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Timestamp: 2017-07-24 08:39:49+00:00

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Revista Contralínea, periodismo de investigación: marzo 2015
Inteligencia cubana intentó evitar golpe de Estado de Pinochet en Chile
Inteligencia cubana intentó evitar golpe de Estado de Pinochet en Chile En marzo de 1972 el entonces oficial de la inteligencia cubana Aníbal Riera Escalante fue asignado a la atención de la Estación y las actividades de la CIA en Chile, cuando Salvador Allende ya había ocupado la presidencia http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2015/04/fb-inteligencia-cubana.jpg http://bit.ly/1INbKeo http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/04/01/inteligencia-cubana-intento-evitar-golpe-de-estado-de-pinochet-en-chile/
Opacidad en el Tribunal Electoral ♦ Magistrados del Tribunal Electoral, la obscenidad del dispendio ♦ Reculan los siete magistrados del Tribunal Electoral ♦ Tribunal Electoral teme opinión negativa de los... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2014/05/wp-tribunal-elecoral.jpg http://bit.ly/1GJJ6vv http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/03/31/opacidad-en-el-tribunal-electoral/
Aumenta carga fiscal para Pemex y se van a pique sus ingresos La reforma que transformó a la paraestatal en “empresa productiva del Estado” mantiene la insostenible carga fiscal para la entidad, pese a que ésta contará con menos ingresos http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2015/03/fb-pemex.jpg http://bit.ly/1EtkA26 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/03/31/aumenta-carga-fiscal-para-pemex-se-van-pique-sus-ingresos/
29. marzo, 2015
Autor: Álvaro Cepeda Neri * Conjeturas
I. Una de las dobles actividades políticas que Peña no sabe sistemática y metódicamente desempeñar por su
falta de oficio como jefe de gobierno –y que no aprendió cuando fue desgobernador
del Estado de México– es su obligación y responsabilidad de atraer inversiones y estimularas aquí con sus empresarios que siguen dolidos por su apresurada y autoritaria reforma fiscal-financiera. Así que en cuanto le informan que habrá algo semejante, como cuando se fue a Puebla
para atestiguar que la automotriz Volkswagen agregará inversión que quintuplica con los bajos salarios a sus obreros, con todo y que estos son de los mejores pagados, de inmediato solicita que lo inviten para adornarse. Y cuando los de la cervecera alemana Heineken que compraron la productora Moctezuma anunció que invertiría 7 mil y pico de pesos, se presentó en el acto para elogiar el hecho. Y de paso usar la tribuna (¡cómo le fascina echarse malísimos discursos a la menor provocación!), para quejarse de que no es comprendido por los mexicanos.
Palabras más palabras menos, se refirió a los 80 años de “estabilidad política”; pero calló que repartidos entre las presidencias priístas y panistas. Agregó, además, que se “ha consolidado la democracia”.
En la reunión en Los Pinos, la empresa montó un bar con las cervezas alemanas, y entre broma y seriedad les pidió que “ojalá lo dejarán como legado”. En el sexenio de Calderón hubo uno y en grande, pero con refrescos cocacoleros y coñac, ya que el panista padece adicción a esa mezcla; en tanto López Mateos prefería la cerveza Corona. Peña nos pasó la factura de que no comprendemos que esa estabilidad, democracia y confianza son un tríptico que atrae inversiones nativas y extranjeras para la generación de empleos. Y que esa estabilidad, no rota cada seis años, permanece como atractivo económico. Pero pasó por alto que su administración está presionada por varios frentes que acusan hechos desestabilizadores de carácter político y económico. Y que son nubarrones
que bien pueden desatar una crisis general, al unirse los graves problemas que aquejan a la nación con los asuntos de Ayotzinapa y Tlatlaya.
III. Que Peña siga en “no entender que no entiende” (¿realmente qué le quisieron decir los periodistas ingleses?) no lo libra
de que su frase “Mover a México” se haya revertido contra él; pues de los 118 millones de mexicanos, al menos 100 millones (40 millones desempleados, 50 millones en todos los grados desde la miseria a la hambruna y la pobreza, más 10 millones de indígenas), ya están en contra
del peñismo. Y la estabilidad política, la democracia y la confianza de
los extranjeros están siendo cuestionadas por el mal gobierno peñista, que pinta para ser el peor de los del priísmo y del panismo. Que Peña no comprenda ese malestar social y siga con sus medidas y nombramientos autoritarios, y que “no entienda que no entiende”, no impide que venga un tsunami de inconformidad política con base al
ejercicio de la democracia directa contra la democracia representativa,
que terminará por derribar la confianza.
Nuestros lectores Solidaridad de Comité Premio Carlos Montemayor con Carmen AristeguiDirector de la revista Contralínea:Por medio de la presente le solicito la publicación de la siguiente carta:Ya lo dijo el poeta Pablo Neruda: “Podrán pisotear una flor, pero no van a detener... http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/03/BUZON01.jpg http://bit.ly/1GxVnD5 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/03/29/nuestros-lectores-165/
Premios y castigos en el priísmo Domingo, 29 de Marzo 2015 Contralínea 430 / del 29 de Marzo al 04 de Abril 2015 http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2015/03/mgalindo-430.jpg http://bit.ly/1GxULgN http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/03/29/premios-castigos-en-el-priismo/
29. marzo, 2015 Autor: Álvaro Cepeda Neri * Contrapoder
La llamada “fuga” al pueblo de Varennes es un hecho histórico. Sucedió cuando el rey Luis XVI, de la monarquía preconstitucionalista, y su esposa María Antonieta deciden ejecutar su plan de huir de París, Francia, tras el estallido de las revueltas que, violentamente, evolucionaron hasta crear la Revolución de 1789 que obsequió a la humanidad los derechos del hombre y del ciudadano. Días antes de esa partida, ante los reclamos de manifestantes que demandaban trigo para hacer el pan, María Antonieta se gastó la broma sarcástica de
ordenarle a la servidumbre: “denles pastelillos”, que sobraban en las despensas de la familia real.
protestas aumentaban y el rey y la reina, con sus incondicionales, decidieron huir pasando por Varennes, donde fueron detenidos y hechos prisioneros, hasta no recibir la orden de la Asamblea para dejarlos continuar su viaje que hicieron con notables errores: “Los dioses ciegan
a los que van a perder… pero antes los apendejan un poco”; y así el pueblo de Varennes se convierte en el preludio para hacer caer las cabezas de ambos, y con eso la caída del antiguo régimen. El ensayo sobre ese hecho histórico de François Furet y Mona Ozouf en el Diccionario de la Revolución Francesa (Alianza editorial) es espléndido. Y existe la novela de Catherine Rihoit: La noche de Varennes, con la que Ettore Scola nos brindó una magnífica película con el mismo título.
Cuando el 15 de julio de 1789 Luis XVI preguntó: “¿Es una revuelta?”, le respondieron: “No, majestad, es una revolución”. Lo anterior es para ilustrar la caricatura de María Antonieta y Luis XVI que de ese episodio están recreando Angélica Rivera
y Enrique Peña Nieto –toda proporción guardada–, pues la pareja imperial
mexicana, menos dramática pero no menos real, insiste en subestimar el malestar social que encabeza la revuelta de Ayotzinapa. Y a la que se suman los problemas del empobrecimiento de más de 50 millones de mexicanos, el desempleo de 40 millones, más de 200 mil homicidios (desde
el calderonismo a la fecha), más de 100 mil desaparecidos, secuestrados, y la perversa impunidad que se otorga a funcionarios, policías, militares, marinos, agravada por la sangrienta inseguridad que
ya quebró la paz social.
Todo esto y la incapacidad peñista para activar el crecimiento económico, ya estancado, y sus 11 reformas con sus cientos de reglamentos inútiles, tienen al inquilino de Los Pinos entre la espada y la pared
de los magistrales análisis que nos han ofrecido los reporteros Alonso Urrutia y Emir Olivares titulados: “Engreído por las reformas, el gobierno de Peña tuvo en 2014 espectacular descalabro” y “La administración peñista se desbarrancó en 2014, el año consagrado a consolidarse” (La Jornada, 30 y 31 de diciembre de 2014).
Se entiende por régimen al conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder, y el ejercicio del poder político en el contexto del Estado que representa la estructura jurídico-constitucional como medio para los fines conquistados por un pueblo-nación. Y el presidencialismo posrevolucionario (1946-2014) del priísmo-panista ha tenido toda clase de bichos que fueron corrompiendo ese régimen, hasta ponerlo al borde del despeñadero al que pueden precipitar los problemas acumulados; algunos con soluciones a medias, pero la mayoría pospuestos e irresueltos tras las 12 monarquías
sexenales (Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de La Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña), que no tuvieron una cabeza política, pero sí fueron y son
voraces ladrones con sus camarillas que abusaron del poder presidencial, a la par de los gobernadores y presidentes municipales.
Todos ellos han llevado al sistema-régimen a su actual crisis general por la dramática pobreza masiva; el despiadado desempleo; la compra-venta de la impartición de injusticia
de los poderes judiciales federales y estatales, que culminan en una Suprema Corte de Justicia de la Nación al servicio de las complicidades con los intereses del presidencialismo (lo cual fue comprobado recientemente, cuando 10 ministros se opusieron a la celebración de las consultas populares, violando derechos humanos de los mexicanos con todo
el descaro del despotismo, apoyados por la manipulación de la oligarquía de Televisa, Carlos Slim, Germán arrea, Tv Azteca, etcétera).
Y no hay que olvidar que ese brote de revuelta social no es sólo derivado de los sucesos de Ayotzinapa y Tlatlaya. Éstos tan sólo fueron los catalizadores de la explosión por el
malestar acumulado del pueblo, que ante tantos problemas sin solución, le está pasando la factura al monarca abortado del Grupo de Atlacomulco, que se tambalea asido al tríptico de un golpe de Estado (ya
en marcha por los militares como policías), una represión sangrienta para someter las rebeliones sociales o la renuncia de Peña como la huida
del otrora rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, en una caricatura de la noche de Varennes.
Indignación por represión podría avivar el movimiento social en Guerrero
29. marzo, 2015 Autor: Edgar González Ruiz * Opinión
En marzo de 2011, la editorial Anagrama, de Barcelona, publicó la obra Mein Kampf. Historia de un libro,
del periodista francés Antoine Vitkine, quien a lo largo de 263 páginas
se refiere a los orígenes, influencia y difusión del famoso libro de Adolfo Hitler, Mi lucha, que es el evangelio del nazismo.
esa obra, el fundador del nacionalsocialismo pregonó la supuesta superioridad de la raza aria, el antisemitismo a ultranza, la idealización de la fuerza, así como la agresión militar contra otras naciones.
Hitler escribió Mi lucha en 1923, cuando estaba recluido en la cárcel de Landsberg, luego de haber participado en un fracasado intento de golpe de Estado.
Desde entonces, el futuro dictador halló a quienes se identificaran con sus ideas, que encontraron terreno fértil
en algunos sectores de la sociedad alemana de la época; de tal suerte que alguien le facilitó una máquina de escribir para elaborar el escrito, mientras que otros procuraron hacerle más llevadero su encierro
y hasta le enviaron libros para fortalecer su alegato del odio racial.
En la edición del libro, encontró también apoyos valiosos, por ejemplo de sus editores que idearon el título Mi lucha, en lugar del que Hitler había escrito originalmente: Cuatro años y medio de lucha contra las mentiras, la estupidez y la cobardía (página 25).
Diez años después, cuando Hitler llegó al
poder, al frente de su Partido Nacionalsocialista (Nazi), esos penosos comienzos habían quedado atrás, pues ahora, el libro “…lo compran centenares de miles de personas. Bajo el Tercer Reich, Mein Kampf deja su impronta en la Alemania nazi. Su difusión alcanza la colosal cifra de 12 millones de ejemplares. Calificado de ‘Biblia nazi’,
ofrecido a todas las parejas que se casan, enseñado a los niños, promovido por medio de campañas publicitarias innovadoras, es impreso incluso en alfabeto braille” (página 8).
En las escuelas, las ideas racistas expresadas en Mein Kampf constituían la base de la enseñanza de la historia.
En la Alemania nazi, los niños aprendían a leer en textos “que incluyen regularmente trozos del Mein Kampf y los pasajes varían de acuerdo con la edad de los niños que escuchan la lectura” (La educación en la Alemania nazi, Ediciones Alba, México, página 40).
Preguerra y posguerra
Vitkine divide su historia de Mein Kampf en
dos partes, correspondientes a la preguerra y la posguerra; en la primera de ellas llama la atención la abundancia de complicidades que encontró el movimiento nazi y su evangelio.
Así, “el Vaticano, cuya ambigüedad ante el nazismo es bien conocida, se negó a poner Mein Kampf en el Index […] como revelan los archivos del Santo Oficio que se hicieron públicos en 2003” (Vitkine, página 55).
Como han documentado algunos historiadores, y como suele suceder con muchísimos libros de moda, o de interés político, desde un principio Mein Kampf, que en su versión completa tiene unas 700 páginas, tuvo mucho menos lectores que compradores o poseedores.
Sin embargo, en la Alemania nazi, las ideas expuestas en él se enseñaban en las escuelas, circulaban en consignas de la propaganda oficial, en discursos, conversaciones, etcétera. Por ello, aunque quizá pocos alemanes leyeron todo el libro, prácticamente todos ellos vivieron bajo su influencia.
Uno de los primeros lectores de Mi lucha fue Joseph Goebbels, el famoso propagandista del gobierno de Hitler y uno de sus principales colaboradores.
Pero también lo leyeron personajes como Winston Churchill y Charles Degaulle, quienes fueron dos de los principales oponentes de Hitler. Ambos recomendaban la lectura de ese libro precisamente para tomar conciencia de lo destructiva que es la ideología nazi.
Vitkine muestra cómo el gobierno nazi procuró que Mi lucha tuviera dos caras: una, para el consumo interno, que eran la versión completa del evangelio
nazi, basado en el odio racial y en el militarismo; otra, para el extranjero, donde se ocultaban los planes nazis de agresión contra países como Francia, y se alegaba que Hitler ya era más moderado que en la década de 1920, que ya no pensaba como cuando era un preso político y
estaba dominado por el resentimiento que le produjo la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial.
Sólo a quienes creyeron en esas versiones del oficialismo nazi, y no tomaron en serio lo que Hitler afirmó en Mi lucha, las agresiones nazis les tomaron por sorpresa en la Segunda Guerra Mundial.
En el mundo de la posguerra, como documenta Vitkine, Mi lucha se sigue distribuyendo y continúa siendo un libro polémico.
En Alemania, y particularmente en Baviera, donde se ubica Landseberg, la cuna de Mein Kampf,
este libro se ha prohibido, lo cual suele justificarse por el temor a fomentar el neonazismo, pero esa censura parece reflejar, más bien, el temor de los alemanes a reconocer que el nazismo, con todas sus atrocidades, se generó en ese país.
En naciones del mundo islámico, lo mismo en Egipto que en Turquía, según documenta Vitkine, Mein Kampf ha encontrado defensores ardientes, simplemente por el tradicional conflicto árabe-israelí.
Algo similar ocurre en regiones de Rusia y
de países de Europa del Este, donde el antisemitismo estaba muy arraigado y donde, a la caída del bloque socialista, han florecido las tendencias ultraderechistas.
Paradójicamente, Israel es uno de los países donde a partir de 1995 se ha difundido Mi lucha, pero en una edición crítica, y con el objetivo de dar a conocer en su versión original las ideas del nazismo.
En cuanto a la difusión internacional de ese libro, resume Vitkine: “hoy Mein Kampf,
tanto en versiones integrales como abreviadas, se publica y se vende en
todo el planeta: Grecia, China, Bulgaria, Japón, Croacia, Rusia, Nueva Zelandia, Corea del Sur, Australia, Italia, India, Turquía, Finlandia, Indonesia, Colombia, Holanda, Marruecos, Dinamarca, Argentina, Brasil y España son algunos de los países donde Mein Kampf está en las librerías”, (página 195).
En nuestro país, el nazismo siempre ha tenido presencia en pequeños círculos ultraderechistas, que son casi invisibles ante la sociedad.
Vitkine no se refiere a México, excepto para mencionar que fue uno de los primeros países donde se publicó Mi lucha después de la Segunda Guerra Mundial: en 1950, mientras que en Italia, España y Brasil se volvió a editar hasta 1969.
A la fecha, el libro de Hitler se distribuye en México en varias ediciones.
Por ejemplo, la versión completa de esa obra, en traducción del escritor pronazi chileno Miguel Serrano (1917-2009), y editado con la leyenda “Año 105 de la Era Hilteriana”, se
ofrece en algunos puestos de periódicos de Avenida Juárez, en el primer
cuadro de la capital.
Según los encargados de esos expendios, los ejemplares –que en su página legal exhiben el sello de las editoriales Wotan, de Barcelona, y Solar, de Bogotá– provienen de Guadalajara (semillero de la ultraderecha nacional) donde los consigue un español que también escribe libros de tendencia pronazi.
El libro de Hitler, dicen esos comerciantes, “se vende mucho” y entre sus compradores se cuentan turistas alemanes, “porque ese libro está prohibido allá”.
Aunque confiesan no haber leído Mi lucha,
varios de esos vendedores aseguran que “Hitler no era tan malo, sino que tenía otra forma de pensar […] No quería que pasara lo que está pasando actualmente, que estamos en manos de los judíos”.
En internet, algunos buscan el libro escrito por Hitler, y hay quienes acusan a las Librerías Gandhi de no ofrecerlo a sus clientes porque esa conocida firma “es de judíos” (http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080416123440AAXLNo7).
Hay una versión electrónica editada en Chile en 2003, con fines proselitistas (http://nsl-server.com/Buecher/Fremde-Sprachen/Hitler,%20Adolf%20-%20Mein%20Kampf%20%20Mi%20Lucha%20(ES,%20415%20S.,%20Text).pdf ).
29. marzo, 2015 Autor: Pablo Moctezuma Barragán Opinión
La campaña que han desatado, que favorece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en
el Distrito Federal insistiendo machaconamente que “todos son iguales”,
además de falsa es absurda. Tanto en la naturaleza como en la sociedad,
lo que impera es la dualidad: día y noche, dulce y salado, mujer y hombre, vida y muerte, alto y bajo, joven y viejo, frío y calor. Nada es
igual ni en la naturaleza ni en la sociedad. Nada es lo mismo, todo cambia, todo es un proceso, el cambio es permanente y hay que ver dónde y
cómo se está desarrollando la alternativa.
una ley de la física que dice que a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad y en sentido contrario. Cada vez que un régimen reaccionario golpea al pueblo en la soberanía nacional, de inmediato surge la resistencia. Frente a un traidor, vendepatrias y corrupto surge siempre quien se opone y defiende los intereses del país y de su gente.
En México los golpes contra el pueblo y el retroceso social, político y económico, las violaciones a la soberanía nacional han sido una constante bajo los gobiernos del PRI y el PAN con la colaboración del PRD. El Pacto [por México] que firmaron ha sido el paraguas de la violación de derechos básicos. La reforma fiscal –que propuso el PRD y que apoyó el PRI con sus brutales aumentos de impuestos–, la reforma energética y la entrega del petróleo,
la reforma educativa, etcétera, han sido golpes contundentes contra los
intereses del pueblo. La protesta ha sido contundente. Hubo un político, Andrés Manuel López Obrador, que rechazó de inmediato este Pacto y cada una de las reformas anticonstitucionales. El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha estado en lucha constante contra el mal gobierno y cada una de sus medidas que han afectado tanto a la sociedad. No es lo mismo apoyar que oponerse. Hay dos trincheras frente a
frente. Una que defiende los intereses de las grandes corporaciones extranjeras y nacionales y la otra que apoya los derechos del pueblo y la causa de México. Y en una y otra trinchera hay políticos que defienden intereses contrapuestos. Hay políticos que defienden al pueblo
y otros quienes buscan someterlo y explotarlo. No todos son iguales, ni
La integración económica, política y militar que pretende llevar a cabo Washington contra México enfrenta la oposición de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, que muy claramente
excluyen la creación de bases militares en México y que anden agentes armados extranjeros en nuestro territorio, porque, en este proceso agresivo y criminal, Enrique Peña Nieto ya acepta incluso agentes armados dentro del territorio nacional y no le importa que esto sea violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero los mexicanos estamos dispuestos a defender la integridad de nuestro país y no aceptamos la intervención armada de extranjeros, en particular de Estados Unidos. Ahora ya hasta quieren privatizar el agua con la llamada ley Korenfeld,
ya aprobada en comisiones. No es lo mismo apoyar la privatización del agua a luchar por agua para todos, agua para la vida, como lo hace López
Obrador. En México hay patriotas que defienden a su país y vendepatrias que entregan la soberanía. No son iguales, no son lo mismo.
Oponiéndose al mal gobierno, hay sectores
que buscan la transformación participando en varias formas de lucha, una de ellas: las elecciones; y hay mexicanos hartos de todo que rechazan participar en cualquier ejercicio electoral. Quienes se abstienen de votar o anulan su voto tienen sus razones; sin embargo es innegable que ayudan al inmovilismo. Pero lo que no pueden hacer sin caer en hacerle el juego al mal gobierno (PRI, PAN, PRD y aliados) es tachar
a partidos como Morena de “ser lo mismo”, porque eso es falso y profundamente divisionista. Además, fomentando la apatía y la desmoralización permiten que siga el mal gobierno en el poder.
La política de Andrés Manuel López Obrador no es igual a la de los políticos oportunistas y corruptos. Su gobierno en el Distrito Federal se caracterizó por la austeridad, ahorró
el dinero para apoyar a la sociedad, en particular a los más pobres; se
preocupó por la gente, e impulsó el Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores y los programas de Apoyo para Madres Solteras y Discapacitados, que después han imitado todos los gobiernos, incluyendo el federal. Preocupado por los jóvenes, inauguró la Universidad de la Ciudad de México y 17 preparatorias. Él no subió el precio en el Sistema
de Transporte Colectivo Metro ni del transporte público en general; para ayudar a la gente dispuso las licencias permanentes de manejo, que luego el Gobierno del Distrito Federal eliminó.
Andrés Manuel López Obrador es honesto y jamás han encontrado que haya aprovechado su posición para enriquecerse o
para favorecer a sus allegados. Por eso su gobierno tuvo tantos resultados, porque el ahorro presupuestario que significa contener la corrupción es enorme, y todos los recursos se utilizaron para el bien de
Luego de enfrentar el fraude electoral de
2006, en vez de negociar o resignarse se dedicó a defender nuestros recursos, y en 2008 encabezó la movilización contra la reforma energética del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, acompañando al pueblo y a sus adelitas en una lucha que triunfó y frustró los planes del PAN y el PRI. Luego del fraude de 2012, en lugar de darse por
vencido y dejar la lucha, se salió del PRD que se había entregado al gobierno de Peña y promovió la construcción de Morena, encabezando la resistencia contra las contrarreformas anticonstitucionales de Peña y sus cómplices en el Congreso de la Unión.
Su actividad la realiza de cara al pueblo: la mayor parte de la semana la ocupa en visitar municipios de diferentes estados de la República, donde se comunica con miles de mexicanos que lo rodean y cobijan en donde quiera que esté. Ha recorrido
varias veces todos los municipios del país y no hay mexicano que conozca el país tan a fondo como él. En eso es diferente. Y donde quiera
que llegue se pone del lado del pueblo, contra gobernadores que están vendidos a las corporaciones extranjeras, mineras, petroleras, etcétera,
y su voz se alza para denunciar injusticias y transas. Y lo más importante: se dedica a organizar al pueblo en cada municipio, de abajo hacia arriba.
En su tiempo libre se ha dedicado también
a estudiar nuestro país y su historia, y a escribir textos muy importantes que han ayudado a cientos de miles de personas a tomar conciencia de su realidad, primero en su estado natal y luego en toda la
República, con textos como: Los primeros pasos, Tabasco, 1810-1867, 1986; Del esplendor a la sombra, la República restaurada, Tabasco 1867 1876, 1988; Tabasco, víctima de un fraude, 1990; Entre la historia y la esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco, 1995; Fobaproa, expediente abierto, 1999; Un proyecto alternativo de Nación, 2004; Contra el desafuero. Mi defensa jurídica, 2005; La mafia nos robó la Presidencia, 2007; La gran tentación: el petróleo de México, 2008. La mafia que se adueñó de México… Y el 2012, 2010; No decir adiós a la esperanza, 2012; Neoporfirismo: Hoy como ayer,
2014). De modo que en la práctica, como gobernante responsable y honesto, y en la teoría, como estudioso de los grandes problemas de México, tiene un conocimiento integral de los problemas del país y de las principales soluciones. No es lo mismo un político que vende y desmantela al país a un político como López Obrador, que busca su defensa y desarrollo con conocimiento teórico y práctico y con compromiso en los hechos.
La actividad incansable de Andrés Manuel López Obrador amenaza a la mafia del poder y a las corporaciones que quieren aprovecharse de todas las riquezas del país. Su acción llena de pánico a las cúpulas del PRI, PAN, PRD y sus socios como el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Nueva Alianza, etcétera. De modo que movilizan todos los recursos que tienen para difamar al Peje y acusarlo de ser el peor “peligro para México”; usan los medios de desinformación (televisión,
radio, prensa) en una permanente campaña para satanizarlo y poner a la gente en su contra para que una parte de la sociedad, sin mayor análisis, se ponga en contra de López Obrador y diga que “es lo mismo” o
que “son iguales”. Para su desgracia, millones de mexicanos ya abrieron los ojos
y no creen en su propaganda mentirosa. También buscan que las personas más informadas y que están en contra del sistema actual y del sistema de
partidos y tienen aspiraciones a una sociedad sin explotación ni opresión se polaricen y se coloquen en contra de Morena y López Obrador por su defensa de la vía electoral y pacífica. Es entre los sectores más
atrasados y los más radicalizados donde prende la idea de que “todos son iguales”.
Pero la realidad es terca, y ante la acción de un dirigente como Andrés Manuel y de una organización como Morena, cuyos miembros actúan en todos y cada uno de los rincones de nuestro suelo y además en múltiples movimientos sociales por todo el país, aumenta la fuerza y la viabilidad de Morena como alternativa para México. Hago un llamado al análisis y la reflexión y sobre todo a la acción y a la organización para demostrar ampliamente que sí hay políticos diferentes y sí hay una forma de organización distinta. En 2015 tenemos una gran oportunidad de avanzar por el proyecto de transformación del país y de construcción de una nueva realidad y de un nuevo tipo de políticos, cuyo móvil sea servir al pueblo y defender a la
patria. Y sobre todo de unirnos todos para derrotar a quienes intentan destruir a nuestro México.
Autor: ---- Agenda de la corrupción
En junio de 2013 se realizó la reforma en
materia de telecomunicaciones, con la cual se pretende poner al país a la vanguardia en el acceso masivo a la banda ancha y a las tecnologías de la información, la participación del Estado para que se dé la plena inserción a la sociedad de la información y el conocimiento.
reforma es producto del Pacto por México, el cual se firmó el 2 de diciembre de 2012. En dicho acuerdo se coincidió en la necesidad de legislar en las materias de radiodifusión, telecomunicaciones (a fin de garantizar su función social y modernizar al Estado y la sociedad a través de las tecnologías de la información y la comunicación); así como
el fortalecer las facultades de la autoridad en materia de competencia económica. Por ello, dentro del numeral 2 se establecieron los Acuerdos para el Crecimiento Económico, el Empleo y la Competitividad.
Se asumieron varios compromisos. Uno de ellos es extender
los beneficios de una economía formada por mercados competitivos. Lo anterior, con el objetivo de intensificar la competencia en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía. Ello es fundamental, porque se parte de la creencia de que la competencia permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones. Para profundizar la competencia económica de México se instrumentará una política de Estado basada en un arreglo institucional que la dote.
Otro de los compromisos fue fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC), a la cual se le dotará de mayores herramientas legales mediante las reformas necesarias para determinar y sancionar posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía, particularmente se le otorgara? la facultad para la partición de monopolios.
Además, precisar en la ley los tipos penales violatorios en materia de competencia y garantizar los medios para hacerlos efectivos, con ello se acotarían los procedimientos para dar eficacia a la ley.
También, garantizar el acceso equitativo a
telecomunicaciones de clase mundial. En el ámbito de las telecomunicaciones es necesario generar mucha mayor competencia en telefonía fija, celular, servicio de datos y televisión abierta y restringida. Asimismo, la creación de tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Se realizarían las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera
eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica.
Se comprometió una reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha. También se dijo que se evitaría que las empresas de este sector eludan las resoluciones del órgano regulador
vía amparos u otros mecanismos litigiosos. También se reforzaría la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que opere bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula.
Se acordó desarrollar una robusta red troncal de telecomunicaciones. Se estableció que se garantizaría el crecimiento de la red de CFE, los usos óptimos de las bandas 700MHz y 2.5GHz y el acceso a la banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una red pública del Estado.
Se asentó que se crearía una instancia específicamente responsable de la agenda digital que deberá encargarse de garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios públicos,
fomentará la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y expediente clínico electrónico, e instrumentará la estrategia de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos. Se licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta, ejecutando reglas de operación consistentes con las mejores prácticas internacionales, tales como la obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita señales radiodifundidas (must carry), así como la obligación de la televisión abierta de ofrecer de manera no discriminatoria y a precios competitivos sus señales a operadores de televisiones de paga (must offer), se impondrán límites a la concentración de mercados y a las concentraciones de varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado, para asegurar un incremento sustancial de la competencia en los mercados de radio y televisión. Se regulara? a cualquier operador dominante en telefoni?a y servicios de datos para generar competencia efectiva en las telecomunicaciones y eliminar barreras a la entrada de otros operadores,
incluyendo tratamientos asimétricos en el uso de redes y determinación de tarifas, regulación de la oferta conjunta de dos o más servicios y reglas de concentración, conforme a las mejores prácticas internacionales.
Se licitará la construcción y operación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo con 90MHz en la banda de 700MHz para aprovechar el espectro liberado por la televisión digital terrestre. Se reordenará la legislación del sector de
telecomunicaciones en una sola ley que contemple, entre otros, los principios antes enunciados.
Finalmente, la adopción de medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos. La adopción de tales medidas deberá ser simultánea.
La reforma en materia de telecomunicaciones del 11 de junio de 2013 introdujo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 6) que el Estado garantizará la inclusión de la población a la sociedad de la información
y conocimiento, los principios para prestar el servicio de telecomunicaciones, fijar las reglas para los prestadores de servicios de la concesión (publicidad, contenidos); quedó establecido como derecho
humano, la protección a los derechos de los usuarios así como el de las
audiencias. También regula la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y establece las bases de sus miembros, funcionamiento, forma de designación y los principios que debe cumplir.
En cuanto a las concesiones en materia de
telecomunicaciones, éstas las otorgará el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Artículo 27 y 28).
En la exposición de motivos que dio origen a la reforma constitucional en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se hicieron diversas precisiones con
relación al derecho del libre acceso a la información y derecho a la libertad de difusión.
La exposición de motivos de la reforma constitucional del 11 de junio de 2013 señala que el derecho de acceso a
información debe ser veraz, plural y oportuna, como se establece en esta propuesta de reforma constitucional que asegure el llamado “derecho
de las audiencias”, que incluye, entre otros, el de acceder a contenidos que promuevan la formación educativa, cultural y cívica, así como la difusión de información imparcial, objetiva y oportuna; igualmente, se conciben como parte de estos derechos, los de contenidos de sano esparcimiento, ecología audiovisual y la no discriminación, por citar algunos.
Sin embargo en la Ley Secundaria existen las siguientes contradicciones:
• Desfigura el principio de neutralidad de la red. La neutralidad de la red es una condición básica para garantizar el acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación que se desdibuja con la iniciativa, además de que permite la interferencia de comunicaciones sin un estricto control judicial, violando principios básicos de derechos humanos.
• Deja al arbitrio de los concesionarios los tiempos de Estado. En materia de tiempos de Estado se mantiene la política de que la Secretaría de Gobernación escuche previamente a los concesionarios y de acuerdo con ellos fije los horarios de transmisión.
• Ignora los derechos de las audiencias. Contraviene la disposición constitucional que ordena establecer en la Ley los derechos de las audiencias así como mecanismos para su protección. Enlista un reducido catálogo de principios generales y señala que la promoción y defensa de dichas prerrogativas ciudadanas estarán en los códigos de ética de los concesionarios. De acuerdo con la
ley, la o el titular de esta Defensoría “será el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia”. Su actuación deberá ser imparcial e independiente y su prioridad será la de “hacer valer los derechos de las
audiencias, según los códigos de ética que haya firmado o a los que se haya adherido cada concesionario”.
El objetivo principal de estas defensorías es que mejore la calidad de los contenidos de los medios electrónicos, con base en el respeto a los derechos de las audiencias, entre los cuales se encuentran: que a los radioescuchas y televidentes se les ofrezcan elementos para diferenciar la publicidad del contenido del programa, que tengan derecho a la réplica, que no reciban contenidos
discriminatorios, que no se modifiquen los horarios de los programas. Aunque estos derechos son insuficientes, son la base para desarrollar en
las estaciones de radio y televisión códigos de ética, cuya aplicación será exitosa en la medida en que las audiencias participen generando sus
quejas o sugerencias, que las defensoras y defensores actúen bajo los principios establecidos en la Ley y no se conviertan en una simulación.
Que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda establecer un mecanismo efectivo para que los códigos de ética y las defensorías de audiencias funcionen en la práctica sin que exista un daño a la libertad de expresión y que los concesionarios asuman con seriedad y responsabilidad la autorregulación.
De otra manera, lo incorporado en la Ley podría ser letra muerta (1).
• Medios públicos. Se desestimó el principio contenido en el Artículo 10 transitorio. Omitió dotarlos con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición
de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Además de excluir en los medios de uso público a los de las instituciones de educación superior.
• Medios de uso social. Omitió que se introdujera un régimen favorable para el desarrollo de los medios públicos, comunitarios e indígenas (se les asfixia con requisitos discrecionales), se les prohibió contar con fuentes de financiamiento; es más, no introduce un mecanismo expedito para el otorgamiento de concesiones para los medios de uso social y les impone un régimen de acceso a las frecuencias inequitativo y arbitrario al ponerles las mismas condiciones que a los medios de uso público.
• Medios comerciales. Se les otorgan incentivos en materia de publicidad, contenidos y multiprogramación.
• Concesión única. Promueve la prestación
de servicios adicionales y convergentes sin delimitar con precisión los
requisitos para su autorización, además de otorgarlas por 30 años de vigencia (2).
• Competencia Económica. Diluye el alcance de lo dispuesto por el Artículo 28 Constitucional, en cuanto a la obligación de establecer límites a la concentración de frecuencias, la concesión y a la propiedad cruzada, bajo la premisa de que una regulación de esa naturaleza constituiría un “abuso de control sobre los
medios de comunicación que configurara una forma de censura previa indirecta”.
• Regulación asimétrica. En el campo de mercados regulados, mantiene privilegios a consorcios mediáticos.
• Regulación de preponderancia contraria al texto constitucional. Se pretende regular los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión por sectores, de tal suerte que las declaratorias que en el futuro imponga el Instituto no se refieran a estos servicios en su conjunto, lo que permitiría una segmentación favorable a los intereses de los concesionarios.
• Transgrede la disposición constitucional que prohíbe la suspensión de los actos reclamados dentro del juicio de amparo, al permitir que las multas no sean exigibles hasta
que la resolución cause estado, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial.
• Implementa un esquema muy flexible para
que un concesionario deje de ser preponderante, contraviene el texto Constitucional en cuanto a que las medidas que imponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones se extinguirán en sus efectos cuando exista “competencia efectiva”, no cuando un operador proponga disminuir su participación en el mercado por abajo del 50 por ciento.
• Aplaza hasta 2017 el apagón analógico. La transición a la televisión digital terrestre es contraria al texto constitucional.
• Establece el estándar de cumplimiento con un porcentaje del 90 por ciento de penetración.
• Se permite mantener la ocupación de la banda de los 700 megahercios (MHz), con lo cual se incumplen las medidas
para democratizar el acceso a la banda ancha.
La competencia económica en telecomunicaciones
En cuanto al derecho de la competencia no es tanto de legalidad formal, sino más bien una policía
de mercados que responde a la concepción política de la economía que se
consiga privilegiar en el fondo y se ajusta a la visión y resultados que se quieran promover en una cierta época o tendencia política.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el Artículo 28 de la Constitución estableció que la finalidad perseguida ponía ya un énfasis en los fines o efectos por sobre aspectos formales o estructurales.
“Naturaleza de los monopolios:
“Para que exista monopolio no es necesario que se trate de concentración o acaparamiento de artículos de consumo necesario, pues puede existir mediante todo acto o procedimiento
que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria, comercio o servicios al público, máxime que de acuerdo con este precepto del Artículo 28 constitucional, existe la fracción I del artículo 253 del Código Penal, que pena los actos con las tendencias mencionadas.” (3)
En el Caso del Grupo Warner Lambert México, SA de CV, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un análisis sobre los monopolios a partir de la interpretación del Artículo
28 constitucional. Estableció que la prohibición constitucional de los monopolios debe apreciarse:
• A partir de una doble dimensión (no sólo se orienta a tutelar las libertades individuales de contratación, comercio y trabajo, sino además a proteger el interés de la sociedad que
puede verse afectado por realizar prácticas monopólicas).
• La prohibición de monopolios no se constriñe a impedir la explotación exclusiva de cierta área de la industria o del comercio, sino también a proscribir cualquier práctica que afectase el sistema de libre concurrencia, de manera que incidiera en las condiciones de precio y calidad de los productos en el mercado (4).
Principios económicos y monopolios
La regulación de la vida económica en la Constitución tiene como objetivo ser el medio para optimizar la productividad, atender y proveer necesidades y mejores niveles de vida para la población; para ese fin, aunado al progreso y bienestar de los agentes económicos, es que se promueve el desarrollo nacional que alcanza objetivos instrumentales también de carácter social y político.
En México, en nivel constitucional, la actividad económica y el libre mercado se prevén en el Artículo 28.
Sin embargo, la dinámica interactúa los artículos 5, 16, 25 y 27, los cuales determinan el contexto general del régimen de libre concurrencia en los mercados y establecen los elementos
básicos de seguridad y de sujeción a legalidad. Ante esta multiplicidad
de regulaciones y tutelas parece ser que la actividad de los agentes económicos en los mercados y la intervención o abstención de actuar de las autoridades es algo que dependerá de los casos concretos.
El Artículo 25 constitucional en materia de competitividad y cuya reforma entró en vigor el 6 de junio de 2013 establece que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y
clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
“…La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando (sic) una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.”
Con esta reforma se transformó la rectoría del Estado el cual fomentaba que la planeación nacional se diera a favor de los ciudadanos, con estas modificaciones se fomenta la competencia y protección al sector privado como eje rector de la política nacional. Esto responde a las metas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual establece que para fomentar la
competitividad (5) la economía de mercado siempre tendrá una intervención del Estado; y ésta opera en tres dimensiones, fines y contextos: Económica de asignación eficaz de recursos; social, de igualdad y solidaridad; y política.
A la fecha, parece que los niveles de desarrollo y bienestar más altos u óptimos, en conjunto, se han alcanzado en aquellas sociedades donde el Estado mantiene un equilibrio y
ponderación constante e incesante que conduce a un estado social de derecho como la mejor opción, sin que ello implique, pueda haber otra mejor.
La Constitución mexicana, en la actualidad, es como un mosaico que recoge ideologías distintas e intenta
desarrollar un modelo mixto o plural. Actualmente en nuestro país existe un modelo de libre mercado aunado a otro intervencionista que se advierte través de la rectoría económica del Estado.
En este marco se inscribe la regulación económica que, como técnica social, se concreta y propone ordenar las múltiples y variadas relaciones que surgen entre el poder político y la economía. La función original fue responder y corregir, en la medida de lo posible, los fallos del mercado; actualmente también, y adicionalmente, se utiliza como instrumento para la elección pública –public choice– de los intereses particulares.
Respecto de los monopolios y pese a la prohibición de éstos y la libre concurrencia, que es una de las instituciones, si bien no están consideradas como un derecho humano en las principales convenciones o pactos (6), los monopolios existen, ya sea por un privilegio legal, circunstancias fácticas o un fallo del mercado, resultando así empresas con poder para determinar las condiciones de oferta y demanda en el mercado y decidir cuáles serán sus
ganancias, sin reparar en el perjuicio que se pueda ocasionar a los consumidores o al desarrollo nacional.
La Ley Federal de Competencia Económica, la cual fue aprobada el 25 de mayo de 2014, establece que:
“Artículo 52. Están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que, en términos de esta Ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios.”
Para que estas conductas se consideren violatorias de la ley, las personas o empresas que las realicen, tal como lo establecen los artículos 58, 59, 60 de la Ley Federal de Competencia Económica deben tener poder sustancial en el mercado relevante y realizar las prácticas respecto de bienes o servicios que correspondan a dicho mercado. Los agentes económicos dotados de poder para influir en los mercados y llegar a manipularlos, quedan sometidos a
un régimen regulatorio que les impone limitaciones pertinentes para controlar y corregir, de esa manera, eventuales abusos. En este sentido el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el siguiente:
“Concepto de ‘agentes económicos’ para los efectos de la Ley: Por ‘agentes económicos’, de conformidad con el significado gramatical de sus vocablos, y para los efectos de la Ley Federal de Competencia Económica, se entiende aquellas personas que, por
su actividad, se encuentran estrechamente vinculadas con la producción,
la distribución, el intercambio y el consumo de artículos necesarios, que repercute y trasciende necesariamente en la economía de un Estado, lo que se corrobora con el hecho de que el objeto de la referida Ley consista en proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, así
como evitar los monopolios, las prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, que se presentan, por ejemplo, cuando dichas personas especulan con los artículos de consumo necesario, con el objeto de provocar el alza de sus precios, esto es, persiguiendo un lucro excesivo” (7).
Como lo señala la Ley Federal de Competencia Económica, no toda práctica monopólica relativa debe ser sancionada, en tanto que muchas permiten obtener niveles de eficiencia favorables a la producción, el desarrollo nacional, la tecnología, los consumidores, que al margen de ellas son inalcanzables. Quedan prohibidas las prácticas que dañan la libre concurrencia y, a cambio, no
aportan ganancias en eficiencia. Para evitar abusos, el Artículo 27 constitucional, párrafo tercero, faculta imponer las medidas que en el interés social, con el fin de evitar los abusos que se puedan dar en el ejercicio del derecho de la propiedad, pueden ser la pauta de monopolios, sean naturales o legales. La rectoría económica del Estado y
su regulación se prevé como un medio para controlar el poder económico de ciertos grupos de empresas que pueden limitar los intereses de los consumidores. La actual dinámica y función de los derechos fundamentales
consiste en el control tanto del poder público como de los distintos poderes privados que originariamente conforman el sistema económico. En todo caso el Estado debe ser garante que los derechos se observen.
Con las recientes reformas constitucionales a la Ley de Amparo y la inclusión de las acciones colectivas, los derechos económicos, sociales y culturales y las violaciones a estos, que usualmente son omisiones de la autoridad o de un particular vinculado, podrán ser reclamados y así garantizar el respeto a esos derechos.
Casos de competencia económica
En la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión se establece que el sector de la radiodifusión se compone
de los servicios de televisión abierta y el de radio; el sector de telecomunicaciones se integra por los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, televisión restringida (satelital y cableada), internet
y otros que forman parte de los insumos que utilizan las empresas proveedoras para poder brindar servicios a los consumidores finales, como la interconexión, entre otros.
El agente preponderante es una figura que
los legisladores establecieron para poder determinar la dominancia, que
es una figura de la Ley Federal de Competencia Económica donde se tiene
que definir un mercado a partir de un proceso de investigación. La figura de preponderancia que contempla la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que nada más se tiene que comprobar una situación de hecho: aquel que tenga más del 50 por ciento del mercado. Sin embargo, el declarar a un competidor como preponderante
es un proceso difícil.
El sector de la radiodifusión se compone de servicios como televisión abierta y radio. Mientras que el sector de telecomunicaciones se integra de servicios como telefonía fija, telefonía móvil, televisión restringida e internet. Los criterios de regulación para los agentes preponderantes comprenden la aplicación de medidas, su supervisión y el mecanismo para dejarlas sin efectos. “Se establece el procedimiento correspondiente, en el que se le otorgan a los concesionarios las garantías de audiencia y defensa que les permitirán argumentar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones de
tal forma que no queden en estado de indefensión”.
La primera declaración de preponderancia ocurrió unos días antes de que se promulgaran las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La empresa América Móvil fue declarada previamente por el
Instituto Federal de Telecomunicaciones como “preponderante” del sector
de las telecomunicaciones, por lo cual, anunció sorpresivamente su intención de desincorporar un número suficiente de activos a fin de cambiar el entorno dentro del cual preferiría operar. El objetivo principal de América Móvil fue evitar las medidas asimétricas que se le han impuesto, principalmente en materia de interconexión, roaming,
infraestructura pasiva, red, servicios a los usuarios, información y separación contable. Ante la no anticipada decisión corporativa se suscitaron diversas reacciones entre los legisladores. Ante escenarios de convergencia tecnológica y celeridad de los mercados, ¿será la nueva regulación suficiente para modificar las estructuras oligopólicas que han frenado por décadas el desarrollo de esta industria? Las fortalezas de América Móvil radican en su cobertura nacional, en la fidelidad que han mostrado sus usuarios al ganar las cifras de portabilidad numérica y
en su nueva red 4G LTE, que también tiene la mayor cobertura. Resta conocer el plan de desincorporación de activos de América Móvil al posible comprador. Para que avance la reestructuración y consolidación del sector en México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe aprobar la propuesta de desincorporación para que surta efectos la regulación. Ya sin ser preponderante América Móvil podrá incursionar en la televisión de paga, mientras que la conectividad social y el acceso universal quedarán en manos de las redes del Estado.
La reforma a las telecomunicaciones y la legislación secundaria atrajo al mercado mexicano a la empresa que obtiene más ingresos en un solo mercado: Estados Unidos. Dicha reforma le puso a América Móvil un rival de gran tamaño y, por lo pronto, la regulación ya logró la extinción del segundo operador móvil mexicano (Iusacell). Con esta reestructuración, América Móvil quedará como el único operador con capital nacional, pues competirá con Telefónica de España, Nextel y AT&T, de Estados Unidos, y el operador móvil virtual británico Virgin Mobile. Sin mencionar al futuro comprador de los activos de América Móvil, que será un presumible consorcio de capital extranjero.
A esta reestructuración a favor de la inversión foránea en las telecomunicaciones se suma el catálogo de regulación que beneficia a los competidores de América Móvil, como la interconexión a tasa cero, compartir infraestructura y las reglas de portabilidad numérica, que desatarán una guerra de tarifas en mercados ya competitivos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó el 5 de noviembre de 2014 la entrada de los operadores móviles virtuales, bajo lo cual podrán hacer uso de la capacidad no utilizada y la infraestructura de otros concesionarios, lo que permitirá que los servicios de telecomunicaciones se presten en condiciones equitativas de competencia.
Los operadores móviles virtuales y otros concesionarios de telecomunicaciones podrán arrendar la infraestructura de Telcel para ofrecer servicios de telefonía móvil con las tarifas que se autorizarán a finales de 2015. Los operadores podrán realizar la comercialización o reventa del servicio; tener acceso y uso compartido de infraestructura pasiva en redes móviles; ofrecer el servicio mayorista de “usuario visitante”; tener acceso y uso compartido de infraestructura pasiva en redes fijas y servicio mayorista de arrendamiento de enlaces dedicados.
El 25 de febrero de 2015, la estadunidense Comisión Federal de Comunicaciones votó la propuesta que refuerza la neutralidad de la red gracias a una regulación más estricta con las operadoras. Con lo cual internet va a ser considerado un servicio básico en Estados Unidos. Con este cambio, la conectividad a internet será considerado como un servicio de telecomunicaciones en lugar de un servicio de la información.
En 2002 la misma Comisión denominó a los proveedores de internet como “servicios proveedores de información” y no
como operadores de telecomunicaciones, con lo cual los jueces dictaminan que si las operadoras son proveedores de información no se les puede aplicar las reglas que existen para los proveedores de comunicaciones. Bajo este cambio ya no se podrá dar prioridad a un tráfico sobre otro, ni se podrá bloquear o ralentizar el tráfico que provenga de cierto contenido, aplicación o servicio. Esto también se aplicará a las conexiones de internet móvil.
ha reconocido la función social que entraña el acceso efectivo a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión (8). De acuerdo con nuestro máximo tribunal, la función social de dichos servicios reside en
su reconocimiento como instrumentos para hacer efectivo el ejercicio de
los derechos fundamentales. En esta medida, el acceso efectivo a las tecnologías de la información y a la banda ancha se reconoce como una pieza clave en el desarrollo de una política de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, indispensable para la construcción en nuestro país de una sociedad de derechos y libertades, tal y como lo prevé el párrafo tercero del Artículo 1 de la Constitución.
De esta manera, la universalidad en el acceso a la banda ancha y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones permitirá que de manera pública, abierta y no discriminatoria todas las personas tengan acceso a la sociedad de la información y el conocimiento en igual forma y medida, con una visión inclusiva para contribuir al fortalecimiento de una sociedad de derechos
y libertades basada en la igualdad.
Por ello es necesario que el Estado garantice la prestación de servicio de datos, ya que, debido al avance de las tecnologías de la información, surgirán nuevas modalidades de prestar servicios, garantizando que los usuarios puedan tener opciones para elegir al proveedor que genere mejores ofertas.
1. En México, sólo un medio comercial, Noticias MVS, cuenta con un ómbudsman
o defensor de las audiencias. En medios públicos la experiencia ha sido
más extendida, pero aún es reducida comparada con la cantidad de emisoras que dependen de gobiernos estatales y universidades públicas. Actualmente el Canal 22, Once Tv, Radio Educación, el Instituto Mexicano
de la Radio (Imer) y desde hace algunas semanas el Canal 7 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión tienen figuras encargadas de dar seguimiento a las quejas de radioescuchas y televidentes.
2. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Diario Oficial de la Federación, 14 de junio de 2014, “De la concesión única”
3. Tesis: Aislada 386340, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CVIII, página 1655.
4. Jean Claude Tron Petit, Artículo 28. Prohibición de monopolios, derechos humanos en la Constitución. Comentarios de la jurisprudencia constitucional e interamericana, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Primera edición, 2013, página 778.
5. Las definiciones que utiliza en la reciente reforma así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 son ambiguas, mediante el uso de conceptos tales como competitividad, cooperación, productividad no queda claro exactamente cuál es el espíritu de esta reforma.
6. Jean Claude Tron Petit, Artículo 28. Prohibición de monopolios, obra citada, nota 4, página 741.
7. Tesis: Primera XXX/2002, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XV, página 457.
8. Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXVI, página 986.
Telecomunicaciones y radiodifusión: la disputa por un negocio de 400 MMDP
Telecomunicaciones: el negocio y las tentaciones despóticas
29. marzo, 2015 Autor: Martin Esparza Opinión
Desde su arribo al poder en el gobierno de la inexistente transición de Vicente Fox Quesada, los panistas diseñaron un ambicioso y sólido plan de negocios que incluía rubros como
el de la fibra óptica y otras rentables actividades del sector energético que estarían salvaguardados, incluso, ante la eventualidad de
retornar a su papel de oposición, como sucedió con su aparatosa derrota
por ello que, desde puntos estratégicos de la administración pública, funcionarios como los exsecretarios de Energía en la administración foxista Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens tuvieron en sus manos información privilegiada que les permitió adueñarse de las concesiones otorgadas mediante oscuras licitaciones directas, como la de la red de fibra óptica que formaba parte de la infraestructura de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, extinta –y en
proceso de liquidación– por el decreto de Felipe Calderón Hinojosa, en octubre de 2009. Los codiciosos panistas sabían perfectamente que la fibra óptica se convertiría en el medio de transmisión más utilizado y cotizado en el mercado de las telecomunicaciones.
Conocedores a detalle de las áreas donde se encontraban los ricos filones para despojar de sus recursos al país y
a cambio de convidar del apetitoso botín a los monopolios nacionales y trasnacionales, se dieron el lujo de quitar de en medio a todo aquello que constituyera un obstáculo a sus planes privatizadores.
De hecho, la reforma a las telecomunicaciones poco o nada incidió o cambió con referencia al otorgamiento de los 22 mil kilómetros de red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que con antelación hizo el gobierno calderonista apoyado por cabilderos, embozados en su papel de servidores públicos, a monopolios como Televisa y a firmas privadas como
WL Comunicaciones, esta última que se apoderó de los 1 mil 100 kilómetros de la red de Luz y Fuerza, en beneficio directo de sus accionistas mayoritarios, Martens y Canales.
A la distancia cobra sentido y la real dimensión del porqué se buscó desaparecer a la paraestatal que brindaba el servicio de energía eléctrica en el centro del país y con ella a una organización gremial independiente como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Los panistas querían allanarse el camino para hacer
negocios sin ser molestados o puestos en evidencia.
Es entendible la urgencia por acallar la lucha del SME y su voz en foros parlamentarios como la Cámara de Diputados, donde el hoy aspirante al gobierno de Nuevo León y presidente
de la Comisión de Energía de la LXI Legislatura, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, junto con su compañera de bancada Ivideliza Reyes Hernández, intentaron descalificar al que esto escribe, contratando a un grupo de empleados de seguridad de un bar a quienes intentaron hacer pasar por miembros de un grupo disidente, introduciéndoles de manera subrepticia a
San Lázaro. Como las autoridades pudieron comprobarlo en la primavera de 2011, los propios agresores terminaron confesando el torcido plan orquestado por los panistas, pues ni siquiera les pagaron la cantidad acordada para desempeñar la ruin encomienda.
Bajo ninguna circunstancia los traficantes del poder del Partido Acción Nacional estaban dispuestos a devolver al país lo que ya le habían robado y hacían denodados esfuerzos
para echar abajo la iniciativa presentada entonces por el diputado José
Narro, que planteaba la creación de una nueva empresa eléctrica en la zona centro del país que sustituyera a Luz y Fuerza y devolviera su empleo a los 16 mil 599 electricistas que habían rechazado su liquidación.
Como señalamos en anteriores entregas, el
entonces diputado Cantú Rodríguez se convirtió en un defensor directo de los intereses de los regiomontanos encabezados por Fernando Canales Clariond, a cuyo grupo empresarial debe buena parte de su carrera política, lo que lo llevó a guardar el más absoluto hermetismo cuando trascendió que el exsecretario de Energía de Fox no únicamente estaba enriqueciéndose con el ilegal otorgamiento de la fibra óptica de la desaparecida Luz y Fuerza, sino que además se había convertido en uno de
los tantos ordeñadores de los gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa a la que estaba saqueando a través de la gasera Solensa, firma que echó a andar a finales del sexenio de su amigo Felipe
Calderón en el municipio de Apodaca, Nuevo León.
En octubre de 2011, el ahora candidato panista sudaba frío
cuando escuchaba la denuncia presentada en el Congreso de su estado por
la diputada local perredista María de los Ángeles Herrera, quien en la tribuna de la Cámara de Diputados de Nuevo León acusó al exgobernador y
a su hijo, Fernando Canales Stelzer, de robo a Pemex.
Hasta la fecha, no parece casual que el exsecretario de Energía haya escogido para instalar su gasera nada menos
que un punto aledaño a la terminal de Pemex del municipio de Apodaca, de la cual seguramente tenía los planos y ubicación exacta de las válvulas y el paso del gasoducto. El gobierno cómplice de Calderón mandó
la averiguación al archivo muerto de la Procuraduría General de
la República y el hoy candidato del PAN al gobierno de Nuevo León se abstuvo de hacer comentarios sobre el escándalo en que se vio inmerso su
padrino político. También se guardó de explicar en el Congreso la opacidad con que fue entregada la concesión de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro; y menos todavía abordó el tema de la adjudicación directa de la red de la CFE, a un precio ocho veces menor de su valor real, al monopolio de Televisa, donde metió la mano el exsecretario del Trabajo y Previsión Social Javier Lozano Alarcón, el amanuense que en la Cámara de Senadores ha demostrado estar al servicio de empresarios como Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas, quienes, a cambio de unas monedas, lo usan lo mismo de tapete que de apagafuegos cuando así lo requieren.
Es momento de que no sólo los traficantes
del poder sino además el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes le rindan cuentas a los mexicanos sobre los inventarios de Luz y Fuerza; entre ellos, deberán de informar sobre la explotación de la fibra óptica, que ahora favorece la expansión de un mercado cautivo del que buscan sacar el máximo rendimiento los conocidos monopolios a costa de los bienes hurtados a la nación.
Crontralínea 430 / del 29 de Marzo al 04 de Abril 2015
29. marzo, 2015 Autor: Xavier Caño * Opinión
Se ha conocido una arbitrariedad fascistoide
de la Comisión Europea con los diputados del Europarlamento y la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por su sigla en inglés) que negocian muy en secreto la Unión Europea y Estados Unidos. ¡La Unión Europea sólo permite a los eurodiputados leer 2 horas
el texto negociado del tratado! Para mayor desgracia, prohíbe a los europarlamentarios hablar con nadie del mismo. El corto tiempo de lectura del oscuro tratado ha de ser en una sala segura, sin grabadoras, magnetófonos ni otros dispositivos electrónicos. Ni siquiera
papel y bolígrafo y bajo vigilancia. No sabemos si los vigilantes van armados, pero sí que los legítimos representantes de ciudadanos y ciudadanas europeos reciben el trato de sospechosos de un delito.
¿Qué oscuros
secretos esconde la Comisión Europea para tomar tantas precauciones que
impidan conocer por la ciudadanía el muy reservado acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea?
Quizás porque conocer los hechos, datos y
detalles del escondido tratado supondría que la gente averiguara lo que
supone de verdad para europeos y europeas. Conocer esos pactos y convenios permitiría a la ciudadanía saber los males que nos aquejarán si se firma el TTIP. Males coincidentes probablemente con los efectos del acuerdo que señala un estudio de impacto del mismo elaborado por la Universidad Tufts de Boston y la Organización Internacional del Trabajo.
Según ese informe, el TTIP destruirá 600 mil empleos en Europa en 10 años y provocará la caída del producto interno bruto (PIB) hasta un 2 por ciento en los países más desarrollados. Más la pérdida demostrada del poder adquisitivo de las familias, una vida peor para millones de ciudadanos y la disminución de la recaudación fiscal de los Estados hasta un 0.64 por ciento del PIB al
reducirse empleos y salarios. Además, el TTIP abrirá en Europa la puerta al peligroso fracking, como ocurrió en Canadá.
El fracking o fractura es el método de obtención de petróleo alojado en rocas del subsuelo profundo por perforación e inyección de agua a presión con productos químicos tóxicos a miles de metros de profundidad. Ya se ha demostrado que contamina las aguas subterráneas y las de superficie, además de causar pequeños terremotos. Asimismo, se sabe que las sustancias químicas tóxicas utilizadas son muy dañinas para la salud al contaminar las aguas
y el aire, pues provocan problemas de piel, en la vista y el sistema digestivo, además de causar problemas respiratorios, migrañas continuas,
náuseas, alergias e incluso generar cáncer. El fracking es definitivamente muy peligroso sin contar que es estúpidamente caro para obtener petróleo. Pero hay más.
Otro peligro evidente del TTIP es el procedimiento para resolver conflictos entre inversores y Estados (ISDS,
por sus siglas en inglés): un conjunto de normas que coloca a los gobiernos a los pies de los caballos y los hace muy vulnerables ante las más que posibles demandas multimillonarias de empresas y corporaciones, quienes podrán demandar a los Estados si consideran que las medidas gubernamentales y leyes nacionales pueden perjudicar sus intereses. Simplemente si les parece. Hay precedentes de otros tratados bilaterales de inversión por los que algunos gobiernos han pagado fortunas por esas demandas. La Comisión Europea hizo una consulta pública sobre tal mecanismo y el 95 por ciento de los ciudadanos europeos encuestados rechazó frontalmente el ISDS. Pero la Comisión no hace caso a esos resultados, a la voluntad ciudadana.
Organizaciones civiles, sociales y políticas europeas, así como grupos del Europarlamento, han denunciado que el ISDS supondría una peligrosa pérdida de soberanía de los Estados por verse obligados a cambiar leyes nacionales aprobadas democráticamente para cumplir sentencias favorables a grandes empresas y
corporaciones. Sentencias interesadas dictadas por pretendidos tribunales internacionales de arbitraje que, no nos engañemos, sólo son oscuros tríos de carísimos abogados privados. Hay que reconocer que la mafia no saqueaba mejor en el Chicago de Al Capone de la década de 1930.
La oposición al TTIP ha de crecer hasta paralizarlo y arrojarlo al olvido. Es posible. Hace unos años, la movilización ciudadana frenó e hizo desaparecer un nefasto Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que daba a las empresas todos los derechos y privilegios y apenas señalaba deberes. El AMI tenía que ser el marco obligatorio de la Organización Mundial del Comercio, pero las intensas protestas mundiales de 1998 contra el AMI paralizaron el acuerdo.

References: Artículo 10
 Artículo 28
 resolución 
 Artículo 28
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 artículo 253
 Artículo
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 Artículo 28
 Artículo 25
 Artículo 27
 Artículo 1
 Artículo 28
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