Source: http://arsetlabora.blogspot.com/
Timestamp: 2017-11-22 01:36:15+00:00

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2. La cultura como “servicio público” y su función social
4. Calidad frente a cantidad en la programación cultural
5. Apoyos públicos a la cultura
6. La Cultura contemporánea como Patrimonio
7. La cultura como imagen del Estado
8. La cultura como fuente de riqueza y generadora de empleo
9. Cultura y “estado del bienestar”
No me referiré a la cultura tal como la entienden los antropólogos, como una conducta aprendida o como modos de interpretación y significación de la realidad. Pero sí que entre los investigadores del tema resaltan unos conceptos que me interesan especialmente: cambio, crecimiento, progreso y evolución, porque creo que en estos cuatro términos se encierra, al menos en una buena parte, el trabajo de los creadores y de lo que éste aporta a la sociedad y que a ésta le sirve –le debería servir- para avanzar ella misma y que, además, forma parte indisoluble de ese llamado Estado del Bienestar, especialmente lo que supone de crecimiento, tanto social como personal, de progreso y de evolución y como manifestación de la diversidad.
Esto podría arrojar luz sobre la dificultad de la definición: que sirva para el disfrute del público, pero no un disfrute como diversión, sino como algo que aporte algo a su vida, aunque indudablemente la cultura está asociada con la diversión y con el tiempo de ocio. Pero esto último entraña un problema: si la cultura puede ser entendida, también, como ocio, el ocio no es cultura. Desgraciadamente, en los últimos años, estamos asistiendo a una banalización tremenda de la cultura, convertida en moneda de cambio de una política cultural errática y en motivo para que las agencias turísticas engrosen sus beneficios sin aportar nada a cambio[1] y algo mucho más grave, entender, por ejemplo, inventos como los parques temáticos como “cultura”.
Podemos entenderla (al arte) como aquellas producciones en las que la estética juega un papel importante, casi definitorio. Obras que conjugan diferentes capacidades sensoriales pero que no sólo se quedan en un nivel epidérmico, no de diversión, sino que también van encaminadas a ejercitar el intelecto y enriquecer el discurso y la vida de quien las hace y de quien las disfruta. Obras con capacidad de tejer discursos sociales, de interés público.
John Hospers, uno de los grandes teóricos de la Estética, consideraba que “no está hecho el arte para ser adorno de paredes o de mesas, sino para ser objeto de contemplación, de reflexión, de estudio…”[2] y no sólo de las paredes de casas particulares, también de las de los museos o en plazas y rotondas... Quizá esta definición pueda servirnos para aclarar un poco más el concepto: reflexión y estudio.
La política cultural, es decir la cultura que se hace desde el Estado, sea éste nacional, autonómico, provincial o municipal, debería tener como objetivo principal la creación de infraestructuras para el desarrollo de ésta y favorecer el acceso de los ciudadanos[3]. Algunos estudiosos del tema así lo entienden, pero creo que esto sólo no basta. Habría que matizar bastante las dos partes.
En primer lugar está la creación de infraestructuras, sean éstas museos, centros de arte o teatros, por ejemplo. Todos recordamos que a finales del siglo pasado se pusieron de moda de los centros de arte, paralela a la de los teatros (más tarde llegó la de los centros de interpretación[4]). No hubo ciudad que no suspirara por tener un centro de arte, como no había pueblo de importancia que no quisiera tener un teatro. Se construyeron edificios sin tener clara su programación y, lo que es peor, sin tener claro el presupuesto que los dotaría de personal y contenido. Lo que se derivó de esto –y hay suficientes ejemplos para argumentarlo- es la existencia de edificios que no tienen claro su destino ni función. Es decir, se gastaron suculentas cantidades de dinero y no se consiguió fomentar la cultura.
No es suficiente, por tanto, que el Estado cree infraestructuras para la cultura. Hay que saber bien qué se va a hacer en ellas y a quién va dirigida su programación. Antes de acometer una obra pública hay que saber qué déficit va subsanar y quién la va a utilizar. Como también hay que saber que su funcionamiento conlleva un coste, de personal cualificado y de programación. De la misma manera que si se construye una carretera o un centro de salud se estudia a quién va dirigido y cómo se van a mantener activos y actualizados sus servicios. Tener claro que su rentabilidad se obtiene a largo plazo. Los proyectos culturales no son macetas que se plantan hoy y mañana germinan, como tampoco lo son otro tipo de proyectos empresariales[5].
Por tanto, no creo que, como principio, la creación de infraestructuras se deba quedar ahí. Fundamentalmente porque pienso que no sirve para nada y en muchos casos su efecto ha sido tremendamente negativo. Ejemplos hay de espacios para la cultura construidos sin un objetivo previo, pero con buenas intenciones, que una vez inaugurados se han dejado a la deriva, bien porque luego no había presupuesto para su dotación, bien porque la población que se esperaba asistiera no lo ha asumido. No tiene sentido, por ejemplo, crear un centro de arte y nuevas tecnologías en una ciudad donde no hay tradición de esto, si previamente no se han puesto en marcha redes y actividades formativas que “preparen” al púbico potencial, porque al ver que no hay una afluencia masiva, los políticos, a quienes les encanta contar gente, acabarán cerrando el espacio o cambiando su dedicación[6].
Esta es, también, una labor del Estado[7]: formar ciudadanos inteligentes, con capacidad de elección. Ciudadanos libres. Si no quedara excesivamente pedante, edulcorado y pre moderno, diría que ciudadanos felices porque ahí está precisamente el papel de la cultura como pilar –uno de ellos - del Estado del Bienestar. Obviamente cuanto más culto se es más capacidad crítica se tiene, pero más se disfruta en un concierto, una exposición o leyendo una novela.
Como apunta acertadamente Andrés Webster, desde su posición en México, “la cultura representa una posibilidad de desarrollo para las sociedades. Por un lado, constituye la identidad, los valores, la historia, el patrimonio y a partir de ella se fortalecen los lazos de convivencia. Pero por otro, el patrimonio y las manifestaciones culturales, con un manejo responsable pueden traducirse en una vía para el desarrollo de la sociedad”[8] y como un bien social[9]. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones, recordando una vez más la declaración de la UNESCO.
Pero esta importante labor de formación no sólo afecta al público, también afecta, y de una manera importante, a los productores de la cultura. No puede haber una cultura de calidad sin una formación sólida de los “productores” y también ésta es responsabilidad del Estado o quizá ésta de una manera especial. Lamentablemente, los planes de formación estatales, tanto para artistas como para gestores, críticos y comisarios son escasos y deficientes, y para estos últimos mucho más. Hasta hace pocos años no ha habido una formación específica para comisarios y gestores, por ejemplo. Esto se está subsanando con algunos programas máster, pero quedan muchas lagunas que cubrir y generalmente la formación la acabas completando en el desarrollo de tu propio trabajo. Considero esto de interés porque, como digo, de nada sirve ese “libre acceso a la cultura” si ésta no se genera.
Pero esto no sólo afecta a los estudios universitarios, hay otra gran cantidad de población que no tiene acceso a éstos o que no los ha podido tener en el pasado. También aquí está la responsabilidad del Estado, en ofrecer planes de formación complementarios. La llamada tercera edad cuenta actualmente con tiempo y capacidad para acceder a una educación que tal vez no pudo tener en su juventud. Es cierto que se están haciendo planes en este sentido, pero creo que es necesario un esfuerzo más importante en este campo. Los planes de viajes del Imserso son interesantes, no estoy en contra de esto, pero creo que les aportaría más, mucho más, una educación en cultura[10].
Ese “favorecer el acceso de los ciudadanos” que se recoge en nuestra Carta Magna está plasmado, de una manera más o menos parecida, en todos los Estatutos de Autonomía del Estado Español, las variaciones no son más que en la manera de expresarlo. Así, en el Artículo 9. 1. del Estatuto de Autonomía del País Vasco, referido a los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del País Vasco son los establecidos en la Constitución, dice que: e) Facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco.
En el Artículo 22. de Derechos y deberes en el ámbito cultural, del Estatuto catalán: 1. Todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a la cultura y al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas, y en el Art. 40. Los poderes públicos deben promover políticas públicas que favorezcan la emancipación de los jóvenes, facilitándoles el acceso al mundo laboral y a la vivienda para que puedan desarrollar su propio proyecto de vida y participar en igualdad de derechos y deberes en la vida social y cultural.
En el artículo cuarto del gallego: facilitar la participación de todos los gallegos en la vida política, económica, cultural y social.
Quizá el andaluz se extienda más en el Título I. Derechos sociales, deberes y políticas públicas, Art. 33. Todas las personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas, así como el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz, pero en el Art. 36. Deberes, 17.º El libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural, vuelve sobre lo mismo.
Así podríamos seguir con el resto, casi sin variación alguna. También la mayoría insisten en el “desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas”, pero el asunto que quiero destacar es que tanto en la Constitución como en los estatutos no se dice nada de cómo se va a efectuar ese derecho de acceso a la Cultura ni de cómo o con qué medidas se va a fomentar esa “creatividad”. Quiero decir, como antes apuntaba, que sin unas medidas concretas esto no pasa de ser una declaración de buenas intenciones. Bien es cierto que en algunas autonomías se han dado diferentes desarrollos legislativos en pro de una mejora del tejido cultural, pero todas adolecen de una eficiente legislación que apoye y fomente la Cultura.
Sí que es cierto que en algunos estatutos, dentro de los capítulos o artículos dedicados a la Cultura, destacan el fomento de la “calidad de vida”, pero no tengo muy claro si entienden efectivamente la Cultura como un factor asociado a esta “calidad”. Por ejemplo, en el de la ciudad autónoma de Melilla, dentro de los “Deberes y Derechos fundamentales” destaca la “mejora de las condiciones de vida y elevación del nivel cultural”.
Recientemente se han impulsado en algunas autonomías planes de apoyo al arte contemporáneo, como el Iniciarte andaluz, pero que han tenido una duración más corta que la deseada y sobre todo han sido –o son- planes que han trabajando más en la línea de una política de subvención que de inversión, que es la que a la larga resultaría más eficaz.
Ciertamente, algunas comunidades autónomas han hecho notables esfuerzos más allá de lo establecido en sus estatutos. Quizá el caso más llamativo sea la de Cataluña, que promulgó la Ley 6/2008, de 13 de mayo, por la que se creaba el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. El Consejo es una entidad de derecho público, que tiene como finalidades principales asesorar al Gobierno de la Comunidad en aquellos asuntos que tienen relación con la política cultural y organizar la política de apoyo y promoción de la creación artística. Es notable el trabajo desarrollado por este Consejo, que actualmente está trabajando en una redefinición de la política de adquisición de obras de arte por parte el Gobierno Catalán.
Con un interés parecido, pero no al mismo nivel ni con los mismos resultados, se elaboró en Andalucía el Plan Estratégico de la Cultura en Andalucía (PECA)[11]. Un documento estratégico integral que fijó las líneas maestras de la Consejería de Cultura durante cuatro años y que pretendía fijar una serie de orientaciones estables, evaluables y participativas, con el fin de que sirvieran para mejorar el progreso socioeconómico y la calidad de vida de los andaluces y andaluzas.
Ciertamente se puso todo el esfuerzo posible en su redacción y su capacidad de concertación y consenso entre todos los sectores implicados son dos de sus puntos fuertes. Se intentaba que fuera una herramienta que contribuyera al fortalecimiento de la tolerancia y el respeto como valores de convivencia democrática.
Pero el PECA, las dos ediciones que ha habido, no ha ido mucho más allá que una buena e interesante declaración de intenciones, porque de hecho, la Cultura en Andalucía sigue siendo un asignatura pendiente, la gran asignatura pendiente en la Comunidad, aunque no sea la única. Las derivas en las políticas culturales, los constantes cambios de planes y estrategias de apoyo a la Cultura, especialmente al arte contemporáneo, hacen que se esté en un continuo comenzar y recomenzar sin llegar nunca a ningún sitio.
Con respecto al arte contemporáneo, el Programa Iniciarte de apoyo al arte emergente marcó un antes y un después, o eso era lo que parecía. Desde 2006 el programa ha concedido ayudas en varios apartados: creación/producción, difusión y ayuda a las galerías. Una beca en Bethanien (Berlín), premios a la actividad artística contemporánea, plan de adquisiciones para la Colección Iniciarte y la programación del Espacio Iniciarte Sevilla y Córdoba después, aunque la vida de éste último ha sido y es más bien errática e incierta.
Con la crisis y los cambios en la Consejería de Cultura, o aprovechando el argumento de la crisis, han dejado entrar el Programa en una especie de letargo que lo está llevando, de hecho, a una muerte asistida. A pesar de lo anunciado, al menos a la fecha de julio de 2011 ni se ha convocado nada ni parece que vaya a convocarse. A primeros de año se anunció que la Sala Santa Inés iba a ser el Espacio Iniciarte Sevilla, pero se quedó sólo en anuncio. En definitiva, el problema aquí, como en todos lados, es la falta de creencia de los políticos en que la Cultura es un valor estratégico para el Estado, una fuente de riqueza y de generación de empleo, y aprovechan cualquier escusa para dar al traste con los planes de fomento referidos a la Cultura.
El caso de Iniciarte no ha sido una panacea, ha tenido sus cosas buenas y malas, obviamente como todo, pero no ha sabido crear nuevas expectativas e intereses en el sector, especialmente en el de los creadores, más interesados en las ayudas a la producción que en las de formación, que es donde habrían tenido que incidir éstas. El Programa ha puesto más interés en fomentar una política de subvención que de inversión, que hubiera sido mucho más provechoso para todos. Inversión en formación, en conocimiento, base fundamental de la obra de arte. Pero ni la Consejería ni los propios artistas han sabido evaluar esto correctamente. Una preocupada en elaborar una política de “café para todos”, para contentar a la mayoría, y los otros más preocupados en comprar materiales para hacer sus obras que en formarse para que éstas tuvieran algún contenido.
La verdad es que, ahora que parece más que evidente que el Programa se ha acabado, echando la vista atrás, pensamos que los resultados podrían haber sido mejores, que se podría haber aprovechado mejor el dinero público.
En el resto de las comunidades autónomas del Estado también se han creado una serie de planes de ayuda y fomento de la creación actual y, en algunos casos, sí que se pone más énfasis en la formación, ayudando en las estancias en residencias de artistas, como es el caso de la Comunidad de Aragón o de Baleares.
La mayoría de esas ayudas no sólo son para el fomento y producción de las artes plásticas, muchas de ellas también incluyen las audiovisuales, cinematográficas, escénicas y la música. Quizá, en el caso de las cinematográficas y escénicas, la que más destaque sea Castilla-La Mancha, aunque muchas otras comunidades también prestan apoyos a estas artes. En algunos casos, como el de Extremadura, se fija una edad límite para acceder a las ayudas, pero en la mayoría no existe esta cláusula.
De todas las comunidades, los programas de ayudas más amplio y con mayor ámbito de actuación tal vez sean los de Cataluña y del País Vasco y los menos los de La Rioja y la Ciudad Autónoma de Ceuta.
2. La cultura como “servicio público” y su función social.
Estas estrategias de apoyo a la cultura son responsabilidad del Estado (o necesitan de éste para subsistir en el caso de las iniciativas privadas[12]), tanto en la parte formativa como la de producción. La cultura siempre será un sector económicamente deficitario, pero por su dimensión social y por su papel en el Estado del Bienestar, las instituciones públicas tienen la obligación de apoyarlo y, como digo, esto no se puede reducir sólo a crear infraestructuras. Como tampoco se debería aceptar que la cultura sea un servicio público sustentado por los autores.
Sin embargo, la Constitución Española en su artículo 149 sí que habla del “servicio de la cultura” como “un deber y atribución esencial de la cultura”, aunque a la luz del artículo 50 ese “servicio” se entiende como “social”, es decir un servicio de asistencia a la tercera edad, pero esto debería extenderse a toda la población. Es cierto, como subrayan Antonio Pau y María J. Roca[13], que eso no entraña por parte del Estado la “creación de cultura”[14], pero sí debería entenderse como una labor de fomento, de facilitación de la formación, tanto de los productores como del público, un empeño por facilitar ese “acceso de los ciudadanos a la cultura” a través de la educación. Se podría decir, como señalan los autores citados, que debería ser un “servicio de mediación entre creadores y público”, pero un servicio de mediación que no se puede quedar en el fomento de infraestructuras, como antes he comentado.
Dicho esto, entiendo que la Cultura es un “bien social” que hay que proteger, fomentar y cuidar, por eso estoy de acuerdo con la llamada “excepción cultural”[15]. Es cierto que los trabajadores y trabajadoras de la cultura no aspiramos ni a ser una excepción, pero sí a que se nos dé un trato igualitario. Reclamamos del las instituciones del Estado un trato de igualdad con el resto de los profesionales, sean del sector que sean. Es cierto que “la Cultura no puede tratarse como una mercancía más en la medida que posee valores intrínsecos que la diferencian de los demás bienes”, valores comentados en este texto, pero si el trabajo de las personas que producen esa Cultura.
Ahora bien, al hilo de esto hay otra cuestión que es importante señalar: el compromiso social y político de los que nos dedicamos a esto. Partimos de la base de que el arte es una forma de expresión -y más allá de esto un constructo social que refiere de la comunidad en la que se desarrolla- que cambia con el tiempo y con la historia a la que pertenece y representa. Cambia la forma de expresión –cambian los intereses de la sociedad de la que refiere-, pero no la necesidad de articular discursos sobre asuntos comunes y universales. Para Ernst Fischer, cuyo libro sobre el tema se titula precisamente La necesidad del arte[16], éste jamás desaparecerá ni perderá su relación con la humanidad. Precisamente porque necesitamos “apropiarnos” de otras experiencias. Todos los géneros del arte son útiles para esto, pero el video, a mi juicio, se perfila como el más idóneo, sobre todo en los asuntos que tienen que ver con lo sociopolítico.
Como digo, es, entre otras cosas, un constructo social. Me interesa como manifestación de los intereses e inquietudes de la comunidad[17], por eso prefiero el trabajo que se está haciendo desde el video, porque creo que tiene una mayor “facilidad” para incidir sobre estos asuntos y puede tener más implicación política. En tiempos como los que vivimos no podemos quedarnos encerrados en los estudios. Hay que pasar a la acción.
Muchos son los artistas, comisarios y gestores que están empeñados en desarrollar un trabajo de compromiso, dándole voz a aquellos que no son escuchados. En este sentido, son como un altavoz que puede hablar de lo que a todos nos interesa y nos preocupa.
Para la CE el Derecho a la Educación en un derecho fundamental, como he comentado antes, y la escolarización es obligatoria hasta los 16 años. Sin embargo, el Derecho de Acceso a la Cultura no es un Derecho Fundamental, no lo es porque no hay un deber de acceso a ella. Digamos que no le encuentro sentido a este “juego de derechos” por cuanto entiendo que (en ese periodo obligatorio de escolarización) a la cultura se accede en y a través de la escuela[18]. También en la familia, cierta y necesariamente, pero fundamentalmente en la escuela. Si en la escuela de enseña cultura, la forma de acceder a ella, sus variantes, su riqueza y diversidad, etc. (ojalá esto fuera cierto) y esa obligatoriedad abarca a todo el abanico de lo que en estas instituciones se enseña, bajo el paraguas general de ese Derecho Fundamental a la Educación está también amparada la Cultura.
Educación y Cultura han de ir unidas siempre, porque la una deriva de la otra o está implícita en ella. De hecho, en las declaraciones universales sobre la Cultura siempre se hace hincapié en el derecho a la Educación como forma de acceder a la Cultura[19].
Antonio Pau y María J. Roca especifican que “la razón es que la cultura, en sí misma, no se puede exigir. No la puede exigir el ciudadano y no la pueden exigir los poderes públicos”[20]. Estoy radicalmente en contra, claro que el Estado no puede exigirla, no puede exigir que los ciudadanos sean cultos, pero éstos sí que pueden y deben (deberían) exigir al Estado que exista la cultura y que exista para todos y que existan las actividades y/o planes de formación suficientes para que todos y todas, en igualdad de condiciones, podamos acceder a ella.
Desde las administraciones públicas, especialmente las provinciales y municipales –las que están más cerca del ciudadano- se fomentan unas acciones culturales donde lo importante parece ser la participación, quiero decir que sean actividades que puedan atraer a la mayor cantidad de público posible, sin pararse a pensar si tal o cual actividad aporta algo a la gente. Habitualmente leemos en la prensa que determinada actividad o exposición ha sido un éxito porque ha superado en número de asistentes a la anterior. Se cifra el éxito en la cantidad, nunca en la calidad, nunca en evaluar qué les ha aportado eso a los visitantes, qué se han llevado, cultural y formativamente hablando, de una exposición y de una obra de teatro o concierto. Parece que no importa la formación de los ciudadanos, sólo que acudan en masa y hagan enormes colas para entrar en un museo, cuando la vistita, después del cansancio de la espera y de la imposibilidad de ver tranquilamente los cuadros, por poner un ejemplo, se hace algo así como un suplicio que estamos deseando termine.
En asuntos de cultura la cantidad está reñida con la calidad, como he mencionado antes en relación a la evaluación del público, pero también en el número de destinatarios de esas ayudas. Está claro que todos tenemos los mismos derechos a acceder a los bienes y ayudas públicas, precisamente porque se trata de dinero público[21]. Pero creo, también, que el Estado tiene –o debería tener- la obligación no de diferenciar a unos ciudadanos de otros, pero sí de evaluar la calidad del trabajo en función de una serie de parámetros que clarificarían la excelencia de éste y, por tanto, de ser apoyado. Parámetros de compromiso, de esfuerzo en la investigación, de trayectoria, de optimización de recursos, de planteamiento y de proyección (en el caso de los artistas más jóvenes), de calidad, de conexión con la creación nacional e internacional e incluso parámetros de interés social[22].
No se trata de que la Administración se convierta en un crítico que diga tú vales y tú no, pero sí que se acoja a una serie de normas o reglas que, aplicadas a la concesión de ayudas, hagan de éstas un instrumento más eficaz. Un instrumento que contribuya a la mejora de la cultura en España, de su imagen tanto dentro como fuera del Estado. Criterios como los anteriormente mencionados: cambio, crecimiento, progreso y evolución. Es decir, un trabajo que aporte, que innove y que tenga una implicación social[23]. Un trabajo que esté en relación con la producción internacional tanto de dentro con de fuera.
En el trabajo citado Estado y Cultura, de Stefan Huster, Antonio Pau y María J. Roca hablan del “dilema de la neutralidad estética del Estado” y, comentando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, especifican que “un ‘control’ del nivel, es decir, una diferenciación entre arte ‘superior’ e ‘inferior’, arte ‘bueno’ y arte ‘malo’ (y por ello digno de protección, o menos digno de ella)… es inadmisible”[24]. No puedo estar más en desacuerdo, primero porque efectivamente existe un arte superior, bueno y digno no sólo de protección sino de apoyo y difusión, como hay un arte –una cultura- malísima e inferior que no debería ser apoyada o no al menos al mismo nivel. Segundo porque hay un arte que constituye el trabajo de muchos creadores para el que estudian, se preparan, viajan, observan, experimentan, tienen una trayectoria profesional… mientras que hay otro, generalmente malo, que sólo se hace como divertimento o como hobby. Y tercero porque el Estado no es una maquinaria anónima o un robot al que se le introducen unos datos y te da un resultado.
Las instituciones del Estado las hacen personas a las que se les supone un conocimiento y una preparación para hacer su trabajo, unas comisiones de valoración que están precisamente para eso, para valorar y emitir un juicio. El Estado, por normativa, tiene comisiones de valoración constituidas por expertos[25] para hacer un trabajo para el que, se supone, están preparados y aquí precisamente hace agua esa supuesta “neutralidad estética” del Estado. Si te designan para formar parte de una comisión de valoración, de selección, para un comité científico o para otorgar unas becas ¿dónde queda esa neutralidad? Neutralidad en tanto que tu valoración sea igualitaria para todos y todas, pero nunca puede ser estética.
Esteve León, en el prólogo[26] al libro de Xavier Marcé y Ramón Bosch, hace referencia al trabajo de Kevin Mulcahy Los emprendedores y el darwinismo cultural. Perspectivas del sistema cultural americano, donde hace un comentario interesante a esos apoyos públicos a la cultura y señala tres puntos que me parece importante recoger, porque evidencian un pensamiento bastante extendido sobre su necesidad. Una aclaración sobre estos tres asuntos me parece oportuna:
Pero no es cierto en absoluto que sea un bien “graciable” que se da como quien da una limosna. No se apoya un proyecto cultural –no se debería- como si de un alarde de generosidad del político se tratara[27] y, por supuesto, no se trata de algo improductivo, como creo que queda claro en estas páginas.
“El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones Fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma constitucional”[28].
Pero aunque la Ley de Patrimonio del Estado Español especifique esto, y diferentes leyes de mismo tipo de las comunidades autónomas también lo recojan, parece que es sólo una declaración de intenciones y que el legislador se olvidó de la cultura contemporánea en el desarrollo de esas leyes, porque no se vuelve a hacer mención sobre este tema[29].
Creo que tanto la Ley de Patrimonio, como el desarrollo del artículo 46[30] de la Constitución quedarían en una mera declaración de intenciones si esta política no cambiara. Si no se entendiera el arte actual como parte, también, de nuestra aportación cultural.
Por eso entiendo que el trabajo de los artistas, como el de todos los agentes implicados en la creatividad contemporánea, forman parte de nuestro patrimonio y como tal debería ser protegido. Es el patrimonio de hoy y será el del futuro.
A la luz de los acontecimientos culturales que protagoniza y apoya el Estado Español y de instituciones como el Instituto Cervantes[31] y los centros culturales que tiene en los países de América Latina, podemos entender que la cultura se sitúa dentro de los objetivos generales del Estado para dar una cierta imagen en el exterior. Es decir, que forma parte de una estrategia, también de comunicación.
Esos acontecimientos son, por ejemplo, los que se organizan desde la SEACEX[32], AECID[33] o la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales[34].
El 29 de noviembre de 2010 apareció en la prensa una nueva sociedad, la Sociedad Estatal de Acción Cultural, que fusionará las antiguas SECC, SEEI y SEACEX, y contará con un presupuesto de 27 millones en 2011, bajo la presidencia de Charo Otegui. Esta fusión de las tres sociedades se perfila como más operativa en cuanto a la consecución de sus objetivos.
8. La cultura como fuente de riqueza y generadora de empleo:
Las redes de trabajo de la cultura.
El trabajo que implica o que favorece la cultura no sólo se puede ver en el de los artistas y gestores (directores, productores y comisarios de exposiciones). Es un entramado de redes de trabajo mucho más amplio y complejo que abarca a muchos otros sectores. Están también las galerías, los editores, diseñadores, restauradores, montadores, transportistas, fotógrafos, imprentas, el personal de las actividades pedagógicas y otros trabajadores de las instituciones culturales. Esto hace que la Cultura sea reconocida como el tercer sector productivo del Estado Español[35].
Es un complejo entramado de redes y relaciones profesionales y así debería considerarse más a menudo. Digo esto porque en épocas de recesión económica (como la del momento en que escribo esto) los primeros y más grandes recortes presupuestarios siempre van al campo de la cultura. Cuando los hay en otros sectores, sindicatos y plataformas profesionales se quejan de la destrucción de empleo, y con razón, pero nunca se analiza la misma situación en nuestro sector. Y, como semana Charo Otegui, hay que conseguir “que se entienda que la cultura es un caudal de riqueza. La cultura no es un gasto, sino un potencial brutal. Ya es hora de que nos creamos que es un sector estratégico de nuestro país”.[36]
Es cierto que, desde la Administración Pública, no se nos tiene en cuenta muchas veces, pero también lo es que nosotros somos, muchas veces, reacios a organizarnos. No obstante, en el Estado Español ha ido surgiendo los últimos años una serie de asociaciones que están mejorando esa situación[37]. Una mejor organización del sector sería muy provechosa de cara a exigir mejoras a las instituciones.
Según José Luis Álvarez[38], España sigue siendo hoy una primera potencia cultural por su historia, por su Patrimonio Histórico y Artístico y por la calidad e importancia de sus artistas y creadores. Esta realidad, muy cierta por otra parte, debería estar presente a la hora de definir el verdadero Estado del Bienestar, debería influir en las políticas del Estado y de las demás administraciones públicas, así como en la imagen externa que queremos –y deberíamos- dar del Estado Español, donde la Cultura debería ocupar un valor estratégico.
Todas estas cuestiones que he venido tratando en este texto, denunciando o explicando, para que se puedan abrir vías de solución a los males del sector, intentando aportar algunas soluciones, atañen a una serie de problemas que tenemos los y las profesionales de la cultura. Estos problemas se han visto agrandados enormemente en los últimos años debido a la crisis económica que nos afecta, y que tiene una escala mundial.
Pero nos afecta de una manera muy particular porque los recortes presupuestarios siempre se aplican en primer lugar al sector de la cultura, sin tener en cuenta, como ya he explicado, que eso no sólo afecta a las programaciones de museos, centros y teatros, sino muy directamente al trabajo de todos y todas los que tenemos en la producción o gestión de la cultura nuestro trabajo y nuestra forma de vida.
Esto nos da pie a pensar también sobre qué entienden los países por Cultura y cuánta es su utilidad en y para la sociedad, algo sobre lo que ya me he extendido anteriormente. Por eso, en múltiples ocasiones y desde diferentes instituciones[39], demandamos constantemente a las autoridades políticas una serie de medidas de protección del sector.
Medidas que van desde pedir que los recortes en la Cultura no sean más drásticos que en otros sectores, la creación de un Pacto de Estado por la Cultura, inversión real y efectiva del 1% cultural y de una manera especial en arte contemporáneo, reducción del IVA para el mercado del arte o la promulgación de una ley de Mecenazgo efectiva que favorezca la mejora del mercado del arte[40].
Estas instituciones, conscientes de la importancia del sector profesional al que representan y de la necesidad de la Cultura y del desarrollo cultura para todos y todas, han estado trabajando los últimos años para dignificar la profesión y para elaborar una serie de documentos que contribuyan a la mejora de las condiciones de trabajo.
Al anteriormente mencionado sobre las medidas de apoyo al sector del arte, se suma el Código deontológico del Instituto de Arte Contemporáneo y el de definición y funciones del comisariado independiente en España, y recomendaciones para su práctica y el Código de Buenas Prácticas. Con ellos digamos que, de alguna manera, se regula la profesión y se establecen pautas de comportamiento.
Por su dimensión y aplicación en el ámbito estatal, es importante el de Buenas Prácticas, asumido por el Ministerio de Cultura como recomendación para todas las instituciones museísticas del Estado.
Pero lo que me parece más importante de todo es la consideración de la Cultura al mismo nivel que la Educación, porque como ya he dicho, si no juntas, al menos una se encuentra implícita en la otra.
También creo que es importante clarificar, como así lo he intentado, que no nos deberíamos quedar satisfechos con ese “derecho de acceso a la Cultura” si no se fomenta, promociona y protege la producción de la misma.
Y por último algo que creo nos interesa a todos y todas dejar muy claro: que la cultura es un sector profesional y una fuente de riqueza y de creación de empleo, además de otras muchas cosas y que cuando nos manifestamos en contra de los recortes presupuestarios en Cultura no lo hacemos –sólo- para que se mantengan abiertas salas de exposiciones, museos y teatros, sino para ejercer el derecho que tiene todo trabajador: defender su puesto de trabajo.
Plan Estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA). Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 13 de noviembre de 2007. http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/migracion/adjuntos/29319_documento_base_peca.pdf
[1] Me refiero por ejemplo a las macro exposiciones que se vienen celebrando en los grandes museos o con ocasión de cualquier celebración histórica. Las agencias de viajes organizan paquetes turísticos y aumentan sus beneficios pero no aportan nada al evento en cuestión. En muchas ciudades el gancho para el turismo es el Patrimonio Histórico, pero ¿qué aportan ellas a su mantenimiento, conservación y acrecentamiento? Absolutamente nada, como tampoco hoteles o restaurantes. Si estas agencias y establecimientos subsisten es, en muchas ciudades, gracias la patrimonio y a la cultura y deberían implicarse con él como materia prima de su negocio.
[2] Beardsley, Monroe Curtis y Hospers, John. Estética: historia y fundamentos. Traducción de Román de la Calle, Ediciones Cátedra. Madrid, 1997.
[3] Así lo señalan acertadamente Xavier Marcé y Ramón Bosch en su clarificador trabajo El exhibicionismo del mecenas. Reflexiones sobre actuación pública en el sector cultural en el siglo XXI. Ed. Milenio. Lleida 2007.
[4] Hemos ido pasando de una moda a otra, como de oca a oca, sin orden ni concierto, sin pararse a evaluar costes ni tranzar planes a largo plazo. Una política cultural de lo inmediato que ha dejado agotadas las arcas del Estado, a los gestores y a los productores.
[5] Tal vez aquí esté uno de los problemas: el no tratar a los proyectos culturales como un proyecto empresarial y a los productores y artistas como profesionales competentes en su ámbito.
[6] Como comentaba Agustín Pérez Rubio, director del MUSAC, un museo o centro de arte tiene, para la sociedad también, otras funciones como el programa expositivo, el programa de pensamiento, programa de actividades, cuestiones de formación, de colección, de registro, de bibliotecas, de archivos... Entrevista publicada en La Crónica de León.
[7] Una labor del Estado no sólo desde el Ministerio de Cultura, sino también desde el de Educación. Incluso se podría ir más allá y considerar la Cultura como algo transversal a todas las instituciones del Estado.
[8] Andrés Webster. El Seminario (México), 4 de nov. de 2010.
[9] Así lo entiende, por ejemplo la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en su TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. Objeto. Es objeto de la Ley establecer el régimen jurídico del Patrimonio Histórico de Andalucía con el fin de garantizar su tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión, promover su enriquecimiento y uso como bien social y factor de desarrollo sostenible y asegurar su transmisión a las generaciones futuras. El subrayado es mío.
También en el artículo 149.2 de la C E al determinar que el Estado “considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial”.
[10] Considero esto de interés porque, si bien la Cultura no se considera un Derecho Fundamental (no sé bien por qué) en la CE, la Educación sí lo es.
[11] Fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 13 de noviembre de 2007.
En el propio documento base se dice que es: un instrumento que será el referente de las políticas culturales de esta Comunidad para los próximos cuatro años. Para ello, hemos realizado un considerable esfuerzo durante gran parte de esta legislatura para impulsar la construcción de un documento que fuera un hito en el desarrollo de este sector en nuestra tierra.
En este documento, se hallan presentes todas las dimensiones culturales, desde el patrimonio histórico hasta la creatividad artística. Nuestro objetivo ha sido siempre que fuera el reflejo fiel de una nueva forma de valorar la cultura, que la concibe como derecho ciudadano y como recurso social y económico.
Por tanto, se vincula el desarrollo cultural con los derechos de los ciudadanos y con el desarrollo social y económico.
[12] No creo que todo este trabajo de fomento y apoyo deba recaer sólo en el Estado, también es importante el papel de la iniciativa privada, pero ésta, que debería implicarse más, también tendría que ser apoyada por aquel en mejoras y reformas en la fiscalidad, con la Ley de Mecenazgo y con otras medidas. Por ejemplo en lo referente a las deudas tributarias, que se especifican en la Ley de Patrimonio, pero ésta sólo hace referencia a bienes del Patrimonio Histórico: Artículo 73. El pago de las deudas tributarias podrá efectuarse mediante la entrega de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General, en los términos y condiciones previstos reglamentariamente.
Cierto es que se han hecho adelantos en el caso del mecenazgo. Ahí está la Ley General de Publicidad (34/1988), la Ley sobre el régimen de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (49/2002) y la Ley de Fundaciones (50/2002). Estas dos últimas derogaron, tras la reforma fiscal de 2002, la anterior Ley de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general (30/1994), pero a todas luces no ha sido suficiente.
[13] Huster, Stefan, Pau, Antonio y Roca, María J. Estado y Cultura. Fundación Coloquio Jurídico Europeo. Madrid, 1999.
[14] El Estado no debe tener como obligación o atribución crear cultura, eso es cierto, pero sí posibilitar que ésta se dé.
[15] En el lenguaje de las negociaciones comerciales internacionales, la excepción cultural es entendida como la medida por la cual se excluye de la negociación todo lo que tenga que ver con industrias y actividades culturales. La idea de cualquier negociación comercial entre países es reducir las trabas al comercio de bienes y servicios, no obstante, eliminar las barreras comerciales en materia de cultura podría ser, en algunos casos, inconveniente. Por eso a menudo se señala que se requiere exceptuar la cultura de los tratados de libre comercio -TLC.
El argumento que está detrás de una excepción de este tipo es ampliamente conocido, simplemente, la cultura no puede tratarse como una mercancía más en la medida que posee valores intrínsecos que la diferencian de los demás bienes. El carácter meritorio de los bienes y servicios culturales implica, desde el punto de vista de la regulación, que se requiere fomentar tanto su producción como su consumo. Por esa razón, un mecanismo frecuentemente utilizado para corregir esta falla es la intervención por parte del Estado.
Texto extraído del Observatorio Iberoamericano del Derecho de Autor. www.odai.org
[16] FISCHER, Ernst. (1993): La necesidad del Arte, Madrid: Nexos.
[17] Prefiero hablar de comunidad, la que forman libremente los individuos, para diferenciarla de la sociedad en tanto que comunidad jerarquizada.
[18] Quiero decir que no entiendo ese “juego de derechos” porque si estamos obligados a ir a la escuela, estamos obligados a estudiar y aprender cultura.
[19] Por citar sólo un ejemplo, el Consejo de Europa sugiere que “la cultura, según la experiencia de la mayoría de la población de hoy, significa mucho más que las artes tradicionales y las humanidades. Hoy en día, la cultura abarca el sistema educativo, los medios de difusión, las industrias culturales (...)”. Definición de la cultura dada por la Arc-et-Senans Declaration (1972) on the Future of Cultural Development. Council of Europe, Reflections on Cultural Rights. Synthesis Report. CDCC (95) 11 rev. Estrasburgo, 1995, pág. 13. El subrayado es mío.
También lo entiende así, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes de Cataluña, entre cuyas funciones destaca Informar al Gobierno y al Parlamento sobre el estado de la educación en la cultura y, especialmente, de la enseñanza de las profesiones vinculadas a la cultura.
[20] Opus cit. Pág. 56.
[21] Me gusta referirme más bien a “dinero del público”, lo que debería entrañar un compromiso más fuerte tanto por parte del Estado como de los receptores de las ayudas.
[22] En este caso me refiero a la propia situación de los artistas. En igualdad de condiciones de calidad del trabajo, creo que se debería apoyar más el de un creador que no cuenta con recursos que a uno que trabaje, por ejemplo, con una galería que gestione y venda su obra. A esto me refiero, ahora, con interés social. Y, como digo en otro lugar, creo que esto debería hacerlo tanto el Estado como las iniciativas privadas de interés cultural.
[23] Cuando hablo de aun arte que tenga “implicación social” no me refiero sólo a aquel que cuente asuntos te tengan que ver con las penas y las necesidades de la población. Un arte “puramente estético” también puede cumplir esta función, la de poner de manifiesto la belleza, también es social porque distrae y entretiene, pero no, claro, de una manera frívola, no como un pasatiempo.
[24] Opus cit. Págs. 18-19.
[25] Me refiero a las que existen en el Ministerio de Cultura y en las Consejerías de Cultura de las Comunidades Autónomas.
[26] Bosch, Ramón y Marcé, Xavier. El exhibicionismo del mecenas. Reflexiones sobre actuación pública en el sector cultural en el siglo XXI. Ed. Milenio. Lleida 2007. Pág. 10-11.
[27] En esto, como en todo, los políticos deberían tener más conciencia social y ser más conscientes de su papel como representantes de los ciudadanos y “posibilitadores” del buen funcionamiento de las instituciones.
[28] LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio de 1985). Preámbulo. El subrayado es mío.
[29] Tan solo parece recordarlo en el TÍTULO VIII. DE LAS MEDIDAS DE FOMENTO. Artículo 68. 1. En el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1% de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. Aunque desconocemos sus efectos prácticos.
[30] El artículo dice: Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley Penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Como vemos, no hay referencia alguna al arte actual. Esto es algo de lo que adolece prácticamente toda la legislación española. También se debería hacer mención del arte contemporáneo si, efectivamente, se reconociera a éste como parte –y parte importante- de nuestro patrimonio.
[31] El Cervantes, cuyo objetivo fundamental es la enseñanza de la lengua, también apoya actividades de difusión cultural en colaboración con otros organismos españoles e hispanoamericanos y con entidades de los países anfitriones. Información en su web www.cervantes.es
[32] La Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior actúa, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el de Cultura, como un agente público de promoción de la realidad cultural de España. Su actividad responde a una estrategia de difusión internacional de nuestra cultura, a una exigencia de transmisión de conocimientos, a una reflexión de nuestras potencialidades y a un esfuerzo para dar cabida a todos los impulsos que, en los más diversos ámbitos del saber y del arte, construyen el entramado de una nación moderna, cuya pluralidad es su mejor seña de identidad.
Los principales objetivos de SEACEX son mejorar el posicionamiento de la cultura española en el exterior, aumentar y consolidar la presencia de la creación española contemporánea en el mercado internacional y ofrecer marcos de relación entre creadores y profesionales que faciliten la creación de unas redes de trabajo sostenibles. Información en su web www.seacex.es
[33] Entre sus fines destaca impulsar el papel de la cultura y el conocimiento en el desarrollo, prestando especial al fomento del respeto a la diversidad cultural. Información en su web www.aecid.es
[34] Esta sociedad estatal se encarga de la “preparación, organización y ejecución de las actividades referidas a las conmemoraciones culturales, científicas e históricas del Reino de España y sus Comunidades y Ciudades Autónomas”, según las orientaciones establecidas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales y bajo la coordinación del Ministerio de Cultura de España, haciendo especial énfasis en la importancia de la promoción de la diversidad de España y su cultura tanto dentro del propio país como en el exterior. Su actividad se centra en la Unión Europea, Estados Unidos, América Latina y algunas áreas africanas y asiáticas con las que existen vínculos históricos. Información procedente de su web www.secc.es
[35] Por ejemplo, el sector español de la cultura ocupaba a finales de 2004 a casi 500.000 personas, lo que supuso un 2,8% del empleo total y un incremento superior al 20% en valores absolutos respecto al 2000, según se desprende del Anuario de Estadísticas Culturales 2005, que recoge los datos del último quinquenio (2000-2004).
En fechas más recientes, el BOE nº 6 del 7 de enero de 2011 destaca que: “La creciente importancia de la cultura como elemento dinamizador de la economía y el empleo, se pone de relieve en nuestro país acudiendo a la Cuenta Satélite de la Cultura cuyos datos revelan que el sector cultural y creativo aporta el 4% de nuestro PIB y genera unos 780.000 puestos de trabajo. El importante futuro que tiene este sector se reconoce en la Estrategia de economía sostenible del gobierno que considera la política industrial y de innovación como los núcleos principales sobre los que pivota el cambio de modelo productivo”.
La entonces Ministra de Cultura, Carmen Calvo, destacó la importancia de poder contar con estos datos, elaborados por la División de Estadística de la Secretaría General Técnica, “que sirven de herramienta para conocer la situación y evolución de la cultura en España y saber qué aporta el sector al producto interior bruto (PIB)”. Las empresas dedicadas en 2004 a actividades culturales eran 60.000, un 2% del total de empresas incluidas en el Directorio Central del Instituto de Estadísticas, y el volumen de negocio alcanzó los 30.000 millones de euros, incluyendo actividades cinematográficas y vídeo, radio, televisión, fotografía y arte y espectáculos.
[36] ABC. 30703/2011.
[37] Artistas Visuales Agrupados Castilla y León – AVA. Asociación de Artistas Visuales de Catalunya. Unión de Asociaciones de Artistas Visuales. Asociación Artistas Visuales Islas Baleares. Asociación Canaria Artistas Visuales. Asociación Gallega Artistas Visuales, entre otros. En este sentido, y en lo referente concretamente a la situación profesional de los comisarios, el IAC ha desarrollado un trabajo sobre el perfil profesional y un código deontológico que puede servir como documento base.
[38] Álvarez y Álvarez, José Luis. Sociedad, Estado y Patrimonio Cultural. Ed. Espasa Calpe, 1992.
[39] Estas medidas se han pedido desde las instituciones implicadas en el mantenimiento y acrecentamiento de la Cultura en España: Asociación de Directores de Arte Contemporáneo (ADACE), Consejo de Críticos y Comisarios de Artes Visuales, Consorcio de Galerías Españolas de Arte Contemporáneo, Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), Mujeres en las Artes Visuales (MAV), Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV).
[40] Estas y otras medidas se encuentran recogidas en un documento de medidas de apoyo al sector del arte, firmado por todas las instituciones antes mencionadas.

References: Artículo 9
 Artículo 22
 artículo 149
 artículo 50
 artículo 46
 artículo 46
 Artículo 1
 artículo 149
 Artículo 73
in fine
 Artículo 68