Source: https://ar.vlex.com/vid/disposicion-29-642282369
Timestamp: 2020-02-20 13:31:14+00:00

Document:
Disposición 29. - 13 de Junio de 2016 - Boletin Oficial de la Republica Argentina - Legislación - VLEX 642282369
VISTO el Expediente N° S01:0149068/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, y
Que mediante la Resolución N° 276 de fecha 29 de diciembre de 2010 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA se creó la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN de dicho Ministerio.
Que mediante el Decreto N° 1 de fecha 4 de enero de 2016, se aprobó la conformación organizativa del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y la aprobación de las responsabilidades primarias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que en múltiples servicios jurídicos permanentes de la Administración Pública Nacional, se han establecido regímenes de percepción y distribución de honorarios.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, ha ratificado la validez de los mencionados regímenes de percepción y distribución de honorarios (v. Dictámenes 132:246, 200:209, 202:3, 231:320 y 255:432).
Que mediante la implementación de dichos regímenes, se ha logrado un sistema proporcional y equitativo de participación de los honorarios judiciales en las asesorías jurídicas, siendo una pieza normativa, interpretativa e insustituible cuando fue cuestionado el derecho de diversos letrados a participar en los estipendios profesionales regulados.
Que, asimismo, por medio del Artículo 3° de la Resolución N° 57 de fecha 18 de agosto de 2000 de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se propuso su establecimiento en todos los servicios jurídicos del Cuerpo de Abogados del Estado.
Que debido a su conformación, resulta necesario que la Dirección General de Asuntos Jurídicos cuente con un mecanismo de percepción y distribución de honorarios profesionales regulados en las actuaciones judiciales y prejudiciales.
Que el régimen que se aprueba mediante la presente disposición, prevé criterios justos y equitativos de participación basados en principios de moralidad y justicia, toda vez que el abogado que se desempeña en relación de dependencia del ESTADO NACIONAL, o está vinculado al mismo con un contrato de locación, o prestación de servicios, no obtiene por sí el trabajo profesional, sino que éste le es asignado por pertenecer al servicio jurídico estatal, de manera tal que es el ESTADO NACIONAL, y no su propio esfuerzo de captación, el que le provee el acceso a la retribución profesional.
Que, asimismo, la Administración Pública Nacional le suministra la infraestructura necesaria para su labor y, por ende, le facilita herramientas, ahorra los gastos y erogaciones que normalmente debe hacerse cargo el profesional independiente para afrontar y mantener la organización de medios materiales y humanos que le permiten trabajar.
Que por otra parte, el abogado estatal recibe la colaboración de sus compañeros, profesionales y administrativos, y desarrolla sus tareas bajo la conducción y responsabilidad que incumbe a sus superiores, que lo respaldan bajo el ejercicio de sus funciones de control y dirección de los casos.
Que asimismo, mediante la implementación del presente régimen, se asegura que la participación en los honorarios de los abogados que prestan servicios en la Dirección General de Asuntos Jurídicos sea razonablemente mayor, a fin de compensar su responsabilidad y estimular su desempeño diligente y productivo, así como incentivar el trabajo participativo y en equipo.
Que por otra parte, la participación del personal administrativo, en una proporcionalidad menor, reconoce el esfuerzo de quienes integran la infraestructura de apoyo necesaria para el ejercicio profesional.
Que se ha previsto el carácter excepcional y no remunerativo de los montos que se perciban, en atención a las causas que los devengan.
Que el sistema que se implementa resguarda adecuadamente los créditos estatales al privilegiarlos respecto de los honorarios regulados judicial o extrajudicialmente, ya que en ningún caso la relación entre los honorarios regulados y los percibidos podrá ser superior a la que haya entre el crédito reconocido al ESTADO NACIONAL por la sentencia judicial o extrajudicial y el monto que efectivamente ingrese al patrimonio público.
Que la presente medida se dicta conforme a las previsiones del Artículo 40 del Decreto N° 34.952/47, reglamentario de la Ley del Cuerpo de Abogados del Estado N° 12.954, del Artículo 7° del Decreto N° 1.204 de fecha 24 de septiembre de 2001, del Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y de la Resolución N° 276/10 del entonces MINISTERIO DE INDUSTRIA.
Apruébase el Régimen de Percepción y Distribución de Honorarios Judiciales o Extrajudiciales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que como Anexo forma parte integrante de la presente disposición.
Autorízase al titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que los honorarios que sean regulados a partir de la entrada en vigencia del presente régimen, se efectúen en la Cuenta Recaudadora de Fondos que el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN posee, la que será de uso exclusivo a los fines del depósito de los honorarios regulados.
Facúltase al Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos a dictar las normas aclaratorias, interpretativas, ejecutorias, o complementarias que resulten necesarias a los fines de la instrumentación del régimen aprobado por la presente medida.
Comuníquese a la...
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References: Resolución 
 Artículo 3
 Resolución 
 Artículo 40
 Artículo 7
 Resolución