Source: http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=791f238b-ee34-4ef9-91e9-3d66e693ddba
Timestamp: 2017-06-22 21:06:38+00:00

Document:
Actualidad Normativa N.º 12 (2015) - Lexology
Actualidad Normativa N.º 12 (2015)
julio 2015 N.o 12 Coordinadora: Rosana Hallett Of counsel de Gómez-Acebo & Pombo © Gómez-Acebo & Pombo Abogados, 2015. Todos los derechos reservados Diseño y maquetación: José Ángel Rodríguez León  Edición y corrección: Cristina Sierra de Grado N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. Actualidad Normativa Sumario I. Medio ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 II. Agroalimentario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 III. Sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 IV. Tributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 V. Contabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 VI. Laboral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 VII. Inmobiliario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 VIII. Insolvencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 IX. Mercados financieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 X. Audiovisual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 XI. Telecomunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 XII. Hidrocarburos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 XIII. Energía eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 XIV. Sector ferroviario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 | Actualidad Normativa julio 2015 Actualidad Normativa I. Medio ambiente En el tercer trimestre de esta edición legislativa en materia medioambiental destacamos la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la cual deriva de una actualización y sistematización necesaria de la normativa vigente. En primer lugar, debido a la reciente modificación de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, operada a través de la Ley 5/2013, de 11 de junio y, en segundo lugar, debido a la promulgación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que unifica la regulación de planes y programas (Evaluación Ambiental Estratégica) con la de proyectos (Evaluación de Impacto Ambiental). Tratan de implantarse diversas medidas tendentes a dinamizar la economía —definida como la otra cara de la moneda del medio ambiente—, teniendo en cuenta la evolución existente hacia una economía más ecoló- gica. Así, la norma pretende también reducir los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos aumentando la celeridad de las tramitaciones. En suma, la presente ley establece un enfoque integrado del derecho del medio ambiente en Extremadura unificando en una sola norma tanto las actividades sometidas a la autorización ambiental, como a la autorización ambiental unificada, a la comunicación ambiental autonómica o municipal y, en su caso, a la evaluación ambiental, que supone un control adicional a priori. Además, sistematiza la normativa aplicable a los distintos contaminantes del medio ambiente. II. Agroalimentario Las principales novedades normativas en materia de derecho agroalimentario son las siguientes: 1. La Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, que parte de la consideración de las denominaciones de origen protegidas (DOP) y de las indicaciones geográ- ficas protegidas (IGP) como elementos que favorecen la diferenciación de la producción, contribuyen al incremento de la competitividad de las industrias agroalimentarias, fundamentalmente por medio de la valorización de estos productos por parte del consumidor, y son un instrumento vertebrador en el desarrollo y sostenibilidad de los tejidos rurales y una seña de promoción de la imagen de los productos españoles en el exterior. Cabe destacar en la ley la renovada implicación de los operadores, particularmente mediante entidades encargadas de la gestión de las DOP y de las IGP, las cuales deben contar con personalidad jurídica propia independiente de la Administración, aunque con una relación directa de colaboración, pudiendo llegar a atribuir funciones públicas a las entidades de gestión, por lo que en el texto se prevé la creación de corporaciones de derecho público. Surge aquí con fuerza la Agencia de Información y Control Alimentarios (organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), la cual realizará funciones de control oficial antes de la comercialización de las DOP y de las IGP cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad autónoma. 2. El Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor. Esta norma desarrolla los requisitos relativos a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, y de los alimentos envasados en los lugares de venta a petición del comprador o envasados para su venta inmediata, conforme a la facultad otorgada por el artículo 44 del Reglamento (UE) núm. 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre del 2011. Asimismo, se establecen los requisitos de información aplicables a estos alimentos cuando se comercializan mediante comunicación a distancia. 3. El Real Decreto 181/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. Una vez previstas —mediante el Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas espa- ñolas— las ayudas para la creación o mantenimiento 3 de libros genealógicos y el desarrollo del programa de mejora para las citadas razas de ganado, el Real Decreto 181/2015 viene a adaptar la citada regulación a las nuevas normas de la Unión Europea en materia de ayudas al sector agrario. También se derogan expresamente por razones de seguridad jurídica, dado que ya no van a mantenerse dichos regímenes de ayudas, el Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines, y el Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos. 4. El Real Decreto 264/2015, de 10 de abril, por el que se modifica el Estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria, aprobado por Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre. Dentro del Programa Operativo presentado por España a la Comisión, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento (UE) núm. 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo del 2014, se indica que se ha designado como organismo intermedio del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por medio del Fondo Español de Garantía Agraria; asimismo se aporta la descripción de las principales características de la ayuda material básica que se va a prestar. Resulta por ello necesaria la modificación del Estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria, aprobado por Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre, al objeto de incluir en su artículo 3 las funciones derivadas de su condición de organismo intermedio de gestión del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas. 5. El Real Decreto 288/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola. Recuerda la nueva norma que el Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre del 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 y (CE) núm. 1234/2007, establece un nuevo régimen de plantaciones de vi- ñedo basado en autorizaciones, a partir del 1 de enero del 2016, que se aplicará hasta el 31 de diciembre del 2030. Por lo tanto, el régimen de derechos de plantación de viñedo se deroga a partir del 31 de diciembre del 2015 y se considera conveniente modificar el Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, para ampliar hasta el 1 de junio del 2015 el plazo de presentación de solicitudes para las transferencias cuya tramitación corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; es la última campaña en que pueden efectuarse transferencias, ya que a partir del 1 de enero del 2016 no estarán permitidas las de derechos de plantación. Dado que se amplía el plazo, lo que es más beneficioso para los solicitantes, se prevé la aplicación retroactiva, a 1 de abril del 2015, de esta modificación. 6. El Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra, constituye una adecuación del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre del 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1307/2001 y (CE) núm. 1234/2007. El real decreto establece la obligatoriedad, para los primeros compradores, de declarar mensualmente ante la autoridad competente la cantidad de leche cruda que les haya sido entregada el mes anterior. Se entiende que el sistema de declaraciones mensuales, ligado a la obligatoriedad de los contratos entre los primeros compradores y los productores en el sector lácteo de conformidad con el Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se establecen sus condiciones de contratación, permite dotar de una mayor transparencia al sector, disponer de información acerca de la evolución del mercado, llevar a cabo análisis del sector en un corto espacio de tiempo, así como servir de apoyo para la gestión y el control de las ayudas directas a los agricultores conforme a la política agrícola común. Al objeto de garantizar que se declara toda la leche producida por los ganaderos, se establecen las declaraciones anuales para los ganaderos que comercializan leche o productos lácteos directamente al consumidor (venta directa). 4 | Actualidad Normativa julio 2015 Actualidad Normativa Llamamos la atención finalmente sobre una nota de interés contenida al final del preámbulo de la norma, donde se indica que el régimen sancionador en materia de declaraciones obligatorias en el sector lácteo, junto con una modificación del existente en materia de contratación obligatoria, se encuentra previsto en la disposición adicional séptima de la ya mencionada Ley 6/2015, de 12 de mayo, de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico. 7. El Real Decreto 320/2015, de 24 de abril, por el que se modifican los Reales Decretos 1075/2014, de 19 de diciembre; 1076/2014, de 19 de diciembre; 1077/2014, de 19 de diciembre, y 1078/2014, de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. Señala el preámbulo de la norma que tras la publicación del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir del 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural; del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de ré- gimen de pago básico de la Política Agrícola Común; del Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas; y del Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola, se han detectado algunos errores en ellos, lo que hace preciso llevar a cabo modificaciones concretas dentro del periodo de solicitud de las ayudas correspondientes. III. Sanidad En este ámbito, destacan las siguientes directivas europeas: 1. La Directiva (UE) 2015/565 de la Comisión, de 8 de abril del 2015, por la que se modifica la Directiva 2006/86/CE en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos humanos. Entre las principales novedades cabe destacar la nueva redacción del artículo 9, sobre la trazabilidad. Según este artículo, los Estados miembros se asegurarán de que los tejidos y las células puedan rastrearse, en especial por medio de la documentación y el uso del código único europeo, desde la obtención hasta su aplicación en seres humanos o su eliminación, y viceversa. Los tejidos y las células utilizados para los medicamentos de terapia avanzada deberán poder rastrearse de conformidad con la presente directiva, al menos hasta que sean transferidos al fabricante de medicamentos de terapia avanzada. De igual modo, los Estados miembros se asegurarán de que los establecimientos de tejidos y las organizaciones responsables de la aplicación en seres humanos conserven una serie de datos durante un mínimo de treinta años en un medio de almacenamiento adecuado y legible. Por su parte, en el caso de los tejidos y las células de un donante fallecido que hayan sido recuperados por equipos de obtención que trabajen para dos o más establecimientos de tejidos, los Estados miembros garantizarán un sistema de trazabilidad adecuado a partir de las obtenciones. Asimismo, en el artículo 10 se regula el sistema europeo de codificación, basado en la aplicación de un código único europeo a todos los tejidos y células distribuidos para su aplicación en seres humanos. Respecto a las demás situaciones en las que se pongan en circulación tejidos y células, se aplicará la secuencia de identificación de la donación, como mínimo, en la documentación adjunta. No obstante, este sistema no se aplicará en determinados supuestos e, igualmente, los Estados miembros podrán autorizar excepciones a los requisitos establecidos para la codificación de determinados tejidos y células. 2. La Directiva (UE) 2015/566 de la Comisión, de 8 de abril del 2015, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE en lo que se refiere a los procedimientos de verificación de la equivalencia de las normas de calidad y seguri dad de las cé- lulas y los tejidos importados. Tal como dispone su artículo primero, esta directiva es aplicable a la importación en la Unión de células y tejidos humanos destinados a su aplicación en el ser humano, así como de productos elaborados derivados de células y tejidos humanos destinados a su aplicación en el ser humano cuando estos productos no estén cubiertos por otra legislación de la Unión. 5 Cuando las células y los tejidos humanos que vayan a importarse estén destinados a ser utilizados exclusivamente en productos elaborados cubiertos «por otra legislación de la Unión», la presente directiva se aplicará únicamente a la donación, obtención y evaluación que se efectúen fuera de la Unión, a fin de contribuir a garantizar la trazabilidad de los productos desde el donante hasta el receptor y viceversa. 3. La Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo del 2015, por la que se modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de organismos modificados genéticamente (OMG) en su territorio. En este sentido, se añade un apartado 1 bis al artí- culo 26 bis, en relación con la convivencia de cultivos, para disponer que «a partir del 3 de abril del 2017 los Estados miembros en los que se cultiven OMG adoptarán medidas adecuadas en las zonas fronterizas de su territorio con el fin de evitar una posible contaminación transfronteriza a los Estados miembros vecinos en los que esté prohibido el cultivo de esos OMG, a menos que dichas medidas sean innecesarias debido a unas condiciones geográficas específicas. Dichas medidas se comunicarán a la Comisión». Igualmente, se permite la posibilidad de que cada Estado decida sobre la comercialización de los OMG. Así, de conformidad con el artículo 2.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se otorga a los Estados miembros la posibilidad de adoptar actos jurí- dicamente vinculantes por los que se restrinja o prohíba el cultivo de OMG en su territorio una vez que se haya autorizado la comercialización de esos organigramas en el mercado de la Unión. Así, según el nuevo artículo 26 ter, durante el procedimiento de autorización de un determinado OMG, o durante la renovación de la autorización escrita o de la decisión de autorización, los Estados miembros podrán pedir que se adapte el ámbito geográfico de aplicación de la autorización escrita o de la decisión de autorización a efectos de que el territorio del Estado miembro de que se trate quede excluido en su totalidad o en parte del cultivo. IV. Tributos En los últimos meses ha habido, entre otras, las siguientes modificaciones en esta área: 1. El Convenio, de 23 de junio del 2009, entre el Reino de España y la República Federal de Nigeria para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Abuja, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 13 de abril del 2015. 2. El Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, viene a desarrollar el nuevo gravamen introducido por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, concretando los aspectos necesarios para la exacción del canon y obligando a los titulares de centrales a efectuar el pago con efectos desde el 1 de enero del 2013, fecha en la que entró en vigor la Ley 15/2012. La aplicación del nuevo canon se justifica por razones medioambientales, en cuanto está destinado «a la protección y mejora del dominio público hidráulico». Tal motivación se ve contradicha, sin embargo, tanto por la configuración del tributo —que no grava en realidad el uso o consumo del agua, sino la producción eléctrica— como por la cantidad de la recaudación del tributo que se destina a las actuaciones del organismo de cuenca. 3. De entre las medidas tributarias del Real Decreto Ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas de carácter tributario, cabe destacar la inclusión, con efectos desde el 1 de enero del 2013, de una nueva disposición adicional cuadragésimo cuarta, relativa a las reglas especiales de cuantificación de las rentas derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes, en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio. 4. En virtud de la Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias 6 | Actualidad Normativa julio 2015 Actualidad Normativa y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, se establece y se regula el impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados, de carácter directo y naturaleza real, que grava el valor de los productos del dominio público gas, petróleo y condensados extraídos en territorio español. Se establece una escala de gravamen progresiva en función del volumen de producción que además tiene en consideración la influencia de ciertas características técnicas de los proyectos que afectan a la rentabilidad económica de dicho volumen, tales como su ubicación concreta o la tecnología aplicada. 5. En el ámbito foral, destacamos para el territorio foral de Navarra la Ley Foral 10/2015, de 18 de marzo, por la que se modifica parcialmente el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. Entre las medidas más novedosas se encuentran: a) la modificación de los tipos que gravarán la base liquidable especial del ahorro; b) la regulación sobre la deducción por las cuotas tributarias satisfechas por el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica; c) la modificación del régimen de cuota íntegra y tributación mínima en el impuesto sobre sociedades, y d) la regulación del sistema de notificación electrónica. Asimismo, debe resaltarse la Orden Foral 197/2015, de 19 de mayo, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se modifica la Orden Foral 185/2015, de 13 de mayo, por la que se determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por los fenómenos de lluvia y nieve e inundaciones de los meses de enero, febrero y marzo del 2015, acaecidos en la comunidad foral, así como las compensaciones a practicar en los municipios que hayan aplicado dichas exenciones. 6. En relación con el territorio histórico de Guipúzcoa, la Norma Foral 3/2015, de 7 de abril, por la que se aprueba el régimen de integración y compensación de rentas negativas derivadas de aportaciones financieras subordinadas, deuda subordinada y de participaciones preferentes, establece el ré- gimen fiscal aplicable a los rendimientos obtenidos por personas físicas derivados de aportaciones financieras subordinadas previstas en la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi. Además, cabe resaltar el Decreto Foral 13/2015, de 19 de mayo, por el que se modifican los reglamentos de desarrollo de determinadas obligaciones tributarias formales y de facturación. 7. En el territorio foral de Vizcaya, la Norma Foral 5/2015, de 25 de marzo, por la que se modifica la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece: a) el régimen fiscal aplicable a los rendimientos obtenidos por personas físicas derivados de aportaciones financieras subordinadas previstas en la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, y b) el régimen de integración y compensación de rentas negativas derivadas de aportaciones financieras subordinadas, participaciones preferentes y deuda subordinada. Asimismo, debemos considerar la Norma Foral 4/2015, de 25 de marzo, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; y el Decreto Foral 58/2015, de 21 de abril, de la Diputación Foral de Vizcaya, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 8. En el ámbito foral de Álava, la Norma Foral 11/2015, de 27 de marzo, de medidas económico‑financieras en materia de administración local para el ejercicio 2015; y el Decreto Foral 21/2015, de 14 de abril, del Consejo de Diputados, que determina las actividades prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2015. 9. Por último, en el marco europeo, destacamos el Reglamento 2015/478, de 11 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el régimen común aplicable a las importaciones, que regula un procedimiento mediante el cual los Estados miembros deberán informar a la Comisión cuando la evolución de las importaciones pudiera hacer necesario recurrir a medidas de vigilancia o salvaguardia, quedando excluidos los productos textiles sometidos a normas específicas de importación y los productos originarios de determinados terceros países enumerados en el Reglamento (CE) núm. 625/2009 del Consejo; y el Reglamento 2015/479 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo, sobre el régimen común aplicable a las exportaciones, según el cual los Estados miembros deberán informar a la Comisión cuando, como consecuencia de una evolución excepcional del mercado, aquéllos estimaren que podrían ser necesarias medidas de salvaguardia. Asimismo, cabe resaltar la Decisión de Ejecución 2015/714, de 24 de abril, de la Comisión, con respecto a la validez de cierta información arancelaria vinculante, cuyos destinatarios serán la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la Repú- blica de Austria, la República Portuguesa y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 7 En materia de derecho contable, la Resolución, de 14 de abril del 2015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se establecen criterios para la determinación del coste de producción, constituye el desarrollo reglamentario de los criterios de registro y valoración para la determinación del coste de producción, regulados en el Plan General de Contabilidad, en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y en las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas. V. Contabilidad Se exponen a continuación las principales novedades normativas en relación con el derecho laboral y de Seguridad Social del último trimestre: 1. El Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. Este nuevo sistema se basa en cuatro objetivos estratégicos: 1) la garantía del ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores, empleados y desempleados, en particular, de los más vulnerables; 2) la contribución efectiva de la formación a la competitividad de las empresas; 3) el fortalecimiento de la negociación colectiva en la adecuación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo, y 4) la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos. Podrán participar en la formación programada por las empresas los trabajadores asalariados que presten sus servicios en empresas o en entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones Públicas. Las empresas podrán organizar la formación de sus trabajadores por sí mismas, así como impartir la formación empleando para ello medios propios o bien recurriendo a su contratación. Se admite, a tal efecto, la formación presencial, la teleformación o ambas modalidades a la vez, pudiendo encomendarse la organización de la formación a una entidad externa. Para la financiación de los costes derivados de la formación prevista en esta norma, las empresas dispondrán de un «crédito de formación» anual que podrán hacer efectivo mediante bonificaciones en las correspondientes cotizaciones empresariales a la Seguridad Social a medida que se comunique el término de las acciones formativas. Por su parte, las empresas participarán con sus propios recursos en la financiación de la formación de sus trabajadores según los porcentajes mínimos que, sobre el coste total de la formación, se establecen en función de su tamaño. Conviene subrayar que, en esta misma norma, el Gobierno se compromete a desarrollar un análisis del conjunto de bonificaciones a la contratación y reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social en vigor en todos los ámbitos territoriales que deberá presentar antes del 31 de mayo del 2016. 2. La Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, que modifica también preceptos de contenido laboral. En particular, se trata de adaptar algunas instituciones laborales incluidas en la Ley Concursal a las modificaciones operadas en ellas desde la aprobación de esta última en el 2003. Así, se incluyen todos los procedimientos colectivos (modificación sustancial, traslado, despido, suspensión, reducción de jornada), se sustituye la alusión a la «autorización» por la referencia a la «comunicación» y se establecen nuevas normas de ejecución de la resolución concursal, entre otras novedades. 3. Asimismo, en el ámbito laboral destaca la aprobación de las siguientes normas: — el Real Decreto 127/2015, de 27 de febrero, por el que se integran los centros de ventanilla única empresarial y la ventanilla única de la Directiva de servicios en los puntos de atención al emprendedor, facilitando el acceso a los incentivos previstos para estos últimos; — la Orden ESS/419/2015, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden ESS/1338/2013, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal y se convoca su concesión para el año 2013, ampliando este tipo de subvenciones; — la Resolución de 17 de marzo del 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de VI. Laboral 8 | Actualidad Normativa julio 2015 Actualidad Normativa la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se desarrolla la de 20 de agosto del 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, en relación con los proyectos de acciones formativas destinadas a jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con una particular atención a los jóvenes demandantes de primer empleo o sin empleo; — y, en fin, la aprobación de la Orden ESS/837/2015, de 27 de abril, por la que se modifica la Orden ESS/2097/2014, de 29 de octubre, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico del 2014, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y de la Resolución, de 25 de marzo del 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo trimestre del 2015. — Sobresale por su particular interés la aprobación del Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo, sobre cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización Internacional del Trabajo, en buques españoles. 4. Por lo que se refiere al ámbito de la Seguridad Social, conviene destacar tres resoluciones: — en primer lugar, la Resolución, de 25 de marzo del 2015, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, registro nuclear para el conocimiento y control de las prestaciones públicas; — la Resolución, de 4 de mayo del 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2015, tras la modificación normativa operada en estas últimas por la cual no pueden actuar como servicios de prevención; — y, por último, la Resolución de 13 de mayo del 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, durante el año 2015, la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado «Prevención10.es», a fin de lograr mejores resultados en materia de prevención de riesgos laborales. En este ámbito debemos destacar la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, cuyo objeto según el artículo 1.º es «establecer un régimen basado en que los valores monetarios no sean modificados en virtud de los índices de precios o fórmulas que lo contengan». En materia de arrendamientos, esta ley ha supuesto la modificación del artículo 18.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, dedicado a la actualización de la renta. Así, en su nueva redacción, se prevé que no procederá la revisión periódica de la renta acordada salvo pacto expreso en contrario de las partes, a diferencia de la anterior regulación donde, en defecto de aquél, la norma recogía una revisión anual y conforme a la variación del índice de precios de consumo durante los cinco primeros años de duración del contrato. El artículo indicado también establece que en caso de pacto expreso entre las partes donde no se detalle el índice o la metodología de referencia para revisar el valor monetario, la renta se revisará para cada anualidad con referencia a la variación anual del índice de garantía de competitividad a la fecha de cada revisión, sustituyendo de este modo al anterior índice de precios de consumo. Por último, es importante señalar que esta modificación afecta únicamente a los arrendamientos de vivienda y no a los locales de negocio, puesto que, con respecto a estos últimos, ya se preveía que no procedería la revisión de la renta sin acuerdo expreso entre las partes. Y, por otro lado, apuntaremos que esta nueva regla se aplicará a los contratos celebrados tras su entrada en vigor, esto es, el 1 de abril del 2015. VII. Inmobiliario 9 En esta materia hemos de resaltar el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo del 2015, sobre procedimientos de insolvencia, que sustituye al Reglamento 1346/2000. De acuerdo con su artículo 84, el nuevo texto se aplicará a los procedimientos de insolvencia que se abran después del 26 de junio del 2017. Los aspectos más relevantes de la reforma son los siguientes: — Se incluyen en su ámbito de aplicación los procedimientos de «preinsolvencia», definidos como los «procedimientos colectivos públicos, regulados en la legislación en materia de insolvencia y en los que, a efectos de rescate, reestructuración de la deuda, reorganización o liquidación […] c) un órgano jurisdiccional acuerde, o se establezca por ministerio de la ley, una suspensión temporal de los procedimientos de ejecución individual para facilitar las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, siempre que los procedimientos en los que se acuerde la suspensión prevean medidas adecuadas para proteger al conjunto de los acreedores y, en caso de que no se alcance un acuerdo, sean previos a uno de los procedimientos a los que se refieren las letras a o b»1. Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión los procedimientos que consideran incluidos en el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia que se incluyen en el anexo A. Los no comunicados no serán considerados procedimientos de insolvencia y no les será de aplicación el texto europeo. España ha notificado, además del concurso, el procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación, el procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago y el procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio. — Se incluyen nuevas reglas sobre ubicación de bienes para las acciones nominativas de sociedades, los instrumentos financieros cuya titularidad esté representada por anotaciones en un registro o cuenta mantenidos por un intermediario o en su nombre, las cuentas corrientes, la patente europea y los derechos de autor y derechos afines. Esta disposición es relevante sobre todo a dos efectos: para la aplicación del artículo 8 (derechos reales de terceros) —que sólo entra en juego si el bien afecto al derecho real está situado fuera del estado de apertura del concurso en el momento de aquélla— y para la determinación de la masa en que se integra cada bien del deudor si se abren varios procedimientos concursales distintos sobre él. — La definición del centro de los intereses principales (CIP, o COMI por sus siglas en inglés), que en el Reglamento 1346/2000 sólo figura en los considerandos, se incorpora ahora al texto articulado y se añaden dos reglas que pretenden evitar los traslados fraudulentos: en el caso de las personas jurídicas y de los particulares que ejercen actividades profesionales o mercantiles, la presunción a favor de la coincidencia del CIP con el domicilio social o con su centro principal de actividad, respectivamente, no tiene lugar si se ha producido el traslado de dicho domicilio o centro de actividad a otro Estado miembro en los tres meses anteriores a la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia; respecto del resto de particulares, la presunción de que su centro de los intereses principales coincida con su residencia habitual no será aplicable si ésta se ha trasladado a otro Estado miembro en los seis meses anteriores a la solicitud de apertura. — La apertura de procedimientos territoriales se presenta con más reservas que en el texto actualmente aplicable. La modificación más relevante a este respecto se recoge en el artículo 36, que prevé la posibilidad de evitar la apertura de un procedimiento secundario si el administrador del procedimiento universal se compromete con los acreedores del Estado miembro donde podría abrirse uno territorial a reconocerles, en el marco del universal, los derechos según el orden de prelación de créditos del territorial sobre los bienes situados en el Estado en el que podría abrirse este último. — Se introduce un artículo 6, que no hace sino recoger la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que se afirma la competencia del juez del concurso para conocer de las acciones que derivan directamente del procedimiento y guardan una estrecha vinculación con éste, como las revocatorias. No obstante, si la acción es conexa con otra en materia civil y mercantil interpuesta contra el mismo demandado, el administrador concursal podrá promover acciones ante los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado y, si son varios, del de uno de ellos, VIII. Insolvencias 1 Los procedimientos de los apartados a y b son aquellos procedimientos colectivos públicos regulados en la legislación en materia de insolvencia en los que a efectos de rescate, reestructuración de la deuda, reorganización o liquidación a) se desapodere a un deudor total o parcialmente de sus bienes y se nombre un administrador concursal, y b) los bienes y negocios de un deudor se sometan a control o supervisión judicial. 10 | Actualidad Normativa julio 2015 Actualidad Normativa siempre que sean competentes según el Reglamento Bruselas I bis. — En lo que se refiere a la ley aplicable, se mantiene el principio de la aplicación de la lex fori concursus, pero se introducen ciertas modificaciones en la regulación de algunas de las excepciones que ya se vienen admitiendo. — Se establecen Registros de Insolvencia que han de ser mantenidos en cada uno de los Estados miembros y se determina la información mínima, que debe ser pública, que están obligados a recoger. Se prevé, asimismo, un sistema de interconexión de Registros, que habrá de ser establecido por la Comisión y financiado con el presupuesto de la Unión Europea, y la necesidad de publicar en otros Estados miembros la apertura de un procedimiento en ciertos casos. — Se incluye una regla sobre la insolvencia de los grupos de sociedades en la que se opta por la fórmula de la cooperación entre procedimientos. IX. Mercados financieros En relación con esta materia, en este periodo merece especial mención la siguiente normativa: 1. La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, articula un conjunto de medidas con una doble finalidad. La primera pretende hacer más accesible y flexible la financiación bancaria para las pymes. La segunda busca avanzar en el desarrollo de los medios alternativos de financiación, sentando las bases regulatorias necesarias para fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa o no bancaria en España. Por lo que se refiere a las normas destinadas a favorecer la financiación bancaria de las pymes, se establece la obligación de las entidades de crédito de notificar a las primeras, por escrito y con antelación suficiente, su decisión de cancelar o reducir significativamente el flujo de financiación que les haya venido concediendo. Se incluye la obligación de las entidades de poner a disposición de las pymes un informe de su calificación crediticia basado en la metodología común y modelos que a estos efectos elaborará el Banco de España. Por otra parte, se pretende facilitar el acceso de las pymes al crédito bancario mediante la reforma del régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca. En este sentido, la ley modifica el funcionamiento del reaval que la Compañía Española de Reafianzamiento presta a estas sociedades. La constitución de un nuevo régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito viene motivada por la reciente aprobación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que a su vez incorpora la normativa europea en materia de solvencia de las entidades de crédito. Por otra parte, la reforma del régimen de las titulizaciones se articula en torno a tres ejes que, en línea con las tendencias internacionales, incrementarán la transparencia, la calidad y la simplicidad de aquéllas. En el título IV se recogen una serie de mejoras en el acceso de las empresas a los mercados de capitales: a) se introducen reformas para favorecer el tránsito de las sociedades desde un sistema multilateral de negociación a un mercado secundario oficial, y b) se facilita la financiación por medio de emisiones de renta fija, eliminando las disfunciones que la actual regulación presenta respecto al funcionamiento actual de los mercados de capitales. En el título V se aborda el fenómeno del crowdfunding desde una triple dimensión: primero se establece el régimen jurídico de las entidades denominadas «plataformas de financiación participativa»; en segundo lugar se regula y reserva su actividad a las entidades autorizadas; finalmente, se aclaran las normas aplicables a los agentes que utilicen este nuevo canal de financiación. Por último, el título VI recoge una modificación de las facultades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al objeto de profundizar en su independencia funcional y reforzar sus competencias supervisoras en aras del mejor desempeño de su mandato de velar por la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de los precios en ellos y la protección de los inversores. 2. La ya mencionada Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, tiene también como propósito declarado que «los valores monetarios no sean modificados en virtud de índices de precios». Este objetivo se convierte en mandato imperativo cuando está presente el sector público. Se sustituye así una «regulación indexadora que, en buena medida, data de épocas con una inflación notablemente 11 mayor», por una regulación «desindexadora» con la que se pretende a su vez coadyuvar a evitar la inflación, pero que puede resultar muy desventajosa para las contrapartes del sector público cuando sobrevenga un nuevo periodo inflacionista. La ley prohíbe indexar en función de precios o índices de precios para la revisión «de cualquier valor monetario en cuya determinación intervenga el sector público», utilizando para la definición de «sector público» la amplia fórmula recogida en el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Para aplicar esta prohibición general —que únicamente puede exceptuarse en los supuestos excluidos de la aplicación de la ley o reglamentariamente en circunstancias excepcionales—, es condición suficiente la participación de una entidad perteneciente al sector público, si bien cuando concurra un negocio o relación jurídica incluida en el ámbito de aplicación del mencionado texto refundido se empleará su régimen específico de revisión de precios, que la ley modifica. El sistema de revisión de precios contenido en el capítulo II del título III del libro I pasa a aplicarse a todos los contratos del sector público y no sólo a los de las Administraciones Públicas. Por su parte, la revisión de precios de los contratos del sector público ya no puede entenderse como un derecho reconocido al contratista que la Administración sólo podía desconocer cuando así se hubiera pactado. A partir de ahora, la no revisión de los precios de los contratos se convierte en la regla, de tal forma que se prohíbe de forma taxativa la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios y la revisión periódica únicamente se permite «previa justificación en el expediente» y conforme se establezca en el real decreto de desarrollo de la ley. En cuanto a los efectos de la ley de desindexación en la contratación privada, debemos distinguir entre: a) deudas nacidas de contratos entre privados y expresadas en valores monetarios por cuantía determinada imperativamente por una instancia del poder público («precios regulados»), y b) deudas nacidas de contratos entre privados donde las cantidades debidas (e indexadas) hayan sido establecidas por acuerdo (contratos privados en sentido pleno). Las primeras están sujetas al régimen imperativo de la ya mencionada Ley 2/2015. En estos casos los valores monetarios «no podrán ser objeto de revisión perió- dica y predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contenga». Sólo podrá conseguirse la indexación de estas cantidades en las circunstancias excepcionales o reglamentarias previstas en los artículos 4 y 5.2 de la ley. No habrá posibilidad de llegar a otro resultado mediante acuerdo de las partes privadas implicadas. En los contratos en los que las partes privadas hayan determinado convencionalmente la contraprestación (contratos privados en sentido pleno), sólo procederá la revisión periódica de valores monetarios cuando se haya pactado expresamente. 3. La asimismo mencionada Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, comprende, entre otras, las siguientes modificaciones: En cuanto al convenio concursal, contiene previsiones análogas a las de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por la Ley 17/2014) relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello, se modifican los artículos 90 y 94 de la Ley Concursal. Asimismo, se amplía el quorum de la junta de acreedores atribuyendo derecho de voto a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso. Por otra parte, se introducen determinadas previsiones adicionales respecto a los efectos del convenio en el artículo 100. Al igual que se hace en la disposición adicional cuarta, se señala que los acuerdos de aumento de capital requeridos cuando se trate de capitalización se adoptarán con las mismas mayorías previstas en dicha disposición adicional. También se efectúa una remisión al régimen general de transmisión de unidades productivas a lo dispuesto en los artículos 146 bis y 149, lo que implica, con determinadas excepciones, su adquisición libre de obligaciones preexistentes impagadas. Además se facilita la cesión en pago de bienes con determinadas cautelas destinadas a evitar comportamientos fraudulentos. El cuarto aspecto de las modificaciones de los convenios concursales se refiere a las votaciones y mayorías en el convenio y a la ampliación de la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en determinadas circunstancias. Se levanta la limitación general que con anterioridad existía para los efectos del convenio, pero para superar dichos límites se exige una mayoría reforzada del 65 %. Se introduce igualmente la regla ya aprobada respecto a los convenios preconcursales en lo referente a las mayorías máximas exigibles para los pactos de sindicación, que será del 75 %. Finalmente, se introduce una previsión novedosa, que también tiene precedente en la Ley 17/2014, sobre la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía. En materia de liquidación, se trata de garantizar en lo posible la continuación de la actividad empresarial, 12 | Actualidad Normativa julio 2015 Actualidad Normativa facilitando, fundamentalmente, la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas. En cuanto a los acuerdos de refinanciación, se estipulan una serie de modificaciones cuyo objeto es aclarar determinadas dudas que se han planteado en su aplicación práctica. Así, se modifica el artículo 5 bis para establecer que, en caso de controversia, será el juez del concurso quien tenga la competencia para determinar si un bien es o no necesario para la continuidad de la actividad económica del concursado. Igualmente, en el artículo 71 bis se regula el régimen de votación en el seno de acuerdos sindicados y en la disposición adicional cuarta se introducen una serie de modificaciones para aclarar el régimen de votación en el seno de acuerdos sindicados y se precisa, a efectos de determinar el valor razonable de los bienes dados en garantía, que éste no podrá exceder del valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado. X. Audiovisual En el sector audiovisual destacan las siguientes nuevas normas: 1. El Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Las novedades que introduce giran en torno a cuatro ejes: — La implantación de un sistema de comercialización colectiva de derechos de explotación de contenidos audiovisuales sobre las competiciones españolas de fútbol profesional (partidos de la Liga de Fútbol Profesional, de la Copa de S. M. el Rey y de la Supercopa): en este nuevo sistema, los clubes participantes han de ceder obligatoriamente la facultad de comercializar los derechos de los que son titulares a las entidades organizadoras, la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol, que deben ponerlos a disposición de los operadores de televisión conforme a condiciones parcialmente reguladas supervisadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y siguiendo el procedimiento establecido para garantizar la salvaguarda de los principios de competencia, transparencia y no discriminación. Se garantiza la emisión en abierto de los acontecimientos de interés general y de resúmenes informativos de noventa segundos de duración. Asimismo, se establece un procedimiento para garantizar la explotación no exclusiva de los derechos para el mercado nacional de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División destinados a la televisión de pago. — La distribución de los ingresos percibidos por la comercialización colectiva de los derechos: dentro del sistema de comercialización centralizada se establece un mecanismo de reparto de los ingresos obtenidos por la comercialización conjunta en el que se introducen criterios correctores que limitan las diferencias entre los ingresos percibidos por las diversas entidades participantes en cada temporada. Estos criterios permiten distribuir los ingresos entre la Primera y la Segunda División de fútbol, ponderando dentro de cada categoría los resultados deportivos obtenidos, la implantación social de cada entidad participante —evaluada por la recaudación media en abonos y taquilla— y por la aportación de cada entidad a la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas. Se ha de advertir que el sistema y, especialmente, los criterios de distribución no son de aplicación inmediata, pues se establece un régimen transitorio que garantiza ingresos mínimos durante seis temporadas tras la entrada en vigor de dicho sistema. — La contribución al sostenimiento de categorías inferiores y de otros deportes: una vez distribuidos los ingresos obtenidos de la comercialización centralizada, cada entidad participante en el Campeonato Nacional de Liga, en cualquiera de sus categorías, debe efectuar aportaciones con carácter anual y en proporción con los ingresos que obtengan por la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales para financiar las acciones llevadas a cabo por la Liga de Fútbol Profesional o por el Consejo Superior de Deportes para promover o proteger las categorías inferiores o el desarrollo de otros deportes de menor impacto social o comercial que el fútbol. — Garantía del pago de las deudas con la Administración: la norma establece diversos instrumentos tendentes a impedir el crecimiento, a reducir o a extinguir la deuda de los clubes con la Administración Tributaria y la Seguridad Social. Además, se modifica la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, con el fin de reforzar los sistemas de control económico y financiero de las sociedades anónimas deportivas, así como para evitar la utilización de éstas con fines 13 que puedan afectar al equilibrio financiero de la competición y de las entidades que en ella participan. 2. El anteriormente mencionado Rea l Decreto Ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas de carácter tributario. También comprende sobre todo dos interesantes modificaciones en el sector audiovisual: Modificación del régimen de ayudas públicas a la producción audiovisual: se remite a un reglamento el desarrollo del régimen de ayudas estatales previstas en la Ley del Cine, exigiendo que dicho reglamento incluya en las bases reguladoras las especialidades para su concesión, pudiendo configurar las ayudas como reembolsables total o parcialmente según los resultados alcanzados en la ejecución de las respectivas actuaciones (por ejemplo, en función de los ingresos de taquilla) y en los términos que establezcan las correspondientes bases reguladoras. Naturalmente, las bases reguladoras de las medidas de apoyo deberán respetar los límites fijados por las autoridades europeas, que en todo caso se calcularán teniendo en cuenta el importe total de las concedidas por cualquier Administración Pública. Obligación de dar a conocer la clasificación de las películas dada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales o por el órgano competente de las comunidades autónomas para garantizar la protección de los menores: todos aquellos que lleven a cabo actos de comercialización, distribución, comunicación pública, publicidad, difusión o divulgación por cualquier medio de las películas cinematográficas y demás obras audiovisuales en España serán los responsables de que en dichos actos conste la calificación otorgada, de manera que resulte claramente perceptible para el público. Se hacen constar expresamente las empresas que presten servicios de vídeo por encargo o los titulares de sitios web, incluidos los que ofrecen listados ordenados y clasificados de enlaces a otros sitios web o servidores donde se alojen las obras cinematográficas o audiovisuales. 3. En virtud de la Orden IET/677/2015, de 16 de abril, por la que se modifica la asignación inicial de la capacidad del múltiple digital de cobertura estatal RGE2 realizada en favor de la Corporación de Radio y Televisión Española, la referida asignación queda establecida en la mitad de la capacidad del múltiple digital de cobertura estatal RGE2 y no en dos tercios, como estaba establecida en un principio. 4. La Resolución, de 17de abril del 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 17 de abril del 2015, por el que se aprueba el pliego de bases del concurso público para la adjudicación mediante régimen de concurrencia de seis licencias para la explotación, en régimen de emisión en abierto, del servicio de comunicación audiovisual televisiva mediante ondas hertzianas terrestres de cobertura estatal y se convoca el correspondiente concurso. El concurso se rige por lo dispuesto en los artículos 24 a 30 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Se licitan seis licencias audiovisuales de cobertura estatal, de las cuales tres son para la emisión de televisión en alta definición (HD) y las tres restantes son para la emisión de televisión en calidad estándar (SD). Un mismo licitador sólo podrá ser adjudicatario de un máximo de dos licencias: una para la explotación de un canal de televisión en calidad estándar (SD) y otra para la explotación de un canal de televisión en alta definición (HD). La emisión será en abierto durante las veinticuatro horas del día. Las licencias se concederán por un plazo de quince años renovables. El servicio objeto de licencia deberá alcanzar una cobertura de, al menos, el 96 % de la población en los plazos e hitos intermedios establecidos en la base 26, al amparo de lo previsto en el artículo 2.4 del Real Decreto 805/2014. XI. Telecomunicaciones En este sector también se han aprobado normas de gran interés, entre ellas: 1. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/750 de la Comisión, de 8 de mayo del 2015, relativa a la armonización de la banda de frecuencias de 1452‑1492 MHz para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión. Pretende armonizar las condiciones de disponibilidad y uso eficiente de la banda de frecuencias de 1452-1492 MHz para los sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión. Se obliga a los Estados miembros a que, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de noti ficación de la decisión, 14 | Actualidad Normativa julio 2015 Actualidad Normativa designen y hagan disponible, a título no exclusivo, la banda de frecuencias de 1452-1492 MHz para los sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas, de conformidad con los parámetros establecidos en el anexo de la decisión. 2. La Orden IET/614/2015, de6 de abril, por la que se modifica la Orden IET/787/2013, de 25 de abril, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Dada la evolución del sector de las radiocomunicaciones, se hace necesaria una actualización del cuadro nacional de atribución de frecuencias para incorporar a la normativa nacional las novedades técnicas y legislativas, y hacer frente a nuevas necesidades de espectro radioeléctrico relacionadas con usos nacionales. Las modificaciones más relevantes del uso del dominio público radioeléctrico se citan a continuación: a) se desarrolla el uso común del espectro de la banda ciudadana CB-27 previsto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones; b) se da cumplimiento a lo establecido en la Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/641/UE, de 1 de septiembre del 2014, sobre las condiciones técnicas armonizadas relativas al uso del espectro radioeléctrico por los equipos inalámbricos de audio para la creación de programas y acontecimientos especiales en la Unión; c) se da cumplimiento a lo establecido en la Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/276/UE, de 2 de mayo del 2014, por la que se modifica la Decisión 2008/411/CE relativa a la armonización de la banda de frecuencias de 3400-3800 MHz para sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electró- nicas en la Comunidad; d) se traspone la Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/702/UE de 7 de octubre del 2014, que actualiza las bandas de frecuencia y aplicaciones armonizadas para los equipos de banda ultraancha (UWB); d) se da cumplimiento a lo establecido en la Decisión de Ejecución de la Comisión 2013/654/UE, de 12 de noviembre del 2013, por la que se modifica la Decisión 2008/294/CE, a fin de incluir nuevas tecnologías de acceso y bandas de frecuencia para los servicios de comunicaciones en aeronaves (servicios de MCA); e) se actualizan las medidas de protección, frente a otras emisiones, de las frecuencias para los sistemas de socorro y seguridad, así como las utilizadas por las denominadas radiobalizas de uso personal (PLB), conforme a lo establecido en el Reglamento de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (UN-157), y f) se da cumplimiento a lo establecido en la Decisión de Ejecución de la Comisión 2013/752/UE, de 11 de diciembre del 2013, por la que se modifica la Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos de corto alcance, y se deroga la Decisión 2005/928/CE sobre dispositivos de corto alcance, quedando incorporada ésta al acervo legislativo nacional. 3. El anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se procede a hacer pública la Resolución de fecha 30 de abril del 2015, por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al Fondo Nacional del Servicio Universal por el ejercicio 2011. 4. El Real Decreto 381/2015, de 14 de mayo, por el que se establecen medidas contra el tráfico no permitido y el tráfico irregular con fines fraudulentos en comunicaciones electrónicas. Establece las condiciones en las que los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público podrán bloquear el acceso a números o servicios o retener los pagos por acceso o interconexión, siempre que ello esté justificado por motivos de tráfico no permitido y de tráfico irregular con fines fraudulentos. Se definen dos tipos de tráficos ilí- citos: el tráfico no permitido y el tráfico irregular con fines fraudulentos. A su vez, dentro del tráfico no permitido se distinguen dos modalidades: el que usa numeración no autorizada y el tráfico no permitido que hace un uso indebido de la numeración asignada. El tráfico irregular con fines fraudulentos es el generado, inducido o prolongado artificialmente y provocado en comunicaciones comerciales no solicitadas o mediante el control no consentido de los sistemas o terminales del usuario al objeto de hacer un uso abusivo o fraudulento de las redes y los servicios. Dependiendo del tipo de tráfico, el procedimiento para su bloqueo es distinto. Para garantizar el interés general, también la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá, en cualquier momento, de oficio, requerir a los operadores la aplicación de medidas de bloqueo de la transmisión del tráfico, de retención de pagos o ambas simultáneamente en relación con el tráfico no permitido o el tráfico irregular, y, en su caso, adoptar medidas cautelares. 5. La Orden IET/1196/2015, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia. A fin de mejorar la protección de los usuarios de servicios de tarificación adicional, esta orden establece que la contratación de servicios «SMS Premium» de suscripción sólo podrá ser efectuada mediante la marcación directa del número de tarificación adicional por el usuario a través de su terminal. No podrán contratarse servicios mediante 15 la instalación en el teléfono de aplicaciones que generen mensajes de manera automática sin la necesaria marcación del usuario. 6. Por último y aunque no es una nueva norma, cabe citar también la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 enero del 2015, que declara nulo de pleno derecho el Acuerdo de la Comisión de Supervisión de Tarificación Adicional de 29 de junio del 2009, por el que se aprueba el Código de Conducta para la prestación de los servicios de tarificación adicional por haber sido dictado por un órgano incompetente. XII. Hidrocarburos Resaltamos aquí la ya mencionada Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, cuyas principales reformas son las siguientes: — Se establecen ciertos requisitos relativos al comienzo de las diversas actividades del sector. En este sentido, junto con la declaración responsable como forma de iniciar la actividad y a fin de comprobar la capacidad económica de los operadores al por mayor, se debe aportar una garantía que podrá ser ejecutada en caso de incumplimiento de su actividad, como en los supuestos de fraude; asimismo, se elimina la autorización previa para las empresas comercializadoras de gas natural de países de fuera de la Unión Europea si ya están habilitadas para comercializar gas natural en un país miembro de la Unión Europea con el que exista un acuerdo mutuo de reconocimiento de licencias de comercialización de gas natural y se prevé expresamente el efecto negativo del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado que versen sobre la exploración, la investigación y la explotación de hidrocarburos. — Se hacen constar los límites a la distribución de combustibles por un mismo operador mayorista. A partir del 1 de julio del 2016, se limita a un 30 % en cada provincia el volumen de carburantes que podrá vender un solo operador. Para preservar la competencia, se prohíbe a los operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota de mercado superior al 30 % en una provincia o ámbito territorial que adquieran en régimen de propiedad o exploten nuevas instalaciones cuando esto suponga un incremento de su cuota de mercado en función de las ventas anuales del ejercicio anterior. — Se introducen modificaciones del régimen de suministro de gas licuado del petróleo (GLP) en sus diversas modalidades (envasado, a granel y a granel por canalización). Se define el suministro de GLP por canalización y se establece que lo previsto para el suministro de gases combustibles por canalización será aplicable también al suministro del GLP a granel canalizado, en tanto no se produzca el correspondiente desarrollo reglamentario. Se garantiza el suministro de modo que los comercializadores al por menor de GLP a granel y a granel por canalización deberán efectuar el suministro a cualquier solicitante, siempre que el lugar donde deba efectuarse la entrega del gas se encuentre comprendido en la provincia de actuación del comercializador o esté cubierto por la red de canalización de titularidad del comercializador. — Se regula el mercado ibérico del gas en España (hub). La nueva ley pretende implantar una plataforma de comercialización única que integre en el mercado organizado de gas la actividad desarrollada en toda la península ibérica, tanto por la parte española como por la portuguesa. — En cuanto al régimen de infracciones y sanciones se tipifican nuevas infracciones y se prevé la posibilidad de adoptar como medida cautelar la de inhabilitar temporalmente a los operadores al por mayor de productos petrolíferos durante la instrucción de los expedientes sancionadores relativos, entre otros, al fraude fiscal. — Se introducen disposiciones tanto de carácter tributario como no tributario de modo que las rentas económicas derivadas del descubrimiento de nuevos yacimientos de hidrocarburos reviertan también en el conjunto de la sociedad y con especial intensidad en las comunidades autónomas y en los municipios donde se ubiquen las instalaciones de explotación. XIII. Energía eléctrica En materia de energía eléctrica consideramos de especial interés la siguiente normativa: 1. La Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los 16 | Actualidad Normativa julio 2015 Actualidad Normativa municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la Financiación de las Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos. La nueva Orden IET/458/2015 deroga la Orden de 13 de julio de 1998, por la que se modifica la de 20 de diciembre de 1994, de desarrollo del Real Decreto 1522/1984, de 14 de julio, por el que se autoriza la constitución de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anó- nima (Enresa), y regula la asignación de fondos adicionales a los que han venido percibiendo los municipios en virtud de las distintas órdenes ministeriales. La asignación varía en función del tipo de instalación nuclear y de la distancia a la que se encuentre el municipio. 2. Otras ayudas a municipios próximos a instalaciones nucleares se regulan en la Orden INT/666/2015, de 27 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear, y en la Orden INT/1053/2015, de 26 de mayo, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear. 3. L a corrección d e errores d e l a Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determ inadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, afecta a las instalaciones de energía solar fotovoltaica y se refiere a los códigos de identificación de algunas de las instalaciones tipo y al año de autorización de explotación definitiva de dos de ellas. La corrección no es de meros errores ortográficos, ya que el cambio de código de la instalación tipo conlleva la variación de la cuantía de la retribución. 4. La Resolución de 1 de abril del 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre del 2014, de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico, el cual asciende a 21 145 047 212,16 euros. 5. La Resolución de 2 de junio del 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban determinados procedimientos de operación para el tratamiento de los datos procedentes de los equipos de medida tipo 5 a efectos de facturación y de liquidación de la energía. El artículo 6 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación establece que los comercializadores de energía eléctrica facturarán, en función de los valores horarios de consumo remitidos por el encargado de la lectura, aquellos suministros que cuenten con equipos de medida con capacidad de telemedida y telegestión integrados efectivamente en los correspondientes sistemas. Esta resolución aprueba dos nuevos procedimientos de operación y modifica otros cuatro, lo que permitirá a los comercializadores facturar el suministro en función del horario de consumo a partir del día 1 de octubre del 2015, siempre que el punto de suministro cuente con sistemas de telemedida y telegestión integrados efectivamente en el sistema y que la fecha inicial del periodo de facturación sea posterior al día 31 de agosto del 2015. Los suministros que en el momento en que surta efectos la resolución cuenten con equipos de medida con capacidad para telemedida y telegestión que no estén integrados efectivamente en los correspondientes sistemas y cuya lectura y facturación se estén haciendo con una periodicidad mensual podrán continuar siendo facturados mensualmente, salvo manifestación en contrario del consumidor. 6. En el ámbi to au tonómi co se ha de ci ta r la Ley 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, que regula las instalaciones de producción de energía para autoconsumo, actualiza los requisitos exigibles a las empresas instaladoras y mantenedoras y reconoce la figura de los auditores energéticos y las empresas de servicios energéticos. XIV. Sector ferroviario Finalmente, en el ámbito del sector ferroviario, debemos al menos reseñar las siguientes normas: 1. En el ámbito europeo se han aprobado dos reglamentos que regulan la determinación de los costes a efectos de 17 acceso a las infraestructuras ferroviarias por terceros prestadores de servicios ferroviarios. Son el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/429 de la Comisión, de 13 de marzo del 2015, por el que se establecen las modalidades que hay que seguir para la aplicación de la tarifación del coste de los efectos sonoros, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/909 de la Comisión, de 12 de junio del 2015, relativo a las modalidades de cálculo de los costes directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario (texto pertinente a efectos del EEE). 2. La Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la red ferroviaria de interés general. Gómez-Acebo & Pombo Abogados -
Rosana Hallett Charro Back

References: Real Decreto 
 artículo 44
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 26
 Real Decreto 
 artículo 112
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 84
 artículo 8
 artículo 36
 artículo 6
 artículo 3
 real decreto 
 artículo 100
 artículo 5
 artículo 71
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución