Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/806058781
Timestamp: 2020-08-06 18:35:40+00:00

Document:
Voto num. 123/2015 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 806058781
Voto concurrente que formula el Ministro presidente L.M.A.M. en la acción de inconstitucionalidad 123/2015.
Al resolver este asunto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, respecto de las cuales se hicieron valer planteamientos de invalidez, por violación a los artículos 14, 16, 31, fracción IV y 115 de la Constitución Federal.
Análisis de constitucionalidad de los artículos 10, fracción LIV y 121, al ser omisos en determinar si se trata de bases generales o normas supletorias, por ausencia de reglamento municipal.
En el considerando séptimo de la sentencia se reconoció, por unanimidad de diez votos, la validez de los artículos 10, fracción LIV y 121 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, al considerar que no violan el artículo 115, fracción II, incisos a) y e), de la Constitución General, ya que dichas disposiciones se relacionan con la congruencia, coordinación y ajustes que deben existir entre todos los actores en el ámbito del desarrollo urbano en los distintos órdenes de Gobieno Estatal o local, con base en las siguientes consideraciones:
• Es cierto que el artículo 10, fracción LIV, del Código Urbano no establece si es una base general, cuya reglamentación corresponde a la Legislatura Estatal; sin embargo, sí dispone que corresponde a los Municipios la conformación de la Comisión Municipal de Directores Responsables y, en el artículo 47, se reserva a los Municipios la determinación de su integración, organización, funcionamiento y delimitación de atribuciones, con la única señalización de que sesionen por lo menos en forma bimestral.
• Si bien el artículo 121 no establece si se trata o no de una base general ni a qué nivel de gobierno corresponde su reglamentación, con base en los artículos 76, 77 y 78 del Código Urbano, se prevé que la planeación urbana orientará el desarrollo de los centros de población y que ésta es responsabilidad compartida entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos; por lo cual, deben coordinarse a efecto de articular un sistema, dentro del que se pormenorice el conjunto de programas y planes de desarrollo (entre ellos los de naturaleza parcial). Por lo que sí se estableció qué ámbito se encuentra reservado a los Municipios y en cuáles participará en forma concurrente.
Aun cuando coincido con el reconocimiento de validez de los artículos 10, fracción LIV y 121 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, lo hago por razones distintas a las expresadas en la sentencia, que a continuación expongo:
Bajo esa premisa considero que, en el caso, la Legislatura Estatal no se encontraba obligada a distinguir si el contenido de los artículos 10, fracción LIV y 121, constituían bases generales o normas supletorias, pues reitero, el objeto del Código Urbano, no es el de sentar las bases generales o supletorias para la administración municipal, sino distribuir competencias y ordenar la materia de desarrollo urbano, al ser una materia concurrente.
Lo anterior se puede constatar del contenido general del artículo 10, fracción LIV, al señalar que corresponde a los Municipios la conformación de la Comisión Municipal de Directores Responsables de proyectos u obras; así como del artículo 121 que únicamente establece lo que son los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, cómo se integran y su objeto.
En aquel asunto se invalidó la Ley Orgánica Municipal del Estado de H., al considerar que debieron clasificarse las normas que constituían bases generales para la administración municipal y las normas supletorias por ausencia de reglamentos; sin embargo, el ordenamiento jurídico que se analizó en el precedente tenía por objeto homogeneizar los gobiernos municipales en la entidad, de ahí que la naturaleza de las normas ahí previstas era orgánica, por lo que resultaba indispensable distinguir entre bases generales y normas supletorias o de detalle.(2)
Por unanimidad de diez votos, el Pleno de este Alto Tribunal reconoció la validez del artículo 186, último párrafo, del Código Urbano para el Estado de Jalisco, al considerar que el hecho de observar los lineamientos contenidos en el Reglamento Estatal de Zonificación, respecto de obras dedicadas al rubro de la educación, no vulnera la autonomía municipal para reglamentar esta materia porque:
• De la exposición de motivos del Reglamento Estatal de Zonificación y de su artículo 1o., se desprende que la aplicación de ese ordenamiento únicamente operaría en ausencia del reglamento que al efecto expida el Municipio, salvaguardándose las facultades de los Municipios derivadas del artículo 115, fracción V, inciso a), de la Constitución, 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos y 11, fracción III, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
De modo que las previsiones contenidas en el Reglamento Estatal de Zonificación para las obras dedicadas a la educación constituyen lineamientos generales mínimos, cuya obligatoriedad se justifica porque las características y ubicación de las construcciones de inmuebles destinados al servicio de enseñanza, así como las instalaciones con las cuales deben contar inciden, en sí mismas, en las condiciones de la prestación del servicio de educación, tan es así que el artículo 3o. de la Norma Fundamental además de reconocer a la educación como un derecho humano constitucionalmente protegido, en su tercer párrafo dispuso que: "El Estado garantizará la calidad en ... la infraestructura educativa ..."
Incluso, porque la infraestructura física educativa,(4) en términos del artículo 10, fracción X, de la Ley General de Educación, es parte del Sistema Educativo Nacional, la cual, de conformidad con el artículo 7 de la Ley General de Infraestructura Física Nacional, deberá "... cumplir con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado-Federación, entidades federativas y Municipios, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes de educación de las entidades federativas; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos de las entidades federativas, así como los Programas de Desarrollo Regional."
Por otra parte, considero que, el artículo 186, último párrafo, del Código Urbano para el Estado de Jalisco es claro en cuanto a que las obras destinadas a la educación deben cumplir con el Reglamento Estatal de Zonificación y constituye una norma especial, al cual debe prevalecer sobre la norma genérica que refiere que ese reglamento es supletorio para los Municipios que no tengan regulación específica, por ello, estimo inadecuadas para las obras destinadas a la educación, las consideraciones de la sentencia en las que, a partir de la exposición de motivos del Reglamento Estatal de Zonificación y su artículo 1, se concluye que tal reglamento "... únicamente operaría en ausencia del reglamento que al efecto expida el Municipio".(5)
Lo anterior, porque aun cuando efectivamente el artículo 1 del Reglamento Estatal de Zonificación señala que "... es de observancia general y podrá ser adoptado por los Municipios que así lo decidan, de conformidad con los dos últimos párrafos(6) del artículo 132 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco";(7) ley que fue abrogada y sustituida, precisamente, por el Código Urbano para el Estado de Jalisco, en cuyo artículo 148, último párrafo,(8) el cual está comprendido en el título sexto "De la zonificación", se prevé la supletoriedad del Reglamento Estatal de Zonificación a falta de reglamentación municipal; sin embargo, esta supletoriedad no aplica para las obras destinadas a la educación, pues por disposición expresa del artículo 186, último párrafo, del Código Urbano Estatal, se vincula a su cumplimiento.
En la sentencia, por unanimidad de diez votos, se reconoció la validez del artículo 212 Bis del Código Urbano Estatal, al considerar que no se violó la esfera de atribuciones municipales en materia de tránsito, puesto que se estimó que no regula cuestiones relativas al tránsito, sino al transporte y, en específico, a cuestiones de movilidad, atinentes a garantizar que la movilidad o el transporte de las personas se realicen en condiciones que satisfagan la libertad de tránsito, la seguridad, el libre acceso y los requisitos de calidad apropiados a cada tipo de servicio.
Por otra parte, por unanimidad de once votos se reconoció la validez del artículo cuarto transitorio, al estimar que la previsión de ciclopuertos deriva del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y su reglamentación corresponde a los Municipios, además de que el desarrollo de éstas queda sujeto a las posibilidades presupuestales del Municipio y son éstos quienes pueden determinar las excepciones para la utilización de las vías públicas en términos del artículo 11 de la Ley de Movilidad y Transporte en el Estado.
"Artículo 4. Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o conreconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación."
Primer párrafo de la p. 169 de la sentencia.
"A falta de reglamentación municipal se aplicarán las disposiciones en materia de desarrollo urbano, que para tal efecto expida el Congreso del Estado en los términos del artículo 115, fracción II inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los instrumentos federales y estatales de planeación aplicables."
"a) Intervenir, conjuntamente con el Ejecutivo, en la formulación y aplicación de programas de transporte público, cuando éstos afecten su ámbito territorial."
XVIII. Ciclopuerto: Mobiliario y espacio físico destinado para el estacionamiento de vehículos no motorizados de propulsión humana.

References: artículo 115
 artículo 10
 artículo 47
 artículo 121
 artículo 10
 artículo 121
 artículo 186
 artículo 1
 artículo 115
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 186
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 132
 artículo 148
 artículo 186
 artículo 212
 artículo 11
 artículo 115