Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L826.html
Timestamp: 2019-03-19 23:42:43+00:00

Document:
as20151L826
AUTO SUPREMO Nº 826/2015-RA-L
Sucre, 16 de noviembre de 2015
Expediente : Potosí 1/2012
Parte Imputada : Clementina Piuca Robles y otras
Delitos : Allanamiento de Domicilio y otros
Por memorial presentado el 14 de diciembre de 2011, cursante de fs. 346 a 359 vta., Clementina Piuca Robles, Cristina Romajan Piuca Ayllón, Vicente Quintanilla Quiroga y Nélida Ayllón Choque, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 32 de 19 de noviembre de 2001, de fs. 310 a 315., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público y los acusadores particulares Dilver y Daniel, Almendras Piuca, en contra de los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Allanamiento del Domicilio y sus Dependencias con Agravante, Amenazas, Atentado contra la Libertad de Trabajo, Daño Calificado y Fabricación, Comercio o Tenencia de Sustancias Explosivas, Asfixiantes, etc., previstos y sancionados por los arts. 298, 293, 303, 358 inc. 2 y 211, todos del Código Penal (CP).
a) En mérito a las acusaciones fiscal (fs. 1 a 5) y particular (fs. 46 a 54 vta.); y, una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, pronunció la Sentencia 12/2011 de 16 de agosto (fs. 211 a 232 vta.), que declaró a Clementina Piuca Robles, Cristina Romajan Piuca Ayllón, Vicente Quintanilla Quiroga y Nélida Ayllón Choque, autores de los delitos de Atentado contra la Libertad de Trabajo, Daño Calificado y Fabricación, Comercio o Tenencia de Sustancias Explosivas, Asfixiantes, etc., previstos y sancionados por los arts. 303, 358 inc. 2 y 211, todos del CP, imponiéndoles la pena de tres años de reclusión en el Penal de Readaptación Productiva de Cantumarca; sin embargo, ante el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley fueron beneficiados con la suspensión condicional de la pena. Por otro lado, los acusados fueron absueltos por los delitos de Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias, y Amenazas, previstos y sancionados por los arts. 298 y 293, del CP.
b) La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por los imputados Clementina Piuca Robles, Cristina Romajan Piuca Ayllon, Vicente Quintanilla Quiroga y Nélida Ayllon Choque (fs. 260 a 270) y los acusadores fiscal (fs. 271 a 273 vta.) y particular (fs. 248 a 258 vta.), que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista 32 de 19 de noviembre de 2011 (fs. 310 a 315), por el que se declaró la procedencia de los recursos, y se confirmó parcialmente la Sentencia impugnada, disponiendo que “… La condena por los delitos de atentado contra la libertad de trabajo, tipificado en el Art. 303 del C.P. y por el delito de daño calificado, tipificado en el art. 358 inc. 2 del Código Penal; existiendo concurso ideal, en aplicación al art. 44 del Código Penal se modifica la pena impuesta a los imputados a 6 años de privación de libertad, a cumplir en el penal de readaptación productiva de Cantumarca; y con relación al delito de Fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas, asfixiantes tipificado en el Art. 211 del C.P. se determina absolución de los imputados por este delito” (sic).
c) Notificados los recurrentes, con el referido Auto de Vista el 29 de noviembre de 2011 (fs. 316 y vta.), y con el Auto Complementario el 8 de diciembre de 2011 (fs. 332 y vta.), interpusieron recurso de casación el 14 de diciembre del mismo año, objeto del presente análisis de admisibilidad.
En el primer motivo identificado del recurso de casación los recurrentes denuncian violación de derechos y garantías constitucionales a los Jueces de Sentencia y el Tribunal de alzada, entre ellos al debido proceso precautelado por los arts. 115.II y 117.II, ambos de la Constitución Política del Estado (CPE), por violación de la garantía de que no existe pena sin culpabilidad –art. 13 del CP-, y en razón del carácter personalísimo de ella. Cuestionando esencialmente la declaración de Cristóbal Piuca Durán –único testigo presencial del hecho atribuido-, quien en su testimonio involucraría a la imputada Clementina Piuca Robles en el hecho delictivo juzgado y no a los demás co-imputados. Aspecto no considerado por los Vocales de la Sala Penal Segunda, quienes omitieron considerar que los delitos atribuidos son de acción personal, siendo requerimiento su materialización en el mundo exterior, y su vinculación con el resultado –aspectos no demostrados en razón de los recurrentes identificados para este motivo-, y más al contrario incrementan arbitrariamente la pena de tres a seis años de presidio, sin base probatoria alguna. Aspecto que recae en un defecto absoluto sancionado por el art. 169 inc. 3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); cita como precedente contradictorio a los Autos Supremos 59 de 27 de enero de 2006 y 73 de 10 de febrero de 2004.
Como un segundo motivo, se denuncia vulneración al debido proceso precautelado por los arts. 115.II y 117.II, ambos de la CPE y 124 del CPP, en su vertiente del derecho a una resolución debidamente fundamentada, en razón de que el Auto de Vista confutado “nunca especifica, cita invoca las pruebas documentales, testificales, periciales que nos vinculan a cada uno de los ilícitos condenados” (sic), circunstancia que constituiría un defecto absoluto; cita como precedente contradictorio al Auto Supremo 726 del 26 de septiembre de 2004.
En el caso del tercer motivo, este hace referencia a una “defectuosa valoración de la prueba como causa de recurso de apelación restringida” (sic), en razón del defecto previsto en el inc. 6 del art. 370 del CPP, en violación del art. 173 del mismo cuerpo legal, toda vez que la prueba consistente en el Testimonio de Cristóbal Piuca Durán, valorada bajo los términos correctos de la “sana crítica” no permite concluir que: 1) Hubiesen intervenido todos los procesados en el hecho delictivo atribuido –no existe identificación individual de la conducta y de la culpabilidad-; 2) El hecho se suscitó en un lugar despoblado, considerando que el lugar de Ampa Ampa –espacio geográfico en el que se desarrolló el hecho enjuiciado- no reúne esa calidad, toda vez que es un lugar habitado donde a 50 mts. existe una escuela y varias casas; es decir, en clara contrariedad con el criterio asumido por el Tribunal de alzada; cita como precedente contradictorio Auto de Vista 220/2006 de la Sala Penal Segunda de la –otrora- Corte Superior de Justicia de Chuquisaca y el Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006.
Identificando el cuarto motivo, este refiere que existe una errónea aplicación de la ley sustantiva penal contenida en el art. 358 inc. 2 del CP, toda vez que el Tribunal de alzada considera correcta la subsunción de los hechos acusados a la circunstancia prevista tipo penal ut supra descrito –daño calificado- realizada por el Tribunal de Sentencia, la cual no se configura a este tipo penal independiente, siendo que éste último ni siquiera describe una conducta abstracta principal. Además, cuestionando la labor de interpretación del Tribunal de Sentencia y la confirmación del Tribunal de alzada, en relación a la circunstancia que refiere que la conducta principal –dañar- deba desarrollarse en “un lugar despoblado”, simplemente ante el criterio asumido que refiere este se llegó a constituir debido a que “la gente que habita esas mordas, casas, habitaciones dice no se hallaba en el lugar, trabajan sus parcelas” (sic). Además, considerando que “…se halla ligado a la conjunción copulativa `y´ que deber ser necesariamente ligado al término `en banda o cuadrilla´, ANTE SU AUSENCIA DE ESTE ELEMENTO CONSTITUTIVO, NO PUEDE CONSIDERARSE COMETIDO DICHO DELITO” (sic); es decir, concluyendo la existencia de un hecho atípico. Pidiendo declaren fundado el motivo, sienten doctrina legal aplicable y dispongan la absolución de los recurrentes; no cita precedente contradictorio por considerar que a la fecha no existe éste sobre los elementos constitutivos del tipo penal de daño calificado –art. 358 inc. 2 del CP- conforme fundamenta la Sentencia Constitucional (SC) 1401/2003 de 26 de septiembre.
Por último, el quinto motivo que refiere una falta de pronunciamiento sobre excepción de prejudicialidad opuesta en etapa preparatoria y diferida para juicio, toda vez que ante el reclamo correspondiente al Tribunal de alzada, se dispuso en el Auto de Vista 08/2011, que dicha excepción fuese resuelta por el Tribunal de Sentencia tras la dictación de la Sentencia en primera instancia; sin embargo, la omisión no fue corregida. Esta forma de proceder constituye un defecto absoluto sancionado por el art. 169 inc. 3), y 416 y siguientes, todos del CPP, por violación del derecho al debido proceso y a la defensa, previsto por los arts. 115.II y 117.II, ambos de la CPE. Pidiendo anulen obrados hasta el momento de la resolución de la referida excepción.
Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en el Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación; sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por este Tribunal en su planteamiento, ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.
Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.
Con relación al plazo para la interposición del recurso de casación, los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 29 de noviembre de 2011 (fs. 316 y vta.) y con el Auto Complementario el 8 de diciembre de 2011 (fs. 332 y vta.), formulando el recurso de casación el 14 del mismo mes, conforme el cargo de recepción (fs. 360); es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la Ley, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.
Con relación al primer y segundo agravio, este se encuentra referido a la denuncia de Cristina Romajan Piuca Ayllón, Nélida Ayllón Choque y Vicente Quintanilla Quiroga por violación de derechos y garantías constitucionales por los Jueces de Sentencia y el Tribunal de alzada, en concreto, al derecho al debido proceso precautelado por los arts. 115. II y 117.II, ambos de la CPE: 1) Por violación de la garantía de que no existe pena sin culpabilidad –art. 13 del CP-; y, 2) En su vertiente del derecho a una resolución debidamente fundamentada -124 del CPP-, cita como precedente contradictorio a los Autos Supremos 59 de 27 de enero de 2006, 73 de 10 de febrero de 2004 y 726 del 26 de septiembre de 2004; sin embargo, se debe considerar que en el recurso de apelación restringida no se expuso ningún argumento relacionado al motivo presente, menos aún se invocó precedente contradictorio alguno. En consideración de la primera transgresión de derecho denunciada se observa esencialmente un reclamo a la labor del Tribunal de Instancia y la subsunción primigenia del hecho al tipo penal –confirmada por Tribunal de alzada-, y una incorrecta aplicación de la teoría del delito en sus elementos acción y culpabilidad, aspecto no reclamado en la instancia siguiente, convalidando el acto observado. En el caso de la segunda transgresión, si bien esta está vinculada a una tarea propia del Tribunal de alzada, en el precedente obligatorio invocado no se especificó los supuestos fácticos análogos con la resolución recurrida, impidiendo nuevamente que este Tribunal efectúe la labor de contraste; por cuanto, no es suficiente transcribir el contenido de la doctrina legal sin efectuar la mínima explicación sobre la posible aplicabilidad al caso concreto. Las omisiones identificadas se materializan en claro incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP, extremo que acarrearía la declaratoria de inadmisibilidad.
No obstante lo glosado, se advierte que en este motivo, los recurrentes denuncian la lesión del derecho al debido proceso: 1) Por violación de la garantía de que no existe pena sin culpabilidad –art. 13 del CP-, y, 2) En su vertiente del derecho a una resolución debidamente fundamentada -124 del CPP; tachando la omisión del Tribunal A-quo y de Alzada de defecto absoluto, de acuerdo a lo estipulado en el art. 169 inc. 3) del Código procesal citado, denotando una explicación respecto a los aspectos puntuales que no merecieron debida fundamentación y la relevancia exigida en toda resolución penal; por cuanto, aducen que una correcta actuación de los tribunales objetados resultaría fundamental para que se dicte Sentencia absolutoria en su favor por los delitos penados, razones por las cuales, en aplicación de los criterios de admisibilidad excepcional, vía flexibilización, se declara la admisión de los agravios analizados.
En el tercer agravio, se hace referencia a una defectuosa valoración del testimonio de Cristóbal Piuca Durán, como causa de recurso de apelación restringida, en razón del defecto previsto en el inc. 6 del art. 370 del CPP, en violación del art. 173 del mismo cuerpo legal; citan como precedente contradictorio el Auto de Vista 220/2006 de la Sala Penal Segunda de la –otrora- Corte Superior de Justicia de Chuquisaca y el Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006. En relación al Auto de Vista referido no existe –en obrados- constancia alguna de su ejecutoría, aspecto que imposibilita su consideración como precedente obligatorio, omisión atribuible exclusivamente a los recurrentes; sin embargo, en relación al Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006, se evidencia, que el recurrente precisa y describe las características más relevantes del supuesto agravio cometido por el Auto de Vista impugnado, destacando la insuficiencia, dubitación y especulación de los Tribunales de instancia y alzada, en la construcción del hecho responsabilizado y sobre la participación criminal individual de cada uno de los recurrentes, estableciendo la contradicción con el precedente invocado que hace referencia a las reglas de la “sana crítica” no aplicadas en la circunstancia descrita, fundamento que constituye el hecho generador del motivo, concluyéndose que el recurrente cumple con lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, posibilitando el análisis de fondo del presente motivo.
Considerando el cuarto agravio, éste hace referencia a una errónea aplicación de la ley sustantiva penal contenida en el art. 358 inc. 2) del CP, omitiendo citar precedente contradictorio por considerar que a la fecha no existe éste sobre los elementos constitutivos del tipo penal de Daño Calificado –art. 358 inc. 2) del CP. El análisis de este motivo permite concluir –habiendo revisado la jurisprudencia ordinaria sobre el delito de Daño Calificado previsto en el art. 358 inc. 2 del CP- que efectivamente no se ha desarrollado doctrina legal aplicable sobre el tipo penal en cuestión, situación que hace materialmente inviable la invocación de un precedente relacionado al agravio analizado; sin embargo, el recurrente precisa y describe las características más relevantes del supuesto agravio cometido por el Auto de Vista impugnado, con una fundamentación debida y describiendo el antecedente del hecho generador del recurso, concluyéndose que conforme a la Sentencia Constitucional 1401/2003 de 26 de septiembre, ante la circunstancia descrita y la emergencia no atribuible al recurrente, es viable su análisis de fondo.
Por último, el quinto agravio hace referencia a una falta de pronunciamiento sobre una excepción de prejudicialidad opuesta en etapa preparatoria y diferida para juicio, reclamo conocido por el Tribunal de alzada, disponiendo en el Auto de Vista 08/2011, que dicha excepción fuese resuelta por el Tribunal de Sentencia tras la dictación de la Sentencia en primera instancia; sin embargo, la omisión no fue corregida. En el motivo que nos ocupa, conforme se tiene del recurso en revisión, se hace mención del Auto Supremo 279 de 04 de mayo de 2009, el cual establece el imperativo de revisión de oficio de los actuados de los inferiores conforme el art. 15 de la Ley de Organización Judicial –abrogada en la actualidad-, extremo advertido y no atendido por el Tribunal de alzada conforme lo determina la doctrina legal aplicable, omisión constituida como defecto absoluto, relativo al inc. 3) del art. 169 del CPP. Ante el extremo expuesto y en observancia del art. 17 inc. I, II y III de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, es viable su análisis de fondo.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Clementina Piuca Robles, Cristina Romajan Piuca Ayllón, Vicente Quintanilla Quiroga y Nélida Ayllón Choque, de fs. 346 a 359 vta., en todos sus motivos; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas; el Auto de Vista impugnado y la presente Resolución.

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