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Timestamp: 2019-12-10 11:49:45+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 56, de 27/03/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 56
- Elección de la Vicepresidencia segunda de la Comisión. (Número de expediente 041/000018) ... (Página2)
- Elección de la Secretaría segunda de la Comisión. (Número de expediente 041/000018) ... (Página2)
- Relativa a la reforma del mercado laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000003) ... (Página2)
- Sobre elaboración de un plan de empleo para jóvenes para reducir el elevado desempleo juvenil y apoyar la creación de empleo de los jóvenes. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000194) ... (Página6)
- Sobre la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores del campo contratados por empresas de trabajo temporal (ETT). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000362) ... (Página10)
- Relativa a la dotación económica del fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000404) ... (Página12)
- Relativa a la pensión de viudedad. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000011) ... (Página16)
- Sobre la mejora de las pensiones de viudedad. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000064) ... (Página16)
- Sobre incremento de las pensiones de viudedad. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000379) ... (Página16)
- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000018.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El primer punto del orden del día, tal como consta en el escrito que poseen, se refiere a la elección de la Vicepresidencia segunda de la Comisión. Tras hablar con los portavoces de los distintos grupos, especialmente con el del grupo proponente, el Grupo Parlamentario Socialista, y habida cuenta de que en principio no hay ninguna oposición a la elección del candidato propuesto por él, podemos evitar el trámite formal de voto en la urna y, si la Comisión está conforme, decidir por asentimiento la elección, en este caso, de don Víctor Morlán Gracia, como vicepresidente segundo. ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento). No habiendo ninguna objeción, queda elegido y designado por esta Comisión como vicepresidente segundo don Víctor Morlán.
- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000018.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a proceder a la elección del secretario segundo. En este caso, la persona propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista es don Sebastián Franquis Vera. Si no hay objeción, queda elegido por el asentimiento de la Cámara. (Asentimiento.)
Quiero dar las gracias a los anteriores titulares y la enhorabuena al nuevo vicepresidente segundo y al nuevo secretario segundo, pidiéndoles que tomen posesión de sus puestos en esta Mesa. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa.-Aplausos.)
Tengo que hacer una breve rectificación. Este presidente incurre en muchos errores. En este caso, el secretario segundo que ha sido elegido es don José Luis Ábalos Meco, que acaba de tomar posesión de la Secretaría segunda. Que conste a efectos del "Diario de Sesiones".
- RELATIVA A LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000003.)
El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar, quiero señalar que, tal como se nos ha solicitado, los puntos 4, 5 y 8, relativos a diversas iniciativas sobre pensión de viudedad, se debatirán acumuladamente en el último punto del orden del día. A efectos de organización de los señores diputados, el cálculo de esta Presidencia es que la votación se celebrará no antes de las doce y media del mediodía y el punto referido a la pensión de viudedad se debatirá no antes de las doce de la mañana.
Entramos en el orden del día, cuyo punto 3 es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, con número de
expediente 161/000003, relativa a la reforma del mercado laboral. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor Anchuelo.
He de recordar que por acuerdo de Mesa y portavoces se estableció que las intervenciones tendrían una duración máxima de siete minutos para los proponentes de las iniciativas, cinco minutos para los autores de enmiendas y tres minutos para el resto de los grupos parlamentarios que en cada punto quieran intervenir. Se estableció con mayor grado de extensión temporal que en la anterior legislatura, pero con el consiguiente compromiso de cumplir los tiempos escrupulosamente, de manera que pudiéramos funcionar con un criterio claro desde el principio para este tipo de debates.
Señor Anchuelo, tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Esta proposición no de ley se planteó hace meses, en diciembre. Contiene algunos rasgos generales de reforma del mercado laboral, pero se centra sobre todo en un punto concreto, que es la propuesta del contrato único indefinido. Creemos que su interés no ha decaído, sino todo lo contrario, dado que todavía está abierta la reforma laboral que va a condicionar nuestro mercado laboral en los próximos años. Por tanto, al margen de las enmiendas que plantearemos a la misma, queremos defender esta proposición en la Comisión de Empleo.
Una característica importante del mercado laboral español y de la que se habla poco dada su importancia es la precariedad de los empleos que crea. Por ejemplo, antes de la crisis, en el año 2006, la economía española tenía una tasa de temporalidad del 34%, un dato que no tiene comparación posible en el contexto europeo, que triplica lo que es habitual en otros países. Esto no ha cambiado sustancialmente con la crisis; ha cambiado, pero no por ninguna mejora de nuestro mercado laboral, sino simplemente por algo tan dramático como que los despidos, en la primera fase de la crisis, se han centrado claramente en los trabajadores temporales y, por eso, la tasa de temporalidad ha caído al 25%, dato que sigue siendo altísimo en el contexto europeo.
Antes he dicho que se hablaba poco de esta tasa de temporalidad, sobre todo dados sus efectos, porque tiene importantes consecuencias para el mercado laboral y para la economía en su conjunto. Nuestro mercado laboral crea empleo de mala calidad en las expansiones y este empleo se destruye con mucha facilidad en las recesiones. En este sentido, la precariedad está relacionada con la tasa de paro. Creamos muchos empleos de mala calidad que se destruyen muy fácilmente cuando hay una crisis. Otro efecto de esta temporalidad es su incidencia sobre la equidad, ya que afecta sobre todo a los grupos más débiles de la sociedad, en particular a los jóvenes, que son quienes más la sufren. Estos grupos más débiles, los jóvenes, caen en una auténtica trampa de la precariedad, en la que van rotando de empleo en empleo de muy corta duración. Un dato importante, por ejemplo, es que en el año 2008, en la economía española, se firmaron 5 millones de contratos de menos de treinta días, contratos de muy corta duración. Los trabajadores van encadenando contratos de muy corta duración sin salir nunca hacía un empleo indefinido, cayendo en esa trampa de la temporalidad de la que nunca salen. En el año 2010, la tasa de conversión de empleos temporales en indefinidos era del 5%, lo que quiere decir que muy raramente se pasa del empleo temporal a un empleo indefinido. Lo habitual es caer en la trampa de la temporalidad y pasar, en el mejor de los casos, de un contrato de corta duración a otro, cuando no pasar de un contrato de corta duración al desempleo con baja protección. Esto crea una injusticia intergeneracional para nuestros jóvenes, dado que, aparte de los efectos inmediatos, les resulta imposible planificar su vida con esta inestabilidad laboral. Problemas como la tardía emancipación, la dificultad de acceso a la vivienda o la natalidad están relacionados con esta trampa de la precariedad en la que viven nuestros jóvenes. Pero la precariedad no solo afecta a la equidad y a los grupos más débiles, tiene también efectos sobre la eficiencia de nuestra economía. La inestabilidad en la relación laboral perjudica también a los empresarios, porque el empresario no tiene ningún incentivo para formar a los trabajadores y sin formación es muy difícil, por no decir imposible, aumentar la productividad y mejorar la competitividad. Todas las teorías económicas señalan la formación como un elemento clave en el crecimiento a largo plazo y buena parte de nuestros trabajadores están al margen de esa formación debido a los empleos inestables que tienen.
Las sucesivas reformas del mercado de trabajo en España, en vez de combatir este problema, han profundizado en él. Todas ellas se han basado en una mayor precarización, incluyendo, en nuestra opinión, esta última, que establece contratos de aprendizaje hasta los treinta años, contratos temporales que, en teoría, se podrán encadenar dos años, pero en la práctica ya veremos, porque en el pasado el encadenamiento ha sido mayor, y contratos indefinidos, pero con un año en prácticas, que en la práctica pueden funcionar como un contrato temporal. En nuestra opinión, las sucesivas reformas, también esta, en vez de combatir la precarización han profundizado en ella.
La propuesta alternativa que planteamos en esta proposición no de ley es apostar por lo contrario, apostar por la estabilidad en el empleo y por convertir la precariedad en algo excepcional. Nuestra propuesta consiste en que todas las nuevas contrataciones sean indefinidas -el llamado contrato único indefinido-, dejando limitados los contratos temporales a actividades que tengan una naturaleza transitoria muy clara y en los que esté muy justificada la temporalidad. Estos nuevos contratos indefinidos, que serían el contrato normal en las nuevas contrataciones, tendrían una indemnización creciente, que inicialmente se parecería a la de los contratos temporales actuales, pero que iría aumentando progresivamente -unos dos días por año trabajado- hasta que el trabajador, que entraría de forma parecida a un temporal,
se convirtiera en pocos años en lo que hoy es un trabajador indefinido. Esto proporciona un camino continuo desde lo que hoy es un temporal a lo que hoy es un indefinido sin los saltos bruscos que hay en el momento actual. Hoy, cuando se produce la conversión de temporal a indefinido hay un salto en la indemnización que incentiva al empresario a no convertir al trabajador en indefinido y a sustituirlo por un nuevo temporal. Esos saltos desaparecerían y habría una transición paulatina hacia la nueva situación. Otra ventaja de esta propuesta es que simplificaría el menú de contratos tan complicado que hay en la economía española y ahorraría lo que ahora se gasta en bonificaciones al empleo indefinido, que son unos 4.000 millones de euros al año, pero que probablemente sean más con la nueva reforma laboral. Estos recursos podrían utilizarse para mejorar la formación de los desempleados, uno de los problemas importantes que les impide acceder a un nuevo empleo.
Quiero concluir señalando que esta no es ninguna ocurrencia de Unión Progreso y Democracia, no es ninguna idea poco trabajada, sino que tiene un aval intelectual importante. Muchos de los mejores expertos en economía laboral en España han hecho esta propuesta, el Premio Nobel de Economía del año 2010 también la defiende y la propia Comisión Europea la ha planteado en más de una ocasión. Por tanto, creemos que es una propuesta digna de estudio y con un aval intelectual importante.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por ajustarse perfectamente al tiempo previsto.
No habiendo enmiendas en este punto del orden del día, pasamos a la intervención de los grupos. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Reconociendo que tanto la intención de la iniciativa como su explicación en esta Comisión están sin duda marcadas por el sano y buen objetivo de mejorar la calidad del empleo, nos vamos a oponer con toda claridad a esta proposición no de ley por dos grandes razones. La primera, porque parte de nuevo, como la reforma laboral en trámite de proyecto de ley, de una premisa, a nuestro entender, errónea, y es que los elementos que determinan el abuso de la contratación temporal tienen su origen en el marco legislativo. Volvemos a insistir de nuevo en un dato empírico que desconocen Fedea y otros, y es que con la misma legislación hay niveles de temporalidad históricamente distintos no solo entre comunidades autónomas, sino entre sectores, por ejemplo, entre el sector industrial y el sector de la construcción y de la hostelería, incluso en el volumen de las empresas, lo cual nos lleva a pensar que muy probablemente el factor más determinante en el abuso de la temporalidad no tiene tanto que ver con el marco laboral como con el modelo de tejido productivo que planteamos.
En segundo lugar, nos vamos a oponer por una razón de carácter político. Esta es una propuesta inviable desde un punto de vista constitucional, porque en la medida en que plantea una indemnización fija establece una dificultad. Al contrato se le llama contrato único indefinido, pero la rescisión del contrato es automática, con lo cual limita la tutela judicial efectiva, lo cual, como todo el mundo sabe, es contrario al artículo 35 de la Constitución, cosa que ha reiterado ya en muchas ocasiones nuestra jurisprudencia.
Por último, sin querer quitar la buena fe a la propuesta, hay que señalar que todos los expertos que la avalan tienen una característica, y es que todos vienen del mundo de la economía, pero ninguno de ellos ha demostrado tener ni pizca de idea de leyes. Creo que no hay ninguna persona del ámbito del derecho del trabajo que haya avalado esa propuesta de contrato único, entre otras cosas porque saben, siendo su disciplina, que es imposible desde el punto de vista de nuestro marco constitucional. Insisto, es una propuesta hecha con buena fe, pero no responde a la realidad y por eso vamos a votar en contra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo agradece la iniciativa de UPyD, porque trae a la Cámara un debate que está presente en los medios de comunicación y en los foros que analizan nuestro mercado de trabajo, que es el debate sobre el contrato único.
Podemos compartir en parte el análisis que hacía el señor Coscubiela. Esta propuesta nace fundamentalmente del mundo académico vinculado al ámbito económico y, como toda propuesta nacida en ese ámbito, es sugerente intelectualmente, pero de difícil encaje en nuestra realidad. En la pasada legislatura, algunos portavoces de esta Comisión asistimos a una reunión de trabajo, precisamente en Fedea, con portavoces de empleo -creo que el señor Azpiroz participó en esa reunión-, los autores de la propuesta del contrato único y algunos de los catedráticos de Derecho del Trabajo más prestigiosos de España. Fue un debate intenso -siempre digo que hubiese pagado por asistir a aquella reunión-, porque el nivel intelectual de los intervinientes era realmente muy potente y muy sólido, pero si en algún momento había tenido algún tipo de simpatía por el contrato único, en aquella sesión llegué a la conclusión de que esa idea académicamente sugerente no encajaba con la lógica de nuestro ordenamiento legal. En el debate de aquella mañana los propios economistas que defendían el contrato único terminaron aceptando que podrían existir otros tipos de contratos adecuados a las necesidades de las empresas, fruto del carácter temporal del empleo o de la actividad que se estuviese desarrollando, fruto de la orientación hacia la formación de las prácticas de los trabajadores, etcétera. Así pues, la idea del contrato único se desvaneció en aquella reunión. Al mismo tiempo, cuando se plantearon los problemas de legalidad respecto a la justificación o no del despido, en aquella reunión y, posteriormente, en artículos
que hemos leído en prensa, los académicos terminaron defendiendo la existencia de dos indemnizaciones distintas en función de si el despido era procedente o improcedente. Por tanto, esa idea del contrato único de indemnización creciente también se desvaneció, porque había dos indemnizaciones: cuando el despido fuese procedente y cuando fuese improcedente. Por ello, señorías, se me escapa el atractivo práctico de esta reforma. Si junto con un contrato único indefinido tenemos otros contratos de carácter temporal y, al mismo tiempo, la indemnización es distinta si se trata de un despido procedente o improcedente, se me escapa cuál es la virtud.
Por estas razones, señorías, mi grupo, agradeciendo que el debate llegue hoy a la Cámara, votará en contra de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Rosa Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Con todo el respeto al grupo proponente, tenemos que poner de manifiesto algo que nos parece esencial en estos momentos, y es que si el conjunto de la ciudadanía española estuviese asistiendo a este debate, difícilmente entendería lo que estamos haciendo. Digo esto, porque estamos sustanciando una proposición no de ley que insta al Gobierno a que diseñe de manera urgente una reforma integral del mercado de trabajo que se adecue a las grandes líneas señaladas en la parte expositiva de la proposición y, de manera particular, al contrato único, cuando lo cierto y verdad es que el Gobierno del Partido Popular ya ha elaborado su reforma laboral, que está en vigor y ha merecido la convocatoria de una huelga general por parte de los sindicatos, que se celebrará pasado mañana, jueves, día 29. Por tanto, difícilmente se puede entender el debate de esta proposición no de ley, que si bien subraya, en particular, que el contrato único se debe tener en cuenta en esa reforma laboral, en verdad plantea que la Comisión inste al Gobierno a que haga una reforma laboral, cuando el Gobierno ya ha elaborado la suya y cuando se ha convocado una huelga general contra la reforma laboral del Partido Popular, teniendo en cuenta que significa un retroceso evidente en los derechos consolidados de los trabajadores. Es una reforma que tritura derechos de los trabajadores, que ha roto con el diálogo social y la concertación y no ha valorado la paz social, que ha abaratado el despido, incluso ha regulado el despido libre y gratuito, y ha situado a los trabajadores, en términos de derechos, con sus relojes a cero. La reforma laboral del Gobierno del Partido Popular, que además ya está en vigor, está significando sin lugar a dudas más paro. A los trabajadores que están en el desempleo no les da ninguna oportunidad y a los que están trabajando les ha situado en la incertidumbre, en la inseguridad, en la antesala del paro. Muchos de ellos, desde que entró en vigor la reforma laboral, han perdido su puesto de trabajo. Pero además de eso, además de que el Gobierno ya ha llevado a cabo su reforma laboral, en este momento estamos en el trámite parlamentario de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, en el que mi grupo parlamentario va a presentar una enmienda a la totalidad, porque no comparte en nada la reforma llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular. En este contexto, no parece razonable que pidamos al Gobierno que haga una reforma.
Entrando en el contenido propio de la proposición no de ley, en la exposición de motivos se hace referencia a once cuestiones,...
El señor PRESIDENTE: Le recuerdo, señora Aguilar, que concluya, porque el tiempo lo ha agotado ya.
La señora AGUILAR RIVERO: Termino, señor presidente.
... que debería incorporar la reforma laboral. Luego nos concreta una en particular que es el contrato único. Nos parece que el contrato único no puede ser ese único Dios verdadero que todo lo soluciona y no compartimos tampoco la filosofía de la propia proposición que se nos trae a esta Comisión, por eso, señor presidente, vamos a votar en contra.
El señor PRESIDENTE: Se ha incorporado a la Comisión el señor Cuadra, que me ha pedido la palabra para intervenir en este punto. Tiene la palabra por tres minutos, como el resto de los grupos intervinientes.
El señor CUADRA LASARTE: Amaiur, en primer lugar, comparte bastantes de los contenidos de la propuesta que se ha hecho por Unión Progreso y Democracia en la medida en que la priorización de la contratación indefinida en el mercado de trabajo nos parece una medida esencialmente positiva, así como también la limitación de la contratación temporal, que ha sido lo que ha favorecido en buena medida el gran nivel de despidos y de desempleo que tenemos hoy en día. No nos parece tan plausibles algunos otros aspectos que figuran ahí en el sentido de las indemnizaciones que se plantean por despido, así como el deseo reiterado por este grupo en múltiples momentos de proceder a una unificación de la normativa autonómica en materias tales como la renta a la inserción, etcétera. Queremos señalar que el tema de la contratación nos parece muy importante, porque consideramos que una de las principales causas de la grave y brusca destrucción de empleo, por millones, que se ha dado en los últimos años ha sido precisamente la alta tasa de precariedad favorecida por una política de contratación a la carta en la cual las responsabilidades hay que repartirlas entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que han estado en el Gobierno en los últimos años. Antes decíamos que éramos contrarios a esta política de unificación de la normativa autonómica que se plantea constantemente desde UPyD y, por el contrario, tal y como lo hemos reiterado, somos partidarios de que Euskal Herria, nuestro pueblo, cuente con un marco soberano, pleno, en materia económica, en materia social, con un marco propio de relaciones laborales que nos permita, entre
otras cosas, con competencias plenas, regular sobre este aspecto que hoy se está discutiendo, que es el de la contratación laboral. Repito, este tema es un tema muy importante. No olvidemos que es casi uno de los principales por los cuales dentro de dos días vamos a tener una huelga general muy importante en Euskal Herria y en el conjunto del Estado y que esta va a ser la mejor, con mucha diferencia, enmienda a la totalidad de la política planteada por el Gobierno del PP.
Termino en veinte segundos. En nuestra tierra ya se han pronunciado mil comités de empresa a favor de la convocatoria de huelga general, cerca de cien colectivos sociales de inmigrantes, parados, feministas, ecologistas y de exclusión social también lo han hecho y en estos días pasados hemos visto como miles de jóvenes, estudiantes y precarios de toda condición, se han manifestado también en nuestras calles en protesta por estas contrataciones, que fundamentalmente les afectan a ellos y a favor de esta huelga general.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Estamos analizando la propuesta de UPyD que, con todo respeto, entiendo que fue presentada en fecha 14 de diciembre del año 2011, por lo que tenía cierto significado, aunque no entro en el fondo, todavía no se había procedido a la reforma laboral, pero UPyD tiene que entender que en este momento es extemporánea, porque lo que se solicita aquí es justamente que se presente una reforma laboral. La reforma laboral está presentada, aprobada por el Gobierno y convalidada por el conjunto de la Cámara, con una mayoría más que suficiente, el pasado 8 de marzo. El trámite que se solicita realmente en esta proposición no de ley ya está cumplido, con lo cual entrar a debatir el fondo del contenido de la proposición no de ley nos trae algunas reflexiones. La primera, la ministra dijo muy claro que el contrato único era una cuestión inconstitucional, lo ha dicho también brillantemente el representante de Convergència i Unió, está claramente expuesto que en España el contrato único, entendido como tal, es prácticamente inconstitucional, porque no presenta unos motivos suficientes de causalidad que están claramente ligados a nuestra reforma laboral y, al margen de esta situación legal que la ministra se extendió en explicar y para lo que no tengo tiempo, hay una realidad en el propio contexto de las empresas, porque qué haríamos con un contrato único en el que al final tenemos que hacer un contrato por obra y servicio, porque eso es una realidad en nuestra economía. Al final terminaríamos haciendo contratos únicos de varias maneras, con varias indemnizaciones, con lo cual el contrato único no es una realidad. Entiendo la buena voluntad que hay ahí, pero no tiene ningún sentido.
Hay muchas otras propuestas, insisto en que fueron presentadas antes de la reforma, se aprobó ese real decreto, se convalidó y estamos en un trámite parlamentario, que es el de presentación de enmiendas. Por tanto, invito al representante de UPyD a que todas estas ideas las plasme en enmiendas parciales y tiempo tendremos de posicionarnos respecto a ellas en este trámite y en esta Comisión, cuando se debatan. El Grupo Parlamentario Socialista en vez de posicionarse sobre la propuesta que nos trae UPyD se posiciona sobre la reforma laboral del Partido Popular, diciendo además que está en vigor y que ya hay una huelga convocada. Tengo que recordar que una huelga convocada cuando se está debatiendo todavía en el Congreso, cuando todavía no conocemos esa alternativa de enmiendas del Grupo Socialista, cuando todavía hay posibilidades de negociación y de modificar vía enmiendas este texto, los sindicatos en su pleno derecho han planteado una huelga, a nuestro juicio bastante irresponsable, y antes de cien días de un Gobierno, insisto, con una reforma laboral tramitándose en el trámite lógico y democrático que es el del Parlamento. En fin, eso está dentro del derecho y no tenemos nada que decir a ese planteamiento, pero sí a que la portavoz, doña Rosa Aguilar, se haya estado refiriendo a la reforma laboral del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez-Arenas, le ruego que vaya terminando ya, porque ha utilizado ya más del tiempo establecido.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Termino.
... y no, insisto, al contenido de lo que aquí se nos había traído. Como se ha referido a ello el portavoz de UPyD, tengo que decir que lo que ustedes proponen de acabar con la temporalidad está recogido en esta reforma que está ahora mismo en trámite. Súmense a esa propuesta, porque desde luego lo que tenía la anterior reforma del Partido Socialista, eso sí que no lo ha dicho doña Rosa Aguilar, es una prórroga y otra prórroga y otra prórroga de la temporalidad -ella era ministra y no la oí protestar contra eso- y 1.300.000 parados desde que se aprobó la reforma laboral hasta que se acabó la legislatura. Por tanto, seamos serios, sumémonos a un proyecto que puede ser mejorado, pero que está encima de la mesa y que desde luego cumple lo que está pidiendo en este momento UPyD. Nuestro voto será en contra de esta proposición no de ley.
- SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO PARA JÓVENES PARA REDUCIR EL ELEVADO DESEMPLEO JUVENIL Y APOYAR LA CREACIÓN DE EMPLEO DE LOS JÓVENES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000194.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto 6 del orden del día, que es la elaboración de un plan de empleo para jóvenes para reducir el elevado desempleo
juvenil y apoyar la creación de empleo en los jóvenes, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra por siete minutos doña Patricia Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Discúlpenme, porque estaba elaborando la propuesta transaccional que esperamos aprobar con los grupos parlamentarios. Voy a empezar la defensa de la proposición diciendo que cuando se produce una crisis, todos los grupos de trabajadores y de trabajadoras resultan afectados, pero si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es la fragilidad de los jóvenes y las jóvenes trabajadores y trabajadoras. A nivel mundial por cada desempleado adulto hay más de 2 desempleados jóvenes. Cuando la economía crece, el empleo aumenta, pero los jóvenes y las jóvenes son los últimos en incorporarse. La tasa de empleo entre los jóvenes no crece en la misma proporción y, en época de crisis, desde luego esta tan dura por supuesto, los jóvenes son los primeros en perder el empleo.
En la época de crecimiento económico muchísimos jóvenes abandonaron el sistema educativo para ocupar puestos de trabajo precarios, poco cualificados y muy frágiles, ligados y alentados por la burbuja de la construcción. Frente a esta realidad, otra, la de muchos jóvenes y muchas jóvenes que después de concluir su formación ven cerrada la puerta de acceso a su primer empleo o la continuidad en el mismo. El 71% del total del empleo destruido, exactamente 7 de cada 10 empleos destruidos, tienen como protagonistas a jóvenes. Hoy más de 1,6 millones de jóvenes menores de treinta años está en situación de desempleo y su tasa de paro supera ya el 36%. La realidad es que los jóvenes y las jóvenes tenían contratos precarios, contratos temporales, con una alta rotación y esa temporalidad, esa fragilidad en el empleo es la que ha hecho que el drama del paro se cebe más con los más jóvenes. A esto se suma el desencanto de tantos y tantos jóvenes formados, con master, que no encuentran un puesto de trabajo en un mercado laboral incapaz de absorberles. Aunque es evidente, por los datos de esta crisis, que está siendo especialmente dura con los jóvenes que tienen menos formación y a los que debemos ofrecer una segunda oportunidad, ya que abandonaron el sistema educativo empujados por un espejismo que pensaron, como muchos y muchas, que era para siempre. Los jóvenes que trabajan actualmente además siguen siendo carne de cañón de la temporalidad y de la precariedad laboral. Mientras la tasa de empleo temporal de los trabajadores de más de treinta está alrededor del 20%, la de los jóvenes es casi del 60%. Por tanto, 2 de cada 3 empleados jóvenes en España lo son de carácter temporal y solo 1 de cada 5 de estos pasa a ser contrato indefinido en el primer año. Las empresas invierten poco en los trabajos temporales, ya que prefieren invertir en los que estarán más tiempo y esto tiene consecuencias, cómo no, en los trabajadores y en las trabajadoras jóvenes.
Somos conscientes de que no es posible dar respuestas simples a problemas complejos. En la pasada legislatura se pusieron en marcha diversas medidas para hacer frente a esta situación. La inclusión en el mercado laboral de los más jóvenes y su permanencia en este. Entre estas medidas, el nuevo contrato de formación y aprendizaje, que combinaba trabajo remunerado en una empresa con formación para adquirir una cualificación profesional reconocida. El contrato se creó con protección social plena, por ejemplo la protección por desempleo, algo que cambiaba del modelo anterior. Además se concedieron bonificaciones -las conocen- de 800 euros durante tres años para los trabajadores y 1.000 para las trabajadoras para las empresas que contrataran de forma indefinida a desempleados menores de treinta años. El objetivo del contrato de formación y aprendizaje era, como dije, el derecho a la protección por desempleo, evitar abusos, garantizar que quienes no tenían titulación académica para acceder a un contrato en prácticas pudieran combinar empleo y formación con unas bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social del empresario, al cien por cien, desde seis meses a dos años, con la salvaguarda, por supuesto, de un tiempo para la participación en ciclos formativos. ¿Por qué explico esto? Porque estos contratos no son ni una excusa ni un medio para justificar el encadenamiento de contratos precarios, sino para mejorar la cualificación del joven o de la joven y su empleabilidad. Esta iniciativa está registrada antes de la nueva reforma laboral, que permite que desde los dieciséis años a los treinta, catorce años, los jóvenes y las jóvenes conecten estos contratos en una misma empresa, convirtiendo la formación en algo secundario, en una excusa para prolongar la precariedad, catorce años. Voy a poner un ejemplo: un joven en una cadena de supermercados. Ahora cajero tres años, tres años reponedor, tres años repartidor de la compra, tres años en la pescadería o, en un hotel, tres años botones, tres años en la limpieza, tres años de ayudante de cocina, tres años en mantenimiento, luego camarero. ¿De verdad esto es razonable? Después de catorce años en la empresa tendríamos trabajadores y trabajadoras cobrando el salario mínimo interprofesional, después de catorce años de antigüedad en una empresa. Es posible que ese joven sin formación haya accedido a una titulación que acredite, durante esos catorce años, su formación en tareas tan diversas, porque ese era el objetivo, la motivación del contrato en formación. ¿Qué motivación tendría ese chico o esa chica después de catorce años cobrando el salario mínimo interprofesional? Este es un tema muy serio, no es la precariedad solo del empleo, es la precariedad de vida. Así como también el contrato indefinido de apoyo a emprendedores con 365 días de prueba, el despido libre en un año, afectará también a los más jóvenes. De modo que hay que pensar en los jóvenes, en darles una salida laboral y en no maquillar las cifras de temporalidad. Los contratos temporales tenían antes una indemnización de doce días.
El señor PRESIDENTE: Señora Hernández, le ruego que vaya concluyendo, porque ya ha utilizado más del tiempo del que dispone.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Concluyo.
¿Estamos pensando en ello, en el 60% de estos jóvenes que tienen trabajos temporales o estamos pensando, creando un contrato sin protección ni despido, en maquillar las cifras? Este es un tema complejo, que requiere el esfuerzo de todas las administraciones. La crisis económica ha afectado de tal modo a la población juvenil que en el caso, por ejemplo, del paro masculino se ha triplicado en la población joven y somos conscientes de que hay que hallar soluciones imaginativas. Por eso este plan y por eso estamos negociando una transaccional con el único grupo que ha presentado propuestas para que hagamos de verdad un plan que termine con la precariedad de vida de los jóvenes, porque a todo esto hay que sumar la supresión de la renta básica de emancipación y, además de esto,...
El señor PRESIDENTE: Por favor, tiene que concluir ya, porque lleva ocho minutos y medio.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: ... la eliminación o la nueva propuesta de becas que nos proponen desde el Gobierno. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A continuación hay formulada una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y para su defensa tiene la palabra el señor Picó, por cinco minutos.
El señor PICÓ I AZANZA: Los datos del paro juvenil en España son preocupantes desde hace unos cuantos años y siguiendo el análisis del grupo proponente creemos que no se han adoptado medidas suficientemente contundentes para afrontar los problemas. Porque mantener tasas de desempleo juvenil cercanas al 50% significa condenar laboralmente a toda una generación, que de estar activos constituirían el principal potencial de crecimiento y renovación de nuestra economía y del empleo. Ni la sociedad ni la economía ni las finanzas públicas pueden permitirse retraso alguno en la generación de nuevo empleo y especialmente para los jóvenes.
Paso a defender la enmienda formulada por nuestro grupo parlamentario en la que se contemplan los siguientes puntos. Refiriéndose la proposición no de ley a materias como el empleo, políticas activas y educación, nos sorprendía que no tuviera un reflejo en las competencias que en esta materia ostentan las comunidades autónomas. Primer punto, contemplamos las competencias que ostentan las comunidades autónomas en estas materias, especialmente en materias de políticas activas y especialmente en materia de educación. Por otra parte, se incluyen medidas nuevas como el desarrollo de la formación dual, el apoyo al autoempleo, contemplando medidas de fomento de los emprendedores. Medidas que nuestro grupo parlamentario considera que deben de contemplarse en un plan de empleo juvenil. Por último, se recoge también un tema, que es importante, que es uno de los acuerdos contemplados en la reunión del Consejo Europeo celebrado el pasado enero, que no es otro que propiciar que se destinen los fondos europeos no utilizados para políticas de apoyo al empleo de los jóvenes. El Gobierno debe impulsar en el seno de la Unión Europea la concreción de ese extremo, que podría darnos muchos recursos para poder luchar contra el desempleo de los jóvenes.
El señor PRESIDENTE: Gracias por su brevedad.
A continuación los grupos parlamentarios que quieran intervenir. (Pausa.) Doña Uxue Barkos y el señor Cuadra se reparten el tiempo del Grupo Mixto, tienen tres minutos como intervención de grupo.
La señora BARKOS BERRUEZO: Espero ni tan siquiera agotarlos. En cualquier caso, quiero expresar la posición de Geroa Bai en torno a esta PNL que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista, que empezaré por decir que es más una declaración de intenciones, a nuestro entender, que otra cosa. Declaración de intenciones que casa mal, por cierto, por escaso, no por otra cuestión, con la contundencia de los datos que nos ha proporcionado tanto la exposición de motivos que acompaña a la PNL como la exposición de la proponente esta mañana. Por tanto, nos parece que ante un problema de la dimensión que se nos ha relatado en las dos cuestiones, lo que se nos presenta en el enunciado final, en la proposición no de ley, nos parece escaso. Todos estamos de acuerdo con el objeto declarado. No tengo ninguna duda de que todos los aquí presentes estamos por dar la batalla en torno al empleo juvenil, pero faltan herramientas y faltan también en esta proposición no de ley. Quiero apuntar también -y lo hacía el autor de la enmienda que se ha presentado- que nos preocupaba enormemente que muchos de los temas tratados, muchas de las cuestiones, son ya asuntos transferidos a las diferentes instancias administrativas, fundamentalmente a las comunidades autónomas, y nos preocupaba profundamente que se estuviera produciendo una propuesta de invasión competencial. Parece ser que el grupo proponente aceptará la enmienda de Convergència i Unió y esto, a nuestro entender, deja la cuestión en sus términos justos. Con esto termino, señor presidente. Votaremos a favor de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, conscientes de que lo hacemos con más voluntad que optimismo sobre lo que esta PNL nos pueda aportar.
El señor CUADRA LASARTE: Quiero señalar que para Amaiur el plan de empleo juvenil propuesto por el
Grupo Socialista nos parece un brindis al sol, está bastante vacío de contenido y sobre todo creemos que esconde las propias responsabilidades que este grupo ha tenido en sus anteriores ocho años de Gobierno, porque no hay que olvidar que este 1,6 millones de personas paradas menores de treinta años y los 7 de cada 10 parados que se han incorporado al desempleo con menos de treinta años son fruto y consecuencia de unas políticas que se han llevado y desarrollado por este Gobierno, por una política, antes me he referido a ella, que primaba los contratos a la carta, que ha favorecido la contratación precaria y que en la medida en que todo esto no se solucione, difícilmente puede tener encaje ningún plan de empleo juvenil. Como no se hace referencia a esto en su enmienda, nos vemos obligados como mínimo a abstenernos. Hace falta un plan que contemple medidas que corten radicalmente con esta situación legal. Unas políticas asentadas en la solidaridad, en la justicia social, en el reparto del trabajo y que hagan de la juventud uno de los primeros sectores sociales a considerar. Pensamos que, en lo que antes he referido, la juventud es muy consciente de a dónde se le ha traído hasta la fecha por el anterior Gobierno del Partido Socialista y el anterior Gobierno del PP. Repetimos, en nuestro pueblo, en Euskal Herria, particularmente en Navarra, decenas de miles de jóvenes han salido estos días a la calle a manifestarse, apoyando la huelga general y en contra de estas condiciones de trabajo y pensamos, lo he dicho antes, que esta es la mejor enmienda y el mejor plan de empleo que puede proponerse hoy en día por parte de la juventud.
El señor PRESIDENTE: A continuación el señor Anchuelo tiene la palabra por UPyD.
El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo, como sin duda todos los grupos de la Cámara, comparte la preocupación por el desempleo juvenil, desde luego es uno de los mayores problemas que padecemos, que hipoteca el futuro de nuestra sociedad y supone una grave injusticia intergeneracional. Dicho esto, y en la línea de intervenciones anteriores, en la proposición no de ley del Grupo Socialista se hace un listado de problemas: el fracaso escolar, el abandono temprano, la dificultad para encontrar un primer empleo, pero no se concretan las soluciones. Se hace únicamente una vaga referencia al sistema educativo y a la necesidad de flexibilizarlo. Unión Progreso y Democracia considera que el sistema educativo está en la raíz de los problemas, en efecto, pero no se trata tanto de flexibilizarlo, sino de aumentar su calidad, de garantizar los recursos necesarios para esa calidad y a nuestro grupo le preocupa la diferencia de calidad entre diferentes comunidades autónomas. Nos alegramos de aquellas en las que la calidad es alta, pero nos preocupan los que se quedan descolgados. De ahí algunas propuestas como garantizar un gasto mínimo en estas actividades tan importantes.
Hay otras cuestiones que afectan a este desempleo juvenil que tienen que ver con la contratación, como la propuesta que antes hacíamos de contrato único indefinido, que tampoco se aborda este tipo de cuestiones en la proposición. Sorprende enormemente la autosatisfacción que hay en la exposición de motivos, donde se comenta lo bien que se han hecho las cosas por el Gobierno anterior, con la gran contradicción de los resultados obtenidos. Cuando hay tal contradicción entre las medidas y los resultados, a lo mejor es que no se hicieron las cosas tan bien. Nuestra postura va a ser de abstención a la versión actual y dependiendo de las enmiendas que se acepten podría cambiar al voto negativo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Nuestro grupo va a votar favorablemente a esta proposición no de ley, pero nos sorprende no encontrar ninguna referencia al concepto de modelo productivo. Es cierto que los trabajadores jóvenes y no tan jóvenes no están siendo absorbidos por el mercado de trabajo, porque el modelo productivo español, cuya responsabilidad recae en los Gobiernos de este país que han sido del Partido Popular y del Partido Socialista, por su propia configuración, por su tendencia a configurarse con el núcleo central en la construcción y en el turismo no es capaz de absorber a los jóvenes no cualificados ni a los cualificados. Por tanto, la propuesta tiene que ir siempre encaminada a cambios estructurales, cambios del modelo productivo y no a cambios laborales. Por eso creemos que la solución al problema del desempleo pasa inevitablemente por derogar las reformas laborales, la del Partido Popular y la del Partido Socialista, derogar ambas reformas laborales y acometer reformas estructurales de cambio del modelo productivo, porque es ahí donde subyacen los problemas de la economía real y es ahí donde podemos encontrar la solución al drama social que generan los altos niveles de paro y precariedad en los jóvenes y no tan jóvenes españoles. En cualquier caso, por la filosofía que transciende y que está detrás de esta PNL, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Para concluir este punto del orden del día tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, doña Ana Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para fijar la posición con respecto a esta proposición no de ley, sobre un plan de empleo para jóvenes para reducir el elevado desempleo juvenil, presentada por el Grupo Socialista. Cuál es nuestra sorpresa que hayan pasado ocho años de Gobierno socialista en los que la diputada, portavoz del Grupo Socialista, no se haya dado cuenta de la situación en la que estaban los jóvenes de España. Han tenido que transcurrir dos meses para que la portavoz socialista hiciera una proposición a favor del empleo de los
jóvenes. Aunque compartimos el objetivo de la propuesta, que es la creación de empleo, en general, y, en particular, el fomento del empleo juvenil, y así se ha puesto de manifiesto en la intervención de don Mariano Rajoy en su sesión de investidura, el día 19 de diciembre de 2011, no coincidimos plenamente con la propuesta. Consideramos que es una propuesta bastante ambigua que, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, la redactó antes de la reforma laboral, con lo cual muchos puntos referentes a la contratación laboral de jóvenes como las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social, el primer año, con 3.600 euros o incluso el contrato de apoyo a emprendedores, que ahora se contempla en la reforma, son puntos muy decisivos para ayudar a la contratación de jóvenes. Al mismo tiempo, es voluntad del Gobierno que el Real Decreto-ley, de febrero de 2012, de Reforma Laboral, se tramite como un proyecto de ley, con lo cual ahí tanto el Grupo Socialista como los demás grupos a los que invitamos a hacer sus propuestas, creo que tienen de plazo hasta el 30 de marzo para hacer esas propuestas y esas enmiendas que consideren, esa es la voluntad del Gobierno de mejorar el proyecto de ley y, en todo caso, un tema importante, como es el empleo de los jóvenes, va a tener posibilidad la portavoz del Grupo Socialista de hacer cuantas enmiendas considere necesarias. Consideramos que dentro del proyecto de reforma laboral, como es el contrato de trabajo por tiempo indefinido, el apoyo a emprendedores o como son las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social, así como otros incentivos fiscales que se están poniendo en práctica, conjuntamente con muchas reformas que ya se están llevando a cabo como el pago a proveedores, la reforma financiera, etcétera, van a ser medidas de choque para ayudar a la empleabilidad de los jóvenes en España. Un objetivo prioritario de la política de empleo para 2012 es acometer estas reformas para luchar contra el desempleo juvenil, para ello en el marco del plan anual de política de empleo para 2012, actualmente en elaboración, se incluirán acciones concretas que van a desarrollar las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal. Este proceso se ha llevado de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 56/2003, de Empleo, que se concretará en una serie de medidas que posteriormente se entregarán tanto a las comunidades autónomas y que se incluirán en el propio plan anual. Por otra parte, en esta proposición no de ley se incluyen una serie de consideraciones sobre la reforma educativa. Consideramos que una vez que se haga la reforma y que se modifique la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, se podrá incluir en ella el desarrollo de algunas de sus propuestas. Pero como el propio ministro...
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, vaya concluyendo.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: ... anunció lo de la formación profesional dual, así como también la cuestión del aprendizaje y el desarrollo de un contrato de formación, creo que esto se debe analizar en la Comisión de Educación.
Concluyo, señor presidente, diciendo que hemos propuesto una enmienda in voce, que voy a leer ahora, que dice que dentro del Plan nacional de empleo 2012, que se está elaborando, se incluya un apartado sobre un plan de empleo joven. En este momento estamos negociando con el grupo proponente y con el grupo enmendante a fin de llegar a un acuerdo entre los tres y realizar una transaccional que podamos pasar a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que haga llegar a la Mesa el texto de esa enmienda transaccional.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Si llegamos a un acuerdo, se lo haremos llegar.
- SOBRE LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO CONTRATADOS POR EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ETT). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000362.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo del orden del día, sobre la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores del campo contratados por empresas de trabajo temporal, cuya autoría es del Grupo Mixto, en cuya representación intervendrá el señor Baldoví, por un tiempo de siete minutos.
El señor BALDOVÍ RODA: La situación en el campo valenciano, concretamente en el sector de los cítricos, de la naranja, podríamos calificarla como penosa. En los últimos meses, a un mercado hundido desde hace mucho tiempo para los agricultores, se han sumado un par de calamidades que empeoran mucho más la situación. Por una parte, las heladas del mes de febrero y, por otra parte, el acuerdo con Marruecos acabarán de hundir nuestro campo. A todo esto se une lo que está pasando con los collidors, que son los trabajadores que recogen la naranja. Muchos de ellos son pequeños agricultores que complementan su renta con la recogida de la naranja y otros muchos ni eso, puesto que dependen de la campaña citrícola, que dura cuatro o cinco meses, como único medio de vida.
Con la irrupción de las ETT en el sistema de contratación las condiciones de trabajo de todos estos collidors han empeorado de manera alarmante. En muchos casos se dan condiciones abusivas que rayan en la explotación; por ejemplo, por todo un día de trabajo en el campo el trabajador se lleva entre 10 y 15 euros. Hay un incumplimiento sistemático del convenio, y ya se han presentado en la Inspección diversas denuncias porque se declaran menos jornales reales de los que los trabajadores están realizando y en muchos casos no se da ni de alta a muchos trabajadores. Algunas de estas empresas
de trabajo temporal llegan al extremo de descontar a los trabajadores el uso de los alicates que utilizan para recoger la naranja.
Pensamos que con la irrupción de estas empresas de trabajo temporal en el campo valenciano se está apostando por una precarización absoluta del sector; se está sustituyendo a los trabajadores fijos-discontinuos, que en muchos casos llevaban veinte y veinticinco años recogiendo la naranja, por empresas de trabajo temporal. Pensemos que el sector de frutas y hortalizas genera la mitad del empleo agrario, un equivalente a 450.000 unidades de trabajo anual. Se están pagando salarios inferiores a los pactados. Por eso pedimos en esta proposición la adopción de medidas urgentes para no acabar de hundir a los collidors valencianos. En primer lugar, incrementar las inspecciones en las empresas de trabajo temporal que contraten personas que trabajan en el sector agrícola valenciano. En segundo lugar, que se introduzcan los cambios normativos necesarios para evitar que estos abusos continúen produciéndose, haciendo cumplir el convenio o estableciendo algunas cuotas máximas de contrataciones a través de estas ETT.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Aunque la proposición parte de una motivación muy local, efectivamente señala un problema muy general, que son las abundantes quejas sobre las irregularidades en la contratación en las empresas de trabajo temporal y en las condiciones de los trabajadores. Si se han detectado irregularidades, nuestro grupo no ve ningún problema en que se inste a quien tiene competencias para ello, que en este caso es la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para que inicie las actuaciones de oficio que sean necesarias. Por tanto, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Picó, en representación de Convergència i Unió.
El señor PICÓ I AZANZA: Compartimos el análisis que ha hecho el grupo proponente. Sabemos, porque también lo han puesto de manifiesto la patronal del sector, UGT y Comisiones Obreras, que hay empresas fantasmas que no respetan el salario mínimo colectivo o que no dan de alta en la Seguridad Social. Por tanto, creemos que lo que debe hacerse es incrementar la actividad inspectora para perseguir y sancionar estas situaciones ilegales.
Debo decir que debe tenerse en cuenta que está transferida a la Generalitat de Catalunya la Inspección de Trabajo, que es la autoridad laboral que establece normalmente los objetivos de inspección. Por ello, creemos que algunos términos de la proposición no de ley invaden competencias asignadas en este caso a la Generalitat de Catalunya. Pensamos que deben perseguirse y sancionarse las acciones contrarias a la legalidad, pero que no es necesario modificar la legislación vigente sino aplicar las disposiciones de la ley.
Compartiendo el análisis de esa realidad, por motivos competenciales, y creyendo que el mandato al Gobierno debe circunscribirse a impulsar el trabajo de la Inspección en Valencia, como ha dicho el grupo proponente, nos abstendremos en la votación de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Luis Ábalos.
El señor ÁBALOS MECO: Mi grupo va a apoyar la propuesta, en primer lugar, porque es evidente que allá donde haya sospechas de irregularidades y de posibles abusos siempre estaremos para que se inspeccionen y se vigilen y, en segundo lugar, porque esta es una problemática que, aunque el representante de UPyD ha dicho que es local, y en cierta forma lo es, tiene una trascendencia importante en lo que representa la economía valenciana y el propio imaginario cultural valenciano, muy ligado al cultivo de la naranja. Piensen que la naranja no es un producto más, es el 50% de toda la agricultura valenciana, es casi un monocultivo en muchas de las comarcas valencianas, entre otras en la del señor Baldoví, por lo que tiene una impronta tremenda en la economía y genera toda una economía de escala en torno al propio producto; no se trata solo de la recogida, en este caso la collita, sino también de todo lo que es la manipulación, el transporte, etcétera. Estamos hablando de un sector importante, no es una cuestión tan localista, aunque aparentemente lo parezca.
Es verdad que el sector se ha precarizado mucho como consecuencia de la propia citricultura, que lleva muchos años en crisis. Los agricultores mantienen unas rentas inferiores a las del año 1995, lo que quiere decir que el sector ha perdido mucho, que tiene muchos problemas para competir y que los costes se han ido superando, entre otros, lógicamente, también los de la mano de obra. Ahora bien, no puede ser que al final el ajuste del beneficio pase por precarizar tanto y abusar de los jornaleros. Es verdad que ya no hay quien controle los precios, ya no se sabe exactamente qué puede cobrar un jornalero. Hay quien dice que una cooperativa paga 9 o 10 euros la hora, en otros casos se paga por recogida de naranjas, pero la irrupción de las empresas de trabajo temporal ha precarizado enormemente este sector y se están pagando precios que pueden rondar los 15 o 20 euros por día de trabajo. Esto se sabe. Pero no hablamos solo de españoles, también hay muchos extranjeros y posiblemente algunos ilegales.
Nos parece conveniente y justo que se ponga fin a la actuación de algunas empresas poco escrupulosas que se han sumado a esto para conseguir mano de obra muy barata y muy precaria. Por tanto, apoyaremos esta proposición no de ley del Grupo Mixto, que nos parece que está cargada de razón.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Jesús Susinos.
La señora SUSINOS TARRERO: Al Grupo Parlamentario Popular siempre le han preocupado las condiciones laborales de todos los trabajadores, y cuando digo de todos los trabajadores por supuesto también incluyo a los del campo, que son los que ahora nos ocupan en su proposición no de ley; nos preocupan los comportamientos abusivos que supongan un trato discriminatorio contra cualquier clase de trabajador. Pero no compartimos la idea de su grupo parlamentario, señor Baldoví, de que sea necesario un cambio normativo para evitar que se produzcan las irregularidades que ustedes exponen en su proposición. Ya existe regulación al respecto, señor Baldoví: la Ley 42/97, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Ley de infracciones y sanciones en el orden social. En esta línea, a mi grupo y, estoy segura, a todos los grupos parlamentarios que estamos presentes en esta sala, nos preocupan los hechos que ustedes mencionan en su proposición. Pero, señorías, lo que va a solucionar este problema no es un cambio normativo, el cauce a seguir no es este, lo que deben hacer los trabajadores afectados es dirigirse a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos de adoptar las correspondientes medidas que procedan, debiendo interponer la correspondiente denuncia, porque corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la vigilancia y la exigencia del cumplimiento de las normas legales reglamentarias y el contenido de los convenios colectivos en los ámbitos de ordenación laboral en materia de Seguridad Social. Todo esto ya se encuentra regulado en la ley que le he mencionado.
En cuanto a la segunda cuestión que ustedes plantean en la proposición respecto al incremento de las inspecciones en las empresas de trabajo temporal que contratan a personas que trabajan en el sector agrícola, las actuaciones que han sido realizadas por la Inspección de Trabajo, concretamente en las provincias de Valencia y Castellón, se inscriben en una campaña planificada a nivel nacional. En estas provincias, dadas sus características y cultivos, las actuaciones inspectoras tienen una especial incidencia precisamente en la recogida de cítricos. En la última campaña citrícola, iniciada en torno al mes de septiembre de 2011, que en la actualidad podría decirse que se encuentra prácticamente finalizada, se han llevado a cabo 249 actuaciones inspectoras que han tenido como destinatarios los almacenes de naranjas y sus trabajadores, tanto los que prestan sus servicios en el propio almacén como los denominados collidors, los recogedores de naranjas. Las comprobaciones que se han efectuado en estas inspecciones han sido varias: se han revisado las fórmulas de contratación; se han extendido las correspondientes actas de infracción por recurrir a la contratación de trabajadores externos procedentes de las empresas de trabajo temporal cuando no se habían incorporado mediante el correspondiente llamamiento a los trabajadores fijos-discontinuos. En cuanto al resultado del análisis de las retribuciones percibidas por los trabajadores, también se han extendido diversos tipos de actas: unas, constitutivas de infracción leve, cometidas por las empresas usuarias de los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal por no facilitar los datos relativos a la retribución total establecida en el convenio colectivo; otras, constitutivas de infracción grave, por retribuir a los trabajadores en menor cuantía que al resto de los trabajadores propios. También se han realizado actuaciones, señorías, en el ámbito de la Seguridad Social al haberse detectado supuestos de falta de cotización de las jornadas reales trabajadas.
El señor PRESIDENTE: Señora Susinos, le ruego que vaya concluyendo.
La señora SUSINOS TARRERO: Voy concluyendo.
Quiero finalizar como comencé, reiterando que a nuestro grupo parlamentario siempre le han preocupado y continúan preocupándole las condiciones laborales de todos los trabajadores, pero no vamos a apoyar la proposición presentada por su grupo porque no tiene ningún sentido que se sobreactúe en un tema que está suficientemente claro en la legislación vigente, añadiendo más conceptos que incluso pueden llegar a crear una confusión entre el propio sector y los inspectores que se encargan de hacerla cumplir. Sin duda, es algo ineficiente e innecesario.
- RELATIVA A LA DOTACIÓN ECONÓMICA DEL FONDO DE APOYO A LA ACOGIDA Y LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000404.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto noveno del orden del día, relativo a la dotación económica del Fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes, para cuya defensa tiene la palabra, en nombre del grupo proponente, Convergència i Unió, el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Convergència i Unió trae a esta Comisión la primera proposición no de ley en materia de inmigración, sobre un tema que ya preocupaba en la anterior legislatura a la mayoría de los grupos parlamentarios, y que continúa preocupando, que es garantizar el Fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes. Realmente, como les decía, es un tema que ya preocupaba en la anterior legislatura y como ejemplo diré que en el año 2009, exactamente el 28 de abril, en esta Comisión se debatieron dos proposiciones no de ley, una del Partido Popular y otra de Convergència i Unió, que instaban al Gobierno a que definiera y desarrollara el cambio presupuestario necesario para reponer en su cantidad inicial los recursos
destinados al fondo. Posteriormente, el 15 de diciembre de 2009, se aprobó en el Pleno una proposición no de ley por la que literalmente se instaba al Gobierno a seguir adoptando las medidas que permitan el incremento de los recursos hasta alcanzar las mismas dotaciones presupuestarias previstas en 2009.
La creación en los Presupuestos Generales del Estado del año 2005 del Fondo de apoyo a la acogida y la integración social de inmigrantes, así como el refuerzo educativo de los mismos, fue el resultado de una reclamación largamente defendida por muchos grupos parlamentarios ante la necesidad de reconocer una realidad incuestionable. Durante los años de mayor auge del fenómeno migratorio en España, los ayuntamientos y las comunidades autónomas han sido las administraciones que han hecho frente de manera más directa a los nuevos retos y necesidades exigidos para dar respuestas a la inmigración. El rápido crecimiento de la población inmigrante, con la correspondiente transformación de ciudades y pueblos, el incremento de las necesidades de servicios a las personas, con el consiguiente colapso de determinados servicios públicos y el riesgo de pérdida de calidad de los mismos, las mayores necesidades de asistencia social, especialmente para aquellas personas en situación de vulnerabilidad, el aumento de las dificultades y tensiones en la convivencia entre personas de origen diverso, reclamaban una especial consideración que atendían aquellas administraciones que tienen un trato más directo con la ciudadanía.
El fondo atiende a la necesidad de compensar económicamente a estas administraciones en tres líneas de actuación prioritarias: la acogida e integración de los inmigrantes; el refuerzo en el ámbito de la educación de este colectivo; la atención de menores extranjeros no acompañados. La realidad es que en los Presupuestos Generales del Estado la dotación del fondo se ha recortado más de un 66% respecto de la máxima a la que se llegó en los años 2007 y 2008, que fue de 200 millones, ya que para el año 2012 es de 66,6 millones de euros. Esta realidad se manifiesta especialmente en aquellos municipios donde el incremento de la población de origen extranjero ha sido más alto, superando ampliamente los porcentajes medios del conjunto del Estado. En estos casos, la ausencia de recursos y capacidad de actuación de los municipios se hace más evidente y la percepción ciudadana más preocupante. Son muy visibles en nuestras ciudades las colas de personas, mayoritariamente de origen extranjero, frente a parroquias u organizaciones sociales a la espera de ayuda para paliar su situación. Por ello, debemos reconocer a los ayuntamientos el enorme esfuerzo realizado para acoger con dignidad a sus nuevos vecinos; promover políticas de integración social; garantizar los servicios públicos requeridos y promover la convivencia ciudadana, aspectos que ayudan a explicar que no hayan existido grandes conflictos durante los últimos años.
No parece adecuado que en un momento de crisis se reduzca aún más el presupuesto destinado a la integración de inmigrantes, cuando debería hacerse todo lo contrario; es decir, reforzar estas políticas para evitar el riesgo de marginación y la exclusión de muchas familias inmigradas. El valor de las políticas a favor de la integración de la inmigración es estratégico a medio y largo plazo y debemos considerarlas como un pilar básico de la política de inmigración. El éxito de las políticas de inmigración va a depender de nuestro mercado de trabajo, pero también de nuestras políticas educativas para garantizar que la escuela sea, efectivamente, un espacio de igualdad de oportunidades de los niños y de las niñas de padres extranjeros.
La proposición no de ley que ha presentado mi grupo parlamentario ahonda en este sentido, en la necesidad de mantener y garantizar la existencia del fondo, dotándolo presupuestariamente... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Picó. Entiendo que es inherente a la actividad parlamentaria pactar cuando va concluyendo una comisión, pero también lo es el derecho del orador a ser escuchado o por lo menos a que se oiga en condiciones razonables su discurso. Por tanto, si lo hacen en voz baja, bien, si no, lo pueden hacer fuera. Gracias.
El señor PICÓ I AZANZA: Como decía, señor presidente, lo que pretende nuestra proposición no de ley es garantizar la existencia del fondo y las dotaciones presupuestarias que deben preverse cada año en los Presupuestos Generales del Estado. En estos momentos, cuando seguramente el viernes el Consejo de Ministros aprobará los Presupuestos Generales del Estado para el presente año, creemos que es necesario llegar a un acuerdo parlamentario y recordar al Gobierno la necesidad de prever la dotación presupuestaria de este fondo. En este sentido, avanzo a la Mesa que basándonos en la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular hemos alcanzado un acuerdo que le haremos llegar tan pronto como lo tengamos redactado.
El señor PRESIDENTE: Como acaba de anticipar usted mismo, a esta proposición no de ley se ha formulado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra doña Ascensión Carreño por un tiempo de cinco minutos.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Tienen ustedes toda la razón, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se han convertido en las administraciones públicas que han tenido que hacer frente a las nuevas necesidades en materia de servicios de asistencia social. El problema ha sido para aquellas comunidades que más inmigración tienen, porque no han percibido las ayudas al margen del modelo de financiación. Hay comunidades en las que desde 1999 la población extranjera se ha multiplicado por 15; en los últimos años, este incremento no ha tenido compensación presupuestaria alguna por parte del Gobierno anterior. A ese importante aumento
del censo total de habitantes hay que agregarle las necesidades especiales de la población inmigrante, que requieren esfuerzos económicos extraordinarios, como los que han hecho las comunidades autónomas y, sobre todo, los ayuntamientos. Hay que recordar que hubo un Gobierno socialista que en la pasada legislatura no actualizó la variable de población porque no le interesaba variar el reparto, puesto que perjudicaba a algunas comunidades del Partido Socialista, mientras que se hacía justicia con las del Partido Popular, como Murcia, Valencia, Baleares o Madrid.
Existe un dato revelador -no quiero dejar pasar la oportunidad de comentarlo en esta Comisión-, y es que en relación con el esfuerzo financiero que han realizado las comunidades autónomas desde 2006, de cada 100 euros gastados en atención a inmigrantes, el Estado, el Gobierno socialista, solo aportó 2 euros. Podemos poner el ejemplo de Murcia o de Valencia. En el ejercicio 2008, la administración regional gastó 534 millones de euros en inmigración, el 14,6 por ciento del presupuesto de la comunidad autónoma, y el Estado solo aportó 11 millones. Esa es la realidad. ¿Qué han hecho las comunidades autónomas y los ayuntamientos? Han hecho un gran esfuerzo; han puesto en marcha planes de integración social de los inmigrantes, en los que más del 50% de los fondos destinados a programas han sido para las corporaciones locales; han ampliado la red de servicios sociales y han puesto en marcha el Fondo de apoyo a la acogida y la integración; se han puesto en marcha miles de tarjetas sanitarias; más plazas escolares para hijos de inmigrantes; se ha trabajado intensamente con una especial atención a los menores no acompañados; se ha apoyado al sector agrario y a la contratación de mano de obra. Cabe destacar que con el Gobierno socialista se ha creado paro; se ha creado una bolsa de marginalidad que llega casi a los 2,5 millones de inmigrantes ilegales; se han creado guetos que solo pueden ser atendidos por las ONG; se ha provocado un efecto llamada que ya es uno de los peores dramas humanitarios de los últimos tiempos, con miles de fallecidos, que ha demostrado que la regularización masiva fue un error masivo y que con esas actuaciones se pasó del "papeles para todos" a perder los papeles.
Quiero destacar que el Partido Popular siempre va a trabajar en esa línea, va a seguir defendiendo -porque es lo que quiere- que los inmigrantes vengan de manera legal y ordenada; no queremos que mueran miles de inmigrantes en el intento; queremos una sociedad integrada y pluralista y no una sociedad compartimentada en grupos étnicos, religiosos o culturales. Lo que quiere el Partido Popular es defender una integración social con todos los derechos, pero también con todos los deberes, porque es bueno, en primer lugar, para los inmigrantes y, en segundo lugar, para toda la sociedad. Así lo recoge la Constitución. Es posible hacer una política equilibrada, basada en la idea de que la inmensa mayoría de la gente que viene a España lo hace porque busca mejores oportunidades, y una política de control de la legalidad.
Por las razones anteriormente expuestas, hemos presentado una enmienda. El desarrollo de la política del Gobierno del Partido Popular se fundamenta de una forma clara en la colaboración con las administraciones, y en ello tiene un papel innegable la existencia del Fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes. En el año 2000 el Gobierno del Partido Popular articuló un crédito para el desarrollo del conjunto de programas de integración, basado en la colaboración con las comunidades autónomas...
El señor PRESIDENTE: Señora Carreño, le ruego que concluya. Ha superado ya el tiempo.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: ... que contaba con una partida presupuestaria por parte del Estado. Estos fondos se formalizaron en el año 2005.
La enmienda, que ha sido consensuada con el Grupo de Convergència i Unió, queda redactada de la siguiente manera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la consolidación del Fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes como instrumento de concreción de los previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre desarrollos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y que ha consolidado la concentración territorial en los programas de acogida e integración de las poblaciones inmigrantes y la adecuación del mismo en las líneas presupuestarias vigentes en los correspondientes ejercicios, adoptando las medidas que permitan recursos suficientes.
El señor PRESIDENTE: Le ruego hagan llegar a la Mesa el texto que acaba de leer.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: En primer lugar, quiero señalar que nuestra postura en relación con esta proposición no de ley es de abstención, puesto que aunque estamos completamente en contra de que se produzca cualquier recorte, cualquier congelación en relación con los fondos que hasta la fecha se han venido utilizando, tal como se señala en la proposición, para el Fondo de ayuda a la integración de las personas inmigrantes, creemos que la propuesta que se hace se queda muy corta cuantitativamente porque los fondos que se plantea aportar no son suficientes para abordar la magnitud del problema que estamos teniendo. Pero se queda corta, sobre todo, y queremos hacer hincapié en este tema, porque al margen de los fondos que a ello se destinen, el problema que subsiste es la situación de discriminación, marginación y exclusión en la que se encuentra la población inmigrante, que está favorecida por problemas de fondo. La política económica y la política exterior de este Estado ha fomentado en los últimos años, en las últimas décadas, el aumento de las distancias existentes entre los países empobrecidos -y digo empo
brecidos que no pobres- y enriquecidos -y digo enriquecidos que no ricos-, lo que ha motivado estos flujos migratorios tan importantes que estamos teniendo. La situación de marginación, exclusión y discriminación está motivada, sobre todo, por las leyes de extranjería que tenemos y por su desarrollo normativo que contemplan a estas personas como una población con derechos secundarios, que no tiene los mismos derechos laborales, sociales y ciudadanos que tenemos el resto de nosotros. Esto es lo que está ocasionando que esta población se vea necesitada de contar con toda una serie de medidas de protección. Pero como se trata de problemas de fondo, difícilmente podrá solucionarse por medio de estos fondos, fondillos, la situación en la que se encuentran.
La propuesta que hace Convergència i Unió en relación con esta materia, sobre todo vista la política que este partido está llevando a cabo en su propio país, en Cataluña, no nos parece satisfactoria y por eso nuestra postura, además de por todo lo que he dicho anteriormente, que son problemas de fondo, será la de abstenernos.
El señor ANCHUELO CREGO: Compartimos con el grupo proponente la preocupación por la integración de los inmigrantes y por preservar unas cuantías suficientes para garantizarla. Nuestra discrepancia fundamental tiene que ver con el papel que, en opinión de Unión Progreso y Democracia, tiene que seguir manteniendo el Estado en este tipo de políticas, como en tantas cuestiones, para garantizar un tratamiento similar a los inmigrantes, estén donde estén o lleguen desde donde lleguen, porque aunque los inmigrantes llegan a una determinada comunidad autónoma muy a menudo se mueven entre ellas, incluso creemos, como tantos expertos, que el fenómeno de la inmigración ni siquiera tiene una dimensión estatal sino que incluso es más amplia, es europea. Por último, quiero decir que nos preocupa la dimensión identitaria que a menudo se ha asociado a la integración en algunas comunidades. Creemos que esa dimensión identitaria no es la prioridad más importante.
En principio, no estamos a favor de la proposición no de ley, pero estudiaremos la enmienda presentada por el Grupo Popular, cuya lectura verbal sinceramente no hemos podido entender, pero esperamos verla por escrito.
El señor COSCUBIELA CONESA: Compartimos la filosofía de la proposición no de ley en la medida en que plantea la importancia de que se dote a comunidades autónomas y a ayuntamientos de instrumentos, de medios económicos para abordar esta problemática. Discrepamos profundamente -y queremos dejar constancia de ello- de la explicación de la portavoz del Grupo Popular sobre las causas de la inmigración. Como ha demostrado la crisis económica, desgraciadamente, el efecto llamada es de la economía, no de las políticas. Estamos a la espera de conocer exactamente los términos en los que se va a producir el acuerdo entre el grupo proponente y el Grupo Popular, porque si nos parece muy, muy escasa la partida o si no se cuantifica o se deja en el aire, probablemente esa posición favorable a la proposición no de ley se convierta en una abstención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vamos a votar de forma favorable, manifestando también nuestra inquietud relativa al desconocimiento del texto final de la transacción que pretendidamente va a ser aceptada por el grupo proponente. Ponderaremos, una vez conocida esta enmienda, cuál es nuestra posición.
Sin perjuicio de no articular ahora un debate sobre la extranjería como concepto, porque no parece que esta proposición nos legitime para realizar reflexiones filosóficas profundas sobre una materia tan compleja, tan delicada y con aristas y aspectos tan polémicos como este, que dividen a los grupos parlamentarios, no puedo dejar de decir, señor presidente, que me ha sorprendido la reflexión apologética de la portavoz del Grupo Popular sobre el pretendido buen funcionamiento de la legislación de extranjería en todos sus ámbitos, cuando el Partido Popular se erigió en la pasada legislatura en un verdadero azote del entonces partido gobernante sobre las disfuncionalidades de una Ley de Extranjería que es la misma que en este momento está vigente. Un poco de coherencia sería exigible en relación con estas materias. Sobre el fondo de compensación, particularmente, ustedes han compartido con nosotros -y cuando digo ustedes, me estoy refiriendo al Grupo Popular en el Congreso- su mal funcionamiento, sobre todo en relación con un aspecto del mismo que resulta lacerante, señor presidente, que es el número de menores no acompañados tutelados por instituciones autonómicas o por instituciones forales. No es concebible que las instituciones vascas tengan bajo su tutela 700 menores no acompañados, que en la Comunidad de Madrid no lleguen a cien, que en la Comunidad de Valencia no lleguen a 70 y que la Comunidad de La Rioja se niegue a aceptar ninguno, asumiendo el riesgo que puede dimanar de la amenaza del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la La Rioja de querellarse contra dicha comunidad por negarse y renunciando a las subvenciones de este fondo de compensación; uno de los aspectos frágiles de este fondo es puede ser utilizado o no por las comunidades autónomas. Este desequilibrio en el número de menores no acompañados no hemos sido capaces de resolverlo en la anterior legislatura y, a tenor de las palabras pronunciadas por la portavoz del Grupo Popular, me da la impresión de que tampoco vamos a saber resol
verlo en esta, sobre todo cuando estos menores no acompañados llegan allí donde sí se acepta su tutela con billetes de autobús y dinero que les ha entregado determinado personaje que decía representar a la comunidad de procedencia, allí donde estaban anteriormente. Esas disfunciones que rayan en el injusto penal, señor presidente, no permiten una reflexión apologética sobre la funcionalidad de este fondo, es más, requieren modificar profundamente las características, las finalidades y el carácter coercitivo de las medidas de promoción que en ese fondo se consigna. Desde esa perspectiva, permítame que le diga, señor presidente, más que como reflexión intelectual, como desahogo, que no se hagan reflexiones apologéticas sobre esta, cuando las cosas están como están y no parece que haya propósito de enmienda, utilizando la reflexión teológica, sino todo lo contrario, a tenor de lo escuchado a la portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, con independencia del juicio subjetivo que pueda sustentar, siempre haré gracia, en el buen sentido de la palabra, de la libertad de expresión, se considere apologética o no la intervención de cualquiera de ustedes. Es mi obligación dentro de los tiempos y las formas que deben regir un debate en una comisión.
Para concluir este punto, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, doña Esperança Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: La verdad es que cuando vimos la iniciativa del Grupo de Convergència i Unió nos pareció bien recordar un fondo que se creó en el año 2005, con el beneplácito de todos los grupos políticos de la Cámara, a instancias del Grupo Socialista y del Grupo de Esquerra Republicana, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds. Efectivamente, este fondo fue pensado para incluir en los presupuestos de 2005 y ayudar con proyectos finalistas -aquellos que se desarrollaban en el lugar más próximo a aquel donde vivían las personas-, proyectos de integración social y de refuerzo para los menores. También había una partida para menores no acompañados. Lamento que hoy, el debate sobre este fondo, que tuvo el beneplácito de todos, se haya convertido al final en un discurso del Grupo Popular, a mi entender, un poco agrio y poco serio. Si hemos de discutir este tema, señor presidente, tiene que ser en un marco distinto, poniendo como eje las políticas migratorias y haciéndolo bien, pero aquí estamos hablando de una enmienda que ha presentado el Grupo Popular y de la que yo me he alegrado, porque a través de ella se manifestaba el deseo de continuidad de este fondo, instaurado por el anterior Gobierno, y el discurso me parece del todo improcedente. Además, desvirtúa un proyecto que ha tenido unos resultados interesantes que en el poquito tiempo que me queda, señor presidente, quisiera señalar, para verlo en positivo y para ver por qué estamos pidiendo que esto se consolide en un futuro en los próximos presupuestos. A veces por la boca muere el pez, porque después de decir determinadas cosas, si esto no se mantiene en los niveles necesarios en los presupuestos, nos veremos obligados a reclamarlo de una manera beligerante y usted sabe que este no es mi estilo. Este fondo se ha dedicado a los territorios con mayor número de personas inmigrantes y después de seis años, con independencia del número de menores no acompañados, problema al que no hemos sabido dar una solución -estoy bastante de acuerdo con el señor Olabarría-, ha dado resultados excelentes en términos de impacto y buenas prácticas en la mayoría de los ayuntamientos beneficiados. Ha permitido desarrollar un número muy importante de proyectos innovadores y metodologías nuevas y ha servido para el aprendizaje, para transferir conocimientos, para aprender los unos de los otros, para aprender buenas prácticas. El objetivo era la inclusión social, la convivencia ciudadana en el territorio inmediato y la ayuda a los menores con programas de tiempo libre y refuerzo educativo. Las entidades han valorado muchísimo estos proyectos de carácter finalista, porque permitían una intervención inmediata en el entorno. ¿Por qué se minoró esto? Se minoró -y con esto ya termino- porque en el año 2009 se aprobó la nueva Ley de financiación de las comunidades autónomas, que otorgaba a los territorios proyectos finalistas en este concepto. Si el Partido Popular desea consolidar esto, nos va a tener a su lado para trabajar en serio estas políticas. Le informo, señor presidente, que, a la espera de la enmienda final, en principio pensamos apoyar esta proposición no de ley que presenta Convergència i Unió.
- RELATIVA A LA PENSIÓN DE VIUDEDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000011.)
- SOBRE LA MEJORA DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000064.)
- SOBRE INCREMENTO DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000379.)
El señor PRESIDENTE: Por último, vamos a debatir de forma acumulada la proposición no de ley que figura en el punto 4 del orden del día, relativa a la pensión de viudedad, presentada por el Grupo Vasco; la que figura en el punto número 5, sobre mejora de las pensiones de viudedad, presentada por La Izquierda Plural, y la que figura en el punto 8 del orden del día, sobre incremento de las pensiones de viudedad, de la que es autor el Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a establecer las intervenciones de los grupos proponentes en función del orden de registro, de forma tal que en primer lugar tiene
la palabra el Grupo Vasco, por siete minutos. Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Abordamos el debate de un tema recurrente en esta Comisión y en esta Cámara, que es la problemática que afecta a esta contingencia protegida por el sistema público de pensiones, a las viudas, a la pensión de viudedad. Digo a las viudas, utilizando el género femenino, porque el 93% de las personas beneficiadas -entrecomillando la expresión beneficiadas- por la prestación de esta contingencia son mujeres, y de este 93%, el 73% son mujeres que no tienen más percepción económica para su subsistencia que esta prestación del sistema público de pensiones, y de este 73%, el 43%, prácticamente la mitad del colectivo beneficiario -entrecomillando también la expresión- de esta prestación se encuentra bajo lo que técnicamente se denomina umbral de la pobreza, señor presidente, en la definición que de este concepto ha realizado Eurostat, es decir, un volumen de ingresos inferior al 60% de las rentas medias del lugar geográfico donde desarrolla su vida la persona beneficiaria de esta prestación.
Tenemos un elemento de autoridad para invocar la toma en consideración de esta iniciativa -me refiero a la señora López Chamosa de forma muy particular-, que es el siguiente, señor presidente: el programa del Partido Socialista Obrero Español hace tres legislaturas. Esta proposición no de ley está copiada de las invocaciones con las que concurrió a las elecciones y con las que ganó hace tres legislaturas el Partido Socialista Obrero Español. No sé mesurar qué porcentaje pudo tener esta invocación específica en esta victoria; seguramente tuvieron más relevancia otras invocaciones y circunstancias peculiares que concurrieron antes de aquellas elecciones, pero las viudas vieron con satisfacción el incremento, primero, de un 50% de la pensión del cónyuge fallecido para el cónyuge supérstite, luego, de un 72% en virtud de una aplicación tardía de un acuerdo interprofesional entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, llegando por último al 52 por ciento, que es como está tabulado en este momento el coeficiente de aplicación, que no se corrigió, señora López Chamosa -y tuvimos una gran oportunidad para hacerlo-, en la Ley 40/2007, ley en la que se reguló materialmente de nuevo la configuración de la protección de esta contingencia, pero sin incrementar el coeficiente para su cómputo. (La señora López Chamosa hace gestos afirmativos.) No me diga que sí, porque es que no. Hay una recurrencia paradójica en este ámbito, señor presidente, siempre por el partido gobernante -porque cuando están en la oposición dicen lo contrario-, que consiste en afirmar que esta materia se debe debatir y estudiar en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. El Partido Popular siempre ha incorporado a su acervo ideológico esta pretensión. No sé quién va a intervenir en nombre del Grupo Popular, pero quiero recordar las intervenciones de sus portavoces en legislaturas precedentes, siempre defendiendo lo que preconizamos en el pedimento de esta proposición no de ley en sus propios términos. Ustedes decían lo mismo que nosotros: Se debe incrementar el coeficiente de cálculo de la pensión de viudedad del 52 al 70%. Lo decían así, sin ningún tipo de aditamento como el que presentan en su enmienda, ubicando en el Pacto de Toledo esta reflexión o el estudio de la protección de esta contingencia. Cuando el Partido Socialista gobernaba...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, vaya terminando, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Cuando el Partido Socialista gobernaba, para evitar asumir compromisos en relación con la problemática de las viudas -problemática que dimana del incumplimiento de los requerimientos constitucionales, específicamente del contenido esencial del artículo 41 de la Constitución, que establece que cualquier prestación contributiva y no contributiva tiene que ser suficiente, y no se puede hablar de suficiente cuando la mitad del colectivo vive bajo el umbral de la pobreza-, también derivaba el estudio de la protección de esta contingencia al Pacto de Toledo. ¿Por qué se hace esta derivación al Pacto de Toledo, señor presidente? Porque todo el mundo sabe que el Pacto de Toledo es algo así como la dimensión Pokémon, que es algo que usted que tiene hijos jóvenes y yo que también los tengo sabemos en qué consiste exactamente, algo donde se incluye una iniciativa parlamentaria y se difumina, desaparece, nadie sabe ni qué ocurre con ella, ni dónde está, ni a qué dedica el tiempo libre; es una especie de fictio iuris, de desaparición de algo que pretendidamente se aprueba para amortizarlo mediante este alambicado recurso de su ubicación en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. Me duele mucho -se lo digo al Partido Popular- que utilicen la misma trampa, ubicando en el Pacto de Toledo la definición y el estudio de esa contingencia, porque eso es tanto como afirmar taxativamente que no están dispuestos a cumplir con los requerimientos que forman parte de su acervo ideológico histórico. Cuando ustedes estaban en la oposición pedían lo mismo que yo pido en este momento; ahora que están en el poder recurren al Pacto de Toledo para no cumplir los requerimientos de las viudas y no cumplir, si me permiten la expresión vulgar, de una santa vez los requerimientos constitucionales...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le agradecería que fuera concluyendo, porque ya ha excedido el tiempo de palabra adjudicado.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Recurren al Pacto de Toledo para no cumplir de una santa vez, señor presidente, los requerimientos constitucionales y, por qué no decirlo, el programa electoral en esta materia. El Partido Socialista Obrero Español hace tiempo que abdicó de esta reivindicación que consignó en su programa electoral. Espero que el Partido Popular, que también lo ha ubicado en su programa electoral en la anterior legislatura, no
abdique con tanta facilidad mediante este procedimiento de su ubicación en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, que es tanto -y así lo debemos interpretar simbólica y materialmente- como decir no a la toma en consideración de esta proposición. Por tanto -acabo, señor presidente-, no vamos a aceptar ninguna de las enmiendas en las que la expresión Pacto de Toledo se cite de forma perifrástica, directa, eufemística o material. Nos da igual. Para mi grupo parlamentario, cualquier enmienda que consigne la expresión Pacto de Toledo quedará desautorizada ad limine.
El señor PRESIDENTE: Para defender la proposición presentada por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: El tema que estamos tratando debe ser importante cuando es objeto en la misma sesión de esta Comisión, en la primera, de las iniciativas de tres grupos de la Cámara. A nuestro entender, esta es una de las situaciones más importantes que podemos tratar y me gustaría defenderla con tres argumentos simples: el de la justicia, el del respeto a este Parlamento y el del cumplimiento de la ley.
Cuando en la anterior legislatura se decidió abordar la problemática de la situación de las personas viudas, fundamentalmente mujeres, fue porque todo el mundo era consciente de la situación de insuficiencia de esas pensiones y -citando la propia recomendación del Pacto de Toledo- de los riesgos de que esa insuficiencia conllevase la posibilidad de caer en la pobreza. Es pues una situación de justicia que en su momento se abordó.
El segundo argumento es el respeto a este Parlamento, que en la anterior legislatura, con un proceso muy lento, que llevó a la configuración de las recomendaciones del Pacto de Toledo, especificó en la recomendación número 13 el compromiso de incrementar esas pensiones, y en un proceso aún más farragoso, que llevó a la incorporación en una de las disposiciones transitorias establecidas en la Ley de 2011, concretamente, en la disposición adicional trigésima, acordó un proceso que sin duda es compatible con la estabilidad financiera del sistema, un proceso ni más ni menos que de ocho años, para la aplicación de esa mejora desde el 52 al 60% ciento de la base reguladora.
La tercera razón es el necesario respeto al cumplimiento de la ley. Por supuesto, la ley posterior deroga la anterior, pero no es de recibo en un marco de seguridad jurídica y de dignidad de la política que un proceso, en el que costó tanto alcanzar un acuerdo político y plasmarlo en la reforma de la Ley de Seguridad Social del año 2011, se vaya al traste simplemente con una referencia en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley del 30 de diciembre, que había que buscar con lupa, porque, por supuesto, como sucede en casi todos estos casos, ni fue objeto de información por la portavoz del Gobierno el viernes, cuando dio cuenta de ese real decreto-ley, ni por los medios de comunicación. En la medida en que era una parte del real decreto-ley no bondadosa y, sobre todo, que incumplía el compromiso del Partido Popular de no afectar el derecho de las personas pensionistas, esa información se hurtó a la ciudadanía, pero no solo eso, sino que al mismo tiempo se dejó sin aplicación de un plumazo un compromiso social importante y un consenso que costó conseguir y plasmar en la reforma de la Ley de Seguridad Social del año 2011. La verdad es que resolverlo diciendo que se aplaza la aplicación sin poner una fecha a ese aplazamiento y sin dar ni siquiera una explicación de carácter político para el mismo es todo menos respeto a las personas afectadas, viudas la mayoría, a sus condiciones de pobreza en muchos casos y, sin duda, al Parlamento y al valor que la ley debe tener en las sociedades. Estaría dispuesto a aceptar cualquier posible solución de consenso si alguien me hubiera explicado la razón por la que se produce ese aplazamiento, pero ni está en el texto ni en la exposición de motivos del real decreto-ley ni hasta ahora se nos ha dado, y no parece, por la enmienda del Grupo Popular, que se nos vaya a dar. Se nos da el placebo de tirar la pelota hacia delante.
He buscado datos sobre las personas que podrían estar afectadas por esta mejora. Si mis cálculos son buenos, de las 2.297.200 personas con pensión de viudedad que había en el momento en el que se acordó el aplazamiento del cumplimiento de la Ley de Seguridad Social del año 2011, afectaría directamente, excluyendo a las que no tienen más de sesenta y cinco años, excluyendo a las que tienen ingresos superiores, excluyendo también -no lo olvidemos- a aquellas que tienen pensiones mínimas, porque la mejora de la base reguladora no va a suponer un incremento de gasto a la Seguridad Social, estaríamos hablando de no más de 560.000 personas, cuyas pensiones tienen en este momento un coste global de 4.279 millones de euros, es decir, una cantidad perfectamente aceptable desde nuestro punto de vista. Desconocemos cuál es la dimensión de ajuste presupuestario que impide al Partido Popular, al Gobierno, aceptar una cosa tan básica como es el cumplimiento de la ley en ese sentido. Entiendo a los que plantean que eso pase por volver a pasar la pelota a la Comisión del Pacto. Tenía dudas, pero después de escuchar a un veterano como don Emilio se me han quitado todas. Como lo que se me sugiere -y estaba a punto de aceptarlo- es que deje de nuevo en vía muerta la mejora de las pensiones de viudedad, voy a hacer caso al veterano -no por edad, sino por experiencia- Emilio Olabarría y no voy a aceptar la propuesta del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Isabel López Chamosa, para la defensa de su iniciativa.
La señora LÓPEZ CHAMOSA: Señor Olabarría, yo le explicaré lo que hacemos en el tiempo libre, no se preocupe.
Traemos hoy aquí una proposición no de ley para corregir algo que se ha hecho en el Decreto 20/2011, en
el que se anula un aumento que se había previsto en la Ley 27/2011, para pasar del 52 al 60%. En el año 2004, el Partido Socialista -es verdad lo que decía el señor Olabarría- llevaba en su programa electoral el 70%, pero después de ver que, debido a su coste, no era posible hacerlo en los términos que planteábamos, no lo incorporamos al programa en 2008. Lo retiramos porque vimos que no era posible, pero también vimos que algo había que hacer. Durante los dos años en los que estuvimos hablando de las recomendaciones en la Comisión del Pacto de Toledo, los temas con más pasión discutidos fueron la viudedad, por un lado, y la revisión salarial de las pensiones, por el otro, por aquello que todos ustedes recuerdan que tuvimos en la legislatura pasada, el Decreto de mayo de 2010. Pues bien, el Partido Socialista es muy coherente con todo aquello que apoya, que defiende y que aprueba con sus votos. Nosotros aprobamos con nuestros votos, con los de todos los grupos, las recomendaciones del Pacto de Toledo, el 25 de enero de 2011. Pues bien, la recomendación número 2 dice: Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones. Termina el párrafo diciendo: Por todo ello, la Comisión considera que este tipo de medidas no puede adoptarse sin la consulta y el debate previo en el ámbito del Pacto de Toledo, teniendo en cuenta su recomendación número 2. Bien es cierto que al traer esto no incumplimos este artículo 2, porque en la Ley 27/2011 hay un artículo en el que se sube la pensión de viudedad un 8% empezando este año. Quien incumple este artículo es el Gobierno al traer el Decreto 20/2011 y al no haber hecho la consulta previa que habíamos aprobado que se hiciera en el Pacto de Toledo. Esa es la realidad.
Hoy se nos plantean dos posibilidades: una, perder la votación, perder la iniciativa y ya está, y dos, acogernos a las recomendaciones, esto es, cumplir las recomendaciones y pedir un informe a la Comisión del Pacto de Toledo sobre el cumplimiento o no de esta iniciativa. Ante la disyuntiva de perder la iniciativa o dar la oportunidad de que vaya al Pacto de Toledo, haya un informe y luego la discutamos, mi grupo opta por aceptar la propuesta del Grupo Popular: ir al Pacto de Toledo, que se aplique la recomendación número 2 y discutir luego la proposición no de ley que pide que se cumpla lo acordado en la Ley 27/2011.
En efecto, esta medida afecta exactamente a 528.000 viudas, porque son las mayores de sesenta y cinco años, que además no tienen otros ingresos, es decir, ni tienen ingresos propios ni tienen ingresos de otro tipo. Cuando lo metimos en la ley, ya estaba contabilizado. Además, sigue pendiente una recomendación del Pacto de Toledo, que consiste en el estudio de una reforma integral y que con el anterior Gobierno -con este no lo sé- no hemos llevado a término. Por tanto, vamos a aceptar, entendiendo que se trata de cumplir un trámite establecido en las recomendaciones del Pacto de Toledo y que posteriormente volveremos a discutir este tema, porque lo que queremos es que se cumpla la Ley 27/2011.
El señor PRESIDENTE: A estas tres iniciativas se han formulado sendas enmiendas del Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra doña Celinda Sánchez, durante cinco minutos. Les quiero advertir que esta Mesa agradecerá que se le proporcione cuanto antes el texto de la enmienda transaccional a la que acaba de aludir la señora López Chamosa.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Señorías, de las tres PNL que hoy debatimos en esta Comisión, dos piden la derogación de la disposición adicional novena del Real Decreto del 30 de diciembre de 2011 y la tercera, presentada por el Grupo Vasco, insta al Gobierno a consensuar esta reforma sobre el incremento del coeficiente del cómputo de las pensiones de viudedad. Me gustaría decir a los tres grupos que el Gobierno de Mariano Rajoy lleva tres meses en La Moncloa y en este corto espacio de tiempo ha tenido que tomar decisiones difíciles y urgentes, pero necesarias por el momento de crisis económica y laboral que padecemos en nuestra nación. A los siete días de su toma de posesión, el Gobierno tuvo que hacer un ajuste de 15.000 millones por el déficit público que, como todos sabemos, no era del 6%, como hasta el último momento sostuvo el Gobierno socialista, sino que superaba en bastantes décimas el 8%, cantidad final a la que tuvo que hacer frente el Gobierno del señor Rajoy y que era ni más ni menos que de 90.000 millones, es decir, 30.000 más que la que se mantuvo hasta el última día en esta Cámara por parte del anterior Gobierno. Señorías, estas cifras ponían en tela de juicio y hacían inviable para el ejercicio del 2011 el objetivo de estabilidad presupuestaria comprometido por el anterior Gobierno socialista, por ello, en ese Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, en su disposición adicional novena, queda aplazada, queda aplazada, la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Vuelvo a repetir que la aplicación en mejoras de pensión de viudedad queda aplazada, no suprimida. Quiero hacer una comparativa y recordarles a todos ustedes, por el respeto y consideración que nos merecen estas personas, que durante la anterior etapa del Gobierno del Partido Popular se llegó a múltiples acuerdos con los sindicatos y empresarios. Permítanme destacar, entre otros, el acuerdo de abril de 2001 sobre la mejora y desarrollo del sistema de protección social, que firmaron el Gobierno, la patronal y Comisiones Obreras, donde, entre otras mejoras en cuanto a pensiones de viudedad, se contemplaba esa mejora de la base reguladora pasando del 45 al 52% y, en el supuesto de esas pensionistas con cargas familiares, la pensión podía subir hasta el 70%. También se contempla un nuevo marco de compatibilidad para el pensionista que quisiera contraer nuevas nupcias y que no perdiera dicha pensión. En ese respeto que nos merecen estas pensionistas, se incluyeron mejoras para que las pensiones de aquellas personas de menos de sesenta años, con cargas familiares, quedaran equiparadas a los de más de sesenta años. Es decir, el PP siempre ha buscado acuerdos y consensos en temas tan sensibles como man
tener el poder adquisitivo de las pensiones, incluyendo -recuerdo en esta Cámara- el poder adquisitivo de las pensiones por ley, como así lo hizo la Ley 24/1997, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social.
Permítanme que les diga que es muy sorprendente que esta disposición adicional trigésima, donde se pide el aumento de la base reguladora, pasando del 52 al 60%, a partir del 1 de enero del año 2012, se apruebe precisamente el año pasado, cuando durante ocho años de Gobierno socialista no se tocó la base, que anteriormente he dicho, con acuerdo del Partido Popular, que fue del 45 al 52. En un ejercicio de incoherencia vienen hoy a defender y a pedir aquello que no quisieron hacer cuando el sistema de la Seguridad Social estaba saneado. El mismo grupo que congeló las pensiones en el año 2010, por cierto sin pasar por el Pacto de Toledo, y ahora, en una situación económica enormemente difícil, propone algo, que jamás hizo, como fue subir la base reguladora de estas pensiones.
Señor Olabarría, no le quepa la menor duda de que la petición que usted hace sobre diálogo la va a tener, porque la idea y la intención del Gobierno del Partido Popular quedó reflejada aquí por la comparencia que tuvo la ministra del ramo hace unos meses y se dijo que iba a convocar a los agentes sociales para la adecuación, actualización y modernización de la Seguridad Social. Me llama la atención algo, señorías, y es que precisamente en el Pleno de este Congreso, Convergència i Unió presentó en junio de 2008 una iniciativa que iba en esta línea de mejora de las pensiones de viudedad, fue votada por unanimidad y tomada en consideración. Varios grupos de esta Cámara, incluyendo el nuestro, presentamos enmiendas. No sabemos por qué, pero el Gobierno socialista la paralizó y dicha iniciativa caducó al final de la legislatura.
Termino, señor presidente. Señorías, en la línea de diálogo que el Gobierno del Partido Popular quiere tener con todos los grupos, acabamos de presentar tres enmiendas, que son iguales, para las tres iniciativas, porque creemos firmemente que debe de ser en la Comisión del Pacto de Toledo donde se deben de hablar y valorar todos estos planteamientos. Después de escuchar a La Izquierda Plural y al PNV entiendo que no van a aceptar la enmienda y trataríamos de llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista, solo que hay un error que ahora voy a hablar con la señora López i Chamosa, porque no es precisamente el dato que ella ha dado sobre la ley que hoy debatimos, sino que se han bailado unos números y ahora lo tratamos de arreglar.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: En primer lugar, quiero señalar que la postura de Amaiur es favorable a la propuesta que ha realizado el PNV, no sólo porque se opone a unos recortes prácticos que estamos viendo en la situación de este importante colectivo, sino porque favorece la importante mejora del mismo. Como Amaiur es un grupo nuevo en esta Comisión y en el Congreso, queremos exponer también cuál es nuestra postura general en relación con este tema. Como ha dicho el compañero, señor Olabarría, aun cuando hablemos de pensiones de viudedad, en realidad estamos hablando aquí de pensiones de las viudas, que son las que de forma mayoritaria componen el colectivo afectado, las pensiones de viudos son prácticamente inexistentes. Todas estas pensiones les corresponden a las mujeres por el mero hecho, no de ser mujeres, sino de ser mujeres de, y la pensión que les corresponde, les corresponde por ser viudas de. Se trata de unos derechos que no son propios, no son sustantivos, sino que son derechos diferidos. Es interesante señalar que las mujeres en esta sociedad realizan las dos terceras partes de las horas de trabajo socialmente útiles, los hombres únicamente realizamos la tercera parte y, sin embargo, estas viudas reciben el 52%, a pesar de trabajar dos tercios, de los sueldos de las personas que han trabajado solo un tercio. Evidentemente todo este sistema está viciado en origen y exige una importante reforma para que estos derechos, como he señalado antes, pasen a ser unos derechos propios, realizados en función de la situación real de las personas y no unos derechos diferidos. Todo el conjunto de las pensiones, a las cuales nos estamos refiriendo, debe ser acomodado a las nuevas realidades sociales, interpersonales y familiares existentes hoy en día en nuestra sociedad y pasar a ser considerados como unos derechos universales y propios de cada persona y no derivados de una situación matrimonial. Creemos que es preciso hacer una reforma radical de este sistema, en la medida en que esto va a exigir un cierto tiempo, por parte de Amaiur, defendemos que mientras estas rentas básicas universales no sean puestas en marcha, la cobertura mínima que cubra estos supuestos sea no inferior al umbral de la pobreza, que en relación con nuestro pueblo, Euskal Herria, está situado en los 1.000 euros aproximadamente.
El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo, tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: La elevación del porcentaje de la base reguladora en las pensiones de viudedad del 52 al 60% en ocho años era una recomendación del Pacto de Toledo y que se incorporó en la Ley 27/2011. El Real Decreto-ley 20/2011 la deja sin efecto. Se nos dice que se aplaza, pero se hace sine die, sin ningún horizonte concreto. En nuestra opinión, constituye un incumplimiento del Pacto de Toledo. Este pacto tiene una dudosa suerte, porque es un pacto que los partidos parece que invocan cuando están en la oposición, pero olvidan cuando están en el Gobierno. Es el caso del Partido Socialista que puede congelar las pensiones cuando gobierna, pero recordar el pacto ahora, o más curioso todavía, el caso del Partido Popular, que puede incumplirlo estando en el Gobierno e invocarlo ahora en la Comisión. Si tanto se valora el Pacto de
Toledo mejor habría sido respetarlo desde el principio, en vez de invocarlo ahora como enmiendas.
En nuestra opinión este es un tipo de ahorro que constituye un ejemplo de cómo no hay que ahorrar, porque afecta a un colectivo claramente desfavorecido, y la mayoría de los estudios sobre la pobreza señalan la relación entre la situación de viudedad y la pobreza, cómo la pobreza afecta gravemente a este colectivo. Por otro lado, supone un ahorro, pero no un ahorro sustancial. Consideramos que es un buen ejemplo de cómo no ahorrar. Hay otros ejemplos, como el gasto en desempleo, que está cayendo mientras el desempleo aumenta, porque los parados agotan sus prestaciones. Unión Progreso y Democracia es partidario del ahorro, pero del ahorro selectivo y, desde luego, no del ahorro en el gasto que va asociado a las situaciones de mayor necesidad, incluso de pobreza. Por eso apoyamos las iniciativas.
Solo en el caso del PNV hemos presentado una enmienda, porque no entendemos por qué ellos plantean un umbral del 70 en vez del 60%, que es lo acordado en el Pacto de Toledo. En este caso el apoyo estaría condicionado a que se cambie al 60% como en las otras dos proposiciones no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar tiene la palabra por Convergència i Unió, don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente son dos abordajes distintos ante un mismo problema. El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Iniciativa per Catalunya nos plantean la derogación de esa disposición en el recorte de diciembre, que suspendía la aplicación de la mejora de la pensión debe de viudedad, y el Grupo Vasco, señor Olabarría, recupera su vieja demanda de que la base reguladora fuese el 70% de la base del causante. Mi grupo, en relación con los planteamientos del señor Coscubiela y de la señora López i Chamosa, los comparte. Es más, hemos presentado una iniciativa de las mismas características para llevarla al Pleno del Congreso de los Diputados. Lo compartimos porque precisamente esa disposición adicional trigésima, que figura en la reforma de la ley de las pensiones, fue resultado de un acuerdo político entre Convergència i Unió y el Grupo Socialista para mejorar la pensión de viudedad. Un acuerdo que, por cierto, señorías, el señor Tomás Burgos, entonces portavoz del Grupo Popular en la materia, tildó de insuficiente. Cuando el señor Tomás Burgos y el Gobierno del Partido Popular han tenido ocasión de aplicarlo, lo que han hecho ha sido congelar su aplicación, sin fecha, para que la misma pueda ponerse en práctica. No tan solo en relación con el aumento de la base reguladora de la pensión de viudedad, sino también en otra vieja cuestión que hemos discutido en esta Cámara en innumerables ocasiones como es la mejora del tratamiento fiscal de la pensión de viudedad, de las personas viudas que compatibilizan su pensión con un trabajo remunerado. Porque esa misma disposición adicional mandata que para la declaración de la renta del año 2013, las viudas y viudos que trabajan no continúen pagando más impuestos por el solo hecho de recibir una pensión de viudedad. Mi grupo es partidario de que esa previsión introducida en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 20/2011 se suprima y que ese acuerdo que por primera vez mejoraba la pensión de viudedad, de manera modesta, pero afectando a más de medio millón de pensionistas, tenga plena vigencia. Hoy vamos a apoyar la iniciativa del señor Coscubiela, apoyaríamos la iniciativa de la señora López i Chamosa y, si son derrotadas, llevaremos esa iniciativa al Pleno del Congreso de los Diputados. No terminamos de entender exactamente qué significa llevar estas iniciativas al Pacto de Toledo, no lo sé y estoy muy atento para saber cómo el Pacto de Toledo va a articular esos dictámenes o informes en relación con las proposiciones de ley que planteamos los grupos parlamentarios. Estoy seguro de que no podemos convertir el Pacto de Toledo en el pacto del silencio, en el que en esta legislatura, en esta Comisión, no discutamos de la política de pensiones del Gobierno. No tan solo porque el Gobierno decidió, de manera unilateral, la suspensión de esa disposición adicional, sino que esta Comisión específicamente tiene atribuidas las competencias en materia de Seguridad Social.
Termino, señor presidente. Finalmente, en relación con la proposición no de ley que defiende el señor Olabarría, mi grupo la va a votar favorablemente, entre otras cuestiones -y lo recordaba la portavoz del Grupo Popular-, porque la Cámara en la pasada legislatura tomó en consideración una proposición de ley en esa dirección, que, señorías, fue bloqueada en la Mesa de la antigua Comisión de Trabajo, por la mayoría compuesta por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista, y a las actas de la Mesa y portavoces en la que se decidió eso nos podríamos remitir. Si en la pasada legislatura no abordamos la reforma integral de la pensión de viudedad fue porque los dos principales grupos políticos de la Cámara no quisieron. Con esto termino, señorías. Votaremos favorablemente a las iniciativas planteadas por los grupos y absteniéndonos en la transacción que ofrece el Grupo Popular si finalmente el Grupo Socialista así la acepta.
El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir por dos minutos para ordenar las enmiendas transaccionales y quiero recordar a sus señorías que, una vez concluidas las votaciones y finalizada la Comisión, habrá Mesa y portavoces, tal y como habíamos quedado en la anterior reunión. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En relación con las enmiendas ofertadas por el Grupo Popular y el Grupo Socialista a la proposición no de ley presentada por mi grupo, no me puedo subrogar en la posición de los demás grupos parlamentarios que han presentado iniciativas similares y acumuladas con esta, pero tengo que decirles,
parafraseando a Perrault, que es la primera persona que se refirió a las viudas y a la pensión de viudedad, además de cuentista y poeta erótico, asesor personal de Colbert, el primer ministro de Luis XIV, que los cuentos que él escribió acababan bien, pero...
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es para decirle por qué al final el pragmatismo se impone. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Sí o no.)
El señor PRESIDENTE: Nos puede decir si acepta o no, porque el que preside soy yo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Los cuentos que él escribió como La Bella Durmiente y La Cenicienta acababan bien, pero la historia de las viudas acaban mal, muy al contrario de lo que le pasaba a los cuentos de Perrault. Esto va a acabar mal, señor presidente, pero al final el pragmatismo se impone e igual es mejor esto que nada.
El señor PRESIDENTE: Cambia usted de criterio.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sin perjuicio de que vamos a reiterar otras enmiendas, la aceptaremos al final, sin ninguna convicción y sin ninguna fe. Señor presidente, quiero que esto conste en el "Diario de Sesiones".
El señor PRESIDENTE: Cambia usted de criterio y ya está. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, en relación con la proposición no de ley sobre la reforma del mercado laboral, cuyo autor es Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 42; abstenciones, 2.
A continuación votamos el punto 6 del orden del día, la proposición no de ley sobre la elaboración de un plan de empleo para jóvenes para reducir el elevado desempleo juvenil y apoyar la creación de empleo de los jóvenes, que ha sido objeto de una enmienda transaccional.
Vamos a votar la que figura en el punto 7 sobre la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores del campo contratados por empresas de trabajo temporal, en sus propios términos.
La siguiente votación se refiere al punto 9, relativa a la dotación económica del fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes, que consta de una enmienda transaccional que sus señorías conocen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 5.
Vamos a votar la iniciativa formulada por La Izquierda Plural en relación con la mejora de las pensiones de viudedad, que figura como punto 5 del orden del día.
A continuación, y para terminar, vamos a votar las proposiciones no de ley que figuran como puntos números 4 y 8 en el orden del día, cuyos autores son el Grupo Parlamentario Vasco, del PNV, y el Grupo Parlamentario Socialista, que han sido objeto de una enmienda conocida por ustedes, que es una transaccional suscrita con el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; en contra, 4; abstenciones, 1.

References: artículo 35
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 41
 artículo 2
 Real Decreto