Source: http://www.naturalezadederechos.org/246.htm
Timestamp: 2020-02-24 11:08:06+00:00

Document:
Documento de los Pueblos Fumigados de Bs.As. | Resolución del Veneno.
Desde nuestros espacios de lucha territorial mostramos seria preocupación por la ofensiva que el estado provincial está llevando adelante, a través de la espuria e inconstitucional Resolución 246/18 del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires que valida las fumigaciones agrotóxicos (herbicidas, funguicidas e insecticidas) a metros de las viviendas, escuelas rurales y cursos, espejos y tomas de agua, con el fin de continuar consolidando un modelo de agricultura industrial que nos está enfermando, contaminando nuestros ríos, lagunas, el agua que bebemos y matando a los componentes biológicos como las abejas y los insectos.
En el caso de viviendas familiares que se encuentren en un área urbana o zona residencial extraurbana (sic) deberá preverse la presencia del profesional interviniente que determine las previsiones a tener en cuenta al inicio y durante la aplicación. En consecuencia, tanto en ríos, arroyos, tomas de agua, escuelas rurales, plazos, clubes deportivos y reservas naturales no se exige la intervención de un profesional.
Acceso al texto de la resolución.
Cuestionamos esta resolución porque la misma obedece a los reclamos de los sectores ruralistas como la SRA (Sociedad Rural Argentina), CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) , AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), CEDESABA (Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense), CIAFA (Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos) AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) y corporaciones del agronegocio en defensa de sus intereses económicos sin considerar los riesgos que implican para la salud, el ambiente y la biodiversidad la aplicación de agrotóxicos a metros de una vivienda, escuela rural y curso, espejo o toma de agua, establecimiento deportivo y reservas naturales.
Ante todo, la resolución ministerial parte de la falacia de distorsionar con dolo el concepto de zona de amortiguación, la cual en muchas ordenanzas municipales es equiparada a área de exclusión total de uso de agrotóxicos o bien solo de aquellos con bandas de mayor clasificación toxicológica. Desde la perspectiva de la norma en crisis, en la zona de amortiguación se pueden realizar aplicaciones terrestres con cualquier clase de agrotóxicos en todos los casos y respecto de las escuelas rurales, inclusive permite las aplicaciones aéreas.
El Ministerio de Asuntos Agrarios, con esta resolución procura pasar por arriba las luchas de los pueblos fumigados por el derecho a un ambiente saludable que se han logrado cristalizar, en algunos casos, con la aprobación de ordenanzas municipales que establecen distancias con un criterio mas realista (aunque insuficientes) de protección de las fumigaciones con agrotóxicos respecto de los centros poblados (en el caso de las aplicaciones terrestres como una medida paliativa urgente y de transición); así por ejemplo: Cañuelas (Prohibición de aéreas/2 km terrestres) ; Las Heras (Prohibición de aéreas/2 km terrestres), Castelli (Prohibición de aéreas/1 km terrestres); Campana (Prohibición de aéreas/1 km terrestres); Pinamar (Prohibición de aéreas y terrestres) Alberti (1 Km terrestres) ; General Pueyrredón (1 Km terrestres); Bolívar (1 Km terrestres); y Lujan (Prohibición de aéreas/500 metros terrestres).
En algunos municipios se ha avanzado inclusive en proteger las escuelas rurales, en particular, así en Marcos Paz, Campana y Bolívar se estableció una zona de exclusión de 1 km para las aplicaciones terrestres con agrotóxicos y de 500 metros en los partidos de Capitán Sarmiento, General Belgrano, Presidente Perón y Rauch.
Este derrotero de logros de la sociedad civil encuentra la prohibición total del uso de Agrotóxicos como es el caso de Vicente Lopez (2009) Lanus (2009) y la prohibición de uso del Glifosato en Lomas de Zamora (2010).
Debemos apuntar que, en materia ambiental, toda ordenanza puede ser más amplia que una ley, pero nunca menor. Por lo tanto, una resolución ministerial como la 246/18, que tiene aún menos peso que una ley, no tiene fuerza legal para pasar por arriba de una ordenanza municipal más beneficiosa.
En sí mismo, la resolución del veneno es inconstitucional porque viola el principio de progresividad ambiental consagrado en la Ley General del Ambiente (LGA, n° 25.675) que comprende dos criterios: a) El de no regresión normativa, según el cual si se avanzó en fijar un parámetro de seguridad, luego este no puede ser flexibilizado o disminuido por razones de mera conveniencia o sin fundamentos técnicos válidos que justifiquen la regresión. En tal sentido, muchas ordenanzas que han sido debatidas abiertamente en los concejos deliberantes han establecido criterios de resguardo más amplios (reiteramos, nunca suficientes) priorizando la protección de la salud de la población. b) El de universalidad jurídica, por el cual debe homogeneizarse la legislación vigente adoptando el mejor criterio de protección alcanzado ya sea en otra jurisdicción o en el poder judicial a través de las sentencias.
También decimos que es inconstitucional porque viola el bien común, fin preambular del estado consagrado en la Constitución Nacional. En razón de este principio el Estado tiene que garantizar que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades materiales e inmateriales conforme a sus proyectos de vida, pero sin afectar los derechos de terceros.
Asimismo la Resolución del Veneno ignora la ley nacional de residuos peligrosos 24.051, ya que los residuos de agrotóxicos producto de la deriva que surgen de cada aplicación deben considerarse como peligrosos, tal como lo reconoció el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en el caso del Barrio Ituzaingó.
Por último, desconoce las leyes ambientales nacionales y provinciales. Concretamente la ley nacional (LGA) 25675 y la ley provincial 11.723 establecen que las actividades que pueden afectar significativamente el ambiente y la salud deben estar sometidas a un proceso de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución.
Sin lugar a dudas, el modelo de agricultura del agronegocio debe ser sometido a esa instancia de evaluación que incluye una instancia de participación ciudadana.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el Caso Papel Prensa en la localidad de Alberti (Febrero 2016), ha dado el visto bueno a ese reclamo que tiene como objetivo trasladar a quienes usan los venenos, la carga de probar la inocuidad de la actividad; y no quienes son afectados, asumir la obligación de probar la relación de causalidad adecuada entre los venenos y el aumento de enfermedades cancerígenas o crónicas no transmisibles o bien el impacto en el ambiente y biodiversidad.
La resolución pretende fundar la seguridad del uso de agrotóxicos en la agricultura en las buenas prácticas agrícolas (BPAs). Ello es tan falaz como malicioso, ya que aun respetando las dosis recomendadas, las instrucciones de uso y aplicación, con presencia de profesional y las condiciones climáticas optimas, la deriva de los agrotóxicos, es decir, las gotas de agrotóxicos que no caen en el predio objeto de la fumigación, son incontrolables.
En este aspecto, la resolución del Veneno ensaya una entelequia inadmisible al considerar que hay deriva cero cuando se aplican agrotóxicos a cielo abierto y que por lo tanto estos se pueden usar – respetando las BPAs - en cualquier predio lindante a una vivienda, escuela rural, curso o toma de agua, establecimiento deportivo o reserva natural sin que ello genere ningún tipo de riesgo.
Tal formulación no tiene sustento científico. Todo lo contrario. Oscar Pozzolo, investigador del INTA, clasifica a la deriva en física y química: denomina deriva física a la traslación de la gota por efecto del viento, mientras que la química es aquella que se produce por evaporación antes de llegar a su objetivo.
Pozzolo reconoce que ambas (deriva física y química) son totalmente negativas ya que no sólo se disminuye la dosis efectiva que se aplica, sino que se contamina el medio ambiente y a los lotes linderos con el consiguiente perjuicio ecológico y el riesgo de conflictos económicos por las demandas por daños a terceros en la superficie.
Por su lado, también en otro interesante trabajo “Calidad de Aplicación de Plaguicidas” en I Jornada de Control Químico de Enfermedades del Trigo. Centro Internacional de Capacitación INTA-CIMMYT. Ed. INTA, Buenos Aires. 2002, el ing. Pedro Leiva también reconoce que estamos acostumbrados a evaluar la eficiencia de los plaguicidas (insecticidas, herbicidas y fungicidas) exclusivamente por sus dosis de principio activo y momento de aplicación, asumiendo que dicha dosis alcanza en su totalidad "el blanco" objeto del tratamiento (insecto, maleza o microorganismos), cuando en realidad sólo una parte de la misma lo hace.
Leiva realiza una aseveración contundente: sólo el 25% del volumen aplicado llega a las plantas.
Alicia Cavallo (2006). En “Plaguicidas: qué son y cómo usarlos.” (Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Terapéutica Vegetal. Editora SIMA.) coincide con Leiva y expresa que se calcula que aproximadamente un 25% de la pulverización de plaguicidas da en el blanco; el resto afecta directamente a otros organismos hacia los cuales la aplicación no fue dirigida. Según estudios publicados en Brasil cerca de 32% (de los plaguicidas pulverizados) son retenidos por las plantas blanco; 49% van al suelo, 19% van por el aire a otras áreas vecinas. De esta manera, las aspersiones afectan cultivos próximos y zonas habitadas (Chaim, 2004 – EMBRAPA).
Por su lado, la Profesora Dra. (Msc.) Ing. Agr. Susana Hang (Fac. de Agronomía, UNC) en la revista del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba de octubre de 2010, en sintonía señala que: “en el caso particular de los herbicidas está demostrado que la eficiencia de uso es inferior al 20%, vale decir que buena parte del producto no cumple la función específica aun cuando la aplicación se realice adecuadamente”.
Por último, el ing. Bioquímico Marcos Tomassoni, en su trabajo GENERACIÓN DE DERIVAS DE PLAGUICIDAS, describe las diferentes clases de deriva, a saber: deriva primaria, aquella que se produce al momento de la pulverización; deriva secundaria, la que se genera en las horas siguientes a la aplicación; deriva terciaria, la que puede producirse semanas, meses o años después de la aplicación. En virtud de ello, Tomassoni concluye que la deriva de una pulverización puede trasladarse hasta una distancia superior a los 4800 metros, que es el máximo que puede recorrer la gota más pequeña de una aplicación en condiciones climáticas óptimas.
Como se observa la Resolución del Veneno soslaya los criterios científicos expuestos, algunos de ellos realizados por profesionales que se encuentran en la vereda del agronegocio . Por lo tanto, no hay BPA que valga para evitar la deriva de los químicos.
Es evidente que es política de Estado (Plan Estratégico Agroalimentario – PEA) implementar y consolidar un modelo agroalimentario basado en el uso de agrotóxicos y transgénicos que excluye cualquier otro, principalmente el que primó durante milenios en la agricultura sobre el planeta tierra que fomentó y posibilitó la diversidad de cultivos y que proveyó de alimentos sin venenos a la humanidad, respetando la biodiversidad.
Para hacer esto, en el caso de Provincia de Buenos Aires el Ministerio de Asuntos Agrarios busca frenar nuestras luchas a cualquier costo. La resolución pretende tirar al tacho las ordenanzas que alejan las fumigaciones con agrotóxicos de las viviendas y que los pueblos fumigados hemos alcanzado con debates en los respectivos concejos deliberantes; a los que hemos acudido con argumentos científicos que surgen de investigaciones de las universidades públicas nacionales.
Inclusive se busca invisibilizar las luchas que han conseguido el fomento de la agroecología en sus territorios, como en Marcos Paz Marcos Paz, Ramallo y Arrecifes a través de la aprobación de ordenanzas municipales.
Claro está que estas luchas no han sido fáciles y el camino se ha presentado sinuoso. La mayoría de las veces, aun habiéndose obtenido ordenanzas con criterios más beneficiosos, los municipios no ejercen debidamente el control del poder de policía; y ante las denuncias de los vecinos y vecinas, miran para otro lado
Junto con esto, hubo muchas jurisdicciones municipales donde el poder político local ha oficiado como un gestor de los sectores ruralistas y corporaciones del agronegocio, aprobando ordenanzas con “cero protección” o con distancias nimias con respecto a las fumigaciones terrestres.
De esta manera responden a las exigencias de quienes propician este modelo basado en el uso de millones de litros de agrotóxicos sin importar sus consecuencias en la salud humana y los impactos en el ambiente y la biodiversidad: Junín, Olavarria, Pehuajó, Rauch, Laprida, La Plata, Ameghino, Coronel Pringles, Colon y Adolfo Alsina (0 metros); Yrigoyen, San Nicolás y Bragado (50 metros); Rivadavia, San Andrés de Giles, Salto, Pergamino y General Alvear (100 metros) son algunos ejemplos de esto.
En este último derrotero no podemos pasar de alto, el fallido intento legislativo de pretender aprobar el proyecto de ley del Senador Coll Areco que en el año 2016 obtuvo media sanción de Senadores y en el cual se autorizaban las aplicaciones con agrotóxicos a 100 metros de las viviendas. Gracias a la denuncia y acción oportuna de las asambleas, colectivos y organizaciones de toda la provincia de Buenos Aires, se logró frenar semejante afrenta contra la salud y la vida.
Pero sabíamos que esa lucha a nivel provincial no iba a concluir ahí. Hoy la problemática del agronegocio nos encuentra nuevamente haciendo frente a esta Resolución del Veneno, generada desde el mismo seno del agronegocio. Ello es así, porque el ideólogo y firmante de la resolución, es el Ministro Leonardo Sarquis, quien fuera empleado de la empresa Monsanto, principal fabricante del agrotóxico icono del modelo del agronegocio, el herbicida glifosato.
El modelo productivo del agronegocio basado en el uso de millones de litros de agrotóxicos y semillas modificadas genéticamente es insostenible desde la perspectiva de la salud humana, el cuidado del ambiente y la preservación de la biodiversidad.
Claramente es un modelo incompatible con el paradigma ambiental de nuestra Constitución Nacional y Provincial, según el cual las actividades productivas deben satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras.
Este modelo no puede coexistir con otro tipo de formas productivas, ya que los agrotóxicos y transgénicos producen una contaminación inevitable en cualquier otro cultivo convencional, en la producción apícola y/o hortícola, tal como lo muestran un gran número de investigaciones.
Además, impide el desenvolvimiento de una agricultura basada en los principios de la agroecología o libre de agrotóxicos, afectando así a muchos campesinos, campesinas, agricultores y agricultoras que quieren recuperar un modo de producir alimentos que respete los ciclos de la tierra, sin usar venenos ni fertilizantes inorgánicos, y principalmente sin envenenar los alimentos que producen.
Se trata de un sistema agroalimentario que afecta además de los pueblos fumigados a toda la población en su conjunto, ya que el uso de agrotóxicos no comprende solamente a los cultivos tradicionales extensivos como la soja, maíz, trigo, o girasol sino también a todas las frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas que se consumen en cada mesa del país, tal como surgen de las investigaciones del Equipo del EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental -Universidad de la Plata).
La Resolución del Veneno, precisamente ignora de modo malicioso esta situación soslayando abiertamente los impactos que provocan los agrotóxicos y transgénicos en las producciones de cultivos convencionales.
Por ello es necesario, también, defender a quienes quieren producir alimentos sanos sin contaminar el ambiente y afectar a la biodiversidad, quienes a su vez son los y las que nos pueden garantizar el acceso a alimentos saludables y adecuados, permitiendo alcanzar el máximo nivel de salud posible, bien jurídico reconocido constitucionalmente.
En este sentido, la Relatora del Derecho de la Alimentación Adecuada ha retomado el reclamo y las denuncias que los pueblos fumigados venimos realizando desde hace más de una década, al concluir en su reporte del año 2017, que se ha llegado a un punto de inflexión en la agricultura, donde resulta necesario que los estados implementen medidas que alejen del sistema agroalimentario el uso de agrotóxicos, a fin de transcurrir hacia un modelo basado en los principios de la agroecología. Por ello, la resolución del Veneno, va en contramano a lo recomendado por la Relatora.
Acceso al reporte.
Sobre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires pesa la competencia para regular sobre el uso de los agrotóxicos en relación a las escuelas rurales y cursos, espejos y tomas de agua. Esta competencia es compartida con los municipios en relación a los centros poblados y poblaciones rurales, en razón que estos últimos tienen poder de policía en materia de higiene y seguridad, es decir, la facultad para dictar ordenanzas, siempre que sean más protectorias.
Sin embargo, debemos apuntar que el principal responsable de la autorización y comercialización (y por ende el uso) de agrotóxicos en la agricultura en todo el territorio argentino es el Estado Nacional, que posee la competencia para ello y que la ejerce materialmente a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
La reglamentación del SENASA, permite que este organismo autorice la comercialización y uso de agrotóxicos sin que se realicen debidamente las evaluaciones de riesgos sobre los efectos crónicos y cancerígenos de los formulados comerciales de agrotóxicos que son los productos que efectivamente se liberan al ambiente.
Ningún agrotóxico autorizado tanto como principio activo y como formulado comercial posee una debida evaluación sobre los riesgos crónicos y cancerígenos en la salud humana.
En virtud de ello, los pueblos fumigados impugnamos con fundamentos las argumentaciones falaces de los defensores del uso de agrotóxicos que muchas veces ocupan bancas en los concejos deliberantes o cámaras de diputados o senadores o un Ministerio, como el caso del ex empleado de Monsanto Leonardo Sarquis, en cuanto sostienen que los agrotóxicos son seguros e inocuos porque fueron autorizados por el SENASA.
Es una absoluta falacia. Centenares de investigaciones científicas publicadas están demostrando que los principales agrotóxicos del modelo agroindustrial son agentes cancerígenos, disruptores endocrinos, teratogénicos y pueden provocar daño al sistema nervioso humano, además de afectar significativamente a los componentes biológicos, tal como está sucediendo con las poblaciones de abejas y de insectos.
Fuente: datos oficiales del Ministerio de Agroindustria Nación.Campaña 2017/18
Fuente: datos oficiales del Ministerio de Agroindustria Nación. Campaña 2017/18
Fuente: Cruzamiento de datos oficiales del Ministerio de Agroindustria Nación con información del agronegocio en medios hegemónicos. Campaña 2017/18
Fuente: Cruzamiento de datos de CASAFE con información del agronegocio en medios hegemónicos.
Conforme a la ley provincial 13.688 la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección General de Cultura y Educación, tiene la responsabilidad principal e indelegable de garantizar un hábitat adecuado en los espacios destinados a la enseñanza teniendo en cuenta necesidades y características socioculturales y ambientales de la comunidad.
En tal sentido la ley mencionada fija como objetivos de la Educación Ambiental dentro del marco de la comunidad educativa en particular, proponer acciones de supervisión, normatización y resguardo de la calidad ambiental requerida para los espacios educativos y trabajar la interacción territorial del establecimiento educativo con su entorno inmediato, contextualizando el accionar ambiental educativo a las realidades específicas de cada localidad y región.
Por ello, y en razón de las medidas sanitario-ambientales y de salud que corresponden aplicar respecto de las escuelas rurales en relación a los agrotóxicos deben ser cumplidas y garantizadas por el Estado Provincial.
En la Provincia de Buenos Aires existen 3.244 establecimientos educativos en funcionamiento. A nivel provincial, la Ley Nº 10.699 y su Decreto Reglamentario Nº 499/91 no establece, ningún tipo de protección sobre las escuelas rurales en relación a uso de agrotóxicos en sus adyacencias, ya sea por aplicaciones aéreas o terrestres. Y esa protección es inevitable e imprenscindible dado que los relevamiento ambientales realizados por la Universidad de la Plata han demostrado que en los patios de las escuelas hay altos niveles de residuos de agrotóxicos productos de las aplicaciones en los predios lindero. Efectivamente en estos días un estudio oficial pudo comprobar que el agua de dos escuelas rurales en el Partido de San Antonio de Areco presenta algo niveles de glifosato. (Ver nota)
Por lo tanto, surge claramente que los niños, niñas y adolescente más el personal docente y no docente que a ellas concurren, se encuentran absolutamente desprotegidos en cuanto a las aplicaciones de agrotóxicos. A este panorama, se le suma que la casi totalidad de las escuelas rurales, no poseen servicio de red de agua potable por lo que el agua que se consume en dichos establecimientos es extraída directamente de las napas subterráneas cuyas tomas de agua se encuentran, del mismo modo, expuestas a la deriva de los agrotóxicos, tal como lo muestra el estudio oficial apuntado mas arriba.
La situación de las escuelas rurales que describimos ha sido muy bien descripta por el Defensor del Pueblo de la Nación que, a través de la Resolución nº 29/2014, exhortó al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y a los Ministros Nacionales y Provinciales de Agricultura, Educación, Ambiente, Salud y la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos a que coordinen medidas precautorias y preventivas para minimizar los riesgos por el uso de agrotóxicos, especialmente en cercanía de la población y las comunidades educativas rurales a donde asisten niños, niñas y adolescentes y personal docente y no docente que se ven expuestos a los tóxicos como consecuencia de las actividades productivas en la zona.
Sin embargo, nada de ello ha ocurrido, sino todo lo contrario, como es la espuria resolución 246/18 que desconoce abiertamente la recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación violando así los derechos reconocidos en la Convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes - incorporada al plexo constitucional nacional - , al darle un ropaje de legalidad a las fumigaciones aéreas o terrestres con agrotóxicos en los lotes linderos a los establecimientos educativos e inclusive sin necesidad de intervención de un profesional.
Destacamos la labor de los gremios docentes de la provincia de La Pampa que lograron formalizar el Protocolo de protección de las Escuelas Rurales ante las fumigaciones con agrotóxicos en todas las escuelas rurales de la provincia pampeana, construido colectivamente entre varios espacios y asambleas de la Provincia de Buenos Aires.
También merece mencionarlo el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Entre Ríos que confirmó la sentencia que hizo lugar a un amparo judicial por el cual se estableció una franja de protección de mil metros para las aplicaciones terrestres con agrotóxicos y de 3 mil metros para las aéreas (que se fijó para centros poblados). Se trata de un antecedente valioso logrado por la lucha de asambleas, organizaciones socioambientales y gremiales de la provincia entrerriana.
De acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
En ese camino, el articulo 28 de la Constitución Provincial establece que la Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio. Luego agrega, en lo que interesa, que en materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de la Provincia; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema y promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo.
Ante este bloque constitucional, la Resolución del Veneno luce como un abierto despropósito cuando valida las fumigaciones con agrotóxicos a metros de arroyos, ríos, lagunas, humedales y tomas de agua para consumo humano o uso agropecuario.
Asimismo, se advierte la abierta desprotección que realiza la Resolución del Veneno respecto a las tomas de agua, permitiendo el uso de agrotóxicos sobre los mismos.
En efecto, las tomas de agua de las redes domiciliarias en las localidades bonaerenses - donde el agua de consumo de la población se extrae del acuífero - por lo general se encuentran en las zonas rurales.
En consecuencia, las mismas se encuentran en áreas que constantemente están sometidas a las aplicaciones con agrotóxicos, generando un riesgo inadmisible de exponer a las poblaciones a consumir agua contaminada, con el agregado de que la actual normativa provincial, no exige a la autoridad de contralor (OCABA) que en los controles rutinarios de potabilidad se analice la presencia de agrotóxicos en el agua de red domiciliaria.
En razón de lo expuesto la Resolución 246/18 viola la ley provincial 14.792 que reconoce el derecho humano al agua potable y que establece que la Autoridad de Aplicación debe adoptar medidas destinadas a impedir que terceros menoscaben el disfrute del derecho al agua potable. La obligación comprende la adopción de las medidas normativas y de otra índole, efectivas para impedir que terceros contaminen los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua.
No obstante este marco normativo de protección de las áreas que reúnan esas connotaciones, él mismo siempre está expuesto a violaciones por parte del poder político de turno que mediante interpretaciones forzadas y a través de reglamentaciones procede a autorizar o permitir actividades contrarias con los objetivos mismos de la ley, tal como sucede con la Resolución 246/18 que habilita las fumigaciones con agrotóxicos en los lotes linderos a toda reserva natural.
Las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de una reserva natural ponen en serio peligro la biodiversidad genética y biológica que compone a la misma. Por ello, la resolución viola arteramente el articulo 41 de la Constitución Nacional, la ley Nacional 24.376 y el articulo 28 la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por cuanto las autoridades deben proveer a la Preservación de la Diversidad Biológica.
Los plaguicidas y herbicidas que habitualmente se usan en nuestro país tienen efectos letales y subletales en la fauna. Estos han sido documentados en comunidades de organismos de agua dulce (Relyea, 2005; Vera et al., 2010), en diferentes invertebrados (Benamú et al., 2013; Santadino, Coviella & Momo, 2014), y en varios grupos de vertebrados, entre ellos peces (Menéndez-Helman et al., 2015; Brodeur et al., 2017 ), anfibios (Peltzer et al., 2011; Paganelli et al., 2010), aves (Bernardos & Zaccagnini, 2011; Paganelli et al., 2010), y mamíferos (Galloway & Handy., 2003). Entre estos organismos se encuentran muchos que cumplen relevantes servicios ecosistémicos, como por ejemplo los polinizadores y los enemigos naturales de las plagas (Silvertown, 2015).
En la Provincia de Buenos Aires, actualmente hay 52 áreas protegidas (39 de las cuales componen el SANP ). De las áreas protegidas como reservas naturales destacamos la Albufera (Mar Chiquita) - reconocida como reserva mundial de Biosfera por la UNESCO, donde desembocan 5 arroyos y un canal-, la Laguna de los Padres (Gral Pueyrredón), Arroyo el Durazno (Marcos Paz), Laguna Rocha (Esteban Echerría), Guardia del Juncal (Cañuelas) y las Reservas Municipales de Pilar y Ramallo por ser los mas expuestas al riesgo de daño irreparable a la biodiversidad al legalizar la Resolución 246/18 las fumigaciones con agrotóxicos en los lotes lindantes.
La Resolución del Veneno desconoce las decisiones judiciales que los pueblos fumigados han obtenido en la justicia bonaerense que la contradicen seriamente.
Siempre que una asamblea, vecino o vecina recurrió responsablemente al poder judicial de la provincia de Buenos Aires, obtuvo un eco favorable, aunque en algunos casos no fue simple el camino.
La labor judicial ha implicado, a la vez del reclamo propio por las fumigaciones con agrotóxicos, enseñar a los jueces y juezas sobre la problemática del uso de los mismos en la agricultura industrial. Los resultados fueron elocuentes. En los ochos procesos judiciales se les dio la razón a las vecinos, vecinas, asambleas y colectivos que recurrieron a la justicia.
Sin perjuicio de ello, no podemos dejar de advertir que aún falta que el Ministerio Publico de la Provincia de Buenos Aires se comprometa y asuma un rol activo en la fase penal, algo que lamentablemente aún está pendiente en la provincia de Buenos Aires.
En efecto, en el año 2008, los vecinos y vecinas de Alberti del Barrio Fonavi lograron parar las fumigaciones aéreas que un productor realizaba sobre un predio rural que se encontraba prácticamente en el casco urbano, violando arteramente el Decreto Reglamentario 499/91.
En el año 2012, la familia Monsalvo-Fernandez, logró que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, escuchara su reclamo, declarando ilegal una fumigación terrestre con agrotóxicos a menos de mil metros de la planta urbana tal como lo establece la ordenanza. El tribunal superior provincial reconoció por primera vez la problemática ambiental y fijó doctrina judicial señalando que la misma debe atenderse de modo urgente cuando alguien recurre a la justicia y bajo el prisma de la precaución, donde los denunciantes no deben acreditar necesariamente un daño, sino tan solo exponer el riesgo que se evidencia en el hecho de realizar aplicaciones con agrotóxicos cerca de una vivienda familiar.
En el año 2013, el Juzgado de Garantías del Joven Nro 1 del Departamento Judicial de Mercedes, en el marco de una acción donde se reclama al acceso al agua potable, hizo lugar a una medida cautelar que suspendió el uso de agrotóxicos a menos de mil metros de los pozos de extracción de agua subterránea que pertenecen a la red domiciliaria de la planta urbana de la localidad de Alberti hasta tanto no se obtenga la debida declaración de impacto ambiental.
En el año 2014, el Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca ordenó cautelarmente la suspensión de las fumigaciones con agrotóxicos a menos de mil metros (aplicaciones terrestres) y 2 kms (aplicaciones aéreas) de una escuela rural, en el Paraje El Relincho, Partido de Coronel Suarez. Esa medida fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
También el mismo año (2014), tras una presentación de la Asamblea Paren de Fumigar de Mar del Plata, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires suspendió cautelarmente la vigencia de la ordenanza del Partido de Gral. Pueyrredón que dejaba sin efecto la anterior que establecía una protección de mil metros para las aplicaciones terrestre de agrotóxicos, respecto de las viviendas.
En el año 2015, la Coordinadora Ambiental Sur también logró una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que declaró ilegal una fumigación que había sido realizada a menos de 500 metros del centro poblado de Guernica, que es la distancia de protección que establece el Municipio Presidente Perón.
En el año 2016, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, ordenó la suspensión de las actividades en el predio de Papel Prensa en la localidad de Alberti, donde posee un aprovechamiento forestal en el usa millones de litros de agrotóxicos por año sin la debida evaluación de impacto ambiental. El máximo tribunal de la nación reconoció que el uso de agrotóxicos como la gestión de los envases es materia de evaluación de impacto ambiental.
Por último, en el año 2018, la Asamblea de Chascomús, obtuvo una medida cautelar del Juzgado Civil del Departamento Judicial de Dolores, que prohibió las fumigaciones terrestres con agrotóxicos respecto de un barrio de dicha localidad.
Es importante destacar que en estos procesos judiciales se le dio el debate a las tres defensas que oponen los productores rurales del agronegocio como los representantes legales de los municipios y el Estado Provincial, a saber: el manual de buenas prácticas agrícolas, el informe del CONICET sobre el Glifosato del año 2009 y las pautas sobre aplicaciones con agrotóxicos creadas por el Ministerio de Agricultura de la Nación en el año 2013.
Del lado de los pueblos fumigados - tal como lo mostramos al final de esta página (anexo) - acompañamos como pruebas decenas de evidencias científicas; la totalidad ellas construidas desde la esfera de la ciencia digna y muchas de ellas desde el seno de la Universidades Públicas. Pruebas con rigor científico que muestran la absoluta ausencia de inocuidad de los agrotóxicos y el riesgo de daño grave e irreparable que importa la exposición a los mismos, tanto para las personas como a los componentes biológicos y el ambiente.
Así podemos citar el trabajo de Alejandro Oliva de la Universidad Nacional del Rosario sobre los impactos de los agrotóxicos en la fertilidad masculina. Los daños genéticos que provoca la exposición crónica a los agrotóxicos, comprobados por Delia Aiassa y Fernando Mañas de la Universidad Nacional de Rio Cuarto. En el mismo sentido Fernanda Simoniello de la Universidad Nacional del Litoral y Raúl Horacio Lucero de la Universidad Nacional del Nordeste. El aumento de casos de cáncer infantil en el Chaco corroborado por las médicas Analia Otaño y Maria del Carmen Sevesso. Los trabajos de recopilación de datos sobre malformaciones congénitas de la Dra Tromboto en el Hospital universitario de la Universidad Nacional de Córdoba y el Dr. Demaio en Misiones, ambos coincidentes en relacionar el aumento de casos con la exposición a los agrotóxicos. Los trabajos científicos del Dr. Andrés Carrasco sobre los efectos teratogénicos del glifosato y del Dr. Rafael Lajmanovich, de la Universidad Nacional del Litoral que observó in situ las malformaciones de anfibios en zonas donde se aplican agrotóxicos.
El listado de aportes continúa con la vigilancia popular de la salud a través de los relevamientos sanitarios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Rosario, que nos muestran datos similares a los del Estudio epidemiológico de Monte Maíz de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados con la coordinación del docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Medardo Avila Vasquez y publicado en una revista científica.
A todo ello, se suman los estudios ambientales del EMISA de la Universidad Nacional de la Plata, a cargo del Dr. Damián Marino, que muestran como en las aguas de lluvias se encuentran agro tóxicos que se encuentran en la atmósfera, producto de las fumigaciones. Lo mismo con los análisis de frutas, hortalizas y verduras.
Ante todo exigimos al Estado Nacional a que proceda a cumplir con las recomendaciones de la Relatora del Derecho de la Alimentación de la ONU, en cuanto es necesario avanzar en medidas que eliminen el uso de agrotóxicos en la producción de alimentos, y a la par, promocionar una agricultura que se sustente en los principios de la agroecología y la soberanía alimentaria.
A nivel provincial, exhortamos al Poder Ejecutivo a que deje sin efecto la Resolución 246/18 del Ministerio de Asuntos Agrarios por su manifiesta nulidad e inconstitucionalidad.
Asimismo reclamamos al Poder Legislativo a que asuma y cumpla con las competencias determinadas en la Constitución Provincial que establece que corresponde a dicho poder “dictar todas aquellas leyes necesarias para todo asunto de interés público y general de la provincia”. Claro está, que la solicitud también va a acompañada de la advertencia que todo paso que se realice en la materia que nos ocupa debe evitar de repetir lo que sucedió en el año 2016 con el proyecto de ley del Senador Coll Areco, que a espaldas de las asambleas, organizaciones y colectivos que componen los Pueblos Fumigados, se aprobó un proyecto de acuerdo a las necesidades de las cámaras empresariales del agronegocio.
También exhortamos a los Concejos Deliberantes municipales que deben defender el interés común de la sociedad que implica proteger los bienes comunes y garantizar los derechos a la salud y el hábitat adecuado de la población. Por lo tanto, nunca un derecho puede conculcar y anular a otro, tal como sucede cuando se ejerce el derecho a producir alimentos con la utilización de venenos que se esparcen a cielo abierto, afectando la salud de la población, contaminando el ambiente y atacando la biodiversidad. En este marco, el nuevo código civil y comercial sienta el principio que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.
Por ultimo, instamos al Ministerio Publico de la Provincia de Buenos Aires se comprometa y asuma un rol activo en la fase penal (algo pendiente en la provincia de Buenos Aires) tomando los antecedentes antes nombrados y representando a los damnificados por este modelo.
A la par de ello, solicitaremos al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (a través de presentaciones judiciales concretas):
Asegurar la provisión de agua potable libre de agrotóxicos y conforme los parámetros del código alimentario argentino, a toda la población en sus domicilios y en los establecimiento educativos y centros de salud.
Asamblea Autoconvocados de 30 de Agosto (Trenque Lauquen)
(Mo.Ve. A) Movimiento de Vecinos Autoconvocados por un Ambiente Saludable de Pehuajó
Vecinxs Autoconvocadxs de Benito Juárez
Asamblea Autoconvocados contra los Agrotóxicos de Trenque Lauquen
San Andres de Giles: Judith Cardozo 02325-473539
30 de Agosto: Rosario Iturralde 0221 5474059
Bolivar: Mónica González 02314-622-565
Benito Juárez: Mauro Jáuregui 0249-462-5960
La Plata: Abril Álvarez 0221-574-7154
Trenque Lauquen: Patricia Dominguez 02392 575010
Historial de Encuentros de Pueblos Fumigados:
Julio 2008, Los Toldos -
Febrero 2010, Saladillo -
Julio 2011, Junín -
Agosto 2012, Tandil -
Marzo 2013, Mar del Plata -
Agosto 2014, Los Toldos -
Agosto 2016, Trenque Lauquen -
Agosto 2017, San Andrés de Giles (1° de Agroecología) -
Marzo 2018, Saladillo (2° de Agroecología)

References: Resolución 
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 artículo 124
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