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Timestamp: 2020-07-06 19:50:55+00:00

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Conculcación del derecho de defensa si el procesado manifestó voluntad de recurrir y el defensor no lo hizo.
Causa N° 35.085, caratulada "O., J. B. s/ recurso de Casación".
Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. rta. 13 de mayo 2009.
En la ciudad de La Plata a los 13 días del mes de mayo del año dos mil nueve, siendo las ........ horas, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello, Benjamín Ramón Sal Llargués y Horacio Daniel Piombo, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 35.085 de este Tribunal, caratulada "O., J. B. s/ recurso de Casación". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: SAL LLARGUES – PIOMBO (art. 451 in fine del C.P.P. –Ley 13.812-), procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
Llega la presente causa a esta sede por recurso de casación interpuesto por el Señor Defensor Oficial del Departamento Judicial La Matanza, Dr. Enrique Armando Perdiguera, contra la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías de la mencionada circunscripción judicial en la cual se confirmó la resolución de fs. 639-640 del principal, el cual se tuvo por válido el decreto emitido a fs. 624 de la misma, el cual dio por firme el veredicto y sentencia emitidos en autos, ordenando asimismo la devolución de los obrados al Juzgado de Ejecución Penal Nro. 2 departamental, para que se continúe con el trámite correspondiente.
Refiere el recurrente que su asistido, al tiempo en que la sentencia quedara firme, se hallaba en estado de indefensión, toda vez que, pese a su voluntad de recurrir, el por entonces defensor no interpuso recurso, dando lugar a la nulidad del auto de fs. 27 por parte del Juzgado de Ejecución Nro. 2 de La Matanza, a instancia del defensor oficial que reemplazó a aquél cuya inacción se denuncia.
Asimismo, relata que declarada la nulidad, los autos regresaron a manos del Tribunal sentenciante que entendió que la resolución cuestionada se encontraba ajustada a derecho, por lo que debía mantenerse, dando lugar al recurso de apelación que concluyó con la confirmación de la Excma. Cámara de lo resuelto por el “a quo”.
Considera que la resolución nulificante del Juez de Ejecución adquirió firmeza y que, por lo tanto, el Tribunal debió haberse ceñido a tal declaración, permitiendo la interposición del recurso.
Solicita se case la sentencia, se declare violado el derecho de defensa, retrotrayendo las actuaciones al momento de la reserva interpuesta por el defensor particular contra la sentencia de instancia.
A fs. 96 presenta memorial conforme al art. 458 del ritual, el Señor Fiscal Adjunto, Dr. Roldán, en el cual solicita se declare inadmisible el recurso interpuesto.
Por tanto solicita se rechace el recurso a favor del imputado.
2da.)¿Es fundado?
Como bien señala el recurrente, la resolución recurrida, en tanto implica reputar firme la condena impuesta oportunamente por el Tribunal de Grado, impide la continuación del pleito y el ejercicio del derecho del imputado a obtener una revisión de la sentencia condenatoria, por lo que debe entenderse a la misma como equiparable a sentencia definitiva, art. 450 del rito.
Debe agregarse que existe gravedad institucional en autos, toda vez que se ha vulnerado el derecho de defensa y a que un órgano superior revise la sentencia condenatoria (art. 18 CN, art.8 inc. H de la CADH) de O., sumado a que la voluntad del imputado es la que prima en materia recursiva, no habiendo sido respetada la misma por el Tribunal de instancia.
Adhiero al voto del doctor Sal Llargués expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Adelanto mi voto por la afirmativa.
Resulta fundamental, en este aspecto, tener presente que, el derecho de defensa es un instituto complejo que presenta dos aspectos: la defensa material y la defensa técnica, siendo que "Nuestro Derecho Procesal ha integrado la defensa del imputado tornando necesario, por regla, que él sea asistido jurídicamente" (conf. Julio B. J. Maier, Derecho Procesal Penal, T. I, ed. Del Puerto (1996), pág. 549). A tal punto el imputado debe ser asistido por un defensor, que el Código Procesal le acuerda uno oficial para el caso de que no designe uno de su confianza (art. 89 y ccs. C.P.P.). No obstante ello, resulta evidente la preeminencia de la voluntad del imputado por sobre la de su defensor —encontrándose previa y suficientemente asistido- por cuanto la pena recaerá sobre él, no pudiendo el Estado, a través de su defensor —llamado a asistirlo- imponerse sobre el mismo, lo que se evidencia en su posibilidad de elegir un defensor de su confianza (art. 89 y ccs. del C.P.P.).
Así las cosas, el derecho de defensa surge como instituto complejo, acordado al imputado, pero ejercido también en su faz técnica por el Defensor llamado a asistirlo.
Ahora bien, en materia de impugnaciones, el imputado es el dueño del recurso, por lo que su voluntad tiene claramente preeminencia sobre la del defensor quien no puede desistir válidamente del recurso interpuesto por el primero.
En autos, existió por parte del letrado particular una seria omisión de fundamentar jurídicamente la manifestación del imputado de recurrir el fallo condenatorio.
Habiendo el imputado O. manifestado su voluntad recursiva, no es posible dejarlo en estado de indefensión, en violación del derecho de defensa.
La inactividad del abogado particular, sumado a la posterior decisión de la Excma. Cámara departamental de tener la sentencia condenatoria como firme, ha dejado en estado de completa indefensión al imputado, sin posibilidad de ejercer el derecho de revisión de su condena.
Por lo tanto, propongo al acuerdo casar la resolución atacada, y se reenvíen los presentes al Tribunal de origen, retrotrayendo las actuaciones al momento de la reserva interpuesta por el defensor particular contra la sentencia de instancia.
Conforme los fundamentos dados, corresponde: 1) declarar admisible el recurso traído por el Defensor Oficial del Departamento Judicial La Matanza, doctor Enrique Armando Perdiguera a favor de J. B. O.; 2) anular la resolución recurrida, y reenviar al Tribunal de origen, retrotrayendo las actuaciones al momento de la reserva interpuesta por el defensor particular contra la sentencia de instancia, sin costas en casación. (Arts. 450, 451, 456 primer párrafo, 461, 530 y 532 del C.P.P.; 8 inc. h de la CADH; art. 18 C.N.).
I.- Declarar admisible el recurso traído por el Defensor Oficial del Departamento Judicial La Matanza, doctor Enrique Armando Perdiguera a favor de J. B. O.
II.- Anular la resolución recurrida, y reenviar al Tribunal de origen, retrotrayendo las actuaciones al momento de la reserva interpuesta por el defensor particular contra la sentencia de instancia, sin costas en casación.
Arts. 450, 451, 456 primer párrafo, 461, 530 y 532 del C.P.P.; 8 inc. h de la CADH; art. 18 C.N..
HORACIO D. PIOMBO - BENJAMÍN R. SAL LLARGUES

References: in fine
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