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Timestamp: 2019-06-19 23:03:15+00:00

Document:
Resolución No Vinculante de DGT, 1309-01, 26-06-2001 | Iberley
Resolución No Vinculante de Dirección General de Tributos, 1309-01 de 26 de Junio de 2001
Fecha: 26 de Junio de 2001
Ley 37/1992, Arts. 4, 5, 75-Uno-2º, 78, 88; Ley 40/1998, Arts. 25, 82; RD 214/1999, Arts. 70, 71, 88.
1.- Si están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las cantidades percibidas por la entidad en concepto de honorarios por estudio de la solicitud de arbitraje y por la administración del mismo.. En caso afirmativo, cuándo se devengarían los mismos, ya que los citdos honorarios son abonados cuando se ejecuta el laudo por el procedimeinto judicial de ejecución de sentencias.
2.- Si pueden englobarse en una única factura, a efectos del IVA, las cantidades percibidas en concepto de honorarios de la entidad consultante, y los costos correspondientes a los honorarios notariales y gastos de envío.
3.- Si los honorarios de los árbitros están sujetos al IVA, y a retención a cuenta del IRPF.
La entidad consultante tiene como finalidad administrar arbitrajes, percibiendo por ello una cantidad en concepto de honorarios por apertura y estudio del expediente. En los laudos se hace constar de forma global la condena en costas a la parte incumplidora, formando parte de la misma los siguientes conceptos que se hacen constar de forma separada:
- honorarios relativos a la protocolización del laudo, según la minuta pasada a la consultante por el fedatario público;
- costas de envios justificados, según factura emitida por los servicios de correos; y
- honorarios de administración de arbitraje.
Por otra aparte, la consultante satisface a los árbitros a los que encomienda la decísión de la cuestión sometida al arbitraje unos honorarios.
En relación con las cuestiones que afectan al Impuesto sobre el Valor Añadido, cabe señalar:
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 37/1992, están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios de administración de arbitrajes que efectúa la entidad consultante, dado que son realizados por la misma en el ejercicio de una actividad que tiene la consideración de actividad empresarial o profesional a efectos de dicho Impuesto según lo previsto en el artículo 5 de la misma Ley.
La base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los referidos servicios de administración de arbitrajes efectuados por la entidad consultante estará constituida por el importe total de la contraprestación a favor de dicha entidad derivada de la realización de dichos servicios por la misma, tanto si procede del destinatario de tales servicios como si procede de un tercero, debiendo incluirse en dicha contraprestación y base imponible cualquier crédito efectivo a favor de la entidad consultante derivado tanto de la prestación principal en que consiste el servicio de administración de arbitrajes que efectúa como de las prestaciones accesorias a dicha prestación principal que realice.
De los antecedentes que obran en el expediente de consulta, se deduce que no concurren respecto de las cantidades que percibe la entidad consultante por los conceptos de honorarios de los árbitros, honorarios de notario relativos a la protocolización del laudo y costes de envíos justificados los requisitos previstos en el artículo 78.tres.3º de la Ley 37/1992 anteriormente citados para que tales cantidades tengan la consideración de "suplidos" a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Por tanto, deberán formar parte de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los servicios de administración de arbitrajes que presta la entidad consultante, los importes que por los siguientes conceptos que se mencionan en el escrito de consulta percibe dicha entidad con ocasión de la realización de dichos servicios por la misma:
honorarios de estudio de la solicitud de arbitraje.
honorarios por la administración del arbitraje.
honorarios de los árbitros.
honorarios de notario relativos a la protocolización del laudo.
costas de envíos justificados.
En cada una de las facturas que debe emitir la entidad consultante por cada uno de los servicios de administración de arbitraje que preste, deberán constar, como mínimo, todos los datos y requisitos exigidos por el artículo 3º del Real Decreto 2402/1985, anteriormente citados.
Teniendo en cuenta que el importe total de la contraprestación de dicho servicio es el resultado de la suma de los importes correspondientes a varios conceptos distintos que lo integran (honorarios de estudio, honorarios de administración, honorarios del árbitro, honorarios del notario, costas de envíos justificados, etc.), hay que señalar que la normativa vigente no se opone a que en la factura se desglosen por separado tales conceptos e importes parciales, debiendo no obstante constar en todo caso de forma clara cual es el importe total de la contraprestación y, por tanto, la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente a la operación gravada por dicho Impuesto objeto de facturación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.uno.2º de la Ley 37/1992, el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido que grava los servicios de administración de arbitrajes que presta la entidad consultante se producirá en el momento en que dichos servicios se presten, ejecuten o efectúen, careciendo de relevancia a tales efectos el hecho de que la entidad consultante cobre la contraprestación correspondiente a tales servicios con posterioridad a dicho momento.
No obstante lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el apartado dos del mismo artículo 75, en los casos en que la entidad consultante cobre la totalidad o una parte de la contraprestación correspondiente a un servicio de administración de arbitraje que la misma vaya a prestar (por ejemplo, el cobro de los denominados honorarios de estudio de la solicitud de arbitraje), con anterioridad al momento en que preste, ejecute o efectúe el referido servicio, el Impuesto sobre el Valor Añadido que grava dicho servicio se devengará en el momento en que se produzca el mencionado cobro, en la parte que corresponda al importe efectivamente cobrado. En tales casos, la entidad consultante deberá expedir factura por tales cobros, que habrá de contener, además de todos los datos y requisitos exigidos con carácter general por el artículo 3º del Real Decreto 2402/1985, la indicación de la circunstancia (la realización del referido cobro) que motiva la expedición de tal factura.
Por lo que se refiere a los servicios de arbitraje prestados por los árbitros, hay que señalar que tales servicios estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido cuando el árbitro que los preste los efectúe actuando en condición de empresario o profesional a efectos de dicho Impuesto según lo previsto en el artículo 5 de la Ley 37/1992, incluso en los casos en que la prestación de dicha clase de servicios no constituya el objeto típico y habitual de quien los realiza y se trate de una prestación de servicios efectuada por el mismo con carácter ocasional. Tal sería, por ejemplo, el caso de un servicio de arbitraje prestado con carácter ocasional por un profesional independiente que ejerce por cuenta propia la profesión de abogado.
Por el contrario, no estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios de arbitraje cuando el árbitro que los preste no actúe en la realización de los mismos en condición de empresario o profesional a efectos de dicho Impuesto, según lo previsto en el artículo 5 de la Ley 37/1992. Tal sería el caso, por ejemplo, de un servicio de arbitraje prestado por una persona física que no tiene la condición de empresario o profesional por causa distinta de la realización de tal servicio, y que presta dicho servicio con carácter esporádico, aislado y ocasional, de manera que su realización no suponga el desarrollo de una actividad empresarial o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido por quien la efectúa.
Finalmente, y en lo referente si la entidad consultante debe practicar o no retención o ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre los honorarios satisfechos a los árbitros, cabe señalar que con arreglo al artículo 70 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero (BOE del 9), están sujetas a retención o ingreso a cuenta, entre otras, las siguientes rentas:
- Los rendimientos del trabajo.
A este respecto, debe distinguirse:
1º.- Honorarios arbitrales percibidos por personas físicas que ejercen una actividad profesional.
Cabe entender que se obtienen rentas de actividades económicas, aunque se realicen de manera accesoria u ocasional, cuando el contribuyente ya viniera ejerciendo actividades económicas, de manera que pueda entenderse que se trata de un servicio más de los que se prestan a través de la citada organización.
2º.- Honorarios arbitrales percibidos por personas física que no ejercen una actividad profesional.
En este caso, la renta percibida por la persona física debe calificarse como rendimiento del trabajo, a tenor de lo previsto en el artículo 16.2.c) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias (BOE del 10).
En ambos casos, el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar por la entidad consultante será el 18 por 100, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 75.1.3º y 88 del Reglamento del Impuesto.
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References: Resolución 
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 78
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 70
 Real Decreto 
 artículo 16

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