Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2015/07/30/ordenan-readecuar-el-proyecto-de-obra-de-un-edificio-terminado-cuya-altura-es-superior-a-la-permitida/
Timestamp: 2019-11-22 00:46:54+00:00

Document:
Ordenan readecuar el proyecto de obra de un edificio terminado cuya altura es superior a la permitida – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Hernandez Olga Pilar y otros c/ GCBA s/ amparo
Sala/Juzgado: 10
Cita: MJ-JU-M-93409-AR | MJJ93409 | MJJ93409
Se declara la nulidad del acto administrativo que permitió la construcción de un edificio cuya altura es superior a la admitida por el ordenamiento jurídico para el distrito, y, atento el grado de avance de la obra, la administración debe determinar la modalidad en que se readecuará el proyecto.
1.-Corresponde hacer lugar a la acción de amparo instada contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la actora y otras treinta y tres personas más, residentes en los edificios lindantes a un predio en el cual se otorgó permiso para la construcción un edificio de departamentos, toda vez que la disposición administrativa mediante la cual se aprobó el proyecto de obra, se halla viciada en la causa: por cuanto aplicó el régimen jurídico de completamiento de tejido, el cual es inaplicable al caso; en la motivación del acto ya que las razones expresadas para fundarla se sustentan en una causa viciada; y en el objeto, por cuanto permitió construir en el predio en cuestión un edificio de altura superior a la admitida por el ordenamiento jurídico para el distrito en que se encuentra ubicado.
2.-Definir cuándo se produce la vulneración de un bien colectivo es una tarea de interpretación a cargo del juez, quien debe analizar si las cuestiones de hecho o de derecho comunes a los miembros del grupo predominan sobre los aspectos individuales, salvo en los supuestos previstos expresamente por la normativa constitucional. Por ello, la condición de habitantes, alegada al promover la demanda y no controvertida por la accionada es una cualidad suficiente para tener por configurado el requisito de legitimación cuando la controversia judicial trata, como en el caso, sobre derechos o intereses colectivos.
3.-Los actores postularon que la construcción autorizada por el acto impugnado afectaría su derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado, por cuanto, dada la ubicación de los edificios, disminuiría la iluminación y ventilación natural y la intimidad de sus viviendas, estando así probado la existencia de un nexo jurídico relevante y suficiente entre el status afirmado por el litigante y la pretensión cuya satisfacción éste procura.
4.-Se trata, en efecto, de la presunta afectación de derechos individuales divisibles, que provendría de un hecho común que provoca la lesión de todos ellos (la construcción pretendidamente indebida), y que constituye la causa fáctica homogénea de dicha alegada lesión o amenaza, donde la demostración de este presupuesto es común a todos esos intereses.
5.-El cauce procesal del amparo resulta procedente para instar la protección jurisdiccional del ambiente y los derechos colectivos en general, y no se advierte que la tramitación y resolución del litigio en estas condiciones pueda tener como resultado una indebida restricción de la garantía del debido proceso en perjuicio de alguno de los litigantes, toda vez que las partes han sido oídas y contaron con la debida oportunidad para exponer sus defensas y ofrecer pruebas, con amplitud acorde al objeto de debate y ciertamente holgada para una acción de amparo.
6.-Si bien la el organismo gubernamental hizo lugar a la solicitud de enrase o completamiento de tejido formulada por el titular del proyecto, lo cual tuvo por efecto aumentar la superficie construible en la parcela objeto de autos a casi el doble de la resultante de los planos originales, lo cierto es que ello resulta procedente únicamente cuando las alturas de las edificaciones linderas superan los 15 metros, lo cual no se da en el caso, toda vez que ese recaudo se cumple con respecto al edificio existente en la parcela 14, de aproximadamente 28 mts. de altura, pero no con respecto a la vivienda emplazada en la parcela 12, de 7 mts. de altura, lo cual torna inaplicable el instituto del completamiento de tejido, y ello suficiente para concluir en la ilegitimidad del acto.
7.-El planeamiento urbano es un bien público indisponible por los particulares, y la administración se halla obligada a la observancia irrestricta de esas normas en función del principio de juridicidad, por ello, la mera existencia de las tratativas denunciadas entre titular del proyecto y el consorcio de propietarios, en el cual residen la mayoría de los amparistas, encaminadas al reconocimiento de la medianería y su indemnización y alegadas por el fideicomiso citado como tercero, aún supuesta su existencia no inciden en la solución jurídica del caso, ni se traducen necesariamente una conducta autocontradictoria de la parte actora.
I. La señora Olga Pilar Hernández y otras treinta y tres personas, invocando el carácter de habitantes de esta ciudad y residentes en los edificios lindantes al predio ubicado en Av. Cramer n° 3155, iniciaron esta acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que: (i) se ordene a la parte demandada no registrar planos u otorgar el permiso de obra nueva solicitado con respecto al predio indicado precedentemente, siguiendo los lineamientos interpretativos de la disposición n° 977-DGIUR-2011; (ii) en el supuesto de que el gobierno hubiese registrado los planos u otorgado permiso de obra nueva con relación a dicho predio, que autoricen a construir un edificio de acuerdo a los lineamientos urbanísticos del acto identificado, se declare la nulidad de este último y se disponga la adecuación de los planos a la zonificación R2b1; y (iii) se ordene la paralización de los trabajos constructivos que estén siendo realizados en el predio en cuestión y la demolición de las obras ejecutadas bajo tales lineamientos (fs. 2, pto. I, Objeto). Señalaron que se domicilian en los inmuebles linderos a la obra en construcción -aunque, en rigor, algunos de ellos viven en edificaciones emplazadas sobre la vereda de enfrente- y que, si bien la aprobación del plano original presentado por la constructora respetaba la altura establecida para ese distrito en el Código de Planeamiento Urbano (R2B1), el problema surgió cuando la administración autorizó el pedido de enrase o completamiento de tejido, aprobando así la edificación hasta una altura superior a la permitida. Manifestaron que el supuesto fáctico en que se basó esa decisión no es aplicable al caso, toda vez que -según su criterio- el C.P.U. establece que, para superar excepcionalmente la altura permitida, los edificios linderos a la construcción deben superar (ambos) los 15 mts. de altura, circunstancia que en este supuesto no se configura.Sostuvieron, además, que el Código de Edificación establece la iluminación y ventilación natural que debe tener toda vivienda, en tanto que el permiso de obra otorgado por la administración los disminuye considerablemente, vulnerando de esta manera su derecho constitucional a una vivienda adecuada (fs. 21 vta. y 22). Fundaron su legitimación invocando las disposiciones de los arts. 41y 43, CN, 14 y 26, CCBA y manifestaron que la acción tiene por objeto la protección de, por un lado, el derecho a un ambiente urbano sano y equilibrado y la identidad y densidad media-baja del barrio de Núñez y, por el otro, el derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado; derecho que, como fue señalado precedentemente, resultaría afectado en la medida que -según los demandantes argumentan- la construcción autorizada disminuiría la iluminación y ventilación natural y la intimidad de las viviendas de los accionantes (fs. 30,pto. III, “Legitimación activa”). Acompañaron prueba documental, ofrecieron la producción de otras medidas probatorias e hicieron reserva del caso federal (fs. 35 y vta. y 37/128). A fs. 168/74 se presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, negó todos y cada uno de los hechos que no fueran objeto de su expreso reconocimiento y, en particular, que los amparistas se encuentren legitimados para interponer la acción, que el amparo resulte la vía idónea para dar trámite a la pretensión, y haber incurrido en actos manifiestamente ilegales o arbitrarios que en forma actual o inminente lesionen derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional. Sostuvo, además, que la parte actora no ha acreditado que la obra objeto de autos afecte el medio ambiente y, menos aún, que el gobierno haya dictado actos que afecten de manera ilegítima o arbitraria los derechos de los amparistas y de los vecinos del barrio de Nuñez (fs. 173) Dada la existencia de controversia acerca de hechos conducentes, a fs.180 se recibió la causa a prueba en los términos del art. 12, ley 2145, disponiéndose la producción de las medidas allí indicadas. A fs. 354/6 dictaminó el Ministerio Público Fiscal. A fs. 357 el señor magistrado actuante ordenó librar un oficio a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro para que informase si existía algún pedido de demolición u obra nueva relacionado con el predio situado en Av. Cramer n° 3155 y, en su caso, si había sido otorgado y en qué términos. A su vez, dispuso librar otro oficio a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra a fin de que efectuase una inspección en el lugar e informara el estado del predio, si se había llevado a cabo la demolición de edificaciones existentes y si se había dado inicio a la ejecución de algún tipo de obra. En ejercicio de las facultades ordenatorias previstas en el art. 29, CCAyT, a fs. 396 se confirió a la empresa constructora traslado de la demanda y de todas las actuaciones cumplidas hasta ese momento. Cumplidas las medidas ordenadas (fs. 362/67, fs. 371/90 y fs. 556/8) se presentó el fideicomiso Cramer 3151/55 y contestó el traslado conferido. Expresó que había iniciado las tareas atinentes a la construcción de un inmueble de propiedad horizontal a partir de la obtención de los permisos necesarios ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y luego realizó la comercialización a fin de obtener el financiamiento necesario del emprendimiento. Señaló que la obra presentaba un avance constructivo cercano al 90 % y puso de relieve la afectación que la revocación de los permisos otorgados podría generar y, consecuentemente, las responsabilidades que se desencadenarían para su parte y/o el Gobierno de la Ciudad y la imposibilidad de su reparación ulterior.Asimismo, manifestó que “-el Consorcio de Propietarios del Edificio Cramer 3133, en el que residen la mayoría de los amparistas y que invocan como daño cierto la modificación de las condiciones de luz natural y ventilación con la construcción, se encuentra en avanzadas tratativas con el fideicomiso para formalizar el reconocimiento del derecho real de medianería y su indemnización. Aparece así una clara contradicción entre la pretensión de los actores y la del Consorcio cuya voluntad contribuyen a formar”. Con respecto a la alegada legitimidad del acto administrativo impugnado señalaron que comparten “el criterio sustentado por la representación letrada del Gobierno de la Ciudad al sostener que no se observan con la claridad que pretende mostrarse en la acción los presupuestos que la configuran” (fs. 544/52). Acompañó prueba documental y ofreció otras medidas probatorias. Dicha presentación fue sustanciada con los litigantes originarios (fs. 572, pto. IV). Dada la incorporación de nuevas constancias con posterioridad a su dictamen previo, a fs. 584 se confirió una nueva vista al Ministerio Público Fiscal, que se expidió a fs. 586. Luego se dispuso, como medida para mejor proveer, librar un oficio a la Dirección General de Interpretación Urbanística para que remitiese el expediente administrativo n° 224.928/2011 (fs. 588). A fs. 658 quedaron las actuaciones en condiciones de dictar sentencia. Legitimación
II.1. Efectuada la reseña que antecede, corresponde abordar en primer término el tratamiento de las objeciones planteadas en materia de legitimación (fs. 169 vta. ap. 11). La legitimación para obrar es “aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa” (cfr. Palacio Lino E., “Derecho Procesal Civil”, t° I, 2da. ed. Abeledo-Perrot, 1990, p. 406). Conforme el art.6, CCAyT, “Pueden interponer la demanda quienes invoquen una afectación, lesión, o desconocimiento de derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico”. A fin de resolver esta cuestión resulta preciso determinar ante todo cuál es la índole jurídica de los derechos cuya protección jurisdiccional se procura obtener mediante la acción instaurada. Ello así, pues la dilucidación de este punto permitirá esclarecer cuáles son los sujetos habilitados por el ordenamiento para instar esa tutela. Al respecto, se ha señalado que “Dilucidar la cuestión relativa a la legitimación procesal del actor es un presupuesto necesario para que exista un caso o controversia, pues la justicia nacional no procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte” (CSJN, “Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional”, 26/06/2007). En efecto, el art. 116, CN, establece que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la nación “-el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inc. 12 del art. 75; y por los tratados con las naciones extranjeras-“. De manera concordante, el art. 106, CCBA, dispone que corresponde al Poder Judicial de la Ciudad “-el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales-“. Es que, según lo ha destacado también la Corte, “la existencia de ´caso´, ´causa´ o ´asunto´ presupone -como surge del propio art. 116 de la Ley Fundamental y ha sido recordado precedentemente- la de ´parte´, esto es, la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso.En ese orden de ideas, como lo ha destacado la jurisprudencia norteamericana, ´al decidir sobre legitimación resulta necesario determinar si hay un nexo lógico entre el status afirmado [por el litigante] y el reclamo que se procura satisfacer´, el cual ´resulta esencial para garantizar qu e [aquél] sea una parte propia y apropiada que puede invocar el poder judicial federal´ (´Flast v. Cohen´, 392 U.S. 83)” [Fallos: 322:528]. II.2. Pues bien, de la jurisprudencia del más alto tribunal federal se desprende el reconocimiento -en materia de legitimación procesal- de tres categorías de derechos, a saber: (i) individuales; (ii) de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos; y (iii) de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos (causa “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 – dto. n° 1563/04 s/ amparo”, sentencia del día 24 de febrero de 2009). En todos estos supuestos la comprobación de la existencia de un caso o causa es imprescindible (cfr. arts. 116, CN; 2, ley 27, y 106, CCBA), pero la configuración de este concepto difiere en cada uno de ellos en función de la categoría del derecho de que se trate. (i) La regla general es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular, y ello no cambia por el hecho de que existan numerosas personas involucradas. A esta categoría se refiere el art. 43, primer párrafo, CN -concordante con el art. 14, primer párrafo, CCBA-, que consagra la acción de amparo destinada a la protección de derechos divisibles, no homogéneos, y se caracteriza por la búsqueda de la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados. (ii) Los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado (art. 43, segundo párrafo, CN). A su vez, conforme el art.14, segundo párrafo, CCBA, están legitimados para interponer la acción “cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor”. En estos supuestos, la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, de carácter indivisible, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien, ya que no se hallan en juego derechos subjetivos, dado que estos bienes no pertenecen a la esfera jurídica individual sino social y no son divisibles en modo alguno. La pretensión debe estar focalizada en la incidencia colectiva del derecho, y al cabo del proceso se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación. La prueba de la causa o controversia supone la demostración de una lesión a derechos sobre el bien colectivo y no sobre el patrimonio del peticionante o de quienes éste representa. (iii) Según la interpretación de la Corte, la cláusula constitucional citada (art. 43, segundo párrafo, CN, concordante con el art. 14, segundo párrafo, CCBA) cobija además una categoría conformada por los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos (i.e.,derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia; derechos de usuarios y consumidores; derechos de personas discriminadas). En los casos de esta tercera clase no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Pero sin embargo hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y, por tanto, es identificable una causa fáctica homogénea.La demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño eventualmente sufrido de manera individual por cada sujeto afectado. Hay, entonces, una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio, dotando al pronunciamiento que en él se dicte del efecto de cosa juzgada de alcances expansivos, salvo en lo referente a la prueba del daño. En estos supuestos es exigible “-que el interés individual considerado aisladamente, no justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello- la acción resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el consumo o la salud o afectan grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso, débilmente protegidos. En estas circunstancias, la naturaleza de esos derechos excede el interés de cada parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto” (CSJN, causa “Halabi” , ya citada, consid. 13 del voto mayoritario, último párrafo). En ese mismo precedente la Corte destacó que el sustento de la proyección superadora de la regla inter partes, determinante de la admisibilidad de la legitimación grupal, es inherente a la naturaleza de la acción colectiva en virtud de la trascendencia de los derechos que por su intermedio se intentan proteger. Y subrayó que este estándar jurídico reconoce su fuente primaria en el propio texto constitucional (consid. 21). En causas posteriores la Corte hizo aplicación de estas categorías, con cita del precedente “Halabi” (así en los autos “PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales”, P.361.XLIII, sentencia del día 21 de agosto de 2013; “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Telefónica Comunicaciones Personales S.A.- ley 24.240 y otro s/ amparo proceso sumarísimo (art. 321, inc. 2, CPCyCN)”, U.2, XLV, sentencia del día 6 de marzo de 2014; y “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario”, C.519.XLVIII, sentencia del día 24 de junio de 2014). Por su parte, la Cámara de Apelaciones del fuero ha puesto de relieve que analizar si se produce la vulneración de un bien colectivo es una tarea de interpretación a cargo del juez, salvo en los supuestos previstos expresamente por la normativa constitucional (Sala I, autos “Dalbon Gregorio Jorge c/ GCBA s/ amparo,” EXP nº 40393/0, sentencia del día 6 de febrero de 2012). En este sentido, ese mismo tribunal indicó que “-el objeto colectivo es: a) cualquier bien indivisible cuya titularidad o interés no es propio y exclusivo de uno sino que es compartido por un sinnúmero de personas de modo superpuesto y sin perjuicio de los intereses individuales concurrentes; b) los bienes divisibles y cuya titularidad es propia, individual o particular pero susceptibles de incidir en el terreno de los intereses colectivos o generales (derechos de incidencia colectiva en general). En otras palabras, en cuanto al objeto alcanzado por los procesos colectivos, éste no debe limitarse a los casos señalados en términos puntuales y expresos por el legislador -tanto en el contexto de la Constitución Nacional y local, como por ejemplo el ambiente y los usuarios y consumidores- sino que en el concepto de ‘los derechos de incidencia colectiva en general’ (art. 43, CN) y ‘los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos’ (art. 14, CCABA) debemos incluir ‘cualquier interés -llámese individual o social- siempre que su afectación plural resulte relevante, según los derechos comprometidos y las circunstancias del caso, desde el punto de vista institucional, social y económico (cfr. Balbín, Carlos F.; Tratado de Derecho Administrativo, T° III, primera edición, Buenos Aires, La Ley, 2010, p.433). Definir, entonces, cuándo se produce una afectación a un bien colectivo, es una tarea de interpretación que queda en manos del operador jurídico, salvo en aquellos supuestos previstos expresamente por la norma constitucional -vgr. arts. 43, CN y 14, CCABA- (autos “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ amparo”, Expte. n° 25.818/0, sentencia del día 13 de diciembre de 2012, voto del juez Balbín). En el ámbito local la jurisprudencia ha destacado a su vez que el proceso colectivo es susceptible de potenciar la celeridad, eficacia y economía de la respuesta judicial (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, autos “Asociación de Trabajadores del Estado -ATE- c/ GCBA s/ medida cautelar”, EXP n° 28.352/1, pronunciamiento del día 19 de marzo de 2008). En sentido concordante, la doctrina ha señalado que el criterio más relevante al momento de asignar carácter colectivo a un proceso está dado por la convicción del juez acerca de que las cuestiones de hecho o de derecho comunes a los miembros del grupo predominan sobre los aspectos individuales, y que la acción colectiva es superior a otros medios disponibles para la justa y eficaz resolución de la controversia (Manual of ComplexLitigation, Fourth, Federal Judicial Center, 2004, p. 242, citado a su vez por Lorenzetti, Ricardo Luis, Justicia Colectiva, Rubinzal – Culzoni, 2010, p. 122). II.3. De los términos de la pretensión y, en particular, de las argumentaciones desarrolladas por los actores en sustento de su propia legitimación, se desprende la invocación de derechos de distinta índole a los fines aquí considerados. Por un lado, el derecho a un ambiente sano y, por el otro, el derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado. Pues bien, la protección ambiental es uno de los derechos colectivos enumerados expresamente en los arts. 43, CN, y 14, CCBA al prever el amparo colectivo.
A su vez, el art.26, CCBA, determina que el ambiente es patrimonio común y que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones futuras. También el art. 41, CN, reconoce el derecho a todos los habitantes. Así pues, en este aspecto la demanda procura obtener la protección judicial de derechos colectivos referi dos a bienes colectivos de carácter indivisible, presuntamente afectados por el accionar del gobierno al dictar la disposición n° 977-DGIUR-2011, de manera tal que cualquier habitante se encuentra legitimado para promoverla (cfr. art. 14, segundo párrafo, CCBA). En efecto, la condición de habitantes -alegada al promover la demanda (cfr. fs. 2 pto. I) y no controvertida por la accionada- es una cualidad suficiente para tener por configurado el requisito en examen (legitimación) cuando la controversia judicial trata, como en el caso, sobre derechos o intereses colectivos. En otras palabras, cuando el objeto del juicio se refiere a derechos o intereses de tal carácter, la existencia de un nexo jurídico relevante y suficiente entre el status afirmado por el litigante y la pretensión cuya satisfacción éste procura ya ha sido definida por el constituyente de manera expresa y completa.Es decir, el constituyente ha establecido que, tratándose de derechos o intereses colectivos, todo habitante se halla en situación de resultar beneficiado o perjudicado por la decisión jurisdiccional que pondrá fin al pleito por cuanto la conducta estatal impugnada lo afecta de forma suficientemente directa en función de la especial índole de los derechos en conflicto (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, autos “Lubertino, María José y otros c/ GCBA s/ amparo”, EXP n° 34409/1, sentencia del día 8 de julio de 2010). En este sentido se ha sostenido que “si la lesión es de un derecho de incidencia social o colectiva, no importa que quien lo alegue sea titular de un interés personal; por el contrario, resulta suficiente la afectación del derecho colectivo consagrado por la Constitución y que, quien acciona, revista el carácter de habitante” (Cám. Apel. Cont. Adm. Y Trib., Sala I, in re “Frondizi, Marcelo H. y otros c/ GCBA s/amparo (art. 14 CCABA), del 28/12/2012). Al respecto, la jurisprudencia también ha señalado que “[e]l art. 14, II, de la CCABA instaura una suerte de actiocivis et populo, al menos para la defensa de ciertos derechos o intereses colectivos, específicamente para ‘-los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente-’”, lo cual comporta admitir “una legitimación sustancialmente ampliada y aminorada de exigencias: ‘cualquier habitante’” (TSJ, Expte. n° 5864/08, “Tudanca, Josefa Elisa Beatriz s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Tudanca, Josefa Elisa Beatriz c/ GCBA s/ amparo’” y su acumulado expte. n° 5868/08, “Mazzucco, Paula Virginia y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Mazzucco, Paula Virginia y otros c/ GCBA s/ amparo’” , sentencia del día 1 de diciembre de 2008, voto del juez Maier, fundamento 1). Ello se explica por cuanto el ambiente “-es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual-” (CSJN, Fallos: 329:2316 , consid.18). Como ya se dijo, los actores postularon también que la construcción autorizada por el acto impugnado afectaría su derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado, por cuanto -dada la ubicación de los edificios- disminuiría la iluminación y ventilación natural y la intimidad de sus viviendas. De acuerdo a lo expuesto anteriormente (cfr. supra, ap. iii), ello comporta la invocación de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos (afectación singular de las condiciones de luminosidad, ventilación e intimidad de las viviendas de cada uno de los actores, derivada del alegado incumplimiento de la normativa aplicable). Se trata, en efecto, de la presunta afectación de derechos individuales divisibles, que provendría de un hecho común que provoca la lesión de todos ellos (la construcción pretendidamente indebida), y que constituye la causa fáctica homogénea de dicha alegada lesión o amenaza, donde la demostración de este presupuesto es común a todos esos intereses. Así pues, la pretensión se concentra en los aspectos colectivos pero los derechos supuestamente afectados se relacionan estrechamente con el uso y goce de las viviendas de los amparistas, de manera tal que indudablemente son titularizados por ellos y, por tanto, se hallan legitimados para instar su tutela ante la jurisdicción.
III.1. Sentado lo precedentemente expuesto y con carácter previo al tratamiento del fondo de la cuestión, corresponde examinar la admisibilidad formal de la vía elegida, aspecto que también ha sido controvertido por la parte demandada (cfr. fs. 169 vta. ap. 9). Al respecto cabe recordar que la procedencia del amparo requiere que la conducta impugnada -acto u omisión- resulte arbitraria o manifiestamente ilegítima (arts.43 CN, 14, CCBA y 2, ley 2145) y que, en el curso de un debate breve, pueda comprobarse la lesión, restricción o amenaza cierta, actual o inminente, de derechos o garantías reconocidos explícita o implícitamente en la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires o las leyes dictadas en su consecuencia. Según lo ha puesto de relieve la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “- siempre que aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos (-) judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo” (C.S.J.N., Fallos, 241:291; 280:228). Se trata, de acuerdo al criterio sostenido por el TSJ y de manera acorde al alto propósito enunciado en las normas citadas, “de un instituto destinado a otorgar garantía efectiva a derechos constitucionales, que no debe ser interpretado con carácter restrictivo” (TSJ, in re “Spisso, Rodolfo R. c/ GCBA s/ amparo” , exp. n° 1/10). Por ello no puede calificarse al amparo como una acción excepcional. Por el contrario, toda vez que ésta constituye una garantía constitucional diseñada para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías establecidas para protegerlos, su procedencia debe ser analizada con mesura de manera tal que se halle asegurada su disponibilidad para brindar tutela efectiva siempre que el proceder impugnado reúna las características y efectos que prevén los textos constitucionales.De tal manera, el amparo resultará idóneo siempre que, conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso, la acción u omisión cuestionada reúna prima facie los caracteres de arbitrariedad y/o ilegitimidad manifiesta y, asimismo, ocasione -en forma actual o inminente- una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías constitucionales o legales. Una interpretación diferente importaría limitar indebidamente el carácter operativo de la garantía constitucional. III.2. Los preceptos constitucionales aplicables prevén expresamente el amparo como cauce para instar la protección jurisdiccional del ambiente y los derechos colectivos en general (arts. 43, segundo párrafo, CN, y 14, segundo párrafo, CCBA). A su vez, las partes han sido oídas y contaron con la debida oportunidad para exponer sus defensas y ofrecer pruebas -con amplitud acorde al objeto de debate y ciertamente holgada para una acción de amparo- de modo tal que no se advierte que la tramitación y resolución del litigio en estas condiciones pueda tener como resultado una indebida restricción de la garantía del debido proceso en perjuicio de alguno de los litigantes. Finalmente, los elementos de convicción incorporados a la causa son suficientes para la decisión del caso. Por todo ello cabe concluir que el cauce procesal resulta procedente. Objeto de debate IV. En función de la pretensión deducida y los hechos descriptos en la demanda, la cuestión central a resolver es si la disposición n° 977-DGIUR-2011 se ajusta a la normativa aplicable o, como sostienen los accionantes, adolece de graves vicios que acarrean su nulidad, convirtiéndola en un acto manifiestamente ilegítimo y lesivo de derechos constitucionales.
Antecedentes. Prueba
V.1. De las constancias incorporadas a la causa surge que los señores Alan Waldhorn -fiduciante- y Gustavo Adrián Bozzoli -fiduciario- celebraron un contrato de fideicomiso en los términos de la ley 24.441, constituyendo así el fideicomiso Cramer 3151/55 con la finalidad de construir un edificio de departamentos sobre el inmueble ubicado en Av.Cramern° 3151/55, para adjudicar luego las unidades a cada uno de los inversores y/o compradores (fs. 418/32). El señor Bozzoli presentó ante la administración una solicitud de permiso de “demolición total y obra nueva” con relación al predio en cuestión, para construir allí un edificio con una superficie de 971,55 m2 (cfr. expte. administrativo n° 1200663/2011, incorporado a la causa judicial a fs. 200/342). El inmueble proyectado constaba de un área destinada exclusivamente a espacio guardacoches, y 3 pisos con un monoambiente y un estudio profesional al frente, y 2 monoambientes al contrafrente. Paralelamente, se solicitó también el completamiento de tejido a efectos de incrementar la superficie construible a 1806,76 m2 (cfr. copias del expediente administrativo n° 224928/11, agregado a la causa a fs. 653). Ello supuso una modificación del proyecto original, para construir ahora un inmueble de 8 pisos con 24 unidades funcionales. V.2. Mediante la disposición n° 977-DGIUR-2011 el Director General de Interpretación Urbanística consideró aplicable, con respecto al predio situado en Av. Cramer n° 3151/5, las normas de completamiento de tejido previstas en el Capítulo 4.10, CPU, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo C “Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios de perímetro libre o semilibre”, en tanto se cumplieran los siguientes lineamientos urbanísticos:”a) La altura predominante del volumen con la parce la objeto de ‘enrase’; esto es la Parcela 14, de la calle Cramen N° 3135/33, de Planta Baja + 6 pisos + 2 retiros + servicios, que presenta una altura sobre la Línea Oficial de + 20,11 m (a NPT), más un primer retiro a + 22,91 m (a NPT), más un segundo retiro a + 25,71 m (a NPT) y una altura total aproximada de + 28,52 m (a NPT); Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio ‘Entre medianeras’, cuya altura de distrito resulta menor a la altura de dicho edificio existente lindero; y a su vez con un edificio ‘Entre medianeras’, se admitirá materializar un volumen ‘Entre medianeras’, hasta alcanzar una altura sobre Línea Oficial de + 10,81 m (a NPT), más un retiro a + 13,58 m (a NPT), respetando el perfil edificable previsto para el distrito, considerando una tolerancia del 3 % sobre el lateral izquierdo lindero con la parcela 12, no consolidada. Por encima del plano de + 10,81 m (a NPT), podrá generar un volumen superior semilibre separado 3 m mínimo del edificio lindero de la parcela 12, hasta llegar a una altura sobre Línea Oficial de + 19,12 m (a NPT), similar a la altura del edificio lindero de la parcela 14, más dos volúmenes de retirados a + 21,81 m y a + 27,55 m (a NPT), respectivamente, más servicios con una altura total de + 30,85 m, siguiendo el perfil edificado de dicho lindero; La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio; b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el Distrito R2b1, y lo establecido en el Artículo 4.2.3 (s/Figura N° 4.2.3 ‘caso B’) del Atlas del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo a lo graficado a fs. 20 y 34.c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 ‘Completamiento de Tejido’, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil edificable del Distrito y para el volumen objeto de enrase.” Para así decidir, el órgano competente tuvo en cuenta que, en síntesis y en cuanto resulta relevante para resolver: a) el predio en cuestión se halla afectado al distrito de zonificación general R2b1; b) reúne las condiciones previstas para encuadrarlo en el capítulo 4.10, CPU (Completamiento de Tejido), para el Tipo C (Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios de perímetro libre o semilibre (art. 4.10.3, CPU); c) se trata de la parcela 13 de la manzana delimitada por las calles José P. Tamborini, Vidal, Iberá y Av. Cramer, que posee 8,66 mts. de frente sobre la Av. Cramer y 39,95 mts. en uno de sus lados, con una superficie aproximada de 343,10 mts2; d) el proyecto linda con la parcela 12, ubicada en Av. Cramer n° 3159/57, donde existe un edificio entre medianeras con una altura total de +7.00 m; y con la parcela 14 de Av. Cramer n° 3135/33, donde también hay un edificio entre medianeras, que alcanza una altura total aproximada de +28.52 mts.; e) “-el edificio emplazado en la Parcela 14, resulta ser un edificio consolidado, por lo que no tendería a una pronta renovación, en tanto el edificio ubicado en la Parcela 12 no resulta consolidado, por lo que se halla sujeto a una pronta renovación”; f) el edificio en estudio será destinado a los usos ‘vivienda multifamiliar’ y ‘estudios profesionales’, que resultan permitidos en el distrito de afectación, debiendo cumplir con lo establecido en el art. 5.2.1, inc. ‘c’, con respecto a la coexistencia de usos en distritos residenciales; g) dadas las dimensiones de la parcela no resultan exigibles los requerimientos de estacionamiento (cfr. fs. 654/55). V.3.El predio en cuestión se encuentra flanqueado, de un lado, por una vivienda unifamiliar que consta de planta baja y primer piso y tiene una altura total de 7 mts. [parcela 12], y del otro lado, por una vivienda multifamiliar de 9 pisos, que tiene aproximadamente 28 mts. de altura [parcela 14]. V.4. Mediante la resolución n° 1159/2012 -dictada en el marco de la actuación n° 5783/10- la Defensoría del Pueblo de la Ciudad recomendó al Secretario de Planeamiento que “-revea la disposición n° 977-DGIUR-2011 a los efectos de corroborar el adecuado cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, se tenga en cuenta no efectuar registro de documentación de obra hasta tanto se complete dicho procedimiento-” (cfr. folio 270/3 de la actuación mencionada). V.5. Del informe correspondiente a la inspección llevada a cabo el día 15 de octubre de 2012 por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras -donde fueron detalladas las condiciones en que se encontraba la obra- se desprende, de manera concordante con lo señalado anteriormente (cfr. supra, consid. V.1, segundo párrafo) que la superficie proyectada es de 1806 m2, contaba con planos registrados, en ese momento había actividad constructiva, estaba realizada la estructura y el hormigonado sobre el 4 ° piso (cfr. fs. 364, ‘Estado de la Obra’ y ‘Observaciones’). Marco normativo VI.1. Conforme el art. 27, CCBA, “[l]a Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve: -7. La regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y privado”. En cumplimiento de ese mandato y en ejercicio de la competencia atribuida en el art. 81, inc.4, CCBA, la Legislatura sancionó el Plan Urbano Ambiental (ley 2930), que constituye la ley marco a la que deben ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas (art. 1). De acuerdo a este texto legal, los objetivos del PUA se refieren -en cuanto interesa para el caso- a “-las condiciones de calidad ambiental que debe guardar el hábitat residencial en su conjunto, con la debida preservación de las características singulares que otorgan identidad y diversidad a los distintos espacios urbanos” (art. 8, Hábitat y vivienda). A los fines del cumplimiento del propósito enunciado la norma establece, entro otros lineamientos: “[p]romover tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a disrupciones morfológicas” (precepto citado, inc. b, ap. 2). El Código de Planeamiento Urbano determina que la zonificación del distrito al que pertenece el predio ubicado en Av. Cramer n° 3155 es R2b1 (cfr. plancheta n° 3, que puede consultarse en http://www.ssplan.buenosaires.gov.ar/media/mapas_en_flash/gcba-mapas-planchetas2011/ammap/images/_2011/03/ima
e.pdf). Al definir el carácter de este distrito, el texto legal citado establece que se halla conformado por “zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad de ocupación total” (art. 5.4.1.4, ap. ‘a.1.’). En materia de tipología edilicia, se admiten “edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro semilibre” (precepto citado, apartado ‘a.4.’). Las disposiciones particulares (ap. ‘a’ y ‘c’) prevén, para los edificios entre medianeras y de perímetro semilibre, una altura máxima a construir de 10.50 mts. desde la cota de la parcela, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2.00 mts. desde la L.O. (línea oficial) y por debajo de un plano inclinado a 45º desde la altura de 10.50 mts., con un plano límite horizontal a 13.50 mts. desde la cota de la parcela. Los edificios de perímetro libre (ap.‘b’) sólo pueden erigirse en parcelas mayores de 2.500 m2 o de un cuarto de manzana, debiendo observarse en todos los casos lo dispuesto en el art. 2.2.2 del mismo cuerpo normativo -solicitud del dictado de normas urbanísticas particulares- (art. 5.4.1.4, CPU). VI.2. La Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano (Normas Generales sobre Tejido Urbano) prevé en el art. 4.10 el instituto denominado Completamiento de Tejido, también conocido como enrase, el cual -en los supuestos en que resulta procedente- permite superar la altura admitida en el distrito de zonificación. El criterio para la aplicación de este instrumento es la búsqueda de volúmenes homogéneos que se integren a los hechos existentes en el tejido urbano, sin desvirtuar el distrito (cfr. CPU, tomo II, fig. n° 4.10). La aplicación de esta herramienta se autorizará “-cuando las alturas de los edificios linderos a la parcela superen los 15 m de altura.” (art. 4.10, CPU). En los casos de parcelas flanqueadas por edificios de igual altura, el tejido se completa igualando la altura del edificio a construir con la altura de los edificios linderos (art. 4.10.1). Para el supuesto de las parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas, cuya línea de frente sea menor o igual a 20 mts., se podrá completar el tejido construyendo con la altura del edificio más alto de los linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando a partir de ese punto con la altura del edificio más bajo (art. 4.10.2). El tercer caso que prevé la normativa es el de parcelas flanqueadas por un edificio entre medianeras y otro de perímetro libre o semilibre. Si el edificio linda con un edificio de perímetro libre o con el espacio urbano de un edificio de perímetro semilibre y, a su vez, con un edificio entre medianeras, deberá respetar las siguientes relaciones: Separación respecto de la línea divisoria: (i) Parcelas de ancho menor o igual a 14 mts.- retiro mínimo = 4 mts.; (ii) Parcelas de ancho mayor a 14 mts. – retiro mínimo = 6 mts. En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano. Altura: igualando la altura del edificio a construir con la del edificio entre medianeras (art. 4.10.3). Consideraciones VII.1. De los antecedentes reseñados (cfr. supra, consid. V.1 y V.2) se desprende que el Director General de Interpretación Urbanística hizo lugar a la solicitud de enrase o completamiento de tejido formulada po r el titular del proyecto (Disposición n° 977-DGIUR-2011), lo cual tuvo por efecto aumentar la superficie construible en la parcela objeto de autos (1806,76 m2) a casi el doble de la resultante de los planos originales (971,55 m2). Para ello, el órgano aplicó las normas sobre completamiento de tejido previstas en el art. 4.10, CPU. Pero lo cierto es que, de acuerdo a este precepto legal, ello resulta procedente únicamente cuando las alturas de las edificaciones linderas superan los 15 metros (cfr. supra, consid. VI.2), supuesto que no se verifica en el caso. En efecto, ese recaudo se cumple con respecto al edificio existente en la parcela 14 (de aproximadamente 28 mts. de altura) pero no con respecto a la vivienda emplazada en la parcela 12 (de 7 mts. de altura). VII.2. Si bien lo expuesto torna inaplicable al supuesto bajo examen el instituto del completamiento de tejido -y ello es suficiente para concluir en la ilegitimidad del acto- cabe agregar que el proyecto fue encuadrado, en particular, en el tipo legal referido a las parcelas flanqueadas por un edificio entre medianeras y otro de perímetro libre o semilibre (art. 4.10.3, CPU, cfr. supra, consid. VI.2), en tanto que el predio objeto de autos se halla flanqueado por dos edificios entre medianeras; tal como, por lo demás, se desprende con toda claridad de los mismos fundamentos del acto impugnado. A su vez, como ya se dijo (supra, consid.V.2), la Dirección General de Interpretación Urbanística ponderó que el edificio ubicado en la parcela 12 no resulta consolidado, y por lo tanto -a diferencia del emplazado en la parcela 14, que sí calificó como consolidado- “-se halla sujeto a una pronta renovación”. Ahora bien, tal conjetura no se concretó en los hechos ya que dicha renovación no ha ocurrido hasta el momento. En efecto, la consulta al sitio ‘street-view.gosur.com/’ demuestra que en el lugar sigue existiendo actualmente el mismo inmueble que ilustan las fotografías obrantes en copia a fs. 139 y 140. Además, de la consulta al sitio (http://www.ssplan.buenosaires.gov.ar/index.php/formularios-de-tramitacion-de-catastro/bases-de-datos/obras-r
gistradas) surge que no se ha otorgado recientemente ningún permiso de obra que permita presumir que ella tendrá lugar próximamente. Finalmente, aún soslayando que el predio en cuestión linda con dos edificios entre medianeras, y suponiendo que la vivienda existente en Av. Cramer n° 3157 efectivamente fuese renovada -hipótesis aparentemente tenida en mira por la autoridad administrativa- la Defensoría del Pueblo puso de relieve que “-para aplicar el enrase solicitado sería necesario que en dicho predio se construyera un edificio de perímetro libre o de perímetro semilibre. Según lo establecido en el CPU para el distrito R2b1, los edificios de perímetro libre sólo se permiten en parcelas de 2500 m2 o un cuarto de manzana, condición que la parcela 12 no cumple porque tiene una superficie de 343 m2. Tampoco sería posible allí un edificio de perímetro semilibre ya que debe dejarse una separación mínima de 6m hacía el predio lindero y el ancho de la parcela es 8.66 m por lo que quedarían sólo 2,66 m para construir” (folio 273 de la actuación n° 5783/10).
VIII. Las razones desarrolladas hasta aquí demuestran que la disposición n° 977-DGIUR-2011 se halla viciada en la causa (art. 7, inc.´b´, LPA) –por cuanto aplicó un régimen jurídico (completamiento de tejido) inaplicable al caso– y, por tanto, en la motivación (art. 7, inc. ‘e’, LPA) -ya que las razones expresadas para fundarla se sustentan en una causa viciada-. A su vez, y como directa consecuencia de ello, el acto está viciado también en el objeto (art. 7, inc. ´c´, LPA) –en la medida que permitió construir en el predio en cuestión un edificio de altura superior a la admitida por el ordenamiento jurídico para el distrito en que se encuentra ubicado (R2b1, cfr. art. 5.4.1.4, CPU)–. Según la descripción efectuada por la Defensoría del Pueblo en la resolución n° 1159/12, “-el distrito R2b1, y esta zona en particular, se caracteriza por la presencia de viviendas unifamiliares de 1 o 2 niveles y edificios de vivienda multifamiliar de poca altura, definiendo un carácter residencial de baja densidad. De hecho, el edificio de la parcela 14 (Cramer 3133) con el cual pretende enrasarse el edificio que nos ocupa, es el único edificio de la manzana que supera la altura del distrito”. IX. El ambiente es un bien jurídico de todos los habitantes cuya definición comprende la reunión de distintos elementos, uno de los cuales es el urbanístico (cfr. TSJ, causa “Tudanca”, ya citada, voto del juez Maier, fundamento 2). Pues bien, el notorio apartamiento de las disposiciones legales vigentes en materia de planeamiento urbano (cfr. supra, consid. VIII) -cuyo dictado concreta en este aspecto el mandato del art. 27, CCBA- configura la afectación al medio ambiente urbano, en la medida que apareja una morfología edilicia ajena a la regulación aplicable al distrito, con distorsión de su identidad. X. Las negociaciones entre el titular del proyecto y el Consorcio de Propietarios del Edificio Cramer n° 3133, encaminadas al reconocimiento de la medianería y su indemnización y alegadas por el fideicomiso citado como tercero, aún supuesta su existencia no inciden en la solución jurídica del caso.Ello así, en primer lugar, pues el condominio del muro entre las heredades contiguas (cfr. arts. 2717 y ctes., CC) existiría, en los términos de la legislación aplicable, inclusive si hubiese sido respetada la regulación referida al planeamiento urbano. Por ello, la mera existencia de las tratativas denunciadas no traduce necesariamente una conducta autocontradictoria de la parte actora. En segundo lugar, el planteo se refiere solamente a la mayoría de los accionantes (aquellos que viven en el edificio mencionado), pero no a los demás. Cabe mencionar, por último y en tercer lugar, que el planeamiento urbano es un bien público indisponible por los particulares, y que la administración se halla obligada a la observancia irrestricta de esas normas en función del principio de juridicidad. XI. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la acción de amparo entablada y declarar la nulidad del acto impugnado en los términos del art. 14, inc. ‘b’, LPA. Al promover la demanda la parte actora solicitó que se ordene la demolición de las obras que hubieran sido ejecutadas de acuerdo a los lineamientos constructivos establecidos en la disposición n° 977-DGIUR-2011. No obstante, atento el grado de avance de la obra que se desprende de las constancias de autos, corresponde disponer que la administración -por intermedio de los órganos competentes- determine la modalidad en que deberá llevarse a cabo la readecuación del proyecto, a efectos de dar debido cumplimiento a la totalidad de las disposiciones legales vigentes. En mérito a las consideraciones vertidas; textos legales, doctrina y jurisprudencia citados, y habiendo dictaminado el Ministerio Público Fiscal; FALLO: 1) Haciendo lugar a la acción de amparo interpuesta por Olga Pilar Hernández y las demás personas individualizadas en la demanda y, en consecuencia, declarando la nulidad de la Disposición n° 977/DGIUR/2011. 2) La administración, por intermedio de los órganos competentes, determinará la modalidad en que deberá llevarse a cabo la readecuación del proyecto a efectos de dar debido cumplimiento a la totalidad de las disposiciones legales vigentes. 3) Con costas a la parte demandada (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y al tercero citado (fideicomiso Cramer 3151/5) por aplicación del principio objetivo de la derrota (arts. 14, CCBA; 62, CCAyT y 28, ley 2145). Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y al Ministerio Público Fiscal en su despacho. Oportunamente, archívese.
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