Source: https://es.scribd.com/document/299953282/Situacion-Discapacitados-Arg
Timestamp: 2019-04-22 00:55:29+00:00

Document:
Proyecto de educación alternativa-JUAN ANTONIO TRUJILLO VELASCO
LA SITUACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS
Asociación Brindar Salud (Red de Asistencia Legal de Defensa de
Pacientes y Consumidores de Salud ) Elizabeth Aimar- Mana Inés Bianco
-Christian Counis-Florencia Tagliaferri
Centro de Estudios Legales v Sociales (CELS). Pablo Asa y Sebastian
GRUPO INTEGRADO DE TEATRO (GIT) Gabriela Peret
REDI. Ana Dones, Silvia Coriat, Rosa Ana Farinola, Corina Rodríguez e
Isabel Ferreyra
PROGRAMA ESPECIAL DE DEPORTES Raúl Lucero
ASSOCIACIÓ DE VEÍNS I CULTURAL. "CERCLE OBERT" DE BENÍCALAP.
Y CULTURALES DE FUTURO. Valencia. España.
CICOP (a confirmar)
FADO (Federación Argentina de ONGs)
FALDAD (Fundación para la adaptación laboral y el desarrollo del
autónomo del discapacitado)
TPP ALBORADA Bahía Blanca. Pcia. de Buenos Aires
TPP CINDI Punta Alta. Pcia. de Buenos Aires
TPP FAD Rafaela. Pcia. de Santa Fe.
TPP GRANJA ANDAR
INFORME AL RELATOR DESCAPACÍDAD DE LA ONU SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
DISCAPACITADOS EN LA ARGENTINA
Para realizar una evaluación de la situación de las personas con
discapacidad en Argentina, este documento toma como esquema básico, el
encuadre de los derechos que establecen las Normas uniformes sobre la
Siguiendo este criterio hemos dividido el documento en 8 capítulos,
que se remiten a la clasificación propuesta por las normas Uniformes A
través de la Observación General No 5/94 del Comité de DESC. estas
normas sirven de criterio para identificar con precisión las
obligaciones del estado Argentino en materia de discapacidad.
En los siguientes capítulos presentaremos en el contexto de
agravamiento de la situación social actual, las denuncias específicas
contra el Gobierno Argentino, señalando los incumplimiento normativos,
la falta de implementación de políticas públicas y algunos casos
particulares. Para lo cual tendremos en cuenta las siguientes normas:
"Cuestiones normativas y de planificación Los Estados deben velar por
que las cuestiones relativas a la discapacidad se incluyan en todas
las actividades normativas y de planificación correspondientes del
país. (Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad - pto. 14)"
"Legislación. Los Estados tienen la obligación de crear las bases
jurídicas para la adopción de medidas encaminadas a lograr los
objetivos de la plena participación y la igualdad de las personas
discapacitadas (Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad - pto. 15)"
"Política económica, [la responsabilidad financiera de los programas y
las medidas nacionales destinados a crear igualdad de oportunidades
para las personas discapacitadas corresponde a los Estados (Normas
Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad - pto. 16)"
1.1. El contexto socio económico.
Si bien formalmente ha habido numerosos avances en el camino hacia el
reconocimiento de la igualdad de oportunidades de la persona y en
particular en el reconocimiento normativo {Formal.} de los derechos de
las personas discapacitadas;. la reformulación del sistema
institucional - refiriéndonos especialmente al sistema de seguridad
social, salud, educación, empleo - iniciado a comienzos de la década
de 1990, se aceleró durante los últimos dos años y afectó la efectiva
vigencia de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, y
en especial, de los grupos en condición de vulnerabilidad, dentro de
los cuales se incluyen las personas con discapacidad
Transcurridos ya cinco años consecutivos de recesión económica, la
Argentina soporta un crecimiento continuo de la población por debajo
de las líneas de pobreza e indigencia, a la vez que la brecha entre
ricos y pobres se acrecienta.
Desde las estructuras gubernamentales se ha insistido en aplicar
planes económicos caracterizados por la brutal reducción del gasto
publico con el consecuente recorte y omisión de funciones esenciales
del Estado, precarizando de manera inédita los derechos sociales en la
1 A los fines de este informe, nos referiremos al concepto 'discapacidad" en
los términos, con la salvedad y las remisiones que expresa la Observación
General No 5/9 (pto. 3) 'Con la palabra 'discapacidad' se resume un gran
número de diferentes limitaciones funcionales que se
registran en las poblaciones... La discapacidad puede revestirla forma de una
deficiencia física, intelectual o sensorial, una docencia que requiera
enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio.' 6/
discapacidad, anexo de la resolución 48/96 de ¡a Asamblea General.
de 20 de diciembre de 7993 (Introducción. parr. 17)..
Visto desde la perspectiva de los derechos humanos -tanto civiles y
políticos como económicos, sociales y culturales—, en materia de
discapacidad, prevalece una situación marcada por persistentes
violaciones de esos derechos, donde las condiciones de subestimación,
marginación, discriminación, pobreza y miseria, son pertinaces
acompañantes de la inmensa mayoría de las personas con discapacidad.
Debemos manifestar nuestra preocupación por la ausencia de registros o
estudios censales serios, encuestas e investigaciones diversas, que
"ausculten con rigor y objetividad, una realidad caracterizada por la
exclusión social, en la cual todavía domina la imprecisión, condición
que impide tener una verdadera dimensión sobre los problemas
existentes en sus cifras más exactas (2).
Por ello, antes de realizar cualquier tipo de análisis respecto a la
situación de los discapacitados en la Argentina, es preciso señalar la
casi inexistente información referida al tema, lo cual condiciona
cualquier tipo de diagnostico y posibilidad real de cambio o
proyección de cualquier política pública que se desee implementar Los
efectos de esta deficiencia se multiplican en relación a las políticas
públicas de protección y promoción de derechos humanos
esenciales, tales como salud, educación, trabajo, accesibilidad, etc.
Como uno de los tantos ejemplos de este déficit de información podemos
mencionar la inexistencia de registros adecuados sobre la cantidad de
discapacitados; la multiplicidad de niveles de discapacidad y la
inexistencia de información sobre la posible cantidad de personas
discapacitadas que necesitan tratamiento o rehabilitación (3)
De todos modos, a pesar de estas dificultades, es posible realizar
algunos cálculos estimativos Según la Declaración de Cartagena de
Indias, del 30 de octubre de 1992, La Organización Mundial de la Salud
estima que al menos 10% de la población de América Latina está
afectada por algún tipo de discapacidad.
Es razonable prever que este último porcentaje en Argentina debe haber
disminuido notablemente en los últimos años, máxime cuando según datos
oficiales cerca de 19.000.000 de personas se encuentra por debajo de
la línea de la pobreza y el sistema de salud ha sufrido un proceso
inflacionario del orden del 160% en los últimos meses.
Durante diciembre de 2001 Argentina vivió una serie de acontecimientos
que marcaron sensiblemente su historia institucional y política. En
alrededor de sólo quince días el país tuvo cinco presidentes,
consolidó su default financiero.
abandonó la férrea política cambiaría que desde 1991 sostenía y
devaluó el peso. Todo ello en medio de una crisis socioeconómica que
todavía reclama recaudos extremos (4)
1.2. El aumento de la pobreza y la indigencia en la Argentina
Actualmente y luego del proceso de reestructuración ames mencionado,
los datos oficiales arrojan cifras alarmantes. Sobre un total de
población de aproximadamente 35 millones de personas, la cantidad por
debajo de la línea de pobreza (5) a mayo de 2002 alcanzaba al 53% de
la población (aproximadamente 18,5 millones de personas), lo que
implica un aumento de un 26% con respecto a la medición efectuada en
octubre de 2001 -sólo 6 meses después-, y casi un 50% respecto de
octubre de 2000 (6).
La situación es tanto más dramática al analizar la evolución de la
cantidad de individuos que descendieron al nivel de indigencia (7).
2 Carta de Santiago. IID. Seminario Interamericano de Capacitación deudores
con Discapacidades, Santiago de Chile. marzo de 2001.
http://www.iidisability.org/esp/bib/law/derhum.htm
3 En virtud del articulo 3 de la ley 22 431. es necesario que las personas
que deseen recibir algún tipo de benéfico acrediten la discapacidad.
Para ello, el Estado otorga a aquellas personas que lo soliciten, un
certificado de incapacidad, sin embargo ni si quiera existe un registro donde
conste la cantidad de personas que han solicitado el mencionado certificado.
4 La crisis era considerada por muchos como terminal. Los obispos recogían
una visión generalizada: en esta crisis sufren mas los que menos tienen: los
pobres y desprotegidos, como lo son los desocupados, los jubilados, los
pequeños empresarios, productores y comerciantes, como también los empleados
de menores ingresos. Es muy urgente recuperar las fuentes de trabajo y
proponer políticas que alienten la producción y la equidad en la distribución
de las riquezas, que permitan superar ¡a injusta deuda social que pesa sobre
nuestro pueblo y pone en peligro la gobernabilidad y la paz de nuestra patria
(130a Reunión de la Comisión permanente de la Conferencia Episcopal
Argentina, Buenos Aires. 13 de diciembre de 2001).
5 De acuerdo con la metodología utilizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censo (INDEC) en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la
medición de la pobreza con el método de la 'línea de pobreza" consiste en
establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si estos tienen
capacidad de satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios- un
conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas
000 son indigentes. La mayor proporción de pobreza infantil se da entre los chicos de 6 a 12 años.3% de los individuos se encontraban por debajo de la línea de pobreza (en Corrientes el 67.2%.000. donde el 78. Asimismo.1%. De esta manera. son considerados indigentes. la cantidad de pobres en numerosos aglomerados urbanos del interior por entonces se ubicaba en magnitudes escandalosas. Más dramáticas resultan estas cifras si se tiene en cuenta que de esas más de 18.000 de personas pobres.138. pasando de 3. llegando al 87. lo que implica un incremento del 135% entre ambos extremos (8) Pero no debemos olvidar que la crisis económica tiene como principales destinatarios a los niños y adolescentes de nuestro país.1%. Adolescencia y Familia ante Asamblea General de Naciones Unidas: Seis de cada diez niños argentinos viven por debajo de la línea de pobreza y cerca de un millón y medio de adolescentes están excluidos de la educación y del trabajo.7 millones a 8. 2. y en Concordia el 71. los hogares que superan ese umbral. siete de cada diez son pobres (10).1 millones de personas se convinieron en pobres Y dentro de este grupo. entre mayo de 2001 y mayo de 2002. la situación es dispar en las distintas regiones del país. esto significa que el 70% de niños y jóvenes de menos de 18 años. Sin embargo tampoco debemos olvidar la incidencia que tienen estas cifras en los niños con discapacidad. los indigentes aumentaron en 1. o línea. 7 El concepto de "línea de indigencia" utilizado por el INDEC procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. correspondiente al mes de mayo de 2002. los pobres de la región suman 6 millones de personas y los indigentes 2.319 000 son chicos y adolescentes.7 millones de personas (el 24. Así lo ha señalado el Presidente del Consejo Nacional de la Niñez. en un año. Y en los partidos más alejados del conurbano. existen otros once aglomerados urbanos donde la pobreza en niños menores de 14 años . 4. la pobreza creció a un ritmo de cuatro nuevos pobres por minuto.7% en Formosa. de los 8 319 000 de niños pobres. especialmente en las provincias del Norte. Así.7%) En Capital Federal y Gran Buenos Aires.7 millones En ésta la zona mas rica del país. alcanzando un pico en Formosa. en el periodo comprendido entre octubre de 2000 y mayo de 2002 la población que no podía acceder a una canasta básica de alimentos se duplicó. en Posadas el 69.5 millón.8%. en base a datos de la EPH y el Censo Nacional de Población y Vivienda {CNPV) 2001. 8.8% de la población). A su vez. donde la proporción de niños pobres alcanza al 80%. En efecto. La situación es más grave aún en el interior del país. Asimismo. en el Gran Resistencia el 67. en Jujuy-Palpalá el 6S. vive en hogares pobres. De acuerdo con la última medición oficial publicada.6 Fuente Sistema de información Monitoreo y Evaluación de Programas Socrates (SIEMPRO). los cuales ni si quiera han sido nombrados por el funcionario argentino en dicha oportunidad (9).
479. al mes de mayo de 2002. Corrientes. en la provincia de Entre Ríos. Desde entonces pegó tal salto que ahora 2 de cada 3 menores vive en un hogar pobre.6% en Tierra del Fuego. La desnutrición infantil en esa zona ha hecho explosión. la prensa argentina (16) ha dado a conocer información acerca de la desnutrición infantil extrema que se vive en el norte del país. Moreno.89%. tomando como punto de corte el parámetro talla/edad menor al percentilo 10 (el 90% de la población. Malvinas Argentinas. En 1998. por su parte registró sobre un total de 406322 menores de 15 años. Durante el 2001 supero el 50% para trepar al 56% a fines del año pasado. resulta indigente. había 5. Esteban Echeverría. en Formosa. creciendo más del 600% en lo que va del año 2002 como resultado de la combinación de . siendo la media para el país de 12. En el transcurso del mes de mayo de 2002.3%.4 % en estado de pobreza. San Miguel. Este crecimiento de la pobreza infantil y juvenil supera a la de los padres.7% en la provincia de Tucumán. 146.803). La provincia de Tucumán. Especialmente se reflejó la situación de extrema pobreza y desnutrición en que viven los niños y niñas en Villa Quinteros. esta por encima de esta talla)(15). la pobreza infantil y juvenil sumo 1. 99251 —lo que representa un 24. tiene evidentes efectos en la alimentación y el estado nutricional de los niños y niñas.3 millón de chicos y adolescentes. más del 50% de la población de menores de 14 años de edad. En el análisis de esta cifra debe tenerse en cuenta que la tasa de población de niños normales que debería encontrarse por debajo del percentilo 10. En el Gran Buenos Aires.7 millón de niños pobres. siendo las zonas mas criticas. Las cifras publicadas por el Departamento de Nutrición. Matanza. Ezeiza. ubicada al sur de la provincia de Tucumán.4 %— bajo la línea de indigencia y 241. Paz.968 menores de 15 años se encuentran bajo la línea de indigencia (sobre un total de 374. Merlo. a razón de un cuando millón por mes. De acuerdo con el Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría(13) la información con la que se cuenta en el país para poder evaluar en forma comparativa el estado nutricional de la población infantil es escasa.supera el 70% (11). en Argentina. Desde entonces creció en forma sostenida hasta alcanzar en diciembre del año pasado. los partidos de Florencio Várela. el 70 % de los chicos vive en la pobreza y el 34 % bajo la línea de indigencia.8% de los menores de 18 años era pobre. La situación de pobreza e indigencia. Además. a 18. es sólo del 2. de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud (14) muestran que. la prevalencia de talla baja en los niños de O a 23 meses va de 5. Asimismo. José C. Posadas y Concordia. San Femando y Tigre (12) Este fenómeno crece y se agrava aceleradamente. los 7 millones de niños pobres Así en apenas 5 meses. En 1998. el 46. es decir un 59.
Precisamente es lo que ocurre en los países en vías de desarrollo que hoy en día se encuentran en franco retroceso. Uno de los principales problemas se suscita por la estrecha vinculación existente entre el aumento de la pobreza y el de la población con discapacidad. donde. Las Obligaciones del Estado Argentino en materia de derecho de las personas con discapacidad. Según el último registro del Centro de Atención Primaria del Hospital Regional de Concepción. Argentina es Estado parte del Pacto de Derechos Económicos. lo reseñado no implica que la exclusión de las personas con discapacidad sea privativa de la situación actual. salvo en los discursos oficiales. Causas imputables: Desnutrición crónica (55 % de los niños entre 0-5 años). en adelante el PIDESC. Estos datos pueden entenderse como indicadores de un nefasto pronóstico en cuanto a la salud poblacional de la Argentina en razón de la facultad generadora de discapacidades de la desnutrición. a partir de su . La misma tendencia se observa en otras zonas de la provincia. en la localidad de Villa Quinteros. se pasó a 204 (lo que refleja un aumento del 637% en lo que va del 2002). Los índices de desnutrición existentes en Villa Quinteros son sólo una muestra de situaciones que se reiteran en otras localidades y permiten reflejar la gravedad de la crisis que afecta especialmente a los niños pobres del norte del país. Por otra parte el agravamiento de la crisis social ha tomado mas grave la situación de desamparo y la necesidad de urgente solución por parte del Gobierno Argentino. según un análisis recientemente realizado. entre otros (17) En conclusión. Tucumán. A modo de ejemplo podemos citar el caso de Ecuador. nos encontraremos con una "próxima generación discapacitada" que lejos de beneficiar al desarrollo de la Nación y al mejoramiento de su estado financiero. y del país según señaló un funcionario del Ministerio de Salud de Tucumán. inequitativa distribución de recursos alimentarios y deficiente administración de fondos públicos.2 % de la población.inflación. jerarquía constitucional. falla de vacunación (a la que accede sólo el 33 % de los niños). Así encontramos que el porcentaje de personas con discapacidad asciende al 13. En este contexto económico y social la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad se ha agravado notablemente. Así es dable esperar que. el porcentaje de personas con discapacidades supera con creces el promedio estimado por la OMS. 2. de 32 chicos de entre 2 y 6 años desnutridos en diciembre de 2001. desde que históricamente no han sido objeto de las políticas públicas. que tiene además en nuestro ordenamiento Jurídico. Sociales y Culturales. embarazos continuos y falta de control prenatal. desempleo. enfermedades infecto contagiosas. de no tomarse medidas concretas que corrijan la situación nutricional de los vastos sectores empobrecidos de hoy en día. le acareará consecuencias económicas impredecibles.
En relación a la Obligación de eliminar la discriminación por motivos de discapacidad el Comité indicó que "la discriminación. Jujuy . 20 de mayo de 2002. Santiago del Estero. que van desde la discriminación directa. noviembre 2001) 16 'Desnutrición infantil extrema en Villa Quinteros. Córdoba. se necesitarán recursos adicionales para esta finalidad. Adolescentes y Adultos con Retardo Mental. como por ejemplo la segregación y el aislamiento . EPH.Pálpala. 17 Alicia Astudillo / Patricia Mena / María Fernanda Nieto / Diana Ordóñez / Nancy Yánez / Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños. publicadas por el Comité Nacional de Crecimiento y Desarrollo de la Sociedad Argentina de Pediatría. Sociales y Culturales. 2001. a fin de conseguir los objetivos de la plena participación a igualdad dentro de la sociedad para todas ellas. El Comité de Derechos Económicos. http://www. 75 inc. FASINARM / AAJ / UNESCO / ILDIS. en base a datos de la EPH y el CNPV 2001. 14 Obtenidas a través de la "Encuesta Antropométrica en menores de 6 anos bajo Programa Materno Infantil. Propuesta de Plan Operativo de Derechos Humanos del Ecuador. ha dictado la Observación General No 5/94 sobre personas con discapacidad. 2° Ed. En el caso de este grupo tan vulnerable y desfavorecido. 13 "Guía de alimentación para niños serios de O a 2 años". Paraná. como por ejemplo la negativa a conceder oportunidades educativas. mayo 2002. Salta. 8 Fuente: SSEMPRO. en adelante el Comité.ec/plandahh/plan12te. sur de Tucumán. Tucumán. San Juan. Este estudio fue realizados por la consultora Equis y se baso en datos obtenidos en la EPH y el CNPV del año 2001 del INDEC.htm. En relación a las Obligaciones Generales de los Estados: "la obligación de los Estados Partes en el Pacto de promover la realización progresiva de los derechos correspondientes en toda la medida que lo permitan los recursos disponibles exige claramente de los gobiernos que hagan mucho mas que abstenerse sencillamente de adoptar ciertas medidas que pudieran tener repercusiones negativas para las personas con discapacidad. 15 En Argentina. 9 Discurso del Doctor Norberto Uwski en el vigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas 10 INDEC. La Rioja. Ediciones SAP.org. 12 *Informe sobre Valores de la Pobreza e Indigencia'. siendo muy alto el coeficiente de correlación entre la estatura media de la población y los indicadores sociales ("Guías para la evaluación del crecimiento". los niños de provincias pobres tienen una estatura promedio varios centímetros menor que »os de provincias más ricas.El Chomilo. órgano de fiscalización del PIDESC. por ejemplo. la obligación consiste en adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar trato preferente apropiado a las personas con discapacidad. en la casi totalidad de los casos. 22 de la Constitución Nacional.iidis. Sociedad Argentina de Pediatría. 9). Esto significa que. a formas mas sutiles de discriminación. contra las personas con discapacidad existe desde hace tiempo y reviste formas diversas. Los chicos del país del hambre'. diario Página 12. Rosario y Santa Fe. 11 Se trata de San Luis . de iure o de facto.incorporación expresa por el art. Derechos de las Personas con Discapacidad. Comité de Nutrición.. abril de 2002. y que se requerirá la adopción de una extensa gama de medidas elaboradas especialmente" (pto..
la rehabilitación y la realización de los objetivos de "participación plena" (de los impedidos) en la vida social y el desarrollo.3/46/4. de 17 de diciembre de 1991. de las variadas soluciones que ameritarían ponerse en práctica para posibilitar su verdadera integración social.. Beijing. Véase también la resolución 1991/8 del Consejo Económica y Social. 15). párr. sus derechos. Específicamente en materia de obligaciones estatales frente a la discapacidad la OG 5/94 establece en el punto 7. En forma concordante los art. que se adoptaron en 1993 y cuya finalidad es garantizar que todas las personas que padezcan discapacidad "puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás" 1O/ Normas Uniformes (véase la nota 6 supra). 21.: c) los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental.: d) las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. MAYOR TOMA DE CONCIENCIA "Los Estados deben adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor conciencia de las personas discapacitadas. se refieren a este derecho. 15. (Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad . anexo. que se aprobaron en 1991 9/ Resolución 46/119 de la Asamblea General. que ofrece una estructura normativa encaminada a promover medidas eficaces para la prevención de la incapacidad. en mérito a las múltiples barreras que deben sortear para acceder a ello. que: "la comunidad internacional ha afirmado su voluntad de conseguir el pleno disfrute de los derechos humanos para las personas con discapacidad en los siguientes instrumentos: a) el Programa de Acción Mundial para los Impedidos. 5 a II de noviembre de 1990 (CSDHA/DDP/NDC/4). 7 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. y /a resolución 46/96 de la Asamblea General. Introducción. párr.pto. 1)" La escasa participación de las personas con discapacidad. También está en el informe sobre la Reunión Internacional sobre el papel y las funciones de los comités nacionales de coordinación en la esfera de la discapacidad en los países en desarrollo.. en la vida política y ciudadana. sus necesidades. sus posibilidades y su contribución. b) las Directrices para el establecimiento y desarrollo de comités nacionales de coordinación en la esfera de la discapacidad u órganos análogos.conseguidos mediante la imposición de impedimentos físicos y sociales"(pto." 3. /. II y XIV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.. y 24 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. anexo I. que se aprobó en 1990 8/ A/C. Las Normas Uniformes son de gran importancia y constituyen una guía de referencia particularmente valiosa para identificar con mayor precisión las obligaciones que recaen en los Estados Partes en virtud del Pacto. y de igualdad 7/ Programa de Acción Mundial para los Impedidos (véase la nota 3 supra). de 16 de diciembre de 1991. genera la invisibilidad de los problemas que la discapacidad conlleva. . como así también.
no propicia el protagonismo de las mismas personas y sus grupos familiares en programas destinados a tomar mayor conciencia de sus derechos y sus posibilidades. las autoridades competentes. estudia. vergüenza. como el resto de los integrantes de la sociedad. como sujeto pleno de derecho. en carácter de Comité Asesor. También corresponde señalar que las organizaciones que integran la Comisión Nacional. se asocian términos tales como asistencia. se reconoce como tal. ni al protagonismo de las personas afectadas. No existe. la idea social de que la persona con discapacidad. temor. en muchos casos. que no tiende a la efectiva integración social. ni verifica el grado de cumplimiento de la legislación existente. resignación. en las épocas más recientes se han implementado campañas de concientización. a priori. ni coadyuva a que la sociedad tome mayor conciencia real sobre la problemática. con lo que se les niega el derecho a ser portavoces directos de las cuestiones . son aquellas que encuadran su labor a favor de la asistencia y protección de las personas con discapacidad. rendimiento. Difícilmente. concientización y motivación comunitaria relacionadas con el problema de la discapacidad. organizar y apoyar campañas permanentes de información. no inicia ni apoya campañas informativas. pero no las integradas por personas con discapacidad. se casa. organismo responsable en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. no vela porque los programas de educación reflejen en todos sus aspectos el principio de la plena participación e igualdad. ni reclama la posibilidad de ejercerlos. procrea y envejece. Ni la misma persona con discapacidad. Si bien. La Comisión mencionada tampoco distribuye información actualizada acerca de los Programas y Servicios disponibles para el sector. se toman como casos excepcionales o derivados de la necesidad de superación que les impone la misma discapacidad y no como la consecuencia natural de las otras características personales. trabaja. respecto a las capacidades remanentes de las personas con discapacidad. 3. solidaridad. En suma. voluntarismo. a la palabra discapacidad. desarrollan una actividad de carácter administrativo. la palabra discapacidad encuentra relación con voces tales como eficiencia.1 Falta de implementación de políticas públicas • La Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas. normalidad. en casi ninguna de ellas aparece su imagen como parte integrada efectivamente a la sociedad. capacidad y cuando lo hace. no existe en la vida social y política. piedad. basándose en un criterio asistencialista que anula el desarrollo de la persona con discapacidad. no conoce sus derechos. Mayoritariamente. cumple deficitariamente con sus funciones de programar.La persona con discapacidad. caridad. competitividad.
(Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad . esto pone de manifiesto que las autoridades gubernamentales y del sector privado del área educativa aún no han tomado conciencia y por lo tanto no promueven la implementación de medidas tendientes a la integración social. ni ninguna otra cuestión relativa a la discapacidad desde la órbita de los derechos humanos. docentes y profesionales tomen consciencia de la necesidad de integración A su vez. 2)" "Rehabilitación. • El gobierno argentino no ha fomentado el nacimiento y desarrollo de organizaciones en tomo a los derechos de las personas con discapacidad Todas las referencias hechas en relación a las organizaciones para las personas con discapacidad y eventuales intentos por mostrar interés en las cuestiones relativas a la temática no propenden a la participación plena de los afectados ni promueven que se ayuden mutuamente u organicen para el ejercicio de sus derechos. Los Estados deben asegurar la prestación de atención médica eficaz a las personas discapacitadas. Los Estados deben asegurar la prestación de servicios de rehabilitación para las personas discapacitadas a Un de que logren alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad (Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad • pto. La falta de la inclusión de la temática en los programas de educación en todos sus niveles impide la posibilidad de fomentar que los niños. violentando así su autodeterminación. • No existen programas de educación pública que reflejen el principio de plena participación e igualdad. Inadecuación normativa • El Estado Argentino no ha dictado normas jurídicas orientadas al sector privado de la educación. no hay una actividad coordinada a favor de que las áreas que de cada uno de ellos dependan puedan adoptar medidas que impliquen una mayor toma de conciencia dentro de los mismos ámbitos estatales • Los textos o leyendas que se agregan a las campañas generalmente pretenden mostrarlos como seres poseedores de una férrea voluntad o exacerbando rasgos positivos. 3)" . A pesar de contar con un Comité Técnico integrado por funcionarios de las distintas dependencias ministeriales.2. los trámites o diligenciamientos necesarios para acceder a ellos.pto. 3. 4.que las involucran y dejando las decisiones a tomar en la materia sean las propuestas por terceros. Tampoco se realizan campañas informativas sobre los derechos que la legislación le acuerda a las personas con discapacidad. SALUD "Atención médica.
El sector público de salud se encuentra en franco retroceso. datos estadísticos demuestran que el volumen de pacientes en los hospitales de Capital Federal. sino que la crisis produjo un cambio en el perfil socioeconómico de la demanda. Según datos recientes. se obtuvo la derogación del art. el sector público de los programas asistenciales específicos . Desde el gobierno suele mencionarse. al requerir las cobertura de medicación de alto costo en el Hospital . Esto nos lleva a considerar que un gran número de personas han dejado de demandar al estado la prestación de estos servicios. etc. Sin embargo. Falta de Implementación de políticas públicas 4.000 personas (19). 34 del decreto 486/2002 que afectaba a la cobertura de las prestaciones de discapacidad.PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ) y PROFE (Programa Federal de Salud) y el sector privado (entidades de servicios de salud privados. más del 10 % son personas con discapacidad. La crisis desarrollada en los últimos años ha llevado al sistema de salud pública al borde del colapso18. mutuales.. mucha gente carente de recursos no se acerca al Hospital Publico a requerir la prestación de salud o de rehabilitación ya sea por cuestiones de accesibilidad a los medios de transpone y/o en el mismo lugar publico de atención. Algunos casos particulares • No hay establecimientos públicos que se ocupen de la atención de discapacidades múltiples con un enfoque multidisciplinario. El sector público general El sistema de salud argentino se encuentra compuesto por tres áreas: el sector público general (hospital con atención gratuita o con sistema de autogestión. Pero este aumento de la afluencia al hospital público de los sectores de la clase media de la Capital Federal a raíz de la caída del empleo en relación de dependencia es sólo una parte de la realidad que se suma a un conflicto preexistente. algo así como 1.1. a la vez sufre secuelas en el tracto respiratorio. si tomamos en cuenta la situación de extrema pobreza de la mayoría de ellos. no cuentan con partidas presupuestarias de la Secretaría de Salud respectiva para satisfacer la demanda.4.1. Pese a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional como consecuencia de la emergencia económica gracias a las voces del tercer sector.). que se ven imposibilitadas de realizar los tratamientos necesarios por las condiciones en que se encuentra el sistema público Por ultimo las personas carenciadas de la Ciudad de Buenos Aires. no se incrementó significativamente.1. cooperativas. como una de las causas de la crisis del sistema de salud. de los cuales. no podrá ser asistido en . al aumento de la demanda en el sector público. si un paciente padece una discapacidad motriz severa. la población sin ningún tipo de cobertura médica que depende exclusivamente de los hospitales públicos ronda el 50 %. Por ejemplo. Por ej.800.
2. Buenos Aires. • Los subsidios para medicación de alto costo que brinda el Ministerio de Desarrollo Social se otorgan por única vez y en los tratamientos prolongados sólo otorgan cobertura durante tres meses. imposibilitando. Por ejemplo el Banco de Drogas de la Ciudad de la Plata. Ginés González García. La Ley 24. sondas de alimentación. El mencionado sistema brinda cobertura medicoasistencial a través del PAMI v el Programa Federal de Salud (PROFE) A raíz de los sucesivos desfinanciamientos y la continua desviación de recursos disponibles para sostener la cobertura prestacional indicada por la ley citada.1. su acceso a la justicia se ve seriamente restringido20. la no disponibilidad de esos subsidios determina directamente el abandono de persona. el proceso de rehabilitación para las personas con discapacidad. 4. etc. 20 Ver Informe sobre patrocinio y asesoramiento jurídico gratuito en la Ciudad de Buenos Aires. Sector privado • La carencia de establecimientos públicos dedicados a la rehabilitación propiamente dicha de una persona con discapacidad ha . por ser una carga imposible de sostener. 18 Esta situación fue reconocida por el propio ministro de Salud. Sector programas asistenciales. poniendo en juego. 2001. Teniendo en cuenta que muchas de estas personas son de bajos ingresos. 19 Diario La Nación 20 de agosto de 2002. no reconoce la cobertura de la medicación de Esclerosis Múltiple. 4. El recorte a los subsidios para la cobertura de las prestaciones asistenciales impiden no solo la integración social del discapacitado sino también su permanencia en el núcleo familiar de que se trate Por ejemplo en el caso de familias con escasos recursos para atronar los mayores costos que implica sostener económicamente a una persona con discapacidad.1. En consecuencia. Lo mismo si se combina discapacidad mental con una discapacidad sensorial (cita defensoria MARILU) • En la Provincia de Buenos Aires.3. Instituto de Estudios e Investigaciones de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Ver Diario La Nación del 11/01/02. quien debería proveer medicamentos a las personas sin obras sociales. de este modo. La única forma de acceder a esta medicación es reclamar al Estado Nacional mediante una acción de amparo.901 prevé un sistema único de prestaciones básicas para personas con discapacidad carentes de recursos económicos.forma integral en ningún establecimiento público. hay patologías excluidas de cobertura médico asistencial. según el caso la dignidad y la vida misma. se produce una excesiva dilación en la prestación de los servicios y un permanente cuestionamiento por parte de los prestadores de servicios respecto al alcance de -las prestaciones. bolsas de colestomia. se niega la provisión de insumos tales como pañales.
El PMO establece la cobertura de todas aquellas prestaciones definidas por la ley 24.754 amplió el rango de sujetos pasivos de la obligación de prestaciones básicas a las empresas de medicina prepaga. se impone el pago de co-seguros antes inexistentes. se posponen sin plazo determinado las operaciones ya programadas. la solución al conflicto es de carácter jurisdiccional. entre muchas otras cuestiones. • A su vez. salud mental. en abril de 2002. los mayores costos que deben pagar los afiliados para acceder a la prestación. Así. con el criterio de cubrir sólo las urgencias.irreparable a causa de la demora en la resolución y la consecuente incidencia negativa en la efectiva rehabilitación de las personas con discapacidad. asociaciones y a todas aquellas entidades que brinden servicios de salud incluyendo obras sociales provinciales. se aumenta la discrecionalidad de la autoridad sanitaria para incluir o excluir prestaciones. Como respuesta a la situación de crisis antes mencionado en el sistema sanitario. la normativa excluye a las personas con discapacidad del alcance de este PMOE y deja subsistente el régimen que ordena la cobertura integral de las prestaciones Sin embargo. Inadecuación normativa Todos aquellos entes que presten servicios de salud se encuentran obligados por el Programa Médico Obligatorio (21)(PMO). por ejemplo. prótesis y ortesis. como ser estudios o comprar remedios. se colocan topes y restricciones antes inexistentes a las prestaciones en materia de hipoacusia.901 de prestaciones básicas de salud a personas con discapacidad. Al igual que en el caso de las obras sociales. incluidas las personas con discapacidad. el cual consiste en un sistema de prestaciones que enumera las prestaciones básicas obligatorias que deben cubrir los agentes del seguro de salud.hecho proliferar las instituciones privadas que brindan los servicios y prestaciones requeridas por intermedio de las obras sociales Dentro del sistema privado las empresas de medicina privada se escudan en la libertad de contratación y desconocen sus obligaciones prestacionales. • Entre los puntos controvertidos del programa. mutuales. en la practica habitual los prestadores de salud invocan los criterios . rehabilitación.2. el gobierno ha implementado el Programa Medico Obligatorio de Emergencia (22) (PMOE) que -al menos en el plano normativo. este nuevo piso presiacional reduce significativamente las obligaciones de los prestadores de salud menoscabando la salud y la vida de todos los beneficiarios. • Como ya hemos señalado. que muchas veces derivan en emergencias que ponen en serio riesgo la vida de las personas.no es de aplicación para las personas con discapacidad Sin embargo. a brindar un piso mínimo de cobertura médica a sus afiliados. con lo cual el perjuicio es -en muchas ocasiones. podemos señalar los ajustes efectuados en prácticas de uso habitual. la ley 24. estimulación temprana. provisión de medicamentos. • Se reduce sensiblemente la cobertura obligatoria de prestaciones vinculadas con diferentes tipos de discapacidad. Asimismo. 4.
que suspende hasta el 31 de diciembre de 2002 el actual PMO. referido a la atención médica.1 del Pacto de Derechos Económicos. • Se produjo una notable reducción en la cobertura de medicamentos inmunodepresores del 100% de cobertura en todas las patologías a un 50 %. El 19 de Abril de 2002 fue publicado en el Boletín Oficial el nuevo PMOE. y la cobertura se supedita a la existencia de leyes y programas especiales. 2 de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. en materia de prevención desde el momento de la concepción. al no estar reglamentadas. en caso de producirse factores de riesgo que así lo requirieran. 22 Mediante el Decreto NB 486/2002 el 13 de marzo de 2002 se declaró la 'emergencia sanitaria'. . La nueva regulación es incompatible con el art. quedan en un cono de sombra. • El programa de Salud creado para niños con problemas de hormona de crecimiento. Sociales y Culturales. se encuentra sin provisión de medicación desde hace varios meses ocasionando a este sector. y vulnera el principio de progresividad impuesto por el art. Pero existen leyes para estos grupos que. sobre todo en materia de estimulación temprana. en la reducción de las prestaciones integrales reconocidas a la madre como al niño. se identifica. 2. lo cual genera un aumento de la discapacidad y un daño irreversible. cubriendo y acentuando la cobertura. 21 El PMO vigente hacia Abril de 2002 esta conformado por la Res. al establecer medidas de carácter regresivo. Teniendo como fin último la detección temprana de cualquier deficiencia u otra circunstancia que surgiera durante el embarazo y posteriormente. quedando la cobertura integral sólo para el supuesto de transplantes • Otras deficiencias. que a su vez es modificada por la Resolución 1/01 dei Ministerio de Salud de la Nación. N® 939/2000. muchos casos no tendrán cobertura. agrupadas en el concepto de "grupos vulnerables". no tienen programa. sobre todo del interior del País. el estado no ha resuelto emitir norma alguna para aclarar el alcance del PMOE. lo que podría evitar la producción de "futuras generaciones discapacitadas".restrictivos del PMOE para justificar sus incumplimientos. y hay programas para enfermedades que no tienen leyes Por lo tanto. facultando al Misterio de Salud para dictar un •PMO de emergencia". la epilepsia y las patologías mentales. niños y personas con problemas de salud susceptibles de transformarse en discapacidades. Esto cobra una gravedad inusitada si se tiene en cuenta la falta de medidas de prevención y la dilación en la efectiva prestación de los servicios requeridos. la ausencia de cobertura médica. El déficit normativo que se refleja en la reciente normativa sancionada por el Ministerio de Salud de la Nación. como el SIDA. A pesar de esta constante. que afectan particularmente a las personas con discapacidad. en primer lugar.
como si lo registraba el PMO. sino también de la mayor cantidad de las realizadas por los individuos en reclamos de sus derechos ciudadanos. 24 El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) es la Obra Social que brinda cobertura a la mayor cantidad de personas con discapacidad en el país. es receptora de no solo un gran caudal de denuncias relacionadas con los problemas cotidianos de la ciudadanía porteña. remarca que la insuficiencia de insumos y medicamentos en los hospitales públicos de la Ciudad se ha sumado a la deficiente organización del sistema estatal de salud. Asimismo. teniendo en cuenta la situación general en el país es en extremo peor que la aquí descripta. también se presenta la suspensión de prestaciones. Asimismo. • En primer lugar. se observa la falta de provisión de medicamentos de las principales obras sociales que atienden a personas con discapacidad (PAMI (24) y PROFE). 3. deficiente atención y malas condiciones edilicias de los hospitales públicos. Solo cubre desde el diagnóstico y hasta el primer mes de producido el nacimiento.• Actualmente con el PMOE esta situación ya no se ve contemplada ni en calidad ni en su extensión temporal. 23 Utilizamos como fuente a las denuncias realizadas en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires desde enero de 2002 hasta junio del mismo año. Cabe destacarse. 128. que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la detección temprana de enfermedades congénitas solo limita a tres supuestos los exámenes preventivos. con jurisdicción exclusiva en la ciudad es quizás una de las instituciones que mayor y acabado conocimiento posee de la realidad sanitaria de la Ciudad. • El PMOE no hace mención alguna respecto de tratamientos de rehabilitación en forma ilimitada y pormenorizada para garantizar un desarrollo pleno de las capacidades del niño. e imponiendo a los padres la tarea de verificar administrativamente en el listado de medicaciones esenciales el medicamento que deberán suministrar al recién nacido.6 % . Denuncias efectuadas en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires(23) Las personas con discapacidad deben afrontar todo tipo de inconvenientes y dificultades para poder ejercer plenamente su derecho a la salud. ya sea por el aumento constante en la desocupación o bien por el incumplimiento de las obras sociales en sus prestaciones básicas. representando. en tanto que conforme a las funciones que le competen. sin contemplar los factores de riesgo. al igual que la falta de provisión de medicamentos por parte de las farmacias de dichos hospitales. sin embargo. En consecuencia.335 beneficiarios. todo lo cual completa un cuadro de Sítuación verdaderamente alarmante. La Defensoría menciona que cada vez son mas las personas que se ven obligadas a recurrir al sistema publico de salud. resulta razonable concluir que dichos casos representan una mínima porción de las dificultades por las que atraviesan las personas con discapacidad en la Argentina. por lo que no se incluyen las demás denuncias que se realizan ante otros organismos. Esta tarea no sólo es engorrosa y de larga duración sino que una vez obtenida la autorización solo le será provista por el término de un año. según datos de 1999. lo que representa apenas un 3. dejando fuera muchas otras posibilidades.
al igual que Santa Lucia. el programa con mayor alcance de personas con discapacidad. junto con el PROFE. en particular. los Hospitales Borda y Moyano. Igual reducción de cobertura se produjo para los medicamentos inmunosupresores para los supuestos que no sean transplantados. etc. que a pesar de estar legal mente descriptos no resultan cubiertos en la practica • Especial atención debe prestarse a los casos de personas que sufren de epilepsia. siendo estos hospitales aquellos que centran su atención en pacientes con algún tipo de discapacidad mental y visual respectivamente. con el riesgo láteme de posibles complicaciones. a su vez carecen de documentación argentina. la falta de insumos es patente en prácticamente todos los hospitales públicos y alcanza a los insumos de todo orden. • En cuanto a las personas con Hemofilia .A los obstáculos que puede encontrar cualquier persona discapacitada debe agregarse que la situación se agrava cuando se trata de personas que. El PAMI. • Asimismo. agua oxigenada) hasta los insumos mínimos necesarios para la realización de una intervención quirúrgica de una persona con discapacidad. la incidencia de la suspensión de prestaciones por parte de PAMI es notoriamente superior a las obras sociales. podrían ver afectada eventualmente aún más su salud. son algunos de los hospitales que más denuncias reciben. por sus altísimos costos. la dificultad que se presenta para ser beneficiario de algún tipo de ayuda para afrontar los costos económicos de padecer algún tipo de discapacidad. traumatología. en muchos casos se denuncian además de la falta de medicamentos. demandas de medicamentos. • Por otra parte. los pacientes epilépticos que acuden a los hospitales con el fin de obtener una solución a su padecimiento físico. O bien.). prótesis. la suspensión de subsidios asistenciales que permitían adquirirlo anteriormente. En este sentido. El Instituto Nacional de Servicios de Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) tiene a su cargo el Programa de Atención Integral para las Personas con Discapacidad (PROIDIS) y es el programa que cubre socialmente a la mayor cantidad de personas con discapacidad del país. las obras sociales han reducido la cobertura de los medicamentos específicos del 100% al 50%. abarcando todo tipo de artículos. mientras que casi el 50 % de las denuncias por falta de medicamentos se refiere a esta obra social. servicios de ortopedia. Se ha observado una critica situación debido a la suspensión en la entrega de los medicamentos necesarios para pacientes epilépticos. la imposibilidad para su acceso. así como sillas de rueda y otros instrumentos imprescindibles para la movilización (en especial. desde los insumos básicos para la limpieza (lavandina. • Por otra parte. son los mismos . En este ultimo caso. pañales y terapias físicas y de rehabilitación (entre otros. Siendo que de no hacerse efectiva la provisión regular de los medicamentos. corsé y andadores). la obra social a cargo del Instituto. en el caso de distinciones cerebrales u otro tipo de discapacidades se registran. lo que determina. • Por otro lado. son los programas que recibieron la mayor cantidad de denuncias. quienes sufren una discriminación extra al verse imposibilitados de realizarse cualquier tratamiento frente a la exigencia de dicha documentación para cualquier trámite ante el estado.
etc. Para las personas. inhumanas y degradantes) a presos y minusválidos psíquicos en los establecimientos psiquiátricos 'Colonia Nacional Montes de Oca" y 'Hospital Neuropsiquiátrico Domingo Cabred'.1. las calles y otros lugares al aire libre".pacientes quienes deben afrontar los costos de la operación. 25 Informe sobre violaciones de tos derechos humanos (tratos y penas crueles.a las viviendas. debemos denunciar las graves violaciones de los derechos humanos fundamentales en los establecimientos psiquiátricos Colonia Nacional "Montes de Oca" y "Domingo Cabred"..pto. abandono. el trabajo.pto..pto.derechos..) 5. 1).. los Estados deben: (a) establecer programas de acción para que el entorno físico sea accesible. siendo en gran parte de los casos muy altos y por consiguiente de imposible acceso para las personas con discapacidad de menores recursos. promulgar leyes que aseguren el acceso a diferentes sectores de la sociedad. 4)" *Posibilidades de acceso. hacinamiento. 5. 5. Falta de implementación de políticas públicas La educación. • Por último. (Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad ... "Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos a la participación en el entorno físico. los edificios. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN REDUCIDA.1. Los Estados deben velar por el establecimiento y la prestación de servicios de apoyo a las personas discapacitadas.. a fin de ayudarlas a aumentar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos. ACCESIBILIDAD. (Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad . la vida de relación social y el desarrollo personal se ven gravemente limitados ante la imposición de las . los servicios de transporte público y otros medios de transporte. crueles y degradantes a los internos de dichas instituciones (25) En este sentido se han observado casos de desnutrición. violencia física y psíquica. *Servicios de apoyo. Los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad.org/nizkor/arg/doc/psiquiatrico discapacitadas de cualquier índole. incluidos los recursos auxiliares.elaborar normas y directrices. www. y (b) adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y la comunicación" (Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad . En estos establecimientos se verifican tratos inhumanos.
En 1994 se sancionó la ley 24314 ampliándose la protección al ámbito del transporte y." Esta ley prevé que "En toda obra pública que se destine a actividades que suponen el acceso de público. mas aún. Esta norma se refiere a las barreras existentes en las vías y espacios libres públicos. medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas discapacitadas que utilicen sillas de ruedas. se estableció un plazo de diez años para dar cumplimiento a las adaptaciones necesarias. 5. y a los edificios de vivienda.431. salvo contadas excepciones. jardines y plazas. tendiente a asegurar a éstas su atención médica. y les impide su debida participación en las cuestiones que directa o indirectamente las involucran. señales verticales y elementos urbanos y obras en la vía pública (art.1. parques. que se ejecute en lo sucesivo.barreras físicas arquitectónicas. efectuarse en los edificios destinados a empresas privadas de servicios públicos y en los que se exhiben espectáculos públicos que en adelante se construyan o reformen (Art. el desplazamiento de las personas con diferentes discapacidades las somete a riesgos en su salud y su integridad física.2. 22)" Al momento de reglamentarse esta norma (Decreto No 498/83). • Cumplido el plazo en 1993 la inaccesibilidad en los edificios existentes no fue subsanada. 1°). urbanísticas. estacionamientos. donde no se cuenta con recursos para derribar la inaccesibilidad aludida. 20). Inadecuación legislativa a nivel nacional Desde 1981 Argentina cuenta con la Ley Nacional 22. a la información y a la comunicación cobra particular significación en cuanto es el vehículo que permite acceder al ejercicio de todos los derechos humanos propios de las personas en general. que Instituye "un sistema de protección integral de las personas con discapacidad. continuaron construyéndose sin esta adecuación por la falta de fiscalización estatal. en particular. y los edificios nuevos. deberán preverse accesos. así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad mediante su esfuerzo de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales (Art. definiendo conceptos alternativos a la . a las barreras existentes en edificios de uso público. del transporte y comunicacionales existentes en todo el territorio del país. su educación y su seguridad social. En las grandes ciudades. en el interior del país o de las zonas habitadas por quienes se encuentran bajo el índice de pobreza. sea su propiedad pública o privada. escaleras y rampas. El derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno físico. La misma previsión deberá. a saber: itinerarios peatonales. a las personas con movilidad reducida.
Sin embargo. y no lo hizo en las áreas urbana y arquitectónica. a su vez contradice el espíritu de la ley de protección integral (26). así como las normativas locales definidas en los diferentes distritos no son material de consulta en las bibliotecas de las sedes de las asociaciones profesionales o las colegiaciones. obras particulares.2. planeamiento.no se aplica visado previo de los planos de obra. 5. • Esta norma estableció un nuevo plazo de 3 años para dar cumplimiento a dicha ley. frenando la eficacia del aplicación de la ley. las autoridades nacionales y regionales. toda vez que esta nueva norma estableció plazos perentorios para su cumplimiento tan solo en el área del transpone. Esta ley también incluyó a personas con discapacidad visual o auditiva. • La ley nacional de accesibilidad. se dictó el decreto reglamentario No 914/97 que se constituyó como un manual de especificaciones técnicas a fin de proveer la correspondiente accesibilidad. espacios públicos u otros. el Poder Ejecutivo generó una nueva postergación. sino que el nuevo plazo no fue especificado. sino que se destruye lo . a las barreras en el acceso y utilización de los medios de transpone. • Al dejar caer los plazos de vencimiento para promulgar la reglamentación. como la adaptabilidad. dando lugar a un incumplimiento generalizado hasta la fecha. vencidos los 3 años. particularmente las destinadas a personas con discapacidad auditiva. como así también. Solo ocasionalmente y de manera restringida las autoridades nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires requieren el asesoramiento de especialistas pertenecientes a organizaciones de personas con discapacidad. terrestres. 22). aunque las correspondientes pautas de diseño se enunciaban aún de manera general. la practicabilidad y la visitabilidad (art. Falta de implementación de políticas públicas • El decreto 914/97 determinó la responsabilidad para los casos de su incumplimiento de las normas de accesibilidad. recién en 1997.accesibilidad. 21). públicos. sin embargo. con lo cual no existen instancias de control pre y post facto. no han tomado iniciativas tendientes a que los agentes y profesionales que actúan en cargos oficiales en arquitectura. aéreos y acuáticos de corta media y larga distancia. A ésta situación se le debe agregar que en importantes distritos del país -como por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • No solo no existe por parte de organismos oficiales una estrategia de incorporar sistemáticamente en las currículas universitarias contenidos básicos de accesibilidad. Pero no solo la reglamentación sufrió una demora. pero sin tomar en cuenta las recomendaciones en la mayoría de los casos. cuenten con formación en accesibilidad. Sin embargo. la mencionada norma no estableció ningún tipo de sanción. y aquellas barreras que dificulten el acceso con medios propios (art. • El incumplimiento se agravo. Esta grave omisión.
314 describe en su artículo 22 las barreras en los transportes como ". • Los plazos establecidos por la Ley Nacional para la incorporación de unidades de transporte accesibles y para la adecuación de las instalaciones edilicias (tanto de estaciones como de terminales) del transpone público de pasajeros. • La inexistencia de una política consciente de formación profesional en accesibilidad. aún en aquellos casos en que profesionales internan aplicar dichos conceptos. así como beneficios de libre tránsito y estacionamiento para los transportes propios. desniveles sin barandas ni advenencias para personas con discapacidad visual. aéreos y acuáticos de corta. Casos particulares 5. dedicada a nociones sobre accesibilidad la materia "Barreras Arquitectónicas y urbanísticas -electiva cuatrimestral. media y larga distancia..1 Transporte público. a cuya supresión se tenderá por observancia de los siguientes criterios. Transporte ferroviario y de subterráneos La ley 24. pero su ejecución total no podrá exceder un plazo de 3 (tres) años desde la fecha de sanción de la presente ley. han caducado sin haberse modificado las condiciones reales de inaccesibilidad de las personas con movilidad y comunicación reducida. incrementa la generación de accidentes .serán determinadas por su reglamentación. Hasta tanto no se garantice el dictado de contenidos curriculares que incluyan la accesibilidad como un aspecto más. 53.sustituyéndola con algunas clases teóricas y prácticas sobre el tema en dos de las materias de la carrera. constituye un permanente escollo. El curso de accesibilidad debe ser un referente en cada facultad del cual se nutran el conjunto de cátedras para introducirse en sus conceptos esenciales. 2°: "Las prioridades y plazos de las adecuaciones establecidas en los artículos 20 y 21 . " que contemplan medidas de autonomía y seguridad en las unidades y en las estaciones.. gratuidad en el trayecto que medie entre el domicilio del beneficiario y los establecimientos educacionales y/o de rehabilitación. Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU) eliminaron la única materia que existía en universidades públicas de nuestro país. 26 El decreto 498/83 establece en su art. hace ya un año las autoridades de la Facultad de Arquitectura.. . insoslayable en el proceso de diseño la materia especifica no debería retirárselos de la currícula.aquellas existentes en el acceso y utilización en los medios de transpone público terrestres. y aquellas que dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas con movilidad reducida.3...existente: Al respecto. La construcción de edificios y espacios aparentemente accesibles.rampas con superficies de terminación deslizantes. entre otros-.
posteriormente mediante la resolución 233/99 postergó la efectiva puesta en práctica de los mecanismos de accesibilidad en las unidades hipotéticamente "accesibles"-. que serían los usuarios quienes solventarían los costos.• El Gobierno Nacional. María Inés c/Estado Nacional Secretaria de Transpone s/amparo). el Estado Argentino ha dejado virtualmente sin efecto la aplicación de la Ley 24. ha garantizado la adecuación de estos servicios. motivaron la presentación de varios recursos de amparo patrocinados por el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación) y el CELS. los cuales -a pesar de tener sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia (Verbruggehe.314 en lo atinente a transpone automotor. ambos privatizados no han contemplado en sus convenios iniciales el cumplimiento de la legislación en la materia. • Otros incumplimientos se verifican en la falta de uniformidad en los diseños interiores de las unidades de transporte automotor de pasajeros .2.y la falta de reglamentación en la frecuencia de los trayectos de las unidades adaptadas. 5. tan sólo una cuenta con ascensores para . esto ultimo agravado por la no circulación los días sábados y domingos. Como consecuencia de esta escalada normativa. De las cinco líneas de transpone subterráneo existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • El reclamo de entidades de personas .aprobados por la Comisión Nacional de Regulación del Transpone (CNRT). Esta situación se agrava con la ausencia de fiscalización y sanciones que garanticen el cumplimiento de estas ya bastante limitadas obligaciones Las reglas de rango inferior mencionadas son utilizadas como justificación por la Comisión Nacional de Regulación del Transpone para no cumplir con el mandato de la ley 24 314. Transporte publico. mediante el Decreto 467/98 redujo significativamente los porcentajes de unidades accesibles a incorporar anualmente. a la eliminación de molinetes que impedían el paso con silla de ruedas u otros elementos de ayuda. así como reducciones estacionales. es decir.el año en curso.aún han sido cumplidos por las compañías de transpone ferroviario demandadas.con discapacidad por el derecho al acceso a las estaciones. y el cierre de accesos a los andenes -levantando barreras donde no las había e incrementando los recorridos peatonales de acceso-. Por lo tamo ni el Estado de manera directa. abriendo el camino a posteriores prórrogas de dicha eliminación. Transporte ferroviario y de subterráneos • El transpone ferroviario y de subterráneos. y finalmente por la resolución 3/2002 eliminó la obligación de incorporar unidades accesibles por . • Las gran mayoría de las estaciones de ferrocarril no cuentan con instalaciones con itinerarios accesibles o con instalaciones sanitarias adecuadas.3. ni mediante obligaciones contractuales con los prestatarios. Se lo ha incluido posteriormente "con cargo a la tarifa". para empresas que gozan de importantes subsidios del Estado.
que la mayoría de los edificios gubernamentales no cumplen con las normas de accesibilidad. • La falta de consideración de la accesibilidad de los medios de transpone público quedó patentizada cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió construir nuevas líneas de subterráneo Por ello. • En ciudades y pueblos del interior del país la situación se agrava: el transpone público se reduce a un par de líneas de transpone automotor. a los que la accesibilidad en el transpone no llega.As. Sin embargo. sin actuaciones contundentes posteriores. 5. Barreras arquitectónicas • La desidia gubernamental es de tal magnitud.personas con movilidad reducida -línea D.462/00. • Cada uno de los 24 distritos que conforman el territorio nacional (23 provincias y la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires) ha dado diferentes respuestas a los requerimientos de accesibilidad. • Todos los medios de transpone público son objeto de constantes denuncias por parte de los usuarios con discapacidad y de reiteradas RECOMENDACIONES de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad De Bs.2638/01) sistemáticamente desoídas. • Tanto las líneas de ferrocarril adaptadas. La reiteración de dichas notas a lo largo de los años. se lo hace en forma parcial y sin atenerse a las especificaciones técnicas. resta total eficiencia al procedimiento.3. solicitando información respecto de su incumplimiento y recordando la obligatoriedad de su cumplimiento. como la línea de subterráneo con ascensores se localizan en los barrios de mayores recursos económicos. En los pocos casos que se pretende cumplir. se encuentra habilitada por el Decreto NN° 1027/1994 ejecutar la accesibilidad en las entidades nacionales que no lo hubieren hecho en tiempo y forma. 2518/00. • La Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas. la construcción de todos los ascensores necesarios en las estaciones en funcionamiento. ha limitado su accionar a la emisión de notas a las reparticiones obligadas. En consecuencia. varias organizaciones de personas con discapacidad denunciaron en una audiencia pública la necesidad de priorizar la reparación y adecuación de las instalaciones existentes.3. y rampas en el ingreso a algunos edificios públicos . Los más altos porcentajes de personas con discapacidad se ubican en los barrios pobres.en sólo cuatro de sus estaciones. por lo general limitándose a la construcción de vados en algunas cuadras del radio céntrico de las áreas urbanas más importantes. y las sendas peatonales continúan siendo inaccesibles. (Res No 2980/00. las personas con discapacidad quedan libradas a los recursos económicos del grupo familiar para trasladarse en vehículos privados o de alquiler.
hallar una vivienda que permita que una persona con discapacidad se maneje con autonomía y seguridad es . 42 de la Constitución de la Ciudad. aún se discute la adhesión al régimen nacional de accesibilidad. 5. como así también la eliminación de las existentes. presentan vicios de diseño y construcción que impiden cumplir con su destino.3. que prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras arquitectónicas. particularmente para las personas con movilidad y comunicación reducida. Ciudad Autónoma de Buenos Aires • Siendo la Capital de la República. edificios pretendidamente "accesibles" adolecen de errores funcionales y constructivos que los toman inaccesibles y peligrosos.3. respecto de las consecuencias de materializar los diseños que constaban en pliegos de especificaciones. Vivienda En relación con la inaccesibilidad planteada el derecho a la vivienda amerita un comentario especial. comunicacionales. El espacio publico donde se construyen vados peatonales que no cumplen con la reglamentación vigente. sociales y de transpone. La modificación al Código de Edificación. culturales. la ordenanza No 46275 / 92 sancionada por el entonces Consejo Deliberante y los Decretos 437 y 438/ 96 de modificación de las puertas tijera de ascensores.4. • En la Ciudad de Buenos Aires. constituye una limitación a los derechos que son reconocidos a las personas con discapacidad y sufre permanentes postergaciones violatorias del Art. y donde se concentran los mayores recursos. la mayoría de ellos inaccesibles para usuarios de sillas de ruedas. los escasos vados peatonales construidos. son riesgosos para los peatones. • Los pliegos de licitación y construcción de 1500 vados peatonales gravemente antifuncionales y riesgosos. cuyas cláusulas se han orientado a imponer restricciones en relación con la mayor o menor envergadura de los edificios. a pesar de haber transcurrido 6 años desde la declaración de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. no resulta apto para que las personas con discapacidad o movilidad reducida se manejen o se desplacen en forma autónoma y segura • En el ámbito legislativo. carece de accesibilidad en muchos aspectos. y su posterior renovación en los lugares donde fueron instalados originalmente sin haberse eliminado sus características hasta el día de la fecha.• En su enorme mayoría.5. que se ocupa con diversos elementos obstructivos. tomaron inaccesibles a ciemos de ascensores de la Ciudad que hasta ese momento no lo eran (27). previo a la adjudicación y construcción hizo caso omiso a advertencias elevadas por ONGs especializadas en accesibilidad. 5. El GCBA. localizados en itinerarios claves de la Ciudad de Buenos Aires. urbanísticas. • La accesibilidad es un espejismo: al no exigirse rigurosidad en su implementación. lingüísticas.
(Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad . Ref.una quimera. S. haciendo peligrar la continuidad de esa instituciones. Copriat F. particularmente de Personas que se trasladan en sillas de ruedas. informe técnico: Incompatibilidad de la Ordenanza 46275 con Requerimientos de Personas con Movilidad Reducida. la mayoría de los establecimientos educativos especiales pertenecen a la órbita privada e imponen aranceles excesivamente onerosos. En esa lógica de retracción del Estado. Falta de implementación de políticas públicas Estamos en condiciones de afirmar que no existe en la política educativa actual contenidos que aseguren la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad desde que la misma Ley Federal de Educación reduce las medidas de integración a un criterio de posibilismo. y deben velar por que la educación de las personas discapacitadas constituya una parte integrante del sistema de enseñanza. Esta circunstancia exhibe la ausencia de estrategias por parte de las autoridades nacionales para viabilizar mecanismos para la sanción de normativas locales a los fines de efectivizar el derecho a la accesibilidad en el territorio del país 6.2. tan sólo han adherido dos de las veinticuatro provincias argentinas. 3/12/97 Ello cobra una inusitada gravedad en relación con las familias sin techo. En este sentido. Rumbos. 6)" 6. sólo algunos establecimientos privados desarrollan una política inclusiva. ya que ni los bienes dispuestos por los programas sociales para albergar a gente sin recursos contemplan la disponibilidad de edificios accesibles.2. Arq. EDUCACIÓN "Educación. La inadecuación normativa de las provincias Por la estructura federal de nuestra organización jurídica. a la cual hay que agregarle la escasa conciencia. que se advierte por parte de los propietarios para acordar las reformas necesarias. a veintiún años de dictada la Ley 22431. se recorta la disponibilidad de subsidios. ante las contingencias económicas actuales. Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario. la adhesión a la ley es facultativa para las provincias y los municipios.1. secundario y superior para los niños. Cabe destacar que a pesar de tratarse de un reducido número. en los inmuebles de viviendas colectivas. . que se contrapone con el rol de garantía que el Estado debe ejercer para con la instrucción pública. Informe técnico. 5.pto. la mayoría de las veces inaccesibles para las familias de escasos recursos económicos En este contexto. los jóvenes y los adultos discapacitados en entornos integrados.
se disminuya la calidad de los servicios o directamente. sino también. Cursos o Becas de Capacitación. se rescindan los contratos suscriptos entre los establecimientos prestadores y las Obras Sociales por incumplimiento de estas en el pago de las prestaciones. desde el rol docente. sin que quienes las desarrollan tengan asegurado un ingreso que cubra los gastos que la pasantía demanda y con un importante ahorro de aportes patronales y obligaciones provisionales por parte de quienes convocan a los pasantes. 6. Ello conlleva a que el proceso educativo y rehabilitador se dé. ya sea porque la pasantía se desarrolla durante periodos acotados o porque el pasante con discapacidad debe hacer frente a significativas erogaciones para acceder al lugar de sus tareas.2. en consecuencia. se invierten importantes sumas de dinero en emprendimientos de este tipo. Confusión entre lo educativo y lo laboral En los últimos tiempos. quienes desempeñan tareas a cambio de una muy escasa remuneración y con ínfima posibilidad de mantener su continuidad a través del tiempo. en consecuencia. lo usual es que las prestaciones se recorten. También. son llevadas a cabo en Organismos públicos y que aprovechan los conocimientos adquiridos por las personas con discapacidad. se celebran "pasantías" que. Sin embargo. deben atravesar situaciones burocráticas y/o discriminatorias que desalientan su accionar. Los escasos ejemplos de personas con discapacidad que se desempeñan o internan desempeñarse como docentes. y que tratan de posicionarlas competitivamente en el mercado de trabajo abierto En realidad. que no redundan en una efectiva integración laboral de quienes son capacitados. en lugar de una política educativa a favor de las personas con discapacidad. en la actualidad. un negocio para los "capacitadores". No sólo se excluye a las personas con discapacidad desde su rol de estudiante. normalmente. han proliferado Programas. en materia educativa. • Las Pasantías Educativas son. sencillamente porque no existen. por lo tanto. en un marco de inseguridad. en razón de que no se . de discontinuidad que siempre termina perjudicando a la persona con discapacidad y a su entorno familiar. se dilaten en el otorgamiento.La Ley 24 901 instituye un Sistema Único de Prestaciones Básicas para la Habilitación y Rehabilitación de las Personas con Discapacidad y pone a caigo de las obras sociales la cobertura integral de las prestaciones educativas de todo nivel. Las organizaciones de personas con discapacidad no están integradas a la comunidad educativa y. fuentes de inserción laboral Terminan siendo. en orden a salvar las deficiencias educativas de las personas con discapacidad. bajo el pretexto del fin educativo. no son consultadas a los fines de llevar a cabo acciones que resulten integradoras. en la actual situación deficitaria de las obras sociales. simulacros de integración que encubren un trabajo.7.
• En los programas de estudios oficiales. las escuelas especiales que atienden sordos e hipoacúsicos de la Ciudad de Buenos Aires han comenzado a instrumentar el lenguaje de señas. solicitaron el acompañamiento de los profesionales especiales para su continuidad educativa en una escuela pública de nivel medio.respeta el principio de equiparación de oportunidades y deben enfrentar todas las barreras ya mencionadas-. no cubrieron las expectativas de los profesionales especiales que en lugar de elaborar. poniendo día y hora a las necesidades pedagógicas y fisiológicas del educando. COLOMBIA) desconociendo las autoridades la no universalidad del lenguaje gestual. Así.2. • El docente o auxiliar de apoyo no está en la escuela común en horario completo. se impartió a las escuelas especiales para sordos e hipoacúsicos el "Programa de Asistencia Tecnológica para la Discapacidad". fueron sometidos a rigurosos psicodiagnósticos y evaluaciones pedagógicas de su coeficiente intelectual para determinar si correspondía su educación integrada. 1997 ITEC-TELECOM. 6. • En la actualidad. con una gran resistencia por parte de docentes que sólo han sido preparados para la educación oralizada y tras un debate que parte más del desconocimiento que de las necesidades y posibilidades reales de los alumnos. Lógicamente. (Copyright. • En la provincia de La Rioja. que egresaban de nivel primario de escolaridad común. según su nivel intelectual. Dicho programa es un soft de lenguaje de señas elaborado por Telecom. la temática de la discapacidad no es abordada en forma transversal: no hay en las distintas carreras universitarias la temática de las personas con discapacidad.debe enseñar en aulas superpobladas con niños desnutridos . Casos particulares • La falta de articulación de las políticas educativas en los distintos niveles de escolaridad interfieren en la continuidad de los procesos de integración. El docente de grado no puede hacerse cargo porque -en muchos casos. (este derecho ya se le había negado para la escuela primaria). sólo unas horas y una o dos veces por semana. Tampoco se tiene en cuenta el acceso a la información y a la comunicación No se provee a los establecimientos tecnología adecuada para facilitar la inclusión de personas con discapacidad. en el año 2000 un grupo de niños con Síndrome de Down. planificar. por la de un Centro Especial. • Debe notarse que no se adaptan las curriculas oficiales según las posibilidades del educando con discapacidad y son muy pocas las escuelas que cuentan con Gabinete de Orientación Pedagógica en forma permanente. organizar estrategias de aprendizajes acorde a la capacidad de cada niño. Herramienta que permite aprender y comprender la lengua de señas "'colombianas". determinaron cambiarle la modalidad de educación integrada que venían recibiendo.
en los establecimientos donde se imparte instrucción pública no se ponen en marcha criterios que propicien la "integración caso por caso". Los Estados deben reconocer el principio de que las personas discapacitadas deben estar facultadas Cuadro general de las Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad para ejercer sus derechos humanos. de modo que la mera inclusión en el establecimiento de una persona con discapacidad depende de la mayor o menor voluntad integradora de los directivos o docentes que se desempeñen en la institución. • El Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Por último. en el que las personas que integran los grupos vulnerables. • Los servicios de interpretación o de apoyo apropiados solo se encuentran en los establecimientos en que se imparte enseñanza especial y en los de escolaridad común. la ineficaz distribución de recursos materiales y humanos y la creciente pauperización de la sociedad contribuyen. • En ese contexto. a un deterioro general del nivel educativo. en la mayoría de los casos en que se procede a la "integración" -sobretodo cuando de discapacidad intelectual se trataalgunos de los objetivos del proceso educativo (incorporación de conocimientos y socialización) no pueden plasmarse con eficiencia: el estudiante con discapacidad queda marginado de las actividades socializadoras y no alcanza a incorporar los conocimientos al mismo nivel que el resto del estudiantado. (Normas . ni cuentan con los elementos didácticos o métodos pedagógicos que la permitan. 7. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL "Empleo. En el mejor de los casos.debido a la crisis socioeconómica que atraviesa el país. Tanto en las zonas rurales como en las urbanas debe haber igualdad de oportunidades para obtener un empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo. que cuenta con cursos de capacitación gratuitos para la comunidad con recursos tecnológicos de avanzada no cuenta con recursos para adaptar dicha tecnología para personas con discapacidad. Los adultos con discapacidad sufren muchas discriminaciones y negativas para hacer uso de su participación y/o capacitación por parte de las instituciones dependientes del Ministerio de Educación que argumentan no estar preparadas profesional mente ni estructuralmente para cubrir estas demandas. el ya consabido recorte presupuestario. resultan especialmente perjudicadas. en particular en materia de empleo. ya sea porque no cuenta con los elementos que se lo faciliten o porque imperan pautas culturales que lo dificultan. en gran medida. quienes no están capacitados especialmente para el desarrollo de una actividad realmente integradora. • Incide negativamente la inaccesibilidad física de los establecimientos educativos y la escasez de tecnología a aplicar al proceso educativo de personas con discapacidades sensoriales o múltiples.
No obstante las disposiciones legislativas y reglamentarias del ámbito laboral. a pesar de la previsión contenida en la ley nacional n* 22. 7)" 7.pto.1. .5% de la población en general. debemos señalar que en el contexto socioeconómico actual.Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad . verdadera eficiencia de los trabajadores con discapacidad. Inadecuación de políticas públicas Antes de considerar la situación de la inserción laboral de las personas con discapacidad. a la inseguridad jurídica y a la desprotección social.55 -) por día y por persona La devaluación monetaria. los signos más característicos son la desocupación y la miseria: Hoy en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. pero nunca ha existido una real voluntad integradora en el sector privado en razón de que subsisten pautas culturales adversas respecto a las capacidades remanentes. más de la mitad de la población esta ubicada debajo de la línea de pobreza. Se calculan aproximadamente veinte millones de pobres estructurales.431. sujeta en consecuencia. La ley contempla la reducción de aportes patronales a favor de quienes integran laboralmente a personas con discapacidad. Si bien los Índices de desocupación abarcan. Ni en las zonas urbanas y mucho menos en las rurales. sino también por una serie de pautas culturales que han imperado en la sociedad desde siempre. la discriminación opera contra las personas con discapacidad en virtud de los múltiples obstáculos que impiden su inserción y la talla de una política dirigida efectivamente a lograr tal objetivo. en relación con el otorgamiento de subsidios para que los empleadores invirtieran a ese fin. Ciudades como Gran Catamarca. la casi nula actividad productiva. con una disponibilidad dineraria promedio de dos pesos (uSs 0. se dan las condiciones para que las personas con discapacidad obtengan y mantengan un empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo. a más del 21. la inexistente política crediticia han hecho que este "País del Primer Mundo" se convirtiera en poco tiempo en uno de los principales violadores de los derechos humanos de toda la población. merced a la actitud asumida por los funcionarios gobernantes en relación con la acción u omisión en el cumplimiento de los deberes a su cargo. Gran Córdoba y Gran Rosario registran índices de desocupación mayores al 25% Entre los ocupados el promedie. al eventual rendimiento o. lo que denota que esa situación no solo está dada por el contexto económico actual en general. de ingresos salariales no alcanza para cubrir las necesidades básicas. el constante aumento de los precios. según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (ÍNDEC). en el colectivo de las personas con discapacidad supera al 90% de ellas desde hace mucho tiempo atrás. No se registra una adecuación ni física ni comunicacional (merced al aporte tecnológico) que viabilice esa posibilidad.
en su parte pertinente. los ancianos y las personas con discapacidad .431. 75. sus organismos descentralizados o autárquicos. inc." En materia de inserción laboral de las personas discapacitadas podemos reconocer tres posibilidades de origen legislativo: 1) la determinación de un cupo laboral reservado para ingresar en Organismos públicos y empresas del Estado prestadoras de servicios públicos (actualmente privatizadas). y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. los que en un principio contaban con los recursos provenientes de la recaudación establecida por la Ley del Cheque No 24. aun cumplida la etapa de capacitación. El inciso 3° de la Normas Uniformes se refiere a las medidas que deben incluir los programas estatales designados al fin que nos ocupa.2. las empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. . De modo que. 1. Reserva de cupo En relación con la reserva del cupo. no se encontrará la posición laboral a ocupar Se constituye así un dispendio en los recursos materiales y humanos afectados a los cursos de capacitación que no logran el objetivo de inserción laboral. están obligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo. se halla vigente la Ley nacional No 22.452 y que fueran brutalmente saqueados hasta su definitiva derogación por la Ley de Competitividad (28) sin que hasta el momento. 7. cuyo art. dispone: "Corresponde al Congreso. 23 que. los entes públicos no estatales. en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la totalidad de su personal. las mujeres. Solo la primera de ellas se refiere concretamente al empleo en el sector publico. sancionada en el año 1981. dada la falta de decisión y la situación de exclusión laboral ya aludida en el plano general. se tenga certeza de los montos efectivamente recaudados y del destino conferido a los mismos. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. en particular respecto de los niños..La capacitación está dirigida fundamentalmente a concretar un negocio a favor de los "capacitadores y no a la efectiva posterior inserción laboral dei discapacitado que recibió capacitación. Inadecuación legislativa y ausencia de políticas públicas La legislación vigente en relación con el trabajo de personas con discapacidad deviene del mandato constitucional impuesto por el art. 2) la concesión de espacios para la explotación de pequeños comercios en organismos públicos y empresas prestatarias de servicios públicos privatizados y 3} los Talleres Protegidos de Producción y los Grupos laborales Protegidos. 8° determina que "El Estado nacional.
027/94.431 estableciendo que "El cómputo del porcentaje determinado resultará de aplicación para lo futuro. desde que hace referencia a que el 4% debía calcularse sobre las vacantes que se produjeran a partir de la vigencia de esa reglamentación. pretende ser convalidada mediante los sucesivos congelamientos de vacantes operados durante los años 1991. hasta que por Decreto No 1. • Del control efectuado en las Dependencias de la Administración Pública Nacional. El órgano de aplicación de la citada legislación era el Ministerio de Trabajo de la Nación (actualmente. uno por ciento (1%) para empleo de no videntes " • El texto del Decreto 498/S3. 1992 y 1994.431 pasó a la Secretaría de la Función Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros dependiente de la Presidencia de la Nación.El Decreto No 498/83 reglamentó el art. tales como entes públicos no estatales. No determinan la competencia de fiscalización en el resto de las reparticiones obligadas. . en lugar de aplicarse a la totalidad del personal. motivados en la necesidad de reducir el gasto público y racionalizar la inversión de las exiguas partidas presupuestarias. Ministerio de Trabajo. por el que todas las reparticiones publicas debían informar la cantidad de personal discapacitado que se hubiera incorporado a la Administración Pública 28 Res. sin lugar a dudas. subsistente desde el año 1981. No 207/02 de la Defensoría del Pueblo de Ja Ciudad de Bs. dictado dos años después de que se sancionara la ley (infringiendo lo dispuesto por el art.431. • Todas las disposiciones se refieren al control del cumplimiento del cupo en la Administración Pública Nacional. y procurando mantener una relación proporcional directa con la dotación de cada organismo Del cuatro por ciento (4%) establecido en el articulo 8° de la Ley No 22. Semejante irregularidad. surge que el cupo efectivamente cubierto no alcanza al uno por ciento (1%) del total de ¡a dotación de su personal. 8° de la Ley 22. un absoluto incumplimiento de la legislación vigente y la consecuente violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Empleo y Seguridad Social de la Nación). se constituyó en una primera limitación a lo ordenado por la Ley 22. 8° de la Ley No 22.. 28 de la 22431 que disponía la obligación de reglamentarla en un plazo de 180 días). lo que constituye. organismos autárquicos y empresas del Estado (privatizadas). debiendo considerarse respecto del cubrimiento de las vacantes que se produzcan a partir de la aplicación de la presente reglamentación. En cumplimiento de esa misión.As. dicha Secretaría emitió dos Resoluciones: a) la N° 67/98 y b) la 137/98 que creaban un sistema de control a través de un supone informático.431 deberá darse una preferencia de. la misión de controlar el cumplimiento de lo estatuido por el art.
• A pesar del tiempo transcurrido (1996-2002). 43 dispone: "[La Ciudad] garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y capacitación de sus agentes. Situación en la Ciudad de Buenos Aires. desde 1981 Recién en 1988 crea un Registro por Decreto No 3649 en el que debían inscribirse los Aspirantes a ingresar en su administración. 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. un cuatro por ciento de personas con discapacidad dentro de su personal. desde que la obligación de cubrir el cupo del 4% databa del año 1981.Los argumentos esgrimidos para justificar el incumplimiento del cupo laboral reservado para personas con discapacidad son múltiples y variados. por imperio del art.Municipalidad. durante los años 1991. . estaba obligada por el art. pero ninguno explica cómo en un Estado de Derecho se puede admitir el incumplimiento de la legislación vigente y la conculcación de los derechos de las personas que integran uno de los grupos vulnerables según determinación constitucional. en épocas de la administración municipal. sin que hasta ese momento se hubiera cubierto el cupo anterior Establece la obligatoriedad del ingreso por concursos públicos abiertos y sujeta la gradualidad de la incorporación a la respectiva reglamentación. basado en la idoneidad funcional. Por tal razón. Debe rechazarse semejante argumento. se preverá la aplicación estricta de esta disposición " De modo que este precepto aumenta el cupo laboral reservado del cuatro al cinco por ciento. se declara la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. mientras que el resto de los trabajadores ingresan arbitrariamente por el sistema de contratación. como mínimo. cuyo art. En general. La ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. la gran cantidad de nuevos organismos creados a partir de la declaración de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. 8° de la Ley 22 431 a ocupar. Por otra parte. figuran los congelamientos operados. con incorporación gradual en la forma que la ley determine En todo contrato de concesión de servicios o de transferencia de actividades al sector privado. la norma no ha sido reglamentada. el ingreso responde a cuestiones de clientelismo partidario o a contrataciones que no están sujetas a concursos o a métodos de selección que prioricen la inclusión de grupos vulnerables. 1992 y 1994. Asegura un cupo del cinco por ciento del personal para las personas con necesidades especiales. Entre los argumentos esgrimidos para no dar cumplimiento al cupo determinado constitucionalmente. sino iodo lo contrario Se afirma que el ingreso de discapacitados debe realizarse por medio de concursos. sin advenir que ese no era el espíritu de la Constituyente. comienza a regir la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se reconocen y organizan las carreras por especialidad a las que se ingresa y en las que se promociona por concurso público abierto. cuyo Gobierno es continuador jurídico de la ex. En 1996. desde que aumento el cupo al cinco por ciento.
a los efectos de integrar los múltiples organismos recientemente creados. Para concluir. Prueba de ello es que desde 1988 hasta 1996 no tuvo movimiento alguno. los sindicatos ponen el énfasis en la lucha . a pesar de eso. a pesar de la orden judicial decretada en la causa Teneira. accedan a ocuparse de la escasa población de trabajadores con discapacidad. pero jamás se dio a publicidad. 10 de la misma Constitución establece que: "Rigen todos los derechos. Sin embargo. el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no procedió a ello. Como ya quedara expresado no hay una política real dirigida a la inserción laboral de las personas con discapacidad en el Sector Público que ni siquiera se abstiene de despedir a las pocas personas que oportunamente ha ingresado a la administración pública o a los entes que de ella dependen en mérito a sus aptitudes personales. En la situación de desocupación imperante. máxime cuando se trata de un derecho legitimado hace mas de veinte años y que fuera pertinazmente conculcado por la inacción de los funcionarios responsables. declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. que la integración laboral de las personas con discapacidad que depende de que el Estado asuma una conducta emblemática en su favor. las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. no son tenidas en cuenta por los órganos de aplicación de la ley. sin que se desarticulara ninguna. debemos señalar entonces. cuando de implementar políticas de racionalización en el Estado (29). el derecho a la inserción laboral y a la equiparación de oportunidades son letra muerta. Organizaciones sindicales Difícilmente las organizaciones de trabajadores y/o empleadores que no logran asegurar condiciones equitativas de contratación y ascenso para la ciase trabajadora en general.descartaba toda posibilidad de declarar congeladas las vacantes en organismos que antes no funcionaban. no se hace efectiva desde que las previsiones legales sancionadas a ese efecto. mediante su incorporación en actividades de interés general. en poco tiempo se inscribieron doscientas treinta personas (datos de 1998). porque no se destinan partidas presupuestarias que posibiliten la inclusión en los organismos obligados a ello. Y aún cuando la actividad jurisdiccional ordenó la publicidad del mismo en medios masivos de comunicación. • El Decreto 3649/88 creó el Registro de Aspirantes con Discapacidad a ingresar en la Administración Publica. la falta de reglamentación es el único pretexto que pueden Hacer valer. • Por último. pero debe tenerse en cuenta que el art. Isabel c/GCBA s/Amparo". ya que a la hora de designarse personal o contratarse servicios. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y esta no puede cercenarlos" Debemos concluir que la omisión en el tratamiento legislativo no puede hacer caer un derecho constitucionalmente reconocido.
siempre que las atiendan personalmente. Concesión de espacios La concesión de espacios para la explotación de pequeños comercios a cargo de personas con discapacidad está regulada por el art. cualquiera fuere su naturaleza jurídica y la función que desempeñaren Ministerios. Se incorporarán a este régimen las empresas privadas que brinden servicios públicos Será nula de nulidad absoluta la concesión adjudicada sin respetar la obligatoriedad establecida en el presente artículo El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.431 por el siguiente: "El Estado Nacional.Es importante remarcar que. sustituido por el artículo 1 de la Ley N 24308. 2. aún en el caso de que una persona con discapacidad se haya integrado laboralmente. de oficio o a petición de parte. Secretarias. 11° de la Ley No 22431. el Estado tampoco ejerce acciones encaminadas a lograr el objetivo. las empresas mixtas y del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires están obligados a otorgar en concesión. como así tampoco. de tal concesión.308 expresa: "Quedan incluidos en el régimen del artículo 11 dé la Ley N 22 431." El art. empresas del Estado . se dan los mecanismos que aseguren la promoción y el ascenso del trabajador con discapacidad. la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para la explotación de pequeños comercios. el mismo Estado ha implementado una política "Aseguradora del Riesgo de Trabajo" que preconiza el retiro o jubilación de aquellas víctimas de accidentes laborales antes que priorizar su rehabilitación. espacios para pequeños comercios en toda sede administrativa.por obtener denigrantes planes sociales en vez de reclamar mejores condiciones laborales.308. Ninguno de estos actores promueve el cumplimiento de la legislación (ley nacional na 19 587) atinente a la protección y seguridad de los trabajadores -tengan o no discapacidad. ni siquiera se garantiza la estabilidad laboral de ningún trabajador. se dará prioridad a las personas discapacitadas que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades. todos los organismos del Estado Nacional y de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. en el contexto actual. que establece que "En iodos los casos en que se conceda u otorgue el uso de bienes del dominio público o privado del Estado nacional o de. los entes descentralizados y autárquicos. Por otra parte. cuyo art. 1° del Anexo I del Decreto nacional No 795/94. difícilmente se respetará el principio de igual remuneración por igual trabajo." Ello dio origen a la Ley nacional No 24. requerirá la revocación por ilegitima. En las condiciones dadas. desde que. 1° determina: "Sustituyese el artículo 11 de la Ley 22. aún cuando para ello necesiten del ocasional auxilio de terceros Idéntico criterio adoptarán las empresas del Estado nacional y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con relación a los inmuebles que les pertenezcan o utilicen. a personas con discapacidad. entes descentralizados o autárquicos. reglamentario de la Ley N® 24.
marítimo o fluvial. etc. dada la inacción del Organismo de contralor. pero la afectación de los mismos surgía más de las gestiones que realizaban los propios interesados que de la actividad de los funcionarios que tenían a su cargo la cuestión. En ambos casos la obligación impuesta por la Ley deberá ser cumplida siempre que se trate de organismos.). El de Aspirantes es competencia de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad y depende de la gestión de los interesados. se procedió a la asignación de espacios en organismos públicos (preferentemente hospitales o dependencias de la administración pública). 29 Caso Alfonso. Crea también tres Registros. se superpobló el Registro de Aspirantes. que aplica supletoriamente la Ley nacional No 24. agua comente. Dora . el de lugares concesionados sólo abarca a una mínima cantidad y el de lugares disponibles no existe. gas. entidades o establecimientos a los que concurra diariamente un promedio de TRESCIENTAS (300) personas como mínimo" La legislación mencionada ordenó la creación de Registros a los efectos de: 1) la inscripción de los aspirantes a obtener la concesión. aéreo. quedan comprendidos en dicha norma todas las entidades o establecimientos privados que presten servicios públicos.. • Una gran cantidad de los lugares que el Decreto señala no tienen reservado el espacio para otorgar en concesión. esgrimiendo diferentes argumentos que son pacíficamente aceptados por los respectivos funcionarios. etc. energía eléctrica. • Al igual que en el caso anterior.Resolución de Defensoría del Pueblo de la Ciudad Asimismo. Así. así como también las obras sociales de los diversos sectores privados. suelen desconocer la legislación vigente. 2) señalar los lugares disponibles y 3) enlistar los lugares ya adjudicados. Situación en la Ciudad de Buenos Aires. los establecimientos privados que prestan servicios públicos. tales como teléfono. .308. asistencia sanitaria o educacional de todos los niveles. transpone terrestre. el primero de los registros está abarrotado de inscriptos. los establecimientos educacionales e incluso cienos organismos de la administración pública no acceden a disponer un espacio. La concesión de espacios para la explotación de pequeños comercios en la Ciudad está regulada por el Decreto N° 1553/97.despedida del PAMI . El Registro de Lugares Disponibles y el de Lugares Adjudicados dependen de la Dirección General de Concesiones y Privatizaciones. establecimientos sanitarios y educacionales de todos los niveles. Así.o de economía mixta. obras sociales. las Obras Sociales. que creció desmesuradamente en comparación con los otros dos Registros. En principio.
una doble inscripción entre los Registros de Aspirantes del Gobierno de la Ciudad y del Ministerio de Trabajo de la Nación. cuyo art. No 592/01. • Un claro ejemplo de esto es lo que esta ocurriendo en la actualidad en la Ciudad de Buenos Aires respecto a la renovación de permisos para vendedores en la vía pública. asimismo." Posteriormente. c) No otorga espacios en concesión para la explotación de pequeños comercios ni controla el cumplimiento de la ley pertinente en las empresas obligadas 30 y d) reprime la actividad de aquellos que buscan la solución a sus problemas alimentarios en la vía pública aún cuando eran personas que oportunamente habían sido autorizadas a ello (31). tampoco cumplen su misión. aún no dependiendo de la disponibilidad presupuestaría del Estado. hoy. constituyendo ello una pauta de discriminación que demuestra que. del Pueblo de la CBA 3 Talleres protegidos La otra variante son los Talleres Protegidos de Producción (TPP).147. del Pueblo C8A 31 Res. regulados por el art.539/02 de (a Def. lo que demuestra la falta de articulación entre los distintos estamentos. en momentos en que la subsistencia de la población. • Lo expuesto permite inferir que: a) el Estado no dispone en su administración pública las vacantes que por ley debería haber destinado a las personas con discapacidad. registro y supervisión. b) no controla a las empresas obligadas por ley para que den cumplimiento a la reserva del cupo laboral establecido. N° 2301A30 Def. a los efectos de posibilitar la incorporación de personas con discapacidad al mercado de trabajo abierto. la inclusión laboral de los discapacitados queda sujeta a la arbitrariedad de los funcionarios de turno quienes muy lejos están de respetar el orden jurídico interno y de privilegiar la igualdad de oportunidades de quienes conforman los grupos vulnerables. que fueron inicialmente. Apoyará también la labor de las personas discapacitadas a través del régimen de trabajo a domicilio. Una actividad que históricamente han desarrollado diversas personas con discapacidad sin requerir que el Estado invirtiera suma alguna en ello y sin necesidad de que otorgara un espacio destinado a sus propias actividades.• Existe. 1° determina: "Los Talleres Protegidos de Producción deberán participar regularmente en las operaciones de mercado y tener la finalidad de asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de adaptación laboral y social que requieran . 12° de la Ley 22 431 que establece "El Ministerio de Trabajo apoyará la creación de talleres protegidos de producción y tendrá a su cargo su habilitación. está siendo limitada y seriamente reprimida por las fuerzas de seguridad. corre el peor riesgo de la historia.2595A)2. De todas estas consideraciones surge que los órganos encargados de cumplir y hacer cumplir la legislación reseñada.. la actividad de esos TPP fue legislada por la Ley nacional N° 24. 30 Res.. merced a su propio esfuerzo e inversión.
el art. cuya sustentabilidad esté garantizada aún cumpliendo el requisito de factor social. 6° de la Ley 24 147.sus trabajadores La estructura y organización de los Talleres Protegidos de Producción y de los Grupos Laborales Protegidos serán similares a las adoptadas por las empresas ordinarias. 6° de la misma Ley prescribe: "El presupuesto nacional anualmente fijará una partida con la finalidad de incentivar la creación y compensar los desequilibrios de los TPP o GLP. sin perjuicio de sus peculiares características y de la función social que ellos cumplan. por la dificultosa comercialización de sus productos. mayor cantidad de profesionales en el área de la supervisión. 3°. hacen que los considerados "operarios** no ejerzan los derechos reconocidos a los trabajadores en general. pero.'" Artículo 22 que ordena la supresión de las barreras arquitectónicas en todo lugar destinado al ingreso de público. en su parte pertinente. por la mayor cantidad de operarios que concurren en relación con la cantidad de los que deberían concurrir para alcanzar rentabilidad (teniendo en cuenta la función social referida). Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente Ley se imputaran anualmente al Presupuesto correspondiente a la jurisdicción 75 . 3° le exige a las entidades una estructura empresarial y profesional. 1° le atribuye a los TPP una función social.431. el art. 3) construir su plantel con trabajadores conforme a lo señalado por el art. así el desequilibrio que opera financieramente entre el fin social atribuido a los TPP y su sustentabilidad como Empresa. 4) contar con personal de apoyo con formación profesional adecuada y limitada en su numero en lo esencial" • De modo que mientras el art. 2) Justificar mediante el oportuno estudio económico las posibilidades de viabilidad y subsistencia del TPP o GLP en orden al cumplimiento de sus fines.Para que pueda efectuarse la calificación e inscripción deberán cumplirse los siguientes requisitos: 1) Acreditar la identidad del titular.. la efectivización de aportes provisionales y todo aquello que caracteriza a una relación de dependencia laboral. • Queda claro que mientras el Estado reclama el cumplimiento de los aportes pertinentes. sin embargo no se han efectivizado las previsiones presupuestarias señaladas La imposibilidad de sostenerse económicamente. como son el pago de salarios adecuados. Estas organizaciones estarán obligadas a ajustar su gestión a todas las normas y requisitos que afectan a cualquier empresa del sector al que pertenezcan. debiendo además cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 22 de la Ley 22. y en parte. en parte.Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" Se reconoce. el mayor tiempo de aprendizaje de las tareas (fundamentado en el hecho de que al noventa y nueve por ciento de los TPP concurren personas con discapacidad mental). determina: ". al mismo tiempo no cumple con la previsión presupuestaria a que está obligado por el art. el art. Por ello. A su vez. motivada.. . 3° del Decreto N° 498/83 y normas complementarias con contrato laboral escrito con cada uno de ellos y conforme a las leyes vigentes.
debiendo el Estado implementar mecanismos que aseguren la comercialización de sus productos y compensar los desequilibrios que se produjeren.dejando en total desprotección a las Entidades de Bien público. También allí existía una contradicción Mientras los TPP se han concebido para que se inserten laboralmente aquellas personas que no están en condiciones de obtener un empleo en el mercado competitivo formal. medida que fue resistida por las ONGs y que dio lugar a la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación para impedir el cierre del establecimiento. según la ley. calculadas en trescientas en todo el país. se les reconoce a los trabajadores en general Como ya se expresara. tres TPP de la República Argentina (SERPROGAL (Río Gallegos). autorizadas a dirigir y administrar los TPP. salvo contadas excepciones. no reciben salarios con el carácter de sumas remunerativas. A su vez. en lugar de gerenciar la estructura empresarial y ahogar su desarrollo con cargas impositivas. dado que no se les garantizan cargas sociales. debería recalcarse el fin social para el que fueran creados los TPP.no son beneficiarios de los derechos que. esta situación trae aparejado un problema a las Entidades sin fines de lucro que tienen a su cargo los TPP. El Programa tendía a potenciar la capacidad productiva y competitiva de esos emprendimientos mediante el otorgamiento de subsidios para la compra de bienes de capital y/o mejoras edilicias. lo que invariablemente conduciría al cierre de estas Instituciones. Podríamos concluir señalando que. que es la integración laboral de las personas con discapacidad. en todo caso. ni son tenidas en cuenta a los fines indemnizatorios en el caso de despidos o egresos por cualquier causa. las dos primeras La tercer estructura -operarios. recibieron intimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos para hacer efectivos los aportes patronales. atento a la falta de posibilidad de alcanzar la competitividad necesaria para la sustentabilidad de toda empresa. se les exigía una estructura de empresa y competitividad en el mercado. fueron sistemáticamente desviados hasta su derogación definitiva. porque en el supuesto caso de que los operarios reclamasen en sede judicial los rubros señalados. APAD (San Miguel). al embargo de sus bienes. • En ese estado de cosas. que involucran una población aproximada de diez mil personas. . como ya se dijo. una administrativa y una productiva El programa subsidiaba. • Los recursos que a través de la Ley del Cheque No 24 452 se disponían para sostener el Programa de Apoyo a los TPP. aportes al Sistema previsional. FAD (Rafaela). que se hubieren constituido como asociaciones civiles. serian condenados al pago de los mismos (como cualquier empleador). habiendo procedido en el caso de SEPROGAL. Se supone que toda empresa cuenta con una estructura directiva. condicionándolos a la planificación de actividades productivas que les permitiera autofinanciarse. sin fines de lucro.
la disminución en las prestaciones de salud y rehabilitación por parte de las Obras Sociales y el incremento en la necesidad de onesis. esos programas no existen. pero. 12 del Decreto 498/83 como "las secciones formadas por trabajadores discapacitados. fortaleciendo la actividad de esas entidades.1. Al comienzo de este ítem hemos hecho referencia a los Grupos Laborales Protegidos (GLP) definidos en el Art. (Normas uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad . constituyéndose en cooperativas u otras formas societarias. 7 de las Normas Uniformes. 8)" 8.pío.El Programa contemplaba la creación de TPP presentados por entidades comunitarias sin fines de lucro en forma individual o conjunta con organismos públicos y/o empresas públicas o privadas. determina que se deben incluir a las personas con discapacidad en los programas de formación y empleo en el sector privado y en el no estructurado Seria redundante aclarar que en la actual situación social. El inciso 8° del art. que puedan desarrollar un microemprendimiento. en ningún caso contemplaba la posibilidad de formación de grupos de personas con discapacidad. De todos modos reiteramos que la figura del GLP ha devenido abstracta en virtud de la exclusión laboral imperante. la falta de tecnología especial en los establecimientos laborales para los discapacitados sensoriales. con las mismas características que laboran bajo condiciones especiales en un medio de trabajo indiferenciado". no solo por su deficiente redacción. lo que ameritará un breve análisis más adelante. SEGURIDAD SOCIAL "Mantenimiento de los ingresos y seguridad social. prótesis e insumos en general que demanda la persona con discapacidad insertada laboralmente en comparación con la que no trabaja. definición ésta que carece de significación. No hay secciones formadas por trabajadores discapacitados y en el mejor de los casos si se constituyen es a los efectos de obtener la reducción de los aportes patronales de acuerdo a la ley. Los beneficios de la seguridad social y la discapacidad en la argentina . 8. Los Estados son responsables de las prestaciones de seguridad social y mantenimiento del ingreso para las personas discapacitadas. lo que atenía contra el principio de respetar el protagonismo directo de las personas afectadas por algún tipo de discapacidad y comprueba el incumplimiento de la legislación existente en materia de grupos laborales protegidos regulados por la misma Ley 24. Téngase en cuenta la falta de accesibilidad al transporte que padecen los discapacitados motores. sino por la falta de inclusión laboral a la que ya hemos aludido.147. Inadecuación Normativa.
En este supuesto el trabajador que se hubiera desempeñado en forma continuada durante mas de tres meses mantendrá su condición de beneficiario durante un periodo de tres meses. además de perder el empleo. licencia sin goce de sueldo o muerte del trabajador.. Esta situación no se da en otros supuestos que establece el citado art. se le concede el derecho negado al trabajador que pierde su relación laboral por extinción de la misma. intentar fijar claramente un nuevo régimen de Obras sociales. 9 inc B). 10. los jubilados y pensionados nacionales. "Subsistencia del carácter de beneficiario por extinción de la relación laboral. sino que. contados desde su distráete. los beneficiarios de prestaciones no contributivas nacionales. debiendo interrumpir los procesos de rehabilitación o tratamiento de familiares a cargo con discapacidad. 10 inc. por el contrario. como por ejemplo suspensión. 8): los trabajadores en relación de dependencia del sector privado o publico del PEN o entes autárquicos o descentralizados. el trabajador pierde inmediatamente su condición de beneficiario y la ley no le reserva el derecho de continuar en tal carácter. Finalmente en el art. y luego las resoluciones dictadas por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.En los últimos quince años la seguridad social ha sufrido profundas transformaciones que derivaron en una reformulación de las leyes que regulan el área Paralelamente se ha tratado de redefinir cuales son las funciones del Estado y como una de sus consecuencias. en empresas y sociedades del Estado. Se da la paradoja de que a la persona que cesa su relación laboral le hubiera convenido fallecer. sin obligación de efectuar aportes ". se establece las condiciones que deben reunirse para la subsistencia del carácter de beneficiario. queda sin la cobertura que tenia.. abonando las sumas correspondientes a los aportes y contribuciones de un beneficiario titular. Esta situación conlleva que el hasta entonces beneficiario. 10 de la citada ley. A) Al concluir ese periodo de prorroga automática. • Beneficiarios de Obras Sociales En la Argentina el régimen legal para las obras sociales reconoce dos leyes fundamentales como lo son la 23 660 y 23 661. A esta enumeración debe agregarse el grupo familiar primario del beneficiario y aquellas personas que "convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible trato familiar." (art. En la ley 23 660 se establece que serán beneficiarios obligatorios (art. (art. a fin de dejar a su grupo familiar primario en mejor situación en lo que a cobertura social se refiere. • Beneficiarios de Pensiones No Contributiva ..
CULTURA: . (Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad . Así. 10)" "Actividades recreativas y deportivas.pto. 11) 9.. Acotar hasta la mínima expresión. en el caso de pensión por invalidez. y al contrario ampliar el grupo familiar que debe mantenerlo o el numero de años de residencia se traducen en la exclusión del presente beneficio a numerosas personas que si lo necesitan. Téngase en cuerna que el beneficio es un aporte mensual de pesos ciento uno ($ 101. por lo se puede concluir que es imposible alcanzar un nivel de vida mínimamente satisfactorio en materia de vivienda. 9. el porcentaje de discapacidad. No tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos. ingresos ni recursos que permitan su subsistencia. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en la capacidad laboral una disminución del SETENTA Y SEIS POR CIENTO ( 76%) o más. se somete a la persona con discapacidad a un criterio de total dependencia del grupo familiar al que pertenece. toda vez que la percepción de este beneficio impide la obtención de cualquier otro subsidio para las personas que lo reciben. Los extranjeros deberán acreditar una residencia mínima continuada en el país de veinte (20) años.. alimentación. se encuentren impedidos para hacerlo: ni vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistir ¡o. " De la simple lectura se observa el retroceso que significa esta normativa dentro de la legislación nacional. Por otra parte está situación se agrava. Los Estados deben adoptar medidas encaminadas a asegurar que las personas discapacitadas tengan igualdad de oportunidades para realizar actividades recreativas y deportivas. retiro o prestación no contributiva alguna. A modo de ejemplo se transcriben algunos: "Encontrarse incapacitado en forma total y permanente. el patrimonio del solicitante. Los Estados deben velar por que las personas discapacitadas se integren y puedan participar en las actividades culturales en condiciones de igualdad... No poseer bienes. y cuidados de la salud.1. El requisito que establece la obligatoriedad de veinte (20) años de residencia para los extranjeros o de cinco (5) años para los naturalizados configura un gran sector que queda totalmente desprotegido de la cobertura social. CULTURA Y DEPORTES "Cultura.Los requisitos establecidos para acceder a este tipo de beneficios en el Decreto N° 432/97 son sumamente restrictivos. No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión.pto. (Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad .-) que incluye los beneficios sociales del INNSJP y PROFE.
e. • No hay tecnología ni medios alternativos incorporados a las salas donde se desarrollan actividades de esta naturaleza que permitan el disfrute o el protagonismo por parte de los asistentes con discapacidades sensoriales. Los discapacitados motores suelen verse obligados a pagar entradas a valor platea por carecer el área pullman de zonas aptas para la ubicación de sillas de ruedas. es tomada como una recreación. • La actividad artística y/o cultural. en un carácter o en otro de las personas afectadas. La disponibilidad de materiales y medios técnicos o recursos humanos que permitan la participación. transporte) que el sector debe afrontar. de personas con discapacidad quedan reducidas a las actividades realicen las organizaciones involucradas en la temática. DEPORTE Inadecuación Normativa • En nuestro contexto normativo no hay disposiciones que promuevan el desarrollo de actividades deportivas integradas. método terapéutico o como un recurso de sensibilización.Falta de implementación de políticas públicas. Si bien existe en la Ciudad de Buenos Aires una reserva del 10% de los espacios a otorgar en lugares públicos. ni siquiera en los casos en que las expresiones se desarrollan en espacios abiertos. • Por otra parte. y no como una actividad creadora que beneficia a toda la comunidad Mucho menos como una actividad remunerada que permita al artista con discapacidad desarrollarse laboralmente en una actividad libremente escogida o aceptada. mediante Cabe preguntarse si existen artistas con discapacidad. corresponde remarcar que la inaccesibilidad a muchos de los lugares de espectáculos públicos. casi no existen. En realidad son mínimos los intentos de realizar actividades realmente integradas . • Las escasas demostraciones culturales y/o artísticas. las que que. De hecho no se visibilizan. apuntan a promocionar sus propias actividades. las adjudicaciones dependen de un sorteo. se llevan adelante generalmente entre las mismas personas con discapacidad. la sensibilización de los concurrentes. del que normalmente el artista con discapacidad no se entera por la escasa difusión No constituyendo las actividades culturales y/o artísticas de las personas con discapacidad una actividad remunerada o productiva resulta muy oneroso.2. sino que limita su participación como espectador. teatros y salones de conferencias. poder sostenerla en razón de los altos costos de vida (p. las generalmente. no sólo impide al artista con discapacidad su intervención como tal. Tampoco se . pero nunca en forma integrada con artistas sin discapacidad.Sólo algunas expresiones artísticas y/o culturales. por ejemplo en las ferias artesanales. 9. bibliotecas. museos.
la participación queda reducida a sus asociados-. cooperación. no proveen información ni difusión de los eventos que se organizan. 10. quedan al margen de las decisiones en materia de política deportiva. La situación de los inmigrantes con discapacidad. en los escasos centros de rehabilitación de carácter público no existe infraestructura adecuada para desarrollar ese tipo de actividades. que garanticen la organización de torneos. creatividad. ni en el relacionado con el turismo. elaborado por la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación está contemplada la participación prioritaria de niños y jóvenes con discapacidad. lo cierto es que las becas y subvenciones que deberían otorgarse a esos efectos. merced al esfuerzo económico de su entorno familiar. aún aquellos que participan.promocionan ni se impulsan sistemáticamente las actividades deportivas entre personas con discapacidad salvo en casos excepcionales. • La indiferencia con que el Estado reacciona en este campo queda probada por la falta de partidas presupuestarias destinadas a ese fin Si bien en el Plan Nacional de Deportes para todos. por ello no se capacitan docentes. Así los docentes no incorporan en su quehacer los principios de participación. • Los profesorados de formación docente no incluyen la temática en sus programas de capacitación. 10. • Generalmente el Estado esta ausente en el desarrollo de políticas afines. equiparación de oportunidades. no se ejecutan programas de formación deportiva ni en el ámbito competitivo. En sus últimos dos informes anuales el CELS ha denunciado el accionar del Estado Argentino respecto de las personas discapacitadas que solicitaban la radicación en el país (32) . cuya capacidad económica no siempre tiene la envergadura necesaria para asegurar la continuidad ni la articulación con otras instituciones del interior del país. solidaridad. • Los deportistas con discapacidad. tiempo libre o de campamento. • Entonces. lograron participar en encuentros internacionales. vieron interrumpida su carrera cuando requirió del apoyo gubernamental. De modo que solo se desarrollan en el ámbito de las ONGs involucradas en el tema.1. técnicos y profesionales en la materia. Asi es que jóvenes que. Inadecuación Normativa. dejando la actividad de las personas con discapacidad sumidas en plena apatía y sedentarismo. competencias o intercambios sociales. no logran su articulación dentro de una política federal Así. En consecuencia. la actividad que queda a cargo de federaciones y asociaciones deportivas que se organizan por tipo de discapacidad y por disciplina deportiva. • Se desconoce por completo el fin terapéutico que el depone y las actividades recreativas tienen en los procesos de rehabilitación. están sujetas a la reducción de las partidas presupuestarias.
2002. chileno. representante de INADI en Tierra del Fuego y miembro de la Organización No Gubernamental Participación Ciudadana. sino que establece un régimen absolutamente opuesto al cel decreto en cuestión. reside junio a su madre. en grado tal de alteración de sus estados de conciencia o conducta. capitulo XII. profesión. 1° de la ley 24. . decide expulsar a extranjeros por el sólo hecho ser personas con discapacidad En efecto. CELS. ingresó al país junto a su padre en el año 1973 Desde esa fecha. El Sr. o una enfermedad crónica que disminuya totalmente su capacidad para el trabajo o el ejercicio del arte. Hechos 2001.. 33 Decreto Reglamentario 1023/94 del 29 de junio de 1994. congénita o adquirida. de quien depende. 10.393. c) Tener discapacidad física o psíquica.Se ha comprobado que en muchos casos que el Estado.la Dirección Nacional de Migraciones -. Ed. y tiene además. Ed Siglo XXI. capaces de provocar graves dificultades familiares o sociales. al garantizar a los discapacitados la categoría migratoria de su familia 35 Agradecemos la información aportada por Guillermo Wortman. Bs. Informe Anual 2002. Buenos Aires. a través de uno de sus órganos . ambos argentinos nativos. industria u oficio que posea y que carezca de posibilidades de subsistencia y amparo" La conducta de la DNM no sólo es contraria a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Carlos Alberto Huenten Ruiz. Situación de /os derechos humanos en Argentina 2001. Carlos Alberto Huenten Ruiz posee una deficiencia mental de naturaleza permanente (oligofrenia) 32 Cfr. As.393. 2001 y CELS. se encontraban los extranjeros que presentaren cualquiera de estos impedimentos: b) Estar afectado de alienación mental en cualquiera de sus formas o poseer personalidad psicopática. el régimen derogado disponía que entre los inhabilitados para ser admitidos y/o permanecer en el país en cualquier categoría migratoria. un hermano y una hermana. Siglo XXI. Pese a ello. ignorando arbitrariamente la reforma introducida por el art. nacido en 1968. la DNM continúa aplicando el régimen dispuesto por el decreto. sino también. Esta no sólo elimina la discapacidad como una causal de inhabilitación para solicitar la radicación. a la misma Ley de Migraciones y a lo dispuesto en la Convención Interamericana para la Eliminación de las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (ratificada por la República Argentina). aplicando un régimen legal de orden reglamentario33 y tácitamente derogado por una ley del Congreso Nacional34. Hechos 2000. como observaremos a continuación a través de dos casos.2 Algunos casos particulares Caso Huenten Ruiz (Tierra del Fuego)(33) El Sr. 34 Ley 24.
La intervención del defensor público federal. los responsables del servicio jurídico de la DNM destacaron que éste tenia una inhabilidad relativa y que por ello debía demostrar su solvencia económica o la de su familia (38) En consecuencia. El 22 de marzo del 2000 se ordenó la deportación del Sr. Huenten Ruiz obtuvo la ciudadanía argentina que le había sido negada durante años. en la que señaló el status de argentina naturalizada. derivó en una medida cautelar que logró paralizar la expulsión. Gabriela Cefarani.es un hecho que su salida se debió al escándalo desatado tras rechazarle la ciudadanía argentina a un chileno de 33 años discapacitado. Narváez. en su detecto. es evidentemente inconstitucional. La impugnación no sólo atacaba la decisión oficial. de su madre Pocos días después. no hubo decisión alguna sobre el articulo 21 del decreto 1023/94. sustentándose en una norma -artículo 21 del decreto 1023/94. Ruiz pero no al Sr..que. Finalmente. que vive con su familia desde hace 27 años en la isla. Ésta le fue otorgada a la Sm. mediante disposición no 213/99 intimó a Huenten Ruiz a que presentara la documentación y cumpliera los requisitos de trámites reglamentarios para considerar su admisión al país. pero el Sr. Por otro lado. Huenten Ruiz. sino que también solicitaba la declaración de inconstitucionalidad del decreto migratorio y la nulidad del fallo judicial que le denegó la ciudadanía argentina a Huenten Ruiz (36). Caso Eduardo Narváez Fernández (Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires) La existencia de casos similares al del Sr. El 30 de enero del 2002.En el año 1987 tramitó junto a su madre la obtención de la carta de ciudadanía. Huenten Ruiz permite verificar la existencia de una práctica sistemática por parte de la DNM. Huenien Ruiz debido a su discapacidad. Eduardo Narváez Fernández a través de la disposición no 001972 (articulo 1ro ) Al pronunciarse sobre el pedido de radicación del Sr. o bien está derogada tácitamente o. Ante esta situación. la delegada de la Dirección Nacional de Migraciones en Tierra del Fuego. Marcelo Castañeda Paz. Huenten Ruiz se presentó ante la Dirección Nacional de Migraciones realizando un acta de declaración para establecer su situación migratoria. Guillermo Wonman.. la Dirección Nacional de Migraciones denegó la solicitud de regularización migratoria del Sr. la Dirección Nacional de Migraciones dictó la orden de expulsión del país del Sr. tal como ha sido señalado. que desconoce el marco legal con que debe proceder. fue removida de su cargo. y del representante del INADI en Tierra del Fuego. el 13 de abril de 1999 el Sr. ". y a que intimaron a que regrese sólo a su país" (37). bajo apercibimiento de obligarlo a hacer abandono del territorio nacional. Esta decisión fue impugnada por . Narváez. Según algunos medios. el Jefe de la Delegación Tierra del Fuego de la DNM.
Estos casos permiten concluir que la reforma introducida por la ley 24 393 (art. Previo a resolver la situación planteada en autos o) responderá que se intime al extranjero a acreditar medios de vida propios y de su grupo familiar conviviente".com 38 Este defamen. 23 surge que posee una discapacidad del 39%.conforme a las constancias de autos. María de las Mercedes de Vergara y que consta en el expediente migratorio del Sr. Narváez. a} Toda vez que del informe médico obrante a fs. y el recurso aún no ha sido resuelto.la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.data54. inciso 22). firmado por la Dra. sostiene lo siguiente: '. el extranjero de nacionalidad boliviana Narvaez Fernández Eduardo está incluido en la inhabilidad relativa del articulo 22 inc. 1°) parece no haber llegado a conocimiento de las autoridades de la DN^. 36 Por este hecho también emitió un dictamen el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELSV 37 Información extraída de la página web www.. 75. quienes continúan aplicando una norma ya derogada y que vulnera los derechos garantizados por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos de igual jerarquía (art. .
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