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Timestamp: 2017-01-17 17:15:49+00:00

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Derecho Procesal Civil | Temas de Derecho | Página 2
De la decisión del justiprecio se puede impugnar y los peritos evaluadores son susceptibles de recusación, siendo todas estas actuaciones bien fundamentadas y motivadas. Compártelo:FacebookTwitterCorreo electrónicoMásGoogleTumblrRedditPinterestLinkedInMe gusta:Me gusta Cargando...	Esta entrada se publicó en Derecho Procesal Civil y está etiquetada con definición de justiprecio, el justiprecio, perito evaluador en 27 de mayo de 2012 por Livia Hernández.	El Principio de Publicidad Procesal
Deja un comentario	Rivera (2009), explica que la publicidad en el sentido procesal es hacer público (acceso y lugar) los actos del proceso. La publicidad en el proceso otorga la posi­bilidad a las partes y terceros a que puedan tener acceso al desarrollo del litigio, logrando con su presencia una suerte de control hacia la responsabilidad profesional de jueces En esta acepción la publicidad del proceso puede existir o bien respecto de las partes o en relación con terceros.
Compártelo:FacebookTwitterCorreo electrónicoMásGoogleTumblrRedditPinterestLinkedInMe gusta:Me gusta Cargando...	Esta entrada se publicó en Derecho Procesal Civil y está etiquetada con Principio de Publicidad Procesal en 27 de mayo de 2012 por Livia Hernández.	La Inspección Judicial
3 respuestas	Definición
–El funcionario que la practique debe actuar en ejercicio del cargo: No es válida la inspección no oficial, de carácter privado, nunca tendrá la categoría de inspección judicial. Se aplica el criterio de la prohibición que el juez use su conocimiento particular del hecho como medio probatorio.
–Que se trate sobre hechos: No puede realizarse sobre cosas que no existen, ni sobre deducciones o suposiciones. Los hechos pueden ser cualquier cosa que sea percibida por los sentidos.
Requisitos de Validez –Que no exista prohibición legal de practicar la diligencia: La prohibición puede referirse al objeto de la inspección o al proce­dimiento para practicarla. Por ejemplo, que exista una norma legal que prohíba practicar inspección en determinado caso; o porque se exija que se agote un trámite procesal previo.
–Que la ordenación de la prueba y la notificación sea en forma legal: Este requisito se relaciona con el derecho de defensa de las partes, específicamente con el principio de la publicidad de los actos procesales y para que ellas puedan ejercer el contradictorio.
–Que el juez o funcionario sean competentes: La competencia general para esta diligencia le corresponde al juez de la causa o al investigador en la causa penal (Ministerio Público o funcionarios de policía, artículo 202 COPP). Se cree que en la inspección judicial en el proceso civil no hay posibilidad de comisionar.
–Que no existan causas de nulidad que vicien la inspección: La inspección tiene que cumplir con los requisitos generales de todas las pruebas, la ausencia de ellas vicia la diligencia.
Requisitos para la Eficacia Probatoria –La conducencia del medio respecto del hecho inspeccionado: Por lo general, la inspección es medio idóneo para probar hechos susceptibles de percepción directa por el juez, pero si es necesario aplicar conocimientos especiales no es posible la inspección, para ello se requiere una experticia. Lo mismo acontece cuando la ley exige otros medios, como es el caso de los actos jurídicos solemnes, que de acuerdo a la ley requieren una formalidad especial, como escritura pública en caso de la hipoteca. No podrá probarse la constitución hipo­tecaria con la inspección, pero sí podrá probarse la existencia del documento.
–La pertinencia del hecho inspeccionado: El hecho que se prueba con la inspección debe estar relacionado con la causa del proceso. Es claro que si no hay relación con lo que se discute no influye en la convicción del juez.
–Que el acta sea clara y precisa, redactada conforme a la exigencia legal: El acta debe permitir conocer con seguridad los hechos que fueron observados por el juez. Esa descripción de los hechos debe hacerse, en el caso venezolano conforme al artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se requiere confrontar con los hechos alegados por las partes y para tomarlos en cuenta en la definitiva. En el acta el juez no puede adelantar opiniones ni apreciaciones, por ordenarlo así el artículo 475 ejusdem. –Que no se haya producido una rectificación o retractación del funcionario que realizó la inspección: Si el funcionario expresa que incurrió en error en sus percepciones, bien sea porque confundió las sensaciones y la calificación de ellas, deberá hacerlo constar por escrito; esto significa que el acta de la inspección pierde el valor probatorio. En este caso en el marco del proceso justo es ordenar una nueva inspección y notificar a las partes para que puedan ejercer sus derechos.
–Que no haya reserva legal sobre el objeto de la inspección: Si la ley consagra la reserva legal o el derecho al secreto, la prueba que se realice sobre aquél será ilícita e ineficaz.
–Debe garantizarse el derecho al contradictorio: La prueba debe hacerse mediante constancia pública en autos, anterior a la realización para que las partes puedan ejercer sus derechos. La prueba clandestina es nula, porque viola el derecho a la defensa. No podrá alegarse que es una prueba del juez.
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Deja un comentario	Origen Etimológico
La presunción es un juicio lógico del legislador o del juez, en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho (lo segundo es presunción judicial o de hombre), con fundamento en las máximas generales de la experiencia, que le indican cuál es el modo normal como se suceden las cosas y los hechos. Desde otro punto de vista y cuando son simples presunciones de hombre, son principios lógicos basados en las reglas de la experiencia, que permiten una correcta valoración de las pruebas; por consiguiente, no son en realidad presunciones, sino reglas para el criterio del Juez. Se aprecia de la definición citada una clara distinción entre las presunciones establecidas por el legislador y las que establece el hombre en su práctica judicial. Pero, en ambas, lo fundamental es que hay una aplicación de las máximas de experiencia, que en última instancia se opera a través de la operación lógica inducción-deducción.
Clasificación de las Presunciones Se han realizado diversas clasificaciones de las presunciones. Rivera Morales (2009), siguiendo a Bello Lozano establece las siguientes clasificaciones:
En la Constitución 1- Presunción de inocencia: en el artículo 49 numeral 2 se establece esta presunción. El efecto es que tiene que probarse la culpa­bilidad en caso de establecer responsabilidad penal; es ampli­ficable en materia civil en cuanto a que la buena fe se presume, luego la mala fe debe probarse. Vale indicar que según Rivera Morales, ésta no es, en el sentido técnico, una auténtica presunción, pues no goza de los elementos característicos de aquélla. La doctrina moderna asume que la presunción de inocencia es un derecho y garantía fundamental.
En el Código Civil 1- Presunción de domicilio: el artículo 27 establece la presun­ción que el domicilio de la persona se halla en el lugar donde tiene el asiento principal de sus negocios e intereses. Es un mandato de ley, allí se entiende que la persona en donde sitúa con carácter principal sus negocios e intereses tiene su domicilio, es decir, lo ancla al interés económico, lo cual supone que la persona se mueve o localiza en ese interés.
En el Código de Comercio 1- En los artículos 3 y 10, respectivamente se extiende la califi­cación de actos de comercio a cualesquiera contrato y obligacio­nes de comerciantes (se hace la salvedad cuáles no) y se define quiénes son comerciantes, en el cual se parte de una presunción para definir a la persona natural como comerciante, expresándolo a través de la profesión habitual de comerciar le reputa la califica­ción de comerciante. En principio parece una definición tautológica, pero a nuestro entender lo que hace el legislador es partir de una presunción sobre la base de la profesión o actividad permanente.
En el Código de Procedimiento Civil 1- En el artículo 263 se trata el desistimiento o convenimiento como formas de concluir el litigio, asignándole el valor sentencia con autoridad de cosa juzgada.
Presunciones de Materia Laboral La materia laboral, en general, se orienta sobre el postulado de favor o de beneficio del trabajador. En este sentido las presunciones laborales no pueden desligarse de tal principio. Por definición general, sabemos conforme al artículo 1.397 del Código Civil, que las presunciones legales dispensan de la carga de la prueba a quien la tiene a su favor, esto juega papel fundamental, como especie de nivelador entre la desigualdad de trabajador y patrono, en el derecho laboral.
Presunciones Hominis o Judicial Las presunciones hominis las define Chiovenda (citado en Rivera Morales, ob. cit.) como “aquellas de las cuales el Juez como hombre se sirve durante el pleito para formar su convicción, como la haría cualquiera que razonase fuera del proceso”.
Impugnación En el Estado de derecho entre las garantías del proceso concurre la motivación en las sentencias. El juez debe indicar cuáles son los hechos que considera probados, de dónde devienen y en qué consisten; a su vez tiene que explicitar razonadamente las reglas aplicadas de experiencia o lógicas que le condujeron a establecer esa relación. Más cuando se trata de indicios y presunciones, pues, ninguno de ellos obedece al criterio formal de promoción y evacuación, sino aparecen en el proceso a través de otros medios probatorios. En el caso de las presunciones son razonamientos que hace el juez, de manera que no ha habido posibi­lidad de controlar y contradecir este proceso racional, crítico y lógico, por lo que la única manera es que esté expresado detalladamente en la sentencia para poder ejercer su control con los recursos que otorga la ley. La forma de valoración sólo se podrá conocer en el momento de la sentencia, por ello, como garantía del debido proceso debe ser motivada exhaustivamente.
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References: artículo 202
 artículo 189
 artículo 475
 artículo 49
 artículo 27
 artículo 263
 artículo 1