Source: http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc771.html
Timestamp: 2019-03-21 18:05:34+00:00

Document:
Editorial Un circo malo
Política A cien días del primero de Mayo
Economía Los aspectos técnico-económicos en la interpelación del Presidente del BCR
Derechos Humanos Monitoreando las maquilas
Documento Manifiesto de las ONGs a la nación (Tercera entrega)
Un circo malo
La impresión general es que el presidente del Banco Central de Reserva evadió las preguntas, respondiendo de manera prolija. En cambio, en los círculos gubernamentales y empresariales se opina que respondió muy técnicamente, tanto que los no iniciados no pueden entender los intríngulis del sistema financiero. Mientras en la oposición se habla de recomendar la destitución del funcionario por conflicto de intereses y ocultamiento de los hechos, del lado gubernamental se exalta la capacidad y ecuanimidad del Ing. Orellana. El poder ejecutivo canta victoria, pero la oposición tiene la sensación de que ha sido engañada.
Desde lo que debiera ser una interpelación a un funcionario público, en cuanto a pedirle cuentas de su actuación, de hecho, el Ing. Orellana se limitó a repetir lo que dice la legislación relacionada con el Banco Central de Reserva. De sus respuestas no se puede sacar mayor cosa sobre los escándalos financieros, mucho menos hay pruebas para fundamentar un antejuicio, al que algunos quisieran someterlo. Supo sacar buen partido del tipo de preguntas, del modo de hacerlas y sobre todo de la ignorancia sobre el sistema financiero de los diputados y sus asesores. En un afán exagerado por resguardar el respeto debido a la persona, ARENA consiguió que la Asamblea Legislativa neutralizara el potencial revelador de la interpelación.
Las respuestas del Ing. Orellana no son técnicas, sino políticas. Hizo uso político de la legislación relativa al sistema financiero. Llamar técnico a este recurso válido de la política es insultar a la opinión pública, que sabe que sus inquietudes no fueron respondidas. El Ing. Orellana siguió un texto preparado cuidadosamente por sus asesores, tanto así que un matutino publicó fragmentos del mismo aun antes que éstos fueran leídos en el recinto de la Asamblea. El propósito del Ing. Orellana no era informar sobre los hechos, sino contener el daño que la verdad podría ocasionar en las altas esferas del poder. En este sentido, el Ing. Orellana optó por sacrificarse, ateniéndose fielmente al texto legal para así proteger a quienes están por encima de él, porque las responsabilidades sobre lo ocurrido llegan muy arriba. Los diputados, por su parte, no pudieron superar las defensas levantadas por el presidente del Banco Central de Reserva.
En cuanto responsable de la estabilidad financiera del país, éste debe estar informado de las empresas o instituciones que lo puedan poner en peligro. El ex Superintendente del Sistema Financiero asegura haber informado en su oportunidad a sus superiores de lo que ocurría en las empresas que ahora están en quiebra. Es imposible que el Ing. Orellana desconociera que los bancos negaron créditos a INSEPRO y FINSEPRO. Si el presidente del Banco Central de Reserva desconocía la situación real de estas empresas y el peligro que corrían los fondos del público, lo cual atentaba contra la estabilidad del sistema financiero, no cumplió su misión. Si lo sabía, entonces, qué hizo para resguardar los intereses de los ahorrantes. Algo más, el Ing. Orellana no puede alegar ignorancia de los hechos cuando otras instituciones estatales sabían lo que sucedía.
De todas maneras, de las declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva se pueden sacar algunas conclusiones. La primera es que el sistema financiero salvadoreño es muy vulnerable, pues carece de controles mínimos que garanticen su sano funcionamiento. El Presidente Calderón lo confirmó, tal vez sin ser consciente de lo que afirmaba, al declarar que "estos problemas son de índole moral y actuaciones humanas que están fuera del control de las instituciones y leyes". Según esto, cualquiera puede atentar contra el sistema financiero, pues no existiría ley ni institución ni instancia superior que supervisase o pidiese cuentas.
En segundo lugar, es claro que el Ing. Orellana supo con antelación de las anomalías que ocurrían, pero se desconoce qué medidas adoptó, probablemente porque ello implica a la cúpula del poder político del país. En tercer lugar, es evidente que el sistema financiero es manejado y controlado por un reducido grupo de banqueros, viejos amigos, que deciden entre ellos lo mejor para sí mismos y sus empresas. En este exclusivo círculo, la competencia es un eufemismo. Finalmente, también es evidente que en la dirección actual del Banco Central de Reserva existe un conflicto de intereses y tráfico de influencias.
Paradójicamente, quienes más previnieron contra el espectáculo acabaron montando uno propio, pero de mala calidad. El presidente del Banco Central de Reserva y sus asesores respondieron a las preguntas desde el sitio reservado a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa; lugar desde el que tuvieron que ser removidos el segundo día. El Ing. Orellana sobreactuó su papel de tecnócrata, al extremo de falsearlo y volverlo atosigante, exasperando a los diputados de la oposición. El poder ejecutivo en pleno lo acompañó en esta ordalía política, como si no tuviera cosas más importantes que hacer en los despachos ministeriales o como si todo él estuviera siendo enjuiciado en el presidente del Banco Central de Reserva.
Temeroso del dramatismo que la oposición podía imprimir a la interpelación, ARENA, el gobierno y los medios de comunicación generaron unas expectativas y un ambiente que contribuyó de forma determinante a lo que aparentemente querían evitar. En realidad, la interpelación es un procedimiento constitucional, que forma parte de los instrumentos propios de la democracia. La interpelación es un recurso último, que se suele usar cuando no se han dado respuestas convincentes a problemas nacionales graves. Sin embargo, en un punto tiene razón el poder ejecutivo, en el presidente del Banco Central de Reserva se le estaban pidiendo cuentas sobre lo que ha hecho de las finanzas, la economía y el país. El gobierno de Calderón respondió con evasivas porque no tiene respuestas, lo cual, en sí mismo, ya es una respuesta.
Aparte del impulso que la interpelación ha dado a la democratización del país, éste ha sacado de ella una ventaja directa: el compromiso del poder ejecutivo para reformar la legislación e institucionalidad del sistema financiero. Es lamentable que se haya tenido que llegar a estos extremos para comprometer al poder ejecutivo en una reforma cuya necesidad es a todas luces evidente. Ahora bien, llegados a este punto y con la seguridad de haber obtenido un triunfo político, no sería extraño que el presidente Calderón negocie las reformas por la permanencia del Ing. Orellana en la presidencia del Banco Central de Reserva. Es una oferta que podría resultar atractiva para algunos partidos de la oposición.
Cabe preguntarse, entonces, por qué tanto interés en conservar al Ing. Orellana en su cargo. Evitar que la Asamblea Legislativa recomiende su destitución salvaría su honor y al mismo tiempo significaría un reconocimiento público, pero también demostraría que en El Salvador, los funcionarios pueden evadir las responsabilidades personales. El argumento de sus colegas banqueros, quienes advierten que destituirlo podría significar el derrumbe del sistema financiero, es inaceptable. Si su estabilidad depende de la permanencia de una persona en la presidencia del Banco Central, aquél no es tan sólido como aseguran. Entonces, ¿por qué los banqueros tienen tanto interés en conservar en su cargo al Ing. Orellana? ¿Por solidaridad de clase? ¿O es que hay otros intereses no confesados aún ante los cuales les es vital retenerlo en su puesto?
La lealtad del Ing. Orellana al poder ejecutivo, a ARENA y a los banqueros es también notable. Después de tantos años en el cargo y con tanta oposición, cualquier otra persona hubiera renunciado, con lo cual, además, la presión política hubiese disminuido y el Ing. Orellana se hubiese podido ahorrar la interpelación. ¿Es tanto su amor al servicio público y al partido como para seguir en el cargo pese a una oposición tan clara y abierta? ¿O en realidad el cargo conlleva unas ventajas tan valiosas como para soportar el juicio político al que fue sometido? ¿Por qué ARENA arriesgó tanto en la interpelación? ¿Será que no tiene otro técnico de la estatura del Ing. Orellana? ¿Prefirió sacrificarlo para salvar a las altas esferas del poder? ¿O además de esto existen otros intereses más valiosos que defender y proteger?
A cien días del primero de Mayo
A principios de este mes, alcaldes y legisladores, electos el 16 de marzo y posesionados el 1° de mayo del año en curso, culminaron sus primeros cien días de labores. Ahora, si bien es cierto que poco más de tres meses de gestión es un lapso de tiempo muy corto para dar un veredicto definitivo con respecto al desempeño de los nuevos funcionarios --en especial si se toma en cuenta la envergadura de los problemas que estos, en sus respectivas esferas, han debido enfrentar--, una evaluación de este primer período de labores, tanto en el Organo Legislativo como en las administraciones municipales, resulta, además de útil, conveniente. En primer lugar, porque una evaluación de los primeros cien días en la administración edilicia y en el quehacer legislativo puede establecer qué tan acertados fueron los pronósticos y que tan realistas las expectativas que se generaron en torno a los resultados electorales. En segundo lugar, porque el escándalo del fraude en el sistema financiero, dadas su dimensión y consecuencias, ha acaparado la opinión pública y las preocupaciones de los analistas, haciendo que la culminación de este primer período post electoral pase, prácticamente, desapercibido y que los habituales análisis que generalmente aparecen en el campo de debate hayan brillado por su ausencia.
Las administraciones edilicias
Uno de los más duros golpes asestados a ARENA en las pasadas elecciones fue la pérdida de la alcaldía de San Salvador y, junto con ella, la de varias de las alcaldías más importantes del país. Al conocer los resultados electorales, el FMLN se dio a la tarea de proclamarse vencedor y auto titularse "primera fuerza política del país"; los simpatizantes de izquierda pusieron toda su fe en la nueva racha de gobernantes con la que contarían las alcaldías e, incluso, no faltaron ex areneros desilusionados que, sin más remedio, decidieron otorgar a Héctor Silva y a sus nuevos homólogos el beneficio de la duda en materia de administración edilicia.
En definitiva, los nuevos alcaldes tomaron posesión de sus cargos en un clima de confianza y optimismo. Muchos pensaron que al fin habían llegado a las alcaldías quienes acabarían con la corrupción, la burocracia, la negligencia y toda la serie de males que hasta el momento habían caracterizado el quehacer edilicio. Los nuevos alcaldes, varios de ellos recién involucrados en la política o en el desempeño de cargos públicos, hicieron gala de las mejores intenciones y aseguraron estar dispuestos a introducir mejoras sustanciales en el funcionamiento de sus respectivas administraciones. Sin embargo, y a pesar de los buenos augurios, el resultado de los primeros cien días de labores en las nuevas alcaldías no ha sido precisamente el esperado.
Y es que los alcaldes de oposición han tenido que enfrentarse con la realidad y darse cuenta de que una cosa es que exista un plan de gobierno municipal muy bien intencionado y profesionalmente elaborado, y otra muy distinta, que dicho plan sea factible y reciba fácilmente la aceptación de la ciudadanía. Primero, porque las propuestas que llevaron a los actuales ediles a ocupar esos cargos fueron elaboradas desde fuera, es decir, sin el conocimiento interno del manejo de las alcaldías y de las ciudades; segundo, porque poner en marcha un proyecto implica ir sorteando todo tipo de obstáculos que van desde los malos manejos de administraciones anteriores, hasta las mismas costumbres de los habitantes de cada ciudad que muchas veces dificultan la concreción de cambios significativos.
Así pues, muchos de los nuevos funcionarios que llegaron a la alcaldía con deseos de transformarla y de mejorar notoriamente sus ciudades se han visto enfrascados en la resolución de problemas meramente administrativos; han tenido que dedicarse a poner en orden las finanzas debido a los canales y mecanismos de corrupción que las administraciones municipales areneras dejaron establecidos en las alcaldías; se han visto en problemas a la hora de manejar el personal de las municipalidades; y han tenido que enfrentarse directamente con una población cuyas costumbres, individualismo, insolidaridad y necesidades básicas insatisfechas constituyen, en sí mismas, problemas a resolver.
Según información de uno de los rotativos matutinos más importantes del país, el actual alcalde capitalino, Héctor Silva, obtendría poco más de 4 en la calificación por su desempeño hasta ahora. Asimismo, el alcalde de Guazapa, Antonio Corado, quedaría aplazado, pues, durante la campaña electoral, prometió llevar a cabo un plan de cien días para mejorar el municipio y hasta la fecha no se ha visto ninguna mejora. Pero más allá de la información de la prensa, lo cierto es que los nuevos ediles no han podido poner en marcha sus propuestas y las ciudades no han experimentados cambios notorios.
Por supuesto, ex alcaldes y funcionarios de ARENA no han perdido oportunidad para hacer declaraciones contra los actuales alcaldes y, con el cinismo más descarado, aseguran que los nuevos alcaldes se han dedicado a "llorar" y a lamentarse por lo que sus predecesores hicieron y por eso "no han hecho nada". Ante tal actitud cabe decir que si bien es cierto que aún no se ven mejoras palpables en las alcaldías, también lo es que eso se debe, en gran medida, al nefasto legado que dejaron los gobiernos municipales anteriores, cuyas características principales fueron las prácticas corruptas y la ineficiencia administrativa. Si quienes ocuparon ya el cargo de ediles estuvieran interesados realmente en mejorar sus ciudades, prestarían su apoyo y conocimiento a las nuevas administraciones en lugar de dedicarse a descalificar a la oposición acudiendo a argumentos bajos que lo único que logran es poner de manifiesto que su interés no va encaminado hacia la resolución de los problemas de los municipios, sino hacia el desprestigio de sus rivales políticos, con el único fin de adueñarse nuevamente de un poder que no supieron usar a favor de las comunidades.
De estos primeros cien días pueden sacarse, entonces, varias conclusiones importantes: en primer lugar, que si bien es cierto que no hay que perder la dosis de optimismo y la confianza en que las cosas pueden mejorar, también es conveniente ser realistas y entender que las buenas intenciones no son suficientes para modificar prácticas, tradiciones y situaciones que, aunque indeseables y dañinas, están arraigadas en los hábitos de la gente y, por consiguiente, son muy difíciles de cambiar. En segundo lugar y por esas mismas razones, es necesario entender que los cambios no son fáciles ni inmediatos; suele ser muy fácil ofrecer grandes soluciones a los problemas, pero la puesta en práctica de las propuestas pertenece a un orden de cosas distinto cuya complejidad no puede soslayarse. Finalmente, hay que señalar que una buena administración edilicia no depende únicamente del alcalde y su equipo, ya que en ella interviene también la sociedad civil, a la cual le corresponde, más que permanecer impasible frente a los múltiples y serios problemas que enfrentan actualmente las ciudades, participar activamente en la resolución de los mismos.
De la misma forma en que muchos salvadoreños depositaron su confianza en los alcaldes de oposición electos el 16 de marzo, sobre la nueva composición de la Asamblea Legislativa se erigieron grandes expectativas. Había llegado el momento de poner fin a los monopolios políticos. ARENA se vería obligada a replantear su actitud, tanto frente al país como frente a su manera tradicional de desempeñarse en la política. El consenso empezaría a ser una realidad y los diputados se verían, al fin, obligados a preocuparse más por solucionar los problemas del país que por satisfacer sus intereses particulares.
Pasado este primer período cabría, pues, preguntarse qué tanto ha respondido el desempeño de la Asamblea ante los grandes desafíos que le fueron planteados tras los resultados electorales. Para responder esa interrogante es necesario hacer un breve recuento de los aspectos más sobresalientes del desempeño del pleno. Durante el primer mes de labores, los diputados se mantuvieron enfrascados en la resolución de asuntos eminentemente administrativos. La elección consensuada del Presidente de la Junta Directiva y la configuración de las comisiones de trabajo --a pesar del "berrinche" protagonizado por el PCN y el PDC-- constituyeron un primer paso hacia un desempeño legislativo que, ciertamente, distaría mucho de las prácticas de antaño, pero que se encuentra muy lejos aún de aproximarse a una práctica democrática real.
Las semanas siguientes vinieron marcadas por la derogación de la Ley de Privatización de ANTEL y el esfuerzo que la comisión ad hoc llevó a cabo para ofrecer al país una Ley corregida y aumentada. La derogación trajo consigo, además de mejoras legales en el procedimiento de la privatización de la telefónica, serias implicaciones políticas. Para ARENA resultó ser la primera muestra palpable de que el poder, del que tantas veces hizo mal uso, había menguado considerablemente, pues ni siquiera el veto presidencial hubiera podido revertir la decisión de la oposición. Esta, por su parte, estrenó su acrecentada cuota de poder y se vio en la obligación de demostrar que, realmente, iba a usarla en beneficio de la nación.
En ese mismo lapso de tiempo los diputados eligieron a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos al magistrado presidente del Organo Judicial. La elección gozó del beneplácito de la mayor parte de los diputados y fue asumida por ellos como un acierto más en el camino de la transición democrática.
Poco después explotó el escándalo financiero y, tras decidir el establecimiento de una comisión investigativa para contribuir al esclarecimiento del millonario fraude, fue ese escándalo el que acaparó -y acapara todavía-- el quehacer legislativo en los últimos días. Ante el pleno han comparecido varios de los implicados en el escándalo, pero lo más polémico y espectacular ha sido la interpelación al presidente del Banco Central de Reserva, Roberto Orellana Milla. Quienes tuvieron la oportunidad de observar algunas de las imágenes de dicho evento, pudieron darse cuenta de la pobreza argumentativa de muchos de nuestros diputados y de que todavía es bastante frecuente que las fracciones se valgan de cualquier pretexto para "sacarse los trapos al sol", para ventilar sus inquinas políticas y para rivalizar con sus opositores.
Es por eso por lo que puede afirmarse que el sistema político salvadoreño está lejos todavía de superar sus atavismos más característicos y convertirse en un eje del proceso de la transición democrática. En muchos casos, y en especial en los que grandes intereses políticos y económicos se ponen en juego, las reacciones viscerales continúan predominando sobre los análisis racionales. Hay que reconocer que el equilibrio de fuerzas logrado en las pasadas elecciones --gracias a los salvadoreños que, cansados de los desaciertos de ARENA y otorgando un voto de confianza a las nuevas caras de la campaña, acudieron en marzo a las urnas-- ha dado buenos resultados, en el sentido de que la Asamblea Legislativa actual es, a todas luces, más agresiva, protagónica y autónoma que las anteriores. Sin embrago, en momentos determinantes, como la interpelación recién pasada, resulta claro que a muchos de nuestros políticos les falta preparación y experiencia en los aspectos que constituyen una democracia real.
Cuando el nudo del escándalo financiero empiece a desatarse y las fracciones legislativas puedan retomar sus propios asuntos, nuevos puntos polémicos, como la disminución del IVA y la nacionalización de la banca, se pondrán en discusión. Ojalá las experiencias de estos últimos cien días sean capitalizadas por los diputados de manera que su desempeño aumente en calidad y cobertura. Cosa que no sucederá si estos, a fuerza de repetir la palabra hasta el cansancio, se enfrascan en creer que la concertación es ya una meta superada y que la Asamblea Legislativa de hoy es la que el país necesita.
Los aspectos técnico-económicos en la interpelación del Presidente del BCR
Uno de los hechos más importantes desde la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, y aún desde el inicio del proceso de reprivatización de la banca, ha sido la interpelación del Presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Roberto Orellana Milla. Aparte de la trascendencia política de la interpelación, puede notarse que este proceso ha involucrado también algunos aspectos que atañen al manejo de la política monetaria y financiera, así como a la estabilidad macroeconómica en el país.
En este campo llama la atención que la citada interpelación no contenía preguntas referidas al papel que ha jugado el BCR en torno a los resultados de estabilidad macroeconómica. Lo anterior, empero, no es de extrañar considerando que aquélla surgió como resultado directo del escándalo financiero de FINSEPRO e INSEPRO. Su intencionalidad principal era explorar la responsabilidad, directa o indirecta, de Orellana Milla en la comisión del mencionado fraude, así como supuestas inhabilitaciones legales de este último para desempeñarse en su cargo.
Los aspectos técnico-económicos de la interpelación fueron en realidad muy pocos, e ignoraron importantes aspectos relacionados con la política monetario-financiera desarrollada por el BCR desde 1989. En las siguientes líneas se comentan importantes componentes de la interpelación en materia técnico-económica, para destacar luego cuales aspectos fueron omitidos en la interpelación y que, sin embargo, cuestionan fuertemente el papel desarrollado hasta ahora por el BCR.
Algunos de los elementos técnico-económicos, abordados en el cuestionario inicial de 40 preguntas utilizado para la interpelación, son los relacionados a la concentración de las utilidades y de los depósitos en solamente tres bancos del sistema y el manejo del encaje legal de FINSEPRO e INSEPRO. En la fase de repreguntas se volvió sobre otros temas tales como la situación de las reservas de oro, las funciones específicas del BCR y, especialmente, el conocimiento previo que Orellana Milla tenía de la situación de FINSEPRO-INSEPRO.
Sobre la concentración de las utilidades, Orellana Milla afirmó que "no es nada particular de El Salvador, pues esto es normal en muchos sistemas financieros del mundo... (hay datos) que muestran una concentración, digamos que, bastante típica en los sistemas financieros y en muchas otras actividades de otros sectores". Sin embargo, afirmó que en realidad sí existe competencia, tanto de parte de las instituciones financieras internacionales como de la Bolsa de Valores local. En torno a la concentración de las utilidades señaló que "estamos con un sistema financiero y con instituciones bastante nuevas, entonces es lógico que el grado de competencia, de eficiencia, de competitividad del sistema se vaya desarrollando gradualmente. Existe un marco legal que es adecuado y que más bien permite, facilita, se excita la mayor competencia posible y son marcos legales que atraen y permite atraer inversión extranjera en el sector financiero para, precisamente, crear más competencia".
Lo cierto es que el nivel de concentración presente en el sistema financiero contradice flagrantemente el espíritu de la liberalización económica, que considera el libre mercado como el mejor asignador de recursos, promotor de mayores niveles de eficiencia y un mecanismo ideal para la formación de precios relativamente bajos. La liberalización del sistema financiero --que en realidad no depende del BCR-- ha producido una concentración de la actividad financiera en pocas manos y un sistema de asignación de tasas de interés artificialmente altas que, además, privilegian la ampliación de los márgenes de utilidad bruta de los bancos mediante la ampliación de la diferencia entre tasas activas y pasivas.
El hecho de que en otros países exista concentración económica en realidad no justifica que aquí también exista; empero, debe reconocerse que este resultado ha sido producto no solamente de la política desarrollada por el BCR, sino sobre todo de los proyectos de privatización de la banca diseñados e implementados por el partido ARENA, el cual llevó a Orellana Milla a la Presidencia del BCR y es el único partido político que abandera incondicionalmente su defensa.
Sobre el manejo del encaje legal de FINSEPRO, los diputados preguntaron acerca del monto que fue utilizado en la ventanilla de liquidez automática; aquí, Orellana Milla aprovechó la oportunidad para explicar lo que es el encaje legal y la situación del correspondiente a FINSEPRO antes de que se volviera pública la defraudación. Según Orellana Milla, "hasta el viernes 27 de junio... FINSEPRO siempre mantuvo el cumplimiento de este requisito del encaje." Sobre el uso de la ventanilla de liquidez automática, el Presidente del BCR expresó que ésta estuvo "de acuerdo a un uso que era normal y de acuerdo a las normas y las leyes que regula el Banco Central."
Como se mencionó arriba, la fase de repreguntas colocó sobre el tapete otras situaciones más diversas que en la mayoría de casos tenían poco que ver con aspectos técnico-económicos y, más con aspectos, técnico-jurídicos e inclusive con situaciones personales que teóricamente inhabilitarían a Orellana Milla para desempeñar su cargo.
Lo que resulta destacable es que, en la mayor parte de los casos, el funcionario se eximió de culpabilidad en el caso FINSEPRO e INSEPRO alegando que no era competencia del BCR la fiscalización de las entidades financieras. La institución encargada sería la Superintendencia del Sistema Financiero, que no habría actuado oportunamente, y por tanto sería la responsable de que el fraude no haya sido evitado. Según el artículo 3 de la Ley Orgánica del BCR, éste tendrá como función primordial "velar por la estabilidad de la moneda y será su finalidad esencial promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias, crediticias y financieras más favorables para la estabilidad de la economía nacional".
Con todo, no cabe duda que existen puntos que derivan de la anterior función que ni siquiera fueron explorados, y que seguramente habrían puesto más en entredicho la eficiencia del BCR en el desempeño de sus funciones principales. Según versiones difundidas por el mismo BCR, los principales resultados de su gestión han sido revertir el estancamiento económico de la década de los 80, haber provocado una reducción de la inflación, estabilizado el tipo de cambio, incrementado las Reservas Internacionales Netas (RIN) y mantenido las tasas de interés libres y competitivas.
Esto es en realidad una verdad a medias, pues las condiciones para el crecimiento económico y la estabilidad económica, han venido dadas por procesos que escapan completamente al control del BCR. La inyección de recursos externos (empréstitos, donaciones y, especialmente, remesas) ha tomado mayor auge durante esta década y explican no solamente la expansión del consumo y del crecimiento económico, sino también el control de la inflación (a través de la estabilización del tipo de cambio) y el incremento de las RIN. En torno a las tasas de interés, persisten dudas razonables sobre la competitividad de las mismas y sobre los supuestos resultados positivos de su liberalización.
Así pues, la interpelación del Presidente del BCR obvió aspectos fundamentales que debieron ser tratados y que cuestionan su actuación como, por ejemplo, cuál ha sido su papel en la estabilización económica (tomando en cuenta lo ventajoso que resulta contar con flujos externos de capital), en el actual proceso de recesión económica que ya se prolonga por más de dos años, en la concentración del crédito en actividades terciarias, en el desfase de las tasas de interés en relación a la inflación y en la manipulación de aquellas para incrementar las ganancias de las instituciones financieras. Estos factores inciden, directa e indirectamente, en la estabilidad de la economía nacional y, sin embargo, no han sido objeto de medidas específicas por parte del BCR.
Una de las lecciones más importantes que deben retomarse de la citada interpelación es que la misma no debió diseñarse en función de fines políticos --para el caso, la implicación de Orellana Milla en el caso FINSEPRO-INSEPRO y las posibles violaciones a la Ley Orgánica del BCR--, sino más bien en función de cuestionar y mejorar el desempeño de los funcionarios de Estado en sus áreas de competencia.
Monitoreando las maquilas
El pasado 20 de agosto se publicó en el "New York Times" un editorial dedicado al tema del monitoreo a realizar en la industria de la maquila, para garantizar condiciones laborales dignas. Según la opinión del prestigiado periódico estadounidense, la gran preocupación de la gente en ese país ante las continuas denuncias de violaciones a los derechos humanos en dichas empresas, ha llevado al gobierno del presidente William Clinton a tomar cartas en el asunto. De hecho, la Casa Blanca ha creado un grupo de trabajo para conocer sobre el tema y adoptar medidas; además, fruto de la iniciativa gubernamental y con el apoyo de diez empresas estadounidenses --entre ellas Liz Clairborne, Nike, Reebok y Nicole Miller-- ya se formó la Asociación de la Industria de la Confección.
Esta Asociación, con apoyo gubernamental y de diversos sectores sindicales, presentó en abril de este año la propuesta de un Código de Conducta único para toda la industria; dicha noticia apareció publicada en El Diario de Hoy, el 16 de abril del año en curso. Con el mencionado Código se pretende "erradicar la explotación laboral tanto dentro como fuera de los EE.UU., así como formular una serie de parámetros que definan condiciones de trabajo humanas y decentes". Ello, con el objeto de que los consumidores y consumidoras de los productos fabricados por las empresas pertenecientes a la Asociación tengan la seguridad absoluta de que éstos han sido elaborados bien, sin que se haya incurrido en ninguna práctica de explotación. De manera concreta, el Código insiste en que se respeten los derechos laborales de las y los trabajadores de las plantas que --fuera de las fronteras de los Estados Unidos-- producen para las empresas que lo han adoptado.
Las grandes preguntas son: ¿quién va a asegurar que efectivamente se están elaborando sin explotación y cómo lo va a hacer? ¿quién dará fe de que en realidad se están respetando las legislaciones nacionales y cómo lo hará? ¿quién garantiza que se cumplirá cabalmente lo establecido en el Código de Conducta y de qué forma lo comprobará? De hecho, alrededor de esas interrogantes gira la gran discusión que en este momento tiene lugar al interior de la Asociación.
El citado Código, la adopción de un proceso de monitoreo y los mecanismos para su puesta en práctica así como la definición de la figura de los monitoreadores, son asuntos sumamente controversiales. Y ante eso, surge otro gran cuestionamiento: ¿deberán ser firmas auditoras especializadas o más bien organizaciones de la sociedad civil local? Según los acuerdos alcanzados al interior de la Asociación, las compañías podrán contratar firmas auditoras especializadas pero --además-- deberán trabajar al lado de grupos de derechos humanos y religiosos propios del país en el que desarrollen sus labores.
Por lo que se ha observado hasta ahora, no cabe duda que las empresas se sentirán más confiadas si este trabajo termina siendo encomendado a monitoreadores contratados por ellas mismas; por ende, resulta evidente el hecho de que entre ellas existe cierto recelo y en algunas hasta rechazo ante la posibilidad de un papel más protagónico por parte de las organizaciones sociales de cada país.
¿Qué tan efectivo puede ser un monitoreo llevado a cabo de esa manera? En el editorial del "New York Times" se narra un caso concreto en el cual intervino Andrew Young, ex representante del gobierno estadounidense ante las Naciones Unidas durante la administración de James Carter. Los resultados de esa experiencia, mediante la cual se intentó observar ciertas empresas en Asia por encargo de Nike, no fueron satisfactorios. Sobre el otro tipo de monitoreo, el afamado periódico estadounidense también ofrece uno de los pocos ejemplos que existen en el mundo: el que tiene lugar en territorio salvadoreño.
Desde 1996 se está impulsando una experiencia de este tipo en la fábrica Mandarin International, con la participación del llamado Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador. El GMIES --así es conocido el Grupo por sus siglas-- está compuesto por tres organismos de la sociedad civil: el IDHUCA, el Centro de Estudios del Trabajo y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador. A diferencia del otro caso en el continente asiático, hasta el momento los resultados de lo que se ha realizado en nuestro suelo pueden calificarse de satisfactorios.
Cabe decir que durante 1995, Mandarin International se mantuvo en el "ojo de la tormenta". En esa empresa tuvieron lugar hechos graves y preocupantes: el despido de sindicalistas, la salida abrupta de cientos de trabajadores y trabajadoras de la fábrica, las correspondientes denuncias y campañas internacionales. Todo lo anterior colocó a la industria maquiladora salvadoreña en una situación bastante embarazosa.
Eso no es raro, pues los salarios bajos, las metas de producción altas y las largas horas de trabajo son algunas de las denuncias que se escuchan cuando se habla de las maquilas en el mundo entero. En El Salvador, la mayoría de las y los trabajadores ganan 132 dólares por mes (56 centavos por hora) y el gasto mensual promedio en comida para una familia de cuatro personas es de 129 dólares con 89 centavos. Así, necesidades tan básicas como vivienda, ropa y transporte no logran ser cubiertas con tan mínimo salario.
Al respecto, un empresario se expresó así: "podríamos pagar un 20% más; probablemente podríamos pagar un 100% más y nuestra compañía seguiría siendo muy rentable. Pero no lo vamos a hacer, porque el mercado laboral nos dice que no lo tenemos que hacer". También prefieren contratar a mujeres jóvenes, muchas de ellas adolescentes que deberían de estar en la secundaria; ahí se encuentra otra de las grandes contradicciones: mientras se obliga a estas jóvenes a trabajar entre 60 y 70 horas por semana, más del 50% de la fuerza laboral salvadoreña no encuentra un trabajo estable a tiempo completo.
En nuestro país, los códigos de conducta de las corporaciones multinacionales así como las leyes de comercio internacional de los EE.UU., los tratados internacionales y la legislación nacional --desde la Constitución de la República hasta la Ley Especial de Zonas Francas y Recintos Fiscales -- proclaman el derecho a la organización por parte de las y los trabajadores. Sin embargo, en un estudio reciente de la Organización Internacional de Trabajo se sostiene que cerca de 5,000 personas fueron despedidas en 1995 porque quisieron formar sindicatos. Según el reporte, solamente el 1.25% de la fuerza laboral en el sector se encuentra organizada y firmado, no existe un solo contrato colectivo.
Es en ese marco donde, transcurrido casi un año y medio desde que se inició el proceso de monitoreo, han regresado a Mandarin International más de 70 personas que tuvieron que salir a lo largo de esos doce meses; en esa cifra están se incluyen miembros de la directiva sindical que quisieron retornar a su lugar de trabajo. Ahora, ya no se escuchan denuncias sobre malos tratos al personal y muchas ex trabajadoras de la empresa que actualmente se encuentran laborando en otros sitios de la misma zona franca, han manifestado su deseo de volver pues consideran que ahí existen mejores condiciones que en los sitios donde ahora se encuentran.
Incluso se ha reactivado el sindicato al ser nombrada su junta directiva, después de que --en 1995-- prácticamente fue "descabezado". En la práctica, todas las partes están haciendo serios esfuerzos para alcanzar y mantener una sana convivencia dentro de la empresa. Ciertamente, mucho es lo que falta aún por caminar; sin embargo, nadie que conozca de verdad lo que se está haciendo y que no tenga mala intención podrá negar que se han dado importantes pasos, muy pocas veces vistos antes en la historia de este país y mucho menos dentro de la industria maquilera.
El "New York Times", en su editorial del pasado miércoles 20 de agosto, apoya el tipo de monitoreo verdaderamente independiente y presenta la experiencia salvadoreña como un ejemplo del éxito que se puede alcanzar, cuando se utilizan para ello a instituciones sociales locales que gozan de credibilidad dentro y fuera del país, y que además --al conocer el lenguaje y la cultura, la historia y las costumbres-- son capaces de generar confianza entre las y los trabajadores. Según el periódico, los auditores especializados pueden ser necesarios en cierto grado; pero eso "no debería empañar el hecho de que el monitoreo efectivo solamente puede ser hecho por gente en quien los trabajadores y trabajadoras confíen".
El "New York Times" es un medio con una enorme capacidad de influencia en la sociedad estadounidense e, incluso, en el mismo gobierno federal. Su pronunciamiento en favor del tipo de esfuerzos como el impulsado en nuestro país por el GMIES, no es poca cosa; por el contrario, puede ser un instrumento valioso para el desarrollo de un proceso que permita establecer mecanismos e indicadores confiables en materia de respeto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la maquila.
La apertura de las empresas transnacionales a la observación independiente de las condiciones en que se producen las mercancías que ofrecen en el mercado internacional, sobre todo en el estadounidense y canadiense, pudo haber sido motivada por el temor a las campañas de denuncia en su contra y la reacción de la opinión pública; el impacto de ellas es grande en la reducción de sus volúmenes de venta. Sin embargo, es algo positivo que se comiencen a dar algunos pasos para enmendar situaciones tan negativas como las que se producen en las maquilas, pues así se puede ir avanzando en el beneficio de la población trabajadora.
En ese marco, recientemente se llevó a cabo una misma conferencia en dos importantes ciudades de los Estados Unidos de América: Washington y San Francisco. Dicha actividad fue organizada por el ya mencionado grupo de trabajo de la Casa Blanca, con el propósito fundamental de discutir en torno a los criterios para la selección de monitoreadores externos independientes. Fruto de su experiencia concreta en El Salvador, que ya supera los diecisiete meses, el GMIES presentó en la conferencia varias ideas sobre la manera cómo deben definirse estos actores. La consideración principal que el Grupo hace es la independencia real de los monitoreadores respecto a las partes involucradas; a ella, deben agregarse la credibilidad de su trayectoria y la confianza que le tengan las partes.
Con un mayor nivel de precisión, el GMIES sostiene que en un esfuerzo de ese tipo deben participar tres o más organizaciones no gubernamentales nacionales confiables. Estas instituciones deben tener habilidad para mediar, negociar y prevenir conflictos ya que --según lo vivido por el Grupo-- en estos procesos se requiere de un involucramiento que trasciende la simple observación de los problemas; este trabajo exige impulsar, de forma creativa e inteligente, mecanismos ágiles para la prevención de los conflictos y propuestas objetivas de solución cuando ocurran.
A las organizaciones monitoreadoras, en ese sentido, les corresponde facilitar la comunicación entre las partes y encontrar soluciones alternativas a las dificultades que no se hayan podido evitar. Si en determinado momento es necesario recursos y habilidades técnicas fuera del alcance de las instituciones monitoreadoras, la solución es fácil: se pueden contratar servicios profesionales puntuales. Además, entre otras cosas, el GMIES propuso que dichas instituciones deben trabajar "sin fines de lucro" y estar totalmente desvinculadas orgánicamente de las partes. A fin de no generar conflictos de interés, tampoco deben aceptar donaciones, regalos o cualquier tipo de apoyo proveniente de alguna de las partes interesadas.
Aún falta mucho por discutir y negociar sobre el tema. Sin embargo, se espera que la experiencia que arroja el trabajo realizado en El Salvador contribuya positivamente en la definición de mecanismos alternativos novedosos y eficaces, a fin de que progresivamente se vayan mejorando las condiciones de trabajo en las maquilas mediante la prevención y solución exitosa de los conflictos. De igual manera, se aspira a que dicha experiencia también pueda ser aprovechada y enriquecida por aquellas instituciones sociales y del Estado que, sincera y realmente, se preocupan y trabajan por el bien de las y los trabajadores salvadoreños.
La iniciativa de la Casa Blanca puede favorecer a los 2.5 millones de personas que a nivel mundial trabajan en las fábricas maquiladoras de ropa. Pero todavía es bastante lo que se debe avanzar para que a esas prendas de vestir se les pueda pegar etiquetas de "Sin sudor": los salarios deben cubrir las necesidades básicas de las y los trabajadores y se deben controlar tanto las horas de trabajo como las metas de producción. Debemos tener presente que en la actualidad no sólo se deben crear fuentes de trabajo como las de la maquila; el reto al cual nos enfrentamos es el de asegurar que se generen empleos en los cuales se respete la dignidad de las personas.
El empleo, la inversión y el rol de la micro y pequeña empresa
La situación del empleo sigue siendo un problema en el país, las tasas de desempleo abierto en torno al 8% de la población económicamente activa y de un 50% de población laboral en el sector informal, fundamentalmente femenina muestran la debilidad de la estructura productiva, así como sus deformaciones. Los bajos salarios y la inestabilidad de éstos, de poco sirven para generar nuevos estímulos a la inversión por la vía de la demanda.
Para enfrentar esto se hace necesario una política de estímulo a la inversión que parta tanto de la acción pública como de la actividad del sector privado. Por una parte el Estado debe orientar su acción inversora, si bien a generar empleo a través de la creación de infraestructura, económica y social, al mismo tiempo ésta debe servir para impulsar las inversiones del sector privado. Asimismo el Estado debe establecer una serie de mecanismos que favorezcan la inversión productiva en el agro, en la industria y otras actividades económicas.
Mejorar los salarios y los ingresos a fin de elevar la calidad de vida de la población es importante, no se puede seguir manteniendo salarios que no cubren ni la canasta básica alimentaria de una familia. Actualmente el costo de la canasta básica ampliada es superior a los 4,000 colones, mientras el salario mínimo es de 1,150 colones. En este sentido la revisión y el incremento del salario mínimo es importante, así como la generación de oportunidades a la población para mejorar sus ingresos. Es necesario dimensionar que capacidades adquisitivas deprimidas afectan y desestimulan la inversión, por lo tanto programas orientados a fortalecer la inversión, el empleo y los ingresos son fundamentales. En especial se deben desarrollar acciones orientadas a mejorar la situación laboral de las mujeres, promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato.
La micro y pequeña empresa han jugado un papel trascendental en el desarrollo del país, tanto en la generación de empleo e ingresos a la población, así como en la creación de la riqueza nacional. Pero tradicionalmente han estado abandonados en el marco de las políticas públicas. El momento actual exige la construcción de una política integral de apoyo y estímulo a la actividad de estas empresas. Estos programas y políticas deben contemplar mecanismos que faciliten el acceso al crédito, a la tecnología, el apoyo técnico y la creación de mecanismos de comercialización que les permitan insertarse en el mercado nacional, regional e internacional. Asimismo es importante redimensionar su papel en el nivel del desarrollo local, su participación activa en el diseño y ejecución de los programas, políticas y acciones que inciden en sus actividades.
El desarrollo local, la descentralización, la participación ciudadana y los recursos necesarios
El tema de la descentralización y el desarrollo local se ha convertido en la actualidad en un eje fundamental para la democratización y superación de los problemas de exclusión y pobreza. Durante décadas regiones importantes del país han sido excluidas del desarrollo. Un imperativo en este momento es establecer un verdadero desarrollo local y para ello impulsar los instrumentos de la descentralización y participación en el nivel local. Entenderemos el desarrollo local como crecimiento sostenido de las actividades económicas, como generación de bienestar y calidad de vida crecientes a sus habitantes, así como el manejo sustentable de sus recursos naturales y la participación activa y creativa de todos los sectores y especialmente de las mujeres.
En este sentido es necesario crear los instrumentos que potencien el desarollo local. Se debe por lo tanto aprobar una ley de descentralización y otra de participación ciudadana en el nivel local. El traslado de por lo menos el 10% del presupuesto nacional a los municipios, sino establecer un mecanismo gradual de asignación a los municipios partiendo de un 6% para el próximo año e incrementos anuales de 1% hasta llegar al 12%. Es necesario potenciar en recursos y capacidades técnicas y administrativas a los municipios, es importante una planificación participativa, una incorporación real de las empresas al desarrollo local, para enfrentar los diversos problemas que las afectan. La organización y participación es un mecanismo fundamental para que la población se incorpore activa y creativamente a la solución de sus problemas. Es necesario institucionalizar esta participación a través de Consejos de Desarollo Municipal/local, así como de instancias técnicas y políticas, locales y regionales que tienen capacidad de incidir en las decisiones fundamentales de su localiad y región. No se puede seguir manteniendo una dinámica centralizada del gobierno cuya ineficiencia para atender los problemas locales está demostrada. Es importante trasladar funciones a nivel local pero también capacidades de decisión sobre el desarrollo local.
La política social se ha caracterizado por ser esencialmente compensatoria, así como las inadecuadas reformas sociales, no han resuelto durante estos ocho años de gobierno conservador, las graves dimensiones de la pobreza y la exclusión. Para enfrentar la pobreza es necesario la elaboración e implementación de una estartegia y políticas para erradicarla, considerando la integralidad y multidimensionalidad del fenómeno. Acciones orientadas a la generación de empleo, educación, salud, acceso a los servicios básicos y un marco de oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población serán importantes para recuperarla.
Un mayor énfasis de las políticas deberán ser dirigidas a la sitiación de las mujeres, las cuales sufren en una mayor dimensión este problema (feminización de la pobreza). No se debe pensar simplemente en resolver la pobreza con medidas asistencialistas o compensatorias, sino desde una concepción que vaya a las causas estructurales y coyunturales de ésta. Nuevamente una visión integral y multisectorial que considere los factores económicos, sociales, político, medioambientales y culturales, es la forma más idónea para enfrentar la pobreza y el desarrollo social, tomando en cuenta las particularidades específicas de los hombres y mujeres en El Salvador.
Uno de los pocos avances importantes, en estos últimos años ha sido la reforma educativa, la cual se comenzó a impulsar desde hace más de un año, los logros en este campo son significativos, desde la experiencia de participación de comunidades en los procesos educativos, el aumento del presupuesto nacional en esta área y la concepción de la reforma. Habrá que esperar algunos años para evaluar el impacto educativo en la población y su contribución al desarrollo, pero creemos que en esta área se ha dado pasos importantes de transformación. Los problemas de acceso a la educación especialmente en el área rural, el fortalecer los niveles de formación y capacitación técnica, el favorecer el acceso a la educación superior y el desarrollo de programas y políticas en relación al arte y la cultura, son todavía algunos aspectos sobre los cuales se debe poner énfasis.
La reforma educativa ha avanzado tocando todos los niveles, especialmente el nivel básico y medio, pero falta mucho por hacer en el nivel técnico, en la educación superior, la ciencia y la tecnología. En este sentido es importante establecer una política desde el Estado orientada a reconstruir y fortalecer la Universidad de El Salvador, la cual ha cumplido un papel histórico en la formación de capacidades técnicas y profesionales, así como en las transformaciones que el desarrollo del país ha requerido. La Universidad de El Salvador demanda de una acción decidida del Estado por la restauración y reconstrucción de su infraestructura, por mejorar la calidad de su formación y por una readecuación institucional. Además es necesario un aumento de su presupuesto, con el objeto de que esto le permita contribuir con eficiencia y eficacia, a los nuevos de la retos de la democracia y el desarrollo.
Los pasos en la conformación de una política de ciencia y tecnología son todavía débiles. Es importante el fortalecimiento de CONACYT, el apoyo al desarrollo de la investigación científicas y tecnológicas (públicas y privadas), el aporte de las empresas en este campo, etc. Todo esto se constituye en un reto fundamental que exige a nuestro país adecuarse a los cambios tecnológicos mundiales y a las nuevas realidades nacionales.
La situación de los recursos naturales y del medio ambiente hacen necesario establecer medidas urgentes. En este sentido no basta la creación de un ministerio de medio ambiente o de medidas aisladas, que muy poco hacen por enfrentar un problema, que tiene que ver con la forma como se ha estructurado el estilo de crecimiento económico. Este enfoque de crecimiento, permanentemente ha deteriorado el medio ambiente y degradado los recursos naturales.
Las acciones en este campo deben estar orientadas a enfrentar profundamente las causas que han dado origen a esta tendencia, a los cambios en las formas de producción y al control y regulación de la contaminación. En este marco es necesario la aprobación de una ley de medio ambiente que regule la conservación, la recuperación y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. A su vez es necesario una ley de ordenamiento territorial, una ley sobre el uso del agua, sobre el ordenamiento de cuentas hidrográficas, etc. Es importante el impulso de prácticas agroecológicas, así como la adopción de enfoques no contaminantes. Un problema fundamental en la actualidad es la escasez del agua, para ello es necesario dimensionar los factores causales del problema y buscar soluciones en todos sus ordenes. En general el problema tiene que ser abordado integralmente si pensamos en las presentes y futuras generaciones.
La problemática por la que atraviesa la mujer se caracteriza por la exclusión y marginación en distintos ámbitos del quehacer nacional, si bien se ha avanzado a través de una legislación y otros mecanismos institucionales que tienden a garantizar sus derechos, hay todavía mucho por hacer. La necesidad de programas y acciones integrales para modificar los esquemas de tratamiento discriminatorio a la mujer son parte importante. La participación creciente de las organizaciones de mujeres es una realidad, se debe tomar en cuenta la capacidad de propuesta por ellas desarrollada tanto en los ámbitos privado como público. Debe generarse mayores espacios de participación y acción para las mujeres tanto en el ámbito local como nacional. Se debe tomar en cuenta también los derechos reproductivos de la mujer, los derechos de los niños y personas de la tercera edad y establecer políticas que resuelvan los problemas que enfrentan. Los acuerdos internacionales (Beijin), así como la política nacional de la mujer deben ser aplicados realmente, los compromisos del gobierno en este campo deben avanzar mucho más. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer debe jugar un papel rector de las políticas hacia las mujeres a fin de crear un marco favorable para su desarrollo.
El Salvador se ha caracterizado por ser un país expulsor de fuerza de trabajo, ciertamente el enfoque de políticas y el modelo de crecimiento implementado durante estos años, no ha posibilitado mejorar la calidad de vida de grandes contingentes de población, especialmente del mundo rural, los cuales permanentemente han seguido migrando a otros países y con mayor intensidad a los Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades. Las causas de la migración durante los años ochenta y parte de los noventa si bien tenían que ver con el conflicto armado y las condiciones socioeconómicas, la tendencia actual de la migración sigue encontrando su causa fundamental en la deprimente situación de vida de sus habitantes. Las pocas oportunidades, los bajos ingresos, la baja calidad de vida, la pobreza, la exclusión y la marginación son factores fundamentales de esta situación.
Esta realidad es contradictoria mientras las remesas enviadas por nuestros compatriotas se convierten en base fundamental de la estabilidad económica del país, por otra parte no se apoya las necesidades de amplios sectores de donde se derivan estas remesas. Esta realidad implica la necesidad de establecer una política en relación a la población que tiende a migrar. Por una parte es necesario cambiar las condiciones socioeconómicas internas que provocan este fenómeno, a fin de estabilizar las tendencias migratorias de la población. Pero por otra parte es necesario establecer programas, políticas y acciones a fin de que la población salvadoreña receptora de remesas encuentre facilidades para el uso productivo de éstas y para su propio desarrollo.
Por otra parte es necesario una acción decidida del gobierno y de otros sectores para evitar la aplicación de la política aintiinmigrante en los Estados Unidos, las consecuencias de esta ley pueden ser muy graves para la ya deteriorada situación del país y para las familias de compatriotas que viven en los Estados Unidos y las receptoras en El Salvador.
Participación, concertación, para enfrentar la exclusión
La exclusión sigue siendo una característica esencial del estilo de desarrollo de nuestra sociedad y economía. La exclusión económica, social, política, territorial, de género, etc. es parte de este esquema. En este marco es fundamental dar paso a la organización y participación de la sociedad civil, dado que los retos del desarrollo no solamente deben ser preocupación de los gobiernos a nivel nacional o local, sino una tarea conjunta con todos los sectores. La participación activa de la sociedad es fundamental en el logro del desarrollo y la democracia.
Esto exige la creación de instancias de participación y concertación, es decir construir la institucionalidad para que la sociedad civil contribuya constructivamente al desarrollo nacional. La sociedad civil a su vez, debe también crear su propia institucionalidad para apoyar el desarrollo y demandar de las instancias públicas, privadas e internacionales una acción efectiva en la superación de los distintos problemas que afectan a la población. En este sentido cobra importancia la constitución de gremiales, asociaciones, organizaciones de mujeres, jóvenes, etc. Así como de entidades fiscalizadoras de los fondos públicos y de la cooperación internacional, para garantizar que éstos vayan en provecho de la población, de la democracia y el desarrollo. Por lo tanto potenciar los mecanismos de concertación y de participación ciudadana en las decisiones fundamentales del país, de una región y localidad, es un imperativo para lograr el desarrollo y la democracia.
A partir de las consideraciones anteriores sobre la situación nacional, sobre los criterios que deben orientar la acción de los distintos sectores en el momento actual y nuestra primera agenda de temas nacionales, deseamos hacer un llamdo:
Al Consejo Nacional de Desarrollo creado por el gobierno para que retome nuestras preocupaciones y propuestas, en torno a la agenda nacional. Asimismo la instamos a que establezca mecanismos que permitan una participación amplia, efectiva y constructiva de la sociedad civil en la visión del proyecto nacional.
Al gobierno para que considere la necesidad de crear y convocar en el corto plazo a un gran Foro Nacional por la Democracia y el Desarrollo, que incorpore a todos los sectores y que la agenda de temas y propuestas que de ésta resulten sea considerada en la redefinición de sus políticas y acciones. Especialmente para potenciar la equidad de géneros y erradicar la discriminación hacia las mujeres, se hace un llamado al ISDEMU para que cumpla con su papel rector de las políticas públicas para el desarrollo de las mujeres.
A la sociedad civil para que se organice y participe activa y creativamente en la generación de propuestas, para enfrentar los graves problemas por los que atraviesa nuestra nación.
A los partidos políticos y sus representantes en la Asamblea Legislativa, para que responsablemente y con una actitud patriótica, enfrenten y resuelvan los distintos problemas heredados del pasado, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia y al logro del desarrollo humano sustentable, en el marco de relaciones equitativas entre mujeres y hombres.
A todos los sectores a estar vigilantes sobre las propuestas y mecanismos creados por el gobierno para construir un proyecto nacional de consenso. A fin de que éstas se conviertan en simples mecanismos formales y sin incidencia real para cambiar el rumbo y las políticas que tanto afectan a la mayoría de la población salvadoreña.
A las ONG's para que nos incorporemos al esfuerzo de construir una nueva nación, donde la democracia y el desarrollo humano sustentable sea la garantía de una mejor calidad de vida para las presentes y futuras generaciones.
A las municipalidades y comunidades locales para fortalecer sus espacios de participación y de decisión, en función de su integración al desarrollo nacional.
A la cooperación internacional para que oriente sus recursos y apoye la ejecución de programas y proyectos que profundicen la democracia y propicien el desarrollo sustentable.
San Salvador, 31 de julio de 1997.
ONG's que apoyan este manifiesto: APROCSAL, APROSAL, APSIES, ASTAC, ASOPROSAR, ASDEC, ASPS, ASDI, ACISAM, ASIPES, ALFALIT, CAPAZ, CALMA, CIPHES, CIDEP, CONCERTACION CENTROAMERICANA, CINES CORDES, CDC, CPAS, CRIPDES, CRD, CEMUJER, CREDHO, CEPRODE, CREFAC, DIGNAS, ERAT, CIAZO, RUDECITITAMA, FEDECACES, FUMA, FUNDACION BALSAMO, FASTRAS, FUCRIDES, FUNDEMUN, FUNDACION TAZUMAL, FUNDROCOOP, FUNDAES, FUNDAMAV, FUNDASAL, FUNDACAMPO, FUNDASPAD, FUNDAUNGO, FUNDE, FUNDESA, FUNSALPRODESE, FUSAI, IMU, ISD, LAS DIGNAS, MAM, PRO-VIDA, PROCOMES, PROCADES, PREDECOSAL, REDES, UNES, VISION MUNDIAL.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
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 artículo 3
in fine