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Timestamp: 2018-11-14 11:44:07+00:00

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﻿ SENTENCIA T-181 DE MARZO 23 DE 1999
SENTENCIA T-181 DE 23 DE MARZO DE 1999
CONTENIDO:INVESTIGACIÓN PREVIA EN EL PROCESO PENAL. DERECHOS DEL IMPUTADO DURANTE ESTA ETAPA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTIVIDAD PROCESAL PENAL, ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREVIA, INVESTIGACIÓN PENAL, DERECHOS DEL IMPUTADO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:330 DE JUNIO DE 1999, PÁG.1165
•Sentencia T-181 de marzo 23 de 1999
INVESTIGACIÓN PREVIA EN EL PROCESO PENAL
DERECHOS DEL IMPUTADO DURANTE ESTA ETAPA
EXTRACTOS: «En esencia, son cuatro los hechos a tener en cuenta, en orden a determinar si, durante la etapa de investigación previa se vulneraron o no los derechos fundamentales de defensa, al debido proceso y de contradicción del accionante:
1. Al imputado no se le escuchó en versión libre, pese a haberlo solicitado.
2. La resolución de apertura de investigación previa no le fue notificada al imputado quien, por demás era conocido.
3. El imputado era conocido.
4. La investigación previa se prolongó por más de 10 meses.
• Si es discrecional y facultativo del funcionario instructor, decidir si escucha en versión libre a quien lo ha solicitado.
• Si es facultativo del funcionario instructor notificar la resolución de apertura de la investigación previa, cuando el imputado es conocido.
• Si la investigación previa puede prolongarse más allá del término previsto en el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal.
Así, en sentencia C-150 de 1993(2), la corporación esclareció gran parte de las cuestiones interpretativas que plantea la presente acción de tutela, al proclamar la plena vigencia del derecho de controversia probatoria, que es componente esencial de los derechos de defensa y del debido proceso penal, aún en la etapa de investigación previa, con fundamento, entre otras, en la consideración que, por su pertinencia para la decisión que en este fallo se adopta, conviene transcribir, como sigue:
(2) M. P. Drs. Antonio Barrera Carbonell y Fabio Morón Díaz.
“... En materia penal el proceso de desarrolla a través de las etapas de investigación previa, instrucción y juzgamiento, y en las tres se aportan pruebas que deben ser conocidas y controvertidas por los sujetos procesales (...).
Aunque la etapa de la investigación previa es anterior a la existencia del proceso y tiene como finalidad establecer si la investigación debe proseguir o no, es considerada como especial y básica de la instrucción y del juicio. Por tal motivo, no asiste razón que permita la limitación de la controversia probatoria en dicha etapa. Por tanto el principio del debido proceso debe aplicarse en toda actuación judicial.
Con el acatamiento al principio de contradicción se cumple una función garantizadora que compensa el poder punitivo del Estado en cabeza de los funcionarios judiciales, es decir, actúa como un contrapeso obligatorio, respetuoso de los derechos humanos, al permitir la intervención en cualquier diligencia de la que pueda resultar prueba en contra del imputado, sindicado o procesado”.
Es pertinente recordar que en dicho fallo declaró inexequibles algunas normas del Código de Procedimiento Penal, por consagrar restricciones al debido proceso, al derecho de defensa y a la controversia probatoria, durante la etapa de investigación previa.
Ciertamente, en la oportunidad que se menciona, la corporación expresó:
“En lo que hace a la demanda contra la parte del inciso 2º del artículo 7º que autoriza para la etapa de la investigación previa la existencia de excepciones al principio rector de la controversia probatoria y de la presentación de pruebas durante todo el proceso, esta corporación encuentra en primer término que en verdad existe el vicio de constitucionalidad alegado por la demanda, ya que esta etapa procesal aunque tiene como finalidad determinar si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal, y procura el adelantamiento de las medidas necesarias tendientes a determinar si ha tenido ocurrencia el hecho llegado al conocimiento de las autoridades judiciales, si aquél está descrito en la ley penal como punible, si la acción penal procede, permite la práctica y recaudo de pruebas indispensables relacionadas con la identidad o individualización de los autores o partícipes del hecho o su responsabilidad.
... Toda persona, incluso el imputado, tiene derecho a su defensa. Ésta comporta el derecho de controvertir las pruebas que se vayan acumulando contra el imputado, incluso en la etapa de investigación previa, puesto que el derecho de defensa es también indisponible y fundamental. Este principio rector no puede ser objeto de regulaciones que lo hagan impracticable, ni que desconozcan la finalidad del constituyente de rodear del máximo de garantías a la persona que resulta imputada de un posible delito durante la etapa de investigación previa.
Además, debe tenerse en cuenta que bajo las reglas de la nueva Constitución y del nuevo Código de Procedimiento Penal, existe suficiente fundamento jurídico para considerar que las actuaciones de la jurisdicción penal se encuadran dentro de un modelo aproximado al del proceso acusatorio y que esto implica una nueva visión global de las funciones de la Fiscalía General de la Nación y de sus agentes, así como de los jueces penales, dentro de un marco técnico jurídico diverso del que suponía la anterior configuración del proceso penal a la luz de la Carta de 1886 y sus reformas.
Obsérvese que lo que se entiende por “controversia de la prueba” es la posibilidad que tiene el sindicado o imputado de pronunciarse sobre el valor, el contenido y los elementos internos y externos del material recaudado y con base en ello sustentar la argumentación de la defensa. La distinción entre imputado y sindicado es relievante desde el punto de vista constitucional para muchos otros efectos jurídicos y su repercusión es amplia en el orden legal y principalmente en el procedimiento penal; empero, de la interpretación del artículo 29 de la Carta, se advierte con claridad que no es admisible el establecimiento de excepciones al principio de la contradicción de la prueba así en la etapa de investigación previa no exista sindicado de un posible delito; no puede el legislador señalar, como lo hace en la disposición acusada, que en la etapa de investigación previa, existan excepciones al principio de la presentación y controversia de pruebas por el imputado, pues este también tiene derecho a su defensa y a controvertir las pruebas que se vayan acumulando.
No pasa por alto la Corte que en el desarrollo del derecho internacional humanitario y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, se ha establecido esta misma garantía como uno de los pilares fundamentales en la estrategia de fortalecimiento, promoción, defensa y garantía específica de los derechos más preciados, predicables de los hombres.
Así las cosas se reitera que, a la luz de la Carta y de los presupuestos constitucionales del debido proceso penal, no pueden consagrarse excepciones al principio de la contradicción del material probatorio tal y como lo ordena el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal en la parte acusada, en concordancia con la parte acusada del artículo 251 del mismo código, por lo cual habrá de declararse su inexequibilidad...”.
Colígese de lo anterior que la notificación de la resolución de apertura de investigación al imputado conocido, constituye un deber, como claramente se infiere del tenor literal del artículo 81 de la Ley 190 de 1995.
Si ésta fuese meramente facultativa, como lo sostuvieron la fiscalía y el juzgado treinta y dos penal del circuito, la plena efectividad de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la controversia probatoria quedarían supeditados a la discrecionalidad del funcionario instructor, lo cual, riñe abiertamente con el alcance y significado que la Corte Constitucional ha puntualizado para estas garantías y a su plena vigencia aun en la etapa de investigación previa en el proceso penal. No se olvide que en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha afirmado la plena efectividad de los derechos de contradicción, de defensa y debido proceso durante todas las fases que integran el proceso penal y, por ende, también durante la etapa preliminar, actualmente denominada de investigación previa.
Así las cosas, esta Sala considera que al no habérsele notificado al tutelante la resolución de apertura de investigación —pese a tratarse de imputado conocido—, ni habérsele escuchado en versión libre —pese a haberlo solicitado—, en efecto, se le impidió ejercitar durante la investigación preliminar su derecho de contradicción y, por ende, su defensa pues, es bien sabido que, por expresa disposición del artículo 321 del Código de Procedimiento Penal, sólo tiene acceso a las diligencias preliminares el imputado que “rindió versión preliminar”. O sea, la reserva de las diligencias durante la investigación previa, es absoluta si el imputado no rinde versión preliminar.
De ahí que no pueda ser facultativo del fiscal notificar la resolución de apertura de investigación, o escuchar de manera inmediata en versión preliminar a quien la haya solicitado.
Por el contrario, el inciso final del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal (modificado por el artículo 41 de la Ley 81 de 1993— que la Corte Constitucional declaró exequible mediante sentencia C-475 de 1997, es perentorio en señalar:
“... Quien tenga conocimiento de que en una investigación previa se ventilan imputaciones en su contra, tiene derecho a solicitar y obtener que se le escuche de inmediato en versión libre...”.
Sobre este particular, vale recordar que, con posterioridad al fallo que se cita, esta Corte, en sentencia C-412 de 1993(3), descartó la posibilidad constitucional de que la investigación previa tuviese duración indefinida.
(3) M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Si bien la formalización del conflicto Estado-sindicado se constituye formalmente a partir de la resolución de apertura de instrucción, ésta materialmente y de manera gradual se prefigura en la etapa previa. Justamente, la anticipación constitucional del contradictorio en esta etapa, otorgándole al imputado posibilidades de defensa en el campo probatorio, corresponde al reconocimiento que la Corte hace de la conflictualidad actual o potencial que ya comienza a manifestarse en esta temprana fase de la investigación y que exige se le brinden las necesarias garantías constitucionales a fin de que pueda enfrentar equilibradamente al poder punitivo del Estado”.
“16. El principio de respeto a la dignidad humana (C.P., art. 1º), sufre grave afrenta cuando la investigación previa se prolonga indefinidamente, pese a que se sabe que en esta etapa el imputado no dispone de la plenitud de posibilidades de defensa y actuación que le dispensan los estadios subsiguientes, y máxime si aquélla puede avanzar a sus espaldas. La persona investigada es sujeto cuando dispone de suficientes medios para conocer la investigación que se le sigue y defenderse adecuadamente. La investigación previa que se extiende sin límite de tiempo, no obstante la creciente conflictualidad de la relación Estado-investigado, potencia la dimensión del Estado hasta el punto de negar a la persona su calidad de sujeto (C.P., art. 14).
17. El debido proceso que se predica de toda clase de actuaciones judiciales (C.P., art. 29) se aplica a la etapa de la investigación previa. El derecho del imputado a conocer la investigación que se adelanta en su contra, a ejercer en este caso su derecho de defensa... para sólo citar algunos de sus derechos constitucionales fundamentales, obran como razones suficientes para considerar que desde la perspectiva constitucional el proceso comienza desde que las autoridades de policía o de fiscalía reciben la notitia criminis, como quiera que a partir de ese momento el Estado despliega su poder investigativo y su capacidad para limitar e intervenir en la órbita de los derechos y de la libertad de las personas reconocida constitucionalmente (...).
La investigación previa, punto inicial de la función punitiva del Estado, tiene como horizonte la final intervención del juez, lo cual sumado a la necesidad de anticipar a esta etapa el normal desenvolvimiento de los derechos de defensa del imputado, impone sujetar la actuación pública que en ella se realiza a la garantía del debido proceso.
Aceptada la premisa anterior, es forzoso concluir que no se aviene al debido proceso y, por el contrario, lo niega, la configuración de una etapa investigativa carente de término. Se contraviene la idea medular del proceso que se sustenta en la esencialidad y en la previsibilidad de las formas, pues, una etapa indefinida en el tiempo no canaliza ni puede servir de molde idóneo a la actividad del Estado que reclama disciplina y orden y que, en la investigación del delito debe avanzar de manera progresiva y a través de una serie de actos vinculados entre sí y orientados hacia un resultado final que necesariamente se frustraría si a las diferentes etapas no se les fija término, más aún si son contingentes y puramente instrumentales como acaece con la investigación previa.
18. El ejercicio anticipado del derecho constitucional al debido proceso (C.P., art. 29), correlativo al desarrollo de la función investigativa y punitiva del Estado, proscribe la actuación investigativa que se prolongue indefinidamente en el tiempo. La ausencia de término específico para la investigación previa, legitima inconstitucionalmente las más excesivas dilaciones toda vez que su finalización podría coincidir con el momento de la prescripción de la acción penal. Aparte de que esa eventual arbitrariedad —convalidada por la norma legal acusada— obliga al investigado a soportar una excesiva carga anímica y económica, representa para el Estado costos nada despreciables en términos de recursos humanos y materiales (...).
20. El derecho a la presunción de inocencia, que acompaña a toda persona hasta el momento en que se la condene en virtud de una sentencia en firme (C.P., art. 29), se vulnera si no se comunica oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los hechos, de modo que ésta pueda, desde esta etapa, ejercer su derecho de defensa conociendo y presentando las pruebas respectivas. La inocencia como valor individual compromete su defensa permanente, la cual mal puede diferirse a un momento lejano luego de que el Estado sin conocimiento del imputado y por largo tiempo haya acumulado en su contra un acervo probatorio que sorprenda y haga difícil su defensa. A este respecto cabe agregar que el debido proceso exige que las reglas que lo gobiernan, en lo posible, sean sustancialmente inmunes a los abusos. La ausencia de términos precisos para las diferentes etapas induce a la discrecionalidad de los funcionarios y fomenta la proclividad al abuso. En el presente caso, la lealtad procesal puede verse afectada si se deja transcurrir el tiempo sin informar de la actuación a la persona investigada mientras el Estado sigilosamente acopia las pruebas que serán usadas en su contra...”.
A este respecto, es también pertinente traer a colación la sentencia C-475 de 1997(4) en la que la Corte Constitucional precisamente esclareció este punto, al examinar la constitucionalidad de los artículos 319 a 324 del Código de Procedimiento Penal, en los siguientes términos.
(4) M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
“El debido proceso que se predica de toda clase de actuaciones judiciales se aplica a la etapa de la investigación previa. Dado que es en el proceso donde con mayor intensidad y plenitud de garantías puede participar el imputado, la investigación previa debe tener un período razonablemente breve, circunscribirse a asegurar las fuentes de prueba y a verificar el cumplimiento de los presupuestos mínimos que se requieran para ejercer la acción penal (...).
“El derecho a la presunción de inocencia, que acompaña a toda persona hasta la momento en que se la condene en virtud de una sentencia en firme, se vulnera si no se comunica oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los hechos, de modo que ésta pueda, desde esta etapa, ejercer su derecho de defensa conociendo y presentando las pruebas respectivas”(5).
(5) Corte Constitucional. Sentencia C-412 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
En suma, resulta violatorio del debido proceso, convocar a un sujeto para que rinda versión preliminar o declaración indagatoria cuando la actividad inquisitiva del Estado se ha postergado hasta conseguir un cúmulo tal de elementos probatorios que hagan imposible o particularmente ardua la defensa. En estas condiciones, puede afirmarse que el Estado debe permitir que el sujeto investigado rinda versión libre o indagatoria, tan pronto resulte posible formular, en su contra, una imputación penal”.
Conclúyese de lo anterior que la interpretación tanto de la fiscalía, como del juez de instancia, son contrarias no sólo al tenor literal de las normas legales —artículos 321 a 324 Código de Procedimiento Penal y 81 de la Ley 190 de 1995— sino, a reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corte Constitucional que afirma la plena vigencia de los derechos al debido proceso, a la controversia probatoria y de defensa, inclusive en la etapa de investigación previa del proceso penal.
El presente examen también evidencia que el entendimiento que la fiscalía ha dado a la posibilidad de prolongar la etapa de investigación previa, contraría la interpretación constitucional, por lo cual, la extensión de esta fase, más allá del término previsto en el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, evidentemente comporta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. No en vano el legislador califica el término allí previsto como “máximo”.
Quedó asimismo, esclarecido que la Corte Constitucional también ha desvirtuado que pueda ser facultativo del fiscal el oír en versión libre al imputado que lo solicita, pues sólo quien la ha rendido adquiere, en virtud de esa actuación, la plenitud de los derechos de contradicción y controversia probatoria en materia penal.
Por ello, cuando quien tiene conocimiento que en su contra se adelanta una averiguación penal, solicita ser oído en versión preliminar, tiene el derecho de obtenerlo, pues así expresamente lo preceptúa el ya citado artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, cuando señala que el fiscal tiene el deber de escucharlo “de inmediato en versión libre”, según reza la norma en comento.
Una interpretación distinta de la que la Corte Constitucional ha prohijado, en razón a lo dispuesto en el ya aludido artículo 321 del Código de Procedimiento Penal —que somete a reserva la investigación previa a menos que el imputado haya rendido versión libre—, conduciría al absurdo de que el fiscal podría coartar al imputado la posibilidad de actuar en el proceso penal, pues, en últimas ello dependería del juicio subjetivo del funcionario instructor, lo que implicaría que no sería un derecho del imputado, sino una atribución del primero.
La hipótesis en que es facultativo del fiscal recibir la versión libre, es cuando el imputado no la solicita. Empero, como quedó establecido, en este sumario ocurrió precisamente lo contrario.
Las consideraciones precedentes, conducen a esta Sala a apartarse de la decisión del juzgado treinta y dos penal del circuito, que consideró improcedente la acción de tutela. Así como a prevenir al señor Fiscal General de la Nación para que adopte las medidas que aseguren la estricta observancia de los artículos 321 a 324 del Código de Procedimiento Penal y 81 de la Ley 190 de 1995. Y, al Consejo Superior de la Judicatura —Sala Jurisdiccional Disciplinaria—, en orden a que adelante las investigaciones a que hubiere lugar.
Empero, esta Sala advierte que en el curso del proceso en efecto, se vulneraron los derechos al debido proceso y de defensa, al omitirse notificar al imputado de la resolución de apertura de la investigación previa; al denegársele al imputado el derecho a rendir versión libre y al prolongarse esta etapa más allá del término máximo de 4 meses que el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal contempla para su duración.
Así las cosas, esta Sala revocará el fallo del juzgado que denegó la tutela por improcedente, al tiempo que prevendrá a la Fiscalía General de la Nación para que dé estricto acatamiento a lo dispuesto en los artículos 321 a 324 del Código de Procedimiento Penal y 81 de la Ley 190 de 1995, para evitar que su inobservancia, acarree nuevas vulneraciones del derecho al debido proceso y a la defensa en las investigaciones previas».
(Sentencia T-181 de marzo 23 de 1999. Magistrado Ponente. Dr. Fabio Morón Díaz).

References: resolución 
 resolución 
 artículo 324
 artículo 7
 artículo 29
 artículo 7
 artículo 251
 resolución 
 artículo 81
 resolución 
 artículo 321
 resolución 
 artículo 324
 artículo 41
 resolución 
 artículo 324
 artículo 324
 artículo 321
 resolución 
 artículo 321