Source: http://carlostardiocordon.blogspot.com/2014/06/inmanente-al-estado-de-las-cosas.html
Timestamp: 2017-09-23 02:12:03+00:00

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Enfermeros, por Carlos Tardío: Inmanente al estado de las cosas
POSICIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS DE BADAJOZ AL RESPECTO DE LA GESTIÓN CLÍNICA
Esta norma, básica en todos los sentidos, incorporó al ámbito del Sistema Nacional de Salud un modelo de organización de los centros y servicios caracterizado, fundamentalmente, por la “Gestión Directa” (asumida por la propia Administración), tradicional en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Dicha norma reguló, asimismo, la vinculación de los hospitales generales de carácter privado mediante convenios singulares, y los conciertos para la prestación del servicio sanitario con medios ajenos, dando prioridad a los establecimientos, centros y servicios sin carácter lucrativo.
En concreto, el artículo 69 de la Ley General de Sanidad (en adelante, LGS) estableció, a modo de principios rectores en materia de gestión, que:
“1. En los Servicios sanitarios públicos se tenderá hacia la autonomía y control democrático de su gestión, implantando una dirección participativa por objetivos.
3. Todos los Hospitales deberán posibilitar o facilitar a las unidades de control de calidad externo el cumplimiento de sus cometidos. Asimismo, establecerán los mecanismos adecuados para ofrecer un alto nivel de calidad asistencial”.
Como vemos, el legislador se mostró partidario de la implantación de “direcciones participativas por objetivos”, contando con la intervención de los propios profesionales en su evaluación de la calidad asistencial.
Esas Direcciones fueron definidas poco después, en el ámbito hospitalario, en el Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprobó el reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud, que vino a desarrollar y ejecutar la Ley 14/1986 y organizó los servicios y actividades de los hospitales en tres divisiones, encontrándose al frente de las mismas el Gerente[1], al que se adscriben orgánica y funcionalmente[2]:
- División Médica.
- División de Gestión y Servicios Generales.
No obstante la creación de esas tres Divisiones, la norma reservaba al Gerente del Hospital las siguientes áreas de actividad:
A cada División se le atribuían las siguientes funciones:
Obviamente, se dispuso que al frente de la División Médica del hospital existiera un Director Médico, nombrado por el procedimiento de libre designación mediante convocatoria pública entre personas que ostenten la condición de funcionarios públicos o personal estatutario de las entidades gestoras de los servicios de salud, en ambos casos de cuerpos, escalas o plazas de carácter sanitario y con titulación de Licenciado en Medicina y Cirugía, y demás requisitos que se determinen en la convocatoria.
De igual manera, a la División de Enfermería, al frente de la cual existiría un Director de Enfermería, nombrado por el procedimiento de libre designación, con convocatoria pública entre personas que ostenten la condición de funcionarios públicos o personal estatutario, en ambos casos de cuerpos, escalas o plazas de carácter sanitario y con titulación de Diplomado en Enfermería, Ayudante Técnico Sanitario, Practicante, Matrona, Enfermera o Fisioterapeuta[4] y demás requisitos que se determinen en la convocatoria, se le atribuían las siguientes funciones:
Este Reglamento de 1.987 previó la creación, en cada División, de una serie de unidades y servicios adscritos a las mismas. Así, adscritas orgánicamente a las Gerencias se crearon Unidades orgánicas con la denominación y categoría que se determinase en el organigrama del hospital, bajo la dependencia del Director Gerente. En la División Médica se previó que los responsables de los servicios médicos tuvieran la denominación de Jefes de Servicio, bajo la dependencia inmediata del Director Médico, como también dispuso la creación de responsables de las Unidades asistenciales con rango inferior al de servicios, con la denominación de Jefes de Sección, dependiente del Director Médico o del Jefe del Servicio, si lo hubiere.
Por lo que respecta a la Profesión Enfermera, el Reglamento dispuso que los responsables de las unidades orgánicas de Enfermería, tuvieran la denominación de Supervisores de Enfermería y dependieran del Director de Enfermería.
Los puestos antes citados (Jefes de Servicio, Jefes de Sección, Supervisores de Enfermería) se configuraron como responsables del correcto funcionamiento de las respectivas unidades y de la actividad del personal a ellos adscrito, así como la custodia y utilización adecuada de los recursos materiales que tengan asignados[5].
Desde luego que la redacción de este Real Decreto 521/1987 era francamente mejorable, pero lo cierto es que la organización y funcionamiento de los Hospitales comenzaba a tener sentido. Se apostaba decididamente por un sistema de “Gestión Directa” cuya materialización requería la observancia de un proceso de selección público que garantizara la idoneidad de quienes pasaran a dirigir las Divisiones en que se organizaba.
REAL DECRETO-LEY 10/1996, DE 17 DE JUNIO Y LEY 15/1997, DE 25 DE ABRIL: NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN
No obstante, es bien sabido que si por algo se caracteriza nuestro legislador es por su incapacidad de generar certidumbre. Es la vacilación constante, generadora de inseguridad jurídica y propia de quienes carecen de convicciones forjadas en la experiencia, la nota que define a los responsables de configurar nuestro ordenamiento jurídico. Así se explica que esa “Gestión Directa” de la Sanidad Pública por la que apostaba en un principio el legislador pasara a compartir escenario con “nuevas formas de gestión” (Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del INSALUD, sustituido por Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud), previéndose que la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria pudiera llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho[6], y, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad (“Gestión Indirecta”).
Por tanto, por obra y gracia del legislador, desde 1.996, en la gestión de la Sanidad Pública pueden intervenir “actores” privados ya que, junto a la “Gestión Directa”, se contempla la referida “Gestión Indirecta”.
LEY 10/2013, DE 24 DE JULIO [7]
Y llegamos ya a la Ley 10/2013, de 24 de julio, en cuya Disposición Final Quinta, sin justificación previa, encontramos tres modificaciones verdaderamente relevantes de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, que aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, con las que se pretende regular el régimen jurídico de lo que se denomina “situación de servicios de gestión clínica” del personal estatutario fijo [8] .
Aprovechando la introducción de esa novedosa situación administrativa, la ley contempla la posibilidad de que el personal estatutario fijo que quiera desarrollar funciones de gestión tenga que aceptar, de forma previa y voluntaria, un cambio en su relación de empleo que habría de ofertarle su Servicio de Salud siempre que la naturaleza de las instituciones donde se fueran a desarrollar las funciones de gestión clínica no permitieran que prestara sus servicios como personal estatutario fijo en activo.
Es obligado preguntarse qué es lo que pretende el legislador con la citada Disposición Final Quinta de la Ley 10/2013 ¿ Qué persigue con esa nueva situación administrativa de “servicios de gestión clínica”? ¿Por qué se prevé un posible “cambio en la relación de empleo”?
En nuestra opinión, la intención parece clara: privatizar la gestión de la sanidad pública. Y si ese es el auténtico propósito que encierra la Ley 10/2013, la postura que esta Corporación debe adoptar no puede ser otra que la FRONTAL OPOSICIÓN, por las razones siguientes:
1. Porque el fracaso del actual sistema de gestión lejos está de responder a su inadecuada confección sino a la más que demostrada incapacidad –bien sea producto de su ineptitud o por simple dejación- de quienes han de materializarlo.
2. Porque no se puede denostar un sistema de gestión cuando se incumple flagrante, reiterada e impunemente la forma en que el mismo debe organizarse. Es público y notorio que, para la ocupación de cargos de responsabilidad, el único “mérito” que se viene exigiendo consiste en demostrar fidelidad a unas siglas determinadas. Así, el hecho de que los cargos de responsabilidad organizativa sean “de libre designación” en modo alguno exime de que su nombramiento venga precedido de un proceso de selección público al que puedan postularse cuantos aspirantes entiendan que poseen méritos suficientes como para asumir las responsabilidades que entrañan tan relevantes puestos.
3. Porque con la “gestión privada” de la sanidad se consagraría y, peor aún, potenciaría el germen del fracaso del sistema actual: el nombramiento de personas sin necesidad de acreditar más mérito que su afinidad a unas siglas.
4. Porque es lógico y deseable que la protección que merece el bien jurídico más importante -la vida- esté garantizada por un Sistema Sanitario Público cuya gestión jamás responda a intereses que, siquiera mínimamente, suavicen o se aparten de tan firme propósito.
5. Porque la gestión privada pone en evidente y serio riesgo el respeto a los principios que rigen el ejercicio de las Profesiones sanitarias: plena autonomía técnica y científica.
6. Porque los Profesionales sanitarios que ejercen en la Sanidad pública tienen derecho a participar en funciones de gestión sin tener que renunciar a un estatus -de personal estatutario- ganado legítimamente gracias a la superación de procesos de selección públicos, y no por ser de uno u otro partido político.
Por otra parte, conviene recordar que es el Estatuto Marco el que establece que la ordenación del personal estatutario se ha de regir por una serie de principios y criterios que no se pueden extrapolar al sector privado (legítimamente gobernado por otros intereses)[9], de los que destacamos los siguientes:
- Responsabilidad en el ejercicio profesional y objetividad como garantías de la competencia e imparcialidad en el desempeño de las funciones.
- Integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud y de sus centros e instituciones.
- Incorporación de los valores de integridad, neutralidad, transparencia en la gestión, deontología y servicio al interés público y a los ciudadanos, tanto en la actuación profesional como en las relaciones con los usuarios.
- Dedicación prioritaria al servicio público y transparencia de los intereses y actividades privadas como garantía de dicha preferencia.
Si a estos principios añadimos que el personal estatutario tiene el deber de participar y colaborar eficazmente, en el nivel que corresponda en función de su categoría profesional, en la fijación y consecución de los objetivos cuantitativos y cualitativos asignados a la institución, centro o unidad en la que preste servicios[10], se nos escapan las razones por las que se pueda poner en duda que sea ese mismo personal, bajo ese mismo régimen jurídico –estatutario-, el que pueda mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestro Sistema Sanitario, siempre, claro está, sin olvidar que por encima de cualquier interés –incluido el económico- se encuentra la protección de la salud, la protección de la vida.
La posición de este Ilustre Colegio Oficial de Enfermeros de Badajoz no puede ser otra que:
A) Rechazar, de plano, que las Direcciones Enfermeras y su estructura organizativa y funcional puedan verse afectadas en aras de la creación de esa figura de Gestión clínica por unidades y/o servicio, por cuanto que la misma viene a socavar los cimientos de la Profesión Enfermera, su plena autonomía técnica y científica, cuando la misma tiene como guía de su actuación el servicio a la sociedad, el interés y salud del ciudadano a quien se le presta el servicio, el cumplimiento riguroso de las obligaciones deontológicas, determinadas por las propias profesiones conforme a la legislación vigente, y de los criterios de normo-praxis o, en su caso, los usos generales propios de su profesión.
B) Rechazar que la Profesión Enfermera sea sometida a los criterios de unos “gestores” clínicos cuyos objetivos se centran en la “rentabilidad”, en lugar de la salud de la población de forma integral, integrada, permanente y continuada.
[1] La LGS prevé también la existencia de una División de Gerencia cuando las necesidades de la gestión así lo aconsejen y se apruebe por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
[2] Artículo 6 Real Decreto 521/1987.
[3] Direcciones de “Enfermería” que vinieron a sustituir a las extintas Jefaturas de Enfermeras previstas en el extinto Estatuto de Personal sanitario “no facultativo” de la Seguridad Social, que las tenía adscritas a las Direcciones Médicas
[4] Ciertamente, la redacción del texto era francamente mejorable porque sólo existía una Profesión, de Enfermero, ya que la Matrona formaba –y aún forma- parte de la misma como Especialidad, y tanto la Fisioterapia como Podología habían sido “separadas” de la Profesión Enfermera.
[6] Artículo único, punto 1, de la Ley 15/1997.
[7] Ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas 2010/84/UE del Parlamento europeo y del consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento europeo y del consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
[8] Las modificaciones a que nos referimos son las siguientes:
- Modificación del apartado 1 del artículo 63 del Estatuto Marco, que pasa a tener la siguiente redacción:
“Se declarará en la situación de servicios de gestión clínica al personal estatutario fijo que acepte voluntariamente el cambio en su relación de empleo que se le oferte por los servicios de salud para acceder a estas funciones, cuando la naturaleza de las instituciones donde se desarrollen las funciones de gestión clínica no permitan que preste sus servicios como personal estatutario fijo en activo. En esta situación, este personal tendrá derecho al cómputo del tiempo a efectos de antigüedad, así como a la reserva de su plaza de origen”.
- Inclusión de un nuevo artículo 65 bis, que reza “Servicios de gestión clínica” y establece que:
- Inclusión de una nueva disposición transitoria octava, con los siguientes términos:
“Pase a la situación de servicios de gestión clínica desde situaciones distintas al servicio activo.
2. Asimismo, el personal estatutario fijo que pase a la situación de servicios de gestión clínica desde una situación que no conlleve reserva de plaza o derecho al reingreso, únicamente tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad”.
Publicado por Carlos Tardío Cordón en 21:09

References: artículo 69
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 63
 artículo 65