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Timestamp: 2019-03-22 09:51:15+00:00

Document:
Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico
Publicado en BOIC núm. 92 de 23 de Julio de 1990 y BOE núm. 224 de 18 de Septiembre de 1990
Vigencia desde 24 de Julio de 1990. Revisión vigente desde 18 de Noviembre de 2008
Artículo 1 Finalidad y objeto de la Ley
Artículo 2 Mandato general
Artículo 4 Procedimiento de evaluación del impacto ecológico
CAPITULO II. CATEGORIAS DE EVALUACION A APLICAR
Artículo 5 Por razón de la financiación
Artículo 6 Por razón del lugar
Artículo 7 Por razón de la actividad
Artículo 8 Supuestos especiales
Artículo 9 Supuestos coincidentes
Artículo 10 Exclusiones
CAPITULO III. CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECOLÓGICO
Artículo 11 Estudio básico de impacto ecológico
Artículo 12 Estudio detallado de impacto ecológico
Artículo 13 Estudio de impacto ambiental
Artículo 14 De los índices de contenido
Artículo 15 De la información incluida en los estudios de impacto ecológico
Artículo 16 De la garantía de la confidencialidad
CAPITULO IV. DECLARACIONES DE IMPACTO ECOLOGICO
Artículo 17 Contenido de la declaración de impacto ecológico
Artículo 18 Efectos de la declaración de impacto ecológico
CAPITULO V. ORGANOS AMBIENTALES
Artículo 20 Órganos ambientales ordinarios
Artículo 21 Órganos ambientales extraordinarios
Artículo 22 Casos de concurrencia
CAPITULO VI. AREAS DE SENSIBILIDAD ECOLOGICA
Artículo 23 Declaración
Artículo 24 Catálogo de áreas de sensibilidad ecológica
Artículo 25 Ejecutividad
CAPITULO VII. PROCEDIMIENTO
Artículo 26 Consultas previas y cédula ambiental
Artículo 27 Presentación de los estudios de impacto
Artículo 28 Información pública
Artículo 29 Remisión
Artículo 31 Notificación y publicidad de las declaraciones de impacto ecológico
CAPITULO VIII. REGIMEN JURIDICO
Artículo 32 Vigilancia ambiental
Artículo 33 Suspensión de las actuaciones
Artículo 34 Infracciones administrativas
Artículo 35 Del régimen sancionador
Artículo 36 Órganos sancionadores
Artículo 37 Responsabilidad
Artículo 39 Acción pública
ANEXO I . Planes, proyectos y actividades sujetas a evaluación detallada de impacto ecológico
ANEXO II . Planes, proyectos y actividades sujetas a evaluación detallada de impacto ecológico cuando se proyecten realizar en área de sensibilidad ecológica
ANEXO III . Proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental
Ley 4/2008 Presidencia del Gobierno de 12 Nov. 2008 CA Canarias (por la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la alternativa cero)
Número 5 del artículo 11 introducido por el número 1 del artículo único de la Ley [CANARIAS] 4/2008, 12 noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la alternativa cero («B.O.I.C.» 17 noviembre). Letra b) del número 4 del artículo 12 redactado por el número 2 del artículo único de la Ley [CANARIAS] 4/2008, 12 noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la alternativa cero («B.O.I.C.» 17 noviembre). Letra c) del número 2 del artículo 13 redactado por el número 3 del artículo único de la Ley [CANARIAS] 4/2008, 12 noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la alternativa cero («B.O.I.C.» 17 noviembre).
--> D 334/2007 de 7 Ago. CA Canarias (delegación en el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la competencia del artículo 10.2 L 11/1990 de 13 Jul., de prevención del impacto ecológico)
Véase el D [CANARIAS] 334/2007, 7 agosto, por el que se delega en el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial la competencia prevista en el artículo 10.2 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico («B.O.I.C.» 9 agosto).
Artículo 38 derogado por la Disposición Derogatoria Única de la Ley [CANARIAS] 4/2001, 6 julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y relativas al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias («B.O.I.C.» 9 julio).
L 9/1999 de 13 May. CA Canarias (ordenación del territorio)
Artículo 21 redactado por Ley [CANARIAS] 9/1999, 13 mayo, de Ordenación del Territorio («B.O.I.C.» 14 mayo). Número 2 del artículo 36 redactado por Ley [CANARIAS] 9/1999, 13 mayo, de Ordenación del Territorio («B.O.I.C.» 14 mayo).
--> D 164/1994 de 29 Jul. CA Canarias (adaptación de los procedimientos administrativos de la LRJAP)
Número 2 del artículo 30 redactado por D [CANARIAS] 164/1994, 29 julio, de adaptación de los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Ley 26 noviembre 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.I.C.» 19 agosto). Número 3 del artículo 30 redactado por D [CANARIAS] 164/1994, 29 julio, de adaptación de los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Ley 26 noviembre 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.I.C.» 19 agosto). Número 2 del artículo 31 redactado por D [CANARIAS] 164/1994, 29 julio, de adaptación de los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Ley 26 noviembre 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.I.C.» 19 agosto).
Ley [CANARIAS] 11/1990, 13 julio, derogada por el número 4 de la disposición derogatoria única de Ley [CANARIAS] 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales («B.O.I.C.» 5 enero 2015) el 25 de enero de 2015. Véase el D [CANARIAS] 334/2007, 7 agosto, por el que se delega en el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial la competencia prevista en el artículo 10.2 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico («B.O.I.C.» 9 agosto).-->
Los factores paleobiogeográficos y ecológicos que han afectado a las Islas Canarias, han determinado que la evolución biológica adquiera en este territorio un papel relevante y diferenciador, consecuencia del cual son los numerosos endemismos animales y vegetales que pueblan las islas en una proporción muy superior a la normal en otras regiones españolas y comunitarias. Tal singular naturaleza pervive en un territorio insular reducido y muy compartimentado, que sufre la incidencia de los asentamientos y actividades humanas de manera mucho más drástica e irreversible que en ecosistemas continentales, circunstancia que se viene agravando progresivamente en los últimos años. A su vez, el deterioro o colapso de los ecosistemas naturales conlleva una merma de los escasos recursos que albergan, implica un daño directo sobre la calidad de vida de los ciudadanos de las islas y sus visitantes, limita los sistemas económicos que sobre ellos se soportan y compromete seriamente las opciones de las generaciones venideras.
La mejora de la calidad de vida en un entorno ambiental digno para la persona, el adecuado uso de los recursos naturales y la preservación de los recursos genéticos animales y vegetales, son tareas asumidas por la Comunidad Autónoma Canaria. Sin embargo, las peculiaridades del territorio archipielágico y de la naturaleza canaria aludidas justifican la reunión y desarrollo de una normativa jurídica específica que regule la conservación de la naturaleza en Canarias, en el marco de una ordenación del territorio coherente con la estrategia mundial para la conservación o desarrollo sostenido.
Tal tarea legislativa es muy amplia y afecta a múltiples sectores por lo que se opta por abordarla seriamente, comenzando con la presente norma que desarrolla aquellas medidas preventivas que tienden a evitar el daño o deterioro ecológico antes de que se produzca.
En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, introduce esta técnica preventiva como norma básica en materia de medio ambiente, de conformidad con la Directiva 85/337/CEE concerniente a la evaluación de las incidencias de ciertos proyectos públicos y privados sobre el entorno.
Tanto la Directiva comunitaria como el Real Decreto Legislativo están inspirados en el criterio de mínimos, y establecen una relación de proyectos que por su gran envergadura, potencial de deterioro y previsible afección a la salud humana, han de ser sometidos a un complejo proceso de evaluación ambiental.
La fragilidad ecológica peculiar de todos los archipiélagos oceánicos, y del canario en particular, nos indica que pequeños proyectos pueden tener un tremendo impacto ecológico en las islas, lo que aconseja adoptar una estrategia de desarrollo más cuidadosa e ir más allá de una política ambiental de mínimos.
La técnica de evaluación de impactos permite obtener una mayor cobertura si se contemplan distintos niveles de evaluación, aplicándose aquellos más simples y por ende, menos costosos, a proyectos que, sin ser de la envergadura de los incluidos en el Decreto Legislativo, pueden tener una incidencia ecológica importante a escala insular. De este modo, los costes del procedimiento preventivo de evaluación serán concordantes y asumibles por los respectivos proyectos.
Además de someter a evaluación una serie de proyectos privados o públicos que por su tipología es presumible que produzcan impacto ecológico negativo, resulta asimismo oportuno implantar dicha técnica como garantía para todo tipo de proyecto que se realice en áreas de especial fragilidad por su ecología o valores naturales y seminaturales intrínsecos.
Finalmente, hay que ser conscientes de que un gran número de las actuaciones que afectan al entorno son obra directa o indirecta de las propias Administraciones Públicas Canarias y que frecuentemente el deterioro producido obedece a la no consideración de los parámetros ambientales en la fase inicial de diseño de los proyectos. Esta circunstancia exige una especial sensibilidad con las inversiones financiadas con fondos públicos.
1. Es finalidad de la presente Ley evitar y reducir la incidencia negativa que muchas actividades del hombre tienen sobre el entorno y sus elementos naturales o naturalizados, con especial atención a aquellas áreas que son más sensibles.
2. Es objeto de la presente Ley el instrumentar las medidas de evolución del impacto ecológico como técnica administrativa para detectar anticipadamente el deterioro ecológico que pueden ocasionar determinados proyectos, eludir el innecesario y minimizar o reducir aquel que es inevitable o está justificado, permitiendo en todo caso el conocimiento de las repercusiones ecológicas por parte de quien toma la decisión.
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que planifique o proyecte realizar cualquier obra o actividad transformadora del medio natural, o susceptible de producir un deterioro en el entorno, está obligada a eliminar o reducir este efecto orientando sus actividades según criterios de respeto al medio, a los elementos naturales y al paisaje.
La presente normativa es de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. Se establecen tres categorías de evaluación que, de menor a mayor intensidad, son: la evaluación básica de impacto ecológico, la evaluación detallada de impacto ecológico y la evaluación de impacto ambiental.
2. Todo procedimiento de evaluación concluye con la resolución del órgano ambiental actuante en forma de una declaración de impacto ecológico.
3. Se establece un régimen jurídico especial para aquellas zonas declaradas áreas de sensibilidad ecológica, donde, por sus características naturales, los proyectos o actividades pueden tener una mayor incidencia ecológica.
CATEGORIAS DE EVALUACION A APLICAR
Se someterá a evaluación básica de impacto ecológico todo proyecto de obras y trabajos financiado total o parcialmente con fondos de la Hacienda Pública Canaria, salvo cuando su realización tenga lugar dentro de suelo urbano, o en aquéllos en los que en el convenio o resolución que establezca la cooperación o subvención se exceptúe motivadamente.
1. Se someterá a evaluación básica de impacto ecológico todo proyecto o actividad objeto de autorización administrativa que vaya a realizarse en área de sensibilidad ecológica.
2. Se someterán a evaluación detallada de impacto ecológico los proyectos o actividades incluidas en el anexo II de esta Ley, cuando se pretendan realizar en áreas de sensibilidad ecológica.
1. Se someterán a evaluación detallada de impacto ecológico los proyectos o actividades incluidas en el anexo I de esta Ley.
2. Se someterán a evaluación detallada de impacto ecológico en áreas de sensibilidad ecológica los proyectos y actividades incluidos en el anexo II de esta Ley.
3. Se someterán a evaluación de impacto ambiental los proyectos o actividades incluidos en el anexo III de esta Ley.
4. En los casos de ampliación de actividades e instalaciones ya existentes, las dimensiones y los límites establecidos en los anexos I, III y III para la existencia de una evaluación se entenderán referidos a los que resulten al final de la ampliación.
5. La Administración podrá considerar rebasados dichos límites y dimensiones mínimas establecidos cuando estime que así ocurre por acumulación con otras actuaciones propuestas simultáneamente por el mismo o distinto promotor y que, razonablemente, puedan afectar al mismo entorno ecológico.
También estarán sujetos a esta Ley los proyectos singulares sobre los que concurran circunstancias extraordinarias que, a juicio del Gobierno de Canarias, revistan un alto riesgo ecológico o ambiental y sobre los que el Consejo tome acuerdo específico, que se hará público y será razonado, concretando la categoría de evaluación a la que será sometido y el órgano ambiental actuante.
La obligación de realizar una evaluación de impacto eximirá de la otra u otras de inferior categoría, cuando éstas resultasen concurrentes para el mismo proyecto o actividad.
1. La presente Ley no será de aplicación en los proyectos relativos a obras de simple reposición o reparación de las ya existentes, salvo cuando se realicen en áreas de sensibilidad ecológica.
2. El Gobierno de Canarias, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, podrá excluir del procedimiento de evaluación a un proyecto determinado sobre el que tome acuerdo específico, que será público y razonado, incluyendo en cada caso las previsiones que se estimen necesarias en orden a minimizar el impacto ecológico del proyecto.
CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECOLÓGICO
1. El estudio básico de impacto ecológico deberá ser realizado por un evaluador competente.
2. Considerará los efectos negativos del proyecto o actividad en los aspectos siguientes:
a) Los recursos naturales que emplea o consume.
b) La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio.
c) Los hábitats y elementos naturales singulares.
d) Las especies protegidas de la flora y de la fauna
e) Los equilibrios ecológicos en virtud de la introducción o favorecimiento de especies potencialmente peligrosas.
f) Los usos tradicionales del suelo.
g) Los restos arqueológicos o históricos.
h) El paisaje.
3. Indicará expresamente:
a) Si el tipo de actuación está incluido en algún anexo de esta Ley.
b) Si afecta a algún área de sensibilidad ecológica.
c) Si afecta a algún espacio natural protegido o la distancia al más próximo existente.
d) Si el impacto ecológico conjunto se considera: nada significativo, poco significativo, significativo o muy significativo.
4. Podrá incluir recomendaciones del evaluador respecto a alternativas del proyecto y mejoras que pudieran atenuar el impacto ecológico, así como la recomendación razonada, si las circunstancias y precauciones lo aconsejan, de profundizar más en el análisis y realizar una evaluación detallada de impacto ecológico.
5. Cuando el proyecto objeto de evaluación no desarrolle un plan o programa que haya sido objeto de evaluación estratégica, conforme a la Ley 9/2006, de 28 de abril , sobre evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente, y en el ámbito de aplicación establecido en su artículo 3, el evaluador entre las alternativas a considerar deberá incluir la alternativa cero, es decir la no realización del proyecto evaluado.
Número 5 del artículo 11 introducido por el número 1 del artículo único de la Ley [CANARIAS] 4/2008, 12 noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la alternativa cero («B.O.I.C.» 17 noviembre).Vigencia: 18 noviembre 2008
1. El estudio detallado de impacto ecológico deberá ser realizado por técnico competente.
2. Contendrá una descripción sucinta del proyecto o actividad y de sus principales parámetros, entre los cuales se indicarán, al menos:
a) Finalidad del proyecto y objetivos ambientales, si los hubiere.
b) Duración prevista de la fase de instalación y operativa.
c) Localización, superficie y tipo de suelo afectado con mención expresa a su incidencia en las áreas de sensibilidad ecológica y espacios naturales protegidos.
d) Características ecológicas básicas del entorno.
e) La cantidad de recursos naturales que empleará en fase de instalación y operativa.
f) Estimación de las sustancias, energía y residuos liberados.
3. Incluirá una estimación aproximada de los efectos ecológicos que el plan o la actividad proyectada tendría en fase de instalación y operativa. considerando, al menos, los siguientes:
a) Alteraciones cuantitativas o cualitativas del ciclo hidrológico.
b) Alteraciones o destrucción de habitats y de elementos naturales o seminaturales.
c) Perjuicios potenciales a especies protegidas de la flora y de la fauna.
d) Efectos posibles sobre los equilibrios ecológicos, con especial atención a la introducción o favorecimiento de especies potencialmente peligrosas.
e) Efectos negativos sobre el bienestar humano, con especial atención a la contaminación atmosférica y de ruidos.
f) Efectos negativos sobre los usos tradicionales del suelo.
g) Efectos negativos sobre restos arqueológicos e históricos.
h) Alteración del paisaje.
4. Expondrá asimismo:
a) Las medidas previstas en el proyecto para evitar, reducir o compensar los efectos ecológicos negativos significativos.
b) Las posibles alternativas existentes a las condiciones inicialmente previstas en el proyecto, en particular a sus características, ubicación y trazado. Cuando se den las circunstancias establecidas en el apartado 5 del artículo 11 de esta ley, se deberá considerar preceptivamente en el proceso de evaluación la alternativa cero. Letra b) del número 4 del artículo 12 redactado por el número 2 del artículo único de la Ley [CANARIAS] 4/2008, 12 noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la alternativa cero («B.O.I.C.» 17 noviembre).Vigencia: 18 noviembre 2008
c) Informe de las dificultades técnicas o de falta de datos encontradas en la elaboración del estudio.
5. En aquellos casos en que la legislación sectorial exija al proyecto las previsiones de restauración del medio natural, éstas se integrarán en el estudio de impacto.
6. Concluirá con un resumen de lo anterior en términos fácilmente comprensibles, expresando si el impacto ecológico previsto se considera en su conjunto: nada significativo, poco significativo, significativo o muy significativo.
1. El estudio de impacto ambiental deberá ser realizado por técnico superior competente.
2. Contendrá, al menos:
a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en relación con la utilización del suelo, agua y de otros recursos naturales durante la fase de instalación, construcción y funcionamiento.
b) Determinación de los tipos y estimación de las cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.
c) Posibles alternativas existentes a las condiciones inicialmente previstas en el proyecto y, en particular, a sus características, su ubicación y trazado. Cuando se den las circunstancias establecidas en el apartado 5 del artículo 11 de esta ley, se deberá considerar preceptivamente en el proceso de evaluación la alternativa cero. Letra c) del número 2 del artículo 13 redactado por el número 3 del artículo único de la Ley [CANARIAS] 4/2008, 12 noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la alternativa cero («B.O.I.C.» 17 noviembre).Vigencia: 18 noviembre 2008
d) Caracterización ecológica e inventario básico del ámbito afectado.
e) Inventario de usos e infraestructura preexistente.
f) Análisis y evaluación de los efectos previsibles, directos e indirectos, del proyecto sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos y las interrelaciones existentes; el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico-artístico y el arqueológico.
g) Medidas previstas para evitar, reducir o compensar los efectos negativos significativos, su valoración económica y justificación, siendo de aplicación, en su caso, el artículo 12.5.
h) Programa de vigilancia ambiental, con especificación de los parámetros objeto de control, topes y métodos de medida a emplear.
i) Informe, en su caso, de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del estudio.
j) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles, expresando para cada sector evaluado y para el conjunto de todos si el impacto previsto se considera: nada significativo, poco significativo, significativo o muy significativo.
1. El Gobierno de Canarias, por sí o a propuesta de los órganos ambientales, dentro del ámbito de sus competencias sectoriales, podrá aprobar índices de contenido de los estudios de impacto, para aquellos casos en los que concurran circunstancias comunes, sean éstas de índole territorial o tipológica.
2. Dichos índices servirán de guía para la elaboración de los estudios de impacto y tienen por objeto adaptar el contenido prescrito en los artículos anteriores a la tipología del proyecto o a las características del territorio.
1. El evaluador es responsable del contenido y fiabilidad de los datos de los estudios de impacto ecológico, excepto de los parámetros relativos al proyecto, cuya responsabilidad corresponde al autor del proyecto.
2. El promotor está obligado a indicar qué parte de la información recogida en el estudio de impacto ecológico considera de trascendencia comercial o industrial, cuya difusión podría perjudicarle, reivindicando para ello el carácter confidencial frente a personas que no sean la autoridad competente para la evaluación.
3. Las Administraciones Públicas de Canarias facilitarán a los promotores de los proyectos la documentación y los informes que obren en su poder cuando se estime que puedan resultar de utilidad para la realización de la evaluación de impacto.
De acuerdo con las disposiciones sobre propiedad industrial y con la práctica jurídica en materia de secreto industrial y comercial, el órgano ambiental, al realizar la evaluación de impacto, deberá respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el titular del proyecto que tengan dicho carácter, teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público.
DECLARACIONES DE IMPACTO ECOLOGICO
Véase el D [CANARIAS] 40/1994, 8 abril, de obligatoriedad del estudio de impacto ecológico en los proyectos de obras de promoción pública («B.O.I.C.» 27 mayo).-->
1. La declaración de impacto ecológico es un acto administrativo en el que se recoge el criterio del órgano ambiental actuante, a la vista de un estudio de impacto ecológico. Su contenido se fijará reglamentariamente y en todo caso se extenderá a las siguientes determinaciones:
a) Categoría de evaluación aplicada (básica, detallada o ambiental).
b) Evaluación conjunta del impacto ecológico previsible derivada del respectivo estudio de impacto, que podrá ser: nada significativa, poco significativa, significativa o muy significativa.
c) Resolución del órgano ambiental que podrá ser: favorable, condicionada o desfavorable.
d) Carácter vinculante de la resolución.
e) Órganos ambientales oídos.
f) Órgano ambiental actuante.
2. Las declaraciones de impacto ecológico condicionadas incluirán los detalles técnicos del condicionamiento ambiental como apéndice.
3. Las declaraciones de impacto ecológico desfavorables serán razonadas, especificando si se recomienda revisar el proyecto o si se considera necesario realizar estudios más precisos.
4. En las declaraciones de impacto ecológico que afecten a áreas de sensibilidad ecológica, el órgano ambiental actuante podrá exigir una evaluación de categoría superior.
1. La declaración de impacto ecológico es trámite preceptivo y esencial, y constituye la resolución de un procedimiento incidental previo a la autorización administrativa de los proyectos sujetos a evaluación de impacto. En su ausencia, dicha autorización será un acto administrativo nulo de pleno derecho de acuerdo con el artículo 47.1, c), de la Ley de Procedimiento Administrativo.
2. Sin la declaración de impacto ecológico no podrá autorizarse gasto a proyectos o actividades comprendidas en el ámbito de esta Ley y financiadas total o parcialmente por las Administraciones Públicas Canarias.
3. La declaración de impacto ecológico tiene carácter vinculante cuando las actuaciones se proyectan realizar en áreas de sensibilidad ecológica y cuando se trate de proyectos incluidos en el anexo III. Cuando ésta sea desfavorable, el proyecto será devuelto a origen para su revisión.
4. La autorización de los proyectos incorporará a su contenido dispositivo los condicionantes ambientales cuando la correspondiente declaración de impacto ecológico sea de carácter vinculante.
ORGANOS AMBIENTALES
1. Son órganos ambientales aquellos competentes para resolver en las evaluaciones de impacto ecológico.
2. Se considera órgano ambiental actuante a aquel competente en cada caso para emitir la declaración de impacto ecológico.
1. En las evaluaciones básicas de impacto ecológico actuará como órgano ambiental el propio órgano administrativo promotor del proyecto o plan, salvo que éste afecte a un área de sensibilidad ecológica, en cuyo caso actuará la Consejería con competencias en materia de conservación de la naturaleza.
2. En las evaluaciones detalladas de impacto ecológico actuará como órgano ambiental la Consejería competente en materia de conservación de la naturaleza, salvo que el proyecto o plan afecte a un área de sensibilidad ecológica, en cuyo caso actuará la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC).
3. En las evaluaciones del impacto ambiental actuará como órgano ambiental:
a) La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC), salvo si se ha establecido específicamente que actúe el Gobierno de Canarias.
b) El órgano ambiental del Estado cuando así lo prevea la legislación estatal. Si la actividad se pretendiera realizar en un área de sensibilidad ecológica, deberá ser oída la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias.
Serán órganos ambientales, en los supuestos de actividades sometidas a Evaluación Básica de Impacto Ecológico, los Patronatos Insulares de Espacios Naturales Protegidos cuando su estatuto regulador así lo establezca y se hubiesen constituido los organismos gestores de cada Espacio Natural Protegido, con su correspondiente dotación de medios personales y materiales.
Artículo 21 redactado por Ley [CANARIAS] 9/1999, 13 mayo, de Ordenación del Territorio («B.O.I.C.» 14 mayo).
En los casos en que un proyecto sujeto a una misma categoría de evaluación estuviera sometido a la competencia de dos órganos ambientales distintos en razón de que una parte afecte a un área de sensibilidad ecológica y otra no, prevalecerá la competencia del órgano ambiental actuante en el supuesto de área de sensibilidad ecológica, previa audiencia del otro órgano ambiental afectado.
AREAS DE SENSIBILIDAD ECOLOGICA
1. Son áreas de sensibilidad ecológica aquellas que por sus valores naturales, culturales o paisajísticos intrínsecos o por la fragilidad de los equilibrios ecológicos existentes o que de ellas dependan, son sensibles a la acción de factores de deterioro o susceptibles de sufrir ruptura en su equilibrio o armonía de conjunto, y se declaren y cataloguen como tales a los efectos previstos en esta normativa.
2. Las áreas de sensibilidad ecológica pueden ser declaradas mediante:
a) Ley del Parlamento de Canarias.
b) Los Planes Insulares de Ordenación de la Ley Territorial 1/1987, de 13 de marzo.
c) Los planes de gestión y regulación de usos de Espacios Naturales Protegidos.
d) Decreto del Gobierno de Canarias en supuestos excepcionales, dando cuenta de ellos al Parlamento.
1. La Consejería competente en materia de conservación de la naturaleza mantendrá un Catálogo debidamente actualizado de todas las áreas de sensibilidad ecológica que se vayan declarando y de las incidencias oportunas.
2. El Catálogo se hará por islas, con expresión, al menos, del nombre del área, extensión, municipios afectados, fecha de establecimiento, procedimiento de declaración y cartografía a escala suficientemente expresiva.
3. Los Cabildos Insulares a efectos informativos y de expedición, en su caso, de Cédulas Ambientales, mantendrán copias actualizadas del Catálogo de áreas de sensibilidad ecológica que afecten a sus respectivas islas.
4. Dicho Catálogo se considerará registro público de carácter administrativo a los efectos del acceso de los ciudadanos.
A los efectos de la presente Ley y, en particular, de la vinculación de las declaraciones de impacto ecológico que establece el artículo 18.3, la condición de área de sensibilidad ecológica se hace ejecutiva a partir de su declaración y registro en el Catálogo.
1. Los promotores podrán formular a la Administración consultas debidamente documentadas respecto al régimen de evaluación que en cada caso les pueda corresponder. Dicha consulta puede extenderse a la solicitud del índice de contenido del estudio de impacto en supuestos de evaluación detallada o de impacto ambiental.
3. Los promotores podrán solicitar de la Administración cédula ambiental en la forma que reglamentariamente se establezca, la cual incluirá también los posibles condicionantes ambientales regulados por otra legislación.
4. La facultad para expedir Cédulas Ambientales será de la Consejería competente en materia de conservación de la naturaleza, según el orden interno de distribución de competencias, sin perjuicio de que pueda delegarla en los Cabildos Insulares.
5. Los promotores no podrán interponer recurso alguno contra la contestación aun cuando puedan hacerlo posteriormente contra el acto administrativo basado en ella.
1. Los estudios de impacto suscritos por el evaluador serán presentados por el promotor del proyecto ante el órgano administrativo competente para su autorización.
2. Los estudios de impacto se unirán como anexo a la Memoria de los proyectos de inversión pública.
3. En el cuerpo principal de la Memoria, el autor responsable del proyecto comentará los impactos ecológicos previsibles, así como las medidas de corrección adoptadas si las hubiere, para ser analizada su idoneidad por los servicios especializados de los órganos ambientales actuantes, o por las unidades de supervisión de proyectos del propio órgano administrativo promotor, si es el caso.
4. Si el órgano receptor del proyecto estimase que la categoría de evaluación asumida no se ajusta a los supuestos de aplicación, lo devolverá al promotor por resolución motivada, que será susceptible de impugnación.
1. Los estudios detallados de impacto ecológico se someterán a información pública con el correspondiente proyecto o plan en los casos y en los términos que prescriba para éste la legislación específica.
2. El órgano administrativo competente para la autorización del proyecto someterá a información pública durante un mes los estudios de impacto ambiental.
3. El anuncio de información pública se insertará en el «Boletín Oficial de Canarias» y como edicto en el tablón de anuncios de las entidades locales afectadas.
1. El órgano competente para la autorización del proyecto remitirá, en su caso, al órgano ambiental actuante el estudio de impacto ecológico junto con los resultados de la información pública, si la hubiere, y la documentación que estime oportuna para una mejor resolución del procedimiento.
2. El órgano ambiental actuante podrá recabar del órgano remitente y competente para la autorización cuantas aclaraciones sean procedentes para un mejor enjuiciamiento del estudio.
3. Asimismo, podrá requerir al promotor del proyecto para que aporte las aclaraciones o precisiones que sean necesarias para la emisión de la declaración de impacto ecológico por resolución motivada que suspenderá el plazo previsto para la aplicación del silencio administrativo.
4. El plazo para cumplimentar el trámite de audiencia al que se refiere el artículo 22 será de quince días, transcurrido el cual podrá continuar el procedimiento.
1. El contenido y los efectos de la resolución del procedimiento de evaluación de impacto ecológico serán los previstos en los artículos 17 y 18 de esta Ley.
2. La declaración de impacto ecológico se remitirá al órgano de la Administración que ha de dictar la resolución administrativa de autorización del proyecto, en los plazos establecidos en el presente artículo contados a partir de que el órgano ambiental actuante reciba la documentación requerida en el artículo anterior:
a) Un mes en las evaluaciones básicas de impacto ecológico.
b) Dos meses en las evaluaciones detalladas de impacto ecológico.
c) Cuatro meses en las evaluaciones de impacto ambiental.
Número 2 del artículo 30 redactado por D [CANARIAS] 164/1994, 29 julio, de adaptación de los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Ley 26 noviembre 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.I.C.» 19 agosto).-->
3. Transcurridos los plazos establecidos en el apartado anterior sin que el órgano ambiental actuante hubiera emitido la preceptiva declaración del impacto ecológico, ésta se entenderá favorable, con independencia de la responsabilidad administrativa en que se hubiera podido incurrir.
Número 3 del artículo 30 redactado por D [CANARIAS] 164/1994, 29 julio, de adaptación de los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Ley 26 noviembre 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.I.C.» 19 agosto).-->
1. Las declaraciones de impacto ecológico se comunicarán a los órganos competentes para la autorización y se notificarán a los promotores de los proyectos.
2. Las declaraciones de impacto ecológico emanadas de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, así como las resoluciones de los recursos ordinarios presentados ante dicha Comisión, serán publicadas en el «Boletín Oficial de Canarias».
Número 2 del artículo 31 redactado por D [CANARIAS] 164/1994, 29 julio, de adaptación de los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Ley 26 noviembre 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.I.C.» 19 agosto).-->
1. Cuando la declaración de impacto ecológico estuviere condicionada y se tratase de supuestos vinculantes, el condicionado ambiental formará parte del contenido de la autorización del proyecto.
2. El seguimiento y vigilancia del cumplimiento del condicionado ambiental corresponderá al órgano administrativo competente para la autorización del proyecto, sin perjuicio de la que además pudiera ejercer el órgano ambiental actuante, si fuera otro distinto.
3. Los órganos ambientales actuantes y en todo caso la Consejería competente en materia de conservación de la naturaleza, podrán realizar las comprobaciones oportunas y pedir la documentación e información necesarias para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del condicionado ambiental.
A tales efectos, los funcionarios inspectores de dichos órganos se considerarán agentes de la autoridad.
1. El órgano que dio la autorización suspenderá la ejecución del proyecto, plan o actividad cuando concurriera alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que un proyecto, plan o actividad de los sometidos obligatoriamente al trámite de evaluación de impacto comenzara a ejecutarse sin el cumplimiento de este requisito.
b) Que exista ocultación de datos, falseamiento o manipulación dolosa en el procedimiento de evaluación.
c) Que se produzca incumplimiento o transgresión de las condiciones de índole ambiental impuestas para la ejecución del proyecto.
2. El órgano ambiental actuante o, en su defecto, la Consejería competente en materia de conservación de la naturaleza, podrá requerir al órgano competente para la autorización que proceda a la suspensión en los supuestos de los apartados anteriores.
3. Si la suspensión no se efectúa de oficio por el órgano competente para la autorización, ni lo hiciere a instancia del órgano ambiental actuante en el plazo de quince días, éste o, en su defecto, la Consejería competente en materia de conservación de la naturaleza o el Gobierno, en su caso, adoptarán las medidas oportunas para preservar los valores ecológicos amparados por la declaración de impacto ecológico, pudiendo al efecto disponer la paralización de las actividades que supongan riesgo o lesión ecológica.
4. Acordada la suspensión de las obras, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la total interrupción de la actividad.
A estos efectos podrá ordenar la retirada de los materiales preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma, cuando el promotor no haya interrumpido la actividad en el plazo que indique el acuerdo de suspensión, o reanude las obras total o parcialmente después de haberse producido ésta.
5. Si, notificado para ello, el promotor no retira los materiales en el plazo determinado por el órgano actuante, se procederá a efectuarlo a costa de aquél en los términos establecidos por el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales en que haya podido incurrir por desobediencia a la autoridad.
1. Serán faltas muy graves:
a) La iniciación de actividades sometidas a trámite de evaluación de impacto ambiental sin la pertinente declaración de impacto ecológico.
b) El incumplimiento del condicionado ambiental de las declaraciones de impacto ecológico en supuestos de evaluación de impacto ambiental.
c) Que exista ocultación de datos, falseamiento o manipulación dolosa en el procedimiento de evaluación.
e) Reincidir en dos faltas graves.
a) La iniciación de actividades sometidas a trámite de evaluación detallada de impacto ecológico o de evaluación básica de impacto ecológico en áreas de sensibilidad ecológica sin la pertinente declaración de Impacto ecológico.
b) El incumplimiento del condicionado ambiental de las declaraciones de Impacto ecológico en supuestos de evaluación detallada de Impacto ecológico o de Evaluación Básica de Impacto Ecológico en Áreas de Sensibilidad Ecológica.
c) La reincidencia en dos faltas leves.
a) La iniciación de actividades sometidas a trámite de evaluación básica del impacto ecológico sin la pertinente declaración de impacto ecológico, fuera de áreas de sensibilidad ecológica.
b) El incumplimiento del condicionado ambiental de las declaraciones de impacto ecológico en supuestos de evaluación básica fuera de áreas de sensibilidad ecológica.
1. Las sanciones se graduarán de acuerdo con el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la intencionalidad de los responsables y el alcance de los daños.
2. Las faltas leves se sancionarán con multas de hasta 500.000 pesetas, las graves hasta 10.000.000 de pesetas y las muy graves hasta 100.000.000 de pesetas.
3. Cuando el acto tipificado como infracción administrativa produjera una alteración de la realidad biofísica, su promotor deberá proceder a la restitución de la misma en la forma que disponga el órgano ambiental competente. A tal efecto, dicho órgano está autorizado a ejercer las acciones encaminadas a dicha restitución e imponer multas coercitivas sucesivas de hasta 50.000 pesetas cada una, sin perjuicio de la posible ejecución subsidiaria a cargo de aquél.
4. En cualquier caso el promotor del proyecto deberá indemnizar de los daños y perjuicios ocasionados. La valoración de los mismos se hará por la Administración, previa tasación contradictoria cuando el promotor del proyecto no prestara su conformidad a aquélla.
5. Las faltas muy graves prescribirán a los quince años, las graves a los diez años y las leves a los cinco años.
1. Son competentes para la imposición de las sanciones los órganos ambientales actuantes.
2. Si el órgano sancionador no incoara el oportuno procedimiento en el plazo de un mes de haber sido apercibido para ello por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, ésta se subrogará en la competencia sancionadora.
Número 2 del artículo 36 redactado por Ley [CANARIAS] 9/1999, 13 mayo, de Ordenación del Territorio («B.O.I.C.» 14 mayo).
3. Para imponer multas en cuantía superior a los 10.000.000 de pesetas se precisará autorización del Gobierno de Canarias.
1. Serán responsables de las infracciones administrativas derivadas del contenido del estudio de impacto el evaluador o el autor del proyecto, en concordancia con el artículo.15.1.
2. Los promotores de los proyectos serán responsables de las infracciones que deriven de su ejecución sin el trámite de evaluación del impacto ecológico o incumpliendo su condicionado.
3. En los casos en que la infracción sea imputable a una Administración Pública, tanto en su condición de promotora como de gestora del procedimiento de evaluación del impacto ecológico, se someterá a las reglas generales que disciplinan la responsabilidad de la Administración y de sus agentes y funcionarios.
Artículo 38 derogado por la Disposición Derogatoria Única de la Ley [CANARIAS] 4/2001, 6 julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y relativas al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias («B.O.I.C.» 9 julio).Vigencia: 10 julio 2001
1. Será pública la acción para exigir la observancia de las normas contenidas en la presente Ley.
2. No podrán exigirse fianzas que, por su inadecuación, impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita.
1. El territorio comprendido en los límites de los Parques Nacionales de El Teide, Caldera de Taburiente, Garajonay y Timanfaya, así como el de sus respectivas zonas periféricas de protección, se declaran a efectos de la presente normativa como área de sensibilidad ecológica.
2. En los Parques Nacionales podrá actuar como órgano ambiental, en supuestos de evaluación básica de impacto ecológico, el órgano responsable de su administración.
3. Podrán actuar como órganos ambientales los Patronatos de los Parques Nacionales cuando se trate de proyectos sujetos a evaluaciones detalladas a realizar dentro de los Parques Nacionales o en sus zonas periféricas de protección.
1. Las Administraciones Públicas Canarias dotarán a sus respectivas oficinas de evaluación de proyectos de los medios necesarios para conocer de los estudios de impacto ecológico.
2. El Gobierno, en el plazo de seis meses, establecerá el modelo administrativo a emplear por las Administraciones Públicas Canarias en las declaraciones de impacto ecológico.
1. Las evaluaciones de impacto ecológico o ambiental exigidas por la legislación sectorial se ajustarán a las previsiones de la presente Ley.
2. Los programas de vigilancia y control, en su caso, se guiarán por las prescripciones de la normativa específica, sin perjuicio de la incorporación de los condicionantes ambientales impuestos por medio de la presente Ley.
No se exigirá evaluación de impacto ecológico a los proyectos presentados para su autorización durante un período de seis meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley. No acogerá esta salvedad a los proyectos y actividades incluidas en el anexo III y aquellos que afecten a Parques Nacionales y áreas de sensibilidad ecológica.
Mientras la legislación urbanística no determine el contenido de las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza, defensa del paisaje y de los elementos naturales que deban incorporarse a los planes generales municipales de ordenación y a las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento, éstos se someteran a evaluación detallada de Impacto ecológico.
Hasta tanto el contenido de la declaración de impacto ecológico no se fije reglamentariamente, según dispone el artículo 17.1, se empleará el siguiente índice:
c) Nombre del promotor.
d) Autor del proyecto.
e) El autor del estudio de impacto ecológico.
f) Categoría de evaluación aplicada (básica, detallada o de impacto ambiental).
g) Evaluación conjunta del impacto ecológico previsible, tomada del respectivo estudio de impacto, que podrá ser: nada significativa, poco significativa, significativa o muy significativa.
h) Resolución del órgano ambiental que podrá ser: favorable, condicionada, desfavorable.
i) Carácter vinculante de la resolución.
j) Observaciones oportunas.
k) Órganos ambientales oídos.
l) Órgano ambiental actuante.
m) Lugar y fecha.
n) Firma del responsable.
o) Apéndices.
Mientras que los patronatos de los espacios naturales protegidos no estén constituidos, actuará como órgano ambiental, según lo previsto en el artículo 21, la Consejería competente en materia de conservación de la naturaleza.
Se faculta al Gobierno de Canarias para regular el contenido de las declaraciones de impacto ecológico, de las cédulas ambientales y, en general, para el desarollo reglamentario para la aplicación de la presente Ley.
Planes, proyectos y actividades sujetas a evaluación detallada de impacto ecológico
1. Planes de ordenación de montes.
2. Repoblaciones forestales en superficies superiores a 1 hectárea o cuando impliquen aterrazamientos con maquinarias pesadas.
3. Cortafuegos de más de 30 metros de ancho y 150 metros de longitud.
4. Proyectos de introducción o liberación de especies animales no autóctonas.
5. Núcleos zoológicos, jardines botánicos o insectarios.
6. Explotaciones pecuarias con censo igual o superior a 100 cabezas reproductoras en vacuno, 250 en porcino, 350 en caprino o bovino, 350 en conejos y 10.000 unidades en volátiles.
7. Campañas de tratamientos fitosanitarios a partir de 50 hectáreas cuando se utilicen productos con toxicidad de tipo C para fauna terrestre o acuícola, o muy tóxicos según su peligrosidad para las personas.
8. Puesta en explotación agrícola de zonas naturales o seminaturales de extensión superior a 5 hectáreas en terreno con pendiente media igual o superior al 15 por 100.
9. Planes de regadío.
10. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia entre 15 y 75 mw.
11. Plantas potabilizadoras de más de 5.000 metros cúbicos/día de capacidad.
12. Fábricas de cemento.
13. Industrias de fabricación de aglomerado asfáltico.
14. Industrias de cualquier tipo, cuando produzcan residuos químicos líquidos que no puedan ser evacuados a través de un alcantarillado.
15. Canteras de extracción de tierras para uso agrícola.
16. Extracciones mineras a cielo abierto de materias volcánicas con producción entre las 4.000 y 100.000 toneladas/año.
17. Plantas de tratamiento de áridos.
18. Líneas de transporte de energía eléctrica de tensión superior a 66 kilovoltios.
19. Carreteras comarcales a partir de 5 kilómetros de longitud.
20. Vertederos de residuos sólidos.
21. Planes insulares de residuos sólidos
22. Polígonos industriales.
23. Faros y balizas.
24. Campos de golf.
25. Campings con capacidad mayor a 100 vehículos o 400 personas.
26. Instalaciones depuradoras de aguas residuales con capacidad para más de 5.000 habitantes.
27. Acueductos y conducciones de agua que supongan trasvases entre cuencas o acuíferos con caudal mayor a 175 metros cúbicos/día.
28. Embalses de agua con capacidad entre 0,5 y 5 hectómetros cúbicos.
29. Puertos deportivos con capacidad inferior a 100 embarcaciones.
30. Diques y playas artificiales.
Planes, proyectos y actividades sujetas a evaluación detallada de impacto ecológico cuando se proyecten realizar en área de sensibilidad ecológica
1. Cultivos litorales de peces, crustáceos o moluscos.
2. Programas de pastoreo y mejora de pastos.
3. Planes de ordenación de montes.
4. Cambios de cultivo según la legislación forestal, que afecten a superficies mayores de 3 hectáreas.
5. Explotaciones pecuarias con censos iguales o superiores a 30 cabezas reproductoras en vacuno, 40 en porcino, 50 en caprino o bovino, 100 en conejos y 2.500 unidades en volátiles.
6. Mataderos industriales insulares o municipales.
7. Campañas de tratamiento, fitosanitarios a partir de 25 hectáreas cuando se utilicen productos de tipo B, según la toxicidad para fauna terrestre o acuícola, o tóxico y muy tóxicos según su peligrosidad para las personas.
8. Campañas de lucha contra los roedores a nivel municipal o insular.
9. Comercios y granjas de animales exóticos vivos.
10. Apertura de pistas mayores de 2 kilómetros y asfaltado o remodelado de pistas preexistentes en tramos superiores a 3 kilómetros.
11. Líneas de transporte de energía eléctrica de tensión superior a 20 kilovoltios.
12. Gaseoductos y oleoductos.
13. Pistas y circuitos de carreras de automóviles y motocicletas.
14. Teleféricos y funiculares.
15. Zonas de acampada con capacidad mayor de 50 personas y áreas recreativas con capacidad mayor de 200 personas.
16. Proyectos de captación de aguas superficiales de volumen superior a 5 metros cúbicos/hora.
17. Embalses de agua con capacidad entre 0,15 y 0,5 hectómetros cúbicos.
1. Refinerías de petróleo bruto.
2. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia de más de 75 mw, así como centrales y reactores nucleares de cualquier tipo.
3. Extracción a cielo abierto de materiales volcánicos con producción superior a 100.000 toneladas/año.
4. Instalaciones químicas integradas.
5. Construcción de autopistas, autovías y aeropuertos.
6. Puertos comerciales.
7. Puertos deportivos con capacidad para 100 o más embarcaciones.
8. Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos por incineración, tratamiento químico o almacenamiento en tierra.
9. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente, o a eliminar definitivamente residuos radiactivos.
10. Embalses de agua con capacidad mayor de 5 hectómetros cúbicos.
11. Las transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea y supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en todo caso, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 25 hectáreas.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 39
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 10

Artículo 38

Artículo 21
 artículo 36
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 10
 Real Decreto 
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 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 12
 Resolución 
 resolución 
 artículo 47

Artículo 21
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 22
 resolución 
 resolución 
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 106
 artículo 36

Artículo 38
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 21