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Timestamp: 2019-01-18 06:13:23+00:00

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﻿ Sentencia 2007-01142 de agosto 24 de 2011
SENTENCIA 2007-01142 DE 24 DE AGOSTO DE 2011
CONTENIDO:INEXISTENCIA DE LA FALTA DISCIPLINARIA. EL JUEZ COMO DIRECTOR DEL DESPACHO SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA DETERMINAR LAS FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS A SU CARGO, Y ESTABLECER MEDIDAS CON EL FIN DE DESCONGESTIONAR LOS ASUNTOS DE SU CONOCIMIENTO. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, NO SE LOGRÓ COMPROBAR EL TRATO DISCRIMINATORIO QUE RECLAMABA EL QUEJOSO, PUES DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES RECIBIDAS EN CABEZA DE LOS DEMÁS EMPLEADOS DEL JUZGADO SE DETERMINÓ QUE TODOS CUMPLIERON MEDIDAS DE DESCONGESTIÓN CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO Y EVACUAR AL MÁXIMO LOS PROCESOS REPRESADOS Y NO SOLO FUE UNA CARGA LABORAL PARA EL QUEJOSO, COMO LO QUIERE HACER VER, SINO QUE SE TRATÓ DE MEDIDAS TRANSITORIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACOSO LABORAL, PROCESO DISCIPLINARIO, MAGISTRADO, TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA
PONENTE:LIZCANO RIVERA, ANGELINO
Sentencia 2007-01142 de agosto 24 de 2011
Rad.: 760011102000200701142 03
Dr. Angelino Lizcano Rivera
Ref.: funcionario apelación
Aprobado según acta 081 de la fecha
Denunciada: Miriam Arias del Carpio
Juez 14 Civil del Circuito de Cali
Denunciante: Fidel Espinosa Chacón
Primera instancia: decreta prescripción y archivo
Decisión: confirma
Bogotá, D.C., agosto veinticuatro de dos mil once.
Objeto de la decisión
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, señor Fidel Espinosa Chacón, contra la providencia del 6 de octubre de 2010, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, con ponencia del Magistrado Víctor H. Marmolejo Roldán, quien decreto la prescripción de la acción disciplinaria a favor de la investigada, doctora Miriam Arias del Carpio, en su condición de Juez Catorce Civil del Circuito de Cali.
Hechos y antecedentes procesales
1. Hechos. El señor Fidel Espinosa Chacón, ante la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, presentó queja de carácter ético contra la doctora Miriam Arias del Carpio, Juez Catorce Civil del Circuito de Cali, denunciándola de cometer conductas de acoso laboral, dentro de las cuales se encuentra el hecho de presionarlo a realizar labores en un horario establecido por la funcionaria, que va más allá del legal, sin consideración a su estado de salud; en tanto, el desempeño de sus funciones durante cerca de cuatro años de laborar en ese despacho, ha sido acorde con los reglamentos y la ley, pues pese a su enfermedad no ha incumplido con su horario de trabajo, y por el contrario a desempeñado sus responsabilidades sin habérsele realizado un solo llamado de atención.
De otra parte, el libelista informó que su conducta contrastaba con la de la funcionaria inculpada, quien en su sentir si estaría incursa en múltiples irregularidades constitutivas de conducta con relevancia disciplinaria, la que compiló en siete puntos a saber:
a) Incumplimiento del horario de trabajo: hizo saber, que es una constante de la doctora Miriam Arias del Carpio iniciar sus labores en el Juzgado a partir de las 10:00 a.m., o en ocasiones lo hace hasta las 3:00 p.m.
b) Faltar al deber de iniciar y dirigir las diligencias del despacho: indicó que las diligencias en ese juzgado son programadas a partir de la 9:30 a.m., y como el ingreso al despacho de la funcionaria se da a partir de las 10:00 a.m., el empleado encargado de adelantarlas debe esperar hasta el arribo de la juez.
Con relación a los dos hechos referidos requirió que se solicitara el registro de ingreso al palacio de justicia del vehículo de la funcionaria encartada.
c) Utilización personalizada de la línea telefónica: que la señora juez denunciada para ofrecer en venta un vehículo de su propiedad, publicó un aviso clasificado en el Diario El País de Cali, utilizando como publicidad el abonado telefónico 8895483, correspondiente a ese juzgado.
d) Nombrar y posesionar empleados sin el lleno de los requisitos legales para fungir como servidores públicos.
e) No observar las disposiciones legales en torno a la designación de auxiliares de la justicia: sobre este aspecto indicó el inconforme, que la funcionaria aquejada ha procedido a nombrar auxiliares dentro de cinco procesos, quienes “posiblemente” no se encuentran inscritos en las listas conformadas para tales efectos; y de otra parte ha nombrado de manera reiterada a determinados peritos. Para probar lo anterior allegó una lista de 73 procesos donde dicha situación ha sido de común ocurrencia; indicando a la vez que tales designaciones se han dado sin haberse agotado la listas aludidas.
d) Faltar al respeto y cortesía en el trabajo: hecho soportado en que al decir del querellante, la operadora judicial cuestionada realizó en su medio laboral comentarios “malversados y perjudiciales”, desbordando las funciones de respeto con incidencia laboral con el quejoso.
h) Abuso de autoridad al asignar funciones laborales: por el hecho de habérsele designado realizar funciones por fuera de las que legalmente le corresponde, como el ordenársele resolver asuntos de complejidad jurídica y sustentación, lo que ha incidido en que sus labores propias del cargo se le acumulen, exponiéndose a posibles llamados de atención o investigación disciplinarias.
El quejoso aportó diferentes documentos relativos su estado de salud, reparto del trámite memoriales al interior del Juzgado y sobre las calificaciones de servicios realizadas al Fidel Espinosa Chacón (fls. 1 a 22, c.o.).
2. Indagación preliminar. Mediante auto del 7 de septiembre de 2007, se abrió indagación preliminar (fl. 58, c. o.), disponiendo a la vez la práctica de varias pruebas, de las cuales se obtuvo:
2.1. Ampliación de la queja. El 1º de octubre de 2007 en declaración rendida por el señor Fidel Espinosa Chacón se ratificó de todos y cada uno de los puntos de la queja, precisando en punto del acoso laboral, que dicha conducta se materializó con el hecho que la doctora Miriam Arias del Carpio lo obligó durante cinco meses a laborar hasta las siete de la noche, en apoyo para descongestionar el cargo de sustanciador del juzgado, asignándole labores de mayor grado de complejidad para el cargo de citador que desempeña rutinariamente, mientras que sus labores propias del cargo se le represaron.
De otra parte indicó el declarante, que la aquejada en varios oficios donde le llamó la atención expuso términos injuriosos hacia su persona, como ocurrió el 14 de agosto de 2007 en la comunicación 910, donde le manifestó “es una persona cuya enfermedad catastrófica ha agudizado su trastornada psiquis... este personaje en su desfasada mente...”, entre otros que se repitieron en el oficio No. 946 del mismo mes y año.
Además hizo saber el deponente, que tal estado de cosas, lo llevó a interponer una acción de amparo, la cual tuvo como desenlace el amparo de sus derechos fundamentales mediante fallo del 22 de agosto de 2007, proferido por el Tribunal Superior de Cali, donde se conminó a la Juez accionada, que al asignarle labores se tenga en cuenta el perfil de manera que dicha carga laboral sea razonable y sin ir en detrimento de las funciones a las establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Sobre los demás puntos de la queja, adicionó que la funcionaria denunciada incurrió en irregularidad al nombrar y posesionar como escribiente del juzgado al señor Diego Marino Henao, sin que dicha persona hubiese resuelto su situación militar, en contravía del Acuerdo 1663 de 2002, que impone al nominador verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, en tratándose de nombramiento de los empleados. Igualmente se ratificó en cuanto a lo denunciado sobre la designación de auxiliares de la justicia, advertido en la queja inicial y demás aspectos allí enunciados (fls. 60 a 71, c.o.).
2.2. El quejoso en escrito del 3 de octubre de 2007, solicitó a la Sala de Instancia proceder a convocar audiencia de conciliación en torno a los hechos por acoso laboral (fl. 73, c.o.).
2.3. La secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, mediante oficio del 23 de agosto de 2007, comunicó y trascribió el texto de la parte resolutiva del fallo proferido dentro del radicado 2007-00247-01, que dispuso amparar los derechos fundamentales del señor Fidel Espinosa Chacón, y además se ordenó a la doctora Miriam Arias del Carpio “... que al asignar labores complementarias a las establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, debe tener en cuenta el perfil del empleado, de manera que la carga laboral sea razonable y no vaya en detrimento del cumplimiento de las funciones propias del cargo” (fl. 95, c.o.).
2.4. El quejoso con escrito radicado el 1º de octubre de 2007, anexó diferentes documentos en torno a los hechos referidos en la queja, como relativos al nombramiento de auxiliares, al acoso laboral y sobre el nombramiento irregular de empleados del juzgado, y el texto del fallo de tutela que le fue favorable (fls. 96 a 132, c.o.). Además, con escrito del 2 de noviembre de 2007, aportó fotocopia de las partes pertinentes del diario El País, donde aparece el aviso publicitario de venta de un vehículo donde se da como teléfono el abonado 8894583, de fecha jueves 14 de junio de 2007 (fls. 139 a 137, c.o.).
2.5. Pronunciamiento de la inculpada. La doctora Miriam Arias del Carpio, en su condición de disciplinable, en escrito radicado el 21 de enero de 2008 se pronunció en extenso y pormenorizadamente sobre los hechos materia de la queja, exponiendo en primer lugar, que todo comenzó cuando le solicitó al quejoso su colaboración para contribuir en unas tareas de descongestión del despacho, quien se mostró renuente a ello, exhibiendo como justificante el padecimiento de una enfermedad catastrófica, al tiempo que le exhibía una certificación donde La Previsora, entidad aseguradora le había cancelado una obligación hipotecaria que afectaba su vivienda con el Fondo Nacional de Ahorro, por el siniestro de enfermedad grave, situación que al decir la funcionaria, las aseguradoras casi no cumplen en el caso de muerte, y que ante el hecho de evidenciarse tal enfermedad en el aspecto físico del quejoso; por lo que solicitó información a la EPS a la cual se encuentra afiliado el señor Fidel Espinosa Chacón, con la respectiva aclaración de la reserva que comporta la historia clínica, obteniendo como respuesta, que dicha persona no registraba incapacidad ni restricción alguna para laborar, circunstancia puesta de presente a éste empleado el 16 de julio de 2007, quien como reacción a ese hecho mostró su disgusto, increpándola de manera incoherente y abusiva, poniéndole de presente el hecho de haberse nombrado a un empleado sin el lleno de los requisitos, ante lo cual le manifestó que no tenía facultad para pedirle ese tipo de explicaciones, generándose a partir de allí toda una serie de acciones en su contra por parte del quejoso, como el caso de la querella origen de estas diligencias radicada al día siguiente de aquel acontecimiento.
Seguidamente, y luego de explicar las razones por las que dispuso el aludido plan de descongestión del despacho a su cargo, la señora juez procedió a referirse sobre cada uno de los puntos denunciados por el querellante, de la siguiente manera:
Sobre el incumplimiento del horario de trabajo: refiere, que temerariamente el quejoso no repara el hecho de habitualmente desarrolla sus labores hasta altas horas de la noche, en compañía de los empleados del juzgado, debido a la exigencia de la elevada carga laboral soportada por el despacho, de lo cual pueden testimoniar sus colaboradores, así como verificarse en los registros del Palacio de Justicia sobre la salida del vehículo de su propiedad; de otra parte aduce la libelista, ser cierto que por razones personales ha tenido que utilizar tiempo en horas hábiles para realizar diligencias, a lo cual tiene derecho como cualquier servidor público, pero que ello se compensa con la entrega y dedicación frente a sus responsabilidades con el despacho, lo que igualmente ocurre con los demás empleados del juzgado a su cargo.
Con relación a faltar al deber de iniciar y dirigir las diligencias del despacho: que en los casos que ello ocurre por estar realizando otras diligencias bien en el despacho o asuntos personales, siempre ha instruido a quien las digita, para que las mismas se cumplan con el rigor y las solemnidades de ley, sin que hasta este momento haya tenido queja alguna al respecto, y mucho menos se le hubiese iniciado acción disciplinaria en torno a tal situación fáctica.
Utilización personalizada de la línea telefónica: Indicó con relación a este hecho, que debe cumplirse el ingrediente normativo, como es que el uso debe realizarse en forma indebida, sin que ello haya ocurrido, pues en el caso del clasificado para la venta de su vehículo si bien allí registró la línea telefónica del juzgado, no lo enunció como tal, sino que, en razón de permanecer en horas hábiles en el despacho tuvo la necesidad de indicar dicho abonado, lo que no generaba costo alguno para el erario dado que se trataba de llamadas que entraban que para efectos de tarifas ello no tuvo consecuencia alguna; y que además, tal hecho resulta de poca relevancia, en tanto, también el estado debe proporcionarle a sus servidores ciertas condiciones mínimas para el desarrollo de sus actividades personales, siempre y cuando esto no implique uso indebido de los medios utilizados con tales fines.
De faltar al deber legal de observar estrictamente las disposiciones legales al posesionar empleados: expuso que el asunto se refiere exclusivamente al caso del señor Hans Omar Osorio, quien fuera nombrado en febrero de 2005 por recomendación del mismo quejoso, para que lo reemplazara mientras éste realizaba funciones de sustanciador; teniéndose al momento de la posesión la presentación del recibo de pago del trámite de la libreta militar, y que posteriormente le exhibió tal documentos; sin que en torno a ese asunto se haya dado la conducta irrogada por el querellante. Hecho totalmente verificado por las visitas realizadas a las hojas de vida de los empleados de Juzgado por parte de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, sin que dicho organismo haya reportado irregularidad alguna.
Falta al deber de observar las disposiciones legales para designar auxiliares de la justicia: Indicó que al no estar actualizados los datos de todas las personas que integran las lista de auxiliares de la justicia, lo cual genera traumatismos a los diferentes despachos judiciales, ello implica que la rotación de cumple de manera rápida, en tanto, ha sido cuidadosa en cumplir lo dispuesto en el artículo 9º del Código de Procedimiento Civil; y que si dichos nombramientos se han repetido con relación a ciertos auxiliares, esto se ha dado en el lapso de un año, procediendo a dar las explicaciones sobre cada uno de los casos aducidos por el inconforme.
En relación con faltar al deber legal de atender las disposiciones legales de respeto y cortesía en el trabajo: indicó que el simple hecho de exigirle a un empleado cumplir con una labor noble como contribuir con la descongestión del Juzgado, que implicaba un mínimo de esfuerzo, y de haber puesto de presente en el medio judicial la justificante del quejoso para no contribuir con esa causa, no significa haber traspasado las barreras de las normas disciplinarias, sin que en manera alguna se le haya faltado al respeto al querellante, por lo que solicitó fueran llamados a declarar los demás empelados del juzgado a efectos de verificar lo expuesto en sus libelos de descargos, insistiendo en no haber abusado al asignarle funciones al señor Fidel Espinosa Chacón para que contribuyera con la mentada descongestión origen de la queja.
Finalmente, expuso la libelista, que saltan a la vista las capacidades histriónicas del denunciante por auscultar sus diferentes actuaciones, calificando de oscuros los propósitos de la queja, entre ellos no participar de las labores de descongestión programadas en beneficio del despacho a su cargo. Además allegó en fotocopia múltiples documentos en torno a los hechos descritos, entre ellos las diferentes comunicaciones cruzadas con el quejoso, la hoja de vida del señor Hans Omar Osorio Oliveros, acompañada de su libreta militar vista a folio 166 del cuaderno original (fls. 141 a 212, c.o.).
2.6. La Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, remitió un documento allegado a esa oficina con relación a los hechos materia de la presente indagación preliminar, correspondiente a la comunicación fechada el 19 de febrero de 2008, suscrita por los empleados del Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali, solicitando con urgencia el traslado de ese despacho del empleado Fidel Espinosa Chacón; sosteniendo que la situación generada por ésta persona se ha tornado inmanejable al interior del juzgado, exponiendo lo siguiente:
“Rogámosle atender con urgencia esta petición, puesto que se trata de una situación inmanejable donde estamos viviendo un desgaste paulatino en la salud de la juez, quien hace ingentes esfuerzos por cumplir con su función como directora del despacho sin poderlos lograr, pues desde la pasada anualidad se ve en la necesidad de atender todos los obstáculos que esta situación ha representado ya que Fidel, no atiende instrucciones de ninguna clase y hace lo que él considera pertinente, saliendo del juzgado permanentemente y no necesariamente a notificar. En esta situación es de tener en cuenta los derechos fundamentales de todo el personal y de la señora juez” (fls. 222 a 224, c.o.).
2.7. Mediante providencia del 13 de agosto de 2008, la Sala a quo dispuso el archivo de la indagación preliminar adelantada contra la doctora Miriam Arias del Carpio, en su condición de Juez Catorce Civil del Circuito de Cali, tras considerar que no existe soporte probatorio alguno para deducir responsabilidad disciplinaria en disfavor de la inculpada, comenzando por despachar de plano lo relativo al acoso laboral, la que calificó de incoherente, pues de la manera como fueron planteados no tiene la relación causa efecto frente a los hechos planteados por el querellante; observando la instancia la falta de compromiso del parte del inconforme frente a las exigencias propias de sus funciones requeridas por la juez denunciada en pro del compromiso respecto a la imagen proyectada por la judicatura.
Lo que al decir de la instancia tiene plena concordancia con el contexto de la presente instructiva, pus son evidentes las reiteradas quejas del señor Fidel Espinosa Chacón contra la operadora judicial, tuvieron origen el velado hecho de haber justificado la no colaboración en el plan de descongestión adelantado por la titular del Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali, debido a la enfermedad catastrófica que lo aquejaba; enfermedad que originó que mediante la póliza se cancelara la obligación hipotecaria que tenía con el Fondo Nacional de Ahorro.
Adujo que al ser presentada esa misma situación ante la juez inculpada, logró establecer como irreal ese hecho ante la EPS a la cual se encontraba afiliado el inconforme; hecho que la decir del a quo le resta total credibilidad a la queja en torno a este punto, sino como una maniobra habilidosa para aludir el compromiso frente a esa célula judicial; siendo prueba de ello las buenas calificaciones realizadas por la funcionaria en torno al desempeño del señor Espinosa Chacón; con lo cual se evidencia un afán del denunciante por perjudicar a su jefe, según lo avizoran los hechos puestos de presente y contaminados con sus sentimientos.
Referente al cumplimiento del horario de la juez inculpada, pese a que ésta lo reconoció llegar en horas posteriores a las 8:00 a.m., también lo es que el quejoso no indicó sobre la entrega de la funcionaria frente a sus labores, que asiste en su despacho hasta altas horas de la noche, privándose del descanso de almuerzo, lo que resulta irrelevante, pues la función puede desempeñarla el operador judicial con la entrega, dedicación y el compromiso de cumplir sus labores incluso en tiempo extra como ocurre en el caso de autos; y en cuanto a la imputación que las diligencias se inician sin la presencia de la funcionaria, resulta una acusación indemostrable, porque las mismas han sido firmadas por la investigada, sin que se haya presentado alguna denuncia por las partes o los interesados en cada uno de los procesos ludidos, lo que igualmente no resulta relevante éticamente.
En relación con la utilización de la línea telefónica para el citado clasificado, hecho aceptado por la disciplinable, se concluyó que en ese anuncio no se hizo referencia al juzgado, y que ante el hecho de permanecer la funcionaria durante la mayor parte del tiempo hábil en el juzgado, incluso en la noche, lo que no le permite desarrollar la mayor parte de sus actividades personales por fuera del despacho, sumado a que tal circunstancia no generó merma en el presupuesto del erario público, tales elementos exoneran de cualquier culpa a la juez, porque antes que funcionaria tiene las condiciones de ciudadana, las cuales necesariamente debe entrelazarlas con sus funciones diarias como funcionaria judicial, además no se observa el uso indebido de referida línea telefónica.
En torno al hecho de haber posesionado a un empleado sin la presentación de la libreta militar, ello fue desvirtuado por la aquejada, quien documentalmente demostró que tal situación no ocurrió en realidad, dado que el señor Hans Omar Osorio presentó dicho documento, quien por demás fue recomendado por el mismo quejoso.
Sobre la sindicación de privilegiar algunos auxiliares de la justicia dentro de los procesos a cargo de la inculpada, se dijo que fueron satisfactorias las explicaciones de ésta, exponiéndose que: “sobre éste particular la disciplinada tuvo a bien explicar las razones por las cuales existe en la lista tardía como prueba por el quejoso la reiteración de designaciones respecto de un solo auxiliar de la justicia, razones que tienen que ver con la efectiva colaboración de éstos en las diligencias fijadas, con la eficacia de sus actuaciones y con la prontitud de su presencia a los fines de satisfacer las necesidades de justicia de los usuarios”.
Además, en torno al irrespeto argüido por el querellante, se concluyó que esto correspondió a simples conjeturas, porque se fundamentó en posibles comentarios realizados por la disciplinable ante varios colegas, lo que no puede trascender al campo ético, en tanto, el derecho disciplinario es un derecho de acto donde solo son relevantes las circunstancias probadas efectivamente.
Por último, indicó la instancia, que al irrogarle a la disciplinable abuso de autoridad por haberle impuesto al quejoso funciones no propias de su cargo, ello no comporta conducta antiética, porque el operador judicial puede hacerlo en cumplimiento de acciones como la de descongestionar el despacho, siempre y cuando no rebasen las propias de la Unidad Administrativa a su cargo, máxime cuando las de motivo de queja lo fueron por la digitación y sustanciación aludidas por el señor Fidel Espinosa Chacón, encuentran justificación en casos de atender acciones para desgravar casos de congestión como en el Juzgado a cargo de la inculpada (fls. 225 a 229, c.o.).
La anterior decisión fue objeto de salvamento de voto por parte de la magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas, calificándola de prematura, en atención a que si bien los hechos devienen de la deteriorada relación juez-empleado, ello no descalifica los diferentes hechos denunciados, que ameritan ser examinados con mayor rigor probatorio, dado que no han sido esclarecidos en su totalidad (fls. 231 a 232, c.o.).
Inconforme con la anterior decisión, el quejoso interpuso recurso de apelación mediante escrito radicado el 13 de mayo de 2010, en donde indicó que los hechos que fueron denunciados y obrantes como pruebas escritas no fueron resueltos ni considerados por la magistrada y que aún están pendientes de resolverse, por lo tanto consideró que no existió tránsito a cosa juzgada que permita exonerar de investigación disciplinaria a la juez denunciada.
Mediante providencia del 30 de marzo de 2009, esta corporación revocó la decisión de terminación y archivo de las diligencias y en su lugar ordenó la apertura de la investigación (fls. 49 a 57, c.o.).
El magistrado a quo sustanciador en cumplimiento de lo ordenado por esta Superioridad dispuso la apertura de la investigación contra la doctora Miryam Arias del Carpio, Juez 14 Civil del Circuito de Cali, decretando las correspondientes pruebas.
3. Pruebas recaudadas.
Declaración de la señora Dinora Vásquez Tamayo quien señaló que laboró en el Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali como oficial mayor y que la lista de los auxiliares de la justicia era manejada por el secretario a quien la doctora Miryam le pedía qué auxiliar de la justicia seguía en lista y una vez señalado el empleado que atendía en la baranda procedía a posesionarlo. Indicó además, que para la posesión de los empleados del Juzgado la doctora exigía todos los requisitos (fls. 99 y 100, c.o.).
Declaración de la señora Rubi Derly Muñoz Urcuqui, quien señaló que laboró en el cargo de oficial mayor en provisionalidad y que una vez era necesario designar un auxiliar de la justicia, en el correspondiente auto se dejaba el espacio que posteriormente era llenado por la doctora quien solicitaba que se le indicara el nombre de quien seguía en turno, auxiliares que eran posesionados por la persona que atendía en secretaría. De igual manera expresó que la doctora no posesionaba a ningún empleado que no cumpliera con los requisitos para tal efecto y que siempre estuvo atenta a todas las diligencias que allí se adelantaban (fls. 102 y 103, c.o.).
Declaración del señor Jesús Mario Ortiz García, quien adujo ser el Secretario del Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali y señaló que la designación de los auxiliares de la Justicia se hace de la correspondiente lista y cualquier persona del juzgado estaba habilitado para suministrar a la doctora el nombre del auxiliar que seguía en turno.
Expresó que la mayoría de las designaciones corresponde a peritos especializados concretamente para procesos ejecutivos hipotecarios que tengan idoneidad en temas relacionados con la liquidación de créditos de UPAC y UVR, por lo que en este tema el número de auxiliares es limitado en la lista, motivo por el cual el despacho designa a los auxiliares de la justicia más cumplidos e idóneos en la materia.
De otra parte indicó que una vez designado y corroborado que se encuentren inscritos en la lista de auxiliares se les envía comunicación telegráfica en tal sentido, cuando acuden se les solicita la cédula de ciudadanía, carné que lo acredita como auxiliar de la justicia, tarjeta profesional si es del caso y diligencia de acta de posesión que le suministra el despacho en la cual llena los datos personales.
Finalmente señaló que en el Juzgado nunca se nombró personal que no cumpliera con los requisitos exigidos para la posesión (fls. 104 a 106, c.o.).
Declaración del señor Diego Mauricio Henao Ruiz quien señaló ser escribiente en provisionalidad del Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali, y por tal motivo recibe diligencias, revisa demandas ejecutivas, proyecta sentencias sin oposición, fallos de tutela, decreta medidas de embargo, pruebas, realiza estadísticas y demás funciones que se requieran en el despacho.
De igual manera señaló que el despacho ordena la designación del auxiliar de la justicia una vez que cualquier empleado del juzgado suministra el nombre de la persona que sigue en turno. Posteriormente acude el designado a cualquiera de los empleados que este en turno de baranda lo posesiona.
Finalmente, señaló que cuando la titular del Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali nombra un empleado, al momento de la posesión exige la presentación de los documentos pertinentes tales como la cédula de ciudadanía, pasado judicial, antecedentes disciplinarios, libreta militar (fls. 107 a 109, c.o.).
4. La decisión apelada.
Mediante providencia del 6 de octubre de 2010, el doctor Víctor H. Marmolejo Roldán, en su calidad de Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, decretó la prescripción de la acción disciplinaria a favor de la doctora Miryam Arias del Carpio, en su calidad de Juez Catorce Civil del Circuito de esta ciudad, en relación con el cargo elevado por el quejoso respecto de la designación y posesión del señor Diego Marino Henao Ruiz, como Escribiente del citado despacho judicial sin el lleno de los requisitos legales.
Reseñó el a quo que los comentarios del quejoso se remontan al momento en que fue nombrado como escribiente en dicho despacho judicial en el año de 1992, fecha desde la cual señala nunca solucionó su situación militar, por lo que tal omisión o conducta permisiva de la juez, si es que así ocurrió, porque no hay medio de probarlo y además obra copia de tal documento en la hoja de vida que reposa en los archivos de ese despacho judicial, estaría prescrita en tanto si se parte de esa última calenda, en exceso se superaría el término para investigar la conducta de la funcionaria e igualmente, si se parte desde el momento de su última posesión como escribiente nominado, esto es desde el 1º de marzo de 2004, a la fecha de este pronunciamiento se ha superado también la barrera de los cinco años que tiene el Estado para investigar la conducta de los servidores públicos que administran justicia.
De otro parte, en la misma providencia ordenó el archivo de las diligencias con respecto a las demás inconformidades expresadas por el quejoso, como que siempre se nombraban a las mismas personas en los cargos de auxiliares de la justicia, encontró el a quo justificado el proceder de la investigada con el argumento que el impulso a nombrar en forma reiterada en los diferentes procesos que tiene a su cargo, toda vez que se trata de asuntos en los que se requiere conocimientos especiales sobre la materia, como son los procesos ejecutivos hipotecarios donde deben hacerse liquidaciones en UPAC y UVR, pues en primer lugar pocas personas tienen conocimiento en temas tan especializados y además, es evidente el hecho de que la lista de auxiliares de la justicia no está actualizada sobre todo en lo atinente a las direcciones y teléfonos de los peritos.
De otra parte, indicó que de la revisión de la lista de auxiliares de la Justicia allegada al expediente, se desprende que los señores Alfonso González Rodríguez, Cornella Rengifo y Pedro Aguado García, si aparecen registrados como peritos en diferentes áreas.
En cuanto a las demás acusaciones expresó la instancia que los argumentos del quejoso no tienen piso jurídico en tanto que ciertamente los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura dan facultad a los Jueces de la República para que asignen funciones a sus empleados y el cargo que ocupa el querellante, no estaba exento de ellos, máxime si se tiene en cuenta que son autos de impulso y digitación los que debía realizar y no entrar a tomar decisiones, pues el mismo manifestó no estar en capacidad intelectual para proceder a ello.
En relación con el irrespeto de la investigada hacia el denunciante, son los mismos empleados quienes afirmaron que el señor Espinosa Chacón siempre manifestó sufrir de una enfermedad catastrófica, tanto en forma verbal como en todos sus escritos, hecho que no reviste la gravedad que le quiere imprimir cuando la juez Arias del Carpio manifestó su estado de salud en una reunión de jueces y que ha considerado como injuria en su contra, cuando era el mismo quejoso quien lo había manifestado, no viéndose la razón para que se cuestione a la juez por el hecho de haber comentado su caso.
Finalmente expresó que en cuanto al cargo que le derivó por no estar presente en el momento de adelantar las diligencias propias del despacho judicial, ello no resultó ser cierto conforme a las declaraciones de los demás empleados del Juzgado, la investigada participa activamente en las diligencias que se adelantan en desarrollo de los procesos, señalando además que no sale en las horas de almuerzo y que cumple un horario extendido por fuera de lo normal, por lo que hace que la queja resulte insulsa.
5. De la apelación.
Contra la decisión anterior, el quejoso interpuso dentro del término el recurso de apelación el cual sustentó así:
Se atendieron las pruebas solicitadas por la denunciada, pero no se hizo lo mismo, ni se le prestó la debida importancia a las pruebas que solicitó en reiteradas ocasiones, como lo era las copias obrantes en la Fiscalía General de la Nación, donde existen los testimonios de quienes demostraban los tratos injuriosos y ofensivos de que fue víctima.
Respecto de la prescripción decretada, se puede observar que en los escritos allegados por la misma juez denunciado, se habló de allegar el denuncio por la pérdida de la libreta militar de dicho escribiente el cual nunca aportó. Que en la certificación por él aportada se evidenció que en octubre del año 2008, el comandante del distrito militar 16 de Cali, expidió certificación donde prueba que en esa fecha el recibo de pago de dicha libreta militar aportada en la hoja de vida del señor Henao, se aprecia que la misma tiene vigencia como reservista de 1ª línea a partir del año 2006.
De otra parte, señaló que en lo atinente al nombramiento irregular de peritos no se verificó el agotamiento de la lista de auxiliares, además que las personas que siempre se nombraban no estaban en dicha lista.
Frente a tal argumentación, consideró la operadora judicial de instancia que recurso se encontraba sustentado y presentado oportunamente, procediendo a conceder la alzada (fl. 228, c.o.)
Trámite de segunda instancia
1. Mediante auto del 2 de junio de 2010, se avocó el conocimiento de la presente actuación, a la vez que se dispuso correrle traslado al representante del Ministerio Público, al igual que solicitar a la secretaría judicial de esta Sala para que informe si contra las investigadas, existe alguna otra investigación por los mismos hechos. (fl. 5, c. 2ª inst.).
2. Conforme diligencia del 14 de julio de 2010, se notificó al agente del Ministerio público (fl. 8, c. 2ª instancia), quien guardó silencio.
3. Conforme constancia del 3 de agosto de 2010, la secretaría judicial de esta Sala certificó que contra la doctora Miryam Arias del Carpio, no cursan otras investigaciones en esta corporación por los mismos hechos (fl. 9, c. 2ª inst.).
Impedimentos. Observado el infolio, no se evidenció que alguno de los magistrados que integran la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hayan manifestado impedimento para conocer de las presentes diligencias.
1. Competencia. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, “Conocer de los recursos de apelación... en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”; en concordancia con el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política.
2. Del asunto a resolver. Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el quejoso Fidel Espinosa Chacón, contra la providencia del 6 de octubre de 2010, por medio de la cual la sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca dispuso decretar la prescripción de la acción disciplinaria y archivar definitivamente las diligencias adelantadas contra Miriam Arias del Carpio, en su condición de Juez Catorce Civil del Circuito de Cali, por considerar que, en relación con los hechos motivo de inconformidad del querellante no se dio conducta de relevancia disciplinaria de parte de la funcionaria inculpada.
Sea lo primero pronunciarse sobre la decisión de prescripción de la acción disciplinaria a favor de la funcionaria Miriam Arias del Carpio, en su condición de Juez Catorce Civil del Circuito de Cali.
Tal como se reseñó en precedencia, esta funcionaria posesionó al señor Diego Marino Henao Ruiz el día 1º de marzo de 2004, es decir que de existir cualquier irregularidad en su nombramiento, sobre ella se ha presentado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria, previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, que a la letra dice:
“La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto”.
Como a la mencionada doctora se le investigó en este asunto por una presunta irregularidad en el nombramiento y posesión del señor Diego Marino Henao Ruiz, no cabe duda que la acción disciplinaria se encuentra prescrita, pues esta funcionaria judicial nombró y posesionó al mencionado el 1º de marzo de 2004, por lo cual al día de la decisión de primera instancia había transcurrido un lapso superior a los 5 años a que alude la norma transcrita, con lo cual el Estado ha perdido poder sancionatorio para investigar y juzgar en estas diligencias a los citados, tal y como acertadamente lo verificó la Sala de Instancia.
Por lo anteriormente expuesto, esta colegiatura confirmará la decisión contenida en el numeral primero de la providencia de fecha 6 de octubre de 2010, mediante la cual la Sala a quo decidió declarar la prescripción de la acción disciplinaria a favor de la doctora Miryam Arias del Carpio, en su calidad de Juez 14 Civil del Circuito de Cali.
Ahora bien, frente al argumento del recurrente de que la Sala de Instancia ordenó el archivo de las diligencias, sin haberse pronunciado sobre los otros hechos motivos de la queja, ello no es cierto, pues al tenor literal de la providencia que es objeto de recurso, se evidenció en la parte motiva que el magistrado ponente analizó cada uno de los aspectos contenidos en la queja, que se vio reflejado en el numeral segundo de la parte resolutiva, cuando dispuso archivar las diligencias por las razones expuestas.
Acusó el apelante de que la Juez investigada incurrió en irregularidades al nombrar a los auxiliares de la justicia, toda vez que nombra a las mismas personas y por otra parte, esos auxiliares no están dentro de las listas autorizadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Al respecto es importante señalar que la acción disciplinaria tiene específicos destinatarios: el servidor público o en su defecto, el particular que en forma permanente o transitoria ejerza funciones públicas. Luego entonces, el sujeto pasivo de la acción disciplinaria es calificado, bien por la calidad de que está investido, ora por la función que cumple. Estos dos aspectos, el orgánico y el funcional, permiten inferir que la sanción disciplinaria se impone como resultado de la responsabilidad que por acción, omisión o extralimitación de funciones, tal y como al efecto lo establece el canon constitucional del artículo 6º de la Carta Política.
Así, el servidor público es responsable disciplinariamente por acción u omisión, en tanto tenga competencia sobre el acto ejecutado o el omitido en contravención a las disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias que regulan o establecen las funciones de su cargo.
Y es responsable disciplinariamente por extralimitación de sus funciones cuando quiera que obra por fuera de sus funciones o con abuso de las mismas, desatendiendo los límites legales o las competencias atribuidas en la misma norma.
Importa entonces al juzgador disciplinario establecer el estadio de responsabilidad de la conducta del disciplinado, es decir, si lo fue por omisión, acción o extralimitación de funciones.
Desciendo al caso objeto de estudio se tiene que la funcionaria investigada no ha incurrido en falta disciplinaria, pues el nombramiento de los auxiliares de la justicia se ha hecho siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 9º del Código de Procedimiento Civil, es decir se han tomado los nombres de los auxiliares según el orden que se lleva en la lista de auxiliares de la Justicia, pues así fue corroborados por casa uno de los empleados que laboran en el Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali, además que se logró establecer que las personas envestidas del carácter de perito y mencionadas por el quejoso, si hacían parte de la lista de auxiliares de la justicia.
En cuanto a los demás hechos expuestos por el quejoso, como fue, el trato irrespetuoso e injurioso, el acoso laboral por la designación de funciones laborales exorbitantes, el incumplimiento del horario de trabajo, el uso indebido de la línea telefónica, de las pruebas recogidas en este trámite disciplinario, se estableció que la disciplinada en ningún momento se ha referido en términos desobligantes para con el quejoso, pues el hecho de haber indicado que padecía una enfermedad crónica no entraña de por si un insulto o falta de respeto, pues fue el mismo querellante a través de sus escritos y expresiones orales que señaló padecer una enfermedad de tal magnitud, por tal razón, para los efectos demandados por la falta disciplinaria en consideración, no se dan los elementos de juicio que permiten afirmar con toda certeza que los sucesos narrados por el señor Espinosa Chacón no albergan la relevancia que le pretende dar.
De otra parte, en cuanto a la inconformidad de que se han cambiado las funciones de los empleados en especial las del quejoso, es importante señalar que de conformidad con el Acuerdo 767 de 2000 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se indicó en el artículo sexto que:
“El asistente judicial grado 6 cumplirá las siguientes funciones:
1. Colaborar en la ejecución de trabajos mecanográficos y de digitación.
2. Colaborar en la gestión documental a través del registro, manejo de archivo, revisión, organización y clasificación de oficios y documentos.
3. Colaborar en la atención al público.
4. Diligenciar, con la debida celeridad, el envío y recepción de documentos del despacho al cual está adscrito.
5. Las demás que le señale el juez y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (resaltado y subrayado por la Sala).
Es así que el juez como director del despacho está plenamente facultado para determinar las funciones de cada uno de los empleados a su cargo, y establecer medidas con el fin de descongestionar los asuntos de su conocimiento, luego, no son ciertas las afirmaciones del quejoso, en el sentido de que en claro trato discriminatorio se le asignaron funciones que no le correspondían o de manera exorbitante, en circunstancias de acoso laboral, pues de conformidad con las declaraciones recibidas en cabeza de los demás empleados del Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali se determinó que todos cumplieron medidas de descongestión con el fin de prestar un mejor servicio y evacuar al máximo los procesos represados y no solo fue una carga laboral para el quejoso, como lo quiere hacer ver, sino que se trató de medidas transitorias para lograr el objetivo (fls. 33 y 34, c.o.).
En cuanto a la utilización indebida de la línea telefónica del despacho que dirige la investigada consistente en el hecho de haber indicado el abonado del receptor para la venta de su vehículo, la Sala encuentra justificado el argumento dado por la investigada al hecho de su permanencia en el Juzgado, no existiendo otro lugar en donde pudiera ser ubicada, por lo cual no podemos afirmar que estuviera efectuando un uso indebido de los elementos asignados a su oficina judicial, por el hecho de recibir las diferentes llamadas de los compradores interesados en el automotor. Distinto sería si estuviera efectuando llamadas de carácter personal a destinos internacionales o nacionales, con cargo a los recursos de la rama judicial.
Por otra parte, en referencia al incumplimiento del horario de trabajo por parte de la encartada, reconoció la doctora Miryam Arias del Carpio que algunas ocasiones llegó a laborar después de las ocho de la mañana, pero que no era una constante, sino cuando tenía que realizar algunas diligencias de carácter personal, como el pago de los servicios en las entidades bancarias, asistir a las reuniones en el colegio de su hijo, pues es madre cabeza de familia y no podía trasladar esa obligación a otra persona, situaciones que sin lugar a dudas son excusables para esta Sala, pues para nadie es desconocido que en muchas ocasiones es necesario adelantar algunas gestiones de carácter personal fuera de la sede del trabajo, situaciones humanas que son perfectamente entendibles y a veces resultan improrrogables.
Además de lo anterior es preciso señalar que debido a la labor desempeñada por la encartada al frente del Juzgado 14 Civil del Circuito de Cali, fue postulada por el Tribunal Superior de Cali para que fuera merecedora de la condecoración “José Ignacio de Márquez” (fl. 130, c.o.).
Así las cosas, no encuentra esta Instancia, en los medios de prueba recaudados, que permita afirmar que la doctora Miryam Arias del Carpio, en su calidad de Juez Catorce Civil del Circuito de Cali, hubiese actuado con malicia, negligencia, irrespeto, excediendo sus funciones o abusando de los bienes que le fueron encomendados para prestar su servicio de administrar justicia, y menos que no hubiese cumplido con su horario de trabajo, pues todo indica que al parecer se trató de un malentendido entre el quejoso y la encartada, referente al buen manejo del Juzgado, razón suficiente para no tomar ninguna determinación en su contra.
En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
1. CONFIRMAR la providencia recurrida, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, el 6 de octubre de 2010, mediante la cual se DECLARÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA por una de las conductas y se ARCHIVÓ el expediente por los otros hechos denunciados a favor de la doctora Miryam Arias del Carpio, en su condición de Juez 14 Civil del Circuito de Cali, conforme las razones expuestas precedentemente.
2. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.
3. Por la secretaría judicial líbrense las comunicaciones pertinentes.
Magistrados: Henry Villarraga Oliveros—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Jorge Armando Otálora Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.
Yira Lucia Olarte Ávila, secretaria judicial.

References: artículo 9
 artículo 112
 artículo 256
 artículo 30
 artículo 6
 artículo 9