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Timestamp: 2019-05-21 17:37:41+00:00

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﻿ Sentencia 562 de abril 8 de 1987
SENTENCIA 562 DE 08 DE ABRIL DE 1987
CONTENIDO:. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR CULPA PATRONAL. SE PRECISA QUE LA INTERPRETACIÓN CORRECTA DEL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, CONSISTE EN QUE EL TÉRMINO INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA DE PERJUICIOS NO ADMITE LIMITACIÓN ALGUNA Y SIGNIFICA QUE SE DEBE INDEMNIZAR A TODAS LAS PERSONAS A QUIENES SE LES INFIRIÓ DAÑO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, A CAUSA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO OCASIONADO POR CULPA SUFICIENTEMENTE COMPROBADA DEL PATRONO. TAMBIÉN EXPRESAN DICHOS TÉRMINOS QUE ESA INDEMNIZACIÓN NO SE RESTRINGE A LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL LABORAL SINO QUE TRASCIENDE AL CAMPO DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, NO SE RIGE POR LAS NORMAS LABORALES SINO QUE SU CONCRECIÓN SE GUÍA POR LAS DISPOSICIONES DEL DERECHO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, ISS, SALUD OCUPACIONAL, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO POR PARTE DEL EMPLEADOR, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO, INCAPACIDAD LABORAL, INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD LABORAL, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES
Sentencia 562 de abril 8 de 1987
Ref.: Expediente 0562
Bogotá, D. E., ocho de abril de mil novecientos ochenta y siete.
En el juicio promovido por el señor José Rodrigo Palacio Zapata y Doriela González contra Inversiones Medellín S. A., el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 26 de junio de 1985 declaró que el accidente de trabajo sufrido por el demandante y el cual le ocasionó una pérdida definitiva de su capacidad laboral en un 38% se debió a culpa de la empresa y, en consecuencia, la condenó a pagarle por conceptos indemnizatorios lo siguiente: Seiscientos treinta mil setecientos cincuenta y nueve pesos con setenta y seis centavos ($630.759.76) por indemnización plena de perjuicios en forma consolidada; tres millones treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos ($3.035.345.00) por indemnización futura de perjuicios en forma plena; cien mil pesos ($100.000.00) por indemnización por daño moral subjetivo y la condenó también a pagarle a la señora Doriela González de Palacio y a los menores Germán Darío y Angel Alberto Palacio González, a título de indemnización por daños morales subjetivos, la suma de cien mil pesos ($100.000.00) para cada uno, con las costas a su cargo.
Ambas partes apelaron contra esta sentencia y el Tribunal Superior de Medellín, por fallo del 31 de marzo de 1986, dirimió el recurso modificando el de la primera instancia, así: condenó a la firma demandada a pagarle al actor $ 3.563.675.30 por perjuicios materiales, $38.000.00 por perjuicios morales, la absolvió de los cargos que le formularon los demandantes Doriela González de Palacio y sus hijos menores Germán Darío y Angel Alberto Palacio González, declaró probada parcialmente la excepción de ilegitimidad sustantiva de la parte demandante y le impuso las costas de ambas instancias.
Inconformes con esta decisión, demandantes y demandada interpusieron casación para pedirle a la Corte, la primera, que infirme parcialmente la sentencia del Tribunal en cuanto absolvió a la demandada del pago de perjuicios plenos y totales formulados por Doriela González de Palacio y sus hijos menores de edad Germán Darío y Angel Alberto Palacio González, por haber declarado probada parcialmente la excepción de ilegitimidad de personería de la parte demandante y no condenó al pago de los perjuicios morales a favor de cada uno de los actores en cuantía equivalente en pesos colombianos a mil gramos de oro puro y para que, en sede de instancia, revoque parcialmente el fallo del Juez de primer grado en la parte que condenó a la empresa a pagarle a la señora Doriela González de Palacio y a los menores Germán Darío y Angel Alberto Palacio González, a título de indemnización por daños morales subjetivos, la suma de cien mil pesos ($ 100.000.00) para cada uno y, en su lugar, se disponga que la indemnización por daño moral subjetivo, a favor de cada uno de los actores, asciende a una suma equivalente en pesos colombianos a mil gramos de oro, y se condene a Inversiones Medellín S. A. al pago de las costas en todo el juicio. La empresa, para pedir el quebrantamiento del fallo del Tribunal en cuanto la condenó al pago de las sumas de dinero en favor del demandante, en cuanto al estudio y decisión de las excepciones propuestas y al pronunciamiento respecto a las costas, y para que en sede de instancia, revoque la decisión del Juez a quo y en su lugar la absuelva de todas las súplicas del libelo, con la consiguiente condena en costas a cargo de la parte actora.
En sus respectivas demandas, el demandante propone dos cargos (Fls. 13 a 18 de este cuaderno) que fueron replicados por la contraparte (Fls. 24 a 26 ibídem) y la demandada uno sólo (Fls. 31 a 38) que también fue replicado (Fls. 42 a 45) y que una vez agotado el trámite del recurso procede la Sala a resolver, empezando por el de la parte demandada, que busca el quebrantamiento total del fallo y liberarse así de las condenas impuestas en su contra.
Dice: “Con fundamento en lo establecido por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, se acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida de las siguientes preceptivas: artículos 19, 57 numeral 2º, 58 numeral 8º, 199, 216 y 218 del Código Sustantivo del Trabajo, así como artículos 37 y 38 del Decreto-Ley 2351 de 1965, adoptado como legislación permanente por medio de la Ley 48 de 1968. Artículos 63, 1604, 1494, 1613, 1614 y 1757 del Código Civil como violaciones de fin, a las que se llegó con pretermisión de lo dispuesto por los artículos 51, 61 y 145 del Código de Procedimiento Laboral en armonía con lo establecido por los artículos 177, 187, 194, 197, 241, 258, 276 y 277 del Estatuto Procedimental Civil, como violaciones de medio.
“Las violaciones en que incurrió el sentenciador de segundo grado se produjeron como consecuencia de errores evidentes de hecho, originados en la falta de apreciación de unos medios de prueba y en la errónea apreciación de otros.
“La sentencia que se acusa incurre en las violaciones que he dejado singularizadas, a causa de errores evidentes de hecho que puntualizo así:
“1º No dar por demostrado, estándolo, que la lesión de que venía sufriendo de tiempo atrás el señor Palacio Zapata en su miembro superior derecho (hombro) y la pérdida de la fuerza muscular en el mismo, fueron la causa eficiente que determinó la ocurrencia del accidente sufrido por el mismo el día 9 de diciembre de 1982.
“2º No dar por demostrado, estándolo, que el señor Palacio Zapata era conocedor de su limitante en cuanto a capacidad de laborar correctamente en la labor en la que se accidentó el día 9 de diciembre de 1982.
“3º No dar por demostrado, estándolo, que el accidente a que se refiere el hecho inmediatamente anterior, tuvo lugar como consecuencia de la falta de diligencia y cuidado por parte del señor Palacio Zapata, al haber actuado el mismo con temeridad y a sabiendas de la limitación que padecía.
“4º No dar por demostrado, estándolo, que la empresa actuó con la diligencia y cuidados necesarios para con su trabajador, al ceñirse a las previsiones hechas por el ISS sobre reubicación del mismo, al desplazarlo de la función de alzar objetos pesados.
“5º Dar por demostrado, sin estarlo, que mi mandante ‘impuso y ordenó’ al trabajador, que realizara las mencionadas funciones.
“6º Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente de trabajo sufrido por el señor Palacio Zapata se debió a culpa de la Empresa.
“7º Dar por demostrado, contra la evidencia, que el salario del señor Palacio para calcular la reparación del daño sufrido por el mismo, ascendía a la suma de $526.671.82 anuales.
“8º No dar por demostrado, estándolo, que el salario que devengaba el trabajador al momento de sufrir el accidente con fecha 9 de diciembre de 1982, ascendía a la suma de $29.000.00, según se consignó en el reporte del mismo efectuado con destino al ISS.
“9º No dar por demostrado, estándolo, que el accidente que ha dado lugar a la presente acción se produjo, estando el trabajador en la planta de envigado.
“10. No dar por demostrado, estándolo, que el cargue del camión a cargo del señor Palacio Zapata se efectuó mecánicamente con montacargas.
“A los yerros que se han dejado planteados llegó el sentenciador ad quem a través de los siguientes medios de prueba, así:
“1º Erróneamente apreciados:
“a) Documental por medio de la cual se reportó el accidente ocurrido el día 9 de diciembre de 1982 al ISS, aportada a los autos por el propio señor Palacio Zapata (Fl. 19).
b) Contestación de la demanda obrante de folios 34 a 36 de los autos
c) Documentales enviadas al proceso por el ISS de folios 63 a 66, 69 a 71.
d) Testimonial del señor Carlos E. Vélez R. (Fls. 72 y s.s.).
e) Testimonial del señor Alberto de J. Alvarez M. (Fls. 73 Vto. y s.s.).
f) Concepto médico-laboral número 151 originario del Ministerio de Trabajo, Sección Medicina Industrial, de Medellín (Fl. 76).
g) Testimonial de Hernán Restrepo Restrepo (Fls. 77 y s.s.).
h) Testimonial del señor Luis C. Muñoz Fernández (Fls. 78 y s.s.).
i) Ampliación del concepto médico-laboral número 151, de folio 82.
j) Informe de accidente de trabajo, de fecha 24 de marzo de 1980 (Fl. 90).
k) Dictamen pericial de folios 91 a 95.
l) Experticio de folio 155.
ll) Ampliación del anterior dictamen, de folio 169.
m) Convención colectiva de trabajo (FI. 30).
“2º Dejados de apreciar:
“a) Confesión contenida en el libelo de demanda inicial, especialmente en lo relatado en los hechos 3º y 4º (Fls. 1 a 6).
“b) Confesión contenida en el interrogatorio libre practicado al señor Palacio Zapata, visible a los folios 107 y 107 Vto.
“El numeral 8º del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo consagra como obligación especial del trabajador ‘observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales’. (El subrayado es propio).
“Por su parte, el artículo 199 del mismo ordenamiento positivo define así el accidente de trabajo: ‘Se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima’ (el subrayado es mío).
“El artículo 63 del Código Civil Colombiano, al definir la culpa grave, se refiere de ella como la acción o la omisión en que incurre quien no maneja los negocios ajenos con ‘aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo...’.
“El concepto médico laboral número 151, originario de la Sección de Medicina Industrial de la División Departamental de Trabajo y Seguridad Social de Antioquia, que obra al folio 76 de lo actuado, así como su ampliación que milita al folio 82 de los autos, dan cuenta de que en la historia clínica del señor José Rodrigo Palacio Z. aparece la anotación de que cuando el mismo contaba con aproximadamente 22 años de edad ‘sufrió un trauma de columna, con luxación de vértebras dorsales y comprensión medular’ que ‘desde 1980 comenzó a presentar parestesias en miembro superior derecho y pérdida de la fuerza muscular en esta extremidad que le impidía sostener objetos, pesados’. A su vez, la ampliación de este concepto refiere cómo los médicos tratantes no encontraban muy clara la relación del accidente narrado por el paciente y los hallazgos clínicos a nivel del hombro derecho. Aclara igualmente que la parestesia significa trastorno de la sensibilidad (Fl. 82).
“Este aserto se encuentra avalado por la versión del mismo señor Palacio al narrar el accidente que sufriera con fecha 22 de marzo de 1980 cuando dijo que al descargar en aquella oportunidad una caja de Coca-Cola litro ‘sentí un dolor muy fuerte en el brazo’ (Fl. 90).
“Como consecuencia de estas dolencias, el ISS, Seccional Antioquia, en carta de fecha 8 de mayo de 1981 recomienda que al trabajador se le restrinja el que tenga que desplazarse con pesos (transporte de cajas de gaseosas por ejemplo), concluyendo que puede realizar las labores propias de conductor.
“Tanto el concepto médico obrante al folio 76 como el dictamen pericial que corre al folio 154, refiriéndose al contenido de la historia clínica del paciente Palacio Zapata, dan cuenta de que la anotación hecha en las oportunidades en que fue examinado el mismo, refieren que la dolencia en el hombro derecho se presentó al halar un objeto o una cadena (el subrayado es mío). En parte alguna se hace alusión a que la lesión del hombro se produjo como consecuencia de una caída. El mismo concepto obrante al folio 76 es claro y preciso cuando dice que al ser el trabajador ‘evaluado por ortopedia quienes encontraron un «hombro congelado» y conceptuaban que se trataba de un caso crónico específicamente una anquilosis resentida por un movimiento fuerte’. (La subraya no es del texto).
“De lo anterior se tiene que el Tribunal ha debido dar por demostrado que la etiología de la disminución en la capacidad laboral del actor se remontaba a la lesión por él sufrida 22 años antes de la ocurrencia del accidente de fecha 9 de diciembre de 1982. Que, igualmente, el accidente sufrido el día 22 de marzo de 1980 (contenido en el documento que obra al folio 90) fue consecuencia del proceso degenerativo que se había iniciado con el primigenio trauma de columna vertebral, en donde se presentó luxación de vértebras dorsales y comprensión de la médula. Así resulta claro cómo, al hacerse la evaluación por ortopedia en el ISS, los galenos tratantes conceptuaron que se trataba de una anquilosis (disminución o imposibilidad de movimiento en una articulación normalmente móvil que se vió ‘resentida por un movimiento fuerte’). El paciente en dicha oportunidad relató al ISS la ocurrencia de un movimiento brusco o fuerte, mas no una caída, como vino a plantearse ya en el libelo de demanda.
“Si el ad quem hubiere analizado en correcta forma los medios de prueba singularizados, junto con lo manifestado por el propio actor en el hecho 3º del mismo libelo de demanda inicial (Fl. 2), así como con lo afirmado en el interrogatorio libre que le practicara al señor Palacio Zapata (FI. 107), habría dado por demostrado que lo que realmente ocurrió fue que al trabajador se le presentó una falla en su brazo derecho por falta de sensibilidad o reducción de la movilidad y que, como consecuencia de ello, posiblemente habría resbalado y caído.
“Es de resaltar cómo, solamente a partir de la fecha en que el señor Palacio hizo nota de presentación personal del escrito de demanda (agosto 9 de 1983), la misma fecha en que se practicó la investigación del accidente de trabajo por parte de la División de Salud Ocupacional del ISS, Seccional Antioquia (FI. 69), comienza a hacerse referencia por el mismo que su dolencia en el hombro derecho se presentó como consecuencia de una caída al estar resbalosas las estribas o plataforma. Todas las referencias anteriores al hecho del accidente, hacen alusión a la circudtancia (sic) de que la misma dolencia se presentó como consecuencia de haber halado un peso. Repito, sólo a partir de la fecha de la mencionada investigación, con información ‘que fue complementada por el interesado’ según consigna el documento de folios 69 y 70, se hace referencia a una caída de un vehículo.
“Así, si el sentenciador hubiese analizado en su conjunto los medios de prueba que he dejado puntualizados, dentro de los principios de la sana crítica y de persuación racional, habría encntrado (sic) cómo el trabajador era conocedor de tiempo atrás de su limitación física por la antigua dolencia que lo aquejaba. Que igualmente era conocedor de que el ISS había recomendado, su relevo de oficios que implicaran la carga de objetos pesados. Que a sabiendas de este conocimiento, actuó imprudente y temerariamente, con culpa grave de su parte, circunstancias que generan como corolario la ausencia de culpa por parte de la sociedad demandada. Cuando de otro lado se demostró suficientemente, ya que el mismo señor Palacio así lo confiesa en el interrogatorio libre y lo avala el dicho de toda la testimonial vertida al proceso, que la accionada lo había reubicado del cargo de vendedor al de conductor, relevándolo así de la función de transportar objetos pesados. La afirmación de que el día del accidente de fecha 9 de diciembre de 1982 hecha por el señor Palacio Zapata en su interrogatorio libre lo habían mandado a amarrar las cadenas no fue objeto de demostración alguna, por lo que se torna irrelevante. Lo anterior, con el item de que el hecho 3º del libelo de demanda, el trabajador dice que ‘... me vi precisado a amarrar yo mismo las cadenas que sujetan el producto que se transporta en el vehículo que estaba a mi cargo’ (el subrayado es propio). Es el mismo trabajador quien afirma que él se ‘vio precisado’ a amarrar las cadenas, es decir, que a sabiendas de su impedimento o limitación física tomó la iniciativa de cumplir con una función que le era peligrosa y arriesgada, no por el hecho de la función en sí misma considerada, sino por la circunstancia de su dolencia física.
“De otro lado, el testigo Alberto de J. Alvarez Moncada, quien al igual que los demás testigos no presenció el momento de la ocurrencia del accidente, cuenta en su exposición cómo la empresa había decidido que el señor Palacio Zapata ‘únicamente condujera vehículos’. Afirma igualmente que la empresa le tiene escalerillas a los remolques que son los que transportan la bebida de la planta a los depósitos (función que era la que cumplía el actor), y que esa escalerilla la cargan los mismos vehículos, así como también la circunstancia de que después de que el ISS envió la carta solicitando cambio de oficio para el señor Palacio ‘ya después la empresa nunca le exigió que volviera a trabajar de vendedor’ (Fls. 73 Vto. y s.s.). En la investigación que se realizó por la División de Salud Ocupacional del ISS, nunca se estableció si se había en realidad inspeccionado el vehículo del cual presuntamente resbaló y cayó el demandante, ni si el mismo automotor tenía o no la escalerilla que, finalmente recomendó fuese instalada para seguridad de los vendedores.
“Por último, los testigos Hernán Restrepo Restrepo y Luis C. Muñoz Hernández (Fls. 77 y ss.), ilustran el acervo con las funciones que debió desempeñar como vendedor el señor Palacio y las que ejecutó como conductor, así como la circunstancia de la dolencia anterior de salud que le aquejaba, afirmando inclusive que al mismo ex trabajador se le paralizaba una pierna, razón por la cual lo reubicaron en la empresa en otros cargos, entre esos el de conductor.
“Por otra parte, yerra protuberantemente el ad quem al acoger en su integridad y sin reparo alguno la pericia que estimó la base salarial para el cálculo del daño emergente y del lucro cesante, sin detenerse a analizar los fundamentos del mismo dictamen, ya que si lo hubiera hecho, habría encontrado cómo el auxiliar de la justicia partió del supuesto falso de que el extrabajador era beneficiario del régimen convencional pactado en la empresa para deducir de allí, equívocamente que la base salarial para calcular los puntos sometidos a su consideración era notoriamente superior a la que aparecía demostrada procesalmente por otros medios, con clara transgresión de lo normado por el artículo 218 del ordenamiento positivo laboral. Es así como, del documento aportado por el propio señor Palacio con su libelo de demanda sobre el reporte del accidente que originó su acción, del cual reconoció tácitamente su autenticidad, se tiene que el salario que devengaba el mismo al momento de ocurrir el accidente ascendía a la cantidad de $ 29.000.00 moneda corriente. Por ello, no podría tomarse válidamente una remuneración salarial tenida en cuenta por la empresa para practicar en fecha muy posterior al mismo insuceso la liquidación final de prestaciones sociales, como tampoco el establecido artificialmente y sin fundamento legal alguno por el auxiliar de la justicia, cuando por lo demás, incluyó en su estimación ítems los cuales no son salario ni factor del mismo para el pago y cálculo puesto a su juiciosa consideración. Si el ad quem hubiere analizado en debida forma este medio de prueba junto con la convención colectiva aportada a los autos, habría dado por demostrado que la remuneración salarial que devengaba el actor al momento de sufrir el accidente, se remontaba a la suma de $ 29.000.00 moneda corriente, mensuales.
“Para concluir, si el juzgador de segundo grado hubiere analizado los medios de prueba que dejo de analizar, y hubiere analizado correctamente los que valoró deficitariamente, no habría incurrido en los dislates que se dejaron planteados, habiendo encontrado como no demostrada la concurrencia de culpa imputable a la sociedad demandada; habría encontrado que la causa real y eficiente del accidente narrado por el señor Palacio Zapata era la dolencia y limitación física que lo aquejaba de antaño; habría igualmente dado por demostrado que hubo imprudencia, negligencia y temeridad por parte del lesionado Palacio Zapata en el acaecimiento del mismo, configurante dichas circunstancias de culpa grave de su parte; que la sociedad actuó con suma diligencia y cuidado frente a su hoy ex trabajador al reubicarlo en funciones que no le implicaban el desplazarse con objetos pesados y, finalmente, que el salario devengado por el lesionado al momento de sobrevenir el accidente base de la presente reclamación ascendía a la suma de $ 29.000.00 moneda corriente, mensuales.
“Así, de no haber mediado los yerros en la apreciación del acervo probatorio en su conjunto, indicios y demás elementos de convicción arrimados a los autos, habría arribado forzosamente a la conclusión de que el accionante no demostró realmente la ocurrencia de un ‘accidente de trabajo’, según las previsiones hechas por el artículo 199 del Código Sustantivo del Trabajo, ni menos aún la culpa radicada en cabeza de la sociedad demandada, para poder deducir válidamente y en su contra las condenas que hizo contener en la sentencia cuyo quebrantamiento se persigue.
“Consecuente con los anteriores planteamientos, respetuosamente solicito de esta honorable Corporación, la infirmación del proveído impugnado y preceder de conformidad con el alcance de la impugnación inicialmente planteado”.
Del análisis de las pruebas que el cargo tiene por inestimadas o erróneamente apreciadas, como origen de los errores de hecho que predica, surge lo siguiente:
a) El informe patronal sobre accidentes de trabajo que obra a folio 19, del primer cuaderno, fue aportado en copia informal y como tampoco fue ratificado por quien lo suscribe, carece de mérito probatorio y por lo mismo no es prueba hábil para demostrar la existencia de errores de hecho dentro del recurso extraordinario de casación.
b) En la contestación de la demanda (Fls. 34 a 36) se aceptan los dos primeros hechos donde determina el demandante los extremos de su vinculación laboral con la firma demandada y afirma que su oficio era el de vendedor de los productos de la empresa, y se tiene por cierta la ocurrencia del accidente de trabajo en la forma como se reportó al ISS, pero se controvierten los demás hechos en los que se expresan las causas que lo originaron, alegando que atendió la recomendación que se le hizo a raíz del estado de salud en que quedó el demandante a causa de otro accidente de trabajó en 1980, que parece ser la causa de sus dolencias.
El Tribunal, al referirse a la contestación de la demanda, expresa que en ella se aceptó el accidente de trabajo aunque eludiéndose cualquier responsabilidad, agregando a renglón seguido que dicho accidente se encuentra acreditado no sólo con dicha respuesta, sino con otras pruebas que lo corroboran, debidamente relacionadas en sus consideraciones, lo cual lleva a concluir que de la sola respuesta al libelo no surge evidente ningún error en su apreciación.
c) En los documentos enviados por el ISS al Juez del conocimiento aparece primero el informe de Salud Ocupacional del ISS, Seccional de Antioquia (FI. 69) donde se da la siguiente descripción del accidente de trabajo sufrido por el demandante el 9 de diciembre de 1982: “Luego de pasar las cadenas por la última caja del arrume del carro, procedió a bajarse del mismo agarrándose de dichas cadenas, al pararse en la plataforma del vehículo resbaló quedando colgado de las antenas, lesionándose el hombro derecho”, y se da como causa del mismo: “Condición ambiental peligrosa: carencia de escalerillas”. Luego, otra comunicación del Jefe de Salud Ocupacional Dirigida a la Trabajadora Social de la empresa (Fl. 71) le informa que luego de analizado el caso del trabajador José Rodrigo Palacio Zapata... se le debe restringir el que tenga que desplazarse con pesos (transportes con cajas de gaseosas por ejemplo) dado que presenta sintomatología de dolor en miembro inferior izquierdo (en cadera) por lo que llegan a la conclusión de que puede realizar labores propias de la conducción. Y el informe patronal de accidente de trabajo (Fl. 90), que reporta el accidente de trabajo que sufrió el demandante en marzo de 1980 cuando entregaba a un compañero una caja de Coca-Cola litro.
Del análisis de estos tres documentos estimó el Tribunal que el actor venía con problemas de salud y que por ello el ISS le avisó a la empresa, para que le evitara a este trabajador el desempeño de funciones que tuvieran que ver con el desplazamiento de objetos pesados. Sin embargo, el patrono dejó de lado esta advertencia y por el contrario ordenó a su servidor que ejecutara esta labor, según lo apreció sin duda alguna de la prueba testimonial y de la evaluación del accidente por el ISS (Fl. 69). Como se observa, el Tribunal llega a la convicción de que el trabajador no obstante sus limitaciones se veía expuesto a una condición de inseguridad, lo que concuerda con el informe de salud ocupacional donde se dice que el accidente se debió a “condición ambiental peligrosa”, luego tampoco se evidencian errores en la evaluación de estos documentos.
d) No aparece evidente el error de hecho que se predica de la falta de apreciación de las manifestaciones contenidas en los hechos 3º y 4º del libelo y en el interrogatorio que absolvió el demandante ante el Juzgado del conocimiento a las cuales le atribuye el cargo el carácter de confesión en términos de que el actor estuviera admitiendo su propia culpa en el accidente por cuanto era conocedor de su limitación física y sin embargo actuó con imprudencia al tomar la iniciativa de realizar una labor que implicaba peligro, ya que el fallador llegó al convencimiento de que el demandante debía ejecutar por obligación este tipo de tareas peligrosas no obstante su estado de salud porque la empresa se lo imponía, apoyándose en los elementos de convicción que sobre este aspecto le brindaba la prueba testimonial, más lo que permitían apreciar los informes provenientes del ISS.
El razonamiento que hizo el sentenciador para encontrar que hubo culpa patronal en la ocurrencia del accidente que incapacitó al trabajador consiste en que este hecho imprevisto es imputable a la empresa por su falta de cuidado en la escogencia del personal idóneo para la realización de cada labor, así como la falta de seguridades para su ejecución.
Como esta conclusión a la que llegó el fallador es lo mismo que revelan las pruebas que se estudiaron, no surgen con la evidencia requerida los yerros fácticos atribuidos al sentenciador, lo que impide a la Sala entrar a estudiar las demás pruebas que tienen que ver con los informes expedidos por los médicos del ISS sobre el estado de salud y secuelas dejadas al demandante por el accidente de trabajo, que son por su esencia verdaderos peritajes, así como también el dictamen pericial que tuvo en cuenta el Juez a quo para cuantificar los perjuicios sufridos por el actor con ocasión del accidente de trabajo y que acogió en parte el Tribunal, y la prueba testimonial mencionada en el cargo, que no son, al tenor de lo estatuido por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, pruebas hábiles para demostrar errores de hecho en la casación laboral.
Por estas consideraciones se ve que el cargo no está llamado a prosperar.
“Impugnación:
“Acuso la sentencia atacada por la causal prevista en el numeral 1º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, por vía directa, a causa de la interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo que conllevó a la falta de aplicación de los artículos 2341 del Código Civil, aplicable como norma supletoria por mandato del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, y del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, en relación con el artículo 411 del Código Civil.
“El ad quem para absolver a la demandada del pago de los perjuicios morales reclamados por la cónyuge y los hijos del trabajador y para declarar probada parcialmente la excepción de ilegitimidad sustantiva de la parte demandante, adujo que sólo está legitimado para reclamar por los problemas que surjan con ocasión del contrato de trabajo, el patrono o el trabajador, o los herederos y sucesores de éste cuando falte por motivo de muerte.
“Por su parte el fallador de primera instancia sobre el mismo aspecto manifestó: ‘Como se trata de un proceso de responsabilidad plena de perjuicios, la cónyuge y los hijos del trabajador demandante aparecen interviniendo en el proceso como actores...’ (Fl. 110). Más adelante (Fl. 119) corrobora: ‘Lo anterior debido a que moralmente sufren viendo al padre de familia limitado para procurarse el sustento en forma normal a causa del accidente’.
“Entre estas dos apreciaciones judiciales está la respuesta a la discusión planteada en este primer cargo.
“En todo el transcurso de la sentencia de segunda instancia se recurre al único artículo existente en el Código Sustantivo del Trabajo que regula la indemnización de perjuicios ocasionados por accidente de trabajo por culpa suficientemente comprobada del patrono. La norma está bien escogida y es la aplicable a litis. Existe además plena concordancia entre el casacionista y el ad quem sobre los hechos demostrados durante el juicio.
“La inconformidad de mis poderdantes radica exclusivamente en el alcance dado por el ad quem al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, pues lo ha interpretado erróneamente al considerar que sólo puede reclamar el resarcimiento de perjuicios, por el daño inferido por la culpa del patrono, el trabajador mas no las personas de su núcleo familiar (Art. 411 del C. C.). En otros términos, el Tribunal Superior no desconoce la disposición pues la aplica para condenar a la demandada, pero restringe su ámbito y niega el derecho allí reconocido a todos quienes sufran perjuicios; consecuencialmente desconoce la legitimación en la personería sustantiva a todas aquellas personas que habiendo sufrido un daño con ocasión del accidente de trabajo, sean distintas del mismo trabajador.
“La interpretación correcta del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en que el ‘término indemnización total y ordinaria de perjuicios’ no admite limitación alguna y significa que se debe indemnizar a todas las personas a quienes se les infirió daño, directa o indirectamente, a causa del accidente de trabajo ocasionado por culpa suficientemente comprobada del patrono. También expresan dichos términos que esa indemnización no se restringe a la responsabilidad contractual-laboral sino que trasciende al campo de la responsabilidad extracontractual, no se rige por las normas laborales sino que su concreción se guía por las disposiciones del Derecho Civil.
“No otro es el alcance de las palabras indemnización total (sin límite) y ordinaria (por las normas civiles).
“Esta errónea interpretación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, condujo al ad quem a no darle aplicación al artículo 2341 del Código Civil que se encuentra en el Título XXXIV ‘Responsabilidad común por los delitos y las culpas’. El que ha cometido una culpa que ha inferido daño a otros es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa.
“‘De la acción por responsabilidad civil por culpa extracontractual puede hacer uso quien tenga interés en ella, esto es, quien ha sufrido un daño indemnizable por culpa de su autor’. El demandante en la acción de responsabilidad es por tanto la persona lesionada, pero únicamente una persona lesionada’ (Sent. 2 de octubre de 1952, LXXIII, Pág. 299).
“Ahora bien los daños morales no necesitan demostración sino que se deducen obviamente, como lo hizo el a quo al condenar a favor de la cónyuge y los hijos del trabajador ‘... debido a que moralmente sufren viendo al padre de familia limitado para procurarse el sustento en forma normal a causa del accidente’.
“Todas estas consideraciones sobre perjuicios morales son de creación jurisprudencial desde el año de 1921, teniendo como única norma de referencia el artículo 2341 del Código Civil.
“Caben dentro de estos planteamientos colegir los daños morales sufridos por los hijos y la esposa de Palacio Zapata, también por el dolor que les entraña el ver a su padre y esposa inválido, con todas las consecuencias que este sentimiento acarrea.
“Por otra parte el ad quem ignoró que la justicia ordinaria laboral no sólo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directamente en el contrato de trabajo, sino también los originados indirectamente.
“Ese es el mandato que no aplicó el Tribunal Superior, contenido en el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo: ‘Asuntos de que conoce esta jurisdicción. La jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo’.
“Si el ad quem no hubiese interpretado erróneamente el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y le hubiese dado aplicación a los artículos 2341 del Código Civil y 2º del Código Procesal del Trabajo, habría condenado a la demandada al pago de perjuicios morales a favor de la cónyuge y los hijos de Palacio Zapata, quienes de conformidad con el artículo 411 del Código Civil conforman su núcleo familiar”.
Es entonces la víctima directa del siniestro laboral y no personas distintas quien está legalmente habilitada para exigirle la reparación de los perjuicios sufridos a su contraparte en el contrato, o sea al empleador. Ello es así dentro del ámbito de la responsabilidad por culpa contractual.
Claro está, sin embargo, que si el accidentado pierde la vida coma consecuencia del siniestro, sus herederos como continuadores de la persona del difunto en sus derechos y obligaciones, tendrán acción para reclamar del patrono hallado culpable del insuceso el resarcimiento pleno de los perjuicios materiales y morales que hayan sufrido como consecuencia de aquél.
Pero si el afectado por el accidente sobrevive, sean cuales fueren las condiciones somáticas o síquicas en que quede, será el titular único de la acción encaminada a obtener la reparación de los daños sufridos.
Como este mismo fue el criterio del sentenciador ad quem al resolver sobre el tema planteado en el cargo, no aparece que hubiese interpretado erróneamente el artículo 216 del Código, Sustantivo del Trabajo, ni que hubiere dejado de aplicar, siendo aplicable, el artículo 2341 del Código Civil, que rige para las hipótesis en que no ha existido vínculo jurídico previo entre la víctima y el causante del daño, pero no para la responsabilidad derivada del incumplimiento de un contrato.
Las reflexiones anteriores indican, por lo tanto que el ataque analizado no puede tener éxito.
“Acuso la sentencia recurrida por la causal prevista en el numeral 1º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, por vía directa, a causa de la falta de aplicación de los artículos 106 del Código Penal y 8º de la Ley 153 de 1887 aplicables como normas supletorias por mandato del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 2341 del Código Civil y 216 del Código Sustantivo del Trabajo.
“El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, sin citar norma alguna, consideró que la tasación de los perjuicios morales correspondía al prudente arbitrio judicial en la cuantía que lo admitan las circunstancias del proceso hasta un máximo de $ 100.000.00. En consecuencia condenó a la demandada por perjuicios morales recibidos por el trabajador en la suma de $ 38.000.00.
“La discrecionalidad o prudente arbitrio judicial campea sobre el porcentaje de una suma máxima, dependiendo de las circunstancias del proceso y del análisis de las pruebas. ¿Pero quién fija esa cuantía máxima? El ad quem afirma apoyarse en una decisión de la honorable Corte Suprema de Justicia.
“Pero ese tope máximo de $100.000.00 ¿cómo se ha fijado y qué norma o disposición se ha interpretado y traducido en ese monto? O mejor aún ¿qué circunstancias de la vida nacional, en el ámbito social, económico o jurídico se han tenido en cuenta para que el prudente arbitrio judicial haya estimado que la máxima condena por perjuicios morales ascienda a $100.000 en la actualidad?
“En nuestra legislación no existe la discrecionalidad absoluta pues ante el vacío de una norma aplicable a un caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho, según el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 que el ad quem no aplicó.
“En materia de derecho laboral se niega aún más la discrecionalidad absoluta pues al no haber norma exactamente aplicable al caso, se recurre a las que regulen materias semejantes, los principios del Código Sustantivo del Trabajo, los del derecho común que no sean contrarios a aquellos y todo dentro de un espíritu de equidad.
“De ningún principio general del derecho colombiano o comparado puede afirmarse la deducción del monto máximo de $100.000.00 y menos de la equidad en abstracto. La discrecionalidad del juez en estas materias se permite dentro de límites y a ella no me refiero. Censuro son los límites sin apoyo en norma alguna.
“La única norma que existe en nuestra estructura jurídica que establece un límite máximo para la indemnización por daño moral no valorable pecuniariamente, es el artículo 106 del Código Penal, que los falladores de instancia no aplicaron y se rebelaron contra su mandato, consistente en que, la indemnización que corresponda al perjudicado la debe fijar el juez prudencialmente hasta el equivalente en pesos colombianos de un mil gramos oro.
“El Tribunal Superior debió aplicar este artículo 106 del Código Penal por ser la única norma que regula casos semejantes a la indemnización por perjuicios morales como parte de la total y ordinaria a que se refiere el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 2341 del Código Civil.
“Un simple rastreo histórico nos demuestra cómo, desde la época de la Sala de Negocios Generales, se aceptó que a los damnificados moralmente debería asignárseles la suma de dos mil pesos de que hablaba el artículo 95 del antiguo Código Penal. Baste simplemente traer a colación las sentencias de la Sala de Negocios Generales del 16 de diciembre de 1954 (LXXIX, Pág. 398) y 28 de febrero de 1956 (LXXXII, Pág. 110), para demostrar que el límite máximo establecido de $100.000.00 proviene de la fijación hecha por el mencionado artículo 95 del Código Penal anterior al actual.
“Es más aún, obsérvese que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, basada en la equidad frente a la desvalorización de la moneda actualizó esos $2.000.00 a $30.000.00 y en 1981 a $ 100.000.00.
“Habiéndose derogado ese artículo 95 por el artículo 106 del actual Código Penal que es más equitativo al permitir la revaluación de una suma tope para indemnización de perjuicios morales, de conformidad con las variaciones económicas de la vida colombiana, es apenas obvio que en materia civil y laboral deba tenerse como cuantía máxima la equivalente en pesos colombianos a un mil gramos oro.
“Corresponde a la equidad, de conformidad con el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo actualizar las sumas a que me estoy refiriendo. Así lo hizo la Sala Civil en la sentencia del 4 de agosto de 1981 al tener en cuenta la devaluación sufrida entre la fecha en que se adoptó la suma de $30.000.00 y readecuarla a $100.000.00.
“Pero si el origen de esas cuantías lo fue el artículo 95 del Código Penal adoptado por la Ley 95 de 1936, es aplicable en consecuencia el artículo 106 del Código Penal vigente.
“Si el tallador de segunda instancia hubiese dado aplicación a los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 8º de la Ley 153 de 1887 y 106 del Código Penal habría condenado a la demandada por daño moral recibido por el trabajador, su cónyuge y sus hijos en cuantía equivalente en moneda colombiana a un mil gramos oro, en aplicación cabal de los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 2341 del Código Civil.
“Con base en las consideraciones anteriores, comedidamente solicito a la honorable Corte Suprema de Justicia case parcialmente la sentencia atacada dentro de los términos establecidos en el aparte: ‘Alcances de la impugnación’”.
Se discute en el cargo la falta de aplicación por parte del Tribunal del artículo 106 del Código Penal que regula la forma de tasar la indemnización por daño moral no valorable pecuniariamente, a falta de norma aplicable en materia laboral que prevea situación semejante.
De la lectura del texto de la citada disposición resulta claro que ella se refiere al daño moral ocasionado por hecho punible. Y como no puede decirse que la culpa atribuible al patrono en la ocurrencia de un accidente de trabajo, generadora de perjuicios tanto materiales como morales, revista la característica de hecho punible, ello significa que no puede ser aplicada como norma supletoria para el efecto de avaluar los perjuicios morales sufridos por el trabajador como consecuencia de un siniestro laboral, por lo cual debe concluirse, como ya lo ha expresado la Corte en fallos posteriores a la vigencia del nuevo Código Penal (Decreto 100/80), entre otros, en casación de agosto 4 de 1981 y casación de octubre 31 de 1986, que no es aplicable al presente caso el mencionado artículo 106 del Código Penal, por referirse éste a indemnizaciones que tienen origen en la violación de la ley penal.
Al apoyar el Tribunal la fijación que hizo sobre el valor de los perjuicios morales en el criterio reiterado de la Corte de dejar al arbitrio del fallador la tasación prudencial de monto de los perjuicios morales, su decisión se halla ajustada a derecho y no se configuran por lo tanto los quebrantos normativos que aduce el cargo. En consecuencia, éste no puede prosperar.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral, Sección Segunda—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA el fallo acusado.

References: ARTÍCULO 216
 artículo 60
 artículo 58
 artículo 199
 artículo 63
 artículo 218
 artículo 199
 artículo 7
 artículo 87
 artículo 60
 artículo 216
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 411
 artículo 216
 artículo 216
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 artículo 2341
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 artículo 411
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 artículo 19
 artículo 8
 artículo 106
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 artículo 95
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