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Timestamp: 2017-03-23 02:14:46+00:00

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900 406 906Todas las ColeccionesJurisprudenciaLegislaciónResolucionesTemasFormulariosPrácticosConveniosSubvencionesNoticias Soporte 900 406 906InicioJurisprudencia AdministrativoTSJ Madrid2013Sofia Delgado Velasco, Maria TeresaDesestimaSentencia364/20131049/2009
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2- El acto nulo o subsidiariamente anulable por no seguir el procedimiento previsto dado que el estudio del impacto ambiental (EIA), carece de los requisitos legales exigidos:- por carecer de estudio de alternativas al proyecto,-por no haberse efectuado diversos análisis solicitados o por estar distorsionados algunos puntos de estudio,-por omisión de una evaluación estratégica del impacto que tendrán todos los productos del sector eléctrico,-por falta del estudio del impacto acumulado de las instalaciones próximas, y por falta de alternativas al proyecto.-por incorrecta valoración del impacto paisajístico,-por ausencia de evaluación del grado de aceptación por la población local,-porque el estudio del impacto ambiental (EIA) no es válido por la insuficiencia en cuanto a los efectos en la atmósfera,-por la afección a la fauna flora y hábitats protegidos;-por insuficiente evaluación y limitación del ruido en el EIA y DIA.-por la inexistencia de valoración de los impactos sociales y económicos positivos e ilegalidad de compensar los impactos negativos en el medio ambiente con esos supuestos impactos sociales y económicos positivos. Se infringe pues el Real Decreto 1254/1999 por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.-por incumplimiento de las obligaciones para reducción de los gases con efecto invernadero.-porque el impacto ambiental es incompatible con la calidad del agua del mar con el atraque de los buques metaneros, con la cloración y tratamiento con biocidas y enfriamiento del agua del mar, con las alteraciones dinámicas del litoral, con los impactos sobre el medio biótico terrestre, con los impactos sobre el medio biótico marino, con la calidad del aire en Gijón.3-Y por último, incumplimiento de la normativa sobre seguridad según la directiva SEVESO II y el Real Decreto 1254/1999. En ella se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas entre las que se incluye el gas natural y que responden a la Directiva 96/82/CEE del Consejo de 9 de diciembre de 1982.Este Real Decreto está desarrollado a su vez por el Real Decreto 1196/2003 de 19 septiembre que aprueba la directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, pues no se ha realizado el informe de seguridad del
artículo 149.1.23ª de la CE5-acto anulable por incompatibilidad urbanística de la planta regasificadora con el plan General de Reordenación Urbana PGOU de Gijón y con las Directrices n° 12 y 13 De Ordenación Del Territorio del Principado de Asturias aprobadas el 24 enero de 1991 por Decreto 11/1991...E invoca relacionada con ella el
artículo 63.1 de la ley 30/1992 . 6-Que la Comunidad Autónoma no tiene competencia para derogar la normativa ambiental del Estado.7-Que no se ha valorado la oposición al Proyecto de la población local....8-Innecesariedad desde el punto de vista energético en la Cornisa Cantábrica e inconsistencia del objetivo de ampliar la entrada de GNL en la cornisa cantábrica.9- Que la dotación de más energía a la región no permitirá su desarrollo...Ya en el recurso de alzada había dejado constancia la actora de lo que a su entender era la falsa justificación del Proyecto y de sus contradicciones con otros planes generales; de la inconsistencia del objetivo de ampliar la entrada de GNL en la cornisa cantábrica; de que no se corresponde con la realidad del mercado energético español, de la innecesariedad de reducir la distancia entre las áreas de consumo y los puntos de entrada al sistema y garantizar el suministro; de los datos sobre la incorporación injustificada de la regasificadora a la planificación del Ministerio; y sobre el incumplimiento de la obligación para reducción de los gases con efecto invernadero, y que se contienen en los objetivos de la mejora de la calidad de la atmósfera.En cuanto a las deficiencias de la EIA decía que había falta de alternativas del proyecto, insuficiencia del EIA por no haber efectuado los análisis solicitados, por ausencia de evaluación estratégica de todos los planes de instalaciones relacionadas con la regasificadora; falta de estudio del impacto acumulado de las instalaciones próximas; incorrecta valoración del impacto paisajístico; ausencia de evaluación del grado de aceptación por la población local; falsedad de datos sobre la contaminación ambiental local en el EIA, insuficiente evaluación y limitación del ruido en el EIA y DIA; inexistencia de impactos positivos sociales y económicos; e improcedencia de compensar el impacto ambiental negativo con un supuesto impacto económico positivo...... Menciona ya en su recurso administrativo los incumplimientos legales, sustanciales y procedimentales en concreto de la normativa sobre seguridad SEVESO II, sobre las normas de seguridad UNE-En 1532 1473 y 1475; incumplimientos sobre la distancia mínima del RAMINP de 2000 metros a núcleos habitados, y sobre las Directrices de la Ordenación del territorio del Principado de Asturias ....Incompatibilidad con el plan urbano de Gijón. E incumplimiento sobre el derecho de participación pública en materia de medio ambiente, así como indebida exención del trámite de la autorización ambiental integrada.En su contestación a la demanda el Abogado del Estado opone los siguientes argumentos a los de la demanda:-que el procedimiento administrativo se inicia mediante petición de 20 abril 2007 de ENAGAS S.A. para la autorización administrativa del proyecto terminal de reclasificación de GNL de Gijón, El Musel y sus instalaciones auxiliares al que adjunta al proyecto elaborado conforme a las especificaciones definidas por parte de la dirección General de Evaluación Ambiental del entonces Ministerio De Medio Ambiente mediante resolución del 23 noviembre 2006.- Que con fecha 27 febrero 2008 la Dirección General De Biodiversidad y Paisajes de La Consejería De Medio Ambiente Y Desarrollo Rural de Principado de Asturias emitió un informe favorable al proyecto en el que se disponía que no afectaba directamente a espacios protegidos ni a especies catalogadas de flora y fauna.- En la DIA emitida por la Secretaría de Estado de Cambio climático con fecha 18 septiembre 2008 se decía que la planta de regasificación se instalaba en terrenos previamente antropizados, ganados al mar, sin incluirse en ningún espacio incluido en la Red natura 2000 o en espacios naturales protegidas de Principado de Asturias.-Que la planta regasificadora no supondrá la destrucción de la cubierta vegetal (se ubicará en suelos artificiales ) ni modificará el oleaje del ciclo de mareas, ni influirá en la dirección de los vientos predominantes de la zona. Y que las poblaciones de cormorán moñudo y halcón sólo podrán verse afectadas durante la fase de construcción.-Respecto de los impactos en el paisaje la Administración demandada y la DIA reiteran que la planta de regasificación se situará dentro del puerto del Musel ya rodeada de otras naves industriales o instalaciones similares por lo que el proyecto no implicará la aparición de elementos excepcionales en la zona.-En cuanto a la contaminación ambiental se han tenido en cuenta los datos obtenidos en la estación existente en la ciudad de Gijón así como en la fase de explotación de la instalación, la quema de gas natural impide la generación de partículas en suspensión de S02, así como que las emisiones de gas natural, nulas en operaciones normales, en operaciones de emergencia se dirigen a la antorcha por lo que no se emitirá gas natural sin quemar.-Que no contradice el PGOU como ha dicho el Ayuntamiento de Gijón.-Que no se ha infringido el
-Desde el punto de vista paisajístico las paredes rocosas del Cabo Torres hacen de pantalla visual en la que quedaran difuminadas en gran medida la silueta de las instalaciones.-Que el RAMINP -Decreto 2414/1961- ha quedado modificado en su
- Que en cuanto a la contaminación ambiental las emisiones de gas natural son nulas en operaciones normales; y en operaciones de emergencia se dirigen a la antorcha por lo que no se emitirá gas natural sin quemar.- Que se han cumplido las previsiones del
- Admite en los últimos párrafos de su contestación que ENAGAS S.A. fue objeto mediante resolución del 8 noviembre 2006 de la Dirección General de Política Energética y de Minas de la adjudicación directa de la planta sobre la base de una planificación previa del gobierno fundada la valoración de las necesidades públicas relativas al abastecimiento energético.-Que el AYUNTAMIENTO de Gijón declara la compatibilidad urbanística del proyecto al integrarse dentro de los sistemas generales de instalaciones portuarias. Y si se ha sometido a información pública local y no se han contradicho las directrices de Ordenación Territorial de Asturias...La codemandada ENAGAS S.A. opone a la demanda los siguientes argumentos en su contestación:-Que los informes periciales aportados por la demandante carecen de objetividad.-Que todos los argumentos indicados por la recurrente respecto a la supuesta desviación de poder por una motivación que está fuera de la realidad del mercado energético y del gas español, quedan desvirtuados, pues se refieren a la planificación energética aprobada por el Consejo de Ministros que evidentemente no es objeto el presente recurso. La Comisión Nacional de Energía convierte las mismas razones aducidas por la demandante a favor de la pretendida existencia de un vicio de desviación de poder en poderosos argumentos a favor de la puesta en marcha de la regasificadora proyectada.-Que se ha respetado lo establecido en el Real Decreto 1254/1999 y cumplido con las obligaciones derivadas del mismo que traspone la Directiva 96/82/CE de 9 de diciembre.-Que consultados y oídos de conformidad con la legislación vigente todos los particulares y organismos afectados lo cierto es que tanto el expediente de evaluación como la posterior declaración de impacto ambiental por un lado, y el expediente de autorización de las instalaciones por otro, han seguido escrupulosamente el trámite legal y reglamentario previsto en la normativa vigente de aplicación. Por lo que en las resoluciones recurridas se considera y así debe ratificarse los presentes autos que en todo momento han sido respetados los derechos de los particulares afectados y con ello los de la recurrente que presentó alegaciones en el trámite de información pública al que nos hemos referido.- Que el procedimiento administrativo se ha respetado de manera estricta así como el derecho de participación de los administrados.-Que no tiene fundamento alguno la pretensión de la demandante en relación con la nulidad de la resolución recurrida, por cuanto en el procedimiento administrativo que ha desembocado en su otorgamiento se ha respetado, de manera estricta, el derecho de participación de los administrados, prueba de lo cual es el hecho de que la propia recurrente presentó alegaciones durante el periodo establecido al efecto.- En relación con la afección a la fauna flora y habitas protegidos es preciso referirse al informe del 26 febrero 2008 el director general de biodiversidad y paisaje de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno del Principado de Asturias en relación con EIA.-Que el Proyecto tiene efectos positivos como aumentar los puestos de trabajo y elevar el valor del Puerto del Musel. Y potenciación del sector de servicios. Así como elevación de la renta local.-Que la ejecución de esta nueva planta de regasificación fue adjudicada de forma directa a esta empresa por resolución de 8 de noviembre de 2006 de la Dirección General de Política Energética y de Minas indicando ya en la misma su ubicación.-Que la trasposición de las directrices 2003/4/CE y 2003/3/35/CE se hizo mediante la Ley 27/2006 de 8 de julio de 8 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, participación pública, y de acceso a la justificación, en materia de medio ambiente pero que entró en vigor cuando ya se había iniciado la tramitación ambiental del proyecto pues su memoria- resumen fue recibida por el MMA en fecha de 27 de abril de 2006, y de conformidad con la
-Como documento número uno aporta con su contestación a la de manda una posterior Resolución de la Dirección General De Política Energética Y de Minas del MIT y C (a su entender relevante ) por la que se otorgaba con fecha 16 febrero 2.010 aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el Puerto del Musel.-Que la redacción del artículo 45 bis no deja lugar a dudas respecto de la voluntad del legislador de dejar sin aplicación en el Principado de Asturias los artículos mencionados del RAMINP 2414/1961 (4,15 y 20) que regulan las distancias mínimas de las actividades clasificadas a los núcleos de población señalando que la normativa específica de dicha Comunidad Autónoma es la aplicable.....con respeto al marco establecido en la CE. E invoca también la Ley 34/2007.-Que con relación a la calificación y compatibilidad urbanística del suelo, las competencias corresponden a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento concernidos.SEGUNDO.- Por lo que se refiere a los argumentos de fondo, procede en primer lugar analizar el relativo a la vigencia y aplicabilidad al presente supuesto de las exigencias contenidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP) aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, en relación a la distancia mínima de esta clase de instalaciones respecto de los núcleos de población y que no podría ser inferior a 2.000 metros, por ser ésta una alegación ya analizada por la Sala en supuestos del todo análogos y que, de prosperar, haría innecesario abordar el resto de los argumentos esgrimidos en la demanda.Básicamente, se sostiene en ésta que dicha distancia no se ha respetado -se alude a varios núcleos de población, pero sobretodo al de Muselín, del municipio de Gijón-, considerando varios datos:-Que la planta regasificadora está sujeta a lo dispuesto en la directiva 96/88/de que el Consejo de 9 diciembre 1996 relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas conocida comúnmente por directiva se egresó dos traspuesta más ordenamiento por el real decreto 1254/1999 del 16 julio por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves a los que intervengan sustancias peligrosas entre las que se incluye el gas natural, siendo este real decreto desarrollado a su vez por el real decreto 196/2003 del 19 septiembre que aprueba la directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en las que intervienen sustancias peligrosas.-que la norma resultaría de aplicación pues el expediente se inició antes de que el Reglamento fuera nominalmente derogado para el territorio asturiano por la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del Principado de Asturias, que fue publicada en el BOPA el 30 de diciembre de 2006, y teniendo en cuenta que el proyecto comenzó por solicitud de 11 mayo 2006 y que a esa fecha se había presentado ya incluso una segunda memoria resumen del proyecto.-y aunque la
También la entidad codemandada ENAGAS SA. se pronuncia sobre este motivo impugnatorio sosteniendo que el RAMINP fue derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, en las Comunidades Autónomas que hubieran aprobado normativa sobre la materia, de tal suerte que ha sido el propio Estado el que ha desplazado esta norma y no las Comunidades Autónomas.Igualmente se refiere a la incidencia de la Ley del Principado 11/2006 destacando que, como Asturias, otras Comunidades Autónomas han dejado sin aplicación en su territorio al Reglamento de 1961, caso de Murcia, Andalucía, Cataluña o Madrid, relacionando los motivos por los que se ha optado con carácter general por la derogación.Pone de relieve el hecho de que el Ayuntamiento de Gijón hubiera emitido un informe con fecha .......... favorable a la compatibilidad urbanística de la instalación argumentando, por último, que la derogación operada por la Ley 34/2007 tendría efectos desde su aprobación al no existir norma transitoria alguna que condicionase su vigencia, además de que la interpretación propuesta por la demandante conduciría al absurdo de mantener dos regímenes distintos: uno, más restrictivo, para los proyectos autorizados con anterioridad, y otro para los autorizados con posterioridad.TERCERO.- El estudio de este motivo exige partir de dos premisas fácticas en rigor no discutidas:1.- Una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado constituye una actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa en los términos establecidos en el Reglamento de 30 de noviembre de 1961 aprobado por decreto 2414/1961 (RAMINP).En efecto el artículo 2 sobre las Actividades reguladas dice que 'Quedan sometidas a las prescripciones de este Reglamento, en la medida que a cada una corresponda, todas aquellas actividades que...a los efectos del mismo sean calificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, de acuerdo con las definiciones que figuran en los artículos siguientes c independientemente de que consten o en el nomenclátor anejo, que no tiene carácter limitativo'.Y el artículo 3 dispone que serán calificadas como molestas las actividades que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen.Como insalubres dice que ' Se calificarán como insalubres insalubres las que den lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana'.Como Nocivas dice que 'Se aplicará la calificación de nocivas a las que, por las mismas causas, puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola forestal, pecuaria o piscicola'.Como Peligrosas dice que 'Se consideran peligrosas las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes'.El art. 4 del RAMINP 1254/1999 y el art. 11.3 de la Orden de 15 de marzo de 1963 que dicta normas complementarias para la aplicación del primero, establecen de forma tajante y sin excepciones que 'en todo caso, las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres solo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población agrupada'.En su anexo I se relaciona como actividad molesta la de las centrales mixtas de producción de energía eléctrica (hidráulicas y térmicas a vapor, diesel y a gas)Y como actividad peligrosa las actividades relacionadas con la producción, envase, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles gaseosos de base hidrocarburada, como propano butano, etc, y sus isómeros.La Directiva SEVESO II incluye el gas natural como sustancia peligrosa, dada su inflamabilidad.Es más el del RDL 1302/1986 que aprueba el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. (Vigente hasta el 27 de enero de 2008) y que se puede aplicar por analogía, en su anexo I recoge una serie de supuestos que precisaban estudio ambiental, y así en el grupo 3 regula la Industria energética y señala: 1. Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las Empresas que produzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como las instalaciones de gasificación y de licuefacción de al menos 500 toneladas de carbón de esquistos bituminosos al día.Clasificaciones todas ellas que nos permiten entender la que nos ocupa como incluida en las actividades reguladas en el RAMINP puesto que también esta instalación de gasificación es una actividad peligrosa.Por lo demás el
Es más la propia resolución de la Dirección General De Política Energética Y De Minas del Ministerio De Industria Turismo Y Comercio de 16 febrero 2.010 que finalmente aprueba el proyecto y la autorización señala en uno de sus párrafos del apartado séptimo que la sociedad anónima ENAGAS será responsable de la seguridad de las instalaciones así como de la prevención y adopción de todas las medidas encaminadas a dicho fin que sean precisas en cuya responsabilidad se incurra por la implantación de las estaciones como titular de las mismas, con sujeción a lo previsto en la legislación vigente sobre seguridad de las instalaciones energéticas industriales y en el Real Decreto 1254/1999 16 julio por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en las que intervengan sustancias peligrosas. Y esta cualidad de instalación industrial peligrosa que ostenta la planta gasificadora en cuestión es corroborada por los peritos que informan en autos(aunque valorados con la distancia necesaria al ser emitidos a instancia de parte).Y se desprende igualmente de los argumentos de la
En siguiente lugar, no se puede olvidar a mayor abundamiento que la actividad de a la que se refiere el Proyecto aprobado es evidentemente 'una actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa', como se indica por la demandante, porque pese a la regulación de la misma donde encaja perfectamente, tal característica no ha sido desvirtuada por la Administración ni por ENAGAS. También ha de señalarse que no se cuestiona en absoluto el dato aportado por la actora de que la Planta regasificadora a la que se refiere ese Proyecto se ubica a menos de 2000 metros del núcleo más próximo de población, Muselín, como se señala en la demanda.2.- Declarada sin lugar a dudas la cualidad de sustancia peligrosa derivada de la planta regasificadora, la instalación autorizada incumple la distancia mínima de 2.000 metros que el Reglamento impone respecto de núcleos de población agrupada. Así lo sostiene la demandante refiriéndose a los de Muselin en Gijón y al de Xivares en Carreño, todos ellos ubicados a 2 km o menos de la planta regasifícadora, sin que se haya siquiera cuestionado tal extremo de las distancias a las poblaciones más cercanas por la Administración Demandada defendida por el abogado del estado y por la entidad codemandada ENAGAS S.A.Es más, en algunos informes como los emitidos por las Asociaciones AVV, ACA, GREEN, AVALL, Malpica, Coordinadora Ornitológica de Asturias, Asociación Badón, Asociación Xivares......, se hace constar que en un radio de 2.000 metros viven más de 70.000 personas, estando los barrios de Otero Jove, Musel Arnao, Pescadores, La Calzada, Les Gabanes, Tocote y Muselín a menos de la distancia mínima, y a menos de 1000 metros los depósitos de gas de Campa Torres y tres terminales petrolíferas de Musel (CHL, AGIP y Petroleras Asturianos ). Existiendo además en la cercanía -a 1000 metros-una playa y un hospital de la comarca de Gijón a unos 2500 metros.Partiendo de estas dos premisas que constituyen el presupuesto de hecho de la prohibición impuesta por el Decreto 2414/1961, procede plantearse la vigencia de dicha norma respecto del proyecto controvertido tanto por razones temporales como por razones competenciales, a la vista de los motivos de oposición que en ambos aspectos hacen valer el Abogado del Estado y la codemandada ENAGAS S.A., y en tal sentido ha de razonarse lo siguiente:A).- Por lo que se refiere a la determinación del momento que ha de considerarse para constatar la vigencia y aplicabilidad del repetidamente invocado Decreto 2414/1961, el criterio adoptado por esta misma Sección ha sido el de tomar por tal la fecha de inicio del expediente de autorización de la instalación (no de la tramitación administrativa de la planta), en este caso el 11 de mayo de 2006, que es cuando dice la actora que se presentó el correspondiente escrito por ENAGAS, S.A. comenzando desde esta fecha la efectiva tramitación del proyecto por la Dirección General y de la autorización de la planta.Es evidente que de esta fecha hemos de partir, por los siguientes motivos que exponemos a continuación, y por lo que tiene de relevante a efectos de la legislación aplicable en cuanto a las distancias:1 -Este dato no ha sido desmentido ni por la Administración ni por la sociedad ENAGAS SA.2 - Es corroborado además con el dato de que la planificación fue aprobada en Consejo de Ministros de fecha 31 de mayo de 2005.3 -Habiéndose incluso provocado con anterioridad que por primera vez se incluyera en el año 2005 la planta gasificadora del puerto Del Musel en la revisión del documento de planificación de los sectores de electricidad, de gas y de desarrollo de las redes de transporte. Y por ello la Planta del Musel está incluida en el Puerto del Musel desde el año 2005 dentro de la modificación de la planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 en la revisión de 2005-2011, aprobada el 31 de marzo de 2006 por el Consejo de Ministros y que está relacionado con otros proyectos de plantas de regasificación e infraestructuras de almacenamiento de gas natural licuado.4 -y ello es ratificado aun con un dato más fundamental y relevante cual es que en fecha de 23 de noviembre de 2006 la Dirección General de Política Energética y Minas admite haber realizado consultas sobre el plan del Proyecto y se requiere a ENAGAS SA. para que se haga el estudio de IA con una detallada amplitud de requisitos y descripciones (documento n°2 del expediente ).5 - En efecto las consultas sobre el impacto ambiental se solicitaron por la Administración del MAM en julio de 2006 y obran en el expediente como realizadas todas ellas en fechas que van desde agosto a septiembre de 2006, en concreto: a modo de ejemplo Ecologistas en Acción de Asturias el 30 de agosto de 2006, el Centro de Experimentación Pesquera en 17 de agosto de 2.006, el Ayuntamiento de Gijón el 22 de agosto de 2006, el Puerto de Gijón el 28 de agosto de 2006, la Coordinadora Ecologista del Principado de Asturias el 30 de agosto de 2006, los Técnicos del Área del Medio Marino de Gijón el 7 de septiembre de 2006, la AVV Xivares El Tranquera el 25 de agosto de 2006, la Asociación Bodón el 5 de septiembre de 2006, la Asociación Green el 29 de agosto de 2006, la Asociación Avall el 1 de septiembre de 2006, la Asociación Malpica de Carbayín el 30 de agosto de 2006, la ACÁ el 4 de septiembre de 2006, la Coordinadora de Ornitología de Asturias el 2 de septiembre de 2006, el Centro Oceanógrafico el 2 de septiembre de 2006, la Asociación Green el 29 de agosto de 2.006.........(todos ellos se pueden comprobar en el documento n° 2 del expediente).6 -Consta además una memoria-resumen del Ministerio de Medio Ambiente sobre la Planta de fecha 5 de septiembre de 2006.y un informe de la Dirección General de calidad ambiental y obras hidráulicas de 25 de octubre de 2006.7 -Y efectivamente se incluyó tal Proyecto de la Planta Regasificadora en el Consejo de Ministros de 31 de julio de 2006.8- En el escrito de ENAGAS de fecha 19 de abril de 2007 pidiendo autorización administrativa para el proyecto de la instalación menciona que la nueva planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas licuado del Puerto del Musel se encuentra incluida en el documento de planificación gasista denominado 'Revisión 2005-20111 de la Planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2002-2011, aprobado con fecha 31 de marzo de 2006 por el Consejo de Ministros.Tal inicio del Proyecto además no se ha desmentido por las partes demandadas, y es aceptado implícitamente por el Abogado del Estado quien en su contestación a la demanda admite que existía ya un proyecto que estaba elaborado conforme a las especificaciones exigidas por la Dirección General de Evaluación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente por resolución de 23 de noviembre de 2006.....E incluso para defender el cumplimiento de las exigencias medio- ambientales por el proyecto refiere en su contestación que la memoria-resumen fue recibida por el Ministerio de Medio Ambiente en fecha 27 de abril de 2006 lo que también es relevante para determinar la legislación aplicable en materia medio-ambiental...También la codemandada ENAGAS admite en su contestación a la demanda que la ejecución de esta nueva planta de regasificación fue adjudicada de forma directa a esta empresa por resolución de 8 de noviembre de 2.006 de la Dirección General de Política Energética y de Minas indicando ya en la misma su ubicación.E incluso dice que su memoria-resumen fue recibida por el MMA en fecha de 27 de abril de 2006, y de conformidad con la
Como por mera congruencia no se puede pretender el inicio del Proyecto en una fecha para lo que interesa a efectos medio- ambientales, y en otra para no acatar la normativa del RAMINP, hemos de partir de la fecha indicada por la actora de 11 de mayo de 2006 que por otro lado no es minimamente cuestionada de forma expresa por los demandados.Y ya en este punto hemos de acudir a la interpretación adoptada por la ya citada
'Por lo tanto, la cuestión debe reconducirse a si resultaba de aplicación en este caso el Decreto 2414/1961, como sostiene el demandante o si, por el contrario, no lo era en atención a las razones que tanto el Abogado del Estado como la entidad codemandada exponen en sus respectivos escritos de contestación.Pues bien, esta disyuntiva ha sido resuelta por el propio Tribunal Supremo en la misma
El Alto Tribunal se pronuncia en los siguientes términos sobre la pervivencia y aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra:'CUARTO.-.- En el primero de los motivos de impugnación del recurso de la Comunidad Foral de Navarra se hace referencia, en síntesis, como hemos expuesto, a la indebida aplicación del
La propia Exposición de Motivos de la Ley 16/89 dice que su finalidad es 'actualizar y desarrollar la normativa vigente' (no, por lo tanto, una regulación 'ex novo'), en especial 'en los aspectos referentes a las facultades inspectora y disciplinaria de la Administración', todo lo cual indica bien a las claras la voluntad del legislador navarro de desarrollar, y sólo en aspectos parciales, aquel Reglamento estatal. (Conviene precisar que esta interpretación que hacemos de la Ley Foral 16/89 no está vedada en casación porque de ella depende la aplicación o no de una norma estatal).Por lo demás, hemos de citar aquí,
La Ley Foral de Navarra 16/1989, de 5 de diciembre, de Control de Actividades Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente, cuya aplicación se pretende, no desplaza, pues, el RAMINP por cuanto la misma no establece un nivel superior de protección ambiental en relación con el Proyecto de que se trata, al no contener un régimen específico de emplazamiento y distancias para las actividades clasificadas; prevalece, por ello, la norma mínima estatal de protección medioambiental.Tampoco dicho desplazamiento puede entenderse efectuado por la aplicación de la normativa estatal en materia de evaluación de impacto ambiental aplicable en aquel momento -Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre -, ni por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, pues lo contemplado en las mencionadas normas es una simple coordinación de carácter procedimental con la que nos ocupa, en materia de actividades clasificadas, mas no un desplazamiento material de la normativa reguladora de esta, como ya se dijo en la citada STS de esta Sala de 7 de octubre de 2009.Esto mismo sucede respecto de la
SEXTO.-.- En el tercero de los motivos articulados por la Comunidad Foral de Navarra se alega la infracción del artículo 15 del RAMINP, así como de la jurisprudencia aplicable, ya que la sentencia no tuvo en cuenta que, en el supuesto de autos, estaba justificada la excepción prevista en dicho artículo a la regla general del régimen de distancias.Procede rechazar este motivo de conformidad con la doctrina ya establecida por el Tribunal Supremo, y que venimos reiterando en la presente sentencia, al no concurrir las excepciones concretas y justificadas exigidas, en el supuesto de autos, para la aplicación del precepto y jurisprudencia que se dicen vulnerados.Así, hemos de reiterar lo señalado en la mencionada
c) Que esa singular motivación de la decisión que autoriza la dispensa debe permitir apreciar que las medidas correctoras impuestas no son sólo las que demanda el tipo de actividad de que se trate, sino, además, singularmente, las exigibles por la concreta circunstancia de la reducción de la distancia (tal y como ya se indicó en la última de las sentencias citadas) '.En este caso, la excepción prevista en ese artículo 15 pretende justificarse en el documento de estudio de impacto ambiental al que se hace mención en el Recurso de Casación, lo que no es aceptable, pues no se contiene ninguna motivación específica sobre el tema de la distancia, que, además, permita apreciar que las medidas correctoras impuestas no son solo las que demanda el tipo de actividad sino, también, singularmente, las exigibles para la concreta -y, en este caso- importante reducción de la distancia de los 2000 metros que se contempla en el tantas veces citado artículo 4 RAMINP, máxime cuando el Grupo 2 de la Central Térmica de ciclo combinado para la producción de 400 MW, a la que se refiere el Proyecto litigioso, se ubica próximo al Grupo 1 de esa Central también de 400 MW, para formar, con lo dos grupos, una Central Térmica de ciclo combinado de 800 MW, como resulta de la documentación obrante y a la que se hace mención en el mismo Acuerdo impugnado de 7 de noviembre de 2005. (...).OCTAVO.- En el primero de los motivos de impugnación del recurso de la entidad mercantil Eléctrica de la Ribera del Ebro, S.A., se considera que la sentencia de instancia ha aplicado indebidamente el artículo 4 RAMINP, pues, según se dice, estaba derogado para Navarra por la legislación estatal y autonómica en vigor cuando se dictó el Acuerdo del Gobierno de Navarra impugnado.Para resolver este motivo impugnatorio hemos de precisar, en primer lugar, que la
DÉCIMO.- El tercero de los motivos de impugnación del recurso de Eléctrica de la Ribera del Ebro, S.A., también ha de ser desestimado.En la sentencia de instancia no se considera aplicable, como antes se ha dicho, la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo seguido para la aprobación del Proyecto litigioso se habla iniciado antes de la entrada en vigor de esa Ley. Por ello se considera aplicable la tan citada Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de Control de Actividades Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente. La interpretación que ha hecho la Sala sentenciadora del derecho autonómico -en concreto de las Disposiciones Transitorias de esa Ley Foral 4/2005 -, para considerar aplicable al presente caso -'teniendo en cuenta las fechas en que se inició el procedimiento administrativo que nos ocupa', como se dice en la citada sentencia- la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de Control de Actividades Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente, no es recurrible en casación.La vulneración que se alega por la recurrente de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, por la interpretación que ha hecho la sentencia de instancia de la legislación autonómica aplicable, es puramente ritual y no puede llevar a la anulación de esa sentencia, pues en esa Ley Orgánica, como es obvio, no se señala el criterio a seguir en la interpretación de las normas y, muchos menos, que establezca la aplicación de la Ley 4/2005 al presente caso'.La conclusión que cabe extraer de tales argumentos es que el Reglamento de 30 de noviembre de 1961 era de aplicación al proyecto de la planta Regasificadora del Puerto Del Musel en atención a la fecha fijada anteriormente de inicio del procedimiento administrativo de autorización pues a esa fecha, 11 de mayo de 2006, ya indicada por la actora, los Verdes de Asturias, no había entrado en vigor la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del Principado de Asturias (fue el 1 de enero de 2007), cuyo
Desde luego resulta también ineficaz para ello que el Ayuntamiento de Gijón emitiera un informe favorable a la compatibilidad urbanística de la actuación con los terrenos del Puerto en los que se ubicaría (licencia de instalación al parecer confirmada judicialmente), informe que no tiene evidentemente eficacia vinculante a la hora de comprobar la observancia y el cumplimiento de exigencias derivadas de normas estatales en materia medioambiental, como la que ahora se cuestiona.De admitirse la interpretación apuntada por la Administración del Ministerio de Industria, y por la mercantil codemandada se llegaría a la conclusión, difícilmente conciliable con cuanto se acaba de exponer, de que la Dirección General de Política Energética y Minas, órgano competente para decidir sobre la autorización, aun conociendo que no se cumplían las distancias previstas en el Reglamento de 1961, norma vigente y de aplicación al supuesto al no existir normativa foral ni estatal que la hubiera desplazado en ese momento, lo que supondría en todo caso un claro incumplimiento de las 'circunstancias del emplazamiento de la instalación', podría sin embargo autorizarla por no corresponderle el control de una 'norma urbanística'.Se rebaten así los argumentos de las demandadas en cuanto dicen que el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias aprobado por la
CUARTO.- Por último, cabe plantearse cuales hayan de ser las consecuencias de que la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección atmosférica, haya derogado el RAMINP en los términos en que se pronuncia en su Disposición Derogatoria Única al establecer que '1. Queda derogado el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre'; añadiendo que 'No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa'.La mercantil codemandada y el Abogado del Estado en sus respectivas contestaciones destacan que ha sido el propio Estado el que ha desplazado con esta Disposición la eficacia del Reglamento de 1961 haciéndole perder todo su contenido; y al no incluir ninguna norma transitoria respecto de los procedimientos ya iniciados, supone que sería aplicable desde su entrada en vigor.La solución que ha darse al problema de si la derogación del RAMINP producida, como aquí sucede, por una norma -Ley 34/2007- que entró en vigor antes de acordarse la autorización previa de la instalación pero después de iniciado el procedimiento, debe o no impedir la aplicación del régimen de distancias mínimas que prevé el mismo Reglamento, no puede desconectarse de la doctrina jurisprudencial expuesta, que considera que es el comienzo del procedimiento de autorización el que determina cual ha de ser la norma de aplicación.Así, si al iniciarse ya había entrado en vigor la norma autonómica que excluía la aplicación del Decreto 2414/1961, es obvio que no jugarían las exigencias sobre distancias mínimas a núcleos de población que el mismo prevé.Pero si esa normativa autonómica no estaba aún vigente, el proyecto estaría sometido a tales exigencias desde el comienzo y hasta la autorización, condicionando necesariamente ésta.Razones de congruencia obligan a entenderlo así, pues si la derogación operase desde la misma entrada en vigor de la Ley 34/2007 afectando a los procedimientos ya iniciados se produciría una situación en la cual no podría aplicarse el RAMINP, por la fuerza derogatoria instantánea de la Ley, pero al mismo tiempo tampoco podría serlo la normativa autonómica por cuanto, como hemos insistido y de acuerdo con el criterio del Tribunal Supremo, no se encontraba en vigor al iniciarse el procedimiento con el efecto ya indicado de resultar inaplicable al mismo.QUINTO.- Procede entonces estimar el recurso y anular la autorización administrativa previa impugnada al incumplirse las normas sobre distancias mínimas a los núcleos de población previstas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sin que sea por ello necesario analizar los restantes motivos esgrimidos en la demanda; no apreciándose por lo demás motivos que, a la vista de lo prevenido en el
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicaciónFalloQue debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso-administrativo 1.049/2.009 promovido por la Procuradora Dª Silvia María Casielles Morán actuando en nombre y representación de LOS VERDES DE ASTURIAS contra la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 29 de DICIEMBRE de 2008 por la cual se otorgó a ENAGAS S.A. la autorización administrativa previa para la construcción de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) en el Puerto de El Musel (término municipal de Gijón en Asturias), así como contra la dictada por silencio administrativo por la Secretaría General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que de forma presunta desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la anterior resolución con entrada del 27 de febrero de 2.009 luego expresada en resolución de 5 octubre 2009 de la Subsecretaría de Industria Turismo y Comercio por delegación del Secretario de Estado de Energía; debemos anular y anulamos dichas Resoluciones, por no ser ajustadas a Derecho por los motivos expresados.Sin hacer expresa imposición de costas.Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el
Impacto ambientalContaminaciónActividades clasificadasAutorizaciones administrativasProtección medioambientalOrdenación del territorioRuidoFloraFaunaAtmósferaFalta de competenciaPlan general de ordenación urbanaEvaluación ambientalAutorizaciones ambientalesVoluntadSilencio administrativoResponsabilidadCalidad del aguaSecretarías de EstadoEspacios naturalesEspacio protegidoDeclaración de impacto ambientalNulidad de las resolucionesTrámite de información públicaInformes pericialesProtección ambientalElevación de la rentaCuestión de inconstitucionalidadIntervención administrativaLey 29/1998 de 13 de Jul (Jurisdicción contencioso-administrativa)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 167 Fecha de Publicación: 14/07/1998 Fecha de entrada en vigor: 14/12/1998 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
Constitución Española (de 27 de Dic de 1978)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 311 Fecha de Publicación: 29/12/1978 Fecha de entrada en vigor: 29/12/1978 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo 149ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 206 Fecha de Publicación: 25/07/1889 Fecha de entrada en vigor: 16/08/1889 Órgano Emisor: Presidencia Del Consejo De Ministros Artículo 31ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
Ley Orgánica 13/1982 de 10 de Ago (Reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 195 Fecha de Publicación: 16/08/1982 Fecha de entrada en vigor: 16/08/1982 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
Ley Orgánica 7/1981 de 30 de Dic (Estatuto de Autonomía de Asturias)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 9 Fecha de Publicación: 11/01/1982 Fecha de entrada en vigor: 09/01/1999 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
Ley 27/2006 de 18 de Jul (Derechos de acceso a la informacion, de participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 171 Fecha de Publicación: 19/07/2006 Fecha de entrada en vigor: 20/07/2006 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
Ley 37/2003 de 17 de Nov (Ruido)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 276 Fecha de Publicación: 18/11/2003 Fecha de entrada en vigor: 08/12/2003 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
Ley 34/2007 de 15 de Nov (Calidad del aire y protección de la atmósfera)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 275 Fecha de Publicación: 16/11/2007 Fecha de entrada en vigor: 17/11/2007 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
Ley Orgánica 4/1983 de 25 de Feb (Estatuto de Autonomía de Castilla-León)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 52 Fecha de Publicación: 02/03/1983 Fecha de entrada en vigor: 09/01/1999 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo 27. Competencias de desarrollo normativo y de ejecución.Artículo 34. Patrimonio.ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
Ley 34/1998 de 7 de Oct (Sector de hidrocarburos)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 241 Fecha de Publicación: 08/10/1998 Fecha de entrada en vigor: 09/10/1998 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo 67. Autorizaciones administrativasExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...

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