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Timestamp: 2019-03-26 06:47:29+00:00

Document:
as201312272
Auto Supremo Nº 272/2013-RRC Sucre, 17 de octubre de 2013
Partes: Ministerio Público y Carmelo Mansilla Lizarazu c/ Ruth Albina Mallo Alandia y otro
Por memorial presentado el 21 de mayo de 2013, cursante de fs. 617 a 618, Carmelo Mansilla Lizarazú interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 18/2013 de 15 de febrero de fs. 612 a 613, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Ruth Albina Mallo Alandia y Elving Freddy Escobar Chuquimia, por el delito de Hurto, previsto y sancionado por el art. 326 del Código Penal (CP).
En mérito a las acusaciones pública (fs. 4 a 7) y particular (fs. 19 a 22), desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 433/2007 de 6 de diciembre (fs. 439 a 451), el Juzgado Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró probada la excepción de prejudicialidad formulada por la defensa, así como la absolución de Ruth Albina Mallo Alandia y Elving Freddy Escobar Chuquimia, de la comisión del delito de Hurto, porque la prueba aportada no fue suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad penal de los imputados, al haberse puesto en duda sobre la firma existente en la minuta de 26 de octubre de 2004.
Contra la mencionada Sentencia, el querellante Carmelo Mansilla Lazarazú (fs. 471 a 481) y el Ministerio Público (fs. 484 a 486 vta.), formularon recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista 424/2008 de 14 de mayo (fs. 535 a 536 vta.), dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró procedentes las cuestiones planeadas y anuló totalmente la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal.
Habiendo interpuesto recurso de casación los imputados (fs. 539 a 540), fue resuelto en el fondo por Auto Supremo 220/2012 de 15 de agosto (fs. 574 a 576) de la Sala Penal Liquidadora de este Tribunal, que dejó sin efecto el Auto impugnado y dispuso la emisión de nuevo fallo, aplicando la doctrina legal establecida.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, como emergencia del Auto Supremo referido, dictó el Auto de Vista 18/2013 de 15 de febrero (fs. 612 a 613), declarando improcedentes los recursos de apelación planteados en primer término por el querellante y el Ministerio Público; por ende, confirmó la Sentencia pronunciada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
I.1.1. Motivos del examen de casación
Del memorial de recurso de casación de fs. 617 a 618 y del Auto Supremo 228/2013-RA de 10 de septiembre, dictado en el presente proceso, se establece el ámbito de análisis de la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su labor conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente reclama que el Auto de Vista impugnado es contrario a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia, pues, incurrió en errónea e inobservancia aplicación de la Ley, al no haber reparado los agravios expresados en apelación restringida, momento procesal donde afirma, se invocó el precedente contradictorio.
Invocando la Sentencia Constitucional 1401/2003-R de 26 de septiembre, señala que existen circunstancias en las que no fuera exigible la invocación de precedentes contradictorios en recurso de casación. En lo medular de su recurso indica que la Resolución impugnada no tomó en cuenta, “e ignorando la Ley pertinente” (sic), la prueba aportada en juicio oral que determinaría la inexistencia de alguna acción, excepción prejudicial o extrapenal, pruebas inherentes a un reconocimiento de firmas y rúbricas de la coimputada.
Mediante Auto Supremo 228/2013-RA de 10 de septiembre, cursante de fs. 648 a 650, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el recurrente para su análisis de fondo, pues si bien se evidenció el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad; a fin de verificar el probable incumplimiento de la doctrina legal aplicable contenida en un Auto Supremo emitido dentro de la causa con anterioridad, dispuso ingresar al análisis del presente caso; es así que, en el Auto de referencia se estableció:
“…conforme la secuencia de antecedentes descrita en el acápite I del presente Auto Supremo, se desprende que la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 220/12 de 15 de agosto, sentó doctrina legal aplicable en torno a los alcances del art. 407 del CPP, en relación a los específicos datos del proceso; en tal sentido y ante la probabilidad de incumplimiento de la doctrina legal sentada por este Tribunal Supremo, contrariando a lo dispuesto por el art. 420 del CPP en su segundo párrafo, conforme el último párrafo del acápite III en el presente Auto Supremo, este Tribunal abre su competencia de forma extraordinaria únicamente a los fines de la verificación del cumplimiento de la doctrina legal aplicable sentada por este Tribunal Supremo de Justicia”.
Desarrollado el juicio oral, el Juzgado Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó la Sentencia 433/2007 de 6 de diciembre, que declaró probada la excepción de prejudicialidad formulada por la imputada Ruth Albina Mallo Alandia, hasta que se dicte sentencia por el Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil, así como la absolución en favor de la nombrada y Elving Freddy Escobar Chuquimia, argumentando que: i) Entre el querellante y la imputada Ruth Albina Mallo Alandia, además de una relación de amistad íntima, existió una relación profesional desde 1998 y desde marzo de 1999, la imputada otorgó poder al querellante para tramitar un proceso de asistencia familiar contra Jorge Imaña; ii) La minuta de 26 de octubre de 2004, no fue firmada en presencia del querellante Carmelo Mansilla, habiendo sido devuelta después de 30 a 45 minutos por Ruth Albina Mallo; iii) Una vez entregado el vehículo en DIPROVE, previa acreditación de documentos sobre el derecho propietario de Ruth Albina Mallo Alandia, fue llevado a un garaje de la calle Argentina; iv) Posteriormente, Elving Freddy Escobar Chuquimia y Agustín Tórrez Churata trasladaron el vehículo al garaje ubicado en la zona Obrajes, donde debía realizarse trabajos de mecánica; asimismo, que la imputada adquirió la caja mecánica que debía ser cambiada al vehículo, siendo ella quien pagó esas reparaciones; v) Quienes se apersonaban al garaje ubicado en la zona Obrajes en los cinco meses que se encontraba el vehículo, fueron Ruth Albina Mallo Alandia y Freddy Escobar, por lo que se concluye que el vehículo se encontraba en poder y cuidado de Ruth Albina Mallo, todo el tiempo; vi) La minuta de 26 de octubre de 2004, fue demandada de nulidad ante el Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil por parte de la imputada, documento que sirvió de base para la denuncia y acusación formulada por el querellante; vii) Elving Freddy Escobar Chuquimia trabajaba para la imputada como su chofer y fue quien contrató los servicios del mecánico Agustín Torrez Churata, cumpliendo la labor encomendada por su empleadora; y, viii) No se demostró los hechos como fueron descritos por el Ministerio Público y el acusador particular, por cuanto el querellante no estuvo en posesión del vehículo, además, no se individualizó la participación de cada uno de ellos.
II.2.1. De la apelación del querellante.
El querellante Carmelo Mansilla Lizarazú, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 471 a 481), argumentando: Que la Sentencia no desarrolló debidamente los hechos objeto de acusación y con invención de actos, no se aplicó un procedimiento científico sobre la comparación de hechos con el derecho, existiendo además en la relación fáctica una mezcla, desorden y desconocimiento.
Haciendo un análisis de cada una de las pruebas, señaló que no se realizó una adecuada valoración, que en la Sentencia se ingresó en cuestiones que nada tenían que ver en el proceso, como la relativa a la posesión, señalando que desde que adquirió el vehículo mediante compra venta, dispuso del mismo y lo depositó en un parqueo particular porque era el dueño.
Respecto al juicio de nulidad ante el Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil, por lo que la excepción de prejudicialidad sería viable, refirió haberse omitido el análisis de la fecha de la presentación de esa demanda que fue el 28 de agosto de 2007, cuando su denuncia penal fue interpuesta el 13 de mayo de 2005, por lo que no podría suspender el proceso penal; resaltando que existe una diferencia de dos años y cuatro meses y quince días, de modo que la demanda sumaria para suspender el proceso penal, debía haber sido interpuesta antes o al mismo tiempo de iniciarse la etapa investigativa y preparatoria; además de estar referida aquella demanda a una figura totalmente diferente al juicio penal, por lo que el razonamiento de la jueza de Sentencia era ilógico, concluyendo el querellante respecto a la excepción lo siguiente: “…como tengo expuesto anteriormente- se trata de un juicio sumario- de fecha reciente- y por una cuestión ajena- como ser la Nulidad de documento- EXTRA PENAL. QUE NO DÁ LUGAR A EXCEPCIÓN ALGUNA DE PRE-JUDICIALIDAD., en el proceso que se litiga…” (sic).
Señaló que la Jueza inferior, admitió documentos que no tenían relación con el delito juzgado, admitiendo declaraciones escandalosas por parte de los imputados y testigos, que le indujeron a conclusiones equivocadas.
Finalmente, rebatió una a una la fundamentación probatoria y jurídica de la Sentencia y previa cita del art. 370 incs. 1), 5), 6), 8) y 11) del CPP, solicitó que el Tribunal de apelación, de aplicación al art. 413 del CPP, al corresponder una sentencia condenatoria contra los imputados y la restitución del vehículo en litigio, así como la reparación de daños y perjuicios ocasionados.
II.2.2. De la apelación del Ministerio Público.
El Ministerio Público a su turno interpuso apelación restringida, arguyendo la existencia de errónea aplicación de la ley penal adjetiva, prevista por el art. 370 inc. 6) del CPP, toda vez que la Sentencia no valoró correctamente la prueba aportada por el Ministerio Público y la parte querellante. Asimismo, refirió que en la relación probatoria no se realizó una correcta valoración, incluso las pruebas de las acusaciones sólo fueron detalladas a manera de listado, sin una valoración razonada e intelectiva sobre cada una de ellas. También alegó que la doctrina establece que el juzgador debe argumentar las razones de valoración de toda la prueba en base a una apreciación conjunta, armónica e integral de la misma, lo que en el presente caso no habría ocurrido.
II.3. Del primer Auto de Vista dictado.
Previa radicatoria de la causa, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió el fondo de los recursos de apelación restringida a través del Auto de Vista 424/2008 de 14 de mayo, señalando sobre los agravios denunciados que:
La autoridad jurisdiccional no fundamentó la descripción del hecho con relación a los elementos constitutivos del tipo penal descrito por el art. 326 del CP, para determinar si existió o no subsunción del hecho al delito de Hurto acusado, por lo que se advirtió inobservancia de la ley sustantiva; la Sentencia señaló que se probó detalles sobre la relación existente entre el querellante y la imputada, que no componen elementos del tipo penal de Hurto, siendo que en la querella y acusación no constituían objeto del juicio, concluyendo que la fundamentación es contradictoria; los elementos probatorios no fueron considerados bajo el principio de libre valoración conforme el art. 173 del CPP, advirtiéndose discrecionalidad y apreciación subjetiva, no asignó el valor correspondiente a cada uno de los medios probatorios, observándose el defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP; se declaró probada la excepción de prejudicialidad hasta que se dicte Sentencia por el Juzgado de Instrucción en lo Civil instaurada por la imputada, sin considerar lo previsto por el art. 309 del CPP, contradicción e inobservancia que demuestran los defectos que habilitan la apelación restringida conforme los incs. 8) y 10) del CPP; finalmente, se señaló que uno de los componentes es el equilibrio procesal en la valoración de los hechos para verificar si concurre el elemento sustancial de la conducta antijurídica que permita y concluya con una adecuada calificación de los hechos incriminados.
Con esos argumentos, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró procedente el recurso de apelación restringida y anuló totalmente la Sentencia impugnada, disponiendo la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia.
Notificadas las partes con tal determinación, los imputados plantearon recurso de casación (fs. 539 a 540) que fue resuelto por la Sala Penal Liquidadora de este Tribunal.
II.4. Del Auto Supremo dictado por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo.
Por Auto Supremo 220/2012 de 15 de agosto, la Sala Penal Liquidadora de este Tribunal, resolvió el recurso de casación que fuera planteado por los imputados, siendo que entre sus argumentos refirió:
Que se dispuso la admisibilidad del recurso, a objeto de ingresar al análisis del Auto de Vista recurrido con relación a la identificación de defectos absolutos percibidos en que hubiese incurrido el Tribunal de alzada a tiempo de dictar resolución.
El Juzgado Segundo de Sentencia declaró probada la excepción de prejudicialidad hasta que se dicte Sentencia por el Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil, formulado por la imputada Ruth Albina Mallo Alandia; asimismo dictó Sentencia absolutoria por el delito de Hurto. Destaca que el Tribunal de alzada identificó este extremo, siendo que la falta de aplicación del art. 309 del CPP, fue uno de los fundamentos para declarar procedentes las cuestiones planteadas en los memoriales de apelación restringida y disponer la anulación total de la Sentencia en aplicación del art. 413 de la citada norma CPP, actuar con el que ese Tribunal, desnaturalizó el procedimiento establecido para la sustanciación del recurso de apelación restringida.
El art. 407 del CPP, determina el ámbito de apelación y competencia en los que deben enmarcase los actos y decisiones de los tribunales de alzada; sin embargo, el Auto de Vista recurrido ingresó a la consideración de una excepción de prejudicialidad, que tiene un procedimiento especial previsto por el art. 314 del código procesal de la materia, y si bien el Tribunal de apelación consideró una excepción dentro de la competencia del recurso de apelación incidental, siendo posible que alterativamente se formule una apelación incidental dentro una apelación restringida, este extremo no debe dar lugar a que se pueda entremezclar los aspectos inherentes a cada agravio, pues el resultado del primero determina la pertinencia de considerar la apelación restringida.
El Tribunal de alzada, advertido del error del Juez de Sentencia en la tramitación de la excepción de prejudicialidad por su carácter suspensivo, debió corregir directamente la parte dispositiva de la Sentencia señalando que previamente se dilucide la prejudicialidad, para recién pronunciarse sobre la responsabilidad o no de los acusados, no correspondiendo mandar a reenvío el juicio.
Con tales fundamentos, la Sala Penal Liquidadora del Tribual Supremo de Justicia, dejó sin efecto el Auto de Vista de 14 de mayo de 2008, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dicte nuevo fallo aplicando la doctrina legal establecida en dicho Auto Supremo.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de La Paz, por disposición del Auto Supremo dictado en este caso, emitió el Auto de Vista 18/2013 de 15 de febrero, con los siguientes fundamentos:
Que el Auto Supremo 220/2012 de 15 de agosto emitió doctrina legal aplicable, que es de cumplimiento obligatorio conforme impone el art. 420 del CPP, siendo el entendimiento del referido fallo, que en el presente caso existió vulneración, manifestando que el Auto de Vista es efímero, superficial y falto de fundamentación en relación a la descripción de los hechos, cuando estos están descritos con referencia al delito acusado.
También existiría contradicción en la fundamentación de la Sentencia, situaciones que la juez a quo habría podido advertir al margen de la relación de los hechos, situación que no es advertida en el Auto de Vista, siendo que no habría sido valorado correctamente la doctrina legal aplicable al caso de autos, en consecuencia “sufre de fundamentación en relación a los verdaderos datos del proceso, así lo exige el Art. 124 del Código de Procedimiento Penal” (sic).
Que la Sentencia apelada también declara probada la excepción de prejudicialidad hasta que se dicte Sentencia por el Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil formulada por la parte imputada; sin considerar lo previsto por el art. 309 del CPP, pues su procedencia determina la suspensión del proceso penal, hasta que en el procedimiento extra penal la Sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada.
Pronunciándose únicamente sobre el punto apelado, concluye que la Sentencia está debidamente fundamentada, evidenciándose trabajo de valoración adecuada en cumplimiento de los arts. 124 y 360 del CPP; estableciendo finalmente que el Juez inferior pronunció Sentencia absolutoria aplicando correctamente el art. 363 del CPP, sin que se advierta ningún defecto absoluto, ni vicio en la Sentencia que pudieran dar lugar a la aplicación de los arts. 169 y 370 del citado procedimiento.
Con esos argumentos, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró improcedentes los recursos de apelación y confirmó la Sentencia 433/2007 de 6 de diciembre.
Notificadas las partes con tal determinación, el querellante planteó el recurso de casación (fs. 617 a 618), derivado en que se ingrese al presente análisis.
III. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DOCTRINA LEGAL APLICABLE SENTADA EN EL CASO CONCRETO
Previamente corresponde destacar que este Tribunal, admitió el presente recurso abriendo su competencia de manera extraordinaria a fin de verificar el posible incumplimiento de la doctrina legal establecida en este proceso por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en relación al defecto absoluto que fue identificado en las resoluciones emitidas por el Juzgado de Sentencia y por el Tribunal de alzada; a cuyo efecto, es pertinente realizar algunas consideraciones de orden doctrinal y normativo respecto a temáticas relacionadas, para luego ingresar al análisis del caso en concreto.
III.1.1. Naturaleza jurídica, tratamiento en el Procedimiento Penal y efectos de la
excepción de prejudicialidad.
La excepción de prejudicialidad comprendida entre los mecanismos de oposición al proceso penal, tiene como instituto procesal, sus antecedentes en el Derecho Romano, conocido con el nombre al latín “prae judicium” que quiere decir “antes del juicio”; es conocida en la doctrina como una cuestión prejudicial, entendiéndose como aquella cuestión jurídica perteneciente a otro orden del derecho, extraño al derecho penal, por lo que se la conoce también como cuestión extrapenal, que surge en las causas penales con motivo de los hechos juzgados, por este motivo se halla íntimamente ligada a ellos o es determinante para establecer la culpabilidad o inocencia del procesado, por lo que esta cuestión debe y tiene que ser resuelta previamente, con efecto vinculante para el juez penal por su calidad de cosa juzgada en el ámbito extrapenal.
Aunque se trata de un medio de defensa u oposición a la acción penal, en tal sentido dilatorio porque con su resolución, sea acogido o rechazado, no determina la conclusión del proceso; su naturaleza es de carácter sustantivo, pues está relacionado a una cuestión vinculada a la existencia o configuración del delito investigado, en consecuencia, tiene incidencia directa en el fondo de la controversia, es decir, en el hecho ilícito objeto de juzgamiento, razón por la cual en palabras de Claria Olmedo, las cuestiones prejudiciales tienen naturaleza sustancial y trascendencia procesal.
Respecto a los sistemas para la resolución de problemas prejudiciales, se tiene ampliamente aceptada la existencia de dos sistemas: a) Sistema Germánico o de Imperio Absoluto de la Jurisdicción Penal, basado en el principio romano “el juez de la acción es el juez de la excepción”, que consiste en que el Juez que conoce la causa penal, debe conocer todas las circunstancias o controversias jurídicas que guarden relación con el objeto de juzgamiento y que se presenten durante la tramitación de la causa. Este sistema es contrario o cuando menos atentatorio al principio de especialidad del órgano jurisdiccional; b) Sistema Francés o de Separación Jurisdiccional Absoluta, en el que el Juez que conoce la causa penal se encuentra impedido de resolver otras cuestiones relativas o ligadas al proceso principal, que correspondan a otras ramas del derecho, debiendo estas ser dilucidadas previamente por el Juez competente, con la finalidad de evitar que existan fallos contradictorios sobre la misma cuestión; y, principalmente, porque esas cuestiones tienen incidencia directa en la acción típica juzgada, o que de su resolución, se determine la existencia de elementos configurativos de ese tipo penal.
En el caso de Bolivia, el ordenamiento procesal penal, prevé la cuestión prejudicial, catalogado como una excepción de previo y especial pronunciamiento conforme señala el art. 308 inc. 1) del CPP; asimismo, el art. 309 de la misma norma señala: “Esta excepción procederá únicamente cuando a través de la sustanciación de un procedimiento extrapenal se pueda determinar la existencia de los elementos constitutivos del tipo penal.
Si se acepta su procedencia, se suspenderá el proceso penal y, en su caso, se dispondrá la libertad del imputado, hasta que en el procedimiento extrapenal la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada, sin perjuicio de que se realicen actos indispensables para la conservación de pruebas. En caso contrario, el proceso penal continuará su curso”.
Como se observa de la lectura atenta de este precepto legal, el sistema acogido por Bolivia para la resolución de la cuestión prejudicial es el de Separación Jurisdiccional Absoluta, conocido también como sistema relativo; asimismo, se puede colegir que la cuestión prejudicial está reservada necesariamente a aspectos correspondientes a materias del derecho distintas al penal; es decir, a otros campos del derecho y en los que deba dilucidarse cuestiones que por su naturaleza, puedan determinar la existencia de los elementos constitutivos del tipo penal, de ahí que se afirma la naturaleza sustantiva de este instituto procesal, además de que esa relación entre ambas esferas del derecho deben estar íntimamente ligadas, tanto así, que una depende de la otra, de ahí también, que la norma establece la suspensión del proceso penal, pues la resolución de la cuestión prejudicial tendrá incidencia en el conflicto penal juzgado siendo que la decisión extrapenal con calidad de cosa juzgada, tendrá también el mismo efecto en el proceso penal.
Es preciso aclarar además, que el hecho de contar con una determinación sobre la cuestión prejudicial y que determinaría la existencia o no de alguno o todos los elementos configurativos del tipo penal, en cualquier caso, no implica per se la responsabilidad penal y por tanto que se derive en una sentencia condenatoria del imputado, pues si bien lo que se determina en el proceso prejudicial podría tener incidencia en el o los elementos del tipo penal, por sí solo de ninguna manera puede establecer la autoría del hecho antijurídico. Además, lo prejudicial únicamente está relacionado al elemento de la tipicidad del delito, debiendo analizarse y acreditarse todos los elementos para sostener la autoría o responsabilidad penal; igualmente, no toda resolución extrapenal sea que declare probada o improbada la cuestión prejudicial definirá inequívocamente la existencia o no de los elementos del tipo penal, pues si bien los hechos establecidos y declarados como probados en el proceso extrapenal causan estado también en el proceso penal; el Juzgador analizando lo resuelto en dicho proceso sin apartarse de lo establecido prejudicialmente debe decidir si esa resolución evidentemente tiene incidencia en lo debatido en el ámbito penal, por lo que en definitiva, una vez presentada la Sentencia extrapenal en el proceso penal, a tiempo de reasumir conocimiento de la causa, el juzgador debe resolver la extinción de la acción penal o la continuación del proceso, conforme dispone el último párrafo del art. 309 del CPP.
Ahora bien, en cuanto a los efectos de la cuestión prejudicial, por su naturaleza y particularidad, así como de la interpretación de las normas que la regulan, se encuentra que tiene un doble efecto: primero el derivado de su interposición y acogida por el juez penal; y, el segundo, de la resolución pronunciada en el ámbito extrapenal.
En cuanto al primero, una vez planteada la cuestión y establecida la procedencia de la misma, el primer y esencial efecto es la suspensión del proceso penal, impidiendo cualquier tramitación en el proceso, en tanto se tenga conocimiento de la resolución, con calidad de cosa juzgada, que recayó sobre la misma. Otra consecuencia, aunque accesoria, en su caso, es la libertad del imputado; finalmente se tiene como resultado de su procedencia, la suspensión del plazo de la prescripción mientras se resuelve la cuestión prejudicial conforme determina el art. 32.2) del CPP.
Respecto a los efectos de la resolución prejudicial en la jurisdicción extrapenal, la Sentencia pasada en calidad de cosa juzgada tendrá la misma calidad en el proceso penal; igualmente, una vez presentada la resolución prejudicial, el Juez penal debe resolver sobre la extinción de la acción penal o la continuación del proceso.
III.1.2. Momentos procesales para la resolución de excepciones planteadas en el juicio y
tratamiento por el Tribunal de alzada cuando se plantea apelación contra la
resolución de una excepción y la Sentencia, de manera conjunta.
En cuanto al trámite y resolución de las excepciones, el art. 314 del CPP señala: “Las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas o requieren la producción de prueba se tramitará por la vía incidental, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito fundamentado en la etapa preparatoria y oralmente en el juicio, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente.”, por su parte, el art. 315 del citado procedimiento, al regular el procedimiento general para las excepciones, sea que se planteen en la etapa preparatoria o en la etapa del juicio, prescribe: “Si la excepción o el incidente es de puro derecho, o si no se ha ofrecido o dispuesto la producción de prueba, el juez o tribunal, sin más trámite, dictará resolución fundamentada dentro de los tres (3) días siguientes de vencido el plazo previsto en el artículo anterior.
Si se ha dispuesto la producción de prueba se convocará, dentro de lo cinco (5) días, a una audiencia oral para su recepción y, en la misma, se resolverá la excepción o el incidente de manera fundamentada.” Ahora bien, en cuanto al tratamiento y resolución de las excepciones en la etapa del juicio oral, el art. 345 del CPP señala: “Todas las cuestiones incidentales serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo en sentencia.”, norma complementada con el art. 359.II del CPP que prescribe: “Los jueces deliberarán y votarán respecto de todas las cuestiones, en el siguiente orden: 1) Las relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para este momento…”.
De una interpretación armónica de los preceptos anteriormente glosados, se concluye que, si bien las excepciones pueden ser planteadas durante el acto de juicio en forma oral y que deben ser resueltas en un solo acto; la norma faculta al Juez o Tribunal a que se reserve su resolución a momento de pronunciar Sentencia, una vez desarrolladas las fases de planteamiento y trámite, quedando pendiente únicamente su resolución. En tal sentido, cuando el juez hace uso de esta facultad, dada la naturaleza de las cuestiones incidentales (excepciones o incidentes), que imponen su previo y especial pronunciamiento conforme prevé el art. 308 y 359 inc. 1) del CPP; antes de emitir sentencia resolviendo sobre la responsabilidad penal del imputado, debe pronunciarse sobre las excepciones o incidentes pendientes de resolución, de tal manera que, de declararse probada una o varias excepciones, entre ellas la de prejudicialidad, como lógica consecuencia y por los efectos previstos por ley para cada excepción, resultará inviable resolver el fondo del litigio declarando la condena o absolución del imputado.
Por otro lado, en cuanto a la resolución de apelaciones por el Tribunal de alzada, respecto de recursos interpuestos contra un auto que resuelve una excepción y contra la sentencia, en forma conjunta, si bien el trámite de las apelaciones incidentales y restringidas, tiene un tratamiento diferenciado en el Código de Procedimiento Penal para cada recurso, tomando en cuenta el anterior entendimiento; es decir, la posibilidad de que el juez o tribunal decida diferir la resolución de excepciones o incidentes, para el momento en que corresponda pronunciarse sobre la responsabilidad penal del imputado, se genera la situación de que la Sentencia tiene una doble connotación, pues se trata de una resolución que contiene un pronunciamiento tanto respecto a una excepción o incidente (se entiende de rechazo); y, por otro lado con relación a la responsabilidad penal del imputado, por lo tanto existe fundamentación sobre las dos esferas de análisis en forma independiente.
Ahora bien, al tratarse de una misma resolución, que cuenta con doble plataforma de análisis argumentativo, es plenamente válido que la parte que se considere afectada con ambas determinaciones, pueda plantear y argumentar su recurso contra las dos determinaciones en un mismo actuado, en coherencia con los principios de concentración y economía procesales.
En tal caso, corresponde al Tribunal de alzada, a tiempo de resolver el recurso interpuesto contra una Resolución con esas características, pronunciarse en primer término sobre la admisibilidad y procedencia de la apelación incidental, por cuanto del resultado del pronunciamiento sobre la cuestión incidental, dependerá la resolución sobre la apelación restringida, toda vez que, de determinar la procedencia de la cuestión apelada, en consecuencia revocar lo resuelto por el juzgado o tribunal de sentencia y declarar probada la excepción o incidente, no corresponderá el análisis de la apelación restringida respecto a la Sentencia por efecto de la apelación incidental acogida. Al contrario, de desestimar la apelación incidental, en el mismo Auto de Vista, deberá ingresar a considerar y resolver los fundamentos de la apelación restringida.
Finalmente es pertinente dejar establecido, que conforme las normas relativas al recurso de casación y su procedencia, así como la uniforme jurisprudencia emitida por este Tribunal, lo resuelto respecto de la apelación incidental, no admite recurso de casación.
III.1.3. Obligatoriedad de los fallos del Tribunal Supremo de Justicia por los Tribunales
La Constitución Política del Estado, en su art. 115.II reconoce como derecho y garantía de todo ciudadano, el debido proceso en la administración de justicia, cuya vigencia y respeto corresponde imperativamente a todas las autoridades jurisdiccionales, siendo un presupuesto de todo fallo judicial; en ese marco, el art. 42.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) reconoce como función del Tribunal Supremo de Justicia, el de sentar y uniformar jurisprudencia, atribución que en materia penal adquiere trascendental importancia, pues conforme establece la normativa procesal penal, los fallos del Tribunal Supremo de Justicia son de cumplimiento obligatorio por los jueces inferiores, siendo así que el art. 420.II del CPP, establece como efectos de los fallos emergentes de un recurso de casación que: “La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá ser modificada por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”.
El cumplimiento de los fallos del Tribunal Supremo no está sujeto a la voluntad de las autoridades jurisdiccionales, sino que debe ser consecuencia de la vigencia de los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, que son base del sistema judicial; más aún en el ámbito penal, donde se debate la responsabilidad penal del procesado, que puede generar en su caso, la restricción de su derecho a la libertad o la imposición de una sanción penal; extremo que exige que el derecho punitivo del Estado conforme se precisó, emerja de un debido proceso con el respeto pleno de los derechos no solo del imputado, sino de todas las partes intervinientes en el litigio penal, y que se encuentran reconocidos y salvaguardados por el bloque de constitucionalidad interna y externa.
En esa línea, el recurso de casación, procede cuando en una situación de hecho similar, el Juez o Tribunal, asignó un sentido jurídico distinto al establecido y aplicado en un caso anterior, sea por haberse asignado normas distintas o una misma norma con diverso alcance, así establece el art. 416.III del CPP. Ahora, en cuanto a la resolución del recurso, el art. 419.II del citado compilado señala: “Si existe contradicción, la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.”
De la norma precedentemente glosada, se tiene que los Jueces o Tribunales inferiores, tiene la obligación insoslayable de cumplir con los razonamientos expuestos y la doctrina establecida en el Auto Supremo respectivo, y de no hacerlo así, se vulnera el debido proceso en su vertiente de legalidad, pues cualquier omisión importa incumplimiento directo de la ley, trascendiendo en vulneración también de los principios de tutela judicial efectiva, igualdad, celeridad y economía procesal.
En primer término corresponde aclarar que este Tribunal, abrió su competencia para conocer este recurso de casación de manera extraordinaria, pues se detectó un posible incumplimiento a la doctrina legal establecida anteriormente como emergencia de otro recurso de casación analizado y resuelto en este mismo proceso penal, lo que vulneraría derechos y garantías de las partes, pues su omisión resultaría atentatorio a normativa de cumplimiento obligatorio, generando defecto no susceptible de convalidación, tomando en cuenta los antecedentes del caso en particular.
Dicho lo anterior, conforme se advirtió en los antecedentes traídos a colación en el acápite II.4. del presente Auto, la Sala Penal Liquidadora de este Tribunal, a través del Auto Supremo 220/2012 de 15 de agosto, conoció y resolvió un anterior recurso de casación, entonces planteado por los imputados, habiendo advertido en esa oportunidad, que el Tribunal de alzada, si bien observó correctamente que se había dado errónea aplicación al art. 309 del CPP, por parte del Juzgado de Sentencia; en la resolución final, confundiendo los trámites y efectos de la apelaciones incidental y restringida, determinó indebidamente el reenvío, señalando en los fundamentos del fallo lo siguiente: “…el Tribunal de Alzada si bien consideró una excepción dentro de la competencia del Recurso de Apelación Incidental pues como se dispuso por el Tribunal Constitucional, en resguardo de la continuidad de los juicios orales se puede alternativamente plantear una apelación incidental dentro de una Restringida, extremo este que sin embargo no da ni debe dar lugar a que pueda entre mezclar los aspectos inherentes a cada agravio, pues el resultado del primero determinara la pertinencia de considerar la Apelación Restringida…” (sic), para luego sentar como doctrina legal aplicable el siguiente entendimiento: “…en los casos en los que las partes planteen alternativamente Apelación sobre Incidentes o Excepciones dentro de un Recurso de Apelación Restringida, los Tribunales deberán pronunciarse previamente sobre la Apelación Incidental y dependiendo la resolución dictada recién considerar los puntos apelados contra la Sentencia…”(sic)
Ahora bien, previa radicatoria de la causa, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, contrariamente al precedente referido, declaró improcedentes las apelaciones restringidas formuladas por el querellante Carmelo Mancilla Lizarazú y el Ministerio Público, confirmando la Sentencia dictada por la Jueza de Sentencia, que paradójicamente resolvió declarar probada la excepción de prejudicialidad opuesta por uno de los imputados y a la vez declaró su absolución; es decir, hizo caso omiso a lo dispuesto por este Tribunal mediante doctrina legal sentada mediante Auto Supremo 220/2012 de 15 de agosto, siendo evidente la actitud incompresible de desobedecimiento al precedente establecido en el señalado precedente y la norma, por cuanto en los fundamentos del referido Auto de Vista incluso se hace alusión a que la doctrina legal es de cumplimiento obligatorio, además hace hincapié nuevamente sobre los efectos de la excepción de prejudicialidad conforme el art. 309 del CPP, que suspende el proceso penal; sin embargo, el Tribunal de apelación decide confirmar la Sentencia dictada, en franca contradicción al Auto Supremo señalado, así como a sus propios argumentos.
En ese sentido, lo que correspondía al Tribunal de alzada, conforme los razonamientos del Auto Supremo 220/2012, era el análisis en primer término de los reclamos referidos por la parte querellante respecto a la Resolución que declaró probada la excepción de prejudicialidad emitida por la Juez de Sentencia, teniendo en cuenta que el querellante conforme se advierte a fs. 447 vta., 478 y 480, cuestionó de manera directa dicha determinación, alegando en lo principal que el proceso extrapenal presentado en un juzgado de materia civil, se inició con una demanda formulada con posterioridad a la denuncia por el delito de Hurto; para luego, una vez determinada la procedencia o improcedencia de las cuestiones impugnadas, dependiendo del resultado, actuar de la siguiente manera: de acoger los argumentos expuestos en la apelación y en consecuencia revocar el fallo y declarar improbada la excepción de prejudicialidad, ingresar a considerar los argumentos de fondo contra la Sentencia absolutoria; en cambio, de declarar improcedente la apelación incidental; es decir, confirmar la procedencia de la excepción de prejudicialidad, tomando en cuenta los efectos de la misma conforme los razonamientos expuestos en el acápite III.1.1 del presente Auto, corregir directamente la parte dispositiva de la Resolución impugnada, dejando sin efecto la absolución de los imputados como consecuencia de los efectos de la excepción de prejudicialidad, consistentes en la suspensión del proceso penal hasta que en el procedimiento extrapenal la Sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada; sin que en este último caso, corresponda considerar los fundamentos de la apelación restringida contra el fallo de fondo.
Al no haber actuado de esta manera, el Tribunal de alzada procedió en un franco desconocimiento de la norma procesal penal y de la obligatoriedad de dar estricto cumplimiento a los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, incurriendo en un accionar ilegal sobre el que este Tribunal tiene claramente establecida línea jurisprudencial, como la contenida en el Auto Supremo 252/2012-RRC de 12 de octubre, que remarcó la obligación ineludible que tienen los Tribunales de apelación de observar la doctrina legal aplicable, conforme las regulaciones contenidas en los arts. 419 y 420 del CPP, con los siguientes fundamentos: “En este contexto, el recurso de casación previsto en el art. 416 del CPP, procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; siendo la tarea principal de este Tribunal, el de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual, evitando de esta manera que se produzca una anarquía en la aplicación de la ley; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.
Asimismo es importante destacar que la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos y que constituye la interpretación de la Ley efectuada por este máximo Tribunal de Justicia, tiene como efecto fundamental su obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento; es decir, una vez puesto en conocimiento de las salas penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, es de cumplimiento obligatorio y debe ser acatado por jueces y tribunales inferiores, tal cual lo establece el art. 420 del CPP, dado que solo así se garantiza una protección efectiva e igualdad de los litigantes ante la ley; consecuentemente ningún juez o tribunal inferior podrá sustraerse de su cumplimiento bajo ningún motivo, puesto que obrar en contrario implica evidente vulneración a los principios de celeridad y economía procesal constitucionalizados bajo el concepto de justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; y, en caso de evidenciarse su cumplimiento, el Juez o Tribunal será pasible de las responsabilidades que emerjan de tal inobservancia.”
Por todos los argumentos expuestos, se concluye que el Tribunal de Alzada, al no cumplir su obligación de observar lo establecido por este Tribunal en sus fundamentos y resoluciones en recursos de casación, no adecuó sus actos a la norma ni a la doctrina legal vinculante, por lo que corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado a los fines de la emisión de una nueva Resolución.
III.3. Los fundamentos jurídicos de la Resolución se constituyen en la doctrina legal aplicable.
En referencia a lo que debe tenerse como doctrina legal aplicable, es preciso señalar que, la extinta Corte Suprema de Justicia, como el Tribunal Supremo de Justicia, han sentado su propia impronta en cuanto a la forma de expresar y consignar en un acápite final intitulado DOCTRINA LEGAL APLICABLE, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato establecido en el art. 419 del CPP, que establece: “Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable”.
Resulta innegable que, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante sus Salas Penales, en ejercicio de su competencia, tiene la responsabilidad de establecer en sus Resoluciones, la fundamentación debida, clara y precisa, que resuelva la problemática sometida a su conocimiento, momento a partir del cual, dicho razonamiento se denomina “doctrina legal aplicable”, figura que ha sido introducida en el ordenamiento jurídico, como emergencia del creciente interés y la importancia del papel que juegan las decisiones anteriores en los casos futuros que se puedan presentar, y que por el carácter vinculante y sobre todo obligatorio, los Jueces y Tribunales, deben aplicarla ante situaciones de hecho similares, para garantizar entre otros el derecho a la igualdad, y que en caso de ser necesario el cambio de criterio o entendimiento (art. 420 del CPP), el mismo debe ser motivado.
Con ese antecedente, esta Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, considera necesaria superar la modalidad en que se vino consignando la doctrina legal aplicable en las Resoluciones emitidas, en cuya modalidad se generó la formulación de párrafos que en el intento de resumir los fundamentos desarrollados en los distintos Autos Supremos, se constituyeron en ideas abstractas, que no reflejan la situación de hecho similar o problemática procesal resuelta, lo que ciertamente dio lugar a que en innumerables recursos de casación, los litigantes se limiten a invocar el referido acápite, sin la debida exposición de los antecedentes, los hechos y los fundamentos que sustentan la parte resolutiva de los Autos Supremos; al margen de ello, el mandato legal establecido en los arts. 419 y 420 del CPP, no puede ser interpretado en el sentido de que necesariamente la doctrina legal aplicable deba estar consignada en un acápite final, dejando de lado los antecedentes, los hechos y los fundamentos de los cuales fluye la doctrina legal aplicable, elementos que también deben ser analizados y explicados, puesto que son de vital importancia y se constituyen en el paso inicial a ser observado para determinar si dicho precedente se aplica o no a la situación futura, razones por las cuales, este Tribunal determinó que a partir de la presente Resolución, superando la modalidad hasta ahora empleada, asume el entendimiento de que la doctrina legal aplicable, debe estar inmersa y comprenda todos los fundamentos jurídicos contenidos en el fallo.
Finalmente, con la finalidad de evitar que esta nueva posición, orientada a la mejor comprensión de la doctrina legal aplicable, pueda ser objeto de erradas interpretaciones, se debe aclarar que los recursos de casación que sean planteados con la transcripción textual del acápite titulado “Doctrina legal aplicable” de Resoluciones anteriores a este nuevo entendimiento, también serán objeto de análisis de admisibilidad.
Estas consideraciones determinaron el pronunciamiento de esta Sala Penal del Auto Supremo 110/2013 de 22 de abril, en el que se asumió que los fundamentos de ese fallo se constituían en doctrina legal aplicable.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 18/2013 de 15 de febrero, cursante de fs. 612 a 613 de obrados y determina que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.

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