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María Cristina Vega Contreras
1 La reutilización de la información en el ámbito del sector público Javier Puyol Montero Gobierno abierto y privacidad: la problemática del Big Data y el Cómputo en la Nube Wilma Arellano Toledo De la sartén al fuego?: la cuestión de la adopción del fair use como solución al slstema de límites al derecho de autor en México Rodrigo Cetina Presuel Neutralidad de Red, bandera libertaria sin entender Erik Huesca Morales Glocalidad: el reto de la construcción de ciudadanía en un mundo hiperconectado Anthony Flores Mérida Políticas de conectividad a las TIC desde un enfoque de derechos. Especial atención al caso de Ecuador David Vila-Viñas y Jenny Torres ENTREVISTA al Dr. Raúl Trejo Delarbre Wilma Arellano Toledo RESEÑA del libro El Derecho en la era digital Evelyn Téllez Carvajal Retención de datos personales. Invalidez de la Directiva 2006/24. Sentencia del TJUE. Reforma de telecomunicaciones Reflexiones para México Héctor Guzmán Rodríguez2 Declaración de Acceso Abierto Internet ha transformado las formas en que se produce y se difunde el conocimiento. El Comité Editorial de la Revista Virtualis, bajo la convicción de que la producción científica debe ser accesible a la sociedad, suscriben la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest (BOAI) (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read), BOAI10 (http://www. budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/spanish) y las declaraciones de Bethesta (2003) (http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm#summary), Berlín (2003) (http://www.aprendelo.com/rec/berlin-declaration-open-access-knowledge-sciences-and-humanities.html ) y Salvador (2005) (http://www.icml9.org/channel. php?lang=es&channel=87&content=437 ) con el propósito de ampliar el alcance social de la producción científica, fomentar la producción de conocimiento y la difusión de tradición cultural. De acuerdo con la definición de BOAI (2002) por acceso abierto entendemos que la literatura científica presentada en nuestra revista implica disponibilidad gratuita en la Internet pública, permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo de esos artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos como datos en un software, o utilizarlos para cualquier otro propósito que sea legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que son inseparables del acceso mismo a la Internet. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución, y el único papel del copyright (los derechos patrimoniales) en este ámbito, debería ser la de dar a los autores el control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados. Virtualis se encuentra en el directorio de DOAJ Directorry of Open Access Journals Atentamente, Comité Editorial Revista Virtualis3 Consejo Editorial Jacob Bañuelos Capistrán Octavio Islas Carmona Paola Ricaurte Quijano Claudia I. García Rubio María Elena Meneses Rocha Osmar Sánchez Aguilar Coordinadora del Consejo Editorial María Elena Meneses Rocha Coordinadora Fundadora María Elena Meneses Rocha Coordinadores #10 Wilma Arellano Toledo Comité Científico Joaquín María Aguirre Universidad Complutense de Madrid Mary Lynn Young University of British Columbia María de la Luz Casas Pérez Tecnológico de Monterrey Guillermo Orozco Gómez Universidad de Guadalajara Richard Cole University of North Carolina at Chapel Hill Francisco García García Universidad Complutense de Madrid Carles Feixa Universidad de Lleida Shalini Venturelli School of International Service American University Corrección de Estilo Lizeth Vázquez Castillo Virtualis, Año 5, número 10, julio-diciembre 2014, publicación semestral, editada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, a través de la Dirección de Investigación y de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales, domicilio Calle del Puente #222, Colonia Ejidos de Huipulco, Delegación Tlalpan, México, D.F., C.P , virtualis/index. Editor responsable Dra. María Elena Meneses Rocha, datos de contacto: mx, teléfono (55) Número de Reserva de Derechos , ISSN: , ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número DG. Iván Pérez Márquez. Fecha de última actualización diciembre de El editor, no necesariamente comparte el contenido de los artículos y sus fotografías, ya que son responsabilidad exclusiva de los autores. Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido, fotografías, ilustraciones, colorimetría y textos publicados en este número sin la previa autorización que por escrito emita el editor.4 Índice La reutilización de la información en el ámbito del sector público Javier Puyol Montero Gobierno abierto y privacidad: la problemática del Big Data y el Cómputo en la Nube Wilma Arellano Toledo De la sartén al fuego?: la cuestión de la adopción del fair use como solución al slstema de límites al derecho de autor en México Rodrigo Cetina Presuel Neutralidad de Red, bandera libertaria sin entender Erik Huesca Morales Retención de datos personales. Invalidez de la Directiva 2006/24. Sentencia del TJUE. Reforma de telecomunicaciones Reflexiones para México Héctor Guzmán Rodríguez Glocalidad: el reto de la construcción de ciudadanía en un mundo hiperconectado Anthony Flores Mérida Políticas de conectividad a las TIC desde un enfoque de derechos. Especial atención al caso de Ecuador David Vila-Viñas y Jenny Torres ENTREVISTA al Dr. Raúl Trejo Delarbre Wilma Arellano Toledo RESEÑA del libro El Derecho en la era digital Evelyn Téllez Carvajal s ro5 6 Presentación El Derecho, tanto Público como Privado, se ha encontrado frente a un gran reto con la evolución y uso cada vez más generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). De este modo, por una parte, las ramas tradicionales de esta disciplina como la Constitucional, la Penal o la Administrativa, han sufrido cambios en su doctrina, legislación y jurisprudencia, para hacer frente a esos desafíos y una modalidad ha sido mediante reformas al contenido de sus disposiciones. Así, por ejemplo, el Código de Comercio integró un capítulo específico sobre comercio electrónico. Por su parte el Código Civil se reformó para dar reconocimiento al consentimiento otorgado por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología y darle plena validez jurídica, como a la firma autógrafa. O bien, se modificó el Código Penal para perseguir y hacer punibles delitos cometidos a través de medios informáticos u otras TIC. Sin embargo, con frecuencia, la necesidad de desarrollos doctrinales y de Derecho positivo propios para regular el uso de la tecnología se ha hecho evidente. En este tenor, han surgido una buena cantidad de temas que están relacionados con las TIC y que deben ser tratados de forma separada, tales como la privacidad y protección de datos personales en la era digital, los delitos informáticos o cibernéticos (que no están enumerados ni analizados en profundidad en el Código Penal mencionado), los desafíos del derecho de autor y en general la propiedad intelectual (que incluye la industrial) ante medios como Internet, el Gobierno electrónico o e-gov, entre otros tantos. Como consecuencia, en distintas regiones se empieza a reconocer al Derecho de las TIC como una rama autónoma y reconocible de otras tantas, que se especializa en los distintos asuntos aludidos. El Derecho de las TIC, en la misma lógica que conceptualmente ha supuesto para los sectores que la componen tras un proceso de convergencia tecnológica, agruparía a los tres implicados. Hablamos entonces de una categoría que supera (pero que se alimenta de su contenido) al más clásico Derecho de las telecomunicaciones, al Derecho del audiovisual o Derecho de la comunicación y al Derecho informático. 67 Entendido esto, se puede pensar en una definición del Derecho de las TIC desde dos perspectivas. Una de ellas sería la que lo conceptualiza como aquel conjunto de legislación, jurisprudencia y otros cuerpos normativos que regulan los aspectos referentes a las TIC. Por otro lado, como el conjunto de estudios o análisis doctrinales y teóricos que se enfocan y especializan en esos fenómenos. En ambos casos, el Derecho de las TIC sigue siendo incipiente en México. Es por todo lo anterior que el número 10 de la revista académica Virtualis quiere ser una aportación a la problemática, reuniendo los trabajos de destacados especialistas en cuestiones relacionadas con el Derecho y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de algunos profesionales en ejercicio, ya sea de la abogacía o el periodismo y que están vinculados a estos asuntos. El propósito de este número temático, como se indicó en la convocatoria a los trabajos, es el de recoger artículos que versen sobre los distintos aspectos jurídicos que implica la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) y los retos que ésta conlleva. Así, como también se indicó en ese momento, el análisis de los distintos temas que guardan relación con asuntos legales (y jurídicos y/o normativos en general) en torno a la Sociedad de la Información arroja una primera conclusión: el tránsito hacia la misma supone un fenómeno global que, al tener como uno de los soportes esenciales a Internet, implica que se difuminen los límites de las fronteras nacionales para colocarnos en un plano internacional en donde, por un lado, es necesario estudiar lo que sucede en las realidades de otros países (de ahí que los artículos en donde se efectúa comparación jurídica y de políticas públicas son muy adecuados para este décimo número) y, por el otro, se piense en acuerdos y tratados a nivel mundial para hacer frente a una problemática de este tipo y a los distintos subtemas para los que no es suficiente tomar decisiones únicamente locales. El lector de este ejemplar podrá leer artículos relacionados con Gobierno electrónico y Gobierno abierto, protección de datos y privacidad, Derecho de las telecomunicaciones, propiedad intelectual y derechos de autor o neutralidad de la Red. El primero de ellos es de un experto en distintos aspectos jurídicos de la tecnología, Javier Puyol Montero, quien en esta ocasión escribe sobre la reutilización de la información en el sector público, abordando principalmente el caso español y europeo, pero no sin tomar en cuenta elementos conceptuales que pueden ser aplicables a otras realidades. El segundo artículo es de mi autoría y se ocupa de analizar las posibles vulneraciones al derecho a la privacidad cuando se utilizan sistemas o metodologías como la del Big Data y el Cloud Computing en el ejercicio del Gobierno abierto, uno de los fenómenos que más fuerza ha tomado en los últimos años, pero del que desde luego, deben 78 cuidarse todos sus aspectos para evitar impactos inadecuados en los derechos fundamentales. El número temático cuenta también con el artículo de Rodrigo Cetina Presuel, que realiza un exhaustivo estudio sobre el papel del fair use en el contexto de los límites y excepciones al derecho de autor, aportando asimismo, otras alternativas a dichas limitantes que aparecen en legislaciones nacionales y en los instrumentos internacionales, tales como el Convenio de Berna. El siguiente artículo, de Erik Huesca Morales, explica las características y elementos que integran la noción de neutralidad de la red, partiendo del supuesto de que la misma ha sido enarbolada como bandera libertaria, pero no siempre comprendiendo sus alcances y limitantes. El quinto artículo es de la autoría de Héctor Guzmán Rodríguez quien escribe sobre dos procesos que tuvieron lugar en 2014 y que guardan similitudes en su contenido, si bien no en la decisión y orientación que sobre ellos se ha hecho: la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que invalida la Directiva de retención de datos y la aparición de la nueva Ley de Telecomunicaciones mexicana que establece la obligación de las autoridades de colaboración con la justicia. Por su parte, Anthony Flores Mérida se ocupa de hablar sobre el fenómeno de la glocalidad y cómo se puede construir la identidad individual, social y ciudadana en su contexto, con los consecuentes desafíos que ello implica, tomando en consideración que vivimos en un mundo conectado en demasía, o hiperconectado. Finalmente, en cuestión de artículos, David Villa y Jenny Torres establecen cuáles son los elementos de las políticas de conectividad en materia de TIC y qué deben o deberían contemplar desde el punto de vista de los derechos humanos y otros derechos involucrados, aquellas que diseñan los Estados, sobre todo poniendo atención al caso ecuatoriano. Como cada número de Virtualis, este ejemplar cuenta con una entrevista, en este caso realizada por quien esto escribe, a una de las personalidades más importantes en el mundo académico de la Comunicación, el Dr. Raúl Trejo Delarbre. Conversamos sobre la Reforma de Telecomunicaciones y el gran conocimiento del entrevistado nos ilustrará sobre temas como la integración del IFETEL, el papel y futuro de los medios públicos, el apagón analógico y los derechos de las personas reconocidos en la Constitución (derechos fundamentales), sus como usuarios (derechos de los consumidores) y como televidentes, radioescuchas o lectores de contenidos multimedia (derechos de las audiencias). 89 El número cierra con broche de oro, con la reseña que también suelen contener los números de esta revista. En este caso escrita por Evelyn Téllez Carvajal, reseñando una obra de singular importancia: El Derecho en la era digital, cuyo autor es el reconocido penalista mexicano Alberto Nava Garcés. Esperamos que el apreciable lector disfrute de este número temático sobre Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Dra. Wilma Arellano Toledo. 910 11 La reutilización de la información en el ámbito del sector público12 La reutilización de la información en el ámbito del sector público Javier Puyol Montero 1 La reutilización de la información del sector público se refiere al uso de las informaciones que se generan en el mismo por el resto de la sociedad. El impulso legislativo y la transformación sufrida por nuestra sociedadpor la generalización del uso de las Tecnologías de la Información han abierto la puerta para transformar la relación ciudadano-administración mediante la publicación sistemática de informaciones de la gestión pública, lo cual no es visto únicamente como un elemento indispensable para el desarrollo de su actividad administrativa; es considerado también un importante activo cuya reutilización por parte de empresas privadas puede impulsar la actividad económica y la creación de riqueza. 1 Abogado, socio de EcixGroup, magistrado excedente y consultor TIC. 1213 Introducción La progresiva implantación de sistemas de información para la gestión interna de empresas y administraciones ha transformado radicalmente estas entidades en un proceso paulatino, pero constante, durante los últimos 30 años (Abella, 2011). El efecto más inmediato es que la mayor parte de la información que tienen estas entidades se encuentra en distintos formatos digitales. Más reciente ha sido la generalización de la conectividad, tanto de ciudadanos como de empresas y administraciones, posibilitando así su relación directa, lo que ha traído como consecuencia actividades como el comercio electrónico y la administración electrónica. Estas dos circunstancias, además de otros condicionamientos sociales hacia la transparencia de las administraciones y empresas, son las que han impulsado el desarrollo del Open Data 2. El concepto reutilización (Coloriuris, 2003) viene ligado desde el último tercio del siglo XX al concepto reciclaje, entendiendo por tal el proceso mediante el cual productos de desecho son nuevamente utilizados. De este modo hemos asistido en los últimos decenios a la implantación de medidas y procesos de reciclaje de papel, vidrio, aguas contaminadas, etcétera. Esto con el doble objetivo de proteger el medio ambiente y dotar de un segundo o tercer ciclo económico a determinados bienes; llegando con ciertos materiales, como el vidrio, a un ciclo continuo. Desde este punto vista, la reutilización sería sinónimo de reciclaje y así lo expresa el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, cuando hablamos de la reutilización de la información que es titularidad de la administración pública no nos estamos refiriendo a productos de desecho, por lo menos no enstricto sensu. Se trata de información que ya ha cumplido su ciclo económico original o el fin para el que fue creado, pero que todavía puede ser objeto de uso y reutilización por parte de la sociedad civil con fines lucrativos o no lucrativos. 2 Se entiende por información del sector público (ISP) todo documento, cualquiera que sea su soporte material o electrónico, así como su forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen, que haya sido elaborado o custodiado por cualquiera de los órganos u organismos de la Administración Pública. Hoy en día, la información constituye un recurso esencial para desarrollar cualquier tipo de actividad en la sociedad. La ISP es la mayor fuente única de información en Europa, incluyendo desde mapas e imágenes por satélite, hasta estadísticas, informes epidemiológicos y registros de sociedades, de población o de patentes. Justamente por ello no es de extrañar que la ISP se utilice como materia prima en diferentes servicios ofrecidos a diario a los ciudadanos, como son los sistemas de navegación para vehículos, las previsiones meteorológicas o los servicios financieros y de seguros. En este contexto de la economía del conocimiento, la información se configura como un elemento fundamental para generar valor y riqueza. Además, las nuevas tecnologías, como Internet o la televisión digital, han modificado nuestra relación con la información, lo que facilita al ciudadano su acceso y las vías para reutilizarla. La disponibilidad, cada vez mayor, de la información del sector público en formato digital permite reutilizarla de formas diferentes y aportarle un valor añadido muy elevado, contribuyendo a la creación de empresas generadoras de bienes o servicios basados en la información del sector público, coadyuvando así a la creación de nuevos puestos de trabajo de alta cualificación (Fundación Cotec, 2011). 1314 Estados Unidos fue el precursor a partir de la Ley de Libertad de Información de 1966 modificada ese mismo año con la Ley de Libertad de Información Electrónica, que garantiza el acceso electrónico público a la información administrativa federal. Varias leyes complementan la Ley de Libertad de Información, como la Ley de Reducción de los Trámites Burocráticos, la Ley de Transparencia del Gobierno y Documentos Políticos Detallados, y la circular A130 del OMB (Office of Management and Budget). A la normativa estadounidense le seguirán la Ley 19446, de transparencia e información pública del Estado de Jalisco, del 20 de diciembre de 2001; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, del 16 de agosto de 2004 y modificada por Real Decreto de 18 de julio de 2008; y en el ámbito estatal y supraestatal, se promulgóel 11 de junio de 2002 en México la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En Europa se inician los trabajos de la Comisión Europea para la redacción de una Directiva que regule la materia porque: Las medidas propuestas crearán nuevas oportunidades para que la industria europea de contenidos aproveche la información del sector público en productos de información con valor añadido, especialmente los que atraviesan las fronteras internas de Europa. Las mayores certidumbre y transparencia estimularán la inversión y la innovación en la sociedad de la información en Europa y reducirán la desventaja competitiva de las empresas europeas en comparación con sus competidoras de los Estados Unidos. En efecto, el marco claro y coherente de la reutilización de la información del sector público en los Estados Unidos ha dado lugar comparativamente a un mercado hasta cinco veces más grande que en la UE (Coloriuris, 2003). Estos trabajos culminaron con la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo el 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público. Troncoso ha señalado que uno de los debates más interesantes que se han desarrollado en los últimos años en torno a la Administración Pública es la posibilidad de que empresas privadas reutilicen la información administrativa para el desarrollo de su actividad comercial, una opción facilitada además por la expansión de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, tanto en el ámbito de la Administración Pública, como en las entidades privadas. La información en poder de la Administración no es vista únicamente como un elemento indispensable para el desarrollo de su actividad administrativa, es considerada también un importante activo cuya reutilización por parte de empresas privadas puede impulsar la actividad económica y la creación de riqueza (Troncoso, 2009). 1415 El concepto dedatos abiertos (open data, en inglés) es una filosofía y práctica que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control. Tiene una ética similar a otros movimientos y comunidades abiertos, como el software libre, el código abierto (open source, en inglés) y el acceso libre (open access, en inglés). Son considerados datos abiertos todos aquellos datos accesibles, reutilizables y sin exigencia de permisos específicos. No obstante, los tipos de reutilización pueden estar controlados mediante algún tipo de licencia. Los datos abiertos están centrados en material no documental como información geográfica, el genoma, los compuestos químicos, las fórmulas matemáticas y científicas, datos médicos, biodiversidad, etcétera. Se trata de fuentes de datos que históricamente han estado bajo el control de organizaciones públicas o privadas y cuyo acceso ha estado restringido mediante limitaciones, licencias, copyrighty patentes. Los partidarios de los datos abiertos argumentan que estas limitaciones van en contra del bien común y que estos datos tienen que ser puestos en disposición del público sin limitaciones de acceso, dado que se trata de información que pertenece a la sociedad como el genoma o que ha sido generada u obtenida por administraciones públicas financiadas por la ciudadanía, por ejemplo, información geográfica, cartográfica o meteorológica generada por organismos públicos (Wikipedia, 2014). Diferentes estudios y análisis han demostrado que los datos por sí solos no generan valor, por lo que es necesario fomentar un ecosistema donde se reutilice dicha información para el desarrollo de soluciones que aporten conocimiento e inteligencia de negocio. Asimismo, es necesario que las administraciones públicas, además de liberar sus datos, establezcan mecanismos de colaboración para maximizar el potencial de estos. Un enfoque sectorial o temático puede facilitar esta tarea de forma significativa, en contraste con una aproximación general al requerir menos recursos y centrarse en objetivos más concretos (Gobierno de España, 2014). Al hilo de ello, puede afirmarse que la iniciativa de Open Data o apertura de datos tiene como fin el hecho de que la información pueda ser redistribuida y reutilizada, tanto por los ciudadanos como por empresas, para conseguir un beneficio para todas las partes 3. Tener acceso a los datos de la Administración garantiza la transparencia porque se tiene acceso a información que procede directamente de fuentes oficiales. También fomenta la eficiencia y la igualdad de oportunidades, ya que los ciudadanos y las empresas pueden crear servicios que resuelvan sus necesidades en colaboración con 3 El Grupo del Artículo 29º entiende por comercialización la intención de los «reutilizadores» de generar ingresos directamente o utilizar los datos personales para sus fines generales de marketing. En este sentido, la propuesta de Directiva sobre reutilización habla de «explotación comercial». En el sector público, el riesgo de comercialización de la información reside en la posibilidad de que los organismos del sector público puedan tratar de utilizar la información obtenida con fines particulares para otros fines no relacionados, con el único objetivo de generar ingresos (Comisión Europea, 2003, pp. 9 y 10) 1516 la Administración y todos pueden acceder a los datos en igualdad de condiciones. Consiste en poner la información del sector público disponible, en bruto y en formatos estándar abiertos, facilitando su acceso y permitiendo su reutilización, tanto a particulares como a empresas para fines comerciales o no. El sector público produce una gran variedad de información que es potencialmente reutilizable, como puede ser la información social, económica, geográfica, estadística, etcétera. Esta información es muy atractiva para su reutilización ya que es completa, fiable y de calidad. Se quiere lograr que la reutilización y redistribución de la información pública repercuta en beneficio tanto de las administraciones públicas que sacan a la luz sus datos, como de los ciudadanos y empresas que ven cubiertas algunas de sus necesidades (Gobierno de Navarra, s.f.). Concepto y significado de la reutilización de la información Por todo ello se puede definir el concepto de Open Data como la puesta en común de datos para que otros usuarios, bien sean ciudadanos o profesionales, los aprovechen para generar nuevos productos o servicios o simplemente para ser testigos de la ejecución de las entidades (Abella, 2011). Específicamente, la reutilización de la información en el ámbito del sector público consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas, de los datos generados y custodiados por los organismos del sector público, con fines comerciales o no. Dicha reutilización presenta un considerable potencial económico, ya que permite desarrollar nuevos productos, servicios y mercados. Fomenta el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo en la industria de contenidos digitales. Adicionalmente, la puesta a disposición de la información pública por parte de las Administraciones Públicas incrementa la transparencia administrativa, teniendo un efecto de refuerzo de los valores democráticos y habilitando la participación ciudadana en las políticas públicas (Gobierno de España, 2011). En este sentido, es verdaderamente trascendente el fomento de una cultura generalizada favorable a la apertura de datos públicos, que facilite que las diversas administraciones la realicen mediante el impulso adicional del mercado de la reutilización de la información pública. Desde las Administraciones Públicas se ha visto la necesidad que tienen las personas de acceder a cierta información hasta ahora no disponible. Por eso tienen la voluntad de avanzar hacia un gobierno más abierto, basado en los valores de transparencia, participación, servicio y eficiencia. También se quiere promover la creación de valor con 1617 la reutilización de la información pública, facilitar la ordenación interna de los sistemas de información dentro de las Administraciones y fomentar la interoperabilidad entre servicios del sector público. Al mismo tiempo, la liberación de datos supone también un potencial económico, ya que constituye una base esencial para muchos productos de información digital. En la economía del conocimiento (Gobierno de España, 2009), la reutilización de la información del sector público presenta un considerable potencial económico, ya que constituye una base esencial para muchos productos de información digital. Por este motivo, es imprescindible asegurar la eficiente reutilización de la información pública a fin de aprovechar su potencial y así desarrollar nuevos productos, servicios y mercados, que logren un mayor desarrollo económico y más creación de puestos de trabajo en la industria española de contenidos digitales. Asimismo, gracias a la reutilización de la información del sector público se incrementa la transparencia administrativa. El estudio Commercialexplotation of Europe spublic sector information de la Comisión Europea de 2000, conocido como informe Pira, refleja la importancia económica de la reutilización, señalando que el valor de este sector representó en al año 1999 casi el 1% del producto nacional bruto en la Unión Europea. En el mencionado informe se hace un análisis del valor de las diferentes tipologías de información que genera el sector público: geográfico, económico, etcétera. Además, el estudio MeasuringEuropeanPublic Sector InformationResources (MEPSIR) de 2006estima el valor del mercado de la reutilización entre los 26 y los 47 mil millones de euros en la Unión Europea. La cuestión inmediata que surge en estas reflexiones responde a la cuestión del motivo o las razones que nos llevan a la reutilización de la información. Una adecuada respuesta a esta pregunta consiste en afirmar que una correcta reutilización de la información del sector público ofrece un conjunto de beneficios para los ciudadanos, las empresas y las Administraciones públicas. En este sentido y con independencia de lo expuesto hasta este momento, se pueden señalar, entre otras, las siguientes razones (Gobierno de España, 2009): a) Para los ciudadanos, la reutilización de la información del sector público ofrece la posibilidad de mejorar su información y conocimiento acerca de las actividades de las instituciones públicas, haciéndolas más transparentes, abiertas y cercanas. También, en la realización de las tareas más cotidianas, el ciudadano puede beneficiarse de servicios de valor añadido basados en la reutilización de la información pública. Asimismo, gracias a la extensión de la web 2.0, los ciudadanos pueden reutilizar información del sector público generando nuevos servicios y productos adecuados a sus necesidades. 1718 Como ejemplos de los nuevos servicios y productos de valor añadido se pueden citar: En el ámbito de la información meteorológica: las predicciones meteorológicas personalizadas. En el ámbito de la información jurídica: las recopilaciones de leyes y de demás fuentes jurídicas, y su reutilización de la información del Sector Público internacional y nacional. En relación con la información cartográfica: los sistemas de navegación del automóvil y la información cartográfica digital. Otras fuentes de información del sector público que pueden ser reutilizables: la información sobre subvenciones, la información estadística, la información turística, los estudios económicos o la información de tráfico. Para las empresas, la reutilización de la información del sector público presenta un considerable potencial económico, ya que constituye una base adicional para servicios digitales innovadores. 1. La reutilización de la información pública facilita el desarrollo de nuevos productos, servicios y soluciones, y la creación de puestos de trabajo en la industria de contenidos digitales. 2. La creación de nuevos productos y servicios de valor añadido promueve nuevas tecnologías para el acceso y la explotación de la información. 3. Por otro lado, el desarrollo del conocimiento como activo económico estratégico permite una mayor agilidad en la toma de decisiones por parte de los agentes económicos, al disponer de forma fácil y asequible de la información de tipo administrativo, jurídico y financiero del sector público. Para las Administraciones públicas, la reutilización de la información del sector público permite revertir en la sociedad los beneficios económicos yen términos de conocimiento derivados de la reutilización de la información que generan y gestionan en el ejercicio de su actividad y contribuye a incrementar su transparencia. 1819 La implantación de la reutilización de la información Es muy interesante traer a colación lo afirmado en la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de noviembre de 2003, relativo a la reutilización de la información del sector público. Como fundamento en el que se apoyan sus pronunciamientos, se señalan las principales consideraciones a las que, a juicio del Parlamento Europeo, han de dirigirse las políticas de reutilización de la información entre los distintos Estados de la Unión y que además han servido de pauta a los procesos de reutilización llevados a cabo por los mismos. Se puede afirmar que dicha Directiva ha establecido las condiciones básicas para facilitar la reutilización de la información del Sector Público en la Unión Europea. Se han registrado progresos desde su adopción: se ha autorizado la reutilización comercial de la información del sector público, se han roto los monopolios, se han introducido condiciones comerciales justas, se han abaratado los precios y ha aumentado la transparencia. No obstante, los avances de la Directiva y su aplicación en los Estados miembros son desiguales, en tanto que siguen existiendo grandes obstáculos o barreras que dificultan la reutilización. Estas barreras pueden agruparse de acuerdo con la siguiente clasificación. A. En primer lugar, la existencia de una débil cultura de reutilización, tanto en las administraciones públicas como en el conjunto de la sociedad: Para las administraciones públicas se trata de un asunto relativamente nuevo y del que poseen aún poca información, ya que en su cultura de trabajo no existe la posibilidad de favorecer la reutilización. Desconocimiento por parte de empresarios y de ciudadanos del valor de la información del sector público. Limitado conocimiento de la regulación de la reutilización de la información del sector público por parte tanto de las administraciones públicas como de las empresas. Mentalidad de los organismos de las distintas administraciones públicas, reticentes a liberar la información que elaboran o custodian, puesto que la consideran como un activo propio de gran valor. B. En segundo lugar, la propia dinámica de puesta a disposición de la información del sector público: La información está, en general, dispersa en diferentes espacios web, faltando en gran parte de las administraciones públicas un portal de reutilización que agrupe y ordene toda la información reutilizable. Existen, además, dificultades en el acceso a la información una vez que la misma es localizada por parte del reutilizador. 1920 C. En tercer lugar, la ausencia de un marco jurídico claro para la reutilización: Carencia de condiciones claras y transparentes para la reutilización. Falta de procedimientos reglados para autorizar el acceso y uso de la información del sector público. Intentos de los órganos y organismos de las administraciones públicas de maximizar la recuperación de los costes, en lugar de anteponer los beneficios para la economía en general, mediante la imposición de tarifas muy elevadas. Competencia desleal que impide el uso de la información de modo no discriminatorio, equitativo y proporcional. D. En cuarto lugar, la confusiónen torno a los formatos: Ausencia de principios comunes de catalogación de la información. Ausencia de licencias tipo definidas sobre los posibles usos que pueden darse a la documentación y las condiciones sobre la reutilización de la información. Lógicamente, la reutilización de la información pública no se alcanza con la mera aprobación de una Ley, a pesar de que ésta haya sido un hito importante. La actividad administrativa de poner a disposición de la sociedad una gran cantidad de información para que las empresas añadan valor comercializando productos y servicios exige el establecimiento de plataformas públicas para almacenar la información que sean accesibles a través de Internet, ya que lo que no está en línea no existe. Es necesario crear organismos responsables que establezcan listados de información del sector público reutilizable y configurar mecanismos para la solución de los conflictos (Troncoso, 2009). En un estudio llevado a cabo y publicado por la Revista Española de Documentación Científica 4 4 De dicha conclusión emana una recomendación que se sintetizaría en la necesidad de definir una política activa de difusión y comunicación del contenido y de las implicaciones de estas políticas. Al desconocimiento de la normativa sobre reutilización de la información se une la ausencia de una política de difusión que debería conducir a una definición de iniciativas y acciones encaminadas a establecer mecanismos que garanticen la puesta en marcha de una estrategia de concienciación de la importancia de una difusión de la información con fines de reutilización. La relevancia de la puesta en marcha de dicha estrategia de concienciación adquiere mucho más peso si se tiene en cuenta que, tras la realización de la investigación, no se ha evidenciado la existencia de un mercado de reutilización de la información del sector público ni se ha detectado la conciencia entre los productores de las posibilidades y de las oportunidades que se podrían derivar de la potenciación de este mercado de la información del sector público. En virtud de esta situación, se impone la necesidad de potenciar y definir medidas concretas para la creación y el desarrollo de este mercado como fuente de financiación y sostenimiento del sector público y como uno de los motores de la economía española. Sí se puede inferir la existencia de un mercado de reutilización de la información del sector público. Hemos de señalar que una de las grandes dificultades en la realización del estudio se ha relacionado con la siguiente situación: en ningún organismo del sector público participante en el estudio se ha encontrado un responsable y/o interlocutor para las cuestiones relacionadas con la reutilización de la información. En esta línea, consideramos que sería muy recomendable la creación, en cada organismo del sector público, de una figura que asumiera las funciones propias de responsable y/o interlocutor en materia de reutilización. En este sentido, se considera que la existencia de este interlocutor en materia 20 Mostrar más
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 Artículo 29
 artículo 27
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 10
 Resolución 
 Artículo 1