Source: http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=38714&legiid=483
Timestamp: 2018-06-22 13:16:32+00:00

Document:
INFORME TRAS REUNIÓN CON PRIMER MANDATARIO SOBRE DIFERENDO LIMÍTROFE ENTRE CHILE Y PERÚ
CREACIÓN DE FONDO DE DESARROLLO DEL NORTE Y DE COMUNAS MINERAS DE CHILE
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE PLEBISCITOS Y CONSULTAS DE CARÁCTER COMUNAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
DECLARACIÓN DE DÍA NACIONAL DE COOPERATIVAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
Sesión 59ª, en martes 6 de noviembre de 2012
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y de Salud, señor Jaime Mañalich Muxi. Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios de Minería, señor Francisco Orrego Bauzá, y de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores Vargas.
El señor ESCALONA (Presidente).- El acta de la sesión 57ª, ordinaria, en 30 de octubre del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la República, con los que retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que otorga a los funcionarios municipales que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional (boletín Nº 8.264-06).
2.- El que reforma el Código Penal para tipificar los delitos de robo y de hurto de vehículos motorizados, crear nuevas figuras delictivas y aumentar penalidades (boletín N° 7.481-07).
3.- El que concede una asignación asociada al mejoramiento del trato a los usuarios para los funcionarios pertenecientes a las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares de los establecimientos de los servicios de salud (boletín Nº 8.660-11).
4.- El que crea una asignación asociada al mejoramiento de la calidad de trato al usuario para los funcionarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (boletín Nº 8.661-11).
De Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Lamberto Cisternas Rocha (boletín Nº S 1.530-05), respecto de lo cual hace presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
Con el primero informa que aprobó el proyecto de ley que establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguros (boletín Nº 7.958-05) (con urgencia calificada de "suma").
Con el segundo comunica que dio su aprobación al proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil en materia de inembargabilidad de los bienes de propiedad de adultos mayores (boletines Nos 8.096-32 y 8.128-32, refundidos).
Envía copia autorizada de la sentencia definitiva dictada en acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo único de la ley N° 20.501, que modifica el Código del Trabajo en materia del personal de notarías y conservadores.
Del señor Jefe de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Informa que se le requirió al señor Ministro de Hacienda dar respuesta al acuerdo por el cual, a proposición de los Senadores señor García Huidobro, señora Von Baer y señores Sabag y Uriarte, se solicita la implementación de un sistema de pago, mediante el uso de tarjetas de crédito y de débito, por los bienes y servicios que presta la Administración Pública (boletín N° S 1.478-12).
Del señor Jefe de Estatutos de la Defensa y Vigilancia, División de Personal de la Administración del Estado, Contraloría General de la República:
Comunica petición de antecedentes sobre vigencia de los denominados "quinquenios penitenciarios" a los señores Director Nacional de Gendarmería de Chile y Director de Previsión de Carabineros de Chile, en relación con informe en derecho solicitado en nombre del Senador señor García.
De los señores Director de Ecocéanos y representantes de Radio del Mar y del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos Mapuche:
Petición dirigida al Senado para que se paralice la tramitación del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (boletín N° 8.091-12) y se realice un proceso de consulta a los pueblos indígenas acorde con los estándares internacionales que obligan a la República de Chile.
De los Senadores señor Bianchi, señora Rincón y señores Horvath y Prokurica, con la que dan inicio a un proyecto de ley que establece el día nacional del suplementero (boletín N° 8.668-04).
De los Senadores señor Muñoz Aburto, señora Alvear y señores Larraín Fernández y Novoa, con la que se inicia un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para autorizar la fusión por la Cámara revisora de proyectos de ley iniciados en moción que se encuentren en distinto trámite constitucional (boletín N° 8.669-07).
De los Senadores señor Bianchi, señoras Alvear y Rincón y señores Cantero, Frei, Gómez, Pizarro, Ruiz-Esquide y Patricio Walker, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que contemple en el presupuesto nacional del año 2013 recursos suficientes para el pago definitivo de la deuda del Estado con los docentes originada en el incumplimiento de los municipios respecto a la asignación especial del artículo 40 del decreto ley Nº 3.551, de 1981 (boletín N° S 1.529-12).
1.- Disponer que el proyecto que modifica la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros en materia de plantas (boletín Nº 8.662-05) pase en primer lugar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y luego, a la de Hacienda.
2.- Autorizar a la Comisión de Salud y a la de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura para sesionar hoy simultáneamente con la Sala: la primera, a partir de las 16:30, y la segunda, a contar de las 17.
El señor ESCALONA.- Ante todo, señor Presidente, deseo felicitarlo por su reincorporación al trabajo de la Sala luego de su licencia médica.
En seguida, quiero informar a la Corporación que en la semana regional previa a la elección municipal fui convocado por el señor Presidente de la República, en conjunto con el señor Presidente de la Cámara de Diputados, al objeto de sostener un intercambio de opiniones, recibir la información del señor Canciller y, al mismo tiempo, entregar un juicio con relación al diferendo limítrofe entre Chile y Perú radicado en el Tribunal de La Haya.
En tal sentido, me permití manifestar que, desde mi punto de vista, Chile está unido en torno al respeto y al ejercicio del Derecho Internacional, que es la base que en esta situación nos entrega una fortaleza y la razón en torno a la resolución que pueda tomar el Tribunal de La Haya.
Asimismo, reiteré que en el Senado de la República existe esta convicción: los intereses de Chile y la seguridad de nuestra patria se fundamentan en el respeto y el ejercicio del Derecho Internacional, que es la base de nuestra posición, que estamos convencidos nos entrega una fortaleza y la razón en torno a la resolución que pueda tomar el Tribunal y que dicha posición será el fundamento inamovible sobre el cual los actores políticos e institucionales de nuestro país mantendrán su orientación en el futuro.
Me permití, entonces, manifestar que, en mi condición de Presidente del Senado, tengo la absoluta convicción de que nuestra conducta es una sola: respeto y salvaguarda del Derecho Internacional, que nos da la razón y que nos permitirá, en consecuencia, la salvaguarda estricta y rigurosa de los intereses nacionales de Chile.
Es lo que debía informar a la Sala.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en la sesión ordinaria del 30 de octubre último, durante la discusión del proyecto que modifica la ley N° 19.419 en materia de ambientes libres de humo de tabaco, se le encargó a la Comisión de Constitución informar sobre la eventual inconstitucionalidad de la norma propuesta en remplazo del artículo 3° de dicho cuerpo legal.
La Comisión ya hizo su trabajo y estamos en condiciones de entregar los antecedentes a la Sala. Entendíamos que esta sesión era la oportunidad para hacerlo.
Tal como lo dijimos oportunamente, nuestro ánimo no es entorpecer, sino simplemente contribuir a una mejor legislación.
Reitero: estamos en condiciones de informar al Senado en este momento, aunque, como sabemos, el proyecto se encuentra en la Comisión de Salud.
Señor Presidente, solo quería manifestar, por encargo de la Comisión de Constitución, que cumplimos nuestro cometido.
El señor ESCALONA (Presidente).- La Comisión de Salud se halla autorizada para sesionar hoy paralelamente con la Sala, señor Senador. De modo que cuando recibamos el proyecto le ofreceremos la palabra para el efecto que señaló.
Boletín N° 8272-08
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que crea el Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras de Chile y le destina recursos, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8272-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Minería y Energía: sesión 56ª, en 17 de octubre de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de esta iniciativa es otorgar un reconocimiento especial a las llamadas "comunas mineras" por el aporte que han realizado al progreso económico y social del país. A tal efecto, se crea un Fondo destinado al financiamiento de proyectos y obras de inversión para su desarrollo.
La Comisión de Minería y Energía discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por 3 votos a favor (Senadores señores Cantero, Orpis y Prokurica) y 2 abstenciones (Senadores señora Allende y señor Gómez).
Cabe tener presente que el artículo 4° es orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 19 a 22 del primer informe.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, ante todo, debo destacar que esta iniciativa se originó en un planteamiento que hace ya algunos años formularon los Senadores Cantero y Gómez en el sentido de que era necesaria la existencia de un reconocimiento y de una compensación o mitigación a favor de las comunas mineras pertenecientes a las regiones mineras, que sufren los procesos inherentes a la actividad extractiva.
Todos sabemos muy bien lo que significan los pasivos ambientales. Pero no solo estamos hablando de pasivos ambientales, sino además de la presión que se ejerce sobre infraestructura, salud, educación, biodiversidad, recursos hídricos, en fin.
Entonces, deseo, por un lado, valorar que dos Senadores formularan una proposición sobre el particular, y por otro, reconocer el hecho de que ella haya tomado forma definitiva en este Gobierno, que envió a tramitación legislativa el proyecto que nos ocupa en este instante.
Sin embargo, debo puntualizar que en la Comisión me abstuve. Y quiero aclarar el porqué.
Concordando con la existencia de una legislación sobre la materia, lamentablemente he de reconocer que este proyecto, mediante el cual se crea el Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras de Chile, consigna recursos bastante exiguos. Y, obviamente, no podemos imaginar que la cantidad prevista, que por lo demás deberá repartirse entre 51 comunas mineras, constituye un fondo de desarrollo, que es el objetivo perseguido con el texto en discusión.
Ahora bien, debo señalar que en la Comisión de Minería y Energía suspendimos intencionalmente la tramitación de esta iniciativa porque en paralelo se constituyó una Mesa entre el Gobierno y los alcaldes, representados a través de la Asociación de Municipios Mineros de Chile, que reúne a 51 comunas mineras.
Por cierto -para que nos entendamos-, cuando decimos "comunas mineras" estamos hablando de comunas cuyo giro por concepto de patentes mineras representa una cifra igual o superior al 2,5 del total anual de sus ingresos permanentes propios (no se consideran, por supuesto, los recursos provenientes del Fondo Común Municipal o de otras fuentes).
La referida Mesa trabajó durante algún tiempo. Y, al respecto, es menester destacar la buena disposición de unos y otros: de los alcaldes agrupados en la Asociación de Municipios Mineros -estos se trasladaron varias veces para conversar con el Gobierno y, también, con el Parlamento- y del Ejecutivo.
En mi condición de Presidenta de la Comisión de Minería, presidí a lo menos tres reuniones conjuntas de Diputados y Senadores, celebradas acá, en Valparaíso, en el curso de las cuales escuchamos a los alcaldes. Y, por esa razón, durante dos meses aproximadamente no se tramitó esta iniciativa, a la espera de que hubiese un buen diálogo y, ojalá, un buen resultado.
Como parte del diálogo se logró poco. Sin embargo, al menos conseguimos subir de 225 millones a 240 millones de dólares la cifra que deberá repartirse entre 2013 y 2025. No es mucho: se trata de un salto pequeño, bastante exiguo.
Por otro lado, se vio un aspecto de gran relevancia para los alcaldes involucrados: la obligación de que el Fondo que se crea sea administrado directamente por los municipios mineros (sobre el particular hay acuerdo con el Gobierno). Y, además, se otorga la facilidad de que los recursos puedan invertirse en programas, proyectos, obras que vayan efectivamente en beneficio de las comunas correspondientes.
Lo que estoy diciendo no es menor, señor Presidente. Porque todos sabemos que Chile debe a la minería parte importante de su desarrollo.
Al respecto, simplemente cabe señalar que en 2011 la minería representó 15,2 por ciento del PIB y más de 60 por ciento de las exportaciones chilenas; que ese sector genera directa o indirectamente más de 500 mil empleos formales; que en el año mencionado la producción de cobre fue de 5,4 millones de toneladas métricas, lo que representó 34 por ciento de la producción mundial y significó que Chile, a través de CODELCO, fuera (ello se mantiene hasta hoy) el primer productor global.
Podríamos entrar en detalles respecto al molibdeno, a la plata, al oro, en fin, que exhiben cifras significativas.
El molibdeno, por ejemplo, alcanzó a 28 mil toneladas métricas, o sea, 15 por ciento de la producción mundial, lo que nos convierte en el tercer productor global. Y así sucesivamente.
Por lo tanto, está claro para nuestro país el aporte de Regiones y, en particular, comunas mineras.
¿Cuál es el problema? Siendo extraordinariamente importante esa contribución al desarrollo general de Chile y la alta participación que representa en nuestro producto interno bruto, la cual asciende a más de 37 mil 800 millones de dólares, la dificultad radica en que las segundas, como ya he señalado, sufren los perjuicios derivados de la presión que se ejerce sobre servicios como los de salud y de educación, la infraestructura, los recursos hídricos, la biodiversidad, en fin, y que es generada por toda esta industria.
De ahí la importancia de que ojalá hubiéramos contado con un Fondo respecto del cual se pudiese hacer referencia efectivamente al desarrollo de Regiones y, en especial, comunas mineras. La verdad es que no se compadecen con tal propósito los exiguos recursos -repito- contemplados en un proyecto que tiende a perseguirlo.
Sin embargo, los alcaldes integrantes de la Asociación de Municipios Mineros, por mayoría, consideraron importante seguir avanzando -a pesar de su discrepancia con relación al monto, que es lo sustantivo-, como un primer paso hacia una futura institucionalidad que, en definitiva, logre mitigar o compensar en una forma más clara, si se quiere, lo que significan las comunas mineras y su aporte al producto interno bruto y al desarrollo general del país, y, a la inversa, los costos que ello les origina.
Solo un porcentaje minoritario pidió el rechazo de la iniciativa, pero ese mismo sector reconoce su proporción dentro de la entidad. Por lo tanto, la mayoría estaba más bien por la aprobación.
El motivo de mi abstención, entonces, no obedece a un desacuerdo con el fondo del texto -todo lo contrario, reconociendo la intervención de los dos Senadores que lo impulsaron-, sino que quisiera que los municipios fueran más escuchados para que se comprenda que es tanta la presión que esta actividad productiva ejerce sobre ellos; que es tanto lo que significa en términos de servicios, de medioambiente, de recursos hídricos o de biodiversidad, en fin, que ni siquiera se puede decir que se registra una mitigación real.
El Honorable señor Gómez y la Senadora que habla nos abstuvimos en la Comisión para que el proyecto pudiera aprobarse en general por tres votos a favor; pero con el ánimo, que espero que el Gobierno recoja, de que el compromiso es que se van a seguir estudiando, sobre todo ahora que entraríamos en la discusión particular -por la vía de indicaciones, en especial de parte del Ejecutivo, que es el que tiene la iniciativa-, algunas de las inquietudes de los alcaldes.
Estos últimos concuerdan con la definición de "comuna minera" y "Región minera" y con que los recursos sean de directa administración municipal, además de que medie un proyecto o un programa, o sea, un grado de flexibilidad importante para destinarlos a lo que parezca más importante a la hora de invertirlos.
Se llegó a una coincidencia con el Gobierno en cuanto a que tenía que contemplarse un monto mínimo dentro de la distribución y sobre una base ojalá mixta. En realidad, la idea de los alcaldes era que hubiera un cierto criterio mixto para que se pudiera decidir no solo por población, sino también por producción minera, como tal, o por la presión que esta ejerce sobre los servicios.
Lo que se halla pendiente, en la medida en que el concepto por patente minera de lo que hoy día reciben las comunas -se logró un acuerdo con el Gobierno, aunque no en el incremento en los porcentajes- asciende solo a un 50 por ciento, porque el otro 50 va al Fondo de Desarrollo Regional, es la petición de los alcaldes, a través de su Asociación, de que ello llegue al cien por ciento. El Gobierno argumentó que eso no es posible, pero concedió que, a partir del 50 por ciento actual, tendrá lugar un incremento gradual y lento, hasta llegar a un 65 por ciento, aproximadamente. Y ese delta irá en beneficio de las comunas mineras. Ello no satisface a la entidad, pero al menos se registra un logro.
Finalmente, el sistema que nos ocupa sería aplicable a partir del año en curso. Como estamos muy al final de 2012, no sabemos si los recursos respectivos se van a poder concretar. De no ser así, se comprometió el que no se perderían y se materializarían en 2013. Este año solo son un poco más de 8 millones de dólares, y desde 2013 a 2025, casi 17 millones anuales.
El monto mínimo es de 100 mil dólares, equivalentes a 50 millones de pesos, lo que es francamente nada. Como me decía un alcalde: "Con ello ni siquiera puedo cerrar una cancha deportiva". Por eso, los jefes comunales -a mi juicio, con toda razón- sienten que el título del proyecto quedó muy grande para la realidad.
En concreto, estas son las razones de mi abstención.
Creo que el Gobierno, en definitiva, debe cumplir el compromiso de avanzar en una línea que compense efectivamente a los proyectos mineros por su tremendo aporte al desarrollo de nuestro país y las importantes consecuencias que significan esas faenas en las comunas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se solicita la unanimidad de la Sala para que asistan a la sesión los señores Subsecretarios de Desarrollo Regional y Administrativo y de Minería.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, estimo que no es necesario explicar a los señores Senadores la importancia de la minería en la economía nacional, no solo ahora, sino también históricamente.
Deseo subrayar especialmente hoy día el papel desempeñado por representantes de zonas mineras como los Honorables señores Cantero y Gómez, quienes han dado la base inicial para la concreción de una aspiración muy antigua de distintas Regiones del norte y también de otras en que se desarrolla la misma actividad.
Y, por supuesto, cabe agradecer asimismo al Primer Mandatario, porque esos dos señores Senadores y algunos más les pedimos a otros Gobiernos que hicieran lo mismo, pero ello no ocurrió. Por lo tanto, pensamos que el Presidente ha cumplido al enviar un proyecto de ley tendiente a mejorar los ingresos de las comunas mineras, que son 50, y que de alguna manera van a compensar la labor que se lleva a cabo en su territorio, en virtud de la cual ellas producen muchos recursos, como ocurre en las Regiones de Atacama, de Antofagasta y de Coquimbo, pero reciben muy pocos beneficios de vuelta.
Ahora, ¿por qué estoy diciendo lo anterior? Porque el objetivo de la iniciativa es otorgarles un especial reconocimiento al incorporarles una cantidad de ingresos que, si bien es cierto no es aquello a lo cual aspiran las Regiones respectivas, constituye un elemento importante para algunas comunas, ya que llega a ser incluso el 80 por ciento de lo que hoy reciben.
Lo anterior, en la medida en que, como se ha explicado en reiteradas ocasiones, las que son mineras ven agravado, por los turnos de 10 por 10, el efecto del poco recurso que queda en ellas. Antiguamente, los proyectos mineros instalaban a su gente y la hacían vivir allí, lo que significaba un aporte directo, porque llegaban profesionales, compraban en el comercio local e invertían. Y eso se traducía en mejores colegios, calidad en la atención de salud y otras cosas más.
El problema que se enfrenta en la actualidad es que mineros que trabajan en proyectos en Atacama no conocen la Región: el fin de semana se van al aeropuerto y vuelven a Santiago o al lugar de donde proceden. ¿Y eso qué significa? Un aporte cero. Implica que, además de lo poco que recibimos por patentes mineras, no obtenemos verdaderamente nada más. Por ello, el proyecto -repito que valoro la iniciativa de mis Honorables colegas Cantero y Gómez- viene a responder a esa realidad.
Las Regiones beneficiarias, que representan el 98 por ciento del territorio donde se desarrolla la actividad minera nacional, son las de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador Bernardo O´Higgins, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena. Suman 136 comunas.
Estimo que el Gobierno ha asumido la responsabilidad que involucran sectores que ven como pasan camiones o trenes cargados de mineral y como los alcaldes tienen que recibir mineros enfermos de silicosis y gente que sufre accidentes del trabajo.
Ello, además de la situación de los relaves y de la realidad dramática de Atacama por el agua, ya que Administraciones irresponsables entregaron derechos sobre 16 mil litros por segundo después de que la Dirección General de Aguas señalara que se había concedido más de lo que existía en el subsuelo.
Tenemos que soportar todo eso y nuestra riqueza financia el Metro. Leo, con preocupación, que cuesta 400 millones de dólares instalar aire acondicionado para que los caballeros que viven en Santiago utilicen ese medio de transporte. La doble vía para la Región de Atacama se consiguió después de mucho luchar y se destinaron 500 millones de dólares al tramo desde La Serena hasta Caldera. Se ha registrado mucha inversión local.
Media el compromiso del Gobierno de mejorar el monto del Fondo. No se trata del total, porque pueden obtenerse recursos por otras vías, no solo por las patentes mineras. Y creo que es algo que se va a cumplir, porque cabe destacar la buena labor en la materia del ex Subsecretario de Minería Pablo Wagner y del Subsecretario de Desarrollo Regional, quienes han buscado acuerdos con los alcaldes de regiones mineras y han generado condiciones para que sea posible contar con fondos.
Además, cabe considerar algo que no contempla el proyecto de ley. Varias Regiones no tienen actividad minera extractiva propiamente tal, pero en sus comunas se encuentran instaladas plantas o muelles y deben sufrir los efectos negativos de la contaminación, del ruido y de otros factores, y del instrumento en estudio les toca muy poco o nada.
Por lo tanto, me parece que, con justa razón, en Caldera han dicho: "¿Saben? Deseamos que se cuente con más recursos, porque, si bien es cierto que no participamos de la minería extractiva o que lo hacemos en una proporción mucho menor, queremos tener también algún tipo de compensación".
Es preciso mejorar el porcentaje que corresponde en las patentes mineras. Es un compromiso que espero que el Ejecutivo ratifique aquí. Las nuevas, con el tiempo, van a ir en un 70 por ciento en favor de las comunas y en un 30 en favor de la Región, porque los alcaldes estiman -y juzgo que tienen razón- que muchos gastos se hacen en beneficio de los trabajadores y de gente que vive en las primeras.
Quiero dar solamente algunos ejemplos. Copiapó, por esta vía, experimenta un aumento en su presupuesto de un 23 por ciento en el año en curso, lo que llegará a un 78 por ciento en 2013, mucho mayor. El de Tocopilla se incrementa en un 12 por ciento en 2012, lo que ascenderá a un 41 por ciento en 2014. Y el de Los Andes se eleva en un 18 por ciento en 2012. O sea, estamos haciendo referencia a aportes importantes para comunas que han entregado tanto al país y que esperaron durante mucho tiempo que algún Gobierno les diera un reconocimiento.
Quiero agradecerles al Presidente Piñera; al Ministro de Minería; al ex Subsecretario de la Cartera, quien también trabajó en esta materia, y al Subsecretario de Desarrollo Regional, los que han logrado la materialización del proyecto de ley.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, deseo destacar el que estemos tramitando una iniciativa de estas características, porque se busca compensar el aporte de las zonas mineras, particularmente de sus comunas, al Tesoro Público.
La economía chilena se sustenta en esa actividad y lo cierto es que las distintas Regiones pagan costos o externalidades negativas muy altos: se afecta la calidad de vida, se incrementa la congestión, se elevan los precios, aumentan enfermedades derivadas de estas actividades, en fin.
Y, por eso, lo primero que quiero hacer es valorar la respuesta del Presidente Sebastián Piñera a la petición del Senador que habla y del Honorable señor Gómez, uno de Gobierno y otro de Oposición. Trabajando en equipo, como lo hemos hecho siempre en interés de la Región que representamos, concurrimos en conjunto a hablar con el Presidente de la República y le solicitamos algo muy preciso y concreto: que cumpliera un compromiso que había asumido en la ciudad de Calama -respecto del cual, entre paréntesis, me puso como testigo- y que significaba establecer una Partida que permitiera abrir un espacio de compensación para las zonas mineras, producto del reconocimiento que el Gobierno les hacía por su aporte.
Vale la pena, en consecuencia, destacar el rol, la actitud, la coherencia, la consecuencia del Primer Mandatario.
En segundo lugar, quisiera destacar el trabajo del Ministro de Minería, señor Hernán de Solminihac, así como también, especialmente, el compromiso, el entusiasmo, el interés con que Pablo Wagner, el ex Subsecretario de la Cartera, se aplicó al logro del objetivo que le encomendó el Presidente de la República, y el aporte y el trabajo realizado por Miguel Flores, Subsecretario de Desarrollo Regional.
No puedo sino expresar satisfacción y apreciar algo que habitualmente no se dice y que es difícil que se reconozca en la Sala. Deseo destacar la importancia del trabajo en equipo. Parlamentarios de diferente pensamiento político, incluso de distintas coaliciones, han podido determinar -ha sido el caso de mi labor con el Senador señor Gómez- puntos de interés común para nuestra Región que han permitido aunar voluntades, esfuerzos, y alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. El que nos ocupa es uno de ellos.
Ahora, ¿qué es lo valioso en lo que constituyen el FONDENOR y el agregado "de las Comunas Mineras de Chile", que fue una iniciativa del Presidente de la República? Que en el Presupuesto de la Nación se crea, por fin, una Partida que permite abrir efectivamente un aporte en esta línea. La propuesta inicial del Gobierno fue de 225 millones de dólares, en un período determinado; luego varió a 243 millones, y se estima que en 2023 se llegará a 400 millones.
Lo positivo es la apertura de una Partida, de un espacio en el que se pueda ir aplicando este tipo de recursos.
Lo negativo es que las cantidades son, en verdad, muy pequeñas si se considera que lo que se busca es beneficiar a algo más de 50 comunas mineras del país, que hacen aportes en esta línea.
Ahora, entre lo positivo que yo observo se encuentra, primero, la generosidad con que se define a qué comunas se va a beneficiar con su inclusión en el concepto de "comunas mineras": a todas aquellas cuyos ingresos provenientes de patentes mineras superen el 2,5 por ciento de sus entradas propias.
Me parece que eso abre la posibilidad de favorecer a un número muy importante de comunas del país.
En seguida se establece otro criterio: aportes mínimos, 100 mil dólares; aportes máximos, 3 millones de dólares.
Tres millones de dólares no son poca cosa. Es una cifra significativa. Y yo, a diferencia de lo planteado por algunos colegas, creo que el piso es bajo, pero que el techo no es poco relevante, sino al revés.
También se abre un espacio para donaciones, las que se podrán destinar, a través del Fondo, a las comunas mineras. En ese sentido, tanto las autoridades del Gobierno Regional como los parlamentarios podrán hacer un trabajo muy interesante, particularmente para orientar los recursos que las empresas destinan a la responsabilidad social empresarial, o que provengan de otras fuentes, inclusive del propio Gobierno Regional.
La SUBDERE ha contraído el compromiso de generar un proceso que permita, efectivamente, la entrega expedita de esos recursos.
Además, como señalé, se busca ir incrementando el Fondo, de tal manera que hacia el año 2023 se haya duplicado la cantidad de dinero que se pretende asignarle.
Otro aspecto valioso, en la misma línea de lo que acabo de expresar, es que se busca que los recursos del Fondo beneficien en forma directa a la comuna, al municipio, para los efectos de impulsar obras de desarrollo, en especial proyectos y programas de inversión.
Yo considero realmente muy trascendente la iniciativa. Por cierto, me habría gustado que los recursos fueran mucho más abundantes. Pero lo concreto es que, después de décadas de reclamos y reivindicaciones por parte de las zonas mineras, que tanto aportan al país, por primera vez se ve la posibilidad de concretar sus aspiraciones, a través de este proyecto, el que espero que mis colegas, Senadoras y Senadores, voten positivamente.
Lo digo porque reconozco que los fondos que se contemplan son bastante escasos con relación a las expectativas que tenemos. Pero lo que importa es que esos pocos recursos solo se pueden aplicar si hay una Partida abierta. Y aquí se crea el Fondo.
Eso es lo que quiero valorar. Eso es lo que juzgo preponderante.
Yo he aprendido algo a lo largo de mis años de trabajo parlamentario, de acumular experiencia en el mundo del Senado: que, por desgracia, el éxito de esta función siempre deriva de una lógica transaccional.
En consecuencia, desde ya dejo categóricamente establecido que, hacia delante, cada vez que se requieran recursos para algún propósito, en especial para el Transantiago u otras cosas semejantes, el proceso siempre será transaccional; siempre habrá que buscar aportes que permitan engrosar las escasas cifras que hoy día se contemplan para el Fondo en análisis.	Ya lo hicimos con anterioridad. A mí me tocó cumplir un rol trascendente cuando se quería echar por la borda el proyecto del Transantiago, que ha generado tantas dificultades. En la respectiva negociación se aprobó, fruto de entendimientos en los que yo participé directamente, la lógica de los "fondos espejo": ¿Se piden 400 millones para el Transantiago? Muy bien, pero también se destinan 400 millones para las Regiones.
Y así tendremos que ir actuando en el futuro.
Es lamentable que debamos llegar a aplicar un criterio de transacciones, un criterio transaccional en el Parlamento. Pero me doy cuenta de que es el único camino para ir avanzando en esta línea. Desgraciadamente, las asimetrías son inmensas y -quiero manifestarlo con toda claridad- generan tremendas odiosidades, tremendas molestias en las Regiones.
En efecto, molesta ver que se discute por aire acondicionado, cuando en mi Región (Antofagasta) no tenemos ni siquiera veredas pavimentadas, pese a ser la que más aporta al Tesoro Público del país.
Por eso, me alegro y agradezco al Presidente de la República y al equipo de Gobierno la propuesta de crear este Fondo.
Anuncio mi voto a favor del proyecto. Y llamo a las señoras y señores Senadores a que me acompañen en este pronunciamiento favorable, porque creo que es un acto de justicia que permitirá reparar inequidades y asimetrías odiosas, que han originado un muy mal estado de ánimo en la gente de mi Región.
De ahí surgieron las movilizaciones que hemos visto en Calama, en Arica y en otras ciudades. No esperemos que se siga gestando esa movilidad para responder adecuadamente. Votemos a favor de la iniciativa.
El señor SABAG.- Señor Presidente, me alegra que estemos tratando este proyecto de ley, cuyas motivaciones constituyen una larga aspiración de los parlamentarios que representan a zonas mineras.
Recuerdo, por supuesto, al Senador Cantero, que ha sido un gran luchador en esta materia, como también lo fue, en su momento, la Senadora Carmen Frei. Los dos hablaron y gritaron sobre el asunto en reiteradas oportunidades.
Los colegas Cantero y Gómez continuaron la lucha por concretar esa aspiración, pues, como señaló recién el primero, es necesario ser persistente. Ambos Senadores tuvieron suerte y lograron que hoy estemos conociendo esta iniciativa.
Comprendo que el texto no satisface las aspiraciones de los alcaldes, de las comunas ni de los parlamentarios. Pero ya es un paso adelante de gran trascendencia. Y acá queda establecido que las modificaciones posteriores, en cuanto a montos, se podrán ir viendo en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación. En él estará abierta la Partida y, por tanto, todas las comunas mineras recibirán un aporte extraordinario.
A mi juicio, tal aporte es absolutamente legítimo, porque de las entrañas de la tierra de esas comunas nace la riqueza que el país ha estado obteniendo. Y gracias a ellas Chile es actualmente una gran nación, en la parte económica por lo menos.
Cuando vemos que otros países del mundo se debaten en deudas, en atrasos de sus compromisos y en otros problemas económicos terribles, nosotros estamos en otra onda, en gran medida porque hemos sabido ocupar prudentemente los enormes recursos provenientes del cobre.
Sin embargo, las comunas en donde se extraen los productos mineros presentan enormes retrasos. Como decía el Senador Cantero, algunas ni siquiera tienen soleras en las calles.
Me extraña mucho lo manifestado por el colega, porque en las comunas de la Región que yo represento ya no hay ninguna calle que no tenga pavimento, soleras o veredas. Todas están pavimentadas por completo. Es decir, ha habido un progreso sustancial en Chile.
Por eso, me extraña que en lugares que producen tanta riqueza pueda haber atraso en ese aspecto.
El propósito de la iniciativa es otorgar un reconocimiento especial a las comunas mineras, por el aporte que realizan al progreso económico y social del conjunto del país, mediante la creación de un Fondo destinado al financiamiento de proyectos y obras de inversión para su desarrollo.
En este sentido, se trata de reconocer la labor de los gobiernos locales de las Regiones mineras en el desarrollo cuprífero nacional y de recompensar ese aporte.
Junto con recordar que el proyecto apunta a cumplir un antiguo anhelo de las comunas mineras, se argumenta también que la idea es promover la descentralización, ya que los municipios tendrían total libertad para decidir la inversión de estos nuevos recursos, sin que se consideren para el cálculo de los dineros que distribuye el Fondo Común Municipal. Por tanto, los recursos no ingresarán a este Fondo, sino que irán directamente a las arcas de cada uno de los municipios de los sectores mineros.
El articulado establece que el Fondo se constituirá por un total de 225 millones 450 mil dólares, los que se aportarán a razón de 16 millones 700 mil dólares al año, entre 2013 y 2025, inclusive, y la suma de 8 millones 350 mil dólares, excepcionalmente, para 2012, entre 51 comunas ubicadas en Regiones mineras, siempre que las patentes de amparo minero representen una cifra igual o superior al 2,5 por ciento del total anual de sus respectivos ingresos propios permanentes, ponderándose el aporte de acuerdo a la población. De todos modos, este Fondo puede ser revisado y reorganizado todos los años -como ya señalé- a través de la Partida pertinente del Presupuesto de la Nación.
En el curso de la discusión, los municipios mineros manifestaron su apoyo al proyecto, aunque con cambios, ya que consideran que los dineros deberían ser mayores: piden 50 veces más. Critican que su administración sea descentralizada y que provengan del erario nacional, en lugar de formar parte de los costos de producción de las empresas. Solicitan además que se garantice un piso mínimo para cada comuna.
Plantearon que algunos municipios son partidarios de que no se avance en la tramitación de la iniciativa mientras el Ejecutivo no responda a sus reparos, por lo que la Comisión acordó oficiar sobre estos cuestionamientos al Ministro de Minería, quien hizo presente la disposición de la autoridad a discutir algunos aspectos.
Asimismo, se formularon numerosas ideas e iniciativas sobre la materia, las que, naturalmente, se verán durante el resto del proceso. Ahora estamos solo en el debate general del proyecto, que considero un avance para las comunas mineras.
Obviamente, voy a votar a favor de la idea de legislar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde hacer uso de la palabra al Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, me sumo a los agradecimientos al Presidente de la República y, especialmente, a los Senadores Cantero y Gómez, que por tanto tiempo han luchado, con justicia, porque parte del esfuerzo que realizan las Regiones mineras, que le hacen un gran aporte al país, quede en ellas.
No tengo la menor duda de que este proyecto será aprobado por amplia mayoría.
Dicho lo anterior, quisiera plantear algunas observaciones con miras a la discusión particular.
Desde mi punto de vista, el gran mérito de esta iniciativa legal es que crea un instrumento que no existía (el Fondo de Desarrollo del Norte), el cual apunta, de algún modo, a que las Regiones reciban una retribución por las riquezas que se generan en sus propios territorios.
En lo concreto, el proyecto -hasta lo que se avanzó con motivo de la aprobación de la idea de legislar en la Comisión- presenta dos instrumentos en función del acuerdo político logrado con el Gobierno.
El primer aporte corresponde a la cantidad de recursos que se asignan en forma directa en el articulado de la iniciativa. Sin embargo, conforme al arreglo alcanzado en la Comisión -tal como indicó la Senadora Allende-, el Ejecutivo planteará una indicación para que un mayor porcentaje de las patentes mineras permanezca en las Regiones que tienen dicho carácter. Hoy, un 50 por ciento va al Fondo de Desarrollo Regional, y el otro 50 por ciento, a la comuna respectiva. A partir de esta modificación legal la proporción sería de 35/65.
Por lo tanto, en la práctica, ya no solo se va a contar con recursos de origen presupuestario, sino que también se va a incorporar ese segundo efecto.
¿Cuál es el impacto concreto que producirá el proyecto en las comunas? El 2012 -en el caso de que el texto fuera despachado en forma expedita y rápida- podría significar un 19,5 por ciento; el 2013, un 34 por ciento; el 2014, un 38,9 por ciento; el 2015, un 46,5 por ciento, y el 2016, un 52,3 por ciento.
Eso, respecto de los recursos para inversión.
Ahora bien, señor Presidente, hecho el análisis más global, me gustaría plantear dos puntos de vista.
¿Qué reciben hoy las Regiones mineras de los recursos que se originan en ellas? Básicamente, lo que se recauda por concepto del impuesto específico a la minería, que es recibido directamente por los gobiernos regionales. Sin embargo, en la práctica, las comunas mineras donde se realizan las faenas solamente perciben el 50 por ciento de las patentes municipales.
A este respecto, mi primera diferencia de aproximación -que voy a hacer presente en la discusión particular- es que aquí se coloca una barrera. Se habla de "comunas mineras", pero para calificar como tal la comuna debe pertenecer también a una Región minera. No es lo mismo. En la Región de Arica y Parinacota -que represento-, no siendo minera, existen comunas mineras.
En consecuencia, mi primera diferencia, desde un punto de vista conceptual, es que el proyecto debería estar destinado a las comunas mineras, que es donde se produce el daño. Y no debería haber ningún tipo de barrera de entrada para que una comuna fuera considerada como una de ellas. Hoy, según el texto de la iniciativa, si una comuna no se encuentra emplazada dentro de una Región minera, no califica como comuna minera, aun cuando posea este carácter, lo cual, desde mi perspectiva, es un error conceptual.
Lo segundo, señor Presidente -también lo voy a hacer presente en la discusión particular, y además voy a formular una indicación sobre el punto-, dice relación con el siguiente aspecto.
¿Qué patentes son las que causan daño en una comuna?
En materia minera existen patentes de dos tipos: las de exploración y las de explotación.
Una patente de exploración constituye una mera expectativa. El yacimiento no está en faena; prácticamente no se realiza ninguna actividad y no se produce ningún impacto en la comuna.
Las que verdaderamente generan impacto son las patentes de explotación, que implican que las faenas se encuentran materialmente en funcionamiento. Por eso, hay que retribuir a los municipios afectados para que ellos puedan hacerse cargo de todo lo que significa el desarrollo de un proyecto minero.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que también resulta tremendamente importante abordar ese segundo aspecto en la discusión particular.
Voy a votar a favor del proyecto en general, pero con las dos prevenciones mencionadas: primero, que debe estar orientado a las comunas mineras, y segundo, que no puede darle la misma ponderación a una patente de exploración que a una de explotación. Evidentemente, para los efectos de los beneficios, esta última debe tener mucho mayor ponderación que una patente de exploración.
¿Qué va a permitir aquello, señor Presidente? Que los recursos asignados en la iniciativa se concentren en un número bastante menor de comunas -tal es el propósito-, para que estas puedan hacer frente a los desafíos y a todos los inconvenientes que genera una faena minera.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, sin duda alguna, el proyecto de ley puede ayudar mucho a las llamadas "comunas mineras". Sin embargo, tengo un concepto diferente respecto a lo que significa comuna minera, o área de influencia minera, o región minera, o provincia minera.
En mi Región tenemos solo tres comunas catalogadas como tales: Codegua, Machalí y Litueche. Indudablemente, en ellas está la extracción minera -en especial, en El Teniente-, pero el 80 por ciento de las personas vive en Rancagua y en el resto de las comunas. Y tal como está el proyecto, significa no entregarle a nuestra capital regional ni un solo peso.
La pregunta que me formulo es si esta iniciativa va a favorecer a los sectores donde se encuentran la mina y la refinería -en este caso, la fundición- o a las personas. Porque entiendo que el objetivo es beneficiar la vida de la gente que habita en el área y que desarrolla el trabajo minero.
En ese sentido, votaré a favor de la idea de legislar. Sin embargo, espero que se entienda muy bien lo que significa el efecto de la minería en comunas no vinculadas a la extracción de mineral -por ejemplo, la de Requínoa- pero que cuentan con relaves. Los antiguos relaves permanecen ahí y se hallan también en Alhué, de la Región Metropolitana. Ahí están, pero las respectivas comunas no van a recibir ¡nada!
Por otro lado, tenemos un canal de relave que genera cierto efecto ambiental y que va desde la comuna de Machalí hasta la de Alhué, pasando por la comuna de Doñihue. Ahí tampoco habrá aporte.
En consecuencia, a mi juicio, es muy importante comprender que las repercusiones derivadas del trabajo de la minería no se pueden circunscribir solo a una comuna, sobre todo cuando se trata de grandes empresas mineras, como Codelco. Se produce un efecto de irradiación, por ejemplo, en materia de contaminación. El efecto de la chimenea no se da únicamente en la comuna donde se realizan las faenas, sino que se extiende también a otras comunas.
Por consiguiente, ese es un elemento que se debe tomar en consideración.
De otro lado, entiendo perfectamente que aquí es preciso hablar de áreas de influencia. Por eso dijimos que, sin duda -en su momento se lo planteé al Ministro Hinzpeter, cuando nos comunicó el envío de este proyecto al Parlamento, y asimismo al titular de Minería y al Subsecretario Pablo Wagner-, estábamos disponibles para aprobar la idea de legislar. Pero debo señalar que me produce rechazo absoluto la situación relacionada con Rancagua. Y tanto el alcalde y los concejales como los dirigentes de la zona, me han expresado que hay discriminación respecto de las personas que trabajan en la minería de una comuna, pero viven en una distinta.
Señor Presidente, aprovechando la presencia hoy día de los dos Subsecretarios, pido formalmente que lo anterior se reestudie, porque me parece que en esto debe haber equidad. Si queremos redistribuir bien los efectos provenientes del trabajo de la minería, hay que hacerlo teniendo en cuenta a las personas, cosa que para mí es fundamental.
Por lo tanto, voto a favor de la iniciativa, la cual corresponde a un compromiso del Presidente Sebastián Piñera. No obstante, considero que en la discusión en particular será preciso hablar, por cierto, de "provincias mineras" o de "áreas de influencia minera", con el fin de lograr una normativa más justa y que, en definitiva, los beneficios de estos mayores recursos lleguen precisamente a la población y, también, a las comunas donde están los yacimientos mineros.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a los Senadores Cantero y Gómez. Al primero, durante muchos años lo escuché referirse a esta iniciativa y a la creación de un Fondo especial para las comunas mineras. Y acojo el llamado que nos hizo.
Obviamente, votaré a favor del proyecto en debate. Sin embargo, hay algo que debo decir en justicia: junto con recoger la idea de los mencionados Senadores de la Región de Antofagasta, el texto propuesto corresponde a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo; es decir, al Gobierno del Presidente Piñera. Y esto lo manifiesto con fuerza, porque es preciso reconocer las cosas.
A mi juicio, las comunas mineras del país -tan necesarias para Chile- merecen este reconocimiento especial. Al otorgárseles recursos de un Fondo adicional, lo que se está haciendo es cumplir con una expectativa que por décadas ha tenido la gente que vive en ellas.
Conviene poner atención -lo digo aprovechando que nos acompañan en la Sala dos Subsecretarios- a aquellas comunas que, sin ser definidas por esta normativa como "mineras", sufren todas las externalidades y rigores de estas últimas. Y quiero dar el ejemplo del borde costero de la Región de Valparaíso, zona cordillera, comunas de Quintero y Puchuncaví.
Sobre el particular, debo manifestar que esta mañana estuvimos en La Moneda con nuestro alcalde electo de la comuna de Quintero, Mauricio Carrasco, con quien abordamos, entre otras cosas, la importancia que tiene para el borde costero retomar con fuerza la labor relacionada con tal zona.
¿Por qué menciono a esas comunas? Porque ellas sufren los efectos que genera el gas natural que ingresa por el puerto de Ventanas, al abrigo de la bahía de Quintero, donde realiza sus operaciones la ENAP. Por eso, me parece que el aporte que hacen Quintero y Puchuncaví cumple cabalmente con el objetivo que se tuvo para la creación del FONDENOR, en cuanto a reconocer y devolver a ciertas comunas la contribución hecha al crecimiento del país.
Aquí se mencionó -creo que lo señalaron los Senadores Cantero y Prokurica- el aporte que efectúan algunas comunas productoras de energía, particularmente las relacionadas con la minería. Sin embargo -reitero-, hay otras que, sin participar en ello, reciben todas las externalidades: buenas y, ¡por supuesto!, las malas.
Se puede demostrar y acreditar objetivamente la contribución de esas comunas a la actividad minera regional, e incluso a través de la justicia, ya que existen varias acciones judiciales y recursos de protección. También está la concurrencia de diferentes órganos técnicos que señalan la existencia de contaminación y emisión de partículas tóxicas que afectan en forma directa la salud de las personas que viven en ambas comunas.
Por otro lado, en este proyecto se establece una limitante en relación con la patente minera comunal, lo cual, a mi juicio, debiera ser un elemento tendiente a reconocer que en el proceso productivo, en la extracción y refinación del cobre, tales actividades afectan a las comunas vecinas, las que, por su cercanía a las otras, sufren los efectos de las faenas sin estar vinculadas a los procesos relativos a esa labor, como ocurre en Puchuncaví y en el emblemático caso, e ícono, de la Escuela La Greda, ubicada en dicha comuna.
Es dable puntualizar que la inclusión en el Fondo de comunas como Quintero y Puchuncaví supone un total de 78 millones de dólares (hasta 3 millones de dólares por comuna) en un período de trece años.
Por su parte, la ley que crea el Fondo de Inversión y Reconversión Regional, que dota de 400 millones de dólares a las Regiones cuyos ingresos anuales representen más del 2,5 por ciento de la minería, en el año 2010 dejó de lado las externalidades de los procesos productivos cuando estos se encuentren lejos del centro de extracción. Es el caso de ENAMI, en Ventanas.
El Fondo que nos ocupa compromete 16 mil 700 millones de dólares desde el 2013, a partir del próximo año, hasta el 2025, asignando un monto de hasta 3 millones de dólares por comuna, en primer lugar, si es minera y, luego, si tiene la patente correspondiente. Sobre el particular, es pertinente destacar que la inclusión de las comunas de Quintero y Puchuncaví implicaría un aumento total del Fondo de solo 0,47 por ciento.
En definitiva, me parece que, conforme a los argumentos señalados, es evidente que la minería, el petróleo y el gas natural en los nodos productivos y logísticos de Ventanas, contribuyen y han contribuido enormemente tanto al desarrollo de nuestra Región como del país.
La incorporación de las comunas aludidas no supera un aumento del 0,5 por ciento de aquel Fondo, pero ayudaría sustantivamente a mitigar los efectos nocivos de la actividad minera, como los que hemos visto en la comunidad de La Greda.
Urge, entonces, una reparación a la comunidad, ya que tales comunas reciben las externalidades negativas de la actividad minera y, pese a ello, no se verán beneficiadas con el proyecto de ley sobre creación del FONDENOR que, por ser positivo, votaremos a favor.
A modo de información, conviene señalar que hace muy poco materializamos en la Región de Valparaíso la creación y la concreción de la instalación del Seremi de Minería, pues en ella no solo se desarrolla actividad agrícola, sino también pesca y minería. Lo increíble es que durante 22 años no existió esa autoridad en mi Región.
Participé en forma activa en esa iniciativa y, afortunadamente, después de mucho trabajo y esfuerzo, logramos concretarla. Representa un tremendo avance para la Región de Valparaíso, tanto Cordillera como Costa. Y permitirá realizar una labor con todos los estamentos vinculados a la actividad minera de ella.
Aquí tenemos pequeña minería, gran minería, como los proyectos Codelco Andina, que incluso superarán a Chuquicamata y, también, mediana minería. Hay minería en Petorca y Marga Marga; y, ¡para qué decir!, en las provincias de San Felipe y Los Andes.
Por tal razón, me parece muy importante que el Ejecutivo tome en consideración, una vez aprobada la idea de legislar, la necesidad de aquellas comunas del país ya mencionadas, que seguramente se hallan en una situación muy similar -en mi Región Quintero y Puchuncaví- y que deben ser incorporadas no solo por el hecho de ser zonas mineras productivas, sino también porque las personas que habitan en ellas reciben tanto los costos económicos y productivos como los daños humanos y sanitarios -esto es lo más importante- que conllevan las externalidades productivas de tales instalaciones y faenas que, finalmente, implican un beneficio para todas las comunas mineras, excepto aquellas de mi circunscripción ya mencionadas, que no se hallan incluidas en este nuevo proyecto que crea el FONDENOR.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, dado que este es mi primer período como parlamentario, pienso que una de las tareas más difíciles en el ámbito de la política es la que se desarrolla en el Congreso Nacional y, sobre todo, lograr concretar proyectos de ley dentro de él.
Y es difícil, porque, en un sistema presidencialista como el nuestro las iniciativas sobre esta materia radican en el Presidente de la República, quien es el que presenta y formula este tipo de proyectos de ley, pues sin su patrocinio no es posible avanzar en iniciativas legales de esta naturaleza.
Hacer un poco de historia me parece importante, pues, en mi opinión, el paso que está dando el Congreso Nacional es sumamente relevante.
El proyecto en debate surge entre los años 2006 y 2007, porque en la Región de Antofagasta -fui elegido Senador en ese momento-, imperaban la sensación y el sentimiento de no haber retribución por el esfuerzo que ella hacía desde el punto de vista de los recursos que entregaba al país.
En ese sentido, por ejemplo, existe el FONDEMA (Fondo de Desarrollo de Magallanes) que tiene una lógica similar a la que nosotros estamos planteando en esta iniciativa de ley que intentamos, por diversas fórmulas, que el Ejecutivo patrocinara. Hicimos reuniones con la Universidad Católica del Norte y dirigentes vecinales; participamos en una movilización muy importante con diversos rectores de universidades de la Región, y elaboramos un texto bastante interesante, junto con el Senador Carlos Cantero y el Diputado Marcos Espinosa, quien colaboró bastante en esta materia.
Nuestra idea era cómo lograr que esos recursos pudieran distribuirse de manera distinta para favorecer a determinadas zonas del país. Nuestro proyecto original apuntaba a la Región de Antofagasta, la que, pese al nivel de aporte que realiza, mantenía dificultades que hasta el día de hoy subsisten como calles sin pavimentar o la carencia de un tren urbano cuya construcción representa un tremendo problema, debido a que su costo alcanza a alrededor de 200 o 300 millones de dólares, en circunstancias de que el Transantiago recibe millones y millones de la misma moneda.
El señor PROKURICA.- ¡Cinco mil millones!
El señor GÓMEZ.- Entonces, intentamos hacerlo de alguna manera.
Asimismo, me parece importante consignar que en la Ley de Presupuestos del año pasado, junto con el Senador Cantero, incorporamos una glosa para recordar al Presidente de la República su promesa electoral. En su minuto entendió que se trataba de un proyecto interesante y asumió públicamente tal compromiso.
Finalmente, el Primer Mandatario cumplió su palabra, tras la presión importante que ejercimos. No puedo dejar de reconocer que su patrocinio hoy día nos permite discutir este proyecto.
Además, la iniciativa en debate tiene una historia interesante, pues no se trata de algo que se nos haya ocurrido porque sí.
En Chile se dictó la ley Nº 11.828, cuya finalidad era entregar recursos en esa época a Tarapacá, Antofagasta y O´Higgins (el interior de ella) para permitir que el 5 y hasta el 20 por ciento de las recaudaciones tributarias pudieran destinarse a obras de desarrollo comunitario dentro de las provincias de la época. Por ejemplo, esos recursos se utilizaron para construir el camino Santiago-Arica y obras de regadío en la zona de Aconcagua; es decir, se usaban los dineros en beneficio de las comunas.
En esa línea, no puedo dejar de mencionar, aunque no tengamos relaciones muy estimadas entre nosotros, la figura del ex Senador Jonás Gómez, quien en 1955 aproximadamente, como Diputado por Tarapacá y Antofagasta, se convirtió en el gran luchador que propuso lo que fue la ley N° 11.828.
Por ello, los elementos que acabo de exponer son una unidad de criterio.
¿Cuál es nuestro problema y por qué me abstuve ahora en la Comisión de Minería? Porque las motivaciones que nos animan para promulgar una ley como la que crea el Fondo de Desarrollo del Norte deben apuntar a que las expectativas regionales se satisfagan y los recursos sean suficientes para cumplir los propósitos que nos hemos planteado.
Sin embargo, este proyecto lo transformaron en un fondo pequeño desde el punto de vista de las expectativas y las necesidades de las Regiones y, además, le fijaron un plazo de término, cosa que no se condice con el sentido original de nuestra iniciativa, porque ella tenía que ver con una profunda intención de regionalización que no solo beneficiara a las comunas mineras, sino que también permitiese que un porcentaje de la principal actividad económica en la Región quede en ella, con el propósito de que sus habitantes y autoridades -según lo determine la estructura de la ley- tengan la posibilidad de desarrollar proyectos propios, sin necesidad de contar con la anuencia del Ministro de Hacienda ni de la Región Metropolitana. Porque actualmente -así pasa en las Regiones, al final, para construir un camino, una escuela, etcétera- es imperativo pedir los permisos pertinentes al centralismo.
En consecuencia, nosotros planteábamos la posibilidad cierta de ese porcentaje, lo cual es mucho más equitativo.
Asimismo, el planteamiento del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra en cuanto a que pueden producirse inequidades al interior de una Región, es efectivo, por cuanto hay comunas dentro de aquella que no son mineras y, por tanto, se hace necesaria una distribución diferente.
Por eso, y sin perjuicio de manifestar que el proyecto representa un éxito y que el Presidente de la República ha dado cumplimiento a su palabra, su contenido nada tiene que ver con el texto original desde el punto de vista de su estructura ni de los recursos que otorga.
No obstante, es un tremendo avance el que hoy día estemos discutiendo en el Parlamento la posibilidad de entregar un reconocimiento y dineros propios a las Regiones mineras, que son las que aportan una importante cantidad de recursos al país.
Mi preocupación radica en que en la Región de Antofagasta tenemos ciudades, como Sierra Gorda, ubicadas en el centro de la producción de cobre más grande del mundo y que, sin embargo, presentan problemas gravísimos de falta de pavimento, de alcantarillado, de agua, que no se resolverán con un proyecto de ley de esta magnitud.
También en Calama, con todos los problemas derivados de la baja calidad de vida, de las carencias medioambientales y de otras dificultades como la escasez de pavimentación, persisten necesidades difíciles de atender mediante una iniciativa legal que propone esta cantidad de recursos y que, finalmente, no será capaz de generar los efectos que nos preocupan: que con fondos propios y autoridades electas por las propias Regiones, se inicie un verdadero proceso de regionalización para darles facultades y poder no solo en función de la definición política, sino también de que tengan el correlato y los recursos suficientes.
Sin perjuicio de lo anterior y teniendo presente que mucha gente en mi Región se siente disconforme, soy del planteamiento de que se trata de un proceso que debemos seguir analizando durante la discusión particular y convencer al Gobierno de cambiar el sistema que ahora nos sugiere. Porque si la cuestión simplemente se tratara de que un porcentaje de los recursos que aporta la Región pertinente no tributen y no lleguen a rentas generales -estoy hablando, por ejemplo, de la minería, de la industria del salmón, de la agricultura, de las forestales-, siempre habrá diversas fórmulas para entregarles los dineros que ellas necesitan. Sin embargo, la idea fundamental es dotarlas de poder y facultades en aras de regionalizar el país.
Siempre me preguntaba qué puede hacer uno desde este cargo. Yo he tomado la decisión de ir a otra pelea electoral. Lo más probable es que, como lo he dicho claramente, no participe en la elección senatorial por Antofagasta. Pese a ello, debo tratar de dejar algo en correspondencia a la confianza que la ciudadanía me dio. Y creo que, si este camino se orienta en forma correcta, podemos lograr que la Región de Antofagasta y otras Regiones y comunas mineras del país tengan recursos y autoridades elegidas, de modo que la discusión se centre finalmente en una verdadera regionalización.
El esfuerzo en ese ámbito ha sido difícil, y lo seguirá siendo.
Con el Senador Cantero, tal como señaló él, hemos trabajado en conjunto en esta materia, a pesar de tener posiciones políticas distintas. De ahí el éxito que hoy día podemos presentar como parte importante de este desarrollo.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, este proyecto, que es relevante, junta dos temas distintos. Por lo mismo, si no se modifica, es posible que fracase.
A lo anterior se suma el hecho de que no están garantizados los mecanismos que permitirán que los recursos estén disponibles para que esos dos asuntos sean efectivamente controlados por las Regiones, lo que hace pensar en una nueva razón para el fracaso de la iniciativa.
Es evidente que se requiere este Fondo de Desarrollo del Norte. Es evidente que nuestro país, por sus características geográficas, necesita decisiones políticas que garanticen la asignación de recursos extraordinarios -y por un tiempo largo- para el desarrollo y poblamiento de determinadas zonas o -en el lenguaje del siglo pasado- para "fines geopolíticos de intereses estratégicos".
En el norte no solamente hay riquezas. Cabe preguntarse: si no hubiera cobre hasta la Cuarta Región y en otras áreas hacia el sur, ¿sería necesario crear el Fondo de Desarrollo del Norte? ¿Estaríamos discutiendo este proyecto de ley? Yo espero que sí, porque soy un convencido de que, por el desarrollo geográfico del país, se requiere una aproximación de políticas públicas distinta para el norte.
Por eso, cuando se planteó crear la Región de Arica y Parinacota, se valoró su importancia no en términos de población -no tenía justificación en ese plano-, sino por razones políticas. Incluso, se debate si debe contar con Senadores que la representen en forma exclusiva. Es una decisión política para garantizar un tipo de desarrollo territorial estratégico para la nación.
Por esa razón, yo estoy a favor del Fondo de Desarrollo del Norte. Creo que es fundamental.
Distinto es lo que hacemos con las platas provenientes del cobre en las zonas mineras. Me parece evidente que las regiones productoras de riqueza deben recibir una retribución cuando se trata de recursos naturales no renovables. Este es un principio.
No obstante, estimo que la iniciativa, al confundir esos dos temas, genera una situación muy poco afortunada. Y le quiero transmitir al Gobierno, a través del señor Subsecretario que nos acompaña -por su intermedio, señor Presidente-, que el título del proyecto es hasta ofensivo. Porque existen muchas "comunas mineras" en Chile. Las hay también en las Regiones Quinta, Sexta y Metropolitana, y ellas no tienen que ver con la necesidad de crear el Fondo de Desarrollo del Norte.
A mi juicio, en el título hay un engaño, una distorsión, un equívoco.
En seguida, con relación a este segundo tema (cómo lograr que los recursos mineros queden, al menos en parte, en las regiones donde están los yacimientos y la actividad minera), creo que el concepto de "comuna" no es el más afortunado. Porque una cosa es dónde está el yacimiento y otra diferente, dónde se hace el proceso de explotación, el cual muchas veces abarca más de una comuna. Por ende, necesitamos definiciones que digan relación con "provincias" o con "zonas de influencia minera". Probablemente, este último concepto es más adecuado.
En la Región del Libertador Bernardo O'Higgins se halla una de las principales divisiones de Codelco: es la mina subterránea más grande del planeta, que tiene garantizada una vida de a lo menos 80 años más de explotación; es el segundo empleador más relevante de la Región; es la principal fuente de riqueza; impacta, por cierto, a la comuna de Machalí, donde se ubica el yacimiento; impacta a Rancagua, donde funcionan las oficinas principales y, probablemente, donde se congrega el mayor número de habitantes vinculados (trabajadores directos o de empresas contratistas); impacta también a la comuna de Olivar, adyacente a Rancagua, donde se construyó la Carretera del Ácido; impacta a la comuna de Requínoa, donde hay relaves de gran importancia y donde opera la segunda -si no, la primera- empresa minera intermedia (Minera Valle Central), que explota tales relaves.
En suma, señor Presidente, el funcionamiento de dicha mina impacta más que a una comuna.
La discusión se centrará en si los montos que se proponen guardan relación con lo que debe ser un fondo adecuado para el desarrollo de las comunas mineras. A mi juicio, es evidente que la retribución a las zonas que producen riqueza tendrá que implicar una cantidad relevante de recursos, una que efectivamente permita invertir en un desarrollo sustentable futuro.
En la Sexta Región tenemos un drama que los diferentes gobiernos no han querido, políticamente, hacer propio. Y, además, ha habido poca solidaridad intrarregional. Mi Región es la única que no cuenta con una universidad estatal, fiscal, que asegure educación pública para sus ciudadanos. Y allí vive cerca de un millón de habitantes.
En mi opinión, los recursos de la actividad minera deberían contribuir a ese tipo de desarrollo. Pero, para hacerlo, hay que darles la facultad a las Regiones.
Insisto, entonces, en que esta iniciativa está mal planteada, porque junta la necesidad de crear el Fondo de Desarrollo del Norte con lo relativo al uso de los recursos mineros. Y al mezclar ambas cosas, está tratando de resolver el tema del Fondo con fuentes de financiamiento. Es decir, confunde la necesidad de una política pública de desarrollo del norte con el hecho de sacarles plata a los fondos provenientes de la minería. Además, el monto de esos dineros tiene que ser de mayor cuantía, y no solo debe destinarse al norte.
El tercer punto que me interesa plantear, señor Presidente, es cómo asegurar que las platas que sucesivamente se han aprobado para las zonas mineras lleguen a ellas de modo efectivo; cómo lograr que se rompa el centralismo excesivo o el abuso absoluto del Tesoro Público, donde de alguna forma se pierden los recursos.
Desde los tiempos de la patente minera, cuando se logró establecer el principio, hasta el establecimiento del royalty, incluidos los ingresos que debían destinarse a las Regiones, lo único cierto es que los recursos para fines de desarrollo específico en las zonas mineras no se han visto. Y eso se nota con mayor dramatismo en unas Regiones en comparación a otras.
Por lo tanto, necesitamos garantizar que los recursos sean relevantes y que el Fondo no constituya un saludo a la bandera. En mi opinión, si los montos se mantuvieran en el nivel en que están, el presente proyecto se debería rechazar. El aporte de las actividades de la minería al país para el desarrollo de las comunas o zonas de impacto minero resulta insuficiente.
Sin embargo, en la esperanza de que podamos avanzar en la discusión en particular, voy a votar a favor de la idea de legislar.
Espero que se separe lo relativo a la creación del Fondo de Desarrollo del Norte de lo concerniente a las platas del cobre. Estas últimas financian muchas cosas en Chile. A mi juicio, debe establecerse un fondo especial de desarrollo del norte, que sea independiente de los recursos para las comunas o zonas mineras.
Si le parece a la Sala, así se procederá, manteniendo los tiempos de los oradores inscritos.
El señor CANTERO.- Sí.
El señor PROKURICA.- Está bien.
El señor ESCALONA (Presidente).- Recuerdo a Sus Señorías que el proyecto, para ser aprobado, requiere quórum de ley orgánica constitucional.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, estoy contentísimo de poder constatar lo que por largos años el Senador Cantero me comentó que era una de sus mayores aspiraciones: dejar un legado a su Región, el cual procede en toda justicia.
Con el Honorable señor Gómez comenzaron a hacer un trabajo en esta materia. Pese a carecer de atribuciones para presentar un proyecto de ley a este efecto, realizaron una labor que permitió incluir en una de las glosas del Presupuesto una indicación, respecto de la cual el Presidente de la República luego tomó un compromiso.
Y ahora, como lo han manifestado las Senadoras y los Senadores presentes en la Sala, les hacemos un merecido reconocimiento a los legisladores referidos, en particular al colega Cantero, quien es un hombre originario de su Región de Antofagasta y actúa animado por el compromiso que emana del sentimiento de su tierra. Y hoy da cumplimiento a un anhelo seguramente de toda una vida y de muchas generaciones.
Yo entiendo lo que eso significa.
Nosotros en Magallanes tenemos el FONDEMA (Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena). Este es distinto, porque su objetivo es fomentar actividades productivas, previendo la situación para cuando -¡Dios quiera que nunca ocurra!- no haya en la zona más gas o petróleo (fundamentalmente petróleo). Dicho fondo regional se encarga de llevar adelante propuestas productivas.
El objetivo de la iniciativa que hoy nos convoca es "otorgar un especial reconocimiento a las llamadas `comunas mineras' por el aporte que han realizado al progreso económico y social de nuestra Nación, mediante la creación de un Fondo destinado al financiamiento de proyectos y obras de inversión para su desarrollo".
La noticia buena es que tales recursos no pasarán por los gobiernos regionales, sino que irán directamente a manos de los municipios de esas comunas. Con ello, entendemos que el Ejecutivo ha pretendido que los fondos lleguen a las personas. ¿Es poco dinero? Claro, es poco dinero. Pero tiene mucha razón el Senador Cantero cuando señala que ya se creó el ítem presupuestario pertinente, y que es posible irlo mejorando cada año durante los debates sobre el Presupuesto.
Por mi parte, en el proyecto pude colaborar para favorecer a la zona que me honro en representar. Se formuló una indicación para agregar lo relativo a la minería del petróleo y del gas natural. Gracias a ello, las comunas de la Región de Magallanes dispondrán de este importante beneficio. Manifestamos con mucha fuerza esta buena noticia, en el convencimiento de que era algo necesario. Me alegra haber podido hacer ese aporte para que dichos fondos vayan directamente a la comunidad en mi Región, a través de sus municipios.
Nosotros tenemos un problema con el FONDEMA: por largos años se acumularon sus recursos y no hubo gastos.
Las Regiones no poseen banco de proyectos. Ello muestra que existe un concepto errado, que me parece que hay que corregir. Aprovecho la presencia del Ejecutivo en la Sala para señalar que aquí en realidad la eficiencia se mide en función de lo que se gasta. En efecto, la eficiencia no se busca en cuanto a la calidad del proyecto, sino con relación al monto que se invirtió de la plata total que se les envió a los gobiernos regionales. Siento que se hace urgente, para la eficiencia en el gasto de tales recursos, la creación de un banco de proyectos, a fin de concretar iniciativas que nos señalen el camino hacia el futuro de la producción en cada una de nuestras Regiones.
Me alegro de que hayamos podido incorporar a la Región de Magallanes en este proyecto de ley.
Efectivamente, todos coincidimos en que los fondos no son suficientes; son escasos. Pero aquí se cumple la palabra empeñada y se otorga un justo y merecido reconocimiento a las Regiones que, desde siempre, han dado riquezas al país y no han recibido absolutamente nada a cambio.
Por último, reitero que el texto legal propuesto tuvo su origen en una idea de los Senadores Cantero y Gómez, a quienes -una vez más- felicito por el avance que plantea la iniciativa.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, con mucho gusto voy a votar a favor del proyecto -a lo mejor no llena nuestras expectativas, pero constituye un paso en la dirección correcta- que, como sabemos, crea el Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras de Chile.
Cabe reconocer que esta propuesta legislativa fue generada, principalmente, por los parlamentarios y dirigentes sociales de las Regiones del norte del país. Pero se ha extendido también, de manera muy adecuada, a las comunas mineras del resto de Chile, como un reconocimiento a su particularidad. El Fondo que se crea destina recursos al financiamiento de proyectos y obras de inversión para el desarrollo de tales comunas.
Algo parecido intentó hacer la Presidenta Bachelet y el Ministro Tokman en su momento respecto de las empresas eléctricas y los impactos que genera su funcionamiento en diversas comunas del país (Puchuncaví, Quintero, por ejemplo, en lo que concierne a la Quinta Región interior, que tengo el honor de representar en el Senado).
La idea es que exista algún tipo de retribución a las comunas que se vean afectadas -en el caso que nos ocupa, a las de vocación minera, y en la iniciativa referida a las empresas eléctricas (se halla stand by), a las comunas que sufren sus efectos negativos-, para resarcirlas de los impactos que producen dichos proyectos.
La ventaja es que se trata de un aporte directo a los municipios, sin escalas, sin intermediarios. Ese es un aspecto digno de destacar.
Obviamente, el contenido de la iniciativa es más conceptual que material. Porque si uno considera los 225 millones de dólares que se destinan al efecto, cabe concluir que es poco, especialmente si se hace un aporte de 16,7 millones de dólares entre 2013 y 2025. Sin duda, uno quisiera un esfuerzo más generoso. Pero, una vez que se ha instalado el concepto, habrá una discusión año a año, que espero que ayude a incrementar la contribución pública para las comunas mineras del país.
En lo que se refiere a mi Región, quiero destacar el liderazgo que ha tenido el Alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro -acaba de ser reelecto, por lo demás-, en la representación de la solicitud de nueve comunas de la Quinta Región interior: principalmente, los distritos mineros de las provincias de Petorca, Los Andes, Quillota (El Melón), todos los cuales hacen un aporte y se verán beneficiados con el proyecto en examen.
¿Cuál es la justificación de la iniciativa? Muy sencillo: la explotación minera, por definición, genera impactos.
En primer lugar, están los impactos ambientales: bastante significativos, muy severos.
También tenemos impactos sociales: por ejemplo, el costo de la vida en las comunas mineras es más alto que en las no mineras.
De otro lado, hay impacto en las aguas. Por ejemplo, en las del río Aconcagua: la explotación de CODELCO y las explotaciones privadas las afecta, las contamina.
Se provoca también un efecto en la salud. Por ejemplo, la silicosis daña a los pobladores que viven alrededor de explotaciones mineras.
Existe, por otra parte, un evidente deterioro en las infraestructuras vial y de servicios.
Por cierto, las explotaciones mineras hacen un tremendo aporte al país. Recordemos que solo nuestra gran minería del cobre produce y exporta 44 mil millones de dólares al año. Y son cuantiosos los impuestos que paga por ese concepto.
Empero, en el reverso de la moneda se hallan los referidos impactos: ambientales, sociales, en el curso de las aguas, en la salud (mencionaba especialmente el problema de la silicosis), en las infraestructuras vial y de servicios.
Además, las explotaciones mineras no suelen interactuar con los gobiernos comunales, con las comunas donde están insertas, con el entorno inmediato.
Por lo tanto, aparece como algo inteligente, fácil, sencillo, justo que el aporte en cuestión vaya directamente a la comuna.
En tal sentido, felicito al Alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro, quien ha ejercido un liderazgo y ha demostrado que este es un problema no solo del norte del país, sino también, y principalmente, de las comunas mineras.
Espero que con el tiempo, una vez que acuñemos el concepto de resarcimiento a las comunas mineras con un aporte por el deterioro que han sufrido, por el impacto de que han sido objeto, podamos incrementar los recursos pertinentes y otorgarles un beneficio concreto.
Por eso, señor Presidente, votaré a favor.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, desde 2006 a 2007 esta fue una materia alrededor de la cual en muchas oportunidades conversamos con los Senadores Cantero y Gómez.
Particularmente con el colega Cantero, hablábamos de que también debieran destinarse recursos para investigación, a fin de promover el desarrollo tecnológico, que lleva a las comunas y a las regiones el know-how, que permite no solo el desarrollo de una política extractiva.
Al inicio, la idea fue compensación por deterioro ambiental y pérdida de recursos naturales.
Tal idea ha avanzado, y tenemos ahora una propuesta. Es susceptible de reparos, pero ellos pueden subsanarse.
Yo voy a votar a favor de esta iniciativa de ley, aun cuando creo que ciertos aspectos deben corregirse.
Específicamente, algunas comunas reciben fondos ínfimos. La proporcionalidad ha de ser evaluada. Y el proyecto hace justicia a las comunas del norte. Basta observar cuál es el grado de deterioro en Antofagasta, en Calama. Cuando se desarrollan, las empresas tienen enormes utilidades, pero esto no se refleja en las comunas que albergan a la explotación minera. No se ve la riqueza. La doble vía hacia el norte es un sueño, un anhelo que debiera considerarse.
En todo caso, se trata de un paso adelante.
Creo que la idea de los impuestos verdes, planteada por la Senadora Allende en el curso del debate, es un punto pendiente cuando hablamos de los recursos que las empresas mineras debieran poner en el país, en la región, en las comunas.
No se ha abordado el problema surgido a partir de la acumulación del daño ambiental. Tenemos que enfrentarlo en algún momento, para determinar quién se hace cargo de las externalidades negativas. Porque las empresas pagan impuestos -vía patentes mineras, en fin-, pero ni ellos ni las donaciones efectuadas alcanzan para solventar los costos de dichas externalidades. No hay compensación por los impactos negativos.
Ese aspecto está pendiente. Y este proyecto abre la posibilidad de, a lo menos, debatirlo.
El Vicepresidente de la Asociación de Municipios Mineros de Chile, Cristián Tapia, Alcalde de Vallenar recién electo, señaló en la Comisión que no se acogieron las ideas y propuestas de las comunas en lo relativo a las patentes mineras.
El propio Senador Cantero expresó que este es un comienzo y que es posible que durante el debate -y así lo entiendo- algunas de las sugerencias de los alcaldes sean consideradas.
Si hay más recursos para las comunas mineras, máxime si no son muy cuantiosos, un elemento a incorporar debiera ser la participación ciudadana para definir, tras el estudio de los proyectos, en qué se van a gastar.
La enorme abstención registrada en las últimas elecciones municipales revela claramente que la gente requiere más empoderamiento, mayor participación.
En tal sentido, considero bueno tener a la vista que, si hay más recursos para las comunas, debiera existir mayor participación ciudadana al momento de definir qué tipo de proyectos ha de realizar la comuna con cargo a ellos.
Si las comunas pagaron el costo de la externalidad negativa derivada de la explotación minera, vale la pena consultarles, cuando por primera vez se ponen a su disposición fondos compensatorios, qué proyectos quieren realizar con cargo a ellos.
¿En qué parte del proyecto se abre la posibilidad de recoger las ideas de los ciudadanos, señor Presidente?
Escuché en la Comisión las intervenciones de los alcaldes, muchos de los cuales pueden haber reflejado las ideas de la gente en torno a los proyectos susceptibles de financiamiento y concreción sobre la base de los nuevos ingresos. En definitiva, creo que debatir un poco más sobre el particular puede ser un ejercicio valioso.
Reitero: la abstención registrada en las últimas elecciones municipales es reveladora de la necesidad de incorporar a los ciudadanos en las decisiones.
Señor Presidente, el Senador Prokurica señaló que mediante el oficio N° 103, de 3 de octubre de 2012, de la Comisión de Minería, se les pidió al Gobierno y al Ministro de Minería un pronunciamiento oficial sobre los montos definitivos del Fondo que se crea mediante el proyecto en debate.
Dicho Secretario de Estado se comprometió a estudiar el incremento de las patentes mineras cada cierta cantidad de años, hasta llegar, desde el 50 por ciento, al 65 por ciento.
No sé si esa es una idea que será retomada para debatirla; si se van a incrementar los montos de las patentes mineras, y si los recursos del Fondo que se crea podrían subir.
Hasta donde he leído en el informe, se distribuirán 16 millones de dólares anuales.
Los 225 o 243 millones de dólares revelan que, con relación a las utilidades de las empresas mineras, el Fondo es extremadamente reducido.
Preocupación me causa la afirmación en el sentido de que las empresas pueden hacer donaciones al Fondo. Y ello, no porque vayan a donar plata -¡ojalá lo hagan!-, sino porque las donaciones tengan apellidos.
Se dice en el informe que las empresas podrán donar a determinadas comunas.
Eso conlleva un riesgo. Ya en esta Sala hemos debatido varias veces acerca de las donaciones con nombre y apellidos, como ocurre en la educación, donde las empresas donan mucho a universidades afines y discriminan a aquellas que no lo son.
Si va a haber donaciones, señor Presidente, no pueden ser con nombre y apellido.
Sobre el particular, quiero preguntarle al señor Subsecretario de Minería -entiendo que está en la Sala- si las empresas podrán donar. Porque por esta vía puede profundizarse la discriminación.
Se ha debatido latamente en torno a que, si se pone la exigencia de canalizar los recursos a un Fondo, las empresas no donarán.
Pero, de no existir tal obligación, se producirán mayores inequidades: van a ser más beneficiadas las comunas con mayor posibilidad de presión, con más capacidad de lobby.
Señor Presidente, también vale la pena debatir respecto a la petición de que 100 por ciento de las patentes mineras vaya a las comunas.
En el caso de la pesca, lo hemos planteado a propósito de las patentes, de los permisos de pesca, del Fondo de Desarrollo de la Pesca Artesanal.
Es una materia de carácter institucional.
En mi concepto, si se determina que el 100 por ciento de las patentes vaya a beneficio directo de las comunas mineras, debe ser un criterio de Estado la extensión de la medida a otras áreas, incluida la pesquera.
Espero que tengamos la oportunidad de discutir la propuesta del Ejecutivo de aumentar las patentes en función de lo futuro y no de lo existente -como dice el Alcalde de Los Andes-, porque se trata ni más ni menos que de recibir mayores recursos de quienes están obteniendo enormes utilidades: las empresas, la mayoría de ellas internacionales, que operan la minería en Chile.
La Comisión de Minería también pidió mediante oficio aclarar el destino de los dineros que el Fisco obtiene por concepto de impuestos mineros.
Yo eché de menos en el informe de aquella el detalle de cómo está operando la distribución de las patentes y de todos los impuestos que se recaudan, a fin de tener una idea más clara sobre qué está pasando con la minería en su conjunto y, también, con las donaciones.
Reitero, señor Presidente, que voy a votar a favor del proyecto.
Y esta es una pregunta tal vez para los integrantes de la Comisión de Minería.
El Senador Orpis planteó que la patente minera no equivale a explotación. Ello, a propósito de que algunas comunas donde hay patentes mineras pero no explotación igual recibirían recursos.
En tal sentido, no sé si se establecerá una discriminación positiva a favor de las comunas desde las cuales se extrae el mineral, donde se registra el impacto. Porque en otras puede haber patentes, pero carencia de explotación durante muchas décadas.
Sería bueno aclarar el punto, pues el propósito -era la idea original- es que exista compensación por los impactos negativos derivados de la explotación minera.
El Senador Prokurica, quien se halla presente en la Sala, habló de la autonomía de los municipios para gestionar los proyectos provenientes del FONDENOR.
Considero importante esa autonomía. Sin embargo, reitero la necesidad de la participación ciudadana. Ojalá que en los proyectos financiados con los dineros de dicho Fondo intervengan los habitantes de la comuna correspondiente. Eso sería un aliciente muy significativo para que con posterioridad la gente respaldara la exigencia de más recursos.
Señor Presidente, tengo en mis manos un informe que me remitió don Patricio Gabriel Bustamante Díaz -lo hice llegar al Senado, y particularmente a la Comisión de Minería y Energía-, mediante el cual nos advierte sobre los peligros que revisten los tranques de relaves, y específicamente, el de relaves tóxicos El Mauro, de propiedad de la minera Los Pelambres.
En la actualidad, mediciones de aguas cercanas a ese tranque indican una peligrosa contaminación con metales pesados, lo cual demuestra que hay filtraciones que, por norma, no debieran existir.
Si el muro se filtra, significa que se halla debilitado. Esto constituye un peligro aún mayor, por cuanto, ante un terremoto, el muro, que tiene 300 metros de altura por 15 mil de largo y está construido con arena compactada, puede licuarse y transformarse en una pared de lodo susceptible de arrasar en cinco minutos al poblado de Caimanes y sus dos mil habitantes.
Señor Presidente, me parece que ese documento, relacionado con la materia que ahora debatimos y que da cuenta de las externalidades negativas de las comunas que soportan la presencia de tranques de relaves, debería considerarse, en especial por el riesgo que implica su toxicidad.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Senador señor Navarro hizo uso de sus 10 minutos con exactitud.
¡Su Señoría volvió con mayor entusiasmo y extrema precisión...!
Está inscrito a continuación el Honorable señor Chahuán, quien no se encuentra presente.
Por último, corresponde el uso de la palabra a la Senadora señora Rincón, quien tampoco se halla en la Sala.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor, 1 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Gómez, Horvath, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará el lunes 19 de noviembre, a las 12, como plazo para formular indicaciones.
Boletín N° 5345-04
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Orpis y Bianchi, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con el fin de imponerles a los establecimientos educacionales el deber de impartir cursos para prevenir el consumo de drogas prohibidas, con nuevo segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5345-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Orpis y Bianchi):
En primer trámite, sesión 53ª, en 2 de octubre de 2007.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 38ª, en 3 de agosto de 2010.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (segundo): sesión 2ª, en 14 de marzo de 2011.
Sesiones 40ª, en 4 de agosto de 2010 (se aprueba en general); 30ª, en 3 de julio de 2012 (vuelve a Comisión de Educación para un nuevo segundo informe).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 4 de agosto de 2010, y durante la discusión particular, realizada en sesión de 3 de julio del año en curso, la Sala acordó volverla a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para un nuevo segundo informe.
En el nuevo segundo informe, la Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no existen artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Consigna, además, que efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de una, la que se pondrá en discusión y votación oportunamente.
Cabe recordar que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión o que existan indicaciones renovadas.
Por recaer las referidas enmiendas en normas de rango orgánico constitucional, para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en la cuarta columna transcribe el texto aprobado en particular por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Por último, cabe hacer presente que la norma aprobada por mayoría en la Comisión también es orgánica constitucional.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, desde el punto de vista reglamentario, si no se pidiera votación separada, correspondería debatir la letra k) que se propone incorporar mediante el numeral 3 del artículo único del proyecto. Porque es la única norma que la Comisión no aprobó por unanimidad.
El señor ESCALONA (Presidente).- Reglamentariamente, corresponde pronunciarse sobre las enmiendas aprobadas unánimemente.
El señor ORPIS.- Hay que aprobar las acogidas por unanimidad, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Son de quórum especial. De manera que le ofreceré la palabra al Senador señor Navarro, quien la solicitó para ejercer su derecho a fundamentar el voto.
Como las enmiendas fueron aprobadas por unanimidad, corresponde votarlas sin debate. Sin embargo, cada Senador puede fundar su posición.
El señor NAVARRO.- ¿Cuáles son?
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se votarán primero las enmiendas aprobadas unánimemente en la Comisión, todas las cuales, como expresó el señor Presidente, son orgánicas constitucionales. Y luego habrá que discutir y votar la que se aprobó por mayoría.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación las modificaciones unánimes.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro para fundamentar su voto.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, voy a pronunciarme a favor de este proyecto de ley, que el Senador Orpis ha impulsado durante ya un largo tiempo, porque incorpora al ámbito de la educación una materia esencial: la prevención de la drogadicción a través de la enseñanza.
Pero, junto con manifestar todo mi apoyo a esta iniciativa y reconocer la tarea que Su Señoría ha desarrollado en esta área de manera trascendente, con dedicación, paciencia y gran capacidad, debo recordar que en 1996 presenté en la Cámara de Diputados un proyecto de ley -lo tengo en mi mano- vinculado con la prevención de los accidentes de tránsito.
Los accidentes del tránsito son en Chile la cuarta causa de muerte. Antes están las enfermedades cardiovasculares, los tumores y las afecciones respiratorias.
En nuestro país fallecen más personas por culpa de la mala conducción que por hechos delictuales. En 2004 perecieron 1.757 personas por accidentes de tránsito, y por delitos, 272.
Hoy promediamos: muertes por impacto directo, 1.800; y la cifra se eleva a 2 mil 300 si sumamos los decesos registrados después que las personas accidentadas ingresan a un centro asistencial.
El 40 por ciento de los fallecidos por accidente de tránsito habían consumido alcohol (esa cifra bajó después de la entrada en vigencia de la Ley de Tolerancia Cero).
Los accidentes de tránsito tienen un costo de país superior a los 500 millones de dólares anuales.
Lamentablemente, Chile sigue liderando el porcentaje de decesos por atropello en el mundo, con un promedio bastante mayor que el de países mucho más desarrollados.
En su oportunidad, el proyecto que presenté fue aprobado por consenso en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La Sala de esa Corporación lo despachó en forma unánime. Y luego pasó al Senado.
Señor Presidente, una de las razones por las cuales quise ser Senador fue la de que, después de trabajar durante siete años sobre el asunto con el Servicio de Investigación de Accidentes del Tránsito y muchas personas, esta misma Sala despachó el proyecto sin debate, porque en la Comisión de Educación, a la cual hoy día pertenezco, se argumentó que una ley orgánica constitucional no podía preocuparse de dictaminar, por ejemplo, que se hicieran clases de educación en la materia, teniendo presente que las brigadas del tránsito, con la jornada completa, han tendido a desaparecer.
Y se votó sin discusión y se rechazó una labor de muchísimos años realizada para enfrentar a fondo, a partir de las enseñanzas básica y media, la cuestión de los accidentes bajo la premisa de "buen peatón, buen pasajero, buen conductor", de tal manera de disminuir aquellos que sufren los escolares, los cuales registran una cifra elevada. En algunos años han llegado a nueve mil o diez mil los estudiantes afectados.
Felicito al Senador señor Orpis. A mi juicio, se hizo un buen trabajo. Consideramos la posibilidad de incorporar planes de prevención en el consumo de droga, que creo que van a ser muy importantes.
Lamento que no hayamos tenido éxito en contemplar la educación obligatoria en tránsito. Conseguimos algunos logros como el de que ello se les reconozca a los profesores como perfeccionamiento. Porque antes del debate enseñaban las normas respectivas, pero ni siquiera les pagaban, a diferencia de lo que sucede hoy día, cuando al menos se dictan clases en muy pocos lugares.
Del mismo modo, hay una discusión pendiente respecto de la enmienda de la Ley General de Educación en cuanto a la educación cívica. "Doña abstención", como la he llamado, fue la gran ganadora en las elecciones municipales: registró un 59 por ciento, en promedio. La gente no votó. Los jóvenes no lo hicieron. El sufragio voluntario, sin educación cívica, va a mantener ese alto nivel, lo que daña la democracia. Estimo que uno de los elementos clave sobre el particular, al igual como hoy día nos estamos pronunciando a favor de introducir en los programas de enseñanza lo relativo a evitar el consumo de droga, radica en debatir con igual énfasis sobre un proyecto consensuado para reponer la educación cívica, es decir, para que los estudiantes puedan saber de verdad qué significa la democracia.
Soy autor de la ley Nº 20.131, que permite a los jóvenes votar a los 14 años en las elecciones de juntas de vecinos. No hay ningún otro país, en América Latina, donde puedan hacerlo a esa edad. En Chile pueden intervenir en la designación del presidente de esas agrupaciones. Pienso que tenemos que impulsar el sufragio a los 16 años, para que puedan participar.
Con la misma fuerza con que respaldo la iniciativa del Senador señor Orpis tendiente a educar para que se evite el consumo de droga, hago presente que resulta esencial retomar la enseñanza de las normas del tránsito y, en particular, de la educación cívica en nuestros liceos y colegios.
El señor LARRAÍN.- ¡Echábamos de menos esas expresiones...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Se halla inscrito a continuación el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- No tengo inconveniente en que intervenga primero el Senador señor Orpis.
El señor ESCALONA (Presidente).- Así se hará, entonces.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, estamos en la discusión particular del proyecto, y, en ese sentido, quisiera agradecer al Primer Mandatario el haberlo patrocinado después de largo tiempo.
El artículo único contiene tres números. Nos encontramos fundamentando nuestro pronunciamiento sobre las normas que en la Comisión registraron unanimidad. La cuestión de fondo la plantearé con relación al número 3, que incorpora una letra k), nueva, al artículo 46 de la ley. Comparto plenamente las disposiciones mencionadas en primer término.
Una de ellas modifica el artículo 15 de la Ley General de Educación, el cual dispone que "Todos los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar", a lo cual se añaden las palabras "y de prevención de consumo de alcohol y drogas". Es decir, a partir de ahora va a haber en ellos un responsable en esta última materia.
Y la otra dice relación con el artículo 46, el cual expresa que "El Ministerio de Educación reconocerá oficialmente a los establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y media, cuando así lo soliciten y cumplan con los siguientes requisitos". La letra f) de esta última disposición contiene el de "Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar", a lo cual se agrega un párrafo final -como exigencia, en la práctica, de la calidad de sostenedor- en el sentido de que la misma normativa debe incluir una política para la prevención del consumo de alcohol y drogas.
En lo anterior coincidimos todos, es decir, en cuanto a contemplar un responsable y a condicionar el otorgamiento de la calidad de sostenedor a la existencia de un programa como el recién mencionado.
Con posterioridad expondré la alegación de fondo de por qué no estoy de acuerdo con la letra k), nueva, que se incorpora al artículo 46 -existe plena constancia de la argumentación respectiva, además, en el nuevo segundo informe-, porque creo que, en definitiva, no nos hacemos cargo en profundidad del problema del consumo de alcohol y droga que se registra a nivel de establecimientos educacionales.
Por lo tanto, señor Presidente, llamo a la Sala a votar a favor de las normas que contaron con unanimidad en la Comisión y a efectuar la discusión de fondo en relación con el artículo 46, letra k).
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, cada vez que me refiero al tema parto por rendirle un homenaje al Senador señor Orpis. Lo digo muy en serio, porque Su Señoría ha desarrollado casi un apostolado en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de droga.
En la Comisión de Educación hemos discutido el asunto. Uno se pregunta qué más necesitamos, como país, a modo de campanada de alerta, de tarjeta amarilla, de llamado de atención, de interpelación, para hacer frente a la amenaza del flagelo, del narcotráfico, del microtráfico. En la prensa estamos leyendo a diario cómo la situación empieza a afectar y permear a las propias instituciones. Hemos visto casos incluso en Carabineros y en la Policía de Investigaciones.
Y cabe interrogarse cómo un gesto casi simbólico de la índole del proyecto que nos ocupa puede enfrentar posiciones encontradas incluso, en este caso, desde el Gobierno.
Tengo que reconocer también la libertad con que ha actuado el Honorable señor Orpis, ya que el Ejecutivo no ha estado de acuerdo con algunas cosas que hemos sugerido en el marco de la iniciativa, por considerar que no son materias de ley y que es mejor que sean propias de un reglamento.
Pero ello no es así. Es clave, como señal para el país, el estatus que le demos a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación del consumo de droga. Y aquí estamos haciendo referencia a modificar el cuerpo legal que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con el fin, tan sencillo, casi simbólico -insisto-, de imponer a los establecimientos educacionales el deber de impartir cursos para precaver el consumo de drogas prohibidas. Eso parece elemental.
Se está proponiendo que el encargado de convivencia escolar, institución que debiera ser cada vez más importante en liceos y colegios, tenga también como misión la prevención a la que se ha hecho referencia y sea responsable de la política respectiva.
El alcohol y las drogas están causando un efecto pernicioso verdaderamente alarmante en nuestros niños, no solo en nuestros jóvenes. Ahí están los estudios y las encuestas en la materia, siempre incompletas. Es muy difícil entrar realmente a objetivar un problema bastante escondido debajo de la superficie.
El reglamento interno que deben tener los establecimientos educacionales deberá incluir, además, "una política para la prevención del consumo de alcohol y drogas".
En ese sentido, por cierto, la letra k) que se incorpora contiene el requisito de "Elaborar e implementar un plan de prevención orientado al desarrollo de habilidades para la prevención del consumo de drogas y alcohol". Y luego se señala que ello deberá considerar acciones pedagógicas sistemáticas y el deber del Estado de mantener orientaciones, capacitaciones y programas a disposición de los establecimientos, etcétera.
La verdad es que teníamos la intención de definir en la ley el número de horas que se destinen semanalmente a este efecto, porque, de lo contrario, o ello sería letra muerta, o no se dictaría el reglamento respectivo. Por lo tanto, nos parecía conveniente contemplar, ante la importancia del punto, un aspecto aparentemente reglamentario. Ese propósito ha sido objetado sistemáticamente por el Ministerio de Educación, que tiene sus razones. La cuestión no es en blanco y negro. Pero no podemos pretender avanzar en un objetivo tan noble, tan loable, si no somos capaces de dedicar horas concretas semanales a los planes de prevención del consumo de drogas y alcohol.
Finalmente, decidimos fijar un plazo, a contar de la fecha de publicación de la ley -el artículo primero transitorio dispone seis meses-, para presentar el plan de prevención, y otro de un año para la implementación de las acciones declaradas en este último.
Es algo tan sencillo, tan básico, tan elemental, mas ha sido objeto de discusión, pues una cierta ortodoxia, casi ideológica -sacrorreglamentaria, diría-, teme consagrar en la ley compromisos tan mínimos como el que se está pidiendo en relación con las horas que se destinen al objetivo expuesto.
Todos los que hemos sido padres y apoderados sabemos los esfuerzos que los establecimientos educacionales están haciendo en la materia, pero es algo que, muchas veces, depende de la voluntad, de la lucidez, de la buena disposición de tal o cual de ellos. No basta con un reglamento. Es necesario dictar un cuerpo legal que consagre la obligación correspondiente.
Voto también a favor.
Creo que la norma es insuficiente. Vamos a ver qué sucede en el debate de la disposición más controvertida. Lamento que el Gobierno no se haya allanado a legislar derechamente acerca del número de horas que se requieren.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Ministro, usted se encuentra inscrito para intervenir, pero, como estamos en votación, media una limitación para ello, a menos que desee rectificar alguno de los conceptos emitidos por un Senador.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- No haré uso de la palabra, señor Presidente.
--Se aprueban las enmiendas acordadas por unanimidad en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, haciéndose constar, para los efectos del quórum constitucional exigido, que 24 señores Senadores se pronuncian a favor.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).- Se deja establecida la intención de voto a favor de los Honorables señores Sabag y Pizarro.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión recomienda, por 3 votos a favor y uno en contra, incorporar la siguiente letra k), nueva, al artículo 46:
"k) Elaborar e implementar un plan de prevención orientado al desarrollo de habilidades para la prevención del consumo de drogas y alcohol.
"La implementación de este plan deberá considerar acciones pedagógicas sistemáticas en todos los niveles educativos del establecimiento y la consideración de recursos humanos y tiempos suficientes para tales efectos.
"Para lo anterior, será deber del Estado mantener a disposición de todos los establecimientos educacionales del país orientaciones, capacitaciones y programas de prevención del consumo de alcohol y drogas, de manera tal que cada establecimiento pueda optar a alguno de éstos, o diseñar otro que cumpla con niveles mínimos de calidad, en conformidad a los criterios que determine el reglamento.".
El señor ORPIS.- Señor Presidente, desde mi punto de vista, aquí radica la esencia del proyecto, su contenido más significativo.
Cabe preguntarse si la propuesta del Ejecutivo responde o no al desafío de reducir el consumo a nivel escolar. En las semanas anteriores tuvo lugar una polémica importante respecto de las políticas para enfrentar el problema de la droga. Sin embargo, en un aspecto existió unanimidad: es urgente la disminución de dicha práctica, especialmente sensible en el ámbito mencionado. Por lo tanto, la interrogante que es necesario formularse, en particular con relación a la norma que nos ocupa, es si lo planteado en esta apuntará o no a reducir en forma drástica dicho consumo.
Mi conclusión es que no será así, señor Presidente. Y quisiera entregar sus fundamentos.
Estimo que la disposición no contempla varios aspectos fundamentales. En primer término, cuando se registran altos niveles de consumo, median altos niveles de adicción. En consecuencia, juzgo indispensable que el texto se hubiera hecho cargo de la rehabilitación. Es decir, frente a alumnos con un consumo problemático, lo lógico es buscar un vínculo con los familiares, con los directores de colegio, para derivar a un tratamiento.
¿Y qué es lo relevante? Que hoy día existe el sistema del AUGE para adolescentes consumidores. Constituye una derivación perfectamente efectiva en el caso de que se trata. Sin embargo, es algo que la iniciativa omite.
En segundo lugar, en un asunto tan sensible como el que nos ocupa, lo importante es medir los efectos de cómo va reduciéndose el consumo a nivel escolar y, en especial, con relación al establecimiento. Tampoco se dispone algún sistema en tal sentido, sino que existen las mediciones generales, que después voy a profundizar.
Y quiero entrar al tema más de fondo, que es el que me preocupa en mayor medida. Porque el asunto no se puede separar de lo que está ocurriendo en el país. ¿Con qué niveles de consumo nos encontramos en el ámbito de los educandos?
Hace pocos días se entregaron los resultados del Noveno Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, efectuado en 2011. No se proporciona el detalle, sino que es un resumen ejecutivo, pero lo único que me indica -se mide entre octavo básico y cuarto medio- es que el consumo no cede. De hecho, en promedio, el de marihuana aumentó en unos 4 puntos entre 2009 y 2011, manteniéndose el de cocaína y pasta base.
Pero deseo dar a conocer algunos datos que, en general, no se han expuesto a la opinión pública. Solo en una oportunidad, en 1999, se verificó en Chile -nunca más- un estudio a nivel comunal con relación a escolares, y las cifras son realmente alarmantes. A diferencia de lo ocurrido en el detalle en los otros que se han efectuado, en los que se considera por curso: desde octavo básico hasta cuarto medio, aquí se tomó en cuenta el promedio.
Les sugiero a los señores Senadores leer los resultados de ese análisis oficial del CONACE.
El promedio comunal nacional de consumo de marihuana era de 18,43 por ciento, pero en San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Independencia -prácticamente, en todas las de la Región Metropolitana-, se sobrepasaba el 25 por ciento. Incluso, alguna llegaba al 30 por ciento entre octavo básico y cuarto medio. ¡En promedio! Y todos sabemos que la diferencia entre esos cursos es bastante grande, de manera que lo más probable es que en este último la cifra bordeara el 40 por ciento de consumo.
Son cifras oficiales.
Tal es la magnitud del problema, señor Presidente.
¿Qué ha pasado? Que los mayores incrementos se están produciendo en los cursos inferiores. Cuando se realizó la primera medición escolar, en 1995, el consumo de marihuana en octavo básico era de 3,5 por ciento. Ahora llega a cifras cercanas al 10 por ciento.
La tendencia es a un aumento sostenido. Necesitamos una política de shock, urgente. Pero el artículo en debate no se hace cargo de ella, definitivamente.
Para asegurar esa política de shock era fundamental garantizar que las medidas de prevención tuviesen un espacio que fuera medible en el aula. Si se incorporan dentro de los objetivos transversales del proyecto, se van a ir diluyendo y no vamos a lograr los resultados esperados para este desafío.
En consecuencia, para mí era indispensable, no solo asegurar contenidos,...
Señor Presidente, solicito un minuto más, para redondear la idea.
Decía que para mí era indispensable, no solo asegurar contenidos, sino también un espacio. Y un espacio implica destinar horas, por ejemplo, en el ramo de Orientación. Pero no se trata de quitárselas a otras materias, sino de garantizar una franja horaria y de que su resultado sea medible.
Si no se asegura un tiempo para dicho propósito, este proyecto se va a diluir, pues se creará una expectativa que no producirá efectos concretos.
Por eso, señor Presidente, aunque agradezco que se haya patrocinado la presente iniciativa, no puedo concordar con lo propuesto en la letra k). Sería una deshonestidad profesional crear la expectativa de que mediante esta norma se va a reducir el consumo de drogas, en circunstancias de que no se asegura un espacio para desarrollar políticas de prevención. Y si no hay espacio para ello, no se conseguirán buenos resultados.
Por lo expuesto, votaré en contra de esa letra, que se agrega por medio del número 3 del artículo único.
En votación el número 3 del artículo único, que incorpora una letra k), nueva, al artículo 46 de la Ley General de Educación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta enmienda fue aprobada por mayoría en la Comisión.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- El señor Ministro solicita intervenir.
¿Habría acuerdo para concederle la palabra?
La señora ALLENDE.- Está bien.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se trata de una norma de quórum orgánico constitucional, por lo que procede tocar los timbres para que los señores Senadores acudan a votar.
El señor PROKURICA.- Sí, porque en este momento no hay quórum.
El señor COLOMA.- Pero igual está en votación, ¿verdad?
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Muchas gracias, señor Presidente.
Solo quiero señalar lo siguiente.
Sin lugar a dudas, este proyecto de ley, que se ha tramitado con mucha rapidez en el Congreso, apunta a realizar definitivamente un esfuerzo sustancial para prevenir el consumo de drogas y alcohol en nuestro sistema escolar.
Sin embargo, a propósito de lo manifestado por el Senador Orpis, quien ha dedicado su vida a combatir este flagelo, debo expresar que, como Ejecutivo, nosotros estamos satisfechos con el texto aprobado en la Comisión, donde formulamos una indicación.
La iniciativa persigue resolver el problema de fondo, pero en el mediano y largo plazos. Es imposible que mediante una ley se concrete una medida de shock. Sin embargo, existe una alternativa para ella: los programas que hoy día se están implementando a través del Servicio especializado, creado recientemente.
Debemos recordar que se acaba de efectuar un cambio institucional. Ahora hay un Ministerio del Interior y Seguridad Pública que tiene la tarea de prevenir el consumo de drogas y alcohol, para lo cual también se está realizando un tratamiento de shock. Quizás el ejemplo más fuerte es, precisamente, el llamado plan de "tolerancia cero con el alcohol". Y en materia de drogas también se está haciendo un gran esfuerzo en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación.
En el Ejecutivo estamos contestes con el texto despachado por la Comisión de Educación. Y no somos partidarios de la separación del proyecto a que se refirió el Senador Orpis, con la mejor intención, porque creemos que una cosa es el tratamiento de shock que se lleva a cabo a través de los programas que se están implementando hoy y que tienen un presupuesto para el año 2013, y otra distinta es el esfuerzo coherente, sistemático que se hace en esta nueva legislación en materia educacional.
--Se rechaza el N° 3 del artículo único, que incorpora una letra k), nueva, al artículo 46 (10 votos en contra y 9 a favor).
Votaron por la negativa las señoras Alvear y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Escalona, García-Huidobro, Larraín (don Hernán), Orpis, Prokurica y Walker (don Patricio).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Pérez (doña Lily) y los señores Coloma, Espina, Novoa, Pérez Varela, Quintana, Tuma y Uriarte.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, es preciso señalar que los artículos transitorios propuestos por la Comisión están directamente relacionados con la letra k), nueva, del numeral 3, que se acaba de rechazar.
Consecuencialmente, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, habiéndose caído dicha norma, que era de quórum, esos preceptos también quedarían rechazados.
El señor ESCALONA (Presidente).- Por lo tanto, queda despachado el proyecto.
Boletín N° 7308-06
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre plebiscito y consultas de carácter comunal, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7308-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 66ª, en 10 de noviembre de 2011.
En tercer trámite, sesión 39ª, en 7 de agosto de 2012.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 44ª, en 29 de agosto de 2012.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 37ª, en 2 de agosto de 2011.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 63ª, en 18 de octubre de 2011.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (nuevo segundo): sesión 77ª, en 30 de noviembre de 2011.
Certificado de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización (tercer trámite): sesión 41ª, en 14 de agosto de 2012.
Mixta: sesión 56ª, en 17 de octubre de 2012.
Sesiones 40ª, en 3 de agosto de 2011 (se aprueba en general); 65ª, en 2 de noviembre de 2011 (queda para segunda discusión); 80ª, en 13 de diciembre de 2011 (se aprueba en particular); 41ª, en 14 de agosto de 2012 (se aprueba el informe del tercer trámite, que rechaza enmiendas de la Cámara Baja, y pasa a Comisión Mixta).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivaron del rechazo por parte del Senado, en el tercer trámite constitucional, de tres enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados en el artículo primero: el remplazo del numeral 2); la incorporación de una letra b), nueva, en el numeral 3), y la supresión del numeral 7).
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que consiste, en síntesis, en lo siguiente:
Respecto del numeral 2), optó por la enmienda de la Cámara Baja, que remplaza, en el inciso primero del artículo 100, el vocablo "municipal" por las expresiones "de alcalde", a continuación de la palabra "elección".
En seguida, convino en mantener las propuestas del Senado para incorporar en el artículo 100 los incisos segundo y tercero, nuevos.
El inciso segundo habilita al Director Regional del Servicio Electoral, o a su delegado, para certificar las firmas de los electores requirentes del plebiscito, quienes pagarán solo los gastos de traslado y las horas extraordinarias del funcionario que practicará la diligencia. El trámite de esta ante notario público será gratuito.
Y el inciso tercero remite al reglamento la fijación del procedimiento y las condiciones para la certificación de firmas.
En cuanto al numeral 3), rechazó remplazar en la letra b), nueva, propuesta por la Cámara de Diputados -que contiene enmiendas al artículo 101 de la Ley de Municipalidades-, las expresiones "la o las cuestiones sometidas" por la frase "la cuestión sometida", con el propósito de flexibilizar la norma admitiendo que la consulta plebiscitaria pueda abarcar una o más materias. Por lo que hace a las siguientes disposiciones que la Cámara sugiere en la nueva letra b), la Comisión Mixta concordó con su texto e incorporó esta letra en la forma propuesta por aquella.
Por último, en lo tocante a la discrepancia surgida por el rechazo del numeral 7) -que regula las consultas no vinculantes-, propuesto por el Senado, resolvió mantenerlo en el proyecto, por estimar sano y aconsejable entregar a la autoridad municipal la facultad de solicitar el parecer de la comunidad respecto de los asuntos de interés local a que se refiere dicho numeral.
La Comisión Mixta adoptó este acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Orpis, Rossi y Sabag, y Diputados señores Browne, Gutiérrez (don Romilio) y Rosales.
Cabe hacer presente que los numerales 2), 3) y 7) del artículo primero, contenidos en la propuesta de la Comisión Mixta, son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación de 22 votos favorables.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran, en la penúltima y la última columna, la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse el informe, respectivamente.
Vamos a aplicar la disposición reglamentaria relativa a esperar hasta 5 minutos para que las señoras y señores Senadores vengan a votar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, el resultado del trabajo de la Comisión Mixta tiene un elemento muy positivo y otro que se rechazó, el cual considero que debería haber sido aprobado, porque significaba dar a los ciudadanos la posibilidad de una mayor participación.
La norma que se aprobó, y que es muy relevante -el Gobierno logró que se rechazara en la Cámara de Diputados, pero después se volvió a aprobar aquí- establece que los notarios tendrán la obligación de recibir las firmas de los ciudadanos que quieran utilizar el plebiscito como una forma de participación. ¿Por qué? Porque antes estaban obligados a organizarse y juntar el 5 por ciento de los votos, porcentaje que después subió a 10 por ciento -lo que, en nuestra opinión, también es un error-. Sin embargo, la alta abstención registrada en la última elección municipal favorece finalmente la posibilidad de que sean menos las personas que deban agruparse, pues el 10 por ciento de los votantes -que fueron 5 millones 500 mil- resulta bastante menos que el 10 por ciento de los inscritos en cada una de las comunas.
Por lo tanto, nuestro primer objetivo era que existiera la mayor facilidad para que los ciudadanos pudieran organizarse y llevar adelante un plebiscito en su comuna. Ahora, el hecho de que los notarios tengan que certificar las firmas en forma gratuita es una de las grandes modificaciones que se le introdujeron al proyecto en la Comisión Mixta.
Por otro lado, se establecen consultas no vinculantes, lo cual permite que un sector de una comuna se exprese sobre determinados temas. Porque hay comunas muy grandes, con diferentes sectores que no tienen la opción de manifestarse acerca de un problema particular. Un plebiscito no será vinculante respecto de una parte del territorio de una comuna. Sin embargo, las denominadas "consultas no vinculantes" permitirán la organización de la ciudadanía.
Lo importante, a nuestro juicio, es que exista la posibilidad de una mayor participación de la población.
Quise hacer uso de la palabra, señor Presidente, porque deseo relevar que, a partir de la promulgación de la ley, los ciudadanos se van a poder organizar y no tendrán trabas para hacerlo desde el punto de vista económico, como ocurre hasta ahora, ya que los notarios deberán atenderlos en forma gratuita a través de todo el país. De manera que cuando haya un problema que sientan que el alcalde o los concejales no han resuelto, se podrán organizar con mayor facilidad.
A mi juicio, eso es lo relevante, señor Presidente.
Por supuesto, votaré a favor, a pesar de la mantención del 10 por ciento, pues la abstención de la última elección permite que dicho porcentaje sea menor en cantidad de votantes. Si no fuera así, las dificultades aumentarían. Por eso discutimos bastante volver al 5 por ciento antiguo.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, esta materia ha sido debatida en varias ocasiones, por lo que el tema de fondo que hay detrás de los plebiscitos y las consultas de carácter comunal se halla suficiente explicitado en las discusiones general y particular de la iniciativa.
Con todo, ahora tenemos que pronunciarnos sobre un asunto bastante específico, pero a la vez muy central. En lo medular, se trata de establecer cuándo los resultados de un plebiscito serán vinculantes para el alcalde. Por algo el punto dio lugar a la formación de una Comisión Mixta. Porque, obviamente, había acercamientos distintos respecto de cuál debía ser la condición para que adquiriera dicha característica.
Recordemos que originalmente -y ahora también- el concepto es que vote la mayoría de los ciudadanos habilitados en cada comuna. O sea, lo que se pide es que la mayoría de los inscritos se pronuncie respecto de una consulta determinada, cuestión que me parece razonable.
Ahora, más allá de la intención de los legisladores -y considero importante relacionar el tema con lo ocurrido en la última elección municipal-, el hecho de que se exija que el resultado de cualquier plebiscito sea vinculante cuando vote más del 50 por ciento de los electores que hayan sufragado en la última elección de alcalde, genera, obviamente, inestabilidad respecto de lo que son las políticas públicas en materia municipal.
En efecto, en comunas muy populosas y relevantes no votó más del 30 o 35 por ciento de los electores, por lo que uno puede deducir que con un 15 o un 17,5 por ciento del padrón cualquier tipo de plebiscito sería vinculante para tales efectos. Y esto, evidentemente, sería fuente de inestabilidad, lo cual no corresponde a la idea original de la iniciativa, como era que los plebiscitos fueran vinculantes en la medida en que se formaran mayorías ciudadanas significativas y no respondieran a situaciones específicas o a grupos de poder muy precisos.
Yo estoy pensando en una política pública estable y permanente para el país. Sin embargo, desde mi perspectiva, la propuesta de la Comisión Mixta se aleja de lo que debe ser un objetivo permanente para la estabilidad de una política pública.
Insisto: aquí no estamos discutiendo el concepto de fondo -ya debatido como corresponde-, sino que nos estamos pronunciando, básicamente -y es lo más relevante-, sobre cuándo un plebiscito será vinculante para el alcalde.
Hoy, la mayoría de los alcaldes elegidos no pertenecen a nuestras filas, así que nadie podría atribuirme un interés particular...
El señor LAGOS.- ¡Pero debe mirar el futuro con optimismo, señor Senador!
El señor COLOMA.- Uno, incluso, podría caer en la tentación de hacer más vinculante o difícil la vida de una autoridad comunal en estas circunstancias. Pero, como yo pienso en Chile en forma republicana y no en la contingencia del minuto -que además espero que no sea permanente, porque siempre hay espacio para segundas oportunidades-,...
El señor LAGOS.- ¡Salven a Chile...! ¡Caminen por el país...! ¡Recórranlo...!
El señor COLOMA.- ...no me parece que la solución escogida vaya a ayudar al país, sino que, por el contrario, al final puede ser fuente de inestabilidad y conflictos.
Por lo tanto, voy a votar en contra del informe de la Comisión Mixta.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra al Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, creo que el principal diagnóstico de la votación municipal era algo de lo que ya habíamos hablado: el agotamiento del sistema electoral democrático, el cual es evidente.
El fortalecer que la gente vuelva a las urnas es una convocatoria a la participación. Sin embargo, durante el trámite anterior dijimos que se estaba elevando de 5 a 10 por ciento el número de firmas exigido para llamar a plebiscito, y más aún, que se establecían costos. Y, hasta ahora, según indica el informe, efectivamente el asunto tendrá que ir ante notario.
Al respecto, quiero consultar a un Senador de la Comisión si habrá algún costo para los ciudadanos que decidan realizar tal acción, pues ya el aumento de 5 a 10 por ciento es una traba.
En consecuencia, estamos en una encrucijada: queremos legislar, pero lo estamos haciendo para entorpecer la participación ciudadana al subir las exigencias. Porque en un plebiscito la convocatoria va a depender del motivo y puede ser mucho más del 5 por ciento: el 10, el 15, el 20, el 30 o el 40 por ciento. Pero, al subir el umbral, no estamos facilitando esa participación, sino entorpeciéndola. Y yo no puedo ser partícipe de una normativa que la entorpezca.
Hemos dicho que se agotó el sistema electoral democrático en Chile, y ese agotamiento es institucional. Por eso, criminalizar el voto voluntario es un error, y responsabilizarlo de la abstención, un equívoco.
Por suerte, en la Región del Biobío, cuando se fue a votar, hubo un bonito día. Porque, si hubiera llovido, le hubieran echado la culpa a la lluvia. ¡Y la culpa es del sistema, ni siquiera de los candidatos! El sistema desmotiva, porque las personas eligen al alcalde y a los concejales pero nunca más en la vida ellas tienen la posibilidad de pedirles que respondan por su compromiso de trabajo.
Por tal motivo, hemos dicho que en Chile debiera haber referéndum revocatorio a la mitad del período para todas las autoridades, desde el Presidente de la República hasta el concejal.
¿Cuál es la motivación para que un Senador que deberá permanecer ocho años en el cargo siga trabajando con el mismo ritmo desde el año uno hasta el año ocho? Yo diría que eso va a depender de las personalidades. No obstante, si hay referéndum sería distinto, pues se sabría que en medio del período, al cuarto año, los electores se pueden reunir, y si juntan una firma más que los votos con los que el Senador fue elegido, será destituido.
Me gustaría que hubiera referéndum revocatorio para los Presidentes de la República. Algunos durarían la mitad de su período. Hay quienes, como el Senador Coloma, creen que eso provoca inestabilidad. ¿Desde cuándo el ejercicio de la democracia ciudadana puede generar inestabilidad?
Señor Presidente, desearía que algún Senador que participó en la Comisión nos aclarara si va a haber costo, porque, según leo, se pagarán horas extraordinarias a los funcionarios del Servel, independientemente de que el trámite ante el notario sea gratuito. Si introducimos costos, no estamos facilitando de nuevo la participación.
Recuerdo que, cuando discutimos lo relativo a los incentivos para que los jóvenes concurrieran a las urnas con voto voluntario, yo me pronuncié a favor de ello. Porque tenemos estímulo para todo en Chile: para el ahorro, para el desarrollo de la pequeña y mediana empresas, para la actividad económica. Entonces, ¿por qué no puede haberlos para que la gente vote y ejerza su derecho ciudadano a elegir y ser elegido?
Este proyecto implica costo -ojalá algún Senador de la Comisión pudiera aclararlo-, porque, seamos francos, decimos que no lo hay para el trámite notarial, pero sí deben pagarse horas extras al Servel, que ha sido cuestionado hoy día.
Por otra parte, señor Presidente, ojalá tuviéramos en Chile un poder electoral y termináramos con esa situación en donde el operador político de La Moneda, cualquiera sea el Gobierno de turno, el Subsecretario del Interior, lee los votos; o sea, una autoridad que no es imparcial, sino parcial. Está claro que hay ineficiencia en el Ministerio del Interior.
Lo ha dicho José Ignacio García: la responsabilidad corresponde a esa Secretaría de Estado. Y para que no haya pelea entre el Servel y esa Cartera, saquemos a esta última de la contabilidad de los votos y pongamos un poder electoral con un árbitro que esté sin camiseta. Porque el Subsecretario Rodrigo Ubilla lee y cuenta los votos con la camiseta del Gobierno, a no ser que en esos minutos se vuelva independiente.
¡Él es alguien adscrito a un partido político, tiene militancia y compromiso...
El señor TUMA.- ¡Que vuelva Cardemil...!
El señor NAVARRO.- ¡No, lo único que queremos es que no vuelva jamás! ¡Fue la peor experiencia que hemos vivido!
Pero, ciertamente, el Ministerio del Interior cuenta los votos, participa del conteo electoral. Si esto ocurriera en otro país de América Latina habría un escándalo. Por ejemplo, si en Venezuela fuera el Gobierno el que diera a conocer las cifras, se armaría un escándalo y se diría que el sistema no es democrático. ¡Pero en Chile nadie dice nada cuando el Subsecretario del ramo, el operador político del Ministro del Interior, cuenta los votos, da a conocer las cifras y se inmiscuye en todo el proceso electoral!
Queremos que el proceso electoral quede fuera del Gobierno, que haya un poder independiente. Pero eso requiere una reforma constitucional.
Señor Presidente, definitivamente, voy a votar en contra.
Creo que, a pesar de que el proyecto tiene algunos elementos positivos, el aumentar la cobertura de 5 a 10 por ciento y mantener el pago de horas extraordinarias a los funcionarios del Servel a costa de los ciudadanos es negar el rol del Estado.
Si queremos más democracia y que ella se financie, debemos estimular la participación y no ponerle trabas. Y esta iniciativa pone más tropiezos que facilidades, obstaculiza más que facilita. En definitiva, no es un buen proyecto. Por lo tanto, la revisión del sistema total será cuestión de otra normativa. Lamentablemente, esta no lo permite.
Por eso, señor Presidente, me pronunciaré en contra.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, aumentar la participación ciudadana es una materia en la cual yo creo firmemente.
Por eso, en la Cámara de Diputados presentamos varios proyectos que iban justamente en la dirección de establecer plebiscitos y consultas de carácter comunal y que tuvieran el carácter de vinculantes. Es decir, propusimos reformas constitucionales y, también, algunas iniciativas legales.
Pero debemos señalar claramente que, en virtud de la baja participación electoral apreciada en la última elección, creemos que es preciso corregir eso en la instancia que corresponde.
Ahora, si el proyecto de ley en debate no alcanza el quórum requerido, deberá enviarse un oficio al Presidente de la República para que insista. Y pensamos que esa es la instancia en la cual es posible corregir ciertas normas, a fin de que el plebiscito o la consulta de carácter comunal tenga el carácter de vinculante.
Nosotros consideramos que el 50 por ciento de los electores que concurrieron a votar en la última elección municipal es un quórum demasiado bajo. Y, en ese sentido, es necesario reestructurar tal cifra.
No obstante lo anterior, yo, por una cuestión de principios y porque creo en la participación ciudadana, voy a votar a favor de este proyecto.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, haciendo un poco de matemática, cabe preguntarse si en la última elección municipal votó el 40 por ciento de los chilenos o un poquito menos.
Un 20 por ciento de esa cifra haría obligatorio un plebiscito comunal. Y, por lo tanto, el 10 por ciento de los electores de una comuna podría acordar decisiones vinculantes para la municipalidad.
En realidad, no veo que eso sea un estímulo a la participación, para ser bien franco, sino que es un gran incentivo para los grupos organizados, para los grupos de interés, que con 10 por ciento -en otras comunas con mucho menos- podrán imponerse sobre la autoridad elegida.
Pienso que, efectivamente, tenemos problemas serios de representatividad o de interés de la gente por participar, y negarse a ver eso ante los resultados de la última elección municipal, sería ser ciego. Pero no estoy de acuerdo en que se diga que la democracia representativa está en crisis.
Si alguien pretende cambiar nuestro sistema de democracia representativa por una fórmula directa de asambleísmo, de plebiscito o de asamblea constituyente, creo en verdad que le está haciendo un pésimo favor a la democracia y a la libertad.
Por eso, me parece que esta norma no favorece la participación ciudadana.
Me hubiera gustado ser mucho más exigente con respecto a cuándo una decisión es vinculante. Lo demás -como que un grupo de ciudadanos tenga facilidades para convocar a plebiscito, que se hagan todas las consultas o plebiscitos que se desee y que se den todas las facilidades- estimula la participación. Pero el hecho de que el umbral para que esa decisión tenga el carácter de vinculante sea tan bajo, más que incentivar aquella, implicaría alentar a los grupos de interés.
El señor TUMA.- Señor Presidente, como me motivaron las intervenciones de algunos señores Senadores en cuanto a lo que significa la participación de los ciudadanos, quiero aprovechar de referirme a la alta abstención que se registró después de la enmienda al sistema electoral, a raíz de la cual ahora tenemos inscripción automática y voto voluntario.
Yo interpreto de manera un poco distinta las razones por las que se produjo una mayor abstención, y siento que ello dice relación a la estructura de la política y a cómo se vinculan las soluciones que esperan los ciudadanos de la política y de las elecciones.
Se ha estado esperando durante años un cambio sustantivo en materias estructurales como la salud, de la cual se exige una atención oportuna y eficiente y que dé igualdad de oportunidades tanto a aquellos que tienen recursos como a quienes no, porque todos entienden que la salud es un derecho.
Lo mismo ocurre con la educación y la defensa de los derechos de las personas.
Entonces, no hemos logrado eso con equidad y calidad, dando seguridad a los ciudadanos en materias tan esenciales como la atención de salud y el derecho a la educación, pues no se ha conseguido ni lo uno ni lo otro. Esa es la percepción existente. Hay dos fuerzas o dos polos contrapuestos. En la Concertación, en un momento determinado, a pesar de los avances, no pudimos resolver el tema de la desigualdad. Tampoco lo ha hecho este Gobierno, que prometió un cambio y un nuevo estilo de gobernar. Sin embargo, no solucionó los problemas de la educación, de la salud ni de la seguridad ciudadana. Como los chilenos no se sienten defendidos ni protegidos por el Estado, dicen: "Bueno, ¡para qué voy a votar!".
¡Si nosotros no ofrecimos soluciones durante los Gobiernos de la Concertación ni tampoco lo hace la actual Administración, da lo mismo el resultado electoral, porque las cosas no van a cambiar!
Esa es mi convicción de por qué muchos electores no se sienten motivados para concurrir a las urnas. Saben que su participación no provocará un cambio sustantivo.
Podemos cambiar alcaldes y remplazar concejales, pero los sistemas educativo, estructural de salud y previsional no variarán.
¡El modelo previsional, con los Gobiernos de la Concertación o con el actual, sigue siendo absolutamente deficiente para satisfacer las demandas de sus afiliados!
Por lo tanto, un trabajador que cotiza durante treinta años y que recibirá una pensión miserable ¿para qué va a ir a votar si tiene constancia de que las fuerzas políticas no resolverán su problema?
Entonces, en mi opinión, la política debe esmerarse por atender las carencias estructurales que Chile tiene en materias de justicia y de falta de participación para lograr que, efectivamente, los chilenos se sientan motivados a concurrir a las urnas.
En lo que respecta al proyecto que nos ocupa, voy a dar una señal: votaré favorablemente, porque representa un pasito en la línea de asegurar las oportunidades que pueden utilizar los ciudadanos para dar su opinión en cuanto a cómo se gobierna en determinadas materias.
No obstante que es deseable un mayor grado de vinculación entre lo que resuelva el plebiscito y lo que dictamine la autoridad comunal, este proyecto me parece un avance importante y, más allá de si es ideal o no, lo votaré favorablemente por significar un adelanto en cuanto a la participación.
En veinte años, nunca tuvimos la oportunidad de contar con los votos de la Derecha para dar a los ciudadanos la posibilidad de participar, al menos mínimamente, como lo considera esta iniciativa.
--Se rechaza el informe de la Comisión Mixta por no lograrse el quórum constitucional requerido (18 votos a favor, 9 en contra y una abstención.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Chahuán, Escalona, Gómez, Horvath, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los señores Coloma, Espina, García-Huidobro, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
Boletín N° 8126-03
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde tratar el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que establece el Día Nacional de las Cooperativas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8126-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En trámite de Comisión Mixta, sesión 45ª, en 4 de septiembre de 2012.
Economía: sesión 22ª, en 5 de junio de 2012.
Mixta: sesión 59ª, en 6 de octubre de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por la otra rama legislativa, en el tercer trámite constitucional, del remplazo del Senado, en el segundo trámite, del artículo único propuesto.
En efecto, la Cámara de Diputados, en el primer trámite, aprobó un artículo que declaraba el 14 de noviembre como el Día Nacional de las Cooperativas, texto que fue sustituido en esta Corporación por otro que lo cambiaba al primer sábado del mes de julio de cada año.
La Comisión Mixta, como forma de resolver la divergencia entre ambas Cámaras, aprobó la sustitución acordada por el Senado en el segundo trámite por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Pérez Varela y Tuma y Diputados señora Zalaquett y señores Arenas, Edwards, Jorge Sabag y Joaquín Tuma.
La Cámara Baja, en sesión del día 30 de octubre de 2012, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figura en la tercera columna la proposición de la Comisión Mixta y, en la cuarta, el texto del proyecto que resultaría de ser aprobado.
Si le parece a la Sala, se pondrá en votación el informe.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma para fundamentar su voto.
El señor TUMA.- Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión Mixta, me correspondió dirigir el debate de este proyecto, que es bastante simple, el cual tuvo su origen en la Cámara de Diputados y que buscaba, a petición de las propias cooperativas y de un número significativo de sus socios, establecer un día, no necesariamente feriado, para conmemorar y homenajear a tales organizaciones. Al efecto, propusimos el 14 de noviembre, fecha en que durante el Gobierno del ex Presidente Frei Montalva se dictó la primera Ley de Cooperativas en Chile, por creer que era un día simbólico.
No obstante, algunos parlamentarios y también el Ejecutivo plantearon la necesidad de que tal celebración coincidiera con el Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra el primer sábado del mes de julio de cada año.
Hubo debate al respecto.
La Cámara Baja propuso el 14 de noviembre, mientras que la Comisión de Economía y la Sala del Senado resolvieron fijarlo para el primer sábado del mes de julio.
Finalmente, pese a que yo era partidario de que la celebración coincidiera con la publicación de la primera Ley de Cooperativas, di mi acuerdo en la Comisión Mixta -la votación que se registró en ella fue unánime-, porque me pareció que lo importante era aprobar una normativa mediante la cual se reconociera un día del año para conmemorar a dichas organizaciones sociales.
En consecuencia, la propuesta señala que se declare el primer sábado del mes de julio de cada año como Día Nacional de las Cooperativas.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en términos similares a los planteados por el Senador señor Tuma con relación al proyecto recaído en el informe de la Comisión Mixta que se somete a nuestra consideración en esta oportunidad, debo manifestar que soy partidario de mantener como Día Nacional de las Cooperativas el 14 de noviembre de cada año, como se estableció en el texto original de la Cámara de Diputados, por cuanto esa fecha corresponde a la creación de la primera cooperativa en nuestro país.
Por lo demás, así me lo han pedido diversos directivos de numerosas cooperativas que operan en la circunscripción que represento en esta Corporación, dado el valor simbólico que para dichas entidades representa ese día.
En tal virtud, me permito manifestar a mis Honorables colegas que, si bien he apoyado este proyecto en todas sus etapas, quiero dejar constancia de que, a nuestro juicio, la fecha que debiera ser recordada como el Día Nacional de las Cooperativas es el 14 de noviembre.
No obstante, voy a aprobar el informe de la Comisión Mixta, porque lo propuesto constituye una instancia importante para celebrar a las cooperativas de nuestro país, que representan, de alguna manera, un modelo de desarrollo que tenemos que volver a impulsar. De más está decir que son las cooperativas de vivienda y las de ahorro y crédito las que han permitido que muchas personas accedan al crédito.
Sin perjuicio de ello y del hecho de que apoyaré lo que se plantea, reitero que habría preferido la fecha que estaba contemplada originalmente.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (14 votos favorables) y queda despachado el proyecto.
Votaron las señoras Allende y Alvear y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Gómez, Lagos, Navarro, Novoa, Pizarro, Prokurica, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, ha llegado a la Mesa un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual pone en conocimiento del Senado que ha retirado la urgencia para el despacho del proyecto que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones.
Al mismo tiempo, señala que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto singularizado en todos sus trámites constitucionales -incluidos los que correspondiere cumplir en la Cámara de Diputados-, calificándola de "suma".
El señor ESCALONA (Presidente).- Informo a la Sala que el Ejecutivo ha acogido la solicitud que personalmente le formulara en el sentido de retirar la "discusión inmediata" para la iniciativa que enmienda la Ley de Pesca, a efectos de permitir un número de días suficiente para el trabajo de la Comisión y no interrumpir el funcionamiento de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos durante la próxima semana.
Como se ha señalado, el Gobierno calificó la urgencia de "suma" para ese proyecto, la cual vence el lunes 19 de noviembre, fecha para la cual citaré a sesión a fin de tratar dicha materia.
Repito: el Ejecutivo acogió la petición de retirar la urgencia de "discusión inmediata", a fin de no interrumpir el trabajo de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos durante la semana que viene.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Además, señores Senadores, ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley que crea los hospitales clínicos que indica en la Región Metropolitana, con urgencia calificada de "simple".
El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para levantar la sesión.
La señora ALLENDE.- Disculpe, señor Presidente.
Antes de que levante la sesión, deseo hacer una consulta.
Fuimos informados por el Senador señor Hernán Larraín de que la Comisión de Constitución ya hizo su informe respecto al proyecto sobre ambientes libres de humo de tabaco. Siendo así, quiero saber: uno, cuándo vamos a conocer ese informe -si no es hoy día, supongo que será mañana-, y dos, qué pasa con la Comisión de Salud.
En concreto, consulto si se informará de esto mañana y si para esa altura tendremos el resultado de la Comisión de Salud.
El señor ESCALONA (Presidente).- Senadora Allende, aún no se ha vencido el plazo constitucional para esa iniciativa. Por tanto, dicho órgano técnico todavía puede trabajar en el estudio de los artículos que quedaron pendientes.
Hasta el momento no ha llegado ningún informe a la Mesa. En el caso de que se presentara de aquí a mañana, se incorporaría en la tabla.
Vuelvo a solicitar la anuencia de la Sala para levantar la sesión. Hemos estado al borde del quórum mínimo requerido para funcionar. Además, se encuentra trabajando la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

References: artículo 53
 artículo 40
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 46
 artículo 15
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 101