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Timestamp: 2019-10-15 17:43:15+00:00

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resolucion 3/18 | Mandato | Regulación
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1387
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La Medida Cautelar Es Un Instrumento Destinado a Garantizar Que Lo Resuelto en El Proceso Principal Se Ha Satisfecho en Su Integridad
LAS MEDIDAS CAUTELARES DE CARACTER PERSONAL ...docx
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Demanda Circular SIPLAF Coljuegos Auto-11001032400020140062200-16
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COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCIÓN 3/2018
Fortalecimiento al trámite de solicitudes de medidas cautelares
De conformidad con el artículo 25 del Reglamento la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en las cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas. Entre las y los beneficiarios de medidas cautelares se encuentran defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, grupos en situación de vulnerabilidad tales como mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, personas desplazadas forzadamente, integrantes de la comunidad LGTBI, personas privadas de libertad, migrantes, personas mayores y con discapacidad. Las medidas cautelares de la CIDH han protegido a su vez testigos y operadores de justicia que se encuentran en situaciones de grave riesgo. Asimismo, entre otras situaciones, se ha protegido a personas a quienes no se les ha proporcionado acceso a un tratamiento adecuado para atender su grave estado de salud, a pesar de requerirlo con urgencia.
Dado el crecimiento exponencial en las solicitudes de medidas cautelares, tal y como fue anunciado anteriormente por la Comisión, en el año 2017 se creó dentro de la Secretaría Ejecutiva una Sección de Medidas Cautelares, como parte de la Secretaría Ejecutiva de Peticiones y Casos con el objeto de profundizar la especialización y celeridad en el mecanismo de medidas cautelares.
Con el objetivo de avanzar en la implementación del Plan Estratégico 2017-2021 y fortalecer una atención oportuna de las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión considera que se requiere la adopción de medidas que permitan agilizar el trámite de las solicitudes de medidas cautelares.
Reitera que por su propia naturaleza a través del mecanismo de medidas cautelares pueden analizarse alegaciones que se relacionan exclusivamente con los elementos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable establecidos en el artículo 25 de su Reglamento, los cuales pueden resolverse sin entrar en determinaciones de fondo que son propias del análisis de una petición individual o caso y que exceden la naturaleza propiamente cautelar;
Considera en este sentido que, en general, el mecanismo de medidas cautelares no ha sido estimado idóneo para abordar solicitudes que versan estrictamente sobre asuntos o pretensiones tales como: i) supuestas faltas al debido proceso y protección judicial en el marco de procesos penales o civiles (Artículos 8 y 25 de la CADH y Artículo XVIII de la Declaración Americana); ii) determinar la compatibilidad en abstracto de una normativa a la Convención Americana u otros instrumentos aplicables; iii) pago de compensaciones pecuniarias, que incluyen procesos civiles, mercantiles y pensiones; iv) despidos alegadamente injustificados de empresas privadas o públicas de funcionarios no electos popularmente, pago de salarios, determinaciones sobre ascensos y vacaciones; v) embargos de carácter mercantil o civil y desalojos en los que no se alegan situaciones de riesgo adicionales al derecho a la propiedad privada; vi) solicitudes de recursos o apoyos económicos; y vii) trámites meramente administrativos, entre los que se incluyen, la emisión de certificaciones, hacer expeditos procedimientos y resoluciones declaratorias;
Considera que la falta de respuesta a las solicitudes de información adicional por parte de las o los solicitantes así como la falta de presentación de información actualizada por períodos prolongados, constituyen obstáculos al momento de determinar la situación de riesgo actual de las personas propuestas como beneficiarias, con la celeridad requerida atendiendo a la propia naturaleza del mecanismo;
Resuelve desactivar las solicitudes de medidas cautelares donde no se haya solicitado información al Estado de conformidad con el artículo 25.5 del Reglamento, cuando no se cuente con información actualizada por parte de las o los solicitantes en un plazo mayor de 6 meses contados a partir de la última información presentada. La Secretaría procederá a notificar tales desactivaciones;
Resuelve desactivar las solicitudes de medidas cautelares en las cuales se haya solicitado información a las o los solicitantes y, una vez vencido el plazo establecido en la comunicación, no se cuente con su respuesta. La Comisión, a partir de la fecha de la presente resolución, procederá a verificar periódicamente –cada tres meses- los asuntos en inactividad para su desactivación, sin previa notificación;
Resuelve que en el supuesto de haberse desactivado una solicitud, si las o los solicitantes remiten información adicional considerando que la situación actual de las personas propuestas como beneficiarias satisface los requisitos establecidos en artículo 25 del Reglamento, la información presentada será tramitada con un nuevo registro de solicitud de medida cautelar, atendiendo a la situación actual;
Resuelve que en ningún caso se podrá desactivar un asunto cuando la solicitud de información haya sido realizada al Estado y la falta de respuesta sea atribuible a éste.
Las presentes medidas se enmarcan en el compromiso de la Comisión con los Estados y solicitantes de fortalecer la agilidad en el mecanismo de medidas cautelares, la transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica de las decisiones. La Comisión continuará asimismo, garantizando un análisis de la situación planteada atendiendo al contexto de país, perspectiva de género y enfoques diferenciados respecto de solicitantes pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, así como el desarrollo de las herramientas previstas en el programa específico dentro de su Plan Estratégico 2017-2021.
La Comisión instruye que la Secretaría Ejecutiva adopte las medidas necesarias para aplicar esta decisión.
Aprobada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el 10 de mayo de 2018 en el 168 Período de Sesiones por: Margarette May Macaulay, Presidenta; Esmeralda Arosemena de Troitiño, Primera Vicepresidenta; Luis Ernesto Vargas, Segundo Vicepresidente; Francisco José Eguiguren Praeli, Joel Antonio Hernández García, Antonia Urrejola y Flávia Piovesan, miembros de la CIDH.
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References: RESOLUCIÓN 
 artículo 25
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