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Critica a la Educación Superior Chilena
3.1 Guia Residencias Profesionales
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. _______________________________ SANTIAGO, abril 02 de 2003
Nº 511-348/
0Honorable Cámara: A S.E. LA PRESIDENTA DE LA H. CÁMARA DE ANTECEDENTES. DIPUTADOS. 2En la última década, se ha producido en Chile una profunda transformación de la Educación Superior. Ello se refleja en el desarrollo de un conjunto complejo y diversificado de instituciones y una muy significativa expansión de la cobertura, duplicándose en los últimos diez años la matrícula en este segmento. 3Este proceso ha traído consigo un justificado incremento en las demandas de la población por calidad y un aumento de las necesidades de financiamiento de los estudiantes. 4El Gobierno ha hecho frente responsablemente a estos dos desafíos, poniendo su acento en la calidad de la 1Tengo el honor de someter a vuestra consideración, en uso de mis facultades constitucionales, un proyecto de ley que tiene por objeto establecer los primeros componentes del financiamiento para estudiantes de la Educación Superior.
Educación Superior acceso a ésta.
5Así, en lo que se refiere a la calidad, la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, ha elaborado una propuesta para el establecimiento de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que permitirá generar mecanismos efectivos de certificación de la calidad de las instituciones y programas y apoyar sistemas transparentes de información para los jóvenes y sus familias. El proyecto de ley sobre esta materia se presentará durante el presente año. 6Por otro lado, en lo que se refiere a la equidad en el acceso, hemos hecho un compromiso de facilitar el ingreso a la Educación Superior a todos los jóvenes que, teniendo los méritos académicos, carecen de recursos para financiar sus estudios. Lograr este ambicioso objetivo implica actuar coordinadamente en distintas dimensiones y ofrecer a los estudiantes diversos instrumentos de financiamiento. EL SISTEMA NACIONAL ESTUDIANTIL. DE FINANCIAMIENTO
7En estos últimos años nos hemos abocado al diseño de una política de Educación Superior integral. 8Un componente central de ese diseño, lo constituye la creación de un Sistema Nacional de Financiamiento Estudiantil, que permita asegurar que ningún joven talentoso quede excluido de la Educación Superior. 9Este sistema se apoya en cuatro pilares: 101. Un Fondo Nacional de Becas que agrupe las múltiples ayudas no reembolsables que entrega el Estado para estudios superiores, fortaleciendo y mejorando su focalización; 112. Un subsistema sustentable de financiamiento para los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores; 123. Un subsistema de crédito sustentable para estudiantes de instituciones
autónomas acreditadas, que permita a sus estudiantes obtener financiamiento a partir de sus posibilidades de pago futuro sin necesidad de recurrir a avales; 134. Un sistema de ahorro para el financiamiento de la Educación Superior que premie a las familias de escasos recursos y clase media que hacen un esfuerzo para este fin. 14Respecto del primer tema, el Ministerio de Educación ya se encuentra trabajando en la constitución del Fondo Nacional de Becas. 15En cuanto a lo segundo, el año 2002 se aprobó la Ley Nº 19.848 que mejoró el funcionamiento del Sistema de Crédito de las Universidades del Consejo de Rectores, considerando, entre otros elementos, la reprogramación de deudas vencidas, y el establecimiento de mecanismos para mejorar la recuperación de créditos. 16De los dos últimos componentes se ocupa el presente proyecto de ley, pues sienta las bases institucionales para establecer un subsistema de crédito sustentable para estudiantes de instituciones autónomas y acreditadas, y un sistema de ahorro para el financiamiento de estudios de la Educación Superior. OBJETIVOS DEL PROYECTO. Velar porque la falta de ingresos no sea un impedimento para acceder a la Educación Superior. 17Como le consta al país, en los últimos años, el Gobierno ha realizado un gran esfuerzo para apoyar el financiamiento bancario de estudiantes que no tienen acceso al sistema de crédito de las Universidades del Consejo de Rectores. 18La focalización de este esfuerzo en los estudiantes más necesitados, sin embargo, se ha visto dificultada por los requerimientos de aval del mercado financiero, lo que ha obstaculizado el acceso a este financiamiento. 19Para resolver transitoriamente problema, durante el año este 2002
implementamos un Programa Experimental de 1.000 créditos sin aval. Sin embargo, se requieren soluciones de largo plazo para dar solución a la falla de mercado que genera este problema estructural. 20Este proyecto busca, por tanto, generar la institucionalidad necesaria para apoyar de manera permanente y sustentable el acceso al financiamiento de estudiantes que, teniendo las condiciones académicas requeridas, no pueden obtener avales privados para financiar sus estudios. 21Para estos efectos, se sientan las bases de un sistema que intermedie recursos desde el mercado de capitales hacia los estudiantes, en condiciones que permitan la devolución de estos fondos en concordancia con el incremento futuro de sus ingresos. 22El éxito y sustentabilidad en el tiempo de este sistema dependerá de un esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados. 23En efecto, las instituciones educacionales participantes deberán garantizar el riesgo académico de sus estudiantes; el sector financiero deberá aportar los recursos; el Estado deberá aportar garantías que reduzcan el riesgo de los créditos; y los estudiantes deberán asumir responsablemente el cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas. Fomentar el ahorro familiar. 24El acceso de los miembros de una familia a la Educación Superior, ya sea de carreras universitarias, profesionales o técnicas, es uno de sus proyectos colectivos más importantes. 25Es así como un pilar fundamental del nuevo sistema de financiamiento para estudiantes de Educación Superior, es la existencia de una institucionalidad adecuada para que las familias puedan desarrollar un esfuerzo de ahorro para la educación de sus miembros, premiando especialmente a aquellas familias más modestas y de clase media que realicen un esfuerzo sostenido en este sentido.
CONTENIDO DEL PROYECTO. Establecimiento de una garantía estatal. 26Con el propósito de comenzar a operar este nuevo sistema, el Capítulo I del proyecto de ley, instituye la garantía estatal a los créditos para financiar estudios superiores; establece los criterios que se requerirán para acceder a esta garantía; define las condiciones que deberán asumir las instituciones de educación superior para que sus estudiantes puedan acceder a esta garantía; y establece condiciones para asegurar que los futuros profesionales realicen un esfuerzo, acorde con sus condiciones económicas futuras, para restituir los recursos que les permitieron financiar sus estudios superiores. Alcance de la garantía estatal. 27El Estado otorgará a los créditos las garantías necesarias para que éstos puedan ser titularizados y los bonos que se emitan, con respaldo en ellos, en el mercado de capitales, permitan efectivamente financiar nuevos créditos. 28Lo anterior, sujeto al monto máximo de garantías que determine la Ley de Presupuestos, al monto anual que se determine por decreto supremo para cada carrera e institución, y al número máximo de aranceles por alumno que establece la ley. Requisitos para estatal. que opere la garantía
29La garantía estatal operará sólo para créditos otorgados para financiar estudios en instituciones de educación superior (universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica) reconocidas oficialmente por el Estado y debidamente acreditadas en cuanto a su calidad. 30Mientras no se encuentre vigente la ley de aseguramiento de calidad, las instituciones elegibles serán sólo aquellas autónomas que cumplan con los requisitos de calidad que establezca el Ministerio de Educación.
31Adicionalmente, para que la garantía estatal opere, es imperativo que la institución de educación superior respectiva participe en la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, y garantice el riesgo de deserción del estudiante, garantizando para ello el 90% del crédito antes del egreso del estudiante de la carrera. Beneficiarios de la garantía estatal. 32Para ser sujetos de la garantía estatal, los estudiantes deben ser chilenos o extranjeros con residencia definitiva; estar matriculados en una carrera de educación superior de pregrado en una institución elegible según la ley; tener una condición socioeconómica familiar que amerite el apoyo estatal; tener un rendimiento académico de excelencia; haber obtenido su licencia de educación media dentro de los doce años anteriores a su ingreso a la educación superior; y otorgar un mandato especial para el cobro del crédito. 33En todo caso, entre estudiantes que presenten condiciones similares, tendrán preferencia aquellos que sean titulares de un plan de ahorro de los que se señalan en el presente proyecto de ley, de modo de fomentar e incentivar tal ahorro. Medidas para asegurar el pago del crédito. 34Por otra parte, el proyecto establece dos mecanismos para asegurar que el estudiante pague el crédito que se le ha otorgado. 35Por un lado, se dispone que dicho estudiante deberá otorgar un mandato especial e irrevocable, que faculte la deducción de sus remuneraciones para el pago de las cuotas del crédito. 36Por otro lado, la Tesorería General de la República quedará facultada para retener la devolución de impuestos a la renta en caso que hubiesen cuotas impagas. 37Adicionalmente, se establece que el secreto tributario no será aplicable a la información relativa a los ingresos de los
deudores de los créditos garantizados por el Estado. Creación de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores. 38El Capítulo II sienta las bases para que este sistema de crédito pueda comenzar a operar prontamente, creando para ello la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, definiendo sus funciones, su composición y sus mecanismos de administración, financiamiento y fiscalización. 39Esta Comisión, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, entre otras funciones se abocará a definir y evaluar las políticas de créditos de estudios de educación superior con garantía estatal; generar, analizar y difundir información económica y académica relevante para el eficiente funcionamiento del sistema de crédito para estudios de educación superior; definir y organizar el proceso de postulación a los créditos con garantía estatal; velar por la sustentabilidad del sistema de créditos para estudios de educación superior a través de su financiamiento en el mercado de capitales; y celebrar convenios con otras entidades, públicas o privadas, para que éstas otorguen, administren, compren y vendan créditos de educación superior con garantía estatal. 40La Comisión tendrá una composición mixta público-privada y será presidida por el Ministro de Educación. 41Las instituciones de educación superior participantes en la Comisión, concurrirán al financiamiento de su Secretaría Administrativa, mediante aportes determinados a prorrata de los volúmenes de garantías estatales otorgadas a créditos de los cuales sean beneficiarios sus respectivos estudiantes. 42De esta manera, se contempla una complementariedad de esfuerzo público y privado, lo que representa uno de los valores fundamentales del sistema que se está instaurando.
Los planes de ahorro para el financiamiento de estudios de la Educación Superior. 43El Capítulo III del proyecto de ley, institucionaliza un sistema de ahorro para estudios superiores que, velando firmemente por la seguridad de los recursos comprometidos, entregue a las familias opciones efectivas para hacer crecer sus ahorros para este efecto en el tiempo. 44Para tales efectos, se autoriza a los Bancos, Instituciones Financieras, Administradoras de Fondos Mutuos, Compañías de Seguros de Vida y Cajas de Compensación, para abrir y mantener planes de ahorro para el financiamiento de estudios de educación superior, los que serán autorizados y fiscalizados por las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros, según corresponda. El subsidio estatal para apoyar el ahorro. 45El Capítulo IV, por otra parte, institucionaliza un mecanismo para que el resto de los chilenos premie solidariamente el esfuerzo realizado por las familias más modestas y de clase media, por ahorrar previsoramente para la educación de sus miembros. 46Este premio se materializará en un subsidio estatal de hasta un 150% de los intereses devengados por sus ahorros para este efecto, complementando así efectivamente los ahorros que las familias hayan dedicado a la educación superior. Requisitos para que opere el subsidio. 47Para tener derecho al subsidio, los estudiantes titulares de planes de ahorro deberán contar con un plan de al menos veinticuatro meses de antigüedad; disponer de al menos 80 unidades de fomento acumuladas en el plan (40 unidades de fomento en el caso de estudios conducentes a un título técnico de nivel superior); tener una condición socioeconómica familiar que amerite el apoyo estatal; destinar efectivamente los fondos del plan de ahorro al financiamiento de estudios de educación superior; y estudiar en una
universidad, instituto profesional o centro de formación técnica autónomos y acreditados según la Ley. Monto del subsidio. 48Para aquellos estudiantes que, cumpliendo los requisitos que establece la ley, tengan un ingreso familiar per cápita promedio mensual inferior o igual a 12,6 unidades de fomento y un ingreso familiar promedio mensual inferior o igual a 63 unidades de fomento, el subsidio estatal será equivalente a un 150% del monto que por concepto de intereses reales se hayan obtenido mediante su plan de ahorro. 49Por su parte, los estudiantes con un ingreso familiar per cápita mensual mayor a 12,6 unidades de fomento o un ingreso familiar mensual mayor a 63 unidades de fomento, accederán a un subsidio equivalente a un 100% del monto que por concepto de intereses reales se hayan obtenido mediante su plan de ahorro, siempre que acrediten un ingreso familiar per cápita promedio mensual inferior a 17 unidades de fomento y un ingreso familiar promedio mensual inferior a 93 unidades de fomento. 50Los estudiantes con un ingreso familiar per cápita promedio mensual igual o mayor a 17 unidades de fomento, o con un ingreso familiar promedio mensual igual o mayor a 93 unidades de fomento, no tendrán derecho a subsidio. 51Con todo, el subsidio estatal tendrá un tope de 50 unidades de fomento por estudiante. 52En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a vuestra consideración para ser tratado en la presente Legislatura Extraordinaria, el siguiente
"CAPÍTULO I De la Garantía Estatal a los Créditos para Estudios de Educación Superior. TÍTULO I Del Objeto de la Garantía Estatal. Artículo 1º.- El Estado, por intermedio del Fisco, garantizará los créditos destinados a financiar estudios de educación superior, siempre que éstos hayan sido concedidos en conformidad con las normas de la presente ley y su reglamento. El monto total garantizado en cada año, no podrá exceder el máximo de recursos que determine la Ley de Presupuestos respectiva. Los créditos objeto de garantía estatal no podrán ser otorgados por el Fisco.
Artículo 2º.- La garantía estatal sujetará a las siguientes reglas:
1.El Fisco podrá adquirir los créditos destinados al financiamiento de estudios de Educación Superior, cualquiera sea la institución que los haya otorgado, debiendo venderlos a terceros dentro del mismo ejercicio presupuestario en que hayan sido adquiridos. 2.- El Fisco podrá adquirir estos créditos hasta por el monto máximo que anualmente determine la Ley de Presupuestos respectiva, en concordancia con el monto máximo de recursos que determine la misma ley para efectos de su garantía. 3.- El Fisco otorgará las garantías requeridas para que los créditos, al ser titularizados, permitan que los bonos preferentes que se emitan respaldados en dichos créditos, presenten clasificación de riesgo de grado de inversión, la que deberá verificarse acorde al procedimiento que establezca el reglamento. 4.- El Fisco podrá garantizar cada crédito sólo hasta el monto anual que se determine mediante decreto supremo, expedido por el Ministerio de Educación, el que deberá llevar además la firma del Ministro de Hacienda. 5.- El decreto supremo, a que se numeral anterior, señalará un valor para cada institución de educación superior. refiere el carrera e
Los elementos que se utilizarán para determinar el referido valor, se establecerán en el reglamento, el cual deberá considerar, entre otras cosas, un arancel de referencia.
Dicho arancel será determinado por los ministerios de Educación y de Hacienda, en conformidad al procedimiento que fije el reglamento. 6.- El referido decreto supremo señalará el monto total garantizado por alumno, el que no podrá exceder de un total de aranceles que sea igual al número de años de duración de la carrera respecto de la cual se otorgó el crédito. Tratándose de estudiantes matriculados como alumnos regulares en carreras conducentes a grado de licenciado, el número de aranceles se aumentará en tres. En el caso de estudiantes matriculados como alumnos regulares en carreras conducentes a título profesional, el número de aranceles se aumentará en dos. En el caso de estudiantes matriculados como alumnos regulares en carreras conducentes a título técnico de nivel superior, el número de aranceles se aumentará en uno. Para los efectos de este numeral, se considerará el valor del arancel indicado en número 5.
Artículo 3º.- La garantía estatal de que trata esta ley, se hará efectiva en los casos en que el beneficiario del crédito deje de cumplir con la obligación de pago del mismo, en la forma que determine el reglamento.
TÍTULO II De los requisitos para que se otorgue la Garantía Estatal. Párrafo 1º De los requisitos que deben cumplir las instituciones.
Artículo 4º.- La garantía estatal de que trata esta ley, operará sólo para créditos destinados a financiar total o parcialmente estudios de educación superior que se realicen en las instituciones que cumplan los siguientes requisitos: 1.- Que se trate de alguna de las instituciones contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 29 de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza; 2.- Que se encuentren reconocidas oficialmente por el Estado; 3.- Que sean autónomas.
4.- Que se encuentren acreditadas en conformidad con el sistema de aseguramiento de calidad que establezca la ley; 5.- Que cuenten con el respaldo financiero suficiente para el otorgamiento de las garantías por deserción académica establecidas en el Título III, de este Capítulo; y 6.- Que participen en la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores indicada en el Capítulo II de esta ley, en la forma señalada en el artículo 19
Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 4º, la garantía también operará en el caso de instituciones que, cumpliendo los demás requisitos señalados en dicho artículo, se encuentren sujetas al proceso de verificación realizado por el Consejo Superior de Educación, en conformidad con la ley N°18.962, siempre y cuando éstas cumplan los siguientes requisitos: 1.Cuenten con al menos cuatro verificación del avance de su proyecto institucional; y años de
2.- No hayan sido objeto de ninguna sanción por parte del referido Consejo. Las circunstancias indicadas en el presente artículo, deberán ser certificadas en la forma y condiciones que establezca el reglamento.
Párrafo 2º De los requisitos que deben cumplir los alumnos.
Artículo 6º.- Sólo podrá otorgarse la garantía estatal de que trata esta ley, a los créditos conferidos para financiar los estudios cursados por alumnos que reúnan los siguientes requisitos: 1.- Que sean chilenos o extranjeros con residencia definitiva; 2.- Que se encuentren matriculados como alumnos regulares en carreras de pregrado que imparta alguna de las instituciones indicadas en el Párrafo 1º, de este Título; 3.- Que las condiciones socioeconómicas de su grupo familiar justifiquen el otorgamiento de un crédito para financiar sus estudios de educación superior; 4.- Que posean un rendimiento académico meritorio;
5.- Que hayan obtenido su licencia de educación media dentro de los doce años anteriores a su ingreso a una institución de educación superior de las señaladas en el Párrafo 1º, de este Título; y 6.- Que hayan otorgado el mandato especial a que se refiere el artículo 11. En todo caso, la garantía estatal no se otorgará a nuevos créditos de estudiantes que hayan incurrido en deserción académica más de una vez, sea en la misma carrera o en otra distinta. Se entenderá que existe deserción académica cuando el alumno, por cualquier causa, abandona los estudios durante dos semestres académicos consecutivos. El reglamento establecerá la forma, condiciones y procedimientos de acreditación de los requisitos a que se refiere este artículo. Artículo 7º.En el caso de estudiantes que presenten condiciones similares, tendrán preferencia para la obtención de la garantía estatal, aquellos que sean titulares de un plan de ahorro de los señalados en el Capítulo III de esta ley, siempre que dicho plan tenga una antigüedad de, a lo menos, 24 meses al momento de solicitar el crédito. El reglamento señalará las modalidades, exigencias y demás normas necesarias para determinar dicha preferencia.
Párrafo 3º De los requisitos que deben cumplir los créditos garantizados.
Artículo 8º.- Los créditos objeto de garantía estatal deberán contar con seguros de desgravamen e invalidez, en la forma y condiciones determinadas por el reglamento. En todo caso, la Comisión a que se refiere el Capítulo II de esta ley, podrá exigir que dichos créditos cuenten, adicionalmente, con seguro de cesantía. No será exigible a estos créditos la constitución de garantías adicionales a las que establece esta ley.
Artículo 9º.- Los créditos objeto de garantía estatal deberán ser exigibles no antes de trece meses contados desde la fecha referencial de término del plan de estudios correspondiente, la que se determinará de acuerdo al procedimiento que fije el reglamento.
La garantía estatal subsistirá cualesquiera sean los cambios de acreedor que se produzcan entre la fecha de su constitución y el momento en que se haga efectiva.
TÍTULO III De la Garantía por Deserción Académica.
Artículo 10.Para que opere la garantía estatal a que se refiere esta ley, las instituciones de educación superior, por sí o a través de terceros, deberán garantizar a favor de la entidad que otorgue el crédito, y a su sucesora, el riesgo de deserción académica del alumno, en conformidad con lo que se establezca en el reglamento. Se entenderá por deserción académica, el abandono del alumno de sus estudios, en los términos del inciso tercero del artículo 6º. La garantía por deserción académica deberá cubrir el noventa por ciento del capital del crédito, más intereses, los que se calcularán en la forma que determine el reglamento. El evento de deserción académica hará exigible, desde ese momento, las obligaciones del estudiante y habilitará a la institución acreedora respectiva a hacer efectiva la garantía señalada en el inciso anterior. El reglamento establecerá la forma y condiciones de constitución y efectividad de la mencionada garantía.
TÍTULO IV DEL PAGO DE LOS CRÉDITOS GARANTIZADOS.
Artículo 11.- La garantía estatal sólo podrá otorgarse a créditos cuyo deudor otorgue un mandato especial, delegable e irrevocable, facultando a la institución crediticia respectiva para que ésta requiera a su empleador, por escrito, efectuar la deducción de sus remuneraciones de las cuotas del crédito. Dichos descuentos deberán efectuarse en conformidad con los límites dispuestos en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo. Si el empleador no efectuare el descuento correspondiente, habiendo sido requerido para ello en razón del inciso anterior, o habiéndolo efectuado no enterare los fondos a la institución acreedora correspondiente, deberá pagar a esta última, a título de multa, una suma equivalente a una unidad de fomento por cada mes en que no efectúe el descuento.
Asimismo, tratándose del caso que el empleador hiciere los descuentos ordenados y no enterare los fondos correspondientes a la institución acreedora respectiva, dichas cantidades se reajustarán considerando el período que va entre el último día del plazo en que debió efectuarse el pago y el día en que éste efectivamente se realice. Para estos efectos, se aumentarán considerando la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor del período comprendido entre el mes que antecede al anterior a aquél en que debió efectuarse el pago y el mes que antecede al mes anterior a aquél en que efectivamente se realice. Por cada día de atraso, las sumas reajustadas devengarán un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6° de la Ley N° 18.010, aumentado en un 20%. Con todo, a contar de los noventa días de atraso, la tasa antes referida se aumentará en un 50%. Las cantidades que resulten de la aplicación de estas multas se imputarán al saldo del crédito adeudado por el trabajador. Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones acreedoras deberán perseguir del empleador el pago de las retenciones que no se hubieren enterado, incluido los reajustes e intereses que correspondan, conforme con las normas sobre pago y cobro de cotizaciones previsionales contenidas en la ley Nº 17.322, gozando de igual preferencia que éstas.
Artículo 12.- La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito. Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto. Con todo, tratándose de deudores a los cuales el empleador le haya retenido y no pagado, total o parcialmente, los montos impagos, podrán requerir de la Tesorería General de la República la liberalización de la retención efectuada por dicha Tesorería, en la forma que señale el reglamento, si probaren que su empleador les ha efectuado la retención y/o que existen juicios pendientes de cobro en contra del referido empleador. La liberalización a que se refiere anterior alcanzará sólo hasta el monto de lo probado. el inciso
Artículo 13.- Lo dispuesto en el artículo 35, inciso segundo, del Código Tributario, no será aplicable a la información relativa a los ingresos de los deudores de los créditos garantizados por el Fisco de acuerdo a las normas de este cuerpo legal.
CAPÍTULO II De la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores.
Artículo 14.- Créase la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, en adelante "la Comisión", con personalidad jurídica y patrimonio propio, formado mediante los aportes a que se refiere el artículo 18.
La Comisión estará integrada por: 1.- El Ministro de Educación, quien la presidirá; 2.- El Director de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda; 3.- El Tesorero General de la República; 4.- El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción; y 5.- Tres representantes de las instituciones de educación superior indicadas en el Párrafo 2°, del Título II, del Capítulo I, que participen en esta Comisión, los que serán elegidos por éstas de acuerdo al procedimiento que determine el reglamento. En caso de ausencia o impedimento de alguno de los miembros señalados en los números 1), 2), 3) o 4) precedentes, integrará la Comisión, en calidad de suplente, un funcionario del respectivo ministerio o servicio, designado para tal efecto por el titular correspondiente. La designación se realizará por un período de dos años, renovable. Asimismo, los representantes de las instituciones de educación superior tendrán un suplente, elegido por éstas, quien reemplazará al respectivo titular en caso de ausencia o impedimento de éste. Tanto los titulares como los suplentes durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos.
cuales la acuerdos.
Un reglamento fijará las normas con arreglo a las Comisión se constituirá, reunirá y adoptará sus
Artículo 16.- Corresponderá a la Comisión: 1.- Definir y evaluar las políticas de créditos de estudios de educación superior con garantía estatal. 2.- Generar, analizar y difundir información económica y académica relevante para el sistema de crédito para estudios de educación superior. 3.- Definir y organizar el proceso de postulación a los créditos con garantía estatal para estudios de educación superior. 4.- Certificar, en conformidad a lo dispuesto en esta ley y su reglamento, las condiciones de elegibilidad de los estudiantes para acceder a las garantías para créditos de educación superior. 5.- Seleccionar y presentar a la Tesorería General de la República, los créditos para estudios de educación superior a ser garantizados por el Fisco. 6.- Verificar, en conformidad a lo dispuesto en esta ley y su reglamento, el cumplimiento de los requisitos de las instituciones de educación superior, de los estudiantes y de los créditos, para efectos de acceder a la garantía estatal. 7.- Verificar que las instituciones que otorguen garantías de deserción académica, cuenten con un patrimonio suficiente para su respaldo. 8.- Velar por la sustentabilidad del sistema de créditos con garantía estatal para estudios de educación superior a través de su financiamiento en el mercado de capitales. 9.- Celebrar convenios con otras entidades, públicas o privadas, para que éstas otorguen, administren y cobren los créditos de educación superior con garantía estatal. 10.- Celebrar convenios con otras entidades, públicas o privadas, para que éstas compren y vendan créditos con garantía estatal para el financiamiento de estudios de educación superior. 11.- Celebrar convenios con otras entidades, públicas o privadas, para la realización de estudios u otros afines necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 12.- Supervisar el cumplimiento de los convenios suscritos con entidades públicas o privadas.
13.- Realizar las demás funciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema de créditos con garantía estatal para estudios de educación superior. La forma y condiciones en que se realizarán las funciones a que se refiere este artículo, serán establecidas en el reglamento. Artículo 17.- La Comisión tendrá una Secretaría Administrativa, cuyas funciones serán las que le encomienda esta ley y aquellas específicas que le encargue la Comisión. La Comisión designará una persona que actuará como Secretario Ejecutivo de la misma; tendrá la calidad de ministro de fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos de la Comisión; y representará judicialmente y extrajudicialmente a la Secretaría Administrativa. La Comisión dictará, a propuesta del Secretario Ejecutivo, un reglamento que normará todo lo concerniente al funcionamiento y personal de la Secretaría Administrativa. El personal de la Secretaría Administrativa de la Comisión, incluido su Secretario Ejecutivo, se regirá por el derecho laboral común.
Artículo 18.El patrimonio de la Comisión, con cargo al cual se financiarán los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión y la Secretaría Administrativa, estará formado exclusivamente por los aportes que le hagan las instituciones de educación superior participantes en la Comisión. Dichos aportes se determinarán según el procedimiento que establezca el reglamento, a prorrata de los volúmenes de garantías estatales otorgadas a créditos de los cuales sean beneficiarios los respectivos alumnos de las mencionadas instituciones.
Artículo 19.- Para que las instituciones de educación superior tengan derecho a participar en la Comisión y a elegir sus representantes en ella, deberán concurrir al financiamiento de la misma en conformidad a lo señalado en el artículo 18, y obligarse a proporcionar toda la información económica y académica que ésta le requiera para desempeñar las funciones que le encomienda la ley.
Artículo 20.- A solicitud de la Comisión, el Ministerio de Educación, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la Tesorería General de la República y la Corporación de Fomento de la Producción, deberán proporcionarle asesoría en
los órdenes jurídico, financiero, contable y educacional, entre otros.
Artículo 21.- Corresponderá a la Contraloría General de la República la fiscalización de las actividades de la Comisión a que se refiere este Capítulo.
CAPÍTULO III De los Planes de Ahorro para el Financiamiento de Estudios de Educación Superior. Artículo 22.- Autorízase a los bancos, instituciones financieras, administradoras de fondos mutuos, compañías de seguros de vida y cajas de compensación, en adelante también "las instituciones", para abrir y mantener planes de ahorro para el financiamiento de estudios de educación superior. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda, podrán autorizar a otras instituciones con el fin de abrir y mantener planes de ahorro para el financiamiento de estudios de educación superior, en la forma y condiciones que establezca el reglamento.
Artículo 23.- Para los efectos de esta ley, se entenderán por planes de ahorro para el financiamiento de estudios de educación superior, a todos aquellos instrumentos de captación que tengan por objeto expreso, recibir ahorro voluntario para financiar el pago de aranceles y matrículas que importen los estudios de educación superior, en la forma y condiciones que se establezca en el reglamento y las instrucciones que impartan los organismos fiscalizadores correspondientes. Los referidos planes deberán ser autorizados y estarán bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda. Los titulares de estos planes sólo podrán ser personas naturales.
Artículo 24.- El interesado en ingresar a este sistema abrirá y mantendrá el plan de ahorro que desee en cualquiera de las instituciones a que se refiere el artículo 22. El plan de ahorro se convendrá entre el interesado, o su representante legal, y la institución elegida por éste de entre las mencionadas en el artículo 22. Las regulaciones a las condiciones específicas del contrato de ahorro en lo referido a su liquidez, retiros de fondos, cambios de
institución y demás necesarias para el funcionamiento sistema, serán establecidas en el reglamento.
Asimismo, el reglamento establecerá la forma, condiciones y periodicidad con que las instituciones deberán informar al titular, o su representante legal, los movimientos registrados en sus respectivas cuentas y según corresponda, una estimación de los beneficios a que puedan acceder conforme a esta ley.
Artículo 25.- Los titulares de los planes de ahorro, así como cualquier persona natural que lo desee, podrán, en cualquier tiempo, efectuar depósitos voluntarios a favor de los planes de ahorro. Tratándose de trabajadores dependientes que deseen efectuar depósitos en el plan de un titular, podrán hacerlo regularmente, mediante descuentos por planilla que efectúen sus empleadores a requerimiento escrito de aquellos, en conformidad con el límite dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo. Si el empleador no efectuare el descuento correspondiente, habiendo sido requerido para ello, o habiéndolo efectuado no enterare los fondos en el plan de ahorro individualizado por el trabajador, deberá pagar al respectivo trabajador, a título de indemnización de perjuicios, una suma equivalente a 0,5 unidad de fomento por cada mes en que no efectúe el descuento. Las cantidades que resulten de la aplicación de esta norma deberán ser depositadas en el plan de ahorro que corresponda. Asimismo, tratándose del caso que el empleador hiciere los descuentos ordenados y no depositare los fondos correspondientes en el plan de ahorro individualizado por el trabajador, dichas cantidades se reajustarán considerando el período que va entre el último día del plazo en que debió efectuarse el depósito y el día en que éste efectivamente se realice. Para estos efectos, se aumentarán considerando la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor del período comprendido entre el mes que antecede al anterior a aquél en que debió efectuarse el pago y el mes que antecede al mes anterior a aquél en que efectivamente se realice. Por cada día de atraso, las sumas reajustadas devengarán un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6° de la Ley N° 18.010, aumentado en un 20%. Con todo, a contar de los noventa días de atraso, la tasa antes referida se aumentará en un 50%. En el caso de verificarse la situación a que se refiere el inciso cuarto, la institución que mantenga dicho plan deberá comunicar este hecho al titular del mismo, a fin de que éste haga los futuros aportes en forma directa a la entidad
correspondiente y retenciones.
ordene a su empleador la suspensión de las
Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones a que se refiere el artículo 21 deberán perseguir del empleador el pago de las retenciones que no se hubiere enterado en el plan, conforme con las normas sobre pago y cobro de cotizaciones previsionales contenidas en la ley Nº 17.322, gozando de igual preferencia que éstas.
Artículo 26.- En caso de quiebra o disolución de la institución que mantenga los planes de ahorro, sea esta última por revocación de su autorización de existencia o por cualquier otra causa, los titulares de los planes deberán incorporarse, dentro del plazo de 90 días, a otra institución de las señaladas en el artículo 22. Si los titulares no se incorporan dentro del plazo indicado en el inciso anterior, el liquidador deberá transferir los saldos de los planes de ahorro a la entidad que se determine de acuerdo a lo que disponga el reglamento. El traspaso comprenderá la totalidad de los fondos correspondiente a cada uno de los planes de ahorro para el financiamiento de estudios de educación superior y los respectivos contratos de ahorro celebrados con dicha institución. Lo anterior será sin perjuicio de lo señalado a este respecto por las leyes que rigen a las instituciones indicadas en el artículo 22. Dependiendo de la naturaleza del instrumento de captación, serán aplicables a los planes de ahorro de que trata este Capítulo, las garantías estatales que señale la ley, lo que será indicado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o la Superintendencia de Valores y Seguros, según corresponda, al momento de autorizar el respectivo plan.
Artículo 27.Con cargo a los recursos aportados mensualmente en el plan de ahorro, las entidades a que se refiere el artículo 22 pagarán a las instituciones de educación superior contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 29 de la Ley N° 18.962, reconocidos oficialmente por el Estado y que se encuentren acreditados en conformidad con el sistema de aseguramiento de calidad que establezca la ley, los aranceles y matrícula por las carreras que los beneficiarios de los respectivos planes estén cursando y mientras permanezcan en ellas. Para efectos de que se verifique el pago a que se refiere el inciso anterior, el titular del plan de ahorro, o su representante legal, deberá otorgar al momento de su apertura, un mandato a la institución con quien se haya convenido el respectivo plan. Asimismo, las instituciones podrán celebrar los convenios que estimen pertinentes con las entidades a que se refiere el inciso anterior, para los efectos del pago a que se refiere este artículo.
Artículo 28.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, y desde la fecha en que se efectúe el primer pago de aranceles y matrícula, las instituciones señaladas en el artículo 22 podrán obtener una retribución consistente en el pago de una comisión de cargo de los titulares de los planes de ahorro, la que podrá ser establecida por depósito periódico o por saldo, o una combinación de ambos. El reglamento establecerá el procedimiento de determinación de las comisiones, de su notificación y de los montos o porcentajes mínimos y máximos, así como las demás normas para su operación y pago.
Artículo 29.- Las instituciones no podrán cobrar a los titulares de los planes de ahorro comisiones por la transferencia de fondos a otra entidad de las señaladas en el artículo 22. El reglamento establecerá los requerimientos de información que las instituciones deberán entregar a los titulares en caso de cobrar comisiones por la mantención de los planes.
Artículo 30.- Mientras se encuentre vigente el contrato de ahorro voluntario y los fondos permanezcan en ellas, los fondos existentes en los planes serán inembargables y no serán susceptibles de medida precautoria alguna.
CAPÍTULO IV Del Subsidio Estatal para Apoyar el Ahorro Destinado a Financiar Estudios de Educación Superior.
Artículo 31.- El titular del plan de ahorro que cumpla con los requisitos que se establecen en la presente ley y su reglamento, tendrá derecho a un subsidio fiscal. Dicho subsidio tendrá por objeto complementar el ahorro individual para el financiamiento de los aranceles y matrícula de estudio de educación superior de pregrado.
Artículo 32.- Para percibir el subsidio fiscal, el titular deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.- Que el plan de ahorro tenga una antigüedad de al menos 24 meses anteriores a la fecha en que corresponda recibir el subsidio.
2.- Que el plan de ahorro disponga de fondos por al menos 80 unidades de fomento al momento en que se efectúe el primer pago de aranceles y matrícula de estudio de educación superior de pregrado. Tratándose de estudios conducentes a un Título Técnico de Nivel Superior, los fondos acumulados en el plan deberán ser no menos de 40 unidades de fomento. 3.- Tener un ingreso familiar per cápita promedio mensual inferior o igual a 12,6 unidades de fomento y un ingreso familiar promedio mensual inferior o igual a 63 unidades de fomento, en los 12 meses anteriores a la fecha de inicio del pago de aranceles y matrícula de estudio de educación superior de pregrado. En caso que el titular acredite un ingreso familiar per cápita mensual mayor a 12,6 unidades de fomento o un ingreso familiar mensual mayor a 63 unidades de fomento, podrá optar a un subsidio parcial según lo señalado en el inciso segundo del artículo 33, siempre que acredite un ingreso familiar per cápita promedio mensual inferior a 17 unidades de fomento y un ingreso familiar promedio mensual inferior a 93 unidades de fomento. El reglamento determinará el concepto de ingreso familiar y establecerá el procedimiento para acreditar los ingresos a que se refiere esta letra. 4.- Que los fondos del plan de ahorro hayan sido destinados íntegramente y se encuentren agotados por el pago de aranceles y matrícula de estudio de educación superior de pregrado. 5.- Que la institución de educación superior a la cual se destinaron los fondos del plan de ahorro, sea de aquellas contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 29 de la ley N° 18.962, reconocida oficialmente y acreditada en conformidad con el sistema de aseguramiento de calidad que establezca la ley. La forma y condiciones en que deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos a que se refiere este artículo, serán establecidos en el reglamento. Artículo 33.- El subsidio fiscal a que se refieren los artículos anteriores será equivalente al 150% del monto que, por concepto de intereses reales, hayan obtenido los fondos, desde el momento de su depósito en un plan de ahorro a que se refiere el Capítulo III de esta ley, y hasta el momento en que los fondos del plan de ahorro se destinen por completo al pago de aranceles y matrículas a la institución de educación superior que curse el titular. En caso que el titular acredite un ingreso familiar per cápita mensual entre 12,6 unidades de fomento y 17 unidades de fomento, y un ingreso familiar mensual entre 63 unidades de fomento y 93 unidades de fomento, el subsidio fiscal será equivalente a los dos tercios del subsidio señalado en el inciso anterior.
Artículo 34.- El subsidio fiscal se depositará en el plan de ahorro una vez que se encuentren agotados los recursos del respectivo plan, como consecuencia del pago de aranceles y matrícula de estudio de educación superior de pregrado.
Artículo 35.- En caso que el beneficiario ponga término a sus estudios de educación superior de pregrado, ya sea como consecuencia de su egreso o por abandono de la carrera que se encontrare cursando, el monto por concepto de subsidio fiscal que le correspondiere y que estuviere pendiente de pago, quedará sin efecto, debiendo reintegrase al Fisco el remanente en los casos que correspondiere, en la forma que determine el reglamento.
Artículo 36.- El subsidio fiscal tendrá un tope de 50 unidades de fomento por cada titular de plan de ahorro.
Artículo 37.- El procedimiento de concesión, pago, utilización y supervisión sobre el otorgamiento del subsidio fiscal a que se refieren los artículos anteriores, será determinado en conjunto por los ministerios de Educación y de Hacienda, de acuerdo a lo que establezca el reglamento.
Artículo 38.- El que percibiere indebidamente el subsidio fiscal, deberá reintegrar el monto correspondiente, reajustado en la forma que se disponga en el reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiere corresponderle.
Artículo 39.- El gasto fiscal que importe la aplicación de esta ley se financiará con cargo a los recursos que se consulten anualmente en la Ley de Presupuestos respectiva.
Artículo primero.- El Fisco sólo podrá garantizar los créditos que se destinen al financiamiento de estudios de educación superior en las instituciones contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 29 de la Ley N°18.962, que cuenten con el respaldo financiero suficiente para el otorgamiento de las garantías por deserción académica establecidas en el artículo 10,
que hayan alcanzado su autonomía, conforme a las normas legales pertinentes, y que cumplan los requisitos de calidad que defina el reglamento, hasta que exista un Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad de las Instituciones de Educación Superior, a que hace referencia el artículo 4º de la presente ley. Asimismo, durante dicho período, el subsidio a que se refiere el Capítulo III de esta ley, será aplicable sólo para el financiamiento de estudios de educación superior que se efectúen en las instituciones señaladas en el inciso precedente. Artículo segundo.- Los titulares de cuentas de ahorro a plazo para educación superior a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 19.287, que con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley mantengan recursos en estas cuentas, podrán acceder a sus beneficios, siempre que cumplan con los requisitos que ésta establece. Sin perjuicio de lo anterior, sólo darán derecho al subsidio fiscal a que se refiere esta ley, los intereses que se devenguen a contar de la entrada en vigencia de ésta, por los recursos mantenidos en dichas cuentas.". Dios guarde a V.E.,
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