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Timestamp: 2019-11-14 23:27:19+00:00

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Proceso n.º 31986 corte suprema de justicia
REVISIÓN 31986
IVÁN ALEXÁNDER LOZANO CERÓN
Proceso n.º 31986
Aprobado Acta Nº 264.
Se pronuncia la Corte en torno a la acción de revisión promovida por el defensor de IVÁN ALEXÁNDER LOZANO CERÓN contra la sentencia proferida el 10 de mayo de 2004 por el Tribunal Superior de Quibdó, confirmatoria de la emitida el 8 de marzo anterior por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma sede, mediante la cual condenó al prenombrado a las penas principales de 84 meses de prisión y $305.146.352 de multa, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término antes mencionado, a título de autor responsable del delito de peculado por apropiación.
En pretérita oportunidad la Corte los reseñó de la siguiente manera:
“Con ocasión de la licitación pública No 002-97, el 22 de agosto de 1997 la Gobernación del Chocó adjudicó al ingeniero civil IVÁN ALEXÁNDER LOZANO CERÓN el contrato para la construcción y pavimentación de la carretera Quibdó - La Mansa sector K7+000 al K10+000 por un costo de $789.285.244. Conforme a lo pactado, el 16 de septiembre de ese año se reconoció y ordenó pagar el 50% de ese valor como anticipo. Antes de la iniciación de las obras –1º de noviembre de 1997- el contratista había dispuesto de la casi totalidad del anticipo entregado y como consecuencia de que en los meses de noviembre y diciembre el retraso en su ejecución de acuerdo a lo programado y la parálisis de la misma eran evidentes, en mayo de 1998 se determinó la liquidación unilateral del contrato”.
Con fundamento en la denuncia presentada el 28 de septiembre de 1998 por el Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento de Chocó, la Fiscalía 4ª Seccional de la Unidad Especializada de Delitos contra la Administración Pública inició la averiguación pertinente.
Mediante resolución del 15 de octubre de ese año dispuso la captura de LOZANO CERÓN, a quien el día 23 del mismo mes declaró persona ausente. En cumplimiento de una acción de tutela revocó la orden de captura y el 15 de enero de 1999 lo escuchó en indagatoria.
El 3 de febrero de 1999 resolvió su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de peculado por apropiación agravado por la cuantía, decisión confirmada el 17 de marzo de ese año por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Quibdó.
Agotada la etapa instructiva, el 19 de julio de 1999 la Fiscalía dispuso su clausura y el 17 de agosto del citado año acusó formalmente a LOZANO CERÓN como autor de la conducta punible atribuida en la medida de aseguramiento.
Ejecutoriada la acusación, correspondió el trámite posterior del proceso al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó, despacho que adelantó la fase del juicio conforme a la ritualidad procesal entonces vigente, profiriendo sentencia de carácter condenatorio, recurrida en apelación por la defensa, aun cuando confirmada en su integridad por el Tribunal Superior.
Por lo anterior, el mismo sujeto procesal acudió al recurso extraordinario de casación, que luego de ser admitido, fue resuelto por la Corte mediante fallo del 16 de marzo de 2006, en el cual se abstuvo de casar la sentencia por los aspectos impugnados, pero la casó parcial y oficiosamente con el fin de declarar que la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas se impone de manera permanente.
El demandante invoca la causal 6ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, conforme a la cual la acción de revisión procede cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria.
Para fundamentar su pretensión, el actor empieza por destacar cómo el juez de primera instancia condenó a IVÁN ALEXÁNDER LOZANO CERÓN por el delito de peculado por apropiación, porque al celebrar con la administración un contrato cuyo objeto era la construcción y pavimentación de la carretera Quibdó – La Mansa, adquirió la condición de servidor público, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, acorde con el cual para efectos penales el contratista se considera como un particular que cumple funciones públicas, en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos.
Dicha decisión, añadió, fue confirmada por el Tribunal Superior de la mencionada ciudad, tras avalar el criterio del a quo, sin que la Corte abordara el punto cuando desató el recurso de casación, por no ser ese el objeto de la impugnación.
Precisó el libelista que con posterioridad a los pronunciamientos de primera y segunda instancia la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia cambió su posición jurisprudencial en torno al aspecto en mención, al señalar que el simple hecho de ostentar el particular la calidad de contratista no implica la realización de funciones públicas y la adquisición consiguiente de la calidad de servidor público, porque si la labor asumida tiene carácter eminentemente material, como ocurre en los casos de contratos de obra pública, dicho particular no puede ser considerado como tal y, en consecuencia, como autor del delito de peculado por apropiación.
Esa nueva postura, según el actor, la adoptó la Corte con fundamento en doctrina constitucional, plasmándola en las sentencias del 27 de abril de 2005, radicación 19562, del 13 de julio de 2005, radicación 19695, y del 13 de marzo de 2006, radicación 24833, y es la jurisprudencia actualmente vigente, la cual pide, por tanto, aplicar al presente caso, pues al sentenciado se le consideró como servidor público, pese a celebrar con el Estado un contrato de obra pública, cuya labor es estrictamente material y no jurídica, que no le transfirió funciones públicas.
Solicita, de esa manera, acceder a la revisión y proferir el fallo de reemplazo, aun cuando declarando la prescripción de la acción penal, pues al sentenciado debió realmente atribuírsele el delito de peculado por extensión, el cual con la vigencia de la Ley 599 de 2000 asumió la forma de un delito contra el patrimonio económico bajo la denominación de abuso de confianza calificado, cuya pena máxima es de 9 años de prisión, de manera que el término de prescripción se cumplió en este caso el 9 de septiembre de 2004, considerando que la ejecutoria de la resolución de acusación ocurrió el 9 de septiembre de 1999.
Luego de aceptarse los impedimentos manifestados por los H. Magistrados ALFREDO GÓMEZ QUINTERO, SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ, JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS y YESID RAMÍREZ BASTIDAS, mediante auto del 13 de octubre de 2009 se admitió la demanda y se ordenó allegar a la actuación el proceso respecto del cual se solicita la revisión.
Por decisión del 30 de noviembre del precitado año se ordenó correr traslado a las partes para solicitar pruebas, oportunidad aprovechada por el defensor de LOZANO CERÓN. La Sala en determinación del 11 de marzo siguiente negó el acopio de los elementos de juicio solicitados.
Concluido el período probatorio, por auto del 8 de abril de la cursante anualidad se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión, haciéndolo la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal y el defensor del condenado, según el siguiente resumen.
a) Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal:
Solicitó declarar fundada la causal de revisión invocada y, consecuencialmente, dejar sin efecto la condena proferida en contra de IVÁN ALEXÁNDER LOZANO CERÓN,
Sustentó su posición, trayendo a colación inicialmente decisiones de esta Corporación en torno a la causal 6ª de revisión, en donde se señala que para su prosperidad se hace necesario demostrar que el fundamento de la sentencia cuya remoción se pretende es entendido por la jurisprudencia de modo diferente y, además, que de mantenerse dicho criterio comportaría una clara situación de injusticia.
De acuerdo con la Delegada, el actor acreditó la concurrencia de dichos presupuestos. Al respecto, destaca cómo el juzgador de primera instancia declaró responsable a LOZANO CERÓN del delito de peculado por apropiación por hacer suyos dineros públicos provenientes de un contrato de obra que celebró con el Estado, lo cual le asignó la condición de servidor público al tenor de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, criterio avalado por el Tribunal de Quibdó cuando confirmó la condena dictada por el a quo.
Considerando de esa forma que el problema jurídico a resolver en este caso es si el condenado adquirió o no la calidad de servidor público, el Ministerio Público encuentra acertada la posición del demandante, pues ciertamente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en las tres decisiones citadas en el libelo, establecieron una nueva jurisprudencia en torno al alcance del artículo 56 citado, al señalar que solamente frente a eventualidades tales como las concesiones, la administración delegada o el manejo de bienes o recursos públicos es pertinente por extensión asimilar al particular a un servidor público.
Esa situación, añade, no ocurre cuando la labor es estrictamente material, como sucedió con la actividad contratada en este caso, es decir, construcción y pavimentación de la carretera Quibdó - La Mansa, la cual, por tanto, no comportó “intromisión en funciones propias inherentes a la entidad territorial”, de manera que al contratista no debió condenársele en calidad se servidor público, sino como particular.
Sobre la base entonces de sobrevenir un cambio jurisprudencial favorable a los intereses del condenado, insistió en solicitar dejar sin efecto la sentencia objeto de revisión y proferir fallo de reemplazo por el delito de abuso de confianza calificado y agravado, aun cuando declarando la prescripción de la acción penal, pues dicho fenómeno se consolidó el 9 de septiembre de 2004.
Tras recordar nuevamente el criterio jurídico con sustento en el cual los falladores de primer y segundo grado condenaron a IVÁN ALEXÁNDER LOZANO CERÓN, insistió en afirmar que dicha postura fue variada por esta Corporación en las sentencias remembradas en la demanda, cuyos fundamentos medulares trae a colación una vez más.
Según el actor, el nuevo criterio de la Corte apunta a plantear que el particular por el sólo hecho de suscribir un contrato con la administración no pierde esa calidad, salvo si la actividad contratada consiste en desarrollar funciones públicas. Si el objeto del contrato, añade, no es ese sino la realización de labores de carácter estrictamente material, la investidura de servidor público no cobija al particular, quien en tales condiciones se constituye en colaborador de la entidad estatal, pero no en un delegatario o depositario de sus funciones.
Para la defensa, el mencionado cambio jurisprudencial es trascendente para este caso, pues con el mismo ya no es posible imputar a LOZANO CERÓN el delito de peculado por apropiación, conforme a la interpretación de los juzgadores, habida cuenta que el contrato administrativo celebrado por el aludido con la Gobernación del Chocó no tenía como finalidad la transferencia de funciones públicas al contratista sino conseguir la ejecución práctica del objeto contractual.
Siendo así la situación, considera que al sentenciado debió atribuírsele el delito de peculado por extensión, el cual con ocasión de la vigencia de la Ley 599 de 2000 adquirió la forma de un delito contra el patrimonio económico en la modalidad de abuso de confianza agravado, cuya prescripción, sin embargo, se consolidó el 9 de septiembre de 2004.
Por consiguiente, solicitó dejar sin valor la sentencia condenatoria y, en su lugar, declarar la prescripción de la acción penal.
Así mismo, ha sido insistente en señalar que para su demostración no basta invocar abstractamente la existencia de un pronunciamiento de la Corte, o de señalar uno concreto pero desconectado de la solución del caso, sino que resulta indispensable, además, demostrar cómo de haberse conocido oportunamente por los juzgadores la nueva doctrina sobre el punto, el fallo cuya rescisión se persigue habría sido distinto1.
De la misma manera, la Sala ha precisado que el pronunciamiento judicial con sustento en el cual se apoya la solicitud sólo debe provenir de la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, por ser esta Corporación el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, atendiendo la función que cumple de unificar la jurisprudencia nacional como tribunal de casación (art. 206 del Código de Procedimiento Penal)2.
“Y, al realizar el proceso de subsunción se considera que la conducta de IVÁN ALEXÁNDER LOZANO CERÓN recae en el precepto transcrito3, habida consideración que según voces del artículo 56 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de la Contratación Administrativa), para efectos penales el contratista se considera como un particular que cumple funciones públicas, en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que se celebren con entidades estatales y, por lo tanto, está sujeto a las responsabilidades que en esta materia señale la ley para los servidores públicos; de manera, que el sindicado LOZANO CERÓN, en su calidad de particular que cumplía funciones públicas, se apoderó de unos recursos estatales, cuya administración se le confirió para desarrollar un contrato de obra, tal proceder lo hace autor del delito de peculado por apropiación”.
De acuerdo con las decisiones de los juzgadores de instancia, por tanto, el sólo hecho de que un particular celebre un contrato administrativo le asigna la condición de servidor público, razón por la cual si hace suyos dineros recibidos a título de anticipo para la ejecución del contrato incurre en el delito de peculado por apropiación.
El fundamento jurídico que sirvió de sustento a las decisiones de los sentenciadores, empero, fue modificado posteriormente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Así, en sentencia de casación proferida el 27 de abril de 20054, expuso lo siguiente:
“Para el impugnante y la Delegada, CÉSAR ALEJANDRO MARTÍNEZ HERRERA, dada la condición de particular y su vinculación contractual con los dineros que constituyeron el objeto material de la conducta que dio origen a este proceso, no ejerció funciones públicas, razón por la cual no ostenta la cualificación jurídica exigida para el sujeto activo en el tipo penal del artículo 133 del C.P., modificado por el artículo 19 de la ley 190 de 1995, aseveración que la Sala comparte irrestrictamente, por las razones que seguidamente se exponen.
“…El particular que contrata con la administración pública se compromete a ejecutar una labor o una prestación conforme al objeto del contrato y en virtud de ese convenio, de conformidad con los artículos 123- 3 y 210-2 de la C. P., puede ejercer funciones públicas temporalmente o en forma permanente, siendo la naturaleza de esa función la que permite determinar si puede por extensión asimilarse a un servidor público para efectos penales, ejemplo de tales eventualidades son las concesiones, la administración delegada o el manejo de bienes o recursos públicos.
El anterior criterio jurisprudencial fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias de casación del 13 de julio de 20055 y del 13 de marzo de 20066. En este último pronunciamiento la Sala expresó lo siguiente:
“Para abordar el análisis de este puntual tema, se hace indispensable estudiar primero lo relacionado con la calidad que ostentaba el procesado Fernando Hely Mejía Álvarez cuando suscribió con el municipio de Garagoa el mencionado contrato de obra para la ampliación del acueducto rural “Bancos de Páramos”, es decir, si por razón de ese acto jurídico público adquirió una función pública y, por ende, la condición de servidor público, o siguió siendo un particular, aspecto jurídico que determina, para efectos de los términos de la prescripción, si se aplica el incremento de la tercera parte que establece el inciso quinto del artículo 83 de la Ley 599 de 2000 (antes artículo 82 del Decreto 100 de 1980).
En otras palabras, en este evento, se repite, el contratista se constituye en un colaborador de la entidad estatal con la que celebra el contrato administrativo para la realización de actividades que propenden por la utilidad pública, pero no en calidad de delegatario o depositario de sus funciones. Contrario sería cuando por virtud del contrato, el particular adquiere el carácter de concesionario, administrador delegado o se le encomienda la prestación de un servicio público a cargo del Estado, el recaudo de caudales o el manejo de bienes públicos, actividades éstas que necesariamente llevan al traslado de la función pública y, por lo mismo, el particular adquiere, transitoria o permanentemente, según el caso, la calidad de servidor público.
Recapitulando, se tiene: el fundamento jurídico con sustento en el cual se emitió la condena cuya revisión se solicita, consistente en la adquisición de la condición de servidor público por el sólo hecho de que el particular sea contratista, interventor, consultor o asesor, experimentó variación posterior por parte de la Corte Suprema de Justicia, Corporación que en desarrollo de doctrina constitucional sentó el criterio según el cual para determinar si el particular obtiene o no la condición de servidor público es necesario verificar la naturaleza jurídica de la actividad desarrollada por aquél, en cuanto únicamente cuando se le transfiere la realización de funciones públicas se encuentra cobijado con dicha cualificación, no así en el evento de ejecutar una labor simplemente material.
Es de anotar que el nuevo criterio se ha ratificado en ulteriores decisiones, erigiéndose en postura actualmente uniforme y consolidada. Sobre el particular, resulta pertinente reseñar las sentencias proferidas el 3 de enero7, 6 de marzo8 y 23 de abril de 20089, 1º de abril10 y 7 de octubre de 200911, y los autos emitidos el 23 de enero12, 9 de abril13 y 30 de octubre de 200814.
El proceder de LOZANO CERÓN, en realidad, ameritaba la imputación del delito de peculado por extensión que tipificaba el artículo 138 del también Código Penal de 1980, cuya sanción hoy en día, conforme lo tiene establecido la jurisprudencia de la Sala15, se encuentra en el artículo 250 del estatuto punitivo de 2000 bajo la denominación de abuso de confianza calificado, concurriendo la circunstancia de agravación prevista en el numeral 1º del artículo 267 ibídem, porque la cuantía excedió de 100 salarios mínimos legales mensuales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 83 del Código Penal de 2000, la acción penal prescribe en el máximo de la pena imponible, disminuida en la mitad cuando se trata de la etapa del juicio, sin ser inferior a cinco (5) años, conforme lo tiene establecido el artículo 86 ejúsdem, término este último que entonces es el llamado a tener en cuenta en el presente caso para tales efectos.
Como la resolución de acusación, según consta en autos16, cobró ejecutoria el 9 de septiembre de 1999, significa ello que los cinco (5) años se cumplieron el 9 de septiembre de 2004, fecha para la cual aún no había adquirido firmeza la sentencia de condena proferida en contra de LOZANO CERÓN, pues el recurso extraordinario de casación se desató el 16 de marzo de 2006.
Resulta, por tanto, indiscutible que el nuevo criterio jurídico prohijado por esta Corporación se torna favorable para el actor, pues no sólo le significa una sanción más benéfica, sino que conduce a la prescripción de la acción penal.
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN Magistrado Magistrado
FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL
JUAN CARLOS PRÍAS BERNAL YESID REYES ALVARADO
1 Cfr. Auto de revisión del 11 marzo de 2003, radicación 19252.
2 Cfr. Auto de revisión del 5 de diciembre de 2002, radicación 18572.
3 Se refiere al artículo 133 del Código Penal de 1980.
4 Radicación 19562.
5 Radicación 19695.
6 Radicación 24833.
7 Radicación 21926.
8 Radicación 27477.
9 Radicación 23288.
10 Radicación 28586.
11 Radicación 29791.
12 Radicación 28890.
13 Radicación 29452.
14 Radicación 30720.
15 Ver, entre otras, sentencias del 27 de abril de 2005, radicación 19562 y del 13 de julio de 2005, radicación 19695.
16 Fl. 425 cuaderno No. 2.
Catálogo: sites -> default -> files -> sentencia -> 2010
sentencia -> C-01076-2010-00003 oficial 1º
sentencia -> Falta de jurisdiccion cobro de deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos / mandamiento de pago improcedencia / convenios de pago valor probatorio
sentencia -> Proceso ejecutivo legalidad del acto administrativo que es el título ejecutivo / titulo ejecutivo acto administrativo. Legalidad / rectificacion jurisprudencial proceso ejecutivo. Legalidad de acto administrativo. Título ejecutivo
sentencia -> Caducidad diferente a prescripción / prescripcion diferente a caducidad / caducidad de la accion conflicto de leyes
sentencia -> Accion popular corresponde al juez examinar en cada caso su procedencia ante conductas ya consumadas desde antes de demandarse y que pueden ser objeto de otras acciones
sentencia -> Accion popular – Control de la actividad contractual / accion popular – Naturaleza. Objeto / accion popular contra contrato estatal – Presupuesto
sentencia -> Accion popular principal / accion popular autónoma / accion popular trámite preferencial
2010 -> Accion de nulidad y restablecimiento del derecho competencia / nulidad de actos expedidos por cualquier autoridad asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros / actos precontractuales pretensión mayor debe exceder 300 smlmv
2010 -> Enriquecimiento injusto o ilegitimo – Fundamento como institución jurídica / enriquecimiento sin causa – Actio in rem verso / actio in rem verso – Objeto / actio in rem verso – Improcedencia frente a pago de lo no debido que se efectúa a la

References: resolución 
 artículo 220
 artículo 56
 resolución 
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 133
 artículo 19
 artículo 83
 artículo 82
 artículo 138
 artículo 250
 artículo 267
 artículo 83
 artículo 86
 resolución 
 artículo 133