Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/60563
Timestamp: 2019-10-17 18:50:59+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/1SPO-82/60563
Propone establecer que el proveedor deberá contar con toda aquella información relativa a los estudios, pruebas y análisis que, a través de técnicas y métodos científicos, demuestre de forma idónea, racional, veraz y objetiva, las características, condiciones y beneficios que, a través de cualquier medio de comunicación, den a conocer al consumidor sobre los bienes, productos o servicios que oferten.
Señala que el proveedor de bienes, productos y servicios, derivado al desarrollo de los mismos, se encuentra obligado en cualquier tipo de proceso o instancia a acreditar la veracidad de la publicidad que haya tenido por objeto inducir a la compra de algún bien, producto o servicio.
It proposed to provide that the supplier must have all the information concerning studies, tests and trials which, through scientific methods and techniques, show the ideal way, rational, truthful and objective, features, conditions and benefits through any means of communication, made available to the consumer on goods, products or services who offer.
It states that the supplier of goods, products and services, development derived thereof, is bound in any type of process or instance to prove the veracity of advertising has been intended to induce the purchase of any goods, products or service.
MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República del Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan el artículo 32 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente:
El comercio y la actividad industrial son los mecanismos mediante los cuales se desarrolla la economía y se solventan las necesidades materiales de la sociedad en todas sus acepciones. El sostenimiento del comercio debe entenderse desde el planteamiento de diversas acciones que contribuyan a su desarrollo y al sano desenvolvimiento entre los proveedores y los consumidores.
Un estado de derecho democrático debe garantizar el comercio bajo los estándares y directrices que asume la comunidad internacional; implementando todas aquellas acciones que garanticen una adecuada dinámica entre la oferta de los proveedores y los derechos de los consumidores, concretando de esta forma, una base normativa, proporcional y equitativa entre ambas partes, con el objeto de respetar en todo momento los derechos fundamentales de los consumidores, en la misma medida que se cuida el desarrollo económico que el comercio aporta a la sociedad.
El garantizar los derechos del consumidor se sintetiza en la consolidación de una actividad comercial sustentable y sana, que pugna por la protección integral de las personas a través de los cuerpos normativos que eficientan al mercado y la industria a través de prácticas leales, veraces, proporcionales y mesuradas.
El Estado mexicano ha evidenciado la importancia de materializar un sistema jurídico que determine proporcionalmente los derechos del consumidor frente a las capacidades fácticas que, principalmente, ostentan los grandes proveedores de productos y servicios. Para ello, las disposiciones internacionales han servido como una guía para la promoción y protección de los derechos económicos de los consumidores, los cuales deben de garantizarle el máximo beneficio sobre sus recursos económicos.
En ese sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 de abril de 1985 la resolución 39/248, que establece las Directrices para la Protección al Consumidor; consistentes en seis postulados que establecen los principios fundamentales de los derechos del consumidor, destacando de entre ellos, la protección a sus intereses personales y económicos, así como el acceso a la información adecuada. Estos principios han sido adoptados por el sistema jurídico mexicano a través de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Pese a lo anterior, la protección a los derechos fundamentales de los consumidores sigue siendo materia de estudio y desarrollo por parte de la función pública y privada, ya que sólo con su continua revisión y análisis se podrá concretizar un sistema jurídico que garantice una igualdad adecuada en cuanto a las capacidades reales y materiales con las que cuentan los consumidores frente a los proveedores.
Las relaciones de consumo, en el Estado mexicano, enfrentan retos primordiales en cuanto a la protección de los intereses personales y económicos de los consumidores en relación a la información que estos tienen sobre los productos, bienes o servicios que adquieren. La información exacta, veraz y objetiva sobre las condiciones, características y resultados que se desprendan de los productos y servicios ofertados, ofrecen un estado de garante para la integridad, la salud y la economía de los consumidores.
El derecho a la información es una de las claves angulares para la protección sistemática de las relaciones de consumo; debido a que visibiliza la vulnerabilidad que el desconocimiento o la falta de información de un producto puede provocar al consumidor ya sea por un error propio, o en el peor de los casos, por dolo intencionado por parte del proveedor que, a través de prácticas desleales y engañosas, conduzca al consumidor a la confusión o inexactitud insuperable sobre las características del producto, bien o servicio que adquiere.
La información y publicidad que los proveedores manifiesten sobre sus productos o servicios, debe en todo momento garantizar el derecho a la información exacta, veraz, real y objetiva; entendiendo que el consumidor desconoce en su totalidad los elementos reales y las características de los productos publicitados. En ese sentido, la publicidad que se realice a través de cualquier medio de comunicación con la intención de invitar o sugerir al consumidor la compra de algún producto o servicio debe atender estrictamente a la información real con la que se caracteriza el producto o servicio.
Adolecer de elementos idóneos y proporcionales entre la publicidad y las características objetivas y reales de un producto o servicio atenta contra el derecho a la información de los consumidores; convirtiéndose en publicidad engañosa, la cual afecta al juicio del consumidor, y a los principios de certidumbre que se debe de observar y garantizar en toda relación jurídica interpersonal.
La Ley Federal de Protección al Consumidor, prevé en la fracción III artículo primero: el derecho a la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representan. Asimismo el Capítulo III, del mismo ordenamiento, establece las directrices sobre el derecho a la información y la prohibición a la publicidad engañosa; destacando el artículo 32 que establece lo siguiente:
La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.
La información que deben contener los bienes, productos y servicios que se ofertan en el mercado, es descrita dentro del articulado de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y la podemos definir de como: aquella “información sobre bienes y servicios que normalmente se da a conocer por medio de los propios productos, sus etiquetas o envases y, en general por medio de comunicaciones dirigidas directamente a los consumidores de los bienes y servicios.” Bajo esos paramentaros se presentan además del artículo 32, los artículos 33 y 34 de la citada Ley, disposiciones normativas las cuales desarrollan la regulación al derecho a la información del consumidor.
La publicidad radica principalmente en el uso de medios de comunicación social; llevando un mensaje que invita o sugiere al consumidor a obtener o utilizar un producto o servicio. Sin embargo, existe publicidad engañosa, a la cual la Ley Federal de Protección al Consumidor la conceptualiza y prohíbe, debido a que este tipo de publicidad induce al consumidor al error, lo que afecta su juicio, al momento de adquirir algún producto o servicio, traduciéndose como una afectación, personal, económica, e incluso, en algunos casos, a la salud del consumidor.
Si bien la ley Federal de Protección al Consumidor establece el derecho a la información y prohíbe las prácticas engañosas o abusivas por parte de los proveedores, lo cierto es que, en el estado del arte o en la actual condición de las relaciones de consumo, se dista de una eficacia plena en los derechos del consumidor; principalmente, en lo que respecta a la publicidad veraz, objetiva y real sobre las características, funciones y resultados que contienen u otorgan los productos y servicios.
Pese a las disposiciones normativas, los consumidores aún pueden ser víctimas de publicidad engañosa o abusiva al no establecerse obligaciones específicas que, por su función, los proveedores deben de concretizar a efecto de garantizar los derechos a los consumidores.
La Ley Federal de Protección al Consumidor prevé a la publicidad engañosa en la fracción VII de su artículo primero, así como en su artículo 32; sin embargo, no determina quién tiene la “carga probatoria” para acreditar que la publicidad de un producto o servicio es real, veraz y objetiva. Estas cuestiones por simples que parezcan han puesto en riesgo a los derechos del consumidor, debido a que la normativa es omisa o ambigua al determinar la responsabilidad del proveedor a demostrar la veracidad de sus afirmaciones publicitarias.
Sin embargo, si dejáramos la carga de la prueba al consumidor así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, de acreditar las características, funciones y lo relativo a toda la información de los productos y servicios, se estaría contraviniendo al principio pro persona establecido en el artículo primero de nuestra carta magna; al atribuir obligaciones legales a la persona que se encuentra fácticamente en una clara posición de desventaja, como lo determina el principio favor debilis, así como el principio al acceso a la justicia.
Es menester visibilizar que en las relaciones de consumo, hay características materiales desiguales entre el consumidor y el proveedor y, que por ello, los consumidores tienen la protección amplia de los derechos humanos como lo establece nuestra Constitución y los instrumentos internacionales.
Desde una perspectiva en derechos humanos, el consumidor debe tener una protección y garantía equitativa de sus derechos, al igual que otras materias que evocan al derecho social.
El consumidor no cuenta fácticamente con la solvencia económica, técnica y científica para acreditar si un producto cuenta fácticamente con todas las características y funciones con las que se publicita. Asimismo, atribuirle la “carga de la prueba” a la Procuraduría Federal del Consumidor, es equitativamente desproporcional, lo que puede hacer nulificar las acciones legales por parte del consumidor. Por ello, al hablar sobre relaciones de consumo, es necesario comprender que estamos ante un tipo de interrelación jurídica que no podemos asociar analógicamente como una relación civil común y, que por ello, tampoco le es aplicable las disposiciones procedimentales de orden civil; en cuanto, a lo que refiere a la “carga probatoria”, sino por el contrario, hay cuestiones reales y materiales que conllevan a procurar la justicia del consumidor de forma especial, es decir, a través de disposiciones normativas que equilibren el acceso a la justicia por parte del consumidor.
El atribuirle al proveedor la obligación de probar fehacientemente las funciones, características y consecuencias de sus productos o servicios, no es una carga desproporcional, ya que son ellos quienes a través del desarrollo de estos productos y servicios, conocen las características del producto que ofertan, pudiendo acreditar de forma objetiva y científica lo manifestado en su publicidad.
Aunado a lo anterior, cabe destacar que existen controversias administrativas e incluso judiciales referentes a la publicidad engañosa o abusiva, en las cuales, se han emitido criterios de interpretación a las normas del consumidor con apego al principio pro persona establecido en nuestra carta magna. Muestra de ello, es la resolución al amparo directo en revisión 2244/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que determinala obligación por parte del proveedor ademostrar las características y funciones de sus bienes, productos o servicios.
Es oportuno y necesario garantizar el acceso a la justicia de los consumidores, a través de disposiciones normativas que visibilicen su condición real y material; a efecto de tutelar de manera efectiva sus recursos administrativos y jurisdiccionales. Para lograr lo anterior, se requiere concretizar, a través de la función legislativa, las obligaciones de los proveedores en relación a las declaraciones que a manera de publicidad realizan sobre sus productos y servicios, con el objeto de que se hagan responsables de actividades fraudulentas y desleales que son ocasionadaspor la publicidad engañosa y abusiva.
Los proveedores deben de contar con toda aquella información que, mediante procedimientos técnicos y científicos rigurosos, acrediten las declaraciones ostentadas en medios de comunicación. La publicidad de bienes, productos y servicios debe estar sustentada a través de estudios e instrumentos que funjan como medios de convicción certera y objetiva, que garanticen de forma idónea y proporcional su veracidad a través de la técnica y los métodos científicos que se encuentren disponibles.
Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:
PRIMERO. Se adiciona el artículo 32 Bis y una de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
Artículo 32 Bis. Para los efectos del artículo anterior, el proveedor deberá contar con toda aquella información relativa a los estudios, pruebas y análisis que, a través de técnicas y métodos científicos, demuestre de forma idónea, racional, veraz y objetiva, las características, condiciones y beneficios que, a través de cualquier medio de comunicación, den a conocer al consumidor sobre los bienes, productos o servicios que oferten.
El proveedor de bienes, productos y servicios, derivado al desarrollo de los mismos, se encuentra obligado en cualquier tipo de proceso o instancia a acreditar la veracidad de la publicidad que haya tenido por objeto inducir a la compra de algún bien, producto o servicio. Lo anterior, mediante la presentación de los medios de convicción a los que se refiere el primer párrafo de este artículo y concordancia con lo establecido en el artículo 123 de este ordenamiento legal.
ÚNICO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ovalle Favela, Jose, Derechos del Consumidor, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2000.
http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4513
http://www2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=3051

References: artículo 71
 artículo 32
 resolución 
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 resolución 
 artículo 32

Artículo 32
 artículo 123