Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89903
Timestamp: 2020-02-26 16:41:59+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPO-90/89903
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
Propone incluir en el rango de protección de la ley, a las víctimas del desplazamiento forzado interno.
Establece que el titular de la Comisión Ejecutiva será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal y previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.
En relación con el Registro Nacional de Víctimas, establece que para efectos de la inspección no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni se les podrá exigir.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.
Quien suscribe, Senador Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, al tenor de la siguiente:
La Ley General de Víctimas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, después de un complejo proceso político y jurisdiccional, y como resultado de uno de los movimientos sociales más trascendentes de los últimos tiempos, el cual se conformó con miles de víctimas y familiares de víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos que se organizaron en torno a una demanda y exigencia fundamental: paz con justicia y dignidad.
Después de su entrada en vigor y transcurrido un periodo razonable de tiempo, fue posible acreditar la existencia de deficiencias legales e institucionales que impidieron un correcto funcionamiento del sistema diseñado para dar atención a las necesidades de las víctimas e instrumentar la política nacional de atención, asistencia, protección, reparación, restitución, rehabilitación, compensación y no repetición.
Estas situaciones derivaron en un par de reformas estructurales en 2013 y 20017, las cuales tuvieron como objetivo simplificar y hacer más eficiente el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva y del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, como instancias encargadas de garantizar la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal. Como consecuencia de estas reformas estructurales, la Comisión Ejecutiva dejó de ser un órgano colegiado y se transformó en una instancia unipersonal; y se incorporaron una Junta de Gobierno y una Asamblea Consultiva de naturaleza ciudadana con facultades de fiscalización y participación en el proceso de toma de decisiones.
También se flexibilizaron las reglas para la operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; y se incorporaron nuevos criterios para facilitar el ejercicio de los recursos en favor de las víctimas y sus familiares. Desafortunadamente, a más de 5 años de su entrada en vigor, la Ley General de Víctimas sigue presentando graves problemas en su implementación y ha fracasado en su misión frente a las miles de víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos que existen en el país.
De acuerdo con las organizaciones civiles, colectivos, víctimas y expertos que forman parte del Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas, aún persisten procesos complicados, lentos, discrecionales y revictimizantes que impiden la inscripción de víctimas al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y obstaculizan su acceso a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral.
En el marco del “Conversatorio sobre Derechos de las Víctimas: Una deuda impostergable”, organizado por IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, con el fin de analizar los avances y retos en el proceso de implementación de la Ley General de Víctimas, se acreditó que sólo 13 entidades federativas han realizado una armonización integral de la Ley General de Víctimas; Baja California y Guanajuato siguen sin Ley Estatal de Atención a Víctimas. Y Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Oaxaca aún no han instalado su Comisión Estatal para la atención a las víctimas.
A lo largo del evento se evaluó el proceso de armonización de la Ley en las entidades federativas, así como el desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sus delegaciones y de las Comisiones Estatales en materia de ayuda inmediata, medidas de asistencia y reparación integral del daño. Las organizaciones, colectivos, victimas y expertos participantes coincidieron en que el Estado mexicano sigue sin asumir su responsabilidad frente a las miles de víctimas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas.
Las y los participantes señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, institución competente para la atención a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos del fuero federal, sigue marcada por una gran debilidad institucional y con grandes limitaciones para proveer una eficiente protección, atención y reparación del daño para las víctimas. Entre otros aspectos, se señaló que la mayoría de las víctimas siguen enfrentado dificultades para ingresar al Registro y acceder a las medidas de ayuda inmediata, lo cual, en muchos de los casos, ha acentuado su situación de vulnerabilidad.
Muestra de ello es que a marzo de 2018, la CEAV reportaba un total de 15,525 víctimas inscritas en el RENAVI (14,808 del fuero federal y 717 del fuero común); cifra que resulta alarmantemente baja en un país que contabiliza oficialmente más de 210,000 víctimas de homicidio doloso , 37,435 personas desaparecidas y en el que se estima que 329,917 personas fueron desplazadas forzosamente como consecuencia de la violencia .
En relación con la asesoría jurídica, las personas asistentes al conversatorio señalaron de forma reiterada que el personal de la Asesoría Jurídica Federal tiene cargas de trabajo tan grandes que no les permiten atender los casos de forma adecuada, pues a marzo de 2018 la CEAV contaba con sólo de 83 asesores jurídicos (37 en la sede y 46 de las delegaciones en las entidades federativas); se calcula que en promedio un Asesor Jurídico gestiona alrededor de 200 expedientes, lo cual impide un adecuado seguimiento de los casos y trato digno a las víctimas. Además, se señaló que en su gran mayoría las y los abogados adscritos a dicha Asesoría no cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con su función.
Adicionalmente, se hizo énfasis en que es una práctica recurrente que la autoridad omite dar a conocer con claridad los derechos que tienen las víctimas, así como las responsabilidades de las y los servidores públicas. Los procesos burocráticos requeridos a las víctimas para acceder a sus derechos no se adaptan a la realidad en la búsqueda de justicia, obstaculizando el acceso a derechos básicos, por ejemplo, dicha institución niega la atención médica de enfermedades crónicas, como cáncer o diabetes, argumentando que no hay relación directa entre dicha enfermedad y los hechos victimizantes.
Las y los participantes en el Conversatorio de referencia, observan con suma preocupación el incumplimiento de las entidades federativas con sus obligaciones establecidas en la Ley General de Victimas, en particular debido a la falta de voluntad política de los congresos y poderes ejecutivos locales, lo cual deja en el desamparo a miles de víctimas del fuero común.
A la fecha del estudio, sólo 13 entidades federativas habían realizado una armonización integral de la Ley y otras 17 de forma parcial; en la mayoría de los casos, los procesos de armonización legislativa se han realizado sin consulta y participación de las víctimas y las organizaciones civiles, como por ejemplo, la Ley de Víctimas de la Ciudad de México aprobada en diciembre de 2017 por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Las organizaciones y colectivos también denunciaron a los congresos locales del Estado de Baja California y de Guanajuato, pues ni siquiera han iniciado el proceso de armonización de la Ley.
Asimismo, las organizaciones y colectivos lamentaron la tardanza de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Oaxaca para contar con una Comisión Estatal para la atención a las víctimas. Otras entidades federativas como Guerrero, Nayarit y Veracruz cuentan con una Comisión Estatal, pero carecen de un Fondo Estatal, lo cual impide el acceso de las víctimas a las medidas de apoyo previstas en la Ley. En este contexto, concluyeron que la falta de implementación de la Ley General de Víctimas a nivel federal y en las entidades federativas es derivada de la falta de funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV).
Cabe recordar que con la aprobación de la Ley General de Víctimas se creó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), cuya atribución, entre otras, consiste en promover la coordinación y colaboración entre las instituciones que atienden a víctimas en los tres niveles de gobierno . Si bien el artículo 83 de la Ley establece que el pleno del SNAV debe reunirse por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria del Presidente de la República, éste no se ha vuelto a reunir desde su instalación el 15 de enero de 2014.
Lo anterior, ha propiciado, entre otras problemáticas, la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de la atención a las víctimas y evaluación de las mismas, así como la ausencia de criterios uniformes para la selección, ingreso y permanencia del personal de las instituciones de atención a víctimas, todo aquello a cargo del SNAV.
Frente a este panorama, las organizaciones y expertos mencionados dieron a conocer el lanzamiento del “Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas”, una iniciativa impulsada por más de 20 organizaciones civiles, colectivos y expertos interesados en promover una efectiva implementación de la Ley General de Víctimas y en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la atención a Víctimas en México. Mediante el Observatorio, esta coalición buscará incidir en el fortalecimiento del Sistema de Atención a Víctimas por medio del monitoreo, análisis y la evaluación de las instituciones encargadas de la atención a las víctimas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas.
Con fundamento en lo hasta aquí expuesto, el objeto de la presente iniciativa es el de facilitar la inscripción de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y su acceso a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral; visibilizar y denominar de manera correcta a las víctimas de desplazamiento forzado interno, garantizando su reconocimiento y facilitando el ejercicio de sus derechos; fortalecer a la Asesoría Jurídica Federal y de las entidades federativas, estableciendo un mandato expreso para que estas instancias garanticen la contratación de los asesores jurídicos que resulten suficientes para dar respuesta a las necesidades de las víctimas; especificar que no podrán argumentarse razones competenciales ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente Ley; y estipular que para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción.
Proponemos también modificar el procedimiento de designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como forma de democratizar el proceso y garantizar que la persona designada cuente con el perfil adecuado y tenga la legitimidad social necesaria para desempeñar las funciones que le encomienda la Ley General de Víctimas; sustituyendo el esquema de ternas vigente e incorporando un mecanismo de designación presidencial directo e individualizado, el cual deberá ser fruto de un profundo análisis y de un proceso previo de consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, para después ser ratificado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.
Finalmente, planteamos modificar la fórmula de asignación de los recursos que integran el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, a efecto de establecer que dichos recursos serán previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que puedan ser disminuidos en relación con los destinados el año inmediato anterior. A continuación se añade un cuadro comparativo con los cambios correspondientes para facilitar la comprensión sobre el sentido y alcance de la reforma que se propone:
Artículo 7.- …
I a XXXIV.- …
XXXV.- La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de los dispuesto por esta Ley en términos de la legislación aplicable;
Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.
Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.
Artículo 42. Las autoridades del orden federal, de las entidades federativas y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del título correspondiente.
Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.
Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Artículo 79. ...
Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva y Comisiones de víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.
En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas en el ámbito de sus competencias, cuando proceda, garantizarán su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.
Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.
Artículo 98. …
La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro. Para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el ingreso, y valoración por parte de la autoridad correspondiente en cumplimiento de las disposiciones del Capítulo III del presente Título.
Artículo 132. ...
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que pueda ser disminuido. La aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior al 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior;
XXXV. La protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno o de los delitos de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de los dispuesto por esta Ley en términos de la legislación aplicable;
Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos e independientemente de que estén inscritas en el Registro Nacional de Víctimas. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento forzado interno, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.
Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento forzado interno.
Artículo 42. Las autoridades del orden federal, de las entidades federativas y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, las cuales deberán contar con los asesores jurídicos suficientes para dar respuesta a las necesidades se las víctimas, en los términos del título correspondiente.
Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento forzado interno.
Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento forzado interno. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva y Comisiones de víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables. No podrán argumentarse razones competenciales ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio de los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente Ley.
En el caso de víctimas de desplazamiento forzado interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva deberá garantizar su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.
Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo quién será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal y previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.
La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro. Para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el ingreso, y valoración por parte de la autoridad correspondiente en cumplimiento de las disposiciones del Capítulo III del presente Título. No obstante, para efectos de la inscripción de las víctimas en el Registro, no será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción.
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que puedan ser disminuidos en relación con los destinados el año inmediato anterior;
SEGUNDO.- Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República, o en su caso a la Comisión Permanente, la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, quien desempeñará su encargo en los términos establecidos en el artículo 86 de esta Ley.
TERCERO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, el Comisionado Ejecutivo en funciones, nombrado por el Pleno del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del día 14 de marzo del año 2017, dejará de ejercer el cargo que le fue conferido. Queda sin efecto el nombramiento realizado en la fecha 14 de marzo del año 2017.
En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, la persona Titular de la Asesoría Jurídica Federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. Por lo que se refiere a las autorizaciones para el acceso a los recursos del Fondo, éstas seguirán siendo emitidas de manera conjunta entre la persona Titular de la Asesoría Jurídica Federal y el servidor público responsable del Fondo.
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 85 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:
Artículo 42. Las autoridades del orden federal, de las entidades federativas y municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima.
La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, las cuales deberán contar con los asesores jurídicos suficientes para dar respuesta a las necesidades se las víctimas, en los términos del título correspondiente.
El mandato del Comisionado Ejecutivo podrá ser revocado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de febrero de 2019
Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Última actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Junio de 2018).
Casos documentados por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el 2006 y 2017: http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017/
El SNAV está integrado por las instituciones, entidades, organismos, y demás participantes, aquí enumerados, incluyendo en su caso las instituciones homologas en los ámbitos estatal y municipal: I. Poder Ejecutivo: a) Presidente de la República, b) Presidente de la Comisión de Justicia de la Confederación Nacional de Gobernadores, c) Secretario de Gobernación. II. Poder Legislativo: a) Presidente de la Comisión de Justicia del Senado, b) Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, c) un integrante del poder legislativo de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III. Poder Judicial: Presidente del Consejo de la judicatura Federal. IV. a) Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, b) un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, V. La Comisión de Atención a Víctimas y un representante de las Comisiones Ejecutivas locales (artículo 82 de la Ley).

References: artículo 83

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 42

Artículo 45

Artículo 47

Artículo 79

Artículo 85

Artículo 98

Artículo 132

Artículo 8

Artículo 42

Artículo 45

Artículo 47

Artículo 85
 artículo 86
 ARTÍCULO 85
 artículo 85

Artículo 42