Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/188634-499-30616-2016-15-0161.HTML
Timestamp: 2020-05-28 15:29:47+00:00

Document:
El 11 de febrero de 2015, los ciudadanos HENRY ARIAS, CARLOS GALINDO, JUAN CARLOS MOYA, MIGUEL EKAR, CÉSAR BOLÍVAR, DENNYS SUCRE, LARRY BLANCO, DIEGO CASTRO, RÓMULO MEZONES y GLEXIS CABRERA, titulares de las cédulas de identidad n.os 7.168.071, 12.192.228, 12.004.168, 8.975.901, 9.951.988, 9.945.481, 11.176.452, 3.656.355, 10.046.211, 8.950.624, respectivamente, actuando en su propio nombre, como trabajadores de la empresa del Estado C.V.G. ALCASA C.A., y en su carácter de representantes legales, estatutarios y miembros del comité ejecutivo del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE ALUMINIO DEL CARONÍ EN LA EMPRESA C.V.G. ALCASA Y DEMAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE ALUMINIO Y CONTRATISTAS (SINTRALCASA), asistidos por el abogado Frank Leonaldo Silva Silva, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 39.596, presentaron ante la Secretaría de la Sala Constitucional, acción de interpretación “SOBRE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS NORMAS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 89 NUMERAL 3 Y EL ALCANCE DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 18 NUMERAL 5 Y 107 DE LA [Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras] EN CONTRAPOSICIÓN AL PRESUPUESTO DE HECHO DEL ARTÍCULO 31 DE LA NUEVA [Ley de Impuesto sobre la Renta]”.
El 13 de febrero de 2015, se dio cuenta en Sala del escrito presentado y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán.
1. Que han “venido observando con mucho estudio, análisis, detenimiento y preocupación a través de analistas y asesores técnicos y jurídicos, que de los ingresos accidentales y otros conceptos que no tienen carácter salarial, esto es, que no son SALARIO NORMAL de conformidad a lo pautado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, (…) se les ha venido descontando a nuestro entender en forma inconstitucional e ilegal a todos y cada uno de los trabajadores de C.V.G., ALCASA C.A., incluyéndonos a nosotros (…) un conjunto de tributos e impuestos presuntamente bajo la aplicación e imperio legal del artículo 31 de la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, (…) que a ciencia cierta muy a pesar que se lo hemos solicitado por escrito a la empresa accionada (jamás ha dado respuesta formal (sic) todo lo contrario, a nuestro entender nos oculta información que por mandato constitucional tenemos derecho) pues no sabemos la operación matemática; ni el porcentaje tributario impuesto y menos aún sobre que conceptos salariales se han deducidos ciertas cantidades pecuniarias derivadas de la prestación de servicios personales bajo su relación de dependencia, pues si bien es cierto que el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (…) sufrió una modificación sustancial en el presupuesto de hecho (…); no es menos cierto que el extinto artículo contemplaba que solo se pecharía de impuesto o tributo solo sobre el enriquecimiento neto que recibiera el trabajador en el ejercicio fiscal única y exclusivamente sobre toda contraprestación o utilidad regular ‘jamás accidental y menos aún que no revistiesen carácter salarial’ derivada de la prestación de servicios personales bajo la relación de dependencia con carácter salarial, circunstancia concomitante esta (sic) que vario (sic) substancialmente en perjuicio del trabajador a partir del 17 de noviembre de 2014; donde el artículo 31 de la referida Ley permitió tributaciones sobre los ingresos accidentales o que no tuviesen carácter salarial por misma imposición de la Ley, pues ha de saberse que la Ley no tiene carácter retroactivo de conformidad con los (sic) establecido en el artículo 3 del Código Civil”.
2. Que han observado con preocupación, que como consecuencia de lo antes indicado “se han deducido impuestos sobre ingresos accidentales de los trabajadores y que no poseen incidencia salarial aun cuando la Ley no lo permitía por la razones expuestas imfra (sic), y tomando en consideración lo pautado en el Artículo 107 de la L.O.T.T.T., (…) no se permitirá tributaciones sobre los ingresos accidentales o que no tuviesen carácter salarial tomando en consideración lo estipulado en el artículo 89 de nuestra carta magna.
3. Que “aun cuando el nuevo artículo 31 de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta establece que se pechara (sic) con impuesto sobre el enriquecimiento neto sobre toda contraprestación o utilidad, regular o accidental derivada de la prestación de servicios personales bajo la relación de dependencia, independientemente de (sic) carácter salarial, distinta a viáticos y bono de alimentación (que dicho sea de paso al parecer es contrario a lo que establece el artículo 89 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y contrario a lo que establece el artículo 89 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras). No menos cierto es, que esta norma de menor rango (decreto ley) que nuestra Magna y de la Ley Orgánica como la L.O.T.T.T., en (sic) marco de jerarquías de aplicabilidad de las Leyes (tal y como lo describe la pirámide de Hans Kelsen que ha sido acatada por nuestro país en infinidad de tratados internacionales siguiendo sus principios de jerarquía y aplicabilidad de las Leyes) se aplicará en todo caso la más favorable al trabajador en su integridad, denominado en la Doctrina y la jurisprudencia ‘PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO’ que en este caso será la estipulada en el artículo 107 de la L.O.T.T.T. (…) criterio este que ha sido reiterado a través de las diversas doctrinas generadas por las incontables jurisprudencias emanadas de nuestro más alto tribunal de Justicia en Sala Constitucional, y para ser más concreto, bajo el criterio acertado en sus sentencias (…), seguido por la Sala Constitucional desde el 27 de Febrero del año 2007; que hasta los actuales momentos, esto es, hasta el mes de diciembre de 2014; sigue vigente”.
4. Que la solicitud de interpretación de las normas legales y constitucionales formulada ante esta Sala, tiene fundamento debido a “las previsiones de Ley, criterios jurisprudenciales y en virtud de lo antes expuesto, y se nos aclare a través de una formal interpretación constitucional y legal; cual norma sería las más aplicable en el caso planteado, estas son, el presupuesto de hecho que contempla el artículo 31 de la Ley de impuesto sobre la renta, o bien el presupuesto de hecho que contempla el artículo 107 de la Ley Orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras aplicando el principio de la norma más favorable ‘PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO’ por haber dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas y ser una de ellas como bien se explicó menos favorable a los trabajadores, tomando en consideración el artículo 89 numeral 3 de nuestra Carta Magana y el artículo 18 numeral 5 de la Ley Orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras (…) y nos aclare e interprete como Organización sindical y representante (sic) legítimos del colectivo laboral, como trabajadores de C.V.G. ALCASA C.A., y como ciudadanos venezolanos de la República Bolivariana de Venezuela sobre que (sic) conceptos salariales deberá pecharse el impuesto sobre la renta (impuestos estos que consideramos exorbitantes y que representan un descontento generalizado no solo en la masa laboral de la empresa Alcasa sino en todas y cada de las del holding C.V.G.) toda vez que consideramos por las razones de hecho y de derecho antes expuestas y tomando como base las diversas jurisprudencias reiteradas de la sala Constitucional del tribunal (sic) Supremo de Justicia imperantes hasta la presente fecha, tomando en cuenta la norma más favorable que en este caso debe aplicar al trabajador, estas son, el artículo 107 de la L.O.T.T.T., y el artículo 31 de la Ley del impuesto sobre la renta, que (sic) norma debería aplicarse al caso concreto planteado en virtud del interés jurídico actual, legitimo fundado en una situación jurídica concreta y específica y que requiere necesariamente de la interpretación de normas Constitucionales aplicables a la situación a fin de que cese la incertidumbre que impide el desarrollo y efectos de dicha situación jurídica, pues no existen otros medios judiciales o impugnatorios a través de los cuales deba ventilarse”.
Corresponde determinar la competencia para conocer de la interpretación constitucional solicitada. A tal efecto, se observa que en sentencia n.° 1077 de 22 de septiembre de 2000, caso: Servio Tulio León, esta Sala se declaró competente para conocer de las solicitudes de interpretación acerca del contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, con fundamento en la cualidad que tiene esta Sala como garante máximo del respeto del Texto Fundamental, así como en los poderes que expresamente le han sido atribuidos para la interpretación vinculante de sus normas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem.
En ese sentido, reconocida la legitimidad de los representantes del “Sindicato Único de Trabajadores de Aluminio del Caroní en la Empresa CVG, ALCASA y Demás Empresas Productoras de Aluminio y Contratistas (SINTRALCASA)”, pues como organización que agrupa a los trabajadores de la empresa CVG ALCASA, cada uno de sus miembros son considerados contribuyentes del impuesto sobre la renta, procede esta Sala a pronunciarse acerca de la admisibilidad de dicha solicitud, para lo cual estima útil transcribir el criterio expuesto en la sentencia n.° 1077 del 22 de septiembre de 2000, caso: Servio Tulio León, en la cual se expresó lo siguiente:
En consecuencia, la Sala puede declarar inadmisible un recurso de interpretación que no persigue los fines antes mencionados, o que se refiera al supuesto de colisión de leyes con la Constitución, ya que ello origina otra clase de recurso. Igualmente podrá declarar inadmisible el recurso cuando no constate interés jurídico actual en el actor (…)”.
En este mismo sentido, esta Sala, en sentencia n.° 278 de 19 de febrero de 2002, caso: Beatriz Contasti Ravelo, reiterada, entre otras, en sentencia n.° 2460 de 21 de octubre de 2004, caso: Ángel Arráez, se pronunció respecto de los requisitos de admisibilidad de la solicitud de interpretación, en los siguientes términos:
“1. Legitimación para recurrir. Debe subyacer tras la consulta una duda que afecte de forma actual o futura al accionante.
3. Inexistencia de otros medios judiciales o impugnatorios a través de los cuales deba ventilarse la controversia, o que los procedimientos a que ellos den lugar estén en trámite (Sentencia del 30-11-01, caso: Ginebra Martínez de Falchi).
8. Representación del actor”.
En igual sentido, es menester destacar el criterio sostenido por esta Sala en el fallo n.° 1415 de 22 de noviembre de 2000, caso: Freddy H. Rangel Rojas y Michel Brionne Gandon, que establece lo siguiente:
“La petición de interpretación puede resultar inadmisible, si ella no expresa con precisión en qué consiste la oscuridad o ambigüedad de las disposiciones, o la contradicción entre las normas del texto constitucional, o si la duda planteada no responde a los fines del recurso o que el asunto no revista ya interés” (Resaltado añadido).
“[Que han] venido observando con mucho estudio, análisis, detenimiento y preocupación a través de analistas y asesores técnicos y jurídicos, que de los ingresos accidentales y otros conceptos que no tienen carácter salarial, esto es, que no son SALARIO NORMAL de conformidad a lo pautado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, (…) se les ha venido descontando a nuestro entender en forma inconstitucional e ilegal a todos y cada uno de los trabajadores de C.V.G., ALCASA C.A., incluyéndonos a nosotros (…) un conjunto de tributos e impuestos presuntamente bajo la aplicación e imperio legal del artículo 31 de la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, (…) que a ciencia cierta muy a pesar que se lo hemos solicitado por escrito a la empresa accionada (jamás ha dado respuesta formal (sic) todo lo contrario, a nuestro entender nos oculta información que por mandato constitucional tenemos derecho) pues no sabemos la operación matemática; ni el porcentaje tributario impuesto y menos aún sobre que conceptos salariales se han deducidos ciertas cantidades pecuniarias derivadas de la prestación de servicios personales bajo su relación de dependencia, pues si bien es cierto que el artículo 31 de la Ley del impuesto sobre la renta (…) sufrió una modificación sustancial en el presupuesto de hecho (…); no es menos cierto que el extinto artículo contemplaba que solo se pecharía de impuesto o tributo solo sobre el enriquecimiento neto que recibiera el trabajador en el ejercicio fiscal única y exclusivamente sobre toda contraprestación o utilidad regular ‘jamás accidental y menos aún que no revistiesen carácter salarial’ derivada de la prestación de servicios personales bajo la relación de dependencia con carácter salarial, circunstancia concomitante esta (sic) que vario (sic) substancialmente en perjuicio del trabajador a partir del 17 de noviembre de 2014; donde el artículo 31 de la referida Ley permitió tributaciones sobre los ingresos accidentales o que no tuvieses carácter salarial por misma imposición de la Ley, pues de ha de saberse que la Ley no tiene carácter retroactivo de conformidad con los (sic) establecido en el artículo 3 del Código Civil.
[De esta manera]. aun cuando el nuevo artículo 31 de la Ley sobre el impuesto sobre la renta establece que se pechara (sic) con impuesto sobre el enriquecimiento neto sobre toda contraprestación o utilidad, regular o accidental derivada de la prestación de servicios personales bajo la relación de dependencia, independientemente de (sic) carácter salarial, distinta a viáticos y bono de alimentación (que dicho sea de paso al parecer es contrario a lo que establece el artículo 89 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y contrario a lo que establece el artículo 89 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras). No menos cierto es, que esta norma de menor rango (decreto ley) que nuestra Magna y de la Ley Orgánica como la L.O.T.T.T., en (sic) marco de jerarquías de aplicabilidad de las Leyes (tal y como lo describe la pirámide de Hans Kelsen que ha sido acatada por nuestro país en infinidad de tratados internacionales siguiendo sus principios de jerarquía y aplicabilidad de las Leyes) se aplicará en todo caso la más favorable al trabajador en su integridad, denominado en la Doctrina y la jurisprudencia ‘PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO’ que en este caso será la estipulada en el artículo 107 de la L.O.T.T.T. (…) criterio este que ha sido reiterado a través de las diversas doctrinas generadas por las incontables jurisprudencias emanadas de nuestro más alto tribunal de Justicia en Sala Constitucional, y para ser más concreto, bajo el criterio acertado en sus sentencias (…), seguido por la Sala Constitucional desde el 27 de Febrero del año 2007; que hasta los actuales momentos, esto es, hasta el mes de diciembre de 2014; sigue vigente”. (Corchetes agregados)
“El sistema tributario, como conjunto que regula los instrumentos de política tributaria y las relaciones entre los sujetos que lo conforman (por un lado, los ciudadanos entre quienes se reparte la carga tributaria; por el otro, los entes públicos autorizados para ejercitar tal exacción), está ordenado a lograr los cometidos esenciales enunciados en tales disposiciones: la protección de la economía nacional (que sirve de base a las denominadas finalidades extrafiscales de los tributos) y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos (que da cuenta de la finalidad redistributiva de la imposición).
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la ley, se declara COMPETENTE para conocer del recurso de interpretación interpuesto e INADMISIBLE la solicitud de interpretación formulada por los ciudadanos HENRY ARIAS, CARLOS GALINDO, JUAN CARLOS MOYA, MIGUEL EKAR, CÉSAR BOLÍVAR, DENNYS SUCRE, LARRY BLANCO, DIEGO CASTRO, RÓMULO MEZONES y GLEXIS CABRERA, actuando en su propio nombre, como trabajadores de la empresa del Estado C.V.G. ALCASA C.A., y en su carácter de representantes legales, estatutarios y miembros del comité ejecutivo del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE ALUMINIO DEL CARONÍ EN LA EMPRESA C.V.G. ALCASA Y DEMAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE ALUMINIO Y CONTRATISTAS (SINTRALCASA).

References: ARTÍCULO 89
 ARTÍCULO 18
 ARTÍCULO 31
 artículo 104
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 3
 Artículo 107
 artículo 89
 artículo 31
 artículo 89
 artículo 89
IN DUBIO
 artículo 107
 artículo 31
 artículo 107
IN DUBIO
 artículo 89
 artículo 18
 artículo 107
 artículo 31
 artículo 335
 artículo 336
 artículo 104
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 3
 artículo 31
 artículo 89
 artículo 89
IN DUBIO
 artículo 107