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Timestamp: 2019-02-20 16:07:01+00:00

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Sentencia c-637/09 Ref: expedientes d-7594 y d-7595 acumulados. Actores
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Sentencia C-637/09
Ref: expedientes D-7594 y D-7595 acumulados.
Actores: Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, Julián Rivera Loaiza, Julián Andrés Durán Puentes, y Edgar Saavedra Rojas (D-7594) y Kerin Jaramillo Martínez (7595).
Demanda de inconstitucionalidad: contra el artículo 289 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).
(Septiembre 16, Bogotá DC)
Los ciudadanos Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, Julián Rivera Loaiza, Julián Andrés Durán Puentes, y Edgar Saavedra Rojas (D-7594) y Kerin Jaramillo Martínez (D-7595), presentaron demanda de inconstitucionalidad, por presunta violación del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 4 y 29 de la Constitución Política, contra el artículo 289 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), cuyo texto es el siguiente (lo demandado con subraya):
“Ley 599 de 20001
Artículo 289. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO.
14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses. 2
2. Demandas de inexequibilidad.
2.1. D-7594:
2.1.1. Vulneración del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos3.
Las normas penales que consagran conductas sin una descripción inequívoca de sus elementos, son manifiestamente incompatibles con el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al vulnerar el principio de legalidad allí consagrado y reiterado por la jurisprudencia interamericana de derechos humanos4.
2.1.2. Vulneración del artículo 295 de la Constitución Política.
2.1.2. El legislador no precisó clara e inequívocamente la conducta prohibida. La norma es tan ambigua e indeterminada que no se sabe con certeza si el legislador sanciona a quien altere la materialidad de un documento privado o a quien consigne afirmaciones mendaces o calle total o parcialmente la verdad en un documento privado6.
2.1.3. La redacción finalmente aprobada no indica inequívocamente que el legislador también hubiese incluido la falsedad ideológica con la expresión “falsifique documento”, como lo hubiera sido la inclusión del inciso segundo que establecía esa modalidad. Un elemento histórico, reciente en el tiempo, indica que el artículo 280 del proyecto de ley que luego sería aprobado como ley 599 de 2000 contenía dos incisos: el primero referido a la falsedad material en documento privado y el segundo referido a la falsedad ideológica en documento privado. Mientras que el primero fue aprobado, el segundo no lo fue y el texto final aprobado se circunscribió a la falsedad material en documento privado7.
2.1.1.4. La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha orientado en sentido diferente, al punto de enfrentar la indeterminación o ambigüedad del tipo penal construyendo, mediante la argumentación judicial, un marco prohibitivo para la falsedad ideológica en documento privado.
2.1.1.5. En contravía de lo que dice la Corte Suprema de Justicia, no es punible en el derecho penal colombiano, pues cuando el legislador ha querido sancionar la conducta de callar total o parcialmente la verdad en un documento ha utilizado una fórmula lingüística inequívoca en tal sentido, expresando que quien “calle total o parcialmente la verdad en un documento incurrirá en pena...”. Así ocurre, por ejemplo, con la falsedad en documento público, ámbito en el cual la voluntad del legislador de castigar penalmente la falsedad ideológica ha sido consignada de forma inequívoca mediante un tipo en el que tal fórmula lingüística ha sido utilizada.
2.1.1.6. La expresión “el que falsifique documento privado que pueda servir de prueba” es tan abierta e indeterminada que, a la luz del criterio hermenéutico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, no define de manera clara los elementos que permitan establecer inequívocamente qué conducta se está prohibiendo, si sólo la falsedad material o sólo la falsedad ideológica o si lo que hizo el legislador fue castigar ambas modalidades mediante una fórmula omnicomprensiva. Los antecedentes legislativos citados indican, sin lugar a dudas, que sólo la falsedad material en documento privado es punible. No obstante, ya hemos visto que la Corte Suprema de Justicia le da un significado omnicomprensivo al tipo penal.
2.2. D-7595.
2.2.1. La norma acusada no contribuye a desarrollar los valores superiores consignados en el Preámbulo de la Carta Política, y tampoco está orientada a garantizar los derechos y deberes consagrados en la Constitución como uno de los fines esenciales del Estado, “pues al haber omitido en el tipo penal (artículo 289 del Código Penal) la falsedad ideológica en documento privado, como sí lo hace el legislador en relación con la falsedad ideológica en documento público (artículo 286 del Código Penal) impide hacer realidad uno de los valores superiores consignados en la Carta Política como es el valor de la justicia”.
2.2.2. Si la Constitución Política consagra el acceso a la administración de justicia como un derecho fundamental (CP, art 229), no puede una norma penal omitir sancionar una conducta que, como la falsedad ideológica en documento privado, afecta tanto el tráfico jurídico de los documentos como el derecho de los particulares a estar seguros de que tales documentos no han de sufrir alteraciones o mutaciones de la verdad.
2.2.3. La omisión legislativa se funda en: (i) la norma, al excluir las falsedades ideológicas que consignan los particulares en documentos privados impide que las víctimas de tales conductas puedan acceder a la administración de justicia, solicitar la práctica de pruebas para lograr el esclarecimiento de los hechos, las circunstancias de su ocurrencia, la determinación de los responsables, la magnitud de los daños sufridos y el esclarecimiento de la verdad, así como el derecho de las víctimas consagrado en el literal d) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004 (CP, preámbulo, artículo 2 y artículo 229); (ii) la omisión genera una desigualdad injustificada frente a conductas de las cuales el ciudadano espera la misma respuesta que el Estado da a la falsedad ideológica en documentos públicos (CP, artículo 13).
2.2.4. La evidencia de la omisión legislativa se encuentra en el hecho de que la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, ha llenado, por vía jurisprudencial, tal omisión sancionando tan reprochable conducta, por considerar que “el ordenamiento jurídico, con no poca frecuencia, impone a los particulares, expresa o tácitamente, el deber de decir la verdad en ciertos documentos privados, en razón a la función probatoria que deben cumplir en el ámbito de las relaciones jurídicas...”
2.2.5. El problema radica en resolver cuándo los particulares están obligados a decir la verdad en los documentos privados, pues no resulta suficiente la afirmación de la Corte Suprema de que, en algunas ocasiones, se impone a los particulares, de manera expresa o tácita, el deber de decir la verdad en ciertos documentos privados. “Cuando la ley, de manera expresa, impone la obligación de decir la verdad en ciertos documentos privados estamos frente a un verdadero tipo penal; pero cuando frente a determinados documentos, como por ejemplo la declaración de renta, la ley no exige consignar en ellos la verdad no ocurre lo mismo; luego no puede afirmarse que tácitamente se puedan imponer obligaciones”.
El Ministerio del Interior y de Justicia defendió la constitucionalidad de la norma demandada.
La norma acusada tipifica la falsedad en documento privado, tanto ideológica como material. Si bien la obligación de decir la verdad en esta clase de documentos está impuesta por normas legales, en aquellos casos no expresamente contemplados por la ley, la destinación probatoria del documento - la posibilidad de emplearlo como prueba en un juicio - es fundamento de tal deber. El daño al tráfico jurídico o la puesta en peligro de los bienes protegidos por esta norma, solo aparece cuando se hace uso del documento privado falso.
Del trámite legislativo del proyecto de ley que finalmente se convirtiera en el actual Código Penal (Ley 599 de 2000), del cual hace parte la norma acusada, se desprende que en relación con la falsedad en documento privado, si bien la iniciativa inicial contemplaba una referencia expresa sobre la falsedad ideológica en documento privado en particular respecto de quienes tuvieran la obligación legal de decir la verdad, lo cierto es que, finalmente, dicha propuesta fue suprimida, al considerar más adecuado el tratamiento tradicional que se venía dando al instituto, es decir, la referencia general a la falsedad en documento privado.
En la norma acusada no se configura ninguno de los supuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional que dan lugar a la omisión legislativa relativa, pues la norma no excluye de sus consecuencias jurídicas casos asimilables que deberían estar comprendidos en la misma, ni la supuesta omisión es el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador, en este caso del principio de legalidad8.
Dentro de la cláusula general de competencia para la definición de las conductas punibles y de las penas, el legislador goza de una potestad amplia de configuración normativa, lo cual le permite crear o excluir conductas punibles, fijar la naturaleza y la magnitud de las sanciones, lo mismo que las causales de agravación o de atenuación de éstas, dentro del marco de la política criminal que adopte. Aunque dicha potestad no es ilimitada, ya que está sometida a los límites establecidos por los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución y, en particular, por el principio de proporcionalidad.
En caso de ambigüedad de la norma penal lo procedente no es que la Corte dicte una sentencia interpretativa, para precisar la descripción de la conducta o el señalamiento de la pena de conformidad con la Constitución, pues dicha sentencia sería contraria al principio de legalidad en sentido amplio, por tratarse de una competencia exclusiva del legislador, y en cambio debe declarar su inexequibilidad.9
3.2. Intervención de la Universidad del Rosario.
En su intervención el Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario solicita se declare la exequibilidad de la norma demandada por considerar que:
- La Corte Constitucional desde sus inicios ha señalado que el legislador cuenta con un amplio margen para determinar las conductas que deben ser merecedoras de sanción penal y para establecer las penas en que incurrirán quienes cometan la conducta incriminada. Lo que se debe analizar es si la omisión del legislador de aclarar si dentro de la falsedad en documento privado se incluye tanto la falsedad material como la ideológica y si ello contraría la Carta Fundamental en lo que tiene que ver con el principio de taxatividad. Al respecto, consideramos que la respuesta debe ser negativa, pues de la manera como se encuentra regulada la falsedad en documentos privados en el Código Penal no queda duda alguna de lo que se está sancionando y por ende se da cumplimiento al principio de taxatividad penal, por lo que la norma debe ser declarada exequible.
- Claramente hay una diferencia en la incriminación de la falsedad ideológica en documento público y la falsedad en documento privado, pero la misma, no conlleva a la inconstitucionalidad del precepto acusado como lo entienden los demandantes por cuanto la diferenciación entre falsedad material y falsedad ideológica en los documentos públicos se desprende del deber funcional que resulta infringido en uno y otro supuesto. Y, en todo caso, la falsedad en documentos privados incluye tanto la falsedad material como la ideológica. Esta duplicidad en la tipificación de la conducta se echa de menos al tratarse de documentos privados, para cuya comisión no se requiere ostentar calidad alguna, pero, de ninguna manera, ello puede suponer la inconstitucionalidad del precepto, que, incluye las dos modalidades, esto es, la falsedad material, y la falsedad ideológica. El verbo rector contenido en el artículo 289 del Código Penal acusado señala que incurrirá en la pena prevista para el delito quien "falsifique" documento privado que pueda servir de prueba. Si se atiende a un criterio de literalidad, se observa que el vocablo falsificar alude a lo "engañoso, fingido, simulado, falto de ley, de realidad o de veracidad"10; de donde se desprende que este vocablo incorpora tanto la carencia de autenticidad -falsedad material11- como la de veracidad -falsedad ideológica12-. Por lo que es claro que el legislador incrimina todas las modalidades de falsedad dentro del verbo rector contenido en esta conducta.
- De la manera como se encuentra regulada la falsedad documental en lo tocante a documentos privados queda clara la conducta que se quiere reprimir, esto es, tanto la carencia de autenticidad como la de veracidad. La distinción que el legislador emplea entre falsedad material e ideológica en los documentos públicos se debe a que en un caso estamos frente a un delito de deber (falsedad ideológica) mientras que en otro caso se trata de un delito de dominio (falsedad material), y no a una intención del legislador de limitar la tipicidad en los delitos de falsedad en documentos privados a la falsedad material.
- No puede desconocerse la importancia que en las relaciones jurídicas de la actualidad tienen los documentos privados, al punto que ya el legislador ha establecido deberes de veracidad específico para este tipo de documentos, como sucede con la Ley 43 de 1990 -en punto de los estados financieros- o la ley 23 de 1981 sobre la Historia clínica.
- Debe mantenerse la punibilidad de la falsedad ideológica en aquellos eventos en los que el particular tenga el deber de veracidad, deber que tendrá que estar contenido en una norma jurídica con el rango de ley, tal y como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia.
- La Corte Suprema de Justicia ya ha tenido la oportunidad de referirse a la cuestión, siendo la sentencia hito, la de noviembre 29/2000, Rad. 13.231, M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll13, donde se admite la falsedad ideológica en documento privado, jurisprudencia que ha sido reiterada de manera pacífica por la Corte Suprema de Justicia y constituye el criterio que actualmente se aplica sobre la materia, sin que en criterio del alto tribunal se presentaran las fallas que se denuncian en la demanda sobre la norma acusada, por lo que entendemos la disposición objeto del líbelo debe mantenerse como está.
3.3. Intervenciones ciudadanas.
3.3.1. El ciudadano Francisco Bernate Ochoa intervino para defender la exequibilidad del artículo 289 de la Ley 599 de 2000, porque el artículo demandado de ninguna manera deja dudas sobre lo que se está incriminando, pues dentro de la falsedad documental en materia de documentos está claro que se incluye tanto al falsedad material como la ideológica, por las siguientes razones.
El legislador diferencia entre la falsedad material e ideológica en el caso de los documentos públicos para darle una mayor pena al delito de falsedad ideológica, evento en el cual hay claramente una defraudación de un deber por parte de quien crea el documento mendaz, deber que no concurre en el caso del documento carente de autenticidad, o, lo que es lo mismo, documento materialmente falso. La falsedad en documentos privados, es un delito común, por lo que puede ser cometido por cualquier persona, pero es requisito del tipo el que el instrumento se use, pues de lo contrario la conducta será atípica. El uso que se hace del documento debe ser aquel al que está destinado de acuerdo a la función que cumple en el tráfico jurídico. No cabe duda sobre la lesividad de la falsedad material en documentos privados, que se presentará cuando se altere total o parcialmente el contenido del documento mediante la introducción de elementos que no estaban en el documento original o mediante la supresión de contenidos que estaban presentes en el documento materialmente auténtico.
Tradicionalmente, la discusión sobre la existencia de la falsedad ideológica en documentos privados el legislador la ha trasladado a la jurisprudencia y a la doctrina, quienes han sido los encargados de determinar el sentido que se le debe dar al vocablo falsificar14. Por su parte, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido la posibilidad de estructurar el delito de falsedad ideológica en documento privado siempre que el particular que incurra en la conducta tenga la obligación legal de decir la verdad.
Si bien por regla general los documentos privados no gozan de presunción de autenticidad, existen casos como el de los estados financieros que gozan de una presunción de veracidad y de autenticidad de conformidad con lo previsto por el artículo 10° de la Ley 43 de 1990. Lo mismo sucede con la historia clínica, documento que igualmente debe ajustarse a la realidad de conformidad con lo que establece la Ley 23 de 1981. Ello debido a que se trata de documentos en los cuales la comunidad ha depositado su confianza.
3.3.2. El ciudadano Arturo Daniel López Coba defiende la constitucionalidad de la norma demandada así:
Debe considerarse, que muchas relaciones se basan en documentos emanados de particulares, que nunca se relacionan con documentos o actos públicos para que adquieran tal calidad. Se basan en relaciones de confianza, la doctrina de la apariencia. Por tal motivo tienen validez, certeza frente a lo incorporado en éstos (Principio de la buena fe).
Contrario a lo expresado por los demandantes, plasmar mentiras en los documentos, tiene un límite constitucional: LA BUENA FE. Inmerso en el principio de la buena fe, encontramos la doctrina de la apariencia, que “se basa en la idea de que aquel que crea una realidad visible (un documento) sobre la que puede confiar un tercero de buena fe debe responder por ella; se basa en la conexión del principio de publicidad y el principio de imputación: el documento genera una apariencia jurídica y por tal apariencia debe responder el suscriptor, en la medida, claro está que la haya causado de manera imputable15”.
En virtud del principio de confianza una persona tiene el derecho a esperar que todos ajusten su comportamiento y lo hagan conforme a la ley y a la Constitución.
El artículo demandado hace referencia a la falsedad, no indica cuál, no diferencia ninguna. Incluye la ideológica y la material. Lo relevante para el tipo es que el documento privado pueda servir de prueba. Así lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, lo cual está dentro de sus funciones Constitucionales y legales, como máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria, sin que lo decidido vulnere el principio de legalidad.
Es claro que las falsedades sancionadas son la ideológica y la material. En tal sentido, no existe desigualdad en la sanción de la falsedad ideológica, como tampoco se puede predicar de la falsedad material. Al no señalar taxativamente ninguna, no se puede hacer referencia que exista una desigualdad injustificada en la aplicación de la norma, ni una omisión legislativa.
4. Concepto del Procurador General de la Nación16.
El Ministerio público solicita que se declare la exequibilidad de la norma demandada porque:
4.1. En los delitos de falsedad en documentos el bien jurídicamente protegido es la fe pública, que se refiere a la confianza que la colectividad tiene en ciertos medios de prueba, como es el caso de los documentos que permiten establecer la existencia, modificación o alteración de un derecho.17
4.2. La Corte Suprema de Justicia interpreta la disposición atacada del Código Penal, en el sentido de aducir que la falsedad en documento privado tiene dos vertientes, la puramente material, es decir, la que atenta contra la integridad del documento, y la ideológica cuando el particular estando en la obligación de certificar la verdad no lo hace.
4.3. El artículo 286 de la Ley 599 de 2000, tipifica la falsedad ideológica en documento público cuando el servidor público en ejercicio de sus funciones, al extender un documento que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, caso en el cual incurre en la pena allí señalada. El artículo 289 del Código Penal, establece que: “el que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis a ciento ocho meses”, de manera que, a diferencia del tipo penal consagrado en el artículo 286 citado, el sujeto activo es cualquier persona y no un servidor público, además el legislador no distingue si la naturaleza de la falsedad es material o ideológica.
4.4. De acuerdo con una adecuada interpretación del artículo 289 del Código Penal, el legislador, no tipificó exclusivamente la falsedad material del documento privado, sino en términos generales el delito de falsedad en documento privado, en el que se incluye un componente importante del mismo, como es la falsedad ideológica.
4.5. No existe vulneración al principio de legalidad en la medida que el legislador reguló dos situaciones distintas en los artículos 286 y 289 del Código Penal, por lo que no era necesario que consagrara un delito específico de falsedad ideológica en documento privado, pues, éste ya se encuentra regulado en el contenido del artículo 289 de Código Penal.
4.6. No hay imprecisión que permita establecer que el juez que impone una condena penal por el delito de falsedad ideológica en documento privado, está creando un tipo penal que no ha sido consagrado por el legislador, por cuanto la distinción que establece el legislador entre falsedad ideológica cometida por servidor público está relacionada con el incumplimiento de los deberes funcionales que se le ha encomendado al mismo y la falsedad documental está dirigida a cualquier persona que puede cometer el delito en sus dos modalidades.
4.7. No existe intención del legislador de excluir la falsedad ideológica en documento privado de la órbita del derecho penal, configurando una omisión legislativa relativa, pues no se desprende de la norma demandada que exista una exclusión sin justificación que desconozca el derecho a la igualdad y el derecho de acceso a la administración de justicia, como lo advierte la demandante.
4.8. La tipificación de la conducta permite al operador judicial, sin hacer un mayor esfuerzo hermenéutico, y por ende sin invadir la competencia del legislador, a quien corresponde delimitar y precisar las conductas delictivas, establecer que la falsedad de documento privado incluye las dos vertientes que caracterizan a la misma: la falsedad material y la falsedad ideológica.
La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda de inconstitucionalidad, por dirigirse contra una disposición legal - Ley 599 de 2000, artículo 289-, de acuerdo con el artículo 241.4 de la Constitución Política de Colombia.
2.1. La demanda D-7594 plantea si el artículo 289 del Código Penal vulnera el principio de legalidad por indeterminación en la descripción del delito de falsedad en documento privado, esto es, sin precisar si se limita a la falsedad material o si abarca también la falsedad ideológica (CP, art 29; CIDH, art 9); Lo relativo a la presunta inconstitucionalidad de la interpretación que para el demandante ha realizado la Corte Suprema del artículo demandado, según la cual la falsedad ideológica en documento privado se halla tipificada en la disposición demandada, queda supeditada a la definición del punto anterior. A su vez, la demanda D-7595 plantea si la misma norma incurre en omisión legislativa relativa, al no incluir la falsedad ideológica en la descripción del delito de falsedad en documento privado, con vulneración de los artículos 2, 13, 229 y preámbulo de la Constitución.
En ambas demandas subyace una consideración común: que el Legislador, al tipificar la falsedad en documento privado, tiene el deber constitucional de determinar expresamente las modalidades del mismo -material o ideológica-. Sin embargo, las lógicas de las demandas, en cuanto a las consecuencias del incumplimiento de tal deber de determinación, conducen a soluciones diferentes: para la primera, a la inexequibilidad del artículo 289 del Código Penal por violación del principio de legalidad, o su exequibilidad condicionada a la exclusión de la falsedad ideológica en documento privado; para la segunda, a la integración en la norma acusada de la modalidad omitida -la falsedad ideológica- que no podría ser excluida del artículo 289 del Código Penal sin violar la Constitución. Así, en la D-7594, la indeterminación ha servido de base para que la Corte Suprema de Justicia incluya en este tipo la falsedad ideológica de documento privado, mientras en la D-7595, tal indeterminación apunta a la desprotección del interés público como consecuencia de la falta de tipificación de comportamiento punible que lesiona los intereses sociales, contrario a lo que ocurre con la punición de la falsedad material e ideológica en documentos públicos.
2.2. La pregunta que debe resolver en este punto la Corte Constitucional es: (i) si el delito de falsedad ideológica en documento privado está incluido en el tipo penal del artículo 289 del Código Penal; (ii) de estarlo, si tal hecho resulta respetuoso del principio de legalidad constitucional.

References: artículo 289
 artículo 9
 artículo 289

Artículo 289
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 295
 artículo 280
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 229
 artículo 13
 artículo 289
 artículo 289
 artículo 10
 artículo 286
 artículo 289
 artículo 286
 artículo 289
 artículo 289
 artículo 289
 artículo 241
 artículo 289
 artículo 289
 artículo 289
 artículo 289