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Timestamp: 2020-07-12 19:00:05+00:00

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diariolaley - Documento Principio non bis in idem
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Diario La Ley, Nº 7250, Sección Esquemas Legales, 28 Sep. 2009, Año XXX, Editorial LA LEY
LA LEY 3579/2008
Literalmente del latín, no (sufrir consecuencias negativas) dos veces por lo mismo, es un principio que impregna, como vamos a ver, varias jurisdicciones, pero que básicamente trata de acotar el alcance de las consecuencias de determinadas actuaciones en el sentido moderador de evitar más de una infracción por lo mismo. Es una manifestación del principio de legalidad. Está en estrecha conexión con el concepto de cosa juzgada, es decir con la idea de la res iudicata. Esto no impide en ningún modo la posibilidad de recurso de una decisión judicial sino que significa que acabado el sistema de recurso ordinario no puede reabrirse un nuevo proceso si no es por alguna de las causas absolutamente excepcionales que se contemplan en el recurso extraordinario de revisión.
Si desde la óptica del Derecho penal había sido recogido ya en los escritos de Beccaria, su paso a los textos constitucionales tiene lugar en el período de la Revolución Francesa. El período del Antiguo Régimen se caracteriza por la arbitrariedad y en el ámbito de las detenciones eran destacables las llamadas lettres de cachet que permitían apresar a una persona sin ningún tipo de formalidad y de manera totalmente arbitraria. (artículo 8 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano).
Como señala la capital Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de enero de 1981, este principio "no se encuentra recogido en los artículos 14 a 30 de la Constitución, que reconocen los derechos y libertades susceptibles de amparo (artículo 53.2 de la Constitución y 41 de la Ley tribunal constitucional) pero no por ello cabe silenciar que, como entendieron los parlamentarios en la comisión de Asuntos constitucionales y de libertades públicas del Congreso, al prescindir de él en la redacción del artículo 9 del Anteproyecto de Constitución, va íntimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones recogidos principalmente en el artículo 25 de la Constitución", al igual que se deriva también del artículo 10.2 Constitución pues se cita en numerosos Tratados internacionales en los que España es parte firmante.
Para el ámbito internacional, el Protocolo Adicional 7º del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España, en su Art. 4 (derecho a no ser juzgado o castigado dos veces) indica que nadie podrá ser sujeto a ser juzgado o castigado de nuevo en el proceso penal bajo la jurisdicción del mismo Estado por un delito por el cual ya haya sido absuelto o condenado de conformidad con la ley y el procedimiento penal de ese Estado, y sin que ello obste a la reapertura del caso de conformidad con la ley y el procedimiento penal del Estado interesado, si no hay hechos nuevos o revelaciones nuevas o si se ha producido un defecto fundamental en el procedimiento anterior, lo que podría afectar el resultado del caso.
El principio de non bis in idem es un principio garantista de los derechos y en definitiva otra manifestación del favor libertatis. Así se puede decir a grandes rasgos que el principio de non bis in idem sirve para garantizar el ámbito de la libertad aportando seguridad jurídica al proceso y situando frente al imperio de la legalidad y que es una manifestación más del Estado de Derecho. La interconexión de los principios del artículo 9.3 de la Constitución es evidente y así lo ha afirmado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha expresado entre otras, en la temprana sentencia 27/1981 de 20 de julio que no son compartimentos estancos, sino que la contrario cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en tanto sirva a promover los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna el Estado Social y Democrático de Derecho.
El principio non bis in idem tiene una doble significación. Por un lado es un principio material, conforme al cual nadie debe ser castigado dos veces por la misma infracción. Pero también es un principio de carácter procesal conforme al que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
1. Aspecto material del principio
Despliega su eficacia "ex post", ya que impide una nueva sanción por algo que ya ha sido sancionado.
2. Aspecto procesal del principio
Si a lo largo de un procedimiento administrativo sancionador la Autoridad administrativa considera que el hecho puede revestir los caracteres de delito o falta, o toma conocimiento de la existencia de un proceso penal en curso por los mismos hechos, solicitará del órgano judicial comunicación sobre las resoluciones adoptadas y si, en base a las mismas aprecia identidad de sujeto, hecho y fundamento, acordará la suspensión del procedimiento hasta que recaiga resolución judicial. Se trata del aspecto procesal del principio que en las relaciones entre Administración y jurisdicción, determina la preferencia de esta última.
En materia penal internacional el Art. 23.2 c) LOPJ al definir la competencia española en esa jurisdicción excluye de su conocimiento los supuestos en que el "delincuente haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o haya cumplido condena"
Efecto de lo anterior son la litispendencia - no puede enjuiciarse a la vez algo, el mismo hecho, que ya está siendo enjuiciado por otro órgano - y la cosa juzgada -no puede enjuiciarse por segunda vez lo que ya ha sido juzgado con anterioridad-.
III. ELEMENTOS CONCURRENTES
Para que se pueda hablar de "bis in ídem" debe concurrir una triple identidad entre los términos comparados: objetiva (mismos hechos), subjetiva (contra los mismos sujetos) y causal (por el mismo fundamento o razón de castigar).
a) La identidad subjetiva supone que el sujeto afectado debe ser el mismo, cualquiera que sea la naturaleza o autoridad judicial o administrativa que enjuicie y con independencia de quién sea el acusador u órgano concreto que haya resuelto, o que se enjuicie en solitario o en concurrencia con otros afectados.
b) La identidad fáctica supone que los hechos enjuiciados sean los mismos, y descarta los supuestos de concurso real de infracciones en que no se está ante un mismo hecho antijurídico sino ante varios. Como señala la sentencia del tribunal constitucional de 10 de noviembre de 1990: "es indudable que el principio non bis in ídem no resulta vulnerado cuando las penas se aplican por acciones típicas diversas. La punibilidad acumulativa que se fundamenta en un concurso real de delitos no determina vulneración alguna de este principio precisamente por la diversidad de acciones sancionadas".
Tampoco exonera a su autor de nuevas responsabilidades si con posterioridad vuelve a incurrir en la misma conducta, esto es en la reincidencia. Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo, 3ª, de 14 de diciembre de 1992:"la jurisprudencia constitucional (sentencia del constitucional 4/07/1991) reconoce la identidad diferenciada del hecho nuevo en la hipótesis de la reincidencia; sólo aislando en su identidad el hecho reincidente de los anteriores, en consideración de los cuales se cualifica como reincidente, es posible eludir la vulneración del principio non bis in ídem, y en la medida en que la referida jurisprudencia rechaza que en la reincidencia se produzca esa vulneración, se está reconociendo la identidad diferenciada del hecho reincidente", porque como añade la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1980:"la permanencia en la infracción observada y sancionada no puede constituir una causa de impunidad que ponga a cubierto al infractor de posibles y sucesivas sanciones si no se corrigen aquellas".
c) La identidad de fundamento o causal, implica que las medidas sancionadoras no pueden concurrir si responden a una misma naturaleza, es decir, si participan de una misma fundamentación teleológica, lo que ocurre entre las penales y las administrativas sancionadoras, pero no entre las punitivas y las meramente coercitivas.
Si los bienes jurídicos afectados por un mismo hecho resultan heterogéneos existirá diversidad de fundamento, y cabrá el doble castigo de lo mismo - v. gr.: Sentencia del Tribunal Supremo, 3ª, de 21 de enero de 1990, la condena en la jurisdicción penal por un delito contra la salud pública y la condena por la Autoridad gubernativa a la clausura del local donde se vendía la droga, en razón a que en el segundo supuesto se trata de prevenir el delito impidiendo la extensión y tratando de erradicar el tráfico y comercio de droga-, como habitualmente ocurre en el supuesto de las llamadas relaciones especiales de sujeción; mientras que si son homogéneos, no procederá la doble punición aunque las normas jurídicas vulneradas sean distintas.
La prohibición de que un mismo inculpado sea enjuiciado o procesado dos veces por el mismo delito, alcanza, al menos en el territorio Schengen, al ámbito internacional europeo, aunque la misma infracción se haya producido en parte en el territorio de diversos países (v.gr: blanqueo de capitales, detención ilegal, tráfico de drogas, etc.) y aunque ello suponga en parte una cesión de soberanía procesal, por el país que trate de juzgar en segundo lugar.
La sentencia señala que el principio ne bis in ídem consagrado en el Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen "resulta aplicable a la resolución de un Tribunal de un Estado contratante, dictada tras haberse ejercitado la correspondiente acción penal", por la que se absuelve definitivamente a un inculpado por prescripción del delito.
Y ello es lógico si se aplica el principio de confianza mutua, conforme al cual, la Justicia de cualquier país integrante del Espacio Judicial europeo es tan plausible como la de cualquier otro, porque todas son justicia europea, pese a los ordenamientos internos diferentes.
V. SOBRE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS
La Sentencia del Tribunal Constitucional 4/2004, de 14 de enero, en un caso en que el Tribunal de apelación revocó una sentencia absolutoria, ordenando un nuevo juicio de faltas, por haberse destruido el acta en un incendio, estima el recurso de amparo, porque una de las garantías del proceso justo es precisamente "no ser sometido a proceso penal en más de una ocasión por los mismos hechos"-sentencia del tribunal constitucional 159/1987, de 26 de octubre; 2/2003, de 16 de enero), siendo sólo posible anular una sentencia absolutoria con retroacción de actuaciones "en caso de que se haya producido una quiebra de una regla esencial del proceso justo en perjuicio de la acusación, ya que el desarrollo de las actuaciones procesales sin las garantías consustanciales al proceso justo no permite hablar de proceso en sentido propio, ni puede permitir que la sentencia absolutoria adquiera el carácter de inatacable".
El hecho de que las autoridades administrativas tipifiquen como infracciones de esa naturaleza hechos que igualmente están previstos como infracciones en el Código penal, plantea la cuestión de si son compatibles ambas jurisdicciones y si cabe una doble sanción - judicial y administrativa - por ello o, por el contrario lo impide el principio que analizamos, sobre todo cuando se han incorporado al Derecho Administrativo sancionador todos los principios y garantías materiales del Derecho Penal.
Actualmente esta doctrina ha sido matizada por el Tribunal Supremo (Sentencias del Supremo de 6 de mayo de 1987, 4 de marzo de 1988, 20 de febrero de 1992 y 5m de mayo de 1994) y el Constitucional (30 de enero de 1981, 3 de octubre de 1983 y 8 de junio de 1989), de forma que:
- Aunque el principio non bis in ídem no se recoge expresamente en el texto constitucional, como hemos indicado más arriba, se infiere de la vigencia de los principios de legalidad y tipicidad recogidos en el artículo 25 Constitución.
- Tal principio supone que sancionada una conducta por una autoridad, no puede volver a serlo por otra del mismo orden y naturaleza, aunque formalmente se vehiculice a través de otro procedimiento.
- La jurisdicción penal es prevalerte. En atención a ello, por un lado, la resolución administrativa no produce excepción de cosa juzgada respecto de la jurisdicción, y por otro, la Administración debe abstenerse de conocer de hechos de que conozca la jurisdicción, en tanto esta no resuelva. Lo que resulta inadmisible es una sanción administrativa y otra judicial por los mismos hechos.
- Por el contrario, una resolución judicial absolutoria basada en que el hecho no ha existido o en que en su causación no ha participado el acusado, o la extinción misma de la responsabilidad penal, vinculan a la Administración (Sentencias del Tribunal Constitucional de 27 de noviembre de 1985 y 15 de octubre de 1990). No lo hace que el hecho sea penalmente atípico, ya que entonces puede sancionarse por la vía administrativa, si constituye una contravención de esta clase.
- Excepcionalmente cabe la doble sanción penal y administrativa del hecho, cuando además de su carácter penal, la potestad sancionadora de la Administración se funda en lo que se conoce como relación de supremacía especial o estatutaria - principalmente sanciones disciplinarias a funcionarios-, ya que entonces el mismo hecho (el ilícito penal) se contempla desde una óptica diferente (pena y suspensión o separación del servicio)
En estos supuestos, el funcionario está unido al Estado y su organización por dos vínculos: el de sujeción o supremacía general, en que como cualquier otro ciudadano le somete a la potestad sancionadora de la Administración, y el de supremacía especial, por su cualidad de funcionario, merced al cual puede ser otra vez sancionado, por la contravención a la confianza de su relación, y en defensa de la probidad administrativa.
Lo esencial sobre PRINCIPIO NON BIS IN IDEM
• Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, artículo 25.1.
• Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882), artículo 114.
• Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , de 26 de noviembre, artículo 133.
• Naturaleza constitucional del principio, como parte integrante del derecho fundamental a la legalidad penal y sancionadora. Sentencia del Tribunal Constitucional 2/1981 de 30 de enero, recurso núm. 90/1980, LA LEY 7092-NS/0000.
• Las relaciones de supremacía especial no constituyen una excepción al principio, de forma que, respecto del mismo sujeto y hecho, sólo cabe el ejercicio cumulativo de las potestades disciplinaria y punitiva si la norma administrativa y la penal contemplan el hecho desde la perspectiva de un interés jurídicamente protegido distinto. Sentencia del Tribunal Constitucional 234/1991 de 10 de diciembre, recurso núm. 1473/1989, LA LEY 1846-TC/1992.
• Dimensión material y procesal del principio. Prevalencia de la dimensión material en caso de conflicto: vulneración del principio non bis in idem por la condena penal por delito contra el medio ambiente de quien con anterioridad había sido sancionado administrativamente por realizar vertidos contaminantes. Sentencia del Tribunal Constitucional 177/1999 de 11 de octubre, recurso núm. 3657/1994, LA LEY 11876/1999.
• Manipulación por el recurrente de la funcionalidad del principio non bis in idem para conseguir una sentencia penal absolutoria. Falta de alegación en el procedimiento administrativo de la pendencia de un proceso penal sobre los mismos hechos. Condena en ambos órdenes por conducir bajo la influencia del alcohol. Inactividad achacable exclusivamente al recurrente. Inadmisión de la demanda de amparo. Sentencia del Tribunal Constitucional 152/2001 de 2 de julio, recurso núm. 3403/1997, LA LEY 6634/2001.
• Condena penal por hechos sancionados anteriormente en vía administrativa que no vulnera el principio non bis in idem: delito contra la seguridad del tráfico -conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas- que incide en los mismos hechos ya sancionados en vía administrativa. Cambio en la doctrina constitucional. Examen de la existencia de triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos. Inexistencia de reiteración punitiva constitucionalmente proscrita. Descuento de la sanción administrativa impuesta en la fase de ejecución de la sentencia penal. La jurisdicción penal es prevalente sobre la administrativa y no ha existido verdadera duplicidad punitiva. Sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003 de 16 de enero, recurso núm. 2468/2000, LA LEY 962/2003.
• Inconstitucionalidad de disposición de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tipifica como falta muy grave el haber sido sancionado por la comisión de tres o más sanciones graves. Sentencia del Tribunal Constitucional 188/2005 de 7 de julio, recurso núm. 2629/1996, LA LEY 1591/2005.
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References: artículo 9
 artículo 25
 artículo 10
 artículo 9
 resolución 
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 resolución 
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 artículo 114
 artículo 133