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Timestamp: 2018-07-22 17:28:23+00:00

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RESOLUCIÓN JUS/1682/2013, de 11 de julio, por la que se hace público el Convenio de colaboración entre el Departamento de Justicia y el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña para la prestación del servicio de orientación jurídica penitenciaria.
Primero Objeto del presente Convenio
Segundo Destinatarios del servicio
Tercero Contenido y alcance materiales del servicio
Cuarto Prestación del servicio
Quinto Requisitos del personal que preste el servicio
Sexto Compromisos que asume el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña
Séptimo Compromisos que asume el Departamento de Justicia
Octavo Seguimiento
Noveno Cuestiones litigiosas
Décimo Plazo de vigencia
Duodécimo Resolución
En fecha 27 de mayo de 2013 se firmó el Convenio de colaboración entre el Departamento de Justicia y el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña.
Dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Departamento de Justicia y el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña para la prestación del servicio de orientación jurídica penitenciaria, que se transcribe como anexo a esta Resolución.
Convenio de colaboración entre el Departamento de Justicia y el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña para la prestación del servicio de orientación jurídica penitenciaria
Por una parte, el señor Enric Colet, secretario general del Departamento de Justicia, que actúa por delegación del consejero de Justicia en virtud de la Resolución JUS/498/2013, de 8 de marzo, de delegación de competencias del consejero de Justicia en diferentes órganos del Departamento (DOGC núm. 6334, de 13.3.2013).
Y de la otra, el Excelentísimo Señor Miquel Sàmper i Rodríguez, presidente del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña.
Ambas partes, en la representación que asumen, se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente Convenio y, con esta finalidad,
1 El Servicio de Orientación Jurídica proporciona gratuitamente una primera orientación jurídica a los ciudadanos que la solicitan, para canalizar sus pretensiones y facilitarles información sobre la solicitud del reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, tal como establecen, de manera general, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y el artículo 17 del Decreto 252/1996, de creación de las comisiones de asistencia jurídica gratuita y de la subvención para las actuaciones profesionales de los abogados y procuradores.
2 En el caso de personas internas en centros penitenciarios, la prestación del servicio de orientación jurídica se tiene que ajustar a la especialidad de las consultas en cuanto a las materias y al lugar de prestación del servicio.
3 La progresiva disminución de la población penitenciaria que se está experimentando desde el año 2010, el aumento de las personas penadas en situación de libertad condicional y la necesidad de adecuar el coste del servicio a la disponibilidad presupuestaria, hacen del todo necesaria la revisión del contenido del servicio, de las horas de prestación de éste y de su distribución entre los diferentes centros penitenciarios de Cataluña.
4 La voluntad de las partes es continuar mejorando la prestación del servicio, con la introducción de los cambios que se han estimado necesarios en relación con las previsiones del Convenio firmado entre ambas instituciones el 7 de septiembre de 2011, prorrogado por el Acuerdo de 8 de mayo de 2012, para la prestación del servicio de orientación jurídica penitenciaria.
De conformidad con estas manifestaciones, y con el fin de hacer posible la prestación del servicio de orientación jurídica penitenciaria, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio con los siguientes
Este Convenio tiene por objeto regular el funcionamiento de la prestación del servicio de orientación jurídica penitenciaria (en adelante, el servicio), con la determinación de su contenido y alcance y de los aspectos generales de su funcionamiento.
El servicio se prestará a todos los internos de los centros penitenciarios que lo soliciten, excepto aquellos que se encuentran en situación de régimen abierto.
El servicio consistirá en proporcionar un primer consejo orientador, no directivo y gratuito, sobre las cuestiones de naturaleza jurídica que se planteen respecto de las materias que se detallan a continuación, así como a informar de la posibilidad de recurrir a otros sistemas alternativos de resolución de conflictos con el fin de evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión. Las materias objeto de orientación son las siguientes:
a) En materia penitenciaria, la redacción de escritos de queja y/o recursos en vía administrativa en relación con las resoluciones de la Administración penitenciaria. Queda excluida, en todo caso, la presentación de recursos en vía judicial, que corresponderá a los letrados que tengan asignada la defensa en juicio del interesado, excepto cuando se trate de recursos de reforma ante el juez de vigilancia penitenciaria en que no sea preceptiva la intervención de un letrado.
b) La orientación en materia penal únicamente para consultas efectuadas por víctimas de un presunto delito que no tengan abogado designado.
c) Una primera orientación jurídica en las siguientes materias generales:
d) Informar a los internos de los requisitos que exige la Ley para disfrutar y obtener el derecho a la justicia gratuita, si tienen derecho a ella, con la redacción de la solicitud procedente y la presentación de ésta al colegio de abogados territorialmente competente.
No obstante lo que dispone el apartado a) del párrafo anterior, queda excluida del ámbito de actuación del servicio la tramitación en vía administrativa del asunto penitenciario que origine la consulta cuando el interesado tenga asignado un abogado particular, o bien cuando tenga designado un abogado del turno de oficio de acuerdo con la normativa general de asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de aquellas actuaciones que, según las circunstancias del caso concreto, sean necesarias para evitar que el interesado pueda sufrir indefensión. A estos efectos, el centro penitenciario efectuará las comprobaciones necesarias para verificar la ausencia de abogado de oficio o particular.
Asimismo, quedan excluidas del ámbito de actuación del servicio, en todo caso, la representación y defensa en juicio de los intereses del interno, las cuales corresponderán al letrado del turno de oficio designado de acuerdo con la normativa general sobre asistencia jurídica gratuita, o bien, si procede, al abogado designado libremente por el interno.
Las funciones que asume el servicio se entenderán siempre sin perjuicio de las asignadas por la normativa penitenciaria a los funcionarios del servicio público penitenciario.
El servicio se prestará durante un total de 40 horas semanales en los diversos centros penitenciarios de Cataluña, según las previsiones orientativas del anexo, en el horario que se establezca conjuntamente entre la dirección de cada centro penitenciario y el coordinador designado por el Consejo, atendiendo las necesidades de los internos, la disponibilidad de los abogados y el desarrollo normal de las actividades del establecimiento penitenciario.
El Consejo acordará con el Departamento de Justicia las variaciones o modificaciones que se estimen necesarias con respecto a la determinación actual de los centros penitenciarios y el número de horas semanales de prestación del servicio, en función de la puesta en funcionamiento de nuevos centros penitenciarios o el cierre de algunos de los existentes, así como en función de las variaciones en el número de la población de cada centro y la demanda del servicio.
La dirección del establecimiento penitenciario autorizará la entrada de los letrados del servicio, previa acreditación de su condición mediante un certificado expedido con la antelación suficiente por el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña.
La dirección del centro penitenciario facilitará una dependencia adecuada para la comunicación reservada del interno con el abogado del servicio.
Los abogados que presten el servicio tendrán que acreditar el cumplimiento general de los requisitos de formación para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, así como la especialización en esta materia demostrada por la inscripción a los correspondientes turnos especializados, cuando los haya en el correspondiente colegio de abogados; la superación de cursos específicos de formación, y la experiencia en la tramitación administrativa y judicial de asuntos.
Por su parte, los letrados, de conformidad con lo que disponen sus normas deontológicas y el régimen legal de referencia, tienen que mantener la confidencialidad y tienen que garantizar la seguridad e integridad de los datos que se les ceden sobre las personas usuarias del servicio.
El Consejo tiene que garantizar que los profesionales que presten el servicio puedan atender y actuar en la lengua que el ciudadano que acceda a él escoja de entre las dos lenguas oficiales de Cataluña.
El servicio será atendido por el número de letrados que el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña designe de entre aquellos que se inscriban voluntariamente, que tendrán que reunir los requisitos a que se hace referencia en el acuerdo quinto con el fin de garantizar la adecuada especialización de los letrados que accedan a él.
El Consejo tiene que acordar con el Departamento de Justicia qué letrados prestarán el servicio, así como para qué periodo de tiempo. Cualquier cambio o sustitución de los letrados encargados de la prestación del servicio tendrá que ser comunicado con antelación al Departamento de Justicia y no se podrá hacer efectivo sin su autorización previa.
Los letrados encargados de llevar a cabo las actuaciones de orientación jurídica establecidas en este Convenio actúan por cuenta y bajo la dependencia del Consejo y/o de los colegios de abogados correspondientes, y el desarrollo de estas actuaciones no da lugar al establecimiento de ninguna relación de carácter laboral, administrativo, civil, mercantil ni de ningún otro tipo entre los letrados y la Administración de la Generalidad. Asimismo, esta Administración queda plenamente exenta de las obligaciones y responsabilidades que se deriven de las relaciones o vínculos contractuales que el Consejo o los colegios de abogados puedan contraer con los letrados con motivo de la ejecución de las actuaciones previstas en este Convenio.
Los colegios de abogados y el Consejo se comprometen a facilitar la formación específica complementaria a los letrados que tienen que prestar el servicio, los cuales tienen que tener los conocimientos y la experiencia que acredite la calidad de prestación del servicio en este ámbito penitenciario.
El Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña remitirá trimestralmente al Departamento de Justicia la relación certificada de horas de servicio semanales prestadas a cada centro, la lista de letrados que han efectuado el servicio, las materias objeto de asesoramiento, el número de asuntos evacuados y el número de consultas que han iniciado una solicitud de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita.
El Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña designará a un coordinador que garantizará la correcta prestación del servicio para los letrados, centralizará la información y los datos estadísticos, propondrá, si procede, la adscripción de un mayor número de letrados e impartirá las normas necesarias para homogeneizar criterios, así como las que considere oportunas e idóneas para su buen funcionamiento.
La dirección del centro penitenciario velará por el desarrollo correcto del servicio en el interior del centro y facilitará a los letrados la información que requieran, entre otros la hoja de situación penal procesal, siempre que sea necesaria para su función asesora y la legislación penitenciaria lo permita.
El Departamento de Justicia subvencionará la prestación del servicio mediante la compensación, para el año 2013, de un módulo de 33,93 euros por hora de servicio prestado según los términos del acuerdo cuarto.
Los gastos de coordinación del servicio se compensarán con el importe equivalente a 7 horas semanales de prestación del servicio, siempre que se justifiquen oportunamente.
El importe anual de la subvención a percibir por el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña será el resultado de multiplicar las 40 horas semanales de prestación del servicio, previstas en el acuerdo cuarto, y las 7 horas semanales previstas para las tareas de coordinación por el total de 48 semanas y por el módulo de 33,93 euros.
El importe máximo de la subvención previsto para la totalidad del ejercicio presupuestario, en relación con la prestación del servicio de orientación jurídica penitenciaria, asciende a la cantidad de 76.546,08 euros, siempre que haya disponibilidad presupuestaria adecuada y suficiente para atender el crédito.
De este importe, 65.145,60 euros corresponden a la prestación del servicio en los centros penitenciarios de Cataluña, y 11.400,48 euros corresponden a la compensación de los gastos de coordinación.
Durante el año 2013 este importe se hará efectivo mediante entregas trimestrales por adelantado. En caso de prórroga del Convenio, el importe de la subvención se entregará igualmente a través de anticipos trimestrales, con cargo a la partida que se habilite anualmente en la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña.
Los importes correspondientes a las horas en que no se preste el servicio serán regularizados en la siguiente entrega trimestral que se efectúe.
El Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña hará constar expresamente que el servicio de orientación jurídica penitenciaria es un servicio subvencionado por el Departamento de Justicia, mediante el uso del logotipo del Departamento o la indicación «servicio prestado en colaboración con el Departamento de Justicia» en todos los impresos que se utilicen y en los trípticos informativos de difusión o explicación del servicio, así como en la página web del Consejo.
El seguimiento de este Convenio se hará mediante la Comisión de seguimiento establecida en el artículo 34 del Decreto 252/1996, de creación de las comisiones de asistencia jurídica, de regulación del procedimiento para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita y de la subvención para las actuaciones profesionales de los abogados y procuradores. Participarán también representantes designados por el director general de Servicios Penitenciarios y el coordinador designado por el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña.
La Comisión hará la valoración conjunta del desarrollo del Convenio, planificará y supervisará las acciones que se deriven y resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que se puedan plantear.
En el seno de esta Comisión, se analizarán también los datos aportados trimestralmente por el Consejo sobre la actividad realizada en cada uno de los centros penitenciarios y las propuestas que se consideren para garantizar la calidad de prestación del servicio y su mejora.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación de este Convenio de colaboración se resolverán según lo que dispone el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Este Convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2013 y se podrá prorrogar de forma expresa por acuerdo de ambas partes. Esta prórroga estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.
Undécimo Eficacia
La eficacia de este Convenio queda condicionada a la existencia de disponibilidad presupuestaria adecuada y suficiente para atender los gastos que se deriven.
El incumplimiento de los compromisos por alguna de las partes podrá dar lugar a la resolución del presente Convenio.
De conformidad con lo que se ha dispuesto, en ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de los que firman y obligando así a sus respectivas instituciones, se suscribe este Convenio en el lugar y la fecha indicados en este documento.

References: Resolución

 Resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 34
 artículo 8
 resolución