Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/342
Timestamp: 2018-09-19 05:53:44+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 89/1984
SENTENCIA 89/1984, de 28 de septiembre
ECLI:ES:TC:1984:89
En el recurso de inconstitucionalidad registrado con el núm. 381/1983, promovido por don Luis Fernández Fernández-Madrid, Comisionado por 53 Senadores más, contra la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Castilla-León, en el que han comparecido el Senado y el Gobierno, representado éste por el Abogado del Estado, siendo Ponente el Magistrado don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito que se registró en este Tribunal el día 1 de junio de 1983, don Luis Fernández Fernández-Madrid, Comisionado por 53 Senadores más, promovió recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía para Castilla y León. En el escrito de interposición del recurso se indica que mediante acuerdo de 13 de enero de 1983 la Diputación Provincial de León revocó el que había adoptado el 16 de abril de 1980, con el que había ejercido la iniciativa del proceso autonómico, a que alude el art. 143.2 de la Constitución Española; que el acuerdo de 13 de enero de 1983 fue notificado a la Mesa del Congreso de los Diputados, la cual, sin embargo, prosiguió la tramitación del proyecto de Estatuto, infringiendo, a juicio de los recurrentes, los arts. 136, en sus apartados 1 y 3, y 207 del Reglamento del Congreso de los Diputados; y que el Proyecto de Estatuto fue aprobado y promulgado como Ley 4/1983, de 25 de febrero, con infracción del art. 146 de la Constitución Española. Mantenían asimismo los recurrentes que la Ley 4/1983 quebranta también lo dispuesto en el apartado c) del punto 2 del art. 147 de la Constitución, por cuanto, en vez de contener la sede de las instituciones autonómicas de la Comunidad, según ordena el precepto constitucional, prescribe en su art. 3 que las Cortes de Castilla y León, que se constituyan en la Villa de Tordesillas, aprobarán en su primera sesión ordinaria la Ley que determine la sede o sedes de dicha Comunidad.
Afirmaban por último los recurrentes que la provincia de León dispone de entidad regional histórica en el sentido del art. 143.1 de la Constitución. Y en virtud de todo ello pedían al Tribunal que dictase Sentencia «por la que se declare inconstitucional la integración de León en la Comunidad Castilla y León, debiéndose dejar sin efectos todas las menciones del Estatuto a esta provincia, a la que el Estatuto en caso alguno será aplicable, suprimiendo León, en su caso, de la denominación de la Comunidad, e, igualmente, que se declarara inconstitucional la Ley en su art. 3, por contrariar la exigencia de los arts. 146 y 147 c) de la Constitución, en cuanto a señalamiento de sede o sedes, que corresponde en exclusiva a las Cortes Generales».
3. En su escrito de alegaciones, de 26 de julio de 1982, afirma el Abogado del Estado que en virtud de la disposición transitoria primera de la Constitución, en los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía cual fue el caso de Castilla-León, sus órganos colegiados superiores podían sustituir la iniciativa autonómica a que se refiere el art. 143.2, y que la constitución de una Comunidad Autónoma podía también hacerse por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica, según dispone el art. 144 de la misma norma básica. Por todo ello, el concurso de la voluntad de una Diputación Provincial no es imprescindible en el proceso de constitución de una Comunidad Autónoma. Afirma asimismo el Abogado del Estado que un acuerdo favorable a la integración de una provincia en una Comunidad Autónoma no es revocable como se desprende del art. 143.3 que prescribe implícitamente que tampoco es revocable hasta transcurridos cinco años un acuerdo contrario a dicha integración y de que, según pone de relieve el examen de los antecedentes de la elaboración de la Constitución, ésta ha querido excluir deliberadamente la posibilidad de separación de una provincia de una Comunidad Autónoma ya formada por otra vía que la de la reforma de los Estatutos.
4. En escrito de 20 de octubre de 1983 don Luis Fernández Fernández-Madrid solicitó se incorporase a los Autos copia del Auto dictado el 4 de octubre de 1983 por la Sala Sexta del Tribunal Supremo mediante el cual se modificó el dictado por la misma Sala el 24 de mayo del mismo año y se declaró que a don Luis Herrero Rubinat y a otros litigantes se les tenía por satisfechos extraprocesalmente en las pretensiones deducidas contra los Ayuntamientos de La Antigua y otros de la provincia de León, y en escrito de 29 de octubre de 1983 propuso prueba documental pública consistente en: 1.° la ya incorporada a las actuaciones; 2.° los antecedentes obrantes en la Mesa del Congreso referentes al Proyecto de Ley; 3.° certificación del Ayuntamiento de León del acuerdo adoptado el día 25 de octubre de 1983 de apartamiento de la provincia de León de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; 4.° certificación de la Diputación de León que acredite que por los Ayuntamientos que se expresarán se adoptaron durante el mes de enero de 1983 acuerdos expresos de separación de la provincia de la Comunidad Autónoma indicada; 5.° certificación de la misma Diputación del número total de Ayuntamientos que se opusieron inicialmente a la integración, con indicación del Censo electoral de cada uno de ellos, del provincial de población y del número de municipios de la provincia; 6.° certificación que ha de expedir la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid, en la que, en relación con el recurso 599/1980, seguido ante la misma, se testimonien la totalidad de los documentos aportados con la demanda, el hecho 4 de la misma y la súplica; 7.° certificación que han de librar ciertos Ayuntamientos de la provincia de León, cuyo número y circunstancias no se detallan, referentes al apartamiento de la provincia de la Comunidad de Castilla y León, y 8.° recortes de determinados periódicos de la ciudad de León.
La Sección acordó admitir la prueba documental pública propuesta, con excepción de la comprendida en el apartado 7.° por no encontrarse debidamente determinada, y practicar la prueba admitida expidiendo para ello los correspondientes despachos. En ejecución de ello, por escrito de 8 de noviembre de 1983, el Comisionado don Luis Fernández Fernández-Madrid suplica que se unieron a los autos las certificaciones expedidas por el Ayuntamiento de La Antigua y otros de la provincia de León; por escritos de 9 y 10 de noviembre de 1983 el Comisionado don Luis Fernández Fernández-Madrid suplica se unan a los autos las certificaciones de los Ayuntamientos de Quintanar del Morco y otros de la provincia de León; y mediante providencia de 30 de noviembre de 1983 se acordó tener por recibidas las certificaciones remitidas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid y por el Presidente del Congreso de los Diputados y proceder según lo dispuesto en el art. 88.1 de la LOTC.
1.° En sesiones celebradas a lo largo del mes de abril de 1980, 158 Ayuntamientos de la provincia de León acordaron ejercer la iniciativa a que se refiere el art. 143.2 de la Constitución Española para constituir la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
3.° Contra los acuerdos municipales del Ayuntamiento de La Antigua y otros 57 de la provincia de León se interpuso recurso contencioso-administrativo por don Luis Herrero Rubinat y otros, siendo parte coadyuvante la Unión del Centro Democrático. Contra la Sentencia dictada en dicho recurso núm. 599 de 1980 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid el 7 de julio de 1982 los demandantes interpusieron recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
4.° En la sesión celebrada en Salamanca el día 7 de julio de 1982 la Asamblea de Parlamentarios y Diputados Provinciales aprobó el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que fue remitido al Presidente del Congreso de los Diputados el 24 de julio de 1981. Dicho Proyecto fue publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» (Congreso de los Diputados), serie H, núm. 66-I, de 26 de septiembre de 1981, y en el mismo «Boletín», serie H, núm. 3-I, de 3 de diciembre de 1982, y tramitado como Proyecto de Ley Orgánica.
5.° En sesión celebrada el día 13 de enero del año 1983 la Diputación Provincial de León acordó dejar sin efecto su anterior acuerdo de 16 de abril de 1980 de iniciar el proceso para la constitución del ente autonómico uniprovincial de León.
7.° En el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de marzo de 1983 se publicó la Ley Orgánica 4/1983, de Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
9.° Con fecha 24 de mayo de 1983 la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dictó Auto teniendo por desistidos en su recurso a los demandantes don Luis Herrero Rubinat y otros, a tenor de lo dispuesto en el art. 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Contra dicho Auto se interpuso recurso de súplica con la de que se declarase de forma expresa que los demandantes han sido satisfechos extraprocesalmente de la pretensión deducida en la demanda.
10.° A lo largo de 1983, en la mayor parte de los casos en los meses de octubre y noviembre, diversos Ayuntamientos de la provincia de León adoptaron acuerdos dejando sin efecto los anteriores que se mencionan en el párrafo 2.° de este antecedente y ejerciendo la iniciativa a que se refiere el art. 143.2 de la Constitución Española para la formación de un ente autonómico uniprovincial integrado tan sólo por León.
1. La primera de las cuestiones de Derecho planteadas en el presente recurso es la de si el acuerdo adoptado por la Diputación Provincial de León el día 13 de enero de 1983, revocando el de 16 de abril de 1980, en el que se ejercía la iniciativa del proceso autonómico a que alude el art. 143.2 de la Constitución Española, debió o no producir como efecto la exclusión de la provincia de León de la Comunidad Autónoma de Castilla-León, a la que había de pertenecer según el correspondiente proyecto de Estatuto de Autonomía, ya aprobado como tal por el Consejo General de Castilla y León el 7 de julio de 1982, publicado para su tramitación legislativa en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» (Congreso de los Diputados), de 3 de diciembre de 1982, y aprobado y promulgado sin modificación en este extremo como Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero.
Al circunscribir así el problema queda indicado que no vamos a pronunciarnos acerca del efecto a atribuir en este orden de cosas a los acuerdos mediante los cuales ciertos Ayuntamientos de la provincia de León han decidido revocar los anteriores de ejercicio de la iniciativa autonómica dentro de la Comunidad castellano-leonesa para promover la constitución de una Comunidad Autónoma de León exclusivamente. De tales acuerdos no se hace mención alguna en el escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad, y aunque a propuesta de los recurrentes se ha practicado abundante y detallada prueba sobre tal extremo, no se ha formulado alegación alguna que los tome como base fáctica de la pretensión, que ciertamente mal podría prosperar sobre tal fundamento porque dichos acuerdos municipales revocatorios son posteriores a la promulgación y entrada en vigor de la Ley que se impugna en el presente recurso y, en consecuencia, en nada pueden influir a la hora de dilucidar si la provincia de León debió o no quedar excluida de la Comunidad Autónoma a la que la mentada Ley proporciona Estatuto. A estos efectos, por tanto, únicamente ha de examinarse el acuerdo revocatorio de la Diputación de León, adoptado el día 13 de enero de 1983, en fecha anterior a la de la Ley traída a este juicio.
2. Así circunscrito el objeto de este pronunciamiento es obligado indicar también que la questio iuris planteada no es la de la validez del acuerdo revocatorio adoptado por la Diputación Provincial, como parecen afirmar los recurrentes con su interpretación del Auto de 4 de octubre de 1983 de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el cual se tiene por satisfechos extraprocesalmente a los demandantes en las pretensiones deducidas contra los originarios acuerdos de iniciativa autonómica de algunos Ayuntamientos de la provincia de León, satisfacción extraprocesal que a juicio de los demandantes en el correspondiente recurso contencioso-administrativo se había producido por cuanto la iniciativa autonómica ya ha perdido toda posibilidad de prosperar tras la adopción del acuerdo revocatorio por la Diputación Provincial.
Tal tesis se fundamenta fácticamente en que en sesión extraordinaria celebrada en Palencia el día 16 de octubre de 1979, el Pleno del Consejo General de Castilla y León -ente preautonómico creado por Real Decreto-Ley de 13 de junio- acordó «iniciar el proceso autonómico según prevé la Constitución en su Título VIII y disposición transitoria primera», publicándose dicho acuerdo en el «Boletín Oficial del Consejo General de Castilla y León», núm. 4, de 1 de noviembre de 1979.
Sin embargo, lo cierto es que ese acuerdo del Pleno del Consejo no pudo producir el efecto que prevé la disposición transitoria primera de la Constitución Española, según la cual «en los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía sus órganos colegiados, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 del art. 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes». El art. 2 del Real Decreto-Ley 20/1978, de 13 de junio, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Castilla y León, menciona a la provincia de León, ciertamente, pero la disposición transitoria del citado texto legal dice que «los parlamentarios de cada una de las provincias enumeradas en el art. 2 decidirán, por mayoría de dos tercios, la incorporación de las mismas al Consejo General de Castilla y León», y no consta que en el momento en que se adoptó por el Consejo el acuerdo de 16 de octubre de 1979 los parlamentarios leoneses hubiesen adoptado el acuerdo de incorporación a que se refiere la disposición transitoria del Real Decreto-Ley a que se acaba de aludir. No podía operarse, en consecuencia, la sustitución a que alude la disposición transitoria primera de la Constitución, que obviamente sólo opera para las Diputaciones de aquellas provincias que pertenezcan al ente preautonómico cuyo órgano colegiado adopte el acuerdo a que alude la citada disposición transitoria.
La determinación del contenido mínimo de los Estatutos que se hace en el art. 147.2 de la Constitución no puede conducir, sin embargo, a una conclusión como la que los recurrentes defienden, porque de ella no puede deducirse una reserva estatutaria absoluta, única hipótesis en la que la afirmación de los recurrentes sería indiscutible. Ciertamente no existe tal reserva ni siquiera frente a las Leyes del Estado en lo que se refiere a las competencias [art. 147.2 d) ], ya que éstas pueden resultar también de las Leyes estatales no estatutarias a que se refiere el art. 150 de la Constitución. Tampoco existe tal reserva estatutaria absoluta frente a la Ley de la Comunidad Autónoma en lo que se refiere a la organización de las instituciones autónomas propias, cuyo desarrollo mediante Ley no podría considerarse contrario al art. 147.2 c). Y lo mismo hay que decir de la determinación de la sede de tales instituciones. El precepto contenido en el art. 147.2 c) de la Constitución significa sin duda la absoluta exclusión de la norma estatal no estatutaria, pero no se ve razón para afirmar que se ha infringido cuando, como ocurre en el caso presente, aun no fijándose la sede por su nombre, se establece qué órgano habrá de determinarla, cuándo y dónde habrá de hacerlo y con qué mayoría, que es perfectamente acorde con una interpretación, que no hay motivos para rechazar, que ve en el art. 147.2 c) una reserva estatutaria sólo relativa en la materia que nos ocupa.
Desestimar el recurso de inconstitucionalidad promovido por don Luis Fernández Fernández-Madrid, Comisionado por 53 Senadores más, contra la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Castilla-León.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 381-1983
Fecha de resolución 28/09/1984
Síntesis Descriptiva Promovido por 54 Senadores contra la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Castilla-León
1. La sustitución a que alude la Disposición transitoria primera de la Constitución sólo opera obviamente para las Diputaciones de aquellas provincias que pertenezcan al Ente preautonómico cuyo órgano colegiado adopte el acuerdo a que alude la citada disposición transitoria.
2. La facultad que el art. 144 c) de la Constitución atribuye a las Cortes Generales para sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales, a que se refiere el art. 143.2, sólo puede ejercitarse mediante Ley Orgánica y, si bien el art. 144 no lo dice expresamente, ha de tratarse de Ley aprobada precisamente al amparo de dicho precepto, sin que pueda considerarse que se ha cumplido el requisito al aprobar un Estatuto de Autonomía como Ley Orgánica, porque, de ser así, no tendría sentido alguno la iniciativa de las Corporaciones, cuya eventual ausencia resultaría siempre automáticamente suplida por la voluntad de las Cortes manifestada en el solo hecho de aprobar un Estatuto que las abarcase.
3. De acuerdo con el art. 143.2 de la C. E., se atribuye a la Diputación Provincial y a los municipios la facultad de impulsar la constitución de una provincia en Comunidad Autónoma o la de constituir una tal Comunidad con otras provincias que manifiesten asimismo una voluntad concordante. Que tal impulso inicial sea necesario no significa que haya de mantenerse en lo sucesivo, y que la revocación del acuerdo de la Diputación Provincial, o del de suficiente número de Ayuntamientos, haya de suponer que la provincia de que se trate tenga que considerarse excluida de la Comunidad Autónoma en cuestión. Los Ayuntamientos y la Diputación impulsan un proceso, pero no disponen de él, por la doble razón de que, producido válidamente el impulso, son otros los sujetos activos del proceso y otro también el objeto de la actividad que en éste se despliega (art. 146).
4. No ha existido infracción del art. 136, apartados 1 y 3, del Reglamento del Congreso de los Diputados, porque este precepto regula la actividad de la Mesa «recibido en el Congreso un proyecto de Estatuto», y es manifiesto que tal calificación no cuadra al acuerdo del que, en el presente caso, la Diputación Provincial remitió certificación a la indicada Mesa.
5. La caducidad de asuntos, a que se refiere el art. 207 del Reglamento del Congreso de los Diputados, obedece al principio de representatividad de la Cámara, en virtud del cual ésta no está vinculada por los actos de la anterior, y ello quiere decir que la caducidad puede ser excepcionada por la propia Cámara haciendo suyos los asuntos pendientes cuando así lo permita su naturaleza.
6. De la determinación de contenido mínimo de los Estatutos que se formula en el art. 147.2 c) de la Constitución no puede deducirse una reserva estatutaria absoluta, sino sólo relativa. No existe tal reserva, ni frente a Leyes del Estado, en lo que se refiere a las competencias, ni frente a Leyes de la Comunidad Autónoma, en lo que se refiere a la organización de las instituciones propias. Y lo mismo hay que decir de la determinación de la sede de tales instituciones. En el presente caso no existe infracción de dicho precepto constitucional, pues fijándose en el Estatuto la sede de las instituciones autonómicas por su nombre, se establece qué órgano habrá de determinarla, cuándo y dónde habrá de hacerlo y con qué mayoría.
Real Decreto-ley 20/1978, de 13 de junio. Creación del Consejo General de Castilla y León
Artículo 143.2, ff. 1, 3 a 5
Artículo 144 c), ff. 4, 5
Artículo 146, f. 5
Artículo 147.2, f. 7
Artículo 147.2 c), f. 7
Artículo 150, f. 7
Artículo 136.1, f. 6
Caducidad de asuntos de la legislatura anteriorCaducidad de asuntos de la legislatura anterior, ff. 4, 5
Diputaciones provincialesDiputaciones provinciales, ff. 4, 5
Disponibilidad del proceso autonómicoDisponibilidad del proceso autonómico, f. 5
Entes localesEntes locales, ff. 4, 5
Entes preautonómicosEntes preautonómicos, f. 3
Iniciativa autonómicaIniciativa autonómica, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Iniciativa autonómica de las corporaciones localesIniciativa autonómica de las corporaciones locales, ff. 4, 5
Iniciativa autonómica de los entes preautonómicosIniciativa autonómica de los entes preautonómicos, f. 3
Plazo para ejercitar la iniciativa autonómicaPlazo para ejercitar la iniciativa autonómica, f. 3
Proceso autonómicoProceso autonómico, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Sede de las instituciones autonómicasSede de las instituciones autonómicas, f. 7
Sustitución por las Cortes de la iniciativa autonómica de las corporaciones localesSustitución por las Cortes de la iniciativa autonómica de las corporaciones locales, f. 4
Contenido de los Estatutos de AutonomíaContenido de los Estatutos de Autonomía, f. 7

References: e contrario
 resolución 

Artículo 143

Artículo 144

Artículo 146

Artículo 147

Artículo 147

Artículo 150

Artículo 136