Source: http://recagueit.blogspot.com/
Timestamp: 2017-11-23 14:31:26+00:00

Document:
Reca Gueit - Escándalo de los Tickets Canasta
Tenemos ley de tickets
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El Senado se copó y aprobó la ley de tickets. Se lée acá.
Entrevista a Mariano en TN
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Camara Oculta (extendida)
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Informe sobre Tickets - Cenda
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Algunos elementos para el análisis del impacto económico de los Vales Alimentarios (Tickets)
Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA)
www.cenda.org.ar
1. Incidencia de los vales en la masa salarial.
La cámara empresarial CEVAS sostiene que la cantidad de trabajadores que reciben vales asciende a 1.416.667 y que el monto promedio de la suma recibida es de $223 mensuales lo cual arroja un monto total anual de tickets emitidos de $3.949 millones.
Un trabajo realizado por CENDA sobre las estadísticas oficiales, empleando los datos de la Encuesta Permanente de Hogares EPH para el primer trimestre del año (última base disponible), muestra que:
El sistema se encuentra llamativamente expandido: en el primer trimestre del año un 15% de los asalariados registrados cobró alguna suma en vales, lo que equivale a casi un millón de trabajadores.
Entre quienes cobran alguna suma, el promedio cobrado en vales es de casi $220.
Esto representa un 15% del sueldo declarado a la EPH por estos mismos trabajadores ($1.467). Como se supone que los ingresos declarados a la encuesta son netos, si llevamos ese ingreso al bruto, el porcentaje cobrado en vales se reduce al 13% del salario para los trabajadores que perciben vales.
Si se toma en cuenta una remuneración imponible promedio de $1.718, tal como surge de la base del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en agosto de 2007 (último dato disponible), y suponiendo también que un 15% de los trabajadores percibe un 13% de su remuneración en vales, la masa anual pagada mediante este sistema alcanza a $2.637 millones.
Los números proporcionados por las empresas representan un monto y un porcentaje aun mayor de la masa salarial.
2. Beneficios para las empresas emisoras y empleadoras
Los beneficios de las empresas emisoras provienen esencialmente de tres fuentes. Los porcentajes varían según el tipo y tamaño de la empresa empleadora que compra los tickets y el tamaño del comercio que los recibe. Las más pequeñas, por su escaso poder de negociación, están forzadas a pagar comisiones mayores a las empresas de vales.
A. Comisión cobrada a las empresas empleadoras: cuando la empresa empleadora adquiere los tickets debe pagar un adicional a las empresas emisoras que oscila entre el 2% y hasta el 6% del monto total adquirido
B. Comisión cobrada a los comercios que reciben los tickets: el comercio que recibe los tickets recibe luego un monto de efectivo menor a la mercadería vendida, reducido en un porcentaje que va desde el 1.5% al 6%
C. Negocios financieros derivados: en primer lugar, la empresa emisora vende los tickets en efectivo y transcurre un período de tiempo antes de que tenga que canjear los tickets por dinero, generándose así una masa de recursos que puede colocarse en el sector financiero. En segundo lugar, existe un extendido negocio asociado al “descuento” de los tickets. El trabajador que recibe una suma en tickets y necesita efectivo o más flexibilidad en los gastos se ve en la necesidad de “vender” sus tickets, lo que genera un mercado secundario de tickets con tasas de descuento que a veces superan el 10% y llegan al 20% (un ticket de $100 se cambia por $90 o incluso $80 en efectivo).
El cálculo exacto de los beneficios provenientes de las fuentes A y B sólo pueden realizarlo las mismas empresas cuyos datos no son públicos. Sin embargo, las ganancias de las empresas por estos conceptos se encuentran comprendidos dentro de la siguiente banda:
Mínimo: suponiendo una comisión al empleador del 2% y a los comercios del 1.5% y utilizando el número proporcionado por las mismas empresas, el monto ascendería aproximadamente a $140 millones anuales. Este número sería de $92 millones anuales en base a las fuentes oficiales disponibles (EPH y SIJP).
Medio: con un porcentaje total de comisiones del 6%, la ganancia directa llega a $237 millones anuales. Este número sería de $158 millones anuales en base a las fuentes oficiales disponibles (EPH y SIJP).
Máximo: algunos medios gráficos se manejan con un porcentaje de comisiones que asciende al 10%, lo que representa $350 millones y 263 millones respectivamente.
Ganancias para los empleadores que utilizan tickets como parte de pago.
Sobre los vales alimentarios no se realizan descuentos por aportes del trabajador a la seguridad social (frente a un descuento de 17% ó 13% que tienen los componentes remunerativos, según el trabajador contribuya al sistema de previsional de reparto o de capitalización, respectivamente). Sin embargo, sí debe realizarse una contribución patronal del 14% con destino al sistema de asignaciones familiares, es decir, mucho menor que la una alícuota total y por todo concepto del 23% o 27% para la gran mayoría de los trabajadores asalariados del sector privado.
De esta manera las empresas se ahorran una parte de las contribuciones y es por eso que están dispuestas a pagar un “plus” cuando adquieren los tickets de las empresas emisoras.
3. Pérdidas para el fisco
Sobre el costo para el sistema de seguridad social del sistema de vales tal como funciona en la actualidad, se puede hacer el siguiente ejercicio. Suponiendo:
que el 15% de los asalariados registrados cobra un 13% de la parte remunerativa de su salario,
que la alícuota promedio de contribuciones patronales es de 23%1 y
que la alícuota promedio de aportes personales del trabajador es de 13,6%2
tomando como referencia los salarios declarados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) en agosto de 2007 (último dato disponible)
Se puede estimar que el sistema de seguridad social argentino deja de percibir anualmente $257,2 millones en concepto de contribuciones patronales (monto que es ahorrado por los empleadores) y $388,5 millones en concepto de aportes del trabajador. En un total se trata de $645,7 millones anuales.
Esta hipótesis es la más conservadora pues parte de los datos estadísticos, menores a los declarados por las empresas en un 40%.
Finalmente, y en contra del argumento empleado por las empresas emisoras a favor de los tickets puede decirse que por el lado del sistema de seguridad
social se pierde más (24,6% de la masa pagada en vales) que lo se
podría ganar por el lado del blanqueo de IVA en el lado de las compras
realizadas con esos vales, que sería como máximo del 21% de la masa si
hoy toda esa plata se gastara en comercios que venden en negro
4. Pérdidas para los trabajadores
Es necesario tener en cuenta que si bien el sistema de vales permite aumentar al trabajador su salario de bolsillo mes a mes, ese “ahorro” del 13,6% (en promedio) que realiza sobre las sumas pagadas en vales, se ve descompensado por el hecho de que estas sumas no se computan en la base de cálculo del sueldo anual complementario ni en la indemnización.3
Suponiendo el caso de un trabajador que percibe la remuneración promedio del SIJP de agosto de 2007 ($1.718) y que, como el promedio, percibe un 13% de su remuneración en vales ($223), si se computara el efecto del blanqueo de las sumas percibidas en vales sobre el SAC, ese “ahorro” mensual en lugar de ser de $30 sería de apenas $14. En el año el “ahorro” es de $170 en promedio.
Con el proyecto Recalde, al no haber impacto mes a mes en el salario de bolsillo, el efecto sobre el SAC sería enteramente positivo y, para este trabajador promedio, alcanzaría a $222 anual.
Además de perder sus derechos al sueldo anual complementario y de desfinanciar el sistema jubilatorio y de salud y de perder su derecho a la indemnización sobre una parte del salario, los trabajadores que cobran en tickets, en lugar de recibir dinero reciben un monto de “aplicación específica” que se ven obligados a malvender en caso de necesitar efectivo, cayendo en manos de usureros.
5. Estimación de las ganancias con el proyecto de la cámara empresaria
De prosperar la variante propuesta por CEVAS de expandir el sistema de forma compulsiva ( ‘Mercedes Benz’), y suponiendo que se pasara a pagar en vales un 10% de los conceptos remunerativos a todos los trabajadores que tienen una remuneración imponible menor o igual a $2.000 y que sólo se pagara en vales a estos trabajadores4, tendríamos el siguiente efecto sobre las variables antes mencionadas:
Masa anual pagada en vales: $5.958 millones.
Costo anual para el sistema de seguridad social anual: $1.346, 5 millones.
En concepto de aportes del trabajador: $ 810,3 millones.
En concepto de contribuciones patronales: $536,2 millones.
Comisiones ganadas por las empresas de vales (suponiendo comisión del 10%): $589 millones.
6. Breve evaluación
El argumento de las empresas, que denominan cínicamente a los pagos en negro con tíckets “salvavidas alimentario” es completamente falaz: no sólo se trata de una parte del salario que legalmente fue convertida en una suma parcialmente “en negro”, para beneficio de los empleadores y de las empresas emisoras, sino que el trabajador se ve perjudicado pues los vales no son obviamente utilizables del mismo modo que el dinero en efectivo y lo dejan cautivo de comercios y especuladores. De ningún modo se trata de un beneficio “adicional” para el trabajador, por encima del salario, sino que, como todo salario en negro, se trata de una sustracción sobre la retribución de los trabajadores y una pérdida de beneficios sociales.
Los números expuestos dejan en claro que el sistema de vales tal como funciona en la actualidad no representa ningún beneficio para el trabajador mientras que, bajo esta excusa, permite a las empresas disminuir sus obligaciones laborales y, ante todo, genera un negocio financiero extremadamente rentable para las firmas emisoras. Al igual que sucedió con otros sectores vinculados a la seguridad social en la década del noventa, que cayeron bajo el omnipresente paraguas de la privatización –salud, seguridad social, mismo educación-, este sistema representa la posibilidad de un atractivo nicho de negocios para un conjunto reducido de empresas bajo el amparo de la legislación y en desmedro de la clase trabajadora en su conjunto y del presupuesto social. Bien mirado, no es más que un instrumento adicional de la flexibilización laboral de los años noventa.
En pocas palabras: miseria pública y beneficios privados.
Versión taquigrafica - Conferencia de Prensa
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- En Buenos Aires, a los veinte días del mes de noviembre de 2007, a la hora 18 y 10:
Sr. Recalde (H.P.).- Agradezco la presencia del señor presidente del bloque Frente para la Victoria, señor diputado Agustín Oscar Rossi y del señor diputado Carlos Miguel Kunkel como también a los señores diputados integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo por estar acompañándome ante una denuncia de un hecho grave que nos trae recuerdos de episodios no gratos vividos por las instituciones de la República en otros momentos. También está presente el doctor Hugo Wortman Jofré y mi hijo Mariano Recalde, que tuvo una participación activa como ustedes van a escuchar hoy en este triste suceso en la República pero reconfortante por la respuesta absoluta tanto del Poder Ejecutivo nacional como del señor presidente de la Cámara, doctor Alberto Edgardo Balestrini que no ha podido venir. Tanto el señor presidente de la Honorable Cámara como los señores diputados Rossi y Kunkel estuvieron informados desde el inicio de esta problemática y también el secretario general de la CGT Hugo Moyano dado mis orígenes.
El tema es el siguiente. En 1989 se sanciona dos decretos leyes habilitando el pago de tickets canasta. La reacción inmediata de la Cámara de Senadores en el año 1990 fue no convalidar esos decretos. Al año siguiente en 1991 la Cámara de Diputados también repudió y rechazó la aparición de estos decretos y asombrosamente el 18 de diciembre de 1991 ustedes podrán apreciar que en el Boletín Oficial surge una resolución del Ministerio de Trabajo de
entonces haciendo alusión a estos rechazos no solamente de la Cámara de Diputados de la Nación y del Honorable Senado sino también de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires haciendo un racconto de estos considerandos. Yo me acuerdo mucho de estos considerandos porque lo daba en clases en la Facultad de Derecho porque yo doblaba los considerandos sin mostrar la parte resolutiva y pedía a los alumnos que me redactasen el artículo 1º de la resolución.
El artículo 1º de esa resolución establecía la suspensión de los tickets canasta. Sin embargo lo que hacía esa resolución –insisto que apareció en el Boletín Oficial del 18 de diciembre de 1991 del Ministerio de Trabajo era darle el monopolio de la prestación de vales alimentarios solamente a tres empresas, es decir, un mercado cautivo con tres empresas.
En 1996 cuando el entonces ministro Cavallo rebaja las asignaciones familiares, hicimos una serie de acciones judiciales contra los tickets canasta y en contra de la rebaja de las asignaciones familiares. En ese momento yo escribí un libro que se llama Un caso judicial que tenía que ver con la declaración de inconstitucionalidad de estos donde yo hablaba de que este negocio periférico –esto de otorgar tickets canasta fue objeto de sospecha en cuanto a la transparencia de las prestaciones de la administración, avalaba este estado de recelo el artículo 7º, inciso e) del decreto 1.478 –el que habilitaba a los tickets canasta- que exigía para poder inscribirse con las empresas suministradoras un año de antigüedad. Es decir, sólo las que estaban instaladas podrían dar una prestación en vez de abrir el mercado a otras empresas para dar estas prestaciones; solo eran para esas tres existentes.
Esto motivó frecuentes críticas y, estando ya en ejercicio de la representación popular como diputado de la Nación, presenté un proyecto de ley donde, siguiendo un sistema de gradualidad que lo hemos conversado en el bloque, es decir, treinta años de inequidades no se resuelven de la noche a la mañana- para ir saliendo. Esta iniciativa ha sido precedida por otra similar, la del señor diputado Martínez aquí presente, con características pero en la misma dirección. Se trataba de que en diez bimestres se iban a ir incorporando al salario un 10 por ciento de los vales alimentarios. ¿Por qué esto? Porque al no ser consideradas remuneraciones, desfinancia la seguridad social –se encuentra presente la señora diputada María América González, que sabe muy bien de qué estoy hablando y esto, al desfinanciar la seguridad social hace difícil cumplir con la sentencia Badaro de la Corte Suprema en cuanto a la movilidad de las jubilaciones perjudicando a nuestros jubilados; pero también perjudica a los trabajadores en actividad, porque al no ser remuneración no se computa para el salario, enfermedad, para las horas extras, para las vacaciones y el aguinaldo, en fin, para todo lo que conforma los institutos del contrato de trabajo. Por eso salir de este sistema.
Anoticiados de que existía este proyecto se apersonó a pedir una reunión conmigo un director de la Cámara de Empresas de Vales Alimentarios yo, como vengo denunciando esto y no le veía transparencia escribí la iniciativa en 1996-, quien fue recibido también por el secretario de la comisión y por un asesor personal. Le ofrecí cualquier planteo mejorador del sistema en virtud de que la Comisión de Legislación del Trabajo se caracteriza por el consenso y por buscar soluciones -a veces demorando una iniciativa- pero siempre con la voluntad de encontrar consensos en las normas que sancionamos. Esperando encontrarme con un proyecto mejorador, los invité, estuvieron reunidos con los asesores de la comisión y también con los señores diputados que la integran pero realmente lo que ofrecieron no alteraba el sentido que todos nosotros habíamos buscado para darle una solución, para salir de esta cuestión que para mí es una patología.
Al ver obstáculos no franqueados para el acceso a otras cuestiones, esta siguió caminando hasta que una persona mi estudio jurídico tiene juicios ganados contra una escuela de hotelería que se llama Miguel Gutiérrez Guido Spano y pidió una reunión con Mariano Recalde que es un asesor del estudio y que, además, es mi hijo. Cuando en la reunión esa intenta hacer un ofrecimiento, la corta, me lo transmite, hacemos la denuncia judicial el día 7 de noviembre. A todo esto asesorado con el estudio Wortman Jofré, la denuncia la hizo el doctor Hugo Wortman Jofré aquí presente porque evidentemente nosotros no tenemos tecnología e instrumentación como para poder probar el delito.
Hacemos la denuncia judicial a través de un poder especial que le doy al doctor Garrido –también aquí presente- y se filma y se graba el soborno –esto lo hizo mi hijo Mariano Recalde. Quiero aclarar que yo no soy especialista en Derecho Penal pero el doctor Wortman Jofré me explicó que la configuración del delito de soborno se configura –valga la redundancia-, con el ofrecimiento, no hace falta la recepción; basta el ofrecimiento para que se tipifique la figura del soborno. El juez está anoticiado de esto.
Existieron dos reuniones; la primera con Gutiérrez Guido Spano y la segunda con Santiago Lynch que es el director de la cámara que le da aviso. Esta segunda reunión –también grabada y filmada- se produjo ayer y estuvo a cargo de Mariano Recalde. Yo le pediría a Mariano Recalde cómo fueron las grabaciones y los ofrecimientos; el doctor Wortman Jofré tiene algunas noticias sobre las medidas judiciales que se hicieron hoy a la mañana.
Quiero aclarar dos cosas: primero, no hubo ningún diputado, ninguno, que se acercara a mí desde que se presentó este proyecto hasta la fecha para tratar de inducirme a cambiar mi posición con argumentos o sin ellos, ninguno. Esta cuestión se discutió acá abiertamente, con toda claridad; esta situación realmente enaltece a todos los diputados que integran esta Comisión de Legislación del Trabajo: actuaron de la manera en la que se debía actuar. En segundo lugar, el respaldo que tuve para hacer esta denuncia por parte del Poder Ejecutivo nacional, de la Presidencia de la Cámara, del presidente de nuestro bloque y de la CGT. Porque no es algo fácil, a uno realmente lo violenta sumamente que se acerque alguien a sobornarlo. Esto es violento, probarlo es violento, lo felicito a mi hijo Mariano Recalde que puso la cara para grabar y filmar esto. Entonces, que explique él y después el doctor Hugo Wortman Jofré con las novedades judiciales. Gracias.
Sr. Recalde (M.).- Voy a tratar de ser sintético, de explicar concretamente en qué consistieron las reuniones.
En la primera reunión se acerca este empresario –que representa a una empresa que tiene juicios laborales con el estudio- con la excusa de hablar de los conflictos laborales que tiene la empresa.
Sr. Recalde (H.P).- Perdón, llegó el presidente de la Cámara, el diputado Alberto Balestrini, que quiere figurar como periodista. (Risas).
Sr. Recalde (M).- Y me hace una serie de insinuaciones tendientes a preguntarme sobre el proyecto de ley. Lo corté enseguida y cuando le cuento al diputado Recalde me dice que lo cite de vuelta y que gravemos la conversación.
Asistidos técnica y jurídicamente por el estudio de Wortman Jofré, se realiza la primera entrevista con Gutiérrez Guido Spano, quien me dice directamente –y después esto lo repite Santiago Lynch en la segunda reunión donde estaban los dos juntos- que tenían tres propuestas para hacerle al diputado Recalde. Las llamaban con eufemismos: “bicicleta”, “pick up” o “Mercedes Benz”.
“Bicicleta” consistía en cajonear el proyecto de ley presentado y que hoy se dictaminó. “Pick up” consistía en algo más firme, que sería modificar el proyecto de ley haciéndole cambios cosméticos de tal manera que se ratifique la existencia del sistema de los vales. Y la tercera propuesta –que era la que más les interesaba- era impulsar un tercer proyecto de ley que estableciera la obligatoriedad del pago en tickets, para todos los trabajadores que cobren menos de 2.000 pesos y, después dijeron de 1.500.
Decían que si se aprobaba un proyecto de este tipo, se triplicaría el negocio de la venta de tickets, que hoy mueve 4.000 millones de pesos en tickets por año. Ofrecieron concretamente por la “bicicleta” una suma mensual que me reportarían –en el video aparece diciendo cash- en lo personal: “...donde vos digas, si es poco en Buenos Aires y si es mucho en Uruguay”.
Por la propuesta que más les interesaba –en la que hicieron mayor hincapié- por la obligatoriedad de los tickets, ofrecieron 20 millones de dólares. También aclararon que los 20 millones de dólares se pagarían no sólo en cash, sino en etapas.
Tanto en la primera como en la segunda reunión coincidieron que sería el 10 por ciento de esa suma por la sola presentación del proyecto, otro 10 por ciento si salía con dictamen favorable en la comisión, un 20 por ciento con la sanción de la Cámara de Diputados, otro 20 por ciento con la sanción de la Cámara de Senadores y el 40 por ciento restante el día que se publique en el Boletín Oficial. Éste fue concretamente el ofrecimiento.
El doctor Santiago Lynch se presentó y se atribuyó la representación de una de las empresas de la cámara siendo además su director.
Él dijo estar hablando ciento por ciento en nombre de una de las empresas, él dijo de la más importante y aclaró que la otra también participaría del proyecto si nosotros le garantizábamos la continuidad. Para ir caracterizando, aclaro que la más importante es la empresa Accor Argentina Sociedad Anónima. Escuché la oferta, se terminó la reunión, quedé en darle una respuesta y esta es la respuesta que hoy se está dando a los empresarios.
Sr. Recalde.- Esto es algo gravísimo, las pruebas las tiene el juzgado, le pregunté al doctor Wortman Jofré si tenía algún conocimiento de cuáles eran las actividades judiciales de hoy a la mañana y que las informara. Después podrán hacer todas las preguntas que deseen.
Sr. Wortman Jofré.- Si me permite, señor diputado, me gustaría hacer alguna observación de tipo personal en relación con el porqué de encontrarme en este lugar. Para mí no es común estar sentado del lado del oficialismo y, en este sentido, quiero ser sincero con mis convicciones y contar cómo fue la vinculación de nuestro estudio jurídico con usted, señor diputado.
La verdad es que yo no conocía al señor diputado Recalde antes de esta ocasión, y esta es la manera de poder señalarlo ante la opinión pública. Siempre que se realizan denuncias de esta naturaleza, se buscan suspicacias, se piensa que acá hay operaciones políticas, intereses espurios; nada de eso. La verdad es que el señor diputado Recalde como hombre de derecho me llamó por teléfono al celular y me pidió asistencia. La verdad es que sentí la obligación ciudadana de brindarle esa asistencia, porque forma parte de un compromiso de lucha personal contra la corrupción que vengo sosteniendo desde la actividad privada desde hace muchos años.
Entonces, no quiero que se lea la participación de mi estudio o la participación pública que yo he tenido en casos de corrupción como una operación política de alguien; al contrario, el señor diputado Recalde vino con sinceridad a pedirnos asistencia jurídica y técnica. Es muy difícil confiar en alguien y mantener el secreto, porque la información fluye rápidamente y las investigaciones normalmente se frustran.
Gracias a la celeridad con la que se obró hoy podemos decir que la denuncia ha sido un éxito. Como se ha dicho precedentemente, el día 7 del corriente mes se hizo la denuncia; luego, por el carácter que Mariano Recalde tiene de funcionario público, inmediatamente de conocerse el ofrecimiento que, como dije y lo ratifiqué en su momento al doctor Recalde, es un delito consumado porque es el ofrecimiento de una dádiva que se le hace a un funcionario; ello ya de por sí configura lo tipificado en el artículo 258 del Código Penal; aquí no hay duda alguna de que ese ofrecimiento está configurado.
Formulamos la denuncia ante el juzgado del doctor Aráoz de Lamadrid; debo también reconocer la actuación del tribunal. Imagínense ustedes de que esta información se encuentra desde hace diez días en poder de la Justicia; todos los funcionarios judiciales incluidos los del Ministerio Público supieron guardar este secreto básicamente porque la principal autoridad que era el director de la cámara de empresas se encontraba fuera del país, en Francia, que era quien iba a terminar de cerrar el ofrecimiento al doctor Mariano Recalde.
Sr. Recalde (H.P.).- Había omitido hacer un comentario en relación con lo que comentaba el doctor Wortman Jofré en relación con lo difícil que es el hecho de mantener un secreto entre dos o entre tres. Este secreto lo mantuvieron la Presidencia de la Nación, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Alberto Edgardo Balestrini, la presidencia del bloque del Frente para la Victoria, el señor diputado Rossi y el señor secretario de la CGT, señor Hugo Moyano. No hubo absolutamente ninguna filtración y esto contribuyó a la eficacia de la prueba.
Sr. Wortman Jofré.- Finalmente, en el día de ayer –también con una dosis de suerte estas personas se presentan en el estudio del doctor Mariano Recalde para concretar el ofrecimiento y, como es propio de estos casos, las personas toman los recaudos, saben que están haciendo algo indebido y entonces le proponen al doctor Mariano Recalde retirarse del lugar e ir a tener la conversación en un café.
Como somos conocedores de que esto podría ocurrir, el doctor Mariano Recalde estaba en condiciones de poder registrar esa reunión con un equipo que llevaba en su cuerpo. Esto merece ser señalado porque es la primera vez que tengo conocimiento de que un funcionario público de manera privada accede, de alguna manera, a provomer una investigación de esta naturaleza incluso poniendo en compromiso su propia persona. Esto es algo importante de señalar y espero que sea una bocanada de aire fresco para la República.
Finalmente, el doctor Recalde mantiene esa reunión en el café que queda cerca del estudio jurídico y se concreta de vuelta la oferta indebida ya anticipada por el intermediario una semana antes.
Inmediatamente esta información es puesta en conocimiento del tribunal en el día de ayer a la tarde.
El doctor Mariano Recalde, así como el escribano que participó de toda la diligencia, la evidencia fílmica y las grabaciones de audio con las que cuentan, fueron puestos a disposición del tribunal e inmediatamente la causa entró en secreto de sumario. Por ello, entendemos que se están haciendo diligencias que sirven para corroborar las manifestaciones del doctor Recalde.
En este sentido, algún colega de ustedes me preguntaba acerca de la validez de esta prueba, y la verdad es que al ser el verbo típico que castiga el derecho penal la oferta indebida al funcionario público, la oferta en general en esta clase de delito se produce entre bambalinas, son dos personas que hablan –en este caso tres- y aquí lo que vale es el testimonio del doctor Mariano Recalde.
Por supuesto que va a ser corroborado todo ese cuadro probatorio por esta evidencia que ha sido tomada con todas las legalidades del caso, con intervención de escribano, y por supuesto que también todos los entrecruzamientos telefónicos que hay. Asimismo, tengo entendido que el tribunal ya está trabajando sobre eso, lo que va a permitir corroborar la veracidad del contenido de las reuniones y las afirmaciones del doctor Recalde como denunciante.
Bueno, creo que esto es todo.
Sr. Recalde (H.P.).- Gracias, doctor. ¿Alguno de ustedes quiere formular una pregunta?
Sr. periodista.- ¿En qué juzgado está?
Sr. Recalde (H.P.).- En el Juzgado número 9, a cargo del doctor Aráoz de Lamadrid, Fiscalía del doctor Di Lello.
Sr. Wortman Jofré.- Efectivamente, Fiscalía número 1.
Sr. periodista.- Señor diputado: quería saber si usted ratifica que el pedido de soborno es de 20 millones de dólares, porque la cifra es bastante impactante.
Sr. Recalde (H.P.).- La cifra es impactante y el negocio es impactante, porque esta cifra surgiría de triplicar el negocio actual. Si entregan 4 mil millones de tickets canasta y estos se triplican, son 12 mil millones de tickets al mes.
No sé cual es el margen de rentabilidad que puedan tener las empresas. Hay tres empresas que tienen prácticamente el 80 y pico por ciento del mercado pero, juzguen ustedes, si por año aún se triplican y llegan a 12 mil millones, no parecen mucho 20 millones de dólares. Seguramente es mucho para los trabajadores que están siendo desfinanciados, pero para estas empresas no.
Además el tema es el siguiente: este es un negocio financiero que perjudica a la producción, al trabajo y a la seguridad social.
O sea, para nosotros el bien jurídico a tutelar no es el negocio financiero o el grupo financiero que muchas veces se enseñoró con la economía del país.
Para nosotros, y esto sí lo digo como diputado oficialista –aunque éste no es un acto oficialista-, la posición de mi gobierno es beneficiar a la producción y al trabajo y no a la especulación financiera. Esta es la realidad.
Sr. periodista.- Y usted, señor diputado, ¿cómo lo tomó? ¿Considera que es un intento de soborno a usted en persona, a la Cámara de Diputados o a la Comisión de Legislación Laboral?
Sr. Recalde (H.P.).- Yo no lo tomo como un intento sino como un soborno a mi persona.
Sr. periodista.- Señor diputado: ¿cómo queda la ley?
Sr. Recalde (H.P.).- Hay un proceso de formación de leyes establecido en la Constitución Nacional que uno tiene que respetar. Ese proceso comenzó con la presentación de los proyectos, con el análisis de los asesores y con el dictamen de los diputados que fue firmado hoy, y continuará...
Sr. periodista.- Pero hay una versión de que se va a tratar antes del 10 de diciembre.
Sr. Recalde (H.P.).- Eso no se lo puedo asegurar porque es el proceso normal de formación de leyes. En su momento, cuando tenga orden del día, se reunirá la Comisión de Labor Parlamentaria y resolverá en su oportunidad.
En ese sentido, nosotros siempre fuimos respetuosos de los tiempos de la Cámara, como también somos respetuosos de los tiempos de la Cámara de Senadores.
Digo esto porque antes alguien me preguntó por qué la Cámara de Senadores no da sanción a algunos proyectos. Considero que tendrá sus tiempos y somos respetuosos de ello.
Sr. periodista.- Doctor Recalde: ¿qué se hizo con respecto a las actuaciones judiciales a partir de la denuncia que ustedes realizaron el 7 de noviembre?
Sr. Wortman Jofré.- Como dije, hubo declaraciones testimoniales del doctor Mariano Recalde y del escribano, se acompañó toda la evidencia que se había recolectado del entrecruzamiento de llamadas telefónicas y se acompañó el video de la primera reunión que se había tenido con el primer intermediario.
En el día de ayer volvió a declarar el doctor Mariano Recalde y se acompañó el segundo video, y hoy declaró el escribano. A partir de ese momento la causa, por orden del doctor Aráoz de Lamadrid, ingresó en secreto de sumario por lo cual entendemos que se están tomando medidas que sirvan para afianzar la evidencia.
Sr. periodista.- ¿Pero hubo allanamientos, hubo orden de detención contra Santiago Lynch o contra alguien más?
Sr. Wortman Jofré.- La verdad que sería imprudente de mi parte, por más que estuviera en conocimiento de esa información, ponerla en conocimiento de la opinión pública porque estaría frustrando la actuación del tribunal.
-En virtud de la lejanía y la falta de micrófonos, no se alcanzan a percibir las palabras pronunciadas en su totalidad por la señora periodista para el registro taquigráfico.
Sra. periodista.- ¿...qué pena correspondería?
Sr. Wortman Jofré.- De uno a seis años de prisión.
Sr. periodista.- Señor diputado Rossi, ¿qué opina usted frente a todo esto que se está denunciando? ¿Cuál es la posición del bloque?
Sr. Rossi.- Como lo expresó el señor diputado Recalde, se nos informó y se nos mantuvo al tanto de toda la situación -tanto al presidente de la Cámara como a mi- y obviamente le brindamos todo nuestro apoyo político e institucional que estaba a nuestro alcance -más político que otra cosa-, y acá estamos respaldando y ratificando ese apoyo a todo lo actuado por el diputado Recalde y su comisión.
Sr. periodista.- Señor diputado Recalde: ¿se puede comparar esto con la famosa Banelco? ¿Esto estaba destinado a algún reparto? ¿Pretendían que usted entendiera que una cifra total de 20 millones de dólares fuera repartida a varios diputados?
Sr. Recalde (H.P.).- Creo que además del delito cometido, es una estupidez pretender sobornar a quien, junto con parte importante del movimiento obrero -me refiero concretamente a Moyano- y los compañeros que en ese momento denunciaron el soborno del Senado.
Que acudan a mí, me parece una gran torpeza que se añade a la magnitud del delito. Es decir, aquí estamos en presencia de un delito y de torpezas juntos, o sea que esta es la contracara de la Banelco.
Sr. periodista.- Señor diputado Recalde: ¿usted mantuvo alguna comunicación con la gente de las empresas?
Sr. Recalde (H.P.).- Solamente las formales que acabo de comentar, cada vez que me invitaron...
Sr. periodista.- ¿Pero esto sucedió después de conocido el hecho público?
Sr. Recalde (H.P.).- No, porque no correspondía. Hice la denuncia penal y dejé que actuara mi hijo Mariano Recalde para recolectar las pruebas, porque no basta la denuncia en sí. Si yo hubiera denunciado, no hubiese pasado nada porque no tenía absolutamente ninguna prueba. Por eso la importancia de la participación de un estudio especializado en actos contra la corrupción como lo es el estudio del doctor Hugo Wortman Jofré.
Sr. periodista.- Señor diputado Rossi, ¿puede tratarse el proyecto antes del 10 de diciembre?
Sr. Rossi.- Tiene la misma posibilidad de tratarse que cualquiera de los otros proyectos. Obviamente que la trascendencia pública que tiene este hecho seguramente ayudará positivamente a su tratamiento.
Además, todos ustedes saben que el Poder Ejecutivo nacional ha prorrogado el período ordinario de sesiones hasta el 31 de diciembre. De esta manera, todos los expedientes y todos los proyectos que obtengan despacho en estos días, estarán en condiciones de ser tratados no sólo hasta el 10 de diciembre sino hasta el 31 de diciembre.
Sr. Recalde (H.P.).- Muchísimas gracias.
- Es la hora 18 y 33.
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Nació en 1972 en Capital Federal. Al igual que Miguel Peirano, hizo la primaria en la Escuela Nro. 2 Domingo Faustino Sarmiento, y el secundario lo cursó en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1988 junto a otros estudiantes secundarios, denunció y probó un escandaloso fraude electoral perpretado por la Franja Morada, en complicidad con las autoridades del Colegio Nacional de Buenos Aires. Al año siguiente fue electo presidente del Centro de Estudiantes "del colegio".
Defraudado por la traición menemista, se retira de la actividad militante. En el año 1991 comienza a estudiar la Carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Se recibe en junio de 1995. En 1999, en plena crisis de la representacion politica y descreimiento generalizado, junto con otro grupo de militantes de diversos ambitos organiza el proyecto Kilometro 501, que consistio en rechazar la oferta electoral de las elecciones presidenciales de ese año.
Ese mismo año junto a otros estudiantes y graduados de la Facultad de Derecho, funda la Agrupación Independiente NBI. Desde allí participó en la investigación que demostró como la Franja Morada robaba planes trabajar para jefes de hogar desocupados. En noviembre del año 2001, también desde NBI, participó en el escrache a la Corte Menemista, lo que le costó un sumario iniciado por la Corte, encabezada por el Juez Nazareno.
En el año 2007 se doctoró en Derecho Laboral en la Universidad de Buenos Aires. Atilio Anibal Alterini, en represalia a su militancia universitaria, y en particular al escrache realizado con motivo de su candidatura al Rectorado de la UBA, intentó sin éxito expulsarlo de su cargo docente en la Facultad de Derecho. Ese mismo año denunció lo que se dió en llamar el "RecaGate".
Actualmente es candidato a Legislador de la Ciudad por el Frente Justicialista para la Victoria
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References: resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 258