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Timestamp: 2017-08-19 07:29:43+00:00

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Impugnación de resoluciones de asambleas
El art. 365 de la Ley 16.060/1989, de 4 de setiembre, de Sociedades Comerciales (LSC) dispone:
“Impugnación. Cualquier resolución de la asamblea que se adopte contra la Ley, el contrato social o los reglamentos, o que fuera lesiva del interés social o de los derechos de los accionistas como tales, podrá ser impugnada según las normas de esta Sub-Sección, sin perjuicio de la acción ordinaria de nulidad que corresponda por violaciones a la Ley.”
I. Causales de impugnación
El art. 365 establece distintas causales de impugnación:
A. que la resolución sea contraria a la Ley[1], al contrato social o a los reglamentos;
B. que la resolución fuere lesiva de los derechos de los accionistas;
C. y que la resolución fuere lesiva del interés social.
A. Violación de la Ley, el contrato social o los reglamentos
Puede ser impugnada cualquier resolución de la asamblea de la que se adopte contra la Ley, el contrato social o los reglamentos.
La resolución será impugnable sea cual fuere la Ley que se contraríe. Por lo tanto, son impugnables las resoluciones no sólo por su contenido ilícito o contrario a los estatutos sino, también, cuando en su formación se han violado normas legales o estatutarias.
La resolución de la asamblea es la etapa final de un proceso formativo de la voluntad social. La resolución no es separable de las etapas que la preceden, que son formativas y conducentes a la resolución final. El acto asambleario se integra con distintas etapas dispuestas por la Ley y que forman una unidad funcional, sin relevancia jurídica alguna si se las considera por separado. De modo que, cuando la Ley se refiere a decisiones o acuerdos violatorios de las leyes, debe entenderse que la violación pudo producirse en cualquiera de las etapas de la formación de tal decisión o acuerdo.
B. Lesión de derechos de los accionistas
Son impugnables, también, aquellas resoluciones que signifiquen un excesivo o injustificado sacrificio de los derechos de los accionistas.
Se consideran como tales cualquier derecho que emane de la posición de socio: derecho de voto, derecho a las utilidades o derecho de preferencia en la suscripción de acciones, en el caso de aumentos de capital.
Por ejemplo, si la mayoría calificada resuelve, en sucesivos ejercicios, no distribuir utilidades, destinándolas a reservas y postergando indefinidamente las expectativas de los accionistas a una participación en las utilidades. En casos como éste o en similares en que la minoría aparezca sufriendo sacrificios excesivos e injustificables, corresponderá una acción de impugnación.
C. Lesión del interés social
Las resoluciones pueden ser impugnadas por ser lesivas del interés social.
El interés social es aquél compartido por todos los accionistas: interés de realizar una actividad en común y de obtener beneficios.
Se considera interés contrario al social, todo aquel interés particular que contraríe la consecución del objeto social[8].
El interés social podría resentirse con posibles acuerdos que, a pesar de no ser violatorios de las Ley o el contrato social, son adoptados por los socios mayoritarios en beneficio propio o de otra persona. La mayoría, entonces, debe ejercitar sus prerrogativas atendiendo en todo momento al interés social como interés superior común a todos los accionistas[6]. La competencia reconocida por la Ley o por los estatutos a la asamblea está destinada, en primer lugar o prioritariamente, a permitir a dicho órgano ejercer una actividad beneficiosa para la sociedad, pudiendo ser sometidos a examen o censura si los integrantes del órgano han utilizado sus derechos o poderes en disconformidad con su destino[9].
Adviértase que la Ley no exige que la lesión del interés social sea acompañada de una intención de causar daño, por lo que habría abuso de derecho y desviación de poder, cada vez que el accionista actúe para satisfacer intereses particulares y de esta conducta se derive, objetivamente, una lesión al interés social[10].
II. Sobre el proceso de impugnación
Respecto de los aspectos procedimentales de la impugnación de las asambleas nos referiremos a tres temas: legitimación, condiciones para el ejercicio de la acción y trámite.
Tiene legitimación para impugnar las resoluciones asamblearias, los accionistas siguientes:
a. los que no hayan votado la resolución impugnada,
b. los que hayan votado en blanco o se haya abstenido,
c. quienes votaron afirmativamente, si su voluntad estuvo viciada o si la norma legal violada fuere de orden público (art. 367).
También, la tienen los tenedores de bonos o partes beneficiarias, cuando las resoluciones sean violatorias de sus derechos (art. 422, inc. 2).
Asimismo, están legitimados cualquiera de los directores, el administrador, el síndico o cualquiera de los integrantes de la comisión fiscal y aun la Auditoría Interna de la Nación [11].
La acción se promueve contra la sociedad[12].
El art. 369, inc. 3, resuelve quien representa a la sociedad, cuando ella es promovida por las mayoría o todos los directores. Se dispone que el Juez designe al representante dentro de los accionistas mayores que votaron la resolución impugnada[13].
Si quien promueve la acción es el director que ejerce la representación de la sociedad, los restantes directores designarán a otro representante, a los efectos del juicio.
B. Condiciones para el ejercicio de la acción
Se fija un plazo breve para plantearla: noventa días a contar de la fecha de la clausura de la asamblea o de su última publicación, si la LSC ha impuesto publicidad de la resolución asamblearia de que se trata (art. 366).
Respecto de la forma de computar este plazo han sido sostenidas dos posiciones.
1. Posición que considera aplicable el art. 514 de la LSC
En virtud de lo dispuesto por el art. 514 de la LSC, los plazos en ella previstos que excedan los quince días y se cuenten por días, se suspenden durante las ferias judiciales.
Nuestra jurisprudencia, en forma unánime, ha entendido que el art. 514 de la LSC se aplica a todos los plazos previstos en la LSC, cualquiera sea la naturaleza que se le atribuya: Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil (STAC) de 6° t., n° 68/2010, de 27 de abril (Hounie Sánchez [red.], Martínez Rosso, Klett Fernández), UY/JUR/1333/2010; STAC de 7° t., de 7 de mayo de 2009 (Couto, López Ubeda [red.] y Bello); STAC de 2° t., n° 288/2007; STAC 5º t., nº 43/1999, de 17 de marzo (Barcelona, Rochón [red.] y Larrieux), UY/JUR/321/1999; Sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9° t., de 2 de junio de 2008 (Recarey).
2. Posición que considera se se trata de un plazo de caducidad
En la doctrina, en cambio se ha considerado que este plazo es un plazo de caducidad. Siendo un plazo de caducidad, no se le aplicaría el art. 514, que dispone la interrupción de los plazos previstos en esta ley.
La interpretación de que es un plazo de caducidad la sostienen Pérez Fontana[14], Rippe Káiser[15] y Pérez Idiartegaray[16]. Este último, comentando el art. 366, dice textualmente: “Esta determinación de un plazo breve de caducidad para deducir la acción, es la solución adoptada por casi todas las legislaciones”. También, la sustenta Jiménez de Aréchaga: “El primer problema práctico que se nos plantea es el de la naturaleza del plazo de promoción de la acción de impugnación”[17].
Quienes sustentan que se trata de una caducidad aducen que ha sido establecido en tutela de un interés general en cuanto a la seguridad y la certeza en el ámbito de la actuación de los órganos sociales. La caducidad tendría como fundamento limitar en el tiempo el ejercicio de un derecho cuando el diligente ejercicio del mismo se estima conveniente para un interés individual o superior[19].
No obstante, aun cuando se entendiese que se trata de un plazo de caducidad, en base al principio general de que al impedido no le corre término, debe admitirse la presentación de la impugnación el día hábil inmediato siguiente al vencimiento en día inhábil. Véase Sentencias del Tribunal de Apelación en lo Civil (SSTAC) de 5° t. n° 4-101/2015, de 18 de marzo, BJN; n° 31/2015, de 1 de abril, UY/JUR/52/2015; n° 4-395/2013, de 12 de junio (Simón Olivera [red.], Fiorentino Ferreiro, Gradín Romero), BJN; SSTAC 4° t., n° 301, de 15 de diciembre; n° 108/2008, de 4 de junio (Turell [red.], Maggi, Tobía Fernández), BJN.
El procedimiento judicial para la impugnación será el de los procesos extraordinarios (art. 18).
La LSC contiene reglas especiales para la acumulación de pluralidad de acciones que se pudieran entablar y reglas para permitir que cualquier interesado coadyuve con la sociedad demandada con los impugnantes (art. 369).
Por razones de economía procesal, se impone la acumulación de todos los procesos que se promuevan con la misma finalidad de impugnar una resolución. A los efectos de posibilitar la acumulación, se espera el transcurso de los noventa días de plazo y, finalizado ese término, el Actuario del Juzgado dará cuenta de todas las demandas presentadas.
En el primer auto que dicte, el juez dispondrá la designación de un procurador común y, si éste no es nombrado, lo designará de oficio. El procurador, designado de oficio, puede ser sustituido por el que nombren los actores, en cualquier momento ulterior (art. 369).
El Juez da traslado de la demanda a la sociedad y, además, dispone la publicación de edictos por tres días en el Diario Oficial y en otro Diario y con emplazamiento, por quince días a contar de la última publicación, a quienes tengan interés en coadyuvar con el o los impugnantes o con la sociedad.
El art. 374 de la LSC establece que es facultativo del Juez imponer al accionista que promueve la acción, la prestación de una garantía. Con ello se cubre la posibilidad de que se ejerciten acciones infundadas[20]. Vemos entonces como, a la vez que se confiere una defensa, se establecen condiciones para su ejercicio.
La sentencia que se dicte obliga a todos los accionistas, aun cuando no hayan comparecido en el juicio (art. 370, inc. 1).
Fuere cual fuere el contenido de la sentencia, en el proceso extraordinario, las partes pueden rever lo allí resuelto en un juicio ordinario posterior si lo que estuviere en discusión fuera la violación de una ley (art. 370, inc. 3). Con otras palabras, la sentencia que se dicte no produce efecto de cosa juzgada material cuando la causal invocada es la violación de la Ley, pues siempre queda la posibilidad de rever lo resuelto en un juicio ordinario.
b. Efectos de la sentencia que acoja la impugnación
* La sentencia que acoja la demanda de impugnación, en primer lugar, dejará sin efecto la resolución impugnada.
Se hace la salvedad de que la sentencia no afectará derechos adquiridos por terceros, salvo que se pruebe su mala fe (art. 370, inc. 2)[21].
* En segundo lugar, deja expedita la acción de responsabilidad contra los accionistas que hubieren votado favorablemente las resoluciones que se dejen sin efecto. El art. 372 dispone:
"Los accionistas que hayan votado favorablemente las resoluciones que se dejen sin efecto, responderán solidariamente de las consecuencias de las mismas, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al administrador, a los directores, al síndico o a los integrantes de la comisión fiscal."
¿En qué se diferencian la acción de nulidad de la acción de impugnación de resoluciones de asambleas?
[1] En el proyecto de Pérez Fontana se determinaba que correspondía la impugnación cuando la resolución fuere contraria a la Ley de sociedades. Si la resolución fuera contraria a cualquier otra ley, podía ser objeto de una acción de nulidad.
[2] El CC italiano, el art. 2.377 establece la posibilidad de impugnar las deliberaciones que no han sido tomadas en conformidad a la Ley o al acto constitutivo. El texto se refiere a la impugnación de una deliberación por razones formales y para esta impugnación el CC fija un procedimiento especial. Nos confirma en esta tesis el art. 2.379, que establece otra categoría de deliberaciones: las nulas por imposibilidad o ilicitud de su objeto. A éstas se le aplican las normas sobre nulidad de los contratos. La nulidad puede ser invocada por cualquiera que tenga interés o por el juez de oficio y no puede ser convalidada.
El Código suizo de las obligaciones, en su art. 706, establece que se puede atacar en justicia las decisiones de la asamblea general que violan la Ley o los estatutos. En este texto no se trata de impugnación por razones formales.
La Ley francesa tiene un régimen complejo:
a) se prevé que las deliberaciones de la asamblea tomadas en violación de ciertos artículos de esta ley son nulas. Los artículos son los que se refieren a la atribución de competencias de la asamblea ordinaria y extraordinaria, a la convocatoria, al quórum, a la mayoría requerida para adoptar resolución, al cumplimiento de la orden del día y a la firma de la asistencia por los accionistas;
b) se prevé que la asamblea puede ser anulada si no se dio comunicación al accionista, de los documentos e informes que elabora el directorio para la aprobación de la asamblea y de la lista de accionistas.
De manera que la nulidad se establece sólo por la violación de normas legales que tienen que ver con el funcionamiento de la asamblea y con los derechos de los accionistas a ser informados.
La Ley argentina, al regular el proceso de impugnación en su art. 251, se refiere a toda resolución de la asamblea que sea violadora de la Ley, del estatuto o del reglamento. La norma no atiende al proceso de formación de la voluntad social, sino a su contenido intrínseco sancionándolo de nulidad si es contrario a la Ley o a los estatutos. Por otra parte, en el artículo 246 se admite pedir la nulidad de toda decisión sobre materias extrañas a las incluidas en el orden del día, configurando así una hipótesis de nulidad por vicios de forma.
[3] Rodríguez Olivera, Mayorías y Minorías en la Ley de Sociedades Comerciales, pp. 22 y 23.
Pérez Idiartegaray comparte esta opinión:
“En primer lugar, hemos visto que la denominada voluntad de la asamblea se forma a través de un proceso complejo estrictamente reglamentado por la Ley, que comprende una serie de actos que deben cumplirse necesariamente para culminar en la resolución. El incumplimiento de las normas que rigen ese proceso puede incidir en la regularidad de la resolución...
... Esto tiene particular relevancia en el caso de lo que podríamos denominar irregularidades formales, esto es, las que se refieren al procedimiento a través del cual se ha formado la voluntad de la asamblea. Desde este punto de vista podríamos agrupar las irregularidades refiriéndolas a ciertos módulos esenciales, esto es: la convocatoria a la asamblea, la constitución de la asamblea, la deliberación que ésta realiza y la proclamación de la resolución y redacción del acta...
Sin ánimo de agotar el elenco de posibles irregularidades, podemos señalar las siguientes:... d) si la asamblea no se hubiese constituido con el quórum requerido para ese caso...” (Pérez Idiartegaray, De las asambleas de accionistas, in: Gaggero, Pérez Idiartegaray & Rippe Siegbert, Análisis Exegético de la Ley 16.060, Sociedades Comerciales, t. II, p. 129/130).
La doctrina argentina, en sus comentarios a la norma que sirvió de fuente a la disposición uruguaya, es de la misma opinión. Véase, por ejemplo, los autores siguientes: Nissen, Ley de Sociedades Comerciales, t. II, p. 251 siguientes; Bendersky, "Impugnación judicial de asambleas de sociedades anónimas", Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, nº 55, p. 15 y siguientes; Farina, Sociedades Comerciales, p. 315; Halperin, Sociedades Anónimas, p. 645 y siguientes.
[6] Uría, Menéndez & García de Enterría, íd., p. 888.
[8] Richard, "Impugnación de deliberación de asamblea o reparación de daño por voto con interés contrario", Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2000-1, p. 121.
[9] Richard, íd., p. 131.
[10] Houpin & Bosvieux, Traité General et Théorique et Pratique des Sociétés Commerciales et des Associations, p. 295 y ss..
[11] Artículo 70 de la Ley española.
[12] Solución del Proyecto de Pérez Fontana (art. 281).
[13] Código civil italiano, artículo 2.378.
[14] Pérez Fontana, Sociedades anónimas, t. 3, p. 248.
[15] Rippe Kaiser, Sociedades Comerciales, Ley n° 16.060 (1997), p. 134.
[16] Pérez Idiartegaray, "De las asambleas de accionistas", in: AA.VV., Análisis exegético de la Ley 16.060, t. 2, p. 133.
[17] Jiménez de Aréchaga, "Análisis de la jurisprudencia nacional acerca de la acción judicial de impugnación de actos y decisiones asamblearias en las sociedades comerciales", Anuario de Derecho Comercial, n. 8, pp. 347 y 348.
[18] FArgosi, "Caducidad o prescripción de la acción de nulidad de asambleas de sociedades por acciones", Estudios de Derecho Societario, p. 318.
[19] Concluye Jiménez de Aréchaga:
“Por nuestra parte consideramos que claramente nos encontramos en una hipótesis de caducidad en la cual el transcurso del plazo caduca, extingue, el derecho del accionante y no es una hipótesis de prescripción. En este mismo sentido se ha pronunciado nuestra jurisprudencia, en sentencia No. 52 del 22 de octubre de 1998 dictada por la Dra. Mary Alonso Flumini, en la cual la mencionada Magistrada entiende que estamos en una hipótesis de caducidad.
También se ha planteado ante nuestros tribunales la discusión acerca de si se trata de un plazo civil o procesal. El tema no es ocioso: si se trata de un plazo civil no cabe la aplicación de las normas procesales respecto al plazo, por lo que no se suspende ni interrumpe en la Feria o Turismo, y si vence el día inhábil no se prorroga al día hábil inmediato siguiente (art. 93 y 94 del CGP).
La jurisprudencia argentina que ha establecido ‘el plazo del art. 251 ley 19.550 no es de naturaleza procesal sino de fondo y por ende no se suspende o interrumpe porque abarque en su extensión el mes de la feria judicial de enero’ (CN Com. Sala a, Maniotti F. y otra c. Productos Mayco S.A. y otra en JAT 1988 II p. 126, cit. por Rafael H. Reyes, Derechos Individuales del socio, p. 199).
Ante nuestros tribunales se ha planteado la discusión, y la Dra. Mary Alonso Flumini, en la sentencia que comentamos, ha resuelto que se trata de un plazo civil, por ende no se aplican las normas procesales que establecen la prorrogabilidad del plazo cuando vence en día inhábil al día inmediato siguiente. Esta posición es acorde con la naturaleza de caducidad del plazo, que es claramente civil no procesal (Conf. Código General del Proceso, t. 2, p. 363).”
[20] Se prevé en el art. 280. La medida puede ser pedida por los accionistas impugnantes si representan el 10 % del capital integrado.
[21] Fuentes: Ley española, art. 67; CC italiano, art. 2.777.

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 artículo 246
 resolución 
 Artículo 70
 artículo 2