Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2019/as201910147.html
Timestamp: 2019-11-16 02:03:39+00:00

Document:
AUTO SUPREMO Nº 147/2019-RA
Expediente : La Paz 5/2019
Parte Imputada : Gabriela Geraldine Zapata Montaño y otros
Delitos : Legitimación de Ganancias Ilícitas y otros
Por memoriales presentados el 30 de julio, 24 de octubre, 14, 16 y 30 de noviembre de 2018, cursantes de fs. 5115 a 5121, 5267 a 5297 vta., 5321 a 5338, 5346 a 5349 vta., 5367 a 5382, 5390 a 5397, 5398 a 5402 vta., y 5427 a 5445, Jimmy Ysrael Morales Cuba, Gabriela Geraldine Zapata Montaño, Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Walter Humberto Antonio Zuleta Buitrago, Pastora Cristina Choque Espinoza, Carlo Marvin Ramírez Aramayo y el Ministerio de Presidencia, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 32/2018 de 18 de mayo, de fs. 5067 a 5103, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, además del Ministerio de Presidencia, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Universidad Mayor de San Andrés y el Servicio General de Identificación Plurinacional (SEGIP), por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Contribuciones y Ventajas Ilegítimas, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Asociación Delictuosa y Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, previstos y sancionados por los arts. 146, 154, 199, 203, 228, 185 bis, 132 del Código Penal (CP) respectivamente; y art. 26 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz (Ley 004).
a) Por Sentencia 31/2017 de 23 de mayo (fs. 4417 a 4446 vta.), el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a:
Gabriela Geraldine Zapata Montaño, autora y culpable de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Contribuciones y Ventajas Ilegítimas, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Asociación delictuosa y Uso Indebido de Bienes y Servicios Público, previstos y sancionados por los arts. 199, 203, 228, 185 bis, 132 del CP respectivamente y 26 de la Ley 004, imponiendo la pena de diez años de presidio, más la multa de 200 días a razón de Bs. 10.- por día, más al pago de daños civiles y costas al Estado.
Pastora Cristina Choque Espinoza, autora de la comisión de los delitos de Uso Indebido de Bienes y Servicios Público, Incumplimiento de Deberes y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 26 de la Ley 004, 154 y 132 del CP, condenando a la pena cuatro años de reclusión; más la multa de 200 días a razón de Bs. 2.- por día; más el pago de daño civiles y costas; por otro lado, la absolvió de la comisión del delito de Uso Indebido de Influencias, tipificado en el art. 146 del CPP.
Jimmy Ysrael Morales Cuba, autor y culpable de la comisión de los delitos de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, Incumplimiento de Deberes y Asociación delictuosa, tipificados por los arts. 26 de la Ley 004, 154 y 132 del CP, condenado a la pena de tres años de reclusión, más la multa de 200 días a razón de Bs. 2.- por día, más al pago de daños civiles y costas.
Ricardo A. Alegría Sequeiros, autor de la comisión del delito de Uso Indebido de Bienes y Servicio Públicos en grado de complicidad, previsto y sancionado por los arts. 26 de la Ley 004 con relación al 23 del CP, condenado a la pena de dos años de reclusión y el pago de la multa de 100 días a razón de Bs. 1.- por día, más al pago de daños civiles y costas; siendo absuelto de la comisión de los delitos de Asociación Delictuosa y Legitimación de Ganancias Ilícitas.
Carlo Marvin Ramírez Aramayo, autor del delito de Uso Indebido de Bienes y Servicio Públicos en grado de complicidad, tipificado por los arts. 26 de la Ley 004 con relación al 23 del CP, condenado a la pena de dos años de reclusión y el pago de la multa de 100 días a razón de Bs. 1.- por día, más al pago de daños civiles y costas; por otro lado, lo absolvió de la comisión del delito de Asociación Delictuosa.
Walter H. Antonio Zuleta Buitrago, autor de la comisión del delito de Uso Indebido de Bienes y Servicio Públicos y Contribuciones y Ventajas Ilegítimas en grado de complicidad, previstos y sancionados por los arts. 26 de la Ley 004 y 228 del CP con relación al 23 del CP, condenado a la pena de tres años de reclusión y el pago de la multa de 500 días a razón de Bs. 2.- por día, más al pago de daños civiles y costas; quedando absuelto de la comisión de los delitos de Asociación Delictuosa, tipificado por el art. 132 del CP.
b) Contra la mencionada Sentencia, Carlo Marvin Ramírez Aramayo (fa. 4486 a 4404), Pastora Cristina Choque Espinoza (fs. 4544 a 4556), Gabriela Geraldine Zapata Montaño (4680 a 4696 vta.), Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros (fs. 4699 a 4711 vta.), el Ministerio de Presidencia (4717 a 4728 vta.), Jimmy Israel Morales Cuba (FS. 4731 a 4740), Walter Humberto Antonio Zuleta Buitrago (fs. 4749 a 4761), Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (Fs. 4763 a 4766), respectivamente, formularon recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 72/2018 de 17 de julio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles e improcedentes todos los recursos planteados y como consecuencia, confirmo la Sentencia. Esta resolución fue complementada con los Autos de 20 de agosto, 8 de octubre y 9 de noviembre de 2018, (Fs. 5128 a 5129 vta., 5137, 5305, 5307 y 5320).
c) Por diligencia de 23 de julio de 2018 (fs. 5104), el imputado Jimmy Israel Morales Cuba fue notificado con el Auto de Vista impugnado formulando su recurso de casación el 30 de julio del mismo año. El 17 de octubre de 2018 (fs. 5138 “A”), fue notificada la imputada Gabriela Geraldine Zapata Montaño con Auto Complementario presentando su casación el 24 de octubre de 2018. El 7 de noviembre de 2018 (fs. 5299 y 5301), fueron notificados Abelardo Alegría Sequeiros y la representación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional con Auto Complementario y formularon recursos de casación el 14 de noviembre. Walter Humberto Antonio Zuleta Buitrago, fue notificado con Auto de Vista Complementario el 9 de noviembre de 2018 (fs. 5303) y presentó su recurso de casación el 16 de noviembre. Por último, conforme las diligencias de 23 de noviembre (fs. 5386 y 5389), Pastora Cristina Choque Espinoza, Carlo Marvin Ramírez Aramayo y el Ministerio de la Presidencia, fueron notificados con Auto de Vista Complementario el 23 de noviembre de 2018, presentando sus recursos de casación el 30 del mismo mes y año.
De los memoriales de casación se extraen los siguientes motivos:
II.1. Recurso de casación de Jimmy Ysrael Morales Cuba.
1) Previa referencia a los antecedentes de la sentencia y el Auto de Vista impugnado y a la primacía del Principio de Convencionalidad en el ordenamiento jurídico boliviano, desarrolla el contenido y alcance del principio non bis in ídem, así como criterios doctrinales y sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Español y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las casos Loayza Tamayo contra Perú, destacando que resulta violatorio del derecho al debido proceso reabrir causa penal o administrativa ya fallada por unos mismos hechos aun cambiando su calificación penal o sancionatoria, resultando en el caso que el Tribunal de Sentencia estableció su culpabilidad debido a un supuesto proceso interno sumario que motivó según la sentencia la Resolución PA-ALC- Nº 001/2016 de 1 de abril y Resolución del Recurso Jerárquico Nº 001/2015 del proceso interno, siendo ratificado este extremo por el Auto de Vista impugnado; lo que implica, que se creó convicción para su condena, con base a un hecho ejecutado a instancia administrativa tomando como delito el Uso Indebido de Bienes del Estado y Servicios Públicos, cuando el proceso administrativo revela conductas traducidas en un ilegal manejo del vehículo de la institución y la supuesta mala utilización del salón VIP de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, por lo que se está ante una trasgresión al principio non bis in ídem, argumentando además que en el mencionado proceso administrativo no existió por parte del Ministerio de Presidencia una auditoría que pueda demostrar con claridad la finalidad de la Ley 1178 con relación al art. 56 del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública aprobado por DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992.
Refiere que ninguna de estas consideraciones fueron parte de la sentencia ni del “Auto Supremo” subido en grado de apelación, con lo que implícitamente se tiene una mala adecuación del tipo, lo que se traduce en una incorrecta aplicación del inciso 1) del art. 370 del CPP.
2) En mérito a las previsiones relativas a un recurso efectivo conforme el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la motivación de las resoluciones, refiere que el Tribunal de Sentencia y el de alzada, realizan en sus respectivas resoluciones un desarrollo de la conducta y el tipo, sin contrastar la actitud del presunto imputado con cada una de las pruebas que lo involucra, es más utiliza como argumento la prueba signada como MP-127, consistente en un trámite respectivo a un proceso administrativo que como se explicó tiene como efecto que sea contrario al principio non bis in ídem, pues previa glosa parcial del contenido de ambas resoluciones, señala que el fallo de primera instancia y su ratificación en segunda instancia, ha explicado o ha agotado la interpretación de las normas jurídicas que generan la convicción del hecho delictivo y tampoco realiza una explicación entre pruebas y hechos, simplemente se limita a determinar que existen elementos que comprueban el hecho, pero no los enuncia ni los advierte, tampoco cómo lograron incriminarlo para que sea culpable de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Asociación Delictuosa, de modo que de convalidarse estos extremos el Estado Boliviano nuevamente se vería en una situación compleja como el caso Andrade Salmón vs Bolivia.
Añade que el Auto Supremo 410/2014 de 21 de agosto, determina los elementos para que se configuren el delito de Incumplimiento de Deberes, referidos a que la conducta omisiva del servidor público sea dolosa, relacionada a actos propios de función, obligado imperativamente por las normas, y siendo necesario que retarde, rehúse u omita cumplirlas, resultando en el caso que las autoridades de primera y segunda instancia, no motivaron y fundamentaron sus resoluciones en relación a todas las características que debía cumplir el tipo penal del art.154 del CP para su configuración, en vulneración al principio de máxima taxatividad expresada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
II.2. Recurso de casación de Gabriela Geraldine Zapata Montaño.
1) El Tribunal de apelación convalidó actividad procesal defectuosa absoluta, incurriendo en vicio de fundamentación:
a. Considera la recurrente que la negatoria a la proposición de prueba pericial sobre aspectos de tipo económico financiero, alegándose que los acusadores ya la propusieron por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), vulneró el principio de imparcialidad y la igualdad de armas en el proceso. Agrega que tal hecho fue denunciado en apelación restringida invocando la inaplicación del art. 12 del CPP, y el art. 370 num 1) de la misma Ley como norma habilitante; empero, el Tribunal de apelación no analizó este punto, lo que en perspectiva del recurso “constituye un defecto absoluto insubsanable que debe ser corregido pro el máximo Tribunal de Justicia a la luz del art. 169 numeral 3 del CPP” (sic).
b. Habiendo el tribunal de origen aceptado la producción de audiencia de inspección, a proposición de la recurrente, no fue materializada en el argumento que “las llaves de los ambientes objeto de inspección no ha sido encontrados” (sic); tal hecho en consideración de la recurrente, infringe la última parte del primer párrafo del art. 338 del CPP, y generando una lesión a sus derechos y garantías como la de probidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad e igualdad de las partes contenidos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), quebrantándose también los arts. 179 y 171 de la norma procesal penal. Reclama que el Tribunal de apelación no analizó aquellos extremos que “inclusive debieron ser ponderados de oficio por la gravedad que reviste” (sic).
c. En apelación restringida se denunció la vulneración del art. 334 del CPP y la consiguiente generación de defectos absolutos inconvalidables, aseverando que “de la simple revisión de las actas de audiencia…podrá advertir[se] que dicho precepto…no ha sido cumplido …por el contrario también ha sido objeto de incumplimiento e infracción, aspectos estos que tampoco han sido adecuadamente valorados por la autoridad de alzada” (sic).
d. Señala que el art. 8 del CPP fue conculcado, pues el Tribunal de origen restringió el ejercicio de su defensa material en el interrogatorio a los testigos de descargo y contrainterrogatorio a los testigos de cargo; añade que la vulneración se presentó también limitando el “tiempo y contenido del derecho a ser oído por el Tribunal de sentencia, bajo el principio de inmediatez, antes de la deliberación para la sentencia” (sic) actos que no hubieran sido “remediados por el tribunal de alzada, lo cual también hacen al debido proceso” (sic).
e. Explicando que el texto del art. 185 bis del CP, fue modificado por la Ley 262, acusa a la Sentencia 031/2017, de no precisar concretamente “cuál de los sub tipos penales…ha adecuado su conducta…de qué forma y cual el resultado de dicha adecuación…con la cual habría legitimado ganancia ilícitas” (sic). Añade que la “Unidad de Investigaciones Financieras no ha elevado ningún informe previo a [su] aprehensión, que denote movimiento económicos sospechosos, estableciendo cuale le origen de los mismos y cual el destino…y si los mismos proceden del TGN que cause daño económico directo al Estado” (sic); incumpliéndose con ello el art. 40 del Decreto Supremo Nº 24771, reglamentario a la Ley 1768, que dispone las formalidades para la remisión de antecedentes al Ministerio Público por parte de la UIF; expresando paralelamente que el Tribunal de sentencia se hallaba en la obligación de establecer el monto de los recursos legitimados, incumpliéndose lo consignado en el art. 5 nums. 6) inc. c), y 7) de la Convención Internacional de Viena de 19 de diciembre de 1988,y el art. 12 num. 4) de la Convención de Palermo. En suma considera que en su caso quedó demostrado la vulneración al art. 370 num 1) del CPP, habida cuenta se aplica un precepto legal en la emisión de la condena sin identificar el tipo penal exacto del cual se le atribuyó autoría.
Con tal argumento e invocando el Auto Supremo 450 de 19 de agosto de 2004, manifiesta que “corresponde al Máximo Tribunal de la Justicia ingresar a su análisis, dentro del marco establecido por el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal para resolverlo en alguna de las formas establecidas por el art. 419 de igual cuerpo de leyes” (sic).
f. Considera que en el caso de la sala que pronunció el Auto de Vista impugnado, no se siguieron las directrices de los arts. 123 y 124 del CPP, pues el fallo recurrido en casación “apenas se circunscribe a una relación de hechos, con transcripciones parciales de la sentencia y memoriales de apelación…sin ninguna fundamentación descriptiva ni intelectiva de los tipos penales juzgados” (sic), manifiesta que “no existe fundamentación ni congruencia en el auto de vista impugnado…cuando…se evidencia… no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, aspecto que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP” (sic)
g. Luego de un bosquejo jurisprudencial y doctrinario sobre la conceptualización del principio de congruencia en materia penal, expresa que la variación de hechos entre acusación y condena que no hayan sido de conocimiento del imputado configuran vulneración al derecho a la defensa, reconocido por el art. 119.II de la CPE; en ese ámbito, la recurrente señala que “en el curso del proceso desde la lectura de la acusación la teoría objetivas de la acusación ha sufrido muchas mutaciones y transformaciones” (sic) con el fin de forzar un estado culpabilidad en contra suya.
h. alega que la pena impuesta por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, no adoptó un correcto proceso de subsunción pues no se identificaron de qué forma su persona legitimó recursos económicos “además vinculados a cuál del amplio catálogo de delitos descritos expresamente por el art. 185 Bis del CP” (sic), asegura que esa falencia en sí misma constituye lesión al debido proceso en su vertiente de certeza sobre la subsunción de una conducta a un tipo penal, lesionándose en esa consecuencia la seguridad jurídica.
Prosigue en sentido que a fs. 1619, se señalan seis acusados por el delito de Asociación Delictuosa, empero se sentenciaron únicamente a tres, cuando el art. 132 exige la presencia de “cuatro personas activas destinadas a cometer delitos…la sentencia no identifica a las cuatro personas destinadas a cometer delitos, tampoco refiere que delitos habrían cometido…en todo caso de ser así se tendría que hablar de una co autoría” (sic).
2) Bajo el epígrafe “defectos absolutos no susceptibles de convalidación”, la recurrente denuncia que:
a. El Auto de Vista impugnado no fundó su resolución señalando si el defecto del art. 370 num. 5) del CPP, denunciado en apelación restringida, “se debió a la falta de fundamentación fáctica por haberse omitido el hecho histórico; o si debido a la falta de fundamentación probatoria descriptiva o intelectiva por haberse verificado algún defecto en el resumen de las pruebas o la referencia de las pruebas documentales o testificales” (sic).
Considera la recurrente que el Tribunal de apelación no tomó en cuenta el reclamo sobre la variación de los hechos entre acusación y condena, menos el contenido de la SC 1075/2003-R de 24 de julio y el AS 049/2016-RRC de 21 de enero. Agregando que con referencia al supuesto que “el tribunal de sentencia habría confundido hechos atribuidos con calificaciones jurídicas” (sic) y la negación de los de apelación expresando que debió haberse propuesto anteriormente actividad procesal defectuosa, la Sala Penal Segunda no tomó en cuenta que el memorial de apelación restringida en “en el subtítulo 1.- denominado defectos absolutos…realizó adecuadamente y preciso la actividad procesal defectuosa” (sic).
b. En apelación restringida se adujo que la Sentencia no cumplía con una debida fundamentación, al esgrimir una relación de hechos distinta entre los acusados y los sentenciados, así como entre lo probado y lo concluido; cuestionó que una transcripción de doctrina no suple la abstracción de los hechos a las normas, manifestando también que el fallo de origen se sustenta en medios probatorios no idóneos, y que los “propios testigos de cargo refieren no haber[la] visto manejar recursos económicos del Estado u ninguno refiere que [su] persona es funcionaria pública” (sic). Alega que tales cuestiones fueron expuestas ante el Tribunal de apelación, sin que hayan sido valoradas y analizadas, al contrario esa instancia habría razonado que “para entender las denuncias referidas a la falta de fundamentación…si es la parte descriptiva o intelectiva de la sentencia o la fundamentación jurídica, extremos que no puede apreciarse en la apelación” (sic), sin que se haya tomado en cuenta que “en todo caso cuando se verificó una omisión de la valoración de la prueba por haberse omitido la cita e interpretación de normas jurídicas, como para llegar a la conclusión de la existencia del defecto de sentencia previsto en el art. 370 num. 5) del Código de Procesal Penal” (sic)
c. Sobre el reclamo relativo al art. 370 num. 6) del CPP, dice la recurrente que los de apelación debieron fundamentar si la sana crítica había sido correctamente aplicada, conforme lo determinase la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 515 de 16 de noviembre de 2006, debiendo haber controlado si el fundamento del fallo de mérito se hallaba acorde con las máximas de la experiencia, conocimiento, entendimiento, la lógica y la ciencia del juzgador, como lo establecería la comprensión del Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006. El Auto de Vista en cuestión, no observó esas alegaciones, constituyendo en sí mismo un vicio absoluto que afecta el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, pues debió responder de modo efectivo a los defectos planteados en el marco del art. 370 nums. 1), 5) y 6) del CPP, desatención que importa inobservancia del art. 398 del CPP, acto que fuera contrario a los lineamientos de los AASS 164/2012 de 4 de julio y 411 de 20 de octubre de 2006.
d. El Tribunal de apelación, manifiesta la recurrente, actuó de manera ultrapetita, “asumiendo cuestiones que no han sido objeto del recurso deducido” (sic) así de no pronunciarse sobre todas las motivos objeto de impugnación. Precisa que el punto 7mo. del Auto de Vista 32/2018, se pronunció en sentido que no fuera la autoridad competente para resolver denuncias sobre el control de la aprehensión; sin embargo, no se tuvo presente que bajo la garantía del debido proceso, y el entendimiento de la SC 380/2010-R de 22 de junio, el derecho a la impugnación implica también la observancia detallada de las temas planteados en el acto recursivo. Añade que conforme la SC 0873/2010 de 10 de agosto, los medios de impugnación usados en juicio oral deben ser los mismos para el caso de las excepciones; para a continuación transcribir un fragmento del Auto Supremo 418 de 10 de octubre del 2006.
e. Considera que el principio de libertad probatoria postulado por el art. 171 del CPP, no es absoluto sino que encuentra límites en dispuestos por el art. 172 de la misma norma procesal, ello en pos de “resguardar los derechos fundamentales y mantener la integridad de la administración de justicia” (sic), señala también que similar postura es contenida en el Auto Supremo 337 de 1 de julio de 2010.
Expresa que por el art. 6 del CPP, el imputado no puede probar la inexistencia de alguno de los elementos específicos del tipo penal acusado, con ello se vulnera el principio acusatorio. La obligación y carga de la prueba le corresponden al Ministerio Público, como lo señalase el Auto Supremo 131/2007 de 21 de enero, siendo lo contrario una vulneración al principio de inocencia postulado por el art. 115 parág. II de la CPE, y los arts. 16, 17 y 70 del CPP.
3) Bajo el subtítulo “Ilogicidad del Auto de vista por confundir subsunción de hechos al tipo penal y control de logicidad del iter lógico o razonamiento emergente de la valoración de la prueba y resolver ambos defectos de manera conjunta relacionada” (sic)
a. El Tribunal de apelación confundió errónea aplicación o inobservancia de la ley sustantiva y la ley procesal, al conjuncionar ambos motivos en el num. 1) del Art. CPP en el CPP; tal es así que, en el 9° punto el Auto de Vista recurrido, a tiempo de resolver el motivo sobre falta de continuidad en el juicio oral y vulneración de los arts. 329, 334 y 335 del CPP, no contempló los “momentos procesales en los cuales se ha incurrido en dicha vulneración” (sic). En cuanto a los recesos de audiencia de juicio oral y la falta de otorgación del tiempo suficiente para observar la prueba el Auto de Vista impugnado, no observó los tiempos cortos (5 minutos) “introduciéndonos de 50 en 50 pruebas literales que en los hechos implicó la infracción al principio de debido proceso y el derecho a la defensa” (sic), este apresuramiento –prosigue la recurrente- “imposibilitó a la defensa tener un efectivo y determinante control de la prueba” (sic) para finalmente mencionar que dio estricto cumplimiento al Auto Supremo 118/2016 de 21 de febrero.
b. Cuestiona que el Auto de Vista 32/2018, resuelva cuestiones de orden procesal y sustantivo en un mismo acto, cuando ambas tienen alcances distintos, tal cual lo explicasen las SSCC 1075/2003-R de 24 de julio, 1056/2003-R, 727/2003-R, explicando que en los casos de actividad procesal defectuosa, las posibilidades de su manifestación en los supuestos de vulneración a derechos o garantías constitucionales acarrea la nulidad del acto censurado.
b.1. Aduce que conforme los AASS 329 de 29 de agosto de 2006 431 de 11 de octubre de 2006, 236 de 7 de marzo de 2007, la subsunción de los hechos al tipo penal incumbe una adecuación objetiva de la conducta humana a la descripción contenida en norma, siendo que tal proceso debe ser correcto y exacto pues lo contrario significaría inexistencia de delito.
b.1.1. previa mención a la doctrina legal del AS 055/2014-RRC de 24 de febrero, aludiendo que por ella se comprende que el delito de Uso de Instrumento Falsificado está dirigido exclusivamente a la conducta del tercero que no intervino en el forjado, pero que utilizó un documento falso, a sabiendas de ello, la recurrente manifiesta que, el tribunal de sentencia habiendo establecido que las pruebas no permitían concluir que la conducta reprochada se subsumía al tipo penal de Falsedad Material, al no haberse comprobado que la recurrente haya sido quien falsificó el diploma académico y título en provisión nacional, empero concluyó que sí fue autora intelectual de esas falsificaciones y que al tener conocimiento de la misma utilizó los documentos para fines de acreditar su formación profesional. Señala que la conducta descrita por el art. 199 del CP, tipifica la acción de quien en un documento público autentico se consignen datos falsos sobre un hecho que deba probar, “elementos que según consta en la Sentencia, no fueron identificados en la actuación del acusado…de ningún modo el Tribunal de sentencia estableció que el título en provisión nacional y diploma académico, eran auténticos y que se insertaron en ellos los datos respecto a que el imputado habría concluido sus estudios, accediendo a una modalidad de titulación para su obtención, ni mucho menos que él haya sido el autor de esa falsedad ideológica; por el contrario la sentencia advierte únicamente que ambos documentos eran públicos y que en ellos se introdujo datos falsos” (sic).
El particular reclamado en casación se vincula a una supuesta omisión de parte del Tribunal de apelación sobre “si de acuerdo con los hechos probados y la fundamentación jurídica desarrollada en la Sentencia, los elementos del tipo penal de falsedad ideológica concurrieron” (sic) sin embargo al contrario, habría señalado que “en la causa el diploma académico y el título en provisión nacional no existían y que ante esa ausencia no podía determinarse si se perpetraron los delitos de falsedad material e ideológica, razonando en forma equívoca que por dicha circunstancia tampoco podía condenarse por el delito de uso de instrumento falsificado” (sic).
b.1.2. Alega la recurrente que la legitimación de ganancias iliciticas, por la Ley 0004, si bien se trata de un delito autónomo, deberá considerarse “la certeza de un tipo penal inicial que dé lugar al lavado de dinero” (sic). Considera que la Fiscalía, sostuvo que los ilícitos se originaron a través de “relaciones…que supuestamente permitieron contribuciones y ventajas ilegítimas, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes y servicios y asociación delictuosa, relaciones concertadas en reuniones, que habrían generado supuesta representatividad, mas no señala que tipo de representatividad, tampoco señala con certeza si de aquellas reuniones habría generado recursos notoriamente ilícitos…ya que…jamás fue partícipe de la suscripción de contratos que de alguna manera por influencia se beneficie de los mismos” (sic). Sobre el mismo tema, refiere que el Ministerio Público no precisó de modo circunstanciado “cuando empezó la legitimación de ganancias ilícitas… ni cómo habría influenciado para generar recursos supuestamente ilícitos” (sic) como tampoco se tuvo demostrado el delito previo necesario para activar el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas.
b.1.3. Expresa que si bien el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas es un tipo penal autónomo, no hace que sea “entendible el hecho de no sea preciso acreditar…la probable existencia del delito precedente…si bien no es exigible sentencia condenatoria respecto del delito precedentes, este no puede quedar en un grado de suposición…pues para la investigación y juzgamiento…debe estar acreditado por lo mínimo indiciariamente no únicamente aquella probable existencia del hecho precedente, sino también la probable autoría o participación del sujeto activo” (sic).
Expresa que una correcta valoración de la prueba debió exigir que el Ministerio Público presente elementos para probar [i] el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero pongan en manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias, siendo que en autos se trató de “transacciones normales…en virtud de que acorde a lo manifestado…dichos recursos fueron obtenidos de manera lícita…aseveraciones que el Ministerio Publico no pudo refutar” (sic); [ii] la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial; [iii] la constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas.
c. La recurrente, expresa su extrañeza por no haberse tenido presente “los dictámenes de la UIF y los peritajes correspondientes, informe y exámenes especializados que con seguridad hubieran determinado el origen lícito del patrimonio” (sic). Considera que si bien en el proceso penal rige la sana crítica y la libertad probatoria como marcos rectores, en igual dimensión la actividad probatoria debe regirse por el respeto a derechos y garantías estipulados por norma, sumado a ello, formula que “acusado no puede ser obligado a acreditar el origen lícito de sus movimientos empresariales por cuanto se afectaría la garantía del debido proceso” (sic).
Previa exposición de contenidos jurisprudenciales (SCP 0770/2012de 13 de agosto) y doctrinarios, sobre la taxatividad de la Ley penal y los indicios como “mecanismo intelectivo para la prueba” (sic), manifestando que “en la formación de la convicción judicial…las presunciones…permiten esa acreditación a través de supuestos de certidumbre admitidos de forma generalizada en la formulación de la prueba indiciaria” (sic), que la caracterización de los indicios se delinea por su no historicidad y su necesario sometimiento a un análisis crítico tendiente a la acreditación de los hechos objeto del proceso. Prosigue, argumentando que la “presunción judicial no puede partir de un hecho dudoso…y…que no tienen el carácter de indicios los datos no acreditados en forma plena…por lo que…se tratan de meras presunciones” (sic); sobre este particular agrega que “la presunción es la inferencia que obtenida del indicio permite acreditar otro hecho distinto” (sic)
Reclama que en su caso la investigación tuvo origen tan solo en la carta MTILCC/VMLCC/206 de 25 de febrero, en la cual la entonces Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, transmitió presuntas irregularidades en las que la recurrente y la coimputada Cristina Choque habrían incurrido.
d. Bajo el epígrafe “respecto a los defectos de sentencia previstos en el art. 370 num. 5) y 6) del CPP” (sic), invocando el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, la recurrente representa las condiciones marco de argumentación en torno a la valoración de la prueba en materia penal.
El Auto de Vista no brinda fundamentos claros y precisos que respondan cada punto impugnado, ya que no emite criterio jurídico sobre cada punto impugnado. Cuestiona que en el punto 10°, no se hay considerado el no habérsele otorgado el tiempo y los medios adecuados para el ejercicio de su defensa, no habiéndosele permitido su derecho a exclusión probatoria limitando “un espacio de tiempo de 5 minutos para formular observaciones” (sic) y habérsele restringido el derecho a la libertad probatoria, cuestionando la no realización de audiencia de inspección ocular en su domicilio “con el argumento de que le Ministerio Público no contaba con las llaves de ingreso” (sic) pese a que esa misma entidad fue la que anteriormente allanó ese inmueble.
e. Reclama que el Tribunal de apelación confundió los delitos cometidos por funcionarios públicos por los cometidos por particulares, pues en el segundo de los casos “debe existir un daño económico al estado a través de un informe emitido de la unidad de investigaciones financieras” (sic). Alega que ese mismo Tribunal no tomó en cuenta que por el art. 26 de la Ley 004, “este tipo penal debe merecer un daño económico al Estado bajo un debido informe de la unidad de investigaciones financieras” (sic).
f. Plantea que con el pronunciamiento del Auto de Vista 32/2018, “se convalida actividad procesal defectuosa absoluta referida a la recurrente violación del principio de continuidad de la audiencia de juicio oral” (sic) por cuanto “sin inmediación ha revalorizado la prueba y ha expresado juicios de valor sobre la existencia del hecho y la responsabilidad penal del imputado” (sic).
II.3. Recurso de casación de Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros.
Previa reseña de los antecedentes del proceso, el señor Alegría Sequeiros, manifiesta que “la Sala Penal Segunda no atendió [sus] planteamientos y…modifica los hechos…incorpora[ndo] otros elementos de los cuales nunca [fue] juzgado y menos sentenciado, como el hecho de la existencia de un terreno de pertenencia de la acusada Gabriela Zapata, en el que según la Sala Penal, [su] persona hubiera construido un muro perimetral” (sic). Considera que las fundamentaciones vertidas en el recurso de apelación restringida “no fueron atendidas por la Sala Penal Segunda” (sic), bajo la siguiente explicación:
1) Expresa que su denuncia sobre errónea aplicación de la Ley sustantiva, en el entendido que al no converger en su persona las condiciones para considerársele funcionario público, mal podía condenársele por la comisión de un delito propio como es el caso del tipo penal contenido en el art. 26 de la Ley 004, no tuvo como margen de análisis el art. 5 de esa misma Ley, que delimita su ámbito de aplicación comprendiendo que “no todas las personas privadas, al no ser funcionarios públicos, pueden ser sancionadas o su ámbito de aplicación les alcanza, siempre y cuando la conducta del presunto infractor de la Ley Penal, no cause un daño económico al Estado, o éste no se haya beneficiado indebidamente de sus recursos” (sic). Señala que los elementos referidos a la afectación de la economía del Estado y el beneficio indebido de recursos de éste, no fueron acreditados de manera contundente.
Plantea como agravio en casación el hecho que la Sala Penal Segunda comprenda que su conducta “se adecuaría al tipo penal, en virtud a que el art. 5 de la Ley 004, que permite la sanción del particular, cuando existe un aprovechamiento de los recursos del Estado, sin establecer cuáles serían esos recursos de los cuales [se favoreció] y menos tener una secuencia con los establecido, tanto en la acusación y menos en la Sentencia” (sic). a esto suma que si bien las instancias precedentes asumieron que “es posible, que un particular pueda ser sancionado, por un delito propio, siempre cuando esta conducta se adecue a la participación criminal contenida en el art. 23 del Código Penal…sin embargo de la lectura de lo estipulado en el art. 5 de la Ley 004, no encontramos de manera taxativa de esta posibilidad, es decir a los fines de que este concepto pueda ser entendido como suficiente, necesariamente en el texto de la norma…se debió establecer por el Legislador este nuevo elemento” (sic).
Sobre el mismo particular, censura que los supuestos beneficios de recursos del Estado de los que él se hubiera beneficiado, “únicamente aparecen a momento de emitir el Auto de Vista impugnado, sin determinarse de cuales recursos [se hubiera beneficiado]” (sic). Suma a ello un presunto actuar oficioso de parte del Tribunal de apelación, a partir de arribar a conclusiones sobre reuniones sostenidas con la señora Zapata Montaño en las que se acordó la construcción de un muro perimetral, enfatizando que se tratase de “aspectos no probados en el proceso, ya que ni los miembros del Tribunal de sentencia y menos los acusadores, conocer cuáles fueron los temas tratados en las reuniones” (sic). Critica, que la Sentencia funde su condena en haber sostenido reuniones con la señora Choque Espinoza y vincularlo con la señora Zapata Montaño, determinando que tales encuentros fueran de orden particular “y que hubieran ameritado la colaboración en la comisión del delito de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos” (sic) penaliza el derecho de reunión garantizado desde el art. 21 de la CPE. Los fines de las reuniones sostenidas con la señora Choque Espinoza, dice el recurrente, tuvieron fines lícitos, como lo hubiera demostrado en el proceso, a través de las notas CICO/DIR/0276-14 de 26 de agosto y CICO/DIR/0259-14 de 26 de agosto.
Plantea la contradicción con el Auto Supremo de 236 de 7 de marzo de 2007, explicando que la doctrina legal aplicable ordena que en la consideración de los delitos debe reunirse todas las condiciones exigidas en el tipo penal sometido a juzgamiento, sin embargo la Sala pronunciante, confirmó la Sentencia en contrasentido a dicho entendimiento, con el antecedente de no haberse demostrado la existencia de daño económico al Estado, “para corregir …esta necesidad de adecuación de la conducta al tipo…expresan que [su] persona o la conducta desplegada se encontraría frente a esta segunda opción que otorga el ámbito de aplicación de la Ley Especial” (sic), reiterando que este razonamiento brinda una aplicación distinta de a lo determinado en el art. 5 de la Ley 004; añadiendo que “a los fines de establecer la presunta comisión de un hecho que se encunet6ra tipificado como delito en la Ley especial, todas las normas que se encuentran en el mismo deben aplicarse, las de carácter directo e indirecto…se deben advertir las normas especiales y vinculadas al ámbito de aplicación, en este caso las reglas de competencia y aplicación de la Ley especial” (sic)
Invoca como precedentes contradictorios los AASS 178 de 17 de mayo de 2006, 221 de 7 de junio de 2006, 67 de 27 de enero de 2006, 205 de 28 de marzo de 2007, todos relativos al principio de legalidad de la Ley penal, sus componentes y manifestaciones en procesos de subsunción, proponiendo que a partir de las situaciones explicadas la Sala Penal Segunda, adoptó una postura contraria a la doctrina legal aplicable contenida en estos precedentes.
2) Refiriendo que a tiempo de interponer su recurso de apelación restringida, reclamó la falta del Tribunal de origen en mencionar los elementos de prueba que significaron su condena además del valor que les fue otorgado, más cuando, el proceso fue motivado por varios hechos. Esa falta de pronunciamiento dejaría en incertidumbre al recurrente, al desconocer los medios de prueba o pruebas que fundaron su culpabilidad así como, cuáles las razones que el Tribunal de sentencia razonó para fundar su condena. En perspectiva del recurso, no otorgar valor a los medios de prueba se encuentra vedado pro la SC 207/2004-R, e infringe las disposiciones contenidas en el art. 124 del CPP; reclamos que no fueron atendidos por el Tribunal de apelación.
A decir del recurrente “los miembros de la Sala Penal Segunda, informaron que se cumplió con todas las exigencias establecidas en el art. 124 del [CPP] por parte del Tribunal inferior…ya que se estaría frente a una resolución que no sería ampulosa pero que sería comprensible” (sic); sin embargo, dentro de las razones de la decisión no contase la mención de la prueba de cargo o descargo, que sirvieron para fundar su condena. Tal omisión, vulneraria el debido proceso (art. 115 parág. II de la CPE) y por ende defecto absoluto no susceptible de convalidación en el marco de la lógica del art. 169 num. 3) del CPP. En este particular invoca coom precedente contradictorio el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004, por cuanto la doctrina legal del mismo ordena que la motivación de las resoluciones debe expresa los elementos de prueba y el valor consignado a cada uno de ellos, aspecto en el que el Auto de Vista impugnado asumió un entendimiento contrario.
3) Bajo el rótulo de “incongruencia entre la parte considerativa y dispositiva” (sic), el recurrente considera que las razones por las que se declaró parcialmente procedente el quinto motivo de su recurso de apelación restringida, esto es reemplazar el término autor por el de culpable en la parte dispositiva dela sentencia, no mereció explicación. Precisa que tal observación se trata de un tema sustancial y no formal, teniendo en cuenta que “a partir de dicho error se llega a la conclusión por parte del Tribunal de que deb [e] sufrir determinada pena” (sic) y por ello merecer atención en el fondo del planteamiento; empero, pese a que el razonamiento correctivo se hallase dentro del Auto de Vista impugnado, el recurso de apelación restringida fue declarado improcedente; tal hecho, en el planteamiento del recurrente, afecta su derecho a conocer determinaciones que sean comprensibles y congruentes. Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 307 de 11 de junino de 2003, transcribiendo un pasaje de su contenido.
4) Explica que los hechos acusados poseyeron varios momentos, enfatizando depósitos realizados en cuentas bancarias de la señora Zapata Montaño y reuniones sostenidas con la misma y la señora Choque Espinoza; explicando que los depósitos se trataron de un reembolso por trabajos profesionales no realizados a completitud. Expone que en audiencia de juicio oral fueron probados tanto la existencia de los trabajos no finalizados como justificados los depósitos, siendo el resultado la absolución por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas. Por otro lado, comprende que su condena fue establecida sobre la existencia de aquellas reuniones, actos que fueron subsumidos al tipo penal de Uso Indebido de Bienes del Estado. Sin embargo -puntualiza- que “a momento de resolver el recurso de apelación restringida, los Vocales de la Sala Penal Segunda, cambian los hechos por los cuales…ejercitó defensa…ya que en todo momento hacen mención a la existencia de reuniones con la señora Gabriela Zapata en dependencias de la Unidad de Gestión Social, para la construcción de un muro perimetral, lo cual no es un hecho que ameritó juzgamiento y menos que haya sido probado” (sic)
Formula que aquella variación de hechos atenta la regulación ordenada por el principio de congruencia (cita la SC 1382/2015-S” de 16 de septiembre), pues “las determinaciones que se van asumiendo a lo largo del proceso, deben seguir una línea en cada una de las determinaciones que se van dictando” (sic) y que en el caso en concreto “no se advierte que en las reuniones que hubiera sostenido…se trató el tema vinculado a la construcción de…muro perimetral, o que [su] persona se haya citado con la acusada para resolver este tema de construir un muro perimetral, en las oficinas de la Unidad de Gestión Social” (sic). Ello significase la existencia de un defecto absoluto no susceptible de convalidación en el tono del advertido del art. 169 num. 3) del CPP, por afectación al principio de congruencia y violación de su derecho a la defensa, teniendo en cuenta que no preparó su defensa en la vinculación de hechos asumidos por el Tribunal de apelación.
II.4. Recurso de casación de Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Previo señalamiento de antecedentes procesales, el señor García Mollinedo representando al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, manifiesta que:
1) El tribunal de sentencia realizó una simple argumentación de lo mencionado por las partes, y ello fue confirmado por los de apelación. Esta afirmación, se haría manifiesta, en sentido que “se acreditó que Cristina Choque en su condición de jefa de unidad, ordenaba que se reciba correspondencia para Gabriela Zapata…por otro lado autorizada el ingreso y uso de estas instalaciones en beneficio de Gabriela Zapata, así como el uso de un vehículo de esta entidad, con el chofer Jimmy Morales Cuba” (sic); empero, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional , afirma que esa decisión es incongruente en la valoración de la sentencia, habida cuenta que “se demostró la influencia por el cargo que tenía y ejercía Pastora Cristina Choque Espinoza, quien autorizaba el uso de ambientes del Salón VIP de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, permitió y autorizó la recepción de correspondencia y el uso de vehículos con chofer dependiente de esa entidad, en favor de Gabriela Geraldine Zapata Montaño y se tiene acreditado que el testigo Sof. Ramiro Conde indicó que dejó de pedir carnet…por orden de Cristina Choque…y fue una influencia directa de la Jefa de Unidad…adecuando su conducta al tipo penal de Uso Indebido de Influencias” (sic); empero sin motivación, se la absolvió por ese delito.
2) Denuncia también que con falta de fundamentación la Sentencia en un mismo acto absolvió a tres acusados por el delito de Asociación Delictuosa, con el argumento de una supuesta contradicción entre ese tipo penal y la complicidad como grado de participación criminal, así como la necesidad de existencia de cuatro o más personas. Tal motivo –prosigue la entidad recurrente- fue reclamado en apelación restringida bajo la forma descrita en el art. 370 num. 8) del CPP, mereciendo una respuesta basada en la sentencia por procedimiento abreviado a favor de Dennis Grundy Rios, por ende carente de un análisis integral de antecedentes, teniendo presente que a tiempo de realizarse audiencia de consideración, dos carteras del Estado presentaron su oposición fundada, que a su turno decantó en la interposición de recurso de apelación restringida, situación que la Sala Penal Segunda “no puede realizar una afirmación de algo que no aconteció” (sic).
A partir de lo expresado, la cartera recurrente afirma que la Sentencia de grado es incongruente vulnerando así el debido proceso (citando al efecto una porción de la SC 1916/2012 de 12 de octubre) dado que “el mismo tribunal de sentencia aceptó procedimiento abreviado de sr. Dennis Grundy y lo condenó a dos años, al ser hallado culpable y autor del delito de Asociación Delictuosa y en grado de complicidad por los delitos de Uso indebido de bienes y servicios públicos y en relación a los acusados Carlos Ramírez, Ricardo Alegría y Walter Zuleta manifiestan que no es coherente la aplicación de una pena como autor y cómplice, contradiciéndose en la misma sentencia emitida, dentro el mismo caso” (sic).
3) De igual forma, denuncia que el Tribunal de apelación no brindó pronunciamiento sobre el reclamo de insuficiente fundamentación y contradicción en el fallo de mérito, en el que se acusó que la absolución de Ricardo Alegría Sequeiros, “…no es lógico que un profesional que haya contratado un supuesto trabajo, tenga que devolver una suma de dinero, cuando dedico tiempo, esfuerzo, planificación y dedicación a una tarea a la cual, estaba conforme la sra. Zapata que se realice, no existiendo una fundamentación clara y concisa sobre este hecho y como se tiene acreditado en juicio oral, la supuesta suma…sería $10.000…y el monto depositado no sería igual al supuesto monto entregado de Bs.68.500 según los mismos datos que cursan en la sentencia” (sic).
Esa variación de montos conduce a la entidad recurrente a aseverar que fue dejada en indefensión por el Tribunal de apelación, entendiendo que “uno de los fundamentos de apelación restringida fue que el monto depositado a Gabriela Zapata fue de Bs. 68.500…suma que al cambio del dólar estadounidense varía en demasía…que demuestra que existió un vínculo económico por demás del umbral de los 10.000 dólares, lo cual en grado de complicidad, aportó en la Legitimación de Ganancias Ilícitas de Gabriela Zapata Montaño” (sic)
II.5. Recurso de casación de Walter Humberto Antonio Zuleta Buitrago.
Invocando los arts. 416 y 417 del CPP, refiriendo que por el entendimiento jurisprudencial de la SC 1092/2014 de 10 de junio, el Tribunal de casación posee competencia para el tratamiento de denuncias sobre defectos absolutos que restrinjan derechos fundamentales y garantías constitucionales, y orientando su reclamo a los efectos de la “Resolución 2762/16 inicialmente y Auto de Vista 32/2018 de 18 de mayo del 2018” (sic), el recurrente expone como motivos en casación:
1) Los Ministerios de Gobierno y Comunicación, pusieron en conocimiento de la Fiscalía que su persona se encontraba radicando en la República del Perú en calidad de solicitante de refugio desde el 15 mayo de 2016, “indicando además que, por ese motivo no pud[o] ser notificad[o] a efectos de asumir defensa de la querella planteada” (sic), de tal cuenta, alega el recurrente que le Ministerio Público tenía conocimiento sobre su paradero en aquel país y no en territorio nacional, “incluso por aseveraciones públicas a medios de prensa y televisión del propio embajador de la República del Perú” (sic); sin embargo, la Fiscalía practicó una notificación por edictos en territorio nacional.
Considera que con tal hecho se infringieron los arts. 161 y 165 del CPP, generando de tal manera un defecto absoluto no susceptible de convalidación en el marco del art. 169 num. 3) del CPP, ámbito normativo en el que cita y transcribe porciones de los AASS 41 de 27 de enero de 2007y 232/2013 de 27 de agosto, así como las SSCC 757/2003-R y 1485-2004-R, en torno a criterios atinentes a las formalidades, fines de la comunicación procesal y consecuencias jurídicas en supuestos de incumplimiento. Precisa que en su caso, “para poder ejercer [su] derecho a la defensa, debía haber aplicado el art. 145 de la norma adjetiva penal y solicitar al juzgado cautelar la cooperación internacional de las autoridades jurisdiccionales del Perú mediante exhorto” (sic).
Manifiesta que esa situación lo dejó en indefensión absoluta, relatando que en etapas preliminar, preparatoria y juicio oral, le fueron notificadas la imputación, acusación y el señalamiento de audiencia de juicio oral, le fueron notificados mediante edictos, “pero no se han emitido los edictos de sentencia 2762/16 emitida el 23 de mayo del 2017” (sic).
Haciendo referencia al criterio jurisprudencial del Auto Supremo 131/2016-RRC de 27 de agosto, formula: (a) producto de las notificaciones en territorio nacional no tuvo conocimiento de la investigación penal, no pudiendo producir prueba de descargo, habiéndose dictado una sentencia condenatoria que le causa perjuicio directo; (b) el estado de indefensión se dio por el accionar del Ministerio Público quien conocía que su persona radicaba en la república del Per{u en calidad de solicitante de refugio; (c) producto de la ilegal notificación se continuó con el proceso sin defensa alguna, perjuicio que fuera concreto, grave y demostrable en el entendido que no existe en la tramitación de la causa prueba alguna de descargo; (d) el vicio procesal es “argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente, pues recientemente…tomó conocimiento extraoficial del proceso penal, siendo el presente incidente de nulidad el primer actuado procesal” [sic], ante el abandono del defensor de oficio asignado, del cual señala no hizo actuación en su defensa.
2) Considera también que en su caso se vulneró “la característica de amplitud del derecho a la defensa” (sic) explicando que fruto de la notificación extemporánea realizada por el Ministerio Público, fue dejado en indefensión sin que haya tenido asignado un abogado particular o de oficio durante la etapa de investigación preliminar, precisando que toda una etapa del proceso penal, su persona no pudo desvirtuar la querella. En ese tren de ideas, advierte que “el abogado defensor de oficio designado primero por el juzgado cautelar y posteriormente por el tribunal de sentencia no realizó ningún acto de defensa efectiva…llegando incluso a permitir que se…aplique una pena de autor, cuando la misma sentencia [se lo] califica de cómplice” (sic).
Alega también, que el defensor de oficio “simplemente se limitó a cumplir una formalidad en el proceso penal para facilitar la condena mal aplicada…y rehusar a pedir aclaración, complementación y enmienda, hasta la presentación de la apelación” (sic), esta inactividad, expone el recurrente, es verificable en audiencia conclusiva, dado que defensor de oficio no tuvo oposición alguna, “pudiendo en dicha etapa procesal haber interpuesto incidente de nulidad observado la notificación por edictos en territorio nacional, cuando la fiscalía tenía pleno conocimiento que…radicaba en Perú” (sic), actitud que hubiera sido persistente a tiempo de la audiencia de 23 de mayo de 2017, en la que la defensa de oficio “ni siquiera…planteó una teoría fáctica…y al momento de plantear incidentes y excepciones, simplemente se limitó a indicar que tampoco va a ‘plantear ningún incidente’, así como la excepción de extinción de la acción penal por prescripción” (sic).
Estos hechos, conforme la relación del recurso, configuran violación al derecho a la defensa garantizado por el art. 115 parág. II y art. 119 parág. II de la CPE, generando en consecuencia defecto procesal absoluto en el marco del art. 169 num. 3) del CPP.
3) Censura la postura del Auto de Vista 32/2018, que ratificó la subsunción efectuada en sentencia sobre el delito de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos en grado de complicidad, cuando la única posibilidad de condena sobre un delito propio la tenía la coacusada Cristina Choque, situación en la que se estaría condenando a su persona en grado de “cómplice, de la cómplice” (sic).
Prosigue en sentido, que ni en la sentencia menos en el Auto de Vista se determinaron hechos, fechas precisas ni horarios de sus dos visitas a oficinas públicas, como tampoco se presentó prueba de ingreso simultáneo con las personas supuestas víctimas. Opina que incluso, la coacusada Choque Espinoza, no pudo establecer pormenores y detalles sobre sus dos visitas, “suponiendo que estaba en calidad de gestor de alguna situación o de dirigente deportivo” (sic). Señala también que no se estableció la existencia de comunicaciones telefónicas entre su persona y la coacusada nombrada, lo que conduce a suponer que “la suposición de complicidad es completamente inexistente” (sic). Asegura que no es posible se le atribuya responsabilidad cuando sus actuaciones en oficinas públicas sean resultado de la intuición, sin determinarse por qué las mismas eran hechas; HAAG, fue el único testigo y víctima del cargo atribuido, testimonial de la que claramente se desprende la existencia de una reunión en oficinas del recurrente “pero no probando la entrega de ningún tipo de beneficio…en oficinas estatales” (sic). En ese marco, describe que de la declaración del testigo Grundy, se desprende que “Zapata no era funcionaria pública ni tenía oficina en dependencias del Estado…pero nunca establece cuantas veces se reunión con [su] persona” (sic). Finaliza, expresando que no solamente fue establecido el cumplimiento de labores profesionales de abogado en las que sus oficinas fueron el lugar de la constitución de una Cámara de Juegos, con documentación y tramitación inherente “como se realiza en toda oficina de abogados, domicilio laboral, normal de todo abogado” (sic).
4) Califica como hechos no probados que determinarían la inexistencia de prueba que sostenga culpa en su contra: (a) los ingresos simultáneos al Ministerio de la Presidencia u oficinas del recurrente, extractadas de lo dicho por los señores Grundy y Alegría, que a más de ser contradictorias, son calificadas por como meras conjeturas; (b) no se estableció los tipos de negociaciones que lo hubieran beneficiado o datos que determinasen su ilicitud; (c) no se estableció que se entregase a su persona ningún monto de dinero ni que se haya beneficiado con alguna supuesta negociación, no se halló ningún tipo de depósito a favor suyo ni se estableció beneficios provenientes de los supuestos acuerdos en dependencias de la entidad ministerial; (d) no se probó la relación de cómplice con los autores, pues los ingresos en dependencias fueron ocasionales y sin motivo de sostener reuniones con terceros particulares; (e) las consideraciones elaboradas sobre su condición de abogado, conculca sus derechos al trabajo y la presunción de inocencia; (f) no se establecieron las circunstancias en las que se ausentó del país, para calificársele de prófugo, ello, teniendo presente que “está claro que [ha] rehusado a someter[se] a una investigación donde se [lo] daba por sentenciado en forma adelantada y se [le] ha negado el debido proceso y se ha ejercido presión por parte de seis ministerios del poder ejecutivo, además de persecución a [su] propia esposa e hijos, allanamiento y otros delitos menores y en el ejercicio de [su] profesión de abogado” (sic).
5) Bajo el rótulo de “errónea interpretación del delito de contribuciones y ventajas ilegítimas art. 228 Código Penal y en calidad de cómplice” (sic), el señor Zuleta Buitrago, explica que su accionar se limitó a la prestación de servicios de abogado a la señora Zapata Montaño y el testigo HAA, caso último en el que la relación se encaminaba a establecer una cámara de juego; que nunca participaron terceras personas en la adecuación de dichas conductas; que no contaba con antecedentes penales anteriores al enjuiciamiento; que “no se ha establecido acción legal alguna de la principal testigo de cargo y víctima HAA al haberse sentido víctima de presunta estafa y con sus derechos conculcados ya que podía haber demandado alguna acción…ate las instancias pertinentes…sobre la supuesta situación…o al menos su malestar por el supuesto pago” (sic).
Sobre el mismo particular, agrega que, “nunca se entregó a la sra. Zapata delante [suyo] una supuesta cifra…para pago de honorarios de abogado en [su] favor, no existiendo recibo alguno como prueba” (sic); no se comprobó la idoneidad de la víctima que funge como principal testigo contra el recurrente, más cuando pesaría sobre éste detención preventiva emergente de un proceso penal; más allá de los pagos por honorarios profesionales no se probó la existencia de pagos ilícitos o indebidos, como tampoco –afirma el recurrente- solicitó pago alguno por motivo alguno; no se estableció que haya sido funcionario público, “ni que tuviera relación alguna en el tiempo. No es cierto ni se ha probado que hubiera reportes de llamadas a los sindicados” (sic).
6) Manifiesta como reclamo, el hecho que la sentencia declarase la culpabilidad por presunta materialización de conductas ajenas a la hipótesis del art. 11 parág. I, num. 2) del CP, omitiendo eximir la responsabilidad por ese aspecto. Manifestando también que no se aplicaron las causales de atenuación de la pena salientes de los arts. 37, 38 y 40 del CP. En suma tales reclamos, constituyeron infracción sobre el marco del art. 370 num. 5 del CPP.
7) Igualmente califica que la Sentencia, contiene el defecto del art. 370 num. 6) del CPP, toda vez que, el argumento de fijación de la pena, se halla basada en argumentos conjeturales que lo declarasen “cómplice de cómplice con responsabilidad plena en ambos casos” (sic) habiendo aplicado en esa labor el art. 44 del CP, algo que, conforme expone el recurso, fuera “error de apreciación de la participación criminal del art. 23…donde se señala…que la sanción será atenuada conforme al art. 39 del mismo Código” (sic).
8) Expresa que la Sentencia se basa en hechos no debatidos en juico, como ser, que no se ha logrado establece r beneficios de tercero como cómplice de la comisión del art. 228 del CP; la concurrencia de causales eximentes, no fueron debatidas en juicio oral, “habiendo sido sorprendidos por el Juez a momento de dictar sentencia con la inserción de ese argumento como cargo de responsabilidad penal” (sic); no se estableció la existencia de ninguna ventaja lograda.
En este punto señala el señor Zuleta Buitrago, que la errónea aplicación “consiste en no analizar e incluir cada una de las cinco modalidades descritas en [el art. 11 del CP] tiene la peculiaridades que no se ajustan a la condición de abogado” (sic) pues las cinco condiciones contenidas no se vinculan con el ejercicio de la profesión de abogado y sus particularidades.
II.6. Recurso de casación de Pastora Cristina Choque Espinoza.
Aduciendo que el Auto de Vista que recurre es contrario a la Convención de Derechos Humanos, a la Constitución Política del Estado y las Leyes, describiendo el marco jurisprudencial que sobre el principio de convencionalidad tuviera razonado -entre otras- por la SC 110/2010 de 10 de mayo, en torno a la aplicabilidad preferente del catálogo normativo descrito por el art. 410 de la CPE, y luego de esbozar comprensiones sobre el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la señora Choque Espinoza planeta como motivos de casación:
1) Considera que el Tribunal de origen estableció su culpabilidad “por el incumplimiento de deberes situación ocurrida de igual manera en el supuesto proceso interno sumario” (sic), y a su turno el Tribunal de apelación, no tomó en cuenta tales extremos, sino al contrario, “utiliza los mismos argumentos para establecer que el trabajo del tribunal a quo se habría enmarcado en la norma” (sic). Señala que el abordaje y los argumentos de fondo adoptados por la Sala Penal Segunda, transgredieron el principio non bis in ídem, tal como lo señalase los arts. 1.1 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como lo atinente del caso Loayza Tamaño, y el caso Gradinger c/ Austria de la Corte Europea de Derechos Humanos, pues los tribunales inferiores asumieron convicción de su condena “sobre un hecho ejecutado a instancia administrativa tomando como delito el uso indebido de bienes del Estado y servicios públicos, de igual manera debe ser ejecutado en la vía penal” (sic).
Manifiesta que el marco legal de derecho administrativo formado por la Ley 1178 [arts. 1 inc. c) y 21 inc. a)], y el Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1992, atinentes a la responsabilidad por el ejercicio de la función pública, así como, la obligatoriedad de información fundamentada dentro del contenido de los informes de auditoría en lo que es la forma de autorización del uso indebido de bienes, servicios y recursos que causaron daño económico al Estado, entre otros elementos, conjuntamente los anteriores argumentos no fueron objeto de consideración, ni por la Sentencia de grado ni por el Auto de Vista recurrido, “lo que implícitamente se tiene una mala adecuación del tipo a la conducta lo que se traduce en una incorrecta aplicación del inciso 1 del art. 370 del CPP” (sic).
2) Planteando que “la preclusión en cuanto a los proceso si puede ser revisable siempre y cuando vulneren y violen el derecho a la defensa” (sic), considerando existir una suerte de “dicotomía entre lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la legislación interna del Estado Boliviano” (sic), denuncia la presencia de irregularidades procesales que vulneraron su derecho al debido proceso:
2.1. “Se incorpora en la sentencia el nombre de Sigfrido Antelo Suarez y Alberto Soto siendo que jamás este declararon en etapa de investigación y en juicio oral, lo que presume que no tenían relación alguna con Cristina Choque Espinoza” (sic) , con lo cual se tendría demostrado la existencia del defecto descrito en el art. 370 num. 4) del CPP; a continuación transcribe una porción del Auto Supremo 300/2016 de 21 de abril.
2.2. En el caso de la atestación de Bruno Rubí, a partir de lo plasmado en Acta de audiencia de 30 de marzo de 2017, no es comprensible las razones que adoptó el Tribunal de sentencia para “tomar convicción redactando que el ‘Lic. Bruno Carlos Rubí Mendoza, habría dirigido un sobre a Gabriela Zapata Montaño…aspecto ratificado por [el mismo]’” (sic); esta descripción conduce a la señora Choque Espinoza afirmar que se incurrió –de nueva cuenta- en el defecto descrito en el art. 370 num. 4) del CPP.
2.3. De la prueba signada como MP-140, que fue “informe de flujo de llamadas entrantes y salientes” (sic) si bien fue considerado en Sentencia, “sin embargo de la lectura del mismo no se tiene que se llegue a mencionar o a individualizar a Cristina Choque Espinoza” (sic), reflejando la existencia del defecto descrito en el num. 6) del art. 370 en el CPP, recayendo también en el entendimiento jurisprudencial del Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, del cual se reprodujo un pasaje, solicitando “que la mentada determinación sea nuevamente resuelta conforme los alcances de la doctrina legal aplicable y el adjetivo penal” (sic).
2.4. Reclama la señora Choque Espinoza que la prueba MP-150, referida al flujo de llamadas telefónicas de los acusados y su frecuencia, “jamás fue judicializada pero es utilizada en la sentencia como elemento de convicción” (sic); observando también que dicha prueba no fue introducida por su lectura, siendo ello demostrable en la revisión del Acta de juicio. Expresa que tal aspecto se adecua a la previsión del art.- 370 num. 6) del CPP, así como contradice lo expresado en el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007.
2.5. Declara la recurrente que su testigo de descargo, MZP, contaminó el juicio oral, al haber estado presente en el curso de su realización, a pesar de, el tribunal de sentencia conminar su abandono, y advertir que ello sería tomado en cuenta a momento de dictar resolución. Sustento de lo dicho, transcribe la parte correspondiente al 21 de marzo de 2017, del Acta de audiencia.
3) Exponiendo extractos de Sentencias de la Corte Constitucional de la República de Colombia, en torno al deber de motivación en las resoluciones judiciales, la señora Choque Espinoza, alega que:
3.1. Sobre lo atestado por HAG, la sentencia habría cambiado el sentido de lo depuesto, “introduciendo afirmaciones que no se hizo en audiencia como la supuesta conformación de la Cámara de Juegos en una reunión de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social cuando las respuestas…afirman y reiteran que solo fue a presentar un proyecto por iniciativa propia a sabiendas de que no era la instancia correcta, además afirma que no se concretó nada de lo propuesto, haciendo énfasis de que no realizó otras gestiones en la referida oficina” (sic). de igual manera la recurrente cuestiona las conclusiones arribadas en la Sentencia a partir de lo declarado por el testigo Dennys Grundy Ríos, en sentido que se la vinculase con el mismo de forzadamente, cuando el mismo “no indica ni señala conocer a la Sra. Choque y afirma no haberse reunido con ella, sino con otras personas…” (sic).
Considera, como afectación al debido proceso el no haber sido notificada con la resolución de procedimiento abreviado pronunciado a favor de Dennys Grundy Ríos.
3.2. Argumenta que “al no ser 4 personas ni demostrar vínculo con los acusados” (sic) la recurrente tendría que ser excluida en relación al delito de Asociación delictuosa. A tal fin, transcribe parte del Acta de 29 de marzo de 2017, en lo que fuera una porción de lo depuesto por Dennys Grundy Rios, para luego señalar que “el fallo de primera instancia y su ratificación no ha agotado la interpretación de las normas jurídicas que generan la convicción del hecho delictivo, y tampoco realiza una explicación entre pruebas y hechos, simplemente se limita a determinar que existen elementos que comprueban el hecho, pero no los enuncian no los advierten ni tampoco como estos lograron incriminar [la]” (sic).
Agrega que de “convalidarse estos extremos el estado boliviano nuevamente se vería en una situación compleja, habida cuenta que en el proceso Lupe Andrade contra Bolivia, la Corte estableció la responsabilidad del Estado ya por falta de fundamentación por parte de sus autoridades jurisdiccionales” (sic).
3.3. Manifiesta que por el Auto Supremo 410/2014 de 21 de agosto, la configuración del delito de Incumplimiento de Deberes, se articula en una conducta omisiva y dolosa, relativa a actos propios de las funciones del agente (previstos de manera positiva), siendo necesario que retarde, rehúse u omita cumplirlas; denunciando que en autos tanto los Tribunales de sentencia y apelación “no motivaron y fundamentaron…en relación a todas las características que debía cumplir el tipo penal…hecho que daña y vulnera el principio de máxima taxatividad expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (sic).
4) Denuncia que en el Auto de Vista 031/2017, revalorizó prueba, pues “toma en cuenta prueba no utilizada por la sentencia para [h]allar convicción y culpabilidad de la acciones supuestamente cometidas” (sic), ello, en el entendido, que el Tribunal de alzada comprendió que el deber legal por el cual se subsumió el delito de Incumplimiento de Deberes, se vinculó a la permisión de ingreso de los denominados trabajadores sociales comunitarios a dependencias del Ministerio de la Presidencia. La señora Choque Espinoza, asegura que tal hecho transgredió principios elementales del proceso penal, tales como la inmediación, la contradicción, entre otros, contradiciendo de tal manera la doctrina legal del Auto Supremo 039/2016 de 21 de enero, del cual replica un fragmento.
II.7. Recurso de casación de Carlo Marvin Ramírez Aramayo.
Previa reseña de los antecedentes del proceso, relatando cuestiones inherentes a los hechos que le fueron endilgados, el tratamiento que las instancias inferiores brindaron a sus reclamos, invocando la aplicación del principio de convencionalidad, descrito desde la SC 110/2010 de 10 de mayo, el señor Ramírez Aramayo, explica:
1) El Tribunal de sentencia, obró de manera contraria a las consideraciones que sobre la confesión y la falta de aceptación del imputado, tiene vertido la CIDH a través de su labor interpretativa del art. 8 num. 3) de la CADH. Considera el casacionista que ese tribunal “halla convicción de [su] culpabilidad sobre su propia declaración, sin que ella sea aceptada por el mismo” (sic), en sentido del relato sobre reuniones mantenidas con las coimputadas Choque Espinoza y Zapata Montaño.
Tal situación es calificada como una dicotomía al interior de la Sentencia y contraviene lo resuelto por la CIDH en los casos Maritza Urrutia vs. Guatemala, y, Cabrera Garcìa y Montiel Flores vs. México, así como, “intrínsecamente sería contrario al artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos” (sic) como también constituiría un defecto conforme el art. 370 num. 5) del CPP. En perspectiva del recurso el Tribunal de apelación “no lo considera agravio desconociendo el principio iura novit curia” (sic).
2.1. Califica como dudoso, la supuesta variación de lo testificado por BCM, quien conforme un extracto del acta de juicio de 23 de mayo de 2017, afirmase haber dejado en oficinas de la Unidad de Gestión Social un sobre manila sin rotular, empero, la Sentencia consignó este dato en el siguiente sentido “habría dirigido un sobre a Gabriela Zapata Montaño” (sic). Lo descrito, en perspectiva del recurso incurre en el defecto explicado en el art. 370 num. 4) del CPP, ámbito en el que el recurrente apoya su afirmación en un extracto del Auto Supremo 300/2016 de 21 de abril.
2.2. “…incorrecta aplicación de la Ley 004 sin considerar la Convención de Naciones Unidad de Lucha contra la Corrupción, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y el principio de máxima taxatividad” (sic), toda vez que, el Estado boliviano elevó a rango de Le el primer Convenio a través de Ley 3068 de 1 de junio de 2005, se halla obligado al cumplimiento de su art. 15, en el cual limita la aplicabilidad de los delitos de corrupción siendo únicamente atribuible a funcionarios públicos; en igual sentido el art. 6 del segundo instrumento, ratificado por Bolivia por medio de Ley 1743 de 15 de enero de 1997. A partir de tal esquema normativo, sumado al art. 21 de la Convención de Mérida, el recurrente manifiesta que fue “quebrantada por el Tribunal de primera instancia que trata de asimilar un delito de función pública a una persona privada, lo que derivaría en una inadecuada tipicidad en cuanto al hecho toda que una convención solo establece que los verbos rectores de la conducta lesiva pueden derivados de actividades financieras, económicas y comerciales, no siendo una causal el reunirse en un establecimiento de carácter público o tener una amistad cercana con alguien para determinar su culpabilidad” (sic).
Lo expresado conduce –dice el recurrente- a considerar la existencia de una inadecuada aplicación del art. 370 num. 1) del CPP, habida cuenta que el análisis que el Tribunal de apelación adopta en torno a la aplicación de la Ley 004 fue realizada bajo “un análisis antojadizo [y cuya] argumentación…no tiene asidero en norma, jurisprudencia o doctrina lo que determina que ducha vertiente simplemente recae en su propio entendimiento” (sic).
II.8. Recurso de casación del Ministerio de la Presidencia
Luego de una extensa relación de antecedentes sobre datos de la investigación, aspectos referenciales de la sentencia, una descripción de puntos aparentemente relevantes del Auto de Vista y la transcripción de una extensa porción del Auto Supremo 592/2009 de 21 de diciembre, Juan Marcelo Zurita Pabón como apoderado del Ministerio de la presidencia, en casación plantea como motivos de su recurso:
1) Considerando que el tipo penal de Uso Indebido de Influencias, es caracterizado por la preexistencia de una suerte de poder de disposición que le permita al agente influenciar a otra persona a que realice una determinada actividad, se comprendería que “el delito se consuma cuando la influencia se la realiza para obtener un beneficio propio o a favor de un tercero” (sic), aspecto en el cual el tipo penal se identificase por la obtención de ventajas o beneficios aprovechando el cargo, y, el uso indebido de influencias derivadas del cargo.
El Ministerio de la Presidencia por medio su representante, alega que el Auto de Vista impugnado, al no haber reconocido la comisión del delito de Uso Indebido de influencias en la imputada Choque Espinoza (afirmando no haberse probado las ventajas o beneficios), y, de tal situación derivar el grado de complicidad sobre ese delito para el caso de los coimputados Zapata Montaño, Carlo Ramírez y Ricardo Alegría, configuran errónea aplicación de la Ley sustantiva, asumiendo que ello condujese a la transgresión de la tutela judicial efectiva en el orden del art. 115, 121 de la CPE y los arts. 11, 76.3, 79 y 341.II del CPP.
Agrega que el yerro incurrido por el Tribunal de apelación, fue también presente en la Sentencia de grado, habida cuenta que en la absolución de la señora Choque Espinoza por el delito de Uso Indebido de Influencias, no fueron considerados que: [a] el ámbito de protección de ese tipo penal “tiene que ver con el entendimiento patrimonialista de la función pública…lo cual deriva en una especie de abuso o desviación del poder” (sic); [b] los verbos rectores del tipo penal son el aprovecharse y usar, manifestándose “como una declaración de voluntad...como único fin el obtener una ventaja o beneficio, sin mayor calificación cuantitativa o cualitativa” (sic); [c] nos e consideró la influencia descrita en el tipo penal, teniendo presente que ella no “equivale a un comportamiento coercitivo que anule la voluntad del interlocutor” (sic); [d] “el logro de ciertas finalidades…se constituye en el elemento normativo del tipo penal…elemento que está compuesto por todo tipo de conductas contrarias al ordenamiento jurídico” (sic).
En autos el Tribunal aplica erróneamente el art. 146 del CP, pues: [i] se “impone de facto, presupuestos en el tipo penal…no contemplados en ese norma, que tiene que ver que le influenciad indebidamente, sea dependiente directo del servidor público que influencia y respecto al caso, omite el contexto general, circunscribiéndose a que el beneficio sea poder ingresar a un entidad sin registrarse” (sic); [ii] se tuvo comprobado que la señora Choque Espinoza, era jefa de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, carga de relevancia jerárquica al interior de la institución matriz, y por ende “conforme la acusación formal, un miembro de la policía era el influenciado…bastando la influencia moral (no necesariamente jerárquica de la acusada sobre el mismo)….por lo cual, incuso en la hipótesis mínima de la acusación del Ministerio Público, se ha configurado el tipo penal” (sic);
No se consideró que indistintamente el origen la pretensión punitiva proviene de dos fuentes, de lo cual teniendo presente que la acusación particular amplió la calificación jurídica en contra de la señora Choque Espinoza por el delito contemplado en el art. 146 del CP, el apoderado del Ministerio de la Presidencia, considera que “el Tribunal incurre en errónea aplicación de la Ley, en su modo de errónea calificación de los hechos” (sic), toda vez que: [1] se comprobó que la señora Zapata Montaño, hacía uso indiscriminado de los ambientes y vehículos de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social para reunirse con terceras personas, concretando aspectos ajenos a la entidad, a partir de la permisión ilegal de la señora Choque Espinoza; [2] el Tribunal no consideró que dicha persona aprovechó de las funciones que ejercía para permitir el uso indiscriminado de bienes a favor de la señora Zapata Montaño, además de comprobarse que participaba en las reuniones con terceras personas y con fines ilegales; no se tuvo presente también que “de no tener el cargo que ejercí, no hubiera podido desplegar esa actividad delictiva…bastando el predominio moral sobre los demás, que se da por el cargo que tenía y al ser la autoridad de mayor rango jerárquico de dicha unidad y siendo que esos ingresos y la finalidad de los mismos, son por si mismos contrarios al ordenamiento jurídico, comisión de otros delitos ya comprobados y calificados, termina de establecer lo indebido de la influencia” (sic); [3] el Tribunal yerra en considerar que sólo el ingresar a una Unidad sin registrarse sería una ventaja, cuando se ha establecido que la influencia debe ser indebida, en su más amplio aspecto, no se tuvo presente que “se benefició a Gabriela Zapata Montaño, al otorgarle los medios para forjar su imagen como persona de alta influencia en el estado, como una especie de servidora pública siendo el uso de bienes y servicios del estado y las contribuciones y ventajas ilegítimas, el beneficio recibido, a costa de las influencias y el aprovechamiento de las mismas” (sic).
En perspectiva del recurso, esta situación se trata de “un defecto de puro derecho” (sic) de lo cual manifiesta que el mismo debe ser corregido por el Tribunal superior en grado conforme los arts. 413 y 414 del CPP,
2) Como segundo motivo, el Ministerio de la Presidencia plantea “errónea aplicación de la Ley en cuanto al delito de uso indebido de influencias en el grado de complicidad de los acusados Gabriela Zapata Montaño, Carlo Marvin Ramírez Aramayo y Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros” (sic), bajo el argumento que la Sentencia (Parte I, puntos 3ro, 5to, 5.1, 5.3 y 5.5) develase que “los hechos relacionados a que Pastora Cristina Choque Espinoza, se aprovechó de su cargo y ejerció indebidas influencias para beneficiar a Gabriela Zapata Montaño…no solo se dio en la actividad interna…sino que se dio también para fortalecer [su] imagen…ante terceros como una persona de influencia en esferas del Estado que podía conseguir y gestionar distintos trámites…” (sic). Esta relación de datos deriva en la afirmación que “la acusada Zapata Montaño y los coacusados…Ramirez Aramayo y…Alegría Sequeiros también incurrieron en ese delito pero en el grado de complicidad…respetando y aplicando los principios básicos que rigen ese grado de autoría especialmente el de accesoriedad” (sic)
Agrega que por la calidad de delito propio, la comisión por parte de la imputada Choque Espinoza contó con la cooperación de los coimputados arriba nombrados “cumpliéndose con el principio de accesoriedad, mediando una comunidad de acción constituyendo que la actividad de los acusados referidos fueron un aporte al hecho de la autora principal” (sic); a ello se suma, el elemento subjetivo necesario en la complicidad que fuera “la intencionalidad en otorgar la cooperación…puesto que eran plenamente conscientes de la facilidad o cooperación que brindaban” (sic).
Al considerarse, en perspectiva del recurso, “un defecto de puro derecho” (sic) insta que el mismo debe ser corregido por el Tribunal superior en grado conforme los arts. 413 y 414 del CPP.
3) En el tercer motivo la entidad recurrente argumenta que existió errónea aplicación de la Ley en cuanto al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas en relación al acusado Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros, por cuanto lo refrendado por el Tribunal de apelación sobre los depósitos realizados por éste a favor de la señora Zapata Montaño provenientes de la construcción de un muro perimetral, y la subsecuente condición de delito no probado, configura tanto aquel defecto como la transgresión a la garantía de tutela judicial efectiva.
El Ministerio de la Presidencia, arguye que su postura es comprobable, teniendo presente que: [i] el ámbito de protección del delito fuera la “intencionalidad de ocultamiento de la real procedencia de los bienes…y con ello de la perpetración de los ilícitos que los han producido” (sic); [ii] este tipo penal configura un “encubrimiento por ocultación” (sic) y el comportamiento que lo provoca debe poseer el fin específico de dotar de apariencia de legalidad al dinero o bienes adquiridos en la comisión de actos delictuosos.
En el caso concreto, la entidad recurrente manifiesta que el Tribunal aplicó de manera incorrecta el art. 185 bis del CP, omitiendo sin fundamento los alcances de la acusación particular, pues se circunscribe al simple hecho que la señora Zapata Montaño “habría manipulado al acusado Alegría para que este deposite como el caso de otros terceros o testigos” (sic), omitiéndose “que Alegría y Zapata estaban íntimamente allegados`…ya que ambos fueron condenados por el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, pos los hechos que sustentan este delito, se tiene que ambos sostenían reuniones en reuniones junto a Cristina Choque, es decir había colusión entre ellos y los depósitos de Alegría no fueron aislados y sorprendido en su buena fe, ya que sabía de las actividades ilícitas de Zapata” (sic).
ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial
impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.
Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales.
Con relación al primer requisito respecto al plazo para la interposición del recurso de casación, se evidencia conforme los datos consignados en el punto I.1.c) del presente fallo que todos los recursos de casación presentados en la presente causa, observaron el plazo de cinco días que establece el art. 417 del CPP, cumpliendo con el requisito temporal previsto en la citada norma, por lo que corresponde verificar los demás requisitos de admisibilidad.
IV.1. Recurso de casación de Jimmy Ysrael Morales Cuba.
Con relación al primer motivo del recurso de casación sujeto a análisis, se advierte que el recurrente en el ámbito del principio de convencionalidad, alega la existencia de vulneración del principio non bis in ídem, refiriendo en lo sustancial que su condena no corregida por el Auto de Vista impugnado, estaría basada en un proceso interno sumario del cual emergió la convicción para ser declarado autor del delito de Uso Indebido de Bienes del Estado y Servicios Públicos, cuando el proceso administrativo reveló las mismas conductas que fueron juzgadas en el proceso penal, generándose en consecuencia una incorrecta aplicación de la norma conforme el art. 370.1) del CPP; a cuyo efecto, el recurrente basa su planteamiento en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Loayza Tamayo contra Perú.
Sobre el particular, la Sala asume que si bien es posible la consideración de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución de un recurso de casación en el marco del principio de convencionalidad, dadas las exigencias previstas por el legislador en el art. 417 del CPP, además de la labor de contraste que la ley le asigna a este Tribunal en la resolución de los recursos de casación, ello no exime a la parte recurrente cuando pretende basar su pretensión en fallos internacionales, señalar la contradicción en términos precisos entre lo resuelto por dicha Corte con la determinación asumida por el Tribunal de alzada a partir de la debida identificación de una situación de hecho similar, pues resulta insuficiente plasmar en el planteamiento de casación el criterio que hubiese asumido esa Corte en cuanto a una temática o problemática en particular, sino proporcionar argumentos suficientes sobre su aplicabilidad al caso concreto, esto es la pertinencia del precedente con base a la analogía que sirve de base a la semejanza del caso de su origen y el caso en el cual se invoca, criterio que se asume en consideración al asumido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al precisar respecto a la cuestión de causales de admisibilidad señaló que: “Conviene retomar en su integralidad el siguiente pronunciamiento: `Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado.” (Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, § 126, Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, § nota de pie n° 30, Corte IDH. Caso Canales Huapaya y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2015. Serie C No. 296, § 99).
En el caso de autos, se verifica que el recurrente se limita a glosar parcialmente una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que resulte suficiente a los fines de contar con insumos necesarios para que esta Sala desarrolle la labor de contraste, al establecerse que el recurrente se limita a destacar un criterio sin la precisión fundada de la contradicción existente con el Auto de Vista impugnado, imposibilitando el análisis de fondo del presente motivo.
Respecto al segundo motivo de casación, se verifica que en su planteamiento el imputado de manera indistinta hace referencia a la Sentencia emitida en la causa y al Auto de Vista que resolvió el recurso de apelación restringida, cual si se tratasen de resoluciones judiciales similares, al cuestionar aspectos de manera conjunta que en todo caso están dirigidas al contenido de la sentencia como la falta de contrastación de su conducta con las pruebas, el uso de la prueba MP-127, la interpretación a las normas jurídicas que generaron la convicción del hecho, así como la falta de explicación entre pruebas y el hecho, cuando en todo caso correspondía impugnar de manera clara, precisa y fundada, la decisión y sobre todos las razones que la sustentaron y que fuera asumida por el Tribunal de alzada a través del Auto de Vista que resolvió la apelación restringida, que en definitiva es la resolución susceptible de ser impugnada de casación, teniendo en cuenta que la estructuración del recurso de casación en sí mismo, constituye el medio recursivo para impugnar un Auto de Vista, entendido como la resolución que decide sobre la apelación de una Sentencia; es decir, el acto impugnativo intermedio entre la Sentencia y la instancia casacional, tal como se desprende del art. 416 del CPP, cuando señala que el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia.
Por otra parte, se evidencia que el planteamiento así formulado denotaría la concurrencia de defectos que se hubiesen producido en la emisión de la sentencia emitida en la causa; sin embargo, el recurrente invoca el Auto Supremo 410/2014 de 21 de agosto, que no fue invocado en apelación restringida, lo que supone la inobservancia del art. 416 segundo párrafo del CPP, que establece: “El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida”, razón por la cual ante esta evidente falencia recursiva sumada al análisis desarrollado en el párrafo anterior, se hace inviable el análisis de fondo del presente motivo.
IV.2. Recurso de casación de Gabriela Geraldine Zapata Montaño.
En el primer motivo de casación, referido a que el Tribunal de alzada hubiese convalidado actividad procesal defectuosa, se verifica que la recurrente plantea ocho problemáticas, de las cuales en las dos primeras sostiene que el Tribunal de alzada no hubiese analizado sus denuncias respecto a la proposición de prueba pericial y la falta de materialización de la audiencia de inspección, limitándose a sostener que en el primer caso concurriría el defecto previsto por el art. 169 numeral 3) del CPP, sin mayor fundamentación que permita establecer el perjuicio o agravio ocasionado, más cuando se alega una gravedad sin proporcionar mayores insumos que permitan la consideración de fondo de ambos planteamientos. En el tercer punto referido a la alegada vulneración del art. 334 del CPP, se advierte que la recurrente sin mayor argumentación se limita a sostener que dicho aspecto en apelación tampoco hubiese sido valorado adecuadamente por el Tribunal de alzada, dando a entender que si hubo un pronunciamiento en apelación, sin proporcionar mayores elementos o información básica para comprender las razones por las cuales no se hubiese efectuado una valoración adecuada sobre dicho reclamo en apelación, imposibilitando el análisis de fondo de esta temática ante una omisión atribuible a la recurrente que no puede ser suplida de oficio.
Los puntos cuarto y quinto de este motivo, están destinados a cuestionar la vulneración del derecho a la defensa material y su condena por el tipo penal previsto en el art. 185 bis del CP, bajo dos fundamentos: la falta de precisión del sub tipo penal y la falta de informe de la Unidad de Investigaciones Financieras que denote movimiento económico sospechoso; sin embargo, sus observaciones se hallan dirigidas en el primer caso a la actuación del Tribunal de sentencia y en el segundo al contenido de la Sentencia emitida en la causa y no así al Auto de Vista impugnado que en definitiva dado el sistema de impugnación previsto en la norma procesal penal, resulta la resolución judicial recurrible de casación; en consecuencia, la ausencia de información que debió proporcionar ineludiblemente la recurrente respecto a estas temáticas, pero en cuanto a la actuación del Tribunal de alzada, impide resolver ambos temas en el fondo.
En el punto sexto del motivo, se alega la vulneración de los arts. 123 y 124 del CPP, planteando de manera general que el Tribunal de alzada no se hubiese pronunciado sobre el fondo de todos los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, cuando en todo caso correspondía a la parte recurrente identificar de manera precisa los motivos que hubiesen sido omitidos en su pronunciamiento y en armonía con el análisis efectuado por esta Sala respecto a los puntos 1 y 2, establecer la relevancia o agravio, aspectos que también fueron omitidos por la recurrente incurriendo en una falencia recursiva, que no puede ser suplida de oficio.
En la misma tónica la recurrente en el resto de los puntos consignados en este primer motivo, séptimo y octavo, cuestiona una falta de congruencia entre la acusación y la condena y el incorrecto proceso de subsunción en los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Asociación Delictuosa, dirigiendo sus observaciones al contenido de la sentencia, sin que su argumentación permita identificar cuál fue la actuación del Tribunal de alzada respecto a dichos temas, reiterándose que a través del recurso de casación no se impugnan sentencias sino los Autos de Vista emitidos por las Salas Penales Departamentales en los recursos de apelación restringida.
Ingresando al análisis de admisibilidad respecto al segundo motivo, se verifica que la recurrente en un primer punto denuncia que el Tribunal de alzada no tomó en cuenta el reclamo sobre la variación de los hechos entre acusación y condena, a cuyo efecto cita una Resolución emitida por el Tribunal Constitucional que de acuerdo al uniforme y reiterado entendimiento asumido por esta Sala no constituye precedente contradictorio a los fines del recurso de casación, además de limitarse a la cita del Auto Supremo 049/2016-RRC de 21 de enero de 2016, sin precisar en qué consiste la contradicción con el Auto de Vista recurrido, incurriendo en una omisión que no puede ser suplida de oficio menos con la simple invocación de defectos absolutos.
Respecto al punto segundo de este motivo, se tiene que la recurrente dirige sus cuestionamientos a la respuesta que el Tribunal de alzada hubiese otorgado a su denuncia de que la sentencia no cumplía con una debida fundamentación, entre los hechos acusados y los sentenciados, así como entre lo probado y lo concluido, para plantear inicialmente que dichos cuestionamientos no habrían sido valorados y analizados, para luego glosar la respuesta que hubiese otorgado el Tribunal de apelación, lo que genera poca claridad en el planteamiento, porque en principio se da la impresión de una probable incongruencia omisiva y luego de una falta de fundamentación, que son problemáticas excluyentes; en cuyo mérito, ante la imposibilidad de comprender el contenido del reclamo formulado por la recurrente, no corresponde su análisis de fondo.
El tercer punto de este motivo, está referido a los cuestionamientos que hace la recurrente al accionar que debió asumir el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el defecto de sentencia con base al art. 370 num. 6) del CPP, pues refiere que debió fundamentar si la sana crítica fue correctamente aplicada conforme el entendimiento de los Autos Supremos 515 de 16 de noviembre de 2006 y 308 de 25 de agosto de 2006, invocados como precedentes contradictorios, sin que de ese simple planteamiento pueda visualizarse el cumplimiento de la carga procesal dispuesta por el art. 418 del CPP, de señalar la contradicción en términos precisos entre los precedentes y la actuación del Tribunal de alzada, pues la recurrente incurre en la falencia de identificar la forma como debió resolver el defecto, cuando en todo caso para viabilizar la labor de contraste resultaba necesario que establezca con precisión a partir de la identificación de sus argumentos en el marco del defecto de sentencia citado, cuál la actuación efectiva de parte del Tribunal de alzada con relación a ese planteamiento de apelación y al no hacerlo este Tribunal se halla en la imposibilidad de ejercer la labor encomendada en la resolución de los recursos de casación, sin que la glosa parcial de los Autos Supremos 164/2012 de 4 de julio y 411 de 20 de octubre de 2006, resulte suficiente para tenerse por cumplida una exigencia de admisibilidad prevista por la norma procesal penal.
En el punto cuarto de este segundo motivo, la recurrente de manera contradictoria y confusa, refiere por un lado que el tribunal de apelación hubiese actuado de manera ultrapetita asumiendo cuestiones que no fueron objeto del recurso de apelación y al mismo tiempo denuncia que no se pronunció sobre todos los motivos objeto de impugnación, denotando una notoria contradicción en el planteamiento; sin soslayar, que la base de su reclamo se cimienta en la mención del trámite de incidentes y excepciones que pueden plantearse durante el acto de juicio y el respectivo medio de impugnación previsto para la resolución que vaya a dictar el Juez o Tribunal de sentencia, cuando conforme el catálogo establecido en el art. 403 del CPP, sólo se reconoce el recurso de apelación incidental sin que la decisión del Tribunal de alzada pueda ser impugnable a través del recurso de casación, dada las reglas previstas por el procedimiento penal en cuanto a la legitimación objetiva.
En el quinto punto, la recurrente a más de hacer referencia al tratamiento de las exclusiones probatorias, al principio de libertad probatoria y a la ilicitud de la prueba y a los alcances del art. 6 del CPP, efectúa consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales, sin especificar de manera precisa y clara de qué modo el Tribunal de alzada los hubiese infringido, más cuando en lo central de su reclamo se limita a señalar que en el caso pese a las exclusiones de la prueba formuladas de su parte, la autoridad de instancia haciendo caso omiso a su pedido de excluir prueba obtenida en vulneración del art. 172 del CPP, hubiese sido judicializada y valorada, cuando los aspectos incidentales resueltos en el acto de juicio sólo reconocen la posibilidad de impugnarlos a través del recurso de apelación incidental sin recurso ulterior dado el sistema recursivo diseñado en el Código de Procedimiento Penal vigente; verificándose también la falta de precisión de cómo el Tribunal de alzada en específico a través del Auto de Vista impugnado hubiese pretendido que la imputada pruebe la inexistencia de alguno de los elementos específicos de los tipos penales atribuidos, sin que la simple glosa parcial del Auto Supremo 131/2007 de 31 de enero, supla dicha omisión atribuible a la parte recurrente.
Ingresando al análisis de admisibilidad del tercer motivo que comprende a su vez varios planteamientos, se verifica que en el primer punto, la recurrente denuncia que el Tribunal de apelación confundió la errónea aplicación o inobservancia de la ley sustantiva y la ley procesal, al conjuncionar ambos motivos en el num. 1) del Art. CPP en el CPP, sin que dicho planteamiento resulte claro para comprender con la claridad necesaria cual la falencia en la que hubiese incurrido la sala de apelación que permita el conocimiento de fondo del motivo, más cuando la recurrente se limita a sostener que no hubiese contemplado los “momentos procesales en los cuales se ha incurrido en dicha vulneración” al hacer referencia al principio de continuidad; a lo que se añade el hecho de que la recurrente se limita a citar y glosar parcialmente el Auto Supremo 118/2016 de 21 de febrero, omitiendo establecer con precisión, cuál la contradicción entre dicho fallo en relación a lo determinado en el Auto de Vista impugnado, conforme a la exigencia establecida en el art. 416 del CPP, para que este Tribunal, en virtud a la competencia que le asigna el art. 419 del CPP, con relación al art. 42 de la LOJ, en caso de ser evidente la denuncia efectuada, ingrese al análisis de fondo del recurso de casación y proceda a enmendar posibles errores y omisiones cometidas por el Tribunal de apelación, requisito ineludible para decretar la admisibilidad del recurso y que se constituye en una obligación que tiene trascendental importancia, pues desde ahí, debe partir el análisis de contradicción a efectuarse en una resolución de fondo, por lo que la recurrente incurrió en una omisión que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal.
En el punto dos de este tercer motivo, la recurrente como reclamo de carácter general denuncia que el Auto de Vista impugnado hubiese resuelto cuestiones de orden procesal y sustantivo en un mismo acto, invocando tres Sentencias Constitucionales, que conforme esta Sala ha sostenido de manera reiterada y uniforme, no constituyen precedentes contradictorios a los fines del planteamiento del recurso de casación y la observancia de las exigencias de admisibilidad, considerando las previsiones del art. 416 del CPP. Advirtiéndose además que en el subtema identificados en el punto III.2.1. del presente fallo la recurrente cuestiona la subsunción de los hechos al tipo penal, invocando los Autos Supremos 329 de 29 de agosto de 2006, 431 de 11 de octubre de 2006 y 236 de 7 de marzo de 2007, para luego efectuar cuestionamientos a la calificación de su conducta en el delito de Uso de Instrumento Falsificado previsto en la sanción del art. 199 del CP con la invocación del Auto Supremo 055/2014-RRC de 24 de febrero y seguidamente efectuar consideraciones en el resto de los demás puntos respecto al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas; sin embargo, pese a que dichos defectos se hubiesen generado en el pronunciamiento de la sentencia que califica la conducta de la recurrente, se advierte que ésta en el recurso de apelación no invocó ninguno de los Autos Supremos ahora invocados en casación en una clara inobservancia de la exigencia prevista en el art. 416 del CPP que señala “El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida”. Entendimiento que también deber ser asumido con relación al punto cuarto en el cual al hacer referencia a los defectos de sentencia y en el marco de la argumentación en torno a la valoración de la prueba en materia penal, cita el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que tampoco fue invocado en la apelación restringida.
A este análisis se suma el hecho de que la recurrente en el punto tercero, a más de hacer consideraciones bajo su perspectiva respecto a los dictámenes de la UIF, peritajes, informe y exámenes especializados y a la taxitividad de la ley penal y los indicios, se limita a hacer referencia a la SCP 0770/2012 de 13 de agosto, sin invocar válidamente algún precedente contradictorio, incurriendo en la misma falencia recursiva en los puntos quinto y sexto de este tercer motivo, en los cuales omite invocar algún precedente, incurriendo en una falencia recursiva que no puede ser suplida por este Tribunal; al respecto, es menester traer a colación el criterio asumido por la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1716/2013 de 10 de octubre, de la Sala Segunda, que destinó un acápite al recurso de casación en materia penal y los requisitos para su admisibilidad, haciendo especial referencia al precedente contradictorio, en la que previa referencia a la SCP 0424/2013 de 27 de marzo, que reiteró la jurisprudencia establecida en la SCP 1546/2012 de 24 de septiembre y que citó a su vez la SC 1468/2004-R de 14 de septiembre, destacó que: “precisar el precedente al que la sentencia impugnada contradice- además de ser conforme a la Constitución, cumple con los principios que orientan el sistema de recursos establecidos en el Código de procedimiento penal, conforme a los cuales, los mismos deben ser planteados con claridad y precisión, sin omitir los contenidos referenciales de rigor; por lo demás, útiles y necesarios para que el Tribunal de alzada, sepa qué se impugna y cómo se considera que debe ser aplicada la norma. De acuerdo a esto, en el caso del recurso de la apelación restringida, se exige, entre otras cosas, que se citen '…las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas…»; que se especifique '…cuál es la aplicación que se pretende…indicando separadamente cada violación con sus fundamentos'. Estas exigencias, como lo dejó sentado la SC 1075/2003-R, «…tienen la finalidad de que el Tribunal que conozca el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, cuál ha podido ser la norma procesal o sustantiva que el procesado entiende inobservada o violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso (la mora judicial), imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal». En similar sentido, la SC 0501/2006-R de 30 de mayo”.
IV.3. Recurso de casación de Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros
Con relación al primer motivo, en el que refiere que las fundamentaciones vertidas en su recurso de apelación restringida no fueron atendidas por la Sala Penal Segunda básicamente sobre la errónea aplicación de la Ley sustantiva al no adecuarse su conducta al tipo penal condenado, el recurrente invoca como precedentes contradictorios los AASS 178 de 17 de mayo de 2006, 221 de 7 de junio de 2006, 67 de 27 de enero de 2006, 205 de 28 de marzo de 2007, de los cuales si bien se advierte que son referidos al principio de legalidad de la Ley penal, sus componentes y manifestaciones en procesos de subsunción; sin embargo, no se advierte por parte del recurrente la precisión sobre cual el aspecto contradictorio que emergería del Auto de Vista respecto de dichos precedentes; resultando que de manera genérica hace mención que resultan contradictorios a los argumentos de la resolución del Tribunal de alzada; lo cual no, no cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 417 del CPP. Por otro lado, se advierte que el impetrante también invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 236 de 7 de marzo de 2007, del cual si bien explica que su doctrina legal aplicable ordena que en la consideración de los delitos debe reunirse todas las condiciones exigidas en el tipo penal sometido a juzgamiento, omite establecer una relación precisa sobre el supuesto contradictorio que emergería del Auto de Vista siendo que se limita reiterar argumentos expuestos en su recurso de apelación restringida que ya fueron motivo de respuesta por parte del Tribunal de alzada; argumento que sin duda hace ver el incumplimiento de los requisitos previstos en el art. 417 del CPP, al no establecerse la contradicción en la que hubiera incurrido el Auto de Vista respecto del precedente invocado, resultando en consecuencia este motivo inadmisible.
Respecto del segundo motivo, en el que refiere que el Auto de Vista carece de fundamentación sobre la denuncia realizada en su recurso de apelación restringida en sentido de que el Tribunal de Sentencia infringió el art. 124 del CPP, porque no mencionó los elementos de prueba que sustentaron su condena, además del valor que les fue otorgado, el impetrante a momento de sustentar este motivo, cual si fuera precedente contradictorio, señala que no se cumplió la Sentencia Constitucional 207/2004-R, sin tener en cuenta que dicho fallo no tiene calidad de precedente contradictorio al no encontrarse bajo los alcances del art. 416 del CPP.
Además, se constata que en este motivo invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004, refiriendo que su doctrina legal aplicable ordena que la motivación de las resoluciones debe expresar los elementos de prueba y el valor consignado a cada uno de ellos; sin embargo, no establece con precisión qué argumento del Auto de Vista carece de fundamentación siendo que el mismo resuelve varias impugnaciones realizadas por el impetrante, argumentos que evidencian que no se cumplió con los presupuestos exigidos para la admisibilidad; por lo que, el presente motivo resulta inadmisible.
En el tercer motivo, el recurrente denuncia bajo el rótulo de: “incongruencia entre la parte considerativa y dispositiva” (sic), que las razones por las que se declaró parcialmente procedente el quinto motivo de su recurso de apelación restringida, esto es reemplazar el término autor por el de culpable en la parte dispositiva de la sentencia, no mereció explicación. Precisa que tal observación se trata de un tema sustancial y no formal, teniendo en cuenta que “a partir de dicho error se llega a la conclusión por parte del Tribunal de que deb [e] sufrir determinada pena” (sic) y por ello merecer atención en el fondo del planteamiento; empero, pese a que el razonamiento correctivo se hallase dentro del Auto de Vista impugnado, el recurso de apelación restringida fue declarado improcedente.
Para fundar este reclamo, el recurrente invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 307 de 11 de junino de 2003, limitándose sin embargo a transcribir un pasaje de su contenido, sin precisar la contradicción que existiría con el Auto de Vista recurrido de casación, incumpliendo una carga de ineludible observancia conforme los requisitos de admisibilidad previstos por el art. 417 del CPP, incurriendo en una omisión que al serle atribuible no puede ser suplida de oficio por este Tribunal, resultando en consecuencia inadmisible el motivo planteado.
En el cuarto motivo, denuncia que “los Vocales de la Sala Penal Segunda, cambian los hechos por los cuales…ejercitó defensa…ya que en todo momento hacen mención a la existencia de reuniones con la señora Gabriela Zapata en dependencias de la Unidad de Gestión Social, para la construcción de un muro perimetral, lo cual no es un hecho que ameritó juzgamiento y menos que haya sido probado” (sic). Ello significase la existencia de un defecto absoluto no susceptible de convalidación en el tono del advertido del art. 169 num. 3) del CPP, por afectación al principio de congruencia y violación de su derecho a la defensa, teniendo en cuenta que no preparó su defensa en la vinculación de hechos asumidos por el Tribunal de apelación.
Con relación a la temática planteada invoca como precedente contradictorio la Sentencia Constitucional 1382/2015-S de 16 de septiembre, que carece de tal calidad conforme las previsiones del art. 416 del CPP, motivo por el cual no puede estar sujeto a labor de contraste a los fines del art. 417 de la referida norma; asimismo, se advierte que el recurrente, si bien hace alusión a la vulneración de su derecho a la defensa con el argumento de que el Auto de Vista cambió los hechos; sin embargo, el impetrante no detalla con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía y menos explica el resultado dañoso emergente del supuesto defecto, motivos por el que esta denuncia no se adecua a los requisitos de flexibilización establecidos en el punto III de la presente resolución. Asimismo, debe quedar claro que en el presente motivo no se invoca precedente contradictorio válido oponible al Auto de Vista impugnado, lo que hace ver el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en el art. 417 del CPP; por lo que, corresponde declarar inadmisible este motivo.
IV.4. Recurso de casación del representante del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Sujeto a análisis de admisibilidad el presente recurso, se advierte que en el primer motivo, denuncia que el Tribunal de Sentencia sin fundamentación alguna absolvió a Cristina Choque de la comisión del delito de Uso Indebido de Influencias; aspecto que, fuera confirmado por el Tribunal de alzada, sin tomar en cuenta la existencia de elementos suficientes para su condena. Al respecto, el recurrente no invoca precedente contradictorio alguno oponible al Auto de Vista impugnado, por lo que tampoco explico ni fundamentaron en qué consistiría la contradicción en que habría incurrido el Tribunal de alzada; en tal sentido, se hace evidente la inobservancia de la norma contenida por el art. 417 del CPP, por la insuficiencia en la técnica recursiva empleada en el recurso, omisión que no puede ser suplida de oficio y que deriva en que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer el fondo del presente motivo, al no haberse sentado las bases para verificar el sentido jurídico contradictorio, por lo cual, corresponde declarar inadmisible su pretensión.
Respecto del segundo motivo, denuncia que la Sentencia de grado es incongruente y vulnera el debido proceso porque aceptó un procedimiento abreviado de Dennis Grundy y lo condenó a dos años, al ser hallado culpable y autor del delito de Asociación Delictuosa y en grado de complicidad por los delitos de Uso indebido de bienes y Servicios Públicos y en relación a los acusados Carlos Ramírez, Ricardo Alegría y Walter Zuleta manifiestan que no es coherente la aplicación de una pena como autor y cómplice, contradiciéndose en la misma sentencia emitida, dentro el mismo caso; defecto que no fuera subsanada por la Sala Penal Segunda al emitir una respuesta basada en la sentencia por procedimiento abreviado a favor de Dennis Grundy Rios, por lo que carecería de un análisis integral de los antecedentes del proceso.
Respecto de este motivo invoca la Sentencia Constitucional 1916/2012 de 12 de octubre, que no cuenta con calidad de precedente contradictorio, al no encontrarse bajo los alcances del art. 416 del CPP, por lo que no puede ser motivo de análisis en el fondo de lo pretendido. Por otro lado, si bien hace alusión a la supuesta vulneración de su derecho al debido proceso; no se tiene en cuenta, lo previsto por la norma antes referida, que establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, más no así supuestos agravios que emergen de la Sentencia tal como se expresa en este motivo –la Sentencia de grado es incongruente y vulnera el debido proceso- haciendo notar que la supuesta vulneración de sus derecho constitucional no emerge de la resolución ahora impugnada, motivo por el que no se adecua a los requisitos de flexibilización establecidos en el punto III de la presente resolución. En definitiva en el presente motivo no se invoca precedente contradictorio válido oponible al Auto de Vista impugnado, lo que hace ver el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en el art. 417 del CPP; por lo que, corresponde declarar inadmisible este motivo.
En el tercer motivo, el recurrente denuncia que el Tribunal de apelación no brindó pronunciamiento sobre el reclamo de insuficiente fundamentación y contradicción en el fallo de mérito, en el que se acusó que la absolución de Ricardo Alegría Sequeiros, “…no es lógico que un profesional que haya contratado un supuesto trabajo, tenga que devolver una suma de dinero, cuando dedico tiempo, esfuerzo, planificación y dedicación a una tarea a la cual, estaba conforme la sra. Zapata que se realice, no existiendo una fundamentación clara y concisa sobre este hecho y como se tiene acreditado en juicio oral, la supuesta suma…sería $10.000…y el monto depositado no sería igual al supuesto monto entregado de Bs.68.500 según los mismos datos que cursan en la sentencia” (sic). Esa variación de montos conduce a la entidad recurrente a aseverar que fue dejada en indefensión por el Tribunal de apelación, entendiendo que “uno de los fundamentos de apelación restringida fue que el monto depositado a Gabriela Zapata fue de Bs. 68.500…suma que al cambio del dólar estadounidense varía en demasía…que demuestra que existió un vínculo económico por demás del umbral de los 10.000 dólares, lo cual en grado de complicidad, aportó en la Legitimación de Ganancias Ilícitas de Gabriela Zapata Montaño” (sic)
Con relación a este motivo el recurrente no invoca precedente contradictorio alguno, por lo que menos se advierte en términos precisos cuál la contradicción en que habría incurrido el Tribunal de alzada respecto de algún precedente; en tal sentido, se hace evidente la inobservancia de la norma contenida por el art. 417 del CPP, omisión que no puede ser suplida de oficio y que deriva en que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer el fondo del presente motivo, por lo que, corresponde declarar inadmisible su pretensión.
IV.5. Recurso de casación de Walter Humberto Antonio Zuleta Buitrago.
Con relación a los motivos primero y segundo, el recurrente, cual si fueran precedente contradictorio invoca las Sentencias Constitucionales 757/2003-R, 1485-2004-R y 1092/2014 de 10 de junio, que como se señaló reiteradamente en el presente fallo no tienen tal calidad, por previsión del art. 416 del CPP; en consecuencia, no puede ser motivo de análisis en el fondo de lo pretendido.
Por otro lado, también invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 41 de 27 de enero de 2007, 131/2016-RRC de 27 de agosto y 232/2013 de 27 de agosto; de los cuales se debe tener en cuenta que en estos dos primeros motivos, se evidencia que los argumentos versan sobre la tramitación del desarrollo del proceso emergente de una errada notificación por parte del Ministerio Público que no tomó en cuenta que su domicilio radicaba en el Perú; y la deficiente actuación de su abogado defensor de oficio, sin señalar algún agravio que le haya generado la emisión del Auto de Vista; motivo por el cual, corresponde señalar que la labor de este Tribunal Supremo de Justicia se encuentra restringida a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, siempre en correlación a las actuaciones realizadas por el Tribunal de alzada, así se desprende de lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, referidos a la procedencia y requisitos indispensables que viabilicen la admisibilidad del recurso de casación; en los que se dispone que este medio de impugnación procede para refutar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por sus pares y Autos Supremos dictados por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia que sienten o ratifiquen doctrinal legal.
En este caso se denota que la parte recurrente basa sus motivos únicamente en los argumentos emergentes del desarrollo del proceso y la deficiente actuación de su abogado de oficio, pretendiendo que este Tribunal realice su función nomofiláctica con relación a dichas instancias, buscando inducir a un control de legalidad de una etapa procesal que no se encuentra reservada para ello, puesto que la misma ya fue objeto de análisis por parte del Tribunal de alzada, en todo caso, correspondía al recurrente cumplir con la carga de realizar una fundamentación de forma objetiva, identificando expresamente cuáles son los actos procesales que provocaron la presunta vulneración legal, pero siempre con relación al Auto de Vista emitido a tiempo de resolver la apelación restringida y no así a supuestos defectos del desarrollo del proceso y la etapa de juicio. En virtud a lo señalado, ambos motivos deben ser declarados inadmisibles por incumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP.
Con relación a los motivos descritos del tercero al octavo del recurso que se analiza, se advierte que el recurrente muestra su inconformidad con tópicos que la Sentencia hubiera considerado y brindado tratamiento, ellos relacionados en su mayoría a aseveraciones relativas a no haberse demostrado cuestiones relacionadas a los hechos objeto del debate, ofreciendo incluso una nueva opinión sobre conclusiones en la sentencia (se enfatiza su condición de abogado). La suma de cuestionamientos, poseen en común un ataque directo al fallo de mérito, algo que no condice la secuencia procesal ordenada por la Ley 1970. Debe tenerse presente que, el recurso de casación, nace en la previsión de los arts. 416 y ss del CPP y constituye el último recurso en la vía ordinaria con el fin específico de la unificación y uniformización de la jurisprudencia, a partir de lo que se hace exigible como requisito de admisibilidad la invocación de un precedente contradictorio. La base de impugnabilidad sobre casación, obedece a la revisión de un Auto de Vista pronunciado de modo previo a la interposición de un recurso de apelación restringida que deriva de la oposición a una Sentencia; es decir, sigue un determinado orden procesal no pasible a variación. Aunque la tendencia jurisprudencial ha hecho que los requisitos habilitantes de casación puedan ser pasibles a flexibilización, de ningún modo tal hecho mutó la secuencia procesal descrita. Este hecho, no debe ser traducido como un formalismo, sino una derivación de la actividad procesal dentro del principio de legalidad que ordena la actividad del Órgano Jurisdiccional conforme el art. 180 de la CPE, lo cual en conjunto hace de los motivos citados inadmisibles.
IV.6. Recurso de casación de Pastora Cristina Choque.
El primer motivo del recurso, se basa en una presunta transgresión del principio non bis in ídem, aduciendo que un hecho procesado a instancia administrativa como lo fuera el supuesto uso indebido de bienes del Estado y servicios públicos, no debió merecer tratamiento en la vía penal, agregando que los argumentos sobre la aplicabilidad de la norma administrativa (Ley 1178 [arts. 1 inc. c) y 21 inc. a), y el Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1992), entre otros elementos, no fueron objeto de consideración, ni por la Sentencia de grado ni por el Auto de Vista recurrido, “lo que implícitamente se tiene una mala adecuación del tipo a la conducta lo que se traduce en una incorrecta aplicación del inciso 1 del art. 370 del CPP” (sic).
La Sala considera que más allá de la exteriorización genérica de un supuesto desarreglo con los resultados del proceso y las formas en las que la Sentencia emitió su decisión, los requisitos procesales exigidos por los arts. 416 y ss del CPP, no son presentes, pues no se tiene planteado un supuesto sobre contradicción con el Auto de Vista que se recurre; las manifestaciones en este motivo no superan la insinuación y la sola afirmación sobre la actividad valorativa de la prueba hecha en juicio oral, aunada a un supuesto deber incumplido por parte del Tribunal de apelación, lo que no abastece de ninguna manera al cumplimiento de los señalados requisitos de apertura de competencia casacional, falencia que no puede ser suplida por la Sala de manera alguna bajo la pena de vulnerarse el principio de igualdad de las partes ante el Juez.
El reclamo de errónea aplicación de la Ley sustantiva, sugerido sobre la supuesta violación del principio non bis in ídem, no es distinguible con claridad, cual es el fondo del cuestionamiento dado que de manera indistinta se expresa tanto ese reclamo como un yerro de omisión de parte del Tribunal de alzada, para después asegurar que ese cúmulo de aspectos fueron vulneratorios a sus derechos. En este particular, la Sala reitera lo señalado en el párrafo que precede, por cuanto, no se trata de plantear un simple desarreglo con los argumentos sostenidos por el Tribunal de apelación, o bien expresar que no se brindó una respuesta. Recordar que el recurso de casación en la mecánica adoptada por el sistema de recursos de la Ley 1970, impone una carga argumentativa que sin recaer un rigor sacramental, debe dotar elementos necesarios y mínimos para una eventual apertura de competencia; empero, el recurso en examen carece ampliamente de esas condiciones pues no ofrece información procesal y jurídicamente suficiente para ser considerado en el fondo. La Sala también deja sentado que un supuesto de flexibilización de los requisitos procesales en el presente caso no es viable, dado que las condiciones argumentativas no son sostenibles para ese cometido por las mismas razones anotadas en los párrafos precedentes y que no abarcan la orientación de ese tipo de apertura extraordinaria.
En el segundo motivo del recurso, la recurrente alega una serie de supuestos que en su perspectiva fueran constitutivos de defectos procesales, tales como la presencia en la sentencia de los nombres de Sigfrido Antelo Suarez y Alberto Soto, cuando los mismos jamás prestaron declaración, diferencias en la atestación de testigos de cargo entre el Acta de juicio y el texto de la Sentencia; consideraciones sobre el registro de llamadas aportado en juicio oral visto en las pruebas MP-140 y MP-150; y una supuesta irregularidad vinculada a la presencia de uno de los testigos de cargo a momento de la audiencia de juicio oral.
La Sala considera que los requisitos contemplados por los arts. 416 y ss del CPP, no han sido cumplidos, pues no solo los argumentos se limitan a la sola calificación de ser cuestiones atentatorias de derechos y trascendentes en sí mismas, sin brindar mayor relato o información sobre cual su relación con el caso concreto y de qué manera se considera afectado un derecho, sino que el señalamiento y argumentación del precedente contradictorio exigido en norma es inexistente; si bien se citan y transcribe porciones de los AASS 111 de 31 de enero de 2007, y 300/2016 de 21 de abril, su sola presencia e incluso su transliteración en el memorial, a fines del recurso de casación es insuficiente, por cuanto la norma obliga al que recurre en esta vía argumentar una situación de hecho similar a partir de la que se entienda existe contradicción entre un fallo emitido con anterioridad al que se recurre, sin que se haya señalado cuál fuese la situación de hecho similar que vincule al citado precedente, con el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; no bastando, conforme el texto del memorial, la transcripción de un fragmento de doctrina legal aplicable, seguido de una afirmación taxativa de incumplimiento de parte del Auto de Vista impugnado.
En el tercer motivo del recurso, plantea vicios de falta de fundamentación sobre variaciones contenidas en la sentencia en cuanto es información reportada por la actividad probatoria, tal el caso de la atestación depuesta por HAG, y Dennys Grundy Ríos; asimismo, se reprocha conclusiones que en su criterio carecerían de motivación como haber sido condenada por el delito de Asociación Delictuosa y la subsunción sobre el delito de Incumplimiento de Deberes, denunciando que los Tribunales de sentencia y apelación “no motivaron y fundamentaron…en relación a todas las características que debía cumplir el tipo penal” (sic).
Tales circunstancias, vistas en el texto del recurso dirigen sus cuestionamientos a la respuesta que el Auto de Vista brindó a los reclamos sobre aspectos probatorios y procesos de subsunción, empero desde una óptica de falta de fundamentación, siendo que a fines de admisibilidad este motivo en específico carece de mérito por su inadecuada exposición jurídica, pues se propone la revisión de una cuestión de profunda complejidad, como lo es la valoración de la prueba, desde un flanco procesal totalmente distinto como lo es la falta de fundamentación. No se trata de cuestionar la labor de los tribunales inferiores a partir de la inconformidad de la recurrente con la terminología utilizada en las resoluciones que pretende impugnar, sino en todo caso tener presente que el recurso es en esencia un mecanismo que el Estado de Derecho confiere a los justiciables para procurar la corrección de errores y reparación de eventuales agravios, ello requiere entonces, que el ejercicio recursivo proponga no llanas sugerencias sobre vacíos u omisiones argumentativas sino que se plantee las razones de fondo a partir de las que se crea un agravio que fue generado.
Sobre el cuarto motivo de casación, la situación descrita en el segundo motivo del recurso promovido por la imputada es replicada, pues se denuncia cuestiones no utilizadas en sentencia, relativas a que el deber legal por el cual se subsumió el delito de Incumplimiento de Deberes, fue la permisión de ingreso de los denominados trabajadores sociales comunitarios a dependencias del Ministerio de la Presidencia, de nueva cuenta la argumentación desciende a cuestiones de hecho y relacionadas con la Sentencia de grado, sin que de por medio se exprese cuál la opinión que el Auto de Vista emitió; asimismo la presencia del Auto Supremo 039/2016 de 21 de enero, es únicamente nominal.
IV.7. Recurso de casación de Carlo Marvin Ramírez Aramayo.
En el primer motivo del recurso el imputado alega que el Tribunal de sentencia, obró de manera contraria a las consideraciones que sobre la confesión y la falta de aceptación del imputado, tiene vertido la CIDH a través de su labor interpretativa del art. 8 num. 3) de la CADH, planteando que ello fuera una dicotomía al interior de la Sentencia, constituiría un defecto conforme el art. 370 num. 5) del CPP, adoptaría un sentido contrario a jurisprudencia emanada de la CIDH, y fue también causal de inaplicación del principio iura novit curia por parte del Tribunal de apelación.
A lo ya expresado en un anterior recurso, debe añadirse que el argumento de admisibilidad del recurso de casación, no podría estimarse a partir de subrayados o uso de tipo de fuentes que hagan llamativa la lectura, en todo caso, la argumentación, más allá de cualquier formalismo o técnica de escritura, debe transmitir un mensaje, un problema que se pretenda ser resuelto, conllevando que una explicación razonable de qué sucedió es la esperada, que dicho sea acá, en autos es inexistente. A la par, la sugerencia sobre el control de convencionalidad, no debe ser entendido en una faz descontextualizada del ordenamiento jurídico interno, sino adscribirse dentro de la estructura del sistema de recursos vigente en norma positiva, cuya raigambre tiene reservado también ese tipo de supuestos, véase por ejemplo el art. 1 del CPP, que ordena el debido proceso penal también desde el ángulo de Convenios y Tratados Internacionales. La coherencia, de un sistema procesal dentro de un Estado de Derecho, y por ende el barómetro del cumplimiento de la Ley, debe hallar un punto intermedio entre, el esquema jurídico supranacional y los sistemas legales internos, por cuanto la primacía del primero sobre el segundo, no solo lo haría estéril, sino generaría una situación tendiente a la degeneración de la seguridad jurídica y la previsibilidad de las resoluciones en el Estado Plurinacional de Bolivia.
No obstante ello, en la orientación brindada en el acápite que antecede, la competencia de este Tribunal en casación se abre también a partir de la fundamentación suficiente sobre la vulneración de derechos y garantías constitucionales que censuren actos procesales que hayan generado lesión a los mismos, bajo la condición de dotar de información suficiente y de relevancia que denoten no solo únicamente el desarreglo entre los resultados del proceso y la posición personal de las partes, sino que expliquen y denoten la existencia de interés casacional, esto es que las condiciones extraordinarias de apertura excepcional de competencia, sean ampliamente factibles desde el punto de vista argumentativo.
Ahora bien, si los requisitos procesales sirven para garantizar los fines del proceso, que no es otra cosa que la aplicación de la ley, que en el caso penal se matiza con la restitución de la paz social violentada por el delito y satisfacer las expectativas de la víctima en relación al resarcimiento del daño, deberá comprenderse que esos requisitos poseen carácter instrumental eminente y no agotarse en sí mismos, sino tutelar la realización y efectividad de los derechos y garantías constitucionales, que es su finalidad. El Código de Procedimiento Penal, ciertamente denota equilibrio entre el respeto a la forma procesal y el respeto a las garantías constitucionales (lo demuestra el texto del art. 1), de ahí que la función nomofiláctica intrínsecamente ligada al recurso de casación está justificada también en cuanto sirva de media para preservar un derecho o garantía constitucionalmente tutelado y cuya manifestación se encuentre en el ejercicio de un acto procesal, situación a partir de la que transgresiones o faltas cometidas en los actos y garantías procesales no podrían subyacer a una práctica procesal permitida ni tolerada.
De tal forma, la forma de recurrir del imputado, se basa más en la generación de fuentes, subrayados, citas al pie, y sugerencias sobre supuestos casos de incumplimiento a esas citas, las alegaciones sobre supuestos defectos procesales y actos censurados, no rebasan la sola sugerencia, y en algunos casos (como la aplicación del principio iura novit curia por parte del Tribunal de apelación) no supera la mera especulación; siendo que de por medio, las exigencias procesales e instrumentales que casación pide a las partes han sido ampliamente incumplidas.
En el caso del segundo motivo, la sugerencia a una revisión oficiosa de parte de este Tribunal persiste, esta vez enfocada en supuestos defectos procesales relativos a una supuesta variación de lo testificado por BCM; la no consideración de instrumentos de orden supranacional como la Convención de Naciones Unidad de Lucha contra la Corrupción, y, una inadecuada aplicación del art. 370 num. 1) del CPP, habida cuenta que el análisis que el Tribunal de apelación adopta en torno a la aplicación de la Ley 004 fue realizada bajo “un análisis antojadizo [y cuya] argumentación…no tiene asidero en norma, jurisprudencia o doctrina lo que determina que ducha vertiente simplemente recae en su propio entendimiento” (sic), pasaje en el que se cita un extracto del Auto Supremo 300/2016 de 21 de abril.
La revisión de cuestiones incidentales, no es atendible en esta fase procesal, pues este Tribunal carece de competencia para pronunciarse sobre temas incidentales que merecieron pronunciamiento en apelación; por cuanto, las resoluciones que resuelven las cuestiones enumeradas en el art. 403 del CPP, sólo son susceptibles de apelación incidental, sin que se les reconozca ulterior recurso; máxime si se tiene presente que el art. 394 de la Ley Adjetiva Penal, dispone que: "Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo en los casos expresamente establecidos por este Código"; por lo que, al haberse planteado recurso de casación contra una resolución no apelable en casación. Ello también conforme se destaca de la jurisprudencia contenida en los AASS 397 de 23 de julio de 2004 y 628 de 27 de noviembre de 2007, entre otros. En esa lógica, el recurso de casación no procede contra otro tipo de resolución judicial pronunciada por los Tribunales Departamentales en el ámbito de su competencia y de manera específica respecto a aquellas que resuelven los recursos de apelación incidental conforme las previsiones del art. 403 del CPP, sin que este criterio signifique una vulneración al derecho a recurrir, toda vez que éste solamente puede ser ejercido en los casos que la Ley ha previsto expresamente como manda el art. 394 del CPP.
Recordar que el recurso de casación en la mecánica adoptada por el sistema de recursos de la Ley 1970, impone una carga argumentativa que sin recaer un rigor sacramental, debe dotar elementos necesarios y mínimos para una eventual apertura de competencia; empero, el recurso en examen carece ampliamente de esas condiciones pues no ofrece información procesal y jurídicamente suficiente para ser considerado en el fondo. La Sala también deja sentado que un supuesto de flexibilización de los requisitos procesales en el presente caso no es viable, dado que las condiciones argumentativas no son sostenibles para ese cometido por las mismas razones anotadas en los párrafos precedentes y que no abarcan la orientación de ese tipo de apertura extraordinaria.
Razones por la cuales el presente recurso de casación deviene en inadmisible.
IV.8. Recurso de casación del Ministerio de la Presidencia.
De manera previa la Sala considera manifestar que el derecho a recurrir no debe desvincularse del marco legal que por especialidad rige cada caso, dicho de otro modo, recurrir no significa pasar por alto la norma adjetiva que prevé cada recurso en específico. Ahora bien, si por esencia, el recurrir le está reservado a quien haya sufrido agravio por alguna resolución ¿es suficiente que quien recurre limite su actividad simplemente a sustentar el agravio? Desde luego que no, pues también deberá tenerse presente que la actividad recursiva se halla tasada por norma, es decir, que paralelamente deberán ser cumplidos los requisitos que la ley exija. Un escenario en el que se deje de lado requisitos formales, degeneraría la actividad recursiva a un foro de atención de reclamos, alejado de la posibilidad de reparar y corregir en derecho algún agravio producido, así como dejaría a la discrecionalidad de la autoridad jurisdiccional cuáles los casos que atiende y cuáles los que no, dentro de un marco indeseado de subjetividad.
El texto del recurso supone tres cuestiones, cuyo eje troncal se sienta sobre una errónea aplicación de la Ley penal sustantiva, siendo la pretensión también en los tres casos el incremento de la pena dirigida a tres de los imputados y cuya base se originaría en una cuestión de puro derecho -conforme los lineamientos planteados- de cuenta que su corrección correría a cargo del Tribunal superior; los planteamientos en los tres motivos, en la lógica expositiva tuvieran origen en hechos determinados en sentencia, sobre los que el Tribunal de sentencia hubiera aplicado una proceso errado de calificación; el recurso en cuestión abunda en elementos que informan lo acontecido en instancias precedentes, incluso informando ciertos detalles de la investigación en etapa preparatoria; sin embargo, toda aquella plataforma argumentativa no se apoya sobre normas procesales que habiliten la apertura de competencia en esta fase procesal.
Tal es así que, las previsiones procesales que para el recurso de casación exigen los arts. 416 y ss del CPP, no han sido cumplidas. La norma obliga, argumentar una situación de hecho similar a partir de la que se entienda existe contradicción entre un fallo emitido con anterioridad al que se recurre sobre la forma o alcances en la aplicación de una norma, situación que en el recurso en cuestión no es presente, dado que no fue señalada cuál fuera la situación de hecho similar que vincule al Auto de Vista 32/2018 de 18 de mayo, o el sentido jurídico que asigna esta Resolución, con el precedente contradictorio exigido por el art. 417 del CPP, bien sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; no bastando, conforme el texto del memorial, la transcripción de un fragmento de doctrina legal aplicable, seguido de una sugerencia de incumplimiento de parte del Auto de Vista impugnado, como ocurre en la transcripción casi integral del Auto Supremo 592/2009 de 21 de diciembre, del cual más allá de su presencia en el memorial, no queda claro cuál es su utilidad a fines jurídico procesales, menos aún su relación con el caso concreto.
Los requisitos extrañados, se tratan de previsiones de carga argumentativa tendientes al cumplimiento de los fines tanto del propio instituto de casación, como de la atribución delegada al Tribunal Supremo como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, esto es, sentar y unificar jurisprudencia; casación es entonces un recurso eminentemente jurídico en el que, incluso teniendo una orientación dikelógica, se exige para su apertura un respaldo argumentativo en derecho, más no la sola exposición de desacuerdos con una u otra cuestión, o la reiteración de aspectos concernientes a etapas procesales distintas, pues no debe olvidarse que en casación se mesura la actuación de los tribunales de alzada a tiempo de la resolución de recursos de apelación restringida, ello en el orden del art. 416 del CPP, por lo que el recurso formulado por el representante del Ministerio de la Presidencia es inamisible.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación formulados por Jimmy Ysrael Morales Cuba, Gabriela Geraldine Zapata Montaño, Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Walter Humberto Antonio Zuleta Buitrago, Pastora Cristina Choque Espinoza, Carlo Marvin Ramírez Aramayo y el Ministerio de Presidencia, cursantes de fs. 5115 a 5121, 5267 a 5297 vta., 5321 a 5338, 5346 a 5349 vta., 5367 a 5382, 5390 a 5397, 5398 a 5402 vta., y 5427 a 5445.
Secretaria de Sala Abog. Judith Zulema Roque Orihuela

References: resolución 
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 artículo 3
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 artículo 8
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