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Timestamp: 2017-12-13 13:38:23+00:00

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Referencias Jurídicas - Marzo 2017 - Lexology
Referencias Jurídicas - Marzo 2017
1 Artículos de fondo Corporate / M&A Responsabilidad del socio adquirente de participaciones sociales de una sociedad que se inscribió tardíamente por deudas anteriores a la inscripción .............................2 Andrés Recalde y Sara Esclapés Posts jurídicos Corporate / M&A ¿Cabe la cooptación para cubrir una vacante tras la celebración de la primera junta general? .....................6 Celso Méndez El ‘confi rming’ puede valer como pago para la AICA ....8 Francisco Javier Arias Responsabilidad solidaria de los administradores: determinación del carácter “posterior” de las obligaciones sociales respecto del acaecimiento de la causa legal de disolución .................................................10 Elena Alcázar Sin pago (vencido) no hay cobertura (STS de 30 de enero de 2017, ponente Ignacio Sancho Gargallo) ....12 Beatriz Durán Laboral La pretendida licitud de las reacciones a la huelga en el seno de una subcontratación de servicios .............14 Sergio Quintana y Elena Esparza Público y Sectores Regulados La Comisión Europea anima a los estados a “pensar en verde” en contratación pública ................................16 Álvaro San Felipe y María Guinot Hay vida para los licitadores no adjudicatarios después de la adjudicación .............................................18 José María Pernas Los convenios de colaboración con sujetos privados en la nueva Ley de Contratos del Sector Público .....20 José María Pernas El nuevo contrato de concesiones de servicios en el proyecto de LCSP ...............................................................22 José María Pernas Procesal La doble instancia penal: el cumplimiento progresivo de los compromisos internacionales ............................24 Manuel Sánchez-Puelles y Luis Javier Vidal Inmobiliario y Construcción Modifi car un contrato después de su vencimiento supone prorrogarlo tácitamente con las nuevas condiciones .........................................................................26 Nerea Sanz Referencias Jurídicas Marzo 2017 2 | Referencias Jurídicas | Marzo 2017 Referencias Jurídicas CMS | Artículo de fondo Corporate / M&A Marzo 2017 Responsabilidad del socio adquirente de participaciones sociales de una sociedad que se inscribió tardíamente por deudas anteriores a la inscripción 1. El caso Con ocasión de la trasmisión de una participación relevante del capital de una sociedad de responsabilidad limitada, el adquirente constató, en el marco del proceso de due diligence, que dicha sociedad se había inscrito de forma tardía en el Registro Mercantil. En concreto, la sociedad se constituyó en el año 2013, pero no se procedió a su inscripción registral hasta tres años después, es decir, en 2016. Esto supuso que durante un importante periodo de su existencia (al menos tres años) la califi cación jurídica que habría merecido la sociedad fuese la de una sociedad irregular. Un año después de la inscripción y de la consiguiente regularización de la sociedad, se produjo la transmisión de un porcentaje relevante de las participaciones de esta sociedad. El descubrimiento de la situación antes descrita motivó la preocupación del adquirente ante las dudas sobre el régimen que pudiera derivarse en términos de responsabilidad respecto de las obligaciones de la sociedad que hubieran nacido durante ese periodo de irregularidad. Andrés Recalde y Sara Esclapés Se plantea el problema del estatuto jurídico aplicable al adquirente de una participación relevante de una sociedad de responsabilidad limitada que durante cierto tiempo se encontró en situación de irregularidad como consecuencia de su no inscripción en el Registro Mercantil, y, sin embargo, en el momento en el que se produce la transmisión de las participaciones, la sociedad estaba ya inscrita y ha pasado a ser, por tanto, una sociedad de responsabilidad limitada regular. 3 2. La sociedad de capitales no inscrita y su califi cación como sociedad irregular Como es sabido, el artículo 119 del Código de Comercio dispone que las sociedades mercantiles se deben constituir en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil. Este requisito de publicidad tiene carácter constitutivo en las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas (art. 20 LSC). Mientras no se inscriba la sociedad no adquiere los rasgos (la “personalidad jurídica”) que son propios del tipo elegido (art. 33 LSC). Antes de inscribirse será una sociedad “en formación”. Pero si se acredita la voluntad de no inscribir la sociedad o si ha pasado un año desde el otorgamiento de la escritura pública la sociedad sería irregular. El régimen aplicable a la sociedad irregular es el de la sociedad colectiva o, en su caso, el de la sociedad civil, dependiendo de que se dedique o no a una actividad mercantil (art. 39.1 LSC). La irregularidad de las sociedades no afecta a la existencia o al reconocimiento de la personalidad jurídica de la sociedad. En consecuencia, no se puede cuestionar tampoco la validez de los actos realizados en nombre de la sociedad por sus administradores. Lo que se debe dilucidar es el régimen aplicable a esta sociedad no inscrita, a sus derechos y a las obligaciones asumidas en su nombre. La irregularidad no es una cuestión que afecte, por tanto, a la validez de la sociedad ni a su capacidad para ser titular de derechos u obligaciones. Más bien, debe tratarse en clave de determinación del régimen aplicable a las relaciones con los terceros. Parece lógico que esos terceros no deban verse perjudicados por ese incumplimiento del deber legal de publicidad que se refl eja a través de la inscripción de la sociedad en el Registro. En defi nitiva, la cuestión se debería resolver por vía de la aplicación del principio de publicidad material negativa del Registro Mercantil (artículo 21 del Código de Comercio). Como la sociedad no está inscrita, no pueden oponerse a los terceros de buena fe ni les perjudicarán aquellos pactos no publicados, ni la sociedad se podrá someter al régimen propio del tipo de sociedad de capitales elegido (SRL o SA), cuando la efi cacia de esa voluntad de los socios está sometida al cumplimiento, con carácter constitutivo, de la citada inscripción. 3. Responsabilidad del socio de una sociedad irregular por todas las deudas de la sociedad, incluidas las anteriores a su entrada La protección legal de los terceros se materializa en la aplicación del régimen de responsabilidad que es el propio de la sociedad colectiva. Consiguientemente los socios responderán de forma ilimitada y solidaria de las deudas de la sociedad que nacieran durante el periodo de irregularidad, que es, precisamente, el régimen de responsabilidad al que se someten los socios de una sociedad colectiva. Así lo recoge el artículo 127 del Código de Comercio, cuando señala que los socios de la sociedad colectiva responden personal y solidariamente, con todos sus bienes, de las resultas de los negocios que se concluyeran en nombre y por cuenta de la sociedad, o que sean imputables a ésta. 4 | Referencias Jurídicas | Marzo 2017 De acuerdo con lo que comúnmente ha sostenido la doctrina (Girón), en caso de incorporación a la sociedad de un nuevo socio o de transmisión de las participaciones de un socio a un tercero con el consentimiento de los demás socios, el nuevo responde de todas las deudas sociales, de forma ilimitada y solidaria con los socios que ya lo eran con anterioridad. En la responsabilidad personal de los socios reside el crédito de la sociedad: la confi anza de los terceros en su capacidad para obtener la satisfacción de sus créditos frente a la sociedad o frente a los socios. En cualquier caso, esa responsabilidad de los socios se extiende a todas las deudas de la sociedad: ya sean contractuales o extracontractuales; tanto a las que hubieran nacido después de su entrada en la sociedad, como también a las deudas de la sociedad surgidas antes de su entrada en la sociedad. La consecuencia resulta clara para el supuesto que aquí se considera: el adquirente que se incorpora a la sociedad antes de que ésta se inscriba en el Registro Mercantil, respondería como un socio colectivo, es decir, solidaria e ilimitadamente por las deudas que la sociedad contrajo durante ese periodo de irregularidad en el que se aplicaba a la sociedad el régimen de la sociedad colectiva. 4. Responsabilidad del socio que lo es de una sociedad regular por las deudas de la sociedad que fue irregular La LSC señala que en caso de la inscripción de una sociedad que fue irregular no cesa la responsabilidad solidaria de los socios por la deudas contraídas durante el periodo de irregularidad. Esto es lo que resulta de lo que expresamente previene el art. 39.2 en relación con el art. 38.2 LSC. En consecuencia los socios que permanecen en la sociedad regularizada continuarán respondiendo de forma solidaria e ilimitada por las deudas de la sociedad que surgieron durante el periodo en el que esta estuvo actuando en el tráfi co sin encontrase inscrita. El fundamento de este régimen reside en la necesidad de proteger a los terceros de buena fe que contrataron con la sociedad. De no permanecer el régimen de responsabilidad de la sociedad colectiva después de la inscripción, los acreedores verían alterado y reducido el patrimonio afecto al cumplimiento de sus créditos, cuando esa inscripción de la sociedad podría producirse pocos días antes de una eventual reclamación judicial. Si el patrimonio personal de los socios responde del pago de los créditos de la sociedad irregular durante el tiempo en que ésta no estaba inscrita, ese régimen no se puede ver alterado por una inscripción y regularización realizada con posterioridad. Sin embargo, el supuesto que nos ocupa en el caso aquí considerado es más complejo. Tiene que ver con si esa responsabilidad pudiera afectar al socio entrante, en concreto al que adquirió las participaciones sociales de la sociedad después de que ésta ya se hubiera regularizado mediante la inscripción en el Registro Mercantil. En concreto la cuestión a dilucidar es si el adquirente debería responder por las deudas contraídas por la sociedad en el periodo en el que ésta actúo como una sociedad irregular, durante el cual él todavía no era socio. En este caso, se contraponen dos intereses: de un lado, el del nuevo socio que adquiere participaciones sociales de una sociedad de responsabilidad limitada constituida válida y correctamente, toda vez que se encuentra inscrita y ha adquirido “la personalidad jurídica propia del tipo elegido”, es decir, la personalidad de una sociedad de responsabilidad limitada, de acuerdo con cuyo régimen el socio no responde de las deudas de la sociedad. Por otra parte, el patrimonio afecto a la satisfacción de los créditos surgidos durante el periodo de irregularidad de la sociedad, comprende el de todos los socios; si el adquirente de participaciones sociales de la sociedad ya inscrita no respondiera de deudas contraídas imputables al socio vendedor y surgidas durante el periodo de irregularidad, realmente, como consecuencia de la transmisión se alteraría el régimen de responsabilidad de los socios. En otras palabras, la transmisión perjudicaría a los terceros, que sufrirían una reducción del patrimonio que debe responder de las obligaciones contraídas por la sociedad irregular. Pero todos sabemos que los contratos pueden favorecer a terceros, aunque no perjudicarles. 5. La regularización de la sociedad no inscrita como supuesto de transformación de sociedades La Ley no ofrece una respuesta expresa al dilema. Sin embargo, puede alcanzarse una solución aplicando analógicamente lo previsto para la transformación de una sociedad en la que los socios responden ilimitadamente de las deudas de la sociedad en una sociedad con limitación de la responsabilidad (art. 21.2 de la Ley de Modifi caciones Estructurales). En concreto debería entenderse que la sociedad irregular, a la que se aplica el régimen de la sociedad colectiva, se transforma como consecuencia de su inscripción y regularización en una sociedad de responsabilidad limitada. De acuerdo con ese régimen los socios seguirán respondiendo de las deudas sociales contraídas antes de la transformación, salvo que los acreedores sociales expresamente hubieran consentido a la transformación. Esta regla es, además, similar a la prevista para el paso de una sociedad irregular a una sociedad ya inscrita, conforme a la cual la responsabilidad ilimitada de los socios por las deudas de la sociedad no cesa con la inscripción de ésta (artículo 39.2 de la LSC). Esto ofrece a los acreedores la garantía de que las condiciones de responsabilidad con las que contaron en el momento de contratar con la sociedad o de que naciera su crédito se les aplicarán incluso aunque las participaciones se transmitieran después de la regularización. Sin embargo, la responsabilidad de los socios por las deudas anteriores a la inscripción está sometida a un plazo de prescripción de cinco años, plazo que comienza a correr desde la publicación de la transformación en el BORME. La solución avanzada debe aplicarse también en el supuesto de adquisición de acciones de una sociedad anónima, que hubiese sido irregular. Podría tentarse a pensar que el adquirente de las acciones debería ser más intensamente tutelado, toda vez que se le aplicarían las normas de protección del adquirente de buena fe de títulos-valores (acciones nominativas o al portador) o de anotaciones en cuenta frente a circunstancias que ese adquirente no pudo controlar. Sin embargo, las normas de protección de los acreedores prevalecen sobre la tutela del tráfi co y de los adquirentes de buena fe de valores mobiliarios, razón por la cual el adquirente de las acciones soportaría, también, la responsabilidad de las deudas de la sociedad en los mismos términos que el transmitente. 6. Conclusión La aplicación analógica de las reglas de la transformación de las sociedades con responsabilidad ilimitada en una sociedad de responsabilidad limitada permite una solución del problema que consistiría en que la responsabilidad del adquirente de las participaciones sociales de la sociedad que fue irregular no prescribe hasta pasados cinco años desde que se procediera a inscribir la sociedad en el Registro Mercantil. Esta solución pondera los diversos intereses en juego, que anteriormente se mencionaron: el interés de los acreedores, por un lado, que no ven reducido el patrimonio contra el cual pueden dirigirse para cobrar los créditos surgidos durante el periodo de irregularidad en el que los socios respondían ilimitadamente; y, de otro lado, el interés del socio entrante que deja de responder, pasado un tiempo, de las deudas que la sociedad contrajo en su periodo de irregularidad. Partiendo de la hipótesis anterior, el nuevo socio que adquirió las participaciones sociales en el 2017, es decir, un año después de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, sería responsable solidario e ilimitado de las deudas que contrajo la sociedad en su periodo de irregularidad. No obstante, dicha responsabilidad prescribiría cuando se cumplieran cinco años desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad. Asimismo, cualquiera que adquiriese participaciones sociales de esta sociedad pasada esta fecha no responderían de los posibles créditos surgidos durante el periodo de irregularidad, por haber prescrito la responsabilidad legal. No debe perderse de vista, sin embargo, que como se indicó, los socios que permanezcan en la sociedad y bajo cuya responsabilidad surgieron las deudas en el periodo de irregularidad, seguirían respondiendo de éstas indefi nidamente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 39.2 de la LSC. 5 6 | Referencias Jurídicas | Marzo 2017 La DGRN establece que si el consejo de administración no cubre una vacante mediante cooptación antes de la celebración de la primera junta general, ya no será posible hacerlo, salvo que en el orden del día de la junta general fi gurase el nombramiento de administradores y voluntariamente la junta no acordase la cobertura. La LSC prevé, para las sociedades anónimas, que en el caso de que se produzcan vacantes en el consejo de administración, sin que existiesen suplentes, el consejo podría cubrir esas vacantes mediante un sistema de cooptación. La persona designada como administrador nombrado debe ser un socio, salvo en el caso de las sociedades cotizadas. La primera junta general que se celebre debe ratifi car el nombramiento, para que se mantenga el cargo (artículo 244 de la LSC y, de forma especial para las sociedades cotizadas, en el artículo 529 decies 2. de la LSC). La DGRN en su resolución de 8 de febrero de 2017, adopta una interesante posición en relación con el nombramiento por cooptación y el momento en el que el consejo puede ejercer esta facultad , que difi ere, en ciertos puntos, de lo hasta ahora entendido y defendido por cierta parte de la doctrina. De acuerdo con los hechos expuestos en la resolución, el 30 de junio de 2016 el consejo de administración adoptó el acuerdo, por el cual se nombraba a través del sistema de cooptación a un consejero, cubriendo así la vacante que se produjo el 7 de agosto de 2014 por cese de otro consejero. Con ocasión de la inscripción del citado nombramiento, el registrador califi có parcialmente la escritura, entendiendo que tenía un defecto insubsanable. Razonaba que, al haberse celebrado dos juntas generales (el 8 de junio de 2015 y 30 de junio de 2016) desde el cese del administrador y el nombramiento por cooptación por el consejo de administración de la sociedad, sin que se hubiese procedido a la elección de un administrador que cubriera la vacante, debía entenderse que la intención de la junta general era no cubrirla. Si había tenido la oportunidad y posibilidad de proceder a esa cobertura, sin haberlo hecho, debía interpretarse que su intención era contraria a ello, no pudiendo el consejo de administración otorgarse la facultad de nombrar contradiciendo el interés de la junta general. En el recurso contra la citada califi cación negativa parcial, la Sociedad argumentó que el nombramiento por cooptación que había tenido lugar cumple los requisitos legales, al existir un consejo de administración y una vacante. -El registrador interpretó que el artículo 244 de la LSC establece que el plazo para el nombramiento del consejero por cooptación está restringido temporalmente y que únicamente puede producirse desde la vacante hasta la celebración de la primera junta general. Pero el recurso aduce que lo limitado no es el plazo para cubrir la vacante sino la duración del cargo del consejero cooptado una vez nombrado (según art. 145.2 del RRM). En consecuencia sí se habrían cumplido todos los requisitos legales, por lo que no procedía denegar la inscripción del cargo de administrador. ¿Cabe la cooptación para cubrir una vacante tras la celebración de la primera junta general? Celso Méndez Departamento de Corporate / M&A 7 La DGRN pone de manifi esto su rechazo a la autointegración del consejo por cooptación con posterioridad a la primera junta general desde la vacante. Sin embargo, la DGRN defi ende la interpretación restrictiva de las normas aplicables a la cooptación, lo que se justifi ca en el carácter excepcional del nombramiento por cooptación y en las razones que justifi can la aplicación de esta forma especial de nombramiento de administradores (necesidad de garantizar la estabilidad y funcionamiento del órgano de administración). La DGRN admite que, a falta de prohibición estatutaria, debe admitirse el nombramiento por cooptación cuando la junta general se haya reunido después de haberse producido las vacantes siempre y cuando en el orden del día fi gurase el nombramiento de administradores y se hubiese dejado sin cubrir voluntariamente. Entiende, en este caso, que es un deber de diligencia de los consejeros evitar que el consejo de administración quede a expensas de no poder constituirse válidamente. No obstante, la DGRN entiende, y así lo expone en la resolución de 8 de febrero, que, en el supuesto planteado, la junta general no tuvo la oportunidad de decidir sobre la vacante, ya que el nombramiento de consejeros no constaba en el orden del día de las juntas generales ordinarias de 2015 y 2016, por lo que acuerda desestimar el recurso y confi rmar la califi cación impugnada. De este modo, la DGRN pone de manifi esto su rechazo a la autointegración del consejo por cooptación con posterioridad a la primera junta general desde la vacante, siempre que no se incluyese en el orden del día un punto relativo al nombramiento de consejeros. 8 | Referencias Jurídicas | Marzo 2017 La fi jación de plazos máximos de pago genera la duda de su cumplimiento cuando se emplean mecanismos de fi nanciación. La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) aclara en su web que el confi rming puede servir para entender cumplida la obligación de pago dentro de los plazos máximos legales. Las medidas dirigidas a reducir la morosidad y acortar los plazos de pago son conocidas desde hace tiempo, pero su relevancia práctica se ha incrementado con la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria (Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria). En realidad, esta norma no incluyó entre sus previsiones sustantivas una específi ca sobre los plazos de pago. No obstante, sí tipifi ca como infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago previstos por la legislación. No se pretende, en este breve texto, recoger la problemática asociada a la fi jación de los plazos máximos de pago, que, entre otras cosas, ha motivado una sentencia del Tribunal Supremo (de 23 de noviembre de 2016) y otra del TJUE (del 16 de febrero de 2017) un tanto contradictorias. Es útil recordar, sin embargo, que el plazo máximo de pago es, en general, de 30 días, voluntariamente ampliables hasta los 60 (Ley 3/2004, de 29 diciembre, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales). En el sector alimentario, el régimen contenido en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista distingue distintos tipos de productos, oscilando el plazo máximo legal entre los 30 y los 90 días, según el producto. El particular rigor en los productos de alimentación, sobre todo, en los perecederos, así como el control administrativo que se atribuyó a la AICA ha convertido esta materia en un problema recurrente en dicho sector. Una de las cuestiones frecuentes es la admisibilidad de ciertos instrumentos habituales en el tráfi co para dar por cumplida la obligación de pago dentro de los plazos fi jados por la ley. Así sucede, por ejemplo, con el empleo de efectos de comercio (que se enfrenta a lo que dispone el artículo 1170 del Código Civil) y con el denominado confi rming, del que nos ocuparemos aquí. El confi rming suele identifi carse con el encargo por el empresario deudor a una entidad fi nanciera del pago de sus obligaciones con los proveedores, a quienes se ofrece la posibilidad de que la entidad lo anticipe, si así lo desean. El recurso al confi rming puede cubrir necesidades distintas, pero, a los efectos aquí considerados, se trata de un modo de facilitar liquidez al proveedor, al permitirle el acceso a la fi nanciación previamente acordada, en su benefi cio, con la entidad fi nanciera. La existencia del confi rming, por tanto, no supone, por sí misma, el anticipo del pago, sino la posibilidad de obtenerlo. A cambio, claro, de que se asuma el coste fi nanciero correspondiente. La AICA ha respondido expresamente a la cuestión de si el ofrecimiento de un confi rming permite entender cumplida la obligación de pago dentro de los plazos legales, si la obligación se aplace por encima del máximo El ‘confi rming’ puede valer como pago para la AICA Francisco Javier Arias Departamento de Corporate / M&A 9 Parece buscarse que el proveedor esté informado, a priori, del coste que tendría recurrir a la fi nanciación y, por tanto, pueda decidir libremente si acepta las condiciones, al previo de venta fi jado, o no. legal. Según indica, la AICA en su web, el criterio es “comprobar cuándo está el dinero en poder del vendedor […]. Es decir, un confi rming a 180 días que el vendedor lo cobra antes de los 60 ó 30 días lo estamos aceptando (sic). Si el comprador ha puesto los medios para que el vendedor cobre en plazo y éste no lo hace, no hay sanción.” Se advierte expresamente que “los descuentos que se produzcan por descontar el confi rming tienen que fi gurar en el contrato en la cláusula de precio”. Parece claro que la AICA entiende que, otorgándose la posibilidad de anticipar el cobro dentro de los plazos legales con el confi rming, no debe proceder una sanción al cliente que aplazó por encima del límite legal (“180 días” se indica en la web) por el mero hecho de que el cliente no quiera hacer uso de esa posibilidad, que le permite cobrar dentro del plazo legal. La solución, sin embargo, obvia que, en tales casos, el proveedor es quien corre con los gastos fi nancieros (y, por tanto, el precio real que obtendrá será inferior al que fi gure en la factura). Quizás por ese motivo se exige que los descuentos fi guren en el precio. La referencia no es especialmente clara, pero parece buscarse que el proveedor esté informado, a priori, del coste que tendría recurrir a la fi nanciación y, por tanto, pueda decidir libremente si acepta las condiciones, al previo de venta fi jado, o no. La solución propuesta por la AICA parece dar una solución a un problema recurrente, que deriva del carácter imperativo de la norma que, muchas veces, acaba jugando en contra del propio sujeto cuya protección se busca. Para ello se aparta con claridad del rigor técnico y la adecuada identifi cación de la naturaleza del contrato y deja en un segundo plano el problema del coste de la fi nanciación. La existencia de una respuesta expresa a este problema, sin embargo, reduce algo la gran inseguridad existente en esta materia. Una inseguridad favorecida tanto por la mala técnica legislativa, como por las incertidumbres sobre la postura de la AICA en cada caso concreto. 10 | Referencias Jurídicas | Marzo 2017 Para determinar si la obligación social relativa al pago de unos servicios profesionales es anterior o posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución y, consecuentemente, si el administrador de una sociedad es responsable solidario del pago de esa deuda, el TS toma como referencia el momento en el que se prestan los servicios en lugar de aquel en el que se suscribió el contrato del que deriva la obligación. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó el pasado 1 de marzo una sentencia estimando el recurso de casación interpuesto por el administrador de una sociedad que había sido condenado en primera y segunda instancia al pago de una cantidad adeudada por su administrada, como consecuencia de la responsabilidad solidaria de los administradores respecto de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución (artículo 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, actualmente artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital). La sociedad había sido demandada en primera instancia por un abogado y una procuradora que reclamaban el pago de los servicios profesionales prestados a la sociedad, así como la declaración del administrador social como responsable solidario de esa deuda, por estar incursa la sociedad en causa legal de disolución y no haber realizado el administrador las actuaciones exigidas para la disolución de la sociedad. El Juzgado de lo Mercantil condenó a la sociedad demandada al pago de los servicios prestados por los demandantes y estimó la acción de responsabilidad solidaria contra el administrador por concurrir los requisitos previstos en el art. 105.5 LSRL. Consideró irrelevante que la obligación fuera anterior o posterior a la concurrencia de la causa legal de disolución por no poder aplicarse la reforma del artículo 105.5 LSRL operada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, que limitaba la responsabilidad de los administradores a las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución (frente a la versión anterior del artículo, que no establecía tal delimitación), porque aplicar la nueva versión hubiera supuesto una aplicación retroactiva inaceptable de la norma. El administrador recurrió en apelación la sentencia, fi jando la Audiencia Provincial que la causa legal de disolución acaeció en julio de 2006 y desestimando su recurso por considerar que la fecha que debía considerarse era el momento en el que se dictó resolución en el procedimiento de jura de cuentas, lo que tuvo lugar el 15 de julio de 2010. Finalmente, el administrador social interpuso recurso de casación, aceptando la fecha fi jada por la Audiencia Provincial (esto es, julio de 2006) como el momento en el que apareció la causa de disolución de la sociedad, así como que la redacción del artículo 105.5 que resultaba de aplicación al supuesto era la de dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Responsabilidad solidaria de los administradores: determinación del carácter “posterior” de las obligaciones sociales respecto del acaecimiento de la causa legal de disolución Elena Alcázar Departamento de Corporate / M&A 11 Llama la atención que el TS opte directamente por considerar que la obligación social, esto es, la obligación de pago, nace cuando se prestan los servicios profesionales. El principal motivo alegado por el administrador en el recurso consistía, resumidamente, en que no puede declararse la responsabilidad solidaria del administrador social por deudas anteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad. Según éste, el nacimiento de la obligación tuvo lugar en 2002, cuando la sociedad contrató los servicios jurídicos del abogado y la procuradora y se hizo una provisión de fondos, y no en julio de 2010, que es cuando se dictó el auto fi jando la cuantía a la que ascendía los honorarios de ambos. Ese auto sería meramente declarativo, pero no constitutivo de la obligación de pago de la deuda. La Sala afi rma que el momento relevante para considerar si la obligación social es anterior o posterior a la concurrencia de la causa legal de disolución es aquel en que nace la obligación social de la que se pretende hacer responsable solidario al administrador. No obstante, para determinar cuándo se produjo el nacimiento de la obligación no toma como referencia (como había hecho el propio administrador en su recurso) el momento del perfeccionamiento del contrato de prestación de servicios (esto es, el año 2002), sino que considera que lo relevante es analizar cuándo surgió la obligación de pago, afi rmando que fue cuando se prestaron los servicios profesionales (es decir, desde el año 2002 hasta marzo de 2006). Dado que la última prestación de servicios a la sociedad tuvo lugar en marzo de 2006, el TS concluye que la obligación nació antes del acaecimiento de la causa legal de disolución, que tuvo lugar en julio de 2006, y, consecuentemente, que no podía condenarse al administrador solidariamente con la sociedad. Aunque en este supuesto tanto el perfeccionamiento del contrato de prestación de servicios como el nacimiento de la obligación de pago tienen lugar antes del acaecimiento de la causa legal de disolución y, por tanto, no conllevan la responsabilidad solidaria del administrador, llama la atención que el TS opte directamente por considerar que la obligación social, esto es, la obligación de pago, nace cuando se prestan los servicios profesionales. Es una pena que la Sala no desarrolle este razonamiento, pronunciándose sobre qué pasaría en el caso de que la prestación de los servicios hubiera concluido con posterioridad al acaecimiento de la causa legal de disolución, o si ésta última hubiera surgido durante la prestación de los servicios. 12 | Referencias Jurídicas | Marzo 2017 La STS de 30 de enero de 2017 se pronuncia sobre las consecuencias del retraso en el pago de la prima de un contrato de seguro y sobre la eventual sujeción a los actos propios del Consorcio de Compensación de Seguros. La recurrente en casación suscribió una póliza de seguro contra todo riesgo de duración anual renovable que incluía determinados riesgos extraordinarios (por elementos naturales) que son objeto de cobertura por el Consorcio de Compensación de Seguros, como entidad inspirada en el principio de compensación para proporcionar protección, entre otros, frente a este tipo de riesgos. Para la cobertura de estos riesgos, la entidad aseguradora aplicaba al tomador el correspondiente recargo obligatorio a favor del Consorcio de Compensación de Seguros. La póliza fue renovada con fecha 1 de julio de 2011, materializándose un siniestro debido a uno de los riesgos extraordinarios los días 4 a 7 de noviembre de ese año. La prima correspondiente a ese periodo de vigencia fue abonada por el tomador (y el pago consentido por la entidad aseguradora) con fecha 10 de noviembre de 2011. Por lo tanto, tal y como se señala en la STS, cuando acaeció el siniestro, el seguro se había prorrogado pero no había sido abonada la prima correspondiente al nuevo periodo de vigencia del contrato de seguro. Conviene advertir, a estos efectos, que el tomador ya se había retrasado en otras ocasiones en el pago de la prima, cuyo abono tardío había sido consentido por la entidad aseguradora. Ante la reclamación extrajudicial de cobertura del siniestro que el tomador interpuso contra el Consorcio de Compensación de Seguros, esta institución rechazó la cobertura ex. art. 15.2 LCS, conforme al cual la falta de pago de una prima suspende la cobertura un mes después del día de su vencimiento. El tomador interpuso demanda, que fue estimada y posteriormente recurrida en apelación, siendo desestimada la pretensión de cobertura del tomador por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. En última instancia, el tomador recurrió en casación, siendo su recurso desestimado con base en, entre otros, los siguientes fundamentos: 1. En relación con la alegada infracción del art. 15.2 LCS, la jurisprudencia es clara respecto a las consecuencias del impago de una prima (no la primera). Desde el impago de la prima sucesiva, y durante el primer mes de retraso en el cumplimiento de esta obligación, la cobertura del seguro se mantiene vigente y, por lo tanto, la obligación de la compañía de indemnizar al asegurado. No obstante, transcurrido dicho mes, y durante los cinco siguientes, el contrato de seguro no desplegará ningún efecto por estar la cobertura suspendida. La redacción del art. 15.2 LCS no condiciona sus efectos a la inexistencia de un pacto en contrario (tal y como alegó la recurrente). Más aún, incluso permitiéndose y existiendo tal pacto, éste sería entre el tomador y la entidad aseguradora, por lo que no sería oponible frente al Consorcio, un tercero a estos efectos. 2. Del mismo modo se desestiman los motivos que alegan inaplicación de la teoría de los actos propios. El TS considera que la admisión del pago tardío de la Sin pago (vencido) no hay cobertura (STS de 30 de enero de 2017, ponente Ignacio Sancho Gargallo) Beatriz Durán Departamento de Corporate / M&A | Seguros 13 La jurisprudencia es clara respecto a las consecuencias del impago de una prima (no la primera). Desde el impago de la prima sucesiva, y durante el primer mes de retraso en el cumplimiento, la cobertura del seguro se mantiene vigente. No obstante, transcurrido dicho mes, y durante los cinco siguientes, el contrato de seguro no desplegará ningún efecto. prima por parte del tomador no constituye una actitud defi nitiva e inequívoca de consentir la exclusión del art. 15.2 LCS. Cuestión distinta es que el Consorcio no invoque la terminación del contrato transcurridos seis meses desde el vencimiento de la obligación de pagar la prima, pero ello no es determinante de su vinculación para aceptar la cobertura del seguro en caso de ocurrir un siniestro antes de que se abone la prima y en todo caso después de que debiera haberse abonado. 14 | Referencias Jurídicas | Marzo 2017 El Tribunal supremo ha entendido que las empresas en las que los trabajadores convoquen huelga no son responsables de las medidas que adopten sus clientes para paliar los efectos de la misma. El 16 de noviembre de 2016 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó sentencia por la que se estimó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 30 de noviembre de 2017 dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En el presente caso, el Tribunal Supremo analiza los hechos relativos a una huelga convocada en la empresa Altrad, cuya actividad consiste en proporcionar, entre otros servicios, el andamiaje de edifi cios y realizar obras de construcción de pequeña envergadura. La huelga se convocó por los trabajadores en respuesta a una modifi cación sustancial de sus condiciones de trabajo. En las fechas de dicha convocatoria, la empresa Altrad se había obligado, en virtud de un contrato mercantil, a prestar a dos empresas distintos servicios relacionados con el andamiaje y la construcción. La imposibilidad de cumplir con los referidos contratos como consecuencia de la convocatoria de huelga fue comunicada por Altrad a sus clientes. La reacción de estos últimos fue contratar a empresas de la competencia de Altrad para que llevaran a cabo las tareas inicialmente contratadas con ésta. Los trabajadores de Altrad demandaron judicialmente a su empleadora solicitando que se declarase la nulidad de la modifi cación sustancial de sus condiciones de trabajo que dio lugar a la huelga. Los demandantes fundamentaron su demanda en que la contratación de terceras empresas por los clientes de la empleadora para realizar el trabajo que deberían desempeñar los huelguistas vulneraba el derecho de huelga de estos. La Audiencia Nacional estimó la demanda, pero Altrad interpuso recurso de casación contra dicha sentencia. El Tribunal Supremo revocó la sentencia de la Audiencia Nacional y absolvió a Altrad, entendiendo que no se le podía hacer responsable de una conducta en la que no había participado y en la que no había podido intervenir. Por otro lado, la sentencia determinó que la condición de clientes de las empresas que contrataron con Altrad tampoco supuso ninguna vinculación especial que pudiera condicionar la decisión de contratar a compañías de la competencia durante una huelga. Pudiera parecer que el Tribunal Supremo ha modifi cado a raíz de esta sentencia la doctrina contenida en las sentencias de 11 de febrero de 2015 (caso Grupo Prisa) y de 20 de abril de 2015 (caso Coca-Cola). No obstante, como señala el propio Tribunal Supremo, existen notables diferencias entre aquellos supuestos y el que nos ocupa. En primer lugar, en los casos del Grupo Prisa y Coca-Cola se daba la nota del grupo de empresas, aunque en el primero de ellos el grupo lo fuera únicamente a efectos mercantiles. En el supuesto de Coca-Cola, además, los hechos revelaban que cada una de las empresas integrantes en el La pretendida licitud de las reacciones a la huelga en el seno de una subcontratación de servicios Sergio Quintana y Elena Esparza Departamento de Laboral 15 Resultaría especialmente aventurado entender que la sentencia del Caso Altrad vaya a constituir un precedente que permita eximir de responsabilidad a los clientes de una empresa en huelga cuando aquellas, para sortear los efectos de la propia huelga, contraten actividades con terceros. grupo actuaba de manera coordinada con las demás en lo referente a las relaciones laborales con sus empleados y ello determinó la consideración de dicho grupo como patológico (grupo de empresas a efectos laborales) y, con ello, la responsabilidad solidaria de todas las empresas pertenecientes al mismo. Por otro lado, los demandantes no consideraron que las empresas clientes de Altrad, que fueron las que articularon la medida para evitar los efectos de la huelga, hubieran conculcado el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores de Altrad. Tal es así, que ni si quiera demandaron a los clientes de Altrad. Su pretensión se redujo a atribuir a Altrad la responsabilidad de aquello que no estaba en condiciones de impedir; esto es, el recurso de sus clientes a otras empresas para cubrir el servicio que no podía prestarles Altrad debido a la huelga de sus empleados. En esto también difi ere la sentencia que nos ocupa de los casos resueltos con anterioridad por el Tribunal Supremo, pues en dichas resoluciones los demandantes sí dirigieron su acción contra las empresas ajenas a la relación laboral, entendiendo que eran copartícipes de la vulneración de su derecho fundamental a la huelga. Se trata, por tanto, de un pronunciamiento muy concreto del Tribunal Supremo, que no altera la doctrina contenida en las Sentencias del Caso Coca-Cola y del Caso Grupo Prisa, las cuales no hacían sino recoger la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en sentencias como la número 75/2010 de 19 de octubre en relación con la vulneración del derecho de huelga en procesos de subcontratación. Así, la referida doctrina del TC, que permanece inalterada, mantiene que “como consecuencia de lo que constituye la esencia misma de los procesos de subcontratación, esto es la fragmentación de la posición empresarial en la relación de trabajo en dos sujetos, el que asume la posición de empresario directo del trabajador, contratando con éste la prestación de sus servicios, y el que efectivamente recibe éstos, de una manera mediata y merced a contrato mercantil” y que “En el caso del derecho de huelga, cuyo ejercicio, por defi nición, se habrá de proyectar de manera principal sobre la actividad productiva de la empresa principal, a la que la contrata en sí misma sirve, la pretendida irresponsabilidad laboral de esta empresa respecto de cualquier actuación que pueda desarrollar con la fi nalidad de impedir, coartar o sancionar el legítimo ejercicio del derecho de huelga, al socaire de su invocada ajenidad a la relación laboral entre las partes, supondría la práctica eliminación del derecho de huelga en el ámbito de estas relaciones”. En atención a lo expuesto, resultaría especialmente aventurado entender que la sentencia del Caso Altrad vaya a constituir un precedente que permita eximir de responsabilidad a los clientes de una empresa en huelga cuando aquellas, para sortear los efectos de la propia huelga, contraten actividades con terceros. 16 | Referencias Jurídicas | Marzo 2017 La Comisión Europea presenta la tercera edición del Manual sobre contratación pública ecológica (Buying Green!), documento indicativo que pretende enseñar a las autoridades públicas a planifi car y aplicar con éxito la contratación pública ecológica. El año pasado se produjo la publicación de la tercera edición de este Manual sobre Contratación Pública Ecológica cuyo objetivo es acercar las herramientas de “ecologización” de los contratos administrativos que ofrece el Derecho de la Unión Europea a las autoridades de los distintos Estados Miembros y servir de guía a otros actores del mundo de la contratación con el Sector Público tales como proveedores y prestadores de servicios. Como se apunta en este texto, indicadores publicados en 2013 por la Comisión Europea ponen de relieve que el gasto público en obras, productos y servicios representa aproximadamente un 14% del PIB de la Unión Europea, existiendo algunos sectores de actividad concretos en los que las Administraciones Públicas constituyen el destinatario mayoritario de estos bienes, como el de la construcción. En ello radica la importancia de una guía como ésta, que constituye una auténtica fuente de incentivos para los compradores públicos de cara a la contratación de bienes y servicios con criterios ecológicos. Una de las principales características de este documento es su carácter meramente indicativo, no revistiendo su contenido naturaleza de auténtica “norma” dentro de este sector de regulación. Ello lo distingue de otras previsiones contenidas en la legislación aplicable al ámbito de la contratación pública, especialmente en las Directivas aprobadas en 2014, que sí resultan de obligada observancia. El Manual se construye sobre un esquema de niveles (capítulos) sobre los que la Administración Pública puede determinar con mayor o menor intensidad el grado de infl uencia que desea que las políticas de contratación pública ecológica tengan en sus concursos. El primer Capítulo se orienta hacia la determinación de una política de este tipo de contratación que incluya defi niciones y objetivos para la Administración en cuestión, la consulta de criterios en esta materia, etiquetas ecológicas y otras fuentes para la adquisición de productos, y la puesta en marcha de actividades de información y formación, entre otras. El segundo escalón se refi ere a la evaluación del impacto de los requisitos ecológicos sobre el proceso de contratación y la forma en la que éstos serán aplicados en línea con el marco normativo de obligado cumplimiento. Se trata asimismo de que la Administración Pública en cuestión evalúe el mercado de los productos y servicios que contrata y encuentre justifi caciones económicas (coste del ciclo de vida) a la adquisición “ecológica” de estos bienes. La tercera clave de esta guía se circunscribe ya sí, de manera específi ca, al diseño del concurso en cuestión. Se La Comisión Europea anima a los estados a “pensar en verde” en contratación pública Álvaro San Felipe y María Guinot Departamento de Derecho Público y Sectores Regulados 17 El Manual de Contratación Pública Ecológica constituye un importante paso hacia una concienciación mucho más profunda por parte de las administraciones públicas europeas de la necesidad de vincular el ejercicio de la actividad pública con la protección del medioambiente. trata en este caso de defi nir de manera precisa el objeto y especifi caciones técnicas de los contratos tomando en consideración los efectos medioambientales de éstos a lo largo de la vida del producto o servicio, estudiando la posibilidad de emplear etiquetas para este fi n. A continuación, los dos siguientes niveles de actuación (capítulos cuatro y cinco) ponen el foco en los criterios de selección y adjudicación de los contratos, y animan a las administraciones públicas a tener en cuenta la capacidad técnica medioambiental, las medidas de gestión medioambiental ofertadas, y a excluir a aquellos licitadores que incumplan normativa medioambiental o aquellas ofertas anormalmente bajas que no resulten conformes a la regulación medioambiental aplicable. El siguiente escalón analiza la ejecución del contrato y recomienda la implantación de cláusulas de ejecución del contrato con compromisos medioambientales por parte de los contratistas así como la previsión de medidas correctoras y un sistema de seguimiento en caso de que no se atiendan dichos compromisos. Por último, se recomienda a las autoridades contratantes de las Administraciones Públicas que detecten aquellos métodos o instrumentos específi cos de licitación en los que el manual denomina “sectores de alto impacto” tales como las ofi cinas, la alimentación, los servicios de restauración, los vehículos y aquellos productos que utilizan energía. Son ya numerosas las autoridades de países miembros de la Unión Europea que han puesto en práctica esta contratación “verde”, de la misma forma que, en paralelo, muchas administraciones europeas han empezado a apostar por la denominada contratación pública sostenible, un modelo que además de criterios ecológicos incluye consideraciones sociales en sus métodos de licitación pública. Pese a su carácter no vinculante, esta suerte de soft law que constituye el Manual de Contratación Pública Ecológica sin duda constituye un importante paso hacia una concienciación mucho más profunda por parte de las administraciones públicas europeas de la necesidad de vincular el ejercicio de la actividad pública con la protección del medioambiente. Todo ello en un momento de especial renovación de la contratación pública en España con motivo de la tramitación en el Parlamento de los dos nuevos Proyectos de Ley que trasponen las últimas Directivas comunitarias sobre la materia. 18 | Referencias Jurídicas | Marzo 2017 El proyecto de nueva Ley de Contratos del Sector Público que se tramita en las Cortes Generales incorpora la obligación de hacer públicos los actos de modifi cación del Contrato, con posibilidad de que los licitadores no adjudicatarios puedan recurrirlos ante los tribunales de contratación. Actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público (el “Proyecto de Ley”), el cual incorpora importantes novedades producto de la necesaria transposición de las Directivas 2014/23/UE de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, institución de larga tradición jurídica en el derecho español, y la Directiva 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública Las modifi caciones son sustanciales en muy diversos aspectos (ámbito subjetivo, convenios administrativos, encargos a medios propios, tipología de contratos, solvencia, asociación para la innovación, posibilidad de recurrir los encargos a medios propios, criterios de adjudicación, morosidad, reequilibrio económico de la concesión de obras y servicios, extinción, medios electrónicos, prevención de la corrupción, etc.). Por su interés nos centraremos en este post en el nuevo régimen de la modifi cación de los contratos. Un aspecto destacado del nuevo régimen de modifi cación es que se obliga a obtener la autorización, previo dictamen del Consejo de Estado, del Ministerio de tutela o adscripción para modifi caciones superiores al 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, en el caso de contratos sujetos a regulación armonizada de poderes adjudicadores que no sean una Administración Pública; además el régimen de modifi cación del contrato es todavía más estricto que el contemplado en las Directivas que se transponen. No obstante el cambio de mayor calado es sin duda la obligación de hacer públicos los acuerdos de modifi cación de un contrato y la posibilidad de recurrirlos. Hasta la fecha se podía decir que los licitadores no adjudicatarios desaparecían jurídicamente en el momento en el que el contrato se adjudicaba. Así, tales licitadores no tenían derecho a conocer ni a impugnar las modifi caciones contractuales que se produjesen tras dicha adjudicación. Sin embargo, en el Proyecto esto cambia por completo. Podríamos decir que los licitadores siguen estando presentes jurídicamente después de la adjudicación del contrato. La razón es que el artículo 205 del Proyecto de Ley obliga a los órganos de contratación que hubieren modifi cado un contrato durante su vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifi que la modifi cación, a publicar en todo caso un anuncio de modifi cación en el perfi l de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma. Los licitadores no adjudicatarios podrán conocer así las modifi caciones del contrato que se produzcan, convirtiéndose esa publicación en un requisito de validez del acto de modifi cación. Hay vida para los licitadores no adjudicatarios después de la adjudicación José María Pernas Departamento de Derecho Público y Sectores Regulados 19 Se podrá pedir la medida cautelar de suspensión de la modifi cación, pero esa suspensión no será automática y dependerá de la ponderación que realice el tribunal administrativo de recursos contractuales. Y además, esos acuerdos de modifi cación del contrato son objeto de recurso especial ante los tribunales administrativos de recursos contractuales (en los contratos sujetos a regulación armonizada). En concreto (artículo 50 del Proyecto de Ley), son objeto de este recurso las modifi caciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 202 y 203, por entender que la modifi cación debió ser objeto de una nueva adjudicación (modifi caciones previstas en los pliegos y modifi caciones no previstas en los pliegos). El Proyecto de Ley sin embargo no dota al recurso frente a las modifi caciones de un carácter suspensivo automático, como si sigue confi riendo al recurso frente al acto de adjudicación. Es decir, se podrá pedir la medida cautelar de suspensión de la modifi cación, pero esa suspensión no será automática y dependerá de la ponderación que realice el tribunal administrativo de recursos contractuales. En todo caso este nuevo régimen conlleva tres efectos. El primero es que el órgano de contratación debe poner un mayor celo si cabe en defi nir en los pliegos las causas de modifi cación del contrato, y en todo caso que los acuerdos de modifi cación deben ser motivados para acreditar que se cumple con los supuestos legales que autorizan tal modifi cación, ya que dichos acuerdos pueden ser recurridos por los licitadores no adjudicatarios ante los tribunales administrativos de recursos contractuales. En segundo lugar, el adjudicatario debe analizar si la modifi cación que pretende llevar a cabo el órgano de contratación se ajusta a los supuestos legales o a los pliegos, y que el acuerdo de modifi cación contenga la debida motivación, pues al ser atacable ese acuerdo por otros licitadores, el adjudicatario se puede encontrar con la sorpresa de que un tribunal administrativo anule ese acuerdo y obligue a licitar esa modifi cación como un contrato nuevo. Y en tercer lugar, la labor de los licitadores no adjudicatarios ya no fi naliza con el acto de adjudicación: a partir de ahora deben estar atentos a cualquier publicación que se efectúe en el perfi l del contratante de los acuerdos de modifi cación del contrato, ya que pueden combatir esa modifi cación para que se deba efectuar una nueva licitación en la que podrán participar. Este régimen conlleva un cambio de cultura jurídica. Ya no estamos hablando de que los contratos se modifi can por la exclusiva decisión del órgano de contratación, sino que los licitadores que no han resultado adjudicatarios pueden, al recurrir los actos de modifi cación, conseguir que dichas modifi caciones deban ser licitadas como contratos independientes y de este modo concurrir a la licitación que a tal efecto se convoque. 20 | Referencias Jurídicas | Marzo 2017 El proyecto de nueva Ley de Contratos del Sector Público que se tramita en las Cortes Generales excluye del objeto de dicha Ley a los Convenios de Colaboración, pero, ¿Los ha limitado de forma clara? Uno de los puntos novedosos del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público (el “Proyecto de Ley”), es la limitación, en el artículo 6.2 del Proyecto, del objeto de los Convenios de Colaboración entre entidades del sector público y sujetos de derecho privado. Sin embargo esa limitación se efectúa por exclusión: se excluye del ámbito de la Ley a los Convenios de Colaboración entre entidades del sector público y sujetos de derecho privado, “siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”. La imposibilidad de celebrar Convenios sobre prestaciones que deben ser objeto de un contrato conforme al Proyecto de Ley es clara, pero, ¿qué podemos entender por normas administrativas especiales? Ha sido común en el actuar de las Administraciones Públicas en sus relaciones con sujetos privados la fi rma de Convenios de Colaboración respecto a muy diversos ámbitos, incluyendo por ejemplo Convenios por los cuales una Administración solo se comprometía a realizar gestiones para la tramitación o consecución de ciertas licencias o autorizaciones y el particular tenía que abonar una cantidad fi ja sin tener la certeza de que dichas licencias o autorizaciones fueran a otorgarse. Este tipo de Convenios eran nulos por cuanto que disponían sobre competencias administrativas que la Administración tiene el deber de ejercitar sin necesidad de Convenio alguno (la tramitación de licencias o autorizaciones es una de las funciones que las normas encomiendan a las Administraciones, como por ejemplo en las respectivas ordenanzas urbanísticas o en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas –“Ley 33/2003”). Además escondían la exacción de una prestación patrimonial de carácter público que no había sido determinada por Ley, incumpliendo así la exigencia del artículo 31.3 de la Constitución. El tenor del proyecto de Ley al respecto, aunque parco, parece sufi ciente para concluir que no puede ser objeto de un Convenio de Colaboración la actuación que una Administración debe realizar conforme a leyes administrativas especiales, además de la Ley de Contratos del Sector Público. Así por ejemplo, no puede ser objeto de un Convenio la realización de actuaciones para el otorgamiento de una autorización o concesión sobre dominio público, pues conforme a la Ley 33/2003, para otorgar dichas autorizaciones o concesiones se debe seguir un procedimiento específi co y la Administración debe en un acto motivado resolver otorgando esa autorización o concesión con determinados contenidos. Redunda en esta conclusión el que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (“Ley 40/2015”), regula en el Capítulo VI del Título Preliminar los convenios administrativos, en la línea prevista en el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010, que recomendaba sistematizar su marco legal y tipología, establecer los requisitos para su Los convenios de colaboración con sujetos privados en la nueva Ley de Contratos del Sector Público José María Pernas Departamento de Derecho Público y Sectores Regulados 21 Esta Ley precisa muy claramente que los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos, pues en ese caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. validez, e imponer la obligación de remitirlos al propio Tribunal de Cuentas. Esta Ley precisa muy claramente que los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos, pues en ese caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. Es decir, los Convenios no pueden implicar contraprestación económica en favor de la empresa colaboradora, y por ello no puede constituir una prestación de servicios del Ayuntamiento a un promotor. En este sentido el artículo 48 de la Ley 40/2015 determina que la suscripción de los Convenios “deberá mejorar la efi ciencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fi nanciera”. La propia Ley 40/2015 exige que el Convenio se acompa- ñe de una memoria justifi cativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esa Ley. Como medida para controlar la suscripción de estos Convenios y su objeto, la citada Ley obliga a inscribir los convenios fi rmados por la Administración General del Estado en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y a publicarlos en el Boletín Ofi cial del Estado. Además, dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fi scalización de la Comunidad Autó- noma, según corresponda. Al defi nir el Proyecto de Ley a los Convenios de Colaboración como aquellos cuyo contenido no está incluido en normas administrativas especiales (además de en la LCSP), se puede concluir que no se ajusta a la legalidad la suscripción de los Convenios con sujetos privados que exijan a estos el abono de una prestación patrimonial de carácter público a cambio de la realización de labores administrativas reguladas en leyes administrativas específi cas. 22 | Referencias Jurídicas | Marzo 2017 El proyecto de nueva Ley de Contratos del Sector Público que se tramita en las Cortes Generales incluye como nuevo tipo contractual el contrato de concesión de servicios, del que aquí analizamos brevemente cuáles son sus notas diferenciales. Uno de los puntos novedosos del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público (el “Proyecto de Ley”), es la creación de un tipo contractual denominado concesión de servicios, trasunto natural de la concesión de obras pero en relación a la prestación de un servicio. Este nuevo tipo contractual conllevará en la práctica que muchos nuevos contratos que antes se licitaban como un contrato de servicios o como contrato de gestión de servicios públicos se tengan que licitar como un contrato de concesión de servicios. La creación de este tipo contractual proviene directamente de la exigencia de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Ya la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 15 de marzo de 2016 determinaba que “los contratos de concesión tal y como los defi ne la Directiva en su artículo 5.1 pueden ser de dos tipos: contratos de concesión de obras y contratos de concesión de servicios, los cuales hasta que haya una norma interna de transposición se considerarán equivalentes, respectivamente, a los contratos que internamente denominaremos contratos de concesión de obras públicas sujetos a regulación armonizada y a los contratos de gestión de servicios públicos sujetos a regulación armonizada.” Con el Proyecto de Ley desaparecen los contratos de gestión de servicios públicos existentes, que se defi nían como la encomienda a una persona, natural o jurídica, de la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia por la Administración encomendante. En este tipo de contrato no se exigía que el riesgo operacional se trasladase al concesionario. Este tipo de contratos no se recogen en las Directivas de contratación, de ahí su supresión en el Proyecto de Ley. Por tanto, en el ámbito de los servicios el Proyecto de Ley recoge dos tipos de contratos: el contrato de servicios y la concesión de servicios. Conforme al Proyecto de Ley son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Por el contrario el Proyecto de Ley defi ne a los contratos de concesión de servicios como aquellos por los que se encomienda la gestión de un servicio y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El derecho de explotación de los servicios implicará necesariamente la transferencia al concesionario del riesgo operacional. La Directiva 2014/23/UE recoge esta concepción eco-nomicista del riesgo de explotación, positivando el criterio jurisprudencial que entiende que El nuevo contrato de concesiones de servicios en el proyecto de LCSP José María Pernas Departamento de Derecho Público y Sectores Regulados 23 El nuevo contrato de concesión de servicios creemos que va a tener gran aplicación en la práctica, pues al conllevar la transferencia al concesionario del riesgo operacional ello permitirá a los organismos del sector público no computar las prestaciones derivadas del contrato como deuda. concurre esta circunstancia cuando “no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión”, con independencia de que parte del riesgo lo siga asumiendo el poder o entidad adjudicadora (considerando 18 y art. 5). Las notas diferenciales entre uno y otro contrato serían tres: • Mientras que en el contrato de servicios se desarrolla una actividad para obtener un resultado distinto de obra o suministro, en el de concesión de servicios se efectúa la gestión de un servicio. • El contrato de concesión de servicios debe ser retribuido con el derecho a explotar los servicios o con dicho derecho más un precio, lo que no se establece en el contrato de servicios, donde la contraprestación será simplemente un precio. • El derecho de explotación del servicio del contrato de concesión de servicios conlleva la transferencia al concesionario del riesgo operacional, lo que no se produce en el contrato de servicios. El riesgo operacional se trata de un concepto económico, que tiene su origen en el Sistema Europeo de Cuentas Públicas (SEC 95 y SEC 2010), cuyo objetivo es determinar el nivel de défi cit público de los Estados miembros de la Unión Europea derivado de la adjudicación de concesiones y de contratos de colaboración público-privada: en tanto que el riesgo se traslada al ciudadano, las concesiones (de obras y de servicio) no consolidan en las cuentas de la Administración. El nuevo contrato de concesión de servicios creemos que va a tener gran aplicación en la práctica, pues al conllevar la transferencia al concesionario del riesgo operacional ello permitirá a los organismos del sector público no computar las prestaciones derivadas del contrato como deuda. Así, numerosos contratos que hasta ahora venían adjudicándose como gestión de servicios públicos o de servicios, como la gestión hospitalaria o educativa, y siempre que trasladen de facto el riesgo operacional al contratista, serán licitados como concesiones de servicios con el fi n de aliviar el estado de las cuentas públicas. 24 | Referencias Jurídicas | Marzo 2017 El pasado 10 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 229/2017 por medio del cual otorgaba a la Administración de Justicia los medios necesarios para cumplir, tardíamente, con lo preceptuado en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 45/2015, de 14 de octubre. Las condenas a España por la falta de implantación del sistema de doble instancia penal en nuestra legislación se han sucedido, sin solución de continuidad, desde el año 1977. En dicho año España ratifi có el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cuyo artículo 14.5º se establece que toda persona tiene derecho a que su causa sea sometida a un tribunal superior para ser oída “equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial”. Posteriormente, con la ratifi cación del Protocolo 7º del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, de 1 de Noviembre de 1988, se instó al gobierno español a establecer un sistema que permitiese la revisión de toda sentencia penal condenatoria por delitos graves; requerimiento no atendido hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 45/2015, de 14 de octubre. A través de la antecitada reforma, se creó la posibilidad de interponer en la jurisdicción penal un recurso de apelación contra las sentencias condenatorias de las diversas Audiencias Provinciales, que es resuelto por las Salas de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, o por una nueva Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, en el caso de las sentencias dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Hace casi un año, en el post publicado en este mismo foro, cuyo título era “La doble instancia penal: las consecuencias de una aplicación tardía” señalábamos, a raíz de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Gómez Olmeda contra el Reino de España, el defi ciente cumplimiento de nuestros gobiernos con los compromisos internacionales adquiridos en esta materia. Pero no sólo eso; sino que poníamos también de relieve los interrogantes que se plantaban con tal sentencia, tras la entrada en vigor de la reforma. Los interrogantes planteados eran: 1. ¿Debería España pactar con los recurrentes para evitar las futuras condenas internacionales a una cuestión ya solventada por el legislador?; y 2. ¿Otorgará el gobierno de España los medios necesarios para la correcta aplicación de la reforma operada por la Ley 45/2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Pues bien, el segundo de los interrogantes ha sido recientemente resuelto tras la aprobación en Consejo de Ministros, el pasado 10 de marzo, del Real Decreto 229/2017, publicado en el BOE al día siguiente, que contempla la creación de dieciséis plazas de magistrado en la jurisdicción penal, que se distribuyen de la siguiente forma: La doble instancia penal: el cumplimiento progresivo de los compromisos internacionales Manuel Sánchez-Puelles y Luis Javier Vidal Departamento de Procesal 25 Resulta claro a nuestro parecer que la posibilidad de transar los litigios en curso, eliminando las condenas en costas, reduciría notablemente la cantidad que saldrá de las arcas públicas derivada del incumplimiento de nuestro país a los compromisos internacionales adoptados. • Tres para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; • Seis magistrados en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla; • Tres magistrados para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Madrid; y • Un magistrado para el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Si bien coincidimos en la apreciación dada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el informe al proyecto del Real Decreto, en el que se asevera que las plazas aprobadas pueden ser insufi cientes para atender el previsible incremento de la carga de trabajo, al menos valoramos el esfuerzo realizado para, tras más de dos años de incumplimiento de una norma de aplicación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dar soporte a la Administración de Justicia para que ésta atienda los compromisos adquiridos. Sin embargo, no solo sigue vigente el primero de los interrogantes planteados, existiendo aún numerosos recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pendientes de resolución, sino que la posibilidad de recurrir por el mismo motivo seguirá vigente hasta que los órganos jurisdiccionales recientemente dotados de contenido comiencen su labor. En este sentido, tendremos que seguir esperando para ver cómo resuelve el Gobierno dicho interrogante, si bien resulta claro a nuestro parecer que la posibilidad de transar los litigios en curso, eliminando por tanto las condenas en costas, reduciría notablemente la cantidad que saldrá de las arcas públicas derivada del incumplimiento de nuestro país a los compromisos internacionales adoptados. En todo caso, celebramos la aprobación del Real Decreto 229/2017 que garantiza: • La mejora de las garantías constitucionales y procesales de los ciudadanos; • La función de uniformidad de creación de jurisprudencia del Tribunal Supremo por medio del recurso de casación; y • El cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país. 26 | Referencias Jurídicas | Marzo 2017 El Tribunal Supremo en su sentencia nº 90/2017 de 15 de febrero de 2017, ha confi rmado la vigencia de un contrato de compraventa de cosa futura, al desestimar el incumplimiento esencial de los términos acordados en el mismo advirtiendo, en particular, que las adendas posteriores al vencimiento del plazo suponen la aceptación tácita de una prórroga en las nuevas condiciones. El pronunciamiento del alto tribunal tiene su origen en la demanda interpuesta al vendedor por el comprador en un contrato de compraventa de cosa futura, por incumplimiento del primero de las condiciones contractuales pactadas. El 19 de diciembre de 2006, una sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria, como vendedora, y una reconocida multinacional dedicada a la venta de muebles y equipamiento de hogar, como compradora, fi rmaron un contrato privado de compraventa, que tenía por objeto la parcela resultante de un procedimiento de reparcelación y urbanización. A fi n de que el comprador pudiese comenzar las obras sobre la parcela y proceder a la apertura de la tienda al público antes del 1 de febrero de 2010, la parcela debía ser entregada al comprador antes del 1 de diciembre de 2008, una vez obtenidas las autorizaciones necesarias para la construcción y apertura de un local de gran superfi cie. Es decir, era necesario el cumplimiento previo de una serie de condiciones urbanísticas, registrales y técnicas que precisaban de la intervención de terceros ajenos a la relación contractual. El 2 de abril de 2008, las partes fi rmaron una adenda al contrato, en la que se acordó modifi car la edifi cabilidad de la parcela junto con otras de las condiciones esenciales acordadas inicialmente en el contrato. Asimismo, se establecieron expresamente ciertas prórrogas en los plazos para la presentación y aprobación de los proyectos de reparcelación y urbanización, y se redujo en un 15% el estado de ejecución en que debían encontrarse las obras responsabilidad del vendedor, respecto de lo que se había acordado anteriormente como condición de entrega de la parcela. Aprobados los proyectos de reparcelación y urbanización por los organismos correspondientes, y habiendo transcurrido el plazo máximo de entrega de la parcela al comprador, con fecha 13 de enero de 2009 tuvo lugar una segunda novación del contrato, en la que, a requerimiento del comprador, se acordó la modifi cación de los linderos de la parcela y de la distribución de su superfi cie. En esta adenda, las partes no acordaron de manera expresa nuevos plazos para la entrega de la parcela al comprador. Con fecha 26 de mayo de 2009, el vendedor recibió una comunicación del comprador, que daba por resuelto el contrato por incumplimiento de las obligaciones en base al artículo 1.124 del Código Civil, procediendo a ejecutar los avales entregados por el vendedor en garantía de sus obligaciones. Modifi car un contrato después de su vencimiento supone prorrogarlo tácitamente con las nuevas condiciones Nerea Sanz Departamento de Inmobiliario y Construcción 27 El TS desestima la existencia de incumplimiento por parte del vendedor, declarando el contrato plenamente vigente entre las partes y condenando al comprador a pagar al vendedor el importe de las obras de urbanización, así como la restitución de las cantidades. Ante la oposición del vendedor a dicha resolución, el comprador interpuso demanda de juicio ordinario solicitando al Juzgado la declaración de incumplimiento del contrato de compraventa de cosa futura, su resolución y la restitución de las prestaciones desembolsadas, junto al abono de los daños y perjuicios causados. Las sentencias dictadas por el Juzgado de Primera Instancia y por la Audiencia Provincial, en el marco del procedimiento, fueron desfavorables al comprador, al entender cumplidas tácitamente las obligaciones contractuales, a pesar de los retrasos descritos con anterioridad. El Tribunal Supremo acoge el criterio de las Sentencias de instancia, declarando que, si bien las partes actuaron de manera negligente al no pactar de manera expresa un nuevo plazo para la entrega de la parcela ni un nuevo calendario de actuaciones, la fi rma de la segunda adenda supuso la concesión mutua de una prórroga en el calendario contractual. Por tanto, desestimó la pretensión del comprador, que alegó infracción del artículo 1.256 del Código Civil, y en particular que la fi jación de las nuevas condiciones suponía que el contrato quedase al arbitrio del vendedor. La sentencia incide en que tras el incumplimiento del plazo inicial, el comprador fi rmó dos adendas modifi cativas al contrato y determina que de los hechos probados se desprende que continuó adaptándose a las nuevas circunstancias de progreso y desarrollo urbanístico de la parcela (como evidencia la prórroga de la fecha de los avales entregados por el comprador hasta el 1 de junio de 2010 o diversas actuaciones ante organismos públicos con posterioridad a la fecha del plazo). En consecuencia, el Tribunal Supremo, a pesar de que reconoce probado que las partes no se dieron un nuevo plazo, desestima la existencia de incumplimiento por parte del vendedor, declarando el contrato plenamente vigente entre las partes y condenando al comprador a pagar al vendedor el importe de las obras de urbanización ejecutadas en la parcela, así como la restitución de las cantidades que se apropió el comprador tras la ejecución indebida de los avales. CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law fi rms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG’s member fi rms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member fi rms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member fi rm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name “CMS” and the term “fi rm” are used to refer to some or all of the member fi rms or their offi ces. 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 artículo 127
 artículo 39
 artículo 529
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 artículo 244
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 artículo 1170
 artículo 367
 artículo 105
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 artículo 105
 artículo 205
 artículo 6
 artículo 31
 artículo 48
 artículo 5
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 artículo 14
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 artículo 1
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