Source: http://lineasdeseguimiento.blogspot.com/2011/10/derrocar-al-boliviano-morales-objetivo.html
Timestamp: 2017-08-21 21:42:24+00:00

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Derrocar al boliviano Morales, objetivo del imperio yanqui y de los terratenientes de "Media Luna"
1. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo hoy que detrás de la marcha de indígenas amazónicos, que rechazan la construcción de la carretera en la Amazonia, que uniría a los departamentos de Beni y Cochabamba, se oculta un plan de la derecha política para hacer fracasar las elecciones judiciales del 16 de octubre próximo, que por primera vez se realizarán para elegir a 56 magistrados de todos los tribunales del país. Morales dijo que las fuerzas derechistas, que en agosto de 2008 intentaron sin éxito sacarlo del poder mediante un referendo revocatorio, tratarán ahora de sabotear los comicios judiciales y para lograrlo utilizarán la marcha de los amazónicos, que tienen previsto reanudar su protesta en breve, desde el departamento de Beni, en el noroeste del país. Otra vez el imperio y los poderosos capitalistas tratan de derrocar al presidente indio más digno de América.
2. Son dos problemas: a) la construcción de la carretera y, b) la elección de magistrados. De entrada podría decirse que los indígenas pueden tener razón –como al parecer siempre la han tenido- al rechazar la construcción de la carretera porque probablemente ésta atravesaría sus tierras, saben que podría destruir el habitad con la contaminación de los automotores, que tendería a extender el comercio de tierras, aguas y a una mayor explotación de recursos naturales. Saben que por estos medios se introducen cambios que nunca los han beneficiado. Los campesinos han vivido muchas décadas de experiencia sobre la invasión capitalista que siempre en nombre del "progreso", de la "civilización", la apertura de medios de comunicación y la creación de empleos, destruyen tradiciones, costumbres, formas de vida comunitaria que durante siglos en las familias.
3. El segundo problema, el de la elección popular de magistrados o miembros del poder judicial, es sin duda una política avanzada que quizá sólo se practica en uno o dos países de América Latina. En México el Poder Judicial –de la federación, electoral, como todo- se hace por designación presidencial, por acuerdos entre partidos y por propuestas de hombres muy poderosos y, precisamente por ese motivo, los jueces sólo sirven a los intereses de sus apoyadores. La elección por voto directo de la población puede ser importante cuando ésta es controlada por la misma población; aunque en México –por más vueltas que se de a los procesos de elección- la población termina por elegir a los funcionarios que le presente la clase política y empresarial. Ejemplo: faltan tres representantes al IFE y los partidos en México, en más de un año no se han puesto de acuerdo.
4. No debe olvidarse que a lo largo de 49 años, entre 1953 y 2002, se distribuyeron 36 millones de hectáreas sólo en el departamento de Santa Cruz. Se estima que el 73 por ciento de esas tierras fue a parar en manos de medianos y grandes empresarios y sólo el 6 por ciento de distribuyó entre los pequeños. Esos latifundistas como Branco Marinkovic son los que en Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni, en la Amazonía boliviana que representa casi el 70 por ciento del territorio del país que tiene 1 millón 100 mil kilómetros, son los que siempre ha querida romper la unidad de la nación, exigiendo la aplicación del "estatuto autonómico" que los convierte en un estado dentro del estado para que nadie toque sus privilegios sobre la tierra y están puestos los terratenientes a oponerse a sangre y fuego a la nueva constitución porque ésta refunda la
5. Sin embargo lo que debe quedar muy claro es que no es un problema de construcción de carretera o de elección de magistrados; del aumento de las gasolinas o el cambio de la capital del país, sino la búsqueda del imperio yanqui y sus aliados terrateniente de Bolivia, de crear las mayores dificultades posibles al gobierno de Morales; busca el imperio enredar a Morales con una represión para desprestigiarlo con el fin de que la población le exija su renuncia. El gobierno de Evo no es socialista y está muy lejos de serlo, pero busca servir a los indígenas, campesinos, obreros y sectores pobres que durante siglos se han defendido de la explotación y el saqueo de sus recursos. Después de casi someter a Rafael Correa del Ecuador, de poner en desbalance a Hugo Chávez en Venezuela, ahora el imperio y sus agentes se ha lanzado contra Morales. ¡Estemos atentos!
La incapacidad del sistema educativo provoca jóvenes "ninis": Pederzini Villarreal
De todas aquellas personas entre 15 y 29 años que declararon no trabajar ni estudiar, la cifra alcanza los ocho millones 358 mil 140 personas, de los cuales seis millones 510 mil 306 son mujeres y un millón 847 mil 834 son hombres.
La incapacidad del sistema educativo para retener a la población, el bajo nivel académico de los programas que se imparten y la deficiente cobertura en algunas zonas alejadas de México, constituyen las explicaciones de la presencia de jóvenes que no estudian ni trabajan, llamados "ninis".
De acuerdo con Carla Pederzini Villarreal, economista de la Universidad Iberoamericana, en 2005 se reportó que uno de cada 10 niños en edad de asistir a la secundaria estaba fuera del sistema educativo, y en el caso de los jóvenes en edad de asistir a la educación media superior el porcentaje se elevaba a uno de cada tres.
Ello, probablemente porque para muchos la educación no tiene sentido, pues no les garantiza acceder a mínimos de bienestar.
Sin embargo, otra explicación sobre la existencia de "ninis" son las restricciones del mercado laboral, que no ha tenido la capacidad de absorber al grupo de personas, numeroso por la etapa de la transición demográfica en que nos encontramos, señaló Pederzino Villareal.
Algunos que no encuentran opciones de un trabajo formal recurren a la informalidad y otros obtienen ingresos por vías vinculadas a fenómenos crecientes de ilegalidad, sobre todo en grandes zonas urbanas.
Asimismo, la emigración es una forma adicional de dar salida a las restricciones del mercado laboral formal, sustentado en el hecho de que en 2010, 20 por ciento de los varones mexicanos de 20 a 29 años vivía en Estados Unidos.
Con base en información de la Encuesta del Censo de Población y Vivienda de 2010, la investigadora del Departamento de Economía encontró que la presencia de "ninis" es numéricamente inferior a lo que se ha dado a conocer a la opinión pública.
Es decir, citó, que no se trata de un fenómeno urbano y que los condicionantes de género resultan indispensables en su estudio.
Al analizar el fenómeno de manera separada, por sexo, Pederzini observó que en las mujeres el abandono escolar sin una opción laboral puede estar ligado a las labores domésticas, dentro de las que se incluye el cuidado de los niños, lo que "diluye la sanción social de que son objeto los varones".
No obstante, esta orientación hacia la vida doméstica originada en la exclusión social limita las oportunidades de las mujeres.
Entre las mujeres que podrían categorizarse como "ninis", 88 por ciento declaró dedicarse a las labores del hogar. En los hombres, en cambio, 41 por ciento de los que no estudian ni trabajan dijeron estar buscando empleo.
A estas dos categorías la investigadora añade la población discapacitada, que en el caso del género masculino representa cinco por ciento de la población "nini".
Por lo anterior vale la pena hacer una definición más acotada de "nini", es decir, como tales no se debe incluir a quienes buscan trabajo, se dedican a los quehaceres del hogar o tienen alguna discapacidad.
Después de considerar lo anterior, el número total de jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan, de acuerdo con las cifras del censo, sería de un millón 321 mil 957.
Es increíble que haya ministros de la Suprema Corte con una mentalidad propia de la Edad Media, lo que deja ver el extraordinario atraso de la sociedad mexicana, a la cual se mantiene en tales condiciones para manipularla mejor con fines egoístas
Aun cuando el obispo de Mexicali haya dicho que una llamada del papa Benedicto XVI, fue determinante para inclinar la balanza a favor de la propuesta que criminaliza el aborto, lo cierto es que se antoja muy difícil que así haya sido. Un alto funcionario del Vaticano desmintió al obispo José Isidro Guerrero Macías, al afirmar que no había habido tal comunicación. Lo que sí es creíble es que la cúpula de la Iglesia católica del país sí haya movido sus influencias para que cuatro ministros ultraconservadores hicieran fracasar la posibilidad de que de una vez quedara fijada la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con un tema que debería estar perfectamente definido.
No es posible que en pleno siglo veintiuno sigamos todavía inmersos en una polémica oscurantista que sólo profundiza la de por sí grave división entre los mexicanos. La supuesta defensa de la vida desde antes de la formación del feto, más que una preocupación ética es una andanada ideológica orientada a fortalecer intereses de la ultraderecha, que frenan la marcha de progreso del país. Sería el colmo que un jefe de Estado extranjero, como lo es el Papa, pudiera actuar con absoluta libertad para dictar línea política a un gobierno ajeno, que además se guía por una Constitución laica. Sin embargo, no sería descabellado que así fuera, toda vez que Felipe Calderón ha dado claras muestras de anteponer sus creencias religiosas a sus obligaciones de jefe del Ejecutivo de una nación con instituciones laicas.
Es muy lamentable que la actuación de los cuatro ministros que avalaron las reformas en las constituciones de Baja California y San Luis Potosí, haya dado lugar a la intromisión abierta de la Iglesia católica en un asunto de salud pública sobre el cual no tiene nada que opinar. Lo que se entiende por alma no la posee un embrión, y sí en cambio, perfectamente cimentada, la tienen los millones de niños de la calle que si bien les va llegan a la adolescencia en condiciones muy desventajosas, tantas que muchos miles no llegan a la edad adulta. ¿Por qué no se preocupan por la defensa de esos millones de desheredados?
Es increíble que haya ministros de la Suprema Corte con una mentalidad propia de la Edad Media, lo que deja ver el extraordinario atraso de la sociedad mexicana, a la cual se mantiene en tales condiciones para manipularla mejor con fines egoístas que niegan un verdadero espíritu cristiano. Como bien dijo la ministra Olga Sánchez Cordero, quien actuó con una actitud razonable y de apego a los preceptos constitucionales, con legislaciones como las de los estados que criminalizan el aborto se quiere mantener a la mujer como las escopetas: "siempre cargada y en un rincón", sin ser dueña de su cuerpo, lo que es el colmo de la falta de respeto a elementales derechos humanos.
Más que acciones punibles en contra de las mujeres que por motivos diversos se ven obligadas a recurrir al aborto, lo que urge instaurar en México es un Estado que salvaguarde derechos elementales de los ciudadanos, hombres y mujeres, entre los que destaca el de una educación sexual científica desde la infancia, que permita minimizar lo más posible la necesidad de abortar, sobre todo entre adolescentes que carecen de información. Sin embargo, absurdamente se niega ese derecho por una doble moral que ata a la mujer en la mentira y la hipocresía. Desde la infancia se la llena de culpabilidad y se la obliga a ver la sexualidad como un acto pecaminoso, cuando es una de las más hermosas alegrías del ser humano.
Claro está que debe hacerse con sentido de responsabilidad, el cual se logra con educación, educación y más educación. "Por tanto, alabé yo la alegría; que no tiene bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre" (Eclesiastés 8:15). Precepto que siguió al pie de la letra el sabio Salomón, por ejemplo, autor del libro bíblico "Cantar de los cantares", donde el gran constructor del Templo de Jerusalén, enaltece su inagotable amor por la Sulamita, una de sus incontables esposas, con todas las cuales gozó sexualmente sin hipocresías ni ocultamientos.
Qué lástima que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya perdido la oportunidad de sentar una jurisprudencia definitiva para poner punto final a un debate absurdo. Si no se quiere que la mujer, incluso menores de edad, recurra a la medida extrema que es el aborto, es preciso ayudarla a que tenga un desarrollo pleno, no sólo de su intelecto y de su conciencia, sino también de su sexualidad, que debe ejercer con seguridad, sin riesgos, sin temores. La planificación familiar es el camino idóneo, misma que debe regirse por reglas muy claras y sencillas, fáciles de operar conjuntamente por el gobierno y la sociedad. Basta ya de criminalizar a las pobres mujeres que se ven forzadas a abortar, muchas veces incluso contra su propia voluntad, la gran mayoría flageladas por la pobreza y la marginación.
CIDH reprueba a Felipe Calderón
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le preocupa el estado de las garantías individuales en México; las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos
El incremento de la violencia, la consecución de asesinatos sin fin, la desaparición forzada de personas, las extorsiones, el tráfico de drogas y de personas, la participación de altos funcionarios públicos en crímenes, la militarización de la seguridad pública, el abuso del arraigo, la sobrepoblación penitenciaria y el maltrato a migrantes, es la actual realidad de México en materia de (in) seguridad a cinco años de iniciada la administración de Felipe Calderón. El negro panorama lo conforma el deterioro económico y lo selló este viernes la desaceleración de la economía, la caída de la bolsa de valores y la devaluación del peso que en septiembre perdió el 12.47 por ciento de su valor, lo que representó su caída más fuerte desde octubre de 2008. En el trimestre el peso acumuló un desplome de 18.56 por ciento, lo que ha impactado a todas las actividades productivas del país y, sobre todo, al consumo.
El relator especial para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rodrigo Escobar Gil, adelantó que en su informe final sobre la visita a nuestro país, realizada entre el 26 y el 30 de septiembre, la desaparición forzada es el fenómeno que más le preocupa al organismo, "porque es el más atroz de los crímenes, que constituye una violación integra de los derechos de la familia". Escobar lamentó la incapacidad de la gestión calderonista para atender las desapariciones forzadas, lo que provoca, dijo, falta de información sobe cuántos casos habrá en el país. Por tal razón urgió al Estado Mexicano a generar un mecanismo de búsqueda a través de la activación de alarmas, de operativos, de atención a través de programas sociales de asistencia psicosocial y programas de apoyo económico, pues las principales víctimas de la desaparición forzada son los jefes de familia.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le preocupa el estado de las garantías individuales en México; las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos; la militarización de la seguridad pública; la persistencia del arraigo; las pésimas condiciones del sistema carcelario nacional y la vulnerabilidad de los migrantes. El organismo sostuvo que el país continúa siendo víctima de fenómenos como la tortura, las fallas al debido proceso, el trabajo infantil y la discriminación y violencia contra sectores vulnerables, como mujeres, indígenas, discapacitados y homosexuales, a pesar de avances como la reforma constitucional de derechos humanos del pasado 10 de junio, la restricción del fuero militar, y la reforma al amparo.
La CIDH reportó que entre 2008 y 2010 la violencia criminal ha aumentado 50 por ciento cada año, con más de 34 mil asesinatos ocurridos en los cinco años recientes, como parte de una ola de criminalidad en la cual también participan algunos sectores públicos. La gravedad de los denominados¬ "levantamientos" se aprecia por el hecho de que se presentan pocas denuncias ante la autoridad, cuya incapacidad, corrupción e ineficiencia generan en los familiares de las víctimas poca confiabilidad. También la certeza casi absoluta de que no volverán a ver a sus parientes o amigos secuestrados y que tendrán conocimiento de ello sólo si se llegan a localizar los cadáveres, de lo contrario sólo pasarán a formar parte de las negras estadísticas conformadas a lo largo de esta administración en todo el territorio nacional. La CIDH advirtió que se ha registrado un aumento de las quejas por desaparición forzada, más de 5 mil denuncias, sin contar todos los casos que no son denunciados.
Uno de los últimos y más escandalosos casos sobre este fenómeno en el país es sin duda los 35 cadáveres que fueron arrojados en Boca del Río, Veracruz, frente a los responsables de la administración y procuración de justicia de la Federación y las entidades de la República. Las autoridades estatales encabezadas por el gobernador Javier Duarte, se dedicaron desde el primer momento a difundir, sin pruebas, que los cadáveres pertenecían todos a integrantes del crimen organizado caídos en la lucha por la conquista de la plaza, para justificar su inacción e incompetencia. No obstante, este viernes, un diario local publicó una lista de los nombres de 28 de los 35 cuerpos que fueron arrojados el 20 de septiembre de Boca del Río. El dato a resaltar además de que la mayoría son jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 y los 28 años, es que no están involucrados con la delincuencia organizada, es decir que son víctimas de la guerra del narco.
Caso contrario y de acuerdo con el diario Notiver, entre los ejecutados a golpes de palos y tubos y por estrangulación y sofocación, patrones que no corresponden a las ejecuciones de los grupos del narco que actúan en la entidad, están Luis Manuel Quiroz Arjona, alias "la foca", de 38 años, agente de la Policía Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río, del sector 14; Gabriel Hernández Hurtado, de 29 años, quien presuntamente estuvo involucrado en la desaparición del administrador de la aduana de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni. El diario refiere que entre los muertos había algunos menores de edad, como Fernando Betancourt Vázquez, de 14 años, Abbib Lizbeth Pouchlen Barrios, de 15 años, quien desapareció la noche del 15 de septiembre, y Diana Teresa Pérez Luna, de 16 años. Notiver publica los nombres de 28 de los 35 cuerpos que fueron identificados plenamente y sólo siete cuerpos no fueron identificados, por lo que fueron trasladados al Semefo de Xalapa, en calidad de desconocidos.
Por otro lado, una investigación del diario "Reforma" sostiene que el asesinato múltiple ocurrió en un vagón contendor de un tren, en un paraje conocido como Santa Fe, a unos 30 kilómetros del puerto de Veracruz. En su ejecución fueron usados precintos plásticos utilizados por cuerpos de seguridad institucionales como los de Estados Unidos y que aquí sólo los usan fuerzas especiales de la Marina o el Ejército. Los cuerpos fueron arrastrados para subirlos a camionetas de redilas y transportados al Bulevar Ruiz Cortines en Boca del Río, donde fueron arrojados el 20 de septiembre pasado por la tarde. Fuentes locales ligadas a las investigaciones sostienen que las victimas eran presuntos halcones de "Los Zetas" que operaban en la zona de puerto y Boca del Río. Entre los cuerpos había taxistas y policías locales, así como personas dedicadas a la prostitución y al narcomenudeo.
No obstante, la administración calderonista insiste en desmentir que sea una organización paramilitar la que ejecutó esa masacre. Sobre esa posibilidad, el relator de la CIDH, Rodrigo Escobar, consideró que si dichos grupos existen y operan en territorio mexicano, se trata de una situación muy grave, ya que "so pretexto de servir a la comunidad, se generaría más violencia y daños graves de consecuencias imprevisibles". También las autoridades estatales de Veracruz intenta minimizar el hecho al insistir en que el Médico Forense local no recibió los supuestos 14 cuerpos adicionales que habrían aparecido en calles del Puerto de Veracruz el pasado 22 de septiembre, de los cuales dieron cuentas medios de comunicación.
Otro caso reciente es la desaparición de seis personas originarias del Distrito Federal, que acudieron a Cuernavaca a una fiesta hace cuatro meses y desde entonces se desconoce su paradero. De acuerdo con las indagaciones de la Procuraduría de Justicia de Morelos, a cargo de Pedro Luis Benítez Vélez, las seis personas, una mujer y sus dos pequeñas hijas, así como otros tres jóvenes de 20 a 30 años de edad, viajaban en una camioneta tipo Windstar, que desapareció luego de ingresar de la autopista México-Acapulco a la avenida Plan de Ayala con dirección al municipio de Jiutepec, para arribar al poblado de San Gaspar, donde se realizaría el festejo, pero nunca llegaron.
Un periódico local publicó que las personas desaparecidas son: Alejandro Familiar Chavira, de 30 años, estudiante de arquitectura; Lorena Beatriz Camacho, de 37, y sus dos hijas, Andrea y Ruth Chávez Camacho, de 10 y 13 años, respectivamente; Alonso Rodríguez Acevedo, de 21 años, y Jesús Terán Rodríguez, de 30 años, todos ellos vecinos del Estado de México y el Distrito Federal. La denuncia de su desaparición fue presentada en al Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por lo que la procuraduría morelense no realiza ninguna indagación.
La Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad reportó también que durante las vacaciones se dispararon los asaltos y robos de camionetas de lucho en la Autopista del Sol. En autopistas como Monterrey-Nuevo Laredo y Reynosa-Nuevo Laredo decenas de personas han desaparecido.
No basta que la SCJN lo desmienta
Lo que el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero, hizo el pasado jueves, no fue una broma, lo que el prelado de la fronteriza entidad, en realidad quiso mostrar, fue la gran influencia que tiene el Papa Ratzinger en las grandes decisiones nacional
¡Imagínese que el día primero de julio del año próximo el Papa Benedicto XVI le llame a Leonardo Valdez Zurita y le pida que declare vencedor de la elección presidencial al candidato de los afectos del Vaticano!
No sería una simple llamada como la que hace cinco años le hizo Josefina Vázquez Mota al entonces consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, que por cierto negó, pero que la panista confirmó.
Lo que el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero, hizo el pasado jueves, no fue una broma, lo que el prelado de la fronteriza entidad, en realidad quiso mostrar, fue la gran influencia que tiene el Papa Ratzinger en las grandes decisiones nacionales.
Con su actitud el prelado realizó lo que tanto le criticaron a Andrés Manuel López Obrador, mandó al diablo a las instituciones, que grave, por eso no es suficiente con un desmentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El obispo Guerrero debe ser llamado a cuentas porque sus declaraciones son desestabilizadoras, porque establecen la injerencia de un Estado como es el Vaticano, en las decisiones nacionales de un país ajeno. Esta metido en una bronca, en serio.
Con qué cara van a combatir la impunidad. Con qué cara van a legitimar el proceso electoral, con qué cara la iglesia mexicana se presenta ante su grey, cuando un importante miembro de su jerarquía viola el octavo mandamiento, porque el obispo sabe muy bien que cuando se dice una mentira está abusando y usando mal el don que Dios nos dio de comunicar.
Eruviel Ávila ya recibió los primeros avisos en materia de seguridad, de ahí que tendrá que reforzar el área con gente experimentada si no quiere que los mexiquenses enfrenten, en un futuro no lejano, situaciones como las que se dan en Veracruz y otras entidades federativas del país…Le informaron mal al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, los muertos que tiraron en una de las principales avenidas de Boca del Río no todos son delincuentes como en un principio dijo…El encontronazo entre los coordinadores parlamentarios del PRI en la Cámara Baja, el opaco de Paco Rojas y en la Cámara Alta, Manlio Fabio Bletrones, por la reforma política, no es cualquier cosa. El temporal, al interior del tricolor arreciará a partir del 7 de octubre cuando el IFE de el banderazo de salida para el proceso electoral que culminará cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la última palabra. Por eso quienes hablan de la unidad priísta pueden llevarse una sorpresa…Pero qué necesidad dice Juan Gabriel, y es que la insistencia del gobierno de Felipe Calderón de que no hay grupos paramilitares lo único que hace pensar es que si los hay, como lo afirman muchos especialistas en seguridad…¿Qué le pasa a Marcelo Ebrard? Está bien que haga obras, pero que no se comentan arbitrariedades como las que a diario se ven en el DF.
Héctor Moctezuma De León - Opinión EMET
Rosario Ibarra censura que pederastas sigan en la impunidad
Escándalo , la resolución de la SCJN
Sábado 1º de octubre de 2011, p. 3
La senadora Rosario Ibarra advirtió que no permitirá que haber sido incluida en la lista de candidatos a la Medalla de Honor Belisario Domínguez se utilice para contraponerla a otras personas propuestas a ese galardón. Recordó a quienes la nominaron que desde hace 37 años se ha dedicado por completo a la defensa de los derechos humanos, entre ellos el de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo.
Lamentó la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar la penalización del aborto en Baja California y San Luis Potosí, y calificó de escándalo que mientras se liberó o exoneró a los responsables de la muerte de 49 niños en la guardería ABC y muchos pederastas responsables de agresiones sexuales estén en la impunidad, se encarcele a mujeres que decidieron suspender un embarazo producto de la violación, o que libremente lo decidieron .
En entrevista y por medio de una carta pública, la también dirigente del Comité Eureka insistió en que su posición siempre ha sido a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Así es que también estoy en contra de la petición de Felipe Calderón que pretende que se retire la Declaración Interpretativa de México sobre el Pacto de San José. En su momento así lo expresaré con mi voto en contra de esa petición en el Senado.
Así, un voto por mi candidatura al premio Belisario Domínguez, que no estoy promoviendo, debe entenderse por mi participación en la defensa de los derechos humanos, y de ninguna manera por posiciones que coartan libertad y garantías plenas de las mujeres .
Reiteró que considera la posibilidad de recibir esa medalla como un reconocimiento, más que a mi persona, a la lucha en que he estado comprometida por más de 30 años en defensa de los derechos humanos, y particularmente por la libertad para desaparecidos y presos políticos. Un reconocimiento que necesariamente tendría que extenderse a mis compañeras de tantos años, también madres de desaparecidos políticos .
Sobre las versiones de que las senadoras panistas propusieron la candidatura de Rosario Ibarra para vetar así la de la ministra Olga Sánchez Cordero, el perredista Pablo Gómez comentó que la primera ha militado en la causa de las mujeres mucho más que la ministra .
Ayer, al cerrar el plazo para presentar candidaturas a la medalla en su edición 2011, el PRD presentó formalmente la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Otros aspirantes son el también perredista dirigente ferrocarrilero Valentín Campa, la ministra Olga Sánchez Cordero y el fallecido médico Manuel Velasco Suárez.
Señala que las reformas antiaborto en Baja California y San Luis Potosí fueron impulsadas sobre todo por PRI y PAN
Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya dejado vigentes las leyes que penalizan el aborto en San Luis Potosí y Baja California representa el riesgo de que los grupos conservadores en el poder impulsen en otras entidades normas similares, aseguró la historiadora y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Patricia Galeana.
En entrevista, aseguró que los ciudadanos, en particular las mujeres, deben razonar su voto para el próximo año con el fin de evitar darlo a partidos que avalaron que con estas reformas legislativas se vulneren derechos femeninos, pues en estos cambios participaron PAN y PRI y, en algunos casos, incluso PRD y PT. Agregó que en el decenio de gobiernos panistas hay muestras claras de violaciones sistemáticas al Estado laico.
Resaltó que cuando se aprobaron las normas antiaborto en 17 entidades, el PRI, que entonces encabezaba Beatriz Paredes, jugó un papel determinante.
Traicionó a su género (la ex dirigente), sobre todo porque ella misma se decía feminista, y su partido puso por delante intereses políticos, negoció con el clero católico para las elecciones locales por encima de los derechos de las mujeres. Es gravísimo.
Galeana, vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, subrayó que al ser parte de las reformas que penalizan el aborto en esos estados el PRI traicionó su origen revolucionario, pues esas leyes representan una posición contraria a los derechos de las mujeres . Agregó que es vergonzoso que además del tricolor hayan participado en el aval a esas normas legisladores locales de partidos que se asumen de izquierda, como el PRD y el PT.
Organizaciones feministas marcharon el miércoles pasado para celebrar el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, en la misma fecha en que la Suprema Corte dejó vigente la ley de Baja California que protege la vida desde la concepción Foto Roberto García Ortiz
Tenemos que seguir dando la batalla y, sobre todo, recordar que estamos ya en un proceso de las campañas electorales para 2012. El voto de las mujeres es mayoritario, somos más de la mitad del padrón. Las organizaciones debemos movilizarnos y hacer conciencia entre el sector femenino para que exija a quienes aspiran a ser candidatos a la Presidencia que definan sus agendas respecto a los derechos humanos de las mujeres.
Añadió que también se debe presionar al Legislativo a emprender reformas aperturistas que garanticen los derechos femeninos. Tenemos que insistir en la necesidad de fortalecer el Estado laico mexicano, que la laicidad se extienda al tema de salud, y no sólo de educación. Con eso se podrían echar abajo las legislaciones que criminalizan a las mujeres en estos 17 estados donde se modificaron las leyes, más uno (Chihuahua) donde ya se penalizaba el aborto.
Advirtió que los sectores más perjudicados con la resolución de la Corte serán los de menos recursos económicos. "Las mujeres que tienen dinero para viajar a la ciudad de México –donde las autoridades garantizan el aborto legal– lo harán, no así quien no pueda costear el trayecto".
País es señalado como el segundo mayor en el crimen de tráfico de mujeres y niños
Los casos de tráfico de seres humanos registrados en México, principalmente contra mujeres, niños/as, se agravan cada día. Con el propósito de dar visibilidad a estos casos, el Observatorio contra el Tráfico de Personas con Fines Explotación Sexual y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, están convocando a los pobladores del distrito Federal mexicano a participar, enviando informaciones o denunciado los casos en el sitio web http://www.camontesinos.org.mx/.
Según el llamado del Observatorio contra el Tráfico de Personas, anualmente 10 mil mujeres son explotadas en el país. Los números ponen a México en segundo lugar en América Latina con la mayor cantidad de mujeres y niños/as explotados sexualmente, quedando solo detrás de Brasil.
Para las organizaciones, el crimen puede estar relacionado con varias cuestiones, entre ellas, la extrema pobreza y ausencia de derechos básicos como empleo y educación, facilitando así el involucramiento de niños/as y mujeres, atraídos por falsas promesas de mejoría de vida.
La situación se complica aún más, porque la legislación del país y la política pública del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar el Tráfico de Personas no consiguen dar una respuesta eficiente a los casos presentados.
Una de las razones para esa deficiencia es que no hay base de datos sobre el crimen de tráfico y crímenes relacionados como feminicidio, secuestro de migrantes y transmigrantes, violencia contra mujeres, desaparición de mujeres, niñas y niños.
El comunicado subraya que "no existe un diagnóstico del fenómeno que relacione las modalidades de la trata en el país con la migración, el abuso de los usos y costumbres de comunidades indígenas y campesinas, la pobreza, la corrupción, las carencias afectivas y la pérdida de la solidaridad siendo que éstos son factores que facilitan el fortalecimiento y operación del sistema proxeneta".
Entre las denuncias apuntadas por las organizaciones está la falta de investigación de los casos, la impunidad, además de la falta de personal capacitado para atender a las víctimas. En todos los casos registrados, solamente 40 fueron investigados por los órganos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF).
Además de las denuncias de violación y explotación de los casos existentes en el país, las organizaciones instan "al estado mexicano a cumplir con sus obligaciones y proteger los derechos humanos y libertades de sus habitantes; A modificar la legislación acorde con los tratados firmados y ratificados, sobre todo aquellos referidos a la violencia contra la mujer, como son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)", entre otras.
Más informaciones a través del sitio web: http://www.camontesinos.org.mx/.
La tienda de raya emocional
"Somos culpables en busca del delito". ¿En dónde leí la frase? Me la quedo. Con su comicidad, que casi siempre no aplica. La posibilidad de sentir culpa es un principio básico de salud emocional. Como ser capaces de sentir empatía. La culpa es necesaria. Tiene sus noblezas. Humaniza. Cuestiona. Pero no me refiero hoy a esa culpa "sana" que padece quien en la realidad infligió un daño. Y que sería muy inquietante y pathos negar o desconocer. Pensaba en otras culpas. Las de la tienda de raya. Culpas injustas, desproporcionadas. Imaginarias.
Las que responden a "la voz del amo" (Lacan) y no a la realidad. Culpas de las que podemos o no ser conscientes y que arrastramos como al esqueleto en el ropero. Generadas por decires introyectados en la infancia y adolescencia. Palabras del Gran Otro que no osamos deconstruir. Percibidas como verdades absolutas. Culpas impuestas de antemano. "Soy culpable, y me castigo".
Periodos desasosiego: ante ciertas experiencias la culpa nos entierra los dientes. Nos empeñamos en despeñarnos. Y como modus vivendi: repetición del descalabro (pesaroso o disimulado). Los dientes de la culpa tan enterrados que se convierten en nuestra manera de vivir y elegir. Nuestra manera de estorbarnos. Cuando la culpa subyace enquistada, con su carga de angustia, una se vacía la sopa hirviendo en un brazo. Se olvida de una cita. Sale corriendo de aquello que le gusta. Se impide amar a quien ama (aunque haga como que lo ama). Acepta maltratos inaceptables. Se hace echar del trabajo.
Congela su sexualidad. O la malbarata. Sube de peso o adelgaza en exceso. Una se castiga. A cada quien sus intensidades y sus maneras. La culpa es una emoción persecutoria, con frecuencia inconsciente. Ésa es la monserga. Cuando no es grave. Ése es el espanto. Cuando sí lo es. ¿Culpable? ¿Hay una razón en la realidad? ¿O me atrapa mi real interior? ¿De qué dimensiones es mi inclinación silicio-flagélica? Si existe. A la culpa de contenidos imaginarios la padecemos y la actuamos. Quien se sienta libre de autopersecuciones culpígenas, mejor que no arroje la piedra. Sería una pena castigarse con un chipote en la cabeza.
La culpa se vive como si una/o tuviera una deuda imaginaria que no termina de pagar. ¿Cuál deuda? ¿Con quiénes sellamos ese pacto de lealtad que podría llevarnos a actuar contra nosotros mismos? Porque una demanda exterior (no podemos o no queremos responder) activa el mecanismo. A veces, porque perseguirnos se nos da. No sobra indagar. La culpa puede llevarnos a elegir el malestar. Sentir pánico ante nuestros logros. Nuestros talentos. Ante el bienestar y felicidad. Ante el placer. Es cruel. Y me importa este tema, porque actuar el castigo a una/o misma/o pareciera tan absurdo que resulta facilísimo de negar: "¿Culpa ante los propios atributos luminosos?". ¿Quién podría preferir inventarse/crearse limitaciones que no tiene? ¿Quién estaría dispuesta/o a negarse a sí misma/o con tal de no hundirse en la culpabilidad? Quien haya aprendido una retorcida lección familiar: aquello luminoso y bueno que es suyo, se lo "arranca" a un otro amado.
El hermano al que le hacen sentir que entrar a la universidad es "despojar" a su hermano que no lo logró. La hija que si vive una sexualidad feliz "despoja" a la madre que transmitió que no la tiene. La hermana "culpable" de tener un hijo que su hermana no pudo. Hasta el infinito. Entre mujeres: esa culpa que atraviesa el cuerpo y sus inconmensurables. "Espejito. Ella tiene que ser la más bonita. Díselo. Dile lo horrorosa que soy. Porque si me odia me sale bigote, barba. Me vuelvo desneuronada. Y ya nadie me va a querer". Analizamos obstáculos interiores desde el "miedo al fracaso". Racional y lógico: "No me inscribo a la universidad, tengo miedo de no aprobar". Considerar otra opción: "No me inscribo en la universidad, podría irme bien, y no lo merezco". "Mi logro implicaría ir más allá de personas amadas, que no tuvieron las mismas oportunidades". "No puedo dejarme ir a la felicidad, temo que sobrevenga un castigo peor que la privación que ahora me impongo".
En 1936. Carta de Freud a Romain Rolland: "Culpa ante la realización del deseo". La atribuyó a "lealtad a los orígenes". "Empatía filial". ("Compasión filial") Podría venir de una demanda paterna/materna inconsciente: "Si te construyes distinto a mí, si hay territorios en los que vas más lejos que yo, me abandonas". Freud narra cómo por fin logró realizar un sueño antiguo: la Acrópolis. Cuando estuvo allí, no se atrevía a entrar. Tomar posesión de su logro. Se sentía culpable de conocer una belleza que su padre nunca vio. Ir "más allá". Cuenta de esta emoción dolorosa: miedo al logro. Podemos percibir la realización de nuestros deseos como traición a seres amados. Implican diferenciarse. Separarse. Romper pactos no dichos. Quizá el miedo al logro y al bienestar, y/o la tendencia al castigo, son la respuesta condicionada por exigencias transmitidas en la familia con claridad no dicha: "No puedes tener lo que yo no tengo". Legado de angustia que aliena el derecho a buscar la felicidad. Sin deudas desvitalizantes. Sin prohibiciones arbitrarias. Sin tienda de raya. Escritora
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló finalmente los cambios al artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí, en los que se criminaliza a la mujer que pasa por la dramática situación de verse obligada a interrumpir un embarazo. Un aval similar fue otorgado a las modificaciones que se realizaron a la ley básica de Baja California. Con ello, la política promovida por el Partido Acción Nacional y la jerarquía eclesiástica para impulsar leyes locales que penalicen la libertad del derecho a decidir abarca a dos nuevas entidades.
Cabe destacar que el debate en el seno de la Corte mostró una institución que hoy en día está entrecruzada por la pluralidad y la libertad de que gozan los jueces para expresar su opinión libremente. La discusión fue ardua y, en momentos, álgida. Por lo pronto, atrás parecen haber quedado los tiempos del régimen autoritario en que ese tribunal fungía como una simple oficina de trámites de las necesidades y las necedades de la Presidencia. Un hecho que habla de un cambio sin duda relevante en la cultura jurídica del país. Seguramente todavía es difícil encontrar un ambiente similar en los tribunales estatales y locales, pero nunca se pierde la esperanza de que exista un trickle-down-effect también en el ámbito de las prácticas jurídicas. Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío y otros más fueron los ministros que se opusieron abierta y radicalmente a esta involución legal. Sus argumentos quedarán en la memoria inmediata de un debate que seguramente se prolongará en los próximos años: la discusión en torno a la soberanía del cuerpo femenino.
¿Quién tiene el derecho y la potestad para regular (y hasta gobernar) las acciones por las que una mujer opta en el orden más elemental y más radical de su existencia, que es su cuerpo mismo? ¿El Estado? ¿La Iglesia? ¿La familia? ¿O simple y sencillamente ese yo desde el que habla y decide cualquier ser? Constreñir la soberanía sobre la intimidad del cuerpo es constreñir los tejidos más profundos de la libertad misma (y no sólo la de las mujeres). No hay que olvidar, si se quiere una metáfora aritmética, que la mitad de la libertad general, o más, es femenina. Es reducir el mundo femenino a la condición que preveía el orden premoderno: la condición no de una ciudadana, sino de un súbdito, atada al orden público mas por el principio de subalternidad que por el principio moderno de la autonomía.
El debate entre quienes están por el derecho a la vida y quienes lo están por la libertad de decidir se ha vuelto complejo y, sin duda, nada fácil. Pero es evidente que quienes apoyan la opción pro-vida de esta disyuntiva en lo último en que están interesados es en el bienestar y en la integridad de las mujeres. Su apuesta es a la demografía y no a esa historia profunda, dramática e íntima en la que se resuelve cualquier destino. Porque un recién nacido es un destino completo, y mucho más aún.
Lo relevante aquí, desde la perspectiva del contexto social y político en que se otorga el aval, es que continúa esa línea –que comienza desde el año 2000– de radical reducción de la laicidad del Estado. La jerarquía eclesiástica (para diferenciarla de la Iglesia en general, que es un universo compuesto por un vasto espectro de organizaciones y opciones) ha vuelto, una vez más, a intentar ejercer el control de los corredores donde sucede el proceso de toma de decisiones políticas. En el año 2000, la sociedad mexicana votó por la democracia, no por el retorno a esa seudoteocracia (revestida de república, la república católica si es que se admite el oxímoron) que gobernó al país durante la primera mitad del siglo XIX. La jerarquía eclesiástica no parece haber aprendido que un Estado cercado por una sola institución tan poderosa es un Estado destinado a la disfuncionalidad, a fracasar en el cumplimiento de sus tareas civiles. Digamos un Estado incapaz de producir los lugares que le permitan marcar las jurisdicciones de su poder real.
En este sentido, habría que pensar si la administración del PAN, que se inició en 2000, no debería ser caracterizada más como una política de la contrarreforma que por un afán de continuar con la modernización y la democratización del país. Ese anhelo profundo que inspiró las movilizaciones y las condiciones que hicieron posible que el régimen priísta cediera ante la demanda de su sustitución. La Iglesia actual parece atrapada en su miedo más antiguo: el miedo a la modernidad. El dilema es que está cubriendo al país con esa sombra.
El pasado 22 de septiembre diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Litiga Ole, la Asociación Ecológica Santo Tomás, la organización Fronteras Comunes, Greenpeace México y la Asociación de Productores Ecologistas Tatexto (Apetac), así como académicos, defensores del medio ambiente y activistas solicitaron, mediante carta dirigida al Senado de la República, que antes de aprobar cualquier proyecto de reforma o iniciativa de Ley de Amparo se aseguren que tanto individuos como colectividades afectadas por actos u omisiones de las autoridades puedan recurrir al juicio de garantías sin tantos formalismos. Es decir, que el trámite del juicio de amparo sea sencillo, sin trabas y dilaciones, debido a que estas prácticas han impedido que el juzgador estudie el fondo de los asuntos.
Uno de los argumentos centrales que motivaron la carta fue que los razonamientos por los que los órganos jurisdiccionales competentes no entran a estudiar el fondo del asunto son, entre otros, la presunta falta de interés jurídico de los quejosos, alegando con ello desde la inexistencia de afectación directa e inmediata del demandante, hasta señalamientos acerca de supuestos actos futuros. Este modo de operar de algunos juzgadores imposibilita que ciudadanos, organizaciones y colectividades que defienden derechos sociales puedan hacer uso efectivo y justo del amparo como medida de protección judicial.
Otra justificación de la misiva fue que el pasado 6 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , que tiene como objetivo cambiar de manera integral el juicio de amparo como instrumento jurídico que debiera servir para proteger los derechos fundamentales de las personas. Entre otras características, la reforma supondría integrar la figura del interés legítimo, para que de esta forma no sólo las personas que tengan afectación en un derecho subjetivo puedan interponer este juicio de amparo. Es decir, aquellas que en cualquier situación derivada del orden jurídico se vean afectadas, incluyendo, además, tanto los derechos de naturaleza colectiva o intereses difusos.
Los derechos de naturaleza difusa son aquellos que corresponderían a un número indeterminado de personas que no se encuentran agrupadas entre sí para su defensa, pero que en su conjunto son víctimas de algún acto reclamado, y por tanto pueden verse directamente afectadas por restricciones a derechos difusos, como son, entre otras, aquellas que resienten alguna forma de contaminación ambiental, los consumidores y los defensores de derechos culturales. Para defenderse de una afectación a un derecho difuso, las personas deberán acreditar interés legítimo. Es decir, contar con un cuerpo normativo que los regule, un interés simple y una afectación.
En la propuesta de reforma no se regulan ni la substanciación del procedimiento ni los requisitos, efectos y otras consideraciones importantes para dar inicio al amparo colectivo, lo que deja a quienes lo interpongan en un estado de inseguridad jurídica, ya que por no existir norma específica, cada juzgador decidiría bajo su criterio cómo conducir el procedimiento. Habría inclusive inseguridad jurídica aplicando de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que tienen naturaleza diferente a la del amparo los juicios ordinarios u otros regulados por el ordenamiento civil. Es igualmente primordial que dentro de la reforma o nueva iniciativa de Ley de Amparo se regule el amparo colectivo, en virtud de que la figura actual de amparo no lo contempla, y ello propicia entre los defensores inseguridad jurídica, en variantes que van desde aspectos de índole económica y representación de los quejosos hasta la que se origina por carecer de tribunales especializados en esta materia.
La reforma debe integrar, por tanto, un apartado que contemple el amparo colectivo. De no ser así, sería muy fácil continuar con las malas prácticas propiciadas por la ley actual. La entrada en vigor de la reforma o iniciativa de nueva norma está prevista para este mes, lo que se ve difícil. Ya fue aprobada por las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Gobernación del Senado, pero todavía tiene que ser discutida y aprobada por el pleno y turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, antes de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación.
De avalarse como está actualmente, se incumpliría la obligación del Estado mexicano de garantizar a las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, porque al no regularse de manera específica un amparo colectivo, no se garantiza el derecho de las colectividades al acceso a la justicia. Peor aún, porque el proyecto de dictamen contempla en su artículo quinto que la legitimación para acudir al juicio de amparo se condiciona con la necesidad de que quien alega ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, sufra una afectación real y actual a su esfera jurídica . Redacción que nos parece gravísima, pues es volver a la figura que ha predominado en el juicio de amparo, que es la afectación directa e inmediata, la cual suele identificarse con el interés jurídico, haciendo con ello nugatorio el espíritu de la modificación constitucional del pasado 6 de junio.
Feministas colimenses lamentan fallo de SCJN por acciones de inconstitucionalidad
Recuerdan que existen dos amparos pendientes de discusión
Colima, 30 sep 11 (CIMAC/MUPAC).- Tras conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma constitucional en Baja California para "proteger la vida desde la concepción", el Grupo Ciudadano por la Vida de las Mujeres, lamentó el retroceso y confió en que los dos amparos contra estas reformas en el caso de Colima, prosperen.
Las integrantes de este grupo conformado por el Centro de Apoyo a la Mujer "Griselda Alvarez", Espacio Feminista, Grupo ERA, Católicas por el Derecho a Decidir, Comité Latinoamericano de Derechos de la Mujer y Radar 4º, calificaron como un "retroceso" el fallo porque profundiza y respalda la violencia institucional que desde hace años viven las mujeres en sus derechos reproductivos.
Señalaron que con ello no se terminará el aborto inseguro ni las severas repercusiones que éste tiene en la salud de las mujeres, como tampoco el hecho de que se les continúe criminalizando.
Consideraron que con el fallo quedó expuesta "la política confesional de un Estado que antepone los criterios religiosos católicos, fracturando o rompiendo el Estado laico", así como la "la injerencia del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, tratando de incidir en la discusión y debate del máximo tribunal, contraviniendo la separación de poderes, con el fin de imponer los postulados conservadores de su partido".
Las feministas reconocieron el papel desempeñado por la y los ministros que en su argumentación defendieron el derecho de las mujeres a decidir en libertad sobre su cuerpo y su maternidad, pero lamentaron que los que votaron en contra, pensaran más en reafirmar sus propios principios morales sin tomar en cuenta los graves daños que ocasionarán a las mujeres a quienes les imponen sus principios.
La representante de Radar 4º en Colima, Adriana Ruiz Visfocri, recordó que en la segunda Sala de la SCJN existen dos amparos de mujeres colimenses pendientes de resolver, a través de los cuales se recurre a la justicia federal en contra de la reforma constitucional que se hizo al artículo primero en la entidad, para proteger la vida desde la concepción y confió en que no corran la misma suerte de las acciones de inconstitucionalidad.
Cabe recordar que en junio de 2010, la segunda sala de la SCJN aceptó ejercer su facultad de atracción, para resolver dos amparos que impugnan la reforma al artículo primero de la Constitución de Colima, el cual protege la vida desde el momento de la concepción, aprobado por el congreso local en febrero de 2009 y publicada el 21 de marzo de 2009 en el Periódico Oficial.
Originalmente fueron 67 las mujeres de esta entidad quienes presentaron 35 demandas de amparos ante los jueces primero y segundo de distrito de esa entidad con el argumento de que la reforma constitucional estatal que dice que el estado "protegerá y garantizará el derecho a la vida desde el momento de la concepción", vulnera, y desconoce, los derechos fundamentales de las mujeres, reconocidos en la Constitución Federal.
De los 67 amparos interpuestos en total, diez ya fueron rechazados por las autoridades correspondientes, y de éstos últimos, se pidió la revisión de 6 por parte del Tribunal Colegiado, y en forma simultánea se pidió a la SCJN que los atrajera, pero hasta el momento, la máxima instancia de justicia de nuestro país solo ha atraído dos.
En al menos once estados del país hay mujeres presas por aborto
Querétaro, Guerrero, Veracruz, Michoacán, son algunos ejemplos
México DF, 30 sep 11 (CIMAC).- Un mapeo realizado por la organización Las Libres y otras organizaciones integrantes del Pacto Nacional por la Vida, la libertad y los derechos de las Mujeres, reveló que en al menos once estados de la República mexicana, hay mujeres presas por interrumpir un embarazo, dijo a Cimacnoticias, Verónica Cruz Sánchez, directora de la organización civil Las Libres, en Guanajuato.
La activista informó que muchas de ellas sufrieron abortos espontáneos y cuando acudieron a los servicios de salud fueron denunciadas por el personal médico. En su mayoría, dijo, son mujeres pobres que no pudieron costear una "legítima defensa".
Luego de que en 2010, Las Libres, junto con la Clínica de interés público del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), lograron la liberación de ocho mujeres de Guanajuato acusadas de homicidio en razón de parentesco -que se encontraban presas tras sufrir abortos espontáneos- las llamadas para pedir ayuda no han cesado, indicó Cruz Sánchez.
"Desde los propios penales nos han buscado mujeres de otros estados de la república pidiendo ayuda", sostuvo.
La activista indicó que familiares y organizaciones de diversas entidades federativas se han puesto en contacto con Las Libres para pedir su apoyo o asesoría, ante la creciente criminalización de las mujeres por aborto.
La organización conoce de casos de mujeres encarceladas por aborto u homicidio en razón de parentesco en San Luis Potosí (SLP), Querétaro, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Puebla y Aguascalientes.
En SLP, Querétaro y Puebla, los Congresos locales penalizaron el aborto, al "proteger la vida desde la fecundación o concepción" mediante reformas constitucionales, aprobadas de 2008 a diciembre de 2010.
La modificación constitucional avalada en SLP, fue impugnada por diputados locales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ayer 4 de los 11 ministros que integran el máximo tribunal, consideraron que la protección de la vida desde la concepción es constitucional.
A pesar que una mayoría numérica votó por la invalidez de esa reforma, no se alcanzó la mayoría calificada y dicha modificación sigue vigente en la entidad.
A los ocho estados mencionados se suman Sonora, Chiapas y Baja California, como otras tres entidades donde Las Libres han denunciado el encarcelamiento de mujeres por abortar. Cabe precisar, que los Congresos locales de esos estados también reformaron sus constituciones para "proteger la vida desde la fecundación o concepción".
Los casos de las mujeres criminalizadas por aborto son semejantes, mencionó la activista, "en general, las acusadas de homicidio en razón de parentesco no se indujeron un aborto, algunas de ellas deseaban ser madres y otras no sabían que estaban embarazadas".
La mayoría de estas mujeres son habitantes de zonas rurales, en situación de pobreza, sin acceso a la educación básica y a servicios de salud mínimos.
Ellas "acudieron a hospitales públicos porque tenían un dolor intenso, porque no sabían que hacer. Cuando llegaron a los servicios de salud las fueron denunciando", detalló Verónica Cruz, con base en la información a la que Las Libres ha tenido acceso.
Otra coincidencia es que las mujeres no tuvieron oportunidad de defenderse legalmente, ya que carecían de recursos suficientes para pagar los servicios de un profesional. Los ministerios públicos "creyeron que ellas eran culpables por no ejercer la maternidad, como el mandato social lo establece para las mujeres", apuntó la activista.
Y ejemplificó que en el caso de la guanajuatense Yolanda Martínez, ella "ni siquiera está segura de que estuvo embarazada y las autoridades 'le plantaron' dos fetos".
Mientras que Alma Yareli Salazar, otra de las ocho mujeres liberadas el año pasado en Guanajuato, fue sentenciada por homicidio en razón de parentesco con base en un peritaje psicológico que aseguraba que la mujer interrumpió su embarazo "para ocultar su infidelidad".
Denostan medios a legisladora que apoyó inconstitucionalidad de norma en SLP
"Es una campaña orquestada por Iglesia y PAN", acusa
México, DF, 30 sep 11 (CIMAC).- La legisladora priista, Beatriz Benavente Rodríguez, una de las promotoras de la acción de inconstitucionalidad contra la reforma que "protege la vida desde la concepción" en San Luis Potosí, denunció que el acoso y violencia de la que ha sido objeto en distintos medios estatales, forman parte de una campaña orquestada por la Iglesia católica y el Partido Acción Nacional (PAN).
En entrevista con Cimacnoticias, la legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó que tanto la Iglesia como el PAN "trabajan totalmente de la mano para señalarla reiteradamente como mata niños y asesina".
La legisladora afirmó que "no se vale que estas personas que se dicen tan defensoras de la vida, estén literalmente acosando y violentando a una persona nada más por el hecho de pensar distinto a ellos" y agregó que sus argumentos para defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están sustentados y motivados.
Señaló que en una sociedad como la potosina, el PAN ha tratado de manipular la discusión sobre el tema generado desinformación para darle al caso un uso político- partidista.
"Estamos en una sociedad muy conservadora donde la iglesia, la ultraderecha, el PAN, utilizaron un discurso donde afirmaban o dejaban entrever que el efecto de la acción de inconstitucionalidad, sería la legalización del aborto".
Benavente Rodríguez negó -como lo han asegurado medios locales-, que su trabajo legislativo a favor de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, busque beneficios personales "lo que estoy haciendo es por las mujeres jóvenes y las niñas, para dejar sentadas las bases para que no se les impongan decisiones sobre su cuerpo. Tengo una hija y no estoy dispuesta a permitir que el Estado tenga que decidir por ella".
La diputada local lamentó las denostaciones y el maltrato del que ha sido objeto por diversos medios de comunicación en la entidad, pues en su opinión se habla sin conocer el tema y de una legalización del aborto.
"No se dieron el tiempo de dar una lectura o por lo menos escucharme, ya que empezaron a darle voz a otros actores y a mi me quitaron los micrófonos", acusó.
Respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de desechar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma de San Luis Potosí (SLP), la legisladora consideró que el no lograr la mayoría calificada de ocho votos para declararla inválida, no es una pérdida total.
"Lejos de lo que se puede pensar, con la resolución de la Corte abrimos un debate importante y conseguimos mayoría –no la necesaria—pero la manifestación de los siete ministros fue contundente y muy bien fundamentada, lo que dejará un precedente para continuar el camino en defensa de los derechos de las potosinas", sostuvo.
El siguiente paso, dijo, es analizar los efectos que tendrá la ley y las acciones que se tomen en la entidad ¿se van a retirar de las farmacias las Pastillas de Anticoncepción de Emergencia? ¿se van a seguir utilizando los Dispositivos Intrauterinos, la reproducción asistida y la fertilización in Vitro?
Si una mujer decide practicarse un aborto ¿irá a la cárcel o se respetará el Código Penal? cuestionó la legisladora.
Actualmente el Artículo 130 del Código Penal de San Luis Potosí establece que no es punible la interrupción del embarazo cuando: éste sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada; sea resultado de violación o inseminación indebida y en los casos en los que de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista.
Reformas a Código Penal veracruzano criminalizan a mujeres que abortan
CAMPAÑA PERIODISTAS DE MESOAMERICA A FAVOR DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
A dos años de vigencia, persiste denuncia de personal médico
Xalapa, 30 sep 11 (CIMAC/AVC).- A casi dos años de que entraron en vigor las reformas al Código Penal de Veracruz para sancionar con tratamiento psicológico, médico y educativo, a las mujeres que interrumpan un embarazo, se han dado dos consignaciones por el delito de aborto, reconoció Aracely González Saavedra, integrante de la Articulación Estatal por el Derecho a Decidir.
La activista precisó que estos dos casos son los únicos de los que se tiene conocimiento actualmente, sin embargo no descartó la posibilidad de que pudiera haber otros.
En ambos casos, dijo González Saavedra, las mujeres fueron denunciadas por haber interrumpido su embarazo, por lo que se les siguió el proceso correspondiente que establece el Código Penal.
Uno de los casos se dio en la zona norte pero no se tienen más datos y en el otro, se sabe que es originaria del municipio de Coscomatepec, en la zona centro de la entidad, y que fue denunciada por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, hecho que fue calificado por la activista como grave pues se violentó la confidencialidad del caso.
Recordó que previo a las reformas en la entidad había 8 mujeres encarceladas por el delito de aborto, mismas que obtuvieron su libertad tras reformarse el Código Penal.
En diciembre de 2009 el congreso local aprobó la reforma al artículo 150 del Código Penal Veracruzano que establece: "A la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, se le sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud", mientras que a quien asistiera a la mujer, "se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta setenta días y cinco días de salario".
La activista lamentó que aún y cuando no prosperó la iniciativa "para proteger la vida desde la concepción" en la entidad, las reformas al Código Penal continúen criminalizando a las mujeres.
En Veracruz, dijo, faltan campañas de educación sexual, persiste el desabasto de métodos anticonceptivos y hay fuertes pendientes en materia de salud sexual y reproductiva mientras que el aborto continúa siendo la tercera causa de muerte materna en la entidad.
La Escuela de Administración del gobierno de la ciudad convocó a un debate que tituló Régimen semipresidencial, ¿salida al estancamiento? La diversidad de posiciones que afloraron, aparentemente en el mismo sentido, reveló la ausencia de una matriz conceptual común y, tal vez, intenciones divergentes. La cuestión central es la naturaleza del régimen que se desea, ya que, en aras de un supuesto consenso, algunos sólo buscan la adaptación coyuntural del sistema presidencial y otros pregonamos una modificación estructural de la forma de gobierno.
En la lógica del "gradualismo", los que pretendemos un cambio de régimen podríamos volvernos compañeros de ruta de quienes se conformarían con premios de consolación o trueque de chambas. Traté de disipar algunas dudas que favorecen la confusión y estimulan el rechazo. Primero, la sospecha de que esta propuesta distrae la atención sobre cambios más profundos en la vida nacional. Recordé nuestra prédica tenaz por una reforma integral del Estado mediante un proceso constituyente. Ello no obsta para que propongamos iniciativas pertinentes sobre cualquiera de sus capítulos, como los derechos humanos, la Constitución Política del Distrito Federal, la democracia participativa, los medios de comunicación, la política exterior y tantas otras que hay.
Ésta es particularmente urgente por la cercanía de las elecciones y la polarización política que conlleva. Un gobierno eficiente, fundado en una mayoría estable y congruente, podría desatar cambios mayores y rescatar al Estado, ahora secuestrado por los intereses particulares, sometido al imperio de los poderes fácticos y vaciado de soberanía por pactos inconfesables con el extranjero. La diferencia central entre los distintos proyectos es la imposibilidad cultural que muchos tienen de abandonar la matriz presidencialista que fue amplificación del caciquismo, cuna del autoritarismo y lápida de las libertades ciudadanas.
Recordé que no todas nuestras constituciones respondieron a ese molde: la de Cádiz fue una monarquía constitucional, la de Apatzingán proscribió el poder personal, estableció un triunvirato y lo supeditó al Supremo Poder Legislativo, y la Convención de Aguascalientes decretó el sistema parlamentario. Los cambios verdaderos exigen audacia e imaginación. Según el conocido aforismo: no son para una elección, sino para una generación. No se trata de prever desprendimientos partidarios que podrían encontrar acomodo en gabinetes de tutti frutti. El proyecto es un nuevo pacto constitucional que obligue a formar gobiernos mayoritarios, con pactos legislativos y programas explícitos, cualquiera que sea el resultado de las elecciones y la composición de las fuerzas políticas. No es procedente que la formación de coaliciones sea opcional o facultativa para el Ejecutivo.
Como lo afirmó Alejandro Encinas, ello sólo incrementaría las potestades presidenciales y sería paradójicamente contrario al parlamentarismo que se desea. Sería además superfluo, ya que sin ninguna reforma podrían integrarse al gabinete militantes diversos. Lo esencial no es la coalición sino la mayoría, que puede obtenerse con uno o varios partidos, pero que sea obligatoria para la formación de un gobierno. Marcelo Ebrard propuso un cambio de régimen, ya que el presidencialismo está agotado, lo que implica necesariamente "la separación entre la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno"; una proveniente del sufragio popular y otra de la mayoría del Congreso. Desechó las "coaliciones momentáneas" y se pronunció por gobiernos consistentes en torno a genuinas coincidencias programáticas.
En todo caso, por "soluciones de mayor envergadura que vean mucho más allá del 2012". Sugirió, además, que "el jefe de Estado conserve potestades importantes", entre otras razones, "por nuestra vecindad con los Estados Unidos" y coincidió en que éstas pudieran ser la política exterior, el mando de las Fuerzas Armadas y la seguridad interior; además de su carácter de cabeza del sistema federativo y defensor de la integridad nacional. Invitamos a un análisis serio de los elementos que componen un régimen semipresidencial y de su relación con el modelo representativo, el sistema de partidos y la construcción de ciudadanía. Sobre todo a levantar la mira para orientarnos a la reconstrucción del poder público y el reparto equitativo de todos sus beneficios. Diputado del PT
¿Rescate financiero o alineamiento político?
El carácter insólito del acuerdo alcanzado entre el gobierno de Coahuila y diversas instituciones bancarias para refinanciar la astronómica deuda pública de esa entidad –que en el pasado lustro pasó de 300 millones a casi 34 mil millones de pesos–, a menos de un año de la contienda electoral de 2012 y enmedio de los duros señalamientos formulados en contra del ex gobernador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, obliga a preguntarse por la lógica que subyace en semejante operación.
La inquietud sobre este tema es ineludible, en primer lugar por la hipoteca que supone para las finanzas públicas de esa entidad fronteriza. Debe recordarse que, en el contexto de las negociaciones para la restructuración de la deuda del gobierno de Saltillo, el congreso coahuilense autorizó, el pasado miércoles, el uso total del impuesto sobre nómina como garantía a los acreedores, en lo que constituyó una decisión impresentable: el Legislativo local no sólo no corrigió la actitud de voraz endeudamiento con que se condujo el gobierno de ese estado durante la administración de Humberto Moreira, sino que comprometió por dos décadas un recurso que constituye el principal ingreso fiscal de la entidad –fuera de las participaciones federales–, con el único fin de garantizar el pago y, en consecuencia, la ganancia de los bancos.
Es conveniente detenerse, por lo demás, en la dimensión propiamente política de esta circunstancia. La estratosférica deuda pública en Coahuila se había convertido en un tema incómodo, por decir lo menos, para el PRI y su actual dirigencia –se recuerdan, por ejemplo, los ataques emprendidos en contra de Moreira por el ex titular de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, y la reciente denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la República por esa misma dependencia– y un punto de golpeteo y de conflicto entre ese partido y el gobierno federal y la dirigencia del blanquiazul.
En tal contexto, resulta relevante que las instituciones bancarias del país decidan respaldar financieramente a la administración priísta en Coahuila –actualmente encabezada por Jorge Torres–; que den, con ello, un espaldarazo tácito al propio Moreira, y que lo hagan en un momento político prelectoral. La lectura resulta inevitable: enmedio de la pugna entre la dirigencia priísta y el partido que aún detenta el poder, los banqueros parecen haber tomado partido en favor de la primera, y ello sería indicativo, a su vez, de un desplazamiento de las simpatías del sector privado del panismo al priísmo, con miras a reforzar posiciones de intereses a corto y mediano plazo. A fin de cuentas, los dueños de los capitales en México no suelen dar pasos en falso, y en política no hay favores, sólo intercambios.
Un elemento a tener en cuenta es el historial de saqueo y perjuicio nacional que caracteriza la relación de las administraciones tricolores del ciclo neoliberal y el sector financiero: los botones de muestra emblemáticos son la opaca privatización bancaria llevada a cabo durante el salinato –que se saldó, a la postre, con un desorden generalizado en ese sector– y el rescate de los mismos, ocurrido en el sexenio de Ernesto Zedillo, operación que consistió en transferir al conjunto de los mexicanos las deudas astronómicas que dejaron los banqueros y que han seguido gravitando con efectos nefastos en la economía a lo largo de las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Con tales antecedentes, la operación de salvamento del gobierno coahuilense, más que una decisión de índole financiera pareciera el anuncio del realineamiento de los grandes capitales que hace seis años fueron los más resueltos promotores de la candidatura presidencial de Felipe Calderón. La perspectiva insoslayable es una nueva oleada de pagos de favores recibidos y facturas pendientes entre los dueños del poder y los amos del dinero, y de las consecuentes afectaciones para la sociedad mexicana.
Publicadas por Hilda Venegas a la/s sábado, octubre 01, 2011

References: resolución 
 resolución 
 artículo 16
 resolución 
 Artículo 130
 artículo 150
e contrario