Source: http://juangarciavara.blogspot.com/2010/11/procedimiento-laboral-en-venezuela_8073.html
Timestamp: 2015-10-04 19:33:42+00:00

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Juan García Vara: PROCEDIMIENTO LABORAL EN VENEZUELA (Parte I)
PROCEDIMIENTO LABORAL EN VENEZUELA (Parte I)
Juez Superior del Trabajo Profesor de Postgrado UCV Magister Scientiarum UCV
ProcedimientoLaboralen Venezuela
A los compañeros de estudios en pre y post grados;A los abogados con los cuales mantuve ejercicio profesional (como adversarios o en causas comunes);A los abogados que litigan, cuyas actuaciones posibilita ejercer la judicatura;A los abogados con los que hemos compartido cátedra, exponiendo en aulas (UCV, USM, UCAB), y a los alumnos;A los autores patrios y de doctrina universal que divulgan sus conocimientos en la materia laboral;A los magistrados y jueces por el contenido de sus fallos;A todos ellos, que me han permitido aprender de sus conocimientos, gracias.
El derecho procesal, en cualquier disciplina, nace o surge cuando no se cumplen las obligaciones. Es la forma de lograr el reconocimiento de su derecho por el deudor; obtener coercitiva y efectivamente que se haga honor al derecho que tiene contra otro. Es el instrumento para lograr la justicia, complementa al derecho sustantivo. Se ha llegado a decir que sin su existencia el derecho carece de efectividad.1 El procedimiento, como dice Cuenca,2 es vivo. Nace con la demanda, crece con la contestación, se desarrolla con las pruebas y muere con la sentencia y la ejecución.
La norma sustantiva en nuestra disciplina es de derecho social, también lo es la norma adjetiva; ésta busca un equilibrio procesal para que se logre la justicia social.
Muchos los esfuerzos que individual y colectivamente se han hecho por más de una década para lograr la aprobación de un texto adjetivo de frente a la realidad;3 no solo ajustado a las modernas tendencias procesales, sino muy especialmente que represente la materialización de los derechos de los trabajadores, contenidos en las leyes, sin embargo, para hoy se encuentra incoada una demanda de nulidad de los artículos 9, 10, 44, 48 parágrafo segundo, 73, 126, 135 único aparte y 151 segundo aparte. (Sala Constitucional expediente 03-1290). Aspiramos su declaratoria sin lugar. No menos horas se dedicaron para lograr la creación de la Sala de Casación Social, para que se ocupara de uniformar, con sentido social, la jurisprudencia laboral, alcanzando fallos acordes con el derecho tutelado.
En nuestro discurso de incorporación como Individuo de Número en el Instituto Venezolano de Derecho Social –1992–4, señalábamos:
“En Venezuela disponemos de normas adjetivas especiales a la jurisdicción laboral y, supletoriamente, contamos con disposiciones procesales de carácter civil que regulan aquellos casos en que las normas especiales no tratan la materia específica.(…)Ahora bien, todas estas normas y su interpretación están referidas, como debe ser, exclusivamente, al derecho positivo, por lo que si no hay cambios profundos, sensibles, apreciables, aquella interpretación seguirá igual, con algunas sutiles variaciones.Esta afirmación impone la necesidad de implantar, por la vía legislativa, nuevas formas que permitan una mayor fluidez en las acciones incoadas ante los tribunales del trabajo, habida cuenta que, en su casi totalidad, las acciones se interponen por iniciativa del laborante y no del dador de trabajo, por lo que habrá de entenderse una mayor ‘ventaja probatoria’ a favor de aquel, sin que ello signifique, ni remotamente, una desigualdad procesal, sino que siendo el patrono quien dispone de la prueba, lógico es que la suministre.Transitar todo un juicio laboral, cumpliendo más o menos procedimientos de carácter civilista, salvo contadas instituciones –citación, forma de contestación, lapsos, no significa, en modo alguno, el reconocimiento o ventaja procesal del trabajador, quien por lo general, es el sujeto activo en un proceso judicial laboral.De lo expuesto resulta fácil concluir que en la jurisdicción laboral enfrentamos dos aspectos que atentan contra las características de la reclamación laboral. Por una parte, un procedimiento no ajustado a la realidad, que no requiere ser más breve ni más extenso, porque no nos garantiza celeridad, sino que debe ser más cónsono con los intereses reclamados; y por la otra, la falta de una sala de Casación Laboral que siga procedimientos más simples y que ponga fin a la controversia; esto es, casación sin reenvío.(…)Se hace necesario así la promulgación de un nuevo texto adjetivo que permita condensar en un solo cuerpo todas aquellas disposiciones adjetivas necesarias para la fluidez y efectividad en el reconocimiento de los derechos laborales reclamados por ante los tribunales, sin abarcar los campos reservados a las reclamaciones administrativas, Ley del Seguro Social Obligatorio,(…)Este texto debe contener las disposiciones procesales especiales en esta materia, con la jerarquía legal suficiente para derogar y modificar aquellas normas comprendidas en leyes orgánicas, de manera que contemos, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, con leyes orgánicas especiales a la materia laboral.(…)Resulta imperativo, en primer término, incluir dentro del proceso laboral la institución de la conciliación, con base a una normativa completa que persiga la auto-composición procesal, resolviendo así las apartes su contención; (…)(…)El procedimiento de estabilidad debería incluirse en la Ley Procesal Laboral, excluyéndolo de la Ley Orgánica del Trabajo, pero precisando los puntos que han presentado duda o ambigüedad por parte de los trabajadores, patronos y sentenciadores.(…)Debería establecerse un articulado que permitiese concatenar o unir la solicitud de calificación de despido –estabilidad– con el reclamo de todas las indemnizaciones cuando el patrono se niega a reenganchar al trabajador, luego de la correspondiente sentencia, evitando en esta forma la prosecución de dos procesos judiciales.(…)Es necesario establecer una nueva forma de carga probatoria, partiendo de la contestación de la demanda.En este sentido, si el patrono tiene a su alcance toda la información sobre tiempo de servicio, salario, pagos de indemnizaciones, vacaciones, utilidades, es éste el que debe aportar las pruebas si no está de acuerdo con la información suministrada por el laborante, en cuyo caso la carga de la prueba siempre estará en el empleador, salvo que se niegue la existencia de la relación laboral, caso en el cual la demostración del contrato de trabajo corresponde al actor.(…)A pesar de que en principio nos inclinamos por la ausencia del recurso de casación en los procesos laborales, hasta tanto se den las condiciones para ello, debemos aceptar esta institución; en este sentido, para culminar el procedimiento laboral, en razón de la extrema especialización de nuestra materia, debería crearse la Sala de Casación Laboral, pero no por el simple hecho de tener una Sala, sino porque la idea surge de la circunstancia de que esa casación sería sin reenvío, debiendo la Sala, en caso de casar la sentencia, pronunciarse sentenciando al fondo, con lo cual finalizaría el juicio y evitaríamos las interminables, a veces, oportunidades que un juicio laboral llega a la Sala de Casación Civil.La Sala de Casación Laboral constituiría, quizás la mayor aspiración porque efectivamente se logra que las causas del trabajo sean examinadas con sentido laboral, como derecho social, y no con visión civilista, tan apegada a la inflexibilidad normativa que ha creado hasta una técnica especial para recurrir en casación. Para el recurso de casación laboral se ha de simplificar su procedimiento de manera que sea más sencillo para los formalizantes. (…)”
Habíamos expuesto también en un artículo,5 que: “Para conformar la meta señalada se requiere, en relación con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, introducir nuevas fases en los procesos, que permitan una mayor y más efectiva actividad de las partes, como sería la conciliación; establecer una carga probatoria cónsona con la realidad social, inspirada en la mayor carga probatoria para el patrono, por ser quien dispone de los elementos necesarios para que surja la verdad; establecer formas de pronunciamiento por el Juez que excluyan rigorismos que retardan la producción de las sentencias, simplificando las formalidades en la tarea de sentenciar; obligación de acatar la doctrina de casación de la Sala de Casación Social para todos los casos (…)Si no se consigue incluir éstas y muchas otras modificaciones, máxime cuando se trata de un derecho social, a pesar que dispongamos de una Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de una Sala de Casación Social en el Tribunal Supremo de Justicia, la justicia será lenta, no oportuna, lo que no favorece a demandantes ni demandados, a vencedores y vencidos, no consiguiéndose el postulado contenido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que señala el derecho a la exigibilidad inmediata por el trabajador del pago de salarios y prestaciones sociales; por ello debemos concebir una administración de justicia social moderna, ágil, cónsona con el sagrado derecho de las partes de que sea un juez quien se pronuncie cuando surjan discrepancias entre ellas.”
Hoy nos encontramos con una Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT) que garantiza la protección de los derechos de los trabajadores6, pero, más aun, está concebida principalmente para garantizar a trabajadores y empleadores un “jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada”, para que trabajador y patrono obtenga oportunamente la decisión que ponga fin al pleito.De esta manera el legislador establece órganos jurisdiccionales que únicamente se ocupen de pleitos de carácter laboral. Contempla la formación de tribunales del trabajo para que sólo resuelvan las contradicciones que se suscitan en relación con los derechos que se encuentran reconocidos por las leyes del trabajo y que la Ley ha confiado su decisión a los Tribunales del Trabajo.
Para esto se han creado tribunales a nivel nacional con la competencia laboral, sin facultades para conocer de otras materias, salvo algún ejemplo de justificación temporal.7 Así, en el ámbito de los tribunales que conocen de varias materias, la autoridad competente (Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Comisión Judicial, Tribunal Supremo de Justicia) procedió a separar los expedientes laborales de los otros. Si el tribunal tenía competencia en varias materias –además de la laboral– las causas del trabajo pasaron al tribunal creado con la única competencia laboral; o se pasaban las otras causas –las no laborales– a un tribunal que por su competencia podía pronunciarse sobre las otras materias y dejar al tribunal que conoce en primer momento, con los expedientes contentivos de causas laborales.
Lo anterior trae como consecuencia obligatoria que los jueces del trabajo, entonces, deben ocuparse exclusivamente de los juicios laborales, por tanto deben ser jueces especializados, que conozcan a fondo los temas a dilucidar –sustantivos y adjetivos–, que apliquen las leyes del trabajo y que entiendan la función de administrar justicia como un servicio a la comunidad, como un servicio a todos. Un juez especializado que dé seguridad y confianza a las partes.8
Por último, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) contempla en su articulado la Sala de Casación Social, con lo cual las causas laborales –todas9– también serán revisadas en el máximo Tribunal por una Sala especializada en materia del trabajo, aplicando principios que le son propios a esta disciplina social.
Toda esta implementación logra ciertamente cumplir con los postulados contenidos en la Disposición Transitoria Cuarta.4 de la CRBV, relativos a la autonomía de la jurisdicción laboral.10 Por lo que se refiere a la autonomía del procedimiento, éste está conformado de tal manera que la propia LOPT no contempla supletoriedad de otras leyes adjetivas, salvo por lo que se refiere a los medios de prueba y a las actuaciones para obtener el cumplimiento forzoso de lo decidido –ejecución de sentencia– que remite directamente al Código de Procedimiento Civil, para no repetir disposiciones que son aplicables, pero que no son privativas del procedimiento civil, sin dejar de imprimir aspectos que son propios al derecho laboral procesal, como serían el remate con la publicación de un único cartel y el justiprecio por un perito,11 o en los medios de prueba la exclusión de las posiciones juradas y del juramento decisorio, con la inclusión de la declaración de parte. Si se aplican las disposiciones del CPC como están concebidas se violentan los principios de brevedad, oralidad, inmediación y concentración.
Uno de los rasgos de la autonomía del derecho procesal del trabajo es que varias de sus normas no se aplican en ningún otro derecho procesal. Por ejemplo: presentación de la demanda en forma oral; aceptación de hechos por incomparecencia del demandado para iniciar la audiencia preliminar o la audiencia de juicio, sin poderlos desvirtuar con pruebas; requisitos que debe observar el demandado en la contestación de la demanda; posibilidad de promover pruebas en casación; árbitros designados de una lista elaborada por la SCS del TSJ, no los designan las partes; presentación del escrito de pruebas antes de que se efectúe la contestación de la demanda; control de la legalidad, entre otros.
Y en los casos de laguna procesal, el legislador faculta ampliamente al juez para resolverla. Por el artículo 11 de la LOPT, éste –el juez– puede y debe establecer el procedimiento a seguir, para lo cual puede ayudarse o auxiliarse con disposiciones que se encuentren en otros textos adjetivos, pero que estén concebidas para regular casos análogos; pero no trayendo al procedimiento aquella norma por vía de supletoriedad, sino aplicando su contenido, en la forma que lo considere, porque se refiere a un caso similar, parecido o análogo, teniendo en cuenta siempre que el ejercicio de esta facultad no puede traducirse en imposición arbitraria de formas procesales por el Juez. Obando Garrido opina que el juez debe averiguar la verdad y está investido de libertad para suplir formas procesales inexistentes y que se requieran para la actividad procesal.12 Y siguiendo el artículo 40 del Código Procesal Laboral (Colombia) dice que “Esta norma autoriza al Juez del Trabajo no solamente a utilizar la analogía supletoria o interpretativa sino la libertad de crear formas que se compaginen y adapten a los propósitos y fines del proceso laboral.”13
Pretender la aplicación supletoria del CPC es limitar las funciones del juez del trabajo; las disposiciones del texto adjetivo civil coartan, impiden la intervención eficaz del juez en el proceso laboral y con la rigurosidad en la carga probatoria hace nulos los postulados que persiguen decidir conforme a la verdad; no que gane el que sea mejor abogado o sepa esgrimir mejor los alegatos, sino que se busca la verdad para darle la razón al que la tenga, lo que no implica –por supuesto– la inobservancia de formas procesales, que logran garantizar el debido proceso. Con el articulado de este texto adjetivo se pretende regular todo el procedimiento laboral –condensado en principio en sólo 207 artículos–, pero con la facultad de los jueces, por el artículo 11 de la LOPT, de proponer formas que llenen alguna laguna y, claro está, esperando que sea la Sala de Casación Social del TSJ la que al final establezca estas formas que no están de manera precisa y expresa contenida en la Ley, habida cuenta que las decisiones de la Sala son obligantes para todos los jueces.14 Es cierto que el procedimiento civil sirvió de inspiración al derecho procesal del trabajo y se aplicó supletoriamente. Al comienzo la dependencia era casi total, pero fue paulatinamente distanciándose hasta hoy que podemos hablar claramente de una autonomía, en la cual no está supeditado el derecho procesal del trabajo al procesal civil; quizá cuando el derecho procesal civil adopte definitivamente la forma oral, utilizará o hará suyas formas establecidas por el legislador en el proceso del trabajo.
En resumen, podemos afirmar que con la LOPT –reflejando en sus disposiciones los postulados de la CRBV, que incluyen los medios alternativos de resolución de conflictos–, los laborantes y los dadores de trabajo tienen tribunales y procedimiento propios que permiten obtener de las decisiones la materialización de los principios que caracterizan al Derecho del Trabajo, con la observación de que con este trabajo sólo pretendemos aproximarnos, sin entrar en mayores consideraciones de orden doctrinario, a la manera o forma como ha de entenderse (llevarse) un juicio –y un arbitraje–, en el que se reclamen derechos derivados de la prestación personal de servicios.
Pero también la LOPT materializa los principios contenidos en el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (CPCMI).15 Este código tipo contempla una serie de principios para ser incluidos en los códigos procesales en Iberoamérica, sin pretender regir en algún país, es sólo un modelo para que sirva de base a los países, cuando quieran adaptar su ordenamiento procesal a las técnicas que permitan una administración eficiente. En este sentido la LOPT tomó muchas de las sugerencias del Código Modelo –Bases para la Preparación del Código Procesal Civil– para conformar su articulado, poniendo fin a los interminables juicios que se traducían en denegación de justicia, haciendo más célere los juicios, sin que por ello se violentara el derecho a la defensa y al debido proceso, estableciendo el procedimiento oral, tratando de que el número de jueces sea proporcional al volumen de causas para evitar recargos de trabajo que se traduzcan en retardos en lograr los cometidos, evitando el exceso de notificaciones porque con la primera se entiende que las partes están a derecho, que las sentencias al quedar firmes produzcan los efectos de cosa juzgada, imponiendo las costas al perdidoso o totalmente vencido, dirección del proceso por el Juez; pero falta que a los jueces se les designe asegurándoles su independencia, estableciendo una carrera judicial que le dé seguridad, dignidad y adecuada remuneración.16
En la LOPT se encuentran incluidos la asistencia o representación obligatoria por abogado,17 posibilidad de prorrogar la competencia territorial,18 el arbitraje en única instancia,19 una audiencia preliminar en la cual se intente la conciliación de las partes,20 la prueba de testigos y la declaración de las partes en forma oral,21 hacer uso de medios de prueba no establecidos en la Ley, no prohibidos,22 el juez puede decretar pruebas de oficio,23 apreciación de pruebas por la sana crítica,24 normas que impongan y hagan efectiva la moralidad, lealtad, probidad y buena fe,25 procurar la realización de los principios de publicidad, inmediación y concentración, siendo eficaz para ello la oralidad,26 utilización de medios técnicos modernos para registrar las actuaciones de los procesos orales,27 la ejecución a través de un juez,28 establecimiento del principio de la doble instancia,29 casación con alcance nacional,30 el principio de la gratuidad de la justicia,31 entre otros.
Por último, cabe señalar, que con este trabajo no se pretende un análisis de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sino sólo abordar de manera fácil, práctica, sencilla, el procedimiento a seguir en los juicios del trabajo, con las nuevas causas a partir de la vigencia de la Ley.
principios fundamentales que rigen el procedimiento laboraL
1. Generalidades. 2. Especialidad y autonomía adjetiva. 3. Autonomía de órganos. 4. Gratuidad. 5. Oralidad. 6. Inmediación o inmediatez. 7. Concentración. 8. Publicidad. 9. Abreviación. 10. Contrato Realidad o prioridad de la realidad de los hechos. 11. Valoración de Pruebas. 12. Uniformidad Procesal. 13. Control de la Legalidad. 14. Celeridad. 15. Impulso procesal de oficio. 16. Otros.
La LOPT está estructurada sobre una serie de principios de orden legal que le dan su particularidad y la diferencian de los otros textos adjetivos. Estos principio, en buena parte, vienen dados por la CRBV, cuando en las Disposiciones Transitorias Cuarta.4 ordena a la Asamblea Nacional aprobar una Ley Orgánica Procesal del Trabajo, orientada en varios principios que menciona expresamente.
Entre estos principios citados en la norma constitucional nos encontramos: jurisdicción laboral autónoma y especializada, gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad, rectoría del juez en el proceso.
Por su parte la LOPT, en su articulado,32 refleja los principios anotados en la Constitución y agrega expresamente los de uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, concentración, también de manera tácita se incluyen los de valoración de pruebas y control de la legalidad, impulso procesal de oficio, preclusión, lealtad, conciliación, patrocinio de letrado, irrenunciabilidad, ultrapetita, inembargabilidad, territorialidad, prelación de los créditos laborales, imparcialidad. Vamos a hacer algunas referencia sencillas que nos ilustren los principios, sin entrar en profundas disquisiciones. 2. Especialidad y autonomía adjetiva
La especialidad y autonomía adjetiva se reflejan en el propio derecho procesal del Trabajo. Tiene una autonomía científica, que está representada en los estudio y principios propios de este derecho adjetivo; una autonomía didáctica, porque su enseñanza no se engloba en otras disciplinas, se hace de forma separada; una autonomía legislativa porque tiene normas independientes, se encuentra independizada de las otras materias del derecho; una autonomía doctrinaria porque cuenta con autores que se dedican por entero a esta disciplina, manteniendo cánones que la separan de los otros procedimientos.
Se cuenta con una ley procesal especial, que garantiza un funcionamiento autónomo. Con esta ley procesal se cumplen las pautas contenidas en la Disposición Transitoria 4.4 de la CRBV. 3. Autonomía de órganos
En los juicios del trabajo contamos con una autonomía de órganos. La LOPT circunscribe el conocimiento de las reclamaciones de carácter laboral únicamente en los tribunales que aparecen contemplados en el artículo 14, esto es, los Tribunales del Trabajo que conocen en primera instancia, los Tribunales Superiores y la Sala de Casación Social del TSJ.
No contempla la Ley la posibilidad de que tribunales de otras materias también decidan las causas laborales; sólo por excepción y temporalmente, todavía podemos toparnos con tribunales que además de la materia laboral, conserven el conocimiento de otras disciplinas, pero, como señaláramos, de manera temporal, porque la idea es que los juicios laborales sean conocidos únicamente por Tribunales del Trabajo y que los Tribunales del Trabajo sólo se ocupen de sustanciar y decidir causas del trabajo.
Este principio también ayuda a lograr la autonomía y especialidad del procedimiento.
El artículo 8 de la LOPT establece que la justicia laboral será gratuita; que los Tribunales del Trabajo no podrán cobrar cantidad alguna por la prestación del servicio para la administración de justicia; que los registradores y notarios públicos tampoco podrán cobrar por el otorgamiento de poderes, ni por registro de demandas.
Este principio está señalado en las Disposiciones Transitorias de la CRBV, Cuarta.4 y el legislador lo plasmó en la LOPT, en cumplimiento del mandato constitucional.
Este principio no es exclusivo del procedimiento laboral; otras disciplinas también lo incluyen en su articulado.
De la forma como el legislador aprobó la redacción del artículo, no puede existir duda sobre los sujetos que se benefician del principio de la gratuidad, pudiendo afirmarse claramente que está previsto a favor de las partes –sea trabajador o sea patrono–, no como lo pretendieron entender algunos funcionarios de registros y notarias en el sentido de que el beneficio sólo incluía al trabajador por ser el débil económico, no al dador de trabajo que tenía posibilidades de pagar los gastos en esos despachos oficiales. En oportunidad anterior a la vigencia de la LOPT algunos registros y notarias públicas no dispensaban del pago a los patronos que otorgaban un poder únicamente para hacerlo valer en los tribunales del trabajo y en las oficinas del Ministerio del Trabajo; hoy suponemos que no hay excepción y todos entienden los alcances de la gratuidad.
Ahora bien, la gratuidad tenemos que entenderla en relación con la función de los Tribunales del Trabajo para administrar la justicia, por lo que se refiere al Juez y demás personal que forma parte de los Tribunales del Trabajo –Circuitos Judiciales del Trabajo–, pero no para otras personas que por razones precisas y determinadas, en algún momento, funjan como auxiliares de justicia, a quienes sí hay que pagarle sus honorarios por la gestión realizada, aunque ella sea para lograr la administración de justicia, nos referimos, por ejemplo, a los árbitros en un procedimiento de arbitraje laboral, expertos para determinar veracidad de firmas, cuantificación de conceptos o situaciones que requieren un conocimiento técnico, especial. También exceden de la gratuidad el pago de costas en juicio, gastos de fotocopias para copias simples o certificadas.
Como una manifestación procesal de la gratuidad podemos mencionar a los Procuradores de Trabajadores, quienes están en la obligación de representar a los trabajadores y seguir los juicios, sin cobrar por su gestión, ya que la remuneración de los Procuradores está a cargo del Ministerio del Trabajo, de quien dependen administrativamente.
Podemos sintetizar que la gratuidad tiene por finalidad que los costos del proceso no sea un obstáculo para que el trabajador ejerza su reclamo judicialmente, esto es, evitar que el prestador de servicios, por no tener dinero, quede impedido de ejercer su acción.
5. Oralidad
La oralidad y la mediación son quizás, en nuestro criterio, los dos principios que identifican con mayor propiedad este proceso laboral; éste descansa básicamente en estos dos principios, sin restarle su importancia a los demás. El principio de oralidad viene contemplado en la CRBV en dos de sus disposiciones: Artículo 257 y Disposición Transitoria Cuarta.4.
Con el principio de oralidad, contrapuesto al de formalización escrita, dominante en el proceso civil tradicional se pretende simplificar el proceso, imprimir una mayor rapidez a las actuaciones (…).33 La principal excepción al principio de la oralidad es la demanda, que siempre se ha de presentar por escrito al adversario o demandado.
Para que un juicio oral en materia del trabajo tenga los efectos previstos por el legislador y deseados por las partes y los juzgadores, necesariamente deben darse los principios de oralidad e inmediación de manera conjunta, esto es, que tiene que haber un contacto personal entre el juez, partes, testigos, peritos, de forma tal que la oralidad de los actos presenciados directamente por el sentenciador hagan loable la administración de justicia, buscando la verdad real, material, la verdad verdadera, como también se la denomina; este es el papel activo del juez –sin coartar la autonomía de la voluntad de las partes.34 Además, con esta exigencia –contacto personal– se pone fin a la práctica que hemos llamado “del litigio a distancia”. Los abogados no podrán continuar con la costumbre de redactar y preparar los escritos, interrogatorios, repreguntas en el escritorio, para luego, sin trasladarse al Tribunal, encomendarle su consignación ante Secretaria por otro abogado que no intervino en el estudio del caso, que no está al tanto de los hechos, que no se entrevistó con la parte que representa, pero que por el solo hecho de estar mencionado en el poder puede actuar en el juicio presentando escritos y diligencias cuyo contenido, a veces, ni conoce. El abogado debe estar presente en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio para responder al juez, de viva voz, lo que se le pregunte; también debe oralmente intervenir con la contraparte en esas audiencias, con los testigos, los peritos, lo que impone que el profesional del derecho que asista esté perfectamente enterado de los hechos, haber examinado las pruebas y alegatos que le trasmite su poderdante o asistido, para así desarrollar una cabal defensa del pleito que se le confía. Si no conoce los hechos y pretende contestar con evasivas o en forma vaga e imprecisa la propia ley adjetiva contempla los efectos y consecuencias jurídicas de este proceder.35
Por otra parte, el legislador le asignó al juez en estos juicios orales la función de dirección del proceso y debe estar en los actos –inmediatez– para poder interrogar al actor y al demandado, a los testigos, peritos, para obtener la verdad, lograr, en suma, el beneficio del juicio oral.36
Ahora bien, cuando decimos que el procedimiento participa del principio de la oralidad es porque los actos principales del juicio se efectúan de manera oral, como serían la audiencia preliminar en su actividad de mediación, la declaración de testigos, la declaración de parte, alegatos de las partes al inicio de la audiencia de juicio que representa el contenido del libelo y de la contestación, la sentencia oral, los fundamentos o razones de las apelaciones o de la formalización, según se trate; la manera más clara en que se concreta este principio se encuentra en la propia existencia de un proceso oral, en el que de forma verbal se exponen todas las alegaciones de las partes.37Pero tiene actuaciones escritas –los actos deben constar escritos y firmados–, lo que no le hace cambiar su condición de procedimiento oral, ni tampoco calificarlo como mixto, porque el predominio de la oralidad es determinante, la mayoría de las actuaciones son orales, la oralidad se presenta como el elemento central, exigiendo la presentación de las partes a una hora y día determinado, para oír sus alegatos.
6. Inmediación o inmediatez
Este principio también viene pautado en la Constitución Nacional.
Junto con la oralidad es la columna vertebral del procedimiento oral. Estrechamente ligado al de oralidad, el principio de inmediación garantiza que los actos procesales del juicio oral se van a realizar en presencia del Juez o Magistrado que presidirá el acto.38 por la inmediación el Juez tiene posibilidad de oír a las partes directamente –no por medio de intermediario–, escuchar sus alegatos y defensas, obtener de viva voz el decir de quien habla, porque los actos se realizan en presencia del Juez. En los juicios escritos este principio no esta presente, se daba el caso de que en oportunidades se sustanciaba un expediente, con demanda, contestación, evacuación de pruebas, sentencia, apelaciones y las partes no habían tenido contacto con el juzgador, éste ni los conoció ni los llegó a ver durante el proceso.
Las audiencias –preliminar o de juicio– siempre deben estar presididas por el Juez;39 si el Juez no está presente, la audiencia no puede tener lugar. Los alegatos de las partes deben exponerse frente al Juez y la evacuación de las pruebas también se realiza en su presencia –salvo muy contadas excepciones– de manera que éste tenga conocimiento exacto del contenido de las mismas y pueda precisar los hechos y conductas que no se reflejan en la escritura, pero que al presenciarlas permite al Juez sacar de ellas algunas conclusiones o elementos de convicción. El debate y la evacuación de las pruebas forman parte del expediente y se incorporan a éste en la misma audiencia en que se hacen presentes por la evacuación frente al Juez, salvo la comisión para la evacuación.
7. Concentración Otro de los principios que caracterizan a este procedimiento laboral es la concentración, entendiéndose por tal que el Juez, las partes y las pruebas están juntos.
Con la concentración, representada por la conjugación de Juez, partes y pruebas juntos, se obtiene una sentencia inmediata.
La concentración pretende reunir los actos procesales unos a otros, de modo tal que en un breve lapso se cumpla con la sustanciación de todo el procedimiento: alegatos, evacuación de pruebas, sentencia, por esta razón se ha concebido el procedimiento por audiencias, una preliminar y otra de juicio, dentro de las cuales se deberán realizar prácticamente todos los actos procesales establecidos.40 La concentración busca aproximar los actos procesales, reuniendo en un breve espacio de tiempo la realización de los alegatos de las partes; la promoción y evacuación de las pruebas y por ultimo la sentencia.41
8. Publicidad Los actos procesales deben llevarse a cabo de manera pública, es la oportunidad para que las partes o cualquier ciudadano asista a las audiencias, tenga acceso a ellas, vea la conducta del Juez y de las partes, para hacerse su propio criterio sobre el caso en cuestión, esto es, que la ciudadanía puede presenciar el trabajo de las personas a quienes le entregó la sagrada misión de administrar justicia, de decidir sobre los derechos de los demás. Con la publicidad se puede apreciar mejor la transparencia del proceso.
El artículo 4º de la LOPT regula este principio y establece la posibilidad de la excepción, siempre que esté contenida en la Ley.42 9. Abreviación

References: artículo 92
 artículo 11
 artículo 40
 artículo 11
 resolución 
 artículo 14
 artículo 8
 Artículo 257
 artículo 4