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Timestamp: 2019-04-24 14:35:47+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 1052/01 de Corte Constitucional, 4 de Octubre de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43615324
Expediente: D-3472
Sentencia citada en: 1083 sentencias, 11 artículos doctrinales, 4 noticias
El segundo elemento de toda demanda de inconstitucionalidad es el concepto de la violación, que supone la exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda. En este orden de ideas, al ciudadano le corresponderá (i.) hacer "el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas", pues "si bien cada ciudadano es libre de escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto (siempre y cuando respete los parámetros fijados por la Corte), considera la Corte que... el [particular] tiene el deber de concretar el o los cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas". Este señalamiento supone, además, (ii.) la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan. No basta, pues, con que el demandante se limite a transcribir la norma constitucional o a recordar su contenido. Finalmente, (iii.) tendrán que presentarse las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución. La efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta Corporación, de que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra "la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional".
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano D.J.P.O. solicitó a esta Corporación la declaración de inexequibilidad del artículo 51 de la Ley 617 de 2000 "por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Reglamentario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica del presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional".
En primer término, señala el demandante que se "[...] debe llamar la atención de esa honorable Corporación para decir que las incompatibilidades son definidas como aquellas prohibiciones que se le determinan a un servidor Público en ejercicio de su cargo" Cfr. Folio 2..
Luego indica el cargo en los siguientes términos: "Como se expresa en la norma demandada, esta se extiende 12 meses después de ese límite, y lo que es peor, deja por fuera de toda posibilidad que el exservidor público, en este caso el Expersonero, haga su vida profesional ejerciéndola, y desde luego laboral, restringiéndolo solamente a ser profesor Universitario. Nuestra Constitución Política consagra el Derecho al trabajo como un derecho fundamental Universal (Artículos 25 y 53 de la C.P.), y su impedimento afecta al trabajador y a su familia arrastrándolo a situaciones indignas y desiguales" Cfr. Folio 2..
Con base en este argumento, el demandante hace uso de la acción ciudadana de constitucionalidad "[...] convencido de que la norma demandada viola esos principios constitucionales" Cfr. Folio 2..
Por otra parte, considera que debe tenerse en cuenta que las incompatibilidades se aplican sólo en el distrito o municipio en el que quien se encuentra sujeto a éstas tuvo el cargo de personero o contralor. Dice que "La norma cuestionada no hace extensiva la prohibición de ocupar cualquier tipo de cargo en el resto del territorio Nacional" Cfr. F. 22., con lo cual se garantiza al mismo tiempo el derecho al trabajo de los individuos y la transparencia de la actividad pública.
Sobre el cargo que en concreto se formula contra el artículo 51 de la Ley 617 de 2000, el apoderado del Ministerio de Hacienda indica que la lectura que de éste se haga, debe contemplar los criterios que de manera general establece el ordenamiento jurídico acerca de las inhabilidades e incompatibilidades, para encontrar así su verdadero alcance. En su opinión, "[...] la norma en juicio debe ser interpretada dentro de estos parámetros para que la misma tenga una coherencia interna. Debe aclararse, entonces, que no todas las situaciones de incompatibilidad deben entenderse por el tiempo allí indicado así la disposición examinada lo sugiera pues, en verdad, se trata de una norma remisoria que debe analizarse en frente de cada circunstancia. La alternativa de declarar inexequible la norma, a pesar del margen de ambigüedad que produce, deja de un lado la posibilidad de una interpretación conforme a nuestro ordenamiento, lo cual es viable en este caso y así se solicita" Cfr. Folio 49..
Intervención del ciudadano G.T.G.
El ciudadano G.T.G., aceptando la invitación que se le hizo en auto del 30 de marzo de 2001 en el que se admite la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, presentó a esta Corporación memorial en su calidad de Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, en el que solicita a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de la norma en cuestión.
Con base en lo anterior, agrega que "[...] el legislador una vez más ha establecido una PROHIBICION ABSOLUTA, en tanto que no matiza su rigor, no hace nada por conciliar el derecho del ciudadano exfuncionario con el interés público, sino que simplemente sacrifica por completo el primero en aras del segundo" Cfr. Folio 18.. Y, por último, concluye: "Y esa es precisamente la razón que, en concepto de la Federación, impide en este caso la declaratoria de exequibilidad condicionada, pues la imposibilidad de examinar los términos específicos de cada causal que se pretende extender en el tiempo deja al desnudo la absolutidad [sic] de la prohibición, y ya está dicho que cuando se establece en esos términos necesariamente contraría la Constitución" Cfr. Folio 18..
Incompatibilidades relativas a los numerales 1° (Celebrar en su interés particular por si o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos) y 3° (Intervenir en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la celebración de contratos con la administración pública) del artículo 96 de la Ley 136 de 1994
Ello porque extender su aplicabilidad a todo el territorio nacional "[...] rompería la razonabilidad y proporcionalidad que se exige en estos casos, toda vez que el desempeño de la función de control fiscal o disciplinario no ha podido influir fuera de la jurisdicción donde ésta se ejerció. Bajo estas restricciones, la extensión de estas causales han (sic) de entenderse constitucionales" Cfr. Folio 64..
Incompatibilidades relativas al numeral 2 (Tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio) del artículo 96 de la Ley 136 de 1994.
Respecto de esta incompatibilidad, el Procurador considera que si bien es necesario que quienes tienen la responsabilidad de ejercer el control fiscal o la vigilancia disciplinaria se mantengan al margen de las cuestiones partidistas y electorales, excepción hecha del derecho al voto, la extensión de dicha incompatibilidad a los doce meses siguientes a la terminación del período o a la aceptación de la renuncia, resulta desproporcionada. Dice que "[...] no resulta razonable que por haber ejercido un cargo de vigilancia y control del orden territorial, durante el año siguiente a que se separe del cargo no pueda ejercer estos derechos de carácter político [se refiere a los contenidos en el artículo 40 de la C.P.], razón por la cual este Despacho considera que la extensión a que se refiere el artículo 51 de la Ley 617 de 2000, respecto de esta causal vulnera la Carta. Así las cosas, debe entenderse que la norma aquí demandada al extender las incompatibilidades a los doce meses siguientes al vencimiento del período o a la aceptación de la renuncia, no puede cobija esta circunstancia" Cfr. Folio 65..
Incompatibilidades relativas a los numerales 4 (Intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el municipio, distrito o sus entidades descentralizadas) y 5 (Ser apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales, o que administren tributos) del artículo 96 de la Ley 136 de 1994
Igualmente considera ajustado a la Constitución que esta incompatibilidad se extienda a los doce meses posteriores a la terminación del período o aceptación de la renuncia, "[...] pues [se] pretende evitar que durante ese lapso el ex-servidor público utilice los asuntos que estuvieron a su cargo para intervenir como gestor o apoderado en favor o en contra del ente territorial, a más de que eventualmente los funcionarios que tendrían que resolver el asunto otrora fueron sus subalternos" Cfr. Folio 66..
Incompatibilidades relativas al numeral 6 del artículo 96 (Desempeñar cargo o empleo público o privado) de la Ley 136 de 1994
Respecto de los contralores departamentales, distritales y municipales, el Ministerio Público afirma que "[...] de conformidad con el artículo 272, inciso octavo de la Constitución, quienes hayan desempeñado estos cargos, no pueden dentro del año siguiente ejercer empleo alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio" Cfr. Folio 67..
Para el caso de los contralores distritales y municipales se tiene que no pueden ejercer cargo público en el distrito o municipio en el que ejercieron la función referida. Igualmente debe extenderse al desempeño de cargos públicos en el departamento en el que se halla el respectivo distrito o municipio, dentro del año siguiente a la terminación del período o a la aceptación de la renuncia cargo, "[...] pues el contralor municipal o distrital en ejercicio del control fiscal puede realizarle control fiscal a obras de ese nivel territorial cofinanciadas por el departamento y el municipio, y siendo el departamento el coordinador de la acción municipal, existen actividades en las que el contralor municipal y distrital deben actuar, y eso justifica que la incompatibilidad se extienda no sólo a los empleos del nivel, sino al departamental" Cfr. Folio 67..
Es decir, según la V.F., quien en el pasado haya sido contralor departamental, distrital o municipal, puede una vez concluya el período o se acepte la renuncia ejercer cargo público nacional o territorial siempre y cuando que se trate de un departamento diferente a aquél en el que se ejerció el cargo de contralor departamental, distrital o municipal.
Por último "En cuanto tiene que ver con el desempeño de empleos privados, es claro que no se ajusta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que estos servidores no puedan ejercer empleo privado, por lo que debe entenderse que el ex-contralor o ex-personero de un ente territorial, puede ejercer cargos de naturaleza privada, a excepción de aquellos dependientes de las entidades privadas que manejan fondos públicos del departamento, distrito o municipio de la jurisdicción donde ejerció funciones de vigilancia y control, en la medida en que no existe relación alguna entre el ejercicio de las funciones públicas y su posterior desempeño en un cargo privado" Cfr. Folio 68..
Incompatibilidades relativas al numeral 7 (I. como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue elegido y durante los seis siguientes al mismo, así medie renuncia previa del empleo) del artículo 96 de la Ley 136 de 1994
El Procurador señala que el artículo 51 de la Ley 617 de 2000 acusado, extiende la incompatibilidad prevista en dicho artículo a un término de 12 meses contados a partir de la terminación del período o de la aceptación de la renuncia, lo cual es ajustado a la Constitución pues con ello se pretende evitar que "[...] el contralor territorial y personero distrital o municipal, utilice su cargo no para ejercer las funciones de vigilancia y control conforme a los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 Superior, sino como mecanismo para ganar el favor electoral de la comunidad y acceder a un cargo de elección popular" Cfr. Folio 69..
El actor considera que la norma demandada es contraria a la Constitución porque limita por completo el derecho al trabajo de los ex contralores y ex personeros de las entidades territoriales durante el año que sigue a su desvinculación definitiva -por terminación del período o por renuncia-, dejando como única alternativa la cátedra universitaria.
3.2. El artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los procesos de inconstitucionalidad Dice la citada norma: "Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda". . La jurisprudencia de la Corte Constitucional, por su parte, ha establecido la necesidad de cumplir con todos y cada uno de estos requerimientos. Se trata, como lo dijo la Corte al declarar exequible la norma citada, de "unos requisitos mínimos razonables que buscan hacer más viable el derecho [de participación política], sin atentar en ningún momento contra su núcleo esencial" Corte Constitucional Sentencia C-131 de 1993 M.P.A.M.C.. Esta sentencia declaró la constitucionalidad del artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, y estableció el punto de partida de la jurisprudencia constitucional respecto de la sistematización de los requisitos que deben cumplir las demandas de constitucionalidad. Los lineamientos generales sobre la materia han sido desarrollados, entre otras, en las sentencias C-024 de 1994 (M.P.A.M.C.); C-504 de 1995 (M.P.J.G.H.G.); C-609 de 1996 (M.P.V.N.M.); C-236 de 1997 (M.P.A.B.C.); y, C-447 de 1997 (M.P.A.M.C.. Ciertamente, existen muchos otros pronunciamientos sobre el particular que desarrollan y precisan los elementos esbozados en estos fallos. Cuando sea necesario, se harán las referencias puntuales a los textos citados..
Así, si un ciudadano demanda una norma, "debe cumplir no sólo formalmente sino también materialmente estos requisitos, pues si no lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda" Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997 M.P.A.M.C.. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo. que impide que la Corte se pronuncie de fondo. Téngase en cuenta, además, que el artículo 241 de la Constitución consagra de manera expresa las funciones de la Corte, dentro de las que señala que a ella le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo; de acuerdo con esta norma, "no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal" Ibíd..
3.4.1. Así, tendrá que identificar, en primer lugar, el objeto sobre el que versa la acusación, esto es, el precepto o preceptos jurídicos que, a juicio del actor, son contrarios al ordenamiento constitucional. Esta identificación se traduce en (i.) "el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales" (artículo 2 numeral 1 del Decreto 2067 de 1991). Pero además, la plena identificación de las normas que se demandan exige (ii.) "su transcripción literal por cualquier medio o la inclusión de "un ejemplar de la publicación de las mismas" (Artículo 2 numeral 1 del Decreto 2067 de 1991). Se trata de una exigencia mínima "que busca la indispensable precisión, ante la Corte, acerca del objeto específico del fallo de constitucionalidad que habrá de proferir, ya que señala con exactitud cuál es la norma demandada y permite, gracias al texto que se transcriba, verificar el contenido de lo que el demandante aprecia como contrario a la Constitución" En la ya citada sentencia C-491 de 1997. En dicho proceso uno de los intervinientes solicitó la inhibición de la Corte por una razón diferente a la de carencia de objeto actual de la demanda por agotamiento del propósito de la ley (argumento que finalmente sustentó el fallo): consideraba que el hecho de que el actor no hubiera presentado copia de la disposición impugnada era razón suficiente para inadmitir la demanda. La Corte desestimó dicha solicitud, pues el actor había corregido dicho error antes del vencimiento del término para la admisión de su escrito ya añadió el argumento que se transcribe. . Ahora bien: estos requerimientos fueron cabalmente cumplidos en el presente caso.
3.4.2. El segundo elemento de toda demanda de inconstitucionalidad es el concepto de la violación, que supone la exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda. En este orden de ideas, al ciudadano le corresponderá (i.) hacer "el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas" (artículo 2 del numeral 2 del Decreto 2067 de 1991), pues "si bien cada ciudadano es libre de escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto (siempre y cuando respete los parámetros fijados por la Corte), considera la Corte que... el [particular] tiene el deber de concretar el o los cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas" Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-142 de 2001 M.P.E.M.L.. Se inhibió la Corte en esta oportunidad para conocer de muchos de los cargos formulados contra algunos numerales de los artículos 223 y 226 del Código Contencioso Administrativo, pues el actor no identificó claramente las disposiciones constitucionales que resultaban vulneradas.. Este señalamiento supone, además, (ii.) la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan Cfr. I.. Sentencia C-142 de 2001. En dicha oportunidad, tal y como fue referido, la falta de claridad en la identificación de las normas constitucionales que se consideraban vulneradas, que sirvió de base para inhibir a la Corte de realizar un pronunciamiento de fondo tuvo que ver con el siguiente hecho: el actor consideró que las normas acusadas contrariaban 76 disposiciones constitucionales, no obstante, la Corte encontró que sólo respecto de 10 de ellos el actor hizo manifiesta una contradicción posible entre el sentido de la disposición constitucional infringida y las normas demandadas, sobre el que precedía un pronunciamiento de este Tribunal. . No basta, pues, con que el demandante se limite a transcribir la norma constitucional o a recordar su contenido.
Finalmente, (iii.) tendrán que presentarse las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 2000). Esta es una materia que ya ha sido objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional y en la que se revela buena parte de la efectividad de la acción pública de inconstitucionalidad como forma de control del poder público. La efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta Corporación, de que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes Cfr., entre varios, los Autos de Sala Plena 244 de 2001 (M.P.J.C.T.) y de 2001 (M.P.J.C.T.. En dichas oportunidades la Corte, al resolver el recurso de súplica presentados por los actores, confirmó los autos en los que se inadmitió la demanda por no presentar razones "específicas, claras, pertinentes y suficientes". . De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra "la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional" Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-898 de 2001 M.P.M.J.C.E.. La Corte se inhibió de conocer la demanda contra algunos apartes de los artículos 186, 196, 208 y 214 del Decreto 1355 de 1970 por ineptitud en la demanda..
La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque "el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental" Cfr Corte Constitucional Sentencia C-143 de 1993 M.P.J.G.H.. Estudió la Corte en aquella ocasión la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 20 de la Ley 3a de 1986, 246, 249 y 250 del Decreto 1222 de 1986. En el mismo sentido puede consultarse la Sentencia C-428 de 1996 M.P.C.G.D., no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.
Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001; M.P.A.T.G., la Corte también se inhibió de conocer la demanda contra Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues "del estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella". "y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita" Sentencia C-504 de 1995; M.P.J.G.H.G.. La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 0624 de 1989 "por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales", pues la acusación carece de objeto, ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador. e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000 M.P.J.G.H.G.. La Corte se inhibe en esta oportunidad proferir fallo de mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo sentido C-113 de 2000 M.P.J.G.H.G., C-1516 de 2000 M.P.C.P.S., y C-1552 de 2000 M.P.A.B.S... Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; "esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden" En este mismo sentido pueden consultarse, además de las ya citadas, las sentencias C-509 de 1996 (M.P.V.N.M., C-1048 de 2000 (M.P.J.G.H.G., C-011 de 2001 (M.P.A.T.G., entre otras. .
De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través "de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada" Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-568 de 1995 M.P.E.C.M.. La Corte se declara inhibida para resolver la demanda en contra de los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley 106 de 1993, puesto que la demandante no estructuró el concepto de la violación de los preceptos constitucionales invocados. . El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos "vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales" Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P.M.G.M.C.) y 244 de 2001 (M.P.J.C.T.) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P.J.G.H.G., C-519 de 1998 (M.P.V.N.M., C-013 de 2000 (M.P.A.T.G., C-380 de 2000 (M.P.V.N.M., C-177 de 2001 (M.P.F.M.D., entre varios pronunciamientos. que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997 M.P.A.M.C.. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo..
La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales Cfr. la Sentencia C-447 de 1997, ya citada. y doctrinarias Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1993; M.P.E.C.M. y C.G.D.. La Corte declaró exequible en esta oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (Código Penal). Se dijo, entonces: "Constituye un error conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto, carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. La doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. No existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal - ámbito ideológico y valorativo por excelencia -, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de constitucionalidad sobre extremos comparables". Así, la Corte desestimaba algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban en teorías del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas demandadas y con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la Constitución. , o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que "el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico" Cfr. I.. Sentencia C-447 de 1997.; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-269 de 1995 M.P.E.C.M.. Este fallo que se encargó de estudiar la Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo 1° literales b y f, es un ejemplo de aquellos casos en los cuales la Corte desestima algunos de los cargos presentados por el actor, puesto que se limitan a presentar argumentos de conveniencia. , calificándola "de inocua, innecesaria, o reiterativa" Son estos los términos descriptivos utilizados por la Corte cuando ha desestimado demandas que presentan argumentos impertinentes a consideración de la Corte. Este asunto también ha sido abordado, además de las ya citadas, en la C-090 de 1996 (M.P.A.B.C., C-357 de 1997 (M.P.J.G.H.G., C, 374 de 1997 (M.P.J.G.H.G.) se desestiman de este modo algunos argumentos presentados por el actor contra la Ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio, C-012 de 2000 (M.P.A.B.S., C-040 de 2000 (M.P.F.M.D., C-645 de 2000 (M.P.A.M.C., C-876 de 2000 (M.P.A.M.C., C-955 de 2000 (M.P. )C-1044 de 2000 (M.P.F.M.D., C-052 de 2001 (M.P.A.T.G., C-201 de 2001 (M.P.J.G.H.G.. a partir de una valoración parcial de sus efectos.
3.4.3. El último elemento que tendrá que contener la demanda de inconstitucionalidad es la razón por la cual la Corte es competente para conocerla (artículo 2 numeral 5 del Decreto 2067 de 2000), circunstancia que alude a una referencia sobre los motivos por los cuales a la Corte le corresponde conocer de la demanda y estudiarla para tomar una decisión. Obviamente, la apreciación del cumplimiento de esta condición ha de ser flexible, puesto que "cuando en el libelo demandatorio se advierta la ausencia de ciertas formalidades o su incorrecta aplicación, lo razonable es determinar si esas circunstancias le impiden a la Corte apreciar la cuestión que se le plantea, por cuanto, si tales carencias o errores no desvirtúan 'la esencia de la acción de inconstitucionalidad' o no impiden que la Corte determine con precisión la pretensión del demandante, se impone la admisión de la demanda"Cfr. Corte Constitucional Auto 024 de 1998 M.P.F.M.D.. En esta oportunidad la Sala Plena consideró que el error cometido por el demandante a la hora de señalar la competencia de la Corte Constitucional para conocer de su escrito aludiendo al numeral 3 del artículo 2 del Decreto 2067 de 2001, en vez del numeral 5, como corresponde en realidad, no constituye un error que atente contra la naturaleza de la acción que se ejerce. Se dijo allí: La decisión que tomó la Corte al resolver favorablemente el recurso de súplica presentado por el actor a quien el M.P. le había rechazado la demanda en contra del en contra del literal a) del artículo 174 de la ley 136 de 1994, se basa en consideraciones ya contenidas en la jurisprudencia de la C-232 de 1997 M.P.J.A.M. (En esta oportunidad se consideró que un error mecanográfico en la trascripción de la norma que establecía la competencia de la Corte par decidir sobre la constitucionalidad de la norma demandada, no era de entidad suficiente para inadmitir la demanda)..
3.5. En el presente caso, y en consideración a que el demandante se limita a afirmar que la norma acusada "[...] deja por fuera de toda posibilidad que el exservidor público, en este caso el Expersonero, haga su vida profesional ejerciéndola, y desde luego laboral, restringiéndolo solamente a ser profesor Universitario" Cfr. F. 2., según se había indicado arriba, la Corte considera que la demanda de la referencia no cuenta con los requisitos necesarios para proceder al estudio de fondo de la norma acusada.
En efecto, si bien la demanda recae sobre una proposición jurídica real y vigente, el artículo 51 de la Ley 617 de 2000 -es decir, si bien la demanda es cierta- e indica que dicho artículo vulnera el derecho al trabajo consagrado en los artículos 25 y 53 de la Constitución -es decir, si bien existe un cargo claro-, ésta no cumple con los demás requisitos que han sido enunciados en este fallo, siguiendo la doctrina reciente de esta Corporación respecto de los requisitos que se deben observar por parte de quien hace uso de la acción ciudadana de inconstitucionalidad.
3.5.4. Encuentra la Corte que el demandante se limita a efectuar una mera afirmación acerca de una eventual consecuencia que supondría la aplicación de la norma en cuestión -consecuencia que tampoco aparece demostrada- y respecto de la que no se realiza estudio alguno de constitucionalidad.
Sentencia nº 11001 3103 033 2013 00474 01 de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, 14 de Mayo de 2014

References: artículo 241
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 40
 artículo 51
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 272
 artículo 96
 artículo 51
 artículo 209
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 241
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 174
 artículo 51