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Timestamp: 2020-02-27 08:50:26+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 213, de 16/12/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 213
Sesión plenaria núm. 202
celebrada el jueves, 16 de diciembre de 2010
- Proyecto de ley de protección del medio marino. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 59-1, de 12 de marzo de 2010. (Número de expediente 121/000059.) ... (Página 3)
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 78-1, de 16 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000078.) ... (Página 5)
- Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 82-1, de 23 de julio de 2010. (Número de expediente 121/000082.) ... (Página 8)
- Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 282-1, de 22 de octubre de 2010. (Número de expediente 122/000254.) ... (Página 19)
Proyecto de ley de protección del medio marino ... (Página 3)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Ferre Fons, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono ...
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y los señores Campuzano i Canadés del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Moraleda Quílez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 8)
Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Presenta el proyecto de ley la señora ministra de Defensa (Chacón Piqueras), en nombre del Gobierno.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución, interviene la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. ... (Página 9)
En defensa de las enmiendas de totalidad con texto alternativo intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Perestelo Rodríguez y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Aranda Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, que son aprobadas.
Sometidas a votación las enmiendas del senado al proyecto de ley de protección del medio marino, se aprueban por 341 votos a favor.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, se rechaza por tres votos a favor y 338 en contra.
Se someten a votación las enmiendas de texto alternativo a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, que son rechazadas.
- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO. (Número de expediente 121/000059.)
Vamos a examinar las enmiendas del Senado. En primer lugar, al proyecto de ley de protección del medio marino. Tiene la palabra para fijar su posición don José Luis Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Intervengo brevemente desde el escaño para fijar nuestra posición favorable a esta ley, a la trasposición de la directiva comunitaria.
Coalición Canaria había planteado en su debate en la Comisión del Congreso un voto en contra en función de que entendíamos que habíamos perdido una oportunidad para modificar la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas; en el debate en el Senado se incorporó en Comisión, pero después fue rechazado en el Pleno. Hay un compromiso de modificación de esta ley, parece que para cuando empiece el próximo periodo de sesiones, para poder tramitarla. Por tanto, vamos a confiar en ese compromiso y vamos a votar hoy favorablemente.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.
En nuestro grupo parlamentario vamos a votar a favor de esta ley, entendiendo que es un paso adelante en la conservación del medio marino.
Seguro que hay temas que se pueden mejorar, pero pensamos que en su conjunto es positiva y por tanto nuestro voto será afirmativo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Buenaventura.
En primer lugar deseo decir que hay una enmienda que mi grupo presentó en el Senado que fue aceptada e incorporada al texto y de ello nos congratulamos en este hemiciclo. Nosotros apoyamos esta ley porque también fueron incorporadas algunas de las enmiendas que mi grupo presentó. La enmienda que se ha incorporado en el Senado hace hincapié en algo que para nosotros era muy importante en esta ley, el mantenimiento de ciertas competencias autonómicas en una materia tan sensible como la protección del medio marino; consideramos que la ley en su principio no garantizaba ni resguardaba aquello que es competencia autonómica y creemos que, no en su totalidad pero sí en muchas cuestiones, hemos incorporado ese respeto a lo que son las competencias de las comunidades autónomas o por lo menos a algunas de ellas en esta materia.
Quiero decir que creo que es importante que esta ley cumpla esos requisitos, tanto los medioambientales como los competenciales y los políticos, que aparecen en el texto y mi grupo apoyará esta ley, como no podía ser de otra manera; lo hicimos en el momento en que pasó por el Congreso y ahora que se ha incorporado en el Senado una enmienda nuestra también lo haremos.
Don Pere Macias.
Nuestro grupo fue muy crítico con esta ley a su paso por el Congreso y lo ha sido también en el Senado, no tanto por el contenido propiamente, que es la trasposición de una directiva, que nos parece que se ha ido ajustando y que recoge moderadamente las sensibilidades que nosotros defendemos, sino porque se ha desaprovechado una inmejorable ocasión durante el trámite de la ley para resolver una cuestión pendiente, que es la delimitación de las servidumbres y de los dominios públicos del Estado, sobre todo en las zonas marinas. Nos parece que esta es una ocasión perdida. Existe un compromiso, y a él aludía el señor Perestelo, que se adoptó en su paso por el Senado, aunque de todas maneras a nosotros nos parece a todas luces insuficiente; de hecho, nuestra diputada tiene planteada una pregunta a la señora ministra para conocer cuál es en estos momentos el pensamiento de la nueva ministra en relación con esta cuestión.
Nosotros seguimos teniendo una posición crítica en esta ley. Ahora bien, como de lo que se trata hoy es de ratificar o no unas enmiendas aprobadas por el Senado, tengo que decir que estas enmiendas nos parecen indudablemente mejoras y con relación a ellas nos vamos a pronunciar positivamente, porque son mejoras de pequeño calado, casi diríamos que gramaticales o de mínima decencia autonómica, lo cual nos lleva a que las votemos a favor. En cualquier caso, seguimos manifestando nuestra oposición a la ley y seguimos manifestando que hay temas que se deben resolver y deseamos que la nueva señora ministra tenga la sensibilidad de acometerlos.
Tiene la palabra el señor García Díez.
No quiero parecer más importante por bajar a la tribuna, simplemente lo hago, señorías, porque quiero resaltar un poco lo que es el trámite final de este proyecto de ley.
Es un proyecto de ley que comenzaba ya hace nueve meses su tramitación en esta Cámara y que no empezaba precisamente en aquel momento con muy buen pie -fue incluido y retirado de algún orden del día del Pleno, era presentado por un ministro que no era el del ramo por circunstancias excepcionales-. La verdad es que en aquel momento el Grupo Parlamentario Popular dijo, a través del ponente y compañero en estas tareas, Carlos Floriano, que para nosotros partíamos de un texto aceptable, que era, como se acaba de recordar, la trasposición de una normativa comunitaria y que por lo tanto íbamos a hacer ese esfuerzo que se nos pedía en aquel momento por parte del Gobierno para tratar de mejorar ese texto de partida. Es verdad, y así lo he dicho, que empezaba con el pie cambiado porque ya sabíamos de antemano al empezar su tramitación que no se iba a poder cumplir el plazo al que la Unión Europea obliga a los Estados miembros para hacer esa trasposición, que en este caso estaba fijado para el 15 de julio del presente año. Lo sabíamos en aquel momento pero nosotros, a pesar de eso, dijimos -y lo reitero hoy aquí- que era un texto aceptable, aunque no apoyamos las dos enmiendas a la totalidad que en aquel momento se presentaron. Dijimos en aquel debate que este texto permitía la puesta en valor de nuestro patrimonio natural, especialmente del medio marino, y que trataríamos de enfocar nuestras enmiendas para mejorar este texto fundamentalmente hacia la creación de empleo. Fueron veintiuna las enmiendas que presentamos. Pedimos también al resto de los grupos el apoyo para dichas enmiendas al tiempo que ofrecíamos el nuestro a las de los demás grupos y creo que ha habido -y lo quiero reconocer aquí- una buena receptividad desde el primer momento para aceptar las enmiendas; de hecho, muchas lo fueron directamente, otras mediante transacción y finalmente una que aquí no pudo salir adelante -y estoy refiriéndome a enmiendas de mi grupo parlamentario- fue aceptada finalmente en el Senado y hoy es objeto de debate.
En definitiva, creo que queda un texto muy mejorado y que la posición del Grupo Parlamentario Popular ha sido apoyar los compromisos asumidos por el Gobierno ante la Unión Europea y arrimar el hombro cuando, como en este caso, se nos ha permitido. Mi abuela me decía muchas veces aquello de que dos no pueden si uno no quiere. En este caso, lo digo claramente, pudimos porque los dos quisimos y, cuando digo los dos, me refiero fundamentalmente a las fuerzas mayoritarias de esta Cámara pero también a otras que han sumado sus esfuerzos. Lo que hoy tratamos son las dos enmiendas que vienen del Senado. Discrepo con usted, señor Macia, porque ha dicho que son de poco calado. Me voy a referir exclusivamente a la de mi grupo parlamentario. Es la enmienda número 33, al artículo 27.1. Ahí lo que se acepta es la inclusión en un trámite importante, como es la declaración de áreas marítimas protegidas, de que en todo ese proceso de tramitación pueda informar, además del Consejo Asesor de Medio Ambiente, el Consejo Sectorial de Pesca. Y eso no es una banalidad ni un trámite de decoración de mejora del articulado, es de profundidad, porque la actividad pesquera tiene mucha importancia en nuestra economía y, a su vez, la actividad medioambiental condiciona muchas veces esta actividad.
Por lo tanto es importante que sean oídos en igualdad de condiciones ambos consejos asesores. Por eso yo me felicito, como he dicho, por que el trabajo que se ha hecho entre todos en esta Cámara haya sido positivo, es de esos casos de los que se debe tomar buena nota y, aprovechando la presencia de la ministra, quiero decir con el máximo respeto que es una buena receta la que hemos aplicado entre todos para sacar adelante esta ley de protección del medio marino. Aplicando esta receta para futuras leyes, algunas de ellas en tramitación, como la ley de pesca sostenible, podríamos llegar también a
un amplio consenso tomando buena nota de los esfuerzos que unos hemos hecho y que otros han permitido que se hicieran.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Ferre.
El señor FERRE FONS: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar agradeciendo a todos los grupos parlamentarios el buen trabajo realizado en la Comisión. Este buen trabajo en el que participábamos todos ha tenido el refrendo del Senado, que solo ha incorporado dos enmiendas que para nuestro grupo no eran necesarias, eran prescindibles. La propuesta del PNV para nosotros estaba implícita en la propia ley y la del Grupo Popular no la estimábamos necesaria en principio, porque las reservas marinas tienen como objetivo principal proteger la biodiversidad, lo que va más allá de los recursos pesqueros.
Pero no podíamos olvidar que también hoy la pesca, señor Díez, es un sector muy afectado. Por todo ello vamos a apoyarla, porque consideramos más importante ampliar consensos en torno a esta ley que nosotros y los demás grupos estimamos fundamental. En Comisión se tramitaron ciento setenta y cinco enmiendas, de las cuales fueron aprobadas o transaccionadas más de cien. Con ellas, en algunos casos, se mejoró el proyecto y en otros se clarificaron los temas competenciales que preocupaban a diferentes grupos de esta Cámara. Cumplimos así el compromiso que adquirimos hace unos meses en el debate de totalidad de esta ley al decir que, en lo que respecta al Grupo Socialista, iba a ser respetuosa y muy sensible con las competencias de las comunidades autónomas. Decíamos esto porque para nosotros y para los diferentes grupos el proyecto de ley de conservación del medio marino tiene un alcance fundamentalmente conservacionista y de recuperación del medio marino, lo cual había que hacerlo compatible, respetando también el marco competencial del Estado de las autonomías.
Sabemos que el medio marino está sujeto a numerosas actividades humanas y, en consecuencia, a presiones e impactos no siempre positivos. No solo los efectos del cambio climático, sino también los vertidos urbanos e industriales, la sobreexplotación de los recursos marinos, la navegación y la presión urbanística provocan estrés y alteraciones de hábitats y de poblaciones de especies marinas. Esta ley dota al medio marino de la regulación necesaria para garantizar su estado ambiental. La ley garantiza asimismo la participación de las comunidades autónomas en las estrategias marinas y su seguimiento. Estamos satisfechos de que se haya conseguido un amplio consenso -veo que el señor Macias está saliendo también un poco de su confusión- para una ley que traspone una directiva comunitaria y que tiene como objetivo fundamental proteger un patrimonio muy valioso que debe ser conservado y, cuando sea posible, rehabilitado, con el objetivo final de mantener la biodiversidad en unos océanos limpios, sanos y productivos. Es importante para todos, para nuestra vida y, sobre todo, para la de generaciones futuras. Por ello me atrevo a pedir también el voto favorable a los grupos que han manifestado ciertas reticencias, como el Grupo de Convergència i Unió, y reitero mi satisfacción por el amplio consenso conseguido.
En definitiva, y para ir terminando, señor presidente, creo que estamos ante una buena ley y, lo que es más importante, un instrumento eficaz para lograr un buen estado ambiental de nuestros mares, un proyecto que además se ha visto mejorado con las aportaciones de los grupos parlamentarios, tanto técnicamente como en lo que respecta a su contenido. Entre todos hemos conseguido mejorar un proyecto de ley que se ha visto enriquecido a través de las aportaciones de distintos representantes de esta Cámara, todos ellos conscientes de que la importancia cada vez mayor de nuestros mares como espacio económico hace aumentar también la necesidad de protegerlos. Esta es la principal aspiración de esta ley, crear un marco normativo para lograr una mayor protección y un mejor aprovechamiento de nuestros mares proponiendo un uso sostenible de los bienes y servicios que nos ofrecen estas agua marinas. Estoy convencido de que hemos hecho un buen trabajo y de que esta ley va a contribuir decisivamente a conseguir este objetivo.
Reitero muy sinceramente el agradecimiento a mis compañeros de ponencia y a todos los ponentes de todos los grupos que me han acompañado, repito que hemos hecho un buen trabajo y quiero hacer un reconocimiento especial a Ceferino Díaz, nuestro ponente, que no puede asistir a este debate por cuestiones de salud, y esperemos el voto favorable de los grupos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ferre.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Para fijar sus posiciones, en primer lugar tiene la palabra doña Nuria Buenaventura.
Intervengo brevemente debido a que esta ley ya ha sido discutida en este hemiciclo y en Comisión y saben perfectamente cuál es la posición de nuestro grupo. Entendemos que la lucha contra el cambio climático no puede pasar por esconder el CO2, tiene que pasar por muchísimos otros elementos de lucha con objetivos
claros de reducción del CO2. Por tanto, nuestro posicionamiento nunca podrá ser favorable a esta ley, pero sí creemos que en todo el proceso de discusión que ha habido, tanto en el propio Congreso como en el Senado, se ha producido un avance en cuanto a la responsabilidad por parte de la Administración, que era una de las cosas que criticábamos, y finalmente nuestro voto va a ser de abstención.
¿Por el Grupo de Convergència i Unió? (Denegación.) No desea hacer uso de la palabra.
Por el Grupo Popular, la señora De Lara.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha manifestado ya en varias ocasiones a lo largo del trámite parlamentario de este proyecto de ley su conformidad en líneas generales con el texto que hoy se va a aprobar definitivamente y que en realidad no hace más que trasponer a nuestro ordenamiento interno la directiva relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono en condiciones seguras para las personas y el medio ambiente, adaptando su regulación a nuestro marco jurídico institucional.
Hace pocos días que ha finalizado la cumbre climática de Cancún, donde 194 países han debatido sobre la conveniencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en la que, contra todo pronóstico, se ha decidido seguir negociando las medidas para conseguir una reducción efectiva antes de que termine la vigencia del Protocolo de Kioto en el año 2012. Por ello, señorías, parece especialmente oportuna la aprobación hoy en esta Cámara de este proyecto de ley, que desarrolla e implanta nuevas tecnologías en el campo energético, la captura y almacenamiento de dióxido de carbono que se emite en la combustión de los combustibles fósiles y que es el máximo responsable del calentamiento global.
Como saben sus señorías, España tiene unos compromisos vinculantes de reducción de emisiones, compromisos que no cumple. Pese al descenso de emisiones producido en los dos últimos años, debido fundamentalmente a la crisis económica, España no cumple sus objetivos de reducción. Un reciente informe de la Comisión Europea nos coloca a la cabeza de los países que más derechos de emisión deberá comprar para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y lo sitúa en el entorno de los 700 millones de dólares. En esto se ha convertido la lucha contra el cambio climático en España, en la compra de derechos de emisión con el dinero de todos los españoles, pese a ser considerado por el presidente del Gobierno el mayor problema global al que nos enfrentamos. ¿A qué se debe todo ello? Ello es debido, señorías, fundamentalmente a la errática política energética del Gobierno. Fíjense, señorías, a la vez que el Gobierno socialista apuesta por las energías renovables ha provocado un caos regulatorio y una inseguridad jurídica que ha paralizado la inversión en el sector y que está destruyendo empleo. Las industrias eólica y fotovoltáica cifran la pérdida de empleo en 75.000 puestos de trabajo. Se ha producido una profunda deslocalización de las instalaciones y una pérdida de la posición española en el ranquin mundial. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) A la vez que el señor Zapatero promulgaba el decreto de ayudas al carbón, señorías, firmó en la pasada cumbre del G-20 en Seúl un documento entre cuyas conclusiones se incluye el siguiente párrafo que entrecomillo: Hay que acabar cuanto antes con los subsidios a los combustibles fósiles. Señorías, esta errática política energética del Gobierno socialista impide que en España haya una reducción efectiva de las emisiones.
Creemos por ello que es especialmente importante esta ley de almacenamiento de dióxido de carbono y su marco jurídico, que posibilitará el despliegue de esa nueva tecnología. Como decía la portavoz de Izquierda Unida, no se trata solamente de secuestrar el dióxido de carbono que se produce, sino de una tecnología que puede ayudar a disminuir las emisiones. Recuerden, señorías, que ya en su informe de 2005 el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el IPCC, concluyó que con esta tecnología se podría cubrir en el año 2100 entre el 10 y el 50 por ciento de los esfuerzos de mitigación del cambio climático, dato de enorme relevancia ya que entre las dificultades que comporta hacer frente al cambio climático están su carácter global y la desconexión territorial entre emisiones e impactos, está el hecho de que los efectos de las emisiones sobre el sistema climático son independientes del país donde se encuentre la fuente emisora y el hecho de que el carbón está muy repartido en el mundo y que ya son varios los países en vías de desarrollo y países desarrollados que han anunciado que seguirán utilizándolo como fuente de energía primaria. Entre estos países está, señorías, China, el mayor contaminador del mundo en el que -les voy a dar un dato por si no lo conocen- cada diez días arranca una central térmica nueva. Fíjense en la importancia de este proyecto de ley y del almacenamiento de carbono. En la recién finalizada cumbre de Cancún se ha avanzado en el reconocimiento de esta tecnología de secuestro de carbono dentro de los mecanismos de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto.
Creemos, señorías, por tanto que se ha dado un paso importante.
He dejado para el final, señorías, la referencia a las enmiendas que se han aprobado en el Senado. Cinco enmiendas -se ha hecho referencia a ello- son enmiendas transaccionales de los grupos y por consiguiente nuestro grupo las apoyará, pero hay otras cuatro enmiendas presentadas por el Grupo Socialista que nada tienen que ver con el proyecto de ley de captura y almacenamiento de dióxido de carbono, ni con la reducción de emisiones, ni con el medio ambiente. Señorías, son enmiendas del siguiente tenor -y leo los enunciados-: modificación de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora De Lara, ha excedido su tiempo.
La señora DE LARA CARBÓ: Voy terminando, señoría.
Modificación de la Ley del Catastro, modificación de las leyes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, modificación del impuesto de sociedades, y todo ello con efecto retroactivo a 23 de septiembre. Anticipo, por tanto, señorías, que mi grupo parlamentario no va a apoyar la aprobación de normativas de ámbito administrativo y fiscal a través de la introducción en el Senado de enmiendas a un proyecto de ley de carácter medioambiental. Acusaba ayer, señorías, el señor Rajoy, en su intervención en el Pleno, al señor Zapatero de utilizar por sistema los decretos-leyes, 13 en lo que va de año, debido a su improvisación y a la falta de planes de actuación.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora De Lara, por favor.
La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señoría.
Ello impide el debate democrático en el Parlamento e impone la política de hechos consumados. Añado más, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora De Lara, por favor se lo pido. Está usted viendo el tiempo que ha sobrepasado.
Yo creo que, ante estas enmiendas que nos han presentado en el Senado, es una vergüenza para esta Cámara que se le hurte el debate parlamentario en la Comisión correspondiente. En el fondo, señorías socialistas, todo ello es una muestra de su incapacidad para seguir gobernando España.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora De Lara.
Señor Moraleda, si no le importa, le pediría por favor que pudiéramos dar la palabra al señor Campuzano, que se ha incorporado al Pleno. (Pausa.) Señor Campuzano, tiene usted la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta, por su flexibilidad y al señor Moraleda, por su amabilidad.
Simplemente quiero decir que, en lo que hace estrictamente referencia a este proyecto de ley, el Senado ha resuelto de una manera más que razonable la principal discrepancia que nuestro grupo ha tenido durante la tramitación de todo este proyecto de ley, que es lo relativo a la participación de las comunidades autónomas en todos los procedimientos vinculados a la puesta en marcha de estos almacenamientos de CO2. Creo que la fórmula técnica que se ha encontrado en el Senado, que es la encomienda de gestión en una serie de aspectos concretos, puede permitir, si existe vocación por parte del Gobierno del Estado y de los gobiernos de las comunidades autónomas, articular una efectiva participación de las mismas en el diseño y, sobre todo, en la ejecución de esta política.
Desde este punto de vista y desde la coincidencia de fondo con lo que pretendía este proyecto de ley, que no era otra cosa que trasponer una directiva de la Unión Europea y desarrollar una de las muchas medidas que en materia de cambio climático hemos de adoptar en los próximos tiempos, mi grupo hoy puede manifestar sin ningún tipo de complejo su apoyo a este proyecto de ley.
Ahora sí, es el turno del señor Moraleda. Muchas gracias por su comprensión.
El señor MORALEDA QUÍLEZ: Señora presidenta, señorías, llega hoy el final del recorrido de este proyecto de ley desde que en junio pudiéramos discutir, con ocasión de una enmienda a la totalidad del Grupo de Iniciativa Verds, el contenido, el significado y la proyección que tenía la trasposición de la directiva comunitaria sobre captación y almacenamiento de dióxido de carbono a la legislación española. Es un recorrido que no ha sido infructuoso, tanto en el debate de totalidad como en el dictamen elaborado por la Comisión y el proceso seguido en el Senado. En los tres momentos el Grupo Socialista ha posibilitado el avance para obtener un acuerdo del conjunto de la Cámara, de manera que este proyecto de ley finalmente -por lo que he podido escuchar de una mayoría significativa de grupos- permitiera una aplicación, una expansión en definitiva de esta tecnología que, en primer lugar, está teniendo el respaldo científico a través del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas, y político, recientemente en la cumbre de Cancún, y como origen en el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea -hay que recordarlo- esta proposición de ley se inscribe en el paquete de energía y cambio climático. Las enmiendas aprobadas en el Senado, por tanto, serán suscritas y respaldadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Quiero comentarles también que hemos tomado nota de alguna consideración relacionada con un aspecto puramente técnico referido a un error de concordancia en el apartado 6 del artículo 23 del proyecto de ley, en particular la referencia al apartado 4.º debería sustituirse por el apartado 5.º Esta es una consideración hecha por el letrado a la que quiero hacer mención lógicamente para que conste en el "Diario de Sesiones" del Pleno.
Mencionaré solo dos ideas, ni siquiera para hacer uso del tiempo porque en el "Diario de Sesiones" de la Cámara ya están suficientemente recogidos los argumentos del Grupo Parlamentario Socialista. La primera es la actitud del conjunto de grupos políticos. Quiero expresar el agradecimiento del Grupo Parlamentario
Socialista por la actitud de consenso que hemos podido encontrar en todos los grupos, a pesar de que algún diputado, y me refiero en particular al Grupo Popular, aun estando de acuerdo, no puede evitar desde la tribuna hacer un acto que más se parece a una rueda de prensa, legítima, que a la defensa de los contenidos reales de los que hoy estamos hablando. En fin, déjenme decirles que me cuesta trabajo vincular el dióxido de carbono y su almacenamiento geológico con el presidente Zapatero; pero he escuchado tantas cosas que no descarto que en la historia podamos descubrir en algún momento una relación directa.
Deseo agradecer el talante, agradecer el resultado y agradecer finalmente el apoyo del Gobierno para que esta tecnología pueda incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico como un país pionero, como un país realmente pionero en la lucha contra los efectos del cambio climático por estar apoyando en el liderazgo de la Unión Europea los esfuerzos políticos e internacionales para que este fenómeno pueda tener una respuesta desde la política y no solo desde los mercados. Estamos en disposición de poder establecer una acción política coordinada de tal forma que podamos dejar a nuestras generaciones futuras un planeta no solo más limpio, más respirable, sino un planeta del que puedan hablar aquellos que hoy son jóvenes de la generación que tomó decisiones y que desde esta generación podamos contribuir a que puedan tener un futuro más saludable, un futuro y una economía más sostenibles.
Muchas gracias, de nuevo, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Moraleda.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto IX del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Para presentar el proyecto de ley tiene la palabra la señora ministra de Defensa.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Gracias, señora presidenta, señorías.
Es necesario renovar conceptos, modernizar técnicas y métodos y tomar nuevas iniciativas y medidas para dar respuestas adecuadas a los tiempos.
Con esas palabras de la Pascua Militar de 1978, el entonces ministro de Defensa, el teniente general Gutiérrez Mellado, emprendía el profundo proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas, un proceso que, como él mismo decía, necesitaría serenidad y mucho tiempo. Era necesario calibrar en cada momento la conveniencia y el alcance de las reformas para que estas se ajustaran a los avances que progresivamente iba viviendo la sociedad española. Desde entonces, las fuerzas políticas de esta Cámara han apoyado a gobiernos de diferente signo para que España cuente hoy con unas Fuerzas Armadas cada vez mejor adaptadas a nuestra democracia y, por supuesto, al mundo que vivimos. Así, a lo largo de más de treinta años, desde la aprobación de nuestra Constitución, se han producido reformas de profundo calado en el ordenamiento de la defensa y también en el de las Fuerzas Armadas. En particular, me refiero a las Reales Ordenanzas de 1978, los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar de 1980, la reforma de esta última ley en 1984, el decreto para la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas de 1988, el régimen del personal militar profesional de 1989, o el modelo de Fuerzas Armadas plenamente profesionales de 1998. Estos fueron los avances más destacados durante el último tercio del siglo XX. En los últimos seis años hemos acelerado el paso, hemos dado un nuevo impulso a la modernización necesaria para adecuar nuestras Fuerzas Armadas al nuevo contexto de seguridad. De esta forma, hemos aprobado importantes iniciativas. Me refiero a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, de 2005, la Ley de Tropa y Marinería, de 2006, la Ley de la Carrera Militar, de 2007, o el año pasado las nuevas Reales Ordenanzas.
Los españoles podemos sentirnos satisfechos del resultado de un esfuerzo continuado durante más de tres décadas. Bajo el mandato de Su Majestad el Rey, cada Gobierno desde 1978 asumió como propio el reto que se propuso el primer ministro de Defensa de nuestra democracia. Así, España tiene hoy unas Fuerzas Armadas profesionales, con plena igualdad entre hombres y mujeres, con una dimensión adecuada, bien equipadas, bien capacitadas y muy eficaces en su desempeño. Contamos con unos ejércitos que están a la par con los de los países más avanzados y que responden de forma satisfactoria a las necesidades de seguridad del siglo XXI. No obstante, señorías, falta un último paso para que demos por completado el ciclo de modernización de nuestras Fuerzas Armadas iniciado hace más de treinta años. Para terminar de equipararlas a los países de nuestro entorno, es necesario dotar a nuestros militares de una articulación ordenada de derechos y deberes que les abra espacios de participación que hasta ahora estaban insuficientemente definidos. Ya en 1999, la ley para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas hablaba de la necesidad de disponer de un régimen de derechos y deberes propio para nuestros militares. El Tribunal Constitucional analizó esta misma cuestión, y en su Sentencia 219/2001, de 31 de octubre, estableció la constitucionalidad de las asociaciones profesionales de militares para la defensa de sus intereses. A su vez, este tribunal entendía que la Constitución restringiera el
ejercicio de la acción sindical a aquellos sujetos sometidos a la disciplina militar. Y por acción sindical este mismo tribunal entendió en este contexto el derecho de huelga, la negociación colectiva o la adopción de medidas de conflicto colectivo. Partiendo de esta realidad, con el acuerdo de los grupos parlamentarios en esta Cámara, este compromiso se reflejó en 2005 con la aprobación de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. En su disposición final se prevé la elaboración de una ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales y la creación del observatorio de la vida militar.
Finalmente, la Ley de la Carrera Militar, aprobada en 2007 con amplia mayoría en esta Cámara, ya preveía una ley orgánica como la que proponemos para completar y actualizar el régimen del personal militar.
Señorías, el 30 de junio de 2008, en mi primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados como ministra de Defensa, les anuncié mi intención de traer a esta Cámara esta ley, y también les hablé de la necesidad de que su contenido fuera fruto de la suma de nuestras voluntades. Por primera vez en treinta y dos años de democracia nuestros militares van a disponer de un marco específico plenamente adaptado a la Constitución que va a regular el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Esa es una ley que afecta de forma directa a las más de 130.000 personas que en servicio activo ejercen hoy la profesión de las armas, pero también a los militares profesionales en la reserva, a quienes prestan sus servicios en las Fuerzas Armadas de forma temporal como los reservistas y, en definitiva, señorías, nos afecta a todos, porque estos 130.000 hombres y mujeres son los responsables de garantizar la seguridad y la defensa de todos los españoles. Por esa razón, hemos sido especialmente cuidadosos en este texto. Este proyecto de ley es el resultado de una labor conjunta por parte del Ministerio de Defensa. Su estructura política, administrativa y jurídica, los cuarteles generales de los ejércitos y el Estado Mayor de la Defensa han trabajado hasta alcanzar un texto tan ambicioso como pulcro con nuestro ordenamiento jurídico. Tras ello hemos mantenido conversaciones con los distintos grupos parlamentarios y con las asociaciones de militares. Finalmente, y aunque, como saben, no era un trámite obligatorio, el texto también se envió al Consejo de Estado para que su calidad jurídica fuera aún mayor.
El Consejo de Estado emitió en junio informe favorable en el que planteaba una serie de observaciones que se han incorporado a este proyecto. Así pues, señorías, el pasado 23 de julio el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas que se remitió a esta Cámara y lo hizo de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional en cumplimiento de los mandatos de la Ley del régimen de Personal de 1999, de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y de la Ley de la Carrera Militar, tras contar con la opinión favorable de los jefes de Estado Mayor, los cuarteles generales y con las observaciones de grupos parlamentarios y asociaciones y, finalmente, después de obtener el dictamen favorable del alto órgano consultivo del Gobierno.
Señorías, paso a detallarles los principales rasgos del texto que traemos hoy a esta Cámara. En primer lugar, se regula el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de nuestros militares.
En estos derechos figuran el derecho a la intimidad y a la dignidad personal, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho de asociación. También se regulan derechos y deberes de carácter profesional como la jornada laboral y el régimen de permisos, el derecho a la salud y a la seguridad en el ejercicio profesional, así como las vías de participación para plantear iniciativas, quejas y propuestas.
Se crea también un régimen jurídico propio para las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, esto permitirá que participen directamente en la mejora de sus condiciones profesionales y de vida. Las asociaciones plantearán propuestas, prestarán apoyo a sus afiliados y servirán de cauce para canalizar la información relativa al régimen de personal y de protección social. También podrán contribuir en el proceso normativo que afecte al régimen de personal. Otra de las novedades es la creación de un consejo personal de las Fuerzas Armadas.
Este órgano servirá de foro de encuentro entre las asociaciones y el Ministerio de Defensa. A través del consejo de personal se amplían los mecanismos de información, consulta y propuestas relativos al desarrollo profesional y a las condiciones de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, se crea también señorías el observatorio de la vida militar para velar por las condiciones laborales y de vida de los militares y de sus familias. El observatorio será un órgano colegiado de carácter consultivo, cuyos miembros serán nombrados por este Parlamento por un periodo de cinco años. Las funciones básicas del observatorio de la vida militar serán realizar estudios y análisis sobre el régimen de personal y las condiciones de vida de los militares, recibir información general e individualizada de los asuntos relacionados con la vida militar y el entorno social y familiar de nuestros militares y también elaborar una memoria anual para remisión de la misma a este Parlamento. En resumen, señorías, con esta ley por primera vez en nuestra historia se establece un marco adecuado para los derechos y las obligaciones de nuestros militares y también se establecen cauces para mejorar sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida con la participación de los propios militares.
Pero, señorías, cuando hablamos de los derechos de nuestros militares también es necesario hablar de los límites de su ejercicio, porque si bien es cierto que la condición de ciudadano no desaparece cuando el militar entra en el cuartel, también lo es que el militar no abandona su condición cuando se encuentra fuera del mismo; la condición de militar no depende solo del uniforme ni de un horario ni de un lugar definido, el militar siempre es militar, cuando está de servicio, pero también cuando no lo está. La sociedad ha encomendado a nuestras Fuerzas Armadas la responsabilidad de garantizar la
soberanía e independencia de España y de defender nuestro ordenamiento constitucional. Tan alta misión comporta una serie de deberes que obligan a nuestros militares a asumir un estatuto que determina sus específicos derechos como ciudadanos. Por tanto, la libertad de nuestros hombres y mujeres de la Defensa tiene límites que vienen marcados por los principios de unidad, disciplina, jerarquía y neutralidad. El principio de unidad permite que todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas funcionen de forma armónica y asuman de forma colectiva los objetivos de nuestra defensa y nuestra seguridad. El principio de disciplina garantiza la rectitud en el comportamiento individual y colectivo para mandar y obedecer responsablemente al acatar la Constitución y las leyes. El principio de jerarquía permite que cada militar asuma una responsabilidad concreta en las estructuras de nuestras Fuerzas Armadas para mandar y para obedecer. Y el principio de neutralidad permite que los militares actúen de forma única y predecible sin importar el signo político de quien dé las órdenes. Estos cuatro principios son esenciales para que nuestros militares cumplan su misión con toda la eficacia que se espera de ellos, y nuestros hombres y mujeres de uniformes lo saben bien. Han aceptado esas limitaciones porque saben que son parte indisociable de la confianza que los españoles hemos puesto en nuestras Fuerzas Armadas. Por tanto, señorías, nuestros militares deben disfrutar de las libertades y de los derechos porque sirven a una sociedad libre y si existen límites a la libertad de nuestros militares es para que estos puedan proteger mejor la libertad y la seguridad de la sociedad española. Así lo ha querido la Constitución y así deben reflejarlo nuestras leyes.
Este proyecto de ley así lo refleja de modo responsable porque sabemos que, al regular los derechos y deberes de más de 130.000 militares, también estamos regulando los derechos de quienes están a cargo de la seguridad de todos nosotros. Señorías, espero que esta ley pueda ser aprobada antes del verano de 2011. Como ya avancé, considero esencial que una ley tan importante esté respaldada por el más amplio consenso tanto político como social. De otro modo, este proyecto de ley, señorías, no debería continuar su camino. Nuestros militares no trabajan para un Gobierno, trabajan para España. Por esta razón, debemos garantizarles que una ley como esta no responde a un criterio de un Gobierno, sino al criterio de la gran mayoría de los españoles.
El consenso y la unidad deben presidir las grandes decisiones que tomamos en política militar. Así lo han entendido los ministros de Defensa que me han precedido cuando han propuesto cambios trascendentales para nuestras Fuerzas Armadas y, por supuesto, señorías, así también lo entiendo yo.
Creo que en este caso se dan las condiciones para lograr ese amplio consenso que requiere una iniciativa como la que hoy traemos. Al menos eso es lo que se desprendió de las diversas reuniones que hemos mantenido a lo largo del año que ahora concluye con los grupos parlamentarios.
Estoy segura de que los meses que aún nos restan para su aprobación servirán para que además, a través de la participación, el diálogo y la negociación, logremos un texto equilibrado que sea plenamente satisfactorio para todos los grupos y para los objetivos de esta ley.
Señorías, termino. Si los militares deben abstenerse de intervenir en los problemas políticos de todos los días y de manifestar sus opciones personales, también hay que evitar que desde fuera de las Fuerzas Armadas se trate de politizarlas, implicándolas en la política que a cada cual conviene o utilizándolas para apoyar en uno u otro sentido sus intereses.
Estas no son mis palabras, señoría, son palabras textuales de Su Majestad el Rey que pronunció precisamente en 1978 cuando España iniciaba el proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas que ahora pretendemos culminar con la aprobación de esta ley. Les pido que mantengamos el sentido de Estado que desde la transición ha guiado la labor de esta Cámara cuando se ha ocupado de nuestras Fuerzas Armadas.
Esta labor constante, progresiva y responsable es la que nos ha permitido que las Fuerzas Armadas sean una referencia fuera y dentro de España. Hoy son la institución más admirada por nuestros ciudadanos y con este paso estaremos aún más cerca de lograr la plena identificación de nuestros militares con la sociedad a la que sirven, porque velar por sus derechos y por el cumplimiento de sus deberes reforzará la cohesión entre defensores y defendidos.
Señorías, hagamos entre todos la mejor ley posible para nuestros hombres y mujeres de uniforme. Quienes representamos a la sociedad española se lo debemos a ellos y a la seguridad de todos nosotros. Confío en ello y voy a trabajar además para ello.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda de totalidad por parte del Grupo Mixto y para defender esta enmienda tiene la palabra la señora Díez González.
Estamos ante un debate importante de una ley importante que hemos tenido la oportunidad de ver presentada en el Pleno de la Cámara por la propia ministra de Defensa gracias a un humilde peón, que no es más que esta diputada, con esta enmienda a la totalidad. Esto me parece una buena noticia en sí misma. Es un debate importante de una ley importante, que supera la importancia del colectivo al que regula, porque, como la ministra ha explicado en su intervención y todos sabemos, es un colectivo importante para el conjunto de los españoles, para el Estado de derecho y para nuestro país. Tan importante es el debate que veo a toda la cúpula militar siguiéndolo en la tribuna, lo cual da idea de hasta qué punto está muy bien esto que estamos haciendo: reflexionar entre nosotros no sobre la mejor ley posible -que, por supuesto, debe serlo-, sino sobre la ley
necesaria y sobre una buena ley para regular derechos y deberes de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, de quienes les dirigen -bien, quiero decirlo- y también -cómo no- del colectivo en su conjunto, que es al que va dirigida.
Como ya ha referido la ministra de Defensa, desde la promulgación de la Constitución de 1978 -ella ha hablado de las leyes que se han hecho pero, aunque no lo ha dicho, creo saber que comparte este criterio- el colectivo militar ha sido el más retrasado en cuanto a la implantación de los principios de la Constitución en las normas y estructuras de las Fuerzas Armadas. Son ciudadanos uniformados, afectados por determinadas excepciones de la propia Carta Magna, pero quizá injustamente castigados en el olvido con un marco legal todavía hoy sin concretar y desarrollar convenientemente. Existe una deuda democrática para con el referido colectivo. Demorar aún más la regulación precisa en cuanto a su régimen personal o caer en el error de la precipitación y hacer una mala ley -ese es el equilibrio: no retrasarlo y, por no retrasarlo, no hacerlo mal-, sería ir en contra del progreso de una sociedad que pretendemos moderna, adaptada a los nuevos tiempos y exigencias. Estamos en la obligación de tratar de alejar viejos y trasnochados fantasmas -dicho esto entre comillas- referidos a que el reconocimiento de los derechos fundamentales de los profesionales de las Fuerzas Armadas pueda poner en riesgo la disponibilidad y abnegación de sus miembros. Unas Fuerzas Armadas democráticas no son sinónimo de ineficacia y, mucho menos, de indisciplina.
Si debemos caminar hacia una Europa más fuerte y más segura de la mano de unas Fuerzas Armadas europeas, no cabe duda de que debemos equiparar -y, si cabe, mejorar- nuestra legislación militar con el resto de países europeos en lo que se refiere a derechos y obligaciones de sus componentes, regulando convenientemente estos aspectos. Si malo es hacerlo tarde -y comparto en ese sentido la reflexión que ha hecho la ministra-, peor aún sería hacerlo mal. Estamos ante el riesgo de que repitamos una mala ley, algo que ya ha ocurrido en un pasado reciente, de que repitamos los errores de la Ley de la Carrera Militar de 2007. Esta de la estamos hablando -y me referiré después a eso, señora ministra- es una ley que nace careciendo del obligado consenso y aceptación por parte de los profesionales de las Fuerzas Armadas a quienes va dirigida y, como se verá más tarde, por muchos miembros de la Cámara que votarán en contra de la enmienda a la totalidad, pero anunciarán muchas enmiendas particulares. Malo es hacerla tarde, pero peor aún sería hacerla mal. Ya que el Gobierno parece haber descubierto -y esta sería una reflexión- que los militares hacen de todo y todo lo hacen bien, estaría bien que hiciéramos una ley para ellos y que, además, la hiciéramos con ellos. Ya que hemos descubierto todos, no solamente el Gobierno, que saben hacer de todo y que todo lo hacen bien, vamos a ver si hacemos una ley para ellos y con ellos y, además, con el consenso de las fuerzas políticas.
Nos encontramos ante un texto impreciso, repleto de lagunas y, a mi juicio, elaborado con muchos prejuicios, impregnado del inmovilismo de ciertos sectores de presión e influencia que no están dispuestos a que las cosas cambien de verdad en el ejército y se esfuerzan en disfrazar una norma bajo el falso velo de apertura y progreso. No es positivo el ánimo de tratar de recortar y limitar al máximo aquellos derechos reconocidos por la Constitución, como la libre expresión, artículo 20.1, o la asociación, artículo 22. Son militares, sí, y eso limita el ejercicio de algunos de sus derechos, pero son militares porque son ciudadanos españoles; si no fueran ciudadanos, no podrían ser militares.
Ese es el margen en el que nos movemos y espero -estoy segura- que llegaremos a un acuerdo al final de este trámite, no el del día de hoy sino el trámite completo, cuando se termine de hacer y de aprobar la ley.
Las tradicionales trabas a los derechos civiles y políticos de los militares colocan a estos funcionarios públicos uniformados en una situación nada privilegiada, mas bien todo lo contario, puesto que son herederos de limitaciones e injusticias, fruto del desequilibrio existente entre derechos y deberes con los principios de unidad, jerarquía, disciplina y necesidades del servicio que la institución militar requiere en su estatus especial, necesita y no ha de abandonar.
El éxito de la futura ley orgánica estará en conjugar de forma armoniosa y eficaz los requeridos conceptos, que son perfectamente compatibles, pudiendo servir de modelo otros países donde llevan años aplicando una legislación de similares características. Esta ley está llamada a regular el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas, actualizando -insisto- los preceptos aún vigentes. Con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, de 2005, como refería hace un momento, se comenzó a modificar todo el marco normativo militar anterior. La Ley de Tropa y Marinería, de 2006, fue la antesala para la discordia y el caos que ha supuesto la de la carrera militar.
Ahora nos toca debatir una vieja reivindicación de los profesionales de las Fuerzas Armadas, la regulación de sus derechos, pero no solo los políticos, asociativos o reivindicativos, sino muchos otros de carácter social y económico sobre los que pasa de tapadillo esta norma y que no se abordan, atendiendo a las necesidades del momento, en lo que será la futura ley de derechos y deberes. Dijo la ministra hace algunos meses, textualmente: "En cuestiones militares, la única aritmética parlamentaria que vale es la de la suma. Y la única política posible es la del consenso y la unidad. No puede haber unas Fuerzas Armadas a la medida de cada Gobierno. Necesitamos unas Fuerzas Armadas a la medida de España." Comparto absolutamente esa percepción, ministra. Se trata de decirlo y de obrar en consecuencia, entre todos y no solo por parte de la ministra.
Porque ese marco teórico casi perfecto, que yo aplaudo y que comparto, estaría muy bien si no fuese porque todas las normas del citado estatuto del
militar han generado, como sabe usted muy bien, enorme
polémica, multitud de recursos, insatisfacción, desasosiego entre los militares y una falta de consenso alarmante entre el ministerio y las distintas fuerzas políticas y asociaciones profesionales, caldo de cultivo abonado para prever una compleja y dificultosa aplicación, además de un foco permanente de conflictos de cara al futuro. Algo falla, por tanto, en la referida aritmética cuando se obvia a uno de los factores más importantes, que son, como decía al principio, los propios profesionales. Hay multitud de lagunas y omisiones en este texto legal.
Me consta que muchos de los portavoces de otros grupos que intervendrán después de que me baje de la tribuna anunciarán, como ya me lo han dicho, su voto en contra de esta enmienda a la totalidad, pero aprovecharán para poner de manifiesto todas las lagunas, todas las imprecisiones, todas las omisiones contenidas en este texto que hoy debatimos y para anunciar que sobre todas ellas harán muchas enmiendas. Hay procedimientos distintos, uno es el de la totalidad y el otro el de las enmiendas parciales, que anuncio también que presentaremos. Por tanto, no me detendré en detalles prolijos de cada una de las omisiones o imprecisiones del texto que merecerán enmiendas parciales y me referiré de una manera un poco más detallada a uno de los aspectos importantes que tiene que ver con la representatividad, con los derechos y los órganos de participación.
La representatividad en el órgano de participación regulado en el capítulo 2, denominado consejo de personal de las Fuerzas Armadas, ante el que -cito textualmente- se podrán plantear propuestas o sugerencias en materias relacionadas con la condición militar, el ejercicio de los derechos y libertades, el régimen de personal y las condiciones de vida y trabajo de las unidades, solo estaría garantizada, señora ministra, si las asociaciones fuesen elegidas democráticamente por los militares y no por los particulares cupos o porcentajes regulados en el artículo 47.2 de la ley, que dan lugar a un sinfín de controversias, desproporciones y posibles arbitrariedades, ya que deja al arbitrio del Consejo de Ministros "disminuir los porcentajes con objeto de facilitar la adecuada representatividad y funcionalidad del consejo." ¿Qué es adecuada? ¿Cómo calificamos lo de adecuada, cómo lo ahormamos? Este me parece un problema verdaderamente importante. El cauce de expresión de los profesionales de las Fuerzas Armadas debería estar asegurado no solo a través de las asociaciones sino mediante la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación, con las reservas de la salvaguarda, de la seguridad y defensa nacional, pero sin anular esos derechos constitucionales que como ciudadanos, insisto, poseen. Así, hay que resaltar la reciente sentencia de la Sala octava de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al autorizar una manifestación de asociación de guardias civiles citando al respecto doctrina del Tribunal Constitucional, ya que dichas asociaciones -abro comillas, también es textual- solo persiguen la satisfacción de intereses económicos, sociales o profesionales de sus representados. Son demasiados aspectos relacionados con los derechos fundamentales, incluso los relativos a la intimidad y dignidad personal que se discuten y ponen en tela de juicio con la actual redacción de la ley de derechos y deberes, como para no buscar una mejor adaptación y encaje de los tradicionales valores y principios castrenses a los referidos derechos. Cabe citar al respecto sentencias diversas que están en el texto de la enmienda de totalidad, como la de 8 de junio de 1972 de Engels y otros, de 25 de noviembre de 1997, varias de 1997, de 1998 y de 2001, es decir, hay jurisprudencia al respecto que conviene que tengamos en cuenta a la hora de ir perfilando lo que será la norma definitiva.
En referencia al consejo de personal, título III, capítulo II, y al observatorio de la vida militar, título V, que pretende ser de alguna manera la panacea para el estamento militar en el aspecto que nos preocupa, y contrariamente a la imagen que se pretende dar de ellos, no son ni más ni menos que órganos pseudorreguladores y de control de los que, por ejemplo, se limita porcentualmente la capacidad de participación de las asociaciones profesionales entre otras cosas sobre la base de su capacidad de afiliación. Los cometidos del consejo de personal, lugar donde las asociaciones podrán plantear propuestas y sugerencias -artículo 45-, quedan emplazados a un posterior desarrollo reglamentario de la ley -artículo 46-, con lo que quedan abiertas todas las incertidumbres sobre la eficacia real del citado órgano. Entendemos que tanto el consejo como el observatorio pretenden ser instrumentos vertebradores y mediadores con un trasfondo vacío o podrían terminar siéndolo, lo que da un escaso margen a un colectivo. Esto preocupa a los profesionales castrenses pero principal y especialmente el caso del observatorio, ya que aunque estará compuesto por un grupo de personalidades de prestigio propuestos en conjunto por las dos Cámaras, su trabajo fundamental como garante de derechos y deberes queda mermado debido a su mínimo peso específico desde el propio nacimiento al constituirse en un ente de análisis de la vida militar igualmente solapado. Desconocemos, porque lo deja también para posterior desarrollo reglamentario, las funciones de su órgano de trabajo. O sea, háganme ustedes las leyes, que ya haré yo los reglamentos y a la hora de los reglamentos es muy posible que nada de lo que está escrito en la ley, si es demasiado general, tenga que ver con la voluntad del legislador aquí expresada.
Mantenemos una posición contraria al texto en su conjunto del proyecto de ley orgánica en sus actuales condiciones concurrentes, basándonos tanto en lo que la misma no recoge como en las inquietudes y necesidades reales de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, así como en algunas de las imprecisiones o cuestiones claramente contrarias a nuestro criterio que aparecen en la ley. Somos muy conscientes de la necesidad de modernizar y adaptar nuestras Fuerzas Armadas no solo a los retos técnicos y profesionales, sino también a la paulatina mejora sustancial de los derechos del colectivo.
Termino, presidenta. Señora ministra, no puedo más que
compartir sus palabras reiteradas en relación con el objetivo de compartir el consenso y la unidad con la pretensión de hacer posible que el texto de la ley que salga definitivamente de esta Cámara sea un texto que no solamente compartamos todos nosotros sino aquellos profesionales a los que va dirigida la ley. Sé que para que eso sea así tenemos que trabajar mucho porque hoy esta ley no tiene consenso, y sé que al margen de lo que pase con esta enmienda a la totalidad este debate que estamos teniendo nos servirá para que hagamos la mejor ley para los mejores profesionales, que son nuestras Fuerzas Armadas.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
Señorías, nuestra postura va a ser contraria a esta enmienda de totalidad.
Para ello, partimos de la constatación de que estamos ante la posibilidad por una parte de superar una desconfianza con razones históricas, pero por otra parte también con la posibilidad de saldar una deuda histórica de la sociedad española con los ciudadanos de uniforme; deuda que precisa de una iniciativa legislativa que aborde de una vez por todas la necesidad de reconocer que los militares son ciudadanos de pleno derecho que sirven con especial dedicación al interés general. En ese sentido, quiero hacer un sentido recuerdo a los ciudadanos de uniforme de la Unión Militar Democrática, precedente de esta iniciativa sin lugar a dudas.
Esto hace que consideremos que debemos abordar esta importante materia a la mayor brevedad posible y que ello ha de suponer que la posibilidad de tramitación del proyecto presentado por el Gobierno sea eficaz. Señorías, la defensa de esta tramitación no supone que demos un cheque en blanco al Gobierno, no es esta nuestra intención. De hecho, esta ley proviene no solamente de la jurisprudencia constitucional, no solamente de las iniciativas a que se ha referido la ministra de Defensa, sino del compromiso político adquirido en torno a la Ley de Defensa Nacional a raíz de una enmienda de nuestro grupo parlamentario para desarrollar, por una parte, la ley de derechos y deberes y, por otro lado, el observatorio de la vida militar. Ambos compromisos han sido retrasados a lo largo de varios años, no diría que incomprensiblemente porque demuestra las dificultades que tiene esta materia todavía hoy en la sociedad española, pero nosotros creemos que en estos momentos no hay justificación alguna para no llevar a cabo esta reforma, para no culminar la modernización y la homologación de nuestras Fuerzas Armadas con nuestro entorno.
Señorías, en nuestra opinión, el proyecto debe continuar con su tramitación. Por ello, no suponemos en este proyecto más que aspectos básicos de coincidencia, aunque tenemos diferencias importantes con respecto al texto. Somos conscientes de las limitaciones que a los derechos y deberes de los militares suponen criterios tan importantes o principios tan generales como la unidad, la disciplina, la jerarquía y la neutralidad a que se ha referido la ministra de Defensa. Sin embargo, estamos convencidos de que de la redacción del texto, a la luz de estos principios, se pueden entender limitaciones pero no restricciones y, en nuestra opinión, hay varias de las cuestiones fundamentales de esta ley que más que limitaciones parecen restricciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es absolutamente preciso modificar la regulación del derecho fundamental a la intimidad, que queda en nuestra opinión en el texto reducida al absurdo. La excepción, según el texto remitido, es el reconocimiento del derecho y la regla parece ser la no aplicación del derecho, que en nuestra opinión es uno de los derechos individuales importantes a reflejar en esta ley.
En segundo lugar, el derecho fundamental de reunión y de manifestación supone en la redacción del texto -después de la consiguiente consulta a los órganos institucionales del Estado- un auténtico paso atrás, incluso desde la situación actual que ha demostrado que el ejercicio del derecho de reunión es posible, es respetuoso con el orden constitucional sin que por ello se entienda una limitación tan acusada como injustificada del mismo en la propuesta del Gobierno.
En tercer lugar, otro tanto cabe decir respecto a la regulación de la libertad de expresión, que en la práctica queda tan limitada, casi suprimida. En nuestra opinión, es inaceptable y debe ser objeto de modificación, si se pretende contar con nuestro apoyo en aras del consenso al que se ha referido en reiteradas ocasiones la ministra de Defensa; consenso que entendemos ha de alcanzarse con los grupos parlamentarios y no con otros poderes que puedan intentar alterar este sistema en aras a preservar sus legítimos intereses, aunque no la representación del interés general, como son los intereses de cuerpo, que no pueden ni deben determinar este debate.
En cuarto lugar, el derecho a la asociación profesional ha de ser tratado de otra manera, con una dimensión más amplia, reconociendo que es una de las partes esenciales de esta regulación y que más capacidad tiene para hacer posible la plena ciudadanía de los militares. Deben regularse con mayor amplitud sus ámbitos de participación, incluyendo la existencia de representantes de las mismas que cuenten con facultades establecidas y no sean meras denominaciones sin contenido real. Las asociaciones profesionales deben contar con un verdadero órgano colegiado de participación, que sea diseñado correctamente, con funciones concretas y con actividades definidas, que sea realmente representativo. Para ello, en nuestra opinión, no cabe otra alternativa que un proceso electoral, al que no sabemos por qué tenemos miedo, que legitime la participación y la elección en el mismo. Las asociaciones profesionales deben ser democráticas y
plurales, de tal forma que deba arrumbarse toda posibilidad de intervención en su vida interna y toda posibilidad de replicar estructuras castrenses en la regulación y funcionamiento interno de las mismas.
En quinto lugar y último, el observatorio de la vida militar debe ir más allá del texto del Gobierno en su regulación y en sus funciones para que realmente nos sea útil y pueda ejercer en nombre de las Cámaras una función fiscalizadora independiente. Son, como vemos, muy diversas las cuestiones a modificar en el texto y muchas de ellas de gran alcance. Por ello, pensamos que la mejor manera de dar respuesta a la deuda histórica y también a esa desconfianza con nuestros ciudadanos de uniforme es tramitar el proyecto, enmendarlo y hacer de él una norma moderna, que conjugue el reconocimiento a la plena ciudadanía de las mujeres y hombres que componen las Fuerzas Armadas con el más eficaz cumplimiento de sus misiones. Ambas cosas, en nuestra opinión, son plenamente compatibles y a ambas nos comprometemos en el trámite parlamentario. Por eso, no somos partidarios de la enmienda a la totalidad sino de mejorar sustancialmente el texto del Gobierno.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don José Ramón Beloki.
Señora ministra, señorías, he escuchado con especial atención las explicaciones de la diputada de UPyD de la enmienda a la totalidad; también he escuchado con atención sus explicaciones, señora ministra. Se trata de fijar la posición sobre la solicitud del Grupo de UPyD de una enmienda a la totalidad que ha presentado al proyecto de ley orgánica presentado por el Gobierno en términos genéricos de proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas pero que, como acertadamente ha apuntado la propia diputada, pretende regular en concreto -yo no diré de forma exclusiva pero sí de forma relevante, como afirma también el propio texto legal en su exposición de motivos- el derecho de asociación, la creación del consejo de personal de las Fuerzas Armadas y la del observatorio de la vida militar. Digo que he escuchado con especial atención a la diputada no solo por la obligación general de cortesía mutua de escucharnos unos a otros, sino porque en este caso la lectura repetida previa al discurso de hoy de la diputada del texto presentado por UPyD como argumentación a favor de la presentación de dicha enmienda a la totalidad, ha dejado a este diputado en una duda, de la que no hemos sabido salir, sobre cuál era de verdad y a la postre la intención de esta diputada al presentar esta enmienda a la totalidad; sobre si este grupo, como dice en su texto de enmienda y ha repetido hoy, entiende que desde la promulgación de la Constitución de 1978 el colectivo militar ha sido el más retrasado en cuanto a la implantación de sus principios en las normas y estructuras de las Fuerzas Armadas, y esto parecería que pudiera llevar a la diputada a que cuanto antes hagamos la ley, o si, por determinadas deficiencias que ella observa y que todos podemos observar en el texto que nos ha remitido el Gobierno, por lo que se inclina es porque demoremos más la regulación: devolvámoslo al Gobierno y ya veremos si algún día regulamos. Porque lo que la diputada nos dice y lo que la propuesta de enmienda a la totalidad significa es que, efectivamente, devolvamos este texto al Gobierno y no hay texto alternativo. Volvemos, pues, al punto cero formalmente si hoy prevalece la solicitud de UPyD. Nosotros no somos partidarios de esto, y he dudado mucho de si la propia diputada lo es cuando le he escuchado decir que está segura de que encontraremos finalmente un acuerdo. Ella seguramente ha presentado una enmienda a la totalidad, pero quiero que esto discurra por las vías habituales y luego ya veremos si efectivamente las iniciativas de los distintos grupos confluyen en ese acuerdo que todos, por otra parte, deseamos. Lo cierto es que cada vez que uno se encuentra ante un texto legal siempre se plantea que es posible regular mejor. ¿Pero cuál es la urgencia de tener que regular para no rechazar el texto que en su caso presente un Gobierno o cual es, por el contrario, la no urgencia? Dice: devolvamos el texto, que no es tan urgente la regulación. Mi grupo piensa que hay urgencia en regular aquellos temas que trata este proyecto de ley, que la tardanza es excesiva y que es necesario dar ya pasos, aunque puedan resultar finalmente insuficientes.
Esa es la razón de fondo por la que mi grupo no va a apoyar la devolución de este proyecto de ley al Gobierno. No deseamos más prórrogas, que ya son excesivas, preferimos jugar el partido y ya veremos el resultado.
La insuficiente regulación de los derechos es en todo caso un problema que siempre tiene un fondo de verdad, aplíquese a la vida militar o aplíquese a cualquier otro campo profesional o social, siempre cabe decir que las cosas no están reguladas de forma completa y eficaz. Aunque también le reconozco la duda de este diputado sobre si el verbo preciso a conjugar ante situaciones como esta es especialmente el de regular, o si hay que implementar los derechos en muchos casos, si lo que hay que hacer es gestionar, si hay que garantizar o si incluso hay que conquistar el contenido de los derechos más que a través de una pura regulación. Vale esto para los ciudadanos y vale exactamente para los militares, a quienes por otra parte nosotros tenemos en la consideración primera y fundamental de que son ciudadanos en uniforme. Ahí, señora ministra, en el punto de partida existe una cierta discrepancia, si le he entendido bien. Dice usted que los militares son siempre militares, durante toda su vida. No, los militares son siempre ciudadanos y ejercen una vida militar, por lo que habrá que regular desde ese punto de vista, cuando estén ejerciendo la vida militar, qué limites les impone esta a sus derechos normales de los ciudadanos. Pero el punto de partida fun
damental es el de que los militares son ciudadanos en uniforme.
Por otra parte, es imposible no compartir afirmaciones que se recogen en el texto escrito y que ha vuelto a exponer la diputada de UPyD en su razonamiento de la enmienda a la totalidad. Es evidente que con esta ley no vamos a resolver, no vamos a regular, no vamos a instrumentar y no vamos a hacer que los complejos problemas que afectan a los militares, en lo que a sus derechos y deberes se refiere, terminen por regularse de forma definitiva y, mucho menos, por disponer del contenido que nosotros desearíamos. Por tanto, mi grupo va a trabajar con la perspectiva de entrar a participar en el proyecto de ley y hacer que la regulación y articulación del derecho de asociación en el seno de las Fuerzas Armadas sea una realidad cuanto antes. Ahí trabajaremos con la orientación de que el ejercicio de ese derecho se parezca lo máximo posible a lo que genéricamente podemos denominar como la regulación de nuestro entorno europeo. Es decir, también hay que tener en cuenta que la regulación europea como tal no existe, sino que existe una regulación enormemente diversa en Europa al respecto y que no es fácil dar con una única norma de referencia. En todo caso, sí existen mínimos y es tiempo de echar a andar. Ahora que las Fuerzas Armadas españolas participan cada vez más en misiones internacionales y se va produciendo una integración de las mismas en el día a día en organismos europeos o en misiones internacionales, es a nuestro juicio absolutamente necesario avanzar en esta dirección del ejercicio de los derechos que acabo de citar, mucho más para quienes partimos del principio de que cuanto antes vayamos a un único ejército europeo es mejor, y un único ejército europeo, evidentemente, conllevaría unas mismas reglas también en este campo. En esa dirección nos gustaría avanzar. Tampoco olvidaremos de dónde venimos y, consecuentemente, dónde estamos y nos movemos, pero convencidos de que es necesario moverse y hay que hacerlo sin más tardanza y con decisión y, si hiciera falta un punto de coraje, pues con un punto de coraje, señora ministra. Mi grupo, pues, intentará que se avance en esa homologación europea, con todos los matices a los que he hecho referencia. No creemos en una ley perfecta ni la vamos a buscar. Queremos avanzar los máximos pasos posibles, buscar un sistema de representación de los militares y, por lo mismo, un sistema de defensa de sus intereses y aquí está, en buena medida, la importancia que damos a esta ley. Al concederles un sistema de representación no solo estamos dando un contenido a un derecho formal, el derecho de asociación, sino que además se trata de un derecho que puede ayudar a que otros derechos vayan alcanzando contenidos progresivos, algo que siempre hay que hacer en todos los campos, en la vida civil y también en la vida militar. Nos opondremos, pues, a la enmienda a la totalidad y trabajaremos para que, finalmente, este proyecto de ley sea consensuado y en las líneas que acabo de apuntar.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Xuclà.
Señorías, estamos ante un debate de totalidad con la propuesta de la diputada doña Rosa Díez de devolución de este proyecto de ley orgánica del Gobierno. La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es una posición que no se decanta por la devolución pero que tampoco se decanta por lo que podríamos llamar un contrato de adhesión al planteamiento inicial del Gobierno. Me acuerdo que en el momento de la presentación de este proyecto de ley por parte del Gobierno, en particular la ministra de Defensa, se planteó que esta ley solo es viable, posible y que conseguirá al final de su tramitación ser aprobada si consigue un importante consenso. Nosotros estamos de acuerdo con esta máxima del importante consenso, pero éste no es ni será fruto de la adhesión a los planteamientos iniciales del Ejecutivo, sino de una buena tramitación y un buen enriquecimiento de la misma durante la tramitación parlamentaria. Esto es precisamente, señorías, la esencia del parlamentarismo. Por tanto, nuestra posición se fija entre el no a la devolución y el no a la adhesión sin matices al planteamiento inicial del Gobierno.
En primer lugar, consideramos que esta es una materia digna de ser regulada y que, después de treinta y dos años de despliegue de las distintas previsiones constitucionales, deberíamos hacer autocrítica los distintos grupos parlamentarios y los gobiernos que se han alternado en el ejercicio del poder durante estos treinta y dos años, deberíamos reflexionar sobre por qué aún no hemos afrontado, no hemos acometido la regulación de una materia reservada a carácter orgánico como son los derechos y deberes de los militares dentro de las Fuerzas Armadas.
Coincido, señorías, en la necesidad de esta regulación por el camino de la tramitación. Estoy convencido de que la propuesta inicial de la diputada enmendante exige mayor contenido y mejores garantías de protección a los derechos y deberes de los militares, pero esta regulación es necesaria. Esta regulación se ha podido plantear ahora por parte de este Gobierno, quizás porque en un asunto referido a los derechos fundamentales hace algunos años la estructura del ejército en su conjunto todavía no tenía el grado de maduración para plantearlo. Por tanto, señorías, vamos a votar en contra de esta enmienda de devolución.
Deseamos que se tramite pronto esta ley que, como ha apuntado algún otro portavoz, es una ley que hace muchos meses que estamos deliberando en la Comisión de Defensa en fase de prórroga de enmiendas. ¿Qué tenemos que hacer para superar esta fase de prórrogas de enmiendas? Primero, plantear las enmiendas formuladas por distintos grupos parlamentarios. Les anuncio que el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene una prepropuesta
-y les diré por qué prepropuesta- de más de cincuenta enmiendas para enriquecer y mejorar esta ley. Pero los distintos portavoces de la Comisión de Defensa hemos decidido que las próximas semanas -seguramente en el próximo mes de enero- vamos a aprovechar para desarrollar un aspecto importante en la tramitación de las leyes, que es el proceso de audiencia, con el fin de escuchar a las partes afectadas y las opciones profesionales de militares, para escuchar sus puntos de vista, para enriquecer y para mejorar las enmiendas que hemos planteado, de las que les puedo apuntar algunos de sus contenidos. Por ejemplo, los derechos y libertades fundamentales deben tener un grado de protección de su privacidad mayor dentro de los cuarteles cuando dentro de los mismos se está ejerciendo la vida privada y no se está en acto de servicio.
Asimismo, debemos regular mejor cómo perfilamos la definición de las asociaciones profesionales de los miembros de las fuerzas armadas; qué características deben tener esas asociaciones, qué peso y cuál es el significado de representatividad de estas asociaciones. Igualmente, debemos mejorar algunos aspectos de la previsión inicial de la ley respecto al derecho de reunión por parte de los militares. Debemos también mejorar algunas propuestas sobre el sistema de elección de los representantes de los militares, partiendo del principio de que esta elección, esta representación y esta representatividad se van a formular a través de las asociaciones profesionales de los militares y no a través del voto en urna en cada uno de los cuarteles. No hay un modelo europeo; podríamos hablar del modelo holandés, al que creo que no iremos, pero sí que en la elección de los miembros y en la representación podemos mejorar. Como podemos mejorar, por ejemplo, señorías, en el sistema de recursos, que yo creo que se plantea de forma insuficiente en la ley, la denegación por parte de la superioridad de cualquier derecho que se pretenda ejercer. El sistema de recursos que plantea esta ley se debe mejorar y se debe motivar mucho mejor por parte de la superioridad la causa de la aceptación o no de una petición por parte de un militar o de un grupo de militares.
Hay otro aspecto al que quiero aludir. Yo creo que esta ley tiene dos grandes dimensiones: una dimensión referida a la regulación de derechos y libertades de los militares y otra, que a nosotros nos interesa especialmente, que es la del observatorio de la vida militar. Y digo que nos interesa especialmente porque este Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ya tiene una tradición. Cuando el diputado Lluís Recoder era miembro de este Congreso de los Diputados, en la segunda mitad de los años ochenta y principios de los años noventa, hizo una buena labor de lo que ahora será este observatorio de la vida militar, de denuncia de los abusos en el respeto a la dignidad de las personas, de observación de las condiciones de vida en los cuarteles, de reivindicación de la observancia del respeto a la dignidad más elemental, de aspectos que evidentemente están fuera de la norma general de lo que tiene que ser la convivencia y el respeto a los derechos humanos dentro de la sociedad y dentro de los cuarteles. Pero respecto a lo que hoy nos puede parecer escandaloso o excepcional, afortunadamente durante los años transcurridos, y coadyuvando desde el Parlamento también, hemos conseguido reducir la impunidad, la arbitrariedad, los abusos que se puedan haber producido de forma siempre excepcional, siempre como excepción y no como regla, en el ámbito de la sociedad en general y también en el ámbito de los cuarteles.
Señorías, les he planteado algunas de las ideas de estas más de cincuenta enmiendas que mi grupo parlamentario ha elaborado y pensado para mejorar la ley. Quiero terminar como he empezado: no es el momento de la devolución de la ley, sino de su tramitación; ya llevamos demasiadas prórrogas. La señora ministra nos puede decir que las prórrogas no son de su competencia, que son responsabilidad del Parlamento y de los portavoces. Creo que todos los portavoces nos debemos convocar a una pronta reunión de la Comisión para escuchar a las asociaciones más representativas de las Fuerzas Armadas en el próximo mes de enero para concluir definitivamente el plazo de enmiendas -evidentemente, siempre de acuerdo con la Mesa y después de estas audiencias de las asociaciones profesionales durante el mes de enero- y poder tramitar esta ley durante el primer semestre del próximo año. Una ley que espero que no salga exactamente como ha entrado en estas Cortes Generales, sino que mejore durante su tramitación, porque es una asignatura pendiente de la configuración del marco de derechos y deberes de nuestra Constitución en lo referido a los militares. Y una ley que debemos afrontar sin reservas, sin reservas mentales, sin miedos en cuanto a la extensión de la protección de los derechos y deberes de los militares.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Gracias, señor presidente.
Buenos días a todos los que están en las tribunas; buenos días, señora ministra. Empiezo por decir cuál va a ser nuestra postura con respecto a la enmienda a la totalidad que nos ha presentado la señora Díez que es, como ella misma ha anunciado, un voto negativo. Compartimos muchas de las cuestiones que están en el texto de su enmienda y que usted ha planteado aquí, pero no en rechazar de plano esta ley. En primer lugar, de acuerdo con el contenido de la ley, vemos muy necesarias las enmiendas, pero no un rechazo total. Por otro lado, como ha comentado la señora ministra y también todos los grupos, sería conveniente que esta ley fuera promulgada con el máximo acuerdo de esta Cámara; acuerdo que hemos brindado desde el primer día cuando se nos planteó; acuerdo con el que se han hecho todas las
grandes leyes que la señora ministra ha mencionado en su exposición. Por lo tanto, no al rechazo y a la devolución de esta ley, que es lo que supone una enmienda a la totalidad, y sí a formular muchas enmiendas de las que ahora explicaré un poco el hilo conductor y que espero que entre todos podamos acordar, y desde luego, a la búsqueda del máximo acuerdo.
Todas las leyes que hemos legislado -y los portavoces que aquí estamos lo hemos sido también en leyes importantes- requieren el máximo sentido de responsabilidad por parte del legislador, y ésta, señorías, yo entiendo que lo requiere muy especialmente, muy especialmente. Insisto, no hay texto legal que no requiera por nuestra parte la máxima responsabilidad.
¿Por qué digo que lo requiere muy especialmente? Porque estamos legislando nada menos que sobre derechos y deberes fundamentales, estamos legislando sobre libertades y estamos legislando sobre su limitación.
Esto es de la máxima gravedad, es absolutamente necesario, pero para un legislador hablar de derechos y deberes fundamentales y, además, de la limitación de ellos, en este caso para las Fuerzas Armadas, es una tarea que tenemos que hacer con exquisito equilibrio y, desde luego, en el marco de la Constitución y en el marco que ya existe -y a él se ha referido la señora ministra- de la interpretación del Tribunal Constitucional en el 2001. Por tanto, hablamos de limitar algo sagrado y hablamos de regular sobre derechos y deberes fundamentales. Pero lo decimos además para nuestras Fuerzas Armadas, que tienen unos rasgos muy singulares, y esto requiere de nuevo ese ejercicio de responsabilidad.
Estamos hablando, insisto, de derechos fundamentales, de libertades públicas y de las limitaciones para su ejercicio, para los miembros de unas Fuerzas Armadas sometidos a reglas de comportamiento muy definidas en el artículo 4 y que incorporan también principios normalmente ajenos a cualquier otro grupo profesional, como son disciplina, jerarquía, unidad y neutralidad como norma de actuación. Pero yo mencionaba también el respeto que nos inspira regular derechos y libertades -y vuelvo a decir, y limitarlos de acuerdo con los preceptos constitucionales- a las Fuerzas Armadas, que se expresa en el artículo 6 de este texto -y me importa decirlo para quienes estén más ajenos a este texto- de la siguiente manera. Respecto a las normas de comportamiento, por ejemplo, en el artículo 6.1, primera norma de comportamiento, se dice: La disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida cuando fuera necesario, constituye su primer y más fundamental deber que ha de tener su diaria expresión en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la Constitución, en la Ley Orgánica de Defensa Nacional y en esta ley. Señorías, estamos hablando de nuestras Fuerzas Armadas, de su primera norma de comportamiento, que es esta, de esta gravedad; estamos hablando de sus derechos, de sus deberes y de sus límites, y vuelvo a insistir en nuestra voluntad de acuerdo y en nuestro enorme sentido de la responsabilidad. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
El texto, señora ministra, creemos que ha de ser muy enmendado, y le vamos a pedir -además, se lo pedimos personalmente- que trabaje para que sean aceptadas las enmiendas que todos los grupos posiblemente vamos a acordar. Desde el Gobierno, tanto desde la parte política como desde la parte técnica -y lo hemos visto una y otra vez en todos los gobiernos-, se entienden las enmiendas como una agresión: hay alguien que sabe mucho menos que tú que se permite enmendar. Es necesario enmendar esta ley, señoría, y todos los portavoces lo han expresado. Yo no iré a cuestiones concretas, pero sí digo que hay una inseguridad jurídica en su redacción, y a la inseguridad jurídica no se le llama flexibilidad, porque siempre juega en contra del más débil y hay que evitarla. Existe lo que el portavoz de su grupo, señor Alonso, llamaría polisemia. Detrás del término sindical no puede haber cualquier reivindicación profesional; no puede tacharse de sindical y por lo tanto decir que la sindicación no está prevista. Tenemos grandes e importantes enmiendas para evitar esta inseguridad jurídica. Tenemos que buscar la ampliación de los derechos y no la limitación; la exacta, la precisa, la constitucional, pero ninguna más. Entonces, ampliemos los derechos. Por ejemplo, entendemos que los derechos individuales se canalizan difícilmente a través del consejo de personal; pensemos en no recortar derechos que ahora hay y dar mayor peso colectivo que peso individual. Busquemos la eficacia, señoría; estamos creando órganos que posiblemente no sirven para nada. (El señor Campos Arteseros: Ya estamos con que no sirven para nada.) De hecho, el consejo asesor actual no ha sido oído, es decir, los cuatro consejos asesores. Si creamos de nuevo órganos que no vayan a ser oídos, observatorios como tantos que hay en España que no nos van a servir...Intentemos ser eficaces y rigurosos, aprovechemos esta ley, señora ministra, para coger el toro por los cuernos -esta vez sí, como decía Van Rompuy- con la carrera militar. Es el momento de hacerlo, no son muchas cosas, son cuatro, señoría, pero aprovechémoslo.
Por último, en el consejo de personal -aquí se ha dicho- vamos a tener un problema grande a la hora de determinar, insisto, la precisión jurídica de cuáles son sus competencias; que en las que las tengan sea preceptivo ser oídos -no solo podrán sino que deberán-; en qué materias lo son y, por otro lado, cómo hacemos la representatividad de ese consejo. Es un hecho, hay que preservar los datos por la Ley de Protección de Datos y no está aquí bien regulado cuál puede ser la representatividad.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Rodríguez-Salmones, por favor.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Termino ahora mismo, señora presidenta.
Estas son las líneas básicas en donde articularemos nosotros más de 50 enmiendas. Por otro lado, solo queremos aprovechar este momento, señora ministra, para volver a mostrar nuestro compromiso, nuestro reconocimiento y nuestro respeto por las Fuerzas Armadas, y nuestro deseo, por lo tanto, de que esta ley sirva efectivamente como la ley del siglo XXI en el sentido en el que están marchando todos los ejércitos europeos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuadrado.
La señora ministra ha presentado hoy un proyecto de ley que -lo voy a decir con palabras del propio Consejo de Estado, que ha hecho un dictamen que yo creo que nos ahorra bastantes explicaciones sobre las características del proyecto de ley y sobre lo que el proyecto de ley supone en el marco del derecho militar español que, como dice el propio consejo, se ha modificado de una manera muy importante en la legislatura anterior y en la presente- es un buen proyecto de ley y las intervenciones que se han producido aquí en un debate de totalidad creo que lo demuestran suficientemente. Hay una base de consenso con el proyecto de ley y por lo tanto, como decía el señor Xuclà, ahora el problema más bien es nuestro. Y respecto a los retrasos a los que se refiere la enmendante en su totalidad, pongámoslo de relieve, si hay algún retraso o alguna pérdida de tiempo es responsabilidad de los grupos parlamentarios, de todos los grupos parlamentarios, porque hace meses que está este proyecto de ley en la Cámara. Empezaré por ahí, señora ministra.
Lo que dice el dictamen del Consejo de Estado sobre este proyecto de ley es lo siguiente, y yo creo que se entiende mucho mejor así: dice que este proyecto de ley de derechos y deberes de los militares se une a un ya considerable conjunto de normas de derecho militar que se han aprobado durante la presente legislatura y la anterior. Es verdad, no se podría entender este proyecto de ley si no es en el marco del mayor proceso de reformas de la política militar española que se concentra solo en seis años. Si no, no se puede entender; si no, haremos un discurso sobre cómo eran las Fuerzas Armadas hace años y a qué tipo de cuestiones tenían que enfrentarse. Hoy, señora enmendante, las Fuerzas Armadas españolas no hacen de todo, hacen exactamente lo que dice el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional que aprobamos en el año 2005; exactamente eso. Conviene recordar -y aprovecho para felicitar a las Fuerzas Armadas españolas que son el grupo profesional mejor valorado, y con distancia, de todos los de la sociedad española- que hoy las Fuerzas Armadas, por ejemplo, cuando participan en la extinción de un incendio o cuando participan en una emergencia, cualquiera de ellas, no lo hacen porque los militares hacen de todo, lo hacen porque están preparados para ello, dotados para ello a través de la Unidad Militar de Emergencias, por ejemplo. Por tanto, conviene que el conjunto de la sociedad española en un debate como este tenga en cuenta que eso se ha producido durante muchos años, que eso es muy importante y que eso hace que hoy exista una enorme identificación de la sociedad española con las Fuerzas Armadas españolas, con la política militar española, con lo que hacen los militares españoles en materia de seguridad, de defensa y también de apoyo a los servicios del Estado. Por tanto, esto lo dice el Consejo de Estado, pero es importante que lo recordemos.
Algún participante en el debate ha dicho que hay cierto retraso, de algunos meses se dice. Puede ser, pero conviene que se sepa que se han producido -y el señor Llamazares se ha referido a esta cuestión- cambios previos. Por ejemplo, en el año 2009 se aprueba el Real Decreto de las Ordenanzas Militares y este es un tema muy importante. Esta ley recoge, en su artículo 6, los cambios que se han producido en las reglas de comportamiento. El cambio que se ha producido en las reglas de comportamiento es muy importante para la política de seguridad y defensa de España, porque esas reglas de comportamiento se ajustan a lo que hoy hacen los militares. Los militares españoles hoy están en Afganistán, están en el Índico en una fragata, están haciendo labores que no son las que hacían hace veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años. Por tanto, esas reglas de comportamiento -por cierto, quiero ponerlo de relieve- hacen que hoy el conjunto de la sociedad española esté de acuerdo, valore cómo actúan esos militares, con qué reglas de conducta actúan y no solamente la sociedad española, sino el conjunto de la comunidad internacional que felicita reiteradamente la forma en que trabajan nuestros militares en escenarios muy arriesgados, muy difíciles y muy complicados muy lejos de nuestras fronteras. Primera cuestión.
Segunda cuestión. Este proyecto de ley, señora ministra -es verdad, y usted lo ha planteado en esos términos-, supone una pieza más de un cuerpo legislativo para regular una parte fundamental de la seguridad y la defensa de España, una parte fundamental de una de las cuestiones más importantes a las que se dedican los militares españoles, que es la producción de un bien público como el de la seguridad; es una pieza más.
Por tanto, hay alguna confusión, algún error que conviene evitar.
Voy directamente ya a la enmienda a la totalidad. Estoy de acuerdo con el señor Beloki. Yo también me pregunto cuál es el sentido de esta enmienda a la totalidad sinceramente, leyendo el texto y oyendo atentamente su intervención. Usted ha dicho que es una oportunidad para que discutamos sobre el proyecto de ley. Puede que ese sea el sentido, pero no entiendo el contenido, la razón de una enmienda de totalidad; no la entiendo leyendo el texto. Dicho esto, tengo que decir
que además hay una cuestión que me preocupa. Hay cuestiones que usted plantea que se resuelven con enmiendas parciales. ¿Cómo se fija la representatividad de las asociaciones? ¿Mediante el uno por ciento del total? ¿El 3 por ciento de cada una de las escalas? ¿El 1,5 por ciento de tropa y marinería? Pues lo discutiremos. Incluso le he oído a la señora Rodríguez-Salmones una idea que me ha parecido muy interesante sobre cómo regular el peso de cada una de las asociaciones, porque evidentemente no vamos a tener 200 asociaciones en el consejo. Son temas de enmiendas parciales. Pero hay una cosa que me preocupa. Sinceramente, no entiendo por qué este proyecto de ley puede servir para que usted plantee la cuestión de si el castellano está suficientemente protegido en Cataluña o no. No lo entiendo y no lo asociaría yo nunca a un debate sobre los derechos y deberes de los militares españoles. Me ha preocupado cuando he visto una parte esencial del texto. Una cosa es el derecho a la enseñanza de los militares y otra cosa es la cuestión que, aprovechando ese asunto, usted introduce en su enmienda a la totalidad.
Hablando seriamente de este proyecto de ley, hay algunas cuestiones que usted plantea y que creo que son sencillamente errores de bulto. Por ejemplo, no es verdad, señora Rodríguez-Salmones, que este texto esté pensado para limitar derechos. Ya sé que usted no lo piensa, pero se puede derivar de alguna cuestión que usted ha mencionado. Está para ampliar derechos. Este texto amplía derechos. El debate -que yo creo que ha confundido la señora Díez- es el siguiente: ¿Por qué hacemos una ley de derechos y deberes de los militares? Porque algunos de sus derechos fundamentales están constitucionalmente limitados por el artículo 28, apartado 1. ¿Qué hace esta ley? Ampliar las posibilidades que tienen de libertad de expresión y de asociación dentro de esos límites. Por hablar del derecho a la libertad de expresión, con este proyecto de ley, cuando sea ley, los militares españoles van a tener la libertad de expresión que hoy tienen más la que les permite el artículo 27 de este proyecto de ley.
Por tanto, van a mejorar su libertad de expresión, de asociación y de representación. Como dice el propio Consejo de Estado, lo que resuelve este proyecto de ley -y le felicito, señora ministra, por esta forma de resolverlo- es lo siguiente. Señora Díez, este proyecto de ley no se refiere a todos los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares, como usted parece entender por el texto. Solamente tiene que entrar y regular en aquellos que están limitados. Por eso, cuando usted habla de conciliación familiar, se le olvida que eso está regulado en la Ley de la Carrera Militar. Por eso, cuando usted habla de disciplina militar y se refiere a una sentencia, se confunde y no se da cuenta de que si usted quisiera modificar el régimen de disciplina militar tendría que plantear una modificación de la Ley Orgánica de la disciplina militar aprobada en su día. Por tanto, señora Díez, parte de errores de bulto que no tienen nada que ver con este proyecto de ley.
Por ejemplo, usted plantea en el texto algo que he oído muchas veces a algunos otros sectores. El proyecto de ley de derechos y deberes no es para establecer los derechos laborales, profesionales, económicos y sociales de los militares. Es un marco para que lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2001 se pueda hacer. Lo que dice el Tribunal Constitucional, que es lo que regula este proyecto de ley, es lo siguiente. Dice: El hecho de que los militares no puedan tener sindicatos ni hacer acción sindical -que es verdad y por eso estamos aquí- no quiere decir que no puedan tener asociaciones que defiendan los derechos profesionales, económicos y sociales. Por tanto, la ley regula un marco -consejo, asociaciones, porcentaje de representatividad- para que puedan defenderlos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Cuadrado, por favor.
El señor CUADRADO BAUSELA: Termino, señora presidenta.
Pero usted habla de la conciliación familiar. ¿Qué tiene que ver esto con la conciliación familiar? Ya la está procurando el ministerio; creando muchas guarderías, por ejemplo. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Es un error de bulto.
Termino, señora presidenta. En primer lugar, como es evidente que hay un marco de consenso y acuerdo entre todos los grupos con respecto a este proyecto de ley, es razonable la apelación que ha hecho a los grupos parlamentarios la señora ministra para que antes del verano de 2011 este proyecto de ley esté terminado y se haya convertido en una ley. En segundo lugar, estoy de acuerdo con que el proceso de enmiendas parciales va a mejorar este proyecto de ley, pero hay una base de consenso que es muy importante que tengamos en cuenta. En cualquier caso, vuelvo al principio. Durante seis años se ha producido el proceso más intenso de reformas de la política militar española, que hace que hoy los militares españoles estén haciendo lo que quieren los españoles y como quieren los españoles. Por tanto, esta ley no es más que una pieza más, y bienvenida sea, señora ministra. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Cuadrado.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000254.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al debate de la toma en consideración de la proposición de ley orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. A esta proposición de ley se han presen
tado dos enmiendas de totalidad. En primer lugar, para defender la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
Señorías, mi grupo parlamentario, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, ha presentado un texto alternativo de reforma del sistema electoral. Es un texto alternativo que pretende una reforma electoral que regenere la vida política de nuestro país y que garantice la representatividad del sistema político a la par que la gobernabilidad. Por otra parte, también ha presentado una enmienda que pretende acabar con una regresión que se produce en el texto presentado ante la Cámara, una involución, la negación del derecho a los emigrantes del voto en las elecciones locales, es decir, la consideración de una parte de los ciudadanos españoles como ciudadanos de segunda que no tienen plenos derechos en términos políticos.
Señorías, si alguien preguntase a los ciudadanos en nuestro país sobre los problemas de nuestro sistema electoral, el primer problema, el problema que ha provocado un escándalo social, sobre todo en las últimas convocatorias electorales, sería el de la falta de representatividad de nuestro sistema electoral. A los ciudadanos no les cabe duda, y además lo podemos estudiar en sucesivos procesos electorales, de la gobernanza o de la gobernabilidad de nuestro sistema político. No ha sido un sistema político inestable en ningún caso, pero a los ciudadanos tampoco les cabe duda que esa gobernabilidad llevada a su extremo fuerza a la representatividad hasta tal punto que la niega y que hoy en esta Cámara haya diputados que necesitan para ser elegidos 60.000 votos y haya otros que necesitamos para ser elegidos multiplicar ese número de votos por siete, por ocho o por diez. Es decir, hay una clara discriminación desde el punto de vista de los derechos políticos y una clara negación de los principios democráticos que contempla nuestra Constitución, que contempla en el principio de una persona un voto y en el principio de proporcionalidad, pero principio democrático y de proporcionalidad que no se cumple más que en una minoría de las circunscripciones. Hoy podemos decir que a lo largo del periodo democrático se ha ido reduciendo de forma muy importante la representación proporcional y que hoy queda circunscrita a únicamente las provincias más pobladas del Estado, siendo el resto de las provincias del Estado prácticamente el resto de las circunscripciones de representación mayoritaria pura. Señorías, esa sería la conclusión de los ciudadanos de una reforma basada fundamentalmente en la recuperación de la proporcionalidad. No es así porque los grupos parlamentarios de la Cámara, las mayorías parlamentarias y los grupos nacionalistas han considerado que el actual sistema electoral les conviene y que les conviene asimismo que las terceras fuerzas políticas de carácter estatal se mantengan discriminadas del sistema de representación política, se mantengan en una situación de marginación y, por tanto, que nuestro sistema electoral sea piedra de escándalo entre una parte importante de los ciudadanos únicamente por el interés de una mayoría. En el sistema democrático, señorías, el interés de una mayoría no puede negar los derechos de una minoría, y ustedes están negando los derechos de las minorías de carácter estatal a ser representadas dignamente en el Congreso de los Diputados. Pero es que además de esta cuestión, esta perversión del sistema proporcional tiene repercusiones más allá de la representación en la Cámara. Tiene repercusiones en la polarización de la vida política, que ha sustituido a la pluralidad política, que era una parte esencial de nuestro sistema democrático; polarización que hace imposibles o muy difíciles los acuerdos; polarización que degrada la vida institucional en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial, prácticamente en las principales instituciones del Estado. Por otra parte, este es un sistema político que fuerza de alguna manera el voto de una parte de los ciudadanos; un sistema político que se puede denominar de gota malaya, que obliga a los ciudadanos de las circunscripciones donde el sistema es mayoritario a optar únicamente entre las dos fuerzas políticas principales del país y les niega el derecho a un sistema representativo y plural.
Por todas estas razones, mi grupo parlamentario ha presentado una iniciativa ante la Cámara que pretende subsanar el principal problema de nuestro sistema político, el carácter contraproporcional de la representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, contrario a la Constitución y contrario al principio de representatividad. Ese es el principal objetivo de esta iniciativa, pero, como decía, también pretendemos reparar lo que nos parece una afrenta a una parte de los ciudadanos, los ciudadanos residentes en el exterior, a los cuales inexplicablemente se les niega el derecho al voto en elecciones locales.
Por eso nuestra enmienda tiene estos dos aspectos fundamentales e incorpora -es verdad- alguna de las medidas avanzadas, de las medidas positivas que en la Comisión Constitucional se han acordado respecto a la reforma de la Ley Electoral. Señorías, ¿cómo recuperar la proporcionalidad en nuestro país sin modificar la Constitución? Pues bien, a través de tres medidas fundamentales que han sido incluso objeto de recomendación por parte del Consejo de Estado y que nosotros reflejamos en nuestra enmienda. Una primera medida es modificar el mínimo de diputados por cada una de las circunscripciones, porque en nuestra opinión en estos momentos cuentan más los territorios que los ciudadanos en circunscripciones poco pobladas. Por otra parte, nuestra enmienda contempla la creación de un fondo de restos, en nuestra opinión plenamente constitucional, a la manera del modelo alemán, para el reparto de esos restos. Asimismo proponemos la modificación del método D´Hondt por el método Hare, que en palabras de algunos diputados es un método desconocido, pero tan desconocido que lo tienen Dinamarca, Alemania y
Grecia, al menos que yo sepa en estos momentos, junto con otros países europeos. Por tanto, no es un método de atribución extraña de los restos sino un método más proporcional que el método D´Hondt. Con estas medidas, en nuestra opinión, quien gana es la pluralidad de partidos de carácter estatal y quienes pierden son fundamentalmente las dos fuerzas mayoritarias, que en estos momentos se reparten diez escaños que deberían corresponder a mi fuerza política, a Izquierda Unida. Pero yo creo que fundamentalmente ganan los ciudadanos en pluralismo político y en representatividad, sin menoscabo de la gobernabilidad, que nunca ha estado en cuestión en nuestro país y que se ha mantenido sólida a lo largo de los últimos procesos políticos y electorales.
Por otra parte, también en nuestra enmienda incorporamos la recuperación del derecho al voto de los emigrantes españoles para que no se dé la paradoja que se da en estos momentos, y es que mediante convenio estamos reconociendo el derecho de voto legítimamente de los inmigrantes a las elecciones locales y al mismo tiempo les negamos el voto a los emigrantes españoles, a los ciudadanos españoles en el exterior. Esta paradoja nos parece inaceptable y, por tanto, queremos reponer a estos ciudadanos españoles sus plenos derechos tanto activos como pasivos en las elecciones locales; derechos que se les niegan inexplicablemente en la reforma que presenta la mayoría de la Cámara.
Termino, señorías. Nosotros consideramos que la reforma de la Ley Electoral debería haber sido una oportunidad no solamente para retoques o maquillajes de procedimiento electoral, no solamente para un cierre de filas de los partidos mayoritarios, un cierre de filas del bipartidismo para consolidar el modelo bipartidista en nuestro país, sino que debería haber sido la oportunidad para una reforma a fondo de lo que podríamos llamar la ley Lampedusa, heredada de la transición democrática, por la cual se garantiza que cambie todo para que nada cambie realmente a fondo.
Por tanto, en nuestra opinión sería muy importante que no solamente modificáramos el procedimiento electoral sino también el sistema electoral, y es lo que proponemos en nuestra enmienda. Sé que esta enmienda no tendrá el apoyo de los grupos parlamentarios de la Cámara; sé que los grupos mayoritarios antepondrán sus intereses electorales a los intereses generales; sé que finalmente prevalecerá el bipartidismo sobre la representatividad. Pero les digo que si hasta ahora nosotros no nos hemos reconocido representados suficientemente en esta Cámara, a partir de ahora vamos a utilizar todos los mecanismos en nuestra mano para modificar una ley que nos margina y que quiere ilegalizar un millón de votos de este país. El objetivo de esta ley y el objetivo de la dinámica que decía antes de la gota malaya convierte el voto útil en un voto forzado, en un voto no voluntario en relación con los ciudadanos en concreto de mi fuerza política y de otras fuerzas políticas que pudieran ser la tercera fuerza política a nivel del Estado. Esas son las razones de nuestra enmienda de texto alternativo, sabemos que tenemos pocas posibilidades, pero no vamos a cejar porque estamos convencidos de que en estos momentos no solamente tenemos una grave crisis económica, sino que tenemos también una grave crisis política y que por tanto es necesario avanzar en el cambio pero también en la regeneración de nuestro sistema democrático.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene en primer lugar la palabra el señor Perestelo.
Señorías, permítanme que en primer lugar dirija un saludo a los miembros de la Plataforma contra la privación del derecho al voto de españoles en el exterior que se encuentran en el salón de Pleno. Permítanme también que les lea una reflexión: Me llamo Carmen Castro, nací en España, vivo en Suiza desde hace 35 años. Dejé España por la represión franquista y por trabajo. Renuncié a la nacionalidad suiza por conservar la española.
Mis padres, hermanos y amigos de la infancia viven en España. Carmen Castro tiene propiedades en España y paga sus impuestos. Todos los meses envía dinero a España. Pasa todos los veranos en España. Se preocupa por estar informada de lo que pasa en España. Votó en todas las municipales desde que tenemos democracia en España y ahora se lo prohíben. El voto emigrante no está manipulado. Los escándalos o manipulaciones del pasado crearon una enorme alarma social a pesar de afectar a muy pocos países y votos, pero se pueden evitar totalmente con voluntad política introduciendo pequeñas modificaciones en la Ley Electoral. Señorías, esta reflexión de una española que conserva su nacionalidad en la emigración contrasta -yo creo que notablemente- con esta información de periódicos de estos días: El Partido Socialista se lanza a buscar el voto de un millón de nuevos inmigrantes. Contrasta también con los acuerdos que tiene España firmados en el marco de la Unión Europea que permiten que nacionales de otros países de la Unión Europea, por vivir un mes en España, puedan votar y participar en las elecciones locales a ayuntamientos o a cabildos en el caso de Canarias. Por tanto, señorías, estamos ante lo que consideramos una injusticia.
Por eso, señorías, con esta enmienda a la totalidad de texto alternativo Coalición Canaria quiere expresar su frontal oposición y rechazo a la exclusión de los españoles residentes en el extranjero -más de 50.000 canarios- de las elecciones municipales e insulares canarias. La única modificación que requiere ahora mismo la Loreg -y esa es la alternativa que mediante esta enmienda se pretende- es adecuar el voto en la urna a los ciudadanos que residen en otro país. Políticamente, Coalición Canaria se viene oponiendo a cualquier deci
sión que limite el voto en el exterior de los españoles en
general y de los canarios en particular en cualquier tipo de elección, sea o no constitucional, en referencia a las elecciones municipales. Esta ley, si prospera, va a dejar tirados a esos ciudadanos que viven en el exterior. Las formaciones que apoyan esta ley en los términos en los que ha sido presentada se han puesto de acuerdo para legitimar la existencia de españoles de primera y de segunda; ciudadanos que emigraron por voluntad propia unos y por necesidad otros, pero que en todo caso mantienen vivos sus vínculos con sus lugares de origen; ciudadanos que, como en el caso de los canarios, mantienen nuestra cultura y nuestras tradiciones casi de manera más auténtica que los que vivimos en el Archipiélago. No podemos dar la espalda a aquellos que durante décadas han mandado sus ahorros a las familias que quedaron aquí sin recursos para subsistir. Ese esfuerzo de decenas de decenios, esa perseverancia en mantener nuestras señas de identidad es correspondida desde el poder político, desde sus conciudadanos, con la privación de uno de los derechos más íntimamente ligados al estatus de ciudadano, que es el derecho al sufragio. Coalición Canaria no va a ser cómplice de tal latrocinio; Coalición Canaria proclama que el voto de los ciudadanos en el exterior tiene igual valor que el de los residentes; todos somos integrantes del mismo ente, el pueblo español. No creo que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español les digan a la cara a los miles de ciudadanos que viven en el exterior que ya no nos interesan, que no pueden participar en la gobernabilidad del país, que por haber tenido que emigrar se les va a privar de poder elegir a sus representantes como el resto de españoles o canarios. Entendemos que jurídicamente esta medida es inconstitucional puesto que afecta al derecho de igualdad de todos los españoles que proclama el artículo 14 de la Constitución Española, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de su condición de residente o no en España para privarles de un derecho fundamental. Por ello, Coalición Canaria acudirá a los tribunales para impedir que se consuma tal privación.
Coalición Canaria presentó la pasada legislatura diferentes iniciativas para la modificación de la Ley Electoral con la finalidad de que los españoles residentes en el exterior puedan ejercer su derecho al voto de forma efectiva. Si bien esta ley establece esta posibilidad, creemos que es manifiestamente mejorable, por lo que este texto regula las demarcaciones y secciones electorales en el voto exterior, las funciones de los consulados y de las mesas el día de la elección y la campaña electoral, el voto por correspondencia de los inscritos en el CERA así como las especialidades del escrutinio. Lo plasmado en esta enmienda alternativa es el reflejo que damos al clamor de los españoles residentes ausentes, manifestado en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, e implica que los consulados generales, viceconsulados y centros españoles sean habilitados para los procesos electorales, que la campaña de votación y el escrutinio anticipen lo que pasa en España, con la finalidad de que se visualice perfectamente que estos ciudadanos han de tener reconocidos y valorados sus derechos y que cuentan a la hora de tomar las decisiones más importantes y de elegir a sus representantes.
Termino, señorías. Esta ley se ha hecho con precipitación e incluso desconocimiento de la realidad del Estado español. Se alega por parte de los proponentes de la ley el informe del Consejo de Estado en relación con el Estatuto de vecindad. A partir de ahí, se resuelve negar el voto a los emigrantes que no son vecinos, que no tienen Estatuto de vecindad en ese municipio, y sin embargo también se incluye a los cabildos insulares.
Una vez más, se trata de un desconocimiento de la realidad diferente de Canarias, una realidad que espero que los diputados canarios del Partido Socialista y del Partido Popular entiendan por qué no podemos dar un voto favorable a la tramitación de esta ley y por qué tenemos que apoyar esta enmienda a la totalidad. Se plantea que el Estatuto de vecindad es obligatorio para las elecciones municipales, y díganme ustedes, señorías, cómo se refiere este Estatuto de vecindad en las elecciones a los cabildos insulares.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el régimen electoral es una pieza clave del Estado constitucional puesto que habilita la participación política de los ciudadanos, transforma sus votos en escaños y, en definitiva, hace operativo el principio democrático en las instituciones de nuestro Estado, que propugna como uno de sus valores superiores el pluralismo político. No se trata, pues, de defender el buen trato a una fuerza política o a otra, lo que por otra parte está recogido en la Constitución, sino de defender el derecho activo y el derecho pasivo de los ciudadanos a participar en condiciones de igualdad en los procesos electorales, el derecho activo de los ciudadanos a que su voto valga igual que el de su convecino, viva en la parte de España en la que viva y vote a la opción política que vote, y el derecho pasivo de las organizaciones políticas de ser elegidas también en igualdad de condiciones, un precepto constitucional básico en cualquier constitución democrática del mundo. Estudiemos pues hasta qué punto ese derecho activo y ese derecho pasivo están siendo vulnerados de forma permanente por nuestro marco electoral, por nuestra Ley Electoral.
Como hemos analizado en numerosas ocasiones con anterioridad, la Ley Orgánica 5/1985 vino a consolidar un sistema electoral cuyos parámetros principales se fijaron en la todavía franquista Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977. Conviene recordar, ya
que se habla tantas veces de la memoria histórica, que nuestra Ley Orgánica Electoral está basada en esta ley franquista de enero de 1977, cuyos principios fueron después recogidos en el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, que reguló las primeras elecciones tras la dictadura franquista. En 1978 pasaron a formar parte de la Constitución española y, finalmente, todos ellos fueron ratificados en el año 1985 por nuestra ley actual. Conviene recordar estos antecedentes para aquilatar correctamente el origen y las pretensiones de la ley que pretendemos a través de esta enmienda a la totalidad y, una vez más, cambiar. Si el objetivo del legislador de entonces era mantener un sistema que garantizara el bipartidismo, los objetivos del legislador del siglo XXI han de ser instaurar un sistema político que garantice la pluralidad, la igualdad de los electores ante la ley al margen de su opción ideológica y el control de los ciudadanos sobre los poderes públicos. Esta es la cuestión más importante, el control de los ciudadanos sobre los poderes públicos, esto es la regeneración democrática. El ciudadano ha de tener percepción de que su voto sirve, de que su voto se transforma en representante político con el mismo grado de dificultad independientemente de que vote a una opción política u otra. Esto es lo más importante de este debate que hoy nos ocupa.
La Ley Electoral actual consagra algunas magnitudes que en nada se corresponden a la España de hoy. Así, dentro del rango entre 300 y 400 diputados que fija el artículo 68 de la Constitución, el artículo 162 de la Loreg optó por mantener la magnitud de los 350 diputados que ya figuraban en la ley preconstitucional a la que hice referencia. Sin embargo, las peculiaridades de la distribución poblacional española y el crecimiento del padrón de habitantes desde 1977 han originado la segunda ratio entre diputados y electores más baja de los países europeos. El artículo 68.2 de la Constitución consagró también una representación mínima inicial por provincia, de suerte que 100 escaños de la Cámara más otros dos de Ceuta y Melilla se asignan con independencia de la población. Finalmente, y para garantizar el principio de proporcionalidad mandatado por la Constitución, la Loreg optó por recoger -aunque sin nombrarla- la fórmula utilizada desde las primeras elecciones democráticas en España, conocida como la regla D'Hondt, que es la que más se parece al sistema mayoritario. Nuestra propuesta de reforma recoge una buena parte de las recomendaciones que el Consejo de Estado hizo a la subcomisión Constitucional en aras de garantizar la igualdad de electores y partidos políticos en el proceso electoral y de revalorizar la participación de los ciudadanos en la designación de sus representantes.
En relación con el primero de estos objetivos, la igualdad de electores y partidos políticos, se ha optado por el aumento del número de diputados hasta 400. Habrá quien me diga -ya se me ha dicho en otra ocasión- que ahora que estamos con tantas dificultades de carácter económico elevamos la cifra de 350 a 400. Podríamos plantear varias propuestas, pero déjenme que les recuerde -para tratar de acallar esa respuesta tan demagógica- que la Asamblea de Madrid tiene 120 diputados. Si queremos ahorrar podemos empezar por ahorrar en asambleas como la Madrid, 120 diputados y sin límite, porque está en relación con la población y, por tanto, puede extenderse hasta tener 500 diputados. A modo de ejemplo. Por tanto, de 350 a 400. La segunda propuesta es la reducción de la representación mínima inicial a un diputado. Al mismo fin contribuye la sustitución de la fórmula D'Hondt por la fórmula Hare -que también ha mencionado Gaspar Llamazares en defensa de su enmienda a la totalidad-, que no solo es una fórmula conocida en muchos países europeos, sino que al utilizar para la distribución de los restos la cuenta de Borda hace que el sistema sea mucho más proporcional y, por tanto, mucho más justo. Por lo que respecta al segundo objetivo, el refuerzo de la participación de los electores en la designación de sus representantes, se modifica el sistema de listas de candidatos al Congreso de los Diputados en nuestra propuesta, permitiendo que los votantes especifiquen el orden de preferencia de los candidatos incluidos en la lista. Es decir, se implanta en el artículo 172 que venimos a proponer el sistema de listas desbloqueadas, instrumento a nuestro juicio fundamental para la regeneración democrática, que los ciudadanos tengan la lista y que marquen con una crucecita cómo se ordena la lista que hemos presentado los partidos políticos.
En relación con las campañas electorales, la reforma que planteamos persigue, de un lado, evitar la incidencia de los poderes públicos en la misma mediante la eliminación de campañas institucionales de inauguración de obras. Planteamos otra serie de reformas, como suprimir el mailing con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Puestos a ahorrar, les propongo que ahorremos por ahí, suprimiendo el mailing, para que sean los partidos políticos los que corran con ese gasto pero no a través de los presupuestos de todos los ciudadanos. Esta reforma, desde nuestro punto de vista, es clave para la regeneración democrática, para que los ciudadanos recuperen el control sobre la política, para la recuperación de principios constitucionales...
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... que no son negociables. Garantizar la igualdad jurídica y la libertad individual requiere reformas profundas de un sistema electoral que pervierte el propio sistema democrático. Unión, Progreso y Democracia no va cejar tampoco hasta conseguir estos objetivos que no son ideológicos sino democráticos. Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular quieren cambiar una ley que les garantiza perpetuarse en el poder, pero ambos estarán más que dispuestos a cambiarla cuando necesiten los votos de un tercero para conseguir...
La señora DIÉZ GONZÁLEZ: ... el poder o para mantenerse en él. Queda dicho, esa será nuestra condición innegociable. A partir de ahí podremos hablar, pero queda dicho que esa será nuestra condición innegociable para cualquier futuro acuerdo si los ciudadanos nos dan la posibilidad de condicionar quién y sobre todo cómo se gobierna.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Esteban.
La verdad es que no será por falta de debate de este asunto, que estamos trayendo una y otra vez, por lo que se acaban agotando los argumentos por parte de unos y otros. Intentaré aportar algún ejemplo más de lo que hemos hecho hasta ahora. Básicamente lo que se plantea en estas enmiendas a la totalidad con texto alternativo son dos cosas. Por una parte está el asunto del CERA y del voto de los residentes en el exterior, que se excluye en este caso para las elecciones municipales; no, quiero insistir, para aquellos que sean vecinos del municipio, pero sí en el resto de los casos. Se nos plantea como contradictorio a los acuerdos que se están tomando con diversos países para que los inmigrantes residentes y vecinos de municipios del Estado español puedan votar. En nuestra opinión, no es en absoluto contradictorio. Por una parte, hay que tener en cuenta que la extensión del derecho a la nacionalidad ha sido enorme en estos últimos años. Nos encontramos en estos momentos con personas que tienen la nacionalidad española y que nunca han pisado el territorio del Estado español; gente que, por tanto, podría votar en elecciones municipales sin conocer siquiera el lugar donde está votando, sin tener ninguna conexión con el lugar en el que vota y que, sin embargo -lo decimos porque sabemos en que algunas zonas del Estado español ha sucedido así-, puede dar un vuelco, puede decidir qué alcaldía, qué mayoría habrá en determinado municipio. No parece que eso tenga mucho sentido. Se podría poner en cuestión, pero creo que sería más discutible el voto a la hora de hablar de las Cortes. Desde luego a la hora de hablar de lo municipal me parece que puede estar perfectamente justificado, sobre todo porque la Constitución asocia a la vecindad ese derecho a voto en las elecciones municipales, y que en esas elecciones, que son las más cercanas a lo práctico, podamos imbricar a los inmigrantes en la vida social y en la vida política del país nos parece más importante. Porque, seamos sinceros, puede haber un voto de un español que no ha tenido ninguna conexión con ese municipio, que ni lo conoce, y el de un inmigrante que lleva muchos años viviendo allí. ¿Qué voto tiene más sentido? Pues, sinceramente, en este caso, en el municipal, el del inmigrante. Por tanto, nos parece adecuada la medida que se ha tomado.
El otro gran tema es el sistema de elección, sobre todo de esta Cámara, del Congreso de los Diputados. Quiero decir que no solo a este tema, sino a muchos otros, les hemos dado vuelta con detenimiento. Muchas de las cosas ya se han dicho en otros debates. Nosotros no vemos nada claro el aumento de 350 a 400 en el número de diputados, porque, seamos realistas, todos conocemos cómo funciona esta institución. Sabemos que en los grandes grupos, más allá de un bloque de 70, 80 ó 90 diputados, el trabajo del resto de los diputados -siento ser tan crudo en explicitarlo- es puntual, muy puntual, más allá del voto en el plenario. Aumentar a 400 no parece que tenga sentido a la hora de crear mayor eficacia en esta institución, a no ser que sea que haya más a repartir y entonces algunos piensen que de esa manera pueden obtener más escaños o que sea una idea subyacente en la mente de algunos decir que de esa manera las minorías nacionalistas van a ver su representación disminuida en términos proporcionales. En consecuencia, como comprenderán, nosotros no podemos estar de acuerdo con ello. En todos los sistemas electorales, evidentemente, lo importante es el voto ciudadano, pero que las diversas zonas del territorio, con sus peculiaridades, puedan estar representadas es importante. Por tanto, que exista una representación mínima de territorios aunque tengan menos población tiene su lógica. Además, ¿sería mejor como pretenden algunos con las propuestas que se hacen, intentar por vía electoral que grupos que representan un sentir mayoritario en unas sociedades que se consideran a sí mismas con características diferenciadas, como la vasca o la catalana, estuvieran excluidos de esta Cámara? ¿Sería eso bueno para la democracia española, sería eso bueno para la convivencia española? Sinceramente, creo que no. Hay otros sistemas políticos mayoritarios, etcétera, que nadie pone en duda, que respetan el voto democrático y el voto de los ciudadanos. También quiero añadirles que el sistema Hare a los grupos nacionalistas tampoco les causaría excesivo problema, no es ningún problema porque si uno examina las circunscripciones de menor población, no es de ahí de donde surgen los votos nacionalistas. Por tanto, hablemos claramente; vamos a hacer un ciudadano, un voto, y vamos a hacer una circunscripción única para toda España. Si uno hace eso, nos daríamos cuenta de que los nacionalistas tienen un escaño menos de los que les corresponderían y haría que en la elección anterior, la de 2004, los nacionalistas tuvieran dos escaños menos de los que les hubieran correspondido. Lo que queda claro es que nunca, a pesar de que hubiera sido una circunscripción única, hubiera cambiado la constitución del Gobierno por parte de la formación mayoritaria. Otra cosa es que el problema de algunas formaciones políticas sea que no pueden concentrar el voto en
un territorio, una zona o una circunscripción determinada
y eso es lo que les lastra; pero en elecciones anteriores se comportaron bien en términos electorales y pudieron sacar más escaños.
La señora Díez -y en esto quiero centrar el tiempo que me falta- decía que lo importante es el derecho activo de los ciudadanos a que valga igual que su convecino, el control de los ciudadanos sobre los poderes públicos, que su voto se transforme en la realidad en una representación real en los poderes públicos. Uno tiene la sensación de que esto es según le va y en qué ámbito le va. Permítame que traslade el mismo esquema a las elecciones vascas de 2009, las elecciones que permitieron el Gobierno del señor López apoyado por el Partido Popular y aplaudido por usted misma y por su formación. Uno toma los resultados -no se cuentan los votos de Batasuna, que eran nulos-, hace una circunscripción única, no pone ningún límite mínimo para que pueda tener un partido una representación, ¿y qué nos dan los números? Los números nos dan que los nacionalistas, sin Batasuna, habrían obtenido 39 escaños, más que la mayoría absoluta, y PSOE-PP, 35, junto con UpyD, 36. Por tanto, 39 los nacionalistas y 36 el resto. ¿No decimos que la representación debe...? Pues entonces en todos los lugares digamos lo mismo. No todos los sistemas electorales son perfectos; es que no lo son. Yo estoy apoyando evidentemente el acuerdo y el sistema d'Hont para esta Cámara porque aquí todos los sistemas podrán perjudicar o beneficiar dependiendo de cómo sean. Si aplicáramos el 3 por ciento, señora Díez, usted no estaría representada y la diferencia incluso sería mayor. Por supuesto, si se contaran los votos nulos de Batasuna, ni le quiero contar cuál sería la diferencia. Entrando Batasuna en liza y repartiendo escaños en una circunscripción única, lo que ocurriría es que la ventaja de los nacionalistas sin contar a Batasuna respecto a los constitucionalistas sería de dos escaños más; si se aplicara un límite mínimo para obtener representación de un 3 por ciento, tres escaños más; si contamos los votos que obtendría Batasuna, entonces la diferencia sería nada más y nada menos que de nueve votos entre nacionalistas y los denominados constitucionalistas. Lo que pasa es que los sistemas de representación no son perfectos. Pero no hablemos de la legitimidad de determinados gobiernos cuando resulta que aplicando la receta que usted da para esta Cámara resulta que esa legitimidad no estaría nada clara. Así es, señora Díez.
Muchas gracias, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias a usted, señor Esteban.
Señorías, volvemos a discutir sobre este tema y por parte del Grupo Catalán estamos siempre dispuestos al ejercicio político, legislativo e intelectual de discutir sobre reforma electoral. Hoy tenemos tres enmiendas a la totalidad y los que vamos a votar en contra debemos dar respuesta y réplica a los planteamientos de las mismas. Permítanme que haga tres consideraciones iniciales. Esta no es una reforma menor. Solo por las medidas que hemos adoptado para evitar la capacidad de los tránsfugas de tumbar ayuntamientos y la limitación de la capacidad de esos tránsfugas de alterar la composición de los ayuntamientos, esta es una gran reforma electoral; esta no es una reforma menor. En segundo lugar, quiero decir que esta no es una reforma precipitada, y el señor Perestelo, por el que tengo un gran aprecio, debería saber que durante dos años la representante de su formación política, la diputada Oramas, ha estado trabajando con todos los ponentes de esta ley en una subcomisión de reforma. Esta es una ley muy deliberada y muy meditada. No es una reforma menor, no es una reforma precipitada y, en ningún caso, después de treinta y dos años de vida democrática, podemos tolerar que alguien diga que esta es una reforma electoral de inspiración franquista, porque estas Cortes Generales, en las distintas reformas electorales de la Ley Electoral, han optado, desde la legitimidad democrática de las Cortes Generales, por un determinado modelo, que puede gustar más o menos, pero es inaceptable que se diga que es de inspiración franquista.
Dicho esto, señorías, me debo centrar en los dos grandes temas que han sido impugnados por las enmiendas a la totalidad. Hemos incorporado muchos elementos de mejora en esta reforma electoral como, por ejemplo, garantías para los españoles inscritos en el censo de residentes ausentes, en el CERA, el voto en urna, vieja, digna y lógica reclamación de los residentes españoles en el extranjero; voto en urna en consulado, más voto por correo interno dentro del país y traslado a través de valija diplomática a España para ser distribuido entre los distintos colegios electorales. Quiero recordar que los españoles en el extranjero votarán y continuarán votando en las elecciones a Cortes Generales. Votarán para elegir a sus representantes en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento Europeo, en los parlamentos autonómicos, en los referéndums, y los españoles que sean vecinos inscritos en un municipio pero que vivan en países terceros continuarán votando porque son vecinos inscritos.
Aquellos ciudadanos españoles que vivan en países terceros y estén inscritos en el CERA son ciudadanos españoles que, de acuerdo con lo que nos ha apuntado el Consejo de Estado y siguiendo la literalidad de la Constitución española, no reúnen la condición de vecinos del municipio, que son los que eligen el ayuntamiento; el ayuntamiento o la corporación local será elegida de entre los vecinos del municipio. Este es el marco constitucional en el que nos movemos y quiero decirles con todo respeto a los representantes de las asociaciones, algunos de los cuales están presentes en la tribuna, que el Grupo Parlamentario Catalán ha hablado con representantes de españoles, de ciudadanos
catalanes residentes en el extranjero y hay asociaciones
a las que parece razonable la solución final que hemos adoptado, la solución de votar en las elecciones a Cortes Generales, a Congreso y Senado, a parlamentos autonómicos, a Parlamento Europeo y en referéndums de todo tipo consultivos o posteriores a la aprobación de estatutos de autonomía por parte de las Cortes Generales.
Segunda gran cuestión que se impugna a través de estas enmiendas a la totalidad: el sistema electoral. Señorías, me gustaría que alguno de los enmendantes planteara el fondo de la cuestión. Si alguno de los grupos o alguno de los diputados que han firmado una enmienda a la totalidad quiere cambiar el sistema electoral tal y como ellos lo plantean, lo que deben plantear ante este Parlamento es una reforma constitucional. Porque la Constitución en relación con el respeto al sistema electoral da un doble mandato: un mandato de elección de los diputados y diputadas por un sistema proporcional y una elección de los diputados o diputadas elegidos por provincias. Este es el doble mandato a partir del cual se rige el diseño del sistema electoral. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señor Xuclà. Los golpecitos que doy al micrófono no son para que me saluden a mí, es para que disuelvan grupos, por favor, o al menos hablen en voz más baja. Cuando quiera, señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta, por su amparo.
Decía que el mandato constitucional es doble; un sistema proporcional que quiere decir que como mínimo por provincia se deben elegir dos parlamentarios, porque un sistema en el cual se eligiera un solo parlamentario por provincia, evidentemente, primero de derecho constitucional o decencia política, no es un sistema proporcional sino que es un sistema mayoritario porque a los ciudadanos de la provincia les sacaríamos la posibilidad de elegir de acuerdo con el sistema proporcional.
Finalmente, se utiliza mucho el recurso de decir que a este partido político le ha costado tantos votos un escaño, a tal partido político le ha costado tantos votos un escaño. Señorías, empecemos a ser rigurosos y empecemos a decir: Este partido político ha quedado a tantos votos de obtener un escaño por esta provincia. Porque el sistema electoral es un sistema que reúne las dos condiciones: proporcional y elección por provincias. Ya basta de deformar la realidad sumando los votos como si hubiera una sola circunscripción electoral a nivel español. Seamos rigurosos y digamos: A UPyD le faltan tantos votos para conseguir un segundo escaño por Barcelona, a Izquierda Unida le han faltado tantos votos para conseguir un segundo escaño por Valencia. Perdonen que sea tan explícito pero de esto estamos hablando. Con este mismo sistema electoral algunos partidos y algunas formaciones han tenido otra representación y es posible que la tengan en el futuro, igual que en el marco estrictamente de las provincias a la formación de Convergència i Unió el coste del escaño en las cuatro provincias catalanas le es mayor que el coste de un escaño al Partido Popular y al Partido Socialista en la inmensa mayoría de provincias españolas. Por tanto, les ruego que seamos rigurosos, que dejemos de hacer números a la carta y según los intereses calculando el número de votos necesarios para conseguir un escaño como si en España se eligieran las Cortes Generales por un sistema estrictamente de circunscripción única.
El sistema de pasar de 350 a 400 diputados no se ha impugnado por parte de mi grupo parlamentario por razones de carácter económico, aunque nos parece razonable el número de diputados que conforman este Congreso de los Diputados para desarrollar los trabajos parlamentarios que son ordinarios y propios de las cuatro funciones del Parlamento; la elección de 50 diputados se debería realizar también distribuyendo proporcionalmente esos 50 diputados más por las distintas provincias y elegidos también a través de un sistema proporcional. Señorías, insisto, a Convergència i Unió, de acuerdo con la elección por provincia, los escaños no le salen precisamente baratos. Es así desde un punto de vista de votos y es así como se deben cuestionar y discutir las cosas con un cierto rigor. Así concluimos este debate de totalidad y espero que en las próximas horas y en los próximos días podamos afrontar la tramitación definitiva de esta ley, que tiene que entrar en vigor antes de las próximas elecciones generales.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Xuclà, por favor.
El señor XUCLÀ I COSTA: Termino, señora presidenta.
Tiene que entrar en vigor antes de las próximas elecciones municipales porque tiene muchas previsiones sobre las cuales no hemos podido hablar hoy, que son mejores garantías de calidad democrática que ya veremos en los próximos comicios del día 22 de mayo.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Las enmiendas a la totalidad que hoy debatimos obedecen a dos líneas argumentales; de un lado, a su pretensión de modificar el sistema electoral y, de otro, a su objeción respecto al nuevo procedimiento establecido para el voto de los españoles en el exterior y las condiciones para su ejercicio en elecciones locales. Hemos tenido ocasión de debatir ambos temas profundamente a lo largo de muchos meses de trabajo parlamentario, por lo que este debate no es nuevo, es un debate recurrente propiciado por quienes no consiguieron introducir
sus pretensiones al no contar con el consenso necesario
entre los grupos de esta Cámara. Eso nos ha ocurrido a todos los grupos, no solo a algunos, y todos hemos tenido que abandonar algunos de nuestros postulados iniciales. Por ejemplo, el Grupo Popular presentó una propuesta para que en los ayuntamientos gobernara la lista más votada en determinadas condiciones, que no hemos podido incluir en la reforma porque no contó con el respaldo del grupo mayoritario de esta Cámara ni tampoco del suyo, señor Llamazares. Lo hemos dicho siempre. La Ley Electoral no es una ley cualquiera, es una ley que, junto a la Constitución española y los reglamentos de la Cámara, conforman la médula espinal de las reglas del juego de nuestro sistema democrático, por lo que su reforma debe hacerse con un alto grado de consenso y con vocación de perdurabilidad, por eso todos los grupos hemos tenido que ceder en algo.
Señorías, nuestro sistema electoral puede que no sea un sistema perfecto, pero ha funcionado. Ha permitido que los procesos electorales en España se desarrollen en un marco de neutralidad y libertad. Ha fomentado el pluralismo, ha permitido la alternancia y ha favorecido la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Un sistema de elección del Congreso de los Diputados, que es de lo que estamos hablando esta mañana, compuesto por cuatro elementos: una Cámara de 350 diputados, una fórmula electoral proporcional, la fórmula d'Hondt que, por cierto, se aplica en más de 20 países democráticos del mundo, y la provincia como circunscripción electoral, asignándose un mínimo inicial de dos escaños por circunscripción, salvo Ceuta y Melilla, y distribuyéndose el resto en función de la población y, por último, una barrera electoral provincial de acceso a la representación que se fija en un 3 por ciento de los votos. ¿Dónde está la disfuncionalidad del sistema? ¿Qué tiene de escándalo, de antidemocrático o de injusto este sistema? A mi modo de ver, nada. Cualquier sistema electoral aprobado por un Parlamento democrático es por esencia democrático, cualquiera, y mucho más el nuestro, que está ligado al pacto constitucional, señora Díez. ¿Les convendría más otro sistema? Puede que ahora sí, pero puede que en un futuro no, porque no olviden que los sistemas electorales ni priman ni perjudican a fuerzas políticas determinadas, como nos quieren hacer creer, sino a posiciones electorales concretas. Por eso con este mismo sistema algunos tuvieron en el pasado más de 20 escaños, cuando su formación gozaba de más confianza ciudadana y eso tiene mucho más que ver con el discurso político y la estrategia electoral que con el sistema electoral.
Nos proponen aumentar a 400 el número de diputados. ¿Ustedes creen que con la que está cayendo en España, en plena crisis económica y casi 5 millones de parados, se puede proponer una medida semejante? Esta medida solo podría justificarse por exceso de trabajo parlamentario, por necesidad del reparto del trabajo parlamentario, nunca para poder obtener un escaño más.
Nos proponen una circunscripción nacional de restos provinciales y que se elijan en ella 50 diputados. ¿Qué conseguimos con ello? ¿Que se aumente el pluralismo en esta Cámara? No. De acuerdo con los últimos resultados electorales no se aumenta el pluralismo. Todos los partidos políticos tenemos restos electorales. Todos los partidos tenemos votos sobrantes, no solo ustedes, y esos 50 escaños a repartir por los restos provinciales volverían a parar fundamentalmente a las fuerzas políticas mayoritarias.
No se gana en pluralismo con esta medida, solo algún escaño más. Por eso no creo que esté justificado aumentar la composición de esta Cámara.
Nos acusan de que este sistema es el que más beneficia a los dos grandes partidos del arco parlamentario. ¿Pero no creen que esa afirmación es desmesurada? ¿Y si en vez de un sistema proporcional tuviéramos un sistema mayoritario, como reclaman algunas voces? Siendo un sistema también plenamente democrático, probablemente ustedes no tendrían representación parlamentaria. ¿Lo ven? A veces la realidad corrige sus excesos verbales.
Nos piden rebajar de dos a uno la asignación inicial de escaños por provincia. La verdad es que no me esperaba de ustedes, que hacen todos los días de la solidaridad su bandera, una insolidaridad tan manifiesta.
Nuestro sistema electoral quiso guardar un equilibrio entre territorio y población para que todos se sintieran representados en esta Cámara. ¿Por qué? Porque en España no hay una distribución demográfica equilibrada por lo que, sobre la base de los principios de integración territorial y de cohesión territorial que tanto predican, se estableció un mínimo de dos diputados por provincia ya que, de lo contrario, algunas provincias casi no tendrían representantes. De aceptar su propuesta, ustedes vulnerarían el principio de proporcionalidad que defienden, porque de facto convertirían el sistema proporcional en mayoritario en algunas provincias, y eso, además de contradictorio, es insolidario. Soria y Teruel también existen, señorías. Por eso creemos que esa asignación mínima de dos escaños por circunscripción debe mantenerse, lo cual es justo y plenamente democrático. De lo contrario se llegaría a la conclusión de que, por ejemplo, el sistema electoral vasco, que asigna los mismos escaños por territorio histórico con independencia de su población, es injusto, inconstitucional y antidemocrático. Les recuerdo que sus partidos, señor Llamazares y señora Díez, han formado parte de gobiernos vascos elegidos por un Parlamento así configurado y nunca les he escuchado realizar una afirmación semejante.
De otro lado, mencionan el ejemplo de Alemania y quieren sustituir la fórmula d´Hondt por la fórmula Hare para dotar de mayor proporcionalidad al sistema. Pero olvidan que el sistema alemán tiene otro componente que para ustedes es letra pequeña. Esa letra pequeña se llama el 5 por ciento nacional y se apellida barrera electoral. Con esa barrera electoral ustedes hoy no podrían defender esta enmienda a la totalidad, porque no tendrían representación parlamentaria a tenor del último resultado electoral en las pasadas elecciones generales. Barrera
electoral que, por cierto, tampoco sería ni antidemocrática ni inconstitucional. Como tampoco lo es el sistema electoral canario, que establece como requisito de acceso a la representación un 6 por ciento de votos en el archipiélago o un 30 por ciento en cada isla; barreras que recordarán que nuestro alto tribunal consideró admisibles de acuerdo con nuestra Constitución. ¿Saben lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Que la proporcionalidad no es la quintaesencia del sistema, que la proporcionalidad no es la única finalidad del sistema electoral, que lo importante es la gobernabilidad y que esta debe primar frente a cualquier otro componente del sistema. No se amparen en el informe del Consejo de Estado. En este punto dicha institución no hizo un informe neutral. Al Consejo de Estado se le pidió un informe que mejorara la proporcionalidad. Si se le hubiera pedido un informe para mejorar la estabilidad institucional, probablemente sus conclusiones hubiesen sido bien distintas. Por cierto, en su vehemente defensa de la proporcionalidad no les he escuchado predicar ese mismo principio en el Reglamento de la Cámara, que otorga a los grupos parlamentarios los mismos tiempos de intervención con independencia del número de diputados que lo componen. Ahí no hay proporcionalidad; ahí el principio al cajón.
Hay muchas posibilidades de reforma de nuestro sistema -no solo las suyas- y todas ellas democráticas, pero ninguna de ellas, incluido el desbloqueo de listas, ha suscitado el consenso necesario. No puede haber sistemas electorales a la carta ni reformas basadas en intereses partidistas ni coyunturales. Eso sería un flaco favor para nuestra democracia. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Creo que nuestro sistema es aceptable, ha funcionado y debe seguir conjugando el pluralismo, la proporcionalidad y la gobernabilidad, intentando, eso sí -y es muy importante-, que la cuota de poder se corresponda con la cuota de representación. Ese es un principio muy a tener en cuenta de cara al futuro, precisamente por lo que ustedes buscan y predican, por respeto a la voluntad popular.
Respecto al voto de nuestros compatriotas en el exterior, quisiera decirles que hemos introducido un procedimiento muy garantista y la posibilidad de depósito de voto en urna en consulado, y hemos seguido la recomendación del Consejo de Estado para unir el derecho de sufragio en elecciones locales a la condición de vecino de un municipio, que es precisamente lo que dicta nuestra Constitución. Señorías, la Ley de Bases de Régimen Local establece que la condición de vecino de un municipio se adquiere mediante la correspondiente inscripción en el padrón municipal, por tanto, la asimilación de la condición de vecino de quien reside fuera de España era, como nos recomendaba el Consejo de Estado, formal y ficticia, y de eso se trataba, de eliminar esa ficción, de ajustarse a la realidad. No intenten confundir a nadie. No eliminamos ningún derecho, solo condicionamos su ejercicio en elecciones locales a figurar inscrito en el censo de residentes, lo cual, a nuestro juicio, es una medida ajustada y racional.
Señorías, por todas estas razones no compartimos los argumentos que sostienen las enmiendas a la totalidad. Creo que la proposición de ley que se está tramitando contiene muchas reformas de calado que nacen del consenso, que mejoran sustancialmente la Ley Electoral y que persiguen el interés general, y eso siempre es bueno para la democracia y para la sociedad española.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.
Tiene la palabra don Elviro Aranda Álvarez.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Las enmiendas a la totalidad a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral que estamos debatiendo esta mañana se ocupan de dos cuestiones fundamentales; por un lado, de enmendar a la totalidad el nuevo sistema de sufragio de los españoles en el extranjero, los inscritos en el CERA y, por otro lado, cambia lo que nosotros consideramos elementos esenciales en el sistema electoral español. En nombre de mi grupo, quiero dar respuesta a estas dos cuestiones.
En primer lugar, voy a hacer referencia a ese nuevo sistema de voto de los españoles inscritos en el CERA. Señorías, me llama poderosamente la atención que los enmendantes de esta proposición de ley, en la segunda parte de su enmienda, la que hace referencia al sistema electoral, se ocupen de una manera detallada de los argumentos del Consejo de Estado y, sin embargo, en lo relativo al voto de los españoles en el extranjero no hagan ninguna mención a esta cuestión, cuando el Consejo de Estado hace referencia a este asunto de manera muy detallada.
Les tengo que decir que lo que hemos pretendido en la subcomisión y en esta proposición de ley es mejorar el sufragio y establecer garantías para el ejercicio del mismo. Y este nuevo sistema se va a hacer, además, ajustándonos a la Constitución. Señoras y señores diputados, tengo que recordarles aquí que el artículo 140 de la Constitución establece que los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio, y esto lo dice también el Consejo de Estado. Pero les tengo que decir más; no es cierto que se vaya a prohibir el voto a los españoles en el extranjero en las elecciones municipales; no es cierto. Lo que se hace es requerir que estén inscritos en el censo de residentes. Ese es un requisito para cualquier ciudadano, también para aquellas personas que están en el exterior. Sobre esta cuestión el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional han señalado que los municipios son entidades genuinamente corporativas y que, por tanto, la representación política, la faceta política se desarrolla con una menor intensidad. Por eso precisamente, señorías, el derecho de sufragio se asocia a la condición de vecindad.
Por eso lo que estamos haciendo
en esta reforma es decir que voten los vecinos y también
los españoles en el extranjero lo podrán hacer en esas condiciones.
Señoras y señores diputados, los españoles en el extranjero podrán seguir ejerciendo todos sus derechos políticos, en las elecciones europeas, en las elecciones nacionales, en las elecciones regionales, en los referéndums, en las elecciones municipales cuando estén inscritos en el sistema de inscripción nacional.
La segunda cuestión, señoras y señores diputados, hace referencia a cambios en el sistema electoral. Señorías, el sistema electoral, como ya se ha dicho en múltiples ocasiones aquí es una pieza fundamental en el Estado democrático, efectivamente, transforma la voluntad de los ciudadanos en representación en las Cámaras parlamentarias, por lo tanto, el sistema electoral requiere tanto para su aprobación como para su reforma un amplio consenso con las fuerzas políticas. De lo que se está hablando aquí esta mañana, señoras y señores diputados, es de que el 3 por ciento de esta Cámara propone que hagamos cambios sustanciales en el sistema electoral para transformar un sistema que apoya el 97 por ciento de la Cámara. Desde luego, si se necesita consenso, si se necesita amplia mayoría no es precisamente el 3 por ciento el que tiene esa mayoría.
Señorías, en el derecho comparado existen dos grandes sistemas electorales: un sistema mayoritario, sistemas proporcionales, y variedad de unos y otros. El Tribunal Constitucional y los tribunales constitucionales de los diferentes países europeos han señalado que tanto los sistemas mayoritarios como los proporcionales son sistemas constitucionales. Los mayoritarios buscan gobernabilidad, estabilidad; los proporcionales buscan representatividad. Nosotros tenemos un sistema proporcional con algunas correcciones, pero un sistema proporcional que conjuga representatividad y gobernabilidad. Señorías, esto no es que lo diga yo, no es que lo diga mi grupo parlamentario; esto lo dice y está contrastado por 35 años de experiencia democrática reciente en España, por lo tanto, eso es muy importante. Cuando don Gaspar Llamazares dice que este sistema es contrario a la igualdad, contrario a la proporcionalidad, le vuelvo a decir -ya me lo ha escuchado pero se lo repito- que Izquierda Unida o el Partido Comunista con este sistema obtuvo 23 diputados y ahora tiene uno o 2, depende de cómo se mire.
Señoría, nuestro sistema garantiza el pluralismo político, la igualdad de sufragio, la representatividad y genera estabilidad gubernamental.
Señorías, lo que garantiza el pluralismo político es la presencia de esta Cámara. En esta Cámara tienen presencia once partidos políticos, en consecuencia, está garantizado el pluralismo político. Sin duda alguna, nuestro sistema es un sistema electoral perfectible, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que este sistema es el que nos hemos dado la mayoría de los grupos parlamentarios y además el que por parte de la doctrina y la política se considera que ha funcionado razonablemente.
Luego la pregunta sería, si el sistema electoral funciona bien y la inmensa mayoría de la doctrina académica, de la política, de los ciudadanos creen que así es, ¿sería razonable cambiar el sistema para imponer un sistema que tan solo apoya el 3 por ciento de la Cámara? Se dice de este sistema que atenta contra el principio de igualdad y de proporcionalidad. Me he leído las enmiendas a la totalidad con todo detenimiento para buscar buenos argumentos en defensa de esa aseveración.
Sin duda alguna si se atenta contra el principio de igualdad, que es un derecho fundamental, tendrían que fundamentarlo con sentencias del Tribunal Constitucional. No he encontrado ninguna fundamentación de este tipo en la enmienda. Sin embargo, les voy a citar una sentencia, la 193/89, que dice: La igualdad que debe presidir el sistema electoral no debe impedir que el legislador electoral pueda introducir determinadas restricciones o correcciones a la proporcionalidad a favor de la justicia de la representación. Señorías, el Tribunal Constitucional ha señalado en más de una ocasión que la proporcionalidad no es un valor absoluto, no es un principio absoluto, es un principio que hay que ponderar con otros intereses electorales que también están en la Constitución. La circunscripción está constitucionalizada. ¿Podemos cambiarla? Sí, pero tendríamos que hacer una reforma constitucional.
Finalmente, dicen ustedes que esta propuesta que hacen no necesita de reforma constitucional; les digo que no es cierto y además se hacen ustedes trampa porque en la fundamentación dicen: Vamos a crear una bolsa de 50 diputados con el aumento de 350 a 400 para que sea la que dé solución al problema del resto de los partidos -sin entrar en la cuestión de que también los partidos grandes tenemos restos y mucho más que los partidos pequeños-. Ustedes hacen esa fundamentación en su preámbulo, pero luego cuando se va al articulado -yo lo he hecho- no dicen cómo se puede hacer, porque no se puede hacer, porque eso solo se hace creando una circunscripción de carácter nacional. Y la circunscripción, señoras y señores diputados, en el artículo 168.2 de la Constitución es la provincia. Señoras y señores diputados, las variaciones de los dos grandes sistemas electorales son múltiples. Se pueden hacer cambios, pero para cada país el mejor sistema electoral es el que mejor se ajuste a sus necesidades políticas y a la efectividad de los valores de representatividad y gobernabilidad. El sistema electoral vigente, después de 35 años de experiencia ha demostrado sobradamente que responde a estos principios, es el que necesita el país y es el que mejor responde a las necesidades de compaginar y conjugar representatividad y gobernabilidad.
Por eso, señoras y señores diputados, el 97 por ciento de esta Cámara lo sigue respaldando.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aranda.
Dentro de unos tres minutos procederemos a las votaciones. (Pausa.)
Señorías, tomen asiento, por favor.
Vamos a iniciar las votaciones, aunque habrán observado sus señorías algo inusual en la mesa de taquígrafos
donde hay, además de tres taquígrafas, un ramo de flores. Y es que un día como hoy, el 16 de diciembre de hace exactamente dos siglos, comenzaron a recogerse taquigráficamente las sesiones de las Cortes de Cádiz. Esta medida respondía a la necesidad sentida por los diputados de que sus debates y sus acuerdos fueran fielmente recogidos y trasladados a la ciudadanía y no de la manera interesada que venía haciéndose -se cuenta- por periódicos y panfletos de la época desde la constitución de las Cortes de Cádiz el 24 de septiembre de 1810. Desde entonces el "Diario de Sesiones" es consustancial con la propia historia de nuestro parlamentarismo. Esa conocida expresión de "luz y taquígrafos" se ha convertido de manera inapelable en sinónimo de transparencia en la vida pública. Por ello la Cámara quiere recordar la efemérides y felicitar a los redactores, taquígrafos y estenotipistas de las Cortes Generales por su trabajo, porque hacen más comprensibles y coherentes nuestros discursos, porque no dejan meter mano a los que lo intentan (Risas.), y si alguno lo intenta... Me refiero en el "Diario de Sesiones". (Risas.- Aplausos.) Y porque contribuyen a la gran historia del Parlamento. De modo que, enhorabuena. Reciban nuestro aplauso las tres representantes.
(Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie.) Muchas gracias.
Otro anuncio. Se encuentra en la tribuna de honor el señor ministro de Asuntos Exteriores de Armenia con su delegación a quien damos la bienvenida a España. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las enmiendas del Senado al proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, junto con las correcciones técnicas que el Pleno autoriza a realizar a los servicios de la Cámara en los términos distribuidos a los grupos. En consecuencia, votamos las enmiendas a las disposiciones finales, que son nuevas, del proyecto que les he dicho de la ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 168; en contra, nueve; abstenciones, 164.
Votamos a continuación el resto de enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 336; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las enmiendas del Senado al proyecto de ley de protección del medio marino. Votamos todas ellas en conjunto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 341.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.):
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la enmienda de devolución al proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, tres; en contra, 338.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000254.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. En primer lugar, votamos la enmienda de texto alternativo del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, tres; en contra, 332; abstenciones, seis.
Votación de texto alternativo del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Perestelo y de la señora Oramas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, cinco; en contra, 331; abstenciones, cuatro.
Votamos la enmienda de texto alternativo del Grupo Parlamentario Mixto, en este caso de la señora Díez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, uno; en contra, 336; abstenciones, cuatro.
El próximo Pleno dará comienzo a las doce treinta horas.

References: artículo 27
 artículo 23
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 47
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 28
 artículo 27
 artículo 14
 artículo 68
 artículo 162
 artículo 68
 artículo 172
 artículo 140
 artículo 168