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001_Informe_Principal_julio.pdf | Acoso sexual | Derecho laboral
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LLASAS FFALTASALTAS GGRAVESRAVES EENN EELL SSECTORECTOR PPÚBLICOÚBLICO
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Gustavo Francisco QUISPE CHÁVEZ (*)
En el presente artículo, el autor analiza exegéticamente las faltas graves en
el Sector Público reguladas en el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 276.
A tal efecto, toma en cuenta tanto la doctrina laboral como las nociones uti-
lizadas en la tipificación de faltas graves en el ámbito del Derecho Laboral
y Sector Privado, por ser ello una necesidad para la comprensión cabal de las figuras analizadas.
Para la sanción de las faltas laborales en el Sector Público, la garantía de un debido pro- ceso exige, en primer lugar, que se siga un trá- mite denominado procedimiento administra- tivo disciplinario, el cual permita al servidor ejercer su derecho de defensa frente a las im- putaciones de la administración.
Asimismo, otra garantía de un debido proce- so es que las faltas imputadas se encuentren debidamente tipificadas en la ley. En efecto, el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 276 establece un patrón de comportamiento que el Estado exige al servidor público y cuyo in- cumplimiento, en diversos supuestos, puede generar la aplicación de las más graves san- ciones que puede sufrir un servidor del Sector Público: su destitución.
En esa línea, en el presente informe haremos breves comentarios a las faltas reguladas en el citado artículo 28 del Decreto Legislativo
Nº 276, a fin de determinar sus alcances de ser verificadas dentro de un proceso disciplinario.
I. La falta disciplinaria
El artículo 150 del D.S. Nº 005-90-PCM con- sidera falta disciplinaria a toda acción u omi- sión, voluntaria o no, que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás en la nor- mativa específica sobre los deberes de ser- vidores y funcionarios señaladas en el ar- tículo 28 del Decreto Legislativo Nº 276 y su reglamento.
Una primera observación sobre esta definición es que parece referirse en esencia solo a la fal- ta disciplinaria grave, pues se hace remisión directa al artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 276, que enumera a las faltas que tiene como sanción la destitución o el cese temporal.
En esa línea, la primera característica de las faltas disciplinarias graves es que pueden con- figurarse por una conducta directa u omisi- va del trabajador; vale decir, que estas faltas
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del Área de Asesoría de Soluciones Laborales. Espe- cialista en Derecho Laboral.
SSOLUCIONESOLUCIONES LLABORALESABORALES PPARAARA ELEL SECTORSECTOR PÚBLICOPÚBLICO
no solo se configuran por “un hacer” del servidor sino que también se dan por un “no hacer”. No es necesario así que el agente ejecute un hecho; basta que deje de realizar una con- ducta que se espera en determinadas circunstancias para que se entienda cometida la falta disciplinaria.
No obstante, es necesario, en estos ca- sos, que el servidor tenga capacidad de actuación. Esto es, debe poseer las cualidades físicas, sicológicas y pro- fesionales para evitar el acto.
Asimismo, nos llama la atención que en la definición de falta disciplinaria se señale que estamos ante un acto voluntario o no, que contravenga las obligaciones, prohibiciones, etc.
A nuestro parecer ello supone el es-
tablecimiento de una responsabilidad
objetiva en la tipificación de la falta;
es decir, que basta que el acto come-
tido contravenga las normas que re- gulan al régimen laboral público para que exista responsabilidad del agente, excluyéndose del análisis de tipifica-
ción de la falta, si la conducta fue dolo-
sa o culposa. Luego, el agente solo po-
drá excluirse de la responsabilidad de
la falta imputada demostrando que no
participó en la comisión del hecho ilí-
cito, y los criterios de culpa del agen-
te quedan excluidos del análisis de con-
figuración de la falta, salvo que el tipo
específico lo exija.
Otro elemento relevante que se tras- luce de las normas es la gravedad del acto. En efecto, al establecerse para los hechos señalados en el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 276 con las sanciones más severas, la grave- dad resulta un requisito sine qua non
de la falta disciplinaria; mientras que
las faltas menores son sancionables con amonestación verbal o escrita o con la suspensión sin goce de remu- neraciones hasta por treinta días.
En esa línea, el elemento de la gra- dualidad es muy importante en la ti- pificación y sanción de la falta. A ta- les efectos se han establecido los si- guientes criterios a tener en cuenta:
a) Circunstancia en que se come- te la falta: se toma en cuenta si han existido circunstancias tales como, la exigibilidad de la con- ducta debida, el cumplimiento de una orden superior o de un deber legal, inducción a error por parte de la Administración o confianza legítima que el acto era regular, ocultamiento de información, co- meter la infracción para ejecutar
u ocultar otra infracción, etc. (1) .
b) La forma de comisión: se ten- drá en cuenta como agravante de una falta el grado de reprobabi- lidad del acto; vale decir, mien- tras más reprobable sea la forma como se cometió la falta más gra- ve será esta.
c) La concurrencia de varias fal- tas: mediante este criterio la gra- vedad del hecho ilícito se de- termina en función de que se configuren o tipifiquen varias fal- tas, para lo cual deberemos apli- car la teoría de la absorción al momento de determinar la san- ción, aplicando así la más grave de las sanciones configuradas.
d) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta: mediante este criterio se
determina la gravedad de la fal-
ta en la medida en que el servidor
haya sido autor mediato, coautor,
instigador, partícipe o cómplice del hecho.
e) Los efectos que produce la falta:
este criterio está en función del per- juicio que el hecho ilícito cause a
la Administración Pública, no solo
en el plano material sino también respecto a la pérdida de credibili- dad que los ciudadanos pueden te- ner respecto del Estado por la in- conducta del servidor.
II. Las faltas graves en el ar- tículo 28 del Decreto Le- gislativo Nº 276
1. Incumplimiento de las normas establecidas en el Decreto Le- gislativo Nº 276 y su reglamento
Estamos ante una norma abierta que busca básicamente convertir cual-
quier obligación señalada en el De- creto Legislativo Nº 276 y su re- glamento normado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM en una fal-
ta disciplinaria.
No obstante, debemos señalar que
el solo incumplimiento per se de las
obligaciones en las normas señala- das no supone una infracción grave. Consideramos que para ser pasibles de destitución o cese temporal, estos incumplimientos deberán medirse en función de los parámetros de gradua-
lidad señalados en el artículo 151 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM
y que fueron explicados en el ítem anterior.
Finalmente, cabe mencionar que es- ta norma es muy importante pues coadyuva a un mejor cumplimiento del contrato de trabajo del servidor público, sancionando determinadas conductas gravosas que lesionan si-
tuaciones jurídicas inmanentes en la propia relación laboral y que pudie- ren no estar tipificadas en las demás causales de ley.
2. Reiterada resistencia del servi- dor al cumplimiento de las ór- denes superiores relacionadas con las labores
La tipificación de la desobediencia reiterada como falta tiene como fin salvaguardar el poder de dirección de la entidad pública, pues si no se
MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 8 a edición. Gaceta Jurídica, Lima, 2009, p. 695.
SOLUCIONES LABORALES N ° 31 / Julio 2010
IINFORMENFORME PRINCIPALPRINCIPAL
sancionara la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las la- bores se dejaría sin efecto coercitivo dicho poder jurídico.
En esa línea, y como resultado de la subordinación, el servidor tiene el deber de cumplir todas las indicacio-
nes que la entidad imparta, ya sea di- rectamente o a través de normas dic- tadas unilateralmente mediante el reglamento de trabajo, aun cuando
el trabajador esté en desacuerdo con
ellas, pues por regla general se pre- sumen lícitas (2) . Por lo tanto, consi- derando la presunción de validez de las órdenes emitidas por el superior jerárquico, el servidor debe obede- cerlas sin perjuicio de que, con pos- terioridad, y tras la correspondiente impugnación, se declare la irregula- ridad y la anulación de orden fijada.
En suma, emitida una orden, existe la obligación para el servidor de su cumplimiento, quien no puede deci- dir unilateralmente qué orden de la entidad es legal, y debe por lo tan- to ser cumplida; y qué orden, por el contrario, es arbitraria o injusta, lo cual no debe ser obedecida (3) .
Por otro lado, para que se configu-
re la causal analizada, la desobedien-
cia debe estar circunscrita a las órde- nes referidas estrictamente al ámbito laboral. Así, no califica como falta grave la resistencia a aquellas órde- nes que no se encuadran dentro de la
relación de trabajo (4) . El trabajador, entonces, podrá oponerse a cumplir una orden cuando exceda despropor- cionadamente las fronteras de la rela- ción de trabajo; es decir, órdenes que afecten derechos fundamentales, las objetivamente imposibles, las que in- gresen a la vida privada, las que en- trañan salud o la vida del trabajador
y las que lesionen los derechos pro- fesionales, entre otras.
Es de notar que la falta que comenta- mos no se configura en nuestro me- dio solamente con la desobedien- cia de una orden del trabajador, sino que es necesaria que tal resistencia sea reiterada. Debe colegirse en este
caso que como mínimo se den dos actos de desobediencia dentro de un lapso de tiempo razonable para que se configure la reiteración. Asimis- mo, se entiende que puede tratarse de la desobediencia de órdenes dis- tintas, ya que solo se exige la reite- rancia mas no la reincidencia. Lue- go, la forma adecuada de demostrar la reiterancia es a través de la reali- zación por escrito de una adverten- cia o exhortación al trabajador, que deje constancia de que se viene co- metiendo una infracción, la cual de continuar se convertirá en una fal- ta disciplinaria. La prueba que de- muestra estos actos por lo general son los memorándum remitidos al trabajador y debidamente suscritos por este.
3. Incurrir en acto de violencia, gra- ve indisciplina o faltamiento de palabra en agravio del supe- rior, del personal jerárquico y de los compañeros de labor
Esta causal engloba varios supuestos que trataremos por separado para su mejor entendimiento.
a) Actos de violencia
El supuesto refiere a un acto de agre- sión física contra el personal jerár- quico de la entidad o contra los com- pañeros de trabajo. No es necesario que el acto conlleve consecuencias dañinas graves para la persona agre- dida; la violencia, para que sea tal, no tiene que ser grave, pues de por
sí reviste la gravedad suficiente para
justificar la sanción.
Sobre este tema, es interesante el
punto de vista de Gorelli Hernán- dez (5) para quien si bien un acto de violencia es de por sí grave, en su opinión actos como el “agarrar por las solapas del abrigo y zarandear”,
el “arañazo en el brazo y la contrac-
tura cervical” sufrida en un forcejeo,
o “propinar un empujón” no deben
ser entendidos como actos de violen- cia, toda vez que no tendrían la sufi- ciente gravedad como para imponer una sanción (de destitución). Asi- mismo, serían un supuesto de exo- neración de responsabilidad las cir- cunstancias en las que se produce
la agresión, pues una fuerte discu- sión, un conflicto laboral individual,
la existencia de provocación previa
por parte del superior o de un com- pañero, la conflictividad laboral ma- terializada en una huelga, entre otros, deberían ser catalogados como su-
puestos eximentes.
Los actos de violencia pueden suce-
der en el centro de trabajo o fuera de este. Los que ocurren en el centro de trabajo, cualquiera sea su motivación
u origen, constituyen faltas discipli-
narias. En cambio, los que se origi- nen fuera del centro de labores re- quieren derivarse directamente de la relación laboral para ser entendidos como faltas disciplinarias; es decir, deben ser actos motivados por situa- ciones que tienen su origen en la re- lación laboral (6) .
(2) MARTÍN VALVERDE, Antonio; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA
MURCIA, Joaquín. Derecho del Trabajo. 5 a edición. Tecnos, Madrid, 1996, p. 706; ARCE ORTIZ, Elmer. Derecho individual del trabajo en el Perú. Desafíos y deficiencia. Palestra Editores, Lima, 2008. p. 527. GORELLI HERNÁNDEZ, Juan. “El despido disciplinario en España, Primera parte: configuración jurídica”. En: Soluciones Laborales, año 1, N° 06, Gaceta Jurídica, 2008. p. 23. BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. El despido en el Derecho Laboral peruano. 2 a edición. ARA Editores, Lima, 2006, p. 171. GORELLI HERNÁNDEZ, Juan. Ob. cit., p. 23. Sobre el particular, la jurisprudencia ha señalado que para que la agresión física fuera del centro la- boral de un trabajador a su superior sea considerada como falta grave, debe acreditarse que esta haya sido derivada directamente de la relación laboral (Exp. N° 845-92-CD. Data 40,000. Gaceta Jurídica).
Los actos de extrema violencia, ta- les como toma de rehenes o de loca- les, podrán adicionalmente ser de- nunciados ante la autoridad judicial competente.
b) Grave indisciplina
En este caso estamos ante toda con- ducta atentatoria contra el orden in- terno de la empresa, conste este en re- glamentos, directivas, procedimien- tos de trabajo, horarios, de modo tal que su infracción altere el modo ha- bitual de trabajo y el funcionamiento regular de la entidad. Esta conducta se considera implícita en otras tras- gresiones a los deberes laborales y solo puede tener como escenario el centro de trabajo y no puede ocurrir fuera de él (7) .
No estamos ante “la reiterada re-
sistencia a las órdenes relacionadas con las labores”, sino ante un acto que no
requiere el requisito de reiterancia, esto es, que por sí solo es gra- ve y tiene como con- secuencia que la re- lación laboral no pueda seguir vigen- te. Estamos ante un incumplimiento en el que concurre la grave- dad, no tratándose de un simple acto de des-
obediencia (el cual re- quiere necesariamen- te la reiterancia para ser catalogado como falta); se trata, más bien, de un acto puntual que de por sí es sumamente perjudicial para el empleador o para los demás trabajadores. Es la situa- ción del obrero, por ejemplo, que ha- ciendo caso omiso a la advertencia de que no se opere un cargador fron- tal malogrado, causa un accidente; así, pues, si bien el trabajador come- tió este único acto de desobediencia, por su gravedad es suficiente para que proceda el despido.
c) Faltamiento de palabra
La jurisprudencia establece que esta falta se configura cuando el trabaja- dor quebranta la buena fe laboral y el principio de respeto mutuo mediante manifestaciones o expresiones emiti- das con ánimo ofensivo o ultrajante,
agravio y dichos que pongan en cues- tión la honorabilidad de la contraparte
o la legitimidad o legalidad de sus ac-
tos; no siendo necesaria que la impu- tación efectuada por el trabajador al personal jerárquico de la empleado- ra se refiera a la comisión de hechos delictuosos (8) .
en el centro de trabajo o fuera de este. Los que ocurren en el centro de trabajo, cualquiera sea su mo- tivación u origen, constituyen fal- ta disciplinaria. En cambio, los que suceden fuera del centro de labores requieren derivarse directamente de la relación laboral, es decir, ser mo- tivados por situaciones que tienen su origen en esta. Asimismo, se re- quiere que el faltamiento de palabra se produzca necesariamente en con- tra del personal jerárquico o traba- jadores de la entidad. De no tener el agraviado alguna de estas condi- ciones, la conducta del trabajador quedaría ubicada fuera de la causal señalada.
4. Negligencia en el desempeño de las funciones
La negligencia básicamente se refie- re a la omisión de la diligencia exi- gible al profesional en el desempe- ño de su actividad. No hablamos del deber de cuidado que debe tener la persona común cuando realiza cual- quier trabajo, sino que para la tipi- ficación de esta falta se tendrá en cuenta la especialización, los cono- cimientos y la actualización que se presumen tiene un servidor en un de- terminado nivel dentro de cada gru- po profesional.
Un ejemplo de la falta en mención sería el caso de un procurador públi- co que presenta la apelación de una demanda de manera extemporánea, lo que ocasiona que el Estado pierda el proceso judicial. Apreciamos aquí un caso claro de negligencia que se- ría pasible de una sanción, pues den- tro de su especialización y conoci- mientos, el servidor debió vigilar la prosecución del proceso judicial.
Asimismo, sería también pasible de una sanción por negligencia el fun- cionario público que no adopta las medidas de fiscalización y control
Desde nuestra perspectiva, esta fal- ta enmarca varios supuestos. En pri- mer lugar, la “injuria,” término que la Real Academia de la Lengua defi- ne como el “agravio, ultraje de obra
o de palabra”, mientras que nuestra
legislación penal lo considera como
“el que ofende o ultra- ja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho”. La injuria implica, por lo tanto, que una persona me- diante palabras ora- les o escritas, gestos o vías de hecho afecta el honor subjetivo de una persona.
el faltamiento de
palabra verbal o escrita puede suceder en el cen- tro de trabajo o fuera de este. Los que ocurren en el centro de trabajo ( )
constituyen falta discipli-
naria (
En segundo lugar, y, dada la amplitud que tiene el término “fal- tamiento de palabra”,
también se subsumen en este los supues- tos de calumnia (la atribución falsa a otro de un delito) o la difamación (di-
fundir ante varias personas, reunidas
o separadas, una noticia que atribuye
a una persona, un hecho, una cuali-
dad o una conducta que pueda perju- dicar su honor o reputación).
Por otro lado, el faltamiento de pa- labra verbal o escrita puede suceder
BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Ob. cit., p. 200. Cas. Nº 1938-98, Data 35,000. Gaceta Jurídica.
que ocasionan que el Estado se vea
afectado con alguna pérdida material
5. Impedir el funcionamiento del servicio público
Esta falta será cometida por todos aquellos servidores que por acción u omisión interfieren en el normal de- senvolvimiento de las actividades de la entidad. Así, puede tipificarse esta falta de forma individual, cuando el servidor decide por sí solo interrum- pir su servicio unilateralmente, sin previo conocimiento, produciéndose aquí también un incumplimiento de las obligaciones laborales que supo- nen un quebrantamiento de la buena fe laboral que rigen a todas las rela- ciones de trabajo.
En el caso de las paralizaciones colec- tivas de varios trabajadores, esta fal-
ta busca evitar las huelgas irregulares.
Por esta razón, para su tipificación se debe tener en cuenta lo establecido en
el artículo 81 de la Ley de Relacio- nes Colectivas de Trabajo, que señala que no está amparada la paralización intempestiva.
De otro lado, consideramos que tam- bién se tipifica la falta cuando en el marco de una huelga legal respecto de los servicios considerados como esenciales, y cuya interrupción pue-
de poner en peligro la vida, la segu- ridad o la salud de las personas en toda o parte de la población, los tra- bajadores en conflicto no garantizan la permanencia del personal necesa- rio para impedir la interrupción total
y asegurar la continuidad de los ser-
vicios y actividades que así lo exijan.
6. Utilización o disposición de los bienes de la entidad en benefi- cio propio o de terceros
Esta falta engloba dos conductas gra- vísimas, la primera sería la apropia- ción del bien propiedad de la en- tidad; vale decir, que el bien pase irregularmente al ámbito de dispo- sición patrimonial de un tercero por
acción del servidor o al de este últi- mo. Luego, se produce el uso indebi- do de los bienes con el fin de efectuar gestiones que redundan en una ven- taja económica a favor de tercero o del servidor. Así, tenemos por ejem- plo, el caso de un funcionario de una municipalidad que dispone el uso de un vehículo de la entidad para la mo- vilidad particular de su familia.
En esa línea, observamos que es su- ficiente que el trabajador se apodere, retenga o utilice los bienes o servi- cios en beneficio propio o de terceros para que incurra en esta falta grave, por lo cual no es relevante el valor dinerario de la operación económica que dio origen a la acción, ni su tar- día devolución motivada. Solo debe tenerse en cuenta el incumplimiento del deber de lealtad y la falta de hon- radez con que actuó el trabajador en el desempeño de su labor. Asimismo, recalcamos que el beneficio no nece- sariamente ha de ser a favor del pro- pio trabajador, sino que se aplica la sanción aun si el beneficiado es un tercero ajeno a la relación laboral.
7. Concurrencia reiterada al tra- bajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o estupefacientes y, aunque no sea reiterada, cuando por la na- turaleza del servicio revista ex- cepcional gravedad
Esta causal debe interpretarse com- prendiendo en su contenido dos su- puestos:
a) Asistencia al centro de traba- jo reiteradamente en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o estupefacientes
Este supuesto se configura con la rei- terancia, es decir, hablamos de al- guien que se embriaga con frecuen- cia, casi como de costumbre, aun cuando no constituya una repetición
GORELLI HERNÁNDEZ, Juan. Ob. cit., p. 28.
cotidiana, pero sí una frecuente ex- presión del modo de ser del trabaja- dor. La habitualidad implica, pues, una manifestación de reiteración. En ese sentido, “se requiere que el con- sumo sea habitual, lo que claramen- te indica que una embriaguez puntual no podría dar lugar a esta causa de despido (9) ”. Por ello, no estaremos en este supuesto si, por ejemplo, un ser- vidor llega una sola vez en un lapso de tiempo dilatado en estado de em- briaguez o drogadicción; tendremos aquí una infracción al deber de dili- gencia que debe ser sancionada, por ejemplo, con una suspensión sin goce de haber.
Consideramos innecesario para que se configure la falta analizada que se cause algún perjuicio a la entidad, se realicen actos de violencia o se inju- rie al empleador u otros trabajadores, por no establecer la norma ni ser el sentido del supuesto regulado. Bas- ta entonces con la concurrencia obje- tiva y reiterada del trabajador en es- tado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o estupefacientes.
b) Gravedad de la falta por la na- turaleza de la función o trabajo que desempeña el infractor
Para la configuración de este segun- do supuesto no se requiere reiteran- cia, pues la falta grave se deriva de la irresponsabilidad inherente a la función o labor que el servidor cum- ple con la empresa. Es decir, al cali- ficarse el hecho como falta grave lo que se sanciona es la irresponsabi- lidad y negligencia por concurrir al centro de labores en estado de ebrie- dad o bajo el influjo de drogas o es- tupefacientes, a tenor de la función desempeñada.
En este caso, al ser necesario el re- quisito de habitualidad, una embria- guez o drogadicción puntual sí podría dar lugar al despido si por naturaleza
de la función o del trabajo reviste ex-
cepcional gravedad. Así, lo ha deja-
do sentado la jurisprudencia al afir-
mar que “si las labores que realizaba
el trabajador eran riesgosas, se incu- rre en falta grave con la concurren-
en estado de embriaguez al centro
trabajo, aunque no sea reiterada,
pero que, por la naturaleza de la fun-
ción o del trabajo reviste excepcional
gravedad” (10) . Este sería el caso, por ejemplo, de un procurador del Esta-
do que va a rendir un informe oral
ante un Tribunal en estado de ebrie- dad o bajo efectos de drogas ilícitas.
A diferencia de lo señalado en el
D. Leg. Nº 728, la norma no seña- la un procedimiento para verificar la falta, aunque desde nuestra perspec- tiva lo idóneo sería pedir el auxilio
de la autoridad policial para coadyu-
var en la verificación del hecho.
8. Abuso de autoridad, prevarica- ción o uso de la función con fi- nes de lucro
Esta falta tiene características muy especiales, pues tiene relación con el poder de determinados funcionarios dentro de la Administración Pública.
Así, la normativa vigente sanciona el abuso de autoridad que se tipifica por
servidor cuando hace un mal uso
la atribuciones que la ley le con-
cede, cometiendo u ordenando, en perjuicio de alguien un acto arbitra- rio. Se debe entender como acto arbi-
trario, toda actividad del funcionario que se oponga a lo reglado y ajusta-
do por ley; así por ejemplo, tenemos
el caso del funcionario que por razo- nes de antipatía rechaza o retrasa el otorgamiento de una licencia a fin de perjudicar a un ciudadano en la aper- tura de un local comercial.
Igualmente, la normativa vigente con- sidera como falta la prevaricación, que consiste en dictar resolución o emitir dictamen, contrarios al tex-
expreso y claro de la ley, en ci-
pruebas inexistentes o hechos fal-
sos, y en fundamentar la resolución
en leyes supuestas o derogadas. Al respecto, consideramos que esta fal- ta está dirigida a sancionar a los fun- cionarios públicos que tengan la de- cisión dentro de un conflicto que sea llevado por tribunales administrati- vos o jurisdiccionales.
Finalmente, tenemos una falta abier- ta dirigida a sancionar cualquier con- ducta que pueda implicar una ven- taja económica indebida a favor del servidor por el ejercicio de sus fun- ciones como puede ser actos de co- rrupción de funcionarios, el cohecho, el peculado entre otras conductas ilegales.
9. Causar intencionalmente daños materiales en los locales, ins- talaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de esta
En este caso estamos ante el sabotaje, es decir, a los actos intencionales del servidor con el objeto de causar per- juicios materiales a los edificios, ins- talaciones, obras, maquinarias, ins- trumentos, documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de esta. Vale decir, se trata básicamente de la destrucción intencional del centro de labores o de lo que en él es necesario para la producción (11) .
Al tratarse de daños intencionales causados a los bienes de la empresa, es necesario para la tipificación de esta falta que exista un animus no- cendi (intención de dañar), siendo, en este caso, el elemento subjetivo es muy importante pues nos permite distinguir esta figura de la negligen- cia o impericia del servidor que tam- bién ocasiona daños (12) . La probanza de la intención dañosa del trabajador
es de suma relevancia, ya que la enti- dad puede demandar una indemniza- ción por daños y perjuicios (13) .
10. Actos de inmoralidad
Definir qué son actos de inmoralidad resulta difícil, pues se trata de actos que no conciernen al ordenamien- to jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano. Sin embargo, dado que nuestro ordenamiento jurídico ha establecido a los actos de inmora- lidad como falta disciplinaria, estos serían aquellos que van en contra del orden público y las buenas costum- bres. Así, por ejemplo, un acto inmo- ral sería el hecho de que servidores realicen una “fiesta privada” con se- ñoritas de dudosa reputación dentro del local de la entidad.
11. Ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos o por más de cinco días no consecuti- vos en un periodo de treinta días calendario o más de quince días no consecutivos en un periodo de ciento ochenta días calendario
Esta falta supone la comisión de dos conductas: la primera, es el abando- no de trabajo que se configura por las ausencias injustificadas del puesto de trabajo por más de tres días conse- cutivos y que implica una desapari- ción súbita e intempestiva, sin comu- nicación alguna, ni verbal ni escrita, de que no se piensa volver a traba- jar. En este caso, la única manera de que un servidor no incurra en la fal- ta de abandono de trabajo es que su ausencia sea puesta en conocimiento del empleador, exponiéndose las ra- zones que la motivaron antes del ter- cer día de ausencia; pues sucedido el hecho la entidad tiene la potestad de aplicar las sanciones de ley.
(10) Cas. Nº 787-2002-Junín, Data 35,000. Gaceta Jurídica. (11) PASCO COSMÓPOLIS, Mario. “La falta grave laboral”. En: Derecho PUCP. Nº 39. Facultad de De- recho de la PUCP. Lima, diciembre de 1985, p. 416. (12) BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Ob. cit., p. 206; ARCE ORTIZ, Elmer. Ob. cit., p. 533. (13) Ibídem, p. 534.
La otra conducta que se sanciona en esta causal son las ausencias injusti- ficadas, relacionadas con el compor- tamiento personal del trabajador. La falta se aplica cuando este, sin mediar causas relacionadas estrictamente con las de una suspensión legítima de la relación laboral, se sustrae de su pres- tación, inasistiendo al trabajo sin ra- zón aparente ni justificatoria. Como lo precisa la doctrina, se sancionan las ausencias injustificadas porque implican que durante ellas el trabajo no se está prestando, se está frustran- do el objeto del contrato y el trabaja- dor está incumpliendo su obligación esencial (14) .
Debe precisarse que la inasistencia al trabajo se refiere a su jornada com- pleta y tal conducta incumplidora precisa de ser repetida continuada o intermitentemente –por más de cin- co días no consecutivos en un perio- do de treinta días calendario o más de quince días no consecutivos en un periodo de ciento ochenta días calendario– y no ser justificada (15) . Asimismo, aun cuando el emplea- dor no sancione disciplinariamente las inasistencias injustificadas, cada vez que se produzcan estas serán computables para establecer la exis- tencia de falta, criterio que se apli- ca también en caso de que el em- pleador no haya sancionado con el despido estas inasistencias por más de tres días consecutivos, las cua- les podrán incluirse en el cómpu- to de las ausencias injustificadas no consecutivas.
Por otro lado, para la tipificación de esta causal no debe existir una jus- tificación por la inasistencia, ya que esta impide conceptuar la falta. Es decir, no se debe verificar la presen- cia de hechos independientes de la voluntad del trabajador, y de los cua- les no sea culpable, que le hayan im- pedido asistir al trabajo. Así, puede darse la comunicación de la justifi- cación del trabajador a través de co- rreos, telégrafos, teléfonos, radiotele- fonía y por cualquier medio de rela- ción entre los distantes.
Finalmente, la entidad debe tener en
cuenta el principio de razonabilidad
al momento de calificar las ausencias
del trabajador, ya que en lo relativo a las justificaciones, la legislación no brinda criterios o pautas para su de- terminación, salvo en el caso de las que se deban a incapacidad del traba- jador por razones de salud.
12. Incurrir en actos de hostiga- miento sexual, conforme con la ley sobre la materia
En términos generales, el hostigamien- to sexual en el ámbito laboral puede ser entendido como aquellas conduc- tas practicadas por superiores jerár- quicos, compañeros de trabajo y ter- ceros ajenos a la empresa que tienen como fin la satisfacción carnal del agresor. Estamos ante un concepto
amplio que abarca básicamente dos tipos de conductas: el chantaje sexual
o el acoso sexual ambiental.
Así, el chantaje sexual tiene relación con el acoso sexual laboral realiza- do por trabajadores jerárquicamen- te superiores, de los que depende la víctima y que ostentan poder de di- rección, y en el que el rechazo o acep- tación de una proposición, se utiliza para fundamentar una decisión rela- cionada con el empleo y condiciones de trabajo de la víctima (16) .
Igualmente, el acoso sexual ambiental es una conducta que se produce cuan- do el sujeto activo, a través de reque- rimientos físicos, verbales o gestuales de carácter libidinoso, crea un entor- no laboral intimidatorio, hostil o hu- millante para el trabajador (17) . Es una
forma de acoso sexual mucho más amplia, pues puede abarcar incluso a los compañeros de trabajo de la víc- tima o terceros relacionados de cual- quier modo con la entidad; y en la que si el sujeto activo es el empleador ne- cesariamente no amenaza al trabaja- dor en sus condiciones laborales, pero son las conductas físicas, verbales o gestuales de connotación sexual, que por sí solas generan en el trabajador un miedo que impida la prestación la- boral en un ambiente exento de hosti- lidad e intimidación (18) .
En nuestra legislación laboral, el hos- tigamiento sexual “típico” ha su- frido una modificatoria incluyéndo- se dentro de este concepto al acoso moral, por lo cual ahora puede ser cometido por cualquier funcionario. Precisamente, dicha figura consiste en la conducta física o verbal reite- rada de carácter sexual o sexista de una o más personas hacia otras con prescindencia de jerarquía, estamen- to, grado, cargo, función, nivel re- munerativo o análogo, creando un clima de intimidación, humillación u hostilidad.
13. Las demás que señale la Ley
Respecto al inciso m) del artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 276, debe señalarse que establece un númerus apertus en la tipificación de las fal- tas graves en el Sector Público; vale decir, se podrán asimilar como fal- tas graves, las que se mencionen en otras normas jurídicas siempre que expresamente sean considera- das pasibles de cese temporal o con destitución.
(14) ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, María Emilia. El Derecho del Trabajo. 12 a edición, revisada. Universidad de Madrid-Facultad de Derecho, sección publicaciones. Madrid, 1991, p. 447. (15) PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos y ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel. Derecho del Trabajo. 4 a edición. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 1996, p. 997. (16) MEDEIROS DE OLIVEIRA, Flavia de Paiva. El Acoso Laboral. Universitat de Valencia, Servei de Publicacions. Valencia, 2005, p. 298. (17) Ibídem, p. 303. (18) Sobre el tema de acoso sexual y temas que afecta a la mujer en el trabajo; una lectura interesante:
KUCRZYN VILLALOBOS, Patricia. Acoso sexual y discriminación por maternidad en el trabajo. 1 a edición. Universidad Autónoma de México. México, D.F., 2005.
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 artículo 151
 artículo 81
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