Source: https://www.bcn.cl/asesoriasparlamentarias/categorias?id=21&pagina=1
Timestamp: 2020-08-10 16:27:31+00:00

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Uso de medios telemáticos para cumplir orden de alejamiento
Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice; Fernández Lores, Guillermo Javier
En materia violencia de género, uno de los derechos de las víctimas es a ser protegida de su agresor por medio de una institucionalidad especial. Desde el punto de vista del procedimiento penal, esto se persigue a través de medidas preventivas, tales como las órdenes de alejamiento del presunto agresor respecto de la víctima. Las legislaciones de las que da cuenta este informe cuentan con normas específicas para casos de violencia de género y/o violencia doméstica, contemplando la posibilidad de que el juez decrete dicho alejamiento como medida cautelar o preventiva (especialmente frente a la concesión del beneficio de la libertad bajo fianza). Asimismo, se establece que dicha orden de alejamiento pueda ser controlada mediante algún mecanismo de monitoreo telemático. Esta medida de prohibición de acercamiento a la víctima también se contempla como sanción accesoria a sanciones no privativas de libertad y/o como condición del otorgamiento de la libertad condicional o provisional. La imposición de este tipo de instrumentos debe fundarse en que contribuirá significativamente a la seguridad de la víctima, ante un eventual incumplimiento del acusado de la orden de alejamiento. En caso de decretarse la medida, la prohibición se materializa mediante el establecimiento de zonas de exclusión geográfica, las que incluyen áreas alrededor de la residencia de la víctima y espacios tales como el lugar de trabajo, y la escuela de sus hijos, entre otros. Para ello, el Tribunal ordena al acusado usar un dispositivo de localización y si ingresa a una zona de exclusión, los datos de ubicación del acusado se transmitirán inmediatamente a la víctima y a la policía, y se revocará su libertad condicional. El mecanismo de seguimiento remoto debe siempre contar con el consentimiento del acusado. Portugal incluye como requisito que las personas que viven con éste otorguen también su consentimiento. También resulta relevante que para el caso de Estados Unidos, la normativa de los estados estudiados establece que el sistema debe ser costeado por el presunto agresor y que, en caso de no contar con recursos para ello, puede liberarse de dicho costo a través de la prestación de servicios comunitarios.
Experiencias de control civil sobre la policía: El caso de Buenos Aires.
Fernández Lores, Guillermo Javier
La importancia de mando civil sobre las policías se relaciona fundamentalmente con los sistemas de transparencia, ya que es la ciudadanía la que elige a la autoridad civil y es a ésta a la que evalúa según las normas de la democracia. En ese sentido, someter a las instituciones policiales al mando civil, demanda contar con sistemas de control fuertes, de forma que la autoridad civil y la ciudadanía, puedan monitorear eficientemente el desempeño policial y pueda entonces verificarse el cumplimiento de los mandatos de la autoridad civil. Buenos Aires cuenta con un “Sistema Integral de Seguridad”, dirigido por el Ministerio de Justicia y Seguridad e integrado por la policía bonaerense y una serie de instituciones con incidencia en seguridad tales como el Cuerpo de Bomberos; el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte; el Servicio de reinserción social; el Sistema de Emergencias; y el Sistema de Seguridad Privada; entre otros actores; y tiene a su cargo la formulación, implementación y control de las políticas de seguridad pública. Dentro de los órganos contemplados por el Sistema se encuentra la Oficina de Transparencia y Control Externo, órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia y Seguridad, que tiene como propósito velar por el buen uso de los recursos estatales, pudiendo: · Dirigir las investigaciones sobre el personal policial. · Elaborar programas y políticas de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia · Planificar programas y acciones tendientes a prevenir aquéllas conductas vinculadas con la actuación del personal policial que puedan constituir faltas éticas y abusos · Recibir las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los miembros de la Policía de la Ciudad.
Estado de Catástrofe: normas, roles y aspectos de seguridad pública
Jarufe Bader, Juan Pablo
La declaración de Estado Constitucional de Catástrofe en Chile, como la verificada en el contexto de la pandemia por “COVID-19”, se ha traducido en la activación de una serie de mecanismos de gestión de emergencias para hacer frente a la crisis. En el referido marco, y según se consagra en la Constitución del país, es deber del Estado "dar protección a la población y a la familia", labor que cumple a través del denominado Sistema Nacional de Protección Civil, con la ONEMI como órgano coordinador. deber del Ministerio de Salud, velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medioambiente que afecten la salud, la seguridad y el Con todo, la pandemia que enfrenta actualmente nuestro país, excede ampliamente el ámbito de acción de este organismo, constituyendo bienestar de los habitantes. Lo anterior ha supuesto la aplicación simultánea de sendos marcos normativos, que consagran roles para distintos estamentos del Estado, a la vez que establecen las instancias de coordinación entre los mismos, incluyendo a actores como las Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad.
Carrera funcionaria y normas de promoción y ascenso en los cuerpos policiales: Experiencia comparada.
Abujatum Sepúlveda, Jana Rosa; Fernández Lores, Guillermo Javier
Al interior de los cuerpos policiales estudiados existe una separación de funciones dministrativas, de aquellas operativas o propiamente policiales. Se informan las normas aplicables al personal policial que cumple labores operativas. En lo relativo a las normas de ingreso y promoción y ascenso del personal policial operativo, los tres países exigen contar con la formación policial previa que entregan las escuelas o academias de policía.
Principales disposiciones constitucionales y legales sobre el Estado de Catástrofe
Conforme al artículo 43 de la Constitución Política, a partir de la declaración del Estado de Catástrofe, el Jefe de Estado puede restringir las libertades de locomoción y de reunión; disponer requisiciones de bienes; establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad; y adoptar todas las medidas extraordinarias que sean precisas para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. En tanto, el artículo 6° de la Ley N° 18.415 establece que, una vez declarado el Estado de Catástrofe, “las facultades conferidas al Presidente podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe”, quienes a su vez tendrán, entre otras facultades, las de ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías de primera necesidad, controlando la entrada y salida de tales bienes; determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada; establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público; e impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública. Finalmente, conforme al artículo quinto del Decreto N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el Territorio de Chile, cada Comité de Operaciones de Emergencia Regional será la instancia coordinadora entre los respectivos jefes de la Defensa Nacional, y las autoridades regionales y comunales, para hacer frente a la expansión del "COVID-19" en el país.
Regulación internacional del control policial de manifestaciones públicas. Tratados, estándares y recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos para limitar el uso excesivo de la fuerza aplicada por agentes del Estado.
Vargas Cárdenas, Patricia Andrea
La prohibición de la tortura es absoluta y universal y esta proscripción se extiende también a la categoría de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuya imprecisa definición no es obstáculo para hacer cumplir la obligación del Estado de impedir y prevenir de manera efectiva e imperativa que estos ocurran. Por otro lado, el legítimo uso de la fuerza para hacer cumplir la ley de parte de los agentes del Estado puede incurrir en excesos y volverse abusivo, constituyendo un tratamiento prohibido por el Derecho Internacional. Sin embargo, no existe un instrumento internacional de naturaleza vinculante que regule la aplicación del uso de la fuerza en el territorio de un Estado, y hasta ahora solo se han desarrollado principios orientadores y estándares mínimos que guían la regulación de la aplicación de la fuerza de carácter principalmente policial. En particular, en el contexto de manifestaciones sociales expresadas en actos públicos de carácter pacífico y no pacífico, sean lícitos o no, se ha consensuado que el empleo de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y rendir cuenta de ello. Las recomendaciones internacionales para impedir la aplicación de malos tratos en la práctica policial específicamente en el contexto de manifestaciones públicas sugieren, entre otras: no limitar el derecho a reunión, evitar recurrir a la fuerza a menos que la amenaza sea inminente, abstenerse de utilizar armas de fuego y disponer de equipamiento menos letal, realizar gestión de conflicto para alivianar la tensión social, no dispersar reuniones pacíficas lícitas o ilícitas, penalizar el uso ilegítimo de la fuerza y aplicar el principio de subsidiariedad para evaluar si es necesario llevar a cabo una acción de tal manera. A nuestro país se le ha recomendado apegarse estrictamente a las normas internacionales e impulsar reformas estructurales en Carabineros.
Declaración de Estado de Catástrofe, a raíz de la propagación del "COVID-19"
Jarufe Bader, Juan Pablo; Horzella Cutbill, Bárbara
Con fecha 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para todo el territorio nacional, como medida para frenar la propagación del "COVID-19" en el país. La decisión, que comenzó a ser operativa a partir de las 00:00 horas del jueves 19 de marzo, por un lapso de noventa días, busca resguardar el flujo de producción y distribución de bienes, para garantizar el abastecimiento en el país; cautelar el transporte de insumos médicos, la evacuación de personas, y el traslado de pacientes y personal médico; entregar seguridad a los recintos hospitalarios; proteger las fronteras; y fijar cuarentenas o toques de queda. Conforme al artículo 43 de la Constitución Política, por la declaración del Estado de Catástrofe, el Jefe de Estado puede restringir las libertades de locomoción y de reunión; disponer requisiciones de bienes; establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad; y adoptar todas las medidas extraordinarias que sean precisas para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. En tanto, el artículo 6° de la Ley N° 18.415 establece que una vez declarado el Estado de Catástrofe, “las facultades conferidas al Presidente podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe”, quienes a su vez tendrán la facultad para ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías de primera necesidad, controlando la entrada y salida de tales bienes; determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada; establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público; impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública.
Metodología de los sistemas de inteligencia: Realidad nacional e internacional.
En Chile, el marco de la labor de inteligencia está dado por la Ley N° 19.974, cuyo artículo 8º le asigna a la Agencia Nacional de Inteligencia las tareas de recolectar y procesar información, requiriendo de los servicios de la Administración del Estado, todos aquellos insumos específicos para tal efecto. El artículo 20 de la norma, a su vez, define la inteligencia militar como una función que recae de manera exclusiva en los servicios de inteligencia de las ramas castrenses -la Dirección de Inteligencia del Ejército, la Dirección de Inteligencia de la Armada y la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea- y en la Dirección de Inteligencia de Defensa, del Estado Mayor Conjunto, abarcando tareas propias de la inteligencia y contrainteligencia, en el afán de "detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional". En la misma línea, el artículo 22 declara que la inteligencia policial es una función que únicamente pueden efectuar Carabineros de Chile y la PDI, a partir de mecanismos de procesamiento de datos de personas, grupos y organizaciones que pudiesen amenazar el orden y la seguridad pública interior. En el caso australiano, en tanto, el artículo 37 de la Office of National Intelligence Act, dispone que el Director General del organismo puede requerir por escrito a cualquier autoridad del país, la entrega de información vinculada con asuntos de importancia estratégica. Esta entidad, asimismo, se encarga de producir informes y análisis de asesoría verbal, referidos a tópicos relevantes para el gobierno, así como a generar una Política de Inteligencia.
Políticas participativas de seguridad policías de proximidad: Experiencias internacionales.
El presente documento indaga sobre la importancia de la participación ciudadana en la implementación de políticas públicas de seguridad, especialmente en lo relacionado a la prevención del delito. El foco del trabajo se encuentra en la implementación de modelos de policiamiento de proximidad, analizando cuatro experiencias concretas en que se han llevado a cabo programas policiales comunitarios, también denominados “barriales”. En términos de estructura, los dos primeros capítulos abarcan la importancia de la participación de las comunidades locales en materia delictual (principalmente en la prevención del delito), y los elementos centrales del modelo de policiamiento de proximidad. Finalmente, se entregan antecedentes de las cuatro experiencias de las que da cuenta el presente documento: Inglaterra y en las ciudades de Sao Paulo, Barcelona y Quito.
Gestión de datos en los sistemas de inteligencia: experiencia internacional.
El presente informe entrega algunos elementos relacionados con el ciclo de recolección informativa en los sistemas de inteligencia. El documento comienza definiendo brevemente el concepto mismo de inteligencia, para luego concentrarse en la manera en que el sistema nacional y algunos países del concierto exterior, gestionan los datos que les permiten articular un mecanismo de esta naturaleza, al servicio de sus respectivos intereses.
628Administración del Estado 74Asentamientos Humanos 66Ciencia y Tecnología 227Defensa 57Demografía 40Deportes y Recreación 1030Derecho 221Economía 147Educación 35Energía 34Expresiones Culturales 65Género 137Grupos de Población 6Historia 23Industria y Comercio 176Información Territorial 10Justicia 79Medioambiente 45Participación Ciudadana 37Protección Social 203Recursos Naturales 187Relaciones Internacionales 119Salud 81Seguridad 26Trabajo

References: artículo 43
 artículo 6
 artículo 43
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 37