Source: https://ro.scribd.com/document/382306191/Informe-de-ONU-y-CIDH-sobre-libertad-de-expresion-en-Mexico
Timestamp: 2020-02-19 16:05:06+00:00

Document:
Informe de ONU y CIDH sobre libertad de expresión en México | México | Derechos humanos
Informe conjunto del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH sobre su misión a México
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Informe conjunto del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del
derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial para la libertad de expresión de la
CIDH sobre su misión a México
1. La Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) efectuó una visita oficial a México del
27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017, invitado por el Gobierno. La misión,
encabezada por el Relator Especial, Edison Lanza, y llevada a cabo conjuntamente con
el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y de expresión, David Kaye, dio seguimiento a la visita conjunta realizada en
2010 por los antecesores de ambos relatores, a saber, el Sr. Frank La Rue y la Sra.
Catalina Botero. Los Relatores Especiales visitaron cinco estados: Ciudad de México,
Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa.
2. Los Relatores Especiales agradecen al Gobierno por la invitación y la
cooperación prestada, y por facilitar las reuniones con autoridades. Los Relatores
Especiales se reunieron, en el ámbito federal, con el presidente de la Suprema Corte de
Justicia; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; el
titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones; el presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; la titular del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación; un consejero del Instituto Nacional Electoral; la subprocuradora de
Derechos Humanos; el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión; el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos
Humanos y Periodistas; la Comisión Nacional de Seguridad; el Ejército; la Secretaría
de Marina; miembros del Senado; miembros de la Cámara de Diputados; el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Asimismo, en el ámbito de las
entidades federativas, los Relatores Especiales se reunieron con representantes de los
gobiernos de la Ciudad de México, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz; la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Ciudad de México, Guerrero, Sinaloa,
Tamaulipas y Veracruz; las Comisiones de los Derechos Humanos de la Ciudad de
México, Guerrero y Veracruz; y la Comisión Estatal para La Atención y Protección de
los Periodistas de Veracruz.
3. Los Relatores Especiales se reunieron con más de 250 periodistas y
representantes de la sociedad civil de 21 entidades federativas distintas. Quisieran
agradecer a todas las autoridades, periodistas, representantes de la sociedad civil y
víctimas y familiares de víctimas que accedieron a reunirse con ellos y brindaron
información detallada y testimonios contundentes sobre el estado de la libertad de
expresión en el país. Los Relatores Especiales desean recordar al Estado su obligación
de garantizar la seguridad de todas las personas y organizaciones que participaron en
reuniones y proporcionaron información, testimonios o pruebas de cualquier tipo
4. Los Relatores Especiales también se reunieron con medios de comunicación y
representantes de misiones diplomáticas y valoran enormemente el apoyo y la
asistencia proporcionados por la Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El equipo de ACNUDH México
ejemplifica por qué es fundamental que haya personal de ACNUDH especializado y
dedicado en dependencias estatales y regionales.
5. México atraviesa una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los
derechos humanos de su población. Uno de los aspectos centrales de la crisis es el
debilitamiento del Estado de derecho y la gobernabilidad a nivel local que se ha
extendido en el país, que facilita y, al mismo tiempo, se ve exacerbada por homicidios,
desapariciones y torturas. Aunque el padecimiento es extendido, a menudo los hechos
de violencia se han dirigido a quienes son más indispensables para dar a conocer la
situación de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad: los periodistas. Se
trata de violencia que busca sofocar el debate público y la participación cívica, que
constituye un ataque general a la esencia de la vida democrática en México a nivel
local, estatal y nacional. Durante la visita, los Relatores Especiales escucharon
testimonios reiterados sobre asesinatos y desapariciones, ataques físicos y
psicológicos contra medios de comunicación y otras formas de injerencia que tienen
como propósito dañar no solo a periodistas individuales sino además el derecho del
público a saber.
6. Toda evaluación imparcial de la situación debe partir del reconocimiento de
que abordar este tipo de violencia no es algo sencillo. La delincuencia organizada se ha
infiltrado en la vida pública del país, sobre todo a nivel de los estados y los municipios,
conforme lo transmitieron decenas de funcionarios gubernamentales, periodistas y
organizaciones no gubernamentales a los Relatores Especiales reiteradamente
durante la visita. Además del uso de la violencia en todas sus formas, actores
delictivos y autoridades públicas intentan cooptar a periodistas para sus propios fines
y coaccionarlos para que difundan información que favorezca a las organizaciones
delictivas o perjudique a sus opositores. La delincuencia organizada ha generado
formas híbridas de intromisión en el periodismo, y ha sembrado así la división y la
desconfianza entre los periodistas, y entre estos y las autoridades locales. Algunas
regiones del país son “zonas silenciadas”, es decir, áreas sumamente peligrosas para el
ejercicio de la libertad de expresión, donde los periodistas no solo se ven limitados en
cuanto a lo que pueden publicar, sino además obligados a difundir mensajes de dichas
7. Este ataque expansivo contra los periodistas y el periodismo representa hoy la
amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión en México. No obstante,
eso no excluye la consideración de otros factores, pues hay un contexto más amplio en
el cual persisten serios obstáculos a la libertad de prensa y la expresión individual. En
parte, este contexto implica una transición histórica desde las prácticas
gubernamentales autoritarias del pasado hacia un pluralismo político emergente y los
reclamos de estándares democráticos. Esa transición no ha eliminado las prácticas
problemáticas e intimidatorias del pasado, como las expectativas de una adecuada
cobertura en la publicidad oficial, el despido de periodistas de postura crítica por
parte de medios de comunicación cuando las autoridades lo exigen y la falta de
pluralismo en la titularidad y el criterio editorial del sistema de medios. Los ejemplos
—ampliamente documentados— de vigilancia digital de periodistas y defensores de
derechos humanos, entre otros, parecen ser a la vez un vestigio de las estrategias del
pasado y una muestra de los desafíos que enfrentan los periodistas en la era digital.
Estándares legales internacionales y marco legal interno
8. El artículo 19(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP), adoptado por México el 21 de marzo de 1981, garantiza el derecho de toda
persona a no ser molestada por sus opiniones. El artículo 19(2) protege el derecho de
las personas de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras y por cualquier medio. Conforme al artículo 19(3), toda
restricción a este derecho deberá estar fijada por la ley y ser necesaria y
proporcionada para asegurar los derechos o la reputación de los demás, la seguridad
nacional, el orden público o la salud y la moral públicas.
9. México es además Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que en el artículo 13 garantiza la libertad de expresión, incluido el derecho
a la información. El artículo 13(2) dispone que el ejercicio de la libertad de expresión
“no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”, las que
deben previstas por la ley, perseguir un fin legítimo y ser necesarias y proporcionadas
para alcanzar ese objetivo. El artículo 13(3) estipula que “[n]o se puede restringir el
derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros
medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
10. La Constitución de México reconoce las obligaciones internacionales de
derechos humanos asumidas por el país: “todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte” (artículo 1). En julio de 2011, a través de reformas
constitucionales se impuso la obligación de que la adopción de leyes y las decisiones
en el ámbito federal y de las entidades federativas cumplan con el derecho
internacional de los derechos humanos (artículo 1 y 133). La reforma exige que
cuando haya contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales de
derechos humanos deberá prevalecer la norma más favorable a la protección de la
persona. El proceso de armonización de las leyes internas con este cambio
constitucional ha sido lento. Los Relatores Especiales exhortan a que se adopten
nuevas leyes y se modifiquen las leyes existentes para cumplir con la reforma
11. La constitución de México establece una protección integral y detallada de la
libertad de expresión en los artículos 6 y 7. Las reformas constitucionales de 2015
intentaron perfeccionar y fortalecer las protecciones legales para la libertad de
12. Asimismo, la Constitución prevé para las autoridades gubernamentales la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. También destaca que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.
13. En 2012, se adoptó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, y se creó el Mecanismo de Protección a nivel federal.
Durante la visita, los Relatores Especiales tomaron conocimiento de que nueve
entidades federativas han aprobado leyes similares y en la actualidad se están
considerando 15 iniciativas. No obstante, muchas de las leyes prevén una definición
restrictiva de “periodistas”. Un enfoque acotado de la definición de “periodistas”
podría excluirlos de protecciones o de las estadísticas relativas a los ataques contra
periodistas. Los Relatores Especiales consideran positiva la definición exhaustiva de
periodista establecida en la Recomendación General 24 de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, que incluye a todas aquellas personas que recaban, generan,
procesan, editan, comentan, opinan, difunden, publican o proveen información a
través de cualquier medio de difusión y comunicación, ya sea de manera eventual o
permanente, lo que incluye a los comunicadores, a los medios de comunicación y sus
instalaciones, y a sus trabajadores. Los Relatores Especiales instan a todas las
autoridades en el ámbito federal y de las entidades federativas a observar esta
14. El marco legal de un país debe garantizar el ejercicio de la libertad de
expresión y prevenir las restricciones arbitrarias o desproporcionadas. En la época de
la visita, el Congreso estaba considerando varios proyectos legislativos que fueron
tomados en cuenta por los Relatores Especiales.
15. El proyecto sobre Seguridad Interior fue aprobado por el Senado el día
siguiente a la visita oficial y promulgado posteriormente por el Presidente el 21 de
diciembre de 2017. Ante las protestas de la sociedad civil y el pedido formal efectuado
por varias instituciones, la ley ahora está siendo analizada por la Suprema Corte.
Aunque las autoridades han justificado la norma sosteniendo que es una herramienta
clave para combatir la violencia vinculada con las drogas y que permitiría reglamentar
el uso de las Fuerzas Armadas en un marco legal, a los Relatores Especiales les
preocupan algunas disposiciones que podrían tener un impacto negativo en el acceso
a información, el nivel de supervisión de las actividades de inteligencia y el uso de la
fuerza durante manifestaciones.
16. Otorgar a las Fuerzas Armadas la facultad de reunir inteligencia interna genera
serios interrogantes sobre las limitaciones a la supervisión civil y judicial que exigen
los estándares internacionales. Asimismo, la ley pareciera permitir la designación
automática como clasificada de la información reunida por las Fuerzas Armadas por
motivos de seguridad nacional. Los Relatores Especiales destacan con preocupación
que la ley supone un retroceso respecto de los avances logrados en los últimos 15
años en materia de transparencia y acceso a información. También contravendría las
facultades ejercidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) de determinar qué información
debería protegerse para fines de seguridad nacional. Podría impedir que se divulgue
información relacionada con graves violaciones de derechos humanos, y vulnerar así
los estándares sobre el derecho de las víctimas a la verdad y el acceso a información.
La ley contiene asimismo disposiciones ambiguas sobre el rol de las Fuerzas Armadas
en el contexto de protestas sociales y el uso de la fuerza contra “actos de resistencia”.
Estas disposiciones podrían generar las condiciones para que las Fuerzas Armadas
lleven a cabo funciones de control de policía, con normas diferentes sobre uso de la
fuerza, en el contexto de protestas sociales.
17. Los Relatores Especiales consideran positiva la abolición de la difamación penal
a nivel federal en 2007. No obstante, la difamación sigue existiendo a nivel estatal en
entidades federativas, mientras que otras cinco mantienen otros tipos de delitos
contra el honor en sus códigos penales. Los Relatores Especiales instan a las
autoridades pertinentes en esas entidades federativas a tomar medidas para derogar
tales disposiciones, a fin de adecuar su marco legal al marco nacional y a los
estándares internacionales. Asimismo, se utiliza la difamación civil para presionar a
periodistas, a menudo a través de demandas presentadas por funcionarios públicos.
Varios periodistas en el país han enfrentado demandas infundadas que exigían el pago
de cifras exorbitantes por supuestos daños originados por contenidos que han
publicado. La falta de reglamentaciones sobre el uso de demandas infundadas podría
disuadir a periodistas de llevar a cabo una rigurosa labor periodística en pro del
interés público. Los Relatores Especiales instan a las ramas legislativa y judicial del
gobierno a asegurar que se regule esta práctica, ya sea a través de leyes que sancionen
las demandas estratégicas contra la participación pública (strategic lawsuits against
public participation, SLAPP) o de la adopción de criterios para que los jueces puedan
desestimar estos reclamos sin sustento luego de una atenta consideración. En este
contexto, a los Relatores Especiales les preocupan las reformas propuestas a la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (artículo 304) y al Código Penal
Federal (artículo 172 TER). De adoptarse, estas reformas podrían restringir la libertad
de expresión de modos que no resultan compatibles con el derecho internacional de
III. Ataques contra periodistas
18. En el contexto de la violencia generalizada, los ataques contra periodistas exigen
que se adopte una modalidad específica de reconocimiento, atención y respuesta. Desde
la visita anterior en 2010, México ha establecido leyes e instituciones a nivel federal y
estatal abocadas a la protección de los periodistas. Los Relatores Especiales consideran
positivos estos adelantos, entre los cuales se incluyen la FEADLE (Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión), creada en 2010 para
impulsar investigaciones y procesos penales; el Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (el Mecanismo de Protección),
creado en 2012 para brindar medidas de protección y prevención; y la CEAV (Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas) conformada en 2014 para promover la atención a las
víctimas. Varias entidades federativas también han implementado recientemente
19. Las amenazas físicas y la intimidación constituyen la forma más extendida de
ataques contra periodistas. También son comunes las agresiones físicas y los
secuestros. Los Relatores Especiales identificaron asimismo ejemplos de intimidación,
estigmatización, discriminación y condiciones de trabajo deficientes que agudizan la
vulnerabilidad de los periodistas. Los ataques digitales contra los periodistas y sus
fuentes, el hostigamiento a través de medios sociales y la vigilancia secreta no
supervisada están entre los desafíos más recientes y alarmantes. A su vez, los
obstáculos estructurales en las instituciones judiciales y gubernamentales a menudo
impiden que los periodistas obtengan resarcimiento, lo cual podría provocar la
revictimización de los periodistas que son blanco de ataques o actos de intimidación.
Tanto periodistas como titulares de medios de comunicación expresaron su
preocupación por la aplicación, por parte de autoridades, de la ley y de
procedimientos legales para hostigar y silenciar actividades periodísticas críticas, por
ejemplo, realizando auditorías fiscales injustificadas y planteando acciones penales y
civiles infundadas. En varios casos, los ataques no se informan por temor a que la
situación se agrave o, sencillamente, por desconfianza.
A. Homicidio y otras agresiones físicas y amenazas contra periodistas
20. No existe un único sistema que obtenga y recopile datos sobre agresiones
contra periodistas. Los criterios y la metodología para obtener tales datos difieren
entre las instituciones federales y estatales. Los datos reunidos por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos ofrecen un panorama catastrófico de la situación
de los periodistas en México: desde 2010, 73 periodistas han sido asesinados, 12
periodistas han sufrido desaparición forzada y hubo 44 intentos de asesinato. Desde
2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado 52 ataques contra
medios de comunicación. En 2017, se registraron al menos 12 homicidios de
periodistas. Estos periodistas son Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach,
Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Arturo Valdez, Salvador Adame, Héctor
Jonathan Rodríguez, Cándido Ríos, Juan Carlos Hernández Ríos, Edgar Daniel Esqueda
Castro y Gumaro Pérez Aguilando. Desde inicios de 2018 y hasta la época en que se
redactó este informe, fueron asesinados cinco periodistas: Carlos Domínguez, Pamela
Montenegro. Leobardo Vázquez; Juan Carlos Huerta and Alicia Díaz; y todavía se
desconoce el paradero del periodista Agustín Silva. Muchos de los ataques han tenido
como víctimas a periodistas que informaban sobre corrupción, narcotráfico, colusión
de funcionarios públicos con la delincuencia organizada, violencia policial y temas
21. El secuestro de periodistas sigue siendo una modalidad extendida de agresión,
usada a menudo como forma de intimidación, para atemorizar a quienes pretenden
investigar e informar sobre ciertas cuestiones. En la mayoría de esas desapariciones
forzadas, posteriormente el periodista es hallado asesinado. Pese a la aprobación
reciente de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y a la
existencia de un protocolo de investigación especializado sobre el tema, las
investigaciones se inician con demora incluso cuando se ha identificado a presuntos
implicados. Los Relatores Especiales instan a las autoridades a considerar prioritario
el inicio inmediato de las investigaciones en esos casos.
22. El desplazamiento interno de periodistas también se ha convertido en una
característica predominante de la situación en el país. Aunque no hay datos que
indiquen la cantidad de periodistas desplazados en el país, los Relatores Especiales
determinaron que muchos se trasladan a la Ciudad de México, mientras que algunos se
desplazan en otros estados o incluso hacia otros países. Muchos se ven obligados a
dejar a sus familias y no pueden encontrar trabajo. Diversos periodistas que cuentan
con medidas de protección informaron a los Relatores Especiales que tales medidas
suelen ser inadecuadas y no responden de manera integral a la situación de sus
familias. Algunos periodistas que se han desplazado internamente han sido asesinados
en el nuevo estado de acogida. No hay una estrategia integral que proteja a los
periodistas desplazados, ni mucho menos una estrategia para que puedan regresar en
forma segura o ser reubicados adecuadamente. Muchos periodistas también evitan
presentar reclamos de protección por temor a que esto los exponga incluso a un
riesgo más grave. Son pocos los que reciben asistencia de las autoridades locales, y las
medidas temporales en general parecen insuficientes. Todos estos problemas se
extienden también a las familias de los periodistas. La falta de coordinación entre las
autoridades federales y entre estas y las estatales provoca que no se considere
adecuadamente su situación de salud, las necesidades educativas de sus hijos y su
empleo, y los expone a una situación constante de inseguridad. En consecuencia,
numerosos periodistas no consideran que el desplazamiento sea una alternativa
realista y muchos sencillamente evitan presentar solicitudes de protección.
23. En este sentido, los Relatores Especiales valoran el informe y las
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre
desplazados internos en México e instan a que se implementen sus recomendaciones1.
24. Existe en México una arraigada tradición de protesta social. Las próximas
elecciones están programadas para julio de 2018 —se trata de comicios simultáneos a
nivel nacional, estatal y municipal que serían los más amplios en la historia de
México– y es particularmente importante asegurar que las personas puedan reunirse
y protestar sin riesgos para su integridad física y su vida, sin exigencias burocráticas
desproporcionadas, y que se capacite adecuadamente a las fuerzas policiales para el
control de multitudes. La adopción por la Policía Federal y las autoridades de la
Ciudad de México de protocolos sobre uso de la fuerza, incluso en el contexto de
protestas, constituye una medida positiva. No obstante, algunos aspectos de estos
protocolos, así como diversos proyectos legislativos y leyes presentados a nivel
federal y de las entidades federativas (como en Jalisco, Ciudad de México, Quintana
Roo y San Luis Potosí) concitan serias dudas sobre el cumplimiento de los estándares
internacionales. En particular, estas normas contienen disposiciones que permiten el
uso de armas letales en las proximidades de protestas, imponen diversos obstáculos
administrativos que en la práctica limitan los derechos relevantes y agravan las
sanciones para quienes cometan ciertos delitos en el marco de protestas, entre otras
medidas. Estos aspectos deben revisarse con urgencia para asegurar que sean
congruentes con los estándares internacionales de derechos humanos.
25. Los Relatores Especiales quisieran destacar la importancia del periodismo en el
contexto de las elecciones, sobre todo considerando que es una condición para el
ejercicio del derecho del público a la información y la posterior participación política
en el proceso electoral. Como consecuencia de esta función, los periodistas actúan en
medio de intereses contrapuestos y es posible que se conviertan en blanco de
amenazas y agresiones físicas tanto por parte de actores políticos como de actores no
estatales. Los Relatores Especiales exhortan al Gobierno a fomentar de manera pública
la divulgación total y eficiente de información a periodistas que den cobertura al
proceso electoral, y adoptar una estrategia específica para garantizar su seguridad
B. Riesgos especiales que enfrentan las mujeres periodistas y los
periodistas indígenas
26. En un contexto general de grave violencia e inseguridad, numerosos periodistas
enfrentan vulnerabilidades adicionales en su trabajo debido a su género u origen
étnico. No existen datos centralizados sobre agresiones contra periodistas indígenas.
Los Relatores Especiales subrayan que los periodistas comunitarios y aquellos que
pertenecen a poblaciones indígenas a menudo son los únicos nexos para llevar
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación N.º 39/2017. Los Relatores
Especiales reconocen asimismo la importancia del trabajo realizado por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los últimos años para abordar la situación de los desplazados internos en
México, incluido el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (2016); la preparación y
publicación del Protocolo para la Atención y Protección de las Víctimas de Desplazamiento Forzado
Interno en México (2017); el Foro Internacional sobre Desplazamiento Forzado Interno (agosto de
2017); y la publicación de la Declaración de México sobre Desplazamiento Forzado Interno (agosto
información a sus comunidades, y tienen la función adicional de informar en su propio
idioma y de divulgar particularmente cuestiones culturales y sociales en su
comunidad que, de lo contrario, no recibirían cobertura en otros medios de
comunicación. A menudo son blanco de hostigamiento y estigmatización por parte de
funcionarios públicos y enfrentan condiciones especialmente arduas debido a trabajar
en zonas remotas, con escasos recursos y equipos precarios. Suelen hallarse en
regiones con presencia de industrias extractivas, donde existen amenazas y
restricciones adicionales impuestas por actores no estatales, a veces en colaboración
27. Aunque México ha tenido un rol de liderazgo en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la realidad que enfrentan los
periodistas indígenas está muy lejos de los compromisos asumidos en el plano
internacional. Diversos periodistas indígenas comunicaron a los Relatores Especiales
sus experiencias de discriminación racial, a menudo agravadas por agresiones físicas,
y la falta general de acceso a la justicia debido a la distancia, la falta de asistencia legal
adecuada, los obstáculos idiomáticos y el temor a represalias. Son muchos los casos de
agresiones a periodistas indígenas que no se informan a las autoridades. Por
consiguiente, los Relatores Especiales destacan la urgencia de tomar en cuenta las
necesidades específicas de los periodistas indígenas a nivel federal y de las entidades
federativas, entre otras formas, a través del Mecanismo de Protección y la Ley para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
28. Las mujeres periodistas deben lidiar con entornos amenazantes específicos. En
la actualidad, no hay datos centralizados sobre agresiones contra mujeres periodistas.
En el estado de Guerrero, diversos miembros de la sociedad civil indicaron que habían
registrado al menos 23 casos de graves agresiones contra mujeres periodistas
ocurridas desde 2014. Aunque el acoso a través de Internet extiende el espectro de las
amenazas contra mujeres, varias organizaciones indicaron que no hay documentación
pública de la violencia en línea contra mujeres periodistas. Varias mujeres periodistas
informaron sufrir acoso mientras realizaban algún reportaje, a menudo ejercido por
autoridades públicas, y a veces incluso agresiones físicas por policías o miembros de
las fuerzas de seguridad. Otras vulnerabilidades se deben a la labor que desarrollan
como periodistas de investigación y el hecho de que suelen percibir una remuneración
menor a la de sus colegas de sexo masculino. Aunque son muchas las mujeres
periodistas, las que ocupan posiciones directivas siguen siendo una minoría. Muchas
mujeres periodistas informaron a los Relatores Especiales sobre reuniones con
autoridades públicas de sexo masculino en las cuales el tono fue particularmente
29. A su vez, la falta de perspectiva de género en las etapas de investigación,
juzgamiento o protección provoca que no se atienda adecuadamente la particularidad
de la situación de las mujeres periodistas. Los Relatores Especiales destacan que, en
2012, en sus observaciones finales a México, el Comité para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer recomendó que el Mecanismo de
Protección y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas incluyera una perspectiva de género y que las autoridades adoptaran
medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir, investigar, enjuiciar y
castigar ataques y otras formas de abuso contra mujeres defensoras de derechos
IV. Marco institucional para la protección de periodistas
30. La naturaleza sistemática y multifacética de la violencia que se describió
precedentemente exige fortalecer las instituciones nacionales responsables de
cumplir las obligaciones estatales de protección de periodistas, y la implementación
de un conjunto de estrategias urgentes, integrales y coherentes en materia de
prevención, protección y rendición de cuentas.
A. Protección de periodistas
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
31. Con la contundente contribución de la sociedad civil mexicana, en 2012 el
Gobierno adoptó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas. La Ley creó el Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (el Mecanismo), la política pública
más importante para proteger a los periodistas en México. Desde su creación, el
Mecanismo ha brindado protección al menos a 310 periodistas, de un total de 370 que
la solicitaron.
32. El Gobierno ha adoptado medidas significativas para fortalecer el
funcionamiento y la eficacia del Mecanismo y para implementar las recomendaciones
formuladas por la sociedad civil y expertos del sector, y eso ha contribuido a generar
más confianza entre beneficiarios y periodistas. No obstante, muchos de los desafíos
todavía no fueron abordados adecuadamente. La coordinación entre el Mecanismo y
las autoridades locales para la implementación de medidas de prevención y
protección sigue siendo problemática. Los Relatores Especiales consideran positiva la
adopción, en el año 2017, del protocolo para estandarizar los procedimientos
operativos y facilitar esta coordinación. El Gobierno debería asegurar que se capacite
al personal local sobre cómo cumplir sus obligaciones conforme al protocolo y que
entiendan cabalmente la importancia del rol de los periodistas en una sociedad
democrática. El Gobierno debería dar prioridad al fortalecimiento del Mecanismo
Federal por sobre mecanismos estatales, no solo para asegurar una coordinación
eficaz con las autoridades locales, sino además para dotarlo de la posibilidad de actuar
a nivel local de manera sostenible. También se debería fortalecer la coordinación
entre el Mecanismo y otros organismos federales e instituciones nacionales, como la
PGR, la CEAV y la CNDH. En particular, el cumplimiento por la PGR de su
responsabilidad de identificar e investigar los riesgos que enfrentan los beneficiarios
debería percibirse como un aspecto esencial de todo programa de protección.
33. Sigue siendo necesario que las metodologías de evaluación de riesgos incluyan
un enfoque diferenciado que tome en cuenta los riesgos específicos que sobrellevan
ciertos grupos de periodistas, incluidas las mujeres periodistas y los periodistas
indígenas. El Gobierno debería además realizar acciones adicionales para incluir la
seguridad digital entre las evaluaciones de riesgos que realiza el Mecanismo y brindar,
cuando corresponda, medidas de protección digital, como la gestión segura de datos
de comunicaciones personales. Asimismo, el Mecanismo debería ocuparse
eficazmente de las agresiones físicas perpetradas por funcionarios estatales, al igual
que otras formas de violencia institucional contra periodistas (a saber, campañas de
desacreditación y criminalización).
34. El Mecanismo carece de recursos suficientes para ejercer plenamente su
mandato. Necesita recursos que le permitan incrementar de manera sustancial la
cantidad de personal; proteger a su personal y retenerlo; asegurar un análisis
oportuno de las amenazas; y capacitar al personal sobre temas relacionados
específicamente con cuestiones de género e indígenas. El Mecanismo debería además
recibir recursos para brindar apoyo psicológico integral a los periodistas desplazados
y sus familias. Debería brindar apoyo que permita a los periodistas seguir trabajando
desde su nueva ubicación e impulsar estrategias que faciliten el regreso de los
periodistas en las condiciones de seguridad necesarias. Un esfuerzo ambicioso del
Gobierno para aumentar la capacidad y el presupuesto del Mecanismo no solo
favorecerá el objetivo de dar mayor protección, sino que además transmitiría la
voluntad política de que la seguridad de los periodistas sea un objetivo nacional
35. El derecho internacional exige asimismo que el Mecanismo sea transparente, a
fin de asegurar que se supervise su eficacia y se favorezca la confianza entre
beneficiarios y otros actores interesados, sin perjuicio de las limitaciones acotadas
que se establezcan con fines legítimos, como la protección de la privacidad y la
seguridad de las personas afectadas. Como mínimo, el Mecanismo debería ser
transparente en cuanto a su marco jurídico, sus normas y procedimientos, sus
políticas de evaluación de riesgos, su presupuesto (asignado y gastado) y todas las
estadísticas y los datos necesarios para el seguimiento de su implementación. No se
deberían aplicar restricciones a la información de un modo que impida la supervisión
del Mecanismo y oculte eventuales irregularidades.
El rol de las empresas de medios
36. Muy pocos periodistas amenazados manifestaron percibir que los medios para
los cuales trabajaban les ofrecieran suficiente apoyo o, directamente, algún tipo de
apoyo. Los Relatores Especiales esperan que haya cambios en el grado de apoyo
brindado por los medios de comunicación. Los Relatores Especiales instan a las
empresas de medios a actuar con urgencia para mejorar las condiciones de trabajo y,
además, brindar apoyo a los periodistas desplazados en sus ciudades,
preferentemente dándoles trabajo permanente o como colaboradores independientes.
Destacan que el rol de las empresas de medios complementa, pero no reemplaza en
absoluto, la obligación del Estado de prevenir los delitos contra los periodistas y
37. Los Relatores Especiales reiteran su apoyo al Protocolo de Solidaridad,
presentada por 39 medios de comunicación, que reconoce su rol en promover avances
en la protección y rendición de cuentas en casos de crímenes contra periodistas, así
como en la necesidad de brindar programas adecuados de desarrollo de capacidades,
seguridad social, salarios dignos y pólizas de seguro de vida para periodistas cuya
labor implique un riesgo manifiesto.
Iniciativas colectivas de autoprotección
38. La importancia de la solidaridad también se extiende a los mismos periodistas.
Durante la visita, los Relatores Especiales observaron que los periodistas y las
organizaciones de la sociedad civil están en condiciones de trabajar en redes para
exigir justicia, promover avances en la protección brindada por el gobierno, compartir
mejores prácticas y establecer sus propios sistemas de protección colectiva. El
contexto actual agudiza la desconfianza entre periodistas y menoscaba la solidaridad y
la colaboración entre pares. Los Relatores Especiales aplauden en particular las
iniciativas colectivas de autoprotección en las cuales periodistas, grupos informales y
organizaciones de la sociedad civil colaboran para identificar, registrar, analizar y
39. Durante los encuentros con periodistas, los Relatores Especiales advirtieron
que en muchos casos la intervención de grupos informales de periodistas permitió
que colegas que estaban en riesgo conocieran las distintas posibilidades de protección
y justicia. Asimismo, tales grupos desempeñan un rol clave de intercambio de
herramientas y estrategias de autoprotección. Es clave que las autoridades
pertinentes reconozcan la importancia de estas estructuras y contribuyan a su
B. Prevención de ataques contra periodistas
40. Los Relatores Especiales destacan la importancia de contar con una política
integral para combatir la violencia contra periodistas, que incluya adoptar medidas de
prevención para abordar sus causas fundamentales y promover un entorno que
favorezca la libertad de expresión.
41. Los Relatores Especiales consideran positiva la adopción de los sistemas de
alerta temprana del Mecanismo para Veracruz y Chihuahua. No obstante, la existencia
de estos planes no ha impedido los asesinatos de periodistas que tuvieron lugar
posteriormente en Veracruz y Chihuahua durante 2017, y las acciones que se pusieron
en marcha hasta el momento —especialmente en Veracruz— no resultan suficientes
para generar los cambios que exige la situación actual. Los Relatores Especiales
alientan al Gobierno mexicano a intensificar las iniciativas de alerta temprana y otras
medidas preventivas, en consonancia con sus obligaciones internacionales, tomando
en cuenta la naturaleza específica de los riesgos y sus contextos particulares, tales
como la situación de seguridad en zonas de conflicto, durante períodos electorales y
en manifestaciones públicas. El Plan de Contingencia de Chihuahua, si se desarrolla
correctamente y de un modo transparente, tiene el potencial para convertirse en una
de las mejores prácticas de la región en materia de medidas de prevención para
42. La prevención también implica asegurar que los periodistas puedan contribuir
de manera eficaz al debate público, sin tener que enfrentar acciones penales o civiles.
Por lo tanto, es importante que el Mecanismo asuma un papel preponderante en la
promoción de iniciativas legislativas para combatir la censura, siempre que esto forme
parte de sus facultades y atribuciones.
C. Justicia por delitos contra periodistas
43. Los Relatores Especiales determinaron que México ha realizado escasos avances
—si es que efectivamente ha logrado progresar— en la erradicación de la impunidad
desde 2010. La impunidad por los asesinatos y otros ataques contra periodistas ha sido
documentada por instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, y
estos datos sugieren que al menos el 99,6 % de estos delitos aún no han sido
esclarecidos. Es inadmisible que el Gobierno mexicano siga sin investigar
exhaustivamente estos delitos y juzgar a los responsables. Durante la visita, los
Relatores Especiales escucharon varias historias que revelan los altos niveles de temor
y autocensura que causaron, entre los periodistas y sus comunidades, la impunidad y la
profunda desconfianza en que las autoridades públicas logren justicia y protejan el
44. Los Relatores Especiales reconocen que, a nivel federal, se realizaron las
reformas legales e institucionales pertinentes para fortalecer la facultad de la FEADLE
de investigar y juzgar estos delitos. Además, durante la visita, los Relatores Especiales
fueron informados acerca de los recientes esfuerzos realizados a fin de mejorar la
capacidad de la FEADLE de cumplir su mandato, lo cual incluye adoptar un protocolo de
investigación, reorganizar su estructura interna y mejorar la comunicación con las
víctimas, y de lograr una mayor coordinación con las autoridades locales.
45. No obstante, lo cierto es que la FEADLE no ha contribuido significativamente a
combatir la impunidad y recuperar la confianza pública. A los Relatores Especiales les
preocupa especialmente la falta absoluta de avances en las investigaciones sobre la
desaparición de periodistas, como así también en los casos emblemáticos de agresiones
contra estos profesionales2. De acuerdo a cifras proporcionadas por la FEADLE, de los
84 asesinatos de periodistas cometidos en México desde 2010, la FEADLE determinó
que 37 de estos no habrían sido motivados por el ejercicio periodístico de las víctimas.
De los 47 crímenes en los que se identificó un vínculo al trabajo periodístico de la
víctima, hay 28 investigaciones pendientes, 16 investigaciones que han sido cerradas o
suspendidas, y sólo en 3 casos se han abierto procesos penales. A lo largo de estos años,
la capacidad humana y material de la FEADLE han sido inadecuadas. Entre 2014 y 2018,
el presupuesto de la FEADLE se ha reducido en más del 50 %, lo cual menoscaba incluso
los intentos más modestos de cumplir el mandato legal de esta fiscalía.
46. Lo señalado por periodistas, víctimas, organizaciones de la sociedad civil y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó a los Relatores Especiales a concluir
que la FEADLE carece de planes de investigación eficaces, no agota todas las líneas de
Por ejemplo, de acuerdo con la información proporcionada por el Estado, aún están en trámite las
investigaciones sobre los homicidios y desapariciones de Roberto Mora (2004), Bradley Roland Will
(2006), José Antonio García Apac (2006), Armando Rodríguez Carreón, (2008), Mauricio Estada
Zamora (2008), José Vladimir Antuna (2009), María Ester Aguilar Casimbe (2009), Ramón Ángeles
Alpa (2010), Pedro Argüello y Miguel Ángel Rodríguez (2010), José Luis Romero (2010), Fabián
Ramírez López (2010), Humberto Millán (2011).
investigación, no identifica a todas las personas responsables de delitos (lo cual incluye
a autores intelectuales y cómplices), y no analiza el contexto en el cual se produjeron los
delitos, particularmente el modo en que el poder político y delictivo opera a nivel local y
en otras realidades locales. Los Relatores Especiales tomaron conocimiento de que no
se protege la seguridad de los testigos y de que no se reúne y preserva de manera eficaz
la evidencia policial y forense. Los Relatores Especiales recibieron con gran
preocupación la información sobre la ineficacia de investigaciones sobre amenazas y
acoso a periodistas, tanto en línea como en medios tradicionales, que quedan
paralizadas a causa de engorrosos requisitos legales, como evaluaciones psicológicas de
las víctimas y falta de una verdadera coordinación entre los mecanismos de protección.
Los Relatores Especiales también recibieron información sobre los obstáculos que
afectan la participación de las víctimas en las investigaciones y sobre su
estigmatización. La FEADLE no ha incluido una perspectiva de género en su trabajo que
le permita actuar de manera más eficaz ante los delitos contra mujeres periodistas, que,
como resultado de la discriminación, muchas veces no se denuncian. También les
preocupa que la institución no utilice sus facultades legales para ejercer su competencia
respecto de casos de asesinatos, secuestros o desapariciones de periodistas en las
entidades federativas con los más altos niveles de violencia e impunidad.
47. A nivel local, numerosos periodistas expresaron una profunda desconfianza ante
las autoridades locales a cargo de las investigaciones, que en muchos casos se cree que
han actuado en connivencia con organizaciones de delincuencia organizada. En
reuniones con los Relatores Especiales, varios periodistas locales expresaron su temor y
su frustración con las autoridades judiciales locales y enfatizaron que presentar
reclamos ante estas resultaría “inútil” y no haría más que agravar los riesgos que ya
48. Dada la gravedad y la magnitud de la crisis actual y la falta de independencia de
muchas autoridades locales, los Relatores Especiales consideran que es imperativo que
las autoridades gubernamentales intensifiquen el uso de la potestad legal de la FEADLE
para investigar y enjuiciar delitos contra periodistas y adoptar medidas de amplio
alcance que pongan fin a la impunidad. Con ese objetivo, se deben proporcionar a la
FEADLE todos los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para
implementar su mandato. Los investigadores y funcionarios de aplicación de la ley
deben estar debidamente equipados y recibir capacitación especializada en todos los
aspectos de la investigación de delitos contra la libertad de expresión. Asimismo,
deberían establecerse criterios claros y objetivos respecto de la facultad de la FEADLE
de llevar adelante investigaciones de delitos contra periodistas que no se encuadren en
su “competencia original”, a fin de no perjudicar las investigaciones penales con
demoras injustificadas y confusión en cuanto a competencia. Esto es particularmente
importante en la investigación de asesinatos y desapariciones de periodistas. En estos
casos, los Relatores Especiales instan a la FEADLE a que ejerza eficazmente su
competencia en todos los casos en que, aparentemente, están involucradas autoridades
locales o poderosas bandas delictivas, y en que la capacidad de las autoridades de
aplicación de la ley de las entidades federativas para llevar a cabo una investigación
independiente e imparcial se vea razonablemente cuestionada. Asimismo, la FEADLE
debería adoptar un protocolo específico que establezca los principios y las obligaciones
legales de las personas que están a cargo de investigar delitos contra la libertad de
expresión y fije un estándar común sobre cómo llevar a cabo una investigación
oportuna, diligente, independiente y transparente de estos casos, de conformidad con
los estándares y mejores prácticas internacionales de derechos humanos y en consulta
con la sociedad civil3. La FEADLE también debe poder cumplir con todas sus
El protocolo debe poder brindar orientación detallada a los investigadores respecto de todos los aspectos del
proceso de investigación necesarios para seguir las líneas de investigación vinculadas con las actividades
periodísticas de las víctimas. Esto puede incluir orientación específica sobre cómo llevar adelante una investigación
del lugar donde se cometió el delito y recabar pruebas físicas; encontrar, entrevistar y proteger a testigos; recabar
pruebas digitales; evaluar el contexto político y social; identificar el móvil del delito y facilitar la asistencia técnica
internacional. El protocolo debería incluir políticas sobre la protección de las fuentes periodísticas durante la
investigación. Esta herramienta debería contribuir a que los investigadores estén familiarizados con la definición
funcional de periodistas que se establece en la legislación nacional y en las normas internacionales, a fin de prevenir
obligaciones sin intimidación, acoso ni interferencia indebida por parte de las
autoridades gubernamentales ni de terceros. La aprobación —largamente esperada—
de una ley que crea una fiscalía nacional autónoma, transparente y eficaz debería
brindar garantías para que la FEADLE opere con independencia a nivel institucional,
tanto en la práctica como en la manera en que es percibida.
49. El poder judicial debería desempeñar un papel clave contra la impunidad y los
Relatores Especiales destacan la importancia de que, además de ser independiente e
imparcial, el poder judicial cuente con recursos materiales y humanos suficientes y
formación adecuada para brindar, en un plazo razonable, acceso a la justicia y
50. Los Relatores Especiales están particularmente preocupados por la falta de
mecanismos para supervisar el avance de las investigaciones y la eficacia de las medidas
de rendición de cuentas existentes. Estos mecanismos podrían alertar sobre las
deficiencias y las acciones correctivas que puedan necesitarse. La supervisión podría
optimizarse notablemente mejorando las estadísticas criminalísticas sobre violencia
contra periodistas y los procesos penales iniciados por estos delitos. México debería
garantizar, tanto en la legislación como en la práctica, que se sancione a los funcionarios
públicos que no cumplan con sus obligaciones legales de investigar debidamente los
51. Los Relatores Especiales instan al Gobierno mexicano a reemplazar este
paradigma de impunidad por otro que garantice una efectiva investigación, juzgamiento
y monitoreo, de conformidad con sus obligaciones internacionales.
V. Vigilancia de periodistas, figuras públicas y otras
52. Una serie de informes ampliamente documentados en 2017 demostró que el
Gobierno de México y varios gobiernos de las entidades federativas compraron o
usaron software diseñado para monitorear a personas a través de sus teléfonos
celulares. Esos informes han mostrado, de manera contundente, que el programa
espía —producido por NSO Group, con sede en Israel, y denominado “Pegasus”—
tenía como blanco, entre otros, a políticos, periodistas, defensores de derechos
humanos, abogados, expertos en salud pública y lucha contra la corrupción e incluso el
organismo internacional establecido para investigar la desaparición masiva de
estudiantes en Iguala en 2014.
53. Los Relatores Especiales se reunieron con víctimas de estas acciones de
vigilancia y de intentos de vigilancia, con el objeto de comprender el modo en el cual el
uso de la tecnología amenazaba su trabajo y su sensación de seguridad. Efectivamente,
la tecnología de vigilancia tiene graves implicaciones para el ejercicio de la libertad de
expresión, y afecta la capacidad de las personas de transmitir o recibir información y
establecer contactos con activistas y con otras personas. Crea incentivos para la
autocensura y menoscaba de manera directa la capacidad de periodistas y defensores
de derechos humanos de llevar a cabo investigaciones, y de forjar y mantener
relaciones con fuentes de información. Para los gobiernos, la vigilancia solo debe ser
una opción si se implementa conforme a las normas más estrictas en el contexto de la
aplicación de la ley, que sean de pública consulta y hayan sido adoptadas en forma
pública, sobre la base de principios de necesidad y proporcionalidad, y asegurando
una rigurosa supervisión judicial.
la estigmatización y la exclusión de periodistas de medios no tradicionales, como bloggers y personas que ejercen el
periodismo ciudadano. El protocolo también debería ofrecer orientación concreta sobre cómo identificar delitos
sexuales y de género perpetrados contra periodistas, e investigarlos de manera diligente. El protocolo debería incluir
políticas sobre participación y protección de víctimas, transparencia de las investigaciones y mecanismos de
supervisión disponibles para que la FEADLE cumpla sus metas y responsabilidades.
54. En junio de 2017, el presidente Peña Nieto reconoció que el gobierno había
comprado software que le permitía llevar a cabo tareas de vigilancia digital. Aunque
Peña Nieto negó que las autoridades hubieran dado instrucciones para el uso de
Pegasus, el Gobierno posteriormente inició una investigación interna dirigida por la
FEADLE. En las conversaciones mantenidas por los Relatores Especiales con la
FEADLE, estos tomaron conocimiento de que dicha fiscalía había iniciado esa
investigación, con el objeto de identificar a los compradores en el gobierno y revisar
los objetivos individuales de las acciones de vigilancia. En Guerrero, un funcionario
gubernamental de ese estado, cuando uno de los Relatores Especiales le preguntó por
los señalamientos sobre la compra y el uso de Pegasus, negó categóricamente esa
55. A los Relatores Especiales les preocupa que la FEADLE, aunque proceda con
buena fe, carezca de la independencia necesaria para investigar esta cuestión tan
seria. Efectivamente, la Procuraduría General de la República, de la cual la FEADLE
forma parte, está señalada como una de las compradoras del programa Pegasus. En
julio de 2017, expertos de la ONU, entre los cuales se encontraba el Relator Especial de
la ONU, instaron a México a que iniciara una investigación independiente e imparcial
de la implementación de Pegasus. Los Relatores Especiales subrayan que toda
investigación debe ser independiente del gobierno federal y los gobiernos de las
entidades federativas que, según se presume, han comprado o utilizado el programa
espía e incluir a expertos de organizaciones académicas y de la sociedad civil, incluso,
potencialmente, de países extranjeros. Dicha medida demostraría que se comprenden
los principios de debido proceso y Estado de derecho que deben regir la aplicación de
la ley en una sociedad democrática. Mientras tanto, en toda investigación que se
encuentre en curso deben respetarse los derechos de quienes son objeto de las
acciones de vigilancia, lo que comprende su seguridad y privacidad. También se debe
analizar e investigar, de manera amplia, a todos los potenciales compradores y
usuarios de Pegasus (y otros posibles productos espías) y a todas las fuentes de
información que puedan demostrar el uso del programa espía, y brindar al público
información actualizada, en forma periódica, sobre el estado de la investigación. En
este sentido, los Relatores Especiales apoyan enérgicamente la orden impartida por el
INAI el 31 de enero de 2018 a la Procuraduría General de la República (PGR) de dar a
conocer públicamente los contratos vinculados con la adquisición del programa espía
56. México cuenta con un marco jurídico e institucional notable para la protección
y promoción del acceso a la información que se encuentra en poder de autoridades
públicas, un elemento esencial de la libertad de expresión. La Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública entró en vigor en mayo de 2015. En
conversaciones con el INAI, la autoridad pública responsable de implementar las leyes
y los compromisos de México en materia de acceso a la información, a los Relatores
Especiales les impresionó muy favorablemente el conocimiento y el compromiso de la
institución de asegurar el acceso proactivo y procesos abiertos para solicitar
57. En diálogos mantenidos con organizaciones de la sociedad civil, los Relatores
Especiales identificaron situaciones preocupantes respecto de cómo opera el acceso a
la información en el contexto de señalamientos de graves violaciones de derechos
humanos. Los investigadores parecen tener dificultades para obtener información
completa. Se censuran gran cantidad de datos y no se indican los motivos por los
cuales no se da a conocer esa información. Este problema se ve agravado por la falta
de datos accesibles proporcionados por el Gobierno sobre delitos como
desapariciones, o por la ausencia de información en los idiomas de las comunidades
58. Diversos expertos expresaron una particular preocupación en relación con el
artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, que permite que se mantenga el carácter
confidencial de documentos históricos durante 30 o 70 años aduciendo motivos de
protección de datos. Según la información recibida, esta disposición ha sido utilizada
por las autoridades para retener u ocultar masivamente los nombres de funcionarios
públicos y otra información sobre abusos y graves violaciones de derechos humanos
del pasado, de modos que no resultan compatibles con el requisito de necesidad y
proporcionalidad. Estas restricciones se mantienen en un proyecto que propone
reformar la legislación sobre los archivos nacionales, que fue aprobado por el Senado
en diciembre de 2017. Los Relatores Especiales instan al Congreso a revisar el
proyecto legislativo a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares
internacionales de derechos humanos. El público tiene derecho a acceder a archivos
históricos, incluidos los que están relacionados con violaciones de derechos humanos.
59. Tras el terremoto de septiembre de 2017, el gobierno y las organizaciones de la
sociedad civil tuvieron la posibilidad de poner a prueba, en tiempo real, el acceso a los
mecanismos de información durante desastres naturales. Muchas organizaciones
expresaron su descontento por la velocidad, la fiabilidad y la ausencia general de
información con que contaron antes y después del terremoto. En la medida en que los
Relatores Especiales tienen conocimiento, el país carece de un registro nacional de
pública consulta sobre personas desaparecidas durante desastres naturales —pese a
la reciente adopción de una Ley General sobre Desapariciones— y tampoco existe una
base de datos que recopile información sobre los daños causados y la transparencia
que se necesita para acceder a la información durante la reconstrucción para
garantizar la rendición de cuentas. Los Relatores Especiales instan enfáticamente al
Gobierno a trabajar con la sociedad civil a fin de identificar deficiencias en la
información que se encuentra disponible para todas las personas en el contexto de los
VII. Diversidad en los medios
60. Las sociedades democráticas se basan, en parte, en el acceso que tienen las
personas a diversas fuentes de noticias, opiniones, ideas y debate. Los predecesores
de los Relatores Especiales señalaron, en 2010, que en el entorno de medios en México
faltaban algunos de los elementos necesarios de diversidad y pluralismo4. Advirtieron
problemas en el marco legal de los medios de transmisión, la concentración de la
titularidad de medios, sobre todo los de radiodifusión, y la falta de un organismo
regulador independiente. También señalaron deficiencias en el apoyo a las radios
comunitarias. Los Relatores Especiales señalan que sigue habiendo problemas
constantes de falta de diversidad y pluralismo. En particular, señalan las siguientes
como áreas que requieren especial atención:
A. Concentración de medios y radios comunitarias
61. En primer lugar, aunque la OCDE señala que México ha logrado avances en el
desarrollo de los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones, siguen existiendo
problemas de concentración de medios que menoscaban la competencia necesaria
para que prospere el pluralismo. Sobre la base de la información recibida durante la
visita, México sigue estando entre los países con el más alto nivel de concentración de
medios, en radiodifusión, prensa gráfica y medios digitales. Las leyes adoptadas desde
la visita realizada por los predecesores de los Relatores Especiales en 2010 han
intentado abordar los problemas de competencia. En particular, los Relatores
Especiales valoran la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
establecido en 2013 —acción con la cual se cumplieron las Recomendaciones de sus
predecesores—, que ha comenzado a tomar medidas para aumentar la diversidad en
el acceso al espectro de la radiodifusión y la banda ancha.
A/HRC/17/27/Add.3, párr. 78
62. En el mercado radial, se estima que un 70 % de las estaciones con operadores
privados aún pertenecen a aproximadamente 10 conglomerados de medios, y se
indica que muchos todavía muestran una actitud hostil hacia las radios comunitarias
que requieren espacio en el espectro radial. Pese a los cambios en la legislación que
exigieron que el IFT mantenga y actualice los registros públicos con la información
pertinente sobre gestión del espectro de radiodifusión, las organizaciones de la
sociedad civil señalan que solamente hay información sobre la propiedad de los
medios en formatos difíciles de usar y comprender, lo cual hace que resulte
inaccesible. Los Relatores Especiales también tomaron conocimiento de que el IFT
decidió, en marzo de 2018, revertir una decisión anterior en la cual había resuelto que
una de las principales empresas de radiodifusión en México tiene “poder sustancial de
mercado” o una posición de mercado dominante en la televisión paga, y que entonces
debía quedar sujeta a reglamentaciones específicas. La decisión se revirtió cuando la
Suprema Corte dictó una sentencia que la dejó sin efecto alegando motivos de
procedimiento. Los Relatores Especiales continuarán monitoreando las medidas que
tome el Gobierno para contrarrestar la concentración de medios y promover su
63. En segundo lugar, si bien México ha realizado esfuerzos por ampliar el acceso,
existen deficiencias significativas en la cobertura de las radios comunitarias. Esto es
algo lamentable, dado que las radios comunitarias permiten que las comunidades
indígenas accedan a información que, de otro modo, no obtendrían, sobre todo
información orientada a sus necesidades específicas. La radio comunitaria permite el
desarrollo de mecanismos locales para compartir y difundir información y, de hecho,
el desarrollo de formas locales de profesionalización. Según información recibida
durante la visita, solamente cuatro de 68 lenguas indígenas en México están reflejadas
en las concesiones que tienen disponibles para explotar el espectro de radio. La
información aportada por la comunidad indígena de Oaxaca, por ejemplo, sugirió que
existen importantes obstáculos que afectan el desarrollo de las radios comunitarias,
que incluyen elevados aranceles por el uso del espectro de radio. En el caso de radios
comunitarias que se gestionan como un servicio a la comunidad –en vez de radios
comerciales–, esos aranceles representan un obstáculo para su sostenibilidad.
Periodistas de Guerrero también señalaron a los Relatores Especiales lo arduo que
resulta atravesar el proceso para obtener concesiones para el espectro y permisos de
radiodifusión, lo cual también incluye costos que pueden ser significativos para
comunidades de escasos recursos. Los Relatores Especiales entienden que solamente
se han otorgado tres concesiones a radios indígenas desde que, hace cuatro años, se
adoptó legislación orientada a ampliar esa disponibilidad.
64. En tercer lugar, el acceso a Internet varía en cuanto a intensidad y fiabilidad de
la señal en los distintos puntos del país, aun cuando el acceso amplio desde todos los
sectores de la sociedad mexicana resulta fundamental para el desarrollo de la
diversidad en línea. El IFT ha realizado esfuerzos para ampliar el acceso a Internet,
pero todavía existen graves obstáculos. Por ejemplo, en comunidades rurales e
indígenas, la falta de infraestructura de banda ancha confiable suele hacer que las
personas se inclinen por el acceso móvil, que carece de la intensidad que ofrece el
acceso fijo.
65. Una propuesta de ley para regular la publicidad oficial se presentó en el
Congreso en marzo de 2018 en seguimiento a una sentencia emblemática de la Corte
Suprema. . En un proceso acelerado, el Senado aprobó la legislación propuesta, que el
Presidente convirtió en ley el 11 de mayo de 2018, sin cambios.
66. Preocupa a los Relatores Especiales que la nueva legislación no cumpla con los
principios básicos ni con las recomendaciones de organismos internacionales o
expertos en derechos humanos. En particular, la ley no establece normas claras sobre
sus objetivos, criterios y procedimientos de asignación y mecanismos de supervisión,
dejando un amplio margen de discreción y abuso de las autoridades. El informe de la
CIDH “Principios rectores de la regulación de la Publicidad Oficial y la Libertad de
Expresión” (2012) señala que el establecimiento de normas específicas, claras y
precisas es esencial para evitar el abuso y el gasto excesivo. Los Relatores Especiales
instan al Gobierno de México a modificar la legislación, de acuerdo con estos
principios y mejores prácticas.
VIII. Conclusión y recomendaciones
A. Seguridad de los periodistas
67. Los Relatores Especiales instan a las autoridades a que adopten todas las
medidas necesarias para:
68. Recopilar y publicar estadísticas detalladas y desglosadas de ataques
contra periodistas y defensores de derechos humanos, incluidos datos relativos
al enjuiciamiento penal de estos delitos.
69. Seguir reconociendo, en las más altas esferas del Estado, la legitimidad y
el valor del trabajo de los periodistas y repudiar en todo momento los delitos
perpetrados contra ellos.
70. Seguir brindando capacitación adecuada sobre seguridad de los
periodistas, incluida la formación que tome en cuenta factores de género y
culturales, a funcionarios de aplicación de la ley relevantes, y garantizar que
todos sus manuales y pautas de actuación cumplan con los estándares
internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión.
71. Brindar formación para periodistas que podrían estar en riesgo de
convertirse en víctimas de ataques y promover que la seguridad de los
periodistas forme parte de los planes de estudio de las escuelas de periodismo y
72. Asegurar que la implementación de los planes de contingencia en
Chihuahua y Veracruz incluya la participación efectiva de la sociedad civil, los
periodistas y las autoridades a nivel federal y de las entidades federativas, y
garantizar la sostenibilidad de estos planes. Identificar otras regiones y
períodos que impliquen particular riesgo para los periodistas, sobre todo en
casos de protesta social o cambios políticos, y adoptar medidas adecuadas o
nuevos planes de contingencia para prevenir ataques. Identificar otras regiones
y períodos que impliquen particular riesgo para los periodistas, sobre todo en
situaciones de protesta social y durante elecciones o cambios políticos, y
adoptar medidas adecuadas o nuevos planes de contingencia para prevenir
73. Adoptar medidas para evitar que se repitan delitos contra periodistas en
Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz, y promover políticas para
restablecer la confianza pública entre los periodistas y los medios de
comunicación de esos estados, además de consultar en forma periódica a la
74. Seguir fortaleciendo el Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y asegurar la efectiva aplicación
de sus decisiones y medidas.
75. Adoptar las reformas legales que sean necesarias para asegurar una
cooperación y coordinación efectiva entre el nivel federal y las entidades
federativas, a fin de proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.
Mientras tanto, todas las entidades federativas deberían contar con unidades
que coordinen e implementen de manera enérgica las medidas de protección
destinadas a periodistas y defensores de derechos humanos establecidas a nivel
federal. A fin de asegurar una implementación adecuada de las medidas de
protección, se debería establecer un sistema que prevea sanciones
administrativas para los funcionarios públicos que se desentiendan de sus
obligaciones y que resulte accesible para todos los beneficiarios.
76. Brindar al mecanismo de protección federal los recursos humanos y
materiales necesarios para desempañar su mandato. En particular, aumentar la
cantidad de analistas de riesgo que trabajan en el mecanismo de protección
federal, así como la cantidad de funcionarios a cargo de supervisar la
implementación de medidas. Con los recursos adecuados, el Mecanismo debería
procurar asignar de manera más habitual a analistas en los estados donde la
situación presente mayor gravedad y urgencia. Se deberían brindar condiciones
de trabajo y de protección adecuadas a los analistas y otros funcionarios que
realicen trabajo de campo.
77. Reforzar la capacidad del mecanismo federal de dar seguimiento a la
situación de los periodistas que sean beneficiarios de medidas de protección y
evaluar en forma crítica su eficacia. En este sentido, los Relatores Especiales
consideran positivo el plan de efectuar un diagnóstico de las medidas de
implementación y destacan que es necesario hacer partícipe a la sociedad civil
en su diseño y evaluación. Se deben atender en particular los riesgos y las
amenazas que sufren los periodistas desplazados e incluir medidas para un
regreso seguro o, cuando este no sea viable, la integración en una nueva
78. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la transparencia
del mecanismo federal de protección, a fin de asegurar que se supervise su
eficacia y se favorezca la confianza entre beneficiarios y otros actores
interesados, sin perjuicio de las limitaciones acotadas que se establezcan con
fines legítimos, como la protección de la privacidad y la seguridad de las
personas afectadas. Como mínimo, el Mecanismo debería ser transparente en
cuanto a su marco jurídico, sus normas y procedimientos, sus políticas de
evaluación de riesgos, su presupuesto (asignado y gastado) y todas las
estadísticas y los datos necesarios para el seguimiento de su implementación.
79. Adoptar una variedad de medidas significativas y sostenibles para
fortalecer la capacidad de la FEADLE de abordar la situación estructural de
impunidad en la cual persisten los delitos contra periodistas, algunas de los
(a) Aumentar el financiamiento de la FEADLE y asegurar que sus rubros
presupuestarios se asignen de conformidad con su obligación principal
de investigar violaciones a la libertad de expresión. En particular, esto
debería implicar un aumento sustancial en la cantidad de investigadores
y personal policial dentro de su competencia.
(b) Adoptar un protocolo donde se expongan los principios y las
obligaciones legales de quienes están a cargo de investigar delitos contra
la libertad de expresión y se establezca un estándar común sobre cómo
impulsar una investigación oportuna, diligente, independiente y
transparente de estos casos, congruente con los estándares
internacionales de derechos humanos y las mejores prácticas, en
consulta con la sociedad civil.
(c) Establecer criterios claros, objetivos y transparentes con respecto a la
facultad de la FEADLE de llevar a cabo investigaciones de delitos contra
periodistas que no se encuadren en su “jurisdicción original”, a fin de
evitar que se frustren las investigaciones penales con demoras
irrazonables y confusiones en cuanto a jurisdicción.
(d) Dar prioridad a la investigación de una serie de casos de periodistas
cuya contribución resultó fundamental para sus comunidades.
(e) Fortalecer la capacidad de los investigadores y los fiscales de gestionar
casos penales sobre violencia contra periodistas y llevarlos a la justicia,
entre otras cosas, creando un programa con participación de expertos
externos destinado a asesorar y capacitar a investigadores de la FEADLE,
diseñando planes para la investigación de casos prioritarios de ataques
contra periodistas cometidos como consecuencia de su ejercicio del
derecho de libertad de expresión. A fin de asegurar la rendición de
cuentas, deberían adoptarse medidas de seguimiento en colaboración
con actores nacionales e internacionales, incluida la participación de los
Relatores Especiales de la ONU y la CIDH y de ACNUDH.
(f) Establecer, dentro de la FEADLE, un programa de protección de testigos
que incluya además la protección de las fuentes.
(g) Designar un punto focal/una unidad de género o especialistas en
violencia contra mujeres periodistas y establecer un programa de
capacitación dentro de la FEADLE que se enfoque específicamente en
ataques sufridos por mujeres periodistas.
(h) Compilar y publicar estadísticas detalladas sobre las actividades de la
FEADLE, a saber, la cantidad de investigadores, el presupuesto
disponible, la cantidad de casos dentro de su competencia, el tipo de
delitos investigados, el estado de las investigaciones, el tipo de presunto
agresor y las condenas obtenidas.
80. Asegurar que la FEADLE siga siendo una fiscalía especializada dentro del
organigrama/la estructura de la organización en el marco autónomo de la nueva
Procuraduría General de la República y asegurar su independencia
81. Asegurar que todas las investigaciones de delitos contra periodistas a
nivel local se lleven a cabo de manera oportuna, independiente, imparcial y
transparente por agentes especializados de aplicación de la ley que han recibido
formación adecuada en los principios y estándares del derecho internacional de
82. Garantizar la aplicación de sanciones adecuadas contra funcionarios
públicos que obstruyan la investigación o el juzgamiento de los responsables de
delitos contra periodistas u otros actores de medios.
83. Asegurar que los jueces y otros funcionarios de aplicación de la ley
utilicen una definición funcional de periodismo que sea congruente con la
jurisprudencia y los estándares internacionales de derechos humanos. En
particular, es fundamental que los jueces no se declaren incompetentes debido a
una interpretación acotada de la definición de periodista.
84. Capacitar a miembros del poder judicial con respecto a las normas y los
estándares internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión, y
formular pautas y protocolos que fortalezcan su capacidad de implementar esos
estándares en la práctica.
85. Fortalecer la capacidad de la CEAV de garantizar una asistencia legal y
psicosocial integral a las víctimas y sus familiares que hayan sufrido delitos que
impliquen violaciones a la libertad de expresión. Al tratar con víctimas y
familiares, la CEAV debe ocuparse de reducir al mínimo el posible perjuicio que
sus procedimientos podrían provocar a su bienestar intelectual y capacitar a sus
funcionarios de manera consecuente con esto.
86. Crear un grupo de trabajo entre la CEAV, la SEGOB y la PGR, con la
participación de la sociedad civil, a fin de asegurar la coordinación —y evitar la
confusión— dentro de sus distintos mandatos sobre asistencia a víctimas,
protección y búsqueda de justicia. Se debería brindar a las víctimas información
clara sobre los roles y las funciones de cada institución, de modo que puedan
dirigir sus casos a la autoridad pertinente.
Periodistas y actores de medios de comunicación
87. Establecer redes para fortalecer la cooperación con el mecanismo de
protección federal, a fin de asegurar la implementación efectiva de medidas de
88. Brindar capacitación adecuada sobre seguridad y autoprotección a sus
empleados, tanto aquellos permanentes como los colaboradores independientes,
brindándoles equipos de seguridad, condiciones de trabajo adecuadas y seguro
89. Los Relatores Especiales instan a las autoridades a adoptar las siguientes
(a) Realizar una investigación independiente sobre la adquisición y el uso de
malware (incluido “Pegasus”) para monitorear a periodistas, activistas y
defensores de derechos humanos. Una investigación de este tipo debe ser
independiente del gobierno federal y los gobiernos de las entidades
federativas que, según se presume, han comprado o utilizado el programa
espía e incluir a expertos de organizaciones académicas y de la sociedad
civil, incluso, potencialmente, de países extranjeros. Mientras tanto, en toda
investigación que se encuentre en curso deben respetarse los derechos de
quienes son objeto de las acciones de vigilancia, lo que comprende su
(b) Establecer un marco legal para proteger a personas de intromisiones
arbitrarias o clandestinas en su privacidad, incluida la protección de las
fuentes periodísticas conforme a los estándares internacionales sobre la
materia. Se deben establecer garantías y medidas de supervisión judicial de
los organismos estatales implicados en vigilancia, dentro de los límites
permisibles en una sociedad democrática. México debería considerar la
posibilidad de crear un órgano independiente para supervisar de manera
eficaz las tareas de vigilancia del Estado.
90. Los Relatores Especiales instan a las autoridades a seguir fortaleciendo el
marco de acceso a la información, incluso a través de las siguientes medidas:
(a) Seguir fortaleciendo las capacidades del Instituto Nacional de Acceso a la
Información (INAI), asegurando su autonomía, que cuente con presupuesto
adecuado y la eficacia de sus decisiones.
(b) Garantizar el acceso a la información pública por las comunidades en
riesgo, sobre todo los pueblos indígenas.
(c) Facilitar el acceso de las víctimas y sus representantes a los expedientes
judiciales de graves violaciones de derechos humanos, en consonancia con
lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos.
(d) Asegurar que prevalezca el interés general al designar como clasificada la
información sobre violaciones de derechos humanos, casos de corrupción e
información de interés público, asegurando que los datos personales que
identifican a las personas involucradas no se eliminen en las versiones
(e) Asegurar que la designación de archivos históricos como clasificados esté
basada en el principio de máxima publicidad y el derecho a la verdad,
teniendo presente el principio de no dañar.
91. Los Relatores Especiales instan a las autoridades a hacer lo siguiente:
(a) En consulta con la sociedad civil y con expertos, adoptar una ley general
para regular la publicidad oficial por parte de todas las instituciones a nivel
federal, de los estados y municipios, con el objeto de reducir la
discrecionalidad conforme a estándares internacionales de derechos
humanos. Los recursos para publicidad oficial deberían asignarse en
función de criterios preestablecidos, claros, objetivos y transparentes.
(b) Hacer cumplir la obligación jurídica de publicar de manera proactiva
información relevante sobre criterios de contratación, motivos para la
asignación presupuestaria, gastos y contratos de publicidad de entidades
E. Diversidad y pluralismo en los medios de comunicación
92. Los Relatores Especiales instan a las autoridades competentes a hacer lo
(a) Recopilar y hacer pública toda la información necesaria para identificar la
titularidad de los medios de comunicación, y garantizar que toda la
información presentada a los registros nacionales de medios y
telecomunicaciones esté disponible para el público en formatos accesibles.
(b) Seguir estableciendo políticas para promover la diversidad y el pluralismo
de los medios de comunicación y dar mayor impulso a las medidas
destinadas a contrarrestar la concentración de los medios, sobre todo en
los medios de radiodifusión y en la televisión paga.
(c) Abstenerse de criminalizar el uso de las frecuencias de radio, pues eso
constituiría una restricción innecesaria y desproporcionada a la libertad de
expresión. Esto debería ser considerado por el Senado al debatir las
reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (artículo
304) y al Código Penal Federal (artículo 172 TER) que actualmente están
siendo tratadas en el Congreso.
(d) Adoptar medidas para ampliar el acceso de los pueblos indígenas y las
zonas rurales a la radiodifusión comunitaria, entre otras cosas, fomentando
el desarrollo y la disponibilidad de recursos en este tipo de emisión, y
seguir fortaleciendo el acceso a la banda ancha en zonas donde este no sea
F. Medidas legislativas
93. Los Relatores Especiales instan a las autoridades relevantes a hacer lo
(a) Derogar el texto actual de la Ley de Seguridad Interior y, en cambio, iniciar
un diálogo abierto y exhaustivo sobre el modelo de seguridad que necesita
el país, reivindicando el rol de las agencias de seguridad civiles en el
manejo de los problemas de seguridad pública. No deberían adoptarse leyes
que menoscaben los poderes conferidos a las autoridades de acceso a la
información o los estándares vinculados con el acceso a información sobre
graves violaciones de derechos humanos.
(b) Derogar la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y reformar los códigos
penales de las entidades federativas a fin de eliminar delitos que se
apliquen para criminalizar la libertad de expresión, y abstenerse de usar
otras disposiciones del derecho penal para castigar el ejercicio legítimo de
la libertad de expresión. En forma simultánea, reformar los códigos civiles
de las entidades federativas para garantizar la protección del honor a
través de procedimientos civiles, estipulando límites y criterios para las
sanciones, conforme a los estándares internacionales. El rol de la SEGOB y el
Mecanismo debería ser clave en este sentido.
(c) Adoptar leyes para proteger a las fuentes y a quienes denuncian
irregularidades. Incluir a la sociedad civil en el proceso y tomar en cuenta
los informes de los Relatores Especiales sobre el tema.
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