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Timestamp: 2017-02-21 21:07:06+00:00

Document:
Lima, jueves 15 de agosto de 2013
Según Reporte N°113.
Nota de Prensa 125/OCII/DP/2013
El total de conflictos sociales, entre activos y latentes es de 225.
Se resolvieron 02 conflictos sociales y se reportaron 10 nuevos.
La Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy el Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº 113, correspondiente al mes de julio de 2013, el cual da cuenta de un total de 225 conflictos sociales, 177 en calidad de activos (78,7%) y 48 en estado latente (21,3%). Es preciso señalar que durante este mes Áncash (31), Apurímac (23) y Puno (17) son los departamentos con la mayor cantidad de conflictos sociales.
El Reporte indica que los conflictos socioambientales siguen siendo los más numerosos con 148 casos (65,8%), que comparado con el mes anterior (145) registra un incremento. En esta categoría, la minería continúa siendo la actividad más vinculada a la conflictividad, con el 72,3% (107 casos), le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 12,8% (19 casos). El segundo tipo de conflicto más numeroso corresponde a los asuntos de gobierno local con 20 casos (8,9%); y el tercero tiene que ver con demarcación territorial, con 15 casos (6,7%).
El documento informa sobre diez conflictos sociales nuevos. Ocho de ellos socioambientales: el primero de ellos ubicado en el distrito de Ichuña (Moquegua), donde representantes de la comunidad de Santa Clara se oponen a la venta de territorito comunal para la construcción de una represa. El segundo se ubica en el centro poblado de Chota, distrito de Agallpamapa (La Libertad), donde los pobladores y ronderos del centro poblado se oponen a las actividades mineras que pretende desarrollar la Sociedad Minera Trinity Peru S.A.C.
El tercer caso nuevo se registra en Ayacucho donde los pobladores del anexo Casma Palla (distrito San Javier de Alpabamaba) se oponen a la presencia de la empresa minera Quellopata S.A.C. El cuarto conflicto atañe a las organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), y el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) quienes se oponen a la ampliación de las operaciones de gas en el Lote 88 que afectarían la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nantis –RTKNN, en Cusco y Ucayali.
También se ha tomado conocimiento de dos conflictos en el departamento de Áncash. En el primer, caso los pobladores de la comunidad campesina de Shumay y otras de la provincia de Carhuaz demandan que la empresa Mistr se retire de la zona porque sus actividades afectarían a la comunidad y en el segundo caso los pobladores de la comunidad campesina de Vicos demandan el cumplimiento del convenio de usufructo suscrito con la empresa minera Toma la Mano.
En Puno, los pobladores del distrito de Ocuviri y la comunidad campesina de Hatun Ayllu y otras comunidades protestan contra la empresa minera Arasi S.A.C. por la muerte de truchas en el río Chacapalca. Finalmente se registra un conflicto nuevo en Lima, provincia de Huarochirí, donde los pobladores de la comunidad San Mateo de Huanchor denunciaron los incumplimientos de compromisos contraídos con la empresa minera Casapalca.
Se registra, además, un conflicto por demarcación territorial entre los distritos de Chilca y Huancán en la provincia de Huancayo – Junín. Igualmente, la Defensoría del Pueblo da cuenta de un conflicto laboral donde los médicos y enfermeras de los hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud reclaman el cumplimiento de las actas suscritas en octubre del año 2012.
Por otra parte, el Reporte de Conflictos Sociales N°113 informa de dos conflictos resueltos: ambos por otros asuntos relacionados a universidades. El primero ubicado en Lima, donde estudiantes de la academia pre universitaria de la Universidad Nacional de Barranca exigían la realización del proceso de admisión y el nombramiento de la nueva Comisión Organizadora. El caso concluyó cuando la comisión organizadora informó que de los 237 estudiantes que aprobaron el curso del centro pre universitario, 57 de ellos se acogieron a la exoneración del pago por derecho de inscripción para el examen de admisión del semestre 2013-I y 178 de ellos no.
El segundo conflicto resuelto está ubicado en Apurímac, los estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) demandaban la instalación de una comisión para resolver asuntos relacionados a la gestión académica y administrativa, el conflicto se superó cuando se acordó la instalación de dicha comisión, siendo su tiempo de permanencia 7 meses pudiendo ampliarse a un mes adicional, debiendo cumplirse con los 10 puntos acordados en la reunión del 26 de junio.
Con relación a las competencias para la atención de los conflictos por parte de las entidades estatales, la obligación principal recae en el Gobierno Nacional en 144 casos (64,0%), seguido por los Gobiernos Regionales en 51 casos (22,7%) y los Gobiernos Locales en 19 casos (8,4%).
Cabe destacar que, durante el mes de julio, 85 casos (48% de los 177 casos activos y 38% del total de conflictos) continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo. En 51 de estos casos la modalidad de atención es a través de mesas de diálogo. La Defensoría del Pueblo participa en 40 de dichos espacios ya sea conduciendo, facilitando, interponiendo sus buenos oficios o como observador.
Los mineros informales y artesanales en su IV Congreso de Mineros Artesanales acordaron exigir la ampliación de fechas para la formalización y simplificación administrativa. La Defensoría del Pueblo invoca a los líderes y organizaciones a tratar este tema con la mayor responsabilidad.
Se han convocado medidas de protestas a nivel nacional. La Federación Departamental de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros de Apurímac – FERMAPA anunció protestas para el 19 de agosto en las provincias de Andahuaylas, Aymaraes, Antabamba, Cotabambas y Grau.
Para una visión ampliada y detallada del Reporte Mensual de Conflictos Sociales se invita a los interesados a visitar la siguiente dirección electrónica:
www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales.
MODIFICAR el artículo Primero de la Resolución Administrativa N 031-2015/DP de fecha 01 de setiembre de 2015, Resolución Administrativa Nº 019-2017/DP	DESIGNAR al abogado Alberto Michael HUERTA ZAPATA, Jefe (e) de la Oficina Defensorial de Lima de la Defensoría del Pueblo Resolución Administrativa Nº 018-2017/DP	DESIGNAR a la abogada María Cecilia CHUMBE RODRÍGUEZ, jefa (e) de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, Resolución Defensorial Nº 004-2017/DP	ENCARGAR a doña Gladys Liliana RODRÍGUEZ FLORES, las funciones de Jefa de Área de la Oficina Defensoríal de Lima Norte de la Defensoría del Pueblo, Resolución Administrativa Nº 018-2017/DP-PAD	ENCARGAR a doña Maribel lvonne RODRÍGUEZ LAZO, las funciones de Jefa de la Oficina Defensoríal de Junín de la Defensoría del Pueblo Resolución Administrativa Nº 017-2017/DP-PAD	DAR POR CONCLUIDA la designación del abogado Martín Raúl CABRERA MARCHÁN en el cargo de confianza de Asesor II de la Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo Resolución Administrativa Nº 015-2017/DP	¿ En qué casos puede intervenir la Defensoría ?
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