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Timestamp: 2018-06-21 06:29:21+00:00

Document:
Maribel Nicasio González: Tlachinollan Informe al relator especial sobre la tortura en Guerrero
Tlachinollan Informe al relator especial sobre la tortura en Guerrero
Tlapa de Comonfort, Guerrero, México, 22 de abril de 2014
Asunto: Informe sobre la situación en Guerrero para el Relator Especial sobre Tortura en su visita oficial a México
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, es una organización no gubernamental dedicada desde hace cerca de 20 años a la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Guerrero.
El presente informe sobre la práctica de la tortura en el estado de Guerrero se presenta en el marco de la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura a México. Asimismo, se incluye un anexo sobre la situación de la tortura en México obtenida a través de solicitudes presentadas por “Tlachinollan” ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y a la CNDH, información que fue solicitada en el marco de la última evaluación al Estado mexicano por el Comité contra la Tortura (CAT) en octubre de 2012 .
El objetivo del presente informe es aportar elementos concretos e ilustrativos sobre la situación de la tortura en el estado de Guerrero, una de las entidades federativas más rezagadas en materia de derechos humanos, situación que se ha visto agraviada por la violencia generalizada que se vive.
Por lo que el informe incluye una selección de información sobre los vacíos en los marcos normativos para prevenir, sancionar y erradicar la tortura a nivel estatal; los obstáculos en su investigación; así como los retos para implementar las nuevas reformas al sistema de justicia penal en el estado y la falta de restricciones a la jurisdicción militar. Asimismo, se integra información actualizada del llamado caso “Ayotzinapa”, considerando el seguimiento que ha dado el Relator Especial, relativo al uso de la tortura en contra de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, luego de que autoridades estatales y federales realizaran un fallido operativo de desalojo de una protesta pacífica el pasado 12 de diciembre de 2011.
1. Contexto del Estado de Guerrero
Guerrero tiene un largo historial de graves violaciones a derechos humanos marcadas por la impunidad. En nuestro estado se cometieron la mayoría de las desapariciones forzadas realizadas durante la década de los años setenta[1]. En años más recientes, han continuado los patrones de graves violaciones a derechos humanos, como lo comprueban los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas del Pueblo Me’phaa violadas y torturadas por soldados del Ejército en el año 2002, cuya búsqueda de justicia llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que publicó sus sentencias el 1º de octubre del 2010.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solamente en los últimos tres años, Guerrero registró 57 homicidios por cada 100,000 personas, superando en ocho veces el promedio mundial. Además, de acuerdo con datos oficiales, de los 3 millones 380 mil guerrerenses, más del 65% siguen condenados a vivir en la pobreza; existe, además, un 89.5% de población indígena en situación de pobreza multidimensional.
Es importante señalar que tanto la violencia de actores no estatales como las graves violaciones a derechos humanos han aumentado en el marco de la política continua de seguridad impulsada por el Gobierno Federal para hacer frente a la delincuencia organizada. Por todo ello, la situación de Guerrero ha merecido especial atención de diversos mecanismos de protección de los sistemas interamericano y universal.
2. La Situación de la Tortura En El Estado de Guerrero
Enseguida presentamos información básica sobre las cuestiones más acuciantes respecto de la situación de la tortura en Guerrero desde la perspectiva de Tlachinollan, a saber: la falta de armonización con estándares internacionales de la Ley Número 439 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero de reciente promulgación; las deficiencias en la investigación de este delito incluyendo lo relativo a la aplicación del Protocolo de Estambul; el rezago en la reforma del sistema de justicia penal; y la subsistencia del fuero militar. Asimismo, presentamos información básica sobre el llamado caso “Ayotzinapa”, emblemático de las consecuencias en el plano estatal de estas falencias.
2.1 Ley Número 439 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero
En el marco de la evaluación del Comité contra la Tortura al Estado mexicano, Tlachinollan, el 31 de octubre de 2012, presentó formalmente la “Propuesta de Iniciativa de Reforma Integral para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura en el Estado de Guerrero” elaborada por diversas organizaciones de derechos humanos; la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso estatal el 6 de noviembre para su análisis y dictamen[2]. La propuesta elaborada por las organizaciones de la sociedad civil se concentraba en reformar varias disposiciones del Código de Justicia Penal del Estado de Guerrero, del Código de Procedimientos Penales, y de la Ley que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) y que establece el Procedimiento en Materia de Desaparición Involuntaria de Persona –en la que se tipificaba el delito de tortura en el estado – no sólo en lo tocante a la tipificación del delito de tortura, sino también en lo relativo a modificaciones que eliminarán los incentivos legales que hoy propician la tortura y la impunidad cuando ésta se denuncia.
En ese mismo sentido el Comité Contra la Tortura, de la Organización de las Naciones Unidas emitió sus Observaciones Finales respecto de los informes periódicos Quinto y Sexto presentados por México, señalando que: “[…] En el estado de Guerrero el delito de tortura continúa tipificado en una ley que por su naturaleza no es de tipo penal, como ya señalara este Comité en sus observaciones finales anteriores (CAT/C/MEX/CO/4)”[3]. Por lo anterior, el Comité instó a: “[…] Incluir el delito de tortura en el Código Penal del estado de Guerrero”[4].
Así, se inició un proceso de diálogo con el legislativo entre sociedad civil de Guerrero, la comunidad internacional, incluyendo organizaciones no gubernamentales y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, así como los organismos públicos del estado, sobre los requerimientos para la correcta tipificación del delito de tortura en el estado. Sin embargo, y a pesar del trabajo impulsado desde las Comisiones del Legislativo local, el Ejecutivo envió una propuesta de Ley General en junio de 2013, la cual fue adoptada el pasado 15 de enero de 2014, sin abrirla a una discusión pública y técnica con la sociedad civil en general y con las organizaciones involucradas en el proceso abierto. La Ley Número 439 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero fue promulgada el 28 de enero del 2014[5], sin cumplir con las recomendaciones específicas del CAT que habían señalado explícitamente que el delito de tortura debía ser incorporado dentro del Código Penal de la entidad, en un ambiente en el que privó en el estado la ausencia de una real División de Poderes[6].
Como ha demostrado la experiencia a nivel federal y como ocurrió en el mismo estado de Guerrero, tipificar la tortura en una ley especial y no en el Código repercute en que los agentes del ministerio público, se abstengan de invocar estas normas especiales, llegando al extremo de ignorar su existencia, como sucedía con el delito de tortura cuando estaba previsto en la Ley que crea la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM). La práctica indica que en la inaplicación de las leyes especiales pesa más la inercia burocrática del ministerio público que las razones jurídicas. Aunado a ello, hoy en día se considera que lo pertinente a efectos de brindar mayor certeza jurídica, es establecer todos los ilícitos dentro del Código Penal.
En cuanto a las valoraciones específicas de la Ley es importante mencionar:
1. La definición del delito de tortura no se ajusta a los más altos estándares internacionales. La descripción típica del delito de tortura (Artículo 4) no se ajusta a la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, firmada y ratificada por el Estado Mexicano. De acuerdo con este tratado internacional, el elemento constitutivo de la tortura relativo a la finalidad perseguida con este crimen, debe entenderse de manera amplia pues como señala dicha Convención se entiende por tortura “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”. Al proscribir “cualquier otro fin” diferente a los expresamente enumerados, la definición interamericana evita hacer una enumeración taxativa de las finalidades que, al acreditarse junto con los otros elementos, pueden dar pie a que una conducta se encuadre como tortura. Precisamente, así lo proponía la iniciativa de la sociedad civil. El Dictamen aprobado, en sentido contrario, establece una enumeración limitativa de las finalidades que debe perseguir un acto de tortura para ser considerado como tal. Así, sólo reconoce en el artículo 4 sólo las siguientes: “I. Obtener de ella, o de un tercero, información o una confesión; II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o, III. Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada”. De esta forma, los Diputados incumplen la Convención Interamericana y abren la puerta para que se dificulte la acreditación plena de los elementos del delito, lo que redundará en que no se revierta la impunidad.
2. La penalidad del delito de tortura es inadecuada. El Dictamen aprobado establece (Artículo 4) como pena mínima para el delito de tortura cuatro años, lo que puede provocar que las personas sancionados por la comisión de este delito accedan a beneficios incompatibles con la gravedad de dicho crimen.
3. No se incorporaron las agravantes relacionadas con la actividad política de la víctima. La iniciativa de la sociedad civil había propuesto agravar la pena cuando la tortura se cometiese en contra de periodistas; defensores de derechos humanos; candidatos a cargo de elección popular; dirigentes sindicales, políticos o religiosos. Esto fue excluido de esta Ley.
4. No se incorporaron atenuantes que incentivan el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos. La iniciativa de la sociedad civil incluía atenuantes para aquellos casos en que el inculpado cooperara con la justicia para identificar a los autores intelectuales, esto quedo excluido de la Ley.
5. No se especifican las características sustantivas del delito de tortura. En consonancia con los tratados internacionales, la iniciativa de la sociedad civil proponía que el Código Penal señalara expresamente que el delito de tortura no será susceptible del perdón, indulto o amnistía, ni se le considerará de carácter político para los efectos de extradición; así como que el responsable de este delito no gozará de los beneficios de la conmutación o substitución de sanciones, remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional, libertad preparatoria, amnistía, indulto o cualesquier otro beneficio que la Ley establezca; sin embargo esto no está contemplado en la Ley Estatal.
6. No se establece la obligación solidaria directa del Estado de reparar cuando cometa el delito un servidor público. Mientras que la iniciativa de la sociedad civil proponía que el Estado tuviera la obligación solidaria directa de reparar en casos de tortura, el Dictamen aprobado sólo impone este deber de manera subsidiaria en el artículo 16; es decir, una vez que se ha intentado y agotado exigir el pago al servidor público responsable. De esta manera, se dificulta el cumplimiento del deber de reparar. Además, se excluye a los ayuntamientos de este deber cuando se acredite la responsabilidad de servidores públicos adscritos a ellos.
7. No se establecen condiciones similares para les revisiones que practicarán los peritos oficiales y aquellos a quienes designe la presunta víctima de tortura. La Ley señala que en el caso de que una persona refiera ser víctima de tortura y solicite ser examinada por un médico o psicólogo de su elección, en el plazo admitido de 24 horas, éste deberá, conforme al artículo 9, “tener conocimientos en las ciencias de la psicología, de la medicina, y de preferencia, conocimientos, práctica y experiencia con personas que han sido víctimas de tortura”; esto, sin embargo, no se exige de los peritos oficiales.
8. No se respeta el derecho a una defensa adecuada conforme a la Constitución y los tratados internacionales. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 439, interpretado contrario sensu, puede tener valor probatorio una confesión obtenida en la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado. Esto se aleja notoriamente de las recientes reformas constitucionales, que han eliminado la figura de la “persona de confianza”, de suerte que una confesión sólo puede tener dicho valor si se realiza con asistencia de un defensor de la elección de la persona imputada.
9. Se crea un Comité Técnico carente de independencia del Ejecutivo. Por virtud del artículo 19 del Dictamen aprobado, se creará un Comité Técnico de Análisis y Evaluación, en materia de tortura, que estará conformado por: “I. El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; II. Los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia e Instructora del H. Congreso del Estado; III. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; IV. El Secretario General de Gobierno; V. El Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil; VI. El Procurador General de Justicia del Estado; VII. El Ombudsman de la Universidad Autónoma de Guerrero; VIII. Un representante de la sociedad civil con experiencia en derechos humanos”. Como es evidente, esta conformación es inadecuada pues el Ejecutivo siempre contará con mayoría, amén de que participan funcionarios carentes de conocimiento técnico en materia de tortura, como el Secretario de Gobierno. La participación de expertos y representantes de la sociedad civil es, a todas luces, insuficiente ya que además el representante de la sociedad civil será elegido de una terna propuesta por el Titular del Ejecutivo del estado. Cabe señalar, además, que habiendo transcurrido el plazo señalado en los transitorios para la instalación del Comité esto no ha ocurrido; más aún, no se ha impulsado ningún procedimiento de diálogo con la sociedad civil para diseñar el Reglamento de la Ley al que aluden los mismos transitorios.
10. El Dictamen aprobado deja de lado la gran mayoría de las innovaciones legislativas que, en lo concerniente al ámbito procesal, incluía la iniciativa de la sociedad civil. Una de las principales virtudes de la propuesta presentada por Tlachinollan y otras organizaciones era que incluía varias modificaciones al Código de Procedimientos Penales de la entidad, que recogían buena parte de la experiencia práctica en la materia de las y los defensores de derechos humanos y que ha sido completamente desechada.
Finalmente es importante mencionar que la falta de investigación y sanción de la tortura en Guerrero no deriva sólo de una inadecuada tipificación del ilícito, sino también de la ausencia de otras modificaciones normativas que podrían generar un marco legal más efectivo para erradicar esta práctica contrarias a los derechos humanos, de conformidad con el artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, según el cual los Estados parte tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción asegurando que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.
2.2 La investigación del delito de tortura en el Estado de Guerrero
La investigación de la tortura en el estado de Guerrero es prácticamente inexistente, pues a la ausencia de un marco jurídico adecuado, se suma la falta de capacidades forenses mínimas del ministerio público, incluyendo a peritos y policías.
En efecto, en Guerrero no se han adoptado las directrices del Protocolo de Estambul. Tampoco se ha capacitado al personal ministerial y pericial conforme a los contenidos de dicho Protocolo, por lo que la imparcialidad de las investigaciones se ve frecuentemente comprometida. De hecho, en su reciente Informe “Ni seguridad, ni derechos”, Human Rights Watch constató que: “En Guerrero, el Ministerio Público estatal nunca ha practicado pericias aplicando las pautas establecidas en el Protocolo” [7]. Por ello, ante una denuncia de tortura la investigación sigue el curso ordinario común a toda investigación criminal y termina frecuentemente en la impunidad.
Ello repercute en la impunidad pues, como también constató Human Rights Watch, en Guerrero no se inició ninguna investigación por tortura en los últimos años, al tiempo que el Ombudsman estatal recibió 52 denuncias de tortura, 41 de tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y 275 de lesiones[8]. Así, a la fecha, no ha sido consignada ninguna averiguación previa por el delito de tortura en el estado de Guerrero ni tampoco ha sido dictada una sola sentencia condenatoria por el delito de tortura en la entidad, aun cuando organismos de la sociedad civil como Tlachinollan, a través del Monitor Civil de las Fuerzas de Seguridad de la Montaña de Guerrero[9], han documentado más de 60 actos de tortura y tratos crueles en los últimos tres años[10] en la región de la Montaña, principalmente contra personas indígenas, respecto de los cuales, los elementos de la Policía Investigadora Ministerial a cargo de esclarecer los delitos son la autoridad responsable en la mayoría de las ocasiones.
Por último, es fundamental destacar que en estados como Guerrero, donde las autoridades a cargo de la investigación de los delitos están involucrados en actividades ilícitas, la falta de garantías de seguridad para las víctimas de actos de tortura inhibe la presentación de denuncias.
3. La Reforma del sistema de Justicia Penal en el estado de Guerrero
La reforma constitucional en materia del sistema de justicia penal que realizó el Estado mexicano el 18 de junio de 2008[11] de acuerdo con el decreto, deberá implementarse tanto a nivel federal como estatal para el año 2016.[12] En Guerrero, la reforma del sistema de justicia penal por virtud de la cual se transitará a un sistema oral de corte acusatorio presenta un rezago considerable, siendo la entidad más retrasada del país. Más aun, en un reciente informe temático al respecto la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés) señaló que en Guerrero: “Se advierte una ausencia destacada de información oficial sobre los procesos de reforma, que se suma a la falta de difusión y de apertura hacia la sociedad civil, lo que no contribuye para que las organizaciones de derechos humanos visualicen su importancia para la defensa de los derechos de los Pueblos indígenas”[13].
Por otra parte, la reforma del sistema de justicia penal se ha centrado hasta ahora en los aspectos procesales dejando de lado la revisión del catálogo de delitos vigente en el estado, lo que permitiría –por ejemplo- avanzar en la tipificación del delito de tortura. Asimismo, el proceso de reforma no se ha caracterizado, como señala DPLF, por incorporar las específicas necesidades de las personas indígenas frente al sistema de justicia. Por ello, sería erróneo considerar que se trata de una medida que ya en el presente incide en la erradicación de la tortura y resulta indispensable requerir al Estado información específica sobre las situaciones estatales concretas.
4. Reforma al Fuero Militar
La incompatibilidad del fuero militar en México con los estándares internacionales de derechos humanos ha sido sujeto de diversas recomendaciones de mecanismos de derechos humanos, incluyendo el mandato de la Relatoría sobre Tortura en su última visita a México. Igualmente, en cuatro fallos la CoIDH ordenó al Estado mexicano “adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para armonizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”[14]. De igual forma, en agosto del 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar al revisar el amparo promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua de la Montaña de Guerrero, ejecutado extrajudicialmente en junio de 2009 por soldados del Ejército mexicano en un retén militar en el mismo estado. Si bien este es un precedente importante, la SCJN no ha definido jurisprudencia firme y obligatoria sobre las restricciones al fuero militar.
En contraste, los abusos cometidos por los militares, incluyendo la práctica de tortura, continúan en aumento. Respecto al estado de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refiere haber recibido 415 quejas del 2000 al 2012. De éstas, sólo 5 han concluido en recomendaciones; se trata de las recomendaciones 19/2010, por detención arbitraria y tortura; la 20/2010, por tratos crueles contra un menor de edad; la 42/2010, por tortura; la 8/2011 por privación de la vida; y la 38/2011 por privación de la vida y tratos crueles en contra de un menor.
A pesar de lo anterior, el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión han sido omisos en reformar el Código de Justicia Militar. En este sentido, la actual discusión en las Comisiones Dictaminadoras del Senado de la República cobra especial relevancia, pues es clara la responsabilidad del legislativo de establecer controles civiles a las Fuerzas Armadas y específicamente restringir la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército.
5. Un Caso Emblemático De la Persistencia De la Tortura: Ejecución Extrajudicial, Tortura y Tratos Crueles Inhumano o Degradantes en contra de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, cometidas el 12 de diciembre del 2012 por las corporaciones de seguridad a nivel federal y estatal
Hechos. El 12 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, fue reprimida y criminalizada la protesta social de aproximadamente 300 estudiantes, de entre 18 y 21 años, de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, quienes solicitaban una audiencia con el titular del Poder Ejecutivo Estatal.
En esos sucesos tres personas perdieron la vida, dos estudiantes por lesiones de proyectil de armas de fuego por parte de corporaciones de seguridad, además del empleado de una gasolinera, a consecuencia de las quemaduras que sufrió al intentar sofocar el fuego en una bomba de combustible. Asimismo, elementos de diferentes corporaciones policiales detuvieron arbitrariamente a 42 personas, 24 de las cuales fueron sometidas a golpes de palos y toletes. En este grupo se hallaban cuatro menores de edad y una mujer. Adicionalmente, se acreditó que un estudiante de 19 años fue víctima de tortura y acusado indebidamente de haber disparado un arma de fuego de alto calibre (AK-47).
De acuerdo con la información de la CNDH, participaron 239 servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y a la Procuraduría General de Justicia, ambas del gobierno del estado de Guerrero; de este total, 91 funcionarios portaban armas de fuego mientras que se comprobó que los manifestantes no portaban armas de fuego.
Tras investigar los hechos, el 28 de marzo del 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 1 VG/2012[15]. La CNDH señaló en su recomendación que dadas las evidencias obtenidas se pudo observar que los cuerpos de seguridad que participaron en los hechos emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego con el objetivo de reprimir la manifestación, sin que existieran evidencias de una debida coordinación, y la utilización de protocolos o lineamientos de actuación anti motines, que previnieran la afectación física de las personas que se manifestaban y de terceros ajenos a los hechos.
Respecto de la forma en que fueron sometidas las personas, del análisis a diversos videos y fotografías, así como de las certificaciones médicas, entrevistas y actuaciones, la CNDH observó cómo elementos de la Policía Federal, de la Policía Ministerial y de la Policía Estatal, respectivamente, profirieron tratos crueles e indignos a las víctimas.
Específicamente respecto de la tortura, entre los estudiantes detenidos destacó el caso de Gerardo Torres Pérez, de 19 años de edad, alumno de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” a quien se le imputó el haber disparado un arma calibre AK 47, con la finalidad de desvirtuar los hechos. En efecto, el estudiante fue golpeado con violencia en diversas partes del cuerpo, mientras se encontraba recostado en el piso, por un grupo indeterminado de Policías Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, quienes llevaban el rostro cubierto, dentro de las instalaciones centrales de dicha Procuraduría, para después ser llevado clandestinamente a un paraje desolado donde fue nuevamente golpeado y obligado por medio de amenazas a disparar un arma para autoincriminarse. No obstante, ante la denuncia pública y jurídica de Tlachinollan, el estudiante pudo recuperar su libertad.
Posteriormente, en su mencionada Recomendación, la CNDH concluyó que con base en los estudios practicados a la víctima se concluyó que ésta presentó signos y síntomas positivos de tortura, recayendo la responsabilidad de la violación a los derechos humanos en los policías ministeriales adscritos a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero que tuvieron bajo su resguardo al estudiante; no obstante, a la fecha ningún funcionario ha sido sancionado por estos hechos. Las investigaciones de estos hechos no se iniciaron por el delito de tortura al no estar éste tipificado en el Código Penal del Estado y no se consideró como prueba suficiente lo actuado por la CNDH; tampoco se aplicó el Protocolo de Estambul; adicionalmente, la falta de diligencia del ministerio público y su omisión en el dictado de medidas de seguridad permitió que la víctima recibiera amenazas y presiones para retirar su denuncia. Por otra parte, la PGR ha centrado su investigación en contra de los oficiales locales no en los abusos cometidos en detrimento de los estudiantes, sino en contra de los oficiales locales que liberaron a los estudiantes que fueron detenidos arbitrariamente, estableciendo precedentes para la criminalización de los estudiantes.
Tras más de dos años de los hechos, los dos únicos funcionarios públicos acusados ​​penalmente de los homicidios de los dos estudiantes han sido liberados, dejando impunes todos los abusos, incluyendo el de la tortura y las detenciones arbitrarias.
La tortura infligida en el caso Ayotzinapa es emblemática de la persistencia de esta práctica en el estado de Guerrero en varios niveles: evidencia que la tortura se sigue empleando para obtener confesiones ilegítimas en caso de alto impacto; muestra la participación del ministerio público y la policía responsable de investigar los delitos en esta práctica; ilustra sobre el modo en que en estados como Guerrero las investigaciones no se inician por el delito de tortura; pone de relieve la falta de valor probatorio a las actuaciones del sistema Ombudsman; y demuestra la persistencia de riesgos para quienes denuncian la tortura.
6. Conclusiones y recomendaciones solicitadas al Relator
Al tenor de la información presentada, consideramos indispensable pedir al Relator Especial que en sus recomendaciones finales:
Reiterar la discrepancia entre la recurrente práctica de la tortura y la ausencia de procesos penales tendentes a la sanción de los responsables como una evidencia de la necesidad de fortalecer el marco legal para prevenir y erradicar la tortura en Guerrero.
Señalar la necesidad de armonizar los marcos normativos estatales con los estándares internacionales y recomendar que el estado de Guerrero tipifique en el Código Penal del Estado el Delito de Tortura, situación única en el país, que contribuye a que dicho ilícito no sea investigado y sancionado de forma adecuada.
Reiterar la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar para que sea compatible con los estándares internacionales en la materia.
Externe su preocupación por la inaplicación del Protocolo de Estambul en las investigaciones conducidas en el fuero común y pida información detallada sobre el número de sentencias condenatorias emitidas por tribunales de las entidades federativas en contra de servidores públicos responsables de la comisión del delito de tortura.
Pronunciarse sobre la necesidad de que se realice un análisis a fondo respecto del Acuerdo 57/2003 de la PGR y de los acuerdos, protocolos o normas análogos a éste que han adoptado las procuradurías locales y en caso necesario se deroguen en la medida de que, a más de diez años de su adopción, no han contribuido a revertir la impunidad respecto de la tortura.
Exprese su preocupación por el uso de la tortura en contra de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y solicite información detallada sobre las investigaciones iniciadas respecto del uso de la tortura en estos hechos.
[1] Ver por ejemplo. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición México. 20 de Diciembre de 2011. A/HRC/19/58/Add.2 pa. 54
[2] Para mayor información en: http://www.tlachinollan.org/en/Tortura-Mexico-ante-el-CAT.html
[3] Ver. Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, adoptadas por el Comité en su 49º período de sesiones. 11 de diciembre 2012. UN Doc. CAT/C/MEX/CO/5-6.
[5] La Ley se encuentra disponible en: http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2014/02/L439PSETORTURA2.pdf
[6] Además, la promulgación de la nueva Ley se dio en un contexto enrarecido por la intromisión del Ejecutivo en la vida institucional de la CODDEHUM ante la renovación de la Presidencia del Ombudsman estatal. En esa medida, el Dictamen se aprueba en circunstancias poco propicias que despiertan suspicacia fundada sobre el uso político de la legislación en materia de derechos humanos.
[7] Human Rights Watch, “Ni Seguridad, ni derechos”, 9 de noviembre 2011. p. 58. Disponible en: http://www.hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-derechos-0
[8] Ídem., p. 60.
[9] El MOCIPOL, por sus siglas, es una oficina especializada en el seguimiento de abusos policiales creada por Tlachinollan con el apoyo de dos organizaciones con base en el Distrito Federal: INSYDE y FUNDAR.
[10] Cfr. Informe “Desde la Mirada Ciudadana”, diciembre de 2011. Disponible en: http://www.tlachinollan.org/Informes-Especiales/desde-la-mirada-ciudadana.html
[11]DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., publicado en el Diario Oficial de la Federación en 18 de junio de 2008, consultado en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008
[12] Ibidem. Véase: Transitorios artículo segundo.
[13] Fundación para el Debido Proceso , “La protección de los derechos de los Pueblos Indígenas a través de un nuevo sistema de justicia penal Estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero”, 2012, p. 56. Disponible en: www.dplf.org/uploads/1337272027.pdf
[14] Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México, resolutivo 10; Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México, resolutivo 13; Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, resolutivo 12; y Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, resolutivo 15.
[15] Se trata de la primera Recomendación de esta naturaleza que emite la CNDH, en uso de la nueva facultad constitucional derivada de la reforma de junio de 2011 al Artículo 102-B de la Constitución, que la habilita para conducir investigaciones especiales por graves violaciones a derechos humanos; estamos, por tanto, ante un hecho de trascendencia histórica. La Recomendación No. 1 VG/2012, sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos relacionada con los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero se encuentra disponible en: http://www.cndh.org.mx/node/694
Publicadas por Maribel Nicasio González a la/s viernes, abril 25, 2014

References: artículo 4
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 57
 artículo 57
 Artículo 102