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Timestamp: 2019-09-17 19:00:21+00:00

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LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de… Coggle
LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de…
La presente Ley tiene por objeto regular
el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas
el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas
idem LEY 40/2015
La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por
comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica
podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas
las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos,
las personas físicas con capacidad de obrar
Interesado o Administrado
Cada Administración Pública podrá determinar si sólo admite alguno de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos
la admisión de alguno de los sistemas de identificación previstos en la letra c) conllevará la admisión de todos los previstos en las letras a) y b) anteriores para ese trámite o procedimiento.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda
En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la AGE servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo, salvo prueba en contrario (salvo que se pruebe lo contrario)
a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación»
se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a personas físicas (no jurídicas, entidades,...) que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.
Si algún interesado no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.
La AGE, las CCAA y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo.
Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.
será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.
Nuevos interesados en el procedimiento
se considera interesados
Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente (que tiene derecho derivado de otra, especialmente por motivos hereditarios) sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
tendrán Capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas
según los efectos producidos
Ejecutivos: para la realización material de una decisión definitiva.
Organizativos: de gestión o internos.
Declarativos: atribuyen calificaciones jurídicas a cosas, personas o relaciones.
Constitutivos: producen efectos jurídicos de nacimiento, modificación o extinción de situaciones jurídicas.
no regulados por la Ley 39/2015
Procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería.
Elaboración de disposiciones de carácter general (reglamentos).
regulados por la Ley 39/2015
Principios del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
Sancionador general.
Procedimiento Común o general
Principio de autopostulación: que permite actuar al interesado en el procedimiento administrativo, dada su simplicidad, sin necesidad de abogado ni procurador.
Principio de subsanabilidad: si el administrado presenta un escrito dentro del plazo y tiene un defecto o falta documentación, la Administración dará un nuevo plazo para subsanar estos errores.
Principio in dubio pro actione: en la duda, a favor de la acción y del interesado, resolviendo en el sentido más favorable a éste, dando mayor valor al aspecto finalista que al formal cuando existan dudas al respecto.
Principio de publicidad: derecho de los ciudadanos en general a conocer los procedimientos administrativos, es decir, transparencia, aunque con límites.
Principio de impulso de oficio o inquisitivo: el procedimiento administrativo se impulsa de oficio, por la propia Administración, sin necesidad de que las partes soliciten su continuación.
Principio de congruencia: la resolución final tiene que resolver lo que han pedido los interesados, no otra cosa distinta. Además, si es el caso, se deberá resolver cualquier otro asunto relativo a esa materia, aunque no lo hayan pedido los interesados, si bien en ningún caso se puede agravar su situación inicial (reformatio in peius).
Imparcialidad: en la tramitación y resolución, garantizado mediante la institución de la abstención y la recusación.
Legitimación: necesidad de ostentar un derecho subjetivo o interés legítimo para intervenir en el procedimiento.
Principio antiformalista o de economía procesal: de un lado, las distintas fases del procedimiento administrativo (iniciación, ordenación, instrucción y terminación) son tipos de actuaciones que podrán darse o no en cada caso, según la naturaleza y exigencias propias del procedimiento de que se trate. De otro, reducir al máximo los trámites del procedimiento para cortar una excesiva dilación.
Principio de gratuidad: el procedimiento administrativo es gratuito, salvo cuando un interesado pide que se practique alguna prueba. En este caso los gastos serán a cargo del que los ha pedido, incluso por adelantado, a reserva de la liquidación definitiva.
Principio contradictorio: toda actuación o documento debe ser debidamente contrastado para verificar su autenticidad, debiendo dar audiencia a quienes ostenten derechos o intereses que puedan verse afectados por la resolución.(es decir derecho a contradecir a la otra parte)
Principio de unidad: todo el desarrollo del procedimiento se hará a través de un único expediente administrativo.
el procedimiento supone una garantía
ambas partes se someten al arbitrio de un tercero imparcial.
para la recta consecución de los intereses generales del modo más eficaz
para los derechos e intereses de los particulares, evitando posible conductas arbitrarias.
es el elemento formal de acto administrativo, siendo el conjunto de secuencias o cauce formal de los actos de autoridad administrativa relacionados entre sí y tendentes a un único fin, asegurando la satisfacción del interés general
Derechos de quienes tiene Capacidad de obrar
La lengua de los procedimientos tramitados por la AGE será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la AGE con sede en el territorio de una CCAA podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.
En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las CCAA y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.
La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la CCAA y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una CCAA donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.
deberán conservarse en un formato que permita
integridad y conservación del documento
su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión.
la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.
Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General
Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro.
los días declarados como inhábiles.
en él se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba y se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos y cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
Trámite de registro electrónico
en cada asiento que se practique, se garantizará la constancia de
órgano administrativo remitente, si procede
en su caso, referencia al contenido del documento que se registra.
se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate incluyendo
un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.
deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, por la oficina de asistencia en materia de registros, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados
Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las AP
El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.
b) Las entidades sin personalidad jurídica (por ejemplo sociedades civiles, comunidades de bienes, herencias yacentes o comunidades de propietarios, entre otras).
Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorización del titular, se estará a lo dispuesto en el artículo 100 (medios de ejecución forzosa)
Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la Ley que en cada caso resulte aplicable, y a falta de previsión expresa, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias
salvo que (sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas) la revelación de la información solicitada por la Administración atentara contra
supusieran la comunicación de datos confidenciales de terceros de los que tengan conocimiento por
la prestación de servicios profesionales de diagnóstico
asesoramiento o defensa
la intimidad personal o familiar
En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente
los efectos de no atenderla
Se exceptúan de esta obligación, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
Este plazo no podrá exceder de 6 meses salvo que
o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
una norma con rango de Ley establezca uno mayor
Suspensión del plazo máximo
se suspenderá en los siguientes casos:
se podrá suspender en los siguientes casos:
Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento.
el plazo computa desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver
Publicación e Información de plazos
Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.
Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.
Medidas para evitar el incumplimiento de la obligación de resolución
Vencimiento del plazo máximo
El incumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo, dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria al personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como a los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado
(Silencio Administrativo)
los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición individual o colectiva (art. 29 CE)
los procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público
los procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente
los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados
No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.
la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
(la resolución puede ser positiva o negativa).
Los actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido.
Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo, a partir de ese plazo
legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo (sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar)
excepto en los supuestos en los que establezcan lo contrario
o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España
En ambos casos, la norma que disponga el carácter desestimatorio del silencio, cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.
(al ser favorable, éste puede ejercer su derecho)
la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
(siempre resolución positiva para el interesado)
En los procedimientos iniciados de oficio
(Falta de resolución expresa)
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables
se producirá la caducidad y el archivo de las actuaciones
En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen
Copias realizadas por las AP
La AGE, las CCAA y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.
Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán
el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo
Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados.
Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de 15 días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.
Documentos aportados por los interesados
tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.
Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de 10 días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente.
Las copias que aporten los interesados tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas.
se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente.
deberán aportar los datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable
no requerirán a los interesados datos o documentos
no exigidos por la normativa reguladora aplicable
o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.
Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la Administración solicitara al interesado la presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica, con carácter previo a su presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia.
Documentos emitidos por las AP
Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas.
No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos.
Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
La AGE y las CCAA, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.
Cómputo de plazas en los registros
b) la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
La sede electrónica del registro de cada Administración Pública u Organismo, determinará los días que se considerarán inhábiles a los efectos previstos del cómputo de plazos en los registros electrónicos
(no teniendo que coincidir con el calendario laboral oficial)
se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.
Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.
No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

References: in dubio
 resolución 
 artículo 100
 resolución 
 resolución 
 resolución

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