Source: http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc924.html
Timestamp: 2017-11-25 00:02:01+00:00

Document:
Proceso 924
Editorial La impunidad del poder
Política Política y realidad nacional
Sociedad ¿Orgullo salvadoreño?
Región Más allá de los Tratados de Libre Comercio
Comunicaciones La opinión sin máscara en la prensa escrita
Derechos Humanos Katya sigue exigiendo justicia
Entre la justicia y la paz, El Salvador escogió la paz y sacrificó la justicia. Por eso, disfruta de los beneficios de la paz en la actualidad. Este es el planteamiento del presidente Flores y, en virtud del mismo, se opone a la apertura del caso de los jesuitas para investigar su autoría intelectual, está en contra del juicio que se sigue en Estados Unidos contra dos ex generales salvadoreños y, en general, se opone a investigar las violaciones a los derechos humanos, cometidas durante la guerra. Pero eso no es todo. Por la misma razón, es decir, para conservar la tranquilidad del país, no se ha podido investigar los asesinatos de Katya Miranda, Lorena Saravia, Ramón García Prieto, Guth Zapata, más de 120 alcohólicos consuetudinarios y así sigue una lista muy larga. Ni la Policía Nacional Civil, ni la Fiscalía General de la República, ni los jueces y magistrados saben quiénes son los responsables de estos crímenes. Aparentemente, investigarlos sería desestabilizar el país y, según la curiosa lógica presidencial, es mejor optar por la tranquilidad que hacer justicia. La justicia salvadoreña, por su lado, tiene víctimas, pero no responsables y es dada a pensar que aquéllas son producidas por fuerzas sobrenaturales, las cuales no están a su alcance y cuyas motivaciones le son desconocidas.
Ni la Fiscalía General de la República, ni la Policía Nacional Civil con sus múltiples divisiones, disfraces y despliegues han podido resolver los casos más importantes de asesinato, secuestro, robo y fraude. En realidad, en los últimos años, no han podido resolver ningún caso. Los jueces y magistrados, por su lado, tampoco han podido dar con los culpables. Lo único que se investiga es el delito de poca monta y los únicos condenados, cuando los hay, son unos cuantos autores materiales. No se hace justicia porque ni la policía, ni la fiscalía, ni los jueces, ni los magistrados pueden prestar la atención debida a la enorme cantidad de delitos que se cometen, pero sobre todo porque adolecen de serias deficiencias para investigar, procesar y sancionar, porque hay más corrupción de la que parece y sobre todo porque los acusados tendrían poder para subvertir el orden y poner en peligro la estabilidad. Ante ellos, el Estado salvadoreño es débil. No tiene valor ni energía para investigarlos y presentarlos ante los jueces y éstos, con frecuencia, tampoco se atreven a fallar en su contra y si lo llegan a hacer, ahí están los magistrados que se encargan de declararlos inocentes. Todo ello con la complacencia de una Corte Suprema de Justicia que se reviste de una majestad de la ley mal entendida, pero muy poco ilustrada, confiable e independiente. El poder social, político y económico es mucho más poderoso que el derecho, los jueces y los magistrados. El poder está fuera del alcance de la justicia y por encima de ella y por esto la paz es, en realidad, impunidad. Es así, pues, como El Salvador del presidente Flores y ARENA escogió la paz y se olvidó de la justicia. Por eso, en El Salvador es muy difícil encontrar justicia, pero tampoco hay paz.
El dilema presidencial entre la justicia y la paz es falso. Sin justicia no puede haber paz verdadera. La paz que se pretende fundamentar en la ausencia de justicia es una paz muy frágil cuando no es, de hecho, imposición y dictadura. Así lo repite con insistencia Juan Pablo II en sus mensajes con motivo de la jornada por la paz. Aparte que es mucho atrevimiento hablar en nombre de todo El Salvador en un asunto que únicamente ha sido decidido por aquellos que tienen el poder real del país y que utilizan el argumento de la reconciliación e incluso de los principios cristianos para ocultar una decisión que sólo es política.
Al ser negada la justicia en El Salvador, la alternativa que se abre es buscarla en tribunales internacionales. En ellos, argumentos como los esgrimidos por los familiares y compañeros de promoción de los dos ex generales acusados en Estados Unidos no tienen ningún peso. En un tribunal independiente, ilustrado y confiable lo que cuenta son los hechos, las evidencias que vinculan a los acusados con éstos y las argumentaciones jurídicas. En la justicia salvadoreña es costumbre bien establecida que los criminales se hagan pasar por víctimas y que sus víctimas o los parientes de éstas sean presentadas como personas desconsideradas, vengativas y resentidas, sin sentimientos humanos ni cristianos; que reclamar justicia sea interpretado como deseo de venganza; que se enfatice el miedo para paralizar la acción judicial; que se tenga poco respeto por los testigos y sus declaraciones y, lo más novedoso de todo, que el Fiscal General de la República, en lugar de acusar a los criminales, se dedique a protegerlos y defenderlos. Esta es una nueva faceta de la perversión de la justicia salvadoreña.
Actuando en apariencia de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el alcance de la amnistía, el Fiscal General pidió al Juzgado Cuarto de Instrucción determinar “si se reabre el expediente del asesinato de los sacerdotes jesuitas”. La respuesta del juez sólo puede ser negativa. Cualquier funcionario judicial sabe muy bien que la ley no permite reabrir un caso que ya ha sido juzgado. El fallo garrafal está en el fiscal, por hacer una petición incorrecta, contraria a la ley y la Constitución y a la demanda presentada por la UCA. No se puede, pues, presuponer descuido o ignorancia de la ley y sus procedimientos, sino mala intención para así conseguir una respuesta negativa de un juez, dar la impresión de haber cumplido con el deber y, de esta manera, poder archivar la demanda. Así, el fiscal condena al fracaso anticipado su petición e incumple con su deber de acusar a los presuntos criminales, se burla de los demandantes y las víctimas, pero cumple con quienes lo colocaron en ese puesto para defender sus intereses. Al negarse a acusar, la Fiscalía General muestra que no es independiente del poder ejecutivo, ni de otros poderes interesados en que no se persiga a los autores intelectuales de la masacre de la UCA y, por lo tanto, es corrupta.
Esta resistencia a acusar y perseguir el crimen explica, en parte, que la Fiscalía General haya perdido en primera instancia el caso de Katya Miranda, cuyos derechos no pudo defender ante la juez, después de proclamar que tenía un caso sólido. La explicación que da de su fracaso es inoportuna, porque sabía con anticipación que el tío de la menor, un ex jefe policial dedicado a investigación criminal, contaminó la escena del crimen. Una buena investigación del cómo y del por qué de esta contaminación llevaría al autor de la violación, del asesinato y del encubrimiento.
En ningún momento la UCA ha pedido reabrir el caso. Lo que la UCA ha solicitado es la apertura de un nuevo juicio en contra de quienes considera autores intelectuales del crimen. Por lo tanto, la obligación del fiscal es presentar un requerimiento en un juzgado de paz y no acudir a uno de instrucción. Ante este proceder, al juez no le queda otra alternativa que declararse incompetente y remitir a aquél a un juez de paz. La debilidad de la justicia salvadoreña no reside en las leyes, sino en que el poder está por encima de la ley y si ésta intenta someterlo, amenaza con la inestabilidad y el desorden.
Un recuento de los acontecimientos de las últimas semanas ofrece un panorama desolador de la realidad nacional y siembra dudas en los más optimistas. Los supuestos grandes pasos que se están dando parecen conducir más al caos social que a un futuro mejor. Esta cruda realidad no puede ser negada ni siquiera por los más entusiastas o los cazadores de buena experiencia, esmerados tanto en hablar de lo positivo que terminan desfigurando los hechos, con el pretexto de salvar una imagen nacional tan frágil como deteriorada. El acostumbrado discurso que evita las malas noticias por su pretendido efecto negativo, adolece de un tinte esquizofrénico que hay que superar. Al contrario, es importante reconocer que el país afronta problemas graves, de distinta índole, para desde allí contribuir a su solución.
¿ORGULLO SALVADOREÑO?
Hace un par de semanas, algunos círculos empresariales relacionados con la actividad de los grandes medios de comunicación de masas se congratularon al ver que una de sus más prominentes figuras, Boris Esersky, recibía un reconocimiento de parte de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), que lo nombraba un “orgullo salvadoreño”. Ciertamente, el nombre de esa figura acompaña indeleblemente la historia y el desarrollo de muchas de las más importantes empresas mediáticas de El Salvador. A lo largo de toda su carrera, este hombre de negocios ha sabido ganarse un lugar notable dentro del círculo de personas que gozan de un gran poder de influencia en prácticamente todos los niveles de la vida nacional. Y este lugar no se lo debe únicamente al carácter estratégico de la tarea a la que le ha dedicado su vida —la difusión de información—, sino también a su conocimiento profundo de los mecanismos a través de los cuales operan las capas sociales más favorecidas del país.
MÁS ALLÁ DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
La propuesta, discusión, negociación, ratificación y puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio (TLC) en todo el hemisferio occidental se ha convertido en un tema de importancia insoslayable, no sólo para los gobiernos, el sector empresarial y los poderes legislativos de cada país, sino también —y principalmente— para la sociedad civil en general. Los TLC suponen el libre paso de productos y capitales, el crecimiento de las inversiones y la consecuente generación de nuevas fuentes de empleo, lo cual augura un amplio beneficio para las naciones; pero más allá de estas consecuencias de carácter económico, estos acuerdos no deben perder de vista factores extraeconómicos. El marco global de los TLC propone una integración comercial y económica paralela al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo sostenible de las naciones. De ahí la urgencia con que se debe impulsar ese proceso de integración.
LA OPINIÓN SIN MÁSCARA EN LA PRENSA ESCRITA
"El periodista no es esencialmente el hombre que busca las noticias, sino el que las selecciona".
Hasta hace poco, el terreno de la opinión sin máscara era prohibido para los periodistas en nuestro país. Se asumía que los reporteros poseían dotes naturales para contarnos la realidad con absoluta fidelidad. Esa creencia perdura y hace que La Prensa Gráfica repita a diario en sus páginas editoriales que “la principal misión del periodista es decir al pueblo la verdad”, sin tomar en cuenta la variedad de interpretaciones que de un mismo hecho pueden hacer distintas personas, ni todos los juicios que entran en juego cuando un periodista decide qué es noticia y qué no lo es.
En la prensa escrita salvadoreña, El Diario de Hoy es visto, en general, como el matutino más conservador. Sin embargo, este es el periódico que —con ciertos límites— da más espacio a sus periodistas para que opinen sobre distintos temas. La Prensa Gráfica, por el contrario, tiene solamente una “Tribuna de Redactores” en el suplemento dominical Enfoques.
El que un diario le dé más espacio a sus periodistas que el otro tiene distintas explicaciones. Podría ser el producto de una estructura vertical que opera en las salas de redacción, aparentemente más marcada en La Prensa Gráfica. Bajo una organización estrictamente jerarquizada, los redactores son aún menos libres para escribir sus puntos de vista. Podría ser también resultado de la propia iniciativa de los redactores de ambos periódicos, ingenio que, por lo visto, en unos florece más que en otros. Otra razón que podría explicar la escasez de columnas hechas por periodistas en La Prensa Gráfica es un apego más arraigado al mito de la “objetividad”.
El hecho es que, por medio de sus columnas de opinión, El Diario de Hoy rompió con la vieja tradición que establecía que los periodistas debían limitar su campo de acción a la “información pura” y guardarse sus propios y “subjetivos” puntos de vista. Esta modalidad de dar rienda suelta a la opinión es relativamente nueva en los diarios (comenzó allí por 1997) y hay que diferenciarla de la vieja práctica —no menos válida— de publicar artículos de personajes externos a los diarios. Todos tenemos derecho a expresar nuestros puntos de vista, lastimosamente los matutinos tienen una evidente preferencia por reducidos sectores de poder de la sociedad salvadoreña.
Aunque los espacios para la opinión de los periodistas se hayan abierto, los periódicos siguen revelando una visión de la realidad salvadoreña siempre conservadora. En ese sentido, la aparente libertad de opinión entre los periodistas tiene sus fronteras, que cambian de lugar dependiendo de la línea editorial del periódico, así como de sus intereses empresariales y comerciales. Nunca se ha visto, por ejemplo, que ninguno de los columnistas diga que la Pizza Hut es grasienta, que el empresario Boris Eserski ejerce un oligopolio en las televisoras salvadoreñas o que los salarios de los periodistas andan por los suelos.
La variedad de El Diario de Hoy es obvia en cuanto a la participación de cierto grupo de periodistas que opinan. Tienen columnas periódicas Enrique Contreras, Cristian Villalta, Janet Cienfuegos, Ciro Granados, Juan Bosco Martin y Carlos Herman Bruch. Además, la revista dominical Vértice publica un artículo de sus redactores en cada edición. En todas las columnas, se observan los estilos más diversos que van desde un periodista habitualmente escéptico ante todo lo que sucede en este país —pero que escribe con una calidad indiscutible—, hasta aquel que se acerca a la poesía o el que se la pasa revelando incidentes personales de sus hijas y esposa o sus noches de diversión en la calle. Tampoco falta aquel que juzgue personas y cosas sin argumentos fuertes y que termine por convencernos de parar la lectura.
En El Diario de Hoy, sin embargo, figuran únicamente ciertas personas, la mayoría en cargos importantes dentro de la sala de redacción de este matutino. En La Prensa Gráfica, por el contrario, la “Tribuna de Redactores” del semanario Enfoques es mucho más abierta a la participación de todos los reporteros del matutino.
Sobre la calidad de los artículos y las temáticas abordadas en ellos, existen los más variados comentarios. Hay que destacar, sin embargo, que el mito de la objetividad en la prensa ha empezado a ser abandonado en El Salvador, aunque los medios a veces no se den cuenta y sigan pregonando ser los “únicos espejos fieles de la realidad salvadoreña”.
En la prensa latinoamericana, uno de los periodistas que no vacila en opinar es Jorge Ramos, presentador y reportero de la cadena Univisión. Sus columnas son publicadas todos los domingos en La Prensa Gráfica. Ramos sostiene que ningún periodista puede darse “baños de objetividad” cada mañaña antes de salir a trabajar.
Un periodista sale cada día a buscar las noticias cargado no sólo de su grabadora, su lapicero, su cámara o su libreta de apuntes; también lleva, aunque no se vea, otra gran carga de valores y juicios producto de sus relaciones sociales, familiares y laborales. Un periodista puede perfectamente despegarse de su grabadora, pero no de su subjetividad. Por ello, parece importante brindarles a los reporteros los espacios para que digan, sin tapujos, lo que piensan. Ya en las noticias pueden observarse sus preferencias, pero en los artículos de opinión es donde los juicios del periodista no deberían encontrar ningún límite.
Hasta mediados del siglo XIX predominó en el mundo la prensa ideológica y de opinión. Ante la ausencia de material para publicar, los boletines periódicos de los primeros días de la prensa sirvieron casi exclusivamente como propaganda política, tal como sucedió durante la Ilustración y las revoluciones americana y francesa. Con las nuevas tecnologías y la expansión industrial, el periodismo informativo comenzó a desarrollarse a mitad del siglo XIX. La idea de la información pura reinó por muchos años en los medios periodísticos y sólo fue destronada durante el período de las dos guerras mundiales y la crisis de 1929. La prensa se dio cuenta entonces de que a los lectores no les bastaba con leer las noticias y que necesitaban mayores explicaciones de lo que sucedía a su alrededor. La difusión de la cultura, el crecimiento en los niveles de alfabetización y otros factores crearon un público más exigente.
En El Salvador, toda esta transición ha afectado a la prensa a un ritmo bastante lento y, a ratos, superficial. El periodismo de profundidad, por ejemplo, se ha desarrollado en los últimos años, mientras que el de investigación aún se encuentra en pañales. La prensa escrita ha sido la abanderada en este desarrollo y, con sus graves limitaciones y sesgos, ha profundizado en algunos casos. En la actual crisis provocada por el dengue, por ejemplo, los periódicos y otros medios noticiosos empezaron a encender las alarmas desde junio pasado, mientras el gobierno declaró la emergencia nacional en la segunda semana de septiembre. Otro caso fue el escándalo del espionaje telefónico de Telecom, que fue ampliamente criticado en los dos matutinos salvadoreños, a pesar de los costos en publicidad que esto significó, especialmente para El Diario de Hoy. Queda la duda sobre lo que el matutino hubiera hecho de no haber sido uno de los directos afectados con el espionaje.
Debido a las exigencias de cierto público y el avance de las tecnologías, los medios noticiosos también han tenido que modificar muchas de sus prácticas informativas. En el caso de la prensa escrita, la competencia noticiosa con la televisión la ha obligado a profundizar más en algunos asuntos —como la corrupción— que antes eran abordados ligeramente. Haciendo prevalecer una línea editorial de abierto apoyo a los sectores de poder en el país, los matutinos salvadoreños han sabido explotar la capacidad de sus reporteros para opinar sobre los asuntos a los cuales dan cobertura periodística.
Un periodista español ha dicho que la credibilidad de un periodista se pone en juego cuando una misma persona cubre una rueda de prensa y escribe una columna en la que despedaza a la persona que dio la rueda de prensa. “Noticia y opinión son platos muy distintos y su mezcla o su acumulación desordenada, más que alimentar, indigesta, intoxica”, afirma Carlos González, director de Información de la Agencia EFE. Tiene razón, entonces, en cuanto a lo de la mezcla, pero es cuestionable negarle a los reporteros la oportunidad de escribir un artículo de opinión pura, si la sabe separar de la información y su explicación.
Como dice Herbert Altschull, un norteamericano estudioso de los medios de comunicación masivos, “imaginar que los periodistas son una especie aparte, capaz en alguna manera de mantenerse en una posición 'objetiva' en relación al mundo que los rodea, a diferencia de los demás, significa creer en un absurdo de la lógica". Esto tampoco significa que los periodistas son libres para abusar de la opinión y emitir juicios sin fundamento. Ejemplos de estos extremos abundan en los diarios, en la prensa televisiva y radiofónica, y se hacen más frecuentes en épocas de elecciones con las cadenas televisivas ejecutadas por la Secretaría de Información de la Presidencia con la ayuda de la Telecorporación Salvadoreña (TCS). Esa cobertura ilustra esa mezcla de noticia y opinión que, según González, “intoxica”.
KATYA SIGUE EXIGIENDO JUSTICIA
Los culpables de la violación y asesinato de la niña Katya Natalia Miranda, probablemente nunca sean sancionados por estos delitos, al menos eso puede interpretarse de la reciente resolución del Juzgado de San Luis Talpa en el que fueron sobreseidos cuatro imputados sobre el hecho. Al parecer, la impunidad le está ganando una vez más la batalla a las víctimas de la violencia social que impera en nuestro país; mientras tanto, más “Katyas” seguirán exigiendo que acaben las agresiones contra la niñez y que se haga justicia.
Una vez más quedó comprobado, en nuestro país, la debilidad del sistema de justicia y que sus métodos de investigar y juzgar no son los más idóneos para dirimir las transgresiones a los derechos humanos, esto porque en el caso Katya quedaron evidenciados al menos dos puntos: primero, la falta de verdaderos profesionales encargados de investigar crímenes de violencia sexual, dado que ni la Policía Nacional Civil ni la Fiscalía General lograron recabar pruebas directas y contundentes en contra de los acusados y segundo, la falta de buenos administradores de justicia, dado que si bien faltaron algunos elementos probatorios por parte de la representación fiscal, no puede negarse que existían indicios lógicos y objetivos que no fueron valorados por la Jueza de Instrucción. Pero lo que cuenta es que en este caso, los papeles de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la jueza de instrucción de San Luis Talpa, Ana Marina Guzmán, dejaron mucho que desear.
La pérdida de pruebas y la alteración de la escena del crimen fueron los primeros vicios del caso que dieron pie para que los autores del delito quedaran en el anonimato o no pudieran ser procesados debidamente. La inadecuada preparación del caso y la limitada argumentación de los fiscales en la audiencia preliminar, dejaron abierta la puerta para que los cuatro imputados en este crimen fueran sobreseidos —Edwin Miranda, padre de la menor, sobreseído definitivamente por abandono y desamparo; los otros tres sobreseidos provisionalmente, Carlos Miranda, abuelo de la menor, por homicidio agravado y violación agravada; los mozos, Juan Francisco Ramos y Luis Alfonso López por el delito de coautoría en el crimen. Asimismo, las valoraciones emitidas por la jueza de instrucción en cuanto al proceder de Hilda María Jiménez, madre de Katya, sólo demuestran la veracidad de la denuncia que la misma Jiménez hiciera ante la sección de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): “no estoy siendo tratada en un juicio justo, ya que la jueza no ha sido imparcial”. Serias frases personalizadas en contra de la madre de la menor evidenciaron que la resolución no podía ser objetiva.
Lo más lamentable de todo este proceso que se caracterizó por ser lento y por tener varias hipótesis, de las cuales ninguna pudo comprobarse en su totalidad, es que la valentía de una madre al exigir justicia está siendo cuestionada hasta por los administradores de justicia. No obstante, en el caso Katya no todo está perdido, pues la Fiscalía y el querellante tienen un plazo de cinco días hábiles, para apelar ante la Cámara Tercera de Lo Penal de San Vicente. Si la Cámara resuelve a favor de la parte acusadora el caso pasará automáticamente a la etapa final: la Vista Pública; mientras que si la Cámara determina que la jueza está en lo correcto, los fiscales y el querellante tendrán un año para recopilar las pruebas suficientes —testimoniales, documentales, entre otras— para demostrar que los señalados son culpables de los delitos que se les imputan.
La resolución de la jueza de instrucción de San Luis Talpa, Ana Marina Guzmán, lejos de ser una decisión judicial de encomiable valor jurisprudencial, constituye el patético ejemplo de la manera de resolver de una autodenominada “funcionaria judicial de experiencia”, cuyos argumentos les presentamos a continuación de manera textual y con todos los errores de dicción y de lógica pronunciados por la jueza:
Bien, voy a comenzar con la situación que todo el mundo sabe, que todo el mundo ha discutido y que también las partes lo han hecho acá, que se refiere a la escena del crimen. Dijimos y se ha dicho en infinidad de veces que esa escena fue contaminada. La ley establecería, perfectamente, quiénes son los obligados a conservarla. Ciertamente, lo establece el artículo 241 en primer lugar la Policía y en segundo lugar, pues la dirección de la Fiscalía. No voy a discutir quien cometió el error, ni interesa en este momento, pero si quiero decir que la escena del crimen protegida era lo más importante para que pudiera establecerse la probabilidad de participación. Si se perdió esa escena, se perdió la evidencia, si no hay evidencia dentro del proceso faltaron indicios, por ende, si a través de esa escena se pudo haber tenido prueba directa o indicios al caso, si fuera una prueba viciada, habríamos llegado a una prueba directa o por lo menos a indicios y esa escena no nos proporciono ningún indicio. Para mi lo más importante que hubiera sido es el ADN, es el análisis que se hizo en España, lastimosamente que porque se destruyó toda la evidencia que había en esa escena no se pudo obtener resultado. A través del ADN hubiésemos podido obtener el probable autor del crimen de violación o del delito de violación, sin embargo, no se pudo porque no se encontró evidencia y por qué porque ya se había perdido. Bien, ahora bien, en cuanto a que se ha establecido por parte de los señores fiscales en su acusación y el señor querellante en su acusación, ellos establecen que han implementado u ofrecido elementos o indicios, como ellos lo dicen, pero para mí es diligencias que se han agregado u ofrecido para la vista pública y que muchas cosas que dicen que han ofrecido que lo van a resolver en la vista pública, cosa que a mi me parece de que hay cuestiones que no se han dicho todavía y que eran importantes que se dijeran en este momento o por lo menos en estos tres días porque de alguna manera la información que se pudiera proporcionar era importantísima para que pudiera resolverse determinada cosa. Pero yo siento que por algunas cuestiones que se dijeron ayer hay cosas que no se han dicho, hay documentos que no se han agregado y eso para mí es ocultación porque soy la jueza encargada de este proceso, la que tiene la obligación y la facultad de poder accesar a cualquier otra información; sin embargo, los señores de la Fiscalía ofrecieron pruebas, declaraciones de testigos, ofrecen declaraciones de testigos como la de la familia Miranda. No se percataron de que lo que se les aprueba, tenían que haber contado con el artículo 186, en donde dice que siendo ellos familiares de los imputados pueden abstenerse de declarar, por ende, esa prueba podría dejar de ser en el sentido que no queda establecido sí la están ofreciendo, sí los señores están de acuerdo en que se dé esa declaración. Por otro lado, en esa misma declaración no se establece ningún elemento que pueda aportarse o que pueda decirse que sea suficiente como para que una persona pueda ser condenada en la vista pública. Nos referimos a otros elementos de la representación de la Fiscalía y del señor querellante, que es la misma; en cuanto a la prueba documental, hay que establecer el binomio procesal. La existencia del delito se establece a través de qué, a través de los reconocimientos médicos legales, con esto yo estoy, perfectamente, de acuerdo porque el artículo 169 establece el único requisito es que la autopsia o reconocimiento lo haga un médico legal, no otro requisito que haga falta como lo decía la defensa, porque eso no tiene valor, porque no obstante, yo no fui la que ordene que se hiciera la ampliación, si lo hice por la vía telefónica y si platique con los galenos que la realizaron, lastimosamente no se hizo cuando estaba abierto el proceso. Ellos me dieron una explicación amplia de todo lo que sucedía, me explicaron en términos médicos lo que había pasado y para mi sí se dio el delito de homicidio y de violación. Homicidio todavía no se ha establecido el agravante porque a mi juicio el hecho en sí se probo; pero la probabilidad de participación de los imputados no se ha probado. No se ha dicho exactamente que existe una persona que los vincule directamente, esta la declaración de este señor Cuenca, él dice que vio, que conoce a otra persona que vio eso, es un testigo de referencia, que mayor importancia puede tener, a mí de que me puede servir eso que se venga a relacionar eso en la acusación... Han habido otra infinidad de hipótesis pues, como el sedamiento; tampoco creo en eso, porque yo siento que si se despertaron estas personas durante el transcurso de la noche varias veces, es ilógico todos tenían que estar, este… todos hubiesen estado dormidos pues sin moverse. Entonces esa hipótesis para mi también no cuenta, hay otras cuestiones que se manejan así como la confianza que puede existir, eso es ilógico para mi en base a las reglas de la sana crítica, la experiencia, la lógica común que puedo tener eso me da a entender que si existe confianza en una familia, que si existe cariño, amor, eso en cualquier familia salvadoreña puede darse. Caso contrario no fuese así yo creo que la niña o las niñas hubiesen rechazado al señor como se dijo en varias ocasiones, para mi eso es el uso de la lógica, pues no voy a negar de que aquí tengo cientos de procesos en donde han sido las niñas violadas por sus propios padres, embarazadas por sus propios padres. Eso lo tengo dentro del proceso y eso si está probado porque hay elementos suficientes para determinarlo. Eso es otra parte que a mí me sirve de experiencia para determinar cuando una situación se da o no puede darse. También que manejen el término este de que el señor las invito a pescar. Tengo entendido que no era la primera vez que lo hacía, habían habido otras investigaciones iguales y es lógico pensar que si el abuelo la llevaba a pescar, que si el abuelo le tiene confianza es lógico pensar que existe una relación fraternal entre ellos, entonces para mi todos esos elementos no son suficientes como para determinar una probabilidad de participación, es otro elemento que la misma ley establece. El art. 314 habla de elementos de convicción, elementos que puedan surgir de un hecho probado o de una prueba directa, una prueba directa que tenemos, lo único que tenemos es lo que es la prueba científica realizada en el cuerpo de la niña, únicamente y eso ya dije que estabamos estableciendo el primer binomio procesal, no hemos establecido el segundo binomio que es la probable participación de los señores. Ahora bien, si hacemos una adecuación de la conducta de ellos a los tipos penales establecidos en las disposiciones legales, como por ejemplo que el señor Edwin Miranda, padre de la niña, estaba involucrado en una situación de familia, si el hubiese abandonado ese lugar tampoco es un indicio, cualquiera pudo haber hecho de dejar en manos de sus padres a sus hijos y eso lo ha hecho infinidad de gente y que elemento puede ser eso para involucrarlo en un delito como el abandono, cuando se puso en peligro la vida de esa niña. En todo caso, todos los que estaban en ese terreno tenían que haber sido procesados por el mismo delito, en todo caso ¿quiénes son los responsables de la seguridad de sus hijos? Los padres, todos. Entonces, pienso y no entrando en contradicción con la señora Jiménez, yo siento que si ella hubiese sentido que si había algo malo en esa situación, la obligación que tenía con su hija, yo no hubiera dejado mis hijas allí, importara poco lo que dijera el padre, iguales derechos tienen los dos, tanto él como usted, facultades iguales los dos; entonces si yo digo no y no, no es así la cosa de que este uno va a obligar al otro, pues quizás las madres tenemos más derechos que los padres, si somos las madres las que tenemos el poder por la misma cultura que tenemos en nuestro país del machismo que tienen los hombres de poder accesar más a los hijos y con la misma responsabilidad que los padres. Entonces usted conoce perfectamente a su esposo, a su familia política, si sabía que él era un irresponsable y que iba a dejar a su hija botada no la deja, pero por otro lado no vamos a entrar en esa situación de cuestionar esas cosas porque lo que realmente nos interesa es LA adecuación que podemos hacer de la conducta que hizo este señor, si dejo o no el rancho para mi no es suficiente eso, no hay testigo que diga que él se fue o se quedó… De conformidad al artículo 308 numeral 1 y 2 sobreseo definitivamente al señor Edwin Miranda por el delito de abandono. Ahora bien, nos vamos a referir a las otras personas. Hay elementos, hay elementos suficientes para creer que esa situación el hecho más delicado, el hecho del homicidio no ha sido aclarado definitivamente, considero eso porque yo en lo formal ordene algunas diligencias, esperaba pues que se aclarara esa situación que por lo menos me dijeran mire están estos elementos que son suficientes para determinar que estas personas no han tenido nada que ver en esta situación y que son estos o que esta persona que dice que vio al señor Miranda cometiendo este delito o por lo menos que los vio juntos, mínimo pues un incidente como ese que los vio juntos en la playa a tales horas pero eso no existe pues no existe y si hay cuatro situaciones que yo no las tengo muy claras, que las he leído durante todas esas declaraciones y que no me han parecido que se hayan aclarado, como por ejemplo cuáles son los cuatro sujetos que encontraron a la niña en las condiciones que las encontraron, es cierto o no la teoría, hay una persona que dice que los sujetos encontraron, hay una persona que dice que los sujetos encontraron hay una persona que dice que no es cierto que eran los mozos los que estaban a la par de la niña, entonces hay dos teorías y ninguna de las dos hipótesis es probada; entonces en que puedo basarme yo para decidir si es cierto o no, quiénes son esos cuatro sujetos y que se hicieron y bajo que condiciones encontraron a la niña… Habían otras personas que estaban allí afuera en la playa, que me llamo la atención cuando yo leí el proceso en la playa que tampoco hay forma de saber que paso con esa gente. Yo dije investiguen toda esa gente, esa rueda de personas que dicen que habían dos personas allí como que estaban teniendo relaciones sexuales eso no se aclaro. Yo no sé que pasó allí ni que gente era la que estaba allí. Entonces, considero que hay situaciones que no se han planteado y que para mí son importantes que se den, por esa misma razón y porque no hay suficientes elementos de juicio, de probatoria, para elevar la etapa a juicio, sobreseo provisionalmente a los señores Carlos Miranda, Juan Francisco Ramos y José o Luis Alonso López en virtud de considerar de que habiendo hecho una explicación detallada de la situación, por lo menos, de lo que es mi criterio al respecto considero que esa situación deberá aclararse en el próximo año que le corresponde según la ley de conformidad según el artículo 309 del Código Procesal Penal. En virtud de eso considero de que no se puede estar culpando o acusando, no es que considere sino que la misma ley dice que no se puede culpar a nadie sino se ha oído en juicio…
PRESTAMOS. "Hemos tomado la determinación de cambiar el esquema de trabajo y permitiremos la participación de todos los involucrados en los préstamos desde la etapa de gestión". De esta forma expresó el Presidente de la República, Francisco Flores, su satisfación al haber logrado un acuerdo junto con los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, y la Comisión de Hacienda de dicho Órgano de Estado. Y es que el actual proceso de aprobación de préstamos es largo. En primer lugar, el Organo Ejecutivo acude a determinado organismo internacional y el préstamo es aprobado. Luego, pasa a la Asamblea Legislativa para su aprobación, la cual requiere de mayoría simple. El tercer paso es la ratificación del préstamo para hacerlo efectivo, paso que requiere de votación calificada. En el momento actual, hay un tema pendiente: desentrampar, a través del mecanismo de la negociación, unos dos mil quinientos millones de colones en préstamos pendientes de ratificación. Dicha negociación consiste en que, cuando el Organo Ejecutivo gestione préstamos ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) u otros organismos, inmediatamente buscará la participación de los partidos políticos. El propósito del acuerdo es que cuando los préstamos ingresen de manera oficial a la Asamblea Legislativa, éstos gocen de un consenso previo. Con dicho arreglo se espera que la ratificación de los préstamos sea más ágil. El PDC fue uno de los primeros partidos en respaldar el nuevo mecanismo (LPG, 18.10.00, p.4).
ANTEJUICIO. La Fiscalía General de la República remitió, el pasado 17.10, una denuncia a la Comisión de Antejuicio, en el caso del diputado Francisco Merino, para que fuera anexada al proceso de recabación de pruebas. Merino enfrenta una nueva acusación, la de homicidio agravado en grado de tentativa, según conoció ayer la Comisión de Antejuicio. Dicha denuncia fue interpuesta por el agente policial José David Ramírez Colocho. La víctima pidió al Ministerio Público que se investigue el hecho, ocurrido la madrugada del pasado 26.08. La Fiscalía reconoció que, en esta ocasión se limitó únicamente a realizar algunas diligencias. Por tal razón, según explicaron fuentes del Ministerio Público, es necesario profundizar en el caso para determinar la intención real del diputado y ver si no se trata en realidad del delito de lesiones graves. El agente policial ofendido fue llamado a declarar en calidad de testigo en el proceso de antejuicio. En su indagatoria, el policía reveló que la Fiscalía no había remitido en la solicitud de antejuicio la denuncia que él interpuso contra Merino. El Ministerio Público aseguró que no envió antes dicho informe porque la declaración como ofendido del agente Ramírez Colocho coincidió con la hora en que se solicitaba el antejuicio a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la Comisión de Antejuicio ya terminó el informe sobre las pruebas recabadas en los delitos de lesiones graves y daños agravados, dejando fuera el delito de amenazas con agravación especial. La Comisión de Legislación será la que determine si hay o no formación de causa penal (LPG, 18.10.00, p.16).
RELIGIOSAS. "Es probable que sea más la culpa de ellos que la de los pequeñitos (subalternos) porque si no hubiese existido una orden superior, nosotros jamás nos hubieramos involucrado en semejante estupidez". Estas fueron las palabras del ex agente de la Guardia Nacional, Daniel Canales Ramírez, condenado por la violación y asesinato de cuatro religiosas estadounidenses y quien recuperó su libertad en 1998. Canales Ramírez contradijo, así, las declaraciones de Luis Antonio Colindres, quién aseguró que los generales retirados Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García —ahora enjuiciados en Estado Unidos— no participaron en la violación y asesinato de las religiosas. Canales Ramírez sostuvo que las órdenes en nigún momento podían provenir de Colindres. "En ningún ejército del mundo, fíjese bien, puede el más pequeño hacer una estupidez como esa sin autorización". Asimismo, manifestó que Colindres, al ver que él no paricipó en el crímen y que no habló, informó dicha actitud a sus superiores, por lo cual fue trasladado a una celda-calabozo. Canales Ramírez afirmó que a Colindres se le informó que, Eugenio Vides Casanova, Director de la Guardia Nacional en ese entoces, manifestó la perdida de los seis elementos acusados del mismo crimen, para evitar salir él involucrado en el crímen. Sin embargo, el Coronel Napoléon Montes Bonilla se opuso a que los eliminaran, por lo que prefirieron consignarlos (LPG, 18.10.00, p.18).

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 241
 artículo 186
 artículo 169
 artículo 308
 artículo 309