Source: http://associacio-immolats.cat/Memoria%20Historica.html
Timestamp: 2017-07-24 06:42:45+00:00

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Los pueblos que pierden la memoria, pierden su identidad. No se puede ni debe esconder el pasado de un País o mirar hacia otro lado, la memoria histórica es el origen o la raíz de una sociedad civilizada y democrática. España, país supuestamente democrático, tiene la obligación y el deber moral y de justicia, de rehabilitar a miles de familias que padecieron la persecución del franquismo, sin abrir más heridas, pero si cerrándolas, no se puede hacer en falso, tal como se ha hecho con la Ley de la Memoria Histórica de 2007, ignorando y negando la rehabilitación jurídica de todos aquellos hombres y mujeres que fueron juzgados ilegalmente por unos tribunales militares durante la dictadura franquista, sin el derecho internacional a poderse defender de las acusaciones que les imputaron. Después de la muerte del dictador el criminal de guerra el general Francisco Franco, se han hecho esfuerzos para que el pasado sea olvidado, la prueba la tenemos con los Gobiernos socialistas de Felipe González y de José Luís Rodríguez Zapatero, que no pueden ser acusados de revanchista, han querido pasar por encima del tema de la Guerra Civil i de la criminal y represora dictadura de la manera más suave políticamente, con el propósito de no contribuir a reabrir las heridas, cuando la realidad es la de que no han querido cerradas, no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, que con su actitud cada día que pasa son más profundas, confundiendo el revanchismo, que nadie propugna, con la ineludible necesidad de recomponer los trazos esenciales de la reciente historia por dolorosa que ésta sea. Lo que se ha venido propiciando desde el principio con la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977, silenciando y olvidando por ley los crímenes de la dictadura fascista. Debemos recordarlo y tenerlo muy presente a la vista de los miles de hombres, mujeres y niños, que fueron vilmente perseguidos y asesinados entre los años 1936 y 1975, genocidio contra la humanidad provocado por el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, con el apoyo incondicional de la Iglesia Católica, del partido fascista de la Falange Española y de la extrema derecha, con la colaboración muy especial de los países de Alemania nazi y de la Italia fascista, qué ordenaron la persecución y el exterminio de las familias españolas que no fuesen adictas al nuevo régimen y así se ejecutaron sus órdenes por los generales Queipo de Llano, Emilio Mola Vidal, Juan Yagüe Blanco, José Millán – Astray, José Enrique Varela.
Frases que no podemos olvidar: “Transformaremos Madrid en un vergel, Bilbao en una gran fábrica y Cataluña en un inmenso solar”, del general Queipo de Llano. “Hay que sembrar el terror, hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”, del general Emilio Mola Vidal. “Cataluña y el País Vasco, El país Vasco y Cataluña, son dos cánceres en el cuerpo de la nación. El Fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, cortando en la carne viva y sana como un frío bisturí”, de José Millán – Astray y Terreros.”Claro que los fusilamos. ¿Que esperaban? ¿Suponían que iba a llevar 4.000 rojos conmigo mientras mi columna avanzaba contrarreloj? ¿Suponían que iba a dejarles sueltos a mi espalda y dejar que volvieran a edificar una Badajoz roja?”, del general Juan Yagüe Blanco, conocido popularmente como el carnicero de Badajoz. Así actuaban los militares golpistas, con la bendición de la Santa Iglesia Católica en nombre de Dios.
No pueden ser olvidadas todas aquellas crueldades inhumanas que padeció una gran parte de la población española, como persecuciones, represiones, humillaciones, exilios, secuestros de niños, destierros de familias, cárceles y campos de concentración llenos millares de hombres y mujeres, no por delincuentes, sino por estar clasificados como no adictos al nuevo régimen dictatorial, impuesto por la fuerza
bruta, las penas de muerte dictadas y ejecutas por aquellos tribunales militares ilegales, sin el derecho universal a poderse defender de las acusaciones falsas que se les imputaba, durante aquella larga, dura, agresiva, violenta, cruel y criminal dictadura militar, hoy todavía no condenada formalmente por la actual democracia, ni por la Iglesia Católica, teniendo en cuenta la importancia vital que tuvo en la represión, cuando sus representantes si lo hubieran querido, podían haber salvado muchas vidas, su comportamiento fue inhumano, vengativo y rencoroso, por el hecho de haber perdido los privilegios que tenían con la instauración de la Segunda República, que no les permitía tener al pueblo oprimido y sumiso, todo lo contrario de las enseñanzas de Jesús de Nazareth, que muestran un claro compromiso con los oprimidos y explotados, con las prácticas de la Iglesia Católica, que han sido siempre en España un pilar básico de las estructuras de poder y responsable de la enorme explotación y opresión de las clases populares.
Desde el primer momento de la proclamación de la Segunda República, la Iglesia católica fue su principal enemiga, su objetivo fue dedicarse a desprestigiar las libertades democráticas y los nuevos derechos sociales que el pueblo había conseguido, olvidándose de evangelizar a sus fieles, como era su obligación, creando discordias e intrigas políticas entre los españoles, hasta conseguir el enfrentamiento del pueblo con una sangrienta guerra civil que duraría tres años y costaría la vida a miles de personas inocentes. Lamentablemente a la retaguardia los incontrolados, asesinaron a personas y en particular a obispos y sacerdotes, pero es público y notorio que en muchos casos estaban sobornados o inducidos por la extrema derecha y la propia Iglesia, para fomentar el malestar entre los ciudadanos. Entre las personas que formaban parte de los incontrolados, los había de buena fe, se sentían agredidos por los representantes de la Iglesia y de los caciques, querían defender lo que tanto había costado conseguir, la democracia y los derechos sociales. Las circunstancias los arrastraron contra la opresión que habían padecido durante siglos y que no querían renunciar o perder.
Hay que resaltar que no solamente asesinaron sacerdotes y seglares católicos los incontrolados durante la guerra civil, pues, el gran defensor del catolicismo el criminal de guerra el general Franco, con el consentimiento de los representantes de la Iglesia, en el País Vasco en particular, ordenó el fusilamiento – asesinato de sacerdotes y seglares católicos por ser nacionalistas, y estos no han sido llamados para ser canonizados o beatificados, como el resto de sus compañeros, por el hecho de que no habían sido asesinados por los incontrolados de la República, siendo injustamente excluidos o marginados por la propia Iglesia. En aquella zona fue fusilado también el demócrata cristiano el catalán Manuel Carrasco i Formiguera. En Catalunya también hubo seglares católicos condenados a la pena de muerte por ser nacionalistas, incluso sacerdotes expulsados de su parroquia, desterrados y encarcelados en prisiones especiales por no ser adictos al nuevo régimen. Crímenes contra la humanidad, que nunca han sido reconocidos por la Jerarquía de la Iglesia Católica, posiblemente porque políticamente no coincidían con su ideología y por lo tanto, no han sido reconocidos como hijos de Díos. No se puede admitir de ninguna manera la pretensión de algunos políticos, supuestamente democráticos, de querer imponer la igualdad entre las víctimas habidas de la represión de uno y otro lado, no es lo mismo la violencia planificada y llevada a término por la dictadura franquista y la Iglesia católica; que la violencia incontrolada que generó la propia guerra civil, provocada por el golpe de estado militar. Ni por su génesis, ni cualitativa ni cuantitativamente, primero hubo el golpe militar y luego la reacción como respuesta a esta agresión. El golpe de estado o alzamiento militar del 18 de julio de 1936, se inició con una programada persecución contra los defensores de la República, que no cesó hasta la muerte del dictador. Pretender ahora igualar o comparar a las víctimas de ambos lados, es indigno de cualquier persona sensata y democrática. Además las
personas muertas durante la revolución por los incontrolados, una vez terminada la guerra civil, fueron homenajeadas plenamente y sus familiares estuvieron imponiendo por la fuerza su verdad, ninguno reclamó que se reconocieran los derechos morales de los perdedores, sino todo lo contrario, aceptaron el hecho diferencial de que ellos eran los mártires y los otros los asesinos, y ahora en plena democracia se pretende incomprensiblemente equipararlos, la cual cosa es una insensatez, teniendo en cuenta de que los represaliados por el franquismo continúan estando clasificados como delincuentes, pues, la actual democracia les niega a ser rehabilitados jurídicamente.
La Iglesia Católica debería como mínimo disculparse por la complicidad y la responsabilidad que tuvo con la represión franquista, el cardenal Antonio Maria Rouco Varela y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Galicia, fue invitado por la Asociación de familiares de víctimas de la guerra civil a tributarles un homenaje, su participación hubiera sido un acto de dignidad por su parte, hacia los que fueron asesinados por defender la democracia, pero se negó. Lo mismo ha sucedido con el cardenal - arzobispo de Barcelona Lluís Martínez Sistach i el arzobispo de Tarragona Jaume Pujol Balcells, ambos, junto con el resto de obispos, arzobispos y cardenales han sido invitados para tributar un homenaje a los republicanos asesinados, en los Cementerios de Barcelona y Tarragona, lugar donde están enterrados en fosas comunes como animales, todos los hombres y mujeres víctimas del franquismo, como acto de contrición y se han negado a ello, ¿como?, no respondiendo e ignorando la invitación que se les hizo.
Recientemente el Cardenal – Arzobispo de Barcelona, ha abierto un expediente sancionador, para excomulgar al sacerdote de unos de los barrios más pobres y marginados de la ciudad de Barcelona, el padre Manuel Pousa, conocido entre sus feligreses como el padre Manel, por haber admitido públicamente haber participado en la interrupción del embarazo de una joven, por tratarse de un caso muy complicado y de extrema gravedad, accediendo a pagar el abortamiento como a mal menor, ya que a veces la dura realidad se impone a la moral católica y a sus leyes. El hecho de cooperar en un abortamiento conlleva, en virtud del Derecho Canónigo, la pena de excomunión. Como siempre el comportamiento de la Iglesia Católica, es el de aplicar con el partidismo que nos tiene acostumbrados su implacable justicia, según de qué o de quien se trata.
En el transcurso de los últimos setenta y cinco años, nos preguntamos: ¿Cuantos expedientes de excomunión se han abierto por parte de las jerarquías de la Iglesia Católica, a sacerdotes, obispos y otros representantes de la propia institución, por faltas graves o muy graves cometidas durante el franquismo, apropiación indebida de bienes privados y violación o abuso sexual de niños? Todos los actos clasificados de delincuentes que ellos cometen, son inmediatamente ocultados o difuminados en el transcurso del tiempo. Los últimos casos de pederastia que han salido a luz publica en estos últimos años, ¿como han acabado?, ¿se ha hecho público el veredicto de la Iglesia? NO, silencio absoluto.
El Papa Benedicto XVI, no estuvo muy acertado cuando se dirigió a los periodistas que lo acompañaban en el avión papal que lo traía de visita a España, atreviéndose a criticar la situación actual en que se encuentra el catolicismo español, haciendo unas declaraciones en las que comparaba el secularismo actual con el de los años de la Segunda República, ¿Cómo es posible que pronunciara estas palabras, contra la Segunda República, sin ningún pudor, cuando la propia Iglesia fue la responsable de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista? Su obligación moral como máximo mandatario de la Iglesia Católica, lo que debía de haber hecho era pedir perdón por la complicidad de sus representantes en España, durante la dictadura española. Aquellas palabras fueron desafiantes, ofensivas e indignas de la máxima jerarquía mundial de la Iglesia
Católica, que estaba de visita en un país extranjero, pero el Gobierno español no se dio por enterado, sucedió todo lo contrario fue recibido con los brazos abiertos. ¿Como hubiera reaccionado Su Santidad, si el pueblo gallego y catalán, lo hubieran recibido con pancartas que denunciaran la actitud tolerante que ha tenido con los obispos y sacerdotes que han cometido abusos deshonestos contra los niños? Cabe destacar algunos de los cardenales, arzobispos y obispos, que fomentaron el movimiento contra la Segunda República, colocándose al lado de los golpistas, antes, durante y después de la Guerra Civil, suscribiendo todos ellos con apasionada defensa del franquismo la Carta Colectiva del Episcopado Español, siendo los principales: Isidro Gomá y Tomás, Enrique Pla y Daniel, Gregorio Modrego Casasaus, Vicente Enrique y Tarancón, Manuel Irurita y Almándoz, Miguel de los Santos Díaz de Gómara y otros muchos más. Todos ellos se colocaron claramente en el bando de los sublevados, como pensadores ideológicos de la extrema derecha y del fascismo, excepto, el cardenal Vidal y Barraquer de Tarragona y Mateo Múgica arzobispo de Vitoria, que fueron de los pocos que se opusieron a la dictadura y a la Conferencia Episcopal Española.
Frases que tenemos que recordar pronunciadas por ilustres prelados de la Iglesia Católica: “La Guerra Civil fue el triunfo de Dios y la resurrección de España” del Cardenal Enrique Pla y Daniel. “La guerra de España no era una guerra civil, si no una lucha de los sin Dios, contra la verdadera España, contra la religión católica” del cardenal Isidro Gomá Tomás. Sentir estas frases después de los años transcurridos, nos parecen imposibles que pudieran ser pronunciadas por los máximos representantes de la Iglesia.
Monseñor Vidal y Barraquer, desde el primer momento respetó la voluntad del pueblo con la instauración de la República, era un nacionalista catalán y un gran defensor de las libertades democráticas, a pesar de ello, tuvo que marcharse a Roma para evitar que pudiera ser represaliado por los incontrolados, mediante un pasaporte que le facilitó el Presidente de la Generalitat Lluís Companys i Jover, pero al finalizar la guerra civil no pudo regresar porque el clero español y el gobierno franquista se lo prohibieron, por estar clasificado como no adicto al régimen, su conducta fue excepcional, actitud muy poco conocida y reconocida por los ciudadanos catalanes, si todos los representantes de la Iglesia Católica, hubiesen tenido la misma conducta democrática y ejemplar, muchas vidas hubieran podido ser salvadas de las garras del franquismo. Quiero recordar también al obispo Fidel García Martínez, que fue represaliado y difamado por la dictadura del general Franco, defendió la libertad y la dignidad del hombre frente al Estado, con testigos falsos se le acusó de cliente frecuente de prostíbulos y cabarés, fue muy dura la campaña que tuvo de desprestigio, que culminó el 28 de agosto de 1952, con un informe policial reservadísimo de moralidad, entregado al arzobispo de Barcelona, quién lo llamó a comparecer para defenderse sobre las acusaciones, el obispo declinó y prefirió retirarse, terminando así con su vida civil, pública y eclesiástica, ante la indiferencia de toda la Iglesia española, en aquel momento toda ella sumisa ante los pies el dictador.
Esperemos que todos aquellos hechos represivos nunca más puedan repetirse, por la violencia e intolerancia de unos militares españoles, con la colaboración de los ejércitos fascistas de Alemania e Italia, de la extrema derecha española y catalana y sobretodo de los representantes de la Iglesia Católica Española, pues, para ellos fue una Cruzada Santa. Fueron crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista, que nunca prescriben de acuerdo con la Convención de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 1966, que España suscribió el 27 de julio de 1977, pero nuestros gobernantes, supuestamente democráticos, están acomplejados y acobardados, les falta decisión, valentía y voluntad política para afrontarlo y cumplirlo.
La federación Internacional de los Derechos Humanos, con sede en París, el 24 de Noviembre de 2008, solicitó al Presidente del Gobierno español, que impulsara la abolición de la Ley de Amnistía de 1977 y la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, para cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, puesto que pone a España en la vía de una clara violación de sus obligaciones internacionales, pero el Gobierno español no ha hecho ningún caso de esta recomendación.
La reacción del Gobierno español, fue la de presentar un proyecto de Ley, siendo aprobado por las Cortes Generales Españolas el 26 de diciembre de 2007, la decepcionante, humillante e injusta Ley 52, conocida como la Ley de la Memoria Histórica, por todo los grupos parlamentarios, excepto, Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Popular, naturalmente por razones muy distintas, que declara los juicios sumarísimos militares como injustos e ilegítimos, pero no los declara nulos de pleno derecho por ilegales, negando la rehabilitación jurídica a los represaliados por el franquismo, continuando estando clasificados como delincuentes. Es la ley de punto y final, quedando legalizados todos los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la criminal dictadura.
Hemos luchado con todos los medios a nuestro alcance contra la incomprensión política de la actual supuesta democracia, para conseguir la rehabilitación jurídica de todos los republicanos represaliados por defender la legalidad constitucional de la República, no ha servido para nada, puesto que a pesar de los años transcurridos se les continúa negando sus derechos, debido a la falta de personalidad de nuestros gobernantes y a la amnesia política a que fueron sometidos mentalmente todos los políticos, excepto, algunas minorías, mediante los vergonzosos pactos a la transición. Los políticos han estado en general insensibles, así como también la mayoría de los intelectuales, no hemos encontrado la solidaridad ni la colaboración necesaria para dar más fuerza a nuestras peticiones, frente a la incomprensión de la mayoría de los que tienen la obligación moral y política de resolver el problema.
La Associació Pro – Memoria asl Immolats per la Llibertat a Catalunya, continuamos trabajando incansablemente para conseguir la rehabilitación de todos los represaliados, pero no hemos sido correspondidos, en la mayoría de los casos solamente se han recibido buenas palabras, pero no hemos tenido el acogimiento que necesitábamos para hacer frente de una vez por todas al cierre de las heridas que continúan estando abiertas de las familias republicanas.
El comportamiento de los diferentes gobiernos españoles, que hemos tenido desde la instauración de la actual monarquía parlamentaria, impuesta por el dictador y criminal de guerra el general Franco, y aceptada por todos los grupos parlamentarios que fueron legalizados en aquel momento, no han estado a la altura política de lo que se esperaba, y que merecían todos aquellos hombres, mujeres y niños que fueron asesinados en nombre de Dios, por defender la legalidad constitucional de la República, esperemos que la historia los juzgará por su comportamiento cobarde e inhumano, por no tener la valentía política suficiente en querer resolver la deuda pendiente de la actual democracia, su rehabilitación jurídica, y muy en particular el gobierno socialista presidido por José Luís Rodríguez Zapatero y de su Vicepresidenta María Luisa Fernández de la Vega, que se ha distinguido por su estrategia de incumplir sus promesas públicas, así como la insensibilidad demostrada por el Jefe del Estado el Rey Juan Carlos I, que a pesar de que en el discurso de su coronación en las Cortes Españolas, se comprometió a ser el Rey de todos los españoles, sin excepción, no ha cumplido su juramento, ni tan si quiera se ha dignado a dar un paso frente a los diferentes gobiernos, para conseguir la tan esperada rehabilitación, admitiendo la existencia de dos clases de españoles. Sin embargo él ha estado concediendo títulos nobiliarios a unas cuarenta personalidades de la extrema derecha más intransigente, como reconocimiento a su adhesión al régimen franquista, en particular a la viuda del general Franco y a su hija Carmen Franco, como recompensa por haber sido nombrado heredero de la corona, sin contar para nada con el consentimiento y la renuncia de su padre Don Juan de Borbón, que era el heredero legítimo del reino de España.
¿Cuantas protestas ha habido por parte de los políticos, a la vista de estas distinciones a personalidades franquistas responsables de los crímenes contra la humanidad?
El último acto vergonzante que ha realizado el gobierno de Rodríguez Zapatero, ha sido el acuerdo tomado por el Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2011, por el que se crea la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, con el encargo de preparar un informe sobre posibles actuaciones, de acuerdo con las disposiciones que para este lugar establece la Ley de la Memoria Histórica.
Es vergonzante si tenemos en cuenta que la Ley fue aprobada en el año 2007 y hasta el 27 de mayo de 2011, no se crea la Comisión de Expertos, y como sea que la Comisión ha entregado al Ministerio de la Presidencia el informe el 29 de noviembre de 2011, o sea, después de las últimas elecciones nacionales, resulta que ahora el Gobierno está en funciones y no puede actuar, dejando en manos del nuevo gabinete presidencial el tener que tomar decisiones sobre el futuro del Valle de los Caídos. Estamos plenamente convencidos de que ha sido totalmente premeditado, se han lavado las manos y han dejado el encargo al nuevo Gobierno, del que los familiares no esperamos nada, de todas manera estamos plenamente convencidos de que no lo harán peor que los socialistas.
Es inconcebible que se pueda actuar tan irresponsablemente en un tema tan importante, delicado y sensible, para los familiares de las víctimas republicanas, el Gobierno saliente nos ha demostrado tener una incoherencia y una falta de dignidad
ncreíble, peor no podía hacerlo, el trato que han recibido los republicanos represaliados en plena democracia es incomprensible. El informe emitido por la Comisión de Expertos sobre el Valle de los Caídos, ha sido aprobado por unanimidad, excepto el voto particular del vocal Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. El informe es de juzgado de guardia, por su redacción y acuerdos, nos dice que para ser trasladados los restos del general Franco, requiere la autorización de los familiares y además de las autoridades de la Iglesia, ya que a ella se le confiaron la custodia de los restos. Por lo que se refiere a los restos de José Antonio Primo de Rivera, la Comisión entiende que, dada la igual dignidad de los restos de todos los allí enterrados, no debe ocupar un lugar preeminente en la Basílica. Del voto particular del vocal Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, cabe destacar el razonamiento siguiente: “La exhumación y traslado de los restos de un jefe de Estado, por incompatibilidad con su régimen político, resultaría hoy impropia en nuestro contexto europeo y occidental presente, donde no se ha dado nada semejante”. Lo he leído varias veces y me parece increíble que esta frase haya podido ser escrita por el citado político conservador. Lo que es impropio en nuestro contexto europeo, es que en España no hayan sido anuladas las sentencias militares a que fueron sujetos los republicanos y que todos los franquistas conserven todas las prerrogativas como si nada hubiese pasado.
Los Gobiernos españoles que hemos tenido desde la instauración de la democracia, tienen sobradas razones para condenar y combatir todas las dictaduras del mundo y para defender los valores democráticos, pero, por lo que parece en España no es aplicable esta doctrina. En la actualidad estamos comprobando el discurso político, centrado en igualar las víctimas de la persecución de uno y otro lado, republicano o franquista, no es lo mismo la violencia planificada por el franquismo, que la violencia incontrolada que genera toda guerra civil.
¿Cómo debemos de interpretar la asimilación que se pretende hacer con las víctimas de uno y otro bando? Un punto y a parte merecen los dos últimos Defensores del Pueblo, que en reiteradas ocasiones se han negado a colaborar con los familiares de los republicanos, a recurrir la descafeinada Ley de la Memoria Histórica, a pesar de las reiteradas quejas formales que les hemos formulado por escrito, por ser discriminatoria y admitir las sentencias como injustas por ilegítimas y no nulas de pleno derecho por ilegales, quedando las mismas automáticamente reconocidas como legales.
Nos han demostrado que de Defensores del Pueblo no tienen nada, sino todo lo contrario, que son los Defensores de las injusticias del Gobierno socialista. Su conducta hacia los familiares de las víctimas del franquismo ha sido vergonzosa e indignante, por el hecho de ostentar el cargo de Defensor del Pueblo e inhibirse de las responsabilidades y obligaciones de su cargo.
Cuando todavía no se había aprobado la mal nombrada Ley de la Memoria Histórica 52/2007 de 26 de diciembre, una representación de las asociaciones memorialistas que formamos la Mesa de Catalunya, visitamos a los diferentes grupos parlamentarios catalanes, menos el popular, para que desde el Parlamento de Catalunya, se instara al Gobierno español, para que fueran anulados todos los juicios sumarísimos militares, dictados por aquellos tribunales militares ilegales, unos nos contestaron de que ya nos darían la respuesta, pero nunca la tuvimos y otros que no querían hacer el ridículo. La triste realidad fue la de que solamente encontramos indiferencia y ninguna colaboración.
Después de varios años, concretamente el 2 de octubre de 2008, el pleno del Parlamento de Catalunya adoptó la resolución de reivindicar al Presidente Lluís Companys i Jover, instando al Gobierno de la Generalitat, para que hiciese lo que fuere necesario jurídicamente y políticamente para conseguir reparar su honor y la
anulación de su juicio ilegal, teniendo en cuenta la ilegitimidad de los tribunales militares que lo juzgaron, tal como los declara la cobarde y vergonzante Ley de la Memoria Histórica, pero casualmente se olvidaron de incluir en la resolución al resto de los ciudadanos que también fueron represaliados y asesinados como el mismo Presidente.
¿Fue por olvido o deliberadamente?
El Gobierno de la Generalitat presidido por José Montilla, no tuvo ninguna prisa en cumplir el mandato del Parlamento y no reaccionó hasta transcurrido un año en poner en marcha la resolución, concretamente en la sesión del gobierno celebrada el día 15 de octubre de 2009, acordó instar al Fiscal General del Estado, mediante la intervención de la Fiscalía Superior de Catalunya, de plantear de oficio delante del Tribunal Supremo, un recurso de revisión para conseguir la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal de Responsabilidades Políticas en Barcelona el día 14 de octubre de 1940, que condenaba a la pena de muerte al Presidente Lluís Companys i Jover y ejecutada el día 15 de octubre de 1940 en el Fosar de Santa Eulalia del Castillo de Montjuïc de Barcelona.
El Fiscal General del Estado el día 5 de abril de 2010, en respuesta al recurso presentado por la Generalitat de Catalunya, en el que se solicitaba la anulación del Consejo de Guerra que condenó a la pena de muerte al President Lluís Companys i Jover, resuelve no admitirlo a trámite, basándose en la Ley de la Memoria Histórica, interpretando que las sentencias son inexistentes y nulas de pleno derecho, al haber estado expulsadas del ordenamiento jurídico, resultando legalmente improcedente por falta de objeto la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo, pero la sentencia continúa estando vigente, igual que las de los demás republicanos asesinados.
Así lo ratifica el Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, en su razonamiento jurídico de tres de noviembre de 2010, confirmando que son sentencias firmes, ya que la Ley de la Memoria Histórica, ni ningún Tribunal han dictado la nulidad de pleno derecho.
En el contexto de la resolución dictada por el Fiscal General del Estado, tiene la osadía de hacer un estudio de derecho comparado con otros países de nuestro entorno, como Alemania y Austria, que por ley aprobada por sus respectivos Parlamentos, anuló en bloque todas las sentencias dictadas durante la época nacionalsocialista, sin necesidad de un examen o revisión de cada caso concreto y la Fiscalía era el órgano de expedir la correspondiente certificación de nulidad, la cual cosa no sucede en España con la Ley de la Memoria Histórica, que no anula de pleno derecho los juicios sumarísimos militares dictados por aquellos criminales tribunales ilegales, solamente los declara injustos por ilegítimos y no nulos de pleno derecho por ilegales, y el Fiscal General del Estado no queda facultado para expedir ninguna certificación de anulación de pleno derecho, que tan irresponsablemente él asegura en su resolución.
La resolución dictada por el Fiscal General del Estado, es totalmente contraria a derecho, atreviéndose a compararla con otros países, la cual cosa se puede considerar como una verdadera falacia, una burla y un escarnio más para las personas que fueron represaliadas durante el franquismo, es vergonzoso que después de más de treinta y cinco años de la muerte del dictador y criminal de guerra el general Franco y treinta y tres de la instauración de la supuesta democracia se nos continúe negando la rehabilitación jurídica de nuestros familiares.
Por parte del Ministerio de Justicia, se le ha solicitado la certificación acreditativa de que las sentencias son nulas de pleno derecho, de acuerdo con la resolución del Fiscal General del Estado, pero por respuesta hemos tenido el silencio administrativo. Este es el trato indigno que nos dan a los familiares de los represaliados, cuando nos dirigimos a una institución pública reclamando nuestros derechos. Después de la vergonzosa resolución dictada por el Fiscal General del Estado, negándose a admitir el recurso de revisión del Presidente Lluís Companys i Jover, nos dirigimos al Presidente de la Generalitat don José Montilla, preguntándole que medidas jurídicas y políticas se habían tomado o que se tomarían para reactivar el proceso de anulación del ilegal juicio, no se ha tenido tampoco ninguna respuesta, silencio total, por lo que parece el Gobierno Catalán estaba conforme con la vergonzosa decisión tomada por el Fiscal.
Esta es la deuda que tiene pendiente la actual y supuesta democracia con los represaliados del franquismo, siendo totalmente responsables todos los Gobiernos estatales que hemos tenido desde el año 1977, por su tolerancia y falta de sensibilidad demócrata, probada en el transcurso de todos estos años, constatando que no han tenido la voluntad política firme y ni ganas en querer resolver el problema. Todos los políticos, salvo alguna pequeña excepción, desde el inicio de la nueva democracia han mostrado tener la voluntad expresa de querer ocultar aquella nefasta página de la historia española. Los familiares nos sentimos gravemente ofendidos, por estas ganas de querer ocultar y olvidar aquella represión, siendo injusto su proceder negativo hacia todas aquellas personas que padecieron aquella cruel represión, no quieren darse cuenta de que la supuesta paz y bienestar que disfrutamos es totalmente ficticia.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo recientemente ha notificado la sentencia que reconoce que la condena a muerte del poeta Miguel Hernández se produjo por motivos “políticos e ideológicos”, fue radicalmente injusta y carece en la actualidad de vigencia jurídica de acuerdo con la Ley de la Memoria Histórica. El fallo no establece la nulidad de la sentencia y a la vez no acepta la interposición del recurso de revisión, que es lo pretendían sus familiares. Un solo miembro del Tribunal ha formulado un voto particular en el que sostiene que se debió autorizar la interposición del recurso de revisión a la familia del poeta, ya que la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, no permite la nulidad de pleno derecho de la sentencia del consejo de guerra.
El Fiscal General del estado y los Tribunales Superiores de Justicia, actualmente se basan en la teoría de la Ley de la Memoria Histórica, para rechazar los recursos de revisión de los juicios militares dictados por aquellos tribunales militares ilegales, pero cabe tener presente que con anterioridad a esta Ley, también rechazaban la interposición de recursos de revisión, tengamos presentes los casos Joan Peiró i Belis, Salvador Puig i Antic y otros. Así funciona la justicia en este País, se adapta en cada momento o circunstancia, según convenga y nadie quiere tomar las medidas políticas necesarias para resolverlo. Los republicanos que fueron asesinados por orden de aquellos tribunales militares ilegales, por defender la legalidad constitucional de la República, han estado juzgados y condenados dos veces. La primera, durante la sangrienta dictadura católica - fascista; i la segunda, por la actual monarquía parlamentaria. Esta segunda es mucho más dura y dolorosa para los familiares que teníamos la esperanza de conseguir la rehabilitación jurídica, con la llegada de la nueva democracia, de sus padres, abuelos, hermanos o amigos.
Una vez acabada la Guerra Civil, el Caudillo de España Francisco Franco por la gracia de Dios, ordenó sin ningún escrúpulo, la anulación de todas las sentencias legales que fueron dictadas por los tribunales de la República, contra las personas que habían sido juzgadas por rebelión militar. En cambio los actuales políticos, los fiscales del estado, magistrados y jueces, supuestamente democráticos, niegan la anulación de los juicios dictados por aquellos tribunales militares ilegales.
Es sorprendente e irracional a nivel político y judicial, que el Tribunal Supremo haya admito a trámite la querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, presentada por los fascistas de la Falange Española y Manos Limpias, por iniciar la investigación contra el franquismo.
¿Cómo puede existir en una democracia como la española, partidos o fundaciones de ideología fascista, que colaboraron directamente con los crímenes del franquismo y que no han condenado aquel régimen? ¿No deberían de ser ilegalizados, siguiendo el mismo procedimiento que se ha utilizado con Herri Batasuna, por no condenar los crímenes de ETA? ¿Es que las leyes solamente son aplicables para determinados casos y según de que ideología se trate? Nuestras madres, las más olvidadas y sacrificadas, que fueron las que padecieron directamente la tiranía y la represión de aquel criminal de guerra y de todos sus colaboradores, muy en particular por la soberbia y la falta de caridad de las vengativas jerarquías de la Iglesia Católica, no han podido ver la rehabilitación jurídica de sus seres queridos.
Es una vergüenza política encontrarnos en esta situación de indiferencia, en un país que se autocalifica de demócrata y que condena las represiones que están padeciendo los pueblos de otros países, muy en particular los que están situados en el norte de África y Oriente Medio, consideramos de que es la burla y el escarnio más grave que se ha podido cometer en plena democracia, hacia todos aquellos españoles que se les arrebató la vida por defender las libertades democráticas y los derechos sociales, valores que hoy hipócritamente dicen que defienden la mayoría de los políticos españoles actuales.
Reclamamos la rehabilitación jurídica de las personas que fueron ilegalmente juzgadas y asesinadas, pero los tribunales y los políticos supuestamente demócratas nos lo niegan por cobardía política.
Todos sabemos que la nueva democracia española ha sido edificada sobre una losa de piedra que sepulta nuestra memoria colectiva.
Desde el mismo seno del aparato franquista se decidió diseñar un proceso de “Transición sin ruptura”. Se inició una reforma que garantizase el mantenimiento de los pilares básicos del régimen franquista encarnados con la impuesta Corona. Se evita así el advenimiento de una ruptura y la consiguiente apertura de un proceso constituyente para decidir la forma del Estado, de gobierno y de representación mediante la participación supuestamente democrática.
Los dirigentes de la izquierda, básicamente el PSOE y muy en especialmente los líderes del Partido Comunista, debido a su enorme influencia dentro de los movimientos de base, jugaron un papel desastroso, pero eficaz para los franquistas. En lugar de impulsar la oposición al nuevo régimen que se impuso en 1976, decidieron entrar en una dinámica de pactos secretos con los herederos del régimen anterior para diseñar la Transición, al margen de la voluntad de la población, aceptando concesiones como la monarquía o la impunidad para los franquitas e impulsando un importante proceso de desmovilización social. Una clase política débil, sin experiencia ni escrúpulos y cobarde que entró en el reformismo suarista, fue la traición de los líderes de la oposición, que nunca quisieron derrotar al franquismo, ni se propuso investigar la represión, más que transición fue continuismo, muchos conflictos y problemas actuales se encuentran anclados en la transición carente de justicia y esencia democrática. El marco constitucional actual supone un blindaje ante cuestiones que deberían someterse a la voluntad popular, tales como la propia monarquía o el modelo de Estado.
Los herederos del franquismo permanecen como una piña en lo esencial, con su inquebrantable adhesión al dictador y sus crímenes. Lo cierto es que se ha consolidado un régimen de ciertas libertades formales y que persiste el debate de si vivimos en una democracia plena o no. Lo que si parece incuestionable es que hemos llegado a donde nos querían llevar los que propusieron la transición y en este sentido estaría finalizado el proyecto. Cuestión distinta es si el nuevo régimen, llamado Monarquía Parlamentaria, cumple con los requisitos necesarios para ser considerado una democracia formal. Entre algunos de los más graves hechos que se registraron, se encuentran la incalificable decisión política, avalada o cuando menos no cuestionada por el PSOE y el PCE, de mantener a los partidos republicaos en la clandestinidad y en la ilegalidad hasta después de celebradas las primeras elecciones el 15 de junio de 1977, a las que si pudieron concurrir los partidos fascistas españoles.
La transición española es el período histórico en el que se da el proceso por el que España deja atrás el cruel régimen dictatorial del criminal de guerra el general Franco, pasando a regirse por una Constitución que consagra una monarquía parlamentaria por la voluntad expresa e impuesta por el propio dictador.
Con la muerte del dictador el general Franco el 20 de noviembre de 1975, el Consejo de Regencia asumió, de forma transitoria, las funciones de la Jefatura del Estado hasta la proclamación ante las Cortes y el Consejo del Reino a Juan Carlos I de Borbón como rey de España el 22 de noviembre de 1975.
Juan Carlos I inició su reinado sin salirse de los cauces de la legalidad franquista. Así, juró fidelidad a los Principios del Movimiento, tomó la posesión de la corona ante las Cortes franquistas y respetó la Ley Orgánica del Estado de 1966, para el nombramiento de su primer Jefe de Gobierno.
El rey confirmó a Carlos Arias Navarro en el puesto de Presidente del Gobierno del régimen franquista, entrando a formar parte del nuevo gobierno como ministros: Manuel Fraga Iribarne, José María de Areilza, Antonio Garrigues, Alfonso Osorio, Rodolfo Marín Villa y Adolfo Suárez, todos ellos muy conocidos por su protagonismo durante el franquismo, su nombramiento ofrecía un panorama claramente continuista y no auguraba grandes transformaciones políticas, Arias Navarro persistía en preservar el legado del dictador, pero finalmente propició su forzosa dimisión el 1 de julio de 1976.
Todo ello obviando los sucesos de VITORIA GASTEIZ del 3 de marzo de 1976, que costó la vida a cinco personas y más de cien heridos, algunos de extrema gravedad, como consecuencia de las balas disparadas contra una masa indefensa que se disponía a celebrar una pacífica asamblea en la Iglesia de San Francisco, que huía medio asfixiada por los gases lacrimógenos lanzados en su interior por las fuerzas que se decían de Orden Público y Seguridad del Estado, fue una verdadera masacre, además de muchísimas detenciones de sindicalistas. Los responsables de “La Transición” no han tenido ningún rubor en ocultar aquellos criminales acontecimientos, ni perseguir a los responsables, pero indudablemente tuvo una importancia decisiva en la caída del gobierno de Arias Navarro, el principal responsable, además de sus ministros Adolfo Martín Villa, Adolfo Suárez y Manuel Fraga Iribarne, que dieron la orden a la policía nacional de disparar sus armas contra los manifestantes.
Manuel Fraga Iribarne, uno de los máximos responsables e inductores de la brutal matanza, expresó públicamente el carácter ejemplarizante de la actuación policial y de las trágicas consecuencias que pudieron derivarse de la alteración del orden impuesto y establecido por aquel régimen dictatorial, y que volverían a actuar con la misma brutalidad si se repetían aquellos hechos.
Cabe recordar la declaración histórica anticatalana pronunciada por el gran demócrata Manuel Fraga Iribarne en el año 1968: “Catalunya fue ocupada por Felipe IV, fue ocupada por Felipe V, que la venció, fue bombardeada por el general Espartero, que era un general revolucionario, y la ocupamos en 1939 y estamos dispuestos a coger de nuevo el fusil. Por consiguiente, ya saben ustedes a que atenerse, y aquí tengo el mosquete para volverlo a utilizar”.
Torcuato Fernández Miranda como presidente del Consejo del Reino, fue quién logró que se nombrara presidente del nuevo gobierno a Adolfo Suárez González, a él le correspondería realizar una operación política de evidente dificultad: “Convencer a los políticos del sistema franquista instalados en las Cortes para que se desmantelara el sistema. Se encargaría de entablar conversaciones con los principales líderes de los diferentes partidos políticos y fuerzas sociales, más o menos legales o toleradas, de cara a instaurar un régimen supuestamente democrático en España. De esta manera se respetaba formalmente la legalidad franquista y en lo posible, el peligro de una intervención del ejército en el proceso de transición”.
Del nuevo gobierno Suárez, se autoexcluyeron Fraga y Areilza, por no coincidir políticamente con las ideas democratizadoras del país.
El camino utilizado fue la elaboración de una Ley Fundamental, la Ley para la Reforma Política, no sin tenciones, que fue finalmente aprobada por las Cortes y sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976. Como consecuencia de su aprobación por el pueblo español se promulgó el día 4 de enero de 1977. Esta norma contenía supuestamente la derogación tácita del sistema político franquista en sólo cinco artículos y una convocatoria de elecciones.
Fueron legalizados los partidos siguientes:
Falange Española, Fuerza Nueva, CEDADE, considerados de extrema derecha. Alianza Popular considerada de derechas o conservador, que agrupaba parta de la derecha post-franquista. Unión de Centro Democrático, considerado de centro, pero con descendencia franquista. Partido Nacionalista Vasco y Convergencia Democrática de Catalunya, considerados como centristas – nacionalistas. Partido Socialista Obrero Español, considerado de izquierda progresista. Partido Comunista de España y Partit Socialista Unificat de Catalunya, después de que Santiago Carrillo renunciara a la República, más tarde al comunismo y aceptara la monarquía. Es incalificable la decisión política, avalada o aceptada o cuando menos no cuestionada por el PSOE, el PCE y el PSUC, de mantener a los partidos republicanos en la clandestinidad y en la ilegalidad, hasta después de celebradas las primeras elecciones, y así continúa funcionando España con este tipo de indecisiones políticas.
Las elecciones se celebraron finalmente el día 15 de junio de 1977, eran las primeras elecciones democráticas desde la guerra civil.
Unión de Centro Democrático fue el partido más votado por los españoles, aunque no alcanzó la mayoría absoluta, siendo responsable de formar el primer gobierno supuestamente democrático, a partir de este momento comienza el proceso de
construcción de la nueva democracia, pero siempre manteniendo y respetando los derechos adquiridos durante la dictadura.
El Presidente Suárez conocía muy bien el llamado “bunker”, que estaba formado entre otros por José Antonio Girón y Blas Piñar, que tenían muy buenos contactos con los oficiales del ejército y que podían constituir un obstáculo y un peligro. Intentó apoyarse con militares del círculo del general Diez-Alegría y el general Manuel Gutiérrez Mellado, que luego fue nombrado Ministro de Defensa en sustitución del general inmovilista Fernando de Santiago.
El general Gutiérrez Mellado actuó con habilidad para promocionar a los oficiales partidarios de la reforma y para ir sustituyendo a los mandos de las fuerzas armadas de seguridad más partidarios de conservar el régimen.
El 6 de diciembre de 1978 se aprobó en referéndum la nueva Constitución Española, entrando en vigor el 29 de diciembre del mismo año.
La primera pre-autonomía concedida fue la de Catalunya, restableciendo la Generalitat de Catalunya, pero sin el estatuto del año 1932, siendo nombrado Presidente Josep Tarradellas el día 23 de octubre de 1977, no por elección, si no a dedo por el Presidente español Adolfo Suárez. Este nombramiento fue el inicio de la trampa que se preparaba contra Catalunya y que fue silenciada y aceptada por la cobardía de la mayoría de los políticos catalanes.
Adolfo Suárez dimitió como Presidente el 29 de enero de 1981, debido a su distanciamiento con el rey y por la creciente debilidad en el seno de su partido y las presiones internas, que propiciaron la presentación de su dimisión, la mayoría de militantes eran descendientes del franquismo.
En este enrarecido escenario, el día 18 de febrero de 1981, se celebró en el Congreso de los Diputados, la votación para elegir su sucesor el candidato Leopoldo Calvo-Sotelo, elegido por su partido en el congreso de Mallorca como candidato a Presidente, pero en la votación del día 20 no se obtuvo la mayoría necesaria para la investidura, por lo que se produjo una nueva votación el día 23, día que los militares golpistas también lo elegirían para una tentativa de golpe de estado, dirigido por los militares el teniente coronel Antonio Tejero, el general Alfonso Armada que en aquel momento era el hombre de confianza del Rey y por el capitán general de Valencia Jaime Milans del Bosch, entre otros.
En el asalto al Congreso de los Diputados del día 23 de febrero de 1981, coinciden las distintas tramas golpistas que estaban operando desde el inicio de la Transición. A las 18,22 horas se inicia la operación con el nombre “Duque de Ahumada”, en referencia al fundador de la Guardia Civil. De acuerdo con el plan trazado, un grupo de guardias civiles, subfusil en mano, irrumpen en el hemiciclo del Congreso, encabezados por el teniente coronel Antonio Tejado, que desde la misma tribuna gritó “Quieto todo el mundo” y dio la orden de que todos se tirasen al suelo. El teniente general Gutiérrez Mellado en aquellos momentos ministro de Defensa, se levantó y dirigiéndose al teniente coronel Tejero, increpó a los asaltantes, pidiendo explicaciones y ordenándoles que depusieran las armas, como respuesta de Tejero, éste efectuó un disparo que fue seguido por unas ráfagas de metralleta. Todos los diputados inmediatamente obedecieron las órdenes, excepto: el diputado Carrillo, el Presidente Suárez y el teniente general Gutiérrez.
Poco después y siguiendo el plan previsto, se sublevó en Valencia el Capitán General de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, quién sacó carros de combate y el ejército a la calle, declarando el estado excepción.
A la una y catorce minutos de la madrugada del día 24 de febrero, el Rey intervino en televisión vestido con uniforme de Capitán General de los Ejércitos, para situarse contra los golpistas, defender la Constitución española, llamar al orden a las Fuerzas
Armadas en su calidad de Comandante en Jefe y desautorizar a Milans del Bosch. A partir de aquel momento el golpe se da por fracasado.
Nada más producirse el asalto al Congreso, el golpe de estado fue condenado con toda dureza por los países de la Comunidad Económica Europea, con quienes España estaba negociando su adhesión. Estados Unidos se mantuvo oficialmente neutral en cuanto al proceso. Sin embargo, durante el juicio, Tejero afirmó que “tanto el gobierno de EE.UU. como el Vaticano; la Iglesia siempre es protagonista en los golpes de estado; habían sido sondeados por el general Armada y sabían lo que iba a pasar”.
Las consecuencias más destacadas fueron el inicio de un proceso de involución autonómica con la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).
Fueron juzgados y condenados treinta militares golpistas, ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, siendo condenados a 30 años de reclusión, como principales responsables del golpe de estado, Milans del Bosch, Alfonso Armada y Antonio Tejero Molina. La mayoría de ellos no cumplieron la totalidad de la condena, por haber sido indultados La trama civil nunca fue investigada de modo riguroso o deliberadamente se ocultó, siendo el único civil condenado a dos años de prisión, el ex dirigente de los Sindicatos Verticales durante la dictadura franquista el catalán Juan García Carrés.
Han quedado muchas cosas por aclarar, la realidad es la de que no ha habido la voluntad política por parte de ningún grupo en querer investigar y hacer públicos todos los hechos ocurridos durante el asalto al Congreso de los Diputados, por ejemplo, la intervención del Centro Nacional de Inteligencia (CESID) y la identidad del Elefante Blanco. Los primeros síntomas de malestar en el ejército tienen lugar en mes de Abril de 1977, con motivo de la legalización del Partido Comunista, el día 9 del mismo mes dimite el almirante Pita de Veiga ministro de Marina, y del Consejo Superior del Ejército, emitiendo una nota en la que manifiesta su disconformidad con dicha legalización.
En noviembre de 1978, tiene lugar la desarticulación de la Operación Galaxia, una intentona golpista contra el nuevo sistema político, siendo su principal responsable el teniente coronel Antonio Tejero, que sería condenado únicamente a siete meses de prisión, que posiblemente nunca cumplió. Si el Gobierno hubiese actuado con contundencia, como era su obligación, lo más seguro es que se hubieran ahorrado otros intentos de golpe de estado.
El amante del orden público, Manuel Fraga Iribarne, en este intento de golpe de estado, no exigió que salieran a la calle las fuerzas armadas de la policía nacional, para repeler la intolerable actitud antidemocrática de unos cuantos militares, silencio absoluto.
En el conjunto del ejército y de la extrema derecha va creciendo la voluntad golpista, no solamente por culpa de la profunda crisis económica, que durante el año 1980 se vuelve cada vez más insostenible, si no también por la inestabilidad del propio gobierno, la dimisión de Manuel Clavero como ministro de Cultura, la moción de censura presentada contra el presidente Suárez por parte del PSOE, la dimisión del vicepresidente Fernando Abril Martorell y la elección de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón como portavoz del grupo parlamentario de UCD.
Las tensiones internas debidas a las actitudes democráticas que iba desarrollando la Unión de Centro Democrático, provocarían su desintegración a lo largo de los años 1981 y 1982, la mayoría de sus militantes de ideología franquista terminarían integrándose en el Partido Popular de Manuel Fraga Iribarne, y el resto, que era una minoría y más cercanos a la socialdemocracia se unirían a las filas del PSOE.
En las elecciones generales de octubre de 1982, el PSOE resultó ganador, iniciando así la segunda legislatura de España, por primera vez desde las elecciones generales de 1936, un partido considerado supuestamente de izquierdas o progresista iba a formar el nuevo gobierno. Su secretario general Felipe González, después del XXVIII Congreso del Partido Socialista celebrado en el mes de mayo de 1979, no quiso asumir las tendencias revolucionarias socialistas que parecían dominantes en el partido, por lo que presentó su dimisión. Pero inmediatamente después se convocó un nuevo congreso extraordinario que le permitió reconducir el partido hacia una línea más moderada y asumir de nuevo el cargo.
La cómoda mayoría política de la que gozó durante tres legislaturas, permitió al país un largo respiro de tranquilidad y estabilidad política al no tocar para nada a los franquistas, tras los intensos años de la transición. Demostró ser fiel a la voluntad del régimen anterior.
Felipe González ocupo la Presidencia del Gobierno durante su mandato, junto con el Vicepresidente Alfonso Guerra, hasta que éste dimitió por una implicación en un caso de corrupción de su hermano como principal acusado, pero no tuvo la valentía para retirarse de la política activa, ha continuado gozando de sus placeres.
Una vez asegurada la supuesta democracia, los principales países europeos realmente democráticos aceptaron a España a integrarse en la CEE, después de más de 20 años de la primera petición.
El PSOE paralizó el ingreso a la OTAN, sin embargo, en el transcurso del tiempo, cambió su posición radical al darse cuenta de que se equivocaba, de que era imprescindible la incorporación para una plena integración de España al bloque occidental y europeo, celebrándose un referéndum con un resultado favorable a la adhesión.
Durante la última legislatura padeció un enorme desgaste tanto él personalmente como su partido, salieron a la luz varios casos de corrupción de cargos públicos adscritos al PSOE, que contribuyeron a aventurar el desgaste de la imagen pública del partido. Su final fue una mezcla de tragedia y de zarzuela. La tragedia de los GAL, cuyos actos no han sido aún juzgados en su totalidad, y la corrupción entre sus altos cargos, entre ellos cabe destacar los llamados “Caso Filesa, Caso Roldan y el BOE”.
En las elecciones generales de 1996, el principal partido de la oposición liderado por José M. Aznar, consigue la mayoría simple.
“LA REALIDAD POLÍTICA ES LA DE QUE ESPAÑA NO HA COSEGUIDO UNA PLENA DEMOCRACIA Y UNA JUSTICIA REAL, POR CULPA DE ESA FALSA TRANSICIÓN”
Los Pactos de la Moncloa fueron los acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa durante la transición española el 25 de octubre de 1977, entre el Gobierno de España de la legislatura constituyente, presidido por Adolfo Suárez, los principales partidos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y las asociaciones empresariales y el sindicato de Comisiones Obreras, con el objetivo de procurar la estabilización del proceso de transición al sistema democrático, así como adoptar una política económica que contuviera la galopante inflación. Con anterioridad Adolfo Suárez había sostenido conversaciones con Felipe González y Santiago Carrillo, después de constituirse las Cortes Generales tras las elecciones del 15 de junio de 1977, con el fin de sondear la posibilidad de un acuerdo de estabilidad, dado que el gabinete carecía de mayoría absoluta. Además las Cortes no se habían planteado como constituyentes y esa era la intención de la oposición y de una parte significativa de la Unión de Centro Democrático, partido del Gobierno.
Al mismo tiempo, Suárez encargó al Ministro de Economía y Hacienda, Enrique Fuentes Quintana, que tratase la posibilidad de un acuerdo marco con los nuevos sindicatos legalizados, UGT y CCOO, para evitar el alto nivel de conflictividad social. La UGT y la CNT rechazaron el acuerdo, así como también algunas secciones sindicales de CCOO. Mar Tarde las centrales de UGT y CCOO, finalmente firmaron el acuerdo, junto con la Patronal y otras fuerzas políticas españolas, siendo la anarcosindicalista CNT, quién mostró su total disconformidad con los Pactos.
Los acuerdos fueron firmados finalmente por Adolfo Suárez en nombre del gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo por UCD, Felipe González por el PSOE, Santiago Carrillo por PCE, Enrique Tierno Galván por el PSP, Josep María Triginer por PSC, Joan Raventós por CSC, Juan Ajuriaguerra por el PNV y Miquel Roca por CiU. Manuel Fraga Iribarne no suscribió el acuerdo político, pero si el económico.
Los acuerdos firmados fueron ratificados posteriormente en el Congreso de los Diputados y el Senado.
Los Pactos a ala Transición han dado como resultado la aceptación por parte de los partidos de la izquierda y nacionalistas, de todo lo que impusieron los descendientes del franquismo, fue un borrón y cuenta nueva, para exonerar a los causantes de todos aquellos horrorosos crímenes contra la humanidad cometidos durante la larga y dura dictadura franquista, todo por la cobardía política y las prisas en conseguir la supuesta democracia, debido al miedo de que no hubiera otro golpe de estado militar, la cual cosa era imposible que pudiera suceder, pues, la Unión Europea no lo hubiera aceptado de ninguna manera. Todos los partidos de izquierdas fueron impregnados de amnesia política, con el fin de olvidar aquel pasado no muy lejano, lo cual han logrado los descendientes del franquismo, demostrando que era mucho más veteranos y astutos dentro de la política, en realidad los pactos a la transición pasarán a la historia como la vergüenza política de la nueva democracia y la historia los juzgará como cobardes y traidores de los que padecieron la represión de la criminal dictadura del general Franco.
Como parte de la Transición Española hacia la democracia, tras la muerte del dictador el general Francisco Franco y la supuesta desaparición de su régimen dictatorial, una de las tareas prioritarias de las Cortes, fue la de redactar una nueva Constitución para llevar a España a ser un Estado social y democrático de Derecho. A tal fin, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, nombró una Ponencia de siete diputados de distintos partidos que elaboró un anteproyecto de Constitución. Los grandes Padres de la Constitución, nombre con el que son conocidos entre la sociedad española, son los siete ponentes a los que se encargó la redacción de la Constitución española de 1978. Tres de ellos pertenecían a UCD que fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca. Por Alianza Popular participaría de la mano de Manuel Fraga Iribarne. El PSOE por Gregorio Peces – Barba. El PCE estaría representado por Jordi Solé Tura. Y Miquel Roca Junyent en representación de los nacionalistas catalanes de CiU.
El interés del PSOE en querer dejar fuera de la ponencia a Tierno Galván, fue como pago por no haber querido integrar su partido en el PSOE, y por una serie de razones técnicas a dejar también fuera a los nacionalistas vascos.
Los socialistas fueron los únicos en votar en contra de la Monarquía parlamentaria como forma de Estado, aunque más tarde, los comunistas recuperarían las pretensiones republicanas. Pero al Final los dos grupos claudicarían, no faltaría más, y en la actualidad continúan haciéndolo.
El anteproyecto se discutió en la Comisión y después en el Congreso de los Diputados se aprobó el texto el 31 de octubre de 1978.
El día 6 de diciembre de 1978, fue ratificado en referéndum.
La Constitución Española de 1978, es la primera que se alcanza por consenso, un consenso impuesto por los Pactos de la Moncloa, tendente al entendimiento y a la claudicación política, en cuya tarea antepusieron la responsabilidad de Estado a sus propios intereses políticos e ideológicos, pero, después en el transcurso de los años uno se da cuenta de la gravedad de los pactos que se formalizaron, por las prisas en conseguir tener la democracia y su aceptación por cobardía política, aceptando todo lo que impusieron los herederos del franquismo. El resultado en realidad no fue una ruptura con el régimen anterior, que era lo esperábamos la mayoría de los españoles, simplemente fue un conjunto de normas apoyadas en los pilares de la dictadura que padecimos durante cuarenta años.
Si se analiza detenidamente la votación efectuada en el Congreso de los Diputados, se puede comprobar que la Constitución que se aprobó no fue por consenso de los grupos parlamentarios que participaron en su redacción, tal como se ha venido informando a los españoles, puesto que los diputados de Alianza Popular votaron en contra a pesar de que su representante Manuel Fraga Iribarne había formado parte en la comisión redactora.
Hay que reconocer que los franquistas fueron mucho más inteligentes para lograr su influencia en el redactado de la Constitución, desde el inició de las negociaciones han demostrado ser muchos más astutos políticamente, para lograr imponer lo que realmente querían, a los socialistas y comunistas les faltó firmeza y les sobró tolerancia, posiblemente por miedo o cobardía a romper el diálogo, transigiendo y aceptando todo lo que se les impuso, de haberse roto las negociaciones, tarde o temprano se hubieran iniciado, pues, ellos eran los primeros interesados en lograr el cambio político, además, la Comunidad Europea ni la OTAN no nos hubieran aceptado.
Ahora estamos disfrutando, gracias al Caudillo de España el general Franco, de una monarquía parlamentaria supuestamente democrática, pero impuesta por el mismo dictador. Es una realidad aquella frase suya que pronunció en un discurso político, de que “lo dejaba todo atado y bien atado”.
Los herederos del franquismo supieron exonerarse de toda posible responsabilidad política, civil y penal, de todas las atrocidades y crímenes que cometieron durante la larga y dura dictadura, haciendo aprobar por las Cortes Generales la Ley de Amnistía de 1977, pero la izquierda impregnada por la cobardía y la amnesia de los pactos a la transición, no quiso darse cuenta de la Ley que habían aprobado o no se atrevió a exigir de la misma manera que lo hicieron ellos, la rehabilitación jurídica por ley, anulando todas las sentencias de pleno derecho, que fueron dictadas por aquellos tribunales militares ilegales contra los republicanos que fueron ajusticiados por defender la legalidad constitucional de la República, continuando todos aquellos hombres y mujeres clasificados como delincuentes, La nueva Constitución Española de 1978, tiene el carácter de aconfesional y de laicidad, así mismo lo refleja la sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001 de 15 de febrero. La laicidad veda cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y estatales. La laicidad de nuestro Estado se apoya en los valores superiores de ordenamiento jurídico recogidos en el Artículo 1 de la Constitución de 1978 y se postula como un pacto para la convivencia de una sociedad como la española cada vez más plural en el orden moral y religioso.
Pero por encima de todos los argumentos políticos posibles, a la soberbia y orgullosa Iglesia Católica española se le continúan respetando o manteniendo determinados privilegios, que no tienen otras religiones.
El 22 de noviembre de 1975, las Cortes Españolas, todavía franquistas, proclamaron como Rey de España a don Juan Carlos I, como sucesor y heredero de la corona española, designado por el dictador el general Franco, saltándose la línea de sucesión que correspondía a su padre don Juan de Borbón, Conde Barcelona, jurando cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios del Movimiento Nacional, durante el acto de su coronación pronunció un discurso dirigido al pueblo español, resaltando la siguiente frase: “Establecer la democracia y ser Rey de todos los españoles, sin excepción”. Mensaje que no ha cumplido, puesto que como Jefe de Estado se niega a exigir de los diferentes Gobiernos que hemos tenido en el transcurso de estos años, la rehabilitación jurídica de los republicanos que fueron asesinados por orden de unos tribunales militares ilegales durante la dictadura franquista, admitiendo y aceptando la existencia de dos clases de españoles, los que ganaron la sangrienta guerra civil a resultas del golpe de estado militar, manteniendo todos los derechos y privilegios adquiridos durante la dictadura, y los perdedores de aquella guerra civil, que fueron sometidos a toda clase de humillaciones y represiones, que se les continúa negando su rehabilitación.
¿Un jefe de Estado que juró las Leyes Fundamentales del Estado y coronado como rey ante unas Cortes Españolas franquistas, y que a pesar de los años transcurridos no ha jurado todavía la nueva Constitución de 27 de diciembre de 1978, aprobada por unas Cortes Generales supuestamente democráticas, se le puede reconocer como Rey o Jefe de Estado?
El día 4 de agosto de 1976, se publicó n el Boletín Oficial del Estado el Real Decret0 – Ley núm. 10 de 30 de julio de 1976, sobre amnistía, que en el preámbulo nos dice:
“La Corona simboliza la voluntad de vivir juntos todos los pueblos e individuos que integran la indisoluble comunidad nacional española. Por ello, es una de sus principales misiones promover la reconciliación de todos los miembros de la Nación, culminando medidas legislativas que ya a partir de la década de los cuarenta han tendido a superar las diferencias entre españoles…………………………………………………………………….
Al dirigirse España a una plena normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles…………………………………………………………………….
Está firmado por el Rey Juan Carlos y el Presidente del Gobierno Adolfo Suárez González.
Por lo que parece el anterior Real Decreto – Ley, no satisfizo con plenitud al Gobierno y a los fieles seguidores del régimen anterior, aprobando un nuevo Real Decreto – Ley núm. 19 de 14 de marzo de 1977, sobre medidas de gracia, que en el preámbulo nos dice:
”La citada Ley establece un tratamiento diferenciado en cuanto al posible alcance de las medidas de gracia y al procedimiento mismo para otorgarlas, respecto de determinados delitos contra la seguridad interior del Estado, reconociendo el enfoque primordialmente político con que en tales casos hay que verificar la valoración de la justicia, equidad o convivencia pública que orienten los criterios para otorgar la gracia. Tales criterios determinan la exigencia lógica de incluir entre ellos otros delitos de conformidad con los principios inspiradores de sucesivas y posteriores revisiones del ordenamiento penal, haciendo así posible una equitativa aplicación individualizada de las medidas de gracia……………………………………”
Está firmado por el Rey Juan Carlos I y el Presidente del Gobierno Adolfo Suárez González
El Gobierno supuestamente democrático presidido por Adolfo Suárez González, a través de su embajador en las Naciones Unidas, el 17 de julio de 1977, firmó o mejor dicho ratifico su adhesión en nombre de España, la Convención de Derechos Políticos y Civiles del año 1966, queriendo demostrar en vistas a la opinión pública internacional de que España, después de la muerte del dictador todo había cambiado, sobre el papel parecía que sí se abría un a nueva página de la historia española, pero la realidad ha sido muy diferente y a la vez decepcionante, lo que pretendían, pero no han conseguido es que se olvidaran todos aquellos crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la dictadura fascista. La astucia y la experiencia política de los franquistas no tiene límites, cualidades que no gozan los partidos de izquierdas, después de aprobar los dos Reales Decretos Ley y de ratificar la Convención de los Derechos Humanos ante las Naciones Unidas, se dieron cuenta de que había un vacío legal y un riesgo infinito con los citados dos RR.DD.LL., y que existía la posibilidad de que hubiesen reclamaciones contra ellos.
Su reacción fue inmediata e hicieron aprobar por unanimidad con el beneplácito de todos grupos parlamentarios que formaban las nuevas Cortes Generales, constituidas después de las elecciones de 15 de junio de 1977, la promulgación de la Ley núm. 46 de 15 de octubre de 1977, conocida por la LEY DE AMNISTÍA POLÍTICA, que exoneraba de todas responsabilidad civil, penal y administrativa a todos los herederos del franquismo. Su aceptación fue por ignorancia (?), por falta de dignidad política (?) o por cobardía política (?).
Los partidos demócratas en la oposición, en particular los comunistas y los socialistas, una vez asentados en la poltrona que tanto deseaban, no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta de lo que representaba la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977, la opinión pública es la de que cerraron los ojos por falta de personalidad política y continúan actuando de la mima manera, en particular los socialistas.
Como sea que esta Ley sigue vigente, a pesar de las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas al Gobierno Español, para que sea anulada, puesto que está en contradicción con las disposiciones de la Convención de los Derechos Humanos, es el primer obstáculo con que nos encontramos actualmente, a pesar de haber sido aprobada la Ley de la Memoria Histórica en el año 2007, que solamente declara los juicios sumarísimos militares como injustos e ilegítimos y no nulos de pleno derecho por ilegales, a pesar de las promesas hechas públicas por el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero, pues, el Fiscal General del Estado y el Tribunal Supremo no admiten a trámite y son rehusadas las peticiones de revisión de los juicios y sentencias, a pesar de ser contrarios a los derechos humanos.
El Estado ha ido aplicando una política de “punto final”, que ratifica la impunidad para quienes impusieron la dictadura, para los que la gestionaron y para los que se beneficiaron de ella.
El carácter protector fuera de toda duda a favor de los perpetradores de la Ley de Amnistía de 1977, fue aprobada vergonzosamente e indignamente por toda una izquierdas que gozaba en aquella época de una gran autoridad moral, perdiendo a lo largo del tiempo todo el prestigio que se había ganado con su lucha contra el franquismo durante la dictadura.
Esta Ley extiende el perdón a los delitos cometidos por las autoridades, funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos humanos de las personas.
La Ley de Amnistía de 1977, dice lo siguiente:
Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando la intencionalidad política se aprecie un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomía de los pueblos de España”.
f) Los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.
El modelo español de impunidad se constituye por la negativa del Estado a declarar la nulidad de las sentencias emitidas por los Consejos de Guerra y por los Tribunales especiales franquistas contra la disidencia, la oposición y su entorno. Durante la discusión del anteproyecto de la ley de la memoria histórica del año 2007, antes de proceder a la votación para su aprobación, el Partido Popular pidió que se leyese el texto de la Ley de Amnistía de 1977, a nadie les extrañó aquella petición, su significado ofrecía pocas dudas, ya que aquella ley fue la clave de la reconciliación y por lo tanto, de la transición. Para ellos la transición equivalía a olvido y a la memoria del rencor.
Frases que son merecedoras de recordar por su hipocresía política:
Recuperar la memoria histórica es fundamental para no repetir los errores y para dignificar la memoria de las víctimas. (Felipe González – 12 de enero de 2007).
La recuperación de nuestra memoria histórica no es un proceso que el Gobierno esté promoviendo, sino que parte y se abre desde el seno de la propia sociedad, como una realidad que surgió en la década de los 80, como una exigencia en la que se planteó la recuperación de la democracia y el conocimiento del pasado. Recuperar la memoria histórica no abre heridas, las cicatriza. (Alfonso Guerra – 27 de enero de 2007).
Después de leer estas dos citas, uno puede pensar que ambos hicieron grandes cosas para recuperar la memoria histórica, tuvieron la ocasión cuando estaban en el gobierno durante catorce años y no quisieron mirar hacia atrás, ellos con su habitual hipocresía intentaron convencernos de que se ocuparon de todo ello en los años 80. Está claro, que los dos son los promotores de las políticas del olvido, durante la larga etapa del PSOE en el poder, ahora ya no les sirven algunos discursos históricos que utilizaron, han quedado totalmente desacreditados, con el tiempo hemos podido comprobarlo. Ramón Jáuregui, miembro destacado del PSOE, desde un principio estuvo totalmente en contra de la Ley de la Memoria Histórica, estaba plenamente convencido de que podía despertar las pasiones de las dos Españas, sino se enfoca con prudencia y consenso, en cierta ocasión se preguntó: ¿Debemos abrir la caja de Pandora de tan delicados y apasionados recuerdos?. Y lo más grave es que pone en duda la posibilidad de revisión y anulación de las decisiones judiciales franquistas, logrando como miembro de la Comisión Constitucional del Congreso, que las sentencias no fueran anuladas de pleno derecho. Su opinión es muy parecida y refleja el pensamiento de un amplio sector del PSOE. Él fue quién metió a todos en el mismo saco sin establecer diferencia alguna entre las muertes habidas, no quieren darse cuenta de que no se trata de llevar a juicio a nadie, simplemente de rehabilitar jurídicamente a todos aquellos hombres y mujeres que se les arrebató la vida por defender la legalidad constitucional de la República. La izquierda socialista no lo ha planteado nunca, por miedo a la reacción de la derecha. Los crímenes del franquismo siguen siendo tabú, tanto para una derecha que no ha roto con aquel régimen, como por parte de la izquierda que asume sin problemas que este asunto no debe tocarse. Por esto surgió la Ley de Amnistía de 1977.
El Gobierno socialista, no entra en consideración alguna y desbarra en ese cúmulo de despropósitos que constituye el anteproyecto de la Ley de la Memoria Histórica, que después de dos años y medio de discusión en la Comisión Interministerial, fue aprobada por el Congreso de los Diputados por la mayoría de los grupos parlamentarios, la decisión fue simplemente proteger la identidad de los represores en su sentido más amplio, con la creación de un comité de notables que darían diplomas de buena conducta.
Lo que se le pedía al Gobierno, es que fuera el Estado quien se ocupara de todo lo relacionado con las exhumaciones de todas las personas asesinadas, y que se anulasen de pleno derecho todas las sentencias militares franquistas. La oposición de la derecha franquista siempre la iba a tener, decidieran lo que decidieran, les faltó la valentía política para afrontar lo que tanto esperaban los familiares de las víctimas, como mínimo la rehabilitación jurídica.
La historia juzgará el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero, por su timidez y cobardía en no querer recuperar realmente la memoria histórica. Tenemos una derecha que no acaba de romper con el franquismo y una izquierda que se niega con todas sus consecuencias acabar con el franquismo, creando una absurda situación de obstrucción del pasado, un pasado que no puede olvidarse nunca, para que no vuelva a repetirse.
La realidad política española, es la de que no se debatió fuerte y abiertamente sobre los crímenes franquistas durante ni después de la Transición.
Con la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977, no ha habido debate político sobre los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura, puesto que con dicha Ley quedan amnistiados todos los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Quienes habían impedido el ejercicio de tales derechos, fueron amnistiados o mejor dicho se auto-amnistiaron con la aquiescencia de los partidos políticos de centro y de izquierdas.
Ni el gobierno de UCD hasta 1982, ni en el periodo socialista de 1982 al 1996, ni en el gobierno de Aznar del Partido Popular hasta 2004, no se debatió abierto y ampliamente en el Parlamento, ni en la prensa, ni en la televisión, sobre los crímenes franquistas. Se empezó por fin a despertar la memoria histórica en el ámbito parlamentario con el gobierno de Rodríguez Zapatero, por la presión de las asociaciones memorialistas y de algunos historiadores.
No ha habido tampoco en España una Comisión de la Verdad, como lo ha habido en otros países, como en Sudáfrica o en Perú. Llamaba la atención en Argentina o en Chile, que la Justicia española pudiera arrinconar y hasta juzgar a militares y torturadores de esos países y por el contrario no hiciera nada contra los franquistas. Francamente lo que ha sucedido en España, un país que se proclama democrático y ejemplar por la forma como se ha llevado a cabo la transición, realmente no es democrático ni ejemplar, políticamente y moralmente es una vergüenza nacional e internacional.
Con la llegada del gobierno de Rodríguez Zapatero, parecía hacerse una realidad, pero los ministros del PSOE y su grupo parlamentario, que se habían tragado todos los sapos de la Transición, no han querido considerar la posibilidad de anular la Ley de Amnistía de 1977, les ha faltado valentía política para afrontar un plan contra los delitos de crímenes de lesa humanidad que no están previstos en la Ley de Amnistía.
Los Tribunales españoles siempre han estado impidiendo sistemáticamente las investigaciones sobre abusos cometidos durante la guerra civil y la dictadura del general Franco que sufrió el país, para ellos la Ley de Amnistía de 1977, por muchas protestas nacionales e internacionales que pueda haber al respecto. Por otro lado, la causa contra los crímenes del franquismo está avalada por la doctrina internacional, según la cual, las leyes de punto final no pueden ser aplicadas cuando se trata de crímenes contra la humanidad. Durante los últimos años ha habido varios pronunciamientos de organismo internacionales instando a España a drogar la Ley de Amnistía de 1977, dada la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, pero el Gobierno ni el Parlamento español no ha hecho ningún caso ni creo que vaya a hacerlo. La impunidad de los franquistas quedó atada y bien ataca.
El pésimo ejemplo español a la Transición ha permitiendo la auto-amnistía de criminales al servicio de una larga dictadura.
La izquierda española nunca ha pretendido exigir responsabilidades políticas a los miles de personas que desde 1936, han estado colaborando activamente e incluso con silencio cómplice de la represión.
La Transición fue excluyente. El Partido comunista y el Partido Socialista fueron actores principales en esta Transición excluyente, argumentando que los poderes fácticos no permitían ir más allá.
Los que habían matado sin sufrir ningún castigo y sin perder ninguna de las antiguas pesetas de su patrimonio con la muerte de Franco, se daban el lujo de amnistiar a los que habían perdido la guerra y habían perdido la paz de los cementerios durante 35 años, y de paso se amnistiaban ellos mismos.
Con la conducta y comportamiento de los partidos de izquierdas, y muy en particular el PSOE, es poco probable que se efectúe una investigación y condena judicial de los crímenes franquistas. El gobierno de Rodríguez Zapatero en el transcurso de las dos legislaturas, ha demostrado tener muy poco entusiasmo para reavivar la memoria histórica y menos aun por derogar la Ley de Amnistía de 1977.
Los familiares de las víctimas del franquismo no pretendemos vengarnos contra los criminales de guerra que causaron todas aquellas barbaridades, clasificadas de crímenes contra la humanidad, de acuerdo con la Convención de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que si reclamamos es justicia y esta pasa por anular todas las sentencias dictadas por aquellos tribunales militares ilegales, más aún teniendo en cuenta de que ellos supieron cubrir su responsabilidad criminal con la Ley de Amnistía de 1977 y fue aceptado irresponsablemente por los partidos que se iniciaban en la nueva democracia. Sería saludable políticamente que el Tribunal Supremo español, diga que la Ley de Amnistía de 1977 no puede impedir la investigación de los crímenes franquistas. LA IGLESIA CATÓLICA ESPAÑOLA
La Iglesia Católica Española, desde la evangelización de la península Ibérica, siempre ha disfrutado de todos los privilegios, sean políticos o económicos, lo demostró suficientemente con su actuación en los tiempos de la inquisición y en el transcurso de los siglos ha mantenido siempre su estatus, incluso por la fuerza de sus ejércitos cuando le era necesario imponerse por la fuerza. En todas las épocas si ha habido algún país o gobierno que se haya interpuesto en su camino, tarde o temprano lo paga con su destrucción, es imperialista, dominante, soberbia y cruel.
Es el acuerdo entre la Iglesia Católica y un Estado para regular las relaciones entre ellos, en materias de mutuo interés.
El primer concordato firmado por España y la Santa Sede se suele señalar que es el derivado del Concilio de Constanza del año 1418. El rey Fernando VI firmó en 1753 un nuevo Concordato, que fue completado con pequeños acuerdos parciales por Carlos III y Carlos IV. Bajo el reinado de Isabel II fue sustituido por el Concordado de 1851.
Debido a que la Segunda República (Años 1931 – 1939), separó la Iglesia del Estado, la Santa Sede dio por derogado el último Concordato. Esta actitud de la Segunda República nunca fue perdonada por las jerarquías de la Iglesia Española, pues, siempre habían gozado de todos los privilegios y de pronto fueron eliminados, convirtiéndose automáticamente en opositores, mejor dicho en enemigos de la República, creando un maligno cultivo político entre sus feligreses en contra de la instauración de la democracia republicana, indigno de unos representantes de la Iglesia que debían de predicar su fe en la cordialidad y los derechos humanos.
A resultas del golpe de estado del 18 de julio de 1936, que dio como resultado la Guerra Civil de 1936 – 1939, por parte de un grupo de militares capitaneados por el general Francisco Franco, apoyados por la extrema derecha, de los fascista de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., con la ayuda militar de las fuerzas internacionales de Alemania e Italia y con el apoyo incondicional de la Iglesia Católica, se instauró una nueva dictadura durante los años 1939 – 1975. Se iniciaron las negociaciones para una renovación concordataria que fueron arduas y largas. De hecho se fueron firmando una serie de cuerdos parciales, en 1941, la renovación de las sedes episcopales; en 1942, la provisión de los beneficios no consistoriales; en 1946, seminarios y facultades eclesiásticas; en 1950, elección de un vicario castrense, mientras las negociaciones se prologaron, hasta la firma definitiva del Concordato el 27 de abril de 1953.
A pesar de que la Constitución Española de 1978, declara el Estado laico y aconfesional, la Iglesia Católica continúa teniendo privilegios, en particular los económicos, que no tienen el resto de religiones españolas.
En la actualidad, el régimen concordatario en España está compuesto por cuatro acuerdos:
_ Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979.
_ Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979.
_ Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos y religiosos de 3 de enero de 1979.
La Conferencia Episcopal Española es una institución administrativa y de carácter permanente integrada por todos los obispos españoles, en comunión con el Romano Pontífice y bajo su autoridad, para el ejercicio conjunto de algunas funciones del Episcopado Español, respecto de los fieles de su territorio, a tenor del Derecho común y de sus estatutos, con el fin de promover la vida de la Iglesia, fortalecer su misión evangelizadora y responder de forma más eficaz al mayor bien que la Iglesia debe procurar a los hombres.
Fue constituida el 3 de octubre de 1966, goza de personalidad jurídica pública eclesiástica y civil en virtud del acuerdo sobre Asuntos Jurídicos del 3 de enero de 1979, entre la Santa Sede y el Estado Español.
La última renovación fue aprobada por la LXXXII Asamblea Plenaria de la CEE de mayo de 2004 y confirmada por Decreto de la Congregación de Obispos de 21 de junio de 2005. Según el artículo Dos de los Estatutos de la Conferencia Episcopal Española, son miembros de pleno derecho los Arzobispos y obispos diocesanos, el Arzobispo castrense, los Arzobispos y Obispos coadjutores y auxiliares, los Administradores apostólicos y los Administradores diocesanos, además de los Arzobispos y Obispos titulares y eméritos con cargo especial en el ámbito nacional, encomendados por la Santa Sede o por la Conferencia Episcopal. Todos los Obispos españoles con cargo pastoral tienen voz y voto en las Asambleas Plenarias, los Obispos Eméritos (jubilados) sin cargo pastoral, solamente voz. Los cargos se eligen por tres años, no pudiendo sobrepasar tres mandatos, excepto el Secretario General que se elige para cinco años.
El Comité Ejecutivo desde el año 2008 y hasta el 2011 es el siguiente:
Presidente: Antonio María Rouco Varela, cardenal- arzobispo de Madrid.
Vicepresidente: Ricardo Blázquez Pérez, obispo de Bilbao.
Secretario: Juan A. Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.
Miembros: Lluís Martínez Sistach, cardenal-arzobispo de Barcelona
Carlos Amigo Vallejo, cardenal-arzobispo de Sevilla.
Carlos Osorio Sierra, arzobispo de Valencia.
Juan del Río Martín, arzobispo Castrense.
Además existen diferentes comisiones presididas por arzobispos u obispos
La Iglesia Católica es totalmente intolerante con sus semejantes, sus jerarcas son los únicos poseedores de la verdad, soberbios, orgullosos y amantes de las riquezas, desconocen lo que es la humildad, constantemente muestran públicamente no conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su Artículo 5, nos dice: “Nadie estará sometido a la tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Ella siempre amenaza al pueblo si no obedecen sus órdenes e impone sobre sus creyentes su única verdad y los sanciona o amenaza declarándoles herejes i excomulgándoles, pero actualmente están abriendo los ojos y la gente se da cuenta de los graves errores que en el transcurso de los años han venido cometiendo, sólo por el mero hecho de poseer bajo su dominio a los ciudadanos del mundo.
No solamente es contraria a la Ley del Aborto, incluso condena la selección genética para fines curativos. ¿Es posible tanta barbarie?
El cardenal Rouco Varela, como Presidente de la Conferencia Episcopal Española, formuló diferentes ataques al Gobierno socialista, en el acto de clausura de la familia cristiana celebrado en la plaza de Colón de Madrid en el mes de diciembre de 2007, su pudieron oír fuertes críticas por sus políticas en materia de familia, tales como el matrimonio homosexual o el llamado divorcio Express, que, en palabras de Rouco ha citado el artículo 16.3 de la declaración de los derechos humanos, constatando tristemente que el ordenamiento jurídico español ha dado marcha atrás con respecto a la declaración de los Derechos Humanos de la ONU y que supone un retroceso en los derechos humanos. ¿Cómo puede el cardenal Rouco Varela hablar de derechos humanos, cuando la Iglesia Católica Española, todavía no ha pedido perdón por su intervención directa en los crímenes contra la humanidad, cometidos con su bendición y colaboración durante la dictadura del general Franco?
El acto comenzó con las palabras del cardenal don Agustín García-Gasco, arzobispo de Valencia, que criticando la cultura del laicismo, que ha calificado como un fraude, que sólo conduce a la desesperación por el camino del aborto, el divorcio Express y las ideologías que pretenden manipular la educación de los jóvenes, y por lo que reclamaba la disolución de la democracia.
También tomó la palabra el cardenal - arzobispo de Toledo, don Antonio Cañizares, que aseguró que la familia está bajo amenazas claras y ataques de gran calado, que supone un ataque grave para el futuro de la sociedad.
Con gran énfasis en sus palabras y subrayando con gestos, se leyeron varios pasajes de la Biblia, para luego asegurar que estos gobiernos ateos y laicos, nos quieren hacer creer que nuestra nave, nuestra vida, no va a ningún lado y no es cierto.
El cardenal Rouco Varela, aseguró que ellos ofrecen su testimonio, no lo imponen, para acto seguido llamar a la evangelización de la sociedad española.
La Iglesia católica nunca ofrece libertad o democracia, puesto que ella lo ignora, son los que se apartan y la niegan. Está probado que les van mejor las dictaduras, palabras del cardenal de Valencia Agustín García-Gasco.
El 28 de noviembre de 2009, el día siguiente en que el Congreso de los Diputados dio el soporte mayoritario al proyecto de ley del aborto del Gobierno Central, el representante de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Madrid, don Juan Antonio Martínez Camino, advirtió de las consecuencias que tendrían de asumir los diputados católicos que votasen a favor de la futura ley. No habló claramente de excomunión, pero si recordó que los católicos que den soporte a la ley quedarán en situación de pecado y se les puede negar la comunión. Solamente quedarían absueltos si se confiesan y manifiestan públicamente su arrepentimiento.
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid Adolfo Navarro, criticó las palabras del portavoz de la Conferencia Episcopal, por durísimas y que suenan a historias de la Inquisición. Además estas palabras le recordaban cuando la Iglesia en otros tiempos pasados excomulgaba a unos y a otros los llevaba a la hoguera. Insistió en que son unas declaraciones que remiten a comportamientos de la Iglesia que es mejor olvidarlos y consideró que hubiese bastado con el recordatorio a los católicos practicantes de que deberían seguir las posiciones de la Conferencia Episcopal.
Por su parte Izquierda Unida a través de Inés Sabanés, apuntó que igual no representa a toda la Iglesia, que hay unos elementos básicos de convivencia en España, que es el respeto y autonomía de las instituciones, por la tanto, las amenazas a las instituciones cree que son absolutamente reprochables.
El ministro de Fomento José Blanco, criticó la hipocresía episcopal porque sólo excomulga a socialistas, ha asegurado que lo que más le irrita es la hipocresía episcopal por denigrar y excomulgar a los socialistas españoles y no a los conservadores de todos los gobiernos europeos, incluido el de José María Aznar y nadie los llamó asesinos, que han promovido leyes a favor del aborto. Recuerda que gobernó ocho años con una ley que bajo el coladero del daño psicológico para la madre permite abortos prácticamente sin límites y sin control. Asegura que la actitud de la Iglesia no sólo es reaccionaria, si no que es hipócrita.
El cardenal – arzobispo de Barcelona don LLuís Martínez Sistach y miembro de la Conferencia Episcopal Española, en un escrito suyo publicado en el Diario “Avui” del día 25 de noviembre de 2009, con el título “La Iglesia delante del abortamiento”, hace un análisis sobre la futura ley del aborto: Cuando la Iglesia interviene para recordar su posición sobre un tema determinado, en algunos medios de comunicación fácilmente se presenta la información como si fuera una imposición que la Iglesia católica quiere hacer a toda la sociedad o como ingerencia en el ámbito de las decisiones políticas. La Iglesia continuará proclamando el valor incondicional y la grandeza de la vida humana y en consecuencia rehusar el abortamiento provocado.
La Iglesia católica históricamente siempre ha impuesto sus decisiones voluntariamente o por la fuerza a la sociedad, además de ingerir en todas las decisiones políticas cuando lo ha creído para sus intereses, pero no para el bien común de la sociedad, que tanto defienden. La Iglesia, según el Papa JOAN XXIII es madre y maestra. Como maestra, recuerda el mensaje maravilloso que la vida humana es un don de Dios, que Él nos ha dado el mandato de NO MATARÄS. Este respeto a la vida humana es un elemento muy importante para el bien común que ha tener siempre en cuenta la legislación civil.
La Iglesia Católica actual, por lo que se puede deducir nos quiere recordar el mensaje de JOAN XXIII, de que no matarás. ¿Pero la Iglesia Católica española, recuerda los crímenes que consintió con su bendición durante el franquismo?
La Iglesia Católica española y catalana, ¿han hecho alguna proclama contra los crímenes cometidos por el franquismo y ha pedido perdón por su intervención directa?
Hubo un Papa de Roma que públicamente tuvo la honradez y la voluntad firme de pedir perdón al mundo, por la colaboración que tuvo la Iglesia Católica con el fascismo de Italia y el nazismo de Alemania, pero, tuvo un lapso intencionado o no, se le olvidó de pedir perdón por el franquismo de España. Por lo que parece se ha podido comprobar a nivel interior, que aquí en España en el transcurso de los años 1939 – 1975, tal como ha ido evolucionando la instauración de la supuesta democracia parlamentaria, no pasó nada grave, todo sucedió dentro de una normalidad puramente cristiana, se cometieron algunos crímenes contra la humanidad, pero sin importancia, solamente fueron asesinados unos doscientos mil hombres y mujeres, niños robados, destierro de familias de su hogar, miles y miles de hombres y mujeres encarcelados en prisiones y en campos de concentración y de trabajos forzados, por orden del dictador fascista el general Franco, que supo imponer por la fuerza bruta un sistema político, que encajaba con la ideología de la Iglesia Católica española, para lograr e imponer una criminal paz duradera.
La emisora de radio C O P E, propiedad de la Conferencia Episcopal Española, durante muchos años ha estado haciendo una campaña contra todo lo que representaba democracia y libertad, a través de unos locutores llamados Federico Jiménez Lozanitos y Cesar Vidal, que como idealistas del fascismo y poseedores de la verdad, se han dedicado únicamente a mentir, insultar y difamar a cualquier persona, fuese o no político, las ondas radiofónicas de la emisora han sido para ellos una arma muy peligrosa, que utilizaban para desacreditar, todo ello, con el consentimiento y el beneplácito de la propietaria de la emisora radiofónica, que no le importaba la conducta irracional de aquellos individuos sin escrúpulos, mientras las arcas se llenasen de euros. ¿Los propietarios de la emisora COPE, miembros de la Iglesia Católica Española, como pudieron consentir que durante tantos años aquellos personajes pudiesen actuar en su nombre únicamente para mentir, insultar y difamar? ¿La Iglesia los ha excomulgado por las mentiras y barbaridades que han estado propagando en su nombre y representación? Ni en los tiempos del criminal de guerra el general Franco, existió una cosa semejante.
¿Qué reacción ha tenido la Iglesia Católica en relación a la condena del tribunal alemán contra el obispo católico ultra-nacionalista británico Richard Williamson, condenado a pagar una multa de 12.000 euros por negar públicamente el Holocausto Alemán? ¿La Santa Sede no tendría de excomulgarlo? ¿Por qué la Iglesia es tan tolerante con los suyos y tan exigente con los demás?
Con la instauración de la nueva y supuesta democracia, la Iglesia católica española, ha perdido algo de influencia y poder sobre la sociedad civil, con el régimen franquista estaba acostumbrada a actuar como inquisidora, con su particular criterio cuidaba de la pureza de la fe, incluso imponiéndola si era necesario por la fuerza del poder que ostentaba con aquel régimen.
Poco a poco va habiendo la reacción de los católicos, al darse cuenta de la conducta de la Iglesia durante el franquismo, que fue totalmente represiva, actualmente continúa siendo negativa y antidemocrática, no ha demostrado la más mínima dignidad en reconocer el papel que tuvo durante la dictadura. Siguen sin rectificar ni un ápice en su actitud discriminatoria con respecto a sus hermanos y siervos de Dios. Premia a los que combatieron la democracia y a los que la defendieron son objeto de olvido o desprecio humanitario.
El 28 de septiembre de 1971, se celebró en España la Asamblea Conjunta de Obispos y Presbíteros de la Iglesia Española, y allí se presentó la celebre proposición que decía:
“Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra ya no estará con nosotros. Así pues, nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos. Esta proposición fue presentada cuatro veces en la Asamblea, pero no se consiguió su aprobación”
Recientemente se ha publicado en la prensa catalana la campaña que ha iniciado la asociación catalana “Acció dels Cristians per l’Aboliació de la Tortura”, para que los obispos pidan perdón por el franquismo, culpa a la jerarquía católica de dar soporte al golpe de estado de 1936 y olvidándose de los crímenes habidos durante la dictadura franquista. Han iniciado una campaña a nivel estatal que tiene por objetivo reclamar a la jerarquía católica que pida perdón por su implicación en aquellos crímenes cometidos durante la dictadura, por considerar que son culpables de un delito de omisión y permitió la muerte por motivos ideológicos a unas 200.000 personas. No piden responsabilidades, solamente que la Iglesia pida perdón. Es una demanda justa y un clamor de la sociedad civil. Dicen que es especialmente doloroso el silencio espantoso de la buena gente que padeció aquella represión.
La asociación Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura, ha reclamado públicamente a la Iglesia española y catalana, que la jerarquía eclesiástica pida perdón por su colaboración en el golpe de estado del general Franco, ¿han sido excomulgados todos sus miembros? ¿Es que la democrática Conferencia Episcopal, se ha cuidado de enmudecer aquella asociación? Puesto que no se ha sabido nada más de su iniciativa.
Las autoridades eclesiásticas españolas no tienen sentimientos humanos, ellas pueden canonizar o beatificar a sus mártires, pero niegan la rehabilitación de aquellos hombres, mujeres y niños que padecieron en sus carnes la cruel represión franquista, que se llevaba a cabo con su plena bendición y consentimiento.
Incluso mientras se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados, la desafortunada y descafeinada Ley de la Memoria Histórica, que no ha servido para nada, teniendo en cuenta de que niega la rehabilitación jurídica de todos los represaliados, el cardenal Rouco Varela, se pronunció públicamente de que no era necesaria, y que lo procedente era el olvido, francamente vergonzoso e indignante por la falta de caridad del máximo representante de la Iglesia Católica Española.
OBISPOS, ARZOBISPOS Y CARDENALES ESPAÑOLES, LA MAYORÍA DE ELLOS COLABRAORES FIELES Y SIN ESCRÚPULOS DEL FASCISMO IMPUESTO POR LA FUERZA BRUTA POR EL CRIMINAL DE GUERRA EL GENERAL FRANCO Y A LA VEZ RESPONSABLES DE LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD, QUE SE COMETIERON ENTRE LOS AÑOS 1936 Y 1975.
ISIDRO GOMÁ Y TOMÁS, natural de La Riba (Tarragona). El día 19 de agosto de 1869 y falleció en Toledo el 22 de agosto de 1940.
Obispo, Arzobispo y Cardenal de Toledo y Primado de España.
Desde el primer momento de estallar la Guerra Civil, se colocó al lado de los golpistas, se declaró sin escrúpulos como seguidor del movimiento fascista y claramente de la extrema derecha.
Su apasionada defensa del franquismo en las pastorales y en la Carta Colectiva del Episcopado Español, tuvieron una gran repercusión internacional, suscrita por todos los obispos españoles, excepto por dos, Vidal y Barraquer cardenal de Tarragona y Mateo Múgica, obispo de Vitoria. Poco después del comienzo de la guerra civil, se refirió al conflicto como una lucha entre: “España y la anti-España, la religión y el ateismo, la civilización y la barbarie” Y también que “¿La guerra de España es una guerra civil? “No, es una lucha de los sin Dios……contra la verdadera España, contra la religión católica”.
Cuando terminó la guerra, dio un nuevo reconocimiento al franquismo, publicando “El Catolicismo y la Patria”.
El alzamiento militar contra la República, según su opinión: “Fue un alzamiento cívico – militar, en su origen un movimiento nacional de defensa de los principios fundamentales de toda sociedad civilizada, en su desarrollo, lo ha sido contra la anarquía coaligada con las fuerzas al servicio de un gobierno que no supo o no quiso titular aquellos principios”.
Consecuencia de esta afirmación hizo las conclusiones siguientes:
Primera.- Se imputa a la Iglesia la nota de temeridad y partidismo al mezclarse en la contienda que tiene divida la nación. La Iglesia se ha puesto siempre al lado de la justicia y de la paz y ha colaborado con los poderes del Estado, en cualquier situación, para el bien común. No se ha atado a nadie, fuesen partidos, personas o tendencias. Situada por encima de todos y de todo, ha cumplido sus deberes de adoctrinar y exhortar a la caridad, sintiendo pena profunda por haber sido perseguida y repudiada por gran número de sus hijos extraviados. Apelamos a los copiosos escritos y hechos que abonan estas afirmaciones. Se dice que esta guerra es de clases, y que la Iglesia se ha puesto del lado de los ricos. Quienes conocen sus causas y naturaleza saben que no. Que aun reconociendo algún descuido en el cumplimiento de los deberes de justicia y caridad, que la Iglesia ha sido la primera en urgir. El pueblo fue engañado con promesas irrealizables, incompatibles no sólo con la vida económica del país, sino con cualquier clase de vida económica organizada. Aquí está la bienandanza de las regiones indemnes, y la miseria, que se adueño ya de las que han caído bajo el dominio comunista.
Segunda.- La Iglesia, con ello, no ha podido hacerse solidaria de conductas, tendencias o intenciones que, en el presente o en lo porvenir, pudiesen desnaturalizar la noble fisonomía del movimiento nacional, en su origen, manifestaciones y fines.
Tercera.- Afirmamos que el levantamiento cívico – militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular de un doble arraigo: El del sentido patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a España y evitar su ruina definitiva; y el sentido religioso, que lo consideró como la fuerza que deba reducir a la impotencia a los enemigos de Dios, y como la garantía de continuidad de su fe y de la práctica de su religión.
Cuarta.- Hoy, por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas deriva, que el triunfo del movimiento nacional. Tal vez hoy menos que en los comienzos de la guerra, porque el bando contrario, a pesar de todos los esfuerzos de sus hombres de gobierno, no ofrece garantías de estabilidad política y social.
Resumen de la respuesta del cardenal arzobispo de Toledo de 19 de enero de 1937, después de leer en la prensa del día 22 de diciembre de 1936, el discurso pronunciado por el señor Aguirre Presidente del Gobierno de Euskadi: “Una mano amiga interesadísima, como de buen cristiano y patriota, en que termine la cruentísima lucha en que se consume España, hace llegar a las mías un ejemplar del periódico Euskadi de Bilbao, en el que se inserta el discurso pronunciado por V. el 23 de diciembre de 1936. Por las reiteradas alusiones que hace al silencio de la jerarquía sobre determinados puntos cuya gravedad no puede ocultarse en estos momentos, me creo en el deber de contestarle, como representante más alto que ha querido la Santa Sede fuese en mi insignificancia personal, de la gloriosa jerarquía eclesiástica española. Me tortura la idea Sr. Aguirre, de que ese querido pueblo vasco no ha conocido toda la verdad, por el magisterio categórico de los Pastores de la Iglesia, ha querido abrirse paso e iluminar las inteligencias, ha querido entre las veladuras por la interposición de humanas convivencias, más atentes a las conquistas de orden público que a los altísimos intereses de orden sobrenatural, que deben tener siempre la primacía de todo”.
He leído señor Aguirre su discurso de un tirón y quiero hacerle algún reparo:
“Afirma usted que los sublevados han asesinado a numerosos sacerdotes y religiosos beneméritos por el hecho de ser amantes del pueblo vasco, me resisto a creer que algunos sacerdotes hayan sido fusilados por el mero hecho de ser amantes de su pueblo vasco”.
Usted pregunta con el corazón dolido: “¿Por qué el silencio de la jerarquía?
Y como el lamentable hecho se ha explotado en grave daño de España, nos consta, y conviene, en estos momentos, que se pongan las cosas en su punto: “Yo le aseguro señor Aguirre, que aquellos sacerdotes sucumbieron por algo que no cabe consignar en este escrito” Esta afirmación es muy fuerte y grave, queda bien reflejada su conducta y actitud. Si no quiso consignarlo en su escrito, seguramente es porque se sentía culpable y por la falta de dignidad y caridad cristiana, en no querer reconocer aquellos crímenes, los sacerdotes vascos asesinados en las playas de Bilbao, no fueron condenados a la pena de muerte por delincuentes ni asesinos, si no por ser calificados por los golpistas y la jerarquía de la Iglesia de rojos separatistas, calificación que se hacía generalmente durante aquellos años a todas las personas que no eran adictas al régimen que se impuso por la fuerza bruta de las armas.
¿A que viene, señor Aguirre, su impertinente pregunta, sino confundir nociones, enredar hechos e infundir recelos contra los jerarcas a quienes parece tener usted en tanta estima? “Increpa usted a la jerarquía eclesiástica por su silencio ante la injusta agresión, este lenguaje, doblemente injusto, prescinde de un hecho ruidoso como lo fue la intervención de la jerarquía en el movimiento vasco de hace cinco meses, y porque quisiera coaccionarla arrastrándola a la consagración pública de un disparate y de una injusticia, no es digno de un hombre que se dice de si mismo presidente de un Gobierno”.
Esta soberbia y prepotencia del cardenal Gomá hacia el Presidente Aguirre, muestra una vez más la intolerancia de las altas jerarquías de la Iglesia española y la poca vergüenza que tenían y continúan teniendo.
El cardenal Gomá pretendía convencernos para justificar su colaboración directa con el golpe de estado del general Franco, con todas sus represiones y crímenes contra la humanidad, como garantía para que la propia Iglesia pudiera disfrutar de todos los privilegios que la República democráticamente le retiró. Olvidándose de su primer objetivo que es la caridad con el prójimo.
ENRIQUE PLA Y DANIEL, natural de Barcelona, nacido en el año 1876 y falleció en Toledo en el año 1968.
En el año 1918 fue nombrado Obispo de Ávila y en 1934 de Salamanca, en 1940 Arzobispo de Toledo y Primado de España y en 1946 fue nombrado Cardenal.
Cuando estalló la Guerra Civil española se colocó inmediatamente al lado de los sublevados, como pensador ideológico de la extrema derecha o fascismo.
En septiembre de 1936 apoyó al bando franquista con la pastoral “Las dos ciudades”.
En colaboración con el franquismo, en 1939 publicó el documento “El triunfo de la ciudad de Dios y la resurrección de España”, dejando claramente su adhesión con el régimen franquista y muy en particular con los fascistas – falangistas, los militares y el sindicalismo oficial.
Tuvo muy buenas relaciones con los franquistas Esteban Bilbao y el general Moscardó.
Fue un auténtico fascista y colaborador directo del régimen franquista, aceptando como necesarios todos los crímenes que se llevaban a término con su bendición. =====================
GREGORIO MODREGO CASAUS, nació el 17 de noviembre de 1890, en El Baste (Zaragoza) y falleció en Barcelona el día 16 de enero de 1972.
En 1942 fue nombrado obispo de Barcelona y arzobispo diez años más tarde.
En el año 1937 firmó la denominada PASTORAL DE LA CRUZADA, cuyo objetivo era dar autoridad moral a los golpistas y seguidores del franquismo, siendo un acérrimo defensor del dictador. Durante el franquismo fue Procurador en Cortes y hombre muy vinculado al régimen. Consiguió celebrar en Barcelona el XXXV Congreso Eucarístico Internacional, en el año 1952.
Durante su estada en Barcelona, hubo de enfrentarse al crecimiento de las organizaciones católicas más progresistas como la Juventud Obrera Cristiana.
VICENTE ENRIQUE Y TARANCÓN, nació en Burriana (Castelló), el 14 de mayo de 19º7 y falleció en Valencia el 28 de noviembre de 1994.
Fue obispo de Solsona, arzobispo de Oviedo, Toledo y Madrid y cardenal presbítero de San Juan Crisóstomo en el Monte Sacro Alto.
Durante la Guerra Civil la iglesia católica española creyó mayoritariamente en la “Cruzada” religiosa del franquismo, contra la amenaza del anticlericalismo republicano y él fue un fiel seguidor del franquismo; más tarde, sin embargo, el propio Tarancón llegaría a padecer un anticlericalismo diferente, el de las derechas.
La publicación en 1950 de la pastoral social “El pan nuestro de cada día”, contra el estraperlo le hizo caer en desgracia ante los políticos y ante el catolicismo integrista, en su diócesis se dejó de especularse con el precio del trigo y hubo menos hambre. Tal vez su carrera eclesiástica permaneció estancada durante 18 años en la misma diócesis. En sus memorias afirmó: “No me lo perdonaron. Alguien le preguntó al nuncio Cicognani cómo yo seguía en Solsona después de 18 años y el nuncio respondió: Mira, hijo, hasta que los del Gobierno no digieran el pan……” Pablo VI le había entregado ya el capelo cardenalicio en abril de 1969, la cual cosa sorprendió a los círculos integristas y políticos de la dictadura. Durante el funeral de la mano derecha del dictador Luís Carrero Blanco en el año 1973, fue insultado por los ultra al grito de “Tarancón al paredón”, incluso varios ministros le negaron el saludo y tuvo que salir por la puerta trasera de la Iglesia de San Franisco el Grande para evitar agresiones.
En 1975 con ocasión del caso Añoveros, obispo de Bilbao, al que el régimen detuvo para mandarlo al exilio a causa de una pastoral, Tarancón hizo llorar al decrépito dictador (lágrimas de cocodrilo), diciéndole, que se le excomulgaría si ejecutaba semejante orden de expulsión.
Intento desligar a la Iglesia de la dictadura porque creía que la misma había pagado un precio moral por apoyar al régimen, que los ciudadanos no han llegado a perdonar nunca.
Fue Presidente de la Conferencia Episcopal Española durante los años 1971 hasta 1981.
ANTONIO AÑOVEROS ATAÚN, natural de Pamplona el día 13 de junio de 1909, fallecido el 24 de octubre de 1987.
Fue un clérigo católico español, obispo de Cádiz, Ceuta y Bilbao.
Considerado próximo a los planteamientos nacionalistas, protagonizó uno de los escándalos más sonados del final del franquismo. El 24 de febrero de 1974 publicó una pastoral en la que se hacía un llamamiento para que se reconociera la identidad cultural y lingüista del pueblo vasco. Fue acusado de lanzar ataques subversivos contra la unidad nacional. El nuevo presidente de Gobierno, Arias Navarro, presionado por la extrema derecha, redujo al obispo y su vicario general, monseñor Ubieta López, a arresto domiciliado.
Se intentó expulsarlo de España y él se negó a abandonar el país, alegando que sólo lo haría bajo órdenes del Papa Pablo VI. Una expulsión forzada hubiera sido considerada una violación del Concordato y se llegó a amenazar con la excomunión del general Franco. El asunto trajo mucha expectación y se convirtió en cuestión extremadamente delicada para el Gobierno español. El presidente Arias Navarro se vio forzado, finalmente, a retirar la orden. ==========================
FRANCISCO VIDAL Y BARRAQUER, natural de Cambrils (Tarragona), el 3 de octubre de 1868 y falleció en Friburgo el 13 de septiembre de 1943.
Fue obispo de Solsona, Arzobispo en 1919 y Cardenal de Tarragona en 1921.
Gran defensor de la lengua catalana, su preocupación por la cultura lo llevó a fundar la Biblioteca, el Museo y el Archivo de la archidiócesis tarraconense, gracias a lo cual ingresó en la Real Academia de la Historia.
Durante la dictadura del general Primo de Rivera defendió la libertad de la Iglesia, fue objeto de críticas por parte de la derecha españolista por su defensa de la lengua catalana y su uso en los oficios religiosos. Trataron de separarle de su diócesis, sin éxito, si consiguieron que la Santa Sede le prohibiese el uso del catalán en la predicación.
Al proclamarse la Segunda República en el año 1931 y ser expulsado poco después el cardenal y arzobispo de Toledo Pedro Segura, en junio de 1931, fue elegido jefe del episcopado español y una de las figuras más significadas de la Iglesia española, mostrando su disposición al reconocimiento del régimen republicano, sin perjuicio de la defensa de las posturas de la Iglesia, en caso de que sus intereses fuesen menoscabados o atacados. Contribuyó a evitar incendios de iglesias y conventos en Catalunya.
Al estallar la Guerra Civil se encontraba en Barcelona, partiendo de inmediato a Tarragona. Se refugió en el Monasterio de Poblet (Tarragona). Allí fue detenido por milicianos de la FAI de Hospitales de Llobregat, que fueron a buscarlo y conducido a Barcelona, donde la intervención personal del consejero de la Generalitat de Catalunya Ventura Gassol, encabezada por el Presidente Lluís Companys, consiguieron su liberación y traslado a Italia. Temiendo por su vida y para no dejar abandonada la diócesis de Tarragona, creyó apropiado que se quedase en su lugar el obispo auxiliar don Manuel Borrás, pero este pronto fue fusilado por los milicianos de la FAI. En su testamento manifestó su deseo de que sus restos fuesen trasladados a la sede de Tarragona y enterrados cerca del sepulcro de su obispo auxiliar Manuel Borrás, solidarizándose con su indigna y criminal muerte. Voluntad que se realizó en el mes de mayo de 1978. Aquella muerte lo afectó muchísimo y en cierta manera se sintió responsable por haberlo dejado como su sustituto.
Se negó a firmar la Carta colectiva redactada el 1 de julio de 1937, por el episcopado español a instancias de Franco, y no reconoció nunca el régimen franquista. Por todo ello, la dictadura franquista no le permitió el regreso a su sede e incluso presionó al Vaticano para que le obligase a renunciar, cosa que no fue aceptada por Papas Pío XI y Pío XII. Trasladado a Suiza ante la ocupación alemana, falleció en 1943 en la ciudad de Friburgo.
La conducta de este Cardenal catalán fue excepcional y merecedora de un reconocimiento digno por su personalidad, declarado antifranquista, actitud muy poco conocida y reconocida por los ciudadanos catalanes y españoles, si todos los representantes de la Iglesia Católica española y catalana, hubiesen tenido la misma conducta democrática y ejemplar, los hombres, mujeres y niños asesinados por aquel régimen totalitario franquista se hubieran podido evitar, pero la mayoría de los representantes de la Iglesia, nunca aceptaron su separación del estado, no querían perder el dominio sobre el pueblo que tantos años habían tenido controlado, no les interesaba una democracia, ya que para ellos representaba disminución de poder, además del odio y su sed de venganza, que los dominó durante y después de la contienda militar, pues, en lugar de apaciguar los ánimos contribuyeron a aumentar las presiones irracionales de los causantes del golpe militar. ======================
MARCELO GONZÁLEZ MARTÍN, nació el 16 de enero de 1918 en Fuentes de Nava (Palencia)
Fue Obispo de Astorga, Arzobispo de Barcelona y Cardenal Presbítero de San Agustín, el 3 de diciembre de 1971 fue promovido a la archidiócesis de Toledo como Primado de España y en 1972 fue designado cardenal, Persona de gran energía y fuerte temperamento. No se le puede juzgar de franquista, pero aceptó el régimen dictatorial, dedicándose exclusivamente a su labor pastoral.
Su nombramiento como arzobispo de Barcelona 2l 7 de enero de 1967, no gustó a ciertos sectores catalanistas católicos, los cuales, amparándose en las resoluciones del entonces recién concluido Concilio Vaticano II, organizaron una campaña “Volem bisbes catalans”. La Santa Sede fue muy presionada y lo trasladó a Toledo.
Los recelos iniciales contra su persona, pronto cesaron. Promovió el uso del catalán en la liturgia, para lo que contó con la estimable ayuda de los monjes de Montserrat, incluso llegó a hablar el catalán.
Durante su pontificado se reabrieron las causas de beatificación y canonización de los muertos durante la Guerra Civil. Durante la apertura del proceso en la catedral de Toledo afirmó:
“Con estas causas de beatificación no introducimos ningún favor de discordia en la vida española. Obramos con absoluta fidelidad a algo que está por encima de los hombres, en primer lugar, porque debemos conservar y vivir la memoria de nuestros mártires y con eso no hay implicación alguna de amparo y protección de ideologías enfrentadas unas con otras……Conservar y vivir la memoria de los mártires es un deber cristiano. Queremos encontrar más motivos para amar la Iglesia, porque cuando se logran estas beatificaciones el corazón se ensancha al contemplar a esta Iglesia, madre fecunda, que en cualquier momento de la historia engendra estos hijos”.
Es muy significativa la discriminación que siempre ha hecho la Iglesia y lo sectaria que es, ella promociona la beatificación de sus religiosos muertos por su fe cristiana, pero se olvida de pedir perdón por su intervención directa en la represión consentida durante la dictadura franquista, por los crímenes contra la humanidad habidos durante aquel régimen dictatorial de los también supuestos hijos de Dios.
Durante la transición política, fue identificado por parte de los medios de comunicación como el representante del “ala conservadora” de la Iglesia española, por el mero hecho de haber celebrado los funerales del criminal de guerra el general Franco, a pesar de que mantuvo su actitud de separación entre la Iglesia y los poderes políticos.
Desde su puesto en el Consejo de Estado, redactó una pastoral sobre la Constitución de 1978, en la que aseguraba que esta contenía cinco graves defectos, a saber:
a.- La exclusión del nombre de Dios en una nación de bautizados.
b.- Falta de referencia a la ley natural, con lo que las leyes quedaban a merced de los poderes públicos.
c.- Falta de garantías para la libertad de enseñanza y de seguridad a los padres para la formación religiosa de sus hijos.
d.- Falta la tutela para los valores de la familia y del matrimonio, abriendo las puertas del divorcio.
e.- Y la omisión del veto explícito al aborto.
Sin embargo aplaudió la definitiva retirada de los eclesiásticos de tareas políticas, aunque que él no abandonó sus obligaciones en el Consejo de Estado.
Señaló los cinco graves defectos de la Constitución de 1978, pero, casualmente se le olvido señalar que en la misma no había la rehabilitación jurídica de los republicados juzgados ilegalmente durante la dictadura. Y no se pronunció en contra de la Ley de Amnistía de 1977, en la que exoneraba de toda responsabilidad civil, penal y administrativa a todos los responsables de los crímenes que se cometieron durante la dictadura. Tanto para él como para muchos fue una cosa normal este olvido, producto de la amnesia política – religiosa que se impregnó durante la ejemplar transición política española.
MANUEL IRURITA Y ALMÁNDOZ, natural de Larráinzar (Navarra), el día 19 de agosto de 1876 y supuestamente fusilado el 3 de diciembre de 1936 en Montcada y Reixac, su lápida mortuoria dice: “Caído por Dios y por España”.
Era de ideología carlista, muy amigo de las derechas, no tuvo buenas relaciones con la Generalitat de Catalunya, además, mantuvo un enfrentamiento con el Cardenal Vidal y Barraquer y la Federación de Jóvenes Cristianos, ya que él prefería la Acción Católica. El 25 de marzo de 1927, la Santa Sede lo preconiza obispo de Lleida y en marzo de 1930 se le designa para la sede de Barcelona.
Controversia en torno a su fallecimiento. Según la Causa General y el testimonio de otros sacerdotes, el obispo Irurita habría sido asesinado el 3 de diciembre de 1936 en la población cercana de Barcelona de Montcada y Reixac por milicias anarquistas, hecho que ha sido aceptado comúnmente. Sin embargo, existen testimonios de personas que aseguran haberlo visto saliendo del Palacio Episcopal de Barcelona, dos días después de la entrada del ejército franquista en esta ciudad, el 28 de enero de 1939. Con estos testimonios, entre otras circunstancias, se han sustentado por parte de historiadores como el monje de Montserrat Hilario Raguer, para asegurar absolutamente convencido, que el obispo Irurita no lo mataron el diciembre de 1936, especialmente tras la apertura de los archivos vaticanos relativos a Pío X, en los que consta que los servicios de información militar de los franquistas daban por vivo al obispo de Barcelona en el año 1937. Los análisis del cadáver del obispo Irurita son concluyentes, pero no determinantes. El enigma de la muerte del obispo, no se resolvió cuando en 1939, un grupo de forenses practicó pruebas antropomórficas y de ADN de los restos depositados desde 1942, en un sarcófago al pie del Cristo de Lepanto, en la catedral de Barcelona. Las conclusiones de aquellos informes, especialmente el de la composición genético – molecular, fue presentada de forma concluyente pero no determinante.
Según la nota del arzobispo de Barcelona del 11 de enero de 2000, los restos pertenecen aun familiar por vía materna, tal como un hermano biológico, y por lo tanto pertenece con muy alta probabilidad al Obispo Irurita. Pero no se descarta que pudieran pertenecer a los de su sobrino, el sacerdote Marcos Goñi Almándoz, que fue ejecutado junto con otras personas en Montcada y Reixac.
Se impuso la creencia de su asesinato que perdurará a pesar de los testimonios, que lo vieron después de terminada la guerra civil.
En conclusión, el enigma del monseñor Irurita sigue generando más interrogantes que respuestas, los informas de los forenses no permiten una conclusión cierta.
Un reciente trabajo del historiador Joan Boada, demuestra que a finales de 1938, dos años después de su supuesto fusilamiento, todavía se hacían gestiones para liberar el obispo de Barcelona, junto al de Teruel, monseñor Polanco.
Si su asesinato por parte de los anarquistas no se puede demostrar, teniendo en cuenta de que varios testigos lo vieron después de finalizada la guerra y los restos analizados del cuerpo que se encontró no son determinantes, nos preguntamos: ¿Dónde está enterrado y quién lo hizo desaparecer?
Su proceso de beatificación está paralizado, según parece por su ideario político carlista y para que no sea beatificado antes que el Cardenal Vidal y Barraquer, y lo que es más importante, para no dar un Obispo santo a los carlistas. Apenas cinco meses después de la entrada de las tropas de Franco en Barcelona, el 17 de junio de 1939, se celebró en la catedral el solemne funeral y la fue dedicada una calle. Rendir honores a los mártires de la Cruzada, formaba parte de la liturgia nacionalcatólica.
MIGUEL DE LOS SANTOS DÍAZ DE GÁMARA, nació en el año 1885, en Fitero (Navarra) y falleció en Murcia el año 1949.
Pocos meses después de la entrada de las fuerzas del general Franco en Barcelona, fue nombrado administrador apostólico de la diócesis.
Se destacó por sus pastorales de adhesión al nuevo régimen y por la implantación obligatoria del castellano como única lengua de predicación. De las instituciones y publicaciones eclesiásticas. En el año 1943 lo trasladaron a Murcia.
Acérrimo franquista, hizo las siguientes declaraciones en la Vanguardia Española de 30 de abril de 1939:
“Afortunadamente para nosotros, nuestro invisto Caudillo, el Generalísimo Franco, había lanzado un grito de rebeldía contra la tiranía roja y sus ejércitos ha recuperado para Dios y para España esta tierra bendita, esta Catalunya amadísima”.
El 8 de abril de 1939, aparece el primer número de la publicación diocesana “Hoja Diocesana”, que sustituye a la publicación semanal “Full Dominical”, que se publicaba en catalán y también en castellano, edición destinada a los emigrantes de idioma castellano.
En el segundo número de la publicación, distribuida en todos los templos de la diócesis, se insertó un retrato del general Franco con el siguiente texto: “S. E. el Jefe del Estado Español D. Francisco Franco Bahamonte, invicto Generalísimo de los ejércitos del Aire, Mar y Tierra, Jefe Supremo de la Santa Cruzada que ha devuelto a España la santa libertad y la paz”.
En el número cuatro, dice: “Franco como primer buen español, quiere a España, UNA en religión, en régimen y en leal y sincera compenetración de todos los españoles, GRANDE en sus vastos territorios, en sus bienes, en su cultura, en la paz y la felicidad de todos sus hijos, LIBRE de todo error, de toda opresión extranjera, con el pleno gozo de todos los españoles de la verdadera libertad que hace verdaderamente libres a los que la poseen; los rojos querían una España DIVIDIDA por separatistas suicidas y antipatrias, PEQUEÑA en todas las manifestaciones y ESCLAVA del marxismo y de otros poderes de fuera, masonizantes y judíos. Por ser éste el sentido de la reciente guerra, por una guerra de fieles contra infieles, de cristianos contra paganos, de los modernos macabeos contra los profanadores de las cosas sagradas y del solar español, que también es sagrado por ser cuna de santos y panteón de héroes, por ser una Cruzada por Dios y por España, nuestros bravos soldados han muerto al grito de Viva Cristo Rey y Viva España. Por esto los católicos de verdad estuvieron siempre con Franco y con él lucharon hasta conseguir la más completa y resonante victoria” ¿Cómo es posible que todas estas frases pudieran salir de la cabeza de un representante de la Iglesia Católica española? Son palabras de un irresponsable fanático religioso.
ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA, nacido en Utiel (Valencia) el 15 de octubre de 1945, fue nombrado Obispo de Ávila el 6 e marzo de 1992, Arzobispo de Granada el 10 de diciembre de 1996 y Arzobispo de Toledo, Primado de España el 24 de diciembre de 2002. El Papa Benedicto XVI el 24 de marzo de 2006 lo nombró cardenal.
De pensamiento idealista de ultraderecha.
En un intento de dársela de listo ha soltado una mentira gorda que se puede demostrar públicamente, queda recogida en el Digital de Castilla la Mancha:
“El 29 de junio de 2006, afirmó al cumplirse un año de la aprobación de la Ley de los Matrimonios Homosexuales, se cumple algo que es más grave: La supresión del Código Civil del matrimonio”
Si consultamos el Código Civil, comprobaremos que en su Artículo 44 dice: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo”
Como podemos observar el cardenal Cañizares está mintiendo, seguramente que el propio cardenal es consciente de ello. ¿Por qué lo hace? ¿Y este es el jerarca de la Iglesia que nos quiere vender la moto de España como bien moral? Deberían decirle desde la Santa Sede que es inmoral la mentida.
¿Puede ser un buen obispo un mentiroso? Pues no, porque un obispo debe ser testigo de la verdad y este obispo no duda en utilizar las mentidas en comentarios públicos como este y otros muchos que ya nos irá y nos ido soltando.
Al comenzar el curso del año 2007 – 2008, publicó la Carta Pastoral “La Caridad no desaparecerá jamás”, consta de seis capítulos y una conclusión.
En la conclusión nos dice: “Al comenzar la andadura de este nuevo curso en la diócesis de Toledo, nos encontramos ante un momento de gracia para avivar en nosotros y vivir lo que constituye la esencia del cristianismo que es la caridad de Cristo mismo que nos urge y apremia. Es una oportunidad que Dios nos ofrece, no la dejemos pasar. Tengamos muy presente a lo largo de todo el año aquellas palabras de San Pablo a los Colosenses:
Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme: la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura y la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas el otro. El Señor os ha perdonado: Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón, a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y todo lo que de palabra u obra realicéis sea todo en nombre de Jesús”.
En un acto celebrado durante la inauguración del curso en la Universidad Católica de Murcia, el expresidente José María Aznar acompañado del cardenal Cañizares, denunció los errores más graves de la nueva Ley del Aborto, que impulsa el ejecutivo. Pretende alentar la soledad de los menores cuando más necesitan la compañía de los padres.
El presidente de la FAES insistió en que pretender la existencia de un derecho al aborto constituye una mayúscula agresión a la dignidad de las personas y a su derecho a la vida. Concluyó que cuando el poder hace de la infancia su instrumento, cuando asume como principio que se prefiere que las instituciones se equivoquen contra la vida y no a favor de la vida, es que ha renegado de la ética, ha elegido la
mala política y ha perdido su lugar en una sociedad de ciudadanos libres a cuyo servicio debería estar. Si defienden la vida humana, parece que dependiendo de quién no es con la misma intensidad, unas veces se condenan los actos que causan muertes de alguien y otras se lamentan, mientras otras ni se nombran, dependiendo de quien lo haga. Por ejemplo: “No ha habido condena de las guerras con Irak o Afganistán, del abuso de la ocupación y las muertes inocentes que han causado, pidiendo la retirada en aras de la paz, sino lamentos genéricos, ni la violencia y los abusos de Israel contra los palestinos, el Gueto de Gaza, la miseria y las matanzas arbitrarias. Lo que da a entender una connivencia con los abusos y la violencia de las potencias occidentales con las que están asociadas culturalmente. Que pasa que no vale para ellos lo mismo la vida de un musulmán que la de un cristiano. Si se defiende el derechos a la vida, se ha de condenar con el mismo énfasis cualquier acto de violencia qu elimine la vida humana, no justificar, lamentar y decir que son errores las violencias en las que uno ha colaborado y condenar las otras que también han quitado vidas humanas. Lo coherente y creíble es que se condenen todos los actos de violencia matan seres humanos, tanto la violencia de la guerra, de las dictaduras, del hambre y la desigualdad, como de la pena de muerte o del aborto, ya todas generan la muerte de seres humanos, tanto nacidos como no nacidos. Puede ser que exista una alianza de sectores vinculados al poder del PSOE, medios de comunicación afines, juristas u otros, contra la vida y por la cultura de la muerte y el aborto, pero los dirigentes de la Iglesia toda la vida se han aliado con los poderosos en otros momentos contra la vida, ahí están los numerosos ejemplos con diversas dictaduras donde se atentaba contra la vida de los disidentes del franquismo”.
La Iglesia Católica española no ha condenado las violencias y matanzas históricas, en las que ha tomado parte directa, como pueden llamar errores de exceso a las matanzas que realizaron con la inquisición, a la persecución y el fanatismo que desencadenaron contra los de otras creencias. ¿Dónde estaban las conciencias cristianas durante el nazismo, el fascismo o el franquismo en España, que hubo una total connivencia, no ha habido ninguna condena expresa, que incluso ayudaron a nazis a evadirse de la justicia. Con Franco colaboraron de una forma directa, bendiciendo los asesinatos de hombres, mujeres y niños, que ni tan siquiera se han dignado a condenarlas expresamente y pedir perdón por su responsabilidad en aquellos crímenes contra la humanidad.
ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, natural de Villalba (Lugo), el día 24 de agosto de 1936.
En el año 1994 fue nombrado arzobispo de la archidiócesis de Madrid y el Papa Juan Pablo II el 21 de febrero de 1998 lo nombró cardenal, actualmente es el Presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Es un fanático con pensamientos ideológicos radicales de extrema derecha e intolerante.
En el año 2007 una sentencia del Tribunal Supremo confirmó la condena al Arzobispo de Madrid, presidido por Rouco Varela, como responsable civil subsidiario de un caso de abusos sexuales continuados a un menor por parte de un sacerdote madrileño. Acto por el que no pidió disculpas ni perdón a la familia afectada.
El día 14 de junio de 2009, presidió una solemne Eucaristía en la Plaza de Oriente con motivo del Corpus Christi, recordó su profunda negativa a la reforma de la Ley el Aborto, cargó contra la futura ley, asegurando que ninguna instancia de este mundo puede negar o limitar su derecho a la vida. En su homilía denunció la existencia de una alianza de poderosos medios sociales, mediáticos, culturales y jurídicos que promueven en la sociedad española la cultura de la muerte.
El cardenal Rouco en nombre de la Iglesia, defiende el derecho a la vida y su condena explícita de los abusos y violencias que lo han violado, pero no recuerdo que condenara a las dictaduras de los generales Franco, Pinochet y Videla, le falta fuerza moral y coherencia para darle credibilidad. Sus críticas mal intencionadas, siempre van contra los políticos demócratas y de izquierdas, aunque no llega a llamarlos rojos, no puede ni llega a engañar a sus incautos feligreses, con esta conducta quiere esconder u olvidarse de los crímenes admitidos y bendecidos por su Iglesia durante la criminal dictadura franquista. ¿Es que aquella represión contra humanidad no eran crímenes, señor Rouco Varela?
¿Bendecir los crímenes del franquismo y secuestrar a los hijos de las familias republicanas, no era una herejía? ¿No deberían ser excomulgados los obispos y demás religiosos por haber contribuido directamente con la herejía del franquismo? ¿Es que son solamente herejes los que no actúan como los representantes de la Iglesia Católica?
Además está totalmente en contra de la desafortunada Ley de la Memoria Histórica, en una de sus declaraciones públicas a la prensa advirtió: “Que es necesario olvidar y a su parecer a la purificación se llega con el perdón y el amor fraterno y no con debates que pongan en peligro la convivencia serena y reconciliada que hemos conseguido en nuestra sociedad. Advirtiendo a la sociedad de que la revisión del pasado puede acabar teniendo consecuencias violentas”.
¿Cómo debemos interpretar estas palabras? ¿Son una amenaza? ¿La Iglesia puede predicar el olvido de determinados hechos históricos, cuando ella nos está machacando constantemente con la beatificación de sus sacerdotes asesinados? ¿Es que solamente tienen ellos el derecho a recordar o rehabilitar a sus muertos? ¿Es que la Iglesia interpreta que los republicanos asesinados por el franquismo no son hijos de Dios? ¿Es de cristianos su actitud irresponsable y negativa?
A la Jerarquía de la Iglesia española se le han olvidado los crímenes contra la humanidad cometidos con su colaboración y bendición, después de más de treinta años de la muerte del dictador y de instaurada una supuesta democracia en España, todavía no se han dignado a pedir perdón, por orgullosos, soberbios, intolerantes, únicos poseedores de la verdad, que predican la caridad, pero no con su indignante ejemplo.
Desde su punto de vista, todo y que la situación actual no es la misma a la de los años treinta, las confrontaciones en que se pueden derivar del resentimiento suscitado a raíz de los hechos de revisar el pasado del Estado español, podrían acabar en actos violentos.
¿De que tiene miedo? ¿De que salga a la luz su actuación negativa durante la represora dictadura? ¿Qué las nuevas generaciones conozcan la verdad de lo sucedido, por su comportamiento criminal con el pueblo español? ¿Serían capaces otra vez, de cometer y bendecir actos violentos contra los españoles que ya fueron represaliados con su bendición?
AGUSTÍN GARCÍA – GASCO VICENTE, nacido el 12 de febrero de 1931 en Corral de Almaguer (Toledo).
Arzobispo de Valencia y el 24 de noviembre de 2007 fue nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI.
Sin dudarlo, el cardenal de Valencia es un personaje claramente de la extrema derecha, Ha venido haciendo política a favor del Partido Popular, alentando abiertamente de las oscuras amenazas sobre la libertad y la fortaleza religiosa. Aseguró que la Iglesia sólo pretende libertad para ejercer su misión evangelizadora y religiosa, sin embargo lamentó que esta libertad es cada vez menos reconocida en España y señaló que sobre ella se cierran oscuras amenazas. Siempre los jerarcas de la Iglesia insinúan peligros invitando a seguir trabajando desde la propia autonomía y las respectivas competencias, para lograr la promoción integral de las personas, que son los ciudadanos de la nación y la gran mayoría de ellos, hijos de la Iglesia Católica, menos mal que no dice hijos de Dios.
Tuvo un sueño que se desmoronó, pero que ha resultado ser carísimo. Hace algo más de diez años soñó o le hicieron soñar, con una solemne majadería: “Un templo ecuménico en La Oliva”. Dedicado a la memoria de los 269 sacerdotes que fueron asesinados en Valencia por los incontrolados durante la guerra civil. Su presupuesto era de nada menos de 25 millones de euros. El ayuntamiento y la Generalitat de Valencia participaron inicialmente en el proyecto, el primero cedió los terrenos y la segunda contribuyó con el despilfarro de 4 millones y medio de euros en los cimientos del esperpéntico proyecto, pero el Ayuntamiento, al parecer los más sensatos, pusieron una condición, si en un plazo determinado no se concluían las obras el solar revertiría al Ayuntamiento.
No se ha cumplido el plazo y la corporación ha reclamado la devolución del terreno, hoy sólo se ven unas columnas de hormigón y unos hierros retorcidos y oxidados.
Lo grave del caso es que don Agustín García-Gasco, Su Eminencia Reverendísima, pretendía realizar con el respeto y amor hacia a las personas, que caracteriza su cargo de jerarca de la Iglesia valenciana, una obra faraónica a la memoria de unos sacerdotes asesinados por unos incontrolados, pero, ha demostrado que su caridad es muy deficitaria, puesto que en Valencia, la represión franquista asesinó a más de veinticinco mil hombres, mujeres y niños, que fueron enterrados como animales en una fosa común, los cuales no han recibido ningún reconocimiento por su parte, esta falta de humanidad es el ejemplo que da al Mundo su Eminencia como representante de la Iglesia Católica Española.
Cuanta falta de dignidad humanitaria y caritativa con el prójimo ha estado demostrando con su ejemplar conducta el máximo representante de la Iglesia valenciana.
“Tuvo la osadía de afirmar públicamente que son impresionantes las innumerables obras de caridad que la Iglesia valenciana, que con grandes sacrificios, ha puesto en marcha para aliviar todo tipo de sufrimientos”. Pere Fortuny i Velázquez
Mollet del Vallès a 7 de diciembre de 2011

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 5
 artículo 16
 Artículo 44