Source: http://psicolog.org/vs-per-sentencia-de-17-de-abril-de-2015.html?page=5
Timestamp: 2020-04-05 09:59:40+00:00

Document:
VII PRUEBA - Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015
Con base en lo establecido en los artículos 46 a 51, 57 y 58 del Reglamento, la Corte examinará la admisibilidad de los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en diversas oportunidades procesales, las declaraciones, testimonios y dictámenes periciales rendidos mediante declaración ante fedatario público (affidávit) y en la audiencia pública, así como las pruebas para mejor resolver solicitadas por la Corte. Además, se referirá al valor probatorio y valoración de la “diligencia de reconstrucción de los hechos”.
La Corte recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado adjuntos a sus escritos principales. De igual forma, recibió variada prueba documental en otros momentos procesales (infra párrs. 107 a 113).
Además, la Corte recibió las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por Hidetaka Ogura, Edgar Odón Cruz Acuña, Herma Luz Cueva Torres, Nemecia Pedraza de Peceros, José Pablo Baraybar do Carmo, José Gerardo Garrido Garrido, Luis Alejandro Giampietri Rojas, José Daniel Williams Zapata y Carlos Alberto Tello Aliaga. De igual forma, recibió los dictámenes de los peritos Hans Petter Hougen, Alejandro Valencia Villa, Viviana Valz Gen Rivera, Derrick John Pounder, Luis Antonio Loayza Miranda, Jean Carlo Mejía Azuero y Christof Heyns. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte recibió las declaraciones del testigo Hugo Sivina Hurtado, así como los dictámenes de los peritos Federico Andreu Guzmán, Luis Bernardo Fondebrider, de éste por medios electrónicos audiovisuales, Jean Carlo Mejía Azuero y Juan Manuel Cartagena Pastor.
En el presente caso, como en otros, el Tribunal admite aquellos documentos presentados en la debida oportunidad procesal1 por las partes y la Comisión, los cuales no fueron controvertidos ni objetados2, así como aquellos solicitados como prueba para mejor resolver con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Corte (supra párr. 10).
Respecto a algunos documentos señalados por medio de enlaces electrónicos por parte de la Comisión y de las partes, la Corte ha establecido que, si una parte proporciona al menos el enlace electrónico directo del documento que cita como prueba y es posible acceder a éste, no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal porque es inmediatamente localizable por la Corte y por las otras partes3. En este caso, no hubo oposición u observaciones de las partes ni de la Comisión sobre el contenido y autenticidad de tales documentos. En consecuencia, se admitirán los documentos así señalados.
En cuanto a las notas de prensa presentadas por los representantes y la Comisión junto con sus distintos escritos, este Tribunal ha considerado que podrán ser apreciadas cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso4. En consecuencia, la Corte decide admitir aquellos documentos que se encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar su fuente y fecha de publicación5.
En relación con artículos o textos en los cuales se señale hechos relativos a este caso, la Corte considera que se trata de obras escritas que contienen declaraciones o afirmaciones de sus autores para su difusión pública, por los que los incorpora.
Ahora bien, la Corte recuerda que no es admisible la prueba remitida fuera de las debidas oportunidades procesales, salvo en las excepciones establecidas en el artículo 57.2 del Reglamento, a saber, fuerza mayor, impedimento grave o si se tratare de un hecho ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales.
Tanto los representantes como el Estado aportaron con posterioridad a sus escritos principales la sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima el 15 de octubre de 2012 en el proceso que se adelantaba contra Vladimiro Montesinos Torres, Roberto Huamán Ascurra, Nicolás de Bari Hermoza Ríos y Jesús Zamudio Aliaga. De igual forma, el Estado remitió la sentencia emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República el 24 de julio de 2013. La Corte nota que estas pruebas se refieren a decisiones emitidas por las autoridades judiciales internas en el marco de los procesos judiciales en curso relacionados con los hechos del presente caso. La Corte considera procedente la admisión de la prueba de hechos posteriores al 24 de abril y 17 de agosto de 2012, respectivamente, conforme al artículo 57.2 del Reglamento.
A fin de planificar y ejecutar la diligencia de reconstrucción de los hechos, el Estado y los representantes se refirieron a una serie de documentos. Específicamente, el Estado propuso diez documentos oficiales de naturaleza administrativa y judicial para utilizar como fuentes6 y los representantes solicitaron que, además de la información remitida por el Estado, se tomaran en cuenta para la realización de la diligencia de reconstrucción otras fuentes que recogían declaraciones relevantes7. Dichos documentos habían sido en su gran mayoría aportados previamente. En la medida en que algunos de dichos documentos no constaran previamente en el acervo probatorio del presente caso, se incorpora los mismos por ser relevantes para el examen del presente caso.
Asimismo, durante la diligencia de “reconstrucción de los hechos” (supra párr. 9), el Estado y los representantes aportaron nueva documentación y fotografías relativas a los hechos del presente caso. La admisibilidad de la documentación y fotografías no fue objetada, ni su autenticidad o veracidad puesta en duda. En consecuencia, de conformidad con el artículo 58.a del Reglamento, la Corte estima procedente admitir los documentos aportados por los representantes y el Estado.
Por otra parte, con anterioridad a la celebración de la audiencia, el Estado presentó determinada documentación, en respuesta a los pedidos de información y prueba para mejor resolver realizados mediante Resolución de 6 de noviembre de 2013 (supra párr. 10). Adicionalmente, el Estado aportó documentación no solicitada “por entender que p[odía] ser de utilidad para la Corte”, en concreto remitió “copias del acervo documentario de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre el presente caso”. Los representantes y la Comisión contaron con la posibilidad de presentar sus observaciones al respecto. En lo que se refiere a la falta de presentación por parte del Estado de la totalidad de los expedientes relativos al proceso penal llevado ante el fuero común, los representantes solicitaron que se tuvieran por ciertos los hechos alegados “cuando solo sea posible desvirtuarlos a través de la prueba que el Estado debió remitir y este se negó a hacer”. En relación con los documentos que el Estado señala que son parte del acervo documentario de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en custodia de la Defensoría del Pueblo, los representantes advirtieron, si bien el Estado no alegó la existencia de circunstancias excepcionales para justificar su presentación tardía y, por tanto, “h[abría] sido presentada de manera extemporánea” y debería rechazarse, parte de esta documentación consiste en copias de las declaraciones rendidas por distintos partícipes de los hechos, así como algunas otras piezas procesales de las investigaciones llevadas a cabo en el fuero común. Por tal razón, consideraron que debe ser aceptada únicamente en la medida en que guarde relación con la solicitud de prueba para mejor resolver realizada por esta Corte. Asimismo, sostuvieron que debe ser aceptado el documento titulado “Anexo 12.1-Informe Legal de la CVR”, “en la medida en que resume los hallazgos de la Comisión de la Verdad en relación a los hechos en controversia en este caso”. La Comisión notó que la documentación es procesalmente extemporánea, “salvo determinación de la […] Corte en el sentido de que la prueba [fuera] relevante para el conocimiento del caso”.
A este respecto, este Tribunal considera que, aún cuando la referida documentación no fue solicitada, puede resultar útil para la resolución del presente caso, pues consiste principalmente en declaraciones de personas que participaron en el operativo y testigos así como en documentos presentados en el marco del proceso judicial. Además, es pertinente notar que esta documentación forma parte del acervo documental del Informe Final elaborado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, el cual es utilizado también como medio probatorio tanto por parte de la Comisión como por los representantes, de modo tal que su incorporación al expediente es necesaria a fin de asegurar en la mayor medida posible el conocimiento de la verdad por parte de la Corte y valorar adecuadamente los procesos e investigaciones realizadas por el Estado. Por tanto, de conformidad con el artículo 58.a del Reglamento y habiéndose otorgado a las partes oportunidad para formular observaciones, la Corte estima procedente admitir dichos documentos pues son relevantes para el examen del presente caso.
En el transcurso de la audiencia pública (supra párr. 11), los representantes presentaron diversos documentos, de los cuales se entregó copia al Estado y a la Comisión. La admisibilidad de la información y documentación presentada no fue objetada, ni su autenticidad o veracidad puesta en duda. Por tanto, la Corte nota que la incorporación de los mismos resulta pertinente para la resolución del presente caso, por lo que los incorpora de conformidad con el artículo 58.a del Reglamento, por considerarlos útiles para la resolución del presente caso.
Por otra parte, el Estado8 y los representantes9 presentaron determinada documentación junto con sus alegatos finales escritos. A este respecto, los representantes objetaron la mayoría de la documentación aportada por el Estado en esta oportunidad procesal por considerar que la misma fue “presentada en forma extemporánea”. Respecto a los anexos 1 a 11, la Corte señala que dicha documentación se relaciona con el procedimiento penal tramitado a nivel interno, es decir, se relaciona con la solicitud de prueba para mejor resolver, de modo tal que su incorporación al expediente es necesaria a fin de valorar adecuadamente los procesos e investigaciones realizadas por el Estado. Por ende, corresponde incorporar la referida documentación al acervo probatorio del presente caso de conformidad con el artículo 58.a del Reglamento. En lo que se refiere a los anexos 12 y 13, la Corte constata que dicha documentación fue presentada por el Estado sin ofrecer justificación alguna con respecto a su remisión posterior a su escrito de contestación. En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 57.2 del Reglamento, la Corte estima que estos documentos son extemporáneos, pues el Estado pudo tener conocimiento de los mismos antes de presentar la contestación, por lo que no serán considerados por el Tribunal en su decisión.
El Estado presentó observaciones en cuanto a la valoración de los peritajes rendidos por Alejandro Valencia Villa, Federico Andreu Guzmán y Viviana Valz Gen Rivera, así como al testimonio de Hidetaka Ogura y a las declaraciones de los familiares. Igualmente, los representantes presentaron observaciones en cuanto a la valoración de las declaraciones de José Gerardo Garrido Garrido y Luis Alejandro Giampietri Rojas, así como de José Daniel Williams Zapata y Carlos Alberto Tello Aliaga; y argumentaron la inadmisibilidad de ciertos pasajes de los peritajes de Derrick John Pounder y Jean Carlo Mejía Azuero. La Corte estima pertinente admitir las declaraciones y dictámenes rendidos en audiencia pública y mediante declaraciones ante fedatario público, en cuanto se ajusten al objeto definido por el Presidente en la Resolución que ordenó recibirlos10 y al objeto del presente caso.
Respecto al alegato de que los declarantes omitieron referirse a las preguntas planteadas, la Corte reitera que el hecho de que se encuentre contemplado en el Reglamento la posibilidad de que las partes puedan formular preguntas por escrito a los declarantes ofrecidos por la contraparte y, en su caso, por la Comisión, impone el deber correlativo de la parte que ofreció la declaración de coordinar y realizar las diligencias necesarias para que se trasladen las preguntas a los declarantes y se incluyan las repuestas respectivas. En ciertas circunstancias, el no contestar diversas preguntas puede resultar incompatible con el deber de cooperación procesal y con el principio de buena fe que rige en el procedimiento internacional. Sin perjuicio de ello, el Tribunal considera que la no presentación de respuestas a las preguntas de la contraparte no afecta la admisibilidad de una declaración y es un aspecto que, según los alcances de los silencios de un declarante, podría llegar a impactar en el peso probatorio que puede alcanzar una declaración o un peritaje, aspecto que corresponde valorar en el fondo del caso11.
Con respecto al peritaje rendido mediante affidávit por Christof Heyns, propuesto por la Comisión Interamericana, el Estado se opuso a la admisibilidad del mismo, por cuanto a un día antes del vencimiento del plazo para la presentación de los alegatos finales escritos, el Estado no había recibido la traducción al español del mismo; dicho peritaje se había presentado “en calidad de amicus curiae” y, además “el citado perito no [habría respondido] a las preguntas formuladas por el Estado peruano en su comunicación de 3 de febrero de 2014”.
La Corte nota que, efectivamente, mediante nota de Secretaría de 7 de febrero de 2014 se dio traslado a la Comisión de las preguntas dirigidas al perito Christof Heyns. El 14 de febrero de 2014 la Comisión remitió el dictamen de dicho perito. La Corte observa que dicha declaración se encontraba en idioma inglés, razón por la cual se requirió a la Comisión mediante nota de Secretaría de 19 de febrero de 2014 que “remit[iera] la traducción al español de dicho peritaje a la mayor brevedad”. La Corte constata que, hasta la fecha de emisión de la presente sentencia, la Comisión no había remitido la correspondiente traducción al español del referido peritaje a pesar de que la Corte requirió a la Comisión a fin de que aportara la misma a la mayor brevedad.
Lo anterior impidió al Estado realizar las oportunas observaciones en sus alegatos finales escritos. En consecuencia, este Tribunal considera que no procede la admisión de la declaración del perito Christof Heyns.
El Estado sostuvo que la declaración de José Pablo Baraybar Do Carmo fue presentada de forma extemporánea, por lo que solicitó que la misma no sea tomada en consideración por la Corte para el análisis de la presente controversia.
Al respecto, la Corte constata que el 30 de enero de 2014 los representantes indicaron que remitían la “Declaración de José Pablo Baraybar Do Carmo, rendida ante el notario Eduardo Laos de Lama, el 30 de enero de 2014”. Al respecto, la Secretaría notó que los representantes habían remitido un documento en formato Word titulado "DECLARACION ANTE NOTARIO DE JOSE PABLO BARAYBAR DO CARMO", que no contenía firma. Es decir, no cumplía con las formalidades de una declaración ante notario público pero tampoco contenía la firma para ser considerada una declaración jurada. Al día siguiente, esto es el 31 de enero de 2014, los representantes informaron que tal documento fue enviado por un error involuntario y, en consecuencia, adjuntaron la declaración correspondiente, rendida ante notario público en formato PDF.
La Corte considera que no procede la admisión de la declaración de José Pablo Baraybar Do Carmo, por su remisión extemporánea.
Los representantes presentaron, como anexo 12 a su escrito de solicitudes y argumentos, “videos documentales o periodísticos”12. Asimismo, junto con su escrito de contestación, el Estado aportó varios videos13. La Secretaría constató que, respecto al anexo 4 no fue proporcionada la fecha de emisión del referido programa; en cuanto al anexo 10 no se proporcionó fecha ni fuente de los referidos videos y, además, no fue posible acceder al contenido de los archivos que constan en la carpeta identificada como “VIDEO_TS”. Respecto al anexo 4, el Estado aclaró que la fecha de emisión corresponde al día 27 de abril de 2008 y fue emitido por la señal de televisión local Panamericana Televisión. En lo que se refiere al anexo 10, señaló que: 1) el video VTS 01.1.VIB corresponde a un video institucional del Ministerio de Defensa cuya fecha de edición es el 16 de noviembre de 2011; 2) el video número 5) “CHAVIN DE HUANTAR” corresponde a un video institucional del Ministerio de Defensa cuya fecha de edición es el 6 de diciembre de 2003; 3) respecto a los demás videos, que no ha sido posible identificar con precisión la fuente y la fecha de los mismos, sostuvo que la Corte podrá apreciar y valorar su contenido a fin de acreditar los hechos para los cuales han sido ofrecidos, y 4) respecto a la carpeta “VIDEO_TS” del anexo 10, la cual contendría dos videos, solicitó a la Corte que se sirva prescindir de los mismos.
En el presente caso, la Corte admite aquellos videos presentados por los representantes y por el Estado en la debida oportunidad procesal, en los que se pudo acceder al contenido y los cuales no fueron controvertidos ni objetados.
En su escrito de observaciones a las excepciones preliminares presentadas por el Estado, los representantes se opusieron a la admisibilidad del video presentado por el Estado como anexo 414, en razón de que el mismo no guardaría relación con los hechos a los que se refiere el presente caso y, por el contrario, tendría como objeto “continuar con la campaña de desprestigio [contra APRODEH]”.
La Corte ha señalado anteriormente, en cuanto a la recepción y valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites que impone el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes15.
Teniendo ello en cuenta, se ha procedido a revisar el referido video que fue aportado por el Estado a fin de sustentar “la calidad de grupo terrorista del MRTA”, el cual contiene un reportaje del noticiero “Panorama” acerca de una comunicación de APRODEH al Parlamento Europeo relativa al MRTA, así como imágenes que se relacionan con el accionar del MRTA durante los años de violencia en el Perú, incluyendo tanto hechos relativos a la Operación Chavín de Huántar como hechos que prima facie no se encuentran dentro del marco fáctico del presente caso.
La Corte estima que el referido video es admisible en tanto proporciona antecedentes relevantes para entender las circunstancias en las cuales ocurrieron las alegadas violaciones sometidas a su conocimiento16. Sin embargo, en virtud de las observaciones realizadas por los representantes, no tomará en cuenta en su valoración los contenidos no relacionados con el presente caso.
El Estado también aportó los videos del acervo probatorio de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La Corte los admite y se remite a lo ya determinado para la prueba proveniente de esta fuente (supra párr. 111).
Con base en su jurisprudencia constante respecto de la prueba y su apreciación17, la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por las partes y la Comisión, las declaraciones, testimonios y dictámenes periciales, así como las pruebas para mejor resolver solicitadas e incorporadas por este Tribunal, al establecer los hechos del caso y pronunciarse sobre el fondo. Para ello se sujeta a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente, teniendo en cuenta el conjunto del acervo probatorio y lo alegado en la causa18.
En cuanto a los videos presentados por los representantes y el Estado, esta Corte apreciará su contenido dentro del contexto del acervo probatorio y aplicando las reglas de la sana crítica19. Asimismo, en relación con artículos o textos en los cuales se señalen hechos relativos a este caso, la valoración de sus contenidos no se encuentra sujeta a las formalidades requeridas para las pruebas testimoniales. No obstante, su valor probatorio dependerá de que corroboren o se refieran a aspectos relacionados con el caso concreto20.
Finalmente, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las presuntas violaciones y sus consecuencias21.
El Estado, en su escrito de contestación al sometimiento del caso y observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas propuso, como medio probatorio, inter alia, una diligencia de “reconstrucción de los hechos”, con el objeto de que los magistrados de la Corte Interamericana pudieran (i) “apreciar la situación extrema en la que se encontraban los rehenes”, (ii) el contexto en el cual “se planeó y ejecutó el operativo militar ‘Nipón 96’”, y (iii) pudieran verificar “que el mismo se llevó a cabo respetando los estándares del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Mediante Resolución de la Presidencia (supra párr. 9) se ordenó por ser útil y necesario para el debido esclarecimiento y comprobación de los hechos en controversia, así como para la adecuada apreciación de determinadas circunstancias relevantes del caso, realizar en aplicación del artículo 58.a) y 58.d) del Reglamento, una visita a la República del Perú a fin de recabar la referida diligencia de “reconstrucción de los hechos” en la ciudad de Lima el 24 de enero de 2014, toda vez que los hechos jurídicamente relevantes sobre los que se basan las alegaciones sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el presente caso se encuentran esencialmente controvertidos. De este modo, la Corte consideró que una reconstrucción de los hechos atendería a la necesidad de una constatación del ámbito físico-espacial en el cual sucedieron para determinar judicialmente si los mismos pudieron ocurrir en los términos alegados y de conformidad con los elementos de prueba que obran en el proceso ante la Corte. La Corte resaltó, no obstante, la diferente naturaleza de una diligencia de este tipo ante la instancia internacional.
La diligencia inició con una visita al lugar donde se ubicaba la residencia del Embajador de Japón en San Isidro, Lima, y lugares aledaños. Posteriormente, las delegaciones se trasladaron a la Base Militar Las Palmas, en el distrito de Chorrillos, Lima, en cuyas instalaciones se encuentra construida la “Réplica de la Residencia del Embajador de Japón”, pasando por el lugar donde operó el Centro de Operaciones Tácticas (COT) y donde se encuentran los hospitales Militar y de la Policía Nacional del Perú. Posteriormente, las delegaciones recibieron una explicación de la planificación y ejecución del operativo, con vista de la maqueta de la residencia y de la exhibición del armamento utilizado por los integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y por las fuerzas del Estado peruano durante el operativo de rescate de rehenes. Asimismo, las delegaciones ingresaron y recorrieron las áreas del primer y segundo piso de la réplica. Por la tarde, se realizó una escenificación del operativo. Durante el desarrollo de la diligencia, las delegaciones de los representantes y de la Comisión realizaron las precisiones que estimaron pertinentes.

References: artículo 58
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 58
 Resolución 
 resolución 
 artículo 58
 resolución 
 artículo 58
 resolución 
 artículo 58
 artículo 57
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 58