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Timestamp: 2019-10-17 17:11:40+00:00

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Acontecer Legislativo, 23 de agosto del 2019. – Asociación Bancaria Costarricense
Acontecer Legislativo, 23 de agosto del 2019.
• Autoridad de Competencia: Inicia fase final para su aprobación.
• Financiamiento Superintendencias: Proyecto avanza en procedimiento de mociones vía artículo 137.
El 19 de agosto el Presidente Legislativo dio a conocer el primer informe de mociones vía artículo 137, emitido por la Comisión Especial OCDE, posteriormente, informó que se presentaron 213 nuevas mociones, correspondiente a su trámite de segundo y último día, pasando a la Comisión dictaminadora para el trámite correspondiente.
El 22 de agosto el Presidente Legislativo dio a conocer el segundo y último informe de mociones vía artículo 137, emitido por la Comisión Especial OCDE, posteriormente, consultó ¿si se estarían presentado mociones de reiteración?, varios Diputados se manifestaron afirmativamente, indicándose que el plazo para la presentación de las mociones vence el viernes 23 de agosto.
El 20 de agosto el Presidente Legislativo dio a conocer el dictamen afirmativo emitido por la Comisión Especial con tema vinculados con personas con discapacidad, posteriormente, informó que se presentaron 07 mociones vía artículo 137, correspondiente a su trámite de primer día, pasando a la Comisión dictaminadora para el trámite correspondiente.
El 22 de agosto el Presidente Legislativo dio a conocer el dictamen afirmativo emitido por la Comisión Especial OCDE, posteriormente, informó que se presentaron 41 mociones vía artículo 137, correspondiente a su trámite de primer día, pasando a la Comisión dictaminadora para el trámite correspondiente.
Durante esta semana el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa una modificación a la convocatoria a sesiones extraordinarias, retirando cuatro proyectos y convocando nueve iniciativas de Ley. Dentro de las modificaciones realizadas se incluyen los siguientes proyectos de interés:
El 20 de agosto los Diputados que integran la Comisión recibieron en audiencia al Sr. Rodrigo Cubero Brealey, Presidente Ejecutivo, acompañado por los Señores Carlos Melegatti Sánchez, Director de Pagos, Luis Eduardo Díaz Barquero, Periodista y Esteban Méndez, Economista, todos del Banco Central de Costa Rica. Resumen.
El 21 de agosto los Diputados recibieron en audiencia a la Sra. Victoria Hernández Mora, Ministra de Economía, Industria y Comercio. Resumen.
El 20 de agosto los Diputados que integran la Comisión recibieron en audiencia al Sr. Álvaro Ramos Chaves, Superintendente de Pensiones. Resumen.
El 21 de agosto los Diputados recibieron en audiencia al Sr. Rodrigo Cubero Brealey, Presidente del Banco Central de Costa Rica, para que se refiriera a los Exp. 21.449 y 21.535.
Finalmente, la Presidente de la Comisión, informó que el próximo 27 de agosto se recibirá en audiencia a la Sra. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República.
El 21 de agosto los Diputados que integran la Comisión aprobaron enviar a consultar el expediente ante: Asociación Bancaria Costarricense, Sistema Bancario Nacional, Cámara de Intermediarios Bursátiles Afines, Ministerio de Hacienda, Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Banco Central de Costa Rica, Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes de la República, Superintendencia General de Valores, Superintendencia General de Entidades Financieras, Bolsa Nacional de Valores, Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, Escuela de Economía de la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, Academia de Centroamérica y Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.
Adicionalmente, se aprobó recibir en audiencia la Ministra de Hacienda, al Director de Crédito Público, a la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, a la Contralora General de la República, al Presidente del Banco Central de Costa Rica y a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo.
Finalmente, la Presidente de la Comisión, informó la programación de las audiencias:
27 de agosto: Ministra de Hacienda, Director de Crédito Público y Contralora General de la República.
28 de agosto: Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y Ministra de Planificación y Política Económica.
Nota: A este expediente se le aplicará el nuevo Reglamento de la Asamblea Legislativa, según lo definido en su Art. 80, tiene una fecha proyectada para ser dictaminado al 13 de noviembre de 2019.
El 22 de agosto la Presidente de la Comisión integró una subcomisión para su estudio y presentación de informe conformada por los (a) Diputados (a) Walter Muñoz Céspedes (PIN), quien coordina, Nidia Céspedes Cisneros (I) y Welmer Ramos González (PAC), con un plazo para rendir el respectivo informe que vence el 30 de agosto de 2019.
El 20 de agosto los Diputados que integran la Comisión conocieron 213 mociones de fondo, vía artículo 137, correspondientes al segundo y último día, aprobando 08 mociones.
Audiencia Sr. Rodrigo Cubero Brealey, Presidente Ejecutivo, acompañado por los Señores Carlos Melegatti Sánchez, Director de Pagos, Luis Eduardo Díaz Barquero, Periodista y Esteban Méndez, Economista, todos del Banco Central de Costa Rica, quienes señalaron:
Explicó que, existen diferentes tipos de comisiones en el mercado de tarjetas, tales como comisiones de afiliación o adquirencia, y comisiones de intercambio, y hay cuatro partes importantes en el flujo de fondos de los pagos con tarjetas: emisor de tarjetas, adquirente, consumidores o tarjetahabientes y comercios.
Indicó que es importante entender que, en el mercado de tarjetas operan otros cobros, como tarifas por el uso de la tarjeta, sistemas de puntos o retribuciones, cobros por solicitud de estado de cuenta, cobros por reposición del plástico, comisiones fijas por transacción, cobros por el uso del datáfono, y penalidades a los comercios por no llegar a la facturación mínima.
Señaló que en Costa Rica existen 31 emisores de tarjetas de crédito y 27 emisores de tarjetas de débito; así como, cinco entidades adquirentes, las cuales son: Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Credomatic, Scotiabank y Banco Promerica.
Manifestó que un 75,7% de las empresas acepta tarjetas como medio de pago, que las empresas de comercio tienen una mayor tendencia a aceptar tarjetas que las empresas de servicio, que algunas empresas no aceptan tarjetas por el costo de las comisiones, y que para pagos muy grandes, los consumidores suelen preferir utilizar tarjetas.
Comentó que el mercado sin regulación genera comisiones más altas que las socialmente óptimas, y que para estimular el uso de tarjetas los emisores generan sistemas de puntos y sobre incentivan el uso de estas.
Expuso que los posibles beneficios de la regulación son la mejora en la señal de precios; la posibilidad para los consumidores de utilizar diferentes medios de pago; la mejora en la transparencia para los emisores, adquirentes, comercios y consumidores, el impacto redistributivo, y la inclusión y profundización financiera.
Por otro lado, precisó que los posibles costos serían los siguientes: las comisiones para transacciones pequeñas podrían aumentar, aunque las comisiones para los comercios disminuyan, no hay evidencia de una reducción en precios o una mejora en la calidad de servicio para los consumidores; los tarjetahabientes enfrentan reducciones en premios e incrementos en las anualidades, y el efecto neto para el consumo podría ser negativo.
Mencionó como evidencia en el ámbito internacional, los casos de Estados Unidos y Australia. Indicó que en Estados Unidos las comisiones para transacciones pequeñas aumentaron y el costo lo sufrieron los comercios de menor tamaño, hubo un impacto heterogéneo para los comerciantes. Añadió que en Australia la regulación de las comisiones de intercambio mejoró la señal de precios para utilizar diferentes medios de pago, redujo los premios asociados a una tarjeta, e incrementó las anualidades al poseer una tarjeta, y generó una reducción en los precios pagados por los consumidores.
Informó que la regulación de comisiones en el mercado de tarjetas puede tener efectos no deseados, tales como: ganancias para los comercios más grandes, pero costos netos mayores para comercios pequeños; efectos pequeños o incluso negativos sobre el bienestar del consumidor, debido a escaso efecto traspaso y mayores costos netos de usar tarjetas; y reducción en el uso de tarjetas.
Agregó que para mitigar estos impactos se necesita adoptar una regulación fundada en criterios técnicos, que reconcilie los siguientes objetivos: balancear intereses de comerciantes, consumidores y emisores; balancear intereses de comerciantes grandes y pequeños; y promover la profundización de medios electrónicos de pago.
Hizo hincapié en las siguientes observaciones al proyecto de ley en discusión: delimitar cuáles responsabilidades corresponden al BCCR y cuáles al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); ampliar el alcance del proyecto de ley en discusión a cualquier dispositivo tecnológico de pago; redactar las normas en términos de funciones, y no con base en el tipo de entidad o figura jurídica de entidad financiera; especificar que las tasas que se fije tendrán un límite máximo, y no una tasa obligatoria; permitir la revisión de las tarifas máximas cada cierto tiempo e introducir una gradualidad inicial; permitir establecer comisiones absolutas o fijas para ciertas transacciones y no únicamente porcentuales; tipificar conductas indebidas o de incumplimiento; regular sobre tasas de intercambio; y brindar potestad al ente regulador para solicitar acceso a información oportuna y para publicar comisiones vigentes en forma permanente y no cada 24 meses.
El Diputado José María Villalta Flórez-Estrada (PFA) cuestionó si alguno de los casos internacionales presentados se asemeja al caso costarricense donde los bancos se ponen de acuerdo para definir tasas de intercambio altas, indiferentemente de lo que suceda en el mercado, y por qué el BCCR no ha tomado acciones concretas ante esta situación a lo largo de los años. El Sr. Rodrigo Cubero Brealey contestó que, la regulación en la experiencia internacional se ha justificado debido a la existencia de acuerdos similares entre emisores. Añadió que el contexto internacional indica que, las comisiones de intercambio en Costa Rica son altas. Explicó que el BCCR no ha tomado medidas al respecto porque no tiene la competencia jurídica para regular estas tasas en los mercados de tarjetas de crédito y débito. Resaltó que las personas también se podrían preguntar por qué no hubo otros proyectos de ley que desearan resolver esta situación anteriormente.
El Diputado Welmer Ramos González (PAC) afirmó que el negocio detrás de sistema de tarjetas es el endeudamiento y que los bancos no se benefician solamente de las comisiones que cobran. Señaló que existen cláusulas abusivas como la facturación mínima o la comisión por membresía y que, en Costa Rica existe una carencia de protección al consumidor financiero. El Sr. Rodrigo Cubero Brealey manifestó que el tema de las cláusulas abusivas debe ser discutido pero al ser un tema de competencia, le corresponde al MEIC.
La Diputada Karine Niño Gutiérrez (PLN) comentó que se encuentra desarrollando un texto sustitutivo que incluya un artículo para regular medios de pago electrónicos. Cuestionó ¿cómo lograr el balance entre no afectar al sector comercial grande y poder incluir a la pequeña y mediana empresa?, el Sr. Rodrigo Cubero Brealey mencionó que uno de los objetivos centrales de estas medidas es no discriminar las medianas y pequeñas empresas, pero es inevitable en este sistema de pagos, que haya costos fijos por la utilización de tarjetas y datafonos.
El Diputado Luis Ramón Carranza Cascante (PAC) subrayó que para una pequeña empresa un cambio en estas tarifas implica abrir o cerrar el comercio.
El Diputado Daniel Ulate Valenciano (PLN) consultó ¿cuál sería el impacto en Costa Rica de cambios en estas tarifas?, el Sr. Rodrigo Cubero Brealey advirtió que se debe tener cuidado a la hora de regularlas para no sufrir consecuencias no deseables.
Audiencia Sra. Victoria Hernández Mora, Ministra de Economía, Industria y Comercio, quien señaló:
Comentó sobre los emisores y adquirentes que forman parte del proceso de pago con tarjetas, de igual forma especificó las comisiones que se recauda y la manera en que estas se distribuyen.
Explicó sobre las tendencias y datos sobre la cantidad de tarjetas, cantidad de pagos, valor de los pagos, los pagos promedio por tarjeta, y el monto promedio por transacción, ahondó en la importancia de la comisión al momento de hacer un pago con tarjeta, es un porcentaje de la comisión sobre el monto.
Algunos de los datos brindados fueron: en el año 2018 se realizaron 403,7 millones de transacciones con tarjetas, de las cuales, 261,9 millones fueron hechas con tarjetas de débito y 141,8 millones con tarjetas de crédito. El monto transado en esos movimientos fue de ¢3.571 miles de millones en débito y ¢4.101 miles de millones en crédito, para un total de ¢7.672 miles de millones (Equivalente a US $ 13.228 millones a un T.C. de ¢ 580/$). A finales de ese año existían en circulación 8,65 millones de tarjetas, de las cuales, 6 millones eran de débito y 2,6 millones eran de crédito, por lo que el consumo anual promedio por tarjeta fue de ¢1,57 millones en crédito y ¢595 mil en débito. El tamaño promedio de transacción fue de ¢13.634,3 en débito y 28.924,5 en crédito. Manifestó que asumiendo una tasa de adquirencia promedio del 3,5%, la cantidad de recursos que se está trasladando del comercio al sistema financiero es de ¢268.520 millones, equivalente a US $463 millones.
Indicó que el 27 de julio de 2018, solicitó apertura de investigación a COPROCOM, emitiendo el 11 de junio de 2019 la Opinión No. 16-2019, señalando que no existe una política de fomento a la competencia efectiva para la determinación de las tasas de intercambio, por lo que recomienda al Poder Ejecutivo, ya sea a través de supervisión o regulación de las comisiones de intercambio. Manifestó, que en estos momentos se encuentran en el proceso de definición del formato de encuesta a los emisores y adquirentes para iniciar la solicitud de información al mercado y poder determinar los costos incurridos en el suministro del servicio y de esta forma determinar tasas justas y razonables.
Manifestó que con base a lo indicado por la COPROCOM, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio procederá con la apertura del proceso de regulación establecido en el artículo 5 de la Ley No. 7472 y su reglamento, para el caso particular de las tasas de intercambio que se cobran en las operaciones de pago realizadas en terminales de punto de venta, o cualquier otro tipo de tecnología, situados en el país, con independencia del canal de comercialización y del medio de pago utilizado.
Señaló que este es un proyecto de ley, que ella lo acuerpa al 100%, porque le va a dar seguridad jurídica a la regulación del precio. También aseguró que, según el artículo 5 de la Ley de Promoción de la Competencia, el MEIC es la única entidad, aparte del ARESEP, que tiene la responsabilidad y potestad de regular estos precios.
La Diputada Karine Niño Gutiérrez (PLN) consultó ¿si el Ministerio de Economía, Industria y Comercio tiene los recursos para hacer los estudios de mercado pertinentes?, ¿si se cuenta con la información para determinar si las utilidades netas en las comisiones de intercambio se encuentran en márgenes razonables?, y con respecto a la situación de las PYMES, ¿cuál es el grado de profundización en cuanto a medios electrónicos de pago?, la Sra. Victoria Hernández Mora respondió que es potestad del MEIC regular precios, según el artículo previamente mencionado, y que ella no ve un inconveniente en compartir la tarea con el BCCR, pero que no ve al MEIC fuera del desarrollo de un modelo de costeo de las comisiones. También confirmó que el MEIC es capaz de hacer estos estudios.
El Diputado Luis Ramón Carranza Cascante (PAC) consultó ¿si es necesaria la regulación de montos a cobrar a través de un proyecto de ley?, además, ¿cómo ellos están definiendo los parámetros sobre lo que es una Comisión más alta de lo óptimo?, la Sra. Victoria Hernández Mora indicó que es necesaria la regulación y un buen modelo de costeo, sobre la segundo consulta, señaló que el parámetro más claro que tienen son las comisiones que aplican en países de América Latina y Europa, donde no se encuentran los niveles de Costa Rica e incentivan más el medio electrónico de pago.
El Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora (PUSC) consultó ¿si el MEIC ya tenía la potestad de regular esto?, la Sra. Victoria Hernández Mora contestó que sí. El diputado después le pregunto ¿si entonces ella cree que el proyecto de ley debería darle esa potestad al BCCR o el MEIC?, la Sra. Victoria Hernández Mora contestó que deberían de regularse de forma conjunta. El diputado consultó nuevamente ¿si la Ministra suscribe las recomendaciones del BCCR de que se definan topes máximos, no las tasas en sí?, la Sra. Victoria Hernández Mora respondió que puede que el Presidente del BCCR tenga una mayor información del sistema financiero que le permita hacer esa afirmación, porque eso no es lo que buscan actualmente en el MEIC. Igualmente, la Ministra no se comprometió a definir tasas exactas en sus modelos de costeo.
El Diputado Erick Rodríguez Steller (I) consultó ¿si tiene el MEIC la potestad legal de regular lo atinente a las tarjetas de crédito?, si es así, ¿por qué no lo han hecho?, finalmente, consultó ¿si la Ministra coincide con el Sr. Rodrigo Cubero en que no deben bajarse las tasas de un solo golpe?, la Sra. Victoria Hernández Mora indicó que, tenía una solicitud directa del Presidente de la República sobre temas álgidos para el desarrollo del sector privado empresarial y las personas consumidoras, proyectos en los que ha trabajado durante su periodo. Además, que no creía que había que proceder a regular las tasas hasta que la COPROCOM emitiera su opinión. También agregó que estableciendo esta regulación a través de un proyecto de ley le da seguridad jurídica. Finalmente, sobre la consulta de no bajar las tasas de un solo golpe, indicó que ella le informó que está de acuerdo, pero dijo que, dependiendo de la información que reciban de los bancos, esto puede cambiar.
Audiencia Sr. Álvaro Ramos Chaves, Superintendente de Pensiones, quien señaló:
Mencionó que el Sistema Nacional de Pensiones es mixto, obligatorio y voluntario, está administrado por gestores públicos y privados. Una sola pensión con diferentes formas de financiamiento: beneficio definido y capitalización individual, con diferentes coberturas a las contingencias.
Señaló que el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) tiene como objetivo complementar los beneficios establecidos en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, o sus sustitutos, y aplica para los trabajadores asalariados o dependientes. Indicó que es un régimen de capitalización individual, cuyos aportes son registrados y controlados por medio del SICERE de la CCSS. Además, es administrado por las operadoras de pensiones autorizadas por la SUPEN y libremente elegidas por el trabajador.
Afirmó que el ROP debe ser entregado en tractos. Informó que la Sala Constitucional ha reconocido la importancia social del ROP y en el voto 3343-2014 se expresó acerca de su sentido y funcionalidad. Con respecto al financiamiento de este, mencionó que una parte corresponde a un aporte patronal del 1.5% mensual sobre los sueldos o salarios pagados, y otro 1% corresponde al ahorro obligatorio que realizan los trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que se transfiere a los 18 meses.
Explicó los beneficios de dicho régimen, siendo estos que, según la Ley de Protección al Trabajador se obtienen por medio de una pensión complementaria: renta permanente o renta vitalicia. No obstante, la Ley de Protección al Trabajador habilita al CONASSIF para establecer otras modalidades de prestaciones, siempre que se respete el principio de seguridad económica de los afiliados y no se contravenga los principios de esta ley.
Señaló que el Reglamento de Beneficios, además de la renta permanente y la renta vitalicia, permite el retiro programado y el retiro total, este último con carácter excepcional (Transitorio XIII de la Ley de Protección al Trabajador). Por último, el retiro del ROP procede siempre y cuando el cálculo del monto de la pensión complementaria a recibir no sea igual o mayor a un 10% de la pensión por el Régimen Básico al que pertenece el trabajador.
Sobre la iniciativa señaló que, pretende modificar el artículo 20 de la Ley de Protección al Trabajador con el objetivo de establecer que, en caso de muerte del afiliado, los beneficiarios serán los que este designe en la operadora de pensiones que administra su fondo. Solo en caso de que el afiliado no realice la designación, los beneficiarios serán los establecidos en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o el sustituto de este.
Además, indicó que la propuesta reduce el plazo para que la operadora haga efectivo el pago de los beneficiarios del afiliado, de 90 a 45 días naturales. En cuanto a la modificación al plazo para hacer efectivo el pago de los beneficios afirmó que la SUPEN no tiene observaciones, lo anterior por cuanto las operadoras de pensiones tienen la capacidad de cumplir con esta obligación.
En cuanto a la modificación propuesta para que los beneficiarios sean definidos inicialmente por los afiliados y en segundo término apliquen los del régimen básico, consideró que esto implica desnaturalizar la condición de pensión complementaria que tiene el ROP.
El Diputado Eduardo Cruickshank Smith (PRN) mencionó que la mayoría de las personas que gozan de esta pensión la consideran como insuficiente; sin embargo, la SUPEN y Miguel Ángel Rodríguez han dicho que esa insuficiencia obedece a que el régimen no ha alcanzado su madurez hasta que llegue a los 20 o 35 años, dicho esto, consultó ¿si el complemento será suficiente durante estos 20 años que vienen?, el Sr. Álvaro Ramos Chaves respondió que esa insuficiencia es relativa y lo que sí es cierto es que el sistema no ha alcanzado su madurez y le va a costar 20 años lograrlo. El señor diputado también consultó por el porcentaje al que podría aspirar el jubilado del ROP dentro de los próximos 20 años, a lo que el Sr. Álvaro Ramos Chaves afirmó que el rango está dentro de 20 y 25%, la persona promedio.
Finalmente, el diputado cuestionó la decisión del 10% de la pensión del Régimen Básico. El Sr. Álvaro Ramos Chaves explicó que él no se encontraba al momento en que se tomó la decisión, empero, conoce que se consideró un umbral razonado y que aunque él hubiera preferido un umbral de números absolutos, vinculados a la inflación, sí le parece razonable.
El Diputado Wagner Jiménez Zúñiga (PLN) indicó que en función de la afirmación del Sr. Álvaro Ramos de que el ROP es un sistema de capitalización individual, consultó ¿si se permite el retiro de los recursos, se descapitaliza el fondo que se administra?, además, consultó ¿si, bajo el criterio personal, el proyecto debería aprobarse?, el Sr. Álvaro Ramos Chaves con respecto a la primera consulta, indicó que parcialmente sí, y que, como el proyecto está redactado actualmente, debería ser rechazado.
La Diputada Laura Guido Pérez (PAC) consultó ¿cuáles serían las consecuencias que podrían derivarse de ese retiro de fondos?, el Sr. Álvaro Ramos Chaves explicó que “es un tema de incertidumbre, ya que cuando haya muy poca gente que pueda hacer el retiro total puede calcular con exactitud cuánto tiempo deben invertir, cualquier persona podría retirar de inmediato. La incertidumbre hace que ese fondo deba ser convertido en uno de liquidez. El problema es cuando la persona se quiere quedar y tener una pensión, las otras personas van a estar vulnerables en las decisiones de los demás.

References: artículo 137
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 artículo 5
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