Source: http://cidh.org/annualrep/2003sp/Panama.12303.htm
Timestamp: 2017-12-16 18:53:41+00:00

Document:
Panamá 12.303 Inadmisible
INFORME Nº 89/03
9. Con relación al agotamiento de los recursos internos, los peticionarios alegan en respuesta a la objeción del Estado que no han interpuesto los recursos de inconstitucionalidad propuestos por el Estado, en virtud de que no son adecuados para remediar las violaciones alegadas en este caso. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 203 de la Constitución, el recurso de inconstitucionalidad constituye una acción pública de carácter extraordinario que puede ser promovida por cualquier persona ante el pleno de la Corte Suprema, con el propósito de demandar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma deban ser impugnados. Los cuatro recursos de inconstitucionalidad, a los que se refiere el Estado, no han sido promovidos por los peticionarios por sí mismos ni a su nombre, sino por terceros, ya sea actuando de manera personal o a través de apoderado judicial.
10. Con relación a la interpretación que ha dado la doctrina y la jurisprudencia del artículo 2564 del Código Judicial, en vigor en este tiempo, sobre los efectos ex-nunc de las demandas de inconstitucionalidad, los peticionarios aducen que el resultado de tales demandas de inconstitucionalidad no incidirá de manera directa o indirecta sobre su situación, ya que de acuerdo a lo que dispone este artículo 2564 del Código Judicial. las decisiones que adopte la Corte Suprema en materia de inconstitucionalidad revisten el carácter de definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo según alude copiosa jurisprudencia de ese alto Tribunal de Justicia.[2]
13. La disposición constitucional citada es desarrollada por el artículo 2606 del Código Judicial, que en su párrafo tercero indica lo siguiente:
17. El Estado alega que los peticionarios no han agotado los recursos de la jurisdicción interna de conformidad con el artículo 46 de la Convención, en virtud de que el recurso adecuado es el recurso de inconstitucionalidad y este recurso, además de no haber sido agotado por los peticionarios, actualmente se tramita ante la Corte Suprema y todavía se encuentra pendiente de decisión. El Estado señala que aunque los peticionarios no hayan ejercitado los recursos de inconstitucionalidad por ellos mismos, el hecho de que no haya decisión en aquellas demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema demuestra que no se han agotado los recursos internos.
18. También explica que el Pleno de la Corte Suprema en ejercicio de sus competencias ha conocido y resuelto o tramita en fecha del 27 de diciembre 2001, un total de seis procesos judiciales relacionados con el objeto de la denuncia, a saber: tres acciones de inconstitucionalidad no resueltas, una de amparo de garantías constitucionales, una solicitud de aclaración y de corrección de sentencia y un recurso de revisión.
23. Finalmente, el Estado cita algunos fuetes de doctrina[5] y decisiones jurisprudenciales en apoyo a sus alegaciones.[6]
24. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto a quienes Panamá se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana.[7]
25. Con relación a Panamá, la Comisión señala que es un Estado parte de la Convención Americana desde el 22 de junio de 1978, fecha en que depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
52. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,

References: artículo 203
 artículo 2564
 artículo 2564
 artículo 2606
 artículo 46
 artículo 44