Source: https://erreius.com/Jurisprudencia/documento/20190823105003032
Timestamp: 2019-09-21 17:48:48+00:00

Document:
Daños y perjuicios. Compraventa de ciclomotor. Error en la numeración del chasis. Responsabilidad solidaria del fabricante
Se confirma el fallo en cuanto responsabilizó solidariamente al fabricante del ciclomotor secuestrado, pues el número faltante en el cuadro o chasis de la motocicleta no puede ser atribuido a adulteración alguna, de modo que se infiere que esa omisión obedece a un error imputable al fabricante que no ha sido diligente en este aspecto, quien debió haberse cerciorado que coincidan los números del chasis del ciclomotor con aquellos que constan en la respectiva documentación.
En la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, a los 17 días del mes de julio de dos mil diecinueve, reunidos en la sala de Acuerdos, los Señores Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera, del Departamento Judicial La Matanza, para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “CELIN, JUAN MIGUEL C/ LESS TRADING COMPANY SRL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” CONTRACUTAL”, Causa n° 5818/1, habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: POSCA - PEREZ CATELLA-TARABORRELLI, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ª. Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2ª. Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RAMON DOMINGO POSCA, dijo:
La señora juez de grado dictó sentencia a fs. 491/505, haciendo lugar a la demanda interpuesta por Juan Carlos Celin y en consecuencia condena a Bess Trading Company S.R.L. y a La Emilia S. A. a abonar dentro del plazo de 10 días de ejecutoriada la sentencia, la suma de $ 202.500, con más los intereses establecidos en el Considerando VI desde la fecha de su exigibilidad (15/01/2009) y hasta su efectivo pago. Impuso las costas del proceso a los accionados, en su calidad de vencidos, difiriendo las regulaciones de honorarios para su oportunidad.
A fs. 527 se radicaron las actuaciones por ante esta Sala Primera. A fs. 528/vta. se llamó a expresar agravios a la parte codemandada “La Emilia S. A.”. Con fecha 3/5/2019 el apelante expresó agravios.
A fs. 536 se corrió traslado de la expresión de agravios. A fs. 537 se da al Sr. Luis Miguel Celin y al Dr. José Luis de Catarina - Letrado de Bess Trading Company S.R.L. (Tito Bessone), por decaído el derecho dejado de usar. A fs. 537 se llaman los Autos para el dictado de la Sentencia. A fs. 538 se practica por Secretaria el sorteo para el orden de estudio y votación de la presente causa.
II.- Los agravios de la parte codemandada “La Emilia S. A.
Primer agravio. La excepción de falta de legitimación. Se agravia la apelante porque el señor juez de grado desestima la excepción de falta de legitimación opuesta por su mandante, considerando que ha quedado acreditado el carácter de fabricante de la apelante y su relación con la codemandda Bess Trading Company SRL. Sostiene el apelante que “no resulta suficiente para responsabilizarla en el caso de autos, el hecho de ser fabricante del motovehículo de que se trata y/o su relación con la codemandada Bess Trading Company SRL, ya que aquí no se ha incumplido norma alguna de la ley de defensa del consumidor 24240 que haga responsable solidario al fabricante por el incumplimiento de quien le vendió la moto al accionante y le entregó la documentación para circular.-“(Ver expresión de agravios).
Sostiene: “Que la confección, verificación de datos y entrega de la documentación del moto vehículo para circular, es de exclusiva carga y responsabilidad del comerciante que vende la moto al consumidor y no del fabricante.- Por ello, no puede adjudicarse a mi mandante una responsabilidad "solidaria" en el hecho de autos. No habilita a ello ninguna normativa vigente. “Afirma que el actor admite en la demanda que “la documentación traída a juicio, objeto del reclamo, le ha sido entregada por la codemandada Bess Trading Company SRL.-“Sostiene que la causa del daño le es ajena.
Segundo agravio. La responsabilidad. El apelante se queja porque se ha decidido la responsabilidad de La Emilia S. A. Sostiene que ha dicho que ha sido el concesionario el responsable de la transferencia de la unidad y entrega de la documentación pertinente que dio origen al litigio. Afirma que no debe extenderse la responsabilidad al fabricante, por el incumplimiento de la codemandada Bess Trading Company SRL. Sostiene que no es su responsabilidad “hacer lo concerniente a la transferencia de la unidad al momento de su compra, ni confección ni verificación de documentación, sino que ese es un servicio que lo ofrece y realiza el concesionario en todos los casos.”, También dice que “se omite en la sentencia que el actor actuaba en franca infracción a la Ley Nacional de Tránsito, toda vez que circulaba con una moto sin patente lo cual está expresamente prohibido.” Al respecto sostiene: “La ley establece que el plazo para conducir sin la unidad patentada es de 5 días hábiles. Plazo por demás excedido por el Sr. Celin, quien como dijera en el escrito de inicio adquirió la unidad, objeto del reclamo”-
“La compra se realizó el día 21/11/2008 y fue detenido por el control policial el 15 de enero de 2009, es decir, casi dos meses después de efectuarse la operación de compra - venta. Llama poderosamente la atención de mi mandante que se omita el accionar infructuoso del Sr. Celin y por otro lado se responsabilice en su totalidad a mi representada del evento de autos.-“
Dice que “Lo cierto es que el actor fue detenido por no tener la moto patentada y de haberlo hecho al patentamiento de la unidad en debido tiempo y forma se hubiera determinado la irregularidad en cuanto a la numeración del motovehículo sin que el actor hubiera sido apresado.-“
Tercer agravio. Daño moral. Se queja porque a su entender la cuantificación del rubro en la suma de $ 60.000 resulta excesiva.
Cuarto agravio. Daño psicológico. Sostiene que resulta carente de sustento el porcentaje de 15% de incapacidad establecido en el informe pericial psicológico. Considera excesiva la cuantificación del rubro en la suma de $ 123.000
III.- La solución
III.1 Primer agravio. La responsabilidad solidaria del fabricante.
La señora juez de grado ha interpretado: “Por otro lado, y ya adentrándome al caso bajo análisis, se ha resuelto que "Ninguno de los integrantes de la cadena de circulación puede liberarse invocando el hecho de otro (u otros), dado que entre ellos no invisten el carácter de tercero por el cual alguno no debe responder, razón por la cual las interpretaciones efectuadas en cuanto a dicha temática por las apelantes carecen de entidad suficiente para entenderlas como una crítica concreta y razonada para ser tratada en esta instancia compartiendo con la colega preopinante que los planteos aquí efectuados no implican más que una dilación injustificada de pretensión jurisdiccional". (datos del fallo Cámara Civil, Comercial, Laboral Y Minería, Comodoro Rivadavia, Chubut Sala B A SA Y G. M. De A. Srl en Autos: "L. T. Srl (Z., M. G.)C/ A. A. Y C. S/ Reclamo S/ Apelación Art. 7 ley 4219” sentencia, 56-c-10 del 11 de noviembre de 2010).
“En efecto, el art. 40 de la ley 24.240 dispone que "Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio.”
“La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. (Artículo incorporado por el art. 4° de la Ley N° 24.999 B.O. 30/7/1998)". (Ver sentencia apelada). Tal lo afirmado por la señora juez en cuanto a que está demostrado el carácter de fabricante de la excepcionante y con ello el deber de satisfacer seguridades y garantía al consumidor, considerándose que su intervención en la cadena de comercialización constituye la base de circulación del bien y que en este trayecto se ha relacionado con la codemandada vendedora Bess Trading Company SRL”. (En la sentencia apelada se mencionan fs. 358 y pliego obrante a fs. 435 y vta. resp. 3 y contestación de demanda de la mencionada empresa).
La señora juez de grado ha decidido en forma razonablemente fundada (Art. 3° Código Civil y Comercial de La Nación, citado como fuente de doctrina, considerándose la época de los hechos). Estos argumentos del fallo apelado no han sido aludidos por el apelante, déficit que permite sostener que devienen firmes a esta Alzada. La mera discrepancia del apelante torna inoficiosos sus agravios. (Doct. Arts. 260, 261 CPCC).
La jurisprudencia y la doctrina han considerado con criterio amplio el alcance de la solidad impuesta por el artículo 40 de la ley de defensa del consumidor. Se ha señalado: “El sistema de responsabilidad pautado por el artículo 40 de la ley 24.240, en conjunción con el artículo 5 de la misma, y su enclave en el art. 42 de la Constitución nacional, importa una obligación de seguridad de base constitucional.” (SCBA LP C 120835 S 18/04/2018 Minnucci, Gustavo Alberto contra Guspamar S.A. y otro. Daños y perjuicios SCBA LP C 117760 S 01/04/2015 G, A. C. contra "Pasema S.A." y otros. Daños y perjuicios B4200916 JUBA)
Debe considerarse también que: “La LDC 40 se contempla un sistema de responsabilidad objetiva en el cual el factor de atribución es el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, de manera tal que el consumidor sólo debe acreditar el daño y la relación de causalidad entre éste y la cosa. Y más allá de la enumeración legal que es simplemente enunciativa, dicho artículo quiere responsabilizar a todas aquellas personas humanas o jurídicas que han participado en la concepción, creación y comercialización del servicio, y no solo a quien lo provee en forma directa” (conf. CNCom, Sala D, 18/6/08, in re: "Rusconi María c/ Peugeot Citroën SA s/ Sumario"; idem, Sala B, 6/11/15, in re: "Salem...". DIAZ SANDRA ELIZABETH C/ ALRA SA Y OTRO S/ ORDINARIO. Uzal - Kölliker Frers. Cámara Comercial: A. Fecha: 20171214 Ficha Nro.: 000073933 (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Defensa del Consumidor (Actualización de Jurisprudencia desde mayo de 2016) (CNCOMDC (2018/ 73933) Prosecretaría de Jurisprudencia Dra. Elena B. Hequera 2018)https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00032/00125140.Pdf
Además, la apelante no puede desentenderse de su actividad de fabricante del ciclomotor, bastando para ello repasar el certificado de fabricación obrante a fs. 16 donde se hace referencia al Cuadro 8ELM151108B021512, suscripto por el señor Claudio H. Minervino, en su carácter de apoderado del fabricante. A fs. 21 obra constancia de Unidad Nueva que refiere a La Emilia S. A Cuadro 8ELM151108B021512. En este contexto y sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, lo cierto es que el obrar del fabricante en la expedición del certificado de fabricación, considerándose que ha distribuido para su venta un ciclomotor cuyos datos de identificación del Cuadro tiene un digito faltante.
En este aspecto, tal como lo ha señalado correctamente la señora juez de grado, el perito ingeniero dictamina que “la numeración de la motocicleta se observa perfectamente en las fotos y que considera que la misma no ha sufrido alteración alguna” (Ver fs. 310). En consecuencia, la omisión del digito obedece a un defecto originario del vehículo.
Añade el perito ingeniero que respecto de la prueba de revenido, no resulta necesaria porque en la documental que obra en el expediente figura el N° 8ELM151108B021512 y “que el cuadro o chasis de la motocicleta tiene grabado el número ... (FALTA EL NÚMERO 8 ANTERIOR A LA B), PERO NO PRESENTA SIGNOS DE HABER SIDO ALTERADO MANUALMENTE PORQUE FALTA UN NÚMERO Y NO ES QUE HA SIDO CAMBIADO” (El destacado pertenece al perito, ver fs. 310/vta).
En consecuencia, propongo desestimar el primer agravio y confirmar la sentencia apelada en cuanto desestima la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada La Emilia S. A.
III. 2 La responsabilidad decidida en el caso concreto.
La responsabilidad del caso ha sido correctamente determinada en la sentencia apelada. El apelante no alude y en consecuencia no hay critica concreta respecto de la valoración de la prueba (arts. 260 y 261 CPCC). No ha cuestionado el apelante la valoración de la prueba. El agravio carece de sustento porque no controvierte en estos aspectos la solución afirmada en la sentencia apelada.
Ha señalado la señora juez de grado. “b) Adentrándome al análisis de la prueba aportada en autos (art. 384 del CPCC), cabe destacar los dichos del testigo Orlando Miguel Ramírez (ver acta de fs. 390 y vta. e interrogatorio de fs. 389) quien refirió que junto al actor circulaban en moto y fueron detenidos el 15 de enero de 2009 en un control policial, a raíz de la falta de un número. Que fueron esposados y "tratados como delincuentes y estuvimos más de siete horas detenidos". Refirió que él recuperó su libertad antes que al actor y que el personal policial incautó la moto, la que quedó en la sede policial y no fue recuperada por el actor. (Art. 384 y 456 del CPCC).”
“Por otro lado, en la pericia mecánica elaborada en autos por el ingeniero Martino, perito oficial M32719 (quien se trasladó al depósito judicial de Gorrina en la Ciudad de La Plata donde se halla el motovehiculo a los fines de su inspección y tomo fotografías in situ; ver pericia de fs. 310/311; Art. 472 del CPCC), dictaminó la innecesaridad de la prueba química de revenido por considerar que en la documental obrante en el expediente y el cotejo del móvil, obra a simple vista que el cuadro o chasis de la motocicleta tiene grabado el número ..., faltando el número 8 que figura en la documentación; no presentando signos de adulteración manual, ya que le falta un número. Dijo "Que dichos números están legibles e identificables como se observa en las fotos y a simple vista no presentan evidencias de que se hayan alterados de alguna manera".
“La pericia quedó consentida por las partes (arts. 384 y 474 del CPCC), a la que le otorgo fuerza probatoria.” (Ver sentencia apelada fs. 495 vta./496). El apelante no ha cuestionado la pericia y tampoco se agravia de sus conclusiones. Indudablemente el daño causado no tiene su origen, como lo sostiene la apelante, en el eventual incumplimiento del actor de realizar los trámites de patente del ciclomotor. Reprocharle exclusivamente al vendedor por defectos en la numeración de un motor de un ciclomotor fabricando por la apelante, no alcanza para controvertir su responsabilidad.
El número faltante en el cuadro o chasis de la motocicleta no puede ser atribuido a adulteración alguna, de modo que se infiere que esa omisión obedece a un error imputable al fabricante que no ha sido diligente en este aspecto, quien debió haberse cerciorado que coincidan los números del chasis del ciclomotor con aquellos que constan en la respectiva documentación. En consecuencia, las conclusiones del perito devienen firme a esta Alzada y no hay motivo alguno para prescindir de la pericia. (Doct. Art. 474 CPCC). Se trata de la valoración de una prueba esencial cuyas repercusiones en el proceso no ha neutralizado el apelante.
El actor acompañó al proceso prueba documental emanada de los codemandados, de modo que correctamente ha desestimado la señora juez de grado el desconocimiento que sobre la documentación obrante a fs. 7/9 ha realizado la codemandada Trading Company SRL Bess.
Debe tenerse en cuenta que tratándose de una relación de consumo la interpretación de la ley o el contrato debe hacerse a favor de los consumidores, tal como lo ha destacado la señora juez de grado (Arts. 42 CN; 3 Y 37 Ley 24.240) y que además se aplica el principio de la carga dinámica de la prueba y en este aspecto, a mi entender, no basta con el mero desconocimiento de los constructores y proveedores de la documentación cuyo carácter oficial (Formularios de fabricación del Registro de la Propiedad Automotor de solicitud de Inscripción inicial y verificación del ciclomotor), que ha sido suscripto además por Laura Vanesa Grimaldi en representación de Bess Trading Company S.R.L. (Ver fs. 7/9) y documentación relacionada con la venta del ciclomotor, expedida por el vendedor. (Ver fs. 19/21 y fs, 25/27). Al respecto ha señalado la señora juez de grado: “En relación al desconocimiento de la documental obrante a fs. 7/9 (formularios RPA de solicitud de inscripción inicial y verificación del motovehiculo; fs. 19/21, recibo ..., recibo de entrega, factura ...; fs. 25/27, recibo de seña y condiciones de garantía), efectuado por la demandada Trading Company SRL Bess (ver fs. 115 ap, c), "por no constarme su autenticidad y por carecer de la firma de algún directivo de la demandada", cabe efectuar las siguientes consideraciones.
“En primer término considero contradictoria su actitud de negación frente a lo manifestado en cuanto "Dicha motocicleta fue entregada al actor ..conjuntamente con la factura correspondiente y se pacta la entrega del certificado de fabricación emitido por La Emilia y los formularios 01 y 12 a los fines de realizar la inscripción del rodado en el Registro Nacional del Automotor, le fueron entregados posteriormente" (ver fs. 113/116 pto c La realidad de los hechos y pto c Desconoce documental).” Esta contradicción que destaca la señora juez de grado va en desmedro del vendedor y compromete indudablemente la responsabilidad del fabricante, quien ha emitido el respectivo certificado de fabricación.
La señora juez de grado correctamente ha destacado las características del sistema registral. Afirma: “...De ello destaco que "La inscripción inicial es el procedimiento por el que se incorpora una cosa mueble, el vehículo, a un sistema especial de registración, de naturaleza constitutiva, que es el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.-El derecho real de dominio de un automotor, a favor del primer titular, nace con la inscripción registral.-...la inscripción inicial equivale al acta de nacimiento del automotor.-Entendiendo por "automotor" varios tipos de vehículos, lo que se hace extensiva a los motovehículos.-Todos los vehículos que se consideran automotores deben inscribirse obligatoriamente en los registros Seccionales de la propiedad del Automotor o de Motovehículos, según lo dispone el Régimen legal vigente.-La importancia de la inscripción inicial de un vehículo en el Registro de la Propiedad del Automotor radica en que solo cumpliendo ese trámite, el vehículo se convierte en automotor y se encuentra habilitado para circular, que es la función para la que ha sido fabricado" (Cfr.Lidia Viggiola-Eduardo Molina Quiroga-Régimen Legal del Automotor-La Ley-2002- pg.53/54).-“. (Ver sentencia apelada). Se advierte que el error en la numeración del chasis que no coincide con el numero completo que consta en la documentación (Se ha omitido el número 8), no puede endilgarse al consumir que es la parte débil de la relación jurídica y no tiene ninguna responsabilidad con la fiscalización de la documentación legal. La falta de patentes podrá en todo caso constituir una infracción con incidencia en otros ámbitos. El consumidor en el caso concreto se ha perjudicado porque hay asimetrías en la numeración del ciclomotor, cotejando la inscripción del chasis con la documentación legal.
En efecto, el número faltante que destaca el perito obsta a la inscripción registral del ciclomotor. La señora juez de grado explica: “Que para proceder a la inscripción inicial de un vehículo, como automotor, es necesario presentar ante el registro Seccional donde corresponda a su radicación un conjunto de documentos, completar solicitudes tipo y observar requisitos tributarios; distinguiéndose en algunos aspectos, según se trate de un vehículo importado o nacional, tal como el que aquí nos ocupa.-“
“Debe contarse con la Solicitud Tipo 01 suscripta por el concesionario; verificación (solicitud tipo 12); factura de compra; fotocopia DNI que corresponda del adquirente para acreditar domicilio; constancia de CUIL-CIUT (cfr. ob.cit.pg. 59/60/62 y 72).-“
“Ahora bien, la solicitud Tipo 01 para iniciar el trámite de inscripción de un vehículo O km solo puede ser requerida por empresas de motovehículos y sus concesionarios, distribuidores oficiales de fábricas y sus concesionarios; compradores declarados en despacho, importadores habitualistas y sus concesionarios (ob.cit.pg.60/61).-“
“Por otra parte, el Digesto de Normas Técnico-Registrales de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DNTR-DNRPA), Título II-Cap.I-Secc.16°, art.2° establece, que: "Los Concesionarios de motovehículos, inscriptos como tales en el Registro de Comerciantes Habitualistas de esta Dirección Nacional, no podrán hacer entrega a los adquirentes de las unidades por ellos comercializadas hasta tanto éstas se encuentren inscriptas en el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con competencia exclusiva en Motovehículos competente, con excepción del supuesto indicado en el art.4°.-En ningún caso el Comerciante Habitualista podrá enajenar la unidad, y en su caso, asumir la gestión de inscripción y consecuentemente extender el correspondiente Permiso de Circulación, si no contara en su poder con el respectivo certificado de fabricación o de nacionalización del vehículo vendido.-En forma previa al llenado e impresión de la Solicitud Tipo "01-D", el adquirente del motovehículo deberá informar al Comerciante Habitualista si encomendará o no a éste la gestión del trámite de inscripción inicial.-Art.4° "En aquellos casos en que los adquirentes acuerden asignar la tramitación y gestión de la mencionada inscripción al Comerciante Habitualista, podrá hacerse entrega inmediata de las unidades, a cuyo efecto aquel confeccionará y hará entrega al usuario de un Permiso de Circulación de carácter Temporario que tendrá una vigencia de SIETE (7) días corridos.-La entrega del mencionado Permiso de Circulación se hará bajo la exclusiva responsabilidad del Comerciante Habitualista.-En este supuesto, el Comerciante Habitualista firmará y entregará el Permiso de Circulación contenido en la parte inferior de uno de los dos ejemplares de la Solicitud Tipo-01-D-..EL Comerciante Habitualista asume la obligación de presentar el Trámite de inscripción inicial dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles siguientes.-".-Art. 5°: En caso de no encomendarse al Comerciante Habitualista la gestión de inscripción, no deberán completarse los campos correspondientes al permiso de circulación contenido en la Solicitud Tipo, el que deberá ser anulado.-En este supuesto, en ningún caso el Comerciante Habitualista entregará el motovehículo hasta tanto el adquirente acredite, mediante la presentación de la documentación registral correspondiente, el cumplimiento del trámite de inscripción inicial " (Ver decreto reglamentario 335/88 del régimen jurídico registral del automotor ; art. 6 y ssgtes y el 202/79).-“ (Ver sentencia apelada).
“De todo lo reseñado, no caben dudas que la documental (formularios 1 y 12) fue entregada por la demandada Bess Trading Company SRL, donde consta haberse verificado la autenticidad de los datos que allí figuran, como así también la documental de fs. 16/18, certificado de fabricación referido a la codemandada La Emilia S.A. (Cfr. art. 384 del CPCC; Art. 319 CCCN; Art. 42 CN).-“
Ninguna crítica concreta y razonada ha formulado la apelante con relación a la fundamentación de la sentencia en cuanto destaca las obligaciones emergentes del régimen de inscripción registral. Tampoco efectúa el apelante ninguna crítica con relación a la responsabilidad por inexactitud de los datos referidos al chasis del ciclomotor. Los datos del certificado de fabricación expedido por el fabricante deben coincidir con la numeración del cuadro del ciclomotor.
El apelante ha consentido los fundamentos de su responsabilidad por su carácter de fabricante y de expedidor de documentación legal, considerándose la fragilidad de sus agravios. En este aspecto ha señalado la señora Juez de grado: “Atendiendo a las conclusiones de la pericia mecánica y la documental entregada por el vendedor, emerge con claridad la inexactitud en los datos referidos al cuadro o chasis de la motocicleta que tiene grabado el número ..., faltando el número 8 que figura en la documentación (art. 384 y 474 del CPCC), y que dicha omisión generó el hecho sufrido por el actor el día 15 de enero de 2009 -corroborado por el testigo Ramirez- y de las constancias de la IPP que corre acollarada y tengo a mi vista (Arts. 374, 384 del CPCC; Art. 40 LDC; art. 1717 del CCCN).”
“A la luz de lo normado por el art. 40 de la LDF, siendo la responsabilidad objetiva y solidaria, los demandados solo pueden liberarse de la misma demostrando "que la causa del daño le ha sido ajena".
“En ese entendimiento, la demandada Bess Trading Company S.R.L alegó que el actor no estaba en condiciones de circular, y que una vez producida la compra de la unidad su mandante le hace entrega de la totalidad de la documentación, quedando en cabeza del adquirente la inscripción por ante el RPA, lo que no fue cumplido por el actor. (Art. 354 del CPCC).” (Ver sentencia apelada). Indudablemente el vendedor entregó documentación con numeración inexacta que le había suministrado el fabricante. Si bien es cierto que deviene firme a esta Alzada la responsabilidad del vendedor, a quien el fabricante en los agravios le atribuye la responsabilidad, emerge una contradicción en la conducta del apelante porque no controvierte que esa inexactitud en los números constituya un error que ha gravitado en el perjuicio del consumidor.
La señora juez de grado afirma: “Ahora bien, conforme las constancias de autos si bien es cierto que el actor no había patentado su moto por ante el registro, lo cierto es que es poco probable que lo pudiera haber efectuado a raíz del defecto (causa eficiente) que generó su detención, ya que el vicio se encontraba presente a entregarse la documentación de referencia. (Art. 384 del CPCC). Tal omisión podría haber generado una infracción a las normas de tránsito, pero no así la imputación que se le hiciera en los términos del art. 289 inc. 3 del C.P por falsificación. Lo expuesto se confirma con las conclusiones de la pericia mecánica elaborada en autos, en cuanto concluye que “Que dichos números están legibles e identificables como se observa en las fotos y a simple vista no presentan evidencias de que se hayan alterados de alguna manera". (Art. 384 y 474 del CPCC). Por lo que entiendo que el eximente no ha sido acreditado (Cfr. Art. 375 del CPCC).” (Ver sentencia apelada). Vemos que las omisiones del vendedor no hacen más que seguir las fallas del fabricante. En este contexto el apelante no ha controvertido los fundamentos que atañen a su responsabilidad.
En este aspecto la señora juez de grado ha señalado: “En cuanto a la fabricante La Emilia S.A quien sostiene que "(...) su representada entrega los vehículos a Bess Trading con su correspondiente documentación y ésta con el cliente efectúan la verificación vehicular con la finalidad de ser inscripta en el RPA. Y que ese procedimiento fue correcto ya que se logró la inscripción. Que en todo momento su representada se comportó como un buen hombre de negocios, cumpliendo sus obligaciones y contestó la pertinente correspondencia epistolar, la que se adjunta. Que no existe conducta reprochable y la demanda debe ser rechazada a su respecto", del análisis de los medios de prueba efectuados precedentemente, concluyo que nada de ello ha sido probado en autos, a excepción del intercambio epistolar con el actor, rechazando la pretensión (art. 384 y 375 del CPCC).” (ver sentencia apelada fs. 498/vta.)
Este aspecto del fallo apelado no fue motivo de agravios. Ninguna alusión ha efectuado el apelante. Esta modalidad contractual sustentada en las características de los contratos de comercialización, no permiten liberaciones de los sujetos que conforman al contrato de agencia. En este aspecto la señora juez de grado ha definido correctamente la responsabilidad de los integrantes de la cadena de comercialización. Tampoco el apelante ha controvertido el principio de la carga de la prueba que ha sostenido la señora juez de grado para desestimar planteos del fabricante que no han sido comprobados en el expediente.
En este contexto puede apreciarse la confesión ficta en que ha incurrido la codemandada Bess Trading Company S. A. (Ver fs. 358, acta de fs. 347 y pliego de fs. 435), considerándose que las posiciones absueltas en rebeldía resultan corroboradas por el conjunto probatorio.
Propongo se desestime el agravio y se confirme la sentencia apelada en cuanto también atribuye responsabilidad al fabricante, quien además está inmerso en el contexto de la responsabilidad solidaria y objetiva del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor.
IV. 1 Daño moral.
El apelante se limita a considerar excesiva la cuantificación del daño moral en la suma de $ 60.000. No alude a los fundamentos de la sentencia apelada y tampoco cuestiona las pautas señaladas por la señora juez de grado para sustentar la cuantificación del rubro. Escuetamente afirma el apelante que la suma concedida por daño moral es desproporcionada y exorbitante, sin ningún fundamento que permita demostrar que el criterio aplicado para cuantificar el daño moral resulte equivocado o arbitrario. No basta con señalar que de la pericia médica producida surge que el actor no posee una personalidad de base que determine el alcance dado a la indemnización del rubro. No debe confundirse el daño psicológico con el daño moral.
La diferencia sustancial existente entre el daño psíquico y el daño moral radica fundamentalmente en que este último atiende lo más íntimo de los sufrimientos físicos, psíquicos y afectivos sufridos por los demandantes, teniendo en cuenta la gravedad del hecho dañoso y sin guardar relación con la cuantía otorgada ya que queda librado a un prudente arbitrio judicial. El daño psíquico, como ya he expresado, resulta de una perturbación a la psique, siendo ello una eventual fuente de daños de índole material (daño psicológico) o moral. (voto del suscripto en “Baigorria Sergio Armando C/ Garnica Christian Damián Y Otros S/ Daños Y Perjuicios”, Causa N° 4493/1 Rsd N° 279/16 Folio N° 1997)
El daño moral contractual constituye una evolución de su concepto, desde que rige la relación de consumo.
Ya he señalado: “Si bien en materia contractual debe acreditarse el daño moral - no se trata de un daño in re ipsa -, lo cierto es que en materia regida por la ley del consumidor, se ha flexibilizado el criterio para su apreciación.”
“En la causa "Bressan, Walter Darío c/ Banco Galicia y Bs- As. S/ Daños y Perjuicios (Ordinario)" nro. 86/1 RS 1, del 5 de julio de 2001, al adherir al voto del Dr. Alonso, expresé: "Es marcada la evolución del daño moral, como valor extraeconómico desde el primigenio código civil hasta su reformulación en la reforma de 1968, donde comienza a analizarse la cuestión desde el dañado y el daño y no exclusivamente desde el dañador, fenómeno que como puntualiza Ghersi "motivó la apertura del epicentro de posibilidades reparativas, ampliándose notoriamente las fronteras de la reparación". (Ghersi, Carlos A: "La regulación jurídica del daño moral por incumplimiento contractual", "Revista de Derecho de Daños", t. 6, "Daño Moral", Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 58).
"Que, prescribe el art. 1198 del Código Civil que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión".
* ”La buena fe-lealtad y la buena fe probidad, de inveterada consideración en la vida negocial, entiendo que cobran todavía mayor importancia cuando la contratación se torna masiva".
"Nuevos perfiles viene pergeñando la jurisprudencia en torno a la interpretación restrictiva del art. 522 del código civil para indemnizar el daño moral cuando deben analizarse los efectos del incumplimiento contractual en las relaciones de consumo".
"El Dr. Gabriel A. Stiglitz, al anotar dos precedentes previos a la sanción de la ley de defensa del consumidor y que admitieron la reparación por daño moral en supuestos de incumplimiento contractual- un caso incumplimiento derivado de la entrega de una casa prefabricada con defectos (C.1ª.Civ. y Com. La Plata, Sala 2ª., 17/12/92) y en otro incumplimiento del servicio de turismo estudiantil (C.2ª. Civ. y Com. La Plata, Sala 2ª., 11/3/93)- ha expresado: "Por ello, el derecho del consumidor debe buscar la vuelta al equilibrio a través de un severo sistema de protección jurídica. Que en el campo resarcitorio - como acertadamente resolvieron las Cámaras platenses - incluya la recta aplicación (sin restricciones) del art. 522 CC, pues "en verdad el carácter del perjuicio moral es el mismo, tanto si proviene de una acto ilícito, como del incumplimiento de una obligación contractual" ("Incumplimiento contractual y daño moral al consumidor", J.A. 1994-I,237)."
"Las actuales relaciones contractuales se desarrollan en un contexto dinámico donde la publicidad se ha incorporado a la oferta (art. 8vo. De la ley 24.240 - de Defensa del Consumidor -) y todo ello tiene novedosas repercusiones en las etapas precontractuales y poscontractuales o de poscumplimiento, donde también resulta de aplicación el art. 522 del código civil."
"La protección jurídica del consumidor se orienta fundamentalmente a tutelar la persona humana en consideración a su vida, salud, integridad física y espiritual. Recién en segundo orden se atiende la defensa de los intereses económicos". (mi voto en "Boragno, Cristian Edgardo C/ Dragoun, Jorge Y Otro S/ Daños Y Perjuicios (Sumario) Causa Nro. 213/1, RSD N°23/04 sentencia del 9/9/2004)
Recientemente, mi colega de Sala el Dr. Taraborrelli ha señalado: “Asimismo, la jurisprudencia se ha orientado a considerar que “la aplicación restrictiva del daño moral en materia contractual - conforme a la doctrina tradicional de la S.C.B.A. - ha sido morigerada en los últimos tiempos cuando se trata de relaciones de consumo, y así se ha entendido que se debe aplicar un criterio flexible, ya que están en juego los derechos del consumidor, objeto de especial tutela en nuestro régimen constitucional” (esta Sala causa nro. 117.024 del 18/12/2018; SCBA LP 115486 S 30/09/2014, CC0002 AZ 62827 85 S 05/06/2018, CC0201 LP 120537 rsd 286/16 S 25/10/201, CC0102 MP 161454 263-S S 03/11/2016, CC0002 QL 16462 113/15 S 07/08/2015, CC0002 QL 16312 49/15 S 16/04/2015, CC0001 LM 213 RSD-25- S 09/09/2004; JUBA; Farina, Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario”, Astrea, 2008, p. 481, con cita de C.N.Civ. y Com. Fed., Sala III, 19/02/08, “Borlenghi c. Cubana de Aviación”). (“ACUÑA NESTOR ANTONIO C/ LUXCAR S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”. Expte. N° SI-117437. Sala I. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, 07/05/2019).Del mismo modo, “si bien es cierto que el menoscabo moral contractual debe estar probado como presupuesto para su resarcimiento, también lo es que para acreditar tal daño no es necesario la existencia de prueba directa, cuya realización resulta imposible por la índole del perjuicio, pudiendo acreditárselo por medio de indicios que lleven a la convicción del juzgador acerca de la configuración del daño (argto. jurisp. S.C.B.A. en la causa Ac. 89068 “Flores, José Martín y otra c/ Lucio V. López S.A. y otro s/ cobro de pesos”, sent. del 18-VII-2007; S.C.B.A. en la causa Ac. 73965 “Massimino, Héctor c/ Gorosito, Hugo s/ resolución de contrato”, sent. del 21-03-2001; entre otras). En particular, debe dejarse de lado el criterio restrictivo en la ponderación de la prueba del daño moral cuando, como en el caso de autos, nos hallamos frente al reclamo efectuado por un consumidor quien por su particular condición de parte débil, que no sólo se evidencia al momento de contratar sino también cuando debe efectuar un reclamo por deficiencias del producto o servicio prestado por el proveedor, se encuentra ante un panorama de mayores angustias al saberse en inferioridad de condiciones ya sea patrimoniales o informativas para lograr obtener la reparación del perjuicio sufrido (argto. doct. esta Cámara y Sala en la causa N°153.582“Pastore, Mabel Ramona c/ Bco. Columbia S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, sent. del 10-07-2018; esta Cámara y Sala en la causa N°156.786 “Galera Laferrere, Ándres Alfredo c/ AMX Argentina S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 04-08-2014; Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Azul, Sala II, en causa N° 57.494 “Rossi, Laura Viviana c/ Whirlpool Arg. S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 11-06-2013; Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Azul en la causa N°214 “Boragno, Cristian c/ Dragoun, Jorge y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 09-09-2004). (argto. jurisp. S.C.B.A. en la causa N°111.627 “Ceruzzi, Jorge Alfredo y otro c/ Della Crocce, Guillermo Valentín s/ daños y perjuicios”, sent. del 26-06-2013). ("RUBIOLO, CLAUDIA ELIZABETH C/ LLAVE MAESTRA S.R.L. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS"REGISTRADA BAJO EL N° 97 F° 620/634 EXPTE. N° 167.435. Mar del Plata, 5/06/2019, Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera.)” (“Denegri Sandra Elisabet c/ Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada s/ cumplimiento de contratos” (5762/1) RSD N°118/1 sentencia del 4/07/19)
Está probado el incumplimiento contractual y en las circunstancias del caso concreto, resulta indudable que la detención del actor por llevar documentación inexacta del ciclomotor, atribuible a un obrar de los integrantes de la cadena de comercialización, constituye un daño moral que fluye in re ipsa. (ver declaración testimonial del testigo Ramírez en donde refirió haber sido detenido conjuntamente con el actor el 15 de enero de 2009 en un control policial, haber sido esposados, tratados como delincuentes y pasar más de siete horas detenidos -ver respuestas sexta y séptima fs. 390 vta.-)
En consecuencia, el apelante en breves líneas no realiza con crítica suficiente el abordaje de los fundamentos de la sentencia apelada. (Doct. Arts. 260, 261 CPCC). Deviene firme a esta Alzada la sentencia apelada en cuanto establece: “Conforme tales premisas, en el caso resulta obvio que el actor ha sufrido un auténtico daño, alterando en forma disvaliosa su bienestar psicofísico, a tales fines pondero las constancias de la pericia psicológica e IPP (art. 384 CPCC) motivo por el cual, corresponde acoger la indemnización por el referido concepto (cfr. art. 1078 Cód. Civil, doctrina cit.).”
“Más aún, cuando el daño moral tiene carácter resarcitorio el que surge de textos legales expresos (conf. CSJN., agosto 5-1986 "Santa Coloma, Luis F. y otros c. Empresa Ferrocarriles Argentinos) y, no requiere prueba específica alguna, ya que debe tenérselo por demostrado por la sola circunstancia de la acción antijurídica - daño in re ipsa -, siendo a los responsables del hecho a quienes incumbe probar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño de este tipo (cfr. doc. art. cit. supra; Cám. Civ. y Com. Quilmes, Sala I, RSD 3/00, S. 9-2-2000, "Otaran, Ricardo M. c/Dimauro, Eduardo s/ Daños y Perjuicios")”
“En consecuencia, habida cuenta que la fijación de la suma indemnizatoria en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas, debiendo ser establecido directamente por la sentenciante conforme su prudente arbitrio, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesario otra precisión (SCBA., Ac. L 65082, S. 29-9-1998, "Mendiola, Maria Luisa y O. c/ Agencia Marítima Walsh (E. Burton) S.R.L. s/ Cobro de daños y perjuicios"), teniendo en consideración las modalidades del hecho, que dan cuenta de los sinsabores que sin duda experimentó, estimo justo y equitativo mensurar el tópico en la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) a la fecha de este fallo (art. 1737, 1738 y 1741 del CCCN, art. 165 y cctes. del Cód. Proc).”
“Cabe agregar que habiéndose ajustado el reclamo a "lo que en más o en menos V.S. estime corresponder de acuerdo a las pruebas a producirse en autos", no se viola el principio de congruencia al otorgarse una indemnización mayor a la pedida, esto es, no se trata de un supuesto de sentencia "ultra petita" (Conf. CSJN, 17/11/94, LL, 1995-D-971, n° 1964; SCBA, 23/5/01, Ac. 66.733, cit. por Carlos Eduardo Fenochietto, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires", Ed. Astrea, pág. 396).” (Ver sentencia apelada fs. 500 vta/501 vta.).
Debe tenerse en cuenta que el actor experimentó graves perturbaciones que afectaron su tranquilidad, evidenciándose un daño patrimonial con su detención en un procedimiento policial donde se verificó la falta de coincidencias en la numeración del ciclomotor que conducía respecto a motor y cuadro con relación a su documentación, motivándose la incautación del vehículo.
El vehículo sigue incautado desde la fecha del procedimiento policial y el actor fue sometido a un procedimiento penal. El perito ingeniero, algunos años después, realiza la pericia de fecha 1 de abril de 2015 (Ver fs. 310/311 vta), concurriendo a esos efectos al Depósito Judicial de Gorrina. La inspección del ciclomotor se realizó el 26/03/2015. El actor experimento menoscabos materiales que en el caso concreto repercuten en la esfera moral porque el perito informa que “el moto vehículo aun estando en un galpón cerrado y después de ser trasladado de una dependencia a otra ha sufrido grandes deterioros en su estructura que se pueden observar en las fotos que a continuación se muestra” (Ver fs. 310 vta,). “Que ha sufrido el paso del tiempo transcurrido, el deterioro de su frente y guardabarros delantero por su manipulación y traslado y estado de inactividad que perjudica grandemente a los vehículos en general al no ser usados” (Ver fs. 310 vta). La responsabilidad contractual de los demandados se ha resuelto y en consecuencia el daño moral derivado del incumplimiento, en el caso concreto, resulta evidente.
El apelante no ha cuestionado las pautas consideradas por la señora juez de grado para cuantificar el daño moral, de modo que devienen firmes a esta Alzada y su aplicación permite considerar que resultan adecuadas a las particularidades del caso.
En consecuencia, la cuantificación del daño moral en la suma de $ 60.000, no resulta elevada. (Doct. Arts. 522 y 1078 Código Civil).
Propongo desestimar el agravio planteado por la codemandada “La Emilia S. A. “
IV.2 El Daño psicológico.
El apelante se limita a considerar “carente de sustento el porcentaje de 15% de incapacidad establecido en el informe pericial psicológico.” Sostiene que resulta excesiva la suma de $ 123.000, con más intereses en concepto de incapacidad psíquica. Resulta indudable que la mera discrepancia del apelante con las conclusiones de la sentencia apelada, no explica el concepto de critica concreta y razonada que exige la demostración del error en la valoración de la pericia psicológica y que no resultan atendibles sus conclusiones. En este aspecto, el apelante no hace ninguna referencia al razonamiento de la perito psicóloga, omitiendo destacar diagnóstico, baremos y porcentaje de incapacidad psíquica, en un contexto donde no controvierte la experimentación de un daño cierto y su relación causal con el incumplimiento contractual.
En consecuencia, deviene firme a esta Alzada por falta de critica concreta y razonada, la sentencia apelada en cuanto establece: “La Licenciada De Anna, perito oficial designada en autos, concluyó que a raíz del suceso de autos el actor presenta Trastorno por Estrés Postraumático, Código F43.1 de la Clasificación Internacional DSM IV "Que sobrevino un hecho vivenciado por el actor como traumático, es decir que superó su capacidad psíquica de elaboración. Si bien su YO mantiene un contacto ajustado a la realidad, si el quatum emocional es muy elevado para sí, la capacidad yoica se ve desbordada siendo escasa la probabilidad de elaboración".
“Que conforme la sintomatología padecida a raíz del hecho concluye que padece un 15% de incapacidad de grado moderado y que con anterioridad al hecho no poseía indicadores patognomónicos de trauma y que la incapacidad es parcial y permanente.”
“Agrega la necesidad de un tratamiento, ya que es imposible modificar el cuadro sin ayuda profesional a fin de evitar su agravamiento. Y teniendo en cuenta las evaluaciones periciales efectuadas en su persona, lo considera necesario e imprescindible.”
“Recomienda un tratamiento individual por un lapso de un año con frecuencia semanal a un costo de $ 170 la sesión (art. 472 del CPCC; ver pericia de fs. 248/254 y protocolos de fs. 260/265).”
“(...) Habiéndose puntualizado en autos la necesidad del tratamiento, conforme quedara expuesto precedentemente. Sobre la base de este dictamen y aplicando la siguiente ecuación: 12 (meses) x 4 (sesiones mensuales) igual = 48 (sesiones en un año) x $170 (en concepto de honorarios por cada sesión), arroja un total de $ 8.160. Por lo que estimo que el presente debe prosperar por la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO SESENTA ($ 8.170.-) a la fecha de este fallo, comprensiva del tratamiento psicológico (Conf. arts. 1068 y cctes. Cód. Civil; 165, 375, 384, 474 y cctes. CPCC).” (ver sentencia apelada fs. 502/503)
La perito psicóloga ha señalado que “La exploración y la anamnesis que ha sufrido el hecho de autos (hace 4 años aproximadamente), y actualmente dicho suceso ha dejado secuelas reactivas a un evento dañoso” (Ver pericia fs. 249 vta). No hay incidencia de la personalidad de base, de modo que el porcentaje de incapacidad debe atribuirse exclusivamente al hecho controvertido. La perito ha determinado que el actor experimenta “al momento de la evaluación, presenta un Trastorno Psicológico en grado moderado, encuadrado dentro de las neurosis, como consecuencia del hecho de autos...”. Enumera las características y consecuencias del cuadro de salud dictaminado. (El destacado pertenece a la perito; ver fs. 250 vta). Señala la perito: “La sintomatología descripta se enmarca nosológicamente en la clasificación de Trastornos de la Ansiedad. Trastorno por Estrés Postraumático, Código F43.1 de la Clasificación Internacional DSM IV.” (El destacado pertenece a la perito psicóloga). En cuanto a la incapacidad psíquica, la perito dictamina que “de acuerdo a la sintomatología padecida por el actor a raíz del hecho de autos y analizando la “Tabla de Incapacidad Psicofísica Integral” de los Dres. Prof. Mariano Castex y Prof. Daniel Silva del libro “Daño Psíquico y Otros Temas Forenses”, de editorial Tekné, le correspondía un 15% de incapacidad grado Moderado”. (El subrayado pertenece a la perito; ver fs. 251 vta).
En cuanto al tratamiento psicológico, la perito psicóloga recomienda una terapia para evitar el agravamiento del cuadro psíquico (Ver fs. 251 vta), de modo que la terapia es paliativa y no curativa. Sus características permiten la concesión del daño psíquico y del tratamiento, sin que ello implique en el caso concreto un doble resarcimiento. Sostiene la perito que el tratamiento psicoterapéutico individual no deberá ser inferior a un año, con frecuencia semanal, a un costo económico del orden de los $ 170 por sesión. Afirma la perito que el tratamiento contribuiría a resolver, atemperar y/o ayudar a sobrellevar la situación traumática. (Ver fs. 257). Debe tenerse en cuenta que los valores sobre el costo de cada sesión fueron establecidos con la presentación de la pericia, con fecha 5 de septiembre de 2013. (Ver fs. 254 vta). Ello ha sido consentido por el actor. Con mayor razón la cuantificación del rubro no es elevada.
Sin embargo, el apelante ninguna introducción y abordaje ha formulado con respecto a los precisos fundamentos del fallo apelado en cuanto admite el daño psicológico, que incluye el costo del tratamiento recomendado por la perito, limitándose a una genérica disconformidad que torna abstracto al agravio. En efecto, el apelante simplemente afirma que se agravia, porque “considera carente de sustento el porcentaje de 15% de incapacidad establecido en el informe pericial psicológico” y consecuentemente considera excesiva la cuantificación del rubro en la suma de $ 123.000, con más sus intereses. Debe añadirse que esta mera disconformidad no constituye critica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante pueda considerar equivocadas. (Doct. Arts. 260, 261 CPCC). Con mayor razón cuando en su oportunidad no contradijo las conclusiones periciales mediante contra pericia.
Esta Sala ha decidido reiteradamente que la controversia suscitada respecto a una pericia requiere fundamentos sólidos que concedan el carácter de contrapericia a las observaciones de la parte, tal como lo señalado quien fuera mi colega de Sala en su integración original, el Dr. Alonso, con cita de Gozaíni, “la impugnación de una pericia debe constituir una contrapericia, que debe contener - como aquella - una adecuada explicación de los principios científicos o técnicos en los que se funde, por lo que no puede ser una mera alegación de los pareceres subjetivos o de razonamientos genéricos del contenido del dictamen que se ataca”. (“T. Z. J s/ Presunto Abuso Calificado”, “Causa N° 817/1, RSD N° 48/07, del 27 de junio de 2007).
El apelante no ha cuestionado las pautas consideradas por la señora juez de grado para cuantificar el daño psíquico, de modo que devienen firmes a esta Alzada y su aplicación permite considerar que resultan adecuadas a las particularidades del caso.
En consecuencia la cuantificación del rubro “Daño Psicológico” en la suma de $ 123.000, en concepto de incapacidad psíquica, no resulta elevado.
V. Las costas de Alzada.
Atento la forma en que se resuelve el recurso, propongo se impongan las costas de Alzada a la parte demandada “La Emilia S.A” ello atento al principio objetivo de la derrota (Doct. Art. 68 del CPCC) y se difieran las respectivas regulaciones de honorarios para su oportunidad. (Arts. 31, 51 DL 8904/77).
Por análogos fundamentos los Dres. Taraborreli y Pérez Catella también VOTAN POR LA AFIRMATIVA.
Visto el acuerdo arribado al tratar la primera cuestión, propongo: A) SE DESESTIMEN los agravios incoados por la parte codemandada apelante “La Emilia S. A.” y en consecuencia: 1°) SE CONFIRME la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. 2°) SE IMPONGAN las costas de Alzada a la demandada apelante "La Emilia S.A" , ello atento al principio objetivo de la derrota (Doct. Art. 68 del CPCC) 3°) SE DIFIERAN las respectivas regulaciones de honorarios para su oportunidad. (Arts. 31, 51 DL 8904/77).
Por análogas consideraciones, los Dres. Taraborreli y Pérez Catella también adhieren al voto que antecede y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede, éste Tribunal RESUELVE: A) DESESTIMAR los agravios incoados por la parte codemandada apelante “La Emilia S. A.” y en consecuencia: 1°) CONFIRMAR la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. 2°) IMPONER las costas de Alzada a la parte demandada apelante "La Emilia S.A" ello atento al principio objetivo de la derrota (Doct. Art. 68 del CPCC) 3°) DIFIERIR las respectivas regulaciones de honorarios para su oportunidad. (Arts. 31, 51 DL 8904/77). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Cita digital:IUSJU042115E

References: artículo 40
 artículo 40
 artículo 5
 artículo 40
 artículo 40
 resolución