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Timestamp: 2018-12-19 04:08:42+00:00

Document:
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEPENDIENTES
Estudio y crítica del derecho español
LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA TERCERA EDAD
20 mayo, 2017 manuelangel Constitucional, Unión Europea 0
Tras haber hecho una breve introducción en nuestro anterior post relativa al porqué del mal funcionamiento de la ley de dependencia en España, vamos a continuar ahora con este tema centrándonos en como regula esta cuestión la Constitución Española (CE).
Conforme a la Pirámide de Kelsen (año 1911), que es un sistema que representa la jerarquía de las normas, la Constitución es la ley suprema de un estado, por lo que de ella se derivará la validez de todas las demás. Hoy en día podríamos matizar esto diciendo que la Constitución a su vez debe de ser compatible y adaptada al Derecho Comunitario. Ello es así debido al principio de primacía del Derecho de la Unión Europea. Pero pese a la existencia de este principio, que haría que inicialmente pensáramos en la pérdida de dicha supremacía por parte de nuestra Carta Magna, el Tribunal Constitucional ha determinado, en la sentencia 215/2014 de 18 de diciembre, que “la supremacía de la Constitución sigue siendo compatible con la aplicación preferente de normas de otro ordenamiento diferente del nacional, como se prevé en el artículo 93 CE”.
Pues bien, atendiendo a dicha supremacía constitucional, vamos a analizar cuales son las raíces constitucionalistas que amparan los derechos de los dependientes en España. Fundamentalmente, los artículos constitucionales que me gustaría destacar son los siguientes:
Primeramente, como premisa de los demás derechos, convendría que mencionáramos el artículo 15 de la CE, que recoge el derecho a la vida y a la integridad tanto física como moral (o integridad personal también llamada). Este derecho, innato e inalienable, está encuadrado en un determinado lugar de la Constitución (Sección I, del Capítulo II, del Título I, dedicada a los derechos fundamentales) que hace que, como no, tenga una gran relevancia y nivel de protección. Pese a que este artículo en su origen tenía una concepción penalista (contra la pena de muerte y torturas), superadas estas etapas históricas, la interpretación y aplicación a día de hoy es variada. Como os he dicho, hago alusión a este derecho como introductorio y esencial, ya que lógicamente es el punto de partida de todos los demás. Así, este artículo 15 nos lleva ahora a hablar de otros artículos que sí que están ya de una forma directa relacionados con la dependencia.
Por un lado, el artículo 49, que nos habla de la atención especializada que se ha de prestar a personas disminuidas físicas, sensoriales o psíquicas. La ubicación constitucional de este precepto (en el capítulo III de la CE, dedicado a los principios de la política social y económica), hace que la efectividad del mismo dependa de la que el Estado le quiera dar. Así lo ha postulado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 189/1987 de 24 de noviembre, donde dispone que “el desarrollo normativo de dicho artículo será el que determine el alcance del derecho”. En cambio, ello no ocurría así con los preceptos que se encuentren recogidos en la sección anteriormente comentada.
Por otro, el artículo 50, que atiende a la problemática de la protección social en la tercera edad. En concreto, en lo que ahora nos atañe, alude el citado precepto a la promoción de los servicios sociales (independientemente de las obligaciones familiares). Respecto a su ubicación constitucional, ocurre lo mismo que con el 49, siendo en consecuencia un precepto que debemos de entender con carácter voluntario o solidario para que las distintas Administraciones presten la función asistencial que los dependientes se merecen.
Como acabáis de leer, he hablado de distintas Administraciones. Ello se debe a que la competencia relativa a dependencia está compartida entre todas las que aglutina el estado. Por lo que respecta al análisis constitucional que estamos radiografiando, en este aspecto competencial tendríamos por un lado, la competencia del Estado en las prestaciones de Seguridad Social (artículo 149.1.17 CE), y por otro la de las Comunidades en lo relativo a asistencia social (artículo 148.1.20 CE) siempre que estas hubieran decidido asumir la misma. Posteriormente, fuera de este marco normativo, dichas acciones sociales son gestionadas y ejecutadas por las Corporaciones Locales. Por tanto, sobre esta materia que estamos tratando, podemos decir que en ella se evidencia un supuesto de competencias compartidas.
Llegados a este punto, tras toda la información constitucional que acabamos de exponer (más la relativa al artículo 135 de nuestra anterior entrada), cabría preguntarse ¿cómo podemos mejorar la protección de los dependientes españoles? Quizá… ¿creando el derecho fundamental a la dependencia propiamente dicho?… ¿reubicando el artículo 49 y 50 en la sección de derechos fundamentales?… o mejor aún, ¿reformulando con un mayor cariz social el artículo 135? En cualquier caso todas estas posibles soluciones pasarían por una reforma constitucional, por lo que más allá de elucubrar si ello es o no posible ahora mismo, vamos a analizar que tipo de reforma necesitaríamos para resolver estas interrogantes.
Conforme a la CE, hay dos tipos de reforma: una que llamaremos “ordinaria” y otra “agravada”. La agravada es aquella que se adopta cuando queremos cambiar algo de lo que a continuación os expongo:
-toda la constitución,
-su Título Preliminar,
–la Sección I del Capítulo II del Título I (derechos fundamentales)
-o el Título II (relativo a la corona).
Este podría ser nuestro supuesto si quisiéramos dar mayor calado a los artículos 49 y 50 (convirtiéndolos en derechos con reconocimiento subjetivo) o crear un derecho fundamental específico para la dependencia. Si este fuera el caso, tendríamos que obtener la votación favorable de 2/3 de los miembros del Congreso y Senado. Posteriormente se disolverían las Cámaras, tendría que haber nuevas elecciones y de nuevo habría que obtener la mayoría mencionada. Todavía después, debería someterse a referéndum el nuevo texto constitucional para que fuere ratificado.
Por descarte, si creemos que la solución sería reformar de nuevo el art. 135 de la CE, lo que debemos abordar es la denominada reforma “ordinaria”. Para ello, debemos obtener 3/5 de votación favorable de los miembros de ambas Cámaras (Congreso y Senado). Si no se alcanzara, se nombraría una Comisión Paritaria que presentaría un nuevo texto para ser votado otra vez. Si tampoco así se consiguiera dicho resultado, podría el Congreso aprobar dicha reforma por 2/3 siempre que previamente el Senado lo hubiera aprobado por mayoría absoluta ( la mayoría absoluta se representa por el voto a favor de la mitad más uno de todos los miembros que deben estar presentes, frente a la mayoría simple, que solo sería de los presentes). En este caso, la reforma solo se sometería a referéndum si lo solicitase 1/10 de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los 15 días siguientes a la obtención del mencionado resultado estimativo.
En este contexto reformista, independientemente del procedimiento por el que se llevara a cabo la reforma constitucional, es importante saber que la iniciativa para acometer la misma compete a los mismos que tienen la iniciativa para legislar, es decir, al Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas.
Después de este aluvión de ideas, en mi opinión, en caso de ser partidario de alguna solución reformista, la opción coherente sería reformular el artículo 135 de la CE. ¿Por qué? Pues porque la ansiada solución pasa por lo netamente económico ahora mismo. Ya gozamos de una ley de dependencia, la cual podrá tener una mayor o menor cobertura con la que podremos estar o no de acuerdo. Pero desde luego lo que hace que no funcione es, vulgarmente hablando, la falta de dinero. Quizá, si no existiera dicha ley, sí que tendría sentido el obligar al legislador a desarrollar una dándoles más salvaguarda a los mencionados preceptos. Pero lo más importante ahora, vuelvo a incidir, son los recursos que la hagan viable.
Lo que sí que echo mucho de menos es la falta de una regulación explícita desde Europa que aborde este problema. Seguro que muchas veces habréis leído en prensa, u oído o visto en radio y televisión, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) advertía a España de la ilegalidad de parte de su legislación por vulnerar normativa comunitaria. Esto lo hemos vivido en asuntos como el hipotecario, desahucios o la reciente disyuntiva sobre la indemnización de trabajadores temporales. Lo que quiero decir con esto es que, si existiera en la Unión Europea una regulación de mínimos común en este sentido, probablemente hace mucho tiempo que ya hubiéramos visto titulares como los anteriormente relatados pero en este campo. Esto ha ocurrido a menudo ya que, como se ha dado en las materias que os he mencionado, no es muy difícil superar el nivel de protección del legislador español hacia su ciudadanía.
¿Y qué se nos propone desde la Unión Europea u otras instituciones como posible solución? Pues si queréis saberlo, tendréis que leer la próxima entrada de mi blog.
Como fin a esta entrada, en pos de despedirme, podríamos concluir que las necesidades de los españoles han evolucionado mucho desde el inicio del estado de bienestar en España. Ello se debe, en gran medida, al aumento de la esperanza de vida. Si en el año 1978 necesitábamos una mejor protección social y sanitaria, el paso de los años ha situado a la dependencia de nuestros mayores como un asunto de nivel preponderante junto a otros problemas nacionales que suelen gozar de mayor visibilidad. El cambio de los hábitos de la sociedad en occidente, además, nos obliga a enfocar esta cuestión como un reto a resolver no solo en el presente sino también en el futuro. De esto último, también hablaremos en nuestro siguiente post.
Fuente imagen / Autor – Flickr / Oscar F. Hevia, Simon Adriaensen, freshwater2006
Manuel Ángel es licenciado en derecho y es el autor de este blog.
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References: artículo 93
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 49
 artículo 50
 artículo 135
 artículo 49
 artículo 135
 artículo 135