Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A091-07.htm
Timestamp: 2017-11-25 05:35:01+00:00

Document:
A091-07
Auto 091/07
Referencia: expediente D-6723
Asunto: Recurso de súplica interpuesto contra el Auto de marzo 14 de 2007, proferido por el Magistrado Sustanciador en el proceso de la referencia, Jaime Córdoba Triviño.
Demandante: Henry Sosa Molina.
1. El ciudadano Henry Sosa Molina demandó la inconstitucionalidad del parágrafo (parcial) del artículo 10 de la Ley 769 de 2002, “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”. Al respecto, se trascribe el precepto legal demandado, subrayando y resaltando, el contenido normativo objeto de acusación:
“Artículo 10. Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito. Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente.
Parágrafo. En las dependencias de los organismos de tránsito y transportes de las entidades territoriales existirá una sede del SIMIT, con el fin de obtener la información para el consolidado nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo.”
2. A juicio del demandante, si se interpreta el parágrafo en el sentido que las infracciones se asimilan al instituto jurídico de los comparendos, los apartes acusados resultan contrarios a los artículos 25, 26, 29 y 58 de la Constitución Política. Lo anterior, en razón a que existe la posibilidad de incluir en el SIMIT reportes que no corresponden a multas, sino a simples citaciones, que en todo caso tienen el efecto de impedir todo trámite de competencia de las autoridades de tránsito, con lo cual, en primer lugar, se afecta el derecho de defensa de los conductores, pues les impone consecuencias adversas a sus intereses, sin que se haya surtido el procedimiento previo a la declaratoria de contraventor de las normas de tránsito; en segundo término, constituye una limitación desproporcionada del derecho al trabajo de los conductores, puesto que les impide ejercer su oficio debido a la inclusión de reportes en el SIMIT; y finalmente, vulnera el derecho a la propiedad privada, puesto que el reporte injustificado impide efectuar tradiciones y demás afectaciones a la propiedad de los vehículos.
Por otra parte, el ciudadano afirma que aún cuando la Corte en Sentencia C-385 de 2003, decidió declarar exequibles los artículos 10 y 11 de la Ley 969 de 2002, salvo las expresiones “todas” y “o en aquellas donde la Federación lo considere necesario” contenidas en el parágrafo del mencionado artículo 10 que se declararon inexequibles, no es posible predicar la vigencia de la cosa juzgada como causal de rechazo de su demanda, por la siguiente razón:
“Si se revisa la sentencia C-385 de 2003, se puede observar que en la misma no se hizo pronunciamiento alguno con relación a la parte del parágrafo del artículo 10 de la Ley 769 que específicamente demando mediante el presente escrito. Por lo tanto no se puede hablar de cosa juzgada cuando el tema aquí planteado no fue discutido ni decidido en la sentencia C-385 de 2003 (…) pues una cosa es el recaudo o la forma de recaudar y la entrega de concesión de dichos recaudos y la otra es la prohibición legal de realizar trámites si no se está a paz y salvo por dichas infracciones.”
3. En lo pertinente, el Magistrado Sustanciador, Jaime Córdoba Triviño, en Auto de marzo 14 de 2007, sostuvo, en primer lugar que, los argumentos planteados por el actor no satisfacen las condiciones necesarias para desvirtuar la existencia de cosa juzgada constitucional absoluta, respecto del artículo 10 de la Ley 769 de 2002. Textualmente, en la citada providencia, se señaló:
“En efecto, el actor limita su exposición a indicar que la sentencia C-385/03 estuvo dirigida a tratar asuntos distintos a los expuestos en el cargo. Empero, no demostró que dicho fallo hubiera limitado el parámetro de control de constitucionalidad a determinadas normas de la Carta Política o que hubiera declarado erróneamente la exequibilidad de determinado precepto, merced la falta absoluta de razones para ello en la parte considerativa de la decisión. Por ende, no es factible predicar que en este caso se esté ante una excepción a la cosa juzgada constitucional declarada en el fallo en comento y reiterada en las sentencias C-477/03 y C-714/03.”
En segundo término, el Magistrado Sustanciador, sostuvo en el Auto mencionado que, en el caso concreto, debe predicarse la inexistencia de un nuevo enunciado normativo susceptible de control constitucional. Frente al particular dijo:
“El segundo aspecto de este análisis, como se indicó, hace referencia a la inexistencia de un nuevo enunciado normativo susceptible de control constitucional. Al respecto el demandante sostiene que la sentencia C-385 /03 no trató un tema específico, relacionado con los presuntos efectos desfavorables, en términos de derechos constitucionales, del reporte de infracciones en el SIMIT y el consecuente impedimento para efectuar trámites ante las autoridades de tránsito. Con este fin, el actor deriva un enunciado normativo según el cual este reporte incluye los comparendos, procedimientos éstos que no constituyen por sí mismos una decisión administrativa definitiva, susceptible de catalogarse como infracción.
No obstante, a juicio del suscrito Magistrado no existen elementos de juicio en la disposición demandada que permiten inferir tal contenido normativo. En efecto, el parágrafo del artículo 10 de la Ley 769/02 hace referencia, entre otros aspectos, a la misión del SIMIT consistente en garantizar que no se efectúe ningún trámite propio de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo. Esta norma lleva inequívocamente al concepto de infracción, el cual es definido por el artículo 2° de la Ley 769/02 como ‘la trasgresión o violación de una norma de tránsito’; término diferenciable de la expresión comparendo, la cual es definida por el mismo artículo como ‘la orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción’.
En consecuencia, el enunciado normativo base del cargo contenido en la demandada incumple el requisito de certeza del concepto de la violación entendido como la necesidad que los cargos se dirijan contra una proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante, implícita o que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda.
Conforme las razones expuestas, es evidente que una censura fundada en un enunciado normativo no predicable de la norma acusada es a toda luces insuficiente para controvertir los efectos de la cosa juzgada constitucional absoluta. De tal modo, se impone el rechazo de la demanda en los términos del artículo 6° del Decreto 2067/91”.
4. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de súplica contra el auto de la referencia, reiterando los argumentos expuestos en la demanda, conforme a los cuales en el asunto bajo examen es posible adelantar el control de constitucionalidad de la norma demandada toda vez que no se puede predicar la existencia de una cosa juzgada como causal de rechazo de su demanda.
“Una de las razones que llevo a la decisión de rechazar la demanda por existir cosa juzgada constitucional, fue el hecho de existir la sentencia C-385 de 2003, mediante la cual la corte se pronunció acerca de la inconstitucionalidad del artículo 10 y 11 de la Ley 769 de 2002. Pero igualmente una de las cosas que me llevaron a presentar la demanda que aquí nos ocupa, es el hecho de que revisada la sentencia C-385 de 2003, se puede observar claramente que la misma no hizo pronunciamiento alguno con relación al tema por mi planteado, ni la parte demandada fue objeto de análisis alguno por parte de la Corte, ya que en lo que se refiere al artículo 10 de la Ley 769 de 2002, el análisis se dirigió única y exclusivamente a la legalidad o no del recaudo por parte de la Federación Colombiana de Municipios. Y la naturaleza del tema por mi planteado en la presente demanda hace referencia a la exigencia legal de estar a paz y salvo para poder realizar trámites ante los organismos de tránsito. Exigencia esta que es a todas luces inconstitucional, por cuanto remplaza para estos casos todo el sistema legal al que se hace referencia en el proceso ejecutivo de cobro coactivo, con la violación de los derechos constitucionales al debido proceso, al principio de legalidad, y a la limitación de los derechos ciudadanos a la libre disposición de la propiedad y del ejercicio de una profesión.
Como lo señalé en la demanda de manera ESPECIAL quiero manifestarles con el debido respeto que al no haber un pronunciamiento sobre el texto demandado se ha llevado a que la administración y específicamente la FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS a través del SIMIT, cometan una serie de atropellos contra los colombianos que son citados a través de UN COMPARENDO, pues se toma el mismo, como una sentencia ejecutoriada y que hace transito a cosa juzgada y presta merito ejecutivo, sin respetar los derechos constitucionales y las sentencias de esta Corporación que han señalado que el COMPARENDO o la firma del mismo, no son mas que una citación a la audiencia de que trata la Ley 769 de 2002 y no al fallo que preste merito ejecutivo.
5. Ciertamente, la Corte Constitucional en Sentencia C-385 de 2003, resolvió declarar “EXEQUIBLES los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002 “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, salvo las expresiones “todas” y “o en aquellas donde la Federación lo considere necesario”, contenidas en el parágrafo del citado artículo 10 de la ley mencionada, que se declaran INEXEQUIBLES.”
En relación con la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 769 de 2002, junto con su parágrafo, la sentencia mencionada expuso los siguientes argumentos:
6. Para la Corte, resulta claro que frente a los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002, existe un pronunciamiento por parte de esta Corporación, el cual, en Sentencia C-385 de 2003, declaró exequibles dichos artículos, salvo las expresiones “todas” y “o en aquellas donde la Federación lo considere necesario”, contenidas en el parágrafo del artículo 10 de la mencionada ley, que se declararon INEXEQUIBLES. Como en la citada sentencia este Tribunal no limitó los alcances del fallo, ni a los cargos propuestos en la demanda ni a su confrontación con determinadas disposiciones constitucionales, debe entenderse que adelantó un análisis integral frente al texto de la Carta Política, conforme lo prevé el artículo 46 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Por ello, deberá concluirse, tal y como se hizo en el auto recurrido, la existencia de una cosa juzgada constitucional absoluta y por ende el rechazo de la demanda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243 de la Constitución Política y 6°, inciso final, del Decreto 2067 de 1991.
Refuerza lo anterior, el hecho de que el actor tanto en su demanda como en el escrito de súplica, no demuestra que dicho fallo hubiera limitado el parámetro de control de constitucionalidad a determinados preceptos constitucionales o que hubiera declarado erróneamente la exequibilidad de determinada disposición, conforme se deduce de la parte considerativa de la decisión. En este orden de ideas, no es posible predicar que en este caso se esté ante una excepción a la cosa juzgada constitucional declarada en la Sentencia C-385 de 2003 y reiterada en las Sentencias C-477 y C-714 del mismo año.
7. Para la Corte también es evidente que la acusación contra el fragmento normativo impugnado contenido en el parágrafo del artículo 10 de la Ley 769 de 2002, no cumple con la exigencia de certeza en su formulación toda vez que, tal y como fue señalado en el auto recurrido, dicho parágrafo hace referencia, entre otros aspectos, a la función del SIMIT consistente en garantizar que no se efectúe ningún trámite propio de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo. Dicha disposición conduce inequívocamente al concepto de infracción, y no del comparendo como erróneamente lo entiende el actor en su demanda. Conceptos que por cierto obedecen a dos figuras jurídicas diferentes.
En efecto, la infracción es definida en el artículo 2° de la Ley 769 de 2002 como “la trasgresión o violación de una norma de tránsito” y el comparendo, según el mismo artículo hace referencia a “la orden formal de notificación para que le presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción”.
En consecuencia, los cargos formulados en este caso, se fundan en un enunciado normativo no predicable de la norma acusada sino sobre una hipótesis normativa deducida por el propio actor.
CONFIRMAR en su integridad el Auto de marzo 14 de 2007, proferido por el Magistrado Sustanciador Jaime Córdoba Triviño, mediante el cual se rechazó la demanda interpuesta por el ciudadano Henry Sosa Molina.

References: artículo 10
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