Source: http://observatoriodeladiscapacidad.blogspot.com/2011/04/informe-de-estado-de-ecuador-sobre.html
Timestamp: 2015-12-01 07:24:22+00:00

Document:
Observatorio Derechos de Personas con Discapacidad: Informe de Estado de Ecuador sobre implementacion Convencion ONU, noviembre 2009
El Movimiento D, fue creado en marzo de 2008, con el objeto de impulsar la ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas CDPD por el Estado ya sea por discapacidad física, auditiva, visual, intelectual y de causa psíquica
El Movimiento decidió formular un nuevo objetivo el que ha sido trabajar en la implementación de la Convencion de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Informe de Estado de Ecuador sobre implementacion Convencion ONU, noviembre 2009
1. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 35 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (la Convención), los Estados partes se comprometen a presentar al Secretario General de las Naciones Unidas, para su examen por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (el Comité), un informe sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención: a) dos años a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado de que se trate y b) posteriormente, al menos cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el Comité se los solicite. El párrafo 1 del artículo 36 dispone también que el Comité podrá solicitar más información a los Estados partes.
2. El objeto de las directrices sobre presentación de informes es asesorar a los Estados partes sobre la forma y el contenido de los informes para facilitar su preparación y asegurar que sean exhaustivos y que haya uniformidad en la presentación. El cumplimiento de las directrices sobre presentación de informes reducirá también la necesidad de que el Comité solicite mayor información con arreglo al artículo 36 de la Convención y al párrafo 3 del artículo 36 de su reglamento.
3. Los Estados deben considerar que el proceso de presentación de informes, incluida la preparación de sus informes, no es meramente una forma de cumplir sus obligaciones internacionales, sino también una oportunidad de hacer un balance de la protección de los derechos humanos dentro de su jurisdicción a efectos de una planificación más eficaz de su política y una aplicación más eficaz de la Convención. En consecuencia, el proceso de preparación de informes ofrece la oportunidad de que cada Estado parte:
a) Lleve a cabo un examen exhaustivo de las medidas adoptadas para armonizar las leyes y políticas nacionales con las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos pertinentes en los que sea parte;
b) Verifique los progresos logrados en el disfrute de los derechos establecidos en los tratados, en el contexto de la promoción de los derechos humanos en general;
c) Determine los problemas y deficiencias que hubiera en su enfoque de la aplicación de los tratados;
d) Planifique y elabore políticas apropiadas para alcanzar esos objetivos.
4. Los Estados partes deben reconocer y respetar la diversidad de las personas con discapacidad y asegurarse de que su informe no sea de carácter general, sino que se refiera específicamente a los distintos tipos de discapacidad, cuando la situación lo requiera.
5. El Comité adopta las presentes directrices que tienen en cuenta las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.5). Estas directrices se actualizarán en el futuro con objeto de incorporar la evolución de la práctica del Comité en relación con la aplicación de la Convención, reflejada en sus observaciones finales, observaciones generales y declaraciones.
6. En el anexo del presente documento figura el texto de las directrices relativas a los documentos específicos sobre la Convención que deben presentar los Estados partes con arreglo al artículo 35.
A. El actual sistema de presentación de informes y de organización de la información que ha de incluirse en el documento básico común y en el documento específico sobre la Convención presentado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
A.1. Los informes que deben presentar los Estados con arreglo a las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos constan de dos partes: un documento básico común y el documento específico sobre el tratado.
A.2. El documento básico común
A.2.1 El documento básico común debe contener información general sobre el Estado que presenta el informe y el marco general de protección y promoción de los derechos humanos con un desglose por sexo, edad, principales grupos de población y discapacidad, así como información sobre no discriminación e igualdad, y recursos eficaces, de conformidad con las directrices armonizadas.
A.3.1 El documento específico que se presente al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no debe repetir la información incluida en el documento básico común ni reducirse a una lista o descripción de la legislación adoptada por el Estado parte. Más bien, debe contener información específica relativa a la aplicación, en la legislación y en la práctica, de los artículos 1 a 33 de la Convención, teniendo en cuenta la información analítica sobre lo que haya sucedido recientemente en la legislación y la práctica en relación con el pleno disfrute de los derechos reconocidos en la Convención por todas las personas con cualquier tipo de discapacidad en el territorio o la jurisdicción del Estado parte. Debe contener también información detallada sobre las medidas sustantivas adoptadas para alcanzar los objetivos mencionados y sobre los avances logrados en consecuencia. Cuando proceda, esta información deberá presentarse en relación con las políticas y la legislación aplicables a las personas sin discapacidad. En todos los casos, se indicará la fuente de los datos.
A.3.2 En cuanto a los derechos reconocidos en la Convención, el documento específico deberá indicar:
a) Si el Estado parte ha adoptado políticas, estrategias y un marco jurídico nacional para hacer efectivos cada uno de los derechos reconocidos en la Convención, indicando los recursos disponibles para tal fin y los medios económicamente más eficaces de utilizar esos recursos;
b) Si el Estado parte ha adoptado legislación integral contra la discriminación por motivos de discapacidad para aplicar las disposiciones de la Convención en este sentido;
c) Todo mecanismo establecido para vigilar los progresos en la consecución plena de los derechos reconocidos en la Convención, incluidos indicadores y los correspondientes parámetros nacionales en relación con cada derecho reconocido en la Convención, además de la información proporcionada con arreglo al apéndice 3 de las directrices armonizadas y teniendo en cuenta el marco y los cuadros de indicadores ilustrativos presentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (HRI/MC/2008/3);
d) Los mecanismos establecidos para asegurar que las obligaciones que tiene el Estado parte con arreglo a la Convención estén plenamente integradas en su actuación como miembro de organizaciones internacionales;
e) La incorporación y aplicabilidad directa de cada uno de los derechos reconocidos en la Convención en el ordenamiento jurídico nacional, con ejemplos específicos de causas judiciales pertinentes;
f) Los recursos judiciales y de otra índole de que disponen las víctimas para obtener reparación en caso de que se hayan violado sus derechos reconocidos en la Convención;
g) Los obstáculos estructurales u otros obstáculos importantes, producto de factores sobre los que el Estado parte no tiene control, que impiden la plena realización de los derechos reconocidos en la Convención, incluidos detalles de las medidas adoptadas para superarlos;
h) Datos estadísticos sobre la realización de cada uno de los derechos reconocidos en la Convención, desglosados por sexo, edad, tipo de discapacidad (física, sensorial, intelectual y mental), origen étnico, población urbana o rural y otras categorías pertinentes, presentados en forma comparativa anual para los últimos cuatro años.
A.3.3 El documento específico sobre la Convención deberá remitirse en formato electrónico y en forma impresa.
A.3.4 El informe deberá ajustarse a los párrafos 24 a 26 y 29 de las directrices armonizadas .
A.3.5 El formato del documento específico sobre la Convención deberá ajustarse a los párrafos 19 a 23 de las directrices armonizadas. El informe inicial no deberá exceder de 60 páginas y los informes subsiguientes deberán limitarse a 40 páginas. Los párrafos deberán ir numerados en orden consecutivo.
A.4. Informes iniciales
A.4.1 El documento específico inicial sobre la Convención, junto con el documento básico común, constituyen el informe inicial del Estado parte y es su primera oportunidad de mostrar al Comité la medida en que sus leyes y prácticas cumplen con la Convención.
A.4.2 El Estado parte deberá abordar específicamente cada uno de los artículos de la Convención. Además de la información que figura en el documento básico común, en el documento específico sobre la Convención deberá presentarse un análisis detallado, con las necesarias explicaciones, del efecto de las normas jurídicas en la situación de hecho de las personas con discapacidad y de la disponibilidad en la práctica de recursos en el caso de violación de las disposiciones de la Convención y su aplicación y efecto, con especial referencia a los grupos más vulnerables de la población, como las mujeres y los niños.
A.4.3 El documento específico inicial sobre la Convención deberá, en la medida en que esa información no figure ya en el documento básico común, indicar toda distinción, exclusión y restricción que se haga sobre la base de la discapacidad, incluso de carácter temporario, ya sea impuesta por la ley, la práctica o la tradición o de cualquier otra manera que limite el disfrute por las personas con discapacidad de cada una de las disposiciones de la Convención.
A.4.4 El documento específico inicial sobre la Convención deberá contener suficientes citas o resúmenes de los principales textos constitucionales, legislativos, judiciales y de otro tipo en los que se garanticen los derechos contemplados en la Convención y se ofrezcan recursos en relación con ellos, en particular en caso de que esos textos no se adjunten al informe o no estén disponibles en uno de los idiomas de trabajo de las Naciones Unidas.
A.5. Informes periódicos
A.5.1 El siguiente documento específico sobre la Convención que, junto con el documento básico común, constituyen el informe periódico, deberá centrarse en el período comprendido entre el examen del informe anterior del Estado parte y la presentación del nuevo.
A.5.2 La estructura de los informes periódicos sobre la Convención deberá seguir los artículos principales de la Convención. Si no se han registrado novedades en relación con algún artículo, así deberá indicarse.
A.5.3 Cada uno de los sucesivos documentos específicos sobre la Convención tendrá por lo menos tres elementos básicos:
a) Información sobre el cumplimiento de lo recomendado en las observaciones finales (en particular las secciones tituladas "Motivos de preocupación" y "Recomendaciones") del informe anterior y explicaciones de los casos de incumplimiento y de las dificultades con que se tropezó ;
b) Un examen analítico y orientado hacia los resultados de las disposiciones y medidas adicionales pertinentes, jurídicas y de otro tipo, que se hayan adoptado para aplicar la Convención;
c) Información sobre los obstáculos que todavía persistan o los nuevos obstáculos que impidan el ejercicio y el disfrute por las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas civil, política, económica, social, cultural, o cualquier otra, así como sobre las medidas previstas para superar esos obstáculos.
A.5.4 Los documentos periódicos sobre la Convención deberán referirse en particular a los efectos de las medidas adoptadas y analizar las tendencias observadas a lo largo del tiempo en lo que respecta a eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y asegurarles el pleno disfrute de sus derechos humanos.
A.5.5 Los documentos específicos periódicos sobre la Convención deberán referirse también a la aplicación de la Convención respecto de diferentes grupos de personas con discapacidad, en particular las que son objeto de formas múltiples de discriminación.
A.5.6 En el caso de que se haya producido un cambio fundamental en el marco jurídico y político del Estado parte que afecte a la aplicación de la Convención o el Estado parte haya adoptado nuevas medidas jurídicas o administrativas que hagan necesario adjuntar textos, fallos judiciales y otro tipo de decisiones, esa información deberá incluirse en el documento específico sobre la Convención.
A.6. Informes de carácter excepcional
A.6.1 Las presentes directrices no afectan al procedimiento del Comité respecto de los informes de carácter excepcional que puedan solicitarse y que se rigen por el reglamento del Comité.
A.7. Anexos de los informes
A.7.1 De ser necesario, el informe se presentará en formato electrónico y en forma impresa acompañado de un número suficiente de ejemplares en uno de los idiomas de trabajo de las Naciones Unidas de los principales documentos legislativos, judiciales y administrativos y de otros documentos suplementarios que el Estado que presenta el informe desee hacer distribuir a todos los miembros del Comité a fin de facilitar el examen de su informe. Los textos podrán presentarse de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 20 de las directrices armonizadas para la presentación de informes.
A.8. Medidas para aplicar los resultados de las conferencias, las cumbres y los exámenes de las Naciones Unidas
A.9. Recomendaciones generales
A.9.1 En la preparación del documento específico sobre la Convención se deberán tener en cuenta las recomendaciones generales adoptadas por el Comité.
A.10. Reservas y declaraciones
A.11. Convenios de la Organización Internacional del Trabajo
A.12. Protocolo Facultativo
B. Sección del documento específico sobre la Convención relativa a las disposiciones generales de la misma
• La definición de discapacidad utilizada para reunir los datos que se analizaron, qué impedimentos se han incluido y la conceptualización de "largo plazo".
1. La Constitución del Ecuador (en adelante “la Constitución”) no contiene una definición de discapacidad. Es por esto que nos remitimos al Reglamento General a la Ley de Discapacidades (en adelante “la Ley 180”) que, en su artículo 3, señala que se deberá considerar persona con discapacidad a toda persona que como consecuencia de una o más deficiencia físicas, mentales, y/o sensoriales, congénitas o adquiridas previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un 30% de su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales. 2. La definición de “persona con discapacidad” ya estaba contemplada en varios cuerpos legales como: la Ley sobre Discapacidades y su Reglamento, desde 1992; la anterior Constitución y normativa secundaria, incluso antes de que entrara en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 3. Para fines de calificación de la discapacidad se toma en cuenta la definición realizada por la O.M.S que dice: la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad, en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Es por tanto la severidad de las limitaciones, el criterio fundamental para realizar la calificación de discapacidad.
4. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entidad autónoma regulada por la ley, responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados, se guía en la definición de invalido que consta en el artículo 4 de la Resolución CD 100 del 2006-02-21 que es el mismo utilizado por la Organización Internacional del Trabajo. Así,: “se considerará inválido al asegurado que, por enfermedad o por alteración física o mental, se hallare incapacitado para procurarse por medio de un trabajo acorde a su capacidad, fuerzas y formación teórica y práctica, una remuneración por lo menos equivalente a la mitad de la remuneración habitual que reciba un trabajador sano en condiciones laborales similares”.
5. Si bien estas denominaciones “invalidez-incapacidad” e “inválido” responden a la OIT, el país, a través del proyecto de Ley de Igualdad y no Discriminación, en una de sus Disposiciones Generales, está contemplando la uniformidad de las definiciones para que se contemple conforme la Convención.
• Los medios por los cuales la legislación nacional define y entiende los conceptos de los artículos 1 y 2 de la Convención, y en particular las leyes, reglamentos, costumbres sociales o prácticas que discriminen por motivos de discapacidad.
6. De acuerdo a la Constitución es un deber primordial del Estado: el “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (artículo3(1))
7. El artículo 10 de la Constitución establece que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. El artículo 11, al referirse al ejercicio de los derechos expresa que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades y nadie podrá ser discriminado por razones de (…) discapacidad…”. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de riesgo.
8. La Ley 180, en los artículos 1, 2 y 3, relativos al ámbito, principios y objetivos; respectivamente, establece en su ámbito el sistema de prevención de discapacidades, atención e integración de personas con discapacidad que garantice su desarrollo y evite que sufran toda clase de discriminación, incluida la de género. Dentro de los objetivos de la ley, entre otros está inserto el reconocimiento pleno de los derechos que le corresponden a las personas con discapacidad; la eliminación de toda forma de discriminación por razones de discapacidad y sanciones a quienes incurran en esta prohibición; y, garantizar la igualdad de oportunidades para desempeñar un rol equivalente al que ejercen las demás personas y la participación equitativa de hombres y mujeres en las instancias de decisión y dirección 9. El artículo 19 hace alusión a los diversos tipos de accesibilidad para evitar la discriminación de las personas con discapacidad; y, el artículo 21 a la protección de derechos.
10. El Decreto Presidencial No. 338, emitido el 23/05/2007, establece como política del Estado la prevención de discapacidades y la atención y rehabilitación de las personas con discapacidades. El artículo.2, dispone la aplicación y ejecución, en forma prioritaria y preferente, del Programa “Ecuador sin barreras”, el mismo que será coordinado por la Vicepresidencia de la República y contará con la participación del Ministerio de Trabajo y Empleo (Ministerio de Relaciones Laborales), de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (SENRES), del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) y el Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional (CNCF). • Los medios por los cuales el Estado parte define e interpreta el concepto de "ajustes razonables" y la condición de no imponer "una carga desproporcionada o indebida", proporcionando ejemplos.
11. La Constitución, en referencia al concepto de ajustes razonables ,entiende las acciones tomadas para que las personas con discapacidad puedan tener las mismas oportunidades de desarrollar sus potencialidades, hacer uso del tiempo libre y actividades de ocio, ejercer una actividad productiva y remunerada sin ningún tipo de barrera sea esta arquitectónica o ideológica por concepto de discriminación, entre otras. Esto, en concordancia con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 del Plan Nacional de Desarrollo 12. El artículo 3(e) de la Ley 180 garantiza la equiparación de oportunidades, es decir que obliga a establecer adaptaciones que compensen las desventajas que implica una discapacidad, algunas de las cuales se puntualizan en el artículo 4.
13. Un ejemplo en el aspecto laborales la Resolución SENRES 2008 – 00006 (Publicada en el R.O. No.262 del 29-Enero-2008) en la que se emitió la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal. Así, la Transitoria Primera establece que “El tribunal de Méritos y Oposición en la calificación del factor instrucción, deberá adicionar 20 puntos al puntaje total obtenido por los concursantes con algún tipo de discapacidad previo a la presentación del carné conferido por el CONADIS. Esta disposición se aplicará hasta que las Instituciones, Entidades y Organismos del Sector Público, hayan incorporado el 4% de personas con discapacidad al total de su personal”. 14. Otro ejemplo es la financiación por parte del CONADIS a los gobiernos locales, para eliminar barreras al medio físico para facilitar la accesibilidad de desplazamiento. Así como la creación de unidades de estimulación temprana y de rehabilitación funcional en poblaciones alejadas de las grandes ciudades; o el caso de dotación gratuita de ayudas técnicas, medicamentos e insumos a personas con discapacidad de escasos recursos económicos; por ejemplo: proyecto de “Implementación y funcionamiento de 80 aulas de Estimulación Temprana” a nivel nacional, a diciembre de 2008 las unidades han atendido a 1.888 niños menores de 5 años y brindado 30.650 atenciones. (Mayores datos están descritos en el Art 24 de este Informe).
15. En la Fuerzas Armadas, en base a las necesidades se ha facilitado la accesibilidad. Movilidad y eliminación de barreras para sus miembros y personas con discapacidad en general; por ejemplo se ha implementado una Biblioteca para no videntes en la Escuela Politécnica del Ejército; además cuentan con un vehículo especial adaptado para traslado de personas con discapacidad física y que utilizan silla de ruedas.
• La manera en que se han puesto en vigor los principios y las obligaciones generales establecidos en los artículos 3 y 4 de la Convención y la manera en que se prevé asegurar su realización efectiva, en particular el principio de la promoción del pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención sin discriminación por motivos de discapacidad, como se dispone en el artículo 4, proporcionando ejemplos.
16. La Constitución tiene varios artículos en los que se considera a las personas con discapacidad como grupos de atención prioritaria (Ver anexo I “Derechos de personas con discapacidad en la Constitución”) Ejemplo: Inserción Laboral, RESOLUCIÓN No. SENRES- -2008-00006 Publicada en el Registro Oficial 262 del 29 de enero de 2008; su contenido se refiere a que cuando existe selección de personal para laborar en el sector público, se debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos con discapacidades, implementándose acciones tendientes a igualar las condiciones de participación. En este caso se debe contar con un representante del CONADIS desde la conformación del Tribunal de Méritos y Oposición.
17. Reformas al Código del Trabajo, en su Art. 42 (33) dispone a las entidades, instituciones del sector público y empresas del sector privado, la contratación de un porcentaje de personas con discapacidad, del total del personal en la nómina. Este porcentaje fue progresivo hasta completar el 4% del total de trabajadores, en el 2010.
18. La “Ley 180”, fue reformada el 6 de Abril del 2001, publicada en el Registro Oficial N° 301: en dicha reforma se amplía la presencia de delegados por cada tipo de discapacidad en el Directorio del CONADIS, para facilitar su participación en la toma de decisiones a nivel nacional.
19. Existe seguridad y libertad para que el personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas, puedan desempeñarse dentro de los campos laboral, social y familiar, garantizando la igualdad de condiciones, oportunidades, respeto a la dignidad, no discriminación, accesibilidad conforme lo establecen la Constitución, la Convención, leyes y reglamentos general y propios de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, para los miembros de las Fuerzas Armadas con discapacidad, se ha implementado una tabla de evaluación de pruebas físicas acorde a sus capacidades.
20. Se considera pase-trasbordo en las Fuerzas Armadas la estabilidad geográfica en función de la discapacidad del personal militar y sus dependientes directos (padres, cónyuge e hijos) a fin de apoyar el proceso de rehabilitación y/o tratamientos médicos especializados.
• Datos estadísticos desglosados y comparativos sobre la eficacia de medidas concretas contra la discriminación y los progresos logrados en asegurar por igual el ejercicio de cada uno de los derechos reconocidos en la Convención por las personas con discapacidad, incluida una perspectiva de género y basada en la edad.
21. Cerca de 830.000 mujeres en Ecuador tienen discapacidad (51,6%) hombres con discapacidad 778.594 (48,4%). Población infantil menor de cinco años 1.4% de estos 56,7% son hombres y el 43,3 % son mujeres.
22. Existen medidas de asistencia legal para personas con discapacidad como la Procuraduría de Discapacidades y la Unidad Transitoria de Defensoría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El servicio de procuraduría del CONADIS, se encargan de hacer respetar los derechos de las personas con discapacidad, existen oficinas en las provincias de Pichincha, Manabí, Guayas, Azuay y Tungurahua, hasta finalizar el año 2010, se espera contar con el servicio legal en el resto de provincias del País en el decurso de este año 2010.
23. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda -MIDUVI- en el marco de la segunda fase de la Misión Solidaria “MANUELA ESPEJO”, prestará asistencia a todas las personas con discapacidad cuyas necesidades han sido detectadas por la Misión, priorizando los casos críticos. A través de este proyecto, se atenderá a la población pobre de las parroquias urbanas de veinte ciudades principales del país (Milagro, Quevedo, Ibarra, Loja, Riobamba, Durán, Manta, Ambato, Sto. Domingo, Machala, Portoviejo, Quito, Cuenca, Guayaquil, Esmeraldas, Sangolquí, Chone, La Libertad, Latacunga y Babahoyo). En la planificación de este gran proyecto se incluirán viviendas adecuadas para personas con discapacidad, así como un diseño urbano libre de barreras, en coordinación con el CONADIS. • Los derechos reconocidos en la Convención que el Estado parte ha procurado hacer efectivos progresivamente y los derechos que se ha comprometido a poner en práctica de inmediato. Describir el efecto de estas últimas medidas.
24. El Proyecto de Ley Reformatoria al Código del Trabajo, aprobado por el Congreso Nacional y publicado en el Registro Oficial No. 198 del 30 de Enero de 2008., dispone a las entidades, instituciones del sector público y empresas del sector privado, la contratación de un porcentaje de personas con discapacidad, del total del personal. Este porcentaje fue progresivo hasta llegar al 4% en el 2010. 25. Esta disposición inserta en el Código del Trabajo en el Art. 42 (33) último inciso, para exigir el cumplimiento, dispone lo siguiente: “El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley 180.”
26. El SIL Servicio de Integración Laboral auspiciado por las Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad, presta atención a las personas con discapacidad para lograr la inserción laboral desde septiembre del 2006 en las ciudades de Quito y Guayaquil; desde marzo del 2009 en Machala, Babahoyo, Portoviejo, Cuenca; y, desde Abril del 2010 en Santo Domingo de los Tsáchilas e Ibarra.
27. A nivel nacional se han insertado desde el 13 de septiembre del 2006 al 18 de Junio de 2.010, a 4.654 personas con discapacidad: 3.246 hombres y 1.364 mujeres. Esta inserción se ha producido en 2.548 empresas que han contratado a personas con discapacidad: 2.362 pertenecientes al sector privado, 137 al sector público y 20 en empresas mixtas.
28. Actualmente el Estado no tiene estadísticas que le permitan conocer con fidelidad el número de personas enroladas en las empresas para determinar el número de personas con discapacidad que deben ser incluidos laboralmente, y así dar un seguimiento real a lo que establece la Constitución (Art. 35 y 47); y, lo que dispone el Código del Trabajo (42.33); sin embargo la Vicepresidencia del Ecuador con el proyecto “PRIMER REGISTRO NACIONAL SOBRE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD” tiene como objetivo fundamental conocer de modo exacto la realidad de las personas con discapacidad, información que sirva como una base para plantear elementos que mejores condiciones de vida de las personas con discapacidades mediante su promoción e inserción laboral. El objetivo final del registro es realizar una investigación en 7.077 empresas privadas que en su nómina sobrepasen los 25 trabajadores, en las 24 provincias del Ecuador.
29. Este “Primer Registro Nacional sobre Inclusión Laboral de personas con discapacidad”, en su primera fase, cubrirá la provincia de Pichincha, donde se encuentra la mayor concentración de empresas privadas a nivel nacional, con un total de 2.977 empresas privadas.
30. La segunda fase se aplicará en Guayas, Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Napo y Pastaza, donde se encuentran la mayor concentración de empresas a nivel nacional, cubriendo el 85% del total de las empresas a nivel nacional.
31. Mientras que la tercera fase contempla al resto de provincias, cubriendo el 20% de las empresas privadas a nivel nacional.
32. El éxito de la investigación requiere de la firma de convenios de la Vicepresidencia de la República con universidades e instituciones; en la primera y segunda fase se consideran las siguientes: Universidad Central del Ecuador, PUCE, Universidad de Cuenca, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad de Guayaquil, Escuela Tecnológica Amazónica y Ministerio de Relaciones Laborales.
33. Una vez firmados los convenios se deberá realizar la transferencia de recursos por parte de la Vicepresidencia a las universidades para cubrir los costos de transporte y refrigerio de los estudiantes designados para realizar la investigación.
34. Dentro del programa “Ecuador sin Barreras” en la ejecución de las fases 1 y 2 del proyecto “Dotación de ayudas técnicas a personas con discapacidad de escasos recursos económicos” se realizó la entrega de sillas de ruedas, bastones, muletas, cojines y colchones antiescaras, kits para no videntes, coches posturales para chicos con parálisis cerebral. El impacto causado al hacer efectivo la entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad que lo necesitaban fue mejorar el remanente de la función deteriorada contribuyendo a una mejor calidad de vida y mayor oportunidad de inclusión.
35. En la primera fase se entregaron ayudas técnicas a 5.732 personas con discapacidad, con eventos para el efecto en todas las capitales provinciales del país, excepto en la nueva provincia de Santa Elena.
36. Obligatoriedad de las 22 Normas INEN de accesibilidad al medio físico Registro Oficial N° 69 del 18 de Noviembre del 2009 parte N° 091-2009, paginas 33 – 36. 37. Proyectos de Inversión 2007- 2008- 2010 “Apoyo a la Gestión Local en el Ámbito de las Discapacidades I, II y III donde han participado 222 Municipios y 7 Consejos Provinciales, han participado en las tres Fases en las Líneas de Acción: Creación de Unidades Básicas de Rehabilitación (99 UBRs) y Eliminación de Barreras Arquitectónicas (130 EBAs)
• El grado de participación de las personas con discapacidad, incluidas las mujeres, los niños y las niñas con discapacidad en la elaboración, aplicación y evaluación de legislación y políticas para introducir la Convención. También se deberá indicar la diversidad de personas con discapacidad que han participado en estos procesos con una perspectiva de género y basada en la edad.
38. La Ley 180 actual y su Reglamento es el resultado de varios años de experiencia y estudios sobre la temática de Discapacidades; los antecedentes de esta norma son la “Ley del Ciego”, luego la “Ley de Protección del Minusválido”.
39. De acuerdo a la información levantada por el CONADIS en septiembre del 2009, Diagnóstico Organizacional de las Federaciones Nacionales de y para las Personas con Discapacidad, se evidencia la participación de la mujer con discapacidad como integrante de los movimientos asociativos de las Federaciones en un 46%, mientras que el 54% son hombres. 40. Durante el año 2009, el CONADIS ejecutó un taller denominado “Fortalecimiento de las Federaciones de y para las Personas con Discapacidad”, Como resultado se consolidaron 5 planes de acción que las federaciones canalizarán con los Ministerios Ejecutores, a través de la transversalización de estos temas en las agendas ministeriales. Estos planes contienen proyectos prioritarios que cada federación considera trabajar durante el 2010-2013, de diverso tipo algunos orientados a educación, cultura, capacitación, fortalecimiento organizacional e institucional, trabajo, capacitación y asistencia técnica, deporte y recreación, promoción y difusión de derechos de personas con discapacidad, infraestructura y seguridad.
41. El CONADIS mantiene en su presupuesto anual el proyecto “Fortalecimiento de las Federaciones Nacionales de y para personas con discapacidad” con el cual financia con $ 10.000 para cada una de las 5 federaciones del 2007 al 2009 y en el 2010 entregará $ 20.000, destinado al financiamiento de proyectos de cada Federación.
42. Las personas con discapacidad son representadas a través de cinco Federaciones: Federación Nacional de Sordos del Ecuador-FENASEC; Federación Nacional de Ciegos del Ecuador-FENCE; Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física-FENEDIF; Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Deficiencia Mental-FEPAPDEM y Federación de los Organismos No Gubernamentales que trabajan en el área de las Discapacidades- FENODIS. Por tanto sus dirigentes tienen igual voz y voto que un Ministro de Estado, en la determinación del accionar nacional sobre el ámbito de las discapacidades en el Ecuador.
43. Las acciones realizadas durante el año 2009 sobre la transferencia directa de recursos del CONADIS a las Federaciones fueron:
• FENCE: Proyecto Gobernabilidad de la FENCE y Fortalecimiento de Filiales, monto 10.000 dólares, beneficiarios 30 filiales de personas con discapacidad visual a nivel nacional, de ellos 50% hombres 50% mujeres.
• FENEDIF: Proyecto Fortalecimiento de la gestión de los servicios de Integración Laboral – SIL, monto 10.000 dólares, beneficiarios personas con discapacidad, sus familias y empresarios locales de las ciudades y sus organizaciones miembros, se identifica 50% hombres 50% mujeres.
• FENASEC: Proyecto Fortalecimiento Asociativo De FENASEC 2009 monto 10.000 dólares. Beneficiarios 18 organizaciones de personas sordas a nivel nacional y sus familias, 50% hombres 50% mujeres.
• FEPAPDEM: Proyecto Fortalecimiento Institucional 2009, monto 10.000 dólares, beneficiarios Padres de Personas Con Discapacidad Intelectual 34 instituciones afiliadas, 30% hombres y 70% mujeres.
• FENODIS: Proyecto Fortalecimiento FENODIS2009: Fase 1: Asamblea General electiva, Fase 2: Construcción de mesas de trabajo. Monto 10.000 dólares, beneficiando a 54 ONG´s afiliadas a nivel nacional. Socios de las federaciones 50% hombres, 50% mujeres.
• Si el Estado tiene medidas que ofrecen un nivel más alto de protección de los derechos de las personas con discapacidad que las disposiciones de la Convención, como se plantea en el párrafo 4 del artículo 4.
44. El Ecuador en los últimos años ha emprendido una campaña de difusión de derechos a través de todos los medios de comunicación, entre ellos se encuentran los relativos al respeto a los derechos y garantías de las personas con discapacidad.
45. En el año 2009, se produce una reforma al Código Penal del Ecuador en el que se insertan disposiciones que tipifican y sancionan la difusión pública, los actos de violencia moral o física que incita al odio, al desprecio o cualquiera otra forma de violencia moral o física (…) en razón de su discapacidad y constan en la ley penal en los siguientes términos: Art. ... (1).- (Sustituido por el Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).- Será sancionado con prisión de seis meses a tres años el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.
Art. ... (2).- (Sustituido por el Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).- Será sancionado con prisión de seis meses a dos años el que cometiere actos de violencia moral o física de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.
Si de los actos de violencia a que se refiere este artículo, resultare herida alguna persona, los autores serán sancionados con prisión de dos a cinco años. Si dichos actos de violencia produjeren la muerte de una persona, sus autores serán sancionados con reclusión de doce a dieciséis años.
Art. ... (3).- (Sustituido por el Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).- Será sancionado con prisión de uno a tres años, el que en ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, o excluya a una persona o niegue o vulnere o restrinja los derechos consagrados en la Constitución, por razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.
• La forma en que se ha garantizado que las disposiciones de la Convención se apliquen en todas las partes del Estado, sin limitaciones o excepciones, en el caso de Estados federales o muy descentralizados.
46. No aplica porque el Ecuador se organiza en forma de República Unitaria no Federativa.
C. Sección del informe relativa a derechos específicos
Los Estados partes informarán sobre: • Si las personas con discapacidad pueden ampararse en la ley para proteger o dedicarse a sus intereses en pie de igualdad con las demás;
47. En los artículos. 1, 2 y 3 de la Ley 180, en concordancia con los artículos. 11 (2) y 47 de la Constitución, hacen referencia a la igualdad. En caso de violación existen mecanismos constitucionales y legales para hacer efectivo su cumplimiento, como son los dispuestos en el Capítulo primero, relativo a los principios de aplicación de los derechos (Art. 11); el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad (Arts. 47, 48); la inclusión y equidad, constituido en un sistema nacional, que asegura el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y su accionar se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación.(Art. 340); de la misma forma en la Carta Magna se dispone que el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. (Art. 341)
• Las medidas efectivas adoptadas para garantizar a las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra todo tipo de discriminación, incluido proporcionarles ajustes razonables;
48. El artículo 11(2) de la Constitución prohíbe cualquier forma de discriminación, incluida la que está basada en razones de discapacidad. Esto implica que todas las personas gozan de los mismos derechos sin importar su condición física o emocional. Así pues, también gozamos de la misma protección ante la ley. Sin embargo, se reconoce que las personas con discapacidad pertenecen a un grupo de atención prioritaria (…)
49. El artículo 11(3) leído en consonancia con el artículo 426 propugnan la directa aplicabilidad de los derechos humanos por parte de cualquier autoridad pública, de oficio o a petición de parte. 50. La Ley 180 sanciona la discriminación en los siguientes términos: “Toda persona que sufra discriminación por su condición de persona con discapacidad o amenaza en el ejercicio de sus derechos y beneficios consagrados en esta Ley, podrá, antes de presentar su demanda y en cualquier etapa del juicio, demandar ante un Juez de lo Civil, las providencias preventivas y cautelares, las mismas que se tramitarán, en lo que sea aplicable, de conformidad con el(...) el Código de Procedimiento Civil con:
a) El cese inmediato de la acción discriminatoria; y, b) Cualquier otra que evite la continuación de la violación a los derechos.” (…) En los procesos que se sustancien por esta materia, de verificarse la discriminación o la violación de los derechos de las personas con discapacidad, el juez de lo civil, podrá imponer una multa de doscientos cincuenta a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en la sentencia respectiva.”
51. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional y las Direcciones de Bienestar Social de las Fuerzas Armadas y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas brindan asistencia legal a las personas con discapacidad.
• Políticas y programas, incluidas medidas de acción afirmativa, para lograr la igualdad de facto de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta su diversidad.
52. El 7 de julio de 2008, mediante Decreto Ejecutivo 1188, declaró en emergencia al sistema de prevención de las discapacidades. El artículo 1 del Decreto declara el estado de emergencia del sistema de prevención de discapacidades, atención y provisión de ayudas técnicas e insumos médicos, prestación de servicios de salud, capacitación y accesibilidad a través del mejoramiento e implementación de infraestructura pública; de igual manera al proceso de calificación, registro e identificación de las personas con discapacidad, y en general, en todos los sectores que trabajan, llevan y ejecutan programas de discapacidad.
53. Sin embargo, es el artículo dos de este Decreto el que, en concordancia con el artículo 149 de la Constitución, encarga a la Vicepresidencia de la República la formulación de la política pública sobre discapacidades, “como un eje transversal de la estructura del sector público con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”. 54. En ejercicio del tercer artículo de este Decreto, la Vicepresidencia de la República lidera estos procesos bajo los lineamientos y directrices de las Políticas Públicas sobre Discapacidades. 55. En lo puntual la Procuraduría del Discapacidades del CONADIS como medida de acción afirmativa y para hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad y encontrarse ellos en condición de igualdad, ha actuado frente a los administradores de justicia en las siguientes áreas jurídicas: 2078 casos de asesoramiento sobre derechos, 87 casos de tránsito, 532 casos laborales, 109 casos de niñez, 370 casos civiles, 705 casos penales, 75 casos sobre Seguridad Social, 86 casos sobre educación, 266 casos administrativos, 150 asesoramientos sobre importación de vehículos, 30 casos sobre temas de rentas, 370 casos diversos de derechos, 120 charlas sobre difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Este trabajo, lo ha realizado desde marzo de 2007 y a nivel nacional. (La Procuraduría de Discapacidades del CONADIS, conforme consta en el Suplemento R.O No.252-I-2008, Resolución Nº 025 de fecha 22 de mayo del 2007. Su misión es la defensa jurídica de los derechos de las personas con discapacidad.)
Los Estados partes deberán informar sobre: • Las campañas de concienciación dirigidas a la sociedad en general y dentro del sistema educativo y las actividades realizadas a través de los principales medios de difusión;
56. El Ecuador, a través del Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, ha trabajado en 241 Proyectos de Inversión 2007 (101), 2008 (92) y 2010 (48 en proceso a concluir el 20 de septiembre), denominado “Apoyo a la Gestión Local en el Ámbito de las Discapacidades, Fases I, II y III”. Dentro de estos proyectos se ha considerado un componente de Campañas de sensibilización y concientización de las Personas con Discapacidad, accesibilidad al medio físico e implementación de unidades básicas de rehabilitación.
57. Esta campaña consiste en la creación, por aparte de cada municipio de un plan de sensibilización y concientización, incluyendo temas de: derechos y deberes de las personas con discapacidad al cantón; prevención; creación y difusión de la ordenanza de accesibilidad; y, difusión de la unidad básica de rehabilitación.
58. El Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS planifico y ejecuto el Taller de Accesibilidad realizado el día 28 de Octubre del 2009, se dictó charlas sobre las Normas INEN de accesibilidad al medio físico y Diseño Universal a 500 personas entre profesionales y estudiantes en la rama de Arquitectura e Ingeniería.
59. En el 2009, el CONADIS ejecutó el proyecto Participación Ciudadana y Presupuestos Participativos, con el objeto de difundir y crear conciencia ciudadana, sobre las regulaciones y disposiciones legales sobre participación ciudadana y gestión de presupuestos participativos en los Gobiernos locales con prioridad para grupos de atención prioritaria, entre los cuales se encuentran las personas con discapacidad. Participaron directamente 1.594 representantes de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad, Instituciones Públicas y Privadas de 22 Provincias del Ecuador a excepción de Galápagos y Santa Elena, de las cuales alrededor del 40% participaron mujeres y 60% hombres, dichas organizaciones dentro del proyecto, deben ejecutar acciones para el Sector de las Discapacidades en el país, entre los que podemos citar los Ministerios de: Salud, de Relaciones Laborales, de Inclusión Económica y Social, de Educación; de los Gobiernos Provinciales, los Gobiernos Cantonales, los Presidentes de las Juntas Parroquiales, representantes de Universidades y Líderes Comunitarios, 60. Se diseñaron trípticos, posters y una conferencia modelo, para ser presentados a los estudiantes secundarios de los quintos cursos y a sus profesores orientadores, pertenecientes a colegios públicos y privados, de hombres y mujeres, ubicados en las capitales provinciales y en los cantones más grandes de todas las provincias del país. Esta información fue presentada en aproximadamente 8 colegios por provincia durante los años 2007 al 2009, abordando en cada año alrededor de 10.000 estudiantes, la meta que se perseguía es que conozcan sobre el ámbito de la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad. 61. Anualmente desde el 2005, el CONADIS por medio del equipo técnico ha dado charlas sobres los derechos de las personas con discapacidad a 400 estudiantes de la facultad de jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica.
62. En los años 2008 y 2009 capacitación a estudiantes de postgrado de salud pública de la Universidad Central del Ecuador, sobre conceptos de discapacidad y concienciación en el ámbito de la discapacidad a 120 estudiantes en total 63. Curso internacional sobre prevención de discapacidades en la facultad de psicología de la universidad central del ecuador en octubre de 2009, a cargo de los técnicos del CONADIS sobre atención temprana y los contenidos de la convención, 180 estudiantes y 20 profesionales relacionados con el área.
64. Congresos de la sociedad médica física y rehabilitación – Semefir, 2 años consecutivos en Quito, sobre conceptualización de la discapacidad y calificación, para 240 profesionales.
65. Capacitación e inserción laboral de las personas con discapacidad en las universidades católica y central del ecuador en Quito para 70 profesionales en noviembre de 2008.
66. Información sobre discapacidad e inserción laboral para personas con discapacidad, en el marco del i registro nacional sobre inserción laboral, efectuado en la universidad católica de quito en octubre de 2009 200 estudiantes de trabajo social.
67. En Ambato sobre el mismo tema el coordinador provincial de CONADIS, capacito a 20 estudiantes en el mes de marzo de 2010; en la ciudad de cuenca para 40 estudiantes el abogado del CONADIS Azuay realizo una conferencia el 4 de mayo de 2010 y en la ciudad de Guayaquil el vicepresidente del CONADIS dicto una conferencia el 10 de mayo para 200 estudiantes. 68. El Departamento de Comunicación Social del CONADIS tiene como puntos relevantes de su plan de comunicación lo siguiente:
69. Descentralización de la información al distribuir el material de difusión (libros, folletos, trípticos, afiches, etc.) a las coordinaciones provinciales (23) para que sean ellas las encargadas de entregar directamente los requerimientos de la comunidad, para de ese modo optimizar tiempo y recursos.
70. Realización de campañas radiales donde se difunda las actividades del CONADIS en los meses de agosto y noviembre de 2010, fechas que estarán sujetas a cambios en función del calendario del Departamento Técnico y más actividades del CONADIS. Con la colaboración de los distintos municipios, la difusión se realizará también en radios municipales y comunitarias.
71. Coordinación del seminario de Lenguaje Positivo conjuntamente con la Federación Nacional De y Para la Discapacidad, FENEDIF dirigido a medios de comunicación para manejar correctamente los términos relacionados con la discapacidad.
72. Realización de boletines internos mensuales donde consten las actividades que se realicen en las 23 provincias del país
73. Depuración de datos de medios de comunicación en todo el país.
74. Dar soporte a la difusión de actividades en las 23 provincias donde existen coordinaciones del CONADIS. 75. Coordinación con la empresa privada y pública en la elaboración de artículos y documentos relacionados con la discapacidad
76. Concreción de espacios de entrevistas, reportajes y más coberturas periodísticas semanales en radio, prensa y televisión. Como indicador importante tenemos que en el mes de abril de 2010 hubo en la institución alrededor de 100 coberturas periodísticas con temas de interés como: emisión de un salvoconducto para personas con discapacidad en Quito e inserción laboral de personas con discapacidad.
77. La Misión Solidaria “Manuela Espejo” es una cruzada sin precedentes en la historia del Ecuador; es un estudio científico - médico para determinar las causas de las discapacidades y conocer la realidad bio-psico social de esta población desde los puntos de vista biológico, psicológico, social, clínico y genético, con el fin de delinear políticas de Estado reales, que abarquen múltiples áreas como salud, educación y bienestar social. A través de esta Misión, se ha logrado resultados en lo que va de esta fecha:
- Provincias: Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Napo, Los Ríos, Manabí, Pastaza, Orellana, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, Azuay, Cañar, Tungurahua y Riobamba.
RESULTADOS: PERSONAS
HOGARES VISITADOS 563.180
PERSONAS ESTUDIADAS 122.925
ATENCIONES MEDICAS 359.031
CONSULTAS GENETICAS 11.534
CONSULTAS DE ESPECIALISTAS 15.075
CASOS CRITICOS 9.828
AYUDAS TECNICAS ENTREGADAS 19.937
78. Concluye la misión “Manuela Espejo” que por cada 100 habitantes del universo visitado existen 2,4 personas con discapacidad.
79. Se realiza visitas a domicilio del 100% de las personas con discapacidad, realizando la ubicación geo referenciada y atención a todos los familiares que lo necesiten. Las visitas se inician en los lugares más lejanos para luego cubrir al sector urbano.
80. Del estudio se derivan los requerimientos en: rehabilitación, tratamiento médico, ayudas técnicas, inserción laboral, inclusión educativa, protección integral y especial.
81. Las metas que se esperan de la Misión, es la construcción y readecuación de 2 mil viviendas para personas con discapacidad en situación crítica y extrema pobreza; la entrega de 43 mil cédulas de identidad gratuitas a las personas con discapacidad; la ampliación del bono de desarrollo humano a $240 para casos específicos; y, ayudas alimenticias por parte del MIES.
• Las medidas tomadas para dar a conocer la Convención y los derechos que reconoce e informar al respecto a las personas con discapacidad y otros sectores de la sociedad.
82. El CONADIS en el 2008 realizó el primer taller sobre “lineamientos generales para la aplicación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, al que asistieron delegados de los siguientes Ministerios: de Relaciones Exteriores; de Coordinación de Desarrollo Social; de Salud; de Educación; de Trabajo; de Inclusión Económica y Social; de Justicia y Derechos Humanos; y las siguientes entidades Instituto Nacional del Niño y la Familia INNFA; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS; Instituto de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas ISSFA; Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL; CONESUP, CONADIS, AME, CAE, INEC, Federaciones Nacionales de Personas con Discapacidad, CONAMU, CNNA, Consejo de los Pueblos, Defensoría del Pueblo, esto es en total 55 participantes.
83. Desde el mes de noviembre de 2009 se ha realizado la publicación de 8.100 textos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para mantener informada a la comunidad en general sobre los derechos de las personas con discapacidad. 84. Distribución de material de difusión, consistente en trípticos, en todo el país a través de las 22 Coordinaciones provinciales del CONADIS, la distribución es realizada en forma sistemática y continua, también a través de las asociaciones de y para la discapacidad, para lograr que todos los sectores de la sociedad conozcan y difundan el mensaje:
- 5.000 trípticos sobre derechos de las personas con discapacidad.
- 5.000 trípticos sobre igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
- 5.000 folletos de accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad,
85. En la página web del CONADIS, www.conadis.gov.ec consta la información correspondiente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, leyes, reglamentos y más herramientas legales para que las personas con discapacidad y la comunidad en general tanto en el ámbito nacional como internacional, esté enterada de sus derechos, responsabilidades y obligaciones.
• Las medidas legislativas y de otra índole adoptadas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico (incluido el uso de señales indicadoras y señalización en las calles), al transporte, la información y las comunicaciones (con inclusión de las tecnologías y sistemas de información y comunicaciones) y a otras instalaciones y servicios proporcionados al público, por entidades privadas inclusive, en zonas urbanas y rurales de conformidad con los párrafos 2 b) a 2 h) del artículo 9 de la Convención;
86. En la Constitución, en lo relacionado con la comunicación e información, en el artículo. 16 (1, 2, 3 y 4) hacen referencia a: la comunicación e información libre, diversa, integral y participativa por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos; y, al acceso universal en igualdad de condiciones que permitan la inclusión de las personas con discapacidad.
87. Durante el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente (2008), se incluyó en la nueva Constitución entre otros, lo dispuesto en el artículo. 47 y siguientes. Concretamente, los numerales 10 y 11, que hacen referencia al “l acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios; la eliminación de barreras arquitectónicas; el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.”
88. Se emitió una Ordenanza tipo, en la que se contempla las Normas INEN sobre accesibilidad al medio físico, lo que motivó a más de 102 municipios a trabajar al respecto, actualmente los restantes municipios están impulsando la determinación de sus respetivas ordenanzas.
89. “El programa Ecuador sin Barreras” ha ejecutado el proyecto de inversión de “Apoyo a la Gestión Local”, que en sus tres fases ha permitido la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas en varios municipios del país y la expedición de ordenanzas que sancionen el incumplimiento de las normas de accesibilidad. También ejecutó los proyectos de creación de unidades de estimulación temprana y de unidades básicas de rehabilitación funcional
90. No existe datos concretos, sobre la aplicabilidad real de la obligación de eliminar barreras arquitectónicas, sin embargo el 18 de noviembre del 2009, se publicó en el registro oficial N°69, el Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 042 “Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico.”
• Normas y directrices técnicas sobre accesibilidad, así como auditorias sobre su cumplimiento y sanciones en caso de que no se cumplan; y si los recursos obtenidos mediante las sanciones monetarias se dedican a promover medidas de accesibilidad;
91. Existe la obligatoriedad que a partir de 18 de mayo del 2010, se deben cumplir las 22 Normas INEN de accesibilidad al medio físico; estas normas deben introducirse en las ordenanzas Municipales donde se establecerán las sanciones pertinentes por la falta de cumplimiento.
• El uso de disposiciones sobre adquisición pública y otras medidas que establecen requisitos obligatorios en materia de accesibilidad;
92. El Instituto Nacional de Contratación Pública, se encuentra trabajando en el Convenio Marco para la selección de Proveedores de Productos de Apoyo para Personas con discapacidad, dando así estricto cumplimiento con el art. 43 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Publica¸ cuyo objetivo de la Ley es el de incorporar bienes y servicios normalizados en un catálogo electrónico que se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec. Es importante señalar que en un Convenio Marco se establecen precios y condiciones de compra determinadas que se mantendrán durante un período de tiempo definido. 93. En la Ley de Contratación Pública, Codificada, en el Art. 16, relativo a los Documentos Precontractuales, expresa: “g) Planos: serán los que contengan el diseño definitivo y precisen la obra a ejecutarse en sus características básicas. En el caso de obras públicas que se destinen a actividades que supongan el acceso de público, en el diseño definitivo deberá contemplarse la existencia de accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad.”
• La identificación y eliminación de obstáculos y barreras a la accesibilidad, inclusive en los sectores privado y público, y la existencia de planes nacionales de accesibilidad con metas y plazos claros.
94. Se ha emitido una Ordenanza tipo, en la que se contempla las Normas INEN sobre accesibilidad al medio físico, lo que motivó a más de 102 municipios a trabajar al respecto, actualmente los restantes municipios están impulsando la determinación de sus respetivas ordenanzas.
95. En estas Ordenanzas, se contempla la obligatoriedad que a partir de 18 de mayo del 2010, las 22 Normas INEN de accesibilidad al medio físico, su incumplimiento ocasionará sanciones económicas.
96. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 -2013 en relación a los objetivos del milenio, construye y fortalece espacios públicos, interculturales y de encuentro común; tal es el Objetivo 7 que determina la construcción de espacios públicos que contribuyan al conocimiento y al desarrollo de la cultura, las artes y la comunicación.
97. Desde la garantía de derechos, éstos son entendidos como bienes públicos que impulsan diálogos, forman puentes y favorecen el mutuo reconocimiento entre las personas y grupos sociales diversos que conforman la sociedad ecuatoriana, lo que da lugar a la libre expresión de creencias, actitudes e identidades. El Estado debe asegurar la libre circulación en lo público y crear mecanismos de revitalización de memorias, identidades y tradiciones, así como de exposición de las creaciones culturales actuales.
98. En el Instituto Ecuatorianos de Seguridad Social, se ha aprobado el “Plan del IESS a incorporarse en el Plan Nacional de Discapacidades 2009-2013”, que tiene como direccionamientos estratégicos los siguientes: a) La integración social, b) La atención a personas con discapacidad; y, c) La prevención; proponiendo diseñar políticas transversales que incluye varias actividades, entre otras la siguiente: Facilitar el acceso y circulación en el IESS de las personas con discapacidad. Para el efecto se prevé realizar adecuaciones, remodelaciones e instalaciones arquitectónicas.
• Si la legislación reconoce y protege el derecho a la vida y a la supervivencia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás;
99. En el Ecuador se reconoce la inviolabilidad de la vida (artículo 66(1) de la Constitución), prohibiendo la privación arbitraria de la vida de cualquier habitante del Ecuador, sin distinción alguna por motivos de tener discapacidad, entre otros. • Si las personas con discapacidad son objeto de privación arbitraria de la vida;
100. No se han conocido casos de privación arbitraria de la vida.
• Los Estados partes informarán sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección y la seguridad de las personas con discapacidad, entre ellas las medidas para incluirlas en los protocolos de emergencia nacionales.
101. La Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y la organización Corporación Gestión Ecuador diseñó una guía para atender a las personas con discapacidad en casos de emergencia y desastres naturales. Incluye un componente que toma en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en los planes municipales de emergencia y contingencia. 102. La guía incluye recomendaciones útiles para las instituciones vinculadas a la gestión de riesgo como municipios, organizaciones de personas con discapacidad y la sociedad en general, sobre la movilización, comunicación y atención a las personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual y física en caso de una evacuación. 103. La guía es el resultado de un programa de cooperación de dieciocho meses entre USAID, con un aporte de USD. 67.220 y Gestión Ecuador con un aporte de USD. 23.450 para la preparación de la guía, capacitación y difusión de la misma. El trabajo se enfocó en cuatro provincias consideradas de alto riesgo principalmente por erupciones y terremotos: Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. Participaron nueve municipios: Rumiñahui, Mejía y la administración zonal Valle de los Chillos en Pichincha; Latacunga en Cotopaxi; Quero, Pelileo y Baños en Tungurahua y Riobamba y Penipe en Chimborazo. Hasta enero 2010, USAID apoyará la capacitación, producción y diseminación de 4.000 guías fuente: pagina web usaid/ecuador.gov.ec
104. Las Fuerzas Armadas a través de la Dirección de Apoyo al Desarrollo cuenta con planes de acción humanitaria y personal técnico capacitado, materiales y equipos para actuar en situaciones de emergencia, dando preferencia a grupos de atención prioritaria.
• Los Estados partes informarán sobre las medidas adoptadas para asegurar que la asistencia humanitaria de socorro se distribuya en forma accesible a las personas con discapacidad que se encuentren en una situación de emergencia humanitaria, en particular las medidas adoptadas para asegurar que en los alojamientos de emergencia y los campamentos de refugiados haya letrinas y servicios sanitarios accesibles para las personas con discapacidad.
105. Por las características geográficas y territoriales que presenta el Ecuador, se deben reducir riesgos de eventos adversos de orden natural (socio-natural) o antrópicos (humano) que afecten a la población y su entorno. Esta reducción del riesgo tiene que ser gestionada con el afán de prevenir, mitigar y poder actuar de mejor manera en una emergencia; la creación de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y la puesta en marcha de la construcción de una política pública de gestión del riesgo es un paso fundamental en el afán de construir un Ecuador más seguro, sin embargo al ser un proceso en construcción se hace importante la socialización y la inclusión de aspectos como el de discapacidad en la gestión del riesgo.
106. De esta manera el Programa “Diseño e inclusión de un componente de discapacidad en planes de contingencia y emergencia ante desastres naturales” diseñado por la Corporación Gestión Ecuador, pretende ser un aporte más a esa construcción de la política pública a través de la visualización y sensibilización de las personas con discapacidad localizadas en las zonas de riesgo de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo afectadas por los volcanes Cotopaxi y Tungurahua
107. Las medidas en favor de las personas con discapacidad que ha emitido la Corporación Gestión Ecuador son las siguientes:
- Se han beneficiado aproximadamente 1.000 personas con discapacidad que viven en zonas de riesgo anteriormente mencionadas. - Se han capacitado 1.500 personas de los Comités de Operaciones de Emergencia en atención a personas con discapacidad. - Se ha realizado la producción de una guía de atención a personas con discapacidad que contiene recomendaciones claves para la atención en caso de emergencias y desastres para personas con discapacidad física, auditiva, visual e intelectual la misma que sirve para instituciones que trabajan en gestión de riesgos y población en general. Para la producción de la guía se desarrollo un diagnostico de necesidades de atención.
- Se ha realizado la producción de dos cuñas radiales para la atención de personas con discapacidad, como preventivos a situaciones de emergencia
- USAID aportó USD. 67.220 y Gestión Ecuador USD. 26.347 para la realización de la guía de Atención a personas con discapacidad en caso de emergencias y desastres para instituciones que trabajan en gestión de riesgos y población en general. Artículo 12
• Las medidas adoptadas para asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, en particular las medidas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a mantener su integridad física y mental, a la plena participación como ciudadanos, a ser propietarias y heredar bienes, a controlar sus propios asuntos económicos y a acceder en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y su derecho a no ser privadas de sus bienes de manera arbitraria;
108. Conforme lo expresa el artículo 21 de la Ley 180, toda persona que sufra discriminación por su condición de tal o cuando esté amenazado el ejercicio de sus derechos y beneficios, la Ley prevé la presentación de demandas y la participación en cualquier etapa del proceso judicial ante los jueces pertinentes, en la intención de prevenir y exigir el cumplimiento de esos derechos, beneficios o garantías; en lo principal se persigue el cese inmediato de la acción discriminatoria y cualquier otra que evite la continuación de la violación a los derechos.
109. La procuraduría del CONADIS ha atendido 6.400 casos de protección de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en lo que va de este año.
• Si existe o no legislación que restrinja la plena capacidad jurídica por razón de discapacidad, así como las medidas adoptadas para ajustarse al artículo 12 de la Convención;
110. En la legislación ecuatoriana no se restringe la plena capacidad jurídica por razones de discapacidad El artículo 48(5) de la Constitución impone la obligación del Estado de diseñar e implementar “programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia; con ello inclusive se está demostrando que existe plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, salvo las que tengan restricciones logradas judicialmente como es el caso de las interdicciones, que su procedimiento para declararla se encuentra en el Código Civil.”
• El apoyo de que disponen las personas con discapacidad para ejercer su capacidad jurídica y manejar sus finanzas;
111. El apoyo que tienen las personas con discapacidad para ejercer su capacidad jurídica, es el servicio que presta la Procuraduría de Discapacidades, organismo creado al interior del CONADIS, compuesto de profesionales en derecho, actúan judicial y administrativamente en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En el ejercicio del trabajo de esos profesionales también se asesora en el manejo de sus finanzas, en la intención de que los usuarios no sean perjudicados tanto por personas naturales como jurídicas.
• La existencia de salvaguardias contra el abuso de modelos asistidos de adopción de decisiones;
112. El Código Civil (artículo 367) dispone que las tutelas y las curadurías sean impuestas a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, o administrar competentemente sus negocios, el artículo 369, extiende las curadurías generales, no sólo a los bienes, sino a las personas sometidas a ellas, además de que por disposición del Art. 371 las curadurías de manera general son para los interdictos; la Procuraduría de Discapacidades del CONADIS hace hincapié en la salvaguardia efectiva de este modelo asistido, evitando que por el sólo hecho de tener discapacidad, sea declarada interdicta, por el contrario ha procurado que las personas con discapacidad, no sean limitadas en la toma de sus decisiones y solamente se la declare cuando la discapacidad sea determinante e impida su capacidad para gobernarse o administrar por sí mismo.
113. Igual caso se presenta para los denominados en el Código Civil (artículos 479, 480, 484 y 485) como “Sordomudos”; según esta norma, este hecho puede ser subsanado mediante la educación; pues, dicha curaduría cesará (artículo 493) “Cuando el sordomudo se haya hecho capaz de entender y de ser entendido por escrito, si él mismo lo solicitare y tuviere suficiente inteligencia para la administración de sus bienes; sobre lo cual tomará el juez los informes competentes.”
• El fomento de la concienciación, y las campañas educativas sobre el reconocimiento de la igualdad ante la ley de todas las personas con discapacidad.
114. El Estado ecuatoriano, a través del CONADIS, ha desarrollado campañas en el sector educativo sobre difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Se inició en el año 2008 con una conferencia por año participando aproximadamente 200 estudiantes secundarios de los quintos cursos de entidades educativas públicas y privadas. Además de la capacitación en sí, se entregan materiales didácticos y de fácil difusión sobre los derechos de las personas con discapacidad, especialmente, sobre temas de igualdad. Artículo 13
• Las medidas adoptadas para asegurar a todas las personas con discapacidad el acceso efectivo a la justicia en todas las etapas de los procedimientos judiciales, incluyendo las fases de instrucción y otras etapas preliminares;
115. La Ley 180 establece que es función del CONADIS, el defender jurídicamente los derechos de las personas con discapacidad. En cumplimiento de su obligación, se crea la Procuraduría de Discapacidades del CONADIS. Su misión es la defensa jurídica de los derechos de las personas con discapacidad. 116. El Plan Nacional para el Buen Vivir, en el objetivo 9 garantiza la vigencia de los derechos y la justicia, expresando que la norma constitucional en el instrumento por excelencia para la garantía de derechos. Determina el contenido de la ley, consagra mecanismos de garantía de derechos, establece los límites al ejercicio de la autoridad y la estructura del poder, y es de directa aplicación por cualquier persona, autoridad o juez. En este contexto, los derechos constitucionales, en particular los del Buen Vivir, son, a la vez, límites del poder y vínculos impuestos a la autoridad pública. Por tanto, para asegurar su ejercicio, someten y limitan a todos los poderes, inclusive al constituyente. Esta garantía se expresa en el ordenamiento jurídico de la facultad de definir y aplicar políticas públicas, y opera a través de la facultad jurisdiccional, cuando las otras fracasan o violan derechos. 117. En este modelo de Estado, la importancia de los derechos humanos, por sobre el derecho concebido como el conjunto de normas jurídicas, es fundamental. 118. Lastimosamente no contamos con estadísticas precisas que detallen los porcentajes de atención a personas con discapacidad en los diferentes sectores de justicia. En respuesta a esta falencia, actualmente, el Estado está diseñando un proyecto de indicadores sobre derechos humanos entre los que se incluyó el derecho a la justicia. Una de las metas de este proyecto es lograr construir indicadores fiables desagregados por sectores de atención prioritaria, como personas con discapacidad. • Las medidas adoptadas para asegurar que se capacite efectivamente al personal del poder judicial y el sistema penitenciario nacionales sobre el respeto de los derechos de las personas con discapacidad;
119. El Estado, a través de la Procuraduría de Discapacidade

References: artículo 35
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 35
 artículo 3
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 3
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 4
 RESOLUCIÓN 
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 426
 artículo 1
 artículo 149
 Resolución 
 artículo 9
 Artículo 12
 artículo 21
 artículo 12
 artículo 48
 artículo 369
 Artículo 13