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Timestamp: 2019-09-21 19:51:46+00:00

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﻿ SENTENCIA SC11943-2017/2007-00537 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2017
SENTENCIA SC11943-2017 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:EXEQUÁTUR. AUNQUE LAS NORMAS SOBRE AGENCIAS EN DERECHO SON DIFERENTES EN COLOMBIA Y VENEZUELA ESTO NO IMPIDE SU CONVALIDACIÓN. EN VENEZUELA LAS COSTAS QUE DEBE PAGAR LA PARTE VENCIDA POR HONORARIOS DEL APODERADO DE LA PARTE CONTRARIA ESTARÁN SUJETAS A RETASA MIENTRAS QUE EN COLOMBIA, LA PARTE VENCIDA EN UN PROCESO DEBE PAGAR LAS COSTAS DEL MISMO (NUM. 1º, ART. 392 C.P.C.), ADEMÁS, DENTRO DE LAS COSTAS SE ENCUENTRAN LAS AGENCIAS EN DERECHO QUE SON EL RECONOCIMIENTO DEL COSTO EN QUE INCURRIÓ LA PARTE VENCEDORA POR LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO QUE LO REPRESENTARA. PARA LA CORTE SUPREMA ESAS DIFERENCIAS NO RIÑEN CON LEYES O DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, POR LO QUE NO SON OBSTÁCULO PARA LA CONCESIÓN DEL EXEQUÁTUR.
TEMAS ESPECÍFICOS:COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS PROCESALES, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES, AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA POR AGENCIAS EN DERECHO, EXEQUÁTUR, FINALIDAD DE LA CONDENA EN COSTAS PROCESALES
Sentencia SC11943-2017 de septiembre 22 de 2017
SC11943-2017
Rad.: 11001-02-03-000-2007-00537-00
(Aprobado en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).
Decide la Corte la solicitud de exequátur formulada por los señores FÉLIX REYES QUINTERO y UGLIS ANTONIO SALAVERRÍA CASTILLO, respecto de la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2006 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Venezuela, que en el procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales de los accionantes contra la señora LUZ MARINA CRISPÍN DE GÉLVIZ, los reguló o retasó [los honorarios], «con motivo del cobro de las actuaciones judiciales realizadas por los intimantes en el juicio que por acción de Nulidad de Documentos, intentara (...) la ciudadana, LUZ MARINA CRISPÍN DE GÉLVIZ (...) en contra de los ciudadanos; JOSÉ ANTONIO GÉLVIZ ORDÓÑEZ y MARCO AURELIO SABALA GONZÁLEZ (...) representados en su orden por los abogados en ejercicio UGLIS ANTONIO SALAVERRÍA CASTILLO y FÉLIX REYES QUINTERO (...) según consta en autos del expediente que cursa ante este Juzgado bajo el N° 4903» (fl. 65).
1. Expusieron en su demanda los solicitantes, que ante el mismo juzgado en que se profirió la sentencia cuya homologación se persigue, se adelantó por parte de la señora LUZ MARINA CRISPÍN DE GÉLVIZ, y en contra de los señores JOSÉ ANTONIO GÉLVIZ ORDÓÑEZ y MARCO AURELIO SABALA GONZÁLEZ, «una acción de nulidad de documentos» en la que los ahora promotores del exequátur fueron apoderados de los demandados.
2. Relataron que la pretensiones de nulidad fracasaron en las instancias del proceso surtido en San Cristóbal, Estado de Táchira, por lo que el Juzgado del conocimiento «condenó al pago de las costas a la demandante señora LUZ MARINA CRISPÍN DE GÉLVIZ».
También, que luego de ejecutoriado el fallo que le puso fin a esa contención presentaron «demanda por cobro de honorarios profesionales»; que la señora CRISPÍN DE GÉLVIZ formuló oposición en cuanto al valor reclamado y se acogió «al derecho de retasa» previsto en la Ley de Abogados de Venezuela y en el Código de Procedimiento Civil de ese país; y que dicho procedimiento, luego de surtidas sus etapas, condujo a que se dictara «sentencia con fecha 20 de septiembre de 2006, [en la que se] estableció como honorarios profesionales (...) causados en el juicio principal ya citado la suma de ciento noventa millones cuatrocientos ochenta mil bolívares (Bs. 190.480.000.oo.)», sin que el pago se hubiera realizado.
Destacaron que aunque la señora LUZ MARINA CRISPÍN DE GÉLVIZ interpuso apelación contra esa sentencia, le fue denegada por no ser susceptible de tal recurso la providencia impugnada.
3. Aseveraron los peticionarios, por otra parte, que existe reciprocidad diplomática entre la República Bolivariana de Venezuela y Colombia, ya que ambos Estados «firmaron la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de la Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros realizada en Montevideo, Uruguay el 8 de mayo de 1999» y que ninguno de ellos formuló «reserva sobre el tratado».
4. Afirmaron los actores que «jamás se ha presentado ni se tramita en Colombia proceso alguno sobre este mismo asunto»; que la pretensión «no es contraria a las leyes colombianas sobre este tópico»; que «la sentencia para la cual se solicita el exequátur se encuentra debidamente ejecutoriada»; que no versa sobre derechos reales constituidos sobre bienes que estuvieran en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso en que se dictó la sentencia que se pretende convalidar; que el asunto no es de competencia exclusiva de jueces colombianos; y, finalmente, que «se encuentra demostrado (...) que hubo citación de la demanda[da] tanto al proceso principal como al de retasa».
5. Con apoyo en esas premisas, los solicitantes pretenden que se conceda «el exequátur a la sentencia de retasa de honorarios profesionales de fecha 20 de septiembre de 2006» para su ejecución en territorio colombiano.
6. Admitida la demanda de exequátur, de ella se corrió traslado al Ministerio Público y a la señora LUZ MARINA CRISPÍN DE GÉLVIZ, parte afectada.
7. El representante del Ministerio Público manifestó no oponerse a la solicitud de exequátur, «en cuanto la demanda reúne los requisitos del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil».
Por su parte, la señora LUZ MARINA CRISPÍN DE GÉLVIZ presentó en oportunidad dos escritos, uno mediante el que propuso excepción previa de falta de competencia, y otro con el que contestó la demanda y se opuso a la pretensión convalidatoria «por considerarla que se basa en razones que se encuentran fundadas en un ilícito, cual es el de fraude procesal y hasta tanto no se concluya la investigación, mal puede procurarse su ejecución».
8. Las excepciones previas fueron rechazadas por no resultar viable su tramitación en el proceso de exequátur.
9. Se abrió a pruebas el proceso, y en lo relativo a la solicitud pertinente de la parte actora se dispuso tener como tales las documentales acompañadas a la demanda, según su valor probatorio; se ordenó oficiar el Ministerio de Relaciones Exteriores para que allegara copia auténtica de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros celebrada en Montevideo y para que certificara si ese instrumento internacional fue firmado y ratificado por Colombia y por Venezuela, y caso tal, si lo hicieron con alguna reserva; se solicitó también al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela que certificara si la mencionada Convención fue aprobada por ese país y si está vigente allí; finalmente, se ordenó oficiar al Consulado de Colombia en Venezuela para que remitiera copia autenticada de la Ley de Abogados junto con la certificación de vigencia.
Respecto de las pruebas pedidas por la parte opositora, se ordenó tener como tales «los documentos anexos a la demanda, según su valor probatorio».
Y en cuanto a las pedidas por el Ministerio Público se observó que esas mismas fueron decretadas a instancia de los demandantes.
10. No obstante lo anterior, y a pesar de haberse requerido a la parte actora en autos de 13 de septiembre y de 18 de diciembre, ambas fechas de 2012, para que acreditara el diligenciamiento del oficio librado por la Corte mediante el cual se pretendía la aducción de la Ley de Abogados de Venezuela, tal prueba no fue allegada a la actuación.
11. Se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, oportunidad que transcurrió en silencio.
1. El exequátur es el mecanismo que el legislador diseñó para reconocer o convalidar en territorio colombiano los efectos de las sentencias judiciales y pronunciamientos de la misma índole, proferidos en el extranjero.
Se trata de una herramienta excepcional, dado que el principio de la soberanía halla su sustento en que la administración de justicia —de suyo independiente y autónoma— es una función exclusiva del Estado que carece de sujeción o subordinación a jurisdicciones extranjeras.
Explícitamente lo ha reconocido esta Corporación al señalar que «las sentencias proferidas por jueces extranjeros no surten efectos en Colombia, a menos que, con sujeción a la legislación patria se conceda a ellas, con el lleno de los requisitos establecidos por el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, el exequátur correspondiente» (Sent. CSJ, 12 ago. 1997, Rad. 6174).
2. Asimismo, el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil contempla que «las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia».
De la reciprocidad diplomática se ha dicho que surge «cuando entre Colombia y el país de donde proviene la decisión judicial objeto del exequátur, se ha suscrito tratado público que permita igual tratamiento en este Estado extranjero a las sentencias emitidas por jueces colombianos, de manera que como contraprestación a la fuerza que éstas tengan en aquél, las suyas vinculen en nuestro territorio» (Sent. CSJ, 25 sep. de 1996, Rad. 5524).
La reciprocidad legislativa, según lo manifestó la Corte en el mismo pronunciamiento, tiene ocurrencia al «reconocérsele efectos jurídicos a las sentencias de los jueces colombianos por la legislación del país de donde proviene la decisión materia de exequátur, pues igual fuerza vinculante tendrán las decisiones de sus jueces en el territorio nacional, siendo entendido que esta forma de reciprocidad puede ser a su vez basada en textos legales escritos o en la práctica jurisprudencial imperante en el país del fallo objeto de exequátur».
3. Si bien es dable concluir que en principio las sentencias judiciales emitidas en el exterior relativas a asuntos contractuales y de condena son susceptibles de convalidación en Colombia, como es apenas natural se requiere que cumplan en su totalidad las exigencias consagradas en los artículos 694 y 695 del Código de Procedimiento Civil.
4. En punto de abordar el estudio de la posible reciprocidad existente, se advierte que de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, Colombia y la República Bolivariana de Venezuela no han celebrado ningún convenio bilateral en el que se reconozca ejecutabilidad a las sentencias pronunciadas por autoridades judiciales de estos dos países en asuntos de carácter contractual.
No obstante, tal como lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (fl. 270), ambos Estados son signatarios de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros firmada en Montevideo el 8 de mayo de 1979.
En Colombia esa convención fue aprobada mediante Ley 16 de 1981 y depositado el instrumento de ratificación el 10 de septiembre de 1981, por lo que entró en vigencia a partir del 10 de octubre de ese mismo año.
Por su parte, Venezuela hizo el depósito del instrumento de ratificación el 28 de febrero de 1985, y entró en vigor el Tratado para dicho país el 28 de marzo del mismo año de 1985.
Ambas ratificaciones se hicieron sin reservas.
De lo anterior se colige, sin margen de error, que existe reciprocidad diplomática entre los dos Estados involucrados en el proceso de exequátur que se decide.
5. La mencionada Convención consagra en su artículo 2º que «las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeras (...) tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes si reúnen las condiciones siguientes: a) Que vengan revestidas de las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden; b) Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los documentos anexos que fueren necesarios según la presente Convención, estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto; c) Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deben surtir efecto; d) Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto; e) que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional deban surtir efecto; f) Que se haya asegurado la defensa de las partes; g) Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados; h) Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución».
En el artículo 3º del mismo cuerpo normativo, se exigen como indispensables documentos de comprobación, los siguientes: «a) Copia auténtica de la sentencia o del laudo y resolución jurisdiccional; b) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumplimiento a los incisos e) y f) del artículo anterior; c) copia auténtica del auto que declare que la sentencia o el laudo tiene el carácter de ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada».
6. Con apoyo en lo anterior y en el propósito de verificar la posibilidad de obtener el exequátur solicitado, corresponde ahora a la Corte determinar si tales exigencias fueron satisfechas en el asunto que se decide.
En ocasión anterior la Sala señaló que «como es preeminente (...) que la Corte defina el exequatur siguiendo los dictados de la ‘Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros’ (...), toda vez que a ella adhirieron Colombia y Venezuela sin hacer reserva alguna, síguese a ver si las decisiones proferidas por el juez venezolano, y que son materia de lo aquí impetrado, satisfacen las exigencias previstas en el susodicho convenio internacional, especialmente en sus artículos 2º y 3º» (Sent. CSJ, 10 jul. 2000, Rad. 7735). En la misma línea, pueden consultarse también las sentencias de exequátur de 19 de agosto de 1997, Rad. 6041 y de 16 de diciembre de 2009, Rad. 2009-00026-00.
a) Observada con detenimiento la actuación surtida, ninguno de esos requisitos merece reparo, pues la copia de la sentencia extranjera que se adujo con la demanda de exequátur está revestida de las formalidades que llevan a concluir su autenticidad, incluida la constancia de su ejecutoria y la concurrencia personal de la señora LUZ MARINA CRISPÍN DE GÉLVIZ al proceso en el que se profirió la sentencia que se pretende homologar. Asimismo se destaca que la documentación cumple las exigencias del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil y de la Ley 455 de 1998, por medio de la cual se aprobó la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961.
b) Asimismo, exige la norma pertinente, de conformidad con lo establecido en la letra d) del art. 2º de la mencionada Convención “[q]ue el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto, de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto”, elemento “cuya verificación debe hacerse atendida la época en que se promovió el proceso en el cual fue dictado el fallo foráneo” (Sent. CSJ, 10 jul. 2000, Rad. 7735), pues así se desprende de la documentación que se acompañó con la demanda de exequátur, en cuanto se aportó con el lleno de formalidades que establece el ordenamiento jurídico, en concreto la "Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros" adoptada para Colombia a través de la Ley 455 de 1998.
c) A su turno, desde la perspectiva de la competencia por el factor territorial, debe recordarse que el proceso se tramitó en el domicilio de quienes fueron demandados por la señora LUZ MARINA CRISPÍN DE GÉLVIZ, personas aquellas que otorgaron poder a los ahora solicitantes del exequátur, señores FÉLIX REYES QUINTERO y UGLIS ANTONIO SALAVERRÍA CASTILLO, para que éstos los representaran judicialmente en la acción de nulidad de documentos impulsada por la ya mencionada señora CRISPÍN DE GÉLVIZ, luego en materia de competencia tampoco hay ningún reparo para formular.
7. Mención especial requiere el aspecto atinente a que la sentencia proferida por la autoridad judicial extranjera no contravenga manifiestamente los principios y las normas de orden público del Estado colombiano, exigencia que la sentencia cumple a cabalidad, pues la Convención antes mencionada no consagra norma exceptiva alguna que pudiera restar eficacia extraterritorial a un pronunciamiento como el que se pretende convalidar en Colombia. Se advierte, además, que en la legislación colombiana existen instituciones jurídicas análogas a las aplicadas en la sentencia que reguló y retasó los honorarios de los ahora solicitantes.
A propósito de lo anterior, destaca la Corte que no fue aducida a la actuación copia de la Ley de Abogados de Venezuela, no obstante lo cual esa circunstancia no se erige en obstáculo que impida valorar la institución de la regulación y retasa de honorarios que se realizó en la sentencia que se pretende homologar, esto en aras de establecer si contraviene «leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento» (num. 2º, art. 694 CPC).
Conforme se dejó explícito en la providencia judicial de 20 de septiembre de 2006 (fls. 65 a 73), proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, se inició el «procedimiento de estimación de honorarios profesionales con motivo del cobro de las actuaciones judiciales realizadas por los intimantes en el juicio que por acción de Nulidad de Documentos, intentara en fecha 13 de enero de 2005, por la ciudadana, LUZ MARINA CRISPÍN DE GÉLVIZ (...) en contra de los ciudadanos; JOSÉ ANTONIO GÉLVIZ ORDÓÑEZ y MARCO AURELIO SABALA GONZÁLEZ (...) representados en su orden por los abogados en ejercicio UGLIS ANTONIO SALAVERRÍA CASTILLO y FÉLIX REYES QUINTERO».
También da cuenta ese pronunciamiento judicial de haberse suscitado una incidencia en dicho procedimiento, «motivada por la interposición de cuestiones previas planteadas por el co-demandado MARCO AURELIO SABALA GONZÁLEZ, a través de su apoderado judicial, declarándose finalmente con lugar la cuestión previa (...) y en consecuencia resultado la demandante perdidosa en tal incidencia y consecuencialmente condenada en costas en la dispositiva de la sentencia».
Asimismo, que mediante sentencia dictada por ese despacho judicial «en fecha 19 de julio de 2006, se declaró con lugar el derecho a cobrar honorarios profesionales por parte de los abogados actores, y por cuanto la parte intimada no ejerció recurso alguno, la misma quedó con carácter de definitivamente firme y pasada en autoridad de cosa juzgada».
De la misma manera, que la demandada en el proceso de intimación y estimación de honorarios profesionales, señora LUZ MARINA CRISPÍN DE GÉLVIZ, asistida de la abogada que ella designó, «dio contestación a la demanda en cuyo escrito se evidencia que no rechazó el derecho de los abogados reclamantes de cobrar sus honorarios, limitándose a pedir la correspondiente Retasa», aspecto que constituye el objeto central de esa sentencia, y que armoniza con el texto del artículo 286 del Código de Procedimiento Civil venezolano allí citado (fl. 69), en cuyo primer aparte se establece que «las costas que debe pagar la parte vencida por honorarios de apoderado de la parte contraria estarán sujetas a retasa».
Y, por último, para lo que interesa ahora, esa sentencia, en su parte resolutiva fijó «los honorarios profesionales causados en el juicio principal contenido en el Expediente N° 4903, los cuales la ciudadana LUZ MARINA CRISPÍN DE GÉLVIZ (...) debe pagar a los Abogados FÉLIX REYES QUINTERO y UGLIS ANTONIO SALAVERRÍA CASTILLO (...), la cantidad de CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 190.480.00,00)».
Pues bien, es claro que esas normas son diferentes de las colombianas, en las que la parte vencida en un proceso es condenada a pagar las costas del mismo (num. 1º, art. 392 CPC), dentro de las cuales se encuentran las agencias en derecho, consistentes éstas, en el reconocimiento del costo en que incurrió la parte vencedora por la asistencia de un abogado que lo representara en la actuación.
Al paso que en Colombia las costas, y dentro de ellas las agencias en derecho, acrecen el patrimonio de la parte sustancial, en la normativa venezolana de que da cuenta la sentencia cuya convalidación se pretende, ellas pertenecen al apoderado judicial de la parte contraria a la vencida, con lo cual se da origen a una relación jurídica entre una parte y el apoderado de su adversario procesal.
La Corte estima que esas normas, diferentes como queda explicado, no riñen con leyes o disposiciones de orden público, por lo que no se erigen en obstáculo para la concesión del exequátur solicitado.
8. En fin, tanto Colombia como la República Bolivariana de Venezuela aceptan la extraterritorialidad de las sentencias judiciales que profieren sus autoridades, siempre que se cumplan determinados requisitos mínimos, y dado que la Corte ha verificado que en el asunto que se le ha sometido a consideración ellas tienen cabal ocurrencia, se abre paso la concesión del exequátur como fue pedido. Adicionalmente, se cumplieron las formalidades que reclama la normatividad procesal civil colombiana y se adelantó este proceso con audiencia del Ministerio Público y de la parte afectada.
9. Finalmente, en cuanto se refiere a la intervención de la señora LUZ MARINA CRISPÍN DE GÉLVIZ en el proceso de exequátur, en la que formula oposición a la concesión de la homologación solicitada en la demanda, por considerar que la pretensión encuentra su fundamento en un ilícito, que ella asevera configuraría un fraude procesal, es del caso poner de relieve que en este tipo de actuaciones no hay lugar a la revisión del asunto de fondo materia del proceso seguido en el exterior, de manera que ese reproche carece de viabilidad en esta sede.
10. Con apoyo en lo discurrido, y al tenor de lo preceptuado en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado parcialmente por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, se condenará en costas a la parte vencida, y se procede entonces a fijar en este mismo fallo las agencias en derecho, para lo cual se aplicarán las reglas previstas en la tarifa fijada por la Sala en 2010, en cuanto a procesos de exequátur con oposición en los que prospera la demanda.
1. Desestimar las defensas planteadas por la opositora.
2. Conceder el exequátur solicitado por FÉLIX REYES QUINTERO y UGLIS ANTONIO SALAVERRÍA CASTILLO, respecto de la sentencia judicial proferida el 20 de septiembre de 2006 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Venezuela, que en el procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales de los accionantes contra la señora LUZ MARINA CRISPÍN DE GÉLVIZ, los reguló o retasó.
3. Condenar en costas a la convocada a este trámite y para que se incluyan en la respectiva liquidación, se fija la suma de $ 2.250.000,oo por concepto de agencias en derecho.

References: artículo 694
 artículo 694
 artículo 693
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 259
 artículo 286
 artículo 392
 artículo 19