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Timestamp: 2020-07-11 20:25:58+00:00

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Se deniega al abogado condenado con sentencia firme aun no cumplida por delito doloso su matriculación en el Colegio – AL DÍA | ARGENTINA
Se deniega al abogado condenado con sentencia firme aun no cumplida por delito doloso su matriculación en el Colegio
Ed. Microjuris.com Argentina	en 10 julio 2013
Partes: S. R. S. s/ recurso de apelación por denegatoria de inscripción
Tribunal: Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín
Fecha: 13-may-2013
Cita: MJ-JU-M-79765-AR | MJJ79765 | MJJ79765
Ratificación de la resolución que deniega al abogado actor la matriculación en el Colegio Profesional demandado, en atención a que el accionante se encuentra condenado por la comisión de un delito doloso, con sentencia firme sin estar cumplida la condena, y no ha probado las inconstitucionalidades alegadas.
1.-Corresponde rechazar la demanda incoada contra el Colegio de Abogados de San Martín, y ratificar la resolución que deniega al actor la matriculación en el Colegio demandado, en atención a que el accionante se encuentra condenado por la comisión de un delito doloso, con sentencia firme sin estar cumplida la condena.
2.-La matriculación en el Colegio Público de Abogados es una función pública y dicha función debe y tiene que ser de carácter obligatorio, puesto que de otra manera el Estado estaría por la vía del Colegio estableciendo para unos profesionales un requisito que no exigiría para otros y, por lo mismos, violaría entonces el derecho de igualdad ante la ley, no pudiendo además ejercer control sobre el ejercicio profesional del abogado.
3.-Corresponde rechazar la tacha de inconstitucionalidad efectuada por el actor con respecto al art. 2 inc. 1 de la ley 5177, en tanto el derecho a trabajar o ejercer industrias lícitas está sujeto a leyes que reglamentan su ejercicio, las cuales serán susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resulten irrazonables, o sea cuando los medios que arbitren no se adecuen a los fines cuya realización procuren, o cuando consagren una manifiesta inequidad; situación que no se configura en el caso de los recaudos para el ejercicio de la abogacía que establece la Ley 5177 .
4.-Debe desestimarse la tacha de inconstitucionalidad respecto de ciertos artículos de la ley 5177 -en lo que hace a la alegada violación del principio de igualdad- ya que las resoluciones que permiten la matriculación del accionante emitidas por otros colegios profesionales (Colegio de Abogados de la Capital Federal y la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín) que invoca el actor en su favor, no obligan a los demás colegios departamentales, atento a la independencia de los mismos en el gobierno de la matrícula de los abogados y de los procuradores.
5.-Corresponde al impugnante probar la forma en que los dispositivos legales impugnados implican un valladar a los derechos constitucionales invocados, en tanto quien tiene la carga de probar los extremos de su demanda es el actor (art. 375 del CPCC) y en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés.
En la ciudad de General San Martín, a los 13 días del mes de mayo de 2.013, se reúnen en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Ana María Bezzi, Hugo Jorge Echarri y Jorge Augusto Saulquin, para dictar sentencia en la causa Nº 2.795/11, caratulada “S., R. S. s/ Recurso de apelación por denegatoria de inscripción”.
I.- A fs. 28/28 vta. del Expte. 10-170 del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y fs. 28/28 vta. de estas actuaciones, el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Dr. R. S. S. contra la resolución dictada por el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de M. con fecha 30 de septiembre de 2.010, en virtud de la cual se le denegara la solicitud de matriculación en virtud de contar con una condena penal por delito doloso aún no cumplida.
II.- A fs. 35/38 vta. del expte. citado y fs. 35/38 vta. de estas actuaciones, contra dicho pronunciamiento, el letrado R. S. S. interpuso recurso directo.
III.- A fs. 49/53 de la presente causa, este Tribunal, resolvió en lo que interesa: conceder el recurso planteado (conforme art. 74 1er. Párrafo última parte de la Ley Nº 12.008, modif. por la Ley Nº 13.325); declarar la inconstitucionalidad del art. 74 del CPCA en los términos que emanan de la doctrina legal de la SCBA, autos caratulados “Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires c/ Doctor M. H. M. Acción Disciplinaria” , causa A. 68.782 y que el particular opte por encauzar su pretensión por el procedimiento ordinario o sumario de ilegitimidad previsto en el CPCA.
IV.- A fs.57/61 el recurrente optó por el procedimiento ordinario previsto en el CPCA, peticionando se anule el acto administrativo por el cual se le denegó la inscripción en la matrícula como abogado y se proceda a inscribirlo para el ejercicio de la profesión.
Relató que en su juventud fue condenado por un delito doloso ocurrido el 27 de febrero de 1.987 y que, en la actualidad, cumplió con todos los requisitos exigidos por la Ley para lograr su libertad.
Explicó que se encuentra matriculado en el Colegio de Abogados de la Capital Federal (Tomo 86, Folio 480) desde el 12 de noviembre de 2.004 y en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín – CSJN – (Tomo 107, Folio 292) desde el 28 de agosto de 2.009.
Señaló que transcurrieron, desde su primera matriculación, más de siete (7) años con una conducta intachable, acorde a la ética profesional de su profesión.
Solicitó el planteo de inconstitucionalidad del art. 2 inciso 1 de la Ley 5.177, por ser contrario a los principios de la Constitución Argentina, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y de los Tratados Internacionales, particularmente de los arts. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Planteo la afectación del derecho a trabajar y del principio de igualdad.
V.- A fs. 73/73 vta. este Tribunal decidió que el proceso tramite por las reglas del proceso ordinario (título I, CPCA) y, previo examen de admisibilidad (art. 31 y ccdts. CPCA), declaró admisible la pretensión en los términos del art. 31 inc. 2º de la Ley Nº 12.008 (conf. fs. 50 vta., ap. 2º).
Asimismo, corrió traslado a la autoridad superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de M. por el término de cuarenta y cinco (45) días (art. 38 inc. 1º del cód. cit.).
VI.- A fs. 82/83 vta.contestó demanda el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de M., solicitando su rechazo.
Previo relato de los hechos, expuso que es cierto que al recurrente se le negó la inscripción en la matrícula en el Colegio de Abogados de M., habida cuenta de que no se encontraba cumplida su condena, conforme a lo dispuesto por el art. 2 inc. 1º de la Ley Nº 5.177, regulatoria del ejercicio de la abogacía.
Por su parte, que también es cierto que el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, convalidó lo resuelto por el Colegio Departamental.
Citando los arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional, expuso que la reglamentación “parece por demás razonable, ya que la misma se está refiriendo al autor de un delito doloso, exigiéndole solamente el cumplimiento de la condena” (fs. 82 vta. in fine).
Destacó que la CSJN sostuvo en numerosas oportunidades que no corresponde al Poder Judicial analizar la idoneidad de los medios reglamentarios en relación con el fin perseguido, ya que dicha tarea es inherente al Poder Legislativo.
Escribió que “No cabe duda, que exigiendo el cumplimiento de la totalidad de la pena, el legislador quiso quitar toda duda sobre el desempeño de la actividad abogadil, a los efectos de brindar la mayor seguridad posible hacia aquellos que deben recurrir a la persona encargada de la defensa de intereses tan importantes como son la libertad, el patrimonio y los derechos humanos en general” (fs. 83)
En cuanto a la posibilidad de discriminación, expuso que “el principio de igualdad genérico reconoce el derecho a ser tratado como igual en igualdad de condiciones. El mismo principio está dictado a los efectos de vedar discriminaciones arbitrarias. Pero a su vez, el sistema reconoce la necesidad de establecer, bajo ciertas circunstancias, diferenciaciones” (fs. 83, punto IV.3).
Previa cita de jurisprudencia, solicitó se rechace el planteo de inconstitucionalidad.
VII.- A fs. 94/99 vta.respondió el representante del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, solicitando se rechace el recurso interpuesto y se confirme la resolución del Consejo Superior.
En lo que interesa, indicó que la denegación de la solicitud de matriculación al Dr. S., constituyó una decisión ajustada a los hechos y al derecho. En cuanto a los hechos, porque se encuentra acreditada la condición del abogado como condenado por la comisión de un delito doloso, con sentencia firme sin estar cumplida la condena; en cuando al derecho, porque resulta innegable que la condición descripta se encuadra en el extremo objetivo previsto por el art. 2 inc. 1 de la Ley Nº 5.177 para impedir la matriculación.
Por ello, afirmó, se consideró que el Consejo Directivo Departamental había actuado dentro de las facultades legalmente conferidas, por lo que correspondía desestimar la pretensión recursiva del apelante.
En respuesta al planteo de inconstitucionalidad, indicó que las críticas que sostienen la vulneración de los derechos constitucionales de trabajar y de igualdad debían ser desestimadas.
Respecto al derecho a trabajar, transcribió jurisprudencia de esta Excma. Cámara referida a que el mismo está sujeto a leyes que reglamentan su ejercicio; en cuanto al derecho a la igualdad, explicó que no corresponde hablar de discriminación, cuando el Órgano Colegial se limitó a cumplir con lo dispuesto por la ley en su ámbito de aplicación (territorio bonaerense), más allá de lo que pudiera ocurrir en otras jurisdicciones.
VIII.- A fs. 109/109 vta. se abre la causa a prueba y, previa petición de fs. 121/121 vta., pasan los autos para resolver (fs. 122).
IX.- Ante la certificación de la actuaria de fs. 123 se tuvo por clausurado el período probatorio y se colocaron los autos en Secretaría a efectos de la presentación de los alegatos.
X.- A fs.126 se llamaron los autos para sentencia.
El Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es fundada la pretensión del actor?
A la cuestión planteada la señora Jueza Ana María Bezzi dijo:
1) Efectuada la reseña de los antecedentes relevantes de la causa, creo conveniente detallar que el actor pretende la anulación de la resolución denegatoria de su inscripción en el Colegio de Abogados de M., confirmada por el Colegio provincial, fundamentada en que “.en cuanto a los hechos, se encuentra acreditada la condición del abogado como condenado por la comisión de un delito doloso, con sentencia firme sin estar cumplida la condena; y en cuanto al derecho, resulta innegable que la condición descripta se encuadra en el extremo objetivo previsto por el art. 2 inc. 1 de la Ley 5177 para impedir la matriculación .” (fs. 29/29vta.).
El argumento del accionante radica en la afectación del derecho al trabajo y del principio de igualdad, partiendo del planteo de inconstitucionalidad que realiza de la norma en que se basó el rechazo de la matricula (art. 2 inc. 1 ley 5177). Ofreció como prueba de su demanda (fs. 59vta) las copias de las credenciales del Colegio Público de Abogados de Capital Federal y de la Corte Suprema de Justicia, e informes de los citados colegios (ver fs. 4/5 del exp adm y fs. 112 y 116 de los presentes, de los que no se desprenden sanciones).
2) En el contexto en el que se ha enmarcado la litis, creo pertinente efectuar un breve análisis de la ley de colegiación obligatoria provincial (cfm. CCASM causa. Nº 1.498/08 “Telleldín, Carlos Alberto c/ Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Recurso Directo art.74 ley 12008 – texto según ley 13325, del 8/2/11).
Al respecto expondré que Morello y Berizonce citan a Piero Calamandrei, sosteniendo que “no es exagerado decir que en un sistema judicial inevitablemente complicado.como lo es el de los estados civilizados modernos, la justicia no podría funcionar si no existiesen los profesionales del derecho, puesto que las dificultades de juzgar resultarían enormemente acrecentadas, hasta constituir obstáculos en la práctica insuperables, si el juez, suprimidos abogados y procuradores, viniera a quedar en contacto directo con la impericia jurídica y la mala fe de las partes litigantes” (“Abogacía y Colegiación Augusto” M. Morello, Roberto O. Berizonce, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1.981. pág. 17).
Asimismo, que: “.el sometimiento del ejer cicio de la abogacía al régimen de la colegiación obligatoria, tal como ha ocurrido en la Provincia de Buenos Aires a consecuencia de la sanción de la sabia y rectora ley 5177, dio una nueva fisonomía a la profesión. no podrán dejar de admitir las bondades comprobadas que arroja la existencia de los Colegios de Abogados, a los que se ha reservado el gobierno de la matrícula. Dignificación de la profesión, afianzamiento de la solidaridad gremial, fortalecimiento del poder disciplinario sobre los abogados, mayor responsabilidad ética profesional son, entre otras, las importantes conquistas que se obtuvieron con el nuevo régimen” (ob. cit. pág. 17).
Por su parte, que: “.c) La inscripción en la matrícula se lleva a cabo en el Colegio Departamental del que el letrado formará parte, siendo deber del Colegio verificar si reúne los requisitos exigidos por la ley.” (ob.cit. pág. 19.). Refieren que: “.el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto atañe al respeto y consideración que debe guardársele”. Texto que ha sido acogido por el decreto ley 23.398/56, de reformas al C.P.C., agregándoselo como último apartado, al art. 52; y ulteriormente por la ley 7425 (art. 58)”. (o.c. pág.24).
A su vez, que cabe tener particularmente en cuenta lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al analizar la colegiación obligatoria impuesta por Ley Nacional 23.187, al sostener que: “La organización de las profesiones en general, en colegios profesionales, no es per se contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino que constituye un medio de regulación y de control de la fe pública y de la ética a través de la actuación de los colegas. Por ello, si se considera la noción de orden público en el sentido referido de las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, es posible concluir que la organización del ejercicio de las profesiones está implicada en ese orden” (Com. Interam. Derechos Humanos Fecha: 22/03/1988 Partes: Ferrari, Alejandro M. y otros, Citar Lexis Nº 2/26788 Publicado: JA 1988 III 328).
3) Sentado ello, a efectos de analizar la legitimidad de la denegatoria de la inscripción denunciada, puntualizaré la regulación de la Ley Nº 5.177. La misma, en lo que aquí interesa respecto al gobierno de la matrícula, prevé:
Artículo 1°: “.Para ejercer la profesión de abogado en el territorio de la Provincia de Buenos Aires se requiere: 1- Tener título de abogado. 2- Estar inscripto en la matrícula de uno de los Colegios de Abogados departamentales creados por la presente Ley.”.
Artículo 2°: “No podrán inscribirse en la matrícula y corresponderá la exclusión de la misma de: 1- Los condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena.”.
Artículo 6°: “El abogado que quiera ejercer la profesión presentará su pedido de inscripción al Colegio Departamental del que formará parte. Para la inscripción se exigirá: 1- Acreditar identidad personal. 2- Presentar el diploma universitario original.3- Manifestar si le afectan las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en los artículos 2º, 3º y 4º. 4- Declarar su domicilio real, y el domicilio legal en que constituirá su estudio y servirá a los efectos de sus relaciones con la Justicia y el Colegio. 5- Acreditar buena conducta y concepto público. La buena conducta se acreditará mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal o el organismo que en el futuro cumpla sus funciones.”.
Artículo 7°: “El Colegio verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión y se expedirá dentro de los quince (15) días de presentada la solicitud.”.
Artículo 8°: El matriculado prestará juramento ante el Consejo Directivo, de desempeñar lealmente la profesión de abogado, observando la Constitución y las leyes, así de la Nación como de la Provincia; de no aconsejar ni defender causa que no sea justa, según su conciencia, y de patrocinar gratuitamente a los pobres”.
Artículo 9°: “Podrá denegarse la inscripción cuando el abogado solicitante estuviese afectado por alguna de las causales de inhabilidad del artículo 2º. A estos efectos, los Colegios estarán facultados para solicitar, de oficio, los informes que se consideren indispensables. También podrá denegarse la inscripción cuando se invocase contra ella la existencia de una sentencia judicial definitiva que, a juicio de dos tercios de los miembros del Consejo Directivo, haga inconveniente la incorporación del abogado a la matrícula. En todos los casos, la decisión denegatoria será apelable por ante el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia, dentro de los diez (10) días hábiles de producida su notificación, y deberá hacerse por escrito y en forma fundada.La resolución del Consejo Superior podrá ser recurrida por ante los tribunales contencioso administrativos, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 12.008”.
Artículo 10°: “El abogado cuya inscripción fuera rechazada, podrá presentar nueva solicitud, probando ante el Colegio Departamental la desaparición de las causales que fundaron la denegatoria. En todos los casos, la denegatoria deberá ser comunicada a los restantes Colegios Departamentales”.
4) En ese marco y conforme a los antecedentes procesales del caso, corresponde analizar si lo resuelto por el Colegio de Abogados de M. y su confirmación por parte del Colegio provincial -actos que han sido materia de impugnación por la actora-, se ajustan, o no, a derecho.
En estas condiciones, cabe adelantar que la impugnación efectuada por el actor no puede tener favorable recepción. Ello, en tanto los entes decisores, considerando que la condena a prisión perpetua, accesorias legales y costas (impuesta el día 26/3/92 por ser autor del delito de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso de dos o más personas, cfm. fs. 22/25 del exp. adm.), aún no se encontraba cumplida, aplicaron a efectos de la denegatoria, un supuesto expresamente previsto en la normativa aplicable.
En efecto, de la normativa transcripta surge que el legislador estableció causales de inhabilidad para el ejercicio de la abogacía en el ámbito provincial y de exclusión de la matrícula (cfr. lo previsto en el art. 2 Ley Nº 5.177). Entre ellas, la normativa inhabilita a: “los condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena.” (inc.1).
5) En el caso el accionante no demostró que la administración haya afectado el principio de legalidad, como así tampoco que la decisión resulte irrazonable.
Debe repararse que el abogado no es simplemente un profesional habilitado por su diploma universitario para exponer el derecho, enseñarlo y hacerlo valer en las causas de justicia, sino que es, además, un auxiliar de justicia a quien las leyes que organizan la justicia pueden – conforme al enunciado del preámbulo y al art. 5, Constitución Nacional – exigir cierta organización y disciplina que garantice el ejercicio responsable y ético de la profesión legal jurídica (del voto de los doctores Fayt y López in re “B. C., R. A. c. Colegio Público de Abogados”, del 1/06/00, LA LEY 2000-E, 189) (Conf. leyes nacionales n° 27, art. 8; n° 50, art. 23; n° 932, arts. 1 y sgtes.; n° 4162, arts. 1, 3 y otros); así como “un integrante potencial de sus tribunales en los casos de impedimento, recusación o excusación de sus miembros” (cfr. voto en disidencia de los doctores Sagarna y Casares en la causa “Sogga, Constantino y otros”, LA LEY 40, 405, Fallos Corte: 203:100, del 29/10/1945, y este Tribunal en causa Nº 1.498/08) (los resaltados son propios).
No menos relevante resulta recordar, en este punto, que la Ley Nº 5.177 impone una serie de prohibiciones a los abogados en el ejercicio de la profesión (cfr. art. 60, 72 y ccdtes.); así como, en el marco del Código de Ética para el ejercicio de la abogacía – dictado cfr. art. 25, inc.7 de la Ley 5.177 y el art. 32, inc. B del decreto 5410/49 – se estipula que:”. El abogado debe tener presente que es un servidor de la justicia y un colaborador de su administración; que su conducta ha de estar caracterizada por la probidad y la lealtad, y por el desempeño con dignidad de su ministerio; y que la esencia de su deber profesional es consagrarse enteramente a los intereses de su cliente, y poner en la defensa de los derechos del mismo su celo, saber y habilidad, siempre con estricta sujeción a las normas morales.- La conducta profesional supone, a la vez, buen concepto público de la vida privada del abogado (art. 1º); “El abogado debe mantener el honor y la dignidad profesional. No solamente es un derecho, sino un deber, combatir por todos los medios lícitos, la conducta moralmente censurable de jueces y colegas y denunciarla a las autoridades competentes o a los Colegios de Abogados” (art.2º); Es deber primordial del abogado respetar y hacer respetar la ley y las autoridades legítimas” (art. 5º). Los resaltados son propios.
Encuentro pertinente agregar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “La organización de las profesiones en general, en colegios profesionales.constituye un medio de regulación y de control de la fe pública y de la ética a través de la actuación de los colegas”; y que “la matriculación en el Colegio Público de Abogados es una función pública y, por razón de esta condición, dicha función debe y tiene que ser de carácter obligatorio, puesto que de otra manera el Estado estaría por la vía del Colegio estableciendo para unos profesionales un requisito que no exigiría para otros y, por lo mismos, violaría entonces el derecho de igualdad ante la ley, no pudiendo además ejercer control sobre el ejercicio profesional del abogado. Se trata, pues, de la actividad propia de un ente público con carácter derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público que actúa en nombre y representación del Estado” (Com. Interam. Derechos Humanos, Fecha: 22/03/1988 Partes:Ferrari, Alejandro M. y otros, Citar Lexis Nº 2/26788, Publicado: JA 1988 III 328) (los resaltados son propios).
Y que: “la responsabilidad del profesional mueve la confianza del usuario, contribuyendo a su vez a jerarquizar el desempeño de las profesiones jurídicas” (C. Civ. y Com. M., sala 2ª, 30/8/2005, “Jiménez, Juan Andrés v. Grimberg, Raúl G. s/ daños y perjuicios”); “El abogado a quien se le confía el asunto tiene, hacia la persona que deposita en él su confianza, una responsabilidad ética y legal” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C 14/04/1981 Naumow, Marta S. c. Gutiérrez, Julio E. LA LEY 1982-A, 212 AR/JUR/1740/1981).
Por estos fundamentos, las decisiones de las autoridades del Colegio de Abogados provincial y departamental intervinientes en autos, impugnadas por el actor -como adelante-, no resultan irrazonables ni tampoco ilegítimas.
6) En lo que se refiere a la tacha constitucional del art. 2 inc. 1 de la ley 5177, debo mencionar que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal debe ser la última ratio a la que debe acudir un magistrado (conf. Fallos 324:3345; 324:4404 y 325:645, entre otros).
En ese orden de ideas, se ha indicado que “La atribución de decidir la inconstitucionalidad de preceptos legales sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable” (SCBA, I 2.169, sentencia del 3 de diciembre de 2.003, entre otros).
A la luz de lo expuesto, advierto que la norma atacada (art. 2 inc. 1 de la Ley Nº 5.177) no resulta constitucionalmente censurable. Ello así, pues no advierto en el caso violación a los derechos a trabajar y al principio de igualdad alegados por el actor que, como todos los derechos constitucionales, no resultan absolutos y se encuentran sujetos a su reglamentación (conforme arts. 28 de la Constitución Nacional y 25, 27, 103 y conc.de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Resulta insuficiente para la viabilidad de la cuestión la invocación de agravios meramente conjeturales (Fallos 321:220; 324:3345 y 325:645) y conforma una carga impuesta al impugnante la de probar la forma en que el mencionado dispositivo legal implica un valladar a los derechos invocados.
Puede apreciarse que en autos no se ha alegado – y menos aún se ha demostrado – que en el caso concreto se afectaren los derechos que se invocan como vulnerados.
En efecto, en las condiciones expresadas, no logro observar que la disposición legal atacada afecte el derecho a trabajar – en el marco de la demanda planteada – y menos aún violado el derecho a la igualdad.
Véase, en primer lugar, que el derecho a trabajar o ejercer industrias lícitas está sujeto a leyes que reglamentan su ejercicio, las cuales serán susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resulten irrazonables, o sea cuando los medios que arbitren no se adecuen a los fines cuya realización procuren, o cuando consagren una manifiesta inequidad; situación que, conforme lo expuesto en los considerandos anteriores, no se configura en el caso de los recaudos para el ejercicio de la abogacía que establece la Ley Nº 5.177. Es que el actor se encuentra condenado a una pena por la comisión de delito doloso con sentencia firme y no ha cumplimentado su condena (cfr. art. 2 inc. 1).
Por lo demás, por cuanto el derecho al trabajo que garantiza nuestra Constitución Nacional – cfr. art.14 – no se circunscribe ni se agota, exclusivamente, en el ejercicio de la profesión liberal de abogado, sino que puede hallar su cauce en una innumerable gama de actividades a las cuales puede recurrir el actor para solventar, con eficiencia y probidad, las necesidades de orden material y espiritual que se le presenten en su vida diaria.
En segundo lugar, debe desestimarse la tacha de inconstitucionalidad -en lo que hace a la alegada violación del principio de igualdad- ya que la resolución de las autoridades del Colegio de Abogados de la Capital Federal (Tomo 86, Folio 480) y de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín – CSJN – (Tomo 107, Folio 292) que invoca el actor en su favor, no obligan a los demás colegios departamentales, atento a la independencia de los mismos en el gobierno de la matrícula de los abogados y de los procuradores (cfr. arts. 15, 16, 18 y 19 inc. 1 Ley 5177 y esta Cámara in re causa. Nº 1.498/08).
7) A mayor abundamiento, cabe destacar la falencia probatoria del actor a los efectos de acreditar que en el caso concreto la previsión legal dispuesta en el art. 2 inc. 1 de la ley 5177 resultaba inconstitucional, como así también que la aplicación de la norma dispuesta en los actos administrativos era irrazonable (vgr: no se adjuntó copia de las actuaciones penales, o de su sentencia, desconociéndose cualquier dato sobre el hecho que se investigó, más allá del dato objetivo relativo a que fue condenado por ser autor del delito de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso de dos o más personas, cfm. fs. 22/25 del exp. adm.).
Cabe recordar que, como surge de reiterados precedentes, quien tiene la carga de probar los extremos de su demanda es el actor (art. 375 del CPCC) y en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés (cfr. Ac.45.068, sentencia del 13 de agosto de 1.991 en “Acuerdos y Sentencias”, 1.991-II-774; entre otros y esta Cámara in re: Causas Nº 1.442, “Larrocca, María del Carmen c/ Pascual Folino Propiedades y Munic. de San Fernando s/ daños y perjuicios”, sentencia del 30 de diciembre de 2.008; Nº 2.235/10, “Plesko, Helena c/ Municipalidad de San Fernando s/ pretensión indemnizatoria”, sentencia del 11 de noviembre de 2.010; Nº 2.443/10, “Longhi, Nora Beatriz c/ Municipalidad de San Fernando y ot. s/ daños y perjuicios”, sentencia del 21 de junio de 2.011 y Nº 2.966, caratulada “Neo Producciones S.A. c/ Municipalidad de Tigre s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 10 de abril de 2.012, entre otras), lo que aprecio, en síntesis acontece en el presente.
Además, que el dilema de la carga de la prueba se presenta al Juez en oportunidad de pronunciar sentencia, cuando la prueba es insuficiente e incompleta a consecuencia de la frustración de la actividad procesal de las partes (.). Tratándose de una cuestión de hecho, si se ha producido prueba en el juicio, el Juez la evaluará de conformidad con los principios generales. De existir insuficiencia o ausencia de prueba respecto de los hechos esenciales y contradictorios de la causa, apelará a los principios que ordenan la carga de la prueba. (.) El Juez, aún así, debe llegar a toda costa a una certeza oficial; porque lo que decide un pleito es la prueba y no las simples manifestaciones unilaterales de las partes, no se atiende tanto al carácter de actor o demandado, sino a la naturaleza y categoría de los hechos según sea la función que desempeñen respecto de la pretensión o de la defensa. Normalmente, los primeros serán de responsabilidad del actor, y los segundos, a cargo del accionado.En síntesis, si la actora, en su caso no prueba los hechos que forman el presupuesto de su derecho, pierde el pleito (esta Cámara in re: Causas Nº 1.442, “Larrocca, María del Carmen c/ Pascual Folino Propiedades y Munic. de San Fernando s/ daños y perjuicios”, sentencia del 30 de diciembre de 2.008; Nº 1.992/10, “Guevara, Noemí Haidee c/ Nielsen Adriana L. y O. s/ daños y perjuicios”, sentencia del 17 de junio de 2.010; Nº 1.779/09, “Mangiarotti, Hugo Alberto y otra c/ Municipalidad de San Isidro s/ daños y perjuicios”, sentencia del 23 de marzo de 2.010; Nº 2.102/10, “Koretzky, Martín Horacio c/ Municipalidad de San Isidro s/ pretensión indemnizatoria”, sentencia del 23 de agosto de 2.010; Nº 2.443/10, “Longhi, Nora Beatriz c/ Municipalidad de San Fernando y ot. s/ daños y perjuicios”, sentencia del 21 de junio de 2.011 y Nº 2.966, “Neo Producciones S.A. c/ Municipalidad de Tigre s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 10 de abril de 2.012, entre otras).
Y que, por natural derivación del principio de adquisición procesal, al Juez le es indiferente establecer a cuál de los litigantes correspondía probar, siempre que los hechos esenciales de la causa queden probados. Contrariamente, ante la insuficiencia o ausencia de evidencias es necesario recurrir a los principios que ordenan la carga de la prueba y fallar responsabilizando a la parte que, debiendo justificar sus afirmaciones, no llegó a formar la convicción judicial acerca de los hechos controvertidos (art. 375 del Código Procesal).
8) Por último, en cuanto a las costas, se destaca que al momento de solicitarse la sentencia (ver escrito del actor a fs. 125) ya se encontraba vigente la ley 14437.
En tales condiciones, cabe imponer las costas del proceso al actor en su condición de vencido (artículo 51 inc.1 del CCA, texto según ley 14437).
9) Por todo lo expuesto, propongo a mis distinguidos colegas: 1) rechazar la demanda promovida y, en consecuencia, confirmar las decisiones de las autoridades del Colegio de Abogados provincial y departamental impugnadas en autos; 2) imponer las costas del proceso al actor en su condición de vencido (artículo 51 inc. 1 del CCA, texto según ley 14437); y 3) intimar al Dr. A. E. V. a que acredite, dentro de los 5 días, el pago del bono ley 8480 y anticipo Jus Previsional, bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a las autoridades correspondientes; 4) vuelvan los autos al acuerdo a efectos de la regulación de honorarios.
Los señores Jueces Hugo Jorge Echarri y Jorge Augusto Saulquin votaron a la cuestión planteada en igual sentido y por los mismos fundamentos, con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por las razones antes expuestas, este Tribunal RESUELVE: 1º) rech azar la demanda promovida y, en consecuencia, confirmar las decisiones de las autoridades del Colegio de Abogados provincial y departamental impugnadas en autos; 2º) imponer las costas del proceso al actor en su condición de vencido (artículo 51 inc. 1 del CCA, texto según ley 14437); y 3º) intimar al Dr. A. E. V. a que acredite, dentro de los 5 días, el pago del bono ley 8480 y anticipo Jus Previsional, bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a las autoridades correspondientes; 4º) vuelvan los autos al acuerdo a efectos de la regulación de honorarios. Regístrese y notifíquese.
ANA CLARA GONZALEZ MORAS
Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo – San Martín
Registro de Sentencias Definitivas Nº . Fs.y vta.
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Artículo 9
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