Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A075-06.htm
Timestamp: 2017-11-23 03:51:29+00:00

Document:
A075-06
Auto 075/06
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD DESCENTRALIZADA POR SERVICIOS DEL ORDEN NACIONAL-Conocimiento por jueces de circuito o con categoría de tales en primera instancia
COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Lugar donde ocurrió la vulneración o amenaza de derechos fundamentales
Referencia: expediente I.C.C. 965
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo de Menores de Bucaramanga y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, en la tutela promovida por la ciudadana Ana Rosa Rodríguez Benavides contra la ESE Francisco de Paula Santander de Cúcuta.
Provee la Corte en relación con el Conflicto de Competencia suscitado entre el Juzgado Segundo de Menores de Bucaramanga y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, en la tutela promovida por la ciudadana Ana Rosa Rodríguez Benavides contra la ESE Francisco de Paula Santander de Cúcuta.
1.- La ciudadana Ana Rosa Rodríguez Benavides interpuso acción de tutela el 21 de diciembre de 2005, ante el Juez Penal Municipal (reparto) de Bucaramanga contra la ESE Francisco de Paula Santander de Cúcuta.
Como fundamento de la demanda la actora aduce que dicha entidad violó sus derechos fundamentales a la igualdad, trabajo y mínimo vital con ocasión del proceso de reestructuración del Seguro Social, que conllevó a que se suprimiera el cargo que ella venía desempeñando hasta el 20 de noviembre de 2005 en la Clínica los Comuneros de Bucaramanga.
2.- Mediante auto del 22 de diciembre de 2005, el Juzgado Segundo de Menores de Bucaramanga a quien correspondió por reparto conocer del asunto, decidió declarar su incompetencia de conformidad con lo dispuesto en el articulo 37 del Decreto 2591 de 1.991, por lo que ordenó remitir el expediente a los Jueces del Circuito de Cúcuta (reparto), toda vez que consideró que el lugar de violación o amenaza que precisa la actora se originó en la ciudad de Cúcuta y es allí donde corresponde adelantar el proceso, pues estima “que es donde nace o se causa el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales y donde razonablemente se pueda colegir que se producen los efectos del mismo o sea donde se recibe el perjuicio.”
De otra parte aclara, que no obstante que en esa localidad existe sede seccional de la entidad demandada, le corresponde por competencia territorial conocer del asunto al Distrito Judicial de Cúcuta, por cuanto reitera que es allí donde ha tenido curso el diligenciamiento administrativo en virtud del cual se ha ejercitado la acción de tutela interpuesta.
3.- El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado del Distrito Judicial de Cúcuta en providencia del 29 de diciembre de 2.005 señala que no comparte la posición asumida por el Juzgado Segundo de Menores de Bucaramanga, pues si bien es cierto que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece la competencia “a prevención de los tribunales o juzgados con jurisdicción en el lugar donde se presenta la violación o la amenaza” que motivaron la presentación de la solicitud, no puede desconocerse que la competencia no siempre se define por el lugar donde físicamente se presenten los hechos, pues debe igualmente tenerse en cuenta, que el interesado puede estar domiciliado en un sitio diferente al de la sede de la entidad demandada y escoger libremente su domicilio, para que allí le sea tramitada la acción de tutela, por considerar que es en ese lugar donde se genera el agravio a sus derechos fundamentales, decisión que debe respetarse.
En ese orden de ideas estima, que como en el presente caso la actora escogió la ciudad de Bucaramanga, en la cual reside, para presentar la acción de tutela contra la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander, por considerar que es allí donde de presenta el agravio de sus derechos, tal elección debe respetarse, siendo competentes entonces los juzgados de circuito de la ciudad de Bucaramanga.
No obstante lo señalado y al advertir que el Juzgado Segundo de Menores de Bucaramanga ha manifestado su incompetencia, resuelve plantear el conflicto de competencia negativo y ordena remitir el expediente a la Corte Constitucional, para que sea esta Corporación la que decida sobre el asunto.
1. La Corte Constitucional[1] ha señalado a lo largo de su jurisprudencia que ella sólo resuelve conflictos de competencia cuando éstos se suscitan entre jueces o tribunales que no tienen superior jerárquico común. En caso contrario, corresponderá al superior jerárquico definir de conformidad con los criterios legales, cuál de sus subalternos habrá de ejercer la competencia.
2. Establecido lo anterior en torno de la competencia que para conocer del asunto corresponde a esta Corporación cuando los conflictos se suscitan entre jueces o tribunales que no tienen superior jerárquico común y teniendo en cuenta además que los operadores jurídicos fundamentan su competencia en la aplicación o inaplicación del Decreto 1382 de 2000 “por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta Corporación realizará una síntesis de lo acontecido en relación con la aplicación del mencionado decreto, para proceder luego a pronunciarse sobre el caso planteado.
3. Ha de recordarse por la Corte Constitucional, que luego de expedido el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, proferido por el Presidente de la República y según el cual se “establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta Corporación mediante auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000, reiterado en numerosas oportunidades, lo inaplicó en virtud de la primacía que al ordenamiento Superior ha de darse sobre las normas de rango inferior y además, por la manifiesta incompatibilidad de las disposiciones contenidas en el Decreto mencionado con la Constitución Política, especialmente con los artículos 86, 150 y 152 de la misma.
5. Transcurrido el término de un año al que hacía referencia el artículo 1º del Decreto 404 de 2001, sin que para entonces existiera sentencia del Consejo de Estado en relación con las demandas de nulidad incoadas contra el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, éste de nuevo entró en vigor, razón por la cual al conocer de los conflictos de competencia suscitados entre distintos despachos judiciales para el conocimiento de acciones de tutela, la Corte Constitucional aplicó en todos los casos, la excepción de inconstitucionalidad y decidió en consecuencia.
7. En acatamiento del fallo anterior, esta Corporación ha venido aplicando las reglas fijadas por el Decreto 1382 de 2000, cuando le ha correspondido definir la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de determinada tutela.
8. Aclarado lo anterior, debe la Sala entrar a decidir sobre el conflicto negativo de competencia planteado y en esa medida definir a cuál de los organismos judiciales que conocieron del asunto, le corresponde adelantar el proceso de la referencia.
9. A ese respecto cabe mencionar, que el inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000, prescribe que: “A los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.”
10.- De la norma transcrita es posible inferir claramente que corresponde a los Jueces de Circuito, o con categoría de tales, el conocimiento en primera instancia de las acciones de tutela que sean presentadas contra cualquier autoridad u organismo del sector descentralizado del orden nacional.
11.- De otra parte se observa que en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” se definieron los organismos que hacen parte del Sector descentralizado por servicios del orden nacional:
12.- Ahora bien, para resolver a cuál de los despachos judiciales corresponde conocer el asunto, debe tenerse en cuenta que la competencia en materia de tutela está definida en el artículo 86 de la Constitución Política, al igual que en el artículo 37 del Decreto 2382 de 1992 que dispone: “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.”
13.- En conclusión, como la presunta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados tuvo lugar en la ciudad de Bucaramanga, donde además la entidad accionada tiene una sede y fue además la ciudad elegida por la actora [2] y es allí donde además reside, la Corte estima, que del asunto deberá conocer el Juzgado Segundo de Menores de Bucaramanga.[3]
En virtud de lo anterior, esta Corporación ordenará remitir el expediente a dicho despacho judicial, para que asuma de manera inmediata el conocimiento de la acción de la referencia.
Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por la ciudadana Ana Rosa Rodríguez Benavides contra la ESE Francisco de Paula Santander de Cúcuta, al Juzgado Segundo de Menores de Bucaramanga, para que la tramite y decida en forma inmediata.
Salvamento de voto al Auto 075/06
Referencia: expediente ICC-965
Peticionario: ANA ROSA RODRIGUEZ BENAVIDES
[1] Ver el ICC –853 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil y el ICC- 676 de 2003 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[2] En el auto A-137 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte dijo:
[3] En el mismo sentido se pueden consultar los conflictos de competencia ICC-960/05 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, ICC- 961 y 970 de 2005 M.P. Jaime Cordoba Triviño, ICC-964 y 973 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

References: artículo 37
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 38
 artículo 189
 artículo 86
 artículo 37