Source: http://muerte.bioetica.org/doc/doct3.htm
Timestamp: 2018-06-24 16:48:07+00:00

Document:
La eutanasia hoy, una opción en la sombra del delito
Artificios legales
La eutanasia en la jurisprudencia
El caso del “Doctor Muerte”
Oregón y la Death with Dignity Act
La reciente aprobación en los Países Bajos de un proyecto de ley en la Camara Baja que autoriza la eutanasia activa ha reavivado un debate que no es ajeno al Derecho Sanitario.
Aun cuando de la lectura de los párrafos que siguen pudiera parecer que la eutanasia, sino legalmente al menos de facto, es aceptada en mayor o menor medida en muchas partes del mundo, la realidad es que sigue siendo ampliamente rechazada por las normativas de casi todos los países y organismos internacionales. A pesar de ello y al margen de los textos legales, existen encuestas y estudios que revelan que la eutanasia, aun prohibida, se practica de forma velada en algunos centros hospitalarios.
Ni son tantos los países en los que se ha intentado legalizar la eutanasia como pudiera parecer tras la lectura de las líneas que siguen, ni son tan pocas las prácticas eutanásicas que se llevan a cabo, la mayoría de ellas al margen de la ley.
Con carácter previo al examen de la situación mundial de la controvertida cuestión, conviene recordar que la discusión actual se centra en la eutanasia activa y en la pasiva, en las que tanto una acción como una omisión intencionadas tienen como objetivo acabar con la vida de una persona.
Del análisis realizado, se deduce que en todos los países objeto de estudio -incluso en Holanda- la eutanasia sigue siendo una figura delictiva tipificada en los respectivos códigos penales, si bien en Holanda y Uruguay existen artificios legales para difuminar la responsabilidad penal.
Tal es el caso de Holanda, en el que un procedimiento de notificación supervisado por un comité regional de bioética permite desde 1990 sortear la incriminación penal a los médicos que la practican.
En Uruguay, si un médico es demandado, el juez puede incluso dictaminar el perdón judicial previsto en el Código Penal si el médico interviene a petición del enfermo terminal.
En cualquier caso, la experiencia de la legalización o permisividad de la eutanasia en algunos países determina una notable falta de control de los implicados, los objetivos, las causas y los afectados.
En España, la Organización Médica Colegial (OMC) siempre se ha pronunciado totalmente en contra de la eutanasia.
Con la aprobación del vigente Código de Etica y Deontología Médica en la Asamblea General celebrada el 25 de septiembre de 1999, la OMC mantiene su postura en el artículo 27.3 que dice literalmente que "el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste".
En 1998, los máximos responsables de la OMC reunidos en Navarra, aprobaron la denominada Declaración de Pamplona (ver Actualidad del Derecho Sanitario nº 40, junio 1998, pág. 333), en la que mostraban su abierto rechazo a la eutanasia y defendían la calidad de la asistencia hasta el momento de la muerte.
El Código Penal español aprobado en 1995 también tipifica la eutanasia como delito -aunque sin mencionarla- y lo incluye en el tipo atenuado del delito de cooperación al suicidio.
La propia redacción del artículo 143.4, que contiene el expresado tipo penal, supone una relajación con respecto a la situación precedente.
Dice textualmente: "El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo".
Esta misma idea fue expuesta por Fermín Morales Prats, catedrático de Derecho Penal, durante la celebración del V Congreso de la Asociación Española de Derecho Sanitario, al indicar que la respuesta del Código Penal a la eutanasia "continúa estableciendo una prohibición para determinadas formas de participación en el suicidio ajeno, pero al proceder a la desincriminación de las modalidades de participación menos intensas (complicidad simple en un suicidio ajeno) viene a reconocer un relativo margen al derecho a la disponibilidad de la propia vida, opción político criminal que se acentúa al observar el tratamiento otorgado a la eutanasia".
También ha indicado este autor que el artículo 143.4 del Código Penal sanciona la eutanasia activa directa consentida -aquélla en la que se ejecutan actos directos para provocar la muerte- como constitutiva de un tipo atenuado con respecto al auxilio al homicidio genérico.
Este tipo penal se refiere a un sujeto que padece una enfermedad grave, permanente y difícil de soportar, y que está en fase terminal. El precepto exige que medie una petición expresa, seria e inequívoca, es decir, no basta para que se dé el tipo atenuado con la anuencia o el consentimiento genérico del sujeto de renuncia a su propia vida, según Morales.
Es preciso un consentimiento escrito que no suscite dudas sobre la veracidad de la decisión del enfermo. En este sentido, el testamento vital no sería suficiente cuando la víctima se halla en estado de inconsciencia, sino sólo en caso de que la petición sea consciente y actualizada. También ha reconocido que el nuevo marco legal obliga a reconsiderar la prolongación irracional de la vida, pues puede colisionar con el principio constitucional de dignidad de la persona, "sin que pueda descartarse que tales supuestos puedan reputarse como tratos inhumanos y degradantes".
Es preciso hacer una mención especial al debate planteado en Cataluña donde en el mes de abril de 2000 el Parlamento autonómico ha llegado a votar una propuesta para modificar el Código Penal en el sentido de que se despenalice la eutanasia, que finalmente no pasó los correspondientes trámites parlamentarios por falta del apoyo necesario (68 votos frente a 66, después de que en una primera votación con voto secreto se produjera un empate).
El Código de Deontología aprobado por la Asamblea General del Consejo de Médicos de Cataluña el 16 de junio de 1997, en vigor desde el 1 de enero de 1998, expresa que "el objetivo de la atención a las personas en situación de enfermedad terminal no es acortar ni alargar su vida, sino promover su máxima calidad posible. El tratamiento de la situación de agonía debe adaptarse a los objetivos de confort, sin pretender alargar innecesariamente ni acortar deliberadamente. En los casos de muerte cerebral, el médico deberá suprimir los medios que mantienen una apariencia de vida a no ser que sean necesarios para un transplante previo" (art. 58).
Apenas existe jurisprudencia existe sobre eutanasia en España, y cuando algún tribunal ha juzgado el problema ha aplicado estrictamente la normativa vigente, como no podría ser de otra manera, lo que les ha llevado a recordar que tanto el Código Penal vigente como su antecesor sancionan inequívocamente la asistencia al suicidio (ver en este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de la Coruña en Actualidad del Derecho Sanitario nº 28, mayo 1997, pág. 253).
La propia Constitución reconoce en su artículo 15 el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que del mismo pueda deducirse un derecho a disponer sobre la propia vida.
En este sentido, el ordenamiento jurídico español no parece admitir bajo ninguna circunstancia la eutanasia.
En el ámbito Europeo, que no exclusivamente de la Unión Europea, el debate sobre la eutanasia también ha dado lugar a diversas normas y recomendaciones por parte de los Estados y organismos supranacionales.
El caso más notable lo encontramos en los Países Bajos, donde recientemente se ha aprobado una propuesta de ley de legalización de la eutanasia que, si bien aun está pendiente de aprobación por el Senado y, dada la mayoría con que cuentan los partidarios del proyecto, probablemente verá la luz el próximo año.
Aunque probablemente se trate del primer país del mundo que promulgue una ley, en sentido estricto con este contenido, no debe olvidarse que desde 1990 existía un procedimiento de notificación que en la práctica supone una aceptación de la eutanasia bajo ciertos presupuestos.
De hecho, el texto, denominado "Control de la eutanasia solicitada y asistencia a la muerte voluntaria", no hace más que sancionar una práctica que ya estaba tolerada y apoyada en 25 años de jurisprudencia holandesa. En el proyecto anunciado, que conserva los rasgos básicos del antiguo procedimiento de notificación, los requisitos precisos para que un médico pueda dar curso a la petición de eutanasia de un paciente son tres:
- Que el enfermo tenga un sufrimiento insoportable sin que perspectiva de mejora alguna.
- Que le haya expresado al médico repetidamente su voluntad de morir
- Que el médico pida la opinión de otro colega. Además la opinión del médico estará sometida al control de comisiones regionales especializadas, quienes juzgarán si el diagnóstico es correcto.
Además, la propuesta neerlandesa ha ido mucho más lejos de lo que en un principio se pudiera pensar ya que también reconoce el derecho de los enfermos de 16 y 17 años a decidir independientemente sobre su vida, sin el consentimiento de sus progenitores, aunque su opinión se tomará en consideración. Los enfermos de entre 12 y 16 años también podrán acogerse a la ley de eutanasia pero en este caso, necesitarán la aprobación de sus progenitores o tutor.
El procedimiento de notificación neerlandés funciona del siguiente modo:
El médico debe notificar todo caso de muerte no natural al forense municipal. En el caso de la eutanasia o del auxilio al suicidio, el médico redacta un informe partiendo de un modelo preestablecido (anexo I).
El forense redacta un informe en el que establece la muerte no natural del paciente y envía ambos informes, el del médico y el suyo, al fiscal. A su vez, también envía el informe del médico a la Comisión Regional de Comprobación de la Eutanasia.
La comisión comprueba si la actuación del médico cumple los criterios de cuidado y envía su dictamen al Ministerio Fiscal, al inspector regional de sanidad y al médico en cuestión, que puede solicitar una explicación de palabra. Independientemente de lo que haga el Ministerio Fiscal, el inspector regional de sanidad puede someter el asunto al órgano disciplinario médico.
Si la comisión dictamina que el médico ha actuado con el cuidado y el esmero profesional exigibles, normalmente el Ministerio Fiscal decidirá no someter el caso a juicio, a menos que haya motivos fundados para el procesamiento. Si la comisión dictamina que el médico no ha actuado con el cuidado y el esmero profesional exigibles, el Ministerio Fiscal consulta al ministro de justicia antes de incoar el procesamiento.
El procedimiento de notificación se creó en 1990 porque tanto los médicos como los fiscales necesitaban directrices sobre la actuación de los médicos que aplicaban la eutanasia. En 1994 se estableció el procedimiento de notificación en un decreto legislativo. En 1996, se llevó a cabo una investigación de ámbito nacional sobre el estado de la cuestión de las actuaciones médicas de terminación de la vida.
De la mencionada investigación se desprendió que tanto los médicos como los forenses y los fiscales abogan por que el Ministerio Fiscal realice un control anterior a la comprobación de cuidado, que no se lleve a cabo en la esfera del derecho penal o que, al menos, pierda parte de ese carácter.
Desde el 1 de noviembre de 1998 hay cinco comisiones regionales de comprobación, de las que forman parte un experto médico, uno jurídico y un experto en ética. A estos miembros los nombran conjuntamente el ministro de justicia y el de sanidad.
En Bélgica la legalización de la eutanasia también está siendo ampliamente debatida, hasta el punto de que el gobierno de coalición formado por liberales, socialistas y verdes está estudiando la adopción de una normativa que descriminalice algunas prácticas de eutanasia.
En Francia, el debate sobre la eutanasia está bastante restringido, de acuerdo con su estricta legislación en este campo. Baste señalar como ejemplo que en ningún país es ilegal informar sobre cómo suicidarse, siempre que la información no se dirija consciente y específicamente a una persona que tenga la intención de quitarse la vida. Pues bien, en Francia el proporcionar esta información sí es ilegal.
No obstante en marzo del año 2000 se conoció un informe de la más alta instancia francesa sobre cuestiones éticas, el Comité Consultivo Nacional de Etica para las Ciencias de la Vida y de la Salud, en el que se aconseja que en ciertas circunstancias excepcionales, como los casos en que no se controla el dolor a pesar de los medios disponibles, pueda practicarse la eutanasia. El informe se elaboró tras 18 meses de consultas con juristas, médicos y enfermeros de varios países europeos.
Otro caso llamativo, del que sin embargo se habla menos, quizá por no pertenecer al grupo de los 15 países que conforman la Unión Europea, es el de Suiza, la pequeña confederación de Estados situada en el centro de Europa. En el cantón de Zurich, se celebró un referéndum el 27 de septiembre de 1977 a fin de legalizar la eutanasia. El referéndum tuvo éxito, pero fue rechazado por el Consejo Nacional Federal el 6 de marzo de 1979. De acuerdo con los datos ofrecidos por EXIT, la Asociación Suiza para la Muerte Humana (Swiss Association for Human Dying), cuyo presidente es el profesor Meinrad Schaer, antiguo vicedirector de la Oficina Federal Suiza de Salud Pública, en este Estado la ley permitiría practicar la asistencia al suicidio.
De hecho, EXIT lo viene haciendo desde 1982 aplicando un procedimiento que básicamente consiste en que un médico de la asociación visita al enfermo y comprueba que tiene al menos 18 años, es residente en Suiza, no tiene alteradas sus facultades mentales, padece sufrimientos de salud intolerables y no hay circunstancias o terceras personas que influyan en su decisión.
Si se entiende que se reúnen los requisitos, un equipo compuesto por un abogado, un psiquiatra y un médico toman la decisión y, en su caso, asisten el suicidio solicitado. Inmediatamente se llama a la policía para que se investiguen las circunstancias de la muerte y si se ha violado la ley. Desde que se fundó la asociación en 1982 ningún colaborador ha sido enjuiciado por su participación en un suicidio asistido, y sólo en 1996 hubo 119 intervenciones que llevaron a la muerte del paciente.
El Consejo de Europa viene manteniendo una postura constante en contra de la eutanasia activa. En junio de 1999, la Asamblea Parlamentaria aprobó una Recomendación (1418/1999) a los 41 Estados miembros, entre los que figura España, sobre protección de los enfermos en la etapa final de su vida (anexo II). El texto aboga por la definición de los cuidados paliativos como un derecho subjetivo y una prestación más de la asistencia sanitaria. Por otra parte, subraya que el deseo de morir no genera un derecho legal del paciente ni una justificación jurídica para que un tercero practique la eutanasia.
Por su parte el Parlamento Europeo observa la misma línea oficial del Consejo de Europa. El 21 de mayo de 1996 aprobó una resolución en la que rechazaba de plano las propuestas de algunos políticos y científicos que respaldan la eutanasia para los pacientes en coma y los neonatos con graves minusvalías. La eurocámara rechaza de forma enérgica la tesis de un grupo de científicos que niegan un derecho ilimitado a la vida de las personas con graves dolencias físicas y psíquicas, los pacientes en coma y los recién nacidos con dificultades para sobrevivir.
La resolución responde a afirmaciones de políticos sobre que las enfermedades físicas y degenerativas suponen una carga económica y social considerable. Contiene una petición a la Comisión de las Comunidades Europeas para que renuncie, en su Programa de Investigación sobre Biología Médica y Salud, a declaraciones sobre el elevado coste de la ayuda y sostenimiento de las personas desahuciadas.
El Parlamento Europeo considera que deben rechazarse las teorías sobre la vida indigna, basándose en que contraría La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los eurodiputados han hecho hincapié en su sólida convicción de que el derecho a la vida es inherente a toda persona, independientemente de su salud. El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas (ELDR) no participó en la votación de la resolución por considerar que se trata de una cuestión demasiado importante como para abordarse en un debate sobre cuestiones urgentes, sin haberse elaborado un informe previo.
En otra resolución, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 320 de 28.10.1996, relativa al respeto de los derechos humanos en la Unión Europea, el Parlamento Europeo también afirma con rotundidad que "el derecho a la vida entraña el derecho a la atención sanitaria y requiere la prohibición de la eutanasia" (anexo III).
En el resto del mundo el caso más paradigmático lo encontramos en Australia, donde en 1994 el Territorio del Norte aprobó el Acta de Derechos de los Enfermos Terminales, que legalizaba la eutanasia (anexo IV). A pesar de ello, en marzo de 1997 la ley fue revocada tras una controvertida votación en que hubo 38 votos a favor de revocar la norma frente a 34 votos a favor de su mantenimiento.
La ley establecía el derecho a solicitar la eutanasia a toda persona mayor de 18 años que demostrase que era un enfermo terminal, que no había tratamiento para su dolencia y que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. También se exigía la firma de tres médicos, entre ellos un psiquiatra, y se defendía la voluntariedad del médico a practicar la eutanasia.
En Estados Unidos la controversia ha adquirido cierta relevancia en algunos Estados. Concretamente el Tribunal Federal de Apelaciones de Nueva York, competente también para Vermont y Connecticut, autorizó en 1996 la eutanasia médica, aunque posteriormente, el Tribunal Supremo suspendió las sentencias del Tribunal Federal.
También es destacable en Estados Unidos el caso del Dr. Kevorkian -también conocido como "Doctor muerte"-, que diseñó una máquina que contenía infusiones de barbitúricos, relajantes musculares y cloruro de potasio que, al ser activada por el mismo paciente, producía la muerte sin ningún tipo de dolor o molestia, en el lapso de seis minutos.
Una de sus primeras pacientes fue la señora Janeth Adkins, quien a los cincuenta y cuatro años de edad y tras recibir la noticia de una enfermedad incurable , decidió poner fin a sus días con la máquina del doctor Kevorkian, eximiéndolo por escrito de toda responsabilidad.
El caso fue juzgado en la Corte del Estado de Michigan, que exoneró de cualquier cargo criminal al inventor. De cualquier modo, después de 9 años bajo la sombra de la duda en los que el Dr. Kevorkian fue declarado inocente en tres ocasiones y en una cuarta el caso fue sobreseído, llegó una condena de 25 años por homicidio y otra de entre 3 y 10 años por administrar fármacos y ejercer la medicina sin permiso.
No puede dejar de hacerse mención al caso del Estado de Oregón cuyas leyes permiten que un enfermo terminal pueda acceder al suicidio asistido ingiriendo un medicamento letal prescrito por un médico. Esta posibilidad se contempla desde la aprobación de la Death with Dignity Act en 1997 (anexo V) que exige como requisitos que quienes se acojan a la misma sean enfermos terminales con un pronóstico de seis meses de vida que no padezcan ninguna alteración mental y lo soliciten por escrito en varias ocasiones. Hasta ahora 43 pacientes han fallecido usando este método.
El Código Penal de Uruguay de 1934 (Ley 9414, de 29 de junio de 1934) ofrece una respuesta jurídica peculiar para el problema de la eutanasia. Esta peculiaridad no radica en el hecho de ser el único país latinoamericano que ha adoptado una solución como la que a continuación se expone, ya que también los códigos penales de Perú, de 1924 (art. 157) y Colombia, de 1936 (art. 364), adoptaron soluciones semejantes, sino en el hecho de que, a diferencia de estos últimos, se ha mantenido hasta nuestros días.
El artículo 310 del vigente Código Penal de Uruguay tipifica como delito de homicidio la acción de quien "con intención de matar, diere muerte a alguna persona". La pena de entre veinte meses de prisión a doce años de penitenciaria prevista para el homicidio sería en principio perfectamente aplicable al médico que practica una eutanasia. Sin embargo, el código uruguayo también prevé varias "causas de impunidad" entre las que se encuentra el "homicidio piadoso".
Efectivamente, el artículo 37 prescribe que "los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio piadoso, efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima". Este artículo consolida la doctrina del "perdón judicial" aplicable al médico que asista a un enfermo terminal a superar voluntariamente la frontera de la vida. En la práctica, el perdón judicial es una especie de indulto que puede producir efectos muy similares a los de la legalización propiamente dicha.
En Colombia, la Corte Constitucional autorizó en 1997 la eutanasia voluntaria para pacientes terminales que la pidan. El Congreso puede regular los términos en los que se aplica pero no oponerse a ella.

References: artículo 27
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 15
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 310
 artículo 37