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estatales/baja california sur/ley organica del poder judicial
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DECRETO NUMERO 1083 EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DECRETA Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur TITULO PRIMERO DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES CAPITULO UNICO ARTICULO 1o.- El ejercicio del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Estatal Electoral , Jueces del Fuero Común y Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes , en los términos de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Estatal Electoral y Jueces del Estado la función jurisdiccional en los asuntos del fuero común, lo mismo que en los del orden federal, en los casos que expresamente se la concedan las Leyes. ARTICULO 2o.- El desempeño de la función jurisdiccional corresponde a: I. El Tribunal Superior de Justicia. II. El Tribunal Estatal Electoral; III. Los Jueces de Primera Instancia; IV. Los Jueces Menores. V. Los Jueces de Paz. VI. Los Árbitros. VII. El Jurado Popular; y VIII. Los Jueces especializados para Adolescentes ; y IX.- Los demás Servidores Públicos y Auxiliares de la Administración de Justicia, en los términos que establezca esta Ley, los Códigos de Procedimientos y Leyes relativas.
TITULO SEGUNDO DIVISION TERRITORIAL CAPITULO UNICO ARTICULO 3o.- La jurisdicción territorial del Tribunal Superior de Justicia comprende todo el Estado de Baja California Sur. ARTICULO 4o.- Para los efectos de esta Ley, el Estado de Baja California Sur se divide en los Partidos Judiciales siguientes: I. El de Mulegé, con extensión territorial del Municipio del mismo nombre y con cabecera en Santa Rosalía. II. El de Loreto, con la extensión territorial del Municipio del mismo nombre y con cabecera en Loreto. III. El de Comondú, con la extensión territorial del Municipio del mismo nombre y con cabecera en Ciudad Constitución. IV. El de La Paz, con extensión territorial del Municipio del mismo nombre y con cabecera en la capital del Estado; y V. El de Los Cabos, con la extensión territorial del Municipio del mismo nombre, con cabecera en San José del Cabo.
TITULO TERCERO DE LA ORGANIZACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CAPITULO PRIMERO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
ARTICULO 5o.- El Tribunal Superior de Justicia tendrá su residencia en la capital del Estado y sólo podrá cambiarla cuando así lo decrete el Honorable Congreso del Estado; estará constituido por siete Magistrados numerarios que durarán en su encargo seis años, pudiendo ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser removidos de sus puestos en los términos que determinen la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y las Leyes respectivas. Artículo 6º.- Para los efectos de la fracción VI del artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, las personas que sean propuestas por el Gobernador del Estado para ocupar el cargo de Magistrado, deberán acreditar examen de evaluación profesional, de conformidad con las siguientes prevenciones: I.- El examen se dividirá en tres partes o secciones y por lo tanto considerará tres vertientes. La primera será relativa al conocimiento técnico jurídico, la segunda se referirá a la función jurisdiccional y responsabilidad de los funcionarios judiciales y como servidores públicos, y la tercera abordará lo relativo a la evaluación psicométrica. El número de reactivos o preguntas será determinado por los encargados de realizar dicho examen;
II.- La elaboración, aplicación y calificación del examen relativo a la primera y segunda vertiente, con el apoyo del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, será responsabilidad de la Comisión de Evaluación que al efecto se conforme, misma que estará integrada por tres Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, un representante del Poder Ejecutivo designado por el Gobernador del Estado y por un Diputado representante del Poder Legislativo;
III.- La parte correspondiente a la tercera vertiente relativa al examen psicométrico, esta será aplicada por un perito en la materia, designado por la propia Comisión de Evaluación; y IV.- Una vez concluida la evaluación, los integrantes de la Comisión de Evaluación, emitirán su opinión debidamente justificada con la documentación correspondiente y presentarán las propuestas al Gobernador del Estado para que proceda conforme a sus atribuciones.
ARTICULO 7o.- El Tribunal Superior de Justicia desarrollará sus funciones en Pleno y en Salas. CAPITULO SEGUNDO DEL TRIBUNAL PLENO.
ARTICULO 8o.- El Tribunal Pleno se constituirá por los Magistrados que integren el Tribunal Superior de Justicia y lo presidirá el que designe el propio Cuerpo Colegiado, de acuerdo con esta Ley. ARTICULO 9o.- El Pleno deberá sesionar ordinariamente cuando menos una vez por semana y con carácter extraordinario, siempre que el Presidente o alguno de los Magistrados lo solicite para tratar y resolver asuntos urgentes, previa convocatoria del Presidente, en la que se determinará si es secreta o pública. ARTICULO 10.- El Tribunal Pleno funcionará legalmente con la concurrencia de la mayoría de los Magistrados, debiendo estar presente el Presidente o aquél que lo sustituya en su función. ARTICULO 11.- Son facultades del Tribunal Superior de Justicia en Pleno: I.- Iniciar ante el Congreso del Estado los proyectos de Ley y promover las reformas que estime conveniente para la buena Administración de Justicia. II. Resolver sin ulterior recurso, como órgano de sentencia, las causas de responsabilidad por delitos oficiales que deban instruirse en contra de los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los Jueces del Fuero Común, Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes, los Secretarios y Subsecretarios del despacho, el Procurador General y Subprocuradores de la Procuraduría General de Justicia, el Contralor General del Estado, los Coordinadores y los Directores del Poder Ejecutivo, los Directores de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Sociedades y Asociaciones Asimiladas, los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, así como los Presidentes, Síndicos, Regidores y Delegados Municipales, conforme a la Constitución Política del Estado. III. Conocer y resolver de las controversias en que el Estado fuere parte como sujeto de derecho privado, salvo lo dispuesto por la Constitución General de la República.
IV. Conocer en única instancia de las demandas de responsabilidad civil que se entablen contra los Magistrados. V. Expedir los reglamentos interiores del Tribunal Superior de Justicia, de los Juzgados y de cada una de las Dependencias Administrativas a su cargo; VI. Elegir al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de entre los Magistrados que lo forman y designar a los que deban integrar cada Sala. VII. Nombrar a los Jueces de Primera Instancia, Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes, Menores y de Paz, sin expresar en los nombramientos respectivos la Jurisdicción Territorial en que deban ejercer sus funciones, y recibirles la protesta de Ley. VIII. Asignar la adscripción en que deban ejercer sus funciones los Jueces de Primera Instancia, Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes, Menores y de Paz, y tratándose de los primeros, en los lugares en que haya dos o más, el Juzgado en que deban prestar sus servicios. IX. Cambiar a los Jueces de una misma categoría, de un Partido Judicial a otro o de un Juzgado a otro, dentro del mismo Partido Judicial, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran o que haya causa fundada y suficiente para el cambio. X. Nombrar a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado que señale el presupuesto, sin expresar en los nombramientos respectivos el lugar de su adscripción. XI. Nombrar al personal supernumerario que las necesidades de la Administración de Justicia requiera, conforme lo permita el presupuesto. XII. Cambiar de adscripción a los Secretarios y demás Servidores Públicos del Poder Judicial, cuando así lo exija el servicio. XIII. Acordar sobre la sustitución del Presidente del Tribunal, de las ausencias temporales y de las absolutas, por el resto del período. XIV. Conocer de las recusaciones con causa y las excusas de los Magistrados y en caso de proceder éstas, designar a los que deban intervenir en el conocimiento del asunto que se trate. XV. Imponer a los Magistrados, Jueces y demás Servidores Públicos del Poder Judicial, las correcciones disciplinarias que procedan, conforme a las Leyes aplicables y al Reglamento interior. XVI. Ordenar, por conducto del Presidente del Tribunal, que se haga la denuncia que corresponda ante el Ministerio Público en los casos de la comisión de delitos oficiales que deban ser sancionados por las autoridades competentes. XVII. Remover, por causa justificada, a los Jueces y demás Servidores Públicos del Poder Judicial, y resolver sobre las renuncias que presenten de sus cargos. XVIII. Fijar los períodos de vacaciones para los Magistrados, Jueces y demás Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado. XIX. Acordar la suspensión de labores de las dependencias del Poder Judicial del Estado, en los casos en que oficialmente no esté determinado por Ley o Decreto y se considere procedente, debiéndose tomar las providencias necesarias para la atención de los asuntos urgentes en materia penal. XX. Conceder licencia, con o sin goce de sueldo, a los Jueces y demás Servidores Públicos de la
Administración de Justicia por más de quince días y hasta por tres meses, nombrando en su caso a los sustitutos respectivos, si se considera procedente la causa en que se funda la solicitud correspondiente. XXI. Discutir, aprobar o modificar, en su caso, el presupuesto de egresos que para regir en cada ejercicio anual proponga el Presidente del Tribunal, el que deberá ser sometido a la aprobación del Congreso del Estado. XXII. Informar al Gobernador o al Congreso del Estado acerca de los casos de indulto necesario, rehabilitación y demás que la Ley determine, previos los trámites y con los requisitos que en ella se establezcan. XXIII. Exigir al Presidente del Tribunal el fiel cumplimiento de sus obligaciones. XXIV. Imponer correcciones disciplinarias, conforme a las Leyes respectivas, a los Abogados, Agentes de negocios, Procuradores o Litigantes cuando, en las promociones que hagan ante el Pleno, falten al respeto al Tribunal Superior de Justicia, a alguno de sus miembros o a cualquier otro Servidor Público del Poder Judicial del Estado. XXV. Conocer de las acusaciones o quejas que se presenten en contra del Presidente del Tribunal, Magistrados, Jueces y demás Servidores Públicos del Poder Judicial, haciendo la sustanciación correspondiente de acuerdo al procedimiento que señale la Constitución Política del Estado y la presente Ley. XXVI. Acordar el aumento de Juzgados y de la planta de Secretarios y Servidores Públicos del Poder Judicial, cuando las necesidades del servicio lo requieran y lo permitan las condiciones del erario. XXVII. Autorizar las erogaciones extraordinarias que tengan que hacerse para la mejor Administración de Justicia. XXVIII. Dictar las medidas pertinentes, a efecto de que en las Salas del Tribunal y en los Partidos Judiciales donde existan dos o más Juzgados, el trabajo se distribuya proporcional y equitativamente. XXIX. Administrar el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. XXX. Cambiar a los Magistrados de una Sala a otra, cuando las necesidades del servicio lo requieran. XXXI. Proponer ante el Honorable Congreso del Estado para su elección, a Derecho que integrarán, en su caso, el Tribunal Estatal Electoral.
ocho Licenciados en
XXXII.- Determinar los casos de retiro de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. XXXIII. Las demás facultades que le confieren las Leyes y Reglamentos. ARTICULO 12.- Las resoluciones del Pleno se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados presentes. En caso de empate, el Presidente del Tribunal o el Magistrado que lo sustituya tendrá voto de calidad. ARTICULO 13.- Las actas que se levanten de los acuerdos y resoluciones del Pleno deberán firmarse por los Magistrados que intervinieron en el conocimiento del negocio, así como por el Secretario de Acuerdos. CAPITULO TERCERO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
ARTICULO 14.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia será electo por mayoría de votos en escrutinio secreto en la primera Sesión Plenaria, celebrada durante el mes de Abril de cada tres años y estará presidida por el Magistrado de más edad, pudiendo ser reelecto para el periodo inmediato. El Presidente no integrara sala. El resultado de la elección de Presidente del Tribunal Superior de Justicia se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. ARTICULO 14 A.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, tendrá las facultades que le confiere la presente Ley, siendo su función principal la de velar para que la administración de justicia sea pronta y expedita, dictando al efecto las providencias que fueren necesarias, vigilando el funcionamiento de los diversos órganos jurisdiccionales y administrativos por si o por conducto de los servidores públicos facultados al efecto. ARTICULO 15.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia será sustituido en las ausencias accidentales por el Magistrado que él designe y, de la misma manera, cuando se trate de sustituirlo en una Sesión Plenaria o en algún otro Acto Oficial determinado. ARTICULO 16.- Las providencias y acuerdos del Presidente pueden reclamarse ante el Pleno dentro del término de tres días, siempre que dicha reclamación se presente por escrito y con motivo fundado por la parte interesada. ARTICULO 17.- Corresponde al Presidente del Tribunal Superior de Justicia: I. Convocar a los Magistrados a sesiones del Pleno, presidirlas, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones y en las audiencias. II. Representar al Poder Judicial en los actos oficiales, salvo en el caso que se nombre un representante o una comisión especial para determinado acto. III. Llevar la correspondencia oficial con los Poderes del Estado, la Federación, los Ayuntamientos y con los demás Estados. IV. Llamar a su presencia a los Jueces para asuntos relacionados con la buena marcha de la Administración de Justicia y pedir, en cualquier tiempo, copia de diligencias o actuaciones, o los expedientes originales que se tramiten en los Juzgados, cuidando de no interrumpir los términos previstos en la Ley y el regular procedimiento. V. Vigilar el debido cumplimiento de los acuerdos del Pleno y de los que él mismo dictare. VI. Practicar visitas de inspección a los Juzgados cuando así lo estime conveniente o lo acuerde el Pleno, así como a las demás Dependencias Administrativas del Poder Judicial cuando así lo determine la Ley, lo anterior podrá realizarse por conducto de los Magistrados o de los Jueces que designe, con el fin de vigilar la puntualidad de los acuerdos y la observancia de las disposiciones reglamentarias y dictar todas las providencias que le parezcan convenientes para la buena marcha de la Administración de Justicia, debiéndose levantar, en su caso, acta debidamente circunstanciada. VII. Informar al Pleno de las irregularidades que se encontraren en dichas inspecciones, sin perjuicio de dictar de inmediato, en forma provisional, las medidas que estimare pertinentes. VIII. A petición de parte interesada y aún de oficio, dictar las medidas pertinentes para remediar las demoras o faltas no graves en que incurran los Servidores Públicos bajo su dependencia jerárquica, en el cumplimiento de sus obligaciones y en el despacho de los negocios, imponiéndoles las corrección disciplinaria en términos de esta Ley. Si las faltas fueran graves las turnará al Pleno para que éste dicte el acuerdo correspondiente, debiéndose observar lo dispuesto en el Título Noveno de esta Ley.
IX. Dictar las medidas que estime conveniente para que se observen la disciplina y puntualidad debidas en el Tribunal Superior de Justicia y en los Juzgados del Estado; X. Registrar, a través de la Secretaría General de Acuerdos, las cédulas expedidas por la Dirección General de Profesiones. XI. Conceder licencias a los Magistrados, Jueces y demás Servidores Públicos del Poder Judicial, con o sin goce de sueldo, hasta por quince días, según lo estime conveniente, llamando o designando a los sustitutos respectivos. XII. Recibir la protesta a los Servidores Públicos del Poder Judicial que designe el Pleno y solicitar de los Jueces que remitan constancia de las protestas de sus empleados. XIII. Poner en conocimiento del Pleno las solicitudes de licencia por más de quince días de los Magistrados, Jueces y demás Servidores Públicos de la Administración de Justicia, para que proceda con arreglo a las atribuciones que le son conferidas. XIV. Poner en conocimiento del Pleno las faltas absolutas y temporales de los Jueces, Secretarios y demás Servidores Públicos del Poder Judicial, para efectos de nombrar los sustitutos. XV. Tener bajo su dependencia el Archivo del Poder Judicial del Estado. XVI. Rendir al Gobernador del Estado y al Poder Legislativo los informes que soliciten en relación con las actividades y labores del Poder Judicial. XVII. Turnar al Pleno o a las Salas los asuntos que sean de su competencia. XVIII. Revisar y aprobar la cuenta mensual sobre los gastos menores erogados. XIX. Comisionar a los Magistrados que deberán encargarse de las visitas periódicas de inspección a Centros de Readaptación Social y demás lugares de detención. Estas visitas tendrán por objeto cerciorarse del cumplimiento de los Reglamentos internos de esos establecimientos y del trato que reciban los internos sujetos a proceso. Cada uno de estos establecimientos será visitado por lo menos una vez al año y con ese motivo se rendirá un informe por escrito al Pleno del Tribunal, con copia a la autoridad correspondiente, para que, en su caso, dicte las medidas pertinentes. XX. Proponer al Pleno el proyecto de Presupuesto de Egresos que deberá regir en el siguiente ejercicio fiscal anual. XXI. Ejercer el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado para el Poder Judicial y acordar las erogaciones que deban hacerse con cargo a sus diversas partidas, sin que queden comprendidas en esta facultad las relativas al sueldo fijo, que sólo podrán ser alteradas por concepto de las correcciones disciplinarias en los términos que prescriba la Ley. XXII. Formar mensualmente una lista de las diligencias cuya práctica se hubiere encomendado a los Jueces de la Jurisdicción, para lo cual éstos darán cuenta mensualmente del estado de esas diligencias. XXIII. Tramitar todos los asuntos de la competencia del Pleno, hasta su estado de resolución. XXIV. Rendir los informes previos y con justificación en los juicios de amparo que se promuevan en contra de las resoluciones del Pleno y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia; XXV. Cuidar que se integren las hojas de servicios de los Servidores Públicos del Poder Judicial, haciendo las anotaciones que procedan, incluyendo quejas fundadas y correcciones disciplinarias
impuestas. XXVI. Legalizar, conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, las firmas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado. XXVII. Celebrar Convenios con las Instituciones de Enseñanza Superior u Organismos e Instituciones de Investigación Jurídica para lograr el mejoramiento profesional de los Administradores de Justicia. XXVIII. Conocer de los demás asuntos que le encomienden las Leyes. ARTICULO 18.- La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia contará con el auxilio de un Secretario Particular, los Secretarios Auxiliares y demás Servidores Públicos que sean necesarios para el despacho de los asuntos de su competencia. CAPITULO CUARTO DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL ARTICULO 19.- El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Salas especializadas por materia o ramo. Cuando por las necesidades del servicio haya más de una Sala especializada en la misma materia, para distinguirlas, serán designadas por número ordinal. Cada una de las Salas se integrará con tres Magistrados, uno de los cuales fungirá como Presidente de la misma. En caso de ausencia, recusación o excusa de alguno de los Magistrados, integrará Sala un Magistrado de otra Sala que designe el Pleno. Cuando los tres Magistrados que integran la Sala estuvieran impedidos para conocer un negocio, se turnará a la otra Sala. En el supuesto de que los Magistrados de las Salas estuvieren impedidos para conocer del negocio, se integrará una especial que conocerá del asunto, con los Magistrados o Jueces de Primera Instancia, designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que al efecto se reunirá inmediatamente sin perjuicio de sus labores o funciones. ARTICULO 20.- Cada Sala elegirá, de entre los Magistrados que la integren, un Presidente que durará en su cargo un año y podrá ser releecto. La elección, se hará en la primera sesión del mes de enero de cada año. En los casos de excusa o recusación de un Presidente de Sala, lo suplirá el Presidente de la otra Sala y en su defecto, por el Magistrado que el propio Tribunal en Pleno determine. ARTICULO 20 A.- Son atribuciones del Presidente de cada una de las Salas del Tribunal Superior de Justicia en los asuntos de su competencia: I.- Despachar la correspondencia de la Sala autorizándola con su firma; II.- Distribuir por riguroso turno los negocios entre los Magistrados miembros de la Sala, incluido él, para su estudio y presentación oportuna del proyecto de resolución o ponencia que en cada Toca deba dictarse. III.- Rendir los informes previos y con justificación en los Juicios de Amparo que se promuevan en contra de las resoluciones de la Sala del Tribunal Superior de Justicia; IV.- Vigilar que los proyectos de resolución redactados por escrito, sean distribuidos para su estudio, a los Magistrados integrantes de la Sala, cuando menos tres días hábiles antes de la sesión. V.- Convocar y presidir las sesiones de la Sala, cuidar el orden de la misma y dirigir la discusión de los negocios sometidos al conocimiento de la Sala y ponerlos a votación cuando la Sala declare terminado el debate;
VI.- Remitir los informes estadísticos de la Sala a la Dirección de Estadística, Informática y Computación; y ....................................
ARTICULO 21.- Cada Sala actuará colegiadamente en la celebración de audiencias, práctica de diligencias, aprobación y firma de acuerdos, discusión y resolución de los asuntos. Las resoluciones de las Salas del Tribunal Superior de Justicia, se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos, sin que ningún Magistrado pueda abstenerse de votar, salvo que tuviera impedimento legal. En los casos de votación por mayoría deberá emitirse el voto particular del disidente. ARTICULO 21 A.- El día señalado para la sesión, el Secretario de Estudios y Proyectos, dará lectura al Proyecto de resolución y a las constancias que señalen los Magistrados y se pondrá a discusión. El asunto suficientemente discutido, a juicio de los Magistrados, se procederá a la votación y acto continuo, el Magistrado Presidente de la sala declarará el resultado de ésta. De no ser aprobado el proyecto, éste será devuelto al Magistrado ponente para que lo modifique de acuerdo al criterio de la mayoría; en el caso de que no esté de acuerdo el ponente con ello, podrá conservar su proyecto como voto particular, debiendo entregar la causa al Presidente de la sala, para el efecto de que lo turne a otro Magistrado de la Sala, a fin de que formule nuevo proyecto de acuerdo con la opinión de la mayoría. ARTICULO 21 B.- Toda resolución que pronuncien las Salas, deberán ser firmadas por el Magistrado Presidente de la sala y por el Secretario de Acuerdos que dará fe, así como por los Magistrados que estuvieren conformes con la misma, dentro de los cinco días siguientes a la aprobación del Proyecto, siempre que se hubiere aprobado sin adiciones ni reformas. Si no fuere aprobado el Proyecto pero el Magistrado Ponente aceptare las adiciones y reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la resolución con base a las consideraciones de la discusión. Si el proyecto del Magistrado Ponente fue aprobado sin adiciones ni reformas, se tendrá como sentencia definitiva y se firmará dentro de los tres días siguientes. ARTICULO 22.- Corresponde a los Magistrados de la Sala Civil y Administrativa: I. Conocer de los recursos de apelación, apelación extraordinaria, queja y cualesquiera otros que la Ley conceda contra los decretos, autos, sentencias y demás resoluciones dictadas por los Jueces de Primera Instancia del Ramo Civil, Familiar o Mixtos y Menores, conforme a las Leyes Procésales; II. Intervenir en los juicios de amparo que se promuevan en contra de las resoluciones dictadas por la Sala. III.- Conocer de las excusas y recusaciones de los Jueces y demás servidores públicos de la Sala, en el ámbito de su competencia. IV. Conocer de los asuntos en los que la Ley establezca la revisión de oficio; V.- Conocer de las competencias que se susciten en materia civil, familiar y mercantil autoridades judiciales del Fuero Común del Estado.
VI.- Vigilar que los Secretarios de Acuerdos y demás servidores públicos de la Sala cumplan con sus deberes respectivos, aplicando las correcciones disciplinarias que sean necesarias y en su caso, dar cuenta al Pleno por conducto del Presidente de la Sala para los efectos conducentes;
VII.- Conocer de las excitativas de justicia que se promuevan en contra de los jueces, en los asuntos del orden civil, familiar o mercantil y administrativa VIII.- Apercibir, amonestar o imponer multas hasta 180 días del importe del salario mínimo vigente en el Estado de Baja California Sur, al día de cometerse la falta, a los abogados, agentes de negocios, procuradores o litigantes, cuando en las promociones que hagan ante la Sala falten al respecto o a algún órgano o miembro del Poder Judicial del Estado; IX.- Turnar al Pleno por conducto del Presidente de la Sala los asuntos que sean de su competencia; X.- Conocer de los asuntos contencioso administrativos en los términos que señalen las Leyes; y XI.- Conocer de los demás asuntos que le encomienden las Leyes. ARTICULO 22 A.- Corresponde a los Magistrados de la Sala Penal: I.- Conocer de los recursos de apelación, denegada apelación, quejas y cualquiera otros que la Ley conceda contra los decretos, autos, sentencias y demás resoluciones dictadas por los Jueces de Primera Instancia, Menores en asuntos del orden penal que sean de su competencia, así como del Recurso de Apelación interpuesto contra las resoluciones que con el mismo carácter que las señaladas con anterioridad, sean emitidas por los Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes; II.- Intervenir en los juicios de amparo que se promuevan en contra de las resoluciones dictadas por la Sala; III.- Conocer de las excusas y recusaciones de los Jueces y demás servidores públicos de la Sala, en el ámbito de su competencia; IV.- Conocer de las contiendas de acumulación que se susciten en materia penal entre las Autoridades del Fuero Común; V.- Vigilar que los Secretarios de Acuerdos y demás servidores públicos de la Sala cumplan con sus deberes respectivos, aplicando las correcciones disciplinarias que sean necesarias y en su caso, dar cuenta al Pleno, por conducto del Presidente de la Sala para los efectos conducentes; VI.- Conocer de las excitativas de justicia que se promuevan en contra de los Jueces del orden penal; VII.- Apercibir, amonestar o imponer multas hasta de 180 días del importe del salario mínimo vigente en el Estado de Baja California Sur, al día de cometerse la falta, a los abogados, agentes de negocios, procuradores o litigantes, cuando en las promociones que hagan ante la Sala falten al respecto o a algún órgano o miembro del Poder Judicial la Sala falten al respecto o a algún órgano o miembro del Poder Judicial del Estado; VIII.- Turnar al Pleno, por conducto del Presidente de la Sala los asuntos que sean de su competencia; y IX.- Conocer de los demás asuntos que le encomienden las Leyes.
CAPITULO QUINTO DE LOS SECRETARIOS Y DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ARTICULO 23.- El personal del Tribunal Superior de Justicia se compondrá de: I. Un Secretario General de Acuerdos para el Pleno y la Presidencia; II. Los Secretarios de Acuerdos para cada Sala que las necesidades del servicio requiera; III. Los Actuarios para cada Sala que las necesidades del servicio requiera; IV. Los Secretarios de Estudios y Proyectos que las necesidades del servicio requiera para cada Sala; y V. De los demás Servidores Públicos que las necesidades del servicio requiera. ARTICULO 24.- Para ser Secretario General de Acuerdos o de las Salas, se exige reunir los requisitos previstos en el artículo 35 de esta Ley. ARTICULO 25.- Corresponde al Secretario General de Acuerdos para el Pleno y la Presidencia del Tribunal: I. Concurrir a las sesiones del Pleno y dar fé de sus acuerdos. II. Suplir al Secretario de Acuerdos de las Salas en sus ausencias accidentales, temporales y absolutas, en tanto el Pleno nombre al sustituto. III. Autorizar y remitir los testimonios de las sentencias que dicte el Pleno. IV. Practicar las diligencias que se ordenen en los negocios de la competencia del Pleno. V. Preparar el acuerdo de trámite con la oportunidad debida. VI. Dar cuenta, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de la presentación de los oficios, de promociones o expedientes que ameriten resolución. VII. Redactar los acuerdos que se dicten y vigilar que reciban el debido cumplimiento. VIII. Redactar las actas de los asuntos que se tramiten, recogiendo la firma y firmándolas a su vez. IX. Autorizar y dar fe de las actas, providencias, acuerdos y resoluciones. X. Expedir constancias y certificaciones previo el acuerdo respectivo. XI. Vigilar el despacho oportuno de la correspondencia. XII. Recibir los escritos que se presenten, asentando al calce la razón, el día y hora de presentación, imprimiendo en ellos el sello oficial con la firma de recibido, expresando el número de anexos. Asimismo, deberá poner razón idéntica en la copia que quede en poder del interesado, pudiendo recibirlos a través de su personal en las horas de oficina. XIII. Preparar aquellos proyectos que los Magistrados le encomienden, procurando ceñirse a las
instrucciones que reciba. XIV. Hacer las notificaciones que le encomienden o entregar, para el mismo efecto, los expedientes al Actuario. XV. Formular las hojas de servicio de los Magistrados y Jueces, asentando en ellas las anotaciones que procedan. XVI. Guardar bajo su responsabilidad los pliegos, documentos, valores y expedientes que la Ley o el Superior dispongan, y entregarlos con las formalidades legales, mientras no se envíen al Archivo Judicial los que procedieren. XVII. Llevar los libros que prevenga la Ley o que el Superior le encomiende; y XVIII. Autorizar y desempeñar las demás funciones y servicios que le confieran las Leyes y el Reglamento que emane de la presente Ley. ARTICULO 26.- Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de las Salas: I. Suplir en su orden al Secretario General de Acuerdos para el Pleno y la Presidencia del Tribunal, en sus ausencias accidentales, temporales y absolutas, en tanto el Pleno nombre al sustituto. II. Autorizar y remitir los testimonios de las sentencias que dicte la Sala; y III. Preparar aquellos proyectos que los Magistrados les encomienden procurando ceñirse a las instrucciones que reciban; IV.- Guardar bajo responsabilidad los pliegos, documentos, valores y expedientes que la Ley o el Presidente de la Sala disponga y entregarlos con las formalidades legales mientras no se envíen al Archivo Judicial los que procedieran; V.- Llevar los libros que prevenga la Ley, o que el Presidente de la Sala le encomiende; y VI.- Las consignadas en las Fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV y XVIII, del artículo 25, en los negocios que sean de la competencia de la Sala. ARTICULO 27.- Para ser Secretario de Estudios y Proyectos, se requieren los requisitos previstos por el artículo 42 de esta Ley. ARTICULO 28.- Corresponde a los Secretarios de Estudios y Proyectos de las Salas: I.- Preparar los proyectos de resoluciones y sentencias en todos los asuntos que los Magistrados de su Sala les encomienden, procurando ceñirse a las instrucciones que de ellos reciban. II.- Guardar, bajo su estricta responsabilidad, los expedientes cuyos proyectos se le encomienden. III.- Entregar al Magistrado ponente los expedientes en el término que se le conceda para elaborar su proyecto. IV.- Acudir a las sesiones de la Sala, para los efectos señalados en el artículo 21 A de esta Ley; y V.- Las demás funciones que les encomienden los Magistrados de la Sala, esta Ley y su reglamento.
ARTICULO 29.- Las resoluciones que dicten el Pleno y las Salas del Tribunal Superior de Justicia serán notificadas a las partes por los Secretarios o Actuarios, en los términos de los Códigos de Procedimientos respectivos. ARTICULO 30.- Los Actuarios autorizarán con su firma las diligencias y notificaciones, teniendo fe pública en el desempeño de las funciones que se les encomienden. ARTICULO 31.- Los Actuarios del Pleno, lo serán también de las Salas y al igual que los demás Servidores Públicos del Tribunal, desempeñarán las labores que la Ley o sus Superiores les encomienden. ARTICULO 32.- Los Servidores Públicos que no se encuentren entre los señalados en este capítulo, deberán ser: mexicanos, mayores de edad, de notoria buena conducta y capacitados para el empleo en el que sean nombrados. TITULO CUARTO DE LOS JUZGADOS CAPITULO PRIMERO DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA ARTÍCULO 33.- En cada Partido Judicial habrá el número necesario de Juzgados de Primera Instancia que determine el Pleno del Tribunal Superior de Justicia; previo acuerdo de éste, se fijará la jurisdicción y la competencia penal, civil y familiar de dichos Juzgados. En los Partidos Judiciales en los que haya un sólo Juzgado de Primera Instancia, éste conocerá de los asuntos del orden penal, civil y familiar. De igual manera designará el número de Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes. ARTÍCULO 34.- Los Jueces de Primera Instancia y Especializados en Justicia para Adolescentes, deberán residir en las cabeceras de sus respectivos Partidos Judiciales o en el lugar en el que tenga su asiento el Juzgado del que sean titulares, y no podrán salir de su Jurisdicción o lugar de asiento, sin licencia previa del Presidente del Tribunal. ARTÍCULO 35.- Para ser Juez de Primera Instancia o Juez Especializado en Justicia para Adolescentes, se requiere: I. Tener 28 años de edad cumplidos y menos de 65 el día de la designación. II. Acreditar, cuando menos, cinco años de servicio profesional o tres años dentro del Poder Judicial, que se contarán a partir de la fecha de la expedición del Título Profesional. III. Ser ciudadano sudcaliforniano, en pleno ejercicio y goce de sus derechos. IV. Tener Título de Licenciado en Derecho, debidamente expedido y registrado conforme a la Ley. V. No ser ministro de culto alguno. VI. No tener impedimento físico ni enfermedad que lo imposibilite para el ejercicio de su cargo. VII. Tener reconocida honradez, probidad y buena conducta; y VIII. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito intencional doloso que amerite pena privativa de libertad ni juicios de responsabilidad por delitos de carácter oficial.
En el nombramiento de los Jueces el Pleno del Tribunal Superior de Justicia tendrá en cuenta preferentemente a quienes estén prestando sus servicios con eficiencia y probidad al Poder Judicial. ARTICULO 36- En materia civil, los Jueces de Primera Instancia conocerán:
I. De los negocios de jurisdicción voluntaria. II. De los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad y demás derechos reales. III. De los demás negocios de jurisdicción contenciosa, común o concurrente; lo relativo a concursos, suspensiones de pagos y quiebras. IV. De los actos prejudiciales. V. De la diligenciación de los exhortos, rogatorias y despachos. VI. De los interdictos. VII. De las competencias que se susciten entre los Jueces Menores y de Paz, de sus respectivos Partidos Judiciales. VIII. De las controversias del orden civil que se susciten entre particulares, con motivo de aplicación de Leyes Federales, cuando el actor elija los Tribunales del Orden Común, en los términos de la Fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IX. De los negocios de la competencia del Juez de Primera Instancia en materia familiar del mismo Partido Judicial, en los casos de excusa o recusación del mismo. X. De los incidentes penales que surjan en los negocios que ante ellos se tramiten. XI. De los demás asuntos que les encomienden las Leyes. ARTICULO 37- En materia penal, los Jueces de Primera Instancia conocerán: I. De los delitos que se cometan en su jurisdicción que sean de su competencia. II. De la diligenciación de los exhortos, rogatorias y despachos. III. De las competencias que se susciten entre los Jueces Menores y de Paz de sus Partidos Judiciales. IV. De los incidentes civiles que surjan en los negocios que ante ellos se tramiten. V. De los demás asuntos que les encomienden las Leyes. ARTÍCULO 37 BIS.- En Justicia para Adolescentes, los Jueces Especializados conocerán: I.- De las causas instauradas en contra de las personas a quienes se impute la realización de un acto tipificado como delito en las leyes locales, cuando teniendo entre doce años cumplidos y dieciocho años no cumplidos;
II.- Promover la conciliación entre el adolescente y la víctima u ofendido como alternativa al juzgamiento, a fin de cumplir con los principios de mínima intervención y subsidiariedad y en su caso, decretar la suspensión del procedimiento por arreglo conciliatorio; III.- Resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a los plazos y términos previstos en la Ley de Justicia para Adolescentes; y IV.- Resolver sobre las medidas a imponer, atendiendo los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad y racionalidad, así como a las circunstancias, gravedad de la conducta, características y necesidades de los adolescentes. ARTICULO 38.- En materia familiar, los Jueces de Primera Instancia conocerán: I. De las cuestiones relativas a los asuntos que afecten en sus derechos de personas a menores e incapacitados. II. De los asuntos judiciales relativos al estado civil de las personas, a su capacidad y la derivada del parentesco. III. De los juicios contenciosos relativos al matrimonio, a su ilicitud o nulidad y al divorcio, incluyendo los que se refieran al régimen de bienes en el matrimonio. IV. De los asuntos que tengan por objeto modificaciones, o rectificaciones de las actas del Registro Civil. V. De los asuntos que afecten al parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a la filiación legítima natural o adoptiva. VI. De los negocios que tengan por objeto cuestiones derivadas de la patria potestad, estado de interdicción, tutela, las cuestiones de ausencias y de presunción de muerte. VII. De los asuntos que se refieren a cualquier cuestión relacionada con el patrimonio de la familia, como su constitución, disminución, extinción o afectación de cualquier forma; VIII. De los negocios de jurisdicción voluntaria relacionados con el derecho familiar. IX. De los juicios sucesorios. X. De la diligenciación de los exhortos, rogatorias, requisitorias y despachos, relacionados con el derecho familiar. XI. De la revisión de oficio de las resoluciones que los Jueces Menores y de Paz, dicten en los negocios de su competencia en jurisdicción voluntaria del orden familiar. XII. De los incidentes penales que surjan en los negocios que ante ellos se tramiten. XIII. De las demás controversias del orden familiar. ARTICULO 39.- Corresponde a los Jueces de Primera Instancia: I. Cumplir y hacer cumplir con estricto apego a la Ley, las determinaciones que ellos, el Presidente o el Pleno del Tribunal Superior de Justicia ordenen; así como atender las excitativas y llamados de la Superioridad, desempeñando eficazmente las comisiones que la misma les confiera. II. Actuar con Secretarios de Acuerdos o Testigos de Asistencia.
III. Remitir al Tribunal Superior de Justicia, dentro de los diez primeros días de cada mes, una noticia de los negocios que se ventilen en el Juzgado a su cargo. IV. En materia penal, practicar mensualmente una visita de inspección al Centro de Readaptación Social de su residencia para cerciorarse del estado del mismo y del trato que reciben los internos sujetos a proceso, debiendo dar aviso de inmediato al Tribunal Superior de Justicia de los abusos o deficiencias que advirtiere. V. Rendir a las autoridades Federales, Estatales y Municipales los datos e informes estadísticos que soliciten conforme a la Ley. VI. Llevar al corriente los siguientes libros: a). De gobierno, para anotar las entradas y salidas y estado de los asuntos de cada ramo. b). De registro de promociones. c). De conocimiento, para entrega y recibo de expedientes y comunicaciones. d). De remisión de exhortos y despachos para cada ramo. e). De recepción de exhortos y despachos para cada ramo. f). De entrega y recibo de expedientes al Archivo Judicial. g). De registro de presentaciones de procesados libres bajo caución. h). De registro de valores en cada ramo. I). De registro de objetos e instrumentos del delito. j). Los demás que sean necesarios a juicio del Tribunal Superior de Justicia. VII. En los primeros cinco días del mes de febrero de cada año, remitir al Tribunal Superior de Justicia un informe sobre las actividades desarrolladas por el Juzgado, conteniendo la relación de los negocios iniciados y fallados durante el período anual anterior del primero al último día del año. VIII. Calificar las excusas y recusaciones de sus Secretarios y Actuarios, sin más recurso que el de responsabilidad. IX. Corregir las faltas leves de sus Secretarios y demás Servidores Públicos conforme al Título Noveno de esta Ley; si la falta fuere grave, la turnará al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para su conocimiento. X. Conceder licencias a los Secretarios y Servidores Públicos de su dependencia hasta por tres días. XI. Vigilar la buena conducta de sus subalternos así como la disciplina personal de los mismos. XII. Vigilar que se remitan oportunamente al Archivo Judicial del Estado, los expedientes que ordene esta Ley. XIII. Informar, a petición del Tribunal Superior de Justicia, de las causas determinantes de los delitos más frecuentes en su Partido Judicial, las deficiencias que adviertan en la aplicación de la Ley y los medios correctivos que fueren pertinentes a su juicio.
XIV. Poner a los sentenciados en su oportunidad y conforme a la Ley, a disposición del Poder Ejecutivo del Estado. XV. Las demás atribuciones y obligaciones que les señalen las Leyes. ARTICULO 40.- En caso de impedimento legal de un Juez de Primera Instancia en los partidos donde existan dos o más, conocerá del negocio el Juez de la misma categoría que corresponda, que no esté impedido. Si sólo existiera un Juez o todos tuvieren que eximirse, conocerá del negocio el Juez de la misma categoría y ramo con residencia más próxima. ARTICULO 41.- Los Jueces de Primera Instancia actuarán dentro de su Partido Judicial, con funciones de Juez Menor y de Paz, en todos aquellos lugares en donde no existan estos.
CAPITULO SEGUNDO DE LOS SECRETARIOS Y DEMAS SERVIDORES PUBLICOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA ARTICULO 42.- Para ser Secretario de Acuerdos de un Juzgado de Primera Instancia se requiere: I. Tener 25 años de edad cumplidos y menos de 65, el día de la designación. II. Tener Título de Licenciado en Derecho, debidamente expedido y registrado conforme a la Ley. III. Ser ciudadano sudcaliforniano en pleno ejercicio y goce de sus derechos. IV. Acreditar cuando menos 2 años de servicio profesional, o un año dentro del Poder Judicial, que se contará desde la fecha de la expedición del Título Profesional. V. No ser ministro de culto alguno. VI. No tener impedimento físico ni enfermedad que lo imposibilite para el ejercicio de su cargo. VII. Tener reconocida honradez, probidad y buena conducta. VIII. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito doloso que amerite pena privativa de libertad ni juicio de responsabilidad por delitos de carácter oficial. ARTICULO 43.- Corresponde a los Secretarios de Acuerdos: I. Autorizar con su firma los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan, asienten, practiquen o dicten por el Juez. II. Cuidar que los expedientes sean debidamente foliados al agregarse cada una de sus hojas, sellando por sí mismo las actuaciones, oficios y demás documentos que lo requieran, rubricando aquéllas en el centro del escrito. III. Conservar en su poder el sello del Juzgado, facilitándolo a los demás Servidores Públicos cuando lo necesiten para el desempeño de sus funciones. IV. Guardar bajo su responsabilidad los documentos, valores y expedientes, mientras no se remitan al
archivo del Juzgado, al Archivo Judicial, al superior o al sustituto legal, en su caso, y entregarlo con las formalidades legales cuando deba tener lugar la remisión. V. Proporcionar a los interesados los expedientes en los que fueren parte y que soliciten para informarse del estado de los mismos, para tomar apuntes o para cualquier otro efecto legal, sin permitir que salgan de la oficina. VI. Previo conocimiento, entregar a las partes los expedientes, en los casos en que lo disponga la Ley. VII. Notificar dentro o fuera del Juzgado a las partes con las formalidades legales o entregar para el mismo objeto los expedientes al Actuario. VIII. Ejercer bajo su responsabilidad por sí mismo o por conducto de los empleados subalternos, la vigilancia que sea necesaria para evitar la pérdida de los expedientes. IX. Ejercer vigilancia y tener bajo su dependencia a los demás Servidores Públicos, distribuyéndoles las labores propias de las funciones que desempeñen. X. Redactar los acuerdos y actas de los asuntos que se tramiten procurando ceñirse a las instrucciones del Juez, recogiéndole la firma y autorizándolos a su vez. Preparar los proyectos que el juez les encomiende en dichos asuntos. XI. Las que se establecen en las Fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XVII, del artículo 25 de esta Ley. XII. Tener a su cargo el archivo del Juzgado, cuidando que esté debidamente ordenado; y XIII. Las demás que las Leyes o las autoridades superiores ordenen. ARTICULO 44.- Para ser Actuario de un Juzgado de Primera Instancia o Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes se requiere: I. Haber cursado, cuando menos, la instrucción media básica, y tener los conocimientos jurídicos necesarios para el desempeño de sus funciones. II. Haber cumplido 21 años de edad y reunir los requisitos que establecen las fracciones III, V, VI, VII y VIII, del artículo 42 de la presente Ley. ARTICULO 45.- Corresponde a los Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia y Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes : I. Permanecer en el Juzgado de las 8:00 a las 10:00 horas en los días hábiles, para hacer las notificaciones a las partes personalmente, cuando aquéllas deban efectuarse en tal forma, sólo en el caso de que los interesados concurran al Juzgado. II. Recibir de los Secretarios los expedientes de notificaciones personales o de diligencias que deban llevarse a cabo fuera de la oficina del propio Juzgado, firmando el libro respectivo. III. Hacer, con la debida oportunidad, las notificaciones personales y practicar las diligencias decretadas por los Jueces, acordes a la Ley respectiva, dentro de las horas hábiles del día, devolviendo los expedientes, previas las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. IV. Auxiliar al Secretario en sus labores.
V. Llevar un libro en el que se asienten diariamente las diligencias y notificaciones que se lleven a cabo fuera del Juzgado en el que presten sus servicios, con expresión: a). De la fecha en que reciben el expediente respectivo. b). De la fecha del auto que deban diligenciar. c). Del lugar en donde deben llevarse a cabo las diligencias, indicando la calle y número de la casa de la que se trate. d). De la fecha en que hayan practicado la diligencia, notificación o acto que deban ejecutar, o los motivos por los cuales no lo hayan hecho. e). De la fecha de la devolución del expediente. VI. Las demás que les fijen las Leyes y las que las autoridades superiores les ordenen. ARTICULO 46.- Los Actuarios en funciones de Notificadores y Ejecutores, tienen fé pública en el ejercicio de sus funciones. ARTICULO 47.- Los empleados y auxiliares de los Juzgados desempeñarán las labores que la Ley o sus respectivos superiores les ordenen.
CAPITULO TERCERO DE LOS JUZGADOS MENORES ARTICULO 48.- En cada Partido Judicial habrán los Juzgados Menores que requiera el interés público y la buena marcha de la Administración de Justicia, previo acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el cual determinará su domicilio y la jurisdicción de su competencia. ARTICULO 49.- Los Jueces Menores dependerán del Tribunal Superior de Justicia y del Juez de Primera Instancia del Partido Judicial al que pertenezcan y actuarán con Secretario o con dos Testigos de Asistencia. ARTICULO 50.- El personal de los Juzgados Menores se compondrá de un Juez, un Secretario y el número de Servidores Públicos subalternos que determine el Tribunal en Pleno. ARTICULO 51.- Para ser Juez Menor se exigen los requisitos previstos en el artículo 42 de la presente Ley. ARTICULO 52.- Para ser Secretario de un Juzgado Menor deberán reunirse los mismos requisitos previstos en el Artículo 42 de esta Ley. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá dispensar el requisito del título. ARTICULO 53.- Los Jueces Menores deberán residir en la población designada y no podrán salir de su jurisdicción sin licencia previa del Presidente del Tribunal. ARTICULO 54.- Corresponde a los Jueces Menores: I. En materia Penal, conocer de los delitos que ocurran dentro de su jurisdicción que tengan una o más de
las siguientes sanciones: apercibimiento, caución de no ofender, suspensión de derechos, pena privativa de libertad que no exceda del término medio aritmético de tres años y nueve meses como máximo y multa. No podrán conocer de los delitos de fraude y abuso de confianza, sino en el caso previsto en la fracción II de este artículo. Conocer de delitos culposos cometidos con motivo del tránsito de vehículos y que causen lesiones o daño en las cosas, o ambas, siempre que el presunto responsable no se encontrare en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes u otras substancias que produzcan efectos similares. II. Conocer preventivamente de los demás delitos cuando hubiere detenidos; una vez desahogadas las primeras diligencias y resuelta la situación jurídica, remitirán lo actuado al Juez competente. III. En materia civil, conocer de todos los negocios cuyo interés no exceda de setecientos treinta días de salario mínimo general de la zona económica de su ubicación, con excepción de los asuntos previstos en la fracción VII del artículo 36 de esta Ley, cuyo conocimiento es privativo de los Juzgados de Primera Instancia. IV. En materia familiar, conocer de los asuntos que afecten a los alimentos, cuya cuantía no exceda de la cantidad fijada en la fracción anterior, y en jurisdicción voluntaria, lo relativo al domicilio, la dependencia y las derivadas del parentesco de las personas. V. Practicar, dentro del territorio de su jurisdicción, las diligencias que les encomienden el Tribunal, los Jueces de Primera Instancia u otras Autoridades Judiciales, atendiendo los exhortos y requisitorias que reciban. VI. Actuar con funciones de Juez de Paz cuando en su jurisdicción no exista un Juzgado de Paz. VII. Dar aviso al Tribunal Superior de Justicia y al Juez de Primera Instancia de los procesos que inicien, enviándoles noticia de todos los asuntos que se tramiten en sus Juzgados. VIII. Lo previsto en el artículo 39 de esta Ley. ARTICULO 55.- Cuando un Juez Menor tuviere impedimento legal para conocer determinado negocio, conocerá el Juez Menor o de Primera Instancia, a cuyo lugar de residencia haya más rápida comunicación, dentro del mismo Partido Judicial. ARTICULO 56.- Los Secretarios de los Juzgados Menores tendrán las atribuciones y obligaciones señaladas en los artículos 43, 45 y 46 de esta Ley, en cuanto les sean aplicables.
CAPITULO CUARTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ ARTICULO 57.- Los Jueces de Paz dependerán del Tribunal Superior de Justicia y del Juez de Primera Instancia del Partido Judicial al que pertenezcan y actuarán con Secretario o con dos Testigos de Asistencia. ARTICULO 58.- El personal de los Juzgados de Paz se integrará con un Juez, un Secretario y el número de Servidores Públicos subalternos que determine el Tribunal en Pleno. ARTICULO 59.- Para ser Juez de Paz se exigen los requisitos que establece el artículo 42 de esta Ley.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá dispensar el requisito del Título. ARTICULO 60.- En cada Partido Judicial habrán los Juzgados de Paz que requiera el interés público y la buena marcha de la Administración de Justicia, previo acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el cual determinará su domicilio y la jurisdicción de su competencia. ARTICULO 61.- Los Jueces de Paz deberán residir en la población designada y no podrán salir de su jurisdicción sin licencia previa del Presidente del Tribunal. ARTICULO 62.- Corresponde a los Jueces de Paz: I. En materia Penal, conocer de los delitos que ocurran dentro de su jurisdicción y que tengan una o más de las siguientes sanciones: apercibimiento, caución de no ofender, suspensión, pena privativa de libertad hasta por un año de prisión como máximo y multa. II. Conocer preventivamente de los demás delitos, cuando hubiere detenidos; una vez desahogadas las primeras diligencias y resuelta la situación jurídica, remitirán lo actuado al Juez competente. III. En materia civil, conocer de todos los negocios cuyo interés no exceda de treinta días de salario mínimo general en la zona económica de su ubicación, con excepción de los asuntos previstos en la fracción VII del artículo 36 de esta Ley, cuyo conocimiento es privativo de los Juzgados de Primera Instancia. IV. En materia familiar, conocer en jurisdicción voluntaria respecto del domicilio, la dependencia y las derivadas del parentesco de las personas. V. Practicar dentro del territorio de su jurisdicción las diligencias que le encomienden el Tribunal, los Jueces de Primera Instancia u otras Autoridades Judiciales, atendiendo los exhortos y requisitorias que reciban. VI. Dar aviso al Tribunal Superior de Justicia y al Juez de Primera Instancia, de los procesos que inicien, enviándoles noticia de todos los asuntos que se tramiten en sus Juzgados. VII. Las previstas en las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV, del artículo 39 de la presente Ley. VIII. Las demás atribuciones y obligaciones que señale la Ley. ARTICULO 63.- Cuando un Juez de Paz tuviere impedimento legal para conocer determinado negocio, conocerá el Juez de Paz, Menor o de Primera Instancia, a cuyo lugar de residencia haya más rapidez en la comunicación dentro del mismo Partido Judicial. ARTICULO 64.- Para ser Secretario de un Juzgado de Paz es necesario reunir los requisitos previstos en el artículo 42 de la presente Ley. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá dispensar el requisito del título. ARTICULO 65.- Los Secretarios de los Juzgados de Paz tendrán las atribuciones señaladas en los Artículos 43 y 45 de esta ley, en cuanto les sean aplicables.
DE LOS IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES CAPITULO UNICO ARTICULO 66.- Los Magistrados, Jueces, Secretarios y Actuarios estarán impedidos para conocer de los asuntos penales, civiles y familiares, por las causas a que aluden las Leyes de la materia respectiva. ARTICULO 67.- No podrán reunirse en el Tribunal dos o más Magistrados que sean parientes entre sí por consanguinidad dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo grado. ARTICULO 68.- Los Servidores Públicos del Poder Judicial no podrán actuar como árbitros o arbitradores y están impedidos para el ejercicio de la abogacía y la procuración, excepto cuando se trate de sus propios derechos, de los de su cónyuge, de los de sus ascendientes o de los correspondientes a las personas que estén bajo su patria potestad. ARTICULO 69.- Ningún Servidor Público del Poder Judicial podrá tener ocupación o empleo diverso con excepción de los docentes, cuyo desempeño no perjudique las funciones propias de su cargo.
TITULO SEXTO DEL JURADO POPULAR CAPITULO UNICO ARTICULO 70.- El Jurado Popular tendrá la función de resolver, por medio de un veredicto, las cuestiones de hecho que con arreglo a la Ley le someta a su consideración el Juez de Primera Instancia, en los casos del artículo 159 de la Constitución Política del Estado. ARTICULO 71.- El Jurado se formará con siete personas escogidas por sorteo, en la forma y términos que establece el Código de Procedimientos Penales. ARTICULO 72.- La Dirección de Gobierno del Estado formará cada año par, una lista de las personas vecinas de cada Partido Judicial, que reúnan los requisitos a los que se refiere el Código de Procedimientos Penales y que no tengan alguno de los impedimentos expresados en el artículo 74 de esta Ley, y la publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en los tableros de avisos de las Delegaciones Municipales, remitiéndose un ejemplar al Tribunal Superior de Justicia y otro al Procurador General de Justicia del Estado, publicándose la lista, a más tardar el día primero de noviembre, pudiendo hacerse en un periódico de los de mayor circulación. La lista a la que se refiere este artículo deberá incluir, cuando menos, ciento cincuenta personas. ARTICULO 73.- Para ser Jurado se requiere: I. Ser ciudadano sudcaliforniano en pleno goce y ejercicio de sus derechos.
II. Saber leer y escribir. III. Ser vecino del Partido Judicial en el que deba desempeñar el cargo, por lo menos desde tres años antes al día en el que se publique la lista de los Jurados. IV. Tener un modo honesto de vivir y buenos antecedentes de moralidad. ARTICULO 74.- No podrán ser Jurados: I.- Los Servidores Públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios. II. Los Ministros de cualquier culto. III. Los que estuvieren procesados. IV. Los que hayan sido condenados a sufrir alguna pena corporal por delito doloso, no político. V. Los que se encuentren sujetos a interdicción. VI. Los que fueren ciegos, sordos o mudos, o estén físicamente imposibilitados para desempeñar el cargo. ARTICULO 75.- Todas las personas que reúnan los requisitos que exige el artículo 71 de esta Ley tienen obligación de desempeñar el cargo de Jurado, en los términos de este capítulo y del Código de Procedimientos Penales. Los que justifiquen haber desempeñado el cargo de Jurado o alguno Concejal, durante el año, tendrán derecho a ser excluidos de la lista y los que reúnan los requisitos para ser Jurados y no figuren en ella, lo tendrán para que se les incluya. ARTICULO 76.- Las personas comprendidas en la lista, que carecieren de los requisitos señalados en el artículo 73, están en la obligación de manifestarlo así al Presidente del Tribunal o a los Jueces, en donde éstos funcionen. Esta manifestación deberá hacerse por escrito y presentarse personalmente, acompañada del justificante respectivo que, a falta de otro legal, podrá consistir en declaración de dos testigos vecinos del lugar en el que reside el interesado, de probidad y arraigo, que podrá rendirse ante la autoridad política de su localidad. ARTICULO 77.- Dentro de los primeros veinte días naturales del mes de noviembre, las personas incluidas en la lista tendrán derecho para presentar ante la Presidencia del Tribunal o ante los Jueces, donde éstos funcionen, las manifestaciones a las que se refiere el artículo anterior, así como las excusas que tuvieren. ARTICULO 78.- El veinticinco de noviembre, a más tardar, se reunirán en la Capital del Estado, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Procurador General de Justicia del Estado, el Director de Gobierno del Estado y los Presidentes Municipales, o los representantes que designen, para resolver sin recurso alguno sobre las manifestaciones y solicitudes que se hubieren presentado. Corregida así la primera lista, se formará la definitiva que el Director de Gobierno ordenará publicar en el Boletín Oficial del Estado y en un periódico de los de mayor circulación de cada Partido Judicial. ARTICULO 79.- Las listas contendrán, por orden alfabético de apellidos, los nombres de los Jurados y sus domicilios y se publicarán, a más tardar, el treinta de noviembre, colocándose una copia en los lugares de costumbre, en las tablas de avisos de las Presidencias y Delegaciones Municipales y remitiéndose un ejemplar de ellas a cada uno de los Jueces en Materia Penal del Estado.
ARTICULO 80.- Las personas que figuren en dichas listas están obligadas a dar aviso al Presidente del Tribunal y al Juez respectivo, cada vez que se cambien de domicilio, o cuando éstos aparezcan mal designados, quedando sujetos, en caso de no hacerlo, a las correcciones disciplinarias correspondientes. ARTICULO 81.- Cuando resulten falsas las manifestaciones o las declaraciones de testigos a las que se refiere el artículo 76, los declarantes y los testigos serán consignados al Ministerio Público y deberá aplicárseles la sanción prevista en el Código Penal para el delito de falsedad en declaraciones judiciales. ARTICULO 82.- Cuando se efectúe un Jurado, el Tribunal Superior de Justicia dispondrá la manera de atender el servicio taquigráfico de aquél. ARTICULO 83.- Todo lo relativo a obligaciones y funciones de los Jurados, se regirá por lo que disponga el Código de Procedimientos Penales.
TITULO SEPTIMO DE LOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITULO PRIMERO ARTICULO 84.- Son Auxiliares de la Administración de Justicia: I. Los Presidentes y Delegados Municipales. II. Los Jefes, Oficiales y Agentes de la Policía Ministerial del Estado, de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y de las demás corporaciones policíacas de carácter oficial. III. Los Oficiales y Encargados de las Oficinas del Registro Civil. IV. Los Directores y Encargados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. V. Los Peritos Médicos Legistas, Intérpretes Oficiales y demás Oficiales y Peritos de nombramiento Oficial, en los ramos que les están encomendados. VI. Los Síndicos, Interventores, Albaceas, Tutores, Curadores Depositarios y los Notarios, en las funciones que les sean encomendadas de acuerdo con la Ley. VII. Los Defensores de Oficio. VIII. Todos los demás a quienes las Leyes les confieran ese carácter. ARTICULO 85.- Para ser Auxiliares de la Administración de Justicia a los que se refieren las fracciones V y VI de Artículo anterior, se requiere: a). Ser ciudadano mexicano, en pleno uso y goce de todos sus derechos. b). Ser de notoria honradez y responsabilidad. c). No haber sido condenado por delito doloso. d).No haber sido removido por falta o delito cometido en el ejercicio de sus funciones.
e). No estar en alguna de las restricciones señaladas en el Código de Procedimientos Civiles. ARTICULO 86.- El Tribunal en Pleno, con la información que reciba de las Autoridades Auxiliares de la Administración de Justicia, deberá formar una lista de las personas que puedan ejercer los cargos de Síndicos, Interventores, Albaceas, Depositarios, Tutores, Curadores, Árbitros, Peritos y demás Auxiliares de la Administración de Justicia que deban designarse en los asuntos que se tramiten ante los Tribunales del Orden Común y conforme a los requisitos que la Ley señale. ARTICULO 87.- En los lugares donde no existen Peritos Oficiales con nombramiento expreso, fungirán como tales las personas aptas en las especialidades de las que se trate. ARTICULO 88.- Los Auxiliares de la Administración de Justicia deben prestar la cooperación que las Leyes determinen, estando obligados a cumplir las órdenes que dentro de sus facultades dicten las Autoridades y Servidores Públicos del Poder Judicial.
CAPITULO SEGUNDO DE LOS PERITOS ARTICULO 89.- Para ser Perito se requiere tener reconocida honradez, probidad y buena conducta, no haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito doloso que amerite pena privativa de libertad, y tener conocimiento en la ciencia, arte u oficio sobre el que vaya a versar el peritaje. ARTICULO 90.- El peritaje, en los asuntos judiciales que se presenten ante las Autoridades, es una función pública, y en esa virtud, los Profesionales, Técnicos o Prácticos en cualquier materia científica, arte u oficio, están obligados a prestar su cooperación dictaminando en los asuntos relacionados con su ciencia, arte u oficio que les sean encomendados. ARTICULO 91.- Todos los Peritos, cuando fuere indispensable su intervención, están obligados a prestar sus servicios salvo, causa justificada, que calificará el Juez o Tribunal. ARTICULO 92.- Son obligaciones de los Peritos: I. Practicar las diligencias que les encomienden los Tribunales en los asuntos relacionados con su ciencia, arte u oficio. II. Rendir oportunamente los dictámenes o informes que les soliciten las Autoridades Judiciales. III. Las demás que les impongan las Leyes o Reglamentos. ARTICULO 93.- Los peritajes que deban versar sobre materias relativas a profesiones, deberán encomendarse a personas autorizadas con título debidamente registrado. Si no fuese posible encontrarlas en la localidad de que se trate, o las que hubieren estén impedidas para ejercer el cargo, se acudirá a los Profesores del ramo correspondiente en las escuelas oficiales de carácter técnico en establecimientos o corporaciones del Gobierno, quienes estarán obligados a rendir los dictámenes que se les encomienden. ARTICULO 94.- En los asuntos del orden penal, cuando no estuvieren designados especialmente por la Ley las personas que deban ejercer las funciones de Peritos, se ocurrirá, de preferencia, a los Servidores Públicos de carácter técnico en los establecimientos o corporaciones dependientes del Gobierno del Estado o Municipios, cuando deban nombrarlos los Jueces o el Tribunal.
ARTICULO 95.- Tienen el carácter de Peritos Médicos Legistas: I. Los Médicos que presten sus servicios en Instituciones Oficiales. II. Los Médicos que designen en cada caso las Salas del Tribunal o los Jueces, a falta de los nombrados en la fracción anterior. ARTICULO 96.- En los asuntos civiles o penales, las partes interesadas podrán nombrar libremente los Peritos que les convengan. Los Peritos nombrados por las partes, o en su rebeldía por el Juez, serán remunerados por aquéllas en los términos del convenio respectivo, y a falta de convenio, con arreglo a lo que dispongan las Leyes. ARTICULO 97.- Los honorarios de los Peritos designados por el Juez, sin solicitud de ninguno de los interesados, se regularán atendiendo a la importancia de la comisión y tiempo que los Peritos hayan ocupado en el despacho de ella y serán cubiertos por ambas partes por mitad, de acuerdo con lo que dispone el Código de Procedimientos Civiles, sin perjuicio de lo que establezca la sentencia definitiva sobre condenación de costas. ARTICULO 98.- Es facultad del Gobernador del Estado, oyendo al Presidente del Tribunal, designar a las personas que serán los Peritos Oficiales que considere convenientes, con el sueldo que señale el presupuesto y podrá removerlos, oyéndolos previamente. CAPITULO TERCERO DE LOS NOTARIOS ARTICULO 99.- En los casos en que, conforme al Código de Procedimientos Civiles, los litigantes designen un Notario para que desempeñe las funciones del Secretario, quedará éste obligado a cumplir con todas las disposiciones que esta Ley prescribe para dichos funcionarios, únicamente en relación con el negocio en que intervengan y sujeto a las sanciones establecidas en el Capítulo de responsabilidades, por las faltas o delitos oficiales en que incurra en el desempeño del cargo. No es preciso que permanezca en el Juzgado respectivo más que el tiempo necesario para que se desahoguen y dicten las diligencias, acuerdos y resoluciones en dicho negocio.
TITULO OCTAVO DE LAS DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CAPITULO PRIMERO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES.
ARTICULO 100.- El Poder Judicial tendrá un Instituto de Estudios Judiciales cuyo, titular será un Director, quien deberá reunir los mismos requisitos que establece el artículo 33 de esta ley; con excepción de lo señalado en la fracción II, ya que deberá acreditar, cuando menos, cinco años de ejercicio profesional. Contará con el personal docente y Técnico-Administrativo que determine el presupuesto. ARTICULO 101.- Las funciones del Instituto serán las de capacitar, actualizar y especializar al personal que deba de prestar sus servicios en el Poder Judicial, mejorar las aptitudes del que esté laborando y especializar a los Servidores Públicos que desean ocupar puestos superiores en las distintas ramas de la Administración de Justicia, así como la de apoyar la investigación jurídica. ARTICULO 102.- Son funciones y responsabilidades del Director del Instituto:
I.- Formular anualmente, para ser sometido a la aprobación del Pleno, el programa de actividades. II.- Cuidar que el programa del Instituto de Estudios Judiciales se elabore con apego a las necesidades del Poder Judicial. III.- Establecer y mantener comunicación permanente con otras dependencias, Instituciones Educativas y Centros de Investigación, con el propósito de lograr el mejoramiento académico y operativo de los cursos que se impartan. IV.- Promover entre el personal del Poder Judicial, cursos de capacitación, actualización y especialización. V.- Realizar las demás funciones y asumir las responsabilidades que las disposiciones legales le asignen, así como las que le confiera la Superioridad.
CAPITULO SEGUNDO DE OFICIALIA MAYOR
ARTICULO 103.- Para ser Oficial Mayor se deberán reunir los mismos requisitos que para ser Juez. El requisito del título de Licenciado en Derecho podrá ser dispensado por acuerdo del Pleno, siempre que se trate de Licenciado en Administración y áreas afines. ARTICULO 104.- Corresponde al Oficial Mayor: I. Tener a su cargo el despacho de los asuntos administrativos, bajo la autoridad del Presidente del Tribunal. II. Llevar por órdenes del Presidente, la correspondencia oficial con los Servidores Públicos, Dependencias, Juzgados y Particulares. III. Asistir puntualmente a la oficina en las horas de despacho y siempre que fuere necesario. IV. Cuidar de que las Oficinas del Tribunal Superior de Justicia y los Juzgados, estén proveídas del material suficiente para su buen funcionamiento. V. Tener bajo su dependencia inmediata a los demás Servidores Públicos del Tribunal, ejerciendo vigilancia sobre ellos para cuidar del orden, de la moralidad y disciplina, llevando el control de asistencia y puntualidad de los mismos. VI. Auxiliar a los Jueces en sus funciones de carácter administrativo. VII. Formular las hojas de servicio de los Servidores Públicos de la Administración de Justicia, asentando en ellas las anotaciones que procedan. VIII. Cuidar que se cumplan las correcciones disciplinarias que dicten las Salas y el Pleno del Tribunal. IX. Vigilar que los Juzgados remitan con puntualidad y exactitud los informes mensuales o anuales, dando cuenta al Presidente de las irregularidades que advirtiere.
X. Auxiliar al Presidente del Tribunal, Secretario General de Acuerdos del Pleno y de la Presidencia y a los Secretarios de Acuerdos de las Salas, en el ejercicio de sus atribuciones; XI. Llevar la estadística de los negocios sometidos al conocimiento de los Juzgados del Estado. XII. Las demás labores y servicios que las Leyes y Autoridades Superiores le encomienden. Contará con el personal Técnico-Administrativo que señale el presupuesto.
CAPITULO TERCERO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTICULO 105.-La Dirección de Recursos Humanos y Materiales estará a cargo del funcionario que designe el Pleno del Tribunal y contará con el personal técnico que señale el presupuesto de egresos del Poder Judicial.
Para ser Director de esta dependencia deberán cubrirse los requisitos a los que se refiere el artículo 42 de la presente Ley. El requisito de Licenciado en Derecho podrá ser dispensado por acuerdo del Pleno, siempre que se trate de Licenciado en Administración y áreas afines. ARTICULO 106.- Esta Dirección se encargará de mantener una organización administrativa integral, tecnificada y sistematizada del Poder Judicial, del control de los recursos humanos y del inventario de los materiales. ARTICULO 107.- La Dirección a que se refiere el presente capítulo tendrá las siguientes atribuciones: I.- Atender los asuntos administrativos y de conservación que le encomiende el Pleno. II.- Realizar estudios, proponer y adoptar en sus dependencias, los sistemas más idóneos de administración de los recursos humanos y materiales. III.- Integrar y mantener actualizados los expedientes de los servidores del Poder Judicial. IV.- Efectuar el inventario de evaluación y actualización de los bienes que integran el patrimonio del Poder Judicial. V.- Las demás que señale el Reglamento y las que le confieran el Pleno o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. CAPITULO CUARTO DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. ARTICULO 108.- Esta Dirección estará integrada por:
I.- Un Director. II.- Un Administrador de Política Presupuestal y Servicios Personales. III.- Un Contador General. IV.- Un Auxiliar de Contabilidad. V.- Un Cajero. VI.- Una Secretaria. VII.- Un Auxiliar Administrativo. ARTICULO 109.- Para ser Director se exigen los mismos requisitos que para ser Juez, salvo el de la profesión, que en este caso debe ser Contador Público o Licenciado en áreas de la administración con título registrado.
ARTICULO 110.- El Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia será administrado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y se integrará con: a) Los intereses de los depósitos en dinero o en valores que por cualquier concepto se efectúen ante los Tribunales Judiciales y Órganos dependientes del Poder Judicial: multas y sanciones que se hagan efectivas. b) Con los objetos o instrumentos materia del delito cuando no sean reclamados por su propietario o por quien tenga derecho a ellos, dentro del término que señale el Código Penal. c) Con los muebles y valores depositados por cualquier motivo ante los Tribunales Judiciales y Órganos dependientes del Poder Judicial que no fueron retirados por el depositario o por quien tenga derecho a ellos dentro del término que señalen las Leyes respectivas, computado a partir de la fecha en que pudo solicitar su devolución o entrega, teniéndose como tal fecha la de la notificación respectiva. d) Con el monto de la reparación del daño, cuando la parte ofendida no la reclame en los términos que fija el Código Penal. e) Con las donaciones o aportaciones a favor del Fondo. ARTICULO 111.- Los depósitos que por cualquier motivo deban hacerse ante los Juzgados del Fuero Común deberán realizarse en efectivo o en título a disposición del Órgano del Tribunal Superior de Justicia que conozca del asunto. ARTICULO 112.- Cualquier depósito existente o que se haga en lo futuro en títulos a favor de particulares, el Órgano del Tribunal Superior de Justicia que corresponda, ordenará hacerlo efectivo. ARTICULO 113.- Para los efectos de los artículos anteriores, el Tribunal o cualquier Órgano de éste, que por cualquier motivo reciba un depósito en dinero o en valores, deberá remitirlo o integrarlo al Fondo. ARTICULO 114.- Las cantidades que reciba el Fondo en los términos del artículo anterior, serán reintegradas al beneficiario o depositante, según proceda, mediante orden por escrito del Titular del Órgano correspondiente.
ARTICULO 115.- El patrimonio del Fondo se destinará: I.-
A reparar el daño cuando se dicte sentencia que así lo ordene o cuando el indiciado o inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, siempre y cuando se hubiese garantizado mediante fianza dicha reparación;
A sufragar los gastos que origine su administración;
A la adquisición de bienes para el Tribunal Superior de Justicia y Órganos Auxiliares de la Administración de Justicia;
A la capacitación y mejoramiento profesional de los integrantes del Poder Judicial y Órganos Auxiliares de la Administración de Justicia; y
Para otorgar estímulos económicos y sociales a la planta de servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de los magistrados.
Los depósitos e intereses obtenidos por garantías de reparación del daño, deberán destinarse al fin contemplado en la fracción I. Los depósitos por otros conceptos se destinarán de la siguiente manera: el 50% para estímulos económicos de conformidad a lo establecido en la fracción V, y el 50% para capacitación y mejoramiento profesional, adquisición de bienes y administración del Fondo.
ARTICULO 116.- La Dirección de Finanzas y Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia tendrá las siguientes atribuciones: I.- De Dirección: 1.- Gestionar ante el Ejecutivo del Estado la obtención de los recursos para cubrir el presupuesto. 2.- Llevar el control de Bancos e inversiones para obtener un mejor aprovechamiento. 3.- Elaboración de cheques para gasto corriente y de inversión. 4.- Recepción de comprobantes de proveedores de bienes y servicios. 5.- Pago de impuestos estatales. 6.- Adquisición de bienes muebles e inmuebles. 7.- Supervisión de la aplicación de las partidas presupuestales. II.- Area de Contabilidad: 1.- Registro de ingresos y egresos. 2.- Cálculo de impuestos federales y estatales. 3.- Elaboración de estados financieros mensuales. 4.- Elaboración de declaraciones anuales estatales y federales. 5.- Elaboración de declaraciones mensuales ( impuesto federal).
6.- Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales. III.- Area del Fondo Auxiliar: 1.- Registro de ingresos por concepto de multas, conmutaciones y fianzas hechos efectivos. 2.- Registro de los depósitos por reintegrar. 3.- Recepción de comprobantes de gastos y elaboración de cheques para su pago. 4.- Captura de recibos de caja y entrega. 5.- Hacer las devoluciones de las fianzas de los Juzgados locales y foráneos. 6.- Registro de egresos. 7.- Elaboración de estados financieros mensuales. 8.- Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales. 9.- Manejo de las inversiones para obtener un mejor rendimiento. ARTICULO 117.- La Administración de Política Presupuestal y Servicios Personales estará integrada por: I.- Un Administrador. II.- Un Contador General. III.- Un Auxiliar de Bancos. IV.- Un Auxiliar Contable de Nóminas. V.- Un Auxiliar Contable de Presupuesto. VI.- Un Capturista de Nómina y otro de Presupuestos. Para ser Administrador se exigen los mismos requisitos que para ser Juez, salvo el de la profesión, que en este caso debe ser contador público o licenciado en áreas de la administración con título registrado. ARTICULO 118.- Corresponde a la Administración de Política Presupuestal y Servicios Personales: I.- Ejecutar oportunamente y con eficiencia las actividades previstas en los programas. 2.- Utilizar la información estadística existente para la administración oportuna del presupuesto, tendiente a mejorar el ejercicio de las atribuciones propias. 3.- Vigilar que la distribución del gasto comprometa exclusivamente los montos asignados a cada capítulo del presupuesto. 4.- Intervenir para que se cumplan las disposiciones de la programación de pagos autorizados. 5.- Elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto. 6.- Evaluar los resultados obtenidos por programa.
7.- Participar en la revisión, aprobación e instalación de los manuales de organización y procedimientos del área de administración y de finanzas, de acuerdo con la reglamentación de Ley del Poder Judicial. 8.- Participar en la supervisión y conciliación de los registros contables y consolidar los estados financieros del Poder Judicial. 9.- Reportar a la Presidencia el seguimiento presupuestal mensual. 10.- Proponer, coordinar, dirigir y controlar los sistemas y procedimientos internos del pago de los servicios personales y de las actividades inherentes al área de nómina. 11.- Elaborar y ejecutar programas de mantenimiento y conservación de edificios. 12.- La elaboración y control del reporte de incidencias de nómina. 13.-Las atribuciones que le son designadas por disposiciones legales y las que confiera el Presidente Magistrado. ARTICULO 119.- La administración y el destino del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia será revisado por la Contaduría Mayor del Honorable Congreso del Estado. ARTICULO 120.- Independientemente de las visitas ordinarias y extraordinarias a los Juzgados que prevé la Ley, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá acordar visitas especiales por Auditores, para que revisen el manejo de los valores y depósitos a cargo de dicha dependencia ; y, según el resultado de la visita, el Pleno tomará el acuerdo correspondiente.
ARTICULO 121.- Dentro de los diez primeros días de cada mes, la Administración del Fondo rendirá informe al Pleno del Tribunal respecto de las actividades realizadas durante el mes. CAPITULO QUINTO DEL FONDO DE AHORRO
ARTICULO 122.- El Departamento del Fondo de Ahorro dependerá de la Dirección de Finanzas, y estará integrado por: I.- El Director de la dependencia señalada en el párrafo anterior. II.- El Personal Técnico-Administrativo que determine el presupuesto y las necesidades de dicho Departamento para laborar eficazmente. ARTICULO 123.- El objetivo de este Departamento del Fondo de Ahorro es el de estimular el espíritu de ahorro entre los trabajadores del Poder Judicial. ARTICULO 124.- El patrimonio de este Departamento del Fondo de Ahorro se integrará y aumentará con las cantidades que determinen ahorrar cada uno de los asociados. ARTICULO 125.-. La tramitación de préstamos a quienes tengan derecho a ellos y pagos que se hagan a favor de este Departamento, serán en la forma y términos que para tal efecto disponga el Reglamento respectivo.
CAPITULO SEXTO DEL ARCHIVO JUDICIAL ARTICULO 126.- El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia tendrá bajo su dependencia el Archivo del Poder Judicial del Estado y dictará las medidas que estime convenientes para su organización y conservación. ARTICULO 127.- Esta dependencia estará integrada por el siguiente personal: I.- Un Encargado o Jefe de Archivo. II.- Una Comisión Dictaminadora. III.- Un Secretario o un Archivista. IV.- El Personal que el Pleno, según la Ley Orgánica, considere necesario en los términos de su Reglamento. Para ser Encargado o Jefe de Archivo se requiere tener 21 años de edad cumplidos y observar los requisitos señalados en el Artículo 42 de esta Ley, excepto el de la profesión que, en este caso, podrá ser profesionista en Areas de la Administración y afines. ARTICULO 128.- Habrá en el Archivo seis Departamentos: a) Del Ramo Civil. b) Del Ramo Familiar. c) Del Ramo Mercantil. d) Del Ramo Penal. e) Del Ramo Administrativo. f) Del Archivo Histórico. ARTICULO 129.- Se depositarán en el Archivo del Poder Judicial: I.- Todos los expedientes que se hubieren tramitado y concluido ante el Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados del Estado, y cuya remisión o entrega no haya de hacerse a oficina determinada o a los particulares interesados. II.- Todos los instrumentos u objetos que le sean remitidos por las Autoridades Judiciales del Estado en los asuntos de su conocimiento. III.- Los documentos que por su antigüedad y contenido constituyan el acervo cultural del Poder Judicial, aquéllos que formen parte de la memoria histórica de la Judicatura o que representen un aporte a la Ciencia del Derecho ; todos éstos integrarán el archivo histórico. IV.- Los documentos que las leyes determinen.
Los asuntos que hayan dejado de tramitarse dentro del término de 6 meses naturales, se depositarán en el archivo provisional de cada Juzgado o en el Archivo Judicial, en su caso. Los incidentes se archivarán con el juicio principal al que pertenezcan, cualquiera que sea su naturaleza. ARTICULO 130.- Los documentos y expedientes depositados en el Archivo Judicial serán motivo de depuración, siendo responsabilidad de la Comisión Dictaminadora del Archivo Judicial; la cual, previo dictamen, estudio y aprobación del Pleno, desechará todos aquellos documentos que por su naturaleza o que jurídicamente no tengan ningún valor, procediéndose a su destrucción total, conforme a los lineamientos del Reglamento respectivo. ARTICULO 131.- Los Tribunales, al remitir los expedientes al Archivo para su resguardo, llevarán un libro en el cual harán constar, en forma de inventario, lo que contenga cada remisión. Al pie de este inventario pondrá, el Encargado del Archivo, una constancia de su recibo, dando cuenta por escrito al Presidente del Tribunal Superior de Justicia. ARTICULO 132.- Las certificaciones y constancias que se refieran a expedientes o documentos archivados, se verificarán mediante acuerdo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y por conducto del Encargado del Archivo. ARTICULO 133.- Los expedientes, documentos y objetos recibidos en el Archivo, serán anotados en un libro de entrada para cada uno de los Juzgados o Dependencia Judicial y, arreglados convenientemente, se colocarán en el lugar que les corresponda, evitando que sufran cualquier deterioro. ARTICULO 134.- Por ningún motivo se extraerá expediente, documento u objeto alguno del Archivo General del Poder Judicial, a no ser por petición de Autoridad Competente, la que insertará en el oficio relativo, la determinación que motivó el pedimento.
ARTICULO 135.- La vista o examen de libros, documentos o expedientes del Archivo, podrá permitirse a los interesados o a sus procuradores en presencia del Encargado de dicha oficina y dentro de ella. ARTICULO 136.- No se permitirá, por ningún motivo, a los empleados del Archivo que extraigan del mismo, documentos, expedientes u objetos de ninguna clase. ARTICULO 137.- La falta de remisión al Archivo, de los expedientes, documentos u objetos que lo ameriten, será sancionada disciplinariamente por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. ARTICULO 138.- Cualquier defecto, irregularidad o infracción que advierta el encargado del archivo en los expedientes, documentos u objetos que se le remitan para su depósito, lo comunicará inmediatamente al Presidente del Tribunal Superior de Justicia. ARTICULO 139.- El Reglamento respectivo fijará las atribuciones de los Servidores Públicos del Archivo Judicial y determinará la forma de los asientos, índices, libros que en la oficina deban llevarse, y el Presidente del Tribunal podrá acordar, en todo caso, las medidas que crea convenientes.
CAPITULO SEPTIMO DE LA UNIDAD DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION
ARTICULO 140.- La Unidad de Estadística, Informática y Computación estará a cargo de un Director, quien deberá reunir los mismos requisitos que para ser Juez ,y contará con el personal TécnicoAdministrativo que señale el presupuesto. El requisito de Licenciado en Derecho podrá ser dispensado por acuerdo del Pleno, sólo que se trate de Ingeniero o Licenciado en Ciencias de la Computación, con título debidamente registrado. ARTICULO 141.- La Unidad de Estadística, Informática y Computación tendrá las siguientes funciones: I.- La concentración de datos de los Juzgados de Primera Instancia, de las Salas, del Pleno y demás dependencias del Poder Judicial relativo a juicios o procedimientos que ante ellos se tramiten, con el fin de efectuar un control de los mismos por medio del sistema de computación. Los Secretarios de Acuerdos están obligados a informar periódicamente sobre los datos de las respectivas Dependencias. II.- La elaboración del Boletín Judicial, en el que se publicarán las listas de acuerdos dictados por el Pleno, las Salas y los Juzgados del Partido Judicial de La Paz; los cuales tendrán efecto de notificación en los términos establecidos por el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y las demás actividades determinadas por la Ley. Se integrarán a dicho Boletín los acuerdos dictados por los Juzgados Foráneos conforme lo permita el presupuesto. III.- Mantener y conservar actualizados los registros estadísticos de los juicios o procedimientos, por Materia, por Juzgado, por Sala y por Dependencias. IV.- La computarización de las actividades del Poder Judicial en las áreas de Administración, Contabilidad, Recursos Humanos y Materiales, y otras que se requieran. V.- El registro computarizado de todas aquellas actividades de apoyo al servicio de la Administración, Contabilidad, Recursos Humanos y Materiales, y otras que se requieran. VI.- Auxiliar por medio del procesamiento de datos a la Oficialía Mayor, a la Dirección de Finanzas y Administración en las elaboraciones de patrones, nóminas, plantillas, recibos y de remuneraciones que otorgue el Tribunal por concepto de servicios personales, incapacidades y permisos. VII.- Auxiliar en la elaboración del registro de adquisiciones y de almacén, con el fin de programar los requerimientos del Poder Judicial. VIII.- Auxiliar en la elaboración de inventarios mobiliarios y equipos del Poder Judicial, así como en la programación de las necesidades de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles en general. CAPITULO OCTAVO DE LA BIBLIOTECA ARTICULO 142.- La Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia deberá ocupar un departamento especial del edificio en el que resida el Tribunal. ARTICULO 143.- La Biblioteca estará, de preferencia, al servicio del Tribunal y de sus Salas; pero los demás Servidores Públicos del Ramo de Justicia podrán servirse de sus libros y documentos. Asimismo, el Tribunal en Pleno podrá convenir con Instituciones Académicas y Organismos de Profesionales del Derecho en el uso de la misma. ARTICULO 144.- Solamente a los Magistrados del Tribunal y a los Jueces será permitido extraer de la Biblioteca algún libro o documento, bajo recibo firmado y por un término que no exceda de diez días.
ARTICULO 145.- El servicio de la Biblioteca estará a cargo de un Bibliotecario y el personal que sea necesario, los cuales serán nombrados por el Tribunal en Pleno. ARTICULO 146.- Corresponde al Bibliotecario: I. Formar un inventario de todos los libros y documentos de la biblioteca y un inventario general de muebles y útiles para servicio de la misma. II. Ordenar las obras de la Biblioteca conforme al sistema de clasificación de ellas. III. Formar listas de obras nuevas para su compra y de obras para empastar, y entregárselas al Presidente con presupuesto de su costo y del de encuadernación. IV. Conservar en buen estado los libros y documentos, así como los muebles y útiles, dando cuenta de los desperfectos que sufran. V. Distribuir las labores entre él y sus ayudantes para el mejor funcionamiento. VI. Llevar una estadística de asistencia de lectores a la Biblioteca. VII. Las demás obligaciones que prescriban las Leyes y Reglamentos respectivos y los acuerdos del Tribunal o de su Presidente.
CAPITULO NOVENO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL ARTICULO 147.- El Pleno del Tribunal nombrará un Director de Comunicación, quien deberá reunir los mismos requisitos exigidos en el Artículo 42 de la presente Ley, salvo el de la profesión que en este caso debe de ser Licenciado en Ciencias de la Comunicación con título registrado. ARTICULO 148.- La Unidad de Comunicación Social estará a cargo de un Director y contará con el personal Técnico-Administrativo que señale el presupuesto. ARTICULO 149.- Esta unidad tendrá las siguientes funciones: I.- Establecer y fomentar las relaciones con los medios de comunicación masiva, así como redactar toda clase de información relacionada con los actos del propio Tribunal, para que sean difundidos a través de aquellos. II.- Compilar y evaluar la información que sobre el Tribunal difundan los medios de comunicación masiva. III.- Planear, organizar y coordinar la agenda de eventos especiales del Tribunal, bajo la supervisión del Magistrado Presidente. IV.- Las demás que le imponga su cargo.
TITULO NOVENO DE LAS RESPONSABILIDADES
CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 150.- Los Magistrados, los Jueces y demás Servidores Públicos del Poder Judicial son responsables de los delitos del orden común y faltas oficiales que cometan en el ejercicio de sus cargos, y quedan por ello, sujetos a las sanciones que determinen el Código Penal del Estado y la Presente Ley. ARTICULO 151.- En los casos de la comisión de delitos por parte de los Magistrados, se procederá conforme lo establece la Constitución Política del Estado. ARTICULO 152.- En los casos de la comisión de delitos por parte de los Jueces, será el Tribunal Superior de Justicia en Pleno el que declarará si ha lugar o no a proceder contra el acusado. En caso afirmativo, por esta sola declaración, quedará separado de su cargo y sujeto a la Autoridad Judicial correspondiente. ARTICULO 153.- La autoridad que ordene o ejecute la detención o privación de la libertad de alguno de los Servidores Públicos a los que se refieren las fracciones II, III y IV del Artículo 2o. y 8o. de esta Ley, será inmediatamente separado de su puesto o sancionado con pena hasta de seis años de prisión y multa hasta de treinta días salario, sin perjuicio de la sanción que le corresponda por otros delitos que pudiera cometer al ejecutar tal detención. ARTICULO 154.- Los demás Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, en la comisión de delitos, serán consignados a las Autoridades Judiciales sin la intervención del Tribunal Superior de Justicia en Pleno, y el procedimiento se regirá por las disposiciones del orden común, al decretárseles la formal prisión o sujeción a proceso hasta en tanto se dicte sentencia; en caso de ser absolutoria, podrá volver a ocupar su cargo. ARTICULO 155.- Son sujetos de responsabilidad administrativa todos los servidores públicos del Poder Judicial, cualquiera que sea su jerarquía. ARTICULO 155 A.- La acción disciplinaria y la sanción que corresponda, procede aún en los casos en que el servidor público renuncie o abandone su cargo. ARTICULO 155 B.- La acción disciplinaria prescribe en un año, contado desde el día siguiente a aquél en que se hubiere cometido la falta, o a partir de que hubiere cesado, si fuere de carácter continuo. La iniciación del procedimiento correspondiente interrumpe la prescripción. Cuando los actos u omisiones, que se le imputen al servidor público, sean graves, o se obtengan algún lucro o se causen daños o perjuicios cualquiera que sea su monto, el plazo de prescripción será de tres años. CAPITULO SEGUNDO DE LA RESPONSABILIDAD Y FALTAS ADMINISTRATIVAS ARTICULO 156.- Se consideran faltas administrativas del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, de los Magistrados, y de los Presidentes de las Salas, las acciones u omisiones siguientes: I. No presentar, por negligencia, oportunamente, el Proyecto de Resolución de los asuntos de su Ponencia a la Sala o al Pleno del Tribunal Superior de Justicia; II. No concurrir, sin causa justificada, a las sesiones de la Sala o del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
III. No cumplir con las obligaciones de Magistrado Presidente de Sala. IV. No concurrir sin causa justificada al desempeño oportuno de sus labores oficiales; V. - Dictar resoluciones o trámites infundados o notoriamente innecesarios, que sólo tiendan a dilatar el proceso; VI.- Actuar en los negocios en que estuvieren impedidos por las causas previstas en los ordenamientos legales, con pleno conocimiento de esta circunstancia; VII. Abstenerse, sin causa justificada, de dictar dentro de los términos señalados por la Ley, las resoluciones que provean legalmente las promociones de las partes, o las sentencias definitivas o interlocutorias en los negocios de su conocimiento; VIII. Ejercer influencia para que el nombramiento del personal de las Salas o Juzgados, recaiga en persona determinada o que no reúna los requisitos legales. IX. Asignar a los servidores públicos del Poder Judicial, labores ajenas a sus funciones; X.- Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento; XI.- Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan; XII.- Hacer uso, en perjuicio de las partes de los medios de apremio sin causa justificada; XIII.- No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores. XIV.- Admitir fianzas o contrafianzas en los casos que prescriben las Leyes, de personas que no acrediten suficientemente su solvencia y la libertad de gravámenes de los bienes que sirvan para ello;
XV.- Dirigirse en forma irrespetuosa o atentar contra la dignidad personal de los usuarios del servicio de justicia; y XVI.- Todos aquellos actos u omisiones similares a los contemplados en las fracciones anteriores que se aparten de la rectitud y puedan causar el desprestigio al buen nombre de la administración de justicia. ARTICULO 156 A.- Si la falta se cometiere porque los Magistrados de las Salas por retardo injustificado no dicten sus resoluciones dentro de un término prudente, solamente será responsable el ponente, cuando no presentare oportunamente el Proyecto respectivo a la consideración de los otros Magistrados. Los tres Magistrados serán responsables si al haberse presentado la ponencia correspondiente no concurrieren a la discusión del negocio o dejaren de emitir su voto sin causa justificada. ARTICULO 156 B.- Son faltas administrativas de los Jueces, las acciones u omisiones siguientes: I.- No presentarse, sin causa justificada, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de su designación, a tomar posesión de su cargo; II.- No concluir, sin causa justificada, dentro del término de la Ley, la instrucción de los procesos de su conocimiento;
III.- Hacer declaraciones de rebeldía en perjuicio de alguna de las partes, sin que las notificaciones o citaciones anteriores hayan sido hechas en forma legal o antes de que transcurra el plazo previsto en la Ley; IV.- Abandonar, sin la autorización correspondiente, la residencia del juzgado al que esté adscrito, o dejar de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo; V.- No remitir en tiempo los informes estadísticos a la superioridad sin causa justificada; y VI.- Las previstas en las fracciones IV, V, VI, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI del artículo 156 de esta Ley. ARTICULO 156 C.- Son faltas administrativas de los Secretarios de Acuerdos del Pleno, las Salas y los Juzgados: I. No dar cuenta, dentro del término de la Ley, con los oficios, escritos y promociones de las partes. II. No asentar en autos, dentro del término, las certificaciones que procedan de oficio o por mandato judicial. III. No diligenciar, dentro de las 24 horas siguientes a aquéllas a las que surtan efecto, las resoluciones judiciales, a menos que exista causa justificada. IV. No dar cuenta al Presidente, Magistrados o Jueces, en su caso, de las faltas u omisiones que personalmente hubieren notado en los servidores públicos subalternos de la oficina, o que se le denuncien por el público verbalmente o por escrito; V. No engrosar, dentro de los ocho días siguientes a la decisión del negocio, la sentencia que corresponda en los casos que fuera su obligación hacerlo. VI. No remitir al archivo correspondiente los expedientes conforme a la Ley;
VII. No entregar a la Central de Actuarios o a los Actuarios, en sus respectivos casos, los expedientes de notificación personal o pendientes de diligencia cuando deban hacerse fuera del Juzgado. VIII. No hacer a las partes las notificaciones personales que procedan, cuando concurran al Juzgado o Tribunal o al Juzgado dentro del término de Ley; IX. No mostrar, sin causa justificada, los expedientes a las partes cuando lo soliciten; X. No obedecer las órdenes que conforme a sus atribuciones les impartan sus Superiores; y XI. Las previstas en las fracciones IV, VI, VIII, XI, XII, XIII, XV y XVI, del Artículo 156, y en las fracciones I y V del Artículo 156 B, de la presente Ley. ARTICULO 156 D.- Son faltas administrativas de los Actuarios: I. No hacer, con la debida oportunidad y sin causa justificada, las notificaciones personales, ni llevar a cabo las diligencias de sus atribuciones, cuando deban efectuarse fuera del Juzgado o Tribunal; II. Retardar indebida o maliciosamente las notificaciones, emplazamientos, embargos o diligencias de cualquier clase, que les fueren encomendados.
III. Dar preferencia a alguno o algunos de los litigantes y con perjuicio de otros, por cualquiera causa que sea, en la diligencia de sus asuntos en general y, especialmente, para llevar a cabo las que se determinan en la fracción que antecede; IV. Practicar notificaciones, citaciones o emplazamientos a las partes, por cédula o instructivo, fuera del lugar designado en autos o sin cerciorarse, cuando proceda, de que el interesado tiene su domicilio en donde se lleva a cabo la diligencia; V. Practicar embargos, aseguramiento, retención de bienes o lanzamientos, a personas físicas o jurídicas que no sean las designadas en el auto respectivo, o cuando en el momento de la diligencia o antes de retirarse el personal del Juzgado, se demuestre fehacientemente que esos bienes no pertenecen al ejecutado y para comprobar tal situación, en todo caso deberá agregar a los autos la documentación que se le presente a efecto de dar a cuenta a quien hubiere ordenada la diligencia; VI.- No levantar el acta relativa a la diligencia que practique, en el lugar y momento en que esta se efectúe; y VII. Las señaladas en las fracciones IV, VI, VIII, XI, XIII, XV y XVI del artículo 156; I y V del Artículo 156 B y X del artículo 156C. ARTICULO 156 E.- Son faltas administrativas de los servidores públicos de confianza, base y supernumerarios: I.- No observar el debido respeto y subordinación hacia sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos. II.- Incumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos dicten en el cumplimiento de sus atribuciones; III.- Dejar de cumplir con diligencia las instrucciones, requerimientos o trabajos que le sean encomendados; IV.- Recibir gratificaciones de cualquier índole; y V.- Las previstas en el artículo siguientes de esta Ley, en lo que les fueren aplicables. ARTICULO 157.- Todo servidor público del Poder Judicial, tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento, dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales: I.- Cumplir con la mayor diligencia el servicio que le sea encomendado. II.-Abstenerse de cualquier acto u omisión que causen la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; III.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a que están destinados o afectos; IV.- Custodiar y conservar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conozca o conserve bajo su cuidado, o a la cual tenga acceso; V.- Abstenerse de destruir, mutilar, ocultar o alterar expedientes o documentos que se conserven en las Salas o los Juzgados;
VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; VII.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad; VIII.- Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones; IX.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, después de concluido el periodo para el cual se le designó, o de haber sido cesado por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones; X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores, así como de otorgar indebidamente permisos, licencias o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio no lo requiera; XI.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular, que la Ley prohíba, con excepción de la docencia; XII.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, teniendo conocimiento de ello; XIII.- Excusarse por sí o previa recusación de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; XIV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por si o por interpósita persona, dinero, objetos, mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para si, o para las personas a que se refiere la fracción XIII de este artículo, y que procedan de cualquier persona física o jurídica cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas con el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto; o cualquier otra dádiva o servicio para sí o para un tercero; o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones. Esta prevención, es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión; XV.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o tratar de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el erario público le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a que se refiere la fracción XIII de éste artículo; XVI.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios, en el caso o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a que se refiere la fracción XIII de éste artículo; XVII.- Presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones sobre situación patrimonial, en los términos que señala la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur;
XVIII.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por las instituciones a la que legalmente les competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que puedan cumplir con las facultades y atribuciones que les corresponda; XIX.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; XX.- Asistir puntualmente al desempeño de sus labores; XXI.- Dejar de asistir sin motivo justificado al despacho de su oficina o cerrarla limitando indebidamente las horas de trabajo; XXII.- Informar a su superior jerárquico o al titular de su dependencia de todo acto u omisión de los servidores públicos sujetos a su dirección que puedan implicar inobservancia de las obligaciones propias del cargo: XXIII.-Abstenerse de desempeñar su labor en estado de embriaguez o bajo el influjo de estupefacientes, o hacer uso de éstos en el lugar en que le tocare desempeñarse; XXIV.- Abstenerse de consumir alimentos fuera de las áreas destinadas para ello; o realizar compras o ventas en el interior del recinto de la Sala, Juzgado u oficina en el horario del trabajo; XXV.- Asistir puntualmente a la celebración de ceremonias o actos oficiales del Poder Judicial a los que fueren convocados; XXVI.- Asistir a los cursos de capacitación, conferencias o reuniones de trabajo a que fueren convocados; XXVII.- Despachar oportunamente los oficios y llevar a cabo las diligencias que se le encomienden; y XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.
ARTICULO 157 A.- Todo servidor público deberá abstenerse de actuar con morosidad, mala conducta pública, impericia o falta de respeto en el desempeño de sus funciones. ARTICULO 157 B.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se entiende por: I.- Morosidad: toda dilación injustificada en el despacho de los negocios de su competencia, demora habitual en acordar y la falta de asistencia consuetudinaria a la oficina, sin causa justificada; II.- Mala conducta pública: todos aquellos actos que sean del dominio público y que resten honorabilidad y responsabilidad al servidor público, a juicio del Tribunal en pleno; III.- Impericia: la falta de aptitud para el desempeño del puesto, a juicio del Tribunal en pleno, juicio que se fundará cuando menos en más de dos casos que revelen notoria incapacidad del servidor público de que se trate; y IV.- Falta de respeto: todo acto ejecutado contra la dignidad y respeto que merece toda oficina pública y contra las consideraciones que deben guardarse al superior respectivo. ARTICULO 157 C.- También se consideran faltas administrativas y se sancionarán como tales, las infracciones y omisiones en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial, con relación a los deberes que le impone esta Ley y las demás sustantivas y adjetivas aplicables en el Estado.
CAPITULO TERCERO DE LAS SANCIONES Y SU APLICACIÓN. ARTICULO 158.- Las sanciones aplicables a las faltas administrativas podrán consistir en: I.- Apercibimiento; II.- Amonestación; III.- Sanción económica; IV.- Suspensión; V.- Destitución del cargo; y VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en el Poder Judicial del Estado. ARTICULO 158 A.- El apercibimiento consiste en la prevención verbal o escrita que se haga al servidor público, en el sentido de que, de incurrir en una nueva falta, se le aplicará una o más de las sanciones previstas en el artículo anterior, según sea el caso. ARTICULO 158 B.- La amonestación consiste en la reprensión verbal o escrita que se haga al infractor por la falta cometida. ARTICULO 158 C.- La sanción económica que se imponga al infractor, no podrá ser inferior a un día de salario, ni exceder de treinta días de salario, debiendo hacerse efectiva mediante descuento en nómina, de cuotas iguales, no superiores a la quinta parte de su sueldo mensual, o bien, a través del procedimiento económico coactivo con intervención de la autoridad competente.
En el caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos o daños y perjuicios causados por los actos u omisiones en que incurra, no podrán exceder de tres tantos de la cuantificación de éstos. Las sanciones económicas se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su importe, se tendrá como base el salario mínimo vigente en el Estado de Baja California Sur, al momento de realizarse la conducta sancionada. Las sanciones económicas establecidas en este artículo, se pagarán una vez determinadas en cantidad líquida, en su equivalencia en salarios mínimos vigentes al día de su pago. Las sanciones económicas, constituyen créditos fiscales en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y se harán efectivas mediante el procedimiento económico coactivo, previsto para dichos créditos y se sujetarán en todo, a las disposiciones fiscales en la materia. ARTICULO 158 D.- La suspensión consiste en la separación temporal, que salvo lo dispuesto en el artículo 166 B, tercer párrafo, en ningún caso podrá exceder de tres meses del cargo, empleo o comisión, privando al servidor público del derecho de percibir remuneración o cualquiera otra de las prestaciones económicas a que tenga derecho.
ARTICULO 158 E.- La destitución consiste en la pérdida definitiva del empleo, cargo o comisión. ARTICULO 158 F.- La inhabilitación implica la incapacidad temporal, hasta por dos años para obtener y ejercer cargo, empleo o comisión, dentro del Poder Judicial, cuando no se obtenga ningún lucro ni se causen daños o perjuicios. En caso de que se obtenga algún lucro o se causen daños o perjuicios, la inhabilitación será de seis meses a tres años si el monto de éstos no excede de quinientas veces el salario mínimo vigente en el Estado y de tres a diez años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación, también será aplicable cuando sin exceder de dicho monto exista reincidencia o se trate de conductas graves. ARTICULO 159.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta: I.- La gravedad de la falta en que se haya incurrido; II.- El grado de participación; III.- La circunstancia socioeconómica del infractor; IV.- Los motivos determinantes que haya tenido y los medios de ejecución; V.- La antigüedad en el servicio; VI.- La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones; VII.- El monto del beneficio, daño o perjuicios económicos derivados de la falta cometida; y VIII.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. ARTICULO 159 A.- Las sanciones impuestas se anotarán en la hoja de servicios del servidor público, para cuyo efecto deberá enviarse copia autorizada de la resolución a la Dirección de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia. ARTICULO 160.- Para la aplicación de las sanciones a que se hace referencia en el artículo 158 de esta Ley, se observarán las siguientes reglas: I.- El apercibimiento se aplicará por la primera falta cometida cuando sea leve; II.- La amonestación se aplicará solo tratándose de la acumulación de dos faltas leves cometidas en un plazo de treinta días; III.- Después de dos amonestaciones, se impondrá sanción económica no menor al importe de un día, ni mayor de treinta días de salario; IV.- La triple sanción por faltas leves o la comisión de una falta grave, motivará la suspensión del cargo, empleo o comisión; V.- La destitución se aplicará como primera sanción en caso de faltas graves o cuando después de una sanción de suspensión, se cometiere una nueva falta que ajuicio del Pleno así lo amerite. Para los efectos de esta Ley, se consideran faltas graves las previstas en los artículos 156 fracciones VI y X; 156 E fracción IV y 157 fracciones V, IX, XI, XIII, XIV, XV y XVI. La mala conducta pública previstas en el artículo 157 A.
Las restantes previstas en los artículos 156, 156 A, 156 B, 156 C, 156 D, 156 E, 157 y 157 A, no se considerarán faltas graves. Cuando la destitución del cargo, empleo o comisión afecte a un servidor público de base, se procederá a la terminación de su contrato ante quien corresponda; y VI.- La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el Poder Judicial, será aplicable por resolución que dicte el Pleno del Tribunal Superior de Justicia o por la autoridad competente en términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur. ARTICULO 161.- La potestad disciplinaria se ejercerá: I.- Por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados y Jueces, cuando se trate de quejas no graves, en contra de los Secretarios y demás servidores públicos bajo su dependencia jerárquica, y la sanción que les corresponda por la falta cometida sea la de apercibimiento o amonestación; II.- Con excepción de lo dispuesto en la fracción anterior, por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia cuando se trate de los Magistrados, Jueces, Secretarios de Acuerdos o cualquier otro servidor público cuya falta amerite sanción de las señaladas en las fracciones III, IV, V y VI del artículo 158 de la presente Ley. ARTICULO 162.- En contra del presunto autor de alguna de las faltas previstas en el Capítulo segundo de este Título, se procederá de oficio o en virtud de queja o denuncia presentada por escrito ante el superior jerárquico, o ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Las denuncias que se formulen, deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes, para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado. Las quejas anónimas o aquéllas que no sean debidamente ratificadas no producirán efecto alguno. Se desecharán de plano las quejas que sean de manifiesta improcedencia, y aquellas que no estén apoyadas en pruebas suficientes, que permitan presumir la responsabilidad del servidor público denunciado. Cuando las quejas se promuevan con espeto a los titulares de los Juzgados de Primera Instancia, Mixtos, Menores o de Paz, de un Partido Judicial distinto al de la residencia del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se presentarán directamente ante éstos, o en la Oficialía de Partes, debiendo remitirlas bajo su más estricta responsabilidad, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, dentro del término de 24 horas siguientes a su recepción. La ratificación correspondiente podrá hacerse ante el propio Juez, o ante el Tribunal Superior de Justicia, a elección del quejoso, dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación que se le haga del auto de radicación. En los casos en que el estarse llevando a cabo una visita de inspección, por Magistrado o por la autoridad que a ese efecto se haya designado, se podrá presentar ante éstos la queja correspondiente, misma que deberá ser ratificada ante quien la reciba. ARTICULO 162 A.- Todos los servidores públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas, y de evitar que, con motivo de éstas, se originen molestias indebidas al denunciante.
Incurre en responsabilidad el servidor público que por sí o por interpósita persona, empleando cualquier medio, impida la presentación de alguna queja, o que con motivo de ésta, realice cualquier acto u omisión que lesione injustamente los intereses de quien la formule. ARTICULO 162 B.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia, a petición de parte interesada formulará excitativas a las autoridades que omitan o retarden la iniciación o el trámite de un procedimiento disciplinario. ARTICULO 162 C.- Si los hechos materia de la queja fueren además constitutivos de responsabilidad política o penal, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad competente, acompañándole copia autorizada de las actuaciones conducentes. ARTICULO 162 D.- Con independencia de si el motivo de la queja o denuncia, da o no lugar a responsabilidad, el Pleno o el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en su caso, dictará las providencias oportunas para su corrección o remedio inmediato. ARTICULO 163.- La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme, se llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la resolución Cuando la resolución haya impuesto como sanción la suspensión, destitución o inhabilitación de los servidores públicos de confianza, surtirá sus efectos al notificarse el auto que la haya declarado firme y se considerará de orden público. Tratándose de los servidores públicos de base y supernumerarios, la suspensión y la destitución, se sujetará a lo previsto por la Ley para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur. Las sanciones económicas que se impongan, constituirán créditos fiscales del erario estatal, y se harán efectivas a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mediante el procedimiento económico coactivo de ejecución y tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo, a las disposiciones fiscales aplicables en la materia. ARTICULO 163 A.- Si el presunto infractor confesare su responsabilidad, en forma expresa, se procederá de inmediato a dictar la resolución, salvo que existan pruebas que la hagan inverosímil o la contradigan, a no ser que quien conoce el procedimiento, disponga la recepción de pruebas para esclarecer la veracidad de los hechos. En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se impondrá al infractor un tercio de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica, y siempre deberá restituir lo que hubiere percibido con motivo de la infracción. Quedará al arbitrio prudencial de quien resuelva, dispensar al infractor de la suspensión, separación o inhabilitación, en su caso. ARTICULO 164.- Si el Pleno o la Sala del Tribunal Superior de Justicia, estimare que la queja fue interpuesta sin motivo, se impondrá al denunciante o a su representante, o abogado, o a ambos una multa de diez a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de Baja California Sur, al momento de interponerse la queja. La resolución de no responsabilidad administrativa, deberá ser publicada en extracto en el Boletín Judicial y en un periódico de mayor circulación a costa del denunciante, cuando el motivo de la falta o queja sea de las consideradas como graves. ARTICULO 165.- Cuando Se trata de faltas que no sean graves, previa ratificación del escrito inicial de queja o denuncia, se correrá traslado al presunto infractor con copia simple de dicho escrito y sus anexos, concediéndole el plazo de tres días hábiles para que conteste por escrito lo que a su interés convenga. Las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas en dichos escritos, mismas que de ser
admitidas serán desahogadas en una audiencia, la cual deberá celebrarse dentro de los quince días naturales siguientes a la contestación. Una vez contestada la queja o desahogadas las pruebas en su caso, el órgano competente emitirá dictamen dentro de los diez días siguientes. Se levantará acta circunstanciada de la diligencias que se practiquen, misma que suscribirán quienes en ellas intervengan, apercibidos de las sanciones en que incurren quienes falten a la verdad. Contra dicha resolución no procede recurso alguno. ARTICULO 166.- En los casos de falta grave, el procedimiento se sujetará a las siguientes normas: I. Los afectados por la comisión de una falta administrativa, podrán presentar su denuncia por escrito dirigido al Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Cuando el Pleno del Tribunal advierta la falta, podrá iniciar de oficio el procedimiento; II.-Una vez ratificado el escrito de denuncia por la parte afectada, se correrá traslado con la copia simple de dicho escrito, así como de todos y cada uno de los documentos exhibidos, y se emplazará al infractor para que en cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente en el que quede debidamente notificado, exprese lo que a su derecho convenga; III.- Hecho lo anterior las partes deberán ofrecer las pruebas conducentes en un plazo de cinco días hábiles, mismas que de ser admitidas deberán ser desahogadas en una audiencia, la cual se celebrará dentro de los quince días hábiles siguientes. El pleno podrá decretar las pruebas que estime necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos y el conocimiento de la verdad. Una vez desahogadas las pruebas, las partes podrán formular alegatos en forma verbal; y IV.- Agotado el procedimiento, el Tribunal en Pleno emitirá el dictamen correspondiente en los cinco días hábiles siguientes. ARTICULO 166 A.- En todo lo no previsto para el procedimiento de responsabilidad administrativa, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Baja California Sur, ARTICULO 166 B.- En cualquier momento, previo o posteriormente a la recepción del informe o a la celebración de la Audiencia de Pruebas, se podrá acordar la suspensión temporal de su cargo, empleo o comisión al presunto infractor, si a juicio del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, conviniere para el desarrollo de la investigación. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la suspensión. La suspensión temporal cesará cuando así lo resuelva el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, independientemente del estado del procedimiento a que se refiere el presente artículo. Si el servidor público temporalmente suspendido, no resultare responsable de la falta que se le haya imputado, será restituido en el goce de sus derechos, y se le cubrirán las percepciones que debió recibir durante la suspensión. La suspensión temporal no deberá exceder de tres meses, salvo que a juicio del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, debiera la suspensión subsistir para el debido desahogo de las pruebas, de la investigación, o de la naturaleza propia de la infracción que haya motivado la iniciación del procedimiento disciplinario. ARTICULO 166 C.- Entre tanto se substancia el procedimiento disciplinario, y una vez suspendido
temporalmente al presunto infractor, deberá proveerse a quien en forma interina deberá suplirlo, a menos que durante el tiempo en que se desahoga este procedimiento, hubiese expirado el período para el que fue nombrado el presunto infractor, caso en el que podrá hacerse nombramiento definitivo. Si se declarara improcedente o infundada la queja a la fecha en que ya se hubiese hecho una designación definitiva, se le cubrirán las percepciones que debió recibir durante la suspensión hasta la fecha en que concluya el período para el que hubiera sido nombrado.
TITULO DECIMO DE LAS EXCITATIVAS DE JUSTICIA CAPITULO UNICO
ARTICULO 166 D.- Las excitativas de justicia tienen por objeto hacer cesar los retardos indebidos en el despacho de los negocios. ARTICULO 166 E.- Las excitativas de justicia solo procederán contra Magistrados y Jueces. ARTICULO 166 F.- Procede la excitativa de justicia a petición de cualesquiera de las partes, si transcurren más de 15 días hábiles de la fecha en que deba dictarse una sentencia definitiva, sin que ésta se pronuncie. También a petición de parte agraviada procede dicha excitativa en caso de que transcurran más de 10 días hábiles de la fecha en que deba dictarse un nuevo auto o sentencia interlocutoria, sin que éstos se pronuncien. ARTICULO 166 G.- La excitativa de justicia se presentará por escrito ante el Tribunal Superior de Justicia y conocerán el Pleno cuando se interponga en contra de algún Magistrado y la Sala cuando se trate de un Juez. ARTICULO 166 H.- Recibida la excitativa de Justicia el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, o la Sala, solicitará informe al funcionario contra quien se promueve, por conducto del actuario adscrito, para lo cual se mandará entregar o remitir la copia simple del escrito de excitativa.
ARTICULO 166 I.- El plazo para rendir el informe, será dentro del término de tres días siguientes de que se notifique al servidor público. ARTICULO 166 J.- Cuando el servidor público del Poder Judicial, no rinda en tiempo oportuno el informe solicitado, se considerará emitido en sentido afirmativo y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, o la Sala, aplicará las medidas de apremio que la Ley establece. ARTICULO 166 K.- Rendido el informe se dará vista con él al quejoso por el término de tres días para que exponga o no, lo que a su derecho convenga. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, o la Sala según corresponda, resolverán dentro de los tres días siguientes si ha lugar a la expedición de la excitativa solicitada. ARTICULO 166 L.- Encontrándose fundada la excitativa por falta de sentencia en segunda o primera instancia, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, o la Sala según corresponda, concederá un término de 5 días hábiles para que se pronuncie la sentencia. En caso de ser fundada la excitativa de justicia por falta de pronunciamiento de auto o interlocutoria, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, o la Sala, ordenarán al funcionario público que pronuncie su resolución en un término de 3 días hábiles.
Las excitativas decretadas se notificarán al servidor público por cualquier medio legal, dejando constancia de ello. ARTICULO 166 M.- El Tribunal Superior de Justicia, impondrá al Servidor Público contra quien se haya interpuesto la excitativa en caso de que en el término ordenado, no cumpla con el pronunciamiento motivo de ésta, una multa hasta por la cantidad equivalente a 15 días de salario mínimo general vigente en el Estado, que se aplicará al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Asimismo, se remitirá copia certificada de la resolución correspondiente, a la Dirección de Recursos Humanos, para que sea agregada al expediente del servidor público. ARTICULO 166 N.- Cuando el quejoso se desista de su promoción, se tendrá por no interpuesta; pero se procederá a lo que haya lugar, conforme a los datos que arroje el expediente.
TITULO DECIMO PRIMERO DE LAS AUSENCIAS, VACACIONES Y LICENCIAS. ARTICULO 167.- Las ausencias de los Servidores Públicos del Poder Judicial serán suplidas en los términos que ordena la presente Ley, las ausencias se dividen en accidentales, temporales y absolutas. Son accidentales: cuando se falta al desempeño de labores sin licencia previa o por enfermedad. Son temporales: por licencia, por falta sin licencia previa, por suspensión de empleo o cargo, o por disfrutar de vacaciones. Son absolutas: en los casos de renuncia, destitución, imposibilidad física o muerte ARTICULO 168.- En los casos de la vacante en la Sala respectiva que deje el Magistrado, al ser electo Presidente del Tribunal Superior de Justicia, será cubierta por el Magistrado que designe el Pleno del Tribunal.
ARTICULO 169.- Las ausencias accidentales y temporales de los Jueces serán suplidas por los Secretarios de Acuerdos, cuando no excedan de quince días y cuando faltaren éstos o excediere dicho término, serán suplidos por quien designe el Tribunal en Pleno. ARTICULO 170.- Los Secretarios de Acuerdos o Encargados del Despacho de los Juzgados, conforme al Artículo anterior, percibirán el sueldo correspondiente a su nombramiento cuando la sustitución no exceda de un mes, y si es mayor de ese término, el sueldo que devengarán será el correspondiente al del titular del Juzgado que sustituyan. ARTICULO 171.- Las ausencias accidentales y temporales de Secretarios de Acuerdos que no excedan de quince días, serán cubiertas por otro Secretario o, en su defecto, por el Actuario o Testigos de Asistencia. Si excediere el término aludido, será el Pleno quien haga la designación. ARTICULO 172.- Las ausencias accidentales y temporales de los Actuarios que no excedan de quince días, serán cubiertas por el Secretario de Acuerdos. ARTICULO 173.- Las ausencias accidentales y temporales de los demás Servidores Públicos Judiciales serán cubiertas por aquél que designe el Superior inmediato, siempre que no excedan de un término de
tres días; cuando las ausencias excedan de este término, pero no de quince días, por el empleado que designe el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. ARTICULO 174.- Las ausencias accidentales y temporales de los Servidores Públicos que excedan de quince días, serán cubiertas por la persona que designe el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. ARTICULO 175.- Las ausencias absolutas de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, se suplirán en la forma prevista por la Constitución del Estado. ARTICULO 176.- Las ausencias absolutas de los Jueces serán suplidas en la forma prevista por esta Ley, y entre tanto se hace el nombramiento, se procederá en la forma establecida para las ausencias temporales o accidentales. ARTICULO 177.- Las ausencias absolutas de los Secretarios del Tribunal y de los Juzgados, así como de los demás Servidores Públicos del Poder Judicial, serán cubiertas por nuevos nombramientos, y entre tanto se proceda a ello, se suplirán en la forma prevista para las ausencias temporales. ARTICULO 178.- En el Poder Judicial del Estado se gozará de los períodos de vacaciones que fije el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. ARTICULO 179.- Los Magistrados podrán obtener licencia, con o sin goce de sueldo, hasta por tres meses, solicitándola por conducto del Gobernador, al Congreso del Estado conforme a la fracción XXI, del Artículo 64,de la Constitución Política del Estado.
TITULO DECIMO SEGUNDO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 180.- El Tribunal Estatal Electoral es un organismo jurisdiccional, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica propia, que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Contra las resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Estatal Electoral sólo procederán las impugnaciones a que refiere el Artículo 99 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 181. El Tribunal Estatal Electoral tendrá las siguientes atribuciones: I. Conocer y resolver de los recursos de su competencia interpuestos de conformidad a la Ley Electoral del Estado; II. Emitir los acuerdos que resulten necesarios para garantizar el debido funcionamiento del Pleno, en todo aquello que no esté previsto expresamente en la Ley Electoral del Estado; III. Elaborar su Reglamento Interno;
IV. Fijar los criterios de observancia obligatoria, cuando haya sentado jurisprudencia después de haberse dictado tres resoluciones en el mismo sentido, no ininterrumpidas por ninguna en contrario; V. Conocer de las excusas de los Magistrados Numerarios, llamando en su caso a los Supernumerarios a integrar el Pleno para la tramitación del asunto de que se trate, si no se alcanzara la integración a que se refiere el artículo siguiente de la presente Ley; VI. Nombrar y remover en su caso, al Secretario General de Acuerdos y al Actuario del Tribunal; VII. Autorizar la celebración de convenios de colaboración con otros tribunales, instituciones y autoridades para el mejor desempeño del Tribunal; VIII. Discutir y aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos del Tribunal, para que posteriormente se proponga al Presidente del Tribunal Superior de Justicia para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial del Estado; IX. A través del Presidente ejercer el presupuesto de egresos del Tribunal, y X. Las demás que le señale esta Ley, la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y otras disposiciones legales que le sean aplicables. CAPITULO II DE SU INTEGRACION Artículo 182. El Tribunal Estatal Electoral residirá en la Capital del Estado y estará integrado con tres Magistrados Numerarios y dos Supernumerarios, que serán designados en los términos dispuestos por los artículos 99 de la Constitución Política del Estado y 185 de la presente Ley y se instalará e iniciará sus funciones en la segunda quincena del mes de Agosto del año anterior al de la elección. Artículo 183. En la fecha de instalación del Tribunal Estatal Electoral en la sede de éste, se reunirán los Magistrados, debiendo estar presididos por el Magistrado de mayor edad. Inmediatamente se procederá a la elección del Presidente del Tribunal, en votación secreta y escrutinio público y por mayoría de votos, quien desempeñará el cargo durante todo el proceso electoral ordinario, o en su caso, el extraordinario. Artículo 184. Para ser Magistrado del Tribunal Estatal Electoral, se deberán cumplir los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano sudcaliforniano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y con residencia en el Estado por tres años; II. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco en la fecha de su elección; III. Poseer el día de su elección, con una antiguedad mínima de diez años, título profesional de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional, expedidos por la autoridad o institución legalmente facultada para ello; IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite más de un año de prisión en sentencia ejecutoria; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
V. No haber sido ministro de algún culto religioso; a menos que se haya separado formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes del día de su elección; VI.- No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular cinco años anteriores al de su elección; VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cinco años anteriores al de su elección; VIII. No ocupar cargo alguno en la administración pública estatal o municipal por lo menos dos años antes del día de la celebración de las elecciones, excepto los relativos en materia electoral o la docencia, y IX. Estar inscrito en el padrón electoral y poseer credencial con fotografía para votar. Artículo 185. Para nombrar a los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, deberá observarse el siguiente procedimiento: I. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, hará llegar al Congreso del Estado, una lista de ocho ciudadanos propuestos para que desempeñen los cargos de Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; II. El Congreso del Estado designará de entre los propuestos, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los ciudadanos que desempeñarán el cargo de Magistrados Numerarios y Supernumerarios. Las propuestas de ciudadanos para ocupar el cargo de Magistrados del Tribunal Estatal Electoral serán votadas de manera individual y sucesiva, a propuesta de una Comisión Especial integrada de manera plural que al efecto designe el Pleno del Congreso del Estado, y III. Si realizada la ronda de votación no se cubriera la totalidad de magistraturas a designar, se procederá a la designación mediante insaculación de los candidatos propuestos, el número que corresponda de Magistrados. Artículo 186. Los Magistrados serán electos para ejercer sus funciones por el término de seis años. Artículo 187. Durante el tiempo que ejerzan las funciones de su encargo, los Magistrados no podrán, en ningún caso, aceptar designación alguna o desempeñar funciones encomendadas por la Federación, el Estado, Municipios, entidades paraestatales o particulares, ni ejercer su profesión, salvo en causa propia. Sólo podrán desempeñar actividades de carácter docentes u honoríficas, cuando no sean incompatibles con el ejercicio de la magistratura. Los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral deberán excusarse de conocer algún asunto en que tengan interés personal por las relaciones de parentesco, por consanguinidad en línea recta o colaterales y por afinidad hasta el cuarto grado, en negocios, amistad estrecha o enemistad que pueda afectar su imparcialidad. En este caso, el Pleno del Tribunal calificará y resolverá de inmediato la excusa. Artículo 188.- El Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral, además de las funciones que esta Ley le encomienda a los Magistrados Numerarios, tendrá las siguientes atribuciones: I. Convocar a los demás miembros del Tribunal, para la instalación e inicio de sus funciones, en los términos de esta Ley; II. Presidir las sesiones del Pleno del Tribunal, dirigir los debates y conservar el orden durante las mismas; III. Representar al Tribunal ante toda clase de autoridades;
IV. Proponer al Pleno los nombramientos de Secretario General de Acuerdos y Actuario del Tribunal; V. Nombrar al personal administrativo necesario para el buen funcionamiento del Tribunal; VI. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Tribunal y someterlo a la aprobación del Pleno en los términos de la Fracción VIII del Artículo 181 de esta Ley; VII. Despachar la correspondencia del Tribunal; VIII. Ordenar y vigilar que se notifique a los organismos electorales en el Estado, partidos políticos y a quien corresponda, las resoluciones que se dicten sobre los recursos de que conozca el Tribunal; IX. Resolver las solicitudes de licencia al personal administrativo, en los términos de las disposiciones legales aplicables; X. Solicitar el auxilio de la fuerza pública y de las autoridades administrativas estatales y municipales a fin de dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal; XI.- Rendir ante el Pleno un informe al término de cada proceso electoral, dando cuenta del estado que guarda el Tribunal; XII. Ejercer el Presupuesto de Egresos; y XIII. Las demás que le confiere esta Ley y la Ley Electoral del Estado Artículo 189. Son atribuciones de los Magistrados Numerarios del Tribunal Estatal Electoral: I. Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en las sesiones públicas y reuniones privadas a las que sean convocados por el Presidente del Tribunal; II. Integrar el Pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su competencia; III. Formular los proyectos de resolución de expedientes que le sean turnados para tal efecto; IV. Exponer en sesión pública sus proyectos de resolución, señalando las consideraciones jurídicas y los preceptos en que se funden; V. Discutir y votar los proyectos de resolución que sean sometidos a su consideración en las sesiones públicas; VI. Formular voto particular razonado en caso de disentir en un proyecto de resolución aprobado por la mayoría y solicitar que se agregue al expediente; VII. Solicitar que sus proyectos de resolución se agreguen a los expedientes como votos particulares, cuando no sean aprobados por la mayoría; VIII. Realizar tareas de docencia e investigación en el Tribunal, y IX. Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento del Tribunal y las que les confieran la presente Ley y la Ley Electoral del Estado. Artículo 190. Los Magistrados Supernumerarios tendrán las siguientes funciones: I. Integrar el Pleno del Tribunal cuando sean convocados para ello;
II. Auxiliar a los Magistrados Numerarios en el estudio, análisis y valoración de los asuntos a resolver, y III. Las demás que les encomiende el Magistrado Presidente del Tribunal. CAPITULO III DE SU FUNCIONAMIENTO Artículo 191. El Tribunal Estatal Electoral, funcionará en Pleno, el que lo constituirán los tres Magistrados Numerarios, integrándose con la presencia de cuando menos dos de ellos, entre los cuales deberá estar el Magistrado Presidente y las resoluciones se acordarán por mayoría simple de votos de los Magistrados presentes; en caso de empate el Magistrado Presidente tendrá voto de calidad. Las sesiones del Tribunal serán públicas, pero podrán ser secretas cuando lo determine el propio Tribunal Estatal Electoral. Artículo 192. Las ausencias de los Magistrados Numerarios serán cubiertas por los Supernumerarios en el orden que determine el Congreso del Estado al elegirlos La remoción de los Magistrados del Tribunal, procederá únicamente cuando dejen de reunir los requisitos que establece el Artículo 184 de esta Ley y será facultad esxclusiva del Congreso del Estado, oyendo previamente al interesado. La resolución que dicte el Congreso del Estado será definitiva e inatacable. Artículo 193. Para la tramitación, integración y sustanciación de los expediente relativos a los medios de impugnación que deba resolver, el Tribunal Estatal Electoral contará con un Secretario General de Acuerdos, Actuario y demás personal que sea necesario.
Artículo 194. Para ser Secretario General de Acuerdos y Actuario se deberán satisfacer los siguientes requisitos: I. Ser mexicano por nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; II. Ser mayor de veinticinco años de edad y menor de sesenta y cinco el día de su designación; III. Tener Título y cédula debidamente registrados de Licenciado en Derecho, con una antigüedad mínima de un año, excepto para los Actuarios que podrán ser pasantes de dicha profesión; IV. Ser de reconocida buena conducta; V. No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los últimos cinco años, ni haber desempeñado cargo de elección popular en igual lapso, y VI. Tener credencial con fotografía para votar. Artículo 195. El Secretario General de Acuerdos, tendrá las siguientes atribuciones: I. Dar cuenta en las sesiones del Pleno, de los asuntos en cartera, tomar las votaciones de los Magistrados y formular el acta respectiva; II. Autorizar con su firma las actuaciones del Tribunal;
III. Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones que ordena la Ley Electoral del Estado; IV. Engrosar los fallos del Pleno, bajo la supervisión del Presidente del Tribunal; V. Llevar el turno de los Magistrados que deben formular los proyectos de ponencias para la resolución del Pleno del Tribunal; VI. Expedir certificaciones, y VII. Las demás que le encomiende el Pleno y el Presidente del Tribunal. Artículo 196. El Actuario del Tribunal Estatal Electoral tendrá las siguientes funciones: I. Autorizar con su firma las diligencias y notificaciones teniendo fe pública en el desempeño de las funciones que se le encomienden; II. Realizar las notificaciones que le sean ordenadas con las formalidades prescritas por el procedimiento respectivo; III. Auxiliar al Secretario General de Acuerdos en sus labores, y IV. Las demás que le fije esta Ley y las que sus superiores le encomienden. Artículo 197. Los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. Artículo 198. En los períodos en los cuales no se celebren elecciones, el Tribunal Estatal Electoral realizará tareas de capacitación, investigación, documentación y difusión en materia electoral. T R A N S I T O R I O S: ARTICULO 1o.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por los integrantes del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. ARTICULO 2o.- Se abroga la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, de fecha veintiocho de febrero de 1990, con todas sus reformas y adiciones. ARTICULO 3o.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. ARTICULO 4o.- En tanto se expida la Ley Arancelaria de los Abogados, seguirá rigiendo el Título Undécimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, del 7 de Junio de 1977. ARTICULO 5o.- En tanto no se cree la jurisdicción Contenciosa Administrativa en el Estado, y cuando la Ley así lo disponga, el Tribunal Superior de Justicia en Pleno designará a los Magistrados que deberán integrar la Sala para conocer y resolver de los recursos en materia administrativa en los cuales el Estado fuere parte. ARTICULO 6o.- Dentro de un plazo que no exceda a los noventa días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, el Tribunal Superior de Justicia expedirá el Reglamento de la misma. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Legislativo.- La Paz, Baja California Sur, a 16 de Abril de 1996.
DIP. LIC. CESAR DE JESUS ORTEGA SALGADO PRESIDENTE.
DIP. LIC. MARIA JUANA HERNANDEZ PAULARENA S E C R E T A R I O.
TRANSITORIO DECRETO 1164 PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. SEGUNDO: Los bienes muebles e inmuebles destinados al Tribunal Estatal de lo Contencioso Electoral, quedarán destinados al Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento. TERCERO: Para ajustar el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del año de 1998 del Instituto Estatal Electoral a los nuevos montos de financiamiento público a los partidos políticos, el Presidente del Consejo General turnará la solicitud de ampliación correspondiente al Titular del Poder Ejecutivo, para que éste la presente ante el Congreso del Estado. CUARTO: Dentro del articulado de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, por Comisión Estatal Electoral y Tribunal de lo Contencioso Electoral se entenderá Instituto Estatal Electoral y Tribunal Estatal Electoral, respectivamente. QUINTO: Para el proceso electoral ordinario 1998-1999, los Consejeros Electorales que actualmente integran la Comisión Estatal Electoral así como los Magistrados que actualmente integran el Tribunal Estatal Electoral, podrán ser propuestos y electos para ocupar esos cargos en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y en el mencionado Tribunal, respectivamente, de conformidad a lo dispuesto por el presente Decreto. SEXTO: El Convenio que se haya celebrado con el organismo electoral federal, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, para la utilización del catálogo general de electores, padrón electoral, listado nominal y credencial con fotografía para votar, así como los demás datos, seccionamientos y todos los elementos necesarios para el desarrollo de los procesos electorales del Estado, tendrá plena validez, hasta en tanto no se otorgue otro convenio con el mismo objeto. SEPTIMO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO. La Paz, Baja California Sur, a los trece días del mes de Junio del año de mil novecientos noventa y ocho.
DIP. LIC. CESAR DE JESUS ORTEGA SALGADO. PRESIDENTE.
DIP.JESUS REDONA MURILLO. SECRETARIO.
TRANSITORIO DECRETO 1205
PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO; La Paz, Baja California Sur, el día primero de Abril de 1999. DIP. DR. BENITO MURILLO AGUILAR. PRESIDENTE. DIP. LIC. VICTOR MANUEL GULUARTE CASTRO. SECRETARIO.
TRANSITORIOS DECRETO1475 ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. ARTICULO SEGUNDO.- Las disposiciones de este decreto no serán aplicables a los recursos o procedimientos que se encuentren en trámite en las Salas del Honorable Tribunal Superior de Justicia, a la fecha de entrada en vigor del mismo, por lo que dichos asuntos deberán seguir tramitándose ante las Salas que conozcan de ellos hasta su total terminación. ARTICULO TERCERO.- A la entrada en vigor del presente Decreto cada Sala elegirá, de entre los Magistrados que la integren, al Presidente de su Sala, que por única ocasión durará en su cargo, hasta la primera sesión del mes de enero del año próximo siguiente, en que se elegirá al Presidente de cada Sala, que durará en su cargo el plazo previsto en el presente Decreto.
ARTICULO CUARTO.- Las disposiciones de este Decreto no serán aplicables a los procedimientos de responsabilidad administrativa, que se encuentren en trámite en el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, a la fecha de entrada en vigor del mismo, por lo que dichos asuntos deberán seguir tramitándose hasta su total terminación, ante dicho órgano colegiado. ARTICULO QUINTO.- La Ley de Procedimiento Administrativo deberá emitirse por el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, durante el Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la X Legislatura. DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. DIP. JORGE ANTONIO BARAJAS SALGADO PRESIDENTE. DIP. MARIA LUISA GONZALEZ CASTRO. SECRETARIO.
TRANSITORIO DECRETO 1466 UNICO:- El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE MAYO DE 2004.
DIP. JORGE ENRIQUE CANCINO VILLAVICENCIO PRESIDENTE. DIP. JUAN CARLOS PETRIDES BALVANERA SECRETARIO.
TRANSITORIO DECRETO 1621
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2006.
DIP. OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO PRESIDENTE
DIP. SILVIA ADELA CUEVA TABARDILLO SECRETARIA
TRANSITORIO DECRETO 1630 ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006.
DIP. ARMANDO NARANJO RIVERA PRESIDENTE
DIP. ARTURO PEÑA VALLES SECRETARIO
TRANSITORIOS DECRETO 1650
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2006.
estatales/baja california/ley organica del poder judicial
ley organica del poder judicial del estado de baja california sur
ley organica del poder judicial y legislacion ... AWS
Informe "estatales/baja california sur/ley organica del poder judicial"

References: Artículo 6
 artículo 91
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 artículo 35
 artículo 25
 artículo 42
 artículo 21
 ARTÍCULO 33
 ARTÍCULO 34
 ARTÍCULO 35
 artículo 104
 ARTÍCULO 37
 artículo 25
 artículo 42
 artículo 42
 Artículo 42
 artículo 36
 artículo 39
 artículo 42
 artículo 36
 artículo 39
 artículo 42
 artículo 159
 artículo 74
 artículo 71
 artículo 73
 artículo 76
 artículo 33
 artículo 42
 Artículo 42
 Artículo 42
 Artículo 2
 Resolución 
 artículo 156
 Artículo 156
 Artículo 156
 artículo 156
 Artículo 156
 artículo 156
 resolución 
 resolución 
 artículo 166
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 artículo 158
 artículo 157
 resolución 
 artículo 158
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 Artículo 64

Artículo 180
 Artículo 99
 Artículo 181
 Artículo 182
 Artículo 183
 Artículo 184
 Artículo 185
 Artículo 186
 Artículo 187
 Artículo 188
 Artículo 181
 Artículo 189
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 Artículo 190
 Artículo 191
 Artículo 192
 Artículo 184
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 Artículo 193

Artículo 194
 Artículo 195
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 Artículo 196
 Artículo 197
 Artículo 198