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Timestamp: 2019-10-15 11:29:16+00:00

Document:
STS 374/2018, 20 de Junio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 730526797
Número de Recurso: 2956/2015
Número de Resolución: 374/2018
CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. NULIDAD. En la documentación relativa al Sr. Arturo ni siquiera son correctos los datos relativos a sus conocimientos financieros ni a su profesión. En cuanto a la información en sí, el director de la sucursal donde se contrató el producto reconoció que el contratado no fue el solicitado por el cliente y que no se le informó ni de los riesgos de falta de liquidez, ni de la posibilidad de pérdida de la inversión. Se estima la casación.
Sentencia núm. 374/2018
Número del procedimiento: 2956/2015
Procedencia: AUD.PROVINCIAL DE BURGOS SECCION N. 3
CASACIÓN núm.: 2956/2015
Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto por D. Arturo y D.ª Rosalia , representados por el procurador D. Francisco García Cuesta, bajo la dirección letrada de D.ª Amalia Garmilla Ortega, contra la sentencia núm. 226/2015, de 29 de julio, dictada por la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Burgos, en el recurso de apelación núm. 296/2014 , dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 453/2013, del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Burgos. Sobre nulidad de contrato de suscripción de obligaciones subordinadas. Ha sido parte recurrida Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (como sucesora por fusión por absorción de Catalunya Banc S.A.), representado por la procuradora D.ª Ana Llorens Pardo y bajo la dirección letrada de D.ª Marta Rius Alcaraz.
- La procuradora D.ª Pilar Olalla Martínez, en nombre y representación de D. Arturo y de D.ª Rosalia , interpuso demanda de juicio ordinario contra Catalunya Banc S.A., en la que solicitaba se dictara sentencia en la que:
1.º- Se declare la nulidad de los contratos unidos como documentos nº 32 y 34 (orden de compra de títulos de la séptima emisión de obligaciones de deuda subordinada Caixa Catalunya y Contrato de Custodia y Administración de Valores descrito), sea por nulidad de pleno derecho, sea por nulidad relativa o anulabilidad.
2.º- Se condene a la demandada a restituir a la parte actora la cantidad percibida de ésta por causa de los citados contratos (171.000 euros) con deducción del precio entregado a los actores a consecuencia de la venta de las acciones de canje obligatorio producida el día 26 de junio de 2013 ( 132.660,84 euros) y con deducción de los intereses percibidos por la parte actora por causa del mismo contrato (21.114,42 euros), esto es, se condene a pagar a los demandante 17.224,74 euros.
»3.º- Se condene a la demandada a abonar a la parte actora los intereses legales devengados sobre los 171.000 euros depositados en la entidad demandada a consecuencia de los contratos acompañados como documentos nº 32 y 34 (orden de compra de títulos de la séptima emisión de obligaciones de deuda subordinada Caixa Catalunya y Contrato de Custodia y Administración de Valores descrito) desde su entrega, el día 1 de febrero de 2010 hasta el día 26 de junio de 2013, así como los intereses legales devengados sobre 38.339,16 euros (es decir, sobre el resultado de restar de los 171.000 euros iniciales el producto de la venta de las acciones de canje obligatorio producida el día 26 de junio de 2013), desde el citado día 26 de junio de 2013 hasta sentencia.
»4.º- Subsidiariamente, se declare la resolución de los contratos unidos como documentos nº 32 y 34 (orden de compra de títulos de la séptima emisión de obligaciones de deuda subordinada Caixa Catalunya y Contrato de Custodia y Administración de Valores descrito) y se condene a la demandada a restituir a la actora la cantidad de 17.224,74 euros (171.000 euros menos liquidaciones de intereses practicadas a consecuencia de los contratos menos precio entregado a los actores a consecuencia de la venta de las acciones de canje obligatorio producida el día 26 de junio de 2013) y a abonar a la parte actora los intereses legales devengados sobre los 171.000 euros depositados en la entidad demanda a consecuencia de los contratos desde su entrega, el día 1 de febrero de 2010 hasta el día 26 de junio de 2013, así como los intereses legales devengados sobre 38.339,16 euros (es decir, sobre el resultado de restar de los 171.000 euros iniciales el producto de la venta de las acciones de canje obligatorio producida el día 26 de junio de 2013), desde el citado día 26 de junio de 2013 hasta sentencia.
»5.º- Se condene en todo caso a la parte demandada al pago de las costas judiciales causadas en la presente Litis, con lo demás que proceda [...].
- La demanda fue presentada el 4 de julio de 2013 y repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Burgos, fue registrada con el núm. 453/2013 . Una vez admitida a trámite, se emplazó a la parte demandada.
- La procuradora D.ª Elena Cano Martínez, en representación de Catalunya Banc S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:
[...] dictar sentencia por la desestime íntegramente la misma, absolviendo a mi mandante de los pedimentos formulados, con expresa imposición de costas
- Tras seguirse los trámites correspondientes, el magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Burgos dictó sentencia n.º 137/2014, de 24 de julio , con la siguiente parte dispositiva:
Que debo estimar y estimo la demanda formulada por la Procuradora Sr. Olalla Martínez, en nombre y representación de DON Arturo Y DE DOÑA Rosalia , contra CATALUNYA BANC S.A. y en su virtud debo declarar y declaro:
1º.- La nulidad de los contratos de compra de obligaciones de deuda subordinada Caixa Catalunya y contrato de custodia y administración de valores.
2º.- Se condena a la parte demandada a restituir a la parte actora la cantidad percibida de ésta por los citados contratos (171.000 euros), con deducción del precio entregado a los actores a consecuencia de la venta de las acciones de canje obligatorio, producida el día 26 de junio de 2013 (132.660,84 euros), y con deducción de los intereses percibidos por la parte actora por causa del mismo contrato (21.114,42), esto es la demandada ha de pagar a los actores la suma de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 17.224,74 euros.
3º.- Se condena así mismo a la demandada a abonar los intereses legales devengados sobre la suma de 171.000 euros, desde su entrega el día 1 de febrero de 2010, hasta el 26 de junio de 2013, así como los intereses legales devengados sobre 38.339,16 euros, (es decir, sobre el resultado de restar, de los 171.000 euros iniciales, el producto de la venta de las acciones de canje obligatorio producida el día 26 de junio de 2013), desde el citado día 26 de junio de 2013, hasta sentencia.
4º.- Se imponen las costas a la parte demandada
- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Catalunya Banc S.A.
- La resolución de este recurso correspondió a la sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Burgos, que lo tramitó con el número de rollo 296/2014 y tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia en fecha 29 de julio de 2018, cuya parte dispositiva dice:
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora doña Elena Cano Martínez contra la sentencia de fecha 24 de julio de 2014, dictada por el Juzgado de Primera Instancia números dos de Burgos en los autos de juicio ordinario 453/2013, con revocación de la misma se dicta otra por la que se desestima la demanda formulada por D. Arturo y Dª Rosalia contra la entidad "Catalunya Banc S.A.", absolviendo a esta última de todas las pretensiones de la demanda, sin imposición de costas en ambas instancias
- La procuradora D.ª Pilar Olalla Martínez, en representación de D. Arturo y de D.ª Rosalia interpuso recurso de casación.
Único.- Amparado en el nº 3º del art. 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por existencia de interés casacional en la modalidad de jurisprudencia contradictoria de las AA.PP
- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 29 de noviembre de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:
Admitir el recurso de casación interpuesto por don Arturo y doña Rosalia contra la Sentencia dictada el 29 de julio de 2015 por la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 3.ª) en el rollo n.º 296/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 453/2013, del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Burgos
- El 1 de febrero de 2010, D. Arturo y D.ª Rosalia adquirieron ciento once títulos de obligaciones subordinadas de Caixa Catalunya, por un precio de 171.000 €.
- Tales obligaciones subordinadas fueron canjeadas obligatoriamente por acciones de Catalunya Banc S.A., en cumplimiento de la Resolución de 7 de junio de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), por la que se acuerda implementar acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada en ejecución del Plan de Resolución de Catalunya Banc, SA, aprobado el 27 de noviembre de 2012 por el FROB y el Banco de España y el 28 de noviembre de 2012 por la Comisión Europea.
Tras el canje obligatorio, las acciones adquiridas podían ser vendidas voluntariamente al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) entre el 17 de junio y el 12 de julio de 2013. Los Sres. Arturo y Rosalia optaron por la venta, tras la cual, la pérdida de su inversión quedó concretada, una vez descontados los dividendos percibidos, en 17.224,74 €.
- Los Sres. Arturo y Rosalia interpusieron una demanda de juicio ordinario contra Catalunya Banc S.A. (actualmente, BBVA S.A.), en la que solicitaron que se declarase la nulidad del contrato de adquisición de las obligaciones subordinadas antes indicado y se condenara a la demandada a abonarle 17.224,74 €, con sus intereses legales.
- Opuesta a tales pretensiones la entidad financiera, el juzgado dictó sentencia en la que estimó la demanda, al considerar, resumidamente, que el incumplimiento por parte de la entidad financiera de sus obligaciones de información había provocado que los clientes prestaran su consentimiento viciado por error. Por lo que declaró la nulidad de la adquisición de las obligaciones subordinadas y ordenó la restitución de las prestaciones.
- Interpuesto recurso de apelación por la parte demandada, la Audiencia Provincial dictó sentencia estimatoria del recurso, al considerar, resumidamente, que la venta libre y voluntaria al FGD de las acciones obtenidas en el canje obligatorio había extinguido el primitivo contrato de compra de los títulos de obligaciones subordinadas, por lo que no puede instarse la nulidad de un contrato inexistente.
- El recurso de casación se plantea al amparo del art. 477.2.3º LEC , en la modalidad de existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, y se formula en un único motivo, en el que se denuncia la infracción de los arts. 43 , 44 , 49.2 y 73 de la Ley 9/2012 , de reestructuración y resolución de entidades de crédito y los arts. 1203 , 1204 , 1208 , 1300 . 1303 , 1307 y 1309 a 1314 del Código Civil (CC ).
- En su desarrollo se argumenta, resumidamente, que la sentencia recurrida infringe los preceptos citados porque los términos en que se produjo el canje obligatorio y la venta posterior de las acciones obtenidas como resultado del mismo no privan a los demandantes de su acción para instar la nulidad del contrato de adquisición de las obligaciones subordinadas, ni supone confirmación del contrato nulo.
Subsistencia de la acción para instar la nulidad del contrato de adquisición de obligaciones subordinadas tras elcanje obligatorio y la posterior venta de las acciones obtenidas en el canje
- En las sentencias 448/2017, de 13 de julio ; 580/2017, de 25 de octubre ; 670/2017, de 14 de diciembre ; 51/2018, de 31 de enero ; 139/2018, de 7 de marzo ; y 190/2018, de 5 de abril , hemos declarado que la venta voluntaria de las acciones objeto de canje obligatorio, por resolución administrativa del FROB, no priva a los adquirentes de los títulos canjeados de su acción de anulabilidad.
Las obligaciones subordinadas salieron del patrimonio de los recurrentes en el momento del canje obligatorio, por lo que ya desde esa fecha no era posible su restitución en ejecución de una eventual sentencia que declarara la nulidad del negocio originario de adquisición. De manera que la posterior aceptación de la oferta de adquisición del FGD no añadió nada a dicha imposibilidad de restitución, puesto que los títulos ya habían salido del patrimonio de los adquirentes, no por su voluntad, sino por imposición administrativa anterior a la aceptación de la oferta de compra de las acciones. La cual, por cierto, no se hizo por un precio negociado, y ni siquiera de mercado, sino conforme al precio fijado por un experto designado por el FGD, en el marco de la intervención administrativa de la entidad emisora y comercializadora.
- Tampoco cabe considerar que, conforme al art. 1314 CC , se haya extinguido la acción de nulidad contractual. A tenor del primer párrafo de dicho precepto, se extinguirá la acción de nulidad de los contratos cuando la cosa que constituya su objeto se hubiese perdido por dolo o culpa del que pudiera ejercitarla. Y no puede considerarse que los recurrentes, por el hecho de efectuar el canje obligatorio y vender posteriormente las acciones hubieran perdido la cosa (las obligaciones subordinadas) por dolo o culpa. Es más, dicha pérdida ni siquiera les es imputable, en cuanto que vino impuesta por el FROB y por las propias circunstancias económicas de la entidad emisora/comercializadora: o vendían con pérdida o no recuperaban nada de lo invertido.
- Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el art. 49.2 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre , de reestructuración y resolución de entidades de crédito, impide a los perjudicados solicitar la indemnización de daños y perjuicios por el menor valor obtenido por las acciones en relación con el capital invertido, pero no veda en modo alguno la posibilidad de ejercicio de la acción de restitución basada en la existencia de nulidad por error vicio.
Asunción de la instancia. Error vicio del consentimiento
- Lo hasta ahora expuesto conlleva la estimación del recurso de casación, la anulación de la sentencia recurrida y la asunción de la instancia, a fin desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada.
- En cuanto al error vicio del consentimiento, hemos dicho en múltiples resoluciones, que por reiteradas y conocidas es ocioso citar, que en el ámbito del mercado de valores y los productos y servicios de inversión, el incumplimiento por la empresa de inversión del deber de información al cliente no profesional, si bien no impide que en algún caso conozca la naturaleza y los riesgos del producto, y por lo tanto no haya padecido error al contratar, lleva a presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos asociados que vicia el consentimiento. Por eso la ausencia de la información adecuada no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo. La normativa del mercado de valores, incluida la vigente antes de la transposición de la Directiva MiFID, da una destacada importancia al correcto conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar productos y servicios de inversión, y obliga a las empresas que operan en ese mercado a observar unos estándares muy altos en la información que sobre esos extremos han de dar a los clientes, potenciales o efectivos.
- En este caso, no consta que se informara a los clientes sobre la naturaleza, características y riesgos del producto; ni puede considerarse que la orden de compra fuera suficiente a los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones legales de información previstas en el art. 79 bis LMV y en el RD 217/2008, de 15 de febrero , sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión Tampoco consta que se hiciera un estudio previo del perfil inversor de los clientes, o que se considerase si la inversión en obligaciones subordinadas era adecuada a dicho perfil.
En efecto, en la documentación relativa al Sr. Arturo ni siquiera son correctos los datos relativos a sus conocimientos financieros ni a su profesión. En cuanto a la información en sí, el director de la sucursal donde se contrató el producto reconoció que el contratado no fue el solicitado por el cliente y que no se le informó ni de los riesgos de falta de liquidez, ni de la posibilidad de pérdida de la inversión.
- Como consecuencia de lo cual, debe desestimarse el recurso de apelación y confirmarse la sentencia de primera instancia.
- La desestimación del recurso de apelación que, una vez asumida la instancia, se ha realizado, conlleva que deban imponerse las costas a la parte apelante, según ordena el art. 398.1 LEC .
- Asimismo, procede la devolución del depósito constituido para el recurso de casación y la pérdida del constituido para el recurso de apelación, de conformidad con la disposición adicional 15ª , apartados 8 y 9, LOPJ .
- Estimar el recurso de casación interpuesto por D. Arturo y Dña. Rosalia contra la sentencia núm. 226/2015, de 29 de julio, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, en el recurso de apelación nº 296/2014 , que anulamos y dejamos sin efecto.
- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc S.A. (actualmente, BBVA S.A.) contra la sentencia nº 137/2014, de 24 de julio, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Burgos , en el juicio ordinario nº 453/2013, que confirmamos.
- Condenar a BBVA S.A. al pago de las costas del recurso de apelación.
- Ordenar la devolución del depósito constituido para el recurso de casación y la pérdida del constituido para el recurso de apelación.

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