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Timestamp: 2017-07-21 17:34:09+00:00

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Resolución No. 17027-2012Uploaded by RedActivaDDHHRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: Resolución No. 17027-2012 Con lugar a Luis A. Salas Sarkis. Sin lugar a Mario A. Villalobos A. Recurso de Hábeas Corpus contra el Ministro de Seguridad Pública Mario Zamora Cordero y contra ...View MoreResolución No. 17027-2012 Con lugar a Luis A. Salas Sarkis. Sin lugar a Mario A. Villalobos A. Recurso de Hábeas Corpus contra el Ministro de Seguridad Pública Mario Zamora Cordero y contra el Jerarca de la Unidad de Intervención Policial presentado el 8 de noviembre de 2012. A favor de Mario A. Villalobos A. y Luis A. Salas Sarkis. Exp: 12-014672-0007-COCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content#/
Exp: 12-014672-0007-CO
Res. Nº 2012017027
José, a las catorce horas treinta minutos del cinco de diciembre de dos mil
Recurso de hábeas corpus interpuesto por MARIO ALBERTO ZAMORA
CRUZ, cédula de identidad número 2-432-066; a favor de LUIS SALAS
SARQUIS Y MARIO ALBERTO VILLALOBOS ARIAS; contra el
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 23:05 horas del 8 de
noviembre de 2012, el recurrente interpone recurso de habeas corpus contra el
Ministerio de Seguridad Pública, y manifiesta que los amparados se encontraban
presenciando la protesta ciudadana relacionada con la Caja Costarricense de
Seguro Social, permanecieron por unos minutos dando apoyo, pero en realidad
sólo presenciaban la actividad. Precisa que sin razón alguna, los amparados fueron
detenidos por la policía. Alega que la policía actuó en forma agresiva y abusó de
poder frente a los manifestantes. Por las razones expuestas, solicita que se declare
con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.
2.- Mediante resolución de las 13:14 horas del 9 de noviembre de 2012, se
dio curso al hábeas corpus y se previno al Ministro y al Jefe de la Unidad de
Intervención Policial, ambos del Ministerio de Seguridad Pública, para que
rindieran informe sobre los hechos y omisiones alegados a la interposición del
3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:20 horas del 13 de
noviembre de 2012, informa bajo juramento Gerardo Alvarado Alfaro, en su
condición de Jefe a.i. de la Unidad de Intervención Policial, que el 8 de noviembre
de 2012, la Fuerza Pública realizó acciones operativas tendientes a garantizar el
orden público en manifestación realizada en los alrededores de la Caja
Costarricense de Seguro Social. Precisa que durante la realización del evento se
generó la obstrucción de la vía pública por parte de personas que participaban en
esta (dentro de las cuales se encontraban los recurrentes Luis Salas Sarquis y
Mario Villalobos Arias), específicamente sobre la Avenida Segunda en el centro
de San José, impidiendo el libre tránsito vehicular y dificultando el movimiento de
transeúntes. Aclara que lo anterior se realizó con fundamento en la potestad
constitucional y legal, según lo establece la Constitución Política y la Ley General
de Policía en sus artículos 12 y 1. Sostiene que la Fuerza Pública procedió a
prevenir a las personas que se encontraban obstruyendo la vía pública dentro de
las cuales se encontraban los amparados Villalobos Arias y Salas Sarquis, para que
se abstuvieran y cesaran de realizar dichos actos, ya que podrían incurrir en la
comisión de hechos ilícitos. Acota que ante la negativa de las personas
manifestantes de liberar la vía pública, la Fuerza Pública intervino con el objeto de
reestablecer el libre tránsito vehicular y de personas, generándose alteración al
orden público y resistencia a la actuación policial por parte de un grupo de
manifestantes, dentro de los que se individualizaron a los amparados. El amparado
Salas Sarquis, obstruyó e impidió el libre tránsito de vehículos frente a la Caja
Costarricense de Seguro Social, utilizando para esos efectos el vehículo placas
110665, color gris, marca kiamaster, dicho vehículo incluso fue removido y
decomisado por la Policía de Tránsito; y el amparado Villalobos Arias, obstruyó la
vía pública, lanzando piedras contra los oficiales de policía y golpeando con sus
manos y pies los escudos de la Fuerza Pública. Señala que ante tales hechos los
amparados fueron trasladados a la Delegación Policial con el objeto de proceder a
su plena identificación y confección del Informe Policial, permaneciendo estos el
tiempo estrictamente necesario para la realización de dichas diligencias, y en
virtud que producto de los disturbios que se generaban era materialmente
imposible confeccionar los informes policiales en el lugar de los hechos, tanto por
seguridad de los amparados como de las autoridades actuantes, debiendo también
considerarse que al momento de ingresar los amparados a la Delegación Policial,
se encontraban otros aprehendidos también pendiente de definir su situación
jurídica. Afirma que los amparados fueron debidamente notificados del motivo de
su aprehensión y derechos que les asisten, según consta en acta confeccionada al
efecto por los Licenciados Jazmín Marín Barboza, Fernando López Cedeño y
Esteban Androvetto Villalobos. Concluye que a los amparados se les confeccionó
los informes policiales números 0323-2012-GAO, 0020-12, todos debidamente
tramitados ante la autoridad judicial competente. Solicita que se declare sin lugar
4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:40 horas del 15 de
noviembre de 2012, informa bajo juramento Mario Zamora Cordero, en su
condición de Ministro de Seguridad Pública, que no ha emitido ninguna orden en
contra de los amparados; sin embargo, se solicitó el informe correspondiente a la
Dirección Policial de Apoyo Legal. Precisa que el 8 de noviembre de 2012, la
Fuerza Pública realizó acciones operativas tendientes a garantizar el orden público
en manifestación realizada en los alrededores de la Caja Costarricense de Seguro
Social, específicamente sobre la Avenida Segunda en el centro de San José. Aclara
que durante la realización del evento se generó la obstrucción de la vía pública por
parte de las personas que participaban en esta, impidiéndose el libre tránsito
vehicular y dificultando el movimiento de transeúntes. Sostiene que la Fuerza
Pública procedió a prevenir a las personas que se encontraban obstruyendo la vía
pública dentro de las cuales se encontraban los amparados, Luis Salas Sarquis y
Mario Villalobos Arias, para que se abstuvieran y cesaran de realizar dichos actos,
los cual podrían incurrir en la comisión de hechos ilícitos. Acota que ante la
negativa de las personas manifestantes de liberar la vía pública, la Fuerza Pública
intervino con el objeto de restablecer el libre tránsito vehicular y de personas,
generándose alteración al orden público y resistencia a la actuación policial por
parte de un grupo de manifestantes dentro de los que se individualizaron los
amparados Salas Sarquis y Villalobos Arias. Señala que el amparado Salas
Sarquis, obstruyó e impidió el libre tránsito de vehículos frente a la Caja
110665, color gris, marca kiamaster, el vehículo fue removido y decomisado por la
Policía de Tránsito. Afirma que el amparado Villalobos Arias, obstruyó la vía
pública, lanzando piedras contra los oficiales de policía y golpeando con sus
manos y pies los escudos de la Fuerza Pública. Refiere que ante tales hechos los
su plena identificación y confección del Informe Policial. Agrega que los
amparados fueron debidamente notificados del motivo de su aprehensión, según
consta en acta confeccionada al efecto por los Licenciados Jazmín Marín Barboza,
Fernando López Cedeño y Estaban Androvetto Villalobos. Resalta que a los
amparados se les confeccionó los informes policiales números 0323-2012-GAO,
0020-12, todos debidamente tramitados ante la autoridad judicial competente.
Asegura que la actuación de la policía se dio en aras de la protección y bienestar
de las personas y al orden en general, tal y como está previsto dentro de sus
funciones, razón por la que los oficiales policiales actuaron ante los hechos
acaecidos mediante los cuales se estaba alterando el orden público y la libertad de
tránsito de los demás ciudadanos que debían transitar por esa zona. Recalca que a
las 18:43 horas ingresaron los amparados a la Delegación Policial Merced, y a las
21:00 horas fueron trasladados a la Fiscalía de Flagrancia, y a las 21:45 horas; no
obstante, habiendo indicado que no los van a recibir por flagrancia, se
confeccionaron los respectivos informes policiales por contravención y se dejó en
libertad inmediatamente. Solicita que se declare sin lugar el presente recurso.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones
I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que los tutelados se encontraban
Seguro Social; sin embargo, fueron detenidos por la policía sin razón alguna.
Acota que la policía actuó en forma agresiva y abusó de poder frente a los
II.- Hechos Probados. De importancia para la decisión de este asunto, se
estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
El 8 de noviembre de 2012, se realizó una manifestación en los alrededores de la
Caja Costarricense de Seguro Social, específicamente sobre la Avenida Segunda
en el centro de San José (hecho incontrovertido);
En la manifestación se obstruyó la vía pública por parte de las personas
participantes en dicho movimiento (según indican bajo juramento las autoridades
recurridas);
Ante la negativa de las personas manifestantes de liberar la vía pública, la
Fuerza Pública intervino con el objeto de reestablecer el libre tránsito vehicular y
de personas (según indican bajo juramento las autoridades recurridas);
Mediante informe policial número 0020-2012 se hace constar que al tutelado
Salas Sarquis se le detuvo por obstruir e impedir el libre tránsito de vehículos
frente a la Caja Costarricense de Seguro Social, utilizando el vehículo placas
110665, el cual fue removido y decomisado por la Policía de Tránsito (ver prueba
aportada por los recurridos);
Por informe policial sin número se hace constar que al tutelado Villalobos Arias
se le detuvo por obstruir la vía pública, lanzando piedras contra los oficiales y
golpeando con sus manos y pies los escudos y a los oficiales de la Fuerza Pública
(ver prueba aportada por los recurridos);
Los tutelados ingresaron a la Delegación Policial La Merced a las 18:43 horas
del 8 de noviembre de 2012, a las 21:00 horas fueron trasladados a la Fiscalía de
Flagrancia, y a las 21:45 horas, al haberse indicado que no los iban a recibir por
flagrancia, se confeccionaron los respectivos informes policiales por
contravención y se les dejó en libertad (según indican bajo juramento las
autoridades recurridas).
III.- Sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión reconocida
en los numerales 28 y 29 de la Constitución Política, establece que toda persona
tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, de expresión y de difusión
del pensamiento por cualquier medio. Nadie puede ser inquietado ni perseguido
por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. El
sujeto a previa censura sino únicamente a responsabilidades ulteriores, que deben
estar fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a
Es menester indicar que este Tribunal ya se ha referido en otros casos al
ejercicio de ponderación que debe efectuarse entre la libertad de expresión y la
libertad de tránsito. Así, mediante sentencia número 2000-03020 de las 08:56
horas del 14 de abril de 2000, se estableció lo siguiente:
³(«) Lo expuesto nos permite sintetizar el cuadro fáctico objeto de ésta acción de
hábeas corpus en los términos que siguen. La protesta realizada el veintidós de
marzo pasado por un grupo de personas que se ubicaron frente a la "Fuente de la
Hispanidad", constituye una manifestación de la libertad de expresión que el
ordenamiento jurídico les garantiza. Sin embargo, el ej er ci ci o de ésta l i ber tad no
puede ser i r r estr i cto, en tanto no podr á tr ansgr edi r el conteni do míni mo
esenci al de l os der echos y l i ber tades r econoci dos a f avor de l os ter cer os, entre
éstos, la libertad de tránsito. En caso de que éste exceso se verifique, el Ministro
de Seguridad Pública podrá realizar las acciones que estime necesarias para la
protección de los derechos y libertades fundamentales que están siendo
lesionados con el ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Pero si, como se
indicó previamente, el fin de la actuación de la policía es tutelar efectivamente un
derecho lesionado a consecuencia del ejercicio abusivo de otro derecho, el medio
utilizado deberá ser razonable y, por lo tanto, adecuado, necesario, y
proporcional al fin buscado. Esto significa que no es posi bl e que el medi o par a
gar anti zar l a tutel a de der echos y l i ber tades f undamental es de unos sea,
pr eci samente, l a tr ansgr esi ón de l os der echos y l i ber tades f undamental es de l os
otr os. Debido a que la naturaleza de la semántica constitucional hace posible la
multiplicidad de interpretaciones, de previo a determinar si en el caso que nos
ocupa la actuación realizada por la policía lesionó los derechos y libertades de
los amparados, corresponde precisar algunos aspectos sobre los siguientes temas
de relevancia: libertad de expresión, libertad de tránsito, requisitos de validez
constitucional de la detención, fuerza pública, contenido mínimo esencial de los
derechos, razonabilidad.
VI I .- Fuer za públ i ca.- Los constituyentes de 1949 definieron claramente, en los
artículos 12 y 140 de la Constitución Política, el carácter civilista del Estado
costarricense y la finalidad de integrar a la fuerza pública dentro del modelo de
Estado. En lo conducente, los textos normativos citados indican:
"Artículo 12.- Se proscribe el ejército como institución permanente. Para la
vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía
"Artículo 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al
Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: « 6) Mantener el orden y la
tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo
de las libertades públicas...".
De lo dispuesto en la normativa transcrita, se concluye que el Estado, a través de
los órganos y autoridades debidamente autorizados por la Constitución y las
Leyes, tiene el monopolio de la fuerza legítima, esto es, la que puede emplearse,
racionalmente, para hacer cumplir las leyes, mantener el orden público y
proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero el Derecho de la
Constitución también garantiza a favor de los particulares el uso de la fuerza, en
legítima defensa propia o de terceros, por medios racionalmente encaminados a
repeler un ataque inminente, y también en algunas circunstancias excepcionales,
como la detención del autor en un flagrante delito. Resulta importante enfatizar
que el uso de la fuerza debe ser justificado y proporcional al fin que
legítimamente se persigue. De lo contrario, se puede calificar de injustificado o
de excesivo. El uso indebido de la fuerza incluye específicamente situaciones en
que el empleo de la fuerza pudo haber sido justificado en principio, pero fue
excesivo y no guardó proporción con las necesidades de la situación. Si los
particulares cometen crímenes o utilizan abusivamente la fuerza, aunque sea por
motivos o pretextos políticos, el Estado cuenta con el Poder Judicial, la policía, la
prensa, la opinión pública; esto es, con un conjunto importante de instituciones y
medios que pueden movilizarse para denunciar, investigar y castigar estos
crímenes. Per o cuando el pr opi o Estado uti l i za ese poder par a atentar contr a l os
der echos de l os ci udadanos, éstos se encuentr an en l a mayor i ndef ensi ón («).
Los actos de terrorismo u otras acciones ilegítimas que se cometan bajo motivos o
pretextos políticos, no pueden servir para pretender justificar las violaciones de
derechos humanos cometidas por el Estado; y el hecho de que el monopolio de la
fuerza pública que detenta el Estado se emplee para violar los derechos de las
personas es de una gravedad singular. Distintos gobiernos, en los más variados
países, con frecuencia califican las acciones violentas de sus opositores de
"violaciones de derechos humanos" como para justificar sus propios abusos, que
presentan como necesarios para enfrentar tales acciones. Sin embargo, en una
aplicación correcta del Derecho Internacional Humanitario y la doctrina de los
derechos humanos, no es posible combatir el uso abusivo de la fuerza con el uso
abusivo de la fuerza. Si el fin de que el Estado use la fuerza es proteger los
derechos humanos, los medios utilizados deber ser coherentes con el fin
pretendido. El fin no justifica los medios, los medios definen el fin; y si los medios
implican la transgresión de los derechos humanos el fin no es la protección de los
mismos, sino su violación. No cabe duda que la opinión pública mayoritariamente
condena toda forma de mantener o buscar el poder, o de dirimir conflictos
políticos mediante abusos o atrocidades. En la conciencia pública ha ingresado la
idea de que existen ciertos valores de humanidad que deben ser respetados no
solamente por el Estado sino por todos los actores políticos. Tales normas de
humanidad, profundamente intuidas por la opinión pública, se derivan en parte
del Derecho Internacional Humanitario, y han pasado a ser sinónimo de la
expresión derechos humanos. Ellas rigen a todos los actores políticos, estatales o
particulares, en tiempo de paz; y a todas las fuerzas combatientes en caso de
conflicto armado, cualquiera que sea la naturaleza del conflicto armado de que se
trate. Y no pretenden evitar del todo los conflictos, sino ponerles ciertos márgenes
(«)´
IV.- La libertad de expresión y su relación con la libertad de reunión
pacífica. En un sistema democrático respetuoso de los derechos humanos, tanto la
libertad de expresión como la libertad de reunión pacífica constituyen derechos
humanos que deben ser salvaguardados y ponderados. Al respecto, en torno a la
libertad de expresión, la Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado que
"la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad
democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo
personal de cada individuo. Dicha libertad no solo debe garantizarse en lo que
respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o
consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las
que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la
población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de
apertura, sin las cuales no existe una sociedad democr ática. [«] Esto significa
que [«] toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia
debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue´ (Perna v. Italia, Sentencia
del 6 de mayo de 2003).
En cuanto al marco normativo positivo atinente a la libertad de expresión, el
artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos determina que todo
Asimismo, el numeral 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos estatuye que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones (párrafo
1). Se aclara que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo que
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección (párrafo 2).
No obstante, el párrafo 3 pondera ese derecho, al indicar que su ejercicio entraña
deberes y responsabilidades especiales, por lo que puede ser restringido por
mandato legal expreso, siempre que ello sea necesario para asegurar el respeto a
los derechos o a la reputación de los demás, o para la protección de la seguridad
En adición a lo anterior, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, aprobada en el marco de la Novena Conferencia
Internacional Americana celebrada en 1948, en cuanto a la libertad de expresión,
señala en el artículo IV: ³Toda persona tiene derecho a la libertad de
investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier
medio´. Vale aclarar que tal instrumento, al igual que la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, a pesar de haber sido adoptada como declaración y no
como tratado, constituye una fuente de obligaciones para los estados miembros de
la OEA (Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989, ³James Terry
Roach y Jay Pinkerton c. Estados Unidos´, resolución del 22 de setiembre de
1987, ³Rafael Ferrer-Mazorra y Otros c Estados Unidos´, informe N° 51/01 del 4
de abril de 2001).
El ordinal 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos regula
ampliamente el derecho humano a la libertad de expresión. El punto 1) establece
que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Acto
seguido, el punto 2) estatuye la prohibición de la censura previa y la sujeción a
responsabilidades ulteriores, que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás; y, b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas. En el punto 3) se prohíbe restringir el derecho de expresión por
de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados
a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Finalmente, en el
punto 5) se señala la prohibición por ley de toda propaganda en favor de la guerra
y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a
la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo
de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
De otro lado, en cuanto al derecho de reunión pacífica, el artículo 20.1 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos contempla que toda persona tiene
derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Igualmente, el numeral
21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos comienza por reconocer
el derecho de reunión pacífica. Empero, acto seguido establece que el ejercicio de
tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, la
seguridad pública o el orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o
los derechos y libertades de los demás. En similar sentido, el artículo XXI de la
Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre establece: ³Toda persona
tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o
en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier
índole´. Por su parte, el numeral 15 de la Convenci ón Americana de Derechos
Humanos reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y, al igual que el
artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que
el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por
la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral
públicas o los derechos o libertades de los demás
Ambos derechos, reunión pacífica y libertad de expresión, confluyen toda
vez que el derecho de reunión pacífica se materializa, entre otros modos, a través
de la libre expresión de las ideas. De ahí que el derecho a manifestarse
públicamente involucre las mismas salvaguardas y límites de los derechos de
reunión pacífica y expresión. Precisamente, en la opinión consultiva número OC
5/85 del 13 de noviembre de 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
dijo: ³La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical
de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia
tenga pleno derecho de manifestarse´.
Ahora bien, en cuanto a las limitaciones, la jurisprudencia internacional ha
establecido estándares que ejemplifican la ponderación que debe existir entre tales
derechos, tendente a procurar un equilibrio a fin de que el contenido esencial de
cada uno de ellos quede preservado. Así, en el Caso Kivenmaa c. Finlandia
(decisión de 10 de junio de 1994), jóvenes agrupados frente al palacio presidencial
se manifestaron críticamente contra un Jefe de Estado invitado por el Presidente de
Finlandia y alzaron pancartas en contra. Una persona se hizo responsable de una
de las pancartas, y fue acusada por haber celebrado una reunión pública sin
notificarlo previamente a las autoridades. El Comité de Derechos Humanos
consideró que si bien el requisito de la notificación previa era compartible con el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cierto es que se había
violentado el derecho a la libertad de expresión de la petente porque Finlandia no
había invocado ninguna ley que permitiera restringir la libertad de expresión, ni
tampoco había demostrado que tal restricción fuera necesaria para la protección de
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, o los
En otro caso, Tae-Hoon Park c. República de Corea, el petente fue
condenado en realidad por manifestaciones críticas en contra de la política oficial
de Corea del Sur respecto de Corea del Norte, y su participación en
manifestaciones pacíficas en EE.UU en contra de la intervención de ese país. El
Comité de Derechos Humanos resolvió que se había violentado el derecho a la
libertad de expresión del petente porque Corea del Sur no había especificado el
carácter de la amenaza que supuestamente surgía de las manifestaciones del
petente, ni tampoco había demostrado que la restricción fuera compatible con el
artículo 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que las
restricciones a la libertad de expresión tienen que ser ³necesarias´, lo que implica
una ³necesidad social imperiosa ´, para cuyo efecto las restricciones deben ser
proporcionadas al interés legítimo perseguido (Barthold c. Alemania, sentencia del
25 de marzo de 1985).
Otro caso relacionado directamente con el ejercicio de la libertad de reunión
pacífica y de expresión, Ezelin c. Francia (26 abril 1991), versa sobre una sanción
disciplinaria impuesta a un abogado participante en una manifestación contra
decisiones judiciales de condena de tres independentistas en la isla de Guadalupe
en la que realizaron actos injuriosos contra la magistratura sin la desaprobación
del denunciante. El tribunal declaró que el demandante ejercitaba su derecho a
participar en una manifestación autorizada, no profirió las amenazas que tuvieron
lugar durante aquella, y estimó que había habido una ingerencia en la libertad de
reunión pacífica que se pretendía justificar por la "defensa del orden". El Tribunal
declaró la violación del artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
por considerar que la sanción impuesta era desproporcionada con respecto al
ejercicio de esa libertad. En ese sentido, indicó que "la proporcionalidad reclama
poner en la balanza los imperativos de los fines enumerados en el art. 11.2 con
los de la libre expresión por la palabra, el gesto o el silencio de la opinión de las
personas reunidas en la calle o en otros lugares públicos. La búsqueda de un
justo equilibrio no debe llevar a desanimar a los abogados, por temor a sanciones
disciplinarias, de expresar sus convicciones en tal circunstancia."
En Chorherr c. Austria (sentencia de 25 de agosto de 1993), el demandante
y un amigo fueron detenidos por negarse a suspender la distribución de folletos
que exhortaban a un referéndum sobre la adquisición de un avión de combate por
parte de las Fuerzas Armadas Austriacas. Su manifestación había causado
conmoción en una ceremonia militar en la que se conmemoraba el trigésimo
aniversario de la neutralidad austriaca. Ambos amigos fueron informados por un
oficial de policía de que estaban perturbando el orden público y les indicó que
cesaran su ³manifestación´. Se negaron a acatar la orden, invocando su derecho a
la libertad de expresión. Pese a posteriores advertencias, el demandante y su amigo
siguieron distribuyendo panfletos. Fueron arrestados y detenidos durante tres
horas y media. Al respecto, la Corte Europea sostuvo que si bien existía una
interferencia de una autoridad pública con el derecho a la libertad de expresión del
demandante, no menos cierta era que estaba prescrita por ley y había sido aplicada
con un objetivo legítimo, a saber, la prevención del desorden.
En Steel y otros c. Reino Unido (sentencia del 23 de septiembre de 1998), se
trata el caso de cinco peticionarios. En cuanto al primer peticionario, el 22 de
agosto de 1992, este y alrededor de otras 60 personas participaron en una protesta
en contra de la caza de urogallos. Los manifestantes trataron de obstruir y distraer
a aquellos que participaban de la caza. Cuando la policía llegó, comenzó a advertir
a los manifestantes que cesaran su conducta. Como estos no obedecieron, varios
de los manifestantes fueron arrestados. Relativo al segundo peticionario, el 15 de
septiembre de 1993, la peticionaria participó en una protesta en contra de la
ampliación de una autopista en Londres. Entre 20 y 25 manifestantes irrumpieron
en el sitio de construcción, sin causar incidentes de violencia ni dañar la
construcción. La peticionaria fue arrestada por conducta ³posible de provocar
disturbios a la paz´. En referencia al tercer, cuarto y quinto peticionarios, el 20 de
enero de 1994, los peticionarios asistieron a un centro de conferencias en Londres,
donde se llevaba a cabo la ³Conferencia de Helicópteros de Combate II´, para
protestar en contra de la venta de helicópteros de combate. Entregaron panfletos y
llevaban pancartas que decían ³Trabaja por la paz y no por la guerra´. El Estado
alegó que las detenciones de los peticionarios se adecuaban al poder del Estado de
detener a sus ciudadanos por conductas que causen un actual o razonable (para
justificar la detención) riesgo a la paz. Empero, la Corte Europea analizó, con
respecto a cada uno de los peticionarios, si las restricciones a la libertad de
expresión estaban ³prescritas por ley´, perseguían un objetivo legítimo (alguno de
los establecidos en el inciso 2 del artículo 10) y eran ³necesarias en una sociedad
democrática´. Con respecto a si las restricciones estaban prescriptas por ley, la
Corte Europea sostuvo que en el caso del primer y el segundo peticionario, las
restricciones estaban prescriptas por ley, mientras que en el caso del tercer, cuarto
y quinto peticionario no lo estaban en cuanto las manifestaciones habían sido
completamente pacíficas, sin poner el riesgo la paz. La Corte Europea manifestó
que, en todos los casos, las detenciones de los peticionarios tenían por objeto
prevenir el desorden y proteger los derechos de otros, objetivos legítimos de
conformidad con el artículo 10 de la Convención. En cuanto a la necesidad de las
restricciones en una sociedad democrática, la Corte Europea expresó que, en el
caso del primer peticionario, el riesgo de desorden producto de la constante
obstrucción de los manifestantes justificaba la detención del peticionante y que,
por lo tanto, no era una medida desproporcionada. En relación con el segundo
peticionario, la Corte Europea sostuvo que la conducta de la peticionante podía
causar disturbios a la paz, y que para proteger el orden público y los derechos de
otros, la detención no había sido desproporcionada. Con respecto al tercer, cuarto
y quinto peticionarios, la Corte Europea manifestó que, dado que las restricciones
no estaban prescriptas por ley porque la conducta de los peticionarios no constituía
un riesgo a la paz, las restricciones eran desproporcionadas a los efectos de
prevenir el desorden y proteger los derechos de otros, razón por la cual no eran
Por su parte, el Tribunal Constitucional Español, en sentencia número
42/2000 de 14 de febrero de 2000, estableció que ³el derecho de reunión cuando
se ejercita en lugares de tránsito público es una manifestación colectiva de la
libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de
personas que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del
intercambio o exposición de ideas, de la defensa de intereses o de la publicidad de
problemas o reivindicaciones, constituyendo, por tanto, un cauce relevante del
principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son el
subjetivo -agrupación de personas-, el temporal -duración transitoria--, el
finalista -licitud de la finalidad- y el real u objetivo -lugar de celebración´.
Además, agregó que ³Este Tribunal ya ha tenido ocasi ón de pronunciarse sobre
las alteraciones del orden público que ocasionan las concentraciones que afectan
a la circulación de vehículos por vías de tránsito público señalando que el
" ej er ci ci o de este der echo, por su pr opi a natur al eza, r equi er e l a uti l i zaci ón de
l os l ugar es de tr ánsi to públ i co y, dadas deter mi nadas ci r cunstanci as, per mi te l a
ocupaci ón, por así deci r i nstr umental de l as cal zadas" , r econoci endo que " l a
cel ebr aci ón de este ti po de r euni ones suel e pr oduci r tr astor nos y r estr i cci ones en
l a ci r cul aci ón de per sonas y, por l o que aquí i nter esa, de vehícul os" (SSTC
59/1990, FJ 6; 66/1995, FJ 3). No obstante, tales constataciones no conducen a
este Tribunal a considerar que cuando el ejercicio de este derecho fundamental
conlleve las señaladas restricciones, el mismo no sea constitucionalmente
legítimo, sino, al contrario, a entender que " en una soci edad democr áti ca el
espaci o ur bano no es sól o un ámbi to de ci r cul aci ón, si no tambi én un espaci o de
par ti ci paci ón" (STC 66/1995, FJ 3).´
Con base en tales antecedentes y la normativa descrita, es evidente que en el
marco de una sociedad democrática, tolerante y de libertad, el ejercicio de los
derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, reviste un
interés social imperativo. Por consiguiente, las limitaciones a tales derechos no
deben llegar a tal extremo que se afecte su contenido mínimo esencial. Al
respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que
³los gobiernos no pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas
de la libertad de expresi ón, como el mantenimiento del ³orden público´, como
medio para suprimir un ³derecho garantizado por la Convención o para
desnaturalizarlo o privarlo de contenido real´. Si esto ocurre, la restricción
aplicada de esa manera no es legítima´ (105 CIDH, Capítulo V, Informe Anual
1994, ³Informe sobre la compatibilidad entre leyes de desacato y la Convenci ón
Americana sobre Derechos Humanos´, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 9 rev).
Como indica la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la OEA:
³dentro de ciertos límites, los Estados pueden establecer regulaciones a la
libertad de expresión y a la libertad de reunión para proteger los derechos de
otros. No obstante, al momento de hacer un balance entre el derecho de tránsito,
por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho
a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los
primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el
socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal
del sistema democrático´. Así las cosas, toda medida tendente a limitar las
manifestaciones públicas debe procurar que en su aplicación se resguarde el
contenido esencial de los derechos humanos de reunión pacífica y libertad de
expresión. Las limitaciones no deben depender del contenido de lo que se vaya a
expresar a través de una manifestación pública, deben servir a un interés público y
dejar otras vías alternativas de comunicación. Las limitaciones deben tener
sustento legal y solo pueden tener por objeto evitar amenazas serias e inminentes,
no bastando un peligro eventual.
En cuanto al poder penal del Estado, debe ser usado como recurso de ultima
ratio para el aseguramiento de la paz social, no como un mero mecanismo de
control social. De ahí que el artículo 256 bis del Código Penal, mediante el cual se
penaliza la obstrucción de la vía pública, deba interpretarse de modo que su
aplicación no suponga una afectación al contenido esencial de los derechos
constitucionales de reunión pacífica y libertad de expresión. En tal sentido, las
conductas a que se refiere esa norma penal, en lo atinente a manifestaciones
públicas, están referidas únicamente a aquellas en que comprueben lesiones
considerables a los derechos de otras personas o a los bienes del Estado.
Verbigracia, una protesta en que los manifestantes agredan a las fuerzas de
seguridad u otras personas, o bien, realicen actos vandálicos contra bienes
públicos o privados, excede el contenido protector del derecho a la reunión
pacífica y la libertad de expresión, por lo que resulta penalmente punible y
justifica la actuación de las autoridades policiales, incluso con el uso de la fuerza,
siempre que esta sea proporcionada a la magnitud del daño y las características
concretas de la manifestación.
Bajo esa inteligencia, deviene razonable la intervención policial cuando
resulta evidente que las características de la manifestación producen daños
importantes al bloquear el acceso a establecimientos o instalaciones de gran
impacto para los intereses nacionales o de terceros (como un puerto o aeropuerto
en virtud de los daños que podrían darse por la pérdida de vuelos o el deterioro de
bienes perecederos destinados a la importación o exportación, entre otros).
Distinta es la situación cuando la manifestación y consecuente bloqueo de vía
pública, no impide el libre tránsito a través de vías alternas. En otras palabras, la
detención de personas en una manifestación pública y la aplicación de sanciones
penales solo se justifican cuando existe la necesidad social imperiosa de evitar
disturbios a la paz y el orden público, o serios daños a los derechos de otras
personas, condicionado ello a que la actuación policial sea proporcionada al
interés legítimo perseguido y a las características propias de cada manifestación en
De ninguna forma, la penalización de la protesta social puede convertirse en
un instrumento amedrentador en detrimento de una forma de expresión
participativa social propia de un sistema democrático. Mientras una manifestación
pública se desarrolle dentro de márgenes normales, debe imperar la cordura y la
tolerancia. De este modo, se evita que los medios de expresión de la
disconformidad social (los cuales históricamente han sido aceptados en los
regímenes democráticos mas no en las dictaduras) lleguen a convertirse en
verdaderos focos de violencia y desorden público, a lo que precisamente se
llegaría cuando el uso de la fuerza policial deviene desproporcionado. Sin
embargo, esta forma de expresión encuentra sus límites en que se ejercite de
manera razonable y dentro del marco del derecho de reunión pacífica, esto es sin
que haya agresión a la fuerzas de seguridad u otras personas, ni se den actos
vandálicos contra bienes públicos o privados, ni tampoco se infrinjan daños serios
a los derechos de otras personas, todo lo cual debe valorarse en el caso concreto.
V.- Sobre el tutelado Villalobos Arias. De conformidad con el informe
policial que consta en el expediente, esta persona fue aprehendida debido a que
incurrió en actos de violencia contra los oficiales de la Fuerza Pública. Tales actos
de violencia consistieron en lanzar piedras contra los oficiales de policía y golpear
con sus manos y pies los escudos de la Fuerza Pública (véase informe policial). Es
decir, la detención no se dio simplemente porque se encontrara expresando su
opinión en una protesta social, sino porque supuestamente agredió a oficiales de la
Fuerza Pública. En este contexto, la privación de libertad del tutelado estuvo
justificada, pues no se trata del ejercicio pacífico del derecho de reunión y libertad
de expresión. Según los argumentos expuestos en el considerando anterior, la
libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica válidamente pueden ser
limitados cuando la persona titular de estos los ejercita incurriendo en actos de
violencia o vandálicos. Bajo esta inteligencia, se impone desestimar el recurso en
cuanto al tutelado Villalobos Arias.
VI.- Sobre el tutelado Salas Sarquis. El Ministro recurrido afirma que el
operativo policial del 8 de noviembre de 2012, se inició con la finalidad de retirar
los obstáculos que los manifestantes habían colocado sobre la vía pública. De esta
forma, se buscaba proteger la libertad de tránsito de las demás personas que
estaban siendo restringidas en el ejercicio legítimo de su derecho de tránsito. En el
caso del tutelado Salas Sarquis, del informe policial número 0020-12 se constata
que obstruyó e impidió el libre tránsito de vehículos frente a la Caja Costarricense
de Seguro Social, utilizando el vehículo placas 110665. De igual manera, consta
que ese vehículo fue removido y decomisado por la Policía de Tránsito. Sin
embargo, la actuación policial no quedó ahí. Del mencionado informe policial se
observa que el tutelado Salas Sarquis también fue detenido y trasladado a la
delegación policial. Empero, a criterio de este Tribunal, no consta ni se logró
demostrar en el sub lite que esta persona hubiera asumido una actitud violenta o
agresiva. Tampoco consta que el amparado hubiera ocasionado daños serios a
terceros. Como se ha venido sosteniendo, el Estado tiene la potestad de hacer uso
legítimo de la fuerza durante una protesta social para evitar serios daños a
terceros, o bien, la integridad del patrimonio público o privado. Empero, el uso de
esta fuerza debe ser proporcionado y no puede ser ilimitado, a tal punto que
restrinja la libertad de expresión y de reunión pacífica que el Derecho de la
Constitución garantiza a favor de todos los habitantes de la República.
En conclusión, durante las protestas sociales es factible que el ejercicio de la
libertad de expresión y de reunión pacífica de unos, limite razonablemente el
ejercicio de la libertad de tránsito de otros, siempre que no se cauce daños serios a
terceros. El Estado -a través de sus órganos competentes para hacer uso de la
fuerza- debe analizar el contenido esencial de todos estos derechos involucrados,
con la finalidad de armonizar las libertades que coexisten en el grupo social. En
mérito de lo expuesto, procede declarar con lugar el recurso por vulneración a la
libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica en perjuicio del tutelado
Salas Sarquis.
VII.- Recordatorio final. Debe enfatizarse en lo siguiente: mientras una
manifestación pública se desarrolle dentro de márgenes normales, en atención a
consideraciones de cordura y tolerancia, no resulta constitucionalmente válido
obstaculizar el ejercicio de derechos humanos tan elementales en un Estado de
Derecho como la libertad de expresión y reunión pacífica. Tal como lo ha
manifestado la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, ³en suma, la
libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es cierto que su ejercicio puede
ser abusivo y causar daños individuales y colectivos importantes. Pero también es
verdad que las restricciones desproporcionadas terminan generando un efecto de
silenciamiento, censura e inhibición en el debate público que es incompatible con
los principios de pluralismo y tolerancia, propios de las sociedades
democráticas´ (Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 2008). Ahora bien, como estas libertades no son absolutas, sí es posible
restringirlas y limitarlas cuando la protesta social exceda esos márgenes
razonables que dicta la prudencia y más bien derive en actos de violencia o
vandálicos, o en lesiones serias a los derechos de terceros, todo lo cual debe
valorarse en el caso concreto.
Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto al tutelado
Salas Sarquis. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados
con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al amparado
Villalobos Arias, se declara sin lugar el recurso. Comuníquese.-
Luis Paulino Mora M. Fernando Cruz C.
Ricardo Guerrero P. Jose Paulino Hernández G.
DWXNI XXMGNY61
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