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Timestamp: 2019-03-22 22:15:10+00:00

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Los sistemas disciplinarios en los compliance programs y su relevancia en la exención penal de la empresa 13-01-2017
Como ya es sabido, a raíz de la reforma del artículo 31 bis del Código Penal (CP), las empresas, en su condición de personas jurídicas, pueden ser responsables penalmente de los delitos cometidos por ...
Como ya es sabido, a raíz de la reforma del artículo 31 bis del Código Penal (CP), las empresas, en su condición de personas jurídicas, pueden ser responsables penalmente de los delitos cometidos por sus empleados, pero ¿en qué medida el empresario puede sancionar disciplinariamente a un empleado investigado o condenado por la comisión del delito o incluso por incumplir las medidas establecidas en materia de prevención de delitos?, y si no sanciona disciplinariamente ¿el empresario podría resultar penalmente responsable?
En efecto, este precepto legal establece que dichas personas jurídicas quedarán exentas de responsabilidad penal si cuentan con efectivos programas de prevención de delitos (compliance programs) en el ámbito de la empresa que eliminen o reduzcan de forma significativa el riesgo de su comisión.
Entre los requisitos que deberán cumplir estos modelos de compliance, según exige la norma, se contempla específicamente el establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente a sus empleados por el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo de prevención adoptado por la empresa.
Por ello, es importante saber cuál debe ser la actuación de la compañía ante estas situaciones y qué medidas correctoras podrá implementar ante la comisión de un delito por un trabajador o ante el incumplimiento de las obligaciones exigidas en materia de compliance.
En cuanto a las repercusiones jurídico-laborales que puede tener una determinada conducta delictiva de un empleado cabe diferenciar en primer lugar, entre la comisión de ilícitos penales privados o ajenos a la relación laboral de aquellos otros que están vinculados con la actividad laboral desarrollada para la empresa y que, a su vez, pueden o no constituir una infracción laboral.
Cabe advertir en este punto que la doctrina judicial laboralista tradicionalmente ha venido manteniendo una clara desvinculación de las resoluciones del orden jurisdiccional penal con respecto a la calificación jurídico-laboral de unos mismos hechos enjuiciados en sede social . Es decir, es posible que una conducta no sea reprochable penalmente pero sí constituya una infracción laboral o viceversa, y ello sobre la base justificativa de que lo que enjuicia un juez laboral se trata de un incumplimiento contractual que puede justificar la sanción disciplinaria mientras que el órgano judicial penal se pronuncia sobre una conducta antijurídica constitutiva de una infracción punible (SSTS 20/6/1994, 25/01/1999 y 29/04/2016, entre otras muchas).
Por otra parte, también se deberá distinguir la actuación de la empresa en función de las fases de la investigación del hecho delictivo, es decir, si ha sido detectado por la empresa tras la comisión del mismo, si se encuentra en estado de investigación judicial (anteriormente fase de imputación) o bien si ya se ha producido una condena en firme.
Las mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo laboral recomiendan incluir expresamente en el programa de prevención de delitos protocolos claros de actuación ante supuestos en los que se haya detectado la comisión de infracciones con repercusión penal, previa negociación con los representantes legales de los trabajadores, de tal manera que dichas normas internas constituyan un marco legítimo de actuación empresarial ante ese tipo de situaciones.
Por su parte, la obligación legal del artículo 31 bis CP de implementar un régimen disciplinario dentro del sistema de cumplimiento normativo, presupone entre otras cuestiones, como aclara la Fiscalía en su Circular 1/2016, la elaboración de un código de conducta en el que se contemplen claramente las obligaciones que deben asumir los directivos y empleados de la compañía. Las infracciones más graves, sostiene la Fiscalía, deberán ser necesariamente las constitutivas de delito, incluyéndose también aquellas conductas que impidan o dificulten el descubrimiento de la comisión del delito, así como la infracción del deber específico de poner en conocimiento del órgano de control los incumplimientos que se pudieran haber detectado, todo ello en relación con el catálogo de infracciones tipificadas en el Estatuto de los Trabajadores o convenio colectivo aplicable y con los deberes generales de obediencia a las instrucciones de la empresa y de buena fe contractual.
Con respecto a esta última obligación, recientemente el Tribunal Supremo (STS 17/09/2015) confirmó ajustado a derecho, y dentro de las facultades de dirección empresarial, el deber de los encargados de una gasolinera de denunciar fugas (hurtos) de suministro cometidas por los clientes, así como una conducta de colaboración activa tanto con la empresa como con los órganos judiciales en la investigación de los eventuales hechos delictivos que se produjesen.
Otras situaciones susceptibles de regulación normativa serían aquellas en las que el empleado pudiera estar siendo investigado por la empresa o por el propio juzgado de instrucción, diferenciándolas de aquellas otras en las que ya se ha producido una sentencia de condena firme por delitos cometidos en la esfera privada del empleado.
Así por ejemplo, en los supuestos en los que el empleado, como consecuencia de dicha investigación, se encuentre privado temporalmente de libertad (ej.: prisión provisional), si bien dicha situación no sería por sí misma motivo de despido, la empresa sí que estaría facultada legalmente para suspender el contrato de trabajo en virtud del artículo 45.1 g) del Estatuto de los Trabajadores al menos, hasta la fecha de la sentencia condenatoria. Una vez se dicte la sentencia penal confirmatoria de la condena, la empresa, en determinadas circunstancias, podría llegar incluso a extinguir el contrato, no por el propio hecho delictivo, sino por las faltas repetidas e injustificadas de asistencias del trabajador al puesto de trabajo (STSJ Galicia 20-06-2016).
Cuestión diferente es el delito cometido en beneficio, directo o indirecto, de la compañía, dentro de su ámbito o con los medios facilitados por ésta, que puede dar lugar incluso a la responsabilidad de la persona jurídica. En estos casos, una vez detectado el ilícito susceptible de calificación penal, la empresa, sin perjuicio de su obligación de denunciar los hechos, puede iniciar un procedimiento de investigación interna y concluir que dichos hechos suponen a su vez una infracción laboral, normalmente vinculada con la desobediencia, el abuso de confianza o el quebrantamiento de la buen fe contractual, aplicando la sanción disciplinaria correspondiente en función de la gravedad de los hechos.
La expresa previsión del procedimiento interno de investigación en el modelo de compliance, como especifica la Fiscalía, y ?sin perjuicio de su consideración como atenuantes, revelan indiciariamente el nivel de compromiso ético de la sociedad y pueden permitir llegar a la exención de la pena?.
En cualquiera de los casos, en estos supuestos la carga probatoria de la infracción laboral justificativa del despido o sanción disciplinaria correrá a cargo de la empresa. En este sentido el TS confirmó la improcedencia del despido de un asesor imputado por presunto blanqueo de capitales, utilizando para ello medios de la empresa, como consecuencia de la falta de acreditación por la empresa de la infracción de quebrantamiento de la buena fe contractual imputada en la carta de despido (STS 17-02-2016).
También es recomendable regular en el sistema disciplinario la suspensión cautelar de empleo al trabajador investigado mediante la concesión de una licencia retribuida durante el tiempo de tramitación del expediente de investigación interna, situación, por otro lado, reconocida judicialmente en determinadas circunstancias (STSJ Murcia 18-05-2015), con la finalidad de no entorpecer las labores de indagación de la empresa o personas designadas por ésta al objeto de recabar pruebas o evidencias del eventual incumplimiento laboral.
No obstante lo anterior, es importante recordar que la activación del procedimiento de investigación interna será de obligado cumplimiento para la compañía si así lo ha previsto en su programa de compliance, so pena de incurrir en el riesgo de improcedencia de la sanción impuesta por aplicación del principio de los actos propios y ausencia de los requisitos formales establecidos por la propia empresa.
Por último, cabe mencionar que uno de los criterios que se utilizarán judicialmente para valorar la eficacia de los modelos de compliance será precisamente la actuación de la empresa tras la comisión del delito, las medidas disciplinarias que hubiera podido adoptar frente a los responsables del ilícito (apercibimiento, suspensión de empleo y sueldo, despido, etc.), así como la posterior revisión del programa de prevención de delitos para detectar sus posibles deficiencias, con la introducción, en su caso, de las necesarias modificaciones correctoras.
Esta actuación será, en última instancia, una de las pruebas fehacientes del compromiso de la compañía con el cumplimiento normativo y la prevención de delitos a los efectos de la exención o atenuación de su eventual responsabilidad penal.
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Las tecnologías de información y la multiplicación de los riesgos de 'compliance' 13-01-2017
Uno de los aspectos que más ha crecido y que más ha calado en las organizaciones y en la sociedad en general son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
No imaginamos una perso...
No imaginamos una persona sin un smartphone, una tableta electrónica o un portátil, todos conectados en su casa a la red wifi, compartiendo Internet con su impresora inalámbrica, su SmartTV y los más osados con su nevera inteligente (imagino que será smartfridge), con acceso a la red.
El promedio de conectividad de equipos por persona es de 4 unidades, y por vivienda familiar hasta de 12 unidades. En España la penetración de la telefonía inteligente es del 95% (el 65% en adultos entre 60 a 75 años). El promedio de descargas de apps por smartphone va de 13 a 32 por equipo.
A nivel empresarial no concebimos una empresa que no tenga implementado y desarrolle sus procesos sobre algún tipo de plataforma tecnológica. Muchas veces a través de plataformas variopintas, desvinculadas entre sí o tímidamente relacionadas mediante un collage de scripts, apps o herramientas de gestión que permiten medianamente su integración.
Las ventajas y los beneficios que estas tecnologías están generando son indudables e irrefutables. Sin embargo uno de los problemas del crecimiento tan violento y vertiginoso, es la forma caótica, incontrolable y confusa en que los proveedores de estas tecnologías han tratado de captar cuota de mercado, cautivándolo con una cantidad de beneficios que no siempre se corresponden con la realidad de lo ofrecido y lo que es más grave, exponiendo al usuario, sin su conocimiento, a una cantidad importante de brechas de seguridad que incrementan los riesgos de difusión y exposición de información privada y confidencial.
Hay que tener en cuenta que de los 16 delitos propios o más habituales en el ámbito empresarial tipificados en el Código Penal, al menos 4 están directamente relacionados con un mal uso de las nuevas tecnologías (delitos contra la intimidad y allanamiento informático, daños informáticos y hacking, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, delitos contra el mercado y los consumidores).
Un modelo de organización y gestión que no efectúe una evaluación y entendimiento del riesgo tecnológico a que queda sometida una organización no cumpliría con los requisitos exigidos por el artículo 31.bis.5 del Código Penal como condición sine qua non para eximir de responsabilidad penal a la organización por los delitos cometidos en su seno, ya que los dos primeros son:
La definición de esquemas de seguridad perimetral de las redes de datos, sus accesos a Internet, implementación de cortafuegos o firewalls, analizador de tráfico de Internet, esquemas de detección de intrusos (IDS/IPS), antivirus y antispam robustos adecuadamente implementados y controlados minimizan los niveles riesgos pero no exoneran de responsabilidad penal a la empresa.
El incremento de estos riesgos obliga a la empresa a implementar una evaluación de cumplimiento o compliance. De no desarrollar una profunda evaluación y entendimiento del nivel y penetración de las tecnologías de la información en todas las capas de la organización pueden no identificarse riesgos potencialmente dañinos, peligrosos y de alto impacto en la organización.
Es necesario implementar un modelo de control y gestión del riesgo acorde con los requisitos del código penal.
Los cambios más destacados en el nuevo 'Reglamento General de Protección de Datos' 13-01-2017
¿Qué es lo que más te influye como empresa? ¿Y cómo usuario?. En el siguiente enlace, toda la información....
¿Qué es lo que más te influye como empresa? ¿Y cómo usuario?. En el siguiente enlace, toda la información.
La OEPM cierra el año con un 8,5% más de solicitudes de Diseños Industriales, un 1,88% más de solicitudes de Signos Distintivos y 0.94% más de solicitudes de invenciones 12-01-2017
Sobresalen las Comunidades Autónomas de Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Cantabria....
Sobresalen las Comunidades Autónomas de Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Cantabria.
Nueva estafa a través de Whatsapp para robar datos bancarios 11-01-2017
En concreto son dos los archivos infectados: "NDA-ranked-8th-toughest-College-in-the-world-to-get-into.xls" y "NIA-selection-order-.xls". Esta estafa ha comenzado a propagarse por La India y podría ex...
En concreto son dos los archivos infectados: "NDA-ranked-8th-toughest-College-in-the-world-to-get-into.xls" y "NIA-selection-order-.xls". Esta estafa ha comenzado a propagarse por La India y podría extenderse en poco tiempo por el resto del mundo.
COMPLIANCE ¿CARGA O VENTAJA? 11-01-2017
En 2010 fue cuando se realizó la reforma al Código Penal para pasar del principio clásico de societas delinquere non potest, que literalmente significa las sociedades no pueden delinquir, a la novedo...
Esta figura de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ), fue novedosa en lo que corresponde a nuestro país, ya que tiene un largo recorrido en otras jurisdicciones, como la estadounidense o la británica. Dicha reforma y la siguiente de 2015, representan un cambio fundamental en la cultura corporativa, o al menos tendría que ser de este modo, ya que para muchos empresarios la primera noticia que tuvieron de este tema fue mediante las primeras sentencias dictadas en febrero y marzo de este año, por las cuales se impusieron grandes multas a las compañías involucradas.
Fue así que ellos han sabido de su existencia y de la posibilidad de contar modelos de prevención de delitos que pueden, si son adoptados de forma eficaz y con anterioridad al delito, eximir de responsabilidad a sus empresas.
Es por ello que ha comenzado a aumentar el interés por la RPPJ, aunque con mucha cautela. Parece ser que las empresas se resisten un poco a la cultura de la prevención, pues se sigue considerando como una carga. Una carga en dos sentidos. En primer lugar tenemos el coste, ya que hay que invertir en establecer el código ético de la empresa, detectar los riesgos, configurar los procedimientos para evitarlos o mitigarlos, y establecer un plan de prevención que incluya desde las funciones del compliance officer, hasta cuestiones como un el canal de denuncias.
Se cree que esta tarea es únicamente para empresas de grandes dimensiones, como bancos o compañías de telecomunicaciones o energía, y que en su caso no reportará ningún beneficio. Y en segundo término, observamos que muchas empresas ven a la prevención como una limitación, como si el hecho de establecer una serie de procedimientos les quitara libertad en la gestión.
No obstante, creemos que esta visión irá decayendo cada vez más, pues las nuevas modalidades de mejores prácticas empresariales tienden cada vez más hacia la adopción de modelos éticos que pronto serán un eje fundamental en la toma de decisiones.
Pero no sólo son las mejores prácticas las que nos hacen creer esto. Siendo más pragmáticos, el contar con modelos de prevención de delitos ha comenzado a reportar varias ventajas que permiten un mejor desarrollo del negocio. Por ejemplo, el hecho de que las empresas puedan ser responsables de las acciones de sus proveedores, agentes o distribuidores (cuando han cometido un delito en ejercicio del negocio que implique un beneficio directo o indirecto a la empresa) hace que un requisito para poder ser contratado sea el tener adoptado un modelo de prevención de delitos.
Y podemos afirmar que esta tendencia sólo irá en aumento, ya que nos encontramos en un mundo globalizado en el que cada vez es más común contratar con compañías anglosajonas, que son las que más hincapié hacen en este ámbito.
Otro ejemplo lo tenemos con las aseguradoras, que están comenzando a pedir dichos modelos como condición para asegurar la defensa penal; o con los bancos que analizan cada vez más si las empresas cuentan con ellos al momento de otorgar créditos.
También se tienen ventajas que hasta hace poco no se esperaban, como el caso de la rebaja del 5% que hizo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en una multa que impuso a una empresa en un caso de mudanzas internacionales. Lo curioso de este caso es que tal atenuante se aplicó aun cuando el programa de cumplimiento se implantó con posterioridad a la infracción. Imaginemos su efecto si se hubiera contado con anterioridad.
De igual forma, hay que recordar otros beneficios, como la marcada por la Directiva 2014/24/CE, al determinar que aquellas empresas a las cuales se les haya prohibido contratar con la administración pública, podrán ser eximidas si prueban haber indemnizado el daño causado, colaboración activa con las autoridades en la investigación, y haber implantado un programa de compliance.
Si a dichos argumentos le sumamos la posibilidad de que la empresa sea eximida de responsabilidad penal ¿Se puede seguir considerando como una carga? Creemos que no, el coste-beneficio es con obviedad positivo.
Una de cada cuatro redes WiFi públicas pone en riesgo nuestros datos 09-01-2017
Tras analizar 31 millones de puntos WiFi de todo el planeta, Kaspersky ha llegado a la conclusión de que algo más de la cuarta parte (un 28%) son inseguros y ponen en riesgo nuestra privacidad.
Tras analizar la información de más de 31 millones de puntos de acceso WiFi de todo el mundo, la firma de ciberseguridad Kaspersky Lab ha concluido que casi algo más de la cuarta parte de ellos (28%) representan un riesgo para los datos personales de los usuarios, pues pueden ser fácilmente interceptados por los ciberdelincuentes.
Estas redes vulnerables carecen de protección y cifrado, lo que deja al alcance de cualquiera la información que se transmite a través de ellas, ya sean mensajes, contraseñas, fotografías y cualquier otro archivo.
En su investigación, Kaspersky ha comprobado además que parte de las redes WiFi protegidas (un 3%) emplea el protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy) para cifrar las comunicaciones, que es fácilmente violable con aplicaciones descargables desde internet.
El resto (casi tres cuartas partes) utiliza un protocolo de cifrado WPA (WiFi Protected Access) cuya vulnerabilidad depende de los ajustes con los que haya sido configurada y de la contraseña de acceso. Como señalan desde Kaspersky, si ésta es débil o está escrita en un cartel a la vista de todos (como suele ocurrir en muchas cafeterías), las posibilidades de que un cibercriminal la intercepte serán mucho mayores.
Del informe destaca el hecho de que la mayoría de redes WiFi desprotegidas están en puntos muy turísticos (Tailandia, Francia, Israel, Estados Unidos), lo que sitúa a los turistas como el objetivo más vulnerable ante accesos ilegítimos.
Desde Kaspersky Lab recomiendan evitar ?los puntos de acceso WiFi inalámbricos sin contraseña? y no utilizar bajo ningún concepto la conexión para hacer gestiones importantes o que puedan comprometer nuestros datos, como consultar nuestros datos bancarios, comprar online y incluso usar las redes sociales. Lo mejor, advierten, en proteger el tráfico web con tecnología VPN (Virtual Private Network), porque los datos se encapsulan antes de ser enviados de manera cifrada.
Se puede vigilar con cámara a los empleados sin avisarles 09-01-2017
Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia que añade esta novedad a los pronunciamientos de los tribunales sobre el uso de cámaras en el lugar de trabajo, que suelen ser favorables al ...
Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia que añade esta novedad a los pronunciamientos de los tribunales sobre el uso de cámaras en el lugar de trabajo, que suelen ser favorables al empresario siempre que haya avisado a sus trabajadores.
DATOS BIOMETRICOS EN EL RGPD 09-01-2017
El Reglamento General de Protección de Datos, que entrará en vigor en mayo de 2018, pone especial énfasis en definir y preservar la privacidad de datos tan personales como las huellas dactilares o la ...
El Reglamento General de Protección de Datos, que entrará en vigor en mayo de 2018, pone especial énfasis en definir y preservar la privacidad de datos tan personales como las huellas dactilares o la voz.
El Compliance analizado desde tres ángulos diferentes 21-12-2016
Según el experto abogado penalista, el mapa de riesgos es la parte más importante del compliance.
Los canales de denuncias bien empleados tienen una gran utilidad.
En el compliance, l...
En el compliance, la protección de datos adquiere una relevancia especial.
Multa de 600 euros por dejar a la vista 42 direcciones de correo electrónico 20-12-2016
La lección que se saca de esta multa es que en ningún momento se debe de copiar en el apartado CC (Copia Carbón) las direcciones de nuestros destinatarios si estamos realizando cualquier tipo de comun...
La lección que se saca de esta multa es que en ningún momento se debe de copiar en el apartado CC (Copia Carbón) las direcciones de nuestros destinatarios si estamos realizando cualquier tipo de comunicación, que se salga del ámbito doméstico o personal.
Las fotos de la cena de navidad del trabajo 19-12-2016
La difusión de imágenes o vídeos publicados en internet sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos es un tema que se plantea con frecuencia ante la Agencia....
Sanción de 50.000  por Inclusión Indebida en el ASNEF 19-12-2016
Multa de 50.000  por la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, en relación con el artículo 29.4 de la misma norma y en relación también con los artículos 38 y 39 del
RLOPD; infracción tipificad...
RLOPD; infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.c) de la LOPD y de conformidad con lo establecido en el artículo 45. 2 y 4 de esa misma Ley Orgánica.
Cumplimiento legal: clave en la contratación pública 19-12-2016
En la contratación pública y en los denominados sectores especiales (agua, energía, transportes y servicios postales), la normativa europea y española establecen una serie de supuestos en los que se...
En la contratación pública y en los denominados sectores especiales (agua, energía, transportes y servicios postales), la normativa europea y española establecen una serie de supuestos en los que se puede prohibir a los operadores económicos contratar con las entidades públicas sujetas a dicho régimen. Entre ellos, por ejemplo, la condena o sanción firme por la comisión de determinados delitos (i.e. relacionados con fraude, corrupción y blanqueo) e infracciones (i.e. por falsear la competencia), haber incumplido determinadas obligaciones durante la adjudicación o ejecución del contrato, etc.
En este contexto, la nueva normativa europea en materia de contratación pública y en los sectores especiales aplicable en los Estados miembros desde el 18 de abril de 2016 reconoce un nuevo derecho a los licitadores consistente en poder evitar que se les prohíba acceder a la contratación pese a la existencia de un motivo de exclusión si demuestran que han adoptado medidas técnicas, organizativas y personales concretas que resulten apropiadas para evitar nuevas infracciones, junto con otras actuaciones (art. presarial.38.9 de la Directiva 2014/23/UE, art. 57.6 de la Directiva 2014/24/UE y considerando 102 de la Directiva 2014/24/UE), medidas todas ellas que lógicamente, han de diseñarse de acuerdo con las singularidades de cada organización. Con ello, se pretende incentivar y reforzar los mecanismos internos de regulación y control de los operadores económicos para evitar actos delictivos, infracciones, u otro tipo de incumplimientos y paliar los impactos negativos de dichas conductas. Cabe recordar que la eficacia de estos modelos de cumplimiento o compliance ya está configurada como atenuante o eximente en el ámbito penal.
Por tanto, la nueva regulación europea viene a extender sus efectos al ámbito contractual público y de las entidades que contraten en los sectores especiales, en línea con la importancia creciente de la nueva cultura de cumplimiento y ética empresarial. En España, aún está pendiente la incorporación de dicha normativa europea a nuestro ordenamiento. El pasado 25 de noviembre el Consejo de Ministros acordó remitir a las Cortes Generales los dos proyectos de ley de trasposición. El Proyecto de ley de Contratos del Sector Público incorpora la referida eximente permitiendo incluso la revisión de la prohibición de contratar a posteriori, cuando se acredite la adopción del sistema de compliance (art. 72.5). El Proyecto de ley de procedimientos de contratación en los denominados sectores especiales prevé, como novedad, que las prohibiciones de contratar de la Ley de Contratos del Sector Público deban aplicarse tanto cuando contratan en los sectores especiales entes y empresas públicas como cuando las entidades contratantes son privadas (art. 30).
Por lo tanto, cabe entender que también en este ámbito resulta aplicable la exención a las prohibiciones en línea con la directiva que este proyecto pretende trasponer. Aunque la redacción actual de los dos proyectos planta dudas acerca de si la eximente puede utilizarse frente a cualquier causa de prohibición, lo cierto es que constituye un verdadero derecho que tiene efecto directo desde el 18 de abril de 2016, tal y como han reconocido determinadas autoridades en materia de contratación pública como los tribunales administrativos de recursos contractuales (documento de estudio presentado y aprobado en reunión de Madrid, el 1 de marzo de 2016). Por tanto, a día de hoy mientras se tramitan dichos proyectos y también una vez aprobados, cabe entender que los operadores que dispongan del referido sistema de compliance pueden invocarlo frente a las entidades contratantes y poderes públicos para tratar de evitar la declaración de una prohibición de contratar.
Para ello, las organizaciones tendrán que ampliar sus modelos de compliance actuales (entendemos que fundamentalmente los penales) para que abarquen también el ámbito de la contratación. A su vez, las entidades contratantes públicas y privadas tendrán que adaptarse al cambio desarrollando mecanismos que permitan evaluar dichos modelos en sus proveedores.
El mensaje es importante y claro: solo aquellas empresas que diligentemente hayan implementado o ampliado su modelo de compliance, podrán evitar imprevistos desagradables en el acceso a la contratación pública.
La Agencia Española de Protección de Datos inicia una investigación tras el robo masivo de datos a Yahoo 16-12-2016
La investigación se notificará al Grupo de Trabajo del Artículo 29 -órgano consultivo independiente integrado por las Autoridades de Protección de Datos de todos los...
La investigación se notificará al Grupo de Trabajo del Artículo 29 -órgano consultivo independiente integrado por las Autoridades de Protección de Datos de todos los Estados miembro- para valorar el impacto de este ciberataque masivo que ha afectado a mil millones de cuentas
El mayor robo de datos de la historia, que ha sufrido la multinacional americana Yahoo, no ha pasado por alto. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado este jueves las actuaciones previas de investigación de oficio para dilucidar la seguridad del servicio digital, que este miércoles ha reconocido que le han robado información privada de «más de mil millones» de cuentas y que no ha sido capaz de identificar al responsable de esta intrusión. El objetivo es estudiar las condiciones de seguridad de los servicios de la compañía.
La investigación se notificará al Grupo de Trabajo del Artículo 29 -órgano consultivo independiente integrado por las Autoridades de Protección de Datos de todos los Estados miembro- para valorar el impacto de este ciberataque masivo y averigurar el impacto sobre ciudadanos y usuarios residentes en la Unión Europea, entre ellos, España.
«Esto es algo que afecta a nivel mundial y vamos a coordinar todas las actuaciones», ha asegurado la directora de AEPD Mar España en un encuentro con medios de comunicación en donde se ha presentado un decálogo con consejos prácticos de privacidad y seguridad en dispositivos conectados.
Esta actuaciones tienen como objeto «hacer más presión» de cara a la petición de responsabilidades a la compañía norteamericana que el pasado 22 de septiembre ya reconoció otro robo de datos de usuarios que afectó a 500 millones de cuentas. Este escenario podría ser, además, objeto de sanción y el regulador español tratará de verificar si Yahoo «ha adoptado las medidas de seguridad necsarias» para garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios afectados.
La compañía coreana no solo ha logrado superar la «catástrofe» del anterior Galaxy Note 7, sino que lo ha hecho con nota alta y marcando además un record de ventas con su nuevo Note 8
El creador japonés avanza a ABC nuevos detalles de «The Evil Within 2», secuela del videojuego de terror, que en esta ocasión introducirá una mayor libertad de acción
¿Qué puedo hacer si me han 'hackeado' la cuenta de Yahoo? 16-12-2016
Todavía no se ha identificado al culpable, pero la compañía asegura que se trata de un robo diferente al que denunció el pasado mes de septiembre, la sustracción de datos privados de 500 millones de u...
Todavía no se ha identificado al culpable, pero la compañía asegura que se trata de un robo diferente al que denunció el pasado mes de septiembre, la sustracción de datos privados de 500 millones de usuarios en el año 2014.
Denuncian a unos vecinos de Dénia ante Protección de Datos por una cámara de juguete 16-12-2016
Vio que en un supermercado vendían cámaras de seguridad de pega, que iban a pilas y no grababan nada, y compró cinco, cuatro para su negocio y una más para su casa. Dado qu...
Abogado: 10 consejos para el uso seguro de tu correo electrónico 09-12-2016
Los frecuentes incidentes de seguridad que están afectando a múltiples empresas y a no pocos despachos de abogados, no hacen sino ahondar esta inquietud, de forma que son numerosos los e...
Los frecuentes incidentes de seguridad que están afectando a múltiples empresas y a no pocos despachos de abogados, no hacen sino ahondar esta inquietud, de forma que son numerosos los eventos que se ocupan de la misma.
Una de las herramientas más expuestas a riesgos para nuestra ciberseguridad es el correo electrónico, pues a través del mismo pueden llegar al despacho numerosas formas de ataque informático. Desde intentos de estafas por medio de pishing a la instalación de malware destinado a capturar nuestra información o, como se está haciendo frecuente últimamente, a secuestrarla, encriptándola, a cambio de un rescate, todos estos ataques pueden llegarnos a través del correo electrónico.
Por ello, el Centro de Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en colaboración con el CGAE, ha difundido un decálogo de seguridad para el uso de correo electrónico por la abogacía, cuyos consejos principales son los siguientes:
Sobre todo los procedentes de remitentes desconocidos.
Ese documento adjunto podría esconder algún tipo de programa dañino (malware) que puede infectar tu ordenador.
Asegúrate de que el archivo realmente procede del remitente del que parece provenir.
Pasa el antivirus antes de abrirlos.
Quienes nos envían correo con malas intenciones saben que es más fácil convencer al destinatario a que haga clic en un link. Por eso suelen incluir enlaces al malware en el propio cuerpo del correo.
Es necesario ser cauteloso ante estas situaciones, sobre todo si el correo procede de
remitentes desconocidos o poco confiables.
Es necesario que tengas implantada una solución antimalware/antivirus empresarial que, entre otras tareas, escanee los correos electrónicos que recibáis en el despacho para confirmar que no ocultan virus.
En tu cuenta de Correo Abogacía ya cuentas con un filtro antiSPAM. Recuerda activarlo también en tus otras cuentas para filtrar correo basura o spam.
Una contraseña segura debe tener más de 8 caracteres e incluir mayúsculas, minúsculas y letras o caracteres. En caso contrario nos arriesgamos a que cualquier persona, utilizando alguna de las herramientas existentes para este fin, nos descubra la contraseña y acceda a nuestros correos.
Utiliza siempre contraseñas robustas y cámbialas periódicamente.
Cuando nos conectamos a una red pública, como la wifi de una cafetería o el ordenador de un hotel, hay que tener presente que el tráfico de red que envía o recibe nuestro ordenador puede ser interceptado por cualquiera de los usuarios conectados a esta red.
Para evitar ese acceso no consentido a la información confidencial que tratamos de salvaguardar, podemos implementar medidas como las de cifrar el correo, establecer una red privada virtual con nuestra empresa (VPN) de manera que todo el tráfico viaje cifrado; o, como última opción (pero sin duda la más adecuada) utilizar redes de telefonía móvil, como el 3G o el 4G.
El correo electrónico, si no va cifrado, viaja «en claro» a través de internet, esto quiere decir que cualquiera, a través de técnicas no muy complejas, podría leer el contenido de nuestros mails.
Por esta razón, si tenemos que enviar información de naturaleza profesional y/o confidencial deberemos cifrar nuestro correo electrónico o bien enviar un documento comprimido y cifrado. De esta forma, en caso de que sea interceptado, el tercero no podrá acceder al documento confidencial. Además, este tipo de buenas prácticas nos ayuda a tener una mejor imagen en cuanto al cuidado que damos a la información de nuestros clientes.
Una de las técnicas más comunes usadas por los ciberdelincuentes para obtener direcciones de correos electrónicos a los que enviar correo basura consiste en utilizar aplicaciones que rastrean direcciones de correo electrónico publicadas en páginas web y en redes sociales.
Para quienes desean ofrecer una cuenta de correo de contacto en la web o para la resolución de incidencias, es preferible la publicación de un formulario web que, a través de código, reenvíe el texto introducido en el formulario a una cuenta de correo electrónico.
Los spammers (individuos o empresas que envían spam - correo basura) solicitan a menudo respuestas respecto al contenido de sus mensajes, o incluso llegan a pedir el envío de un correo electrónico para evitar recibir más spam.
Nunca se debe caer en estas trampas, porque con ellas estamos confirmando al spammer que la cuenta de correo está activa y que hay alguien leyendo el correo.
Muchos de los correos electrónicos se envían en formato HTML, lo que permite utilizar colores, negritas, enlaces, etc. Este formato también permite incluir un lenguaje de programación denominado JavaScript, muy utilizado para funcionalidades que nos ofrece el correo electrónico.
Sin embargo, esta funcionalidad, también permite a los spammers verificar que la dirección de correo electrónico es válida o, incluso, redirigir el navegador web del usuario a una página web maliciosa que acabe infectando nuestro ordenador.
Es recomendable la desactivación del formato HTML en el correo electrónico, al menos en las cuentas de correo críticas o que se encuentren a disposición del público. De esta manera no sería posible la visualización de correos electrónicos atractivos, pero este sería mucho más seguro.
Cuando se envíen direcciones a múltiples destinatarios debe usarse siempre copia oculta (BCC o CCO). No hay que olvidar que en los correos electrónicos puede incluirse información de carácter personal de nuestros clientes que debe ser protegida y tratada con respeto a la privacidad. Todo ello sin perjuicio de las obligaciones deontológicas que puedan resultar aplicables.
¿NOS CUESTA ENTENDER EL COMPLIANCE EN ESPAÑA? 05-12-2016
Ya no resulta difícil adecuar las estrategias de las empresas al cumplimiento de las normas y eso a pesar de un entorno jurídico cada día más complejo. Implantar y controlar un eficaz sistema de cumpl...
Ya no resulta difícil adecuar las estrategias de las empresas al cumplimiento de las normas y eso a pesar de un entorno jurídico cada día más complejo. Implantar y controlar un eficaz sistema de cumplimiento, COMPLIANCE, incide de forma directa y positiva en el crecimiento económico de las organizaciones. Este, posiblemente, sea el único argumento de peso que nos llegue a hacer comprender la eficacia de un sistema COMPLIANCE, que su implantación y resultados no sean el resultado de la observación del éxito de otros, sino de nuestro propio éxito.
EL COMPLIANCE LIDERA YA LOS MODELOS DE GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS 05-12-2016
Los programas de compliance, los códigos de conducta y los Acuerdos Marco Internacionales (AMI) suscritos con sindicatos globales son los modelos de gestión imperantes en las relaciones laborales tran...
Los programas de compliance, los códigos de conducta y los Acuerdos Marco Internacionales (AMI) suscritos con sindicatos globales son los modelos de gestión imperantes en las relaciones laborales transnacionales, según los resultados de una encuesta lanzada por la Asociación de Directivos de Relaciones laborales (Adirelab) a más de 100 profesionales del sector, sobre el futuro de la función de relaciones laborales.
Las materias que según los expertos requieren urgente reforma normativa en esta legislatura son, de una parte, el registro de jornada; la cesión ilegal y outsourcing y plataformas colaborativas. Mientras que por otra parte, están la dualidad entre fijos y temporales; los despidos colectivos y los grupos de empresas laborales, según el avance de un informe de Adirelab sobre recursos humanos.
Carlos de la Torre -Baker & Mckenzie- y Juan Suanzes -Ars Outplacement-, en sus intervenciones en el I Congreso Anual de la esta asociación compartieron un decálogo con los retos principales de la función de relaciones laborales, que pasan por la reducción de costes; la modernización de la interlocución sindical; digitalización; diversidad generacional; compliance laboral; globalización y cadenas de suministro; economía colaborativa; seguridad jurídica; retorno económico; e independencia de la función de los recursos humanos.
Juan Menéndez Valdés, director de la Agencia comunitaria Eurofound, dijo que en Europa se constata una presencia cada vez mayor de empleo a tiempo parcial mientras la ratio entre empleo temporal y fijo permanece estable. En España la temporalidad ha descendido pero sigue claramente por encima de la media europea mientras que el tiempo parcial se mantiene por debajo. Asimismo, advirtió de una creciente segmentación y polarización del mercado de trabajo en los países europeos, probablemente todavía el problema principal en España.
Joaquín Nieto, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alertó de la existencia de una generación sin futuro a nivel mundial si no se crean 400 millones de empleos en los próximos 15 años y destacó que hay 200 millones de desempleados en el mundo de los cuales 71,5 millones son menores de 25 años.
Además, añadió que la cumbre de París modificará todo el sistema de producción mundial y conllevará la desaparición de muchos sectores y la pérdida de millones de empleos por lo que se precisará una transición justa hasta la consolidación de nuevos sectores que creen nuevos empleos.
El objetivo, según la OIT, debe de ser avanzar hacia el trabajo decente con derechos laborales, salario digno y protección social también en las cadenas de suministro ya que un 50 por ciento de los trabajadores en el mundo carece de sistema de protección social.
¿DÓNDE PUEDO PAGAR CON APPLE PAY? 01-12-2016
La nueva plataforma de pagos del gigante de la manzana irá incorporándose de forma progresiva en todos aquellos establecimientos que cuenten con terminales de punto de venta (TPV) habilitados para pag...
La nueva plataforma de pagos del gigante de la manzana irá incorporándose de forma progresiva en todos aquellos establecimientos que cuenten con terminales de punto de venta (TPV) habilitados para pagos contactless. En España, se estima, según cálculos de MasterCard, que alrededor de un 70% de los comercios disponen ya de esta tecnología.
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References: artículo 31
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 artículo 31
 artículo 45
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 artículo 4
 artículo 29
 artículo 44
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 Artículo 29
 Artículo 29
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 resolución