Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421743.html
Timestamp: 2019-03-25 00:06:25+00:00

Document:
as201421743
Auto Supremo: 743/2014
Partes: Julio Humberto Valenzuela Gonzáles, Martha Fiorilo de Valenzuela
Empresa Constructora JUVALGO Ltda. c/Jaime Alfonso Zubieta Flores –
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 1165 a 1168 interpuesto por Jaime Alfonso Zubieta Flores en representación del Banco BISA S.A. y el recurso de casación también en el fondo cursante de fs. 1172 a 1178 presentado por Julio Humberto Valenzuela Gonzales y Martha Fiorilo de Valenzuela, ambos contra el Auto de Vista Nº 157/2012 de 18 de octubre 2012 de fs. 1151 a 1162 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de resarcimiento por hechos ilícitos y daños y perjuicios seguido por la Empresa JUVALGO contra el Banco BISA S.A., los antecedentes procesales; y:
Por Sentencia de fecha 14 de noviembre 2006 el Juez Primero de Partido en lo Civil de la Capital, declaró probada en parte la demanda de fs. 23 y probadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad e improcedencia e improbada la de falta de acción y derecho opuestas por el banco BISA S.A. Disponiendo en consecuencia que el Banco BISA S.A. por intermedio de sus personeros proceda al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al Consorcio COINBOL-JUVALGO Ltda. por los irregulares desembolsos efectuados en la suma de $us.17.000.- y Bs.8.619 a favor de la empresa COINBOL Ltda. Representada por Mario López Prada y Zulema López de López, cuyo monto se averiguará en ejecución de Sentencia.
Contra esa resolución de segunda instancia, tanto la empresa demandante JUVALGO Ltda., como el Banco BISA S.A. interpusieron recurso de casación en el fondo, mismos que se pasa a considerar y resolver.
Refiere que de conformidad con el art. 984 del Código Civil, la responsabilidad civil se considera procedente, únicamente cuando una persona produce un daño a otra, sin embargo en el caso de Autos, el Juez A quo y el Tribunal de Alzada en su momento, a tiempo de dictar las resoluciones no consideraron que pese a lo irregular de las transferencias de $us.17.000.- y de Bs. 8.619.- dichos montos de dinero fueron reconocidos por el propio Julio Valenzuela Gonzáles en el balance y estados del propio Consorcio COINBOL-JUNVALGO, por lo que se tiene que el Banco BISA S.A. no cometió daño alguno contra el indicado consorcio ni tercera persona, por lo que no correspondería que se determine ni califique responsabilidad civil alguna al no existir daño civil que se tenga que reparar. Es decir que se resolvió el pago de daños y perjuicios sin contar con los requisitos y elementos esenciales para determinar el daño y consiguiente responsabilidad civil, entre ellos se tiene a la conducta antijurídica o incumplimiento contractual desarrollado por el agente comisor del daño, producción de un daño o perjuicio y nexo o vínculo causal; en el caso presente se tiene que los dineros transferidos no fueron a otorgar ventaja alguna al Banco BISA S.A., sino fueron transferidas a favor del consorcio COINBOL-JUVALGO, demostrando con ello que no han sido causantes de daño alguno.
1.-Que, existe falta de pronunciamiento en la Sentencia, respecto de los puntos que han sido demandados porque la misma no se hubiera pronunciado sobre el primer punto de la demanda referido al pago de $us 25.000, $us 7.000.- y Bs. 8.619.- que hubieran sido irregularmente entregados por el Banco BISA S.A. a favor de Mario López Prada y Zulema López de López, aspectos sobre los cuales el Tribunal de apelación también hubiera incurrido en omisión al no hacer ninguna referencia sobre este aspecto, por lo que correspondería que el Tribunal de casación, corrija y modifique el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo, declare probada la demanda en todas sus partes.
2.- Que, existe violación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, porque el Tribunal de Alzada no hubiera observado que la Sentencia no ha recaído sobre lo demandadoal no resolver la totalidad de los puntos demandados, específicamente, el punto primero de la demanda, referido el mismo a su petición de pago y restitución de $us 25.000, $us 7.000 y Bs. 8.619 que hubieran sido irregularmente entregados por el Banco BISA S.A. a favor de Mario López Prada y Zulema López de López, criterios legales que no hubieran sido observados en ninguna parte del Auto de Vista.
3.-Acusa el recurrente, la falta u omisión de valoración de la prueba de fs. 398, 390, 391, 392, 393 y 394 así como la de fs. 655 a 659 prueba decisiva que los jueces no hubieran considerado, asimismo acusa la violación del art. 1296 el Código Civil porque se hubiera omitido la consideración de esas literales o no se les hubiera asignado el valor que establece el art. 1296 del Código Civil, al tratarse de prueba plena, debió ser considerada por los jueces en el proceso, porque al ignorar su contenido no consideraron la instrucción de la Superintendencia General de Bancos, que determinó la devolución de $us 25.000, $us 17.000.- y Bs. 8.619.- a su favor, porque al tratarse de documentos públicos, los mismos hacen prueba plena.
Concluye su recurso, pidiendo al Tribunal Supremo, case el Auto de Vista y se declare probada la demanda en todas sus partes.
El art. 258 del Código de Procedimiento Civil es concreto al señalar que una vez presentado el recurso de casación, el mismo debe cumplir con los requisitos, especificados en su núm. 2), es decir, debe citarse con términos concretos, claros y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, además, debe describir en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en la forma, en el fondo o en ambos.
En el sub lite, si bien no se cita con términos claros cuál la causal por la que se recurre en el fondo y qué leyes fueron violadas o aplicadas falsa o erróneamente, en atención a los nuevos principios que rigen la administración de justicia establecido en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, rescatando la pretensión del recurrente diremos:
El recurrente manifiesta que la responsabilidad civil se determina únicamente cuando una persona produce un daño a otra y que en este caso, ni el Juez A quo ni el Tribunal Ad quem consideraron que las transferencias de $us.17.000.- y de Bs. 8.619.- fueron reconocidas por el demandante a tiempo de conocer los mismos en el balance de estados de la sociedad accidental y por lo tanto no debería determinarse ni calificarse responsabilidad civil alguna por no existir daño civil. Al respecto se debe realizar las siguientes precisiones:
Señalado lo anterior, en el caso de Autos ni el A quo ni el Ad quem han incurrido en error a tiempo de valorar la prueba en la que consta que las transferencias de las sumas de $us.17.000.- y de Bs. 8.619.- fueron efectuadas por funcionarios del Banco BISA S.A. de manera contraria a la reglamentación y condiciones estipuladas en la actividad bancaria y contrarias a la nota de 29 de febrero 2005 cursante a fs. 52 de obrados por la que Julio Valenzuela González Gerente General del consorcio COINBOL-JUVALGO hace conocer al Banco BISA S.A. que: En los cheques siempre deberán figurar las firmas de: Sr. JULIO H. VALENZUELA GONZALES, con C.I. Nº 745018-Cbba, como gerente general; Sra. ZULEMA NORA LOPEZ DE LOPEZ, C.I. 596452 Or.,como administradora y la del Sr. JULIO O. TORREZ GOMEZ ORTEGA, C.I. Nº 753226 Cbba., como director (y/o alternativamente solo en este último caso, la de su esposa, la Sra. YVETTE SANJINEZ DE TORREZ C.I. Nº 218706 L.P) Vale decir que todo cheque debería siempre llevar tres firmas; sin embargo de ello conforme se evidencia de fs. 54, 55 y 56 las transferencias de traspaso de $us.17.000.- y de Bs. 8.619.- de la cuenta del Consorcio COINBOL-JUVALGO fueron transferidas a solicitud de Mario López Prada la primera y de Zulema de López la segunda a la cuenta de la Empresa COINBOL. Estas transacciones efectuadas sin advertir lo manifestado por el Sr. Julio Valenzuela respecto a la participación de los socios en el manejo de la misma, en su momento ha ocasionado perjuicio en la administración de la economía de la sociedad accidental conformada por COINBOL-JUVALGO, toda vez que al actuar de forma negligente como entidad bancaria sin respetar las exigencias administrativas provocó daño a dicha sociedad accidental, no solamente al ahora demandante, sino que al existir una línea de crédito solicitada y tramitada por el demandante como gerente de JUVALGO, otorgó en calidad de garantía inmuebles y muebles de su propiedad, mismos que en su momento por las desavenencias y abuso de confianza de sus socios que lograron a través del Banco BISA S.A. se vieron afectados al punto de tener que cumplir con sus obligaciones otorgando algunos de sus inmuebles en dación de pago; no existiendo duda en la forma culpable con la que actuó el Banco BISA S.A., en consecuencia, los jueces de instancia resolvieron de manera correcta al disponer que dicha entidad, está obligada al resarcimiento de daños y perjuicios a favor del consorcio COINBOL-JUVALGO.
Ahora bien, resulta evidente que Julio Valenzuela Gonzáles, conocía de dichos movimientos bancarios así como de las transferencias efectuadas del consorcio conformado a la Empresa COINBOL y que constaron en el informe de balance así como también es cierto que a raíz de dichas transferencias y advertidas las mismas por el ahora demandante, en su momento efectuó las gestiones de orden administrativo correspondientes para solicitar al banco BISA S.A. proceda a la restitución de dichas transferencias a la cuenta del consorcio COINBOL-JUVALGO, logrando inclusive la determinación del Intendente General de la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras (Fs. 160-161) por la que instruye a la entidad bancaria reponer las sumas indebidamente canceladas y transferidas en favor de Julio Valenzuela Gonzáles; aspectos que desde inicio fueron reclamados directamente al Banco y a la entidad fiscalizadora del mismo, así como la acción penal seguida contra sus socios de la que emergió Sentencia condenatoria por abuso de confianza y apropiación indebida.
1.- En cuanto a la falta de pronunciamiento en la Sentencia, respecto de los puntos que han sido demandados, porque la misma no se hubiera pronunciado sobre el primer punto de la demanda referido al pago de $us 25.000, $us 7.000 y Bs. 8.619 que hubieran sido irregularmente entregados por el Banco BISA S.A. a favor de Mario López Prada y Zulema López de López,aspectos sobre los cuales el Tribunal de apelación también hubiera incurrido en omisión al no hacer ninguna referencia sobre este aspecto, por lo que correspondería que el Tribunal de casación, corrija y modifique el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo, declare probada la demanda en todas sus partes; cabe recordar que el recurso que se resuelve está expresamente formulado en el fondo y el agravio deducido referido a la falta u omisión de pronunciamiento en la Sentencia constituye un error o vicio in procedendo o de forma, porque está vinculado a una aparente violación del principio de pertinencia, que en ningún caso daría lugar a un pronunciamiento de fondo, como pretende la parte recurrente, sino más bien a uno anulatorio, cuyo efecto sería invalidar el fallo para que se emita uno nuevo que guarde la debida pertinencia, por lo que resulta impertinente que sobre ese agravio se pretenda pronunciamiento en sentido de casar el Auto de Vista recurrido y declarar en consecuencia probada la demanda, pues, como se manifestó, no resulta coherente que sobre la alegación de supuesta falta de pronunciamiento de la Sentencia –impertinencia o incongruencia-, la pretensión del recurrente esté orientada a que este Tribunal de casación emita un pronunciamiento de fondo, lo que no es posible porque ante un vicio de forma, si el mismo resultara evidente y éste afecta o compromete el debido proceso en su esfera del derecho a la defensa, la resolución devendría en anulatoria, pero de ninguna manera podría ingresarse en análisis de fondo. Al margen del yerro anotado en el planteamiento del recurso, se debe precisar que, si el recurrente encontraba ausencia de pronunciamiento en la parte dispositiva de la Sentencia o si ésta no le resultaba clara y precisa, a tiempo de deducir petición de aclaración por memorial de fs. 1058, debió solicitar la aclaración o complementación correspondiente sobre ese aspecto, lo que no hizo, infiriéndose en consecuencia que, sobre lo extrañado, el recurrente comprendió correctamente los alcances de la Sentencia.
Por otro lado, se evidencia contradicción en los argumentos esgrimidos por el recurrente, pues, en principio acusa la omisión de pronunciamiento tanto en la Sentencia como en el Auto de Vista respecto al pago de $us 25.000, $us 7.000 y Bs. 8.619 que hubieran sido irregularmente entregados por el Banco BISA S.A. a favor de Mario López Prada y Zulema López de López, empero acto seguido reconoce la existencia del pronunciamiento extrañado en la resolución de alzada, haciendo cita expresa de los fundamentos expuestos en el numeral 6.1 de la segunda parte refiriéndose a las fojas 1151y 1158; así como también refiere y cita el numeral 4 de la resolución de alzada en la que el Tribunal, resolviendo el agravio deducido en la apelación referido al cheque por $us 25.000, determinó que el tenedor del cheque obró con exceso y con abuso de confianza y desvirtuó la posibilidad de que la entidad demandada hubiera incurrido en responsabilidad; en consecuencia, no resulta lógica ni coherente la posición asumida por el recurrente quien, en principio, acusa omisión de pronunciamiento y, acto seguido, cita los fundamentos expuestos por los de instancia precisamente sobre los aspectos supuestamente omitidos, por lo que no es evidente la supuesta omisión, aun cuando el pronunciamiento no satisfaga las pretensiones del recurrente, el mismo fue expresa y claramente asumido por los tribunales de instancia, debiendo tener en cuenta la parte recurrente que los fallos son un todo y sus determinaciones deben ser entendidas de su lectura íntegra y no de su comprensión aislada como pretende, en efecto, del análisis de la prueba aportada al proceso, el A quo determinó y estableció que:“…sin embargo por las pruebas valoradas, el ente demandado en aquella época ha incurrido en negligencia o culpa al haber omitido la exigencia de formalidades administrativas permitiendo el desembolso de los $us 17.000.- y Bs. 8619.- a favor de Mario López Prada y Zulema López de López, en tal virtud, el Banco BISA S.A. queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios provocados emergentes de las sumas tantas veces nombradas a favor del CONSORCIO COINBOL-JUVALGO.”, en cuyo mérito dio lugar al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a JUVALGO S.R.L. por las irregulares transferenciasde $us 17.000.- y de Bs. 8.690.- a favor de la Empresa COIMBOL Ltda., representada por Mario López Prada y Zulema López de López, y respecto a devolución de $us. 25.000, en el Considerando III, a fs. 1054 a 1055, el Juez de manera razonada expuso los motivos de orden jurídico por los cuales estableció que el cheque signado con el N° 243602 del Banco de La Paz, girado al Banco Bisa S.A. por el propio actor, contó con el aval del mismo y, ante la inexistencia de restricción alguna (conclusión que corresponde al Juez), su cobro y respectivo pago a favor del tenedor era correcto, habiendo aclarado el Juez A quo que ante la ausencia de líneas paralelas diagonales trazadas, éste llegó al convencimiento de que el Banco de La Paz no era el único autorizado para cobrar el indicado cheque, conforme el análisis e interpretación que dicha autoridad hizo respecto de los arts. 623 y 624 del Código de Comercio, loque demuestra que no es evidente que la Sentencia hubiera omitido pronunciarse sobre los puntos demandados, porque la misma contiene el pronunciamiento extrañado por el recurrente.
Consiguientemente se tiene certeza que la Sentenciaconsideró y se pronunció sobre los puntos extrañados por la parte recurrente, de igual forma lo hizo el Tribunal Ad quem, quien sobre el último punto, no acogido favorablemente en la Sentencia, se pronunció expresamente, realizando examen a partir del momento mismo en que el cheque fue girado, estableciendo que “… tal cual reconoce la parte actora, giró el cheque referido a nombre del Banco Industrial S.A., cuyo funcionario lo habría “cruzado” para su cobro ante la Cámara de Compensaciones y depositarlo en cuentas del tenedor que es la persona a quien el girador del cheque lo ha entregado y quien por ello resulta ser el propietario del cheque, aún si este no hubiere sido endosado. En ese sentido se tiene que lo actuado por el Banco, con referencia al cheque N° 243602, se halla descrito dentro de lo que el ordenamiento jurídico vigente establece como posible y lícito, lo cual desvirtúa la hipótesis planteada en la demanda de que al hacerlo hubiere incurrido en ilícito alguno”. A fs. 1160 continúa el razonamiento expuesto por el Tribunal de alzada respecto a la pretensión supuestamente omitida,por los cuales determinó que la entidad demandada no tiene ningún grado de responsabilidad en el cobro de esa suma, definiendo que por esos fundamentos no corresponde su restitución ni el pago de daños y perjuicios a favor del actor;el Ad quem también estableció que las aseveraciones manifestadas y las decisiones asumidas por la autoridad administrativa en las notas de fs. 389 a 394, no vinculan al juzgador para que asuma las mismas como ciertas y emita sus determinaciones acogiendo ese criterio porque tiene autonomía para asumir sus propias conclusiones en base a los antecedentes del proceso y la prueba aportada, lo que desvirtúa el fundamento del recurrente en sentido de haber omisión y falta de pronunciamiento. De manera que mal puede el recurrente, confusamente, argüir un vicio inexistente, pretendiendo hacer creer que la Sentencia no hubiera recaído sobre lo demandado y que ese aspecto no hubiera sido corregido por el Ad quem.
2.- Sobre la aparente infracción del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, porque el Tribunal de Alzada no hubiera observado que la Sentenciarecayó sobre lo demandado al no resolver la totalidad de los puntos demandados, específicamente, el punto primero de la demanda, referido el mismo a su petición de pago y restitución de $us 25.000, $us 7.000.- y Bs. 8.619 que hubieran sido irregularmente entregados por el Banco BISA S.A. a favor de Mario López Prada y Zulema López de López, criterios legales que no hubieran sido observados en ninguna parte del Auto de Vista; corresponde al respecto establecer que el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, dispone:” La Sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieran sido demandadas sabida que fuera la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado”, del contenido de la norma acusada, se establece que la misma está referida al principio de pertinencia que debe observar la Sentencia, lo que es una cuestión de forma, principio que obliga al juzgador a emitir pronunciamiento expreso sobre todas las pretensiones deducidas, con el cumplimiento de los presupuestos señalados, en consecuencia, cuando se cuestiona la vulneración de este artículo, se plantea un aspecto de forma y no un error de fondo, por lo que corresponde dejar puntualmente establecido que el referido agravio se constituye en un error in procedendo o de forma que debe ser acusado bajo las reglas del art. 254 de Código de Procedimiento Civil, no en recurso de casación en el fondo como erróneamente ocurre en el caso de Autos.
Siendo ése el punto de partida para resolver el presente agravio, corresponde la revisión del escrito de demanda, a objeto de verificar cuáles fueron las pretensiones deducidas por el actor, que son las siguientes: 1.- Que, el Bisa pague a título de resarcimiento de la pérdida, el importe del cheque indebidamente pagado por $us 25.000; se pague el importe de las transferencias irregulares de $us 17.000.- y de Bs. 8.619, más intereses ordinarios y penales, a la misma tasa bancaria estipulada en la línea de crédito desde las fechas del pago indebido y de las transferencias irregulares hasta el día de pago y 2.- El resarcimiento por hechos ilícitos más daños y perjuicios, además de muchas otras peticiones accesorias a la principal. Ahora bien, establecido lo anterior y de la revisión de la Sentencia se evidencia con certeza que la misma cumple con todos los presupuestos establecidos en la norma acusada, pues es precisa y específica en sus decisiones y las mismas recaen sobre las pretensiones expuestas por las partes y de la manera cómo han sido planteadas en la demanda, decisiones que están basadas en la consideración de los hechos dilucidados en el proceso y enla valoración conjunta e individual de las pruebas aportadas por las partes, las mismas que han dado al juzgador la posibilidad de averiguar y tomar convicción sobre la verdad de los hechos para formar su libre convicción de los mismos y emitir una decisión debidamente fundada, para mayor fundamento, nos remitiremos nuevamente alos Considerandos III y IV, fs.1054 a 1056 de la Sentencia,donde de manera concreta y objetiva podemos constatar que no es evidente la infracción del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, pues luego de la cita y análisis de los arts. 621 y 600 del Código de Comercio y 1352 del Código Civil, señala. “Las orientadoras citas permiten entender que el CONSORCIO COINBOL JUVALGO hizo la apertura de dos cuentas corrientes, tanto en dólares americanos como en moneda nacional; trámite que fue de conocimiento del ente bancario demandado y algo más, como ya se mencionó líneas arriba, advirtió que para el pago de cualquier cheque debían existir tres firmas autorizadas, la de JULIO H.. VALENZUELA GONZALES, ZULEMA LOPEZ DE LOPEZ Y LUIS O. TORREZ GOMEZ ORTEGA; sin embargo por lo acreditado con la prueba documental ofrecida en el proceso se ha verificado que el cheque signado con el Nº 243602 del Banco La Paz S.A. girado al Banco BISA S.A. contiene la inscripción “PAGO DE OBRAS” sin ningún otro impedimento ni restricción, título valor que por propia confesión del ahora demandante (que tenía la firma autorizada) expresada mediante carta o nota de fecha 2 de agosto del 2005 (fs. 583) fue suscrito por el mismo, con el advertido de que por esa época fue designado encargado del manejo de los recursos económicos del consorcio; hechos que en definitiva permiten colegir que el desembolso de los $us 25.000 contó con el aval del actor, por lo demás y en conocimiento de la existencia de restricción alguna, aquel cheque fue pagado por el BANCO BISA S.A. a favor del tenedor MARIO LOPEZ PRADA y luego depositado en la cuenta corriente Nº 23062011 de la EMPRSA COIMBOL S.R.L. en cumplimiento a lo determinado por el art. 623 del Código de Comercio”.De lo que se puede inferir que en este acápite realiza la consideraciónexpresa del cheque motivo de la controversia, estableciendo que por los fundamentos expuesto no correspondía la pretensión del actor.
Por otro lado, como se señaló en el punto anterior, tampoco resulta evidente la falta de pronunciamiento respecto a la pretensión referida al traspaso de $us 17.000 de la cuenta corriente Nº 020-595-201-2 Del CONSORCIO COINBOL-JUVALGO a la cuenta Nº 23062011 de COINBOL y de Bs. 8.619 de la cuenta 020-595-001-0 de COINBOL-JUVALGO a la cuenta Nº 0021000019 de Mario López y Zulema de López, resultando el agravio acusado totalmente injustificado e ilógico ante la determinación del juez A quo confirmada por el Ad quem en sentido de haberse dispuesto que el Banco BISA S.A., por intermedio de sus personeros legales resarzan los daños y perjuicios ocasionados al Consorcio COINBOL-JUVALGO LTDA., por los irregulares desembolsos efectuados de $us. 17.000 y Bs. 8.619.
En consecuencia no resulta evidente que el A quo hubiera emitido Sentenciaviolando lo dispuesto por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, porque como se constata, la misma ha recaídoprecisamente sobre las cosas demandadas por el actor, en la manera en que fueron demandadas y en la forma como los jueces establecieron la verdad de los hechos a raíz de la valoración de la prueba que efectuaron, cosa distinta es que ese pronunciamiento no satisfaga plenamente las pretensiones del actor, loque no significa que la Resolución no hubiera recaído sobre las cosas demandadas. Ahora bien, si el recurrente pretendía impugnar el análisis y la determinación de fondo asumida por los tribunales de instancia, por considerarla errónea o equivocada, le correspondía impugnar precisamente las razones fácticas y jurídicas que sustentan la determinación asumida por los de instancia, empero no pretender la impertinencia de la Sentencia con relación a los puntos demandados, concluyéndose por ello no ser cierto que la Sentencia hubiera vulnerado el art. 190 de Código Adjetivo.
En cuanto a que el Ad quem que no hubiera observado este supuesto agravio, esto tampoco es evidente toda vez que en el numeral 3 del Considerando II del Auto de Vista, el Ad quem señala: “Si bien la Sentencia pronunciada noes explícita en pronunciarse sobre cada uno de dichos puntos (refiriéndose a las peticiones accesorias reclamadas en la apelación), lo hace en forma tácita al declarar probada en parte la demanda y probadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad e improcedencia e improbada la excepción de falta de acción y derecho opuestas por el Banco BISA S.A….En ese sentido, se considera que de la pretensión principal dependen las demás, y es sobre aquella sobre la que versa el fondo de la apelación, de modo que es pertinente ingresar en su consideración.”Lo que demuestra que no resulta evidente que el Ad quem hubiera omitido observar ese agravio como de manera infundada reclama el recurrente.
3.- Sobre la no valoración de la prueba de fs. 398, 390, 391, 392, 393 y 394 así como las que corren de fs. 655 a 659 y la violación del art. 1296 el Código Civil, porque se hubiera omitido la consideración de esas literales o no se les hubiera asignado el valor consignado en el art. 1296 del Código Civil, al respecto, se tiene que,en principio, el recurrente acusa “la omisión” y “no valoración” de las referidas pruebas, vale decir que el reclamo se centra en el hecho de que los jueces de instancia no hubieran considerado esas literales a tiempo de emitir resolución, aspectoque corresponde ser analizado, en ese entendido y de la revisión del Auto de Vista, enlos puntos 9, 10 y 11, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 236, en relación al art. 227 ambos del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal se circunscribió a dar respuesta al recurso de apelación planteado por el recurrente en la forma cómo fueron formulados los agravios, señalando al respecto que: “9. Si bien es cierto que la prueba referida en el numeral anterior ha sido repetida de fs. 338 a394, no es menos cierto que dicha prueba noha sido propuesta conforme a los lineamientos señalados por el art. 330 del Código de Procedimiento Civil queimpone la carga procesal al demandante de individualizar la prueba documental que no tuviere en su poder al momento de plantear la demanda “indicando el contenido, lugar, archivo y oficina pública o persona en poder de quien se encontrare”. En este caso, la prueba mencionada no ha sido así descrita en la demanda, toda vez que lo declarado en el otrosí 7º del memorial de demanda, no cumple mínimamente con las exigencias de individualización de la prueba exigida como requisito legal de incorporación al proceso de toda la prueba documental que se hubiere adjuntado a la demanda.”
10. Las literales adjuntas al proceso a fs. 602-603, 631-634, 646 y 655-659, merecen las mismas observaciones, por lo que su valoración en Sentencia, no resulta en modo alguno, obligatoria”
De los fundamentos expuestos, además del desarrollo contenido en los otros puntos de ese Considerando II, se establece que el Ad quem, circunscribiéndose al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, expuso las razones por las cuales consideró que la prueba aludida por la parte recurrente no ameritaba ser considerada en virtud a su planteamiento irregular, lo que resulta distinto a la denuncia traída en casación por la parte recurrente en sentido de que el Tribunal hubiera omitido de manera intencionada valorarlas; lo que se evidencia de la decisión de alzada es un pronunciamiento concreto respecto a esos medios de prueba en sentido de considerarlas irregular y extemporáneamente incorporadas al proceso; por otro lado el Ad quem justificó la no consideración de esas pruebas en sentido de que las mismas fueron ofrecidas a efectos de lograr una orden judicial del A quo, que obligue a la entidad financiera demandada al cumplimiento de la instrucción dispuesta por el Superintendente de Bancos, que dispuso el pago de $us 25.000, $us 7.000 y Bs. 8.619 a favor del actor, no así como prueba destinada a demostrar los puntos de hecho a probar y, si bien la misma fue reiterada de fs. 388 a 394 la misma no habría sido propuesta en previsión del art. 330 del Código de Procedimiento Civil al igual que las de fojas 655 a 659, motivos por los que concluyó que las mismas no debían ser valoradas, en consecuencia, siendo ese el fundamento del Ad quem, no resulta pertinente que el recurrente acuse la “mala valoración” de esa prueba o la infracción del art. 1296 del Código Civil, cuando en todo caso lo que le correspondía era acusar el error que pudo haber cometido el Tribunal de Alzada al establecer y determinar la irregular y extemporánea incorporación de esas pruebas, en otras palabras le correspondía desvirtuar el criterio de alzada respecto a los defectos advertidos en cuanto a la incorporación de la prueba de fs. 398, 390, 391, 392, 393 y 394 así como las que corren de fs. 655 a 659.
En consecuencia al recurrente le correspondía impugnar la decisión asumida por el Tribunal de alzada en sentido de considerar la indebida incorporación de esos medios de prueba, en otras palabras desvirtuar los fundamentos y argumentos por los cuales rechazó su consideración, lo que no hizo, pues aludiendo la inexistente “mala valoración” dirigió su recurso en sentido de que el Tribunal de casación, ingrese en la valoración de esos medios de prueba y asuma de los mismos la determinación administrativa, erróneo entendimiento, porque de lo analizado respecto a los fundamentos del Ad quem, se establece que el Auto de Vista recurrido, definió que no era pertinente ingresar en la valoración de esa prueba, por la forma de su presentación al proceso.
En cuanto a la supuesta violación del art. 1296 del Código Civil porque los jueces de instancia hubieran ignorado su contenido, con relación a las literales de fs. 389 a 394, consistentes en las notas remitidas por la Superintendencia de Bancos al BANCO BISA instruyendo la reposición de los $us 25.000, $us 17.000 y Bs. 8.69, a pesar de que las mismas cumplen con todos los presupuestos establecidos en el referido artículo. Al respecto, ya en acápites anteriores nos hemos referido a los motivos por los cuales el Ad quem estableció que las mismas habrían sido irregularmente introducidas al proceso y por las que entendió no debían ser valoradas, al margen de esas consideraciones estableció también que el apelante tenía la obligación de fundamentar como agravio por qué consideraba esenciales y decisivas las extrañadas pruebas de fs. 389 a 394 y de qué manera éstas incidirían en el resultado del proceso, resultando insuficiente, a decir del Tribunal de apelación, la sola referencia del carácter decisorio que las mismas tendrían, sin exponer los motivos por los que debería considerarse tal trascendencia, ni los hechos o elementos probatorios que deberían extraerse de esas pruebas y por qué determinarían una decisión distinta a la asumida en la Sentencia, aspecto que extrañó el Tribunal de Alzada, por lo que sobre ese razonamiento emitió el Auto de Vista recurrido, sin que en casación se hubiera fundado su impugnación en relación a los fundamentos concretos que motivaron la Resolución de alzada, toda vez que el recurrente se limitó al examen abstracto del contenido del art. 1296, y a acusar la no consideración o valoración de la prueba, empero, si la pretensión del recurrente era que el Tribunal de Casación valore la prueba que erróneamente no habría sido considerada por el Ad quem, primeramente debió desvirtuar los presupuestos que determinaron su no consideración por parte de los jueces, de lo contrario resultan intrascendentes sus reclamaciones, de lo que se concluye que no resulta evidente la violación del art. 1286 del Código Civil, a lo que se debe añadir que en cuanto a la consideración de esas pruebas, el Tribunal de alzada determinó que el Aquo, no estaba reatado a las conclusiones asumidas por la autoridad administrativa, lo que resulta lógico primero porque, de un medio de prueba lo que se pretende extraer son elementos sobre los cuales la autoridad jurisdiccional forme convencimiento de los hechos demandados y emita en consecuencia una determinación de orden jurídico, y no como pretende la parte recurrente que de las pruebas aludidas se extraigan y asuman determinaciones que en el orden administrativo pudieron ser asumidas y cuyo cumplimiento también correspondería a esa esfera administrativa; segundo porque, conforme los antecedentes que cursan en obrados y también de la prueba aludida por el recurrente, la entidad Bancaria demandada no fue quien se benefició con el pago de los $us. 25000, sino que fueron terceras personas, contra quienes la parte actora sustanció acciones penales pretendiendo se imponga contra ellas la responsabilidad penal y, como es lógico, también la responsabilidad civil que deriva de ella, emergente del cobro del cheque objeto del litigio, resultando contrario a los principios consagrados en el art. 8 de la Constitución Política del Estado, que sobre el mismo hecho la parte actora pretenda en forma simultánea y paralela perseguir la responsabilidad civil contra personas distintas en forma simultánea en vías distintas.
Por otro lado, la parte recurrente en el recurso de casación, respecto a las pruebas cuya omisión acusa, no explica en qué consistiría el error de hecho o de derecho que daría lugar a la casación, no extrae hechos que deban ser considerados en forma distinta a la apreciación hecha por los tribunales de instancia, y simplemente se limita a argüir el valor que las mismas tendrían, pretendiendo de ello una vinculación directa a las determinaciones asumidas en sede administrativa, respecto a lo que el Ad quem fue claro al señalar que el juzgador estaba en plena libertad de arribar a sus propias consideraciones jurídicas, las cuales no merecieron cuestionamiento de parte del actor.
Sobre las consideraciones que hace el Auto de Vista respecto a la naturaleza del cheque Nº 243602 y su relación con las pruebas de fs. 389 a 394, el recurrente limita sus alegaciones al no pronunciamiento o valoración por parte de los jueces sobre las pruebas de fs. 391 a 394, omitiendo los fundamentos de la respuesta que el Tribunal le ha otorgado respecto al agravio acusado en la apelación sobre la prueba extrañada, fundamento que en todo caso debió ser cuestionado, lo que no ocurre en el recurso que se resuelve, falta de cuestionamiento concreto que obsta a este Tribunal emitir pronunciamiento al respecto.
Por lo anterior corresponde que este Tribunal resuelva conforme prevén los arts. 271 num. 2) y 273 del Adjetivo Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en losarts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 1165 a 1168 interpuesto por Jaime Alfonso Zubieta Flores en representación del Banco BISA S.A.eINFUNDADO asimismo el recurso de casación en el fondo cursante de fs. 1172 a 1178, incoado por Julio Humberto Valenzuela Gonzáles y Martha Fiorilo de Valenzuela, ambos contra el Auto de Vista Nº 157/2012 de 18 de octubre 2012 de fs. 1151 a 1162 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Sin costas por ser ambas partes las que recurren.

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