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Timestamp: 2017-06-27 20:07:32+00:00

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1_9788484568674 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
II CONGRESO REGIONALCoordinación y Prólogo:IGNACIO SERRANO GARCÍA
Autores:JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ
ELENA FERNÁNDEZ CAÑAMAQUE
JACINTO GIL RODRÍGUEZBEGOÑA GONZÁLEZ ACEBES
FERNANDO PUENTE DE LA FUENTE
M. EUGENIA SERRANO CHAMORRO
IGNACIO SERRANO GARCÍAtirant lo b anch
corrección en la página web www.tirant.com. (http://www.tirant.com).© IGNACIO SERRANO GARCÍA (coord.) y otros© TIRANT LO BLANCH
FAX: 96/361 54 80
I.S.B.N.: 978 - 84 - 8456 - 867 - 4ÍNDICE
Vicepresidente de la FTCLDM9PONENCIAS
LA “ENTIDAD PÚBLICA” Y LAS “INSTITUCIONES PRIVADAS” EN LA
TUTELA DE INCAPACES DESAMPARADOS .........................................
Universidad del País Vasco21LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS Y LA TUTELA .....................................
de la Universidad de Murcia79EL PATRIMONIO PROTEGIDO DEL DISCAPACITADO ..........................
Catedrático de Derecho Civil97EL MANDATO PREVENTIVO ...........................................................................
Notario. Burgos145DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD Y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE
SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO ..................................................................
Letrado excedente del Tribunal Constitucional
PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y JURISDICCIÓN VOLUNTARIA .............................
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid1711918ÍNDICEDOS AÑOS DE VIGENCIA DE LA LPPD: BALANCE ..................................
Vicepresidente del Patronato de la FTCLDM215LAS NECESIDADES EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD ...............
Ex-ministro de Trabajo y Asuntos Sociales243COMUNICACIONES
COMUNICACIÓN SOBRE LA TUTELA PÚBLICA AUTOMÁTICA DE
INCAPACES .....................................................................................................
Elena Fernández Cañamaque Rodríguez
Asesora del Procurador del Común de Castilla y León
EL Nº 7º DEL ART. 756 Y LA PROTECCIÓN DEL DISCAPACITADO ....
PERTINENCIA DE LA SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA A FAVOR
DEL INCAPACITADO ....................................................................................
EL PATRIMONIO PROTEGIDO DEL DISCAPACITADO ¿PUEDEN GESTIONARLO LAS PERSONAS JURÍDICAS TUTORAS? ........................
Catedrático EU Derecho Civil. Valladolid253265287295PRÓLOGO
La Fundación Tutelar Castellano y Leonesa de Deficientes Mentales (que
tiene su sede en Valladolid y su ámbito de competencia en toda la Comunidad
Autónoma), con la imprescindible colaboración de la Junta de Castilla y León,
articulada a través de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades, ha organizado el II CONGRESO REGIONAL DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, que se ha
celebrado en la ciudad de Burgos los días 24 y 25 de noviembre de 2005. Con esta
celebración se cumple uno de los fines fundacionales: la promoción de ámbitos
de trabajo de las figuras legales de guarda y protección de quienes no pueden
gobernarse por sí mismos. Este Congreso, cuyas ponencias y comunicaciones
ven la luz, es continuación de otro que tuvo lugar en Valladolid en octubre de
2001, y luego apareció en forma de libro dos años más tarde. El libro del I
CONGRESO REGIONAL (Valencia, Tirant lo Blanc-Junta de Castilla y León,
Gerencia de Servicios Sociales, 2003) ha tenido gran repercusión, de manera
que no hay trabajo científico sobre la materia, desde su aparición, que no tenga
en cuenta las aportaciones que se hicieron en aquél I Congreso. En su celebración la FTCLDM ha contado con la colaboración de la Asociación Aspanias y de
la Caja de Ahorros del Círculo Católico, ambas de Burgos.
Desde la promulgación de la Ley de protección patrimonial de las personas
con discapacidad se han multiplicado las reuniones científicas, centradas en el
estudio de las novedades que introduce la Ley 41/2003. Especialmente la
Fundación Aequitas ha dedicado gran parte de sus energías en explicar, difundir
y conocer la ley. Este II Congreso no ha podido ignorar la citada Ley 41/2003,
pero ha seguido profundizando en el estudio general de la protección jurídica
del discapacitado, especialmente de la tutela, centrándose en la situación
jurídica de las personas sometidas a alguna de las figuras de guarda y protección. Aunque la atención siga centrada en la tutela, los ponentes han tenido en
cuenta y estudiado las novedades que aporta la LPPD, puesto que, reservándome
(en este prólogo) la opinión que me merecen las novedades legales, sobre todo
en lo que se refiere a su perdurabilidad, significan un planteamiento muy
novedoso, de forma que cualquiera que sea la evolución de la tutela en el futuro,
no se va a poder prescindir de las novedades legales introducidas en noviembre
de 2003. Alguna de las innovaciones de la LPPD, como la autotutela, fueron
objeto de una ponencia en el I CONGRESO. Ya contemplaba la autodesignación
de tutor el Código de Familia de Cataluña (Ley 11/1996, de 15 de julio), y después10IGNACIO SERRANO GARCÍAde la LPPD, se regula en la Ley de Derecho civil de Galicia (Ley 2/2006, de 14 de
Quien escribe este prólogo intervino haciendo un balance de los dos años de
vigencia de la ley, con una visión crítica, porque aparte de lo que el lector curioso
pueda encontrar en el texto de la ponencia, en este prólogo quiero recordar que
las leyes contienen normas y que uno de los elementos —discutido siempre y
actualmente cuestionado— de las normas es la generalidad, por lo que a los
destinatarios se refiere, y porque las aprobadas para categorías de personas
pueden entenderse como privilegios y vienen dictadas al hilo de requerimientos
políticos puntuales (concluía 2003, declarado por el Consejo de Europa “Año
Europeo de las Personas con Discapacidad”); previsiblemente tienen poco
futuro y están abocadas a convertirse en disposiciones generales. La atención a
las “personas con discapacidad” en el aspecto patrimonial requiere de mucho
sosiego y de propuestas serenamente meditadas1. Las soluciones sucesorias, por
ejemplo, entiendo que, además de complejas (por tanto de muy difícil asimilación y aplicación por los destinatarios) y rebuscadas (se han modificado con la
pretensión de beneficiar a las personas con discapacidad, las instituciones más
complejas del todo el Derecho de Sucesiones), tienen una clara intencionalidad,
no tanto de beneficiar a quienes tienen alguna disminución psíquica, física o
sensorial, sino de reformar el sistema sucesorio del Código civil, a lo que el
legislador no se ha atrevido frontalmente, y ha utilizado a las personas con
discapacidad, para abrir una brecha que posiblemente se encamine en el futuro
en la misma línea que la reforma del Derecho civil de Galicia: especialmente la
nueva regulación de las legítimas (arts. 238 ss.). Parece evidente que las
posibilidades de mejorar y resolver los problemas económicos de los descendientes con discapacidad, se logran de forma más libre para el causante,
eliminando las rigideces de las legítimas en el Derecho civil español común.
La LPPD es, en una parte, una ley especial y en otra modificadora del Código
civil. La parte extracodicial contiene la regulación del patrimonio especialmente
protegido y el resto de la ley, modifica el Código civil, la Ley de Enjuiciamiento1Fenómeno asociado —no exclusiva pero sí principalmente— al envejecimiento del que se
resiente singularmente la Comunidad castellano-leonesa, pues, como recuerda la exposición de motivos de su Ley 5/2003, de 3 de abril, de Atención y Protección a las Personas
Mayores, si éstas han adquirido protagonismo “en la configuración sociodemográfica de los
países más avanzados” —debido entre otros factores a la baja tasa de natalidad y una
esperanza de vida creciente—, este proceso de envejecimiento se hace sentir especialmente
en la “Comunidad de Castilla y León [por cuanto] no ha permanecido ajena a este proceso,
sino que se ha constituido en la Comunidad con mayor tasa de envejecimiento de España”.PRÓLOGO11civil y la normativa tributaria, en la parte que sigue siendo competencia del
Estado. Complemento de las modificaciones fiscales reservadas al Estado que
se encuentran en el Título III de la LPPD, son las normas autonómicas,
recientemente dictadas, que favorecen aquellos aspectos fiscales transferidos a
No obstante hay nuevos planteamientos dignos de ser tratados en profundidad y que pueden ser, bien usados, un avance importante en esa consideración
de la persona, como portadora de una plenitud y dignidad como no existe ningún
otro ser en el mundo. En este sentido son indudablemente más importantes los
artículos 10 y 14 de la Constitución que el artículo 49, lo cual, aunque puede
parecer una obviedad, cuando tratamos de personas con discapacidad, es
desenfocado en ocasiones y se pone el acento más en la discapacidad que en la
esencial consideración de persona que, sin duda, es anterior y superior a la
Todas las intervenciones han sido interesantes y pueden ser muy útiles para
las personas interesadas en la protección de quienes necesitan de otra persona
que les guarde y proteja. No debe olvidarse, sin embargo, que un sector de la
discapacidad, afecta a personas que no requieren de guarda y protección;
especialmente los discapacitados físicos y sensoriales. Éstos, en principio, no
requieren de nadie que les guarde y proteja, porque su discapacidad no merma
su aptitud para autogobernarse. Los aspectos patrimoniales tienen suma
trascendencia, ya que los incapacitados tienen mermada su habilidad de
generar recursos para su propia atención y, simultáneamente, pueden precisar
de mayores medios económicos para sobrellevar los mayores gastos que genera
la dependencia. El planteamiento del patrimonio protegido, muy influido por
alguna gran y respetable organización puede ser útil para un sector de las
personas con discapacidad, siendo inútil para otro sector que no requiere de
grandes medios económicos, porque su postración les sitúa en un sector de la
población que necesita de pocos recursos. Los discapacitados psíquicos, cuanto
mayor es su discapacidad, menores recursos económicos requieren, puesto que
su afectación merma sus anhelos y necesidades. Requieren de una exquisita
atención, pero entiendo, que la económica no es la mayor que tienen.
En la línea de estas preocupaciones se ha encargado el tratamiento del
“Patrimonio protegido” al prof. Agustín Luna, o “El derecho de alimentos” al
prof. José Antonio Cobacho. Agustín Luna, desde uno de sus primeros libros (El
patrimonio familiar inembargable), ha dedicado parte de sus reflexiones al
patrimonio separado; con el bagaje intelectual que atesora, proyecta su atención
a la parte de la LPPD, que forma una ley que queda fuera del Código civil. La12IGNACIO SERRANO GARCÍAponencia tiene en cuenta los trabajos anteriores sobre la nueva institución, y
también recoge las interesantes soluciones italianas que admiten en aquél
Derecho el trust anglosajón. Ya había publicado un interesante trabajo sobre la
solución patrimonial centrada en las Previsiones negociales de protección de las
personas mayores, que se incluye entre las ponencias de un Congreso celebrado
en Córdoba que organizó el profesor José Manuel González Porras. Las soluciones de carácter patrimonial tienen gran trascendencia y junto al patrimonio
protegido y a los seguros de dependencia, habría que considerar asimismo la
renta vitalicia, el contrato de alimentos, la hipoteca inversa; ninguna de ellas
palia la discapacidad, pero ayudan a sobrellevar la posible mayor carga económica de la persona con discapacidad.
Con una formación importante sobre la obligación legal de alimentos entre
parientes, el catedrático de Derecho civil de la Universidad de Murcia, prof. José
Antonio Cobacho presentó una ponencia sobre la obligación del tutor de
procurar alimentos al tutelado. La vieja institución de los alimentos no ha
desaparecido en el contemporáneo Estado social de Derecho con el corolario de
las prestaciones sociales; en este momento en que la Seguridad Social está
amenazada por la drástica disminución de la natalidad y la inversión de la
pirámide poblacional, todos, entiendo, tenemos que reflexionar sobre la solidaridad familiar, una de cuyas expresiones es la obligación legal y recíproca que
tienen los parientes de prestarse alimentos. Aunque en el caso del tutor persona
física puede coincidir la obligación legal de alimentos entre parientes con la
obligación tutelar de procurar alimentos al tutelado —porque el tutor es pariente
obligado—, en el supuesto de las fundaciones tutelares, así como en la tutela de
las entidades públicas, no hay obligación derivada del parentesco, y sí obligación de procurar alimentos.
También hay que destacar la ponencia del Notario de Burgos, Fernando
Puente de la Fuente que nos ilustra acerca de los llamados “apoderamientos
preventivos”, posiblemente el instrumento más útil de los que introduce la Ley
41/2003. No obstante esta novedad introducida en el Código civil en el capítulo
del mandato (artículo 1.732), sirve para las personas que pasan de una situación
de capacidad a otra en la que pierden la posibilidad de autogobierno; el poder
que no se termina por incapacitación sobrevenida del poderdante, o que
comienza a desplegar efectos por una incapacitación sobrevenida, apreciada
por el propio sujeto, no sirve para los incapaces que lo son desde el nacimiento
y que permanecen en dicha situación durante toda su vida. La fundación tutelar
organizadora del Congreso, atiende a una población que es incapaz nunc et
semper; éstas han sido las protagonistas de la tutela hasta las modificaciones del
Código civil, primero con la Ley 13/1983, de 24 de octubre, de reforma del Código
civil en materia de incapacitación y tutela, con la Ley 1/2000, de 7 de enero, dePRÓLOGO13Enjuiciamiento civil y, finalmente con la LPPD. Con esta nueva ley 41/2003 se
considera especialmente a quienes siendo capaces, van perdiendo progresiva e
inexorablemente sus capacidades hasta llegar a no poderse gobernar con
autonomía; sirve también a quienes siendo plenamente capaces, pierden súbita
y completamente su posibilidad de autogobierno. A las enfermedades progresivas hay que añadir los lesionados que provienen de los accidentes de tráfico. En
el mundo fundacional, las modificaciones del contrato de mandato, afectan de
manera especial a aquellas fundaciones que se ocupan de los mayores que
pierden su capacidad de autogobierno por problemas de salud mental conectados con la edad (Parkinson, Alzheimer, demencia senil), que la Medicina no ha
aprendido aún a curar.
Muy interesantes las similitudes entre el incapaz total que no puede expresar
su voluntad y que —a lo que suponemos— tampoco tiene capacidad de entender
y querer, y la ausencia; enfermos como los que padecen Alzheimer, Parkinson
o demencia senil. aunque “están” se encuentran en situación similar a los que
“no están”. Pero al que “no está” y no se sabe “si está” (ubi sit et an sit) se le puede
proveer de un defensor judicial, sin incapacitación, para aquellos asuntos que
no admiten demora sin perjuicio grave. Defensa que no es necesaria si ha dejado
apoderado. El enfermo “está”, si bien se halla imposibilitado de manifestar su
voluntad (si la tuviera), por lo que su ubicación conocida parece irrelevante,
aunque no se le puede nombrar un defensor judicial, siendo más complicada la
Hay un conjunto de nuevas disposiciones, no todas provenientes de la Ley 41/
2003 que introducen un margen de autonomía en la organización de su persona
y patrimonio (en general de su situación jurídica) que antes de la Ley era
impensable; si se conjugan: la promoción de la propia incapacitación (757 LEC),
la autotutela (223-II C.c.) y los mandatos que no terminan con la incapacitación
del mandante (1.732 C.c.), complementado con las “instrucciones previas” de la
Ley de autonomía del paciente (art. 11 Ley 41/2002), configuran una nueva
situación en materia antes sustraída a la autonomía de la voluntad. Hay que
añadir que, antes de perder suficiente capacidad puede constituir él mismo, un
patrimonio protegido. Las situaciones que describo tan sucintamente no son
generalizables, estando, por el contrario, reservadas para aquellas personas que
devienen incapaces o bien progresivamente (Alzheimer, demencia senil) o
súbitamente (accidentes traumáticos). No se pueden aplicar a quienes nacen y
permanecen en situación natural de incapacidad. El proyecto francés contiene,
en la Exposición de Motivos un párrafo que me parece de gran interés. Dice: “la
loi de 1968, issue du code civil napoléonien, visait en priorité à protéger un
patrimoine plutôt qu’une personne. La place accordée aux libertés individuelles
dans notre société, la nécessité de porter une attention renforcée à nos concitoyens14IGNACIO SERRANO GARCÍAles plus vulnérables, doivent nous conduire à reconsidérer notre législation sur
les tutelles.” (Diario del Senado —francés— de 15 de junio de 2006).
Por otro lado, con el telón de fondo de la ley de protección patrimonial de las
personas con discapacidad, se ha dedicado una ponencia a la valoración de la
discapacidad, a cargo de la Directora del Centro Base de Valoración de
Minusvalías, doña Fuensanta Quesada, que desde su larga experiencia, aportó
unas consideraciones de gran interés para tratar de esclarecer los aspectos
personales de la ley.
Ya en sede propiamente de tutela, el catedrático de San Sebastián, prof.
Jacinto Gil Rodríguez se ha ocupado de la tutela de los mayores contemplada
en el nuevo III párrafo del artículo 239 del Código civil. Tema este de gran
trascendencia para las fundaciones tutelares, al encomendar ministerio legis la
tutela de los mayores desamparados a la “entidad pública a la que, en el
respectivo territorio, esté encomendada la tutela de los incapaces”. De aplicar
a la letra el citado precepto resulta la desaparición, para el futuro, de las
fundaciones tutelares, que no están mencionadas en el artículo 234 entre
quienes tienen una ordenada vocación tutelar para que el juez, con la discrecionalidad que le otorga el Código y la Ley de Enjuiciamiento civiles para que
designe la persona que considere más adecuada para proteger al que carece de
plena capacidad de obrar. Hablo de “la persona” en el buen entendimiento que
me refiero tanto a la persona física como a la jurídica.
Síntoma de una preocupación generalizada entre los padres afectados, se ha
reservado un espacio para tratar del derecho de sufragio de los incapacitados,
que ha ocupado la ponencia del prof. Javier García Roca. El tema ha adquirido,
recientemente, unos meses después de celebrado el Congreso, cierta relevancia
con la publicación en el Diario del Senado francés de un proyecto de ley tendente
a garantizar el respeto de la persona y de sus derechos cuando está bajo tutela
o curatela. En dicho proyecto se contiene un precepto que restaura el derecho
a votar de las personas mayores tuteladas, haciendo de la privación de este
derecho una excepción y no una regla (Diario del Senado francés nº 406 de 15
de junio de 2006).
De lege ferenda el prof. Antonio Fernández de Buján se ocupa del procedimiento para designar tutor que va a regularse en la Ley de Jurisdicción
Voluntaria. El profesor de la Universidad Autónoma de Madrid ha participado
activamente en la elaboración del Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, y desde ese importante encargo, nos ilustra con sabias consideraciones.
Cuando se escriben estas líneas ya ha aparecido en el BOCG el Proyecto de Ley
de Jurisdicción Voluntaria (BOCG. Seria A. Proyectos de Ley, 27 octubre 2006.
Núm. 109-1).PRÓLOGO15Unas líneas merece la aportación del ex ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, actual alcalde de la ciudad huésped del Congreso, D. Juan Carlos
Aparicio. Bajo su mandato al frente del Ministerio se trabajaron los aspectos de
atención a la dependencia, que acompaña tantas veces a la discapacidad y a la
incapacitación. Su intervención pone de relieve el trabajo realizado desde el
Ministerio y que ha finalizado con la presentación por el Gobierno al Poder
Legislativo del Proyecto de Ley de autonomía personal y de prevención de la
Hay también varias comunicaciones, que tratan de aspectos sucesorios, lo
que pone de manifiesto que, teóricamente, las reformas sucesorias de la ley 41/
2003 suscitan inquietud entre los estudiosos del Derecho civil. Estas comunicaciones son espontáneas, no encargadas, puesto que, en opinión del que esto
escribe, para el tratamiento en un Congreso de las reformas introducidas en el
Derecho sucesorio, se va a requerir algo más de tiempo para ser tratadas con
perspectiva, en una futura reunión. No obstante, todas las reflexiones en esta
materia constituyen aportaciones que ayudarán a crear esa perspectiva a la que
Las Fundaciones tutelares en general y la castellano y leonesa en particular
tienen otras preocupaciones que no han sido tratadas en este Congreso y que
pueden ser materia del III Congreso regional; hago votos por su celebración.
La tutela es una figura que atraviesa transversalmente el Código civil, desde
el artículo 9 hasta la disposición transitoria 9ª, quiero decir desde el título
preliminar hasta las disposiciones que acompañan al articulado; es, por otra
parte la institución fundamental de guarda y protección de la persona, con una
importancia pareja a la de la patria potestad. El fundamental instituto es sabido
que experimenta una sustancial reforma en 1983, pasando de ser una figura
familiar para convertirse en otra de autoridad. Con años suficientes de funcionamiento del nuevo sistema, el cambio se despacha por algunos, hablando del
“escaso funcionamiento del sistema”, del anterior. Pero el nuevo también es
criticado especialmente por Notarios, que reclaman un mayor protagonismo de
Desde la atalaya de patrono de una fundación tutelar, tengo que decir que hay
numerosas tutelas en las que resulta imposible recurrir a la familia porque o
bien no existe o no es idónea. Para quienes carecen de familia o la que tienen no
es capaz de ejercer la guarda y protección, se va diseñando una protección
concebida como servicio social. Ya se ve dibujado el sistema en la llamada tutela
administrativa del artículo 172 del Código civil, para los menores, que propiamente no es tutela, sino servicio social. El nuevo párrafo III del 239, con difícil16IGNACIO SERRANO GARCÍAredacción, trata de una nueva tutela atribuida “por ministerio de la ley” para
mayores que se encuentren en situación de desamparo. He escrito en otro lugar
una opinión (RJN, nº 52, 2004) que quizá tendría que revisar. Aparece, no
obstante, una nueva prestación encomendada a los Servicios Sociales. La nueva
prestación no consiste en Centros residenciales, o Centros de día o de noche, ni
se trata de las ayudas por tercera persona, ya existentes; es servicio social de
ejercicio de la función tutelar, que puede ser prestado directamente por las
Administraciones del Estado (AGE o CC.AA.) o —quizá— de las Administraciones provinciales o locales, o indirectamente sirviéndose de fundaciones tutelares, al amparo del artículo 242 del Código.
Hay personas dependientes que no son las definidas en el proyecto de ley de
autonomía personal, ya que su dependencia no es de las que requieren de otros
para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, sino para tomar
decisiones. A esos que no pueden tomar decisiones conscientes y responsables
por sí mismos, el Código dice que carecen de posibilidad de autogobierno.
Requieren de otro que les gobierne, que les dirija. A ese requerimiento responde
la tutela. La solución es enfocada de dos maneras por los servicios sociales
(competencia de las CC.AA. ex art. 148.1.20 CE, y Estatutos de Autonomía;
también art. 49 CE). El primer enfoque comenzó con el Instituto Almeriense de
Tutelas (1990) creado por la Diputación Provincial, y con la Agencia madrileña
para la tutela de Adultos (L.4/1995, de 21 de marzo). El ejemplo es seguido en
Galicia (1996) y en La Rioja (2006). La segunda solución es dejar a la sociedad
civil por medio de fundaciones la prestación de este servicio, si bien ayudando
con subvenciones; caso de todas las CC.AA. en las que existen únicamente
fundaciones tutelares, porque la atención a los más desprotegidos de la sociedad
(que nada tienen, que por no tener, carecen hasta de familia o de amigos que les
asistan) es competencia de quien tenga encomendada la “tutela de los incapaces” (art. 239-III C.c.). Los servicios sociales, directamente o subvencionando
las fundaciones, prestan un servicio tutelar. Este servicio, tiene que ser realizado
cuando la persona mayor de dieciocho años es judicialmente incapacitada y se
presta siempre subsidiariamente, en defecto de personas físicas. No se dice, en
caso de que el ejercicio tutelar se preste por la “entidad pública”, que sea
subsidiario de una persona jurídico-privada. Pero, usando un término que tiene
cierto matiz despreciativo, la tutela ejercida por la administración pública, corre
el riesgo de burocratizarse, cosa que no ocurre con las personas jurídicoprivadas. Por otro lado las fundaciones tutelares están muy profesionalizadas
y especializadas, de tal manera que tutelan a personas pertenecientes a colectivos con afectaciones bien determinadas. En el mundo fundacional tutelar hay
tres categorías de fundaciones, que atienden unas a mayores incapacitados,
otras a enfermos mentales y la tercera, entre la que se encuentra la que organizaPRÓLOGO17este Congreso a personas con discapacidad intelectual. Ello produce una
especialización que se contrapone a la burocratización de la “entidad pública”,
que no tiene desarrollado este servicio, porque el Código se ha reformado antes
de conformar un servicio de tutelas.
Frente a las críticas que se hacen del sistema de tutela de autoridad, hay que
contemplar el fenómeno de aquellos desamparados (mayores o menores de
dieciocho años) carentes de familia o con familiares inadecuados, que requieren
del instituto tutelar bien puro, bien —en caso de menores— muy matizado por
la naturaleza de servicio asistencial de la Administración pública, para los
cuales la tutela de autoridad es indispensable precisamente por su situación de
Es conocido que el artículo 242, introducido en 1983, soluciona el problema
que antes era atendido por los Directores de centros y establecimientos.
Bastantes propuestas de tutela nos llegan a las fundaciones tutelares por razón
de excusa de los directores de residencias. Pero las personas jurídicas, de las que
hablo, tienen como principio, el de no prestar servicios, en el entendimiento de
que si fueran simultáneamente tutores y prestadores de servicios, tendrían que
exigirse a sí mismas, aquella atención que pueden más eficazmente reclamar de
Me quiero referir solamente a un aspecto del procedimiento de incapacitación, cual es el de la defensa judicial de la capacidad. El artículo 758 LEC
determina que “el presunto incapaz o la persona cuya declaración de prodigalidad se solicite pueden comparecer en el proceso con su propia defensa y
representación./Si no lo hicieren, serán defendidos por el Ministerio Fiscal,
siempre que no haya sido éste el promotor del procedimiento. En otro caso, se
designará un defensor judicial, a no ser que estuviere ya nombrado”. En un
sistema de tutela graduable, el defensor judicial tiene un papel de enorme
importancia, pero esa importancia no está acompañada de un adecuado
ejercicio de la defensa de la capacidad del “presunto incapaz”, lo que genera
situaciones no conformes con la realidad. Situaciones en las que se sitúa a una
persona bajo tutela plena, por estar declarada en situación de incapacidad total,
y que tienen habilidades mentales y sociales que se compadecerían mejor con
una incapacidad parcial. Extrañas curatelas, que sirven para poco, desde la
perspectiva de la guarda y protección de la persona y bienes del incapacitado,
puesto que sus ingresos están constituidos por prestaciones no contributivas o
de persona a cargo o de orfandad, por lo que la curatela, al menos inicialmente,
no sirve para nada, puesto que el curador no tiene que asistir al parcialmente
incapacitado en ningún acto. Convendría que desde la autoridad judicial y desde18IGNACIO SERRANO GARCÍAla Fiscalía, se vigilara más la defensa de la capacidad de la persona, de forma que
verdaderamente la guarda de la persona y bienes o solamente de la persona o
solamente de los bienes, se adecuara perfectamente a la situación personal de
cada persona sometida a un procedimiento de incapacitación.
Vicepresidente de la FTCLDM
Valladolid octubre 2006PONENCIASLa “entidad pública” y las “instituciones
privadas” en la tutela de incapaces
SUMARIO: 0. PREVIOS. I. APROXIMACIÓN: TUTELA DE MAYORES, DEPENDENCIA Y
PODERES PÚBLICOS. II. LA GESTACIÓN Y EL TENOR DEL ARTÍCULO 239.III
DEL CÓDIGO CIVIL, EN LA LEY 41/2003. 1. El carácter sobrevenido y la falta de
encaje del nuevo párrafo. 2. Las dificultades para captar el “sentido propio de las
palabras”, 3. ¿Otra forma de protección de incapaces?; III. LA “ENTIDAD PÚBLICA” Y LA ASUNCIÓN DE LA TUTELA DE INCAPACES “POR MINISTERIO DE LA
LEY”. 1. Protección de incapaces y tutela propiamente dicha en el artículo 239.III
CC. 2. La denominada “asunción” de la tutela “por ministerio de la ley”. 2.1. La
ineludible ponderación judicial y la delación ordinaria de la tutela de incapacitados. 2.2. Nombramiento de entidad pública y vocación familiar a la tutela del
incapacitado. IV. LA “ENTIDAD PÚBLICA” ENCARGADA DE LA PROTECCIÓN
DE LOS INCAPACES. 1. La “entidad pública” en la Consulta 2/1998, de la Fiscalía
General del Estado. 2. Los intentos de abdicación o suplantación por parte de la
“entidad pública”. 3. La pretendida excusa o cuestión competencial de la “entidad
pública”. 3.1. El desbordamiento de las propias competencias. 3.2. La “preferencia” de otra administración más próxima y presuntamente más eficaz. 4. La
coordinación y colaboración entre administraciones públicas. V. A MODO DE
CONCLUSIÓN. VI. REFERENCIA DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA.0. PREVIOS
Antes de nada quiero dejar constancia de mi agradecimiento a la
Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Deficientes Mentales, personificada, a estos efectos, en la figura de su Vicepresidente, mi amigo y compañero,
el Dr. D. Ignacio Serrano García, y a cuantos han hecho posible este II
Congreso Regional sobre Protección Jurídica del Discapacitado, por la
ocasión que me han ofrecido de recalar en Burgos para impartir esta
primera ponencia y por el honor añadido que representa compartir programa con quienes son verdaderas autoridades en materia de instituciones y
fundaciones tutelares.22JACINTO GIL RODRÍGUEZPuede darse por seguro que los organizadores han hecho diana con las
“propuestas temáticas” del Congreso —que son temas cruciales— y, desde luego,
han acertado identificando —como uno de esos núcleos— el tema de la “tutela”
de los “mayores incapaces y desamparados”. Un acierto que espero no ensombrecer con mi intervención y cuyo remarque no precisaría siquiera el subrayado de
que dicha tutela puede llegar a conectar naturalmente con el problema de la
“dependencia” ni el apunte de que algunas entidades públicas puedan ser
llamadas al desempeño de aquella representación. Pero la explicación, por
concisa que sea, de estas dos “extensiones” de la institución tutelar, requieren
ya de otro apartado de aproximación.I. APROXIMACIÓN: TUTELA DE MAYORES,
DEPENDENCIA Y PODERES PÚBLICOS
En efecto y como acaba de decirse, la tutela de los “mayores de edad” es tema
complejo, siempre y por sí misma; aunque la complicación y el interés ciertamente suben de grado cuando se pretenden explorar las posibilidades de ese
esquema tuitivo frente al trance de la dependencia1 y cuando se trata de ensayar
la implicación de los poderes públicos en la garantía de aquella tuición.
Para empezar, la tutela de mayores es institución siempre desafiante y
necesitada de reflexión por cuanto, a diferencia de lo que ocurre con la patria
potestad (incluso, con la tutela) referida a los menores, ésta se nos presenta
como esencialmente paradójica e inoportuna. En el caso de quienes han superado
la emancipación, es obvio que la institución tuitiva surge como consecuencia de
un proceso de “incapacitación” que sobreviene cancelatoriamente a una experiencia previa de autonomía y ha de percibirse con probabilidades de persistencia
(cfr. artículos 199 y 200 del Código civil).
Además, no cabe duda que esa “tutela de adultos” conecta sin demasiado
esfuerzo con la atención a las “personas más mayores” [integrantes de la tercera1Fenómeno asociado —no exclusiva pero sí principalmente— al envejecimiento del que se
sino que se ha constituido en la Comunidad con mayor tasa de envejecimiento de España”.LA “ENTIDAD PÚBLICA” Y LAS “INSTITUCIONES PRIVADAS” EN LA TUTELA...23y cuarta edad]; y, supuesta dicha conexión, no se necesita encarecer la importancia de traer a reflexión las instituciones tutelares típicas en la medida en que
estas cavilaciones pudieran iluminar algunos de los perfiles que seguramente
habrá de presentar el denominado Sistema Nacional de Dependencia, justamente ahora que la estructuración de este sistema —proclamado “tema estrella de
la legislatura”— se halla en ciernes y se presenta como el “cuarto pilar del Estado
de Bienestar”, tras el Sistema Nacional de Salud, el sistema educativo y el
sistema de pensiones, que fueron desarrollados en la década de los 802.
De momento, sin embargo, hay que constatar que el texto del Proyecto que
se ha remitido a las Cortes Generales —como lo hiciera ya el Anteproyecto que
previamente se dio a conocer— “se abstrae” de desgranar esa “vertiente personal” de la dependencia y prescinde por completo del apartado más privatista que
se contenía en el capítulo II del llamado Libro Blanco de la Dependencia. Así,
procede anotar que nada ha trascendido de cuanto narraba —bien es cierto que
epidérmicamente— el referido capítulo segundo, de Régimen jurídico de la
protección a la dependencia, dentro del epígrafe rotulado como Código Civil y
cuyo contenido se vertía en sucesivos apartados concernientes al “alcance de la
prestación de alimentos”, a “la incapacitación y la tutela”, y a la “protección
patrimonial”. La regulación ahora proyectada tampoco se detiene en la configuración jurídica de los indelicadamente bautizados como “cuidadores informales” (Capítulo III, del Libro Blanco), ni siquiera para aproximarlos a la figura del
guardador de hecho. Habida cuenta de este “repliegue”, cabría decir que al
Sistema Nacional de Dependencia únicamente le incumbe reorientar el “cuidado familiar no profesional”, que actualmente “soportan” las mujeres “mayores”2La expectativa tomó fuerza la nochebuena del año 2004, a partir de la presentación a los
medios de comunicación por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Jesús Caldera,
del llamado LIBRO BLANCO DE LA DEPENDENCIA o, más exactamente, de “Atención a las
personas en situación de dependencia en España”, Madrid, 2005 [http://www.seg-social.es/
imserso/dependencia/libroblanco.pdf; consulta: 5 abril 2006]. Luego, vendría el anuncio a
bombo y platillo de la presentación en el Congreso del consiguiente Proyecto de Ley de
Autonomía personal, hasta el punto de que el mismo Presidente del Gobierno, señor
Rodríguez Zapatero, alardeó ante los medios, iniciado el mes de junio de 2005, de que iba
a presentar inmediatamente el “proyecto estrella” de la legislatura. Trascurridos seis meses,
el Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2005 recibió un informe del Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales sobre el Anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, que configurará el Sistema
Nacional de Dependencia, en colaboración con las Comunidades Autónomas cuyo consenso
resulta imprescindible. Finalmente, el Consejo de Ministros, celebrado el 21 de abril de
2006, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia [BOCG, Congreso de
los Diputados, Serie A, Núm. 84-1, de 5 de mayo de 2006, http://www.congreso.es/].All pages:23456789101112131415181920InfoSaveLikeShareDownloadMore1_9788484568674 Published on Dec 17, 2010 tirant lo b anch Valencia, 2007 B EGOÑA G ONZÁLEZ A CEBES M ARGARITA H ERRERO O VIEDO A GUSTÍN L UNA S ERRANO F ERNANDO P UENTE DE LA F UENT...See MoretirantloblanchFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: artículo 49
 artículo 239
 artículo 234
De lege ferenda
 artículo 9
 artículo 172
 artículo 242
 artículo 242
 artículo 758
 ARTÍCULO 239
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