Source: https://e-justice.europa.eu/content_access_to_justice_in_environmental_matters-300-si-pt.do?clang=es&mtContentRequested=1
Timestamp: 2019-08-20 23:45:11+00:00

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Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Eslovenia
Con arreglo a la constitución, en Eslovenia, toda persona tiene derecho a disfrutar de un entorno saludable, mientras que el Estado tiene el deber de promover este tipo de entorno de vida saludable. Todos los ciudadanos tienen la obligación de proteger los espacios naturales de especial interés y rarities el Estado y las comunidades locales y ocuparse de su conservación. Además, con el fin de adquirir y utilizar los bienes deben estar cumpliendo su función de medio ambiente. Todos estos derechos se aplican con arreglo a la ley. Hay una página web gratuita de acceso a la justicia y todos pueden proteger sus derechos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, si pueden demostrar interés conforme a la ley y si todas las demás vías de recurso se han agotado. Asimismo, los ciudadanos pueden invocar el derecho constitucional a disfrutar de un entorno saludable directamente en los procedimientos administrativos o judiciales. Los organismos administrativos y los tribunales también pueden aplicar el Convenio de Aarhus directamente, ya que la Constitución establece que los tratados internacionales ratificados deben utilizarse directamente.
Poder judicial esloveno está organizado en tres casos:
Ordinario: «tribunales de distrito (okrajna sodišča) y los tribunales de distrito (okrožna sodišča)
Segundo ejemplo: Los tribunales superiores (Višja sodišča)
Tercera instancia: El Tribunal Supremo («Vrhovno sodišče»)
En primer lugar, los casos de menor importancia se dirimen en los tribunales de condado y en los casos de mayor importancia ante los tribunales de distrito. Si un recurso de apelación contra una resolución de un tribunal de distrito o de un tribunal superior, una presentación se pronunciará sobre el asunto por el Tribunal de segunda instancia. En algunos casos, las decisiones de un tribunal superior también puede recurrirse, en cuyo caso el Tribunal Supremo tiene la jurisdicción para conocer del asunto en tercera instancia. Además, un tribunal especializado en asuntos administrativos está constituida, denominado «Upravno sodišče (Tribunal de lo contencioso-administrativo).» Ante este Tribunal, el procedimiento podrá iniciarse para impugnar una decisión negativa final emitido en un procedimiento administrativo. En caso de que el Tribunal emita una decisión administrativa negativa, un recurso ante el Tribunal Supremo esté autorizada. En Eslovenia, no existen tribunales especializados en asuntos medioambientales, por lo que existen varios departamentos y órganos jurisdiccionales ante los que el proceso pueda llevarse a cabo, dependiendo del tipo de procedimiento. Los procedimientos civiles y penales se llevan a cabo los servicios civiles o penales de condado, distrito y tribunales superiores. Los procedimientos contra decisiones administrativas negativas se lleven a cabo ante el tribunal administrativo. En Eslovenia, las estrictas normas que determine qué órgano jurisdiccional tiene competencia territorial sobre cada caso, generalmente para las partes no pueden elegir la localización de la incoación del procedimiento judicial. Sin embargo, también debe afirmarse que en Eslovenia no existen diferencias significativas entre las resoluciones de diversos órganos jurisdiccionales en todo el país.
Una parte podrá interponer el recurso en el plazo de 15 días a partir de la recepción de una resolución judicial desfavorable. En el momento de la recepción del recurso, el tribunal la enviará a la contraparte. Los procesos judiciales administrativos no siempre permiten un recurso de casación. Solo es posible interponer un recurso si el Tribunal de Primera Instancia modificó el acto administrativo, por motivos de determinar diferentes circunstancias del asunto a la autoridad administrativa. Tampoco es posible recurrir una decisión sobre la legalidad de las elecciones. Por lo tanto, el Verwaltungsgericht no basta cassational, sino también competencias de modificación. El propio Tribunal de Justicia tome una nueva decisión, si se dispone de datos suficientes sobre el asunto, especialmente cuando el nuevo procedimiento administrativo podría causar mayor daño a la demandante o el órgano administrativo dictó una nueva resolución contraria a las directrices fijadas por el juez. Derecho esloveno permite también recursos extraordinarios contra las sentencias de los tribunales superiores. Se trata de una petición de revisión, protección de la legalidad, la acción de anulación del compromiso ante los tribunales y la reapertura de un asunto. Valores típicos y puede revisarse más comunes, que puede recurrirse al procedimiento de recurso contra las decisiones del tribunal superior ante el Tribunal Supremo, y exige la asistencia letrada en el lado de la parte. Revisión es posible en el plazo de 30 días a partir de la recepción de la sentencia y el tribunal superior solo sobre la base de errores procesales o violación de Derecho sustantivo. Una solicitud de protección de la legalidad puede interponerse en un plazo de tres meses, ante el Tribunal Supremo, solo por un fiscal. Recurso de anulación ante los tribunales de transacción podrán presentarse en un plazo de tres meses después de se conozcan los motivos de anulación, sino después de la expiración del plazo de 3 años después de se conozcan los motivos de anulación, ejercitar la acción ya no sea posible. Son causas de anulación Incompetencia del juez o partes o, cuando el compromiso se alcanzó ateniéndose a raíz de un error, la fuerza o servirán para ello. Más comunes son las solicitudes de reapertura. Esto es objetivamente posible en un plazo de cinco años a partir de la firmeza formal de una decisión, sino únicamente desde un punto de vista subjetivo, dentro de los 30 días siguientes a circunstancias que justifica la reapertura o la parte tenga conocimiento de ellos. Las razones son, en su mayor parte, de procedimiento o de pruebas falsas o la parte tenga conocimiento de nuevas pruebas. Contra las decisiones del tribunal administrativo, las únicas soluciones jurídicas extraordinarias permitidas son la revisión y la reapertura del caso.
Casi no hay las características específicas de los procedimientos judiciales en materia de medio ambiente. En lo que respecta al procedimiento ante los tribunales administrativos, con arreglo a la Ley de protección del medio ambiente, el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre las cuestiones acerca de la autorización ambiental o los permisos ambientales en un plazo de tres meses. Otras normas son las mismas que las normas aplicables en otros casos. Por otro lado, no existen disposiciones especiales para los procedimientos judiciales en asuntos medioambientales de oficio, es decir, acciones que puedan hacer el Tribunal de Primera Instancia sin haber sido planteada por ninguna de las partes. La Ley de protección del medio ambiente se define un amplio derecho de los ciudadanos particulares o sus asociaciones a la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia que una persona deje de hacer algo que cause o pueda causar mayor impacto ambiental o de peligro para la vida o la salud de las personas. Sin embargo, no existen normas especiales de procedimiento para tales casos. También es importante señalar que no ha habido ningún caso hasta ahora sobre la base de esta norma.
III. Los asuntos relativos al acceso a la información
De conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre el acceso a la información de carácter público, las autoridades de Eslovenia están obligadas por ley a presentar cualquier información relacionada con su trabajo. Una solicitud para obtener información de carácter público no debe incluir una explicación de por qué la información es necesaria o la forma en que van a utilizarse. Solo hay unos pocos tipos de información que las autoridades pueden negarse a prestar. Algunos ejemplos de este tipo de «información» protegida incluyen:
la información que, en virtud de la Ley que regula la información confidencial, clasificada se define como
la divulgación de datos personales que supondría una infracción del derecho a la intimidad
La información recogida o elaborado a efectos del procedimiento administrativo o judicial y cuya divulgación podría perjudicar la aplicación de dicho procedimiento.
No obstante, las autoridades deben divulgar tal información si el interés público de la divulgación es suficientemente importante. En cuanto a la información medioambiental y el interés público prevalezca sobre otros intereses. La información ambiental es especialmente importante y la Ley de protección del medio ambiente establece su disponibilidad. No existen restricciones de acceso a la información en materia de medio ambiente. Solo hay libre acceso a la información que las autoridades administrativas obtener y recopilar. Se puede solicitar la información a una autoridad pública eslovena con un escrito informal o incluso un correo electrónico (firma electrónica no es necesaria). Es aconsejable que la información solicitada se especifica de la forma más precisa posible y que se indique la forma en la que debe enviarse la información (en versión electrónica, fotocopias, etc.). Las autoridades deben responder en el plazo de 20 días. En caso de que no faciliten la información solicitada, están obligados a emitir una decisión negativa por escrito. La decisión debe contener una explicación de por qué la solicitud fue denegada y el modo en que esta decisión podrá ser recurrida. Si las autoridades no emiten una decisión negativa, o si no responde en el plazo de 20 días, podrá interponerse un recurso ante el Information Commissioner, que es un órgano autónomo e independiente («Informacijski pooblaščenec») — https://www.ip-rs.si/?id=195. https://www.ip-rs.si/?id=195 En caso de decisión negativa, el recurso debe interponerse ante el Information Commissioner, en un plazo de 15 días. En caso de que las autoridades no responden, también es posible que un recurso no está sujeto a ningún plazo. El Information Commissioner puede condenar a la autoridad pública a que facilite la información solicitada. Si también la decisión del Comisionado de información sea negativa, podrá iniciarse un procedimiento judicial ante el Tribunal administrativo de Liubliana. Todos los escritos presentados en esta sección: Solicitud de información y recurso ante el Information Commissioner y litigios ante los tribunales administrativos, tienen que estar disponibles en el idioma del país. En las regiones fronterizas de Eslovenia, donde viven las minorías húngara e italiana en lengua húngara, italiana o puede igualmente ser utilizada.
IVI. El acceso a la justicia en la participación del público
Con arreglo a la Ley de protección del medio ambiente son tres los principales procedimientos administrativos como sigue:
1. Evaluación ambiental estratégica (EAE): Antes de realizar el mar, un originador deberá presentar un plan de definición, descripción y evaluación de las repercusiones de la ejecución del plan en el medio ambiente y las posibles alternativas en el informe medioambiental. Si el plan se refiere a la zona protegida, el informe debe también tener en cuenta los reglamentos de protección de la naturaleza con arreglo a la Ley de protección de la naturaleza. La Autoridad elaborará el plan y remitirá el proyecto de plan y el informe medioambiental al Ministerio de Medio Ambiente, que la remitirá a los organismos competentes de los diferentes ámbitos de la protección del medio ambiente. Las autoridades cuentan con 21 días para enviar observaciones sobre la admisibilidad del informe medioambiental, pero si no reacciona, se supondrá que están de acuerdo con la misma. Si existen algunas exigencias de mejora del informe ambiental, deben realizarse en un plazo de 45 días a partir de la recepción, o recibir tanto el nuevo informe medioambiental. Durante el proceso, el público también debe ser informado sobre el plan y el informe medioambiental, de entablar un debate público que durará al menos 30 días. Si podrían existir algunas repercusiones medioambientales a través de la frontera estatal, se pide al Estado vecino al proceso. La decisión final es la decisión del Ministerio de Medio Ambiente sobre la aceptabilidad de las repercusiones del plan en el medio ambiente. La decisión puede ser positivo o negativo. Contra esta decisión, es posible interponer un recurso. Si el plan es el Estado, el Gobierno decide sobre el recurso de casación. Si el plan es una comunidad local, no existiría ningún recurso, pero es posible dirigirse directamente al Tribunal Administrativo (algunos expertos jurídicos consideran que ello solo es posible para las comunidades locales, aunque la Ley de protección del medio ambiente no lo diga directamente). Con toda probabilidad de acudir a los tribunales administrativos contra la EAE es posible que otros después de haber demostrado interés jurídico pero aún no existe jurisprudencia en relación con esta cuestión. Dicho Reglamento es un tipo especial de Reglamento de procedimiento administrativo. En algunos planes, la EAE es obligatoria, en otros, siempre que pueda tener un impacto considerable en el medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente decida sobre esta obligación.
En caso de ordenación del territorio, el procedimiento es el mismo (recurso o acción judicial), pero existe muy poco acceso a las vías de recurso. En la jerarquía de actos jurídicos, los planes de ordenación del territorio son de carácter general y no individual. Por tanto, no es posible acudir a los tribunales administrativos o de otro órgano jurisdiccional para impugnarlas. El Tribunal Constitucional puede revisar un acto de carácter general únicamente por lo que respecta a su conformidad con la Constitución y otros actos. La revisión solo está permitida si el interesado puede demostrar su interés jurídico. Este era aplicable hasta 2007, cuando el Tribunal Constitucional decidió que la ordenación del territorio en los casos de interés solo existe cuando se hayan agotado todas las vías de recurso (Decisión U-I-275/07). Desde entonces, no existen vías de recurso en los procedimientos de ordenación territorial. Solo es posible participar en el proceso mediante la participación en el proceso de expedición de la licencia de obras, recurra a los medios legales y a continuación recurrir al Tribunal Constitucional.
2. Evaluación del impacto ambiental (EIA): El Gobierno promulgó el Decreto sobre las categorías de actividades para las que la EIA es obligatoria. La EIA es obligatoria para las actividades que pueden afectar al medio ambiente únicamente por encima de un determinado umbral del impacto. Actividades que pueden afectar al medio ambiente de esta forma no solo el informe que contiene un análisis y un único estudio parcial será suficiente. La anemia infecciosa equina es la base para su aprobación medioambiental («okoljevarstveno soglasje») — se trata de una decisión administrativa eslovena facilitada por la Agencia para la protección del medio ambiente. El inversor debe primero solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la información obligatoria sobre el contenido del informe medioambiental, presenta el proyecto idea al mismo tiempo. El Ministerio envía el proyecto a otros organismos competentes de los diferentes ámbitos de la protección del medio ambiente, sino que debe responder en un plazo de 15 días. En caso negativo, se supone que no tienen solicitudes especiales. El Ministerio debe enviar la información adecuada al inversor en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud (en el procedimiento posterior pueda tener algunos requisitos suplementarios). Que el inversor solicite una decisión de EIA con una solicitud de proyecto y un informe ambiental. En este proceso, el público también debe ser informado sobre el informe medioambiental, inversión y el proyecto de Decisión sobre la EIA en un debate público abierto, que dura un mínimo de 30 días. Los mismos documentos también se envían a los órganos competentes de los diferentes ámbitos de la protección del medio ambiente; Estas últimas deben responder en un plazo de 21 días. En caso contrario, se presume que tienen sin comentarios. Si podrían existir algunos impactos ambientales a través de las fronteras del Estado vecino, el Estado miembro de la UE) a este proceso. El órgano administrativo competente para decidir sobre la licencia de medio ambiente es el organismo esloveno de Medio Ambiente. Es posible interponer un recurso contra esta decisión, el órgano decidir (organismo) es el Ministerio de medio ambiente. Contra la resolución del Ministerio, es posible incoar el procedimiento judicial ante el tribunal administrativo. Sin embargo, el presente procedimiento solo es posible contra la decisión final de la EIA. Se puede impugnar tanto la autorización medioambiental y el informe medioambiental, que es la base para la autorización, en un procedimiento judicial. La legalidad procedimental de la autorización pueden ser recurridas. No existen normas especiales para estos casos, además de normas generales aplicables a todos los casos ante el tribunal administrativo sobre pruebas, audiencias, etc.). Cabe señalar que no se han producido muchos casos todavía en estos asuntos. No obstante, de conformidad con la Ley de protección del medio ambiente, el Tribunal de Justicia debe decidir, en un plazo de tres meses. Además, para tener capacidad procesal ante los tribunales nacionales es necesario haber participado en la fase administrativa previa. En el momento de iniciar un debate público acerca de la Decisión, las ONG interesadas en estado de conformidad con la Ley de protección del medio ambiente, o las personas que viven, o que sean propietarios de bienes inmuebles en el ámbito del impacto ambiental, debe anunciar su participación en el procedimiento.
3. Permiso medioambiental: Hay tres tipos de permisos medioambientales («dovoljenje okoljevarstveno Seveso, IPPC») — y otros. Un Decreto del Gobierno determina IPPC y Seveso. El órgano de administración para decidir sobre los permisos ambientales es el organismo esloveno de Medio Ambiente. La solicitud de autorización deberá incluir una descripción de la instalación y medidas para reducir la repercusión de sus actividades sobre el medio ambiente. El público también debe ser informado sobre el proceso abierto y debe brindar la oportunidad de remitir sus comentarios en el plazo de 30 días (pero solo en relación con un permiso IPPC y Seveso). Se puede interponer recurso contra la decisión relativa a la autorización medioambiental, que debe presentarse al Ministerio de medio ambiente. Decisión ante los tribunales, es posible incoar un procedimiento judicial ante el tribunal administrativo. También existe un procedimiento administrativo en los casos de daños ambientales o régimen de responsabilidad medioambiental (DRM). La autoridad competente eslovena régimen a efectos de la DRM es la Agencia de Medio Ambiente de la República de Eslovenia. La Agencia puede emitir una orden administrativa para el contaminador, con medidas de prevención cuando existe una amenaza de un daño medioambiental. Con carácter subsidiario, en caso de haberse producido ya el daño, puede emitir una orden administrativa con medidas para la rehabilitación de la zona dañada. Contra esta resolución administrativa, no hay recurso posible, aunque los interesados pueden acudir directamente a los tribunales administrativos. En el procedimiento administrativo para la rehabilitación, las ONG con estatuto de interés público en la protección del medio ambiente (con arreglo a la Ley de protección del medio ambiente) también pueden ser partes en el procedimiento. Acudir a un tribunal en relación con las decisiones administrativas en materia ambiental, hay que agotar todas las vías de recurso disponibles descritos anteriormente. Envío directo al Tribunal solo es posible en casos de «silencio administrativo» cuando el plazo legal para dictar la resolución ha expirado y la Decisión no se ha publicado. Los tribunales administrativos pueden resolver acerca de la legalidad de las decisiones administrativas y la legalidad de las decisiones administrativas o actos que violen los derechos humanos, si no hay otra protección jurídica. Si la decisión es favorable a la parte que ha interpuesto el recurso, el tribunal administrativo puede anular o retirar la decisión de toma de decisiones administrativas y devolver al órgano de administración o puede decidir en lugar del órgano de administración. No existen normas especiales para las decisiones relativas a la PCIC adoptadas ante el tribunal administrativo y no hay muchos casos hasta la fecha. Con arreglo a la Ley de protección del medio ambiente, el Tribunal debe decidir en el plazo de tres meses. Además, para gozar de capacidad procesal ante el órgano jurisdiccional remitente, es necesario haber participado en la fase administrativa previa. En el momento de iniciar un debate público acerca de la Decisión, las ONG interesadas en estado de conformidad con la Ley de protección del medio ambiente, las personas que residan o tengan una propiedad en, o son propietarios en el ámbito del impacto ambiental, deberá anunciar la participación en el procedimiento. Para impugnar una decisión administrativa ante los tribunales, lo que significa que la Decisión no es «final» y «aún vigentes».
Cualquier persona puede denunciar a las autoridades competentes las actividades peligrosas (ante la policía o ante un inspector medioambiental). Además, de conformidad con la Ley de protección del medio ambiente, los ciudadanos y sus organizaciones pueden presentar directamente un recurso ante el Tribunal, cuando alguien está provocando o (con determinados actos podría causar un daño ambiental) que pudiera ser peligroso para la vida o la salud de las personas. Aunque el presente Reglamento se ha adoptado en Eslovenia hace más de 15 años, nunca ha sido registrada todavía. Yendo directamente ante un tribunal contra organismos estatales en materia ambiental no se determine directamente por ley, excepto en el procedimiento administrativo con las vías de recurso. Hay dos órganos administrativos con la facultad de emitir decisiones administrativas en materia de medio ambiente: El Ministerio de Medio Ambiente (en la actualidad es el Ministerio de Agricultura y medio ambiente («Ministrstvo za kmetijstvo in okolje»), la Agencia de Medio Ambiente y eslovena («Agencija Republike Slovenije za okolje), que depende del Ministerio. El contenido de la petición por dichas autoridades ejecutivas se suele definir en el Reglamento de la Ley de protección del medio ambiente, y también hay algunas formas de ayuda en la página web del Ministerio. Las condiciones de examen judicial son prácticamente los mismos que en los demás casos: Dicha parte interesada debe tener capacidad legal y examinar, en cambio, las tres razones principales para impugnar la decisión de la autoridad competente (resolución administrativa):
estimación incorrecta de los hechos y circunstancias,
Los errores de procedimiento,
uso inadecuado de Derecho.
Las decisiones administrativas que son distintas de las que difícilmente puede ponerse en tela de juicio, puesto que los tribunales administrativos no pronunciarse sobre las decisiones que dependen de los resultados de la toma de decisiones políticas basadas en la capacitación jurídica.
Hay otros medios de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El código de obligaciones declara el derecho de una persona a reclamar que algunas actividades peligrosas deben detenerse (lo que suele estar relacionada con una solicitud de indemnización). El nuevo Código Penal ha -según algunos actos contra el medio ambiente que puedan ser objeto de acusación por el fiscal. No es posible la acusación penal particular. La Ley de la propiedad (código ofrece protección contra todas las emisiones procedentes de determinadas perturbaciones que afecten a la propiedad y utilización de otras propiedades superan los niveles normales o está causando un daño mayor). Todos los propietarios de bienes inmuebles debe utilizar su propiedad dentro de determinados límites que no influyen en el uso de otras propiedades — Límites de emisiones más allá de uso habitual, no están autorizadas. El propietario de los bienes afectados pueden presentar el recurso en su contra ante un tribunal civil. En Eslovenia hay ningún Defensor Especial del Pueblo para los asuntos relacionados con el medio ambiente, pero, con arreglo a la Ley de protección del medio ambiente, el Defensor del Pueblo («Varuh človekovih pravic») (http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6) tiene algunas competencias en materia de medio ambiente. http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6 Es responsable de la protección del derecho constitucional a un medio ambiente sano. El Defensor del Pueblo se ocupa de violar los derechos humanos y medioambientales) (por el Estado o las autoridades locales y las acciones, pero su administración inadecuada influencia informal. Sus dictámenes no son vinculantes, pero son respetados. Los fiscales son responsables únicamente de la persecución de los delitos contra el medio ambiente que estén regulados en el Código Penal. El servicio de inspección de la República de Eslovenia para la agricultura, la silvicultura, la alimentación y el medio ambiente («inšpektorat Republike Slovenije za okolje») también es de gran importancia, ya que se trata del principal órgano de control y vigilancia de la aplicación de la legislación pertinente en materia de medio ambiente.
Los intereses constituyen, en general, reconocidos legal si una decisión administrativa se refiere a un caso individual o el asunto guarde relación con el bien jurídico basado en beneficio personal directo (Reglamento)
Los mismos que para un procedimiento administrativo, el tribunal administrativo o de interés personal directo/beneficio basado en la regulación jurídica de los tribunales civiles
La misma a título individual.
Nº derechos
En los asuntos ambientales existen algunas excepciones procesales de conformidad con la Ley de protección del medio ambiente y la Ley de conservación de la naturaleza. En los procedimientos administrativos relativos a la EIA, IPPC y Seveso permiten la posición de parte automáticamente en el procedimiento administrativo se dedican a:
las personas que residan o sean los propietarios u otros propietarios de terrenos en la zona definida como la superficie de impacto medioambiental (en el informe ambiental);
las organizaciones no gubernamentales con estatuto especial de interés público en la protección del medio ambiente.
Sin embargo, para obtener la legitimación, el interesado debe presentar una declaración de entrada en el procedimiento, durante el plazo previsto para iniciar un debate público. Si existen diferencias de capacidad procesal en el procedimiento administrativo podrá utilizarse también otro recurso ante el tribunal administrativo.
Con arreglo a la Ley de protección de la naturaleza (solo las asociaciones mencionadas a modo de organización no gubernamental) puede obtener el estatus de interés público. Esta situación les permite participar en todos los procedimientos judiciales o administrativos en relación con la protección del medio ambiente. En teoría, con arreglo a la Ley de protección del medio ambiente, existe la posibilidad de una actio popularis. Para poder ejercer el derecho a un entorno saludable, los ciudadanos pueden, individualmente o a través de agrupaciones, asociaciones y organizaciones, presentar una solicitud al Tribunal, solicitando que el titular de una actividad que afecte al medio ambiente, frenar la actividad, si puede dar lugar a causa una excesiva carga ambiental o si se presenta o puede presentar una amenaza directa para la vida o la salud humanas o solicitar que la persona responsable de la actividad que afecte al medio ambiente prohibido desde el inicio de la actividad, cuando existe una fuerte probabilidad de que la actividad dé lugar a tales consecuencias. En otros casos, además del medio ambiente excepciones citadas, se aplicarán las normas regulares. El principal obstáculo es generalmente la prueba de interés para el caso.
El Defensor del Pueblo dispone de ciertas competencias en la protección del medio ambiente, pero únicamente ante el Tribunal Constitucional, cuando el Derecho constitucional de medio ambiente saludable se ve amenazada. Los procedimientos judiciales, con carácter periódico, también existe la posibilidad de recurso extraordinario de protección de la legalidad que puede ser presentado por el fiscal general en un plazo de 3 meses. Puede presentarse basado en una violación del procedimiento o una vulneración del Derecho material. Solo unos pocos tales casos ocurren anualmente. No es posible recurrir contra las citadas decisiones de los tribunales administrativos.
Los abogados son parte integrante del sistema judicial. En materia de medio ambiente, la representación legal no es obligatoria, pero la representación legal podrá ser obligatorio, en función del órgano jurisdiccional que se lleve a cabo un procedimiento. En los procedimientos administrativos, la representación legal no es obligatoria. Lo mismo es aplicable a los tribunales administrativos, y los tribunales de distrito y los tribunales superiores. Ante el Tribunal Supremo la representación legal por un abogado, es siempre obligatorio. En los procedimientos penales, la representación por un abogado es obligatoria para los acusados. Todos los abogados y procuradores que son miembros del Colegio de Abogados (Odvetniška zbornica») (http://www.odv-zb.si/en/about-the-bar). http://www.odv-zb.si/en/about-the-bar La lista de los abogados está publicado en la página web oficial de la asociación, clasificados por ámbitos de especialización, pero la legislación medioambiental no se proclama como una categoría. Solo hay unos pocos abogados en la tramitación de los asuntos medioambientales.
En Eslovenia, no existen normas especiales para la presentación de pruebas en los procedimientos judiciales en materia ambiental. Se aplican las normas estándar de procedimiento judicial. En los procesos civiles, las partes deben presentar todos los elementos de prueba (documentos, testigos, expertos) al Tribunal al final de la primera audiencia del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional desestimará todas las pruebas propuestas después de este plazo, salvo que la Parte pueda demostrar que no hubiera podido hacerlo antes. En los casos más pequeños (hasta 2,000 EUR), todos los datos de la demandante debe mencionarse y presentados en el escrito de demanda. El Tribunal adoptará su decisión basándose exclusivamente en las pruebas presentadas por las partes y se compromete a no buscar pruebas adicionales de oficio. Procedimientos penales en materia ambiental son tratadas por los fiscales del Estado, que deben proporcionar todos los elementos de prueba. La persona que presentó una denuncia penal, en que se incoó el procedimiento, no se espera que aporte los datos en la materia. En los procedimientos ante el Tribunal administrativo (procedimiento contra una decisión administrativa negativa), las partes no pueden presentar nuevas pruebas que podrían haber presentado ya en el procedimiento administrativo. Esto significa que las partes deben ser prudentes a la hora de presentar todas las pruebas ya durante el procedimiento administrativo. Sin embargo, el tribunal puede buscar pruebas adicionales sobre sus propios, con el fin de proceder a la conclusión correcta al respecto. En materia de medio ambiente, probar la responsabilidad y para establecer la conexión entre la causa y el efecto, obtener una experiencia útil y adecuada es una condición básica para demandar. Hechos puede justificarse únicamente sobre la base de dichos conocimientos. Sin embargo, no existen expertos independientes, no gubernamentales y los organismos que presten dichos conocimientos. La mejor manera consiste en recurrir a un perito que también es registrado como perito judicial («Sodni izvedenec») del Ministerio de Justicia y Administración Pública (http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenView). http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenView Adecuadas pruebas periciales, el Tribunal podrán tener en cuenta únicamente tal experiencia de perito judicial, por supuesto, si la otra Parte está de acuerdo con esta afirmación. En caso contrario, el Tribunal se pronunciará al experto de acuerdo con las partes. Los peritos del Tribunal puede asimismo relacionarse con una institución de expertos. Antes de definir los expertos interesados pueden presentar sus observaciones sobre la selección. No existe una norma de procedimiento que el órgano jurisdiccional utilizará un perito en los casos en los que determinados hechos o circunstancias deben clarificarse, y el Tribunal de Justicia no dispone de tales conocimientos especializados. El dictamen del experto es especialmente importante porque en asuntos ambientales una parte intenta probar algo diferentes, como se indica en dictámenes periciales elaborados por las autoridades estatales y que se supone cierto. Los jueces disponen de la facultad de apreciación en cuanto a los conocimientos especializados, en comparación con otras pruebas. Las Partes pueden formular observaciones sobre la experiencia y el experto pueden ser llamados a explicar ante el Tribunal. Conocimientos técnicos insuficientes en determinadas circunstancias (no conforme), el Tribunal puede elegir un nuevo experto. No obstante, si la experiencia no tiene deficiencias, el Tribunal considera que la prueba de conocimientos especializados.
Al cuestionar una decisión administrativa, el recurso tiene efecto suspensivo sobre la decisión recurrida. Un recurso contra una decisión administrativa ante el Tribunal administrativo no tiene necesariamente un efecto suspensivo. Algunos asuntos están excluidos y se determinan por ley, por ejemplo, en los casos de los permisos de construcción para los objetos de importancia reconocida a nivel estatal, cuando una acción judicial contra tal permiso se presente ante un tribunal, no tiene efecto suspensivo. La imposición de medidas cautelares en asuntos medioambientales pueden expedirse en el marco de procedimientos judiciales, pero esto no es aplicable a todos los casos. La imposición de medidas cautelares está regulada en el cumplimiento y garantía de los créditos; Esto solo está permitido en relación con algunas alegaciones y material o inmaterial dirigidas contra los bienes de la parte contraria. El Tribunal de Justicia tiene la obligación (ni) decidir sobre medidas cautelares rápidas. Por otra parte, la posibilidad de recurso contra dicha resolución judicial. El Reglamento de medidas cautelares, sin embargo, no son específicas para los asuntos relacionados con el medio ambiente. Para la mayoría de las decisiones administrativas (excepto como en el proceso de permisos de construcción de objetos de importancia), este sistema se establece que las resoluciones no son válidos o «en vigor» hasta que se haya agotado la vía judicial ordinaria (suponiendo que existan vías de recurso), el Instituto de medidas cautelares, por lo tanto, no es realmente necesario.
Procedimiento administrativo los costes están reguladas en la Ley de tasas administrativas y tasas judiciales están reguladas en la Ley de tasas judiciales. Las tasas no es elevado, por lo general en torno a los 100 EUR. Pero si el procedimiento ante Tribunal incluye una demanda de indemnización, las tasas son más elevadas en relación con el importe de la indemnización solicitada. Gastos administrativos son inferiores. La mayor parte de los costes son costes de abogados, expertos y peritaje; El peor de los casos se pierde el caso y que cubre todos estos costes de la parte contraria, los costes pueden ascender a varios miles de euros. Al final del procedimiento judicial de los costes según el principio de «éxito». Pero puede suponer un problema para la parte ganadora si se incorpora una compensación. Los costes se repartirán entre las partes según una proporción entre el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida y la cantidad requerida de compensación. Por lo que aunque las partes logra demostrar que la otra parte sea responsable de un daño ambiental, gana el asunto y se concedió una indemnización, pero la cantidad exigida es mucho más elevado que el importe concedido, el partido ganador aún debe cubrir su parte de los costes que puede ser incluso superior al importe de la indemnización concedida.
Cuestiones medioambientales no se establecen con una razón especial para la concesión de exenciones para gastos en los procedimientos judiciales. Con arreglo a la Ley de asistencia jurídica gratuita en todos los casos una persona individual o de una organización pueden ser, en determinadas condiciones, eximir del pago de las costas procesales. Para las personas físicas la condición es su precaria situación financiera. Esto, sin embargo, no se aplica a las organizaciones. Pueden quedar exentos en virtud de un estatuto de interés público. Con arreglo a leyes diferentes, distintas organizaciones no gubernamentales de Eslovenia puede recibir calificación en interés público en distintos ámbitos. De conformidad con la Ley de protección del medio ambiente, pueden obtener el estatuto de actuar en el interés público de la protección del medio ambiente y, de conformidad con la Ley de protección de la naturaleza — pueden obtener el estatuto de que actúen en interés público de la protección de la naturaleza. Tales organizaciones pueden recibir asistencia jurídica gratuita si van a Tribunal de Justicia en relación con el ámbito de su interés público. La condición general para la asistencia jurídica gratuita está también que el asunto tiene buenas perspectivas. La asistencia jurídica gratuita puede cubrir tasas judiciales, honorarios de abogados, los gastos de los testigos, peritos y otros costes del procedimiento. Sin embargo, no cubre los costes de la parte contraria en caso de perder el traje. Una persona o una organización debe solicitar la asistencia jurídica gratuita más cercano en tribunales de primera instancia o administrativos. Si se estima la solicitud, la organización se le asigne un abogado. Casi no hay prácticas de abogados pro bono en Eslovenia, aunque existen algunos signos iniciales de cambio en este ámbito. Hay algunas excepciones en casos concretos y hubo asimismo un proyecto de paz bajo los auspicios del Instituto (http://www.mirovni-institut.si/Projekt/All/en/stran/2) — Desarrollo de la capacidad de trabajo de los abogados pro bono en Eslovenia. http://www.mirovni-institut.si/Projekt/All/en/stran/2 Todos los abogados se dirigieron a adherirse, y algunos acordado, sin embargo, ninguna de ellas era un especialista en materia de medio ambiente. Aunque se han hecho algunos esfuerzos en este sentido, no existe un «clínicas jurídicas» que se ocupen de asuntos medioambientales. Además, no existen bufetes jurídicos especializados en asuntos medioambientales de interés público y abogados. Solo hay una ONG que intentan determinar el estatuto legal de la protección medioambiental con un centro de abogados especializados en asuntos medioambientales. También existe un centro de ONG (legal-information nevladnih organizacij Pravno-informacijski Center — PIC) http://www.pic.si/, que tiene estatuto de ONG de interés público en la protección del medio ambiente. http://www.pic.si/ También existen otras ONG medioambientales con el presente Estatuto que tengan algún apoyo jurídico dentro de la organización y participan en algunos casos (como la avifauna dopps Eslovenia (Društvo za opazovanje preučevanje ptic en Eslovenia) http://www.ptice.si/). http://www.ptice.si/
Se supone por lo general órganos administrativos a adoptar una decisión en un plazo de 30 días. En algunos casos, un procedimiento de investigación adicional si es necesario, se les debe decidir en el plazo de 60 días. Según algunas leyes especiales que dichas condiciones pueden ser diferentes (normalmente en plazos más largos). Los órganos administrativos si deciden no sean activos o con retraso, no hay sanciones; Los solicitantes podrán realizar determinadas acciones judiciales después de transcurrido el tiempo necesario para la ejecución. Cuando existe un órgano administrativo superior para recurrir a recurrir, como si el Órgano decide negativo inferior. Si no existe un órgano administrativo superior, la demandante debería, en primer lugar, recordar al órgano que los haya pasado el tiempo y que debe facilitar una decisión en otros 7 días. Transcurrido dicho período, el demandante puede iniciar el procedimiento judicial ante el tribunal administrativo. Algunos plazos generales se aplican para dictar decisiones en materia medioambiental y la Ley de protección del medio ambiente establece diferentes plazos para determinadas decisiones. De acuerdo con el Decreto EIA, un órgano administrativo debe expedir una autorización medioambiental («okoljevarstveno soglasje») en un plazo de 3 meses, pero este plazo en 30 días para la participación del público no está incluido) y en 6 meses un permiso medioambiental» («dovoljenje okoljevarstveno Seveso, IPPC) — y otros 30 días para la participación del público también es no incluidos). Para los procesos judiciales en general la legislación no establece límites, sino varias leyes introducen algunas excepciones. Esa ley es la Ley de protección del medio ambiente que prevé un período de 3 meses para la decisión del Tribunal administrativo de los permisos ambientales y permisos medioambientales. En otros asuntos ambientales ante los tribunales eslovenos no existen plazos legales para emitir decisiones. Si el procedimiento se inicia con un gran retraso o lleva demasiado tiempo para tomar una decisión, con arreglo a la protección del derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, las Partes en el procedimiento tengan derecho a presentar un recurso ante el Presidente de control del Tribunal competente. A continuación, el juez informes sobre el caso y explica las razones del retraso, después de que algunas medidas para acelerar el proceso de adopción. Si no hay razones del retraso, si la parte tiene derecho a una compensación financiera en determinadas condiciones. Las partes en los procedimientos judiciales están sujetos a plazos estrictos. Tras la recepción de la demanda por el Tribunal de Primera Instancia, el demandado debe responder en el plazo de 30 días, en caso contrario, el Tribunal podría decidir en favor de la demandante. Además, deberá presentar pruebas o propuestas al Tribunal en el primer juicio, a más tardar; Posteriormente, solo es posible si las partes no pueden hacerlo dentro del plazo establecido fuera de su propia falta. No existe una duración habitual de los asuntos medioambientales, ya que solo hay unos pocos tribunales administrativos en movimiento, sino probablemente decidir, en el plazo de un año.
Habitualmente, las decisiones ambientales son impugnadas en el procedimiento administrativo a través de su participación en el procedimiento o con vías de recurso contra las decisiones administrativas emitidas. Muchos de ellos no son impugnadas por el público; La principal razón de ello es la falta de conocimientos jurídicos en materia de medio ambiente. El público no tienen suficientes conocimientos sobre el tema, competentes para dichos procedimientos. Por otro lado, los honorarios de los abogados no son sistemáticamente estudios en materia medioambiental. Por lo tanto, existe un escaso número de los asuntos medioambientales en Eslovenia. Además, existen alrededor de 1500 leyes y disposiciones reglamentarias sobre la ordenación del territorio, medio ambiente y protección de la naturaleza con la normativa especializadas relativas al agua, los bosques, la agricultura, etc., que cambian continuamente, por lo que es difícil hacer frente a su gestión. La ordenación del territorio y las cuestiones ambientales están estrechamente interrelacionadas, pero los responsables de la toma de decisiones en materia de medio ambiente y de ordenación del territorio sean estrictamente separados. Todas estas cuestiones se ultimó en el procedimiento de permiso de construcción, cuando ya es tarde para intervenir. Por consiguiente, no hay un portal para informar y orientar a los ciudadanos sobre el modo de acceso a la justicia con arreglo al Convenio de Aarhus las demandas. El Ministerio de Medio Ambiente ha apoyado económicamente la preparación de un folleto sobre los recursos legales en materia ambiental (en 2010), que ha sido publicada (solo en inglés) en el sitio Internet PIC: http://www.pic.si/dokumenti/Pravna_sredstva-prirocnik-V2-popravek.pdf.
Métodos alternativos de resolución de litigios como una posible manera de resolver un problema o un posible conflicto en Eslovenia. No existen normas especiales, pero muchos mediadores formados y especializados que ofrecen sus servicios. Cuando ya existe un asunto judicial puede pasar entonces a las partes del proceso de resolución alternativa de litigios, con arreglo a la Ley relativa a la resolución alternativa de litigios en materia judicial, lo que tiene efectos desde junio de 2010. Los anuncios procedimiento comienza con una propuesta del Tribunal (el Tribunal está obligado a presentar tal propuesta) o por iniciativa de un Juez o las partes. Sin embargo, la resolución alternativa de litigios no está excluida en caso bajo la jurisdicción de los tribunales administrativos.
La Constitución eslovena prohíbe la discriminación basada en el país de origen y la lengua. Todos los procesos, las vías de recurso y otros escritos presentados ante el Tribunal deberán estar redactados en la lengua eslovena. En las regiones fronterizas de Eslovenia, donde viven las minorías húngara e italiana, la húngara o italiana idiomas podrán utilizarse. La sentencia del Tribunal y otros escritos se emitió también en esloveno (ni el italiano o de nacionalidad húngara. Si se participa en una audiencia ante el órgano jurisdiccional, se le permite utilizar su propia lengua y el Tribunal proporciona un intérprete para traducir, de forma gratuita.
Aspectos medioambientales transfronterizos están regulados en la Ley de protección del medio ambiente. Este Reglamento regula:
Los casos de contaminación transfronteriza, cooperación de ministerios de ambos países con el fin de intercambiar información y de preparar planes para mejorar la situación;
La cooperación dentro de la EAE y la EIA: Si un plan o una actividad podría tener un impacto transfronterizo, el Ministerio remitirá al organismo competente del país afectado el plan o proyecto en el informe ambiental, presentar una solicitud de una declaración sobre la implicación del país afectado en el proceso. Si el país afectado desea participar, los organismos competentes de ambos países decidan sobre plazos dentro de los cuales el país afectado debe preparar observaciones sobre el plan y el informe medioambiental;
La cooperación de la EAE y la EIA con un Estado miembro de la UE: Si el Ministerio se introduzca en un plan o un proyecto y el informe medioambiental de otro país y decide que pudiera tener cierta incidencia en Eslovenia, que el Ministerio envía una declaración de la autoridad competente del otro país, a incluir a la Ministra eslovena en el procedimiento. Si el país está de acuerdo, los comentarios de los organismos competentes para la defensa del medio ambiente en las zonas especialmente Eslovenia deben obtenerse y el público debe participar, al igual que en los planes nacionales o actividades de la EAE o EIA. Tras recibir las observaciones, el Ministerio remitirá al organismo competente del otro país. Si el Ministerio de medio ambiente obtiene información informal sobre la preparación de planes o actividades en otros países que podrían repercutir en Eslovenia, se exige que el plan o proyecto y el informe medioambiental procedentes del otro país. La Ley de protección del medio ambiente contiene normas de participación del público, cuando el Estado decide participar en transfronterizo en materia de EAE o EIA. Afirma que el ministerio público debe participar, al igual que en los asuntos internos de la EAE y de la EIA. Esto significa anuncio público y 30 días de debate público abierto. No existen normas en materia de elegir el tribunal en Eslovenia o en otro país. Ante los órganos jurisdiccionales nacionales, solo las decisiones de los tribunales eslovenos pueden impugnarse.
Sistema y procedimientos algo al tribunal en Eslovenia sobre la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil http://ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/jurisdiction_courts_sln_en.htm. http://ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/jurisdiction_courts_sln_en.htm
No existe una página web con las legislaciones nacionales en materia de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como tampoco una página web con información sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente a disposición del público de un modo estructurado ni accesible. pero:
registro de toda la legislación en Eslovenia http://zakonodaja.gov.si/ http://zakonodaja.gov.si/
Las vías de recurso en cuestiones medioambientales manual (Pravna sredstva na področju varstva okolja) elaborados por las ONG — Center for legal-information Pravno-informacijski Center nevladnih organizacij PIC (PIC) en 2010 — http://www.pic.si/dokumenti/Pravna_sredstva-prirocnik-V2-popravek.pdf http://www.pic.si/dokumenti/Pravna_sredstva-prirocnik-V2-popravek.pdf
Los tribunales eslovenos página oficial, http://www.sodisce.si/ http://www.sodisce.si/
expertos en medio ambiente figuran en la lista de peritos judiciales del Ministerio de Justicia y Administración pública de los tasadores Tribunal http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenView y en http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebCenilci%29?OpenView http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenView http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebCenilci%29?OpenView
No existe una lista de abogados pro bono y las oficinas de la legislación medioambiental, por lo que solo el enlace a su Colegio de Abogados (Odvetniška zbornica Slovenije) http://www.odv-zb.si/en/about-the-bar http://www.odv-zb.si/en/about-the-bar
Defensor de los derechos humanos (Varuh človekovih pravic) http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6 http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6
El Ministerio Fiscal http://www.dt-rs.si/sl/english/ http://www.dt-rs.si/sl/english/
Information Commissioner (en lo sucesivo, «Informacijski pooblaščenec») — https://www.ip-rs.si/?id=195 https://www.ip-rs.si/?id=195
Las ONG medioambientales pertinentes, con estatuto de Estado por interés público (Ley de protección del medio ambiente):
Administración de Umanotera, Slovenska fundacija za razvoj trajnostni eslovena (Fundación para el desarrollo sostenible»), http://www.umanotera.si/ — Coordinador de la red de ONG de medio ambiente Za slovenjo plan B y los miembros http://www.planbzaslovenijo.si/plan-b-za-slovenijo http://www.umanotera.si/ http://www.planbzaslovenijo.si/plan-b-za-slovenijo
Ipop, inštitut za politike prostora (Instituto de políticas territoriales) http://ipop.si/ — Coordinador de la red de ONG que traten de cuestiones espaciales Mreža za Prostor) y espacial (neto de los miembros http://ipop.si/
Focus, Focus sonaraven društvo za razvoj (Asociación para el desarrollo sostenible»), http://focus.si/index.php?node=35 http://focus.si/index.php?node=35
Društvo za opazovanje dopps, en preučevanje ornitológicas ptic Slovenije (Eslovenia) (http://www.ptice.si/). http://www.ptice.si/
Slovenski e-Forum, društvo za energetsko ekonomiko e-Forum eslovena en ekologijo (Asociación para la eficiencia energética y la ecología) http://www.se-f.si/home http://www.se-f.si/home
Pravno-informacijski Center nevladnih organizacij Center for legal-information — PIC (ONG) (http://www.pic.si/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=195). http://www.pic.si/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=195
Lutra, inštitut za ohranjanje naravne dediščine (Lutra, Instituto de Conservación del patrimonio natural) (http://www.lutra.si/). http://www.lutra.si/
Trajnostni inštitut za razvoj (Instituto para el desarrollo sostenible»), http://www.itr.si/ http://www.itr.si/
EKO krog, društvo za naravovarstvo okoljevarstvo (eco en círculo, Asociación para la conservación y la protección del medio ambiente natural) (http://www.ekokrog.org/). http://www.ekokrog.org/
Brez ekologi meja ecologistas (sin fronteras) (http://ebm.si/oj/). http://ebm.si/oj/
No excusa Brez izgovora Slovenija (Eslovenia) (http://www.noexcuse.si/). http://www.noexcuse.si/

References: resolución 
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