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Timestamp: 2020-03-30 03:52:17+00:00

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Mejora de la función interventora en la tramitación de expedientes sobre prestaciones económicas en el ámbito de la Seguridad Social - El Derecho Local
Mejora de la función interventora en la tramitación de expedientes sobre prestaciones económicas en el ámbito de la Seguridad Social
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 15 de noviembre de 2019, por el que se modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
BOE 281/2019 de 22 de Noviembre de 2019
Mediante esta resolución se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
Esta modificación tiene por finalidad incorporar las importantes reformas normativas así como pronunciamientos jurisprudenciales en el ámbito de la Seguridad Social y, más concretamente, en el ámbito de las prestaciones económicas para facilitar el ejercicio de la función interventora de las prestaciones afectadas.
Estas modificaciones afectan generalmente a los expedientes relacionados con:
- prestaciones complementarias relativos a mutualidades de funcionarios de la Administración de la Seguridad Social;
- reconocimiento del derecho a otras prestaciones, ayudas y otros gastos en el ámbito de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social;
- los gestionados por la oficina de gestión de prestaciones económicas y sociales del síndrome tóxico;
- los del seguro escolar.
Concretamente, en lo relativo al seguro escolar, se modifican los requisitos comunes y los requisitos específicos para cada tipo de prestación.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 15 de noviembre de 2019, ha modificado el vigente Acuerdo aprobado con fecha 30 de mayo de 2008 (BOE n.º 143, de 13 de junio), por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
Considerando necesaria la publicidad del mencionado Acuerdo, ha resuelto ordenar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a cuyo efecto figura su texto como anexo a esta resolución.
Madrid, 18 de noviembre de 2019.–El Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano Pardo.
La Ley General Presupuestaria, en su artículo 152, autoriza al Gobierno para que acuerde que la fiscalización e intervención previa, se limite a comprobar determinados extremos, algunos de ellos tasados por dicha ley y, adicionalmente, otros contemplados en el ordenamiento jurídico en su conjunto y seleccionados en atención a su trascendencia en el proceso de gestión y que tienden a asegurar la objetividad y la transparencia en las actuaciones públicas.
El Acuerdo por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto del ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, fue aprobado por el Consejo de Ministros, en su reunión de 30 de mayo de 2008, modificado posteriormente, mediante los Acuerdos de 16 de abril de 2010, 1 de julio de 2011 y 20 de julio de 2018.
Desde la última modificación operada en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, se han producido importantes reformas normativas así como pronunciamientos jurisprudenciales en el ámbito de la Seguridad Social y más concretamente en el ámbito de las prestaciones económicas. Estas reformas justifican la necesidad de adaptar a las mismas el Acuerdo actualmente vigente, sin perjuicio de la incorporación de algunos extremos fruto del análisis y experiencia adquiridos en su aplicación en ciertos tipos de gasto y modificaciones en algunos expedientes concretos.
Las reformas aludidas suponen tanto la creación de nuevas prestaciones como la modificación de otras ya existentes que no han sido incorporadas al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, lo cual dificulta el ejercicio de la función interventora de las prestaciones afectadas. Así, la Ley 32/2010, de 5 de agosto, establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Por otra parte, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, ha dado lugar a importantes modificaciones en el área prestacional y el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, también ha introducido novedades en las prestaciones económicas. Asimismo, la continuidad de la vida laboral de los trabajadores autónomos se ha visto afectada por lo dispuesto en la disposición final quinta de la Ley 6/2017, de 24 de octubre.
Por último, conviene hacer referencia a dos novedades normativas; por un lado, la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, que ha establecido como novedad la prestación de orfandad, modificando para ello el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Por otro lado, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, ha modificado el citado texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social creando dos nuevas prestaciones, el nacimiento y cuidado del menor y la corresponsabilidad en el cuidado del lactante.
La mayoría de estas novedades y modificaciones ya han sido incorporadas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Asimismo, se han producido modificaciones en la duración de los procesos de incapacidad temporal. Todo ello ha de tenerse en cuenta en el ejercicio de la función interventora, lo cual obliga a modificar el vigente Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008.
Asimismo, el apartado trigésimo noveno del Acuerdo contempla que los expedientes de prestaciones del síndrome tóxico gestionados por la Oficina de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales, estarán sometidos al régimen ordinario de fiscalización establecido en el Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo. En este sentido, se sustituye el régimen ordinario de fiscalización establecido en dicho Acuerdo por el régimen de fiscalización de requisitos básicos.
Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley General Presupuestaria, a propuesta de la Ministra de Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, el Consejo de Ministros, en su reunión de 15 de noviembre de 2019, ha adoptado el siguiente
Se modifica el apartado trigésimo séptimo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, que queda con la siguiente redacción:
Se modifica el apartado Trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, que queda con la siguiente redacción:
Se modifica el apartado Trigésimo noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, que queda con la siguiente redacción:
Se modifica el apartado Cuadragésimo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, que queda con la siguiente redacción:
Se modifica el apartado Cuadragésimo primero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, que queda con la siguiente redacción:

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 152
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 152