Source: http://consultora-alaniz.com.ar/novedades-2017-13-IIBB.htm
Timestamp: 2019-05-23 21:16:59+00:00

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INGRESOS BRUTOS . CONVENIO MULTILATERAL. LA CORTE DELARA LA INCONTITUCIONALIDAD DE LA ALICUOTA DIFERENCIAL MAYOR
“LUZ VERDE PARA EL RECUPERO”
En Mayo del 2015, frente a la aceptación de Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en tomar cartas en el asunto, y bajo el “subjetivo” titulo: EL PRINCIPIO DEL FIN. LA CORTE REVISA LAS ALÍCUOTAS EXCESIVAS DEL IMPUESTO PARA LOS CONTRIBUYENTES DEL CONVENIO MULTILATERAL.
Nos atrevimos a anticipar el desenlace de la alícuotas diferencial, prevista por las 24 jurisdicciones en desmedro de los contribuyentes del Convenio Multilateral.
Es así que luego de 10 años de aplicación de alícuotas violatoria del principio de igualdad consagrado en la Carta Magna, un día nos levantamos con la buena noticia: las principales provincias van a reducir el impuesto sobre los ingresos brutos. Cuando en realidad se estuvo (todo este tiempo) violando preceptos constitucionales en los términos –ahora- declarados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Vale recordar que a partir del año 2008 (inclusive) las principales jurisdicciones del país impusieron un tratamiento desventajoso a los contribuyentes radicados en extraña jurisdicción. Tratamiento que perturbaron a las otras jurisdicción, y que quieran o no, tuvieron que hacer lo mismo para evitar la indefectible pérdida de recaudación. Evidenciado con ello –nítidamente- la violación de la prohibición de aduanas interiores consagrado en la Constitución Nacional.
Fué así como en el presente todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires imponen en su ley impositiva un tratamiento gravoso hacia los contribuyentes extraprovinciales en lo aquí analizado, en materia del impuesto sobre los ingresos brutos .
Es en este escenario, y en presente tiempo político, la CSJN decide dar el “tiro de gracia” al sistema perverso. Y declara la inconstitucionalidad de leyes provinciales que vulneran el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional.
Si bien nos constan que son cientos los casos que fueron por la vía (especial) originaria a la Corte en busca de que se declárela la inconstitucionalidad de la ley provincial. El más Alto tribunal (como era de esperar) empezó por el principio. El pasado 31/10/2017 resolvió la primera acción , que oportunamente dimos a conocere por Errepar, anticipando el presente desenlace: CASO “ HARRIET Y DONNELLY SA ” - CSJN - 24/2/2015. Donde oportunamente se admitió la acción declarativa de certeza , vía competencia originaria de la CSJN.
HARRIET Y DONNELLY SA CONTRA LA PROVINCIA DEL CHACO. ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA - CSJN - 31/10/2017
A continuación vamos a comentar la presente jurisprudencia de la Corte, no sin antes poner al lector en autos: A partir del año 2013 la Provincia del Chaco estableció una alícuota del 3.5% a los productores primarios que no contaba con sede principal en la provincia.
Considerar : Lo particular de la legislación provincial es que a pesar de que el contribuyente tenía campo situados en la provincia del chaco, la actividad primaria estaba sujeta a una alícuota mayor. Por no tener cede principal en la Jurisdicción. Si bien lo que no está bien está mal. A mi juicio: para la Corte la verisimilitud del derecho reclamado, era evidente a kilómetros de distancia.
Situación al momento de resolver la CSJN la cuestión de fondo:
Admitida la acción, el contribuyente obtuvo en febrero/2015 una medida cautelar;
El Fisco de la Provincia por ello, ceso de sus acciones en procura del impuesto oportunamente reclamado;
El contribuyente pago de manera (no interrumpida) la alícuota del 1% en lugar de la alícuota del 3.5% prevista en los término de la ley impositiva desde el año 2013.
1) DECRIPCION DE LA CAUSA
El contribuyente, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inicia acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia del Chaco, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en que dice encontrarse, frente a la pretensión de la demandada de aplicar a la actividad de producción primaria que desarrolla en su territorio, una alícuota diferencial del impuesto sobre los ingresos brutos, por no poseer sede central en la jurisdicción provincial, con sustento en lo establecido en el artículo 12, inciso E, de la “Ley Tarifaria provincial” 2071, modificada por el artículo 5º de la ley 7149 cuya declaración de inconstitucionalidad también solicita.
2) LEY ATACADA
Ley local Nro. 7149 (B.O. 19/12/2012). Modificatoria del artículo 12 de la “Ley Tarifaria Provincial U 2071: Sus incisos B y E, quedaron redactados de la siguiente manera: artículo 12 B) “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del Código Tributario, establécese la tasa del tres coma cincuenta por ciento (3,50%) para las siguientes actividades de producción primaria, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta ley o en el Código Tributario: 11.000 Agricultura y ganadería ...”.
A su vez en el apartado E) se dispuso que “ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del Código Tributario, establécese en uno por ciento (1%) la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB)para las actividades detalladas en el inciso B) del presente artículo, cuando las mismas se desarrollen en establecimientos ubicados en la Provincia del Chaco, acrediten su domicilio fiscal en la Provincia, y en tanto la venta no se efectúe a sujetos que revistan el carácter de consumidor final ”.
“ En el caso de que el contribuyente se encuentre inscripto en Convenio Multilateral y no posea su sede central en la Provincia se regirá conforme lo dispuesto en el inciso B)”.
Considerar: De esta manera, por el mero hecho de no posea su sede central en la Provincia del Chaco, se manda a tributar la alícuota del 3.5% en lugar del 1%.
En el caso corresponde determinar si en el sistema constitucional argentino tal distinción es razonable en función de no posea su sede central en la Provincia como único criterio de categorización.
Ya que para el desarrollo de la producción primaria, principalmente enfocada en la agricultura, cuenta con tres campos en la Provincia Del Chaco (demandada), por lo que distribuye la materia imponible del ISIB, de conformidad con lo establecido en los artículos 2º y 13 del Convenio Multilateral.
Asimismo traemos a consideración lo resuelto por el Más Alto Tribunal, en los Autos Bolsa de Cereales de Buenos Aires", Fallos: 337:1464: Donde la Corte ha dejado bien establecido que: "... el distinto domicilio de una persona no puede ser un elemento diferenciador dentro de una categoría obligada al pago o a la recaudación de un tributo, ya que no reviste la característica determinante para establecer que por ese solo extremo integra un grupo diverso que debe ser sometido a regulaciones diferentes. … La norma no puede constreñir en definitiva al afectado, a fin de beneficiarse con una menor alícuota impositiva, a radicarse en el territorio provincial para ejercer la función para la que se encuentra expresa y legalmente habilitada. La conclusión contraria llevaría a lesionar seriamente su libertad de elección para establecer la sede de sus negocios, y la igualdad frente a las cargas públicas con relación a aquellas entidades que, igualmente libres, habilitadas y con idéntica actividad, decidieron instalarse en la Provincia de Buenos Aires".
3) LA CONTRIBUYENTE ADVIERTE SOBRE LOS EFECTOS DE LA LEY
• Discriminando únicamente por el sólo hecho de no poseer sede central dentro de la jurisdicción de la provincia .
• El fin de la norma es gravar con alícuotas diferenciales más gravosas.
• Dicha discriminación importa el establecimiento de una aduana interior que afecta la cláusula comercial y las libertades de circulación y de tránsito consagradas en la Constitución Nacional, al imponer un tratamiento impositivo distinto a las actividades interjurisdiccionales en función de la ubicación local o foránea de la sede central de la empresa. Cita jurisprudencia del Tribunal en apoyo de su postura.
• Aduce asimismo que la disposición impugnada vulnera el principio de igualdad en materia tributaria, en tanto existe una palmaria irrazonabilidad en la desigualdad de trato establecida con un afán proteccionista.
• Funda su planteo en los artículos 4º, 9º, 10, 11, 12, 16, 17, 28, 31 y 75, incisos 1º, 10 y 13, y 126 de la Constitución Nacional, y en la doctrina que surge de diversos precedentes del Tribunal.
4) PRINCIPALES ASPECTO DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DE LA PROVINCIA DEL CHACO
a) Niega la existencia de un estado de incertidumbre que justifique la viabilidad de la acción declarativa instaurada. Sostiene que las normas tributarias provinciales establecen claramente quienes son los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos y las alícuotas correspondientes, por lo que es el particular quien debe demostrar su arbitrariedad;
b) Añade que la leyes 2071 y 7149 cumplen con los principios constitucionales de la tributación, es decir, el de legalidad, el de igualdad ante el impuesto y las cargas públicas y el de no confiscación ;
b) Aduce que el artículo 16 de la Constitución Nacional no crea reglas férreas, ya que permite al legislador la creación de categorías de contribuyentes a condición de que éstas sean razonables y excluyan toda discriminación arbitraria, injusta u hostil contra determinadas personas o categorías de personas ;
c) Alega que la distinción en las alícuotas aquí cuestionada busca estimular el desarrollo de la actividad económica local, en ejercicio de las facultades constitucionales de la Provincia del Chaco y basada en criterios de oportunidad, mérito o conveniencia;
d) Niega, por último, que las normas tributarias en crisis afecten la prohibición constitucional de establecer “aduanas interiores”.
5) RESOLUCION Y/O CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Que este juicio es de la competencia originaria de esta Corte .
Que con referencia a la naturaleza de la acción intentada cabe recordar la tradicional doctrina de esta Corte con arreglo a la cual su procedencia está sujeta a que la situación planteada en la causa supere la indagación meramente especulativa o el carácter consultivo, para configurar un “caso ” que busque precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal (arg. Fallos: 327:1108, considerando 2º y causa CSJ 505/2012 (48-B)/CS1 “Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, sentencia de la fecha).
Desde esta premisa y dado que no se requiere un daño efectivamente consumado, el Tribunal tiene dicho que para que prospere la acción de certeza es necesario que medie actividad administrativa que afecte un interés legítimo, que el grado de afectación sea suficientemente directo, y que aquella actividad tenga concreción bastante.
Nuestro agregado . La Corte advierte de la necesidad de un acto en ciernes para que prospere la acción. Aquel que diferencia de una indagación especulativa a un caso que requiere la intervención judicial urgente, frente al peligro en la demora. Para evitar daños irreparables.
En el caso : Rentas determinó a través de resolución administrativa; Comunicó al contribuyente que debía presentar “las declaraciones juradas rectificativas, con el correspondiente ingreso del impuesto resultante de la aplicación de la mayor alícuota, bajo apercibimiento de aplicar multas y sanciones establecidas en el Código Tributario Provincial.
Es por todo ello que la Corte resuelve su intervención diciendo: Todo ello se traduce en un interés serio y suficiente para obtener la declaración de certeza pretendida, e impone el pronunciamiento del Tribunal dada la existencia de una actividad concreta del Fisco provincial dirigida a la determinación o cobro del gravamen (causa CSJ 505/2012 (48-B) /CS1 “Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, sentencia de la fecha).
Asimismo, haciendo referencia a la ley provincial en cuestión, LA Corte considera: Ello exige interpretar si el criterio de la Provincia del Chaco, al determinar ese gravamen se encuentra en pugna con las disposiciones de naturaleza federal, o bien, si por el contrario, la provincia demandada se ha limitado a ejercer facultades impositivas propias.
6) CONSIDERACIONES FINALES DE LA CORTE
Traemos a consideración lo definido (con toda claridad) por la CSJN: “ Que es indudable que una provincia puede gravar con impuestos las mercaderías que ha introducido de otra y se encuentran ya incorporadas a su riqueza general, pero desde el momento en que el gravamen se basa en esa procedencia o establece diferencias en perjuicio de las mismas y en beneficio de las de origen local, sale de su esfera propia de acción y afecta el comercio interprovincial cuya reglamentación ha sido atribuida al Congreso de la Nación. La Constitución ha querido impedir que con leyes impositivas o de cualquier otra naturaleza, una provincia pudiera hostilizar el comercio de los productos originarios de las otras, provocando medidas de retorsión inconciliables con la armonía y recíproca consideración que debe reinar entre ellas; sin embargo no restringe las fuentes de renta, por cuanto esa prohibición se encuentra compensada con el aumento de valores que se incorporan mediante ese libre intercambio a la riqueza local, aumentando directa o indirectamente, en la generalidad de los casos, el caudal susceptible de ser gravado en beneficio de la provincia .
Que es indudable que una provincia puede gravar con impuestos las mercaderías que ha introducido de otra y se encuentran ya incorporadas a su riqueza general, pero desde el momento en que el gravamen se basa en esa procedencia o establece diferencias en perjuicio de las mismas y en beneficio de las de origen local, sale de su esfera propia de acción y afecta el comercio interprovincial cuya reglamentación ha sido atribuida al Congreso de la Nación. La Constitución ha querido impedir que con leyes impositivas o de cualquier otra naturaleza, una provincia pudiera hostilizar el comercio de los productos originarios de las otras, provocando medidas de retorsión inconciliables con la armonía y recíproca consideración que debe reinar entre ellas; sin embargo no restringe las fuentes de renta, por cuanto esa prohibición se encuentra compensada con el aumento de valores que se incorporan mediante ese libre intercambio a la riqueza local, aumentando directa o indirectamente, en la generalidad de los casos, el caudal susceptible de ser gravado en beneficio de la provincia.
RESOLUCION DE LA CORTE
Hacer lugar a la demanda entablada por Harriet y Donnelly S.A. y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del artículo 12, inciso E, de la “Ley Tarifaria Provincial” 2071, modificado por el artículo 5° de la ley local 7149.
En noviembre/2017, frente al lumbral de una importante reforma tributaria a nivel nacional y provincial, tanto tiempo reclamada. La Corte apura el paso y resuelve -lo que pocos contribuyentes han sabido notar- la inconstitucionalidad de las leyes impositivas provinciales. Y aquí la mega culpa como profesionales. Al advertir que todo este tiempo se determinó un impuesto en base a una alícuota diferencial mayor que por violar preceptos constitucionales podría a ver sido cuestionada -tal como lo planteamos, por la Editorial Errepar- y dejada en suspenso, a través de precisas acciones para cumplir con las condiciones exigida por la Corte, y lograr su amparo.
Ahora bien, que momento de preguntarse sobre el recupero e idear la acción. Como el profesor de la facultad decía: En impuesto no hay que pagar un peso menos. Pero tampoco ni un peso más. Vale ir por el recupero del impuesto pagado de más desde su mismísima vigencia.
INGRESOS BRUTOS. LA CORTE REVISA LAS ALÍCUOTAS EXCESIVAS DEL IMPUESTO PARA LOS CONTRIBUYENTES DEL CONVENIO . Práctica y Actualidad Tributaria (PAT) Mayo/2015
Entre las limitaciones establecidas en la Constitución Nacional a las facultades impositivas provinciales figura la consagrada en su art. 16, que en lo pertinente al caso, prescribe que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. El recordado principio que, como garantía fundamental, ha establecido la Constitución, está claramente fijado en su significación y alcances en la jurisprudencia de esta Corte que, en materia de impuestos ha decidido que aquélla "no constituye una regla absoluta que obligue al legislador a cerrar los ojos ante las diversas circunstancias, condiciones o diferencias que puedan presentarse a su consideración; lo que estatuye aquella regla es la obligación de igualar a todas las personas o instituciones afectadas por un impuesto, dentro de la categoría, grupo o clasificación que le corresponda, evitando distinciones arbitrarias, inspiradas en propósitos manifiestos de hostilidad contra determinadas clases o personas" (Fallos: 115:111; 132: 402, y "Bolsa de Cereales" Fallos: 337:1464, considerando 14). Considerando 9°): Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", 31/10/2017.
Bayer SA c/Prov. de Santa Fe s/acción declarativa de certeza - CSJN - 31/10/2017
Cabe señalar que los arts. 75, inc. 13, y 126 de la Constitución Nacional, previenen a las legislaturas provinciales de dictar leyes que discriminen el comercio interior en función de su origen o que beneficien a un Estado provincial respecto de otro, o que se grave su desenvolvimiento al extremo de dificultarlo o impedirlo (Fallos: 335:1794, causa "Pescargen S.A.", considerando 12). Considerando 13°): Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", 31/10/2017.
La regla, desde luego, no prescribe una rígida igualdad, y entrega a la discreción y sabiduría de los gobiernos una amplia latitud para ordenar y agrupar distinguiendo y clasificando los objetos de la legislación; pero, a su vez, el mero hecho de la clasificación no es bastante por sí solo para declarar que una ley no ha violado la garantía del art. 16, es indispensable, además, demostrar que aquella se ha basado en alguna diferencia razonable y no en una selección puramente arbitraria (Fallos: 149:417). Considerando 10°): Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", 31/10/2017.
Que en materia de igualdad, el control de razonabilidad exige determinar si a todas las personas o situaciones incluidas en la categoría se les reconocen iguales derechos o se les aplican similares cargas; se trata, en definitiva, de examinar los elementos de clasificación que la componen, y observar si se excluye a alguien que debería estar dentro y recibir igual atención jurídica (causa "Bolsa de Cereales" Fallos: 337:1464 ya citada, considerando 17). Considerando 11°): Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", 31/10/2017
No debe soslayarse que la función más importante de la Corte Suprema consiste en interpretar la Constitución de modo que el ejercicio de la autoridad nacional y provincial se desenvuelva armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa (Fallos: 306:1883 y 335:1794). Considerando 8°): Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", 31/10/2017.
Que el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante todo el lapso que dure su vigencia, de suerte que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido por la Constitución Nacional (Fallos: 316:3104; 328:566). Considerando 13°): Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", 31/10/2017
En consecuencia, la alegada improcedencia de la acción por parte de la representación provincial no se ajusta a las circunstancias concretas de la causa, toda vez que la actividad de sus órganos fiscales basta para justificarla (causa CSJ 147/2008 (44-1)/CS1 "Intesar S.A. c/ Chubut, Provincia del y otro s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 18 de diciembre de 2012 y sus citas). Considerando 3°): Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", 31/10/2017.
Que en esa línea de pensamiento es dable recordar que si bien las provincias conservan los poderes necesarios para el cumplimiento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la Constitución Nacional (Fallos: 320:1302 y sus citas). Considerando 9°): Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", 31/10/2017.
El establecimiento de clasificaciones y categorías para la percepción de los impuestos debe ser estrictamente compatible con el principio de igualdad, pero no solo a condición de que todos los que sean colocados en una clase o categoría reciban el mismo tratamiento, sino también -y es lo esencial- que la clasificación misma tenga razón de ser, esto es, que corresponda razonablemente a distinciones reales (Fallos: 200:424). La vaguedad con que aparece enunciado el principio es solo aparente. El criterio de las semejanzas y diferencias de las circunstancias y de las condiciones cuando se aplica a los hechos que son objeto de examen en cada caso particular, se convierte en un medio eficaz y seguro para definir y precisar el contenido real de la garantía en cuestión. La regla, desde luego, no prescribe una rígida igualdad, y entrega a la discreción y sabiduría de los gobiernos una amplia latitud para ordenar y agrupar distinguiendo y clasificando los objetos de la legislación; pero, a su vez, el mero hecho de la clasificación no es bastante por sí solo para declarar que una ley no ha violado la garantía del art. 16, es indispensable, además, demostrar que aquella se ha basado en alguna diferencia razonable y no en una selección puramente arbitraria (Fallos: 149:417). Considerando 10°): Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", 31/10/2017.
Considerando 23°): Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", 31/10/2017.
INGRESOS BRUTOS. LA CORTE REVISA LAS ALÍCUOTAS EXCESIVAS DEL IMPUESTO PARA LOS CONTRIBUYENTES DEL CONVENIO . Práctica y Actualidad Tributaria (PAT) Mayo/2015. EDITORIAL ERREPAR

References: artículo 322
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 16
 resolución 
 artículo 12
 artículo 5