Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as201620358.html
Timestamp: 2019-03-20 07:32:57+00:00

Document:
as201620358
Auto Supremo: 358/2016
Sucre: 18 de abril 2016
Expediente: SC – 92 – 15 – S
Partes: Marco Antonio Masanés Rodríguez. c/ Anastasio Argollo Alegre
Proceso: Reconocimiento Judicial de Mejor Derecho de Propiedad,
Reivindicación, Nulidad de Falso Título y Pago de Costas y
VISTOS: El recurso de casación de fs. 495 a 506, interpuesto por Anastasio Argollo Alegre, en contra del Auto de Vista Nº 204/2014 de 24 de diciembre de 2014 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso Reconocimiento judicial de mejor derecho de propiedad, reivindicación, nulidad de falso título y pago de costas y honorarios profesionales, seguido por Marco Antonio Masanés Rodríguez en contra de Anastasio Argollo Alegre, la contestación de fs. 513 vta., la concesión de fs. 515, los antecedentes del proceso, y:
El Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, mediante Sentencia de fecha 16 de agosto de 2011 cursante de fs. 321 a 330, declaró improbada la demanda principal de fs. 8 a 11 y vta., probada en parte la demanda reconvencional de fs. 53 a 54 solamente con relación a la acción negatoria, sin costas por ser juicio doble.
En apelación interpuesta por el demandante Marco Antonio Masanés Rodríguez, contra la referida Sentencia, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 30/2012 de fecha 06 de febrero de 2012 de fs. 353 a 355 vta., ANULA obrados hasta fs. 321 inclusive, bajo el argumento de que el Juez A quo, no realizó una fundamentación y evaluación concreta de la prueba de cargo, con respecto a la acción negatoria incoada por el demandante.
Dicha Resolución de segunda instancia, fue recurrida de casación en la forma y
en el fondo, por Anastasio Argollo Alegre motivo por el cual se dictó Auto Supremo Nº 500/2012 que ANULA el Auto de Vista dictado en obrados.
Cumpliendo con lo establecido en la resolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, nuevamente se dictó Auto de Vista el mismo que revoca en parte la Sentencia recurrida, declarando probada la demanda de reivindicación disponiéndose que en el plazo de 10 días el demandado entregue el inmueble objeto de la litis a su propietario. Por otro lado confirmó lo referente a declarar improbada la demanda de reconocimiento judicial de mejor derecho de propiedad, nulidad de falso título y pago de costas y honorarios profesionales, declarando Improbada en todas sus partes la demanda reconvencional, al no haberse demostrado el mejor derecho propietario y la acción negatoria, al igual que los daños y perjuicios.
Contra dicha Resolución el demandado, Anastasio Argollo Alegre por memorial de fs. 438 a 446 recurre de casación en el fondo, mismo que mereció el Auto Supremo Nº 99/2014 que ANULA el Auto de Vista hasta el decreto de Autos de fs. 429 inclusive, dispone que con la facultad conferida por el art. 233-II del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de Alzada solicite la prueba idónea a fin de determinar si el inmueble motivo de la Litis se trata del mismo y con el resultado previo sorteo y sin necesidad de turno se pronuncie nuevo Auto de Vista.
Cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal de casación, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, nuevamente pronuncia Auto de Vista Nº 204/2014 de fecha 24 de diciembre de 2014 que REVOCA la Sentencia recurrida, contra dicha determinación de Segunda instancia Anastasio Argollo Alegre recurre de casación, el mismo que se pasa analizar.
Refiere el recurrente, que el Auto de Vista no cuenta con una debida fundamentación y motivación, toda vez, que el mismo no se circunscribió a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación efectuadas por las partes, infringiendo de esta manera los arts. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la apelación y la fundamentación fijan los límites de la competencia del Ad quem.
Refiere el recurrente, que el Auto de Vista al haber revocado la Sentencia y declarar probada la acción de mejor derecho propietario y la acción reivindicatoria, ha violado y aplicado incorrectamente la ley 1760, art. 250 adelante, no pudiendo alegar desconocimiento de la Ley, además atentar contra los arts. 3, 192, 237 parágrafo. I. inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, así como de los arts. 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado, que son determinantes y expresos en su contenido, vulnerando de esta manera también el debido proceso, la legitima defensa y la seguridad jurídica.
Del mismo modo, el recurrente cuestiona la interpretación errónea de la Ley, violando el principio de congruencia al declarar improbada la demanda de mejor derecho de propiedad y probada la demanda de reivindicación, siendo que el derecho de propiedad se halla reservada al propietario que ha perdido la posesión de la cosa, es decir que el primer requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria, es la existencia del derecho de propiedad sobre la cosa, cuya reivindicación se demanda, solo aquél que demuestre ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posee o la detente, haciendo alusión a los arts. 1453, 1283 ambos del Código Civil.
Por lo indicado, solicita que previo los trámites pertinentes y legales se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista, manteniéndose firme la Sentencia pronunciada por el Juez de primera instancia.
De la contestación al recurso de casación:
Absuelve traslado, sosteniendo que el ahora recurrente cuestiona aspectos que ya fueron dilucidados en el curso de la demanda, confundiendo el recurso de casación como si se tratase de una tercera instancia más, siendo inviable su consideración porque impide al Tribunal de casación su competencia, en resumen el recurrente no especifica si su recurso es en la forma o en el fondo, no obstante que el recurso de casación es un instituto procesal de data antigua con doctrina conocida y abundante jurisprudencia, más aun, que el Auto Supremo Nº 99/2014 de 26 de marzo de 2014, sostuvo que se proporcione más pruebas para corroborar que los lotes de terrenos 22 y 24 son ocupados por el demandado Aniceto Argollo Alegre, aportándose toda la prueba documental para demostrar este aspecto. Concluye solicitando al Tribunal Supremo de Justicia en aplicación del art. 271 núm. 2) con relación al art. 273 ambos del Código de Procedimiento Civil declare infundado el recurso, con costas.
La jurisprudencia de este Supremo Tribunal ha orientado sobre la pertinencia en las resoluciones, en el Auto Supremo Nº 456/2015 de 19 de junio 2015: “…referente a que el Auto de Vista no se hubo pronunciado sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación violando el art. 236 del CPC, corresponde reiterar lo expresado por este Tribunal en sentido de que si una de las partes evidencia que el Auto de Vista no se pronunció sobre alguno de los agravios deducidos correspondía a la parte afectada hacer uso de la facultad conferida en el art. 239 del CPC es decir, solicitar la complementación de la resolución, norma que se halla directamente vinculada con el art. 196 núm. 2) del CPC, que de manera clara señala: “… y suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.”, es decir, que dicha omisión pudo ser subsanada en aplicación de dicha facultad, al no haberlo hecho ha dejado precluir su derecho, no pudiendo pretender realizar este reclamo que no se hizo oportunamente, ya que, se contaba con las vías correspondientes antes de instaurar este recurso de puro derecho criterio compartido con el Auto Supremo Nº 93/2012 de fecha 26 de abril de 2012 entre otros…”
En el mismo sentido, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, concretando que: “…al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo…”
De igual manera, se ha desarrollado el principio de congruencia, como se puede vislumbrar en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado en sentido de que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"; Razonamiento que es reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.”
Del mismo modo la jurisprudencia constitucional establecida en la Sentencia Constitucional Nº 0577/2012 de 20 de julio de 2012 determina que: “…la motivación de una Sentencia o cualquier otra Resolución judicial se encuentra relacionada directamente con el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva y que la motivación no tiene que ser ampulosa sino puede ser breve, así lo dispone la señalada Sentencia Constitucional, que expresamente indica: “En efecto, el deber de motivación de los fallos supone un elemento fundamental del debido proceso, conforme ha expresado la SC 0012/2006-R de 4 de enero, al indicar: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…) y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la Resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento…”
De la reivindicación.
Con relación a la reivindicación se plasmó el siguiente razonamiento a través del Auto Supremo: 24/2012 de 27 de febrero de 2012: “…de acuerdo al art. 105 parágrafo II del Código Civil, el propietario puede reivindicar la cosa de las manos de un tercero, es decir obtener la restitución o devolución de la propiedad de un tercero que la detenta y que la señalada norma es complementada por los arts. 1453 parágrafo I y 1454 del referido cuerpo legal donde se dispone: que el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta y que la acción reivindicatoria es imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de usucapión, quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible, no siendo afectada por el transcurso del tiempo y puede ser aplicada en cualquier momento, por el propietario de un bien inmueble”.
Sobre el derecho propietario:
La jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo ha orientado sobre el tema en el Auto Supremo Nº 61/2013 de 22 de febrero, que expresa: “Con relación a la declaración de mejor derecho propietario, se ha dicho en varios Autos Supremos emitidos por la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, criterio con el que este Tribunal Supremo comparte, que cuando se demanda o reconviene por mejor derecho propietario, la parte debe demostrar que cuenta con un título preferente al de su contrario, es decir debe exponer su condición de titular del derecho sobre el inmueble del que se pretende se declare a través de Sentencia su mejor derecho propietario, siendo la determinación a adoptar simplemente declarativa, a diferencia de la determinación que se adopta en la reivindicación, toda vez que la Sentencia a dictar no solamente es declarativa al reconocer el derecho de propiedad y de posesión de la actora, sino también es de condena porque obliga al vencido a la restitución inmediata del bien y finalmente, se dice que es una determinación constitutiva de derechos, porque modifica la situación jurídica del propietario al tener el uso y disfrute del bien, pasando a ser propietario-poseedor.”
Del mismo modo se tiene al Auto Supremo Nº 89/2012 de 25 de abril, que estableció: “…una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas.”
IV.- FUNDAMENTACIÓN:
Que, en mérito a los argumentos del recurso de casación, el recurrente desarrolla sus fundamentos en la forma, cuestionando la violación de los arts. 227 y 236 ambos del Código de Procedimiento Civil, denunciando que el Auto de Vista no se pronunció sobre los fundamentos de su apelación, sin embargo, en un contrasentido denuncia que la Resolución aludida carece de fundamentación y motivación, asimismo no concreta que fundamentos de la apelación no han sido absueltos, tampoco especifica que agravios no han sido debidamente fundamentados.
Sin embargo, del análisis que se tiene del Auto de Vista, se evidencia que el Ad quem, en el considerando primero de la Resolución recurrida, detalla e identifica los agravios que fueron fundamento del recurso de apelación concretándolos de manera clara y precisa, y en el segundo considerando, desarrolla su análisis y fundamentación y motivación en relación a dichos puntos, remitiéndose de ésta manera a los reclamos que fueron argumentos del recurso de apelación, basándose de esta manera sobre los mismos aspectos que fueron motivo de impugnación, cumpliendo de ésta manera con el art. 236 del Adjetivo Civil y de consiguiente con el principio de pertinencia y congruencia extrañado.
Concluiremos señalando, que el Auto de Vista recurrido se circunscribe a la expresión de agravios que hubo sido detallado en el memorial de apelación, porque resuelve sobre los mismos puntos, habiendo observado de esta manera la pertinencia que establece el art. 236 con relación al art. 227 del Código de Procedimiento Civil y el principio de congruencia, siendo además que la resolución de alzada tiene la suficiente motivación y fundamentación que la sustenta, dando cuenta de las razones por las cuales arriba a dicho entendimiento y determinación, en consecuencia, sus reclamos devienen en infundados.
Toda la exposición y antecedentes que realiza el recurrente en su recurso de casación de fondo, gira en torno a la decisión asumida por el Ad quem al haber declarado el mejor derecho de propiedad y la reivindicación a favor del actor, cuestionando además la violación e interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, que en definitiva se concreta, la errónea interpretación del art. 1453 del Código Civil; al respecto el texto de dicha normativa establece: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”, de lo señalado se deduce que la reivindicación al ser una acción real, tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella; está dirigida contra aquella persona que tenga la ocupación de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte aquello, es decir que la acción de reivindicación está destinada para quien haya perdido la posesión de una cosa, y pueda reclamar la restitución de la misma, en razón a que tiene derecho a poseerla, acción que será dirigida, reiteramos, en contra del poseedor que no es propietario y que se encuentra ocupando la misma, vale decir que mediante la reivindicación lo que se reclama es la posesión material, para lo cual se debe demostrar el título de propiedad del bien que se pretende restituir; la prueba para que proceda la reivindicación deberá centrarse, como lo señala el autor Alexander Rioja Bermúdez en su artículo “Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación”, en tres requisitos: el derecho de dominio de quien se pretende dueño, la determinación de la cosa que se pretende reivindicar y la posesión de la cosa por el demandado, frente a estos requisitos, el que pretende la restitución de la cosa, debe probar su derecho de dominio sobre la cosa que trata de reivindicar; de igual forma debe probar, la posesión de la cosa por la parte demandada; y finalmente, la identificación de la cosa que reivindica”.
A través de la documentación que se tiene de obrados, consistente en Testimonio, expedido por las oficinas de Derechos Reales, donde se evidencia que Marco Antonio Masanés Rodríguez, efectivamente tiene registrado su Derecho Propietario, bajo la matricula computarizada Nº 701201000600 de fecha 07 de marzo de 2005 (ver. fs. 202 a 205), documentación que en base al principio de verdad material, acredita su derecho propietario, la cual es corroborada por el acta de inspección judicial que cursa de fs. 198 vta., que además es corroborado por la prueba testifical de cargo de fs. 265 a 270 vta., donde los testigos de cargo de manera uniforme expresan los siguiente: Nancy Taborga Pereyra (testigo) manifestando al interrogatorio segundo, refiere que: “…Si pertenece al señor Masanes la U.V. 207, esto me consta porque yo vivo ahí y hemos adquirido esos terrenos, hace 8 años que vivo en ese Barrio”, del mismo modo señala Graciela Paredes Aguilera expresando a la pregunta segunda: “… Si conozco que es propietario de 350 Hectáreas porque soy vecina del Barrio”, así como Santiago Rodríguez de manera textual refiere a la pregunta sexta: “…Si, es verdad en el Barrio hay una infraestructura, y el señor Masanes como propietario cede el 40% para área verde, tenemos la cancha polifuncional, mercado y un nuevo módulo…”, aspectos que así también se tiene especificado en las certificaciones expedidas por la Cooperativa Rural de Electrificación Ltda., de la ciudad de Santa Cruz (ver fs. 477) y de SAGUAPAC (ver fs.481), es decir que el actor cumplió con los requisitos exigidos para la procedencia de la acción reivindicatoria, así como aportar la prueba necesaria a su acción, que tienen toda la fe probatoria conforme lo establecen los arts. 1283, 1286 ambos del Código Civil, con relación al art. 397 de su procedimiento, no siendo en consecuencia evidentes sus reclamos.
Por otro lado, es pertinente referirse sobre la declaración de mejor derecho propietario, en virtud que cuando se demanda o reconviene por mejor derecho propietario, la parte debe demostrar que cuenta con un título preferente al de su contrario, es decir debe exponer su condición de titular del derecho sobre el inmueble del que se pretende se declare a través de Sentencia su mejor derecho propietario, siendo la determinación a adoptar simplemente declarativa, a diferencia de la determinación que se adopta en la reivindicación, toda vez que la Sentencia a dictar no solamente es declarativa al reconocer el derecho de propiedad y de posesión del actor, sino también es de condena porque obliga al vencido a la restitución inmediata del bien, y finalmente, se dice que es una determinación constitutiva de derechos, porque modifica la situación jurídica del propietario al tener el uso y disfrute del bien, pasando a ser propietario-poseedor. En el caso de autos, se tiene que el actor Marco Antonio Masanés Rodríguez cuenta con su Derecho Propietario, bajo la matricula computarizada Nº 701201000600, de fecha 07 de marzo de 2005, (ver. fs. 202 a 205), en cambio el demandado reconvencionista, cuenta con su derecho propietario registrado en Derechos Reales bajo la matricula computarizada Nº 7011060069815 de fecha 14 junio de 2007, (ver fs. 20), evidenciándose que Marco Antonio Masanés Rodríguez cuenta con el derecho preferente, conforme lo determina el art. 1545 del Código Civil y la doctrina señalada supra, no siendo en consecuencia evidentes sus reclamos.
Por otra parte, cuestiona el recurrente al Auto de Vista al sostener que dicha Resolución hubiese transgredido los arts. 1283 y 1286 con relación al art. 397 del Código de Procedimiento Civil, señalando además que los Tribunales inferiores no dieron una correcta apreciación de las pruebas adjuntas al proceso; al respecto es preciso señalar de manera concreta, que el hoy recurrente a tiempo de alegar y traer a colación reclamos sobre la apreciación de la prueba, no consideró los alcances de la normativa establecida en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, acusando de manera confusa la falta de valoración de la prueba, desconociendo que cuando se cuestiona este aspecto, el reclamo debe subsumirse al numeral 3) del artículo prenombrado. En ese sentido, se observa que el recurrente en el desarrollo de su recurso, cuestiona aspectos del Auto de Vista, que según su entendimiento no fue demostrado el mejor derecho propietario y la reivindicación por parte del actor, incidiendo en la apreciación de las pruebas producidas en el transcurso del proceso, sin distinguir el presunto yerro cometido por el Ad quem, omite también señalar en qué error de hecho o de derecho habría incurrido en la apreciación de la prueba reclamada, puesto que no identifica que pruebas no fueron apreciadas por el Tribunal de alzada, deviniendo en consecuencia sus reclamos en infundados.
Por todas las consideraciones realizadas, se concluye que el Tribunal de alzada ha realizado un adecuado análisis de los hechos dentro del marco legal correspondiente a la problemática de la demanda, no advirtiéndose vulneración al debido proceso o a la seguridad jurídica extrañada por el recurrente, emitiéndose por ello Resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio 2010 y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara: INFUNDADO el recurso de casación de fs. 495 a 506, interpuesto por Anastasio Argollo Alegre, en contra del Auto de Vista Nº 204/2014 de 24 de diciembre de 2014 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos a la parte recurrente en aplicación a lo previsto por el art. 223.V num. 2) de la Ley Nº 439.

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