Source: http://gestores-publicos.blogspot.com/2016_12_01_archive.html
Timestamp: 2017-04-30 03:04:34+00:00

Document:
Por Julio González. Blog Global Politics and Law. Madrid tien un gran
problema: el tráfico de vehículos y sus consecuencias de contaminación por
polución y ruido. Hasta hoy ningún equipo municipal había asumido su gravedad y
adoptado una medida de importancia: prohibir el tráfico de la mitad de los vehículos.
El punto negativo es que, de momento, es una medida coyuntural.
Sí, dejemos los memes
graciosos que hemos recibido y enviado hoy. Olvidemos la patética demagogia de
Esperanza Aguirre que se considera encerrada en su casa por no poder ir al
Ayuntamiento en coche, a pesar de que tardaría a pie menos de media hora. Asumamos
el problema de que no se puede seguir así, con niveles de contaminación
prohibidos por la normativa europea y que tienen un coste altísimo en el
sistema público de salud y en la salud ciudadana.
Alcaldías de Madrid han facilitado el uso del coche. Es la causa de lo que
tenemos ahora. Ya hablemos de los túneles de Alvarez del Manzano, los túneles y
aparcamientos de Ruiz Gallardon y cómo se alteraron los lugares de ubicación de
los medidores de NO2 como ocurrió en la época de Ana Botella. Salvo parte
de la calle Fuencarral, Callao y del barrio de las Letras casi no hay una zona
peatonal en Madrid. Ello a pesar de que El Centro no está preparado para los
La inversión en transporte
público ha sido insuficiente. El billete sigue siendo caro. No hay vías
suficientes para bicicletas y las que hay son inseguras. No se ha potenciado el
coche eléctrico ni el híbrido y en lugar de esto se ha impulsado el diésel, que
es el generador de NO2. Se ha potenciado llegar al centro con infraestructuras
de aparcamiento que pagamos entre todos y que ahora se ponen de excusa para no
cerrar la almendra central al tráfico. Un dislate absoluto.
explotado por razones de salud. No ha sido el gusto de caminar sin riesgo por
el centro de Madrid. Andamos con unos índices de NO2 superiores a 200 cuando la
Organización Mundial de la Salud recomienda menos de 40. Es un problema grave
que puede transformar en crónicas enfermera des respiratorias. Es Derecho
europeo, traspuesto al Derecho español en 2010!!!! Desde entonces se deberían
haber adoptado políticas para evitar lo que está pasando. De hecho, desde Europa se abrió un procedimiento sancionador
contra España por la contaminación de Madrid y Barcelona.
Pero no nos engañemos. El
problema no es de que hoy estemos por encima. ¿Vamos a tener la conciencia
tranquila cuando esté un poco por debajo? No, y aquí hay que ser exigentes al
equipo de Carmena en la restricción general del tráfico por el Centro y en
impulsar medidas para favorecer el transporte público y el no contaminante. Y
esto entronca también con el uso del transporte público para entrar en las
ciudades, un aspecto que tampoco ha merecido una atención suficiente.
Que tiene otros aspectos
positivos colaterales es claro como el del impulso al comercio: acaso convenga
recordar que Preciados es la única calle comercial de Madrid sin locales
¿Qué tenemos que cambiar
hábitos? Sí claro, estamos hablando exactamente de esto. Es la misma razón que
cuando se obligó al uso del cinturón de seguridad o se redujo el alcohol que
podía levar el conductor: la salud pública. Aquí no hay libertad, salvo que se
quiera caer en el ridiculo de Aznar y el vino.
Por ello, el equipo de
Carmena está ante el gran reto de cambiar los hábitos de movilidad de Madrid.
Desde luego, si se atreve sería el equipo de Gobierno que pasaría a la
historia por hacer la ciudad más vivible. El cierre de la almendra central al
tráfico es una medida imprescindible, como lo es el establecimiento de carriles
reales para bicicletas y el aumento del transporte público. No sería la única
en adoptar medidas radicales: Paris ya aborda la prohibición de los vehículos
diésel en 2020 y Hamburgo el que no haya coches en 2025.
Prohibición no debe ser la
única palabra. Ni siquiera el fomento de otros medios de transporte. Sobre todo
debemos hablar pedagogía para cambiar hábitos ciudadanos. Eso será lo que haga
que Madrid sea, parafraseando a Sabina, menos invivible y más insustituible.
Eso vendrá por el nuevo concepto abrir nuevos espacios al peatón y el ciclista.
“A Dios pongo por testigo que no podrán derribarme.
Sobreviviré, y cuando todo haya pasado, nunca volveré a pasar hambre, ni yo ni
ninguno de los míos”
Concepcion Campos.- Blogs NovaGob.- Eso afirmaba Escarlata O´Hara, en una de las secuencias más
recordadas de ese clásico incombustible de la cinematografía (creo que no
necesita aclaración, estoy hablando de Lo que el viento se llevó), como símbolo
de la fortaleza de quien se levanta de las caídas todavía más fuerte y
dispuesta a luchar para conseguir sus objetivos, ése será el leit motiv de mi
Frente a la adversidad (la burocracia), los enemigos
(resistentes al cambio) y la pobreza (sin recursos para la innovación en todas
sus dimensiones), los empleados públicos comenzaremos este 2017 con renovadas
fuerzas para continuar luchando con la mejora en el servicio público y para
transformar a la administración en la mejor versión posible de sí misma y que
se merecen todos los ciudadanos.
Para ello, debemos descartar con el viejo año viejos hábitos
y malas costumbres, y asegurar que en el 2017, YO, EMPLEADO PÚBLICO
El día 2 de octubre de 2015, el BOE publicaba dos leyes, la
Ley de Procedimiento Administrativo Común (39) y la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público (40), que definían, al fin, un marco obligacional para la
implantación de la administración electrónica en el conjunto del sector
público. Transcurridos ya 3 meses tras su entrada en vigor (sí, entrada en
vigor), en 2017 tendremos que apurar para cumplir a lo largo del 2017 el nuevo
escenario normativo. Porque son leyes, y aunque “las leyes no hacen milagros”
hay que cumplirlas, y máxime la propia administración. No más papel
Firma manuscrita, firma electrónica, certificados
La codificación normativa de la obligación de los empleados
públicos de relacionarse electrónicamente ha supuesto un gran avance. Tanto que
permite esgrimir un precepto legal, artículo 14.2 LPAC, para demandar, por
parte de nuestra organización, la implantación de la firma y convencer a los
que siguen pensando “yo no me fío” de la firma electrónica y, al amparo del
mismo precepto, ir incorporando amplios segmentos de la sociedad a las
relaciones electrónicas. No más tinta
3.- No exigiré más documentos a los
Originales, copias electrónicas, en papel, de mi
administración, de otras...
El artículo 28 LPAC ha desplegado toda su eficacia tras su
entrada en vigor en octubre 2015. Plataformas de intermediación de datos y
otras soluciones autonómicas, como PASAXE¡ permiten (en realidad permitirán)
hacer efectivo el derecho de todas las personas a no presentar documentos que
ya están en poder de las AAPP, ni tampoco más originales, apostando por la
simplificación y la reducción de cargas administrativas. No más burocracia.
3 años después de la aprobación de la Ley 19/2013 de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, todavía queda
mucho por hacer, sin restar ni un ápice de valor a los avances realizados
frente a la situación anterior. Pero la actual es manifiestamente mejorable,
porque todavía prima la posición de querer parecer transparente sobre la de ser
transparente, es preciso implantar una verdadera cultura de
transparencia, para encauzar definitivamente hacia una gestión pública
traslúcida. No más opacidad
5.- No denegaré la información pública
La normativa sobre transparencia ofrece un amplio catálogo
de límites, causas de inadmisión, y otras vías de escape, como la presencia de
terceros, necesarios, pero que se utilizan para, sin más, denegar el libre
acceso a la información pública, al fin reconocido. El recurso fácil a estos
obstáculos por parte de la Administración incumple las nuevas reglas del juego
en el acceso a la información, La norma exige llevar a cabo un verdadero
ejercicio de ponderación entre los intereses en conflicto, en una
interpretación siempre favorable al acceso. No más excusas.
Desde 1999 las obligaciones legales en materia de protección
de datos han sido sistemáticamente incumplidas por todos. Pero todavía más para
las AAPP. Exentas, por obra y gracia del legislador, de responsabilidad
pecuniaria en el régimen sancionador, la próxima vigencia del Reglamento
Europeo (UE) 2016/679 en materia de protección de datos, en mayo de 2018, cuyo
impacto se intuye ya en la decisión del gobierno de modificar la LOPD, exigen
revisar esta cómoda posición (incumplidora). Para ello habrá que conocer el
nuevo marco normativo, planificar una política de gestión de datos y
responsables, pero sobre todo tomarse en serio la protección de datos
personales. No más infracciones.
7.- No impediré la participación
Las normas más recientes, en los distintos niveles de
organización territorial, iniciativas de diferente naturaleza y la cada vez
mayor presencia de la Alianza de Gobierno abierto, han puesto en valor la
necesidad de articular la participación ciudadana en la gestión pública, desde
una posición activa, para que, junto con la colaboración y la transparencia, se
pueda hacer realidad uno de los grandes retos de 2017. No más obstáculos
8.- No diré más “siempre se hizo así”
o “nunca se hizo así”
Frente aquéllos que esgrimen la fuerza de la (mala)
costumbre, opongamos una sonrisa para explicarles las ventajas del cambio, las
mejoras de la transformación y de la innovación, de las grandes innovaciones y
de las microinnovaciones. Para que a lo largo de 2017, los que hoy dicen
“siempre se hizo así” o o”nunca se hizo así” como único argumento para
resistirse, sean los primeros en descubrir nuevas oportunidades, en proponer
modificaciones y en perder el miedo al cambio y al fracaso. No más
9.- No promoveré normas y más normas para
resolver problemas sencillos. Desmotorización legislativa
Aprobamos leyes, decretos-leyes, decretos legislativos,
reglamentos, ordenanzas. Pero no es suficiente. La mejora de la calidad de la
regulación obliga también a plantearse si son necesarias tantas normas, que
inundan el BOE pero no se traducen en impactos claros, es el principio de
proporcionalidad. Utilicemos, allí donde sea posible, herramientas sencillas,
prácticas y operativas, que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos, mediante
el prueba-error, sin recurrir a normas y más normas. No más normas innecesarias.
Soy, hago, organizo, tramito, gestiono: 1ª persona del
singular/Somos, hacemos, organizamos, tramitamos, gestionamos: 1ª personal del
Porque las personas son lo más importante, es necesario
implicarse con el conjunto de la organización. Todos, absolutamente todos los
cambios afectan a todos los que formamos parte de la administración. Y todos
debemos contribuir positivamente desde nuestros servicios y desde nuestras
responsabilidades a hacer equipo. Por ello, debemos sentirnos parte del
proyecto común y conseguir que aquéllos que no lo perciben así lo hagan
también. No más “yo”
Y lo que es más importante, seguir trabajando para intentar
mejorar el servicio público que toda Administración y todo empleado público
presta a los ciudadanos, en torno a los que debe girar toda nuestra acción,
aprovechando la oportunidad que el nuevo marco normativo nos ofrece. Porque
cada año nuevo que comienza es una hoja en blanco, una oportunidad para hacer
Parafraseando de nuevo a Escarlata O’Hara, cuando, al
finalizar su odisea,
procedimiento 2.0,
Revista de prensa. Expansión.- En conjunto, las
administraciones públicas en España contaban a finales de julio pasado con 2,52
millones de trabajadores, un 0,14% más.
Cristobal Montoro y José Antonio Beteta, los máximosresponsables de los empleados públicos.
público ha crecido tímidamente entre enero y julio de este año, al pasar de
2,51 millones de trabajadores a comienzos de año a 2,52 millones al cierre de
En total, el aumento ha
sido de 3.539 personas y se ha debido esencialmente a las comunidades
autónomas, donde, a diferencia de la Administración Pública Estatal, ha crecido
ligeramente el empleo, en concreto en 3.367 personas, hasta los 1,29 millones
Pública Estatal, los efectivos han disminuido en 3.487 personas, hasta los
524.314. También han menguado ligeramente en las administraciones locales, al
pasar de 548.944 trabajadores en enero a 547.825 en julio, un 0,20% menos
(-1.119 personas).
perspectiva amplia, las comunidades autónomas son de las pocas que han
incrementado sus plantillas entre enero de 2007, antes del estallido de la
crisis financiera, y julio de 2016.
número de empleados públicos en las CC.AA asciende a 1,298 millones, frente a
los 1,26 millones de 2007; es decir, cuenta con 37.557 trabajadores más (menos
de un 3%).
También han crecido las
fuerzas de seguridad del Estado, al pasar de unos 119.000 efectivos en 2007 a más de 140.000 en
El 60,8% son funcionarios Por contra, el personal de
la Administración General del Estado ha menguado en más de 24.000 personas en
esos casi nueva años, mientras que los ayuntamientos y otras entidades locales
han perdido 34.600 trabajadores en ese lapso (un 6,6%).
De los 2,52 millones de empleados con los que contaban
en julio de este año las AA.PP, el 60,8% es funcionario, el 23,5% es personal
laboral y el 15,7% el resto del personal. Un 45,2% de todos los empleados
públicos son hombres y un 54,8% son mujeres.
Por Jesús Martínez. Blog Trabajo Colaborativo.- Hablábamos en la anterior
entrada de que la combinación entre placer y propósito era uno de los
acercamientos menos imperfectos para explicar la felicidad.
Centenares de investigaciones han comprobado reiteradamente que más allá de un
porcentaje mínimo, la posesión de bienes, el dinero, los placeres,
etc, no dan la ( auténtica) felicidad. El efecto
saciación (concepto que proviene de la Modificación
de Conducta) lo explica bien. Lo podemos resumir, en palabras
muy simples, como todo aquel estímulo que administrado en
gran abundancia ( o de forma repetitiva) causa saciación.
Pues bien, sentadas estas
bases, entendemos ahora mejor la propuesta de Paul Dolan : la
clave de la felicidad consiste en combinar placer ( cultivar los buenos
momentos) y propósito ( la búsqueda de trascendencia y objetivo en nuestras
vidas). ( Manel Muntada, también en este línea, en una estupenda
entrada reciente , nos recuerda que ya Viktor Frankl y
su obra El
hombre en búsqueda de sentido, en los años 40 del siglo pasado, fue
la pregunta que intentamos responder en esta segunda entrada:
¿Qué hace a la gente
feliz en el trabajo?
Para contestarla, nada
mejor que apoyarnos en esta
investigación de Alexis Adair, que recoge diferentes respuestas
de un grupo de empleados. ( Las traduzco libremente)):
-La felicidad en el
trabajo es querer estar allí.
-Creo que cuando la gente
se siente incluida, se siente más feliz
-Nos sentimos felices
cuando sentimos que pertenecemos a algún lugar.
-El sentido más profundo
de la felicidad creo que proviene de un sentido de conexión con los demás.
-La gente quiere un
trabajo interesante donde puedan aprender y crecer.
--Dejar a la gente
usar sus capacidades o aprender nuevas
-Creo que la gente es
feliz cuando se sienten valorados.
contribuyendo a algo, en particular a algo más grande que tú mismo, no es sólo
-Alexis Adair hace un
análisis de contenido del conjunto de respuestas y las agrupa en esta
tabla: Leer+
Blog EsPúblico. José Antonio Sainz. En estos momentos
el Estado y muchas Comunidades Autónomas están trabajando en la prórroga del
presupuesto 2016, situación motivada en gran medida por el retraso en la
formación del nuevo gobierno y por la demora en la concreción de los importes
correspondientes al Sistema de Financiación Autonómica para 2017.
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comunicó el 6 de octubre de
2016 a las Comunidades Autónomas los datos provisionales de las entregas a
cuenta del Sistema de Financiación Autonómica para el 2017 y que los objetivos
de estabilidad presupuestaria (0,6% PIB), de deuda para los ejercicios
2017-2019 y la regla de gasto para el ejercicio 2017 (2,1%) se han fijado en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera del 2 de diciembre de 2016.
Todo ello ha puesto
en marcha el mecanismo de la prórroga presupuestaria, figura que se recoge en
el artículo 134.4 CE en los siguientes términos:
Si la Ley de
Y que se desarrolla
en el ámbito estatal por el artículo 38 de la Ley General Presupuestaria,
precepto cuyo contenido se ha trasladado a las distintas leyes de finanzas autonómicas
sin mayores modificaciones.
38 Prórroga de los Presupuestos Generales del Estado
1.- Si la
Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día
del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente
prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la
aprobación y publicación de los nuevos en el «Boletín Oficial del Estado».
prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o
actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para
obligaciones que se extingan en el mismo.
estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de
la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en
que el presupuesto deba ejecutarse.
debemos tener claro es que la prórroga del presupuesto se produce de forma
automática, sin que sea necesaria norma alguna que lo decrete. En palabras
del STC 3/2003, de 16 de febrero, la prórroga se produce “ex constitucione”.
Por ello, las normas que en forma de real decreto (Estado), decreto (Asturias,
Castilla León, Castilla La Mancha, etc.) u orden (Baleares y Aragón) se han ido
aprobando a lo largo de estos últimos años cada vez que se producía una
prórroga presupuestaria simplemente han servido para regular la gestión del
gasto durante el periodo de prórroga.
cuando se produce una prórroga una de las cuestiones que más dudas plantea
es la concreción de los créditos presupuestarios que se prorrogan. El
artículo 38 LGP señala que del presupuesto inicial del ejercicio anterior no se
prorrogan los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones
que hayan finalizado en el ejercicio cuyo presupuesto se prorroga o para
obligaciones que se extingan en el mismo. Parece claro pero no lo es tanto como
ahora veremos. La cuestión está en
los medios de comunicación; al respecto un periódico económico de hace unos
días, al analizar las consecuencias de la prórroga del presupuesto del estado
para 2017, señalaba que “Por ejemplo, respecto a una partida de gasto fijada
para 2016 y que ya se cumplió, como la restauración de una carretera, ese
gasto no puede volver a hacerse, porque, obviamente, ya ha sido realizado. Y
tampoco podría destinarse a otro fin.”
que ha estudiado el tema, que no es mucha por desgracia, destaco la tesis de
Alejandro Menéndez Moreno que, después de poner de manifiesto la oscuridad del
artículo 38.2, entiende que “No obstante, parece claro que no se prorrogan
los créditos para gastos que, por su singularidad, se acometen en el año
natural y de una sola vez, como podría ser la compra de un elemento de
transporte, y tampoco los destinados a gastos que una vez producidos no son
susceptibles de renovación, como podrían ser los destinados a gastos de una
carretera ya terminada de construir“. Sobre la misma
cuestión José Pascual García entiende que “En consecuencia, la única
interpretación posible es que la exclusión solo afectará a los créditos para
aquellos gastos que, por su singularidad, se acometen de una sola vez, como
podrían ser los gastos para la realización de una muestra o un exposición
singular y determinada o los que una vez consumados no son susceptibles de renovación.
En cierto modo, se trata de extraer las consecuencias del principio de
especialidad cualitativa. Si los créditos se otorgan para una finalidad
determinada y ésta no subsiste, resulta superfluo que el crédito permanezca”.
concluyo que lo relevante es la finalidad del gasto, no su clasificación
económica como gasto corriente o inversión. Si el crédito financia un gasto que
se agotó en el ejercicio precedente no procederá su prórroga. Existen ejemplos
que no plantean dudas: supongamos un programa presupuestario cuyo objeto es
financiar una exposición universal, es fácil entender que se entenderá agotado
con su finalización; o si un crédito financia la compra de un camión, también
es fácil entender que se agotará con la compra del camión.
ejemplos de manual, las conclusiones ya no son tan evidentes. Supongamos un
programa de actuaciones en materia de infraestructura de carreteras que incluye
entre las mismas la construcción de una carretera dentro del capítulo VI (a nivel
dialéctico omito que en este caso existirá un crédito plurianual) ¿Debemos
entender que el programa ha concluido con los kilómetros construidos en el
ejercicio que se prorroga o, por el contrario, ha de entenderse vigente el
programa mientras no se acabe la carretera y, por tanto, cabe entender que se
prorroga ese crédito? En este caso entiendo que lo más razonable es interpretar
que ni el programa (actuaciones en materia de infraestructura de carreteras) ni
la actuación concreta (construcción de la carretera X) han finalizado. Pero ¿Y
si la construcción de la carretera finalizó con el presupuesto que se prorroga?
En este caso, la respuesta es más dudosa ya que la actividad si ha finalizado;
no obstante, sigo entendiendo que sigue procediendo la prórroga del crédito del
capítulo VI ya que el programa no ha finalizado en cuanto sigue siendo
necesaria la construcción de nuevas carreteras; solo no procedería la prórroga
si no fuese necesario construir más carreteras dando por finalizado el
complica un poco más si tenemos en cuenta que un mismo programa se financia con
créditos de varias aplicaciones presupuestarias y que una misma aplicación
puede financiar varios programas. A todo ello hay que añadir que el presupuesto
aprobado por el parlamento lo es a nivel de vinculación, no de forma
es solo una opinión y seguro que discutible.
apreciarse las dudas son evidentes. Como prueba dos ejemplos: por un
lado, se ha llegado a sostener por la Administración de una Comunidad Autónoma
que nada cabe oponer a la prórroga de la subvenciones nominativas si éstas
tienen por objeto financiar actividades de interés público con vocación de
permanencia; mientras, por otro, se ha sostenido en un informe de intervención
que la prorroga excluye a todos los créditos del capítulos VI por el mero hecho
de constituir gastos de capital.
Revista de prensa. Europa Press.- La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) se ha comprometido a contribuir como "actor principal" en la elaboración de propuestas para la "necesaria" reforma de la Administración del Estado. Durante la celebración de su Asamblea Ordinaria, el presidente de Fedeca, Jordi Solé Estalella, manifestó la urgente necesidad de dar pasos "firmes y profundos" con propuestas e ideas para que la Administración Pública alcance el nivel de "eficiencia, estructura e independencia que un país como España necesita".
Revista de Prensa. EP.- Los Ayuntamientos de A
Coruña, Santiago de Compostela, Madrid y Zaragoza han firmado este lunes el
convenio para la realización del proyecto "Plataforma de Gobierno Abierto,
Colaborativa e Interoperable", con la que se pretende mejorar la participación
y la transparencia mediante la tecnología.
propuesta ha sido una de las ganadoras de la II convocatoria del programa
"Ciudades Inteligentes de la agenda digital para España", convocado
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La inversión total del
proyecto asciende a 2.090.461 euros, financiados por Red.es y los
ayuntamientos, en un 60 y un 40 por ciento, respectivamente.
convenio de colaboración es el desarrollo pleno de las políticas de Gobierno
Abierto en las ciudades participantes basado en avances tecnológicos de los
datos abiertos, la participación ciudadana y la transparencia.
El proyecto se sustenta en
tres ejes de acción. Uno de ellos son los datos abiertos y la consiguiente
creación y despliegue de infraestructura tecnológica y el establecimiento de un
conjunto de datos común, generación de documentación y ejemplos de uso.
Otro eje es el área de
participación donde se potenciarán las propuestas ciudadanas, que incluye el
diseño de procesos de participación, generación e implantación de 'software' de
gestión de propuestas, 'software' de votación, sistema de gestión de
votaciones, difusión y capacitación y evaluación de proceso.
El último bloque se
orienta a la transparencia, para lo que se crearán portales de transparencia
enlazados con datos abiertos, procesos participativos para la definición de
indicadores, portal de transparencia basado en datos abiertos y cuadros de
"Plataforma de Gobierno Abierto, Colaborativa e Interoperable" se
llevarán a cabo los servicios que favorezcan la participación de la ciudadanía
en la toma de decisiones de cada Ayuntamiento, a través de una Plataforma de
Gobierno Abierto que se pueda desarrollar de forma conjunta para conseguir
Entre ellos figura el de
producir ahorros y mejoras de eficiencia en la gestión y prestación de los
servicios públicos; impulsar proyectos de carácter innovador para las ciudades;
y fomentar la interoperabilidad con distintas administraciones y agentes,
promover el acceso transparente y universal de los datos públicos de los
servicios (tanto para su consulta como para su reutilización) por parte de
ciudadanos, visitantes, profesionales y empresas, propiciando con estas
actuaciones el crecimiento de la industria y el emprendimiento.
impulsar métricas para la medición de la satisfacción ciudadana y la de sus
visitantes, en los ahorros de tiempos, la reducción de costes y la disminución
de cargas administrativas; asimismo se busca crear espacios tecnológicos con
entornos TIC interoperables, que permitan el desarrollo de proyectos
cooperativos e innovadores que faciliten la experimentación, el desarrollo de
aplicaciones, el intercambio de buenas prácticas y el uso compartido de
Implantar los procesos de
participación ciudadana, mediante la aplicación de las nuevas tecnologías es
otro de los objetivos ha indicado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de
El convenio se nutre de la
apuesta de los cuatro ayuntamientos participantes para crear una red de
colaboración que permita, a su vez la conceptualización; co-crear y co-diseñar
servicios y procesos, entre otros.
Otro apartado del convenio
es el co-diseño de indicadores sobre evaluación continua de la "Plataforma
de gobierno abierto" y de nuevas demandas y nuevos requerimientos; el uso
de estándares, normalización de vocabularios y estructuras de la información;
aprovechar todo el trabajo realizado en metodología y tecnología; comunicar y
formar sobre los nuevos desarrollos, servicios y procesos y favorecer el
intercambio de buenas prácticas, además de la evaluación continua.
proyecto se enmarca dentro de la transformación de las ciudades hacia el ideal
de ciudad inteligente. Para ello, la propuesta conjunta está fundamentada en
datos abiertos, transparencia y participación ciudadana, así como en un pilar
transversal a toda la iniciativa, que es el que atiende a los objetivos de
colaboración, reutilización e interoperabilidad.
El proceso tendrá una
duración de 3 años en el que las ciudades colaborarán en el desarrollo de las
actividades descritas, permitiendo que las experiencias que cada uno de los
participantes ya ha puesto en marcha, puedan servir como punto de partida para
el resto de ciudades.
Ciudades Inteligente,
incorpora la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC) con respecto a su antecesora (la Ley 30/1992,
Común, LRJPAC) es que añade una definición expresa de lo que se ha de entender
por “expediente administrativo”.
cuestión exenta de trascendencia jurídica, puesto que la configuración en la
normativa de qué se entiende por expediente administrativo ayuda a permitir el
cumplimiento de la función revisora que realizan los Tribunales (artículo 106.1
de la Constitución) y es fundamental para articular la defensa de los
particulares afectados por una actuación administrativa frente a la
Administración o ante los tribunales. Así, los documentos integrantes del
expediente son aquellos a los que pueden tener acceso los interesados y,
además, pueden servir como elementos probatorios para la defensa de las
diferentes posiciones procesales.
El art. 70 LPAC incorpora
a la legislación general sobre procedimiento administrativo la definición que
ya encontrábamos en el art. 164.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales (ROF), aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, si bien con determinadas
matizaciones: unas en orden al proceso de impulso de la Administración
electrónica que la Ley persigue, y otras sustantivas, en las que nos vamos a
Hasta ahora, y también con
el art. 70 LPAC (en esto no hay cambio con respecto a lo previsto en el ROF),
el expediente administrativo se formaría con la “agregación” de todas las
actuaciones y documentos que sirven de antecedente y fundamento a la resolución
administrativa respecto de un determinado procedimiento administrativo: es el
conjunto completo y ordenado de todas las actuaciones llevadas a cabo por la Administración
y todos los documentos generados en las distintas fases de un procedimiento,
desde la iniciación, hasta la ejecución, exigiendo, como ya hacía el art. 164.2
ROF (“hojas útiles” “rubricadas y foliadas”), que se añada un índice numerado
de todos los documentos que contenga, además de que conste en el expediente
“copia certificada de la resolución adoptada”.
Lo que aporta de nuevo el
art. 70 LPAC, con respecto a lo previsto en el art. 164 ROF, lo encontramos en
su apartado 4, que nos aclara qué documentos o información no forman parte del
expediente administrativo: “la información que tenga carácter auxiliar o de
Este precepto parte de
considerar que en los procedimientos administrativos se producen documentos de
contenido esencial (decisiones, resoluciones, informes, dictámenes) y
documentos que son de puro apoyo informativo; esto es, aquellos que, siendo
necesarios/útiles para el desarrollo de las actuaciones en un procedimiento, no
forman en ningún caso parte del expediente administrativo, en sentido estricto.
En principio, se entiende
por documentos de apoyo todos aquellos, de carácter informativo (parece), que
son recopilados para la resolución del expediente (información contenida en
aplicaciones, ficheros y bases de datos, notas, borradores, opiniones,
Boletines Oficiales, fotocopias de otros expedientes, disposiciones normativas,
copias de textos bibliográficos, circulares, etc.). La razón de su exclusión
seria que, aunque poseen gran valor informativo, carecerían de valor jurídico-administrativo.
Por tanto, lo correcto sería no incluir en la formación del expediente
administrativo toda esta documentación informativa o de consulta.
Esto parece fácil de hacer
en el modelo clásico de expediente en formato papel. Sin embargo, con la generalización
de la Administración electrónica, ¿es posible discernir/separar esta
documentación en la formación del expediente electrónico? No parece que haya
dificultades en relación con la pura documentación preparatoria o informativa,
que no se ve que tenga porqué tener entrada en el archivo electrónico. Pero, se
plantean dificultades de carácter técnico en los casos de pretender la
exclusión, a posteriori, de documentos que ya han sido incorporados al
dificultades técnicas, plantean problemas sustantivos las comunicaciones entre
órganos, organizaciones o con personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, a lo largo de la tramitación del procedimiento. El nuevo art. 70.4
LPAC excluye del expediente administrativo las “comunicaciones e informes
internos o entre órganos o entidades administrativas”. Si atenemos a la
literalidad del nuevo art. 70.4 LPAC podemos entender, entonces, que las
comunicaciones, en general (incluyendo, por tanto los correos electrónicos), intercambiadas
entre los trabajadores públicos o de éstos con particulares, quedan fuera de la
formación del expediente administrativo. Y ello por entender que constituyen,
ante todo y simplemente, un medio de comunicación entre organizaciones y dentro
de una organización. Pero es que, además, pueden suponer el intercambio de
información entre unidades administrativas (de una o distintas organizaciones)
o contener decisiones que pueden afectar a derechos y deberes de los
administrados: directrices de la institución pública, circulares,
correspondencia relacionada con actividades administrativas, información
relativa a la tramitación de un procedimiento, impulso de trámites,
Lo mismo se puede decir de
las opiniones, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones
Públicas o los informes “voluntarios” o no pedidos y que son recibidos por el
órgano que tramita un procedimiento administrativo, ya que el art. 70.4 LPAC
excluye del expediente administrativo los “juicos de valor” emitidos por las
Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes “preceptivos y
facultativos, solicitados antes de la resolución que ponga fin al
procedimiento”. De esta forma, como ya ha señalado el profesor BAÑO LEÓN, la
Ley permite “expurgar el expediente” y censurar lo que otros han opinado,
cuando no convenga al responsable de la tramitación o resolución de un
determinado expediente.
En definitiva, tanto
ciertas comunicaciones, como los informes “voluntarios”, van (o pueden ir) más
allá de la mera acumulación de información o datos y pueden tener valor
jurídico. De esta forma, el art. 70.4 LPAC excluye todo un conjunto de
informaciones, datos o documentos que no siempre va a ser fácil de esclarecer
si efectivamente forman o no parte del expediente, por lo que seguramente van a
requerir de una aclaración, bien normativa o bien jurisprudencial. En estos
casos, la innecesaridad de incorporar la información auxiliar o de apoyo es (o
puede ser) contraria al principio de transparencia y puede dificultar obtener
el conocimiento de la verdadera intención, finalidad o motivación del acto
administrativo, además de impedir o dificultar la defensa de la posición
jurídica del interesado.
Dando un paso más, si esta
limitación del concepto de expediente puede amenazar (o, incluso, ser
contrario) al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva del
interesado, nos podríamos plantear si es posible pedir al juez de lo
contencioso-administrativo completar en vía jurisdiccional el expediente con
“la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo”. Dicho de otra forma,
ese concepto legal de expediente administrativo ¿vincula al juez de lo
contencioso-administrativo?, ¿podría este juez pedir la incorporación al
expediente de estos documentos “expurgados” y permitir al interesado el acceso
Funcionarios interinos, doctrina TJUE “Castrejana López” y derecho a readmisión obligatoria previa a declaración de indefinidos no fijos Post del Blog Una Mirada Crítica de las Relaciones Laborales. Funcionarios interinos, doctrina TJUE “Castrejana
López” y derecho a readmisión obligatoria previa a declaración de indefinidos
no fijos (y ¿es extensible al ámbito laboral?)
en fecha 14 de septiembre 2016 dictó junto al famoso caso “de Diego Porras”,
como se sabe, dos sentencias más: casos C-184/15 y C-197/15, Asuntos
acumulados, “Martínez Andrés” y “Castrejana López”; y C-16/15, Asunto “Pérez López”.
“otras” dos sentencias se evidencia la manifiesta inadecuación del modelo de
contratación del empleo público (funcionarial y estatutario) – en este sentido,
los comentarios del Prof. Eduardo Rojo, recopilados en este documento, son
concreto, el TJUE en los asuntos acumulados “Martínez Andrés” y “Castrejana
López”, en esencia, dictamina lo siguiente:
En la medida en que (…) no existe ninguna medida equivalente y eficaz de
protección respecto del personal que presta servicios en las Administraciones
públicas en régimen de Derecho administrativo, la asimilación de dicho personal
con relaciones de servicio de duración determinada a los trabajadores
indefinidos no fijos, con arreglo a la jurisprudencia nacional existente,
podría ser una medida apta para sancionar la utilización abusiva de los
contratos de trabajo de duración determinada y eliminar las consecuencias de la
infracción de lo dispuesto en el Acuerdo marco.
que “se opone
a que una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, sea
aplicada por los tribunales del Estado miembro de que se trate de tal modo que,
en el supuesto de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración
determinada, se concede a las personas que han celebrado un contrato de trabajo
con la Administración un derecho al mantenimiento de la relación laboral,
mientras que, con carácter general, no se reconoce este derecho al personal que
presta servicios para dicha Administración en régimen de Derecho
sentido, creo que es importante reparar en el fragmento resaltado, porque, a mi
modo de ver, como detallaré en el análisis crítico de esta entrada, en los
términos en los que está desarrollado en la propia sentencia se aleja
sustancialmente de los efectos jurídicos prototípicos derivados de la
declaración de un trabajador indefinido no fijo.
A la luz del principio de efectividad del Acuerdo Marco, el mismo "se opone
a normas procesales nacionales que obligan al trabajador con contrato de
duración determinada a ejercitar una nueva acción para que se determine la
sanción apropiada cuando una autoridad judicial ha declarado la existencia de
utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada”,
fecha (salvo error u omisión) se había dictado una única sentencia citando
expresamente la doctrina de una de estas “otras” dos sentencias (aunque ya se
habían dictado algunas otras con carácter previo recogiendo un planteamiento
concreto, la STSJ C-A Andalucía\Sevilla 30 de septiembre 2016 (rec. 250/15),
resolviendo la solicitud de que se reconozca “la condición de personal
estatutario indefinido” de una trabajadora sanitaria del sector público
(auxiliar administrativa), acogiéndose a la doctrina del Asunto “Pérez López”
(C-16/15), la declara interina “hasta en tanto no se proveyere de manera legal
y reglamentaria y a los derechos inherentes a esa posición”.
bien, la segunda concreción de estas importantes sentencias del TJUE se ha
producido en la reciente STSJ C-A País Vasco 12 de diciembre 2016 (rec.
735/2013), que da respuesta precisamente a la cuestión prejudicial del Asunto “Castrejana
López”. A diferencia de la sala andaluza, en este caso, la relación de servicio
está extinguida. Detalle que, como se observará, es determinante.
de los detalles del caso y de su fundamentación, en esta entrada se abordará su
análisis crítico y también el de la citada sentencia del TJUE, casos C-184/15 y
C-197/15, Asuntos “Castrejana López” y “Martínez Andrés”.
porque (como he avanzado), en casos de extinción, debe evaluarse en qué medida
ha reconocido un derecho a la readmisión obligatoria (“obligación de
reincorporación”) previo a la declaración de indefinido no fijo (que sería
ciertamente discutible a la luz de la doctrina jurisdiccional social).
Detalles del caso y fundamentación
síntesis, el caso versa sobre un funcionario interino (Arquitecto) del
Ayuntamiento de Vitoria cuya relación de servicio temporal se extendió durante
18 años (1995-2013).
País Vasco (en una fundamentación particularmente breve) entiende que la
respuesta que debe dar al caso está condicionada por dos factores:
El auto en virtud del cual la sala planteó la cuestión prejudicial y en el que
se concluye que la contratación ha sido abusiva, contraria a derecho.
La respuesta que proporciona el TJUE a la cuestión prejudicial y que puede
resumirse en que debe aplicarse la “misma
jurisprudencia consolidada en el orden social respecto de la utilización
abusiva de contrataciones temporales de empleados públicos, esto es, anular la
extinción y considerar la relación como indefinida no fija, por tanto,
prolongada la misma en el tiempo hasta la cobertura reglamentaria de la plaza”
No reconoce importe indemnizatorio alguno por los daños sufridos que la parte
no ha probado ni su existencia ni su cuantificación.
Valoración crítica: en caso de extinción, la calificación de indefinido no fijo
no implica un derecho previo a la readmisión forzosa (o ¿a partir de ahora si?)
respecto, me gustaría plantear las siguientes valoraciones críticas (5) y una
previa sobre los indefinidos no fijos, el Acuerdo Marco y la Doctrina “de Diego
Porras”.
esté directamente relacionada con un aspecto discutido en estos casos, a la luz
de todo lo expuesto y, tal y como he expuesto en otras entradas recientes (aquí
y aquí), es claro que los trabajadores indefinidos no fijos (o “interinos de
hecho”) quedan amparados por el Acuerdo Marco y, a la luz de la doctrina “de
Diego Porras”, la extinción por cobertura reglamentaria de la plaza debería
exigir el abono de la misma indemnización que la prevista para los interinos
El efecto “equiparador” entre contratos “de duración determinada” por
aplicación de las medidas destinadas a evitar su utilización abusiva (Cláusula
5ª del Acuerdo Marco)
sentencia “de Diego Porras”, el TJUE niega que la prohibición de discriminación
(Cláusula 4ª del Acuerdo Marco) sea aplicable cuando se comparan dos contratos
temporales (porque queda fuera del ámbito de aplicación de la propia
obstante, en el caso “Castrejana López”, si el Tribunal interno dictamina que
“no existe ninguna otra medida efectiva para evitar y sancionar los abusos”
(apartado 49), el TJUE posibilita que se exija el mismo tratamiento en el orden
administrativo que el previsto en el social, sin necesidad de abordar si
efectivamente ambas situaciones eran efectivamente asimilables (lo que, dicho
sea de paso, en mi opinión, podrían plantearse algunas dudas).
que, a mi modo de ver, resulta especialmente relevante, pues, matiza la propia
conclusión extraíble del caso “de Diego Porras” recién apuntada.
¿La calificación de indefinido no fijo incluye un derecho previo a la
readmisión en caso de extinción previa?
interpretación que lleva a cabo la Sala C-A de la “jurisprudencia consolidada”
del orden social no la comparto en absoluto, pues, hasta la fecha, en ningún
caso, los Tribunales Sociales han declarado que, si se produce una extinción,
la readmisión sea un efecto prototípico previo de la declaración de indefinidos
no fijos.
estos casos se ha establecido, en cambio, es que la extinción es injustificada
y, por consiguiente, debe abonarse la indemnización establecida para el despido
definitiva, el TSJ del País Vasco (alejándose –a mi entender – sustancialmente
de la “jurisprudencia consolidada” social) estaría aplicando de facto una
doctrina que se aproximaría a la de la “nulidad por fraude de ley”, para,
posteriormente, una vez restablecida la relación de servicio, aplicar la
doctrina de los indefinidos no fijos.
debe recordarse que son los trabajadores “fijos” ex EBEP, los que tienen un
derecho a la readmisión en caso de que se declare “improcedente el despido
acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por
la comisión de una falta muy grave” (art. 96.2 del EBEP).
que si se pretendía equiparar la respuesta a la prevista en la jurisdicción
social, parece que lo lógico hubiera sido que, dado que se ha producido una
extinción, únicamente se le hubiera reconocido el derecho a una indemnización
¿Dónde se encuentra el origen de esta doctrina recogida por el TJUE? El origen
de esta (a mi entender, desviada) interpretación del TSJ del País Vasco se
encuentra en los términos en los que formula la cuestión prejudicial al TJUE.
particularidad que esta “aproximación” acaba “condicionando” el propio fallo
del TJUE (llevándole a sostener una tesis que no se ajusta a la realidad de la
doctrina jurisprudencial del orden social y que se adopta como referente y
determinante para resolver el caso).
misma Sentencia del TJUE (apartados 27 y 28) se recoge que el Tribunal
remitente señala que “27. No
obstante, dado que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo sólo se
pronuncia en litigios relativos a funcionarios de carrera, no existe una
jurisprudencia uniforme en relación con el personal estatutario temporal o con
los funcionarios interinos. En efecto, aunque algunos tribunales niegan con
carácter general la posibilidad de asimilar el personal estatutario temporal o
los funcionarios interinos a los trabajadores indefinidos no fijos, existen
otros supuestos en los que los efectos de la extinción de tal relación de
servicio temporal han podido asimilarse a los resultantes de la extinción de
una relación laboral indefinida no fija, en particular respecto de la
obligación de reincorporación” [la negrita es mía].
“28. En
consecuencia, el tribunal remitente se plantea la conformidad con los
requisitos establecidos por la Directiva 1999/70 de una norma nacional, o de la
práctica de los tribunales nacionales, que no reconoce ni al personal
estatutario temporal eventual ni a los funcionarios interinos el derecho al
mantenimiento de su relación de servicio, mientras que este derecho se reconoce
a los trabajadores indefinidos no fijos”[la negrita es mía].
posteriormente, el TJUE – ya en el desarrollo de su propia fundamentación –
afirma (apartado 46)
este particular, el tribunal remitente estima que existe una medida eficaz
contra el abuso resultante de la utilización de sucesivos contratos de duración
determinada en lo que respecta a los empleados públicos sujetos al Derecho
laboral, dado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha consagrado el
concepto de trabajador indefinido no fijo, con todas las consecuencias que de
ello se desprenden en Derecho nacional, en particular, el derecho del
trabajador al mantenimiento en su puesto de trabajo” [la negrita es mía].
finalmente, como ya se ha apuntado, en la propia conclusión de la sentencia
“se opone
administrativo” [la negrita es mía].
de los fragmentos transcritos, puede apreciarse que el tribunal remitente habla
de la “obligación de reincorporación” y, posteriormente, el TJUE emplea la
expresión “mantenimiento en su puesto de trabajo/relación de servicio“.
pensarse que esta última expresión únicamente se refiere a las situaciones en
las que la relación temporal no se ha extinguido, no incluyendo la obligación
obstante, en los términos en los que está formulada la cuestión prejudicial, la
exposición del tribunal remitente y la que lleva a cabo el TJUE no permitan
afirmar categóricamente que en la expresión “mantenimiento en su puesto de
trabajo/de la relación de servicio” en ningún caso queda subsumida la
“obligación de reincorporación”.
consiguiente, salvo que esté equivocado en mi apreciación (que no descarto
porque, a estas alturas, debo admitir que uno empieza a dudar de todo…) creo
que el TSJ del País Vasco, al formular la cuestión prejudicial, ha inducido al
TJUE a sostener una interpretación de la doctrina del orden jurisdiccional
social que no se ajusta a su formulación originaria (al menos, tal y como yo la
ello, el planteamiento del TSJ del País Vasco debería ser corregido en la
propia jurisdicción contenciosa.
pueda resultar contradictorio, a mi entender, la doctrina “Castrejana López” no
empece que pueda hacerse. Especialmente porque nada hace pensar que, a pesar de
la literalidad de las conclusiones, el TJUE esté exigiendo (si o si) que la
readmisión obligatoria “deba ser la única” medida en los casos de extinción
efecto, de la lectura de la propia sentencia se extrae que para el TJUE lo
relevante es que se prevea “alguna” medida para combatir el abuso, sin
concretar cuál (pues, no es una cuestión que le corresponda determinar ni
tampoco fije la Directiva).
esta apreciación el hecho que el TJUE afirma que la respuesta para los
indefinidos no fijos del ámbito social (apartado 53) “podría ser una medida
apta” (no lo impone) y, además (apartado 54), la solución laboral debe
imponerse “a menos
que exista una medida eficaz en el ordenamiento jurídico nacional para
sancionar los abusos cometidos respecto de dicho personal”.
consiguiente, no puede afirmarse que el TJUE exija una reincorporación
obligatoria si se produce con carácter previo una extinción (pudiendo, por
consiguiente, ser matizada/corregida sin vulnerar el efecto útil del Acuerdo
Marco y la interpretación que ha llevado a cabo el TJUE).
¿Esta doctrina (“desviada”) del TJUE “Castrejana López” es extensible al ámbito
de lo apuntado, podría suceder que la jurisdicción C-A no corrija el criterio.
caso, deberíamos plantearnos si esta interpretación (exclusiva/propia del ámbito
administrativo) puede provocar, si se me permite un término propio del
ciclismo, un efecto “goma”:
efecto, si la jurisdicción contenciosa, a la luz de la sentencia del TJUE
asunto “Castrejana López”, mantiene la posibilidad de “anular la extinción” y
declarar una relación indefinida no fija, nos encontraríamos que, tal previsión
sería más protectora que la prevista en el orden social.
llegados a este estadio, podría plantearse (el efecto “goma” anunciado) si
debería exigirse también en el ámbito social, al menos a los indefinidos no
obstante, no parece que esto pueda “imponerse” a la luz del Acuerdo Marco,
pues, el TJUE en la sentencia “Castrejana López” establece que (apartado 40) “la
cláusula 5 del Acuerdo marco no se opone, como tal, a que la utilización
abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada
corra suertes diferentes en un Estado miembro según estos contratos o
relaciones hayan sido celebrados con un empleador del sector privado o del
no obstante, no impediría que se valorara desde el punto de vista de otras
disposiciones del derecho comunitario (por ejemplo, ¿el art. 21.1 CFDUE?).
otra potencial fuente de conflicto …
entradas anteriores también he criticado la falta de precisión del TJUE en el
asunto “de Diego Porras”.
pretender eximir al TJUE de la responsabilidad que eventualmente pudiera serle
imputable, ciertamente, no debería sorprendernos que le cueste comprender los
matices del retorcidamente alambicado (y creo que la reiteración se queda
corta) marco que (gracias a la manifiesta pasividad del Legislador) nos rige y,
en consecuencia, su finura analítica brille por su ausencia.
que no nos queda más remedio que permanecer a la expectativa de nuevos sobresaltos.
"Castrejana López",

References: artículo 14
 artículo 28
 artículo 134
 artículo 38
 real decreto 

artículo 38

artículo 38

Real Decreto 
 resolución

 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución