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Timestamp: 2019-09-24 08:33:19+00:00

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El Peruano - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar - DECRETO SUPREMO - N° 009-2016-MIMP - PODER EJECUTIVO - MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Nº 009-2016-MIMP
Que, mediante Ley Nº 30364, se aprueba la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad;
Que, la citada norma establece los mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final de la referida norma establece que el Poder Ejecutivo expedirá el Reglamento correspondiente, convocando para tal efecto a una Comisión conformada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Ministerio Público;
Que, por Resolución Suprema Nº 033-2016-PCM, se crea la Comisión Multisectorial, de naturaleza temporal, encargada de elaborar el informe que contenga la propuesta de Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar;
Que, estando a lo señalado corresponde emitir el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar;
De conformidad con lo establecido en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; y, el Decreto Legislativo Nº 1098, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-MIMP y sus modificatorias;
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que consta de cuatro (04) títulos, dieciséis (16) capítulos, tres (03) Disposiciones Complementarias Finales y tres (03) Disposiciones Complementarias Transitorias; y, cuatro (04) documentos denominados “Ficha de Valoración de Riesgo en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja”, “Ficha de Valoración de Riesgo de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de violencia en el entorno familiar (0 a 17 años)”, “Ficha de Valoración de Riesgo en Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar”, y el “Instructivo de las Fichas de Valoración de Riesgo”, los mismos que en anexo forman parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Financiamiento de las disposiciones del Reglamento
La aplicación de lo establecido en el presente Reglamento se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro del Interior, el Ministro de Salud, el Ministro de Educación, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la Ministra de Cultura y el Ministro de Defensa.
Artículo 2.- De las autoridades investidas por mandato constitucional
Artículo 3.- De los sujetos de protección de la Ley.
Artículo 5.- Atención especializada en casos de violencia
TÍTULO II: PROCESO ESPECIAL
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO
SUB CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES
Artículo 6.- Finalidad del proceso
Artículo 7.- Competencia de los órganos jurisdiccionales
Artículo 8.- Modalidades de violencia
Artículo 9.- Reserva de identidad, datos e información
SUB CAPÍTULO II: MEDIOS PROBATORIOS
Artículo 10.- Valoración de medios probatorios.
Artículo 11.- Declaración única
Artículo 12.- Declaración de la víctima
Artículo 13.- Certificados o informes sobre el estado de la salud mental de la víctima
CAPÍTULO II: PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS
Artículo 14.- Entidades facultadas para recibir las denuncias
Artículo 15.- Denuncias por profesionales de salud y educación
Artículo 16.- No exigencia de documentos de identidad de las víctimas
Artículo 17.- Capacidad procesal de niñas, niños y adolescentes
Artículo 18.- Responsabilidad y llenado de las fichas de valoración del riesgo
Artículo 19.- Medios de prueba en la presentación de denuncias
Artículo 20.- Condiciones especiales para la recepción de la denuncia
Artículo 21.- Facultades de la Fiscalía de Familia
SUB CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
Artículo 22.- Conocimiento de los hechos por la Policía Nacional del Perú
Artículo 23.- Dirección de la investigación penal por el Ministerio Público
Artículo 24.- Contenido del Informe o atestado policial
Artículo 25.- Continuidad de la investigación policial
Artículo 26.- Actuación en caso de flagrancia
SUB CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 27.- Función del Ministerio Público
Artículo 28.- Actuación del Ministerio Público ante la recepción de una denuncia
CAPÍTULO III: PROCESO DE TUTELA Y PROTECCIÓN
SUB CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO EN EL PODER JUDICIAL
Artículo 29.- Recepción de las denuncias
Artículo 30.- Recepción de denuncias recibidas en forma directa
Artículo 31.- Informe de la denuncia al Ministerio Público
Artículo 32.- Participación de la Fiscalía de Familia o Mixta en casos de víctimas vulnerables
Artículo 33.- Equipo Multidisciplinario del Juzgado de Familia
Artículo 34.- Medios probatorios ofrecidos por las partes
SUB CAPÍTULO II: MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CAUTELARES
Artículo 35.- La audiencia
Artículo 36.- Casos de riesgo severo
Artículo 37.- Medidas de protección
Artículo 38. Medidas de protección social
Artículo 39.- Medidas cautelares
Artículo 40.- Vigencia de las medidas de protección o cautelares
Artículo 41.- Variación de las medidas de protección
Artículo 42.- Apelación de las medidas de protección o medidas cautelares
Artículo 43.- Trámite de la apelación
Artículo 44.- Asistencia jurídica y defensa pública en apelaciones
SUB CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Artículo 45.- Ejecución de las medidas de protección y asistencia social
Artículo 46. - Registro de Víctimas con medidas de protección
Artículo 47.- Acciones policiales para la ejecución de las medidas de protección
SUB CAPÍTULO IV: REMISIÓN DEL EXPEDIENTE
Artículo 48.- Remisión de los actuados a la Fiscalía Provincial Penal o al Juzgado de Paz Letrado
Artículo 49.- Tramitación de la Fiscalía Penal o Mixta y el Juzgado de Paz Letrado
Artículo 50.- Violencia contra niñas, niños y adolescentes
CAPÍTULO IV: PROCESO PENAL
SUB CAPÍTULO I: ETAPA DE SANCION
Artículo 51.- Normas aplicables
Artículo 52.- Actuación de la Fiscalía de Familia, Provincial Penal o Mixta
Artículo 53.- Informe al Juzgado de Familia
Artículo 54.- Sentencias expedidas en el proceso penal
Artículo 55.- Reglas de conducta
Artículo 56.- Ejecución de las medidas de protección emitidas en sentencia por el Juzgado Penal y el Juzgado Paz Letrado
CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN CASO DE VIOLACIÓN SEXUAL
Artículo 57.- Actuación de las instituciones ante casos de violación sexual
Artículo 58.- Examen médico en casos de violación sexual
Artículo 59.- Recursos para atención de casos de violación sexual
Artículo 60.- Preservación de las pruebas
Artículo 61.- Lineamientos especiales
Artículo 62.- Retractación y no persistencia de declaración incriminatoria
Artículo 63.- Aplicación para otras manifestaciones de violencia
CAPÍTULO VI: JUSTICIA EN LAS ZONAS RURALES
Artículo 64.- Alcance y ámbito
Artículo 65.- Intervención supletoria del Juzgado de Paz
Artículo 66.- Medidas de protección
Artículo 67.- Denuncia ante el Juzgado de Paz
Artículo 68.- Intervención supletoria en la ejecución de las medidas de protección y sanciones
Artículo 69.- Intervención de las autoridades de la jurisdicción especial
CAPÍTULO VII: ASISTENCIA JURÍDICA Y DEFENSA PÚBLICA
Artículo 70.- Asistencia jurídica y defensa pública
Artículo 71.- Información sobre servicios de asistencia gratuita
Artículo 72.- Coordinación Interinstitucional
Artículo 73.- Servicios de asistencia jurídica gratuita de los Colegios de Abogados
CAPÍTULO VIII: ÓRGANOS DE APOYO AL SISTEMA DE JUSTICIA
Artículo 74.- Centro Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Artículo 75.- Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público
Artículo 76.- Establecimientos de salud del Estado
Artículo 77.- Unidad de Investigación Tutelar
TÍTULO III : PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y RECUPERACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
CAPÍTULO I: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
Artículo 78.- Lineamientos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Artículo 79.- Lineamientos del Ministerio de Salud
Artículo 80.- Lineamientos de las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud
Artículo 81.- Atención en los servicios de salud
Artículo 82.- Lineamientos del Ministerio de Educación para la prevención y protección contra la violencia
CAPÍTULO II: DERECHOS LABORALES
Artículo 83.- Prohibición de despido por causas relacionadas a actos de violencia
Artículo 84.- Solicitud de cambio de lugar u horario de trabajo
Artículo 85.- Inasistencias y Tardanzas en razón de actos de violencia
Artículo 86.- Servicios Sectoriales
CAPÍTULO III: HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL
Artículo 87.- De la creación y gestión de los Hogares de Refugio Temporal
Artículo 88.- Implementación y administración del Registro de Hogares de Refugio Temporal
Artículo 89.- El deber de confidencialidad
Artículo 90.- Entidades facultadas para la derivación de las víctimas
Artículo 91.- Afiliación de las personas albergadas en los hogares de refugio temporal al Seguro Integral de Salud
Artículo 92.- Alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas para las víctimas albergadas en un Hogar de Refugio Temporal.
Artículo 93.- Aplicación de la Ley Nº 28236 “Ley que crea Hogares de Refugio Temporal para las víctimas de violencia familiar”
CAPÍTULO IV: REEDUCACIÓN DE LAS PERSONAS AGRESORAS
Artículo 94.- Creación y gestión del servicio y programas
Artículo 95.- Programas y servicios de reeducación
Artículo 96.- Instituciones involucradas en los servicios de reeducación
TÍTULO IV: SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CAPÍTULO I: DEL SISTEMA NACIONAL
Artículo 97.- Definición
Artículo 98.- Objetivos del sistema
Artículo 99.- Principios aplicables
CAPÍTULO II: COMPONENTES DEL SISTEMA
Artículo 100.- Componentes del Sistema
Artículo 101.- Comisión Multisectorial de Alto Nivel
Artículo 102.- Designación de representantes alternas y alternos de la Comisión Multisectorial
Artículo 103.- Instalación
Artículo 104.- Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel
Artículo 105.- Instancia Regional de Concertación
Artículo 106.- Funciones de la Instancia Regional de Concertación
Artículo 107.- Instancia Provincial de Concertación
Artículo 108.- Funciones de la Instancia Provincial de Concertación
Artículo 109.- Instancia Distrital de Concertación
Artículo 110.- Funciones de la Instancia Distrital de Concertación
CAPÍTULO III: INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DEL SISTEMA
Artículo 111.- El Protocolo Base de Actuación Conjunta
Artículo 112.- Ámbitos de actuación
Artículo 113.- Instrumentos normativos complementarios
Artículo 114.- Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras
Artículo 115.- Acceso a la información del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras
Artículo 116.- El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar
Artículo 117.- Funciones del Observatorio
Artículo 118.- Composición del Observatorio
Artículo 119.- Dirección Ejecutiva del Centro de Altos Estudios
Artículo 120.- Comité Ejecutivo del Centro de Altos Estudios
Artículo 121.- Formación del Comité consultivo
Artículo 122.- Organización y función del Centro de Altos Estudios
CAPÍTULO IV: MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Artículo 123.- Acceso la franja educativa
Artículo 124.- Obligaciones de los medios de comunicación en relación con niñas, niños y adolescentes
Artículo 125.- Obligaciones de los medios de comunicación en relación con las víctimas
PRIMERA.- Directorios de asistencia legal y defensa pública
SEGUNDA.- Normatividad institucional complementaria
TERCERA.- Difusión de la Ley y Reglamento
PRIMERA.- Parámetros Médicos legales del Instituto de Medicina Legal
SEGUNDA.- Instructivo de la Policía Nacional del Perú
TERCERA.- Fortalecimiento de servicios
Ficha de Valoración de Riesgo en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja
Ficha de Valoración de Riesgo de Niños, Niñas, y adolescentes víctimas de violencia en el entorno familiar (0 a 17 años)
Ficha de Valoración de Riesgo en Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar
Instructivo de las Fichas de Valoración de Riesgo
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30364,
El presente reglamento tiene por objeto regular los alcances de la Ley Nº 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar –en adelante la Ley-.
Todas las autoridades, incluyendo aquellas que pertenecen a la jurisdicción especial, y responsables sectoriales contemplados en la Ley, independientemente de su ámbito funcional, identidad étnica y cultural, o modalidad de acceso al cargo, tienen la responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y quienes integran el grupo familiar en el marco de sus competencias, en estricto cumplimiento del artículo 1 de la Constitución Política del Perú que señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.
2. Las y los integrantes del grupo familiar. Entiéndase como tales a cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, o quienes tengan hijas o hijos en común; las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad; parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad; y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la violencia.
Las niñas, niños y adolescentes, que hayan estado presentes en el momento de la comisión del delito, o que hayan sufrido daños por haber intervenido para prestar asistencia a la víctima o por cualquier otra circunstancia en el contexto de la violencia, son consideradas víctimas.
Se incluye, además, de acuerdo al caso particular, a la familia del entorno inmediato o a las personas que están a cargo de la víctima.
2. Personas en situación de vulnerabilidad
3. La violencia contra la mujer por su condición de tal
Es la acción u omisión identificada como violencia según los artículos 5 y 8 de la Ley que se realiza en el contexto de violencia de género, entendida ésta como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertadas en pie de igualdad, a través de relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Las operadoras y los operadores comprenden e investigan esta acción de modo contextual como un proceso continuo. Esto permite identificar los hechos típicos que inciden en la dinámica de relación entre la víctima y la persona denunciada, ofreciendo una perspectiva adecuada para la valoración del caso.
La violencia económica o patrimonial es la acción u omisión que ocasiona daño o sufrimiento a través de menoscabar los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones de poder, responsabilidad, confianza o poder, en especial contra las niñas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad.
5.1. Las personas que intervienen en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, tienen conocimientos especializados en la temática de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar o han participado en programas, talleres o capacitaciones sobre el tema.
5.2. Las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, aseguran la capacitación permanente y especialización de su personal en ese ámbito.
6.1. El proceso al que se refiere el presente título tiene por finalidad proteger los derechos de las víctimas de actos de violencia, a través de medidas de protección o medidas cautelares, y la sanción de las personas que resulten responsables.
6.2. En todas las fases del proceso se garantiza la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida.
7.1. El Juzgado de Familia o el que haga sus veces tiene competencia para dictar las medidas de protección o cautelares necesarias para proteger la vida e integridad de las víctimas y garantizar su bienestar y protección social. Asimismo, cuando le corresponda dicta medidas de restricción de derechos.
7.2. En adelante y a los efectos de esta Ley, toda referencia a los Juzgados de Familia incluye a los Juzgados que hagan sus veces.
7.3. El Juzgado Penal, o el que haga sus veces, y el Juzgado de Paz Letrado que asume la competencia penal, atribuyen en sentencia la responsabilidad a las personas que hayan cometido delitos o faltas, fija la sanción y reparación que corresponda; y dicta medidas de protección o cautelares.
7.4. En adelante toda referencia a los Juzgados Penales incluye a los Juzgados Mixtos.
1. Los actos de violencia contra las mujeres señalados en el artículo 5 de la Ley.
2. Los actos de violencia contra los integrantes del grupo familiar señalados en el artículo 6 de la Ley.
3. Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar señalados en el artículo 8 de la Ley, los cuales son:
d. Violencia económica patrimonial.
9.2. En el caso de niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos de violencia se deberá guardar debida reserva sobre su identidad.
10.1. En la valoración de la prueba en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se observan las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Se debe evitar, en todo momento, la aplicación de criterios basados en estereotipos que generan discriminación.
10.2. En los procesos mencionados se admiten y valoran, de acuerdo a su pertinencia, todos los medios probatorios que puedan acreditar los hechos de violencia.
La Declaración Única de las niñas, niños, adolescentes o mujeres debe practicarse bajo la técnica de entrevista única y se lleva a cabo en un ambiente privado, cómodo y seguro. Las operadoras y operadores de justicia cuidan que la mencionada declaración se registre de forma adecuada para evitar la necesidad de su repetición.
12.1. En la valoración de la declaración de la víctima, los operadores y operadoras de justicia aplicarán, de acuerdo a los criterios establecidos en el art. 10 del presente Reglamento, los Acuerdos Plenarios aprobados por la Corte Suprema del País en virtud del artículo 116 del Decreto Supremo 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Especialmente se deberá observar:
13.1. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, los establecimientos públicos de salud, los centros parroquiales y los establecimientos privados emiten certificados o informes relacionados a la salud mental de las víctimas que pueden constituir medios probatorios en los procesos de violencia. Los informes psicológicos de los Centros Emergencia Mujer y otros servicios estatales especializados también tienen valor probatorio en los procesos por violencia. Los certificados e informes se realizan conforme los parámetros que establezca la institución especializada.
Los certificados o informes tienen valor probatorio al momento de emitir las medidas de protección, medidas cautelares así como la acreditación del ilícito penal correspondiente.
13.2. Los certificados o informes pueden además:
2. Recomendar la realización de evaluaciones complementarias.
13.3 En caso de que el certificado o informe psicológico recomiende la realización de la evaluación complementaria, ésta puede ser ordenada por el Ministerio Público o el Poder Judicial que reciba el informe.
14.1. La denuncia puede ser presentada por la víctima, por cualquier otra persona en su favor y también por la Defensoría del Pueblo.
14.2. Las denuncias por violencia contra la mujer y las personas integrantes del grupo familiar se presentan de forma verbal o escrita directamente ante la Policía Nacional del Perú o ante el Juzgado de Familia. En el caso de violencia que involucre a niñas, niños y adolescentes, la denuncia también puede realizarse ante la Fiscalía de Familia o la que haga sus veces. Si los hechos configuran la presunta comisión de un delito, la denuncia también se interpone ante la Fiscalía Penal.
14.3. Cuando la denuncia comprenda como víctimas a niñas, niños y adolescentes, o personas agresoras menores de 18 años y mayores de 14 años, ésta también se presenta ante la Fiscalía de Familia o la que haga sus veces.
14.4. Si de la denuncia formulada se desprende una situación de presunto abandono de una niña, niño o adolescente, ésta se comunica de inmediato a la Unidad de Investigación Tutelar (UIT) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o al Juzgado de Familia en aquellos lugares donde no haya unidades de investigación tutelar para que actúen conforme a sus atribuciones.
El personal profesional de los sectores de salud y educación que en el desempeño de su cargo, tomen conocimiento de actos de violencia, deben presentar la denuncia correspondiente. Para tal efecto cuentan con orientación jurídica gratuita de los Centros Emergencia Mujer y de las Oficinas de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en los lugares donde existan estos servicios.
16.1. En el caso de las víctimas y personas denunciantes no requieren presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para acceder a registrar sus denuncias. La Institución receptora verifica dentro del Sistema Integrado del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) la identidad de la persona denunciante. El RENIEC otorga facilidades para acceder al registro de identidad de personas de todas las edades, a todas las instituciones públicas receptoras de denuncias por hechos de violencia.
16.2. Si la persona no está inscrita en el RENIEC o es extranjera se recibe la denuncia. La institución deriva a la víctima al Centro Emergencia Mujer para que en su atención integral incluyan el trámite para la obtención de sus documentos de identidad.
17.1. Las niñas, niños y adolescentes pueden denunciar actos de violencia en su agravio o en agravio de otras personas sin la necesidad de la presencia de una persona adulta.
17.2. En esta situación, la instancia receptora de la denuncia garantiza la seguridad de las niñas, niños y adolescentes hasta que se dicte la medida de protección correspondiente. Recabada la denuncia, de encontrarse una situación de presunto abandono, la instancia receptora informa a la Unidad de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que actúe conforme a sus atribuciones.
Las operadoras y los operadores del sistema de justicia que reciban la denuncia son responsables de aplicar las fichas de valoración del riesgo. El llenado se realiza por la operadora u operador y nunca por la víctima, conforme con el instructivo de cada Ficha de Valoración del Riesgo.
Para interponer una denuncia no es exigible presentar resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia. Si la víctima o denunciante cuenta con documentos que sirvan como medios probatorios, éstos se reciben e incluyen en el informe de la Policía Nacional, del Ministerio Público o en el Expediente del Poder Judicial.
Al recibir una denuncia se debe tener en cuenta:
1. Cuando la víctima o testigo requiere de un o una intérprete, un traductor o traductora o una persona que facilite la comunicación con la autoridad, el personal responsable gestiona y coordina la inmediata participación de dicha asistencia, registrar sus generales de ley e identifica su relación con la víctima y con la persona denunciada.
2. Al recibirse la denuncia de la víctima, no se realizan referencias innecesarias de su vida íntima, conducta, apariencia, relaciones, orientación sexual, entre otros. Se prohíbe emitir juicios de valor.
La Fiscalía de Familia interviene en todos los casos de violencia donde las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, desde la etapa policial inclusive, en el marco de la competencia asignada por el Código de los Niños y Adolescentes.
SUB CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO
22.2. El diligenciamiento de las notificaciones le corresponde a la Policía Nacional del Perú y en ningún caso puede ser encomendada a la víctima, bajo responsabilidad.
23.1. Cuando la Policía Nacional del Perú recibe una denuncia por la comisión de presunto delito, comunica de manera inmediata o remite el informe o atestado policial a la Fiscalía Penal a efectos de que actúe conforme a sus atribuciones.
23.2. En el informe o atestado policial que dirija al Juzgado de Familia, la Policía Nacional del Perú identifica a la Fiscalía Penal que recibió dicha comunicación.
24.1 La Policía Nacional del Perú remite al Juzgado de Familia, dentro de las veinticuatro horas de recibida la denuncia el informe o atestado policial, el mismo que contiene como mínimo la siguiente información:
1. Nombre, número de documento de identidad, dirección con el respectivo croquis de ubicación de la víctima, consignando además el número de teléfono fijo y/o celular y/o correo si los tuviera.
2. Nombre, número de documento de identidad, dirección con el respectivo croquis de ubicación de la persona denunciante, en caso sea persona distinta a la víctima y consignando además el número del teléfono fijo y/o celular y/o correo electrónico si lo tuviera.
3. Nombre, documento de identidad, dirección con el respectivo croquis de ubicación de la persona denunciada, consignando además número de teléfono fijo y/o celular y/o correo electrónico si lo tuviera.
4. Fecha del hecho que se denuncia.
5. Resumen de los hechos que motivan la denuncia.
8. Informe relativo a si la persona denunciada registra denuncias anteriores sobre cualquiera de las acciones sancionadas en la Ley.
10. Informe relativo a si la persona denunciada tiene licencia para uso de armas.
24.2. El informe o atestado policial incluye los medios probatorios a los que tuviera acceso la Policía Nacional del Perú de manera inmediata, tales como certificados médicos o psicológicos presentados por las víctimas, grabaciones, fotografías, mensajes a través de teléfono o medios digitales, testimonio de algún testigo, entre otros.
Ante la comisión de hechos de violencia que puedan constituir delitos, la Policía Nacional del Perú continúa las investigaciones bajo la dirección del Ministerio Público, sin perjuicio de trasladar la denuncia y sus actuados al Juzgado de Familia para el dictado de las medidas de protección correspondientes.
Sin perjuicio de las labores de investigación señaladas en el artículo anterior, En caso de flagrancia, se procede conforme a lo previsto por el artículo 446 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de comunicar los hechos al Juzgado de Familia para que adopte las medidas correspondientes. En el caso de adolescentes en conflicto con la ley penal se aplica lo señalado en este artículo en cuanto sea pertinente, en concordancia con lo dispuesto en el Código de los Niños y Adolescentes.
Ante el conocimiento de hechos de violencia contra los sujetos de protección de la Ley, previstos en el artículo 7, el Ministerio Público actuará conforme a las atribuciones previstas en su Ley Orgánica.
28.1. Recabada la denuncia por el Ministerio Público, este procede a aplicar la ficha de valoración de riesgo y dispone la realización de los exámenes y diligencias correspondientes, remitiendo los actuados en el plazo de 24 horas al Juzgado de Familia para la emisión de las medidas de protección a que hubiera lugar. Si de los hechos se desprende la presunta comisión de un delito también se pondrá en conocimiento de la Fiscalía Penal, de ser el caso.
28.2. La Fiscalía de Familia o Mixta remite lo actuado al Juzgado de Familia, a efectos de que proceda a evaluar el otorgamiento de medidas de protección o cautelares en favor de la víctima. Asimismo, pone en conocimiento del Juzgado de Familia la situación de las víctimas, en particular en casos de feminicidio y tentativa de feminicidio a fin de que puedan ser beneficiarias de medidas de protección o cautelares pertinentes. De igual modo, informa al Juzgado de las disposiciones que pudiera haber dictado con arreglo al artículo 21 del reglamento. Todas las actuaciones de la Fiscalía de Familia se remiten en el término de veinticuatro horas.
28.3.Cuando la Fiscalía Penal toma conocimiento por cualquier medio de un presunto delito que configure violencia contra la mujer o quien integre el grupo familiar y verifique que no existe un procedimiento de protección en curso, aplica la ficha de valoración del riesgo y remite copias certificadas de lo actuado al Juzgado de Familia dentro de las veinticuatro horas a efectos de que evalúe el otorgamiento de las medidas de protección o cautelares, sin perjuicio de continuar el trámite de la investigación penal. Igual procedimiento sigue la Fiscalía de Familia o Mixto cuando se trata de adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
CAPÍTULO III: PROCESO DE TUTELA
El Juzgado de Familia recibe la denuncia remitida por la Fiscalía de Familia, Penal o Mixta o la Policía Nacional; cita a audiencia y ordena la actuación de pruebas de oficio adicionales, si lo considera necesario.
Si el Juzgado de Familia de turno recibe en forma directa la denuncia verbal o escrita por violencia, procede conforme al artículo 15 de la Ley y aplica la ficha de valoración del riesgo que corresponda, cita a audiencia y ordena la actuación de pruebas de oficio de considerarlo necesario.
Recibida la denuncia, el Juzgado de Familia, en caso de advertir indicios de la comisión de un delito que requiera de investigación inmediata, comunica en el día a la Fiscalía Penal o Mixta de turno para que actúe conforme a sus atribuciones, sin perjuicio de que continúe con la tramitación de la etapa de protección.
En caso que las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad, el Juzgado de Familia comunica a la Fiscalía de Familia o Mixta para su participación en el proceso especial.
33.1. El Equipo Multidisciplinario por disposición del Juzgado de Familia en apoyo a la labor jurisdiccional elabora los informes sociales, psicológicos y los que se considere necesarios de evaluarse para resolver las medidas de protección o cautelares.
33.2. Cuando la denuncia se presenta directamente al Juzgado, por disposición de éste, el Equipo Multidisciplinario aplica la ficha de valoración del riesgo.
El Juzgado de Familia admite pruebas de actuación inmediata si lo considera pertinente hasta antes de dictar las medidas de protección o medidas cautelares.
SUB CAPÍTULO II: MEDIDAS
DE PROTECCIÓN Y CAUTELARES
35.1. El Juzgado de Familia puede realizar audiencia con la sola presencia de las víctimas o sin ellas. En caso que las circunstancias lo ameriten, dicta las medidas de protección o cautelares correspondientes, en el plazo de 72 horas que establece la ley. Cuando el Juzgado lo considere necesario entrevista a la persona denunciada. Para efectos del cómputo de los plazos se considera las dificultades geográficas en zonas rurales.
35.2. Si la persona denunciada asiste a la audiencia se le tiene por notificada en el mismo acto, de conformidad con el artículo 204 del Código Procesal Civil.
35.3. La citación a la víctima se realiza a través de cédula, facsímil, teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación.
Recibido un caso de riesgo severo de acuerdo a la Ficha de Valoración del Riesgo, el Juzgado de Familia adopta de inmediato las medidas de protección o cautelares que correspondan a favor de las víctimas.
37.1 El Juzgado de Familia dicta la medida de protección más idónea para el bienestar y seguridad de la víctima, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, los resultados de la ficha de valoración del riesgo, la pre existencia de denuncias por hechos similares, la relación de la víctima con la persona denunciada, la diferencia de edades o relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada y, la situación económica y social de la víctima, entre otros aspectos que revelen vulnerabilidad.
37.2 Las medidas de protección son céleres y eficaces de lo contrario generan responsabilidad funcional.
37.3 Además de las medidas de protección señaladas en la Ley el Juzgado de Familia puede dictaminar:
1. Prohibición de acceso a lugares de trabajo o estudio de la víctima u otro lugar que ésta frecuenta o de acercarse a una distancia de 300 metros.
2. Prohibición de disponer, enajenar, otorgar en prenda o hipoteca o cambiar de titularidad de los bienes muebles o inmuebles comunes.
3. Prohibición a la persona agresora de trasladar niños, niñas o personas en situación de cuidado del grupo familiar.
4. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.
5. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la vida de sus víctimas o sus familiares.
37.4 El dictado de las medidas no impide la adopción de medidas administrativas en los procedimientos sectoriales establecidos.
38.1. Las medidas de protección social tienen como objetivo contribuir a la recuperación integral de las víctimas y promover su acceso a los servicios de asistencia y protección social públicos o privados, con especial énfasis en el caso de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad.
38.2. Las medidas dictadas por el Juzgado de Familia se extienden a todas las víctimas conforme al inciso 1 del artículo 4. En caso de feminicidio y tentativa de feminicidio, trata de personas y otras formas de violencia consideran los lineamientos señalados en los protocolos especializados.
39.1. El Juzgado de Familia ordena de oficio o a pedido de parte las medidas cautelares, conforme los requisitos establecidos en el artículo 611 del Código Procesal Civil.
39.2. En razón a la temporalidad de las medidas cautelares, la víctima, antes de la expedición de la sentencia penal o del Juzgado de Paz Letrado, puede plantear ante el Juzgado competente las pretensiones civiles de fondo. A tal efecto, el Juzgado de Familia informa a las víctimas que cuentan con servicios jurídicos gratuitos para recibir asistencia en su derecho de acción sobre las pretensiones civiles antes señaladas.
La medida de protección o cautelar dictada por el Juzgado de Familia, surte efecto hasta que la sentencia emitida por el Juzgado Penal o Juzgado Paz Letrado en materia de faltas, quede consentida o ejecutoriada.
Los Juzgados de Familia tienen competencia para variar las medidas de protección o cautelares hasta que el Juzgado Penal o del Juzgado de Paz Letrado tengan conocimiento del caso. Las medidas de protección pueden ser modificadas de oficio o a pedido de parte cuando se produzcan hechos nuevos, si se alteran las circunstancias que motivaron la decisión o aquellas no sean suficientes para garantizar la seguridad o bienestar de la víctima o ante el incumplimiento de las medidas de protección inicialmente dictadas.
42.1. La víctima tiene derecho a interponer recurso de apelación en la audiencia o dentro de los tres días siguientes de haber sido notificadas con la resolución que se pronuncia sobre las medidas de protección o cautelares.
42.2. En los casos que las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, los servicios de asistencia jurídica gratuita y defensa pública en tanto se encuentren apersonados y la Fiscalía de Familia o Mixta pueden interponer la apelación antes señalada dentro de los mismos plazos, tomando en cuenta su opinión conforme el artículo 9 del Código de los Niños y Adolescentes.
42.3. La persona procesada tiene derecho a interponer recurso de apelación dentro de los tres días siguientes de la audiencia en caso de haber asistido a esta; o en caso contrario en el mismo plazo computado, desde la notificación con la resolución que resuelve las medidas de protección o cautelares.
42.4. La apelación se concede sin efecto suspensivo.
42.5. En casos de apelación de las medidas de protección o medidas cautelares por parte de la víctima, está se encuentra exonerada del pago de tasas judiciales.
43.1. Dentro del tercer día de notificada la resolución que concede la apelación, la otra parte puede adherirse y, de considerarlo necesario, solicitar al Juzgado de Familia, agregar al cuaderno de apelación los actuados que estime convenientes. En la notificación del concesorio dirigido a la víctima se informa de los servicios de asistencia jurídica gratuita y defensa pública conforme al inciso b del artículo 10 de la Ley.
43.2. La o el auxiliar jurisdiccional, dentro de cinco días de notificado el concesorio, bajo responsabilidad, remite a la instancia superior el cuaderno de apelación dejando constancia de la fecha del envío.
43.3. Recibido el cuaderno por la instancia que resuelve la apelación, ésta comunica a las partes que los autos están expeditos para ser resueltos. La resolución definitiva que decide la apelación se expide dentro de los cinco días siguientes después de formalizado el acto precedente.
43.4. La Fiscalía Superior emite dictamen previo a la resolución definitiva dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido el expediente.
43.5. En este trámite no procede informe oral, ni ninguna otra actividad procesal. Sin perjuicio de ello, y de manera excepcional, el Superior puede citar a las partes o a las abogadas o los abogados a fin de que informen o respondan sobre cuestiones específicas. En este caso, la resolución definitiva que resuelve la apelación se expide dentro de los cinco días después de esta diligencia.
Al recibir el cuaderno de apelación, la instancia Superior, en caso de que las víctimas no cuenten con patrocinio jurídico, comunica de inmediato a los servicios de asistencia jurídica gratuita y defensa pública de la víctima, los cuales actúan conforme al inciso b del artículo 10 de la Ley bajo responsabilidad, a través de documento, facsímil, teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación
SUB CAPÍTULO III: EJECUCIÓN
45.1. La Policía Nacional del Perú es la entidad responsable de la ejecución de las medidas de protección relacionadas con la seguridad personal de la víctima conforme a sus competencias, por lo que da cuenta de manera inmediata y periódica, bajo responsabilidad, sobre la ejecución de las medidas al Juzgado de Familia.
45.2. Sin perjuicio de ello, el Juzgado de Familia ordena la ejecución de las medidas de protección social a las instituciones, servicios y programas del Estado conforme a las competencias señaladas en la Ley. La institución remite el informe correspondiente en el plazo de cinco días hábiles, bajo responsabilidad, sobre la ejecución de las medidas al Juzgado de Familia correspondiente, con las recomendaciones que considere pertinentes, conforme del artículo 21 de la Ley. La continuidad o variación de la medida de protección aplicada por el Juzgado de Familia, se efectúa en base a los informes recibidos.
45.3. El Juzgado de Familia, solicita cuando lo considere necesario la remisión de informes adicionales a la institución sobre la ejecución de las medidas.
45.4. Cuando la medida comprenda el inventario de bienes, ésta se diligencia por el propio Juzgado que la ordena.
46.1. El Poder Judicial, a través de su sistema informático, registra a nivel nacional las medidas de protección y cautelares otorgadas, incluyendo las ordenadas por los Juzgados de Paz, con la finalidad de coadyuvar a la mejor protección de las víctimas.
46.2. La Policía Nacional, a través de su sistema informático, registra a nivel nacional las medidas de protección cuyo cumplimiento esté a su cargo.
46.3. Ambas instituciones brindan información al Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar a cargo del MIMP.
46.4. La información a registrar contiene como mínimo los siguientes datos:
a. Nombres y apellidos, documento de identidad, dirección, edad, sexo, correo electrónico y teléfonos de las víctimas sujetas a medidas de protección y cautelares.
b. Datos de la persona procesada.
c. Números de integrantes de la familia.
d. Datos del juzgado que otorgó las medidas.
e. Medida de protección o medida cautelar.
f. Nivel de ejecución de las medidas.
h. Otra información que se considere necesaria.
47.1. Cuando el personal policial conozca de una medida de protección, aplicará el siguiente procedimiento:
4. En caso que la víctima sea niña, niño, adolescente, persona con discapacidad, persona adulta mayor o persona en situación de vulnerabilidad identifica, de ser el caso, a quienes ejercen su cuidado y se les informa del otorgamiento de las medidas de protección, su implicancia y el número de teléfono al cual pueden comunicarse en casos de emergencia.
5. Informa a la persona procesada de la existencia de las medidas de protección y lo que corresponde para su estricto cumplimiento.
47.2. La función de ejecución a cargo de la Policía Nacional del Perú se realiza conforme al artículo 21 de la Ley y al instructivo para su intervención en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
48.1. Emitida la resolución que se pronuncia sobre las medidas de protección o cautelares, el Juzgado de Familia remite el expediente, según corresponda, a la Fiscalía Penal o al Juzgado de Paz Letrado para que procedan conforme a sus atribuciones. En caso de duda sobre la configuración si es delito o falta, remite lo actuado a la Fiscalía Penal.
48.2 Para la remisión del expediente el Juzgado observa la prevención que pudiera haberse generado de acuerdo a los artículos 21 y 27 del presente Reglamento.
La Fiscalía Penal y el Juzgado de Paz Letrado no pueden devolver los actuados al Juzgado de Familia bajo ninguna circunstancia.
Tratándose de actos de violencia en agravio de niñas, niños y adolescentes que no constituyan faltas o delitos, la Fiscalía Provincial Penal o Mixta, remite los actuados al Juzgado de Familia, cautelando el interés superior del niño y sus derechos, a fin que evalúe el inicio del proceso de contravención a sus derechos de conformidad a lo dispuesto en el Código de los Niños y Adolescentes.
En la etapa de investigación, juzgamiento e inclusive en la ejecución de sentencias, se aplican según corresponda, las disposiciones sobre delitos y faltas establecidas en el Código Penal, Código Procesal Penal promulgado por el Decreto Legislativo 957, en el Código de Procedimientos Penales y otras normas sobre la materia.
52.1. La Fiscalía Penal o Mixta como titular de la acción penal inicia la investigación apenas tome conocimiento de los hechos, procede según las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el Código Procesal Penal promulgado por el Decreto Legislativo 957, en el Código de Procedimientos Penales y otras normas sobre la materia.
52.2. Si en el transcurso de su actuación, advierte que los hechos no constituyen delito y existe probabilidad de que configuren faltas, remite los actuados al Juzgado de Paz Letrado.
52.3. En casos de niñas, niños y adolescentes la Fiscalía de Familia procede de acuerdo sus atribuciones establecidas en el Código de los Niños y Adolescentes.
52.4 La Fiscalía Penal puede tomar medidas de protección conforme a los artículos 247 y siguientes del Código Procesal Penal y solicitar la asistencia del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos.
El Juzgado de Paz Letrado o Juzgado Penal que recibe el expediente remitido por la Fiscalía Penal o Mixta, en el día y bajo responsabilidad, da cuenta de ese hecho al Juzgado que conoció el expediente en la etapa de protección.
54.1. El Juzgado Penal y el Juzgado de Paz Letrado, al emitir sentencia, aplica los criterios establecidos en el artículo 20 de la Ley.
54.2. El Juzgado Penal y el Juzgado de Paz letrado comunican bajo responsabilidad, al Juzgado que dictó las medidas de protección que la sentencia emitida por su despacho quedó consentida o ejecutoriada. El Juzgado de Familia elabora un informe final respecto del trámite de ejecución de las medidas de protección o cautelares dictadas, con sus incidencias, disponiendo a su vez, el archivo del proceso especial.
Las medidas de protección dictadas en sentencia condenatoria que comprendan una obligación de hacer o no hacer para la persona procesada, tienen la calidad de reglas de conducta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 24 de la Ley.
56.1. Para la ejecución de las medidas de protección emitidas en sentencia, se aplica lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes del presente Reglamento.
56.2 El Juzgado comunica de la sentencia a las instituciones competentes de su ejecución. Las instituciones, bajo responsabilidad, dan cuenta de manera inmediata y periódica sobre la ejecución de las medidas al Juzgado.
56.3. El Juzgado, cuando lo considere necesario, solicita a la institución responsable la remisión de informes adicionales sobre la ejecución de las medidas.
56.4. El Juzgado Penal, el Juzgado de Familia o el Juzgado de Paz Letrado, pone en conocimiento de la Fiscalía Penal de turno, el incumplimiento por parte de la persona procesada de las medidas de protección, conforme al artículo 24 de la Ley.
57.1. En casos de violación sexual la víctima es trasladada al Instituto de Medicina Legal o en su defecto, al establecimiento de salud, para su inmediata atención y la práctica de un examen médico y psicológico completo y detallado por personal especializado, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea.
57.2. En todos los establecimientos de salud se garantiza la atención de urgencia y emergencia de la víctima. Asimismo el registro adecuado en la historia clínica de todo lo observado, a fin de preservar las pruebas, para posteriormente trasladar a la víctima al establecimiento que permita su evaluación especializada, adjuntando la información inicial.
El examen médico debe ser idóneo al tipo de agresión denunciada por la víctima y evitar procedimientos invasivos y revictimizadores. Independientemente del medio empleado, se recurre a la evaluación psicológica para apoyar la declaración de la víctima.
59.1 El Instituto de Medicina Legal y los establecimientos de salud cuentan con insumos, equipos de emergencia para casos de violación sexual e informan sobre el derecho a recibir tratamiento frente a infecciones de transmisión sexual, antiretrovirales, anticonceptivo oral de emergencia y otros.
59.2 La víctima recibe atención médica y psicológica tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, siguiendo un protocolo de atención cuyo objetivo es reducir las consecuencias de la violación sexual.
Las prendas de vestir de la víctima y toda otra prueba útil, pertinente y complementaria a su declaración, es asegurada, garantizando la correcta cadena de custodia y aplicando las disposiciones que promueven la conservación de la prueba. Todos los establecimientos a nivel nacional cuentan con las y los profesionales capacitados en dicho proceso de custodia y recojo de pruebas para la atención en salud de casos de violación sexual, quienes de considerarlo necesario gestionan la inmediata derivación o traslado para el análisis correspondiente.
En casos de violencia sexual, las y los operadores de justicia se guiarán por los siguientes principios:
61.1. El consentimiento no puede inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, amenaza de fuerza, coacción o aprovechamiento de un entorno coercitivo han disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre.
61.2. El consentimiento no puede inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre.
61.3. El consentimiento no puede inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violación sexual.
61.4. La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no pueden inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo.
En los supuestos de retractación y no persistencia en la declaración incriminatoria de la víctima de violación sexual, el Juzgado evalúa al carácter prevalente de la sindicación primigenia, siempre que ésta sea creíble y confiable. En todo caso, la validez de la retractación de la víctima es evaluada con las pautas desarrolladas en los acuerdos plenarios de la materia.
Estas reglas se aplican en cuanto sean pertinentes, a las demás manifestaciones de violencia reguladas en la Ley.
El Estado, dentro del marco de la lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, establece en las zonas rurales del país, las medidas necesarias que implementen acciones de prevención, protección, atención, sanción y recuperación.
65.2 Cuando los actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar constituyen a su juicio delitos, el Juzgado de Paz dicta la medida o medidas de protección que correspondan a favor de la víctima con conocimiento del Juzgado de Familia y remite lo actuado a la Fiscalía Penal o Mixta para que proceda conforme a sus atribuciones.
65.3 Cuando los hechos constituyen faltas contra la persona, el Juzgado de Paz dicta la medida o medidas de protección a favor de la víctima, así como lleva a cabo el proceso previsto en su ley de la materia. En la determinación de la sanción tendrá en cuenta la Ley Nº 30364, en todo lo que le sea aplicable.
Cuando el Juzgado de Paz toma conocimiento de actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar que constituyen a su juicio delitos, dicta la medida o medidas de protección que correspondan a favor de la víctima con conocimiento del Juzgado de Familia y remite lo actuado a la Fiscalía Penal o Mixta para que proceda conforme a sus atribuciones.
67.2 Cuando la Policía Nacional del Perú conoce de casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías en los lugares donde no exista Juzgado de Familia o Juzgado de Paz Letrado con competencia delegada, pone los hechos en conocimiento del Juzgado de Paz dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas de acontecidos los mismos y remite el informe policial que resume lo actuado así como la ficha de valoración del riesgo correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley.
En las localidades donde no exista Comisaría de la Policía Nacional del Perú, los Juzgados de Paz coordinan la ejecución de las medidas de protección así como las sanciones impuestas de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Nº 29824, coordinando con las autoridades comunales y otras que correspondan en el marco de lo establecido en la Ley Nº 30364 y la ley de su materia.
En los lugares donde coexistan Juzgado de Familia, o los que hagan sus veces, o Juzgados de Paz con autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas o rondas campesinas investidas de funciones jurisdiccionales, se establecen medios y formas de coordinación funcional y operativa, para la investigación y sanción de la violencia contra la mujeres e integrantes del grupo familiar, de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.
CAPÍTULO VII: ASISTENCIA JURÍDICA
Y DEFENSA PÚBLICA
70.1. Las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en especial las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, que haya sido objeto de algún tipo violencia prevista en la Ley, tienen derecho a la asistencia y patrocinio legal inmediato, gratuito, especializado, y en su propia lengua, por parte de los servicios públicos y privados destinados para tal fin.
70.2. La asistencia jurídica y defensa pública otorgada por el Estado, se brinda de manera continua y sin interrupciones, desde el inicio del caso hasta su conclusión definitiva, siempre que así lo requiera la víctima.
70.3. Los servicios de asistencia jurídica y defensa pública deben garantizar que el ambiente de atención garantice la dignidad e intimidad de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Las instituciones que reciben denuncias, investigan y sancionan hechos de violencia contra la mujeres e integrantes del grupo familiar, informan a las víctimas sobre la existencia de los servicios públicos o privados que otorgan asistencia legal, psicológica y social de manera gratuita, garantizando el acceso a la justicia y realizando la derivación oficial de solicitarlo la víctima, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso b) del artículo 10 de la Ley.
72.1. Los Centros Emergencia Mujer derivan a los servicios de defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aquellos casos que son competencia de este último sector que guarden relación con los hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
72.2. Las Oficinas Desconcentradas de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los Centros Emergencia Mujer realizan coordinaciones permanentes para garantizar la asistencia jurídica y defensa pública de las víctimas.
73.1. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos promueven la suscripción de Convenios con los Colegios de Abogados para el servicio de asistencia jurídica gratuita que priorice la atención de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ambos sectores informan sobre este servicio a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público y al Poder Judicial.
73.2 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueve la capacitación de las abogadas y abogados de los Colegios de Abogados que brindan asistencia jurídica gratuita a las víctimas.
CAPÍTULO VIII: ÓRGANOS DE APOYO
El Centro Emergencia Mujer brinda atención integral y multidisciplinaria a las mujeres y los integrantes del grupo familiar que sufren violencia en el marco de la Ley. A través de su equipo otorga en el más breve plazo posible, de recibido el requerimiento, los informes que correspondan en el marco de sus competencias, a efectos de establecer la existencia de situaciones de violencia con la finalidad de que los Juzgados resuelvan la procedencia de las medidas de protección o cautelares.
75.1 El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como ente rector en su materia, establece los parámetros para la evaluación y calificación del daño físico o psíquico generado por la violencia perpetrada contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como el recojo y custodia de evidencias en el marco de sus competencias. Es responsable de la actualización, difusión y capacitación al personal del Instituto de Medicina Legal, así como a los órganos de apoyo al sistema de justicia que tienen la responsabilidad de emitir certificados acorde a los parámetros establecidos en el artículo 26 de la Ley 30364.
75.2 El certificado o informe sobre la valoración del daño psíquico tienen valor probatorio para acreditar la comisión de delito o falta de lesiones de daño psíquico conforme lo establecido en la Ley 30364
76.1. Las víctimas de violencia reciben atención médica y psicológica tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, siguiendo un protocolo de atención cuyo objetivo es reducir las consecuencias de la violencia perpetrada.
76.2. Las víctimas tiene derecho a ser atendidas con celeridad y recibir los certificados que permitan la constatación inmediata de los actos constitutivos de violencia, sin perjuicio de los informes complementarios que sean necesarios.
76.3. Los establecimientos de salud cuentan con insumos y equipos de emergencia para atender los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En los casos de violencia sexual informan sobre el derecho a recibir tratamiento frente a infecciones de transmisión sexual, antiretrovirales, anticonceptivo oral de emergencia y otros.
77.1 La Unidad de Investigación Tutelar (UIT) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que dirige el procedimiento de Investigación Tutelar de acuerdo al Código de los Niños y Adolescentes y otras normas conexas, recibe denuncias por presunto abandono de niñas, niños y adolescentes, dispone el inicio del procedimiento de Investigación Tutelar y aplica las medidas de protección en función al interés superior de la niña, niño o adolescente.
77.2 Para los efectos de la Ley, el Juzgado de Familia y la Fiscalía de Familia o Penal, coordina con la Unidad de Investigación Tutelar, en caso se considere necesaria su participación.
TÍTULO III : PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE LA VIOLENCIA Y RECUPERACIÓN
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a su cargo la implementación de políticas, programas y acciones de prevención y atención de todas las modalidades de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar; incluyendo el programa de prevención dirigido a varones y personas agresoras. La implementación de los programas y acciones de atención es coordinada y articulada con gobiernos locales y regionales.
79.1 El Ministerio de Salud aprueba lineamientos de política en salud pública para la prevención, atención y recuperación integral de las víctimas de violencia, así como la atención relacionada con el tratamiento y rehabilitación de personas agresoras.
79.2 El Ministerio de Salud conduce el fortalecimiento de capacidades del personal de salud, principalmente del primer nivel de atención en los enfoques de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad en salud, vinculados a la prevención de violencia hacia la mujer y los integrantes de grupo familiar.
79.3 El Ministerio de Salud propicia el ejercicio de los derechos de las niñas, niñas y
adolescentes, a través de iniciativas intersectoriales.
79.4 El Ministerio de Salud cuenta con lineamientos para el abordaje de la violencia familiar y el maltrato infantil en los diferentes niveles de atención del Sector Salud, contribuyendo a la prevención y recuperación de la salud de las personas en situación de violencia familiar y maltrato infantil. Asimismo, articula sus servicios al Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.
80.1. Los gobiernos regionales a través de las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud tienen la responsabilidad de implementar los lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud señalados en el artículo precedente.
80.2. Los gobiernos regionales, implementan servicios y programas especializados dirigidos a la recuperación integral de las víctimas, especialmente de la salud mental, a través de psicoterapias o programas de salud mental comunitaria. Asimismo brindan los servicios para la recuperación de las secuelas físicas causadas por episodios de violencia.
80.3. El Ministerio de Salud promueve la constitución y participación de las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud en las instancias de concertación contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, en las cuales se articula la participación de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, presididas por los gobiernos regionales o locales
El Ministerio de Salud, de conformidad con el inciso 3, literal b, del artículo 45 de la Ley, garantizará las afiliaciones gratuitas al Régimen de Financiamiento Subsidiado del Seguro Integral de Salud (SIS), de las mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas por la violencia, previa verificación de los requisitos y evaluaciones que correspondan, de conformidad con la normativa vigente.
82.1. El Ministerio de Educación elabora una ruta para la intervención y derivación de situaciones de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar detectada en las instituciones educativas, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley.
82.2. El Ministerio de Educación dicta medidas específicas para regular los derechos en el campo de la educación reconocidos en el artículo 12 de la Ley.
83.1 Corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dictar las medidas específicas para garantizar que ningún trabajador o trabajadora sea despedido por razones relacionadas a actos de violencia reguladas en la Ley.
83.2. En atención a ello, la institución que elabore el certificado médico previsto en el artículo 26 de la Ley prepara, a solicitud de la víctima, un informe complementario que consigne exclusivamente la información relativa a las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia, con el objeto de evitar la revictimización.
84.1. La trabajadora o el trabajador pueden solicitar el cambio del lugar u horario de trabajo por causas relacionadas a actos de violencia previstos en la Ley si resulta necesario para mitigar su ocurrencia o los efectos de la misma. Dicha solicitud se presenta por escrito al área de recursos humanos o quien haga sus veces y contiene:
a. El nombre de la víctima y su número de documento de identidad;
b. Razones por las que el cambio de lugar de trabajo permitirá garantizar sus derechos;
c. Lugar u horario al que desea ser trasladada; y
d. Copia de la denuncia presentada ante la dependencia policial o ante el Ministerio Público u otros medios probatorios pertinentes.
84.2. Una vez presentada la solicitud, el empleador tiene un lapso de dos días hábiles para brindar una respuesta, la misma que de ser negativa debe estar sustentada en elementos objetivos y razonables, los mismos que son expuestos en detalle. Ante la negativa, la presunta víctima puede solicitar al Juzgado competente el cambio de lugar u horario de trabajo, como medida de protección.
84.3 Cuando la violencia provenga del entorno laboral, el cambio del lugar de trabajo constituye una obligación del empleador, siempre que ésta haya sido solicitada por la víctima. De no existir otro lugar de trabajo, el empleador adopta medidas para evitar la proximidad entre la presunta persona agresora y la víctima.
En cuanto a las inasistencias y tardanzas la empleadora o el empleador consideran los siguientes aspectos:
a. Las inasistencias o tardanzas son destinadas a atender asuntos de naturaleza legal, médica o social derivados de los hechos de violencia previstos por la Ley. La inasistencia se justifica dentro del término del tercer día de culminada la ausencia, más el término de la distancia.
b. Las inasistencias se consideran justificadas hasta el número previsto en la Ley, son informadas al área de recursos humanos del empleador o quien haga sus veces con un día de antelación y adjuntando una copia simple de la denuncia realizada ante una dependencia policial o el Ministerio Público, de las citaciones o constancias de las demás diligencias que del proceso de investigación o el proceso judicial se deriven u otros medios probatorios pertinentes.
c. La justificación de las tardanzas requiere, además de lo previsto en el literal anterior, un documento o declaración jurada que acredite el motivo.
d. La información de la inasistencia o tardanza y la entrega de los documentos sustentatorios puede hacerse, además de físicamente, por cualquier medio digital que garantice su recepción por parte del empleador o empleadora.
e. Cuando las características de los hechos de violencia impidan la comunicación previa de la inasistencia o tardanza, la víctima debe subsanar los requerimientos de los literales “b” y “c” del presente artículo, cuando retorne a su centro de labores.
f. La trabajadora o el trabajador tienen hasta ciento ochenta días para compensar las horas no laboradas, excepto cuando la tardanza o inasistencia es por motivos de salud como consecuencia de los actos de violencia o para acudir a citaciones policiales, judiciales u otras, vinculadas con la denuncia de los referidos actos de violencia.
86.1. Conjuntamente con las medidas de protección previstas en el artículo 16 de la Ley, el Juzgado de Familia o su equivalente dispondrá que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) brinde los servicios pertinentes a la víctima.
86.2. En atención a ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la instancia competente, y considerando las necesidades particulares, deriva a la víctima a los diversos servicios de trabajo y empleo que brinda el sector.
86.3. Asimismo, de conformidad con el artículo 45 de la Ley, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del Viceministerio de Promoción del Empleo, incluye prioritariamente en todos los planes, programas y estrategias, la inclusión de víctimas de violencia como beneficiarias a través de programas para su incorporación en el mercado de trabajo.
CAPÍTULO III: HOGARES
87.1. La creación y gestión de los Hogares de Refugio Temporal y otros servicios de protección a favor de las víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar están a cargo de los gobiernos locales, regionales y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es función de dicho sector promover, coordinar y articular la implementación de estos servicios.
87.2. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables adopta las medidas necesarias para que los servicios de protección existentes y que se promuevan, se adecúen a los estándares que señala la Ley.
88.1. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la Dirección General Contra la Violencia de Género es el organismo responsable de la implementación y administración del Registro de Hogares de Refugio Temporal.
88.2. Corresponde a las instituciones públicas y privadas que gestionen y administren Hogares de Refugio Temporal facilitar la información y acceso al MIMP para el cumplimiento de sus funciones de monitoreo, seguimiento y evaluación.
88.3. La resolución y constancia de inscripción o renovación en el Registro de Hogares de Refugio Temporal tiene carácter de acreditación para el funcionamiento de estos servicios
Las personas o autoridades que participan durante el proceso, están prohibidas de divulgar la información de la ubicación de la víctima o de los lugares donde ésta se encuentra acogida, bajo responsabilidad administrativa y penal.
90.1. El Poder Judicial, ordena la acogida de las víctimas en los Hogares de Refugio Temporal. Los Juzgados reciben información periódica actualizada del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre los servicios existentes.
90.2. Adicionalmente, la derivación e ingreso de las víctimas de violencia se puede realizar a través de los Centros Emergencia Mujer, en el marco de una estrategia de intervención integral, y conforme a los “Criterios de derivación” establecidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
90.3. Cualquier institución involucrada con el sistema de justicia, que tome conocimiento de hechos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, coordina con las instituciones mencionadas, el ingreso de las víctimas a estos Hogares.
Las personas albergadas en los Hogares de Refugio Temporal (HRT) son afiliadas en forma directa al Régimen de Financiamiento Subsidiado del Seguro Integral de Salud (SIS) de acuerdo al marco normativo vigente.
Los Hogares de Refugio Temporal gestionan alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas que coadyuven a que todas las personas albergadas, víctimas de violencia reciban una atención integral de acuerdo a sus necesidades a fin de lograr su recuperación, el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de sus capacidades laborales, entre otras.
La Ley Nº 28236 “Ley que crea Hogares de Refugio Temporal para las víctimas de violencia familiar”, y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 007-2005-MIMDES, se aplican siempre y cuando no se opongan a la presente norma.
CAPÍTULO IV: REEDUCACIÓN
DE LAS PERSONAS AGRESORAS
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realiza acciones de coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario, el Ministerio de Salud, los Gobiernos Regionales, Locales y el Poder Judicial con el objetivo de implementar los procesos de intervención para la reeducación de personas sentenciadas y adolescentes responsables por actos de violencia contra las mujeres e integrantes de grupo familiar.
Los programas de reeducación tienen como objetivo brindar, a través de servicios especializados, herramientas y recursos a personas agresoras de mujeres e integrantes del grupo familiar a fin que adquieran nuevas formas de comportamiento basado en trato igualitario y respeto al derecho a una vida libre violencia.
96.2 El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es el encargado de la reeducación de personas sentenciadas a pena privativa de libertad efectiva o egresadas con beneficios penitenciarios de semilibertad, liberación condicional, y aquellas personas sentenciadas con penas de prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres e inhabilitación, por delitos o faltas vinculados a actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Para el cumplimiento de estos fines formula, valida, implementa y evalúa un programa de reeducación de personas agresoras de acuerdo a sus competencias.
96.3 La implementación de servicios que otorgue un tratamiento penitenciario especializado a las personas sentenciadas con prestación de días libres e inhabilitación, lo realiza en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y con los gobiernos locales. El Instituto Nacional Penitenciario coordina con instituciones privadas acreditadas, la implementación de programas de reeducación para personas agresoras sentenciadas, en medio libre. La acreditación de las instituciones privadas está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
96.6. El Poder Judicial a través de la Gerencia de Centros Juveniles formula, valida, implementa y evalúa programas de reeducación para adolescentes agresores o agresoras en conflicto con la Ley Penal, en el marco de la Ley Nº 30364, que se encuentran sometidos a una medida socioeducativa.
96.7. Las Instituciones antes señaladas coordinan y articulan los servicios y realizan Convenios para el ejercicio de los programas de reeducación a su cargo, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria.
TÍTULO IV: SISTEMA NACIONAL PARA
LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
97.1. El Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del grupo familiar, es un sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de prevención, atención, protección y reparación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, con el fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia y de discriminación.
97.2. Para tal efecto, coordina, planifica, organiza y ejecuta articuladamente la acción del Estado y promueve la participación ciudadana. Asimismo, coordina con el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente.
Son objetivos del Sistema los siguientes:
a. Implementar un sistema de atención integral, de calidad, articulado y oportuno que permita la detección de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, el cese de las diversas manifestaciones de violencia, brindar a las víctimas protección efectiva y apoyo necesario para hacer posible su recuperación; y sancionar a las personas agresoras e involucrarlas en procesos de reeducación.
b. Desarrollar acciones orientadas a cambiar los patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; adoptando todas las medidas necesarias para lograr una sociedad igualitaria, garantizando el respeto a la dignidad humana y al derecho a una vida libre de violencia, removiéndose los obstáculos que impiden el ejercicio pleno del derecho a la igualdad.
c. Hacer seguimiento y monitoreo de las políticas, planes, programas y acciones multisectoriales orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
d. Garantizar el cumplimiento de las políticas públicas y planes nacionales en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar con la participación de las entidades del Estado, a nivel multisectorial, intergubernamental e interinstitucional.
e. Promover, coordinar y articular la participación de las diferentes instituciones públicas, sociedad civil organizada, sector privado y medios de comunicación a fin de garantizar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Son principios que rigen el Sistema Nacional, los siguientes:
a. Especialización.- Brindar atención diferenciada y especializada de acuerdo a las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres e integrantes del grupo familiar o de riesgo, como es el caso de niñas, niños, adolescentes, personas adultos mayores y personas con discapacidad.
b. Intersectorialidad.- Desarrollar acciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en forma continua, articulando entre las instituciones del Estado y en los tres niveles de gobierno, que conforman el Sistema Nacional para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres e Integrantes del grupo familiar.
c. Participación ciudadana.- Responsabilidad integral de la sociedad civil, incluidos entre otros, el sector empresarial, asociaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, y medios de comunicación, en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
d. Principio del interés superior de la niña, el niño y adolescente.- El interés superior de la niña, niño y adolescente es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos.
e. Principio Territorial.- Principio que considera al territorio como un conjunto socioeconómico integrado por hombres y mujeres, recursos, conocimientos técnicos, etc. El Principio territorial aporta una visión global y nueva de la zona de intervención que sirve de base para definir un plan de acción local adaptado a la situación de territorio. En ese sentido, favorece la apertura de un espacio de diálogo entre los agentes públicos, privados y de la sociedad civil en un territorio para el aprovechamiento de los recursos endógenos (pueden ser físicos, medio ambientales, culturales, humanos, económicos y financieros, así como institucionales y administrativos). Este proceso busca el desarrollo para su territorio, en forma concertada con las poblaciones y las autoridades públicas, de nivel local, regional y nacional que ejerzan competencia en el territorio. Cabe indicar que la elección del principio territorial depende de la importancia de los recursos locales (endógenos) para el logro de un desarrollo sostenible.
Son componentes del Sistema Nacional las instancias de coordinación interinstitucional en los distintos niveles de gobierno así como las entidades que los integran, éstas son las siguientes:
3. Instancia Regional de Concertación.
4. Instancia Provincial de Concertación.
5. Instancia Distrital de Concertación.
101.1 La Comisión Multisectorial de Alto Nivel es el máximo organismo del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. La Comisión está integrada por la o el titular de los siguientes Ministerios e instituciones:
101.2. Las y los titulares de la Comisión cuentan con un o una representante alterna o alterno que deberá recaer en la Viceministra o Viceministro o un funcionario de alto nivel de las entidades que la integran.
101.3. Las y los integrantes de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel actúan ad honorem.
Las y los representantes alternas o alternos ante la citada Comisión se designan por Resolución Ministerial, si se trata de representantes del Poder Ejecutivo, y mediante comunicación formal remitida por la o el titular de las entidades correspondientes, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
La Comisión Multisectorial se instala dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo para la acreditación de los representantes.
4. La Dirección Regional de Salud.
10. Asociaciones u organizaciones no gubernamentales involucradas en lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar de la región.
11. La Oficina Desconcentrada de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
12. La Oficina Defensorial de la Región
105.2. La Gerencia de Desarrollo Social de la Región asume la Secretaría Técnica de esta instancia. Las instituciones integrantes nombran, además del o la representante titular, a un o una representante alterna o alterno.
9. Rondas campesinas o urbanas existentes en la provincia así como los representantes de las comunidades campesinas, comunidades nativas y comités de autodefensa, si los hubiere.
11. Organizaciones o asociaciones de la sociedad civil relacionadas a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la provincia.
107.2. La Secretaría Técnica es asumida por la Gerencia de Desarrollo Social de las Municipalidades Provinciales o la que haga sus veces. Las instituciones integrantes nombran además del o la representante titular a un o una representante alterna o alterno.
5. Rondas campesinas o urbanas del distrito y de los representantes de las comunidades campesinas, comunidades nativas y comités de autodefensa, si los hubiere.
6. Organizaciones comunales existentes.
8. Organizaciones o asociaciones de la sociedad civil del distrito relacionadas a la temática de la violencia contra las mujeres y las personas que integran el grupo familiar.
109.2. La Secretaría Técnica es asumida por la Gerencia de Desarrollo Social de las Municipalidades Distritales o la que haga sus veces. Las instituciones integrantes nombran además del o la representante titular a un o una representante alterna o alterno.
CAPÍTULO III: INSTRUMENTOS Y MECANISMOS
El Protocolo Base de Actuación Conjunta tiene como objetivo articular intersectorialmente los procedimientos, acciones y servicios vinculados al abordaje de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
112.1 Ámbito de la prevención, que incluye la acción intersectorial e intergubernamental dirigida a promover en la ciudadanía el cambio de patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales y exacerban la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
112.2 Ámbito de la atención integral y protección, que incluye la acción intersectorial e intergubernamental dirigida a promover que las mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas y afectados por las diversas formas de violencia accedan efectiva y oportunamente a los servicios de salud, jurídicos y sociales que coadyuven a la protección de su integridad personal y la recuperación de bienestar.
112.3 Ámbito de la sanción a las personas agresoras de las mujeres e integrantes del grupo familiar, que incluye la actuación intersectorial e intergubernamental dirigida a garantizar un proceso judicial célere y diligente que establezca las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar.
112.4 Ámbito de reeducación para las personas agresoras, que incluye la actuación intersectorial e intergubernamental dirigida a garantizar el funcionamiento de servicios de tratamiento que contribuyan a la reinserción social de las personas agresoras.
112.5 Los Ministerios así como los Gobiernos Regionales y Locales contribuyen a la implementación del Protocolo Base de Actuación Conjunto en el marco de sus competencias.
Cuando se trate de temas especializados como Feminicidio, Tentativa de feminicidio, Trata de personas y otras modalidades de violencia, el Protocolo Base de Actuación Conjunta hace referencia y remite su aplicación a las normas, protocolos y otros instrumentos legales, en cuanto no se opongan a los contenidos de la Ley y su Reglamento.
El Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras se encuentra a cargo del Ministerio Público y contiene mínimamente la siguiente información:
1. Nombres y apellidos, documento nacional de identidad, sexo, edad, dirección domiciliaria, correo electrónico y teléfonos de la víctima.
2. Nombres y apellidos, documento nacional de identidad, sexo, edad, dirección domiciliaria, correo electrónico y teléfonos de la persona agresora.
3. Relación con la víctima.
4. Existencia de denuncias y antecedentes anteriores.
5. Juzgado que dictó las medidas de protección.
6. Medidas de protección y medidas cautelares dictadas.
7. El delito o falta tipificada.
8. Fiscalía o Juzgado a cargo del caso.
9. Juzgado que emite la sentencia condenatoria.
10. Fecha de la sentencia condenatoria.
La información que contiene el Registro es reservada. Las instituciones públicas vinculadas al proceso tienen acceso a los datos del Registro conforme a la regulación de confidencialidad de la información prevista en su oportunidad por el Reglamento del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras aprobado por el Ministerio Público.
116.1. Es un mecanismo de articulación intersectorial del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que tiene por finalidad elaborar informes, estudios y propuestas en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, priorizando de forma especial la violencia de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad: niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, entre otros.
116.2. El Observatorio desarrolla un sistema de información permanente que brinda insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
116.3. Todas las entidades integrantes del sistema: proporcionan información estadística y de las acciones desarrolladas en el ámbito de su competencia para el seguimiento a las políticas públicas y los compromisos internacionales asumidos por el Estado en esta materia.
4. Otras funciones que considere su Reglamento.
El Observatorio cuenta con un Consejo Directivo, que es el máximo órgano de dirección y ejecución; integrado por los representantes de alto nivel de las siguientes instituciones:
7. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
La Dirección Ejecutiva del Centro de Altos Estudios constituye el órgano de gestión que está a cargo de un Comité Ejecutivo adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
120.1. El Comité Ejecutivo del Centro de Altos Estudios es el máximo órgano de dirección y ejecución. Se encuentra presidido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y está integrado por representantes de alto nivel de la Academia de la Magistratura, la Escuela del Ministerio Público, el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
120.2. Tiene como principal función la articulación de esfuerzos del Estado para desarrollar acciones de capacitación, formación y especialización sobre la problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en el marco del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
Se conforma un Comité Consultivo presidido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables e integrado por los y las representantes de las universidades y centros de investigación interesados en la problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar entre otros. El Reglamento del Centro de Altos Estudios establece su composición.
La organización y funcionamiento específicos del Centro de Altos Estudios y de sus instancias internas será establecido y regulado en su respectivo Reglamento.
123.1 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, gestiona para que las instituciones públicas articuladas en el Sistema Nacional de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, tengan acceso a la franja educativa.
123.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba lineamientos para velar el cumplimiento de las obligaciones de los medios de comunicación establecidas en la Ley.
Los medios de comunicación, respetan el derecho de las niñas, niños y adolescentes a su integridad física, psíquica y a su bienestar integral. Los medios de comunicación promueven su protección evitando estereotipos sobre la infancia o adolescencia y la presentación de historias sensacionalistas. Los medios de comunicación están prohibidos de revelar su identidad o consignar información e indicios que la revelen.
Los medios de comunicación contribuyen a la formación de una conciencia social sobre la problemática de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar y la enfocan como una violación de los derechos humanos que atentan contra las libertades y derechos fundamentales de las víctimas. Para el tratamiento informativo adecuado, la prensa considera las siguientes pautas:
3. Respetan el derecho de las víctimas a guardar silencio y a salvaguardar su intimidad
Las instituciones que tienen las competencias de asistencia legal y defensa pública tienen la obligación de publicar y mantener actualizada en sus páginas web los directorios de los servicios que brindan.
El Poder Judicial y el Ministerio Público en coordinación con los sectores responsables, emiten normas y medidas correspondientes para la implementación de la Ley en lo que resulte pertinente y en el ámbito de sus competencias.
El Poder Judicial, a través de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, es responsable de capacitar a los jueces y juezas de paz y a las autoridades de la jurisdicción especial, en los asuntos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, promueven permanentemente acciones de difusión de la Ley y de su Reglamento.
El Instituto de Medicina Legal establece los parámetros médicos legales para la calificación del daño físico, psicológico y psíquico, dentro de los treinta días de publicado el presente reglamento, bajo responsabilidad funcional.
La Policía Nacional del Perú aprueba el instructivo interno para la intervención del personal policial en los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, dentro de los treinta días de publicado el presente reglamento, bajo responsabilidad funcional.
Las instituciones del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar adoptan las medidas necesarias para incrementar la cobertura territorial de los servicios que prestan a las víctimas reconocidas en la Ley.
INSTRUCTIVO DE LAS FICHAS
DE VALORACIÓN DE RIESGO
I.- INDICACIONES GENERALES DE LAS FICHAS DE VALORACIÓN DE RIESGO
i) Esta sección es común a las tres Fichas de Valoración de Riesgo y deberán seguirse las siguientes pautas generales:
1.1 Antes de iniciar la entrevista, debe tener al alcance el Instructivo para la intervención de la Policía Nacional en el marco de la Ley Nº 30364 y la Ficha de Valoración de Riesgo correspondiente.
1.2 La habitación donde se realice la entrevista debe tener suficiente luz y poco ruido alrededor. De igual forma, se debe tomar en cuenta algunas pautas de comunicación en el caso de personas con problemas de disminución de la audición / hipoacusia1.
1.3 Al hablar con la víctima se recomienda el uso de señor o señora, no utilizar diminutivos ni términos infantiles para dirigirse a ella.
1.4 El registro de la información y la valoración de los factores de riesgo es responsabilidad de la persona operadora del servicio, se puede realizar después de la atención inicial. La valoración del riesgo es el resultado del análisis realizado por la persona operadora del servicio, no es una lista de chequeo y tampoco es de auto aplicación.
ii) De igual modo, este apartado contiene la información general del/la operador/a así como de la víctima, incluido en este concepto los niños, las niñas y adolescentes (en adelante, NNA). Tenga presente que en esta sección las respuestas son únicas.
• Apellidos y Nombres del/de la operador/a policial del servicio: anotarlos de manera clara y exacta según consta en el Documento Nacional de Identidad (DNI).
• Institución: consignar nombre de la comisaría y zona a la que pertenece así como el nombre de la Fiscalía y/o el Juzgado.
• Fecha: anotar el día, mes y año que realiza el llenado de la ficha.
• Apellidos y Nombres de la víctima: anotarlos de manera clara y exacta según consta en el Documento de Identidad (DNI, carné de extranjería, certificado de nacimiento, entre otros).
• En caso de niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA), se anotará, de ser posible, la fecha de nacimiento o una fecha probable de nacimiento (consignar el día mes y año).
• Edad: anotar la edad de la persona víctima en años cumplidos.
• Sexo: marcar hombre o mujer según corresponda.
• Documento de identidad: anotar el tipo de documento y el número correspondiente.
Si la víctima porta el documento de identidad se verifica los datos y se anota el número correspondiente. Así también, si la persona usuaria tiene documento de identidad pero en el momento no lo lleva consigo, se consigna “NO PORTA DOCUMENTO DE IDENTIDAD” y si recuerda el número se consigna la información. De no tener documento de identidad porque la víctima nunca realizó el trámite se consigna “NO TIENE”.
Si la persona usuaria tiene documento de identidad pero en el momento no lo lleva consigo y además no recuerda el número, se consignará “NO LO LLEVA CONSIGO Y NO RECUERDA EL NÚMERO”. Si la comisaría se encuentra interconectada al Registro Nacional de identificación y Estado Civil (RENIEC), el operador/a realiza la búsqueda correspondiente con los datos de la personas usuaria.
Si el documento de identidad se encuentra en trámite se consignará “EN TRÁMITE”. Si la persona usuaria es extranjero/a, se preguntará si cuenta con el carné de extranjería y se consignará “CARNÉ DE EXTRANJERÍA”. Si la víctima es extranjera y no cuenta con el carné de extranjería, deberá consignar la información “NO TIENE”.
En caso de NNA, anotar la dirección actual que señale el/la menor en la fecha en que rinde su manifestación.
• Ocupación: señalar qué actividad laboral realiza la víctima (por ejemplo, ama de casa, abogada, profesora, vendedora, trabajadora del hogar, peluquera, entre otros).
• Discapacidad de la víctima: una persona con discapacidad es aquella que tiene deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás2. Marcar un aspa en “SI”, si la persona usuaria presenta algún tipo de discapacidad; marcar “NO”, si no presenta discapacidad.
Sugerencia: Respetar la autonomía de los actos realizados por las personas con discapacidad: si decide contar o no con asistencia, acompañamiento o intérprete, entre otros.
Tipo. En esta sección se debe especificar el tipo de discapacidad que tiene la persona usuaria, según la siguiente descripción:
o Física: cuando las personas presentan alguna deficiencia en la función o estructura corporal, tales como una desviación o una pérdida significativa que implica discapacidades para caminar, manipular objetos y coordinar movimientos (por ejemplo una restricción grave de la capacidad para desplazarse), así como para utilizar brazos y manos. Por lo regular, estas discapacidades implican la ayuda de otra persona o de algún instrumento (silla de ruedas, andadera etc.) o prótesis para realizar actividades de la vida cotidiana3.
o Visual: incluyen deficiencias oculares que producen discapacidades como la ceguera, la pérdida de un ojo, la pérdida de la vista en un sólo ojo4.
o Auditiva: incluyen deficiencias a nivel del sentido del oído, ocasionando discapacidades tales como la sordera parcial, sordera total, entre otros5.
o Psicosocial: incluye las deficiencias conductuales que repercuten en el modo de conducirse, por lo que la persona no puede relacionarse con su entorno y tiene limitaciones para el desarrollo de sus actividades (por ejemplo, esquizofrenia, psicosis, entre otros)6.
o Intelectual: incluye las deficiencias intelectuales que representan restricciones en el aprendizaje y en el desempeño de sus actividades (por ejemplo, retardo mental, síndrome de down, entre otros)7.
o Sordo/a-ciego/a: son deficiencias múltiples a nivel del oído y la vista que ocasiona sordera y ceguera a la vez en diferentes grados8.
o Mudez: es la pérdida de la capacidad de hablar, como consecuencia de problemas de los órganos de la fonación o por circunstancias de otro origen9.
Si la persona usuaria presentara más de una discapacidad se deberá marcar según corresponda.
• Lengua materna: es la primera lengua o idioma que aprende una persona, incluido cualquier idioma extranjero. En situaciones en las que la lengua materna sea diferente a la que habla la víctima o tenga alguna discapacidad, se garantizará la presencia de intérprete (quechua, aimara, shipibo, machiguenga, achuar, entre otros).
• Lengua de señas: aquel lenguaje que se basa en movimientos y expresiones a través de las manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo.
• Identidad étnica: está definida como la pertenencia de una persona a una comunidad y/o pueblo en las cuales comparten con otro conjunto de personas rasgos culturales comunes, territorio, idioma, religión, festividades, expresiones artísticas, vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación, entre otras.
• Número de hijos/as menores de edad: consignar el número total de hijas/os, menores de 17 años, no considerar las/os hijas/os fallecidas/os.
En caso de NNA:
Número de hermanos: Se indagará si el/la NNA tiene hermanos y se consignará su(s) nombre(s) y edad, a fin de tener en cuenta a éste último dato si también podría estar en riesgo.
Nombre y apellido de la persona que acompaña: Indicar los nombres y apellidos completos, es importante mencionar que no es necesario solicitar Documento de Identidad.
Qué relación tiene con el NNA. Indicar la relación que tiene la persona que acompaña con el NNA, a fin que esta persona pueda brindar mayores referencias al momento de la entrevista.
Lengua/idioma/dialecto. Anotar el nombre de la lengua, idioma o dialecto que tiene la persona que acompaña al NNA
II.- INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VALORACIÓN DEL RIESGO EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA
1.1 La ficha de valoración del riesgo consta de 19 ítems, se aplica para valorar el riesgo en mujeres mayores de 14 años afectadas por violencia por parte de su pareja o ex pareja10 (cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, novios/as, ex novios/as, enamorados/as, ex enamorados/as).
1.2 La distancia entre la víctima y el/la operador/a de la Policía Nacional durante el desarrollo de la entrevista debe ser prudente a fin de evitar que se sienta invadida en su zona personal.
II.- INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
2.1 La Policía Nacional debe realizar la valoración del riesgo a través del presente instrumento. Es necesario que el/la operador/a policial solicite a la víctima el consentimiento informado oral a fin de recabar la información pertinente (datos personales, entre otros), señalando que los datos que brinde son de carácter confidencial y que serán utilizados para la valoración del riesgo. La información será llenada conforme a las disposiciones del primer apartado “indicaciones generales de las fichas de valoración de riesgo”.
2.2 Procedimiento del llenado de la sección:
I. Antecedentes de violencia física, psicológica y sexual, corresponde del ítem 1 al 7. Tenga presente que en esta sección las respuestas son únicas. No puede marcar más de una respuesta por pregunta.
• Ítem 1: denuncias anteriores. Se debe indagar del inicio de la violencia y número de denuncias. En caso tenga una o más denuncias previas a la fecha de la valoración del riesgo, se marca el número 2, en caso contrario se hace un círculo al 0.
• Ítem 2: frecuencia de las agresiones en el último año. Explorar el número de veces que se producen las agresiones físicas o psicológicas. Si se trata de un episodio único se marcará 0 y no se preguntará el tiempo ni la frecuencia de la agresión. Cuando no existe un patrón pre establecido y varían los periodos de tiempo en el que se presenta los hechos de violencia se marca 1, cuando los hechos de violencia se presentan aproximadamente una vez al mes se marca 2 y cuando los hechos de violencia son por lo general todos los días se marca 3.
• Ítem 3: incremento de las agresiones. Explorar si los hechos de violencia se han incrementado en el último año o está en escalada, este ítem está relacionado con el ítem 2. Si la respuesta es positiva marcar 2, en caso contrario marque 0.
• Ítem 4: consecuencias físicas de la violencia en el último año. Si la víctima manifiesta que no hubo lesiones en este último año, marca 0. Asimismo, marcará 1, 2 o 3 según corresponda al tipo de lesión señalada. En los casos que marque el número 3 se deberá considerar como RIESGO SEVERO, sin perjuicio de continuar explorando los demás factores de riesgo.
• Ítem 5: antecedentes de agresión a ex parejas. Marque 2 si logra advertir que la presunta persona agresora tiene antecedentes de haber ejercido violencia con las parejas anteriores. Si la respuesta es negativa o la víctima desconoce esta información marque 0.
• Ítem 6: violencia hacia los hijos, familiares u otros. Evaluar, si además de violencia de pareja, la presunta persona agresora ejerce violencia contra los/as hijos/as, familiares u otros, en cuyo caso marcará 2, en caso contrario o desconozca marca 0.
• Ítem 7: violencia sexual. Si advierte que la presunta persona agresora atenta contra la libertad sexual de la víctima, considerando que la obliga u obligó a tener relaciones sexuales, marca el número 3, en caso contrario marca 0.
II. Amenazas, ítem 8 y 9. Tenga presente que en esta sección las respuestas son únicas. No puede marcar más de una respuesta por pregunta.
• Ítem 8: amenazas de muerte. Si la víctima manifiesta que su pareja o ex pareja la amenaza de muerte y que estas pueden poner en peligro la vida y la salud de la víctima, marca 1, 2 o 3 según corresponda. En caso contrario se marca 0.
• Ítem 9: percepción de muerte. Es la sensación interior que tiene la víctima como resultado de una impresión material hecha por sus sentidos sobre el riesgo o posibilidad inminente de que la presunta persona agresora pueda matarla. Marcar 3 en caso la víctima responda si y 0 en caso que la respuesta sea no.
III. Control extremo hacia la pareja o ex pareja, correspondiente al ítem 10 al 14. Tenga presente que en esta sección las respuestas son únicas. No puede marcar más de una respuesta por pregunta.
• Ítem 10: desconfianza y acoso. Explorar, si la persona agresora tiende a dudar de las afirmaciones o sinceridad de la víctima o la apremia de forma insistente con molestias o requerimientos o la persigue, deberá marcar 1, 2 o 3 según corresponda, en caso contrario marcar 0.
• Ítem 11: control. Explorar si la presunta persona agresora realiza acciones para comprobar, inspeccionar, fiscalizar, dominar o regular a la víctima, deberá marca 1, 2 o 3, según corresponda, en caso contrario marcar 0.
• Ítem 12: estrategias de control. Explorar si la presunta persona agresora chantajea a la víctima con los/as hijos/as para ejercer control sobre ella, deberá marcar el 2, en caso contrario marcar 0.
• Ítem 13: sospecha de Infidelidad. Si la persona agresora ha manifestado sospechas de infidelidad, deberá marcar 1 o 2 según corresponda, en caso contrario marcar 0.
• Ítem 14: celos. Explorar si la persona agresora mantiene la idea con absoluta convicción de que está siendo engañada por su pareja. Marcar 2 en caso la víctima responda si y 0 en caso que la respuesta sea no.
IV. Circunstancias agravantes, correspondiente al ítem 15 al 19. Tenga presente que en esta sección las respuestas son únicas. No puede marcar más de una respuesta por pregunta.
• Ítem 15: negativa a la separación. Explorar si la presunta persona agresora se opone terminantemente a la separación de su pareja, debiendo marcar 1, 2 o 3 según corresponda, en caso contrario marcar 0.
• Ítem 16: presión a retomar relación. Explorar el ejercicio de poder por parte de la persona agresora para retomar la relación, marcar 1 o 2 según corresponda.
• Ítem 17: consumo de alcohol o drogas. Explorar el consumo habitual de alcohol o drogas, que por lo general están asociados a los hechos de violencia y marcar según corresponda 1 o 0.
• Ítem 18: acceso a arma de fuego. Explorar si la presunta persona agresora tiene acceso a armas de fuego, si la respuesta es positiva marcar 1, si desconoce o la respuesta es negativa marcar 0.
• Ítem 19: uso de arma de fuego. Explorar si la presunta persona agresora usa o usó armas de fuego, si la respuesta es positiva marcar 2, si desconoce o la respuesta es negativa marcar 0.
2.3 Procedimiento para calificar el nivel de riesgo.
Antes de calificar el riesgo, verifique que se está contestando todos los ítems, en caso contrario deberá completarlos.
• Sume los puntajes y consígnelos en recuadro que corresponde a total.
• Identifique en qué rango y nivel de riesgo se encuentra la víctima, utilizando para ello la tabla de valoración de riesgo de la ficha.
• Marcar según corresponda riesgo leve o riesgo moderado o riesgo severo.
• En el campo reservado para “Observaciones de interés” registrar otros factores de riesgo identificados, que no estén contemplados en la ficha y que puedan incrementar la probabilidad de recurrencia de un hecho de violencia o que pongan en peligro la vida y salud de la víctima.
2.4 Procedimiento para culminar con la valoración de riesgo
Para culminar con la valoración del riesgo suscribirán el/la operador de la Policía Nacional y la víctima o usuaria, colocando su huella digital. El documento deberá ser anexado al Informe o atestado policial correspondiente, junto con las otras diligencias realizadas, dentro de los plazos establecidos.
III.- INSTRUCCIONES - ANEXO FACTORES DE VULNERABILIDAD
Concluida la aplicación de la Ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja, debe continuar con la aplicación del Anexo Factores de Vulnerabilidad, con la finalidad de contar con más elementos que coadyuven con la valoración de riesgo a la víctima.
Estas preguntas están dirigidas a conocer el grado de dependencia económica o patrimonial que tiene la víctima. Este tipo de violencia se vincula con las siguientes acciones: pérdida, sustracción, destrucción, retención, apropiación ilícita de los objetos, instrumentos de trabajo, documentos, bienes, valores, limitación de la entrega de recursos económicos para satisfacer necesidades básicas (alimentación, vestido salud y otros), evasión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, control de los ingresos, entre otros
Ítem 1. Si la víctima afirma que depende económicamente de su pareja marque SI, de lo contrario marque NO. En caso que la víctima indique que no depende económicamente de su pareja pero comparten la economía del hogar, se debe de marcar “Compartimos gastos”.
Ítem 2: Si la víctima afirma que su pareja o ex pareja cumple puntualmente con atender los gastos de alimentación de ella y/o de sus hijos/as debe marcar SI y luego pasar a la pregunta 4. Si la víctima responde que no es así, marcar la alternativa NO y pasar a la pregunta 3.
Ítem 3: Si la víctima responde que piensa que poner una demanda de alimentos a su pareja o ex pareja, marcar “SI piensa interponer demanda”; Si la víctima responde que tuvo que poner una demanda de alimentos a su pareja o ex pareja, marcar “Si interpuso demanda”; si no piensa o no tuvo que interponer una demanda de alimentos, marcar “No” y continuar con la siguiente pregunta.
Ítem 4: Si la víctima responde que su pareja o ex pareja sí ha realizado o realiza acciones para apropiarse de sus bienes (casa, dinero, carro, animales, artefactos, sueldo, negocio u otros bienes) o le restringe o impide el uso de los mismos, debe marcar SI, de lo contrario marque NO. En caso de que la víctima declare que no cuenta con ningún tipo de bien marcar NO APLICA.
Estas preguntas se encuentran relacionadas con la orientación sexual es decir si es homosexual (gay o lesbiana), condición que la coloca en un alto grado de vulnerabilidad. Formule las preguntas pero recuerde que la persona tiene todo el derecho de mantener en reserva esta información en la pregunta.
Ítem 5. Al formular la pregunta, dar los ejemplos de ser una persona homosexual – gay o lesbiana-, entre otros. Si la víctima afirma que su pareja o expareja le ha agredido, insultado y/o excluido (discriminado) por su orientación sexual, marcar SI y continuar con la siguiente pregunta correspondiente a Interculturalidad. De lo contrario, NO. En caso que la víctima se declare heterosexual (mujer con pareja hombre) marcar “No aplica”.
Estas preguntas se encuentran relacionadas con la pertenencia a una Comunidad Campesina o Nativa de nuestro país y de cómo la dificultad de reconocer nuestra diversidad cultural crea una percepción negativa de aquellas personas culturalmente diversas en lengua, vestimenta, cultura, rasgos físicos, forma de hablar – por ejemplo, dejo o acento, identidad étnica y/o color de piel generando un alto grado de vulnerabilidad en estas personas.
Ítem 6. Si la víctima afirma que su pareja o expareja le ha agredido, insultado y/o excluido (discriminado) por su cosmovisión (forma de interpretar el mundo), lengua (lenguas indígenas, acento y forma de hablar una lengua - diglosia11), fenotipo (rasgos físicos y/o color de piel), indumentaria (vestimenta, adornos y accesorios) e identidad étnica (pertenencia a un grupo étnico) marcar SÍ y especifique marcando en qué ámbito territorial étnico12 (espacio geográfico de una comunidad andina, nativa o pueblo indígena) ocurrieron los actos de violencia según corresponda. Si la víctima responde que su pareja o ex pareja no la ha agredido por estas razones, marque NO.
Poner el nombre de la comunidad y otros detalles conforme al Mapa Etnolingüístico del Perú (al final del documento).
Esta pregunta ayuda a identificar si la víctima cuenta con alguna condición que le impide realizar con facilidad las actividades de la vida diaria y si esta situación genera mayor vulnerabilidad en ella.
Ítem 7. Si la víctima afirma que su pareja o expareja le humilla o excluye (discrimina) por su situación de discapacidad marcar SÍ, en caso contrario marque NO.
Esta pregunta se encuentra relacionada a la situación de vulnerabilidad que genera el estado gestacional de la víctima, considerando que puede estar propensa a una serie de cambios favorables o desfavorables para su salud, ello aunado a actos de violencia que puede generar un grave riesgo para su vida y la del concebido.
Ítem 8. Si la víctima afirma encontrarse embarazada marque SI. Además, considere que el nivel de riesgo obtenido en la Ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja sube un nivel (por ejemplo, de leve a moderado o de moderado a severo). Si la víctima declara que no está embarazada marque NO y deje de realizar las preguntas 10 y 11.
Ítem 9: Si la víctima responde afirmativamente el ítem 9, pregunte si ha sufrido amenazas de abandono o si fue abandonada como consecuencia del embarazo. Si la respuesta es afirmativa marque SI, caso contrario marque NO.
Ítem 10: Si la víctima responde afirmativamente que su pareja o expareja le golpea o le ha golpeado en el vientre, marque SI, de lo contrario marque NO.
Concluida la aplicación del Anexo de Factores de Vulnerabilidad, los resultados se deben escribir en la sección “Observaciones de Interés” de la Ficha de Valoración de Riesgo.
IV.- INSTRUCCIÓN FINAL
Se informará y promoverá la toma de conciencia de la víctima respecto al riesgo en el que se encuentra, debiendo adoptar las medidas de seguridad correspondientes.
III.- INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VALORACIÓN DEL RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
1.1 La ficha de valoración del riesgo de niñas, niños y adolescentes que han sido afectados/as por situaciones de violencia consta de 15 ítems, en los que se describen aspectos que permitirán mostrar la necesidad de dictar medidas para garantizar su protección dentro del contexto familiar o fuera de este, dentro del marco de la Ley Nº 30364. Se deberá informar al niño, niña o adolescente que el llenado de la ficha busca promover medidas que garanticen su protección.
1.2 La ficha no deberá aplicarse de manera directa a la niña, niño o adolescente, en caso de que este/a acuda acompañado/a por una persona adulta, se recogerá la información que este/a proporcione en la declaración o mediante la observación realizada por la policía, por lo que el llenado de la ficha podrá realizarse durante la entrevista o luego de ésta.
1.3 Para el llenado de la ficha en caso de que la niña, niño o adolescente acuda solo/a, además de tomar en cuenta los datos recogidos en la declaración policial y mediante la observación, se podrán hacer preguntas complementarias que permitan recoger información relevante para determinar el nivel de riesgo, evitando en todo momento generar algún tipo de re victimización.
1.4 Para la observación se deberá tomar en cuenta aquellas características visiblemente evidentes, evitando acciones intrusivas que promuevan la re victimización (levantar el polo para ver marcas o signos de violencia, revisión corporal que corroboren datos de la entrevista, etc).
2.1. La Policía Nacional que realice la valoración del riesgo a través del presente instrumento, deberá solicitar el asentimiento del niño, niña o adolescente para el registro de los datos de la ficha, señalando que la información que brinde son de carácter confidencial y que serán utilizados promoviendo su bienestar.
2.2. Procedimiento del llenado de la sección:
III. Situaciones de alto riesgo;
IV. Nivel individual;
V. Nivel de Entornos;
VI. Factores de protección.
Tenga presente que en esta sección las respuestas son únicas. No puede marcar más de una respuesta por pregunta.
• Ítem 1: Declara haber sufrido violencia sexual. En el caso que se identifique situaciones de alto riesgo como violencia sexual, se continúa con la aplicación de los ítems 14 y 15 de la ficha. En caso contrario se marca “No” y se continúa con el ítem 2.
Esta información se podrá recabar en el momento de la declaración policial durante la denuncia.
• Ítem 2. Indicar el grupo de edad al que pertenece la víctima. Se podrá valorar el riesgo de acuerdo a la edad del NNA. Ejemplo: A menos edad existe mayor riesgo de sufrir violencias física, en el caso de los/as adolescentes, existe mayor riesgo de sufrir violencia sexual, etc.
La observación para este ítem deberá tomar en cuenta las condiciones físicas observables del niño, niña o adolescente. Tomar en cuenta o consignado en el apartado de datos personales.
• Ítem 3. Indicar si la víctima tiene algún tipo de discapacidad. Valorar el riesgo respecto a la presencia o ausencia de una condición de discapacidad en el NNA. En caso de que presente discapacidad marcar “Sí” en caso contrario “No”.
Verificar con lo consignado en el apartado de datos personales. Para la observación tomar en cuenta la discapacidad evidente o visible.
• Ítem 4. Indicar la frecuencia con la que el NNA ha faltado al colegio. Indicar si es que la situación de violencia ha causado la ausencia del NNA a la institución educativa. Reiteradas ausencias constituye un mayor riesgo. Recoger esta información a partir de la siguiente pregunta: en las últimas semanas ¿has faltado al colegio? ¿Cuántas veces?
• Ítem 5. El NNA realiza labores de trabajo vinculadas a peligro evidente. Indicar si el NNA realiza labores que impliquen un alto riesgo o afectación de su integridad. En caso de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años no se permite ningún tipo de trabajo por atentar directamente contra su desarrollo y colocarlos en un riesgo alto. Para el caso de adolescentes mayores de 14 años, si bien pueden desarrollar actividades laborales, los trabajos no permitidos están considerados en el Decreto Supremo 003 – 2010 – MIMDES13.
Recoger esta información a partir de la siguiente pregunta: ¿Qué haces luego del colegio?
• Ítem 6. Indicar si el NNA ha sufrido agresiones previas. Recabar información sobre la existencia de anteriores episodios de violencia. Se puede recurrir al SIDPOL a fin de verificar denuncias previas.
• Ítem 7. Indicar qué tipo de heridas le generó el/la agresor/a al NNA, para ello se deberá utilizar la observación de signos o señales evidentes para evaluar la gravedad del riesgo y si se requiere una intervención médica de emergencia.
Se deberá marcar según corresponda tomando en cuenta lo descrito por el adulto acompañante, lo observado o el relato del NNA en caso de ser necesario.
• Ítem 8. El NNA pasa largas horas solo/a en casa sin que un/a adulto/a lo/a cuide. Esto permitirá verificar la desprotección familiar, indicando si es que el NNA tiene que estar solo, lo cual aumentaría el riesgo de daño a su integridad.
Recoger esta información a partir de la siguiente pregunta: ¿Quién te acompaña cuando estás en tu casa?
• Ítem 9. Indicar cuál es el vínculo entre el NNA y la persona agresora. Una relación más cercana a la víctima, podría determinar un mayor riesgo para el NNA. Esta información se podrá recabar en el momento de la denuncia.
• Ítem 10. El cuidador/a principal tiene alguna enfermedad física o mental que impide cuidar adecuadamente al NNA. Indagar si es que el cuidador/a principal tiene alguna condición que limita su capacidad de protección al NNA.
Esta información se podrá recabar con información consignada en la denuncia o haciendo la pregunta al adulto acompañante.
• Ítem 11. El/la agresor/a vive o frecuenta su casa. Indicar si es que el/la agresor/a tiene facilidad de contacto con el NNA por vivir o frecuentar el hogar.
Esta información se podrá recabar en el momento de la denuncia.
• Ítem 12. El/la agresor/a usa o consume drogas/alcohol con frecuencia. Anotar si el agresor/a es dependiente de las sustancias citadas, lo cual sitúa en mayor vulnerabilidad del NNA.
• Ítem 13. El agresor/a tiene antecedentes policiales o penales. Verificar en el SIDPOL si es que la persona agresora presenta denuncias similares.
• Ítem 14. Existe alguna persona que apoye o ayude al NNA cuando tiene alguna dificultad. Se solicitará el nombre de la persona que apoya o ayuda al NNA cuando tiene alguna dificultad, con la finalidad que se tome contacto con esta persona en caso de requerir apoyo de redes de soporte del NNA al momento de dictar la medida de protección.
Recoger esta información a partir de la siguiente pregunta: cuando tienes alguna dificultad, ¿a quién acudes? En caso se reconozca al agresor/a como persona de apoyo, consignar “NO”.
• Ítem 15. Ha recibido ayuda de alguna institución. Esta pregunta busca recabar información en el caso de que la víctima haya sido violentada previamente y recibió ayuda y/o atención de alguna institución.
Recoger esta información a partir de la siguiente pregunta: ¿has recibido ayuda de alguna institución previamente?
III.- INSTRUCCIÓN FINAL
Se adoptará las medidas correspondientes respecto al riesgo en el que se encuentra.
IV.- INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VALORACIÓN DEL RIESGO EN PERSONA ADULTA MAYOR
La ficha de valoración del riesgo consta de 32 ítems, se aplica para valorar el riesgo de agravamiento de la violencia en personas adultas mayores afectadas por violencia familiar de tipo psicológico, físico, patrimonial, negligencia y abandono.
2.1 La persona operadora del servicio que realice la valoración del riesgo a través del presente instrumento, deberá solicitar a la víctima el consentimiento informado oral para el registro de los datos de la ficha, señalando que los datos que brinde son de carácter confidencial y que serán utilizados para la valoración del riesgo.
2.2 Procedimiento del llenado de la sección: I, relativa a Vulnerabilidad (independencia y autonomía económica) ítem 1 al 10, puntaje máximo 17.
• Ítem 1: Indique el grupo de edad en el que se encuentra la víctima si es (60 – 69) recibirá un puntaje de 1; si es (70 – 79) recibirá un puntaje de 2; si es 80 a más recibirá un puntaje de 3.
• Ítem 2: Indique las dificultades que observa en la persona adulta mayor y marque las variables que usted considere (Ver, escuchar, caminar, comunicarse verbalmente).
Cada dificultad anotada recibirá un puntaje de 1, en el caso de no tener dificultades se contabilizará con 0.
NOTA: La dificultad para comunicarse verbalmente considera los problemas de expresión de ideas, hablar en forma coherente y mantener una conversación.
• Ítem 3: En esta pregunta interesa conocer si la persona adulta mayor requiere frecuentemente ayuda biomecánica para desplazarse; en el caso de utilizar bastón o andador, la puntuación será 1; en el caso de utilizar silla de ruedas la puntuación será 2, en el caso de estar postrado se otorgará una puntuación de 3 y en el caso de no requerir ningún elemento recibirá una puntuación de 0.
Tenga presente que en este ítem las respuestas son únicas. No puede marcar más de una respuesta, solo la que es utilizada con mayor frecuencia por la persona adulta mayor.
• Ítem 4: ¿Vive solo? En el caso que la persona adulta mayor de una respuesta afirmativa la puntuación será de 1 punto y en el caso de ser negativa la puntuación será 0.
• Ítem 5: ¿Tiene alguna persona a su cuidado? Si tiene alguna persona a su cuidado dar una puntuación de 1; en caso contrario la puntuación será 0.
• Ítem 6: ¿Tiene ingresos propios? En el caso que la víctima tenga ingresos propios la puntuación será de 0; en el caso que la víctima no cuente con ingresos propios la puntuación será de 1.
• Ítem 7: ¿Necesita la ayuda de una persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria?, en este ítem interesa conocer si la víctima necesita la ayuda de una persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria como son: alimentarse, vestirse, bañarse, caminar, acostarse. En el caso de necesitar la ayuda de una persona el puntaje será de 1; en el caso de no necesitar la ayuda de otra persona el puntaje será 0.
• Ítem 8: continuando con la pregunta anterior, si la respuesta de la víctima fue afirmativa, se le preguntará si ¿Cuenta con una persona que pueda apoyarlo/a? en el caso que la persona adulta mayor de una respuesta positiva, el puntaje será 0 y en el caso de no contar con una persona que pueda apoyarlo/a se asignará un puntaje de 1 y especifique la relación o vínculo (por ejemplo, amigo/a, vecino/a, entre otros).
• Ítem 9: en esta pregunta interesa conocer el estado anímico de la persona adulta mayor ¿Está preocupado (a) o teme que algo malo le va a pasar?14 Si la persona adulta mayor responde que sí, poner una puntuación de (1 ); si señala que no, colocar una puntuación de (0)
Asimismo, en el caso de una respuesta afirmativa interesa conocer que le preocupa, con el fin de complementar la información.
2.3 Llenado de la sección: II. Dinámica familiar, ítem 11 al 16. Puntaje máximo 9 puntos. Tenga presente que en esta sección las respuestas son únicas. No puede marcar más de una respuesta por pregunta.
• Ítem 10: ¿Cuantas personas lo agreden en su casa? Si en una persona una persona agresora recibirá un puntaje de 1; si son dos personas agresoras, el puntaje será 2 puntos; tres o más personas agresoras, 3 puntos; especificar el vínculo con la persona agresora (hermano/a, cuñado/a, conviviente, entre otros).
Asimismo, interesa conocer en este ítem el vínculo que tiene la persona adulta mayor con el/la agresor/a, en este sentido se debe preguntar a la persona adulta mayor, qué vínculo tiene con la persona que lo agrede y llenar el espacio correspondiente.
• Ítem 11: Continuando con la pregunta anterior, interesa conocer si el/la agresor/a vive con la persona adulta mayor, en este caso se le pregunta ¿Esa persona vive con usted? de ser afirmativa la respuesta, otorgar una puntuación de (1), de ser negativa la respuesta, colocar una puntuación de (0).
• Ítem 12. Continuando con la información sobre el/la agresor/a, es necesario constatar si consume drogas o alcohol. En este caso se preguntará ¿Esa persona consume drogas o alcohol? En el caso de consumir drogas y alcohol dar una puntuación de (2), en el caso de consumir solo una de estas sustancias colocar una puntuación de (1) y en el caso de no consumir ninguna sustancia colocar una puntuación de (0).
• Ítem 13. Continuando con la información sobre el/la agresor/a, es necesario constatar si sufre una enfermedad mental. En este caso se preguntará ¿La persona que lo/la agrede sufre alguna enfermedad mental? de ser afirmativa la respuesta, otorgar una puntuación de (2), de ser negativa la respuesta, colocar una puntuación de (0).
• Ítem 14. Seguidamente, se preguntará si en su familia existen conflictos y peleas frecuentes; si la respuesta es afirmativa se marcará una puntuación de (1), si la respuesta es negativa se dará una puntuación de (0).
• Ítem 15. En esta pregunta se considera la variable económica para ello se pregunta a la víctima. ¿En su familia existen problemas económicos?, si la respuesta es positiva, otorgar un puntaje de 1, si es negativa el puntaje es 0.
• Ítem 16. Continuando con la situación económica, interesa conocer si los familiares dependen económicamente de la persona adulta mayor, en el caso de ser una respuesta afirmativa, considerar un puntaje de 1; en el caso de ser negativa considerar un puntaje de 0.
2.4 Procedimiento del llenado de la sección: III. Características de la Violencia, correspondiente al ítem 17 al 25. Puntaje máximo 12. Tenga presente que en esta sección las respuestas son únicas. No puede marcar más de una respuesta por pregunta.
La persona que lo agrede...
• Ítem 17: ¿Lo/la golpea y maltrata físicamente? si la respuesta es “siempre” la puntuación es de 2, a veces 1 y nunca 0.
• Ítem 18: ¿Lo insulta o se burla de usted frecuentemente? si la respuesta es “siempre” la puntuación es de 2, a veces 1 y nunca 0.
• Ítem 19: ¿Lo/a amenaza con abandonarlo, echarlo de casa o mandarlo al asilo?, si la respuesta es “siempre” la puntuación es de 2, a veces 1 y nunca 0.
• Ítem 20: ¿Le permite desplazarse libremente y salir de su casa si usted lo desea? si la respuesta es “siempre” la puntuación es de 0, a veces 1 y nunca 2.
• Ítem 21: ¿Lo/a sobrecarga de labores domésticas o lo explotan? si la respuesta es “siempre” la puntuación es de 2, a veces 1 y nunca 0.
• Ítem 22: ¿Le habla y le toma en cuenta? si la respuesta es “siempre” la puntuación es de 0, a veces 1 y nunca 2.
• Ítem 23. ¿Le quita su dinero? si la respuesta es afirmativa dar una puntuación de 1, si es negativa, la puntuación será 0.
• Ítem 24: ¿Le ha falsificado su firma? si la respuesta es afirmativa dar una puntuación de 1, si es negativa, la puntuación será 0.
• Ítem 25: ¿Le ha quitado sus propiedades y/o negocio? si la respuesta es afirmativa dar una puntuación de 1, si es negativa, la puntuación será 0.
• Ítem 26: En el último año ¿Las agresiones son más frecuentes que antes? si la respuesta es afirmativa dar una puntuación de 1, si es negativa, la puntuación será 0.
2.5 Procedimiento para calificar el nivel de riesgo.
Antes de calificar el riesgo, verifique que se contestado todos los ítems, en caso contrario deberá completarlos.
• Identifique en que rango y nivel de riesgo se encuentra la víctima, utilizando para ello la tabla de valoración de riesgo de la ficha.
2.6 Procedimiento para culminar con la valoración de riesgo
Para culminar con la valoración del riesgo suscribirán la ficha la persona operadora del servicio y la víctima, colocando su huella digital. El documento deberá ser anexado al Informe o atestado correspondiente, junto con las otras diligencias realizadas, dentro de los plazos establecidos.
1 Constate que la persona con hipoacusia pueda verle la cara.
• Párese o siéntese de 0.90 a 1.80 centímetros de distancia.
• Ubíquese de manera que la persona a la que le está hablando pueda ver su boca y sus gestos.
• Hable en un cuarto donde haya suficiente luz para que la persona con hipoacusia vea estas claves visuales.
• Al hablar, no se cubra la boca, no coma ni mastique nada.
Encuentre un buen ambiente para la conversación.
• Reduzca la cantidad de ruido de fondo apagando la televisión o la radio.
• Escoja un área silenciosa de un restaurante, una antecámara o una oficina donde haya menos actividad y ruido alrededor.
Véase: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000361.htm, consultado el 22 de marzo de 2016.
2 Artículo 1 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
3 Instituto Nacional de Estrategia y Geografía (s/a). Clasificación de Tipo de Discapacidad. México: INEGI, p 5-6.
9 Ibídem, p 54.
10 Por pareja o ex pareja (cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, novios/as, ex novios/as, enamorados/as, ex enamorados/as) se debe entender que una mujer puede tener una relación tanto con un hombre como con una mujer.
11 PALANCO LÓPEZ, N.M. (2009). “La Diglosia: una cuestión social”. Contribuciones a las Ciencias Sociales. Consultado el 27 de abril de 2016 <www.eumed.net/rev/cccss/03/nmpl4.htm>: “La diglosia es el uso del discriminado de dos vanidades de la misma lengua (...) una lengua estándar y una criolla procedente de aquella”. Por ejemplo, las personas quechuahablantes que al pronunciar las palabras en español omiten o cambien ciertas vocales (/mayistru/ - maestro).
12 Espacio geográfico que ancestralmente ocupan y los nuevos espacios que estén ocupando la comunidad andina, nativa y/o el pueblo indígena.
13 Trabajos peligrosos por su naturaleza: 1.- Trabajo en la extracción y procesamiento de minerales metálicos y no metálicos realizados por la actividad minera formal o informal en cualquier de sus estratos incluyendo la minería informal; en las labores subterráneas, en excavaciones, lavaderos y canteras; 2.- Trabajos en los que se utilice herramientas tipo manual o mecánico y equipos especializados y que requieren capacitación y experiencia para su uso así como la operación de equipos industriales; 3.- Trabajos que impliquen el contacto y/o la exposición de las personas a productos químicos, sustancias tóxicas, sustancias cáusticas, vapores y gases tóxicos, sustancias corrosivas y elementos inflamables; 4.- Trabajos de transformación de materias primas que se realizan en la fabricación artesanal de ladrillos, adobes y la fabricación de lajas de piedra decorativas; 5.- Trabajos en alta mar o sumergidos bajo el agua; 6.- Trabajo de pesca en industria pesquera artesanal que impliquen cargamento pesado; 7.- Trabajos en alturas superiores a dos metros; 8.- Trabajo vinculados a energía eléctrica; 9.- Trabajos con exposición a ruidos continuos e intermitentes superiores a 60 decibles o a ruidos impacto; 10.- Trabajo con exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes; 11.- Trabajo en contacto con residuos de animales deteriorados y en contacto con aniamles portadores de enfermedades infectocontagiosas; 12.- Trabajo en producción, reparto y venta de bebidas alcohólicas; 13.- Trabajo donde se expongan a ser utilizados para elaboración de material pornográfico; 14.- Trabajo de cuidado y vigilancia de personas así como predios u lugares que puedan poner en riesgo su seguridad; 15.- Trabajos en espacios cerrados, estrechos o aislados y sin ventilación; 16.- Trabajos con exposición a temperaturas extremas de manera continua o intermitente; 17.- Trabajos en levantamiento y traslado manual de carga, que exceda los límites permitidos; 18.- Trabajos recolectando y seleccionando basura, residuos y otros similares; 19.- Trabajo en el transporte, manipulación y cuidado de valores que ponen como responsable a un menor de 18 años.; 20.- Trabajos relacionados a la fabricación y manejo de sustancias explosivas para la fabricación de artículos pirotécnicos o su colocación para su uso como efecto explosivo. Trabajos peligrosos por sus condiciones: 1.- Trabajos en jornadas extensas, por encima de las horas establecidas en el Códigos de Niños y Adolescentes; 2.- Trabajo que se realicen con ausencia de medidas sanitarias, de higiene y seguridad; 3.- El trabajo que se realice en medias de transporte público, interurbano o interprovincial; 4.- El trabajo que, por su horario, distancia o exigencias, impida la asistencia al centro educativo, socializarse entre pares o comunicarse con su familia de origen; 5.- Los trabajos en los que las y los adolescentes estén expuestos a abusos de orden físico, psicológico o sexual; 6.- El trabajo doméstico que realiza en casa de terceros, familiares o no, los que se realizan por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y donde se pernocta bajo la modalidad “cama adentro”, que impda la supervisión o inspección de trabajo; 7.-Trabajos en ambientes de espectáculos o similares, cuando expongan a los adolescentes a riesgos para su integridad física, psicológica y moral; 8.- Trabajos en horarios nocturnos entre las 19:00 a 7:00 horas, siempre que no estén autorizados por el juez; 9.- Trabajos que se realicen en la vía pública y que exponen a los y las adolescentes a accidentes de tránsito, violencia, explotación sexual y abuso.
14 Ítem tomado de la “Escala de depresión de Yesavage”.
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References: Resolución 
 artículo 118

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

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Artículo 125
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 116
 artículo 446
 artículo 7
 artículo 21
 artículo 15
 artículo 204
 artículo 4
 artículo 611
 resolución 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 21
 artículo 21
 resolución 
 artículo 20
 artículo 24
 artículo 45
 artículo 24
 artículo 15
 artículo 34
 artículo 149
 artículo 10
 artículo 26
 artículo 45
 artículo 15
 artículo 12
 artículo 26
 artículo 16
 artículo 45
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 1