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Timestamp: 2018-01-17 07:49:37+00:00

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INTERVENCIÓN MINERA A GRAN ESCALA EN ECUADOR Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Caso Corriente Resources Inc.
Contenido INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 MINERÍA METÁLICA A GRAN ESCALA EN ECUADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Marco político-jurídico de la minería en Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Presencia canadiense en el sector minero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA CORRIENTE RESOURCES INC. EN ECUADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 La empresa Corriente Resources Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Empresas subsidiarias de Corriente Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ámbito geográfico en que opera la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Proyectos mineros de Corriente Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Política de responsabilidad social de Corriente Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 DERECHOS VULNERADOS: RESUMEN DE HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Derecho a la participación y consulta de las personas, comunidades y pueblos en decisiones que les afectan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derecho a la tierra y al territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derecho al agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Represión y criminalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliografía y entrevistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Introducción Durante la última década, Ecuador ha experimentado una creciente presencia de actores interesados en el desarrollo de la minería a gran escala, incentivados por disposiciones legales y medidas económicas impulsadas por los sucesivos gobiernos. Este tipo de intervención minera ha contribuido a un contexto de conflictividad social, y ha generado un importante debate nacional acerca de la pertinencia de promover la explotación minera a gran escala en este país latinoamericano. En este escenario se inscribe el presente resumen del informe “Intervención Minera a Gran Escala en Ecuador y Vulneración de Derechos Humanos: caso Corriente Resources”, elaborado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos1 (CEDHU) de Ecuador con el apoyo de la organización canadiense Derechos y Democracia2, la Federación Internacional de Derechos Humanos3 (FIDH) y sus ligas ecuatorianas Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos4 (INREDH) y Centro Ecuatoriano de Derechos Económicos y Sociales (CDES)5. Este documento sintetiza la intervención de Corriente Resources Inc., empresa de exploración minera canadiense6 que, mediante sus subsidiarias, operó en las provincias amazónicas de Morona Santiago y Zamora Chinchipe durante el período 2000-2010. Las organizaciones estadounidenses Envirommental Defender Law Center7 (EDLC) y Environmental Law Alliance Wordwide8 (ELAW) colaboraron sustancialmente en la elaboración de ese informe.
Metodología La elaboración del informe se basó fundamentalmente en la guía metodológica para la evaluación de impacto en los derechos humanos, desarrollada por la organización canadiense Derechos y Democracia9, de la cual el equipo de investigación tomó el marco referencial de derechos humanos basado en principios como la participación, la transparencia (acceso a la información), la no discriminación, la indivisibilidad de los derechos humanos y la rendición de cuentas respecto a la responsabilidad de los actores involucrados. El estudio se inició a fines de 2009 y finalizó en noviembre de 2010. Durante el trabajo de campo, el equipo de investigación realizó entrevistas, reuniones y observación in situ en Morona Santiago y Zamora Chinchipe, provincias en las que se encuentran las concesiones mineras de Corriente Resources. Entrevistó tanto a personas y colectivos que han cuestionado la minería a gran escala como a aquellos actores que se han manifestado a favor de la misma.10 1. www.cedhu.org. Fundada en 1977. 2. www.dd-rd.ca/site. Fundada en 1988.	3. www.fidh.org. Fundada en 1922. 4. www.inredh.org. Fundada en 1993. 5. cdes@cdes.org.ec. Fundada en 1999. 6. De la cual se hace una descripción en el acápite de presentación del caso. En esta sección se describe que las subsidiarias, en su totalidad, son operadas por Corriente Resources. Cuando mencionamos a Corriente Resources nos referimos a EcuaCorriente y a las demás subsidiarias en Ecuador. 7. www.edlc.org 8. www.elaw.org 9. Derechos y Democracia. Todo derecho: Guía detallada para evaluar el impacto de las inversiones extranjeras en los derechos humanos. Noviembre de 2008. Disponible en: www.ddrd-ca/site/publications/ 10. Para determinar las entrevistas a personas y colectivos a favor de la minería a gran escala, el equipo de investigación apeló a la empresa EcuaCorriente, concretamente a Ian Harris, Vicepresidente Senior de EcuaCorriente, quien en entrevista realizada el día 24 julio de 2009, en la ciudad de Quito, proporcionó al equipo nombres de personas y organizaciones.
Igualmente, el equipo entrevistó a representantes y personas vinculadas a la empresa Corriente Resources y a autoridades locales y nacionales. Una vez recopilada la información de campo, ésta fue corroborada con información documental y bibliográfica. El análisis de las alegaciones de violaciones a derechos humanos, existentes o potenciales, se realizó contrastando los hechos ocurridos con los contenidos de derechos humanos consignados en los tratados, la Constitución ecuatoriana y otros instrumentos normativos relevantes. Se hace referencia al sistema internacional de derechos humanos, al sistema regional y al sistema constitucional nacional. Por otra parte, se tomó en cuenta la responsabilidad de los actores involucrados en la intervención minera que se analiza. En primer lugar, el Estado ecuatoriano en tanto tiene el deber de respetar, proteger y promover los derechos humanos. En segundo lugar, los estados también tienen obligaciones extraterritoriales en relación con las actividades que sus empresas realizan fuera de sus espacios territoriales. De hecho, existe creciente consenso en el ámbito de las Naciones Unidas acerca de que los estados deberían, por lo menos, asegurarse de que las actividades de las empresas localizadas en su territorio o bajo su jurisdición no violen derechos humanos cuando actúan fuera de sus territorios.11 Lo anotado ha sido reiterado por el Comité de Derechos Económicos y Sociales (CESCR) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).12 En tercer lugar, se considera que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. El Representante Especial sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, confirmó que las empresas tienen como “responsabilidad básica” el respeto a los derechos humanos, “independientemente de los deberes del Estado”13. Las empresas deben respetar las leyes nacionales del país donde operan y también los estándares internacionales, cuando son más exigentes que los locales. Para cumplir con esta obligación deben tomar las medidas necesarias, incluso medidas positivas, para prevenir los impactos negativos sobre derechos humanos.14 Elección del caso Es importante señalar que los proyectos de Corriente Resources Inc. no son los únicos que han sido cuestionados por poblaciones ecuatorianas bajo alegaciones de violación a los derechos humanos. Sin embargo, el equipo que elaboró el informe consideró que el análisis de un caso particular permitiría aportar elementos para alertar y actuar ante la vulneración de derechos que pudieran experimentar otras comunidades del país y del mundo, a causa de proyectos similares.
11. La obligación de proteger, ver, respetar y remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos, Informe del Representante Especial del Secretariado General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. John Ruggie [PDF], 7 de abril de 2008, A/HRC/8/5. [John Ruggie, A/HRC/8/5] 12. Ver por ejemplo: CESCR, Observación general 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12). 13. John Ruggie, A/HRC/8/5, pp. 54 a 55. 14. Ibíd, p. 55.
La selección de la intervención de la empresa Corriente Resources obedece a las siguientes consideraciones: – Durante el tiempo en que Corriente Resources operó en el país, difundió, a través de diferentes medios publicitarios, su compromiso con la “responsabilidad social” y el cumplimiento de los mejores estándares internacionales de intervención minera. El slogan de Corriente Resources Inc. ha sido el “trato justo”. Según el Estado ecuatoriano, Corriente ha cumplido los requisitos exigidos por la legislación ecuatoriana, siendo autorizada en julio de 2009 a reanudar las actividades que le fueron suspendidas en el año 2006 (debido a la convulsión social desatada en las provincias en que operaba). – Corriente Resources es una de las grandes empresas, cuyas operaciones conjuntas hacen parte de un distrito minero de oro y cobre, ubicado al sur de la Amazonía del país, en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Para ilustrar la incidencia políticogeográfica de tal distrito, podemos mencionar que solamente en Zamora Chinchipe existen aproximadamente 400.000 hectáreas concesionadas, lo que representa casi el 50% de la superficie de la provincia. Las mayores concesionarias han sido las empresas canadienses Corriente Resources Inc. y Kinross (antes Aurelian). – Uno de los proyectos de Corriente Resources Inc., el proyecto Mirador, se encuentra finalizando la fase de exploración avanzada, siendo el primer proyecto en el que se iniciaría la explotación de minería metálica a gran escala en el país.
Minería metálica a gran escala en Ecuador La actividad minera artesanal metálica se ha dado históricamente en la región, siendo uno de los elementos de la colonización española. Actualmente, algunos pueblos de la Sierra, Costa y Amazonía continúan lavando oro de manera tradicional. Sin embargo, la importancia de la pequeña y mediana minería en tanto ingresos para el Estado –por patentes de conservación minera– sigue siendo marginal. Según información del Ministerio de Energía y Minas hasta el año 2007, el aporte de la minería a pequeña escala al producto interno bruto no rebasa el 0.35%.15 El fomento institucional de la minería metálica a gran escala surgió en la década de los noventa, a partir de la vigencia e implementación de la Ley de Minería en 1991. Inicialmente, las obligaciones de las empresas mineras para con el Estado fueron flexibilizándose de forma gradual. En el año 2000, las reformas legales establecieron, entre otras, la eliminación de plazos para la entrega de concesiones así como la supresión de regalías por parte de las empresas. Esta política de los años 90 influyó en la llegada de empresas extranjeras al país y en la entrega de concesiones mineras. Para abril de 2007, éstas abarcaron una superficie de 2.8 millones de hectáreas, de la cual el 45,6% correspondió a la minería metálica.16 Estudios exploratorios determinaron que el mayor potencial minero se halla en las provincias amazónicas de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. A inicios de 2010, la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) anunció que los proyectos de las empresas canadienses Corriente Resources y Kinross (antes Aurelian) y el de la empresa Cóndor Gold, ubicados en las provincias mencionadas, habían sido incluidos entre las prioridades de inversión nacional.17
Marco político-jurídico de la minería en Ecuador La implementación de políticas destinadas a atraer la inversión extranjera, sumada a una práctica de no vigilancia estatal a esos proyectos, ha generado un escenario de conflictividad social con múltiples episodios de vulneración de los derechos humanos, lo que ha propiciado también un debate ciudadano sobre la pertinencia o no de promover la minería a gran escala en el país. A partir del año 2005, diversos eventos de protesta contra la minería a gran escala tienen lugar a nivel nacional, incluyendo las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Las movilizaciones sociales han sido protagonizadas por comunidades indígenas y campesinas, población urbana y rural, incluyendo autoridades públicas (representantes de juntas parroquiales, municipios y provincias).
15. Paúl Cisneros, El diálogo minero en el Ecuador: ¿Señales de una nueva relación entre comunidades, empresas extractivas y Estado?, Documento de trabajo No. 012, Observatorio Socio Ambiental, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, septiembre, 2008, p. 5. 16. Ibíd. 17. En la actualidad existe un grupo de trabajo multisectorial en el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, encargado del llamado “cinturón del cobre” al sureste del país.
Durante y después de algunas movilizaciones de protesta, numerosos casos de represión, judicialización y criminalización contra líderes sociales y pobladores en general han sido denunciados. Ante esa situación, la Asamblea Nacional Constituyente, reconociendo como legítima la lucha de cientos de personas que defienden sus territorios y la naturaleza, y reconociendo también que la justicia había sido utilizada para su criminalización, resolvió en el año 2008 archivar las investigaciones y acciones legales en su contra, mediante dos resoluciones de amnistías.18
Presencia canadiense en el sector minero Alrededor del 60% de las empresas mineras en el mundo están registradas en bolsas de valores de Canadá.19 Las compañías canadienses participan en aproximadamente el 50% de la exploración minera en el mundo con unos 6.000 proyectos en más de 100 países.20 En Ecuador, el capital canadiense constituye más del 90% de la inversión del naciente sector minero metálico en su fase exploratoria.21 En el año 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU expresó su preocupación por “los efectos adversos de actividades económicas vinculadas con la explotación de recursos naturales fuera de Canadá por parte de corporaciones transnacionales registradas en Canadá” y recomendó al Gobierno canadiense “tomar las medidas legislativas o administrativas para prevenir acciones de estas corporaciones que impacten negativamente el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en territorios fuera de Canadá.”.22 A partir de una serie de conflictos sociales y ambientales relacionados con las operaciones de empresas mineras canadienses, entre los que podemos mencionar el asesinato del dirigente mexicano Mariano Abarca en noviembre de 2009 después de haber pedido protección policial por amenazas recibidas en las que habría estado involucrada una minera canadiense, y el caso ecuatoriano de vulneración de derechos de campesinos de Imbabura por parte de a la Ascendant Copper (hoy Copper Mesa Mining), el parlamento canadiense estaba considerando el proyecto de ley “Bill C-300” respecto a la responsabilidad corporativa de las empresas fuera de Canadá. Sin embargo, el 27 de octubre de 2010, la Cámara de comunes (House of Commons) rechazó tal proyecto mediante una votación en la que 140 diputados votaron en contra y 134 a favor23.
18. Asamblea Nacional Constituyente, Resoluciones de 14 de marzo de 2008 y de 22 de julio de 2008. 19. Canada. The Canadian Trade Commissioner Service. Canada in the World of Mineral Exploration. Marzo 2003, p.2. 20. Ibíd. 21. Entrevista con el Embajador de Canadá en Ecuador, Andrew Shisko, Quito, 10 de noviembre de 2009. 22. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Canadá, CERD/C/CAN/CO/18, 25 de mayo de 2007, parr.17. 23. The Globe and Mail, “Ethical mining bill defeated after fierce lobbying”, octubre 28 de 2010, www.theglobeandmail.com
Intervención de la empresa Corriente Resources inc. en Ecuador La empresa Corriente Resources Inc. Corriente Resources Inc. fue creada en 1983, en la provincia de Columbia Británica, en Canadá, bajo el nombre de “Coronado Resources Inc.” En 1990, cambió su nombre a “Iron King Mines Inc.” y finalmente en 1992 pasó a llamarse “Corriente Resources Inc.”24 Hasta 2003, Corriente Resources se dedicó a adquirir propiedades y a ubicar y confirmar la existencia de cuerpos de metales comerciales para posteriormente vender las propiedades a otras entidades.25 En los últimos años, ha enfocado sus actividades en la exploración y desarrollo de sus proyectos Mirador y Panantza-San Carlos en el sur de Ecuador, en el denominado “Cinturón de Cobre de Corriente”.26 Adicionalmente, existen denuncias de que Corriente Resources está desarrollando una estrategia de relacionamiento comunitario en Cerro Colorado-Panamá, pese a que la Directora Nacional de Recursos Minerales del MICI, afirmara en 2009 que esa empresa no contaba con concesión registrada alguna.27 Hasta inicios de 2010, Corriente Resources fue propietaria del 100% de las acciones de las siguientes cuatro empresas constituidas en Ecuador28: Ecuacorriente S.A., Explorcobres S.A., Puertocobre S.A., y Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A. Hidrocruz.29 En enero de 2008, Corriente empezó a buscar una compañía que contara con los recursos técnicos y financieros necesarios para el desarrollo de sus proyectos,30 y una oferta de parte del conglomero chino Tongguan /CRCC se concretó en diciembre de 200931. Tongguan / CRCC ofreció adquirir todas las acciones de Corriente consignando un valor de $8,60 dólares canadienses por cada una de las acciones32, sumando la cantidad total de $679 millones de dólares.33 Sobre esta base, el 28 de mayo de 2010, Tongguan /CRCC adquirió el 96.9% del total de acciones de Corriente Resources.34 El 21 de junio las acciones de Corriente fueron retiradas
24. Corriente Resources Inc., Annual Information Form for the Fiscal Year Ended December 31, 2009. march 23, 2010, p. 5. 25. Ibíd, p. 6. 26. Ibíd, p. 6. 27. Diario Prensa, “Ojos sobre Cerro Colorado”, 8 de diciembre de 2009, disponible en: http://mensual.prensa.com/mensual/ contenido/2009/12/07/hoy/nacionales/2019887.asp. 28. Corriente Resources Inc., Annual Information Form for the Fiscal Year Ended December 31, 2009. march 23 2010, p. 4. 29. Ibíd, p.5. 30. Ibíd, p. 7. 31. Ibíd, p. 8. El conglomerado está formado por Tongling Nonferrous Metals Group Holdings (Tongling) y por China Railway Construction Corporate Limited (CRCC). 32. Ibíd, pp. 1 y 8. 33. The Financial Post China Railway, Tongling offer $679-million for Corriente, 28 de diciembre de 2009, disponible en: www.financialpost.com/story.html?id=2385968 34. Corriente Resources Inc. “CRCC-Tongguan Investiment (Canada) Co., Ltd. Acquires approximately 96.9% of Corriente Resources Inc.”, disponible en: www.corriente.com
de la bolsa de valores de Nueva York (NYSE Amex).35 El 4 de agosto de 2010, Tongguan / CRCC adquirió el 100% de las acciones de Corriente, y éstas dejaron de contar en la lista para negocios, en la Bolsa de valores de Toronto (Toronto Stock Exchange)36, haciendo del consorcio Tongguan /CRCC el dueño absoluto de los proyectos de la empresa. Hasta diciembre de 2009 Corriente Resources había gastado en costos de adquisición, exploración y desarrollo de sus proyectos Mirador y Panantza-San Carlos la suma de $94 millones y $10.6 millones de dólares canadienses, respectivamente37; contaba con 252 empleados38 y mantenía derechos sobre 24 concesiones mineras en Ecuador.39
Empresas subsidiarias de Corriente Resources Inc. La empresa Corriente Resources Inc.40 es propietaria de las siguientes empresas subsidiarias en Ecuador41: EcuaCorriente S.A–ECSA: Constituida en Ecuador el 22 de diciembre de 1999, con el objetivo de desarrollar la actividad minera en todas sus fases y cualquier otra actividad permitida por la ley ecuatoriana. Según información del Ministerio de Minas y Petróleos del Ecuador y de la misma empresa, ECSA es titular de once concesiones localizadas en la provincia de Zamora Chinchipe, que juntas abarcan 9.928 hectáreas correspondientes al proyecto Mirador. ExplorCobres S.A–EXSA: Constituida en Ecuador el 24 de septiembre de 1993, también con el objetivo de desarrollar la actividad minera en todas sus fases. EXSA es titular de 13 concesiones ubicadas en la provincia de Morona Santiago, de las cuales 7 están suspendidas. Las 6 restantes conforman el Proyecto Panantza-San Carlos, cuya superficie abarca 14.000 hectáreas. Adicionalmente EXSA tramita el otorgamiento de dos concesiones de 3.080 y 1.360 hectáreas en la misma provincia. Hidrocruz S.A: Constituida como subsidiaria de Corriente en Ecuador el 18 de enero de 2007. Su objeto es el desarrollo, la realización, la operación y la administración de proyectos de generación de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, entre otros. EcuaCorriente confirmó que Hidrocruz planifica desarrollar un proyecto hidroeléctrico en el sector de Santa Cruz, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, el cual proveería de energía eléctrica al proyecto Mirador. PuertoCobre S.A: Fue creada en Ecuador el 10 de octubre de 2006. Su objeto es la construcción y operación de puertos de aguas profundas y de transferencia internacional de carga y contenedores, así como la construcción y operación de puertos secos y fluviales. Las operaciones de la empresa PuertoCobre estarían localizadas en la provincia de El Oro, en la zona costera ecuatoriana, lugar al que según EcuaCorriente llegaría el concentrado de cobre del proyecto Mirador. 35. Corriente Resources Inc. “CRCC-Tongguan Investment (Canada) Co., Ltd. completes compulsory acquisition and delists Corriente Resources Inc.’s common shares”, disponible en: www.corriente.com 36. Ibíd. 37. Corriente Resources Inc., Annual Information Form for the Fiscal Year Ended December 31, 2009. march 23 2010, p. 8. 38. Ibíd, p. 24. 39. Ibíd, p. 10. 40. Entrevista a Ian Harris, Representante de la Empresa EcuaCorriente S.A.. Quito, 22 de julio de 2009. 41. Información obtenida de la página de la Superintendencia de Compañías de Ecuador. http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
Corriente Resources Inc. es propietaria del 100% de las acciones de estas cuatro empresas constituidas en Ecuador.42 Adicionalmente, el 18 de junio de 2007, Corriente Resources Inc. conformó en Canadá la Q2 Gold Resources Inc., empresa exploratoria autónoma a la que cedió 6.872 hectáreas de cuatro de sus concesiones en Ecuador, en los cantones El Pangui y Yantzaza, en Zamora Chinchipe. Q2 Gold opera en Ecuador con el nombre de MidasMine S. A. y comparte la oficina de las subsidiarias de Corriente en la ciudad de Quito.
Ámbito geográfico en que opera la empresa ConCesiones de Corriente resourCes en zonas naturales de las provinCias de Morona santiago y zaMora ChinChipe
42. Ibíd., p 4.
La provincia de Morona Santiago abarca una superficie de 24.062 km2 43 y alberga a una población de 137.254 habitantes44. Está conformada por los siguientes cantones: Morona, Gualaquiza, Limón Indanza, San Juan Bosco, Santiago, Sucúa y Huamboya, Logroño, Pablo Sexto, Palora, Taisha y Tiwinza. La geografía de Morona Santiago se compone mayoritariamente de tierras bajas de la cuenca del Amazonas hacia el este, y de selva alta hacia el oeste. Una parte importante del Parque Nacional Sangay, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por UNESCO, está en Morona Santiago. La cordillera del este es la más alta. Las elevaciones de mayor altitud incluyen: el Altar (5.319m) y el Sangay (5.230m), y otras cordilleras de menor altura: Condorzazo, Huamboya, Logroño, Cruzado y Patacocha. La cadena montañosa de Kutucú se ubica al este, junto al valle del río Upano. En la parte sudeste de la provincia está localizada la Cordillera del Cóndor, una zona de gran riqueza biológica e histórica confrontación entre Ecuador y Perú. La provincia de Zamora Chinchipe cubre un área de 10.556 km2.45 Su población es de 88.778 habitantes.46 Está dividida políticamente en los siguientes cantones: El Pangui, Yantzaza, Zamora, Nangaritza, Chinchipe, Yacuambi, Centinela del Cóndor, Palanda y Paquisha. Situada en la confluencia de los ríos Zamora y Bombuscara, la provincia es rica en paisajes naturales y especies vegetales y animales. El Parque Nacional Podocarpus que se encuentra al sudeste está constituido por bosques nublados que se extienden de oeste a este, de Loja a Zamora. En sus 146.200 hectáreas, el parque alberga numerosos ríos y especies de aves. Sus elevaciones tienen alturas de entre 1.000 y 3.000 metros, con temperaturas que oscilan entre los 8 y 20 grados promedio. El parque posee más de 100 lagos e innumerables cascadas y cañones con un sinfín de especies vegetales y animales.47 La cordillera del Cóndor es una de las zonas con más biodiversidad y menos estudiadas de la frontera ecuatoriana-peruana. Está situada en la cordillera oriental y en las tierras bajas de la Amazonía ecuatoriana-peruana. Su extensión es de más de 150 kilómetros cuadrados e incluye el Parque Nacional Sangay en Ecuador y el Parque Nacional Cordillera Azul en Perú. La zona de la cordillera incluye la cuenca del río Coangos en el norte, la cuenca del río Nangaritza en el centro y desde el oeste del río Zamora hasta el río Santiago. Este corredor es conocido por su importante diversidad biológica48, pues está conformado por 16 ecosistemas ubicados en sus tierras bajas de bosque amazónico y en las mesetas de las zonas altas. Su geografía y topografía es tan particular que ha permitido el desarrollo de nichos biológicos únicos. Se calcula que la flora en la cordillera del Cóndor alcanza unas 4.000 especies de plantas, y entre 300 y 400 especies de briófitas49. La cordillera del Cóndor es clave para los regímenes de agua de la Amazonía y su flora. Diariamente es cubierta por nubes bajas que depositan humedad en sus diversos ecosistemas50,
43. http://www.moronasantiago.gov.ec/up/rpublico/Turismo4.pdf 44. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Proyección poblacional para 2010, en, http://www.inec.gov.ec/web/guest/inicio 45. Gobierno de la provincia de Zamora, en: http://zamora-chinchipe.gov.ec/ 46. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Proyección poblacional para 2010, en: http://www.inec.gov.ec/web/guest/inicio 47. Arcoris, en: http://www.arcoiris.org.ec/areas/podocarpus.php/ 48. Neill, David A Jardín Botánico de Missouri. Inventario Botánico de la Región de la Cordillera del Cóndor, Ecuador y Perú: Actividades y Resultados Científicos del Proyecto, 2004-2007. Disponible en: www.mobot.org/MOBOT/research/ecuador/cordillera/pdf/ EntireSpanishReport.pdf 49. Ibíd. 50. Ibíd.
determinando la formación de vertientes, riachuelos y ríos que tributan sus aguas a grandes ríos amazónicos como el Marañón51. ConCesiones Mineras de Corriente resourCes en Morona santiago y zaMora ChinChipe
51. Alfredo Luna, biólogo integrante del Equipo Rapid Assessment Program (Evaluación Biológica Rápida) de Conservación Internacional, para la Cordillera del Cóndor, realizada en 1993.
Los proyectos de mayor relevancia de la empresa Corriente Resources Inc. en Ecuador son el proyecto Mirador, desarrollado por la subsidiaria EcuaCorriente (ECSA) y que se encuentra en la fase de exploración avanzada, y el proyecto Panantza-San Carlos, cuya exploración es llevada adelante por ExplorCobres (EXSA). Este último proyecto fue suspendido el 7 de noviembre de 2007, por oposición de la población local.52 El Proyecto Mirador está ubicado en las parroquias rurales Tundayme y El Güisme del cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe y las concesiones que lo integran suman un total de 9.925 hectáreas. El origen de este proyecto se remonta a mediados de la década de los 90, cuando la empresa Billinton Ecuador B.V., inició como un programa de exploración de las áreas Curigem 18 y 19 y Caya 36, entre otras. En agosto de 2001, Billinton transfirió sus derechos sobre estas áreas a la empresa Gatro Ecuador Minera S.A. (GEMSA), la cual a su vez subdividió el área Curigem 18 en las áreas Curigem 18, Curigem 18 este y Mirador 1. También subdividió el área Curigem 19 en las áreas Curigem 19 y Mirador 2. En junio de 2003, GEMSA transfirió los derechos sobre las áreas Mirador y Mirador 2 a favor de EcuaCorriente S.A.53 Las concesiones Curigem 18, Curigem 19 y Caya 36, a su vez, fueron registradas a nombre de la empresa Curigem S.A., la que luego pasó a denominarse ExplorCobres.54 El Proyecto Panantza-San Carlos está ubicado en los cantones Limón Indanza y San Juan Bosco de la provincia de Morona Santiago. Las concesiones para este proyecto abarcan alrededor de 14.000 hectáreas. Además, la empresa Midas Mine S.A. tiene 4 concesiones para exploración y eventual explotación de oro, acumulando así 6.872 hectáreas.55
Política de responsabilidad social de Corriente Resources Corriente Resources adoptó un código de conducta a ser seguido por los empleados de sus subsidiarias en Ecuador. Entre otros temas, el código hace referencia al desarrollo sostenible y a la responsabilidad social. En cuanto al desarrollo sostenible, establece que los empleados deben aplicar medidas de protección ambiental y de salud, a fin de satisfacer los requerimientos de la legislación aplicable, los permisos y las políticas de la empresa en salud, seguridad, ambiente y comunidad.
52. Ver comunicación de ExplorCobres EXSA-GG07-01, de 25 de enero de 2007, dirigida al Gobernador de la Provincia de Morona Santiago. Referirse también al capítulo III de este informe. 53. EcuaCorriente S.A. Estudio de Impacto Ambiental – Proyecto Mirador, diciembre de 2005, p. 2-1. Nota: Este estudio no está disponible en digital. El equipo de investigación lo consiguió de la empresa una versión impresa. Disponible en la biblioteca de la CEDHU. 54. La empresa Gatro Ecuador Minera S.A. (GEMSA), inscrita en la Superintendencia de Compañías, ha cambiado su denominación en dos ocasiones, la primera mediante resolución No. 04.Q.IJ.T838 de 6 de mayo de 2004 en la que pasó a denominarse Curigem S.A., y la segunda mediante resolución No. 06.Q.IJ.2533 por la que pasó a llamarse ExplorCobres S.A. 55. La página de Corriente Resources Inc. además de sus dos proyectos principales informa sobre cinco objetivos de exploración, todos ubicado en la provincia de Morona Santiago: 1) San Miguel/La Florida, 2) San Luis, 3) San Marcos, 4) Sutzu y 5) La Dolorosa. Corriente Resources Inc.: www.corriente.com/copper_assets/copper_assets.php
Respecto al tema de responsabilidad social, el código establece que los empleados de la empresa están obligados a lo siguiente: – Respetar la cultura, tradiciones y valores tanto de las personas como de los grupos afectados por las operaciones de EcuaCorriente o sus subsidiarias ExplorCobres, PuertoCobre o Hidrocruz. – Minimizar los riesgos al medio ambiente en que EcuaCorriente o sus subsidiarias trabajan, y reconocer a las comunidades como “grupos de interés”. – Realizar procesos de consulta y comunicación. – Participar en el desarrollo social, económico e institucional sostenible de las comunidades donde Corriente o sus subsidiarias operen. – Integrar los objetivos de la empresa con los objetivos locales, regionales y nacionales.56 Según EcuaCorriente, esta empresa ha implementado un vivero forestal en el área del proyecto Mirador, para reforestar y regenerar las áreas que pudieran ser alteradas por el proyecto. También ha desarrollado en esta misma área un jardín botánico con el fin de contribuir al conocimiento y conservación de los ecosistemas y elementos representativos de la flora local, además de apoyar la mitigación de ciertos impactos ambientales y sociales generados sobre los bosques y poblaciones de plantas, durante el desarrollo del proyecto Mirador”.57 Entre agosto y septiembre de 2009, a pedido de la empresa, un equipo del “Proyecto de Incorporación Corporativa” de la organización CDA Collaborative Learning Projects (CLP) 58 visitó las instalaciones de EcuaCorriente con el fin de “apoyar a los administradores de la empresa a comprender mejor los impactos de las operaciones corporativas sobre las poblaciones y sociedades locales”.59 En ese informe, el equipo del “Proyecto de Incorporación Corporativa” comunicó a EcuaCorriente que “desde la perspectiva de la comunidad, el compromiso empresa-comunidad es observado como favorecedor de ciertos grupos sobre otros; enfocándose en individuos que tienen tierras o que tengan la capacidad de proveer contenido local; trabajando con grupos que pueden tener falta de legitimidad representativa; comunicando información minera principalmente a aquellos que ya están a favor de la minería; presentando información a favor de impactos positivos, dando trabajo a aquellos que han sido más perjudicados”.60
56. Corriente Resources Inc., Código de Conducta, Ecuador, abril 2009, p 9. 57. EcuaCorriente S.A., Proyecto Mirador – Mirador Norte, Fase de exploración avanzada. Plan de Manejo Ambiental abril de 2009, p. 67. 58. Proyecto de la organizacion sin fines de lucro CDA Collaborative Learning Projects, http://www.cdainc.com/cdawww/default.php CDA. En palabras del equipo que estuvo en Ecuador: El Corporate Engagement Project (CEP) (Proyecto de Incorporación Corporativa) es un esfuerzo colaborativo que involucra corporaciones multinacinales que operan en áreas de tensión socio-política, inestabilidad o conflicto. Su propósito es ayudar a gerentes corporativos a entender de mejor manera los impactos de operaciones corporativas en personas locales y sociedades. Desde este entendimiento y análisis el CEP ayuda a las empresas para desarrollar enfoques prácticos de gestión hacia retos locales y asegurar que éstas establezcan relaciones productivas y positivas con las comunidades locales. Proyecto de Incorporación Corporativa. Reporte de Visita al Campo, Operador: EcuaCorriente S. A: (ECSA), Ecuador, agosto-septiembre de 2009, CDA Collaborative Learning Projects, p.1. 59. Proyecto de Incorporación Colaborativa, Reporte de Visita al Campo, Operador: EcuaCorriente S.A. (ECSA), Ecuador, agosto-septiembre de 2009, CDA Collaborative Learning Projects, p.1. 60. Ibíd, p.2. Disponible en la web de CDA Collaborative Learning Projects: www.cdainc.com.
Derechos vulnerados: resumen de hallazgos, conclusiones y recomendaciones Esta sección es un resumen de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones contenidos en el informe principal respecto a las actividades de Corriente Resources y sus impactos en los derechos humanos, y a partir de las siguientes problemáticas identificadas: En primer lugar, la falta de participación en la gestión ambiental de la comunidad en general y la falta de un adecuado proceso de consulta a pueblos indígenas respecto a la ocupación de sus tierras y territorios, y a los riesgos ambientales que presentan las actividades de Corriente Resources en la zona de influencia del proyecto Mirador. En segundo lugar, el programa de adquisición de tierras implementado por EcuaCorriente para el proyecto Mirador, y su impacto en el derecho que tienen los grupos campesinos e indígenas a permanecer en sus tierras y a ejercer su derecho a una vivienda adecuada. Igualmente, se analiza los impactos ambientales que se prevén respecto al ejercicio del derecho humano al agua. En tercer lugar, la represión y criminalización de las que han sido objeto hombres y mujeres que se oponen a la actividad minera en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Esto, en el marco de un proceso de resistencia a nivel nacional, especialmente en aquellos lugares donde se desarrollan los megaproyectos exploratorios. Se analiza de qué manera derechos fundamentales como el derecho a la integridad personal, la libertad y seguridad individuales, la libre expresión, la dignidad humana, el debido proceso, han sido afectados. Estas problemáticas se explican por dos situaciones fundamentales: i) actividades empresariales que impactan o pueden impactar en los derechos de las poblaciones locales; y ii) la incapacidad o falta de voluntad del Estado ecuatoriano de evaluar y vigilar los proyectos mineros y sus impactos, así como para cumplir y hacer cumplir la Constitución ecuatoriana y los tratados internacionales de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos. A fin de aportar al debate nacional sobre la viabilidad socio-ambiental de la industria minera en el país, en relación a la vigencia de los derechos humanos de todas las personas, y a prevenir las violaciones de derechos humanos que podrían ser generadas por la minería a gran escala, presentamos a continuación algunas conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe principal.
Derecho a la participación y consulta de personas, comunidades y pueblos indígenas en decisiones que les afectan El Estado ecuatoriano ha autorizado la exploración minera para el proyecto Mirador sin haber cumplido con su obligación de consultar a los pueblos y comunidades afectadas. Por su lado y frente a la ausencia del Estado ecuatoriano, EcuaCorriente, desde el año 2000 hasta la actualidad, ha empleado procedimientos inadecuados para presentar información respecto a sus actividades exploratorias y persuadir a los grupos poblacionales de aceptar sus proyectos en la zona, vulnerando el derecho a la participación (que tiene la población en general) respecto a la gestión ambiental, y el derecho a la libre determinación de los pueblos.61 Falta de consulta indígena De acuerdo a la Constitución ecuatoriana (vigente durante la intervención de Corriente), a los tratados internacionales firmados por Ecuador y a las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenciones y Recomendaciones (CEACR) de la OIT y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, la consulta a las comunidades constituye un deber indelegable del Estado. Es obligación del Estado consultar a las comunidades afectadas por proyectos mineros previamente al otorgamiento de licencias de operación, y en consecuencia debe abstenerse de otorgar concesiones mineras en lugares donde existan tierras indígenas sin titulación. Durante el proceso de investigación para el informe se evidenció que el Estado no ha establecido mecanismos adecuados de consulta y participación, permitiendo que EcuaCorriente, en su afán de acceder a los territorios afectados por sus concesiones, llevara adelante sus estrategias de relacionamiento comunitario sin ningún control oficial. Un ejemplo de esto es la suscripción de convenios con la Federación Shuar de Zamora Chinchipe.62 Independientemente de la intención de la empresa, esto ha provocado procesos de división en los pueblos y comunidades afectadas, y en ausencia de las salvaguardas necesarias esto derivaría en violaciones de derechos humanos. Falta de participación de la población en la gestión ambiental El proceso de investigación también nos conduce a concluir que las poblaciones locales no han obtenido los medios necesarios para participar en la toma de decisiones relacionadas con la gestión ambiental en los proyectos de EcuaCorriente.63 En el caso del proyecto Mirador, la empresa realizó eventos de difusión pública de los estudios de impacto ambiental para la fase de exploración del proyecto Mirador, pero, como lo apunta ELAW, estos carecieron de información detallada, imposibilitando a las comunidades afectadas el ofrecer criterios informados acerca de la gestión ambiental del proyecto.
61. Ver informe completo, segunda sección, Capítulo I (1.4, 1.5). 62. Ver informe completo, segunda sección, capítulo I, 1.3. 63. Ver informe completo, segunda sección, capítulo I, 1.1, 1.2.
Por otro lado, la Ley de Gestión Ambiental, vigente en el momento de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, establece expresamente que el incumplimiento de la consulta ambiental por parte del Estado hace inejecutable la actividad de que se trate y causará la nulidad del respectivo contrato. La falta de consulta en general (y la consecuente oposición expresada por los grupos afectados) fue una de las razones por las cuales el actual Gobierno ecuatoriano, por medio del “Mandato Minero” de 200864, revirtiera algunas concesiones en el país. Sin embargo, en el caso de las concesiones de Corriente, el Estado no hizo reversión alguna, por el contrario facilitó la continuación de las actividades de la empresa sin que las poblaciones fueran debidamente consultadas, mediante la aprobación del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto Mirador en su fase de exploración avanzada (2009), la aprobación del Plan de Manejo Ambiental para el proyecto Panantza-San Carlos, fase de exploración avanzada (2009), los permisos de investigación arqueológica para el proyecto Mirador (2009), el permiso de aprovechamiento de aguas para la exploración avanzada (2009), los estudios de impacto ambiental; la licencia ambiental para desarrollo de PuertoCobre, entre otras autorizaciones y permisos. Durante el proceso de investigación, las autoridades gubernamentales entrevistadas no informaron acerca del cumplimiento de su obligación de consultar a los pueblos indigenas y las personas afectadas por los proyectos mineros. Solamente en noviembre de 2010, después de terminada la fase de exploración del proyecto Mirador, el Estado convocó por primera vez a una audiencia pública para discutir la fase de explotación.
Derecho a la tierra y al territorio Al analizar los problemas relacionados con el derecho a la tierra, se evidencia que el Estado ha concesionado para la minería a gran escala miles de hectáreas sobre tierras campesinas y territorios indígenas, sin involucrar a las poblaciones afectadas, exacerbando la conflictividad pre-existente por la tenencia de la tierra en la zona. Más aún, no ha establecido un sistema claro y confiable para garantizar las posesiones o propiedades individuales o colectivas en zonas de conflictividad social y altos intereses económicos como son Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Al adquirir miles de hectáreas dentro de sus concesiones y en las áreas de influencia, EcuaCorriente ha incrementado la vulnerabilidad de las familias afectadas por la venta de sus tierras y el desplazamiento. Compra-venta de tierras En el caso concreto de EcuaCorriente, el Estado ha estado ausente del proceso de compra-venta de tierras llevado adelante por la empresa. Pese a que EcuaCorriente ha presentado –en su Plan de Manejo Ambiental– un procedimiento de compra de tierras basado en principios como la transparencia y la equidad, en la práctica ha llevado un proceso de compra caracterizado por negociaciones individualizadas, generando 64. Referirse al capitulo III del informe completo acerca de la represión y criminalización frente a la protesta social.
malestar y conflictos entre varios pobladores locales, como lo develan las entrevistas realizadas y las comunicaciones dirigidas a EcuaCorriente. Por su parte, la empresa ha reconocido que este proceso de compra-venta de tierras fue difícil y con irregularidades.65 A su vez, el interés de EcuaCorriente por comprar tierras ha favorecido el “tráfico de tierras”, proceso por el cual personas particulares compran a las familias del lugar sus títulos o posesiones con el objeto de obtener réditos económicos vendiendo preferiblemente las tierras a la empresa. Esta situación se complica más cuando en la Amazonía existen múltiples comunidades que aún no cuentan con la titularidad o seguridad jurídica sobre sus tierras, tal como se detalla en el capítulo II del informe completo, bajo el título “Programa de adquisición y uso de tierra de EcuaCorriente”. Desplazamiento de familias y comunidades EcuaCorriente previó el desplazamiento de varias familias de sus tierras, incluyendo dos poblados y sus zonas de influencia, en función de la construcción de la infraestructura y el desarrollo de actividades requeridas para la fase de explotación. En la provincia de Zamora Chinchipe, el poblado de San Marcos (constituido por unas 19 familias) ha sido desplazado en su totalidad, igual cosa ha sucedido con familias de la cabecera parroquial de Tundayme y de El Quimi.66 Las familias campesinas han tenido que dejar su vida rural, sus ocupaciones agrícolas autónomas y su autoabastecimiento alimentario. Pese a la dramática incidencia de los planes de la empresa sobre el destino de varias familias, el Gobierno no analizó el plan de compra de tierras, no vigiló la ejecución de dicho plan, ni tampoco exigió a la empresa alternativas al desplazamiento. La normativa minera vigente, al igual que la anterior, fomenta el desplazamiento involuntario de la población al declarar que todas las fases de la actividad minera son de “utilidad pública”, y al permitir la constitución de servidumbres restrictivas en función de los proyectos mineros, contrariando derechos fundamentales como lo es el derecho a la vivienda.
Derecho al agua Las falencias (descritas por los científicos de ELAW y el científico William Sacher) respecto al EIA y al Estudio Ampliatorio para el proyecto Mirador indican que las autoridades nacionales no estudiaron con la debida diligencia los documentos presentados antes de aprobarlos. Según esos expertos, el Plan de Manejo Ambiental contenido en el EIA de EcuaCorriente carece de información sobre aspectos de seguimiento, evaluación y monitoreo del proyecto, casos de contingencia, cierres parciales de operaciones, cierre y abandono de operaciones con los respectivos planes, cronogramas y presupuestos. El Estudio Ampliatorio tampoco presentó planes detallados, cronogramas o presupuestos para los cambios propuestos en el proyecto.
65. Irregularidades han sido reconocidas por la empresa y otras fueron confirmadas por pobladores en entrevistas llevadas durante el proceso de investigación.Remitirse a la segunda sección, capítulo II, 1.4 del informe completo. 66. Remitirse al capítulo II, 1.4. del informe completo, y al mapa de concesiones de Corriente Resources.
Según la información contenida en el Estudio Ampliatorio67, la fase de construcción de obras civiles68 de la mina afectará los caudales de los ríos Wawayme y Tundayme, impactos que repercutirán en el “medio físico, químico y biótico de estos drenajes”69, alterando la flora, la fauna y desplazando especies nativas.70 Por otro lado, EcuaCorriente considera que durante la fase de operación de la mina, los impactos más significativos sobre la calidad del agua en la región serán el depósito de relaves y las escombreras.71 Según la opinión de científicos de la organización Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), lo que determina que los proyectos a gran escala sean particularmente peligrosos en áreas tropicales es la dificultad para prevenir los riesgos que traen las lluvias tropicales torrenciales.72 Por esta razón, afirman los científicos, es fundamental mantener el agua contaminada de los relaves y escombreras sin contacto con los ríos y quebradas.73 El depósito de relaves propuesto por EcuaCorriente es presentado como un elemento central en su estrategia ambiental para mantener los ríos y quebradas libres de contaminación.74 Sin embargo, ELAW indica que el EIA presentado por EcuaCorriente no contiene suficiente información sobre esta estrategia de prevención75. El EIA tampoco ofrece un análisis de los impactos que resultarían en caso de un accidente en el depósito de relaves, impactos que según la ELAW, podrían ocasionar un desastre ambiental de proporciones catastróficas sobre el agua.76 Finalmente, una de las falencias más serias del EIA de EcuaCorriente respecto a la prevención de la contaminación del agua es la falta de información sobre el destino del tajo de la mina después de su cierre.77 Conforme al EIA de EcuaCorriente, el tajo abierto podría inundarse en el cierre, sin embargo, como lo demuestra la información contenida en su EIA, la empresa no ha analizado los impactos posibles y reales de ello en el agua de la región.78 El hecho de que el EIA del proyecto Mirador, incompleto y deficiente, haya sido aprobado por las autoridades ambientales gubernamentales, cobra importancia en la medida en que daría la pauta para la aprobación de los EIAs de otros proyectos mineros de igual o mayor envergadura que el Mirador, tales como Panantza-San Carlos en Morona Santiago, Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, Quimsacocha y Río Blanco en la provincia de Azuay, Curipamba en la provincia de Bolívar, vulnerando derechos de personas y comunidades locales.
67. Ibíd. 68. La presencia de una planta de trituración, campamentos, oficinas, talleres, bodegas, plantas de tratamiento del mineral, así como la captación de agua para el abastecimiento doméstico y de saneamiento básico, implica la reducción de agua en las corrientes de quebradas cercanas a cada uno de los sitios de construcción, las mismas que aportan a los ríos Wawayme y Tundayme. 69. Según pobladores de El Pangui, el río Quimi (que no consta en el estudio de impacto ambiental) también será afectado. Entrevista colectiva en Gualaquiza, 24 de abril de 2010. 70. Ibíd. 71. EcuaCorriente S.A., Estudio de Impacto Ambiental Ampliatorio Proyecto Mirador, 8-28, 29 y 30. 72. Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW). Guía Para Evaluar EIAs de Proyectos Mineros. Eugene, EEUU, 2007. P. 27. Disponible en el sitio Web de Alianza Mundial de Derecho Ambiental http://www.elaw.org/mineros-eia-guia 73. Ibíd. 74. Ibíd. 75. Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW). Observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Mirador, Ecuador. Enero, 2010. p. 3. 76. Ibíd, p.12. 77. Environmental Law Alliance Worldwide. Observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Mirador, Ecuador. Enero, 2010. 78. EcuaCorriente S.A., Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Mirador, 2006, p. 8-72.
Represion y criminalización La criminalización a pobladores locales se ha presentado en dos contextos: i) tras eventos de protestas y movilizaciones en contra de los proyectos de Corriente y de la minería a gran escala en general; y ii) frente a la resistencia que ponen determinadas familias para dejar las tierras que EcuaCorriente requiere para sus proyectos. Los hechos que han dado lugar a los eventos de protesta en contra de la minería a gran escala están en íntima relación con la falta de participación de las poblaciones afectadas en la gestión ambiental, la ausencia de un proceso de diálogo y de mecanismos de consulta previa e informada a la población local, y en particular con la no aplicación de la consulta indígena. Estos eventos de protesta masiva contra la intervención minera de EcuaCorriente y otras empresas se han dado desde el año 2006, y han sido protagonizados por integrantes de comunidades indígenas y campesinas, población urbana y rural, incluyendo autoridades públicas (representantes de juntas parroquiales, municipios y provincias). También han sido notorias las movilizaciones conjuntas de grupos poblacionales de las dos provincias en las protestas zonales del sur del país y en las de carácter nacional, las mismas que tuvieron lugar a raíz de la aprobación de la nueva Ley de Minería y del proyecto oficial de Ley de Aguas, durante el año 2009. En respuesta a la oposición de las poblaciones locales, diferentes mecanismos administrativos y judiciales (indagaciones, en varios casos con prisión preventiva, y procesos judiciales), y otras formas extrajudiciales (represiones violentas, amedrentamiento y agresiones físicas y sicológicas, así como mensajes y apelativos discriminatorios y estigmatizantes) han sido utilizados, en unos casos por representantes estatales y en otros por representantes de la empresa 79, derivando en un proceso de criminalización contra quienes se oponen a las actividades de EcuaCorriente y, en general, a la minería a gran escala.80 Como resultado de la represión y de procesos administrativos y judiciales incriminatorios, derechos fundamentales como el derecho a la vida e integridad personal a la libertad y seguridad individuales, a la libre expresión, a la dignidad humana, al debido proceso, han sido vulnerados, colocando a las personas incriminadas en una situación de extrema vulnerabilidad.81 Falta de intervención del Estado En general, ni las personas que han acudido al sistema judicial para enfrentar la oposición a la minería a gran escala, ni quienes han reprimido y agredido a pobladores y comunidades, han respondido a las víctimas, las cuales casi siempre desconocen los principios judiciales y carecen de recursos económicos para contratar su defensa legal.
79. Remitirse a la segunda sección, Capitulo III del informe completo. 80. Esta criminalización también fue discutida en Canadá en varias ocasiones. Entre estas, en: Ottawa Citizen, “Canadian CEO denies abuses at mine project”, enero 18 de 2007, www.canada.com/ottawacitizen; Toronto Star, “Bullets fly over Canadian-owned mine”, noviembre 23 de 2009, www.thestar.com. 81. Referirse a la sección 2, capítulo III, 1. y 2. del informe completo.
No se conoce sobre investigación fiscal alguna respecto a la instrumentalización del sistema judicial (quizá con intención de causar daño), para investigar al líder local Rodrigo Aucay82, al alcalde de Limón Tarquino Cajamarca83 y a otros líderes sociales; tampoco el Estado ha investigado para establecer la responsabilidad de los atropellos sufridos por el ex-diputado y actual prefecto de Zamora, Salvador Quishpe84; menos aún, se ha interesado por la situación de la familia campesina Belezaca Vintimilla85, víctima de una serie de juicios y agresiones, por resistirse a dejar la finca en que vive. Nos preocupa que pese al precedente jurídico-político que constituyeron las amnistías resueltas por la Asamblea Nacional Constituyente en 2008, a favor de las personas afectadas por investigaciones y procesos judiciales enmarcados en la defensa de sus territorios, otros apresamientos, indagaciones y juicios continúen planteándose contra pobladores y defensores de derechos humanos en el marco de protestas antimineras. Recomendaciones
h Sobre el derecho a la participación y consulta de personas, comunidades y pueblos indígenas en decisiones que les afectan:
A las autoridades gubernamentales – Con respecto a la vulneración del derecho a participar en la gestión ambiental que corresponde a la población en general, se recomienda que el Estado ecuatoriano declare la nulidad de la licencia ambiental para la fase exploratoria del Proyecto Mirador, en los términos de la Ley de Gestión Ambiental. También se recomienda que el Estado establezca mecanismos para garantizar la participación efectiva de las poblaciones afectadas, tanto por los proyectos mineros como por los impactos que puedan conllevar las licencias para el uso del agua otorgadas a empresas mineras. – A partir de las entrevistas realizadas se puede inferir que los proyectos de Corriente Resources no fueron sometidos a la consulta de los pueblos indígenas de manera previa, libre e informada. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de suspender las operaciones de esta empresa que afecten a tierras ancestrales, hasta consultar a sus poblaciones de manera adecuada. – A fin de que el Estado proteja los derechos territoriales de los pueblos indígenas, se le recomienda abstenerse de otorgar licencias o permisos para el desarrollo de cualquier actividad minera a gran escala, cuando estas afecten territorios ancestrales y no cuenten con el consentimiento previo, libre e informado de sus habitantes. Más aún es primordial que el Estado formalice las posesiones de las tierras ancestrales aún no tituladas antes de otorgar cualquier título minero que afecte derechos territoriales ancestrales. 82. Indagaciones previas llevadas adelante por la Fiscalía de Yantzaza: 103-06; 104-06; 107-06; 108-06; 115-06; 119-06; 120-06; 01-07; 02-07; 09-07; 016-07; 017-07; 076-07; 024-07; 072-07, 096-06, 098-07. Referirse a la Segunda sección del informe competo, capítulo III, 1.2. 83. Indagación Nro. 55-2007, actualmente a cargo de la Fiscalía de Méndez en la provincia de Morona Santiago. Referirse a la Segunda sección del informe completo, capítulo III, 1.1. 84. Entrevista a Salvador Quishpe. El Pangui, 28 de junio de 2009. Denuncia No 103-2006 ante Jorge Luis Valdivieso (Agente Fiscal Penal de Zamora, con sede en Yantzaza). Referirse a sección 2, capítulo III, 1.2. 85. Referirse al caso Belezaca Vintimilla en la sección 2, capítulo III, 2. Proceso judicial Nro. 057-07, en: www.cedhu.org: Informe “Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de derechos humanos, caso Corriente Resources”. Anexos.
– Además, nos preocupa la ambigüedad con que la Corte Constitucional resolvió la constitucionalidad de la Ley de Minería,86 lo que puede aumentar la falta de confianza de las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo a gran escala en el sistema jurídico ecuatoriano. En este sentido, recomendamos a las autoridades de justicia ecuatoriana que cumplan con su labor de proteger los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución ecuatoriana y los tratados internacionales. – Con el fin de proteger la integridad de los pueblos indígenas y de permitir el adecuado desarrollo de un proceso de consulta, se recomienda al Estado impedir a las empresas concesionarias que realicen acuerdos de cooperación con las comunidades indígenas impactadas por sus proyectos, mientras éstas no hayan sido previamente consultadas por el Estado. A las empresas – Se recomienda a las empresas -incluyendo al conglomerado chino CRCC/Tongguanabstenerse de celebrar acuerdos con las comunidades indígenas hasta que estas sean debidamente consultadas por el Gobierno ecuatoriano. Al conglomerado chino CRCC/Tongguan –C  on objeto de evitar toda complicidad en violaciones de derechos humanos y de actuar en conformidad con los estándares de derechos humanos nacionales e internacionales, el conglomerado debe operar con la correspondiente diligencia, absteniéndose de iniciar cualquier operación vinculada a los proyectos de Corriente Resources Inc. en Ecuador, sin analizar previa y detalladamente los requerimientos que la legislación ecuatoriana e internacional prevén para una adecuada protección de los derechos humanos.
h Sobre el derecho al agua y el derecho a la tierra y al territorio: A las autoridades gubernamentales: – Instituir un procedimiento que permita una revisión y evaluación de los proyectos mineros existentes en el país, incluyendo los de EcuaCorriente, de acuerdo con los estándares de minería a gran escala del país de origen (donde se encuentra la sede de la empresa) y de los estándares de derechos humanos nacionales e internacionales. Instituir, además, una comisión independiente responsable de monitorear el desempeño de los proyectos y su cumplimiento con las leyes sociales y ambientales. –R  ealizar un análisis integral e independiente sobre el régimen hídrico en la zona de la cordillera del Cóndor y su real función biológica y socioambiental para la región y el país, conforme los más altos estándares internacionales de protección ambiental para actividades que pudieran afectar dicho régimen.
86. De la Sentencia no. 001-10-SIN-CC emitida por la Corte Constitucional de Ecuador, se desprende que ésta interpretó el envío de un correo electrónico a un líder indígena, como un procedimiento que contendría “elementos sustanciales de un proceso de consulta” (p. 38). Sin embargo, a reglón seguido, la Corte establece procedimientos más exigentes para la consulta pre-legislativa (ver capítulo II). Criterios que a su vez no fueron observados para la aprobación de la nueva Ley de Minería. Cuando sectores sociales expusieron a la Corte Constitucional tal contradicción, ésta se limitó a remitir a los peticionarios la sentencia dictada sin aclarar la contradicción.
– Hacer públicos y de acceso gratuito, a través del Ministerio del Ambiente, los Estudios de Impacto Ambiental presentados por las empresas mineras. Hacer públicos los criterios utilizados en la aprobación del EIA original del Proyecto Mirador. –A  plicar con rigor el mandato minero que, entre otras cosas, estableció la reversión de las concesiones mineras que no cumplían con lo siguiente: falta de consulta previa y el haber obtenido concesiones cerca de nacimientos de agua, o en áreas naturales protegidas, bosques protectores o zonas de amortiguamiento. – Respecto al ejercicio del derecho a la tierra, realizar una revisión independiente de la adquisición de tierras por parte de EcuaCorriente y de la situación actual de las personas que vendieron sus tierras a la empresa, a fin de obtener una evaluación profunda de los impactos sobre las condiciones de vida y el derecho a la vivienda de las personas afectadas. – Garantizar la seguridad jurídica de las tierras ancestrales mediante la titulación colectiva de sus posesiones aún no tituladas, y establecer un mecanismo eficiente para la titulación de las posesiones campesinas. – Revisar los títulos de propiedad de empresas cuyas concesiones están ubicadas en zonas en las que existe inseguridad jurídica sobre la tenencia de tierra, como en el caso de títulos de propiedad de EcuaCorriente en posesiones de la familia Belezaca Vintimilla, en Santa Cruz – El Pangui y de otras identificadas durante la realización de este informe como es el caso de la familia Mashento, en San Marcos – El Pangui. Se recomienda al Estado abstenerse de otorgar concesiones en estas áreas de inseguridad jurídica. – Exigir del conglomerado chino CRCC/Tongguan la presentación de un estudio de impacto ambiental y social que sea analizado de manera independiente. Exigir que este conglomerado se abstenga de establecer cualquier relación con las comunidades afectadas, por sí mismo o por medio de las subsidiarias, hasta que sus proyectos no hayan sido debidamente consultados por el Estado. A los Estados de origen (antes Canadá y ahora China) – Asegurarse, mediante la adopción de leyes y medidas políticas y administrativas, que las empresas – cuyas casas matrices se encuentran bajo su jurisdicción – respeten los derechos humanos cuando operen fuera de sus territorios. Esta obligación de protección implica también permitir a las víctimas en Ecuador el acceso a la justicia en los países de origen, (Canadá o China) cuando por motivos ajenos a su voluntad ellas no puedan obtener reparación por parte de la justicia nacional. A las empresas mineras, en general – Las empresas deben ser particularmente cautelosas respecto a la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra de las poblaciones que se encuentran en zonas concesionadas. En caso de duda, deben abstenerse de empezar un proyecto minero en esas zonas. De la misma forma, las empresas mineras no deben contribuir a fragmentar los territorios de las poblaciones indígenas que tienen derechos colectivos en materia de propiedad territorial.
h Sobre la cuestion de represión y criminalización: A las autoridades gubernamentales – Velar por que se ponga fin a todo tipo de amenazas y actos de hostigamiento (mediante el uso de medios judiciales, administrativos o mediáticos) contra las y los defensores de los derechos humanos, siguiendo así las orientaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2006, y actuando en conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y con las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población indígena. – Aplicar mecanismos de coordinación y cooperación entre los sistemas de justicia indígena y ordinario con el fin de garantizar los derechos de los pueblos indígenas. – Realizar investigaciones independientes, inmediatas, exhaustivas e imparciales en torno a los hechos descritos en este informe, con el fin de identificar las correspondientes responsabilidades. En caso de complicidad entre empresas, el Estado ecuatoriano debe apoyar los procesos pertinentes que lleven a determinar la responsabilidad de las empresas, a fin de permitir que las víctimas sean resarcidas en sus derechos. – Las y los administradores de justicia, a su vez, deben cumplir con su obligación de aplicar la ley, tomando en cuenta el carácter supremo de las disposiciones constitucionales y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sin limitarse al ordenamiento penal interno. Deben además tomar en cuenta los elementos político-jurídicos que motivaron las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional Constituyente a favor de personas criminalizadas por defender sus territorios y la Naturaleza. Las investigaciones, procesos judiciales y acciones administrativas enmarcados en estos contextos deben ser inmediatamente suspendidos. Igualmente, el Estado debe emprender las medidas inmediatas de protección, reparación y resarcimiento a las personas afectadas por las acciones mencionadas. – El Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo deben investigar la instauración o no de un patrón nacional de persecución a defensores de los derechos humanos, tal como lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su jurisdicción. – Incorporar dentro de las reformas del Código Penal las garantías que las y los defensores de derechos humanos precisan para llevar a cabo su trabajo dentro del país 87, 87. En la audiencia n.º 21 correspondiente al 137 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (disponible en: www.cidh), respecto al Código Penal vigente, el representante del Estado ecuatoriano reconoce que es anacrónico y que ha sufrido varios retoques y parches a lo largo de la historia, lo que lo hace inaplicable, inadecuado e ineficaz. Afirma que se está trabajando en la elaboración del Código Orgánico de Garantías Penales, en el que se prevé la eliminación de varios de los tipos penales que se han aplicado para criminalizar a defensores de derechos humanos, tales como los actos de terrorismo, que se eliminarían como tipo penal y se restablecerían sólo como agravante dentro de otros tipos penales; la tenencia de armas sin permiso se eliminaría como tipo penal y se pretende catalogarla como contravención; delitos de rebelión, ofensas al Presidente de la República, se eliminarían como tipos penales; ofensas a otros funcionarios y a autoridades, en el cumplimiento de sus funciones, también se eliminarían; Igualmente, se eliminaría el delito de desacato y únicamente sería tipificado como desacato ante decisiones judiciales; la acusación o denuncia maliciosa e injurias publicadas en el extranjero se eliminarían como tipo penal; la prohibición de desfiles o manifestaciones públicas no autorizadas también se eliminarían como tipo penal; el ingreso injustificado en zonas de seguridad se elimina como tipo penal y se pretende catalogarlo como una contravención. Este proyecto lo está desarrollando el Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Desarrollo Normativo, el mismo que una vez terminado, sería enviado a la Asamblea Nacional, para su debate y aprobación.
de acuerdo al compromiso adquirido por el propio Estado, durante la audiencia Nº. 21 sobre Defensores de Derechos Humanos, realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 3 de noviembre de 2009.88 A los organismos internacionales de derechos humanos – A la Unidad de Defensores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le solicita tomar en cuenta este informe, puesto que actualiza la información presentada por organizaciones de derechos humanos de Ecuador en los años 2007 y 2009, respecto al tema Defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas89. Igualmente, se solicita a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población indígena, tomar nota del informe. También se pide a la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales incorporar esta información en su informe sobre Ecuador (2010). A las empresas, y en particular a Corriente Ressources (ahora conglomerado CRCC/Tongguan) –A  bstenerse de utilizar la justicia nacional para presentar denuncias administrativas y judiciales, como forma de persuadir la aceptación de decisiones de la empresa. –A  bstenerse de intervenir en áreas habitadas por pueblos indígenas sin que éstos hayan expresado su consentimiento previo, libre e informado al proyecto en cuestión. – I nhibirse de contratar a personas indígenas y campesinas como fuerzas de seguridad, ya que las condiciones bajo las que se han dado este tipo de contrataciones han propiciado, directa o indirectamente, violaciones de los derechos humanos. Consideraciones finales Las concesiones de las áreas de los proyectos Mirador y Panantza-San Carlos pertenecieron al menos a cuatro empresas diferentes antes que a Corriente Resources. Mientras describíamos las irregularidades en las que han incurrido el Estado ecuatoriano y Corriente Resources, asistimos a la negociación millonaria de traspaso de las acciones de esta empresa al consorcio chino CRCC/ Tongguan. Este traspaso de operaciones es en realidad el objetivo de las empresas exploradoras conocidas como “juniors”, que sin capacidad financiera de explorar una mina a gran escala, se encargan de obtener los permisos iniciales de grandes proyectos para luego negociar traspasos con empresas capaces de extraerlos. Sin embargo, las empresas exploradoras deben asumir la responsabilidad de los daños causados por sus operaciones sobre los derechos de las poblaciones locales. A la luz de la vulneración de derechos humanos descrita en este informe, recomendamos al Estado y a la sociedad ecuatoriana, especialmente a las poblaciones locales y al pueblo indígena, hacer esfuerzos para la instauración de un amplio debate acerca de la implementación de la minería a gran escala y sus verdaderos costos para el país. 88. Audiencia Nº 21, correspondiente al 137 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Unidad de Defensores de Derechos Humanos). En:www.cidh.org 89. Ver informe sobre las defensoras y los defensores de derechos humanos de Ecuador, presentado a la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de la CIDH en 2009.
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Entrevistas y visitas de observación90 Entrevistas individuales y colectivas Provincia de Pichincha Quito – María Lorena Pasquel, Agregada Política de la Embajada de Canadá en Quito. Quito, 29 de junio de 2009. – Ian Harris, Vicepresidente Senior & Don Clarke, responsable de desarrollo sustentable y relaciones entre comunidades y EcuaCorriente. Quito, 29 de junio de 2009. – Ian Harris, Vicepresidente Senior de EcuaCorriente. Quito, 24 de julio de 2009. – Ian Harris, Vicepresidente Senior & Gerente EcuaCorriente. Quito, 9 de noviembre de 2009. – Dominic Channer, Vicepresidente de Relaciones de Gobierno y Asuntos Externos de Minería de Kinross y Representante Principal del Consejo Canadiense de Minería, y Hugo Vergara, Gerente de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Corporativa de Kinross. Consejo Canadiense de Minería. Quito, 29 de junio de 2009. – Germánico Pinto, Ministro de Minas y Petróleo. Quito, 30 de junio de 2009. – Entrevista a un representante de la Secretaría Nacional de Pueblos, Movimientos sociales y Participación ciudadana, junio 2009. – Embajador Andrew Shisko, Vice-consul Ryan Kuffner. Embajada de Canadá en Ecuador. Quito, 10 de noviembre 2009. – Luis Morales, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. Quito, 5 de noviembre de 2009. – Jaime Abril, Presidente de la Comisión de Soberanía alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional. Quito, 6 de noviembre de 2009. – Julio González, representante del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Quito, 9 de noviembre de 2009. – Guido Mosquera, Ministro de Ambiente; Lorena Tapia, Coordinadora General del Programa de Reparación Ambiental y Social; Carlos Viñión, Director de Planificación; Cesar Castro, Sub-secretario de Calidad Ambiental. Quito, 9 de noviembre de 2009. – Juan Xavier Trejo P. Trejo Rodríguez & Asociados bogados Cía. Ltda. Abogado consultor contratado por la Empresa EcuaCorriente. Quito, 10 de noviembre de 2009. – Diego García Carrión, Procurador General del Estado. Quito, 29 de Junio 2009. – Liisa North, profesora de la Universidad de York-Canadá, y profesora invitada de la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO) y de la Universidad Andina de Ecuador. Quito, 2009. Provincia de Zamora Chinchipe Cabecera cantonal de Zamora – James Salcedo, Presidente de la Cámara de Minería de Zamora. Zamora, 3 de agosto de 2009. – Ángel Awak, dirigente de la FEPNASHZ. Zamora, 3 de agosto de 2009. – Dalila Calva, Cooperativa de Minería Artesanal “11 de Julio”. Zamora, 3 de agosto de 2009. 90 Algunas personas entrevistadas solicitaron omitir sus nombres.
– Rubén Nanchiap. Zamora, 3 de agosto de 2009. – Segundo Larreátegui, abogado de Salvador Quishpe. Zamora, 3 de agosto de 2009. Cabecera cantonal de Yantzaza – Carlos Guamán, Vicealcalde del Municipio de Yantzaza. Yantzaza, 4 de agosto de 2009. – Fiscales de Yantzaza. Yantzaza, 4 de agosto de 2009. Parroquia los Encuentros – Integrantes de la Junta parroquial Los Encuentros. Los Encuentros, 4 de agosto de 2009. Cabecera cantonal el pangui – Salvador Quishpe. El Pangui, 28 de junio de 2009. – Pobladoras y pobladores de El Pangui. El Pangui, 28 de junio de 2009 – David Loja. El Pangui, 5 de agosto de 2009. –N  arciza Camaño. El Pangui, 5 de agosto de 2009. – Vice-alcalde de El Pangui. El Pangui, 5 de agosto de 2009. – Clodomiro Parra, Comité de Apoyo a la Minería. El Pangui, 5 de agosto de 2009. – Lorena Lujano. El Pangui, 5 de agosto de 2009. – Rodrigo Aucay, integrante del Comité de Defensa de El Pangui. El Pangui, 6 de agosto de 2009. – Aída Vintimilla. El Pangui, 5 de agosto de 2009. –D  iego Aucay. El Pangui, 5 de agosto de 2009. – Tarcizo Juep, comunidad Shuar Certeros. El Pangui, 5 de agosto de 2009. –C  arlos Bravo, periodista de Diario La Hora. El Pangui, 5 de agosto de 2009. –M  édico de EcuaCorriente. El Pangui, 7 de noviembre de 2009. Parroquia tundayme, cantón el pangui – Pobladores de la comunidad Machinaza Alto. Machinaza Alto, 5 de agosto de 2009. – Pobladora de Machinaza Alto. 6 de agosto de 2009. – Pobladora de San Marcos. San Marcos, 6 de agosto de 2009. – Gladys León, Barrio San Marcos. San Marcos, 7 de noviembre de 2009. – María Aucay, Cabecera parroquial de Tundayme. Tundayme, 6 de agosto de 2009. – Alejandro Herrera. Tundayme, 7 de noviembre 2009. – Médico de la empresa EcuaCorriente. Tundayme, 7 de noviembre de 2009. – Francisco Rodríguez, Alejandro Herrera, Fredy Parra, Soraya Díaz, Juan Ignacio Eguigüren, Dixon Briceno, Fabián Silva. Tundayme, 7 y 8 de noviembre de 2009. Parroquia el güismi, cantón el pangui – Giovanni Uyaguari (integrante de la Junta parroquial de El Güismi). Barrio Chuchumbletza. 5 de agosto de 2006. – Leslie Sánchez, presidenta de la Junta Parroquial de El Guismi, 5 de agosto de 2009.
Provincia de Morona Santiago Cantón Macas – Jaime Mejía, Prefecto de la provincia de Morona Santiago. Macas, 26 de junio de 2009. – Adriano Ankuash. Macas, 8 de agosto de 2009. Cantón Gualaquiza – Pobladores de Gualaquiza. Gualquiza, 28 de junio de 2009. – Priscila Massa, EcuaCorriente. Gualaquiza, 6 de agosto de 2009. – Integrantes del Juzgado Tercero de lo Penal de Morona Santiago. Gualaquiza, 6 y 7 de agosto de 2009. – Luz Cajamarca. Gualaquiza, 7 de de agosto de 2009. Parroquia Bomboiza – Dirigentes e integrantes de la comunidad Ayants. Ayantas, 5 de agosto de 2009. – Pobladora del Valle El Quimi. Valle del Quimi, 6 de agosto de 2009. – Miguel Arce. Valle El Quimi, 6 de agosto de 2009. Parroquia Panantza, cantón San Juan Bosco – Pobladora de Panantza. Panantza. 7 de agosto de 2009. – Integrante de la Junta Parroquial de Panantza. 7 de agosto de 2009. Cabecera cantonal de Limón – Dirigentes antimineros del cantón Limón. Limón, 26 de junio de 2009. –P  obladores de Morona Santiago. Limón, 27 de junio de 2009. Cantón Sucúa –R  aúl Petsain, dirigente de la Asociación Shuar “Arutam”. Sucúa, 8 de agosto de 2009. – Abogada Sara Torres. Sucúa, 8 de agosto de 2009. Provincia de Ontario (Canadá) Ciudad de Otawa – Representantes del Ministerio del Gobierno de Canadá: Sabrina Ramzi, Policy Advisor-CSR, Kimberley Process, Business & Human Rights; Sarah Bernier, Trade Policy Analyst; Anne Castle, Trade Commissioner, Trade Comimissioner Service Support; Elizabeth Clarke, Trade Commissioner-Andean Group; Louis Guay, CRS Coordinator-Americas; Caroline Boivin, South America and Inter-American Relations Division; Carlos Rojas-Arbulu, Deputy Director, Corporate Social Responsability, Trade Commissioner Service Support. 15 de marzo de 2009. – Jamie Kneen, representante de la organización no gubernamental MiningWatch. 15 de marzo de 2009. 36
Visitas de observación Provincia de Zamora Chinchipe – Visita al Barrio San Marcos, 6 de agosto de 2009. – Visita al Valle El Quimi, 6 de agosto de 2009. – Visita a la cabecera parroquial de Tundayme, 6 de agosto de 2009. – Visita a Machinaza Alto, 5 de agosto de 2009. Provincia de Morona Santiago – Visita a comunidad indígena shuar del cantón Limón. Limón, 26 de junio de 2009. – Visita a instalaciones de EcuaCorriente. Gualaquiza, 6 de agosto de 2009. – Visita a parroquia Panantza, 7 de agosto de 2009. – Visita a campamento de EcuaCorriente. Tundayme, 7 de noviembre de 2009.
Elaboración: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH Con el apoyo de: Derechos y Democracia Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH Diseño y Diagramación: Kyodo.fr Diseño de portada: creative@graphusecuador.com Foto de portada: Patricio Mena Valenzuela Primera edición Diciembre de 2010 Imprimerie de la FIDH - Dépôt légal Janvier 2011 - FIDH ISSN en cours - Fichier informatique conforme à la loi du 6 janvier 1978 (Déclaration N°330 675)
Francisco Hurtado, rĂ­o Zamora
Durante la última década, Ecuador ha experimentado una creciente presencia de actores interesados en el desarrollo de la minería a gran escala, incentivados por disposiciones legales y medidas económicas impulsadas por los sucesivos gobiernos. Este tipo de intervención minera ha contribuido a un contexto de conflictividad social y ha generado un importante debate acerca de la pertinencia de promover la explotación minera a gran escala en el país.

References: resolución 
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in fine
 Resolución 
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 Artículo 9