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Timestamp: 2018-06-22 01:48:05+00:00

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Existen parejas que antes de concebir un casamiento deciden firmar un pacto prematrimonial, que les sirva como garantía en caso de que ocurra una ruptura en la relación.
Aunque no es común ver casos de este tipo, puesto que la medida deviene más del Derecho anglosajón que del español, donde no está regulado formalmente. Los pactos prematrimoniales constituyen una serie de condiciones establecidas por la pareja; tienen un sutil parecido con las conocidas capitulaciones matrimoniales. Estas últimas exigen formalizarse en escritura pública formal con inscripción posterior (artículos 1327 y 1333 del Código Civil), mientras que un acuerdo prematrimonial más del estilo anglosajón puede hacerse mediante un contrato privado entre las partes. Las capitulaciones contemplan el régimen económico que existirá mientras se mantenga vivo el matrimonio, así como lo que conllevará la ruptura desde el punto de vista patrimonial, mientras que los pactos determinan el momento del divorcio, tanto desde el punto de vista personal, como económico.
Cataluña En el Derecho Civil catalán existe una previsión más concreta para este tipo de convenio, expresada en el artículo 231-10 de la norma autonómica. También estaba contemplada dicha norma en el artículo 25 de la Ley de Régimen Económico Matrimonial de la Comunidad Valenciana (Ley 10/2007, de 20 de marzo), aunque esta fue suprimida. Para el resto de España, las parejas deberán ampararse en la regulación más genérica del artículo 1323 de Código Civil el cual establece que “los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título, bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos”. Pero generalmente este tipo de pactos traen consigo que algunas de las medidas concebidas sean declaradas nulas por no ajustarse a derecho o tratar cuestiones no previstas legalmente. Dicha norma considera nulas las estipulaciones que sean contrarias a las leyes, buenas costumbres o limitativas de la igualdad de derechos de los cónyuges. Tampoco es posible acordar cuestiones que puedan dañar el interés de los menores. Siendo así, el acuerdo prematrimonial sirve para lograr un acuerdo anticipado cuando las cosas todavía están bien entre la pareja, y no cuando la relación entre los cónyuges está demasiado deteriorada como para conseguir un pacto. Debido a esto, la justicia se ha visto obligada a reconocer que es necesario la existencia de este tipo de pactos que se refieren a las consecuencias del matrimonio fuera del convenio regulador, ya sea en capitulaciones matrimoniales o en documentos complementarios.
El Tribunal Supremo Esta materia ha ido ganando seguidores y los tribunales ya se han pronunciado sobre la factibilidad de contar con este tipo de garantías en caso de que el matrimonio fracase. Así se pudo constatar en una sentencia emitida por el Tribunal Supremo el 24 de junio de 2015, donde reconoció la validez de un acuerdo prematrimonial en el que se fijaba el pago de una pensión vitalicia por parte del hombre a la mujer de 1200 euros mensuales (más una actualización anual del IPC) en caso de divorcio. En la sentencia se plantea que “en el profundo cambio del modelo social y matrimonial que se viene experimentando, la sociedad demanda un sistema menos encorsetado y con mayor margen de autonomía dentro del derecho de familia, compatible con la libertad de pacto entre cónyuges que proclama el artículo 1323 del Código Civil, a través del cual debe potenciarse la facultad de autorregulación de los cónyuges”, cuestión que ya tiene sus precedentes en las respectivas normativas catalana y valenciana. Además, refiere que “no existe prohibición legal frente a los denominados pactos prematrimoniales, debiendo ponerse el acento en los límites a los mismos, que están en la protección de la igualdad de los cónyuges y en el interés de los menores, si los hubiere, pues, no en vano, el artículo 90.2 del Código Civil establece como requisito para los convenios reguladores, aplicable por analogía en ese caso, para su aprobación, que no sean dañosos para los menores o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges”, amparado además en el artículo 39 de la Constitución Española que establece la protección de la familia y de la infancia. Pacto atípico Refiriéndose al caso concreto, el Supremo señala que no se trata de “un supuesto de renuncia de derechos o de renuncia a la ley aplicable, pues lo acordado por las partes no tiene su fundamento en la necesidad de alguno de ellos, ni en el desequilibrio posterior a la crisis del matrimonio, pues ambas partes gozaban de una saneada economía por lo que lo pactado es, como el acuerdo expresa, una renta mensual vitalicia que, como pacto atípico, tiene perfecto encuadre en el artículo 1323 del Código Civil”.
El alto Tribunal destaca que “los pactos no son contrarios a la ley, moral u orden público, en cuanto se limitan a pactar un acuerdo económico para el caso de separación conyugal, lo cual ya tiene cabida en los ordenamientos autonómicos, en otros Estados de la Unión Europea y con un refrendo normativo en los artículos 1323 y 1325 del Código Civil”. Además, señala que “no queda el cumplimiento del pacto al arbitrio de uno de los cónyuges dado que, como acuerdo, fue negociado”. La sentencia expone el hecho de que ninguno de los dos se encontraba en una situación económica comprometida. Y concluye que de esta forma no se vería cuestionada la igualdad de los cónyuges, pues no consta que los pactos hayan sido perniciosos para el ex marido, de profesión abogado y que ya se había divorciado de un matrimonio anterior.
De igual forma, el Tribunal Supremo ratificó que no vale alegar la situación de crisis económica como excusa para moderar la pensión vitalicia pactada. Esto a razón de que el exmarido invocó la doctrina sobre la cláusula ‘rebus sic stantibus’, según la cual las condiciones de un contrato pueden alterarse si las circunstancias cambian. Pero el tribunal rechazó cualquier posibilidad de moderación o extinción de la renta vitalicia, dado que ambos mantienen una desahogada situación financiera, igual que la existente en el momento de los pactos. “Razón que nos lleva a la aplicación del artículo 1258 del Código Civil que determina algo tan elemental como que los contratos han de ser cumplidos”, concluye la sentencia. Antecedentes en el Supremo Sobre estos pactos atípicos firmados entre los cónyuges, ya se había pronunciado con anterioridad el Tribunal Supremo. Ejemplo de ellos fue una sentencia de 4 de noviembre de 2011, donde fue reconocida una pensión de alimentos que debía pagar el hombre a la mujer por importe de 6.000 euros. Cuando llegó el momento del divorcio el ex marido quiso desestimar el pacto concertado entre las partes argumentando que en todo caso habría que hablar de pensión compensatoria y no de alimentos. Por último, el tribunal fijó la siguiente doctrina: “El convenio de separación y el de divorcio pueden contener pactos voluntarios estableciendo alimentos entre los ex cónyuges. El pacto sobre alimentos tiene naturaleza contractual y a no ser que se limite de forma expresa a la separación, mantiene su eficacia a pesar del divorcio posterior, por lo que el alimentista deberá seguir prestándolos”. Donar piso en caso de ruptura Un caso peculiar aconteció unos meses antes, en el que los litigantes pactaron que, en caso de separación, el marido estaría obligado a entregar a la esposa una pensión mensual y a donarle el piso que ella eligiese. Al respecto, se pronunció el tribunal en una sentencia de 3 de marzo de 2011, fundamentando que el pacto en cuestión no vulneraba el artículo 1256 de Código Civil, que prohíbe que el cumplimiento del contrato quede a arbitrio de una de las partes. El marido tenía una obligación para con su esposa fuera quien fuera el que iniciara la separación. La sentencia señaló, sobre el contrato, que no puede considerarse válido el pacto de donación de un piso ya que se trata de una promesa futura de donación prohibida en el artículo 635 del Código Civil, pero sí el pacto referido al pago de una pensión mensual, aunque deben declararse prescritas, por el transcurso de cinco años (artículo 1966.3 del Código Civil), las pensiones devengadas desde la sentencia de separación hasta la interposición de la demanda, siempre que se hubiese ya consumado el transcurso de los cinco años para cada una de las mensualidades.
Autonomía de la voluntad Sobre la autonomía de la voluntad de los cónyuges, se pronunció el Supremo en una sentencia de 22 de abril de 1997 donde estableció tres tipos de acuerdo que serían válidos en casos de crisis matrimoniales. “En primer lugar, el convenio, en principio y en abstracto, es un negocio jurídico de derecho de familia; en segundo lugar, el convenio regulador aprobado judicialmente queda integrado en la resolución judicial, con toda la eficacia procesal que ello conlleva; en tercer lugar, el convenio que no ha llegado a ser aprobado judicialmente, tiene la eficacia correspondiente a todo negocio jurídico, tanto más si contiene una parte ajena al contenido mínimo que prevé el artículo 90 del Código Civil”.

References: artículo 231
 artículo 25
 artículo 1323
 artículo 1323
 artículo 90
 artículo 39
 artículo 1323
 artículo 1258
 artículo 1256
 artículo 635
 resolución 
 artículo 90