Source: https://www.slideshare.net/jaguardP/plan-de-gobierno-de-otto-claudio-guevara-guth-2018-ml-parte-2
Timestamp: 2018-08-16 03:37:12+00:00

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1. 196 1.4 Fortalecer la Dirección de Puentes e iniciar con sentido de urgencia un programa de mantenimiento de puentes. Debemos minimizar las posibilidades de que tengamos nuevamente un problema tan serio para nuestra economía como el de la platina en el puente del río Virilla, o el hundimiento en la autopista General Cañas por el colapso de una alcantarilla. 1.5 Definir las prioridades de intervención de las carreteras de acuerdo con un análisis económico y social, abandonando criterios de clientelismo político. Prioridad deberán tener los corredores logísticos entre las fronteras con Panamá y Nicaragua y los puertos del Caribe y Pacífico; las carreteras que conectan los principales sitios de atractivo turístico y las calles en la GAM para hacer más fluido el tránsito en esa zona. 1.6 Construir de inmediato las llamadas “obras TOPICS”. Estas obras son pequeñas mejoras que deben realizarse en vías nacionales y cantonales para hacer más fluido el flujo vehicular. Nos referimos a pasos a desnivel en intersecciones, ampliar puentes, construir bahías para autobuses, carriles para girar en intersecciones, así como rotondas. La ejecución de esas obras redunda en grandes beneficios de alivio a la circulación vehicular. Empezando nuestro mandato en mayo entrante acometeremos la construcción de esas obras con fondos propios del CONAVI. 1.7 El plan vial propuesto por la ACCCR deberá complementarse con las propuestas del Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional. Esas propuestas se publicaron en el 2012 y priorizan la inversión en 19 proyectos. Entre ellos citamos: 1.7.1 Corredor vial La Sabana – San Ramón.
2. 197 1.7.2 Corredor vial Naranjo – Florencia de San Carlos con todos los entronques. 1.7.3 Sustitución de las rotondas en la Circunvalación (R-39) por pasos a desnivel a la altura de Zapote, La Bandera y Guadalupe. 1.7.4 Sector Norte de la Circunvalación, desde Calle Blancos hasta la Uruca. 1.7.5 Eje vial de la Interamericana Norte entre Barranca y Cañas. 1.7.6 Carretera Interamericana Sur en el tramo Palmar Sur–Paso Canoas. 1.7.7 Ampliación a cuatro carriles con intersecciones a desnivel de la Carretera San José–Heredia desde el Puente Juan Pablo II hasta el cruce a San Rafael de Heredia. 1.7.8 Ampliación a 4 carriles entre Río Frío y Limón con todos los pasos elevados necesarios para mantener y mejorar la conectividad y calidad de vida de las poblaciones que atraviesa esa ruta 1.7.9 Diseñar e iniciar la construcción del Tramo de la Carretera Anillo Periférico Norte entre la Ruta Nacional No.2 (Tibás) y la Carretera Nacional No.1 (Castella); y conectar la Florencio del Castillo con la carretera de circunvalación a través de un viaducto elevado. 1.8 Aumentar tope de garantías de cumplimiento en contratos y que empresas aseguradoras puedan proveerlas. Impulsar una reforma a la ley de Contratación Administrativa para aumentar el tope porcentual de las garantías de cumplimiento en los contratos y promover que las mismas sean otorgadas por entidades aseguradoras cuya naturaleza les permite hacer un mejor estudio de las empresas que garantizan y establecer su verdadera capacidad de ejecución.
3. 198 1.9 Penalizar a quien apele por razones insignificantes. Incluir un artículo que permita a la Contraloría General de la República el cobro de una garantía a las empresas apelantes de contratos a fin de evitar o disminuir la práctica generalizada de apelar licitaciones por razones de poco peso. 1.10 Rescatar la Red Vial Cantonal. Esta red ha contribuido de forma muy importante al desarrollo del país y a distinguirlo de otros países del área. Para atender decididamente los requerimientos de esa Red se promoverá la participación conjunta del MOPT, con el refuerzo necesario, como entidad de asistencia técnica y suministro de ciertos insumos a los Municipios (equipos especializados, preparación de mezcla asfáltica, trituración de agregados, entre otros); y de los Municipios, como entidades ejecutoras, aportando fondos de contrapartida y definiendo proyectos, según un sistema de planificación vial especializado. 1.11 Construir junto con los respectivos gobiernos locales vías intercantonales para mejorar la interconectividad periférica del GAM promoviendo trayectos más directos. Por ejemplo: debemos construir una vía para conectar Guadalupe con Montes de Oca y Curridabat por el este interconectando con la Autopista Florencio del Castillo y esta con la Circunvalación a la altura de Zapote. Esto evita que los habitantes tengan que “bajar” hasta las cabeceras de los cantones para dirigirse a su destino. 1.12 Hacer más fluido el flujo vehicular. Además de las mejoras en la infraestructura vial, proponemos las siguientes medidas para hacer aún más expedito el flujo vehicular: 1.12.1 Apartar los vehículos que hacen presa en accidentes de tránsito donde sólo hay daños a los vehículos.
4. 199 Promoveremos los cambios normativos pertinentes para que en esos casos, los conductores deban hacer a un lado sus vehículos, si están en condición mecánica de hacerlo, en forma inmediata para que no afecten el flujo vehicular. La responsabilidad de los daños a la propiedad en caso de ese tipo de accidentes es algo que sólo atañe a los involucrados y a las empresas aseguradoras. Si los vehículos no fueren apartados en forma expedita se expondrán a una sanción por obstrucción a la vía pública. Ya presentamos un proyecto de ley en esa dirección. 1.12.2 Modificar la restricción vehicular. Será sólo en horas pico y no cubrirá la carretera de circunvalación. Esta medida se complementará con la prohibición de que camiones repartidores se parqueen en las calles para distribuir sus productos entre las 5 am y las 7 pm en las zonas urbanas congestionadas. 1.12.3 Prescindir de la presencia de un Juez para “levantar el cuerpo” en aquellos accidentes donde hubiere personas fallecidas. Bastará con el parte correspondiente de la Cruz Roja o cualquier otro servicio médico o de paramédicos que se hicieren presentes en el sitio del accidente. Las personas fallecidas deberán ser trasladadas de inmediato al centro médico más cercano. 1.12.4 Preparar a la Policía Municipal para que coadyuve con el ordenamiento vial. Funcionarios municipales podrán participar en el ordenamiento del flujo vehicular dentro de su jurisdicción, especialmente en las horas pico.
5. 200 1.12.5 Restringir la carga y descarga en zonas urbanas de alto tránsito. Únicamente se permitirá la carga y descarga en zonas urbanas de alto tránsito entre las 7 pm y las 5 am. 1.12.6 Hacer respetar las zonas donde está prohibido el estacionarse en la vía. Mediante grúas se trasladarán los vehículos mal estacionados a un predio. Esos vehículos se devolverán a su propietario luego de la cancelación de la multa respectiva, más el costo del traslado del vehículo al predio y el costo del almacenamiento. 1.12.7 Reordenar las paradas autorizadas para taxis para minimizar su impacto en las presas. 1.13 Mejorar carreteras que son corredores logísticos. Asegurar, como mínimo, dos carriles por sentido, espaldones, bahías de autobús, entre otras facilidades en las rutas como la Interamericana Norte y Sur, la ruta 27 (vía a Caldera) y la carretera a Limón (32). 1.14 Desarrollar Terminales Logísticas nacionales. Esas terminales estarían ubicadas en Orotina, Muelle de San Carlos, Siquirres, Turrialba, Liberia, Limón, Puntarenas, San Isidro del General, Taras y El Coyol que permitan cambiar la carga que se transporta desde los puertos a vehículos de menor tamaño. 1.15 Promover la creación de polos de desarrollo regional mediante el estímulo de inversiones en infraestructura. 1.16 Estudiar viabilidad de un canal seco. Realización formal de un estudio de pre-factibilidad para tener una conexión interoceánica
6. 201 de 300 kilómetros con dos líneas ferroviarias para trasladar la carga desde La Cruz hasta Limón. 2. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. Tenemos una extensa y valiosa red de derechos de vía en el país. Lamentablemente no le estamos sacando el provecho que pudiéramos. Sobre este tema, nuestras propuestas son las siguientes: 2.1 Concesionar los ramales de la Zona Atlántica para el transporte de los productos agrícolas e industriales. En la zona caribeña existen gran cantidad de ramales que se extienden desde Pococí hasta Talamanca. Exploraremos la posibilidad de rehabilitar el servicio de carga así como de pasajeros en esas zonas. 2.2 Explorar la viabilidad de concesionar el corredor ferroviario del Pacífico. Especialmente para el trayecto que no se utilizará para el tren de cercanías, exploraremos las posibilidades de concesionar el transporte de pasajeros y de carga desde el GAM hacia el puerto de Caldera. 2.3 Concesionar el sistema de tren de cercanías. Ya existe el trazado y los derechos de vía para para el transporte masivo de personas mediante trenes entre Paraíso de Cartago y Curridabat, así como el trayecto entre Atenas, Alajuela, Heredia hasta Tibás. Ese sistema debe otorgarse en concesión para el mejoramiento del sistema, el financiamiento y la operación. Esta concesión podría formar parte de la que se menciona en el punto siguiente. 2.4 Concesionar el diseño, construcción, financiamiento y operación de un sistema de tranporte masivo de personas. Ese sistema será para el área urbana entre Tibás y Curridabat, el cual deberá ser en elevado pudiendo utilizar además de los derechos de vía del
7. 202 ferrocarril las calles que fueran necesarias. Este sistema de transporte de personas deberá coordinarse con el sistema de transporte de personas mediante autobuses para lograr una complementación adecuada entre ambos sistemas. También será necesario facilitar la construcción de infraestructura comercial y de parqueo de vehículos en diferentes estaciones de ese sistema. Para ello las alianzas con el sector privado serán cruciales. Esta concesión podría abarcar también la de los trenes de cercanía mencionada en el punto anterior. 2.5 Rehabilitar el transporte de pasajeros entre Turrialba y Cartago. También mediante concesión podría rehabilitarse esa opción de transporte para quienes habitan en esas regiones. 2.6 Rehabilitar el transporte de pasajeros entre el centro de la ciudad de Puntarenas y Caldera. También podría darse en concesión esa opción de transporte de personas. 3. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. Los aeropuertos internacionales son la puerta de entrada de turistas y la puerta de salida de muchos productos de exportación así como de mucha de la materia prima para diferentes procesos industriales. Los aeropuertos locales permiten la rápida movilización de personas y mercadería entre diferentes puntos del país. Sin aeropuertos competitivos perdemos todos en el país, ya que tendremos menos empleos y oportunidades y más pobreza. Nuestras propuestas sobre este tema son las siguientes: 3.1 Velar por el cumplimiento efectivo del contrato de concesión de los aeropuertos Juan Santamaría y el de Liberia. En el caso del Juan Santamaría, el Estado deberá cumplir con lo pendiente para no detener la ampliación de ese aeropuerto. Ej.: traslado de hangar
8. 203 de COOPESA y rediseño del intercambio de Alajuela en la autopista General Cañas. 3.2 Mejorar y modernizar el Aeropuerto Internacional de Limón. Para ello debemos concesionar el nuevo aeropuerto en Limón ubicándolo hacia Matina. El terreno que actualmente ocupa el aeropuerto frente a la costa caribeña y con una ubicación estratégica lo utilizaremos para un desarrollo habitacional, turístico y comercial que generará miles de puestos de trabajo y reposicionará a Limón como destino turístico. Para ello podríamos utilizar el mecanismo mediante el cual se logró el desarrollo del Polo Turístico de Papagayo, o podría concesionarse entero ese terreno a un concesionario que en un plazo determinado deberá construir los edificios de apartamentos, hoteles, comercio e incluso hasta una marina. 3.3 Sacar provecho al terreno del Aeródromo de Puntarenas. En vista de la imposibilidad de recuperar ese aeródromo por la cercanía de comunidades y la imposibilidad de mantener la pista libre de intromisiones, proponemos trasladar ese bien inmueble al Ministerio de Cultura para construir un parque como el parque Libertad en Desamparados para mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas que habitan la gran Chacarita. 3.4 Construir el aeropuerto internacional para la zona Sur en el cantón de Osa. Ya se han realizado gran cantidad de estudios para dicho aeropuerto. En nuestra administración construiremos la infraestructura básica y sacaremos a concesión su operación y ampliación. Obviamente la construcción del aeropuerto la haremos preservando la relación entre sostenibilidad ambiental y desarrollo local.
9. 204 3.5 Mantener el programa de mejoramiento de las pistas e instalaciones de aeropuertos locales. Los aeropuertos locales son fundamentales para mejorar nuestra oferta turística y reducir sustancialmente los tiempos de traslado entre diferentes regiones del país. Esto permitirá mejorar la competitividad del sector productivo en general. Los aeropuertos de Quepos, Golfito, Puerto Jiménez, Drake, Tamarindo, Nicoya, Nosara, Tambor, Tortuguero, Barra del Colorado y Parismina requieren tener las condiciones apropiadas. 3.6 Comprar los terrenos para la instalación de un nuevo Aeropuerto Internacional Principal de Costa Rica en la zona de Orotina. Dicha compra deberá realizarse con los recursos que tiene acumulados la Dirección General de Aviación Civil y deberá asegurarse los linderos mediante la construcción del cerramiento correspondiente. Posteriormente deberá sacarse a licitación la construcción de ese aeropuerto en etapas. 3.7 Terminar de evaluar la factibilidad técnica y económica de la construcción de un aeropuerto internacional para la zona Norte del país. Las llanuras de la zona norte se han convertido en uno de los polos de desarrollo de nuestro país. Existe gran cantidad de inversión agropecuaria y turística. Un aeropuerto ayudaría aún más a dinamizar esa zona. Una vez terminados los estudios, si estos fueren positivos, procederemos a comprar el terreno y posteriormente iniciaremos el proceso de concesionar dicho aeropuerto. 4. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA. Los puertos son vitales para nuestra economía. A través de ellos se movilizan materias primas, bienes finales de consumo y nuestras exportaciones. De ahí que sea de capital importancia que estos funcionen eficientemente y que sean competitivos a
10. 205 nivel internacional. Nuestras propuestas sobre este tema son las siguientes: 4.1 Los puertos del Caribe deberán funcionar los 365 días del año, las 24 horas de cada día y con precios competitivos. La nueva terminal portuaria en Moín, concesionada a APM Terminales operará de esa manera. El puerto de Moín que todavía seguirá bajo administración y operación de JAPDEVA deberá funcionar todos los días del año y las 24 horas cada día a precios competitivos, así como la terminal de cruceros en Limón. Si no fuera así, concesionaremos esos servicios portuarios. 4.2 Fiscalizar adecuadamente la ejecución del contrato de concesión del Puerto de Caldera. Además, deberán ejecutarse las obras para ampliar la plataforma actual y el rompeolas. 4.3 Equipar el Puerto de Golfito para recibir cruceros. La zona de Golfito es un lugar mágico, con una gran cantidad de bellezas naturales exóticas en la zona. Indudablemente, habilitar el puerto de Golfito para recibir cruceros será de gran beneficio para la región de nuestro Pacífico Sur. 4.4 Construir una terminal portuaria en el Pacífico para la importación de combustibles. Para ello se deberá explorar en cuál de los puertos del Pacífico (Caldera, Golfito o Punta Morales) podría habilitarse una terminal portuaria para la importación de combustibles. 4.5 Apoyar el proyecto de iniciativa privada mediante el cual se construiría una terminal de transbordo de contenedores al norte de la terminal portuaria nueva de Moín. Al ser un proyecto de iniciativa privada, al Gobierno lo que le corresponde es facilitar todo el
11. 206 proceso que culminará con la licitación para la construcción de esa terminal portuaria y su operación mediante una concesión. 4.6 Realizar los estudios para construir una terminal portuaria en la bahía de Cuajiniquil en el Pacífico Norte. Esta terminal portuaria sería necesaria para considerar eventualmente la posibilidad de construir un canal seco para el trasiego de contenedores entre nuestros puertos del Caribe y este puerto en el Pacífico. Si los estudios confirman la factibilidad, procederemos a comprar los terrenos correspondientes para dicha facilidad portuaria y posteriormente iniciaremos el proceso de concesionarlo junto con la construcción de las carreteras y vías férreas correspondientes para unir ambas costas. 5. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO. La movilización eficiente y a precios asequibles de grandes cantidades de personas, especialmente en la GAM, es vital para la economía y para la calidad de vida de las personas. Entre más corto sea el tiempo de desplazamiento entre los diferentes lugares, más productivas y felices serán las personas. La situación actual es caótica. Debemos actuar ya. Nuestras propuestas son las siguientes: 5.1 Concesionar el sistema de tren de cercanías. Ya existe el trazado y los derechos de vía para para el transporte masivo de personas mediante trenes entre Paraíso de Cartago y Curridabat, así como el trayecto entre Atenas, Alajuela, Heredia hasta Tibás. Ese sistema debe otorgarse en concesión para el mejoramiento del sistema, el financiamiento y la operación. Esta concesión podría formar parte de la que se menciona en el punto siguiente. 5.2 Concesionar el diseño, construcción, financiamiento y operación de un sistema de transporte masivo de personas. Ese sistema será para
12. 207 el área urbana entre Tibás y Curridabat, el cual deberá ser en elevado pudiendo utilizar además de los derechos de vía del ferrocarril las calles que fueran necesarias. Este sistema de transporte de personas deberá coordinarse con el sistema de transporte de personas mediante autobuses para lograr una complementación adecuada entre ambos sistemas. También será necesario facilitar la construcción de infraestructura comercial y de parqueo de vehículos en diferentes estaciones de ese sistema. Para ello las alianzas con el sector privado serán cruciales. Esta concesión podría abarcar también la de los trenes de cercanía mencionada en el punto anterior. 5.3 Ordenar los permisos de líneas de buses y crear nuevas rutas. Las nuevas concesiones deberán posibilitar la transferencia de personas entre una ruta y otra. 5.4 Poner en funcionamiento las nuevas rutas intersectoriales. Durante mucho tiempo se ha tratado de poner en funcionamiento estas rutas, pero por falta de decisión política e intereses muy fuertes de concesionarios o permisionarios actuales de ciertas rutas, esto no ha sido posible. En nuestra Administración pondremos orden en esta materia para evitar que tantas líneas de buses ingresen hasta el corazón de la ciudad capital. Además, promoveremos carriles exclusivos para autobuses con paradas dotadas de rampas para hacer más ágil el proceso de utilización de ese servicio. 5.5 Desarrollar terminales multimodales que conecten diferentes medios de transporte. Estas terminales podrán desarrollarse mediante alianzas público privadas. Estas tienen un gran potencial para la generación de actividad comercial a través del alquiler de espacios de parqueo, así como de espacios comerciales.
13. 208 5.6 Apoyar a la Municipalidad de San José y a los municipios que lo requieran en la puesta en práctica de un sistema de transporte masivo de personas. La Municipalidad de San José está explorando la posibilidad de construir un tranvía y existen otras organizaciones que impulsan la puesta en práctica de un sistema como el que se encuentra en varias ciudades latinoamericanas con buses articulados, carriles exclusivos y rampas para subir y bajar de dichos autobuses a nivel. Desde el Gobierno Central acompañaremos esas iniciativas. 5.7 Reducir los costos para quienes prestan el servicio público de taxi. Para enfrentar la competencia que existe hoy en el transporte de personas mediante vehículos de 2 ejes, reformaremos la ley de taxis y su reglamentación para reducir parte de sus costos y flexibilizar la forma en que se brinda ese servicio. Por ejemplo, eliminaremos la obligación de contar con una “maría parlante” para todos los vehículos, así como la necesidad de pasar por la revisión técnica vehícular dos veces al año y pagar el canon de concesión a la ARESEP. 5.8 Reglamentar la forma en que se podrá brindar el servicio de transporte de personas mediante plataformas tecnológicas. Si bien es cierto que este tipo de servicio de transporte no es un servicio público, mientras se modifica la legislación sobre el tema, reglamentaremos la ley del transporte remunerado de personas para que podamos dar un permiso especial a las personas que brindan ese tipo de servicio de transporte. No habrá límite para la cantidad de personas que deseen dedicarse a esa actividad. Básicamente se solicitaría tener un seguro comparable con el que deben tener los taxistas y un vehículo en condiciones para circular por las calles nacionales. Deberán identificar además en la parte
14. 209 posterior del asiento del conductor la información de contacto de la persona que conduce. El trámite será inmediato. 6. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. El suministro eléctrico debe ser eficiente, de calidad y a precios competitivos a nivel internacional. Si el precio de la electricidad es alto, las personas perderán capacidad de compra y eso afectará toda la economía. Lamentablemente ese es el caso de nuestro país y si no actuamos ya, el precio de la electricidad seguirá subiendo y nos llevará a un caos económico. Ya hoy muchas personas están recurriendo a la leña para cocinar y a perder calidad de vida por no poder utilizar ciertos aparatos electrodomésticos. El alto precio de la electricidad también está afectando la competitividad de nuestro país como destino de inversiones extranjeras con un alto consumo de electricidad. También está afectando a todo el empresariado costarricense que ha experimentado un incremento exagerado de sus costos de producción. Esa situación hace más difícil la generación de empleos en nuestro país y amenaza con cierre de empresas a un corto plazo, aumentando el empleo y por lo tanto la pobreza. Para conocer nuestras propuestas sobre este tema, les invitamos a repasar el capítulo 1, sección 5.3 hasta 5.7, así como el capítulo 2, sección 4.1 hasta la 4.10. 7. INFRAESTRUCTURA DE INFOCOMUNICACIONES. Nos proponemos convertir a Costa Rica en un país digitalizado como lo es Estonia. Para ello debemos buscar banda ancha móvil para todos, cobertura territorial y cierre de la brecha digital, el espectro electromagnético debe estar al servicio de la innovación, donde el usuario debe ser el centro de las decisiones. Para traer el futuro al presente, proponemos: 7.1 Crear la Agencia Nacional para la Promoción de las Infocomunicaciones (ANPI). Dicha agencia tendrá dos objetivos principales: a) hacer de Costa Rica un país de vanguardia a nivel
15. 210 global en esta industria y b) impulsar la transformación del modelo de relación entre el Estado y la ciudadanía por medio de las nuevas plataformas hacia un verdadero gobierno digital. Las experiencias de países como Estonia y Colombia serán tomadas como ejemplo para la ruta por seguir. Para crear esa agencia, utilizaremos a Radiográfica Costarricense S.A., para lo cual se le cambiará el nombre y el ICE deberá trasladar a título gratuito al gobierno central el capital accionario de esa empresa, la cual quedará bajo la rectoría del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Tecnología. 7.2 Universalizar el acceso a una red de banda ancha. Acceso a banda ancha para todos los costarricenses. La prestación de servicios digitales y el acercamiento a todos los beneficios de la era de la colaboración, requieren garantizar el acceso de todos los costarricenses a internet de banda ancha, que es un enlace de Internet de una velocidad superior a los 2 megabits por segundo, idealmente debería ser simétrico y debería tener un costo menor al 5% del ingreso de la familia promedio. Se estima que para tener todos los hogares conectados a internet de banda ancha tiene un costo de $900 millones. La forma de cubrir ese costo es mediante recursos de FONATEL y Alianzas Público Privadas, ya que el pago mensual por cada conexión genera un flujo que puede titularizarse. Adicionalmente las empresas interesadas en colocar contenidos podrán sufragar parte de la inversión requerida. 7.3 Preparar al país para la tecnología 5 G. Se estima que para el 2022 habrá 550 millones de conexiones 5G y 29.000 millones de dispositivos conectados, de los que 18.000 estarán asociados a internet de las cosas. Esta tecnología permite proporcionar una transmisión de datos de 1 Gbps (es 100 veces más rápido que la tecnología 4G LTE) y será mucho más eficiente en energía que las anteriores tecnologías.
16. 211 7.4 Ordenar el espectro electro magnético. Según lo ha señalado la Contraloría General de la República, es imperioso ordenar el espectro electro magnético, liberando espacio para más operadores. Algunas de las frecuencias que se liberen deberán ser subastadas y los ingresos provenientes de esa subasta deberán utilizarse para fortalecer el FONATEL. Todo dentro de un marco de legalidad y debido proceso, sin afectar los derechos adquiridos de los radiodifusores televisivos y radiales. Eso nos permitirá liberar la frecuencia de los 700 Mhrz que deberá ser utilizada para mejorar nuestra infraestructura en infocomunicaciones. 7.5 Recuperar las frecuencias no utilizadas por el ICE. Mediante una directriz se le ordenará al ICE entregar al Estado las frecuencias que no utilice. 7.6 Coordinar con todo el sector de infocomunicaciones para la inclusión, ampliación y/o relocalización de la infraestructura de telecomunicaciones en proyectos viales y de obra pública del país. La coordinación actual afecta seriamente al sector de telecomunicaciones, encarece costos, retrasa el despliegue de la infraestructura, lo que ocasiona que los usuarios no tengamos el servicio que podríamos tener. Se requiere de un protocolo de acción donde se indique cómo se va a coordinar con los operadores y las tareas que toca a cada institución. 7.7 Presionar a ARESEP para que a instancia de SUTEL emita los reglamentos de uso compartido de infraestructura de redes públicas y redes internas en condominios residenciales y comerciales. Mediante esa reglamentación promoveremos la libre competencia y acceso de servicios de telecomunicaciones para los usuarios y evitaremos el cobro de “peajes” y los “acuerdos de exclusividad”.
17. 212 7.8 Emitir Directriz para que el ICE comparta sus torres para mejorar la cobertura de todos los operadores de telefonía móvil. Se deberá establecer una tarifa razonable por el alquiler de esos espacios de tal forma que prioritariamente se dé en los cantones donde ha habido problemas para los permisos municipales para la instalación de torres de Claro y de Movistar. 7.9 Entablar conversaciones con Gobiernos locales que todavía objetan la instalación de torres para telefonía móvil en sus jurisdicciones cantonales. El Poder Ejecutivo no puede desentenderse del tema. La cobertura en todos los cantones mejora la calidad de la comunicación de telefonía móvil y con ello mejora las posibilidades de aumentar actividad económica y mejorar calidad de vida de sus habitantes. 7.10 Implementar la tecnología de punta celular. El salto definitivo a la banda ancha vendría a solucionar problemas de saturación y falta de cobertura. El precio razonable y la disponibilidad para la gran mayoría de usuarios, potenciaría la cantidad de suscriptores. Con esta tecnología se podrían alcanzar velocidades de hasta 10 Mbps. 7.11 Nombrar un “Chief Information Officer” dentro del grupo de asesores de la Presidencia. Esta persona tendrá la responsabilidad de mantener informado al Presidente de los cambios que se están dando en esta revolución tecnológica para que desde la Presidencia se pueda dar dirección al proyecto de gobierno digital, así como de aconsejarle sobre las políticas públicas que deberán impulsarse para que nuestro país avance aceleradamente hacia el gobierno y sociedad digital.
18. 213 8. INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE. Tenemos un gran rezago en esta materia en todas las áreas. Algunas acciones que debemos acometer de inmediato son las siguientes: 8.1 Mejorar la gestión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Esta institución no ha sido capaz de mantener la infraestructura de captación, potabilización, distribución y saneamiento de agua potable al día. Deberán revisarse los procesos, la cantidad e idoneidad del personal, el sistema de cobro, la ejecución de obras y los proyectos que se tiene programado ejecutar en los siguientes 4 años. 8.2 Acelerar la construcción de la planta de saneamiento de aguas residuales para una parte de la Gran Area Metropolitana (GAM) e iniciar el proyecto para ampliar colectores e incorporar planta de tratamiento terciaria. Este proyecto, el cual tenía su financiamiento asegurado hace muchísimos años, empezó finalmente a construirse recientemente. No se puede dar más largas a una de las mayores vergüenzas de nuestro país, como es el verter las aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento a los ríos. Hace rato se debió trabajar en el diseño de la planta de tratamiento terciaria y ampliar la red de colectores; así como en la consecución de los fondos para su ejecución. 8.3 Construcción de infraestructura de captación, potabilización y distribución de agua en la parte baja de Guanacaste. No es aceptable que en Guanacaste se estén denegando permisos de construcción por falta de disponibilidad de agua potable. Se están dejando de crear puestos de trabajo y oportunidades por la ausencia de inversiones en esa área. La perforación de mantos acuíferos, la construcción de un embalse para agua llovida, así como el embalse de río Piedras para canalizar el agua proveniente
19. 214 del lago del Arenal hasta los cantones de Nicoya, Santa Cruz y Carrillo, debe ser una prioridad. 8.4 Fortalecimiento de todas las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (ASADAS). Fortalecimiento de todas las ASADAS. Debe brindársele la capacitación necesaria a los más de 1.800 Comités respectivos para que administren adecuadamente esos acueductos. Debe modificarse el reglamento de ASADAS para eliminar la disposición que las obligaría a entregar todos sus activos al ICAA en caso de que la Junta Directiva de esa institución autónoma revocare el acuerdo de delegación para la gestión del recurso hídrico. 8.5 Mejorar la infraestructura de captación, potabilización y distribución de agua en la GAM. Hoy existen algunas regiones de la GAM donde no hay disponibilidad de agua, mientras se desperdicia una gran cantidad de litros por segundo en el balneario de Ojo de Agua. Por otro lado, en el subsuelo de las montañas de Heredia existe una gran cantidad de agua que podría resolver las necesidades de los habitantes de la GAM de ese líquido vital. Lo que se requiere es decisión. 8.6 Ninguna persona debe vivir sin acceso a agua potable. Promoveremos la aprobación de una reforma constitucional para adicionar varios párrafos al artículo 50 de la Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua. Además de esta reforma constitucional, el ICAA deberá identificar los poblados en donde no hay agua potable y deberá tomar las acciones necesarias para darles acceso a agua potable.
20. 215 9. MODERNIZAR EL MODELO DE FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. Como principio general la infraestructura debe ser financiada por quien la utiliza. Es necesario, además adoptar el paradigma de Costo Total al evaluar proyectos y optar por la modalidad de ejecución, ya sea estatal o en asocio con el sector privado, que implique un menor Costo Total para los contribuyentes y/o usuarios. El Costo Total de una obra de infraestructura debiera ser el siguiente: Costo de Planificación + Costo de Construcción + Costo Operación y Mantenimiento + Costo de Financiamiento + Riesgo de Sobre Costos + Riesgo de Atraso + Otros Riesgos Inherentes (ej. desastres naturales) + Costo de Oportunidad. Este enfoque contrasta con la realidad actual. La planificación de los proyectos se ha limitado exclusivamente a la etapa de construcción, dejando de lado los recursos necesarios para el mantenimiento, el pago de financiamiento y el impacto de potenciales riesgos inherentes (desastres naturales, cambios en mercados financieros, sobre-costos, etc.). Dicho en términos sencillos, se creó la cultura de trasladar a las futuras generaciones, tanto la obligación de reconstrucción (a un costo mayor que el mantenimiento) como de cancelación de las deudas adquiridas. 9.1 Utilizar el financiamiento directo de obras. Debemos utilizar el financiamiento directo proveniente de ingresos tributarios o endeudamiento público para financiar los proyectos que no generan ingresos por concepto de peajes o tarifas. Actualmente tenemos una especie de líneas de crédito aprobadas con el BID y el BCIE que debemos utilizar cuanto antes. En la contratación de la construcción de la infraestructura deberán explicitarse los riesgos de sobre costos, de atraso y otros inherentes en los contratos de construcción y aplicar todos los mecanismos legales costarricenses e internacionales para hacer cumplir estos. 9.2 Titularizar flujos de caja de activos públicos. La Asamblea Legislativa está a punto de aprobar un proyecto de ley presentado
21. 216 por la anterior bancada de nuestro partido para titularizar flujos de caja. Esperamos que dicho proyecto esté aprobado para el 2018. Bajo esta figura el Estado mismo o un Fideicomiso creado por el Estado, construye aquellos proyectos catalogados como “de mayor escala” y que generan ingresos por concepto de peajes o tarifas. Inicialmente el proyecto tendrá que construirse con los recursos disponibles o de endeudamiento. Para seguir construyendo este tipo de proyectos sin necesidad de recurrir a un sobreendeudamiento externo, una vez que una obra está construida, el Estado ofrece en el mercado nacional títulos valores respaldados por el valor o flujo proveniente de un portafolio de servicios masivos, tales como peajes, tarifas de tren, tarifas portuarias, tarifas de disposición de aguas residuales, etc. y con estos ingresos asegura un flujo de caja adecuado para continuar con la siguiente obra. Estos títulos se pondrían a la venta y podrían adquirirse por entidades del Sistema Financiero Nacional como bancos, fondos de inversiones, fondos de pensiones y otros inversionistas privados a un plazo de 20 años mínimo. También podríamos titularizar ya los flujos provenientes de los servicios de generación eléctrica de las plantas existentes del ICE; los de los servicios de transmisión; los de los servicios de agua potable; peajes actuales; y los servicios de trasiego por el poliducto de RECOPE. Sería una forma de democratizar la propiedad pública y monetizar el valor de esos activos para invertir en más infraestructura pública. 9.3 Utilizar el ahorro nacional para coinvertir en la construcción de infraestructura pública concesionada. Los fondos de pensiones, así como recursos de inversión de instituciones como el INS y los bancos del Estado, podrían invertirse en el financiamiento del desarrollo de infraestructura, para que por medio del cobro de peajes o tarifas se retribución a mediano y largo plazo la inversión realizada con el rédito respectivo.
22. 217 9.4 Transferir a título gratuito las utilidades acumuladas del INS para ser utilizadas en la construcción de infraestructura. El INS es una empresa pública de todos los costarricenses. A lo largo de los años ha acumulado utilidades más allá de los requerimientos de capitalización establecidos por nuestra normativa. Ese dinero debe transferirse a título gratuito al gobierno central para invertirlo en obras de infraestructura que nos beneficie a todos. 9.5 Vender la cartera de seguros comerciales del INS para invertir ese dinero en proyectos de infraestructura. Actualmente existen 13 empresas de seguros privadas. Perfectamente podríamos vender la cartera de seguros comerciales del INS para que esa institución se concentre únicamente en los seguros obligatorios (vehículos y riesgos de trabajo) y darle una mayor rentabilidad social a ese activos de todos los costarricenses. Con los recursos que se obtengan de la venta de esa cartera de seguros, podremos invertir en muchos proyectos de infraestructura vial, de transporte público, de infocomunicaciones y de agua. Todas esas inversiones mejorarán la calidad de vida de las familias y nos hará ser más competitivos mejorando el clima de inversiones. Si hay más inversiones, habrá más empleos y más ingresos tributarios. 9.6 Utilizar adecuadamente la figura de la concesión. En materia de concesiones, desde la aprobación de la legislación en la década de 1990, opera en el país solamente un proyecto vial (Ruta 27), uno portuario (Caldera), un aeropuerto (Liberia) y se adjudicó la terminal de contenedores de Moín a APM Terminales. En el caso del aeropuerto Juan Santamaría, su administración y ampliación fue licitada a través de la figura de la gestión interesada. La Contraloría General de la República estima que el Sector Público cuenta con créditos disponibles y por ejecutar de más de $2.000 millones, mientras que hay más de $3.000 millones adicionales que
23. 218 corresponden a potenciales proyectos bajo la figura de concesión de obra pública. Para acometer el reto de concesionar la construcción y los servicios de diferentes obras públicas se requiere: 9.6.1 Fortalecer el Consejo Nacional de Concesiones. Debe cambiarse su naturaleza jurídica, para que en lugar de ser un órgano de desconcentración máxima del MOPT pase a ser de desconcentración mínima. Ello implicará eliminar la Junta Directiva y cierto personal redundante con el MOPT. Al mismo tiempo debemos fortalecer la Dirección de proyectos de Iniciativa Privada y la de Fiscalización de Concesiones con personal altamente calificado. 9.6.2 Actualizar la Ley 7762 Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos y su modificación mediante la ley 8643. La idea es incorporarle otras opciones de Alianzas Público Privadas (APP), para lo cual revisaremos las experiencias positivas en diferentes países más desarrollados que el nuestro, así como en otros en América Latina donde las APP se estén utilizando exitosamente. 9.7 Promover la figura de los “BOT”. Dichas siglas en inglés significan “Build, Operate and Transfer”, lo que traducido al español sería “Construya, Opere y Transfiera”. A través de este mecanismo, los entes públicos que requieran de cierta infraestructura sacarían a licitación con el sector privado los proyectos, para los cuales el contratista deberá conseguir el financiamiento y operar la obra de infraestructura durante los años que se requiera para que recupere la inversión y obtenga su utilidad, luego de lo cual le traspasará al ente público respectivo la obra de infraestructura. Ya este mecanismo se utiliza por parte del ICE para proyectos eléctricos y
24. 219 podría extenderse su aplicación para diferentes otras obras de infraestructura pública. 9.8 Promover “Joint ventures”. La ley de fortalecimiento del ICE preveé las posibilidades de utilizar esa figura, que es la conformación de una sociedad del ICE con otra empresa estatal extranjera, para llevar a cabo proyectos grandes. La ventaja de ese tipo de esquema es la rapidez para iniciar los proyectos y el riesgo compartido. También se contempla esa posibilidad en la ley de fortalecimiento del INCOFER. Para los proyectos futuros del ICE e INCOFER deberá contemplarse la utilización de este mecanismo para su construcción, financiamiento y operación. 9.9 Promover la Iniciativa Privada. A pesar de estar contemplada esta figura en la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, esta no se ha utilizado hasta la fecha. Mediante este mecanismo, es el privado el que propone a la Administración Pública un proyecto de concesión. Para ello el privado realiza todos los estudios requeridos para sacar a licitación el proyecto, asignándoles un costo, el cual le deberá ser reconocido por quien resulte adjudicado, en el caso de que el promotor de la iniciativa privada ganare la licitación. Sobre este tema proponemos que los entes públicos promuevan activamente la figura, e inviten a los particulares a proponerle formas de sacarle provecho a activos que estos tengan, o simplemente a hacerle propuestas de negocio al Estado costarricense, las cuales puedan sacarse adelante mediante este mecanismo. Actualmente hay un proyecto encaminado a través de este mecanismo, que es la terminal portuaria de trasbordo de contenedores, ubicada al Norte de la nueva terminal portuaria de Moín. En nuestra Administración haremos lo que nos corresponda para facilitar el proceso que esperamos concluya con la adjudicación de esa concesión.
25. 220 9.10 Promover las donaciones. Muchas veces la Administración Pública no está en condiciones de proveer un determinado servicio por falta de recursos y capacidades institucionales. Una forma de no detener el desarrollo es mediante la puesta en práctica de un mecanismo eficiente de construcción y donación de la infraestructura al ente público a cambio de contar con los servicios que motivaron la construcción y donación. Este mecanismo se utiliza hoy, aunque no de una forma estructurada, para contar con el servicio eléctrico. El ICE o las empresas distribuidoras de electricidad solicitan a quienes están interesados en extender la red, que deberán donar a la institución los postes, cable y transformador que se requieran. Lo mismo podría aplicarse para la construcción de acueductos. Si este mecanismo hubiere sido formalizado para su utilización en el sector público, no habríamos tenido los problemas que se dieron para el desarrollo del acueducto de Sardinal en Guanacaste. 9.11 Utilizar empresas municipales mixtas. Ya existe el marco normativo para establecer este tipo de Alianzas Público Privadas a nivel municipal, sin embargo a la fecha no se ha utilizado. Proponemos que se inicie con un plan piloto para afinar todo el engranaje normativo, especialmente en lo referido a los controles y luego promocionar con todos los Gobiernos locales esta forma de brindar bienes y servicios en los municipios que se traduzca en un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. El mantenimiento y mejoramiento vial puede ser una buena forma de iniciar con el establecimiento de este tipo de empresas. 10.PAPEL RECTOR DEL MOPT. Mantener al MOPT como ente rector de todo el Sector de Infraestructura de Transporte, con alrededor de cuatro objetivos fundamentales: la planificación del desarrollo vial, ferroviario, portuario y aeroportuario; la fiscalización técnica y legal de las obras de infraestructura, las concesiones y políticas de transportes; la asistencia
26. 221 técnica y de maquinaria bajo convenios (fondos de contrapartida) a las Municipalidades para que, de forma conjunta, se logre rescatar la Red Vial Cantonal hasta tanto los municipios puedan hacerse cargo por sí solos; y la administración general orientada a la atención de los anteriores. 10.1 Eliminar la desconcentración máxima de los Consejos del MOPT. Luego de varios años de ejecutar a través de Consejos (CONAVI, COSEVI, CTP, CTAC, y la CNC) es necesario hacer un replanteamiento sobre el accionar de estos entes desconcentrados. Proponemos eliminar la desconcentración máxima de esos consejos, para que pasen a ser órganos de desconcentración mínima. Esto implicará eliminar las Juntas Directivas y fusionar áreas de apoyo. El Poder Ejecutivo procederá a nombrar un Director Ejecutivo y se recuperará la autoridad política del Ministro. Ya nuestra bancada legislativa presentó un proyecto en esa dirección, que se tramita bajo el expediente # 19.976. Esto le daría al MOPT mayor dirección y al mismo tiempo responsabilidad por lo que haga o deje de hacer cada uno de esos órganos de desconcentración mínima, lo cuales se convertirán en verdaderos brazos ejecutores de la política pública del Poder Ejecutivo en esas materias. También significaría una reducción sustancial de gasto público al eliminarse las Directivas y evitar la redundancia con departamentos legales, de control interno, proveedurías, recursos humanos, etc. 10.2 Explorar la división del MOPT en dos ministerios: el de obras públicas y el de transporte público. Profesionales muy serios, vinculados a la Cámara Costarricense de la Construcción, señalan que es necesario dividir el MOPT en dos Ministerios: el Ministerio de Obras Públicas, que tendría a cargo el fomento mediante la figura de alianzas público privadas de las obras de infraestructura, por un lado; y el Ministerio de Transportes, por otro, a cargo del desarrollo de los nuevos sistemas de transporte público intermodal.
27. 222 Estudiaremos esa propuesta con seriedad para valorar la posibilidad de llevarla adelante. 10.3 Trasladar competencias del MOPT a los gobiernos locales. Es necesario completar el proceso de descentralización y traslado de ciertas competencias y funciones del MOPT a los gobiernos cantonales tales como: ingeniería vial (señalamiento, sentido de vías, semáforos, etc); Policía de Tránsito (regulación de tráfico y sanciones a infracciones a la Ley de Tránsito); construcción y mantenimiento de vías.
28. 223 IX. APORTE SOCIAL PÚBLICO: AYUDA PARA LA AUTOAYUDA Cada individuo en pleno uso de sus capacidades mentales y físicas, debe asumir la responsabilidad de buscar y aprovechar las oportunidades para convertirse en una persona competente, productiva y autosuficiente. El Estado, siguiendo el principio de la acción subsidiaria, debe crear las condiciones para auxiliar a aquellos que por su situación de miseria o por incapacidad física o mental, no pueden valerse por sí mismos. La inversión orientada al auxilio de los sectores vulnerables debe ser directa, eficiente, temporal y transparente, es decir, debe ser dirigida estrictamente a las personas identificadas en situación social marginal; debe lograr el impacto esperado en un plazo determinado y debe rendirse cuentas de la calidad y buen manejo de los recursos. El objetivo de la ayuda social debe ser la promoción de la auto ayuda (salvo casos de incapacidad total) y la dignidad de la persona en todas las circunstancias. Bajo ningún motivo se utilizará el asistencialismo para fomentar el clientelismo político ni sectorial (Estado clientelista), ya que este tipo de esquemas socavan al necesitado y fomentan la concentración del poder destruyendo la médula democrática. Específicamente proponemos: 1. SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIAL. Luego de algunos años del Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) y luego del Sistema de información para la Gestión Integrada de los Programas Sociales Selectivos (SIGIPSS), ahora tenemos el Sistema Nacional de Información y Registro Único de beneficiarios del Estado (SINIRUBE). Sobre este tema proponemos: 1.1 Mantener el apoyo al SINIRUBE. Esta base de datos debe consolidarse ya que es una herramienta fundamental para maximizar el uso de los fondos de asistencialismo social para atender necesidades de las personas que viven en estado de pobreza. 1.2 Consolidar en esa única base de datos todas las transferencias y apoyos públicos. En esa base de datos debe aparecer la información
29. 224 consolidada quiénes han recibido y reciben bonos de vivienda, becas de FONABE y AVANCEMOS, parcelas del INDER, pensiones del régimen no contributivo, transferencias del IMAS y otras. El contar con esa información nos permitirá identificar si hay personas que no deberían estar recibiendo ayudas sociales porque no se encuentran en las condiciones socioeconómicas que se requiere para ser beneficiarias de ayudas sociales. 1.3 Involucrar a los Asistentes Técnicos de Atención Primaria en Salud (ATAPS), adscritos a los distintos EBAIS, para alimentar esa base de datos. Los ATAPS están en contacto con todas las personas adscritas a los más de 1.000 EBAIS en el país. Ese contacto personal debe ser utilizado para recopilar información que luego deberá ser contrastada con la proveniente de las bases de datos de todos los programas sociales y luego de depurada esa información deberá ser incluida en el SINIRUBE. 2. CONTROL CIUDADANO SOBRE LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES. Hacer público quiénes son los beneficiarios de todos los programas de asistencialismo social, de tal forma que la ciudadanía pueda fiscalizar si las personas que están recibiendo esas ayudas sociales cumplen con los requisitos establecidos por ley. Por ejemplo, deberán publicarse en internet, ordenado por orden alfabético y con cédula de identidad, a todos los beneficiarios de las ayudas sociales. Nuestro Gobierno dará aporte social público solamente a ciudadanos costarricenses que califiquen. 3. RECTORÍA INSTITUCIONALIZADA. No puede ser que la rectoría pase por varios ministerios o presidencias ejecutivas de instituciones según la Administración de turno, e incluso dentro de una misma Administración. En ese sentido debe seguirse la recomendación de la Contraloría General de la República en el sentido de establecer una rectoría institucionalizada de política social selectiva. El Ministerio de Trabajo y
30. 225 Seguridad Social, el cual tiene adscrito el Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF) debería ser el Ministerio rector. Además, pretendemos darle a esa rectoría el acompañamiento político del más alto nivel a través de una asignación especial para la segunda Vicepresidente, con la misión de dotar del músculo político al Ministerio rector. 4. EVALUAR TODOS LOS PROGRAMAS SOCIALES. Esto con el fin de identificar gastos duplicados, desperdicio, clientelismo y buscar formas de reducir los gastos administrativos al máximo. El dinero de las transferencias sociales debe ser utilizado para ayudar a las familias que se encuentran en pobreza extrema a salir de ella y no deben consumirse en burocracia y gastos administrativos. La evaluación debe ser permanente, de tal forma que se pueda contar con información que permita saber si un determinado programa está logrando sus objetivos. Programa que perpetúe la pobreza y que no facilite la movilidad social debe ser sustituido. 5. COORDINACIÓN CON PROGRAMAS SOCIALES DEL SECTOR PRIVADO. Adicionalmente a los recursos que el Estado destina a los programas de asistencialismo social, el sector privado, mediante organizaciones con o sin fines de lucro, destina una suma importante a atender problemas relacionados con la pobreza. Si hubiera una mayor coordinación entre las acciones del Estado y las del sector privado lograríamos impactar de una manera más efectiva en la reducción de la pobreza extrema, y de la pobreza en general. Por eso proponemos que desde el Ministerio rector se trabaje de la mano con todos esos otros actores sociales para coordinar esfuerzos y reducir significativamente la pobreza en el país. Específicamente proponemos:
31. 226 5.1 Vincular programas de responsabilidad social corporativa en la reducción de la pobreza extrema. Existen empresas que aportan una suma importante de dinero al año para programas que las empresas han denominado de “Responsabilidad Social Corporativa”. Algunos de esos programas impactan el entorno inmediato de una empresa en las comunidades donde estas se encuentran ubicadas; otras utilizan los recursos para consolidarlos con recursos de otras empresas, los cual son invertidos en programas de un carácter menos comunal y más de índole nacional, como la Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED). A la hora de tomar la decisión estratégica de impactar una comunidad donde hay una concentración de pobreza extrema, deberá buscarse el apoyo de esos programas, para que junto con otros recursos de otros actores, incluido el Estado, podamos impactar en la meta de erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza en términos generales. 5.2 Involucrar a las organizaciones religiosas de diferentes denominaciones para que a través de sus ministerios y actividades puedan coadyuvar en la reducción de pobreza extrema. Las diferentes denominaciones religiosas cuentan con programas muy importantes de ayuda a las personas más desposeídas de la sociedad. La coordinación con esas organizaciones religiosas permitirá maximizar la utilización de los fondos orientados al asistencialismo social, tanto los fondos públicos, como los privados. 5.3 Coordinar con los Programas de otras organizaciones sociales. También hay un sinnúmero de otras organizaciones sociales sin fines de lucro, que contribuyen a construir un tejido social orientado a hacer de nuestra sociedad una más solidaria con personas que no pueden salir adelante solas. La identificación de esas organizaciones y la coordinación de las acciones con todos los otros actores sociales y estatales nos permitirán impactar de una mejor manera en la reducción de la pobreza en nuestro país.
32. 227 5.4 Promover el programa “Adopte una Familia”. Como parte de la meta de erradicar la pobreza extrema, proponemos que desarrollemos el programa “Adopte una Familia”, para que las personas y familias más acomodadas del país se hagan cargo de los gastos de muchas de las familias en pobreza extrema mientras estas logran generar sus propios ingresos para salir adelante. 5.5 Promover el programa “Padrinos o Madrinas”. Otra forma de hacerlo es a través del programa “Padrinos o Madrinas”, para niños en pobreza extrema. Este programa pretende que personas en una condición socioeconómica holgada puedan ayudar a niños en pobreza extrema con los gastos de su manutención y estudios, hasta que alcancen la edad de poder trabajar y obtengan un trabajo que les permita mantenerse por sí mismos. 5.6 Apoyar programas como el de Banco de Alimentos. Desde que funciona el Banco de Alimentos, hace casi varios años, esa organización social sin fines de lucro ha distribuido millones de platos de alimentos, que de no ser por este proyecto habrían terminado en la basura. Miles de personas han recibido a lo largo de estos años 2 platos de comida al día, a través de más de 150 organizaciones entre comedores infantiles, hogares de ancianos, centros de rehabilitación y asociaciones de atención a madres adolescentes. 6. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA EN 4 AÑOS. Un poco más de 86.000 familias personas viven en pobreza extrema. A pesar de que el Estado costarricense destina casi $1.000 millones anuales para programas de asistencialismo social orientados a combatir la pobreza, esta se mantiene estática como porcentaje de la población, pero aumentando año a año la cantidad de personas pobres y las que viven
33. 228 en extrema pobreza. Actualmente hay más de 300.000 familias en pobreza. Esa cantidad de dinero representa aproximadamente 550.000 colones al mes por familia en pobreza extrema. Como vemos, dinero hay y eso sin tomar en cuenta la cantidad de dinero que otros actores sociales aportan todos los años en diferentes programas sociales. El gran problema es la forma en que se asignan y distribuyen esas transferencias sociales. Con el liderazgo adecuado estaremos en condiciones de erradir la pobreza extrema en nuestro país en el lapso de 4 años. 7. MEJORAR EL ENTORNO URBANO. Pobreza no debe ser sinónimo de suciedad, abandono o del concepto de “tierra de nadie”. Si se mejora el entorno, habrá un impacto en la reducción de la delincuencia, aumentará la autoestima de quienes habitan las comunidades donde está concentrada la pobreza y las personas estarán en mejores condiciones de salir adelante. Por eso deberá hacerse un mayor uso del Bono Comunal, con recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), para dotar a las barriadas donde está concentrada la pobreza extrema de alumbrado público y agua potable, manejo de aguas servidas y llovidas, salón comunal, canchas multiuso, zonas verdes y caseta vigilancia. Deberá coordinarse también con instituciones como el ICE y al CNFL, así como con el ICAA para lo que corresponda. 8. CAPACITAR PARA EL TRABAJO. Debemos evitar la cultura de dependencia y del clientelismo. Únicamente es aceptable que personas que no puedan valerse por sí mismas dependan de transferencias sociales. Las que pueden salir adelante a través de su propio esfuerzo, deberán recibir el apoyo para que se conviertan en personas productivas, responsables de su propio proyecto de vida. La condición de pobreza extrema le impide a jóvenes asistir a clases regulares al colegio, bachillerato por madurez o al INA. Esa situación debe llevar al INA a las comunidades para impartir clases en los salones
34. 229 comunales, para aquellos cursos que no requieran de cierto tipo de maquinaria y materiales didácticos. La capacitación para el trabajo, así como el apoyo para su inserción en el mercado laboral debe ser el enfoque de los cursos que lleve el INA a las comunidades. La promoción social, mediante la incorporación de las familias a procesos de capacitación y organización comunitaria, permitirán la superación personal y la consecuente movilidad social. 9. DEPURAR EL SISTEMA DE BECAS PARA ESCUELA Y COLEGIO. Las becas deben ser sólo para quienes califiquen. Ese programa de asistencialismo debe ir focalizado hacia personas que verdaderamente estén en tal condición de que de no ser por la beca no podrían seguir estudiando. 9.1 Revisar los programas AVANCEMOS y FONABE. El programa Avancemos requiere una detallada revisión sobre los beneficiarios y los resultados puntuales, así como una adecuada coordinación con los beneficiarios del Fondo Nacional de Becas (FONABE) con el fin de garantizar la conclusión de los ciclos de primaria y secundaria para jóvenes que demuestren resultados positivos. 9.2 Luchar contra la expulsión, conocida como deserción, o repitencia sin sacrificar la exigencia académica. Como son ayudas condicionadas a la permanencia en clases, en el momento en que alguien abandona la escuela o colegio pierde el derecho a recibir dicha transferencia social. Debe excluirse de las transferencias a quienes repitan el año o sean mayores de 18 años de edad. Una política social como esa no debe constituirse en un incentivo perverso para mantener en el sistema educativo a los estudiantes, obligándolos a “perder el año”, con tal de seguir recibiendo la transferencia.
35. 230 10. REHABILITAR ADICTOS. Una de las causas de la pobreza en muchas familias está relacionada con las adicciones. De ahí que sea de vital importancia ejecutar programas de rehabilitación de adictos, así como de prevención de adicciones. Para ello deberán eliminarse requisitos innecesarios para facilitar la operación, así como para reducir los costos de operación de centros de desintoxicación y rehabilitación privados, administrados por entidades con o sin fines de lucro. 11. PENSIONES. El monto de la pensión que una persona reciba debe estar relacionado con la cantidad de dinero que esa persona acumuló periódicamente durante su vida productiva, más los intereses (compuestos) producto de la inversión de esos recursos. El efecto de los intereses compuestos hace que entre más tiempo transcurra, el capital acumulado e invertido crezca exponencialmente, o sea, no en forma lineal. Con ese capital, el ahorrante o cotizante debería tener la posibilidad de escoger el sistema de retiro que desee. Por ejemplo: compra de una renta vitalicia que se extinguiría al fallecer el pensionado; renta vitalicia parcial con indicación de que al fallecer los dineros no utilizados puedan ser heredados; el pago de todo lo acumulado de una sola vez, lo que podría utilizar el pensionado para hacer algunas inversiones que le reditúen un dinero mensual que le permita sufragar sus gastos. A lo largo de los años, los políticos de turno, presionados por diferentes grupos de presión, distorsionaron la forma en que un sistema de pensiones debería funcionar y crearon diferentes regímenes de pensión con cargo al presupuesto nacional. De esa manera nos obligaban a todos a pagar por la pensión de unos cuantos, rompiéndose la relación que debe existir entre monto ahorrado mensualmente por parte de cada pensionado, cantidad de años de ahorro e inversiones acumuladas. Con esos sistemas ya no importaba el ahorro personal. El monto de la pensión se fijaba, ya no en función del ahorro sino en relación a los mejores salarios recibidos a lo largo de su vida productiva. Obviamente esos sistemas de pensión no son sostenibles y terminamos todos pagando por la pensión de unos pocos.
36. 231 Precisamente ese ha sido uno de los disparadores del gasto público y del desequilibrio en las finanzas públicas. Otros sistemas de pensión en nuestro país, son el régimen de reparto de la CCSS, el cual está técnicamente quebrado, las pensiones complementarias obligatorias y voluntarias, o el sistema no contributivo para personas adultos mayores en condición de pobreza. Nuestras propuestas sobre los regímenes de pensiones son las siguientes: 11.1 Régimen de pension de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El sistema de pensiones IVM de la CCSS, para el cual cotizamos obligatoriamente más de 1.600.000 trabajadores, está al borde de la quiebra. Esto significa que estamos siendo estafados por un sistema que nos promete una pensión luego de una cantidad de cotizaciones, y que no está en capacidad de cumplir con su promesa. Propongo lo siguiente: 11.1.1 Hacer estudio actuarial independiente de inmediato y someter el IVM a la supervisión de la SUPEN. Las últimas administraciones del PLN, PUSC y PAC se han mostrado reacias a permitir a la Superintendencia de Pensiones revisar los estados financieros del régimen de pensiones de IVM y hacer los estudios actuariales pertinentes. Ello es necesario para que quede claro a todos los costarricenses la dimensión del pasivo contingente que tiene el Estado costarricense con todos los cotizantes a ese sistema de pensión. No debe darse más largas al asunto. El Poder Ejecutivo, mediante la persona al frente del Ministerio rector deberá girar la directriz y esta deberá ser acatada por los jerarcas de la CCSS, para que se “abran los libros” de dicho régimen de pensiones para la SUPEN. Para ello también podrá recurrirse a la persuación a los miembros de la Junta Directiva de dicha entidad, tomando
37. 232 en consideración de que varios de ellos son nombrados directamente por el Poder Ejecutivo. 11.1.2 Buscar de inmediato una respuesta al problema de los sistemas de reparto. El problema con este sistema de reparto, es que no es muy diferente al sistema de “pirámide” en las que se sustenta el esquema Ponzi de estafa. Esos sistemas sólo son sostenibles hasta el tanto haya más trabajadores entrando a la fuerza laboral que pensionándose. Sin embargo, debido a los cambios demográficos que experimenta el país, como la caída sostenida en la tasa de natalidad, cada vez hay menos trabajadores por cada pensionado. Es decir, cada vez hay menos personas financiando las pensiones de los jubilados. Además, el costarricense promedio ahora vive más tiempo, por lo que los años en que una persona no trabaja luego de su retiro (y recibe pensión) son cada vez más. El problema es muy serio y debe ponerse en práctica una solución de inmediato. 11.1.3 Elevar la edad de retiro y aumentar cuotas es una falsa solución. No son pocos los que abogan por elevar la edad de retiro y aumentar las cuotas que se cotizan al IVM. Si bien es cierto que esas medidas podrían aplazar por varios años el colapso definitivo del IVM, no resuelven el problema y máxime tomando en consideración la mayor expectativa de vida de los costarricenses, así como el cambio demográfico. 11.1.4 Transformar el sistema de reparto en uno de capitalización individual. No hay que inventar el agua tibia. Muchos países en el mundo enfrentaron situaciones similares y las
38. 233 resolvieron mediante la conversión del sistema de reparto en uno de capitalización individual. Ya nosotros tenemos una plataforma normativa que nos permitiría hacer la transformación rápidamente. Me refiero a toda la normativa para el funcionamiento de pensiones complementarias obligatorias creada por la Ley de Protección al Trabajador hace más de 10 años. Dicho sistema de pensión está sustentado en cuentas de capitalización individual, debidamente supervisadas por SUPEN y administradas por varias operadoras de pensiones con experiencia acumulada de varios años. 11.1.5 Características del nuevo IVM. El nuevo IVM tendría las siguientes características: 11.1.5.1 Obligatoriedad de cotización. Se mantendría la obligatoriedad de la cotización que actualmente se hace al IVM, correspondiente al 10.16% del salario entre las contribuciones del Estado, el patrono y el trabajador (3.84 el trabajador, 1.24 el Estado, 5.08 el patrono). Esa obligatoriedad está establecida en el artículo 73 de la Constitución Política. 11.1.5.2 Depósito de una parte del monto de la cotización en la cuenta de capitalización individual. Del porcentaje mencionado en el punto anterior, se depositará el 7.5% en la cuenta de capitalización individual, con lo que el monto mensual de esta será del 10.5% del salario en lugar del 3% actual; y el restante 2.66% se mantendrá dentro del sistema de reparto. La Constitución no establece ni
39. 234 el monto de la contribución tripartita, ni la característica del fondo en el sentido de que tenga que ser de reparto. Lo único que establece es la obligatoriedad de la contribución para los seguros sociales. 11.1.5.3 El asegurado sería el dueño de su cuenta de pensión. A diferencia del sistema actual del IVM, donde el cotizante no es dueño del monto acumulado, bajo el sistema de cuenta de capitalización individual ese monto acumulado pertenece al cotizante. Si por alguna razón falleciere antes de llegar a su edad de retiro, el monto acumulado podrá ser heredado a sus familiares o a quien el asegurado decida mediante testamento. El cotizante sabrá todos los meses a cuánto asciende su ahorro para la pensión. 11.1.5.4 Administración de la cuenta de capitalización individual. Las cotizaciones de los trabajadores serán administradas por las mismas operadoras de pensiones que existen en la actualidad en el país y que manejan los fondos de pensiones complementarias. Los cotizantes tendrán la libertad de escoger cuál operadora de pensiones administra su fondo de pensión, así como de decidir las condiciones de su propio retiro cuando llegue ese momento. 11.1.5.5 Garantía de que todos recibirán al menos lo que el IVM actual ofrece. Los cotizantes de menos de 45 años, al cambiar el sistema de reparto por uno de
40. 235 cuentas de capitalización individual y sumarlo al de la pensión complementaria obligatoria, podrán construir un patrimonio que les permitirá recibir un monto de pensión muy superior al que el IVM les ofrece actualmente. En relación con los cotizantes mayores de 45 años, el Estado deberá asumir el compromiso de completarles el monto de la pensión para que este sea al menos igual al monto que iban a recibir bajo el sistema actual del IVM. Para determinar cuál es el faltante, deberá sumarse lo que esas personas tuvieren acumulado por concepto de pensión complementaria obligatoria anterior al momento de la transición al nuevo sistema, así como todas las cotizaciones que hiciere a partir del momento de la transición, y sus rendimientos financieros. Por otro lado, en cuanto a las personas que se encuentran pensionadas actualmente bajo el sistema del IVM, estas seguirán recibiendo el monto de pensión que reciben, más los incrementos que están previstos en la normativa vigente. Para estos 2 últimos casos, la CCSS contará con los recursos financieros provenientes del 2.66% del monto del salario de la totalidad de los trabajadores del país, el cual seguirá manejándose bajo el sistema de reparto. Si hubiere faltantes, el Poder Ejecutivo deberá incluir en el presupuesto nacional las transferencias de recursos necesarias para cumplir con las obligaciones de la CCSS con los cotizantes. Cuando fenecieren las obligaciones de la CCSS con los cotizantes mayores de 45 años y con los pensionados actuales, el 2.66% que se utilizaba para crear el fondo de reparto será incorporado a las cuentas
41. 236 de capitalización individual. Para que el Poder Ejecutivo pueda cubrir esos faltantes e incluir las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, podrán utilizarse los ingresos provenientes de las regalías que se obtenga por la explotación de recursos naturales como el gas natural. 11.2 Las pensiones del régimen no contributivo de la CCSS. Así como nuestros padres de familia o abuelos cuidaron de nosotros cuando éramos niños, todos deberíamos cuidar de nuestros progenitores cuando estos sean adultos mayores. Ese tipo de valores debe inculcarse a través del sistema educativo en todas las personas. No se justifica que haya adultos mayores abandonados, contando con familiares que no tienen necesidades económicas. Cada familia debe hacerse cargo de los adultos mayores de esa familia. Para los casos de adultos mayores en situación de pobreza y sin apoyo familiar, existen los recursos del régimen de pensión no contributiva, el cual proponemos que se mejore de la siguiente manera: 11.2.1 Aumentar la cobertura. Propongo aumentar la cobertura de este régimen para que la totalidad de las personas adultas mayores, en situación de pobreza y sin apoyo familiar, que no han cotizado a un sistema de pensiones, sean protegidas por el programa. 11.2.2 Depurar las listas. Debemos depurar las listas de personas beneficiarias, de manera que todos los fondos del programa se dirijan a las personas que realmente lo necesitan y se minimicen las filtraciones hacia quienes no requieren esta ayuda. Deberá hacerse visitas aleatorias a los beneficiarios con el fin de verificar que efectivamente los adultos mayores en condición de pobreza y sin apoyo
42. 237 familiar están recibiendo esa pensión, y que no estén expuestos a algún tipo de violencia patrimonial por parte de personas cercanas a ellos. Por otro lado, el Registro Civil deberá informar cada semana a la CCSS sobre las defunciones registradas en esa semana para que la CCSS excluya de la lista de beneficiarios a las personas fallecidas. 11.2.3 Apoyo de las familias y del sector privado. Para el caso de adultos mayores sin familia, o abandonados por estas y sin medios económicos para subsistir, se podrá poner en marcha un programa denominado “Adopte un adulto mayor en pobreza”. Este tipo de programa se sumará a lo que diferentes organizaciones sociales realizan en esta área, así como a la pensión del régimen no contributivo que otorga la CCSS con dineros provenientes del FODESAF. 11.2.4 Simplificar el sistema de pago de la pensión. Una vez ingresada una persona al sistema, el pago deberá ser por transferencia electrónica, o mediante retiro del dinero en las sucursales del banco que ganare la licitación de distribuir esos dineros mensualmente entre todos los pensionados. 11.3 Regímenes de pensiones complementaria obligatoria y voluntaria. Con la Ley de Protección al Trabajador se creó todo el andamiaje normativo para el funcionamiento de la pensión complementaria voluntaria y también la obligatoria. En dicha normativa se establecen normas prudenciales para el manejo de los fondos de pensiones y la separación de estos con la administración de las operadoras. Además se creó la Superintendencia de Pensiones
43. 238 (SUPEN), la cual ha realizado una buena gestión desde su creación. Más de 15 años de experiencia han consolidado el sistema, sin embargo, se requiere hacer al menos hacer el siguiente ajuste: 11.3.1 Permitir una mayor diversificación del portafolio de inversiones con los fondos de pensiones. Una crítica que se ha hecho a los fondos de pensión es que estos son invertidos mayoritariamente en títulos de deuda pública del Estado costarricense y generalmente con rendimientos muy bajos. Se requiere hacer una reforma a la ley para permitir una mayor diversificación del portafolio de inversión de esos fondos, de tal manera que puedan utilizarse para el financiamiento de ciertos proyectos de infraestructura pública en nuestro país, el cual le reditúe a los fondos de pensiones un rendimiento superior al que están recibiendo actualmente. De esta manera, mediante el ahorro de cientos de miles de cotizantes, podremos construir obras de infraestructura necesarias para el país. 11.4 Otros regímenes con cargo al presupuesto nacional.Existen varios regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional que deberían revisarse. No debemos olvidar que un sistema moral de pensiones, es aquel en que el monto de la pensión es una función del monto del ahorro, la periodicidad de esas cotizaciones a lo largo de un período largo de años y los rendimientos financieros de esos fondos. En otras palabras, cada persona, a través de sus cotizaciones debe construirse su fondo de pensión y no obligar a otros a pagar por la pensión de uno. Con ese criterio debería revisarse cada uno de los regímenes de pensiones y si no cumplieren con el criterio, entonces deberán hacerse los ajustes necesarios. No se vale obligar a todos, a través de los impuestos que nos extraen a la fuerza, a pagar pensiones de personas que no cotizaron lo suficiente para recibir los montos que están recibiendo
44. 239 actualmente. Durante el presente cuatrienio nuestra bancada a contribuido para hacer reformas importantes a varios de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, eliminando muchos de los abusos que contenían dichos regímenes así como dándole mayor sostenibilidad al régimen del Poder Judicial.
45. 240 X. DESARROLLO SOSTENIBLE Y CALIDAD AMBIENTAL Para lograr el nivel de bienestar humano que anhelamos, deberemos utilizar y aprovechar en forma sostenible los recursos naturales de nuestro país. El desarrollo económico y protección del ambiente no son excluyentes. El desarrollo sostenible se gestiona estableciendo los mecanismos para que el desarrollo económico se complemente mutuamente con la protección del ambiente. La protección del ambiente debe hacerse desde el ámbito público y privado. No se debe partir de que la única forma de protección es si la propiedad es pública. Por el contrario, la protección del ambiente será más efectiva si se involucra la iniciativa privada, si se estimula la protección de la propiedad privada, si se incluyen mecanismos de mercado para la protección del recurso natural, tales como el pago por servicios ambientales, las permutas o compensaciones forestales y ambientales, así como los cánones por vertidos o para reconocer la protección del recurso hídrico en las zonas que captan y almacenan en acuíferos el recurso. Específicamente, nuestras propuestas son las siguientes: 1. AGENDA AZUL: RECURSO HÍDRICO. 1.1 Impulsar el “Plan Agua Potable para Todos”. Este plan está dirigido a crear condiciones para que el 100% de la población cuente con servicio de agua potable. Para reforzar este compromiso proponemos aprobar un proyecto de reforma constitucional para hacer del acceso al agua potable un derecho humano. Además de esta reforma constitucional, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) deberá identificar los poblados en donde no hay agua potable y deberá tomar las acciones necesarias para darles acceso a agua potable. 1.2 Mantener y proteger acuíferos y nacientes actuales. Analizar las fuentes disponibles, principalmente acuíferos y nacientes a la luz de los diferentes escenarios de cambio climático y la precipitación asociada a estos, con el propósito de definir los montos de inversión
46. 241 que se requieren para mantener y proteger los sistemas actuales y los de mayor vulnerabilidad futura. 1.3 Explorar nuevas formas de abastecimiento. Para bajar la presión sobre los acuíferos y nacientes, deberemos crear nuevos mecanismos de abastecimiento, como la potabilización del agua de los ríos; la desalinización del agua del mar; y la recolección, almacenamiento y potabilización de aguas pluviales. 1.4 Modernizar la Ley de Aguas. Recientemente participamos en la negociación política para aprobar en primer debate la Ley del Recurso Hídrico, la cual concilia el interés de la ciudadanía de contar con el acceso a agua potable para el presente y para las futuras generaciones, con el interés de los sectores productivos de contar con ese recurso vital para diferentes procesos productivos. 1.5 Mejorar la coordinación interinstitucional, con comunidades y ONGs. Mejorar la coordinación de las acciones, roles y responsabilidades de las instituciones involucradas (MINAE, ICAA, Municipalidades, ASADAS, SENARA, SETENA y otras), grupos comunitarios, ONG’s y otros actores, que permita articular las competencias institucionales y la atención de las demandas de abastecimiento de agua potable bajo el principio del uso sostenible de los recursos hídricos existentes y su conservación. 1.6 Fortalecer todas las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (ASADAS). Debe brindársele la capacitación necesaria a los más de 1.800 Comités respectivos para que administren adecuadamente esos acueductos. Debe modificarse el reglamento de ASADAS para eliminar la disposición que las obligaría a entregar todos sus activos al ICAA en caso de
47. 242 que la Junta Directiva de esa institución autónoma revocare el acuerdo de delegación para la gestión del recurso hídrico. 1.7 Simplificar el marco regulatorio para concesiones. Confiamos en que una vez aprobada en segundo debate la Ley del Recurso Hídrico mejorará la coordinación a través de la Dirección Nacional de Aguas entre el SENARA, el ICAA y el MINAE para la definición de un marco regulatorio simplificado y uniforme para el otorgamiento de concesiones de aguas, así como para establecer mecanismos de control y seguimiento. 1.8 Proteger zonas de protección de nacientes. Identificar y proteger las zonas de protección de las nacientes más importantes que abastecen de agua potable por medio del Programa de Pago de Servicios Ambientales en terrenos privados y municipales. 1.9 Mejorar la infraestructura de captación, potabilización y distribución de agua, así como la disposición de aguas residuales en la Gran Área Metropolitana. Esas inversiones podrían realizarse mediante préstamo, posteriormente se titularizarían los flujos de caja provenientes del cobro por los servicios para pagar el préstamo. Deberá realizarse también un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad de concesionar la construcción de los alcantarillados y disposición de aguas residuales, así como estudios para financiar los proyectos que sean de gestión municipal. Hoy existen algunas regiones de la GAM donde no hay disponibilidad de agua, mientras se desperdicia una gran cantidad de litros por segundo en el balneario de Ojo de Agua. Por otro lado, en el subsuelo de las montañas de Heredia existe una gran cantidad de agua que podría resolver las necesidades de los habitantes de la GAM de ese líquido vital. Lo que se requiere es decisión.
48. 243 1.10 Mejorar el manejo de aguas negras por desarrolladores. Aplicación de la normativa para exigir a los desarrolladores y municipalidades cumplir con los requisitos para el manejo de aguas negras (plantas de tratamientos de agua, bio-digestores, entre otros). 1.11 Fortalecer el Programa de Servicios Ambientales (PSA). Canalizar y reforzar los recursos para el Programa de Servicios Ambientales, que se captan por medio del Canon de Aprovechamiento de Aguas, cooperación internacional, donaciones, recursos institucionales, impuesto a los combustibles y otros. Si se pagan servicios ambientales para la protección de las zonas boscosas de las cuencas hidrográficas, garantizaremos el suministro de agua para las generaciones futuras. 1.12 Acelerar la construcción de la planta de saneamiento de aguas residuales para una parte de la GAM. Este proyecto, el cual tenía su financiamiento asegurado hace muchísimos años, empezó finalmente a construirse recientemente. No se puede dar más largas a una de las mayores vergüenzas de nuestro país, como es el verter las aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento a los ríos. Hace rato se debió trabajar en el diseño de la planta de tratamiento terciaria y ampliar la red de colectores; así como en la consecución de los fondos para su ejecución. Nos abocaremos a esa tarea en nuestra Administración. 1.13 Construcción de infraestructura de captación, potabilización y distribución de agua en la parte baja de Guanacaste. No es aceptable que en Guanacaste se estén denegando permisos de construcción por falta de disponibilidad de agua potable. Se están dejando de crear puestos de trabajo y oportunidades por la ausencia de inversiones en esa área. Especialmente si se toma en cuenta que el sector turístico es una actividad económica con mucho
49. 244 menor uso de agua por empleo generado, comparado a la agricultura. La perforación de mantos acuíferos, la construcción de un embalse para agua llovida, así como el embalse de río Piedras para canalizar el agua proveniente del lago del Arenal hasta los cantones de Nicoya, Santa Cruz y Carrillo, debe ser una prioridad. 1.14 Atender de inmediato el problema de SENARA y las resoluciones de la Sala Constitucional sobre vulnerabilidad de acuíferos. Dicho órgano jurisdiccional ordenó la creación de mapas de vulnerabilidad acuífera para varios cantones del país, así como una matriz de criterios técnicos que incluyere la definición de variables de cobertura y densidad que comúnmente se definen en los planes reguladores. El problema se da porque la matriz propuesta como base para todos los cantones fue diseñada para el cantón de Poás y obviamente la situación es diferente en todos los cantones. No es lo mismo Poás que Santa Cruz. Esto ha generado densidades y coberturas diferentes a las definidas en los planes reguladores. En SETENA y algunas municipalidades están exigiendo adaptar los proyectos de construcción a estos criterios, lo que ha traído efectos negativos al desarrollo del país en general. SENARA se está convirtiendo en un nuevo cuello de botella para el desarrollo del país. Esto requiere de una atención inmediata para buscarle una solución. Algunas ideas sobre el tema: Elaborar de inmediato matrices para diferentes zonas que abarquen varios cantones y distritos; y apoyar a SENARA con recurso humano para resolver la situación. Esperamos que con la aprobación de la nueva Ley del Recurso Hídrico podamos resolver finalmente este problema. 2. AGENDA CAFE: ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 2.1 Catastrar todo el país. Todas las propiedades del país deben estar debidamente identificadas y catastradas. Eso es necesario para un buen ordenamiento territorial.
50. 245 2.2 Fortalecer las capacidades y el papel de los Gobiernos Locales en planificación urbana. Apoyar el proyecto de Ley #20.390, presentado por diputados libertarios, denominado “Ley para Fortalecer la Capacidad de los Gobiernos Locales en materia de Planificación Urbana y el Respeto a los Derechos de Propiedad”, mediante el cual se excluye la participación del INVU y se fortalece el papel del Régimen Municipal. 2.3 Elaborar planes reguladores de toda la Zona Marítima Terrestre (ZMT). Toda la ZMT debe contar con planes reguladores que permitan a las Municipalidades respectivas otorgar en concesión las áreas correspondientes. Eso aumentará la seguridad jurídica, estimulará el desarrollo de esa zona, aumentará los ingresos a los Gobiernos locales, y generará muchas fuentes de empleo directo e indirecto. Para ello deberá coordinarse los esfuerzos del Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto de Vivienda y Urbanismo y del Instituto Geográfico Nacional con los gobiernos locales correspondientes. Como plan alternativo al otorgamiento de concesiones en la zona restringida de la ZMT está la titulación de esas propiedades para dar la seguridad jurídica que se requiere para promover inversiones y empleo en las zonas costeras. 2.4 Revisar las limitaciones que existen en diferentes partes del territorio. Bajo el principio constitucional de que la propiedad privada es inviolable y que el Estado debe hacer lo que corresponda para defenderla, deberán revisarse todas las limitaciones a la propiedad privada para determinar si estas tienen sustento legal, mediante ley aprobada por mayoría calificada; y si se está ante una expropiación de hecho, en cuyo caso correspondería pagar la indemnización correspondiente. Las limitaciones que no tengan sustento legal deberán eliminarse.
51. 246 2.5 Hacer de Costa Rica una sociedad de propietarios. Está demostrado que una de las formas a través de las cuales las sociedades prosperan es a través del respeto a la propiedad privada. Por eso es importante titular las propiedades que se encuentran en condiciones especiales, como por ejemplo las propiedades en la zona restringida de la ZMT, las islas del golfo de Nicoya, la llamada milla fronteriza con Panamá y Nicaragua, las que se encuentran en zonas protectoras o refugios de vida silvestre y las que son asentamientos humanos debidamente consolidados pero que no se han titulado. Tomaremos en cuenta la experiencia de otros países en esta materia, los cuales se han inspirado en los estudios realizados por el instituto de la propiedad privada en Perú, a partir del libro de Hernando de Soto titulado “El misterio del capital”. 3. AGENDA VERDE: BIODIVERSIDAD. 3.1 Buscar la sostenibilidad financiera de las Áreas Silvestres Protegidas. Generar condiciones para la sostenibilidad financiera de las Áreas Silvestres Protegidas, públicas y privadas. Mecanismos como el pago por visitación y reinversión de estos ingresos en los Parques Nacionales tarifas por investigaciones, donaciones, adopción de áreas por particulares y concesiones para la gestión de ciertos servicios (servicios sanitarios, hospedaje, alimentación, tienda de souvenirs, alquiler de sillas, sombrillas, máscaras para snorkel, venta de servicios fotográficos, etc), cánones por el uso del recurso geotérmico en el subsuelo de algunas áreas protegidas, pagos por servicios ambientales, son algunas de las formas de generar ingresos que hagan sostenible el mantenimiento de las áreas silvestres protegidas. 3.2 Revisar el respaldo técnico y legal que dio origen a cada una de las Áreas Silvestres Protegidas. Muchas áreas de conservación se
52. 247 crearon “desde un escritorio”, sea, sin respaldo técnico ni legal. Se procederá a corregir lo que corresponda. 3.3 No crear nuevas Áreas Silvestres Protegidas si estas no cuentan con todos los estudios técnicos, legales y presupuesto necesario para expropiarlas y administrarlas. Se detendrá la práctica de crear áreas de protección “de escritorio”, afectando la propiedad privada y a las personas que habitan y explotan las zonas afectadas. 3.4 Hacer que la protección de Áreas de Protección sea un asunto de todos. Fomentar la participación de organizaciones, gobiernos locales, empresas y entes especializados de carácter público o privado que coadyuven en la protección de las Áreas Silvestres Protegidas. 3.5 Realizar Planes de Sostenibilidad Financiera y Manejo para todas las Áreas Protegidas. Esto permitirá definir claramente las “reglas del juego”, lo que brindará seguridad jurídica y permitirá una mayor protección de dichas áreas. 3.6 Gestionar más recursos financieros internacionales. Deberemos hacer una gestión agresiva para buscar recursos financieros internacionales para la conservación privada de bosques, manejo de bosques, fomento a la restaurauración de ecosistemas con fines de conservación estableciendo mecanismos de compensaciones ambientales para darle sostenibilidad al programa Pago por Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). 3.7 Girar en forma automática los recursos que corresponden al FONAFIFO. Registrar en forma automática los recursos que establece
53. 248 el Impuesto Único a los Combustibles para el Programa de Servicios Ambientales que administra el FONAFIFO. 3.8 Simplificar los trámites para ingresar al sistema de Pago de Servicios Ambientales y ampliar sus cobertura a otros sistema de producción agropecuaria bajo el concepto de pago por resultados. Como en el resto de las instituciones públicas, se debe simplificar al máximo la tramitomanía. De esa manera, más personas y especialmente de escasos recursos en las zonas rurales del país, podrían ingresar al pago de servicios ambientales. Ese pago debe hacerse también a favor de personas que aunque no tengan título registral puedan demostrar la legítima posesión de su propiedad. 3.9 Garantizar la sostenibilidad del recurso forestal. Mediante planes de manejo de bosques naturales y el fomento a los programas de reforestación industrial e independientes se podrá garantizar la sostenibilidad del recurso forestal en nuestro país. 3.10 Ordenar competencias institucionales en materia de bosques y terrenos forestales. Actualmente, mediante decretos del MINAE, dictámenes de la Procuraduría General y resoluciones de la Contraloría General, se ha creado un traslape de competencias entre el MINAE, el ICT, el INDER, JAPDEVA y otros entes públicos, que lejos de resolver los conflictos en las zonas con cobertura boscosa, más bien los han exacerbado. De ahí que resulte imperioso ordenar las competencias institucionales en esa materia, aclarando de partida cuál va a ser la definición de bosque y terreno forestal que se utilizará. 3.11 Brindar seguridad jurídica a los propietarios de bosques y terrenos forestales. Analizar alternativas para el pago de las tierras bajo
54. 249 modalidades de protección absoluta y modalidades de uso sostenible fuera de Parques Nacionales y Reservas Biológicas. 3.12 Promover Canjes Forestales. Crear un marco regulatorio y mercado de canjes o permutas forestales que permita el cambio de uso del suelo con cobertura forestal “a cambio de” una demostrada restauración y/o protección de bosques tal que se garantice que todos los servicios ambientales, para las poblaciones respectivas, han aumentado de forma equivalente en el tiempo y en el espacio. Este mecanismo emplearía especialistas, financiaría la protección y restauración, y además aumentaría los beneficios económicos y ambientales para el país. 4. AGENDA GRIS: RESIDUOS. 4.1 Convertir el reciclaje en una práctica a nivel nacional. Se deberá promover el reciclaje en todas la municipalidades a través del acompañamiento a las municipalidades, campañas nacionales que formen a la población sobre disposición de desechos, reciclaje y el involucramiento del amplio sector privado que ya participa en la cadena de valor del reciclaje y centros de acopio. 4.2 Fomentar al desarrollo de MIPYMES dedicadas a la separación de residuos y reciclaje. Si requirieren capital, se les deberá facilitar el acceso al Sistema de Banca para el Desarrollo. 4.3 Apoyar la instalación de industrias separadoras y procesadoras generales y especializadas (desechos médicos y hospitalarios) y el desarrollo de rellenos sanitarios regionales. Tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales deberán facilitar la operación de ese tipo de industrias.
55. 250 4.4 Apoyar el reciclaje de materiales como materia prima de valor. Promover el desarrollo de proyectos municipales y locales potenciando el reciclaje de materiales como materia prima de valor. Brindar acompañamiento a los gobiernos locales para ese tipo de proyectos. 4.5 Revisar la normativa para la recolección y tratamiento de desechos sólidos. Se debe garantizar que en el transporte de la basura a los sitios de separación y disposición no se contaminen las calles con lixiviados. Por otro lado, la normativa para el establecimiento de centros de disposición de desechos debe eliminar requisitos innecesarios para facilitar la operación de esos centros de disposición, pero debe fortalecer los controles posteriores para verificar que cumplan con las exigencias ambientales. 5. REFORMA INSTITUCIONAL. 5.1 Abordar el tema ambiental con enfoque multinivel. El tema ambiental bajo la perspectiva de la Sostenibilidad Ambiental debe abordarse con enfoque multinivel (local, regional, nacional y global), multisectorial y multiactor (público y privado). 5.2 Apoyar los programas de ONGs con o sin fines de lucro sobre sostenibilidad de recursos naturales. Se debe apoyar los programas de Responsabilidad Social Empresarial y las actividades de organizaciones sociales locales dedicadas a la sostenibilidad de los recursos naturales. 5.3 Poner en práctica programas de capacitación, asesoría técnica y económica en materia ambiental. Estos programas, dirigidos a
56. 251 los Gobiernos locales, a Asociaciones de Desarrollo y al sector empresarial, serán para el desarrollo de buenas prácticas en materia de producción sostenible. 5.4 Facilitar el acceso al financiamiento a proyectos ambientalmente sostenibles. Facilitar el acceso al financiamiento de Banca para el Desarrollo para PYMES, especialmente aquellas que implementen proyectos productivos innovadores y ambientalmente sostenibles. 5.5 Apoyar toda iniciativa que modifique la “Ley Orgánica del Ambiente” para modernizar la gestión administrativa y reglamentaria de la Secretaría Técnica Ambiental. Se debe eliminar todo trámite y consulta innecesaria, estableciendo períodos expeditos de respuesta por parte de la administración y promoviendo, a nivel institucional, una filosofía de atención al cliente. Esta Administración ha estado trabajando en un nuevo reglamento para reducir el ámbito de competencias de la SETENA en relación con las aprobaciones de Estudios de Impacto Ambiental previos al inicio de cualquier proyecto. Le prestaremos especial atención a ese proceso para culminarlo en el menor plazo posible. Hoy la SETENA, los excesivos trámites ante esa entidad y la ausencia de plazos para resolver en materia ambiental, se han convertido en un serio obstáculo para el desarrollo del país. 5.6 Revisar y simplificar la normativa ambiental. Se debe simplificar, entre otros, los “Reglamentos de “Licenciamiento Ambiental”, “Contaminación Visual y Protección del Paisaje” y de “Concesión de Pozos” y la reglamentación relacionada con presentación de planos, propiedad en condominio, perforación
57. 252 del subsuelo para la exploración de las aguas subterráneas, entre otros. 5.7 Revisar las competencias y atribuciones de Tribunal Ambiental. Debe buscarse un equilibrio entre protección del ambiente y desarrollo de actividades productivas. 5.8 Fomentar mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos y “Prácticas de Mitigación y Compensación”. Si alguna persona transgredió alguna normativa ambiental, deberá siempre explorarse la forma de buscar un arreglo fuera del sistema formal de administración de justicia del Poder Judicial. Para ello, se debe elaborar un Manual actualizado de Prácticas de Mitigación y Compensación. 5.9 Promover una reforma constitucional para acotar los principios de “in dubio pro natura” y “no regresividad en materia ambiental”. La Sala Constitucional ha desarrollado a través de su jurisprudencia algunos principios que están afectando el desarrollo del país. Uno de ellos es el “in dubio pro natura” el cual le ha llevado a señalar que a SETENA no le aplica el silencio administrativo establecido en la Ley General de Administración Pública, ni la ley de protección al administrado frente al exceso de trámites. También ha desarrollado la Sala el principio de “no regresividad en materia ambiental”. Ese principio le ha permitido a la Administración activa establecer mediante decreto áreas protegidas afectando los derechos de propiedad sin haber realizado estudios sobre la pertinencia de esas protecciones; impidiéndole posteriormente al Poder Ejecutivo hacer modificaciones por decreto a esa área protegida, e incluso impidiendo a la Asamblea Legislativa hacerlo mediante normativa de un rango superior a un decreto ejecutivo.
58. 253 6. CAMBIO CLIMÁTICO. 6.1 Establecer la adaptación al cambio climático como prioridad nacional. Ante las amenazas del cambio climático y el impacto de los fenómenos extremos del clima en el país, que serán cada vez más frecuentes, la prioridad en esta materia ha de ser “blindar” a la economía y a la población ante esta amenaza. Coadyuvar en las iniciativas globales para dar seguimiento al riesgo del cambio climático. 6.2 Revisar y negociar con el sector productivo “las cargas” implícitas de los diferentes sectores productivos de los compromisos finales del Acuerdo de París. El país se comprometió a reducir emisiones pero son los sectores productivos quienes las tienen que reducir. Promover acciones tendientes a reducir el nivel de emisiones contaminantes en el sector público. 6.3 Realizar campañas sobre la reducción de emisiones y desarrollar y fortalecer los mecanismos compensatorios. Facilitaremos mecanismos internos, tales como un mercado de reducción de emisiones y cuotas sectoriales para facilitar el cumplimiento de los compromisos finales. Realizaremos campañas divulgativas y de acción sobre prácticas para reducir emisiones y mecanismos compensatorios. 6.4 Participar activamente en foros. Tanto en foros regionales, sub- regionales como globales, con el objetivo de captar recursos financieros y tecnológicos para invertir en proyectos ambientales públicos y privados.
59. 254 6.5 Crear una política de “la adaptación al cambio climático paga”. Garantizar y fomentar el acceso y uso de la información pública nacional y regional, como la que administra el Centro Clima promovido por la USAID y el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) del SICA, sobre impactos del cambio climático a los sectores productivos, gobiernos locales e instituciones públicas. Asegurar que las instituciones públicas incluyen la variabilidad climática en sus inversiones y tener a un sector privado informado que responda estratégicamente.

References: artículo 50
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 artículo 73
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 Resolución 
in dubio
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