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Timestamp: 2019-03-26 12:45:46+00:00

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1.- FORMAS DE DESIGNACION DE LOS GOBERNANTES.
Parlamentarismo monarquía
Mixtas Semi parlamentarismo -
Formas autocráticas
Por todo esto nos da que el autoritarismo es: un sistema político con un pluralismo limitado, no responsable, sin una ideología elaborada y directora (pero con mentalidad peculiar), carente de movilización intensa y en los que un líder o un grupo reducido ejerce el poder dentro de limites formalmente mal definidos, pero bastante predecibles
Poseen una fuerte ideología (ejemplo. Nacional socialismo alemán- pureza de la raza aria; fascismo italiano- grandeza de la nación) Estas ideologías producen intensas movilizaciones políticas, que buscan legitimar el régimen. No existen libertades individuales. Es un régimen de partido único. Se puede llegar a votar pero en todo caso siempre al mismo partido. Acá hay siempre un líder carismático ejerciendo el poder. Hay una militarización de la sociedad. Hay centralización económica.
El estado se concibe como totalitario y esencial. Las autoridades públicas intervienen en todos los órdenes sociales, por lo que no existe la libertad individual.
Son aquellas formas de gobierno cuyas características son tomadas de dos sistemas distintos, teniendo rasgos que los hacen diferentes a sus formas originales.
La cohabitación es imposible en el Presidencialismo, en este se le da el nombre de democracia consociativa.
Diversas Formas Democráticas
El ejecutivo y el legislativo son dos órganos con idéntica legitimidad, no habrá supremacía de uno sobre el otro; la íntima relación entre el ejecutivo y Parlamento no existe, se establece aquí la separación de poderes con autonomía y monopolio de acción atribuido a cada magistratura: el Ejecutivo al Presidente, el Legislativo al congreso y el Judicial a los tribunales.
Al Jefe de Estado lo elige el parlamento o es un Rey. El Jefe de Gobierno (1° ministro) se elige llamando a sufragio para elegir parlamentarios de la cámara baja. Al líder parlamentario del partido que ha obtenido la mayor cantidad de votos, el Jefe de Estado le encarga formar gobierno y luego el Parlamento lo inviste como Primer Ministro.
La transición mexicana a la democracia llegó a su fin. El viejo régimen, el régimen del presidencialismo sin fronteras, el régimen del partido sin competencia y elecciones sin garantías, el régimen sin crítica y escrutinio públicos, el régimen del Estado grande y la sociedad pequeña, ha quedado en el pasado.
Que la transición concluyó es un hecho sobre el cual no se quiere polemizar con estas líneas: los partidos políticos compiten, ganan y pierden elecciones; los ciudadanos votan y sus votos deciden; la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones se ha instalado y domina el ambiente preelectoral, lo mismo en los comicios para la integración de los ayuntamientos que en las contiendas para la renovación de los poderes locales y federales; los medios de comunicación ejercen la crítica sin restricciones y una gran diversidad de voces se expresan con libertad; todos los cargos políticos están incluidos en el juego democrático, se disputan en las urnas. ¿No es esto la democracia?
Si se atiende a los criterios de calificación democrática de los más destacados estudiosos de los procesos de cambio político, México pasa la prueba. Juan Linz, por ejemplo, sintetiza su criterio al respecto en las siguientes condiciones: libertades políticas individuales, sistema de partidos competitivo, elecciones libres, inclusión de todos los cargos políticos efectivos en el proceso democrático y sufragio universal. Así que ahora la cuestión es otra: después de la transición
No es casual que el caso paradigmático de las transiciones recientes, España, tenga en su haber una experiencia democrática fallida: la República fundada en 1931 y aplastada en 1939, luego de tres años de una cruenta guerra civil. De la experiencia se aprende, y en la España de los treinta, sin descontar otros factores, el derrumbe de la democracia se debió en gran medida a la inestabilidad e ineficacia de los sucesivos gobiernos democráticos. Por ello el reciente proceso español de transición y consolidación democrática puso el acento en las exigencias de estabilidad y eficacia de la democracia, con un éxito tan rotundo como envidiable.
La clave estuvo en el diseño del régimen constitucional. Fue una obra casi perfecta. La construcción democrática española fue posible gracias a dos actitudes que a primera vista pueden parecer contradictorias, la imaginación y la autor restricción de las partes, pero que en la práctica arrojaron una fórmula muy afortunada. La imaginación, porque frente a las arraigadas y singulares exigencias del regionalismo y del multiculturalismo del Estado español, los constituyentes fueron capaces de realizar un diseño original que asegurara un equilibrio entre la diversidad y la unidad necesarias. Y la autor restricción, porque frente a viejos agravios y viejas posiciones, la republicana, por un lado, y la anticomunista, por el otro, los actores políticos tuvieron la inteligencia de desechar los maximalismos y, en cambio, poner el acento en la articulación de los consensos mínimos. Parafraseando la voz de la rebeldía universal de los sesenta, se podría decir que con su transición los españoles llevaron no sólo la imaginación al poder, sino también la sensatez y la responsabilidad.
El espacio para un debate constructivo se ha reducido de tal modo y los obstáculos para la negociación y los acuerdos políticos se han elevado tanto que, fuera de la solución de las exigencias más inmediatas, la democracia mexicana en su breve vida no ha hecho mucho más que girar sobre el eje de los asuntos relativos a la competencia electoral, como dando vueltas a la noria. Y lo peor es que la ruta hacia las elecciones del 2000, lejos de prometer condiciones propicias para romper el círculo vicioso, anuncia la multiplicación de los obstáculos para un debate serio y para la construcción de consensos mínimos en torno a la gobernabilidad en democracia. ¿Cuáles deberían ser los ejes del debate y los consensos? Veo tres ejes fundamentales. El primero se refiere al diseño político-institucional del régimen democrático. El segundo se refiere a la legalidad. Y el tercero a las definiciones estratégicas sobre las políticas públicas del Estado.
Los partidos Políticos, el Partido Revolucionario Institucional y su relación con el Ejecutivo
Si la estabilidad y la eficacia del régimen postrevolucionario tuvieron como soportes el extraordinario poder presidencial y la imbricada red de arreglos políticos y prácticas clientelares al margen de la ley que, en forma arbitraria, lo mismo premiaban que castigaban, resulta evidente que en las definiciones para la sustitución de esos dos viejos soportes reside la clave para construir la estabilidad y la eficacia democráticas. Se podrá decir, con razón, que la competencia electoral y sus efectos en la composición de los órganos de representación política han acotado y seguirán acotando el poder presidencial, hasta ceñirlo del todo a sus límites constitucionales; eso está muy bien, y sin duda es un efecto virtuoso de la vida democrática, pero no resuelve la condición de la eficacia en democracia. Se podrá decir también, con buenos argumentos, que la pluralidad y la alternancia en el ejercicio del poder, al destruir el dominio exclusivo de un partido sobre el aparato estatal y someter al poder político al control y escrutinio públicos, están deshilando y acabarán por deshilar completamente la red de prebendas y complicidades que han hecho de la legalidad y la ilegalidad una cuestión de privilegios políticos o económicos; sin duda la pluralidad y la alternancia pueden acabar por desmontar los arreglos del viejo régimen, pero eso no resuelve la exigencia de fincar un Estado de Derecho efectivo, donde la aplicación de las leyes y el acceso a la justicia aseguren la eficacia del ordenamiento jurídico.
Los principales partidos de Oposición; características.
El régimen autoritario de Porfirio Díaz (1877-1911) fue terminado por el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Este movimiento buscaba una mayor igualdad en la repartición de tierras y de riquezas entre todos los segmentos de la población, incluyendo a las clases campesinas más desfavorecidas. La Revolución Mexicana instauró un documento federal conocido como la Constitución de 1917, de las más avanzadas en su tiempo, ya que contemplaba disposiciones de tipo social. Las contribuciones principales de esta Carta Magna son las “garantías individuales” y el rechazo absoluto a la reelección presidencial.
La existencia de caudillos poderos y de pobreza generalizada en el país hicieron necesaria la definición de un frente político que evitara en lo sucesivo un nuevo levantamiento.
El General Plutarco Elías Calles invitó el 1ro. de Diciembre de 1928 a todos los partidos, agrupaciones y organizaciones políticas de la República a unirse y formar un Partido Nacional Revolucionario. El 4 de Marzo de 1929 se fundó el PNR.
El 30 de Marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas declaró formalmente la creación de la Asamblea Nacional Constitutiva del Partido de la Revolución Mexicana que sustituiría al PNR. El PRM inyectó una nueva orientación ideológica y sectorizó las bases de apoyo del partido, que hicieron surgir los sectores obrero, campesino y militar.
El 18 de Enero de 1946 se convocó a la Segunda Gran Convención del Partido de la Revolución Mexicana, que dio lugar a la transformación al Partido Revolucionario Institucional. El nuevo partido quedó constituido por los sectores agrario, obrero y popular y adoptó como el lema “Democracia y Justicia Social”
De acuerdo a la información publicada por el partido, las principales contribuciones del PRI al país son: un crecimiento sostenido del 6% después de la Segunda Guerra Mundial; el impedimento de golpes de estado y la garantía desde 1946 de un régimen civil; la reforma agraria; la educación gratuita para todos; la protección de los derechos de los trabajadores y la justicia social.
El PRI ha manifestado que su estancia de 70 años en el poder no ha sobrevivido por un régimen autoritario, sino porque “refleja la fuerza y la debilidad, las virtudes y los defectos de los propios mexicanos: combinan un sentido ritualista de lo jerárquico con una enorme capacidad de negociación”.
Manuel Gómez Morín trató de reunir a las personas con ideologías opositoras del país para formar un nuevo partido político, bajo una sólida doctrina y un principio rector: el establecimiento en México de la democracia como forma de gobierno y como sistema de convivencia.
El pensamiento del PAN ha sido denominado Humanismo Político, el cual está basado en el realismo moderado de la filosofía aristotélico-tomista y que tiene como elementos centrales los siguientes:
Persona Humana. El ser humano es persona con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales.
Bien Común. Conjunto de valores morales, culturales y materiales que serán conseguidos mediante la ayuda recíproca de los hombres, para mejorar la convivencia y el desarrollo de la persona.
Solidaridad. Se basa en la vinculación de la persona-sociedad e implica entre éstas un respeto recíproco.
Política. Capacidad y obligación de servir al hombre y a la comunidad; y no como oportunidad de dominio sobre los demás.
Democracia. Fundada en la igualdad esencial de todos los seres humanos.
Antecedentes del PRD.
Dentro del PRI surge un movimiento de tipo democrático que postula que para llevar realmente la democracia al país es necesario iniciar en casa, es decir, que deben darse las condiciones necesarias para que la voluntad de las mayorías afiliadas dentro del partido se vea justamente representada. Propone también un cambio en las políticas económicas de México para evitar la sujeción al Fondo Monetario Internacional. Este movimiento no es bien recibido y fuerza a sus simpatizantes a desprenderse del partido oficial.
El principal dirigente de este movimiento es el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, el cual busca apoyo en las organizaciones de izquierda socialista del país para unir fuerzas y crear un nuevo partido político. Los grupos que ofrecen apoyo al Ing. Cárdenas son, entre otros: El Partido Mexicano Socialista, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista Unificado de México, la Coalición de Izquierda y el Movimiento de Acción Popular.
Fundación del PRD.
El 5 de Mayo de 1989 tuvo lugar la Asamblea Nacional Constitutiva del Partido de la Revolución Democrática.
El partido propone restaurar la República al fundar las instituciones en una cultura de política de libertad, racionalidad y tolerancia; y terminar con el régimen caduco del privilegio y la injusticia, del partido del Estado y el corporativismo, de la dependencia y la corrupción.
A partir de entonces, se le ha ubicado en el centro izquierda, identificado con las tendencias populistas, por sus políticas de carácter “social”, y su constante apoyo a los más “desfavorecidos”.
La alternancia en diversos estado de la República y en el Distrito Federal.
El salto ha sido enorme. Sus efectos sobre el mapa de la distribución del poder político constatan sus alcances, mientras en 1982, de un total de 3,479 cargos de elección popular, incluyendo la Presidencia, el Congreso, las gubernaturas, los congresos locales y las presidencias municipales, el PRI ocupaba el 91%, para 1997 ya sólo contaba con el 54%. Actualmente, más del 40% de los municipios son gobernados por algún partido distinto del PRI; de las treintaidós entidades federativas, el PAN gobierna seis y el PRD cuatro, entre las cuales está la capital de la República; y en el ámbito federal el PRI no cuenta ya con su histórica mayoría en la Cámara de Diputados.
2.- LA DIVISION DE PODERES.
Alcances de la división de poderes.
La teoría de la división de poderes fue enunciada por Montesquieu en su obra “El Espíritu de Las Leyes”, a mediados del siglo XVIII.
Separación formal de poderes y partidos Dominantes.
LA CONSTITUCION de la República establece el régimen de división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial .Los dos señalados en primer término son de elección popular.
Las facultades del Poder Ejecutivo.
La propia Constitución dispone que el ejercicio del "Supremo Poder Ejecutivo de la Unión" se deposita "en un solo individuo, que se denominará 'Presidente de los Estados Unidos Mexicanos" 3. Las facultades del Poder Ejecutivo Federal abarcan varios aspectos importantes:
a) Promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión;
b) ejecutar las leyes;
c) realizar todas las actividades que constituyen la administración pública;
d) designar y remover libremente a los secretarios del despacho;
e) nombrar, con la aprobación del Senado, a los agentes diplomáticos, ministros y cónsules generales; a los oficiales superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, a los empleados superiores de Hacienda, al Procurador General de la República y a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 8 ; disponer del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Guardia nacionales
f) declarar la guerra, previa decisión del Congreso de la Unión en ese sentido
g) "dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado"
h) convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, si es que así lo acuerda la Comisión Permanente
Además del artículo 89, que se ocupa expresamente de las facultades y obligaciones del Presidente, hay varios otros que añaden otras funciones y facultades.
Las facultades del Poder Legislativo
La Constitución de la República dispone asimismo que el Poder Legislativo quede depositado en un Congreso General, y que éste se divida en dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores . Con respecto de sus facultades,
a) una parte de ellas las reserva en exclusiva a la Cámara de Diputados sin intervención de su contraparte, y
b) otra a la de Senadores, en condiciones semejantes;
c) otro grupo de ellas exigen de la participación de ambas cámaras, y
d) un último grupo contempla facultades que corresponden por igual a ambas cámaras , pero que son ejercidas por separado y de manera independiente con respecto de la otra.
De entre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, las principales son
a) "Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación" y
b) "revisar la Cuenta Pública del año anterior", lo que tendrá por objeto "conocer los resultados de la gestión financiera, (y) comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto"
Otra de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados consiste en erigirse en órgano acusador en el caso de los juicios políticos a funcionarios que gocen de fuero constitucional.
De entre las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores sobresalen por su importancia las de orden político internacional y, dentro de ellas, "aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo de la Unión" . Está entre sus facultades exclusivas asimismo la de "erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan os servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales"
De entre las facultades del Congreso de la Unión, que requieren de la participación separada y sucesiva de ambas cámaras, para efectos de este estudio sobresalen, en primer término, las de orden propiamente legislativo y exclusivas del ámbito federal . Por lo que se refiere a la materia hacendaria, compete a las dos cámaras la aprobación de la Ley de Ingresos ; "dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, aprobar esos mismos empréstitos y reconocer y mandar pagar la Deuda Nacional". Importantes son también, sin duda alguna, las facultades que se relacionan con la posible vacante del Ejecutivo, temporal o definitiva:
a) Corresponde al Congreso de la Unión conceder licencia al Presidente de la República para ausentarse de su cargo;
b) aceptar su renuncia,
c) "constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al Presidente de la República, ya sea con carácter de sustituto, interino o provisional.
Es facultad del Congreso declarar la guerra . Por último, en materia de facultades, hay que señalar que "cada una de las cámaras puede, sin intervención de la otra:
Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior;
Comunicarse con la cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones de su seno;
Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma;
IV. Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus respectivos miembros.
Las relaciones entre las cámaras del Congreso de la Unión
Hay que señalar, por otra parte, que la Constitución no hace referencia alguna a diferencias de rango entre ambas cámaras del Congreso, por lo que se les infiere de igual jerarquía. En seguida, resulta pertinente expresar que son varios los artículos constitucionales que hablan de las relaciones entre ellas:
a) El artículo 66, por ejemplo, responsabiliza a las dos cámaras de acordar entre ellas las fechas de conclusión de los períodos ordinarios de sesiones y, en caso de que no llegaren a un acuerdo, faculta al Presidente de la República para que resuelva.
b) El artículo 68 establece que ambas cámaras residirán en un mismo lugar "y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas". Y en caso de que no pudieren llegar a un acuerdo, faculta al Ejecutivo para que resuelva.
c) El mismo artículo establece que ninguna cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra.
d) El artículo 72 señala que "todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones".
Y añade que una vez que en la cámara de origen se haya aprobado un proyecto, pasará para su discusión a la otra
e) En el caso de que la cámara revisora deseche en su totalidad un proyecto de ley o decreto, sigue planteando el mismo artículo constitucional, "volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho." La cámara de origen presumiblemente ratificará la aprobación del proyecto que ya antes había aprobado, quizá atendiendo las sugerencias de la revisora o no. Si de cualquier forma lo aprueba, "volverá a la cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración". Si esta segunda vez la cámara revisora lo aprueba, pasará al Ejecutivo para su promulgación. En caso contrario, "no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones".
f) Podría suceder que la cámara revisora sólo rechazara en parte un proyecto, lo modificara o adicionara. Si eso ocurre, "la nueva discusión de la cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones aprobados". En el supuesto de que la cámara de origen apruebe por mayoría absoluta las reformas sugeridas por la colegisladora, pasará al Ejecutivo para su promulgación. Empero, también puede ocurrir que la cámara de origen rechace las reformas; en tal caso, volverá el proyecto por segunda vez a la revisora. Y ésta podría declinar en cuanto a los cambios sugeridos, con lo que estaría resuelto el conflicto y el proyecto pasaría al Ejecutivo. Pero podría insistir en ellos "por mayoría absoluta de los votos presentes". En tal caso, todo el proyecto quedaría "congelado" y no podría volver a presentarse para su discusión sino hasta el siguiente período de sesiones, "a no ser que ambas cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes".
g) La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, "con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados." En la cámara donde fue presentado el proyecto será dónde se discuta, "a menos que transcurra un mes desde que se pase a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra cámara”
En síntesis, como puede verse, ambas cámaras del Congreso de la Unión son esencialmente interdependientes.
Esta teoría ha sido ampliamente superada, conservándose, eso sí, su principio básico de la división de las funciones del Estado en tres (ejecutivo, legislativo y judicial), y la separación de lo órganos que las realizan. Principio que se basa en una distribución racional del trabajo y que permite alejar el peligro del abuso del poder.
Teoría de la Preponderancia de Funciones.
Sobre la base del principio de la división de las funciones del Estado en tres se ha formulado esta teoría. Las funciones del Estado están en directa relación con sus fines, de suerte que en principio ellas son innumerables. Sin embargo, por razones prácticas, se las agrupa en tres: ejecutiva, legislativa y judicial.
Según este planteamiento, esas tres principales funciones, se ejercen cada una en forma preponderante o preeminente y no excluyente por órganos distintos.
Lo anterior significa que la función ejecutiva es ejercida principalmente por el órgano ejecutivo (Presidente de la República); la función legislativa se realiza esencialmente por el órgano legislativo (Congreso Nacional o Parlamento) y la función jurisdiccional, se desarrolla en forma preponderante por el órgano jurisdiccional (Tribunales de Justicia).
Se señala que cada órgano ejerce su función en forma principal, pero no excluyente, de suerte que una misma función puede corresponder a dos órganos. Así por ejemplo, el Presidente de la República (órgano ejecutivo) no sólo ejecuta la ley sino también participa en el proceso de su formación; el Congreso Nacional además de legislar puede ejercer funciones jurisdiccionales a través del juicio político.
El caso de Conseil d'Etat francés
Este es el caso francés, que ha inspirado e influido determinantemente la mayoría de los sistemas de derecho administrativo y constitucional, y, entre ellos, el nuestro. Ciertamente, el establecimiento del sistema general de responsabilidad del Estado en Francia fue fruto de la labor jurisprudencial del Consejo de Estado y del Tribunal de Conflictos; en Italia ha sido a partir de la aplicación de las normas de derecho común que regulan la responsabilidad extracontractual; en Inglaterra y España su configuración se ha determinado por vía legislativa a través de la aplicación de normas especiales en la materia; en Colombia el sistema de responsabilidad del Estado ha sido producto de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado con fundamento en las normas generales consagradas en la Constitución Política y los principios elaborados por esta evolución jurisprudencial fueron finalmente plasmados a nivel constitucional en el artículo 90 de la Constitución de 1991.
En efecto, en el Derecho Francés de principios del siglo XIX se consagraron diversos supuestos especiales de responsabilidad del Estado en materia de daños causados por obras públicas (Ley de 28 Pluvioso año VIII) y por disturbios (Decreto de 10 vendimiario año IV). Fuera de estos casos expresamente establecidos en la ley, predominaba el principio de irresponsabilidad del Estado, por lo que al afectado sólo le quedaba la posibilidad de exigir ante los tribunales ordinarios, en los términos del derecho civil, la responsabilidad del funcionario autor del daño.
No es sino hasta el 8 de febrero de 1873, que por vía jurisprudencial el Tribunal de Conflictos en el famoso Arret Blanco establece y reconoce en Francia la existencia de un Estado responsable. Esta decisión, dictada con ocasión del conflicto de competencias planteado sobre una demanda de daños y perjuicios ejercida contra el Estado por el padre de una niña arrollada por un vehículo de una empresa Manufacturera de Tabacos propiedad de la Administración, estableció que la responsabilidad del Estado no podía ser regida por los principios establecidos en el Código Civil para las relaciones particular a particular, pues esta responsabilidad “tiene reglas especiales que varían según las peculiaridades del servicio y la necesidad de conciliar los derechos del Estado con los intereses privados.”
El 6 de julio de 1997 pasará a la historia como un día importante. No hace mucho, en 1985, el país tenía un sistema de partido prácticamente único, en el que el PRI ganaba más de 70 por ciento de los votos en la mayor parte del país. El pluralismo y la competencia llegaron a México, a sus ciudadanos, antes de que hubiera un sistema de reglas democráticas y una voluntad política de apertura y de reforma; así fue 1988, elección que pasó a la historia como fraudulenta y se le recuerda por haberse caído el sistema de cómputo. En 1991 el PRI, y sobre todo la Presidencia, lograron una restauración: no regresamos a 1985, pero sí hubo un desmoronamiento del cardenismo. En 1994 se hizo famoso el voto del miedo; el país salió a votar de forma masiva (78 por ciento); ya no hubo un fraude burdo, pero sí una grave inequidad y una amplia desconfianza. Hoy, en 1997, la votación fue copiosa y los ciudadanos fueron a votar con una idea muy clara: propiciar un cambio y hacerlo a través de las urnas.
Por primera vez en la historia vimos actitudes, modos, prácticas y resultados nuevos en este país. Fueron muchas las imágenes que de alguna forma sorprendieron. Los primeros resultados fueron la confirmación de las encuestas. Para nadie era un misterio que Cárdenas estaba en la ruta del triunfo en el Distrito Federal, pero verlo ya como una confirmación de las primeras encuestas de salida fue como la llegada de una certidumbre. Ver al candidato del PRI, unos minutos después, reconocer las tendencias favorables para el PRD es un dato significativo. En 1989, la primera vez que un partido de oposición ganó o se le reconoció el triunfo de una gubernatura (Baja California) hubo casi una guerra interna para que se aceptara.
Uno de los cambios más radicales, sin duda, fue la dinámica de la información electoral. A partir de las ocho de la noche, momento en que se empezaron a producir resultados, la preocupación era por los números, por los datos. Atrás quedaron las maniobras, las complicadas operaciones de fraude que todavía en el sexenio anterior eran una práctica normal. En 1994 las encuestas de salida coincidieron en los números, pero la elección fue tan desequilibrada y el país estaba tan atribulado que los comicios no despertaron grandes emociones. La noche del 6 de julio el punto de atención eran los resultados preliminares, las encuestas de salida y las primeras declaraciones. La información electoral no sólo son los datos, sino también las actitudes. Durante las primeras horas de llegada de los resultados se expresaron actitudes republicanas como no se habían visto en México en toda su época moderna.
El presidente Zedillo, después de las 11 de la noche, emitió un discurso novedoso, que marca un punto y aparte, un buen inicio para empezar un cambio político de fondo en México. Durante años hemos sido críticos del poder y de las actitudes autoritarias del presidencialismo; por eso ahora no tenemos problemas en asumir un reconocimiento a los cambios que emblemáticamente confirmó el Presidente. Perdió su partido muchos puestos claves de elección, pero la Presidencia se fortaleció de la única forma en la que puede hacerlo de ahora en adelante: con actitudes democráticas.
La novedad más importante de la jornada de este 6 de julio fue sin duda la instalación de un sistema de multipartidismo moderado, de tres grandes fuerzas, que llegó para quedarse. El momento más emotivo de la noche electoral fue el triunfo de Cárdenas como el primer gobernador democrático del Distrito Federal, pero el equilibrio de fuerzas que llegó al Congreso y de forma más específica a la Cámara de Diputados, es un dato fundamental. El Programa de Resultados Preliminares (Prep) empezó a generar datos que mantuvieron proporciones similares desde que se tuvo seis por ciento de las casillas hasta que llegó a 36.3 por ciento, es decir, el PRI, con 36.4 por ciento; el PAN, con 28.2 por ciento, y el PRD con 26.2 de los votos para diputados a nivel nacional. Los seis estados en los que había una gubernatura en disputa también confirmaron las tendencias que mostraban las encuestas previas; con datos muy preliminares, el PAN estaba adelante en Nuevo León y Querétaro y el PRI en el resto (Colima, San Luis Potosí, Campeche y Sonora).
La alternancia y la división de Poderes
Fueron 37 millones 603 mil 855 los ciudadanos que votaron en las pasadas elecciones federales. Estos representan el 63.97% de una lista nominal de 58 millones 782 mil 737 mexicanos. Hubo 32 mil 455 personas que pusieron el nombre de un candidato no registrado; otros 789 mil 828 personas optaron por anular su voto o marcaron de manera incorrecta. Los votos validos de la elección fueron 36 millones 814 mil 27.
Entre 1994 y el 2000, el padrón electoral creció en un 25%, o sea, 12 millones mas de votantes en todo el país. Los votos del PRI en el campo disminuyeron del 51% en 1997 al 42.2% en estas elecciones. El PAN subió del 16% al 35.5% y el PRD del 13.15% al 22%.
Vicente Fox, de la Alianza para el Cambio que contó con la alianza del PAN y del PVEM, obtuvo 15 millones 988 mil 725 votos (43.43%); seguido de Francisco Labastida Ochoa del PRI con 13 millones 544 mil 368 votos (36.88%); y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano de la Alianza por México con 6 millones 259 mil 12 votos (16.44%).
Por su lado, Gilberto Rincón Gallardo del PDS obtuvo 592 mil 72 votos (1.61%); Manuel Camacho Solís del PCD 208 mil 258 votos (0.57%); y en ultimo lugar el PARM con 157 mil 119 votos (0.43%) para un candidato inexistente ya que el ex priísta, ex perredista y ahora ex parmista, Porfirio Muñoz Ledo, renuncio a la candidatura días antes de la contienda electoral para unirse a la campana de Vicente Fox.
Vicente Fox gano la mayoría de los votos presidenciales en 20 estados del país de un total de 32 incluyendo el Distrito Federal, y que representan el 62.5%: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Además, gano en los cinco estados con mayor padrón en el país: estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato y Veracruz, que le reportaron un total de 6 millones 675 mil 881 votos.
Francisco Labastida obtuvo la mayoría en 11 estados que representan el 34.3% de las entidades en el país: Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Por su lado, Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo la mayoría de los votos en su natal estado de Michoacán y se ubico en segundo lugar en los estados de Guerrero, Tabasco y el Distrito Federal.
Ahora analicemos los resultados desde otro punto de vista. Según el resultado de las elecciones presidenciales, el estado mas priísta es Sinaloa (63.87%) y el menos panista después de Guerrero, y es el primer estado en donde Fox visita a su gobernado. El estado mas panista es Guanajuato (60.75%); y el mas perredista Michoacán (37.14%). El estado menos priísta es el Distrito Federal (24.01%), el menos panista es Guerrero (18.56%), el menos perredista es Yucatán (3.90%). El estado del Sur y Sur-Sureste mas perredista es Guerrero (35.21%) y los menos perredistas fueron Yucatán y Puebla (3.90% y 12.11%, respectivamente).
El estado con mas abstencionismo fue Chiapas con un 52.19%; y el de mayor participación Yucatán con el 71.95% donde el PRI y el PAN se disputaron los votos con un punto porcentual de diferencia a favor del PAN (46.08% y 47.09%, respectivamente).
De los resultados presidenciales el PAN tuvo un porcentaje en los estados que oscilo entre el 60.75% de la preferencia electoral en Guanajuato y el otro extremo con 18.56% en Guerrero, estado donde obtuvo menos votos.
Fueron cuatro estados donde obtuvo más del 50% de los votos, por orden de importancia: Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y Sonora. Los estados donde tuvo entre el 40 y 50% de los votos fueron los estados de, por orden de importancia: Baja California, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, México, Distrito Federal, Puebla, Durango y Campeche. Los votos donde obtuvo entre el 30 y el 40% están: Veracruz, Baja California Sur, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas y Nayarit. Entre el 18.56% y el 30% están: Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sinaloa y Guerrero. Así, los tres estados mas pobres del país, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son los estados con menor arraigo del PAN.
En el caso del PRI, la oscilación de sus votos estuvo entre los rangos del 63.87% de los votos en Sinaloa y el 24.01% en el Distrito Federal. Sinaloa es el único estado donde el PRI obtuvo más del 50% de las preferencias electorales. En el rango entre el 40% y 50% de los votos a favor del PRI están los estados de, por orden de importancia: Nayarit, Yucatan, Durango, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Campeche, Puebla, Tamaulipas y Nuevo León. Es el rango del 30% y 40% de los votos a favor del PRI están se ubican la mayoría de los estados: Tabasco, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Coahuila, Veracruz, Baja California, Colima, Tlaxcala, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Sonora, Baja California Sur, Quintana Roo, México, Morelos y Michoacán. Solo en los estados de Guanajuato y Distrito Federal, el PRI obtuvo menos del 30% de los votos.
En el caso del PRD, la oscilación de sus votos presidenciales estuvo entre el 37% en Michoacán y el 3.90% en Yucatan. Entre los estados donde gano entre el 30% y el 40% de los votos solo encontramos a los estados de Michoacán, Guerrero y Tabasco. En el rango del 20% al 30% se ubican en orden descendente: Baja California Sur, Distrito Federal, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas. Entre el 10% y el 20% están: Morelos, México, Veracruz, Nayarit, Quintana Roo, Hidalgo, Campeche, Sonora, Puebla, Colima y Durango. Y menos del 10% de los votos: Coahuila, Sinaloa, Baja California, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y Yucatan. El PRD obtuvo mayor porcentaje de los votos de Baja California Sur que en el Distrito Federal, donde actualmente gobierna y donde nuevamente gano la jefatura del gobierno con Manuel López Obrador.
Para la Cámara de Senadores (con 28 senadores en total), el PRI obtuvo 60 curúles (tenia 77 senadores antes del 2 de julio), 46 el PAN (tenia 40), 15 el PRD (tenia 22), 5 el PVEM, uno el PT y uno Convergencia Democrática.
Para la Cámara de Diputados (compuesta por 500 diputados), el PRI obtuvo 209 diputaciones (tenia 239 diputados), 208 el PAN (tenia 117), 52 el PRD (tenia 126), 15 el PVEM, 8 el PT, 3 Convergencia Democrática, 3 el PSN y 2 el PAS.
En cuanto a la elección para diputados federales, la Alianza por el Cambio obtuvo todos los distritos en dos entidades: Aguascalientes y Baja California. El PRI gano todos los distritos en 4 estados: Tlaxcala,
Nayarit, Campeche e Hidalgo. La Alianza por México gano solo en mayor
numero de distritos en 12 entidades.
El PRI gano más distritos en los estados de Veracruz, seguidos de Chiapas, Estado de México, Oaxaca y Guerrero. En el Distrito Federal no gano un solo distrito, pero hasta el momento mantiene la mayoría en 21 congresos locales y cuenta con 21 gobernadores.
Tradicionalmente, la válvula de seguridad del sistema encontró su garantía en la alianza del PRI y del PAN en el Congreso de la Unión. Esto se refuerza con la disminución drástica de la izquierda ya que una alianza del PRI y el PAN en la Cámara de Senadores sumarian 106 votos contra 22 de los demás partidos. En la Cámara de Diputados sumarian 417 votos contra 83 de los otros partidos políticos. Sin embargo, la derrota del PRI, la nueva alternancia en el poder presidencial y la nueva posición de todos los partidos en el escenario del Congreso, podría alterar esta correlación.
Para el PRI, la derrota ha significado muchos cambios. Dividido el partido entre varias facciones internas, unos exigen la renuncia de su dirigencia nacional y hasta del propio Presidente Ernesto Zedillo; otros grupos luchan por la dirección de su partido. El títere sin cabeza busca un liderazgo que desean ahora ocupar los gobernadores priístas o quienes fueran los dirigentes nacionales. Las discusiones al interior han incluso planteado la necesidad de cambiar nuevamente el nombre al PRI. Ya ha tenido tres nombres: Partido Nacional Revolucionario en 1929, Partido de la Revolución Mexicana en 1938 y Partido Revolucionario Institucional en 1946. Sin embargo, los llamados "dinosaurios" del PRI, los viejos priístas del llamado "Nuevo PRI", siguen vivos. Ahora ellos encabezan, sin trabajar en campañas y pese a la derrota presidencial, los puestos para diputados y senadores.
El PAN también vive dificultades internas para definir su posición ante su candidato que gano la presidencia. Vicente Fox ha declarado que no gobernara el PAN y este ha rechazado la posibilidad de recibir la línea presidencial para votar en el Congreso. El PRD también enfrenta fuertes divisiones de grupos de poder al interior, y algunos acusan a la dirigencia nacional por la derrota al grado de exigirle su renuncia.
La transición a la normalidad democrática
Los términos de transición democrática y transición a la democracia tienen diferente significado en el entorno del sistema político mexicano. La transición a la democracia es un fenómeno y un proceso que se manifiesta en el sistema político como un cambio de un tipo de gobierno autoritario y nacionalista a otro que está basado en mecanismos que son democráticos. La transición democrática no significa la transferencia de poder de decisión al pueblo, sino la eliminación de las funciones del modelo de Estado que emergió de la Revolución Mexicana.
La tendencia presente en esta transición es "la consolidación de las condiciones que definen la contienda por el poder." La transición a la democracia corresponde a lo que Bartra denomina ciclo largo o profundo y Castañeda llama cambio de sistema, mientras que la transición democrática corresponde al ciclo corto y a cambios en el sistema.
Bartra explica el término transición como el paso de un sistema con una estructura más o menos establecida a otro sistema con una estructura también más o menos definida. Distingue dos ciclos de transición, corto y largo. En el ciclo corto que comprende el período que va de 1988 al 2000, se da la transición política al sistema democrático. El ciclo largo se inicia en 1968, implica una crisis de cultura política y de identidad política nacionalista. Bartra afirma en Fractal que las reglas formales del sistema democrático ya están en operación, aunque desde la perspectiva del ciclo largo todavía no se pueda hablar de que se haya creado una alternativa cultural y civilizadora de fondo que estabilice efectivamente la vida democrática.
No obstante, a un año de haberse dado la transición política en México, los resultados dejan mucho que desear y parece ser más un ardid propagandístico. Debido a la incapacidad de la nueva clase gobernante, a los problemas internos de los partidos políticos, y a una sociedad civil débil, el avance de la transición democrática es incierto. La carencia de acuerdos hacia el interior de los partidos políticos dificulta la recomposición de la transición e incrementa la incertidumbre política y económica.
La transición democrática en México corresponde al tipo de transición que contiene propuestas de cambio social, pero que no han logrado concretarse en la realidad. En realidad es cuestionable cualquier cambio que se esté dando en la relación entre gobierno y la sociedad, como se esperaba. De hecho, la transición democrática mexicana no se ha acompañado por un nuevo pacto social. Michelangelo Bovero sostiene que no se puede hablar de transición en México.
Este cambio social puede estar orientado por reclamos que se hacen al Estado mexicano más que por cambios de orden cultural que correspondan a una sociedad posdemocrática y postnacionalista, como algunos analistas han sugerido. En todo caso, la transición democrática apuntaría hacia "un espacio regido por formas políticas que no están condicionadas por identidades nacionales" y por tanto a "la emergencia de formas socializadas e identidad que no están fincadas en la lógica del Estado-nación"
El proyecto de transición democrática en México es frágil porque ha sido resultado del impulso modernizador de la economía bajo el influjo de una política económica neoliberal que propone la integración económica de México a la economía global bajo los principios del libre mercado. Así, el proyecto de transición está profundizando la política económica neoliberal, en vez de que se modifique. El motor de cambio de esta transición a la democracia ha sido la derecha representada por el Partido Acción Nacional (PAN) y por los tecnócratas que impulsaron la política económica neoliberal. Democracia y libre mercado son dos premisas de este nuevo orden.
El proyecto de Estado neoliberal, como forma de gobierno se ha fortalecido con la introducción del TLC, pero no es un factor de cohesión social como lo era el modelo anterior. En contraste con las formas de control autoritario de la movilización ciudadana que ejerció el PRI, los otros partidos como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se comprometieron con una participación voluntaria de la ciudadanía por una democracia política. El gran impulso democratizador en México lo da en 1988 el partido político que postula a Cárdenas, quien como disidente del PRI le disputa el triunfo, aunque al final "el sistema" no lo reconoce.
Lamentablemente, el PRD no es un actor eficaz en la transición política por su debilitamiento interno producto de un sentimiento de considerarse las víctimas del sistema y por las divisiones entre los negociadores que detentan la dirección pero que carecen del poder real y una corriente de izquierda radical obstinada en vetar iniciativas de políticas públicas con orientación neoliberal, incapaz de enfrentar los retos que representa la ola democrática y la tendencia globalizadora de los mercados. En términos generales, el PRD queda inhabilitado para convertirse en el promotor de la transición mexicana.
La transición del sistema político mexicano es producto de factores políticos, económicos, sociales y culturales múltiples dados durante un proceso de modernización desde el 68. Para otros, la transición se inició en 1988 con procesos de creciente violencia y desinstitucionalización De acuerdo a Acosta Silva), "la transición es un tipo de cambio político gradual, negociado y centrado esencialmente en las reglas del juego político, las que regulan la acción colectiva de los actores políticos. Pero además en el caso mexicano, la transición siempre se centró explícitamente en un esfuerzo intencionado por evitar la violencia, un acto deliberado asumido por los principales actores políticos del proceso."
Así, la transición a la democracia fue rezagada intencionalmente por una reforma que centraba todo en torno a la política económica. Más que un avance democrático, se puede hablar de una poliarquía expansiva. Por lo tanto, la democracia alcanzada tiene sus propios límites al no poder distribuir en forma más equitativa los ingresos y al disminuir la gobernabilidad de la sociedad. La competencia política entre partidos políticos es el punto en que más avances se han dado en la democracia mexicana. Sin embargo, para que un Estado funcione en la democracia requiere de poner en práctica y diseminar en toda la estructura los principios basados en el Estado de derecho, respeto a las garantías individuales, laicidad abierta, división de poderes, etc., capaces de generar una cultura política que permita la convergencia ideológica y de intereses de las diversos agentes y actores políticos.
No obstante, el multiculturalismo de los pueblos mexicanos lo que reclaman es transitar del modelo de Estado homogéneo a un modelo de Estado plural que reconozca sus derechos para determinar su desarrollo. La unidad del Estado plural es "el resultado del acuerdo entre los pueblos que componen el Estado y que deciden libremente aceptar una Constitución y colaborar en objetivos comunes" de acuerdo a Villoro, La situación actual planteó un proceso de desarrollo contrario, en el cual la heterogeneidad de los actores políticos que diluyen su identidad y evitan compromisos y definiciones específicas con la reforma política e institucional, se traduce en una fragmentación de la estructura del Estado y retrasa la transición democrática.
Esta crisis de identidad política dispersa hacia la izquierda política a quienes mantienen firmeza en la aplicación de los principios del nacionalismo revolucionario que llegó a su máxima expresión en el proyecto de nación marcado por un populismo en la década de los setenta, incapaces de enfrentar los retos de las tendencias de la democracia política y de la globalización económica, mientras que el sector modernizante del PRI se orientó hacia la apertura de espacios a la clase tecnocrática poseedores de una nueva cultura basada en la eficiencia gerencial.
Después de la crisis, Zedillo tuvo la posibilidad de establecer un pacto de transición de régimen, pero la postergó hasta ser rebasado por los acontecimientos. La transición democrática ha tenido altos costos debido a ciertos factores como la desconfianza e incredulidad política. El PRI ya no pudo mantener la unidad revolucionaria y se vuelve vulnerable frente a las presiones internas y a los desafíos internacionales. Como lo señala Rubio, las dos lógicas del proceso de cambio, una de la sociedad y otra del gobierno, entraron en conflicto.
Finiquitar el presidencialismo trajo consigo un incremento de actividades de violencia que ha dificultado mantener la gobernabilidad de la sociedad mexicana. El presidencialismo autoritario del antiguo régimen tiende a ser sustituido por un presidente hiperactivo pero ineficaz que apoyado en un populismo mediático trata de recomponer la gobernabilidad del sistema político, económico y social en lo que Semo ha denominado el reemplazo de un régimen corporativo por una democracia dirigente.
Con la pérdida del PRI de la Presidencia de la República en las elecciones del 2000, se inicia la hegemonía de la gestión gerencial empresarial en el gobierno, destreza que intentan trasladarla a la administración pública. La tendencia es a la reproducción del modelo político burocrático empresarial en el que las grandes corporaciones transnacionales participan intensamente para influenciar en aquellas decisiones del gobierno que reportan beneficios directos a sus negocios, en detrimento del Estado mexicano. De hecho, Fox maneja al gobierno nacional como si fuera un gran corporativo y no está consciente que gobernar una república es diferente que manejar una gran empresa. Fox confunde gobernar con vender
Es decir, ahora son los hombres de negocios los que realizan las funciones públicas del Estado. Así lo reconoció cuando sostuvo ante corporaciones japonesas que "nosotros somos empresarios, somos gentes de negocios los que estamos actualmente en el gobierno". Posteriormente, en una entrevista a un diario panameño, dejó en claro que su gobierno "es de empresarios, por los empresarios y para los empresarios me considero un promotor nato, y salgo para eso, para atraer inversiones" . En otra reunión agregó que el gobierno mexicano es "un hombre de negocios, que entiende de los negocios y que no solamente los alienta, sino los apoya y se compromete con ellos, ¡este es el gobierno que somos!” La nueva clase política emergente confunde la economía con la política.
La nueva clase política, que da forma a la oligarquía en el poder, está integrada por empresarios y por representantes del gran capital. Esta oligarquía está respaldada por un sector privado activo e institucionalizado que controla la economía mexicana y que provoca una restricción política al gobierno. Los empresarios son los nuevos actores-agentes del desarrollo económico que han tomado cautivo al Estado mexicano mediante el débil y fracturado gobierno de Fox, quien como empresario es un gobernante que sigue pensando y actuando como empresario, vendiendo a México como si fuera una empresa y no una nación. Esta mentalidad empresarial se reflejó en su campaña política y se sigue expresando en sus actividades presidenciales, en donde el presidente se presenta como un producto fabricado conforme a los requerimientos de sus clientes y no de los ciudadanos mexicanos. Fox necesita más de un equipo de especialistas en mercadotecnia que de un proyecto de nación y de un programa nacional de desarrollo.
El gobierno mexicano se configura así con hombres de negocios. La visión empresarial si bien es más completa con respecto al funcionamiento de la producción económica, se encuentra totalmente orientada a la gran concentración de capitales en las grandes corporaciones, limitando el desarrollo del sector formado por las micros, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Lo que es bueno para la macroeconomía en los procesos de globalización, genera resultados negativos en las estructuras de la microsociedad.
La "changarrización" como propuesta de Fox no logrará eliminar estas fallas estructurales. De hecho, Fox nunca prometió el cambio de estrategia económica distinta de la neoliberal. A pesar de las promesas de cambio de política económica, Fox se ha limitado a dar continuidad y a profundizar las políticas macroeconómicas heredadas del régimen anterior.
La transición se realiza bajo un régimen autoritario, concentrador de las decisiones de gobierno, a un régimen que marca la alternancia del poder ejecutivo en forma ordenada, sin violencia, acotando así al presidencialismo con instituciones normalizadas y bajo una nueva realidad. El Estado mexicano se pluraliza con la participación de todas las fuerzas políticas que confluyeron en la transición Para algunos analistas sólo hubo alternancia porque las instituciones continúan siendo las mismas. Sin embargo, esta transición será incompleta sino incluye cambios relativos a política económica, gobernabilidad social, sistemas de seguridad pública y una política social que estimule la cobertura de educación, salud, generación de empleo, alimentación y vivienda.
De un régimen que mezclaba el autoritarismo en contradicción con algunas libertades democráticas, a la liberalización y democratización del régimen político. Esta forma de alternancia del poder es deseable porque permite la participación de grupos y personas a quienes se les limitaba su participación. Sin embargo, la realidad muestra que el proceso de reconstrucción está fundamentado en una continuidad de la dinámica de la política económica neoliberal hegemónica en donde el presidencialismo sigue siendo el paradigma del control, ahora bajo formas sutiles de consenso que abre cauces de participación pero que no está exenta, sino que además facilitan la tentación del control autoritario para centralizar todo el poder.
Según es fama, a lo largo de los últimos años nos hemos acostumbrado a pensar el cambio político en México sobre el eje privilegiado que distingue "autoritarismo" y "democracia". Con ser una parte de la verdad, creo que esta manera de ver las cosas deja en la penumbra un asunto de creciente importancia: la solución a los problemas de la construcción democrática no necesariamente implica establecer un orden político eficazmente gobernable. De este modo, buena parte del debate entre los analistas ha ido por el lado de establecer si México es "más o menos" democrático, o si se ha liberalizado "más o menos", pero se le ha prestado menos atención al hecho de que el México de hoy es bastante menos gobernable que el de ayer. Y en este asunto en nada nos ayudará esgrimir una imagen ingenua de las bondades, de las incuestionables bondades, de la democracia.
A mi manera de ver, la transición política que México está viviendo tiene dos caras: por un lado, un cambio al nivel de lo que habitualmente se llama la forma de gobierno, pero por otra parte, este complejo proceso de cambio involucra también el tránsito hacia un nuevo paradigma de gobernabilidad de perfiles todavía inciertos y en gestación. Se trata de una transición con dos frentes, porque mientras una cara mira el conjunto de reglas que determinan quien y bajo qué condiciones ejerce el poder, la otra cara mira el problema de su ejercicio eficaz. En este último caso, nos referimos a ese oscuro pero institucionalizado entramado de reglas, escritas y no escritas, entre factores reales de poder, que garantizó estabilidad a lo largo de décadas.
Naturalmente, remarcar el hecho de que la gobernabilidad se finca primordialmente en el ejercicio efectivo del poder, no significa menoscabar los componentes consensuales y legitimadores del ejercicio del gobierno; de hecho, sin un grado importante de consenso es difícil pensar que las medidas de un gobierno se vuelvan eficaces. Pero aun así es necesario contrapesar una imagen demasiado difundida de la transición (un cambio en el patrón legitimatorio plasmado al nivel de las reglas de juego del régimen político), con la consideración del cambio en el patrón de reglas capaces de mantener un orden político estable en el cual sea posible ejercer, de manera previsible, un control efectivo sobre variables y actores sociopolíticos claves.
Después de lo sucedido en los últimos meses, a nadie escapa que ese antiguo paradigma de gobernabilidad se ha venido debilitando de manera paulatina, y en los últimos tiempos, de modo espectacular. Pero aquí surge una paradoja digna de la mayor atención: si bien la declinación del paradigma de gobernabilidad autoritario coadyuva al proceso de transición a la democracia, habida cuenta que esa declinación configura una mayor "dispersión" fáctica de las fuentes de poder (del centro político hacia la periferia, de la Presidencia hacia el mayor control parlamentario y ciudadano, del partido de gobierno a un incipiente sistema de partido competitivo, etc.), el proceso de transición democrática no recrea, per se, un nuevo paradigma de gobernabilidad. En ese nuevo paradigma —dice la doctrina democrática— se deberían eliminar (¿se deberían eliminar?) los viejos mecanismos que hacían gobernable el antiguo sistema (léase, por caso, redes clientelares y dispositivos corporativos), reemplazándolos por la lógica competitiva de los partidos políticos. Más allá del hecho de que el Congreso es un mal sucedáneo para los acuerdos entre el capital y el trabajo —cosa que dejo para discutir en otro momento— quisiera ilustrar mi argumento con un mecanismo específicamente político, si es que vale la expresión.
En efecto, el revés de la trama argumental que presento se aclara mejor cuando intentamos iluminar la "caja negra" del sistema político mexicano desde una perspectiva comparativa. Así, una nota distintiva del sistema ha sido que las condiciones de ejercicio del poder forman (o más bien, formaban) parte del mismo dispositivo de selección para el acceso al poder. Lo que en un sistema político democrático está usualmente escindido en dos momentos, en México está (o estaba) contenido en el mismo, complejo, y a ratos insondable paquete de reglas. De este modo, mientras en países plenamente democráticos las reglas para decidir quién gobierna permanecen en un aislamiento relativo respecto de los anclajes y acuerdos efectivos con los factores reales de poder (empresarios, trabajadores organizados, actores externos, etc.), en México todo ello es, o era, procesado mediante acuerdos cupulares al interior de las dos piezas centrales del sistema, la Presidencia y el partido de gobierno.
En la misma línea de esta distinción, Samuel P. Huntington señalaba hace mucho tiempo que en los países democráticos las elecciones se ganan con un tipo de personas (la "coalición electoral") pero que se gobierna —de manera efectiva— con otro tipo de gente (la "coalición gobernante"). Con el agregado de que la constitución de la primera coalición era obviamente previa a la segunda. Hasta donde puedo ver, México ha sido un raro caso donde el sistema político procesaba de antemano —entre la Presidencia y el partido— las condiciones para ejercer un grado de gobierno decorosamente eficaz, para después construir —por cualquier medio— una coalición electoral legitimadora.
En tal sentido, buena parte del desafío actual proviene no tanto de jugar en el escenario electoral las condiciones de acceso al poder, sino de haber escindido el momento de la construcción de la coalición gobernante. Si Salinas de Gortari fue el último presidente que pudo usufructuar el viejo dispositivo de gobernabilidad, no deja de ser una cruel ironía de esta transición "bifronte" que el presidente más legítimo —desde el punto de vista electoral— que ha tenido México en muchos años, sea hoy uno de los presidentes más débiles; un presidente que debe salir, un poco a tientas, a construir una nueva coalición que haga gobernable el país.
La cercanas experiencias de países como Argentina o Brasil bien podrían servir de ejemplo a quienes sólo ven el actual cambio político mexicano en términos de autoritarismo versus democracia. En esos casos, la dispersión del poder político desde un "centro" autoritario constituyó, de hecho, una precondición para la transición democrática, pero esa misma dispersión fue, a la postre, uno de los principales obstáculos en el camino de construir un orden político gobernable. Por lo demás, no se necesita viajar por el mundo para darse cuenta que, en el mejor de los casos, la legitimación electoral-democrática puede ser una condición necesaria, más no suficiente, para ejercer una gobernabilidad eficaz.
Es una lástima que muchas veces se pierda de vista que gobernar democráticamente es una cosa bastante distinta a tener una democracia
Democracia y madurez social.
Una sociedad cada vez más diversificada y fuerte, mejor organizada y autónoma del Estado, con partidos también autónomos y en un sistema electoral en el que el poder se encuentra en juego en elecciones más libres, equitativas y transparentes, con un sector privado desarrollado y una prensa independiente, han venido a erosionar las bases del sistema presidencialista.
Si a ello se agregan la fortaleza actual de los contrapoderes —el narcotráfico y la delincuencia—, el rezago electoral y político del PRI así como el anticipado y espectacular desarrollo de la carrera por la presidencia de la República, se comprende por qué el presidencialismo ha visto diluidos sus fundamentos: la eficacia en su gestión y la legitimidad de su función.
La democracia supone la utilización de procesos electorales para decidir qué ciudadanos van a encargarse de las tareas de gobierno fundamentales. El carácter representativo supone:
En su aspecto positivo, la exigencia de que todo ciudadano debe haber podido intervenir en las decisiones políticas por medio de representantes elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En definitiva, la consagración del principio "una persona, un voto".
En su aspecto negativo, el predominio de las decisiones tomadas de esta manera frente a otras formas de gobierno directo o parlamentario, que resultan inviables en sociedades de dimensiones y complejidad extraordinarias, ver.
Con independencia de que cada sistema político se configure como presidencialista o parlamentario, corresponde a los representantes elegidos el desempeño de los poderes legislativo y ejecutivo, sujetos a los controles establecidos por la Constitución, respetando los derechos fundamentales y las libertades públicas y con los límites que determinan la separación entre los poderes y la configuración constitucional de cada uno de ellos.
Reformas electorales constitucionales y legales
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 79 anos, desde el 8 de julio de 1921 hasta el 7 de abril de 2000, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ha sufrido 406 modificaciones, derogaciones, reformas y adiciones.
Venustiano Carranza, primer presidente posrevolucionario, no realizo ninguna modificación a la Constitución Política. Pero los siguientes 16 presidentes de la Republica comenzaron a modificarla a partir de 1921 con Álvaro Obregón. De todos ellos, son los últimos tres sexenios de políticas neoliberales, tan solo 18 de los 79 anos, o sea el 22.78% de este periodo, quienes han realizado el 43.53% de los cambios a las leyes constitucionales (193 modificaciones en total).
De estos tres periodos presidenciales, tan solo el del Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) ha realizado 74 cambios (el 18.22% del total de ellos en el 7.59% del tiempo transcurrido desde 1921). Es en este periodo donde se llevaron a cabo negociaciones de libre comercio con alrededor de 40 países del mundo (ver Boletín Chiapas al DIA No. 198). De ahi le siguen las 65 modificaciones de Miguel de La Madrid, 54 de Carlos Salinas de Gortari, 40 de Luis Echeverría Álvarez, 34 de José López Portillo, 22 de Abelardo L. Rodríguez, 20 de Miguel Alemán Valdés, 19 de Gustavo Díaz Ordaz, 18 de Plutarco Elías Calles, 18 de Manuel Ávila Camacho, 15 de Lázaro Cárdenas, 11 de Adolfo López Mateos, 8 de Álvaro Obregón, 4 de Pascual Ortiz Rubio, 2 de Emilio Portes Gil y 2 de Adolfo Ruiz Cortines.
La Constitución Política, las leyes básicas del país y de todo mexicano, se compone de 136 artículos (más 19 transitorios). Las dos terceras partes de ella (el 69.11%) se ha modificado por medio de reformas, adiciones o derogaciones. Esto es equivalente a 94 artículos modificados que son los siguientes: 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 123, 127, 130, 131, 134, 135.
Estos artículos se refieren a los siguientes aspectos y temas: sobre el derecho a la educación; la composición pluricultural de la Nación Mexicana, la igualdad ante la ley y los derechos a la salud, vivienda y trabajo; el derecho a la manifestación de la ideas, la portacion de armas; sobre la integridad personal, familiar y del domicilio; sobre la administración de la justicia, prisión y detención; prohibición de la tortura y otras violaciones a los derechos humanos; libertad religiosa, desarrollo y plantación nacional; propiedad de la tierra, recursos naturales y limites de la Nación; sobre las áreas estratégicas, empresas y concepción del monopolio del estado. Otros artículos sobre la nacionalidad mexicana, las obligaciones y derechos de los mexicanos y del ciudadano mexicano; sobre la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno; sobre las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional y la división de Poderes.
También se han modificado artículos referentes al papel, funcionamiento, instalación, elección, composición y facultades del Congreso de la Unión (diputados y senadores) así como los mecanismos para poder modificar las leyes constitucionales. De todos, el que más modificaciones ha sufrido es el artículo 77 constitucional con 44 cambios y que se refiere a las facultades del Congreso.
Otros artículos modificados se refieren a las facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo y requerimientos para ser Presidente; así como los referentes al Municipio Libre, el poder publico de los estados y del Distrito Federal; sobre el trabajo y la previsión social, las relaciones Estado - Iglesia así como lo referente a las importaciones y exportaciones. Es importante hacer mención que han sufrido modificaciones la totalidad de los artículos referentes al Poder Judicial de la Nación y a las Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El articulo 135 constitucional reza así: "La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas pro la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”.
Con el ascenso de Fox al poder político en México, emerge un nuevo nacionalismo mexicano que emblematiza el ascenso de la derecha doctrinaria y el poder empresarial con todo el soporte macroeconómico, con una orientación pragmática y dirigida por los procesos de globalización. Petras considera que el gobierno de Fox es un régimen cliente de la administración Bush, que pretende extender la influencia de Estados Unidos mediante el sistema de maquiladoras propuesto en el Plan Puebla- Panamá. De acuerdo al analista, el proyecto de Fox es "convertir México en el estado 51 de EE.UU., una anexión de facto por invitación. El papel de México es exportar mano de obra barata para que sea explotada en EE.UU., e importar capital estadounidense para explotar los ahorros, los recursos, y las empresas públicas en México involucra la suspensión de todas las regulaciones laborales y de los beneficios sociales (al estilo de las maquiladoras) y el financiamiento del gobierno mexicano de una masiva infraestructura (carreteras, puertos, etc.)"
El estilo personal de Fox se ajusta a los intereses hegemónicos, a los cuales hace avanzar mientras que se debilita al Estado mexicano. En repetidas ocasiones, la nueva clase política gobernante ha demostrado que anteponen sus intereses personales y de grupo a los intereses nacionales, sin tomar en cuenta que sus derechos políticos son por ser ciudadanos mexicanos y no por ser empresarios. Hasta ahora, las instituciones han sido capaces de detener los abusos del poder ejecutivo. No obstante, los empresarios se reconocen ya como la única fuerza productiva.
La doctrina neoliberal entra en alianza con el conservadurismo para mantener en el poder a un gabinete con antecedentes empresariales y a los tecnócratas, los mismos que en el pasado han sido cómplices de mantener una política económica. Este gabinete trata de resolver los problemas económicos, políticos y sociales con las mismas soluciones que han demostrado ser ineficientes y que solo agravan la perpetuación de la crisis. Así, la estructura gubernamental se ha vuelto más compleja e integrada por empresarios y tecnócratas que dan continuidad a una política económica que ha demostrado ser injusta al profundizar las diferencias económicas de los mexicanos.
El sistema político mexicano ya no requiere de fuentes externas de legitimidad, ya que la misma eficiencia garantiza la continuidad de los aparatos de gobierno. El foxismo está advertido de que sus habilidades gerenciales no son la garantía de la nueva legitimidad que necesita el sistema político mexicano. La Presidencia de la República mexicana no es una empresa. No obstante que la membresía de Fox al Partido Acción Nacional (PAN) data de 1988, su filosofía política es diferente que la de dicho partido político. El más grande enemigo político de Fox parece ser el propio PAN.
El PAN es tradicionalmente respaldado por la clase media y los negocios pequeños y ahora se preocupa de que el discurso de Fox enajene a los pobres y la clase trabajadora, quienes votaron con la esperanza de que mejorarían sus expectativas de vida. Quienes ejercieron el voto útil o condicionado por Fox lo hicieron esperando el ansiado cambio de partido en el poder y por una recomposición de las políticas públicas bajo una orientación socialdemócrata que el foxismo predicaba. Las expectativas de logros económicos se le cayeron a Fox en este primer año de gobierno del nuevo régimen, ya caracterizado por una incapacidad para gobernar, una confusión política y falta de maniobra política para conciliar los intereses entre la nueva clase gobernante y la vieja clase reacia a perder el poder. En el gobierno de Fox falta la coherencia entre lo que dice y lo que hace.
Las expectativas de cambio que ofreció Fox fueron esperanzas que ahora se expresan con exigencias y que se manifiesta en una ingobernabilidad por sobrecarga de las demandas.. El dilema estriba en que se usen instrumentos que amalgamen "el apoyo popular y los procesos de gestación de una nueva cultura civil y democrática" o que se eviten contraposiciones entre el gobierno y esta nueva cultura cívica. Ambas alternativas tienen serias consecuencias. Según Labra, lo que se percibe "es un gobierno desligado esencialmente de su partido, carente de propuestas de cambio real y cómo realizarlo, pero así mismo secuestrado por la inmediatez de las inercias y los intereses tradicionales, no sólo los más pedestres, sino llevados al extremo como consecuencia de la falta de oficio político.
México se encuentra en pleno tránsito a la normalidad democrática, ya que dicho proceso está inacabado, al ser una transformación constante y permanente, que pudiera renombrarse como la perfección de la democracia.
Este nuevo esquema nos ha traído la figura de la ingobernabilidad, dentro de la tarea legislativa, al carecer de la cultura del consenso.
El gobierno actual se encuentra sin dirección ni brújula, que nos den la certeza de los resultados de las acciones políticas que se emprenden, la incertidumbre es la principal causa el vacío de poder que se manifiesta en el Ejecutivo.
Aunque la sociedad ha madurado políticamente, aún falta mucho por aprender, en este nuevo contexto democrático, para realmente poder tener acceso a todos los beneficios de esta liberalización del sistema político mexicano.
Las próxima elecciones federales, definirán el futuro del sistema político mexicano, al establecer un rumbo hacia la el centro izquierda o el centro derecha.
La alternancia en el poder, es un factor de dinamización que ayuda al un juego más libre de los factores reales del poder, para la evolución del Estado Mexicano hacia el desarrollo y crecimiento interno.
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AutoritarismoTotalitarismoFascismoDemocraciaSemipresidencialismoSemiparlamentarismoPartidos políticosOposiciónDivisión de poderesPoder ejecutivoLegislativoPresidenciaRepúblicaReforma electoral

References: artículo 89
 artículo 66
 artículo 68
 artículo 72
 resolución 
 artículo 90
 artículo 77