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Timestamp: 2015-03-02 20:31:52+00:00

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Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom�a Sostenible. T�TULO IV.�Instrumentos para la aplicaci�n y evaluaci�n de la Ley de Econom�a Sostenible.
Publicado en BOE n�m. 55 de 05 de Marzo de 2011
Vigencia desde 06 de Marzo de 2011. Esta revisi�n vigente desde 01 de Enero de 2015
Vigente desde 29/May/2011 hasta 28/Jul/2011
Vigente desde 28/Jul/2011 hasta 31/Ago/2011
Vigente desde 31/Ago/2011 hasta 16/Dic/2011
Vigente desde 16/Dic/2011 hasta 1/Jul/2012
Vigente desde 1/Ene/2013 hasta 6/Jun/2013
Vigente desde 6/Jun/2013 hasta 28/Jun/2013
Vigente desde 28/Jun/2013 hasta 30/Jun/2013
Vigente desde 30/Jun/2013 hasta 31/Dic/2013
Vigente desde 31/Dic/2013 hasta 28/Jun/2014
Vigente desde 28/Jun/2014 hasta 1/Ene/2015
T�TULO IV Instrumentos para la aplicaci�n y evaluaci�n de la Ley de Econom�a Sostenible
El Fondo de Econom�a Sostenible 1. El Fondo de Econom�a Sostenible fue creado por acuerdo del Consejo de Ministros el 4 de diciembre de 2009, y durante su vigencia es el instrumento financiero del Estado para el apoyo a los particulares en el desarrollo de los principios y objetivos contenidos en esta Ley.
2. La Ministra de Econom�a y Hacienda presentar� a la Comisi�n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ�micos, un informe trimestral sobre la evoluci�n de las l�neas de cr�dito vinculadas a las finalidades de esta Ley, y especialmente sobre el Fondo de Econom�a Sostenible.
Coordinaci�n administrativa en el seguimiento y evaluaci�n de la aplicaci�n de la Ley 1. La Administraci�n General del Estado presentar� al menos cada dos a�os a los �rganos de cooperaci�n con las Comunidades Aut�nomas en los sectores afectados por esta Ley, y a la Comisi�n Nacional de la Administraci�n Local un informe sobre la evoluci�n de las previsiones de la presente Ley que afectan a su �mbito de actuaci�n.
2. Igualmente, las Comunidades Aut�nomas presentar�n a dichos �rganos de cooperaci�n, con ocasi�n del informe previsto en el apartado anterior, la informaci�n sobre sus actuaciones en aplicaci�n de la presente Ley desarrolladas en el ejercicio de sus competencias.
3. En especial, los �rganos citados en el apartado primero evaluar�n en dichos informes el desarrollo de los instrumentos de cooperaci�n entre Comunidades Aut�nomas y entre Estado y Comunidades Aut�nomas que faciliten la progresiva coordinaci�n de los procedimientos y de la coherencia de los requisitos que inciden en la actividad econ�mica en el conjunto de Espa�a y promuevan la mejora en el funcionamiento coordinado de las distintas Administraciones P�blicas.
Informe del Gobierno sobre el desarrollo de la econom�a sostenible 1. El Gobierno, a propuesta de la Ministra de Econom�a y Hacienda, aprobar� al menos cada dos a�os un informe sobre la aplicaci�n de esta Ley y las disposiciones y medidas de desarrollo de la misma adoptadas en el per�odo precedente.
2. El informe incorporar� las recomendaciones de actuaci�n para el per�odo siguiente, con el fin de garantizar la mejor aplicaci�n de los principios contenidos en esta Ley y se remitir� al Congreso de los Diputados, as� como a los interlocutores sociales para que pueda ser objeto de valoraci�n en el marco del Di�logo Social.
Responsabilidad por incumplimiento de normas de Derecho comunitario ...
Disposici�n adicional primera derogada por la letra d) del n�mero 1 de la disposici�n derogatoria �nica del R.D.-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigaci�n, el desarrollo y la innovaci�n (�B.O.E.� 29 junio).Vigencia: 30 junio 2013
Acceso a la informaci�n del Registro Nacional de T�tulos Universitarios, Registro Nacional de T�tulos acad�micos y profesionales no universitarios y Registros Nacionales y Auton�micos de Certificados de Profesionalidad 1. Las Administraciones P�blicas, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente, podr�n acceder a la informaci�n contenida en el Registro Nacional Titulados Universitarios Oficiales y el Registro Nacional de T�tulos acad�micos y profesionales no universitarios, gestionados por el Ministerio de Educaci�n, as� como en el Registro General de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables y en el Registro estatal de unidades de competencia acreditadas, gestionadas por el Servicio P�blico de Empleo Estatal, y en los registros auton�micos equivalentes, cuando tramiten procedimientos en los que resulte necesario acreditar la titulaci�n oficial o la cualificaci�n profesional del solicitante y �nicamente deber�n utilizar la informaci�n con este fin, todo ello con pleno respeto a la legislaci�n sobre protecci�n de datos de car�cter personal. De forma espec�fica, quedan autorizados para acceder a esta informaci�n:
a) Los Colegios profesionales para la tramitaci�n de expedientes de colegiaci�n de sus profesionales.
b) Las Administraciones P�blicas para la tramitaci�n de los procesos selectivos de personal funcionario o laboral, as� como en la aplicaci�n del procedimiento de evaluaci�n y acreditaci�n de las competencias profesionales adquiridas a trav�s de la experiencia laboral y aprendizaje no formales y la oferta de la formaci�n complementaria necesaria para obtener un t�tulo de formaci�n profesional o un certificado de profesionalidad.
2. El acceso a esta informaci�n se realizar� preferentemente a trav�s de procedimientos telem�ticos, mediante la transmisi�n de los datos necesarios a los �rganos competentes para la tramitaci�n del procedimiento. La transmisi�n de datos se efectuar� a solicitud del �rgano o entidad tramitadora en la que se identificar�n los datos requeridos y sus titulares, as� como la finalidad para la que se requieren. En la solicitud se har� constar que se dispone del consentimiento expreso de los titulares afectados, salvo que dicho consentimiento no sea necesario.
De la petici�n y recepci�n de los datos se dejar� constancia en el expediente por el �rgano u organismo receptor. A efectos de la verificaci�n del origen y la autenticidad de los datos por los �rganos de fiscalizaci�n y control, se habilitar�n mecanismos para que los �rganos mencionados puedan acceder a los datos transmitidos.
Clasificaci�n de los mercados de transporte En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Fomento elaborar� la propuesta de clasificaci�n de los mercados a que se refiere el art�culo 94.
Actualizaci�n del Plan Estrat�gico de Infraestructuras y Transportes 1. En el plazo de un a�o desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno llevar� a cabo una actualizaci�n del Plan Estrat�gico de Infraestructuras y Transportes, con objeto de adaptarlo a los objetivos y prioridades establecidos en esta Ley, y especialmente en sus art�culos 97, 99 y 100. La actualizaci�n tendr� en cuenta las necesidades espec�ficas de los territorios insulares y fragmentados, que no est�n incluidos en la red estatal, tanto de carreteras como de ferrocarriles.
2. En el plazo de un a�o desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobar� el Plan de Transporte Intermodal de Mercanc�as previsto en el PEIT, que determine la adecuada ubicaci�n y dimensionamiento de los centros intermodales, tanto p�blicos como privados, en funci�n de las necesidades de la demanda, as� como su sistema de financiaci�n y gesti�n.
3. El Gobierno impulsar� las autopistas del mar como modo alternativo y complementario al transporte terrestre de mercanc�as.
Centros de formaci�n profesional y Campus de Excelencia Internacional El Gobierno adoptar� las medidas adecuadas para promover la participaci�n de los centros de formaci�n profesional, en el marco de los proyectos de Campus de Excelencia Internacional, para favorecer una mayor coordinaci�n entre ambos niveles educativos y una mejor relaci�n con el sector productivo de referencia. Las Entidades locales podr�n participar en la financiaci�n de estas iniciativas en los t�rminos que establezcan en los contratos o convenios de colaboraci�n que suscriban con las universidades y las administraciones educativas.
Metodolog�a para el c�lculo de los costes de utilizaci�n durante la vida �til de los veh�culos contemplados en el art�culo 106 de esta Ley 1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 3, letra b), n�mero segundo del art�culo 106 de esta Ley, los costes de utilizaci�n durante la vida �til del consumo de energ�a, de las emisiones de CO2 y de las emisiones contaminantes enumeradas en el cuadro 2 del anexo de esta Ley, que est�n ligados a la explotaci�n de los veh�culos objeto de compra, ser�n cuantificados econ�micamente y calculados con arreglo a la metodolog�a indicada en las siguientes letras:
a) El coste del consumo de energ�a derivado de la utilizaci�n de un veh�culo durante su vida �til se calcular� de acuerdo con la metodolog�a siguiente:
1.� El consumo por kil�metro de un veh�culo, determinado seg�n lo dispuesto en el apartado siguiente, se calcular� en unidades de consumo de energ�a por kil�metro, tanto si el c�lculo se realiza directamente, tal como ocurre en el caso de los veh�culos el�ctricos, como si no. Cuando el consumo de carburante se indique en unidades distintas, se convertir� en consumo de energ�a por kil�metro utilizando los factores de conversi�n que figuran en el cuadro 1 del anexo de esta Ley, donde se indica el contenido energ�tico de los distintos combustibles.
2.� Se usar� un �nico valor monetario por unidad de energ�a. Este valor �nico ser� igual al coste por unidad de energ�a de la gasolina o del gas�leo (seg�n cu�l sea m�s bajo) antes de impuestos, cuando se utilizan como combustibles de transporte.
3.� El coste del consumo de energ�a derivado de la utilizaci�n de un veh�culo durante su vida �til se calcular� multiplicando el kilometraje total, en caso necesario, teniendo en cuenta el kilometraje ya realizado, determinado seg�n lo dispuesto en el apartado 3, por el consumo de energ�a por kil�metro, de conformidad con el n�mero primero de la presente letra, y por el coste por unidad de energ�a, de conformidad con el n�mero segundo de esta letra.
b) El coste de las emisiones de CO2 derivado de la utilizaci�n de un veh�culo durante su vida �til se calcular� multiplicando el kilometraje total, en caso necesario, teniendo en cuenta el kilometraje ya realizado, determinado seg�n lo dispuesto en el apartado 3, por las emisiones de CO2 en kilogramos por kil�metro, de conformidad con el apartado 2, y por el coste por kilogramo tomado de la horquilla que figura en el cuadro 2 del anexo de esta Ley.
c) El coste de las emisiones contaminantes, que figura en el cuadro 2 del anexo de esta Ley, derivado de la utilizaci�n de un veh�culo durante su vida �til se calcular� sumando, durante la vida �til del veh�culo, los costes relacionados con la utilizaci�n del mismo correspondientes a emisiones de NOx, NMHC y las part�culas. El coste de cada sustancia contaminante durante la vida �til de un veh�culo relacionado con la utilizaci�n del mismo se calcular� multiplicando el kilometraje total, en caso necesario, teniendo en cuenta el kilometraje ya realizado, determinado seg�n lo dispuesto en el apartado 3, por las emisiones en gramos por kil�metro, de conformidad con el apartado 2, y por el coste respectivo por gramo. El coste de referencia ser� el de los valores medios comunitarios que figuran en el cuadro 2 del anexo de esta Ley.
Los poderes adjudicadores, las entidades adjudicadoras y los operadores a que se refiere el art�culo 3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P�blico, podr�n aplicar costes superiores, siempre que dichos costes no excedan de los correspondientes valores que figuran en el cuadro 2 del anexo de esta Ley multiplicados por dos.
2. El consumo de combustible, las emisiones de CO2 y las emisiones contaminantes por kil�metro derivados de la explotaci�n de un veh�culo que figuran en el cuadro 2 del anexo de esta Ley se determinar�n a partir de unos procedimientos de prueba normalizados a escala comunitaria, si se trata de veh�culos para los que est�n previstos tales procedimientos en la normativa de homologaci�n de la Comunidad. Respecto de los veh�culos no cubiertos por tales procedimientos de prueba normalizados a escala comunitaria, la comparabilidad entre las diferentes ofertas se har� posible utilizando procedimientos de prueba generalmente reconocidos, o resultados de pruebas realizadas por la autoridad o informaci�n facilitada por el fabricante.
3. El kilometraje de un veh�culo durante su vida �til, si no se especifica otra cosa, se tomar� del cuadro 3 del anexo de esta Ley.
Modificaci�n de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los Servicios P�blicos Uno. Se adiciona un nuevo apartado 5 a la disposici�n final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los Servicios P�blicos, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�5. Las Comunidades Aut�nomas y las Entidades integradas en la Administraci�n Local en las que no puedan ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009 los derechos reconocidos en el art�culo 6 de la presente Ley, en relaci�n con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, deber�n aprobar y hacer p�blicos los programas y calendarios de trabajo precisos para ello, atendiendo a las respectivas previsiones presupuestarias, con menci�n particularizada de las fases en las que los diversos derechos ser�n exigibles por los ciudadanos.
Los anteriores programas podr�n referirse a una pluralidad de municipios cuando se deban ejecutar en aplicaci�n de los supuestos de colaboraci�n previstos en el apartado anterior.�
Dos. Los programas mencionados en el apartado anterior deber�n ser objeto de aprobaci�n y publicaci�n en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.
Evaluaci�n de la normativa existente sobre licencias locales de actividad 1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno evaluar� la existencia de razones incluidas en el nuevo art. 84 bis de la Ley de Bases de R�gimen Local en las previsiones existentes sobre licencias locales de actividad. De acuerdo con los resultados de dicha evaluaci�n, el Gobierno presentar� en el mismo plazo un proyecto de ley de modificaci�n de las normas en las que no concurran las razones citadas, eliminando la correspondiente exigencia de licencia, sin perjuicio de su sustituci�n por otras formas de verificaci�n y control administrativo. Las Comunidades Aut�nomas y las Entidades locales, en un plazo de doce meses tras la entrada en vigor de la presente ley y en el �mbito de sus competencias, adaptar�n igualmente su normativa a lo previsto en el citado art�culo de la Ley de Bases de R�gimen Local.
2. Los Municipios deber�n adoptar un acuerdo que d� publicidad a los procedimientos en los que, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 84.bis de la Ley de Bases de R�gimen Local, subsiste el r�gimen de sometimiento a la licencia local de actividad, manteniendo dicha relaci�n adecuada a la normativa vigente en cada momento.
Adaptaci�n de la composici�n del n�mero de miembros del Consejo de los Organismos Reguladores y de la Comisi�n Nacional de la Competencia 1. Con el fin de adaptar la composici�n del n�mero de miembros del Consejo de los Organismos Reguladores y de la Comisi�n Nacional de la Competencia a lo dispuesto en el art�culo 12 de la presente Ley, en el plazo m�ximo de dos meses desde su entrada en vigor, el Gobierno acordar�, mediante Real Decreto, el cese de aquellos miembros de los actuales Consejos de los Organismos, cuyo mandato hubiera expirado en el momento de la entrada en vigor del citado Real Decreto.
2. La designaci�n de nuevos Presidentes de los Organismos tendr� lugar a partir del momento en que expire el mandato de los actuales Presidentes, y la de nuevos Consejeros a partir del momento en que el n�mero de Consejeros cuyo mandato no haya expirado sea inferior a seis.
3. No obstante lo dispuesto en el art�culo 13.2 de la presente Ley, y a fin de garantizar la renovaci�n parcial de los Consejos, siempre que queden vacantes o en funciones cinco o m�s de las vocal�as de los Consejeros distintos del Presidente, el mandato de al menos dos de los Consejeros nombrados para cubrirlas durar� excepcionalmente tres a�os. Los Consejeros que hayan de cesar transcurrido el plazo de tres a�os desde su nombramiento se determinar�n mediante sorteo, que se efectuar� en la primera reuni�n del Consejo que se celebre tras el nombramiento de sus nuevos miembros.
4. A la entrada en vigor de esta Ley, los Vicepresidentes de los Organismos continuar�n en su cargo hasta la expiraci�n de su mandato, momento en el cual el cargo de vicepresidente en cada Organismo quedar� suprimido.
Impulso de los sectores productivos vinculados con ciencia e innovaci�n y mayor capacidad de internacionalizaci�n El Gobierno, en el marco del Plan integral de Pol�tica Industrial 2020 y sus programas de desarrollo, as� como en las modificaciones del Plan, adoptar�, en colaboraci�n con las Administraciones P�blicas competentes en cada caso y teniendo en cuenta las aportaciones del di�logo social reforzado, las medidas necesarias para impulsar aquellos sectores productivos m�s vinculados con el desarrollo de las actividades de ciencia e innovaci�n y aquellos de mayor capacidad de internacionalizaci�n, de acuerdo con lo previsto en los cap�tulos V y VI del t�tulo II de esta Ley, con atenci�n particular a la automoci�n, la biotecnolog�a, la agroalimentaci�n, las tecnolog�as sanitarias y farmac�uticas, las TIC y los contenidos digitales, la qu�mica, los sectores relacionados con la protecci�n medioambiental, incluyendo las energ�as renovables y la eficiencia energ�tica, el sector aeroespacial y la m�quina-herramienta.
R�gimen aplicable a los sistemas de Concierto y Convenio 1. En virtud de su r�gimen foral, la aplicaci�n a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en esta Ley se llevar� a cabo, seg�n lo establecido en el art�culo 64 de la Ley Org�nica de Reintegraci�n y Amejoramiento del R�gimen Foral de Navarra, conforme a lo dispuesto en el Convenio Econ�mico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
2. En virtud de su r�gimen foral, la aplicaci�n a la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco de lo dispuesto en esta Ley, se entender� sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Econ�mico.
Modificaci�n de la compensaci�n equitativa por copia privada El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Uni�n Europea, proceder� a modificar la regulaci�n de la compensaci�n equitativa por copia privada.
R�gimen especial de las telecomunicaciones en Canarias Sin perjuicio de lo establecido en la disposici�n adicional cuarta de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicaci�n Audiovisual, en atenci�n a las especiales circunstancias de lejan�a, insularidad y dispersi�n poblacional que concurren en Canarias como regi�n ultraperif�rica, as� como a la importancia que las telecomunicaciones tienen para propiciar un desarrollo econ�mico sostenible, la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones analizar� anualmente los sobrecostes y circunstancias espec�ficas, tanto a nivel insular como en lo que se refiere a la interconexi�n de las islas entre s� y con el exterior, con objeto de analizar si existe un entorno de competencia efectiva as� como posibles desviaciones en el comportamiento de las ofertas de servicios en Canarias en relaci�n al resto del territorio nacional, proponiendo, en su caso, las medidas espec�ficas que resulte conveniente adoptar por las distintas autoridades de reglamentaci�n en sus respectivos �mbitos de competencia.
Desarrollo de la Estrategia Integral para la Comunidad Aut�noma de Canarias 1. En la aplicaci�n de la presente Ley, el Gobierno prestar� atenci�n a las caracter�sticas espec�ficas que concurren en la Comunidad Aut�noma de Canarias como regi�n ultraperif�rica, en raz�n de su lejan�a, insularidad y dispersi�n poblacional. Los objetivos contenidos en la presente Ley informar�n las actuaciones del Gobierno y la Administraci�n General del Estado en Canarias, y especialmente aqu�llas que, en el marco de la Estrategia Integral para la Comunidad, aprobada por el Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2009, se refieren a la pol�tica de internacionalizaci�n de la econom�a canaria, energ�as renovables, infraestructuras terrestres, aeroportuarias y portuarias, subvenciones al transporte de mercanc�as con origen o destino en Canarias, fomento del turismo y contribuci�n al desarrollo de los sectores industriales y de las telecomunicaciones en Canarias.
2. En particular, el Gobierno tendr� en cuenta los siguientes aspectos:
a) El desarrollo de v�nculos comerciales y econ�micos entre Espa�a y los pa�ses de �frica Occidental, impulsando la actuaci�n reforzada de los servicios comerciales en el exterior as� como el desarrollo de las iniciativas de internacionalizaci�n de la econom�a canaria que se proyecten en este �mbito geogr�fico como consecuencia de la especial situaci�n geogr�fica de Canarias.
b) La atenci�n, en la planificaci�n energ�tica, a las condiciones espec�ficas de Canarias y a las necesidades contempladas en el Plan Energ�tico de la Comunidad en materia de energ�as renovables.Para ello, se establecer�n cupos especiales de potencia para energ�as renovables en Canarias atendiendo a criterios t�cnicos y econ�micos, cuando resulten competitivas con las tecnolog�as convencionales en cada uno de los subsistemas del SEIE de Canarias. As� mismo, se revisar�n las necesidades de tecnolog�as de respaldo a la generaci�n renovable, con el objetivo de asegurar la estabilidad del sistema el�ctrico canario, conforme se establece en la normativa reguladora de los SEIE.
c) El impulso del turismo en Canarias mediante el Plan de Promoci�n Exterior de Canarias (2010-2012) que tendr� en cuenta el fomento de inversiones para la modernizaci�n y rehabilitaci�n de Infraestructuras Tur�sticas en Canarias.As� mismo, llevar� a cabo las actuaciones precisas con el objeto de agilizar la tramitaci�n de visados en los pa�ses europeos no comunitarios.
d) El impulso de la liberalizaci�n del tr�fico a�reo con origen y destino en los aeropuertos canarios y la garant�a de que en la fijaci�n de las tarifas aeroportuarias se consideren las necesidades de mejora de la conectividad y competitividad de la econom�a de Canarias.En especial, con el objeto de incrementar la conectividad de Canarias, la Direcci�n General de Aviaci�n Civil analizar� de manera individualizada las solicitudes y proyectos operativos de las compa��as a�reas de terceros pa�ses para operar 5as libertades desde/hacia Canarias, pudiendo otorgar este tipo de concesiones cuando se confirme que las propuestas presentadas son viables y contribuyen al establecimiento de operaciones y enlaces beneficiosos para Espa�a y las Islas Canarias.
e) El incremento de forma gradual de las subvenciones al transporte de mercanc�as hasta alcanzar el 70%, durante el periodo 2010-2012.
f) El desarrollo del programa de Reindustrializaci�n para Canarias en el per�odo 2010-2014.
Modificaci�n de la disposici�n adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico 1. Se modifica el apartado 9.Primero.f) de la disposici�n adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�f) Normas de gesti�n: Mediante Orden ministerial se aprobar� el modelo de autoliquidaci�n y los medios para hacer efectivo el ingreso de las cuant�as exigibles.La tasa correspondiente a la recaudaci�n del pen�ltimo mes anterior se ingresar� mediante autoliquidaci�n a efectuar por el sujeto pasivo sustituto del contribuyente antes del d�a 10 de cada mes o, en su caso, del d�a h�bil inmediatamente posterior.No obstante, cuando se trate de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente en los que concurran las circunstancias a que se refiere el apartado 3.1 del art�culo 71 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor A�adido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el ingreso de las tasas devengadas durante cada uno de los trimestres naturales del a�o se har� efectivo, respectivamente, antes del d�a 10 de los meses de mayo, septiembre, noviembre y febrero o, en su caso, del d�a h�bil inmediatamente posterior.La recaudaci�n de la tasa se har� efectiva a trav�s de las entidades de dep�sito que prestan el servicio de colaboraci�n en la gesti�n recaudatoria al amparo de lo dispuesto en el art�culo 9 del Reglamento General de Recaudaci�n, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.Esta tasa se integrar� a todos los efectos en la estructura de peajes establecida en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico, y sus disposiciones de desarrollo.�
2. Se modifica el apartado 9.Cuarto de la disposici�n adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Cuarto. Tasa por la prestaci�n de servicios de gesti�n de residuos radiactivos generados en otras instalaciones.
a) Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci�n de los servicios de gesti�n de los residuos radiactivos generados en cualesquiera otras instalaciones no comprendidas en el hecho imponible de las tasas previstas en los puntos anteriores. Esas instalaciones se clasifican en:Instalaciones radiactivas: Son aquellas instalaciones que disponen de una autorizaci�n de funcionamiento como instalaci�n radiactiva, concedida conforme a lo previsto en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, y posteriormente modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero. En lo sucesivo se designar�n con las siglas “IR”.Otras instalaciones: A los efectos de este apartado, son consideradas como tales aquellas personas f�sicas o jur�dicas que, siendo o pudiendo ser generadoras de residuos radiactivos, no disponen de una autorizaci�n de las citadas en el p�rrafo anterior. A su vez, entre �stas se distinguen:
Personas f�sicas o jur�dicas que cuenten con autorizaci�n concedida por la Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas para transferir los materiales a ENRESA en calidad de residuos radiactivos. En lo sucesivo se denominar�n con las siglas “IT”.
Personas jur�dicas que est�n adscritas o sean suscriptoras del Protocolo de colaboraci�n sobre la vigilancia radiol�gica de los materiales met�licos, de fecha 2 de noviembre de 1999. En lo sucesivo se denominar�n “IP”.
Personas f�sicas o jur�dicas no incluidas en los p�rrafos anteriores, que sean responsables de materiales que hayan de ser gestionados como residuos radiactivos. En lo sucesivo se denominar�n “IG”.
b) Base imponible: La base imponible de la tasa viene constituida por la cantidad o unidad de residuos entregados para su gesti�n, medida en la unidad correspondiente aplicable entre las comprendidas en la letra e) siguiente, de acuerdo con la naturaleza e instalaci�n de procedencia del residuo y expresada con dos decimales, redondeando los restantes al segundo decimal inferior.En el caso de que el residuo entregado pudiera estar comprendido en m�s de una categor�a o no estuviese expresamente comprendido en alguna categor�a de la mencionada tabla, la base imponible de la tasa se determinar� atendiendo al tipo de residuo que, por su naturaleza, resulte equivalente de entre los recogidos en la citada tabla.
c) Devengo de la tasa: La tasa se devengar� en el momento de la retirada por ENRESA de los residuos.
d) Sujetos pasivos: Ser�n sujetos pasivos de la tasa los titulares de las instalaciones o las personas f�sicas o jur�dicas a las que se refiere la letra a) anterior.
e) Tipos de gravamen y cuota: La cuota tributaria a ingresar ser� la resultante de multiplicar la base imponible por los tipos de gravamen siguientes para cada tipo de residuos:
Instalaci�n de procedencia
Residuos mixtos compuestos por l�quidos org�nicos m�s viales (contenedores de 25 l)
Fuentes encapsuladas cuya actividad no sobrepase los l�mites, establecidos por el ADR para bultos del Tipo A y el conjunto de la fuente con su contenedor de origen o con el equipo en que va instalada no supere los 20 litros:
Las fuentes F01 con is�topo en estado gaseoso, la cual es sometida a venteo controlado.
Fuentes encapsuladas cuya actividad no sobrepase los l�mites establecidos por el ADR para bultos del Tipo A y el conjunto de la fuente con su contenedor de origen o con el equipo en que va instalada sea superior a 20 l e inferior o igual a 80 l.
Las fuentes F02 con elementos de semiper�odo comprendido entre el del Co-60 y el Cs-137, incluido �ste.
Fuentes encapsuladas que sobrepasen los l�mites de actividad expresados para los tipos F01 y F02 y/o su volumen sea superior a 80 litros:
Las fuentes F05 con elementos de semiperiodo inferior o igual al del Co-60. (La fuente sobrepasa el l�mite de actividad y el de volumen).
Las fuentes F05 con elementos de semiperiodo comprendido entre el de Co-60 y el Cs-137, incluido �ste. (La fuente sobrepasa el l�mite de actividad pero no supera el de volumen).
Las fuentes F05 con elementos de semiperiodo superior al del Cs-137 (la fuente sobrepasa el l�mite de actividad pero no supera el de volumen).
Residuos contemplados en el Protocolo de vigilancia radiol�gica de los materiales met�licos.
Detecciones: Caso de bid�n de 220 litros o fracci�n de procedencia extranjera o que siendo de procedencia nacional, los residuos no puedan ser alojados en un �nico bid�n de 220 litros. (bid�n de 220 l o fracci�n).
Incidentes: Caso de generaci�n de residuos inferior a 200 m3 (metro c�bico).
Incidentes: Caso de generaci�n de residuos igual o superior a 200 m3 (por m3 y desde el primero).
Tipo gen�rico de residuo no contemplado en los tipos de residuo anteriores.
La cuota (€) resultar� de la aplicaci�n de la f�rmula que se indica a continuaci�n, adecuada a la categor�a del residuo (RBMA o RBBA) y al volumen del residuo (V en m3) que corresponde gestionar.
(1) f) Normas de gesti�n: Mediante Orden ministerial se aprobar� el modelo de autoliquidaci�n y los medios para hacer efectivo el ingreso de las cuant�as exigibles.La tasa se ingresar� en el plazo de los sesenta d�as naturales siguientes a aquel en que haya tenido lugar la retirada de los residuos de las instalaciones por ENRESA.La recaudaci�n de la tasa se har� efectiva a trav�s de las entidades de dep�sito que prestan el servicio de colaboraci�n en la gesti�n recaudatoria al amparo de lo dispuesto en el art�culo 9 del Reglamento General de Recaudaci�n, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.�
3. Se a�ade un punto quinto al apartado 9 de la disposici�n adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El�ctrico, con el siguiente texto:
�Quinto. Sobre las cuant�as que resulten exigibles por las tasas a que se refiere este apartado 9, se aplicar� el Impuesto sobre el Valor A�adido que grava la prestaci�n de los servicios objeto de gravamen en los t�rminos establecidos en la legislaci�n vigente.
Los tipos de gravamen y elementos tributarios para la determinaci�n de la cuota de estas tasas podr�n ser revisados por el Gobierno mediante Real Decreto, en base a una memoria econ�mico-financiera actualizada del coste de las actividades correspondientes contempladas en el Plan General de Residuos Radiactivos.�
Modificaci�n de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia:
Uno. Se a�ade una nueva disposici�n adicional, que pasa a ser adicional primera, del siguiente tenor:
1. Hasta la aprobaci�n de una Ley reguladora de los contratos de distribuci�n, el r�gimen jur�dico del contrato de agencia previsto en la presente Ley se aplicar� a los contratos de distribuci�n de veh�culos autom�viles e industriales, por los que una persona natural o jur�dica, denominada distribuidor, se obliga frente a otra, el proveedor, de manera continuada o estable y a cambio de una remuneraci�n, a promover actos u operaciones de comercio de estos productos por cuenta y en nombre de su principal, como comerciante independiente, asumiendo el riesgo y ventura de tales operaciones.
2. En defecto de Ley expresamente aplicable, las distintas modalidades de contratos de distribuci�n de veh�culos autom�viles e industriales, cualquiera que sea su denominaci�n, se regir�n por lo dispuesto en la presente Ley, cuyos preceptos tienen car�cter imperativo.
3. Ser� nulo todo pacto en contrario por el que el proveedor se reserve la facultad de modificar unilateralmente el contenido esencial de estos contratos y, en particular, la gama completa de productos y servicios contractuales, el plan de negocio del distribuidor, las inversiones y plazo de amortizaci�n, la remuneraci�n fija y variable, los precios de los productos y servicios, las condiciones generales de venta y garant�a posventa, las directrices comerciales y los criterios de selecci�n de los distribuidores.
4. El distribuidor �nicamente vendr� obligado a realizar las inversiones especificas que sean necesarias para la ejecuci�n del contrato que figuren expresamente relacionadas, de forma individualizada, en el contrato o sus modificaciones, y �nicamente en el caso de que se establezca para cada una de ellas el per�odo en el que se considere que quedar�n amortizadas.
A estos efectos, se considerar�n inversiones espec�ficas aquellas que no puedan ser aprovechadas de modo real y efectivo para usos distintos a la ejecuci�n del contrato de distribuci�n.
5. Cuando el proveedor exija al distribuidor una compra m�nima de productos contractuales para disponer de un stock calculado en funci�n de los objetivos comerciales, el distribuidor podr� devolverle los productos suministrados y no pedidos por clientes una vez transcurran sesenta d�as desde su adquisici�n. En este caso, el proveedor estar� obligado a recomprar al distribuidor los productos devueltos en las mismas condiciones en que se compraron.
6. En caso de extinci�n del contrato, ya sea por vencimiento de su plazo o por cualquier otra causa, el distribuidor tendr� derecho a percibir las siguientes cantidades en concepto de compensaci�n o indemnizaci�n por los conceptos que se indican:
a) El importe correspondiente al valor de las inversiones especificas pendiente de amortizaci�n en el momento de la extinci�n del contrato.
b) Una indemnizaci�n por clientela que en ning�n caso podr� ser inferior al importe medio anual de las ventas efectuadas por el proveedor al distribuidor durante los �ltimos cinco a�os de vigencia del contrato, o durante todo el per�odo de vigencia del contrato si �ste hubiese sido inferior.
c) Las indemnizaciones del personal laboral del que haya tenido que prescindir el distribuidor por la extinci�n del contrato.
d) Asimismo, en cualquier caso de extinci�n del contrato, el proveedor vendr� obligado a adquirir del distribuidor todas aquellas mercanc�as que se hallen en poder de este �ltimo, al mismo precio por el que hubieren sido vendidas.
Las anteriores compensaciones se establecen sin perjuicio del derecho de indemnizaci�n a favor de la parte correspondiente por los da�os y perjuicios ocasionados por los incumplimientos contractuales en que hubiere podido incurrir la otra parte, siendo nulo cualquier pacto en contrario.
7. El proveedor no podr� negar su consentimiento a la cesi�n total o parcial del contrato de distribuci�n de veh�culos autom�viles e industriales si la empresa cesionaria se compromete por escrito a mantener la organizaci�n, estructura y recursos que el empresario cedente manten�a afectos a la actividad de distribuci�n.
8. La competencia para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de distribuci�n comercial de veh�culos autom�viles e industriales corresponder� al Juez del domicilio del distribuidor, siendo nulo cualquier pacto en sentido distinto.�
Dos. La actual disposici�n adicional pasa a ser disposici�n adicional segunda.
Impulso a la implantaci�n de la Sociedad de la Informaci�n El Gobierno se compromete a acelerar la implantaci�n de la Sociedad de la Informaci�n con el fin de contribuir al crecimiento econ�mico, maximizando el potencial de las TIC para la creaci�n de empleo, la sostenibilidad y la inclusi�n social. Para ello llevar� a cabo una serie de actuaciones dirigidas a la consecuci�n de los siguientes objetivos:
1. Mejorar la velocidad, calidad y capacidad de las redes de telecomunicaciones as� como extender la cobertura de las redes troncales de alta capacidad en zonas rurales.
2. Continuar impulsando los proyectos de �xito como la implantaci�n del DNI electr�nico o la dotaci�n de centros escolares.
3. Apoyar programas de innovaci�n ligados a la Sociedad de la Informaci�n que permitan seguir avanzando en la mejora de la competitividad.
4. Consolidar la cohesi�n social y territorial en el �mbito de la Sociedad de la Informaci�n con especial atenci�n a la dispersi�n, al medio rural, a las zonas de monta�a, a la insularidad y a los sectores con riesgo de exclusi�n.
5. Fomentar el uso de la parte del espectro radioel�ctrico reservada para usos comunes o de radioaficionados.
Disposici�n adicional decimooctava
Mejora de la actividad econ�mica de internacionalizaci�n o investigaci�n El Gobierno, en el plazo de tres meses, adoptar� las medidas necesarias para mejorar el sistema de concesi�n de visados relacionados con la actividad econ�mica de internacionalizaci�n o de investigaci�n, con el fin de agilizar y mejorar los procedimientos correspondientes que faciliten la concesi�n de visados temporales vinculados a dichas actividades econ�micas de acuerdo con la legislaci�n comunitaria.
Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible En el plazo de seis meses desde la aprobaci�n de esta Ley, el Gobierno presentar� a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que sentar� las bases para fomentar la accesibilidad y la movilidad sostenible, reforzar la seguridad del tr�fico de personas y mercanc�as y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Informe del Gobierno sobre inclusi�n del IVA en procedimientos de contrataci�n p�blica El Gobierno elaborar� un informe en un plazo de tres meses en el que analice la posibilidad, en el marco de la normativa comunitaria, de incluir en el precio de los procedimientos de contrataci�n p�blica el IVA cuando intervengan licitadores exentos del impuesto, en particular entidades del Tercer sector, teniendo en cuenta el principio de adjudicaci�n de los servicios a la oferta econ�micamente m�s ventajosa para la Administraci�n P�blica, as� como los dem�s principios que deben regir la contrataci�n p�blica.
Adaptaci�n de las agencias de suscripci�n Las agencias de suscripci�n que a la entrada en vigor de esta Ley hubieran comunicado sus poderes a la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones conforme a la disposici�n adicional tercera de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediaci�n de seguros y reaseguros privados, deber�n adaptarse a lo dispuesto en el art�culo 86.bis del Texto Refundido de la Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, seg�n la redacci�n dada por esta Ley, en el plazo de un a�o a partir de la entrada en vigor de la misma.
Transcurrido el plazo previsto en el p�rrafo anterior, quienes no hubiesen acreditado haberse adaptado a esta Ley con arreglo a lo previsto en esta disposici�n transitoria no podr�n ejercer las actividades de agencia de suscripci�n de seguros privados.
Norma provisional sobre el seguro de responsabilidad civil profesional para ejercer como agencia de suscripci�n En tanto que el Ministerio de Econom�a y Hacienda no fije normas sobre el seguro de responsabilidad civil profesional para ejercer como agencia de suscripci�n, el seguro de responsabilidad civil profesional que cubra todo el territorio del Espacio Econ�mico Europeo u otra garant�a financiera, para las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, ser� de al menos un mill�n y medio de euros por siniestro y, en suma, dos millones de euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado a�o.
Las cuant�as establecidas en el p�rrafo anterior se actualizar�n con efectos de 1 de enero de 2015 y cada 5 a�os desde esa fecha, para tener en cuenta la evoluci�n del �ndice europeo de precios de consumo publicado por Eurostat. A dichos efectos, para facilitar su conocimiento y aplicaci�n, se har�n p�blicas dichas actualizaciones por resoluci�n de la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Adaptaci�n de los comercializadores de planes de pensiones individuales y de los contratos de comercializaci�n Las personas y entidades que se encuentren realizando labores de comercializaci�n de planes de pensiones individuales, as� como los acuerdos de comercializaci�n formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, deber�n adaptarse a lo dispuesto en el art�culo 26 bis del texto refundido de la Ley de Regulaci�n de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en la redacci�n dada por la disposici�n final decimotercera de esta Ley, en el plazo de doce meses desde su entrada en vigor. Asimismo, dentro de dicho plazo las entidades gestoras de fondos de pensiones deber�n comunicar a la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones las entidades o personas con las que hayan establecido los citados acuerdos de comercializaci�n.
Transcurrido el referido plazo de doce meses sin que se haya procedido a la adaptaci�n, las entidades o personas que estuvieran realizando labores de comercializaci�n deber�n cesar en esta actividad, en tanto no se efect�e la adaptaci�n de aquellas y de los acuerdos correspondientes en su caso.
R�gimen transitorio de los recursos propios de las entidades gestoras de fondos de pensiones Las entidades gestoras de fondos de pensiones autorizadas antes de la entrada en vigor de esta Ley dispondr�n de un plazo de doce meses desde la entrada en vigor para alcanzar las cuant�as m�nimas de recursos propios adicionales exigidas en funci�n de los fondos gestionados, conforme a lo dispuesto en el art�culo 20 del Texto Refundido de la Ley de regulaci�n de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en la redacci�n dada por la disposici�n final decimotercera de la presente Ley.
Procedimiento de presentaci�n de reclamaciones ante el Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones Hasta la aprobaci�n de las disposiciones reglamentarias a las que se refiere el art�culo 30.2 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en la redacci�n dada por la disposici�n final und�cima de esta Ley, continuar� aplic�ndose el procedimiento previsto en los art�culos 7 a 15 del Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros.
Cancelaci�n de asientos en el Registro Mercantil referidos a hechos no sujetos a inscripci�n relacionados con los fondos de pensiones y remisi�n telem�tica de solicitudes y comunicaciones A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los Registradores Mercantiles cancelar�n de oficio los asientos practicados en el Registro Mercantil relativos a actos y circunstancias distintos de los previstos en el n�mero 1 del art�culo 11 bis del texto refundido de la Ley de Regulaci�n de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en su redacci�n dada por la disposici�n final decimotercera de la presente Ley.
Lo previsto en los aparados 2 y 3 del art�culo 11 bis en relaci�n con la remisi�n por medios telem�ticos y con firma electr�nica de solicitudes, certificaciones, documentos y comunicaciones, ser� de aplicaci�n transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
Contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esa Ley Los contratos administrativos regulados por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P�blico que hayan sido adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se regir�n en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinci�n, incluida su duraci�n y r�gimen de pr�rrogas, por la normativa anterior.
La materializaci�n de las dotaciones a la reserva para inversiones procedentes de beneficios de per�odos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2007 se regular� por las disposiciones establecidas en el art�culo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio
, de modificaci�n del R�gimen Econ�mico y Fiscal de Canarias, seg�n la redacci�n dada por el Real Decreto-ley 12/2006, de 29 de diciembre
, con las modificaciones introducidas por esta Ley.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de junio 2011, ha admitido a tr�mite el recurso de inconstitucionalidad n�mero 2703-2011, contra la disposici�n transitoria octava y las disposiciones finales vigesimos�ptima, vigesimoctava y trig�sima de la presente Ley (�B.O.E.� 16 junio 2011).
T�ngase en cuenta que la Sentencia TC (Sala Pleno) de 26 septiembre 2013 n�m. 164/2013, declara la inconstitucionalidad y nulidad de la disposici�n transitoria octava y las disposiciones finales vig�sima s�ptima, vig�sima octava y trig�sima de la presente Ley con el alcance establecido en el fundamento jur�dico 7, que establece 7: �...para cohonestar por un lado la exigencia procedimental del informe previo de la Comunidad Aut�noma de Canarias, que viene establecida directamente por la Constituci�n, y, por otro, los propios intereses de la Comunidad Aut�noma de Canarias, que podr�an experimentar un perjuicio derivado de vac�os normativos, la nulidad derivada de la declaraci�n de inconstitucionalidad debe quedar diferida por el plazo de un a�o, plazo que se considera razonable para que, en su caso, se sustituyan las normas declaradas nulas una vez observado el procedimiento constitucional del informe previo emitido por el poder legislativo de la Comunidad Aut�noma de Canarias�. Disposici�n transitoria novena
Fondo de reserva obligatorio de cooperativas de cr�dito transformadas Uno. Los saldos del Fondo de Reserva Obligatorio de las cooperativas de cr�dito que se hubieran transformado en otra entidad de cr�dito con arreglo a lo previsto en el art�culo d�cimo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Cr�dito, y a los que se hubiese dado el destino previsto en el art�culo 75, por remisi�n del art�culo 69.6, ambos de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, podr�n integrarse en el capital social de la entidad resultante de la transformaci�n durante el ejercicio 2011.
Dos. En el per�odo impositivo en el que se produzca dicho reintegro, se integrar� en la base imponible de la entidad de cr�dito transformada la parte del mismo que se corresponda con el fondo de reserva obligatorio que hubiese minorado la base imponible de la Cooperativa de Cr�dito en los per�odos impositivos anteriores a la transformaci�n.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, las siguientes:
a) Los art�culos 22 a 28 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
c) La disposici�n adicional tercera de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediaci�n de seguros y reaseguros privados.
d) El apartado 5 del art�culo 23 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
T�tulo competencial 1. Car�cter de legislaci�n b�sica. La presente ley constituye legislaci�n b�sica dictada al amparo del art�culo 149.1.13.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado las �bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica� y, en consecuencia, son de aplicaci�n general a todas las Administraciones P�blicas y organismos y entidades dependientes de ellas.
Asimismo, tienen car�cter b�sico, al amparo del art�culo 149.1.11.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado la competencia en materia de �las bases de la ordenaci�n del cr�dito, banca y seguros�, el cap�tulo III del t�tulo I, las disposiciones transitorias primera, cuarta y quinta y las disposiciones finales quinta a decimocuarta.
Los cap�tulos I y V del t�tulo I, art�culos 40, 41, 42, el apartado 5 del art�culo 111, la disposici�n adicional s�ptima y la disposici�n adicional octava, tendr�n car�cter b�sico al amparo del art�culo 149.1.18.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado las bases del r�gimen jur�dico de las Administraciones P�blicas y el procedimiento administrativo com�n, salvo aquellos preceptos que se refieran exclusivamente a la regulaci�n del r�gimen estatutario, r�gimen jur�dico y funcionamiento de �rganos estatales.
El cap�tulo VII del t�tulo II, en lo que se refiere a la formaci�n profesional del sistema educativo, se ampara en el art�culo 149.1.30.� de la Constituci�n, sobre �regulaci�n de las condiciones de obtenci�n, expedici�n y homologaci�n de t�tulos acad�micos y profesionales y normas b�sicas para el desarrollo del art�culo 27 de la Constituci�n, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes p�blicos en esta materia�.
El t�tulo III, salvo las secciones 1.� y 2.� del cap�tulo III y el cap�tulo IV, se incardina en el art�culo 149.1 apartados 23.� y 25.�, en materia de �legislaci�n b�sica sobre protecci�n del medio ambiente� y �bases del r�gimen minero y energ�tico�, respectivamente.
2. No obstante, no tendr�n car�cter b�sico los siguientes preceptos:
a) Los contenidos de la Ley que hacen referencia a la organizaci�n y funcionamiento de �rganos del Estado o de �rganos adscritos a la Administraci�n General del Estado: art�culos 8 a 24, ambos inclusive; 34, 35, 113 y 114.
b) Los art�culos 27, apartados 2 y 4 del art�culo 111, apartados 2 y 4 del art�culo 110 y las disposiciones transitorias segunda y tercera, se incardinan en el art�culo 149.1.6.� y 8.� de la Constituci�n que atribuyen al Estado la competencia en materia de �legislaci�n mercantil� y �legislaci�n civil�, respectivamente.El TC Pleno por Providencia de 20 de diciembre de 2011 ha acordado admitir a tr�mite el recurso de inconstitucionalidad n�m. 6596/2011 contra los art�culos 101, apartados 1, 2, 3 y 4; 102; 110, apartado 4; 111, apartado 6, y disposici�n final primera, apartado 1, p�rrafos primero y �ltimo, y apartado 2.b) de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom�a Sostenible (�B.O.E.� 29 diciembre).
c) El cap�tulo VII del t�tulo II, en lo que se refiere a la formaci�n profesional para el empleo, se incardina en el art�culo 149.1.7.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de �legislaci�n laboral�.
d) La secci�n 2.� del cap�tulo V del t�tulo II, que se incardina en el art�culo 149.1.9.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de �legislaci�n sobre propiedad intelectual e industrial�.
e) Los art�culos 66, 67, 68, 69, 70 y 71, que se incardinan en el art�culo 149.1.10.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de �comercio exterior�.
f) Los art�culos 43, 44, 45, 46, 87, 92 y la disposici�n adicional primera, que se incardinan en el art�culo 149.1.14.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado la competencia en materia de �Hacienda general y deuda del Estado�.
g) Las Secciones 1.� y 3.� del Cap�tulo V del T�tulo II, que se incardinan en el art�culo 149.1.15.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado la competencia en materia de �fomento y coordinaci�n general de la investigaci�n cient�fica y t�cnica�.
h) El cap�tulo IV del t�tulo II, que se incardina en el art�culo 149.1.21.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de �telecomunicaciones�.
Modificaci�n de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas Se da nueva redacci�n a la letra d), del apartado 2 del art�culo 93 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, que queda como sigue:
�2. Para el cumplimiento de su objeto, las cooperativas agrarias podr�n desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:
d) Cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes o que faciliten el mejoramiento econ�mico, t�cnico, laboral o ecol�gico de la cooperativa o de las explotaciones de los socios, entre otras, la prestaci�n de servicios por la cooperativa y con su propio personal que consista en la realizaci�n de labores agrarias u otras an�logas en la mencionadas explotaciones y a favor de los socios de la misma.�
Modificaci�n de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia Se modifica el art�culo 8.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que queda redactado como sigue:
�1. El procedimiento de control previsto en la presente ley se aplicar� a las concentraciones econ�micas cuando concurra al menos una de las dos circunstancias siguientes:
a) Que como consecuencia de la concentraci�n se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 30 por ciento del mercado relevante de producto o servicio en el �mbito nacional o en un mercado geogr�fico definido dentro del mismo.Quedan exentas del procedimiento de control todas aqu�llas concentraciones econ�micas en las que, aun cumpliendo lo establecido en �sta letra a), el volumen de negocios global en Espa�a de la sociedad adquirida o de los activos adquiridos en el �ltimo ejercicio contable no supere la cantidad de 10 millones de euros, siempre y cuando las part�cipes no tengan una cuota individual o conjunta igual o superior al 50 por ciento en cualquiera de los mercados afectados, en el �mbito nacional o en un mercado geogr�fico definido dentro del mismo.
b) Que el volumen de negocios global en Espa�a del conjunto de los part�cipes supere en el �ltimo ejercicio contable la cantidad de 240 millones de euros, siempre que al menos dos de los part�cipes realicen individualmente en Espa�a un volumen de negocios superior a 60 millones de euros.�
Organismo regulador del sector transporte ...
Disposici�n final cuarta derogada por la letra h) de la disposici�n derogatoria de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci�n de la Comisi�n Nacional de los Mercados y la Competencia (�B.O.E.� 5 junio).
Vigencia: 6 junio 2013
Modificaci�n de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores queda modificada como sigue:
Uno. Queda derogada la letra c) del art�culo 23.
Dos. Se a�ade un nuevo p�rrafo al art�culo 35.1 con la siguiente redacci�n:
�En la memoria de los emisores cuyas acciones est�n admitidas a negociaci�n en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Uni�n Europea, se deber� informar sobre las operaciones de los administradores y de los miembros del consejo de control de una sociedad an�nima europea domiciliada en Espa�a que haya optado por el sistema dual, o de persona que act�e por cuenta de �stos, realizadas con el citado emisor o con un emisor del mismo grupo durante el ejercicio al que se refieren las cuentas anuales, cuando las operaciones sean ajenas al tr�fico ordinario de la sociedad o que no se realicen en condiciones normales de mercado.�
Tres. Se a�ade un nuevo cap�tulo VI en el t�tulo IV con el siguiente contenido:
�CAP�TULO VIDel informe anual de gobierno corporativo
Del informe anual de gobierno corporativo 1. Las sociedades an�nimas cotizadas deber�n hacer p�blico con car�cter anual un informe de gobierno corporativo.
2. El informe anual de gobierno corporativo ser� objeto de comunicaci�n a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, acompa�ando copia del documento en que conste. La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores remitir� copia del informe comunicado a las respectivas autoridades de supervisi�n cuando se trate de sociedades cotizadas que est�n dentro de su �mbito de competencias.
3. El informe ser� objeto de publicaci�n como hecho relevante.
4. El contenido y estructura del informe de gobierno corporativo ser� determinado por el Ministro de Econom�a y Hacienda o, con su habilitaci�n expresa, por la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.
Dicho informe deber� ofrecer una explicaci�n detallada de la estructura del sistema de gobierno de la sociedad y de su funcionamiento en la pr�ctica. En todo caso, el contenido m�nimo del informe de gobierno corporativo ser� el siguiente:
a) Estructura de propiedad de la sociedad, que habr� de incluir:
1.� informaci�n relativa a los accionistas con participaciones significativas, indicando los porcentajes de participaci�n y las relaciones de �ndole familiar, comercial, contractual o societaria que exista, as� como su representaci�n en el consejo;
2.� informaci�n de las participaciones accionariales de los miembros del consejo de administraci�n que deber�n comunicar a la sociedad, y de la existencia de los pactos parasociales comunicados a la propia sociedad y a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, y, en su caso, depositados en el Registro Mercantil;
3.� informaci�n de los valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario, con indicaci�n, en su caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera, as� como el porcentaje del capital social que represente la autocartera de la sociedad y sus variaciones significativas;
4.� informaci�n relativa a las normas aplicables a la modificaci�n de los estatutos de la sociedad.
b) Cualquier restricci�n a la transmisibilidad de valores y cualquier restricci�n al derecho de voto.
c) Estructura de la administraci�n de la sociedad, que habr� de incluir:
1.� informaci�n relativa a la composici�n, reglas de organizaci�n y funcionamiento del consejo de administraci�n y de sus comisiones;
2.� identidad y remuneraci�n de sus miembros, funciones y cargos dentro de la sociedad, sus relaciones con accionistas con participaciones significativas, indicando la existencia de consejeros cruzados o vinculados y los procedimientos de selecci�n, remoci�n o reelecci�n;
3.� informaci�n de los poderes de los miembros del consejo de administraci�n y, en particular, los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones;
4.� informaci�n de los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a ra�z de una oferta p�blica de adquisici�n, y sus efectos, excepto cuando su divulgaci�n resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta excepci�n no se aplicar� cuando la sociedad est� obligada legalmente a dar publicidad a esta informaci�n;
5.� informaci�n de los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administraci�n y direcci�n o empleados que dispongan indemnizaciones cuando �stos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relaci�n laboral llega a su fin con motivo de una oferta p�blica de adquisici�n.
f) Funcionamiento de la junta general, con informaci�n relativa al desarrollo de las reuniones que celebre.
g) Grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo, o, en su caso, la explicaci�n de la falta de seguimiento de dichas recomendaciones.
h) Una descripci�n de las principales caracter�sticas de los sistemas internos de control y gesti�n de riesgos en relaci�n con el proceso de emisi�n de la informaci�n financiera.
5. Sin perjuicio de las sanciones que proceda imponer por la falta de remisi�n de la documentaci�n o del informe de gobierno corporativo, o la existencia de omisiones o datos enga�osos o err�neos, corresponde a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores el seguimiento de las reglas de gobierno corporativo, a cuyo efecto podr� recabar cuanta informaci�n precise al respecto, as� como hacer p�blica la informaci�n que considere relevante sobre su grado efectivo de cumplimiento.
6. Cuando la sociedad cotizada sea una sociedad an�nima europea domiciliada en Espa�a que haya optado por el sistema dual, junto al informe anual de gobierno corporativo elaborado por la direcci�n, se acompa�ar� un informe elaborado por el consejo de control sobre el ejercicio de sus funciones.
7. La informaci�n incluida en el informe anual de gobierno corporativo sobre la composici�n del Consejo de administraci�n, sus comisiones delegadas y la calificaci�n de sus consejeros, deber� elaborarse de acuerdo con las definiciones que establezca el Ministro de Econom�a y Hacienda o, con su habilitaci�n expresa, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores. Dichas definiciones se referir�n, entre otras, a la categor�a de consejero ejecutivo, consejero dominical y consejero independiente. Para la definici�n de la categor�a de consejero independiente se tendr� en cuenta, entre otras cuestiones, que las personas sean designadas, en su caso, a propuesta de una Comisi�n de Nombramientos, en atenci�n a sus condiciones personales y profesionales, y que puedan desempe�ar sus funciones sin verse condicionadas por relaciones con la sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos.
El Ministro de Econom�a y Hacienda o, con su habilitaci�n expresa, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, determinar� las condiciones que deber� cumplir un consejero para ser calificado como independiente, as� como los supuestos en los que dicho consejero no podr� ser calificado como tal. A estos efectos se podr�n tener en cuenta, entre otros, los siguientes supuestos de exclusi�n: haber sido empleados o consejeros ejecutivos de sociedades del grupo; ser o haber sido socio del auditor externo o responsable del informe de auditor�a y ser c�nyuges, personas ligadas por an�loga relaci�n de afectividad, o parientes hasta de segundo grado de un consejero ejecutivo o alto directivo de la sociedad.
Del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 1. Junto con el Informe Anual de Gobierno Corporativo, el Consejo de las sociedades an�nimas cotizadas deber� elaborar un informe anual sobre las remuneraciones de sus consejeros, que incluir� informaci�n completa, clara y comprensible sobre la pol�tica de remuneraciones de la sociedad aprobada por el Consejo para el a�o en curso, as� como, en su caso, la prevista para a�os futuros. Incluir� tambi�n un resumen global de c�mo se aplic� la pol�tica de retribuciones durante el ejercicio, as� como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros.
2. El informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, la pol�tica de remuneraciones de la sociedad aprobada por el Consejo para el a�o en curso, la prevista para a�os futuros, el resumen global de c�mo se aplic� la pol�tica de retribuciones durante el ejercicio, as� como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros, se difundir� y someter� a votaci�n, con car�cter consultivo y como punto separado del orden del d�a, a la Junta General ordinaria de accionistas.
3. Las cajas de ahorros deber�n elaborar un informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de administraci�n y de la Comisi�n de Control, que incluir� informaci�n completa, clara y comprensible sobre la pol�tica de remuneraciones de la entidad aprobada por el Consejo para el a�o en curso, as� como, en su caso, la prevista para a�os futuros. Incluir� tambi�n un resumen global de c�mo se aplic� la pol�tica de retribuciones durante el ejercicio, as� como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros y miembros de la Comisi�n de Control.
4. El informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de administraci�n, la pol�tica de remuneraciones de la sociedad aprobada por el Consejo para el a�o en curso, la prevista para a�os futuros, el resumen global de c�mo se aplic� la pol�tica de retribuciones durante el ejercicio, as� como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros, se difundir� y someter� a votaci�n, con car�cter consultivo y como punto separado del orden del d�a, a la Asamblea General.
5. El Ministro de Econom�a y Hacienda o, con su habilitaci�n expresa, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, determinar� el contenido y estructura del informe de remuneraciones que podr� contener informaci�n, entre otras cuestiones, sobre: el importe de los componentes fijos, los conceptos retributivos de car�cter variable y los criterios de rendimientos elegidos para su dise�o, as� como el papel desempe�ado, en su caso, por la Comisi�n de Retribuciones.�
Cuatro. El apartado 1 del art�culo 70 bis queda modificado de la siguiente manera:
�1. Los grupos consolidables de empresas de servicios de inversi�n, as� como las empresas de servicios de inversi�n no integradas en uno de estos grupos consolidables, deber�n hacer p�blica, en cuanto sea posible y al menos con periodicidad anual, debidamente integrada en un solo documento denominado Informaci�n sobre solvencia, informaci�n concreta sobre aquellos datos de su situaci�n financiera y actividad en los que el mercado y otras partes interesadas puedan tener inter�s de cara a evaluar los riesgos a los que se enfrentan, su estrategia de mercado, su control de riesgos, su organizaci�n interna y su situaci�n en orden al cumplimiento de las exigencias m�nimas de recursos propios previstas en esta Ley.
La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores determinar� la informaci�n m�nima que deber� ser objeto de publicaci�n con arreglo al p�rrafo anterior. En todo caso, las entidades podr�n omitir las informaciones que no tengan importancia relativa y, con la oportuna advertencia, los datos que consideren reservados o confidenciales; tambi�n podr�n determinar el medio, lugar y modo de divulgaci�n del citado documento.
Tambi�n se publicar� la siguiente informaci�n relativa a las pr�cticas y pol�ticas de remuneraci�n de los grupos consolidables de empresas de servicios de inversi�n, as� como de las empresas de servicios de inversi�n no integradas en uno de estos grupos consolidables, para aquellas categor�as de empleados cuyas actividades profesionales puedan tener impacto en sus perfiles de riesgo:
a) Informaci�n sobre el proceso de decisi�n utilizado para determinar la pol�tica de remuneraci�n.
b) Informaci�n sobre las caracter�sticas fundamentales del sistema de remuneraci�n, en especial los que tengan car�cter variable o prevean la entrega de acciones o derechos sobre ellas.
c) Informaci�n de la relaci�n entre remuneraci�n, funciones desempe�adas, su desempe�o y los riesgos de la entidad.
A esos mismos efectos, los grupos y entidades adoptar�n una pol�tica formal para el cumplimiento de dichos requisitos de divulgaci�n y para la verificaci�n de la suficiencia y exactitud de los datos divulgados y de la frecuencia de su divulgaci�n, y dispondr�n de procedimientos que les permitan evaluar la adecuaci�n de dicha pol�tica.
La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores podr� requerir a los grupos y entidades a los que se refiere este apartado que limiten las remuneraciones variables cuando sean incoherentes con el mantenimiento de una base s�lida de capital.�
Cinco. El apartado 3 del art�culo 70 bis queda redactado como sigue:
�3. Se except�a de las obligaciones previstas en este art�culo a los grupos o empresas de servicios de inversi�n individuales controlados por otras empresas de servicios de inversi�n o sociedades financieras de cartera autorizadas o constituidas en otro Estado miembro de la Uni�n Europea, salvo cuando entre ellas se encuentre una empresa de servicios de inversi�n importante, sea de acuerdo con el criterio que la autoridad responsable de supervisi�n consolidada del grupo haya comunicado a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, sea en criterio de esta �ltima en atenci�n a su actividad en Espa�a o a su importancia relativa dentro del grupo.�
Seis. Se a�ade un nuevo p�rrafo al art�culo 81.2, con la siguiente redacci�n:
�Las prohibiciones establecidas en este apartado se aplican tambi�n a los administradores y los miembros del consejo de control de una sociedad an�nima europea domiciliada en Espa�a que haya optado por el sistema dual en relaci�n con cualquier operaci�n sobre valores de la propia sociedad o de las sociedades filiales, asociadas o vinculadas, sobre las que dispongan, por raz�n de su cargo, informaci�n privilegiada o reservada, as� como sugerir su realizaci�n a cualquier persona en tanto esa informaci�n no se d� a conocer p�blicamente.�
Siete. Se da una nueva redacci�n a las letras a), b) y g) del art�culo 84.1 con el siguiente tenor literal:
�a) Las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociaci�n y las sociedades que administren sistemas de registro, compensaci�n y liquidaci�n de valores que se creen al amparo de lo previsto en la presente Ley. Queda excluido el Banco de Espa�a.
b) La Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsas y las sociedades que tengan la titularidad de la totalidad de las acciones o de una participaci�n que atribuya el control, directo o indirecto, de las entidades previstas en la letra anterior.�
�g) Quienes no estando incluidos en las letras precedentes, ostenten la condici�n de miembro de alg�n mercado secundario oficial o de los sistemas de compensaci�n y liquidaci�n de sus operaciones.�

References: Real Decreto 
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