en el párrafo anterior, se concluyeron 56, por lo que actualmente se encuentran 49 en trámite.
Asimismo, durante el periodo antes mencionado, la Cuarta Visitaduría General ha recibido 1336 escritos de queja, calificándose de la siguiente manera:
Quejas 60
Remisiones 172
Orientaciones Directas 1104
CONCLUSIONES Fila: EXPEDIENTES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento Interno de esta Comisión Nacional, las causales de conclusión de los expedientes de queja mencionados son las siguientes:
Expedientes concluidos Fila: AcumulaciónDesistimiento del quejosoRecomendaciónOrientaciónDurante el trámite respectivoPor no existir materia
Es importante destacar que los 16 expedientes de queja resueltos durante el trámite, fueron atendidos conforme a los principios de inmediatez, concentración y eficiencia, preponderando la condición de vulnerabilidad de la parte agraviada. Para ello, se privilegia durante la atención de las quejas, el contacto directo con las víctimas, considerando la especificidad de su calidad como persona indígena, ya que en numerosos casos los peticionarios y agraviados habitan en zonas de difícil acceso, o carentes de medios de comunicación.
Por otra parte, se estima conveniente destacar que, al inicio de 2019, se tenían en trámite 7 expedientes de 2017 y 22 de 2018. Actualmente, los 49 expedientes de queja que se encuentran en trámite, se distribuyen de la siguiente manera:
AÑO Fila: AÑO
2. Incidencias de las quejas por entidades federativas
De los 58 expedientes de queja que se radicaron en el periodo en que se informa, se identificó que las incidencias de las mismas ocurrieron en las siguientes entidades federativas:
ENTIDAD FEDERATIVA Fila: ENTIDAD FEDERATIVA
3. Incidencias de las quejas por autoridad
De los 60 expedientes de queja que se radicaron al 31 de diciembre de 2019 tuvieron incidencias las siguientes autoridades:
Autoridad Acumulado
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 8
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 7
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 6
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 5
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 5
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 5
SECRETARIA DE BIENESTAR 4
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 3
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 3
GUARDIA NACIONAL 2
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2
ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LA SSPC 2
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 2
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 2
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 2
SECRETARIA DE ENERGÍA 2
SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS 2
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 2
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 1
DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL ESTADO DE OAXACA 1
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 1
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO 1
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS 1
H. AYUNTAMIENTO DE BOCHIL, CHIAPAS 1
H. AYUNTAMIENTO DE FILOMENO MATA, VERACRUZ 1
H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO 1
HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ" DE LA SECRETARIA DE SALUD 1
PROCURADURÍA AGRARIA DE LA SEDATU 1
REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 2
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 1
SECRETARIA DE ECONOMÍA 1
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 1
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 1
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 1
SECRETARIA DE SALUD 1
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 1
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 1
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 1
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 1
Con relación a los derechos presuntamente vulnerados en las quejas, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, se encuentran como recurrentes el derecho a la seguridad jurídica, derecho a la igualdad, derecho a la libertad, derecho a la integridad y seguridad personal, derecho de petición, derecho al trato digno, derecho a la protección de la salud, derecho a la educación y derecho a la protección del medio ambiente.
DERECHOS Fila: DERECHOS
Respecto de los hechos presuntamente violatorios más vulnerados, de manera enunciativa pero no limitativa, se ubican: faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, acciones y omisiones que transgreden los derechos de los indígenas, y prestar indebidamente el servicio público, violando los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, igualdad y libertad entre otros.
Se estima conveniente puntualizar que en el periodo de referencia se han recibido escritos de queja de las etnias: totonaca, náhuatl, huichol, otomíes, triki, tzotzil, tlapaneca, zapoteca, mixteca, mayo, ikoot, mazateco, raramuri y tzeltal.
Etnia Acumulado
S/D 61
Zapoteca 42
Totonaca 40
Tzotzil 13
Otomie 9
Huichol 6
Lacandona 5
Tzeltal 5
Chichimeca 2
Ikoot 2
Tlapaneca 2
Chool 1
Nasavi 1
Raramuri 1
5. Inicio de oficio y facultad de atracción
En atención a las atribuciones que este Organismo Autónomo tiene conferidas en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º, 6, fracciones II y XVI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 14 y 89 de su Reglamento Interno, en asuntos en los que se ha considerado que por su naturaleza tiene trascendencia en el interés de la entidad federativa e incide en la opinión pública nacional, en el primer semestre de este año, se determinó ejercer la facultad de atracción y el inicio de oficio, en el siguiente caso:
No. Expediente Autoridad Caso Acuerdo
1 CNDH/4/2019/831/Q Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas Conflicto armado entre comunidades indígenas de los Municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas
Inicio de oficio y atracción de queja
CNDH/4/2019/6119/Q
Homicidio de Eulodia Lila Díaz Ortíz, Defensora de Derechos Indígenas, Territorio e integrante del Consejo Indígena de Trueque en el municipio de Santiago Tianquistenco, en el Estado de México.
6. Visitas in situ y acompañamiento en pueblos y comunidades indígenas
En atención a los casos que conoce la Cuarta Visitaduría, en materia de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, durante el periodo en que se informa se realizaron, entre otras, las siguientes acciones:
Núm. Proyecto Fecha Consulta Municipios
Consultados Modalidad de Consulta Autoridad Responsable Participación
1 Aeropuerto Internacional Mixto Civil-Militar en el municipio de Santa Lucía, Estado de México. 10 de marzo 1 Asamblea Comunitaria SEDATU
INPI 450
2 Planta Termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos, en Huexca, Morelos. 23-24 febrero 60 Voto directo, universal y secreto, en 147 módulos en los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala SEGOB
SI: 33,714
NO: 22,355
3 Plan de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec/Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en los estados de Oaxaca y Veracruz 30-31 marzo 47 Asamblea Regional Comunitaria SHCP-INPI 3,450
4 Consulta Libre, Previa e Informada para
LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas Y Afromexicanos
Del 21de junio al 9 de agosto 52 Foro Regional INPI-SEGOB 27,064
Consulta Libre, Previa e Informada para
El Programa de Desarrollo del Tren Maya
15 Asamblea Comunitaria INPI-SEGOB
SEDATUR 224
6 Consulta Libre, Previa e Informada para
El Programa de Desarrollo del Tren Maya 14 y 15 de Diciembre de 2019 15 Asambleas Regionales INPI-SEGOB
FONATUR 3,798
7 Consulta Libre, Previa e Informada para
El Programa de Desarrollo del Tren Maya 15 de Diciembre de 2019 50 Participativa-Ciudadana SEGOB
FONATUR 14,700
8 Programa de Desarrollo Regional 13 de diciembre de 2019 1 Asamblea Regional.
(Ensenada, B.C.) SHCP
9 Programa de Desarrollo Regional 17 de diciembre de 2019 1 Asamblea Regional.
(Guelatao de Juárez, Oaxaca.) SHCP
INPI 220
10 Programa de Desarrollo Regional 17 de diciembre de 2019 1 Asamblea Regional.
(Tekax, Yucatán.) SHCP
INPI 200
11 Programa de Desarrollo Regional 20 de diciembre de 2019 1 Asamblea Regional.
(Tlapa de Comonfort, Guerrero.) SHCP
12 Programa de Desarrollo Regional 20 de diciembre de 2019 1 Asamblea Regional.
(Uruapan, Michoacán)
INPI 180
Durante el periodo de referencia y derivado de la colaboración solicitada por la Secretaría de Gobernación, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos participó como observador en el desarrollo del reinicio de los trabajos de construcción del Tren Interurbano México-Toluca, en el Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, del 12 al 16 de diciembre de 2019, en los 6 principales puntos de conflicto (Rio Hondito y el Caminero; Río Hondito (punto sonorense); El Caminante; La Gasera (km 29 + 300); Puente Salazar (ININ); Valle del silencio, Mirador Valle).
Este Organismo Nacional tiene como tarea sustantiva la protección y defensa de los derechos humanos, por lo que dentro del periodo que se informa se realizaron las siguientes recomendaciones:
NO. RECOMENDACIÓN AUTORIDAD RECOMENDADA CASO
1 11/2019
Sobre el caso de la violación al derecho a la protección a la salud por la inadecuada atención médica de V1, persona indígena mayor en el Hospital Rural IMSS-PROSPERA en Zongolica, Veracruz.
2 32/2019
Gobernador Constitucional de Nayarit
Fiscal General del Estado de Nayarit Sobre el caso de la violación a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, a la verdad, y a recibir atención por su condición de víctimas indirectas, al interés superior de la niñez, en la investigación del homicidio de v1, promotor y defensor indígena de derechos humanos y del sitio sagrado de wirikuta, en el estado de Nayarit.
3 59/2019
Presidencia del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz
Sobre el Recurso de Impugnación presentado por la no aceptación de la Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, por violaciones al derecho humano a la propiedad en agravio de R, persona mayor indígena cometidas por personal del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, Veracruz.
4 71/2019
5 75/2019
SEDATU Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la posesión, legalidad y seguridad jurídica, en agravio de personas indígenas tzeltales posesionarias del terreno nacional Emiliano Zapata II, Municipio Marqués de Comillas, y de V42 y V43 personas mayores posesionarias de los terrenos nacionales “San José”, Municipio la Libertad y “Santa María”, Municipio de Palenque, Chiapas.
Asimismo, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advirtió las omisiones existentes en marcos normativos, así como en los alcances y respuestas de diversas instancias del Estado, con relación a la problemática de la sustracción y la apropiación cultural indebida que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en sus usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, así como, instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales, y que les son inherentes a las comunidades, como parte integral de su patrimonio cultural, a fin de coadyuvar en el diseño y generación de procedimientos y mecanismos idóneos que permitan su efectiva protección, salvaguarda, preservación integral, desarrollo y promoción. Toda vez que esta Comisión Nacional ha observado prácticas ilegitimas e injustas, que desconocen la autoría de los pueblos y comunidades indígenas sobre su patrimonio cultural, afectado sus derechos de creación y recreación, por lo que el 28 de enero de 2019, emitió la Recomendación General 35, "Sobre la protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana", dirigida al: A) Ejecutivo Federal; B) Congreso de la Unión; C) Ejecutivos Locales y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; D) Poderes Legislativos de las Entidades Federativas.
De acuerdo a las facultades que esta Comisión Nacional tiene conferidas en los artículos 15, fracciones IV y XII, 24, fracción I, II, V, y 40, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con los numerales 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, para requerir a las instancias correspondientes que, en el ámbito de sus atribuciones adopten medidas cautelares, respecto a situaciones o condiciones que puedan poner en riesgo o peligro la vida o integridad de las personas[1].
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se han emitido 34 medidas cautelares dirigidas a diversas autoridades del orden federal y estatal, por considerar que en esos casos se actualizaron elementos de gravedad, urgencia y daño irreparable, a fin de salvaguardar los derechos humanos de las personas involucradas. A continuación, se indica en qué expedientes y cuál es el estado que guardan:
No. Expediente Fecha Autoridades
1 Desplazadas y desplazados se instalaron provisionalmente en la casa del jornalero en la Ciudad de Tlapa 17 de enero de 2019 Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero
2 Amenazas por parte del Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) 17 de febrero de 2019 Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero
3 Desaparición de miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)
28 de marzo de 2019 Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
Coordinación Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
4 Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec
V4/18584, 29 de marzo de 2019 Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de SEGOB
Secretaría General de Gobierno del Estado de Veracruz
5 Asesinan a activista indígena en el Estado de México.
V4/18556 de 29 de marzo de 2019 Secretario General de Gobierno del Estado de México
Secretario de Seguridad del Gobierno del Estado de México
Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México.
6 CNDH/4/2019/1532/R
Ampliación de medidas cautelares sobre caso de Amenazas por parte del Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) 25 de abril de 2019 Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero.
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero
7 FOLIO 39506/2019
Caso de Concejal nahua del Consejo Nacional Indígena y Delegado del Congreso Nacional Indígena que fueron privados de la libertad y la vida por grupo “narco paramilitar” en Chilapa de Álvarez, Guerrero. 6 de mayo de 2019 Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero
8 CNDH/4/2019/831/Q
Ampliación de medidas cautelares sobre conflicto social en el municipio de Aldama, Chiapas. Así como del homicidio del síndico municipal de Aldama. 6 de mayo de 2019 Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas
9 FOLIO 41676/2019
Caso del homicidio del líder indígena Leonel Díaz Urbano en Puebla.
10 de mayo de 2019 Secretario de Seguridad del Estado de Puebla
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla
10 CNDH/4/2017/6246/Q
Caso de amenazas en contra de activista Salvador Sánchez en San Pablo Zoquitlán, Puebla.
21 de mayo de 2019 Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla
11 CNDH/4/2019/831/Q
Caso de amenazas en contra del asesor y portavoz de comuneros de Aldama, Chiapas. 28 de mayo de 2019 Fiscalía General del Estado de Chiapas
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas
12 CNDH/4/2019/831/Q
Caso de agresiones en contra de comunidades indígenas del municipio de Aldama, Chiapas. 28 de mayo de 2019 Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas.
13 FOLIO 49618
Caso sobre una ejecución de sentencia en materia agraria sobre restitución de tierras en San Pedro Acatlán, Municipio de San Juan Mazatlán Oaxaca. 5 de junio de 2019 Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca
14 FOLIO 51968/2019
Caso sobre las agresiones de las que fue objeto un abogado indígena e integrante del Centro de Derechos Humanos Ku¿untik. 11 de junio de 2019 Fiscalía General del Estado de Chiapas
15 FOLIO 55708/2019
Caso del homicidio del señor Mario Moreno López en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. 21 de junio de 2019 Fiscalía General del Estado de Chiapas
16 FOLIO: 66285/2019
Caso del homicidio de Salvadora Chávez Rendón en la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 18 de julio de 2019
Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero.
17 FOLIO: 66732/2019
Ataques armados en contra de pobladores de la comunidad de Tula, Chilapa de Álvarez.
18 FOLIO: 66774/2019
Familias desplazadas de la comunidad San José El Bascan, municipio de Salto de Agua, Chiapas. 22 de julio de 2019 Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas
Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas
19 FOLIO: 68033/2019
Lesiones y falta de atención médica para interno del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 “El Amate”, Cintalapa, Chiapas. 24 de julio de 2019 Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas
20 CNDH/4/2019/831/Q
Caso del homicidio de Filiberto Pérez Pérez, así como del conflicto entre pobladores de los municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas. 28 de julio de 2019 Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas
21 CNDH/4/2019/831/Q
Caso de agresiones en contra de comunidades indígenas del municipio de Aldama, Chiapas. 1 de agosto de 2019
Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas
22 FOLIO: 73310/2019
Caso de dos familias que fueron sitiadas por grupos armados, en el municipio de Salto de Agua, Chiapas. 8 de agosto de 2019 Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas
23 CNDH/4/2019/831/Q
Caso de agresiones en contra de comunidades indígenas del municipio de Aldama, Chiapas. 16 de agosto de 2019
24 CNDH/4/2019/2976/R
Caso del desalojo y detención de simpatizantes del "MOCRI CNPA EZ"; en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 25 de abril de 2019 Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas.
25 CNDH/4/2019/9929/Q
Caso relacionado con el desalojo de los parajes de Lomas del Quio, El Coquito, Los Mangales o Palenque, todos pertenecientes al Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán; Oaxaca. 20 de noviembre de 2019 Fiscal General del Estado de Oaxaca
Presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca
26 CNDH/4/2019/831/Q
Caso de agresiones en contra de comunidades indígenas del municipio de Aldama, Chiapas. 31 de octubre de 2019
27 FOLIO: 107727/2019
Caso de privación de la libertad de una mujer indígena por policías comunitarios del Municipio de Malinaltepec, Guerrero 14 de noviembre de 2019 Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero
28 CNDH/4/2018/5864/R
Caso de intento de despojo de terrenos de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. 20 de septiembre de 2019 Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas
29 CNDH/4/2018/854/Q
Caso sobre hechos violentos ocurridos en el Municipio de Oxchuc, Chiapas. 20 de septiembre de 2019 Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas
30 CNDH/4/2019/9345/Q
Caso agrario sobre la ejecución de desalojo de 300 hectáreas al núcleo agrario de San Francisco Cozoaltepec, Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla, Oaxaca 26 de septiembre
2019 Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca
31 FOLIO:92859/2019
Enfrentamiento entre las comunidades La Cañada, El Copal, San Vicente y la Congregación Venustiano Carranza en Bochil, Chiapas con la Guardia Nacional y Policía Municipal. 27 de septiembre de 2019 Comandante de la Guardia Nacional, Secretaría General de Gobierno de Chiapas, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Presidente Municipal de Bochil.
32 CNDH/4/2015/1300/Q
Caso sobre hechos relacionados con la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, en el comunidad de San Francisco Xochicuautla, Municipio de Lerma, Estado de México. 8 de noviembre de 2019 Secretaría General de Gobierno del Estado de México
33 FOLIO: 129597/2019
Situación de los grupos de población tzeltal desplazados en los municipios de Chilón y Sitalá en el estado de Chiapas. 24 de diciembre de 2019 Secretaría General de Gobierno
Ciudadana del Estado de Chiapas
Fiscalía General del Estado de Chiapas.
34 FOLIO: 131385/2019
Personas desplazadas en Pueblo Viejo Municipio de San Francisco del Mar, Oaxaca. 27 de diciembre de 2019 Secretaría General de Gobierno del
[1] Las medidas cautelares tienen un doble carácter, a saber: a) cautelar, y b) tutelar. Respecto al carácter cautelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos. En cuanto al carácter tutelar, las medidas tienen como propósito preservar una situación jurídica.

References: artículo 2
 Resolución 
 artículo 164
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 125