Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/2546
Timestamp: 2020-04-08 22:39:35+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 29/1994
SENTENCIA 29/1994, de 27 de enero
ECLI:ES:TC:1994:29
En el conflicto positivo de competencia núm. 1.913/93, promovido por el Gobierno de la Nación, en relación con el art. 5.3 de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, de 15 de enero de 1993, por la que se instrumenta la asignación de derechos individuales a la prima a los productores de ovino y caprino de la Comunidad Autónoma del País Vasco; y contra los arts. 3, 9.1, 12, segundo inciso,y 13 de la Orden de 1 de febrero de 1993, de la misma Consejería, por la que se establecen normas específicas de regulación de las transferencias y cesiones de derechos individuales de prima a los productores de ovino y caprino y se determinan criterios para la asignación y uso de derechos de la reserva a que se refiere el art. 5, quater, del Reglamento CEE 2.069/1992.
Ha comparecido en el proceso el Gobierno Vasco, representado por el Letrado de sus Servicios Jurídicos don José Ignacio López Cárcamo, y el Gobierno representado por el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis López Guerra, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. El 11 de junio de 1993 tuvo entrada en este Tribunal escrito presentado por el Abogado del Estado en representación del Gobierno, por el que se promovía conflicto constitucional positivo de competencia en relación con el art. 5.3 de la Orden de 15 de enero de 1993, de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y los arts. 3, 9.1, 12 (segundo inciso) y 13 de la Orden de 1 de febrero de 1993 de la misma Consejería, normas publicadas, respectivamente, en el Boletín Oficial del País Vasco núm. 11, de 19 de enero de 1993, y núm. 23, de 4 de febrero del mismo año. Por la primera de las Ordenes citadas se instrumenta la asignación de derechos individuales a la prima, a los productores de ovino y caprino de la Comunidad Autónoma del País Vasco; en la segunda, se establecen normas específicas de regulación de las transferencias y cesiones de derechos individuales de prima a los productores de ovino y caprino y se determinan criterios para la asignación y uso de derechos de la reserva a que se refiere el art. 5 quater del Reglamento CEE 2.069/1992.
3. El Abogado del Estado comienza sus alegaciones afirmando que el presente conflicto versa sobre un supuesto de aplicación de la doctrina constitucional en relación con la incidencia del Derecho comunitario europeo en la distribución de competencias. Según él, la doctrina de este Tribunal, establecida en la STC 79/1992, parte de que la pertenencia de España a las Comunidades Europeas no altera los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias. Admite que puede sostenerse que las "reglas básicas" pueden hacerse coincidir con el "común denominador normativo" contenido en una Directiva comunitaria. Invoca la competencia del Estado para adoptar medidas y normas de "ordenación general de la economía" recogida en el art. 10.9 del Estatuto de Autonomía del País Vasco (E.A.P.V), recordando que este concepto es más amplio que el de bases normativas. Afirma que cuando la norma comunitaria posea una estructura o unas características que exijan para su aplicación una norma de ámbito nacional el Estado podrá dictarla válidamente al amparo de su título competencial de ordenación general de la economía y sustentado en el criterio constitucional de la efectividad y unidad de la medida.
Por eso mismo, las referencias contenidas en los arts. 3, 12 (segundo inciso) y 13 de la Orden vasca de 1 de febrero de 1993 a "la reserva" sólo cabe interpretarlas como relativas a la reserva autonómica, por lo que también se vulnera la normativa estatal; según ésta, las transferencias en ella reguladas se integran en la reserva nacional para ser repartidas con criterios generales y solidarios, mientras que la norma vasca integra dichos derechos en su propia reserva autonómica.
Una primera precisión es, pues, aquí necesaria: lo que se controvierte y, en definitiva, hemos de resolver es la titularidad de una competencia, siendo a tales efectos irrelevante que, eventualmente, las distintas normas fueran en todo coincidentes -lo que, por otro lado, y como bien pone de relieve el Abogado del Estado, no es aquí el caso- pues aún existiendo tal coincidencia las normas serían constitucionalmente inadmisibles si no existiese una competencia que habilitase para dictarlas.
2. Antes de entrar en el fondo del asunto ha de responderse a lo planteado por el Letrado del Gobierno Vasco respecto de la procedencia de recurrir, en un solo conflicto formal, dos Ordenes distintas. Es verdad que, en términos generales, cada Orden debe ser motivo de impugnación por separado, y que sólo a este Tribunal corresponde acordar la acumulación. En este caso, sin embargo, ambas Ordenes responden a un mismo campo normativo material, y están tan estrictamente imbricadas -como también lo están las del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación- que difícilmente puede concebirse una de ellas sin la otra. Ello justifica, sin duda, que el Abogado del Estado haya impugnado ambas en un sólo conflicto y, en puridad, la resolución de éste cobra sencillez abordando conjuntamente ambas disposiciones, hasta tal punto que su tratamiento por separado resultaría poco justificado.
3. resolver el conflicto que se plantea, debemos recordar primeramente que los Reglamentos de la Comunidad Europea asignan a España un montante global de primas de producción del ganado ovino y caprino, montante que es fijo y general para todo el Estado. Los Reglamentos permiten la constitución de una reserva nacional con los derechos de prima que hubieran quedado vacantes por razón de que algunos productores hubiesen cesado en su actividad sin que nadie les hubiera sustituido en ella; la cantidad global es, en todo caso, fija, sin que los derechos de prima correspondientes a todo el territorio nacional puedan en ningún caso exceder el límite fijado.
Es claro, pues, que se dan aquí las circunstancias que, según nuestra jurisprudencia (SSTC 13/1992 y 79/1992), justifican la intervención estatal en la determinación de los criterios a que ha de someterse de distribución de ayudas comunitarias. En efecto, esta intervención tiene como evidente objetivo la máxima utilización potencial del montante global de recursos -en este caso, de derechos de prima- y la consecución de la igualdad entre los posibles beneficiarios de los mencionados derechos. La cantidad global de derechos de prima disponible por España es, por otro lado, fija, sin que tal cantidad pueda superarse en ningún caso. Resulta constitucionalmente admisible, por consiguiente, en la línea sentada en las Sentencias citadas, que el Estado utilice en este supuesto sus facultades de ordenación general de la economía para distribuir (y redistribuir en su caso) esa cantidad fija de suerte que se favorezca la mejor utilización de los recursos y se posibilite la igualdad de los eventuales beneficiarios, atendiendo en todo caso a criterios de planificación, pues claro es también que realizar una distribución adecuada, en el conjunto del territorio nacional, de los recursos o posibilidades asignadas al Estado es, precisamente, llevar a cabo la ordenación general de la economía.
b) De la Orden Vasca de 1 de febrero son impugnados varios preceptos. El primero de ellos es el art. 3, que previene la cesión "a la reserva a que se refiere el art. 5 ter del Reglamento CEE 2.069/1992", sin precisar el carácter nacional o autonómico de tal reserva. La reserva, y la disponibilidad y utilización de la misma, es el instrumento fundamental para poder realizar, en el sector, la ordenación general de la economía que el Estado tiene atribuida como competencia. Por tanto, el Gobierno Vasco no tiene competencia ni para regular la reserva nacional ni para configurar una reserva propia y preferente que, forzosamente, minoraría la estatal.
1º. Declarar que la competencia controvertida a que se refiere el art. 5.3 de la Orden de 15 de enero de 1993, de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y los arts. 3, 9.1, 12 segundo inciso, y 13 de la Orden de 1 de febrero de 1993, de la misma Consejería, corresponden al Estado.
2º. Declarar la nulidad del art. 5.3 de la Orden de 15 de enero de 1993 de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, así como los arts. 3 y 9.1, 12 segundo inciso, y 13, de la Orden de 1 de febrero de 1993, de la misma Consejería.
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 52 ] 02/03/1994 Amendment 1
Type and record number Conflicto positivo de competencia 1913-1993
Promovido por el Gobierno de la Nación en relación con el art. 5.3 de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco por la que se instrumenta la asignación de derechos individuales a la prima a los productores de ovino y caprino de la Comunidad Autónoma del País Vasco y contra los arts. 3, 9.1 y 12, segundo inciso, y 13 de la Orden de 1 de febrero de 1993, de la misma Consejería, por la que se establecen normas específicas de regulación de las transferencias y cesiones de derechos individuales de prima a los productores de ovino y caprino y se determinan criterios para la asignación y uso de derechos de la reserva a que se refiere el art. 5, quater, del Reglamento CEE 2.069/1992
Pese a que, en principio, cada norma debe ser motivo de impugnación por separado, y que solo a este Tribunal corresponde acordar la acumulación, no cabe ignorar que las dos Ordenes impugnadas responden a un mismo campo normativo material, y están tan estrictamente imbricadas que difícilmente puede concebirse una de ellas sin la otra. Ello justifica, sin duda, que el Abogado del Estado haya impugnado ambas en un solo conflicto y, en puridad, la resolución de éste cobra sencillez abordando conjuntamente ambas disposiciones, hasta tal punto que su tratamiento por separado resultaría poco justificado [F.J. 2].
Resulta constitucionalmente admisible, en la línea sentada en las SSTC 13/1992 y 79/1992, que el Estado utilice en el supuesto contemplado (asignación de primas a los productores de ovino y caprino de la C.A. del País Vasco) sus facultades de ordenación general de la economía para distribuir (y redistribuir, en su caso) esa cantidad fija de suerte que se favorezca la mejor utilización de los recursos y se posibilite la igualdad de los eventuales beneficiarios, atendiendo en todo caso a criterios de planificación, pues claro es también que realizar una distribución adecuada, en el conjunto del territorio nacional, de los recursos o posibilidades asignadas al Estado es, precisamente, llevar a cabo la ordenación general de la economía [F.J. 3].
Es indiferente determinar si la reserva a que aluden las Ordenes del Gobierno Vasco es la reserva estatal, como sostiene el Letrado del Gobierno Vasco, o es una reserva propia al margen de la estatal, como defiende el Abogado del Estado. Porque si se tratara de lo primero, el Gobierno Vasco carecería de competencias para determinar en qué condiciones y supuestos han de cederse los derechos de prima a la reserva estatal; y si aconteciese lo segundo, la configuración de este tipo de reserva propio y preferente impediría al Estado ejercer, en este sector, sus facultades de ordenación de la economía [F.J. 4].
Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, de 15 enero 1993, por la que se instrumenta la asignación de derechos individuales a la prima a los productores de ovino y caprino de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Artículo 5.3 (anula)
Orden del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, de 1 de febrero de 1993. Establece normas específicas de regulación de las transferencias y cesiones de derechos individuales de prima a los productores de ovino y caprino y se determinan criterios para la asignación y uso de derechos de la reserva a que se refiere el artículo 5 quater del Reglamento CEE 2069/1992
Artículos 3, 9.1, 12 inciso 2, 13 (anula)
Reglamento (CEE) núm. 3013/89 del Consejo, de 25 de septiembre de 1989. Establece la organización común de mercados en el sector de las carnes de ovino y caprino
Reglamento (CEE) núm. 2069/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992. Modifica el Reglamento (CEE) núm. 3013/89 del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las carnes de ovino y caprino
Artículo 5 ter, f. 5
Reglamento (CEE) núm. 3567/92 de la Comisión, de 10 de diciembre de 1992. Establece las disposiciones de aplicación relativas a los límites individuales, reservas nacionales y transferencias de derechos previstos en el Reglamento (CEE) núm. 3013/89 del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las carnes de ovino y caprino
Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 21 de diciembre de 1992. Instrumenta la asignación de derechos individuales a la prima a productores de ovino y caprino
Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 30 de diciembre de 1992. Normas específicas para la regulación de las transferencias y cesiones de derechos individuales de prima a los productores de ovino y caprino y criterios para la asignación y utilización de derechos de la reserva nacional
Artículo 8.5, f. 5
Artículo 8.7, f. 5
Orden del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, de 15 de enero de 1993. Instrumenta la asignación de derechos individuales a la prima a los productores de ovino y caprino de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Impugnación de pluralidad de normas en un mismo procesoImpugnación de pluralidad de normas en un mismo proceso, f. 2
Ayudas comunitariasAyudas comunitarias, f. 3
Distribución de ayudas comunitariasDistribución de ayudas comunitarias, f. 3
GanaderíaGanadería, f. 3

References: resolución 
 resolución 

Artículo 5
 artículo 5

Artículo 5

Artículo 8

Artículo 8