Source: https://es.scribd.com/document/392101623/RESUMEN-AFIP-c-INTERCORP-SRL-s-embargo-pdf-Joaquin-CC
Timestamp: 2020-08-03 13:49:13+00:00

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RESUMEN AFIP c/ INTERCORP SRL s/embargo.pdf (Joaquin CC) | Ley procesal | Mandato
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Denuncia Indalo
Monografia Procesal Civlil III
Separata TODO Procedimiento Civil
DIAPOS PROCESAL COPNSTITUCIONAL
medidacautelarinnovativaamparo-091227155858-phpapp01
AFIP C/INTERCORP SRL
1.FUNDAMENTOS DE LEY AFIP
1. Art. 92 LPF ( s/art. 18 inc. 5 ley 25239 )
AFIP, ESTO NO
) Sustitúyese el artículo 92 por el siguiente:
La CSJN consideró inadmisible la delegación que hizo el entonces art. 92 LPF, concediendo a la AFIP la potestad jurisdiccional de trabar por sí medidas cautelares, tales como embargos.
"Artículo 92. — El cobro judicial de los tributos, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas cuya aplicación, ﬁscalización o percepción esté a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, se hará por la vía de la ejecución ﬁscal establecida en la presente ley, sirviendo de suﬁciente título a tal efecto la boleta de deuda expedida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.
No obstante la declaración de inconstitucionalidad de la norma, dispone que tal solución sea aplicada hacia el futuro y no sobre las medidas cautelares ya trabadas para evitar la consecuente inseguridad jurídica.
El fallo fue ajustado con 4 votos
inconstitucionalidad del art. 92
"No serán aplicables al juicio de ejecución ﬁscal promovido por los conceptos indicados en el presente artículo, las excepciones contempladas en el segundo
párrafo del artículo 605 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
dos disidencias de contenido
similar, ambas admitiendo la validez de la norma y conﬁrmando la sentencia.
AFIP C/INTERCORP
"La ejecución ﬁscal será considerada juicio ejecutivo a todos sus efectos, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este capítulo, aplicándose de manera supletoria las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación.
"A los efectos del procedimiento se tendrá por interpuesta la demanda de ejecución ﬁscal con la presentación del agente ﬁscal ante el Juzgado con competencia tributaria, o ante la Mesa General de Entradas de la Cámara de Apelaciones u Organo de Superintendencia Judicial pertinente en caso de tener que asignarse el juzgado competente, informando según surja de la boleta de deuda, el nombre del demandado, su domicilio y carácter del mismo, concepto y monto reclamado, así como el domicilio legal ﬁjado por la demandante para sustanciar trámites ante el Juzgado y el nombre de los oﬁciales de Justicia ad-hoc y personas autorizadas para intervenir en el diligenciamiento de requerimientos de pago, embargos, secuestros y notiﬁcaciones. En su caso, deberá informarse las medidas precautorias a trabarse. Asignado el tribunal competente, se impondrá de tal asignación a aquél con los datos especiﬁcados en el párrafo precedente."
"Cumplidos los recaudos contemplados en el párrafo precedente y sin más
trámite, el agente ﬁscal representante de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS estará facultado
a librar bajo su ﬁrma mandamiento de
intimación de pago y eventualmente embargo si no indicase otra medida alternativa, por la suma reclamada especiﬁcando su concepto con más el
quince por ciento (15%) para responder
a intereses y costas, indicando también
la medida precautoria dispuesta, el Juez asignado interviniente y la sede del juzgado, quedando el demandado citado para oponer las excepciones previstas en el presente artículo. Con el mandamiento se acompañará copia de
la boleta de deuda en ejecución.
"La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS por intermedio del agente ﬁscal estará facultada para trabar por las sumas reclamadas las medidas precautorias alternativas
indicadas en la presentación de prevención o que indicare en posteriores presentaciones al Juez asignado.
"La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS por intermedio del agente ﬁscal podrá decretar el embargo de cuentas bancarias, fondos y valores depositados en entidades ﬁnancieras, o de bienes de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución. Asimismo podrá controlar su diligenciamiento y efectiva traba. En cualquier estado de la ejecución podrá disponer el embargo general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los depositados tengan depositados en las entidades ﬁnancieras regidas por la ley 21.526. Dentro de los quince (15) días de notiﬁcadas de la medida, dichas entidades deberán informar a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS acerca de los fondos y valores que resulten embargados, no rigiendo a tales ﬁnes el secreto que establece el artículo 39 de la ley 21.526
"Para los casos en que se requiera desapoderamiento físico o allanamiento de domicilios deberá requerir la orden respectiva del juez competente. Asimismo, y en su caso, podrá llevar adelante la ejecución mediante la enajenación de los bienes embargados mediante subasta o por concurso público. Si las medidas cautelares recayeran sobre bienes registrables o sobre cuentas bancarias del deudor, la anotación de las mismas se practicará por oﬁcio expedido por el agente ﬁscal representante de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, el cual tendrá el mismo valor que una requisitoria y orden judicial. La responsabilidad por la procedencia, razonabilidad y alcance de las medidas adoptadas por el agente ﬁscal, quedarán sometidas a las disposiciones del artículo 1112, sin perjuicio de la responsabilidad profesional pertinente ante su entidad de matriculación.
En caso de que cualquier medida precautoria resulte efectivamente trabada antes de la intimación al demandado, éstas deberán serle notiﬁcadas por el agente ﬁscal dentro de los cinco (5) días siguientes de tomado conocimiento de la traba por el mismo.
"En caso de oponerse excepciones por el ejecutado, éstas deberán presentarse ante el Juez asignado, manifestando bajo juramento la fecha de recepción de la intimación cumplida y acompañando la copia de la boleta de deuda y el mandamiento. De la excepción deducida y documentación acompañada el Juez ordenará traslado con copias por cinco (5) días al ejecutante, debiendo el auto que así lo dispone notiﬁcarse personalmente o por cédula al agente ﬁscal interviniente en el domicilio legal constituido. Previo al traslado el Juez podrá expedirse en materia de competencia. La sustanciación de las excepciones tramitará por las normas del juicio ejecutivo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La sentencia de ejecución será inapelable, quedando a salvo el derecho de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS de librar nuevo título de deuda, y del ejecutado de repetir por la vía establecida en el artículo 81 de esta ley.
"Vencido el plazo sin que se hayan opuesto excepciones el agente ﬁscal representante de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS requerirá al Juez asignado interviniente constancia de dicha circunstancia, dejando de tal modo expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas. El agente ﬁscal representante de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS procederá a practicar liquidación
notiﬁcando administrativamente de ella al demandado por el término de cinco (5) días, plazo durante el cual el ejecutado podrá impugnarla ante el Juez asignado interviniente que la sustanciará conforme el trámite pertinente de dicha etapa del proceso de ejecución reglado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En caso de no aceptar el ejecutado la estimación de honorarios administrativa, se requerirá regulación judicial. La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS establecerá, con carácter general, las pautas a adoptar para practicar la estimación de honorarios administrativa siguiendo los parámetros establecidos en la ley de aranceles para abogados y procuradores. En todos los casos el secuestro de bienes y la subasta deberán comunicarse al Juez y notiﬁcarse administrativamente al demandado por el agente ﬁscal.
Por medio de esta reforma al artículo 92, el Fisco podía por sí interponer embargo al contribuyente, sin la necesidad de orden judicial. Importante: esta disposición fue modiﬁcada y no es la que actualmente ﬁgura en el articulado de la Ley de Procedimiento Fiscal 11683.
II.HECHOS DE LA AFIP
La AFIP dispuso el embargo general de fondos y valores del ejecutado —en cuentas bancarias, cajas de seguridad, títulos y cualquier otro activo ﬁnanciero— por el monto del capital reclamado, con más el 15% de dicha suma para responder por intereses y costas. Agregó que a tales efectos libraría oﬁcio al Banco Central de la República Argentina.
2.JUZGADO FEDERAL DE SALTA: REACCIÓN
Ante el planteo de la ejecutada, el Juzg. Federal declara la inconstitucionalidad del inciso 5 artículo 18 ley 25239 (art. 92 LPF) declarando nulos todos los actos procesales nacidos a efecto de tal norma. Consideró que la misma implica una ejecución administrativa, sin intervención del Poder Judicial, en violación al artículo 17 CN. "Señaló que la norma impugnada, al permitir a los agentes ﬁscales disponer por sí medidas cautelares a los efectos de garantizar el crédito, transforma al Fisco en juez y parte, lo que resulta incompatible con diversos principios de raigambre constitucional"
3.AFIP: RECURSO DE APELACIÓN
La AFIP interpuso recurso de apelación e intervino la Cámara Federal de Salta, que hizo lugar al planteo y revocó lo resuelto por el juzgado, rechazando planteo de inconstitucionalidad.
Los fundamentos principales para llegar a tal decisión los encontraron en el ánimo de celeridad de la reforma propuesta en el artículo 92 LPF y que la misma no afectó la defensa en juicio de la ejecutada y en el argumento de que "existían casos de ejecuciones extrajudiciales como, entre otros, los supuestos de procedimientos de ejecuciones aduaneras, de prenda de menor cuantía, de la prenda comercial y con registro cuando el acreedor es una institución oﬁcial, bancaria o ﬁnanciera, de los warrants, de la hipoteca a favor del Banco de la Nación Argentina, etc.; respecto de los cuales la Corte se había pronunciado favorablemente a la validez constitucional de tales normas".
Por último puso de relieve que la adopción de dicha medida fue informada inicialmente al juez, que tiene la potestad que resulta de lo establecido por los arts. 202 al 204 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (ref. a medidas precautorias).
4. INTERCORP: RECURSO EXTRAORDINARIO
Ante la decisión de la Cámara, la ejecutada interpone recurso extraordinario fundado en la violación a los derechos de propiedad y de defensa, garantía del juez natural y debido proceso.
En sus agravios, la apelante argumentó que "la norma impugnada es inconstitucional en cuanto otorga facultades a funcionarios de la administración que, de acuerdo con el sistema de división de poderes, corresponden exclusivamente al Poder Judicial, tales como la ﬁrma y el libramiento del mandamiento de intimación de pago y, especialmente, la disposición y traba de medidas cautelares. Según el apelante, se trata de un "pseudo apremio administrativo" que viola los derechos de defensa y propiedad, la garantía del juez natural y del debido proceso."
ll. En respuesta, el Tribunal llamó a audiencia pública de carácter informativo, en la cual las partes fueron interrogadas sobre diversos aspectos de la controversia.
5.INTERVENCIÓN DE LA CSJN
La Corte Suprema declaró admisible el recurso extraordinario "pues se ha objetado la validez e inteligencia de normas de carácter federal y la sentencia ha sido contraria al derecho que la apelante funda en ellas (art.14, incs. 1° y 3°, de la ley 48)".
II. CUESTIÓN DE FONDO ANALIZADA POR LA CSJN
En primer lugar, aclara el sentido de la reforma de la ley 25239 a la 11683 (LPF) en cuanto aquella "facultó a la AFIP a decretar y trabar, por sí, medidas precautorias sobre los bienes del responsable ejecutado. Conforme el mecanismo implementado en el precepto, el agente ﬁscal, con el sólo recaudo de informar al Juez asignado, puede, sin más trámite y a su sola ﬁrma, librar mandamiento de intimación de pago, decretar el embargo de cuentas bancarias, fondos y valores depositados en entidades ﬁnancieras, o bienes de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares ten- dientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución" Incluso, hace hincapié la CS, "el Fisco podrá disponer el embargo general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los ejecutados tuvieran depositados en entidades ﬁnancieras regidas por la ley 21.526. Únicamente en los casos en que se requiera desapoderamiento físico o allanamiento de domicilio se prevé la previa orden del juez competente. Además, en la norma se dispone que la anotación de las medidas que recaigan sobre bienes registrables o cuentas del deudor se practicará por oﬁcio expedido por el agente, que tendrá el mismo valor que una requisitoria y orden judicial" (cons. 8).
En cuanto a la separación de poderes, según el artículo 1 de la CN, "corresponde a los tribunales de justicia conocer y decidir las causas que lleguen a sus estrados y hacer cumplir sus decisiones, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso". Si bien la CSJN ha admitido que en determinados casos y bajo estrictas condiciones el Poder Ejecutivo u organismos de la administración realicen funciones jurisdiccionales, ello ha sido bajo la condición de que tal ejercicio no implique un total desposeimiento de atribuciones en perjuicio del Poder Judicial, pues lo contrario implicaría autorizar la supresión o, cuanto menos, la omisión del principio de división de poderes, sin cuya vigencia la forma republicana de gobierno queda sin base que la sustente y, en consecuencia, las funciones estatales resultan potencialmente desquiciadas con el consiguiente desamparo de las libertades humanas (cons. 10).
Por ello, la CSJN concluyó que "en su actual redacción, el art. 92 de la ley 11.683 contiene una inadmisible delegación, en cabeza del Fisco Nacional, de atribuciones que hacen a la esencia de la función judicial. En efecto el esquema diseñado en el precepto, al permitir que el agente ﬁscal pueda, por sí y sin necesidad de esperar siquiera la conformidad del juez, disponer embargos, inhibiciones o cualquier otra medida sobre bienes y cuentas del deudor, ha introducido una sustancial modiﬁcación del rol del magistrado en el proceso, quien pasa a ser un mero espectador que simplemente es "informado" de las medidas que una de las partes adopta sobre el patrimonio de su contraria. Tan subsidiario es el papel que la norma asigna al juez en el proceso que prevé que, para el supuesto de que el deudor no oponga excepciones, sólo deberá limitarse a otorgar una mera constancia de tal circunstancia para que la vía de ejecución del crédito quede expedita" (cons. 11)
Según la CSJN, esta participación menor e irrelevante no sólo pone de relieve la violación del principio constitucional de división de poderes sino que desconoce los más elementales fundamentos del principio de la tutela judicial efectiva y de la defensa en juicio consagrados tanto en el art. 18 de la Constitución Nacional como en los Pactos internacionales incorporados con tal jerarquía en el inc. 22 de su art. 75 (confr. el art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica, el art. XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)". Por otra parte, a la misma conclusión se puede arribar "a poco de que se observe que, de acuerdo con el sistema implementado en la normativa cuestionada, tanto la veriﬁcación de la concurrencia de los requisitos especíﬁcos para la procedencia de las medidas cautelares —"verosimilitud del derecho" y "peligro en la demora"— como la evaluación de su proporcionalidad de acuerdo a las circunstancias fácticas de la causa no son realizadas por un tercero imparcial sino por la propia acreedora, que no tiene obligación de aguardar la conformidad del juez para avanzar sobre el patrimonio del deudor." (cons. 12).
La CSJN siguió con la cuestión del derecho a la propiedad protegido en el artículo 17 CN, en cuanto en él se establece que aquella es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia fundada en ley. La máxima no se ve afectada, por el hecho de que las medidas cautelares dispuestas unilateralmente, no importen -en principio- una ablación del patrimonio, pues su función "es
limitar de manera efectiva otros atributos no menos importantes de ese derecho, cuales son los de usar y disponer de él, con función de garantía". (Cons. 13)
"No resulta admisible que a la hora de establecer procedimientos destinados a garantizar la normal y expedita percepción de la renta pública se recurra a instrumentos que quebrantan el
orden constitucional. Es que la mera conveniencia de un mecanismo para conseguir un objetivo
de gobierno —por más loable que este sea— en forma alguna justiﬁca la violación de las
garantías y derechos consagrados en el texto constitucional. Así, se ha sostenido que es falsa y debe ser desechada la idea de que la prosperidad general constituya un ﬁn cuya realización autorice a afectar los derechos individuales o la integralidad del sistema institucionalidad vigente. El desarrollo y el progreso no son incompatibles con la cabal observancia de los arts. 1° y 28 de la Constitución Nacional, sino que, por el contrario, deben integrarse con éstos" de modo tal que "la expansión de las fuer- zas materiales y el correlativo mejoramiento económico de la comunidad sean posibles sin desmedro de las libertades y con plena sujeción a
las formas de gobierno dispuestas por la Ley Fundamental, a cuyas normas y espíritu resultan
tan censurables la negación del bienestar de los hombres como pretender ediﬁcarlo sobre el desprecio y el quebrantamiento de las instituciones (Fallos: 247:646). -Cons. 15-
Por ello y en consecuencia, para el juicio de la CSJN, el artículo 92 de la ley 11683 (el modiﬁcado por la ley 25239), resulta inconstitucional "en cuanto otorga a los funcionarios del organismo recaudador la potestad de disponer y trabar unilateralmente medidas cautelares—, en la medida en que no se adecua a los principios y garantías constitucionales de la división de poderes, la defensa en juicio y la propiedad" (Cons. 16)
A continuación, la CSJN no dejó de reconocer la importancia del Tesoro Público y la
percepción adecuada de sus ingresos, así como admitir la insuﬁciencia en recursos humanos y
infraestructura de los juzgados federales tributarios, situación no superada con la creación
nuevos tribunales de ejecución ﬁscal, pues ellos sólo comenzaron a funcionar y parcialmente
Capital Federal. (Cons. 18 a 21).
Finalmente, y haciendo alusión al derecho comparado sostuvo que "si bien una ley del
Congreso declarada inconstitucional no es ley, que es inoperativa y que no conﬁere derechos ni impone deberes, su existencia efectiva en forma previa a esa declaración es un hecho operativo cuyas consecuencias no pueden ser justamente ignoradas". De esta forma, no obstante declarar
la inconstitucionalidad citada, y en función de su declarada protección de la renta pública,
terminó por admitir la validez de las medidas cautelares ya trabadas no así las dispuestas por los funcionarios de la AFIP, que deberán ser trabadas o denegadas por los magistrados naturales al caso. (Conf. cons. 23)
III.RESOLUCIÓN DE LA MAYORÍA DE LA CSJN
"Habiendo dictaminado el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca parcialmente la sentencia apelada, con la salvedad que resulta de lo expresado en el considerando 23, y se declara la inconstitucionalidad del inc. 5° del art. 18 de la ley 25.239, sustitutivo del art. 92 de la ley 11.683"
6.DISIDENCIAS DRES. PETRACCHI Y ARGIBAY
Los doctores primero reiteran la consideración de la mayoría en cuanto a que nuestro ordenamiento jurídico "o presenta casos de procedimientos ejecutivos que se llevan a cabo fuera de la órbita del Poder Judicial" para luego remitirse al derecho comparado, sobre todo a las legislaciones española y norteamericana, que permiten un sistema de cobro coactivo de las obligaciones tributarias "si se acuerda una adecuada oportunidad para la posterior determinación judicial de los derechos en cuestión (conf. United States v. James Daniel Good Real Property, 510 US 43 (1993))"
Esta disidencia formuló que, aún con la reforma de la ley 25239, la ejecución ﬁscal "continúa revistiendo el carácter de un proceso judicial que se desarrolla bajo la dirección de un juez, sin que obste a ello las atribuciones que la ley conﬁere a la administración tributaria. Es verdad que el otorgamiento de tales atribuciones otorga un matiz peculiar al proceso, pero lo determinante a los efectos de su caracterización reside en que la potestad para decidir cualquier cuestión litigiosa que se plantee en su curso o para pronunciarse sobre la validez o nulidad de los actos o diligencias, sobre su mantenimiento, sustitución o revocación permanece en cabeza del juez"
En su análisis enfatizan sobre la interpretación de la ley 25239, cuyo espíritu sostiene la necesidad de "atenuar las demoras en los procesos de ejecución ﬁscal —y de la consiguiente percepción de las rentas públicas— derivadas de la extraordinaria cantidad de juicios de esa clase radicados en los juzgados federales, que impedían que su trámite fuese llevado adelante en plazos adecuados"
Asimismo enfatizan en la opinión de que el proceso es de "carácter judicial" pero "otorgando al agente ﬁscal representante de la AFIP facultades para realizar ciertos actos y diligencias. En orden a ello, la circunstancia de que la ley otorgue atribuciones a tales funcionarios administrativos —después de que éstos se hayan presentado ante el juez observando todos los recaudos prescriptos por el párrafo octavo del art. 92— para suscribir y librar el mandamiento de intimación de pago y embargo, con la citación a oponer excepciones, es indudable que no afecta la sustancia del proceso ni el derecho de defensa del contribuyente, quien podrá presentarse ante el juez competente oponiendo las excepciones que estime pertinentes o, en su caso, impugnando la validez del acto o diligencia si hubiesen sido cumplidos irregularmente".
Considera entonces, sustancialmente que, en tales circunstancias "carecen de fundamento los invocados agravios al derecho de defensa, al juez natural, al debido proceso y a la división de poderes. En efecto, la administración ﬁscal ha planteado ante un magistrado la pretensión de ejecutar un acto administrativo, el contribuyente ha tenido la oportunidad de defenderse, la ha
ejercido, y será el juez competente quien determine si admite la excepción o si manda llevar la ejecución adelante"
En cuanto a la supuesta violación al art. 17 CN, esta disidencia considera que "no se trata de un supuesto de “privación” de la propiedad, sino de una afectación meramente provisional del derecho a disponer de los bienes objeto de la cautela, con el propósito de asegurar el cobro de un crédito expresado en un instrumento al cual la ley conﬁere el carácter de ejecutivo. La circunstancia de que se trate de una afectación meramente provisional explica que los ordenamientos procesales establezcan, de ordinario, que tal clase de medidas puedan adoptarse sin necesidad de oír previamente al afectado". Y continúa: "si bien la ley faculta al organismo recaudador a disponer por sí medidas precautorias, se advierte una clara preocupación del legislador para que el juez esté en conocimiento de ellas. El sentido de la norma es someter la conducta de la Administración a un inmediato control judicial, que podrá ser ejercido de oﬁcio o a pedido del afectado por tales medidas, con anterioridad a su concreción o con posterioridad a ella. No hay disposición alguna en el extenso art. 92 que limite la competencia de los jueces para impedir la traba de tales medidas o para dejarlas sin efecto, sustituirlas por otras o limitarlas, cuando ello sea necesario a ﬁn de evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes (arts. 203 a 205 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)."
En lo relativo a la impugnación constitucional con base en el art. 18 CN (debido proceso, juez natural, derecho de defensa), este voto considera que no se halla vulnerado. Señala en primer lugar que la garantía no debe ser considerada cuando quien la invoca no explica de un modo concreto cuáles son las defensas o pruebas de que se ha visto privado ni la relación que media entre ellas y el resultado del litigio. La garantía "requiere, en su aspecto más primario, que no se prive a nadie arbitrariamente de la oportuna tutela de los derechos que pudieran eventualmente asistirle sino por medio de un proceso conducido en legal forma que concluya con el dictado de una sentencia fundada"
Por último, respecto de la invocada violación de "juez natural", que en el caso "consistiría en una indebida concesión de facultades “judiciales” a la administración, cabe señalar que aquélla no guarda relación directa con la cuestión debatida en la causa, pues desde antiguo el Tribunal
ha mantenido que dicha garantía tiene por objeto asegurar a los habitantes del país una justicia
tiende a impedir la sustracción arbitraria de una causa a la jurisdicción del
juez que continúa teniéndola para casos semejantes, con el ﬁn de atribuir su conocimiento a uno que no la tiene, constituyendo así, por vía indirecta, una verdadera comisión especial disimulada", circunstancia que no se veriﬁca para los votantes en disidencia.
imparcial y “
ll. RESOLUCIÓN DE LA DISIDENCIA PETRACCHI/ARGIBAY
Para la primer disidencia corresponde conﬁrmar el pronunciamiento apelado y concede el recurso federal extraordinario.
7.DISIDENCIA DE LA DRA. HIGHTON DE NOLASCO
Coincide con la primera disidencia en cuanto a que la ejecución ﬁscal continúa siendo, a su juicio, un proceso judicial y no uno administrativo, pues "lo determinante a los efectos de su caracterización
reside en que la potestad para decidir cualquier planteo legal que se realice en su curso, incluido el control de constitucionalidad, o para pronunciarse sobre la validez o nulidad de los actos o diligencias, sobre su mantenimiento, sustitución, o revocación o para disponer el allanamiento del domicilio, siempre está en cabeza de un magistrado judicial"
A continuación, repite algunos argumentos de la anterior disidencia para luego, a modo de analogía, citar
las prerrogativas de las entidades bancarias así como, conforme a la ley 24441, el régimen especial de ejecución de hipotecas como casos de actuaciones extrajudiciales, donde en las últimas permite que el acreedor hipotecario "en los casos en que así se haya pactado, proceder a rematar el inmueble por la vía extrajudicial, una vez cumplidos ciertos pasos enunciados en los arts. 53 y siguientes de la ley 24.44" No por ello enfatiza, el proceso deja de tener intervención judicial.
En cuanto a la vulneración de las garantías de los artículos 17 y 18 CN, cita jurisprudencia vinculante de
la CS que sostiene la inexistencia de aquella: "en cuanto al primero, porque la pérdida de la propiedad se
conjura pagando la deuda que da origen a la ejecución. En lo que atañe al segundo, porque aquél podrá hacer valer sus derechos con toda amplitud en la acción ordinaria, si realmente el procedimiento ha sido arbitrario o irregular, con toda garantía que supone la solvencia del Banco de la Nación Argentina"
También, en lo respectivo al derecho de defensa, recuerda que, en caso de sentencia desfavorable relativa al asunto de ejecución ﬁscal con relevancia constitucional, "la recurrente tendrá oportunidad de hacer valer en un juicio ordinario, con total amplitud, los derechos que pudieren asistirle." Continúa
aﬁrmando: "la nota principal de esta ejecución especial es que planteada la ejecución, se invierte la carga del contradictorio sobre el demandado, quien deberá oponer excepciones —si procediesen— con la ﬁnalidad de no dejar expedita la ejecución. La norma cuestionada otorga entonces la posibilidad de que
el accionado no sólo tome conocimiento de la acción contra él dirigida sino que además le permite
articular una formal oposición a su respecto."
Con acierto, aﬁrma (en forma implícita y expresa) que si una medida cautelar librada y ejecutada por la AFIP afecta el derecho de propiedad, ello aplica en realidad a toda medida cautelar per se y entonces el argumento de la violación del artículo 17 CN deviene en insustancial. El problema entonces no reposa en la naturaleza de la medida, sino en la determinación de quién la decide y con qué alcance dentro de las facultades constitucionales.
Sobre la interpretación del art. 92 reformado: "la norma debe ser aplicada con prescindencia de consideraciones que limiten los supuestos comprendidos en ella y procurando dar pleno efecto a la
voluntad del legislador (Fallos: 200:165; 302:973; 306:940; entre muchos otros). Si alguna duda queda con
la lectura de la ley, basta consultar los antecedentes parlamentarios para conocer su sentido y alcance,
criterio que este Tribunal ha señalado como guía para la interpretación de las normas jurídicas (Fallos:
313:1149 y 317:779). Por otra parte, ante las diversas interpretaciones de que pueda ser objeto el art. 92 de la ley 11.683, debe escogerse la exégesis que preserve y no la que destruya la norma.
Receptiva al trato de la cuestión de la separación de poderes, la Doctora recalca que "si bien la idea central de la delegación legal de ciertas tareas en el representante ﬁscal fue la de alivianar la carga de los tribunales, ello en modo alguno implica desligar a los tribunales de justicia del rol de control que les cabe en este proceso judicial pues el juez en la ejecución especial del art. 92 de la ley 11.683 siempre conserva la facultad de controlar la extensión de la medida cautelar que el agente ﬁscal le comunica."
Añade que debe descartarse también el agravio relativo a la actuación del Fisco "como juez y parte"
relacionándolo con la afectación al derecho de igualdad (por la disidente) sellado en el art. 16 CN. Cita
la interpretación de la CS: " este Tribunal ha dicho que la garantía de igualdad ante la ley radica en
consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, por
lo que tal garantía no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegítima persecución (Fallos: 181:203; 182:355; 262:73; 266:206; 306:533; 308:857". Según su criterio, el Estado actúa como parte, no como juez, pues "el juicio de apremio sigue conservando su naturaleza judicial y, por ende, no reviste la categoría de un proceso estrictamente administrativo". Concluye: "no se advierte entonces que se viole la igualdad ante la ley ya que las prerrogativas que pueda tener el Fisco Nacional en esta especial ejecución son propias del interés que se busca tutelar relacionado con la obtención en tiempo oportuno de los impuestos."
II. RESOLUCIÓN DISIDENCIA DRA. HIGHTON DE NOLASCO
Según voto de la magistrada, corresponde declarar formalmente procedente el recurso extraordinario y conﬁrmar la sentencia apelada.
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References: artículo 92
 artículo 605
 artículo 39
 artículo 1112
 artículo 81
 artículo 92
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 92
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 92
 RESOLUCIÓN 
 artículo 17
 RESOLUCIÓN