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Timestamp: 2020-08-14 07:16:19+00:00

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La paridad en la participación política de las mujeres en México, bajo la tutela del derecho constitucional y convencional | Revista Misión Jurídica
The convention to eliminate all forms of discrimination against women (CEDAW), has indicated that discrimination is understood as “any distinction, exclusion or restriction based on sex (…) in the political, economic, social, cultural and civil or in any other sphere “; politics has been one of the substantive areas in which the situation of inequality between women and men is expressed, its devices and structures have restricted the right of women to access and participate in the same way as men in political spaces and of decision making.
In the constitutional reform of 2014 in electoral political matters, a decisive step was taken to eliminate the legendary discrimination of women that has existed, in the political-electoral sphere, especially in the active participation of women in political life of the country, their right to be voted in positions of popular election, on equal terms with men, with a gender parity. In the present work, it is not only intended to carry out a study of this relevant constitutional reform in political-electoral matters, through which, among other issues, gender parity was addressed; but also, a study of the right to be voted from the gender parity approach will be carried out in light of the criteria of the Electoral Tribunal of the Federal Judicial Branch.
A convenção para eliminar todas as formas de discriminação contra a mulher (CEDAW), indicou que a discriminação é entendida como “qualquerdistinção, exclusãoourestriçãobaseada no sexo (…) nos aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais e culturais, civil ouemqualqueroutra esfera”; a política tem sido uma das áreas substantivas em que se expressa a situação de desigualdade entre mulheres e homens, seus dispositivos e estruturastêm restringido o direito das mulheres de acessar e participar da mesma forma que os homens nos espaços políticos e de tomada de decisão.
Na reforma constitucional de 2014 emmatéria político eleitoral, foi dado umpasso decisivo para eliminar a lendáriadiscriminação que existe emrelaçãoàsmulheresna esfera político eleitoral, especialmente naparticipaçãoativa das mulheresna vida política do país, seudireito a ser votada emposições de eleição popular, emigualdade de condiçõescom os homens, comumaparidade de gênero. No presente trabalho, não se pretende apenas realizar umestudodessa relevante reforma constitucional emmatéria político eleitoral, por meio do qual, entre outrasquestões, a paridade de gênerofoi abordada; mas também, umestudo do direito a ser votado a partir da abordagem de paridade de gênero será realizado à luz dos critérios do Tribunal Eleitoral do Poder Judiciário Federal.
La conventionpouréliminertoutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a indiqué que la discriminationestcomprisecomme “toutedistinction, exclusionourestrictionfondée sur le sexe (…) dans les domainespolitique, économique, social, culturel et civileoudanstouteautresphère “; la politique a étél’un des domaines de fondoù la situationd’inégalité entre les femmes et les hommesestexprimée, sesdispositifs et sesstructuresontrestreint le droit des femmesd’accéder et de participer de la mêmemanière que les hommesdans les espacespolitiques et de la prise de décision.
Dans la réformeconstitutionnelle de 2014 en matière de politiqueélectorale, un pasdécisif a étéfranchipouréliminer la discriminationlégendaire des femmesqui a existé, dans la sphèrepolitico-électorale, en particulierdans la participation active des femmes à la vie politique. du pays, leurdroitd’être voté dans des positions d’électionpopulaire, à égalitéavec les hommes, avec une parité entre les sexes. Dans le présenttravail, iln’estpasseulementprévu de mener une étude de cetteréformeconstitutionnelle pertinente en matièrepolitico-électorale, à traverslaquelle, entre autresquestions, la parité entre les sexes a étéabordée; maisaussi, une étude sur le droit à voter de l’approche de la parité entre les sexesseraréalisée à la lumière des critères du Tribunal électoral du pouvoirjudiciaire.
Keywords: Equality, discrimination, parity, women, convention, law.
Palabras clave: Igualdad, discriminación, paridad, mujer, convención, derecho.
Palavras-chave:igualdade, discriminação, paridade, mulheres, convenção, direito.
Mots-clés: Egalité, discrimination, parité, femmes, convention, droit.
Fecha de recepción: Febrero 15 de 2018
Fecha de revisión: abril 9 de 2018
Fecha de aceptación: abril 16 de 2018
Abogado y Maestro en Amparo por Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara. México. Investigador del Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
Tratadista.
1. Antecedentes de la desigualdad entre el hombre y la mujer
La discriminación que ha existido en contra de la mujer, no sólo se ha reflejado en materia político-electoral, ya que el hombre se ha encargado de diferenciarla y marginarla en diferentes ámbitos, como el familiar, económico y social, entre otros. En el presente capítulo realizaremos un análisis de los antecedentes escritos, que existen, a través de los cuales, se asienta la desigualdad que ha existido entre el hombre y la mujer, tales como el Tratado de conducta moral y costumbres de Francia del siglo XIV (Le Ménagier de Paris), el cual señalaba que:
Cuando un hombre fuera reprendido en público por una mujer, tendrá derecho a golpearla con el puño y el pie y romperle la nariz para que así, desfigurada, no se deje ver, avergonzada de su faz. Y le estará bien merecido, por dirigirse al hombre con maldad y lenguaje osado[1].
Por su parte, la Constitución Nacional Inglesa del siglo XVIII, establecía expresamente que: “Todas las mujeres que sedujeran y llevaran al matrimonio a los súbditos de su majestad mediante el uso de perfumes, pinturas, dientes postizos, pelucas y relleno en caderas y pechos, incurrirían en delito de brujería y el casamiento quedaría automáticamente anulado”[2].
Por lo que se ve en los antecedentes escritos del estado mexicano, la igualdad de la mujer se encontraba reducida a ser la compañera del hombre y encargada del hogar, tal y como lo podemos encontrar en el Código Civil Federal de 1928, el cual establecía en su artículo 163 que la mujer debía vivir al lado de su marido; en el artículo 168, se señalaba que estaría a cargo de la mujer la dirección y cuidado de los trabajos del hogar; y el artículo 169 señaló que la mujer podía desempeñar un empleo, ejercer una profesión, industria, oficio o comercio, cuando ello no perjudique a la misión que le impone el artículo anterior.
La mujer casada, guardaba una condición legal condicionada a la voluntad de su esposo, en el Código de Comercio mexicano reformado en 1954, en su artículo 8° señalaba que la mujer casada, mayor de dieciocho años, que tuviera autorización expresa del marido, otorgada en escritura pública, podría ejercer el comercio. Y sin la autorización de su marido lo podría ejercer en los casos de separación, ausencia, interdicto o privación de derechos civiles del mismo.
La Ley de Amparo, por su parte (en su artículo 17 derogado en 1986), establecía que cuando el agraviado se encontrara imposibilitado para promover el amparo, podría hacerlo cualquier otra persona a su nombre, “aunque sea menor de edad o mujer casada”; estableciendo una discriminación a la mujer casada, sujeta a la voluntad del marido, sin ser capaz de tomar decisiones. Con el estudio de dichos antecedentes, se puede advertir con facilidad la marcada desigualdad jurídica que ha existido entre el hombre y la mujer, que quedaba sujeta al dominio y voluntad del hombre[3].
Actualmente en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la igualdad jurídica del hombre y la mujer cuando dispone que tanto el hombre como la mujer son iguales ante la ley, la igualdad entre sexos constituye un elemento fundamental de justicia, ya que con ella se evitan modos sutiles de discriminación, congruentes con las condiciones sociales de la mujer en nuestro medio.[4]
Por lo que ve al derecho al sufragio, el 17 de octubre de 1953 el entonces presidente, Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), reconoció el derecho al sufragio de las mujeres; se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo texto para el artículo 34 constitucional, en el que se establece que: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido dieciocho años y tener un modo honesto de vivir”[5], lo que significó la supresión de la adición al artículo 115, en la que el sufragio femenino se limitaba a las elecciones municipales.
2. El camino del voto de la mujer en México
La política ha constituido uno de los ámbitos sustantivos en el que se expresa la situación de desigualdad entre mujeres y hombres, sus dispositivos y estructuras han restringido el derecho de las mujeres para acceder y participar de la misma manera que los hombres en los espacios políticos y de toma de decisiones y, en general, en todos aquellos ámbitos clave de poder, determinantes en la definición del interés colectivo de la sociedad. Las inequidades de género se mantienen vigentes en la participación política a pesar de la igualdad formal de las personas ante la ley que garantiza igual goce de derechos a mujeres y hombres, situación que constituye un problema central de las democracias modernas.
Ha sido muy largo el camino que se ha recorrido y muchos los obstáculos que se han superado para tratar de garantizar el pleno goce de las mujeres respecto de sus derechos, puesto que en las sociedades antiguas se les discriminaba ya que su papel era secundario pues no tenían voz ni voto en la toma de decisiones.
Se puede afirmar que la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones en México fue de manera paulatina desde el sufragio el 17 de octubre de 1953 donde exigieron sus derechos a votar y ser votadas, a la educación y el trabajo remunerado. Poco se había avanzado, pese a que la población de mujeres mexicanas superaba en algo a la de hombres, este fue el primer paso para que la voz de las mujeres fuera escuchada por la sociedad y para hacer valer sus opiniones en la toma de decisiones.
El sufragismo se desarrolló de acuerdo con las preguntas que surgían respecto al carácter representativo de los gobiernos y desplegó una tendencia cívica para exigir la igualdad política entre mujeres y hombres. A través de este movimiento, se manifestó la necesidad de fortalecer los procesos de individuación de las mujeres y de su autonomía en la toma de decisiones vitales en tanto sujetas de derechos.
Antecede al reconocimiento del derecho al voto a la mujer algunos movimientos de mujeres, los primeros se iniciaron durante los años 1884 y 1887, cuando por primera vez una publicación, la revista femenina Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, demandó el sufragio femenino.
En 1910, a través de la unión de diversas asociaciones feministas con Madero, entre ellas el Club Femenil Antireeleccionista “Las Hijas de Cuauhtémoc”, la cual poco tiempo después, protestò por el fraude en las elecciones, demandando la participación política de las mujeres mexicanas.
En 1916 con el impulso del Gobernador de Yucatán General Salvador Alvarado, se realizó el Primer Congreso Feminista, en el que se llegó a diversos acuerdos y uno de los principales fue demandar que se otorgará el voto ciudadano a las mujeres. En Chiapas, Yucatán y Tabasco se conquista la igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser elegidas en puestos públicos de elección popular.
En 1917 después de la promulgación de la Constitución Política, en abril de ese mismo año, se expidió la Ley de Relaciones Familiares, misma que consagró la igualdad del hombre y la mujer en el seno del hogar (hombres y mujeres tenían derecho a considerarse iguales). Hermila Galindo lanzó su candidatura para diputada por el V Distrito Electoral de la Ciudad de México.
Aun cuando la Constitución no negó la ciudadanía a las mujeres y, en consecuencia, el derecho a votar y ser elegidas tampoco se le otorgó el voto expresamente. A este respecto cabe hacer un paréntesis para desplegar la siguiente reflexión.
Nuestra Constitución vigente en 1917 señaló en su artículo primero que en los Estados Unidos Mexicanos todos los individuosgozarán de las garantías individuales reconocidas en ella, por lo que implicó protección para todas las personas en condiciones de igualdad. Por su parte, el texto del artículo 37 establecía:
Artículo 34.- Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno si no lo son, y
Aún y cuando el texto del artículo 34 se hubiese redactado en masculino, se debe atender a que en se momento era considerado que el plural masculino incluía a las mujeres, más aun, que el propio texto de la Constitución cuando definía la calidad de mexicano, no hacía diferencia entre hombres y mujeres:
Artículo 30. La calidad de mexicano se adquiere por nacimiento o por naturalización.
Son mexicanos por nacimiento, los hijos de padres mexicanos, nacidos dentro o fuera de la República.
De lo que se puede advertir, que al definir la nacionalidad la Constitución no planteó distinción alguna entre hombres y mujeres, de tal forma que las mujeres nacidas de madre o padre con nacionalidad mexicana adquirían automáticamente la nacionalidad mexicana; lo que implicaba que tampoco había diferencia constitucional en el reconocimiento de la ciudadanía para todas las personas consideradas mexicanas.
Lo que era congruente con las aspiraciones de las mujeres, en especial por su participación activa en el movimiento revolucionario desde 1910 y con lo contenido en el artículo segundo de las adiciones al Plan de Guadalupe que se emitieron el 12 de diciembre de 1914 por Venustiano Carranza (en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la República Mexicana), a través de las que se comprometió a efectuar reformas para garantizar la igualdad de los mexicanos y a emitir las leyes que fuesen necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la ley.
No obstante, en lo factico no se consideró que la ciudadanía de las mujeres mexicanas fuera parte del texto constitucional, ni se le permitió el ejercicio de los derechos políticos, en virtud de que no era la intención de los Congresistas constituyentes. Lo que se puede notar con franca claridad en el discurso que consta en el Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1916, mismo que señaló: “(…)las mujeres no sienten, pues, la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido”[6].
Afirmación que era falsa, en primer lugar, porque los movimientos de mujeres en el país (que habían iniciado por lo menos 100 años antes), se hicieron presentes durante la revolución y los debates constituyentes, como ya se ha mencionado.
La realidad, fue que el Congreso Constituyente mostró desinterés en el debate mismo sobre la ciudadanía de las mujeres, al encontrase de acuerdo en la supuesta incapacidad y falta de educación de las mujeres para ser ciudadanas, grave desigualdad que quedó plasmada en el Dictamen de los artículos 34 a 37 del Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1916, en el que se resolvió negativamente el derecho al sufragio a las mujeres señalándose:
(…)el hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deben concederse a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa[7].
De 1922 a 1934 se crean más organizaciones de mujeres que buscaban se les reconociera el derecho a votar y ser votadas.
Dentro de este periodo se tiene la celebración del Primer Congreso Nacional Feminista (1923), convocado por la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres, que se llevó a cabo en la ciudad de México con la asistencia de 100 delegadas. Sus principales demandas en lo político fueron la igualdad civil para que la mujer pudiera ser elegible en los cargos administrativos y el decreto de la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales. Una de las consecuencias del Congreso Nacional Feminista, fue que el 13 de julio de ese mismo año, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en el que se concedió a las mujeres potosinas el derecho a votar y a ser elegidas en elecciones municipales.
En 1935 por primera vez las mujeres participaron en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario (PNR), creado seis años antes.
En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el Artículo 34 constitucional, dando así el primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía.
En 1946 el Partido Acción Nacional presentó la primera iniciativa de reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, proponiendo que a las mujeres se les reconociera y aceptara el voto libre en las elecciones. El 24 de diciembre del mismo año, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán, donde se adicionó al Artículo 115 constitucional, para que en las elecciones municipales participaran las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas, la cual entró en vigor el 12 de febrero de 1947.
En 1947 a partir de la reforma del Artículo 115 de la Constitución, se conquistó el derecho a las mujeres a votar y ser votadas en los procesos electorales municipales. Como un primer y relevante reconocimiento de los derechos de las mujeres. Siendo candidato a la presidencia de la República, en 1952 Adolfo Ruiz Cortines prometió, ante 20 mil mujeres asistentes a un mitin de campaña, la ciudadanía sin restricciones para las mujeres.
Ya en el ámbito municipal se tiene a las primeras mujeres en cargos públicos de elección popular, en Aguascalientes, María del Carmen Martín del Campo quién se convirtió en la primera Presidenta Municipal de esa ciudad. En el Distrito Federal, Aurora Fernández es nombrada Delegada de Milpa Alta y Guadalupe I. Ramírez de Xochimilco.
El 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del artículo 34 constitucional: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”. Se gana el derecho de votar y de ser candidatas en las elecciones nacionales, obteniendo el sufragio universal.[8]
Ruiz Cortines como presidente cumplió su promesa y promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal, materializándose así un sueño.
3. El Derecho Internacional, marco del desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres
1. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer
La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer,[9] se abrió a firma en la ciudad de New York, Estados Unidos de América, el 31 de marzo de 1953, conteniendo un Preámbulo y once Artículos. Señaló en su preámbulo, que era intención de los Estados parte poner en práctica el principio de igualdad de derechos de hombres y mujeres, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Reconociendo el derecho de todas las personas a participar en el gobierno, de manera directa o a través de representantes que se elijan libremente; a la igualdad de oportunidades de ingreso al servicio público, y a la igualdad del hombre y la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos de conformidad a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo que, con tal objeto, en sus tres primeros artículos se reconocieron los siguientes derechos:
Artículo I Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.
Artículo II Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.
Artículo III Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.
2. La Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (en adelante CEDAW) representó un paso importante hacia el pleno reconocimiento del derecho de la igualdad y la no discriminación en todos los ámbitos.Fue aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. Esta Convención fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado en 1946 para seguir de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos; la labor de la Comisión ha coadyuvado a poner de manifiesto todas las esferas en que a la mujer se le niega la igualdad con el hombre; estos esfuerzos en pro de la mujer han convergido en varias declaraciones y convenciones, de las cuales la Convención en estudio es el documento fundamental y más amplio.
La Convención ocupa un importante lugar, ya que incorporó la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos en sus distintas manifestaciones; su espíritu tiene su origen en los objetivos de las Naciones Unidas, entre lo que se encuentra, reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La convención define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla, en este sentido establece no solo una declaración internacional de derechos para la mujer, sino también un programa de acción para que los Estados partes garanticen el goce de esos derechos.
En su preámbulo la CEDAW reconoció explícitamente que “las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones” y subraya que esa discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana; según el artículo primero, por discriminación se entiende “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo (… ) en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”; asimismo este instrumento internacional en su artículo tercero obliga a los Estados partes que tomen “todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”[10].
El tratado internacional en estudio en general distingue tres aspectos de la situación de la mujer; por una parte, el de los derechos civiles y la condición jurídica y social de la mujer, que se abordan pormenorizadamente,además, y a diferencia de otros tratados de derechos humanos, la Convención se ocupa de los que tienen que ver con la reproducción humana y con las consecuencias de los factores culturales en las relaciones entre los sexos. Desde la aprobación en 1952 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer no ha cesado el interés por los derechos fundamentales de la mujer en cuanto a su participación en la vida política, de ahí que disposiciones sobre este particular se hayan vuelto a incluir en el artículo 7 de la presente convención, que garantiza a la mujer el derecho al voto, a ocupar cargos públicos y a ejercer funciones públicas, también se estipula la igualdad de derechos de la mujer para garantizarle la oportunidad de representar a su país en el plano internacional (artículo 8).
El tercer cometido general de la Convención, es el de ampliar la interpretación del concepto de los derechos humanos mediante el reconocimiento formal del papel desempeñado por la cultura y la tradición en la limitación del ejercicio por la mujer de sus derechos fundamentales. La cultura y la tradición se manifiestan en estereotipos, hábitos y normas que originan las múltiples limitaciones jurídicas, políticas y económicas al adelanto de la mujer; en el preámbulo de la Convención se destaca “que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesariomodificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia”; en consecuencia, los Estados parte (como lo señala el artículo quinto) están obligados a coadyuvar a la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para eliminar “los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”[11]. En suma, la Convención proporciona un marco global para hacer frente a las diversas fuerzas que han creado y mantenido la discriminación basada en el sexo.
3. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)
En el sistema interamericano de derechos humanos el instrumento que ha tenido mayor trascendencia en la defensa de los derechos humanos de las mujeres es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,misma que fue aprobada en la vigésima cuarta sesión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Belém do Pará, Brasil, por lo que también se le conoce como la Convención Belém do Pará.
Destacándose el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, entonces la desigualdad entre el hombre y la mujer en materia política se ha considerado internacionalmente una forma de violencia hacía la mujer. Lo que su puede confirmar con lo dispuesto en el artículo 6° del ordenamiento en estudio el cual señala que “El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. El derecho a la mujer a ser libre de toda forma de discriminación”[12].
4. Igualdad en la democracia
La libertad es uno de los valores que conforman la democracia, que se refiere a las diversas opciones que tiene el electorado para elegir a sus gobernantes; otro valor fundamental es la igualdad, que consiste en que cada persona tenga las mismas oportunidades para competir en una elección, lo que es fundamental para alcanzar la democracia. A este respecto Touraine[13] menciona que sin la igualdad política no puede existir la democracia, lo que fundamenta el presente estudio, dado que los hombres y las mujeres deben tener los mismos derechos políticos para poder competir en los procesos electorales y así terminar con las desigualdades.
Es importante señalar que igualdad no tiene el mismo significado que equidad, Rawls lo distingue en su teoría de la justicia, por tanto, entremos a la definición de equidad y en qué consiste, para posteriormente entrar al estudio de la igualdad con el objetivo de analizar la importancia de este valor en la política, específicamente en la democracia.
La equidad es la cualidad que da a cada quien lo que se merece y corresponde. Mayormente se trata de un término que se emplea en relación a la justicia, ya que implica imparcialidad a la hora de llevar a cabo un trato o un reparto. Se la considera como la representación del equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva; es decir, para que haya justicia tiene que existir la proporcionalidad, y la equidad la que otorga equilibrio a la idea de justicia; dado que, una postura es equitativa si establece una valoración que no beneficie de manera aleatoria a una de las partes, sino que intente distribuir algo en función o méritos o condiciones de las personas afectadas[14].
En cambio, existen diferentes significados de igualdad:
Principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos.[15]
En derecho público el principio de igualdad es aquel según el cual todos los individuos, sin distinción de personas (por nacimiento, clase, religión o fortuna), tienen la misma vocación jurídica para el régimen, cargas y derechos establecidos por la ley en materia de igualdad[16].
Jefferson señaló en 1776 en la Declaración de Independencia de Estados Unidos que “todos los hombres son creados iguales”. Sartori[17] menciona que los hombres no son iguales, al contrario, son diferentes, pero existen reglas de valor que dicen que debemos de comportarnos hacia los demás como iguales y se debe educar a los hombres para que no sean inferiores sino iguales.
Desde la antigüedad, la democracia ha sido contrapuesta a los otros regímenes con base en el principio de igualdad[18]. El sinónimo de democracia es “isonomia” que significa igualdad ante la ley. Montesquieu consideró como principio inspirador de la democracia la virtud que definió como “amor a la igualdad”.
El principio de la libertad que se refiere Rawls en su libro Teoría de la Justicia, consiste en que todos los ciudadanos deben tener el mismo derecho a tomar parte en la creación de leyes que ellos deberán obedecer, dichas leyes deben crearse en una situación inicial de igualdad. También sostiene que todos los ciudadanos han de tener un acceso igual, al menos en el sentido formal de la palabra, al poder público.
Touraine[19] habla de dos tipos de libertad: individual y colectiva; ambas deben ser reconocidas por las instituciones sociales, incluso deben permitir a la sociedad elegir a sus gobernantes, y que ésta debe ser libre para participar en las decisiones de gobierno opinando y manifestando sus intereses e ideas.
Rousseau en El contrato social precisa que el fin de todo sistema legislativo lo encontramos en dos objetivos principales: libertad e igualdad. Se debe perseguir “la igualdad porque la libertad no puede subsistir sin aquélla[20].
El problema de igualdad surge cuando no se distingue, cuando igualdad también es libertad y más cuando una elimina a la otra. Sartori establece cuatro categorías y dos criterios de igualdad:[21]
Igualdad jurídico-político
Los criterios que establece son:
La igualdad de mérito o proporcional
La igualdad aritmética
La igualdad de mérito es aquella que beneficia a la colectividad y es proporcional a las capacidades y a los talentos de cada persona. Sartori lo define como “cosas iguales a los iguales y cosas desiguales a los desiguales. El segundo tipo señala que es nociva para la sociedad porque, hace iguales las capacidades de los desiguales, “es lo mismo para todos”[22].
Por tal razón Sartori, Rawls y Touraine mencionan a la libertad como parte de la igualdad, si no existieran libertades para elegir y opinar no podría existir igualdad de condiciones y derechos, dado que las leyes serían creadas por un grupo de personas en su propio beneficio sin importar la opinión de los ciudadanos.
Cualquier tipo de desigualdad ya sea social, económica o política es una gran amenaza para la estabilidad democrática de un país. Bobbio afirma que las injusticias que derivan de cualquier tipo de desigualdad, hacen que la justicia se presente como un reclamo democrático.
La igualdad que se aborda en esta investigación es la igualdad jurídico-político que todos los participantes inicien la contienda con las mismas condiciones sin que exista un criterio de repartición que beneficie a unos cuantos candidatos.
Diferentes teóricos de la democracia han señalado que no es sólo necesario invocar una igualdad, sino que estas igualdades deben combatir las desigualdades y en especial las de acceso a la vida política. Touraine expresó que para que una democracia tenga bases sólidas debe de existir por parte de los partidos políticos o del Estado respuesta a las demandas sociales.
La democracia siempre será limitada o destruida cuando los partidos políticos discriminen a las mujeres, pues imponen a sus candidatos sin importar la opinión de los electores.
Alain Touraine[23] afirma que la democracia
Existe cuando se crea un espacio político que protege los derechos de los ciudadanos contra la omnipotencia del Estado, concepción que se opone a la idea de una correspondencia directa entre el pueblo y el poder, pues el pueblo no gobierna, sino que sólo lo hacen quienes hablan en su nombre y el Estado no puede ser únicamente la expresión del sentimiento popular.
México ha ratificado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos destacan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo adicional en materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador); protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte; la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas; la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; entre otros.
Incluso en el pacto internacional de derechos civiles y políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José, Costa Rica en 1969; en sus artículos 3 y 1 respectivamente, señalan que los Estados deben de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el pacto, uno de estos derechos es el de “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones pública”[24].
En la resolución de la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) identificada con el numero AG/RES. 2766 (XLIII-O/13) de fecha 5 de junio de 2013, sobre la promoción y fortalecimiento de la democracia: seguimiento de la carta democrática interamericana, resolvió:
Continuar promoviendo la cooperación democrática a fin de respaldar a los Estados Miembros que así lo soliciten en sus esfuerzos por fortalecer las instituciones, valores, prácticas y gobernabilidad democráticos, combatir la corrupción, mejorar el Estado de derecho, lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos y reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
En otra resolución de la asamblea general de la OEA, identificada con el número AG/RES. 2857 (XLIV-O/14) de fecha 5 de junio de 2014, sobre el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la comisión interamericana de derechos humanos para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, se reafirma lo siguiente:
La necesidad de que los Estados continúen fortaleciendo el SIDH[25] para enfrentar las exigencias que devienen de los desafíos de la región para la plena vigencia de los derechos humanos, perfeccionando su funcionamiento y fomentando su efectividad y transparencia, en el marco de un diálogo constructivo con los órganos y otros actores del sistema (Textos certificados de las declaraciones y resoluciones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, 2013).
Por su parte, en la opinión consultiva OC-04/84 del 19 de enero de 1984, solicitada por el Gobierno de Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se establece que toda forma de discriminación respecto de los derechos garantizados en la convención es per se incompatible con la misma, por lo tanto, todos los Estados miembros de la convención están comprometidos a no introducir en sus ordenamientos jurídicos regulaciones discriminarías referentes a la protección de la ley.
De igual forma se establece dicha opinión consultiva que la noción de igualdad se desprende de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación de superioridad o inferioridad por lo que es inadmisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.
En resumidas cuentas, los Estados deben de fortalecer, promover, proteger y ampliar los derechos humanos, condición fundamental para una sociedad democrática, pues se permite un desarrollo económico, social y político de los países.
Dicho de otra manera, el derecho a la igualdad es un derecho humano que está garantizado en la CPEUM y en diferentes tratados internacionales, por esta razón el Estado Mexicano debe de ofrecer y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades a todos los ciudadanos que quieran acceder a los puestos de elección popular.
En consecuencia, al existir distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se debe elegir aquélla que más proteja al titular de un derecho humano,
Además, el Poder Judicial de la Federación ha sostenido que la aplicación del principio pro-homine es obligatoria y establece:
El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe de acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensa cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria (Tribunales colegiales de Circuito: 2005).
5. La paridad de género en la reforma político-electoral 2014
Previo al estudio de la reforma en materia político-electoral, a través de la cual, se hace un reconocimiento expreso a la igualdad de géneros en la participación de las decisiones políticas del país, derecho pasivo al sufragio, es preciso realizar un breve análisis de lo que la igualdad jurídica se refiere.
Al respecto, Ferrajoli resume la igualdad jurídica como igualdad en los derechos fundamentales, donde interviene el universalismo de tales derechos, tanto de libertad como sociales, entendiendo por universalismo no un consenso universal con relación a los derechos, sino el hecho de que ellos, desde los derechos de libertad hasta los derechos sociales, corresponden igual y universalmente a todos. La igualdad jurídica no será otra cosa que la idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales, independientemente del hecho, y al contrario; las personas son diferentes de hecho pero no de derecho, por las desigualdades; estas últimas antijurídicas, que se producen mediante la violación del principio de igualdad, por las discriminaciones de sus diferencias.[26]
La igualdad puede resultar siendo un principio normativo, inefectiva en grados diversos, ya sea en su dimensión formal como en sus mínimos sustanciales, en virtud de las múltiples “discriminaciones” y “desigualdades” antijurídicas que la puedan violar por medio de lesiones de hecho de los derechos fundamentales. Se le llama discriminaciones, a las violaciones del primer tipo y seguir llamando desigualdades, agravadas naturalmente por su ilegitimidad, a las violaciones del segundo tipo, las unas y las otras generadas por la brecha, de que la política y la ciencia jurídica deben hacerse cargo, entre la normatividad y efectividad del principio de igualdad.[27]
Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 41 base I) en materia político-electoral efectuada en el año 2014, se da un paso determinante respecto a la igualdad jurídica de los géneros en materia político-electoral, el derecho de la participación de la mujer en la vida política del país, se incorpora en el rango constitucional, imponiendo a los partidos políticos la obligación de garantizar la paridad de género, es decir, que se integren las listas con el 50% de hombres y 50% de mujeres en la postulación de candidaturas a legisladores federales y locales.
6. La paridad de género a la luz de los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
En el presente punto se llevará a cabo un estudio de la argumentación e interpretación jurisdiccional realizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que con relación a la paridad de género se ha realizado.
Comencemos con el criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF mediante la tesis IX/2014, sostuvo que la cuota de género, para que resulte efectiva, debe generar sus efectos no sólo al momento del registro de la lista de candidaturas, sino también al momento de la asignación de curules de representación proporcional. En desarrollo de esa línea argumentativa, la Sala Regional Monterrey en la sentencia SM-JRC-14/2014, además de atender el principio de subrepresentación, determinó ajustar la asignación de curules de representación proporcional en el caso del Congreso de Coahuila, seleccionando dentro del orden de ubicación en la lista a la primera mujer, para garantizar paridad en la integración del Congreso del Estado; con ello, el Congreso se integró con 13 diputadas y 12 diputados.
En esa sentencia la Sala determinó que la postulación paritaria de candidatos para la integración del Congreso debe traducirse en un mecanismo que permita a las mujeres acceder de forma efectiva a los cargos públicos, incluso a pesar del orden que establezcan los partidos políticos en sus listas de representación proporcional, sin que esto signifique una violación a la autodeterminación de los partidos. Sostuvo también que con ello:
(…) no se priva de un derecho adquirido al candidato que ocupe el primer lugar de la lista, pues con independencia de la posición que tenga en el listado, su derecho a detentar un escaño estará limitado en la medida que su nombramiento como diputado impida que, en la integración del Congreso del Estado, se respete el principio de igualdad y así como las acciones afirmativas en materia de equidad de género.[28]
Previo a continuar con la línea argumentativa del Tribunal Electoral Federal, se hace preciso analizar la igualdad sustantiva, tomando como base lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
7. Igualdad Sustantiva
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su labor jurisdiccional, en la acción de inconstitucionalidad 35/2014,[29] promovida por el Partido de la Revolución Democrática, en la que se hicieron valer diversos conceptos de invalidez, entre otros:(respecto del Estado de Chiapas) ….
Existe una omisión parcial en la Constitución Local respecto de la obligación de establecer reglas de género, pues únicamente se establecen respecto de los diputados y no para los integrantes de los ayuntamientos, cuando constitucional y convencionalmente la Constitución pretende que exista equidad de género en todos los cargos pluripersonales.[30]
Entre otras cuestiones la SCJN determinó que el principio de paridad de género consagrado en el artículo 41 fracción I, segundo párrafo de la CPEUM, establece un principio de igualdad sustantiva en materia electoral, como un derecho humano a tomar en cuenta por el legislador cuando diseñe las reglas para la presentación de candidaturas. Para lo cual, argumentó que previo al concepto de paridad se tiene el de igualdad, mismo que tiene dos aspectos: i) el formal que consiste en la igualdad en la ley y ante la ley, refiriéndose a las normas generales tendientes a garantizar la igualdad y a la posibilidad de que se revisen las normas que se consideren discriminatorias, y ii) el sustancial que puede transformarse en una discriminación, ya sea directa o de resultados, esto es, respecto de los impactos de las normas en la realidad.[31]Y que el derecho a la igualdad sustantiva o de hecho
(…) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos[32].
8. Igualdad de oportunidades.
Otro de los criterios del TEPJF,[33] es que la paridad de género es una medida que debe privilegiar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para el desempeño de un cargo de elección popular, consolidándose bajo el auspicio del principio universal de la no discriminación por razón de género.
Motivo por el cual la Sala consideró que era su obligación darle un efecto útil al principio de la paridad de género focalizándolo para que sea una realidad en los registros para candidatos para las presidencias municipales (materia que se analizó en el expediente que nos ocupa). Resaltando la Sala Regional que la igualdad jurídica es un concepto diferente al de igualdad de oportunidades, dado que este último se refiere a un concepto material de igualdad.
Determinando así, que en el orden anteriormente apuntado el criterio horizontal es acorde con el principio de paridad de género, dado que se procura la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos de elección popular; pudiéndose considerar una adecuada herramienta legal para dar cumplimiento a la paridad de género y que por su objetivo no es posible generar desigualdad o discriminación, dado que su única función es equilibrar y propiciar la participación en igualdad de condiciones de las mujeres y los hombres, de conformidad con los derechos convencionales, constitucionales y legales obligatorios:
(…) la exigencia de paridad horizontal en la postulación de candidatos únicamente es un actuar consecuente con los principios que rigen al Estado Mexicano. Es una medida adecuada y proporcional al objetivo normativo y socialmente válido de propiciar la igualdad de oportunidades en el acceso y ejercicio de los cargos que integran los Ayuntamientos del Estado.[34]
9. Principio de alternancia de género
En la sentencia en estudio (Juicio de Revisión Constitucional SX-JRC-79-2015), la Sala puntualizó que, para poder garantizar la paridad de género, es indispensable observar el principio de alternancia de género, que consiste en la integración de los puestos bajo el esquema mujer-hombre-mujer, en los supuestos en los que el lugar ocupado resulte relevante; es decir, deben alternarse los géneros en la integración de las planillas.
Lo que constituye una norma derivada de la paridad de género que tiene como fin evitar que las cuotas de género sean cubiertas en los peores lugares y que se pueda traducir en un fraude legal. Es decir, que los partidos políticos para cumplir la cuota de género les asignen a las mujeres los últimos lugares en la lista de registro (en el caso de plantillas municipales, dejando los lugares de las regidurías menos relevantes dentro del ayuntamiento), y precisamente para evitar estas prácticas discriminatorias se establece el registro aleatorio (principio de alternancia). Lográndose así el cumplimiento de la finalidad de las acciones afirmativas, dado que se permite la efectiva integración de mujeres, lográndose la vigencia y operatividad de la paridad de género.
10. El principio de progresividad
En la sentencia que se analiza también se llegó a otra determinación, a otra directriz, esto es, a que todo alcance o avance en el ámbito de los derechos humanos es una base sobre la cual no puede haber una regresión o retroceso; esto es, de lo alcanzada siempre hacía adelante.
…las directrices de paridad de género establecidas constitucional, convencional y legalmente, así como la interpretación dada a los mismos en esta sentencia, son elementos a considerar para efectuar elecciones democráticas tanto al interior de los partidos políticos como ante la ciudadanía en general, atento al referido principio de progresividad que implica que todo alcance en el ámbito de los derechos humanos es una base sobre la cual no deberá presentarse regresión o retroceso, por tanto, de lo alcanzado siempre hacia adelante, ya que ningún proceso electivo, sin la participación sustantiva de las mujeres puede calificarse como democrática.[35]
Podemos concluir, que tal y como lo ha determinado la Sala Superior al resolver el juicio ciudadano 12624/2011 y el recurso de reconsideración 112/2013, las acciones afirmativas deben generar sus efectos tanto en la postulación como en el ejercicio del cargo. Además de que conforme con el bloque de constitucionalidad vigente, es válido y necesario el establecimiento y la implementación de acciones afirmativas en favor de las mujeres, que sirvan de base para fomentar su participación en la vida política de la nación y para hacer realidad su acceso a los cargos de elección popular, siempre y cuando se trate de medidas objetivas y razonables.
[1]www.tepjf/equidad-de-genero-en-materia-electoral-pdf
[3]www.tepjf/equidad-de-genero-en-materia-electoral-pdf
[4]Izquierdo Muciño, Martha Elba, Garantías Individuales, Editorial: Oxford, México 2007, pp. 68-70.
[5]Cazarin Martínez Angélica, “Democracia Género y Justicia Electoral en México”, Editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México 2011, pp. 19-20.
[6] Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, 2 vols., I-830.
[7]Espinosa, Diana Laura, “El reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en latinoamerica”, Editorial CNDH, México 2015, pp. 71-75.
[8]http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/doraaliciapan29oct.pdf
[9] El día treinta y uno del mes de marzo del año de mil novecientos cincuenta y tres, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, firmó ad referéndum, dicha Convención. Misma que fue aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día dieciocho del mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta, según Decreto publicado en el “Diario Oficial” de la Federación del día nueve del mes de enero del año de mil novecientos ochenta y uno. Fue depositado ante la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, el día veintitrés del mes de marzo del propio año. Se promulgó a los treinta días del mes de marzo del año de mil novecientos ochenta y uno.
[10]www.un.org/womenwatch/daw/cedawttext/sconvention.htm
[12]http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
[13] Touraine, Alan,¿Qué es la democracia?, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p.66.
[14]https://definicion.mx/equidad/
[15]Real Academía Española
[16]Enciclopedia virtual: eumed.net. Consultado el 5 de abril del 2015. Disponible en: www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=380
[17] Sartori, Giovanni,Homo videns, La sociedad teledirigida, México, Taurus 2003, p. 69.
[18] Fernández, J.,El filósofo y la política (2da ed.) México: Fondo de Cultura Económica,2002, p. 231.
[19] Touraine, Alan, op. cit. Nota 11, p. 33.
[20] Sartori, Giovanni, op. cit., nota 15 p. 338.
[21]Ibidem. p. 258.
[22]Ibidem. p. 169.
[23] Touraine, Alan, op. cit.Nota 11, p. 42.
[24] Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969.
[25] Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
[26]Ferrajoli Luigi, “El principio de igualdad y la diferencia de género, en el libro Debates constitucionales sobre derechos humanos de las mujeres; coordinadores Cruz Pacheco Juan A. y Vázquez Rodolfo”; Editorial: Fontamara y Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2010, p. 14.
[27]Ibidem, p. 15.
[28]http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/SM-JRC-0014-2014.pdf
[29]www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/CERRADOS/281/14000350.019-2134.doc, p. 3.
[30]Ibidem, p. 4.
[32] Tesis de rubro: DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES
[33]Sentencia dictada en el Juicio de Revisión Constitucional bajo número de expediente SX-JRC-79-,https://www.yumpu.com/es/document/view/38488540/sx-jrc-0079-2015/63, p. 19.
[35]https://www.yumpu.com/es/document/view/38488540/sx-jrc-0079-2015/63, p. 20.

References: artículo 163
 artículo 168
 artículo 169
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 34
 artículo 115
 artículo 37

Artículo 34
 artículo 34

Artículo 30
 Artículo 34
 artículo 115
 Artículo 115
 Artículo 115
 artículo 34
 artículo 7
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 133
 artículo 41