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Timestamp: 2019-01-21 06:39:13+00:00

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Sobre Amparo Directo | María Antonieta Navarrete Ramos
Sobre Amparo Directo
El Amparo Directo constituye una estructura muy sólida para el sistema jurídico mexicano; se trata de un juicio, de un procedimiento independiente para tratar de llegar al cumplimiento del mandato constitucional del artículo 17, de administrar justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Asimismo el Amparo Directo emana de la propia Constitución en su artículo 107.
La fracción IX del artículo 107 constitucional señala en su primera parte que las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito NO admiten recurso alguno. Asimismo en la última parte de la fracción VIII, dice que contra las sentencias de Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede la Revisión, y que de ella conocerá la Suprema Corte de Justicia en los casos que enuncia.
La regla general de asuntos en el amparo directo admite dos excepciones expresadas en la fracción IX: a).- Cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley; b).-Cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.
Conviene recordar que a diferencia del amparo indirecto, cuando se reclama una ley como inconstitucional se debe señalar como acto reclamado y responsables a las autoridades que participaron en la emisión de la ley, tratándose de amparo directo, el planteamiento de inconstitucionalidad de la ley debe hacerse en los conceptos de violación.
Así que cuando una sentencia resuelva que un artículo de la Constitución es inconstitucional o constitucional, procede la Revisión, e igual será cuando se haga la interpretación de un precepto constitucional.
Por otro lado la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dice:
Artículo 158 .- El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.
En el artículo 159.- En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso en doce fracciones.
En el artículo 160.-En los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso, a través de 17 fracciones.
En el artículo 73.- Habla sobre los casos de improcedencia.
En el artículo 74.- Se regula acerca del sobreseimiento.
En el artículo 166, habla sobre la demanda, misma que deberá presentarse por escrito con el nombre y domicilio del quejoso, y de quien promueva en su nombre; tercero perjudicado, la autoridad o autoridades responsables; la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiese puesto fin al juicio constitutivo del acto o de los actos reclamados; fecha en que se notificó la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, y la fecha de conocimiento al quejoso de la resolución recurrida; los preceptos constitucionales violados y el concepto de la misma violación; la ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o que dejó de aplicarse cuando las violaciones sean de inexacta aplicación de las leyes de fondo; lo mismo se hará cuando la sentencia se funde en los principios generales del derecho. Habrán de exhibirse copias para todas las partes comunicando a ellas la autoridad responsable que en un término de diez días comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos.
Para la suspensión del acto reclamado, cuando se trate de sentencias definitivas de orden penal, al proveer la autoridad responsable conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 168 de la Ley de Amparo, mandará suspender de plano la ejecución de la sentencia reclamada, y si la sentencia impone la pena de la privación de la libertad, LA SUSPENSIÓN SURTIRÁ EL EFECTO DE QUE EL QUEJOSO QUEDE A DISPOSICIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO COMPETENTE, POR MEDIACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE HAYA SUSPENDIDO SU EJECUCIÓN, LA CUAL PODRÁ PONERLO EN LIBERTAD CAUCIONAL SI PROCEDIERE.
Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio del orden civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del agraviado si concurren los requisitos del artículo 124 o 125 en su caso y surtirá efecto si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero.
Tratándose de laudos o resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá si a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte obrera en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo , y la suspensión surtirá efectos si se otorga caución sin perjuicio del obrero, al menos que exista contrafianza por el tercero perjudicado.
Si la ejecución o inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicio al interés general, la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios; en estos casos la suspensión surtirá sus efectos sin necesidad de otorgar fianza. Estas cauciones se hacen efectivas ante la misma autoridad responsable, tramitándose el incidente de liquidación en los términos del artículo 129.
Existen en el país 32 circuitos; el 1° el Distrito Federal, 4° Nuevo León ; 8° Coahuila y 32 Colima.
En la substanciación del Juicio de Amparo Directo la demanda puede desecharse de plano o darse por no interpuesta si el quejoso no satisfizo los requisitos para subsanar defectos y en ambos casos será comunicado a la autoridad responsable. Si la demanda es aceptada se notifica a las partes el acuerdo relativo. El tercero perjudicado y el Ministerio Público en el orden penal, pueden presentar sus alegaciones por escrito ante el Tribunal Colegiado de Circuito dentro del término de diez días.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá ejercer la facultad de atracción contenida en el párrafo final de la fracción V del artículo 107 constitucional para conocer de un Amparo Directo que originalmente correspondería resolver a los tribunales Colegiados de Circuito de conformidad al artículo 182 de la Ley de Amparo en sus tres fracciones con especial procedimiento: petición de oficio por la Suprema Corte; cuando el Procurador General de la República lo solicita a la Suprema Corte de Justicia, o si un Tribunal Colegiado de Circuito lo solicita a la Suprema Corte . Una vez decidido que la Suprema Corte de Justicia se avoca al conocimiento del Amparo Directo, se turna el expediente al Ministro relator que corresponda a efecto de que formule por escrito proyecto de resolución relatada en forma de sentencia; se pasará copia del proyecto a los demás ministros; y formulado el proyecto de sentencia se señala día y hora para su discusión y resolución en sesión pública, pudiendo aplazarse la resolución por una sola vez.
En el artículo 184 se encuentran en tres fracciones lo que concierne a la resolución de los asuntos en revisión o en materia de Amparo Directo y las reglas que deben observar los Tribunales Colegiados de Circuito.
La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia es obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito que es el caso que nos ocupa.
La jurisprudencia establecida por los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados, y del Distrito Federal, y de los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por unanimidad de voto de los magistrados que integran cada Tribunal Colegiado.
La demanda de Amparo Directo se interpone ante el tribunal que dictó la sentencia. El tribunal que dictó la sentencia que se impugna tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que cuando envíe el expediente judicial con la demanda de amparo al Tribunal Colegiado también deberá acompañar un informe con justificación, aunque éste no es extenso ya que el propio acto reclamado, es decir la sentencia, expresa los razonamientos para el juicio.
La sentencia de amparo podrá ser dictada en tres sentidos: 1).- Conceder el amparo, es decir, otorgar protección al quejoso contra el acto reclamado.; 2).- Negar el amparo, que significa que la inconstitucionalidad del acto reclamado no fue demostrada; 3).-Sobreseer el juicio que significa que el juez advirtió una causal de improcedencia o sobreseimiento del juicio.
En el supuesto de que el Tribunal colegiado otorgue el amparo, el tribunal que dictó la sentencia reclamada deberá dictar una nueva sentencia siguiendo los lineamientos señalados por el tribunal colegiado en su sentencia o en su caso reponer el procedimiento si así fue ordenado.
En el Amparo Directo proceden dos tipos de violaciones:
1.- Las procedimentales que no sean de imposible reparación, y
2.- Las de fondo o al momento de sentencia. Cabe aclarar que en un proceso puede presentarse violaciones de imposible reparación, impugnables a través del Amparo Directo como lo indica el artículo 114 fracción IV de la Ley de Amparo.
De la lectura de los artículos 167, 168, y 169, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable debe: 1.- Emplazar a las demás partes para que dentro de un término de diez días comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos.
La doctrina define a la tercera persona como “aquella persona titular de un derecho que puede ser afectado por la sentencia que se dicte en el Juicio de Amparo , teniendo interés jurídico para intervenir en la controversia constitucional y para que subsista el acto reclamado y no se declare su inconstitucionalidad”.
La posición mayoritaria del Pleno de la Suprema Corte que se refleja en tesis de jurisprudencia es que:
“El recurso de revisión en el Amparo Directo sólo procede cuando en el texto de la sentencia que se recurre, se contiene una declaración sobre un precepto legal que lo declara inconstitucional o reconoce su constitucionalidad. La revisión procede cuando con toda claridad se advierte que en el cuerpo mismo de la sentencia se fijó el alcance de un precepto de la Constitución[1]”.
Jurisprudencia y Tesis Aisladas – 8a Época
REVISION EN AMPARO DIRECTO, HIPOTESIS EN LAS QUE LAS SENTENCIAS PUEDEN SER IMPUGNADAS A TRAVES DEL RECURSO DE.
LOS ARTICULOS 107, FRACCION IX, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 83, FRACCION V, DE LA LEY DE AMPARO, PREVEN LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION CONTRA LAS SENTENCIAS QUE EN MATERIA DE AMPARO DIRECTO PRONUNCIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, CUANDO DECIDAN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY O ESTABLEZCAN LA INTERPRETACION DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CARTA MAGNA. AHORA BIEN, PARA QUE PUEDA ESTIMARSE VALIDAMENTE QUE EN UN FALLO DICTADO EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EXISTE UNA INTERPRETACION DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, ES MENESTER QUE ALGUNA O ALGUNAS DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE SE ENCAMINEN A DESENTRAÑAR EL SENTIDO DE UNA DISPOSICION DE LA CONSTITUCION FEDERAL MEDIANTE UN ANALISIS GRAMATICAL, HISTORICO, LOGICO, SISTEMATICO O JURIDICO. POR TANTO, SI UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UNA RESOLUCION DE AMPARO DIRECTO DESESTIMO UN CONCEPTO DE VIOLACION EN EL QUE SE ALEGO QUE EL ACTO DE AUTORIDAD COMBATIDO TRANSGREDIO UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, POR ADVERTIR QUE NO SE DIO TAL CONCULCACION, ES INCONCUSO QUE ESE SOLO HECHO NO TRAE COMO CONSECUENCIA QUE DICHA RESOLUCION ADMITA EN SU CONTRA RECURSO DE REVISION, DADO QUE DICHA DETERMINACION NO HIZO INTERPRETACION ALGUNA DE TEXTO CONSTITUCIONAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISION 975/89. MARIA ESTHER ROBLEDO GARCIA. 4 DE SEPTIEMBRE DE 1989. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE: SAMUEL ALBA LEYVA. SECRETARIO: CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER.
OCTAVA EPOCA, TOMO III, PRIMERA PARTE, PAGINA 255.
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA EPOCA, TOMO IV, JULIO-DICIEMBRE DE 1989, PRIMERA PARTE, P. 161.
RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO NO HAY NECESIDAD DE AGOTARLOS PREVIAMENTE AL AMPARO.
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION XV, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CARECEN DE FUNDAMENTACION, NO EXISTE OBLIGACION DE AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS A QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DE LA DISPOSICION INVOCADA. POR CONSIGUIENTE, SI EN LA DEMANDA DE AMPARO ADEMAS DE RECLAMARSE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACION DEL ACTO RECLAMADO, SE ALEGAN EXCLUSIVAMENTE VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION TALES COMO LA FALTA DE MOTIVACION DEL PROPIO ACTO O LA TRANSGRESION A LA GARANTIA DE AUDIENCIA, NO EXISTE OBLIGACION DE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES ANTES DE OCURRIR AL JUICIO DE GARANTIAS, DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION NUMERO 401, VISIBLE A FOJAS 700 Y 701, DEL VOLUMEN “TERCERA PARTE”, DEL ULTIMO APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION DE 1985, DEL RUBRO: “RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION”.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO.
AMPARO EN REVISION 331/88. MARIA ALMAGUER MORALES. 27 DE JUNIO DE 1989. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GLORIA TELLO CUEVAS. SECRETARIO: ROBERTO HERNANDEZ PEREZ.
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA EPOCA, TOMO IV, JULIO-DICIEMBRE DE 1989, SEGUNDA PARTE-1, P. 444.
Contradicción de tesis. Cuando un tribunal colegiado de circuito emite una tesis en un sentido, y otro colegiado tiene un criterio en el sentido contrario, la Suprema Corte tiene facultad para atraer dichos precedentes y decidir cuál es la interpretación correcta.
Jurisprudencia Autoridad judicial
CONTRADICCIÓN DE TESIS 211/2006-SS.
ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de febrero de dos mil siete.
PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de noviembre de dos mil seis, los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios suscitada entre ese órgano jurisdiccional al resolver el juicio de amparo directo administrativo número A.D. 151/2006-I y el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al fallar los amparos en revisión números 385/2005 y 6/2006.
SEGUNDO. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha quince de noviembre de dos mil seis, tuvo por recibido el oficio 11187/2006, con la copia certificada de la sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, así como el disquete respectivo, con lo cual ordenó formar y registrar el expediente varios bajo el número 1971/2006-PL y remitió dicha documentación a esta Segunda Sala para los efectos legales correspondientes.
TERCERO. Por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil seis, la Presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 211/2006-SS, requiriéndole al Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León; copia certificada de las resoluciones pronunciadas en los expedientes de su índice, así como el disquete que las contenga, con el fin de integrar el presente asunto.
Por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil seis, la Presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por recibido el oficio 526/2006, por el que se remite a este Alto Tribunal copia certificada de las resoluciones solicitadas, así como el disquete que las contiene; declaró competente a esta Segunda Sala para conocer de la posible contradicción de criterios, y ordenó que se le diera vista al Procurador General de la República para que expusiera su parecer, certificándose por parte del Subsecretario de Acuerdos de la misma, con fecha cuatro de enero de dos mil siete, que el plazo para que interviniera transcurre del tres de enero al quince de febrero de dos mil siete.
El Agente del Ministerio Público, se pronunció en el sentido de que sí existe la contradicción de tesis denunciada y que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que emita esta Segunda Sala, que sustancialmente debe coincidir con lo sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
En proveído de cuatro de enero de dos mil siete, se turnó el presente asunto a la ponencia del Ministro Genaro David Góngora Pimentel para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
El recurso de revisión constituye, en realidad una apelación de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Juez de Distrito, y en casos excepcionales también de los fallos dictados por los Tribunales Colegiados de Circuito. Además de las sentencias definitivas, y las providencias dictadas en los incidentes de suspensión pueden ser combatidas en revisión; dejándose todas las demás al recurso de queja. Se hace en el término de diez días contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida.
Deben estudiarse únicamente los agravios expresados por la parte recurrente, lo que significa que la revisión es de estricto derecho, y deben estudiarse también los conceptos de violación de la demanda y que no fueron estudiados por el juez; y sólo deben tomarse en consideración las pruebas y constancias que se hubiesen rendido en el primer grado del juicio.
El recurso de queja en el artículo 95 fracción VIII es contra las autoridades responsables con relación a los juicios de amparo de la competencia de los tribunales colegiados de circuito en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere el artículo 172 de la Ley de Amparo.
El recurso de Reclamación procede contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte o por los presidentes de sus salas o de los Tribunales colegiados de circuito. Se interpone en el término de tres días y el órgano jurisdiccional correspondiente resolverá de plano este recurso dentro de los quince días siguientes a la interposición del mismo.
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/22/pr/pr3.pdf
[1] .- Mariano Azuela Güitrón,Revisión en Amparo directo
Posted by Maria Antonieta Navarrete Ramos on Oct 7, 2010 in Uncategorized | Comentarios Desactivados en Sobre Amparo Directo

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 artículo 107
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