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Timestamp: 2020-08-07 20:26:59+00:00

Document:
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 90, de 19/12/2013
cve: DSCG-10-CM-90
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 90
Sesión núm. 39
- Propuesta de decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2002/546/CE respecto a su periodo de aplicación [COM (2013) 781 final] [2013/0387 (CNS)]. (Número de expediente del Congreso 282/000278 y número de expediente del Senado 574/000211) ... (Página2)
Comparecencia del miembro del Tribunal de Cuentas Europeo (Tomé Muguruza), para presentar el informe anual de la citada institución europea relativo al ejercicio 2012. Por acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea. (Número de expediente del Congreso 219/000512 y número de expediente del Senado 713/000679) ... (Página5)
Debate sobre control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea (continuación):
- Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) número 525/2013 en lo relativo a la ejecución técnica del Protocolo de Kioto de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2013) 769 final] [2013/0377 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000277 y número de expediente del Senado 574/000210) ... (Página15)
- Propuesta de reglamento Europeo y del Consejo por el que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que prevén la utilización del procedimiento de reglamentación con control [COM (2013) 751 final] [2013/0365 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000272 y número de expediente del Senado 574/000205) ... (Página16)
- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) número 1166/2008, relativo a las encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y a la encuesta sobre los métodos de producción agrícola, por lo que se refiere al marco financiero para el periodo 2014-2018. (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2013) 757 final] [2013/0367 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000274 y número de expediente del Senado 574/000207) ... (Página18)
- Propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta a una declaración de IVA normalizada [COM (2013) 721 final] [2013/0343 (CNS)] [SWD (2013) 426 final] [SWD (2013) 427 final] [SWD (2013) 428 final]. (Número de expediente del Congreso 282/000275 y número de expediente del Senado 574/000208) ... (Página19)
- Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases, para reducir el consumo de bolsas de plástico (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2013) 761 final] [2013/0371 (COD)] [SWD (2013) 443 final] [SWD (2013) 444 final]. (Número de expediente del Congreso 282/000276 y número de expediente del Senado 574/000209) ... (Página21)
- Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gente de mar, por la que se modifican las Directivas 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE y 2001/23/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2013) 798 final] [2013/0390 (COD)] [SWD (2013) 461 final] [SWD (2013) 462 final]. (Número de expediente del Congreso 282/000279 y número de expediente del Senado 574/000212) ... (Página23)
- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países [COM (2013) 812 final] [2013/0398 (COD)] [SWD (2013) 469 final] [SWD (2013) 470 final]. (Número de expediente del Congreso 282/000280 y número de expediente del Senado 574/000213) ... (Página24)
Se abre la sesión a las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.
- PROPUESTA DE DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICA LA DECISIÓN 2002/546/CE RESPECTO A SU PERIODO DE APLICACIÓN. [COM (2013) 781 final] [2013/0387 (CNS)]. (Número de expediente del Congreso 282/000278 y número de expediente del Senado 574/000211).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión. Tengo la seguridad de que todas sus señorías son conscientes del horario tan apretado que tenemos en una tarde como esta. (El señor Pintado Barbanoj: Tenemos tres horas.) Señor Pintado, le ruego que ocupe su escaño y no haga proyectos horarios. Dada la diversidad de medios de comunicación que afortunadamente tenemos en este país y de los que pueden disponer sus señorías, podrán llegar a casa a celebrar estas fiestas navideñas. Pero sin lugar a dudas quienes más lejos están son nuestros compañeros de las islas Canarias, lo que produce un cambio en el orden del día, admitido por el señor compareciente, don Baudilio Tomé, que ya nos acompaña.
Vamos a proceder primero no a la votación pero sí al debate del punto 7.º del orden del día, en concreto el debate sobre el control de subsidiariedad de la propuesta de decisión del Consejo por la que se modifica la decisión 2002/546 respecto a su periodo de aplicación. Se ha recibido informe del Gobierno y va a intervenir en primer lugar para presentar el informe el señor Segura Clavell que, como suele ocurrir en esta Comisión, sé que se va a ajustar exactamente al tiempo reglamentario, que le recuerdo a su señoría que es un máximo de cinco minutos.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias a los miembros de la Mesa y naturalmente al señor Tomé, que ha tenido la amabilidad de aceptar este cambio en el orden del día. Y, señor presidente, usted bien sabe que este interviniente es un acreditado cumplidor de la norma. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Sin duda, todos somos conscientes.
El señor SEGURA CLAVELL: Se trata de lo siguiente. El Régimen Económico y Fiscal canario se sustenta en el ordenamiento interno español en dos leyes: la Ley del Régimen Económico y Fiscal canario, del año 1991, y, segunda columna vertebradora de un régimen especial en nuestra comunidad canaria, la Ley Económica del Régimen Económico y Fiscal Canario. En estas leyes se recogen figuras tributarias excepcionales que, aprobadas por los organismos comunitarios, se aplican de manera excepcional en Canarias, pero no ocurre así en ninguna otra comunidad del Estado español. Pues bien, una de esas figuras tributarias responde al acrónimo AIEM -es así como se representa-, que es un arbitrio que se impone a las importaciones y entregas de mercancías para determinados productos fabricados en Canarias. Concretamente, en estos momentos se plantea un problema temporal. Como saben sus señorías, en el mes de julio del año próximo entrarán en vigor las nuevas directrices comunitarias de ayudas de Estado. Como saben también sus señorías, la Comisión Europea le dio al Reino de España autorización para aplicar la normativa excepcional fiscal del Régimen Económico y Fiscal de Canarias hasta el 31 de diciembre de 2013. Es decir, el problema que se plantea es que el 31 de diciembre de este año termina el periodo de vigencia del -digamos- disfrute de aplicación del AIEM. Sus señorías saben que el Gobierno de España está negociando un nuevo régimen económico y fiscal para la comunidad canaria que estaría en vigor de 2014 a 2020. Por tanto, se trata de que el AIEM, repito, en vigor hasta el 31 de diciembre de este año, pueda ser objeto de prórroga hasta el mes de julio del año próximo. Si me lo permiten sus señorías, yo creo que esto está suficientemente explicado en las páginas que integran el documento que se les ha repartido, lógicamente elaborado por el diputado al que se le encargó el informe, que es el diputado que les habla. Quisiera pedirles el voto favorable a este proyecto dirigido a que el Gobierno de España se vea apoyado en la petición que le ha elevado el Gobierno de Canarias, ya que el Gobierno de España lo tiene que solicitar a la Comisión y la Comisión tiene que decir si acepta o no esta prórroga de medio año.
Desde el punto de vista estructural, yo he dialogado con la señora ponente del Grupo Parlamentario Popular en esta Comisión, que es precisamente senadora por la isla de La Palma, una letrada en ejercicio y conocedora de esta estructura a la que estamos haciendo referencia, que me ha indicado -y creo que es un acierto- que el último párrafo que figura en la página 12, previo a la conclusión final, podría eliminarse del documento. Yo, siguiendo las indicaciones positivas de la señora senadora, lo retiro y mantengo el resto del texto en su plenitud.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, ha cumplido usted con creces lo que había prometido al inicio de su intervención.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora De Haro Brito.
La señora DE HARO BRITO: Señor Segura, tengo que agradecerle no solo el informe, que es muy prolijo y explica perfectamente los beneficios que para Canarias suponen las exenciones y reducciones del arbitrio sobre las importaciones y entrega de mercancías, conocido como AIEM, sino su ánimo siempre de llegar a acuerdos y esto, de verdad, tengo que agradecérselo expresamente.
Como usted perfectamente explica en el informe, estamos tratando la solicitud de prórroga en la aplicación del AIEM o, mejor dicho, de las exenciones y reducciones del arbitrio para Canarias del AIEM, en concreto para determinados productos originarios de estas islas, su lugar de procedencia -Tenerife-, como también el mío -la isla de La Palma-, y que se contempla en la decisión 2002/546. En esta decisión se establecía un periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011 y en el anexo de dicha decisión se incluye la lista de productos a los que pueden aplicarse exenciones o reducciones del impuesto. El AIEM, es un impuesto que se recauda de manera indirecta y que se recauda una sola vez sobre las entregas de mercancías realizadas en las islas Canarias por los fabricantes y sobre la importación al territorio de las islas Canarias de mercancías comparables o similares, con independencia de su lugar de origen. La base imponible de los bienes importados, como usted sabe, se determina a partir del valor en aduana y de las entregas de bienes efectuadas por los productores de tales bienes en las islas Canarias a partir de la cuantía total de la contraprestación. Al mismo tiempo se trata de una ventaja fiscal que
constituye una ayuda de Estado, como perfectamente señala su informe, y por tanto exige la aprobación de la Comisión, conseguida por una decisión sobre ayudas de Estado del año 2008, concretamente la 22/2008. La finalidad última, como refleja también su informe, es la tan necesaria promoción del desarrollo regional y la diversificación de la estructura económica posibilitando de esta manera que las empresas establecidas en un área calificada como región ultraperiférica superen su desventaja, como es el caso de Canarias. Como señalamos, se aprobó en el año 2002 y posteriormente y a solicitud de España a la Comisión se prorrogó por dos años más, de manera que la fecha de expiración coincidiera con las directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013, por lo que fue modificada por una decisión del año 2011. Luego se prorrogó en dos años el periodo de aplicación de la decisión sobre ayuda de Estado en el año 2008. La Comisión autorizó esta prórroga de dos años más a través de una decisión sobre ayudas de Estado, la 544/2010, que amplía el periodo fijado en la decisión de ayudas de Estado 22/2008, y ello hasta el 31 de diciembre de 2013.
Señorías, la prórroga que se solicita por el Gobierno de España y su análisis requiere que hoy nos preguntemos si ha tenido los efectos perseguidos y sobre todo si sigue vigente la finalidad que llevó a que en el año 2002 se aplicaran dichas exenciones y reducciones del arbitrio. A ello esta senadora debe responder tajantemente que sí. En este punto debemos recordar las características de las islas Canarias, de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que la medida partía de que se trata de un territorio lejano, de la dependencia con respecto a las materias primas y la energía, la obligación de acumular existencias, la pequeña dimensión del mercado local y una actividad exportadora poco desarrollada. Además, como usted sabe perfectamente, señor Segura, el texto inicial señalaba que, tomados en su conjunto, estos factores desfavorables provocan un aumento de los costes de producción y por lo tanto del precio de coste de los productos de fabricación local, los cuales, de no establecerse medidas específicas, serían menos competitivos que los procedentes del exterior, incluso teniendo en cuenta los costes de transporte, importantísimos, como señalo, para Canarias, y en referencia sobre todo al precio final de los productos. Todo ello dificultaría de manera clara el mantenimiento de una producción local.
Hoy en día, como señalaba el señor Segura, nos encontramos con que se justifica más si cabe la prórroga de esta peculiaridad para Canarias, que ha resultado beneficiosa para todos los sectores productivos propios, si bien nos encontramos con una escasa diversificación de la economía, unos elevados datos de desempleo, que pueden llegar al 35 % en algunas islas, como ocurre por ejemplo desgraciadamente en la mía, La Palma; un 32 % en otras, y cuando se trata de desempleo juvenil, hablamos de un 72 % y un 75 % en muchísimos casos. Además, existen enormes dificultades por las que pasan sectores tan importantes como la agricultura y la ganadería, necesitadas de apoyo e impulso. Tenemos que señalar también que diversos sectores económicos en Canarias se han manifestado a favor de la prórroga de los beneficios de la AIEM, como la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, Asaga, o la Asociación Industrial de Canarias. Por tanto, entendemos que más si cabe sigue vigente la previsión del artículo 349 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y que esto debe ser prorrogado. Debemos señalar también que los resultados han sido favorables pero que, como señalaba el presidente de una de las asociaciones de agricultores y ganaderos de Canarias, en un mercado en constante competencia los productos canarios están continuamente compitiendo con los del exterior. Dadas nuestras limitaciones naturales, es fácil que en cada producto exista una alternativa exterior más barata, potencialmente desincentivadora de la producción local, y por tanto que los valores asociados a una agricultura y una ganadería local pujante justifiquen la búsqueda de un equilibrio razonable entre productos locales e importaciones. Conscientes de ello, entendemos, señor Segura y resto de señorías presentes, que es importantísima la prórroga de los beneficios del AIEM para mercancías producidas en las islas Canarias.
Por otro lado, hay que señalar que es importantísimo también, como señalaba el señor Segura...
El señor PRESIDENTE: Señoría, debe concluir.
La señora DE HARO BRITO: Finalizo, señor presidente. Considerando que las directrices entrarán en vigor el 1 de julio de 2014 parece justificado prorrogar el periodo de aplicación de la decisión 2002 y, por tanto, prorrogarlo durante seis meses más.
Termino señalando que si bien son importantísimos estos apoyos, también es importante exigir que el Gobierno de Canarias realice un esfuerzo por promover la producción local, potenciar la industria, entre ellas la agroalimentaria, promover de forma importante el consumo de la producción local, poner en valor la calidad de nuestros productos en Canarias y crear, en definitiva, una cultura de promoción de lo nuestro. Creo que con esto estará de acuerdo el diputado Segura. Por ello, teniendo en cuenta que cumple con el
principio de subsidiariedad y también con el principio de proporcionalidad anuncio el voto favorable de nuestro grupo al informe del ponente y por tanto a la decisión que prorroga las exenciones del AIEM para Canarias por un periodo de seis meses.
COMPARECENCIA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (TOMÉ MUGURUZA) PARA PRESENTAR EL INFORME ANUAL DE LA CITADA INSTITUCIÓN EUROPEA RELATIVO AL EJERCICIO 2012. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente del Congreso 219/000512 y número de expediente del Senado 713/000679).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la celebración de la comparecencia. Llamo al compareciente, don Baudilio Tomé, para que se incorpore a la mesa.
Señorías, procedemos a la celebración de la comparecencia de don Baudilio Tomé Muguruza, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, para presentar el informe anual de la citada institución europea relativo al ejercicio 2012. Doy la bienvenida a esta Comisión a don Baudilio Tomé por segunda vez en este ejercicio parlamentario, y tiene la palabra para presentar el informe.
El señor MIEMBRO DE TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (Tomé Muguruza): Señoras y señores diputados, es para mi un honor volver a comparecer ante esta Comisión Mixta para la Unión Europea en calidad de miembro del Tribunal de Cuentas Europeo para presentarles el resultado del informe anual del tribunal correspondiente al ejercicio 2012. Debo comenzar esta intervención agradeciendo, como no puede ser de otra manera, la amabilidad y el interés mostrado nuevamente por esta Comisión invitándome a comparecer ante la misma. Creo que de esta manera se promueven las necesarias relaciones que deben existir entre las instituciones nacionales y las de la Unión Europea y también estamos perfeccionando lo establecido en el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea cuando señala en sus protocolos anejos que el Tribunal de Cuentas transmitirá a título informativo su informe anual a los parlamentos nacionales al mismo tiempo que al Parlamento Europeo y al Consejo.
Como todos ustedes conocen, el Tribunal de Cuentas Europeo es el auditor externo e independiente del presupuesto de la Unión Europea. El tribunal presenta su trabajo al Parlamento Europeo, al Consejo y a las demás autoridades de descarga, que lo utilizan como un importante elemento a la hora de tomar sus decisiones. El tribunal de Cuentas Europeo desarrolla su tarea principal mediante el ejercicio de técnicas de control financiero y de auditoría, que se plasman en dos clases de informes o documentos: por un lado, en los informes anuales sobre la ejecución del Presupuesto General de la Unión, y, por otro lado, en los denominados informes especiales del Tribunal de Cuentas. Los informes anuales son el resultado de la planificación y ejecución de auditorías financieras y de legalidad o cumplimiento, que dan cumplimiento al mandato que se le ha conferido al tribunal en el Tratado de funcionamiento de la Unión de Europea de emitir una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las mismas. Esta declaración, que es conocida comúnmente por su acrónimo francés DAS, déclaration d'assurance, pueden sus señorías leerla en el primer capítulo del informe. En los informes especiales se plasman las auditorías que el tribunal realiza para valorar si la gestión de los fondos públicos de la Unión se ha realizado respetando el principio de buena gestión financiera. Este principio, que viene recogido en el reglamento financiero aplicable al Presupuesto General de la Unión, aúna los principios de economía, eficiencia y eficacia. En el capítulo 10 del informe anual sobre la ejecución del presupuesto verán que se hace una referencia recapitulativa de los informes especiales finalizados durante el ejercicio 2012.
Sentadas estas bases, señorías, y antes de adentrarnos en los distintos capítulos del informe y en los resultados obtenidos para cada conjunto de políticas de gasto, voy a presentarles las cuatro conclusiones del informe anual correspondientes a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2012. Primera, como viene sucediendo desde 2007 las cuentas consolidadas de la Unión Europea reflejan de una manera fiel su situación financiera, así como los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería. Segunda, los ingresos de la Unión fueron en todos sus aspectos significativos legales y regulares. Tercera, los compromisos de gastos subyacentes a las cuentas fueron igualmente en todos sus aspectos significativos legales y regulares. Y cuarta, el Tribunal de Cuentas Europea ha emitido nuevamente una opinión desfavorable respecto de los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio.
Del trabajo de auditoría realizado se ha calculado un porcentaje de error en los pagos del 4,8 %, cifra superior a la de ejercicios anteriores y que sigue estando muy por encima del 2 % que el tribunal estableció como tasa máxima asumible o aceptable, el llamado nivel de materialidad. Con la tasa de error identificada
este año, superior a la calculada para el ejercicio 2012, que fue del 3,9 %, continúa la tendencia ascendente que viene identificándose desde el ejercicio 2009. En este sentido, es importante señalar que, correspondientes al año 2012, la frecuencia de error detectada por el tribunal fue del 38 %. Esto significa, señorías, que de las 1.192 transacciones auditadas por el tribunal, 450 se encontraban afectadas por errores. En 2012, solo las áreas de ingresos y de gastos administrativos y otros gastos están exentas o libres de errores materiales. Los seis grupos de políticas restantes se han visto afectados por errores materiales superiores al umbral del 2 % y superiores también a las tasas de error detectadas en el ejercicio 2012. En concreto, las áreas más seriamente afectadas han sido las de desarrollo rural, medio ambiente, pesca y sanidad, con una tasa de error del 7,9 %, y la de política regional, energía y transporte, con una tasa de error del 6,8 %. En agricultura la tasa de error encontrada es del 3,8 %, y en empleo y asuntos sociales alcanza el 3,2 %. Estos cuatro grupos de políticas, a los que me acabo de referir y cuyos resultados pueden encontrar, señorías, en los capítulos 3, 4, 5 y 6 del informe, suponen el 80 % del presupuesto de la Unión. Además, son aquellos en los que se emplea de manera más clara la modalidad de gestión compartida, es decir, aquella en la que la Comisión delega buena parte de la gestión presupuestaria en las autoridades de los Estados miembros. El tribunal estima que el porcentaje global de error que corresponde a los pagos realizados bajo la modalidad de gestión compartida asciende al 5,3 % y que un 47 % de las transacciones auditadas estaban afectadas por errores, es decir, prácticamente uno de cada dos proyectos visitados tenía por lo menos un error. No se les oculta, señorías, la incidencia que tienen en España estos cuatro grupos de políticas: agricultura, desarrollo rural, política regional y empleo y asuntos sociales y la especial responsabilidad que asumen por tanto las administraciones públicas de nuestro país. El tribunal ha observado además que en más de la mitad de los pagos auditados en el ámbito de la gestión compartida y que se encuentran afectados por algún error las autoridades de los Estados miembros disponían de información suficiente para haber podido detectar y corregir dichos fallos antes de haber certificado el gasto a la Comisión. Esto, como pueden ver, pone de relieve debilidades en los sistemas de control de los Estados miembros.
Permítanme ahora que precise que los errores detectados por el tribunal representan casos en los que los fondos europeos no se utilizaron con arreglo a la normativa aplicable, sea la de la Unión o estatal, ni se ajustaron por tanto a la voluntad del legislador. Sin embargo, señorías, es muy importante señalar también que el Tribunal de Cuentas Europeo cuando se refiere a error y a tasa de error no está hablando ni de fraude ni de eficacia en el empleo de los fondos públicos. El tribunal hace referencia al hablar de error a los fallos cometidos por los encargados de la ejecución de los proyectos, que podrían subsanarse mediante la puesta en funcionamiento de mejores sistemas de control interno y mediante la implementación de mejores sistemas de coordinación y cooperación entre los distintos niveles existentes de gestión y control.
Entrando ya en los distintos capítulos del informe anual, les diré que es en desarrollo rural, medioambiente, pesca y sanidad donde se da una mayor tasa de error, con un 7,9 % y con cerca del 63 % de sus operaciones afectadas por errores. La mayoría de estos errores derivan de problemas que se refieren a la elegibilidad de los costes reclamados, bien por imputación de costes indebidos, como por ejemplo el pago de IVA no subvencionable, bien por incumplimiento de las condiciones establecidas para poder acogerse a este tipo de ayudas.
Por lo que se refiere al capítulo 5 del informe anual, dedicado a la política regional de energía y de transporte, que se ejecuta fundamentalmente a través del Feder y del Fondo de cohesión, la parte más importante de los errores detectados deriva de incumplimientos graves de la normativa de contratación pública y de declaraciones de costes inelegibles o de cálculos incorrectos. En agricultura, medidas de mercado y ayudas directas, el tribunal considera que la tasa de error alcanzada responde fundamentalmente a errores administrativos, a declaraciones incorrectas de tierra y a incumplimientos de la condicionalidad inherente a las ayudas. Podemos mencionar como ejemplo de esto, señorías, el que se cita en el informe en referencia a España y a otros Estados miembros y que afecta al descuido de las tierras por parte de los agricultores o ganaderos. Nuestros auditores, por ejemplo, encuentran tierras declaradas como pastos permanentes y que han recibido ayudas como tales en unas condiciones impropias que las hacen inelegibles. Este conjunto de políticas, en el que se engloban todos los pagos del Fondo europeo de garantía agrícola, es decir, una de las dos partes esenciales de la política agrícola común, es con 45.000 millones de euros el más elevado económicamente del presupuesto de la Unión, siendo especialmente relevante por tanto asegurar la eficacia de los controles. Dentro de este capítulo, el tribunal auditó los sistemas de control establecidos en nuestro país para la realización de programas de ayuda alimenticia a
personas desfavorecidas. El tribunal ha valorado estos sistemas de control como eficaces y ha señalado que se debe mejorar en esta materia la cooperación administrativa entre los diferentes Estados miembros.
También es importante en relación con España el capítulo 6 del informe, referido a empleo y asuntos sociales, bajo cuya rúbrica se inscriben todas las iniciativas llevadas a cabo a través del Fondo social europeo con un importe superior a los 11.000 millones de euros. El principal error en el que se incurre en este tipo de política es el del incumplimiento de las normas de elegibilidad de los costes reclamados. Por ejemplo, en relación con España se cita en el informe un caso de inelegibilidad que se refiere a un programa de ayudas económicas del Fondo social europeo. Los auditores del tribunal pudieron comprobar que algunas empresas no podían beneficiarse de dichas ayudas a pesar de haber contratado trabajadores en paro ya que no los mantuvieron en su puesto de trabajo los plazos mínimos establecidos en las condiciones de las ayudas, que eran, dependiendo del caso, de tres o de cinco años. Otra fuente de error frecuente en este capítulo es el provocado por cálculos imprecisos en la imputación de costes indirectos.
El resto de los capítulos del informe anual presentan unas tasas de error que oscilan entre el 3,9 % encontrado en el capítulo de investigación y otras políticas internas y el cero por ciento del capítulo de gastos administrativos, aquellos que corresponden a los gastos de funcionamiento del conjunto de instituciones y de organismos de la Unión. Estos dos capítulos alcanzan respectivamente el 9 % y el 7 % del presupuesto total.
La tasa de error que corresponde al capítulo de relaciones exteriores, ayuda y ampliación ha sido del 3,3 % y del 3 % en la gestión de los fondos europeos de desarrollo, los llamados FED. Los resultados de auditoría de la gestión de los FED se publican en un informe separado.
Si anteriormente les señalé que el tribunal calcula que el porcentaje estimado de error global asciende al 5,3 % en los gastos de gestión compartida, dicho porcentaje se estima en el 4,3 % para el resto de las formas de gasto, es decir, para la gestión directa fundamentalmente y para la indirecta.
Como les indiqué anteriormente, hablar de errores es hablar de dinero de los contribuyentes europeos que no se utilizó con arreglo a la normativa aplicable y que no se tendría que haber abonado con cargo al presupuesto de la Unión. Cuando el error se detecta puede dar lugar a que se apliquen correcciones y recuperaciones financieras con vistas a su subsanación. Las correcciones financieras notificadas como aplicadas por la Comisión en 2012 ascendieron a 3.700 millones de euros, correspondiendo la mayor parte de ellas al periodo de programación 2000-2006. Señorías, para el periodo presupuestario 2014-2020 que ahora se inicia la Comisión es partidaria de que los errores detectados en controles ex post que den lugar a correcciones financieras automáticas supongan una reducción neta de la financiación correspondiente a cada Estado. Como puede verse, las correcciones están pensadas y sirven para proteger el presupuesto de la Unión, pero pueden terminar repercutiendo en los presupuestos nacionales de los Estados miembros -y, por lo tanto, en los contribuyentes nacionales- si por efecto de una corrección se ven privados de la correspondiente cofinanciación europea.
Señorías, los informes del tribunal ponen de manifiesto el hecho de que un ejercicio tras otro se siguen detectando en las auditorías errores similares a los descubiertos con anterioridad sin que se hayan adoptado medidas eficaces que contribuyan a evitarlos. El tribunal sigue reclamando procedimientos de gasto más sencillos, una mayor utilización de sistemas de pago a tanto alzado que la experiencia ha demostrado más eficaces que los actualmente mayoritarios de reintegro de costes y una normativa menos compleja. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que muchos de los errores detectados obedecen a incumplimientos de los requisitos normativos que introducen los propios Estados miembros y que van más allá de los contemplados en la normativa de la Unión.
Para la protección de los intereses financieros de la Unión todos los actores deben asumir plenamente su responsabilidad y quedar garantizada la exigencia de la misma. El tribunal recomienda por tanto a la Comisión Europea y a los Estados miembros que emprendan las actuaciones necesarias para reforzar la fiabilidad de todo el sistema de control, fortaleciéndolo, asegurando su calidad y su eficacia y mejorando su coordinación. Por otra parte, señorías, en el informe anual de 2012 el tribunal destaca también la creciente presión que se viene produciendo en el presupuesto de pagos de la Unión. Al final del ejercicio 2012 los compromisos y los saldos pasivos pendientes que había que financiar conjuntamente ascendían a unos 313.000 millones de euros. Por ello, a juicio del tribunal, la Comisión debería anticipar sus necesidades de tesorería futuras mediante la elaboración y publicación de una previsión de tesorería a medio y largo plazo. Como les indiqué al principio de mi comparecencia, junto a las auditorías financieras y de cumplimiento, el Tribunal de Cuentas Europeo realiza también auditorías de gestión. De estos informes que se conocen como informes especiales y que versan sobre asuntos de lo más diverso, el
tribunal elaboró en 2012 un total de veinticinco. Sobre España destacan, en mi opinión, el referido a la utilización de los fondos estructurales para cofinanciar infraestructuras de transporte en puertos marítimos y en 2013 el relacionado con el gasto de los fondos de cohesión en carreteras. Los demás, en relación con España, han abordado fundamentalmente la gestión llevada a cabo en distintas políticas centradas en la actividad agrícola y ganadera.
Señorías, yo destacaría, como conclusión general de todo el trabajo que realiza el tribunal, la necesidad de que la Comisión Europea y los Estados miembros fortalezcan sus estructuras de control mejorando su calidad y eficacia, así como su coordinación, todo ello en pro de un mejor seguimiento y ejecución del presupuesto de la Unión. En momentos en los que la transparencia y la legitimación de la tarea desempeñada por los gestores y servidores públicos es algo imprescindible, optimizar el destino de los fondos públicos y su control es ineludible. Como han podido ver de todo lo expuesto, la gestión de los fondos públicos en la Unión Europea es todavía mejorable y son muchas las medidas que se deberán adoptar si queremos incrementar, como es nuestra obligación, la protección de los intereses financieros de la Unión y el pleno desarrollo de los principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas en la gestión pública europea. Este deber es tarea de todos: gobiernos y autoridades legislativas, gestores públicos y órganos de fiscalización, gestores nacionales y de la Unión, órganos de control estatales y de la Unión, internos y externos. El Tribunal de Cuentas Europeo es consciente de la necesidad de incrementar el valor añadido que aporta su trabajo. La crisis económica y financiera ha sacado a la luz problemas de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas que no se habían previsto y a los que la realidad ha obligado a dar solución. En este sentido, el tribunal ha venido adaptando su trabajo en los últimos tiempos para dar respuesta a estos nuevos retos. La Comisión y las autoridades nacionales de los Estados miembros deben incrementar la eficacia con la que gestionan los fondos públicos europeos. Además, señorías -con esto concluyo-, el Tribunal de Cuentas Europeo, las entidades fiscalizadoras superiores de los Estados miembros y, en el caso de España, los organismos de control externo de las comunidades autónomas, debemos por nuestra parte responder en el ámbito del control externo perfeccionando nuestros sistemas y procedimientos de control.
Señorías, quedo a su disposición para responder a cualquier pregunta que deseen formularme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al compareciente.
Seguidamente abriremos el turno de portavoces. El Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado que quiere partir el suyo en dos intervenciones. Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Seara.
La señora SEARA SOBRADO: Quiero dar las gracias a mi grupo por esta deferencia. El tema sobre el que le voy a preguntar tiene para el Grupo Parlamentario Socialista un interés especial, particular y además me gustaría ponerlo en su conocimiento si es que todavía no ha llegado a sus manos y a las del Tribunal de Cuentas Europeo. Tiene que ver con un informe que ya ha emitido la Oficina Europea contra el Fraude, en el que ha reclamado a la Diputación Provincial de Ourense, a través del propio Ministerio de Hacienda, más de 10 millones de euros por fraude en la construcción de 103 depuradoras financiadas con fondos europeos, con fondos de cohesión. El informe de la OLAF insta a la justicia española a actuar ante unos supuestos delitos cometidos. Es un informe muy duro -nos ha sorprendido incluso la dureza del propio lenguaje con que se ha expuesto- y en las conclusiones de la investigación se constatan graves irregularidades por parte de la Diputación Provincial de Ourense para favorecer a la empresa adjudicataria de estas depuradoras, o a firmas de su grupo en el caso de algunas asistencias técnicas que también se ponen en entredicho en este informe.
La OLAF cree necesario remitir -así lo refleja- este informe final a las autoridades judiciales españolas para su consideración. Además, se indica en el informe que se podría estar ante delitos de prevaricación y tráfico de influencias, señalándose que se debería comprobar también -cito textualmente- si los hechos constituyen un fraude al presupuesto europeo, cuestión sobre la que nos gustaría que usted se posicionara. En otras conclusiones del propio informe se asegura que se cometieron irregularidades en las convocatorias para la adjudicación de estas plantas depuradoras, al exigir a los licitadores requisitos no directamente vinculados con el objeto del contrato y que resultaron discriminatorios, también por existir criterios de adjudicación o solvencia no conformes con las reglas de contratación pública y al constatarse la existencia de información confidencial en posesión del licitador que ganó los concursos, y al otorgar solo cinco puntos sobre los cien al criterio referido al precio de la oferta presentada. En definitiva -y concluyo-, la diputación simuló la realización de procedimientos negociados de contratación en los
contratos de primera fase del proyecto, de uno de los proyectos, pero en la práctica los contratos estaban adjudicados y ejecutándose antes de lanzar los correspondientes procedimientos de contratación, que fueron además adjudicados a la misma empresa.
Le podría reseñar muchos más datos del informe. Insisto, es un informe duro, muy detallado; los propios inspectores de la OLAF fueron a inspeccionar in situ no solo estas depuradoras -más de la mitad de ellas no funcionan ni siquiera desde el principio-, sino que además han hecho sus inspecciones en la propia Diputación Provincial de Ourense. Nosotros hemos hecho muchas preguntas en esta Cámara; hemos hecho preguntas escritas durante el proceso de elaboración de estas inspecciones, durante el trámite de inspección por parte de la OLAF, y además hemos hecho una pregunta en la sesión de control de este Parlamento. Yo misma le pregunté al señor Montoro sobre esta cuestión y él fue claro también; me dijo que había puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado este informe que había llegado a sus manos y que había incoado, ya en el mes de septiembre, un expediente de reintegro de las subvenciones percibidas por la propia diputación, en el marco de los proyectos Daredo y Deputrans, por un valor de 100,1 millones de euros. Por lo tanto -coincido con su intervención-, es muy mejorable el control de los fondos europeos en nuestro país, sobre todo cuando estamos hablando de instituciones públicas; en este caso, cuando son ellas las que pueden haber hecho un uso fraudulento -como parece ser que se ha hecho de estos fondos europeos-, la gravedad es todavía mayor. Coincido con su discurso de endurecer las medidas, de estar muy vigilantes, de estar muy pendientes de lo que ocurre con estos fondos europeos, porque además se siguen necesitando; estamos ante un caso presuntamente fraudulento.
Yo le quiero preguntar si usted o el Tribunal de Cuentas Europeo tienen conocimiento de la situación, para que se arrojara toda la luz sobre este caso. Me gustaría, saber también si, tal como está hoy el expediente -usted me imagino que ha tenido acceso a él, usted o el propio tribunal-, la Diputación Provincial de Ourense tendría que devolver esos más de 10 millones de euros; si ha pasado el caso por el Tribunal de Cuentas Europeo -redunda la pregunta-; si hay casos similares que el Tribunal de Cuentas haya conocido; si son habituales estos requerimientos tan duros por parte de la OLAF, de la Oficina Antifraude de la Unión Europea; y si conoce usted y el Tribunal de Cuentas Europeo si se están investigando otros proyectos como éste.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor López Garrido, don Diego.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Gracias, señor Tomé, por su comparecencia y su exposición inicial. Nosotros nos hemos centrado esencialmente en la parte final del informe que es cuando el Tribunal de Cuentas hace sus observaciones; por así decirlo, concluye los resultados de su labor de control. En esas conclusiones hay una cuestión que destaca sobre todas las demás, la dura crítica que hace el Tribunal de Cuentas Europeo sobre los llamados informes anuales de actividad; es decir, ese instrumento, que se supone que iba a ser fundamentalmente de gestión, vincula la labor de las direcciones generales, esencialmente la Comisión Europea, con los resultados y con las políticas que supuestamente debe perseguir la Unión. Vincula políticas, resultados de esas políticas y, por tanto, le da una proyección de resultados más política a una mera gestión burocrática que puede llevar a cabo la Comisión.
Me parece interesante que el Tribunal de Cuentas haya reparado en ello de una forma bastante crítica, diciendo (página 238): Las evaluaciones no han sido una fuente útil de pruebas en las que basar los informes sobre los logros de las políticas en los llamados informes anuales de actividad. Es una crítica a la Comisión la que hace el Tribunal de Cuentas, pero es verdad que ella se defiende echándole la culpa al Consejo y al Parlamento Europeo, que es lo que aparece en las conclusiones (página 256, última página del texto del Diario Oficial de la Unión Europea), cuando dice la Comisión: Este es un tema del Consejo y del Parlamento Europeo que son los que, al final, tienen la responsabilidad de adoptar los actos jurídicos de base. Me gustaría saber cuál es su opinión porque la Comisión se quita de en medio esas responsabilidades, se las da al Consejo y al Parlamento Europeo, pero ustedes están entrando en un tema central, el control de los resultados. Hay unas políticas que se aprueban, hay una gestión de esas políticas y se exigen resultados; no solo contabilidad aburrida, sumas y restas, sino un control, en última instancia político, que es al que se acerca el Tribunal de Cuentas en este informe. Es verdad que las recomendaciones finales del informe del Tribunal de Cuentas que aparecen en la página 256, que son dos, resultan un tanto abstractas. Por eso le preguntaría, señor Tomé, por la posición del Tribunal de Cuentas y si nos puede aclarar qué es lo que significa, qué han detectado y qué recomiendan para el futuro, porque estamos ante una cuestión muy importante, sobre todo cuando dentro de unos días empieza
el periodo 2014-2020 de las perspectivas financieras multianuales en la Comisión y en los demás órganos de la Unión Europea. Son las perspectivas financieras del conjunto de la Unión Europea.
Por otra parte -y con esto termino, señor presidente-, quería conocer su opinión, como observador privilegiado de los presupuestos de la Unión desde el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, como dice el artículo 287 del Tratado del funcionamiento de la Unión Europea, del examen de la totalidad de los ingresos y de los gastos de la Unión. Desde el punto de vista de los ingresos, que nos interesan más en este momento, me gustaría saber cuál es su opinión sobre una posible aparición de un nuevo ingreso -aparte de los provenientes de la renta nacional, que son los fundamentales, de otros ingresos tradicionales de la Unión o de los que vienen por IVA- que puede ser importante para el futuro de la Unión Europea, como es la tasa de transacciones financieras. Me gustaría saber su opinión al respecto, porque hay iniciativas de algunos países, entre ellos España, que pretenden que exista ese ingreso en el futuro como una forma fundamental de desarrollar lo que sigue siendo, al fin y al cabo, un presupuesto bastante raquítico, el de la Unión Europea, que no llega al 1 % del PIB del conjunto de la Unión. También nos gustaría saber, porque lo ha citado usted en su intervención -usted ha hablado de la protección de los intereses financieros de la Unión, lo he tomado literalmente-, cuál es su opinión sobre la aparición de una figura que va destinada a la protección de los intereses financieros de la Unión, que es la Fiscalía Europea, y si desde su punto de vista sería imprescindible, complementando lo que hasta ahora está haciendo la OLAF, que apareciese esa figura, sobre la cual se ha pronunciado ya esta misma Comisión mixta en un informe y obtuvo la votación favorable de todos los grupos. Usted ha hablado de la crisis económica en su intervención, y me gustaría saber qué ha percibido usted, no solamente en este informe sino en anteriores años desde que usted está en el Tribunal de Cuentas, del impacto que ha podido tener sobre los ingresos de la Unión Europea la crisis económica, si nos puede comentar ese asunto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ripoll Juan.
La señora RIPOLL JUAN: Señor Tomé, le agradezco un año más su comparecencia en esta Comisión para presentar el informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo correspondiente, en este caso, al ejercicio 2012. Tras su detallada y exhaustiva explicación y la lectura de los documentos que nos han remitido, al menos la mayoría de ellos, tanto el informe anual sobre la ejecución del presupuesto como el informe sobre los fondos europeos de desarrollo y la nota informativa sobre los mismos, y pese a lo técnico de la materia, creo que hay algunos aspectos que merecen una reflexión; algunos de ellos usted los ha contemplado ya en su intervención, pero son quizá los que más nos han llamado la atención.
Quisiera comenzar mencionando algo que considero clave, que usted ha señalado, que es la condición de auditor externo -creo que eso es importantísimo- de la institución de la que usted forma parte y que realiza una valoración independiente e imparcial de la fiabilidad de las cuentas y de la regularidad de las operaciones; creo que eso es algo francamente importante. Es precisamente la declaración de fiabilidad la que da inicio al informe; por lo tanto, hasta ilustra ese interés. En resumen, se concluye que las cuentas elaboradas por la Comisión son fiables, pero sabemos también que no todos los fondos se utilizan correctamente, ya que los pagos del presupuesto siguen estando -como han comentado- significativamente afectados por errores; de ahí que en la legalidad y regularidad de los pagos se estima en un 4,8 % el porcentaje de error que afecta a los pagos contabilizados como gastos subyacentes, por lo que aumenta un 0,9 respecto al ejercicio del 2011, lo cual da lugar a una opinión desfavorable sobre esa regularidad del gasto. Creo importante recalcar que decir error -usted lo ha comentado y una compañera antes también ha señalado algo al respecto, supongo que usted contestará puntualmente- no significa hablar de fraude; lo comentó también el año pasado y supongo que ahora nos lo explicará, y que en ese caso ya está actuando la OLAF, para desarrollar su función, y que eran casos puntuales. Quedó claro que hablar de error, según lo que tengo entendido, es hacerlo de la falta de admisibilidad de las solicitudes de pago presentadas, ya que no se está cumpliendo la normativa de contratación pública. Ello afecta, excepto a los gastos administrativos, al conjunto de políticas que abarcan los gastos operativos, destacando entre ellos los ámbitos de gestión compartida de la Comisión con los Estados miembros, sobre todo en política regional, en energía y transporte, en desarrollo rural, en medio ambiente, en pesca y en sanidad. Es cierto que el marco legislativo y normativo sigue siendo muy complejo, en muchos casos con una sobrerregulación; habrá que seguir trabajando en una simplificación administrativa, porque los errores no surgen siempre por incumplimiento de la normativa comunitaria -en ocasiones sí- sino de la propia normativa de desarrollo de los Estados miembros, por lo que es necesario un mayor esfuerzo normativo de coordinación y de los propios sistemas de control en su ejecución por parte de los Estados, máxime teniendo en cuenta
que son estos los que gestionan casi el 80 % de los fondos de la Unión, además en proyectos de cofinanciación, por lo que de esa diligencia en el control no solo se beneficia el conjunto de la Unión sino cada uno de sus miembros en la parte que le pueda corresponder.
En un momento económico -también lo hemos señalado- de crisis, tan complicado, tan difícil, en el que la austeridad está presente también en el presupuesto europeo, debemos hacer todos un esfuerzo por velar por la eficiencia, por aquello de la cultura del rendimiento, de la que tanto se habla últimamente en los gastos, y asegurarse de que cualquiera de ellos cumple fielmente el destino para el que fue asignado, respetando las condiciones y normas ligadas a su utilización. En ello los Estados y regiones tienen mucho por hacer, mejorando también los sistemas de supervisión y control. Con el nuevo marco financiero plurianual 2014-2020 se abre la posibilidad de comenzar con esas mejoras de gestión de los fondos que pasan necesariamente por simplificar y establecer objetivos más claros en los programas de gasto en todos los ámbitos, también en aquellos que más se registran y que tan importantes son para nuestro país, España, como los que ha mencionado referentes a la PAC y a las políticas de cohesión. Evidentemente, todo es mejorable, y a ello contribuye de forma decisiva la institución de la que usted forma parte para conseguir mejorar la gestión financiera de la Unión con sus análisis, sus conclusiones y sus recomendaciones. Eso es algo siempre importante pero que adquiere mayor relevancia si cabe en los tiempos en los que vivimos, no solo en lo económico y financiero sino incluso en la percepción que la sociedad tiene de aquellos que gestionan las cuentas públicas y de quienes las controlan. Por tanto, el refuerzo de la responsabilidad financiera de la Unión es un objetivo compartido por todos, responsabilidad desde el respeto y el escrupuloso control del gasto de los fondos públicos a través de normas que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas del sector público y su fiscalización. Ya hablamos de ello en otra ocasión -lo hicimos el año pasado y recientemente en su comparecencia en el Senado- y me consta que conoce usted el esfuerzo que con esa finalidad está haciendo nuestro país con las reformas que se están llevando a cabo, que han supuesto la aprobación de leyes como la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno o la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que tienen como eje los principios precisamente de eficiencia en la asignación, utilización de los recursos públicos, responsabilidad y precisamente la transparencia.
Me gustaría finalizar en positivo después de hacer estas reflexiones, señalando aquello que es común para todos, no solo para las instituciones y los grupos políticos aquí representados -que también- sino para el conjunto de la ciudadanía para la que trabajamos día tras día. En nombre del Grupo Popular le agradezco de nuevo su comparecencia y le ofrezco aliento para continuar con su trabajo.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las intervenciones de los distintos grupos tiene la palabra nuevamente el señor Tomé.
El señor MIEMBRO DE TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (Tomé Muguruza): Muchas gracias, señorías, por su interés y sus preguntas. Voy a tratar de ofrecer una respuesta panorámica que vaya tocando todos los puntos que sus señorías me han planteado.
En primer lugar, la señora Seara ha hecho referencia las relaciones entre una institución como el Tribunal de Cuentas Europeo y la OLAF. El mandato que tenemos, en virtud del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, es dar una opinión, por un lado, sobre las cuentas consolidadas, que como les recordaba es favorable desde el momento en que los estados financieros corresponden a la realidad de la Unión, y, por otro lado -ese es un mandato específico que diferencia nuestro tribunal de otros tribunales de cuentas-, damos también una opinión sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. Ahí es donde hemos vuelto a dar este año una opinión negativa, porque la tasa de error detectada del 4,8 % sigue estando por encima del umbral de materialidad. Por lo tanto, una parte relevante y significativa del presupuesto de la Unión se ejecuta de una manera que no cumple la normativa de ejecución del presupuesto. De ahí nuestra opinión negativa, desfavorable y la naturaleza de las recomendaciones que hacemos en los distintos capítulos. Eso no quiere decir que de ahí se deduzca necesariamente fraude. Nosotros además funcionamos con un sistema de muestreo estadístico -creo que este año se han auditado 1.185 pagos-, de manera que cuando un pago entra en nuestra muestra se estudia todo el proceso desde la licitación. Nuestros auditores llegan a auditar físicamente la materialidad de las inversiones y de ahí se deriva nuestra opinión. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, en una de esas auditorías nuestros auditores descubren indicios de lo que se podría presumir que pudiese ser un caso de fraude? En tal caso nuestra misión termina dando cuenta de esas circunstancias a la OLAF, que, como usted ha dicho, es la Oficina de Lucha contra el Fraude, que dentro de la Comisión tiene la misión de
investigarlo. Al no haber una jurisdicción penal comunitaria, la Oficina de Lucha contra el Fraude, la OLAF, traslada el resultado de sus investigaciones a las autoridades judiciales o a la Fiscalía del Estado correspondiente. Creo que este año ha habido un número limitado de casos; no sé si son siete u ocho de los que el tribunal ha dado cuenta a la OLAF, y esta, de acuerdo con sus criterios de clasificación de riesgos, de investigación, etcétera, ha tomado las decisiones correspondientes. Por lo tanto, la naturaleza, el trabajo, el conocimiento particular de los casos que investiga la OLAF no está dentro de nuestra competencia, por lo que no le puedo dar más información respecto del tema que me pregunta.
Se han planteado también otros asuntos que hacen referencia a la naturaleza de nuestra misión. La senadora Ripoll ponía de manifiesto la función de auditor externo, que es muy importante destacar. Desde hace treinta y cinco años la Unión Europea cuenta con una institución independiente, protegida en su misión, en su independencia, por el tratado, que tiene como función dar una opinión con criterios de auditoría pública sobre el presupuesto y las políticas de la Unión. Nuestro mandato se refiere a las cuentas, a la legalidad de los pagos subyacentes, pero también en nuestros informes especiales nos manifestamos sobre cuestiones de eficacia y de eficiencia. Este aspecto me permite referirme a lo planteado por el señor López Garrido en relación con los informes anuales de actividad.
¿Qué es lo que yo considero que ahora está sucediendo en la Unión en cuanto a la definición de los programas y su posterior evaluación? Hay un intento creciente -el Tribunal de Cuentas Europeo lo ha venido recomendando año tras año- de pasar de un enfoque centrado en la ejecución del presupuesto, en la legalidad eventual del gasto y en el respeto a los procedimientos, a un enfoque que haga más hincapié en los resultados, en la incidencia de las políticas. Eso debería ser una aspiración creciente, pasar de un control centrado en cómo se consumen los recursos asignados a una política de gasto a una evaluación real de cuál es la incidencia en términos de cumplimiento de objetivos, los efectos a corto plazo que tiene la ejecución de las políticas, así como los propios efectos a largo plazo. En ese sentido, los distintos centros de gasto de la Comisión Europea están obligados de manera creciente a certificar su propia actividad. Los controles financieros dentro de la Comisión Europea incluyen la existencia de servicios de auditoría dentro de las propias direcciones generales. Los directores generales tienen que certificar sus cuentas, incluso poniendo de manifiesto las debilidades que se aprecien en su gestión, y analizar también la implementación de los objetivos. ¿Qué está sucediendo en el examen que el tribunal hace de los informes anuales de actividad de las distintas direcciones generales de la Unión? Hay varios ejemplos que se destacan en el informe, pero con frecuencia los objetivos son demasiado vagos, no incluyen sistemas de medición, de evaluación, etcétera. Hay una tendencia y una voluntad de definir en todas las políticas de gastos objetivos concretos, específicos, relacionados con la materia, que sean medibles y que se puedan evaluar en el tiempo, lo que se define a veces como el sistema Smart, precisamente por el acrónimo inglés de lo que se considera que tiene que ser un buen sistema de indicadores, y sencillamente lo que el tribunal está poniendo de manifiesto en su informe es que si bien se ha avanzado en la introducción de esta gestión en la definición de objetivos, tanto la definición de los mismos como luego los indicadores que se definen a la hora de implementarlos, continúan siendo extraordinariamente vagos. Es una labor en la que habrá que seguir incidiendo. El nuevo marco de perspectivas financieras abre sin duda una oportunidad. El próximo año se va a producir un cambio importante en la Unión Europea; coincidiendo además con un nuevo periodo de perspectivas financieras va a entrar en funciones un nuevo Parlamento, una nueva Comisión y, en ese sentido, se abre una oportunidad importante. El tribunal va a seguir incidiendo en estos temas.
Hay otros asuntos -varias de sus señorías han hecho referencia precisamente a la ventana que se abre con las nuevas perspectivas financieras- que quizás merezca la pena destacar. En mi informe aludí a la protección de los intereses financieros de la Unión. La protección de los intereses financieros de la Unión se produce cuando la Comisión en un área que detecta dificultades determina el bloqueo de los fondos, insta a la recuperación. En la práctica las correcciones financieras están funcionando de maneras muy distintas. Por ejemplo, en la agricultura estas correcciones financieras que se hacen a tanto alzado en función de la evaluación que pueda hacer la Comisión sobre la debilidad de la gestión de un determinado país, de una determinada autoridad pagadora o la debilidad de los controles, puede determinar una pérdida de fondos para el Estado en cuestión, pero es muy raro que esos fondos luego se recuperen efectivamente de los agricultores que los han cobrado indebidamente por la propia dificultad de gestionar ese sistema con muchos perceptores de fondos. En el campo de la política de cohesión hasta ahora el sistema ha funcionado de otra manera. Cuando la Comisión detecta debilidades que dan lugar a una corrección, puede haber a veces correcciones a tanto alzado, correcciones globales; muchas veces lo que
se hace es corregir los proyectos específicos en los que se han detectado irregularidades y con el sistema actualmente vigente la aceptación, el acuerdo entre las autoridades de los Estados miembros y la Comisión para realizar precisamente esa corrección financiera, libera esos fondos para proyectos alternativos. Hay un ejemplo claro que se recoge también en nuestro informe, cómo en el caso de España la corrección por un volumen muy importante aplicada a España por lo que se refiere a la gestión del Feder y el Fondo de Cohesión en el periodo 2000-2006, pudo ser subsanada por las autoridades de gestión españolas con la presentación de nuevos proyectos, siendo el impacto financiero neto sobre el presupuesto y sobre el contribuyente español residual. Ahora, en cambio, en el nuevo periodo de perspectivas financieras, este sistema va a cambiar. Todas las correcciones que sean fruto de la actividad de control ex post por parte de los servicios de la Comisión una vez que el gasto se ha certificado, van a ser netas, van a proteger el presupuesto de la Unión, pero van a implicar pérdida de financiación para los Estados miembros. En ese sentido, la corrección protegerá el presupuesto de la Unión, pero puede no proteger los presupuestos de los Estados miembros ni a los contribuyentes de los mismos, que se pueden ver privados de esa financiación europea. Creo que eso va a obligar a todos los Estados miembros a intensificar sus sistemas de control ex ante para procurar evitar que en ningún caso se presenten a la Comisión para su certificación proyectos que puedan contener debilidades. Es un reto que va a obligar a reforzar los controles a nivel de los Estados miembros para evitar posibles correcciones que supondrían una pérdida neta para los presupuestos nacionales. En ese sentido, por ejemplo, la Comisión acaba de presentar una comunicación al Parlamento Europeo detallando este procedimiento y yo creo que este es un tema que todas las autoridades gestoras en los Estados miembros, también en España, tendrán que tener muy presente de cara al futuro.
De cara al futuro -y enlazo también con una reflexión que se me ha pedido en torno a la incidencia que puede estar teniendo la crisis económica y financiera- hay que tener presente que la restricción presupuestaria en los Estados miembros va a dificultar la cofinanciación de proyecto y la subrogación de fondos comunitarios. Combinadas las dos cosas hace que se tenga que ser muy diligente en el funcionamiento de los controles ex ante. En el caso del ejemplo que se cita en el informe referente a España, España pudo sustituir proyectos cuando acordó una corrección con la Comisión precisamente porque tenía otros proyectos que habían sido financiados con el presupuesto nacional susceptibles de ser cofinanciados por el presupuesto de la Unión. La incidencia de la crisis -me gustaría hacerles una referencia global de cómo está afectando la crisis en materia de rendición de cuentas y transparencia- y la respuesta de las instituciones europeas, presionadas muchas veces por la urgencia apremiante de los problemas que había que afrontar, ha puesto en marcha distintos mecanismos de naturaleza muy distinta. Por ejemplo, los primeros programas de asistencia a países con dificultades de balanza de pago o con dificultades presupuestarias, como el caso de Hungría, Rumania y Letonia, luego también Portugal e Irlanda, fueron implantados con fondos del presupuesto de la Unión Europea. Ha habido otros mecanismos como, por ejemplo, cuando se puso en marcha el Mecanismo europeo de estabilidad financiera, en el que los Estados miembros fuera de los procedimientos y de las instituciones de la Unión constituyeron un fondo ad hoc de naturaleza privada sujeto a la legislación sobre fondos de inversión, en este caso me parece que de Luxemburgo. Se puso en marcha también el MEDE, el Mecanismo europeo de estabilidad, con una naturaleza de nueva institución financiera internacional. Cada uno de estos mecanismos plantea también retos desde el punto de vista de la auditoría pública, de la rendición de cuentas a los contribuyentes de la Unión y también de los Estados miembros. En ese sentido, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto ya en marcha un proyecto especial sobre auditoría de la gobernanza económica y financiera, en el que estamos poniendo en marcha auditorías especiales sobre la implantación de las nuevas autoridades de regulación, como la Autoridad Bancaria Europea o como la gestión por parte de la Comisión de los programas de ayuda financiera a los países. Estamos también trabajando en una serie de informes panorámicos que, cara a las nuevas perspectivas financieras, pongan de manifiesto a las autoridades políticas de la Unión y a los Estados miembros las gaps de auditoría, de rendición de cuentas que puede haber en el nuevo marco institucional que se está poniendo de manifiesto.
Se me preguntaba también sobre la Fiscalía Europea. Es un instrumento que sin duda puede contribuir a la defensa de los intereses financieros de la Unión, está todavía en proceso de definición, pero, como les decía, la naturaleza de la investigación del fraude allí donde existe una conducta deliberada que tiene como objeto precisamente perjudicar los intereses financieros de la Unión, se lleva por la OLAF, está fuera del alcance de nuestras competencias, sin perjuicio de que las relaciones de trabajo, como les decía, de nuestros auditores son también normales con la OLAF.
Sobre el nuevo marco o las nuevas propuestas en materia de ingresos propios de la Unión, el tribunal emitió una opinión, un dictamen específico, que fue solicitado por el Consejo y por la Comisión en el que, sobre la base de nuestra experiencia hicimos una serie de recomendaciones tendentes a mejorar la propuesta. En relación con la tasa de las transacciones financieras, creo recordar, pero invito al señor López Garrido a consultar el dictamen, que hacíamos también una reflexión sobre que se debía tener cuidado a la hora de diseñar este nuevo recurso propio de la Unión del posible impacto que pudiese tener en la deslocalización de bases imponibles entre Estados miembros que pudiesen adoptar la nueva tasa o aquellos, como está previsto también en las propuestas sobre la mesa, que no la adoptasen.
Con relación a la parte de ingresos, en el informe de este año hemos hecho también una serie de recomendaciones que derivan de un informe especial que hemos publicado este año sobre la coordinación de Eurostat con las entidades superiores de estadística de los Estados miembros a la hora de medir la renta nacional, el producto comunitario. Hacemos una serie de recomendaciones referentes a mejorar precisamente la coordinación de Eurostat con las autoridades estadísticas de los Estados miembros.
Yo creo que he cubierto las cuestiones que me han planteado. Si no tienen más preguntas que hacerme, me gustaría exponerles una idea que me gustaría que quedase como resumen de mi comparecencia, y es que precisamente porque estamos en un momento en que las autoridades y las instituciones de la Unión Europea se tienen que enfrentar a una crisis económica y financiera, se va a abrir una nueva etapa en el Parlamento y en la Comisión y hay unas nuevas perspectivas financieras y un nuevo reglamento financiero, se nos abre también una oportunidad para reforzar y hacer más transparente la gestión comunitaria, mejorar el objetivo de indicadores, porque en un momento donde también vemos que a veces la propia idea de Europa se cuestiona en algunos aspectos, es importante una gestión transparente y con una auditoría pública fuerte, independiente, con unos objetivos medibles, una gestión que se legitime ante los ciudadanos, que pueden valorar la contribución de las instituciones al cumplimiento de los objetivos de la Unión y en este momento, de manera muy especial, que dé una respuesta que necesariamente tiene que ser también europea a la crisis económica y financiera.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomé.
Turno de portavoces para hacer algún tipo de aclaraciones. Tiene la palabra el señor López Garrido. Entenderán sus señorías que voy a ser absolutamente estricto con el uso de los tiempos, así que por un plazo máximo de tres minutos.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Quería hacerle una pregunta muy concreta. Ha citado usted en su intervención el caso del MEDE, pero también hay otros. Por ejemplo, hoy el Consejo Europeo examina la unión bancaria, dentro de la cual va a estar el Fondo único de liquidación bancaria. Me gustaría saber cómo enfoca el Tribunal de Cuentas la aparición de estos organismos, muy importantes, que manejan fondos, pero que no tienen una vinculación a los tratados. Muchos de ellos, o prácticamente todos, son organismos que surgen o han surgido extramuros de los tratados, a través de tratados internacionales, pero no han logrado conseguir la unanimidad de los miembros de la Unión Europea, esencialmente empezando por la autoexclusión de Reino Unido, que lidera este tipo de acciones. Quería saber si el Tribunal de Cuentas tendría una capacidad de control respecto de este tipo de organismos que han surgido y que no tienen una vinculación directa con los tratados.
Para terminar, también quiero felicitarle porque estamos examinando el control sobre las cuentas del año 2012, lo cual nos hace tener una gran envidia, porque el Tribunal de Cuentas español va muchísimo más retrasado, lo que no sé si dificulta también la labor del Tribunal de Cuentas Europeo. Quería felicitarle por la celeridad con la que tenemos este informe.
El señor PRESIDENTE: Señor Tomé.
El señor MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (Tomé Muguruza): En cuanto a los nuevos fondos que se están creando, es uno de los posibles déficits de auditoría sobre los que estamos reflexionando, pero es verdad que se ha dado una casuística muy distinta. Por ejemplo, en el caso de la existencia de balanza de pagos a países como Hungría o Rumania, el propio tratado preveía la posibilidad de destinar fondos comunitarios. Al principio con ese Fondo europeo de estabilización financiera, para el caso de Irlanda y Portugal, se pudieron liberar los primeros 60.000 millones. Es claramente dinero del presupuesto de la Unión gestionado por la Comisión sobre el que el tribunal tiene un poder de auditoría claro. Cuando luego se constituyó el Mecanismo europeo de estabilización financiera, los Estados
miembros, la zona euro arbitró un mecanismo estrictamente de derecho privado, sujeto a instrumentos de auditoría de derecho privado que no preveía de ninguna forma la auditoría pública del mismo. Eso se corrigió de alguna manera cuando se creó el MEDE, porque el MEDE ya no era un fondo privado, sino una institución financiera internacional, con su propio tratado constitutivo y ahí, aparte de la auditoría a la que se obliga al fondo, al mecanismo, de un auditor privado que audita todos los años sus cuentas, se previó la constitución de un comité de auditoría pública donde están presentes los tribunales de cuentas de los Estados miembros y donde el Tribunal de Cuentas Europeo designa uno de sus miembros. Qué duda cabe que en todos estos mecanismos que se están poniendo en marcha, donde los fondos no son directamente del presupuesto comunitario, existen instituciones y autoridades comunitarias involucradas en la gestión de los mismos. En nuestro caso, por ejemplo, nuestros poderes de auditoría sobre la gestión por parte de la Comisión no se ven afectados porque la Comisión sea instrumental en la gestión de fondos, por ejemplo en los últimos rescates que se han puesto en marcha. Sobre eso estamos también trabajando y vamos a ver cómo evoluciona. Estamos trabajando en un informe, que queremos presentar a todas las instituciones de la Unión y a los Estados miembros, sobre los riesgos que vemos precisamente en esta nueva topografía de soluciones que se están instrumentando.
En cuanto al tiempo de presentación de nuestro informe, es el que nos marca el tratado y usted lo conoce bien. Está ya en marcha el proceso de descarga de la Comisión. Nuestro informe se presentó en el Parlamento Europeo el día 5 de noviembre y ahora está en marcha el proceso de comparecencia de los comisarios y de los miembros del tribunal responsables de los distintos capítulos. En mi caso, también comparecí en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en relación con el capítulo de gastos administrativos, del que soy responsable, que luego llevará a que el Parlamento y el Consejo otorguen o no la descarga a la Comisión. Pero es verdad que en lo que se refiere a nuestro informe anual cumplimos los plazos del tratado; ahora mismo ya está en marcha la auditoría de 2013 sobre transacciones en nuestra muestra, a partir de enero se procederá sobre las cuentas provisionales para cumplir con los calendarios que se nos marcan.
El señor PRESIDENTE: Sin demora, vamos a proceder al tratamiento de los otros puntos del orden del día, no sin antes darle las gracias, señor Tomé, por su comparecencia, por sus explicaciones y deseándole lo mejor en el ejercicio de su función. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo y que nos veamos al año que viene.
El señor MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (Tomé Muguruza): Felices fiestas a todos.
DEBATE SOBRE CONTROL DE SUBSIDIARIEDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA. (Continuación).
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (UE) NÚMERO 525/2013 EN LO RELATIVO A LA EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROTOCOLO DE KIOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2013) 769 FINAL] [2013/0377 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000277 y número de expediente del Senado 574/000210).
El señor PRESIDENTE: Señorías, procedemos ya a los debates del control de subsidiariedad. Me han pedido un cambio en el orden del día -esta es una tarde ajetreada- para empezar por el debate del punto 6.º, la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento número 525/2013 en lo relativo a la ejecución técnica del Protocolo de Kioto de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. No hay problema por parte de los señores portavoces para que se produzca este cambio en el orden del día y, por tanto, procedemos a su debate. Se ha recibido informe del Gobierno, así como informe del Parlamento de Extremadura. Interviene en primer lugar para presentar el informe el señor Olano Vela.
El señor OLANO VELA: Señorías, en primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento tanto a la Mesa como al resto de miembros de esta Comisión por permitirme alterar el orden del día.
Señorías, intentaré resumirles brevemente el contenido de esta propuesta. Es una propuesta de modificación del Reglamento 525/2013 que tiene un carácter eminentemente técnico. En virtud de la
enmienda de Doha la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia se comprometen a limitar su media anual de emisiones de gases de efecto invernadero del periodo 2013-2020 al 80 % de sus emisiones durante el año base, generalmente 1990. Por su parte, el artículo 4 del Protocolo de Kioto permite que las partes cumplan conjuntamente sus respectivos compromisos. Asimismo, durante la negociación de la enmienda de Doha la Unión Europea y sus Estados miembros manifestaron su intención de cumplir conjuntamente sus compromisos para el segundo periodo. La aplicación del Protocolo de Kioto después de 2012 requiere el establecimiento de una serie de normas de ejecución técnica para la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia, ya que el Reglamento 525/2013 sobre el mecanismo de seguimiento no contiene una base jurídica que permita a la Comisión hacerlo.
La propuesta de modificación del reglamento del mecanismo de seguimiento para la implementación técnica del Protocolo de Kioto atribuye a la Comisión facultades para adoptar actos no legislativos e introducir en la legislación de la Unión Europea normas sobre elementos no esenciales para la contabilización de las unidades de Kioto tales como los procesos de gestión de unidades, los procesos contables relacionados con la transición del primer al segundo periodo de compromiso, el establecimiento y mantenimiento de una reserva de excedentes del periodo anterior y una reserva del periodo de compromiso para cada miembro de un acuerdo de cumplimiento conjunto, la aplicación de un canon del 2 % a las unidades de cantidad asignadas y a las unidades de reducción de emisiones, la exacción de un canon o de la parte de los fondos devengados a la emisión de estas URE y a la primera transferencia de UCA en el segundo periodo de compromiso. Señorías, los actos delegados previstos en la presente propuesta son necesarios para garantizar que todas las transacciones, emisiones, transferencias, adquisición, cancelación, arrastre, sustitución, cambio de fecha de vencimiento y retirada realizadas con unidades de Kioto de los registros nacionales de la Unión Europea, sus miembros e Islandia sean coherentes con el cumplimiento conjunto de sus compromisos.
Por último -y ya termino-, se ha recibido informe de la Asamblea Legislativa de Extremadura y del Gobierno de la nación indicando que esta propuesta no vulnera el principio de subsidiariedad. Mi grupo parlamentario así lo estima también y votará favorablemente a la propuesta de modificación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ MOLINA: Tal y como nos acaba de decir el ponente, la Unión Europea y sus Estados miembros han manifestado su intención de cumplir conjuntamente con los compromisos que lleva consigo la suscripción del Protocolo de Kioto para el segundo periodo. Tal y como se llama la atención en su informe, la aplicación de este protocolo después del año 2012 requiere el establecimiento de una serie de normas de ejecución técnica y la propuesta de reglamento que estamos considerando proporciona la base jurídica para abordar estas cuestiones. Nos parece un acierto por parte del ponente que destaque especialmente que la propuesta de modificación del reglamento resulta especialmente interesante en el sentido de que se establece un sistema de registros. Creemos que el informe es muy completo, lo suscribimos en su totalidad y, en consecuencia, quiero anunciar el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista a la propuesta del ponente.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE ADAPTA A LOS ARTÍCULOS 290 Y 291 DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA UNA SERIE DE ACTOS JURÍDICOS QUE PREVÉN LA UTILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REGLAMENTACIÓN CON CONTROL [COM (2013) 751 FINAL] [2013/0365 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000272 y número de expediente del Senado 574/000205).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate sobre el control de subsidiariedad de la propuesta del reglamento Europeo y del Consejo por el que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que prevén la utilización del procedimiento de reglamentación con control. Interviene en primer lugar para presentar el informe la señora Cobaleda Hernández.
La señora COBALEDA HERNÁNDEZ: Esta propuesta de reglamento de la Unión Europea y del Consejo que tengo el honor de presentar tiene por objeto la adaptación de un conjunto de actos jurídicos que prevén la utilización del procedimiento de reglamentación con control a los artículos del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Estos artículos son el 290 y el 291. Es una adaptación coherente con los criterios del Tratado de Lisboa. ¿A qué se refieren estos dos artículos? El artículo 290 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea permite al legislador delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. Dichos actos se denominan actos delegados. Por otra parte, el artículo 291 del tratado permite a los Estados miembros adoptar una serie de medidas de derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Estos actos pueden conferir competencias de ejecución a la Comisión cuando se requieran condiciones uniformes para su ejecución y se denominan actos de ejecución.
Para llegar a elaborar la presente propuesta de reglamento, la Comisión llevó a cabo un análisis detallado de todos los instrumentos legislativos que aún hacen referencia al procedimiento de reglamentación con control, al objeto de comprobar si las medidas de este procedimiento cumplen los criterios del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. De dicho análisis se puede concluir que algunas de las medidas no entran en el ámbito de aplicación del artículo 290 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y, en los casos en que estas medidas cumplen los criterios del artículo 291 del tratado, se propone que se faculte a la Comisión para adoptar actos de ejecución. Se propone además que en los casos en que las competencias conferidas a la Comisión no son conformes con el tratado, que se supriman las disposiciones en cuestión, y así la propuesta de reglamento subraya la necesidad de adaptar estos dos artículos, el 290 y 291 del tratado, a una serie de actos jurídicos ya en vigor que prevén la utilización del procedimiento de reglamentación con control. Además, la propuesta subraya la especial importancia de celebrar las consultas apropiadas y pertinentes, en particular por expertos, cuando la Comisión tenga que preparar actos delegados sobre la base de actos jurídicos. ¿Y cuál es el método a seguir para la adaptación de estos dos artículos propuestos? Pues sería el método similar al que se siguió en ocasiones anteriores, como fue el caso de los artículos 451 y 452. Los actos jurídicos como reglamentos, directivas y decisiones que facultan a la Comisión a adoptar tanto actos delegados como actos de ejecución sobre distintos ámbitos aparecen en el anexo I y II de la propuesta y hacen referencia a redes de comunicación, contenido y tecnologías, acción por el clima, energía, empresa e industria, medio ambiente, estadísticas, mercado, exterior y servicios, movilidad y transporte, salud y movilidad de los consumidores. Por su parte, el anexo III de la propuesta contiene las modificaciones de los actos de base cuyas disposiciones se suprimen y que hacen referencia a medio ambiente, movilidad y transporte, salud y protección de los consumidores y ayuda humanitaria. Señorías, al igual que ha hecho el Gobierno de España, consideramos que la propuesta de reglamento remitida por el Parlamento Europeo y el Consejo por la que se pretenden adaptar una serie de actos jurídicos a los artículos 290 y 291 del tratado, se adecua al principio de subsidiariedad que establece el tratado de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido, don Diego.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Nosotros vamos a apoyar el dictamen que se ha presentado por la representante del Grupo Popular. Efectivamente, estamos ante una aplicación de los artículos 290 y 291 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Como el Tratado de Lisboa entró en vigor en diciembre del 2009 y anteriormente había directivas y reglamentos que preveían el llamado procedimiento de reglamentación con control, se trata de adaptar esos actos jurídicos anteriores a los artículos 290 y 291. Eso era algo imprescindible porque surgió el Tratado de Lisboa, que también contempla una cosa que se parece al sistema que tenemos en nuestra Constitución, los decretos legislativos; es decir, el Legislativo delega en el Ejecutivo para que ejecute, para que haga textos refundidos, cosas que no son esenciales, que no tienen por qué volver otra vez al Legislativo, y eso es lo que se hace. De tal forma, que en el futuro la Comisión Europea pueda, si hay avances técnicos, por ejemplo, en los temas a los que se refiere, modificar ligeramente una directiva o un reglamento sin necesidad de volver otra vez al Consejo y al Parlamento; o en el caso del artículo 291, que sea necesario favorecer la ejecución, medidas de derecho interno necesarias para favorecer la ejecución de actos que ya están aprobados hace tiempo y que no es necesario volver otra vez al trámite largo del Consejo y del Parlamento. Nos parece que tiene todo el sentido. Hay una enumeración de directivas y reglamentos anteriores al Tratado de Lisboa, porque de eso se trata de que se adapten al Tratado de Lisboa; lo hace muy adecuadamente esta propuesta de reglamento que ha venido a la Comisión, y nos parece que en absoluto contradice las normas sobre subsidiariedad del tratado y, por tanto, no hay ningún inconveniente en aprobarla, como vamos a hacer por nuestra parte.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) NÚMERO 1166/2008, RELATIVO A LAS ENCUESTAS SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y A LA ENCUESTA SOBRE LOS MÉTODOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, POR LO QUE SE REFIERE AL MARCO FINANCIERO PARA EL PERIODO 2014-2018. (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2013) 757 FINAL] [2013/0367 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000274 y número de expediente del Senado 574/000207).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del día: Debate sobre el control de subsidiariedad de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento número 1166/2008, relativo a las encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y a la encuesta sobre los métodos de producción agrícola, por lo que se refiere al marco financiero para el periodo 2014-2018. Se ha recibido informe del Gobierno, así como informe del Parlamento de Extremadura. Interviene, en primer lugar, para presentar el informe, el señor Ruiz Reyes.
El señor RUIZ REYES: Intentaré ser todo lo breve que, estoy seguro, todos esperan.
La nueva política agraria común provocará nuevas necesidades de información estadística y obligará, sin lugar a dudas, a modificar el sistema de estadísticas agrarias existentes. Por este motivo, Eurostat, en colaboración con los Estados miembros, está trabajando para la elaboración de un nuevo reglamento que fije el programa estadístico estructural agrario después del año 2013. Los objetivos de estas encuestas sobre estructuras de explotaciones son varios. En primer lugar, evaluar la situación de la agricultura de los países miembros y seguir la evolución estructural de las explotaciones agrícolas, así como obtener resultados comparables entre todos los Estados miembros y cumplir la normativa legal fijada en la Unión Europea en los diferentes reglamentos del Consejo en materia estadística.
Esta iniciativa tiene por objeto financiar las encuestas sobre las estructuras de las explotaciones agrícolas y los proyectos relacionados con ellas. El Reglamento 1166/2008, relativo a las encuestas sobre las estructuras de las propuestas agrícolas y a las encuestas sobre los métodos de producción agrícola exige que se lleven a cabo encuestas sobre las estructuras de las explotaciones en forma de un censo agropecuario y de encuestas de muestreo. También es necesaria una encuesta sobre los métodos de producción agrícola, que debe realizarse en los años anteriores y que así se han hecho. Los Estados miembros y la Comisión deben financiar una parte importante de dichas encuestas. Con arreglo al reglamento, la Unión Europea puede cubrir un máximo del 75 % de los costes de un Estado miembro para llevarlas a cabo. Los importes máximos que pueden desembolsarse se definen por países. Dado que las encuestas se extienden a lo largo de dos periodos del marco financiero plurianual, no ha sido posible fijar en el mismo el tiempo y la totalidad de su financiación. Asimismo, debe tenerse en cuenta la adhesión de Croacia en la Unión Europea, lo que significa que el reglamento debe modificarse de forma que incluya también la contribución máxima para Croacia.
La estrategia del sistema estadístico europeo establece que el Comité de sistemas estadísticos europeo debe tener un papel consultivo y asistir a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución. Esto significa que el Comité permanente de estadística agrícola debe sustituirse por el Comité de sistemas estadísticos europeos en los siguientes procedimientos. La presente propuesta de modificación varía el reglamento anteriormente dicho, el 1166/2008, en varios aspectos: establece un marco financiero 2014-2018, establece la máxima contribución financiera de la Unión para llevar a cabo las encuestas sobre estructuras de explotaciones y modifica, como anteriormente hemos comentado, el comité asistente a la Comisión. Las encuestas sobre las estructuras de las explotaciones agrícolas son costosas de llevar a cabo, pues requieren una financiación considerable por parte de los países miembros y por parte también de la Comisión. Con arreglo al reglamento anteriormente expuesto, esos costes podrán ser fijados hasta un máximo de un 75 %. El reglamento fija unos importes necesarios, salvo por lo que se refiere al país del que hablábamos antes, Croacia, que se adhirió a la Unión en el año 2013. Además, se han incluido los créditos necesarios para gestionar, mantener y desarrollar los sistemas de base de datos que la Comisión utiliza para tratar la información suministrada por los Estados miembros. El marco financiero global para el año 2014-2018 asciende a aproximadamente 20.650.000 euros. Después de todo lo explicado y tras los informes presentados por el Gobierno en relación con el principio de subsidiariedad, cabe reseñar que este se respeta, puesto que las modificaciones de un reglamento de la Unión Europea solo pueden ser llevadas a cabo a través de normas comunitarias. No es posible que disposiciones relativas al presupuesto de la Unión fueran adoptadas por Estados miembros de forma individual. Además, desde el punto de vista
del contenido de la iniciativa y como destaca la Comisión, debe ponerse de relieve que nos encontramos ante modificaciones menores del Reglamento 1166/2008, algunas ya previstas en el procedimiento legislativo que dieron lugar a la creación de dicho reglamento. Por todo lo anterior, no puede sino concluirse que la propuesta respeta totalmente el principio de subsidiariedad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muy brevemente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que es de conformidad con el informe presentado y elaborado por don Sebastián Ruiz, y para reiterar, en línea con lo que él ha expuesto, algunos planteamientos que por reiterativos no voy a dejar de decir. Efectivamente, se trata de un reglamento importante para la agricultura, en su conjunto, de la Unión Europea y específicamente para asegurar un buen cumplimiento de la política agraria europea, una de las políticas más importantes de la Unión y una de las más antiguas. Lo que pretende el reglamento es, por una parte, asegurar un modelo estadístico homogéneo aplicable en todos los Estados miembros de la Unión Europea y, por otra parte, establecer un mecanismo financiero para asegurar que las estadísticas sobre las estructuras de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Unión Europea que realicen cada uno de los Estados se hagan correctamente en base a la contribución financiera de la Unión Europea. Desde hace muchos años, la Unión Europea viene imponiendo unos sistemas de control estadístico sobre la producción agrícola y ganadera muy rigurosos y muy costosos. De ahí la necesidad, el interés y nuestra opinión favorable a la aprobación de este reglamento, que siga siendo financiado ampliamente por la Unión Europea. En el caso de la nueva política agraria europea, las estadísticas sobre las estructuras de las explotaciones van a ser fundamentales porque van a desaparecer una serie de mecanismos de protección de políticas anteriores. La agricultura tendrá que basarse fundamentalmente en criterios de competitividad y rentabilidad y para eso hay que hacer un control riguroso de estos sistemas. El reglamento establece el modelo estadístico, la contribución financiera de hasta el 75 % y prevé un gasto para un período corto, del 2014 al 2018, de 20,65 millones de euros, que permitirá sufragar y ejecutar estas estadísticas con eficacia. Nuestra opinión es favorable, no hay vulneración del principio de subsidiariedad y, por tanto, votaremos favorablemente, conforme a la propuesta que se nos ha hecho.
- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2006/112/CE, RELATIVA AL SISTEMA COMÚN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, EN LO QUE RESPECTA A UNA DECLARACIÓN DE IVA NORMALIZADA [COM (2013) 721 FINAL] [2013/0343 (CNS)] [SWD (2013) 426 FINAL] [SWD (2013) 427 FINAL] [SWD (2013) 428 FINAL]. (Número de expediente del Congreso 282/000275 y número de expediente del Senado 574/000208).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate sobre el control de subsidiariedad de la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a una declaración de IVA normalizada. Se ha recibido informe del Gobierno. Interviene, en primer lugar, para presentar el informe, el señor Ruiz Reyes.
El señor RUIZ REYES: Intentaré ser casi igual de breve.
El presente informe de la Comisión Europea presenta la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta a una declaración del IVA normalizada, que permitiría a todas las empresas ofrecer información normalizada a los distintos Estados miembros, presentada en un formato común, preferentemente en formato electrónico, siendo el objetivo reducir los trámites burocráticos de las empresas con la consiguiente reducción de costes, además de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de dotar de más eficiencia a las administraciones tributarias en toda la Unión. Actualmente, la Directiva 2006/112 exige que las empresas cumplimenten declaraciones periódicas en las que faciliten información detallada para pago y control del impuesto sobre el valor añadido. Esto resulta especialmente complejo si se presentan declaraciones en distintos Estados miembros, ya que el empresario se enfrenta a normas y procedimientos distintos, para la presentación y para la propia corrección, lo que origina un aumento de cargas administrativas que recaen sobre empresas, reduciendo la exactitud y la puntualidad de las declaraciones, y restringe el comercio transfronterizo.
La Comisión ha recabado las opiniones de los interesados acerca de la declaración de IVA normalizada a través de la consulta del Libro Verde sobre el futuro del IVA. Las positivas respuestas de las partes interesadas llevaron a la Comisión a concluir en la comunicación sobre el futuro del IVA el compromiso de
presentar una propuesta de declaración de IVA normalizada antes de que acabara este año 2013. También se apoya en otras iniciativas de la Comisión, como el programa de acción para la reducción de cargas administrativas en la Unión o la comunicación Normativa inteligente: Responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Ha señalado, mediante una encuesta en la línea de las pymes, que la Directiva 2006/112, sobre el IVA, es uno de los ámbitos de la legislación de la Unión Europea que da lugar a más cargas administrativas y donde las divergencias constituyen un obstáculo para el comercio en la Unión, especialmente el comercio electrónico y la entrega de bienes en el mercado interior, cuando el adquiriente es un particular y el proveedor debe registrarse, declarar y pagar IVA en el Estado miembro del cliente. Por ello al Acta del Mercado Único II invita a introducir una declaración de IVA normalizada, además una consolidación fiscal que favorezca el crecimiento de una de las prioridades del estudio prospectivo anual sobre el crecimiento 2012. El IVA representa el 21 % de los ingresos fiscales nacionales y, dado que el 12 % de los ingresos no se recaudan, se dejan de recaudar 193.000 millones de euros. Es necesario un sistema de IVA más eficiente con respecto al fraude y crear un sistema más sencillo tanto para los contribuyentes como para las propias administraciones. La declaración normalizada de IVA podrá mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reducir la brecha del IVA, realizando una importante contribución al saneamiento presupuestario gracias a mayores ingresos en los miembros de la Unión.
La presente propuesta tiene como objeto reducir los trámites burocráticos de las empresas, y en particular de las pymes, además de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de dotar de más eficiencia a las administraciones tributarias. De las opciones evaluadas, la preferida es una declaración de IVA normalizada obligatoria en los Estados miembros y para empresas, que ofrezca una lista de información normalizada, para la cual solo se precisa en todos los casos una serie reducida de puntos, reduciendo así la carga administrativa para las empresas y para los Estados. Prevé una serie de informes de obligaciones de las empresas a la hora de presentar sus declaraciones del IVA, independientemente del Estado miembro en que lo hagan. La declaración de IVA normalizada, que sustituirá a las nacionales, permitirá exigir a todas las empresas la misma información básica en los mismos plazos en toda la Unión. También contribuirá al mejor cumplimiento de las obligaciones con respecto al IVA y a aumentar los ingresos públicos.
El modelo de declaración de IVA propuesto hoy simplifica la información que las empresas deberán proporcionar a la autoridad fiscal. Las empresas grandes presentarán su declaración con periodicidad mensual y las pequeñas trimestral. Se suprime la obligación de presentar una declaración de IVA anual recapitulativa, aunque España considera imprescindible mantenerla porque la Administración tributaria necesita esa información para el eficaz control de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Los modelos contendrán un mínimo de cinco casillas obligatorias de información que los contribuyentes habrán de cumplimentar; en los Estados miembros tienen un margen para modificar esos elementos normalizados. Las empresas tienen derecho a presentar en todos los Estados miembros el modelo de declaración de IVA por vía electrónica, incluso mediante transferencia electrónica de ficheros, utilizando firmas electrónicas avanzadas en toda la Unión.
La propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 113 del Tratado de funcionamiento de la Unión, en la medida en que dicha armonización es necesaria para garantizar el funcionamiento del mercado interior y para evitar...
El señor PRESIDENTE: Señoría, debe concluir ya su intervención.
El señor RUIZ REYES: ... falseamientos de la competencia. Las modificaciones de las directivas sobre el IVA son necesarias para conseguir la normalización y la declaración del IVA, y limitar los requisitos de información estrictamente necesarios para el control y recaudación. Por todo lo expuesto en este informe, entendemos que la propuesta de la directiva del Consejo que modifica la actual Directiva 2006/112 cumple con el principio de subsidiariedad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ortiz Molina.
El señor ORTIZ MOLINA: El ponente ha resaltado los aspectos más relevantes de la propuesta de directiva que estamos debatiendo. Efectivamente, la gestión del IVA en el contexto de los Estados miembros de la Unión Europea presenta grandes dificultades: se dan marcos absolutamente distintos de unos países a otros, hay que facilitar datos distintos, la información no está armonizada en cuanto al significado de las definiciones que están establecidas y las normas y procedimientos son a veces muy
diferentes en cuanto a la presentación y correcciones de unos países a otros. Esto, al margen de las dificultades, representa una carga añadida, innecesaria y, además, evitable para las empresas. También, lo ha resaltado el ponente, este panorama dificulta el comercio transfronterizo. No hace falta insistir, ya lo ha hecho el ponente y nosotros lo suscribimos, en la importancia que tiene el IVA en términos cuantitativos y también, por qué no decirlo, en términos cualitativos y nos parece un acierto la rectificación de la directiva que se plantea en el sentido de establecer un instrumento normalizado con una información normalizada y con un formato común y, desde luego, abriendo el horizonte al soporte electrónico que eso no solamente normalizaría en términos conceptuales toda la gestión del IVA, sino que además facilitaría también el trabajo de las empresas. La propuesta aborda, entre otros, aspectos relacionados con el contenido, plazos y modalidades de presentación y las correcciones de la declaración de IVA normalizada y, además, contempla que los Estados miembros podrán exigir información adicional en casos debidamente justificados.
En consecuencia, señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista suscribe el informe del ponente en el sentido de que la propuesta respeta perfectamente el principio de su subsidiariedad.
- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 94/62/CE, RELATIVA A LOS ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES, PARA REDUCIR EL CONSUMO DE BOLSAS DE PLÁSTICO (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2013) 761 FINAL] [2013/0371 (COD)] [SWD (2013) 443 FINAL] [SWD (2013) 444 FINAL]. (Número de expediente del Congreso 282/000276 y número de expediente del Senado 574/000209).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate sobre el control de subsidiariedad de la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/62, relativa a los envases y residuos de envases para reducir el consumo de bolsas de plástico. Se ha recibido informe del Gobierno, así como informes de las Cortes de Castilla y León y del Parlamento de Extremadura. Interviene, en primer lugar, el señor Alonso Núñez.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Intervengo para exponer a la Comisión el informe que ha elaborado la ponente designada por la Mesa, la senadora doña María del Mar Moreno Ruiz, a la que le ha sido imposible estar presente en esta Comisión.
El objeto de la directiva es reducir el impacto negativo de las bolsas de plástico sobre el medio ambiente por la eliminación de estas bolsas en el conjunto de la basura que se produce diariamente en los hogares. Con la propuesta se pretende fomentar la prevención de residuos y un uso más eficiente de los recursos, limitando los efectos socioeconómicos y medioambientales adversos. En concreto, la propuesta trata de disminuir el consumo de bolsas de plástico; en este caso las bolsas de plástico que son objeto de la directiva son las de menos de 50 micras, es decir, la bolsa que se utiliza en la basura, porque la propuesta entiende que las bolsas que se utilizan tradicionalmente en el comercio sí son objeto de reciclado en los procedimientos habituales. La Comisión, después de muchos estudios, ha llegado a la conclusión de que resultaría muy difícil imponer a nivel de toda la Unión Europea un objetivo de reducción común aplicable a todos los Estados miembros. Los sistemas de recogida de basuras son muy distintos en cada uno de los Estados y, por ello, la directiva ha establecido libertad para que cada uno de los Estados establezcan sus propios objetivos nacionales de reducción y que sean los propios Estados los que elijan las medidas más idóneas para alcanzar estos objetivos. Para que sus señorías tengan datos respecto de lo que estamos hablando, se calcula -con datos de 2010- que cada ciudadano de la Unión Europea utiliza 198 bolsas de plástico, siendo el 90 % de las mismas bolsas ligeras, es decir, las que son objeto de esta directiva. La previsión es que el consumo de este tipo de bolsas se siga incrementando en los próximos años. A nivel mundial este consumo se acerca al trillón de bolsas de plástico anuales, de las que en este momento solo el 1 % se recicla. Esto supone un doble impacto negativo, sobre el medio ambiente como consecuencia de su permanencia en el medio ambiente durante cientos de años, que es el tiempo en el que logra eliminarse este residuo y el derivado del consumo de petróleo que se utiliza en la producción de las bolsas de plástico.
En 2010 más de 8.000 millones de bolsas de plástico fueron lanzadas en la Unión Europea a la naturaleza, escapando todas ellas de los sistemas de gestión de residuos y, por tanto, acumulándose en el medio ambiente, en muchos casos en forma de desechos marinos. Esta es la primera norma que se elabora a nivel de la Unión Europea para tratar de paliar este problema y, por tanto, lo consideramos un
esfuerzo positivo. Vamos a informar favorablemente sobre la misma, aun cuando la ponente señala en su informe que hubiera preferido que la norma europea hubiera sido un poco más ambiciosa en la fijación de objetivos; a pesar de ello -puesto que es la primera vez, vuelvo a repetir-, se considera una norma positiva y razonable a los objetivos propuestos.
Desde el punto de vista de la subsidiariedad, no hay ninguna confrontación y ninguna observación que objetar. Por tanto, el informe que se propone es favorable a su aprobación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Represa Fernández.
El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Compartimos el dictamen elaborado por la señora Moreno y expuesto por el ponente, señor Alonso. Seguro que todos estamos de acuerdo en perseguir el logro de beneficios medioambientales y socioeconómicos. No hay duda del incalculable daño que los residuos de este tipo, convertidos en basura, producen en el medio ambiente. Desde luego, los datos son terribles, son unos datos verdaderamente alarmantes y puede que no nos demos cuenta del daño que se hace. Es curioso que, en la mayoría de los casos, las bolsas de plástico ligeras -las delgaditas, las que utilizamos yo diría que para un ratito, de un solo uso- perduran en el tiempo durante varios cientos de años, como también ha dicho el ponente, en forma de partículas microscópicas imperecederas, durando varios siglos en el medio ambiente. Está calculado que cada año más de 8.000 millones de bolsas de plástico se desechan como basura en Europa y contaminan nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros campos, nuestros ríos y llegan a los mares, con consecuencias dañinas muy graves. La contaminación previsiblemente irá en aumento en la misma proporción al también previsible aumento en el consumo de estas bolsas de plástico. Por tanto, o se pone límite a esto o el problema que se generará puede resultar letal para el medio ambiente.
Quiero insistir en unos datos que llaman poderosamente la atención. Las bolsas de plástico ligeras han supuesto para el comercio un acierto muy importante porque tienen poco peso y además son resistentes a la degradación. Por ello se ha extendido su uso de una manera desorbitada. Pero, como ya he dicho, una vez que se tiran las bolsas de plástico pueden durar cientos de años, lo que supone un problema mundial grave que plantea una amenaza para los ecosistemas marinos y para animales como los peces o las aves. Se calcula que en 2010 se sacaron al mercado de la Unión Europea 98.600 millones de bolsas de plástico, lo que supone que cada habitante de la Unión Europea utiliza una media de 198 bolsas de plástico al año. De estos casi 100.000 millones de bolsas de plástico la mayoría son ligeras, que se reutilizan mucho menos que las bolsas más gruesas. También quiero señalar la disparidad de números entre unos países y otros. Así, mientras que en países como Dinamarca o Finlandia los ciudadanos usan una media de 4 bolsas de plástico ligeras por persona y año, en Portugal, Polonia y Eslovaquia el uso es de 466 bolsas por persona y año. España se mantiene en un término medio, con un uso de 238 bolsas por persona y año, si bien hay que significar que en España en los últimos cuatro años se ha reducido el consumo en un 56 %, lo que es un dato muy interesante. Algunos Estados miembros han llevado a cabo políticas en este sentido, llegando a acuerdos con los sectores minoristas, políticas de precios, campañas de concienciación e incluso algunos de ellos, prohibiendo el uso de las mismas. Las medidas pueden variar desde la concienciación al usuario, la prohibición directa de su utilización, la promoción del reciclaje o la imposición de tasas disuasorias por su uso u otras. Entiendo que son fundamentales las campañas de concienciación tanto desde la educación infantil, en la escuela y en la familia, como con el anuncio, la divulgación a través de carteles publicitarios alusivos a los efectos nocivos de las bolsas de plástico en el medio ambiente. Los resultados han sido heterogéneos, de ahí la necesidad de actuación de la Unión Europea, pero sería deseable -insistiendo también en lo que ha manifestado el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra- que la actuación de la Unión Europea no se ciñera exclusivamente a las bolsas de plástico ligeras de un solo uso sino que se extendiera, como dice el informe del Gobierno, a todas las bolsas de plástico, sea cual sea su espesor, excluyendo algunas, como pueden ser las de rafia.
Voy concluyendo, señor presidente. Hay dos mandatos en esta propuesta. Por un lado, la obligación de los Estados miembros de adoptar medidas para que el consumo de bolsas de plástico de grosor inferior a 50 micras se reduzca y, en segundo lugar, complementar esas medidas con otros instrumentos económicos, como gravámenes, objetivos propios de cada Estado miembro de reducción y restricciones comerciales. Dicho todo esto, consideramos que la propuesta cumple el principio de subsidiariedad y nuestro voto va a ser favorable. Termino felicitando a la señora ponente por su informe y felicitándoles a todos ustedes las fiestas navideñas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, en doble sentido, por su intervención y por la felicitación en nombre de todos los miembros de esta Comisión.
- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LA GENTE DE MAR, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS DIRECTIVAS 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE Y 2001/23/CE (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2013) 798 FINAL] [2013/0390 (COD)] [SWD (2013) 461 FINAL] [SWD (2013) 462 FINAL]. (Número de expediente del Congreso 282/000279 y número de expediente del Senado 574/000212).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del penúltimo punto del orden del día, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gente de mar, por la que se modifican las directivas 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE y 2001/23/CE.
Interviene, en primer lugar, para presentar el informe el señor López Veiga.
El señor LÓPEZ VEIGA: El informe es amplio, pero voy a ser muy breve porque la cuestión es bastante concisa.
Esta directiva pretende estimular que la gente, los europeos, se interesen por los empleos marítimos. A mi juicio, es insuficiente mientras no se ataque un problema básico, que es el de pabellones de conveniencia y registros especiales, pero es un paso en la dirección correcta y es una directiva que modifica cinco. En estos momentos hay seis directivas que excepcionan de la protección a la gente del mar: una no se toca, es muy antigua, es sobre el traslado de trabajadores en las empresas -no sé por qué no la han tocado, pero no la vamos a discutir-, y de las otras cinco simplemente en dos de ellas, aquella sobre la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario y la de constitución de un comité de empresa europeo, se elimina la excepción que había en la gente de mar, la potestad que tienen los Estados miembros de hacer esta excepción. En la directiva por la cual se establece un marco general relativo a la información y consulta de los trabajadores pueden los Estados miembros excepcionar, pero tienen que garantizar que el sistema que se sustituye no es menor que el que recibe la gente en tierra.
En cuanto a las otras dos que nos quedan, en la de los despidos colectivos también se elimina la excepcionalidad de la gente del mar aunque se introducen una serie de variaciones técnicas en las que no voy a entrar porque en general son favorables a la gente del mar. Lo mismo ocurre en cuanto a la protección de los derechos de trabajadores en caso de traspasos de empresas. Aunque mantiene algunas excepciones, lo que se propone es mucho más favorable a la gente del mar y además asegura que se hace la consulta a los trabajadores. En general es cierto que esto debe tomarse a nivel comunitario y a nivel del Espacio Económico Europeo para no introducir distorsiones en la competencia. También tenemos que decir que estas directivas daban el poder a los Estados miembros para hacer las exclusiones; España -podemos estar orgullosos- no lo ha hecho. Por lo tanto, el voto es favorable, es conforme a la subsidiariedad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alonso Núñez.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Intervengo muy brevemente, señor presidente, para manifestar nuestra conformidad con el magnífico, prolijo, amplio informe que ha elaborado el señor López Veiga. Y dar asimismo nuestra conformidad al objetivo, al fondo de la propuesta de la intención de la Comisión con la modificación de estas cinco directivas.
Para muchos de los que estamos aquí, seguramente para mucha gente de fuera si nos escuchara, les sorprendería tremendamente que existan en la Unión Europea este tipo de discriminaciones en el sentido de que los trabajadores del mar, sobre la base de seis directivas, puedan ser realmente discriminados en la aplicación de las normas laborales que se aplican en los distintos Estados. Por tanto, el objetivo, que no es otro que eliminar esta discriminación para asegurar una aplicación uniforme, homogénea, de la legislación laboral a todos los trabajadores y por supuesto a los trabajadores del mar, es algo con lo que tenemos que estar plenamente de acuerdo.
Con el informe y la defensa que ha hecho el señor López Veiga estamos de acuerdo. Coincidimos con él en que hay que eliminar esta discriminación y, por otra parte, hay que tratar de igualar la actividad económica que se desarrolla en el mar. Conocemos perfectamente los datos de que los censos de trabajadores en las empresas europeas dedicadas al trabajo en el mar está disminuyendo día a día y esto no es por otra razón, como el ponente expresaba, sino porque se está lógicamente desarrollando toda esa
actividad en barcos de conveniencia, en países ajenos a la Unión Europea o en países que aplican todas las excepciones, lógicamente buscando estas ventajas competitivas que dan la no aplicación de la legislación laboral. Por tanto, por cumplir el objetivo de incrementar e igualar la protección de todos los trabajadores eliminando la discriminación; igualar las condiciones de competencia en todos los ámbitos, nuestra posición es favorable. Efectivamente, como ha dicho el ponente, España era en este caso uno de los pocos países o de los países de la Unión Europea que no aplicaba la excepción; pero, desgraciadamente, esto estaba jugando en contra de nuestras propias actividades económicas disminuyendo su actividad porque se estaban llevando a empresas y barcos de conveniencia. Así pues, manifestamos nuestra posición favorable con el dictamen.
Queremos felicitar al ponente que califica -no sé si lo ha dicho en su intervención- o dice que es un paso tímido. El ponente dice en su informe, y yo coincido con él, en que había que ir al fondo del asunto, que es tratar de eliminar toda esa actividad que se desarrolla en el mar en zonas europeas por barcos de bandera de conveniencia. Este es el objetivo que el ponente señala, con el que estamos de acuerdo. Y solo me queda volver a reiterar nuestra posición favorable al dictamen presentado.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE ACCIONES DE INFORMACIÓN Y DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL MERCADO INTERIOR Y EN TERCEROS PAÍSES [COM (2013) 812 FINAL] [2013/0398 (COD)] [SWD (2013) 469 FINAL] [SWD (2013) 470 FINAL]. (Número de expediente del Congreso 282/000280 y número de expediente del Senado 574/000213).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países, que se ha recibido informe del Gobierno. El ponente que tiene la palabra es el señor Alonso Núñez.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Sí, señor presidente, ya vamos a terminar esta Comisión con la defensa de este informe.
Esta es una iniciativa que pretende establecer en el ámbito europeo un mecanismo de apoyo, unas medidas financieras para que la Unión Europea, en su sector agroalimentario, pueda realizar acciones de información y de promoción tanto en el mercado interior como en terceros países. Es un objetivo absolutamente necesario para que el sector agroalimentario europeo pueda en este momento afrontar el riesgo creciente de competencia y de apertura de nuevos mercados que es consecuencia del proceso de globalización en el que estamos inmersos.
Es evidente que el éxito de la agricultura europea, y dentro de ella de la española, dependerá de la capacidad que nuestras empresas agroalimentarias tengan para mantener los actuales mercados y sobre todo incrementar cuotas de mercado tanto en los espacios europeos que lo permitan como en terceros países. Lo he hecho en otras ocasiones defendiendo propuestas que tienen que ver con el sector agroalimentario. Cuando se habla de la Unión Europea en el contexto internacional muchas veces solo se habla de automóviles o de la industria tecnológica o de la informática, pero si Europa tiene un sector que es líder mundial y que es un sector emblemático del que uno puede presumir es su sector agroalimentario. Somos líderes indiscutibles -digo somos porque me siento partícipe del sector agroalimentario- de la industria manufacturera, representando el 13,5 % de todo el empleo de la Unión Europea y el 12,9 % del volumen de negocio. Es un sector tremendamente competitivo, 310.000 empresas, de las cuales el 91,1 % son pymes, y además tienen una implicación con el territorio en todo el ámbito de la Unión Europea, que se hacen acreedores de estos apoyos que contempla este reglamento y de otros. En este ámbito europeo España tiene un sector agroalimentario también pujante con una fortaleza exportadora evidente, con una balanza comercial positiva de 5.918 millones de euros en 2012, también positiva en 2011 y en 2010, es decir, que es un proceso positivo de presencia y de búsqueda permanente de nuevos mercados.
¿Por qué la Unión Europea establece este reglamento que va a permitir financiar acciones de promoción? Porque la Unión Europea, por haber asumido compromisos con socios internacionales, específicamente los que tienen que ver con la ronda de Doha, está asumiendo el compromiso de variar completamente la política agraria europea. Hace unos años, lo sabemos los que llevamos muchos años en política europea, como quien intervendrá posteriormente en nombre del Grupo Popular, la política agraria europea estaba basada fundamentalmente en dos medidas: por un parte, las compras públicas y, por otra parte, las restituciones a la exportación, que son las que permitían a las industrias agroalimentarias
europeas ganar mercado sobre la base de esas restituciones a la exportación que les permitían tener buenos precios competitivos en los mercados internacionales. Pues bien, tanto unas como otras han desaparecido, ya no hay ayudas de mercado, no hay compras públicas en el ámbito de la Unión Europea y no hay restituciones a la exportación, es decir, que los intercambios comerciales se hacen en régimen de libertad competitiva y, por tanto, la Unión Europea tiene que estar presente en esos mercados. A ese objetivo de conocimiento de los productos agroalimentarios europeos responde esta directiva, es decir, establecer un marco financiero que permita financiar campañas de promoción para incrementar el conocimiento de los productos europeos, tanto en el ámbito de la Unión como en otros mercados. En este sentido, tengo que señalar que a nivel europeo, siendo un mercado muy evolucionado, los consumidores no conocen nuestras denominaciones de origen y hay que hacer esa labor de promoción también fuera.
La Unión Europea establece que estas campañas se harán en base a concursos en los que puedan participar organizaciones profesionales, sectores, se van a poder financiar hasta el 60 %, el 50 % con carácter general, y se establece un presupuesto creciente de 60 millones de euros el primer año, que llega hasta 200. Es un reglamento importante por el fondo, no se vulnera ningún principio de subsidiariedad. Por tanto, nuestro informe y nuestra propuesta es favorable. Perdón, señor presidente, porque me he alargado un poquito.
El señor PRESIDENTE: Perdonado, aunque no soy yo el que reparte perdones en esta Comisión. Gracias, señoría, en todo caso por su intervención.
Como última intervención en el presente año, ejercicio y periodo de sesiones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Serrano Calurano.
El señor SERRANO CALURANO: Señorías, en aras de la brevedad, porque nos están haciendo señas con las luces, no sé si es que no tenemos dinero para pagar la factura o porque es muy tarde y nos tenemos que ir. (Risas.)
En primer lugar, el informe que presenta el señor Alonso lo entendemos muy positivo y muy prolijo en detalles, perfectamente informado. Por lo tanto, votaremos a favor el informe. Entendemos que este es un reglamento muy positivo para el sector agroindustrial en nuestro país, independientemente de algunas modificaciones que haya que hacerle posteriormente en la aprobación de dicho reglamento. Es una vieja reivindicación que el sector agroindustrial europeo tiene con que se permita subvencionar acciones de promoción y de información fuera y dentro de la Unión Europea para productos agroindustriales y agroganaderos.
A título informativo, a lo largo de los próximos años esto va a suponer que, para el año 2050, se prevé que las importaciones dentro de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental ascenderán a más de 17.000 millones de dólares; las negociaciones de libre comercio que se están llevando a cabo con algunos bloques mundiales, como Mercosur, supondrán en torno a unos 35.000 millones de euros anuales de ingresos para la Unión Europea en exportaciones de productos agroganaderos; y que dentro de ese posible acuerdo de libre comercio con Estados Unidos podría suponer en torno a unos 1.700 millones de euros anuales, lo que incrementaría el valor de las exportaciones europeas de productos agrarios. Respecto a Japón, aumentaríamos en casi 6.000 millones, un 137 %, el valor de esas exportaciones de la Unión Europea.
Los objetivos los ha relatado perfectamente el señor Alonso con su informe, y son: aumentar el nivel del conocimiento de los consumidores. Solo el 14 % de los europeos conocen sus logotipos y marcas de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, con lo cual eso sin duda hay que mejorarlo. También hay que desarrollar y abrir nuevos mercados para los productos agrícolas europeos en el mercado interior y, por supuesto, en países terceros. Tengo que decir que apoyamos plenamente el informe que ha presentado el señor Alonso.
Por último, quiero felicitarles a todos las fiestas y desearles que tengan un feliz año.
El señor PRESIDENTE: Ha llegado el final de los debates. Del contenido de los mismos, ¿se entiende que se pueden aprobar por asentimiento, señores portavoces? (Asentimiento.) Así se hace, se aprueban por asentimiento.
No quiero levantar esta sesión sin desearles feliz Navidad a todos los presentes, incluyendo a todos los trabajadores de esta casa, a los señores diputados y a los señores senadores. Feliz Navidad y un mejor año 2014.
Se levanta la sesión. (Aplausos.)
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.

References: artículo 349
 artículo 287
 artículo 4
 artículo 290
 artículo 291
 artículo 290
 artículo 291
 artículo 291
 artículo 113