Source: http://www.tirantonline.com/tol/publicNovedades/show/6530806?lang=ca
Timestamp: 2018-03-17 20:31:34+00:00

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Títol: Nuevo régimen de contratos del sector público de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público
Autors: Editorial Tirant lo Blanch
[anterior] Entrada en vigor del NUEVO REGIMEN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. («BOE» núm. 272, de 09/11/2017.)
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público TOL6.414.318, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 publicada en el Boletín Oficial de Estado de 9 de noviembre de 2017, constituye un nuevo hito en el devenir de la legislación de contratos públicos en España que -como los textos legales precedentes aprobados en la materia desde la incorporación de España a las Comunidades Europeas.
[anterior] ENTRADA EN VIGOR
Se producirá a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial de Estado, por lo tanto el 9 de marzo de 2018.
[anterior] La letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del artículo 32, a los diez meses desde la publicación
Los artículos 328 a 334, así como la disposición final décima entrarán en vigor el día 10 de noviembre de 2017.
[anterior] LEGISLACIÓN
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (BOE» núm. 272, de 9 de noviembre de 2017). (TOL6.414.318)
Nos encontramos ante una Ley de enorme importancia no sólo para el Derecho Público sino para la actividad económica del país e, incluso, para la democracia, dada la introducción de diferentes medidas que tratan de disminuir las posibilidades de acción de uno de los cánceres de nuestra democracia: la corrupción en la contratación pública.
[anterior] Lógicamente, en el plano del Derecho Tributario, su incidencia es mucho menor, pero existen una serie de disposiciones que tratan específicamente de temas tributarios y, en consecuencia, conviene citar para conocimiento de los lectores
-Disposición Adicional (en adelante, DA) 13ª. En ella, simplemente, se indica que las referencias al IVA en el cuerpo de la norma se harán extensibles al IGIC canario y al Impuesto sobre la Producción y los Servicios que funciona en Ceuta y Melilla.
[anterior] -DA 32ª. Que, al igual que otras normas de la Ley, extiende y generaliza el uso de la factura electrónica como medio probatorio en la contratación pública.
[anterior] -DA 44º, junto con las Disposiciones Finales (en adelante, DF) 11ª, la cual modifica la DA primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y la DF 12ª que introduce una norma similar en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
[anterior] Asimismo, la DF 9ª de esta Ley altera la redacción de la Ley de Tasas y Precios Públicos.
[anterior] De acuerdo a estas normas, los pagos abonados por los usuarios y entidades por la prestación de servicios en las concesiones de servicios y obras públicas tienen la naturaleza de prestaciones patrimoniales de carácter público, reguladas en el artículo 31.3 de la Constitución Española, es decir, no son tributos.
[anterior] -DA 50ª. La norma incluye dos cambios: a) la necesidad de actualizar la lista de paraísos fiscales que figura en nuestras disposiciones tributarias, quizás teniendo en cuenta que la Unión Europea va a publicar su propia lista de jurisdicciones fiscales no cooperantes y b) se exige la adaptación del country-by-country report, el informe país por país, derivado de la Acción 13ª de BEPS a los cambios introducidos en el mismo por la propia OCDE.
[anterior] De hecho, esta segunda propuesta de modificación legislativa, vinculada al artículo 13 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, ya está en marcha.
[anterior] -DF 10ª. Introduce diversas modificaciones en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, con ánimo, por un lado, de continuar con la no sujeción de las actividades del sector público, aunque se realicen en régimen concesión (artículo 7, 8ª de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre) y, por otra parte, de resolver la problemática acerca de la naturaleza de las aportaciones realizadas por el sector público en favor de entidades que realicen actividades de interés general, especialmente, las televisiones y radios públicas, calificándolas como subvenciones no integrantes de la base imponible del IVA.
[anterior] A nuestro entender, esta última modificación es la más importante y sus implicaciones son variadas.
[anterior] Conforme a la disposición final 16ª esta Ley entrará en vigor cuatro meses después de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", es decir, en marzo de 2018
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueban la aplicación informática y el cuestionario electrónico necesarios para elaborar el informe a que se refiere el artículo 328.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (TOL6.427.623)
Consulta número: V0211-18 (TOL6.512.467)
Título: La entidad consultante es una sociedad anónima cuyo capital pertenece íntegramente a una Comunidad Autónoma que se ha constituido para la prestación de los servicios públicos esenciales de atención de llamadas de urgencia y de emergencia y de extinción de incendios y de salvamento. La prestación de dichos servicios públicos se enmarca dentro de un bloque normativo que regula y ordena la acción pública en este ámbito.
[anterior] Supuesto de hecho: La entidad consultante es una sociedad anónima cuyo capital pertenece íntegramente a una Comunidad Autónoma que se ha constituido para la prestación de los servicios públicos esenciales de atención de llamadas de urgencia y de emergencia y de extinción de incendios y de salvamento. La prestación de dichos servicios públicos se enmarca dentro de un bloque normativo que regula y ordena la acción pública en este ámbito.Todas sus actividades se realizan sin contraprestación económica siendo su única fuente de ingresos subvenciones recibidas del Gobierno autonómico para hacer frente a los gastos corrientes de la empresa y para la realización de inversiones necesarias para el desarrollo de la actividad.
[anterior] Cuestión Planteada: Deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes o servicios destinados al desarrollo de la actividad de la entidad consultante.
[anterior] El artículo 5 de la misma Ley establece, en cuanto al concepto de empresario o profesional, lo siguiente:
[anterior] En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.
[anterior] (...).".
[anterior] Estos preceptos son de aplicación general y, por tanto, también a las sociedades de titularidad pública que, consecuentemente, tendrán la condición de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando ordenen un conjunto de medios personales y materiales, con independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial o profesional, sea de fabricación, comercio, de prestación de servicios, etc., mediante la realización continuada de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de la actividad, siempre que las mismas se realizasen a título oneroso.
[anterior] 2.- Por otra parte, en relación con la sujeción de las operaciones efectuadas por las Administraciones Públicas, el artículo 7.8º de la Ley 37/1992, con la nueva redacción dada por el apartado 8 de la disposición final 10.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE de 9 de noviembre), establece que no estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido:
"8.º A) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por las Administraciones Públicas, así como las entidades a las que se refieren los apartados C) y D) de este número, sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria.
[anterior] B) A estos efectos se considerarán Administraciones Públicas:
[anterior] b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social.
[anterior] c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las Agencias Estatales.
[anterior] d) Cualesquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, dependiente de las anteriores que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
[anterior] No tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.
[anterior] C) No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de los encargos ejecutados por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público , la condición de medio propio personificado del poder adjudicador que haya ordenado el encargo, en los términos establecidos en el referido artículo 32.
[anterior] D) Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por cualesquiera entes, organismos o entidades del sector público, en los términos a que se refiere el artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público , a favor de las Administraciones Públicas de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas, cuando dichas Administraciones Públicas ostenten la titularidad íntegra de los mismos.
[anterior] E) La no consideración como operaciones sujetas al impuesto que establecen los dos apartados C) y D) anteriores será igualmente aplicable a los servicios prestados entre las entidades a las que se refieren los mismos, íntegramente dependientes de la misma Administración Pública.
[anterior] F) En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que las Administraciones, entes, organismos y entidades del sector público realicen en el ejercicio de las actividades que a continuación se relacionan:
[anterior] b´) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades de energía.
[anterior] Por tanto, según este precepto, estarán siempre sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que las Administraciones Públicas realicen en el ejercicio de determinadas actividades que se mencionan en dicho precepto entre las que no se encuentra la de atención de llamadas de urgencia y de emergencia y de extinción de incendios y de salvamento.
[anterior] De acuerdo con los hechos descritos en el escrito de consulta, la sociedad consultante, entidad que forma parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público , que entrará en vigor el 8 de marzo de 2018 (antiguo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), presta servicios a la Comunidad Autónoma que ostenta la titularidad íntegra de su capital no encontrándose esos servicios entre los excluidos de la no sujeción del artículo 7.8º de la Ley 37/1992 por lo que cabe concluir que tales servicios se encuentran no sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido.
[anterior] 3.- Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en la medida que la consultante pudiera, en su caso, realizar operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo dispuesto en el trascrito artículo 7.8º de la Ley del Impuesto, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 37/1992 , según redacción dada por la Ley 9/2017, que establece lo siguiente:
"Cinco. Los sujetos pasivos que realicen conjuntamente operaciones sujetas al Impuesto y operaciones no sujetas por aplicación de lo establecido en el artículo 7.8.º de esta Ley podrán deducir las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios destinados de forma simultánea a la realización de unas y otras operaciones en función de un criterio razonable y homogéneo de imputación de las cuotas correspondientes a los bienes y servicios utilizados para el desarrollo de las operaciones sujetas al Impuesto, incluyéndose, a estos efectos, las operaciones a que se refiere el artículo 94.Uno.2.º de esta Ley. Este criterio deberá ser mantenido en el tiempo salvo que por causas razonables haya de procederse a su modificación.
[anterior] A estos efectos, podrá atenderse a la proporción que represente el importe total, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, determinado para cada año natural, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios de las operaciones sujetas al Impuesto, respecto del total de ingresos que obtenga el sujeto pasivo en cada año natural por el conjunto de su actividad.
[anterior] El cálculo resultante de la aplicación de dicho criterio se podrá determinar provisionalmente atendiendo a los datos del año natural precedente, sin perjuicio de la regularización que proceda a final de cada año.
[anterior] No obstante lo anterior, no serán deducibles en proporción alguna las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios destinados, exclusivamente, a la realización de las operaciones no sujetas a que se refiere el artículo 7.8.º de esta Ley.
[anterior] Las deducciones establecidas en este apartado se ajustarán también a las condiciones y requisitos previstos en el Capítulo I del Título VIII de esta Ley y, en particular, los que se refieren a la regla de prorrata.
[anterior] Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las actividades de gestión de servicios públicos en las condiciones señaladas en la letra a) del artículo 78.Dos.3.º de esta Ley.".
[anterior] Debe tenerse en cuenta que este apartado del artículo 93 de la Ley 37/1992 clarifica la no deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios destinados a la realización de operaciones no sujetas efectuadas por aquellos sujetos pasivos que realizan conjuntamente operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.
[anterior] Este régimen de deducción aplicable a los denominados "entes duales" constituye un criterio reiterado de este Centro directivo, determinado a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, manifestado en su sentencia de 13 de marzo de 2008, Securenta Göttinger Immobilienanlagen, Asunto C-437/06. En esta sentencia se plantea el caso de una entidad (Securenta) que realiza tres tipos de actividades, a saber, en primer lugar, actividades no económicas, no incluidas dentro del ámbito de aplicación del Impuesto; en segundo lugar, actividades económicas, incluidas, por consiguiente, en el ámbito de aplicación de dicho Impuesto, pero exentas del mismo, y, en tercer lugar, actividades económicas gravadas.
[anterior] De esta forma, los criterios que deben seguirse para la determinación del régimen de deducciones efectuado por aquellas entidades que tienen carácter dual, esto es, que en el ejercicio de su actividad realizan operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme a los preceptos señalados, ya han sido señalados por este Centro directivo entre otras, en las contestaciones a las consultas de 17 de marzo de 2009, nº V5299-09, y de 28 de octubre de 2010, nº V2353-10, todas ellas vinculantes, y son los siguientes:
El total de cuotas soportadas han de quedar excluidas, de principio, las cuotas que se corresponden íntegramente con la adquisición de bienes y servicios destinados, exclusivamente, a la realización de operaciones no sujetas por aplicación del artículo 7.8º de la Ley 37/1992. Dichas cuotas no serán deducibles en ninguna proporción.
[anterior] No obstante, en relación con las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios destinados de forma simultánea a la realización de operaciones sujetas al Impuesto y a aquéllas que no lo estén, se deberá adoptar un criterio razonable y homogéneo de imputación de las cuotas correspondientes a los bienes y servicios utilizados para el desarrollo de las operaciones gravadas, criterio que deberá ser mantenido en el tiempo salvo que por causas razonables haya de procederse a su modificación.
[anterior] En una segunda fase, las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios que se destinen única y exclusivamente a la realización de operaciones sujetas al Impuesto, más aquéllas que resulten de la aplicación del criterio razonable y homogéneo adoptado conforme a lo indicado en los párrafos precedentes cuando se trate de cuotas afectas simultáneamente al desarrollo de operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto, serán deducibles siempre que se cumplan el resto de requisitos que para el referido ejercicio del derecho a la deducción se establecen en el capítulo I del título VIII de la Ley 37/1992, en particular, que se destinen a la realización de operaciones originadoras del derecho a la deducción de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 94.Uno de dicha Ley y que se esté en posesión de una factura que reúna la totalidad de requisitos a que se refiere el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 1 de diciembre).
[anterior] 4.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria.
Ley 37/1992 arts. 4, 5, 7-8º
Consulta número: V0132-18 (TOL6.512.389)
Título: El Ayuntamiento consultante presta el servicio de abastecimiento de agua cobrando una tasa. A tal efecto está llevando a cabo obras de sustitución parcial de una tubería-red de agua.
[anterior] Supuesto de hecho: El Ayuntamiento consultante presta el servicio de abastecimiento de agua cobrando una tasa. A tal efecto está llevando a cabo obras de sustitución parcial de una tubería-red de agua.
[anterior] Cuestión Planteada: Derecho a deducción de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por la sustitución de la tubería.
1.- El artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre , del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que "Estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.".
[anterior] No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.
[anterior] Estos preceptos son de aplicación general y, por tanto, también a los entes públicos que, consecuentemente, tendrán la condición de empresario a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando ordenen un conjunto de medios personales y materiales, con independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial o profesional, sea de fabricación, comercio, de prestación de servicios, etc., mediante la realización continuada de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de la actividad, siempre que las mismas se realizasen a título oneroso.
[anterior] 2.- En relación con la sujeción al Impuesto de las actividades desarrolladas por la entidad consultante, el artículo 7, número 8º de la Ley 37/1992, con la nueva redacción dada por la disposición final décima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE de 9 de noviembre), establece la no sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de las siguientes operaciones:
[anterior] Por tanto, según este precepto, estarán siempre sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que las Administraciones Públicas realicen en el ejercicio de determinadas actividades que se mencionan en dicho precepto, aun cuando se lleven a cabo en virtud de encomiendas de gestión, entre las que se encuentra la de distribución de agua que, en todo caso, tiene la condición de actividad empresarial aunque su contraprestación tenga naturaleza tributaria.
[anterior] En este sentido, este Centro directivo, en su contestación vinculante de 14 de mayo de 2010, número V1012-10, determinó que la actividad de distribución de agua sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido incluye, además del propio suministro y distribución de agua en sentido estricto, todas las operaciones relacionadas con el denominado ciclo integral del agua (fases de captación, suministro, potabilización, distribución de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales), de tal forma que cuando una Administración Pública realiza la distribución y suministro del agua incluyendo en la contraprestación de sus operaciones, además de la tasa de suministro, la tasa de saneamiento y alcantarillado, estas también deberán formar parte de la base imponible del suministro y distribución de aguas sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido que dicha Administración Pública efectúa.
[anterior] Por consiguiente, en el supuesto objeto de consulta y según la información contenida en el escrito presentado, los servicios de abastecimiento de agua prestados por el Ayuntamiento consultante estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido debiendo repercutir sobre el destinatario de la operación la cuota correspondiente.
[anterior] 3.- En lo referente a la deducibilidad de las cuotas soportadas por las obras de sustitución parcial de una tubería-red de agua a que se refiere el escrito de consulta, debe señalarse que el ejercicio del derecho a la deducción podrá efectuarse siempre que se cumplan la totalidad de requisitos y limitaciones previstos por el capítulo I del título VIII de la Ley 37/1992.
[anterior] En este sentido, según el primer párrafo del apartado uno del artículo 93 de la Ley del Impuesto, "Podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del Impuesto que tengan la condición de empresarios o profesionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley y hayan iniciado la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales.".
[anterior] El apartado cinco de este mismo artículo recoge una norma específica para las entidades que, como la consultante, al tener la condición de Administración Pública, pueden realizar operaciones sujetas y operaciones no sujetas en virtud del artículo 7.8º de la Ley 37/1992, señalando que:
[anterior] En este sentido, los criterios que deben seguirse para la determinación del régimen de deducciones efectuado por aquellas entidades que pudieran tener carácter dual, esto es, que en el ejercicio de su actividad realizan operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme a los preceptos señalados, han sido señalados por este Centro directivo entre otras, en las contestaciones a las consultas de 28 de octubre de 2010, nº V2353-10, y de 26 de febrero de 2015, nº V0681-15, todas ellas vinculantes.
[anterior] Las operaciones como el suministro de agua van a estar sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por lo que originan derecho a la deducción del Impuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley 37/1992 y en los términos establecidos en las consultas vinculantes referidas.
Ley 37/1992 arts. 4, 5, 7-8º y 93- Cinco
Consulta número: V0131-18 (TOL6.512.388)
Título: El Ayuntamiento consultante presta el servicio de suministro de agua potable por la modalidad de gestión indirecta, mediante un contrato de concesión adjudicado a una empresa de capital privado. El concesionario del servicio factura a los usuarios el coste de la prestación y asume los gastos derivados de la misma. Por su parte, el consultante recibe del concesionario un canon de explotación.
[anterior] Supuesto de hecho: El Ayuntamiento consultante presta el servicio de suministro de agua potable por la modalidad de gestión indirecta, mediante un contrato de concesión adjudicado a una empresa de capital privado. El concesionario del servicio factura a los usuarios el coste de la prestación y asume los gastos derivados de la misma. Por su parte, el consultante recibe del concesionario un canon de explotación.De acuerdo con el contrato de concesión, el concesionario se encuentra obligado a soportar los gastos de mantenimiento de la red, pero no los de mejora de ésta.El Ayuntamiento consultante pretende realizar una serie de inversiones en la red de suministro que mejoren la calidad de la prestación del servicio.
[anterior] Cuestión Planteada: Deducibilidad del IVA soportado por el Ayuntamiento consultante como consecuencia de la realización de esta inversión.
[anterior] Órgano: SG de Impuestos sobre el Consumo
[anterior] b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.
[anterior] Estos preceptos son de aplicación general y, por tanto, también a los Ayuntamientos, que, consecuentemente, tendrán la condición de empresario a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando ordenen un conjunto de medios personales y materiales, con independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial o profesional, sea de fabricación, comercio, de prestación de servicios, etc., mediante la realización continuada de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de la actividad, siempre que las mismas se realizasen a título oneroso.
[anterior] 2.- Por otra parte en relación con la sujeción de las operaciones efectuadas por las Administraciones Públicas, el artículo 7, número 8º de la Ley 37/1992, con la nueva redacción dada por la disposición final décima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE de 9 de noviembre), establece la no sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de las siguientes operaciones:
[anterior] Por tanto, según este precepto, estarán siempre sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que las Administraciones Públicas realicen en el ejercicio de determinadas actividades que se mencionan en dicho precepto, entre las que se encuentra la de distribución de agua que, en todo caso, tiene la condición de actividad empresarial aunque su contraprestación tenga naturaleza tributaria.
[anterior] En este sentido, este Centro directivo, en su contestación vinculante de 14 de mayo de 2010, número V1012-10, parecía evidenciar que la actividad de distribución de agua sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido incluye, además del propio suministro y distribución de agua en sentido estricto, todas las operaciones relacionadas con el denominado ciclo integral del agua (fases de captación, suministro, potabilización, distribución de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales), de tal forma que cuando una Administración Pública realiza la distribución y suministro del agua incluyendo en la contraprestación de sus operaciones, además de la tasa de suministro, la tasa de saneamiento y alcantarillado, estas también deberán formar parte de la base imponible del suministro y distribución de aguas sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido que dicha Administración Pública efectúa.
[anterior] 3.- No obstante lo anterior, el artículo 7 número 9º.de la Ley 37/1992 incluye igualmente, entre los supuestos no sujetos al Impuesto las concesiones y autorizaciones administrativas, con excepción de las siguientes:
"a) Las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar el dominio público portuario.
[anterior] b) Las que tengan por objeto la cesión de los inmuebles e instalaciones en aeropuertos.
[anterior] c) Las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias.
[anterior] d) Las autorizaciones para la prestación de servicios al público y para el desarrollo de actividades comerciales o industriales en el ámbito portuario.".
[anterior] De conformidad con lo previsto en el artículo 7, número 9º, de la Ley 37/1992, trascrito anteriormente, la concesión para la gestión del servicio de suministro de agua, en la medida en que puede ser considerada como una concesión administrativa, es una operación no sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.
[anterior] Por tanto, el canon periódico, fijo o variable, que debe satisfacer el concesionario al Ayuntamiento por la concesión administrativa no constituye contraprestación de una operación sujeta al citado tributo.
[anterior] 4.- En lo referente a la deducibilidad de las cuotas soportadas por la prestación de los servicios a que se refiere el escrito de consulta, debe señalarse que el ejercicio del derecho a la deducción podrá efectuarse siempre que se cumplan la totalidad de requisitos y limitaciones previstos por el capítulo I del título VIII de la Ley 37/1992.
[anterior] En este sentido, según el artículo 93 de la Ley del Impuesto, "Podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del Impuesto que tengan la condición de empresarios o profesionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley y hayan iniciado la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales.".
[anterior] El apartado cinco de este mismo artículo recoge una norma específica para este tipo de entidades, señalando que:
[anterior] Las operaciones como la concesión para la gestión del servicio de suministro de agua, en la medida en que puede ser considerada como una concesión administrativa no sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, no son operaciones cuya realización origine el derecho a la deducción de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley del Impuesto. En consecuencia, el Ayuntamiento consultante no podrá deducirse cuota alguna por las adquisiciones de bienes y servicios para la realización de las mismas.
[anterior] 5.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria.
[anterior] ORGANO
Ley 37/1992 arts. 4, 5, 7-8º y 9º, 92 a 114
Consulta número: V3299-17 (TOL6.507.675)
Título: El Ayuntamiento consultante ha adjudicado a una empresa autonómica la explotación de la estación depuradora de aguas residuales. Por su parte, el consultante cobra a los usuarios la tasa de alcantarillado y depuración de aguas residuales
Supuesto de hecho: El Ayuntamiento consultante ha adjudicado a una empresa autonómica la explotación de la estación depuradora de aguas residuales. Por su parte, el consultante cobra a los usuarios la tasa de alcantarillado y depuración de aguas residuales.
[anterior] Cuestión Planteada: Tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido de los servicios prestados por el Ayuntamiento.
[anterior] Estos preceptos son de aplicación general y, por tanto, también a los ayuntamientos, a las mancomunidades y demás entes públicos que, consecuentemente, tendrán la condición de empresario a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando ordenen un conjunto de medios personales y materiales, con independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial o profesional, sea de fabricación, comercio, de prestación de servicios, etc., mediante la realización continuada de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de la actividad, siempre que las mismas se realizasen a título oneroso.
[anterior] 2.- Por otra parte, en relación con la sujeción de las operaciones efectuadas por las Administraciones Públicas, el artículo 7.8º de la Ley 37/1992, con la nueva redacción dada por la disposición final 10.Uno de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE de 9 de noviembre), que entró en vigor el 10 de noviembre de 2017, establece que no estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido:
[anterior] Por tanto, según este precepto, estarán siempre sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que las Administraciones Públicas realicen en el ejercicio de determinadas actividades que se mencionan en dicho precepto, aun cuando se lleven a cabo en virtud de encargos de los poderes adjudicadores, entre las que se encuentra la de distribución de agua que, en todo caso, tiene la condición de actividad empresarial aunque su contraprestación tenga naturaleza tributaria.
[anterior] Por tanto, en el supuesto objeto de consulta, si el Ayuntamiento consultante únicamente presta a los usuarios el servicio de saneamiento de aguas residuales al margen del propio suministro y distribución de agua, este servicio, al ser realizado por una Administración Pública (Ayuntamiento) a cambio del cobro de una contraprestación de naturaleza tributaria (tasa de alcantarillado y depuración de aguas residuales) no estará sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido al no estar dichos servicios incluidos entre la lista de actividades excluidas del artículo 7.8º de la Ley 37/1992.
[anterior] No obstante, si el servicio de saneamiento de aguas residuales es prestado en el marco del ciclo integral del agua, conjuntamente con el propio suministro y distribución de agua, tales operaciones estarán sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido debiendo el Ayuntamiento consultante repercutir sobre el destinatario de la operación la cuota resultante de aplicar sobre la base imponible el tipo impositivo del 10 por ciento (artículo 91.Uno.1.4º de la Ley 37/1992).
[anterior] 3.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria.
Ley 37/1992 arts. 4, 5, 7-8º y 91-Uno-1-4º-
Consulta número: V2995-17 (TOL6.507.420)
Título: El consultante es abonado del servicio municipal de aguas del municipio, gestionado por una sociedad mercantil mediante concesión administrativa.
[anterior] Supuesto de hecho: El consultante es abonado del servicio municipal de aguas del municipio, gestionado por una sociedad mercantil mediante concesión administrativa.
[anterior] Cuestión Planteada: Si la contraprestación por la prestación del servicio municipal de aguas tiene la naturaleza de tasa, precio público o precio privado, aun en los casos en que dicho servicio sea gestionado por empresas privadas o mixtas.
[anterior] Órgano: SG de Tributos Locales
El artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en su apartado 1 que:
"1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
[anterior] En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por:
[anterior] B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:
[anterior] Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.
[anterior] b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.
[anterior] 2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o indirectamente por este en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.".
[anterior] Señalando a continuación el apartado 4 de este mismo artículo 20 del TRLRHL que:
"Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes:
[anterior] (...).
[anterior] t) Distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios o suministros sean prestados por entidades locales.
[anterior] Por su parte, el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria (LGT), que regula el concepto, fines y clases de tributos, establece:
"1. Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.
[anterior] Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.
[anterior] 2. Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos:
[anterior] b) Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
[anterior] c) Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.".
[anterior] Con efectos desde el 6 de marzo de 2011, la disposición final quincuagésima octava de la Ley 2/2011, de 4 de marzo , de Economía Sostenible, suprimió el segundo párrafo del artículo 2.2.a) de la LGT, conforme al cual y al definir el concepto de tasa se entendía que los servicios o actividades se prestaban o realizaban en régimen de Derecho público cuando se llevasen a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad correspondiera a un ente público.
[anterior] El apartado 6 del artículo 20 del TRLRHL, introducido por la disposición final duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece:
"6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.
[anterior] En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.
[anterior] Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público , las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas.".
[anterior] En el mismo sentido, la disposición final undécima de la Ley 9/2017 ha dado nueva redacción a la disposición adicional primera de la LGT , en los siguientes términos:
[anterior] 1. Son prestaciones patrimoniales de carácter público aquellas a las que se refiere el artículo 31.3 de la Constitución que se exigen con carácter coactivo.
[anterior] 2. Las prestaciones patrimoniales de carácter público citadas en el apartado anterior podrán tener carácter tributario o no tributario.
[anterior] Tendrán la consideración de tributarias las prestaciones mencionadas en el apartado 1 que tengan la consideración de tasas, contribuciones especiales e impuestos a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley.
[anterior] Serán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario las demás prestaciones que exigidas coactivamente respondan a fines de interés general.
[anterior] En particular, se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias aquellas que teniendo tal consideración se exijan por prestación de un servicio gestionado de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta.
[anterior] En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión o sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.".
[anterior] De esta forma, se aclara la naturaleza jurídica de las tarifas que abonan los usuarios por la recepción de los servicios públicos, en función de la forma de gestión del servicio. Así, si la prestación de los mismos se realiza por la propia Entidad Local, la contraprestación exigida tendrá la consideración de tasa, de acuerdo con lo previsto en la normativa anteriormente transcrita.
[anterior] Por el contrario, si la prestación del servicio público, como es el caso objeto de consulta, se realiza de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, la contraprestación exigida a los usuarios tendrá la condición de prestación patrimonial de carácter público no tributario.
[anterior] Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria.
TRLRHL RD Leg. 2/2004. Artículo 20.
[anterior] Consulta número: V3167-17 (TOL6.507.500)
Título: El Ayuntamiento consultante ha adjudicado a un empresario la gestión del servicio público de transporte municipal de viajeros. El servicio es deficitario en virtud de las tarifas aprobadas por lo que el propio contrato establece que la retribución del concesionario estará formada por las tarifas municipales vigentes en cada momento, ingresos publicitarios que pudiera percibir la consultante, así como, una subvención anual fija otorgada por el Ayuntamiento que podrá verse incrementada el 10 por ciento, en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido.
[anterior] Supuesto de hecho: El Ayuntamiento consultante ha adjudicado a un empresario la gestión del servicio público de transporte municipal de viajeros. El servicio es deficitario en virtud de las tarifas aprobadas por lo que el propio contrato establece que la retribución del concesionario estará formada por las tarifas municipales vigentes en cada momento, ingresos publicitarios que pudiera percibir la consultante, así como, una subvención anual fija otorgada por el Ayuntamiento que podrá verse incrementada el 10 por ciento, en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido.
[anterior] Cuestión Planteada: Si la subvención municipal fija anual que tiene por objeto compensar el déficit económico de la concesión está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido.
1.- El artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre , del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que "estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.".
[anterior] En consecuencia, estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido las prestaciones de servicios que la concesionaria del servicio de transporte municipal realiza en el ejercicio de su actividad empresarial.
[anterior] 2.- Por otra parte, el número 3º del apartado Uno del artículo 78 de la Ley 37/1992 , con la nueva redacción dada por la disposición final décima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE de 9 de noviembre), dispone que forman parte de la base imponible:
"Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto.
[anterior] Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.
[anterior] No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar:
[anterior] Tal y como se señala en la propia exposición de motivos de la Ley 9/2017, el legislador ha considerado necesario excluir, desde su entrada en vigor, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio que forman parte de la base imponible de las operaciones sujetas al Impuesto, las aportaciones financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados servicios de titularidad pública cuando no existe distorsión de la competencia, generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, los servicios de transporte municipal.
[anterior] 3.- En efecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 23 de abril), declara la reserva en favor de las Entidades Locales del transporte público de viajeros dentro de las actividades o servicios esenciales de estas Entidades.
[anterior] Por otra parte, el servicio de transporte municipal objeto de consulta se presta por un operador privado en virtud de un contrato de concesión, que ha previsto que el concesionario perciba necesariamente una subvención anual puesto que las tarifas acordadas por el propio Ayuntamiento son insuficientes para que un operador privado pudiera garantizar la continuidad del servicio.
[anterior] De esta forma, el Ayuntamiento asume parte del coste del servicio de forma directa al tratarse de un servicio esencial que va a ofrecer al destinatario a un precio tasado que va a resultar notablemente inferior al que hubiera fijado un operador independiente. En estas circunstancias, es evidente que únicamente el propio Ayuntamiento podría asumir de forma directa la prestación del servicio objeto de consulta o, en su caso, un único operador público o privado distinto del propio Ayuntamiento siempre que este último asuma parte de la financiación del servicio, por lo que puede señalarse que su prestación, en los términos establecidos en la consulta, tiene por objeto un servicio municipal en el que no existe distorsión de la competencia puesto que ningún operador público o privado podría prestarlo si el servicio no está subvencionado por el propio Ayuntamiento.
[anterior] También es importante señalar que una vez establecido el régimen de la prestación del servicio de transporte municipal por un concesionario privado subvencionado por el Ayuntamiento, es evidente que ningún otro operador público o privado va a estar dispuesto a prestar dicho servicio de transportes u otro equivalente en las condiciones de la concesión sin percibir dicha subvención.
[anterior] 4.- Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 19 de enero de 2017, National Roads Authority (NRA, en adelante), Asunto C-344/15, referente a si el hecho de no sujetar al Impuesto sobre el Valor Añadido el cobro de un peaje satisfecho a una autoridad pública que asume directamente la explotación de una autopista de peaje afecta a la competencia con otros operadores privados, analiza los elementos y la circunstancias que deben tenerse en cuenta para determinar que la no sujeción de la actividad de la Administración Pública puede llevar a distorsiones significativas de la competencia.
[anterior] De esta forma, en los apartados 39 a 44 de la misma, el Tribunal señala lo siguiente:
"39 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a esta última disposición se desprende, en primer lugar, que con ella se prevé el supuesto de que dichos organismos realicen actividades que también pueden ser efectuadas, en situación de competencia, por operadores económicos privados. El objetivo consiste en garantizar que estos últimos no queden desaventajados por el hecho de ser gravados mientras que esos organismos no son sometidos a imposición (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de marzo de 2010, Comisión/Países Bajos, C-79/09, no publicada, EU:C:2010:171, apartado 90 y jurisprudencia citada).
[anterior] 40 En segundo lugar, la limitación a la norma de no sujeción al IVA de los organismos de Derecho público que actúen como autoridades públicas sólo tiene carácter eventual. Su aplicación supone una valoración de circunstancias económicas (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de octubre de 1989, Comune di Carpaneto Piacentino y otros, 231/87 y 129/88, EU:C:1989:381, apartado 32).
[anterior] 41 En tercer lugar, las distorsiones significativas de la competencia a las que podría llevar el hecho de no considerar sujetos pasivos a los organismos de Derecho público que actúen como autoridades públicas deben evaluarse con respecto a la actividad de que se trate, en sí misma considerada, sin que dicha evaluación recaiga sobre un mercado específico, y con respecto, no sólo a la competencia actual, sino también a la competencia potencial, siempre y cuando la posibilidad de que un operador privado entre en el mercado de referencia sea real y no meramente hipotética (sentencias de 25 de marzo de 2010, Comisión/Países Bajos, C-79/09, no publicada, EU:C:2010:171, apartado 91 y jurisprudencia citada, y de 29 de octubre de 2015, Saudaçor, C-174/14, EU:C:2015:733, apartado 74).
[anterior] 42 La posibilidad meramente teórica de que un operador privado entre en el mercado de referencia, que no venga apoyada por ningún elemento de hecho, ningún indicio objetivo ni ningún análisis del mercado, no puede asimilarse a la existencia de una competencia potencial (sentencia de 16 de septiembre de 2008, Isle of Wight Council y otros, C-288/07, EU:C:2008:505, apartado 64).
[anterior] 43 Tal como se desprende del enunciado del artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva sobre el IVA y de la jurisprudencia relativa a esta disposición, la aplicación de ésta supone, por un lado, que la actividad de que se trate se realice en situación de competencia, actual o potencial, con la llevada a cabo por los operadores privados y, por otro lado, que la diferencia de trato entre esas dos actividades en materia de IVA lleve a distorsiones significativas de la competencia, lo que deberá evaluarse teniendo en cuenta circunstancias económicas.
[anterior] 44 De ello resulta que la mera presencia de operadores privados en un mercado, sin tener en cuenta los elementos de hecho, los indicios objetivos y el análisis de ese mercado, no prueba la existencia de una competencia actual o potencial ni de una distorsión significativa de la competencia.".
[anterior] Una vez analizado por el Tribunal los elementos que deben valorarse para apreciar la distorsión de la competencia, concluye que en el supuesto analizado en la sentencia NRA no se aprecia dicha distorsión y establece las siguientes conclusiones:
"48 Es preciso indicar que, en tales circunstancias, la actividad de puesta a disposición de infraestructuras viarias a cambio del pago de un peaje, que no se limita por lo tanto a la percepción de los peajes, es llevada a cabo exclusivamente por la NRA en condiciones aptas para garantizar la disponibilidad de una red viaria nacional segura y eficaz en toda circunstancia. Con ello, este organismo asume, por iniciativa propia o por retirada del operador privado, las funciones de explotación y mantenimiento de esa red con arreglo a obligaciones legales particulares que le competen exclusivamente.
[anterior] 49 Por otra parte, es manifiesto que no hay posibilidad real alguna de que un operador privado entre en el mercado de que se trata mediante la construcción una carretera que pueda competir con las carreteras nacionales ya existentes.
[anterior] 50 En estas circunstancias, la NRA realiza su actividad de puesta a disposición de infraestructuras viarias a cambio del pago de un peaje en el marco de un régimen jurídico que le es propio. Por consiguiente, tal como señaló el propio órgano jurisdiccional remitente, no puede considerarse que esa actividad se efectúe en competencia con la llevada a cabo por los operadores privados consistente en percibir peajes en otras vías de peaje con arreglo a un acuerdo con la NRA en virtud de disposiciones legislativas nacionales. Además, según la jurisprudencia mencionada en el apartado 42 de la presente sentencia, tampoco existe una competencia potencial, ya que la posibilidad de que los operadores privados realicen la actividad de que se trata en las mismas condiciones que la NRA es puramente teórica. Por lo tanto, el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva sobre el IVA no es aplicable a una situación en la que, como sucede en el litigio principal, no existe competencia real, actual o potencial, entre el organismo de Derecho público de que se trate y los operadores privados.".
[anterior] Por tanto, la prestación del servicio público de transporte municipal objeto de consulta no determina una distorsión significativa de la competencia, en las condiciones señaladas.
[anterior] En consecuencia, la subvención objeto de consulta no tendrá la consideración de subvención directamente vinculada al precio, ni tendrá la consideración de contraprestación de operación alguna sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.
[anterior] 5.- Por último, en relación con la deducción del Impuesto soportado por la concesionaria del servicio de transporte municipal en la adquisición de bienes y servicios que se destinen a dicha actividad, hay que señalar que según los hechos descritos en el escrito de consulta, la entidad privada que presta el servicio público de transporte municipal realiza exclusivamente operaciones sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido sin que, en las condiciones señaladas, el hecho de que perciba subvenciones no sujetas de la Administración Pública determine la realización de operaciones que queden al margen del ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que será deducible por dicha entidad la totalidad del Impuesto soportado en la adquisición de bienes y servicios que afecte a la prestación del servicio público de transporte municipal, con sujeción a los criterios y requisitos generales de deducción establecidos en el Titulo VIII de la Ley 37/1992.
[anterior] 6.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria.
Ley 37/1992 art. 75.Dos; 78 y 88
Consulta número: V3167/17 TOL6.454.3679
1.- El artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre , del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que "estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.".En consecuencia, estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido las prestaciones de servicios que la concesionaria del servicio de transporte municipal realiza en el ejercicio de su actividad empresarial.2.- Por otra parte, el número 3º del apartado Uno del artículo 78 de la Ley 37/1992 , con la nueva redacción dada por la disposición final décima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE de 9 de noviembre), dispone que forman parte de la base imponible:"Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto.Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar:a) La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de gestión.(...).".Tal y como se señala en la propia exposición de motivos de la Ley 9/2017, el legislador ha considerado necesario excluir, desde su entrada en vigor, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio que forman parte de la base imponible de las operaciones sujetas al Impuesto, las aportaciones financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de determinados servicios de titularidad pública cuando no existe distorsión de la competencia, generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, los servicios de transporte municipal.3.- En efecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 23 de abril), declara la reserva en favor de las Entidades Locales del transporte público de viajeros dentro de las actividades o servicios esenciales de estas Entidades.Por otra parte, el servicio de transporte municipal objeto de consulta se presta por un operador privado en virtud de un contrato de concesión, que ha previsto que el concesionario perciba necesariamente una subvención anual puesto que las tarifas acordadas por el propio Ayuntamiento son insuficientes para que un operador privado pudiera garantizar la continuidad del servicio.De esta forma, el Ayuntamiento asume parte del coste del servicio de forma directa al tratarse de un servicio esencial que va a ofrecer al destinatario a un precio tasado que va a resultar notablemente inferior al que hubiera fijado un operador independiente. En estas circunstancias, es evidente que únicamente el propio Ayuntamiento podría asumir de forma directa la prestación del servicio objeto de consulta o, en su caso, un único operador público o privado distinto del propio Ayuntamiento siempre que este último asuma parte de la financiación del servicio, por lo que puede señalarse que su prestación, en los términos establecidos en la consulta, tiene por objeto un servicio municipal en el que no existe distorsión de la competencia puesto que ningún operador público o privado podría prestarlo si el servicio no está subvencionado por el propio Ayuntamiento.También es importante señalar que una vez establecido el régimen de la prestación del servicio de transporte municipal por un concesionario privado subvencionado por el Ayuntamiento, es evidente que ningún otro operador público o privado va a estar dispuesto a prestar dicho servicio de transportes u otro equivalente en las condiciones de la concesión sin percibir dicha subvención.4.- Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 19 de enero de 2017, National Roads Authority (NRA, en adelante), Asunto C-344/15, referente a si el hecho de no sujetar al Impuesto sobre el Valor Añadido el cobro de un peaje satisfecho a una autoridad pública que asume directamente la explotación de una autopista de peaje afecta a la competencia con otros operadores privados, analiza los elementos y la circunstancias que deben tenerse en cuenta para determinar que la no sujeción de la actividad de la Administración Pública puede llevar a distorsiones significativas de la competencia.De esta forma, en los apartados 39 a 44 de la misma, el Tribunal señala lo siguiente:"39 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a esta última disposición se desprende, en primer lugar, que con ella se prevé el supuesto de que dichos organismos realicen actividades que también pueden ser efectuadas, en situación de competencia, por operadores económicos privados. El objetivo consiste en garantizar que estos últimos no queden desaventajados por el hecho de ser gravados mientras que esos organismos no son sometidos a imposición (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de marzo de 2010, Comisión/Países Bajos, C-79/09, no publicada, EU:C:2010:171, apartado 90 y jurisprudencia citada).40 En segundo lugar, la limitación a la norma de no sujeción al IVA de los organismos de Derecho público que actúen como autoridades públicas sólo tiene carácter eventual. Su aplicación supone una valoración de circunstancias económicas (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de octubre de 1989, Comune di Carpaneto Piacentino y otros, 231/87 y 129/88, EU:C:1989:381, apartado 32).41 En tercer lugar, las distorsiones significativas de la competencia a las que podría llevar el hecho de no considerar sujetos pasivos a los organismos de Derecho público que actúen como autoridades públicas deben evaluarse con respecto a la actividad de que se trate, en sí misma considerada, sin que dicha evaluación recaiga sobre un mercado específico, y con respecto, no sólo a la competencia actual, sino también a la competencia potencial, siempre y cuando la posibilidad de que un operador privado entre en el mercado de referencia sea real y no meramente hipotética (sentencias de 25 de marzo de 2010, Comisión/Países Bajos, C-79/09, no publicada, EU:C:2010:171, apartado 91 y jurisprudencia citada, y de 29 de octubre de 2015, Saudaçor, C-174/14, EU:C:2015:733, apartado 74).42 La posibilidad meramente teórica de que un operador privado entre en el mercado de referencia, que no venga apoyada por ningún elemento de hecho, ningún indicio objetivo ni ningún análisis del mercado, no puede asimilarse a la existencia de una competencia potencial (sentencia de 16 de septiembre de 2008, Isle of Wight Council y otros, C-288/07, EU:C:2008:505, apartado 64).43 Tal como se desprende del enunciado del artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva sobre el IVA y de la jurisprudencia relativa a esta disposición, la aplicación de ésta supone, por un lado, que la actividad de que se trate se realice en situación de competencia, actual o potencial, con la llevada a cabo por los operadores privados y, por otro lado, que la diferencia de trato entre esas dos actividades en materia de IVA lleve a distorsiones significativas de la competencia, lo que deberá evaluarse teniendo en cuenta circunstancias económicas.44 De ello resulta que la mera presencia de operadores privados en un mercado, sin tener en cuenta los elementos de hecho, los indicios objetivos y el análisis de ese mercado, no prueba la existencia de una competencia actual o potencial ni de una distorsión significativa de la competencia.".Una vez analizado por el Tribunal los elementos que deben valorarse para apreciar la distorsión de la competencia, concluye que en el supuesto analizado en la sentencia NRA no se aprecia dicha distorsión y establece las siguientes conclusiones:"48 Es preciso indicar que, en tales circunstancias, la actividad de puesta a disposición de infraestructuras viarias a cambio del pago de un peaje, que no se limita por lo tanto a la percepción de los peajes, es llevada a cabo exclusivamente por la NRA en condiciones aptas para garantizar la disponibilidad de una red viaria nacional segura y eficaz en toda circunstancia. Con ello, este organismo asume, por iniciativa propia o por retirada del operador privado, las funciones de explotación y mantenimiento de esa red con arreglo a obligaciones legales particulares que le competen exclusivamente.49 Por otra parte, es manifiesto que no hay posibilidad real alguna de que un operador privado entre en el mercado de que se trata mediante la construcción una carretera que pueda competir con las carreteras nacionales ya existentes.50 En estas circunstancias, la NRA realiza su actividad de puesta a disposición de infraestructuras viarias a cambio del pago de un peaje en el marco de un régimen jurídico que le es propio. Por consiguiente, tal como señaló el propio órgano jurisdiccional remitente, no puede considerarse que esa actividad se efectúe en competencia con la llevada a cabo por los operadores privados consistente en percibir peajes en otras vías de peaje con arreglo a un acuerdo con la NRA en virtud de disposiciones legislativas nacionales. Además, según la jurisprudencia mencionada en el apartado 42 de la presente sentencia, tampoco existe una competencia potencial, ya que la posibilidad de que los operadores privados realicen la actividad de que se trata en las mismas condiciones que la NRA es puramente teórica. Por lo tanto, el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva sobre el IVA no es aplicable a una situación en la que, como sucede en el litigio principal, no existe competencia real, actual o potencial, entre el organismo de Derecho público de que se trate y los operadores privados.".Por tanto, la prestación del servicio público de transporte municipal objeto de consulta no determina una distorsión significativa de la competencia, en las condiciones señaladas.En consecuencia, la subvención objeto de consulta no tendrá la consideración de subvención directamente vinculada al precio, ni tendrá la consideración de contraprestación de operación alguna sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.5.- Por último, en relación con la deducción del Impuesto soportado por la concesionaria del servicio de transporte municipal en la adquisición de bienes y servicios que se destinen a dicha actividad, hay que señalar que según los hechos descritos en el escrito de consulta, la entidad privada que presta el servicio público de transporte municipal realiza exclusivamente operaciones sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido sin que, en las condiciones señaladas, el hecho de que perciba subvenciones no sujetas de la Administración Pública determine la realización de operaciones que queden al margen del ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que será deducible por dicha entidad la totalidad del Impuesto soportado en la adquisición de bienes y servicios que afecte a la prestación del servicio público de transporte municipal, con sujeción a los criterios y requisitos generales de deducción establecidos en el Titulo VIII de la Ley 37/1992.6.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria.
* Escrito de interposicion de recurso especial en materia de contratación en procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada TOL6.425.400
* Demanda sobre procedimiento de contratación administrativa TOL6.425.403
* Escrito de reclamación de pago ante la administración contratante TOL6.425.401
* Declaración responsable de no hallarse incurso en prohibiciones de contratar TOL6.425.402
[anterior] -La Ley de contratos del sector público Ley 9/2017, de 8 de noviembre
Santiago Valencia Vila, Roberto Pérez Sánchez, Patricia Iglesias Rey, Luis F. Gracia Romero, Ignacio Lleó de Nalda, Teresa P. Vidal Martín, Luis S. Moll Fernández-Fígares, Juan Francisco Mestre Delgado, Patricia Boix Mañó, Leopoldo J. Gómez Zamora, Juan J. Guardia Hernández, Eduardo Pflueger Tejero, Mª Belén López Donaire, Saskia Tenhaeff Lackschewitz, José Mª García Blanco, Luis Manent Alonso - 2018 - 519 páginas - 1ª edición - Tirant lo Blanch
Capítulo 1 LAS PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: UNA VISIÓN GENERAL
Capítulo 2 ÁMBITO SUBJETIVO Y OBJETIVO
Capítulo 3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Capítulo 4 Tipología de contratos (I): CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS
Capítulo 5 Tipología de contratos (II): LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
Capítulo 6 Tipología de contratos (III): LOS CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Capítulo 7 Los sistemas de cooperación vertical y horizontal DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO
Capítulo 8 Régimen de control
Capítulo 9 Transparencia en la contratación pública
Capítulo 10 Racionalización técnica de la contratación administrativa
Capítulo 11 El estatuto del contratista
Capítulo 12 Preparación del contrato
Capítulo 13 Adjudicación del contrato
Capítulo 14 Consideraciones de tipo social y ambiental
Capítulo 15 Modificación y extinción del contrato
-LEY de contratos del sector público y normativa estatal complementaria
Tirant lo Blanch, 2018 2ª edición
1. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014;
2. Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de Obras Públicas; 3. Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales;
4. Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público;
5. Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre [següent] [Contextualizar]
[anterior] -INTRODUCCIÓN
-CONSULTAS DGT
-ESCRITO DE RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
-DEMANDA SOBRE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
-DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HALLARSE INCURSO EN PROHIBICIONES DE CONTRATAR

References: artículo 159
 artículo 32
 artículo 31
 artículo 13

Resolución 
 artículo 328
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 3
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 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 93
 artículo 7
 artículo 94
 artículo 7
 artículo 78
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 artículo 7
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 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 89
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 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 31
 artículo 103
 artículo 31
 artículo 2
 artículo 89
 Artículo 20
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 artículo 78
 artículo 86
 artículo 13
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