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Timestamp: 2019-09-19 16:06:20+00:00

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Informe Anual 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Español
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Honduras - Informe Impunidad deja expuestos a los periodistas hondureños-Misión Internacional 2010
Monografia Derechos Humano
Una Breve Historia de Los Derechos Humanos2
Arriagada, Vinka (Privación de Libertad, Derechos Humanos y Los Migrantes Como Grupo Vulnerable. 2017)
Corte IDH - Bulacio v. Argentina
El Proceso Penal Desde La Perspectiva de La Ref. Constitucional (2)
Capítulo II – Bases Jurídicas y Actividades 2010
Seguimiento Al Cumplimiento de Las Recomendaciones CIDH. 2012
341.245.2
C827inf
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos = Annual Report
of the Inter-American Court of Human Rights / Corte Interamericana de Derechos Humanos. --
San José, C.R. : La Corte, 2018
1. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2. Función contenciosa.
provisionales. 4. Opiniones consultivas. 5. Jurisprudencia. 6. Acceso a la justicia.
CR © 2018 Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado postal: 6906-1000, San José, Costa Rica Teléfono: (506) 2527-1600 Fax: (506) 2280-5074 Correo: corteidh@corteidh.or.cr
Corte Interamericana de Derechos Humanos / Informe Anual 2017
La Corte: Estructura y atribuciones
Facultad de dictar Medidas Provisionales
Sesiones celebradas en 2017
Los Períodos de Sesiones de la Corte Interamericana fuera de su sede
Casos sometidos
Sentencias en casos contenciosos
Sentencias de Interpretación
Promedio en la tramitación de los casos
E. Casos contenciosos en estudio
A. Síntesis del trabajo de supervisión de cumplimiento
B. Audiencias de supervisión de cumplimiento
de sentencia celebradas en el año 2017
celebradas en la sede de la Corte
2. Audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencia de celebradas fuera de la sede de la Corte, en el territorio de los Estados responsables
C. Diligencias in situ en el marco de la supervisión de cumplimiento de sentencias contra
Guatemala y Paraguay
D. Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia emitidas en el 2017
reparaciones ordenadas en la sentencia de cada caso)
2. conjunta
ordenadas en varias sentencias respecto de un mismo Estado)
3. Archivo de casos por cumplimiento de las sentencias
4. Solicitudes de informes a otras fuentes que no sean las partes (artículo 69.2 del
5. Reuniones informales sostenidas con agentes o delegaciones estatales
6. Involucramiento de órganos institucionales y tribunales nacionales en exigir a nivel
interno la ejecución de las reparaciones
7. Cumplimientos de Garantías de no repetición
8. Lista de casos en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia
9. Lista de casos en etapa de supervisión, excluyendo aquellos en que se ha aplicado el
artículo 65 de la Convención
10. Lista de casos en etapa de supervisión, en los cuales se ha aplicado el artículo 65 de la Convención y la situación constatada no ha variado
11. Lista de casos archivados por cumplimiento de sentencia
Medidas Provisionales y Medidas Urgentes
A. Adopción de nuevas Medidas Provisionales y Medidas Urgentes
y levantamientos parciales o
medidas que dejaron de tener efecto respecto de determinadas personas
C. Levantamientos totales de medidas provisionales
Estado actual de las Medidas Provisionales
Solicitudes bajo estudio
La desaparición forzada como violación múltiple y permanente de derechos humanos y sus elementos
Desaparición forzada en el contexto de un conflicto armado
Derechos a la Propiedad, e Inviolabilidad del Domicilio
La libertad de expresión en contextos laborales
Aplicación de análisis de necesidad y razonabilidad de restricciones a la libertad de expresión en contextos laborales
El derecho a la estabilidad laboral como derecho protegido por la Convención Americana
La amplitud del derecho de asociación laboral no se limita a la actividad sindical
El derecho a la vida y a la integridad personal en el contexto militar
Obligación de investigar una muerte violenta o sospechosa de criminalidad de una persona bajo de custodia o en una situación de especial sujeción
Incompatibilidad del fuero militar para juzgar violaciones de derechos humanos
derivada de una intervención policial
Debida diligencia y plazo razonable en casos de alegada violencia sexual
Orientación sexual, identidad de género y expresión de género son categorías protegidas por la Convención Americana
Conceptos del derecho a la identidad y el derecho a la identidad de género
Elementos de la personalidad jurídica y el derecho a la identidad de género
Procedimiento de solicitud de adecuación de los datos de identidad de conformidad con la identidad de género auto-percibida y el alcance de sus efectos
Protección convencional del vínculo entre parejas del mismo sexo
Mecanismos por los cuales el Estado podría proteger los diversos modelos de familia
Ingresos Fondo Regular OEA: US$2,756,200.00
Ingresos extraordinarios: US$1,657,502.92
Aportes voluntarios de los Estados: US$899,594.19
Aportes provenientes de proyectos de cooperación internacional: US$754,908.73
B. Egresos totales 2017
C. Respuesta de los Estados a la grave situación financiera para los próximos 3 años
D. Presupuesto del Fondo Regular aprobado para el año 2018
E. Auditoría de los estados financieros
El Fondo de Asistencia Legal a Víctimas (FAV) y el Defensor Interamericano (DPI) 163
A. Fondo de Asistencia Legal de Víctimas
Donaciones al fondo
Aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas
B. Defensor
Público Interamericano
Otras actividades de la Corte
A. Diálogo con Organismos Internacionales
2. Asamblea General de la OEA
3. Consejo Permanente de la OEA
4. Secretarío General de la OEA
5. Secretario General de las Naciones Unidas
6. Tribunal Europeo de Derechos Humanos
7. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
B. Diálogo con cortes nacionales
C. Diálogos con Jefes de Estado
D. Diálogo con organismos y organizaciones internacionales
Reunión con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas
Reunión con la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado
E. Diálogo con autoridades nacionales
Consejo de la Magistratura del Perú
Procuradora General de la República de Brasil
F. Actividades de capacitación y difusión
Foro del Sistema Interameriano
Programa de Pasantías y Visitas Profesionales
Visitas de profesionales e Instituciones Académicas a la sede del tribunal
Convenios y Relaciones con otros organismos
A. Convenios con organismos estatales nacionales
B. Convenios con entidades internacionales
C. Convenios con Universidades y otras instituciones académicas
Difusión dela jurisprudencia y actividades de la Corte
A. Boletin Jurisprudencial
B. Digesto
E. Expediente digital y archivo
En nombre de los Jueces y Jueza, que conformamos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tengo el honor de presentar el Informe Anual 2017, en el cual figuran las tareas más significativas cumplidas durante el año y los desarrollos más relevantes en materia de derechos humanos.
Iniciamos el 2017 con la ya tradicional Ceremonia de Apertura del Año Judicial Interamericano, que tuvo una amplia representación de los Poderes Estatales de diferentes países, miembros de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales. Este Acto Inaugural se ha convertido en un importante motor que permite mostrar el espíritu de un Tribunal abierto al diálogo y a la cooperación entre todos los actores de la sociedad, a través del intercambio de experiencias y reflexiones sobre el fortalecimiento de los derechos humanos y sobre un mejor acceso a la justicia internacional.
El 2017 ha sido un año muy intenso y fructífero en el que tuvimos la oportunidad de profundizar sobre nuevos desarrollos jurisprudenciales y sacar adelante la situación presupuestaria del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
En cuanto al presupuesto, luego de innumerables gestiones diplomáticas, administrativas y políticas logramos que en junio de este año en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), los Estados tomaran la decisión política de duplicar los recursos del Fondo Regular que se destinan a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se trata sin duda de un momento histórico que permitirá el incremento gradual de 33% del presupuesto anual de cada órgano por año, lo cual significará duplicar el presupuesto ordinario otorgado por la OEA al término de tres años.
Con base a los esfuerzos realizados y el logro del incremento presupuestario hemos logrado que el próximo año las reuniones colegiadas de los Jueces y Jueza lleguen a 14 semanas, financiadas por el fondo regular en comparación con las 8 semanas de años anteriores, dejándose fuera únicamente un mes sin sesionar. Un récord en la historia de nuestra Corte y que nos muestra la tendencia a una estabilidad e institucionalidad, todo esto con la perspectiva de tener Jueces de dedicación exclusiva y permanente.
En cuanto a las actividades, durante el 2017 la Corte celebró cuatro períodos ordinarios de sesiones en su sede en San José, Costa Rica, y dos períodos extraordinarios de sesiones en
Guatemala y Panamá. Se realizaron quince audiencias públicas sobre casos contenciosos. Cuatro audiencias sobre medidas provisionales. En lo que respecta al proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia, se realizaron siete audiencias. Asimismo, estos últimos años la función consultiva ha continuado revitalizada, celebrándose, así, tres audiencias sobre solicitudes de opiniones consultivas.
El Tribunal emitió catorce sentencias, diez de ellas sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas y cuatro sobre interpretación. Asimismo, emitió dos importantes opiniones consultivas y veintinueve resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia y veintidós resoluciones sobre medidas provisionales. Fueron sometidos a conocimiento de la Corte Interamericana dieciocho nuevos casos y, hasta diciembre de 2017, la Corte cuenta con treinta y cinco casos contenciosos por resolver.
En cuanto a nuestra jurisprudencia hemos continuado pronunciándonos sobre las materias innovadoras, así como consolidando los importantes estándares internacionales en materia de derechos humanos. De esta manera, logramos reafirmar nuestra jurisprudencia en diversos temas como, el deber de investigar, la incompatibilidad del fuero militar para juzgar violaciones de derechos humanos, los estándares de independencia de los órganos investigadores, la desaparición forzada como violación múltiple y permanente de derechos humanos, la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado y la debida diligencia y plazo razonable en casos de violación sexual.
Igualmente, este año hemos sobrepasado otro gran desafío, que era el aumento progresivo de los temas justiciables, especialmente los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales, los denominados DESCA, una tendencia que venía siendo impostergable en la jurisprudencia de la Corte. En el 2017, la Corte declaró por primera vez la violación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo esta una decisión que representa un hito histórico en la jurisprudencia interamericana y un paso hacia adelante en la región en la interdependencia e indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y los DESCA.
Por otro lado, este año la Corte ha dictado dos Opiniones Consultivas sobre temas tan distintos como el impacto de grandes proyectos en el medio ambiente marino y los derechos derivados de la identidad de género y la protección de los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo. Los estándares establecidos en ambas son respuestas concretas a problemáticas transversales, actuales e imperiosas en nuestro continente.
También este año, por segunda vez, se realizó una diligencia in situ en el marco de supervisión de la implementación de las medidas provisionales en Brasil, que permitió el traslado de una delegación de la Corte para presenciar de manera directa las condiciones de las personas privadas de libertad en el Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. Igualmente, se realizaron dos diligencias judiciales para verificar, en terreno y de forma directa el nivel de cumplimiento de reparaciones ordenadas en cinco casos, dos de ellos contra Guatemala y tres contra Paraguay.
Finalmente, quiero agradecer a mis colegas, el Juez Eduardo Ferrer Mc-Gregor Poisot, el Juez Eduardo Vio Grossi, el Juez Humberto Antonio Sierra Porto, la Jueza Elizabeth Odio Benito, el
Juez Eugenio Raúl Zaffaroni y el Juez Patricio Pazmiño Freire por haber depositado su confianza en mí para estos dos años de gestión como Presidente que culminan el 31 de diciembre de este año. De igual manera agradezco a la Secretaría de la Corte Interamericana, por su excelente trabajo. Han sido dos años de trabajo duro y grandes retos, pero también de gratas alegrías y aprendizaje mutuo. Termino no sin antes recordar que el único fin de nuestro trabajo como jueces y jueza interamericanos es la protección de los derechos humanos de las personas en nuestro continente, espero haber contribuido en la construcción de este camino común.
Roberto F. Caldas Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 31 de diciembre de 2017
II. La Corte: Estructura y atribuciones
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) es un órgano convencional que fue formalmente establecido el 3 de septiembre de 1979 como consecuencia de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) el 18 de julio de 1978. El Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “el Estatuto”) dispone que ésta es una “institución judicial autónoma” cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana.
B. Organización y Composición
De conformidad con lo estipulado en los artículos 3 y 4 del referido Estatuto, la Corte tiene su sede en San José, Costa Rica y está integrada por siete jueces nacionales de los Estados miembros de la
Organización de Estados Americanos (en adelante “OEA”) 1
Los jueces son elegidos por los Estados Parte de la Convención Americana, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos, durante el período de sesiones de la Asamblea General de la OEA inmediatamente anterior a la expiración del mandato de los jueces salientes. Los jueces son elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos humanos y deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos 2 .
El mandato de los jueces es de seis años y solo pueden ser reelectos una vez. Los jueces que terminan su mandato seguirán conociendo de “los casos a los que ya se hubieren abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos
jueces elegidos” 3 por
Vicepresidente son elegidos por los propios jueces por un período de dos años y pueden ser reelegidos 4 . Para el año 2017 la composición de la Corte fue la siguiente (en orden de precedencia 5 ):
Roberto F. Caldas (Brasil), Presidente;
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), Vicepresidente;
Eduardo Vio Grossi (Chile),
Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia);
Elizabeth Odio Benito (Costa Rica);
Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y,
Patricio Pazmiño Freire (Ecuador).
Los jueces son asistidos en el ejercicio de sus funciones por la Secretaría del Tribunal. El Secretario de la Corte es Pablo Saavedra Alessandri (Chile) y la Secretaria Adjunta Emilia Segares Rodríguez (Costa Rica).
1 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 52 Cfr. Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 4.
2 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 52. Cfr. Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 4.
3 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 54.3. Cfr. Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 5.
4 Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 12.
5 Según el artículo 13, apartados 1 y 2, del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
“[l]os jueces titulares tendrán precedencia después del Presidente y del Vicepresidente, de acuerdo con su antigüedad en el cargo” y “[c]uando hubiere dos o más jueces de igual antigüedad, la precedencia será determinada por la mayor edad”.
En el 120 Período Ordinario de Sesiones celebrado en San José, Costa Rica, la Corte eligió su nueva junta directiva para el período 2018-2019, resultando elegidos el Juez Eduardo Ferrer Mac- Gregor como Presidente del Tribunal y el Juez Eduardo Vio Grossi como Vicepresidente.
(Vicepresidente); Juez Roberto F. Caldas (Presidente); Juez Eduardo Vio Grossi; Jueza Elizabeth Odio Benito. En segunda línea:
Juez Raúl Zaffaroni y Juez Patricio Pazmiño Freire.
C. Estados Parte
De los 35 Estados que conforman la OEA, veinte reconocen la competencia contenciosa de la Corte. Estos Estados son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
Venezuela presentó el 10 de septiembre de 2012 un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). De conformidad con lo estipulado en el artículo 78.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, “[l]os Estados Partes podrán denunciar esta Convención […] mediante un preaviso de un año”. La denuncia surtió efecto a partir del 10 de septiembre de
2013. Cabe señalar que, tal y como así lo establece el apartado 2º del señalado artículo 78, dicha denuncia no desliga al Estado venezolano de las obligaciones contenidas en la Convención Americana en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sucedido con anterioridad a la fecha en la cual la denuncia produjo efecto.
D. Atribuciones
De acuerdo con la Convención Americana, la Corte ejerce principalmente tres atribuciones: (I) una función contenciosa, (II) una facultad de dictar medidas provisionales y (III) una función consultiva.
A través de esta función, la Corte determina, en los casos sometidos a su jurisdicción, si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de algún derecho reconocido en la Convención Americana o en algún otro tratado de derechos humanos del Sistema Interamericano. De ser el caso, como consecuencia, dispone las medidas necesarias para reparar las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos.
El procedimiento que sigue el Tribunal para resolver los casos contenciosos que se someten a su jurisdicción tiene dos fases: (a) la fase contenciosa, y (b) la fase de supervisión de cumplimiento de sentencias.
a) Fase contenciosa
Esta fase, a su vez, comprende seis etapas:
escrita inicial;
oral o de audiencia pública;
escrita de alegatos y observaciones finales de las partes y de la Comisión;
diligencias probatorias;
estudio y emisión de sentencias;
solicitudes de interpretación.
Etapa escrita inicial
Sometimiento del Caso por la Comisión 6
El procedimiento se inicia con el sometimiento del caso por parte de la Comisión. Para la adecuada tramitación del proceso, el Reglamento de la Corte exige que el escrito de presentación del caso incluya, entre otros aspectos 7 :
6 Conforme el artículo 61 de la Convención Americana los Estados también tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte, en cuyo caso se observará lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corte.
7 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 35.
una copia del informe emitido por la Comisión al que se refiere el artículo 50 de la
Convención Americana; una copia de la totalidad del expediente ante la Comisión, incluyendo toda comunicación
posterior al informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención; las pruebas con indicación de los hechos y argumentos sobre las cuales versan;
los motivos que llevaron a la Comisión a presentar el caso.
Una vez sometido el caso, la Presidencia realiza un examen preliminar del mismo para comprobar que se hayan cumplido los requisitos esenciales de presentación ya mencionados. En caso de ser así, la Secretaría notifica el caso al Estado demandado y a la presunta víctima, así como a sus representantes, o al Defensor Interamericano, si fuere el caso 8 . En esta misma etapa se asigna, en base a un orden cronológico, a un juez relator quien con el apoyo de la Secretaría del Tribunal conoce del caso en particular.
Designación de defensor público interamericano
Cuando alguna presunta víctima no cuente con representación legal y/o carezca de recursos económicos y manifieste su voluntad de ser representada por un Defensor Interamericano, la Corte lo comunicará al Coordinador General de la AIDEF, para que dentro del plazo de 10 días designe al defensor o defensora que asumirá su representación y defensa legal. La Secretaría General de la AIDEF seleccionará dos defensores titulares y uno suplente 9 del cuerpo de Defensores Públicos Interamericanos para que ejerzan esta representación ante la Corte. Por su parte, la Corte les remite a éstos la documentación referente a la presentación del caso ante el Tribunal, de modo que estos asuman desde ese momento la representación legal de la presunta víctima ante la Corte, durante todo el trámite del caso.
Presentación del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas por parte de las presuntas víctimas
Notificado el caso, la presunta víctima o sus representantes disponen de un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la notificación de la presentación del caso y sus anexos, para presentar de forma autónoma su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Dicho escrito deberá contener, entre otros elementos 10 :
la descripción de los hechos dentro del marco fáctico fijado por la Comisión;
las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, con indicación de los hechos y argumentos
sobre los cuales versan; las pretensiones, incluidas las referidas a reparaciones y costas.
8 Ibíd., artículos 38 y 39.
9 Artículo 12 del “Reglamento Unificado para la actuación de la AIDEF ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, aprobado el 7 de junio de 2013 por el Consejo Directivo de la AIDEF, entró en vigencia, de conformidad con el artículo 27 de dicho Reglamento, el 14 de junio de 2013. 10 Ibíd., artículo 40
del Escrito de Contestación por parte
Una vez notificado el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, dentro de un plazo de dos meses contado a partir de la recepción de este último escrito y sus anexos, el Estado realiza la contestación a los escritos presentados por la Comisión y las presuntas víctimas o sus representantes, en la cual debe indicar, entre otros:
si interpone excepciones preliminares; si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradice; las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, con indicación de los hechos y argumentos sobre los cuales versan;  los fundamentos de derecho, las observaciones a las reparaciones y costas solicitadas y las conclusiones pertinentes.
Dicha contestación es comunicada a la Comisión y a las presuntas víctimas o sus representantes 11 .
Presentación del escrito de observaciones a las excepciones preliminares presentadas por el Estado
En el caso de que el Estado opusiera excepciones preliminares, la Comisión y las presuntas víctimas o sus representantes pueden presentar sus observaciones a éstas en un plazo de treinta días contados a partir de la recepción de las mismas 12 .
Presentación del escrito de observaciones al reconocimiento de responsabilidad efectuado por el estado
En el caso de que el Estado realizara un reconocimiento parcial o total de responsabilidad, se otorgaría un plazo a la Comisión y a los representantes de las presuntas víctimas para que remitiesen las observaciones que estimaran pertinentes.
Posibilidad de realizar otros actos de procedimiento escrito
Con posterioridad a la recepción del escrito de sometimiento del caso, del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, y del escrito de contestación del Estado, y antes de la apertura del procedimiento oral, la Comisión, las presuntas víctimas o sus representantes y el Estado demandado pueden solicitar a la Presidencia la celebración de otros actos del procedimiento escrito. Si la Presidencia lo estima pertinente, fijará los plazos para la presentación de los documentos respectivos 13 .
11 Ibíd., artículo 41.
12 Ibíd., artículo 42.4.
13 Ibíd., artículo 43.
Recepción de amicus curiae
Cualquier persona o institución interesada podrá someter al Tribunal un escrito en calidad de amicus curiae, es decir, escritos realizados por terceros ajenos a un caso, que ofrecen voluntariamente su opinión respecto a algún aspecto relacionado con el mismo, para colaborar con el Tribunal en la resolución de la sentencia. En los casos contenciosos se podrá presentar este escrito en cualquier momento del proceso pero no más allá de los 15 días posteriores a la celebración de la audiencia pública. En los casos en que no se celebra audiencia pública, deberán ser remitidos dentro de los 15 días posteriores a la resolución correspondiente en la que se otorga plazo para la remisión de alegatos finales. En los procedimientos de supervisión de cumplimiento de sentencias y de medidas provisionales, también podrán presentarse escritos del amicus curiae. 14
Etapa oral o de audiencia
Durante esta etapa se solicitan a las partes y a la Comisión las listas definitivas con los nombres de las personas que van a declarar. Una vez recibidas se transmiten a la contraparte para las observaciones u objeciones que se estimen pertinentes 15 .
Mediante una resolución en la que se toma en consideración las observaciones, objeciones o recusaciones que se hayan presentado, la Corte o su Presidencia convoca a audiencia, si lo estima necesario. Asimismo, define el objeto y modo de la declaración de cada uno de los declarantes 16 . Las audiencias son públicas salvo cuando el Tribunal considere oportuno que sean privadas 17 , total o parcialmente.
La audiencia inicia con la presentación de la Comisión, en la cual se exponen los fundamentos del informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención y de la presentación del caso ante la Corte, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución 18 . A continuación, los jueces del Tribunal escuchan a las presuntas víctimas, testigos y peritos convocados mediante resolución, quienes son interrogados por las partes y, de ser el caso, por los jueces. La Comisión puede interrogar en supuestos excepcionales a determinados peritos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.3 del Reglamento de la Corte. Seguidamente, la Presidencia concede la palabra a las partes para que expongan sus alegatos sobre el fondo del caso. Posteriormente, la Presidencia les otorga la posibilidad de una réplica y una dúplica. Concluidos los alegatos, la Comisión presenta sus observaciones finales, seguidas por las preguntas finales que realizan los jueces a los representantes del Estado, de las víctimas y de la Comisión Interamericana 19 . Dicha audiencia
Ibíd., artículo 44.
Ibíd., artículo 46.
Ibíd., artículo 50. 17 Ibid., artículo 15
Ibíd., artículo 51.
suele durar en promedio un día y medio y es transmitida en línea a través de la página web de la Corte.
Puede encontrar la grabación de las audiencias públicas aquí.
Etapa escrita de alegatos y observaciones finales de las partes y de la Comisión
Durante esta etapa las presuntas víctimas o sus representantes y el Estado demandado presentan los alegatos finales escritos. La Comisión, si así lo considera, presenta observaciones finales escritas. 20
De conformidad con lo indicado en el artículo 58 del Reglamento de la Corte, el Tribunal podrá solicitar, “en cualquier estado de la causa”, sin perjuicio de los argumentos y documentación entregada por las partes, las siguientes diligencias probatorias: 1. procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria; 2. requerir el suministro de alguna prueba o de cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser útil; 3. solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección, que obtenga información, que exprese una opinión o que emita un informe o dictamen sobre un punto determinado, 4. o bien, comisionar a uno o varios de sus miembros para realizar cualquier medida de instrucción, incluyendo audiencias, ya sea en la sede de la Corte o fuera de esta.
Etapa de estudio y emisión de sentencias
Durante la etapa de estudio y emisión de sentencias, el juez relator de cada caso, con el apoyo de la Secretaría del Tribunal y con base en la prueba y los argumentos de las partes, presenta un proyecto de sentencia al Pleno de la Corte para su consideración. Este proyecto es objeto de una deliberación entre los jueces, la cual suele durar varios días durante un período de sesiones e incluso, debido a su complejidad, puede ser suspendida y reiniciada en el período de sesiones posterior. En el marco de dicha deliberación se va discutiendo y aprobando el proyecto hasta llegar a los puntos resolutivos de la sentencia que son objeto de votación final por parte de los jueces de la Corte. En algunos casos los jueces presentan votos disidentes o concurrentes. Luego de que la Corte dicte la sentencia, ésta pasa por un proceso de edición y posteriormente es notificada a las partes.
20 Ibíd., artículo 56.
Solicitudes de interpretación y rectificación
Las sentencias que dicta la Corte son definitivas e inapelables 21 . No obstante, dentro del plazo de
90 días las partes y la Comisión pueden solicitar que se aclare el sentido o alcance de la sentencia
en cuestión. Conforme la Convención Americana, la Corte resuelve esta cuestión a través a una Sentencia de Interpretación. La solicitud puede ser planteada por cualquiera de las partes, siempre que se presente dentro de los noventa días contados a partir de la fecha de la notificación del fallo 22 . Por otro lado, la Corte podrá, por iniciativa propia o por una solicitud de las partes, presentada dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia, rectificar errores notorios de edición o de cálculo. De efectuarse alguna rectificación la Corte la notificará a la Comisión y a las
partes 23 .
b) Fase de supervisión de cumplimiento de sentencias
La Corte Interamericana se encarga de supervisar el cumplimiento de sus sentencias. La facultad de supervisar sus sentencias es inherente al ejercicio de sus facultades jurisdiccionales y encuentra su fundamento jurídico en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención, así como en el artículo 30 del Estatuto de la Corte. Asimismo, el procedimiento se encuentra regulado por el artículo 69 del Reglamento de la Corte y tiene por objetivo que las reparaciones ordenadas por el Tribunal para el caso en concreto se implementen y se cumplan efectivamente.
La supervisión sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte implica, en primer término, que ésta solicite periódicamente información al Estado sobre las actividades desarrolladas para los efectos de dicho cumplimiento y recabe las observaciones de la Comisión y de las víctimas o sus representantes. Una vez que el Tribunal cuenta con esa información puede ir evaluando si hubo cumplimiento de lo resuelto, orientar las acciones del Estado para ese fin y, de ser el caso, convocar a una audiencia de supervisión. En el contexto de dichas audiencias el Tribunal no se limita a tomar nota de la información presentada por las partes y la Comisión, sino que procura que se produzca un acuerdo entre las partes, sugiriendo para ello algunas alternativas de solución, impulsa el cumplimiento de la sentencia, llama la atención frente a incumplimientos marcados por la falta de voluntad y promueve el planteamiento de cronogramas de cumplimiento a trabajar entre todos los involucrados.
Durante esa fase se realizan diversas actividades, tales como:
a) recepción de informes escritos;
c) visitas en el territorio, y
d) emisión de resoluciones de supervisión de cumplimiento.
21 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 67.
22 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 67.
23 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 76
De acuerdo con la Convención Americana, las medidas provisionales de protección son ordenadas por la Corte para garantizar los derechos de personas o grupos de personas determinables que se encuentran en una situación de a) extrema gravedad; b) urgencia y, c) daño irreparable 24 . Estos tres requisitos se deben sustentar adecuadamente para que el Tribunal decida otorgar las medidas.
Las medidas provisionales pueden ser solicitadas por la Comisión Interamericana en cualquier momento, incluso si se trata de un caso que aún no ha sido sometido a la jurisdicción de la Corte. Asimismo, los representantes de las presuntas víctimas pueden solicitar medidas provisionales siempre que estén relacionadas con un caso que se encuentre bajo el conocimiento del Tribunal. Igualmente, estas medidas pueden ser dictadas de oficio por la Corte en cualquier etapa del procedimiento.
La supervisión de dichas medidas se realiza mediante la presentación de informes por parte del Estado y de las correspondientes observaciones de los beneficiarios o sus representantes y de la Comisión. Asimismo, la Corte o la Presidencia pueden decidir convocar a una audiencia pública o privada para verificar la implementación de las medidas provisionales, e incluso ordenar las diligencias que se requieran, tales como visitas al territorio para verificar las acciones que está
tomando el Estado. Así, utilizando esta facultad, el Tribunal por primera vez en el 2015 realizó una visita in situ en el marco de supervisión de la implementación de medidas provisionales, a través del traslado de una delegación de la Corte para presenciar de manera directa las condiciones de las personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario de Curado en Brasil. Asimismo, el
19 de junio de 2017 el Tribunal realizó su segunda visita in situ, esta vez al Instituto Penal de
Placido de Sá Carvalho, también en Brasil, a fin de supervisar las medidas provisionales del mismo
nombre, en esta oportunidad el Tribunal observó la continua situación de hacinamiento y sobrepoblación, las malas condiciones de detención y de salud e higiene.
Por este medio, la Corte responde a consultas formuladas por los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma acerca de la interpretación de la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. Asimismo, a solicitud de un Estado miembro de la OEA, la Corte puede emitir su opinión sobre la compatibilidad de las normas internas y los instrumentos del Sistema Interamericano 25 .
24 Convención
Interamericana de Derechos Humanos, artículo 27.
25 Ibíd., artículo 64.
humanos; es decir, tiene el fin de ayudar a los Estados y órganos a cumplir y aplicar tratados en materia de derechos humanos sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso.
La Corte ha establecido que su función consultiva es tan amplia cuanto lo requiera la salvaguardia de los derechos humanos, pero ceñida a los límites naturales que la misma Convención señala. Por otro lado, cabe destacar que la Corte no está en la obligación de emitir opiniones consultivas sobre cualquier aspecto y que, de acuerdo con criterios de admisibilidad, puede abstenerse de pronunciarse sobre ciertos temas y rechazar solicitudes.
Pueden solicitar opiniones consultivas todos los órganos de la Organización de Estados Americanos y todos los Estados miembros de la Carta de la OEA, sean o no partes de la Convención. Los órganos del Sistema Interamericano reconocidos en la Carta de la OEA son:
El procedimiento de las opiniones consultivas se encuentra regulado en el artículo 73 del Reglamento de la Corte. Los Estados u órganos de la OEA deben en primer lugar remitir una solicitud de opinión consultiva a la Corte, la cual debe cumplir con ciertos requisitos, y una vez recibida, el Secretario debe remitirla a los Estados miembros, a la Comisión, al Consejo Permanente, al Secretario General y a los órganos de la OEA. Igualmente, la Corte realiza una amplia convocatoria para recibir observaciones por parte de, entre otros, universidades, clínicas de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, personas interesadas, órganos estatales, organizaciones internacionales y Estados.
Posteriormente, la Presidencia fija un plazo para que los interesados remitan observaciones escritas y, de considerarlo pertinente, la Corte decidirá si considera conveniente llevar a cabo una audiencia pública y fijará su fecha. Durante la audiencia pública participan todas aquellas personas que hayan remitido sus observaciones escritas y declarado su voluntad de presentarlas oralmente.
Por último, la Corte procederá a deliberar internamente los temas de consulta presentados en la solicitud y emitirá la opinión consultiva. Adicionalmente, los jueces tienen el derecho de emitir su
voto concurrente o disidente respecto de la consulta, el cual se anexará al documento de la opinión.
Los requisitos formales que deben contener las solicitudes de opinión consultiva se encuentran establecidos en los artículos 70, 71 y 72 del Reglamento de la Corte. Las solicitudes deben formular de manera precisa las preguntas específicas sobre las cuales se pretende obtener la opinión de la Corte; indicar las disposiciones cuya interpretación se solicita, normas internacionales de derechos humanos diferentes a las de la Convención Americana que también se requiere interpretar, las consideraciones que originan la consulta y el nombre y dirección del agente o de los delegados. En caso de que la solicitud sea por parte de un órgano de la OEA distinto a la Comisión, la solicitud debe incluir, adicionalmente, la manera en que la consulta se refiere a su esfera de competencia.
Por otro lado, el artículo 72 del Reglamento establece los requerimientos para solicitudes de consultas relacionadas con la interpretación de leyes internas. En este caso la solicitud debe incluir las disposiciones de derecho interno que son objeto de consulta, así como las disposiciones de la Convención y otros tratados internacionales.
Sesiones celebradas en 2017 26
La Corte realiza reuniones colegiadas durante determinados períodos de sesiones al año. Estas reuniones colegiadas se celebran tanto en su sede en San José, Costa Rica, como fuera de la sede. Durante cada período de sesiones la Corte realiza actividades tales como:
 audiencias sobre casos contenciosos, supervisión de cumplimiento de sentencias o medidas provisionales adopción de sentencias sobre casos contenciosos;
emisión de resoluciones sobre supervisión de cumplimiento de sentencias;
emisión de resoluciones sobre medidas provisionales;
la consideración de diversos trámites en los asuntos pendientes ante el Tribunal, así como cuestiones de tipo administrativo, y;  reuniones con autoridades nacionales e internacionales.
B. Resumen de las sesiones
La Corte celebró cuatro Períodos Ordinarios de Sesiones en San José, Costa Rica y dos Períodos Extraordinarios oficiados en Ciudad de Guatemala y Ciudad de Panamá respectivamente. A continuación se presenta el detalle de dichas sesiones.
Del 6 al 17 de febrero de 2017 la Corte celebró, en San José, Costa Rica, su 117 Período Ordinario de Sesiones. En el marco de éste, el 6 de febrero se realizó la ceremonia de Apertura del Año Judicial, que tuvo lugar en la sede del Tribunal. La ceremonia contó con las palabras del Presidente de la Corte Interamericana, Juez Roberto F. Caldas y del Presidente de la República de Costa Rica, señor Luis Guillermo Solís Rivera. El Presidente de la Corte realizó un recuento de las labores del Tribunal en el año 2016, así como destacó los desafíos más importantes de cara al 2017 para el trabajo de la Corte y los principales retos en materia de derechos humanos en la región.
26 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Corte, los Jueces nacionales del Estado sobre el cual trate el caso o el asunto no participan del conocimiento ni deliberación.
En la Apertura del Año Judicial estuvo presente el Pleno de la Corte y los Secretarios, así como el Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera; la Presidenta del Poder Judicial de Costa Rica, Zarela Villanueva; el Canciller de la República, Manuel González; la Presidenta del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Cecilia Luisa Ayllón; el Presidente del Tribunal Constitucional del Perú, Manuel Miranda y el Procurador General de Trabajo de Brasil, Ronaldo Curado Fleury. Igualmente, asistieron autoridades nacionales de Costa Rica, representantes de las universidades y de la sociedad civil, así como miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica.
Asimismo, durante este período de sesiones el Tribunal realizó cuatro audiencias públicas sobre casos contenciosos 27 y una audiencia privada sobre supervisión de cumplimiento de sentencia 28 . Igualmente, emitió tres sentencias de casos contenciosos 29 , tres resoluciones sobre medidas provisionales 30 , cinco resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia 31 .
27 Caso Lagos del Campo Vs. Perú; Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica; Caso Ortiz Hernández Vs. Venezuela; Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. 28 Caso López Lone y otros Vs. Honduras. 29 Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 331; Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 332; Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333. 30 Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de febrero de 2017; Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de febrero de 2016, y Asunto del Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho respecto de Brasil. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de febrero de 2017. 31 Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de febrero de 2017; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de febrero de 2017; Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de febrero de 2017; Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de febrero de 2017, y Caso Mémoli Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de febrero de 2017.
En el marco de la Ceremonia de Apertura del Año Judicial se firmaron acuerdos de cooperación con el Observatorio de Género de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Procurador General del Ministerio de Trabajo de Brasil y el Poder Judicial del Estado de México. El principal objetivo de dichos convenios es el de facilitar la cooperación mutua y el intercambio de experiencias, conocimientos y competencias relacionadas con sus mandatos.
Del 20 al 27 de marzo de 2017 gracias a la invitación del Gobierno de Guatemala, la Corte celebró su 57 Período Extraordinario de Sesiones en Ciudad de Guatemala. La Ceremonia de Inauguración tuvo lugar en el Patio de la Paz del Palacio de la Cultura, sede del Poder Ejecutivo en Guatemala.
Contó con la presencia del Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales; del Presidente del Organismo Judicial, Nery Osvaldo Merina; del Tercer Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Marvin Orellana, y del Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, Víctor Hugo Godoy.
En el discurso de inauguración el Presidente de la Corte, Juez Roberto F. Caldas hizo un recuento de la relación entre Guatemala y el Sistema Interamericano y destacó la importancia de la lucha contra la impunidad como piedra angular del Estado de Derecho. Por su parte, el Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, recalcó la importancia del Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos y en particular de la Corte, cuyas decisiones “conducen como un faro los comportamientos de gobiernos y sociedades’’.
personalidades destacadas, realizan un cambio de una rosa que simboliza de la Paz en Guatemala, en conmemoración de los Acuerdos de Paz de 1996. Los siete jueces y la jueza de la
Corte fueron honrados con la designación de Embajadores de la Paz en Guatemala.
Durante el 57 Período Extraordinario de Sesiones se llevaron a cabo tres audiencias públicas, dos sobre casos contenciosos 32 y una sobre una solicitud de opinión consultiva 33 . Todas tuvieron lugar en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, contaron con una importante participación y fueron transmitidas a través de la página web del Tribunal.
32 Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil y Caso Pacheco León y otros Vs. Honduras. 33 Solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de marzo de 2016.
Además, gracias a la colaboración del gobierno de Guatemala, se realizaron audiencias y visitas de supervisión cumplimiento de sentencias que concernían al país. Que el seguimiento se haga en el territorio del Estado en cuestión permite una constatación más directa de las medidas adoptadas en el orden interno para implementar las decisiones del Tribunal, así como una participación más efectiva de las víctimas y las instituciones estatales a cargo del cumplimiento. De este modo, el 24 de marzo tuvieron lugar dos audiencias privadas 34 sobre diversos casos en contra de Guatemala que son supervisados de manera conjunta. Igualmente, el 27 de marzo se realizaron dos diligencias de terreno, durante las cuales se visitaron comunidades indígenas para supervisar el cumplimiento de dos sentencias 35 .
34 Supervisión conjunta del cumplimiento de las sentencias de los Casos Blake, Panel Blanca (Paniagua Morales y otros), Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros), Bámaca Velásquez, Myrna Mack Chang, Maritza Urrutia, Molina Theissen, Masacre de Plan de Sánchez, iii) Masacre de Las Dos Erres, Masacre de Río
Negro, Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”), Carpio Nicolle y otros, Tiu Tojín y Chitay Nech y otros, todos
Vs. Guatemala, y Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. 35 Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250; Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116.
La visita inició en el Museo Comunitario de la Memoria Histórica de Rabinal. La delegación observó las diversas salas que componen el museo. Éstas están destinadas a dignificar a las víctimas del área de Rabinal de masacres ocurridas entre 1980 y 1984, así como reforzar la identidad cultural Achí.
Posteriormente la delegación se trasladó a la colonia Pacux donde dialogó con sobrevivientes de la masacre de Río Negro, que se encontraban en el Monumento dedicado a las víctimas y recibió observaciones sobre el cumplimiento de las medidas de reparación. También se desplazó al centro de salud e instituciones educativas para verificar las medidas relativas al mejoramiento del centro de atención en salud y mejora de escuela y programa de educación bilingüe (español y maya achí). La delegación también caminó por las calles de la colonia con el fin de supervisar la obligación de mejorar las vías de comunicación, y verificó el estado de cumplimiento de la medida de abastecimiento de agua potable. En cada uno de los lugares visitados y a lo largo del camino se fueron recibiendo observaciones e información sobre dichas medidas, así como de las correspondientes a implementar un programa de seguridad alimentaria y garantizar la provisión eléctrica a precios asequibles. La delegación también fue invitada a pasar a las casas de sobrevivientes de la masacre, de quienes pudo recibir información sobre el cumplimiento, así como constatar el estado de las viviendas que fueron proporcionadas por el Estado.
Por la tarde, la delegación visitó la Aldea de Plan de Sánchez. Para verificar la medida relativa al mejoramiento de la comunicación vial, se realizó el desplazamiento por tierra. Los habitantes se encontraban reunidos en la Capilla en la que se rinde tributo a las personas ejecutadas en la masacre, en la cual la delegación de la Corte escuchó a diversas personas escogidas por la comunidad para hablar en representación de la misma, así como a quienes espontáneamente quisieron intervenir. Informaron sobre la medida relativa a la provisión de viviendas adecuadas, el estado de las vías de comunicación con la cabecera municipal de Rabinal, el suministro de agua potable y el estado del centro educativo de telesecundaria y de salud. La delegación caminó al centro de salud, donde conversó con el personal médico destinado a éste, así como también participaron el Viceministro Técnico de Salud y algunas víctimas, quienes dieron información sobre los desafíos existentes en materia de salud. Igualmente, la delegación se dirigió a la escuela, donde también pudo observar el estado de la misma, así como dialogar con el director.
La Corte también dictó sentencia sobre un caso contencioso 36 y una resolución sobre adopción de medidas provisionales 37 .
Asimismo, en el marco de las sesiones se produjeron diferentes reuniones con las autoridades guatemaltecas. El 20 de marzo el Pleno del Tribunal se reunió con el Presidente de la República, Jimmy Morales, en el Palacio de la Cultura, sede del Organismo Ejecutivo de Guatemala. La reunión tuvo como fin agradecer al Presidente por la invitación a sesionar en territorio guatemalteco, así como dialogar sobre los desafíos en materia de derechos humanos de Guatemala y de la región.
36 Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334 37 Asunto Integrantes de la Comunidad Indígena de Choréachi respecto de México. Solicitud de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de marzo de 2017.
Un almuerzo de trabajo tuvo lugar el 22 de marzo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con vistas a favorecer un espacio de diálogo e interacción entre ambas jurisdicciones. El mismo día el Presidente de la Corte, Juez Roberto F. Caldas; el Vicepresidente, Eduardo Ferrer Mac-Gregor; el Juez Humberto Antonio Sierra Porto y el Juez Patricio Pazmiño se reunieron con los magistrados de Corte de Constitucionalidad de Guatemala. En el encuentro se dialogó sobre la necesidad de ampliar las relaciones de cooperación entre ambas instituciones así como de la importancia de la utilización de estándares internacionales de protección de los derechos humanos para la resolución de casos a nivel nacional. El Presidente y Secretario de la Corte Interamericana también se reunieron con el Presidente del Congreso de Guatemala, Óscar Chinchilla. Tuvieron la ocasión de reflexionar acerca de la apertura de nuevos espacios de diálogo entre ambos órganos y del de las medidas legislativas en la implementación de estándares internacionales de los derechos humanos.
El Presidente de la Corte Interamericana, Juez Roberto F. Caldas y el Secretario Pablo Saavedra Alessadri también se reunieron con la Fiscal General, Thelma Aldana; con el Procurador de
Derechos Humanos de Guatemala, Jorge De León Duque; con Liliana Valiña, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el comisionado Iván Velásquez, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. En este último encuentro el Presidente de la Corte afirmó la importancia de luchar contra la impunidad como
“una tarea fundamental y parte del derecho al acceso a la justicia”.
El 20 de marzo se desarrolló el seminario internacional ‘‘Impacto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Latinoamérica’’ en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, que contó con la asistencia de más de 800 personas, entre ellas altas autoridades del gobierno guatemalteco, diplomáticos, académicos, miembros de la sociedad civil y estudiantes. Las
exposiciones fueron ofrecidas por los jueces y la jueza de la Corte Interamericana, jueces nacionales, altas autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil así como expertos académicos.
Por último, también se firmó un convenio de cooperación con la Universidad San Carlos de Guatemala con la finalidad de reforzar la cooperación entre ambas instituciones y promover el conocimiento y la difusión del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los instrumentos de protección internacionales para su defensa y promoción.
El 118 Período Ordinario de Sesiones del Tribunal tuvo lugar entre el 15 y el 26 de mayo de 2017 en San José, Costa Rica. Se llevaron a cabo seis audiencias públicas: Una respecto de una solicitud de opinión consultiva 38 , dos para supervisar el cumplimiento de medidas provisionales 39 y tres sobre
38 Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la República de Costa Rica ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 18 de mayo de 2016 sobre Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24.
39 Asunto de Determinados Centros Penitenciarios de Venezuela: Internado Judicial de Monagas (“La Pica”); Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (“Cárcel de Yare”); Centro Penitenciario de la Región
casos contenciosos 40 . El Tribunal también convocó a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de sentencia en el Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Respecto de otros tres casos contenciosos se celebraron deliberaciones que continuaron en las sesiones siguientes 41 . Por último, la Corte dictó dos sentencias de interpretación 42 , dos resoluciones sobre la solicitud de medidas provisionales 43 y siete resoluciones sobre supervisión de cumplimiento de sentencia 44 .
El 22 de mayo el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Roberto F. Caldas, firmó un convenio de cooperación y asistencia en asuntos de derechos humanos con el Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luis Jorge Cevasco. En este acto
Centro Occidental (anteriormente denominado “Cárcel de Uribana”); Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II; Centro Penitenciario de Aragua (“Cárcel de Tocorón”); Internado Judicial de Ciudad Bolívar
(“Cárcel de Vista Hermosa”), y Centro Penitenciario de la Región Andina. respecto de Venezuela y Asunto de Determinados Centros Penitenciarios respecto de Brasil: Unidad de Internación Socioeducativa, Complejo Penitenciario de Curado, Complejo Penitenciario de Pedrinhas e Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.
40 Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala; Caso Herzog y otros Vs. Brasil y Caso Omeara Carrascal y otros Vs. Colombia.
41 Caso Amhrein Vs. Costa Rica, Caso Lagos del Campo Vs. Perú y Caso Ortiz Hernández Vs. Venezuela.
42 Caso I.V. Vs. Bolivia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2017. Serie C No. 336; Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2017. Serie C No. 335
43 Caso I.V. Vs. Bolivia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2017. Serie C No. 336; Asunto Rojas Madrigal respecto al Caso Amrhein y otros respecto de Costa Rica. Rechazo de la Solicitud de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de mayo de 2017.
44 Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de mayo de 2017; Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
23 de mayo de 2017; Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de
Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de mayo de 2017; Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de mayo de 2017; Caso Masacre de Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 25 de mayo de 2017; Caso Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 23 de mayo de 2017; Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de mayo de
estuvieron presentes el Vicepresidente de la Corte, el Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, el Secretario Pablo Saavedra y el Embajador de Argentina en Costa Rica, Mariano Caucino.
Del 21 de agosto al 1 de septiembre de 2017 se celebró el 119 Período Ordinario de Sesiones de la Corte en su sede en San José, Costa Rica. Se llevaron a cabo cuatro audiencias públicas 45 y se emitieron cuatro sentencias sobre casos contenciosos 46 .
La Corte también emitió una sentencia de interpretación 47 , cuatro resoluciones sobre medidas provisionales 48 y nueve resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias 49 .
45 Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia; Solicitud de Opinión Consultiva presentada por el Estado del Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de agosto de 2016 sobre la institución del asilo y Caso Amhrein Vs. Costa Rica. 46 Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2017. Serie C No. 338; Caso Lagos del Campo Vs. Perú; Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C No. 340 y Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 341. 47 Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2017. Serie C No. 337. 48 Asunto Mery Naranjo y otros respecto Colombia. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte
La Corte Interamericana celebró del 16 al 20 de octubre de 2017 su 58 Período Extraordinario de Sesiones en Panamá. El 16 de octubre se llevó a cabo en el Salón Metrópolis del Hotel Radisson Decápolis la ceremonia de inauguración, la cual contó con la intervención del Presidente de la Corte interamericana, Juez Roberto F. Caldas y del Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela. A este acto también asistieron la Vicepresidente de la República y Canciller Isabel de Saint-Malo, ministros y miembros del Cuerpo Diplomático del Estado panameño, representantes de organismos internacionales, sociedad civil, académicos y estudiantes.
Interamericana de Derechos Humanos de 22 de agosto de 2017; Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Solicitud de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de agosto de 2017, Asunto del Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho respecto de Brasil. y Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua. Ampliación de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de agosto de 2017. 49 Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2017, Caso Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2017; Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2017; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de agosto de 2017; Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de agosto de 2017; Caso Maldonado Ordóñez Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2017; Caso Véliz Franco y otros Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de agosto de 2017; Resolución conjunta para Caso Kawas Fernández y Caso Luna López Vs. Honduras. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2017; Resolución Conjunta para Casos de las Comunidades Indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2017.
Durante las sesiones la Corte realizó tres audiencias públicas sobre casos contenciosos 50 y una audiencia privada sobre supervisión de cumplimiento de sentencia 51 .
El 20 de octubre tuvo lugar el seminario “Corte Interamericana y grupos en situación de vulnerabilidad” en el Salón Gran Metrópolis del Hotel Radisson Decápolis. Ofrecieron sus
intervenciones los jueces y la jueza de la Corte, así como expertos en derechos humanos a nivel nacional e internacional acerca de temáticas como la violencia de género, los derechos LGBTI, los derechos de los migrantes y pueblos indígenas y los principales desafíos del Sistema Interamericano.
También en el marco de las sesiones, la Corte se reunió con diversas autoridades nacionales y miembros de la sociedad civil. El 16 de octubre tuvo lugar un encuentro entre la Corte Interamericana y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá con el fin de fomentar el diálogo entre ambas instituciones.
El 17 de octubre de 2017 se realizó un conversatorio organizado conjuntamente con la la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas con organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre la temática de derechos LGBTI. Participaron el Presidente, Juez
50 V.R.P. y V.P.C. Vs. Nicaragua; Villamizar Durán y otro Vs. Colombia, y Poblete Vilches y otros Vs. Chile. 51 Caso Vélez Loor Vs. Panamá.
Roberto F. Caldas, el Representante Regional de OACNUDH, Alberto Brunori, el Director Jurídico de la Corte IDH, Alexei Julio y un abogado de la Secretaría.
Igualmente, el día 20 de octubre el Presidente de la Corte, Juez Roberto F. Caldas se reunió con 25 representantes de 17 organizaciones de derechos humanos con el fin de tratar los principales desafíos existentes en Panamá y la región en materia de derechos humanos.
En el marco del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA se celebró un encuentro entre el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Roberto F. Caldas; el Representante de la OEA en Panamá, Pedro Vuskovic y siete miembros panameños del Programa, los cuales actúan como mediadores y cooperadores en la tarea de impartición de la justicia ordinaria.
Igualmente, el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Roberto F. Caldas, firmó dos acuerdos de cooperación. El primero se firmó el 19 de octubre con el Consejo de la Judicatura del Ecuador, representado por su Presidente Gustavo Jalkh. El segundo se firmó el 20 de octubre con la Defensoría del Pueblo de Panamá, representada por el Defensor del Pueblo, Alfredo Castilleros Hoyos. Dichos convenios tiene la finalidad de unir esfuerzos entre los diferentes organismos en aras a favorecer la formación e investigación en derechos humanos, el buen funcionamiento de las instituciones y la adopción de instrumentos de protección de los derechos humanos.
Del 13 al 24 de noviembre de 2017 tuvo lugar en su sede en San José, Costa Rica el 120 Período Ordinario de Sesiones del Tribunal. Se celebraron dos audiencias, una pública sobre un caso contencioso y otra sobre supervisión de medidas provisionales 52 . El Tribunal también dictó dos opiniones consultivas 53 , dos sentencias sobre casos contenciosos 54 , seis resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias 55 y una sentencia de interpretación 56 .
52 Caso Selvas Gómez y otras Vs. México y Asunto Comunidad de Paz de San José de Apartadó respecto de Colombia. 53 Opinión Consultiva OC-23 presentada por Colombia y Opinión Consultiva OC-24 presentada por Costa Rica. 54 Caso Pacheco León Vs. Honduras y Caso Trabajadores cesados de Petroperú Vs. Perú. 55 Caso Cantos Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de noviembre de 2017; Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de noviembre de 2017; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de noviembre de 2017; Caso I.V. Vs. Bolivia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de noviembre de 2017; Caso Luna López Vs. Honduras. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de noviembre de 2017. 56 Caso Yarce y otras Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre 2017. Serie C No. 343.
aquí . El 15 de noviembre se firmó un convenio de cooperación entre la Corte Interamericana y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). El 21 y el 24 de noviembre la Corte se firmó convenios de cooperación institucional con la Procuraduría General de la República de Colombia y con el Ministerio Público Federal de la República Federativa de Brasil, respectivamente. El 21 y 22 de noviembre el Pleno sostuvo reuniones con el Presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, David Figueroa Marquéz, con el Director Ejecutivo, Guillermo Sandí Baltodano y con la Presidenta del Consejo Superior Notarial, Laura Mora Camacho. Ambas reuniones tuvieron como objeto coordinar espacios de capacitaciones ofrecidas por la Corte. Asimismo, el 24 de noviembre se firmaron convenios con la Facultad de Derecho de la Universidad de San Paulo, Brasil y la Asociación Costarricense de Derecho Internacional, ACODI. También el 24 de noviembre la Procuradora General de la República Federativa de Brasil, Raquel Dodge dictó la conferencia ‘‘el Rol del Ministerio Público en la defensa de los derechos humanos’’. Acto seguido en la sala de audiencias del Tribunal se realizó la final de la Competencia Eduardo Corte Interamericana de Derechos Humanos / Informe Anual 2017 " id="pdf-obj-39-7" src="pdf-obj-39-7.jpg">
El 23 de noviembre y por unanimidad de votos, el pleno de la Corte Interamericana eligió como su nuevo Presidente, al Juez y actual Vicepresidente Eduardo Ferrer Mac-Gregor y como nuevo Vicepresidente al Juez Eduardo Vio Grossi. El Presidente y Vicepresidente electos iniciarán su mandato el 1 de enero de 2018 aquí.
El 15 de noviembre se firmó un convenio de cooperación entre la Corte Interamericana y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). El 21 y el 24 de noviembre la Corte se firmó convenios de cooperación institucional con la Procuraduría General de la República de Colombia y con el Ministerio Público Federal de la República Federativa de Brasil, respectivamente.
El 21 y 22 de noviembre el Pleno sostuvo reuniones con el Presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, David Figueroa Marquéz, con el Director Ejecutivo, Guillermo Sandí Baltodano y con la Presidenta del Consejo Superior Notarial, Laura Mora Camacho. Ambas reuniones tuvieron como objeto coordinar espacios de capacitaciones ofrecidas por la Corte. Asimismo, el 24 de noviembre se firmaron convenios con la Facultad de Derecho de la Universidad de San Paulo, Brasil y la Asociación Costarricense de Derecho Internacional, ACODI.
También el 24 de noviembre la Procuradora General de la República Federativa de Brasil, Raquel
Dodge dictó la conferencia ‘‘el Rol del Ministerio Público en la defensa de los derechos humanos’’.
Acto seguido en la sala de audiencias del Tribunal se realizó la final de la Competencia Eduardo
Jimenez de Arréchaga, “Moot Court”, donde la jueza y los jueces Roberto F. Caldas, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Elizabeth Odio Benito, Raúl Zaffaroni y la Secretaria Adjunta Emilia Segares Rodríguez fungieron como jueces.
Cuadro de resultados de los períodos de sesiones
57PES
119POS
58PES
Audiencias de casos contenciosos
Audiencias de medidas provisionales
Audiencias de supervisión de cumplimiento
Audiencias de solicitud de opinión consultiva
Sentencias de casos contenciosos
C. Los Períodos de Sesiones de la Corte Interamericana fuera de su sede
A partir de 2005 la Corte Interamericana ha celebrado períodos extraordinarios de sesiones fuera de su sede en San José, Costa Rica. Con motivo de la celebración de dichos períodos de sesiones, el Tribunal se ha trasladado a Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Esta iniciativa del Tribunal permite conjugar de manera eficiente dos objetivos: Por un lado, incrementar la actividad jurisdiccional y, por otro lado, difundir de manera eficiente las labores de la Corte Interamericana en particular y del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en general. En el año 2017 se celebraron dos períodos de sesiones extraordinarios, el primero en Ciudad de Guatemala del 20 al 28 de mayo y el segundo en Ciudad de Panamá del 16 al 20 de octubre.
A. Casos sometidos a la Corte
Durante el 2017 se sometieron a conocimiento de la Corte dieciocho nuevos casos contenciosos:
Caso Villaseñor y otros Vs. Guatemala
El 15 de marzo la Comisión sometió a la Corte Interamericana este caso que trata sobre una presunta secuencia de agresiones, amenazas, intimidaciones y hostigamientos sufridos por la jueza María Eugenia Villaseñor. Ella participó en diversos procesos judiciales entre 1991 y 2012, algunos de impacto nacional o internacional. Durante eso años, ella habría sufrido: i) allanamientos en su domicilio; ii) amenazas de muerte; iii) el intento de secuestro de su hija; iv) el secuestro de uno de los agentes custodiaba su domicilio; v) una golpiza a su hermana; vi) el fallecimiento de una sobrina embestida por un automóvil; vii) el robo de información personal; viii) intentos de ingreso a su vehículo, destrucción de llantas y de cable telefónico, y ix) declaraciones y comunicaciones de personas no identificadas denigrando su actuación como Jueza. Las denuncias e información en conocimiento del Estado, no habrían sido investigadas debidamente a fin de identificar las fuentes de riego, erradicarlas e imponer sanciones. Se alega que los hechos permanecen en la impunidad.
Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile
El 17 de mayo la Comisión Interamericana sometió este caso ante la Corte que tiene que ver con la alegada responsabilidad de Chile por la supuesta violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción a acciones civiles de reparación relacionadas con supuestos crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete grupos de personas que habrían interpuesto acciones civiles de reparación en razón de la desaparición y/o asesinato de sus familiares, presuntamente cometidos por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones habrían sido rechazadas en última instancia por aplicación del plazo de prescripción establecido en el Código Civil.
El 9 de junio la Comisión sometió este caso ante la Corte, el cual se relaciona con la alegada desaparición forzada de Walter Munárriz Escobar. Desde el 20 de marzo de 1999 se desconoce el paradero de la presunta víctima, después de ser supuestamente detenido en el Hospedaje Los Manolos por personal policial y llevado a la Comisaría de Lircay, donde, supuestamente, habría
sido privado de libertad. Si bien el Estado peruano argumentó que Walter Munárriz Escobar habría sido puesto en libertad, se alega que no existiría prueba documental alguna de la liberación, que los testimonios aducidos por el Estado y que constituirían la única prueba de la supuesta liberación del señor Munárriz Escobar no cumplirían con estándares mínimos de credibilidad.
Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela
El 5 de julio la Comisión sometió este caso ante la Corte, el cual se relaciona con la presunta violación al derecho a la libertad de expresión, los derechos políticos y la libertad de circulación del señor Tulio Álvarez Ramos, por un proceso penal en su contra debido a la alegada comisión del delito de difamación agravada. Además, se alega la presunta violación al derecho a la presunción de inocencia y a otras garantías del debido proceso durante el juicio llevado en su contra.
Caso Muelle Flores Vs. Perú
El 13 de julio la Comisión sometió este caso ante la Corte, que se relaciona con la presunta violación del derecho a la tutela judicial efectiva como consecuencia del supuesto incumplimiento, durante 24 años, de una sentencia judicial a favor del señor Muelle Flores en el marco de un recurso de amparo en el que se ordenó su reincorporación al régimen pensionario del Decreto Ley No. 20530. Se alega que las autoridades del Estado peruano habrían incumplido el fallo judicial favorable al señor Muelle y que los mecanismos judiciales activados posteriormente, para lograr dicho cumplimiento, habrían sido inefectivos.
Caso Colindres Vs. El Salvador
El 8 de septiembre la Comisión sometió este caso ante la Corte, el cual se relaciona con el cese del señor Eduardo Benjamín Colindres de su cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral por parte de la Asamblea Legislativa el 17 de marzo de 1998, en presunta violación a múltiples garantías del debido proceso, entre ellas el derecho a contar con un juez competente y la garantía de imparcialidad, así como el principio de legalidad.
Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Vs. Perú
El 15 de septiembre la Comisión sometió este caso, el cual se refiere a la presunta vulneración del derecho a la protección judicial por la alegada falta de cumplimiento de una sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia del Perú, de octubre de 1993, que reconocía derechos pensionarios a los miembros de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT). La Comisión consideró demostrado que el Poder Judicial peruano a través del proceso de ejecución de sentencia no habría aplicado las medidas necesarias para resolver aspectos fundamentales de la implementación de un fallo judicial favorable a un grupo de pensionistas, tales como la autoridad a cargo del cumplimiento, los beneficiarios del fallo y las implicaciones patrimoniales del mismo en el monto de las pensiones, así como en los montos dejados de percibir en todos estos años. Asimismo agregó
que, pasados más de 23 años desde el primer fallo judicial a favor de los miembros de la ANCEJUB-SUNAT, el Estado presuntamente continúa violando su derecho a la tutela judicial efectiva ante la ausencia de ejecución de la sentencia en firme emitida en su favor, así como la inefectividad de los mecanismos judiciales activados posteriormente para lograr dicho cumplimiento.
Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú
El 22 de septiembre la Comisión sometió este caso, que se refiere a la supuestas diversas violaciones al debido proceso que se cometieron en los tres procesos, i) administrativo disciplinario, ii) penal y iii) penal militar que se iniciaron en contra de Jorge Rosadio Villavicencio, por su actuación en una operación de inteligencia en la que debía infiltrarse en grupos de narcotráfico en la zona de Sion en Perú a fin de proceder a la captura de los narcotraficantes.
Caso Jenkins Vs. Argentina
El 22 de septiembre la Comisión sometió este caso ante la Corte, el cual se refiere a la alegada privación arbitraria de libertad de Gabriel Oscar Jenkins desde el 8 de junio de 1994 hasta el 13 de noviembre de 1997, en el marco de una causa por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita, de los cuales finalmente habría sido absuelto.
El 22 de septiembre la Comisión sometió este caso el cual se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la muerte del defensor ambientalista Carlos Escaleras Mejía ocurrida el 18 de octubre de 1997, y la alegada situación de impunidad parcial en que se encontraría tal hecho. La Comisión concluyó que el Estado no otorgó una respuesta judicial efectiva frente a la muerte del señor Escaleras Mejía, pues las autoridades policiales, fiscales y judiciales no adoptaron las diligencias iniciales mínimas conforme a los estándares interamericanos en este tipo de casos. La Comisión también concluyó que el Estado omitió practicar pruebas para impulsar seria y exhaustivamente líneas básicas de investigación que respondieran efectivamente a los indicios que vincularon al menos a tres autoridades estatales y que surgieron desde el primer momento. Además, la Comisión constató que no se investigaron todas las posibles autorías intelectuales y que durante la investigación se dieron graves hechos de posible represalia y presión respecto de personas que participaron en las investigaciones, a pesar de lo cual no se efectuó investigación alguna sobre tales hechos. A su vez, la Comisión concluyó que el plazo de 17 años desde la muerte, constituyó un incumplimiento de la garantía de plazo razonable, señalando que todos estos factores forman parte de una situación más general relacionada con los altos índices de impunidad de hechos criminales perpetrados contra defensores ambientalistas.
Caso Perrone y Preckel Vs. Argentina
El 19 de octubre la Comisión sometió este caso relacionado con la alegada violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en los procesos administrativos y judiciales
iniciados por Elba Clotilde Perrone y Juan José Preckel a efectos de solicitar el pago de los salarios y beneficios sociales dejados de percibir en la entidad estatal en la que laboraban, como consecuencia de su supuesta privación arbitraria de libertad durante la dictadura militar en 1976 por parte de agentes estatales. La Comisión consideró que el lapso de más de doce años de duración de los procesos administrativos y judiciales sobrepasaría un plazo que pudiese considerarse razonable. Asimismo, concluyó que las autoridades judiciales y administrativas presuntamente violaron el derecho a contar con una motivación suficiente y adecuada. Adicionalmente, la Comisión consideró que el haberse violado dichas garantías del debido proceso, los procesos administrativos y judiciales también implicarían una vulneración del derecho a la protección judicial.
Caso Rico Vs. Argentina
El 10 de noviembre la Comisión sometió este caso relacionado con la alegada destitución de Eduardo Rico como Juez del Tribunal de Trabajo No. 6 del Departamento Judicial de San Isidro en Argentina, así como su inhabilitación para ocupar otro cargo en el Poder Judicial por supuestamente haber incurrido en faltas disciplinarias, por un Jurado de Enjuiciamiento. La Comisión consideró que el Estado habría violado el derecho a recurrir el fallo en relación con la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, tomando en cuenta que la Ley 8085 establecía que las decisiones del Jurado de Enjuiciamiento son irrecurribles, por lo que la víctima no pudo presuntamente obtener una revisión de los hechos establecidos, la prueba utilizada o las causales disciplinarias aplicadas.
Caso Gómez Virula y familia Vs. Guatemala
El 17 de noviembre la Comisión Interamericana sometió este caso que se relaciona con la presunta desaparición y posterior asesinato de Alejandro Yovany Gómez Virula en marzo de 1995. Se alega que el Estado guatemalteco es presuntamente responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal del señor Gómez debido a que no habría adoptado ninguna medida de búsqueda al tomar conocimiento de la desaparición de la víctima. Hasta el momento del hallazgo del cadáver del señor Gómez, se alega que era exigible para el Estado la adopción de medidas inmediatas y diligentes de búsqueda y protección de la víctima, lo cual no habría ocurrido. Asimismo, se alega que el Estado habría violado el derecho a la libertad de asociación del señor Gómez en tanto, a pesar de existir indicios significativos de que la desaparición y asesinato del señor Gómez Virula pudo haber estado vinculado a sus actividades como dirigente sindical, Guatemala no habría realizado ningún tipo de investigación al respecto.
Caso Ruiz Fuentes Vs. Guatemala
El 30 de noviembre la Comisión sometió este caso, que se relaciona con una supuesta serie de violaciones al debido proceso cometidas en el marco del proceso penal contra la presunta víctima por el delito de secuestro que culminó en su condena a la pena de muerte, así como con alegadas torturas perpetradas en el momento de la detención. Se alega que la presunta víctima habría sido ejecutada extrajudicialmente luego que se fugara de la cárcel en 2005. Se alega que en el marco del proceso penal se habría violado su derecho al debido proceso.
Caso Martínez Coronado Vs. Guatemala
El 30 de noviembre la Comisión sometió este caso, que se relaciona con una supuesta serie de violaciones al debido proceso cometidas en el marco del proceso penal contra la presunta víctima, el cual culminó con la imposición de la pena de muerte por medio de inyección letal. Se alega que se habrían incumplido con el principio de legalidad. Por otra parte, se alega que la defensa común de la víctima y su co-procesado habrían violado el derecho a contar con los medios adecuados para la preparación de la defensa y el derecho a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. Por tanto, se alega que se habría violado su el derecho a la vida en virtud de que se aplicó la pena de muerte, pese a las dos supuestas violaciones al debido proceso indicadas con anterioridad.
Caso Girón y Castillo Vs. Guatemala
El 30 de noviembre la Comisión sometió este caso ante la Corte, que se relaciona a con una presunta serie de violaciones al debido proceso cometidas en el marco del proceso penal en contra de las presuntas víctimas, el cual que culminó con la imposición de la la pena de muerte, y sus ejecuciones por medio de un pelotón de fusilamiento televisado. Se alega que el Estado habría violado los derechos de las presuntas víctimas al tiempo y los medios adecuados para la defensa y a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. Por otra parte, se alega que el método de ejecución de la pena de muerte a través de un pelotón de fusilamiento resultaría incompatible con el derecho a la integridad personal y la prohibición de tortura porque el mismo no está diseñado para ocasionar el menor sufrimiento físico posible como exigen los estándares internacionales.
El 6 de diciembre la Comisión sometió este caso el cual se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Robert Ignacio y David Octavio Díaz Loreto, y su padre Octavio Ignacio Díaz Álvarez, ocurridas el 6 de enero de 2003 presuntamente por parte de funcionarios policiales del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua en Venezuela (CSOPEA). Asimismo, se alega supuestas violaciones a las garantías y protección judicial en el marco de la investigación y proceso penal seguidos frente a tales hechos. La Comisión determinó la presunta afectación a la integridad psíquica y moral de los familiares por el dolor y sufrimiento inherente a las circunstancias en las cuales perdieron la vida las tres presuntas víctimas, así como la alegada falta de respuesta frente a las acciones de justicia que han emprendido, en particular en un contexto en el cual se registraron también denuncias de amenazas y hostigamiento en su contra por el impulso que han dado al proceso.
Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay
El 12 de diciembre la Comisión sometió este caso relacionado
con la alegada desaparición
forzada y tortura de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, presuntamente
líderes del movimiento político Patria Libre, durante los días 17 al 30
enero de 2002. Los
señores Arrom y Martí denunciaron que fueron detenidos por agentes estatales quienes aparentemente los interrogaron sobre sus actividades políticas y los presionarían para que se declararan culpables del secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi. Los peticionarios relataron que sus familiares emprendieron su búsqueda hasta que dieron con su paradero. Presuntamente el 1 de diciembre de 2003 los señores Arrom y Martí habrían obtenido el estatus de refugiados en Brasil. Además, se alega que en el proceso judicial que investigaba el secuestro de la señora María Edith Bordón, los señores Arrom y Martí fueron declarados en rebeldía por no comparecer al mismo.
Tal y como se observa en la siguiente gráfica, la Comisión Interamericana sometió en el año 2017 dieciocho casos.
Sometimiento de casos contenciosos 1979-2017
B. Audiencias
El principio de inmediación es fundamental para el adecuado desenvolvimiento del proceso, así como parte sustancial del derecho al acceso a la justicia interamericana. De esta manera, en el año 2017 se celebraron quince audiencias públicas sobre casos contenciosos. En estas audiencias se recibieron las declaraciones orales de veintiuna presuntas víctimas, ocho testigos, veintiún peritos y un declarante a título informativo, lo que suma un total de cincuenta y una declaraciones. A continuación el detalle de las declaraciones orales recibidas en cada audiencia:
Todas las audiencias fueron transmitidas en vivo a través del sitio web del Tribunal y las grabaciones de las mismas pueden encontrarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr.
Las audiencias se transmiten por medio livestream y el sitio de la Corte IDH:
http://www.corteidh.or.cr y https://livestream.com/accounts/1404510
http://www.corteidh.or.cr. Las audiencias se transmiten por medio livestream y el sitio de la Corte IDH: http://www.corteidh.or.cr y https://livestream.com/accounts/1404510 Corte Interamericana de Derechos Humanos / Informe Anual 2017 " id="pdf-obj-50-22" src="pdf-obj-50-22.jpg">
Audiencias Públicas celebradas por el Tribunal
Período enero – diciembre 2017
Declarante a
Lagos del Campo Vs. Perú
Amrhein y otros Vs. Costa Rica
otros Vs. Venezuela
Xucuru miembros Vs. Brasil
otros Vs. Guatemala
otros Vs. Colombia
otros Vs. Chile
Selvas Gómez y otras
C. Sentencias
Durante el año 2017 la Corte emitió un total de catorce sentencias, las cuales se dividen en diez sentencias sobre excepciones preliminares, fondo y reparaciones y costas, y cuatro sentencias de interpretación.
Todas las sentencias se encuentran en el sitio web del Tribunal, las puede encontrar aquí.
1. Sentencias en casos contenciosos
Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 331.
Resumen: Este caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 22 de agosto de 2014 y se relaciona con la violación al principio de presunción de inocencia y al deber de motivación en perjuicio del señor Zegarra Marín, quien fue condenado por los delitos contra la administración de justicia (encubrimiento personal), contra la fe pública (falsificación de documentos en general) y corrupción de funcionarios.
Fallo: La Corte declaró responsable al Estado del Perú por la violación al debido proceso, por infracciones a la presunción de inocencia, al deber de motivar las resoluciones judiciales, al derecho a recurrir el fallo y a la protección judicial, en perjuicio de Agustín Bladimiro Zegarra Marín. Asimismo, el Tribunal consideró que el Estado no violó el derecho a un recurso de revisión.
Encuentre aquí la Sentencia, aquí el resumen oficial y aquí el comunicado de prensa.
Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 332.
Resumen: Este caso fue sometido por la Comisión el 8 de julio de 2015 y se relaciona con la desaparición forzada del ciudadano peruano Jorge Vásquez Durand en el contexto del conflicto armado internacional del Alto Cenepa entre Ecuador y Perú.
Fallo: La Corte declaró responsable al Estado del Ecuador por la desaparición forzada del ciudadano peruano Jorge Vásquez Durand. Igualmente, la Corte concluyó que Ecuador violó las garantías judiciales, la protección judicial el derecho a la integridad y a conocer la verdad en perjuicio de los familiares del señor Vásquez Durand.
Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333.
Resumen: Este caso fue presentado por la Comisión el 19 de mayo de 2015 y se relaciona con la falta de una debida investigación y sanción de los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de 26 personas y violación sexual de tres mujeres en el marco de dos redadas policiales efectuadas por la Policía Civil de Río de Janeiro en la Favela Nova Brasília.
Fallo: La Corte declaró la violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, dado que fue la propia policía, quien había sido acusada de responsabilidad por las muertes, la que investigó los hechos, y más aún, porque las investigaciones no cumplieron con los mínimos estándares de debida diligencia en casos de ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos, y porque, otros órganos estatales tuvieron la oportunidad de rectificar la investigación y no lo hicieron.
Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334.
Resumen: El caso fue presentado por la Comisión el 29 de julio de 2015 y se relaciona con la falta de investigación diligente del homicidio del señor Francisco García Valle, esposo de la señora María Luisa Acosta (defensora de derechos humanos).
Fallo: La Corte encontró responsable al Estado por la violación de los derechos de acceso a la justicia, a la verdad, a las garantías judiciales y protección judicial de la señora Acosta y otros familiares del señor García Valle, debido a que no se investigó, de manera seria, diligente y completa, la hipótesis que indicaba que el señor García Valle pudo haber sido asesinado por personas cuyos intereses podían verse afectados por las actividades de defensa de pueblos indígenas realizada entonces por la señora Acosta.
Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2017. Serie C No. 338.
Resumen: El caso fue presentado por la Comisión el 13 de mayo de 2015 y se relaciona con la muerte del cadete de la Guardia Nacional, Johan Alexis Ortiz Hernández, a raíz de heridas de arma de fuego, cuyo impacto sufrió en el desarrollo de un ejercicio o práctica militar, que se realizaba en las instalaciones militares.
Fallo: La Corte encontró responsable al Estado de Venezuela por no garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de Johan Alexis Ortiz Hernández. El Tribunal también determinó que Venezuela violó el derecho de sus padres al acceso a la justicia por haber tramitado el proceso ante la jurisdicción militar, por deficiencias en la investigación y el proceso, así como debido a la impunidad existente hasta el día de hoy.
Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C No. 339
Resumen: El caso fue presentado por la Comisión el 15 de julio de 2015 y se relaciona con la desaparición de Mayra Angelina Gutiérrez Hernández desde el 7 de abril de 2000 y la falta de una investigación seria, diligente y oportuna sobre lo sucedido.
Fallo: La Corte declaró que el Estado es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la igual protección de la ley y a la no discriminación en el acceso a la justicia durante las investigaciones seguidas por la desaparición de Mayra Angelina Gutiérrez Hernández. La Corte destacó que la valoración estereotipada de Mayra Gutiérrez y el prejuzgamiento sobre el móvil de la desaparición centrando la investigación en sus relaciones personales y estilo de vida, afectaron la objetividad de los agentes encargados, cerrando líneas posibles de investigación sobre las circunstancias del caso. Debido a que la investigación se centró únicamente
en la línea del ‘‘crimen pasional’’, la Corte reiteró que este concepto es parte de un estereotipo que justifica la violencia contra la mujer. Dado que el calificativo ‘‘pasional’’ pone el acento en justificar la conducta del agresor.
De esta manera, la Corte Interamericana rechazó toda práctica estatal mediante la cual se justifica la violencia contra la mujer y se le culpabiliza por ésta.
Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340.
Resumen: El caso fue sometido por la Comisión el 28 de noviembre de 2015 y se relaciona con el despido del señor Alfredo Lagos del Campo el 26 de junio de 1989, como consecuencia de ciertas manifestaciones realizadas siendo el presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa Ceper-Pirelli. Las manifestaciones dadas por el señor Lagos del Campo tuvieron el objeto de denunciar y llamar la atención sobre supuestos actos de injerencia indebida de los empleadores en la vida de las organizaciones representativas de los trabajadores en la empresa y en la realización de las elecciones internas de la Comunidad Industrial. La decisión de despido fue posteriormente confirmada por los tribunales nacionales del Perú.
Fallo: La Corte declaró por primera vez una violación al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con motivo de la vulneración del derecho al trabajo, en particular de los derechos a la estabilidad laboral y de asociación. Asimismo, la Corte encontró responsable internacionalmente al Estado como consecuencia del despido irregular de Alfredo Lagos del Campo, y la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión. Igualmente, la Corte encontró responsable al Perú por la violación al derecho a la libertad de asociación y al derecho al acceso a la justicia.
Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 341.
Resumen: El caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 13 de diciembre de 2014 y se relaciona con la desaparición forzada de 12 personas. Estos hechos, atribuidos a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) ocurrieron entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996 en la Vereda ‘‘La Esperanza’’ del municipio de El Carmen de Viboral, Departamento de Antioquia. Las víctimas de esos hechos eran supuestamente percibidas como simpatizantes o colaboradoras de los grupos guerrilleros que actuaban en la región.
Fallo: La Corte Interamericana encontró al Estado de Colombia responsable por la desaparición forzada de 12 personas, entre ellos tres niños, así como de la privación arbitraria a la vida de otra. La Corte también consideró responsable al Estado por la violación al derecho de acceso a la justicia en perjuicio de las víctimas y sus familiares por las investigaciones de esos hechos. Igualmente, por la violación al derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas directas, así como al derecho de propiedad e inviolabilidad del domicilio por el allanamiento y destrucción de los bienes muebles e inmuebles de dos víctimas.
Caso Pacheco León Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de noviembre 2017. Serie C No. 342.
Resumen: El caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 13 de noviembre de 2015 y se relaciona con la falta de investigación diligente del homicidio de Ángel Pacheco León, quien era candidato a diputado por el Partido Nacional en el Departamento de Valle. El homicidio se cometió cerca de la medianoche del 23 de noviembre de 2001. La investigación por el homicidio no ha concluido y hubo prolongados períodos de inactividad.
Fallo: La Corte concluyó que el Estado no realizó una investigación diligente que permita, en un plazo razonable, avanzar en la determinación de los hechos y responsabilidades. Luego de cerca de 16 años, el homicidio permanece en la impunidad. Por ello, determinó que Honduras violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de 19 familiares del señor Ángel Pacheco León. También estableció que el modo en que se condujo la investigación afectó la integridad personal de la madre del señor Pacheco León, así como de su compañera, uno de sus hijos, su hermano y su hermana.
Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre 2017. Serie C No. 344.
Resumen: El caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 13 de agosto de 2015 y se relaciona con una serie de ceses colectivos de trabajadores del sector público. Estos ceses se realizaron a través de programas de racionalización y evaluación de personal, en aplicación de diferentes Decretos Leyes aprobados por el Poder Ejecutivo.
Fallo: La Corte consideró que se violó de manera autónoma el derecho al trabajo de los trabajadores cesados. Asimismo, encontró al Estado responsable por violar el derecho al acceso a la justicia de los 164 trabajadores.
2. Sentencias de Interpretación
Caso Pollo Rivera
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2017. Serie C No. 335.
Resumen: El 13 de marzo de 2017 el Estado presentó una solicitud de interpretación de la sentencia en relación con el fin de que la Corte aclare si analizó la convencionalidad de los artículos 321 del Código Penal peruano y 4 del Decreto Ley 25475; si la Sentencia indica alguna vía idónea o correcta para fundamentar una condena en aplicación de alguna de las teorías del derecho penal de autor; y sobre los alcances de la obligación de investigar actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Fallo: La Corte desestimó por improcedente la solicitud de interpretación. Encuentre aquí la Sentencia.
Caso I.V. Vs. Bolivia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2017. Serie C No. 336.
Resumen: El 19 de marzo de 2017 la representante de la víctima sometió a la Corte una solicitud de interpretación, en relación con tres aspectos de la Sentencia: (1) la razón jurídica por la cual la Corte utilizó la
terminología “esterilización no consentida o involuntaria” en vez del término “esterilización forzada o forzosa”;
(2) la supuesta falta de claridad respecto de la decisión de la Corte de no emitir un pronunciamiento sobre la
alegada violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, y (3) la reparación ordenada en relación con la atención adecuada a los padecimientos psicológicos y físicos de la víctima.
Fallo: La Corte desestimó por improcedentes los tres puntos de la solicitud de interpretación. Encuentre aquí la Sentencia.
Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2017. Serie C No. 337.
Resumen: El 15 de marzo de 2017 el Estado presentó una solicitud de interpretación de sentencia sobre el pago de costas y gastos, así como sobre la modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados.
Fallo: La Corte determinó improcedentes las solicitudes de interpretación de la sentencia en lo que se refiere al pago de costas y gastos y al interés moratorio incidente. Asimismo, la Corte determinó el sentido y el alcance de lo dispuesto en la Sentencia en relación a la modalidad del cumplimiento de los pagos ordenados.
Encuentre aquí la Sentencia.
Caso Yarce y otras Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre 2017. Serie C No. 343. 57
Resumen: El 7 de abril de 2017 el Estado sometió a la Corte una solicitud de interpretación de la sentencia, para aclarar diversos aspectos relacionados con el pago de indemnizaciones. Por su parte, el 10 de abril de 2017 los representantes sometieron a la Corte una solicitud de interpretación de la sentencia, para aclarar aspectos relativos a diversas medidas de reparación.
Fallo: La Corte aclaró algunos aspectos solicitados en los términos planteados en la sentencia de interpretación y desestimó otros.
57 Los Jueces Roberto F. Caldas; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; Manuel E. Ventura Robles, y Eduardo Vio Grossi dictaron, junto con losJjueces Diego García-Sayán y Alberto Pérez Pérez, la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. El Juez Humberto Antonio Sierra Porto, de nacionalidad colombiana, no participó en la deliberación de dicha Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.2 del Estatuto y 19.1 del Reglamento de la Corte. Por ello no participa tampoco en el conocimiento de las solicitudes de interpretación de la sentencia. Por otra parte, el Juez Diego García-Sayán se excusó de participar respecto de la interpretación de la sentencia, y el Presidente aceptó su excusa. El Juez Alberto Pérez Pérez falleció el 2 de septiembre de 2017. Dado lo expuesto, el Juez Eugenio Raúl Zaffaroni, quien integra la composición actual de la Corte y no intervino en el dictado de la sentencia indicada, completa la integración de la Corte a efectos del dictado de la presente sentencia de interpretación, de conformidad a los artículos 17.1, 14 y 68.3 del Reglamento de la Corte, y 13.2 y 4.2 de su Estatuto.
D. Promedio en la tramitación de los casos
Año tras año, la Corte realiza un gran esfuerzo por resolver oportunamente los casos que se encuentran ante ésta. El principio de plazo razonable que se desprende de la Convención Americana y de la Jurisprudencia constante de este Tribunal no solo es aplicable a los procesos internos dentro de cada uno de los Estados Parte, sino también para los tribunales u organismos internacionales que tienen como función resolver peticiones sobre presuntas violaciones a derechos humanos.
En el año 2017, el promedio de duración en el procesamiento de casos en la Corte fue de aproximadamente 24,7 meses.
Sometimiento del caso por
parte la Comisión IDH
(apróx)
Zegarra Marín Vs. Perú
Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador.
Favela Nova Brasília Vs. Brasil.
Acosta y otros Vs. Nicaragua.
Lagos del Campo Vs. Perú.
Vereda La Esperanza Vs. Colombia.
Pacheco León y otros Vs. Honduras.
Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú.
Al 31 de diciembre de 2017, la Corte cuenta con 35 casos por resolver, a saber:
Casos contenciosos en estudio
Fecha de Sometimiento
Amrhein y otros
Carvajal Carvajal y otros
Ramírez Escobar y otros
San Miguel Sosa y otros
Pueblo Indígena Xucurú y sus miembros
Isaza Uribe
Villamizar Durán
Omeara Carrascal y otros
V.R.P y V.P.C
Poblete Vilches y otros
Coc Max y otros (Masacre de Xamán)
López Soto y otros
Terrones Silva y otros
Cuscul y otros
Villaseñor y otros
Ordenes Guerra y otros
Munárriz Escobar y otros

References: artículo 65
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 artículo 26
 Artículo 52
 artículo 4
 Artículo 52
 artículo 4
 Artículo 54
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 78
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 artículo 61
 artículo 36
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 artículo 50
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 Artículo 12
 artículo 27
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 43
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 artículo 50
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 artículo 52
 artículo 44
 artículo 46
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 artículo 15
 artículo 51
 artículo 58
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 artículo 30
 artículo 69
 artículo 67
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 artículo 76
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 artículo 64
 artículo 73
 artículo 72
 artículo 19
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 artículo 1
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 artículo 26