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Timestamp: 2020-07-04 01:44:22+00:00

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El procedimiento penal por injurias y calumnias contra particulares | Iberley
La calumnia y la injuria son delitos contra el honor, ubicados en el Libro II, Título XI del Código Penal, concretamente en los arts. 205 a 216. El procedimiento a seguir contra los responsables de la comisión de estos tipos penales se contempla en los arts. 804-815 LECrim.
La calumnia viene definida en el art. 205 C.P. como la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
La jurisprudencia de manera pacífica ha concretado que la imputación del tipo de la calumnia ha de ser "precisa, concreta, terminante y determinada respecto a los hechos". En este punto se manifiesta la SAP de Murcia, sección 2ª, núm. 1241/2017, de 15 de diciembre, “…en primer lugar es preciso que se haya realizado la imputación de un delito. Por tal hay que entender acusar, atribuir, achacar o cargar en cuenta de otro la comisión de un hecho delictivo". A mayor abundamiento, el Tribunal Supremo puso de manifiesto que «no bastan atribuciones genéricas, vagas o analógicas, sino que han de recaer sobre un hecho inequívoco, concreto y determinado, preciso en su significación y catalogable criminalmente». Asimismo, termina aclarando que «lejos de la simple sospecha o débil conjetura, debiendo contener la falsa asignación los elementos requeridos para la definición del delito atribuido, según su descripción típica, aunque sin necesidad de una calificación jurídica por parte del autor» (STS núm. 856/1997, de 14 de junio). En tercer lugar, la imputación debe haberse hecho con conocimiento de su falsedad, o con temerario desprecio hacia la verdad. Cuestión menos pacífica es el incluir en este último punto o no la pretensión por parte del autor de difamar al ofendido. Por su parte, la STS núm. 192/2001, de 14 de febrero se muestra desfavorable a tal inclusión.
Este tipo penal ha sido tratado en profundidad AQUÍ.
La injuria se define en el art. 208 C.P. como la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
Por su parte, la injuria ha sido tratada en detalle AQUÍ.
En primer lugar, tanto la calumnia como la injuria son delitos privados: su persecución requiere necesariamente de la interposición de querella del ofendido o su representante legal, de conformidad con lo previsto en el art. 215.1 C.P.. Desde la entrada en vigor de la reforma promovida por la LO 1/2015, de 30 de marzo, estas infracciones son constitutivas de delitos menos graves y delitos leves.
Asimismo el art. 804 LECrim exige como requisito esencial para admitir una querella por alguno de estos tipos penales, la certificación de haber celebrado el querellante u ofendido acto de conciliación con el querellado, o de haberlo intentado sin efecto. Se trata de un requisito de procedibilidad. Es tratado por los diferentes tribunales, como el AAP de Melilla, Sección 7ª, de 29 de diciembre de 2016, la cual dispone lo siguiente:
“... como ya se dijera en el auto de este Tribunal de 23 de abril de 2013 y posteriormente en la sentencia de 30 de junio de 2016 el acto de conciliación en los delitos de injurias y calumnias contra particulares cometidas con publicidad constituye un requisito de procedibilidad. Criterio expresado en el acuerdo de 29 de junio de 2008 de la Junta de Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de junio de 2008, en base a las siguientes razones: a) El artículo 804 LECrim ., dice que: “no se admitirá querella por injuria o calumnia inferidas a particulares si no se presenta certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con el querellado, o de haberlo intentado sin efecto. b) El artículo 278 LECrim ., también exige que a la querella se acompañe la certificación que acredite haberse celebrado o intentado el acto de conciliación entre querellante y querellado, no obstante, sin dicho requisito permite la práctica de las diligencias de carácter urgente para la comprobación de los hechos o para la detención del delincuente, suspendiendo después el curso de los autos hasta que se acredite el cumplimiento de la conciliación. c) El art. 4.1 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, que eximía de la presentación de querella, bastando la denuncia de la persona agraviada o, en su caso, de su representante legal, y sin necesidad de acto de conciliación, en los delitos calumnias e injurias contra particulares cuando eran cometidos a través de la imprenta, grabado u otros medios mecánicos de publicación, sonoros o fotográficos, difundidos por escrito, radio, televisión, cinematográficos u otros similares, quedó derogado por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de Reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado...”.
La relevancia del requisito de procedibilidad de haber celebrado o intentado un acto de conciliación previo se reitera en diversas resoluciones, tales como la SAP de Madrid 13874/2015, de 5 de octubre, que en su fundamento jurídico quinto razona la exigencia de la conciliación, estableciendo que la razón de esta exigencia es: "la naturaleza privada de los delitos de injurias y calumnias entre particulares, al constituir un mecanismo tendente a conseguir una reparación satisfactoria que evite el proceso penal, aunque desgraciadamente la práctica demuestre que en la mayoría de los casos no alcanza su objetivo".
Por su parte, el art. 811 LECrim, impone la obligación al querellante de acompañar copia de la querella para que ésta se entregue al querellado junto con la citación para el juicio. El AAP Castellón, núm. 63/2007, de 31 de enero, Id Cendoj: 12040370022007200044 ECLI:ES:APCS:2007:135A contempla lo siguiente: "La querella es con respecto a este tipo de delitos un supuesto procesal de perseguibilidad. Además, dentro de las especialidades que presentan este tipo de procedimientos por injurias o calumnias se incluyen otros requisitos: por debe acompañarse copia de la querella para su entrega al querellado (art. 811 LECrim ), así como la certificación de haber celebrado el acto de conciliación, o de haberlo intentado sin efecto". En línea con la citada resolución, es preciso no olvidar que también es obligatorio para el ofendido acreditar que se ha intentado un acto de conciliación previo a la interposición de querella en este tipo de delitos, en virtud de los arts. 278.1 y 804 LECrim.
Medios por los que se comete el delito de injuria o calumnia
En el caso de que la injuria o calumnia fuese vertida en juicio, es pertinente acompañar con la querella la autorización del Juez o Tribunal ante quien se hubiesen inferido dichas injurias o calumnias. No obstante, esta licencia no se considerará en ningún caso prueba bastante de la imputación. Todo lo expuesto se prevé en el art. 805 LECrim.
En el caso de que la conducta delictiva fuese realizada por escrito, se presentará el documento que la contenga, conforme a lo establecido en el art. 806 LECrim. Por su parte, el precepto que sigue a continuación dispone que si este escrito es reconocido por las persona legalmente responsable, se comprobará si ha existido o no publicidad del mismo. Una vez hecho esto, se dará el procesamiento oportuno al querellado, dándose por terminado el sumario.
En este punto es necesario traer a colación el art. 211 C.P., el cual dispone que tanto la calumnia como la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, radiodifusión o cualquier medio de eficacia semejante. La SAP de Córdoba, de 26 de septiembre de 2016 ,dispone que: "La injuria inferida se produce con publicidad al utilizarse la imprenta y otros medios de semejante eficacia que contribuyen a que el mensaje injurioso llegue a muchas personas del entorno de la víctima".
Otro modo de verter injurias y calumnias es verbalmente, en cuyo caso, una vez presentada la querella, el Juez instructor mandará convocar a juicio verbal a las partes y, en su caso, los testigos que hubieran sido admitidos como prueba. Por lo tanto, será el Letrado de la Administración de Justicia quien señale día y hora para la celebración del juicio. El art. 813 LECrim contempla la inadmisión de testigos de referencia por la comisión de los delitos de calumnia o injuria vertidas de palabra. El Tribunal Constitucional se manifiesta con respecto a este asunto en la STC 30/1993, de 25 de octubre, en la que se excluyen tajantemente las calumnias e injurias de la admisibilidad de la prueba testifical indirecta:
"Pero que la prueba testifical indirecta sea un medio probatorio admisible (con la sola excepción del proceso por injurias y calumnias verbales: art. 813 L.E.Crim.) y de valoración constitucionalmente permitida que, junto con otras pruebas, pueda servir de fundamento a una Sentencia de condena, no significa que, por sí sola, pueda erigirse, en cualquier caso, en suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia".
Sin embargo, hay que tener en cuenta que "en la generalidad de los casos, la prueba de referencia es poco recomendable". De ahí se extrae el "justificado recelo jurisprudencial" existente sobre la misma. La STS 357/2002, de 4 de marzo:
En relación a la prueba testifical de referencia, preciso es destacar que, como indica la sentencia del Tribunal Constitucional 209/2001 de 22 octubre y 271/89 de 21 de diciembre y las sentencias del Tribunal Supremo del 5 enero de 1998 y 31 enero del 2000 y 6 marzo del mismo año, dicha prueba aparece expresamente admitida por el artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (al establecer que los testigos expresarán la razón de su dicho y si fueren de referencia precisarán el origen de la noticia, designando con su nombre y apellido o con las señas con que fuese conocida a la persona que se la hubiese comunicado) y que sólo el artículo 813 de la misma, la excluye, como excepción, para las causas por injuria o calumnia vertidas de palabra, indicando literalmente que es cierto que la regulación de la Ley responde, como tendencia, al principio de inmediación de la prueba, entendiéndose por tal la utilización del medio de prueba más directo y no los simples relatos sobre ésto, ello no significa que deban rechazarse en forma absoluta los testimonios de referencias u oídas, porque no siempre es posible obtener y practicar la prueba original y directa, que en ambos supuestos puede devenir imposible". Por razones obvias, se extrae del elenco amplísimo de manifestaciones del Tribunal Supremo, que siempre será preferible que comparezcan los testigos directos y no los testigos de referencia, pues "El testimonio de referencia puede tener distintos grados según que el testigo narre lo que personalmente escuchó o percibió -audito propio -, o lo que otra tercera persona le comunicó -audito alieno -".
Conforme a lo estipulado en el art. 809 LECrim, en todo caso el juicio deberá celebrarse dentro de los tres días siguientes a la presentación de querella ante el Juez instructor competente para conocer del asunto. Dicho plazo podría ampliarse a ocho días, si hubiere justa causa para ello.
Especialidades: injurias dirigidas contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos
El art. 810 LECrim contempla la excepción a lo anteriormente expuesto en aquellos casos en que se hubieren inferido injurias o calumnias frente a funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, cuando los acusados manifiesten querer probar antes del juicio oral la certeza de la imputación injuriosa o del hecho criminal que hubiesen imputado. De conformidad con el citado precepto, el auto de la AP de Bilbao, sección 2ª, núm. 668/2007, de 9 de noviembre, hace uso de dicha excepción al mencionar la no obligatoriedad a intentar una conciliación previa a la interposición de querella, como viene siendo exigida en este tipo de delitos cuando estos se comenten frente a particulares. Así, dicha resolución expone lo siguiente: "tratándose de unas calumnias dirigidas contra un funcionario público en el desempeño de su cargo no es preceptivo para la admisión de la querella presentar certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con los querellados, o de haberlo intentado sin efecto".
En este punto es preciso aclarar que la doctrina no mantiene un criterio unánime en lo respectivo a la "exceptio veritatis".
Cuando a la condición de funcionario público se superpone la de "autoridad" y se trata, "prima facie" de injurias relacionadas con la función pública a la que se refiere el art. 461 C.P., se consideraría que existe exceptio veritatis, pues no se trata de un a ofensa al honor personal de la persona particular que ejerce las funciones públicas, sino que se está atacando el principio de autoridad, y es un bien jurídico comunitario. Sin embargo, otras sentencias como la STS, sala de lo Penal, sección 1ª, núm. 759/1983, de 31 de octubre. La citada resolución manifiesta lo siguiente "ha de referirse a la injuria a un funcionario o autoridad determinada en el ejercicio de su cargo y que tal defensa procesal no puede darse contra las instituciones que encarnan los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, que gozan de una protección jurídico penal especial más intensa y que la injuria al Gobierno no es a funcionario o autoridad determinada, sino a un Ente público colectivo, poder de la nación", que a continuación concluye "la "exceptio veritatis» es improcedente en los casos de injuria contra el Gobierno, Poder del Estado, en las funciones que la Constitución le confiere".
En cuanto a la tramitación del procedimiento, el art. 812 LECrim dispone que celebrado el juicio en la fecha convocada, y presentadas las pruebas pertinentes de los hechos constitutivos de delito por el querellante, el Juez dará por terminado el sumario acordando lo que, a su juicio, corresponda.
En el caso de que el querellado no asista a la celebración del juicio, esto no será motivo de suspensión de su celebración, ni tampoco de resolución del juicio, siempre y cuando resulte haber sido citado en forma. Así lo establece el art. 814, que a su vez concuerda con lo dispuesto en los arts. 793.1 y 971 LECrim en materia de citaciones y ausencia del querellado.
Asimismo, y en virtud de lo establecido en el art. 815, las sesiones del juicio se documentarán en el acta conforme a lo dispuesto en el art. 743 de la LECrim.
Desprecio hacia la verdad
Proceso de decomiso
Procedimiento por injurias y calumnias contra particulares ESTOY AQUÍ
Proceso penal por aceptación de decreto
Proceso contra senador o diputado
Ley 62/1978 de 26 de Dic (Protección jurisdiccional de derechos fundamentales) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 3 Fecha de Publicación: 03/01/1979 Fecha de entrada en vigor: 03/01/1979 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
Ley 38/2002 de 24 de Oct (Reforma parcial de la lecrim, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 258 Fecha de Publicación: 28/10/2002 Fecha de entrada en vigor: 28/04/2003 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
Sentencia Constitucional Nº 46/1982, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 419/1981, 12-07-1982
Orden: Constitucional Fecha: 12/07/1982 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 46/1982 Num. Recurso: Recurso de amparo 419/1981
Sentencia Penal Nº 289/2008, AP - Madrid, Sec. 6, Rec 81/2008, 30-05-2008
Orden: Penal Fecha: 30/05/2008 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Fernandez-prieto Gonzalez, Jose Manuel Clemente Num. Sentencia: 289/2008 Num. Recurso: 81/2008
Sentencia Penal Nº 124/2004, AP - Almeria, Sec. 2, Rec 207/2003, 09-06-2004
Orden: Penal Fecha: 09/06/2004 Tribunal: Ap - Almeria Ponente: Espinosa Labella, Manuel Num. Sentencia: 124/2004 Num. Recurso: 207/2003
Sentencia Penal Nº 538/2014, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 329/2013, 06-06-2014
Orden: Penal Fecha: 06/06/2014 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Rodriguez Padron, Celso Num. Sentencia: 538/2014 Num. Recurso: 329/2013
Sentencia Penal Nº 139/2010, AP - Sevilla, Sec. 3, Rec 5165/2009, 26-02-2010
Orden: Penal Fecha: 26/02/2010 Tribunal: Ap - Sevilla Ponente: Jurado Hortelano, Inmaculada Adelaida Num. Sentencia: 139/2010 Num. Recurso: 5165/2009
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PLANTEAMIENTO¿Cuál es el régimen jurídico y plazos de la prescripción de los delitos en el Código Penal?RESPUESTAEl régimen jurídico de prescripción de delitos y penas, así como todo lo relativo a sus plazos, lo encontramos en los Art. 131-...
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de San Sebastián de los Reyes n.º 2, por la que se suspende la práctica de una anotación preventiva de querella por un delito de alzamiento de bienes.
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 06/08/2018
RESOLUCION de 25 de septiembre de 2002, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Rebollo Alonso, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Valladolid, numero 3, don Francisco Quiroga Ramiro, a practicar una anotacion preventiva de querella.
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 25/09/2002
RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Rebollo Alonso, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Tordesillas, doña Marta Polvorosa Díez, a practicar una anotación preventiva de querella
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 28/09/2002
RESOLUCION de 19 de octubre de 2002, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Rebollo Alonso, contra la negativa del Registrador de la Propiedad numero 1 de San Javier, don Constancio Villaplana Garcia, a practicar una anotacion preventiva de querella
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 19/10/2002
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña Elvira Rivera Álvarez contra la negativa del señor Registrador de la Propiedad de Barcelona número 15, don Félix Martínez Cimiano, a practicar una anotación preventiva de querella, en virtud de apelación de la recurrente.
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 31/01/2002
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References: artículo 804
 artículo 278
 artículo 710
 artículo 813
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 artículo 205
 artículo 208

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