Source: https://www.scribd.com/doc/86003783/SENTENCIA-C-465-2008
Timestamp: 2016-07-23 09:27:02+00:00

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cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad administrativa, sino por vía judicial; vi) el derecho de las organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones nacionales e internacionales; vii) la inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical. LIBERTAD SINDICAL-No tiene carácter absoluto No es admisible reconocer el carácter absoluto de la libertad sindical, en la medida en que la propia Constitución establece como limitación, concretable por el legislador, que la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos y que, los Convenios Internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Por lo tanto, se advierte, que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en modo alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio. AUTONOMIA SINDICAL-Alcance La evolución del derecho internacional del trabajo y el compromiso del Estado colombiano de cumplir las obligaciones internacionales que genera la ratificación de los convenios internacionales del trabajo permite concluir que es necesario impedir no solo las intervenciones directas del Estado en la autonomía sindical sino prevenir cualquier riesgo claro de afectación de dicha autonomía. La Corte para determinar la vulneración de la autonomía sindical, examina en cada caso concreto si la norma que establece parámetros para el funcionamiento de la organización sindical constituye o no una intromisión desproporcionada en su vida interna y su esfera de autonomía. REGISTRO SINDICAL-Su concesión por autoridad administrativa equivale a un control previo/AUTONOMIA SINDICAL-Se vulnera con la exigencia de aprobación previa de los estatutos sindicales El ejercicio de las actividades sindicales no puede estar sujeto a la concesión de un registro equivalente a un control previo por parte de una autoridad administrativa, la cual podría rehusarse a efectuar el registro. Desde una perspectiva funcional, esta facultad se asemeja a una autorización previa
para la constitución de un sindicato, un requisito que es prohibido expresamente por el artículo 2° del Convenio 87 de la OIT. COMITE DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT-Decisiones y principios orientadores de interpretación de los convenios de la OIT REGISTRO SINDICAL-Ministerio de la Protección Social no puede negar inscripción de reformas de estatutos sindicales/ILEGALIDAD EN REFORMAS DE ESTATUTOS SINDICALES-Competencia de la jurisdicción laboral El Ministerio de la Protección Social ya no puede negar la inscripción en el registro de las modificaciones de los estatutos de las organizaciones sindicales que sean depositadas ante él. La obligación del sindicato es simplemente la de depositar la modificación de los estatutos ante el Ministerio, lo que implica también depositar los documentos que acrediten que la modificación se realizó de acuerdo con las exigencias legales. El Ministerio no puede entrar a juzgar si esas enmiendas se ajustan a la Constitución o a la ley. Si el Ministerio considera que las reformas introducidas son inconstitucionales o ilegales tendrá que acudir a la jurisdicción laboral para que así lo declare. REFORMAS ESTATUTARIAS DE SINDICATOS-Rigen a partir de su depósito ante el Ministerio de la Protección Social/DEPOSITO DE REFORMAS ESTATUTARIAS DE SINDICATOS-Requisito con fines de publicidad/DEPOSITO DE REFORMAS ESTATUTARIAS DE SINDICATOS-No es trámite de control previo administrativo Los cambios normativos que ha experimentado el artículo 370 del CST han conducido a que en este momento las reformas estatutarias de los sindicatos entren a regir con el simple depósito de las mismas - y de los documentos que acrediten que fueron tramitadas debidamente. Ante las divergencias interpretativas y el riesgo de que el requisito del depósito opere como un trámite de control previo administrativo, la Corte declarará que el artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo es constitucional, por el cargo que fue analizado, pero con un condicionamiento que excluya cualquier interpretación que transforme el depósito en una autorización previa de tipo administrativo. El depósito solo cumple una función de publicidad, compatible con la autonomía sindical. Entonces, la Corte declarará la constitucionalidad de la norma acusada en el entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente con el fin de darle publicidad a la reforma, sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma estatutaria. AUTONOMIA SINDICAL-Manifestación/AUTONOMIA SINDICAL-Administración no puede negarse a inscribir a miembros de
Junta directiva de sindicatos nombrados/ILEGALIDAD DE NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS DE SINDICATOS-Competencia de la jurisdicción laboral De acuerdo con el principio de la autonomía sindical es el sindicato el que decide quiénes son sus dirigentes. por cuanto en el
. En el caso de los empleadores y el Gobierno es fundamental la determinación acerca del momento en que adquieren eficacia los cambios para establecer cuáles son los trabajadores amparados por el fuero sindical. opera desde que se efectúa la primera notificación. Si el Ministerio – o el empleador – considera que una persona no puede ocupar un cargo de dirección en un sindicato debe acudir a la justicia laboral para que sea ella la que decida sobre el punto. en virtud del principio de autonomía sindical. CAMBIOS EN JUNTAS DIRECTIVAS DE SINDICATOS-Exigencia de informar al Ministerio de la Protección Social y a los empleadores/CAMBIOS EN JUNTAS DIRECTIVAS DE SINDICATOS-Informe con fines de publicidad/COMUNICACIÓN DE CAMBIOS EN JUNTAS DIRECTIVAS DE SINDICATOS-Requisito de oponibilidad ante terceros/CAMBIOS EN JUNTAS DIRECTIVAS DE SINDICATOS-Rigen a partir de la primera comunicación La exigencia de informar al Ministerio de la Protección Social y a los empleadores acerca de los cambios efectuados en las juntas directivas de los sindicatos tiene por fin dar publicidad a las decisiones tomadas dentro de la organización. el gobierno y los terceros/ CAMBIOS EN JUNTAS DIRECTIVAS DE SINDICATOS-Importancia de la determinación de la eficacia/FUERO SINDICAL PARA NUEVOS MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS-Opera a partir de la primera notificación Las modificaciones en la junta directiva. protección foral que. de tal manera que ellas sean oponibles ante terceros y que los actos que realicen esos dirigentes puedan obligar al sindicato. deben tener efecto inmediato en relación con el sindicato. La comunicación no es un requisito de validez sino de oponibilidad ante terceros. desde la perspectiva del derecho constitucional de asociación y libertad sindical. Ello constituiría una injerencia indebida de la administración en la vida interna de las organizaciones sindicales. CAMBIOS EN JUNTAS DIRECTIVAS DE SINDICATOS-Eficacia respecto de los empleadores. pero respecto de los empleadores y el Gobierno los cambios tienen efectos a partir del momento en que el sindicato les informe sobre ellos. La administración no puede negarse a inscribir a los miembros de la junta directiva que han sido nombrados con el cumplimiento de los requisitos exigidos. ha de entenderse que a partir de ella los cambios en la junta directiva son oponibles a los terceros. y puesto que el depósito de la comunicación respectiva en el Ministerio cumple con el requisito de publicidad sobre esas modificaciones.
II. en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991.caso de que el primer notificado hubiere sido el empleador éste adquiere desde el mismo momento de la comunicación la obligación de respetar el fuero sindical de los nuevos dirigentes. éste adquiere la obligación de comunicar inmediatamente al empleador sobre la designación realizada. Magistrado Ponente: Dr. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad.C. D. ha proferido la siguiente
I. MANUEL JOSÉ ESPINOSA
Bogotá. catorce (14) de mayo de dos mil ocho (2008) La Sala Plena de la Corte Constitucional. ANTECEDENTES Las ciudadanas Diana Carolina Cely Acero y Zayonara Díaz Porras.
Referencia: expedientes acumulados D7008 y D-7019 Demandantes: Diana Carolina Cely Acero y Zayonara Díaz Porra. y en el caso de que el primer notificado hubiera sido el Ministerio. la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia. y Susan Karen Camayo Guáqueta Demandas de inconstitucionalidad contra los arts. NORMAS DEMANDADAS
. y Susan Karen Camayo Guáqueta presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 370 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo. 370 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo.
Modificado. mientras no se efectué su depósito por parte de la organización sindical. 370 del CST se encuentra en contraposición con el aludido convenio en razón de que establece un injustificado requisito para la validez de las modificación de los estatutos por parte de la organización sindical. DEMANDA Las demandantes consideran que las normas acusadas violan las disposiciones contenidas en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. 370. total o parcial. art. “sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización”. 5 y 11) y la protección del derecho de sindicalización a través de la no injerencia administrativa en el reconocimiento jurídico de los sindicatos. ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.. las cuales forman parte del bloque de constitucionalidad y. Afirman que el mencionado Convenio “promueve con amplitud los principios de la autonomía y libertad sindical (artículos 1.(Subrogado. “Art. por la siguiente razón:
“El art. pues aun cuando se hagan las reformas pertinentes. 5) Validez de la modificación. ya que restringe su libertad de redactar y por ende modificar los estatutos. el Convenio “promulga abiertamente la autonomía plena de las organizaciones sindicales para constituirse. En efecto. 371. en la junta directiva de un sindicato debe ser comunicado en los mismos términos indicados en el articulo 363.” Agregan que.Cambios en la junta directiva. Ley 584 de 2000. estas no serán válidas y por tanto no podrán comenzar a regir hasta que no se cumpla con dicho trámite administrativo. cual es el del depósito de esta modificación de los estatutos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 3. por consiguiente.. dicha disposición va en contra del principio de autonomía sindical o de no intervención del Estado en los asuntos propios de dichas organizaciones sindicales.”
III. Mientras no se llene este requisito el cambio no surte ningún efecto. art. 49.El texto de las normas demandadas del Código Sustantivo del Trabajo es el siguiente:
“Art. en términos generales. Cualquier cambio. organizarse sin necesidad de autorizaciones por parte de entes extraños a ellos mismos (…) con la única obligación de respetar la Constitución y observar los estatutos que se establezcan. estructurarse. Ley 50 de 1990. constituyen un parámetro para el examen de constitucionalidad.” Expresan que el artículo 370 del CST es vulneratorio del Convenio 87.”
. Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez ni comenzará a regir.
IV. Intervención del Ministerio de Protección Social La ciudadana Mónica Andrea Ulloa Ruiz. Aclara que el inciso tercero del artículo 39 prescribe que “la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. En concreto violaría el artículo 3 del convenio. ya que el CST en el artículo anteriormente señalado refleja claramente un falso respeto por la autonomía de los sindicatos. INTERVENCIONES 1.Por otra parte. a las normas consagradas en el Código
. que la Constitución de 1991 dispuso que el Estado debe garantizar los derechos de asociación sindical. el legislador no está facultado para negarle la eficacia de sus actos degenerando el principio de autonomía en algo apenas formal. olvidando que tales estatutos deben estar sometidos al principio de legalidad. si bien este requisito de comunicación puede ser valioso como elemento de publicidad para ser oponible su decisión al empleador. En virtud de la primacía del convenio ha de exigirse el respeto a la libertad que tiene para estructurarse y administrarse como lo considere necesario para alcanzar sus fines sin más limitación que la Constitución y las normas de orden público. manifiesta que “es errada la intelección del actor cuando estima que la injerencia del Estado es negativa y que interviene en los estatutos del sindicato. esto es. en primer lugar.” Con base en lo anterior. pues materialmente de nada vale la posibilidad se elegir si no comunican a entes externos al sindicato. que señala: „La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente convenio”. libertad sindical y negociación colectiva. la acusación de inconstitucionalidad del artículo 371 se fundamenta en el siguiente argumento:
“El artículo 371 del CST exige una comunicación al respectivo empleador y al inspector de trabajo para que la decisión de hacer un cambio en la junta directiva surta efecto.”
Añaden que las normas acusadas “contrarían notoriamente el artículo 8 del convenio en su numeral segundo. obrando en representación del Ministerio de la Protección Social. Expresa. intervino en el proceso para solicitar que la Corte declarara la exequibilidad de los artículos 370 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo.
Para fundamentar su posición. “Nótese como la regulación no significa injerencia o violación de la autonomía sindical. Intervención de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT
. a respetar la legalidad. que hace que el acto sea oponible ante las partes o terceros. quizá la ley le dio connotación de requisito de validez para señalar la importancia que tiene la materia.” Anota que el artículo 8 del Convenio 87 de la OIT dispone que los trabajadores. prerrogativa que otorga estabilidad en el empleo y la cual solo es eficaz cuando el empleador es notificado de ello. sean depositadas y comunicadas oportunamente. pues de ello se desprenden numerosas consecuencias. pues como se dijo líneas atrás. los empleadores y sus organizaciones “están obligados. “De otra parte. por razones de publicidad y para proteger derechos de terceros. la cual consagra que este derecho positivo de los sindicatos deberá ser conforme a la ley. “Es oportuno señalar que el cambio en la junta directiva de un sindicato debe ser comunicado necesariamente al empleador o terceros de forma oportuna. las decisiones que toma el sindicato en su interior son libres y no son determinadas por los preceptos normativos. sean estatutarias o de la junta directiva. 2. la interviniente remite a la sentencia C-567 de 2000. esto es. o las colectividades organizadas. trascienden el ámbito de la esfera de asociación para irradiar en los derechos de cada uno de los trabajadores y de la misma sostenibilidad económica de la empresa. dentro de las atribuciones del legislador se encuentra la de asegurar que las reformas estatutarias de los sindicatos. los efectos de cualquier cambio en una organización sindical. sea esta estatutaria o en la junta directiva. a manera de ejemplo. lo mismo que las demás personas. las normas acusadas no intervienen en las decisiones que se toman al interior del sindicato. en materia de derecho laboral colectivo. reitera uno de los requisitos de eficacia de cualquier acto que tenga relevancia para el mundo jurídico. la ley no dice como elegir o que cambios realizar. esto es.Sustantivo del Trabajo y a los pilares de la Constitución.” A continuación afirma:
“Ahora bien. la publicidad. sea esta privada o estatal. la garantía foral que cobija a los representantes sindicales. simplemente el legislador.
manifiesta que es muy importante que se analicen a fondo “los abusos que en materia de registro ya sea de juntas directivas o de reformas de estatutos viene cometiendo el Ministerio de Protección Social en total contradicción con los Convenios 87 y 93 de la OIT.El ciudadano Carlos Rodríguez Díaz. “los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados. con el fin de que la Corte declare la constitucionalidad condicionada de los artículos demandados. eliminando la posibilidad de
. “El Ministerio hasta el momento sólo reconoce el derecho de asociación a los trabajadores con contrato de trabajo. intervino en el proceso para coadyuvar la demanda. obrando en su calidad de presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia . “El Comité de Libertad Sindical en el caso 2046 informe 336 advirtió que la ley no puede imponer el tipo de sindicatos que deben formar los trabajadores y además reiteró la prohibición de imponer a las organizaciones sindicales autorizaciones previas para su funcionamiento. en el sentido de dejar en claro “cuál es [el alcance] de la función del registro y hasta dónde van las facultades del Ministerio de Protección en el caso del depósito de reformas de estatutos y cambios en la junta directivas de los sindicatos. “Si el Ministerio entendiera que el depósito es sólo una actividad publicitaria y que no puede interpretarse como autorización previa. que según su criterio no estarían permitidos. luego de precisar su contenido. hacen parte de la legislación interna.” A renglón seguido expresa:
“Según la Organización Internacional del Trabajo. los trabajadores tienen la libertad de organizarse como lo estimen conveniente (convenio 87 artículo 2). Este tipo de actuaciones administrativas son violatorias del derecho de asociación sindical y son un verdadero obstáculo a la adaptación del sindicalismo con las nuevas formas de relación laboral. respecto al tema de libertad sindical tenemos los convenios 87 y 98 que el Gobierno Colombiano ha adoptado con todas las formalidades requeridas y por tanto esta en la obligación de cumplirlos. esto implica que ninguna autoridad administrativa tiene legitimidad para negar la inscripción de ciertas reformas de estatutos al considerar que se está contrariando la ley porque se busca crear nuevos modelos de sindicatos.” Anota que. otra sería la situación de las organizaciones sindicales. en virtud del artículo 53 de la Constitución.” Para empezar.CUT. incluidos aquellos que no cuentan con un contrato de trabajo. téngase en cuenta que en el caso de la CGT y de la CUT el Ministerio ha negado el registro de las respectivas reformas de estatutos impidiendo la afiliación directa de los trabajadores.
se dedica a buscar de manera minuciosa fallos o contradicciones con la ley. esta situación tiene en la práctica como consecuencia que en el país de un total de 19 millones de trabajadores. además es muy peligroso para el sindicato pues en definitiva significa dejarlos en el limbo y evitar su accionar normal con la protección del fuero sindical. Dónde queda entonces la recomendación del CSL que dice: „Todos los trabajadores sin ninguna distinción.” (Recopilación 326° informe. a los pensionados y a los practicantes universitarios. situación prohibida por la Constitución.asociarse a aquellos trabajadores con contrato de prestación de servicios. concluye que “más que la inconstitucionalidad de las normas se requiere que se prescriba su correcta interpretación para evitar más abusos y arbitrariedades. cayendo en extremos de buscar errores de digitación o de fechas para negar el registro. incluida la no discriminación debido a la ocupación.). ¿acaso no sería mas conveniente que permita el registro y objete ante la autoridad judicial aquellas situaciones que considere ilegales? “Respecto al artículo 371 la interpretación es similar. resultan exequibles sólo para efectos de publicidad. a los trabajadores asociados en cooperativas. menos de la cuarta parte. el Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar exequibles los artículos 370 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo. imponer que los cambios en las juntas directivas sólo tienen efectos después del depósito es aceptar la injerencia del Estado en las organizaciones de trabajadores. “Por vía de revocatoria directa o simplemente negándose a inscribir cambios en la Junta se convierte al sindicato en una organización de papel y se impide el ejercicio de sus derechos constitucionales.”
Por todo lo anterior. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION En el concepto aportado al proceso. 2113 párrafo 372. prueba y protección de derechos de terceros toda vez que son trámites posteriores que no afectan la existencia de las decisiones válidamente adoptadas por la organización sindical. a los desempleados. “El Ministerio cuando se trata del depósito de reformas estatutarias. deberían tener derecho a constituir libremente la organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas.”
. y la comunicación de los cambios que se surtan en la junta directiva de tales organizaciones que se exige debe darse al empleador y demás terceros señalados en el artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo. sólo tendrían derecho a constituir sindicatos cerca de 5 millones. hoy „Ministerio de la Protección Social‟. “bajo el entendido de que el depósito de las modificaciones de los estatutos sindicales ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. seguridad.”
manifiesta: “esto significa que la modificaciones que las organizaciones sindicales hagan a sus estatutos y los cambios que realicen en sus juntas directivas son asuntos que conciernen exclusivamente a los sindicatos en ejercicio de la libertad sindical y tienen validez desde el
.Manifiesta que “Colombia es miembro de la Organización Internacional del Trabajo desde su fundación en 1919 y ha aprobado buena parte de sus convenios. pues está sujeto a limitaciones que emergen de la misma Constitución. tal como se desprende de los artículos 2 y 95 de la Constitución Política. el inciso segundo del artículo 39 Superior establece como limites a este derecho el orden legal y los principios democráticos. Entre los Acuerdos acogidos por Colombia se encuentran el convenio No. 1949. en su constitución. al mismo tiempo. sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicalización.” A continuación se refiere a la noción del bloque de constitucionalidad y a la posición de la Corte acerca de los convenios de la OIT. Aclara que. funcionamiento o administración. Sobre este punto considera importante recordar que “ningún derecho es absoluto. Luego manifiesta que el Convenio 87 de la OIT “se encuentra en consonancia con lo prescrito en el artículo 39 de la Constitución Política” y anota que la jurisprudencia ha manifestado que el convenio 87 de la OIT forma parte del bloque de constitucionalidad. por una parte. 39 de la Constitución establece que “la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos” y que el artículo 8° del Convenio 87 “impone a las organizaciones sindicales para el ejercicio de sus derecho el respeto a la legalidad. 98. enfatiza que el mismo art.” Manifiesta que el examen del artículo 39 de la Constitución Política permite observar que él trata sobre “dos tiempos distintos: (i) cuando nace el sindicato y adquiere personería jurídica.” Además. Expone que el artículo 39 de la Constitución Política. sino que garantiza su reconocimiento y ejercicio. Son dos asuntos distintos y con consecuencias diferentes. 87.1948. señalan que las organizaciones de los trabajadores y empleadores tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. el convenio No. sin olvidar que todo derecho tiene correlativos deberes.” Sostiene que “los convenios 87 (Art. gozarán de completa independencia respecto de las autoridades publicas y de adecuada protección contra todo acto de injerencia. 2) de la OIT.” Por lo anterior. 3) y 98 (Art. no sólo contempla el derecho de Asociación Sindical. y (ii) el momento de la inscripción ante las autoridades competentes. por la otra. y el convenio 154 sobre el fomento de la convención colectiva. sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva –.
las modificaciones tienen existencia propia desde el momento en que fueron adoptadas conforme a los estatutos de la organización sindical. la seguridad y la certeza que estas pueden ofrecer y que juntamente con las demás normas sustanciales procuran de la mejor forma posible garantizar el derecho de la asociación sindical. pero bajo el entendido de que son requisitos posteriores y que no afectan la validez. para el caso no resultan irrazonables. Al respecto precisa que tanto el derecho a la organización sindical como a la libertad sindical y la autonomía de que gozan las organizaciones de trabajadores “en manera alguna son ajenas al sistema jurídico en que están insertas y están sujetas a la Constitución y el orden legal. razonables y proporcionadas a la finalidad perseguida. ni desproporcionadas.” Y luego expresa:
“Los requisitos que establecen los artículos 370 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo para la validez de las modificaciones de los estatutos sindicales y para que surtan efecto los cambios que se hagan en sus juntas directivas.” En el concepto se concluye: “(…) resulta claro que tanto los estatutos de las organizaciones sindicales como los demás actos de las organizaciones sindicales están sometidos al principio de legalidad. que “las normas procesales contenidas en los artículos acusados. pueden imponerse limitaciones por parte del legislador que resulten razonables y proporcionadas a la finalidad perseguida.” La Vista Fiscal pasa entonces a conceptuar sobre la constitucionalidad de las normas acusadas. y que por mandato constitucional tanto la estructura interna como el funcionamiento de los sindicatos deben sujetarse a las restricciones impuestas por el orden legal. como lo son todas las normas procesales.” Así. para esta Vista Fiscal son necesarias. deben entenderse solamente como reglas fijadas por el Estado. afirma que las exigencias establecidas en los arts. ni violan el núcleo esencial del derecho sindical. 370 y 371 “para efectos de publicidad. Pero.”
.momento en que la propia organización sindical las efectúe. por vía legislativa y en la medida en que no afecte su núcleo esencial. Sin embargo. son herramientas por medio de las cuales se hace posible garantizar respecto de terceros los derechos reconocidos en los artículos 38 y 39 del Ordenamiento Superior. en función de la legalidad. Obsérvese que los contenidos normativos de los preceptos objeto de examen en nada intervienen las decisiones que se toman al interior del sindicato ya sea en relación con sus estatutos o con la junta directiva. y la organización sindical. entonces. Es decir. se requiere el cumplimiento de las formalidades legales establecidas en las disposiciones acusadas.”
Anota. para el desarrollo de los cambios ya adoptados. las cuales. seguridad y para proteger los derechos de terceros y asegurar los de los mismos directivos. en otras palabras.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE Competencia 1.de depositar en el Ministerio las modificaciones en los estatutos y de comunicarle al mismo los cambios en sus juntas directivas – sólo son exequibles “para efectos de publicidad. El Presidente de la CUT solicitó que se declarara la constitucionalidad condicionada de las disposiciones acusadas. Anota que la misma Constitución establece que los sindicatos se sujetarán al orden legal y que también el Convenio 87 de la OIT dispone que los trabajadores y sus organizaciones están obligados a respetar la legalidad. por estar dirigida contra unas disposiciones que forman parte de una ley. pues simplemente persiguen darle publicidad a los actos de los sindicatos. la Vista Fiscal solicitó que se declarara la constitucionalidad de los preceptos atacados. toda vez que son trámites posteriores que no afectan la existencia de las decisiones válidamente adoptadas por la organización sindical. el cual forma parte del bloque de constitucionalidad. solicitó que se fijara el alcance de la función del registro y que se precisara cuáles son las facultades del Ministerio en materia del depósito de las reformas de estatutos y de los cambios en las juntas directivas. conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda. seguridad. de manera que puedan ser oponibles ante terceros. en el entendido de que las obligaciones impuestas a los sindicatos en las normas acusadas . La interviniente en representación del Ministerio de la Protección Social solicita que se declare la constitucionalidad de las dos disposiciones acusadas.”
. Los actores afirman que las dos disposiciones acusadas vulneran el principio de la autonomía sindical. y que los cambios que se realicen en las juntas directivas de los sindicatos solamente adquieren eficacia luego de haber sido comunicados al Ministerio y al empleador. En este sentido. Consideran que estas limitaciones constituyen una violación de las disposiciones del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Expone que las dos normas no entrañan una injerencia en la autonomía de las organizaciones sindicales. Problema jurídico 2. En su concepto. prueba y protección de derechos de terceros.VI. por cuanto disponen que las reformas de los estatutos sindicales solamente entran en vigencia luego de haber sido depositadas en el Ministerio de la Protección Social.
39. sin intervención del Estado.”
4. ¿vulnera el artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo el Convenio 87 de la OIT.En vista de lo anterior.
. la Corte debe resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿vulnera el artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo el Convenio 87 de la OIT. y por ende el bloque de constitucionalidad. “La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. sin ninguna distinción y sin autorización previa. A su vez. total o parcial. y por ende el bloque de constitucionalidad. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. “La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial. Entre ellas se encuentran:
“ARTÍCULO 2. tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes. Dispone este artículo:
“ART. el Convenio 87 de la OIT . “No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. en la junta directiva de un sindicato debe ser comunicado en los términos del art. “Los trabajadores y los empleadores. El artículo 39 de la Constitución establece el derecho de los trabajadores a asociarse y el principio de la libertad sindical. así como el de afiliarse a estas organizaciones. “Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. por cuanto dispone que ninguna modificación de los estatutos sindicales tendrá validez ni comenzará a regir hasta que no se efectúe su depósito ante el Ministerio de la Protección Social? Y. con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 3. por cuanto dispone que todo cambio. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones. en esta ocasión. 363 del Código Sustantivo del Trabajo. so pena de que no surta ningún efecto hasta que ello ocurra? El principio de la libertad sindical en el bloque de constitucionalidad.“Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización”. La importancia de la autonomía sindical. establece en su primera parte una serie de normas sobre la libertad sindical.
sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2. los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. Jaime Córdoba Triviño y Manuel José Cepeda Espinosa. 3 y 4 de este Convenio “ARTÍCULO 8. “La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores. el de elegir libremente sus representantes. los trabajadores. la Corte ha expresado que distintos convenios de la OIT integran el bloque de constitucionalidad y que la determinación del rango de cada uno de los convenios se hace caso por caso a través de la jurisprudencia. esta Corporación ha manifestado que todos los convenios de la OIT que han sido debidamente ratificados forman parte de la legislación interna.
. “2. En la sentencia C-401 de 20051 la Corte afirmó sobre este punto y sobre la pertenencia del Convenio 87 de la OIT al bloque de constitucionalidad:
M. “(…) “ARTÍCULO 7. De acuerdo con lo establecido en el art. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio. “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. La sentencia contó con sendas aclaraciones de voto de los magistrados Jaime Araújo Rentería. Manuel José Cepeda Espinosa. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. “1. “2. lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio. “1.“ARTÍCULO 3. el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. “ARTÍCULO 4.P. 53 de la Constitución. a respetar la legalidad. Al mismo tiempo.
como ya se vio. como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales. y C-1491 de 2000. Carlos Gaviria Díaz. M. En la sentencia C-385 de 20003 se expresó al respecto:
“En el derecho de asociación sindical subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica dicho derecho. Antonio Barrera Carbonell. Así lo hizo. inciso 1). sobre pueblos indígenas y tribales. “A la Corte también le corresponde señalar si un determinado convenio de la OIT. la facultad que poseen las referidas organizaciones para autoconformarse y autoregularse conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden sus integrantes. están conformes con el orden constitucional. art. por consiguiente. intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición de obstáculos en su constitución o funcionamiento. en relación con los convenios 138.P. C-567 de 2000. M.. y 182. la Corte ha establecido que el Convenio 87 de la OIT forma parte del bloque de constitucionalidad. Fabio Morón Díaz. constituyen un parámetro complementario del artículo 39 de la Constitución. hacen parte del bloque de constitucionalidad aquellos convenios que la Corte.
. C-797 de 2000. M. sobre las peores formas del trabajo infantil. 39. 3 M. Antonio Barrera Carbonell. entre otras. Así. y los demás convenios de la OIT referidos al derecho de asociación sindical y a la libertad sindical que forman parte del bloque de constitucionalidad. Alfredo Beltrán Sierra. 6. En su jurisprudencia. los demandantes en este proceso aciertan al proponer que la Corte evalúe si las normas acusadas del Código Sustantivo del Trabajo se adecuan a los parámetros fijados por el Convenio 87 y. M. esta Corporación ha establecido que el derecho de asociación sindical entraña los principios de la libertad y la autonomía sindical.2 lo cual significa que sus normas constituyen un parámetro para el juicio de constitucionalidad de las normas legales. determine que pertenecen al mismo. después de examinarlos de manera específica. en razón de su materia y otros criterios objetivos. los convenios internacionales del trabajo hacen parte del bloque de constitucionalidad cuando la Corte así lo haya indicado o lo señale en forma específica. ajena a toda restricción. en atención a las materias que tratan.P. por ejemplo.P. y de los convenios 87 y 98. Así lo hizo. con la limitación que impone el inciso 2 del art. en la sentencia C-170 de 2004. pues.P. De esta manera.P.P. Por eso.”
Entonces. la mencionada sentencia C-401 de 2005 y las sentencias T-568 de 1999. forma parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. el Convenio 87. Ello implica. en las sentencias que se mencionaron atrás acerca del convenio 169. 93. sobre la edad mínima. sobre la libertad sindical y sobre la aplicación de los principios de derechos de sindicalización colectiva. puesto que prohíbe la limitación de un derecho humano durante un estado de excepción o desarrolla dicha prohibición contenida en un tratado internacional (C. En este sentido. según el cual la
Ver.“19.
También en la sentencia T-656 de 20044 se expresó que la autonomía sindical constituía una parte fundamental del derecho de asociación sindical:
“(…) Desde la sentencia T-441/925 esta Corporación ha sostenido que la libertad de asociación sindical comprende tres enfoques. cuyo pluralismo sindical está consagrado en el artículo 2º del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Clara Inés Vargas Hernández. ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse a un sindicato. conjuntos.P. ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse a un sindicato. y. M.”
7. para organizarse. a saber: (i) libertad individual de organizar sindicatos. Derecho de asociación sindical que comprende tres enfoques. para luego aclarar. que ella no tiene un carácter absoluto:
“Considera la Corte. Jaime Córdoba Triviño. sin embargo. sin intervención del Estado. Por otra parte. inciso 1º: "Los sindicatos son asociaciones de libre ingreso y de retiro de los trabajadores" y c) Autonomía sindical que es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno. (iii) la autonomía sindical. 6 M. en la sentencia C-797 de 20008 la Corte relacionó distintos elementos que componen la libertad sindical. Alfredo Beltrán Sierra. También presentó un salvamento parcial de voto el magistrado Fabio Morón Díaz. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.
. en palabras del artículo 358 del Código Sustantivo de Trabajo.estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios democráticos. Antonio Barrera Carbonell. 7 Sentencia T-656 de 2004. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.” (subrayas no originales)
De la misma manera. al establecer que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones. que la libertad sindical comporta:
M.P. al como lo dispone el artículo 3º del Convenio 87 de la OIT.P. 8 M. y Eduardo Cifuentes Muñoz. Jaime Córdoba Triviño. b) Libertad de sindicalización (o sindicalización).P. en consecuencia.P. en la sentencia C-063 de 20086 se expresó sobre este punto:
“El artículo 39 de la Constitución consagra el derecho de sindicalización. M. (ii) libertad de sindicalización. de los magistrados Antonio Barrera Carbonell. a saber: a) Libertad individual de organizar sindicatos. Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis. Alejandro Martínez Caballero. La sentencia contó con tres salvamentos parciales de voto. que es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno7.
Por lo tanto. afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical. “No es admisible reconocer el carácter absoluto de la libertad sindical. condiciones de admisión. en modo alguno. Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones. se advierte. en la medida en que la propia Constitución establece como limitación. el orden. iv) La facultad de las asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a la organización de su administración. para garantizar la seguridad nacional. sin la injerencia. procedimiento liquidatorio. en general. para las autoridades públicas. sino por vía judicial. con la señalada limitación. que deben ser. que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden. indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga. régimen disciplinario interno. en principio. libremente convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o reformarlos. así como las políticas. sin discriminación ni distinción alguna. El criterio establecido en el último párrafo transcrito ha sido invocado por la Corte en las distintas sentencias de constitucionalidad que ha proferido sobre demandas que han sido entabladas contra normas del Código Sustantivo del
. ii) la facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas. en cuanto ellas sean necesarias. que “la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos” (art. vi) el derecho de las organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones nacionales e internacionales. organización y funcionamiento. 39. causales de disolución y liquidación.”
8. vii) la inhibición. incluyendo al legislador. la salud o moral públicos. iii) el poder de las organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto de la organización. concretable por el legislador. y cuya defensa propugnan. retiro o exclusión de sus miembros. órganos de gobierno y representación. el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. los Convenios Internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos. intervención o restricción del Estado. v) la garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad administrativa. de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio. 39 inciso 2) y que. de adoptar regulaciones. salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el legislador conforme al inciso 2 del art. para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes. constitución y manejo del patrimonio. planes y programas de acción que mejor convengan a sus intereses. los derechos y deberes ajenos y. permanencia.i) el derecho de todos los trabajadores. y otros aspectos que atañen con su estructura. mínimas. decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical.
“Así. Así. como toda persona jurídica. y que facultan al Ministerio para negar la inscripción si considera que los estatutos contradicen la Constitución y la ley. Interpretación del Convenio 87 de la OIT por el Comité de Libertad Sindical. para efectos de la inscripción en el registro sindical. eliminando trámites o requisitos innecesarios que entorpecen la constitución de sindicatos. La aprobación previa de los estatutos sindicales viola la autonomía sindical. “(…) “Igualmente. pero para poder actuar válidamente ante las autoridades y terceros. y C-201 de 2002. el artículo 44 de la Ley 50 de 1990 modificó el artículo 364 para establecer que “[t]oda organización sindical de trabajadores por el solo hecho de su fundación. goza de personería jurídica. de manera tal que se excluye cualquier pretensión de discrecionalidad que intenten arrogarse las autoridades administrativas del trabajo. Jaime Araújo Rentería. y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva. el reconocimiento automático de la personería jurídica de los sindicatos no significó la eliminación del requisito del registro ante el Ministerio de la Protección Social y de un cierto control previo de los estatutos de las organizaciones sindicales por parte del Ministerio. gozan de personería jurídica. por cuanto ellas habrían vulnerado la autonomía sindical. se requerirá un mínimo de requisitos que deben observarse. 10 En la exposición de motivos se manifestó en relación con varios de los artículos que a continuación se comentan: “4ª. a autorización previa por parte del Estado.Trabajo. y con unas consecuencias definidas claramente por el caso de la inobservancia de los mismos. Por el contrario. entre otras.P. M. se señalan de manera taxativa las causales por las cuales el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social puede negar la inscripción en el registro de una organización sindical.
.P. En cuanto a la personería jurídica de las organizaciones sindicales.P. la Corte ha examinado en cada caso concreto si la norma que establece parámetros para el funcionamiento de la organización sindical no constituye una intromisión desproporcionada en su vida interna y su esfera de autonomía. señalándose que para su ejercicio se requiere la inscripción en el registro sindical que para tales efectos llevará el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. 9. las mismas existirán como personas jurídicas desde el momento en que se constituyan como tales. y por ende. En este sentido es importante referirse a las modificaciones introducidas por la Ley 50 de 1990 en la legislación laboral. Clara Inés Vargas Hernández.9 De esta manera. en relación con la personería jurídica de los sindicatos. con su registro y con el trámite del mismo. desde el momento de su fundación. es lo que supone la inscripción.10 De esta
Ver. M. 10. se proponen modificaciones sustanciales.” Sin embargo. que para este caso. se establece que las organizaciones sindicales. M. C-043 de 2006. El presente proceso de constitucionalidad arroja una pregunta general acerca de cuán compatibles con la Constitución y con los convenios internacionales de la OIT son las normas el Código Sustantivo del Trabajo que exigen el registro de las organizaciones sindicales ante el Ministerio de la Protección Social para poder actuar como tales. las sentencias C-280 de 2007. son sujetos de derecho sin autorización o ministerio de autoridad alguna. Humberto Sierra Porto. tanto a nivel conceptual como procedimental. se establece un trámite ágil con unos términos perentorios de obligatorio cumplimiento. “Ahora bien. “Dicha inscripción no supone de manera alguna que las organizaciones sindicales estén sujetas para su constitución.
puesto que constituyen su ordenamiento normativo fundamental. M. 11 En su sentencia C-567 de 2000. g) (Literal declarado inconstitucional y luego derogado por el artículo 4 de la Ley 584 de 2000) Los documentos de que trata los apartes a). Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación. con los mismos requisitos del ordinal anterior.P. REGISTRO SINDICAL (Artículo modificado por el artículo 45 de la Ley 50 de 1990). d) Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato. Alfredo Beltrán Sierra (con una aclaración de voto conjunta de los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa) se declaró la constitucionalidad de la mayor parte del artículo 45 de la Ley 50 de 1990. c) Copia del acta de la asamblea en que fueron aprobados los estatutos. el cual debe ajustarse a la Constitución Nacional. la certificación debe ser expedida por la primera autoridad política. Nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente documento de identidad.”
. En los lugares donde no haya inspección de trabajo. El texto citado se encuentra en las páginas 62-63. e) (Literal modificado por el artículo 4 de la Ley 584 de 2000). suscrita por los asistentes con indicación de su documento de identidad. Este inciso prescribía: “g) Certificación del correspondiente inspector del trabajo sobre la inexistencia de otro sindicato.manera.11
“(…) “El mismo sistema de registro se establece para la modificación de los estatutos sindicales. el sindicato presentará ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. f) (Literal modificado por el artículo 4 de la Ley 584 de 2000). b) Copia del acta de elección de la junta directiva. la ley y las buenas costumbres. que modificó el artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo. De esta declaración se exceptuó el literal g). del proyecto inicial y de las ponencias presentadas durante el trámite legislativo del proyecto se encuentra en la “Compilación de la Reforma Laboral” publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. en Bogotá. autenticados por el secretario de la junta directiva.” El texto de la exposición de motivos. el cual fue declarado inconstitucional. solicitud escrita de inscripción en el registro sindical. Nómina de la junta directiva y documento de identidad. Todo sindicato de trabajadores deberá inscribirse en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. acompañándola de los siguientes documentos: a) Copia del acta de fundación. el artículo 45 de la Ley 50 de 1990 modificó el artículo 365 para fijar los requisitos que debía cumplir la solicitud de inscripción:
“ARTICULO 365. en 1991. b) y c) pueden estar reunidos en un solo texto o acta. si se trata de un sindicato de empresa que puede considerarse paralelo.
Así mismo. en el sentido de que los estatutos de la organización sindical no sean contrarios a la Constitución. sin que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social se pronuncié sobre la solicitud formulada. y establece que el Ministerio tiene la posibilidad de admitir. 3) Vencidos los términos de que tratan los numerales anteriores.De la misma manera. que regula el trámite que se debe cumplir para la inscripción. 2) En caso de que la solicitud no reúna los requisitos de que trata el artículo anterior. En éste evento el Ministerio de Trabajo dispone de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud corregida. 1) Recibida la solicitud de inscripción. para resolver sobre la misma. el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social formulara por escrito a los interesados las objeciones a que haya lugar. objetar o negar el registro:
“ARTICULO 366. El incumplimiento injustificado de los términos previstos en el presente artículo hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente. normas que fueron declaradas inexequibles. y el literal c). c) (Literal INEXEQUIBLE) PARAGRAFO. Cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución Nacional. 4) Son causales para negar la inscripción en el registro sindical únicamente las siguientes: a) (Aparte tachado INEXEQUIBLE). el ministerio del trabajo y seguridad social. (Artículo modificado por artículo 46 de la Ley 50 de 1990). la ley o "las buenas costumbres". contenida en el literal a) del numeral 4. En relación con el literal a) del numeral 4 manifestó la Corte: “Respecto a la expresión contenida en el literal a). la Ley o las buenas costumbres. para admitir. para que se efectúen las correcciones necesarias. b) Cuando la organización sindical se constituya con un número de miembros inferior al exigido por la ley. el artículo 46 de la Ley 50 de 1990 modificó el artículo 366. la organización sindical quedará automáticamente inscrita en el registro correspondiente. contados a partir de la fecha de su presentación. que modificó el artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo. hay que señalar que las dos primeras expresiones resultan
En la misma sentencia C-567 de 2000 la Corte declaró la constitucionalidad de la mayor parte del artículo 46 de la Ley 50 de 1990. formular objeciones o negar la inscripción en el registro sindical. dispone de un término máximo e improrrogable de quince (15) días hábiles. TRAMITACION. De esta declaración se exceptuaron la expresión “o las buenas costumbres”. la Corte se inhibió de pronunciarse sobre el parágrafo del artículo.
con copia del acta de la reunión donde se haga constar las reformas introducidas y firmadas por todos los asistentes”. y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva. no ocurre lo mismo cuando la disposición legal le atribuye al Ministerio de Trabajo. mediante el artículo 6 de la Ley 584 de 2000 se adicionó al artículo un segundo inciso. registrado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. el artículo 50 de la Ley 50 de 1990 modificó el artículo 372 del CST. Para el procedimiento del registro. c) Cuando se trate de la inscripción de un nuevo sindicato de empresa. 14 Posteriormente. que señala los requisitos que deben cumplir los sindicatos para proceder a la modificación de los estatutos y establece que esas reformas deben ser registradas en el Ministerio. Ningún sindicato puede actuar como tal. al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. goza de personería jurídica‟. que fue declarado inexequible. Sin embargo. Antonio Barrera Carbonell. la norma remitió al artículo 366 (atrás transcrito). Toda modificación a los estatutos debe ser aprobada por la asamblea general del sindicato y remitida. A partir de la inscripción se surten los efectos legales.” Es importante anotar que la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad del artículo 50 de la Ley 50 de 1990 – hoy primer inciso del artículo 372 . el trámite previsto en el artículo 366 de éste Código. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. ni ejercitar los derechos que le correspondan.”14
perfectamente ajustadas a la Carta. de acuerdo con el cual el Ministerio puede admitir. el cual dispone: “En los municipios donde no exista Oficina del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. la inscripción se hará ante el alcalde. que determina cuál es el efecto jurídico de la inscripción en el registro sindical:
“ARTICULO 372. el artículo 48 de la Ley 50 de 1990 reformó el artículo 369 del CST. (Artículo modificado por el artículo 48 de la Ley 50 de 1990). ni ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señalen.A su vez.P.13 “Para el registro. se seguirá en lo pertinente. para efectos del registro correspondiente. pero
.” 13 En la sentencia C-797 de 2000. M. dado que aquél subordina el ejercicio de las funciones y de los derechos -que es en lo que consiste fundamentalmente la personería jurídica.de las organizaciones sindicales al registro respectivo. mientras no se halla constituído como tal. prescribía: “4.P.”
Finalmente. que modificó el artículo 369 original del Código Sustantivo del Trabajo. en una donde ya existiera organización de esta misma clase.” El texto del literal c) del numeral 4° del artículo. objetar o negar las modificaciones:
“ARTICULO 369. quien tendrá la responsabilidad de enviar la documentación a la oficina del ministerio del municipio más cercano. se declaró la constitucionalidad de la expresión “dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. la facultad de negar la inscripción de un sindicato. En la sentencia se expresó al respecto: “Puede criticare este artículo de contrariar el 44 ibídem conforme al cual „toda organización sindical de trabajadores por el solo hecho de su fundación. y sólo durante la vigencia de ésta inscripción. M. por ser contrario a las buenas costumbres.mediante la sentencia N° 115 del 26 de septiembre de 2001. contenida en el artículo 48 de la Ley 50 de 1990. Jaime Sanín Greiffenstein. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS. con copia del acta de la reunión donde se haga constar las reformas introducidas y firmadas por todos los asistentes.
” Empero.Como se observa. (…) “Cabe anotar que si bien no se llega al extremo deseado por el actor de que sea la mera manifestación de voluntad de los fundadores la que dé nacimiento inmediato a la asociación. si bien se pueden imponer algunas formalidades para la creación de las organizaciones sindicales. razón por la cual el acta puede ser entregada ante cualquier autoridad pública que pueda certificar su recibo. 46 de la Ley 50 de 1990 – autoriza al Ministerio para negar la inscripción en el registro sindical “cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución Nacional y a la Ley.
. por ejemplo. la Corte decidió que debía estarse a lo resuelto en la aludida sentencia N° 115 del 26 de septiembre de 1991 de la Corte Suprema de Justicia. pues no hay un poder absoluto e ilimitado para formar sindicatos y estos siguen sometidos al régimen legal. el literal a) del numeral 4° del artículo 366 del CST – modificado por el art. el inciso primero del artículo 372 del CST . según se explicó ampliamente cuando se analizó el artículo 39 de la Carta. esas formalidades no deben constituirse en un obstáculo para ello. ni ejercitar los derechos que le correspondan. ya que. 15 En este sentido. ha de entenderse que la norma del artículo 39 de la Constitución que establece que el reconocimiento jurídico de los sindicatos “se producirá con la simple inscripción del acta de constitución” no exige que el acta se deposite necesariamente ante el Ministerio de la Protección Social. ni ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señalen. un requisito que es prohibido expresamente por el artículo 2° del Convenio 87 de la OIT. en sentir de la Corte. El ejercicio de las actividades sindicales no puede estar sujeto a la concesión de un registro equivalente a un control previo por parte de una autoridad administrativa. lo cierto es que no se imponen requisitos previos a esa voluntad ni se le sujeta a permisos o limitaciones de ese estilo. Desde una perspectiva funcional. se acomoda al nuevo principio constitucional ya citado. 39 ibídem) cuya verificación y cumplimiento competen al Estado. en veces de la misma Constitución. mientras no se haya inscrito el acta de constitución ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sólo durante la vigencia de esta inscripción.15 11. lo cierto es que la evolución del derecho internacional del trabajo y el compromiso del Estado colombiano de cumplir las obligaciones internacionales que genera la ratificación de los convenios internacionales del trabajo permite concluir que es necesario impedir no solo las intervenciones directas del Estado en la autonomía sindical sino prevenir cualquier riesgo claro de afectación de dicha autonomía. y que se reemplaza la concesión de personería por un registro más ágil y rápido en el que rige el silencio administrativo positivo.” Al mismo tiempo.subrogado por el art. En este sentido es importante transcribir algunas decisiones y principios desarrollados por el Comité de Libertad
no puede decirse que sea inconstitucional. 50 de la Ley 50 de 1990 . En la sentencia. lo que. es importante mencionar que en la demanda que dio origen a la sentencia C-567 de 2000 también se acusó la inconstitucionalidad del artículo 50 de la Ley 50 de 1990. la cual podría rehusarse a efectuar el registro. Al respecto es importante tener en cuenta que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido que.dispone que “[n]ingún sindicato puede actuar como tal. esta facultad se asemeja a “una autorización previa” para la constitución de un sindicato. de que los sindicados deben poderse formar „sin intervención del Estado‟ y que „su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acto de constitución‟ como aquí ocurre. „se sujetarán al orden legal y la de principios democráticos‟ (art.” Por otra parte.
se hallan en contradicción con los principios de la libertad sindical. párrafo 312. (Véase Recopilación de 1996. 2222. caso núm. párrafo 106. se estaría frente a una manifiesta infracción del Convenio núm.pdf
. caso núm. Los apartes aquí transcritos provienen de la quinta edición. y toda demora provocada por las autoridades en el registro de un sindicato constituye una violación del artículo 2 del Convenio núm. extractados de la publicación “La libertad sindical. párrafo 615.º informe. 324. párrafo 172. 87. no parece ser éste el caso cuando el registro de los sindicatos consiste únicamente en una formalidad cuyas condiciones no son de tal naturaleza que pongan en peligro las garantías previstas por el Convenio. 337. 2346. párrafo 536. de 2006. caso núm. párrafo 231. caso núm. 2046. caso núm.º informe.º informe. pueden plantearse problemas cuando la ley obliga a las autoridades competentes a invitar a los fundadores de las organizaciones a incorporar en sus estatutos exigencias jurídicas que.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_090634. Las legislaciones nacionales que prevén el depósito de los estatutos de las organizaciones son compatibles con el artículo 2 del Convenio en la medida en que ese requisito sea una simple formalidad que tenga como objeto garantizar la publicidad de esos estatutos.º informe. 308. párrafo 377 y 334. 2100. Los requisitos prescritos por la ley para constituir un sindicato.º informe. Si las condiciones para conceder el registro equivaliesen a exigir una autorización previa de las autoridades públicas para la constitución o para el funcionamiento de un sindicato. caso núm. caso núm. En cambio. no se deben aplicar de manera que impidan o retrasen la creación de organizaciones sindicales. caso núm. párrafo 638.)
La obra es publicada por la Oficina Internacional del Trabajo. No obstante. 87. 1773. 2075. a su vez estas formalidades no deben.º informe.º informe. 336. 307. por ejemplo. 1918.º informe. 308. caso núm. párrafos 249 y 251. 332. párrafo 615. caso núm. párrafo 151. párrafo 248 y.º informe. caso núm. 316.er informe. (Véase Recopilación de 1996. caso núm. Si bien es cierto que los fundadores de un sindicato deben respetar las formalidades previstas por la legislación.º informe. 2327. párrafo 1056 y 338.(Véase 318. párrafo 250 y 325. poner trabas a la libre creación de las organizaciones. 1773. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT”:16
“276. caso núm. 2282. 316. caso núm. caso núm. 2046. en sí mismas. 2053. caso núm. 2038. caso núm. por su naturaleza. párrafo 536. caso núm. 2225.Sindical acerca del punto de la autorización previa. párrafo 540. párrafo 429. (Véanse Recopilación de 1996. Se puede encontrar en la siguiente dirección electrónica: www. 2079.º informe. párrafo 208.) “280. párrafo 259. 329.º informe. 2085. 323.) “294. 334.ilo. párrafo 200.º informe. párrafo 530.º informe.º informe.) “279. 1894. 1894.
(Véase Recopilación de 1996. dejando a las organizaciones la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y administración.“295. caso núm. caso núm. (Véase 330. párrafo 260. El Comité llamó la atención acerca de la conveniencia de definir claramente en la legislación las condiciones precisas que los sindicatos deberán cumplir para poder ser registrados y de prescribir criterios específicos para determinar si esas condiciones se cumplen o no.) “303.) “296. caso núm. en definitiva.º informe. y los jueces ante quienes se plantean tales recursos no tendrán más posibilidad que cerciorarse de que la legislación ha sido correctamente aplicada. 333.) “302. (Véase Recopilación de 1996. Las disposiciones legislativas que regulan detalladamente el funcionamiento interno de las organizaciones de trabajadores y de empleadores entrañan graves riesgos de injerencia por las autoridades públicas. estas disposiciones deberían limitarse a establecer un marco general. Cuando las dificultades en relación con la interpretación de normas sobre la inclusión de los sindicatos en los registros estatales pertinentes crean situaciones en las que las autoridades competentes abusan de sus competencias. El derecho al reconocimiento mediante el registro oficial es un aspecto esencial del derecho de sindicalización ya que ésta es la primera medida que deben adoptar las organizaciones de empleadores y de trabajadores para poder funcionar eficazmente y representar adecuadamente a sus miembros. la privación del derecho a crear una organización sin autorización previa. 2301.) “369. 87. (Véase 324. no modifica el carácter de las facultades concedidas a las autoridades encargadas de la inscripción. en la práctica pueden representar un obstáculo serio a la creación de un sindicato y.º informe.º informe. caso núm. Las restricciones a este principio deberían tener como únicos objetivos garantizar el
. párrafo 232. en efecto.º informe. Surgen situaciones parecidas cuando un procedimiento de inscripción en el registro es complicado y largo o la latitud con que las autoridades administrativas competentes pueden ejercer a veces sus facultades. con lo que se crea una situación análoga a la exigencia de «autorización previa». 327. párrafo 594. caso núm. En los casos en que el encargado del registro tiene que basarse en su propio criterio para decidir si un sindicato reúne las condiciones para ser registrado – aunque su decisión pueda ser objeto de apelación ante los tribunales – el Comité estimó que la existencia de un recurso judicial de apelación no parece una garantía suficiente. pueden surgir problemas de compatibilidad con el Convenio núm. párrafo 156. En caso de que su adopción fuera considerada indispensable por las autoridades. 2158. 2053. Aunque el procedimiento de registro con mucha frecuencia es un trámite meramente formal. párrafo 266. párrafo 110 y 328.er informe. 1581. en algunos casos la ley concede a las autoridades competentes facultades más o menos discrecionales para decidir si la organización cumple los requisitos descritos para su inscripción en el registro. 2038. párrafo 321.
a fin de evitar todo riesgo de injerencia excesiva o arbitraria en el libre funcionamiento de las organizaciones. la legislación nacional debería limitarse tan sólo a sentar las condiciones formales que deberán respetar los estatutos. 321. 302.)”
12. El Comité no considera que la simple existencia de una legislación sindical constituya en sí una violación de los derechos sindicales. párrafo 1041. Para que las organizaciones tengan derecho a elaborar sus propios estatutos y reglamentos con libertad absoluta. (Véase Recopilación 1996. (Véase Recopilación de 1996. de la Recopilación citada.er informe. párrafo 323.er informe. párrafo 331 y 321. Al momento de la quinta edición. a veces formulados a partir de decisiones anteriores que presentaban similitud con el caso objeto de examen. 1817.) “370. no necesitarán la aprobación previa de las autoridades públicas para entrar en vigor.” Por lo tanto. caso núm.) “373. Una disposición que prevea que los estatutos sindicales deben cumplir los requisitos de la legislación nacional no constituye una violación del principio de que las organizaciones de trabajadores deben tener el derecho de redactar sus propias constituciones y estatutos en plena libertad. 2115. debería preverse un recurso ante un órgano judicial.) “371. a decisiones del Comité de Libertad Sindical adoptadas en función de las particularidades de uno u otro caso. imparcial e independiente. de 1996. caso núm.º informe. caso núm. No sobra advertir que. 330. párrafo 333. párrafo 681.funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados. 2207. (Véase Recopilación 1996. sino principios orientadores de la interpretación de los Convenios de la OIT. 2011. párrafo 215. no son recomendaciones en sí mismas. la recopilación se fundaba en el examen de más de 2. Ahora bien. como bien se señala en la presentación de la cuarta edición. siempre que esos requisitos reglamentarios no infrinjan el principio de la libertad sindical y de que. párrafo 215. 327. junto con los reglamentos correspondientes. Por otra parte. ninguna legislación adoptada en este ámbito puede menoscabar los derechos de los trabajadores definidos en el marco de los principios de la libertad sindical.º informe . párrafo 119 y 335. la aprobación de los estatutos por la autoridad competente no se halle sometida a la facultad discrecional de dicha autoridad.er informe. caso núm. en 2006. párrafo 334. caso núm. caso núm. (Véase Recopilación 1996.º informe. 2011.500 casos tramitados en los
. al poder darse el caso de que el Estado desee velar por que los estatutos sindicales se ciñan a la ley. Prescripciones legislativas demasiado detalladas y estrictas en la materia pueden frenar en la práctica la creación y el desarrollo de las organizaciones sindicales.º informe. a principios de alcance más o menos general. caso núm. además. 2308. la compilación se refiere “por una parte. 2011. los cuales. párrafo 332 y 321. párrafo 215. que por ello deben ser consideradas en su contexto específico y. por otra.
VALIDEZ DE LA MODIFICACION. este cuerpo de principios ha adquirido una autoridad reconocida tanto en el mundo internacional como en los distintos países.”18 El artículo 49 de la Ley 50 de 1990 modificó el artículo 370 original del Código Sustantivo del Trabajo. de alegatos concretos muy variados de violación de los derechos sindicales en todo el mundo. el Congreso de la República expidió la Ley 50 de 1990.” 18 Ver la “Compilación de la Reforma Laboral” publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por ello es preciso reiterar la importancia de estos pronunciamientos y la autoridad que han adquirido. Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez ni comenzará a regir.
. la propuesta de reforma tenía por fin “adecuar las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo a los convenios de la OIT. imparcial y de sólido prestigio que actúa desde una perspectiva tripartita y partiendo de situaciones reales (es decir. ha venido formulando observaciones en el sentido de que la legislación nacional no está acorde con los postulados de los precitados convenios. la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de dicho organismo. mientras no se efectúe su inscripción en el
En la presentación de la quinta edición se advierte al respecto: “Por provenir de un órgano internacional especializado. “por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. en forma reiterada.” Tal como lo señala la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Ministro del Trabajo y Seguridad Social. en Bogotá. en el sentido de establecer que para que las modificaciones de los estatutos sindicales fueran válidas y empezaran a regir era necesario que se efectuara su inscripción en el registro que formaba el Ministerio del Trabajo:
“ARTICULO 370. Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez sin la aprobación del Ministerio del Trabajo. El texto citado se encuentra en la página 61. con frecuencia de suma gravedad y complejidad). El artículo 370 original del Código Sustantivo del Trabajo establecía que para que tuvieran validez las modificaciones efectuadas a los estatutos sindicales era necesario que contaran con la aprobación del Ministerio del Trabajo:
“ARTICULO 370.más de 50 años de existencia del Comité de Libertad Sindical. en las diferentes instancias encargadas de la aplicación de las normas sindicales. ya que. una vez aprobada se harán las anotaciones del caso en los respectivos expedientes. en la solución de grandes conflictos colectivos y en las publicaciones de la doctrina.”
14. en 1991. donde se utiliza crecientemente en la elaboración de legislaciones nacionales. En el año 1990.17 Interpretación del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo y examen de constitucionalidad del mismo 13.
Con base en esas propuestas. ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. el Congreso de la República expidió la Ley 584 de 2000. durante el curso de la propuesta por el Congreso de la República se decidió brindar espacio a las organizaciones sindicales para que expresaran sus opiniones y presentaran propuestas adicionales. que se oponen de forma directa a la Constitución Política de Colombia. de manera que este estableciera que ninguna modificación de los estatutos sindicales tendría validez ni entraría a regir hasta que no se efectuara su depósito ante el Ministerio del Trabajo. en la ponencia para segundo debate – Senado se decidió incorporar una modificación al artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo. en las Gacetas del Congreso respectivas no se registró ningún argumento que justificara el cambio propuesto. 1-9.registro que para tales efectos lleve el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 9. mientras no se efectúe su depósito por parte de la organización sindical. al ser restrictivos de la libertad de asociación y que en criterio de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones se la Organización Internacional del Trabajo. respectivamente. En el año 2000. Ver Gaceta del Congreso 403 de 1999. 49 de la Ley 50 de 1990 se dispuso que la enmienda de los estatutos debía inscribirse en el registro que formaba el
Gaceta del Congreso N° 26 de 1999. “por medio de la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.20 Lamentablemente. el artículo 370 estableció que la modificación de los estatutos de las organizaciones sindicales requería de la aprobación del Ministerio del Trabajo para poder entrar en vigor. no consultan los textos de los convenios 87 y 98 ratificados por Colombia. pp. Luego. Del anterior recuento se puede concluir que. (Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 584 de 2000). Finalmente. VALIDEZ DE LA MODIFICACION. mediante el art. en el artículo 5 de la Ley se determinó el texto actual del artículo 370. OIT. p. cuya constitucionalidad se examina en esta sentencia:
“ARTICULO 370.
16.” En la exposición de motivos del proyecto de ley que fue presentada por el Ministro del Trabajo y Seguridad Social se expuso que la propuesta tenía “por objeto primordial modificar y derogar varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo. inicialmente. Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez ni comenzará a regir. Sin embargo. relacionados con la libertad sindical y de negociación colectiva.”19 En el proyecto inicial no se contemplaba la reforma del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo.”
estableció los requisitos que debían cumplirse para reformar los estatutos sindicales y fijó la obligación de inscribir los cambios ante el Ministerio. con el objeto de lograr su inscripción en el registro. De esta manera. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. (Artículo modificado por el artículo 48 de la Ley 50 de 1990). si el Ministerio considera que las reformas introducidas son inconstitucionales o ilegales tendrá que acudir a la jurisdicción laboral para que así lo declare. con todas las consecuencias que ello implicaba. para lo cual dispuso que “se seguirá en lo pertinente. se estableció que para que la modificación entre en vigor es suficiente con que la organización sindical “efectúe su depósito” ante el mismo Ministerio de la Protección Social. el artículo 370 establece que las modificaciones estatutaria simplemente deben ser depositadas ante el mismo Ministerio. el trámite previsto en el artículo 366 de este Código. el artículo 49 de la Ley 50 de 1990 disponía que la modificación de los estatutos no tendría validez ni empezaría a regir hasta que no se efectuara su inscripción en el registro que adelanta el Ministerio de la Protección Social. Si la obligación del sindicato es simplemente la de “depositar” la modificación de los estatutos ante el Ministerio – lo que implica también depositar los documentos que acrediten que la modificación se realizó de acuerdo con las exigencias legales -. En este punto es importante resaltar la contradicción que existe actualmente entre los artículos 369 y 370 del CST. al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A su vez. A su vez. Modificación de los estatutos. lo cierto es que el artículo 5° de la Ley 584 de 2000 modificó sustancialmente el artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo. esta exigencia fue eliminada por el artículo 5 de la Ley 584 de 2000. objetarlas o denegarlas. e incluso negarla si consideraba que ella era contraria a la Constitución Política o a la ley. En el nuevo texto del artículo 370 se suprimió toda referencia al registro. 17. Ahora bien.Ministerio del Trabajo.” Tal como se ha señalado. En su lugar. pues mientras el artículo 369 exige que toda modificación de los estatutos sindicales debe ser registrada ante el Ministerio. Como se ha indicado. el artículo 48 de la misma Ley. para efectos del registro correspondiente. atrás transcrito y que modificó el art. el Ministerio no puede entrar a juzgar si esas enmiendas se ajustan a la Constitución o a la ley. Empero. 369 del CST. Este cambio permite concluir que el Ministerio de la Protección Social ya no puede negar la inscripción en el registro de las modificaciones de los estatutos de las organizaciones sindicales que sean depositadas ante él. el cual puede admitirlas.21
El texto actual de los artículos es el siguiente: “ARTICULO 369. Toda modificación a los estatutos debe ser aprobada por la asamblea general del sindicato y remitida. el Ministerio podía admitir la inscripción de la reforma u objetarla por el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos. con copia del acta de la reunión donde se haga constar las
. lo anterior significaba que los sindicatos debían presentar ante el Ministerio las modificaciones que hubieren acordado para sus estatutos.
mientras el artículo 369 – el artículo 48 de la Ley 50 de 1990 – exige la inscripción de la modificación de los estatutos y remite para ello al trámite fijado en el artículo 366. cuyos artículos 48 y 49 modificaron. Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez ni comenzará a regir. De esta manera.” “Art. // Para el registro. los dos artículos coincidían en exigir que las modificaciones de los estatutos fueran inscritas en el registro que adelanta el Ministerio de la Protección Social. De
reformas introducidas y firmadas por todos los asistentes.y de los documentos que acrediten que fueron tramitadas debidamente. la coordinación entre los dos artículos del Código desapareció con la expedición de la Ley 584 de 2000. 370. art. art. Ciertamente. Ley 50 de 1990.”
. No obstante. sin injerencia por parte del Estado. para lo cual se seguiría el trámite descrito en el artículo 366. Ley 584 de 2000. con el argumento de que ellas vulneran la Constitución o la ley. La pregunta que surge es cuál de las normas debe aplicar el operador jurídico. pues ella solamente modificó el artículo 370 del CST. los aludidos artículos 369 y 370 del Código. el trámite previsto en el artículo 366 de éste Código. mientras no se efectué su depósito por parte de la organización sindical. Modificado. el depósito de la reforma estatutaria puede ser interpretado como un trámite administrativo al cual queda condicionada la validez y vigencia de las modificaciones estatutarias. Esto significa que el Ministerio de la Protección Social ya no está autorizado para denegar la inscripción de las reformas en el registro. respectivamente. Para la Corte es claro que debe ser la norma posterior. En realidad.Esta oposición no se presentaba en el momento de la expedición de la Ley 50 de 1990. los cambios normativos que ha experimentado el artículo 370 del CST han conducido a que en este momento las reformas estatutarias de los sindicatos entren a regir con el simple depósito de las mismas . lo cual significa que el Ministerio ya no puede negar la inscripción de las mismas. el artículo 370 establece que para que las reformas estatutarias sean válidas es necesario que ellas sean depositadas en el Ministerio. por cuanto restringe el derecho de las organizaciones sindicales de darse sus propios estatutos. en ese punto del tiempo.. Los actores de la demanda que se analiza manifiestan que el artículo 370 del CST vulnera el Convenio 87 de la OIT y la Constitución. se seguirá en lo pertinente. tal como lo muestra el análisis realizado. Sin embargo. es decir el actual artículo 370 del CST. ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dicho trámite administrativo crea el riesgo claro de que la administración ejerza cierto control sobre tales reformas so pretexto de verificar el cumplimiento de requisitos. 49.(Subrogado. como consecuencia de un rezago hermenéutico de la legislación anterior. 5) Validez de la modificación. que es la que fue dictada a través de la Ley 584 de 2000. 18.
En concordancia con lo anterior.esta manera. actualmente. la constitución del sindicato. el artículo 363 dispone:
“ARTICULO 363. si el Ministerio estima que algunas modificaciones de los estatutos sindicales no están en armonía con la Constitución o la ley debe acudir ante la justicia para que sea ésta la encargada de definir sobre el punto. contenida en el título del artículo. Tal como se expresó. que se encuentra dentro del texto de la norma. Examen de constitucionalidad del artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo 19. totales o parciales. también se declarará la inconstitucionalidad de las expresiones “Validez de la”. por cuanto ellas podrían dar pie a la interpretación según la cual el Ministerio de la Protección puede ejercer un control previo administrativo sobre la modificación de los estatutos antes de que esta entre en vigor. y con el objeto de dejar claro el sentido constitucional del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo. El inspector o alcalde a su vez. Ante las divergencias interpretativas y el riesgo de que el requisito del depósito opere como un trámite de control previo administrativo. NOTIFICACION. y “tiene validez ni”. la Corte declarará la constitucionalidad de la norma acusada en el entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente con el fin de darle publicidad a la reforma. El artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo establece que para que surtan efecto los cambios. con la declaración de los nombres e identificación de cada uno de los fundadores. al alcalde del lugar.”
. el sindicato de trabajadores comunicará por escrito al respectivo empleador y al inspector del trabajo. Una vez realizada la asamblea de constitución. y en su defecto. por el cargo que fue analizado. realizados en las juntas directivas de los sindicatos es necesario que ellos sean comunicados en los términos establecidos en el artículo 363 del mismo Código. compatible con la autonomía sindical. pasarán igual comunicación al empleador inmediatamente. pero con un condicionamiento que excluya cualquier interpretación que transforme el depósito en una autorización previa de tipo administrativo. 370 permite que el Ministerio interfiera en las decisiones propias del sindicato no debe conducir inexorablemente a la inexequibilidad de la norma acusada. sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma estatutaria. Entonces. desde la perspectiva de la autonomía sindical. la acusación de los actores acerca de que el art. (Artículo modificado por el artículo 43 del Ley 50 de 1990). El depósito solo cumple una función de publicidad. la Corte declarará que el artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo es constitucional. A su vez.
en torno a la norma demandada surgen dos preguntas.Esto significa que. el bloque de constitucionalidad. Así. por ejemplo. Ello constituiría una injerencia indebida de la administración en la vida interna de las organizaciones sindicales. los cambios realizados en las juntas directivas de los sindicatos no entrarán en vigor hasta que las organizaciones sindicales se los comuniquen por escrito a los empleadores y al inspector del trabajo. En realidad. de tal manera que ellas sean oponibles ante terceros – verbigracia para temas como el del fuero sindical – y que los actos que realicen esos dirigentes puedan obligar al sindicato. La administración no puede negarse a inscribir a los miembros de la junta directiva que han sido nombrados con el cumplimiento de los requisitos exigidos. la comunicación al Ministerio equivale al depósito de una información ante él. en virtud del
. la comunicación no es un requisito de validez sino de oponibilidad ante terceros. El segundo interrogante se dirige a establecer desde cuándo tienen eficacia los cambios en la integración de la junta directiva de un sindicato. Ahora bien. Lo primero que se debe manifestar al respecto es que la exigencia de informar al Ministerio de la Protección Social y a los empleadores acerca de los cambios efectuados en las juntas directivas de los sindicatos tiene por fin dar publicidad a las decisiones tomadas dentro de la organización. hasta que ellos sean comunicados en los términos establecidos en el artículo 363. 21. por lo tanto. De acuerdo con el principio de la autonomía sindical es el sindicato el que decide quiénes son sus dirigentes. sean ellos parciales o totales. por cuanto no le concede valor a los cambios realizados en las juntas directivas de los sindicatos. relacionadas con el punto de la libertad sindical y de la autonomía de las organizaciones sindicales para darse su propia organización y elegir a sus dirigentes. Los actores manifiestan que este artículo vulnera también el Convenio 87 de la OIT y. de acuerdo con los sujetos interesados en esas modificaciones en la junta directiva. La Corte considera que no. de acuerdo con lo establecido en el artículo 371 demandado. La primera pregunta se refiere a si el Ministerio de la Protección Social puede negar el registro de los cambios aprobados por un sindicato en su junta directiva. Esta pregunta tiene diferentes respuestas. Si el Ministerio – o el empleador – considera que una persona no puede ocupar un cargo de dirección en un sindicato debe acudir a la justicia laboral para que sea ella la que decida sobre el punto. a través de la definición acerca de cuándo empiezan a surtir efectos los cambios efectuados en la junta directiva de un sindicato. 20. De esta manera. Lo que la norma acusada persigue es garantizar los derechos del sindicato y de los terceros.
La Corte considera que. éste adquiere la obligación de comunicar inmediatamente al empleador sobre la designación realizada. Ello. las dos notificaciones no son simultáneas. por lo regular. Ciertamente. ha de entenderse que a partir de ella los cambios en la junta directiva son oponibles a los terceros. En consecuencia. el Gobierno y los terceros. se declarará la constitucionalidad de la norma acusada. a partir de esa comunicación el Ministerio está en condiciones de expedir certificaciones acerca de quiénes representan al sindicato. por cuanto en el caso de que el primer notificado hubiere sido el empleador éste adquiere desde el mismo momento de la comunicación la obligación de respetar el fuero sindical de los nuevos dirigentes. Distinta es la situación de los empleadores. sobre los cuales también tienen repercusiones los cambios aprobados en la composición de la junta directiva de un sindicato. al inspector del trabajo y al empleador. Y porque. De acuerdo con el artículo 371. Por todo lo anterior. pero sujeta a dos condiciones: (i) el Ministerio no puede negar la inscripción de los nuevos directivos sindicales. sin tener que cumplir ninguna condición externa. la norma acusada es exequible en el entendido de que la comunicación al Ministerio acerca de los cambios en la junta directiva de un sindicato cumple exclusivamente funciones de publicidad. pues si él o el empleador consideran que hay motivos para denegar el registro deberán acudir a la justicia laboral para que así lo declare. en el caso de que el primer notificado hubiera sido el Ministerio. Ahora bien. por escrito.
. Dado que. es decir que entrarán en vigor tan pronto como él mismo lo decida. Y puesto que el depósito de la comunicación respectiva en el Ministerio cumple con el requisito de publicidad sobre esas modificaciones. la Corte considera que los cambios tienen efectos a partir del momento en que el sindicato les informe sobre ellos.principio de autonomía sindical. los cambios en la junta directiva de un sindicato solamente surten efectos luego de que se hubiera notificado de ellos. la pregunta que surge es si el amparo del fuero opera desde que se practica la primera notificación o solamente a partir de que el Ministerio y el patrono hayan recibido la comunicación. en el caso de los empleadores y el Gobierno es fundamental la determinación acerca del momento en que adquieren eficacia los cambios para establecer cuáles son los trabajadores amparados por el fuero sindical. En el caso de los dos primeros. desde la perspectiva del derecho constitucional de asociación y libertad sindical. los cambios realizados deben tener efecto inmediato en relación con el sindicato. la respuesta apropiada es que la protección foral opere desde que se efectúa la primera notificación. y (ii) la garantía del fuero sindical para los nuevos directivos entra a operar inmediatamente después de que al Ministerio o al empleador le ha sido comunicada la designación. y de que el fuero sindical opera inmediatamente después de la primera comunicación.
por el cargo analizado.VII.. sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma. en el entendido de que la comunicación al Ministerio acerca de los cambios en la junta directiva de un sindicato cumple exclusivamente funciones de publicidad.. comuníquese. se declaran INEXEQUIBLES. por el cargo analizado. Cópiese. DECISIÓN En mérito de lo expuesto. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo.
RESUELVE PRIMERO. y de que el fuero sindical opera inmediatamente después de la primera comunicación. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Presidente AUSENTE EN COMISIÓN
JAIME ARAÚJO RENTERÍA Magistrado
. Por el contrario. modificado por el artículo 5° de la Ley 584 de 2000. las expresiones “Validez de la” y “tiene validez ni”. en el entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente funciones de publicidad. SEGUNDO. cúmplase y archívese el expediente. la Sala Plena de la Corte Constitucional. notifíquese.Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo.
RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado AUSENTE CON PERMISO
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado AUSENTE CON EXCUSA
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 artículo 8
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 artículo 39
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 artículo 371
 artículo 370
 artículo 39
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 artículo 3
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 artículo 4
 artículo 45
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 artículo 4
 artículo 4
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