Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920235.html
Timestamp: 2019-11-20 20:21:15+00:00

Document:
as201920235
Auto Supremo: 235/2019
Expediente: SC-96-18-S.
Partes: Estela Zotes Aguilera c/ María, Hugo y Carlos todos Zotes Aguilera.
Proceso: Nulidad de transferencia, inscripción de declaratoria de herederos y
división y partición de bienes hereditarios.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 573 a 576 vta., interpuesto por María Zotes Aguilera, contra el Auto de Vista Nº 120/18 de fecha 25 de mayo, cursante de fs. 569 a 571 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de nulidad de transferencia, inscripción de declaratoria de herederos y división y partición de bienes hereditarios, seguido por la recurrente contra María, Hugo y Carlos todos Zotes Aguilera; la respuesta al recurso de casación que cursa de fs. 580 a 585 vta., el Auto interlocutorio de concesión del recurso Nº 42/18 de fecha 29 de junio que cursa a fs. 586; el Auto Supremo de Admisión Nº 667/2018-RA de 23 de julio que cursa de fs. 594 a 595; los antecedentes del proceso; y:
1. Estela Zotes Aguilera por memorial de demanda que cursa de fs. 66 a 70 vta., que fue subsanada por memorial de fs. 99 a 103 vta., inició proceso ordinario de nulidad de transferencia, inscripción de declaratoria de herederos en Derechos Reales y división y partición de bienes hereditarios; demanda que fue interpuesta contra María Zotes Aguilera, Hugo Zotes Aguilera y Carlos Zotes Aguilera en la persona de su hijo Carlos Daniel Zotes Roda; una vez citados, María Zotes Aguilera, por memorial que cursa de fs. 155 a 159, contestó a la demanda y opuso excepciones de incompetencia de la autoridad judicial; Carlos Daniel Zotes Roda (heredero de Carlos Zotes Aguilera) y Hugo Zotes Aguilera a través del memorial que cursa de fs. 182 a 183 vta., contestaron a la demanda principal allanándose a la misma.
Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Público en materia Civil y Comercial Primero de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Sentencia Nº 02/18 de fecha 26 de febrero, cursante de fs. 262 a 272, declaró PROBADA la demanda de fs. 99 a 103, con costas y costos. En consecuencia dispuso lo siguiente: 1) La nulidad de la transferencia de fecha 10 de febrero de 2009 con reconocimiento de firmas en la misma fecha suscrito entre Carlos Zotes Núñez como vendedor y María Zotes Aguilera como compradora del inmueble ubicado en la zona “El Tao” de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, U.V. 2, Mza. 8, Lote s/n, con una superficie de 212 mts2., registrado bajo la Matrícula Nº 7011990079593, debiendo volver las cosas a su estado original, vale decir al estado en que se encontraba el referido inmueble antes de la celebración del contrato de transferencia declarado nulo. 2) La inscripción de la declaratoria de los herederos Estela, María, Hugo y Carlos Zotes Aguilera, éste último a nombre de su hijo Carlos Daniel Zotes Roda en los registros de la Matrícula computarizada 7011990079593. 3) Asimismo, ordenó que en ejecución de sentencia se proceda a la división y partición del bien inmueble ubicado en la U.V. 2, Mza. 8, Lote s/n, inscrito en Derechos Reales bajo la matrícula computarizada 7011990079593, que de no ser divisible, se procederá a su venta en subasta pública y se distribuirá el valor obtenido en partes iguales.
2. Resolución que puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que la demandada María Zotes Aguilera, mediante memorial de fs. 539 a 542 vta., interpusiera recurso de apelación.
3. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 120/18 de 25 de mayo de 2018 que cursa de fs. 569 a 571 vta., donde los Jueces de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señalaron que si bien sería evidente que el juez de la causa no se pronunció sobre los extremos acusados en el recurso de apelación; sin embargo, del análisis de los antecedentes procesales habrían advertido que en la audiencia preliminar de fecha 29 de noviembre de 2017, la citada autoridad, habría fijado los puntos probatorios para el demandante, sobre los cuales debía fundamentar y dictar la sentencia en el proceso y no sobre los agravios acusados en apelación, pues ninguno de estos habría sido fijado como punto probatorio; al margen de que la apelante no habría objetado oportunamente los hechos a ser demostrados. Razón por la cual, el citado Tribunal de segunda instancia CONFIRMÓ la sentencia de fecha 26 de febrero de 2018. Con costas y costos al apelante.
4. Fallo de segunda instancia, que puesto en conocimiento de las partes, ameritó que María Zotes Aguilera, interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar:
1. Acusa que los jueces de instancia no habrían valorado la esencia de la demanda principal que fue interpuesta por Estela Zotes Aguilera, que se encontraba sustentada en el hecho de que el documento de venta del 50% del inmueble objeto de litis que fue suscrito entre su padre Carlos Zotes Núñez y la recurrente, sería falso.
2. Denuncia que el Juez de origen, ni el Tribunal de Alzada habrían considerado que Hugo Zotes Aguilera se habría inscrito legalmente como hijo de los padres de la recurrente recién en fecha 29 de agosto del año 2016, según consta en la partida de nacimiento de la Oficialía Nº 4081, Libro 17, Partida 18, Folio 18, en la localidad de Santa Cruz de la Sierra; es decir que se habría inscrito convencionalmente, llevando el apellido de su padre y madre bajo Resolución Nº 876/2016 de fecha 12 de agosto de 2016, cuando en realidad su madre habría fallecido en fecha 23 de diciembre de 2004 y su padre en fecha 29 de enero de 2016.
3. Arguye que los jueces de segunda instancia tampoco habrían considerado que Carlos Zotes Aguilera habría fallecido y tendría doble inscripción de partida de nacimiento, la primera de fecha 31 de agosto de 1961 con fecha de nacimiento de 30 de agosto de 1961, y la segunda partida de fecha 27 de agosto de 1963 con fecha de nacimiento 25 de agosto de 1963.
4. Observa que no existiría ningún reconocimiento legal que de la calidad de hijos de Carlos Zotes Núñez y Fernanda Aguilera de Zotes a Hugo y Carlos Zotes Aguilera, ya que solo existiría la inscripción legal como hijas a María y Estela Zotes Aguilera.
5. Que como demandada habría acreditado con documentos idóneos que su padre en fecha 10 de febrero de 2009, le habría transferido el 50% del bien inmueble objeto de litis; porcentaje que a la fecha se encontraría con plano de uso de suelo visado y/o aprobado, y con Código Catastral Nº 002046008, reservándose el 50% de su madre Fernanda Aguilera de Zotes.
6. Que al no haberse probado pericialmente que el documento de transferencia del 50% del bien inmueble sería falso, el juez de la causa tendría que haber confirmado la legalidad del mismo, pues dicha venta sería real, legal y cierta, en razón a que la recurrente no habría falsificado la firma de su padre (vendedor), por lo que no existiría nada que dividir con Estela Zotes Aguilera.
7. Que lo determinado por los jueces de instancia, de anular un documento habido legalmente, sería inconstitucional y contrario a lo estipulado en el art. 105 del Código Civil, porque su padre en aplicación del derecho de disponer que ostentaba habría dispuesto en libertad la transferencia del 50% del bien inmueble objeto de litis.
8. Que si bien existiría la minuta de transferencia de anticipo de legítima de fecha 7 de marzo del año 2007 suscrito supuestamente entre Carlos Zotes Núñez como vendedor y Carlos, María y Estela Zotes Aguilera en calidad de compradores; empero, el mismo no habría sido suscrito por Hugo Zotes Aguilera porque recién en la gestión 2016 habría sido registrado de manera convencional como hijo de los esposos Zotes Aguilera.
9. Que el Tribunal de Alzada no habría valorado ni ordenado de oficio la realización del peritaje respecto a las mejoras existentes en el 50% del inmueble que habría adquirido legalmente el 10 de febrero de 2009.
10. Que no se habría considerado que la última voluntad de su padre fue transferir el 50% del bien inmueble, razón por la cual el documento de transferencia sería de fecha posterior al documento de anticipo de legítima.
Estela Zotes Aguilera, Carlos Daniel Zotes Roda y Hugo Zotes Aguilera, por memorial de fs. 580 a 585 vta., contestan al recurso de casación bajo los siguientes fundamentos:
- Rechazan los argumentos del recurso de casación, porque no corresponderían al objeto del proceso.
- Que la recurrente no habría dado cumplimiento a los requisitos legales para formular el recurso de casación establecido en el art. 274 del Código Procesal Civil, pues no mencionaría la ley o leyes que fueron infringidas, violadas o aplicadas indebidamente y como le causaría perjuicio, sin señalar si su impugnación sería en la forma o en el fondo, siendo el mismo una simple narración de hechos sin la debida fundamentación que debe contener toda impugnación de casación.
- De igual forma, observan el petitorio del recurso de casación, aduciendo que el mismo sería inviable jurídicamente.
- Que los jueces de Alzada fueron claros al señalar que no pueden fallar sobre aspectos que no fueron objeto del proceso, por lo que los reclamos de apelación no podían ser atendidos.
- Al margen de los fundamentos expuestos supra que atacan la forma del recurso de casación, añaden que el derecho legítimo de los coherederos Hugo y Carlos Zotes Aguilera no fue objeto del proceso, aparte que los jueces en materia civil no tendrían competencia para conocer aspectos de filiación.
- Refieren también que en el caso de autos no hubo reconvención y contrariamente, cuando la ahora recurrente, contestó a la demanda, habría confesado que no hubo rescisión del contrato de anticipo de legítima.
- Que contrariamente a la observación referida a la filiación de Carlos Zotes Aguilera, aducen que éste si sería hijo legítimo de Carlos Zotes Núñez, tal como constaría en el informe de SERECI/CL/NLE/65/2017. En cuanto a Hugo Zotes Aguilera, refiere que la Resolución Nº 876/2016 de fecha 08-2006 haría referencia a la autorización de la inscripción de la partida de nacimiento con filiación probada, donde no existiría doble inscripción, puesto que una de ellas habría sido cancelada.
- Que la intención de su padre fue que el bien inmueble sea de propiedad de todos sus hijos, razón por la cual habría realizado el anticipo de legítima donde firma la recurrente, por lo tanto al suscribir de forma posterior otro documento de transferencia del 50% sabiendo de la existencia del primero, demostraría plenamente la ilicitud y el dolo de María Zotes Aguilera.
- Que ante la falta de realización de la pericia, la demandante habría optado por desistir de la pretensión de nulidad por falsificación de firmas, dejando vigente todas las demás pretensiones en especial la establecida en el art. 1066 del sustantivo civil que habría sido perfectamente aplicada por los jueces de instancia haciendo respetar la porción de legítima de cada uno de los coherederos, toda vez que modificar la legítima sería ilegal no solo por disposición de la ley, sino porque en una anterior minuta ya se habría dispuesto de la misma.
Por lo expuesto solicitan se declare improcedente el recurso de casación interpuesto por María Zotes Aguilera.
III.1. Del anticipo de legítima.
Este Tribunal Supremo de Justicia, sobre el tema particular, en el Auto Supremo Nº 531/2015-L de fecha 10 de Julio, ha referido lo siguiente: “De lo anterior, es necesario ponderar y citar el art. 1254 del Código Civil que señala: “Toda donación hecha a heredero forzoso que concurra a la sucesión del donante importa anticipo de su porción hereditaria, salvo el caso de dispensa a que se refiere el art. 1255”, sin embargo conforme a la previsión contenida en el art. 1059 del Código Civil; en cuyo marco el anticipo de legítima no es una donación propiamente dicha porque no constituye un acto de liberalidad alguno que se ajuste a la previsión del art. 655 del Código Civil, que en esencia dice “La donación es el contrato por el cual una persona, por espíritu de liberalidad, procura a otra un enriquecimiento disponiendo a favor de ella un derecho propio o asumiendo frente a ella una obligación” sino como su nombre lo indica, es un acto de entrega anticipada de la porción que en la sucesión le corresponde a un heredero forzoso, legítima que en nuestra economía jurídica cualquiera sea el origen de los hijos, es de las cuatro quintas partes del patrimonio, constituyendo únicamente la quinta parte restante la porción disponible que el de cujus puede destinar a liberalidades, sea mediante donaciones o mediante legados, en favor de sus hijos, parientes o extraños. La Legítima, entonces, es parte de la herencia a que tienen derecho los herederos forzosos respecto del patrimonio de su causante, la misma que no puede ser dispuesta libremente ni ser objeto de liberalidades, es decir, objeto de donación, debido a que en caso de afectación al fallecimiento del de cujus, los herederos tienen el legítimo derecho de solicitar la colación de los bienes que pudiesen haber afectado la legítima que es indisponible.
En ese entendimiento el Tribunal Supremo de Justicia en el A.S. 364/2013 de 19 de julio, a razonado que: “…conforme a la previsión contenida en el art. 1059 del Código Civil; en cuyo marco el anticipo de legítima no es una donación propiamente dicha porque no constituye un acto de liberalidad”… Como también señala en el A.S. 326/2010 de fecha 23 de septiembre, que: “…las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren, es decir…el contenido del acuerdo de voluntades al que llegaron…”. Situación o aspecto que debe tomarse en cuenta en este análisis a fin de dar respuesta efectiva a la problemática suscitada dentro la presente causa.
Finalmente se dirá que, el Juez A quo como el Ad quem han interpretado de manera errónea los arts. 491 num.1) y 667 como el art. 1287 del sustantivo civil, al vincularlo el anticipo de legitima con la donación, pues se ha hecho énfasis que nuestro ordenamiento sustantivo civil no reconoce o determina la formación del contrato de anticipo de legitima como un documento público para su formación por el contrario se dijo que la formación del anticipo de legitima es cuando las partes lo determinan o acuerdan voluntariamente, no obstante de ello el anticipo de legitima y la donación si bien existe cierto vínculo entre estos dos términos, empero estos tienen esencias distintas para la aplicación de los derechos sobre un anticipo de legitima y una donación, pues las normas que se instituyen como aplicadas como los art. 491 num. 1), 667 y 1287 del Sustantivo Civil, son aplicables en su formación específicamente para la donación y no para un anticipo de legítima.
En ese entendimiento cita el Dr. Zarate del Pino, que: "…el anticipo de legítima viene a ser el adelanto que una persona puede hacer a alguno de sus herederos forzosos, de una parte igual o menor de los bienes que les correspondería recibir por concepto de cuota hereditaria a la muerte de quien hace el anticipo."
De lo expuesto, debe quedar aclarado que el hecho de que se haya establecido que el anticipo de legítima no debe ser considerado como una donación, está referida únicamente al hecho de que esta no necesariamente tiene que revestir de formalidad al momento de su formación y no así para otros ámbitos, puesto que en el caso de que la legitima de uno de los herederos forzosos se vea afectado por una liberalidad, como consecuencia de un anticipo de legítima, el afectado tiene derecho de solicitar la colación de los bienes que pudiesen haber afectado su legítima, colación que afectará los bienes que tienen la calidad de indisponibles (cuatro quintas partes de la legítima) y no así aquellos que se encuentren comprendidos dentro del porcentaje que está destinado a liberalidades.
III.2. De la afectación a la legítima de los herederos forzosos.
Al respecto, el art. 105 del Código Civil establece que: “La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar, disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico”, de lo expuesto se tiene que dicha norma franquea al titular la potestad de disponer de sus bienes sin restricción alguna.
Ahora bien, respecto a la legítima diremos que ésta es una institución de orden público que comprende la parte de la herencia que el de cujus está limitado de disponer libremente cuando tiene herederos forzosos, que son los descendientes, ascendientes o cónyuge y de la cual los mismos no pueden ser privados sin justa causa por actos a título gratuito, en el claro entendido de que los hijos, sea cual fuere su origen, son iguales ante la ley y su legítima es de las cuatro quintas partes del patrimonio de su progenitor y sólo la quinta parte del mismo puede ser dispuesta libremente por él, conforme previene el art. 1059.I del Código Civil, norma que claramente establece que si a raíz de un acto de liberalidad, sea este en vida del titular o por testamento, se habría dispuesto más del 20% del patrimonio, podría haber lesión a la legítima, toda vez que por disposición de esta norma sólo la quinta parte es de libre disposición. Esta fórmula normativa prevé la proporción del patrimonio que el de cujus puede destinar a liberalidades; en esa lógica el de cujus si no tiene herederos forzosos puede disponer de la totalidad de sus bienes y en caso de que los tuviera (herederos forzosos) la liberalidad de sus actos sobre su patrimonio se limita a la proporción que indica la norma legal de referencia.
De esta manera, corresponde precisar qué debe entenderse por “liberalidad”, la cual se halla inmersa en el art. 1059.I del Código Civil, citado supra; es así que, según Manuel Ossorio en su Obra “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, la define como: “Disposición hecha a título gratuito, a favor de otra persona, ya figure como donación, como legado (v) o como institución contractual”; por su parte Guillermo Cabanellas de Torres, la define como, “Donación o dádiva de bienes propios hecha a favor de una persona o entidad, sin pretender compensación ni recompensa alguna”; de estas citas doctrinarias, queda claro que la liberalidad implica una disposición no onerosa que puede realizar el de cujus de su patrimonio sea en donaciones (mediante actos entre vivos) o legados (por testamento), es decir el desprendimiento que hace de su patrimonio a título gratuito.
Entendida así la liberalidad, si el causante en vida procede a disponer liberalmente de sus bienes excediéndose más allá de la quinta parte que la Ley le autoriza, ese acto de disposición voluntario no es pasible de ser sancionado con nulidad, toda vez que la Ley prevé como remedio legal “la reducción de la disposición testamentaria o la reducción de las donaciones efectuadas”, tal y como lo señalan los arts. 1068 y 1252.II del Código Civil; consiguientemente debe quedar claro que la afectación a la legítima por exceder el límite de liberalidad en las disposiciones, no da lugar a la nulidad de esos actos, por el contrario una vez abierta la sucesión lo que corresponde es su reducción hasta reponer la proporción fijada en ley como legítima (siempre que se trate de liberalidades), lo contrario, implicaría que todas las donaciones realizadas por el causante por actos entre vivos fueran nulas, lo que contrasta con el poder de disposición que le faculta al titular el art. 105.I del Código sustantivo que ya fue citado.
Sin embargo, no debe confundirse la “liberalidad” instituida por el régimen sucesorio, con los actos de disposición que hubiere realizado el de cujus en sujeción estricta del art. 105 del Código Civil; en función a esta norma legal, los actos que onerosamente disponga el causante de su patrimonio antes de abierta la sucesión no pueden considerarse como actos de liberalidad encaminados a violar la legítima, ya que los mismos por su naturaleza de contratos sinalagmáticos tienen una contraprestación o retribución que recibe su titular por el valor del bien; consiguientemente en términos meramente económicos por la disposición de un bien específico, el patrimonio en su conjunto no sufre ninguna afectación.
Dentro de ese mismo contexto, corresponde referirnos al art. 1066 del Código Civil que está referido a las modificaciones y pactos de las cargas y condiciones sobre la legítima sancionada con nulidad; en el primer parágrafo de la norma de referencia sanciona con nulidad cuando por disposición testamentaria se modifica o suprime la legitima de los herederos forzosos o se impongan cargas o condiciones sobre la misma. En el segundo parágrafo igualmente sanciona con nulidad todo contrato, celebrado antes de abrirse la sucesión, que modifique, suprima o imponga cargas o condiciones a la legítima de los herederos forzosos; la norma se refiere a los actos que tengan por objeto la modificación, supresión o impongan cargas o condiciones a la legitima, es decir, el contrato que se sanciona con nulidad es aquel en cuyo objeto se pacte sobre la legítima para su reforma, supresión o imposición de condiciones, empero, no importa una limitación al derecho que tiene el causante de realizar actos de disposición a título oneroso como es la compra venta facultado por el art. 584 con relación al 105.I del Código Civil.
Criterio que ya fue asumido en la vasta jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos, el A.S. Nº 412/2013 de 15 de agosto, A.S. Nº 518/2014 de 8 de septiembre y A.S. Nº 336/2015 de 18 de mayo.
Expuestos como están los fundamentos que han de sustentar la presente resolución, corresponde a continuación dar respuesta a los extremos denunciados por la codemandada María Zotes Aguilera.
1. En ese entendido, del análisis de los reclamos que sustentan el citado medio de impugnación, se advierte que en los numerales 2, 3 y 4, la recurrente denuncia que los jueces de instancia no habrían considerado que no existía ningún reconocimiento legal que dé la calidad de hijos de los señores Carlos Zotes Núñez y Fernando Aguilera de Zotes, a los codemandados Hugo y Carlos Zotes Aguilera; puesto que el primero de éstos, recién se habría inscrito legalmente como hijo en fecha 29 de agosto del año 2016, es decir posterior a la muerte de sus supuestos padres, y Carlos Zotes Aguilera tendría doble inscripción de partida de nacimiento; arguyendo en ese sentido que únicamente la demandante Estela y la ahora recurrente María ambas Zotes Aguilera, contarían con una inscripción legal.
De lo acusado en los citados numerales, se advierte que la recurrente atribuye al Tribunal de Alzada la contravención del principio de congruencia, pues al acusar de manera expresa la falta u omisión de consideración de ciertos aspectos, se infiere que lo que en realidad está denunciando es una incongruencia omisiva; en ese entendido, al constituirse la congruencia externa en un aspecto que atinge únicamente a la estructura formal de la resolución, este Tribunal Supremo de Justicia se ve limitado a verificar si dicho extremo resulta o no evidente.
En consecuencia, de la revisión de los fundamentos que sustentan el Auto de Vista Nº 120/18 de fecha 25 de mayo que cursa de fs. 569 a 571 vta., se tiene que en el acápite denominado “Competencia de este Tribunal”, los jueces de Alzada en el numeral 4.1. incisos 2) y 3) extractaron como hechos denunciados en el recurso de apelación que interpuso María Zotes Aguilera, la inexistencia legal de documentos idóneos que otorgue la calidad de coherederos a Hugo y Carlos Zotes Aguilera; reclamo que posteriormente, ya en el apartado denominado “Fundamentos jurídicos de la presente resolución”, contrariamente a lo advertido en casación, si fue considerado y mereció una respuesta, ya que refiriéndose de manera exclusiva a lo mencionado en el punto 4.1., adujeron que en el Auto de Vista, de acuerdo a lo estipulado por ley, sólo se tomaría en cuenta a lo establecido en el art. 265.I del Código Procesal Civil, porque el salirse de dichos parámetros implicaría la vulneración de principios constitucionales como el debido proceso y legalidad.
Ahora bien, remitiéndonos a la norma citada por el Tribunal de Alzada, se tiene que la misma hace referencia a las facultades del Tribunal de segunda instancia, entre las cuales establece que el Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos que fueron objeto de apelación, siempre y cuando, obviamente, estos hayan sido resueltos por el inferior; sin embargo, como el tema del “reconocimiento legal” de los codemandados Carlos y Hugo ambos Zotes Aguilera, que les otorgue la calidad de hijos de Carlos Zotes Núñez y Fernanda Aguilera de Zotes, no fue objeto del presente proceso, ni de probanza y por ende tampoco fue considerado por el juez de la causa en la emisión de la sentencia; es que se infiere que el Tribunal Ad quem correctamente decidió aplicar el art. 265.I del Código Procesal Civil y remitirse solamente a lo resuelto por el Juez A quo.
De lo expuesto, se concluye que la falta de consideración (incongruencia omisiva) acusada en los numerales 2, 3 y 4 del recurso de casación, no resulta evidente, pues los Jueces de Alzada, al haber otorgado la respuesta citada supra, desvirtúan completamente la vulneración del principio de congruencia, por lo que el presente reclamo deviene en infundado. Sin embargo, se aclara a la recurrente que si no estaba de acuerdo con dicho razonamiento, ni con la aplicación de la citada norma adjetiva civil, debió acusar errónea interpretación o aplicación de la misma, y no limitarse a denunciar una inexistente falta de consideración, pues el hecho de que no se le haya dado la razón a alguno de sus agravios apelados, no implica que los mismos no hayan sido considerados.
2. Continuando con el examen de los reclamos denunciados en casación, se puede advertir que en los numerales 1 y 6, de manera conteste, María Zotes Aguilera, denuncia que el Tribunal de Alzada no habría valorado que la esencia de la demanda, estaría sustentada en el hecho de que el documento de compraventa del bien inmueble objeto de litis donde su padre Carlos Zotes Núñez le transfiere el 50% del mismo sería falso, extremo que al no haber sido probado con prueba pericial, tendría que haberse confirmado la legalidad del mismo.
Abocándonos en lo acusado, resulta pertinente remitirnos a los actuados procesales suscitados en la presente causa, de donde se advierte los siguientes extremos:
- Si bien es evidente que Estela Zotes Aguilera, entre otras extremos, demandó a María, Carlos y Hugo todos ellos Zotes Aguilera, la nulidad de la transferencia de fecha 10 de febrero de 2009, donde Carlos Zotes Núñez –su padre- le transfiere a María Zotes Aguilera –su hermana-, el 50% del inmueble ubicado en la zona el Toa de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, U.V. 2, Mzo. 8, Lote s/n con una superficie de 212.- mt2.; pretensión que tuvo como sustento dos aspectos: 1) Que su hermana María, de forma ilícita habría falsificado la firma de su padre en dicho documento, y 2) Que la única finalidad de su hermana era evitar que todos los hermanos Zotes Aguilera accedan a su legítima que por ser herederos forzosos les correspondería sobre el bien inmueble citado anteriormente.
- Que en virtud a los fundamentos expuestos por la parte actora, como por los extremos inmersos en los memoriales de contestación de los demandados, el juez de la causa en la Audiencia Preliminar (fs. 209 a 227), dispuso como hechos a probar por la parte demandante: la existencia de falsedad en el documento de transferencia, la afectación de su legítima, que existió hecho y motivo ilícito, que su pretensiones de inscribir su derecho sucesorio en Derechos Reales sería legal y que se encuentra legitima para solicitar la división y partición de los bienes sucesorios.
- Sin embargo, en la audiencia complementaria de fecha 26 de febrero de 2018 (fs. 243 a 251 vta.), la demandante, ante la demora con relación a la producción de la prueba pericial para determinar si existe o no falsedad en la firma de Carlos Zotes Núñez en el documento de fecha 10 de febrero de 2009 con reconocimiento de firmas en la misma fecha, porque el perito requeriría de mayor prueba, desistió de la pretensión de nulidad por la causal invocada de falsedad en la firma del vendedor; situación que al adecuarse a lo estipulado en el art. 242 del Código Procesal Civil, el juez de la causa por Auto de fecha 26 de febrero de 2018 que cursa de fs. 245 vta. a 246, aceptó el desistimiento y ordenó que el proceso continúe con la finalidad de determinar si el documento de transferencia de fecha 10 de noviembre de 2009 afectaría o no la legítima de los otros hijos del de cujus Carlos Zotes Núñez al tenor del art. 1066 del Código Civil.
- En ese entendido, y toda vez que la citada resolución, no fue objeto de impugnación alguna por la parte demandada, específicamente por la recurrente, se infiere que ésta se encontraba conforme por lo dispuesto por el juez de la causa.
De estas consideraciones, se concluye que al haber sido desistida la nulidad de la transferencia únicamente por la supuesta falsificación de firmas, mal podría exigir la recurrente, que durante la tramitación de la causa debía producirse prueba pericial para determinar la falsificación o autenticidad de la firma de Carlos Zotes Núñez en el documento objeto de litis, pues el mismo, conforme precisamente el desistimiento que fue aceptado por el juez de la causa, resulta irrelevante, máxime cuando los fundamentos por los cuales el juez de la causa declaró la nulidad de la transferencia, tuvo como sustento aspectos que no guardan relación alguna con la falsificación de firmas, por lo que el presente reclamo resulta infundado.
3. De la revisión de los reclamos acusados en los numerales 5, 7 y 10, se advierte que los mismos están orientados a acusar la vulneración del art. 105 del Código Civil, debido a que la recurrente considera que la nulidad del documento de fecha 10 de febrero de 2009 donde su padre le transfirió el 50% del bien inmueble ubicado en la zona el Toa, UV. 2, Mzo. 8, Lote s/n con una superficie de 212,00 mt2., sería ilegal, pues su padre en pleno ejercicio de su derecho propietario podía disponer del 50% del cual era titular, siendo este acto su última voluntad, por lo que dicha transferencia sería de fecha posterior a la suscripción del documento de anticipo de legítima que data del año 2007.
Sobre el particular, debemos señalar que si bien el art. 105 del Sustantivo Civil otorga al titular del derecho propietario la facultad de disponer libremente de sus bienes sin restricción alguna; sin embargo, no se puede obviar que en ciertos casos, es la misma ley que limita el ejercicio de este derecho de disposición, tal el caso de lo dispuesto en el art. 1059.I del Código Civil que establece que en aquellos casos en que el titular de un derecho propietario tenga herederos forzosos (descendientes, cónyuge o ascendientes), éste no puede disponer mediante actos de liberalidad, más del 20% de su patrimonio, pues conforme lo estipula expresamente esta norma, sólo la quinta parte es de libre disposición, debido a que el exceso de dicha porción afecta la legítima de los herederos forzosos.
Ahora bien, como ya se explicó en el punto III.2., conforme a las citas doctrinarias ahí expuestas, la liberalidad implica una disposición no onerosa, por el cual el de cujus dispone de su patrimonio ya sea mediante donaciones (acto entre vivos) o por legados (por testamento); en otras palabras, la liberalidad debe ser entendida como aquel desprendimiento que el titular hace de su patrimonio a título gratuito. Consiguientemente, los actos que onerosamente disponga el causante de su patrimonio antes de abierta la sucesión no pueden considerarse como actos de liberalidad encaminados a violar la legítima, ya que los mismos por su naturaleza de contratos sinalagmáticos tienen una contraprestación o retribución que recibe su titular por el valor del bien; de ahí que la nulidad de los actos que modifiquen, pacten, otorguen una carga o establezcan condiciones sobre la legítima, a las cuales se refiere el art. 1066 del Sustantivo Civil, no debe ser considerado como una limitación al derecho que tiene el causante titular de un determinado derecho, de realizar actos de disposición a título oneroso, como es la compra venta que se encuentra facultado por el art. 584 con relación al 105.I ambos del Código Civil, toda vez que al ser una disposición onerosa, el patrimonio en términos económicos, no sufre afectación alguna.
Bajo esos presupuestos, en el caso de Autos se observa que por documento de fecha 10 de febrero de 2009 que cursa a fs. 49 y vta., Carlos Zotes Núñez transfirió en calidad de venta, el 50% de un bien inmueble ubicado en la zona “El Toa” con una superficie de 212,99 mt2., en favor de María Zotes Aguilera; transferencia que en virtud a lo expresamente estipulado en la cláusula tercera fue por el precio libremente convenido de Bs. 80.000.-; extremo que nos permite inferir que el citado acto jurídico se constituye en un contrato sinalagmático, es decir con prestaciones recíprocas, donde el vendedor, a cambio del desprendimiento de ese 50% del bien inmueble, recibió de la compradora una retribución económica que ingresó a su patrimonio; por lo que la transferencia, contrariamente a lo expuesto por el juez de la causa, al tener la calidad de oneroso mal podría considerarse como un acto de liberalidad que viole la legítima de los demás hijos del vendedor, por lo que tampoco debió aplicarse el art. 1066.II del Código Civil, ya que con ese acto de disposición, no se modificó, suprimió, ni se impuso carga o condición alguna a la legítima de los herederos forzosos, pues reiteramos, en lugar de ese 50% del bien inmueble ingresó al patrimonio del de cujus la suma económica de Bs. 80.000.
Empero, pese a ese criterio errado del Juez de la causa que fue confirmado por el Tribunal de Alzada, no se puede omitir que la nulidad del documento de transferencia citado supra, no tuvo como único sustento la supuesta afectación de la legitima de los demás herederos forzosos, porque si nos remitimos a los fundamentos expuestos en la sentencia de primera instancia, se observa que el juez A quo, en el Considerando II, punto II.1. y II.2., razonó como otro hecho relevante, que por documento de fecha 06 de marzo de 2007 (antes de la transferencia del 50% del bien inmueble que fue realizado el año 2009), Carlos Zotes Núñez en su calidad de propietario ya había transferido a sus cuatro hijos Carlos, María, Estela y Hugo todos ellos Zotes Aguilera, la totalidad del mismo bien inmueble, transferencia que fue realizada en calidad de anticipo de legítima; documento que al no haber sido negado, ni desvirtuado por la demandada María Zotes Aguilera, ahora recurrente, más al contrario en su memorial de contestación que cursa de fs. 155 a 159, se tiene que esta confesó de manera espontánea que para la venta del 50% del bien inmueble objeto de litis, no hubo rescisión alguna del documento de anticipo de legítima, lo que implicaría que existen dos documentos de transferencia sobre el mismo bien inmueble realizado por el mismo propietario Carlos Zotes Núñez, el primero en calidad de anticipo de legítima en favor de todos sus hijos y el segundo como venta del 50% por la suma de Bs. 80.000 en favor de una de sus hijas –María Zotes Aguilera-. Fundamentos estos que permitieron inferir al juez A quo, que el anticipo de legítima se encuentra firma y vigente, y por ende haría plena prueba al tenor del art. 1297 del Código Civil, surtiendo plenos efectos entre las partes contratantes.
En ese entendido, debemos concluir, que si bien es cierto que el documento de venta del 50% del bien inmueble objeto de la presente causa, al ser oneroso, no afecta la legítima de los herederos forzosos de Carlos Zotes Núñez no podía ser considerada como causa para disponer la nulidad del mismo, más aún cuando en los casos en que la legitima se ve afectada por una liberalidad, la ley instituyó la figura jurídica de la colación que afecta a aquellos bienes que tienen la calidad de indisponibles (4/5 partes de la legítima) más no así la figura de la nulidad del acto como tal; no obstante, no se puede eludir que al no haber sido objeto de reclamo ni observación alguna en casación, el otro motivo por el cual el juez de la causa declaró probada la demanda de nulidad del documento de transferencia de fecha 10 de febrero de 2009, corresponde mantener vigente el razonamiento de que el documento de anticipo de legítima de fecha 6 de marzo del año 2007, por el cual Carlos Zotes Núñez transfirió en favor de sus cuatro hijos (Carlos, Hugo, Estela y María Zotes Aguilera), entre otros bienes, la totalidad del inmueble que es objeto de litis, surte plenos efectos legales al mantenerse vigente, pues el mismo no fue desvirtuado, negado y tampoco se presentó durante la tramitación del proceso prueba alguna que demuestre que haya sido dejado sin efecto o declarado ineficaz, correspondiendo de esa manera, mantener la decisión asumida por los jueces de instancia respecto a la nulidad del documento de venta de fecha 10 de febrero de 2009, ya que más allá de que ese razonamiento sea o no el correcto, si la recurrente pretendía que la decisión de primera instancia sea casada y en consecuencia se declare improbada la demanda principal, debió atacar en el fondo todos los fundamentos en los cuales se sustentó dicha resolución y no abordar solo uno de ellos; por tanto, al no haber sido observado ni reclamado este otro sustento referido a la validez del documento de anticipo de legítima, el mismo se mantiene.
4. Ahora bien, respecto al reclamo de que en el documento de transferencia de anticipo de legítima de fecha 7 de marzo del año 2007, no habría sido suscrito por Hugo Zotes Aguilera.
Sobre el particular, y con la finalidad de verificar si lo acusado resulta o no evidente, corresponde remitirnos al citado documento que cursa de fs. 92 a 93 vta., de donde se advierte que contrariamente a lo acusado por la recurrente, al margen de intervenir como anticipador Carlos Zotes Núñez y como anticipados Carlos, Hugo, María y Estela todos ellos Zotes Aguilera, con la finalidad de expresar su conformidad con lo estipulado en dicho documento y dar fiel y estricto cumplimiento del mismo, todos los sujetos intervinientes estamparon sus firmas, lo que implica que Hugo Zotes Aguilera si intervino en la suscripción del anticipo de legitima, sin embargo, el hecho de que éste recién se haya inscrito convencionalmente como hijo de Hugo Zotes Núñez y Fernanda Aguilera de Zotes en fecha 29 de agosto de 2016, conforme a lo estipulado en el numeral 1 del presente considerando al no haber sido objeto del presente proceso el reconocimiento como hijo de dicho sujeto, no corresponde realizar consideración alguna al respecto, toda vez que si la parte recurrente consideraba o considera que sus hermanos Carlos y Hugo Zotes Aguilera no tendrían que ser beneficiarios de la herencia por existir irregularidades en sus reconocimientos o porque no existiría prueba suficiente que acredite el mismo, ésta debió reconvenir por dicho extremo, sin embargo como no lo hizo, tiene la vía llamada por ley para hacer valer las observaciones que acusa en este punto.
5. Finalmente, sobre el hecho de que el Tribunal de Alzada no habría valorado, ni ordenado de oficio la realización de peritaje respecto a las mejoras existentes en el 50% del bien inmueble que habría adquirido el 10 de febrero de 2009; con relación a este punto debemos señalar que el tema de las mejoras a las cuales hace alusión la recurrente, no fue objeto del presente proceso, toda vez que en su memorial de contestación que cursa de fs. 155 a 159, así como durante la tramitación del proceso, ésta para nada se refirió a la supuesta existencia de mejoras que habría realizado en el 50% del bien inmueble objeto de litis, pues este tema recién lo trae a casación; por lo que no resulta lógico que acuse que el Tribunal de Alzada no haya solicitado de oficio la producción de prueba pericial para determinar la existencia de las mismas, cuando en virtud a la desidia de la misma recurrente, este aspecto no fue objeto de probanza y por ende tampoco del proceso, resultando en consecuencia el presente reclamo infundado.
Por lo expuesto, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 573 a 576 vta., interpuesto por María Zotes Aguilera, contra el Auto de Vista Nº 120/18 de fecha 25 de mayo de 2018, cursante de fs. 569 a 571 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con costas y costos.
Se regula los honorarios del abogado profesional de la parte demandante en la suma de Bs. 1.000.

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