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Timestamp: 2018-04-21 21:16:10+00:00

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Epicentro Hispánico: Un golpe mal llamado “impasse”
El pronunciamiento de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, tiene una relevancia política y jurídica incuestionable en el giro que tomarán los acontecimientos en Venezuela. Analicemos en términos de legitimidad, gobernabilidad y desobediencia ciudadana, como repercutirá la muletilla nada despreciable “ruptura del hilo constitucional”, calificada por la máxima custodia de la legalidad en Venezuela.
La FGR tocó con su sentencia, entre otras categorías jurídicas, la tecla del 350-C o rebelión legitimada, como la cita el propio Hernán Escarrá, promotor de la legitima defensa constitucional desde el congresillo constituyente de la CBR/1999. Y puso de carrera a Miraflores. Los gazapos no se hicieron esperar. A las 12:20 AM del 1A/17, Maduro presentó las conclusiones del Consejo de Defensa de la Nación (CDN) ante la “controversia” relacionada con las sentencias Nro. 155 y 156 de la Sala Constitucional (SC). Este CDN, sin autoridad, exhortó “revisar” los fallos con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes.
Como bien lo señalan colegas constitucionalista, (Hernández, Mármol, Fernández) “tal comunicado evidencia cómo esa ruptura se mantiene hoy día…y confirma la existencia de un golpe de estado continuado, cuyo delito debe ser sancionado (Dixit Duque Corredor, Arteaga Sánchez)”.
A raíz de la declaración de la FGR, la Sala Constitucional del TSJ intentó sazonar las sentencias N° 155 y 156, corroborando que la soga constitucional no sólo se ha roto con esas sentencias, sino con otras 46 que colocaron a la AN en cesantía institucional. La 155 y la 156 no son más que la extensión de un vilipendio permanente. Vale recordar las sentencias de la Sala Constitucional que han desconocido las competencias de la AN: Las # 1.778/2015; 7/2016; 9/2016; 184/2016; 225/2016; 259/2016; 264/2016; 269/2016; 274/2016; 327/2016; 341/2016; 343/2016; 411/2016; 460/2016;473/2016; 478/2016;614/2016; 615/2016; 618/2016; 797/2016; 808/2016; 810/2016; 814/2016; 893/2016; 907/2016; 938/2016; 939/2016; 948/2016; 952/2016; 1.012/2016; 1.103/2016;1.014/2016; 1.086/2016; 2/2017; 3/2017; 4/2017; 5/2017; 6/2017; 7/2017; 88/2017; 90/2017 y 113/2017. De la Sala Electoral (SE): 260/2015; 1/2016; 108/2016 y 126/2016, más las sentencias sobre el inconstitucional proceso de renovación de nómina de los partidos, y la decisión de la Sala Electoral que suspendió del Referendo Revocatorio. EL Poder Moral representado en Ortega Díaz reconoció a los venezolanos y al mundo que los magistrados de la SC incurrieron en una falta grave, por lo que el 265-C habilita a la AN votar la remoción de esos magistrados.
El desacato es otro concepto muy abusado por el TSJ. Cómo lo señala el comunicado de nuestra Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, “en los 18 años de vigencia de la actual Constitución jamás el TSJ había calificado el desacato a sus sentencias como causal de cesación de las funciones de organismo alguno. La propia Ley Orgánica del TSJ, pauta en sus artículos 121 y 122 que las únicas sanciones por desacato, son las multas establecidas en los citados preceptos legales ( TSJ/ sentencias SC #: 795 de 19/8/2016; 284 de 26/4/2016; S.E: sentencias #107 de 17/7/2012; 149 de fecha 1/11/2016, y 7/12/2010, caso: Jorge Perozo vs. Guillermo Dolani)”.
Esta flagrante violación al principio de legalidad consagrado en el Artículo 11 de la Declaración Universal de los DDHH, y sistemática agresión a la AN, colman el continente de transgresiones constitucionales que la FGR confirma con su confesa “ruptura del hilo constitucional”. Es la transgresión del artículo 187-C sobre reserva legal de sanciones a la AN. Es la violación del CPC sobre el alcance estrictamente material del derecho de aclaratoria (Art 250). Es la usurpación de poderes consumada en las pretensiones legislativas del TSJ, y es el delito de “insubordinación del orden republicano y constitucional “( art 132 del CPV) que prevé hasta 16 años de cárcel. En pocas palabras, Ortega proclamó lo que tanto ha denunciado Almagro: En Venezuela cesó la democracia.
La FGR además por primera vez cita cifras de muertes violentas acaecidas en el país. En lo político estas denuncias tienen un impacto enorme. Es “la rebelión en la granja” de la “oveja” que se encabrita y rehúsa escoltarlos al esquilme, abriendo un boquete en el chavismo sin Chávez. Es la fractura del denominado CDN, sin autoridad para redimir el golpe a la AN…
Comprendo el desencuentro emocional (opositores) que produce la tiza que lanzó la fiscal. Pero no es hora de avezados teoremas de diseminación y especulación vicaria (de matar al mensajero). El desenfado y marcaje de la FGR comporta otra ruptura: la del oficialismo, cuya descomposición es irreversible.
A los señalamientos de la FGR, Maikel Moreno sostuvo: “Lo dicho por la Fiscal es respetable y así demostramos el talante democrático que existe en el país”. Maduro agregó: “se resolvió el “impasse”. Pues no, presidentes. Los delitos en derecho “no son impasses”; no toleran arrepentimientos ni resisten aclaratorias. El mal está hecho, el golpe se consumó. Toca rendirle cuenta a la justicia, al país y a la historia. Distinguidos diputados, tienen la palabra…
Publicado por Arcangel Vulcano en 10:51 p.m.
Maduro ha sufrido tres derrotas en pocos días. Primero, elaboraron normas de difícil cumplimiento para impedir la legalización de los partidos políticos y la ciudadanía salió a la calle a validarlos, con lo cual las arbitrarias artimañas han sido desbaratadas.
Por estos días se han reunido representantes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos y la abierta mayoría de los mismos están convencidos de continuas y graves violaciones a la Constitución de Venezuela por parte del gobierno en desmedro del sistema democrático que ella establece. Ya el mundo sabe lo que de verdad pasa en nuestro país. Se acabó el engaño a punta de propaganda.
Más recientemente, la Fiscal General de la República ha denunciado que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia han violentado la Constitución. Los supuestos garantes del orden constitucional han delinquido.
Así como Luisa Ortega ha fijado posición, miles de abogados, estudiantes de Derecho, profesionales y dirigentes quienes votaron por Chávez, saben que la Constitución es violada una y otra vez, a diario, por Maduro y otros representantes del poder, incluidos jueces y magistrados. Pero callan porque los botarían del trabajo, correrían el riesgo del acoso y de la cárcel, como ocurre con los opositores.
El artículo 139 de la Constitución establece que el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de la Constitución o de las leyes. Es decir, los poderosos no pueden violar leyes impunemente.
El Código Penal tipifica como delito toda conducta que viole la Constitución. A quienes conspiren para destruir la forma republicana que se ha dado la Nación, que es el caso de los magistrados denunciados por la Fiscal, se les castigará con presidio de ocho a dieciséis años. Y quienes conspiren para cambiar violentamente la Constitución, serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años. Tal es el caso de quienes valiéndose del poder que el cargo les ha dado fueron denunciados por la Fiscal.
Esos delitos no se borran porque Maduro haya instruido a quienes delinquieron suprimir párrafos de una sentencia. El país espera ahora por la Fiscal.
Luisa Estela montó su circo
Obviamente que lo acaba de suceder en Venezuela, con relación el golpe de estado propiciado por el Tribunal Supremo de Injusticias, es algo desconcertante, para un país en el cual se respeten las funciones de las instituciones y de los poderes establecidos.
Pero más desconcertante es el papel de la persona que fue mal escogida para resguardar la legalidad del gobierno, como es el caso de la guerrillera urbana que ocupa el cargo de la fiscalía general de la República, la abogada Luisa Estela Díaz, dado que anuncio en compañía de sus compañeros de trabajo, fiscales y abogados, la ruptura del orden constitucional, por parte de los delincuentes que integran dicho tribunal de injusticias.
La ciudadanía quedo gratamente sorprendida, cuando la susodicha fiscal emitió su pronunciamiento, cuestión que incentivo el sentimiento y espíritu democrático de muchos venezolanos, que creyeron que con ese planteamiento, los jerarcas de la peste militar que detenta el poder en Venezuela, iban a retomar el estado del derecho, perdido durante 17 años de gobierno chavista madurista.
Pero no fue asi, la acción planteada por la fiscal, deja entrever que su participación era un número más de las funciones del circo montado por la cúpula madurista para oxigenarse ante la opinión pública nacional e internacional, con el objeto de recobrar parte de la honorabilidad perdida, ante los desafueros cometidos por las decisiones de dicho tribunal contra La Asamblea Nacional, al menoscabarle su legalidad de producir leyes, producto de las libérrimas votaciones por parte de más de 14 millones de ciudadanos, que decidieron cambiar el orden imperante en Venezuela.
Después de conversar con los abogados de mi familia, Henry Contreras y Oswaldo Martínez, quienes me dieron explicaciones acerca de lo que debía ser su proceder como Fiscal de La República, garante de la legalidad y de La Constitución, al tomar esa iniciativa de denunciar la ruptura del orden constitucional, que debió ser, abrir un antejuicio de méritos a quienes tomaron esa aberrante decisión, debido a que las sentencias del máximo tribunal de la república, no son apelables, no se pueden enmendar por un exhorto. Decisión tomada debe ser ejecutada. Ningún Tribunal que dicte una sentencia, puede revertirla, debe hacerlo otro tribunal en una instancia superior, y aquí en Venezuela no hay ninguno por encima de dicho tribunal.
Continuando con la alimentación del caso pude leer y escuchar opiniones de juristas constitucionales como Román Duque Corredor, Alberto Arteaga Sánchez, Gerardo Fernández, Alejandro Angulo Fontiveros, Ramón Guillermo Aveledo, Nelson Chity La Roche y Juan Rafalli, y todos ellos coinciden que fue exabrupto lo cometido por quienes dirigen dicho tribunal, dado que según el artículo 323 de La Constitución Nacional, El Consejo de Defensa Nacional, convocado por el presidente de la república, tiene como función asesorar y planificar en materia de soberanía integral y defensa del espacio geográfico: no tiene competencia para dirimir conflictos entre los poderes establecidos y el exhorto planteado por el presidente del república no incide de ninguna manera en la toma de decisiones del tribunal supremo de injusticias, ya que el artículo 136 de la constitución consagra la autonomía de los poderes públicos.
Por lo tanto, la fiscal como integrante del consejo moral republicano, ha debido convocar este cuerpo a fin de analizar las actuaciones de dicho tribunal de injusticia y proponer un antejuicio de méritos para quienes integran la sala constitucional, por ese golpe de estado que rompe el hilo constitucional al pretender subyugar las decisiones emanadas de la Asamblea Nacional, debido a que esta, es conjuntamente con el presidente de la república, el otro poder constitucional que tiene legitimidad de origen, al ser elegida por el sagrado voto de la ciudadanía.
La ciudadana fiscal, quiso lavarse la cara ante el país, por los atropellos cometidos por su despacho, porque fue ella quien ordeno la encarcelación para Leopoldo, de los estudiantes y ella tenía en sus manos los argumentos necesarios para corregir ese entuerto, ella conoce la constitución, la cual en su artículo 265 nos indica que se ha debido activar dicho consejo moral con la finalidad de proceder a la destitución de los integrantes de dicha sala inconstitucional, por esa demostración de incompetencias y desconocimiento acerca del derecho constitucional.
El circo de la fiscal, deja entrever que fue una acción concertada con la presidencia de la república, y esto lo decimos basándonos, en que dicho tribunal, al emitir las sentencias 155 y 156, las naciones del mundo pudieron ratificar, que lo de Maduro no es juego y que su gobierno es esencialmente déspota y dictatorial, motivo por el cual algunos gobiernos, inmediatamente llamaron a consulta a sus embajadores, con la finalidad de conocer en definitiva lo que realmente acontece, acerca de las múltiples denuncias de atropellos a la ciudadanía, a los factores políticos, estudiantes, empresarios y pueblo en general, en Venezuela.
Esta actuación de dicha funcionaria corrobora lo tétrico que es este gobierno, que siguiendo los postulados de Maquiavelo de que los fines justifican los medios, utiliza cualquier subterfugio con el fin de lograr sus fines, por lo que intuimos que la susodicha fiscal, pretendió con esta jugada aparentar un deslinde de las macabras decisiones tomadas por parte del ejecutivo nacional, pero al no proceder como le compete de acuerdo a su investidura, demostró su subordinación y quedo muy mal parada ante la opinión pública nacional, quien no se come el cuento relacionado en cuanto a su honestidad y garante de la legalidad en Venezuela, y demuestra que solo fue una acción distrayente para evitar la caída en barrena de esta peste militar que destruye a Venezuela y la exigencia a las elecciones de gobernadores y Alcaldes.

References: Artículo 11
 artículo 187
 artículo 139
 artículo 323
 artículo 136
 artículo 265