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Timestamp: 2013-12-18 12:39:31+00:00

Document:
Tribunal Constitucional Plurinacional - Resoluci�n 1301/2011-R
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1301/2011-R
Sucre, 26 de septiembre de 2011
Expediente: 2010-21946-44-AL
En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de libertad, interpuesta por Oscar Fernando López Jordán, contra Edgar Molina Aponte, Adhemar Fernández Ripalda y Samuel Saucedo Iriarte, Vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz.
Mediante memorial presentado el 1 de junio de 2010, cursante a fs. 2 a 5, el accionante asevera lo siguiente:
El 6 de abril de 2010, en el centro de rehabilitación de Santa Cruz “Palmasola”, se celebro la audiencia de medida cautelar, por el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal, en la cual fue favorecido con una medida sustitutiva a la detención preventiva con referencia al peligro de obstaculización.
Manifiesta que en fecha 17 de abril del 2010, Nyls Reynaldo Ricaldy Rocha, en representación del querellante Antonio Pereyra Zarco, interpone recurso de apelación, señalándose audiencia de consideración de la misma por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Santa Cruz.
El 18 de mayo de 2010, fecha en la que se celebró la audiencia, los Vocales miembros por unanimidad, establecieron revocar las medidas sustitutivas a la detención preventiva impuestas al accionante, bajo el argumento de que, existe peligro de obstaculización, al considerar que la audiencia celebrada en el centro de rehabilitación, el accionante se encontraba detenido por otro delito de estafa; sin embargo es por deuda al mismo denunciante, el cual antes le había iniciado un proceso ordinario en materia civil, con el que fue notificado primero; por lo que, se estaría tramitando la inhibitoria para que se siga el proceso civil por el cobro de deuda.
Con relación a la decisión del Tribunal de apelación de revocar las medidas sustitutivas, indica que la misma resulta errónea, porque en la audiencia señalada al efecto, no se presento ninguna prueba sea testifical o documental, que demuestre que su persona estaría realizando, maquinando o fabricando alguna destrucción, modificación, ocultación, supresión o falsificación de algún elemento de prueba, ni tampoco que haya influido negativamente en testigos, peritos o alguna parte del proceso. Tampoco se tomo en cuenta por parte de las autoridades demandadas que, al estar detenido, este se encuentra inhabilitado para realizar algún acto de obstaculización.
Refiere de igual forma que, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Santa Cruz, rechazó el incidente planteado por sus abogados, porque supuestamente el recurso de apelación fue planteado extemporáneamente.
El accionante arguye como vulnerados, sus derechos a la libertad y la defensa, citando al efecto el art. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 7 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 5, 6, 8 y 9 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y “art. 16 de la Constitución Política del Estado (CPE)”.
Con esos antecedentes, plantea acción de libertad; pidiendo que se declare “probada” la misma, revocando la decisión de la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de Santa Cruz y se mantenga la decisión asumida por el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal de la Corte Superior de Santa Cruz; y en consecuencia, se deje sin efecto la orden o mandamiento de detención preventiva.
Efectuada la audiencia pública el 2 de junio de 2010, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 12 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, amplio los fundamentos de la acción bajo el siguiente argumento: 1) Que las autoridades demandadas, revocan las medidas sustitutivas a la detención preventiva y libran el mandamiento de detención contra el accionante, por estar procesado por una supuesta falsificación de un documento que fue extendido por una Notaria de Fe Pública, 2) Falsificación que aún no fue probada por una Sentencia condenatoria; sin embargo, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Santa Cruz, entendió que, por ser esta la naturaleza del delito, el imputado podría influir negativamente sobre peritos, testigos o partes del proceso; asimismo modificaría, suprimiría o eliminaría elementos de prueba, cuestión que no se probo de manera objetiva.
Edgar Molina Aponte, Adhemar Fernández Ripalda y Samuel Saucedo Iriarte, vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, no se hicieron presentes en la audiencia ni presentaron informe correspondiente, pese a su legal citación.
El Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, pronuncia la Resolución 09/2010 de 2 de junio, cursante de fs. 13 a 15 vta., por la que declaró “procedente” la acción de libertad interpuesta, sin costas por ser excusable, con los siguientes fundamentos: a) Los Vocales demandados encontraron el peligro de obstaculización, solo en base a meras susceptibilidades, sin contar la existencia de otros procesos en contra del imputado y que si bien se encuentra en etapa de investigación, en ella rige aún el principio de presunción de inocencia y se considera que fueron demasiado estrictos y rigurosos en su decisión; y, b) Las autoridades demandadas, no fundamentaron en forma razonable, objetiva y motivada la Resolución que revoco la decisión del inferior que otorgó las medidas sustitutivas a la detención preventiva en contra del imputado.
Mediante Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, se ampliaron las facultades otorgadas a este Tribunal mediante Ley 003 de 13 de febrero de 2010, a objeto de conocer y resolver las acciones de defensa de derechos fundamentales presentadas a partir del 7 de febrero de 2009, es decir bajo el nuevo orden constitucional; por lo que, mediante Acuerdo Jurisdiccional 001/2011 de 11 de enero, se procedió a la reanudación del sorteo de causas. Encontrándose la presente Sentencia pronunciada dentro del plazo legal.
De la debida revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente procesal, se establece lo siguiente:
II.1.El Fiscal de Materia, Enrique Barroso Melgar, el 24 de febrero de 2010, imputa formalmente a Oscar Fernando López Jordán y otra, por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 31 a 32).
II.2.El Juez Sexto de Instrucción en lo Penal, señala audiencia para considerar la solicitud de medida cautelar para el 17 de marzo de 2010 (fs. 33), la misma que se suspende, por no haber sido legalmente notificadas las partes, señalándose nueva audiencia para el 24 del mes y año antes señalado (fs. 34), la que también se suspende por inasistencia del imputado -actual accionante-, razón por la que, se señala nueva audiencia para el 6 de abril del año en curso (fs. 41).
II.3.Cursa de fs. 125 a 130 vta. el Acta de audiencia de fundamentación oral en medida cautelar, por la que el juez de la causa dispone la libertad del imputado aplicando en su lugar medidas sustitutivas a la detención preventiva como: obligación de presentarse ante el Ministerio Público cada viernes; prohibición de salir del departamento y del país y, una fianza económica de Bs30 000.- (treinta mil bolivianos).
II.4.Nyls Reynaldo Ricaldy Rocha, en representación de Antonio Pereyra Zarco -ahora querellante-, interpone recurso de apelación contra el auto de medidas sustitutivas a la detención preventiva de 6 de abril de 2010 (fs. 135 a 137 vta.).
II.5.El 18 de mayo de 2010, se lleva a cabo la audiencia de apelación de medida cautelar por la que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Santa Cruz, revoca el auto apelado de fecha 6 de abril de 2010 y dispone la detención preventiva del imputado -actual accionante- (fs. 140 a 142 vta.).
II.6.A fs. 146 corre el mandamiento de detención preventiva ordenada por el Tribunal ahora demandado.
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad y la defensa, por cuanto las autoridades demandadas constituidas en tribunal de apelación, revocaron las medidas sustitutivas a la detención preventiva impuestas, bajo el argumento de que existe peligro de obstaculización y también porque existe reincidencia, sin demostrar con prueba fehaciente lo aseverado ni fundamentación. En consecuencia corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1.Naturaleza jurídica de la acción de libertad
La acción de libertad, ha sido instituida por la Constitución Política del Estado en sus arts. 125 y ss, como una medida de defensa de los derechos y garantías a la libertad y a la vida, derechos que son reconocidos por la misma Ley Fundamental y que son inherentes a todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, mismos que no pueden ser vulnerados o infringidos sin una justa razón o previo juzgamiento.
Asimismo, la normativa contenida en la Ley del Tribunal Constitucional, en los arts. 89 y siguientes, que han sido interpretados por este Tribunal, determina que quien creyere estar arbitraria, indebida o ilegalmente perseguida, detenida o presa, podrá acudir en busca de que guarden las formalidades legales que pudieran estar afectando su derecho. La“…acción de libertad, constituye una garantía instrumental de rango constitucional, que garantiza el ejercicio y respeto del derecho a la libertad personal y de locomoción, inclusive ahora, el derecho a la vida, cuando ésta se encuentra afectada por la restricción o supresión de la libertad, cuya finalidad es hacer frente a una situación de arbitrariedad proveniente de autoridades y/o particulares. Así el art. 125 de la CPE, establece que: '…Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad…'” SC 2178/2010-R de 19 de noviembre.
III.2. Fundamentación de las resoluciones sobre medidas cautelares
El art. 124 del CPP, prescribe que las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. Dicha disposición legal guarda armonía con la norma contenida en el art. 236.3 del mismo cuerpo de leyes, referido a la forma y contenido de la decisión, señalando que se debe hacer una fundamentación expresa sobre los presupuestos, que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables.
Al respecto el Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia, ha señalado que las resoluciones sobre medidas cautelares deben estar debidamente fundamentadas, conforme lo exigen los arts. 236.3 y 124 del CPP, última norma que determina que las sentencias y autos interlocutorios deben expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones, y el valor otorgado a los medios de prueba, no pudiendo ser reemplazada la fundamentación por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes.
Así también, el citado entendimiento contenido en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, señaló respecto a la motivación de las resoluciones lo siguiente: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla”.
III.2.1. Sobre el Riesgo de Obstaculización
Como ha establecido la jurisprudencia constitucional, para determinar la existencia del riesgo de fuga, el juzgador debe realizar una valoración objetiva de los elementos presentados, es decir que: ”…deberá evaluar en forma objetiva si existen suficientes elementos de convicción que determinen la concurrencia de esos supuestos, a cuyo efecto deben ser valorados conforme a la conducta o comportamiento que advierta el juez respecto del imputado durante la investigación del hecho o el proceso mismo; vale decir, que podrá tomarse en cuenta como elementos o indicios de obstaculización a la averiguación de la verdad todas las actuaciones y comportamientos del imputado ocurridos en los actos iniciales de la investigación, los que forman parte de la etapa preparatoria o durante el proceso mismo y en los que la conducta del imputado puede subsumirse a lo previsto en los arts. 233 inc. 2) con relación al 235 del CPP” ( SC 1147/2006-R de 16 de noviembre).
Ahora bien, con relación a la valoración integral que deben realizar las autoridades jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0298/2010-R de 7 de junio, citando la SC 0012/2006-R de 4 de enero, señaló que la evaluación de esos parámetros objetivos, ya sea para determinar el peligro de fuga o el riesgo de obstaculización, debe ser realizada en forma integral, lo que supone que: “…el órgano jurisdiccional debe hacer un test sobre los aspectos positivos o negativos (favorables o desfavorables) que informan el caso concreto, de cara a los puntos fijados por la ley para medir tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización; de tal modo que de esa compulsa integral, se llegue a la conclusión razonada sobre si existe o no riesgo de fuga u obstaculización. En esta evaluación, unos puntos pueden reforzar, o por el contrario enervar o eliminar los riesgos aludidos; lo cual, naturalmente, debe ser expuesto por el juez en la resolución que emita de manera coherente, clara y precisa”.
III.3.Análisis del caso
El accionante alega que las autoridades demandadas, revocaron sin ninguna fundamentación las medidas sustitutivas a la detención preventiva impuestas, bajo el argumento de que existe peligro de obstaculización y también porque existe reincidencia, sin demostrar con prueba fehaciente lo aseverado.
Ahora bien, según informan los datos del proceso, se tiene que, evidentemente, las autoridades demandadas, dejaron sin efecto la Resolución emitida por el inferior sin que hayan efectuado una valoración integral de los elementos probatorios como corresponde y que deben obedecer, conforme sostiene la jurisprudencia constitucional a criterios objetivos, exponiendo el valor otorgado a los medios de prueba presentados, argumentando que respecto al peligro de obstaculización establecido en el art. 235.1 del CPP, el imputado tiene “inclinación al delito” y que además tiene la facilidad de elaborar, modificar, destruir elementos y documentos de prueba y que no podría llegarse a otro entendimiento cuando aparece como apoderado con un poder supuestamente falso; razonamiento que no es suficiente para afirmar objetivamente que el imputado en libertad podría influir negativamente en la investigación, en todo caso, debe existir y relacionarse con elementos de convicción, ausentes en el presente caso, no siendo razonable ni lógico afirmar que por el carácter del delito que se atribuye al imputado -sin existir otros elementos de prueba-, sea suficiente para afirmar que el imputado tiene facilidades de destruir, modificar o elaborar elementos probatorios; aspectos que contravienen la interpretación base de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III. 2 de la presente Sentencia.
En ese entendido y en coherencia con lo referido ut-supra, es evidente que el Auto de Vista pronunciado por los Vocales demandados, carece de la debida fundamentación, toda vez que no ha tomado en cuenta lo dispuesto por el art. 124 del CPP ni el art. 173 del mismo compilado, que expresamente dispone “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”; consiguientemente, el juez de garantías al haber concluido que los vocales demandados consideraron el peligro de obstaculización solo en base a susceptibilidades y que dicha Resolución carece de fundamentación razonable, objetiva y motivada, analizó de forma justa y correcta los datos del proceso, las normas aplicables y la jurisprudencia constitucional vinculante, correspondiendo conceder la tutela.
En consecuencia, el Juez de garantías, al declarar “procedente” la acción de libertad, ha evaluado en forma correcta las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, que modifica el art. 4.I de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución 09/2010 de 2 de junio, cursante de fs. 13 a 15 vta., dictado por el Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada.
No interviene el Presidente, Dr. Ernesto Félix Mur, por no haber conocido el presente asunto.

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