Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-461-13.htm
Timestamp: 2020-02-18 15:33:05+00:00

Document:
C-461-13
FUERZA OBLIGATORIA DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CODIGO CIVIL-Exequibilidad condicionada
FUERZA OBLIGATORIA DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CODIGO CIVIL-Contexto histórico
FUERZA OBLIGATORIA DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CODIGO CIVIL-Contenido y efectos
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil trece (2013)
En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Andrés Felipe Caballero Sierra, Blanca Cecilia Rincón Salvador y Kyara Marcela Álvarez Iriarte, presentaron ante este tribunal demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 17 del Código Civil.
El libelo plantea siete distintos cargos de inconstitucionalidad, cada uno de ellos relacionado con la supuesta vulneración de una específica norma superior, que son los artículos 4º, 13, 29, 228, 230, 241 y 243. Previamente al desarrollo de esos cargos, los actores incluyeron también unas consideraciones generales, según las cuales la norma acusada es contraria a la técnica del precedente desarrollado por este tribunal a través de los conceptos de doctrina probable y doctrina constitucional[1], razón por la cual debe declararse su inexequibilidad.
Como razones que apoyan esta solicitud, señaló que los actores no lograron estructurar un concepto de violación de acuerdo con los requisitos exigidos por este tribunal[2] y por la Constitución, dado que su escrito carece de las necesarias claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en su argumentación. En su sentir, los actores se limitaron a transcribir los artículos vulnerados sin hacer un análisis que permitiera reconocer o identificar las causales de la contravención que configura el artículo 17 del Código Civil Colombiano.
Esta interviniente inició su exposición con un recuento histórico[3] acerca de los conceptos de doctrina legal y doctrina probable en la legislación de los años finales del Siglo XIX hasta la adopción de la Ley 169 de 1896, aun vigente, cuyo artículo 4° reguló la figura de la doctrina probable, al tiempo que facultó a los jueces para apartarse de ella bajo determinadas condiciones. Señaló también que para la época en que se expidió la norma acusada y durante buena parte del Siglo XX, la Corte Suprema de Justicia era no solo cabeza de la jurisdicción civil, sino además el único órgano de cierre de la Rama Judicial en su conjunto[4].
Más adelante, y con apoyo en otras providencias de esta corporación[5], se refirió a las circunstancias en las que actualmente resultan vinculantes las decisiones judiciales. Señaló que, según lo ha expuesto la Corte Constitucional, la motivación de las sentencias incluye dos tipos de contenidos, de una parte los obiter dicta, que son afirmaciones dichas de paso, que no se relacionan de manera directa con la decisión, y que en tal medida constituyen un criterio auxiliar de la actividad judicial conforme al artículo 230 superior, y de otra, la llamada ratione decidendi, que se refiere a los fundamentos jurídicos de la decisión, que como tales son de obligatoria aplicación como fuente principal de derecho. Sin embargo advirtió que, tal como lo ha reconocido la misma jurisprudencia, esos conceptos no siempre pueden diferenciarse con facilidad, dificultándose en consecuencia la identificación de aquellos apartes que tendrían fuerza vinculante como fuente de derecho para el juez.
En sustento de su solicitud, y después de transcribir el texto completo de la disposición acusada, el Procurador buscó determinar si la demanda formula el concepto de violación en forma tal que permita su estudio de fondo. Para ello se detuvo particularmente en el estudio del criterio de certeza, conforme al cual los cargos de la demanda deben recaer sobre una proposición jurídica real y existente y no sobre una específicamente deducida por el actor a partir de ese contenido normativo[6].
Revisados los criterios que de conformidad con reiterada jurisprudencia deben cumplir las demandas de constitucionalidad[7], observa la Sala que pese a la brevedad y sencillez del planteamiento de los actores, su escrito llena sin dificultad la mayor parte de los referidos criterios. Ello por cuanto, de una parte, existe claridad sobre las razones por las que se considera que la norma acusada sería contraria a los preceptos superiores invocados, el hecho de que aquélla supuestamente impida que las reflexiones decantadas por la jurisprudencia de los órganos de cierre sean tomadas en cuenta por los jueces al proferir sus decisiones individuales, como resultaría actualmente necesario en aplicación de la técnica del precedente judicial a que se ha referido la jurisprudencia de este tribunal. En la misma línea, encuentra la Sala que los cargos formulados satisfacen en lo fundamental los criterios de especificidad, pertinencia y suficiencia, pues los demandantes explican la forma como esta regla infringiría cada una de las normas superiores por ellos señaladas, se trataría de asuntos de verdadera trascendencia constitucional, y se genera al menos una duda mínima sobre la exequibilidad de la norma acusada.
El artículo 17 del Código Civil, que es el precepto que en este caso ha sido acusado, cuyo contenido ha sido ya preliminarmente referido, forma parte del Capítulo III sobre Efectos de la ley[8], que a su turno se integra dentro del Título Preliminar del Código Civil[9] expedido mediante Ley 57 de 1887, y aún vigente.
Por esta razón, más allá de lo estrictamente atinente al derecho civil, cuyos principales temas fueron tratados in extenso en los cuatro libros desarrollados a partir del artículo 73, este código incorporó en las disposiciones iniciales del Título Preliminar un conjunto de reglas de carácter conceptual y abstracto relativas al sistema de fuentes del derecho, así como al funcionamiento, interpretación y armonización de sus distintas normas y manifestaciones[10], aspecto en el cual se siguió, como ocurrió con muchos otros temas, el modelo del código chileno redactado por don Andrés Bello[11].
Es entonces dentro de este contexto que surge un precepto como el ahora acusado, que por su ubicación, contenido y redacción estaría llamado a ser aplicado de manera general a todas las decisiones judiciales, y no únicamente a las dictadas dentro del ámbito del derecho civil. En todo caso, es pertinente recordar que esa pretensión de universalidad se referiría a los tipos de sentencias conocidos para la época, que para el caso serían principalmente las que ponían fin a procesos civiles y penales, pues para entonces no existían aún las acciones públicas de nulidad o inconstitucionalidad[12], como tampoco situaciones en las que un fallo pudiera proyectar sus efectos más allá de las personas que hubieren participado en el respectivo proceso[13]. En ese sentido todas las decisiones respecto de las cuales se aplicaría esta norma tenían en común el hecho de referirse a situaciones individuales, que atañen únicamente a ciertas personas.
De otra parte resulta pertinente observar que, más allá de su sentido práctico, inherente a la distinta naturaleza de las leyes y los actos administrativos generales frente a la de las sentencias, esta regla de derecho aparece en un momento en el que el imaginario colectivo respecto del rol del legislador frente al de los jueces era sustancialmente diferente al actual[14], pues conforme a la corriente del racionalismo jurídico predominante para la época, la voluntad popular y soberana se expresaba en forma inequívoca por conducto del órgano legislativo, mientras que la labor del juez, casi puramente mecánica, se reducía a la adecuación de tipo silogístico entre la ley aplicable y el caso concreto, siéndole vedado realizar cualquier tipo de precisiones ulteriores. Dentro de este específico contexto puede entenderse mejor la intención del legislador que al adoptar el Código Civil, incorporó estas reglas como parte de los principios fundamentales sobre el efecto de las leyes.
Al mismo tiempo es necesario reparar en otra diferencia fundamental existente entre las leyes y las sentencias, que de igual manera permite entender con mayor propiedad el sentido del mandato contenido en la norma acusada, así como la distinción que en ella subyace. Se trata de la desigual extensión de su parte dispositiva, aquella que contiene la voluntad de su autor, pues mientras que en el caso de la ley ésta abarca la mayor parte de su texto, con gran frecuencia la totalidad del mismo[15], en el caso de las providencias judiciales la parte resolutiva suele ser breve y concisa, siendo normalmente mucho más extensa la parte motiva que antecede a la decisión propiamente dicha.
La tesis sobre la obligatoriedad del precedente judicial comienza a perfilarse con mayor claridad a partir de algunas decisiones de esta Corte emitidas desde 1995 y 1996, entre ellas varios fallos de revisión de tutela, al igual que otras decisiones de constitucionalidad. Gran trascendencia tuvieron dentro de esta perspectiva las decisiones a través de las cuales este tribunal se refirió a la noción de doctrina constitucional, diferenciándola de la simple jurisprudencia[16], a propósito de las precisiones contenidas en el segundo inciso del artículo 230 superior, en torno a los criterios auxiliares de la actividad judicial.
Por otro lado, se declararon condicionalmente exequibles los apartes de los numerales 1° y 2° de este artículo, que limitaban el carácter obligatorio de las sentencias emitidas por esta Corte, tanto en casos de control abstracto como de tutela a su parte resolutiva, advirtiendo que la parte motiva solo tendría el carácter de criterio auxiliar para la actividad judicial, pues según se explicó, con sustento en pronunciamientos anteriores[17], aquellos apartes de la motivación que resultaran decisivos o determinantes para llegar a la decisión que se adopta (guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva), tienen también ese mismo carácter obligatorio.
En años subsiguientes gana claridad y se reitera con frecuencia la diferencia entre ratio decidendi y obiter dicta[18] como partes de la sentencia judicial, planteada por este tribunal desde sus primeras pronunciamientos, insistiendo en que el carácter obligatorio de sus decisiones no se reduce a la parte resolutiva, sino que se extiende también a aquella parte de las consideraciones que directamente explica y orienta el sentido de la decisión adoptada. De allí que, conforme a las tesis sostenidas por la Corte en esta época, se considerara vía de hecho, merecedora de tutela, el desconocimiento que los jueces y/o autoridades hicieren del precedente contenido en la ratio decidendi de las decisiones de la Corte, situación que se mantiene invariable cuando, años después, la mayoría de este tribunal decide abandonar esa terminología, sustituyéndola por el concepto de causales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales[19].
Más adelante se produce la sentencia C-836 de 2001 (M. P. Rodrigo Escobar Gil)[20], que los demandantes citan de manera particular como demostrativa de la inconstitucionalidad que afectaría a la norma demandada. En esta decisión se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 4° de la Ley 169 de 1896 que regula el tema de la denominada doctrina probable, tanto en lo relacionado con su no obligatoriedad (pues esa norma prevé que los jueces podrán aplicarla), como con la simultánea posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia, que es la autoridad judicial a quien la norma contempla como fuente de dicha doctrina, decida variar su contenido o alcance en relación con un tema determinado, en caso de considerar erradas las decisiones en que aquélla se hubiere fundado.
Pero en tercer lugar, su relevancia radica también en el aspecto que zanja la aparente contradicción que resulta de los dos aspectos iniciales, pues reconoce como igualmente conformes al texto superior dos importantes posibilidades, la de cambiar el contenido del precedente existente (cosa que haría la propia Corte Suprema, autora de aquél) y la de apartarse individualmente de él (para el caso de jueces o tribunales de inferior jerarquía funcional)[21], siempre que en ambos escenarios el operador judicial que asume una tal decisión sustente debidamente las razones que le llevan a ello, a fin de que el cambio jurisprudencial registrado resulte legítimo, pese a la frustración del ciudadano que antes de ello confiaba en la aplicación del precedente conocido y que con ese cambio resulta aparentemente lesionado.
Ahora bien, con posterioridad a esta sentencia, el rumbo de la jurisprudencia de esta Corte respecto de este tema se ha mantenido invariable, y ha sido objeto de constante reiteración, considerándose de manera mayoritaria que el arbitrario e injustificado desconocimiento de los precedentes aplicables al caso concreto, por ejemplo en lo relacionado con la doctrina de esta Corte en torno a la interpretación sobre el alcance de los distintos derechos fundamentales, puede ser remediado, no solo mediante la interposición de los correspondientes recursos ordinarios o extraordinarios, sino también por vía de acción de tutela[22].
En forma coincidente, el fallo C-335 de 2008 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) analizó el planteamiento de un ciudadano en torno a si el injustificado desconocimiento del precedente judicial podría o no conducir a la comisión del delito de prevaricato por acción. Frente a este cuestionamiento, la Corte encontró que el comportamiento de proferir “resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley”, que en el caso de este tipo penal es la conducta que origina la sanción[23], incluye la situación que se presentaría cuando la jurisprudencia desatendida es la contenida en las sentencias emitidas por este tribunal en ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes, lo mismo que cuando el desconocimiento de la jurisprudencia traiga consigo la infracción directa de preceptos constitucionales o legales o de un acto administrativo de carácter general. Esta conclusión sin duda constituye una nueva reiteración de la consistente postura de esta Corte, respecto de la trascendencia y obligatoriedad de los precedentes judiciales.
En segundo término se encuentran las sentencias que emite la jurisdicción de lo contencioso administrativo en desarrollo de la acción de nulidad, actualmente desarrollada por el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo adoptado mediante Ley 1437 de 2011. En ese caso el artículo 189 del mismo código en su numeral 1° establece expresamente que las sentencias que decidan sobre este tipo de procesos tienen efectos erga omnes, cualquiera que sea su contenido, estimatorio o no de las pretensiones[24].
Es importante acotar que en los dos casos antes mencionados, usualmente se considera incluso que en rigor no existen partes en esos procesos. Ello por cuanto, se entiende que el actor no persigue a través de ellos un interés particular, sino que se mueve en beneficio de toda la comunidad en aras de proteger el orden jurídico, presuntamente afectado por la expedición de un acto inconstitucional o ilegal, según el caso. De allí que la decisión, cualquiera que sea, tenga efectos frente a todas las personas, quienes además pueden, si así lo desean, expresar su opinión durante esos trámites. Tampoco existe en realidad una parte demandada, aunque en algunos casos se le atribuye este carácter a la autoridad que hubiere expedido el acto acusado[25].
De igual manera, en el campo del derecho civil existen algunas decisiones particulares que producen efectos erga omnes, como pueden ser, por ejemplo, las que ponen fin a los juicios de pertenencia[26] o de filiación[27], éstas últimas solo en lo relativo al estado civil de las personas. En esos casos lo decidido es oponible a todas las demás individuos, incluso a aquellos que nunca tomaron parte del respectivo proceso antecedente.
En estos casos, a efectos de proteger de mejor manera los derechos cuya vulneración se hubiere establecido, al igual que el principio de igualdad, la Corte puede decidir que las órdenes impartidas, así como el efecto protector de la sentencia, cobijen también a esas otras personas que estuvieren en las mismas circunstancias, pero que no fueren parte del mismo proceso de tutela[28], a través de figuras como los efectos inter pares o inter comunis[29], semejantes, aunque ciertamente no idénticas. En ambas hipótesis se produce un efecto directo como consecuencia de la decisión adoptada, que alcanza a personas que incluso pudieren no haber sido aún identificadas, pero que encontrándose en la misma situación fáctica y jurídica, podrían reclamar también el beneficio resultante de la respectiva decisión de tutela.
[1] Respecto de los cuales citan las sentencias C-836 de agosto 9 de 2001 (M. P. Rodrigo Escobar Gil) y SU-1300 de diciembre 6 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), respectivamente.
[2] Sobre estos requisitos el interviniente citó la sentencia C-335 de 2012 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[3] Coincidente con el contenido en la sentencia C-836 de 2001, citada por los demandantes.
[4] Mencionó que después de varios vaivenes normativos, mediante el Acto Legislativo 1 de 1914 se estableció definitivamente el Consejo de Estado, con funciones principalmente consultivas y algunas otras judiciales, situación que fue invirtiéndose paulatinamente a lo largo del Siglo XX.
[5] La interviniente citó e incorporó extensas transcripciones de las sentencias T-232 de 2007 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), T-288 de 2011 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y C-634 de 2011 (M. P. Luís Ernesto Vargas Silva).
[6] Para estos efectos el Procurador citó la sentencia C-1052 de 2001 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[7] Sintetizados de manera particular en la ya citada sentencia C-1052 de 2001, ampliamente reiterada.
[8] Artículos 11 al 24.
[9] Artículos 1° al 72.
[10] Cfr. en sentido semejante, entre otras, las sentencias C-804 de 2006 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-820 de 2006 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), en ambos casos con salvamento de voto (total y parcial respectivamente), de quien funge como sustanciador en la presente decisión.
[11] Esta concordancia entre la normatividad adoptada en Colombia y Chile perdura aún hoy en día, siendo muestra de ello que el artículo 3° del Código Civil chileno actualmente vigente recoge en su segundo inciso un texto de contenido equivalente al del primer inciso del artículo 17 aquí acusado.
[12] Debe tenerse en cuenta que de los controles de constitucionalidad actualmente existentes, en 1887 solo se conocía el relativo a la intervención de la Corte Suprema de Justicia para decidir sobre objeciones presidenciales a proyectos de ley por razones de inconstitucionalidad, según lo establecían los artículos 90 y 151 de la Constitución de 1886.
[13] Como ocurre actualmente en el caso de las acciones populares y de grupo o en las sentencias de tutela con efecto inter pares o inter comunis.
[14] Sobre este aspecto resulta especialmente útil volver sobre las reflexiones que esta Corte efectuó en la ya referida sentencia C-820 de 2006 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), especialmente en sus fundamentos jurídicos 13 y 14, a propósito de cuál es la autoridad constitucionalmente habilitada para realizar una válida interpretación de las leyes preexistentes.
[15] Salvo en los casos, en realidad poco frecuentes, en que el texto legal contiene considerandos que preceden su parte dispositiva. Es relativamente más común que los actos administrativos de carácter general incluyan consideraciones previas, usualmente relacionadas con las normas legales que les sirven de fuente.
[16] Pueden mencionarse en esta perspectiva, entre otras, las sentencias C-083 de 1995 (M. P. Carlos Gaviria Díaz) y T-123 de 1995 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[17] La Corte apoyó esta decisión en los razonamientos expuestos en la sentencia C-131 de 1993 (M. P. Alejandro Martínez Caballero) y en la ya citada C-083 de 1995 (M. P. Carlos Gaviria Díaz).
[18] Cfr. por ejemplo las sentencias de unificación de tutela SU-640 de 1998 y SU-168 de 2009 (en ambas M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-047 de 1999 (Ms. Ps. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero).
[19] Cfr. entre otros los fallos SU-1184 de 2001 y T-949 de 2003 (en ambos M. P. Eduardo Montealegre Lynnet).
[20] Con salvamento parcial de voto de los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería, Álvaro Tafur Galvis y Alfredo Beltrán Sierra y aclaración de voto de los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.
[21] A propósito de estas dos posibilidades, a partir de esta decisión la Corte acuñó la distinción entre precedentes verticales y horizontales. Aunque ambos provienen de las altas corporaciones judiciales que tienen a su cargo la unificación de la jurisprudencia, se considera precedente vertical aquel que debe ser aplicado por un juez o tribunal de inferior jerarquía a aquel que lo ha fijado, mientras que se habla de precedente horizontal cuando el llamado a aplicarlo es la misma corporación que lo ha originado. Así, un mismo precedente puede ser considerado vertical u horizontal dependiendo de quien sea el juez o tribunal que debe observarlo.
[22] Cfr. en este sentido, entre muchas otras, y considerando solo las de años recientes, las sentencias T-014 de 2009, T-443 de 2010, T-733 y T-794 de 2011, T-140 y T-981 de 2012, T-001 de 2013.
[23] Según la descripción típica contenida en el artículo 413 del Código Penal (Ley 599 de 2000).
[24] Sobre los efectos de las sentencias que resuelven sobre la acción de nulidad ver además la reciente sentencia C-400 de 2013 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[25] Así por ejemplo, los artículos 171 y 172 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) se refieren a la parte demandada sin diferenciar el caso de las acciones de nulidad, en las que según lo explicado no existiría tal sujeto procesal.
[26] Actualmente regulado por el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil.
[27] Regulados por el Código Civil y las Leyes 75 de 1968 y 1060 de 2006, entre otras.
[28] Ver como ejemplos de esta posibilidad las sentencias SU-1023 de 2001 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), T-203 de 2002 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), SU-388 de 2005 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández) SU-389 de 2005 (M. P. Jaime Araújo Rentería), y en años más recientes T-698 de 2010 (M. P. Juan Carlos Henao Pérez), T-213A de 2011 (Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-908 de 2012 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla) y SU-254 de 2013 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[29] La Corte Constitucional no ha definido de manera específica estos dos conceptos. Sin embargo, se ha entendido que la diferencia entre ellos residiría en el hecho de que en los efectos inter pares existen en el caso concreto elementos suficientes para establecer con claridad qué personas quedarían cobijadas por el efecto de la sentencia, mientras que cuando los efectos son inter comunis el número y nombre de los beneficiarios sería en cierta forma indeterminado, pues alcanza a abarcar a todas las personas que estén en posibilidad de demostrar que su situación fáctica coincide con aquella analizada en la sentencia que expresamente prevé estos efectos.

References: artículo 241
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 230
 artículo 17
 artículo 73
 artículo 230
 artículo 4
e contrario
 artículo 137
 artículo 189
 artículo 3
 artículo 17
 artículo 413
 artículo 407