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Timestamp: 2018-09-24 09:37:15+00:00

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Novedades en materia laboral y social de la Ley de Contratos del Sector Público 2017. | Iberley
laboral,Administrativo
Novedades en materia laboral y social de la Ley de Contratos del Sector Público 2017 ante su entrada definitiva en vigor el 9 de marzo de 2018.
Materia: Laboral,administrativo
Tras los cuatro meses desde su publicación establecidos como plazo para la entrada en vigor de la mayoría de su articulado, el 9 de marzo de 2018, entra en vigor la Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público), donde, junto con las novedades en relación a la información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo, tratada en nuestra noticia «Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo (Ley de Contratos del Sector Público 2017)», encontramos aspectos laborales y sociales de relevancia que merecen la pena destacar
Se establece la obligación empresarial en el mantenimiento aplicativo del “convenio colectivo aplicable” “durante todo el periodo de ejecución de contrato”. A falta de mayores especificaciones hasta el momento hemos de entender como tal el sectorial
Artículo 71. Prohibiciones de contratar (cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad)
No podrán contratar aquellas empresas en que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social (o tributarias); especificándose, para el caso de empresas de 50 o más trabajadores, el obligado cumplimento del requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.
Para el cálculo del valor estimado de los contratos de servicios y de concesión de servicios en los que sea relevante la mano de obra, se tendrán en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación.
En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios.
Como se desarrolla en «Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo (Ley de Contratos del Sector Público 2017)», en la nueva redacción aportada por el art. 130, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, encontramos novedades en relación a la información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo, como son:
Referencias a la regulación en materia de subrogación en convenios colectivos o acuerdos de negociación colectiva de eficacia general.
Necesidad de aportar información al órgano de contratación de listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. La Administración comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por el anterior contratista.
Subrogación de socios trabajadores de las cooperativas.
Referencia a la obligación de subcontratación por parte de la Administración Pública del personal en caso de remunicipalización de servicios.
Posibilidad de acción directa contra el antiguo contratista en el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación.
El pliego de cláusulas administrativas particulares siempre contemplará la obligación del contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último.
En relación calidad-precio de la adjudicación del contrato se establece referencias a las características sociales del contrato como son: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.
En aplicación de lo establecido en el artículo 201, Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público), los órganos de contratación rechazarán, en todo caso, las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes
En el ámbito de la contratación pública, la determinación de los medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la implantación de los trámites procedimentales, deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
D.F. 14ª. Modificación del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre y D.A. 4ª. Contratos reservados.
Se modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad la definición de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, especificándose que mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social.
Sentencia Social Nº 1553/2008, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1553/2008, 10-12-2008
Orden: Social Fecha: 10/12/2008 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Escuadra Bueno, Maria Del Carmen Num. Sentencia: 1553/2008 Num. Recurso: 1553/2008
Sentencia Social Nº 1196/2008, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1196/2008, 14-11-2008
Orden: Social Fecha: 14/11/2008 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Casas Nombela, Juan Jose Num. Sentencia: 1196/2008 Num. Recurso: 1196/2008
Sentencia Social TS, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3163/2011, 04-10-2012
Orden: Social Fecha: 04/10/2012 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Alarcon Caracuel, Manuel Ramon Num. Recurso: 3163/2011
Sentencia Social Nº 2931/2012, TSJ Galicia, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4767/2008, 16-05-2012
Orden: Social Fecha: 16/05/2012 Tribunal: Tsj Galicia Ponente: Naveiro, Raquel María Santos Num. Sentencia: 2931/2012 Num. Recurso: 4767/2008
Sentencia Social Nº 766/2015, TSJ Madrid, Sala de lo Social, Sec. 6, Rec 653/2015, 10-11-2015
Orden: Social Fecha: 10/11/2015 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Lacambra Morera, Luis Num. Sentencia: 766/2015 Num. Recurso: 653/2015
Orden: Civil Fecha última revisión: 20/07/2018
Resolución Vinculante de DGT, V1467-17, 08-06-2017
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 08/06/2017 Núm. Resolución: V1467-17
Resolución de TEAC, 2198/2016/00/00, 19-04-2018
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 19/04/2018 Núm. Resolución: 2198/2016/00/00

References: Artículo 71
 artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 45
 artículo 201
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Resolución 

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