Source: https://supremo.vlex.es/vid/quebrantamiento-presuncion-inocencia-va-15526513
Timestamp: 2019-10-19 12:13:25+00:00

Document:
STS, 26 de Febrero de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 15526513
Ponente: José Mateo Díaz
Número de Recurso: 10725/1998
QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por un delito de quebrantamiento de condena. Lo esencial en este caso no son las horas ni siquiera las veces en las que el acusado infringió la prohibición de aproximarse a María Candelaria, lo determinante es si realmente se vulneró la orden de alejamiento judicial y en este punto el Magistrado del Juzgado de lo Penal, que recordemos que asistió personal y directamente a las declaraciones de los implicados, y que, por tanto, ha gozado de las ventajas que son propias de la inmediación, hace en su sentencia una razonada y razonable ponderación de las pruebas practicadas y explica su decisión de acoger como cierta la versión dada por la denunciante frente a la propuesta por el denunciado y sus testigos. En definitiva no se puede concluir en base a las alegaciones efectuadas, la existencia de un auténtico error en la valoración de la prueba, la contradicción carece de valor o entidad suficiente como para provocar un vicio en la prueba que no la haga apta como para sostener, junto a la declaración de la víctima, a la que, por cierto, la parte recurrente no le atribuye tacha alguna, una condena como la que es objeto de recurso y de ahí que existiendo prueba válida y suficiente en modo alguno pueda entenderse vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Instancia condena al imputado. La alzada desestima el recurso de apelación.
VISTO ante esta Sección de la Sala Tercera el recurso de casación núm. 10725/98, interpuesto por la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia dictada en 19 de junio de 1998 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el Recurso número 278/96, en materia de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, habiendo comparecido en esta instancia como parte recurrida la entidad "Unión Eléctrica Fenosa, S.A."., representada por el Procurador de los Tribunales D. Luis Fernando Alvarez Wiese, con la asistencia de Letrado.
La Sección Sexta de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, en fecha 19 de junio de 1998, en el recurso anteriormente referenciado, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que estimando solo en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por el procurador D. LUIS FERNANDO ALVAREZ WIESE, en la representación que ostenta de UNION ELECTRICA FENOSA S.A., contra la resolución dictada por el TEAC el día 28 de Febrero de 1996 descrita en el primer fundamento de esta sentencia, debemos anular la resolución objeto de recurso declarando: - la sujeción y no exención al IBI de las Presas a las que se refiere este recurso; - la no sujeción al IBI del lecho del embalse ni del agua embalsada".
Contra la anterior sentencia, la Abogacía del Estado preparó recurso de casación y emplazadas las partes y remitidos los autos, la recurrente lo interpuso mediante escrito fundado en un solo motivo, al amparo del artículo 95, 1.4º de la Ley de esta Jurisdicción, por infracción de los artículos 61, 62 y 64 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así como la doctrina legal sentada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de Enero de 1998, recurso 6614/97, terminando por suplicar sentencia en la que estimando el recurso se case y anule la sentencia recurrida en la parte en la cual, estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo, declaró la no sujeción al Impuesto sobre Bienes Inmuebles del lecho de los embalses, declarando en su lugar la sujeción al Impuesto de dichos elementos.
Conferido traslado para contestación a la representación procesal de la entidad recurrida, se opuso al recurso, solicitando dicte en su día sentencia declarando no haber lugar a la estimación del recurso y confirme en todos los extremos la resolución de la Audiencia Nacional; tras de lo cual quedaron los autos pendientes para deliberación y fallo por la Sala, acto que tuvo lugar en el día de ayer, y
La cuestión aquí suscitada, ha sido resuelta por esta Sala y lo ha hecho sentando doctrina legal en un recurso de casación en interés de Ley -el nº 6614/1997-, que resolvió la sentencia de 15 de Enero de 1998, cuya tesis ha sido reiterada, después, en las sentencias, entre otras, de 21 de Enero de 1999, 17 y 22 de Julio de 2000, 9 de Junio y 13 de Julio de 2001, 14 de Febrero, 29 de Mayo y 2 de Octubre de 2002, por lo que, en atención a los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, ha de reproducirse, en lo sustancial, lo declarado en las citadas sentencias.
Se dice en la última de las sentencias señaladas:
"a.- Ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, que los artículos 232 y 253 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, definían las Contribuciones Territoriales Rústica y Urbana como tributos de carácter real, recayentes sobre el importe de las rentas anualmente producidas, real o potencialmente, por los bienes o actividades calificados de una u otra manera, e integrantes, por tanto, de un tributo de "producto", sobre los réditos de dicha concreta fuente, y que, por el contrario, los artículos 61 y siguientes de la Ley 39/1988 consideran el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) como un tributo sobre el patrimonio, en el que la capacidad económica sometida a gravamen se determina en función de la simple propiedad de unos bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica o por la titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie o de una concesión administrativa sobre dichos bienes o sobre los servicios a los que estén afectos (gravando sólo el valor de los mismos).
- En toda concesión, con un fin hidroeléctrico, ha de intervenir, y así debe ser de hecho, "un canon anual integrado por una cantidad fija y otra en función de la energía producida", de acuerdo con lo prescrito en los artículos 115.i y 133 del Reglamento de 1986 y a tenor de la fórmula al efecto fijada en el último (I = F + C por P; en la que I es el importe anual del canon en pesetas, F es la cantidad fija independiente de la energía producida y expresada en pesetas/año, C es la cantidad en pesetas por KWh generado y P es la producción anual en KWh).
- La utilización privativa que requiera concesión de los bienes del dominio público hidráulico en los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, y en los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en los cauces públicos, se gravará con un "canon de ocupación, destinado a la protección y mejora de dicho dominio", según lo previsto en los artículos 104 de la Ley de 1985 y 284 a 288 del Reglamento de 1986 (si bien 'los concesionarios de aguas estarán exentos del pago por la ocupación o utilización de los terrenos de dominio público necesarios para llevar a cabo la concesión').
- Los beneficiados por las obras de regulación de aguas superficiales o subterráneas realizadas total o parcialmente a cargo del Estado satisfarán un "canon de regulación destinado a compensar la aportación del Estado y a atender los gastos de explotación y conservación de tales obras" y, en su caso, unas "tarifas de utilización del agua" (de acuerdo con lo establecido en los artículos 106 de la Ley de 1985 y 296 a 312 del Reglamento de 1986).
Por las razones expuestas, se está en el caso de desestimar el presente recurso de casación, con la obligada imposición de costas que deriva del artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional aquí aplicable.
Que debemos declarar y declaramos, no haber lugar al recurso de casación formulado por la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado, contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional, de fecha 19 de Junio de 1998, recaida en el recurso contencioso-administrativo número 278/1996, con expresa, por obligada, imposición de costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el día de la fecha, siendo Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOSE MATEO DIAZ, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que, como Secretario de la misma, certifico.
STS 323/2000, 24 de Marzo de 2000
SAP Valencia 56/2007, 5 de Febrero de 2007

References: resolución 
 resolución 
 artículo 95
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 102