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SENTENCIAS RECIENTES EN MATERIA TRIBUTARIA
DE LAS CORTES DE APELACIONES Y DE LA CORTE
SUPREMA: DICIEMBRE DE 2009
RECENT RULINGS ON TAX MATTERS FROM THE COURT OF
APPEALS AND THE SUPREME COURT: DECEMBER OF 2009
P ATR IC IO M ASBERNAT *
RESUMEN: El presente estudio analiza un grupo de sentencias de las cortes
de Apelaciones y Suprema, en materias v inculadas al Derecho Tributario. En
ellas se puede observ ar las líneas jurisprudenciales, los v otos de minoría, y
las materias que normalmente se debaten en Chile. Est e trabajo intenta
hacer observ aciones acerca de aspectos que las sentencias normalmente no
tratan debiendo hacerlo, o que tratan de modo def iciente. Asimismo, el autor
intenta mostrar las def iciencias argumentales de las sentencias en relación
a las conclusiones obtenidas.
ABSTRACT:This paper analyzes a group of judicial decisions f rom the Court
of Appeals and the Supreme Court, in matters connected to Tax Law. I n
them, it is possible to observ e the jurisprudential lines, the minority v otes,
and the matters that normally are debated in Chile. This work tries to make
observ ations about aspect s that the judgments normally do not mention, or
that are treated poorly. Also, the auth or attempts to show def iciencies in the
argumentation of the judgments f or obtaining conclusions.
Key words: judgments, Tax Law, remedy f or appeal, nullity.
En estas páginas, expondré acerca de un grupo de sentencias que
recaen en litigios tributarios o aduaneros, dictadas recientemente por
diversas Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Esta metodología
busca mostrar cuáles son las materias acerca de las cuales se litiga, su
contenido, las líneas jurisprudenciales (si las hubiere) o los debates
(contradicciones de criterios) entre las decisiones judiciales, etc. Finalizaré
con algunas observaciones acerca de las sentencias expuestas 1 .
1. CASO “HINOJOSA BERTOLINE, CARLOS C/ SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS”, CORTE DE APELACIONES DE
CONCEPCIÓN, SENTENCIA DE 1 DE DICIEMBRE DE 2009, AUTOS
ROL 475-09. RECURSO DE APELACIÓN, RECHAZADO
(PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN TRIBUTARIA). MATERIA:
PRESCRIPCIÓN, ONUS PROBANDI, EFECTOS DE LA NULI DAD DE
PROCEDIMIENTO SUSTAN CIADO POR FUNCIONARIO
INCOMPETENTE O CON POTESTADES JURISDICCIONALES
El contribuyente interpuso reclamación en contra de liquidaciones de
impuestos efectuadas por el SII. Obteniendo fallo adverso, lo apela. Por los
fundamentos explicitados más adelante, la Corte de Apelaciones rechaza el
recurso y confirma la sentencia impugnada.
En su apelación, plantea que ha operado la prescripción de la
obligación tributaria y su respectiva acción de cobro, por lo que debieran
dejarse sin efecto las liquidaciones reclamadas correspondientes a
períodos tributarios de 1999, 2000, 2002. La reclamación fue interpuesta
en junio de 2003 y proveída primeramente por un juez delegado que no
tenía facultades para ello, de manera que, sostiene, dicho acto nulo no
pudo interrumpir la prescripción, lo que ocurrió cuando lo hiz o el juez
natural, el 4 de enero de 2008, fecha a la cual habían transcurridos los
plazos de prescripción que se alegan.
Por su parte, el Fisco de Chile solicita el rechazo del recurso,
sosteniendo que no es procedente esta alegación en esta instancia, ya que
conforme a los arts. 123 y siguientes del CT en relación al art. 148 CT no
resulta aplicable en el procedimiento de reclamación lo dispuesto en el 310
La Corte de Apelaciones decide, respecto de este punto, que la
excepción de prescripción pue de ser alegada en cualquier estado de la
causa y en segunda instancia, antes de la vista de la causa, conforme a lo
dispuesto en el art. 310 CPC, por aplicación supletoria, conforme a lo
dispuesto en el art. 2 CT.
El apelante, asimismo, sostiene, que el SI I no ha probado legalmente
que las facturas objetadas sean falsas, que no ha tachado de “no fidedigna
la contabilidad del contribuyente”; por lo que no procede rechazar el costo
de las facturas cuestionadas para los efectos del IRPC y no cabe presumir
ningún retiro para los efectos del IGC.
Respecto de los hechos, la Corte recuerda que el SII practicó las
liquidaciones en abril de 2003, las que el contribuyente reclamó en junio de
2003; que por sentencia de septiembre de 2003 se rechazó el reclamo, el
que fue apelado; resolviéndose la apelación en sentencia de diciembre de
2006, en que la Corte invalidó todo lo obrado en la causa por no haber sido
conocida por el tribunal establecido en la ley, disponiéndose que debía la
reclamación ser tramitada y resuelta por el funcionario que corresponde,
anulándose todo lo obrado desde la providencia del reclamo.
Agrega que conforme al art. 24 inciso final CT, el término necesario
para declarar la prescripción se suspende durante el período en que el SII
se encuentre impedido de girar la totalidad o parte de los impuestos
comprendidos en una liquidación, lo que ocurre cuando ha sido objeto de
un reclamo por parte del contribuyente. Por ello, continúa razonando, la
reclamación presentada suspendió el término de prescripció n; estado que
se mantiene hasta que se resuelva por sentencia ejecutoriada la
presentación efectuada por el contribuyente en orden a que se deje sin
efecto la liquidación practicada. La circunstancia de que se haya decretado
la nulidad de todo lo obrado no obsta a dicha conclusión, porque es el
reclamo presentado por el contribuyente el que tiene la virtud de suspender
el curso de la prescripción, acto procesal que no quedó afectado por la
declaración de nulidad, pues dicha resolución judicial dispuso que d ebía
ser tramitada y resuelta por el funcionario competente.
Asimismo, recuerda que según el art. 200 CT existen dos plazos para
en el número 5 del artículo 23. de acuerdo al art. sin que el SII tenga carga alguna en dicho sentido. pues ello aparece de un modo claro de la misma norma. Con ello. SENTENCIA DE 11 DE DICIEMBRE DE 2009. Como lo ha indicado la Corte de Apelaciones de Concepción en otras ocasiones (autos rol 1884 -2008) y conforme a lo resuelto por reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. siempre que este sea de aquellos sujetos a declaración y tal declaración no se hubiere presentado o si la presentada fuera maliciosamente falsa. por haberse establecido en la revisión contable llevada a cabo que las facturas en cuestión son ideológicamente falsas. plantea el tribunal de alzada. de un monto distinto al consignado en ellas o a otras circunstancias que las hagan indignas de fe. MATERIA: EXCEPCIÓN DE PRESCRI PCIÓN. desvirtuar semejante imputación..Que el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad que nace de la disposición de que se trata. petición que fue desestimada por el juez tributario (el 14 de enero de 1997). acred itando que las operaciones de que daban cuenta los documentos cuestionados efectivamente se habían realizado. por haberse anulado a su vez el fallo del Tribunal Tributario pronunciado por un funcionario delegado actuando como Juez Tributario. agrega en su C. Di chos giros fueron anulados el 13 de julio de 2006. lo que reproduzco a objeto de un posterior comentario: 18º. 21 CT. RECURSO DE APELACIÓN EN SENTENCIA DE PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN (ACOGIDO). en materia tributaria la carga de la prueba corresponde en todos los casos al contribuyente. DESECHADA El SII efectuó liquidación de impuestos a un contribuyente. ya que como ente fiscalizador de los contribuyente s no tiene la calidad de parte del procedimiento. sea de manera explícita. contado desde que se hizo exigible el impuesto. el SII concluyó que las declaraciones de la reclamante se hallaban en esta última situación. lo que no aconteció. uno que constituye la regla general de 3 años y otro excepcional de 6 años. Posteriormente. correspondía al contribuyente. se volvió a dictar sentencia del mismo reclamo con fecha . 2. CORTE DE APELACION ES DE CONCEPCIÓN. como de un modo implícito cuando se objeta una factura por no fidedigna o falsa. 23 Nº 5 en su letra d) y. inciso tercero letra d). AUTOS ROL 932-09. CASO “FISCO-TESORERÍA PROVINCIAL BIO-BIO C/ REYES Y REYES SOCIEDAD LTDA”. el SII nuevamente giró impuestos. pues ellas pueden corresponder a operaci ones ficticias. limitándose su actuación a lo que le ordena la ley. Frente a ello. 18º. pues ambas hipótesis pueden llevar envuelta la posibilidad de corresponder a operaciones no realizadas. Estas apreciaciones. En el caso sub lite. quien reclamó de dicho acto (el 5 de noviembre de 1996). se encuentran corroboradas por lo dispuesto en el DL Nº 825 LIVA en el art. de objetar no solo las facturas. sino también la efectividad de las operaciones mismas.computar la prescripción.
no puede tener la virtud de suspender la prescripción. 24 CT. el aspecto esencial de este asunto (la prescripción) está en determinar si el reclamo deducido por el contribuyente tuvo la virtud de suspender o no la acción del Fisco p ara perseguir el pago del impuesto. Para la Corte. el Director Regional puede ordenar que se subsane bajo apercibimiento de tenerse por no presentada y. lo que se acoge en resolución de 30 de abril de 2009. por ejemplo por estar fuera de plazo o no estar firmado o por no cumplir con los requisitos” legales 2 . Frente al alegato del contribuyente en orden a que se declaren prescritas sus deudas tributarias reclamadas. De ahí que algunos autores sostengan que “solo existe válida interposición del reclamo cuando aquel se tiene por interpuesto válidamente por el Juez correspondiente. En el procedimiento de cobro. El tribunal de alzada plantea que el reclamo del contribuyente es fruto . conforme al art. En su favor. La Corte expone que consta en el proceso el reclamo de las liquidación interpuesto por el contribuyente el 5 de noviembre de 1996. lo que solo s e verifica con la providencia recaída en él. por lo mismo. El contribuyente intenta evitar el pago de los tributos amparándose en la excepción de prescripción. con lo que se procedió a girar los impuestos. el contribuyente alegó que los impuestos se encontraban prescritos. que es objeto de un recurs o de apelación. al igual que los giros originados en el rechazo de la reclamación planteada. de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2° del art. no puede entenderse suspendido el plazo de prescripción. precediéndose al giro con fecha 8 de marzo de 2008. 125 CT. pues para ello se requiere que cumpla los requisitos de forma y fondo de un reclamo. giros que quedaron sin efectos el 13 de julio de 2006 por haberse anulado a su vez el fallo de 1997 debido a que fue emitido por funcionario incompetente. El impedimento para que el SII gire los impuestos se produce cuando el contribuyente “hubiere deducido reclamación”. en caso de no cumplirse con los requisitos legales. si el SII estuvo impedido. atendido que el procedimiento incoado a partir de dicho reclamo fue anulado. en su caso) hasta que dicho proceso finalice. de girar la totalidad o parte de los impuestos comprendidos en una liquidación cuyas partidas o elementos hayan sido objeto de una reclamación tributaria. cosa que en la especie ocurrió. Posteriormente. planteada a un funcionario que no es Juez. la Corte sostiene que debe analizar si el plazo de prescripción a que se refiere el art. procediéndose al giro con fecha 8 de marzo de 2008. no es po sible girar los impuestos (y multas. desestimado el 14 de enero de 1997. puesto que antes de aquello el reclam o puede tenerse por no interpuesto. 201 CT inciso final estuvo efectivamente suspendido. es decir. Adiciona que. decidida por quien carecía de facultades legales para ello. Conforme con dicha norma (que se reproduce igual que en el fallo de primera instancia) una vez deducida la reclamación. este último alega que el reclamo presentado y proveído en su oportunidad por el Tribunal Tributario no tiene el mérito de susp ender el plazo de prescripción por cuanto esa presentación. se volvió a dictar sentencia con fecha 10 de diciembre de 2007.10 de diciembre de 2007.
Tanto es así. dicha reclamación se tenga por no interpuesta. sentencia que dejó nuevamente abierta la posibilidad del SII de girar los impuestos y multas. agrega. CASO “FISCO-TESORERÍA PROVINCIAL BIO BIO C/ REYES ARANGUEZ. MATERIA: EXCEPCIÓ N DE PRESCRIPCIÓN. resolver este asunto de otra forma atentaría contra la equidad. debieron ser dejados sin efecto. Distinto es que posteriormente. lo que hizo el 8 de marzo de 2008. 24 CT. AUTOS ROL 931-09. se entiende que nunca hubo reclamo legal. SENTENCIA DE 11 DE DICIEMBRE DE 2009. sustanciando indebidamente el proces o. El contribuyente reclamó la liquidación de impuestos (26 de marzo de 1997). Posteriormente. En definitiva. El sentenciador estima incorrecto el análisis del contribuyente en relación al art. DESECHADA Este caso es enteramente semejante al anterior: el actor presenta las mismas pretensiones y el Tribunal resuelve del mismo modo y con los mismos fundamentos judiciales (solo cambia el contribuyente. en el C. Agrega. ya que este es claro en cuanto a que para suspenderse la prescripción solo se requiere que el contribuyente “haya deducido reclamación”. 7. a raíz del referido reclamo estuvo imposibilitada de girar los impuestos. Y esto no ha sucedido en esta causa. que no tiene naturaleza de acto administrativo. se . lo que inhibe al SII de girar los impuestos es la interposición del reclamo y no su providenc ia. no es una decisión de la Administración y. En el procedimiento de cobro. por lo cual la suspensión ha de contarse desde la fecha en que esa reclamación se deduzca y no desde la fecha en qu e fuere proveída. que además se encuentra vinculado con el anterior). pues en tal caso. RECURSO DE APELACIÓN EN SENTENCIA DE PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN (ACOGIDO). giro que fue anulado (13 de julio de 2006) por haberse anulado a su vez el fallo del Tribunal Tributario pronunciado por el Juez Tributario sobre la base de que el funcionario competente era el Director Regional del SII y no quien actuaba delegado por este.del ejercicio de un derecho legal. no se ha visto alcanzado por la declaración de nulidad del procedimiento. se volvió a dictar sentencia (8 de abril de 2008) y se giraron nuevamente los impuestos (22 de abril de 2008). que al anularse el proceso se volvió a tramitar el mismo reclamo. RECURSO DE APELACIÓN (PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN TRIBUTARIA). de modo que basta con el reclamo para que se suspenda el plazo de prescripción de acuerdo a las normas legales. al punto que los giros efectuados después de rechazarse por el Juez Tributario la reclamación. por motivos legales. petición que fue desestimada por el Juez Tributario (6 de octubre de 1997). Por ello. procediendo el SII a girar los impuestos. CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN. 3. fallándose el 10 de diciembre de 2007. que el reclamo presen tado de buena fe ante quien no tenía facultades para resolverlo no pierde el carácter de tal ni puede dejar de producir el efecto de suspensión de la prescripción desde que la autoridad administrativa. RENATO”. por ello.
el SII no ha denunciado que no se hubiere presentado la declaración de impuestos o la presentada fuere maliciosamente falsa. el contribuyente solicitó que se declarara extinguida la deuda tributaria por los mismos fundamentos del caso anterior. la contribuyente. decidiendo en su lugar. COBRO DE TRIBUTOS. MANUEL A. En el procedimiento d e la apelación. 5. multas y demás recargos. pues los hechos son análogos. POR MAYORÍA (VOTO DISIDENTE). SENTENCIA DE 29 DE DICIEMBRE DE 2009. SENTENCIA DE 24 DE DICIEMBRE DE 2009. por parte del Director Regional del SII. plazo aplicable en la especie. AUTOS ROL 3713-09. CORTE SUPREMA. con sus reajustes. la demandante fue notificada y requerida de pago el día 8 de noviembre del año 2000. El recurso se fundamenta en una supuesta infracción de los art s. reguladores de la prescripción extintiva. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO. concluyó el 12 de septiembre de 1997. CASACIÓN DE OFICIO. los jueces del fondo transgredieron las normas legales respectivas. CASO “INMOBILIARIA E INVERSIONES DON VÍCTOR Y COMPAÑÍA LTDA. cuyo cobro perseguía el Servicio de Tesorería. Al no entenderlo así. 4. C/ SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS”. RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO. acogida en definitiva. a la fecha en que la contribuyente morosa fue notificada y requerida judicialmente de pago en la causa ejecutiva de cobro de impuestos.declararon prescritos los tributos (resolución de 30 de abril de 2009). ya que entre el vencimiento del pago del impuesto y el requerimiento judicial para su pago transcurrieron más de tres años. había transcurrido el plazo de tres años. 200 y 201 CT. La Corte Suprema expone los hechos de este modo: el plazo legal en que debió efectuarse el pago del tributo IVA. Dicho asunto fue tramitado por un funcionario con facultades delegadas. ACOGIDO (RECLAMACIÓN TRIBUTARIA). MATERIA: PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA. mediante resolución exenta. C/ SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS”. dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones que revocó la de primera instancia que había acogido la demanda interpuesta y decla rado prescrita una deuda tributaria. intereses. necesario para la prescripción extintiva de la acción ejercida. rechazar la prescripción extintiva de la acción de cobro de tributos alegada. lo que el tribunal rechazó por exactamente las mismas razones. Por tanto. . CASO “LAZCANO MALDONADO. MATERIA: NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR FUNCIONARIO NO COMPETENTE (FUNCIONARIO CON FACULTAD ES JURISDICCIONALES DELEGADAS) La causa comenzó con un reclamo contra una liquidación del SII presentado ante el juez tributario. COMPETENCIA DEL SII En este litigio. AUTOS ROL 2531-08.
obteniendo una decisión por un juzgador imparcial e independiente. Por su parte.La Corte revoca de oficio el proceso. bilateral y con igualdad de derechos p ara las partes. por medio de sus órganos. omitiendo pronunciamiento respecto del recurso de apelación deducido en autos. el Director Nacional del SII. . son de carácter administrativo y no jurisdiccional. defensas y oposiciones. invalidándose consecuentemente todo lo obrado y. los de legalidad. subordinados a ellos. autorizó a los Directores Regionales para delegar algunas de sus atribuciones. que permita exponer adecuadamente las pretensiones. sobre todo para hacer contrapunto del voto disidente el cual revela otra perspectiva válida de este problema. no discriminación arbitraria. y del debido proceso. Agrega que normas del CT y la LOSII autorizan a los directores regionales del Servicio a delegar dichas funciones. reglamentando esta facultad. la Corte deduce que el proceso a que se enc uentra abocada se ha substanciado por autoridades administrativas que carecen de jurisdicción. por fundamentos en general conocidos. el voto disidente estima que no procede la invalidación de la sentencia. tanto al imponer tributos como al fiscalizarlos y resolver las controversias que puedan presentarse. por lo que decide invalidar la sentencia apelada y reponer la causa al estad o que el Juez competente dé el debido trámite a la nulidad y reclamación interpuestas en estos autos. haciendo posible el ofrecimiento. vicio que influye substancialmente en su marcha y en lo dispositivo de su sentencia. considerándoselo derogado conforme a la Constitución. imparcialidad e independencia del órgano que conoce del juicio. La sentencia recuerda que la potestad para resolver estas reclamaciones se ha otorgado al Director Regional del SII. 116 del CT. La función jurisdiccional debe observar los principios constitucionales respectivos. bien común. en su caso. La sentencia recuerda que conforme al antiguo art. De ahí. lo cual se contrapone con diversos principios constitucionales. publicada el DO el 29 de marzo de 2007. Dicha norma legal fue declarada inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional. Esta competencia sería propiamente jurisdiccional y no se trataría del agotamiento de la vía ad ministrativa previa a recurrir a los tribunales. lo que se deriva de la naturaleza y el contenido de la actividad jurisdiccional (poder que tiene el Estado para resolver los conflictos jurídicos particulares. a funcionarios del Servicio. especialmente. aceptación y recepción de los medios de prueba en que aquellas se fundan. conforme al de legalidad. los que no por ello son importantes de mencionar. por consiguiente. artículo 115 CT. reconoce una serie principios en el orden tributario. Asimismo. mediante la aplicación de las normas objetivas que este. ya que las facultades desempeñadas por el funcionario que tramitó el reclamo. estima pertinente disponer). que determinan que el Estado debe ejercer la potestad tributaria. el que deberá ser seguido ante un juez imparcial. por el art. dentro de un procedimiento contradictorio. El debido proceso exige el establecimiento de los tribunales en forma permanente por el legislador y con anterioridad a la iniciación del juicio.
6. se trata de un recurso jerárquico. DESESTIMADO ( PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN). en principio. Erróneamente. ni aún a falt a de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión (art. Le resulta demostrativo de que no existe el ejercicio d e una facultad jurisdiccional. Ello es propio de los procedimientos administrativos..g. se podrá pedir que este se tenga por rechazado (art. Tampoco es obstáculo la denominación que las propias normas tributarias le otorguen a este tipo de procedimiento y a las facultades administrativas que ejerce el funcionario del Servi cio que conoce y resuelve una reclamación de un contribuyente (tales como “juez”. sostiene.La naturaleza del asunto sometido a la decisión del SII. art. la s entencia vincula la adquisición por partes iguales del bien raíz con el pago del precio de la casa. SENTENCIA DE 15 DE DICIEMBRE DE 2009. pese a que tal situación no aparece . en que la sentencia definitiva solo puede ser reemplazada por los equivalentes jurisdiccionales que señala la ley. 135 CT). determinando que este se hace en la misma proporción en que se adquiere el inmueble. el hecho de que si el SII no se pronuncia sobre el reclamo dentro de un plazo de tres meses. pues no existen dos partes en litigio. sin que exista un elemento que lleve a establecer que la cuota de cada comprador sea tal porcentaje. pagado al contado. que la liquidación se funda en q ue él no acreditó los fondos con que financió el 50% de la parte del precio de adquisición de un bien raíz. CASO “SORIA QUIROGA. Sostiene que lo anterior no se condice con la forma en que puede terminar una contienda judicial. MATERIA: LIQUIDACION ES DEL IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO. el que es resuelto conforme a los principios y reglas básicas de cualquier reclamo administrativo. “instancia”). derivadas de que el SII estimó no justificados el origen y la disponibilidad de fondos destinados a financiar inversiones efectuadas en el año comercial 1999. RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO. mas no por el valor que se le pueda dar al silencio del juez que conoce el asunto. El reclamo trae causa en la liquidación de diferencias de IGC del año tributario 2000. pueden inducir a error. JUSTIFICACIÓN DE GASTOS El contribuyente dedujo recurso de casación en contra de senten cia de alzada confirmatoria del fallo de primera instancia que hizo lugar en parte al reclamo en contra de liquidaciones de impuestos efectuadas por el SII. AUTOS ROL 1373-08. 140 letra c). JORGE C/ SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS”. presentado ante la autoridad administrativa que dictaminó sobre una determinada situación tributaria que afecta a un contribuyente. fallo”. 10 COT). las que. CORTE SUPREMA. v. la LOC de Municipalidades. ordenando modificarlas. añade. al contrario. quien siempre está obligado a tramitar y resolver sin que pueda excusarse de ejercer su autoridad. ni un tercero imparcial llamado a resolver la contienda. en su recurso de apelación. no cumple con los requisitos básicos de una contienda judicial. El contribuyente expone. para los efectos de poder apelar para ante la Corte de Apelaciones.
agrega que según reiteradamente ha resuelto la Corte Suprema. a partir de ello. el SII no puede prescindir de las declaraciones de los contribuyentes. Finalmente. el que consiste en una hoj a de trabajo que expresa por cada período mensual las estimaciones de ingresos y desembolsos. aceptan las que la ley rechaza. Lejos de ello. 70 CT. Ello importa una restricci ón al ahorro. 21 CT.mencionada en la escritura. lo que es inaceptable. Asimismo. se trata de un problema de apreciaci ón de . En cuanto a la infracción de normas reguladoras de la prueba denunciada. la Corte Suprema pone de relieve que el art. el art 21 CT obliga al Servicio a atenerse a las probanzas del contribuyente. 70 inciso 1º LIR y art. Establecer los porcentajes del modo expuesto constituye la aplicación de una presunción judicial que no atiende a ningún hecho establecido por los medios de prueba legales. Expone que. al dar fuerza probatoria al informe del fiscalizador sobre gastos de vida del contribuyente. ellas se entienden vulneradas cuando los sentenciadores invierten la carga de la prueba. porque el tribunal aplica una exigencia adic ional. denuncia la infracción del art. los reproches formulados en el recurso se relacionan únicamente con la forma como los jueces del fondo analizaron las probanzas rendidas en el proceso para establecer los hechos. creando una exigencia adicional por vía administrativa que ha sido repudiada por los tribunales superiores de justicia. interpretando tal disposición. De aceptarse el planteamiento del recurrente. Además se infringen las normas señalados al limitar el plazo a que se atiende para considerar los flujos de ingresos y gastos a un año cronológico antes de la inversión. 21 CT no significa que el tribunal deba aceptar el mérito probatorio que de ellos pretenda el propio contribuyente y las conclusiones que este pueda extraer de tales probanzas. pues la obligación consiste en tomarlos en consideración por el tribunal. al omitir ponderar y calificar el mérito de la totalidad de la prueba rendida por su parte. conforme al art. desconocen el valor prob atorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley le asigna uno determinado de carácter obligatorio o alteran el orden de precedencia que la ley les diere. Los gastos de vida del contribuyente deben probarse por el SII de acuerdo al inciso 1º del art. establece una presunción administrativa. 70 LIR y los arts. Asimismo. infringe el art. la sentencia recurrida viola las normas reguladoras de la prueba. como lo es la disponibilidad conforme a los criterios del Director Nacional del SII que. En su análisis. Es decir. y su apreciación es una función jurisdiccional. Se trata de una estimación discrecional. rechazan las pruebas que la ley admite. se llegaría a la situación de que la labor de apreciación de las pruebas se trasladaría al contribuyente. pues no se pronuncia sobre una serie de documentos que avalan los ingre sos obtenidos por concepto de remuneraciones con los que se acredita el origen de los fondos con que pagó parte importante del precio contado de la casa. en el oficio circular N o 8. Se trata de un límite no establecido en la ley. el que carece de antecedentes fundantes de referencia y se construye con supuestos subjetivos. arribaron a las conclusiones que expresaron y. 19 y 20 CC. 21 CT. Por su parte. resolvieron lo que estimaron pertinente.
labor que corresponde a los jueces del fondo y que no puede ser variada por el tribunal de casación. SENTENCIA DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009. hecho que resulta inamovible para el tribunal de casación. inciso 3º letra d) del DL 8 25. desvirtuar semejante imputación. 21 CT. estado que se mantiene hasta que se resuelva por sentencia ejecutoriada la presentación efectuada por el contribuyente en orden a que se deje sin efecto la liquidación practicada. En las sentencias de primera y segunda instancia. corresponde al contrib uyente. sobre la base que la prescripción se suspe nde durante el período en que el SII se encuentre impedido de girar la totalidad o parte de los impuestos comprendidos en una liquidación. que no puede variarlo porque su labor se limita a verificar la legalidad de un fallo en cuanto la ley ha sido aplicada a hechos determinados por los jueces del fondo. lo que en este caso no ha sucedido. con ocasión de examinar sus antecedentes contables. 23. estableciendo un parámetro fijo para ello. ya expuesto. LILIANA C/ SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS”. agrega la Corte. RECURSO DE APELACIÓN. de acuerdo con el art. desembolsos o inversiones. lo que lleva al rechazo del recurso de apelación intentado. el art. 70 LIR instituye una presunción simplemente legal. CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN. acreditando que las operaciones de que daban cuenta los documentos cuestionados efectivamente se habían realizado. . atendiendo a la actividad principal del contribuyente. y exige al contribuyente probar el origen de los fondos con que ha efectuado sus gastos. 7. sea de manera explícita. y d e no hacerlo se presumirá que corresponden a utilidades afectas al IRPC o IRSC.la prueba. lo que ocurre. Por su parte. RECHAZADA (RECLAMACIÓN TRIBUTARIA). a menos que se hayan vulnerado normas que en sí mismas determinen o tasen el valor concreto de un medio probatorio. cuando ha sido objeto de un reclamo por parte del contribuyente. ello aparece de un modo claro de la misma norma. Asimismo. Agrega que el SII tiene la facultad de objetar tanto las facturas como también la efectividad de las operaciones. lo que en el presente caso no ha ocurrido. La reclamación objeto de esta causa. En sede de casación no pueden modificarse los hechos fijados por los jueces del fondo en uso de sus atribuciones legales. AUTOS ROL 59-09. por haber constatado. MATERIA: PRESCRIPCIÓN. tuvo la virtud de suspender el término de prescripción. a menos que se haya denunciado y probado la infracción de normas regu ladoras de la prueba. pues. lo que no aconteció. habiendo atribuido el SII la condición de maliciosamente falsas a las declaraciones de la sociedad reclamante. que procedían de documentación irregular. CARGA DE LA PRUEBA Esta sentencia contiene semejantes fundamentos del caso Nº1. Confirma la sentencia que rechazó la excepción de prescripción deducida. en el Nº 5 del art. CASO “CANNOBIO HEMMELMANN. se estableció que el contribuyente no acreditó que con los ingresos que obtuvo por concepto de sueldos entre los años 1994 y 1999 solventó el desembolso en cuestión.
antes de la dictación de esta ley. en la época en q ue parte de los hechos ocurrieron no existía disposición legal especial expresa que reglara esta materia en el CT. y la sentencia de la Corte de Apelaciones (confirmatoria). Por ello. i. efectivamente. MATERIA: EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN El juez tributario. no procedimiento penal). SENTENCIA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2009.506 (D. al que se agregó el inciso fin al. debiendo aplicarse supletoriamente las normas del derecho común. por lo que no se ría aplicable por ser posterior a la comisión de los hechos– deben declararse prescritas a la época de la notificación del acta denuncia.. confirmando el acta de denuncia y aplicándole una multa reducida al 100% de lo defraudado (en procedimiento de aplicación de multas.como de un modo implícito cuando se objeta una factura por no fidedigna o falsa. “PEDRO MORAL FERNÁNDEZ LTDA. la que agrega el inciso final del art. ACOGIDO (RECLAMACIÓN TRIBUTARIA). en su resolución. el 24 de marzo de 2000. no hacen lugar al reclamo presentado por el contribuyente. la acción prescribe en seis meses desde el día de la comisión del hecho respectivo.e. AUTOS ROL 185-08. 200 CT. declaraciones maliciosamente falsas. esta fue desechada al determinarse que debe tra nscurrir un plazo de seis años. por lo que todas las infracciones cometidas antes del 30 de julio de 1997 –cual es la fecha de publicación de la ley Nº 19. CORTE SUPREMA. 30 de julio de 1997). El procedimiento que ha tenido lugar en este caso es el de aplicación . PROCEDIMIENTO: RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO. El acta de denuncia fue notificada el 24 de marzo de 2000. fundados en el registro de facturas falsas emitidas por proveedores irregulares. 8. sostiene que la materia a que se refiere este proceso ha sido resuelta reiteradamente por ella acogiéndose de modo invariable planteamientos similares al del contribuyente de autos pues. De aplicarse correctamente las normas citadas. 200 CT. escenario que cambió con la Ley Nº19. C/ SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS”. El recurso de casación denuncia qu e la sentencia no dio aplicación al art. porque en la investigación administrativa practicada por el SII.506. se habría rebajado el monto de las multas . que fija un plazo de prescripción de 3 años (contados desde la fecha en que se cometió la infracción) a las acciones que tengan por objeto perseguir las sanciones de carácter pecuniario y otras que no accedan al pago de un impuesto. 94 y 95 del CP contienen el derecho común aplicable a la materia debatida.O. 200 CT. invocando créditos fiscales inexistentes. se detectó que había presentado en el Formulario 29. Presentada la excepción de prescripción por el contribuyente. Dichas normas disponen que. 2 CT que ordena aplicar las normas de derecho común y a los arts. que modificó el art. en el caso de faltas. por los períodos tributarios comprendidos entre diciembre de 1995 y diciembre de 1998. entre otros. no existía norma expresa que reglara el plazo de prescripción de estas acciones. fundándose en el inciso 3º del art. La Corte Suprema.
162 CT. la existencia de una multa no transforma al hecho en falta. no podría sostenerse que al perseguir la sanción pecuniaria estaba conociendo de una falta y que. Es en este plazo que se extingue la acción del Servicio para perseguir las acciones pecuniar ias que acceden a los impuestos adeudados. en fo rma posterior. i.506. Araneda). por lo que el plazo que la ley le otorga al SII para examinar y revisar las declaraciones presentadas es de seis años. plazos en los cuales el Servicio podrá examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. de optar por el envío de los antecedentes al Director Regional para que aplique la multa que correspondiere a través del pr ocedimiento administrativo. no transforma la naturaleza jurídica del hecho ilícito. Por tanto. ya que ella es común a crímenes. puesto que un hecho no puede constituir falta y delito a la vez.. fechada el 24 de marzo de 2000. su art. 95. Asimismo.de multas. 200 CT. Esto se deriva. pues dichos hechos se perpetraron en 1996 y 1997. del inciso 4º del art. Tampoco nos encontramos en un caso de laguna legal que deba . En consecuencia. delitos y faltas. en cuanto dispone que la acción de las faltas prescribe en seis meses y su art. por haber deducido denuncia o querella se “transformó” en delito. que permite deducir acción penal luego de iniciarse procedimiento administrativo. 200 del CT y no. que determina que ese tiempo se cuenta desde el día de la comisión del hecho respectivo. considerando lo resuelto precedentemente. por lo que corresponde dar esa calificación y no la de delitos a los ilícitos objeto de esta causa. asimismo. 94. 94 y 95 del CP. como co rrespondía hacerlo. inc isos 1º y 2º. las disposiciones contenidas en los arts. plazo dentro del cual el Director puede determinar la remisión de los antecedentes al Director Regional para la aplicación de la multa correspondiente. en su oportunidad.506 y tres y cuatro años antes de efectuarse la denuncia. al aplicar equivocadamente en el caso de hechos anteriores al 30 de julio de 1997 el plazo del art. La decisión del SII de no instar por la investigación de delitos tributarios en sede penal. el SII deberá. efectuar una nueva determinación de la multa impuesta. antes de la vigencia de la Ley Nº19. Este fallo tiene un voto disidente (Ministra Sra. la sentencia ha incurrido en error de derecho. la facultad discrecional del Director del SII que contempla el inciso 3º del art. Por tanto. Los plazos de prescripción están indicados en el art. 162 CT. un procedimiento infraccional que persigue la sanción de una mera falta. debe hacerse dentro de los plazos de prescripción. que no comparte esta decisión al ser de la opinión de rechazar el recurso de casación y confirmar íntegramente el fallo en virtud de que en los casos en que la infracción pudiere ser sancionada con multa y pena corporal. Respecto de las facturas fechadas posteriormente al 30 de julio de 1997. se trataba de hacer efectiva la responsabilidad infraccional del cont ribuyente por hechos acaecidos antes de la dictación de la Ley Nº19. Este caso recae en una declaración del contribuyente que ha sido formulada en forma maliciosamente falsa.e. específicamente. sin iniciar la acción penal. optando por iniciar un procedimiento de reclamación administrativa. de modo que el derecho común aplicable es el CP. por lo que el recurso de casación debe acogerse en la parte pertinente.
una vez transcurrido aquel. pudiendo. 162 CT. González no lo exime de estar obligado por las normas tributarias. y ello se ejerce dentro de los períodos señalados en el citado art. fundado en que la Corte de Apelaciones ca lifica como lícito un hecho que la ley tipifica como delito. 97 del CT. González Uriarte. solo “interponer la respectiva denuncia o querella” en sede penal. AUTOS ROL 7640-08. . CORTE SUPREMA. González Uriarte.integrarse por aplicación de normas de derecho común. el SII dedujo recurso de apelación. el SII dedujo recurso de casación en el fondo. EMILIO”. por su participación en calidad de autor del d elito previsto en el art. Schaarmann del cargo de ser autor del delito contenido en el art. En contra de esta última resolución. de trece de junio de 2007. 97 N° 4 incisos 1° y 2º del CT. En contra de la anterior decisión. o procurar la investigación y sanción corporal y pecuniaria del delito tributario que detecte. y se condena al Sr. MATERIA: FRAUDE TRIBUTARIO. CASO “CONTRA GONZÁLEZ URIARTE. 9. es inadmisible pues lleva al absurdo de que el Director del SII solo podría ejercer su potestad sancionatoria dentro del plazo de seis meses. El SII agrega que resulta plenamente aplicable la comunicabilidad de la calidad personal del agente a todos los demás partícipes del delito.506 no existía plazo para ejercer la potestad sancionatoria administrativa. autos rol N° 28. Argumenta que la figura penal que debió ser aplicada por el tribunal era la contenida en el inciso 2º del Nº4 del art. como lo ha sostenido la Corte Suprema en otras sentencias. 200 CT. quie nes deberán responder por su comisión. debiéndose integrar dicha laguna con el plazo de seis meses establecido para las faltas en el CP. es lógico que el sentido de la ley con siste en que dentro de ese período pueda ejercer su potestad sancionatoria e instar la sanción pecuniaria que determine. 97 N° 4 inciso 1º del CT. se absolvió al acusado Sr. RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO (SII. SENTENCIA DE 2 DE DICIEMBRE DE 2009. cual es el de tener la calidad de contribuyente.879. lo cual es manifiestamente contrario a lo dispuesto en el art. Es simplista y literalista aquella afirmación que dice que antes de la modificación introducida por la Ley 19. absolviéndolo por estimar que no se cumplía a su respecto un requisito que exigiría el tipo penal respectivo. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia en la parte que condena al Sr. Además. ya que se trata de un delito especial propio. como se deduce de un análisis sistemático del CT y del CP. y la circunstancia de no ser contribuyente el Sr. RECHAZADO). dentro del plazo que tiene para revisar los impuestos sujetos a declaración ya que es innegable que la principal herramienta de fiscalización que posee el Servicio es el de revisar las liquidaciones y su documentación de respaldo. APLICACIÓN DE LEY PENAL EN EL TIEMPO En sentencia dictada por el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago. Por tanto. cuyo sentido es que el Director d el SII puede ejercer su facultad discrecional de instar para que se aplique solo la multa que correspondiere en el respectivo procedimiento administrativo.
González Uriarte se incorporó recién como delictiva a partir de la dictación de la Ley Nº 19. sino que con el tercero que dolosamente emplee procedimientos para desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas. de 19 de junio de 2001. González Uriarte en calidad de autor del delito de fraude tributario previsto en el art.Finalmente. art. en el período correspondiente. A continuación. como fue la conducta imputada al Sr. efectuada por el recurrente. Esta causa plantea cierta complejidad en sus hechos. esto es. publicada en el DO el 19 de junio de 2001.738. González no era constitutiva de infracción penal alguna de acuerdo a. 97 Nº 4. con posterioridad a los hechos investigados. dicha Co rte comparó la realidad fáctica establecida con el tipo penal indicado. 97 CT. Respecto de la cita. en su sentencia indicó que el hecho punible establecido en la causa no dice relación con el contribuyente. posterior a los hechos denunciados. y determinó que de clarara un IVA crédito fiscal superior al que efectivamente correspondía.738. SACYR pagó al SII como impuestos adeudados. dejando vigente la discusión sobre la eventual aplicación del inciso 1º del número 4º del art. por lo que no corresponde extender la responsabilidad penal a aquellos terceros que hubieran facilitado las facturas o documentos mercantiles falsos que sirvieron para concretar los resultados lesivos para el Fisco.A. Agrega el fallo de alzada que no es posible extender dichos tipos penales (anteriores a 2001) a otras conductas. El SII posteriormente dedujo ac usación particular calidad de coautores de los tipos delictuales establecidos en el art. los que esta última pagó y contabilizó. y solo vino a constituir delito a partir de la dictación de dicha ley (2001). González.. González. un impuesto a la Renta inferior al que correspondía. finalmente. tributos que. consecuencialmente. la Corte Suprema considera plenamente acertadas las fundamentaciones del fallo recurrido. Todo esto lo corrobora la historia de dicha ley (que se comenta latamente). y. pagando un tributo IVA inferior al que correspondía pagar. pues ello es contrario a los principios constitucionales de legalidad y tipicidad. Asimismo. es decir. Ciertos sujetos ingresaron facturas falsas de TRANSMETAL Ltda. el fallo recurrido sostuvo que solo a partir de la dictación de la Ley 19. que son de junio y noviembre de 1999. concluyendo que en esa descripción se supone que el agente del tipo penal es la persona del contribuyente afecto a la carga tributaria. de sentencias anteriores (precedentes jurisprudenciales) avalando s u tesis relativa a la . Bien. por no estar permitida en materia penal la analogía. en la contabilidad de la contribuyente SACYR S. 97 Nº 4 inciso 1 y 2 CT. que merecen una relación de cierta extensión. La Corte de Apelaciones de Santiago. sostiene que es un error cometido en la sentencia de alzada sostener que la conducta que se reprocha al Sr. inciso 1 CT. lo que corrobora que la conducta imputada al Sr. por gastos rechazados. se incorporó expresamente en el inciso final del art 97 Nº 4 CT la conducta realizada por el Sr. Se dedujeron cargos respecto del Sr. 97 Nº4 incisos 1º y 2º CT al momento de los hechos (1999).
En su recurso. ACCIÓN CIVIL EN PROCESO PENAL El Sexto Juzgado del Crimen de Santiago dictó sentencia de primera instancia el 5 de marzo de 2007. MATERIA: FRAUDE ADUANERO. diversas disposic iones CP. AUTOS ROL 8006-08. con el objetivo de sustraerle efectivamente esos dineros. El Consejo de Defensa del Estado dedujo recurso de apelación. absolviendo al acusado. 24 de la ley 19. lo que además se desprende del art. 184 N° 1 y 188 de la Ordenanza de Aduanas. refundiendo los delitos de contrabando y fraude bajo la primera denominación (sea el denominado propio como el impropio). y los arts. pero que igualmente los dineros que implicaron esas adquisiciones irreales se pagaron efectivamente a terceros. 10 N° 2 letra e) de la ley 19. 168 de la OA y el art. CONTRABANDO.738 fue erróneamente interpretado puesto que fue dictada con el propósit o de combatir la evasión tributaria. Entre las normas infringidas se encontraría el art.eventual comunicabilidad a los demás partícipes de la calidad de contribuyente del principal infractor. SENTENCIA DE 3 DE DICIEMBRE DE 2009. que solo tienen fuerza respecto del caso para el que se pronuncian. indicando que los hechos acreditados en el proceso no pueden ser enmendados por el tribunal de casación. procedió a pagar su deuda a Tesorería General de la República Finaliza la sentencia de la Corte Suprema. pues se acreditó que los supuestos materiales adquirido s a TRANSMETAL nunca ingresaron a la SACYR. la Corte Suprema llama a no olvidar que en el sistema del CdePP rige plenamente el sistema del efecto relativo de las sentencias. 10 N° 2 letra e) de la ley 19. RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO. 187 letra f). CORTE SUPREMA. el Fisco alega que la infracción de la sentencia recurrida consistió en calificar como lícito un hecho que la ley penal califica como delito. los hech os derivaron también en la presentación de otra querella criminal. dado que los jueces del fondo son soberanos en su establecimiento y no se adujo a su respecto ningún quebran tamiento de las leyes reguladoras de la prueba que permita su revisión.A. ACOGIDO. dirigida en contra de dos gerentes de dicha empresa. 19 N° 3 CPR. 10. GASTÓN”. una vez determinados los impuestos no pagados producto de la anterior situación. lo que supone resolver caso a caso. por los delitos de apropiación indebida y estafa. Y por otro lado. en una suerte de maquinación de un grupo de personas externas a SACYR. Argumenta que el art. de la contribuyente SACYR S. consta de la misma descripción fáctica que la contribuyente SACYR. pero sin suprimir tal delito. Lehmann del cargo de autor del delito de fraude aduanero.738 y 176. CASO “CONTRA LEH MANN W OLFENSON. absolviendo al acusado Sr.738. por lo que ellos serán considerados para resolver el recurso. y tal como se indica en la propia querella criminal del SII. El Fisco interpuso recurso de casación en el fondo. existiendo identidad material . CdePP y CC. en sentencia de 28 de octubre de 2008. por tratarse de antecedentes fácticos y jurídicos diferentes en cada uno de ellos. que finalmente desestimó la Corte de Apelaciones de Santiago.
se constituyó en el almacén particular de la empresa Central Médica S. no es posible concluir que dicha conducta constituya un hecho punible y que en la misma le haya correspondido participación culpable al acusado. Sin embargo. a la fecha de dictación de la acusación fiscal. por su parte. cantidad o contenido de las mercancías de exportación”. de manera que cualquier acción en los términos de perjudicar los intereses fiscales. derogó el inciso 2º y 3º del art. consiste en que personal fiscalizador del Servicio Nacional de Aduanas. fiscalizando las mercaderías sujetas al régimen suspensivo de derechos ahí almacenadas. y cuestionó la atipicidad de su actuar. a los cuales se encontraba obligado. del tema de la irretroactividad. Por su parte. En cuanto a los aspectos de Derecho.. en su escrito de contestación a la acusación manifestó no haber tenido participación en el injusto. dado que a consecuencia de la absolución se decidió rechazar la demanda civil. Esa norma se ocupó. entonces.738.A. La defensa.738. sin haber pagado previamente los respectivos impuestos y gravámenes que lo afectaban. por estar sujetas la s mercaderías importadas a un régimen suspensivo de almacén particular.A. quedando limitado de conformidad al art. Finalmente. que imponen la reparación patrimonial al Fisco. La sentencia impugnada. ambas circunstancias no fueron acreditadas y por ello la Corte Suprema las desecha. tampoco hizo aplicación del art 9º transitorio de la l ey 19. constatando que en el lugar no se encontraba el consignatario. 10 N° 2 letra e) de la Ley 19. constituye un error de derecho de la sentencia de alzada. 18 del CP y según la nueva redacción de los arts. que constituye efectivamente la infracción establecida . La Corte Suprema enfatiza que la conclusión de haberse despenalizado el contrabando. DO de 19 de junio de 2001. que dispone que los delitos de fraude y contrabando cometidos antes de la vigencia de esa ley se regirían por el actual art 168 de la OA. no es menos cierto que de conformidad al art. y si bien el acusado admite que extrajo la s mercaderías desde el almacén (donde aquellas legalmente debían estar) sin pagar previamente los derechos que se encontraban pendientes. no era constitutiva de delito. 168 y 168 bis de la OA. indicando que el hecho que se tuvo por establecido en la sentencia de primera instancia. La sentencia impugnada concluyó que no obstante encontrarse acreditado en autos el no pago de los derechos correspondientes por parte del acusado en representación de Central Médica S. sin fundamento alguno. como también la falsificación de certificaciones o análisis que se exigen para establecer el peso. ni tampoco la mercadería. 168 bis OA.entre la conducta típica del antiguo delito de fraude aduanero y el ahora contenido en el contrabando impropio. 16 8 de la OA. la sentencia recurrida sostuvo que el art. de modo que no tienen cabida el art 19 N°3 constitucional o el art 18 CP. lo hizo porque debió restituir el inmueble donde aquellas se encontraban y porque cayó en quiebra. el delito de fraude aduanero a la declaración manifiestamente falsa en cuanto al peso.. cantidad o contenido las mercancías de exportación. se vulneraron varias disposiciones del CC. la Corte Suprema describe en s u sentencia los elementos fácticos que constan en el proceso.
El Tribunal de casación cita un precedente judicial: “Como ya se expresó. define expresamente los delitos de fraude y de contrabando (distinción también presente en el art. Recuerda. (Rol N° 2420 08). La sentencia también se sustenta en la historia fidedigna de la Ley N° 19. El tipo penal tiene por objeto castigar conductas que se cometen con ocasión de una operación aduanera.en el art 546 Nº4 del CdePP. El hecho de eludir restricciones legales imperativas para el ejercicio de un beneficio tributario -aduanero obtenido. lo que ha sido objeto de pronunciamiento en diversos fallos de esta Corte. constituye fraude aduanero tanto bajo el imperio de la ley antigua como bajo la nueva. 2420-08 y 4999-08. describiendo con mayor precisión las distintas conductas p unibles. que modificó la Ordenanza de Aduanas. en algunas de las formas indicadas en la norma citada.738.). en detrimento del patrimonio del Fisco”. subsumida bajo el nombre de contrabando. en el sentido que pretende la recurrente (cita los autos rol Nº° 3862 -01. que la Ordenan za de Aduanas establecía en su art. lo que se contrapone con toda idea de derogac ión del hecho punible objeto de esta causa. el de contrabando. distinguió el contrabando propiamente tal del inciso segundo. pero además bajo la forma de delito de resultado y no de peligro como en su redacción anterior. la norma definía el fraude aduanero como todo acto que elude o frustre las disposiciones aduaneras precitadas con el ánimo de perjudicar los intereses fiscales en cualquiera forma. La modificación legal se limitó a refundir en un solo delito los que antes eran los de fraude y contraban do. con verdaderas figuras de fraude bajo la forma del denominado “contrabando impropio”. que se configuran como modalidades de comisión de un mismo delito. evitando los defectos actuales. destacando que la reforma “busca que tenga mayor acogida jurisprudencial [la persecución de fraudes]. La Ley 19. sobre la base de que el legislador tuvo como propósito explícito el de combatir la evasión tributaria. y bajo esta última denominación. 168 OA. publicada en DO de 19 de junio de 2001. argumenta que el art 9° transitorio de la Ley Nº 19. una de las cuales consiste precisamente en ejecutar la acción descrita en el proceso .738 . 168.738 sobre Normas para combatir la evasión tributaria. vigente a la fecha del hecho de autos. asimismo. De ello se evidencia el claro propósito del legislador de mantener la figura del fraude aduanero toda vez que los elementos del tipo corresponden a ella. lo que se refleja tanto en las discusiones parlamentarias como en el Mensaje del Presidente de la República. incurre en delito de contrabando el que introduzca mercaderías extranjeras desde un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores gravámenes. pero encaminadas a obtener cualquier beneficio tributario. como lo ha estimado la sentencia recurrida”. como ya se ha dicho. Finalmente. 24 de la Ley 19. ya sea en e l orden externo o interno. de lo cual se deriva la falta absoluta de ingreso en arcas fiscales del mismo. o al resto del país. antes de la reforma.738). defraudando la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieran corresponderle. introdujo en su art 10 letra e) diversos cambios en el art 168. a mejorar técnicamente los tipos penales descritos en el art. En efecto. La historia muestra que las enmiendas de carácter penal y su redacción apuntan en lo esencial.
Por su parte.dispone que los delitos de fraude y contrabando cometidos con anterioridad a la fecha de publicación de esa ley. de la prueba rendida en el juicio oral para dar por establecida la participación del recurrente como autor del delito de fraude al Fisco. El recurrente argumenta que la sentencia impug nada no se ajustaría a las exigencias legales. en relación con los arts. vicios que configurarían la causal de nulidad invocada. la reforma no modificó la entidad de las penas aplicables a e stos delitos. funcionarios policiales de Investigaciones de Chile. Por lo anterior. la sentencia acoge el recurso de casación en el fondo. 297 del CPP. no cumple con el estándar y metodología de valoración que prescribe el art. inciso 3º. presentados en la audiencia de juicio oral. RECHAZADO. efectuado en la sentencia. considerándolos como delito tipificado en el artículo 239 CP de fraude al Fisco. se regi rán por el actual art 168 de la OA. lo que se traduce en que el fallo no cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por la normativa respectiva. Díaz Caroca. letra c). realizándose la audiencia el 20 de Noviembre de 2009. ya que no exime el hecho de toda pena ni le aplica una menos rigurosa. El recurso se declaró admisible. del que los acusados serían autores. y se hace lugar a todas las solicitudes de la recurrente. lo condenó. PONDERACIÓN DE LA PR UEBA La primera instancia de esta causa fue ventilada ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso. ocurrido en Valparaíso el 13 de Agosto de 2008. El recurrente sostiene que la causal de nulidad se configura por el hecho de que el análisis. como tampoco respecto de la prueba documental y . doctrinales y jurisprudenciales en materia de motivación de las decisiones judiciales. en la valoración de la prueba de cargo. en especial la prueba testimonial constituida por las declaraciones de los testigos funcionarios de Aduana. El recurrente invoca la causal prevista en el art 374. DELITO ADUANERO. que le impone diversas penas en calida d de autor del delito de fraude al Fisco. y 178 Nº 1 de la OA. una calificación distinta. el tribunal dio a los hechos. conforme al art. de modo que la nueva norma no resulta más favorable. 342. no cumple con los requisitos ni con el estándar de convicción legales. En lo que respecta al art 19 N° 3 inciso penúltimo constitucional y al art 18 CP. ARTURO”. El condenado dedujo recurso de nulidad en contra del juicio y de la sentencia definitiva dictada el 22 de Octubre de 2009. del CPP. ilícito por el cual. en la redacción aprobado por el DFL N° 2 del Ministerio de Hacienda de 1997. 168. AUTOS ROL 1188-09. SENTENCIA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2009. 15 Nº 1 CP. previsto en los arts. La acusación fiscal expresó que los hechos imputados constituían el delito de contrabando aduanero. RECURSO DE NULIDAD. CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO. 297 y 340 del mismo texto legal. CASO “CONTRA DÍAZ CAROCA. 11. MATERIA: FRAUDE AL FISCO. letra e). respecto del recurrente Sr. en definitiva. en lo particular.
objetos incautados. no habría llegado al asentamiento de hechos contenido en el fallo recurrido. a continuación. Asevera que. Precisa que lo único que dejan en claro es que el acusado no efectuó materialmente un aforo físico que según ellos debía realizarse. explicando por qué era imposible para el recurrente haber participado en los deli tos que se le imputan. de manejo antojadizo de la prueba indiciaria. esos indicios representan un claro error de apreciación y valoración probatoria. de haber analizado cada uno de los medios de prueba en su integridad. al contrario. A continuación. a las declaraciones de los funcionarios de Aduan a. ninguno de los testigos de cargo antes referidos. Agrega que tampoco ello se desprende de la declaración de los otros testigos presentados por el ente acusador. por el que se le condena. aún más. Adiciona que también se violó el estándar de valoración exigido por el inciso 2º del art 297 del CPP. Continúa argumentando que las conclusiones del tribunal a partir de la prueba no son exactas para probar lo que este dice probado. sería un actuar culpable y/o negligente del funcionario. lo que conduce a concluir al recurrente que el tribunal a quo ha pronunciado su sentencia apartándose de los preceptos del CPP que consagran el estándar de convicción y el principio de duda razonable. señaló ni aportó en parte alguna de sus declaraciones. por otra parte. solidez y coherencia d e las diligencias investigativas llevadas a cabo por la Brigada de Delitos Portuarios de Investigaciones de Chile. normas que establecen un sistema objetivo y racional de valoración de la prueba. de manera tal que. . libro y registro computacional. principio de la razón suficiente). según confirma el propio fallo. Sostiene que a lo anterior se une la falta de veracidad. en circunstancias que no permiten superar la presunción de inocencia del acusado. requiere dolo directo y. que los hechos son efectivamente distintos. El recurso. constituyen una duda razonable acerca de la participación culpable de este. ni menos de los instrumentos y otros objetos incorporados al juicio. en particular. como se desprende de un análisis de la totalidad de las pruebas contenidas en el expediente. lo que habría quedado de manifiesto por lo declarado en el juicio por diverso oficiales policiales. en especial. los principios de la lógica (principio de no contradicción. antecedentes ciertos precisos y contundentes que pudieran hacer ver al sentenciador alguna su participación dolosa. Argumenta que el delito de fraude al Fisc o. que en ningún caso alcanza para sancionarlo penalmente. Concluye que no puede estar más alejada de la prueba rendida lo expuesto por el tribunal en relación a que las presunciones o indicios en su conjunto tendrían la contundencia necesaria para destruir el principio de inocen cia del acusado pues. cuestiona los razonamientos que llevaron a construir los siete indicios que conducen al tribunal a considerar que el acusado cometió el delito de que se le imputa. denuncia los principios de valoración d e la prueba que estima infringidos y que se encuentran establecidos por el art 297 del CPP. otorgó pleno valor a la prueba de cargo y. y que. Señala que lo único que podría eventualmente estar acreditado. Agrega que el tribunal a quo solo se hizo cargo parcialmente de la prueba rendida. pero no aportan nada acerca de la existencia de alguna concertación crim inal entre el recurrente (funcionario de Aduanas) y algún tercero tendiente a permitir dolosamente la salida del container de los recintos portuarios.
por su parte. b) El principio de la razón suficiente estaría infringido para el recurrente porque el tribunal daría por establecidos los hechos de la acusación. sino que disiente de sus raciocinios. y 297. básicamente en atención a lo declarado por los funcionarios de aduana. sin que sea procedente reabrir por esta vía la apreciación de la prueba rendida en el juicio. no puede ser acogido. los impugna y controvier te. No contradicción significa que un discurso lógico no puede contener afirmaciones o conclusiones contradictorias entre sí. la Corte lo desestima por estas razones: a) El principio de no contradicción. inicia fundamentando su rechazo del recurso recordando que el recurso de nulidad ex art. de toda la prueba rendida). A la luz de estos principios. consistente en declaraciones contradictorias de los testigos. La Corte afirma que el principio lógico de razón suficiente implica que . En esta parte de su recurso. concordante con la teoría del caso planteada por la defensa. Además. La Corte. por lo que. Respecto de la supuesta infracción de los principios de la lógica a que se refiere el inciso 1º del art 297 del CPP. que el tribunal además valora como prueba del ilícito. es de derecho estricto. La alegación de este vicio así planteada por la recurrente. como ocurre en este caso. y no que no exista contradicción entre declaraciones de testigos. pues ello implicaría entrar a ponderar el fondo en materia de prueba. es posible apreciar que las argumentaciones. en relación con lo dispuesto en sus arts. cuando se funda en la causal prevista en el letra e) de su artículo 374. 372 del CPP. pues ello implicaría que este tribunal entrara a replantearse los raciocinios y conclusiones a que llegaron los jueces de la causa a la luz del mérito de las pruebas introducidas al juicio. 342. letra c) .al omitir la valorización de la prueba rendida favorable al imputado (en definitiva. lo que le está vedado por la ley. el fallo se circunscribirá al examen y resolución de los vicios que determinadamente el recurso denuncia en relación con las leyes y principios que los sentenciadores debieron aplicar al proceder al establecimiento de los hechos de la causa. En consecuencia. no siendo suficiente ni en sí mismas ni en relación a todos los medios de prueba rendidos. Por estas razones. ni cómo este supuesto vicio influye en el establecimiento de los hechos y en la decisión del fallo. es necesario determinar si en la sentencia se cometió la infracción a dichos preceptos que denuncia el recurso. el recurso no señala cuáles serían determinadamente los pasajes o consideraciones del fallo que se encontrarían en contradicción entre sí. reproches y reparos que el recurrente formula en contra de las apreciaciones que formulan los jueces de la causa respecto de la prueba rendida no pued en ser abordados por esta Corte por la vía del recurso de nulidad. por cuanto la infracción al principio lógico de no contradicción. atribución priv ativa de los jueces del fondo. el recurrente no indica cuál es el principio o norma que los sentenciadores habrían infringido al apreciar la prueba de la causa. la Corte advierte que no entrará a hacerse cargo de estas alegaciones del recurso. no encuadra en el concepto que da a entender el recurrente.
de la lectura de ese considerando aparezca el defecto que se le censura. en circunstancias que la causal de nulidad esgrimida exigía demostrar la falta de razón suficiente en el razonar de los sentenciadores cuando se refirieron a la presunción o indicio de actuación dolosa en el acusado. Genéri camente. en relación a otro hecho defendido por el recurrente. sin que. 297 del CPP. En relación a la impugnación de no cumplir con el estándar de valoración de la prueba contemplado en el inciso 3° del art. y. por lo que no resulta admisible. El hecho defendido por el recurrente no e stá dado por acreditado en la sentencia y no es posible entrar a ponderar si efectivamente se encuentra acreditado por la vía del recurso de nulidad. ni cuál habría debido ser el correcto razonar que el sentenciador debió haber adoptado y que lo habría conducido a conclusiones diferentes de aquellas a que arribó. la fundamentación del recurso resulta ambiguo y carente de la necesaria precisión. 297 del CPP. por lo demás. se sustenta en razones de mérito en cuanto a hechos que él considera acreditados. ello no es así. por la otra. Pero aquí el recurso no explica cuál habría sido el error de lógica en que habrían incurrido los sentenciadores por no haber respetado el principio de razón suficiente. A su respecto. Sin embargo. Por ello. específicamente. el recurso recrimina a la sentencia impugnada no haber valorado íntegramente la prueba rendida en el proceso. de algunos documentos. e) Respecto de los indicios que conducen al tribunal recurrido a estimar la existencia de una actividad delictiva. c) En relación a una infracción al principio de falta de razón suficiente de otro hecho defendido por el recurrente. también desestima estas alegaciones. En cuanto al estándar de valoración de la prueba exigido por el inciso 2° del art. . d) El recurso da por infringido por el fallo el principio de razón suficiente.las proposiciones de un discurso deben encontrarse formalmente basadas en premisas que le sirvan de fundamento y las justifiquen como consecuencia o efecto de las mismas. en particular. por no efectuar una fundamentación que permita la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar la conclusión a la que arriba. ni en qué raciocinio de ella se apreciaría dicho vicio. pues no indica cuáles serían los raciocinios o conclusiones del considerando 20º del fallo que adolecerían del vicio que hace valer. ya que aparece considerado en el fundamento 12º del fallo recurrido. el recurso no exp resa en qué consistiría la falta de razón suficiente que imputa a la sentencia recurrida. no se aviene con los requisitos formales de interposición de un recurso de nulidad. también el recurso presenta el mismo vicio. ni señala cuál habría sido un correcto raciocinio que habría conducido a los sentenciadores a asentar una conclusión diferente a la que establecieron. también desestima esta alegación. Por tanto. su falta de precisión impide a esta Corte entrar a considerar cuáles serían exactamente los vicios invocados. En este punto. La gratuidad en las aseveraciones es la contrapartida de este principio.
La excesivamente laxa interpretación de lo que debe entenderse por “interposición o presentación del reclamo” por parte de las Cortes puede conducir (como sucede en estos casos) a que los procesos puedan reproducirse muchas veces y durante muchos años. se encuentra la idea de que la nulidad del procedimiento de reclamo y su “sentencia” (hay fallos anulatorios que plausiblemente le niegan el carácter de sentencia a esta decisión del funcionario incompetente) quitaría virtualidad a la reclamación en orden a interrumpir dicho plazo y. Del mismo modo. El problema se encuentra en que la interpretación y aplicación de la norma del onus probandi es tan extrema y va unida a una facultad de acusación sin prueba tan ilimitada (como . y que por ello no es juez tributario. lo que obsta también al acogimiento del mismo. COMENTARIOS 1. pues si bien la justicia es un fin del Derecho. el Derecho si n forma termina siendo injusto). Si bien esto se funda también en norma legal (en particular. Una tesis que recurrentemente ha sido planteada por las defensas de los contribuyentes. y de principios tan caros para el Derecho (para el Estado de Derecho) como la seguridad jurídica o el carácter formal del Derecho (que es lo que le otorga sus sustancia. y con buenas razones (lo que no significa que comparta todas ellas). Dichos alegatos han sido masiv amente rechazados por las Cortes. debiera entenderse que no ha existido interrupción del plazo de prescripción. Otra constante. esto es. no es idóneo para produ cir la interrupción de los plazos de prescripción de las obligaciones tributarias. con ello.Finalmente. 24) y de los efectos y alcances que dan las Cortes a sus sentencias anulatorias. el art. las Cortes normalmente han rechazado la alegación de los representantes de las Administraciones Tributarias en orden a considerar extemporánea la excepción de prescripción en segunda instancia. en relación a la influencia que en lo dispositivo del fallo recurrido tendrían los errores en la valoración de la prueba que se reclaman. y especialmente si este ha proveído el libelo de reclamación tributaria. El mismo predicamento existe respecto de los reclamos interpuestos ante funcionarios incompetentes (casos 2º y 3º). es especialmente inicuo si se observa que el juez de primera instancia es precisamente quien fiscaliza y exige el cumplimiento de las obligaciones tributarias (de aquellas que estima que existen). y todas ellas en beneficio exclusivamente de la Administración Tributaria. consiste en que la jurisprudencia normalmente hace recaer todo el peso de la prueba en el contribuyente. en beneficio de la actividad recaudatoria y en perjuicio de los intereses y derecho s de los contribuyentes. 21 CT). sin determinar concretamente cuál es la consecuencia que para lo dispositivo de la sentencia acarrean cada uno de los vicios o defectos que denuncia. el recurso formula una declaración genérica. sostiene que la anulación de un procedimiento sustanciado por funcionario con potestades jurisdiccionales delegadas. en materia de procedimiento. sobre la base de las claras normas del CT (art. Implícita en dicha tesis. bajo la falsa premisa que sostiene que las Administraciones Tributarias no son parte de los procesos tributarios. 2.
etc. el voto mayoritario (la sentencia) se equivoca al estimar que solo viendo al procedimiento de reclamación tributaria como uno judicial va a poder darse garantías al contribuyente. como he . y dando carta de legitimidad (otorgándole cualidades que no tiene) a un proceso. En Chile existe una posición un tanto ideológica respecto del contenido de la función judicial (potestad de resolver conflictos) la que. ni Estado de Derecho.322 no concreten adecuadamente la función que la sociedad espera de ellos. En dichas circunstancias.. debe encauzarse en principios de legalidad. y a un decisor que ca rece de imparcialidad e independencia (que desde la racionalidad jurídica no puede ser considerado juez).aparece en el C. El caso 5º muestra que aún sigue abierto un debate que pervive no obstante la existencia de una gran corriente mayoritaria. esconde de tras de sí aspectos esenciales de la realidad práctica. asignándole cualidades que no tiene ni el proceso ni el decisor en cuestión. 4. penal. A su vez. 18º reproducido en el primer caso expuesto). Al evadir este debate. que a mi juicio. Esta situación debiera ser corregida por los nuevos tribunales tributarios de la ley 20. más acorde a valores como el bien común.322. En efecto. corremos el riesgo de que los nuevos Tribunales Tributarios de la ley 20. con todo el valor que tiene la valentía de alzarlo. el voto minoritario. del mismo modo que el procedimiento judicial. hemos perdid o la oportunidad de desarrollar una dogmática de nivel apropiado en el ámbito tributario (en sus aspectos procesal. Sin ella. de la propia “naturaleza de las cosas”. 3. Ello. Considerar juez al Director del SII (o que el SII no constituye parte) ha terminado justificando lo injustificable. etc. justicia. relativo al carácter jurisdiccional o administrativo del funcionario público que resuelve el reclamo tributario. Lo dicho hasta aquí no significa que comparta todos los criterios del disidente. seguridad jurídica. es claramente contraria al principio (y derecho constitucional) del debido proceso y al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. sustantivo. una dogmática que nos ponga a distancia de los abusos del Derecho y que perfile al Derecho haciéndolo más eficiente y garantista. ni imperio de Derecho. La sentencia 5ª muestra el modo en que las sentencias parecen piezas más de retórica que explicaciones de la realidad (que refleje lo que son las cosas y los hechos). todo lo que no sucedió en el caso sub lite. No obstante constituye esta una opinión mayoritaria. tutela efectiva de derechos. si bien tiene aspectos razonables. habría llegado a la misma resolución anulatoria pero por razones diferentes: el procedimiento. infraccional. que a mi parecer explica algo mejor el carácter o naturaleza del procedimiento de reclamación tributaria y de su órgano decisor. aunque de naturaleza administrativa. muestra otra perspectiva de los hechos. tutela de derechos. Fallo de mayoría y voto minoritario parecen no ver ello. Es decir.). aunque llegan a distintas conclusiones. etc. en que una de las partes lo resuelve. no existe tutela de Derecho ni de derechos. si el ministro disidente hubiera tenido presente lo que sostengo. La matización se debe a que un procedimiento administrativo también debe compartir los principios de legalidad y debido proceso. interdicción de la arbitrariedad. debido proceso.
La cuestión se genera. a fin de entregar elementos de juicio al nuevo juez tributario (ley 20. Tal es así. El fallo disidente sostiene que “la decisión del SII de no instar por la investigación de delitos tributarios en sede penal.indicado. tan defendido en nuestro medio .322). esto es. si el camino procesal fuera opcional para el actor. Reitero mi juicio. esconde la realidad: el proceso actualmente vigente no da ninguna garantía. Fuera de lo anterior. 5. no transforma la naturaleza jurídica del hecho ilícito”. debido al principio de efecto relativo de la sentencia. ya anteriormente entregado: hace falta mucho más que nuevos tribunales (que por cierto es un avance ) para modificar este escenario de vulneración de derechos del contribuyente. y a criterios jurisdiccionales restrictivos de la libertad económica del contribu yente (y de su derecho de propiedad). El caso 6º plantea una cuestión recurrente. en lo tributario esta causa plantea nuevamente el grave problema de la justificación de inversiones unido al onus probandi en el ámbito tributario. es profundamente violatorio de los derechos fundamentales procesales (sin considerar otros derechos. optando por iniciar un procedimiento de reclamación administrativa. Nótese que el análisis del disidente es razonable: la naturaleza jurídica de un hecho contrario a la ley no se modifica (como parece sostener el fallo de mayoría) por el procedimiento usado (contencioso administrativo o penal). Una posición garantista no pasa por considerar que da garantías un procedimiento que no las puede dar. Es de esperar que la ciencia del Derecho Tributario chilena sea cada vez más exigente en el análisis que se haga del ejercicio de las potestades de la Administración Tributaria. vinculado al alcance del juicio jurisdiccional en el recurso de casación en el fondo. que en definitiva lo que para algunos (los recurrentes) constituye la labor propiamente del Tribunal de Casación. inclusive) del SII. cómo no existe una respuesta única frente a los casos concretos. se le obliga a efectuar una serie de acciones a fin de precaverse de la acusación (injusta o infundada. al contrario. precisamente porque sobre el contribuyente pes a la carga de la prueba frente a cualquier acusación del Servicio. a mi parecer. sino precisamente por reconocer esta última circunstancia. como se observa en el caso 9º– a predecir un mayor éxito del recurso (como sucede en el caso 10º). Asimismo. en que la naturaleza penal de un hecho es teóricamente mucho más difícil de probar (por el canon de . menor es la posibilidad de que el recurso sea acogido. más posibilidad de desestimación del recurso. como el de propiedad o de libertad de empresa). Por otro lado. mientras más débil haya sido la defensa en el curso del proceso o mientras más veces haya fracasado en el curso al procedimiento de casación (en este caso habían fracasado tanto en primera como segunda instancia). se aumentan las obligaciones del contribuyente. 6. la existencia de precedentes judiciales en la materia ayuda –aunque no asegura. en un exceso de actividad sin cobertura jurídica). aunque no sea fundada. que conforme a criterios de la Administración Tributaria (que efectivamente adicionan o complementan la ley. El caso 8º es de interés porque muestra cómo funciona el Derecho. para otros no constituye más que un esfuerzo por constituir una tercera i nstancia. El problema que se genera es que mientras más legalista y restrictivo el criterio jurisdicci onal.
TGR (Tesorería General de la Rep ública). finalmente. LOC (Ley Orgánica Constitucional). BIBLIOGRAFÍA CITADA U GALDE .e. DFL (Decreto con fuerza de ley). Doctor en Derecho Com parado por la Universidad Com plutense d e Madrid. IRPC (impuesto a la renta de prim era categoría). es concederle fuerza al precedente dictado en esta sede. SII (Servicio de Impuestos Internos). Profesor d e Der echo Tributario. lo que no es jurídicamente posible dada la naturaleza de derecho estricto de este recurso.. R. Estimo que ese sería el razonamiento ínsito en su fundamento.. La incompetencia del letrado en este punto conduce inevitablemente a hacer fracasar su presentación. Nótese lo importante que es conocer los alcances y efectos de dicha categoría. que conduce a que no puede cuestionarse ni aún la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de la instancia. y G ARCÍA . C (considerando). IR (impuesto a la renta). Otro aspecto que puede menciona rse.enjuiciamiento requerido. CP (Código Penal). 7. CPR (Constitución Política). “La prescripción en materia tributaria”. COT (Código Orgánico de Tribunales). Legal Publishing Chile. J. En primer término. Magíster en Derecho por la Universidad de Chile. se vincula con el necesario conocimiento y manejo de categorías de la lógica formal y de la lógica informal que permiten evaluar una sentencia a la luz de la actual norma procesal penal. LIVA (l ey de im puesto al valor agregado). (artículo). DL (Decreto -Ley). a mi juicio. a fin de uniformar criterios jurisprudenciales. por un juez. sin embargo. LO (Ley Orgánica). sobre la pretensión del letrado de constituir el recurso de nulidad en una tercera instancia (como muchas veces sucede con el recurso de casación). Solo de ese modo. IGC (impuesto global complem entario). Lo que se requeriría. no podría exigir la aplicación del estatuto criminal (“un procedimiento infraccional… persigue la sanción de una mera falta”. * Abogado. y que. IRSC (im puesto a la renta de s egunda categoría).cl. 2009. por lo q ue no podría a priori considerarse penal un hecho que no sea sometido a procedimiento criminal y declarado como crimen. LOSII (Ley Orgánica del Servicio de Im puestos Internos). DO (Diario Oficial). 1 En el pres ente trabajo se usarán las siguientes abreviaturas: art. CPC (Código de Procedimiento Civil). por las exigencias de prueba y de convicción del tribunal) que su naturaleza infraccional. E-m ail: pmasbernat@utalca. CT (Código Tributario). SNA (Servicio Nacional de Aduanas). i. . Lo interesante de estas causas es la dualidad de criterios entre la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Los casos 9 y 10 se refieren a causas criminales. 8. son s uficientes para justificar la existencia del recurso de casación en el fondo. Licenciado en Der echo por la Pontificia Universidad Católica de Chile. IVA (impuesto al valor agregado). LIR (ley im puesto a la renta). OA (Ordenanza d e Aduanas). CPP (Códig o Procesal Penal). IA (impuesto adicional). sostiene el fallo de mayoría). la administrativa. se le podrá aplicar el estatuto criminal. en definitiva. delitos fiscales. ambos inciden en problemas de aplicación de la ley en el tiempo. CdePP (Código de Proc edim iento Penal). Si el actor opta por la otra vía. En el caso 11º puede plantearse al menos dos consideraciones. Derecho Económico y Econom ía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.
“La prescripción en materia tributaria”. 2009. Legal Publishing Chile. 2 . R. y GARCÍA. J. 126. pág.UGALDE..
Emma Escalante Meza
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References: resolución 
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 artículo 115
e contrario
 artículo 239
 artículo 374
 resolución 
 resolución