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Timestamp: 2018-02-20 05:18:16+00:00

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Red Solidaria con la Resistencia en Honduras: INFORMACIONES HONDURAS (nr. 829) 10 junio 2011
¡Urge justicia por la muerte de decenas de campesinos en el Aguán!
Artículo | June 9, 2011
Tegucigalpa.Con consignas como “¡Sin maíz no hay país!” y “¡Por la tierra estamos en guerra!”, cientos de hondureños marcharon de forma pacífica este día jueves 9 de junio) con el objetivo de solidarizarse con los campesinos del valle del Aguán, al norte del país, que son asesinados por paramilitares al servicio de los terratenientes Miguel Facussé Barjum, René Morales y Ricardo Canales, sin que las autoridades encargadas de velar por los derechos humanos castiguen a los responsables materiales e intelectuales.
Los manifestantes aseguraron que están cansados de la impunidad de parte de los órganos encargados de impartir justicia, es por ello que decidieron salir a la exigir al gobierno, al director del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, y a la fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, que pongan un alto al genocidio en la zona.
Los últimos compatriotas asesinados en el Aguán pertenecían a la Cooperativa San Estaban y son: José Recinos (33 años), Genaro Cuestas (37 años), quien fungía como vicepresidente, y José Santamaría también afiliado a la asociación. Todos integraban el Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán (MARCA).
En la zona 43 campesinos han perdido la vida sin que hasta la fecha se haya penalizado a ninguno de los autores materiales o intelectuales. En ese sentido, los habitantes del Aguán junto al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), consideran que basta ya de tanta impunidad.
Los manifestantes demandaron el desarme de los grupos armados y sicarios al mando de los terratenientes, además, exigen la expropiación de las tierras del bajo Aguán y que de una vez sean entregadas a los campesinos que están sacrificando sus vidas por el derecho a la tierra.
Por otra parte, solicitan la intervención de organismos defensores de derechos humanos internacionales para que se instale una oficina ante el genocidio desatado por los terratenientes.
Thursday, 09 June 2011 sandra rodrigue
Según los docentes, esta es una forma de intimidación, pues la granada fue lanzada con dirección a la parte trasera de la tienda de campaña
Representantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, COFADEH, quienes se apersonaron al lugar de los hechos, presentarán la denuncia en el Ministerio Público y ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por el atentado contra los maestros en huelga de hambre y sus acompañantes
Bertha Oliva: Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena debería estar instalada en Honduras para evitar más barbarie
Para Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, la situación en el Aguán es muy crítica y eso es uno de los argumentos para que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena, ya debería de estar instalada en el país, no solo para registrar los hechos sino para incidir y para la barbarie.
En entrevista con defensoresenlinea.com la defensora de derechos fundamentales de los y las hondureños y Premio Tulipán de los Derechos Humanos 2010, los y las campesinas de El Aguán están en chozas de cabuya y nylon prácticamente a la intemperie con el dolor de sus muertos, curando a los torturados, pero protegiendo a los perseguidos para que las balas no terminen con su vida.
A continuación la entrevista íntegra con la Coordinadora del COFADEH:
DENL: ¿Cómo ve la situación en el Aguán?
BO: La situación del país es muy crítica, pero si nos ponemos a ver los lugares y sectores, podemos observar que en esa zona hay un enfrentamiento permanente, pero desigual.
Los campesinos tienen por casa carpas al aire libre, con cabuya y con un poco de naylon, no son las carpas que venden en comercios como los de Emilio Larach ó las que tienen instituciones del Estado como COPECO, no simplemente sobreviven en la intemperie.
Como se puede creer que es una lucha igual cuando los campesinos tienen un garrote y un machete no para defenderse sino para cultivar la tierra?.- El mayor ausente allí es un plato ostentoso en esos lugares, los campesinos tienen por hogar casi nada.
No tienen medicamentos, sus hijos e hijas están descalzos y desnutridos, pero luchan por tener una vida digna, por asegurarles techo, educación y salud, pero los guardias, las fuerzas policiales y militares que operan en la zona, los escuadrones de la muerte o sicarios, andan con carros blindados algunos, con motos nuevas , vehículos nuevos, armas de alta potencia, tienen casa bien aseguradas, tienen todo lo que el Estado les puede prever para garantizar el bien de tres terratenientes que han decidido apoderarse de la tierras que les pertenece a los campesinos.
Ante esa lucha tan desigual, también hacemos la reflexión de cómo es posible que desde Tegucigalpa, desde Casa Presidencial se esté hablando de amor, paz y reconciliación , cómo es posible que se esté hablando de protección de derechos humanos, desde la comodidad de un edificio del Estado mismo?.
Cómo es posible que se esté hablando de encuentro entre las organizaciones de derechos humanos para tratar el tema de la situación de derechos humanos, la muerte la están viendo tan normal , la población ya no inmuta, pero lo que yo no entiendo es para qué convocar a discutir el tema sin la gente del Aguán, eso es muy confortante, pero allá los familiares de las víctimas saben que están sufriendo el dolor de los asesinados, están viendo cómo protegen a los perseguidos para que no caigan víctimas de las balas asesinas , están curando y tratando de sanar a los torturados , están tratando de ubicar el paradero de los secuestrados pero también de ubicar la tumba de los desaparecidos, esa es la realidad que vive el campesinado en especial en el Bajo Aguán.
DEL: ¿Esta práctica de desapariciones y posteriores ejecuciones no tienen una acción directa de las instituciones?
BO: En vez de estar llamando que es necesario amarse y reconciliarse y olvidar el dolor, estar llamando para decir que hay que crear estrategias porque es una política de seguridad, siento que se debe de estar haciendo acciones como, acudir ante las instituciones, o mejor dicho ante los escombros que han quedado del Estado, para obligar a los que tienen esta política de terror y horror en la zona el Aguán y en el país en general para que paren la misma.
Sabemos que en esos escombros del Estado tienen personas con la capacidad de investigar y documentos, estos serían casos que ya deberían ser llevados a una institución del Estado como el Poder Judicial, no importa lo que cueste, seguras estamos que si esas personas no están involucradas en la colusión del delito pueden ser amenazadas y perseguidos es hora que demuestren que los derechos humanos no es para teorizarlos ó politizarlos, es unir las voluntades de los que están hablando de propuestas de unidad para dar el apoyo y el respaldo a los que hoy sufren.
¿Si no eué va a pasar si no se para esta barbarie?, es que a Honduras no la va a controlar nadie, esos lugares se están convirtiendo en campos de batallas, lo peligroso es la deshumanización ante tantas acciones de barbarie que se están cometiendo.
A veces creo que sería bueno que desde la óptica nuestra alzáramos nuestras manos y que nos convirtiéramos en escudos humanos para apoyar a las víctimas , porque algo se debe de hacer ya que las instituciones no sirven más que para justificar presupuestos.
Hay ya varios hogares enlutados, muchos niños huérfanos que han sido testigos de las formas como fueron llevadas sus familias y no han vuelto a aparecer.
DEL: Se encontrará internamente una solución interna?
Así cómo veo las cosas no va a ser tan fácil cambios si no alertamos al mundo de lo que está pasando y hoy confieso que me he quedado casi como impávida ante tal brutalidad, pero debemos romper el silencio.
Lo que habíamos dicho algunos días atrás, se está convirtiendo en realidad, el mundo entero cree que se está logrando algo en el Honduras, y ellos se están aprovechando a eso, va a costar que giren los reflectores nuevamente hacia acá , los que están acostumbrados a violar los derechos humanos van a avanzar y esa señora que se llama impunidad va cada vez más fortalecida, no hay que callar, hay que señalarla,
Mi llamado es a que no nos quedemos quietos ante la barbarie, ante el desastre, ante la carnicería humana en contra de la libertad y la vida, en contra de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas
Ante esa intolerancia de los representantes de la Seguridad y de Defensa en Honduras, hay que decirles a ellos que sientan pena, haya que obligarlos, no con la fuerza han utilizado ellos hasta ahora sino con la fuerza de la palabra, pero hoy me apena, por eso me he quedado quieta, poderles decir a las víctimas de esa política de Estado que se queden quietas, no puedo decirles eso porque el dolor y la zozobra ha de ser más fuerte que cualquier ánimo de paz..
DEL: ¿Va a documentar a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena de todos estos hechos?
Debería estar ya la Comisión de Seguimiento acá, instalada, no solo para registrar los hechos sino a incidir para que no se cometan más actos. Esa es una responsabilidad que tienen.
Decirles que ellos el beneplácito a ese régimen que se reincorporara a la OEA porque creían en su promesa de reconciliación, sabemos que nos solo han engañado a los campesinos y al magisterio sino han engañado al mundo entero diciendo que son respetuosos de derechos humanos y una vez la firma y después de la firma lo que han hecho es una cacería humano contra los y las que reclaman derechos violados.
Línea desinformativa
Thursday, 09 June 2011 administrador
Cero referencias a la Asamblea Nacional Constituyente y total dedicación a los problemas reales de Honduras es la línea definida por las radios, televisoras y periódicos de la oligarquía golpista desde la semana pasada.
No es porque ignoren que la refundación de Honduras a través de una Asamblea Nacional Constituyente originaria es una exigencia real de la mayoría de la población.
No es solamente porque estén opuestos al cambio político, es porque están en fase de negociación y chantaje para imponer sus cuotas y privilegios al grupo firmante del pacto de Cartagena.
Lo que tratan de hacer es impedir la instalación en el debate nacional de la agenda política que demanda un sector de la comunidad internacional y la población hondureña en resistencia.
Una agenda que remite al fin de la impunidad y autoritarismo militar, al blindaje de los recursos naturales y a la apertura total del sistema político y electoral.
Además, a los controles democráticos sobre los grupos económicos y apertura a nuevas formas de integración política, cultural y financiera con énfasis Sur-Sur.
Cuando un medio de comunicación traza de este modo una agenda diaria, para la semana o el mes, incluyendo y excluyendo temas, enfoques y portavoces, está definiendo una línea informativa o desinformativa.
Todo el personal acata la decisión con lealtad y obediencia, a riesgo de separación inmediata si contraviene la misma, similar a lo que ocurre en el clero católico o en el ejército.
En términos simples, la línea es imponer una agenda aparente o falsa sobre la agenda real.
Es destacar el desempleo sin revelar la causa sistémica que lo genera; la inseguridad callejera desconectada de la violencia institucional que la provoca.
Es mostrar a personas masacradas, desmembradas y lanzadas a la vista de toda la sociedad, sin señalar a los empresarios criminales que ofertan el terror con sicarios paramilitares y la subordinación de las fuerzas públicas.
Es retratar a un Lobo ineficiente en lo cotidiano que insiste en colocar el plebiscito pro constituyente y la reelección presidencial en vez de frenar el costo de la energía eléctrica y los combustibles, o la inseguridad.
Es una posición colegiada del Grupo Mediático que vincula a la Asociación de Medios de Comunicación con otros centros hegemónicos de poder local y transnacional.
Es la misma línea trazada en 2008 contra el gobierno de Manuel Zelaya para inducir, posicionar y expandir una corriente de opinión hegemónica que acabara con su mandato.
“Máxima atención a las pifias de Zelaya y cero referencias a sus acciones positivas” fue la línea de entonces, para retratar al gobernante como improvisado, loco, megalómano, amenazante y disfuncional.
La revelación de esta línea comunicacional ha sido confiada al Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, Cofadeh, por personal aún con dignidad e indignación dentro de los medios que socavan día a día su propia credibilidad.
Es una línea editorial vertical que baja a fotógrafos y reporteros desde los jefes de asignaciones y directores, que a su vez la reciben de los accionistas o dueños, integrantes del poder fáctico que dirige el país desde las sombras.
Un ejemplo de esta afirmación está en el diario proceso digital, asociado al ex presidente Ricardo Maduro, en su edición del 8 de junio 2011.
Dice la publicación que el secretario general de la CGT, Daniel Durón, “pidió hoy al presidente, Porfirio Lobo, centrar su agenda de trabajo en los temas concretos que agobian al pueblo hondureño”.
Y especifica que “la inseguridad jurídica es un tema que nos preocupa a todos porque afecta la inversión (…), igual que la delincuencia enorme y el narcotráfico”.
Para confirmación adicional hay que escuchar las corporaciones televisivas y radiales que el pueblo llama líderes del terrorismo mediático en Honduras, o las mentiras en tus manos… al servicio de Honduras.
De este modo veremos y escucharemos espacios de radio y televisión junto a tabloides de San Pedro Sula y Tegucigalpa dedicados a lo “social”, evadiendo la exigencia del restablecimiento del orden constitucional roto por el golpe de estado de junio 2009.
Pero ninguna evasión intencional, ni la manipulación o desinformación, podrán imponer ningún apagón informativo a un pueblo que decidió hace casi dos años burlar, de distintos modos, el corral fabricado por los sicarios de la información.
Tegucigalpa.La Comisión de la Verdad y Reconciliación, (CVR), divulgó este día un informe que especialistas en leyes de la Universidad de Harvard en Estados Unidos realizaron sobre lo suscitado antes durante y después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, y deja al descubierto la conspiración que hizo la extrema derecha para derrocar a Manuel Zelaya.
En el informe se detalla que el Poder Legislativo de ese entonces no tenía facultades legales para destituir del cargo de Presidente a “Mel”; tampoco los militares tenían competencia para arrestar y deportar a Zelaya hacia Costa Rica.
Los juristas llegaron a la conclusión que la actual Constitución tiene serias falencias en cuanto a las funciones que los poderes del Estado deben cumplir.
Es por ello que este grupo de consultores contratados por la CVR recomiendan que se deben dar profundas reformas constitucionales tales como la “reconsideración” de los artículos pétreos.
Uno de los principales problemas en el caso de Honduras es que el texto constitucional es vago o silencioso en varios puntos críticos.
Este informe ha sido elaborado para la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Honduras. Tiene dos objetivos: en primer lugar dar un análisis jurídico y constitucional de los acontecimientos que rodearon la destitución del presidente José Manuel Zelaya Rosales del poder en junio de 2009 (Parte IV del informe), y segundo, hacer recomendaciones para las reformas constitucionales y legales con el fin de evitar sucesos similares en el futuro (Parte V del informe). El informe también incluye, en la Parte III, un breve resumen de los hechos pertinentes.
Los hechos relativos a la destitución de junio de 2009 del presidente Zelaya Rosales del poder involucraron tres peligros distintos a la gobernabilidad democrática. El primero es el riesgo de que los ejecutivos principales u otros actores políticos poderosos abusen de su poder para engrandecerse a sí mismos o para socavar a otras instituciones democráticas. Hay un riesgo significativo en muchos países de que estos actores puedan ser capaces de erosionar la democracia desde dentro. El segundo es el riesgo significativo de que los militares puedan intervenir en los acontecimientos políticos y, en particular en las transferencias irregulares de poder. Es fundamental que los militares no asuman el papel político que una vez habitualmente poseyeron en América Latina.
El tercero es la falta de claridad en los textos constitucionales sobre el papel institucional que debe ser jugado por los diferentes actores institucionales durante una crisis. Los textos constitucionales de numerosos países no ofrecen una orientación clara en cuanto a cómo los diferentes actores deben actuar durante una crisis, ni se explica cómo manejar los conflictos entre estos actores.
Un observador muy probablemente llegaría a la conclusión de que tanto el presidente Zelaya Rosales y muchas de las instituciones que participaron en su remoción del poder actuaron de manera ilegal e inconstitucional en ciertos puntos. Zelaya Rosales probablemente actuó inconstitucionalmente al proponer la “consulta” o “encuesta” de la Cuarta Urna, y cuando él insistió con ese proyecto a pesar de las órdenes judiciales contrarias.
Al mismo tiempo, Zelaya Rosales, probablemente no fue removido de su cargo por un proceso legal. El Congreso aprobó un proyecto de ley que pretendía sacar a Zelaya Rosales de su cargo, pero el Congreso no parecía tener la facultad constitucional de destituir al presidente. Y los miembros de las Fuerzas Armadas actuaron inconstitucionalmente cuando sacaron a Zelaya Rosales del país.
Los tres peligros para la democracia identificados en este caso –la erosión del ejecutivo de la gobernabilidad democrática, la intervención militar en la política, y la falta de claridad acerca de las funciones institucionales de los diferentes actores políticos– son difíciles de manejar en un texto constitucional y por los actores políticos.
Uno de los principales problemas en el caso de Honduras es que el texto constitucional es vago o silencioso en varios puntos críticos. Lo más importante, no hay ninguna hoja de ruta constitucional clara que exponga los motivos de fondo para la destitución presidencial, el proceso de destitución, y las funciones de las diversas instituciones durante el proceso de destitución.
Por lo tanto, ponemos de relieve las recomendaciones posibles para el texto. También recomendamos reformas encaminadas a fortalecer el Estado de Derecho en el país, y en particular el Poder Judicial. Hacer del Poder Judicial un árbitro más eficaz en una crisis institucional disminuiría la posibilidad de recurrir a proceso extra-constitucional.
La Parte IV del informe ofrece la evaluación jurídica de los siguientes eventos: (A) las acciones del presidente Zelaya Rosales con respecto al proceso de la “Cuarta Urna”; (B) el proceso penal que se inició en contra de Zelaya Rosales, (C), el proyecto de ley del Congreso que pretendía sacar a Zelaya Rosales de la Presidencia y nombrar a un nuevo presidente, y (D) el papel de las Fuerzas Armadas tanto al negarse a obedecer las órdenes de Zelaya Rosales con respecto a la Cuarta Urna, y en la remoción de Zelaya Rosales del país.
El proceso de la Cuarta Urna apuntaba a la celebración de una “consulta popular” o “encuesta de opinión” no vinculante con el fin de evaluar si el público favorecía la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución nacional en Honduras. Zelaya Rosales emitió dos decretos ejecutivos anunciando este proceso y dejando su administración en manos del Instituto Nacional de Estadística. También emitió un acuerdo ejecutivo, que ordenaba a las Fuerzas Armadas prestar apoyo a la encuesta.
Nuestra conclusión es que Zelaya Rosales carecía de autoridad legal para llamar al país a una “consulta popular” o “encuesta de opinión” a través de decreto ejecutivo. Además, ilegalmente, puso la gestión de la encuesta en manos del Instituto Nacional de Estadística, que no estaba autorizado para ejercer esta función.
El Instituto Nacional de Estadística, a diferencia de otras instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, no estaba equipado adecuadamente para garantizar que un proceso de votación en todo el país se desarrollara en forma justa. También violó las normas legales y constitucionales relacionadas con los militares al ordenar a las Fuerzas Armadas apoyar la encuesta. Más críticamente, Zelaya Rosales violó la norma constitucional que dicta que las Fuerzas Armadas deben ser “apolíticas” al tratar de involucrarlas en una lucha institucional entre los poderes del Estado.
Acotamos que no queda claro si Zelaya Rosales violó el artículo 239 de la Constitución. El artículo 239 prohíbe la reelección presidencial, y junto con el artículo 374 hace la prohibición inamovible bajo ninguna circunstancia. El artículo 239 también establece que cualquier persona que “rompa” dicha prohibición o “proponga su reforma”, junto con “aquellos que lo apoyan al hacerlo, directa o indirectamente”, deberán “poner fin de inmediato” al ejercicio de sus cargos y no serán elegibles para servir en un cargo público durante diez años. Estos hechos plantean difíciles interrogantes sobre el alcance del artículo 239 y sobre si las disposiciones constitucionales pueden ser verdaderamente inamovibles. Creemos que estas preguntas tienen respuesta en el marco de la Constitución de Honduras.
El proceso penal contra Zelaya Rosales pudo haber sido legal en otros aspectos clave. La Constitución permite a la Corte Suprema intentar juzgar a altos funcionarios, y el Código de Procedimiento Penal regula este proceso. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, los funcionarios de alto rango pueden ser suspendidos durante el proceso penal por determinados delitos y pueden ser objeto de destitución en caso de condena.
Este procedimiento se siguió en el caso en contra de Zelaya Rosales, hasta el momento en que las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas. La orden de detención ordenaba a los militares de capturar a Zelaya Rosales y llevarlo ante el juez competente para una audiencia inicial. La Constitución permite que las órdenes de detención puedan ser ejecutadas por militares en lugar de personal de la Policía en caso necesario.
La participación militar en el cumplimiento de las órdenes era sin duda necesaria en este caso. Si bien el proceso penal hubiera sido una forma legal de sacar a Zelaya Rosales de su cargo, ese proceso no se completó correctamente. El proceso fue interrumpido el 28 de junio de 2009, cuando los militares encargados de detener a Zelaya Rosales lo sacaron del país en lugar de hacerle comparecer ante el juez competente.
Llegamos a la conclusión de que lo más probable es que el Congreso no destituyó correctamente a Zelaya Rosales de su cargo. El Congreso emitió un proyecto de ley el 28 de junio de 2009 que pretendía censurar a Zelaya Rosales, destituirlo de su cargo, y nombrar al presidente del Congreso como presidente interino de la República. El proyecto de ley siguió correctamente la línea de sucesión. Sin embargo, no destituyó correctamente a Zelaya Rosales de su cargo. El Congreso tiene el poder para censurar a los funcionarios de Estado. Sin embargo, no se le da el poder explícito para remover a los funcionarios ejecutivos, ya sea en la Constitución o en las leyes. Así que el Congreso parece carecer de la facultad de remover al presidente de su cargo.
Un análisis del artículo 239, de manera poco probable modificará esta conclusión. Como se mencionó anteriormente, no está claro si Zelaya Rosales violó efectivamente este artículo constitucional. Incluso si lo hubiese hecho, no está claro qué tipo de proceso de sanción se aplicaría. Este artículo establece que cualquier persona que “rompe” la disposición de no reelección o “proponga su reforma” debe “cesar de inmediato en el ejercicio de su cargo…”. Creemos que es poco probable que esta disposición sea de aplicación directa y que automáticamente resulte en la destitución del presidente. Alguna institución competente debe determinar primero que el artículo ha sido violado. Tampoco creemos que sea probable que le dé al Congreso el poder de la destitución que de otra manera no posee.
Por último, llegamos a la conclusión de que los dirigentes de las Fuerzas Armadas actuaron correctamente cuando se negaron a obedecer las órdenes de Zelaya Rosales para apoyar el proceso de Cuarta Urna. Estas órdenes eran ilegales, y en virtud de la Constitución, las Fuerzas Armadas no pueden obedecer órdenes ilegales.
Sin embargo, los miembros de las Fuerzas Armadas actuaron inconstitucionalmente cuando sacaron a Zelaya Rosales del país. El artículo 102 de la Constitución de Honduras impide la expatriación de los ciudadanos. Por otra parte, mientras que el artículo 272 da a las Fuerzas Armadas el deber de defender las instituciones del Estado, esta tarea debe llevarse a cabo de acuerdo con la Constitución y las leyes. Las Fuerzas Armadas no tienen ningún poder extra-constitucional de arbitrar entre las instituciones del Estado durante una crisis. No sabemos si alguna otra institución o actor político consultó con las Fuerzas Armadas o les ordenó remover a Zelaya Rosales del país. Cualquier participación en esta decisión de otras instituciones de Estado o actores políticos también sería inconstitucional.
Los tres peligros para la democracia identificados en este caso - la erosión del ejecutivo de la gobernabilidad democrática, la intervención militar en la política, y la falta de claridad acerca de las funciones institucionales de los diferentes actores políticos.
Un problema importante en Honduras es que los motivos de fondo para la destitución de un alto funcionario político, el proceso de destitución, y el papel de las distintas instituciones durante ese proceso no están claramente establecidos en el texto constitucional.
La creación de una hoja de ruta clara en el texto constitucional ayudaría a evitar acciones extra-constitucionales, como las ocurridas el 28 de junio. Por consiguiente, recomendamos que se enmiende la Constitución para articular claramente los motivos para la destitución presidencial, así como las instituciones que se encargarán de la destitución presidencial y el proceso que se seguirá.
También se recomienda que las funciones de algunas instituciones, especialmente el Congreso y las Fuerzas Armadas, durante el proceso de destitución queden claramente especificadas. Es particularmente importante que las Fuerzas Armadas no obtengan facultades extralegales para arbitrar una crisis política.
También recomendamos reformas encaminadas a fortalecer el Estado de Derecho en Honduras. Hacemos hincapié en tres puntos. El primero es la transparencia en los procesos judiciales, en particular en los casos que involucren a altos funcionarios.
Estos procesos no deben nunca llevarse a cabo en secreto. La segunda es que el Poder Judicial, y en particular la Corte Suprema, debe asumir las competencias adecuadas y la independencia para actuar como árbitro entre las instituciones políticas en el caso de una crisis. Esto reduciría la probabilidad de recurrir a medios extra-legales durante una crisis. Por último, nuestro objetivo es reducir la probabilidad de violaciones de los derechos humanos durante una emergencia. Con este fin, se recomiendan cambios tanto al Poder Judicial como al régimen que regula los estados de excepción en Honduras.
Por último, se recomiendan una serie de reformas destinadas a los procesos de cambio constitucional en el país. Se recomiendan reformas para aclarar los mecanismos de democracia directa – es importante que la Constitución establezca claramente si ciertos dispositivos se pueden utilizar, en qué condiciones, y para qué fines. También es importante que los mecanismos de democracia directa se diseñen de forma que se reduzca al mínimo la probabilidad de abuso por parte de un jefe del ejecutivo con el objetivo de engrandecer su poder o debilitar a otras instituciones democráticas.
También se recomienda la reconsideración de las disposiciones constitucionales pétreas como la prohibición de la reelección presidencial en Honduras. Al no proporcionar ningún mecanismo legal para el cambio constitucional, estos artículos pueden invitar a la inestabilidad y crisis. Se sugiere mecanismos alternativos, tales como umbrales mayores para la modificación de determinados artículos, que pueden ser más apropiados. Sin embargo, no expresamos una opinión sobre la conveniencia de la prohibición de la reelección presidencial en sí. Los países han adoptado una variedad de enfoques sobre este asunto, y muchos de ellos pueden ser razonables en el contexto hondureño.

References: artículo 239
 artículo 239
 artículo 374
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 102
 artículo 272