Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-45-de-febrero-10-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_ce1173fd632e49db9d89ea26660f5f32&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-26 13:20:44+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA T-45 DE FEBRERO 10 DE 2016
SENTENCIA T-45 DE 10 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES PERMITE LA ACUMULACIÓN DE TIEMPOS DE SERVICIO Y/O COTIZADOS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. PESE A QUE EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES Y LA PENSIÓN DE VEJEZ, SU FINALIDAD NO ES OTRA QUE RECOMPENSAR EL DESGASTE FÍSICO, PSÍQUICO Y/O EMOCIONAL AL QUE SE SOMETIERON LAS PERSONAS QUE HAN LABORADO A LO LARGO DE SU VIDA, GARANTIZÁNDOLES UNAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SUBSISTENCIA, ES DE ELLO QUE CON FIN DE QUE LAS PERSONAS QUE ESTUVIERAN PRÓXIMAS A PENSIONARSE NO SE VIERAN AFECTADAS CON LA CREACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES PREVISTO EN LA LEY 100 DE 1993, EL LEGISLADOR FIJO UN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN QUE LES PERMITE MANTENERSE EN EL RÉGIMEN PENSIONAL AL CUAL ESTABAN AFILIADOS AL MOMENTO DE ENTRAR EN VIGENCIA DICHA LEY, PUESTO QUE, EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DICHOS APORTES CONFIGURABAN DERECHOS ADQUIRIDOS CONSOLIDADOS BAJO EL IMPERIO DE LA LEY ANTERIOR Y SE ENTIENDEN INCORPORADOS VÁLIDA Y DEFINITIVAMENTE EN EL PATRIMONIO DE LA PERSONA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL TRABAJADOR, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, DERECHOS ADQUIRIDOS, PENSIÓN DE VEJEZ, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, APLICACIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES
Sentencia T-045 de febrero 10 de 2016
Ref.: Expediente T-5189723
Acción de Tutela instaurada por Carlos Alberto Lancheros Sanabria, contra la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Problema jurídico: ¿fueron vulnerados los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del accionante —quien no cuenta con otro medio de subsistencia y lleva más de un año esperando que se resuelva su situación pensional—, por parte de COLPENSIONES y de la UGPP, quienes le negaron su pensión de jubilación por aportes aduciendo ambos no haber sido el último fondo en el que cotizó sus aportes?
El señor Carlos Alberto Lancheros Sanabria interpuso acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante —COLPENSIONES— y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante —UGPP—, por cuanto estimó vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, ya que dichas entidades se han abstenido de dar trámite a su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a que dice tener derecho, lo anterior por presentarse un supuesto conflicto de competencia administrativa.
1.1.1.1. El señor Carlos Alberto Lancheros Sanabria manifiesta que desde el 17 de diciembre de 1976 hasta el 17 de agosto de 1984 laboró para el señor Blas Villamil López, aportando para pensión al Instituto de Seguros Social, ISS, hoy COLPENSIONES, para un total de 400.14 semanas cotizadas.
1.1.1.2. Indica que desde el 9 de mayo de 1990 hasta el 31 de julio de 2002 prestó sus servicios en la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Departamento de Arauca, y desde el primero de agosto de 2002 hasta el 8 de agosto de 2004 en la misma entidad en Bucaramanga, realizando cotizaciones a la Caja Nacional de Previsión Social, en adelante CAJANAL, durante 14 años, 3 meses y 1 día, lo que equivale a 733 semanas de cotización, para un total cotizado en el Sistema General de Pensiones —Régimen de Prima Media— de 1.133 semanas.
1.1.1.4. Sostiene que radicó ante COLPENSIONES solicitud para el reconocimiento de su pensión de jubilación por aportes, la cual le fue negada mediante Resolución GNR 285910 del 14 de agosto de 2014, la cual fue repuesta y posteriormente decidida por la misma entidad mediante Resolución GNR23563 del 12 de marzo de 2015, en el sentido de declarar la falta de competencia de COLPENSIONES para resolver la petición elevada por el accionante, por cuanto el último Fondo al que cotizó fue la UGPP(1).
1.1.1.5. Precisa que el expediente fue remitido a la UGPP, quien mediante Resolución RDP 011137 del 20 de marzo de 2015, manifestó no tener competencia para tramitar lo solicitado por el actor, por cuanto éste había aportado a pensión al ISS, hoy COLPENSIONES, como trabajador independiente, del primero al 30 de julio de 2001, y como trabajador de la Registraduría, del primero al 30 de octubre de 2001, “por lo que los tiempos trabajados para esta última entidad con posterioridad al primero de noviembre de 2001, debieron ser cotizados al ISS”(2).
Así mismo, aduce la UGPP que el certificado laboral expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el cual se informa que los aportes a pensión del actor se efectuaron a CAJANAL, incurre en una inconsistencia, pues manifiesta que del 9 de mayo de 1990 al 8 de agosto de 2004 el accionante trabajó para esa entidad, sin embargo, también indica que laboró del 9 de mayo de 1990 al 12 de enero de 1993 y del 11 de enero de 1994 al 4 de septiembre de 1994, “es decir que no laboró 358 días, lo cual resulta contradictorio frente al periodo de cotización”.
1.1.1.6. Por último, manifiesta que ha transcurrido más de un año desde la solicitud de reconocimiento pensional sin que las entidades accionadas hayan emitido una respuesta de fondo, lo que le impide acceder a su derecho pensional, pese a que necesita su pensión para vivir dignamente, “teniendo en cuenta que tengo 62 años, que no cuento con trabajo fijo ni medios para subsistir y me tienen pasando grandes calamidades junto a mi familia”, “pues mi esposa es quien trabaja en casas por días para sostener nuestro hogar y yo a veces trabajo de celador y en oficios varios para poder ayudarle”(3).
“PRIMERO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se ponga en conocimiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Avenida Calle 26 # 51-50 - CAN, Bogotá), de la Registraduría Nacional del Estado Civil Delegación Departamental de Arauca (Calle 22 Nº 21-30, piso 2, Arauca, Arauca), de la Registraduría Nacional del Estado Civil Delegación Departamental de Santander (Calle 28 Nº 48-51, Bucaramanga) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Carrera 8 Nº 6C-38, Bogotá, D.C.), la solicitud de tutela de la referencia y los fallos de instancia, para que dentro del término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, expresen lo que estimen conveniente.
TERCERO. Por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR al señor Carlos Alberto Lancheros Sanabria (Calle 150 Nº 27-22 Tarragona II Etapa, Floridablanca, Santander) para que dentro del término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, informe cuál fue el último Fondo de Pensiones al que cotizó para pensión. De ser posible, se solicita que adjunte los documentos pertinentes que así lo certifiquen.
CUARTO. Por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR a COLPENSIONES y a la UGPP, para que dentro del término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación informen el trámite interno dado por el Instituto de Seguros Sociales, ISS y por la Caja Nacional de Previsión Social —CAJANAL— a la solicitud pensional del señor Carlos Alberto Lancheros Sanabria.
Para mayor ilustración adjuntó constancia expedida conforme a la historia laboral que reposa en los archivos de esa entidad(4).
No obstante lo anterior, dicha entidad indicó que una vez revisados los antecedentes administrativos que reposan en la historia laboral de Carlos Alberto Lancheros Sanabria, el Nivel Central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, competente para la época, expidió los formatos laborales de información laboral bajo el consecutivo GTH 555-2010 de fecha 12 de octubre de 2010, en los cuales se evidencia que la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó los aportes de pensión en CAJANAL, entidad a la que se encontraba afiliado Carlos Alberto Lancheros Sanabria durante su periodo de vinculación laboral, comprendido entre el 9 de mayo de 1990 al 8 de agosto de 2004(5).
1.6.3. A través de escrito del 18 de enero de 2016, la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Santander, manifestó que(6) “de conformidad con los documentos que reposan en la historia laboral del señor Carlos Alberto Lancheros Sanabria se identifica que laboró en la Delegación Departamental de Santander desde el primero (1) de agosto de 2002 hasta el 8 de agosto de 2004, como Registrador Municipal del Estado Civil, y que los aportes a pensión fueron realizados a CAJANAL (ISS hoy COLPENSIONES)”.
La entidad adjuntó constancia expedida conforme a la historia laboral que reposa en sus archivos, en la que se lee que “el señor Carlos Alberto Lancheros Sanabria realizó aportes desde el 1º de agosto de 2002 hasta el 8 de agosto de 2004 en CAJANAL”.
1.6.4. Mediante escrito del 29 de enero de 2016, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público envío al Despacho del Magistrado Sustanciador concepto técnico(7), en el que sostiene que “bajo las precisas competencias con que cuenta la Cartera en materia de Seguridad Social en Pensiones, no es de su competencia decidir sobre derechos de pensión como tampoco decidir acerca de quiénes son los responsables de su adjudicación”.
1.6.5. Por medio de escrito del 29 de enero de 2016, la UGPP envío al Despacho del Magistrado Sustanciador informe(8) en el que manifiesta que el trámite de reconocimiento del bono pensional debe adelantarlo directamente la Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentra afiliado el interesado, o en su defecto a la que estuvo afiliado por última vez.
1.6.6. Mediante escrito del 29 de enero de 2016, el señor Carlos Alberto Lancheros Sanabria envío al Despacho del Magistrado Sustanciador declaración juramentada presentada por las señoras Lucía del Carmen Estarita Pardo y María del Carmen Pardo Pardo, quienes manifestaron ante el Notario Octavo de Bucaramanga que conocen al señor Lancheros Sanabria desde hace 45 años, y que les consta que en la actualidad no se encuentra trabajando, por lo que es su esposa quien labora por días en “oficios varios” para cubrir los gastos del hogar(9).
2.2.1. Delimitado el contexto de la presente causa, corresponde a la Sala Séptima de Revisión de esta Corporación determinar si fueron vulnerados los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del accionante —quien no cuenta con otro medio de subsistencia y lleva más de un año esperando que se resuelva su situación pensional—, por parte de COLPENSIONES y de la UGPP, quienes le negaron su pensión de jubilación por aportes aduciendo ambos no haber sido el último fondo en el que cotizó sus aportes.
2.3. El derecho a la seguridad social en pensiones.
2.3.1. Reconocimiento internacional.
2.3.1.3.2. Por otra parte, en 1952, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó los Convenios 102 y 128 sobre la Seguridad Social, en los que se establecen las normas mínimas que deben estar presentes en las legislaciones internas, con el propósito de dar aplicación al artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos convenios sirven de base para todos los estados respecto de la adopción de las normas de la seguridad social, en las que debe preverse protección frente a las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia.
2.3.1.3.3. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, en su artículo 9º manifiesta que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
2.3.1.3.4. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada por Colombia mediante la Ley 22 de 1981, en su artículo 5º consagra que: “En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2º de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria; iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales (…)”.
2.3.1.3.5. Por su parte, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aprobada por Colombia mediante la Ley 146 de 1994, en su artículo 61, numeral 3º, establece que: “Con sujeción a los acuerdos bilaterales o multilaterales que se les apliquen, los Estados Partes procurarán conseguir que los trabajadores vinculados a un proyecto estén debidamente protegidos por los sistemas de seguridad social de sus Estados de origen o de residencia habitual durante el tiempo que estén vinculados al proyecto. Los Estados Partes interesados tomarán medidas apropiadas a fin de evitar toda denegación de derechos o duplicación de pagos a este respecto”.
2.3.1.3.6. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —”Protocolo de San Salvador”—, aprobado por Colombia mediante la Ley 1319 de 1996, en su artículo 9º manifiesta que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto”.
2.3.2. Contenido.
2.3.2.1. En cuanto al contenido del derecho a la seguridad social en pensiones, es de recibo traer a colación la Sentencia C-258 de 2013(10), en la que esta Corporación hizo un análisis cuidadoso de la composición y alcance de esta garantía constitucional. En dicho fallo se expresó que:
2.3.3. Naturaleza y finalidad de la pensión de jubilación por aportes o vejez.
2.3.3.2. La diferenciación en su denominación radica, en que la “pensión de vejez” es la prestación que reconoce el Instituto de Seguros Sociales en atención a lo establecido en el Decreto 758 de 1990. Entonces, la diferencia entre ésta y la denominada por el artículo 1º del Decreto 2709 de 1994 “pensión por aportes”, está en las condiciones que deben acreditarse para tener derecho a cada una de ellas, situación que puede advertirse del contenido de la norma citada. Es síntesis, la pensión de jubilación por aportes permite la acumulación de tiempos de servicio y/o cotizados al sector público y privado, en tanto que la pensión de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales tiene como base las semanas de cotización efectivamente realizadas a dicho Instituto.
2.3.3.5. En cuanto a la finalidad inmediata de esta pensión(11), la Corte Constitucional indicó que:
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento de un derecho pensional.
2.4.1. Una de las características de la acción de tutela es la subsidiariedad. No obstante, es posible que excepcionalmente el juez de tutela reconozca alguno de los derechos que emanan del régimen de seguridad social en pensiones, como por ejemplo el derecho a la pensión de jubilación por aportes o de vejez, cuando se acredite que los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos para otorgar un amparo integral, o no son lo suficientemente expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable(12).
(…) Respecto a la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de acreencias laborales, particularmente cuando estas corresponden a pensiones de jubilación, el juez constitucional, de manera previa deberá verificar que en el caso concreto concurran ciertos requisitos a saber: (i) que se trate de una persona de la tercera edad, para ser considerado sujeto especial de protección; (ii) que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital, (iii) que se haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos, y (iv) que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados. De este modo, deberá analizarse en cada caso concreto si se verifican estos requerimientos a fin de declarar la procedencia del amparo”(13).
Si concurren los cuatro requisitos mencionados, al juez de tutela no sólo le será dable conocer el fondo del asunto, esto es, examinar si se dan o no los requisitos legales que le permiten al accionante en tutela adquirir el derecho a una pensión de jubilación por aportes o de vejez; sino que también podrá otorgarle al amparo constitucional propuesto la naturaleza de mecanismo principal de protección, por estar comprometidos los derechos de personas de la tercera edad, cuya condición de sujeto de especial protección constitucional(14) exige una mayor flexibilidad en el examen de las condiciones de procedencia de la acción de tutela.
2.4.3. Precisamente, en la Sentencia T-138 de 2010(15), la Corte expresó que:
“(…) las controversias relativas al reconocimiento y pago de pensiones de vejez deben, por regla general, tramitarse ante la justicia laboral ordinaria. Sólo excepcionalmente, y sólo en tanto se den ciertas circunstancias concurrentes jurisprudencialmente establecidas, tal asunto puede tramitarse vía tutela. La primera de esas circunstancias es, como se dijo antes, el que la persona sea de la tercera edad”(16).
2.4.4. En este mismo sentido, en la Sentencia T-149 de 2012(17) se concluyó que: “el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación es un asunto de relevancia constitucional por estar radicado en personas de la tercera edad; la privación de este derecho puede afectar el derecho al mínimo vital de este grupo de ciudadanos, y la procedibilidad para ser reclamado por vía de tutela se da cuando convergen otras circunstancias que complican la existencia digna del sujeto, tales como padecimientos de salud, carencia de otros recursos para subsistir, e indefinición del marco normativo en que se encuentra el afectado”.
2.5. El régimen de transición pensional consagrado en la Ley 100 de 1993.
2.5.1. Con el fin de que las personas que estuvieran próximas a pensionarse no se vieran afectadas con la creación del sistema general de seguridad social en pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, el legislador fijó un régimen de transición, que les permitió mantenerse en el régimen pensional al cual estaban afiliados al momento de entrar en vigencia dicha ley —primero de abril de 1994—, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez.
Al respecto, ha señalado la Corte que “configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona”(18), es decir, que para que se configure un derecho adquirido, es necesario que se reúnan todas las condiciones necesarias para adquirirlo antes de que opere el tránsito legislativo. Por otra parte, las meras expectativas “son aquellas esperanzas o probabilidades que tiene una persona de adquirir en el futuro un derecho, si no se produce un cambio relevante en el ordenamiento jurídico”(19).
2.5.3. En lo que respecta a las expectativas legítimas y derechos adquiridos en materia pensional, a partir de la Sentencia C-789 de 2002(20), la Corte ha venido reconociendo que, si bien es cierto, tratándose de meras expectativas no aplica la prohibición de regresividad, ello no significa que estén desprovistas de toda protección, pues cualquier transito normativo no solo debe consultar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sino que, además, en función del principio de confianza legítima, se debe proteger la creencia cierta del administrado de que la regulación que lo ampara en un derecho se seguirá manteniendo vigente en el ordenamiento jurídico. Por tal razón, la Corte ha señalado que cuánto más cerca está una persona de acceder al goce efectivo de un derecho, mayor es la legitimidad de su expectativa en este sentido.
2.5.4. Así entonces, al proferirse la Sentencia C-789 de 2002, surgió en la jurisprudencia constitucional una categoría intermedia entre derechos adquiridos y meras expectativas, denominada “expectativas legítimas”, concepto que hace referencia a que en determinados casos se puede aplicar el principio de no regresividad a las aspiraciones pensionales próximas a realizarse de los trabajadores, cuando se trata de un cambio de legislación abrupto, arbitrario e inopinado, que conduce a la vulneración del derecho al trabajo de manera desproporcionada e irrazonable(21).
2.5.5. En cuanto al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Sentencia de Unificación SU-130 de 2013(22) expuso claramente unas reglas básicas que se citaran in extenso, dado que la claridad con que fueron presentadas en esa oportunidad, permite el mejor entendimiento del tema. Al respecto se manifestó que:
Conforme con lo anterior, para ser beneficiario o sujeto del régimen de transición pensional y así quedar exento de la aplicación de la Ley 100 de 1993 en lo referente a la edad, el tiempo y el monto de la pensión de vejez, no se requiere cumplir paralelamente el requisito de edad y el de tiempo de servicios cotizados, sino tan solo uno de ellos, pues la redacción disyuntiva de la norma así lo sugiere. Cabe precisar que la excepción a dicha regla se refiere al sector público en el nivel territorial, respecto del cual la entrada en vigencia del SGP es la que haya determinado el respectivo ente territorial (L. 100, art. 151).
2.6. Breve referencia a los principales regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993.
En ese sentido, antes de la organización del sistema de pensiones existían en el ordenamiento jurídico diversos regímenes pensionales, muchos de los cuales si bien es cierto han perdido vigencia, aún siguen produciendo efectos jurídicos frente a cierta categoría de trabajadores, como consecuencia de lo dispuesto por el régimen de transición. A continuación se hará una breve referencia a ellos(23).
2.6.2. Así, en el caso de los trabajadores particulares no afiliados al ISS, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, el régimen que les resulta aplicable es el del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, actualmente derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993. Allí se había establecido una pensión de jubilación a cargo del empleador y a favor de los trabajadores con 20 años de servicios continuos o discontinuos al mismo empleador, y 50 años de edad (mujeres) o 55 años de edad (hombres), equivalente al 75% del salario promedio del último año.
2.6.3. Para los trabajadores particulares (excepcionalmente a los trabajadores oficiales) afiliados al ISS, el régimen pensional que les resulta aplicable es el Acuerdo 49 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 del mismo año. Dicho acuerdo, contempla dentro de sus prestaciones una pensión de vejez a favor de las mujeres de cincuenta y cinco (55) o más años de edad y los hombres de sesenta (60) o más años de edad, que acrediten un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la edad, o mil (1.000) semanas en cualquier tiempo, cuyo monto varía según el número de semanas cotizadas.
2.6.5. En el caso de los trabajadores que poseen determinado número de semanas cotizadas al ISS y a Cajas de previsión del sector público, pero que no reúnen el requisito de tiempo de servicios para pensionarse conforme al Acuerdo 49 de 1990 y la Ley 33 de 1985, respectivamente, el régimen pensional que regula su situación está establecido en la Ley 71 de 1988 y sus decretos reglamentarios 1160 de 1989 y 2709 de 1994. De acuerdo con dichas normas, para adquirir el derecho a la pensión por aportes se requiere que al sumar las cotizaciones efectuadas en uno y otro sector, éstas arrojen no menos de veinte (20) años de servicios cotizados, y acreditar cincuenta y cinco (55) años de edad o más si es mujer o sesenta (60) años o más de edad si es hombre. El monto de la pensión se calcula con el promedio del tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, con base en la variación del IPC certificado por el DANE.
2.6.7. En ese orden de ideas, queda establecido que antes de la organización del Sistema General de Pensiones, existían en el ordenamiento jurídico diversidad de regímenes especiales de pensión, muchos de los cuales, si bien es cierto, fueron modificados o derogados por la Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias, aún siguen produciendo efectos jurídicos en casos muy específicos, en razón de haberse creado un régimen de transición que extendió sus prerrogativas a quienes estaban próximos a cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez para la fecha en que entró en vigencia, y que son aplicados en los términos del Acto Legislativo 1 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política.
Desde el 9 de mayo de 1990 hasta el 31 de julio de 2002 prestó sus servicios en la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Departamento de Arauca, y desde el primero de agosto de 2002 hasta el 8 de agosto de 2004 en la misma entidad en Bucaramanga, realizando cotizaciones a CAJANAL, durante 14 años, 3 meses y 1 día, lo que equivale a 733 semanas de cotización, para un total cotizado en el Sistema General de Pensiones —Régimen de Prima Media— de 1.133 semanas.
Por lo anterior, el expediente fue remitido a la UGPP, quien mediante Resolución RDP 011137 del 20 de marzo de 2015 manifestó no tener competencia para tramitar lo solicitado por el actor. Como fundamento de su decisión, la UGPP manifiesta que la Registraduría Nacional del Estado Civil en el certificado de tiempos de servicio GTH-555-2010 expedida el 12 de octubre de 2010 incurrió en una imprecisión, en el sentido en que manifestó que los aportes a pensión del señor Lancheros Sanabria se efectuaron a CAJANAL del 9 de mayo de 1990 al 8 de agosto de 2004, sin embargo, también indicó que éste laboró del 9 de mayo de 1990 al 12 de enero de 1993 y del 11 de enero de 1994 al 4 de septiembre de 1994, es decir que no laboró un año.
3.2.4. Examen del cumplimiento del requisito de subsidiariedad.
En este sentido, la subsidiariedad y excepcionalidad de la acción de tutela reconocen la eficacia de los medios ordinarios de protección judicial como mecanismos legítimos para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, a ellos se debe acudir preferentemente, siempre que sean conducentes para conferir una eficaz protección constitucional a los derechos fundamentales de los individuos. De allí que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales por esta vía, debe haber agotado los medios de defensa disponibles para el efecto, exigencia que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada una instancia adicional en el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador(24).
Aunado a lo anterior, vale la pena tener presente que el señor Lancheros Sanabria ha tenido que trabajar esporádicamente en trabajos informales para poder ayudar a su esposa en el sostenimiento de su casa, situación que se presenta desde el año 2004 —fecha en la que dejó de laborar en la Registraduría Nacional del Estado Civil—. Por ello, es desacertado, ahora que cumple con los requisitos para acceder a su pensión, la cual se constituye en la esperanza de tener una vida digna, someterlo a esperas injustificadas, pese a que diligentemente, desde agosto de 2014, ha realizado los trámites pertinentes ante la UGPP y ante COLPENSIONES para solicitar tal prestación. No obstante, COLPENSIONES no ha accedido a su petición por cuanto manifiesta que el último fondo al que cotizó el accionante fue CAJANAL, quien a su vez manifiesta no tener claridad respecto a haber sido el último fondo de pensiones del actor.
Pese a lo anterior, no se evidencia actuación diligente de parte de las entidades demandadas para esclarecer la situación del accionante, pese a que es su obligación el manejo eficiente de las bases de datos contentivas de la información que comprende la historia laboral de los afiliados al régimen de seguridad social en pensiones, pues de esa información depende que se pueda verificar el cumplimiento de los requisitos que se deben acreditar para el reconocimiento de una prestación pensional, por lo que deben garantizar el adecuado manejo y conservación de los datos correspondientes a sus afiliados(25).
En este sentido, COLPENSIONES y la UGPP debieron desplegar las actuaciones necesarias tendientes a la búsqueda de la información laboral del actor, pues era su deber, como guardiana de la información y de los documentos concernientes a la afiliación, indagar en sus bases de datos y archivos físicos si le asistía razón al demandante y su antiguo empleador sobre la existencia de cotizaciones en determinados lapsos, que no aparecían en su historia laboral. Por ello, no es admisible que COLPENSIONES y la UGPP trasladen las cargas propias al afiliado que aspira al reconocimiento de una prestación, siendo su deber ordenar, administrar, conservar y cuidar tal información(26).
3.3. Examen de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del señor Carlos Alberto Lancheros Sanabria.
En ese sentido, el accionante tiene derecho a permanecer en el régimen pensional al cual estaba afiliado al momento de entrar en vigencia dicha ley —primero de abril de 1994—, para efectos del reconocimiento de su pensión.
3.3.2. En vista de lo anterior, encuentra la Sala que el régimen pensional al que pertenecía el señor Lancheros Sanabria a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 es la Ley 71 de 1988, por cuanto a esa fecha contaba con tiempos de servicio tanto en el sector público como en el sector privado, por lo que es beneficiario de las condiciones establecidas en el artículo 7º de dicha ley, que consagra que “A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer”.
Dicha norma fue reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, que en su artículo 1º manifiesta que “La pensión a que se refiere el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes. Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público”.
Respecto a esta información, se tiene que la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Arauca, adjuntó a su escrito de contestación “certificado de salarios mes a mes para liquidar pensiones en el régimen de prima media” del señor Lancheros Sanabria, en el que se lee que prestó ininterrumpidamente sus servicios a esa delegación desde el 9 de mayo de 1990 hasta el 31 de julio de 2002(27).
Ahora bien, del material aportado a este proceso por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Santander, se tiene que ésta sostuvo que “de conformidad con los documentos que reposan en la historia laboral del señor Carlos Alberto Lancheros Sanabria se identifica que laboró en la Delegación Departamental de Santander desde el primero (1) de agosto de 2002 hasta el 8 de agosto de 2004, como Registrador Municipal del Estado Civil, y que los aportes a pensión fueron realizados a CAJANAL (ISS hoy COLPENSIONES)”(28).
No obstante la contradicción anterior, dicha delegación adjuntó la “certificación de salarios mes a mes para liquidar pensiones del régimen de prima media” del señor Lancheros Sanabria, en la que se prueba que el actor trabajó ininterrumpidamente para dicha entidad desde el 2 de agosto de 2002 hasta el 8 de agosto de 2004, periodo de tiempo en el que cotizó para pensión a CAJANAL(29).
Por otra parte, se tiene que la Registraduría Nacional del Estado Civil informó a esta Sala que el señor Carlos Alberto Lancheros Sanabria trabajó (entre la Delegación Arauca y Santander) desde el 9 de mayo de 1990 hasta el 8 de agosto de 2004, tiempo en el que realizó sus aportes para pensión a CAJANAL, acumulando 733 semanas(30), para un total de 1.133 semanas cotizadas en el régimen de prima media. Para mayor ilustración de lo anterior, la entidad adjuntó “certificación de salarios mes a mes para liquidar pensiones del régimen de prima media”.
Además, es de tenerse en cuenta que esta prueba goza de presunción de legalidad, por cuanto no ha sido rebatida por ninguna de las entidades accionadas, quienes no desvirtuaron la autenticidad de la información, razón por las cuales no surge argumento para restarle verosimilitud al contenido de dicho documento(31).
Así las cosas, conforme a lo esgrimido en precedencia, se toma por cierto que el actor cotizó para pensión hasta agosto de 2004, fecha en la que cumplió con el requisito de los 20 años de aportes de que trata la Ley 71 de 1988, por cuanto, para esa época (ago. 8/2004) tenía un total de tiempo aportado de 1.133 semanas, lo que equivale a 22 años de aportes.
3.3.6. Ahora bien, es importante mencionar que, en virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 1 de 2005 al artículo 48 Superior, la aplicación del régimen de transición no es indefinida. En efecto, a través de dicho acto legislativo, el Congreso de la República fijó un límite temporal, en el sentido de señalar que, “el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo (jul. 25/2005), a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”.
Así las cosas, encuentra la Sala que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, es decir, a 25 de julio de 2005, el señor Lancheros Sanabria había cotizado 1.133 semanas, por lo que el régimen de transición se le mantiene hasta el 2014, año en el que cumplió el requisito de edad para acceder a su pensión de jubilación por aportes, y en el que efectivamente solicitó su pensión.
Por otra parte, es de tenerse en cuenta que en virtud de lo consagrado en el artículo 1º del Decreto 4269 de 2011, “La ejecución de los procesos misionales de carácter pensional y demás actividades afines que se indican a continuación, será ejercida por la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL ElCE en Liquidación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en los siguientes términos: 1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, las solicitudes de reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas a partir del 8 noviembre de 2011 (…)”.
1. REVOCAR por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela proferida el 5 de agosto de 2015 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, la cual confirmó a su vez el fallo del 23 de junio de 2015, proferido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad, y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del señor Carlos Alberto Lancheros Sanabria.
2. ORDENAR a la UGPP que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación de este fallo, proceda a reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes a que tiene derecho el señor Carlos Alberto Lancheros Sanabria, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente providencia.
3. ORDENAR a COLPENSIONES que, en el término de quince (15) días hábiles contados desde la notificación de este fallo, proceda a realizar los trámites administrativos pertinentes para trasladar a la UGPP los aportes realizados por el accionante al ISS en el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 1976 hasta el 17 de agosto de 1984.
1 Folio 103, cuaderno 2. Mediante Resolución VPB 23563 del 12 de marzo de 2015, por medio de la cual Colpensiones resolvió un recurso de apelación en contra de la resolución 285910 del 14 de agosto de 2014, sostuvo que: “una vez revisados los aplicativos de la historia laboral y bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se pudo determinar que la entidad definitiva y encargada de resolver la prestación económica solicitada es la UGPP”.
2 Folio 106, cuaderno 2. Mediante Resolución RDP 011137 del 20 de marzo de 2015, por medio de la cual la UGPP “negó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez del señor Carlos Alberto Lancheros Sanabria”, sostuvo que: “(…) El certificado de tiempos de servicio GTH-555-2010 expedida el 12 de octubre de 2010 por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el cual se informa que los aportes a pensión se efectuaron a CAJANAL —hoy en liquidada— del 9 de mayo de 1990 al 8 de agosto de 2004, sin embargo, también indica que laboró del 9 de mayo de 1990 al 12 de enero de 1993 y del 11 de enero de 1994 al 4 de septiembre de 1994, es decir que no laboró 358 días, lo cual resulta contradictorio frente al periodo de cotización.
Así mismo se observa que de conformidad con sábanas de cotización aportadas en copia simple y con la página de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se establece que el interesado aportó a pensión al ISS, como independiente del primero al 30 de julio de 2001, y como trabajador de la Registraduría Nacional del Estado Civil del primero al 30 de octubre de 2001, por lo que los tiempos laborados para la Registraduría con posterioridad al primero de noviembre de 2001 debieron ser cotizados al ISS, como quiera que según los artículos 4º y 34 del Decreto 692 de 1994, el señor Lancheros Sanabria optó por pasarse al ISS en el periodo comprendido entre el primero y el 30 de octubre de 2001, por lo que este caso se ciñe por el Decreto 692 de 1994, por lo tanto CAJANAL no puede por disposición legal haber recibido nuevamente al afiliado después de haberse cambiado de fondo (…)”.
3 Información suministrada vía telefónica a este Despacho el día 27 de enero de 2016. Con base en los principios de celeridad, eficacia, oficiosidad e informalidad que gobiernan la gestión del juez constitucional, esta Corporación, en el ejercicio de su función de revisión de fallos de tutela, ha considerado que en ocasiones, para lograr un protección efectiva de los derechos fundamentales, resulta menester requerir información por vía telefónica sobre algunos aspectos fácticos específicos del caso que requieran mayor claridad al interior del trámite de la acción. En lineamiento con lo anteriormente dicho, se pueden revisar entre otras providencias, las sentencias T-603 de 2001, T-476 de 2002, T-341de 2003, T-.643 de 2005, T-219 de 2007 y T-726 de 2007.
4 Folios 16-37, cuaderno 1.
5 Folios 38-61, cuaderno 1.
6 Folios 62-66, cuaderno 1.
7 Folios 78-80, cuaderno 1.
8 Folios 83-85, cuaderno 1.
9 Folio 103-104, cuaderno 1.
11 Sentencia C-107 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
12 Al respecto se ha dicho que “la regla que restringe la participación de la acción de tutela en la protección de los derechos prestacionales tampoco es absoluta. Excepcionalmente, es posible el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo constitucional, no solo cuando se ejerce como mecanismo transitorio, caso en el cual es necesario demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, sino también cuando el medio judicial preferente es ineficaz o no es lo suficientemente expedito para brindar una protección inmediata, circunstancias que deben ser valoradas por el juez constitucional en cada caso particular”. Sentencia T-083 de 2004.
13 Sentencia T-249 de 2006. En el mismo sentido se pueden consultar, entre otras, las Sentencias T-055 de 2006 y T-851 de 2006.
14 Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias T-489 de 1999, T-1083 de 2001, T-473 de 2006, T-580 de 2006, T-517 de 2006 y T-395 de 2008. Sobre la materia, el artículo 46 de la Constitución Política dispone que: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.
16 A juicio de esta Corporación, “el criterio para considerar a alguien de “la tercera edad”, es que tenga una edad superior a la expectativa de vida oficialmente reconocida en Colombia. Este criterio reconoce, por un lado, que la edad legalmente definida para efectos de pensión suele tener un rezago considerable frente a las realidades demográficas. Y por otro lado, introduce un parámetro de distinción objetivo y técnicamente definido, que le permite al juez constitucional, dentro del universo de quienes han llegado a la edad para hacerse acreedores a una pensión de vejez —regla general—, determinar a aquel subgrupo que amerita una especial protección constitucional y por lo tanto, quienes hacen parte de él podrían eventualmente, si concurren los demás requisitos de procedibilidad jurisprudencialmente establecidos, reclamar su pensión de vejez por la vía excepcional de la tutela. Se trata, en consecuencia de un criterio objetivo y que, a diferencia de los otros criterios posibles, permite una distinción que atiende el carácter excepcional de la tutela”. Sentencia T-138 de 2010.
17 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
18 Ver Sentencia C-789 de 2002.
20 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
22 M.P. Esta sentencia fue reiterada en la T-892 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
23 Ver Sentencia T-892 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
24 Sentencia T-417 del 25 de mayo de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
25 Sentencia T-343 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
26 Sentencia T-855 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
27 Folios 17-25, cuaderno 1.
28 Folio 62, cuaderno 1.
29 Folios 63-66, cuaderno 1.
30 Folios 28-36 y 48-49, cuaderno 1.
31 Sentencia T-855 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 22
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 61
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 260
 artículo 289
 artículo 48
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 48
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 46