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Timestamp: 2019-06-18 07:14:21+00:00

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La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2009 estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Utrera al que se había condenado, junto con algunos particulares, por las lesiones causadas a varias personas y la muerte en algún caso, como consecuencia de la embestida que sufrieron por parte de un coche de caballos conducido por un menor en el interior del recinto ferial y en horario abierto al público, durante las fiestas patronales.
Algunas interpretaciones poco rigurosas y hasta frívolas de la responsabilidad patrimonial de la Administración, están contribuyendo a que se dicten resoluciones a la defensiva, creando un clima propicio al rechazo sistemático de las pretensiones de indemnización de los ciudadanos, con desconocimiento de la garantía de indemnidad del artículo 106 de la Constitución. Pasamos de un extremo a otro con gran facilidad, sembrando el desconcierto de los particulares que con sólidos fundamentos ven desestimadas sus solicitudes. Ahora toca la moda desestimatoria con el fácil argumento de que las Administraciones no son aseguradoras universales. Alguna ciencia más habrá que emplear. Sin embargo, entendemos que el Tribunal Supremo procede correctamente en este caso, al estimar que el daño no fue debido a una dejación de competencias de la Administración que le eran propias en cumplimiento de un servicio público, ni es la feria quien lo causa, sino un caballo desbocado que participaba en ella conducido y manejado por un particular sobre el que la Administración no tenía ningún motivo ni posibilidad legítima alguna para impedirle el acceso; acción esta, por lo demás, que tiene en el orden civil unas consecuencias jurídicas diferentes para los que se sirvieron del caballo creando un riesgo y causando el daño. Leer más
La STS de 11 de febrero de 2009 considera que no existe un derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Resumida así, y conociendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podría juzgarse que la sentencia es un puro disparate, como lo sería también sostener que la asignatura en su conjunto, y sin distinción de contenidos y desarrollos, es, sin más, objetable.
Pero la sentencia está llena de matices y advertencias. El conflicto se traslada ahora a las concreciones de contenidos y a los desarrollos, caso por caso, que se hagan por las autoridades educativas autonómicas, centros y docentes, incluyendo los libros de texto de la asignatura. Leer más
El Tribunal Supremo, en sentencia de 12 de diciembre de 2008, confirma la sentencia que en este sentido dictó, con fecha 14 de septiembre de 2004, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, desestimando el recurso de casación que la representación procesal de la Administración de la Generalidad de Cataluña interpuso frente a dicha sentencia.
La sentencia del TSJ de Cataluña, considerando la necesidad de hacer efectivo el artículo 21.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüista, anuló en la sentencia dicha la Resolución de la Consellera del Departament d´Ensenyament de la Generalitat, de fecha 29 de mayo de 2000, y la Resolución de la que trae causa, declarando, conforme a lo solicitado por la asociación Convivencia Cívica Catalana, procedente que el impreso incluya dichas preguntas, en concordancia con el deber de la Administración de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo, y con el derecho de los padres o tutores a ejercerlo en nombre de sus hijos, instando a que se aplique.
Sobre esta cuestión subraya el Tribunal Supremo que el TSJ de Cataluña hizo uso de la jurisprudencia constitucional, de la que cita las SSTC 16/2004, 119/2001 y 12/1994, en la que se reitera que ni la Constitución ni el Convenio Europeo consagran derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos, siguiendo en esto la doctrina alumbrada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que cita las sentencias de 9 de octubre de 1979, 13 de mayo de 1980 y 10 de julio y 6 de octubre de 2003.
Frente a la defensa de la Administración autonómica de su margen de discrecionalidad, el Tribunal Supremo destaca que la sentencia recurrida, pese a reconocer aquel ámbito de discrecionalidad, considera irrazonable la omisión en el impreso de las referidas preguntas, por la exigencia de que el derecho legalmente reconocido no sea meramente teórico o ilusorio y sí real y efectivo. Al mismo tiempo el TS deja afirmada, como lo hizo la Sala del TSJC, la legitimación de la asociación recurrida, teniendo en cuenta sus Estatutos y la última doctrina jurisprudencial que “se inclina decididamente por el reconocimiento de la legitimación para la defensa de intereses colectivos e incluso difusos a las asociaciones constituidas con tal fin, llegando a afirmar que debe reconocerse que las personas jurídicas de base asociativa y representativa pueden ejercitar acciones encaminadas a hacer valer jurisdiccionalmente los intereses legítimos que se asumen como objetivo en su actividad”.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2008, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional considera que en el caso de la “Asociación de Socorros Mutuos de la Guardia Civil” no se dan los presupuestos que legitimen un sacrificio del principio general de libertad y del derecho a no asociarse. En este sentido considera el Tribunal Supremo que al imponer la pertenencia de forma automática de los miembros de la Guardia Civil a esta Asociación se vulnera el derecho de asociación recogido en el artículo 22 de la Constitución en su vertiente negativa. En un país donde abundan más de la cuenta las colegiaciones forzosas, los adscripciones obligatorias a asociaciones u otros entes de dudosa naturaleza y con finalidades que pueden ser cumplidas libre y voluntariamente por sus miembros, con el sometimiento a las reglas del Derecho y a las formas organizativas comunes, respetando el principio de autonomía de la voluntad, se entienden los argumentos de la sentencia.
En efecto, los recurrentes ejercitan una acción sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, alegando para ello que la obligatoria pertenencia a la citada Asociación vulnera el derecho de asociación recogido en el artículo 22 de la Constitución, en su vertiente negativa, como derecho a no pertenecer a la Asociación.
Subraya la Sentencia del Tribunal Supremo que la Asociación en cuestión no se dirige a la consecución de fines de carácter público que tengan relevancia constitucional, respecto de los cuales, por otra parte, se haya acreditado que sin la adscripción forzosa se presente la imposibilidad, o al menos la dificultad de alcanzarlos en el tiempo actual. Además de que, en efecto, los asociados se encuentran en una situación en la que carecen de garantías en cuanto a las facultades que hay que reconocerles frente a la asociación como uno de los componentes del derecho fundamental de asociación (SSTC 173/1998, de 23 de julio; 104/1999, de 14 de junio; 135/2006, de 27 de abril). Leer más

References: artículo 106
 artículo 21
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 22
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