Source: http://www.periodicoproclama.com/index.php/participacion/marco-legal/301-ley-1306-de-2009
Timestamp: 2019-02-18 15:23:25+00:00

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La protección de la persona con discapacidad mental y de sus derechos fundamentales será la directriz de interpretación y aplicación de estas normas, El ejercicio de las guardas y consejerías y de los sistemas de administración patrimonial, tendrán como objetivo principal la rehabilitación y el bienestar del afectado.
ARTÍCULO 2°. Los sujetos con discapacidad mental: Una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no le permite comprender el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio.
PARÁGRAFO: El término "demente" que aparece actualmente en las demás leyes se entenderá sustituido por "persona con discapacidad mental" y en la valoración de sus actos se aplicará lo dispuesto por la presente Ley, en lo pertinente.
ARTÍCULO 3°. Principios: En la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad mental se tomarán en cuenta los siguientes principios:
ARTÍCULO 4°. Dimensión normativa: la presente ley se complementa con los pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos relativos a las Personas en situación de Discapacidad, aprobados por Colombia, que integran el bloque de constitucionalidad.
Para la determinación e interpretación de las obligaciones de protección y restablecimiento, de los derechos de las personas con discapacidad mental por quienes se encargan de su protección, se tomarán en cuenta las disposiciones del Código de la Infancia y la Adolescencia y, en general, en las demás normas de protección de la familia, siempre que éstas no sean contrarias en su letra o en su espíritu a la presente ley.
Para efectos de la interpretación, se aplicará el principio de prevalencia de la norma más favorable al individuó con discapacidad.
ARTÍCULO 5°. Obligaciones respecto de las personas con discapacidad: Son obligaciones de la sociedad y del Estado colombiano en relación con las Personas con discapacidad mental:
ARTÍCULO 6°. La función de protección: la protección del sujeto con discapacidad mental corresponde y grava a toda la sociedad, pero se ejercerá de manera preferencial por:
a). Los padres y las personas designadas por éstos, por acto entre vivos o por causa de muerte.
b). El cónyuge o compañero o compañera permanente y los demás familiares en orden de proximidad, prefiriendo los ascendientes y colaterales mayores y los parientes consanguíneos a los civiles.
c). Las personas designadas por el juez.
d). El Estado por intermedio de [os funcionarios e instituciones legítimamente habilitadas.
El encargado de la protección de la persona, sujeto con discapacidad mental deberá asegurar para éste un nivel de vida adecuado, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda apropiados, ya la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.
PARÁGRAFO. Cuando en la presente Ley, se mencione al cónyuge o los parientes afines, se entenderán incluidos quienes, de acuerdo con la Constitución Política y la ley, tengan tal condición en la familia extramatrimonial y civil. Cuando existan en una posición dos o más personas excluyentes entre sí, el juez preferirá a la persona que haya permanecido en último lugar con el sujeto, sin perjuicio de sus facultades de selección.
ARTÍCULO 7°. El Ministerio Público: La vigilancia y control de las actuaciones públicas relacionadas con todos aquellos que tienen a su cargo personas con discapacidad mental, será ejercida por el Ministerio Público.
ARTÍCULO 8°. Derechos Fundamentales: Los individuos con discapacidad mental tendrán los derechos que, en relación con los niños, niñas y adolescentes, consagra el Titulo I del Código de la Infancia y la Adolescencia -Ley 1098 de 2006- o las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen y, de igual manera, los que se consagren para personas con discapacidad física, de la tercera edad, desplazada o amenazada, y demás población vulnerable, en cuanto la situación de quien sufre discapacidad mental sea asimilable.
En la atención y garantía de los derechos de los individuos en discapacidad mental se tomarán en cuenta los principios de que trata el artículo 3" de la presente Ley.
ARTÍCULO 9°. Identidad y filiación: Los sujetos con discapacidad mental deberán tener definida su identidad y filiación, con sus correspondientes asientos en el Registro del Estado Civil.
Cuando no sea posible probarlos, el funcionario competente deberá dar aviso inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que éste tome las medidas previstas en la Ley para su determinación.
ARTÍCULO 10. Dignidad y respeto personal: En las actuaciones relativas al que está sufriendo discapacidad mental no se podrá atentar contra la dignidad y respeto debido a la persona humana.
De ser necesario recurrir a medidas que puedan causar malestar al paciente por razones de terapia, educación, seguridad o resocialización, éstas medidas se limitarán a lo indispensable para el propósito perseguido y siempre serán temporales. El representante del sujeto con discapacidad mental en esta situación vigilará que estas condiciones se cumplan.
Las personas con discapacidad mental, no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones contra su honor y su reputación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los derechos de los padres sobre sus hijos con discapacidad quedan limitados en todo aquello que se oponga al bienestar y desarrollo de éstos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio del respeto de las tradiciones culturales, el régimen de los sujetos con discapacidad pertenecientes a las culturas Indígenas es el establecido en la presente Ley. Las autoridades propias de estas comunidades serán consultadas cuando se trate de aplicar las medidas previstas en esta Ley y sus recomendaciones serán aplicables cuando no contradigan los propósitos u objetivos aquí previstos.
ARTÍCULO 12. Prevención sanitaria: Las personas con discapacidad mental tienen derecho a los servicios de salud, incluidos los relacionados con la salud sexual y reproductiva, de manera gratuita, a menos que la fuerza de su propio patrimonio, directo o derivado de la prestación alimentaría, le permitan asumir tales gastos.
La atención sanitaria y el aseguramiento de los riesgos de vida, salud, laborales o profesionales para quienes sufran discapacidad mental se prestará en las mismas condiciones de calidad y alcance que a los demás miembros de la sociedad. Las exclusiones que en esta materia se hagan, por parte de los servicios de salud o de las aseguradoras, tendrán que ser autorizadas por vía general o particular, por el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación.
ARTÍCULO 13. Derecho al trabajo: El derecho al trabajo de quienes se encuentren con discapacidad mental incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo estable, libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles en condiciones aceptables de seguridad y salubridad.
El Estado garantizará los derechos laborales individuales y colectivos para los trabajadores con discapacidad mental.
PARÁGRAFO: La remuneración laboral no hará perder a una persona con discapacidad mental su derecho a los alimentos o a la asistencia social, a menos que esta remuneración supere los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTÍCULO 14. Acciones Populares y de Tutela: Toda persona está facultada para solicitar directamente o por intermedio de los defensores de familia o del Ministerio Público, cualquier medida judicial tendiente a favorecer la condición personal del que sufre discapacidad mental.
La Acción de Tutela tiene cabida cuando se trate de defender los derechos fundamentales de la persona con discapacidad, pero los jueces tomarán sus decisiones luego de haber escuchado a los peritos de la entidad designada por el Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en articulo 16 de la presente Ley o a un profesional médico cuando éstos no existan en el lugar.
ARTÍCULO 15. Capacidad jurídica de los sujetos con discapacidad: Quienes padezcan discapacidad mental absoluta son incapaces absolutos.
ARTÍCULO 16. Actos de otras personas con discapacidad: La valoración de la validez y eficacia de actuaciones realizadas por quienes sufran trastornos temporales que afecten su lucidez y no sean sujetos de medidas de protección se seguirá rigiendo por las reglas ordinarias.
ARTÍCULO 17. El sujeto con discapacidad mental absoluta: Se consideran con discapacidad mental absoluta quienes sufren una afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental.
ARTÍCULO 18. Protección de estas personas: Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio del Defensor de Familia, prestar asistencia personal y jurídica a los sujetos con discapacidad mental absoluta de cualquier edad, de oficio o por denuncia que cualquier persona haga ante la entidad.
PARÁGRAFO: Las normas sobre vulneración de los derechos, procedimientos y medidas de restablecimiento de los derechos contenidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia, serán aplicables a las personas con discapacidad mental absoluta, en cuanto sea pertinente y adecuado a la situación de éstas.
ARTÍCULO 19. Domicilio y residencia: Los sujetos con discapacidad mental absoluta tendrán el domicilio de su representante legal o guardador. La persona con discapacidad mental fijará su lugar de residencia si tiene suficiente aptitud intelectual para ese efecto y no pone en riesgo su integridad personal o la de la comunidad, en caso contrario la residencia será determinada por el guardador, salvo que las autoridades competentes dispongan en contrario.
PARÁGRAFO: En Secretarias de Salud de los municipios o distritos, se llevará un Libro de Avecindamiento de Personas con discapacidad mental absoluta, en el que se hará constar el lugar de residencia de éstas. Este libro será reservado y sólo podrá ser consultado con permiso del Juez o del Defensor de Familia.
Los Secretarios de Salud de los Municipios y Distritos dispondrán lo pertinente para poner en funcionamiento el Libro de Avecindamiento de que trata este articulo, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente Ley y lo informarán a la Procuraduría General de la Nación. El incumplimiento de la obligación de abrir el libro en el plazo fijado o no llevarlo en debida forma será considerado falta grave en materia disciplinaria, sin perjuicio de tener que cumplir la obligación pertinente.
ARTÍCULO 20. Libertad e internamiento: Las personas con discapacidad mental absoluta gozarán de libertad, a menos que su internamiento por causa de su discapacidad sea imprescindible para la salud y terapia del paciente o por tranquilidad y seguridad ciudadana.
PARÁGRAFO: La libertad de locomoción que se reconoce en el presente artículo incluye la posibilidad de trasladarse a cualquier lugar del país y del exterior, para lo cual, las autoridades proporcionarán los documentos y el apoyo que sea necesario para el efecto y tomarán referencia de su ubicación únicamente para efectos de su protección.
ARTÍCULO 21. Internamiento psiquiátrico de Urgencia: Los pacientes con discapacidad mental absoluta solamente podrán internarse en clínicas o establecimientos especializados, por urgencia calificada por el médico tratante o un perito del organismo designado por el Gobierno Nacional para el efecto o del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
PARÁGRAFO: El internamiento de urgencia no podrá prolongarse por más de dos (2) meses, a menos que el Juez lo autorice de conformidad con el artículo siguiente.
ARTÍCULO 22. Internamiento psiquiátrico autorizado judicialmente: Cuando la situación no fuere de urgencia, corresponderá al Juez de Familia autorizar el internamiento de carácter psiquiátrico de las personas con discapacidad mental absoluta. Esta autorización estará precedida de concepto del médico tratante o un perito del organismo designado por el Gobierno Nacional para el efecto sobre su necesidad o conveniencia para el paciente.
ARTÍCULO 23. Temporalidad del internamiento: La reclusión preventiva por causas ligadas al comportamiento es una medida temporal que no excederá de un (1) año, pero podrá ser prorrogada indefinidamente por lapsos iguales. Toda prórroga deberá estar precedida del concepto del médico tratante o perito quien dejará constancia de haber observado y evaluado al paciente dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de rendición del concepto.
PARÁGRAFO: El Juez, a petición de quien ejerza la guarda o de oficio, solicitará el concepto médico para la renovación de la autorización de internamiento o para disponer la salida, dentro de los treinta (30) días anteriores al vencimiento del término de ésta.
ARTÍCULO 24. Fin del internamiento: El internamiento psiquiátrico cesará en cualquier momento en que se establezca pericialmente que las causas que la motivaron han desaparecido.
Vencido el término del internamiento, se dispondrá que éste cese, a solicitud de cualquiera, incluso del paciente, siempre que no se ponga en riesgo el bienestar de la persona con discapacidad mental absoluta, la seguridad del grupo familiar o de la población.
ARTÍCULO 25. Interdicción de las personas con discapacidad mental absoluta: La interdicción de las personas con discapacidad mental absoluta es también una medida de restablecimiento de los derechos del discapacitado y, en consecuencia, cualquier persona podrá solicitarla.
1. El cónyuge o compañero o compañera permanente y los parientes consanguíneos y civiles hasta el tercer grado (3°);
2. Los directores de clínicas y establecimientos de tratamiento psiquiátrico y terapéutico, respecto de los pacientes que se encuentren internados en el establecimiento;
PARÁGRAFO: Los parientes que, sin causa justificativa, no cumplan con el deber de provocar la interdicción y, de ello, se deriven perjuicios a la persona o al patrimonio de la persona con discapacidad mental absoluta, serán indignos para heredarlo; los directores de establecimientos y los funcionarios públicos incurrirán en causal de mala conducta.
ARTÍCULO 26. Patria potestad prorrogada: Los padres, el Defensor de Familia o el Ministerio Público deberán pedir la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta, una vez éste haya llegado a la pubertad y, en todo caso, antes de la mayoría de edad. La interdicción no tiene otra consecuencia que mantener a este adolescente como incapaz absoluto y permitir que opere la prórroga legal de la patria potestad, al cumplimiento de la mayoría de edad.
PARÁGRAFO: La patria potestad prorrogada termina:
1. Por la Muerte de los padres;
2. Por rehabilitación del interdicto;
ARTÍCULO 27. lnterdicción Provisoria: Mientras se decide la causa, el Juez de Familia podrá decretar la interdicción provisoria de la persona con discapacidad mental absoluta, cuando cuente con un dictamen pericial que lo determine.
ARTÍCULO 28. Dictamen para la interdicción: En todo proceso de interdicción definitiva se contará con un dictamen completo y técnico sobre la persona con discapacidad mental absoluta realizado por un equipo interdisciplinario compuesto del modo que lo establece el inciso 2° del artículo 16 de esta Ley. En dicho dictamen se precisarán la naturaleza de la enfermedad, su posible etiología y evolución, las recomendaciones de manejo y tratamiento y las condiciones de actuación o roles de desempeño del individuo.
ARTÍCULO 29. Revisión de la interdicción: Cuando lo estime conveniente y por lo menos una vez cada año, el Juez del proceso a petición del guardador o de oficio, revisará la situación de la persona con discapacidad mental absoluta interdicta.
ARTÍCULO 30. Rehabilitación del interdicto: Cualquier persona podrá solicitar la rehabilitación del interdicto, incluso el mismo paciente.
PARÁGRAFO: El Juez, si lo estima conveniente, podrá abstenerse de iniciar diligencias respecto de una solicitud de rehabilitación, cuando no hayan transcurrido seis (6) meses desde la última solicitud tramitada.
ARTÍCULO 31. Interdicción del rehabilitado y Modificación de la medida: El rehabilitado podrá ser declarado interdicto de nuevo cuando sea necesario.
ARTÍCULO 32. La medida de inhabilitación: las personas que padezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y que, como consecuencia de ello, puedan poner en serio riesgo su patrimonio podrán ser inhabilitados para celebrar algunos negocios jurídicos, a petición de su cónyuge, el compañero o compañera permanente, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y aún por el mismo afectado.
PARÁGRAFO: Para la inhabilitación será necesario el concepto de peritos designados por el Juez.
ARTÍCULO 33. Inhabilitación accesoria: En los procesos de liquidación patrimonial y en los de pago por cesión de bienes de personas naturales, podrá decretarse como medida accesoria la inhabilitación del fallido, a solicitud del representante del patrimonio, de los acreedores u oficiosamente por el Juez.
ARTÍCULO 34. Alcance de la inhabilitación: La inhabilitación se limitará a los negocios que, por su cuantía o complejidad, hagan necesario que la persona con discapacidad mental relativa realice con la asistencia de un consejero.
PARÁGRAFO: El Juez, atendiendo las fuerzas del patrimonio señalará una suma para sus gastos personales del inhabilitado y para su libre administración, sin exceder del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos reales netos.
ARTÍCULO 35. Situación del inhabilitado: El inhabilitado conservará su libertad personal y se mirará como capaz para todos los actos jurídicos distintos de aquellos sobre los cuales recae la inhabilidad.
ARTÍCULO 36. Inhabilitación provisional: Mientras se decide la causa, el Juez de Familia podrá decretar la inhabilitación provisional. Dicha inhabilitación se limitará a ordenar que todos los actos de enajenación patrimonial cuyo valor supere los quince (15) salarios mínimos legales mensuales sea autorizado por un Consejero legítimo o dativo designado en el mismo acto de inhabilitación.
ARTÍCULO 37. Domicilio del inhabilitado: El inhabilitado fijará su domicilio de conformidad con las reglas del Código Civil. Con todo, para aquellos asuntos objeto de la inhabilitación también lo será el del consejero.
ARTÍCULO 38. Rehabilitación del inhabilitado: El Juez decretará la rehabilitación del inhabilitado a solicitud de éste o de su consejero, previas las evaluaciones técnicas sobre su comportamiento. Entre dos (2) solicitudes de rehabilitación deberán transcurrir cuando menos seis (6) meses.
ARTÍCULO 39. Oposición a la rehabilitación: El Consejero y cualquiera de las personas facultadas para promover el proceso de inhabilitación, podrá oponerse a la rehabilitación.
ARTÍCULO 40. Reglas de competencia: los numerales 6°, 7°, 8° y 9° contenidos en el artículo 5° del Decreto 2272 de 1989, quedarán así:
8. De la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta, de las inhabilitaciones de personas con discapacidad mental relativa, y de las correspondientes rehabilitaciones, así como de las autorizaciones de internación o libertad de la persona con discapacidad mental absoluta.
ARTÍCULO 41. Vía procesal: Modifíquense el numeral 3° del parágrafo 1° del articulo 427 y los numerales 4° y 7° del artículo 649 del Código de Procedimiento Civil, así:
3. la inhabilitación de los demás personas con discapacidad mental y su rehabilitación.
ARTÍCULO 42. Interdicción y rehabilitación de la persona con discapacidad mental absoluta: El artículo 659 del Código de Procedimiento Civil quedará así:
ARTÍCULO 43. Reconocimiento del guardador testamentario: El artículo 655 del Código de Procedimiento Civil quedará así:
Articulo 655. Reconocimiento del guardador testamentario.- En los procesos para el reconocimiento de guardador testamentario y posesión del cargo, se observarán las siguientes reglas.
1. Cuando el guardador solicite directamente que se le dé posesión del cargo deberá acompañar a la demanda copia del testamento, la partida de defunción del testador y la prueba de la incapacidad del pupilo, y cuando fuere el caso, de que no se halla bajo patria potestad. Si la prueba es suficiente, se prescindirá del término probatorio y se pronunciará la sentencia que lo reconozca, en el cual se le señalará caución en los casos previstos y término para presentarla.
2. Prestada la caución, el Juez y fijará la hora y fecha para entregar al guardador los bienes del pupilo por inventario, en el que se incluirán las cosas que, bajo juramento, denuncie el solicitante.
3. El menor adulto podrá pedir que se requiera al guardador para que manifieste si acepta el cargo, y así lo ordenará el Juez y le señalará el término legal establecido para esa manifestación. Si el guardador presenta dentro de dicho término excusa o alega inhabilidad, se tramitará incidente, con la intervención del Ministerio Público.
ARTÍCULO 44. Rehabilitación del interdicto: El artículo 660 del Código de Procedimiento Civil quedará así:
ART 660. Rehabilitación del interdicto. Para la rehabilitación de la persona con discapacidad mental absoluta, se aplicará el procedimiento de la interdicción, sin que haya lugar a la citación por edicto de posibles interesados.
ARTÍCULO 45. Inhabilitación y rehabilitación: El artículo 447 del Código de Procedimiento Civil quedará así:
ART. 447. El proceso de inhabilitación se seguirá con audiencia de la persona con discapacidad mental relativa o inhábil negocial. En la demanda podrá pedirse la inhabilitación provisional que autorizan las presentes normas y se decidirá en el auto admisorio de la demanda.
Admitida la demanda el Juez decretará las pruebas que estime convenientes y dispondrá que se practique el examen psicológico u ocupacional del presunto inhábil, por un equipo interdisciplinario. Las pruebas que se practiquen dentro del proceso se tendrán en cuenta para la decisión de ambos. Decretada la inhabilitación provisional, en el mismo auto se nombrará el consejero interino. Dicho auto será apelable; el que deniega la inhabilitación lo será en el efecto diferido.
Decretada la inhabilitación la provisión de consejero se hará en el mismo proceso por el procedimiento señalado para la guarda.
PARÁGRAFO: Sobre los bienes del inhabilitado que vayan a ser dados en administración, se confeccionará un avalúo que se regirá por el numeral 40 del artículo 659 del Código de Procedimiento Civil con las modificaciones introducidas por esta Ley.
ARTÍCULO 46. Unidad de actuaciones y expedientes: Cualquier actuación judicial relacionada con quienes sufren discapacidad dará lugar a que se abra un expediente que servirá de base para todas y cada una de las actuaciones posteriores relacionadas con la capacidad jurídica de dicha persona y, en consecuencia, cada despacho judicial contará con un archivo de expedientes inactivos sobre personas con discapacidad mental del cual se puedan retomar las diligencias, cuando éstas se requieran. En el evento de requerirse el envió al archivo general, estos expedientes se conservarán en una sección especial que permita su desarchivo a requerimiento del juzgado.
Será competente para conocer de todas las causas relacionadas con la capacidad o asuntos personales del interdicto, el Juez que haya tramitado el proceso de interdicción.
Cuando sea necesario adelantar un proceso por cuestiones patrimoniales del pupilo, responsabilidad civil o por cambio de domicilio, ante un Juez distinto del que declaró la interdicción, deberá solicitarse la copia del expediente para dar curso a la actuación.
En todo caso, el Juez que tramitó el proceso de interdicción conservará el original del mismo en su archivo y a éste se anexarán copias de la actuación surtida en cualquier otro Despacho judicial.
PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente de quien haya sido rehabilitado, que no haya tenido movimiento en un lapso superior a dos (2) años, podrá ser remitido al archivo general. La interdicción de la misma persona se considerará nueva y será necesario abrir un nuevo expediente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las reglas del presente artículo no se aplican a las inhabilitaciones accesorias de que trata el artículo 35 de la presente Ley.
PARÁGRAFO TERCERO: También tendrá expediente único de la persona con discapacidad mental absoluta sujeta a patria potestad prorrogada.
ARTÍCULO 47. Registro y publicidad: Las decisiones de interdicción o inhabilitación y el levantamiento de las medidas se harán constar en el folio de nacimiento del registro del estado civil del afectado.
Los funcionarios del Registro Civil informarán del hecho a la Superintendencia de Notariado y Registro, la cual llevará una base de datos actualizada, en la que consten el nombre, edad y número del documento de identificación y la medida de protección a que esté sometido.
ARTÍCULO 48. Eficacia de los actos de los interdictos: Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el presente capitulo, los actos realizados por la persona con discapacidad mental absoluta, interdicta, son absolutamente nulos, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido.
Los realizados por la persona con discapacidad mental relativa inhabilitada, en aquellos campos sobre los cuales recae la inhabilitación son relativamente nulos.
ARTÍCULO 49. Actos en favor de incapaces absolutos: Todo acto gratuito desinteresado o de mera liberalidad de persona capaz, en favor de personas con discapacidad mental absoluta o a impúberes es válido y se presume el consentimiento de su representante legal.
Quien suministre a tales personas o a impúberes cualquier prestación alimentaría necesaria, tendrá acción para que se le compense su valor. Dicha acción podrá ejercitarse contra el alimentante.
No habrá rescisión de los contratos bilaterales onerosos celebrados por personas con discapacidad mental absoluta, que les sean útiles, pero el representante legal o la misma persona, una vez rehabilitada, tendrán derecho a que se fije justa contraprestación. Esta acción no pasa a terceros y prescribe en diez (10) años.
ARTÍCULO 50. Situaciones de familia del sujeto con discapacidad mental absoluta: Todo acto relacionado con el Derecho de Familia de personas con discapacidad mental absoluta, deberá tramitarse ante el Juez de Familia. Son ejemplos de estos actos, el matrimonio, el reconocimiento o impugnación de la filiación, la entrega en adopción de hijos, la prestación alimentaría a favor de terceros y otros actos que se asimilen.
En todo caso, para la determinación de la filiación de un hijo atribuido a la persona con discapacidad mental absoluta, concebido durante la interdicción, se deberán practicar las pruebas científicas que permitan tener la mayor certeza sobre la filiación de conformidad con la Ley 721 de 2001 y las normas que la reglamenten, sustituyan o adicionen.
PARÁGRAFO: Los sujetos con discapacidad, no podrán ser discriminados por su situación en cuanto a las relaciones de familia, en especial al ejercicio pleno de sus derechos relacionados con la constitución de una familia y su participación en ella.
Corresponde al Juez de familia autorizar las restricciones a estos derechos por razones de protección del individuo.
ARTÍCULO 51. Labores personales del sujeto con discapacidad: Las personas con discapacidad mental absoluta tendrán derecho a una justa remuneración por todas aquellas labores personales que realicen en favor de terceros, sin importar la causa de la actuación. Quien alegue que la actuación era gratuita, deberá demostrar que existió voluntad sana y consciente de la persona con discapacidad.
PARÁGRAFO: El Juez en la determinación de la remuneración tendrá en cuenta, especialmente, la ventaja económica que la labor de la persona con discapacidad mental absoluta reporta para el beneficiario de la prestación.
ARTÍCULO 52. Curador de la persona con discapacidad mental absoluta: A la persona con discapacidad mental absoluta mayor de edad no sometido a patria potestad, se le nombrará un curador, persona natural, que tendrá a su cargo el cuidado de la persona y la administración de sus bienes.
Las personas que ejercen el cargo de curador, los consejeros y los administradores fiduciarios de que trata el presente capítulo, se denominan generalmente guardadores, y la persona sobre la cual recae se denomina, en general, pupilo.
ARTÍCULO 53. Curador del impúber emancipado: La medida de protección de los impúberes no sometidos a patria potestad será una curaduría la designación del curador, los requisitos de ejercicio de cargo y las facultades de acción serán las mismas que para los curadores de la persona con discapacidad mental absoluta.
En la guarda personal de los impúberes, los curadores se ceñirán a las disposiciones del Código de la Infancia y la Adolescencia y las normas que lo reglamenten adicionen o sustituyan.
PARÁGRAFO: Para todos los efectos legales el impúber se equipara al niño y niña definido en el artículo 30 del Código de la Infancia y Adolescencia. De igual manera, el menor adulto se equipara al adolescente de ese estatuto.
Con todo, la edad mínima para contraer matrimonio se mantiene en 14 años tanto para los varones como para las mujeres.
ARTÍCULO 54. Curador del menor adulto emancipado: El menor adulto no sometido a patria potestad quedará bajo curaduría; el menor adulto, en todos los casos, tendrá derecho a proponer al Juez el nombre de su curador, incluso contradiciendo la voluntad del testador y el Juez deberá acogería a menos que existan razones para considerar inconveniente el curador propuesto, de las cuales se dejará constancia escrita. El curador del niño o niña, seguirá ejerciendo su cargo al llegar estos a la adolescencia, salvo que el pupilo, en ejercicio facultades que se consagran en este artículo solicite su remoción y el Juez la encuentre procedente.
En cuanto al cuidado personal, el curador del menor adulto tendrá las mismas facultades y obligaciones que el curador del impúber y en éstas se sujetará a las disposiciones del Código de la Infancia y la Adolescencia, pero no lo representará en aquellos actos para los cuales el menor adulto tiene plena capacidad.
Respecto de los actos jurídicos de administración patrimonial el curador obrará del mismo modo que los consejeros, pero el menor adulto podrá conferir a su guardador poderes plenos para representarlo en todos sus actos jurídicos extrajudiciales.
PARÁGRAFO: Los padres o el curador y el mismo menor adulto, podrán solicitar la designación de un consejero para el manejo de su peculio profesional y el Juez, de considerarlo procedente, decretará la inhabilitación sometiéndose a las reglas pertinentes.
Producida la inhabilitación, los padres o el curador hará las veces de consejero, a menos que el Juez a solicitud del menor adulto estime conveniente designar otro guardador que tendrá el carácter de administrador adjunto.
ARTÍCULO 55. Consejeros: A la persona con discapacidad mental relativa inhabilitado se le nombrará un consejero, persona natural, que lo guié y asista y complemente su capacidad jurídica en los negocios objeto de la inhabilitación.
ARTÍCULO 56. Curadores y consejeros suplentes: Los curadores o consejeros suplentes serán sucesivos y reemplazarán al principal o al suplente antecesor en sus ausencias definitivas o temporales.
Con todo, los suplentes podrán solicitar al Juez ordene la rendición de cuentas y entrega formal de los bienes del incapaz que administren y, en tal caso se suspenderá la asunción del cargo hasta cumplida dicha diligencia, que deberá practicarse en un plazo no mayor de un (1) mes contado a partir de la solicitud por parte del suplente.
Cuando sea necesario, el Juez podrá ordenar al suplente la asunción inmediata del cargo, a pesar de quedar pendiente la rendición de cuentas, pero en tal caso dicho suplente no asumirá responsabilidad patrimonial y esta será de cuenta del curador que va a ser reemplazado, sin perjuicio de la responsabilidad individual del suplente por las acciones que le puedan ser atribuidas.
PARÁGRAFO PRIMERO: la comunicación deberá hacerse mediante correo certificado y se entenderá cumplida desde el día en que sea recibida en la oficina postal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El curador o consejero que omita la comunicación o que asuma injustificadamente el cargo, responderá hasta de la culpa levísima en sus actuaciones respecto del pupilo.
ARTÍCULO 57. Administradores fiduciarios: Cuando el valor de los bienes productivos de la persona con discapacidad mental absoluta o menor de edad supere los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales o cuando sea inferior pero el juez lo estime necesario, se dará la administración de los bienes a un administrador fiduciario.
Podrá adoptarse la misma medida para el manejo de bienes de la persona con discapacidad mental relativa, inhabilitada, cuando éste, con el asentimiento de su consejero, lo solicite.
PARÁGRAFO: Con todo, los familiares que por ley tienen el deber de promover la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta, constituidos en Consejo, podrán solicitar al Juez, que los bienes productivos del mismo no sean entregados en fiducia, sino que queden bajo la responsabilidad administrativa del curador.
ARTÍCULO 58. Bienes excluidos de la Administración Fiduciaria: Se excluyen de la administración fiduciaria los bienes personales, incluyendo la vivienda del pupilo y el menaje doméstico.
ARTÍCULO 59. Administradores adjuntos: Los bienes de un menor o mayor de edad con discapacidad mental absoluta, sometido a patria potestad, que no puedan ser administrados por los padres por las causas establecidas en el numeral 30 del artículo 291 y en el articulo 299 del Código Civil o de los niños, niñas y adolescentes y con discapacidad que por expresa disposición del testador o donante no deban ser administrados por los respectivos padres o guardadores, serán dados en administración en las condiciones de la presente ley.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si los bienes no exceden de la suma prevista en el artículo 59 de la presente ley o no se trate de bienes productivos que deban conservar su naturaleza, podrá designarse una persona natural para la administración adjunta siguiendo las reglas para la designación de curadores. El administrador adjunto seguirá administrando dichos bienes aún en el evento de que durante el ejercicio del cargo éstos superen el mencionado valor, a menos que el Juez disponga lo contrario, con conocimiento de causa.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La designación de una persona natural como administrador adjunto, se tendrá por no escrita cuando, al hacer el inventario, los bienes superen las cuantías previstas o el Juez considere que la complejidad de los negocios amerita que sean manejados por una fiduciaria.
PARÁGRAFO TERCERO: El administrador persona natural tendrá las facultades de los curadores respecto de los bienes e intereses que administra y de igual manera queda sometido a todas aquellas limitaciones, incapacidades e incompatibilidades de los curadores.
ARTÍCULO 60. Guardadores y consejeros interinos: Cuando se retrasa por cualquier causa la asunción de una guarda por el designado, o durante ella sobreviene un embarazo que por algún tiempo impida al guardador seguir ejerciéndola y no haya guardador suplente que pueda asumir la gestión, se dará por el Juez de Familia un guardador interino, mientras dure el retardo o el impedimento.
Si, al término de una guarda sometida a plazo o condición resolutorios, el guardador en ejercicio no tiene impedimento o excusa para continuar en el cargo, no se nombrará un guardador interino, sino que el guardador en ejercicio seguirá desempeñando la función hasta que el sucesor se posesione.
ARTÍCULO 61. Curadores especiales: Se da curador especial cuando se deba adelantar un asunto judicial o extrajudicial determinado y el interesado o afectado no pueda o no quiera comparecer o su representante legal se encuentre impedido de hacerlo.
ARTÍCULO 62. Otros representantes de los incapaces: Toda otra persona que obre en nombre o por cuenta de la persona con discapacidad mental o menor será tomado como agente oficioso, pero responderá, en todo caso, hasta de la culpa leve.
ARTÍCULO 63. Curadores testamentarios: Cualquiera de los padres podrá designar curadores y administradores, por testamento, para sus hijos niños, niñas y adolescentes o a la persona con discapacidad mental absoluta, aún para los hijos que están por nacer.
PARÁGRAFO: Cuando cada padre en su testamento haya designado un curador distinto para su hijo menor o con discapacidad mental tendrá prelación designación hecha en el acto testamentario otorgado en último lugar, sin perjuicio de que el Juez pueda, luego de la evaluación del caso, desechar esta designación para acoger la del otro padre y en tal caso podrá dejar al otro como suplente.
ARTÍCULO 64. Consejeros testamentarios: El padre o la madre que ejerzan como consejeros de sus hijos inhabilitados podrán nombrar por testamento la persona que haya de sucederles en la guarda.
ARTÍCULO 65. Designación de administradores adjuntos: Todo el que instituya, legue o done a una persona con discapacidad mental absoluta o a un menor, bienes que no se le deba a título de legitima, podrá designar por testamento o por acto entre vivos, administrador adjunto para el manejo de tales bienes.
ARTÍCULO 66. Designaciones múltiples: El testador o donante podrá designar guardadores suplentes sin exceder de tres (3).
ARTÍCULO 67. Designaciones modalizadas: Las guardas testamentarias admiten condición suspensiva y resolutoria y señalamiento de día cierto en que principien o expiren.
Cuando el testador omita designar Ios guardadores sustitutos o sucesores a quienes corresponda ejercer la guarda cuando ocurra la condición o el plazo, entrarán a ejercer el cargo los suplentes o en su defecto se designarán guardadores legítimos o dativos conforme a las reglas que se mencionan enseguida.
ARTÍCULO 68. Guardas legítimas: Tiene lugar la guarda legítima cuando falta o expira la testamentaria.
1). El Cónyuge, no divorciado ni separado de cuerpos o de bienes, y el compañero o compañera permanente.
2). Los consanguíneos del que tiene discapacidad mental absoluta, prefiriendo los próximos a los lejanos y los ascendientes a los descendientes.
Si continuando el pupilaje cesare en su cargo el guardador legitimo, será reemplazado por otro de la misma especie.
ARTÍCULO 69. Guardas dativas: A falta de otra guarda, tiene lugar la dativa.
El Juez designará el guardador principal y los suplentes que estime necesarios, conforme a las regias de designación de auxiliares de la justicia, y oyendo a los parientes del pupilo si es del caso.
ARTÍCULO 70. Selección de fiduciarias: A menos que el testador haya designado la fiduciaria, corresponderá al juez seleccionaría.
ARTÍCULO 71. Obligatoriedad del cargo: Los cargos de curador y consejero, así como el de administrador patrimonial persona natural son obligatorios.
ARTÍCULO 72. Sanciones a los guardadores renuentes: El guardador que sin razón válida se abstenga de asumir el cargo, será sancionado con una multa de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.
Los guardadores testamentarios o legítimos que se abstengan de asumir el cargo, sin justa causa, serán indignos para heredar al niño, niña o adolescente y al sujeto con discapacidad mental, directamente o por vía de representación. Los guardadores dativos, serán objeto de las sanciones establecidas en las disposiciones procesales para los auxiliares de la justicia que incumplen sus obligaciones.
ARTÍCULO 73. Incapacidades: Son incapaces de ejercer la guarda:
2. Las personas que, a titulo de sanción, se encuentren inhabilitadas para celebrar contratos con la Nación o para ejercer cargos públicos.
7. Los condenados a una pena privativa de la libertad por un término superior a un (1) año, aún en el caso de que el condenado reciba los beneficios de un subrogado penal o de extinción de la pena.
8. El que ha sido privado de la patria potestad y el que por sentencia judicial haya perdido la administración y usufructo de los bienes de cualquiera de sus hijos por dolo o culpa en el ejercicio de ésta.
9. Los que por torcida y descuidada administración han sido removidos de una guarda anterior, o en el juicio subsiguiente a ésta han sido condenados por fraude o culpa grave, a indemnizar al pupilo.
ARTÍCULO 74. Incapacidades temporales: El guardador que no pudo ejercer su cargo por incapacidad podrá, una vez recupere la capacidad, solicitar al Juez se le designe como guardador, si tiene prelación frente al que la ejerce.
El Juez, de encontrar que el ejercicio de la guarda es benéfico para el pupilo podrá posesionaría del cargo.
ARTÍCULO 75. Denuncia de las incapacidades y ejercicio de guardadores sustitutos: El guardador que se creyere incapaz de ejercer la guarda tendrá treinta (30) días contados a partir de la fecha de la citación para manifestar ante el Juez su incapacidad.
PARÁGRAFO: El Juez tomará las medidas requeridas, para evitar que durante el plazo concedido al guardador para que manifieste su incapacidad, el pupilo quede desprotegido.
ARTÍCULO 76. Consecuencias de la actuación del guardador incapaz: Los guardadores incapaces que, a sabiendas, ejerzan el cargo, además de estar sujetos a todas las responsabilidades de su administración, perderán los emolumentos correspondientes al tiempo en que, conociendo la incapacidad, ejercieron el cargo.
Las causas ignoradas de incapacidad, no vician los actos del guardador; pero sabidas por él pondrán fin a la guarda.
ARTÍCULO 77. Incapacidades sobrevinientes: Las causas de incapacidad que sobrevengan durante el ejercicio de la guarda pondrán fin a ella.
ARTÍCULO 78. Excusas: Podrán excusarse de ejercer la guarda:
PARÁGRAFO PRIMERO: Quienes por razones económicas o por excesiva carga laboral o de custodia de otros, se consideren imposibilitados para ejercer a cabalidad la guarda, deberán exponerlo al Juez, probando las razones aducidas. El Juez aceptará o rechazará la excusa, según la conveniencia que reporte al pupilo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El guardador que haya servido la guarda de un mismo pupilo durante más de diez (10) años, podrá pedir que se llame al suplente para que entre a ejercerla, pasando a ocupar la posición de suplente en el último lugar. Si no hubiese suplentes, podrá el guardador solicitar la designación de éstos para así poder ejercitar la opción aquí consagrada.
ARTÍCULO 79. Alegación de las excusas: Quien se encuentre en una de las causales establecidas en el artículo precedente, deberá invocarla dentro de los mismos plazos establecidos para manifestar al Juez las incapacidades y si no lo hace, responderá en la misma forma que el guardador incapaz que omite esa mención.
La reasunción de la guarda por el guardador que se excusó, se someterá a las reglas del artículo 76, en lo relacionado con la temporalidad de las incapacidades.
ARTÍCULO 80. Reglas comunes a las incapacidades y a las excusas: Mientras se decide sobre las incapacidades y excusas, el Juez tomará las providencias para evitar situaciones perjudiciales para los pupilos. En todo caso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encargará temporalmente del cuidado personal del pupilo, cuando no haya alguien más que pueda asumir satisfactoriamente esta función.
Si a pesar de las previsiones del Juez, se produce algún daño al pupilo, el guardador o consejero será responsable, a menos que la causal de incapacidad o excusa invocada le sea aceptada y que el guardador no haya procedido con dolo o culpa grave.
ARTÍCULO 81. Requisitos relacionados con el guardador: Para asumir el cargo de guardador se requiere:
ARTICULO 82. Garantías: Quien deba ejercer el cargo de guardador deberá otorgar una caución para responder ante el pupilo por sus actuaciones.
Dicha garantía consistirá en una póliza de seguros o bancaria, hasta por la cuantía que determine el Juez. En defecto de esta póliza se podrá aceptar hipoteca o prenda sin tenencia del acreedor sobre bienes cuyo valor sea igualo superior al monto fijado por el Juez.
Cuando un guardador no tenga capacidad económica para otorgar las contragarantías exigidas por la entidad fiadora, ni inmuebles para hipotecar, el Juez con conocimiento de causa podrá relevarlo del cargo, pero si considera conveniente para el pupilo que el guardador asuma, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras avalará al obligado, directamente o ante la entidad fiadora.
ARTÍCULO 83. Montos mínimos: La garantía deberá contemplar la indemnización de perjuicios morales y materiales.
ARTÍCULO 84. Guardadores exceptuados: A menos que el Juez disponga lo contrario, quedan exceptuados de otorgar caución:
ARTÍCULO 85. Posesión: Los guardadores principales y sus suplentes se posesionarán de su cargo ante el Juez y se comprometerán a cumplir fielmente con sus deberes. El Juez procurará posesionarlos en una sola diligencia.
ARTÍCULO 86. Inventario: El inventario contendrá la relación detallada de cada uno de los bienes y derechos del interdicto o del niño, niña y adolescente. Dicho inventario será confeccionado dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, por uno o más peritos contables, según se requiera, designados por el Juez de la lista de auxiliares de la justicia. En la responsabilidad y la confección del inventario seguirán las reglas establecidas para los administradores de los patrimonios en procesos concursales y los principios de contabilidad generalmente aceptados.
PARÁGRAFO: El Presidente de la República reglamentará el modo de hacer el registro y la publicidad de los inventarios, en un término similar al contemplado en el artículo 106 de esta ley. Mientras se produce dicha reglamentación, los inventarios se trasladarán a archivo digital, utilizando un programa que no permita la modificación de su texto, y se conservarán con las suficientes seguridades por el Juez de conocimiento pero permitiendo la expedición y envío de la información a requerimiento de quien lo solicite justificadamente. En la transferencia e impresión de la información se utilizarán los protocolos de seguridad admitidos por las reglas del comercio electrónico.
ARTÍCULO 87. Recepción de los bienes inventariados: Efectuada la posesión, se entregarán los bienes al guardador conforme al inventario realizado de conformidad con el articulo 44 de la presente ley, en diligencia en la cual asistirá el Juez o un comisionado suyo y el perito que participó en la confección del mismo. El guardador podrá presentar las objeciones que estime convenientes al inventario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los bienes, con las pruebas que sustenten su dicho y estas objeciones se resolverán mediante diligencia incidental. Aprobado el inventario, se suscribirá por el guardador y el Juez y una copia auténtica del mismo se depositará en la Oficina de Registro de Instrumentos públicos, para su conservación y la inscripción relativa a los bienes sujetos a registro.
PARÁGRAFO: La ausencia del perito no impedirá la diligencia de entrega, pero lo hará responsable de los daños que aquella ocasione.
ARTÍCULO 88. Representación de la persona con discapacidad mental absoluta y el menor: El curador representará al pupilo en todos los actos judiciales y extrajudiciales que le conciernan, con las excepciones de ley.
Las acciones civiles contra personas con discapacidad mental absoluta y menores deberán dirigirse contra el curador, para que lo represente en la litis. No será necesaria autorización del curador para proceder penalmente contra los pupilos, pero en todo caso el guardador deberá ser citado, para que suministre los auxilios que se requieran para la defensa.
ARTÍCULO 89. Forma de la representación: El curador realizará todas las actuaciones que se requieran en representación del pupilo, debiendo expresar esta circunstancia en el documento en que conste el acto o contrato, so pena de que, omitida esta expresión, se repute ejecutado en representación del pupilo si le fuere útil y no de otro modo.
PARÁGRAFO: La representación de los impúberes y menores adultos será la prevista en este artículo, con todo, el guardador del menor adulto podrá facultar al pupilo para realizar actuaciones directas, y en tal caso, se aplicarán las reglas de que trata el artículo siguiente.
ARTÍCULO 90. Representación del inhábil: El consejero sólo representa al inhábil cuando haya recibido de éste último mandato general o especial.
Las discrepancias que surjan entre el pupilo el inhábil y el consejero, respecto a la celebración de un acto determinado, serán resueltas por el Juez o por un Tribunal de Arbitramento convocado conforme a las leyes procesales.
ARTÍCULO 91. Administración y gestión de los guardadores: Los guardadores personas naturales deberán administrar los bienes patrimoniales a su cargo, con el cuidado y calidad de gestión que se exige al buen padre de familia, buscando siempre que presten la mayor utilidad al pupilo.
ARTÍCULO 92. Actos prohibidos al curador: No será lícito al curador:
a). Dejar de aceptar actos gratuitos desinteresados en favor del pupilo.
b). Invertir en papeles al portador los dineros del pupilo. Los títulos al portador o a la orden que tenga el pupilo se liquidarán y se sustituirán por títulos nominativos.
c). Celebrar cualquier acto en el que tenga algún interés el mismo curador, su cónyuge, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de cualquier manera dé lugar a conflicto de intereses entre guardador y pupilo.
PARÁGRAFO: Los actos en los que el guardador, su cónyuge o sus parientes, tengan interés serán celebrados por un guardador suplente o especial designado por el Juez y, en todo caso, requerirán autorización judicial.
ARTÍCULO 93. Actos de curadores que requieren autorización: El curador deberá obtener autorización judicial para realizar los siguientes actos, en representación de su pupilo:
a). Las donaciones de bienes del pupilo, incluidos aquellos actos de renuncia al incremento del patrimonio del pupilo, con excepción de aquellos regalos moderados, autorizados por la costumbre, en ciertos días y casos, y los dones manuales de poco valor.
c). Las operaciones de crédito distintas de las mencionadas en el literal a) del articulo siguiente y el otorgamiento de garantías o fianzas y constitución de derechos reales principales o accesorios sobre bienes del pupilo, en favor de terceros, que no corresponda al giro ordinario de los negocios, en cuantía superior a los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
d). La enajenación de los bienes esenciales de una actividad empresarial cualquiera que sea su valor, salvo que se trate de la reposición de activos. Las operaciones de reposición de activos productivos, deberán constar por escrito y los dineros provenientes de la enajenación no podrán ser destinados a otros fines sin autorización judicial.
e). El repudio de los actos gratuitos interesados o modales en favor del pupilo. Las herencias podrán ser aceptadas libremente, pero se presumirá de Derecho que han sido aceptadas con beneficio de inventario.
f). La imposición de obligaciones alimentarías y cualquier otra prestación de carácter solidario a favor de familiares o allegados. En ningún caso se destinarán bienes del pupilo a atender necesidades suntuarias de los beneficiarios.
ARTÍCULO 94. Otras reglas de administración: El manejo de los asuntos del pupilo se someterá a los siguientes criterios:
a). En el manejo de los negocios se seguirán parámetros de gestión aceptados corrientemente dentro de las actividades mercantiles. El Juez podrá exigir al guardador la presentación de planes y programas anuales de administración de los negocios.
b). El guardador, con autorización judicial, procederá a liquidar los activos improductivos o de excesiva complejidad en la administración, para realizar con el producto de éstos operaciones financieras ordinarias permitidas. Si con los recursos producto de la liquidación se pretende adquirir una empresa, se requerirá autorización judicial, previa la presentación y aprobación del estudio de factibilidad. El Juez podrá solicitar la revisión del estudio por peritos administradores cuando la cuantía de la inversión o su especialidad lo ameriten.
c). Los dineros ociosos del pupilo y en general los excedentes de liquidez se colocarán en depósitos a término de entidades financieras y papeles del Estado de renta fija que garanticen un rendimiento mínimo equivalente al interés promedio que reconocen las entidades financieras por los depósitos a mediano y largo plazo -DTF-. Las transacciones de esos papeles, antes de la época de su redención, se hará por intermedio de una entidad bancaria autorizada para negociar en bolsa y requerirá autorización judicial cuando supere el diez por ciento (10%) del total de los activos del pupilo.
d). Los intereses remuneratorios que se paguen a acreedores del pupilo, aún en las operaciones del giro ordinario de los negocios no podrá exceder el DTF más tres (3) puntos. En las operaciones activas de crédito del pupilo, no podrá pactarse una tasa de interés inferior al "DTF". El Juez podrá autorizar operaciones que contravengan esta disposición, previa solicitud, mediante providencia motivada.
e). La previsión de la capacidad económica futura del pupilo será la meta primordial de la administración y en consecuencia, las inversiones de los excedentes de recursos que se generen se someterán a las reglas administrativas previstas para la seguridad social en materia de pensiones.
ARTÍCULO 95. Administración fiduciaria: Los bienes de pupilos que deban ser entregados en administración fiduciaria constituirán un patrimonio autónomo sometido a las reglas del derecho comercial sobre fiducia mercantil.
ARTÍCULO 96. Fondo de Protección: De la remuneración neta que reciba la sociedad fiduciaria por la administración de recursos de incapaces destinará el porcentaje que fije el Gobierno, pero no menos del veinte por ciento (20%) a la constitución de un Fondo de Reserva para Protección de Activos Fideicomitidos de Pupilos.
ARTÍCULO 97. El contrato de fideicomiso de bienes de pupilos: Además de las cláusulas obligatorias y usuales de los contratos de fiducia mercantil, los contratos deberán contener:
a). El nombre e identificación del pupilo o, en su defecto, sus herederos como únicos beneficiarios de la fiducia.
b). La relación detallada de los bienes fideicomitidos.
c). Las disposiciones particulares de administración, en especial las relacionadas con la conservación y mutación de la naturaleza o forma de los bienes o su enajenación, las autorizaciones sobre los recursos que se pueden manejar en un fondo fiduciario ordinario y las previsiones sobre la forma de administrar determinados negocios.
d). El término o condición al cual se supedite la vigencia de la fiducia, forma de adicionar y prorrogar el contrato. La rehabilitación de la persona con discapacidad mental absoluta será causal de terminación de la fiducia y esta cláusula se presume incorporada al contrato. Cuando el constituyente sea un inhábil, esta causal deberá quedar expresa. La muerte del pupilo pondrá fin a la fiducia y los bienes deberán ser puestos a disposición del Juez de la sucesión.
e). La remuneración por la gestión, la forma de liquidarla y la época en que se devenga.
f). La liquidación y pago de rendimientos y la periodicidad de exhibición y rendición de cuentas. Cuando no se disponga lo contrario, se seguirán las reglas de las juntas o asambleas societarias en lo relacionado con plazos, exhibición de cuentas, etc.
g). La designación de las personas encargadas del control y la forma de ejercitarlo.
h). Las reglas sobre responsabilidad y garantía.
Parágrafo: El contrato deberá ser aprobado por el Juez.
ARTÍCULO 98. Control de la Gestión: La gestión de la sociedad fiduciaria será controlada por el curador o por el inhábil con la aprobación de su consejero. Con todo, cuando la cuantía de los bienes fideicomitidos exceda de mil (1000) salarios mínimos legales mensuales o la complejidad de la gestión lo amerite, se conformará un consejo de administración en el que participarán el curador o el inhábil y su consejero, un delegado del Superintendente Financiero de Colombia y un delegado del Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando se trate de bienes fideicomitidos por un inhábil negocial, por la causal establecida en el inciso 20 del artículo 35 de la presente ley, también hará parte del Consejo un representante de los acreedores.
El Superintendente Financiero de Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, podrán contratar los servicios de personas expertas como delegados suyos, que actúen ante una o varias fiduciarias o para uno o varios fideicomisos determinados.
ARTÍCULO 99. Décima: La remuneración de los guardadores será fijada por el Juez, en atención a las cargas de cuidado del pupilo y la administración de los bienes, pero en ningún caso excederá la décima de los frutos netos del patrimonio del pupilo. En todo caso el guardador tendrá derecho a que se le reconozcan y abonen los gastos necesarios para el desempeño de la gestión.
PARÁGRAFO PRIMERO: El Juez podrá reconocer remuneración al agente oficioso del pupilo cuando ésta no deba asignarse a otro guardador.
ARTÍCULO 100. Forma y oportunidad de la remuneración: El guardador cobrará su remuneración en la medida que se realicen los frutos y si lo desea, podrá recibirlos en especie.
ARTÍCULO 101. Reglas especiales sobre frutos: No se consideran frutos los recursos obtenidos de la venta de activos fijos o de productos que al ser retirados impliquen una disminución del valor del bien, salvo los productos de bosques, minas y canteras.
ARTÍCULO 102. Recompensas testamentarias: Cualquier asignación que el testador haga en favor del guardador designado, para compensarlo por la gestión, se entenderá devengada para el guardador desde el momento mismo en que se posesiona del cargo, siempre que ese valor pudiese estar comprendido dentro de la porción de que el testador podía disponer libremente, en caso contrario la asignación se tendrá por no escrita.
Parágrafo: El Juez al fijar la remuneración, tendrá en cuenta el valor de la recompensa.
ARTÍCULO 108. Juramento estimatorio: El pupilo o su representante, tendrán derecho a estimar, bajo juramento el monto, los perjuicios materiales o morales causados por su guardador, siempre que éste haya sido condenado previamente por hechos culposos o dolosos o no haya exhibido las cuentas. El guardador, en todo caso, podrá controvertir la reclamación presentando las pruebas que estime pertinentes.

References: ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8
 artículo 3

ARTÍCULO 9

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ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

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ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40
 artículo 5

ARTÍCULO 41
 artículo 649

ARTÍCULO 42
 artículo 659

ARTÍCULO 43
 artículo 655

ARTÍCULO 44
 artículo 660

ARTÍCULO 45
 artículo 447
 artículo 659

ARTÍCULO 46
 artículo 35

ARTÍCULO 47

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49

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ARTÍCULO 97

ARTÍCULO 98
 artículo 35

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ARTÍCULO 102

ARTÍCULO 108