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Timestamp: 2019-12-07 15:09:43+00:00

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19.09.04 | AELE
Crean el servicio “Trabaja Sin Acoso” para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo (04.09.19) (37)
Mediante D. S. N° 14-2019-TR se crea el servicio de orientación y acompañamiento “Trabaja Sin Acoso”, como servicio exclusivo a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), con el objetivo de intervenir en forma oportuna y adecuada en la protección de las víctimas de hostigamiento sexual en el trabajo.
El servicio “Trabaja Sin Acoso” es un servicio gratuito que comprende, entre otros, los siguientes componentes: (i) atención y orientación, (ii) asistencia legal y (iii) asistencia psicológica.
Asimismo, se dispone que, en un plazo de 180 días hábiles siguientes a la publicación del referido dispositivo, el MTPE implemente una plataforma informática para la gestión del servicio. En tanto, los casos de hostigamiento sexual en el trabajo seguirán siendo atendidos por los servicios de asesoría y orientación de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana.
Aprueban protocolo para la fiscalización en materia de seguridad y salud del trabajo en la acuicultura (04.09.19) (53)
Por R. de S. Nº 273-2019-SUNAFIL se aprueba el Protocolo N° 6-2019-SUNAFIL/INII, denominado “Protocolo para la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo en la acuicultura”, a fin de uniformizar las reglas y pautas para la fiscalización de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en acuicultura previstas en la Ley N° 29783, el D. S. N° 5-2012-TR, sus modificatorias y normas conexas sobre la materia.
Puede revisar el protocolo bajo comentario en el portal institucional de la SUNAFIL: www.sunafil.gob.pe.
Pronunciamiento sobre la prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda y sobre si la acción de amparo suspende o no la aplicación de una norma o la ejecución de un acto administrativo
Mediante Resolución N° 7441-1-2019, el Tribunal Fiscal (TF) ha establecido el siguiente criterio de observancia obligatoria:
Asimismo, se pronuncia sobre la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda en aplicación de la Primera Disposición Complementaria Transitoria (1a DCT) del Dec. Leg. N° 1421 que establece lo siguiente:
“Tratándose de procedimientos en trámite y/o pendientes de resolución el inicio del plazo prescriptorio para exigir el cobro de la deuda tributaria contenida en resoluciones de determinación o de multa cuyo plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria o para aplicar sanciones se inició hasta el 1 de enero de 2012, notificadas a partir del 28 de setiembre de 2012 dentro del plazo de prescripción, se computa a partir del día siguiente de la notificación de tales resoluciones conforme con el numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario”.
En la citada RTF, el contribuyente sostuvo que la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria contenida en los valores impugnados (pago a cuenta del Impuesto a la Renta de noviembre de 2009 y la infracción correspondiente) se encontraba prescrita, toda vez que la notificación de una carta de presentación en el marco de un procedimiento de fiscalización no constituye un acto interruptorio del plazo de prescripción de dicha acción.
Afirmó que la 1a DCT del Dec. Leg. N° 1421 no es aplicable a su caso, dado que entró en vigencia con posterioridad a la fecha en que se configuró el plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria, por lo que pretender su aplicación supondría una aplicación retroactiva. Indicó que el cómputo del plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de las deudas tributarias se originó en forma previa a la entrada en vigencia del Dec. Leg. N° 1113, iniciando el 01.01.2010 y culminando el 02.01.2014, conforme a lo señalado en los numerales 1 y 4 del artículo 44° del Código Tributario (CT), por lo que a la fecha de la solicitud de prescripción presentada dichas deudas ya se encontraban prescritas.
Además, alegó que el Dec. Leg. N° 1421 es inconstitucional por contravenir el principio de Irretroactividad de las Normas, toda vez que desconoce que el cómputo del plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria inició el 01.01.2010 y pretende que el plazo de prescripción inicie recién con la notificación de los valores. Agregó que dicha disposición ha excedido las facultades conferidas por el Congreso de la Republica, por lo que es una norma inconstitucional que no corresponde ser aplicada.
Al respecto, señaló que al haberse presentado una demanda de amparo solicitando que se declare inaplicable la 1a DCT del Dec. Leg. N° 1421, lo que tendrá incidencia en la solicitud de prescripción que se discute en el presente procedimiento, resulta imprescindible que se cuente previamente con la decisión definitiva de dicho proceso.
El TF determinó que, de no mediar causales de interrupción o suspensión, el plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria y para aplicar sanciones iniciaba el 01.01.2010 y vencía el primer día hábil del año 2014. Sin embargo, añadió que, iniciado el procedimiento de fiscalización mediante notificación de la carta de presentación y el requerimiento de fecha 13.11.2012, se interrumpió el plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria y aplicar sanciones, dando inicio a un nuevo cómputo del plazo de prescripción el día siguiente, el cual —de no mediar otras causales de interrupción y suspensión— culminaría el 14.11.2016. Observó que, como resultado del procedimiento de fiscalización, el 02.01.2014 se notificaron los valores materia de discusión, dentro del plazo de prescripción.
En tal sentido, sostuvo que en aplicación de lo previsto en la 1a DCT del Dec. Leg. N° 1421, el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción para exigir el pago los valores se inició el día siguiente de su notificación, esto es, el 03.01.2014. Ello conforme a lo establecido en la norma, pues el plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria y aplicar sanciones se inició hasta el 01.01.2012 y los valores fueron notificados con posterioridad al 28.09.2012, dentro del plazo de prescripción para determinar la obligación tributaria y aplicar sanciones, por lo que resultaba de aplicación lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 44° del CT.
De este modo, de no mediar causales de interrupción y/o suspensión, el plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria y aplicar sanciones culminaría el 03.01.2018. Sin embargo, precisó que el cómputo del aludido plazo se suspendió durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario que se inició el 30.01.2014, con la presentación de la respectiva reclamación, cuya resolución fue posteriormente apelada el 28.08.2014, la que fue resuelta mediante la RTF N° 1299-3-2019, depositada en el buzón electrónico el 25.02.2019, por lo que a partir del día siguiente se reinició el cómputo del mencionado plazo prescriptorio.
En consecuencia, el TF determinó que a la fecha en que el contribuyente presentó la solicitud de prescripción (27.04.2018) aún no había transcurrido el plazo de prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria, por lo que confirmó la apelada.
En conclusión, el TF señaló que en el presente caso, conforme a lo exigido expresamente por la 1a DCT del Dec. Leg. N° 1421, resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 44° del CT.
Finalmente, señaló que no resulta atendible lo alegado en el sentido de que no se aplique el Dec. Leg. N° 1421 porque fue emitido excediendo las facultades otorgadas por el Congreso de la República, pues el TF no tiene facultades para emitir pronunciamiento al respecto, toda vez que el Tribunal Constitucional ha establecido que en ningún caso los tribunales administrativos tienen la competencia, facultad o potestad de ejercer el control difuso.
Puede revisar la resolución en el siguiente enlace:
http://www.aele.com/sites/default/files/archivos/banner_public/RTF_7441_1_2019.pdf
Vulneración al derecho constitucional de percibir una remuneración equitativa y suficiente
Mediante R. I. N° 100-2019-SUNAFIL/ILM, de fecha 12 de febrero de 2019, la Intendencia de Fiscalización Laboral de Lima Metropolitana de la SUNAFIL analizó si la suspensión sin goce de haber impuesta a un grupo de tres trabajadores (trabajadores afectados) repercute en la vulneración de un derecho constitucional del trabajador como es el de recibir una remuneración equitativa y suficiente.
Según el acta de infracción que sustenta la sanción pecuniaria, la empresa inspeccionada efectuó un descuento a las remuneraciones de los trabajadores afectados, al haberlos sancionado con 5 días sin goce de haber, por no haber iniciado labores habituales luego de una charla de 15 minutos. Hecho que no se encuentra descrito como falta en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la empresa inspeccionada, por lo que la sanción impuesta sobrepasa a lo estipulado en el artículo 69° del RIT, que indica: las suspensiones sin goce de haber no pueden exceder de tres días consecutivos.
Por consiguiente, la SUNAFIL señaló que no existe una justificación razonable para aplicar dicha sanción, lo que conllevó a un descuento inmotivado, ejerciéndose de esta manera el poder de dirección arbitrariamente, vulnerando el artículo 9° del D. S. N° 3-97-TR, que exige que la facultad disciplinaria se ejerza dentro de los límites de la razonabilidad, constituyendo este actuar un abuso en el ejercicio de la facultad disciplinaria. Asimismo, los trabajadores al no ser informados de la falta cometida, no pudieron ejercer su legítimo derecho de defensa, lo que trae como consecuencia se deje sin efecto la sanción.
Esto conllevó a que la referida Intendencia imponga una multa por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, por no pagar la remuneración íntegra del mes de abril de 2015 a favor de los trabajadores afectados.
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPROBANTES DE PAGO: Tratamiento de la prima fairtrade en el marco de una exportación bajo el sistema de Comercio Justo Fairtrade
En el Informe N° 113-2019-SUNAT/7T0000, la Administración Tributaria señaló que respecto a las operaciones comerciales bajo el criterio de “Comercio Justo Fairtrade” para producción por contrato, en las que el comprador entrega al exportador un importe por concepto de prima fairtrade (consignada de forma discriminada en la factura de exportación) para su pago a los productores, los que carecen de RUC y no se encuentran organizados bajo alguna estructura organizativa:
1. El exportador, en calidad de transmisor de dicha prima, no puede emitir liquidaciones de compra a tales proveedores, respecto del importe de la prima que paga a estos.
2. El exportador no debe reconocer aquel importe como ingreso gravable para efectos del Impuesto a la Renta.
Excepción de adoptar denominación o razón social igual a la de sociedad preexistente acreditando la legitimidad
Mediante la Resolución Nº 544-2019- SUNARP-TR-T, el Tribunal Registral estableció el siguiente criterio:
“Corresponde al registro evaluar si se cuenta con legitimidad para adoptar denominación o razón social igual a la de otra sociedad preexistente. La legitimidad queda acreditada con copia certificada del acta de junta general de la sociedad preexistente que autoriza su uso y la convocatoria respectiva, salvo que se trate de sesión universal”.
Pueden revisar la resolución en el siguiente enlace de la página web de la SUNARP:
https://www.sunarp.gob.pe/TribunalRegistral/PrecedentesyResoluciones.asp?ID=8645
Cotización de oferta y demanda tipo de cambio promedio ponderado publicado el día 03.09.2019

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 44
 artículo 44
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 resolución 
 artículo 44
 resolución 
 artículo 69
 artículo 9
 artículo 24
 Resolución 
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