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Escrito por rigofa2010 25-12-2010 en General. Comentarios (0)	Estudios del CURICORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIACASO Nº 135.Caso de las fábricas de pasta de celulosa sobre el río Uruguay.Argentina con Uruguay. Fallo del 20 de abril de 2010.Heber Arbuet-Vignali y Daniel Vignali Giovanetti 1Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales23 de junio de 2010Estudio No 03/10El CURI mantiene una posición neutral e independiente respecto de las opiniones personales de sus Consejeros. El contenido y las opiniones de los “Estudios del CURI” y “Análisis del CURI” constituyen la opinión personal de sus autores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 H.Arbuet-Vignali es libre investigador (Premio Conicit 1999), antiguo Catedrático en Derecho Internacional Público y en Historia de las Relaciones Internacionales y Consejero del CURI. D.O.Vignali Giovanetti es Magister en Derecho Constitucional Europeo, Profesor titular de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UDE y también en la Escuela Militar y Profesor Adjunto (grado 3) en la Facultad de Derecho UDELAR--------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. CASO Nº 135.Caso de las fábricas de pasta de celulosa sobre el río Uruguay.Argentina con Uruguay. Fallo del 20 de abril de 2010.Por Heber Arbuet-Vignali y Daniel Vignali Giovanetti.El Pinar-Montevideo, mayo-junio 2010.===============================================================Sumario. 1. Reflexiones jurídicas y socio-políticas previas. 2. Los antecedentes Socio-políticos. 3. Análisis crítico del fallo. a. Metodología. b. Resultados posibles de anticipar. c. Sociedad de riesgos. d. La Comisión Administradora del río Uruguay. e. Decisiones previas. f. Decisiones sobre violaciones de naturaleza procesal. g. Las pretendidas violaciones de fondo. h. Otras decisiones. i. Monitoreo del río y de la planta. 4. Las bases de la decisión. a. Resumen previo. b. Los pedidos de las partes: Argentina. c. Los pedidos de las partes: Uruguay. d. El marco jurídico y los hechos. 5. Asuntos que se resuelven previamente. a. Competencia de la Corte. b. Remisión del Estatuto al Derecho Internacional general. 6. Las alegaciones sobre violaciones de naturaleza procesal. a. Planteo de la cuestión. b. Las relaciones de las obligaciones de ambas naturaleza. c. Articulación de las obligaciones procesales. d. La alegada derogación del procedimiento del Estatuto. e. Las obligaciones de Uruguay después de expirada la negociación. 7. Las obligaciones de fondo.a. Introducción. b. Carga de la prueba y prueba de peritos. c. Utilización óptima y racional del río. d. Velar por la gestión del suelo y los bosques. e. Coordinar las medidas apropiadas para mantener el equilibrio ecológico. f. Impedir la polución y preservar el medio acuático. 8. Conclusiones finales y fallo. 9. Las opiniones disidentes o individuales y declaraciones. 10. Conclusiones y perspectivas. a. Balance del fallo. b. Importancia de la violación de Uruguay. c. Magnitud de la única sanción impuesta al demandado. d. Monitoreo conjunto. e. CARU y la tarea de monitoreo. f. Conclusión sobre el monitoreo. g. El fallo en la civilización posmoderna. h. Perspectivas.=================================================================1. Reflexiones jurídicas y socio-políticas previas.No se puede comprender la esencia de lo jurídico si separamos el derecho de la realidad sociopolítica.En el caso tenemos una sentencia jurídicamente inobjetable, aunque se queda en lapasada modernidad sin atreverse a ingresar en la sociedad posmoderna, como lo requiere elmarco internacional de hoy y el futuro. Dios quiera que nos equivoquemos, pero el fallo puede encaminarse a no cumplirse o entrar en un limbo 2, como ya ocurriera en el marco de este mismo enfrentamiento, con un laudo 3.No puede comprenderse la trascendencia de los aciertos, errores o carencias de un fallo, si no se conocen los antecedentes jurídicos y socio-políticos que condujeron al litigio y a los que aquel debe ayudar a superar. En el presente caso los antecedentes jurídicos se originan en el tratado del Río Uruguay (1961) con 49 años en vigor y luego en su Estatuto (1975) con 35 años de antigüedad. En todo ese tiempo, si bien existieron diferencias sobre el manejo del río, varias de ellas ríspidas y difíciles, todas se solucionaron por negociaciones, en algunos casos ayudadas por la paciencia y el tiempo. Es la primera vez que ello no ocurre y se recurre al lejano, lento y costoso camino de la Corte Internacional de Justicia que se abre por la cláusula compromisoria del art. 60 del Estatuto.Los antecedentes socio-políticos son más cercanos. Se inician con las presidencias argentinas de Kirchner primero y Fernández de Kirchner después, frente a las presidencias uruguayas de Batlle primero, con la que aquellos chocan frontalmente, Vázquez después, con los que aquellos tienen primero un gran acercamiento de “alianza ideológica” y después un ríspido enfrentamiento personal y de Mujica en los últimos tiempos, situación que parece abrir un período de gran confianza de Uruguay en las decisiones argentinas que puede ser bueno si genera reciprocidad. Incidieron también: problemas propios de Argentina e internos del partido Peronista, vinculados a la Provincia de Entre Ríos; el hecho de que la industria de la celulosa pensara instalarse primero en Entre Ríos (Argentina) y en definitiva se instalara en el Uruguay; y los apoyos políticos de los Kirchner a la campaña uruguaya que conduce a Vázquez a la presidencia en Uruguay y de los que aquellos se sintieron acreedores. Todos estos asuntos, y otros menores, pesan negativamente en el desarrollo del conflicto.Como queremos hacer un análisis del fallo especialmente jurídico, no nos explayaremos sobre estos aspectos 4, pero si daremos algunas pistas en una somera reseña que consideramos imprescindibles para entender este intríngulis.2. Los antecedentes socio políticos.El conflicto se gesta a fines del siglo pasado. “Desde la década de 1980 los capitales extranjeros y locales comenzaron por interesarse en invertir en forestación dentro de la región, lo que, para cualquier espíritu avisado, significaba que posteriormente se instalarían en la misma industrias vinculadas a la forestación” 5. Los gobiernos de la región, para atraer las inversiones forestales acordarán exoneraciones impositivas y otras ventajas; Uruguay y la provincia argentina de Entre Ríos siguieron estas políticas. Las bases del conflicto estaban puestas y este se desarrollará cuando las grandes empresas europeas comiencen a procurar su instalación en la cuenca del Plata. En esta ocasión nuestros países adoptaron una actitud similar de competencia para atraer los emprendimientos de las industrias pasteras consumidoras de madera y, de ser posible, luego, de las mas ventajosas y menos problemáticas industrias papeleras.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Cuando esto se escribe (19/05/10), a 29 días del fallo, las propuestas uruguayo-argentinas para cumplir con el mismo en cuanto al control ecológico del río, presentan tales divergencias e interpretaciones encontradas en cuanto a lo ordenado, que amenazan paralizar las acciones. Cuando esto se revisa (13-15/06/10), continúan sucediendocosas parecidas y, además, se vincula la ejecución del fallo con el levantamiento de los cortes de rutas, el de éstos con el monitoreo interno de la planta en forma conjunta y el Presidente Mujica abre una puerta para permitir esto último (ver infra Numerales 3 i, 7 último parágrafo, 8 # 6 y 10 d a f y g). Cumpliendo lo ordenado por el fallo, la cuestión se refiere al seno de la CARU, la que carece de instrumentos institucionalizados de cualquier naturaleza que permitan superar las divergencias resolviendo con imparcialidad y autoridad, si es que ambas Delegaciones no se ponen de acuerdo. Adicionalmente, nuevamente en las negociaciones están interviniendo directamente las altas autoridades de gobierno, lo que ya antes fuera una mala opción (ver infra llamada 9). 3 Es el caso del malhadado y débil pronunciamiento del Tribunal ad-hoc arbitral del Mercosur (Luis Martí Mingarro, José María Gamio y Enrique Carlos Barreira), en su laudo del 7 de septiembre de 2006 relativo al corte de rutas de acceso a los puentes internacionales General Artigas y General San Martín. Con este dictamen que decidió la ilegitimidad del corte de rutas, se pretendía poner término a los bloqueos decididos y concretados por la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú (Argentina), iniciados el 04/10/03, que continuaban por períodos a la fecha de la demanda uruguaya (04/05/06), que se levantaron durante el trámite del proceso hasta su laudo (lo que da excusa al contenido del mismo), y que se reinstalaron inmediatamente después, en octubre de 2006, siguiendo en forma ininterrumpida para el acceso al Puente Libertador Gral. José de San Martín, entre Fray Bentos y Puerto Unzúe, hasta la fecha de hoy (15/06/10), 3 años, 8 meses y días después. El 20/06/10 la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú levantó el bloqueo por 60 días, pero imponiendo condiciones. 4 No obstante abordaremos ese desafío en otro artículo que haremos para la Revista Estrategia del Centro de Altos Estudios Nacionales. 5 Ver H.Arbuet-Vignali y L.Barrios (2006, 37)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estando los bosques ya en producción, empresas pasteras de algunos países europeos seinteresaron por instalarse en Entre Ríos; por alguna razón no lo hicieron y terminaroninstalándose en Uruguay; actualmente hay una industria pastera -la antigua Botnia, sucedida por UPM- funcionando en Uruguay y otras están a distinta altura de su proceso de instalación en tanto que en Entre Ríos hay 450.000 hectáreas de montes con madera para industrializar y el gobierno procura la instalación de pasteras 6. El conflicto estaba presente. Todo esto incidirá en el futuro del problema. ¿De qué manera? Es temprano para determinarlo, pero de alguna forma lo hará 7.La confrontación de intereses entre Uruguay y Argentina respecto a las plantas de celulosainstaló sus gérmenes hace 30 años con la forestación; se incubó con un infeliz enfrentamiento entre los gobernantes de la región, que compitieron entre sí en lugar de actuar mancomunados y alineados con sus poblaciones para, juntos, ordenar las inversiones y sus industrias peligrosas con el fin de obtener un desarrollo limpio y sustentable; eclosionó con las malas negociaciones que condujeron al planteo del caso cuyo fallo comentamos; y, lamentablemente, continuará de alguna forma, quizá con períodos de calma y esperanza, hasta que los pueblos y, sobre todo, los gobiernos de la región, comprendan lo que es una integración profunda 8, como se necesita porestas áreas, y sus grandes diferencias con los románticos ideales latinoamericanos y el estrechoconcepto comercial de hacer mejores negocios.El conflicto que se pretende resolver tiene algunas características que conviene recordar para poder ponderar el fallo 9. Puede decirse que se trata de un caso paradigmático por sus repetidas malas opciones en materia de negociación y toma de decisiones, casi podría formarse con él un manual de “cómo no se debe negociar”.Los errores que se sucedieron fueron muchos 10. La competencia por lograr las inversiones tensó a los gobiernos. Se introdujeron dentro de un diferendo internacional intereses políticos partidarios y posiciones producto de incompatibilidades personales que dejaron de lado los intereses nacionales. Se permitió protestas de la opinión ambientalista bloqueando rutas internacionales en abierta contravención de normas del Derecho Internacional general, de la normativa MERCOSUR y de las constituciones Argentina y de Entre Ríos, sin que nadie tomase medidas (ver supra llamada 2).Para poner algo de orden a este disloque se intentan vías jurisdiccionales producto de las cuales se dan cuatro pronunciamientos: el que comentaremos a partir del Numeral 3, el de un Tribunal Arbitral ad hoc del MERCOSUR sobre el corte de rutas 11 y dos Órdenes de la Corte Internacional de Justicia, en el marco del juicio, ante respectivos pedidos de medidascautelares de Argentina y Uruguay 12.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 Información del diario El País de Montevideo, 21 de mayo de 2010, pág. A6.7 Entre otras cosas, Entre Ríos deberá derogar la Ley Nº 9644 del 15/09/05, que declara a la Provincia “…libre de plantas procesadoras de pasta celulósica, cuya actividad industrial impacte en el medio ambiente, contaminando el aire, suelo y/o calidad de las aguas…de nuestro territorio provincial.”; o, al menos, interpretar esta última parte con más benevolencia que respecto a Botnia/UPM. Ver J.L.Schrayer, 2008, 133.8 Ver H.Arbuet-Vignali (2004) e infra Numeral 10 h.9 Una detallada secuencia de los hechos puede verse en H.Arbuet-Vignali, L.Barrios y otros (2006, pp. 13 a 33), losque se complementan en L.Barrios (2008, pp. 133 a 173) y también en H.Arbuet-Vignali (2007), pp. 138 a 143.10 La elección para la instalación de un lugar potencialmente conflictivo; el reunir dos grandes emprendimientos en el mismo sitio (lo que posteriormente se solucionó por el retiro de ENCE); el sacar el asunto de la CARU, mediante un acuerdo verbal, válido pero mal y confusamente documentado al que, posteriormente, la Corte Internacional deJusticia no le reconoció eficacia porque según su decisión, no fue cumplido; el no centrar las negociaciones en la gestión profesional de los Ministerios y llevarla al alto nivel (Presidentes y sus más cercanos representantes personales), con buena cuota de inexperiencia; el dejar de lado la prudente reserva recurriéndose a los medios decomunicación de masas; el dar voz y participación protagónica, a veces procurando su alianza, a agrupaciones privadas, con posicionamientos legítimos pero sectoriales (las empresas, las organizaciones ambientalistas, las centrales sindicales); etc.11 En mayo 2006 Uruguay recurre a la formación de un tribunal arbitral reclamando ante él por los cortes de las rutas de acceso a los puentes internacionales del río Uruguay y su bloqueo consiguiente, por parte de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, así como por la pasividad de las autoridades argentinas para impedir tal ilegalidad. Ellaudo del 6 de septiembre decide dictaminando la ilegalidad de los bloqueos de las rutas, pero como en ese momento se habían levantado los mismo, sólo insta a que no se repitan, sin dar indicaciones al gobierno argentino de cómo debería actuar si se repitieran; el único efecto de este absurdo laudo fue que cuando se repitieron los bloqueos (ver supra llamada 2), estos se mantuvieron sin que Argentina hiciera nada por evitarlos, ni ocurrieranada para levantar la declarada ilegalidad frente a las normas internacionales y nacionales. Pueden verse comentarios del laudo en: A.Pastori Fillol (2007, pp.183 a 215); A.Puglia Macaronis (2008, pp. 91 a 100); y Z.Drnas de Clément y W.Hummer (2007, pp. 124 a 133).12 Argentina, inmediatamente después de plantear su demanda el 4 de mayo del 2006 solicitó a la Corte dictara medidas cautelares para salvaguardar sus derechos pidiendo se obligara a Uruguay: a que respetara las normas del Estatuto; a que no autorizara ni emprendiera obras susceptibles de causar perjuicios sensibles al río Uruguay…y a laArgentina; y a que respetara el derecho de Argentina a que sus poblaciones ribereñas del río…vivan en un ambiente sano, sin sufrir daños de salud, económicos o de cualquier naturaleza por la construcción y funcionamiento de las plantas. Por Orden del 13/VII/06 la Corte decide no disponer las medidas cautelares solicitadas. Ver comentarios sobre la primer Orden en: H. Arbuet-Vignali (2006). El segundo pedido de medidas cautelares lo planteó Uruguay el 29 de noviembre de 2006 solicitando que se ordenaran las medidas adecuadas para prevenir y poner fin y evitar la interrupción del tránsito con Uruguay, incluidos los cortes de puentes y rutas por Argentina y que esta se abstuviera de adoptar otras medidas que pudieran lesionar los derechos de Uruguay. Por Orden del 23/I/07 laCorte también decide no disponer las medidas cautelares solicitadas. Ver comentarios sobre ambas Órdenes en H. Arbuet-Vignali y D.O. Vignali Giovenetti (2008), R.M. Grajates (2007) y Z. Drnas de Clémente y W. Hummer (2007).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Análisis crítico del fallo.a. Metodología.Es inusual comenzar por las conclusiones, pero la importancia y la poca difusión de los términos de la decisión de la Corte así lo aconsejan; además vale la pena intentarlo invirtiendo la metodología de análisis. Los autores de este estudio vienen siguiendo el caso y avanzando opiniones, desde al año 2005 13. La combinación de los estudios de los antecedentes y los de la estructura y contenido del propio fallo, tientan a muy extensas referencias, las que por razones pedagógicas no son aconsejables. Todo esto nos condujo a optar por dar primero nuestra posición y luego, para fundarla, analizar el fallo haciendo de él una prolija síntesis.Creemos que el fallo se ajusta a las previsiones que se hicieron (ver infra literal b). Que la Corte sociológicamente ubicada entre las necesidades de una sociedad de riesgos y las jurídico formales apropiada a la vieja modernidad, no supo optar y, erróneamente, quiso cumplir con ambos requerimientos, lo que es imposible y no lo logró (ver infra literal c); como consecuencia de lo cual hizo una equivocada y muy peligrosa estimación de las posibilidades de la CARU (ver infra literal d). Que no se llegan a satisfacer las expectativas de un fallo que sentara jurisprudencia y marcara rumbos (ver infra Numerales 9 a y d y 10 g). Y que, respecto de las decisiones, una sensación resulta de una visión de las conclusiones y otra, muy diferente, del análisis completo de todo el desarrollo del fallo (ver infra literales f a i). Considerando sólo los tres párrafos finales del mismo (ver # 282 del fallo, en Numeral 8 in fine) éste puede considerarse “equilibrado”, casi directamente proporcional a los intereses de las partes y que recoge las expectativas de ambas: Uruguay violó las obligaciones de naturaleza procesal; Uruguay no violó sus obligaciones de fondo; y las demás pretensiones se desechan. En cambio si se hace un análisis más profundo de todo el fallo y se considera cuales pretensiones de cada una de las partes acogió o rechazó la Corte, se llega a una conclusión muy diferente.En un único punto la Corte otorga razón a los pedidos argentinos: la violación de lasobligaciones procesales. Para esta violación Argentina pedía como sanción que se ordenara el desmantelamiento de la planta y el puerto. La Corte, en cambio, sólo da, cómo satisfacción a Argentina, el mero y único reconocimiento de la violación, sin siquiera imponer a Uruguay un pedido de disculpas (ver Numeral 8 ## 1 y 2). En todos los demás requerimientos de Argentina -y son muchos (ver infra literales e y f)- la Corte, por razones de fondo, por razones procesales (ausencia de jurisdicción) o por falta de prueba, acoge las posturas de Uruguay. Esto merece ser considerado con más detenimiento. También es interesante analizar las opiniones disidentes e individuales y declaraciones particulares de algunos jueces (ver infra Numeral 9).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 El Prof. Arbuet-Vignali comenzó a interesarse por el tema en octubre 2005 durante el Primer Congreso de la Red Latino Americana y Europea para el Gobierno de los Riesgos dónde, luego de haber hecho investigaciones sobre el asunto, le fuera encomendado, junto al Mgtr. Luis Barrios la responsabilidad de dirigir una investigación sobre “el caso de las pasteras”. Ambos autores trabajaron en el marco de la mencionada investigación, extendida hasta marzo de 2008 y que se concretó en dos libros publicados (H. Arbuet-Vignali, L. Barrios y otros (2006 y 2008); ambos también analizaron las órdenes de la Corte (H. Arbuet-Vignali y D.O. Vignali Giovanetti 2008). El Prof. Arbuet-Vignali analizó la primer Orden (H. Arbuet-Vignali 2006), el conflicto en general (H. Arbuet-Vignali 2007), adelantó una prospección del fallo (H.Arbuet-Vignali 2009) y evaluó las repercusiones jurídicas y políticas del mismo (H. Arbuet-Vignali 2010). El Mgtr. Vignali Giovanetti analizó la responsabilidad internacional de los Estados en el caso (D.O. Vignali Giovanetti 2006).------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Resultados posibles de anticipar 14.En muchos de sus aspectos y por diferentes razones, los grandes lineamientos del pronunciamiento de la Corte eran susceptibles de prever y de hecho lo fueron. La decisión de la Corte en su segunda Orden del 23/01/07 rechazando las medidas preventivas solicitadas por Uruguay permitía anticipar que el bloqueo de las rutas de acceso a los puentes del río Uruguay no iba a ser considerado, lo que también resultaba de la redacción del art. 60 del Estatuto: se abre la competencia de la Corte para y solo “Toda controversia acerca de la interpretación y aplicación del Tratado (de 1961) y del Estatuto (de 1975)…”. Esto ocurrió y ni siquiera se mencionaron estos hechos en el fallo. Los mismos están intrínsecamente ligados a las construcciones objeto de controversia, pero por razones de competencia absolutamente correctas desde una apreciación jurídica, el asunto resulta ajeno a las previsiones del Estatuto del río Uruguay en cuyo marco se abrió la jurisdicción de la Corte y por lo tanto ajeno a sus posibilidades de decisión. No obstante, debe recordarse desde un abordaje socio político y jurídico sustancial (no procesal), que el problema de la instalación de las fábricas de pasta de celulosa sobre el río Uruguay no quedará definitivamente laudado hasta que se solucione a satisfacción de ambas partes el asunto de los cortes de las rutas de acceso a los puentes internacionales, dado que estos son una consecuencia directa y exclusiva de aquella.También resultaba previsible que, por similares razones de falta de competencia, si era queArgentina no demostraba sus repercusiones sobre las aguas del río, la Corte no se pronunciaría sobre la contaminación del aire, los malos olores, la contaminación visual, losperjuicios sobre el turismo y las actividades recreativas. Esto podría haber ocurridosólo si la Corte hubiera ubicado el caso en el marco de una sociedad de riesgos, lo que no hizo manteniéndose en un posicionamiento jurídico formal estricto, propio de la modernidad; aunque algunos jueces, en sus opiniones disidentes o individuales o declaraciones, lamentaron que esto ocurrieraAsimismo se podía afirmar, como se hizo (ver llamada 13), que el fallo sería fundado, serioy jurídico, y que la Corte no aplicaría criterios de equidad (para lo cual no está habilitada sin el pedido de ambas partes) para dejar a todos conformes. Los antecedentes de la Corte, su trayectoria, su integración, el respaldo de la comunidad política y jurídica internacional de que gozan sus jueces, la manera como estos han asumido siempre su responsabilidad y respondido a lo que se espera de ellos permitían llegar a la conclusión de que el fallo sería correcto, aunque haya aspectos que se le puedan criticar y con los cuales algunos de sus propios jueces discreparan (ver infra Numeral 9).También era previsible que la Corte no ordenara el desmantelamiento de la planta y elpuerto y que era muy difícil que se ordenara una reubicación de los mismos, aunque sí, se impondrían severas medidas de contralor ambiental 15.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Ver H. Arbuet-Vignali 2009.15 En H. Arbuet-Vignali, 2009 se dice: “En cuanto al desmantelamiento de la fábrica o su reubicación, nos parece prácticamente imposible que lo primero ocurra, porque deben tenerse en cuenta los parámetros de un desarrollo sustentable y, de adoptarse esta medida, ella iría contra las posibilidades de desarrollo de un país que lo necesita. Creemos muy difícil, aunque no imposible, que se ordene una reubicación de las instalaciones. Es en cambio altamente probable que se dispongan medidas, e incluso podrían ser obras, que reaseguren el eficaz tratamiento de los efluentes y el nivel satisfactorio de la calidad de las aguas revertidas al río”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Había otros asuntos más difíciles de adelantar como, por ejemplo: en que marco general la Corte iba a ubicar su decisión, si en el ámbito de una sociedad de riesgos o en el de una sociedad tradicional (ver infra literal c). Muy vinculado con lo anterior se abría otra interrogante difícil: ¿qué papel la Corte le iba a atribuir en el asunto a la CARU y, consecuentemente, que protagonismo le iba a otorgar en el encaminamiento de las soluciones al conflicto? (ver infra literal d). Por último también resultaba dificultosa la anticipación sin vacilaciones acerca de cual iba a ser la decisión de la Corte respecto a la demanda argentina que acusaba a Uruguay de haber violado el procedimiento del Estatuto, lo que vinculaba con la violación de las obligaciones de fondo por Uruguay, solicitando sanciones muy graves, tales como el retorno a la situación original, o sea el desmantelamiento de todas las construcciones de la planta y el puerto (ver infra literales e y f); y los reclamos de Argentina por perjuicios sobre el turismo y otras actividades para los cuales solicitaba reparaciones pecuniarias (ver infra, literal h).c. Sociedad de riesgos 16.Antes de dictarse el fallo y después de las Ordenes (Ver H. Arbuet-Vignali 2009 y, especialmente2006), ya se pensaba que la Corte podía aprovechar la ocasión de este juicio para abrir unaperspectiva jurisprudencial a las necesidades de la sociedad de riesgos en que vivimos desdehace bastante tiempo, aunque muchos no hayan tomado cabal conciencia de ello. Se podíapensar con cierta certeza que la solución final del asunto marcaría rumbos para el futuro, que sedarían claras señas a los Estados, no sólo a las partes, sino también a todos los demás, acerca decuales eran las reglas jurídicas de Derecho Internacional general para manejar los casos deprotección ambiental con riesgos transfronterizos, de cuales eran los principios generales paramanejar los riesgos propios de la nueva civilización que ya estaban incorporados al DerechoInternacional general. Se podía pensar también que la Corte hiciera u obligara hacer un estudiocompleto de la situación ambiental del río y del comportamiento de ambas partes al respecto,dejando clara la situación y las obligaciones de cada uno sobre todos los aspectos que hanconducido a que el “río de los pájaros pintados” o “de los caracoles” se haya transformado en unrío altamente contaminado dónde mal sobreviven sábalos, bogas y dorados. Nada de elloocurrió. El fallo se ubicó claramente en el derecho tradicional, centrándose exclusivamente enlas disposiciones del Tratado del río Uruguay y su Estatuto 17.Creemos que la Corte dejó pasar una excelente oportunidad de sentar pautas sobre el manejoambiental aprovechando un caso cuyos componentes lo hacían apropiado a tal enfoque: un ríocompartido por las partes y un tercero, que se imbrica en una región que se vio involucrada en elcaso (Mercosur), y lo resolvió mal 18. También se podía haber aportado para avanzar en un tipode problema que puede alcanzar (y alcanza) a otras regiones del mundo y que es importanteencausar. Pero esto no ocurrió.d. La Comisión Administradora del Río Uruguay: CARU.Lo señalado supra en el literal c, no significa que entendamos que el Tratado, su Estatuto y laCARU se inserten en un sistema de Derecho Comunitario, con instituciones supranacionales yórganos independientes de los gobiernos que puedan ayudarlos al funcionamiento, a ajustar lasdiferencias y a la protección de los intereses comunes.La Corte no se equivoca al determinar la naturaleza jurídica de la CARU y la ubica como unaorganización intergubernamental. Sí se equivoca cuando afirma que es un instrumento de16 Por el concepto de sociedad de riesgos ver U.Beck, 198617 Expresar esto no significa que nosotros no respaldemos el acierto de la Corte al rechazar la pretensión argentinade vincular las obligaciones de fondo con las de forma a través de la existencia de una pretendida cláusula dereenvío inserta en el art. 41 (ver infra Numeral 5 b). En esto coincidimos con las decisiones de la Corte ya que noexiste el pretendido reenvío.18 Ver A.Puglia Macaronis, 2008. Ver también infra Numeral 9 a.8cooperación, desconociendo lo que resulta de propio nombre: Comisión Administradora delrío Uruguay, que fue lo que las partes desearon hacer de ella. Y erra también al pretenderinterpretar lo que las partes quisieron que hiciera CARU cuando la constituyeron. Desconoce lahistoria de la institución y el largo camino de enfrentamientos y obstáculos para una buenagestión del río que generaron en su seno las Delegaciones en múltiples ocasiones. La Corte nosupo ver más allá de algunos de los términos utilizados en el preámbulo del Tratado, en su textoy en el del Estatuto y se quedó con ellos, sin darse cuenta que en la región las palabras adornancon buenas intensiones programáticas, los reales intereses que se enfrentan poniendo así entrebrumas la realidad. Por sobre todas las cosas con una visión socio jurídica europea 19, no supover que en la región no existe aún un espíritu cooperario y se mantienen similares sentimientosen sus conductores, a aquellos que hicieron fracasar el mensaje de Bolívar; no se vio que, aún, esmás el espíritu declarativo que el empeño integrador. Si este empeño hubiera estado presente,el conflicto no se hubiera producido y, aún con los riesgos propios de la nueva civilización, quese deben asumir porque ahí están y se pueden minimizar pero no ignorar, en lugar de concretarla instalación de una sola nueva industria, disputada por varios e instalada en un solo país,podrían haberse atraído mas inversiones que permitieran el desarrollo en varios países,funcionando bajo un estricto control de códigos ambientales regionales, de celosa vigilanciacomún y estricto cumplimiento dentro del sistema de un MERCOSUR realista, menosdeclarativo y excluyente de todo voluntarismo romántico.Lo mas preocupante es que, a partir de esas visiones, la Corte arriba a conclusiones que noresultan tan ajenas a la realidad como pudieran haber sido 20, pero que conducirán a callejonessin salida y muchas disputas. La Corte no se confundió en cuanto a que la CARU pueda tenernaturaleza supranacional. Pero tampoco la Corte asumió la plena intergubernamentalidad de laCARU y su poca importancia, capacidad y efectividad para garantizar el interés común yasegurar un desarrollo sustentable con plena protección del medio ambiente y de los intereses ynecesidades del litoral del río Uruguay. La Corte no asumió que la CARU no es un instrumentoadecuado para lograr los propósitos de protección ambiental que el tribunal quiere respaldar.La CARU es una organización internacional intergubernamental dónde las dos Delegacionesnacionales actúan bajo dependencia según las instrucciones de sus respectivos países ycualquiera de ellos puede paralizar un emprendimiento del otro país sin que exista dentro de laorganización un órgano independiente, que actúe sin reflejar la voluntad de un Estado,atendiendo a los intereses comunes, velando sólo por la salud ambiental del río y decidiendo lasdiscordancias con ecuanimidad juzgando imparcialmente las necesidades de cada parte sininvolucrarse con ninguna de ellas. No es, por tanto el organismo adecuado para garantizar undesarrollo sustentado con amparo ambiental y garantías para la sociedad civil, sino unorganismo binacional con capacidad y posibilidades para actuar con espíritu positivo, ánimocooperario y consecuencias sensatas, o en forma perversa, egoísta y paralizante de toda acción,según sean las instrucciones políticas que reciban sus Delegaciones.19 Lo que repite lo ocurrido con el lejano caso de Haya de la Torre: CIJ Recueil 195120 En H.Arbuet-Vignali 2006 se concluía al respecto señalando en cuanto a la CARU que “…La Corte…..deberíatener muy en cuenta…..que su inserción le ubica en un sistema de Derecho Internacional Público…..lo que permitea los gobiernos de cualquiera de los dos Estados partes, legítimamente, paralizarlo, bloquear los pronunciamientosy tornar a la institución en ineficaz e intrascendente…”, porque al tenor de los argumentos dados por la Corte en laprimer Orden en el caso se hacía sentir que ella veía a la CARU como un instrumento supranacional o como algoparecido; similares consideraciones se hacen en H.Arbuet-Vignali y D.O.Vignali Giovanetti, 2008. Por otra parteen H.Arbuet-Vignali 2009, a la vez que se reitera el carácter intergubernamental de la CARU se dice que, ella,podría inducir a “…quién no conozca profundamente la realidad sudamericana y, especialmente, rioplatense apensar de otra manera…”, y se agrega que “…en alguna medida esto ha sido lo que me ha parecido que pasaba porlas mentes de los jueces cuando analizamos y comentamos las dos Ordenes de la Corte. En ellas la Corte se refiere ala CARU, la ve como un órgano de gran importancia, alaba su marco jurídico y deposita en ella muchasresponsabilidades. No quiero asegurarlo, pero creo haber leído entre líneas que en el sub consciente de losmiembros de la Corte puede estar la idea de que la CARU es algo que se aproxima a una organización con algo desupranacionalidad.”e. Decisiones previas 21.Las decisiones adoptadas por la Corte en cuanto a su competencia respaldan ampliamente losposicionamientos de Uruguay rechazando pretensiones de Argentina.Esta pide a la Corte que se pronuncie sobre polución y daños ambientales en el río; en lo queestá de acuerdo Uruguay. Pero pide también que se pronuncie sobre polución atmosférica ysobre daños sonoros, visuales y malos olores que dañarían al turismo; Uruguay no acepta lacompetencia en estos últimos casos y sólo acepta considerar la polución atmosférica si seprobara que esta tuviera efectos sobre las aguas del río. En todos los casos las decisionesde la Corte coinciden con los posicionamientos uruguayos.Argentina también plantea una interpretación del art. 41 del Estatuto de trascendentalimportancia en el asunto. Sostiene que el Estatuto debe interpretarse a la luz del Convenio deViena/969 sobre tratados y que de esto resulta que existe en él art. 41 una cláusula dereenvío por la cual se le incorporan todos los tratados generales sobre protección ambientalque liguen a las partes. Uruguay acepta la aplicabilidad del Convenio de Viena /969, pero niegaque de una interpretación a su luz resulte que el art. 41 encierra una cláusula de reenvío. LaCorte recoge la posición uruguaya y esto es importante porque acota sustancialmente elcaso y deja fuera de la competencia de la Corte las pretensiones de Argentina, en aquellosasuntos que no están previstos en el Estatuto y sí lo están en convenciones ambientalesgenerales.f. Decisiones sobre violaciones de naturaleza procesal 22.Este asunto al final (# 282 de la sentencia) se resume diciendo que Uruguay violó lasobligaciones de los arts. 7 a 12 y que “la constatación por la Corte de esta violación constituyeuna satisfacción suficiente”. De esta decisión se ha hecho en Uruguay una interpretaciónrecortada y que conduce a una apreciación equivocada que genera sentimientos de culpa que nodeben existir. No hay motivos para avergonzarnos del fallo, aún si esta fuera su única decisión,mucho menos existiendo la segunda (ver infra literal g). Es cierto que se condena a Uruguay porhaber omitido alguna de las obligaciones de naturaleza procesal; pero de ello la Corte no extrajotodas las consecuencias que pretendía Argentina.Ciertamente que en el marco de los asuntos procesales se acogen varias posiciones de Argentinafrente a las uruguayas. La Corte decide que la CARU es un elemento central para elcumplimiento de las obligaciones de cooperación de las partes, y no un mero instrumentocomún para facilitarlas. Declara que Uruguay no ha respetados sus obligaciones de informar ynotificar a la CARU. Declara que Uruguay no cumplió el acuerdo Bielsa-Opertti y por tanto esteno sustituye el procedimiento del Estatuto. Decide que el GTAN no permitía, como pretendíaUruguay, derogar sus obligaciones según el art. 7 del Estatuto y que no podía, antes de finalizarel período de negociación autorizar las construcciones de la planta y el puerto.Son cinco pronunciamientos que acogen a los argumentos argentinos frente a losuruguayos. Creemos que la Corte se equivoca en cuanto a la importancia que otorga a laCARU (ver supra literal d), y que esto conduce a la condena de Uruguay, pero el fallo debe seracatado y respetado en todas sus partes.En esta parte sólo dos posicionamientos de Uruguay prevalecen, pero son de unaimportancia y trascendencia de gran peso. Argentina pretendía vincular las violacionesde los aspectos procesales con las violaciones de fondo; sostenía que todo desconocimiento deaquellas significaba atentar contra el objeto y fin del tratado y por lo tanto, violadas estas, sinnecesidad de otras pruebas, se debía condenar también a Uruguay por violaciones de sus21 Ver infra Numeral 5, literales a y b, dónde se analizan los ## 48 a 52 y 53 a 66 del fallo.22 Ver infra Numeral 6, dónde se analizan los ## 67 a 158 del fallo.10obligaciones de fondo. En consecuencias de esta posición pedía la satisfacción mayor a que sepuede aspirar: la restitución en los hechos y en el derecho de la situación que existía antes de losactos internacionalmente ilícitos; o sea el desmantelamiento de la planta pastera y del puerto.En este punto prevalecerá la posición uruguaya y la Corte negará la existencia de tal vinculaciónentre le forma y el fondo y, en consecuencia, dictaminará “que la constatación por la Corte deesta violación (de las obligaciones procesales) constituye una satisfacción suficiente”. Esto tieneuna sola posibilidad de análisis: las violaciones existieron, pero no tuvieron la trascendencia quepretendía Argentina; fueron menores y no demasiado importantes habida cuenta delescrupuloso cumplimiento de las medidas de fondo por Uruguay; tan intrascendentes fueronque la responsabilidad internacional en que incurrió Uruguay se salva con tan solo laconstatación del hecho por la Corte. Ni siquiera la Corte decidió, como podía haber hecho 23,que Uruguay pidiera disculpas a Argentina por su actitud. Ni eso mereció la poca gravedad de laofensa.La otra cuestión en la cual la Corte se pliega a los argumentos uruguayos desechando losargentinos es en el asunto de la determinación del momento en el cual Uruguay podía autorizarla iniciación de las obras. Argentina sostenía una especie de veto temporario hasta que la Cortese pronunciara sobre el diferendo, lo cual rechazaba Uruguay. La Corte concluye en que no hayninguna obligación de no construcción después del período de negociación, es decir, a partir deque se constate su fracaso. Son dos nuevas situaciones, e importantes, en que la Corterecoge los argumentos uruguayos en prevalencia de los argentinos 24.g. Las pretendidas violaciones de fondo 25.En relación a la carga de la prueba y la prueba de peritos, en el primer caso la Corterecoge los argumentos uruguayos y rechaza la inversión de la carga de la prueba y en el segundosólo afirma su independencia y se sitúa por encima de las partes 26.Sobre los pedidos relativos a la utilización óptima y racional del río, el velar por lagestión del suelo y los bosques y el mantenimiento del equilibrio ecológico, en elprimer caso, sin pronunciarse sobre las posiciones de las partes, apoya los intereses uruguayosal abrir la puerta al concepto de desarrollo sustentable y, en los dos últimos, rechaza laspretensiones argentinas por falta de sustento, dando indirectamente la razón a Uruguay.Además puede deducirse de esto que la posición argentina, si no es maliciosa es imprudente yligera. Son dos nuevas oportunidades en que la Corte se pronuncia a favor deUruguay y una más en que lo hace indirectamente.Respecto a las obligaciones de impedir la polución y preservar el medio acuático,Argentina sostiene que han sido violadas por Uruguay al permitir el vertido de efluentes yUruguay dice que el art. 41 no prohíbe toda descarga, sino aquellas que excedan los estándares,la Corte decide que para determinar el asunto además de las reglas del Estatuto tendrá encuenta las nacionales de ambas partes.La Corte se pronuncia luego sobre varios aspectos. Resuelve que Uruguay, en contra de lo quesostiene Argentina, evaluó los puntos de instalación necesarios antes de decidirse por FrayBentos.23 Y a la fecha (10/06/10) lo exige el grupo de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.24 Deben recordarse las posiciones disidentes de Keit y Skotnikov (ver infra Numeral 9, literales c y g ), los queacompañan la posición de Argentina.25 Ver infra Numeral 7 dónde se analizan los ## 159 a 266 del fallo.26 Véase las posiciones contrarias de algunos jueces en sus disidencias (infra Numeral 9, literales a a f y h).11A diferencia de lo que sostiene Argentina y al no haberse establecido que las descargas deBotnia violaron los estándares de nivel de contaminación, no se pronuncia sobre si Uruguayvioló sus obligaciones al decidir el establecimiento.Frente a las objeciones de Argentina, resuelve que Uruguay hizo las consultas adecuadas a laspoblaciones afectadas; que no existe ningún elemento de prueba que apoye la pretensiónArgentina de que Botnia no aplica las mejores técnicas disponibles; y en relación a lasalegaciones argentinas sobre contaminación (malformaciones, algas, etc.) decide que no seaportan elementos de prueba que indiquen que no se tratan de episodios aislados, por lo que nose puede concluir en que Uruguay ha violado el Estatuto.Expresa que Argentina no ha probado que se haya disminuido el mínimo de oxígeno disuelto enlas aguas; que en contra de lo que alega Argentina, la planta ha cumplido con el estándarprevisto de fósforo total; que a diferencia de lo que afirma Argentina la Corte concluye que laevidencia resulta insuficiente para atribuir a Botnia el incremento de sustancias fenólicas en elrío; que Argentina no ha presentado evidencia clara que vincule con Botnia los nonilfenoleshallados en el río; y que tampoco la hay para vincular con Botnia la presencia de dioxinas yfuranos.Además la Corte no halla prueba suficiente para concluir, como afirma Argentina, que Uruguayno respetó las obligaciones de amparar el medio acuático incluyendo la protección de la fauna yflora y que, ante lo que sostiene Argentina, la Corte no encuentra ninguna evidencia clara de quesustancias tóxicas hayan sido introducidas en el medio acuático por las emisiones atmosféricasde Botnia. De todo lo cual, apartándose de las pretensiones argentinas, concluye que Uruguayno ha violado sus obligaciones de conformidad con el art. 41.Esta última escueta conclusión, que se repite en la también escueta frase de lasegunda resolución del fallo, cobra dimensiones notables si se considera la docenade oportunidades en las cuales se rechazan las pretensiones argentinas por faltade prueba u otras razones y se acogen los argumentos uruguayos.No es que solamente se diga que Uruguay cumplió con las obligaciones de fondo; es muchomás. Se está proclamando que Botnia no contamina más allá de los estándares admitidos; queArgentina ligeramente ha sostenido lo contrario sin poder probar ninguno de sus dichos alrespecto; y que con esto ha ocasionado muchos daños a Uruguay.Algunos son daños directos: los ingentes gastos del juicio; el daño moral por infundadasacusaciones graves y muy serias para un país, una de cuyas más importantes fortalezas es el fielrespeto al Derecho Internacional; las dificultades que se le crearon con los inversores; etc.. Yotros conexas: los perjuicios por un bloqueo de rutas que repercute poniendo fuera de usopuentes internacionales desde hace mas de tres años y medio continuos y mucho mas en formaintermitente; los que violan normas constitucionales y legales, internas e internacionales y quetambién tienen un laudo del Mercosur que los condena. Uruguay no pidió reparaciones por losperjuicios directos (los conexos están fuera de competencia) que la actitud y la demandaargentina le causaron, de lo contrario pensamos que el fallo hubiera sido mas duro conArgentina.Dos últimas reflexiones sobre este punto. Si bien Argentina nunca probó que los dañosecológicos al río fueran causados por Botnia, ni que la medida de los mismos hubieraaumentado por su instalación, quedó en evidencias que existe un deterioro ecológico importanteque alguna causa tiene. Pensamos que el mandato de la Corte de que se monitoree todo el río 27,27 Ver infra en este Numeral, literal i y Numeral 7 f último párrafo.12si se realiza adecuadamente, podrá poner en evidencia las causas y los responsables de esassituaciones. (ver infra literal i).h. Otras decisiones 28.La Corte expresa que no tiene que acceder al pedido argentino de cese de los ilícitos (violacionesprocesales) ya que ellos ocurrieron en el pasado y ya no existen. Reafirma que ordenar eldesmantelamiento de la planta no constituiría una forma de reparación apropiada. Rechaza elpedido argentino de indemnizaciones por los perjuicios a su economía, especialmente turismo yagricultura, ya que Uruguay ha cumplido con sus obligaciones de fondo. Dice que no vecircunstancia que amerite exigir las garantías que pide Argentina para que en el futuro Uruguayno entorpezca la aplicación del Estatuto. Uruguay pide se le reconozca el derecho a continuarexplotando Botnia; Argentina solicita que no se le reconozca; la Corte expresa que no ve razónpara expedirse ya que ello no tendría consecuencias prácticas al no haber hecho lugar a lademanda de Argentina en relaciones a las violaciones de fondo y al no haber ordenadodesmantelar la planta; es decir que, en definitiva, acoge la solicitud uruguaya.Se trata de cinco nuevos pronunciamientos dónde se protegen las alegacionesuruguayas y se desechan las argentinas.i. Monitoreo del río y de la planta (## 266 y 281 del fallo).Estos dos temas son objeto de discusión aún después de conocerse el fallo. Respecto al primerotrascendió que Uruguay, entendía que el monitoreo conjunto y el control abarcaban todo el río,en tanto Argentina los refería solamente a la zona de influencia de la planta Botnia.Entendemos que el # 266 del fallo (verlo en Numeral 10 d i) claramente da la razón a la posiciónde Uruguay ya que encomienda a ambas partes controlar que la CARU “…pueda ejercer demanera permanente las facultades…..incluyendo sus funciones de vigilancia de las calidad de lasaguas del río y de evaluación del impacto del funcionamiento de la planta Orión (Botnia)…”. Seles encomienda dos cosas, por una parte la vigilancia del río según el Estatuto, de todo el río yaque no se marcan límites y, además, de la evaluación del impacto del funcionamiento de Botniaen el medio acuático.Respecto al monitoreo de la planta Argentina sostiene que debe hacerlo conjuntamente conUruguay, aún dentro de la planta situada enteramente en territorio uruguayo, basándose en elúltimo párrafo de la sentencia (# 281 del fallo), en la parte de él que obliga a ambos Estados acooperar entre ellos y expresa “…esta obligación de cooperación se extiende al control ymonitoreo 29 de un establecimiento industrial, como la planta Orión (Botnia)”. Uruguaysostiene que ese monitoreo está bajo su exclusiva dependencia y responsabilidad y, por lo que hatrascendido, el gobierno e incluso, los círculos políticos de la oposición, fundan esto en razonesde soberanía.No está desencaminado el argumento de la soberanía porque el Estatuto está en el marco delDerecho Internacional Público cuya piedra angular es el Principio de la Igualdad Soberana delos Estados y su primer corolario el Principio de No Intervención y esto lo aceptó la Corte,aunque no sacara de ello todas las consecuencias (ver supra literales c y d). Pero como estos sonargumentos jurídicos de estricta raigambre doctrinaria 30, y de lo contrario argumentospolíticos, es conveniente agregarles otros de texto que los confirmen.28 Ver infra Numeral 8, dónde se analizan los ## 267 a 282 del fallo.29 La versión inglesa agrega la expresión “ongoing”, traducida como “en curso”, la cual no figura en la versiónfrancesa30 Ver H.Arbuet-Vignali, 2009/1, H.Arbuet-Vignali T/P..13H. Gatto 31 dice “…dejando de lado que…..cooperar en el control no supone de suyo efectuarloen forma conjunta; que el monitoreo ‘ya en curso’ lo realiza Uruguay; e incluso soslayando queel mismo parágrafo establece que la cooperación se realizará según las modalidades que elmismo estatuto determina, la tesis argentina sigue sin ser de recibo…por oponerse a laestructura general del Tratado…y al Estatuto…celosos custodios de las respectivas soberanías…”;con lo cual estamos de acuerdo.Por último creemos que el endeble argumento argentino que funda su pretensión en el # 281 delfallo, el cual, como lo hace notar H. Gatto, también puede con validez ser sostenido a favor de latesis uruguaya, cae en razón del # 266 del fallo dónde la Corte atribuye a ambas partes laresponsabilidad de cumplir algunas obligaciones y otra, la tarea del monitoreo de la planta, se laatribuye en exclusividad al Uruguay.El # 266 del fallo atribuye primero a ambas partes la obligación de controlar que la CARU puedaejercer las facultades que le acuerda el Estatuto, incluyendo “…sus funciones de vigilancia decalidad de las aguas del río y de evaluación del impacto del funcionamiento de la de laplanta de Orión (Botnia) en el medio acuático. Esto es tarea común de ambas partes,pero atribuye de inmediato una carga-derecho sólo para Uruguay: Por su parte Uruguaytiene la obligación de continuar con el monitoreo del funcionamiento de la plantade acuerdo con el art. 41 del Estatuto asegurando el cumplimiento por parte de Botnia de lasreglamentaciones internas uruguayas y de las normas estipuladas por la Comisión. Einmediatamente, otro tipo de obligación se le impone a ambas partes: la de continuar lacooperación por intermedio de la CARU.El estudio del oscuro # 281 del fallo, debe hacerse conjuntamente con el del # 266 del fallo y estedisipa toda duda: se impone una obligación conjunta; luego se atribuye una carga-derecho sólo aUruguay (el de monitorear la planta de Botnia); y se retorna a establecer una obligaciónconjunta, la de cooperación.4. Las bases de la decisión 32.a. Resumen previo.La Corte comienza indicando las normas jurídicas aplicables al caso y las que abren sucompetencia; resume los hechos en que la demanda funda la existencia de violaciones tantoprocesales (de forma), como de fondo (sustanciales), así como los argumentos del demandadopara negar esa aseveración; y los pedidos de ambas.A seguir informa acerca de la integración de la Corte y de las representaciones de las partes y,finalmente, en los ## 1 a 21 describe sumariamente las fases del proceso.b. Los pedidos de las partes: Argentina (## 22 a 24).En su demanda acusa a Uruguay de violar las obligaciones que le impone el Estatuto del ríoUruguay del 26/II/975, anexo al tratado de límites del río Uruguay celebrado por ambos el7/IV/961 33, como resultado de haber autorizado la construcción y eventualmente elfuncionamiento de fábricas de pasta de celulosa, (ENCE y Bótnia), en la ribera izquierda del ríoUruguay que les sirve de frontera. Invoca, particularmente, “los efectos de tales actividadessobre la calidad de las aguas del río Uruguay y su zona de influencia” (# 1).31 Ver H. Gatto 2010.32 En adelante y hasta el Numeral 8 inclusive, las referencias a parágrafos (##) indican a los que se insertan en elfallo.33 En adelante mencionado como el Estatuto y el Tratado respectivamente, como ya se ha hecho en los numeralesanteriores. Sus textos pueden verse en Vieira, Arbuet-Vignali y Veida Magyar (1975, tomo I).14En consecuencia reclama que la Corte decida (# 22) que Uruguay no ha cumplido lasobligaciones que le impone el Estatuto y otras reglas del Derecho Internacional a las que este seremite, especialmente: la de mantener informado a la Argentina y a CARU de sus actividades 34;las de adoptar las medidas necesarias para preservar el medio ambiente acuático, impedir lapolución, proteger la biodiversidad y las pesquerías; y las de proceder a un estudio ambientalcompleto y objetivo.Afirma que el comportamiento uruguayo, que debe cesar inmediatamente para pasar a respetarescrupulosamente sus obligaciones, compromete su responsabilidad internacional debiendoreparar integralmente los perjuicios causados a Argentina. Por último se reserva el derecho aprecisar o modificar su demanda.En resumen, en su memoria (# 23), Argentina pide que la Corte deje constancia de que Uruguayal autorizar unilateralmente la construcción de las plantas de pasta de celulosa e instalacionesanexas (puertos) en violación de las disposiciones del Estatuto cometió los actosinternacionalmente ilícitos que se enumeran, los que comprometen su responsabilidadinternacional. Este pedido lo reitera en la réplica (# 23) y en la audiencia del 29/IX/09 (# 24).En consecuencia de lo anterior pide a las corte varias declaraciones y condenas:-Que Uruguay cese inmediatamente de realizar los actos internacionalmente ilícitos y retomela estricta aplicación de sus obligaciones según el Estatuto.-Que se restablezca “in situ” y en el plano jurídico la situación que existía antes de laperpetración de los actos ilícitos del Uruguay. Lo que significa que se destruyan las obrasrealizadas en las plantas y el puerto.-Que Uruguay indemnice por esto a la Argentina en un monto que, posteriormente, fijará lacorte.-Que Uruguay de garantías adecuadas de que se abstendrá en el futuro de desconocer elEstatuto y, especialmente su mecanismo de consulta.Estos pedidos se repiten en la réplica y en la audiencia del 29/IX/09.c. Los pedidos de las partes. Uruguay (## 23 y 24).Uruguay, en su contestación, sobre la base de sus exposiciones y reservándose el derecho decomplementarlos, solicita que se rechace la demanda argentina (# 23). Y en la dúplica concretasus observaciones y pedidos (# 23).-Afirma que Argentina no probó ningún perjuicio o riesgo en el río o en su ecosistema, quederive de los hechos realizados por Uruguay y que la demandante reputa como ilícitos yviolatorios del Estatuto y, según ella, ameritan el desmantelamiento de las obras; a lo que seopone ya que esto causaría a la economía uruguaya un perjuicio considerable por pérdida deempleos e ingresos.-Concluye que la demolición de las obras se traduciría en costos desproporcionados, por locual la Corte no debe disponerla. Si, no obstante las pruebas aportadas por Uruguay (existenciadel acuerdo Bielsa-Opertti, establecimiento del Grupo Técnico Binacional de Alto Nivel creadopor los Presidentes en mayo 2005, y otras), la Corte entiende que Uruguay ha violado lasobligaciones procesales del Estatuto, aquella puede dar un dictamen declaratorio a esos efectos,el que constituirá una forma de reparación adecuada.-Agrega que si, no obstante las pruebas aportadas por Uruguay, la Corte entiende que la fábricano satisface plenamente el cumplimiento de las obligaciones que tiene Uruguay de proteger el34 Además, entre otras, la de tomar las medidas necesarias para la administración del río; la de cumplir lasdisposiciones de cooperación en materia de navegación y obras (arts. 3 a 13 del Estatuto).15río y su medio acuático, la Corte puede ordenarle que adopte todas las medidas necesariaspara adecuar la instalación de la fábrica a las obligaciones de fondo impuestas por el Estatuto.-Expresa, además, que si no obstante la prueba aportada por Uruguay, la Corte entendiera quela conducta uruguaya ha ocasionado perjuicios al río o a la Argentina, puede condenar aUruguaya a indemnizar a aquella (arts. 42 y 43 del Estatuto).-Por último Uruguay hace un pedido para que la Corte haga una declaración respecto a queambas partes deben velar por el pleno respeto de todos los derechos, comprendidos los deUruguay de continuar la explotación de la fábrica de Botnia conforme al Estatuto.Sobre tales bases y reservándose el derecho de complementarlas, Uruguay pide a la Corte querechace la demanda de Argentina y le reconozca el derecho de continuar explotando la fábrica deBotnia de acuerdo al Estatuto. Esto último lo reitera en la audiencia del 2/X/09 (# 24).d. El marco jurídico y los hechos (## 25 a 47).La Corte hace una somera descripción del marco jurídico específico en el cual se inserta elconflicto (## 26 y 27). El Tratado de límites del río Uruguay del 7/IV/61, al que describesomeramente deteniéndose en el art. 7, por el cual las partes se comprometen a acordar unEstatuto para la utilización del río, el que comprenderá previsiones sobre la conservación de losrecursos vivos y sobre la polución de las aguas. Tal Estatuto se concreta el 27/II/975 regulando,entre los asuntos que al caso interesan: la navegación y las obras a realizar en el río (arts. 3 a 13),el aprovechamiento de sus aguas (arts. 27 a 29), la conservación, utilización y explotación deotros recursos naturales (arts. 35 a 39), la contaminación (arts. 40 a 43), a la que define como“…la introducción directa o indirecta, por el hombre, en el medio acuático de sustancias oenergía de la que resulten efectos nocivos” (art. 40). Además establece una ComisiónAdministradora del río Uruguay –CARU- (arts. 49 a 57), un procedimiento conciliatorio para lascontroversias (arts. 58 y 59) y una cláusula compromisoria para la solución jurisdiccional de lasmismas (art. 60).El fallo luego describe el proceso de instalación del proyecto ENCE, indicando las acciones deambos países en CARU y en otros ámbitos (## 28 a 36), y hace lo mismo respecto al proyectoBotnia (## 37 a 46).5. Asuntos que se resuelven previamente.a. Competencia de la Corte (## 48 a 60).En el marco del Derecho internacional Público, sistema jurídico de coordinación (ver H. Arbuet-Vignali, 2005, Sección II), y a diferencia de los sistemas jurídicos internos, la jurisdicción no escompulsoria, sino voluntaria: para que se abra la jurisdicción de la Corte y las partes tengan laobligación de comparecer, ambas deben haber establecido que están conforme en someter suasunto a la Corte 35.Por estas razones, porque su competencia es facultativa, la Corte debió fundarla. Ambas partesestuvieron de acuerdo en que el art. 60 parágrafo 1 36 del Estatuto abría la competencia de laCorte para el conflicto, Argentina al demandar y Uruguay al contestar.35 Esta apertura puede producirse mediante diferentes procedimientos. Puede ser decidida después de estarplanteado el conflicto y en este caso las partes deberán acordar al respecto; también puede haber sido abierta antesdel conflicto, sea en un tratado general de solución de controversias (por ej. el Pacto de Bogotá), sea en una cláusulacompromisoria incluida en el propio tratado respecto al cual se da la controversia. Esta última modalidad es la queabre la competencia de la Corte en este caso: por la cláusula compromisoria inserta en el art. 60 del Estatuto.36 Dice: “Toda controversia acerca de la interpretación o aplicación del Tratado y del Estatuto que no pudieransolucionarse por negociaciones directas, podrá ser sometida, por cualquiera de las Partes, a la Corte Internacionalde Justicia.16La Corte acepta la competencia que le otorga el art. 60 en base al acuerdo de las partes, perohace notar que ambas divergen en cuanto a la amplitud de esta apertura: Argentina coloca en elámbito de la jurisdicción de la Corte, algunos aspectos que Uruguay niega (# 48).Argentina demanda a Uruguay por polución y daños ambientales causados en el río Uruguay enviolación al estatuto y por el impacto del funcionamiento de la planta en el agua. Respecto aesto Uruguay admite la competencia de la Corte. Pero también Argentina demanda porcontaminación atmosférica (aire), daños sonoros, visuales y malos olores que causaría la plantade Botnia y que afectarían el uso recreativo del río y la industria turística argentina enGualeguaychú; fundamenta la apertura de la competencia para estos casos en el art.36 delEstatuto. Respecto a estos aspectos Uruguay no acepta la competencia de la Corte, aunque síacepta que entraría en ella una polución atmosférica que tuviese efectos sobre la calidad de lasaguas del río o sobre el medio acuático (# 49 y 50).La Corte decide que el art. 60 le confiere, en principio competencia en el conflicto, en lo queestán conformes ambas partes. Ingresa inmediatamente a considerar las discrepancias entreestas. En cuanto a la contaminación sonora y visual, la Corte entiende que esos aspectos noestán cubiertos por el art. 36 y agrega: “…no ve en dicha disposición nada que puedafundamentar tales demandas (de Argentina): , de dónde, las demandas relativas a la poluciónsonora y visual, no corresponden a la competencia que infiere a la Corte el art. 60 del Estatuto”.También la Corte decide que ninguna disposición del estatuto se ocupa de la cuestión de losmalos olores. “En consecuencia y por las mismas razones, la demanda relativa al impacto quetendrían esos olores sobre el turismo en Argentina escapan a la competencia de la Corte…” y,además “…Argentina no ha aportado ningún elemento de prueba en cuanto a la relación quepudiere haber entre los malos olores alegados y el medio acuático del río.” (# 52).En estos parágrafos la Corte acoge dos posicionamientos uruguayos y rechaza tres pretensionesargentinas: acepta que el Estatuto no abre la competencia ni para la polución sonora y visual, nipara la contaminación atmosférica por malos olores, rechazando las pretensiones argentinas.Acepta también la posición uruguaya en cuanto a que si la polución atmosférica incidiere sobrela calidad de las aguas del río, al respecto se abriría la competencia de la Corte, pero tambiénrechaza esto porque Argentina no ha probado este extremo.b. Remisión del Estatuto al Derecho Internacional general (## 53 a 66).Argentina sostiene que los arts. 1 y 41 del Estatuto configuran cláusulas de reenvío e incorporanal mismo las obligaciones que pesan sobre las partes en virtud de tratados multilaterales deDerecho Internacional general relativos a la protección ambiental y que la Corte tienecompetencia para aplicarlos y decidir si, en este caso, Uruguay ha actuado o no conforme a ellos(# 53). Por esto la Corte debe determinar si el art. 60 del Estatuto comprende también para elcaso estas obligaciones (# 54).Argentina funda su pretensión en el art. 31 3c del Convenio de Viena/969 sobre el derecho de lostratados 37 y en que el Estatuto “debe ser interpretado a la luz de los Principios de DerechoInternacional que regulan el derecho aplicable a los ríos internacionales 38 y a aquellos queaseguran la protección del medioambiente 39 (# 55).En el # 56 menciona una serie de Convenciones que estarían comprendidas y cuyas reglasdeberían aplicarse.37 El mismo puede verse en Vieira, M., Arbuet-Vignali, H. y Veida Magyar, V. (1975, Tomo I, pp. 1 a 64).38 Ver al respecto E.Jiménez de Aréchaga (2010/1).39 Ver al respecto R.Puceiro Ripoll 2008.17Uruguay acepta que el Estatuto debe interpretarse a la luz del Derecho Internacional general,pero discrepa con Argentina y entiende que, cualquiera sea esa interpretación “En todo caso, laCorte no tendría competencia para decidir sobre presuntas violaciones de obligacionesinternacionales no previstas por el Estatuto de 1975” (# 57).En los ## 58 a 62 la Corte realiza un detenido estudio de los arts. 1 del Estatuto, al que vinculacon el art. 7 (## 59 y 60) y del art. 41 (## 61 y 62) y dice: “La Corte concluye que nada dentro deltexto del art. 41 del Estatuto de 1975, respalda la tesis según la cual este texto constituiría una‘cláusula de reenvío’. En consecuencia, las diferentes convenciones multilaterales mencionadaspor Argentina, no están incorporadas al Estatuto de 1975. Por esta razón, ellas no estáncomprendidas en la cláusula compromisoria y la Corte no tiene competencia para resolver lacuestión de saber si Uruguay ha cumplido las obligaciones que le incumben en virtud de esosinstrumentos.” (# 63).Por tercera vez la Corte acoge una posición uruguaya y no hace lugar a la pretensión argentina.Finalmente la Corte examina la forma en que debe interpretarse el Estatuto en el caso (## 64 a66).6. Las alegaciones sobre violaciones de naturaleza procesal (forma) (## 67 a 158)a. El planteo de la cuestión.Argentina alega que, en el proceso de autorización de ENCE, Botnia e instalaciones conexasUruguay ha violado las obligaciones de carácter procesal previstas en los arts. 7 a 12 del Estatutoy que estas están intrínsecamente ligadas a las obligaciones de fondo que el mismo establece, dedónde la violación de las primeras implica también las de estas últimas. Para resolver estacuestión la Corte analizará cuatro asuntos.b. Las relaciones entre las obligaciones de ambas naturalezas (## 71 a 79).Argentina afirma que las disposiciones de carácter procesal de los arts. 7 a 12 del Estatutotienden a lograr la utilización racional y óptima del río impidiendo que las partes actúenunilateralmente. Sostiene que todo desconocimiento de esos mecanismos entraña un atentadocontra el objeto y fin del tratado y, en consecuencia también una violación de las obligaciones defondo ya que ambas categorías son inseparables y se confunden (## 71 y 72).Uruguay concuerda en lo primero, pero rechaza la pretensión Argentina de confundir ambascategorías, ya que deben apreciarse por separado (## 73 y 74).La Corte recalca que el objeto y fin del Estatuto según el art. 1 consiste en lograr la mejorutilización del río mediante los mecanismos comunes, tanto de la CARU, como de lasdisposiciones de los arts. 7 a 12. Recuerda lo expresado en casos anteriores y en las Órdenesdictadas en este, en los cuales califica al régimen del Estatuto “de completo y novedoso” dóndeambos tipos de medidas se complementan perfectamente (## 73 y 74), pero agrega que elEstatuto no dice que una violación de una obligación de naturaleza procesal, signifiqueautomáticamente la de las obligaciones de fondo.La Corte considera, en consecuencia de lo que antecede, que ciertamente existe un vínculofuncional, referido a la prevención entre las dos categorías de obligaciones….. pero que esosvínculos no impiden que los Estados partes sean llamados a responder por separado de unas yotras, según su propio contenido y asumir, si hubiere lugar, la responsabilidad derivada según elcaso, de su violación.18La Corte, aceptando los aspectos en que concuerdan las partes, ante aquellos respecto a losque divergen, por cuarta vez acoge la posición uruguaya y no hace lugar a la pretensión deArgentina.c. Articulación de las obligaciones procesales (## 80 a 122).-Introducción (## 80 a 83). La Corte analiza el Estatuto en sus arts. 7 a 12 cuyos textos enfrancés transcribe, traduciendo al español el art. 7, comentando las diferencias y mencionandola versión inglesa (## 80 y 81), para expresar a continuación las posiciones de las partes.Argentina, afirma que, al no respetar Uruguay la obligación de comunicar los proyectos a laCARU 40, ha puesto en jaque el conjunto de los procedimientos previstos en los arts. 7 a 12 yconcluye en que, por ello, ha violado el conjunto de las obligaciones de naturaleza procesal quele competen en virtud de tales artículos. También niega que esta situación se haya saneado porotros actos realizados. Uruguay sostiene que la acción de la CARU no es tan apremiante como losostiene Argentina y que las partes pueden convenir otras vías y recurrir a otros acuerdos denaturaleza procesal que le sustituya. La Corte, en consecuencia, se abocará a considerar lanaturaleza y rol de la CARU e investigará la cuestión de si Uruguay ha respetado su obligaciónde informarla.-Naturaleza y papel de la CARU (## 84 a 93). Según la posición uruguaya CARU no estádotada de voluntad autónoma siendo sólo un instrumento común para facilitar la cooperaciónentre los Estados partes y estos pueden apartarse de ella si lo entienden conveniente, cosa quehan hecho en otras oportunidades. Desde que CARU no está habilitada para actuar por fuera dela voluntad de las partes, ellas pueden negociar directamente los asuntos que pudieren tratarseen su ámbito y acordar no informarla como está previsto en el art. 7. En cambio Argentinasostiene que el Estatuto no es un simple tratado bilateral sino que él institucionaliza “unacooperación permanente y estrecha donde CARU es un elemento central e ineludible” (## 84 y85).La Corte recuerda que en la Orden del 13/V/06, ella consideró a la CARU como “mecanismocomún dotado de funciones reglamentarias, administrativas, técnicas, de gestión y deconciliación…..al que le está confiada la correcta aplicación de las disposiciones del Estatuto,administrando la gestión de los recursos fluviales compartidos…..mecanismo…..(que) ocupa unlugar muy importante en el régimen del tratado”. Esta idea que se ha formado la Corte del papelque juega la CARU, tendrá mucha gravitación al decidir sobre las obligaciones procesales 41.Reafirma que CARU tiene personería jurídica, ejerce derechos, asume deberes y está habilitadapara desarrollar sus competencias; por esto las partes no pueden unilateralmente eludir sugestión cuando lo consideren oportuno (## 86 a 92).Concluye: “En consecuencia, la Corte considera que dada la amplitud y diversidad de lasfunciones que se le confían a la CARU, las partes han entendido hacer de esta organizacióninternacional un elemento central para el cumplimiento de sus obligaciones de cooperaciónestablecidas en el Estatuto” (# 93).Por primera vez la Corte adopta el criterio argentino sobre un punto y desecha las alegaciones deUruguay.40 Art. 7: La Parte que proyecte…..la realización de cualquiera otras obras de entidad suficiente para afectar…..elrégimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, yen un plazo máximo de treinta días si el proyecto puede producir perjuicios sensibles a la otra Parte. Si así seresolviere o no se llegare a una decisión al respecto, la Parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra Parte através de la misma Comisión. En la notificación deberán figurar….etc..41 Ver H.Arbuet-Vignali (2006, Numeral 7h y llamada 32). En relación a las Organizaciones Internacionales, verH.Arbuet-Vignali (2005/1, Sección VI).19-Obligación uruguaya de informar (94 a 111). Al respecto la Corte interpreta el Estatutoy sostiene que, según él, la primera etapa del proceso que permite la utilización óptima del río,se inicia cuando la parte que construye una obra susceptible de causar un perjuicio sensible almismo informa a CARU de su proyecto. Ambas partes están de acuerdo en que el proyecto enlitis tiene capacidad como para abrir la posibilidad prevista en el Estatuto y en que CARU debeser informada del mismo, pero discordan en cuanto al contenido de la información y en cuantoal momento en que CARU debe ser informada (## 94 a 100).La Corte después de analizar el Principio de Prevención, la cooperación en el río Uruguay, el art.7 del Estatuto, la actitud de Uruguay y la necesidad o no de informar a CARU (## 101 a 110),concluye en el # 111: “En consecuencia, la Corte concluye que Uruguay no ha informado a laCARU los trabajos proyectados antes de otorgar la autorización ambiental previa para cadafábrica y para la terminal portuaria adyacente a la planta de Botnia, por lo cual no ha respetadola obligación que le impone el art. 7 inc. 1 del Estatuto de 1975.De esta manera se produce la primera decisión adversa para Uruguay.-Obligación de Uruguay de notificar (## 112 a 122). Según el art. 7 inc. 2 del Estatuto, enestos casos “la parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra parte a través de laComisión”; según entiende la Corte para crear así las condiciones de cooperación necesarias. Apartir de la notificación corre un plazo de 180 días para que la otra parte se expida (art. 8). Si nohay objeciones, la parte interesada puede realizar o autorizar las obras (art. 9); si se objeta laobra, se hacen negociaciones (art. 11); y si no se llega a acuerdo dentro de 180, días se abre elrecurso a la Corte del art. 60 (art. 12) (## 112 a 116).Uruguay entiende que las evaluaciones a que conducen los arts. 7 a 12 fueron realizadas deacuerdo a la normativa interna uruguaya y trasmitidas a Argentina. Argentina subraya que lainformación proporcionada era incompleta (## 117 a 118). La Corte entiende que la notificaciónes esencial en el proceso (# 115), que no se hicieron por medio de la CARU y sólo se concretarondespués de librar las autorizaciones ambientales previas dadas a las fábricas. Uruguay no debió, antes de las notificaciones, librar las autorizaciones sobre la bases de las evaluaciones deDINAMA (## 119 a 121).“La Corte concluye de lo precedente que Uruguay no ha cumplido con su obligación de notificarsus proyectos a Argentina a través de la CARU según dispone el art. 7 incs. 2 y 3 del Estatuto”.(# 122).De esta forma se produce la segunda decisión adversa para Uruguay.d. La alegada derogación del procedimiento del Estatuto (## 123 a 150).-Planteo. La Corte se aboca al estudio de dos acuerdos invocados por Uruguay y que, según él,lo relevarían de las obligaciones procesales del Estatuto, sustituyéndolas (## 123 y 124). Setrata de los acuerdos Bielsa-Opertti y aquel que crea el Grupo Técnico de Alto Nivel: GTAN.-El acuerdo Bielsa-Opertti del 2/III/04. La Corte señala que, después de que Uruguayemitiera la autorización ambiental previa a ENCE sin dar para ello participación a CARU, losministros de ambos países llegan a un acuerdo verbal el 2/III/04, que está documentado en lasesión de CARU del 15/05/04 42, sobre la forma en que Uruguay informaría a Argentinarespecto a la instalación de las plantas y, en lo operativo, cómo se iba a realizar el monitoreo porCARU (# 125).42 Y también en el informe de la Presidencia de la República Argentina al Congreso de la Nación Argentina del año2005, Nºs. 64 y 65. Ver H.Arbuet-Vignali y L.Barrios, 2006, 18-19.20Uruguay entiende que por este acuerdo las partes, sin que hubiere impedimento para ello,acordaron tratar el proyecto de ENCE fuera de CARU y que el mismo puso fin a todo diferendocon Argentina respecto al procedimiento del Estatuto. Sostiene también que el acuerdo seextiende al proyecto Botnia, en la medida en que el plan PROCEL concernía a la actividad de lasdos plantas (# 126).Argentina sostiene que el acuerdo estaba destinado a hacer cumplir el procedimiento delEstatuto reintroduciendo el proyecto ENCE en la CARU; rechaza asimismo la extensión delacuerdo al proyecto Botnia (# 127).La Corte entiende que ambas partes aceptan la existencia del acuerdo, pero discrepan en cuantoa su contenido y extensión. Establece que el acuerdo vincula a las partes y acepta que por élellas podían apartarse del Estatuto (# 128). La Corte constata que Uruguay nunca comunicó a laCARU la información prometida por el entendimiento del 2/III/04, por lo cual este no pudoterminar el desacuerdo con Argentina sobre el procedimiento del Estatuto (# 129); y que cuandoel acuerdo se concretó sólo existía el proyecto ENCE y, en consecuencia, no puede ser extendidoa Botnia ya que las plantas recién se mencionaron conjuntamente después del 2/III/04 en elmarco del plan PROCEL (# 130). La Corte concluye que no se puede considerar que el“entendimiento” del 2/III/04 tenga por efecto exonerar al Uruguay de cumplir las obligacionesde naturaleza procesal en el Estatuto (# 131).Se produce así la tercera decisión contraria a Uruguay.-El acuerdo que crea el Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN). Según un comunicado deprensa, por decisión de los Presidentes del 5/V/05 se crea el GTAN “…para complementar losestudios y análisis, el intercambio de informaciones y el seguimiento de consecuencias quetendrá, sobre el ecosistema del río…..el funcionamiento de plantas de celulosa que seconstruyen…” (# 132).Uruguay considera el comunicado de prensa como un acuerdo por el cual se llevan al GTAN lasnegociaciones previstas en el Estatuto. Y deduce que a partir de entonces ambas partes estabande acuerdo con la construcción de las plantas, que sólo discutían sobre los riesgos ambientales yque, al no ponerse de acuerdo sobre estos es que Argentina lleva el caso ante la Corte por el art.12 del Estatuto. Uruguay también sostiene que el Derecho Internacional general prohíbe que elEstado de origen ponga en marcha un proyecto mientras transcurren las negociaciones, peroque están autorizados los trabajos preparatorios que fueron los realizados por Uruguay y queestos no constituyen un hecho consumado que impida las negociaciones (#— 133 y 134).Argentina niega que del comunicado surja su acuerdo, ni que por él se haya aceptado laconstrucción de la planta, ni que el GTAN sustituya a la CARU. Afirma que se recurrió a la Cortepor el art. 60 y no por el 12 del Estatuto. Concluye que la Corte debería pronunciarse sobretodas las violaciones a las disposiciones del Estatuto y no sólo sobre la construcción de lasplantas (## 135 y 136)Siguen largas consideraciones (## 137 a 148) en las que la Corte afirma que no es diferentefundar la demanda en el art. 12 o en el 60; que el comunicado es un acuerdo para crear el GTANcon el fin de permitir las negociaciones, pero que no excluye las obligaciones del Estatuto, lasque siguen en vigor y deben satisfacerse; que la constitución del GTAN no significa la aceptaciónde las plantas; y que Uruguay mientras se desarrolla el mecanismo no debe autorizarlas y menosconstruirlas. Por último ubica al Estatuto y su mecanismo de cooperación en el marco delDerecho Internacional general, especialmente el derecho de los tratados. Agrega la Corte que elmecanismo de cooperación no tendría sentido si la parte de origen autoriza o pone en marchalas obras antes de concluirlo.21Por último la Corte dictamina “…que el acuerdo que crea el GTAN no le ha permitido a Uruguayderogar sus obligaciones de informar y notificar conforme al art. 7 del Estatuto de 1975 y que, alautorizar la construcción de las fábricas y la terminal portuaria de Fray Bentos antes de finalizarel período de negociación, Uruguay no ha respetado la obligación de negociar prevista en el art.12 del Estatuto. Uruguay ha desconocido, en su conjunto, el mecanismo de cooperación previstoen los arts. 7 a 12 del Estatuto de 1975”. (## 149 y 150).Es la cuarta decisión favorable a los pedidos argentinos y que condena a Uruguay.e. Las obligaciones de Uruguay después de expirada la negociación (## 151 a 158).Si las partes no llegan a un acuerdo después de los 180 días dispuestos por el art. 12 delEstatuto, se va al procedimiento del art. 60: cualquiera de las partes puede llevar el asunto antela Corte (# 151).Uruguay (# 152) sostiene que el Estatuto no reconoce un derecho de veto sobre los proyectosiniciados y que en él no existe ninguna obligación de no construcción hasta que la Corte sepronuncie. Ante la carencia de disposición del Estatuto entiende que para complementarlodebe irse al Derecho Internacional general, citando el Proyecto de la Comisión de DerechoInternacional 2001 sobre prevención de daños transfronterizos el que permite autorizar lasobras.Argentina (# 153) entiende que el art. 12 del Estatuto determina que la Corte tiene la decisiónfinal si no se llega a acuerdo y que no se pueden iniciar las obras hasta que esta adopte decisión.Sostiene que en ese caso no hay veto porque, o se llega a un acuerdo o la Corte decide y que,Uruguay al poner en marcha las obras ha violado el Estatuto.La Corte expresa que no existe en el Estatuto la obligación de no construcción que recaería sobreUruguay entre el fin del período de negociación y la decisión de la Corte, por lo cual el Estado deorigen del proyecto, al finalizar el período de negociación puede, a su riesgo, proceder a laconstrucción; rechaza asimismo la interpretación de Argentina de los arts. 9 a 12 (# 154). Yconcluye de lo que precede que ninguna obligación de ‘no construcción’ pesa sobre Uruguaydespués del período de negociaciones previsto por el art. 12, que expiró el 3/II/06, cuando laspartes constataron el fracaso de las negociaciones en el GTAN. En consecuencia elcomportamiento ilícito de Uruguay (constatado en el # 149), no podía extenderse sino hasta esafecha (# 157).Es el quinto pronunciamiento en que la Corte acoge la argumentación uruguaya frente a laspretensiones argentinas y además limita en el tiempo el incumplimiento a que se hace referenciaa fines del literal anterior.7. Las obligaciones de fondo (## 159 a 266).a. Introducción.Antes de analizar las acusaciones de violación que formula Argentina contra Uruguay (verliterales c a f), la Corte examinará dos cuestiones preliminares referidas a la prueba (ver literalb) (#159).b. Carga de la prueba y prueba de peritos.-Carga de la prueba. Argentina sostiene que las disposiciones del Estatuto (Principio dePrecaución) determinan la inversión de la carga de la prueba recayendo esta sobre Uruguay, el22que deberá demostrar que la fábrica no causa daño significativo al medioambiente; y que lacarga no debe pesar sólo sobre Argentina, ya que el Estatuto impone a las dos partes laobligación de convencer: una debe probar lo inocuo del proyecto y la otra su nocividad (# 160).Uruguay estima que la jurisprudencia de la Corte indica que la carga de la prueba corresponde aldemandante, en el caso Argentina, y que, aunque la pretensión de esta fuere fundada, nadacambiaría dada la debilidad de sus argumentaciones y la fortaleza de la prueba de origenindependiente proporcionada por Uruguay. Asimismo rechaza tanto la afirmación que elEstatuto invierte la carga de la prueba, como que la haga compartida (# 161).Citando jurisprudencia, la Corte sostiene que quién alega debe probar: el demandante suacusación, teniendo el demandado que cooperar con la Corte probando sus descargos. Enrelación con las alegaciones de Argentina, entiende “…que mientras que el Principio dePrecaución, si bien puede ser relevante en la interpretación y aplicación de las cláusulas delEstatuto, de ello no se sigue que opere una inversión en la carga de la prueba. La Corte estambién de la opinión que no hay nada en el Estatuto de 1975 que indique que el mismo imponela carga de la prueba en forma igual a ambas partes.” (## 162 a 164).Por sexta vez la Corte acoge los argumentos uruguayos y deja de lado los argentinos.-Prueba de peritos. Ambas partes han suministrado en su respectivo apoyo, gran volumen deinformación sobre los hechos alegados y datos de carácter científico, así como informes yestudios de expertos. Al respecto difieren sobre la autoridad y confiabilidad de las mismas. “LaCorte, de acuerdo con su práctica dispone que hará su propia determinación de los hechos,sobre la base de la evidencia que le fue presentada, y después aplicará las normas relevantes delDerecho Internacional…” (## 165 a 168).En este caso la Corte no da la razón a ninguna de las partes, solo afirma su independencia y sesitúa por encima de la disputa de los Estados.La Corte entrará a examinar las alegaciones de Argentina sobre las violaciones que ha cometidoUruguay a los arts. 1, 27, 35, 36 y 41 del Estatuto y a otras normas del Derecho Internacionalgeneral, alegaciones que son rechazadas por Uruguay en cuanto argumenta que el art. 27 delEstatuto le autoriza a utilizar las aguas del río con fines domésticos, sanitarios, industriales yagrícolas (# 169).c. Utilización óptima y racional del río (art. 1).Argentina sostiene que Uruguay ha violado sus obligaciones al no consultarla sobre las medidaspara evitar una modificación del equilibrio ecológico y para prevenir la contaminación.Argentina también sostiene que al interpretar el Estatuto de acuerdo a los Principios de UsoEquitativo y Razonable, se deben tomar en cuenta todos los usos tradicionales y legítimos del ríopreexistentes, incluso los recreativos y turísticos (# 170). Uruguay estima no haber violado elprincipio de uso equitativo y razonable y que nada determina la prevalencia de los usospreexistentes como el turismo y la pesca (# 171). Tampoco están de acuerdo las partes sobre elderecho de cada una de usar las aguas en su jurisdicción (# 172).La Corte, después de varias consideraciones y el estudio de los arts. 7 del Tratado, 1, 7 a 12, 27,36 y 41 del Estatuto y del papel de la CARU (## 173 a 176), concluye en que “…la opinión de laCorte es que el art. 27 contiene esta interconexión estrecha entre el aprovechamiento equitativoy razonable de un recurso compartido y la necesidad de conciliar el desarrollo económico y laprotección ambiental que constituye la esencia del desarrollo sustentable. (# 177).23En este ítem la Corte, aunque expresamente no se pronuncia sobre las razones de las partes,por séptima vez apoya los intereses de Uruguay al abrir la puerta a la idea de desarrollosustentable.d. Velar por la gestión del suelo y los bosques.En mérito a lo dispuesto por el art. 35 del Estatuto (# 178) Argentina sostiene que lasplantaciones de eucaliptus impulsadas por Uruguay para abastecer la fábrica de Botnia incidenno sólo en la gestión del suelo y los bosques, sino también en la calidad de las aguas del río.Uruguay contesta que Argentina no expuso al respecto ningún argumento fundado (# 179). LaCorte concluye que Argentina no ha establecido el fundamento de sus alegaciones sobre estepunto” (# 180).Por octava vez la Corte acoge los argumentos uruguayos y rechaza los de Argentina.e. Coordinar las medidas apropiadas para mantener el equilibrio ecológico.Argentina acusa a Uruguay de violar el art. 36 al no coordinar tales medidas con ella a través deCARU, afirmando que los desechos tóxicos de Botnia modifican el equilibrio (floraciones dealgas y rotísferos –gusanos- mal formados) (# 181) y que los arts. 36 y 41 imponen unaobligación de resultado (# 186). Uruguay sostiene que no ha violado la norma, que la plantacumple los requerimientos de CARU (# 182) y que el articulado impone una obligación decomportamiento.La Corte analiza el art. 36 y sus desarrollos en el Digesto de CARU; entiende que el art. 36 obligaa las partes a adoptar medidas para impedir las modificaciones al equilibrio ecológico tanto en elmarco de la CARU como particularmente y que impone una obligación de comportamiento (##183 a 188). “La Corte concluye de lo que antecede que Argentina no ha demostrado de maneraconvincente que Uruguay en violación del art. 36 se haya rehusado a tomar parte en losesfuerzos de coordinación previsto en el mismo. (# 189).Es la novena vez que la Corte rechaza una petición Argentina, acogiendo los argumentos deUruguay.f. Impedir la polución y preservar el medio acuático.i) Planteo del asunto. La Corte transcribe el art. 41 (# 190) y expone las posiciones de laspartes. Argentina sostiene que Uruguay ha violado estas obligaciones al autorizar la descarga denutrientes adicionales desconociendo las disposiciones del Estatuto y de la convención Ramsar;agrega, además que la obligación de prevenir la contaminación es de resultado y se extiende almedio acuático y a cualquier otro uso razonable, incluido el turismo y los usos recreativos (#191). Uruguay entiende que el art. 41 no prohíbe toda descarga sino sólo las que excedan losestándares acordados en la CARU y que produzcan efectos dañinos (contaminación según el art.40), que crea una obligación de conducta y que todo ello poco importa ya que, Uruguay, hacumplido su deber de prevención de la contaminación al exigir que las plantas cumplan con losestándares de la mejor tecnología disponible (BAT) (# 192).ii) Metodología de análisis. Citando su propia jurisprudencia la Corte determina queanalizará el art. 41 partiendo de que el Derecho Internacional ambiental establece para losEstados la obligación de velar para que las actividades realizadas en su territorio o zonas bajo sucontralor no contaminen a otros Estados o zonas libres de jurisdicción y que las partes deben deestudiar conjuntamente los efectos de sus emprendimientos sobre el medio ambiente.24Pasando a analizar el art. 41, entiende: 1º. Que él distingue entre la función reglamentariaconferida a CARU por el Estatuto y las obligaciones que impone a las partes de adoptar normasy tomar medidas individuales en su ordenamiento para proteger el medio acuático e impedir lapolución. 2º. Que resulta de la lectura del art. 41 cuales son las normas y métodos que se debenadoptar conforme a las reglas internacionales. 3º. Que estas obligaciones deben cumplirse conla debida diligencia, ejerciendo cierta vigilancia respecto a su puesta en práctica porinstituciones públicas y privadas y cuidando de que sean conformes a los parámetros y a lasnormas técnicas internacionales. 4º. Que la obligación de impedir la polución debedeterminarse a las luz del art. 40 (“…el término polución indica la introducción directa oindirectamente por el hombre de sustancias o energías nocivas en el medio acuático”) y ladefinición de efectos nocivos del Digesto de la CARU (“…toda alteración de la calidad de lasaguas que impida o dificulte cualquier uso legítimo de las mismas, produciendo efectosvenenosos o riesgos a los recursos vivos, riesgos a la salud humana, amenazas a las actividadesacuáticas, comprendida la pesca, o la reducción de las actividades de recreación”).La Corte entiende que las normas consagradas por la CARU conciernen en especial a la calidadde las aguas estableciendo los límites generales y que la reglamentación es de cuenta de laspartes. Tanto Uruguay como Argentina las han concretado en sus respectivos derechos y,concluye la Corte en que “…aplicará, además del Estatuto de 1975, estos dos conjuntos de reglas(nacionales) para determinar si las partes han violado sus obligaciones…..en lo que concierne alas descargas de efluentes de la planta y el impacto de las mismas sobre la calidad de las aguas,el equilibrio ecológico y la diversidad biológica del río”. (## 193 a 202).iii) Evaluación del impacto ambiental. –Planteo del asunto. Las partes están deacuerdo en la necesidad de evaluar el impacto ambiental y en que tal evaluación debe hacerseantes de autorizar las construcciones. En cambio difieren en cuanto al alcance y contenido delestudio. Argentina entiende que Uruguay ha faltado a su obligación de realizar la evaluaciónantes de otorgar la autorización y que el estudio no es satisfactorio, especialmente porque no hatenido en cuenta el conjunto de impacto potencial de la planta, tal como lo exigen la práctica y elDerecho Internacional. Uruguay acepta la necesidad del estudio del impacto ambiental, perosostiene que el Derecho Internacional no impone ninguna condición en cuanto a su contenido;agrega que según la práctica y el Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional 2001, sólocabe exigir el análisis del eventual impacto negativo transfronterizo del proyecto sobre los sereshumanos, los bienes y el medio ambiente de otros Estados, sin ser necesario evaluar los riesgoslejanos o puramente teóricos (# 203).La Corte entiende que se debe llevar a cabo el estudio de impacto ambiental y que el art. 41 a delEstatuto “debe ser interpretado de acuerdo a la práctica reciente” (# 204). Observa que ni elEstatuto, ni el Derecho Internacional general especifican el alcance y contenido de tal estudio,por lo tanto corresponde a cada Estado determinarlo; también considera que debe ser realizadoantes de poner en marcha el emprendimiento, prologándolo después con un monitoreo continuo(# 205). Pasará de inmediato a analizar dos puntos específicos: elección del sitio y consulta a laspoblaciones.-Elección del sitio. Argentina entiende que el estudio de impacto ambiental hecho porUruguay es inadecuado porque no existieron estudios de sitios alternativos para la instalación yque el sitio elegido es particularmente sensible e inadecuado (# 207). Uruguay contesta dandolas razones para la elección y afirma haber hecho estudios de sitios alternativos. La Corteprimero analiza si se tuvieron o no en cuenta distintas opciones y concluye: “Consecuentemente,la Corte no está convencida del argumento de Argentina según el cual no se realizó por Uruguayuna evaluación de los diferentes puntos de instalación posibles antes de la instalación definitivade la fábrica”, (# 210).Por décima vez la Corte rechaza los argumentos argentinos y acoge los de Uruguay.25La Corte analiza luego si el emplazamiento elegido es adecuado y lo hace a la luz de losestándares de la calidad de las aguas establecidos por CARU, los cuales “debe(n) haber tomadoen cuenta la capacidad del cuerpo de agua receptor y la sensibilidad de las aguas del río”, yconcluye “Consecuentemente, en la medida en que no se establezca que las descargas deefluentes de la planta Orión (Botnia) violaron aquellos estándares en términos del nivel decontaminación, la Corte no está en capacidad de concluir que Uruguay ha violado susobligaciones”. (## 211 a 214).Por décima primera ocasión se rechaza la pretensión de Argentina por falta de prueba y seexcluye de responsabilidad a Uruguay.-Consulta a las poblaciones. Ambas partes concuerdan en que las poblaciones afectadasdeben ser consultadas. Argentina sostiene que el Derecho Internacional impone esa obligacióncitando la Convención Espoo, el Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional 2001 y losprincipios y objetivos del PNUMA. Uruguay niega que las disposiciones citadas por Argentinaden sustento a la obligación de consultar, agregando, además, que tales consultas fueronrealizadas (# 215). “La Corte estima que, de los instrumentos invocados por Argentina, no sedesprende ninguna obligación jurídica de consultar a las poblaciones afectadas” y, después derelacionar actividades (## 217 218), que “A la luz de lo expuesto, la Corte constata que tuvieronlugar las consultas por Uruguay a las poblaciones afectadas” (# 219).Por decimo segunda vez la Corte da la razón a Uruguay.iv) Técnicas de producción utilizadas por Botnia. Argentina sostiene que Uruguay no haadoptado las medidas apropiadas para impedir la polución, que en Botnia no se utilizan “lasmejores técnicas disponibles”, exigencia que resulta de la convención COPs incorporada alEstatuto por la “clausula de reenvío” del art. 41 a. Uruguay refuta la primera afirmación en basea informes y estudios, asegurando que se han utilizado las mejores técnicas disponibles deacuerdo a las normas de la Unión Europea (# 220).En especial Argentina denuncia que la planta no hace “tratamiento terciario a los efluentes”antes de verterlos y que la fábrica carece de una pileta de urgencia, libre y adecuada paracontener los desbordes repentinos de efluentes que se puedan producir. Uruguay manifiestaque los expertos no han entendido necesario el “tratamiento terciario” y que el mismo, deutilizarse, sería perjudicial; agrega que las técnicas de blanqueamiento son las adecuadas y laspiletas de urgencia instaladas son suficientes habiendo sido evaluados los riesgos (## 221 y222).La Corte observa que el art. 41 impone a las partes el deber de actuar bajo las directivas yrecomendaciones de los organismos técnicos internacionales, que las técnicas utilizadas sonadecuadas y “estima que…..ningún elemento de prueba concurre en apoyo de la pretensiónArgentina según la cual la fábrica de Botnia no aplica las mejores técnicas disponibles en cuantoal desecho de efluentes…”. (## 223 a 225).Luego la Corte recuerda que Uruguay ha suministrado numerosa información relativa a lavigilancia de los efluentes de Botnia, por lo que “…Estima que Argentina no está en desventajaen lo que concierne a la producción de elementos probatorios relativos a los desagües de losefluentes de la fábricas de pasta de celulosa” (# 226).En cuanto a la determinación del porcentaje de la concentración de la polución de la planta deBotnia en relación a los límites reglamentarios y otros parámetros que se señalan, la Corte,luego de mencionar varios parámetros, expresa que “Argentina tampoco alega ninguna falta de26cumplimiento por la planta de Botnia de las normas de CARU relativas a los efluentes…” (#227).Después de analizar una serie de parámetros y las concentraciones de algas del 19/01/08, laCorte concluye: “Sin embargo, en ausencia de elementos de prueba que establezcan de maneraconvincente que no se trata de un episodio aislado mas bien que de un problema duradero, laCorte no puede concluir que Uruguay ha violado las obligaciones del Estatuto de 1975”. (# 228).Con estos cuatro pronunciamientos, el respaldo a los argumentos uruguayos y su acogida, a lavez que el rechazo de las pretensiones argentina, llega al número decimo sexto.v) Impacto de los hechos sobre la calidad de las aguas. En los últimos tres años, laspartes han suministrado a la Corte gran cantidad de documentos relativos a la calidad de lasaguas, a la situación atmosférica y a otros indicadores ambientales registradosdespués de la instalación de la fábrica (##229 y 230). Argentina sostiene que los informesuruguayos son insuficientes e incompletos; Uruguay rechaza tal afirmación y señala que,incluso, Argentina se ha basado en datos uruguayos para sus evaluaciones; Argentina no niegaesto último (# 231). La Corte describe la situación y pasa a analizar las pruebas aportadas sobrelos parámetros y sistemas particulares que son objeto de controversia (## 232 a 237), dando susconclusiones sobre diversos aspectos: oxígeno disuelto, fósforo, substancias fenólicas, presenciade nonilfenoles, dioxinas y furanos.-Oxígeno disuelto (## 238 y 239). Argentina alega que las actividades de la planta handisminuido el mínimo de este elemento en las aguas: 5.6 mg/L. “…la Corte estima que estaalegación hecha por Argentina no fue probada”.-Fósforo (## 240 a 250). Ambas partes coinciden en que su nivel en el río es alto. Argentinasostiene que es la planta de Botnia la que ha causado la eutrofización del río, el aumento de laconcentración de fosfatos y la floración de algas. Uruguay lo niega. “La Corte estima que…..laplanta Botnia, hasta el presente, ha cumplido con el estándar previsto en materia de descarga defósforo total.” (# 243); agregando: “La Corte considera que la cantidad de descarga de fósforototal en el río que puede ser atribuida a la planta Botnia, es insignificante en términosproporcionales comparado con…..otras fuentes” (# 247); y en cuanto a las floraciones de algasconcluye: “…no se ha establecido de modo satisfactorio para la Corte que el episodio de floraciónde algas del 04/02/09 fuera causado por las descargas de nutrientes de la planta de Botnia”.(# 250).-Sustancias fenólicas (## 251 a 254). Argentina afirma que la emisión de contaminantespor Botnia ha violado los estándares de CARU en relación a las sustancias fenólicas; Uruguay loniega afirmando que los datos indican que los estándares ya había sido excedidos anteriormentea la instalación. “…la Corte concluye que la evidencia resulta insuficiente para atribuir a laactividad de la planta Botnia el incremento en el nivel de concentración de sustancias fenólicasen el río”. (# 254).-Presencia de nonilfenoles en el medio acuático (## 255 a 257). Argentina sostieneque la planta de Botnia emite o ha emitido nonilfenoles que perjudican al medio acuático y a sufauna. Uruguay rechaza que la planta los produzca, negando además que la misma utilice talelemento en cualquiera de las etapas del proceso de producción, ni tampoco para la limpieza dela planta. La Corte en su decisión expresa: “…Argentina, no ha presentado en opinión de laCorte, evidencia clara que establezca un vínculo entre los nonilfenoles hallados en las aguas delrío y la planta Botnia…..concluye que no hay evidencia en las actuaciones que satisfaga elreclamo hecho por Argentina…”. (# 257).27-Las dioxinas y furanos (## 258 y 259). Argentina manifiesta que de sus estudios enciertos peces (sábalos), resulta que presentan índices altos de dioxinas y furanos, lo quedemostraría un aumento de esas sustancias en el río después de la entrada en funcionamientode Botnia. Uruguay rechaza la afirmación que atribuye a Botnia tales aumentos. “La Corteconsidera que no hay evidencia clara que vincule la presencia de dioxinas y furanos en el río conel funcionamiento de Botnia”. (# 259).Con estas siete decisiones de la Corte rechazando las pretensiones argentinas y atendiendo a losargumentos uruguayos se llega al pronunciamiento vigésimo tercero a favor de Uruguay.vi) Efectos sobre la biodiversidad (## 260 a 262). Argentina dice que Uruguay haomitido adoptar todas las medidas necesarias para proteger y preservar la biodiversidadbiológica en el río Uruguay y sus áreas de influencia; cita, como aplicables al caso a través de la“clausula de reenvío” del art. 41 a, los convenios de CITES, sobre la biodiversidad y Ramsar;afirma que se han constatado anormalidades en organismos acuáticos y peces; también reclamaporque dice que el funcionamiento de Botnia coloca en riesgo a los Esteros de Farrapos ubicadosen el margen argentino de la frontera, al sur de la represa del Salto Grande. Uruguay afirma queno se ha demostrado que él violase la convención sobre biodiversidad, que los Esteros deFarrapos no están comprendidos como sitio Ramsar en peligro y que no es creíble que se hayanproducidos los efectos denunciados por Argentina sobre peces y rotísferos. La Corte consideraque dentro de la obligación de preservar el medio acuático se comprende la fauna y flora del río,“…sin embargo, no ha hallado suficiente evidencia para concluir que Uruguay no respetó suobligación de preservar el medio acuático incluyendo la protección de su fauna y flora…” (#262).Por vigésimo cuarta vez la Corte rechaza una pretensión de Argentina.vii) La contaminación atmosférica (## 263 y 264). Argentina afirma que la planta deBotnia produce contaminación atmosférica, sonora y visual, la que impacta negativamente en elmedio acuático. Uruguay sostiene que la Corte no tiene jurisdicción sobre estos temas y que,además, los reclamos argentinos no son fundados. La Corte manifiesta que sobre lacontaminación sonora y visual ya se pronunció diciendo que no tenía jurisdicción (# 52). Encuanto a la contaminación atmosférica, si esta depositara sustancias nocivas en el medioacuático, entrarían en su competencia. No obstante “…en virtud de las determinaciones de laCorte con respecto a la calidad del agua, la Corte opina que las actuaciones no muestran ningunaevidencia clara de que sustancias tóxicas hayan sido introducidas en el medio acuático del ríocomo consecuencia de las emisiones atmosféricas de la planta de Botnia”. (# 264).Es la vigésimo quinta vez que la Corte rechaza una pretensión argentina y que respalda aUruguay.viii) Conclusiones sobre el art. 41 (# 265). La Corte decide por lo anterior que nadademuestra que Uruguay no haya actuado con diligencia o que Botnia, desde que comenzó afuncionar, haya causado efectos deletéreos, o daños a los recursos vivos, o daños a la calidad delagua, o daños al equilibrio ecológico del río. “Por lo tanto, sobre la base de las evidencias que lehan sido presentadas, la Corte concluye que Uruguay no ha violado sus obligaciones deconformidad con el art. 41”.Vigésimo sexta ocasión en que la Corte da la razón a la posición uruguaya: Botnia no contaminamás allá de los parámetros admisibles. Pero, de los argumentos de las partes y de las decisionesde la Corte surge otra evidencia: el río Uruguay en muchos parámetros está contaminado másallá de lo admisible. La propia Argentina lo afirma. Si no es Botnia la responsable ¿Quién es?.28ix) Obligaciones de monitoreo. Se establecen en el # 266 del fallo cuyo tenor literal esmuy importante de considerar (verlo infra Numeral 10 d i). En el mismo la Corte imponetres obligaciones, dos de ellas a ambas partes: el control de las aguas en todo el río(primera) y, para ello, la continuación de la cooperación mutua en la CARU (tercera). Laotra, el monitoreo de la planta (segunda), sólo se le impone a Uruguay y, de esta manera sele reconoce el derecho de cumplir con esa obligación como mejor entienda: actuando solo yen exclusividad y asumiendo la consiguiente responsabilidad; o confiando el monitoreo aun grupo técnico ajeno a las partes; o realizándolo conjuntamente con la contraparte; ohacerlo con esta y también con el otro tributario del río, Brasil; o imaginar otra modalidaddiferente. Uruguay tiene la obligación de monitorear la planta para que esta funcione bieny no contamine y así proteger los intereses de todos. También tiene el derecho de hacerloen la modalidad que mejor ampare sus derechos y el despliegue de su soberanía.8. Conclusiones finales y fallo (## 267 a 282).En esta parte se resumen y concretan los desarrollos anteriormente analizados. La Corterecuerda su conclusión de que Uruguay no respetó sus obligaciones procesales y pasa a analizarlas consecuencias de esto. Recuerda que Argentina solicitó el cese inmediato de los ilícitos y “LaCorte considera que la determinación del comportamiento ilícito de Uruguay respecto de susobligaciones de naturaleza procesal, constituye “per se” una medida de satisfacción paraArgentina. Dado que las violaciones por parte de Uruguay respecto de las obligaciones denaturaleza procesal ocurrieron en el pasado y ya no son exigibles, no corresponde ordenar sucese”. (## 267 a 269).Recuerda que Argentina sostiene que esto es insuficiente dado que las obligaciones procesales ylas de fondo están íntimamente relacionados y, en consecuencia reclama “restituir en los hechosy en el derecho la situación que existía antes de que los actos internacionalmente ilícitos fuerancometidos”; si se atendiera a este pedido la planta de Botnia y su puerto deberían de serdesmanteladas. La Corte, analiza: los argumentos de Argentina y de Uruguay; las disposicionessobre responsabilidad de los Estados recogidas por la Comisión de Derecho Internacional; supropia jurisprudencia; las disposiciones del Estatuto; y el Derecho Internacionalconsuetudinario. De esto concluye afirmando que resulta innecesario determinar si los arts. 42y 43 del Estatuto establecen la compensación y no la restitución como forma de reparación y quede ellos no puede inferirse que se impida toda otra forma de reparación que no sea lacompensación. Recuerda que las obligaciones de naturaleza procesal no suponen para Uruguayuna prohibición, una vez concluido el período de negociación, de construir la planta en ausenciade consentimiento Argentino. Dice que la planta comenzó a construirse antes de finalizar lasnegociaciones, con lo cual se violaron obligaciones procesales aunque no de fondo por lo cual“…ordenar el desmantelamiento de la planta no constituiría…..una forma de reparaciónapropiada a la violación de las obligaciones de naturaleza procesal” (## 270 a 275).Concluye también en que “Dado que Uruguay no ha incumplido las obligaciones de fondo…..noes de recibo la demanda entablada por Argentina relativa a la compensación por los perjuiciosalegados en diversos sectores de la economía, especialmente el turismo y la agricultura” (#276).Señala que Argentina solicita a la Corte que imponga a Uruguay el dar garantías adecuadas deque en el futuro no obstaculizará la aplicación del Estatuto, pero “La Corte no alcanza a verninguna circunstancia especial en el presente caso, que requiera ordenar una medida tal…” yagrega luego: dado que la buena fe debe presumirse (## 277 y 278).Recuerda también que Uruguay ha solicitado se le confirme en su derecho de continuaroperando la planta de Botnia, en tanto Argentina pide que esto sea rechazado. La corte expresa“Si bien la Corte no está obligada a decidir sobre la admisibilidad de esta solicitud de Uruguay,29le es suficiente comprobar que no tiene ninguna consecuencia práctica, al no haberse hecholugar a las demandas de Argentina en relación a la violación de las obligaciones de fondo y con eldesmantelamiento de la planta de Orión (Botnia) por parte de Uruguay. (# 280).Finalmente, la Corte en el # 281 (verlo infra Numeral 10 d ii) expresa que el Estatuto obliga a las partes acooperar entre si para cumplir con los propósitos del mismo y extiende esa obligación al monitoreo de laplanta de Botnia. Argentina ha pretendido encontrar en esta disposición un respaldo para exigir elmonitoreo conjunto de la planta. Esto no es lo que resulta de un detenido análisis del texto. Según elmismo, Uruguay y Argentina están obligados a cooperar en el monitoreo y control de la planta; nonecesariamente a hacer el monitoreo conjuntamente. El monitoreo y control de la planta podrá hacerloúnicamente Uruguay, y en este caso Argentina deberá cooperar; lo podrá hacer un tercero imparcial,debiendo cooperar con él Uruguay y Argentina; o se podrá hacer de cualquier otra manera satisfactoriasiempre que ambos cooperen. Las referencias del # 281, evidentemente oscuras en su expresión, seaclaran totalmente en respaldo de lo que expresamos, si se tiene en cuenta lo dispuesto en el # 266 (versupra Numerales 3 i y 7 f ix)La Corte, en el # 282 e integrada por M.Tomka (Eslovaquia, vicepresidente en ejercicio de lapresidencia), Koroma (Sierra Leona), Al-Khasawneh (Jordania), Simma (Alemania), Abraham(Francia), Keith (Nueva Zelanda), Sepúlveda-Amor (Méjico), Bennouna (Marruecos), Skotnikov(Rusia), Cançado-Trindade (Brasil), Yusuf (Somalía), Greenwood (Reino Unido), Vinuesa (adhocpor Argentina) y Torres-Bernardez (España, ad-hoc por Uruguay), resuelve:Por 13 votos contra 1 (en contra Torres-Bernardez): “Que la República oriental del Uruguay haviolado sus obligaciones de naturaleza procesal que le incumben en virtud de los arts. 7 a 12 delEstatuto del río Uruguay de 1975 y que la constatación por la Corte de esta violación constituyeuna satisfacción suficiente”.Por 11 votos contra 3 (en contra Al-Kasawneh, Simma y Vinuesa): “Que la República oriental delUruguay no ha violado las obligaciones de fondo que la incumben en virtud de los arts. 35, 36 y41 del Estatuto del río Uruguay de 1975”.Por 14 votos (unanimidad): Que se rechazan los demás petitorios de las partes”. (# 282).9. Las opiniones disidentes o individuales y declaraciones.a. Opinión disidente de Al-Khasawneh (Jordania) y Simma (Alemania).Estos jueces coinciden con la Corte, en cuanto a la violación por Uruguay de las obligacionesprocesales, pero no comparten el que este haya cumplido con todas sus obligaciones de fondo,porque entienden que es difícil acompañar a la Corte en su posición respecto a que elincumplimiento de las obligaciones procesales no inciden sobre las de fondo.La discrepancia más trascendente es respecto a la metodología adoptada por la Corte. Estosjueces hubieran preferido situar el caso en el marco de una sociedad de riesgos. Critican a laCorte por su actitud tradicional al momento de evaluar la prueba, piensan que ella se encontrabahabilitada para asumir una actitud protagónica adoptando un posicionamiento prospectivo,haciendo una evaluación profunda de los riesgos y adoptando una lógica preventiva y nocorrectiva.Se preocupan por que la Corte no haya aprovechado el caso abriendo rumbos para otros en losque haya que evaluar elementos de prueba complejos. Concluyen expresando que “Deploranque la Corte haya dejado pasar, en este asunto, la ocasión de demostrar a la Comunidad30Internacional que posee la capacidad y la voluntad de abordar los diferendos científicamentecomplejos en la forma más moderna”.b. Opinión disidente de Vinuessa (Argentina, juez ad-hoc de la misma).Este juez ad-hoc comparte las posiciones de la Corte en cuanto ella condena a Uruguay porincumplimiento de sus obligaciones de forma, discrepa con ella por no vincular estas con lasobligaciones de fondo y rechaza la decisión en cuanto esta afirma que Uruguay cumplió susobligaciones de fondo. Se preocupa también por la falta de certeza científica de los elementos deprueba y afirma que se podía haber pedido la opinión de un experto independiente.c. Opinión individual de Keith (Nueva Zelanda).Este juez también se manifiesta partidario de una posición de la Corte más activa en materia deprueba; pero no avanza como los dos primeros (literal a) en cuanto a la sociedad de riesgo. Diceno estar de acuerdo con la Corte en cuanto a que el incumplimiento de Uruguay cesara alconcluir el período de negociaciones.d. Opinión individual de Cançado Trindade (Brasil).Cançado dice adherir a la posición de la Corte, pero que no acompaña todos sus razonamientos,especialmente el haber dejado de considerar (y aplicar en el caso) los Principios Generales deDerecho. A partir de ahí hace un largo desarrollo teórico doctrinario sobre la importancia quetienen como fuente estos Principios, incluyendo en ellos a los del ámbito doméstico, a lospropios del Derecho Internacional y, a través de estos, a los Principios Generales de laProtección Ambiental; sostiene que estos son aplicables al caso a través del Estatuto del ríoUruguay. Recuerda la aplicación hecha anteriormente por esta Corte y su predecesora, de estosPrincipios, los que, subraya, son fuente del Derecho Internacional 43. Cançado también analizalos Principios de Prevención, de Precaución, de Solidaridad Intergeneracional y de DesarrolloSustentable; menciona el problema de los riesgos y el de la inseguridad de las conclusionescientíficas.Después de estas exposiciones doctrinarias, Cançado discrepa con la forma de encarar la pruebaafirmando que la Corte debía haber actuado por iniciativa propia y que si lo hubiere hechopudiera haber sido otra la decisión sobre las obligaciones de fondo.Luego adopta, respecto a la CARU y al sistemas jurídico que la abarca (el Estatuto), una posicióndoctrinaria que, a nuestro entender, no refleja la realidad (ver supra Numeral 3 d). Dice que elasunto objeto del caso sobrepasa lo interetático y afirma que la personería jurídica de la CARUhace salir el caso de la esfera estrictamente interestatal, aún en contra de lo que piensenUruguay y Argentina y que “…nada ha negado que el Estatuto de 1975 haya establecido uncuadro constitucional destinado a satisfacer, por el juego de sus disposiciones, los interesescomunes de los Estados partes…”; de lo cual infiere que las partes necesariamente deben seguirlos procedimientos de los arts. 7 a 12.Para terminar entra a hacer consideraciones epistemológicas y reflexiones filosóficas en relacióna los Principios, lo que lo acercan mucho al neo jusnaturalismo, diciendo que ellos confieren dehecho al orden jurídico, interno e internacional, su dimensión ineluctablemente axiológica.43 Desde un punto de vista estrictamente formal esto es de recibo, pero sólo en referencia a fuentes de la Corte y alos Principios Generales del Derecho recogidos en todos los grandes sistemas jurídicos del mundo, porque lareferencia a ellos existe en el art. 38 del Estatuto de la Corte. Doctrinariamente el Profesor Arbuet entiende que elart. 38 sólo hace referencia a los Principios Generales del derecho interno y que estos no constituyen una fuenteformal autónoma, sino que los Principios generales nacidos en el ámbito doméstico están comprendidos en lafuente consuetudinaria. Ver E.Jiménez de Aréchaga (2005), Tomo I, Capítulo IV, Sección I, llamada 3, esta delProf.Arbuet; y H.Arbuet-Vignali (2004) Capítulo X, Sección V.31e. Opinión individual de Greenwood (Gran Bretaña).Este juez acepta el fallo de la Corte, pero entiende que la violación de Uruguay a sus obligacionesprocesales es menos extensa de lo que determina la Corte. Opina sobre la prueba. Concluyellamando la atención a las partes sobre las obligaciones continuas que asumen en virtud delEstatuto.f. Opinión individual de Torres Bernardez (España, ad hoc por Uruguay).Este juez ad hoc hace un extenso desarrollo de su opinión; suscribe todas las decisiones de laCorte que respaldan a Uruguay y no comparte aquellas que se refieren a sus violacionesprocesales. A partir de estas bases hace una prolija fundamentación de sus opiniones.g. Declaración de Skotnikov (Rusia).Este juez acompaña todas las decisiones de la Corte, aunque discrepa con el criterio de estarespecto a la interpretación del Estatuto del río Uruguay en cuanto al procedimiento. Afirma queUruguay, después de la negociación, no quedaba habilitado para construir la planta, sino queestaba obligado a concurrir ante la Corte en procura de una decisión. Según su opinión acercadel Estatuto, de este resulta claramente que si las partes no llegan a un acuerdo, existe para elEstado de origen, una obligación de no construir y, ante el desacuerdo o se desiste, o se concurrea la Corte para que decida. Dice que los arts. 7 a 11 tienen por objeto evitar las accionesunilaterales de las partes porque si así se procediera no resultaría una utilización racional yóptima del río como lo exige el art. 1.Agrega que el art. 12, además de recoger la cláusula compromisoria clásica del art. 60, crea paralas partes la obligación de acudir a la Corte para solucionar todo diferendo que exista en relacióna las actividades del art. 7. Concluye que los arts. 7 a 12 del Estatuto, claramente establecen unmecanismo no procesal que comprende, además de las obligaciones de informar, notificar y, encaso de objeción, de negociar, otra obligación para ambas partes: en caso de no llegar a unacuerdo tras la negociación de someter el diferendo a la Corte.h. Declaración de Yusuf (Somalia).Este juez está de acuerdo con el fallo, pero declara que en materia de prueba debía de haberserecurrido a un experto que permitiera comprender las complejidades técnicas de la prueba yevitar errores en la apreciación y determinación de los hechos.i. Resumen de las opiniones expuestas supra.En las exposiciones examinadas no existen demasiadas discrepancias con el fallo definitivo;salvo en el caso de los jueces ad-hoc que opinaron diferente alineándose con las respectivasposiciones de los Estados que los propusieron 44.De los jueces permanentes de la Corte que opinan separadamente, todos menos Skotnikovhacen referencias al sistema de prueba adoptado por la Corte y la critican señalando que estadebía haber sumido un papel más activo y recurrir a otros mecanismos de prueba que le abre elEstatuto: la opinión de expertos o las pesquisas..44 Esta ha sido la conducta habitual de los jueces ad hoc; lo que nos hace dudar de la trascendencia del instituto;pero el tema merece largas consideraciones en un estudio específico.32Ninguno sostuvo que Uruguay no hubiere incumplido con sus obligaciones procesales,aunque Greenwood indica que ellas son menos graves y Keit y Skotnikov, rechazan que elincumplimiento de estas cesaran en el el momento de concluir las negociaciones.Al-Khasawneh y Simma son los únicos que discrepan con el criterio de la Corte de que lasobligaciones procesales no están vinculadas con las de fondo y en que, como consecuencia, elincumplimiento de aquellas no signifique el de estas.Al-Khasawneh y Simma reprochan a la Corte el no haber aprovechado el caso para sentarjurisprudencia con proyección a futuro, en lo que nosotros coincidimos (ver H.Arbuet-Vignali2006) ya que la Corte se encerró en las peculiaridades del caso. Junto a los anteriores, Cançadohace menciones respecto a ubicarse en una sociedad de riesgos.Cançado también asume un posicionamiento teórico doctrinario, que acompañamos en ciertosaspectos, pero que nos parece ajeno al caso; además adjudica a la CARU una relevancia ytrascendencia que jurídicamente no posee y le manifiesta un respeto político administrativo quehistóricamente el instrumento no se ha ganado 45.10. Conclusiones y perspectivas.Balance del fallo.Del análisis efectuado, se desprende claramente que la sentencia de la Corte tan solo acogiócuatro pretensiones de Argentina (vinculadas todas ellas con el incumplimiento de obligacionesde índole procesal), rechazando en cambio otras veintiséis pretensiones que originariamentehabía planteado en su demanda contra Uruguay.Por lo tanto, la primera conclusión es clara y contundente: la sentencia que recayó en elconflicto entre Uruguay y Argentina por las plantas de celulosa fue notoriamente favorable alUruguay, en mérito a que de treinta pretensiones que planteó Argentina en su demanda, laCorte tan solo le acogió cuatro. Esta reflexión no encierra sólo una cuestión numérica, sino quetambién pondera la seriedad y fuerza de convencimiento de las argumentaciones uruguayas, a lavez que plantea interrogantes sobre la solvencia y madurez de las acusaciones argentinas.Levedad de la violación de Uruguay.Además, debe destacarse que las cuatro pretensiones que fueron favorables a la Argentina, estántodas íntimamente vinculadas al incumplimiento de obligaciones de índole procesal de parte delUruguay, descartándose de plano, cualquier incumplimiento de las obligaciones de fondoestablecidas en el Estatuto del Río Uruguay.Así, la Corte entiende que Uruguay no cumplió con las obligaciones que le impone el art. 7, incs.1, 2 y 3 del Estatuto, esto es el deber de informar a la CARU y, paralelamente, el deber denotificar a Argentina (a través de la CARU) de los trabajos proyectados para la construcción delas dos plantas de celulosa, antes del otorgamiento de las respectivas “autorizacionesambientales previas” por parte de la DINAMA. Y, bajo esta línea de razonamiento: *) descartael argumento de Uruguay relacionado con el acuerdo “Bielsa-Opertti” por entender, no solo queUruguay nunca comunicó a la CARU la información prometida por medio de dicho acuerdo,sino porque además, cuando el mismo se concretó sólo existía el proyecto para la construcciónde una planta de celulosa (ENCE), no pudiendo ser extendido a la otra planta queposteriormente se autorizó instalar en la zona (BOTNIA); y *) rechaza la posición del Uruguay45 A diferencia de CARP (Comisión Administradora del Río de la Plata) y de CTM (Comisión Técnico Mixta del SaltoGrande), que con igual integración binacional, con cometidos similares y con parecidos marcos jurídicos, hanfuncionado con mayor espíritu de integración.33en lo que respecta al alcance que tuvo el acuerdo mediante al cual se creó el “Grupo Técnicode Alto Nivel” (GTAN), por considerar que dicho acuerdo no derogó las obligaciones que teníanuestro país, conforme el Art. 7 del Estatuto, de informar y notificar a la CARU y a la Argentinarespectivamente, agregando además, que Uruguay tampoco respetó el mecanismo decooperación previsto en los arts. 7 a 12 del Estatuto, atento a que autorizó la construcción deambas plantas y de la terminal portuaria de Fray Bentos antes de finalizar el período denegociación.Por lo tanto, podemos afirmar como segunda conclusión, que la violación de la normativainternacional que se le inculpa al Uruguay es relativamente menor, no sólo por la propianaturaleza de las normas violadas (lo que podría ser una apreciación subjetiva) sino,fundamentalmente, porque como consecuencia de la violación de dichas normas, no se detectópor parte de la Corte la violación de ninguna norma de fondo o sustancial del Estatuto (lo que síhubiera sido una actitud no acorde con los antecedentes internacionales de Uruguay).Magnitud de la única sanción impuesta al demandado.Reafirma la poca entidad que la Corte le otorgó al incumplimiento de Uruguay, la propia sanciónque se le impuso en el fallo, al establecer que la sola “constatación por parte de la Corte” de laviolación de los arts. 7 a 12 del Estatuto, constituyen, por sí, una “satisfacción apropiada” para laArgentina.En muy importante esta parte del fallo, en mérito a que le quita a Argentina cualquierlegitimidad para un eventual reclamo de naturaleza indemnizatoria, a los efectos de resarcirsepor la violación de la norma internacional en la que incurrió Uruguay; Argentina debe deconsiderarse totalmente satisfecha con el simple fallo de la Corte, mediante el cual constatóformalmente la violación de una parte del Estatuto del Río Uruguay (Arts. 7 a 12) por nuestropaís.Por lo tanto, la tercera conclusión también es clara y contundente: si bien la Corte constató queUruguay violó los arts. 7 a 12 del Estatuto, las consecuencias de dicho accionar ilícito noadquirieron la envergadura que pretendía Argentina, desmantelar las obras, sino todo locontrario, en mérito a que no se detectó ninguna violación de fondo o sustancial del citadoEstatuto. Y fue precisamente por esa razón, que la Corte entendió que la simple “constatación”de dicho incumplimiento debe de ser considerada por Argentina como una “satisfacciónapropiada” a su reclamo.Monitoreo conjunto.Debe de analizarse también cual es el alcance que la Corte le asigna al “monitoreo conjunto” quedeberían realizar Uruguay y Argentina en el Río Uruguay, en el marco de los derechos yobligaciones que les impone el Estatuto, y que a la fecha (21/06/10), no cuenta con el acuerdo delas partes, aunque aparecen señales de aproximación.La Corte hace mención al “monitoreo conjunto” en dos pasajes de la sentencia, a saber:*) Parágrafo 266 del fallo. “La Corte opina que ambas Partes tienen la obligación de controlarque la CARU, en su condición de mecanismo común creado por el Estatuto de 1975, puedaejercer de manera permanente las facultades que le han sido conferidas por el Estatuto,incluyendo sus funciones de vigilancia de la calidad de las aguas del río y de evaluación delimpacto del funcionamiento de la planta Orion (Botnia) en el medio acuático. Por su parteUruguay tiene la obligación de continuar el monitoreo del funcionamiento de la planta deacuerdo con el artículo 41 del Estatuto asegurando el cumplimiento por parte de Botnia de lasreglamentaciones internas uruguayas y de las normas estipuladas por la Comisión. Las partes34tienen una obligación legal, de acuerdo al Estatuto de 1975, de continuar su cooperación porintermedio de la CARU y de permitirle desarrollar los medios necesarios para promover unaprovechamiento equitativo del río, protegiendo al mismo tiempo el medio acuático.”.*) Parágrafo 281 del fallo. “Finalmente, la Corte subraya que el Estatuto de 1975 obliga a lasPartes a cooperar entre ellas, de acuerdo a las modalidades allí establecidas, a los efectos deasegurar el cumplimiento de su objeto y propósito. Esta obligación de cooperación se extiende alcontrol y monitoreo de un establecimiento industrial, como la planta Orion (Botnia). En estesentido, la Corte observa que las Partes tienen una larga y eficaz tradición de cooperación ycoordinación en el marco de la CARU. Actuando conjuntamente en el seno de la CARU, lasPartes han establecido una efectiva comunidad de intereses y derechos en el aprovechamientodel río Uruguay y en la protección de su medioambiente. También han coordinado sus accionesa través del mecanismo conjunto de la CARU, de conformidad con las disposiciones del Estatutode 1975 y han encontrado soluciones apropiadas a sus diferencias dentro de este marco, sintener la necesidad de recurrir a la solución judicial de controversias que prevé el artículo 60 delEstatuto hasta que el presente caso fuera sometido ante la Corte.” 46.A nuestro entender, según se desprende de la sentencia, como del propio Estatuto del RíoUruguay, el aludido “monitoreo conjunto” debería de hacerse en el propio medio acuático y ensu entorno, controlando las sustancias que vierten en el río las respectivas fábricas e industrias(no solo BOTNIA) que se encuentran en una y otra orilla, siendo realizado dicho monitoreo porparte de personal técnico y especializado del país respectivo o, en su defecto, por parte detécnicos y/o especialistas extranjeros designados de común acuerdo por ambos Estados; pero enningún caso, podrá participar en dicha tarea los representantes políticos de ambos países,quienes se tendrán que limitar a analizar dichos estudios técnicos, pero jamás, intervenir enellos.CARU y las tareas de monitoreo.Según la Corte, dicha tarea de monitoreo se deberá realizar en el marco de la CARU, por ser éstala organización adecuada al desempeño de tales funciones. Entendemos que, si bien la CARUtiene competencia en este aspecto, en caso de plantearse una controversia entre las partes (porejemplo por una visión y/o interpretación diferente de los informes técnicos presentados) seríamuy difícil encontrarle una solución 47, en mérito a que todas las decisiones dentro de la CARUse toman por consenso y sus integrantes son representantes políticos de cada una de las partesque atienden, exclusivamente, a los propios intereses de los Estados partes, respondiendo a lasdirectivas que reciben de cada uno de sus gobiernos.Muy distinta sería la situación si la CARU, en lugar de tratarse de una OrganizaciónInternacional binacional intergubernamental que opera dentro del ámbito del DerechoInternacional Público, fuese una Organización Internacional supranacional que operase en elmarco del Derecho Comunitario, donde sus integrantes ya no serían únicamente representantespolíticos de los Estados partes que sólo protegieran sus intereses en particular, sino que,además, comprenderían a otros integrantes que atendieran a un interés superior común, comolo es, sin duda alguna, el de la protección del hábitat del río y la calidad de sus aguas, a losefectos de lograr un aprovechamiento integral y equitativo del mismo. Ese tipo de órgano,totalmente diferente al que creó el Estatuto de 1975, estaría entonces legitimado para dictarnormas supranacionales, las cuales serían obligatorias para los Estados partes, aplicándose las46 El texto de ambos parágrafos se extrajeron de la traducción al castellano realizada por el Ministerio de RelacionesExteriores de Uruguay.47 Si no se llegara a un acuerdo, de la misma manera que ocurrió en el caso que comentamos, el único caminodentro del Estatuto será el del art. 60 llevando el diferendo a la Corte y la otra alternativa sería convenir en llevar elasunto a los trámites de otro medio de solución pacífica de controversias. En cualquier caso el proceso será largo yesto no es bueno para solucionar problemas ambientales.35mismas, en forma directa e inmediata, dentro del territorio de cada uno de ellos. Nada de estoocurre.Resulta evidente que si la CARU fuese una Organización Internacional supranacional seríamucho más fácil adoptar una normativa imparcial y uniforme que pudiese regular todo lorelacionado con la protección del río, pero lo que la realidad indica, es que la CARU essimplemente una Organización Internacional intergubernamental, y la normativa que puedeestablecer dependerá, exclusivamente, del interés que tengan en particular cada uno de losEstados partes, que no necesariamente tienen que coincidir. Es más, han sido muchos losdesencuentros que han impedido un mejor y en algunos casos un buen manejo del río 48. Elcaso de las fábricas de pasta de celulosa es la punta del témpano flotante ¿nadie quiere ver loque hay debajo de la línea de flotación?.f. Conclusiones sobre el monitoreo.Tal como lo expresáramos más arriba, de un pormenorizado análisis del # 266 del fallo, se debede extraer la siguiente conclusión: la Corte por un lado entiende, que Argentina y Uruguaytienen la obligación de controlar que la CARU pueda ejercer las facultades que le atribuye elEstatuto, incluyendo “…sus funciones de vigilancia de la calidad de las aguas del río y deevaluación del impacto del funcionamiento de la planta de Orión (Botnia) en el medioacuático…” ; por otro lado, entiende que Uruguay tiene, en exclusividad, la obligación de“…continuar con el monitoreo del funcionamiento de la planta de acuerdo con el art. 41 delEstatuto, asegurando el cumplimiento por parte de BOTNIA de las reglamentaciones internasuruguayas y de las normas estipuladas por la Comisión…” ; y finalmente, entiende que ambaspartes tienen la obligación “…de continuar su cooperación por intermedio de la CARU”, a fin de“…permitirle desarrollar los medios necesarios para promover un aprovechamiento equitativodel río, protegiendo al mismo tiempo el medio acuático.”Y, analizando este #l 266 del fallo, conjuntamente con el oscuro # 281 del fallo, la conclusión ala que arribamos supra Numeral 3 i, fue clara y contundente: `primero, la Corte impone unaobligación conjunta; luego se atribuye una “carga-derecho” sólo para el Uruguay (el demonitorear la Planta de Botnia); y posteriormente se retorna a establecer una obligaciónconjunta: la de cooperación.Por lo expuesto anteriormente, no deberían existir dos opiniones al respecto: la obligación del“monitoreo conjunto” debe limitarse al medio acuático, comprendiendo todo el tramo del ríoque es compartido por Uruguay y Argentina, y controlando por intermedio de la CARU todas lassustancias que vierten en el río las empresas e industrias que se encuentran en ambas orillas,pero en ningún momento dicha obligación puede extenderse al control “in situ” dentro de cadauno de los establecimientos fabriles o industriales por parte de la CARU y, menos aún, por partedel otro Estado, sin que medie, previamente, un acuerdo específico que debería negociarse,firmarse y documentarse como un tratado formal; porque ello hoy no existe.Según antiguas reglas consuetudinarias y contractuales del Derecho Internacional, cada Estadoes responsable de controlar las actividades que las empresas desarrollan dentro de su territorio,debiendo de prevenir muy especialmente, que dichas actividades no perjudiquen a los Estadosvecinos. No existe ningún principio ni normativa internacional general, que obligue a un Estadoa tener que aceptar el contralor de parte de otro Estado respecto de una fábrica o industria que,eventualmente, pueda perjudicarlo por contaminación (en el hábitat del río en el caso encuestión). Por el Principio de Soberanía, ningún Estado puede permitir que otro Estado48 Que el río está inadmisiblemente contaminado sin que ello sea responsabilidad de Botnia, es un hecho queresulta de la sentencia: ¿Por qué hasta ahora CARU nada o poco ha hecho para evitarlo? ¿Qué razón permitirátransformar un instrumento que en la materia ha resultado absolutamente caprichoso e ineficaz en un órganosensato, justo y eficaz?.36fronterizo se inmiscuya en el contralor de las industrias que desarrollan su actividad dentrode su territorio, cumpliendo con la normativa legal que en dicho territorio se le exige. Enconclusión, ningún Estado puede irrogarse el derecho de controlar los emprendimientosindustriales que se desarrollan en un país vecino. Por lo tanto, salvo que el Estado lo consientaen forma expresa y, que dicho consentimiento no afecte la relación que pueda existir entre dichoEstado y el emprendimiento industrial sujeto a control, el principio general imperante enDerecho Internacional es que ningún Estado puede ingresar en el territorio de otro Estado conel propósito de controlar la actividad que desarrollan determinado tipo de fábricas o industrias.En consecuencia, solo el Uruguay podría aprobar que Argentina pudiese co-monitorear laactividad de BOTNIA dentro mismo de la fábrica, y esto debería hacerse bajo condición de“reciprocidad”, con el resto de los emprendimientos industriales que desarrollen sus actividadesen las márgenes del Río Uruguay, o que viertan sus productos en el citado río. Solo así existiríaigualdad entre las partes y solo así nuestro país no estaría cediendo ante las pretensiones deArgentina que, tal como se pudo apreciar mediante el estudio realizado, la sentencia de la Corteno se la otorgó.El fallo en la civilización posmoderna.Si bien el trabajo de la Corte es jurídicamente inobjetable, sus decisiones son correctas y suesfuerzo fue minucioso, nosotros esperábamos más del fallo. Deseábamos que la Corte hubieraasumido su responsabilidad ante la sociedad internacional posmoderna y los desafíos queresultan de la actual civilización; ante una sociedad internacional que debe enfrentarse connuevas circunstancias, siempre cambiantes y misteriosas y que el único sistema jurídicointernacional que dispone para ello, el Derecho Internacional Público, no resulta adecuadoporque es el producto de la civilización moderna que ya pasó, respondiendo a sus parámetros ynecesidades. La Corte no da respuestas a una sociedad internacional inmersa en una sociedadde riesgos, globalizada, con fronteras perforadas, en la cual ya no son los Estados los únicosprotagonistas, habiendo perdido, además, los instrumentos tradicionales que les ayudaban afuncionar 49 .La Corte no atendió a estas exigencia y perdió una gran oportunidad. El meollo del asunto, losriesgos transfronterizos, se vieron desplazados por las disposiciones formales de un tratado y suestatuto. A través de un enfoque posmoderno pensamos que se hubiera llegado a similaresconclusiones respecto a las partes, pero por otros caminos, con un diferente enfoque y conmayores proyecciones. Si lo que ocurrió fue que la Corte no se atrevió a entrar por esoscaminos, como algunos de sus jueces propusieron, o no supo hacerlo, o si se apartó de esa sendapor razones fundadas, son incógnitas que merecen un estudio especial que, quizá, podamoshacer más adelante, pero al menos hoy sentíamos la necesidad de dejar planteado el asunto.Perspectivas.Cuando cerramos este análisis (21/06/10) no está claro cual será el camino a tomar para laejecución del fallo. Como ya lo señaláramos son dos los asuntos sobre el tapete y, quizá estéintegrándose un tercero. De los dos que están presentes, uno parece estar acordado: que elmonitoreo del río se haga en toda su extensión compartida. Respecto al otro asunto presente, elmonitoreo de la planta, hay muchos indicios, pero ninguna certeza. Las declaraciones delgobierno uruguayo podrían indicar una propuesta que va más allá de lo establecido por la Cortey que plantea un correcto enfoque que tiende a ubicar el asunto en una sociedad de riesgos. Enel marco de esta aparente propuesta se insinúa el tercer asunto: que el monitoreo y control sehaga en ambas márgenes del río, y aún más allá, desde sus nacientes en Brasil y en su recorridoargentino-brasileño. Esta sería la real solución, pero para concretarla de verdad no alcanzan los49 Ver H.Arbuet-Vignali 2009/137instrumentos y normas nacionales e internacionales: debe acordarse una normativasupranacional que permita atender la totalidad de los problemas del río 50 al servicio de todossus ribereños y, además, lo mas importante, de la sociedad civil.¿Estarán los gobiernos de la cuenca del río Uruguay dispuestos a asumir compromisossupranacionales? ¿Admitirán para el gobierno del río órganos en dónde los Estados no sean losúnicos que decidan y cuyas normas se integren automáticamente a los ordenamientos internos yprevalezcan?. Si las respuestas son positivas, se comenzará una integración seria, profunda ymuy favorable para todos. Si la respuesta es negativa, seguiremos como hasta hoy y seránecesario preocuparnos por cual o cuales serán los próximos problemas en el río.50 Entre los cuales los originados en Botnia no son los únicos, ni siquiera los más importantes y graves.=================================================================OBRAS CITADAS.1. Arbuet-Vignali, Heber (2004): Claves jurídicas de la integración. En los sistemas delMERCOSUR y la Unión Europea. Ed. Rubinzal-Culzoni. Editores. Buenos Aires 2004.2. Arbuet-Vignali, Heber (2005): La sociedad y el orden jurídico internacionales. En Jiménez de Aréchaga, Arbuet-Vignali y Puceiro Ripoll (2005/10), Tomo I, Capítulo I.3. Arbuet-Vignali, Heber (2005/1): Los sujetos del Derecho Internacional. En Jiménez de Aréchaga, Arbuet-Vignali y Puceiro Ripoll (2005/10), Tomo I, Capítulo III.4. Arbuet-Vignali, Heber (2006): Una apertura jurisdiccional prudente y sensata a la doctrina de los riesgos. Ponencia presentada en el Tercer encuentro de la Red Latino Americana y Europea para el Gobierno del Riesgo, en libro colectivo del Congreso, Limoges, Francia, octubre 2006.5. Arbuet-Vignali, Heber (2007): La guerra del papel. Reflexiones sobre los hechos y lasposibilidades de sus tribunales. En W.Hummer, N.B.Mellado y otros (2007, pp. 137 a 158).6. Arbuet-Vignali, Heber (2009): Análisis prospectivo del esperado fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de las fábricas de celulosa sobre el río Uruguay. Ponencia expuesta en el marco de la Jornada del instituto de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UDELAR el 21/10/09 y entregado para su publicación en noviembre 2009.7. Arbuet-Vignali, Heber (2009/1):El Estado posmoderno y la soberanía. En Estudios del CURI Nº 01/09. Ed. digital del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI), 17 de julio 2009, www.curi.org.uy .8. H.Arbuet-Vignali (2010): Alcance jurídico y político del fallo de La Haya. En Análisis del CURI Nº 02/10. Ed digital del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, (CURI), 19 de mayo 2010, www.curi.org.uy .9. Arbuet-Vignali, Heber (T/P 2010): Teoría y doctrina jurídica de la soberanía. En trámite de publicación.10. Arbuet-Vignali, Heber y Barrios, Luis (2003): La soberanía, los Estados y un mando coordinado u ordenado mundial. Ed. Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo 2003.11. Arbuet-Vignali, Heber y Barrios, Luis (2006): Artículo introductorio a “Chimeneas en Fray Bentos. De un ámbito local a una proyección globalizada”. En H.Arbuet-Vignali, L.Barrios y otros (2006) pp. 35 a 66.12. Arbuet-Vignali, Heber y Barrios, Luis (2008):Artículo introductorio a “Papeleras en la región ¿Qué hacemos con los riesgos?”. En H.Arbuet-Vignali, L.Barrios y otros (2008), pp. 19 a 58.13. Arbuet-Vignali, Heber y Barrios, Luis y otros (2006): Chimeneas en Fray Bentos. De un ámbito local a una proyección globalizada. Ed. Arca. Montevideo 200614. Arbuet-Vignali, Heber, Barrios, Luis y otros (2008): Papeleras en la región. ¿Qué hacemos con los riesgos?. Ed. Carlos Álvarez. Editores. Montevideo 2008.15. Arbuet-Vignali, Heber y Vignali Giovanetti, Daniel O. (2008): Las Órdenes de la CorteInternacional de Justicia en el caso de las plantas de celulosa en el río Uruguay. En Arbuet-Vignali, H., Barrios, L. y otros (2008), pp. 101 a 132.16. Barrios, Luis (2008): Síntesis cronológicamente ordenada y comentada de la relocalización de ENCE, de la negociación asistida de buenos oficios de facilitación y de hechos contextuales relevantes. En H.Arbuet-Vignali, L.Barrios y otros (2008, pp. 133 a 172).17. Beck, Ulbrich (1986): La sociedad del riesgo. Ed. Paidós. Barcelona 1998.18. Drnas de Clement, Zlata y Hummer, Waldemar (2007): Problemas ambientales en el río Uruguay. El caso de las pasteras (Argentina-Uruguay). En W.Hummer, N.mellado y otros, 2007, pp. 103 a 136.19. Gajates, Rita Marcela (2007): El conflicto de las pasteras. Los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal ad hoc del MERCOSUR. En W.Hummer, N.B.Mellado y otros (2007, pp. 159 a 182).20. Gatto, Hebert (2010): El monitoreo. En Diario El País de Montevideo del 09/06/10, página editorial A5. 21. Hummer, Waldemar, Mellado, Noemí B. y otros (2007): Cooperación y conflictos en elMERCOSUR. Ed. Lener, Córdoba (Argentina), 2007.22. Jiménez de Aréchaga (2005): Las fuentes del Derecho Internacional Público. (actualizado por H.Arbuet-Vignali). En Jiménez de Aréchaga, Arbuet-Vignali, Puceiro Ripoll (2005/10), Tomo I, Capítulo IV.23. Jiménez de Aréchaga, Eduardo (2010): La solución pacífica de controversias internacionales (actualizado por R.Puceiro Ripoll). En Jiménez de Aréchaga, Arbuet-Vignali, Puceiro Ripoll (2005/10). Tomo III, Capítulo XX.24. Jiménez de Aréchaga, Eduardo (2010/1): Dominio fluvial (actualizado por R.Puceiro Ripoll). En Jiménez de Aréchaga, Arbuet-Vignali y Puceiro Ripoll (2005/10), Tomo III, Capítulo XXIV.25. Jiménez de Arechaga, Eduardo, Arbuet-Vignali, Heber, Puceiro Ripoll, Roberto (2005/10): Derecho Internacional Público. Principios. Normas. Estructuras. Ed. Fundación de Cultura Universitaria. 4 volúmenes. Montevideo 2005-10.26. Pastori Fillol, Alejandro (2007): La (No) aplicación del laudo del Tribunal ad hoc del Mercosur sobre la libre circulación en la controversia entre Uruguay y Argentina. En W.Hummer, N.B.Mellado y otros (2007, pp.183 A 215).27. Puceiro Ripoll, Roberto (2008): La protección internacional del medio ambiente natural. En Jiménez de Aréchaga, Arbuet-Vignali y Puceiro Ripoll (2005/10, Tomo II, Capítulo XI)28. Puglia Macaronis, Alejandro (2008): El Mercosur en la perspectiva del conflicto papelero. En H.Arbuet-Vignali, L.Barrios y otros (2008, pp. 91 a 100).29. Schrayer, José Luis (2008): Normativa provincial aplicable en Entre Ríos. Denuncia ante la corte Interamericana de Derechos Humanos. Reclamación ante el Banco Mundial. En H.Arbuet-Vignali, L.Barrios y otros (2008), pp. 129 a 140.30. Vieira, Manuel, Arbuet-Vignali, Heber y Veida Magyar, Vilma (1975): Legislación internacional. Documentos. Ed. Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo 1975, 3 volúmenes.31. Vignali Giovanetti, Daniel Omar (2006): Responsabilidad internacional de los Estados por daños al medioambiente. En Revista Crítica de Derecho Privado, Nº 3, año 2006. Ed. Carlos Álvarez Editor, Montevideo 2006, pp. 711 a 725.
Escrito por rigofa2010 22-11-2010 en General. Comentarios (0)	"Derecho de huelga no contempla piquete"Zonamerica. Grupo de empresas pidió a la Justicia que garantice la libre circulaciónLos piquetes no pueden considerarse una extensión del derecho de huelga. Bajo este argumento, un grupo de empresas que operan en Zonamerica presentó una acción de amparo para que se evite en el futuro el bloqueo al parque.La acción de amparo fue presentada el viernes contra el Sindicato Único de Transporte de Carga y Afines (Suctra) y los comités de base de Costa Oriental y Tiempost, dos empresas dedicadas a la actividad logística. Costa Oriental está ubicada dentro del parque de Zonamerica, no así Tiempost. Trabajadores de estas empresas bloquearon tres veces en las últimas dos semanas la entrada a Zonamerica, en protesta por la falta de acuerdo en los Consejos de Salarios con las empresas que integran la Cámara Logística (Colog), entre ellas Costa Oriental y Tiempost.En Zonamerica desarrollan actividades más de 260 empresas, entre usuarias directas e indirectas, que emplean mano de obra de más de 8.000 personas.Todas las empresas que firman la acción de amparo son usuarias de Zonamerica y ninguna tiene relación, ni directa ni indirecta, con la actividad logística ni con el Suctra.El primer piquete se instaló el jueves 11. Zonamerica presentó una denuncia penal, la Policía concurrió pero no desalojó sino que la medida se levantó sobre la hora 20.30. El segundo piquete fue una semana después, el jueves 18. Zonamerica volvió a presentar una denuncia penal, e inició gestiones ante los ministerios de Trabajo e Interior, y logró que los sindicalistas fueran desalojados a la hora 22.15. Sin embargo, a la hora 6 del viernes 19 los sindicalistas en conflicto volvieron a instalar el piquete."La Policía debió presentarse nuevamente en el lugar para liberar las puertas, lo que generó momentos de alta tensión, con insultos, amenazas, algunas corridas, e incluso, intentos por parte de algunos manifestantes de ingresar al parque por la fuerza, lo que por suerte no prosperó", relata la demanda a la que tuvo acceso El País.El escrito afirma que en este caso hay un acto (piquete), promovido por un particular (Suctra) que está actuando de manera que "lesiona, restringe y altera con ilegitimidad manifiesta" los "derechos constitucionales" de las demás empresas y personal que trabajan en Zonamerica.Además, sostiene que los piqueteros no tienen ninguna relación de dependencia con los demandantes. En este sentido, agregan que el piquete "resulta absolutamente" ilegítimo y no encuadra dentro del derecho de huelga."Para la mayoría de la doctrina especializada en la materia, huelga supone un no hacer, una suspensión de actividad en forma pacífica, para lograr determinada reivindicación", explica el escrito. Y concluye: "Es fácilmente apreciable la diferencia con el piquete, o con la ocupación, ya que estos dos fenómenos implican una actividad: la ocupación, la invasión de propiedad privada; el piquete, la instalación de obstáculos en la vía pública o privada".De acuerdo con normas internacionales y nacionales de reciente sanción, "tanto el piquete como la ocupación no son actividades legales, ni extensión del derecho de huelga", dicen las empresas en la demanda.El País Digital
Escrito por rigofa2010 17-11-2010 en General. Comentarios (0)	EDITORIALUn acuerdo que rechina El acuerdo con Argentina sobre el monitoreo ambiental en ambas márgenes del río fronterizo deja mal parado a Uruguay porque nuestras concesiones exceden lo dispuesto en el fallo de la Corte de Justicia de la ONU. Pero al menos parece cerrar los seis accidentados años de enfrentamientos por la ex Botnia. A los cancilleres Luis Almagro y Héctor Timerman les llevó ocho horas de tironeos conciliar el acuerdo de junio de los presidentes José Mujica y Cristina Fernández de Kirchner, con nuevas exigencias planteadas posteriormente por Argentina para cerrar de una vez por todas este conflicto absurdo.Un punto saliente del anuncio de los cancilleres es que se mantiene el máximo de 12 inspecciones anuales, tanto en la pastera finlandesa como en todos los demás focos de posible contaminación en ambas márgenes del río. Quedó descartado el reclamo argentino de último momento de ingreso irrestricto de la comisión científica binacional responsable de los controles. Pero nuestro gobierno admitió una forma de controles dentro de la planta a través de equipos especiales, procedimiento no contemplado en el fallo de la Corte de La Haya. Este máximo tribunal mundial estableció dos puntos básicos. Uno fue que la pastera finlandesa no contaminaba, confirmando previos estudios técnicos del Banco Mundial y otros organismos. El otro fue señalar la necesidad de monitorear el estado del agua del río fronterizo. Pero nada dijo sobre los controles desde dentro de la planta que ahora Uruguay ha aceptado.La fórmula, definida primero en forma general por los presidentes y detallada ahora en su operación por los cancilleres y los miembros de la comisión técnica, frena algunas de las exigencias desmedidas planteadas por Argentina en las últimas semanas. Representa, sin embargo, extrema tolerancia y concesiones del gobierno uruguayo, en aras de restablecer armonía en las agrietadas relaciones entre ambas naciones y allanar el camino a entendimientos en otros temas igualmente importantes para el país, como el dragado de los canales de navegación fluvial y la coordinación energética.La estrecha conexión de Uruguay con Argentina en estas y otras cuestiones –incluyendo el intercambio comercial– explica, sin llegar a justificarla, la excesiva actitud conciliatoria de nuestro gobierno. Pero rechina porque va más allá de lo resuelto por la Corte de La Haya, a la que Argentina nos arrastró a un litigio por la instalación de la ex Botnia. El fallo de la Corte debió cerrar el tema. Sin embargo, el gobierno que compartían el extinto ex presidente Kirchner y su cónyuge y sucesora, sin fundamento legal o técnico, persistió en sostener que existía riesgo de contaminación, mientras daba campo libre a los piqueteros entrerrianos que bloqueaban ilegalmente los puentes fronterizos. Argentina se ha salido en buena parte con la suya en este conflicto que desató sin razón en 2004. Ahora queda por verse si el alto precio pagado por Uruguay se valida con acuerdos más equilibrados en otras áreas de acción común.Fuente:EL OBSERVADOR, de Montevideo.
Escrito por rigofa2010 04-10-2010 en General. Comentarios (0)	Iribarne: "El ciclo de Kirchner está terminado"El ex ministro de Justicia rompió con el oficialismo y ahora será el armador del peronismo disidenteDomingo 3 de octubre de 2010 Gabriel Sued LA NACION El 19 de agosto de 2008, Alberto Iribarne le mandó una carta a la presidenta Cristina Kirchner. Con sólo cuatro párrafos de palabras distantes renunció a la postulación como embajador argentino en el Vaticano. El argumento formal: "Responsabilidades políticas y profesionales le imposibilitaban cumplir tareas en el exterior".Era el principio del fin de un conflicto de ocho meses entre el Gobierno y la Iglesia, que rechazaba la nominación de Iribarne por su condición de divorciado, dato que el dirigente se encargó de advertir a la Presidenta apenas ella le ofreció el cargo. Se terminaba además el servicio al kirchnerismo que el dirigente había prestado durante casi cinco años, en los que se desempeñó como síndico general de la Nación, secretario de Seguridad Interior y ministro de Justicia. Peronista de extensa militancia, antes había sido funcionario de Eduardo Duhalde y de Carlos Menem.Flamante apoderado del PJ Federal, el espacio que reúne a los peronistas opositores al Gobierno, Iribarne cuenta que, en realidad, su distanciamiento de la Casa Rosada había comenzado unos meses antes de esa renuncia, durante el conflicto con el campo."El Gobierno tuvo una mirada completamente equivocada de la realidad del interior y de los pueblos chicos. Se adoptó como idea central el concepto de amigo-enemigo y se abrazó la confrontación como método para resolver todo tipo de problema", dice a LA NACION, en su estudio jurídico de la calle Lavalle. Esa misma batalla también determinó la salida del Gobierno del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, mentor del ascenso de Iribarne en la estructura kirchnerista.El ex ministro de Justicia cuenta que su nueva tarea consistirá en elaborar la ingeniería electoral del Peronismo Federal, pero aclara que aún no están elegidos los postulantes presidenciales, ni las alianzas ni el método para dirimir las candidaturas.Cargos vacíosCosas del peronismo, Iribarne aún conserva sus cargos como vicepresidente 1º del PJ Capital y como presidente del Instituto de Formación política Norberto Ivancich. Un ciclo de charlas que había organizado desde ese espacio provocó el recelo del presidente del PJ Capital, Juan Manuel Olmos, leal a Néstor Kirchner. En mayo pasado, Iribarne debió suspender, a último momento, una exposición del ex interventor del Comfer Julio Bárbaro, otro ex kirchnerista. "Como estamos en guerra con éste o con aquél, no nos está permitido el disenso por mínimo que sea", se quejó entonces el ex ministro."Se entendía que iba a haber una nueva etapa en el diálogo, que se iba a formular un nuevo pacto social, que se iba a mejorar la calidad institucional y a tener una mejor relación con el mundo, pero todo eso no ocurrió", dice Iribarne, para explicar su viraje político.Aunque reconoce en Kirchner a un buen jefe, que le dio libertad y lo respaldó en el manejo de temas delicados, como el de la inseguridad, no duda en afirmar que "el ciclo de Kirchner ha concluido". Y avanza un paso más en las críticas: "Se degradaron dos banderas que eran de todos, como los derechos humanos y la renovación de la Corte Suprema".Promotor de la candidatura de Duhalde, sabe que en su nueva tarea debe mantener el equilibrio entre los diferentes postulantes del PJ Federal. "El próximo presidente debe aprovechar las oportunidades que le da el mundo a la Argentina y que no se están aprovechando y cualquiera de los cuatro candidatos del espacio está en mejores condiciones de hacerlo que Kirchner", concluye.ALBERTO IRIBARNE PJ FederalProfesión : abogadoEdad : 60Con Néstor Kirchner fue jefe de la Sigen, secretario de Seguridad Interior y ministro de Justicia. Antes había sido funcionario de Menem y de Duhalde. Ahora será uno de los encargados de motorizar al peronismo disidente.SOLÁ BUSCA APOYO EN EL CAMPOSanta Rosa.- El diputado y precandidato a presidente Felipe Solá (Peronismo Federal) y Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), coincidieron ayer en la exposición rural de Santa Rosa y pronosticaron que el gobierno nacional tiene los días contados. Solá pidió eliminar las retenciones a las exportaciones de trigo, y dijo que el Gobierno no sabe "a dónde va" con el campo. "Se debería tener un política agropecuaria, pero no la hay, y para eso se necesita un nuevo presidente, que conozca al interior, su idiosincrasia y las diferentes producciones", expresó.Fuente:LA NACIÓN, de Buenos Aires.
ARGENTINA-Dos en uno-Dos hechos sucedidos en Nueva York y que nos involucran
Escrito por rigofa2010 29-09-2010 en General. Comentarios (0)	Publicada 27/09/2010Política Nacional / Carlos MiraDos en unoDos hechos que sucedieron en Nueva York y que nos involucran como argentinos llaman a otras tantas reflexiones. El primer caso se refiere a la felicitación del presidente Barack Obama a las Madres de Plaza de Mayo, en su discurso ante las Naciones Unidas. Surgen frente al hecho dos consideraciones. La primera es la duda acerca de si el presidente norteamericano sabrá que algunas de esas madres que ayer merecieron su reconocimiento celebraron brindando con champán el derribamiento de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001; y la otra es si estará al tanto también que los hijos de esas madres -y hoy en día muchas de ellas también- lucharon y luchan para ver desaparecido de la faz de la Tierra los valores y las ideas que el país que él preside representa. Se trata de dudas profundas que, según sean sus respuestas, provocarán consideraciones diferentes. En el caso que el presidente desconozca las celebraciones de las madres por la tragedia que su país vivió hace nueve años, la reflexión pasa por una preocupación retórica que consiste en preguntarse si los EEUU en general y Obama en particular, tienen un entendimiento cabal de lo que ocurre fuera de sus fronteras, en América Latina en particular y, en particularísimo nivel, en la Argentina. Si la conclusión es que no lo tienen, los temores se profundizan cuando se trata de interpretar cómo ese país procesa los conflictos regionales y las ocurrencias de los países y gobiernos del hemisferio. Si en cambio, el presidente Obama estaba al tanto de las celebraciones que hacían las Madres cuando más de 3000 inocentes morían como consecuencia de los atentados a New York y Washington, habrá que concluir que es siempre la democracia, la libertad y sus líderes los que están dispuestos a tender una mano de conciliación a los que representan el totalitarismo, la agresión, la servidumbre y el odio. Nunca es al revés, quienes buscan la imposición de un régimen de esclavitud, jamás dan un paso atrás, jamás concilian, jamás aflojan sus garras de violencia. Será en aras de una diplomacia que muchos considerarán hipócrita, pero en definitiva, es siempre la democracia quien está dispuesta a conversar y es siempre el totalitarismo quien está dispuesto a matar. Los partidarios de la servidumbre interpretan esas palabras de conciliación de la democracia como manifestaciones de su debilidad y, en todo caso, aprovechan para arremeter con mayor violencia aun. Que nadie se engañe acerca de que esos ejemplos de civilización serán aprovechados para construir un mundo más apacible. El segundo caso tuvo como protagonista a la presidente Cristina Fernández. En una aparición ante algunos periodistas, Cristina, en lo que seguramente fue un adelanto del contenido de parte de su discurso ante la Asamblea General, dijo que “no podía ser que los países no cumplieran con las resoluciones de la ONU y que ese incumplimiento era aun mucho más grave cuando provenía de naciones que integran el Consejo Permanente de Seguridad”, en una obvia alusión a Gran Bretaña por el conflicto de las Malvinas. No sé si la Presidenta se estaba escuchando a sí misma mientras pronunciaba esas palabras, o si tuvo la oportunidad de hacerlo luego en algún resumen de noticias que su gente de prensa le haya preparado. Pero al escucharla uno no podía dejar de emitir una ligara sonrisa y tampoco evitar preguntarse: ¿y por casa cómo andamos? Porque la verdad que escuchar a CFK toda ofendida porque Gran Bretaña no cumple con lo dispuesto por las resoluciones de la ONU cuando su gobierno declara publica y orgullosamente que no piensa acatar ni dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema de Justicia que ordenaron reponer al Procurador Sosa en su cargo en Santa Cruz, causa gracia. En realidad uno se pregunta cómo no se dan cuenta hasta qué punto la decisión del gobierno de no cumplir con la ley y la Constitución debilita, de aquí en más, toda postura oficial que pretenda asentarse en la fuerza de la ley para hacer cumplir lo que al gobierno sí le interese que se cumpla, como en este caso son las resoluciones favorables a la Argentina que dictó la ONU. Y ello con el agregado de que, en el orden internacional, sí estamos, en realidad, frente a un orden jurídico muy sui generis de alcance voluntario, en donde no existe el nivel de aplicabilidad de la ley que es típico de los órdenes jurídicos internos de los países. Esto es, en el orden internacional, la capacidad de un país para hacerle cumplir a otro lo dispuesto por una resolución de la ONU, es muy relativa. En cambio se supone que en el orden jurídico interno, las leyes y las sentencias de los tribunales, deben acatarse y cumplirse porque de lo contrario se ponen en funcionamiento mecanismos de fuerza para que lo dispuesto legalmente se cumpla. Por ello resultó bastante bizarro escuchar la queja ofendida de la presidente por la conducta inglesa cuando el gobierno que ella preside se ha declarado en rebeldía frente a lo resuelto por el máximo tribunal de justicia del país, que como ella dijo respecto de los países que integran el Consejo de Seguridad, debería ser el primero en dar el ejemplo de cumplimiento. © www.economiaparatodos.com.arSe autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando se cite la fuente de los mismos: Economía Para Todos (www.economiaparatodos.com.ar)

References: in fine
 resolución 
 artículo 41
 artículo 60
sui generis
 resolución