Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/832
Timestamp: 2020-05-31 20:52:09+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 100/1987
SENTENCIA 100/1987, de 12 de junio
ECLI:ES:TC:1987:100
En el recurso de amparo núm. 1071/1986, interpuesto por don José Antonio García de Mesa y Escribano, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, en su propio nombre, contra Autos del Juzgado de Distrito núm. 36 de Madrid, de fechas 9 y 12 de septiembre de 1986, así como, en cuanto constituye necesario antecedente, contra providencia de 23 de julio del mismo año, habiendo comparecido el Ministerio Fiscal y el Procurador don José Granados Weill, en su propio nombre y en el de don Antonio del Castillo-Olivares Cebrián y don Eduardo García-Galán López. Ha sido Ponente el Magistrado don Jesús Leguina Villa, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Don José Antonio García de Mesa y Escribano, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, por medio de escrito presentado el 10 de octubre de 1986, interpuso, en su propio nombre, recurso de amparo contra Autos del Juzgado de Distrito, núm. 36 de Madrid, de fechas 9 y 12 de septiembre de 1986, así como, en cuanto constituye necesario antecedente, contra providencia de 23 de julio del mismo año. En estas resoluciones, dictadas en el proceso de cognición núm. 204/1986, seguido a instancia del promovente del amparo, contra don Antonio del Castillo-Olivares Cebrián, aunque se concedió al actor autorización judicial para querellarse por supuestos delitos de calumnia e injuria, causados en juicio en relación con don Teodoro Bielsa Tamayo, que había declarado como testigo, se denegó la misma autorización solicitada para hacerlo con respecto al propio demandado, su Procurador, don José Granados Weill, y su Letrado, don Eduardo García-Galán López.
A) Don José Antonio García de Mesa y Escribano formuló demanda contra don Antonio Castillo-Olivares Cebrián, que, como Procurador, había representado en el procedimiento de quiebra seguido por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Madrid (autos 629/1979), a la misma compañía, «Gráficas Horizonte, Sociedad Anónima», a la que el actor había prestado su asistencia letrada. En ella reclamaba la cantidad de 335.000 pesetas, además de intereses y costas, que afirmaba haber entregado al demandado de su propio peculio, y con reserva de su posterior devolución.
B) En la vista del correspondiente juicio de cognición, tramitado por el Juzgado de Distrito núm. 36 de Madrid, con el núm. 204/1986, y en el que el demandado utilizaba los servicios profesionales del Procurador don José Granados Weill, y del Abogado don Eduardo García-Galán López, el actor adujo que la contestación a su demanda contenía manifestaciones que lesionaban su derecho al honor, por lo que solicitaba que se dedujera testimonio del escrito, y se remitiera al Juzgado de Guardia, por si fuera constitutivo de un delito de calumnias o injurias.
C) Sin haberse resuelto nada al respecto, el demandante, por escrito de 17 de julio de 1986, formuló denuncia ante el propio Juzgado de Distrito contra el testigo propuesto por la parte demandada, don Teodoro Bielsa Tamayo, imputándose un delito de falso testimonio, y otro de calumnias (arts. 329 y 453, en relación con el 455 del Código Penal), basándose en que había afirmado mendazmente haber entregado al demandante, señor García de Mesa, la cantidad de 2.100.000 pesetas, para atender a todos los gastos, incluidos los de Procuradores, producidos en el citado proceso de quiebra. Por providencia de 19 de julio de 1986, se concedió autorización para proceder, y se acordó la remisión del escrito al Juzgado de Instrucción Decano, dando lugar a las diligencias previas 2.740/1986 del Juzgado de Instrucción núm. 15, en las que el recurrente en amparo se ha mostrado parte.
D) Por otro escrito, de 22 de julio de 1986, el hoy recurrente en amparo solicitó del Juez, que conocía el proceso de cognición, autorización para ejercitar la acción penal por calumnias e injurias vertidas en juicio, además de contra el citado testigo, contra el demandado, don Antonio del Castillo-Olivares Cebrián, su Procurador don José Granados Weill, y su Abogado don Eduardo García-Galán López. Dicha solicitud fue inicialmente resuelta por providencia de 23 de julio de 1986, otorgando la autorización interesada, salvo con relación a don Eduardo García-Galán, según se decía, por no haber intervenido en el procedimiento, ordenándose que se expidiera el oportuno testimonio.
E) Impugnada la resolución por ambas partes, los recursos fueron resueltos por Auto de 9 de septiembre de 1986, que repuso la providencia en el sentido de conceder la autorización únicamente para la querella contra el testigo señor Bielsa, y denegarla para los demás. Por último, presentado escrito por don José Antonio García de Mesa y Escribano para que en la notificación se subsanara la omisión de las indicaciones previstas en el art. 248 de la LOPJ, se dictó, por el Juzgado, el 12 de septiembre de 1986, nuevo Auto, aclarando que no cabía recurso de apelación contra el mismo ni tampoco existía medio de impugnación posible.
4. Habiéndose presentado el 28 de noviembre de 1986 oportuno escrito de personación, en providencia de 19 de diciembre siguiente, además de tener por recibido testimonio de las actuaciones, se consideró parte, en nombre propio y en el de don Antonio del Castillo-Olivares Cebrián y don Eduardo García-Galán López, al Procurador don José Granados Weill. Al mismo tiempo, se acordó dar la correspondiente vista a las partes y el Ministerio Fiscal, para que, en el plazo de veinte días, formularan las alegaciones que estimasen oportunas.
6. En el escrito presentado el 2 de febrero de 1987 por el Procurador don José Granados Weill, en su propio nombre y derecho, y en el de don Antonio del Castillo-Olivares Cebrián y don Eduardo García-Galán López, también se solicitaba Sentencia denegatoria del amparo. Para ello se razona que no existe antinomia entre la garantía de los derechos al honor, tutela judicial efectiva y Juez ordinario e interdicción de la arbitrariedad, por un lado, y el mantenimiento del presupuesto procesal establecido en los arts. 805 de la L.E.Cr. y 467, párrafo segundo, del Código Penal, por otro, ya que responden precisamente a la mayor efectividad del primero de los indicados derechos, frente a un ejercicio abusivo de la querella, y, sobre todo, a la necesidad de preservar un ámbito de libertad y discusión en la defensa en juicio. Así se explica que, habiendo existido un amplio desarrollo orgánico de los derechos fundamentales, el legislador no haya derogado los indicados preceptos, remitiéndose el art. 2.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, a las normas de procedimiento de la indicada Ley procesal. Además, se pone de relieve que la L.O. 1/1982, de 2 de mayo, de Protección Civil del Derecho del Honor, establece en su artículo 9, una tutela judicial especifica, sin requisito de procedibilidad, que queda reservado únicamente para la vía penal. Por último, se sostiene que el Juez de Distrito se ha limitado a aplicar dos preceptos con rango de Ley no declarados inconstitucionales, situación que, a su entender, no es susceptible de recurso de amparo, sin perjuicio de que incluso en el hipotético caso de un recurso de inconstitucionalidad tampoco sería estimatoria la resolución por las razones antes señaladas.
Sin embargo, el error o desacierto de la resolución aisladamente considerada en el enfoque del sentido que haya de darse a la licencia judicial denegada no puede considerarse relevante a los efectos del amparo solicitado. Ello es así porque si se examina la denegación de la licencia en el contexto de las demás actuaciones judiciales practicadas dentro de las que aquélla se integra, resulta evidente que, no obstante el desacierto de los términos en que se produjo, la decisión adoptada por el Juez se ajustó a la verdadera naturaleza y al sentido propio de este requisito de procedibilidad. Esta adecuación aparece de modo singular en la propia Sentencia resolutoria del proceso de cognición, de 17 de julio de 1986, dictada con anterioridad a la solicitud de la autorización judicial para ejercitar la acción penal, resolución en la cual no sólo se afirma que la imputación que el actor entendía calumniosa o injuriante correspondía a una normal oposición del demandado, sino que se funda precisamente en tal imputación para desestimar la pretensión actora, entendiendo que no procedía la reclamación de cantidad, porque estimaba probada la realidad de la excepción, consistente en que la suma reclamada (335.000 pesetas) era parte integrante de los 2.100.000 pesetas que el demandante había recibido de don Teodoro Bielsa Tamayo, Presidente del Consejo de Administración de «Gráficas Horizonte, Sociedad Anónima», a quien ambas partes defendieron y representaron en el procedimiento de quiebra voluntaria, en su calidad respectiva de Abogado y Procurador, y respecto del cual si se otorgó la licencia judicial para querellarse, lo que permite depurar en vía penal el problema suscitado por el recurrente.
Denegar el amparo interpuesto en su propio nombre por el Abogado don José Antonio García de Mesa y Escribano.
Type and record number Recurso de amparo 1071-1986
Date of the decision 12/06/1987
Contra Autos del Juzgado de Distrito núm. 36 de Madrid denegando autorización judicial para querellarse por supuesto delito de calumnia e injurias
La necesidad de obtener autorización del Juez o Tribunal para poder presentar querella por presuntos delitos de calumnia o injuria causados en juicio es una limitación razonable del derecho a la tutela judicial efectiva, que opera como garantía del ejercicio efectivo de ese mismo derecho fundamental por parte de terceros. La singular peculiaridad de esta autorización exige que el órgano judicial disponga de ciertos márgenes de apreciación, sin poder abundar en prolijos razonamientos que podrían prejuzgar lo que es materia propia de un proceso penal.
El deber de motivar sus resoluciones no exige del Juez o Tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cuál ha sido el fundamento de Derecho de la decisión adoptada, criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso en atención a la finalidad que con la motivación ha de lograrse y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente. Ello no obsta para que, en determinados supuestos, pueda estar justificado el análisis mismo del razonamiento judicial en esta vía de amparo constitucional, porque la inadecuación o el error en tal razonamiento puede eventualmente traducirse en una decisión lesiva de un derecho fundamental.
Artículo 279, ff. 1, 3
Artículo 805, ff. 1, 3
Libro II, título X, f. 1
Artículo 467 párrafo 2, ff. 1, 3
Vulneración del derecho al honor por resoluciones judicialesVulneración del derecho al honor por resoluciones judiciales, f. 1
Autorización para interponer querella por injurias vertidas en juicioAutorización para interponer querella por injurias vertidas en juicio, f. 1
QuerellaQuerella, f. 1

References: resolución 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 279

Artículo 805

Artículo 467