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Timestamp: 2018-11-15 17:34:06+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00754 de noviembre 15 de 2012
SENTENCIA 2010-00754 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. EL RECURSO DE REVISIÓN POR SU CONNOTACIÓN EXTRAORDINARIA DEBE REUNIR DETERMINADOS SUPUESTOS, DE UN LADO ENCAJANDO DENTRO DE LAS SITUACIONES QUE PARA EL EFECTO CONSAGRA LA LEY PROCESAL Y DEL OTRO CORRESPONDIENDO A VERDADEROS DESCUBRIMIENTOS O HECHOS NUEVOS QUE PATENTICEN LA IRREGULARIDAD ALEGADA, AJENA A LA DESIDIA O DESCUIDO DE LOS DEBERES PROPIOS DE QUIENES ESTUVIERON INVOLUCRADOS EN LA LITIS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE, RECURSO DE REVISIÓN, RESTITUCIÓN DE BIEN
Sentencia 2010-00754 de noviembre 15 de 2012
Ref.: Exp. 1100102030002010-00754-00
Aprobado en Sala de dieciséis de octubre de dos mil doce.
1. El Código de Procedimiento Civil contempla en su artículo 379 la posibilidad de que las sentencias de los tribunales, una vez ejecutoriadas, puedan ser sometidas a escrutinio frente a la ocurrencia de una o varias de las causales del 380 ibídem, relacionadas con dificultades e irregularidades en la obtención de la prueba, fraude procesal, indebida representación o nulidades que afecten la actuación.
Tal figura es una expresión del deber de administrar cumplida justicia evitando las decisiones contrarias a ella, con el fin de solventar situaciones que afecten las garantías procesales de las partes, para, de ser necesario y acreditado uno o varios de los motivos esgrimidos, invalidar lo inadecuadamente tramitado o proferir un nuevo fallo en el que se protejan sus derechos, tanto adjetivos como sustanciales.
2. No obstante, el recurso de revisión por su connotación extraordinaria debe reunir determinados supuestos, de un lado encajando dentro de las situaciones que para el efecto consagra la ley procesal y del otro correspondiendo a verdaderos descubrimientos o hechos nuevos que patenticen la irregularidad alegada, ajena a la desidia o descuido de los deberes propios de quienes estuvieron involucrados en la litis, toda vez que si existió campo para su discusión dentro del curso normal del debate no es este el escenario propicio para hacerlo, ya que se convertiría en una nueva instancia o la oportunidad de reabrir etapas debidamente precluidas con amparo en la normatividad vigente.
Al respecto tiene dicho la Corte que “[e]l mencionado principio de ‘la cosa juzgada’ no es absoluto, pues razones de equidad obligan a exceptuar de él las providencias de fondo injustas, como son las emitidas en procesos donde se presenta alguna de las seis primeras causales del ‘recurso de revisión’, o sea, aquellas en que se demuestre plenamente que están fundadas ‘en una realidad procesal contraria a la verdad, que fue demostrada con pruebas falsas o que tal verdad no pudo ser acreditada en el proceso no por descuido, omisión o negligencia de la parte interesada, sino por fuerza mayor, caso fortuito u obra de parte contraria’ (Sent. feb. 18/74 G.J.T. CXLVIII pág. 46). (...) Esta impugnación es, entonces, un recurso eminentemente extraordinario y, por lo tanto, se halla sometido a específicas causales señaladas con criterio limitativo, al punto de no resultar procedente la vía impugnativa si oportuna y cabalmente no se prueba la existencia de una de ellas. Es así como, por no tratarse de una tercera instancia que sería extraña al sistema procesal vigente en Colombia, el recurrente no puede buscar con su interposición ‘enmendar situaciones graves y perjudiciales que hubieran podido evitarse en el proceso con una gestión oportuna y eficaz de la parte afectada con la sentencia cuya revisión se pretende’ (G.J. CXLVIII pág. 46), ni un replanteamiento del asunto ya resuelto, procurando mejorar la causa petendi o las pruebas, es decir, intentando remediar los errores o deficiencias cometidos en el proceso en que se dictó la providencia, trocando la revisión en ‘medio para impedir la ejecución de fallos proferidos en procesos que se han rituado con plena observancia de sus formalidades propias’; (G.J. CLV pág. 26). Por esa razón, la Corte en fallo de 22 de febrero de 1978 expresó que ‘salvo los supuestos previstos en las causales 7, 8 y 9 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, todos los demás aspectos formales de una sentencia, como los demás vicios o irregularidades cometidos durante la tramitación del proceso en que ella se dicta, como el quebranto de la ley sustancial y los errores de apreciación probatoria en que haya incurrido el juez al proferirla, son, en principio, aspectos que no caben dentro de la órbita del recurso de revisión por tratarse entonces de yerros para cuya corrección se han consagrado justamente los demás recursos’” (Sent. sep. 28/2010, Exp. 2007-00535).
En oportunidad reciente la Sala añadió que “Por la connotación que revisten esas limitaciones se ha sostenido que los supuestos fácticos llamados a configurar los diversos motivos deben constituir auténticas novedades procesales, para dar a comprender que ella solo tiene cabida ante ‘circunstancias que, en términos generales, son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna’, que, por tanto, ‘constituyen aspectos novedosos frente a él, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquella, ora porque no empece antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hipótesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redundó en la adopción de una resolución injusta’ (Sent. 234, dic. 1º/2000, Exp. 7754). (...) Cuando se reclama que los aspectos esgrimidos deben constituir auténticas novedades, se exige que el hecho o medio probatorio aducido, con base en el cual se invoque el particularmente seleccionado, no haya formado parte del proceso donde se dictó el fallo (...), por supuesto que no se colma este presupuesto cuando la circunstancia al efecto escogida fue evaluada en el pleito en que se dictó la resolución que se revisa, porque en esa hipótesis no se estaría en presencia de ningún acontecimiento nuevo respecto del ya transitado” (Sent. ago. 23/2011, Exp. 2009-01192).
3. En el presente asunto, al amparo de la causal primera del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, se reclama por parte del demandante dejar sin efecto la providencia que de manera definitiva y con efectos de cosa juzgada finiquitó el proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado que en su contra y la de Edgar Ramírez Zabala adelantó Jaime Castaño Hinestrosa, porque con posterioridad a su ejecutoria aparecieron documentos que le fueron hurtados y que de haberlos podido aportar al plenario, en su momento, muy seguramente el sentido de lo resuelto sería favorable a su oposición y, en consecuencia, adversas las pretensiones de la parte actora.
4. Establece el precepto en cita como causal de revisión: “Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
En relación con ella, en sentencia de 1º de marzo de 2011, Expediente 2009-00068, reiteró la Corte que “para la cabal estructuración del referido motivo, como condición sine qua non determinante del éxito del recurso de revisión, es indispensable probar, de modo fehaciente, los concurrentes elementos a continuación expuestos: (a) que las pruebas documentales de que se trate hayan sido halladas ulteriormente al momento en que fue proferido el fallo, habida cuenta que ‘la prueba de eficacia en revisión y desde el punto de vista que se está tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción [...] de donde se sigue que no constituyendo esa pieza documental —bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia— una auténtica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso, la predicada injusticia de esa resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido’ (Sent. 237, jul. 1º/88); (b) que el alcance del valor persuasivo de tales probanzas habría transformado la decisión contenida en ese proveído, por cuanto ‘el documento nuevo, per se, debe ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para determinar un cambio sustancial de la sentencia recurrida’; y, (c) que no pudieron aportarse tempestivamente, debido a fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, razón por la que ‘no basta que la prueba exista para que la revisión sea viable, sino que es necesario para ello que haya sido imposible aducirla, o por un hecho independiente de las partes, o por un hecho doloso de la parte favorecida’ (G.J. t. LI bis pág. 215)”.
Con posterioridad y sobre el mismo punto resaltó la Sala que “[e]n relación con la causal primera de revisión que invocó el recurrente resulta pertinente señalar los requisitos que reclama su correcta configuración: (...) 3.1.1. Que se trate de prueba documental, lo que excluye cualquier otro medio probatorio, así ese otro instrumento demostrativo se juzgue determinante en la decisión. (...) 3.1.2. Que el documento o documentos respectivos, preexistentes a la decisión impugnada, no hayan podido aportarse al proceso por una de las siguientes razones: fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria. Queda excluida, por tanto, la posibilidad de soportar esta causal en documentos producidos con posterioridad a la sentencia, pues el recurso de revisión no es un escenario para perfeccionar o mejorar la prueba que el juez natural recaudó en el proceso en el que se dictó la sentencia enjuiciada. (...) 3.1.3. El documento debe ser decisivo, esto es, que si el sentenciador hubiera podido apreciarlo, el sentido del fallo acusado habría sido diferente” (Sent. abr. 8/2011, Exp. 2009-00125).
5. Los elementos concurrentes, exigidos para la estructuración de la causal de revisión aquí examinada, son:
a) Que se haya encontrado, con posterioridad a la resolución del asunto mediante providencia ejecutoriada, uno o varios documentos.
b) Que la imposibilidad de hacerlo o hacerlos valer en el proceso inicial, se origine en fuerza mayor, caso fortuito o por intervención de la contraparte.
c) Que el o los escritos referidos tengan real y cierta incidencia para cambiar o modificar sustancialmente la solución adoptada, que, por obvias razones, tiene que ser distinta y, si se quiere, opuesta a la consignada en la que origina la formulación del recurso.
6. En la actuación surtida ante la Corte se encuentran demostrados los hechos siguientes que tienen relevancia respecto de la decisión que se está adoptando:
a) Que el 5 de febrero de 1998, se presentó la demanda abreviada de restitución de inmueble arrendado, local comercial, promovido por Jaime Castaño Hinestroza contra Alejandro Bohórquez Rodríguez y Edgar Hernando Ramírez Zabala (fl. 47, cdno. 1).
b) Que el coarrendatario Alejando Bohórquez Rodríguez, interpuso recurso de reposición frente al auto admisorio del libelo, al que adjuntó los documentos que se detallan:
(i) Copia de la carta fechada 12 de noviembre de 1993, en la cual Elvira Hinestrosa de Castaño les comunica a Alejandro Bohórquez y Edgar Ramírez Zabala que “quiero dejar sin efecto y anulado dicho contrato de arrendamiento que tenía con ustedes y en esta forma desvincularme de toda relación contractual con usted”.
(ii) Certificación de la secuestre Cristina del Pilar Buitrago, en la que se consignó: “Como el que realizó el pago al IDU e hizo que se levantaran las medidas cautelares fue el señor Alejandro Bohórquez Rodríguez quedando en calidad de poseedor del inmueble a partir del 2 de septiembre de 1993 fecha en la cual se dio por terminado el proceso [cobro coactivo]” (fls. 104 y 108 a 110).
c) Que al contestar el libelo introductor (sep. 22/99), Bohórquez Rodríguez aportó el original del contrato de arrendamiento y de la aludida misiva de 12 de noviembre de 1993 (fls. 123 a 128).
d) Que la primera instancia culminó disponiendo: “Primero. Declárese imprósperas las excepciones propuestas por la parte demandada (...) Segundo. Declárese terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre Elvira Hinestrosa de Castro, en su calidad de arrendadora, y Alejandro Bohórquez Rodríguez y Edgar Ramírez, como arrendatarios, con relación al ubicado (sic) en la Calle 19 Nº 1-85 de esta ciudad, cuyos linderos y demás especificaciones obran en la demanda (...) Tercero. Ordénase la restitución del inmueble antes referido por los demandados demandadas (sic) a la sucesión de Elvira Hinostroza (sic) de Castro, dentro de los seis (6) días siguientes a la ejecutoria de este proveído (...) PAR.—Si dentro del término concedido no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en este numeral, para práctica de la diligencia de lanzamiento se comisiona con amplias facultades a los juzgados civiles municipales de descongestión. Líbrese el despacho comisorio con los anexos e insertos del caso (...) Cuarto. Condénase en costas del proceso a los demandados. Tásense” (fl. 568, cdno. 1).
e) Que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar la alzada interpuesta únicamente por Alejandro Bohórquez Rodríguez, decidió: “Primero. Confirmar la sentencia que, en el proceso de la referencia, profirió el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Descongestión para Fallo de Bogotá D.C., en descongestión del Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, D.C., el diecinueve de diciembre de dos mil seis, en lo que al demandado Alejandro Bohórquez Rodríguez se refiere, únicamente (...) Segundo. Adicionar la providencia descrita en precedencia, a fin de conceder, al demandado Alejandro Bohórquez Rodríguez, el derecho de retención del inmueble objeto de la litis, hasta cuando el demandante le cancele el valor de las mejoras plantadas en él, las cuales se tasan en la suma de $ 56’285.210 (...) Tercero. Adicionar la sentencia descrita en el numeral primero precedente, a fin de ordenar la entrega, a favor del demandante, de los títulos consignados por el demandado por concepto de cánones de arrendamiento, en cumplimiento al numeral 5º del parágrafo 2º del artículo 424 del CPC (...) Cuarto. Revocar la sentencia que, en el proceso de la referencia, profirió el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Descongestión para Fallo de Bogotá D.C., en descongestión del Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, D.C., el diecinueve de diciembre de dos mil seis, en lo que al demandado Edgar Ramírez Zabala se refiere, únicamente, para, en su lugar, declarar probada en forma oficiosa la excepción de falta de legitimidad por pasiva y, por tanto, negar las pretensiones de la demanda (...) Quinto. Sin costas a favor de Edgar Ramírez Zabala por no aparecer causadas (...) Sexto. Sin costas de la alzada ante su prosperidad parcial” (fls. 55 y 56, cdno. 8).
f) Que los originales de los documentos que se identifican como nuevos, al contrario de lo que señala el recurrente, no obraban dentro de las diligencias disciplinarias adelantadas por el Consejo Superior de la Judicatura, conforme lo manifestó la secretaria judicial de dicha entidad (fls. 296 y 297).
7. En el escenario aquí presentado, advierte la Corte que no aparecen acreditados los requisitos exigidos para la prosperidad de la causal propuesta, como pasa a explicarse:
a) La certificación firmada por la secuestre Cristina del Pilar Buitrago el 2 de septiembre de 1993 fue aportada en original por el contradictor dentro del trámite abreviado de restitución, como anexo del escrito de reposición contra el auto admisorio de la demanda, donde fue valorado (fl. 104, cdno. 1).
b) No obra prueba de una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que hubiera impedido al recurrente aportar en tiempo al proceso abreviado los otros elementos de convicción a que se refiere, pues, el ilícito en el cual fundó tal imposibilidad, en verdad no se acreditó, al punto que en la denuncia que por hurto formuló el 30 de junio de 1994, ninguna relación hizo de ellos, limitándose a mencionar: “un equipo de sonido, dos grabadoras...una caja fuerte con $ 600.000 ... trece cajas de brandy Domek, cinco cajas de vino tinto Casillero y tres cajas de Wyski Bucanas (sic)”.
Solo con ocasión de esta impugnación extraordinaria el interesado refiere su pérdida, versión que, a pesar de las declaraciones aquí recibidas no resulta corroborada, pues, si bien los testigos Eduardo Garay Ocampo, Blanca Alcira Cuellar Rodríguez, Rafael Antonio Pardo Pardo y José Guillermo González Cárdenas, dan cuenta de los sucesos comentados y el extravío de un maletín, no precisaron el contenido específico del mismo.
Así pues, no se satisfizo el inexorable e ineludible deber de comprobar fehacientemente la causa alegada como impeditiva para arrimarlos en tiempo, situación de por sí suficiente para declarar infundada esta impugnación extraordinaria.
c) Tampoco se reúne el requisito atinente a que “se haya encontrado, con posterioridad a la resolución del asunto mediante providencia ejecutoriada, un medio de convencimiento documental”, toda vez que si aun en gracia de discusión se aceptara que en la mentada fecha, 1994, fueron sustraídos los “instrumentos”, su aparición no se dio en el 2008, año de la emisión de la sentencia de segunda instancia, como lo relata el promotor de esta senda, sino mucho tiempo atrás.
En efecto, Eduardo Garay Ocampo manifestó que por esos papeles se ofreció una recompensa y aparecieron como a los siete años; Blanca Alcira Cuellar Rodríguez relató que seis o siete años después regresó la señora, con un mal estado de salud y con el “maletín”; Rafael Antonio Pardo Pardo indicó que la devolución de los escritos se dio “En el 2001, siete años después” y José Guillermo González Cárdenas expuso que al cabo de los dos o tres años se recuperaron los instrumentos.
De tal manera que en cualquiera de las situaciones relatadas, su recuperación se obtuvo con antelación al 19 de diciembre de 2006, fecha de la sentencia de primer grado, y que por tratarse de “documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito”, al tenor del numeral 4º del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, habilitaba la petición de pruebas en segunda instancia.
d) Allegó el interesado como soporte de su acción copias inauténticas de una certificación y acta de entrega relativos a un proceso de cobro coactivo ante el IDU y una carta dirigida a la Alcaldía Local de la Candelaria, sin tener en cuenta que por la naturaleza de dichas autoridades y las obligaciones que les corresponde, tuvo la potestad de solicitar, procesal o extraprocesalmente, la expedición de reproducciones de los escritos que consideraba útiles para defender sus derechos en la causa abreviada en comento.
De hecho así lo hizo respecto del IDU el 3 de julio de 1998, esto es, antes de la notificación por aviso que recibió el 6 de agosto de 1999 (fl. 102, cdno. 1), como se desprende de la comunicación STJE-6100-3540, emanada de dicha entidad, y que obra en fotocopia auténtica anexa al escrito que descorrió las excepciones en la restitución, en la que consta que “revisado el proceso 272-H el señor Alejandro Bohórquez Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 19.140.664, solo hay carta del 3 de julio 1998 donde solicitó copias informales del proceso ejecutivo 13533 de 1985” (fls. 176 y 177, cdno. 1).
Así las cosas, la alegada pérdida de documentos que en original reposan en los archivos de personas jurídicas del derecho público, no sirve de fundamento para acudir al primer motivo de revisión, toda vez que por vía del derecho de petición, artículo 23 de la Carta Política, o del oficiamiento a través del juzgado, era viable obtener copia con pleno valor demostrativo.
e) Según el opugnante, los “documentos” que no estuvo en capacidad de adjuntar en tiempo permiten establecer que el contrato de arrendamiento ya había finalizado, y que venía detentando la calidad de poseedor, por virtud de la terminación del cobro compulsivo adelantado por el IDU.
Sin embargo, esos planteamientos y los medios de convicción que pretendió hacer valer con tal fin, fueron objeto de pronunciamiento por parte del tribunal, sin que emerja con claridad cuál sería “la incidencia directa en la solución” que se desprendería de los que señala como “medios nuevos”.
En dichos términos, la Corte encuentra que esas pruebas no tienen tal alcance, teniendo en cuenta los razonamientos del ad quem en torno al alegado fenecimiento del vínculo, de que “... se demostró, con el contrato de arrendamiento aportado con la demanda y ya valorado en esta providencia, que Elvira Hinestrosa de Castaño subarrendó el fundo a Alejandro Bohórquez Rodríguez, pues cuando ello ocurrió (feb. 15/89) aún estaba vigente la medida cautelar de secuestro practicada por el IDU, medida que se canceló cuando se terminó la ejecución coactiva (feb. /93), según se desprende de los documentos mencionados en precedencia. También se acreditó, por el recurrente, que él fue quien pagó la deuda que el fundo ostentaba con el IDU (fls. 122 a 123, cdno. 1), lo que dio lugar a la terminación del proceso coactivo, al levantamiento de la medida cautelar citada, a la entrega del predio a su favor en calidad de poseedor por la secuestre actuante y, por último, a la terminación del contrato de arrendamiento celebrado por él, como arrendatario, y Elvira Hinestrosa de Castaño como arrendadora... Sin embargo, no menos cierto resulta que con posterioridad a la remisión, por Elvira Hinestrosa de Castaño, de la comunicación en la que informó a Alejandro Bohórquez Rodríguez de la terminación del contrato de arrendamiento celebrado entre ellos (fl. 141, cdno. 1), este siguió pagando el valor de la renta, pues así lo evidencian las copias autenticadas de los recibos correspondientes a los meses de agosto a noviembre de 1995, los cuales no fueron desconocidos o tachados por el demandado”.
De tal manera que lo que se desprende de la certificación y el acta de entrega, correspondientes a las actuaciones coactivas del IDU, fue desestimado dentro del trámite como consecuencia del comportamiento posterior asumido por el inconforme al cancelar la renta inicialmente pactada, sin que tengan relevancia al respecto los “documentos nuevos” a que se alude.
8. Examinados en conjunto los elementos probatorios acopiados, es evidente, claro y contundente que no están colmadas las exigencias mínimas y concurrentes para acceder al buen suceso del recurso de revisión estudiado, toda vez que, tal como ha quedado ampliamente estudiado, no se probó la pérdida de los “documentos”, además de que su eventual sustracción era posible remediarla por otros mecanismos jurídicos y, en todo caso, no incidían en el pronunciamiento que, en últimas, resultó adverso a los intereses patrimoniales de la parte aquí promotora de esta impugnación.
9. De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil se condenará en perjuicios al recurrente.
10. No se impondrán costas, pues, el demandante goza del beneficio de amparo de pobreza, lo que lo exonera de asumir esta carga pecuniaria, según lo reglado en el canon 163 id.
2. No condenar en costas al impugnante.
3. Condenar en perjuicios al recurrente, los que se liquidarán mediante incidente.
4. Devolver el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia objeto de revisión al juzgado de origen, salvo el cuaderno de la Corte, agregando copia de esta providencia.
5. Archivar el expediente, una vez agotadas las órdenes aquí impartidas.
6. Prevenir a la secretaría para que:
a) Libre el oficio.
b) Expida y anexe la copia.
c) Devuelva el expediente.
d) Archive la actuación.
e) Ejecute todas las actuaciones necesarias para el acatamiento de lo aquí dispuesto, sin que para ello se requiera auto que así lo determine.

References: artículo 379
 artículo 380
 resolución 
 resolución 
 artículo 380
 resolución 
 resolución 
 artículo 424
 resolución 
 artículo 361
 artículo 23
 artículo 384