Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2000/C-1314-00.htm
Timestamp: 2017-10-18 13:02:01+00:00

Document:
C-1314-00
Sentencia C-1314/00
ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE DELFINES-Objeto
Los objetivos del Convenio dirigidos a reducir, hasta lograr eliminar, la mortalidad de los delfines en la pesquería del atún con redes de acero, como también asegurar el uso sostenible de las poblaciones de atún en el Océano Pacífico Oriental -OPO-, con miras a la conservación de la especie debido a la importancia que ésta reviste, no solo para la alimentación de las actuales sino de las futuras generaciones, desarrollan los artículos 9°, 79 y 80 de la Constitución Política puesto que, desde sus antecedentes, los países miembros del Acuerdo demostraron su capacidad de integración y la eficacia de la misma en la defensa de intereses multilaterales seriamente amenazados por quienes adelantan faenas de pesca sin observar métodos apropiados para la conservación de la especie objeto de captura como de otras especies marinas asociadas.
ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE DELFINES-Organos rectores y ejecutores
ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE DELFINES-Constitucionalidad
La Corte, como conclusión de la revisión integral del Acuerdo sobre el Programa internacional para la conservación de los Delfines lo encuentra conforme a la Constitución Política toda vez que su articulado respeta la soberanía del Estado, su derecho a la autodeterminación, promueve las relaciones internacionales sobre bases de equidad y reciprocidad, le da cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el derecho de todas las personas a participar activamente en las decisiones que propendan por un ambiente sano, protege las áreas de especial importancia ecológica, como viene a serlo el Alta Mar del cual el Estado Colombiano es ribereño y por cuanto el Programa que el Acuerdo desarrolla garantiza el aprovechamiento sustentable de recursos ictiológicos, previniendo y controlando un factor de deterioro ambiental comprobado como es la pesca de atún con redes de acero sin las previsiones del Convenio.
Referencia: expediente L.A.T.-169
Revisión constitucional de la Ley 557 del 2 de febrero de 2000 y del "Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines”, suscrito en Washington D.C., el veintiuno (21) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Bogotá, veintiséis (26) de septiembre del año dos mil (2000).
El Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, allegó a esta Corporación, el día 10 de febrero del presente año, fotocopia auténtica de la Ley 557 del 2 de febrero del año 2000 por medio de la cual se aprobó el “Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Protección de los Delfines”, suscrito en la ciudad de Washington D.C., el 21 de mayo de 1998.
Mediante providencia de 2 de marzo de 2000, con el objeto de ejercer el control de constitucionalidad que el inciso décimo del artículo 241 de la Constitución Política ordena, se avocó el conocimiento del tratado internacional en estudio y, luego de surtidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, esta Corporación se pronuncia respecto de la constitucionalidad de dicho tratado y de la ley que lo aprueba.
A continuación se transcribe el texto de la Ley 557 de 2000, tomado de la copia auténtica que remitió el Gobierno Nacional:
“LEY 557 DE 2000
Por medio de la cual se aprueba el “ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LOS DELFINES”, hecho en Washington, D. C. el veintiuno (21) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Visto el texto del "ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LOS DELFINES", hecho en Washington, D.C., el veintiuno (21) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998), que a la letra dice:
«ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LOS DELFINES
Inspirados en los principios contenidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, así como en el deseo de dar cumplimiento a los principios y normas previstos en el Código de Conducta para la Pesca Responsable adoptado por la Conferencia de la FAO en 1995;
ARTICULO I. DEFINICIONES
6. Por "CIAT"‘ se entiende la Comisión Interamericana del Atún Tropical.
ARTICULO II. OBJETIVOS
ARTICULO III. AREA DE APLICACION DEL ACUERDO
ARTICULO IV. MEDIDAS GENERALES
ARTICULO V. PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE DELFINES
ARTICULO VI. SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS MARINOS VIVOS
ARTICULO VII. APLICACION A NIVEL NACIONAL
ARTICULO VIII. REUNION DE LAS PARTES
ARTICULO IX. TOMA DE DECISIONES
ARTICULO X. CONSEJO CIENTIFICO ASESOR
ARTICULO XI. COMITES CONSULTIVOS CIENTIFICOS NACIONALES
ARTICULO XII. PANEL INTERNACIONAL DE REVISION
ARTICULO XIII. PROGRAMA DE OBSERVADORES A BORDO
ARTICULO XIV. PAPEL DE LA CIAT
ARTICULO XV. FINANCIAMIENTO
ARTICULO XVI. CUMPLIMIENTO
ARTICULO XVII. TRANSPARENCIA
ARTICULO XVIII. CONFIDENCIALIDAD
ARTICULO XIX. COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES O ARREGLOS
ARTICULO XX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
ARTICULO XXI. DERECHOS DE LOS ESTADOS
ARTICULO XXII. NO PARTES
ARTICULO XXIII. ANEXOS
ARTICULO XXIV. FIRMA
ARTICULO XXV. RATIFICACION, ACEPTACION O APROBACION
ARTICULO XXVI. ADHESION
ARTICULO XXVII. ENTRADA EN VIGOR
ARTICULO XXVIII. RESERVAS
ARTICULO XXIX. APLICACION PROVISIONAL
ARTICULO XXX. ENMIENDAS
ARTICULO XXXI. DENUNCIA
ARTICULO XXXII. DEPOSITARIO
a) El paralelo 40° Norte desde la costa de América del Norte hasta su intersección con el meridiano 150° Oeste;
b) El meridiano 150° Oeste hasta su intersección con el paralelo 40° Sur;
c) Y este paralelo 40° Sur hasta su intersección con la costa de América del Sur.
1. Cada Parte proporcionará a la Reunión de las Partes, por conducto del Director, antes del 1° de octubre de cada año, una lista de buques bajo su jurisdicción con capacidad de acarreo superior a las 363 toneladas métricas (400 toneladas cortas) que han solicitado un LMD de año completo para el siguiente año, indicando aquellos otros buques que probablemente operen en el Area del Acuerdo en el año siguiente, y los buques que solicitaron LMD de segundo semestre para el próximo año.
2. El PIR, antes del 1° de noviembre de cada año, o con posterioridad, si así lo acuerda el propio PIR, proporcionará a la Reunión de las Partes una lista de buques calificados que presentaron solicitud y son elegibles a recibir un LMD. Para los propósitos de este Acuerdo, se considerará calificado a un buque si: (a) las autoridades nacionales pertinentes han certificado que cuenta con todos los aparejos y equipo para la protección de delfines requeridos en el Anexo VIII; (b) su capitán y tripulación han recibido entrenamiento aprobado en técnicas de liberación y rescate de delfines comparables con la norma establecida por la Reunión de las Partes; (c) cuenta con una capacidad de acarreo superior a las 363 toneladas métricas (400 toneladas cortas); (d) el capitán del buque está considerado como calificado gracias a su historial de desempeño; y (e) no se considera descalificado el buque bajo la Sección II de este Anexo.
3. De conformidad con el párrafo 2, no se considerará calificado a un buque si en la fecha de la solicitud estipulada en el párrafo 1 de este Anexo, se encuentra operando bajo la jurisdicción de una Parte cuya legislación y reglamento aplicables prohíban a los buques bajo su jurisdicción pescar atunes asociados con delfines; tampoco se asignará LMD a cualquier Parte para que otorgue permisos de pesca en el Area del Acuerdo a buques que enarbolen la bandera de otro Estado cuya legislación y reglamentos aplicables prohiban a los buques bajo su jurisdicción pescar atunes asociados con delfines.
8. Las Partes individuales con buques calificados que pescarán atún en asociación con delfines manejarán sus LMD de manera responsable, asegurándose que ningún buque individual recibirá un LMD anual total que exceda el LMD establecido por el PIR para 1997, y registrado en las Actas de la 14ª Reunión del PIR, celebrada el 19 y 20 de febrero de 1997, bajo el Acuerdo de La Jolla. Ninguna Parte deberá asignar el total de sus buques calificados un LMD por encima del que se le haya asignado a esa Parte, conforme a las Secciones I y III de este Anexo. La asignación inicial de LMD para un buque no podrá ser mayor al LMDP a menos que su desempeño en la disminución de la mortalidad de delfines, determinado por el PIR, a partir de los datos sobre su desempeño en el bienio anterior, sea mejor que el desempeño promedio de la flota internacional en general. La asignación inicial de LMD para un buque no podrá ser mayor al LMDP si, durante el año anterior, cometió cualquiera de las infracciones identificadas en la Sección III, párrafo 4, de este Anexo, de conformidad con las condiciones establecidas en dicho párrafo.
10. Cada Parte notificará, antes del 1° de febrero de cada año, al Director respecto de la distribución inicial de LMD entre su flota. Ningún buque podrá comenzar a pescar atún asociado con delfines hasta que el Director reciba dicha notificación.
1. Cualquier buque al que se le asigne un LMD de año completo y no realice un lance sobre delfines antes del 1° de abril de ese año, o al que se le asigne un LMD de segundo semestre y no realice un lance sobre delfines antes del 31 de diciembre de ese año, o al que se le asigne un LMD de la RAD para un viaje y no realice un lance sobre delfines durante ese viaje, de conformidad con lo acordado por el PIR, perderá su LMD y no podrá hacer lances sobre delfines durante el resto de ese año, a menos que existan causas de fuerza mayor o circunstancias extraordinarias. Cualquier buque que pierda su LMD en dos ocasiones consecutivas no será elegible para recibir un LMD para el próximo año.
1. Después del 1° de abril de cada año, cualquier LMD que el Director determine no será utilizado de Acuerdo con la Sección II o que haya sido perdido de otra forma, será reasignado a las Partes de manera consistente con esta sección.
c) Antes de establecer el número de LMD disponibles para reasignación bajo esta Sección, el Director restará un tercio del LMDP calculado conforme a la Sección I, párrafo 5, para asignar a cada buque que solicite, antes de la fecha límite establecida conforme a la Sección I, párrafo 1, un LMD de segundo semestre. Dichos LMD de segundo semestre serán asignados por el Director a las Partes en forma proporcional, con base en la jurisdicción de las Partes respectivas sobre los buques contemplados en este inciso. Los LMD de segundo semestre asignados a esos buques por las Partes bajo cuya jurisdicción operan no rebasarán un tercio del LMDP calculado conforme a la Sección I, párrafo 5. Dichos buques no podrán comenzar a pescar sobre delfines antes del 1° de julio del año en cuestión.
3. Cualquier Parte podrá ajustar los LMD de sus buques calificados, que satisfagan los criterios establecidos en la Sección I, párrafo 2 de este Anexo, aumentándolos o reduciéndolos siempre y cuando a ningún buque le sea asignado un LMD ajustado por arriba del 50% a su LMD inicial, a menos que su desempeño en la disminución de la mortalidad de delfines medido por el PIR, figure entre el mejor 60% del desempeño general de la flota internacional, conforme lo determine el PIR a partir de los datos del año anterior. Toda Parte que haga un ajuste de este tipo lo notificará al Director antes del 1° de mayo, y ningún ajuste de este tipo entrará en vigor hasta que el Director haya sido notificado.
5. Ningún buque será elegible para la asignación de LMD adicional por una Parte a menos que lleve a bordo todo el equipo y aparejos requeridos para la protección de los delfines durante todo el año; y no se podrá asignar un LMD ajustado hacia arriba a un buque que haya excedido su LMD inicial antes del 1° de abril, a menos que la Reunión de las Partes acuerde, en consulta con el PIR, que ello obedeció a causas de fuerza mayor o a circunstancias extraordinarias.
2. Las funciones y responsabilidades del Consejo serán:
1. En cumplimiento del Artículo XII de este Acuerdo, el Panel Internacional de Revisión ("PIR"), desempeñará las siguientes funciones:
i. Una longitud mínima de 180 brazas (medida previa a su instalación), excepto que la red tenga más de 18 paños de profundidad, en cuyo caso se debe determinar la longitud mínima del PPD a una razón de 10 brazas de longitud por cada paño de profundidad de la red. El PPD debe ser instalado de tal forma que cubra el canal de retroceso a lo largo de la línea de corchos, comenzando en el extremo más lejano al buque del último manojo de proa cobrado y continuando hasta al menos dos tercios de la distancia entre el ápice del canal de retroceso y el punto donde se amarra la red al buque en la popa. El PPD deberá consistir en malla fina de no más de 1¼ pulgadas (3,2 cm) de luz de malla, extendiéndose desde la línea de corchos hasta una profundidad mínima de dos paños.
ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL ATUN
NORMAS Y CRITERIOS PARA LA PARTICIPACION DE OBSERVADORES EN LAS REUNIONES DE LAS PARTES
c) Distribuir documentos en las reuniones, con la aprobación del
presidente, y
9. Todo observador admitido a una Reunión de las Partes deberá cumplir
con todas las reglas y procedimientos aplicables a los demás participantes en la reunión.
For the kingdom of Spain:
For the United States of América:
For the Republic of Vanuatu:
Por la República de Vanuatu:
For the Republic of Venezuela:
Por la República de Venezuela:
EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
SANTA FE DE BOGOTA, D. C., 8 DE OCTUBRE DE 1998.
ARTICULO PRIMERO: Apruébase el "ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DELFINES", hecho en Washington, D. C., el veintiuno (21) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el "ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DELFINES", hecho en Washington, D.C., el veintiuno (21) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA,
EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA,
EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES,
ARMANDO POMARICO RAMOS.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES,
MARTHA LUCIA RAMIREZ DE RINCON.
Para efectos del presente estudio se ofició a los Ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Medio Ambiente con el objeto de que remitieran a esta Corporación los antecedentes del Acuerdo materia de revisión, también se los instó para que se pronunciaran respecto de la constitucionalidad del tratado y de la Ley aprobatoria. Igualmente se ofició a los Secretarios Generales del Senado de la República, de la Cámara de Representantes y de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes, de ambas cámaras legislativas, para que enviaran copia de las Gacetas del Congreso donde se publicaron el proyecto que culminó con la expedición de la Ley 557 del 2 de febrero de 2000 y las ponencias, los informes para los respectivos debates constitucionales y certificaran respecto del desarrollo de los debates que se llevaron a cabo para la discusión y aprobación del referido Proyecto, especificando la fecha en la cual fue aprobado, el quórum y la votación obtenida.
Los escritos que obran en el expediente denotan la intervención de los Ministerios de Comercio Exterior, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, en los términos que se resumen a continuación:
1. Ministerio de Comercio Exterior.
El Ministerio de Comercio Exterior intervino para sustentar la constitucionalidad del Acuerdo bajo estudio y de la Ley 557 de 2000 que lo aprueba, con base en las siguientes consideraciones:
Dicho Ministerio hace referencia al objeto del tratado internacional en estudio, cual es, según indica, el de preservar y proteger la vida de los delfines que se ha visto amenazada por la pesca, principalmente, de atún de aleta amarilla con redes de acero. Para sustentar dicha aseveración acompaña a su intervención copia de un estudio elaborado por el mismo Ministerio.
Así mismo, asegura que la pesca del atún con redes de acero mermó las poblaciones de delfines, circunstancia que motivó el embargo primario decretado por los Estados Unidos de Norteamérica al producto proveniente de aquellos países cuyos barcos capturaran o comercializaran atún obtenido por el sistema de lances sobre los delfines, expresamente prohibido en el Acta Nacional de los Estados Unidos para la Conservación de los Mamíferos Marinos. Afirma que la anterior restricción produjo efectos negativos en la industria atunera nacional, puesto que uno de los países afectados con el embargo es el nuestro. Resalta la importancia de la aprobación del Tratado, porque encuentra que ésta sería la manera de levantar la restricción y conjurar eventuales embargos de otros Estados.
De otro lado, hace mención al Programa de Protección de los Delfines, acogido por países productores y comerciantes de atún, dentro del marco de la Comisión Internacional del Atún Tropical- CIAT, que se conoce con el nombre del Convenio de la Jolla de 1992, para poner en práctica estrategias de salvamento y límite de la mortalidad de las poblaciones de delfines asociadas con otras especies, que en un término inferior al previsto logró disminuir ostensiblemente la mortalidad de los delfines asociada a la pesca de atún con redes de acero. Sostiene que la anterior experiencia originó la Declaración de Panamá de 1995 y permitió a los Estados Unidos de Norteamérica modificar sus leyes sobre mamíferos marinos y el compromiso, por parte de este país, de levantar el embargo a aquellos países que incorporen el Programa a su ordenamiento jurídico.
Afirma que el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines, objeto del presente estudió, fue estructurado con base en el Convenio de la Jolla de 1992 y la citada Declaración de Panamá de 1995. Estima que dicho Convenio, obedece a razones de solidaridad internacional que encuentra conformes con el deber del Estado de proteger el medio ambiente y los recursos naturales (C.P., art. 79).
Asegura que, no obstante la importancia que en materia comercial tiene el Convenio debido a que del mismo depende el desembargo definitivo de la producción nacional de atún, la adhesión al mismo no debe entenderse como la presión de un país extranjero, sino la toma de conciencia respecto de la necesidad de explotación sustentable de los recursos ictiológicos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores por intermedio de apoderada, solicitó declarar la exequibilidad del Acuerdo bajo examen y de su Ley aprobatoria.
Para el efecto inicia su intervención destacando la importancia del Acuerdo, objeto de estudio, dado el peligro que para las poblaciones de delfines representa la pesca de atún y la necesidad de dar cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, mediante la cual los Estados miembros se comprometieron en la preservación de las especies marinas.
A renglón seguido se detiene en la suscripción del Acuerdo sobre el Programa para la Conservación de los Delfines y su posterior trámite por el Congreso Nacional. Indica como fue suscrito Ad referendum por el embajador de Colombia ante los Estados Unidos de Norteamérica, Dr. Juan Carlos Esguerra Portocarrero y refrendado mediante documento rubricado por el señor presidente de la República, Dr. Ernesto Samper Pizano, y la Ministra de Relaciones Exteriores (E), María Angela Holguín Cuellar, el 8 de junio de 1998.
Una vez hecho lo anterior, recuerda, se presentó por intermedio del Ministerio de Relaciones Internacionales a consideración del Organo Legislativo del Poder Público culminando, dicho trámite, con la expedición de la Ley 557 del 2 de febrero de 2000 y su posterior sanción presidencial.
De otra parte, como fundamento de la constitucionalidad material del Acuerdo, resalta que desarrolla el artículo 80 de la Constitución Política, puesto que mediante la reducción de la mortalidad de los delfines y la búsqueda de métodos ambientales adecuados para capturar especies asociadas, se preserva el recurso natural vivo.
Asegura que el Presidente de la República, al suscribir el Convenio en comento, obró con base en los artículos 95 y 226 de la Constitución Política, pues encuentra que el mismo desarrolla el compromiso de los asociados de velar por los recursos culturales y naturales del país y el deber del Estado de promocionar las relaciones internacionales políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
Finaliza su intervención mencionando que el Acuerdo en estudio es un instrumento respetuoso de los principios de derecho internacional a que hace referencia el artículo 9° de la Constitución Política y destaca la armonía de su contenido con los convenios celebrados por el Estado Colombiano al respecto.
3. Ministerio del Medio Ambiente.
El Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente intervino en representación de dicha entidad, en ejercicio de las facultades que le fueron conferidas por el Ministro del despacho.
Asegura que el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines se fundamenta en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y en el Código de Conducta para la Pesca Responsable, adoptado por la FAO en 1995, al igual que en el Acuerdo Sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios. Igualmente, dice, desarrolla lo convenido en el Acuerdo de la Jolla de 1992 y en la Declaración de Panamá de 1995.
Agrega que dicho Ministerio participó como miembro del Comité Consultivo y Científico para la redacción del texto del Acuerdo, dentro de las reuniones que se llevaron a cabo a nivel nacional e internacional, para analizar el Acuerdo de la Jolla y la Declaración de Panamá, ya referidos.
De otra parte, afirma que el Programa asegura la sostenibilidad de las poblaciones de delfines y de otras especies conservando el ecosistema marino.
Indica que comprende un sistema de incentivos y capacitación dirigido a los capitanes de buques atuneros para continuar con la reducción, ya probada en el Acuerdo de la Jolla de 1992, de la mortalidad de los delfines. Afirma que por medio de la investigación que el Acuerdo promueve, se establece un sistema equitativo para la asignación de los límites de mortalidad de los delfines e incluso se impulsa la investigación para encontrar formas de capturar atunes aleta amarilla grandes no asociados con los delfines.
Por lo anterior solicita la declaratoria de exequibilidad del Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines y de su Ley aprobatoria para proceder a su ratificación.
Mediante concepto No. 2176 del 22 de mayo del año 2000, el Jefe del Ministerio Público solicitó a esta Corporación declarar la constitucionalidad del Acuerdo en estudio y de su Ley aprobatoria.
Inicialmente se detiene en el análisis de los aspectos formales del Tratado. Al respecto afirma que las autoridades que participaron por Colombia en su estudio y suscripción fueron autorizadas para actuar al respecto, puesto que el Señor Juan Carlos Esguerra Portocarrero en su condición de Embajador de Colombia en los Estados Unidos de Norte América, actuó Ad Referéndum y su firma fue refrendada mediante el instrumento de 8 de junio de 1998, el cual obra en el expediente. Para concluir que el ejercicio de la competencia para la suscripción del Instrumento Público Internacional que se examina, resulta acorde con lo previsto al respecto por la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.
Mas adelante analiza la documentación allegada al expediente relativa al Proyecto 205 de 1999 Senado, 094 Cámara para concluir advirtiendo que la Ley 557 del año 2000 cumplió con los requisitos constitucionales previstos para el trámite y aprobación de las leyes.
En relación con los aspectos materiales del tratado concluye:
-Que tanto el Instrumento que se revisa como su Ley aprobatoria persiguen reducir los índices de mortalidad incidental de delfines en la pesquería de atún con red de acero en el Océano Pacífico Oriental y asegurar la supervivencia de las poblaciones tanto de atún y otros recursos marinos vivos relacionados con ésta actividad pesquera, en el área del Acuerdo.
-Que conforme con la sentencia C-519/94 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, de esta Corporación, de la cual trae apartes, el tratado en mención concuerda con la Constitución Política, tanto en el respeto de los principios fundamentales del Estado, como en el deber de proteger los derechos colectivos y del ambiente, la diversidad e integridad del mismo, las áreas de especial importancia ecológica y en la necesidad de fomentar la educación para el logro de estos fines.
Para concluir solicita aprobar el tratado a que nos venimos refiriendo y su ley aprobatoria, haciendo una reserva en relación con el artículo XXIX del mismo, relativo al compromiso de los países suscriptores de aplicarlo provisionalmente, porque estima que el convenio no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 224 de la Constitución Política, para su aplicación provisional. Para el efecto considera, que sin desconocer las implicaciones de carácter económico que del Acuerdo se derivan, la importancia económica resaltada por el Ministerio de Comercio Exterior no es suficiente para que pueda ser calificado como convenio económico y comercial y, que no fue hecho dentro del marco de un organismo internacional, como la disposición constitucional exige. Para sustentar su argumentación cita la sentencia C-400/98 M.P. Alejandro Martínez Caballero de la cual trae apartes.
En los términos del numeral 10o. del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse, en forma definitiva, sobre la exequibilidad del “Acuerdo Sobre el Programa Internacional Para la Conservación de los Delfines”, suscrito en Washington D.C. el veintiuno (21) de mayo de 1998 y de la Ley 557 de 2 de febrero del año 2000 mediante la cual se le dio aprobación.
El “Acuerdo Sobre el Programa Internacional Para la Conservación de los Delfines” fue firmado Ad Referéndum por el Embajador de Colombia en los Estados Unidos de Norte América, suscripción que fue confirmada por el Presidente de la República al someterlo a la aprobación del Congreso y expedir el Decreto 2483 del 15 de diciembre de 1999 que ordenó aplicarlo provisionalmente, de conformidad con la documentación que obra en el expediente.
Por lo anterior, la suscripción del instrumento que se examina, cumple con lo dispuesto por el artículo 189 de la Constitución Política que asigna al Presidente de la República la dirección de las relaciones internacionales y en ejercicio de dicha facultad la posibilidad de celebrar acuerdos con otros Estados y con entidades de derecho internacional; toda vez que la suscripción del Acuerdo por parte del Embajador de Colombia fue confirmada por el Ejecutivo de conformidad con lo previsto al respecto por la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.
2.1.2. Trámite legislativo para la expedición de la Ley 557 de 2000
Con fundamento en las certificaciones remitidas a la Corte por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, así como en los antecedentes legislativos y en las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República, se pudo determinar que el trámite surtido en esa Corporación para la expedición de la Ley No. 557 de 2000, fue el siguiente:
2.1.2.1. El Proyecto de Ley junto con la exposición de motivos fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través de los Ministros de Relaciones Exteriores y Agricultura y Desarrollo Rural, el día 22 de abril de 1999, el cual fue radicado bajo el No. 205 de 1999-Senado y publicado en la Gaceta del Congreso Año VIII No. 64 del 23 de abril de 1999.
2.1.2.2. En la Comisión Segunda Constitucional del Senado se surtió el primer debate con base en la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso Año VIII No. 153 del 10 de junio de 1999 (Fls. 50 reverso y 51A) y fue debatido y aprobado por unanimidad, con un quórum deliberatorio de 11 de los 13 miembros que integran la Comisión, el 16 de junio de 1999, conforme al Acta No. 27 de esa fecha, según certificación del Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República (Fl. 48).
2.1.2.3. La plenaria del Senado adelantó el segundo debate el 8 de septiembre de 1999, en base a la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso Año VIII No. 250 del 12 de agosto de 1999 (Fl.64). El Proyecto fue aprobado por 94 de los 102 Senadores, según Acta No. 07, publicada en la Gaceta del Congreso año VIII No. 309 del 14 de septiembre de 1999 (Fls. 69 reverso y 70) y según lo certifica el Secretario General del Senado de la República (Fl. 47).
2.1.2.4. Una vez radicado el Proyecto de Ley en la Cámara de Representantes bajo el No. 094 de 1999-Cámara, la Comisión Segunda Constitucional Permanente adelantó el primer debate con fundamento en la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso Año VIII No. 393 del 27 de octubre de 1999 (Fls. 37 a 40) con la asistencia de 13 representantes que la aprobaron en forma unánime, según certificación del Secretario General de la Cámara de Representantes (Fl. 35)
2.1.2.5. La plenaria de la Cámara adelantó el segundo debate del Proyecto de Ley, en mención a partir de la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso Año VIII No. 476 del 26 de noviembre de 1999 (Fl. 42, 42 reverso y 43). El 6 de diciembre de 1999, fue aprobado por 132 votos afirmativos, según certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes (Fl. 36).
2.1.2.6. El Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango, sancionó la Ley aprobatoria del Acuerdo sub exámine, el 2 de febrero del año 2000, bajo el No. 557 y la remitió a esta Corporación dentro del término previsto en artículo 241-10 de la Constitución Política, para su revisión.
Por consiguiente, la Corte observa que Ley 557 de 2000, cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 154, 157, 158 y 160, 164 y 165 la Constitución Política y, en consecuencia, por aspectos de forma deberá declararse constitucional.
2.2. Constitucionalidad del Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines.
2.2.1. Preámbulo, Definiciones y Objetivos
Según se deduce del Preámbulo, de las definiciones de algunos términos empleados en el texto y de los objetivos, el “Convenio sobre el Programa para la Protección de los Delfines” hace obligatorios los procedimientos adelantados por varios países -entre otros Colombia-, empeñados desde 1992 en aprovechar racionalmente los recursos atuneros en el Océano Pacífico Oriental, limitando, en la pesca con redes de acero, la mortalidad de otros recursos marinos vivos, en especial de manadas de delfines asociadas a las especies objeto de captura[1].
Así mismo el Acuerdo resalta la labor que respecto de la captura sustentable del atún ha desarrollado el Convenio para la Protección del Atún Tropical -CIAT- del cual Colombia ha sido observador[2]., puesto que los procedimientos que el Tratado en estudio acoge tuvieron su origen en las investigaciones adelantadas por dicha entidad, que fueron experimentadas por las Partes, dentro del marco del Acuerdo de la Jolla, demostrando efectividad y rigor científico de reconocimiento internacional.
Ahora bien, los objetivos del Convenio dirigidos a reducir, hasta lograr eliminar, la mortalidad de los delfines en la pesquería del atún con redes de acero, como también asegurar el uso sostenible de las poblaciones de atún en el Océano Pacífico Oriental -OPO-, con miras a la conservación de la especie debido a la importancia que ésta reviste, no solo para la alimentación de las actuales sino de las futuras generaciones, desarrollan los artículos 9°, 79 y 80 de la Constitución Política puesto que, desde sus antecedentes, los países miembros del Acuerdo demostraron su capacidad de integración y la eficacia de la misma en la defensa de intereses multilaterales seriamente amenazados por quienes adelantan faenas de pesca sin observar métodos apropiados para la conservación de la especie objeto de captura como de otras especies marinas asociadas.
En consecuencia, resulta acorde con nuestra Constitución Política que el Estado Colombiano, dentro del marco de un Acuerdo como el sub exámine del cual son Partes productores y comerciantes de atún, asuma como obligatorio el Programa para la Conservación de los Delfines, debido a que éste desarrolla procedimientos dirigidos a mantener un aprovechamiento sustentable, tanto de las especies objeto de captura como de otros recursos marinos vivos asociados, contribuyendo eficazmente a la conservación del ecosistema marino.
2.2.2. Area de aplicación del Acuerdo
El área de aplicación del Convenio para la Protección de los Delfines está ubicada por fuera de las aguas nacionales. Se define en el Anexo I como la comprendida en el Océano Pacífico limitada por el litoral de América del Norte, Central, y del Sur, por las siguientes líneas: “a) El paralelo 40° Norte desde la costa de América del Norte hasta su intersección con el meridiano 150° Oeste; b) El meridiano 150° Oeste hasta su intersección con el paralelo 40° Sur; c) Paralelo 40° Sur hasta su intersección con la costa de América del Sur.”
No obstante, de conformidad con el artículo XXI del Acuerdo, ninguna de sus disposiciones “se podrá interpretar de manera tal que perjudique o menoscabe la soberanía, derechos soberanos, o la jurisdicción ejercida por cualquier Estado de conformidad con el derecho internacional, así como su posición o punto de vista con respecto a temas relacionados con el derecho del mar”.
Por lo tanto habida cuenta que el Convenio, en estudio, no desconoce la soberanía de Colombia sobre sus aguas nacionales sino que, además de ser aplicable por fuera de su jurisdicción territorial, respeta las posiciones de las Partes contratantes en relación con el derecho del mar[3], el Acuerdo sobre el Programa para la Protección de los Delfines desarrolla debidamente el artículo 101 de la Constitución Política.
2.2.3. Medidas Generales, Programa Internacional para la Conservación de los Delfines y Sostenibilidad de Los Recursos Marinos Vivos
En los artículos IV, V y VI se describen los compromisos adquiridos por las Partes contratantes de conformidad con los cuales éstas tomarán medidas dirigidas a asegurar la conservación y ordenación del ecosistema marino, la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de atún y de otros recursos marinos vivos, asociados con la pesquería del atún con red de cerco, en el Area del Acuerdo.
En consecuencia, las Partes contratantes se comprometen a limitar la mortalidad incidental total de delfines a no más de cinco mil ejemplares por año, a establecer limites anuales de mortalidad por población de delfines y a evaluar y revisar dichas medidas en Reunión de las Partes.
Ahora bien, las medidas para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos marinos vivos, asociados con la pesquería del atún con red de cerco, en el Area del Acuerdo, se tomarán conforme con el Programa Internacional de Protección de los Delfines establecido dentro del marco del CIAT. Este programa, que se describe en el artículo V del Acuerdo, impone a las Partes, la obligación de entrenar, capacitar, controlar, hacer seguimiento y establecer incentivos tendientes a que los capitanes de los buques, sometidos a su jurisdicción, logren el cumplimiento del límite anual de mortalidad por población de delfines –LMDP- (Anexo III) y límites de mortalidad de delfines –LMD- (Anexo IV).
También se prevé el intercambio de información e investigación entre las Partes con el propósito de buscar formas ambientales adecuadas para capturar atunes aleta amarilla grande que no estén asociados con delfines[4].
Así las cosas, al parecer de la Corte los artículos IV,V y VI del Convenio desarrollan debidamente los artículos 79 y 80 de la Constitución Política por cuanto imponen a las Partes la adopción de medidas dirigidas a que la aplicación de los límites anuales de mortalidad de delfines, asignados en Reunión de las Partes, no sean rebasados. Además para lograr los objetivos propuestos se deberán diseñar políticas dirigidas a incentivar y educar al personal de las tripulaciones de los buques, respetando por ende el postulado de la dignidad humana de los miembros de las tripulaciones de los buques (C.P., arts. 1o. y 2o.) y su derecho al trabajo (C.P., art. 25).
2.2.4. Aplicación en el ámbito nacional
El Convenio dispone en sus artículos VII y XXV la necesidad de que las Partes contratantes adopten, conforme con su ordenamiento interno, las medidas necesarias para poner en ejecución el Acuerdo, por ello se prevé su entrada en vigencia, previa la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios. Esta disposición resulta acorde con los principios de derecho internacional aceptados por Colombia[5], los cuales, conforme con el artículo 9o. de la Constitución Política, se constituyen en postulados que rigen las relaciones internacionales del Estado.
Se trata, entre otros, del principio de no intervención conforme al cual ningún estado puede inmiscuirse en los asuntos de jurisdicción interna de otro, que se cumplen en el Acuerdo sub exámine cuando condiciona su obligatoriedad y la adecuación interna, necesaria para su aplicación, al ordenamiento jurídico de cada una de las Partes.
También estas disposiciones desarrollan el principio de libre determinación, por cuya virtud los pueblos, tienen derecho a elegir libremente su condición política y su desarrollo económico y social proscribiéndose, por tanto, toda forma de dominación y explotación extranjera, cualquiera sea su objetivo,[6] principio que nuestra Constitución Política destaca especialmente (C.P., art. 9o.).
2.2.5. Organismos previstos en el Acuerdo
Los artículos IX a XIV se refieren a la organización del Acuerdo determinando sus órganos rectores y ejecutores, y asignándoles a éstos las funciones que deben desarrollar acordes con los objetivos propuestos:
a) A la Reunión de las Partes se le asigna la facultad de tomar las decisiones. Se deberá congregar periódicamente, al menos una vez por año, o extraordinariamente, en cualquier tiempo, a petición de cualquiera de ellas, siempre y cuando la convocatoria sea acogida por la mayoría. Para poder adelantar las sesiones deberán estar representadas no menos de la mitad mas uno de las Partes contratantes y las decisiones se tomarán por consenso.
b) EL Consejo Científico Asesor es un órgano técnico al que le corresponde prestar asistencia al Director, en cuestiones relativas a la investigación. Se reunirá por lo menos una vez al año con el fin de revisar los planes, propuestas y programas de investigación de la CIAT[7], y ayudar al Director en la búsqueda de fuentes de financiamiento para realizar dichas investigaciones.
El Consejo estará integrado por un máximo de 10 miembros, seleccionados dentro de la comunidad internacional de científicos expertos en artes de pesca, industria y ambiente. Sus nombres serán sometidos por el Director a la aprobación de las Partes. No más de dos miembros del Consejo serán de un solo país.
c) Cada parte, de conformidad con su ordenamiento interno, conformará un Comité Consultivo Científico encargado de evaluar los resultados del Programa, asesorar y hacer recomendaciones a sus respectivos gobiernos y asegurar el intercambio de información entre los mismos, respecto de las medidas y acciones que deben adoptarse para conservar y administrar las poblaciones de recursos marinos vivos en el Area del Acuerdo.
d) El Panel Internacional de Revisión -PIR- es el órgano verificador del Acuerdo. Para el efecto deberá analizar los informes relativos a los viajes para la pesca de atún realizados por buques asignados al programa, identificar las posibles infracciones, informar a cada Parte, a través del Director, de las posibles infracciones cometidas por buques que enarbolan su pabellón u operan bajo su jurisdicción y recibir de esa Parte información sobre las acciones tomadas.
También le corresponde verificar los programas diseñados e implementados por las Partes con miras a brindar capacitación y entrenamiento adecuado a las tripulaciones y recomendar a éstas las medidas que se deben tomar para el logro de los objetivos, incluidas aquellas que considere pertinentes para reducir progresivamente la mortalidad incidental de delfines en la pesquería, dentro del Area del Acuerdo.
El Panel Internacional de Revisión estará integrado por un representante de cada una de las Partes, tres representantes de organizaciones ambientalistas no gubernamentales y tres representantes de la industria del atún. Los miembros no gubernamentales presentan su candidatura al Director y son elegidos por las Partes, por mayoría de votos.
Este organismo celebrará, por lo menos, tres reuniones por año, y podrá sesionar en cualquier tiempo a petición de dos de las Partes, siempre que la mayoría apoye la convocatoria. Sus decisiones deberán ser adoptadas por consenso entre los miembros gubernamentales.
e) Se conviene en el mantenimiento del Programa de Observadores a Bordo que puede ser diseñado e implementado en forma individual por cada una de las Partes, siempre y cuando cumpla con los requisitos acordados y proporcione los resultados propuestos.
Este programa exige la presencia de un observador en cada uno de los viajes que realicen los buques de capacidad de acarreo superior a 363 toneladas métricas (400 toneladas cortas), que operan en el Area del Acuerdo.
Cada Parte elegirá los observadores de la lista elaborada por la CIAT para el efecto, atendiendo los criterios establecidos en el Acuerdo y en la Reunión de las Partes; empero, un 50% de los elegidos para el programa deberán ser observadores de la CIAT.
A los observadores les corresponde recopilar la información relativa a la mortalidad de delfines en las operaciones pesqueras del buque al cual estuvieren asignados, informar al capitán las medidas establecidas por las Partes con relación al Acuerdo y el historial del buque respecto de dicha mortalidad; preparar informes con los datos recopilados, proporcionar al capitán del buque la oportunidad de incluir en dichos informes aquello que considere pertinente y entregar los documentos elaborados al Director, o al programa nacional pertinente.
La información recaudada por los observadores a bordo es confidencial, empero se permite al Director suministrar copia de la elaborada por los observadores adscritos a la CIAT a la Parte bajo cuya jurisdicción pescó el buque; del mismo modo, las Partes proporcionaran al Director del programa la que recauden los observadores adscritos al programa nacional.
f) El Convenio prevé la designación de un director que es a su vez el Director de investigaciones del CIAT, al que se le asignan las funciones de secretario del Convenio.
Así las cosas, al parecer de la Corte las normas del Acuerdo en estudio, relacionadas con los organismos que se encargarán de tomar las decisiones y ejecutar las mismas, como también las funciones asignadas a cada uno de éstos, no desconocen ninguna de las disposiciones de la Constitución Política, por cuanto las decisiones se adoptan por consenso respetando, de esta manera, la soberanía de los Estados contratantes conforme a la cual, las Partes quedan obligadas internacionalmente en virtud de su propio consentimiento (C.P., art. 9o.) y los instrumentos de verificación son conocidos por éstas, permitiéndoles ejercer ante los organismos del Acuerdo su derecho de defensa (C.P., art. 29).
De otra parte, los órganos previstos para ejecutar los objetivos del Acuerdo, poner en ejecución las decisiones que se adopten en Reunión de Partes, al igual que aquellos diseñados para ejercer el control directo de la actividad pesquera en los buques adscritos al programa, tienen como función primordial limitar la mortalidad de los delfines, objetivo que -como se dijo- desarrolla el deber del Estado de proteger los recursos, garantizar su desarrollo sostenible y conservar las áreas de especial importancia ecológica (C.P., arts. 79, 80).
Igualmente, la vinculación de los diferentes órganos del Acuerdo con la Convención para la Protección del Atún Tropical -CIAT-, destacada en el artículo XIX del Instrumento en estudio, garantiza el aprovechamiento sustentable de las poblaciones de peces en el Area del Acuerdo, debido a que ha sido el objetivo de dicha Convención, desde sus inicios, regular la actividad pesquera del Atún y especies afines en el Océano Pacífico Oriental –OPO-. Y teniendo en cuenta que Colombia es estado ribereño del Area del Acuerdo, al Estado compete, en cumplimiento de la obligación que le impone el artículo 79 de la Constitución Política, la conservación del ecosistema de dicha zona y la cooperación con otras naciones en su protección (C.P., art. 80).
Por lo anterior, teniendo en cuenta que los artículos VIII a XIV y los anexos II, V, VI y VII, que los desarrollan, no vulneran canon constitucional alguno sino que por el contrario desarrollan debidamente los artículos 9°, 79 y 80 de la Constitución Política, con respecto a estas disposiciones, el Convenio que se estudia deberá declararse constitucional.
2.2.6. Financiación, Cumplimiento y Sanciones
El Acuerdo dispone que las Partes contribuirán a su financiamiento mediante el establecimiento y la recaudación de cuotas impuestas a los buques asignados al Programa (Artículo XV).
Así mismo resalta que corresponde a cada uno de los Estados contratantes velar porque los buques sometidos a su jurisdicción cumplan con el Programa acordado, con miras a conseguir el cumplimiento de los objetivos propuestos. Con respecto de las infracciones, se prevé que cada Parte, tomando en cuenta las recomendaciones del PIR, aplicará, de conformidad con su legislación nacional, sanciones suficientemente severas como para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo. Impone la privación a los infractores del Programa de los beneficios resultantes de sus actividad y destaca que dichas sanciones deberán incluir, para delitos graves, la negación, suspensión o revocación de la autorización para pescar (Artículo XVI).
Las anteriores disposiciones no desconocen la Constitución Política, puesto que el señalamiento de la contribución económica de los Estados contratantes acorde con la contribución de la flota pesquera de cada uno de ellos, es una disposición equitativa que cumple el principio de equidad de las cargas públicas establecido en el artículo 363 del Estatuto Superior[8]; así mismo, la sujeción de los buques a la Parte bajo cuya jurisdicción se encuentren matriculados, reafirma la soberanía de las Partes (C.P. art.9) y garantiza la aplicación, a los miembros de la tripulación sindicados de infracción a las reglas del Programa, del principio del debido proceso conforme con el artículo 29 ibídem.
Ahora bien, también resulta acorde con el Ordenamiento Constitucional disponer que los infractores de las reglas establecidas por el Acuerdo para no rebasar los límites de mortalidad de los delfines, sean privados del producto capturado en contravención con las disposiciones del Acuerdo, como también que las infracciones graves deberán ser sancionadas con la negación, suspensión o revocación de la autorización para pescar (Art. XVI Num. 2°). No obstante, al respecto se hace necesario precisar que, tal como lo ha sostenido esta Corporación, solo la retención previa del producido de una faena de pesca podrá ser adelantada por las autoridades administrativas, porque su pérdida definitiva corresponde decretarla a las autoridades jurisdiccionales[9] (C.P., art. 34). Además, conforme con el artículo citado y el 28 del mismo ordenamiento, si bien es cierto, al Congreso Nacional le corresponde la dosificación de las penas y a la autoridad jurisdiccional su imposición, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, uno y otras deberán tener presente que la Constitución Política prohibe las penas perpetuas; de tal suerte que la negociación o revocación del permiso para pescar, contemplará necesariamente un límite temporal preciso y determinado.[10]
En consecuencia, al parecer de la Corte el artículo XV del Acuerdo sub exámine no vulnera el ordenamiento constitucional, empero, las medidas que se dicten con miras a su aplicación interna deberán regular las penas aplicables a los infractores del Programa con sujeción a los artículos 28, 29 y 34 de la Constitución Política.
2.2.7. Transparencia, Participación Ciudadana, Cooperación Internacional y Confidencialidad.
Las Partes promoverán la transparencia en la aplicación del Acuerdo y, según proceda, se comprometen a impulsar la participación ciudadana. Además, el Acuerdo prevé la intervención, en la reunión que adelantarán las Partes, de representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas en temas pertinentes a su aplicación. Así mismos el Programa garantiza a los particulares y Estados no Partes, el acceso a los documentos emitidos por los organismos del Acuerdo, que no tenga carácter confidencial (Art. XVIII).
Igualmente, las Partes se obligan a cooperar con las organizaciones subregionales, regionales o mundiales de conservación y ordenación pesquera, con el propósito de promover el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo y alentar a todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica a hacerse Partes del mismo (Art. XIX).
Del mismo modo, dentro del marco de cooperación internacional y con el fin de conseguir los objetivos propuestos, las Partes cooperarán e intercambiarán información relativa a las actividades de buques que enarbolan pabellón de cualquier Estado no Parte y llamarán la atención de los Estados respecto de aquellas conductas que menoscaben los objetivos del Programa -Arts. XVII, XVIII y XIX-.
La Corte concluye que la promoción de la participación ciudadana y la cooperación internacional, que el Acuerdo prevé, desarrollan debidamente los artículos 79, 226 y 227 de la Constitución Política, porque impulsan a las Partes a lograr intervención de los asociados y es precisamente la toma de conciencia de éstos, respecto de las formas de protección del medio ambiente que el Convenio persigue, el presupuesto capaz de mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes sin comprometer a las futuras. Así mismo, el problema del deterioro ambiental y las iniciativas para detenerlo es un asunto que compete a la comunidad internacional y adelantar investigaciones capaces de minimizarlo también, en especial cuando, como en el Acuerdo sub exámine, el programa ha sido puesto en práctica con resultados satisfactorios. De tal manera que es un deber de los Estados miembros hacer conocer a los no Partes los logros alcanzados y las investigaciones realizadas porque, aunque la contribución a la degradación del ambiente puede ser diferenciada, todos los Estados han participado y son concientes de la necesidad de utilizar tecnologías limpias, capaces de mantener un desarrollo sustentable, como la prevista en el programa para la protección de los delfines, que el Acuerdo hace vinculante[11].
2.2.8. Solución de Controversias
Las partes se comprometen a cooperar para prevenir controversias en el desarrollo del Convenio. Para el efecto, cualquiera podrá consultar, con una o más de las otras Partes, sobre cualquier asunto relativo a la interpretación o aplicación de las disposiciones del Acuerdo, a fin de alcanzar una solución satisfactoria para todos a la mayor brevedad posible. Así mismo, las controversias no resueltas a través de consultas en un período razonable, se someterán a cualquier medio de solución pacífica, de conformidad con el derecho internacional (Art. XX).
Para la Corte resulta conforme con la Constitución Política que el Acuerdo en estudio disponga, en primer término, del procedimiento de consulta entre Partes para solucionar las controversias que surjan en su desarrollo. Porque el artículo 9 de dicho ordenamiento dispone, las relaciones exteriores del Estado se fundan, entre otros, en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, y uno de los postulados del actual orden internacional es la obligación de los Estados de abstenerse de recurrir al uso de la fuerza para solucionar sus diferencias. Así mismo, la solución pacífica de las controversias es una aplicación del principio de autodeterminación también consagrado en la Constitución Política, porque la independencia política de los Estados impide que uno pueda someter a otro a sus decisiones (Art. 9 ibídem) [12].
Igualmente, resulta acorde con el Ordenamiento Constitucional que las Partes en conflicto elijan libremente el medio utilizado para la solución de sus conflictos, porque también es principio del derecho internacional, no solo abstenerse del uso de la fuerza sino poder elegir libremente, entre los previstos por el derecho internacional, el medio que resulte adecuado a las circunstancias y a la naturaleza de la controversia[13].
2.2.9. Ratificación, Entrada en Vigor, Adhesión, Enmiendas, Denuncia, Depositario, Reservas y Aplicación Provisional.
Al parecer de la Corte, los artículos XXV a XXXII del Acuerdo sobre el Programa para la Protección de los Delfines reproducen los principios rectores del Derecho de Los Tratados, acordados por la comunidad internacional con el propósito de resolver conflictos de aplicación y vigencia de los derechos y obligaciones entre Estados, que tienen como fuente convenios escritos regidos por el derecho internacional, codificados en la Convención de Viena de 1969, aprobada por el Congreso de Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
Así las cosas, la vigencia del Acuerdo se condiciona al depósito de la ratificación por la cuarta de las Partes y a su vez la ratificación de cada signataria se sujeta al ordenamiento interno respectivo. Por lo anterior el Convenio prevé una fecha para la firma inicial y, a continuación de ésta, dispone la iniciación del período de adhesión, en uno y otro caso, para cualquier Estado ribereño del Area del Acuerdo y Estado u organización regional de integración económica.
También se regulan las enmiendas al tratado, el procedimiento y vigencia de las denuncias, la imposibilidad de formular reservas, su aplicación provisional y la designación del depositario.
Ahora bien, la necesidad de la ratificación obedece a la conditio sine qua non del derecho internacional, que desarrolla el principio de autodeterminación de los pueblos -ya referido- por cuya virtud, la obligatoriedad de un tratado internacional se supedita a la manifestación del consentimiento de los Estados signatarios . Por tanto los artículos XXV y XVI, en cuanto supeditan la obligatoriedad del Tratado a la ratificación de los Estados suscriptores y adherentes, aplican debidamente el artículo 14 de la Convención de Viena.
Igualmente, en armonía con el Derecho de los Tratados, el Acuerdo sobre el Programa para la Protección de los Delfines regula el procedimiento para que las Partes puedan desvincularse formalmente del Convenio, como una aplicación más del principio de autodeterminación de los pueblos que, salvo que la naturaleza del tratado o el Acuerdo no lo permita, reconoce a las Partes contratantes el derecho tanto a vincularse como a resolver unilateralmente, conforme con su ordenamiento interno, la desvinculación del mismo [14]. No obstante, conforme con el principio de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales[15], el Acuerdo prevé que la decisión debe notificarse con antelación de seis meses contados a partir de la comunicación enviada por el Depositario a cada una de las otras Partes denunciadas.
Respecto de la prohibición de formular reservas[16], contemplada en el artículo XXVIII del Convenio en estudio, habrá de tenerse en cuenta que, según el Convenio Viena I, ya referido, el derecho a formularlas depende del tratado mismo, puesto que es a los negociadores iniciales a quienes corresponde aplicar, cuando lo consideren pertinente, el principio de integridad de los tratados que impide a signatarios y adherentes hacer exclusiones de su articulado[17]..
El artículo XXIX permite la aplicación provisional del Acuerdo por el Estado u organización regional de integración económica que notifique por escrito al Depositario su consentimiento al respecto. No obstante, al igual que la obligatoriedad del Acuerdo, la aplicación del mismo, por una de las Partes, suscriptora o adherente, antes del cumplimiento de los requisitos previstos en el instrumento -para el asunto en estudio canje de ratificaciones -, está sujeta no solo a la previsión del Acuerdo, sino a que el ordenamiento interno de la Parte contratante lo permita.
Así las cosas la Corte considera que las disposiciones anteriores no vulneran la Constitución Política porque el ordenamiento constitucional dispone que las relaciones internacionales del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, el principio de autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, y las normas en estudio, resaltan la soberanía de las Partes y su derecho a la autodeterminación sujetando la obligatoriedad del Acuerdo, su adhesión, enmiendas y aplicación provisional al ordenamiento interno de los Estados contratantes. Y, la regulación sobre denuncias y reservas se funda en los principios de equidad y reciprocidad de las relaciones internacionales impuestos por el artículo 226 constitucional, toda vez que el Estado que lo considere pertinente podrá desligarse del Acuerdo, siempre y cuando lo comunique con la anticipación prevista y ninguna de las Partes está autorizada para formular exclusiones.
2.2.10. Conclusión
La Corte, como conclusión de la revisión integral del Acuerdo sobre el Programa internacional para la conservación de los Delfines, hecho en Washington D.C. el 21 de mayo de 1988, lo encuentra conforme a la Constitución Política toda vez que -como quedó explicado- su articulado respeta la soberanía del Estado, su derecho a la autodeterminación (C.P., art. 9), promueve las relaciones internacionales sobre bases de equidad y reciprocidad (C.P., art. 226), le da cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el derecho de todas las personas a participar activamente en las decisiones que propendan por un ambiente sano, protege las áreas de especial importancia ecológica, como viene a serlo el Alta Mar del cual el Estado Colombiano es ribereño (C.P., art. 79) y por cuanto el Programa que el Acuerdo desarrolla garantiza el aprovechamiento sustentable de recursos ictiológicos, previniendo y controlando un factor de deterioro ambiental comprobado como es la pesca de atún con redes de acero sin las previsiones del Convenio (C.P., art. 80). De la misma manera, resulta acorde con la Constitución Política y así debe declararse, la Ley 557 de 1999 que lo aprueba y reproduce su texto.
3. Solicitud de la Vista Fiscal relativa a la necesidad de formular reserva del artículo XXIX
Respecto de la solicitud de la Vista Fiscal para que se condicione la exequibilidad del Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Protección de los Delfines, a la reserva que estima debe hacer el Gobierno Nacional del artículo XXIX, porque dicho Acuerdo no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 224 constitucional para la aplicación provisional de los tratados, habrá de recordarse que la competencia asignada a esta Corporación, por el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política, exige que el examen y posterior decisión se circunscriba al texto mismo del acuerdo.
Ahora bien, el artículo XXIX no obliga a los Estados contratantes a poner el instrumento en práctica antes de su ratificación, tampoco establece las condiciones para aplicarlo provisionalmente o para dejar de hacerlo, de ahí que la Corte considere que la mentada disposición, de conformidad con la cual la aplicación anticipada se deja a la decisión soberana de las Partes, en armonía con su ordenamiento interno, desarrolla debidamente el principio de autodeterminación de las Partes y por ende es Constitucional.
En consecuencia, si la aplicación provisional del Convenio en estudio se sujeta a lo previsto al respecto por el artículo 224 de la Constitución Política y esta disposición asigna al Gobierno Nacional la facultad de tomar dicha decisión, siempre y cuando el tratado sea de naturaleza económica y comercial y se hubiere acordado en el ámbito de organismos internacionales, corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determinar si el acto que lo puso en aplicación cumplió con los requisitos y condiciones impuestos por el mandato superior.
De lo anterior se concluye que la solicitud del Ministerio Público no es procedente habida cuenta que el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Protección de los Delfines -como se dijo- se ajusta a la Constitución Política y los cargos contra el Decreto 2483 de 1999, que lo puso en vigencia, por quebrantar el artículo 224 ibídem, corresponde valorarlos a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (C.P., Art. 237 y 241).
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines”, suscrito en Washington D.C., el 21 de mayo de 1998.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 557 del 2 de febrero del 2000, aprobatoria del Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines.
[1] Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos de América, México, Nicaragua, Panamá, Vanuatu y Venezuela se reunieron con el fin de hacer operativas las recomendaciones de la CIAT, en el marco denominado “Acuerdo de La Jolla” y pusieron en práctica medidas como el rediseño de la red de acero, la modificación de su lanzamiento y algunas previsiones en el desarrollo de la faena con miras a limitar la muerte de los delfines asociados con redes de acero.
[2] El Congreso Nacional aprobó mediante la expedición de la Ley 579 de 8 de mayo de 2000, dicha convención. En la actualidad se encuentra en ésta Corporación para verificar su conformidad con la Constitución Política, con el radicado L.A.T. 182.
[3] Ley 10 de 1978. Convención Sobre Plataforma Continental Ley 9 de 1961.
[4] Este interés se explica porque debido al embargo al atún capturado mediante redes de acero los productores incrementan la pesca de atunes sobre objetos flotantes, método que si bien no causa la muerte de delfines, compromete la conservación de la especie porque recae sobre especies juveniles -que no han alcanzado su primera madurez sexual-, y pone en peligro poblaciones costeras de otras especies como tiburones y sierras entre otros, que se asocian con las poblaciones juveniles costeras de atún.
[5] Declaración Sobre los Principios de Derecho Internacional. Asamblea de las Naciones Unidas 24 de octubre de 1970.Resolución 2625.
[6] Declaración de la Independencia de los Países y de los Pueblos Coloniales Resolución 1514, Asamblea de las Naciones Unidas diciembre de 1960.
[7] Desde 1976 el Convenio Internacional para la Protección del Atún Tropical realiza investigaciones sobre delfines y otros mamíferos asociados a la pesca del atún en el Océano Pacifico Oriental.
[8] Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1992.Principio Séptimo.
[9] C-674/99 M.P. Alejandro Martínez Caballero y Alvaro Tafur Galvis.
[10] Entre otras C-565 de 1993 M. P. Hernando Herrera Vergara.
[11] Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1992.
[12] Declaración de los Derechos y Deberes de los Estados. Asamblea General de las Naciones Unidas 1949. Principio Noveno.
[13] Carta de las Naciones Unidas Art.33. Asamblea General de las Naciones Unidas 1970.
[14] Art. 56 Convención de Viena . Ley 32 de 1985.
[15] Art.26 Ibídem
[16] Por reserva se entiende el acto jurídico unilateral mediante el cual un Estado al suscribir, ratificar o adherir a un tratado declara su intención de no quedar obligado por una de sus cláusulas.
[17] Arts 19 a 22 Convención Viena. Ley 32 1985.

References: artículo 241
 artículo 1
 artículo 80
 artículo 9
 artículo 224
 artículo 241
 artículo 189
 artículo 241
 artículo 101
 artículo 9
 artículo 79
 artículo 363
 artículo 29
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 226
 artículo 224
 artículo 241
 artículo 224
 artículo 224
 Resolución