Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-512022422
Timestamp: 2020-07-07 16:05:26+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 259/14 de Corte Constitucional, 23 de Abril de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 512022422
Revisión de constitucionalidad de la ley 1670 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “estatuto y reglamento general de la organización internacional de la policía criminal (interpol)” y el “acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entre la república de colombia y la secretaria general de la organización internacional de la policía criminal (interpol), suscritos respectivamente en viena en 1956 y en lyon, república francesa el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de bogotá, d.c, el 13 de noviembre de 2012. La corte constitucional concluyó que se cumplió en debida forma con los requisitos constitucionales y orgánicos exigidos para la aprobación de las leyes ordinarias. Así mismo, que el estado fue adecuadamente representado en la suscripción de los instrumentos internacionales objeto de examen, como también, que sus estipulaciones son compatibles con la carta política, particularmente con los principios que orientan las relaciones internacionales del estado colombiano, en este caso, en cuanto atañe a la cooperación internacional en materia de investigación y sanción de los delitos. Exequibles, tanto la ley 1670 de 2013, como los instrumentos internaciones que con ella se aprobaron.
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1670 del 16 de julio de 2013, por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y el Acuerdo sobre Privilegios e I. para las Reuniones Estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
Dentro del proceso de revisión de constitucionalidad del Estatuto y Reglamento General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y el Acuerdo sobre Privilegios e I. para las Reuniones Estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.; así como de la Ley 1670 del 16 de julio de 2013, mediante la cual fueron aprobados dichos instrumentos internacionales.
1.2. El Magistrado Sustanciador, mediante auto del 2 de agosto de 2013, avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas estas, a través de providencia del 15 de octubre del mismo año, se ordenó continuar el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al P. de la República, al P. del Congreso de la República, así como a los Ministros de Interior, de Justicia y del Derecho, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional; al igual que al Defensor del Pueblo y al Director General de la Policía Nacional.
De igual modo, se invitó a participar en el proceso de constitucionalidad, a través de concepto técnico sobre la exequibilidad del instrumento internacional y su ley aprobatoria, a las Facultades de Derecho de las Universidades Nacional de Colombia, de los Andes, Libre, J., de Antioquia, del Rosario, de Ibagué y Externado de Colombia; al igual que al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad  Dejusticia y a la Comisión Colombiana de Juristas.
En primer término, el interviniente pone de presente que Colombia ha pertenecido a la Organización Internacional de Policía Criminal  Interpol desde 1954, cuando se instauró el Servicio de Inteligencia Colombiano, adscripción que ha sido continuamente ratificada por diversos Decretos, que han asignado la función de participación en dicho órgano a las distintas entidades que han tenido a cargo los asuntos propios de seguridad. En la actualidad y conforme con lo previsto en el Decreto 216 de 2010, las funciones de representación del país ante Interpol, así como la administración de la Oficina Central Nacional  Interpol, está a cargo de la Policía Nacional. Sobre el particular y habida consideración que el Estatuto y el Reglamento General de Interpol no prevé disposición alguna en materia de suscripción, ratificación o adhesión, el Ministerio explica cómo Colombia es un Estado miembro de la Organización, en los términos del artículo 45 y del Anexo I del Estatuto. Ello implica que  la República de Colombia es actualmente reconocida a nivel internacional como Estado miembro de la INTERPOL a la luz del derecho internacional. Por consiguiente, se precisó surtir el trámite de aprobación interna de los tratados dispuesto en la Constitución Política de 1991. || Es capital diferenciar entre el reconocimiento como Estado miembro de la INTERPOL, a la ausencia de cumplimiento de requisitos internos. Si bien Colombia no los ha cumplido, las condiciones establecidas por el Estatuto y Reglamento General de la Organización Internacional de Policía Criminal  INTERPOL de 1956 para devenir como miembro, fueron observados.
Resalta de ese documento que una vez la Policía Nacional asumió las funciones de cooperación mencionada, las actividades realizadas conjuntamente con Interpol han servido para cumplir diversas funciones en la persecución del delito, como son (i) la publicación y difusión de datos para los sistemas de información policial; (ii) la búsqueda internacional de delincuentes, entre ellos jefes terroristas, de bandas criminales, narcotráfico y de otras formas de delincuencia organizada; (iii) el establecimiento de medidas para cierre de fronteras respectos de dichos delincuentes. Así, el Ministerio resalta como ... Interpol ha significado en el marco de la cooperación internacional, la posibilidad de diversificar las relaciones con los demás países miembros, a partir del conjunto dinámico de las herramientas y servicios que presta la Organización con una gestión institucional efectiva de servicio para el mundo.
En cuanto a la constitucionalidad de los instrumentos objeto de examen, el interviniente expresa que su contenido es compatible con las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional en materia de validez de la cooperación e integración internacional. Luego, explica varios datos sobre la labor de Interpol en Colombia, los cuales no apuntan a justificar la exequibilidad de la norma analizada, sino a mostrar la importancia, en términos de la actividad policial, de la mencionada cooperación multilateral. Así, para concluir el interviniente indica que la norma es exequible en tanto la ley cumplió con los requisitos constitucionales y su contenido material hace parte de la competencia del P. en materia de dirección de las relaciones internacionales.
La intervención es especialmente cuidadosa en identificar los diferentes contenidos normativos del Estatuto y el Reglamento del Interpol, así como el Acuerdo sobre Privilegios e I. (en adelante el Acuerdo). De manera general se considera que estas normas refieren a asuntos eminentemente institucionales sobre el funcionamiento de Interpol y su representación en Colombia, por lo que no plantean mayores inconvenientes sobre su constitucionalidad. No obstante esa compatibilidad, expresa los argumentos siguientes que a juicio de la Corte ameritan tratamiento separado:
3.4.1. En cuanto a la representación del Estado, la Defensoría pone de presente que en el procedimiento resulta atípico, en tanto Colombia había venido sostenido relaciones de cooperación con Interpol desde hace varias décadas, a pesar que no había suscrito ni el Estatuto ni el Reglamento. Con todo, estos compromisos de derecho internacional son asumidos en este momento y la adhesión a los instrumentos fue avalada por el P. de la República, lo que a la luz del derecho internacional público subsana cualquier interrogante sobre la mencionada representación.
3.4.2. La exequibilidad general del Estatuto y el Reglamento se explican en que (i) son reflejo de la cooperación como parte de las relaciones internacionales del Estado; y (ii) la pertenencia a Interpol tiene por objeto cumplir con fines constitucionalmente legítimos, en particular aquellos relativos a la sanción de los delitos más graves, que logran incidencia transnacional, entre ellos el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el lavado de activos. Así, los instrumentos mencionados prevén  finalidades, mecanismos y propósitos [que] son coherentes con los principios que en materia de seguridad pública y de política criminal consagra la Constitución.
3.4.3. El artículo 22 del Estatuto enuncia las funciones del Comité Ejecutivo de Interpol. Entre ellas está la de someter a la consideración de la Asamblea General todo programa de trabajo y todo proyecto que estime conveniente. La Defensoría considera que ese precepto es problemático en términos de responsabilidad del Estado, puesto que una facultad tan amplia podría incluir  proyectos que impliquen obligaciones en cuya definición y alcances no han intervenido los D. que integran la Asamblea General. De allí que requiere a la Corte para que determine al Gobierno una declaración interpretativa sobre el particular, en la que se establezca que  ejercerá su potestad de decisión de manera discrecional con relación a los proyectos elaborados por el Comité Ejecutivo que no sean sometidos a discusión y aprobación de la Asamblea General.
3.4.5. El artículo 41 del Estatuto versa sobre el establecimiento de relaciones entre la Interpol y otras organizaciones internacionales. Al respecto, se indica la Organización podrá asumir misiones encargados por otros organismos o instituciones internacionales, sin precisar cuáles. Sobre el particular, la Defensoría pone de presente que esa indeterminación podría poner en riesgo derechos de nacionales, en virtud de la circulación de datos, informes y otra información en el marco de dichas relaciones entre organismos. De allí que se sugiera que se haga una reserva sobre ese particular.
3.4.6. El artículo 52 del Reglamento prevé las consecuencias que pueden derivarse del incumplimiento por parte de un Estado miembro de sus obligaciones financieras con Interpol. La consecuencia básica es que su derecho a voto quedará suspendido, sin que pueda enviar representantes a reuniones y encuentros de la Organización. La Defensoría considera que lo allí regulado es problemático en términos del derecho al debido proceso, puesto que no prevé una instancia para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa, en la medida que la impugnación que puede llevarse a cabo ante el Comité Ejecutivo de Interpol solo opera después de la imposición de la sanción por parte de la Secretaría General. A este respecto, señala que [s]i bien es atendible la aspiración de que dicho procedimiento sancionador sea ágil y expedito, tal pretensión no debería llevar al extremo de recortar garantías que tienen fundamento en el ordenamiento jurídico internacional de los Derechos Humanos.
En consecuencia, solicita que el Gobierno realice una reserva en el sentido que no avalará sanciones que no estén precedidas de la notificación o comunicación al Estado miembro presuntamente incumplido y hasta el recibo de la respuesta y explicaciones correspondientes que den cuenta de la actualización de sus obligaciones. Solo una vez sean recibidas y evaluadas las antedichas explicaciones, se podrá continuar con el procedimiento sancionatorio, en caso que sea necesario.
3.4.7. El artículo 1° del Acuerdo sobre Privilegios e I. prevé que la inmunidad de jurisdicción en asuntos civiles, administrativos, penales y de ejecución. La Defensoría pone de presente que tal inmunidad debe necesariamente interpretarse en el sentido que (i) no implica impunidad en la comisión de conductas, como lo ha explicado la jurisprudencia constitucional a ese respecto; y (ii) debe estar limitada en el tiempo a la duración de las reuniones esporádicas que la Interpol adelante en el país, sin que puedan comprenderse de manera permanente.
3.4.8. El artículo 2° del Acuerdo estipula la admisión al territorio de las personas relacionadas con las actividades de la Organización. La Defensoría considera que reconocerles fuero diplomático se ajusta a la Constitución y las normas de derecho internacional, salvo en lo que respecta a los familiares de los intérpretes, redactores, observadores y expertos, en donde no encuentra un nexo causal entre la condición de esos familiares y las labores de la Interpol. De allí que solicite de nuevo una reserva que restrinja el fuero diplomático a estas personas, en aras de garantizar la igualdad formal en su concesión.
El S. General de la Policía Nacional solicita mediante documento presentado ante la Corte, la declaratoria de exequibilidad de los instrumentos internacionales y su ley aprobatoria. Para ello, describe sucintamente el trámite legislativo de la iniciativa, con el fin de concluir que se ajustó a la Constitución.
La señora Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué presenta intervención preparada por el profesor J.M.R.A., la cual sustenta la exequibilidad de los tratados objeto de examen, así como de su ley aprobatoria.
Para sustentar la exequibilidad, señala que están acreditadas las condiciones tanto del derecho interno como de derecho internacional que son exigibles para la asunción de compromisos por parte del Estado colombiano. De otro lado, las disposiciones del Estatuto y el Reglamento son de carácter meramente institucional sobre el funcionamiento del Interpol y las instancias que lo conforman, asuntos que en nada se oponen a la Constitución, ni menos inciden en el derecho interno. Finalmente, el Acuerdo sobre Privilegios e I. confiere prerrogativas que son usualmente adscritas a las misiones diplomáticas, por lo que quedan cobijados por el principio de buena fe y pacta sunt servanda. En consecuencia, las normas objeto de examen son por entero compatibles con la Carta Política y especialmente con los principios constitucionales que gobiernan las relaciones internacionales.
La Viceprocuradora General de Nación, encargada de las funciones del Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro del trámite de la referencia, en el que solicitó a la Corte declarar exequible el Estatuto y Reglamento General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y el Acuerdo sobre Privilegios e I. para las Reuniones Estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.; así como de la Ley 1670 del 16 de julio de 2013. Para ello planteó los argumentos siguientes.
4.2. En lo que tiene que ver con el aspecto material, la Vista Fiscal hace un síntesis de las normas objeto de examen, tanto las contenidas en el Estatuto como en el Reglamento y en el Acuerdo sobre Privilegios e I.. A partir de ello, concluye que los objetivos de dichos instrumentos internacionales son coherentes y armónicos con los fines del Estado Social y Democrático de Derecho, así como con las normas constitucionales que regulan las relaciones internacionales de Colombia.
4.4. Frente al Acuerdo de Privilegios e I., el Ministerio Público sostiene que ese instrumento consagra unas prácticas que hacen posible que tanto la Interpol como las misiones de otros Países Miembros, puedan ejercer sus funciones de manera eficaz e independiente. A su vez, trae a colación algunas consideraciones de la jurisprudencia constitucional, con el fin de demostrar que el principio de inmunidad tiene respaldo tanto en la costumbre como en el derecho internacional público. Sin embargo, con base en el mismo precedente, también es claro que esa inmunidad carece de carácter absoluto, por lo que opera exclusivamente en el ámbito de la independencia de los organismos internacionales para cumplir con los objetivos que le son propios, sin que ello desvirtúe o limite la competencia constitucional del Estado de garantizar los derechos y deberes de los habitantes del territorio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó[2] a esta Corporación que el Estatuto y Reglamento General de la Organización Internacional de Policía Criminal  Interpol fue adoptado por la Asamblea General de la Organización en 1956, a partir de la en ese entonces Comisión Internacional de Policía Criminal - CIPC, la cual había sido creada en 1926. A este respecto, la entonces denominada Jefatura del Servicio de Inteligencia Colombiano de la Presidencia de la República, solicitó en 1954 a la CIPC que Colombia fuera admitida como miembro de la Organización, petición que fue respondida favorablemente.
El Ministerio expresa, del mismo modo, que el Estatuto y Reglamento General de Interpol  no contiene disposición alguna en materia de suscripción, ratificación o adhesión a dicho instrumento internacional, por parte de los Estados enlistados en el Anexo I. || Como corolario de lo expuesto, la República de Colombia es actualmente reconocida a nivel internacional como Estado miembro de la INTERPOL, a la luz del derecho internacional. Por consiguiente, se precisa surtir el trámite de aprobación interna de los tratados dispuesto en la Constitución Política de 1991, a saber, la aprobación por parte del Congreso de la República y el examen de exequibilidad que adelanta la Corte Constitucional.
De otro lado, en lo que tiene que ver con el Acuerdo de Privilegios e I., el Ministerio indica que el mismo fue suscrito en nombre y representación de Colombia, por parte del Ministro de Defensa Nacional y de acuerdo con los plenos poderes conferidos por el P. de la República, a través de documento del 8 de noviembre de 2012.[4] Finalmente, el Ministerio expresa que tanto el Estatuto y Reglamento como el Acuerdo mencionado fueron objeto de aprobación ejecutiva por parte del P., la cual consta en documento suscrito el 22 de noviembre de 2012 por el J. de Estado y la Ministra de Relaciones Exteriores.
En este orden de ideas, la Sala encuentra que en el caso particular del Acuerdo sobre Privilegios e I., dicho tratado fue suscrito de conformidad con las disposiciones constitucionales que regulan la celebración de acuerdos internacionales por parte del Estado colombiano. En el mismo sentido, fueron cumplidas las previsiones contenidas en el artículo 7-2 c. de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el sentido que para la adopción y autenticación de un tratado, al igual que para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un acuerdo internacional, se considera que una persona representa a un Estado si se trata de un representante acreditado por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización y órgano.
En segundo lugar, el tratado contentivo del Estatuto y el Reglamento fue objeto de aprobación ejecutiva, lo que valida en cualquier circunstancia la aquiescencia del J. de Estado en la suscripción del tratado. Esta aprobación, además, se complementa con el cumplimiento del requisito constitucional, por parte del P. de la República, de ordenar la remisión del texto correspondiente al Congreso, con el fin que fuera discutido y aprobado, satisfaciéndose con ello lo previsto en los artículos 189-2 y 224 de la Constitución Política.
El expediente legislativo enviado a la Corte por el Congreso de la República demuestra que el proyecto de ley n.° 169/12 Senado, 309/12 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 1670 del 16 de julio de 2013 por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y el Acuerdo sobre Privilegios e I. para las Reuniones Estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012., surtió el siguiente trámite:
2.2.1.3. La ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por la senadora M.A.P.A. y fue publicada en la Gaceta del Congreso 127 del 21 de marzo de 2013.[6]
2.2.1.4. Según certificación suscrita por el S. General de la Comisión Segunda del Senado de la República,[7] el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en primer debate en la sesión del 2 de abril de 2013, según consta en el Acta n.° 26 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 456 del 27 de junio de 2013. Sobre esta actuación, en el acta mencionada se advierte lo siguiente:
Por instrucciones de la señora P., me permito dar lectura y anunciar los proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión.
9.Proyecto de ley número 169 de 2012 Senado,por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General dela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol), adoptado porla Asamblea Generaldela Organización, en su Vigésima Quinta Reunión realizada en Viena, el 1956y el Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entrela Repúblicade Colombia yla Secretaría Generaldela Organización Internacionaldela Policía Criminal(Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
Ponente: honorable S.P.A..
Publicaciones: Texto del proyecto de ley:Gaceta del Congresonúmero 847 de 2012.
Ponencia Primer Debate:Gaceta del Congresonúmero 127 de 2013.
Le informo señora P., que han sido anunciados los proyectos de ley para la próxima sesión.[8]
La señora P.M.A.P.A., informa:
Como se ha terminado el Orden del Día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a partir de las 10:00 a. m., rogándoles el favor colegas que ojalá seamos puntuales, para que podamos aprovechar un poco el tiempo, y salgamos adelante en la discusión de algunos proyectos que no son tan trascendentales, con el tema del Senador G.G., la próxima semana se va a enviar mensaje de urgencia para el tema Acuerdo Asia Pacífico, de tal manera que le rogamos a los ponentes estar muy atentos en la discusión de este proyecto. Muchas gracias a todos y se levanta la sesión.[9]
2.2.1.5. Según la certificación suscrita por el S. de la Comisión Segunda del Senado de la República, citada en el numeral anterior, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 3 de abril de 2013, sesión contenida en el Acta n.° 27 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 456 del 27 de junio de 2013. El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión mediante votación ordinaria. Además, de acuerdo con lo indicado en la mencionada certificación, [l]a proposición final, la omisión de la lectura del articulado, el articulado propuesto, el título del proyecto y el querer que este tenga segundo debate y se convierta en Ley de la República fueron aprobados conforme al artículo 129 del Reglamento del Congreso y/o artículo 1° de la Ley 1431 de 2011 || En relación al quórum se informa que este quedó integrado por once (11) de los trece (13) Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la misma. En el acta correspondiente se acredita dicha actuación del siguiente modo:
Durante el transcurso de la sesión se hacen presentes los honorables Senadores:
M.A.P.A..
El señor S.D.A.G.G., le informa al señor P., que se registra quórum para decidir.
El P., S.M.A.A., informa:
Antes de leer la ponencia con que termina el informe, sometemos a consideración el Orden del Día. ¿Lo apruebala Comisión?
El señor S.D.A.G.G., le informa al P. que los Senadores dela Comisiónsí aprueban el Orden del Día.
El P., S.M.A.A., solicita al señor S. se sirva leer el informe con el cual termina la ponencia.
El señor S.D.A.G.G., procede con la lectura de la proposición final. Por las anteriores consideraciones de conveniencia y de conformidad, propongo darle primer debate ante la honorable Comisión Segunda Constitucional del Senado dela República, al Proyecto de ley número 169 de 2012 Senado,por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General dela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol), adoptado porla Asamblea Generaldela Organizaciónen su Vigésima Quinta Reunión, realizada en Viena en 1956y el Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entrela Repúblicade Colombia yla Secretaría Generaldela Organización Internacionaldela Policía Criminal(Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
Senadora dela República.
Le informo señor P. que está leída la proposición final con que termina el informe de ponencia.
El señor P., S.M.A.A., informa a los Senadores dela C. está a consideración el informe con el cual termina la ponencia. ¿Apruebala Comisiónel informe leído?
El señor S.D.A.G.G., le informa al P., que ha sido aprobado por los Senadores dela Comisiónel informe de ponencia del Proyecto de ley número 169 de 2012 Senado.
El señor P., S.M.A.A., solicita al S. se sirva dar lectura del articulado del proyecto.
El señor S.D.A.G.G., le informa al señor P. que la honorable S.M.A.P., ha solicitado la omisión de lectura del articulado del proyecto.
El señor P., S.M.A.A., le informa ala C. está a consideración la omisión de la lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley número 169. ¿Lo apruebala Comisión?
El señor S.D.A.G.G., ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley número 169 de 2012 Senado.
El señor P., S.M.A.A., solicitó al señor S. se sirva dar lectura al título del Proyecto de ley número 169 de 2012 Senado.
El señor S.D.A.G.G., sí señor P., me permito leer el título del proyecto:Por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General dela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol), adoptado porla Asamblea Generaldela Organizaciónen su Vigésima Quinta Reunión, realizada en Viena en 1956 y elAcuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entrela Repúblicade Colombia yla Secretaría Generaldela Organización Internacionaldela Policía Criminal(Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012, y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
Esta leído el título del proyecto señor P..
El P., S.M.A.A., pregunta a los Senadores dela Comisión: ¿apruebala Comisiónel título del Proyecto de ley número 169 de 2012 leído?
El señor S.D.A.G.G., le informo al señor P. que ha sido aprobado el título del Proyecto de ley número 160 de 2012.
El P., S.M.A.A., pregunta a los Senadores dela Comisión: ¿quiere la C. este proyecto de ley tenga segundo debate?
El señor S.D.A.G.G., le informa al P. que los Senadores dela Comisiónsí quieren que este proyecto de ley tenga su segundo debate enla P.l Senado.
El P., S.M.A.A., nombra como ponente para el segundo debate a la Senadora MyriamParedes. S.S. continúe con el siguiente punto del Orden del Día.[10]
2.2.1.6. La ponencia para segundo debate fue presentada por la senadora M.A.P.A. y fue publicada en la Gaceta del Congreso 186 del 5 de abril de 2013.[11]
2.2.1.7 Según certificación suscrita por el S. General del Senado de la República,[12] el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del 7 de mayo de 2013, según consta en el Acta n.° 58 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 472 del 8 de julio de 2013. Estudiado el texto de la referida acta, se encuentra sobre esta actuación lo siguiente:
Por instrucciones dela Presidenciay, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Sí señor P.. Proyectos para discutir y votar en la próxima sesión plenaria del Senado dela República.
Proyecto de ley número 169 de 2012 Senado,por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General dela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol), adoptado porla Asamblea Generaldela Organizaciónen su vigésima quinta reunión realizada en Viena, en 1956 y el Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las Reuniones Estatutarias entrela Repúblicade Colombia yla Secretaría Generaldela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
Están leídos y anunciados, señor P. los proyectos, para la próxima sesión plenaria del Senado dela República.[13]
En cuanto a la convocatoria para la siguiente sesión de la plenaria del Senado, al finalizar la reunión en comento la mesa directiva indicó que [s]iendo las 11:45 p.m.,la Presidencialevanta la sesión y convoca para el día miércoles 8 de mayo de2013, a las 3:00 p.m.[14]
2.2.1.8. Igualmente, la certificación citada hace constar que el proyecto de ley fue considerado en segundo debate el 8 de mayo de 2013, sesión documentada en el Acta n° 59 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 507 del 22 de julio de 2013. El S. General del Senado hace constar que [e]l mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria, conforme al artículo 129 de la Ley 5 de 1992, y un quórum de 92 de 98 senadores, según el llamado a lista de la sesión plenaria.[15] Sobre el particular, en el acta mencionada se encuentra lo siguiente:
La Presidenciaindica ala Secretaríacontinuar con el siguiente punto del Orden del día.
Proyecto de ley número 169 de 2012 Senado,por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General dela Organización Internacionalde Policía Criminal - Interpol, adoptado por la asamblea general de la organización en su vigésima quinta reunión realizada en Viena, en 1956 y elAcuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entrela Repúblicade Colombia yla Secretaría Generaldela Organización Internacionalde Policía Criminal  Interpol,suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
La Presidenciaconcede el uso de la palabra a la honorable Senadora ponente, M.A.P.A..
Palabras de la honorable S.M.A.P.A..
La Presidenciaindica ala Secretaríadar lectura a la proposición con que termina la ponencia.
La Presidenciasomete a consideración de la plenaria la proposición leída y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
Por solicitud de la honorable S.M.A.P.A.,la Presidenciasomete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado del proyecto y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
La Presidenciasomete a consideración de la plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.
La Presidenciaindica ala Secretaríadar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título delProyecto de ley número 169 de 2012 Senado,por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General dela Organización Internacionalde Policía Criminal - Interpol, adoptado porla Asamblea Generaldela Organizaciónen su Vigésima Quinta Reunión realizada en Viena, en 1956 y el acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entrela Repúblicade Colombia yla Secretaría Generaldela Organización Internacionalde Policía Criminal  Interpol,suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
Leído este,la Presidencialo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros dela Corporaciónel título leído? Y estos responden afirmativamente.
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios,la Presidenciapregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea Ley dela República? Y estos le imparten su aprobación.
La Presidenciaindica ala Secretaríacontinuar con el siguiente proyecto.[16]
2.2.2.1. Para primer debate rindió ponencia el representante O. de J.M., cuya publicación se llevó a cabo en la Gaceta del Congreso 347 del 30 de mayo de 2013.[17]
Hace uso de la palabrala Secretaria Generaldela Comisión Segunda, doctora P.R.A.:
Proyecto de ley número 309 de 2013 Cámara, 169 de 2012 Senado,por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General dela Organización Internacionalde Policía Criminal, Interpol, adoptado porla Asamblea Generaldela Organizaciónen su Vigésima Quinta Reunión realizada en Viena en 1956 y el Acuerdo sobre Privilegios e I. para las Reuniones Estatutarias entrela Repúblicade Colombia yla Secretaría Generaldela Organización Internacionalde Policía Criminal Interpol suscrito en las ciudades de Lion (sic), República Francesa el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
Publicaciones: Ponencia primer debate en Cámara:Gaceta del Congresonúmero 347 de 2013 señor P., este proyecto será discutido y votado en la próxima sesión de Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley en Comisión.[19]
2.2.2.3. Como consta en la certificación citada en el numeral anterior, el proyecto de ley fue considerado y aprobado por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el 6 de junio de 2013, en sesión contenida en el Acta de Comisión No. 33, publicada en la Gaceta del Congreso 627 del 16 de agosto de 2013. Expresa la certificación que la votación se hizo de manera nominal y pública, por solicitud del representante I.C.. Así, tanto la proposición con la que termina el informe de ponencia, como el articulado y el título del proyecto, fueron aprobados con 9 votos por el sí y uno por el no.
Con gusto señor P.. Tercero. Discusión y aprobación de proyectos de ley en primer debate. Este proyecto señor P., fue anunciado en sesión de Comisión el día 4 de junio de 2013.
Proyecto de ley número 309 de 2013 Cámara, 169 de 2012 Senado,por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General dela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol), adoptado porla Asamblea Generaldela Organizaciónen su Vigésima Quinta Reunión realizada en Viena en 1956 y el Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entrela Repúblicade Colombia yla Secretaría Generaldela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
Autores: señora Ministra de Relaciones Exteriores doctoraMaría Á.H.C. el señor Ministro de Defensa Nacional, doctorJuan C.P.B..
Ponente: honorable RepresentanteO. de J.M..
Texto proyecto de ley:Gaceta del Congresonúmero 847 de 2012
Ponencia primer debate Senado:Gaceta del Congresonúmero 127 de 2013
Ponencia segundo debate Senado:Gaceta del Congresonúmero 186 de 2013
Ponencia primer debate Cámara:Gaceta del Congresonúmero 347/132
Ese es el proyecto de ley señor P..
Han sido citados para información como lo ha ordenado el pleno de esta célula la señora Ministra de Relaciones Exteriores quien ha delegado a otro funcionario y el señor Ministro de Defensa Nacional doctor J.C.P.B.. En representación del Ministerio de Defensa Nacional, estarán presentes la doctora D.Q.C., señora V. parala E.P. y el señor B. General J.H.N.R., Director de Investigación Criminal Interpol dela Policía Nacionalde Colombia, quien me informan se encuentran en camino. Ese es el proyecto de ley señor P..
Hace uso de la palabra el señor P. (E) honorable R.E.J.C.M.:
Hace uso de la palabrala Secretaria Generaldela Comisión Segunda, doctora P.R.A.:
Con mucho gusto señor P.. Si me lo permite señor P., me permito registrar la presencia del doctor A.V.O., para un quórum de once (11) honorables Representantes inscritos. Proposición con que termina el informe de ponencia, por lo anterior me permito presentar ponencia positiva y solicito muy respetuosamente a los integrantes dela Comisión SegundaConstitucional de la honorable Cámara de Representantes, se ponga a consideración y se apruebe en primer debate el Proyecto de ley número 309 de 2013 Cámara, 169 de 2012 Senado,por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General dela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol), adoptado porla Asamblea Generalde la Organizaciónen su Vigésima Quinta Reunión realizada en Viena en 1956 y el Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entrela Repúblicade Colombia yla Secretaría Generaldela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
H.R.O. de J.M., R. alaC.A.. Leída la proposición final señor P..
En consideración la proposición leída, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse. Tiene la palabra el doctor I.C..
Hace uso de la palabra el honorable R.I.C.C.:
Buenos días P. y a todos los colegas, las personas que están presentes en el día de hoy, creo que la lucha trasnacional contra el crimen organizado y contra múltiples formas de actividad criminal, no puede ser desconocida ni rechazada y ese no es el sentido de lo que pensamos desde el Polo Democrático, sin embargo son conocidas múltiples críticas a la manera en cómo actúa Interpol internacionalmente, situaciones en las cuales el respeto a los derechos humanos, situaciones en las cuales el atenerse a la legalidad internacional brilla por su ausencia; así que desde esa perspectiva para mí es difícil votar afirmativamente este proyecto y voy a hacerlo de manera negativa, así que P. pido votación nominal con relación a esta iniciativa.
Así se hará doctor C.. Señora Secretaria ponga en consideración la proposición.
Si señor P.. Por el Sí se aprueba la proposición final por el No se niega.
Le informo señor P. que nueve (9) honorables Representantes han votado por el Sí uno (1) No, en consecuencia se ha aprobado P. la proposición final.
Tiene la palabra el doctor O. de J.M. ponente de este proyecto.
Hace uso de la palabra el P. dela Comisión(e) doctor E.J.C.:
Hace uso de la palabrala Secretaria General, doctora P.R.A.:
Me permito informarle que son 3 artículos debidamente publicados enlaGacetadel Congresonúmero 347 de 2013 señor P..
En consideración el articulado leído, continúa la discusión. Doctor A.V. por favor no se retire que estamos en votación. Señora Secretaria llamar a lista para votación nominal.
Sí señor P. vamos a realizar votación nominal, propuesta por el honorable I.C.C.. Por el Sí se aprueba el articulado del proyecto, por el No se niega. Se les ruega a los honorables Representantes, no ausentarse del salón de sesiones porque nos encontramos en votación.
Nueve honorables Representantes han respondido Sí, un voto negativo, en consecuencia se ha aprobado el articulado leído señor P..
Con mucho gusto señor P.,por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General dela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol), adoptado porla Asamblea Generaldela Organizaciónen su Vigésima Quinta Reunión realizada en Viena en 1956 y el Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entrela Repúblicade Colombia yla Secretaría Generaldela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.Ese es el título señor P. para poner en consideración.
En consideración el título leído y la pregunta si quieren que sea ley dela República.
Por el Sí, se aprueba el título leído, por el No se niega y los honorables Representantes también contestan si quieren que sea ley dela R. pase al siguiente debate.
Con gusto P..
Han contestado a lista nueve (9) honorables Representantes por el Sí, señor P., un voto por el No, en consecuencia se ha aprobado el título del proyecto y los honorables Representantes quieren que este proyecto pase al siguiente debate y se convierta en ley dela República.
Se designa como ponente para segundo debate en plenaria de Cámara, al doctor O. de J.M., Representante por Antioquia del Partido Liberal. Contamos con la presencia de la señora V. dela Defensa, ella quiere intervenir. Tiene la palabra doctora con todo gusto.[20]
2.2.2.4. Para segundo debate la ponencia fue presentada por el representante Ó. de J.M., publicándose en la Gaceta del Congreso 398 del 11 de junio de 2013.[21]
2.2.5. De acuerdo con lo certificado por el S. General de la Cámara de Representantes,[22] en sesión plenaria del 18 de junio de 2013 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley. Esta actuación está contenida en el Acta n.° 215 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 751 de 2013.
Dirección dela Presidencia, doctor C.A.A.R.:
Gracias señor S.. Anuncio la conformación dela Comisión Accidentalpara estudiar las 150 proposiciones que han sido presentadas, el doctor P., la doctora F., el doctor R., el doctor D. y el doctor A.D..
D. señora Secretaria, anuncie los proyectos antes de levantar la sesión.
Subsecretaria General, doctora F.M.D.R.:
Señor P., se anuncian los siguientes proyectos para la sesión del día de mañana 19 de junio del 2013.
Proyecto de ley número 309 de 2013 Cámara, 169 de 2012 Senado,por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General dela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol), adoptado porla Asamblea Generaldela Organizaciónen su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y elAcuerdo sobre Privilegios e I. para las Reuniones Estatutarias entrela Repúblicade Colombia yla Secretaría Generaldela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
Señor P., han sido anunciados los proyectos de ley para el día de mañana 19 de junio del 2013, de acuerdo al Acto Legislativo número 1 de julio 3 del 2003 en su artículo 8º.
Dirección dela Presidencia, doctor C.A.A.R.:
Proyecto de ley que está en el lugar número 21, señor S. lo votamos y seguimos con traslados.
S., doctor J.H.M.S., informa:
Por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General dela Organizacióninternacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado porla Asamblea Generaldela Organizaciónen su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y el Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entrela Repúblicade Colombia yla Secretaría Generaldela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol)¿, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de2012¿.
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores doctoraMaría Á.H.C. el Ministro de Defensa doctorJuan C.P.B..
Ponente:Ó. de J.M..
Por lo anterior me permito presentar ponencia positiva y solicito muy respetuosamente a los integrantes dela P. la honorable Cámara de Representantes se ponga a consideración y se apruebe en segundo debate elProyecto de ley números 309 de 2013 Cámara y 169 del 2012 Senado,por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General dela Organiza Internacional de Policía Criminal (Interpol),adoptado porla Asamblea Generaldela Organizaciónen su vigésima quinta reunión, realizada en Viena 1956 y el acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias antela Repúblicade Colombia yla Secretaría Generaldela Organización Internacionalde Policía Criminal Interpol, suscrito en la ciudad de Lyon República Francesa el 26 de Septiembre del 2012 y en la ciudad de Bogotá D.C el 13 de noviembre del 2012.
FirmaÓ. de J.M..
Gracias señor S., en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada, apruebala C.R..
Ha sido aprobada señor P..
Articulado señor S..
En consideración el articulado señor S. anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada, apruebala C.R..
Título del proyecto señor S..
Por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General dela Organizacióninternacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado porla Asamblea Generaldela Organizaciónen su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y el Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entrela Repúblicade Colombia yla Secretaría Generaldela Organización Internacionalde Policía Criminal (Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de2012.
Ha sido leído señor P. el título de este proyecto.
En consideración el título y la pregunta si quierela C. sea ley dela República, anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada, apruebala Cámara.
Ha sido aprobado señor P..
Honorable Plenaria, el doctor C.L.C. me solicita y le quiero consultar ala P. es posible que votemos el Proyecto número 16 en el Orden del Día, que es una enmienda que no tiene ninguna proposición, si está de acuerdola Plenariay señor S. proyectos número 16 en el Orden del Día.
Se deja constancia en el anterior proyecto que la última votación registrada de honorables Representantes fue de 96 Congresistas.[23]
Proyecto de ley Gaceta 847 del 26 de noviembre de 2012
Ponencia para primer debate ante la Comisión Segunda del Senado Gaceta 127 del 21 de marzo de 2013 3 de abril de 2013
Ponencia para segundo debate ante la plenaria del Senado Gaceta 186 del 5 de abril de 2013 8 de mayo de 2013
Ponencia para primer debate ante la Comisión Segunda de la Cámara Gaceta 347 del 30 de mayo de 2013 6 de junio de 2013
Ponencia para segundo debate ante la plenaria de la Cámara Gaceta 398 del 11 de junio de 2013 19 de junio de 2013
2.3.3. La iniciativa fue aprobada en cada uno los debates, tanto en comisiones como en plenarias. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que en cada una de las etapas del trámite legislativo, salvo en lo que respecta a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto fue aprobado por unanimidad y a través de votación ordinaria. Así, aunque el artículo 133 C.P. prescribe que las votaciones de las corporaciones públicas serán nominales y públicas, difirió las excepciones a la Ley. En tal sentido, el artículo 129 R.C., modificado por el artículo 1° de la Ley 1431 de 2011 estipula en su numeral 16 que no se requerirá votación nominal y pública cuando en el trámite del proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros.
Comoquiera que el articulado del proyecto fue aprobado en cada una de las sesiones tanto de las comisiones como de las plenarias por unanimidad su votación queda comprendida en la excepción prevista en el numeral 16 del artículo 129 del Reglamento del Congreso. Lo anterior significa que es posible avalar la votación ordinaria llevada a cabo en el presente trámite legislativo, como una excepción a la votación nominal y pública, teniendo en cuenta que en la verificación de la aprobación del proyecto de ley permite constatar que fue realizada por unanimidad.
Ahora bien, debe resaltarse que en el caso analizado existen suficientes pruebas dentro del trámite acerca de la unanimidad en la votación. N. que en varias de las etapas del trámite se prescindió de la lectura del articulado y que, además, no existió ninguna oposición a la manera cómo se aprobaba la iniciativa.
Lo anterior no quiere decir, en modo alguno, que el requisito constitucional de votación nominal y pública solo sea exigible en aquellos casos en que concurre el requisito de mayoría calificada. En contrario, esa modalidad de votación es la regla general para la aprobación de los proyectos de ley y acto legislativo, solo que opera coetáneamente con el mayor grado de escrutinio que se impone para el control judicial del procedimiento legislativo cuando la Carta Política exige mayoría calificada. En ese último evento, es claro que la validez de la excepción derivada de la votación unánime dependerá de la posibilidad de comprobar que se contó con las mayorías requeridas.
Ahora bien, en el caso de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el anuncio se hizo para una fecha determinable. En efecto, la mesa directiva utilizó la expresión próxima sesión en la cual se discutieran y aprobaran proyectos de ley. Efectivamente, en la sesión siguiente de la Comisión se aprobó el proyecto de ley en esa instancia del trámite legislativo, como se demuestra del consecutivo de actas correspondiente. De allí que se encuentre cumplido con el requisito de anuncio previo en dicho procedimiento.
Aunque en apartado posterior se hará una explicación más extensa acerca del contenido material del Estatuto y el Reglamento de Interpol, así como del Acuerdo sobre Privilegios e I. suscrito por Colombia, la Corte advierte preliminarmente que se trata de instrumentos internacionales destinados a fijar aspectos institucionales y administrativos de Interpol, así como determinar las prerrogativas diplomáticas de sus funcionarios cuando ingresen al territorio nacional y con el ánimo de efectuar actividades propias de esa organización. Estas materias no afectan a las comunidades étnicas, en tanto no están vinculadas con asuntos propios de la definición de su identidad. De allí que el requisito de consulta previa de medidas legislativas de que trata el artículo 6° del Convenio 169 de la OIT, no resulta predicable en el asunto de la referencia.
La Ley 1670 fue sancionada por el P. de la República el 16 de julio de 2013, remitiéndose para su estudio a la Corte el 19 del mismo mes, a través de oficio radicado en esa fecha por la Secretaria Jurídica de la Presidencia,[24] cumpliéndose con ello el término de seis días al que refiere el artículo 241-10 de la Constitución.
En lo que respecta al Acuerdo sobre Privilegios e I., la Corte adelantará un análisis similar, en el cual identificará los estándares fijados tanto por la jurisprudencia constitucional como por el derecho internacional sobre esa materia y, a partir de las reglas que de allí se deriven, decidirá acerca de la exequibilidad del tratado, previa explicación sobre sus contenidos.
Como se expresa en la exposición de motivos y en los diferentes informes de ponencia del proyecto de ley que dio lugar a la norma objeto de análisis, la pertenencia de Colombia a la Organización Internacional de Policía Criminal  Interpol, se justicia en la necesidad de hacer parte de un ente internacional que está enfocado en prestar asistencia a los Estados miembros en materia de previsión y represión del delito, tanto en su faceta nacional como transnacional.
En ese orden de ideas, la Corte ha señalado que que la mutua colaboración y asistencia en materia legal y judicial, el intercambio de información y pruebas, la notificación de actos procesales, la localización e identificación de personas, el traslado de testigos y peritos, la ejecución, en los territorios de los Estados partes, de órdenes judiciales relativas a inmovilización y decomiso de bienes, productos e instrumentos con los que se hayan cometido los delitos, siempre dentro del marco de las limitaciones y condiciones que imponga el ordenamiento jurídico interno de los países signatarios, no sólo constituyen acciones eficaces en un mundo en el que el delito, paralelamente con la economía y el avance tecnológico, presenta una clara y acelerada tendencia a la globalización y a la internacionalización, sino que contribuyen a la realización de los mandatos constitucionales consagrados en los artículos 9, 150-16, 226 y 227 de la C.P.[25]
Este mismo precedente ha puesto de presente que los mencionados mecanismos de cooperación y asistencia, a pesar de su constitucionalidad general, deben cumplir requisitos concretos para su exequibilidad, referidos al respecto de la cláusula general de debido proceso. Sobre este particular, la Corte ha considerado que es constitucional que los tratados de asistencia y cooperación judicial penal prevean instrumentos para que los Estados miembros hagan diversas solicitudes entre sí, la mayoría de las veces referidas al envío de información constitutiva de prueba judicial y la remisión de personas para su asistencia en diligencias, entre otras modalidades de colaboración internacional. Sin embargo, la jurisprudencia ha resaltado que dicha exequibilidad está supeditada a que en el marco del ejercicio de dichas modalidades de cooperación se dé estricto cumplimiento a las diferentes garantías que integran el derecho al debido proceso, comprendido en su carácter sustantivo. A este respecto, en la sentencia C-939/08, al declarar la exequibilidad del Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación Judicial Penal con el Reino de España, se determinó por la Corte que diferentes modalidades de asistencia judicial recíproca eran connaturales con la finalidad del Convenio en estudio, en la medida en que concretan la cooperación judicial internacional en materia penal, para lo cual las actuaciones y gestiones resumidas con anterioridad encuentran su sustento en la soberanía de los dos Estados, en la reciprocidad en los pactos que debe orientar la política exterior colombiana, la realización de la función pública de administrar justicia y la prevalencia de la autonomía de la voluntad de las personas requeridas para que comparezcan. No obstante esa relación soberana entre los Estados contratantes para definir tales cláusulas, no puede perderse de vista que las autoridades colombianas encargadas de ejecutar las formas de asistencia relatadas, deben actuar en total concordancia con los principios del debido proceso que consagra la Constitución y la legislación interna, como aquellos que garantizan la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas de las personas que se vean involucradas, en vigencia de la superioridad de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico como "norma de normas.
De manera preliminar, la Corte advierte que la regulación contenida en el Estatuto de la Organización Internacional de Policía Criminal OIPC  Interpol refiere, en su integridad, a asuntos institucionales y administrativos de ese ente. Normas de esta naturaleza prima facie no generan debate alguno en cuanto a su compatibilidad con la Constitución. Ello debido a que se trata de regulaciones usuales en la conformación de organismos naturales y que en su gran medida no versan sobre asuntos sustantivos sino enteramente procedimentales y dentro del ejercicio de las funciones de asistencia y cooperación judicial, cuya exequibilidad general ha sido explicada en el fundamento jurídico anterior.
Finalmente, la norma que prevé la posibilidad que los Estados designen qué autoridad de policía ejercerá como miembro de Interpol, tiene un carácter enteramente operativo, pues facilita el ejercicio de las actividades de asistencia entre Colombia y dicha Organización. A este respecto debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha determinado que preceptos de esta naturaleza se insertan exclusivamente en el marco del cumplimiento de los fines del ente internacional, sin en que en modo alguno puedan comprenderse como la asignación de las funciones constitucionales de representación del Estado colombiano, las cuales son privativas del P. de la República. Sobre este tópico, al analizar una norma similar la Corte señaló que [l]as facultades definidas en este Acuerdo a favor de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia en modo alguno pretenden sustituir el ámbito político del P. en su calidad de jefe de Estado, ni la específica competencia constitucional que se le atribuye al Primer Mandatario con respecto a la dirección de las relaciones internacionales. En efecto, las funciones instituidas en el tratado objeto de estudio, definen atribuciones a la Fiscalía y al Ministerio en aspectos meramente técnicos e instrumentales, muy diferentes a los explícitamente políticos del P., como puede verse de la naturaleza de las funciones asignadas a tales organismos. ||A juicio de la Corte, en consecuencia, no atenta contra la Carta el reconocimiento por parte de este acuerdo de competencias técnicas e instrumentales a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones pertinentes en materia de cooperación en el ámbito penal, pues se trata de una competencia que se relaciona directamente con las funciones que éstas entidades asumen en el régimen interno y que no comprometen ninguna disposición constitucional, al ajustarse a la legislación nacional.[26]
Los artículos 6° a 14 del Estatuto regulan los aspectos relativos a la Asamblea General. La Asamblea es el órgano supremo de la Organización y está compuesta por los D. delos Estados Miembros (Art. 6°). Cada Estado miembro podrá estar representado por uno o varios D., con un solo jefe de la misión. Debe procurarse que estas delegaciones estén conformadas por altos funcionarios que ejerzan tareas de policía, así como autoridades y especialistas vinculados a la materia policial (Art. 7°).
Conforme al artículo 8°, la Asamblea General tiene como funciones (i) asumir las responsabilidades establecidas en el Estatuto; (ii) establecer los principios y decidir las medidas generales conducentes al logro de los objetivos de la Organización, tal como se enuncian en el artículo 2; (iii) examinar y aprobar el programa de trabajo presentado por el S. General para el año siguiente; (iv) fijar las disposiciones de cuantos reglamentos se estimen necesarios; (v) elegir las personalidades que hayan de asumir las funciones previstas en el Estatuto; (vi) aprobar resoluciones y dirigir recomendaciones a los Miembros sobre las cuestiones que sean de la competencia de la Organización; (vii) determinar la política financiera de la Organización; y (viii) examinar y aprobar los acuerdos concertados con otras organizaciones. A su vez, el artículo 9° contempla la cláusula según la cual los Miembros de Interpol deberán hacer cuanto sea compatible con sus propias necesidades por cumplir las decisiones de la Asamblea General.
Los artículos 15 a 24 prevén las reglas de funcionamiento del Comité Ejecutivo de Interpol. Este Comité está integrado por el P. de la Organización, tres vicepresidentes y nueve vocales. Los mencionados trece integrantes deberán ser nacionales de países diferentes, a partir de un criterio de distribución geográfica equitativa (Art. 15). El P. del Comité y los tres vicepresidentes son elegidos por la Asamblea General por mayoría cualificada y garantizándose que estos dignatarios procedan de continentes distintos (Art. 16). El periodo del P. es de cuatro años y el de los vicepresidentes de tres, sin posibilidad de relección dentro del Comité Ejecutivo. Así mismo, el Estatuto prevé la posibilidad de elegir un cuarto vicepresidente, de manera temporal y con el fin exclusivo de garantizar la equidad en la distribución geográfica (Art. 17). A su vez, los nueve vocales serán elegidos por la Asamblea General por un periodo de tres años, sin posibilidad de relección inmediata en el mismo cargo (Art. 19). Los periodos de los miembros del Comité se extienden hasta la clausura de la reunión de la Asamblea General que se celebre en el año en que expire su mandato respectivo (Art. 24). Por último, el Estatuto prevé disposiciones para la suplencia ante las faltas absolutas de los miembros del Comité Ejecutivo (Art. 23).
El P. de Interpol tiene como funciones (i) presidir las reuniones de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo, y dirigir sus debates; (ii) velar porque las actividades de la Organización sean conformes a las decisiones de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo; y (iii) mantener en todo lo posible un contacto directo y constante con el S. General de la Organización (Art. 18). Del mismo modo, el Estatuto estipula que las reuniones del Comité se realizarán al menos cada año, por convocatoria del P. de Interpol (Art. 21).
Sobre las actividades del Comité, el Estatuto contempla que sus miembros actuarán como integrantes de la Organización y no en representación de sus países respectivos (Art. 21). Igualmente, las funciones del Comité Ejecutivo consisten en (i) velar por la ejecución de las decisiones de la Asamblea General; (ii) preparar el orden del día de las reuniones de la Asamblea General; (iii) someter a la Asamblea General todo programa de trabajo y todo proyecto que estime conveniente; (iv) vigilar la gestión del S. General; y (v) ejercer todos los poderes que le delegue la Asamblea.
Los artículos 25 a 30 del Estatuto estipulan las reglas sobre el funcionamiento de la Secretaría General de Interpol. Esta Secretaría conforma los servicios permanentes de la Organización (Art. 25) y está conformada por el S. Genera y el personal técnico y administrativo encargado de efectuar los trabajos de la Organización (Art. 27). Tiene como funciones, conforme al artículo 26, (i) aplicar las decisiones de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo; (ii) actuar como centro internacional de la lucha contra la delincuencia de derecho común; (iii) actuar como centro técnico y de información; (iv) tener a su cargo la administración general de la Organización; (v) mantener el enlace con las autoridades nacionales e internacionales, tramitando las cuestiones de investigaciones criminales por conducto de las Oficinas Centrales Nacionales; (vi) preparar y editar cuantas publicaciones se consideren útiles; (vii) organizar y ejecutar los trabajos de secretaría en las reuniones de la Asamblea General, del Comité Ejecutivo, y, cuando las haya, de todos los demás órganos de la Organización; (viii) preparar un plan de trabajo para el año siguiente, que presentará al examen y aprobación del Comité Ejecutivo y de la Asamblea General; y (ix) mantener en todo lo posible un contacto directo y constante con el P. de la Organización.
El S. General, quien es elegido por la Asamblea General de Interpol, tiene un periodo de cinco años, con posibilidad de relección y edad de retiro forzoso de 65 años. El S. deberá tener competencia destacada en cuestiones de policía y podrá ser excepcionalmente removido por la Asamblea, ante solicitud del Comité Ejecutivo (Art. 28). El S. ejerce la dirección de los asuntos de personal, administrativo y presupuestal de Interpol, conforme a las instrucciones de la Asamblea y el Comité Ejecutivo, entes ante quienes es responsable. (Art. 29). Por último, el artículo 30 del Estatuto dispone que el S. General y el personal bajo sus órdenes tengan prohibido recibir o aceptar instrucciones de cualquier Gobierno u otra autoridad ajena a la Interpol. Esta prohibición conlleva la obligación correlativa de los miembros de la Organización de respetar el carácter institucional y la independencia de la Secretaría, así como brindarle la asistencia necesaria para el ejercicio de sus funciones.
El artículo 38 del Estatuto dispone que los recursos económicos de la Organización provendrán de las contribuciones financieras de los Estados miembros y de las donaciones, legados, subvenciones y otras fuentes de ingresos, previa aceptación del Comité Ejecutivo. La participación financiera de los Miembros será definida por la Asamblea General, así como la cifra máxima de los gastos de acuerdo con los cálculos presupuestarios presentados por el S. General (Art. 39). El S. también presentará el proyecto de presupuesto, el cual es aprobado por el Comité Ejecutivo y entra en vigor luego de su aceptación por la Asamblea General. Igualmente se prevé por el Estatuto que en caso que la Asamblea General no hubiere podido aprobar el presupuesto, el Comité Ejecutivo tomará todas las disposiciones necesarias, siguiendo las líneas generales del presupuesto precedente (Art. 40).
Como se explicó a propósito del análisis sobre la constitucionalidad de la representación del Estado para la suscripción de los tratados, el artículo 45 del Estatuto prevé que los Estamos mencionados en el Anexo I serán considerados como Miembros a menos que, dentro de un plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente Estatuto, declaren, por conducto de la autoridad gubernamental competente, que no lo pueden aceptar. Esta previsión es compatible con la Constitución, puesto que anteriormente se ha explicado cómo el J. de Estado prestó su consentimiento para que Colombia hiciese parte de la Interpol y con sujeción a los requisitos previstos en la Carta.
Los artículos 14 y 15 del Reglamento refieren a las reglas para convocar reuniones extraordinarias de Interpol. Del mismo modo, los artículos 16 a 25 determinan las prescripciones sobre las delegaciones y sus votaciones al interior de la Asamblea General. De estas disposiciones se resalta que (i) la Asamblea adoptará sus decisiones mediante resoluciones; (ii) cada país representado tendrá un voto, emitido por el jefe de la delegación correspondiente; (iii) las decisiones serán adoptadas por mayoría, salvo las excepciones que prevea el Estatuto. Asimismo, se aclara que la mayoría es simple, salvo cuando el Estatuto exija la mayoría de los Miembros, caso en el cual el cálculo de la mayoría deberá hacerse a base del número total de los Miembros de la Organización, estén o no representados en la reunión de la Asamblea; (iv) se prevé la votación ordinaria, nominal y secreta. La nominal opera ante la solicitud de algún delegado y la secreta para la elección de los miembros del Comité Ejecutivo. Igualmente, se admite que a solicitud de un delegado, las votaciones se hagan párrafo a párrafo y, a su vez, se prohíbe la aprobación simultánea de varias resoluciones. Por último, se prevé el procedimiento para la presentación y votación de enmiendas.
Los artículos 26 a 32 del Reglamento fijan el procedimiento para los debates de la Asamblea General. En dichas disposiciones se determina, entre otros asuntos, (i) que las sesiones de la Asamblea y sus comisiones no son públicas, a menos que la misma decida lo contrario; (ii) la Asamblea podrá limitar el tiempo y tramitar mociones de orden y de cierre del debate que formulen los delegados, fijándose el procedimiento para ello; (iii) la obligación que previo a la aprobación de un proyecto de resolución este haya sido distribuido por escrito en todas las lenguas de trabajo; (iv) la obligación que todo proyecto con repercusión financiera deba contar con dictamen del Comité Ejecutivo; y (v) la competencia del S. General o su representante para intervenir en cualquier momento de los debates.
Las funciones de secretaría de la Asamblea General serán realizadas por el S. General, quien levantará las actas correspondientes, pudiendo contratar y dirigir al personal necesario para el ejercicio de dicha función (Arts. 33 y 34). De igual modo, los artículo 35 a 38 del Reglamento determinan el funcionamiento de las comisiones que pueden integrarse al interior de la Asamblea General.
Los artículos 39 a 41 del Reglamento determinan la postulación de candidaturas, el procedimiento para la elección de los miembros del Comité Ejecutivo y el régimen para las suplencias del P. del Comité, ante su ausencia en las reuniones de la Asamblea o en el intervalo entre las reuniones.
El artículo 42 del Reglamento determina que la Asamblea General elegirá por votación secreta al S. General, por un periodo de cinco años. La proposición de las candidaturas corresponde al Comité Ejecutivo. El S. General debe haber ejercido funciones en la Policía y preferentemente nacional del país en que se halla la sede de la Interpol (Art. 43). El mandato del S. General empezará al final de la reunión en que sea elegido y terminará al final de la reunión que se celebre el año en que expire su mandato. Podrá ser relegido (Art. 44). A su vez, en que caso que el S. se encuentre imposibilitado de ejercer sus funciones, estas serán desempeñadas interinamente por el más alto funcionario de la Secretaría, a reserva de cualquier decisión que pueda adoptar el Comité Ejecutivo.
El artículo 46 del Reglamento estipula que tanto la Asamblea General como el Comité Ejecutivo, el P. y el S. General podrán tomar la iniciativa de consultar a los Asesores, individual o colectivamente. Por su parte, los Asesores podrán formular sugerencias de carácter científico al S. General o al Comité Ejecutivo. Para ello, los Asesores podrán presentar informes o comunicaciones científicas a la Asamblea, previa invitación de ella misma, del Comité, el P. o el S. General (Art. 47). Los Asesores podrán asistir como observadores a la Asamblea General e intervenir en los debates (Art. 48). No existirá impedimento para que varios Asesores de la misma nacionalidad y estos podrán reunirse mediante convocatoria del P. de Interpol (Arts. 49 y 50).
Además de las consecuencias indicadas, frente al Miembro moroso el S. General (i) comprobará que se hallan reunidas las condiciones requeridas para la aplicación de las sanciones y lo notificará al país interesado; y (ii) tomará las medidas adecuadas para la aplicación de las sanciones anteriormente descritas, a menos que el Comité Ejecutivo decida que el hecho de retirar uno o más de los beneficios o servicios facilitados por la Secretaría General no resulta beneficioso para la Organización; y (iii) informará de ello al Comité Ejecutivo.
El Estado Miembro puede apelar la imposición de medidas ante el Comité Ejecutivo, para lo cual contará con un término de 30 días previos al comienzo de su próxima reunión. Si el Comité Ejecutivo decide mantener las medidas impuestas, la apelación se transmitirá a la Asamblea General, que la debatirá y tomará una decisión al respecto al comienzo de su reunión. Un país miembro no podrá apelar de nuevo contra una decisión de la Asamblea General, a no ser que el Comité Ejecutivo le autorice a ello por considerar que se ha producido un nuevo hecho determinante. Las apelaciones no suspenderán la aplicación de las medidas aplicadas por el S. General; dichas medidas permanecerán en vigor hasta que el Comité Ejecutivo o la Asamblea General las revoquen.
En cuanto a las obligaciones financieras incumplidas, correspondientes a ejercicios financieros anteriores a aquel en cuyo transcurso se celebre una elección para el Comité Ejecutivo, los D. del Estado miembro incumplido no serán elegibles para las funciones de P., V. o Vocal del Comité Ejecutivo. Dicho Miembro tampoco podrá proponer candidatos para desempeñar un cargo elegible o una función representativa que tenga relación con la Organización. El monitoreo de estas sanciones, como en el caso anterior, corresponde al S. General.
Por último, el artículo en comento define el concepto obligaciones financieras como aquellas contribuciones estatutarias de los Miembros y cualquier otra obligación que pudieran tener para con la Organización derivada de un contrato o convenio. De igual manera, exclusivamente para efecto de la aplicación de la norma analizada, no se tendrán en cuenta las diferencias de abonos relativos a las obligaciones financieras correspondientes al ejercicio presupuestario anterior cuando no superen el cinco por ciento (5%) de dichas obligaciones financieras.
Para analizar las normas antes explicadas, la Corte parte de advertir que la adscripción constitucional al J. de Estado de la competencia para dirigir las relaciones internacionales, incorpora la facultad de obligar al Estado colombiano al cumplimiento de diversas obligaciones frente a organizaciones multilaterales, entre ellas aquellas que involucren contribuciones económicas. En el caso analizado, se ha demostrado que las finalidades de Interpol operan como instrumentos para el logro de fines constitucionales de primer orden, por lo que es apenas razonable que si Colombia adquiere determinados servicios de cooperación y asesoría técnica en materia policial, deba concurrir con los gastos de Interpol, de consuno con los demás Estados miembros.
Ahora bien, en relación con el interrogante planteado por la Defensoría del Pueblo, la Sala considera que la norma analizada es compatible con el derecho al debido proceso. N. que si bien la imposición de sanciones se deriva de forma inmediata de la mora en el pago de las obligaciones financieras, también es cierto que el Reglamento ofrece una instancia de apelación de dichas sanciones, del cual conoce el Comité Ejecutivo y la misma Asamblea General. En esta instancia podrían plantearse todos aquellos argumentos que se consideren pertinentes para la suspensión de las sanciones, entre ellas el cumplimiento de la obligación en mora o la inexistencia de dicha deuda. De allí que se está ante una instancia reglada de contradicción respecto de la imposiciones de dichas sanciones, lo que hace innecesario que la Corte ordene al Gobierno adoptar una declaración interpretativa en ese sentido.
El artículo 54 del Reglamento determina los idiomas de trabajo de Interpol, así como las reglas de admisibilidad para el uso excepcional de otros idiomas. A su vez, los artículos 55 y 56 disponen el procedimiento para la reforma del Reglamento, asunto respecto del cual tiene competencia la Asamblea General, a instancias del S. General, quien recibirá las propuestas que en ese sentido formulen los Estados miembros. Igualmente, se prescribe que la decisión de la Asamblea estará precedida del dictamen de un comité ad hoc, compuesto de tres D. elegidos por la Asamblea y de dos personalidades designadas por el Comité Ejecutivo.
Sobre este particular, la sentencia C-578/02, que realizó el control de constitucionalidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, determinó que a la luz del fenómeno de la globalización jurídica, se está ante una reconceptualización de la soberanía, escenario en que se reconoce que los Estados, en ejercicio de su voluntad en el ámbito internacional, pueden suscribir acuerdos que impliquen limitaciones o excepciones al ejercicio de sus competencias, a condición que las mismas no involucren la cesión total de las facultades nacionales. Así, se expresó que [c]omo resultado de la creciente interacción e interdependencia entre Estados y de la constatación de desafíos globales que interesan a toda la humanidad, surgieron límites a la concepción absoluta de soberanía, justificados por la necesidad de preservar la coexistencia pacífica entre sujetos iguales de derecho internacional, así como el reconocimiento de otros límites adicionales a la soberanía, fundados en la necesidad de respetar valores protegidos por el derecho internacional y asociados a la dignidad del ser humano, a la paz mundial, a la democracia y a la conservación de la especie humana. || A pesar de esa evolución, se mantienen constantes tres elementos de la soberanía: (i) el entendimiento de la soberanía como independencia,[34] en especial frente a Estados con pretensiones hegemónicas; (ii) la aceptación de que adquirir obligaciones internacionales no compromete la soberanía, así como el reconocimiento de que no se puede invocar la soberanía para retractarse de obligaciones válidamente adquiridas; y (iii) la reafirmación del principio de inmediación según el cual el ejercicio de la soberanía del Estado está sometido, sin intermediación del poder de otro Estado, al derecho internacional. || Así entendida, la soberanía en sentido jurídico confiere derechos y obligaciones a los Estados, quienes gozan de autonomía e independencia para la regulación de sus asuntos internos, y pueden aceptar libremente, sin imposiciones foráneas, en su condición de sujetos iguales de la comunidad internacional, obligaciones orientadas a la convivencia pacífica y al fortalecimiento de relaciones de cooperación y ayuda mutua. En ocasiones ello puede requerir la aceptación de la competencia de organismos internacionales sobre algunos asuntos de competencia nacional, o la cesión de algunas competencias nacionales a instancias supranacionales. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, tal posibilidad es compatible con nuestro ordenamiento constitucional, siempre que tal limitación a la soberanía no suponga una cesión total de las competencias nacionales.
Para el caso de los acuerdos de privilegios e inmunidades, la jurisprudencia ha insistido en que una de las condiciones para que sean compatibles con la Constitución radica en que los beneficios o exclusiones de jurisdicción concedidas por el Estado estén unívocamente dirigidas a permitir la normal ejecución de las actividades de la organización correspondiente, sin que puedan fijarse o interpretarse como cláusulas abiertas que excedan ese marco. En términos de la Corte [l]as inmunidades y privilegios conferidos a miembros de organismos internacionales se ajustan a la Carta Política siempre y cuando estén encaminadas a la defensa, igualdad y soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate y de los Estados que acuerdan conceder dichas prerrogativas[36]. La Corte agregó que de no hacerse tal salvedad, [b]ajo el manto de buenas intenciones patrocinadas por el Convenio, que la Corte respeta y alienta, (...) cláusulas como la analizada pueden constituirse en el germen de tratamientos diferenciales y privilegiados que den cabida a injusticias y desequilibrios.
En lo que tiene que ver con el primer y segundo aspecto, la Corte ha señalado que la jurisprudencia ha claramente abandonado  la teoría de la inmunidad absoluta por la figura de la inmunidad restringida con el objeto de salvaguardar esencialmente el principio de soberanía nacional. Desde la sentencia C-137 de 1996[42], la Corte ha sostenido: Sin embargo las prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden ser, totales o absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica de otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o representante de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier actividad que cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las atribuciones que le competen como estado libre y soberano para asegurar la defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. De la misma manera, a la luz del artículo 13 de la Carta, tampoco sería posible afirmar que toda prerrogativa es legítima. Y, en la sentencia C-863 de 2004, indicó que tales privilegios no implican la impunidad frente a posibles delitos cometidos por este personal durante su paso por territorio colombiano. Según las normas penales aplicables, incluso de conformidad con las normas internacionales, los privilegios e inmunidades no tienen como consecuencia la impunidad por los delitos cometidos por agentes amparados por ellas. ||Luego, dichos privilegios e inmunidades no se confieren en beneficio personal, sino que atiende al sujeto internacional del cual emana, por lo que se encuentran limitados a los actos que realicen en el ejercicio de las funciones y cumplimiento de sus fines. (Subrayas originales).
Sobre ese mismo particular y en lo referido a la precisa delimitación del régimen de privilegios e inmunidades al ejercicio de las funciones propias de la organización internacional, la Corte ha también expresado que dichos tratamientos diferenciados  se circunscriben esencialmente a los que resulten necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Beneficios de los cuales habrán de gozar mientras desempeñen sus funciones y después de la cesación en relación con el ejercicio de dichas atribuciones. No se otorgan en beneficio personal sino para defender el ejercicio autónomo e independiente de sus funciones, y están en la obligación de renunciar a ellos cuando constituyan un obstáculo a la justicia. Adicionalmente, quienes gocen de dichas concesiones estarán obligados a respetar la legislación del Estado Parte y a no inmiscuirse en los asuntos internos de éste.[43]
De manera coincidente, se ha considerado que si bien las cláusulas de inmunidad de ejecución son compatibles con la Constitución, las mismas se insertan en las limitaciones propias del principio de inmunidad restringida, lo que implica la imposibilidad que, por esta vía, un Estado u organización internacional se sustraiga por completo de las obligaciones jurídicas contenidas en el ordenamiento nacional, a través de la imposibilidad plena e ilimitada de ser llamado a asumir sus responsabilidades ante los jueces. Esta limitación ha sido planteada por la jurisprudencia constitucional en sede de tutela, la cual ha admitido que, por ejemplo, la inmunidad de jurisdicción no cobija el cumplimiento de las obligaciones laborales en las que el Estado u organización internacional es responsable. Sobre este particular se ha planteado por la Corte, a manera de reglas derivadas de ese precedente, que (1) De manera progresiva, el derecho internacional ha reconocido que los Estados y los organismos internacionales tienen inmunidad restringida en materia laboral, es decir, ha aceptado que las misiones diplomáticas y los organismos supranacionales pueden ser llamados a juicio por tribunales locales cuando se encuentran comprometidos derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes permanentes del territorio nacional (). || (2) Cuando un Estado extranjero celebra un contrato laboral con un nacional colombiano, debe someterse irrestrictamente a las normas laborales internas, razón por la que un Estado acreditante no puede alegar inmunidad por reclamos derivados del contrato de trabajo o de la ejecución de relaciones laborales. || (3) La celebración de contratos de trabajo con nacionales colombianos obliga a las misiones diplomáticas y a los organismos supranacionales a asumir el riesgo de vejez[45], mediante la afiliación del trabajador al Instituto de Seguros Sociales o incluso a otras entidades de previsión social que cubrieran tal riesgo.
No obstante, debe indicarse que frente al eventual desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia de los nacionales (art. 229 superior), por las prerrogativas otorgadas a la Corte Penal Internacional y al personal, podrá obtenerse la reparación del Estado colombiano al haber sido víctima la persona de un daño antijurídico (art. 90 de la Constitución)[47]. Así lo manifestó la Corte en la sentencia C-315 de 2004:(L)a Corte concluye que las inmunidades e inviolabilidades previstas por el tratado bajo revisión armonizan con la Carta. Con todo, podría argumentarse que la inmunidad de jurisdicción podría afectar gravemente en determinados casos el derecho de acceso a la justicia, pues impediría a los nacionales demandar a los miembros de las misiones diplomáticas que les hubieren podido ocasionar un daño. Sin embargo, la Corte considera que ese reparo no se encuentra justificado, no sólo porque esa inmunidad es un elemento esencial del derecho diplomático sino además por cuanto, en esos eventos, la persona puede obtener una reparación del Estado colombiano, ya que habría sido víctima de un daño antijurídico (CP art. 90).()
Y, lo había manifestado en la sentencia C-254 de 2003, al indicar que i) la antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta sino de la no soportabilidad del daño, ii) si el daño sufrido por el particular es de aquellos que no está obligado a soportar, debe el Estado indemnizar los perjuicios generados por el sujeto de derecho internacional, y iii) para que Colombia asuma la responsabilidad patrimonial en los daños causados por quienes se encuentren amparados por la inmunidad es menester que obedezca a las actividades realizadas en cumplimiento de sus obligaciones.() Así pues, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la especializada del Consejo de Estado han dedicado sus reflexiones a delimitar el alcance del artículo 90 de la Carta, al punto que podría decirse, a propósito del artículo 10 de la Convención sub examine, que si del texto de la Convención surge un título jurídico constitucional del cual pudiera derivarse que el Estado asume cierta responsabilidad por los perjuicios ocasionados durante la asistencia, independientemente de que los mismos hayan sido causados por agentes internacionales, el daño antijurídico debería ser indemnizado por el Estado colombiano.
El artículo 1° del Acuerdo determina que con ocasión a las reuniones estatutarias de Interpol que tengan como sede Colombia, referidas al Comité Ejecutivo, la Asamblea General o en caso de Conferencia Regional, nuestro país extenderá a Interpol los siguientes privilegios e inmunidades: (i) la Organización gozará de inmunidad de jurisdicción en caso de acción civil, administrativa, penal y de ejecución, a excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa inmunidad; (ii) todos los documentos que pertenezcan a la Organización o que esta tenga bajo la forma que sea, especialmente sus archivos y cuentas, serán inviolables independientemente del lugar en que se encuentren; (iii) se garantizará la inviolabilidad de la correspondencia oficial de la Organización. Sus comunicaciones oficiales, que podrán ser cifradas, no serán objeto de censura; (iv) sin verse afectadas por ordenanzas fiscales, reglamentos o moratorias de naturaleza alguna, la Organización podrá recibir y guardar fondos y divisas de todo tipo y tener cuentas en cualquier moneda en el territorio colombiano y transferir libremente sus fondos y sus divisas tanto dentro del territorio colombiano como entre su S. o sus Oficinas Subregionales y Colombia; (v) estarán exentos de derechos de aduana y tasas de importación el material administrativo, técnico y científico suministrado por la Organización para la celebración de las reuniones Estatutarias, las publicaciones, los demás documentos oficiales de la Organización destinados a sus trabajos y los regalos habituales ofrecidos o recibidos por el S. General y los funcionarios de la Organización durante las reuniones Estatutarias. La Organización se compromete a rexportar todo el material, publicaciones o regalos que al término de las reuniones no hayan sido utilizados o distribuidos.
Las disposiciones explicadas se ajustan a la Carta Política, de acuerdo con el marco general explicado en precedencia. Así, en cuanto a la inmunidad de jurisdicción, la jurisprudencia de la Corte ha explicado que esa una limitación aceptada por el derecho internacional y que se inscribe en el concepto de inmunidad restringida antes mencionado. Sobre el particular, se ha establecido que [e]n lo concerniente al principio de inmunidad de jurisdicción, se reconoce principalmente a los representantes de los Estados como a los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares, así mismo, a los jefes de Estado y objetos como los buques y aeronaves del Estado. Pero, también se extiende a otros sujetos de derecho internacional como son las organizaciones y las instituciones internacionales, cobijando a quienes las integran y participan del ejercicio de sus funciones[50]. || Para la doctrina extranjera, la inmunidad o exención de jurisdicción alude en términos generales al status que revisten determinadas personas por las tareas oficiales que cumplen y que deben ser excepcionadas de la jurisdicción para que puedan ejercer sin interferencias las tareas que les han sido asignadas. || La Corte ha señalado que las prerrogativas e inmunidades que se conceden en tratados internacionales no resultan en principio contrarias a la Constitución, toda vez que responden a la necesidad de dotar a los sujetos de derecho internacional de las garantías indispensables para ejercer las funciones que les corresponden con la mayor independencia y neutralidad.
De otro lado, los demás privilegios se ajustan a la Constitución, pues se centran en facilitar las actividades llevadas a cabo por los funcionarios de Interpol. Así, para el caso de la inviolabilidad de la correspondencia, no opera nada distinto que la extensión a dichos funcionarios de la garantía de que trata el artículo 15 C.P. Ahora bien, en lo que respecta a las normas cambiarias y aduaneras, los privilegios se aplican exclusivamente para las actividades de Interpol y en modo alguno involucran afectaciones a la economía nacional. N. cómo la transferencia de divisas se aplica a dineros de la Organización y, a su vez, el ingreso libre de bienes al país refiere a aquellos elementos destinados al uso en las reuniones, obligándose Interpol a rexportar todo el material que no fuese utilizado o distribuido. De allí que la aplicación del privilegio no implica el ingreso permanente de bienes al país que luego puedan ser comercializados, lo que confirma su falta de incidencia en el mercado colombiano y, en consecuencia, la ausencia de afectación al fisco nacional.
Conforme al artículo 3° del Acuerdo, durante las reuniones estatutarias, así como durante el viaje Colombia extenderá los privilegios e inmunidades establecidos en el artículo IV de la Convención sobre Privilegios e I. de las Naciones Unidas, a los miembros del Comité Ejecutivo; representantes de los países miembros; miembros del personal de la Secretaría General designados para prestar asistencia durante las reuniones; intérpretes y redactores de actas contratados por la Secretaría General; asesores de la Organización; observadores, expertos invitados a asistir a las reuniones, con excepción del personal local . Así mismo, se dispone que al S. General y a los miembros de Comité Ejecutivo, también se les extiendan los privilegios y las inmunidades previstos en los artículos V y VI de la Convención sobre Privilegios e I. de las Naciones Unidas.[51]
La Corte advierte, en primer término, que Colombia está obligada internacionalmente a cumplir con la Convención sobre Privilegios e I. de las Naciones Unidas, incorporada al ordenamiento interno mediante la Ley 62 de 1973. A su vez, estas prerrogativas son comúnmente aceptadas en el derecho internacional público como el régimen aplicable en materia de privilegios e inmunidades que conceden al personal diplomático. Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha previsto que sus disposiciones son compatibles con la Constitución, en tanto no contraen una afectación al principio de soberanía nacional.
Sobre el particular, en la sentencia C-137/96, que realizó el control de constitucionalidad del Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, la Corte sostuvo que las inmunidades conferidas a los miembros de un organismo internacional son concesiones ofrecidas con fundamento en disposiciones de derecho internacional que no quebrantan por sí mismas el concepto de soberanía nacional[52]. Para ilustrar el punto, la Corte trajo a consideración las normas que integran la Convención sobre Privilegios e I. de las Naciones Unidas", aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946, así como y la "Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados" aprobada por la misma asamblea el 21 de noviembre de 1947- y concluyó con que  el otorgamiento de los privilegios anotados tiene asidero en el imperativo constitucional en virtud del cual las relaciones internacionales del Estado colombiano deben fundarse en el respeto de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia (C.P. artículo 9).. A su vez, la sentencia C-254/03, que declaró exequible la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, reiteró la regla antes expuesta, para llegar a la conclusión que tales tratamientos diferenciados no se oponen al texto constitucional.
Los contenidos del Estatuto y el Reglamento de Interpol, así como el Acuerdo sobre Privilegios e I. suscrito entre Colombia e Interpol son compatibles con la Carta Política, particularmente con los principios de las relaciones internacionales del Estado. Por ende, la Corte declarará la exequibilidad de dichos instrumentos.
Primero.- Declarar EXEQUIBLES el Estatuto y Reglamento General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y el Acuerdo sobre Privilegios e I. para las Reuniones Estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de noviembre de 2012.
[8] Folios 100 (reverso)  101 CPpal.
[11] Folios 127 (reverso)  130 (reverso) CPpal.
[31] Ver entre otros N.Q.D., Droit International Public, L.G. de Droit et de Jurisprudence, París 1994, p.410. B., I.. Principles of Public International Law. Fourth Edition. C.P.. 1990, p. 107 y ss. V., A.. Derecho Internacional Público. B.J.A.. 1982, p. 174 y ss. H., L.. International Law. Cases and Materials. Third Edition. West Publishing Co. St. P., Minneapolis, 1993, p. 13 y ss.
[34] Ver, por ejemplo, las sentencias: C-088/93, MP: C.A.B., que declaró la constitucionalidad de la Ley 11 de 1992, mediante la cual se incorporó al ordenamiento interno el Protocolos I Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949; C-225/95, MP: A.M.C., que declaró ajustada a nuestra Carta el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, incorporada a nuestro ordenamiento mediante la Ley 171 de 1994; C-331/96, MP: E.C.M., que declaró la constitucionalidad de la Ley 216 de 1995, mediante la cual se aprobaba el Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe; C-231/97, MP: E.C.M., que declaró la constitucionalidad de la Ley 323 de 1996 Por medio de la cual se aprueba el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996"; C-137/95, MP: J.A.M., que declaró la constitucionalidad de la Ley 170 de diciembre 15 de 1994, " Por medio de la cual se aprueba el acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscrito en Marraketch (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la carne de B.."
[40] Por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si bien establece en su artículo 31.1 que el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor, señala en el numeral 4 del mismo artículo que la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante. Igualmente, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (Ley 17 de 1971), establece en su artículo 41, para. 1 que: Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente. Igualmente, el Artículo 43 de la Convención que regula la Inmunidad de jurisdicción, señala que 1. Los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares. Ver. S.B., A Diplomats Handbook of International Law and Practice, 3ª Edición, páginas 95-202 y 285 a 309
[42] Corte Constitucional, sentencia C-1156/08. Esta sentencia declaró la constitucionalidad del Acuerdo sobre Privilegios e I. de la Corte Penal Internacional.
[48] X.F., en su artículo Las inmunidades de jurisdicción y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, Ius et praxis , año/vol.6, número 002, Universidad de Talca, Chile, págs. 419 a 425, año 2000, nos recuerda: En derecho internacional existe un principio según el cual un Estado debe abstenerse de juzgar los actos de otro Estado. Este principio da lugar al mecanismo de la inmunidad de jurisdicción, según el cual los tribunales internos de los Estados deben privarse de ejercer su jurisdicción sobre los actos de un Estado extranjero. La justificación de este principio se encuentra en otros principios, como el principio de no intervención, en el principio de igualdad jurídica entre los Estados y en el principio de respeto a la honra y dignidad de los Estados extranjeros.
[49] Cft. Estudios de derecho penal internacional. K.A.. Catedrático y director del departamento de derecho penal extranjero e internacional de la Universidad de Georg August de Cóttingen, Alemania. Capítulo VII. I. en derecho penal nacional e internacional. Editorial L.. 2005. Página 165.
Además, en la sentencia T-883 de 2005, la Corte señaló: La inmunidad de jurisdicción constituye un principio de derecho internacional que ha sido definido por la doctrina, como la exclusión de la posibilidad de que un sujeto específico pueda quedar sometido a la jurisdicción interna de determinado Estado, siempre que se configuren ciertas condiciones (GONZÁLEZ CAMPOS, J.D., S.R., L.I. y SAENZ DE SANTA MARIA, P.A.. Curso de Derecho Internacional Público, Editorial Civitas S.A. Sexta Edición, Madrid, España. 1998). Se trata de un principio de carácter procesal que opera como excepción, y que reviste dos manifestaciones fundamentales; (i) la inmunidad de jurisdicción como tal, que se refiere a la incompetencia de los jueces nacionales para juzgar a determinados sujetos de derecho internacional, que pueden ser otros Estados u organizaciones internacionales; y (ii) la inmunidad de ejecución, la cual impide que se haga efectiva determinada decisión judicial, en caso de que el procedimiento contra el sujeto de derecho internacional se hubiere llevado a cabo.
SECCION 17. El S. General determinará las categorías de los funcionarios a quienes se aplican las disposiciones de este artículo y las del artículo VII. Someterá la lista de estas categorías a la Asamblea General y después las categorías serán comunicadas a los Gobiernos de todos los Miembros. Los nombres de los funcionarios incluidos en estas categorías serán comunicados periódicamente a los Gobiernos de los Miembros.
SECCION 19. Además de las inmunidades y prerrogativas especificadas en la sección 18, se acordarán al S. General y a todos los S.G. y a sus esposas e hijos menores de edad las prerrogativas e inmunidades, exenciones y facilidades que se otorgan a los enviados diplomáticos de acuerdo con el derecho internacional.
SECCION 20. Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los funcionarios en interés de las Naciones Unidas y no en provecho de los propios individuos. El S. General tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier funcionario, en cualquier caso en que según su propio criterio, la inmunidad impida el curso de la justicia y pueda ser renunciada sin que se perjudiquen los intereses de las Naciones Unidas. En el caso del S. General, el Consejo de Seguridad tendrá el derecho de renunciar a la inmunidad.
SECCION 23. Las prerrogativas e inmunidades se conceden a los peritos en beneficio de las Naciones Unidas y no en provecho de los propios individuos. El S. General tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier perito, en cualquier caso en que a su juicio la inmunidad impida el curso de la justicia y pueda renunciarse a ella sin que se perjudiquen los intereses de las Naciones Unidas.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49450 de 29 de Julio de 2010

References: artículo 45
 artículo 22
 artículo 41
 artículo 52
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 8
 artículo 133
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 6
 artículo 241
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 26
 artículo 30
 artículo 38
 artículo 45
 resolución 
 artículo 35
 artículo 42
 artículo 46
 artículo 54
 artículo 13
 artículo 90
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 31
 artículo 41
 Artículo 43