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Timestamp: 2019-10-19 11:51:44+00:00

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STS 632/2011, 28 de Junio de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 310932042
STS 632/2011, 28 de Junio de 2011
Número de Recurso: 10093/2011
Número de Resolución: 632/2011
ASESINATO. ALEVOSIA. En estos casos, hay una mayor peligrosidad y culpabilidad en el autor del hecho, que revela con estos comportamientos un animo particularmente ruin, perverso, cobarde o traicionero (fundamento subjetivo) y tambin una mayor antijuricidad por estimarse ms graves y ms lesivas para la sociedad este tipo de conductas en que no hay riesgo para quien delinque (fundamento objetivo). En primera instancia se condena al acusado. Se desestima la casacin.
Sentencia citada en: 280 sentencias, 6 artículos doctrinales
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por la representación del acusado Roberto , contra sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Penal de Oviedo, que desestimó el recurso de apelación nº 7/2010 , contra la sentencia de fecha 23 de junio de 2007 del Tribunal de Jurado, dimanante del procedimiento nº 2/2010, procedente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Vigo, y confirmar la sentencia apelada en todos sus términos; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Pucci Rey.
El Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Penal de Galicia, incoó Rollo de Apelación con el número 7 de 2010 , seguida por los trámites del Procedimiento especial del Tribunal del Jurado, dimanante del procedimiento del Tribunal del Jurado nº 2/2010 de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo, instruidas por el Juzgado de Violencia de la Mujer nº 1 de Vigo, contra Roberto y otra, y con fecha 23 de junio de 2010, dictó sentencia que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: PRIMERO: 1. La sentencia dictada con fecha veintitrés de junio de dos mil diez por la Ilma. Sra. Magistrada Presidente del Tribunal del Jurado constituido en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra , contiene los siguientes hechos probados con sujeción al veredicto del Jurado:
1º.- Sobre las 20:00 horas del día 17/08/08 en el interior del domicilio común del nº NUM000 de la c/ TRAVESIA000 , Roberto propinó a Elisabeth con un bloque de cemento rectangular de 7x20 cms. de ancho y 10 cms. de alto, nueve golpes en la cabeza, que le ocasionaron la muerte, concretamente, 2 en la parte frontal, uno en el ángulo externo del ojo izquierdo, uno en el borde del labio superior y 5 más en distintas partes del cuero cabelludo, asimismo, le fracturó los huesos propios de la nariz.
2º.- Roberto propinó los golpes a Elisabeth con el propósito de acabar con su vida.
3º.- El ataque, con el bloque de cemento, se produjo de manera súbita e inesperada de manera que Elisabeth no tuvo ocasión de defenderse o escapar.
5º.- En el momento de los hechos Roberto y Elisabeth mantenían una relación estable de pareja.
9º.- Acaecidos los hechos Roberto abandonó el domicilio y se dirigió a San Miguel de Oia en busca de un conocido suyo a fin de que éste llamara a la policía. Al no encontrarlo, entró en una pizzería cercana solicitando a la camarera que llamara a la policía, esperando hasta la llegada de ésta y entregándose, manifestando reiterada y espontáneamente a los agentes policiales que lo custodiaban lo que había ocurrido.
Asimismo ha resultado probado:
Elisabeth nacida en Ampinas (Brasil) en fecha 16/05/1983 era hija de Susana , fallecida en Brasil el 21/05/2010, y que a su fallecimiento deja tres hijos: Aquellen, Aquelma y Wisley (menor de edad).
Elisabeth tenía una única hija, Ascension , nacida el 16/05/2005, y con la que convivía.
A consecuencia de estos hechos Ascension ha sufrido un trauma psíquico.
SEGUNDO: El fallo de la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Presidente del Jurado es como sigue:
Que debo condenar y condeno a Roberto como autor y criminalmente responsable de un delito de asesinato, ya definido, y concurriendo la circunstancia agravante de parentesco a la pena de diecinueve años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y al pago de las costas procesales incluidas las de la acusación particular.
Condenándole asimismo a indemnizar a Ascension en cantidad de 120.000 euros, cantidad a la que se aplicará desde la fecha de esta resolución hasta el completo pago el interés resultante de incrementar en dos puntos el legal del dinero.
En ejecución de sentencia deberá abonarse al acusado el tiempo por el que hubiera estado preventivamente privado de libertad por esta causa.
Únase a esta resolución el acta del Jurado.
TERCERO: La representación procesal del acusado y condenado interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia y la Sala señaló día para la vista del recurso, la que tuvo lugar el pasado día 16 con la concurrencia de las partes.
FALLO: 1º Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del acusado y condenado Roberto contra la sentencia dictada el 23 de junio de 2010 por la Magistrada-Presidente del Tribunal del Jurado constituido en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo (rollo número 2 de 2010 ). Las costas procesales se declaran de oficio.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de precepto constitucional e infracción de Ley, por el acusado Roberto , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
PRIMERO.- Al amparo del art.849.1º y art. 852 LECrim . en relación con el art. 5.4 LOPJ . por vulneración del derecho a la presunción de inocencia art. 24 CE .
SEGUNDO.- Al amparo del art. 849.1 LECrim . por indebida aplicación de los arts. 21.3. 4 y 6 y 72 CP.
TERCERO.- Al amparo del art. 849.2 y 855 LECrim . por error en la valoración de la prueba basado en documentos que obran en autos.
Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, solicita la inadmisión; la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la votación prevenida el día catorce de junio de dos mil once.
El motivo primero por infracción legal y constitucional, al amparo de los arts. 849.1 y 852 LECrim. en relación con el art. 5.4 LOPJ . por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE . e indebida aplicación del art. 139.1 CP .
Como hemos explicitado en numerosas resoluciones de esta Sala (SSTS. 371/2011 de 19.5 , 285/2011 de 20.4 , 383/2010 de 5.5 , 14/2010 de 18.1 , entre las más recientes, la doctrina que establece, que nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas por el restringido cauce que ofrece el art. 849.2 LECrim . pues como señala la STC. 136/2006 de 8.5 ; en virtud del art. 852 LECrim , el recurso de casación puede interponerse, en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del 24.2 CE (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que el Tribunal Supremo controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (por todas STC. 60/2008 de 26.5 ).
Realmente no podría ser de otra manera porque la garantía de la interdicción de la arbitrariedad en toda decisión judicial --art. 9-3º C.E .-- integra el núcleo reforzado de todo control jurisdiccional singularmente en el orden penal por la naturaleza de los bienes que pueden quedar afectados con la decisión judicial --singularmente la libertad individual-- lo que convierte la verificación de que la razón está en la decisión judicial.
En el caso presente la inferencia del dolo homicida que realiza el Tribunal superior de Justicia -ratificando la del Tribunal del Jurado- debe entenderse correcta y razonable. En efecto es necesario subrayar -como se dice en las SSTS. 210/2007 de 15.3 y 172/2008 de 30.4 y 716/2009 de 2.7 , que el elemento subjetivo del delito de homicidio no solo es el "animus necandi" o intención especifica de causar la muerte de una persona, sino el "dolo homicida", el cual tiene dos modalidades: el dolo directo o de primer grado constituido por el deseo y la voluntad del agente de matar, a cuyo concreto objetivo se proyecta la acción agresiva, y el dolo eventual que surge cuando el sujeto activo se representa como probable la eventualidad de que la acción produzca la muerte del sujeto pasivo, aunque este resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción que obra como causa del resultado producido ( STS. 8.3.2004 ).
Dolo homicida que en el supuesto analizado se deriva de los siguientes elementos indiciarios: el tipo de instrumento empleado - bloque de cemento rectangular de 7 x 20 cm. y 10 cm. de alto-; la zona en que el acusado dirigió los golpes -la cabeza de la víctima; la reiteración de los golpes -de 9 a 11 golpes según los informes forenses-; y la violencia de los golpes, llegando a fracturar el hueso occipital.
Respecto a la concurrencia de la alevosía, hace necesario recordar como esta Sala (SSTS. 246/2011 de 14.4 y 1145/2006 de 23.11 ), viene aplicando el concepto de alevosía a todos aquellos supuestos en que por el modo de practicarse la agresión queda de manifiesto la intención del agresor o agresores de cometer el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera hacer el agredido, es decir, la esencia de la alevosía como circunstancia constitutiva del delito de asesinato (art. 139.1ª ) o como agravante ordinaria en otros delitos contra las personas (art. 22.1ª ), radica en la inexistencia de posibilidades de defensa por parte de la persona atacada. En cuanto a su naturaleza aunque esta Sala unas veces ha destacado su carácter subjetivo, lo que supone mayor culpabilidad, y otras su carácter objetivo, lo que implica mayor antijuricidad, en los últimos tiempos, aun admitiendo su carácter mixto, ha destacado su aspecto predominante objetivo, resaltando en sentencia 24.1.92 , un plus de antijuricidad y culpabilidad y reconociendo y afirmando en sentencia 30.6.93 que si bien en las ultimas décadas, como se recogió en sentencia 19.1.91 , era suficiente para la apreciación de la circunstancia con que la conducta fue objetivamente alevosa, lo cual entrañaba el plus de antijuricidad consistente en la utilización de medios, modos o formas de ejecución tendente a lograrla sin riesgo para el infractor procedente de la defensa del ofendido, pasó después la doctrina de esta Sala, a una etapa de transición en que, sin desconocer la naturaleza objetiva de la alevosía, se destacan y precisan en ellas aspectos subjetivos, principalmente para evitar su confusión con la circunstancia de premeditación.
En el caso presente el Jurado consideró probada la proposición 3ª del objeto del veredicto: "el ataque, con el bloque de cemento, se produjo de manera súbita e inesperada de manera que Elisabeth no tuvo ocasión de defenderse o escapar", conclusión a la que llega el informe de la autopsia y el testimonio de los forenses que indican que el único movimiento de defensa que pudo realizar la víctima antes de perder la consciencia, debido a los golpes que recibe en la frente, fue un leve movimiento de cabeza.
En este sentido los forenses declararon, en relación al informe de autopsia, pero no existían en la víctima lesiones de defensa ni lesiones en las manos compatibles con el arrebato brusco del objeto en las manos, descartando la posibilidad de que ella se encontrara encima del acusado, que en las primeras lesiones que sufrió fueron las anteriores se produjeron de arriba abajo, encontrándose la cabeza más baja que el objeto que le golpeó, provocándole la perdida de conocimiento, que las lesiones en la parte posterior se produjeron estando la víctima ya en posición horizontal, y en particular la fractura del occipital no es compatible con movimiento de la víctima, y que los brazos del cadáver se encontraban bajo su cuerpo, sin marcas de arrastre, lo que indica que no existió movimiento alguno de la víctima en esta posición, lo que resulta compatible con la perdida de conocimiento por los golpes de la parte anterior.
Prueba esta acreditativa de que la agresión con el adoquín se produjo de manera inesperada sin que la víctima tuviese capacidad de reacción, que descarte la versión del acusado de una previa agresión por parte de la víctima, y que se ve incluso corroborada por la testifical de los agentes policiales nº NUM001 y NUM002 , que hicieron la inspección ocular en el sentido de que el piso se encontraba ordenado y no existían signos de desorden que pudiera indicar una situación de pelea o violencia.
El motivo segundo por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim. por indebida aplicación de los arts. 21.3 y 4 y 6 CP .
Se argumenta en el motivo que el Jurado no tuvo en cuenta las pruebas periciales realizadas al acusado corroboradas por el acta de inspección ocular y declaraciones del acusado y de testigos de la familia de la víctima, que acreditaron la habitual ingesta de alcohol en el acusado y específicamente su abundante consumo el día de autos que, junto con las ideas sobre valoradas de contenido celotípico fueron el posible desencadenante de la violenta discusión que se produjo entre ambos y de un fatal desenlace.
La STS. 21.9.2000 , interpretando el actual art. 20 CP , matiza estas categorías indicando que en supuestos de adición acreditada del sujeto a las bebidas alcohólicas, dicha dependencia por sí sola será relevante si además concurren alguna de las siguientes condiciones: o bien la existencia de anomalías o alteraciones psíquicas que tengan su causa en dicha adición, lo que podrá constituir también base para estimar la eximente completa o incompleta según el grado de afectación del entendimiento o la voluntad; o, en segundo lugar, por la vía de la atenuante del artículo 21.2 C.P ., atendida su relevancia motivacional, supuesta la gravedad de la adición, debiendo constatarse una relación causal o motivacional entre dependencia y perpetración del delito. Al contrario de lo que sucedía en el Código Penal de 1.973 , que sólo consideraba atenuante la embriaguez no habitual, ahora no atenuará la pena la embriaguez u otra intoxicación que no sea causada por una grave adición. No basta el consumo de bebidas alcohólicas para que se entienda siempre disminuida la imputabilidad y la responsabilidad penal del sujeto.
En el caso presente el Jurado no consideró probada la proposición 8 en la que se sustentaba la atenuante analógica del art. 21.6 CP. en relación con el 20.2 CP. intoxicación alcohólica por consuma habitual de bebidas alcohólicas (" Roberto había consumido durante ese día alcohol lo que disminuía su conciencia de la ilicitud del acto o su voluntad para obrar de acuerdo con esa conciencia"), y ello en base a la declaración de las personas (Renata y Jamid) que comieron ese día con el recurrente y la víctima, quienes afirmaron que cuando abandonaron el domicilio de ambos, el acusado no se encontraba en estado de embriaguez, y del testimonio de la empleada de la pizzería y del policía nacional nº NUM003 que detuvo al acusado que ratificaron que no se encontraba bajo el efecto del alcohol (no olía a alcohol, se expresaba correctamente y no tenia perdida del equilibrio), así como por la declaración del psiquiatra en el plenario en el sentido de que no es normal recordar con detalles los momentos anterior y posterior a la realización de los hechos y olvidar estos en concreto, si se hubiese encontrado en estado de embriaguez.
Respecto a la circunstancia atenuante de arrebato u obcecación por celopatia por vía directa (art. 21.3 ) o por analogía, su desestimación deviene igualmente necesaria.
Como -se dice en las STS. 261/2005 de 28.2 - con cita de las sentencias 13.3.2003 , 7.5.2002 , 29.9.2001 , 25.7.2000 el fundamento de la atenuante del art. 21.3 CP . se encuentra "en la disminución" de la imputabilidad (o de las facultades volitivas e intelectivas) que se pretende por la ofuscación de la mente y de las vivencias pasionales determinados por una alteración emocional fugaz (arrebato) o por la mas persistente de incitación personal (obcecación) pero siempre produciéndose por una causa o estimulo poderoso.
Respecto a los celos las SSTS. 3.7.89 y 14.7.94 , distinguen entre la celopatia, inserta en el síndrome paranoico y la celotipia, como reacción vivencial desproporcionada, lo que puede dar lugar a la apreciación del trastorno mental transitorio completo o incompleto, según su intensidad, en el caso de celopatia y de la atenuante pasional simple o cualificada, también según su intensidad, en el de la celotipia.
En el caso presente el Jurado no consideró probados el hecho 7 (" Roberto propinó los golpes a Elisabeth en un estado de conmoción psíquica de furor motivado por los celos que sentía disminuyó la conciencia de la ilicitud del acto o su voluntad de obrar conforme a esa conciencia"), y el hecho 8 (" Roberto propinó los golpes a Elisabeth en un estado de grave ofuscación motivado por los celos que sentía que disminuyó su conciencia de la ilicitud del acto o su voluntad para obrar conforme a esa conciencia"), de acuerdo con el informe pericial y testimonio del psiquiatra en el sentido de que los celos del acusado no son patológicos ni incurren en un delirio celotípico, sino unas ideas sobre valoradas que no podían provocar la perdida de conciencia en la realización de los hechos. Ello es base suficiente para descartar la "celopatia" y la atenuante de arrebato u obcecación, por cuanto la posible celotipia, derivada de celos justificados, con arreglo a las actuales normas socio- culturales de convivencia no es posible concederla esta atenuación, carente de base alguna en el relato de hechos probados, en una situación como la aquí enjuiciada, en la que el acusado actúa contra su pareja de una forma tan desproporcionada como la que consta en el factum".
En cuanto a la circunstancia atenuante del art. 21.4 CP , a juicio del recurrente, entiende que se omite que el Jurado si estimó su concurrencia al considerar probado el hecho 9 (" Acaecidos los hechos Roberto abandonó el domicilio y se dirigió a San Miguel de Oia en busca de un conocido suyo a fin de que éste llamara a la policía. Al no encontrarlo, entró en una pizzería cercana solicitando a la camarera que llamara a la policía, esperando hasta la llegada de ésta y entregándose, manifestando reiterada y espontáneamente a los agentes policiales que lo custodiaban lo que había ocurrido").
Con carácter previo debe efectuarse una importante precisión cual es que el Jurado se pronuncie sobre hechos y no sobre calificaciones jurídicas y ni vincula al Magistrado-Presidente ni condiciona la calificación que se dé a cualquiera de las proposiciones objeto del veredicto por el Tribunal Superior de Justicia ni este Tribunal de casación, ni disminuye las posibilidades revisoras de ambos /SSTS. 6.7.2000; 636/2006 de 8.6). En definitiva la votación de los jurados versa sobre los hechos objeto del veredicto, considerándolos o no probados, siendo la calificación jurídica de los mismos misión exclusiva del Magistrado Presidente.
Siendo así en relación a la atenuante de confesión del art. 21.4 CP . la jurisprudencia de esta Sala, manifestada entre otras en SSTS. 246/2011 de 14.4 , 6/2010 de 27.1 , 1238/2009 de 11.12 , 25/2008 de 29.1 , 544/2007 de 21.6 , 1071/2006 de 9.12 , ha puesto de relieve que la razón, la atenuante no estriba en el factor subjetivo de pesar y contrición, sino en el dato objetivo de la realización de actos de colaboración a la investigación del delito. Se destaca como elemento integrante de la atenuante, el cronológico, consistente en que el reconocimiento de los hechos se verifique antes de que el inculpado conozca que es investigado procesal o judicialmente por los mismos. En el concepto de procedimiento judicial se incluye la actuación policial ( SSTS. 21.3.97 y 22.6.2001 ), que no basta con que se haya abierto, como se decía en la regulación anterior, para impedir el efecto atenuatorio a la confesión, sino que la misma tendrá la virtualidad si aún no se había dirigido el procedimiento contra el culpable, lo que ha de entenderse en el sentido de que su identidad aún no se conociera. La razón de ser del requisito es que la confesión prestada, cuando ya la Autoridad conoce el delito y la intervención en el mismo del inculpado, carece de valor auxiliar a la investigación. Otro requisito de la atenuante es el de la veracidad sustancial de las manifestaciones del confesante, sólo puede verse favorecido con la atenuante la declaración sincera, ajustada a la realidad, sin desfiguraciones o falacias que perturben la investigación, rechazándose la atenuante cuando se ofrece una versión distinta de la luego comprobada y reflejada en el "factum", introduciendo elementos distorsionantes de lo realmente acaecido ( SSTS. 22.1.97 , 31.1.2001 ). Tal exigencia de veracidad en nada contradice los derechos constitucionales "a no declarar contra si mismo" y "a no confesarse culpable" puesto que ligar un efecto beneficioso o la confesión voluntariamente prestada, no es privar del derecho fundamental a no confesar si no se quiere ( STC. 75/87 de 25.5 ).
Situación que seria la presente, tal como recoge el magistrado Presidente en su sentencia, confirmada por la del Tribunal Superior, por cuanto cuando el acusado acude a la pizzería y admite ante la empleada de la misma haber golpeado mucho a su mujer y haberla matado, hacía horas que se había descubierto el cadáver y se sospechaba que el autor de la muerte era Roberto y ello porque los hijos del acusado, poco después de acaecidos los hechos, habían bajado a casa de las vecinas en busca de ayuda para su madre y manifestado que el autor de la agresión era su padre, encontrándose las dotaciones policiales buscando al acusado cuando reciben a las 23:32 horas la primera llamada alertando de la presencia del acusado en San Miguel de Oia, y habiéndose incluso distribuido una fotografía del acusado entre las dotaciones, de ahí que conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta estaríamos en presencia de la confesión de la evidencia ya descubierta, que carece de valor atenuatorio, al no venir además acompañada de una aportación relevante que permita un esclarecimiento de lo sucedido mediante la comunicación a la autoridad de aspectos importantes aún no conocidos y que no resultaran de descubrimiento inevitable, sino que, por el contrario da una versión de los hechos: "fue Aellika quien cogió el ladrillo e intentó darle con él, parándolo él con la mano, sujetándolo con las dos manos y ella también con las dos manos en el sofá, él debajo y ella encima, sujetando ambos el ladrillo, yendo él con los brazos hacia atrás y dándose un golpe en una mano entre la pared y el ladrillo, y que entonces hizo fuerza con las manos hacia delante y el ladrillo dio contra la cabeza de ella, no recordando cuántas veces le dio ni si la golpeó cuando ella estaba en el suelo", totalmente distorsionándose de la realidad.
Por último respecto a la indebida aplicación del art. 72 CP . para justificar la extinción de la pena 19 años de prisión.
Queja infundada pues como hemos dicho en SSTS. 111/2010 de 24.2 , 665/2009 de 24.6 , 620/2008 de 9.10 , el derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva en el concreto aspecto de la motivación de la sentencia exige una explicitación suficiente de la concreta pena que se vaya a imponer a la persona concernida. En tal sentido basta citar la doctrina constitucional en esta materia concretada en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, en su sentencia 21/2008 de 31 de Enero .
Reiteradamente ha señalado esta Sala -por todas STS. 809/2008 de 26.11 - que la obligación constitucional de motivar las sentencias expresadas en el artículo 120.3 de la Constitución comprende la extensión de la pena. El Código Penal en el artículo 66 establece las reglas generales de individualización, y en el artículo 72 concluye disponiendo que los Jueces y Tribunales razonaran en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta. La individualización realizada por el tribunal de instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados o mitades a la que se refiere especialmente el citado artículo 66 , sino también en cuanto afecta al empleo de criterios inadmisibles jurídico- constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda.
Subsanar el defecto en el supuesto de que el órgano jurisdiccional de apelación le facilite la sentencia de instancia los elementos necesarios para motivar la individualización de la pena, bien en la misma extensión fijada por el de instancia, bien en otra que el de apelación considere adecuada; c) Imponer la pena establecida por la ley en su mínima extensión.
En el caso presente nos encontramos ante un delito de asesinato art. 139.1 CP . sancionado con una pena de 15 a 20 años.
La concurrencia de una circunstancia agravante, art. 23 , parentesco, conforme lo dispuesto en el art. 66 regla 3ª será a su imposición en la mitad superior, 17 años, 6 meses y 1 día a 20 años, el Presidente del Tribunal de Jurado impuso la pena de 19 años "habida cuenta por un lado, de la brutalidad de la agresión en la que la que se propinan al menos 9 golpes con un bloque de cemento sobre la cabeza de la víctima con violencia tal que fracturan el hueso occipital, y, de otro lado, por la mayor gravedad que supone el que el delito se cometiera en el domicilio común, en el que además el propio acusado admite que en el momento de los hechos se encontraba la hija común de la pareja, de 3 años, y el hijo del acusado, de 5 años, quien en la declaración de las vecinas Valkiria y Jacqueline se desprende que presenciaron, al menos en parte la agresión", constituye una motivación que colma los requisitos de motivación del art. 72 CP , a los efectos de justificar esa exasperación punitiva sobre el mínimo legal, por cuanto la brutalidad de la agresión, aunque no configure el ensañamiento -por mor del principio acusatorio- y que hubiera supuesto por aplicación de lo preceptuado en el art. 140 una pena de 20 a 25 años, sí es un factor de individualización penológica que unido a la presión de los dos niños de tan corta edad con la no descartable incidencia que esta circunstancia puede tener en el desarrollo y formación de su personalidad, lleva a la adecuación y proporcionalidad de la pena impuesta.
El motivo tercero por infracción legal al amparo del art. 849.2 y 855 LECrim . por error en la valoración de la prueba basado en documentos obrantes en la causa:
1) Acta de inspección ocular (folios 116 y ss.)
2) Informe de autopsia (folios 161 y ss.)
3) Declaración testimoniada de la menor Sofía ante el Juzgado de violencia sobre la Mujer 21 Vigo (folio 517)
4) Informe medico forense sobre el acusado (folios 81 y 82)
5) Informe pericial del Laboratorio de biología del CNP (folio 3468 y ss.)
6) Informe pericial y psiquiátrico del Servicio Gallego de Salud (folios 708 y ss).
Debemos recordar que por la vía del art. 849.2 LECrim . se circunscribe al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza por si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron. En todo caso, el error a que atiende este motivo de casación se predica sobre aspectos o extremos de naturaleza fáctica, nunca respecto a los pronunciamientos de orden jurídico que son la materia propia del motivo que por "error iuris" se contempla en el primer apartado del precepto procesal, motivo éste, art. 849.1 LECrim . que, a su vez, obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados que han de ser los fijados al efecto por el Tribunal de instancia salvo que hayan sido previamente corregidos por estimación de algún motivo fundado en el art. 849.2 LECrim . o en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
En el caso presente los "documentos 1 y 3 son pruebas personales aunque aparezcan documentadas". En este sentido el Tribunal Supremo no admite que pueda basarse un motivo en error de hecho cuando se indica que el documento en el que consta el error es el atestado policial u otras diligencias policiales ni las declaraciones de un imputado o testificales en el acto del juicio oral, sujetas a la inmediación del Tribunal que con inmediación las percibe ( SSTS. 994/2007 de 5.12 , 768/2004 de 5.12 ), sin olvidar que, en todo caso, han de citarse con toda precisión los documentos con designación expresa de aquellos particulares de donde se deduzca inequívocamente el error padecido, lo que no se cumple con la genérica referencia al "documento", y proponerse por el recurrente una nueva redacción del factum, rectificación del factum que no es su fin en sí mismo sino un hecho para crear una premisa distinta a lo establecido y consiguiente, para posibilitar una subsunción jurídica diferente de la que se impugna. Prevenciones igualmente incumplidas por el recurrente.
Y en el caso de los documentos 2, 4, 5, 6 (informes periciales), la doctrina de esta Sala (SSTS. 182/2000 de 8.2 , 1793/2003 de 24.12 , 299/2004 de 4.3 , 1200/2005 de 27.10 , 742/2006 de 29.6 , 1068/2007 de 20.12 , 1148/2009 de 25.11 ), mantiene que dichos informes no son en realidad documentos, sino pruebas personales documentadas consistentes en la emisión de pareceres técnicos sobre determinadas materias o sobre determinados hechos por parte de quienes tienen sobre los mismos una preparación especial, con la finalidad de facilitar la labor del Tribunal en el momento de valorar la prueba.
Situación que sería la presente en la que el Jurado ha valorado los distintos informes obrantes en autos, pretendiéndose por el recurrente que prevalezca su particular e interesada interpretación, lo que no es propio de la vía casacional elegida.
Desestimándose el rcurso se imponen las costas (art. 901 LECrim .).
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, interpuesto por Roberto , contra sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Penal de Oviedo, que desestimó el recurso de apelación nº 7/2010 , contra la sentencia de fecha 23 de junio de 2007 del Tribunal de Jurado, dimanante del procedimiento nº 2/2010, procedente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Vigo, que le condenó como autor de un delito de asesinato; y condenamos al recurrente al pago de las costas causadas en la tramitación de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamosD. Joaquin Gimenez Garcia D. Julian Sanchez Melgar D. Miguel Colmenero Menendez de Luarca D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Diego Ramos Gancedo
STS 418/2019, 30 de Mayo de 2019

References: resolución 
 resolución 
 artículo 21
 artículo 120
 artículo 66
 artículo 72
 artículo 66