Source: http://cidh.org/annualrep/2006sp/cap4c.2006.sp.htm
Timestamp: 2017-12-14 02:21:53+00:00

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86. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o "la Comisión") decidió incluir en el presente capítulo consideraciones relativas a la República de Haití, Estado miembro de la OEA cuyas prácticas sobre derechos humanos merecen especial atención, porque puede decirse que el país se encuentra en una situación comprendida por el quinto de los criterios previstos en el Informe Anual de la CIDH de 1997 y arriba mencionados, que alude a
[situaciones coyunturales o estructurales que estén presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye, por ejemplo: situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales; procesos de reforma institucional con graves incidencias negativas para los derechos humanos; u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales.
87. La Comisión ha preparado esta sección del Capítulo IV de su Informe Anual conforme a lo dispuesto por el artículo 57.1.h de su Reglamento y ha basado su análisis en información obtenida durante la visita que más abajo se describe y en otras fuentes confiables de acceso público. El 26 de enero de 2007 la CIDH transmitió al Estado una copia de un borrador de la presente sección del Capítulo IV de su Informe Anual de 2006 conforme a lo dispuesto en el artículo arriba mencionado, y solicitó al Gobierno de la República de Haití que presentara sus observaciones sobre la sección dentro de un plazo de tienta días. El Estado no presentó observaciones dentro de ese plazo.
88. El año 2006 fue el año en que Haití realizó una transición oficial de un gobierno provisional de transición de dos años de duración encabezado por el ex Presidente Boniface Alexandre a un gobierno democráticamente electo encabezado por el ahora Presidente René Préval, quien asumió sus funciones en marzo de 2006, tras elecciones presidenciales y legislativas en gran medida pacíficas que tuvieron lugar el 7 de febrero de 2006. Este período fue precedido por los hechos turbulentos que tuvieron lugar al final de febrero de 2004 y llevaron a la salida del ex Presidente Jean-Bertrand Aristide, la instalación de un gobierno de transición en marzo de 2004 y la llegada de la Misión de las Naciones Unidas --Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH)-- en junio de 2004. Además el período de transición se caracterizó asimismo por una mayor inseguridad y violencia provocada por bandas armadas, falta de efectivo control de determinados sectores de la capital por parte de la Policía haitiana y fuerzas internacionales, la falta de adecuados recursos y capacidad institucionales para operar en forma adecuada, en especial fallas endémicas en la administración de justicia. Aunque se hizo hincapié en la exitosa organización de elecciones presidenciales, que en efecto tuvieron lugar el 7 de febrero de 2006 en Haití y que se declararon creíbles, no se abordaron adecuadamente los temas de la inseguridad y muchas de las restantes fallas institucionales. En consecuencia, los temas de la protección de los derechos humanos fundamentales, el fortalecimiento del Estado de derecho y la necesidad de desarrollo económico y social identificados en anteriores informes anuales de la Comisión Interamericana siguieron siendo desafíos clave que el Estado aún no ha enfrentado seriamente.[106] En las actividades realizadas por la Comisión en Haití en 2006 influyeron necesariamente esos hechos; dichas actividades incluyeron el estrecho seguimiento de la situación de los derechos humanos durante la emergencia experimentada por Haití a partir de su período de transición, haciéndose especial hincapié en la capacidad del Estado de garantizar la vida de la población, el proceso de desarme y los esfuerzos encaminados a diseñar y aplicar reformas institucionales que mucho se necesitan en todos los sectores, en especial en la esfera de la administración de justicia. Esa labor comprendió la publicación de un informe temático sobre la administración de justicia, titulado Haití: ¿Justicia frustrada o Estado de derecho? Desafíos Para Haití Y La Comunidad Internacional, en marzo de 2006, así como visitas realizadas por la Comisión a Haití en mayo y diciembre de 2006, para seguir evaluando la situación actual de los derechos humanos y llevar a cabo una evaluación de seguimiento de la administración de justicia en Haití. Además la Comisión celebró varias audiencias sobre Haití en su 124º y 126º períodos ordinarios de sesiones, en que abogados y representantes del Estado intercambiaron información sobre las condiciones y la evaluación actuales del país.
89. Basándose en las actividades referentes a Haití realizadas durante el año, la Comisión sigue experimentando graves preocupaciones con respecto a numerosos ámbitos en que los derechos básicos del pueblo haitiano carecen de protección y garantías. Sigue preocupando gravemente a la Comisión el persistente nivel de violencia imperante en Puerto Príncipe, que ha cobrado cientos de vidas y víctimas de secuestros, debido al pronunciado deterioro de la situación de seguridad existente en Haití. Alarma a la Comisión la persistencia de esas condiciones sin que se aplique una estrategia y medidas eficaces de control y prevención de esos actos de violencia, y el hecho de que la situación de inestabilidad provocada por confrontaciones de bandas armadas e intimidación de civiles sin una respuesta inmediata y eficaz por parte del Estado, puede arraigarse en Haití y paralizar al país, impidiendo a éste la adopción de medidas esenciales de desarrollo social y económico. La Comisión toma nota de que si bien el nivel de violencia disminuyó durante el período electoral y se creó una nueva Comisión Nacional de Desarme, desde mediados de 2006 Haití ha venido experimentando un proceso de reintensificación de la violencia, provocada por conflictos entre grupos armados rivales o sin que se haga cumplir la ley, así como el incremento del crimen organizado, que provoca un agudo aumento de los casos de homicidios y secuestros, a lo que se agrega la incapacidad del Estado de procesar y castigar a los delincuentes.[107] La Comisión reconoce las serias dificultades que implica para el Estado recuperar el control de la situación de seguridad y reforzar el imperio de la ley, por lo cual insta al Gobierno, a que, con asistencia de la comunidad internacional, adopte las medidas urgentes, compatibles con los principios y normas internacionales sobre derechos humanos, que sean necesarias para hacer efectivo el control de la seguridad en Haití y asegurar justicia para las victimas de violaciones de derechos humanos. A través de la implementación de esas medidas Haití puede comenzar a ejecutar las reformas institucionales y los planes de desarrollo social y económico a largo plazo que mucho se necesitan.
Resumen de los principales acontecimientos registrados en Haití en 2006
90. Como contexto de su análisis de la situación de los derechos humanos en Haití en 2006, la Comisión proporcionará una breve reseña de los principales acontecimientos ocurridos durante el año.
91. El año 2006 se destacó por el hecho de que el 7 de febrero de 2006 el país celebró con éxito una elección presidencial y legislativa. Pese a numerosas demoras y dificultades técnicas ocurridas durante el período electoral, la elección del 7 de febrero fue considerada creíble, justa y pacífica por parte de observadores electorales haitianos e internacionales. El Gobierno del Presidente Sr. René Préval sigue al gobierno provisional haitiano orientado por el ex Presidente Sr. Boniface Alexandre, y representa un nuevo comienzo para Haití. El Gobierno de Préval asumió sus funciones como sucesor de un gobierno provisional que actuó durante dos años, finalizado el cual persistieron dificultades significativas para el logro de la seguridad y la protección de los derechos básicos de los haitianos. Aunque en el presente año se organizaron con éxito elecciones presidenciales, gran parte de las condiciones observadas en Haití y señaladas en los informes anuales anteriores de la Comisión[108] aún subsisten, lo que condujo a condiciones de vida cada vez más precarias para los haitianos, que no logran obtener protección efectiva del Estado, ya que los servicios públicos presentan graves fallas en casi todos los sectores. A este respecto, en 2006 el Presidente declaró su compromiso público de enfrentar el problema de las condiciones sociales y económicas imperantes en el país a través de programas de desarrollo, ocupándose del tema de la inseguridad y poniendo en marcha varias reformas institucionales.
92. En conjunto, la situación imperante en 2006 en materia de seguridad y derechos humanos se deterioró considerablemente, lo que obedeció en gran medida a la proliferación de bandas armadas y a la consolidación de las actividades de bandas criminales organizadas que siguieron ejerciendo el control exclusivo de ciertas partes de la ciudad, así como la incapacidad de la fuerza de policía de responder eficaz y adecuadamente frente a este creciente fenómeno. Además, la Policía Nacional sigue presentando fallas, carece de personal y de recursos suficientes, y recaen sospechas de corrupción sobre un considerable porcentaje de sus miembros.[109] En el presente año ocurrieron nuevos años sistemáticos de secuestro, procedimientos cada vez más abusivos cometidos por los perpetradores, utilización de niños por parte de grupos armados, explotación física y sexual de mujeres en actividades delictivas y falta de una respuesta adecuada por parte de la Policía y la judicatura para llevar a los perpetradores a la justicia. Al mismo tiempo siguió siendo gravemente inadecuado el acceso a servicios médicos para el tratamiento de personas heridas en actos de violencia, lo que agravó el riesgo de pérdida de vidas.
93. Los esfuerzos tendientes a organizar elecciones presidenciales presentaron dificultades pero lograron éxito el 7 de febrero de 2006. Los planes se vieron afectados por numerosas demoras y problemas logísticos, que obligaron a postergar la fecha de las elecciones del 9 de octubre de 2005, que pasó a noviembre de 2005 y finalmente a febrero del presente año. Pese a las dificultades técnicas experimentadas durante el proceso de registro y numerosos actos de intimidación sufridos por el Consejo Electoral Provisional (CEP), se registraron aproximadamente tres millones de un total estimado en cuatro millones de personas, y al mismo tiempo se establecieron 800 centros de votación, con 9.000 circuitos electorales.[110] Según observadores haitianos e internacionales el proyecto estuvo en gran medida exento de irregularidades graves, fue declarado creíble y en general fue aceptado por los partidos políticos.
94. Desde la asunción de su cargo por parte del Presidente Préval, los hechos ocurridos a nivel político interno en Haití se caracterizaron por el compromiso público del Presidente de hacer frente a problemas esenciales que causan preocupación, consistentes en las condiciones de seguridad, sociales y económicas y el sector de la justicia, en tanto que la comunidad internacional expresó apoyo para esos planes formulando compromisos de ayuda para diversos programas, desde la reconstrucción de la infraestructura física del país hasta el respaldo en las esferas de educación, salud, proyectos de desarrollo, protección ambiental y productividad agrícola, así como la reforma institucional. Al mismo tiempo el Presidente, habiendo reconocido y expresado preocupación por las condiciones de extrema pobreza de los haitianos, hizo hincapié asimismo en la importancia de un respaldo a largo plazo por parte de la comunidad internacional, haciendo un llamamiento a la realización de inversiones en la economía nacional y los proyectos de desarrollo de Haití. Específicamente, el Presidente designó a Jacques Edouard Alexis como Primer Ministro y designó a los miembros de su Gabinete Ministerial y otras autoridades clave, como el nuevo Secretario de Estado de Seguridad Pública y el Director General de la Policía Nacional de Haití, y creó el nuevo cargo de Secretario de Estado para la Reforma Judicial. El Gobierno estableció asimismo la Comisión Nacional de Desarme, para ejecutar un plan nacional de desarme orientado hacia protagonistas no estatales, para que entreguen voluntariamente sus armas a cambio de dinero y capacitación laboral. El Gobierno se ocupó en gran medida de establecer su plan quinquenal nacional de políticas en los diversos sectores, en especial administración de justicia, seguridad y desarrollo social y económico, en tanto que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Condición Femenina y de los Derechos de la Mujer presentaron a la Asamblea Nacional sendos proyectos de leyes y están realizando planes de reformas en sus respectivas esferas.
95. A lo largo del año pasado, los hechos ocurridos a nivel nacional fueron acompañados asimismo por la presencia de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), inicialmente autorizada durante seis meses a partir del 1 de junio de 2004, plazo que se prorrogó ulteriormente en varias ocasiones, siendo la más reciente el 15 de agosto 2006, en que se dispuso una prórroga hasta el 15 de febrero 2007.[111] Recientes resoluciones, tras la elección de febrero, enmendaron significativamente el mandato de la Misión, haciendo un llamamiento a las autoridades para que pongan en marcha urgentemente medidas encaminadas a la reforma en la esfera del imperio de la ley y la protección de los derechos humanos, lo que comprende una mayor capacidad de la Policía Nacional de Haití y la acelerada ejecución de un programa nacional de desarme que adopte un enfoque integral de reducción de la violencia en la comunidad.[112] Al 30 de septiembre de 2006 las fuerzas de la MINUSTAH estaban formadas por un total de 8.342 funcionarios uniformados, incluidos 6.642 militares y 1.700 oficiales de policía.[113] Desde el comienzo de la Misión y hasta septiembre de 2006 se registraron 18 bajas en el personal de las Naciones Unidas, y se registró la muerte de dos miembros del cuerpo de paz jordano tras un ataque de pistoleros armados en noviembre de 2006.[114] Según informes sobre actividades públicas, la MINUSTAH ha emprendido una serie de iniciativas de implementación de su mandato. Además, realizaron visitas al país para evaluar la situación en materia de paz y seguridad el Sr. Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas; la Sra. Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en octubre,[115] y el Experto Independiente sobre Haití, Sr. Louis Joinet, quien presentó al Secretario General de las Naciones Unidas su informe sobre la situación imperante en Haití.[116]
96. En julio, la Comunidad del Caribe (CARICOM), de la que había sido miembro Haití, readmitió al país como miembro activo, luego que la CARICOM condenó las circunstancias que llevaron a la salida del ex Presidente Aristide, en febrero de 2004, y ulteriormente decidió no autorizar al gobierno de transición a participar en sus Consejos. En consecuencia, el 18 de octubre de 2006 los miembros de la CARICOM se reunieron por primera vez desde el ingreso de Haití en el organismo, en Puerto Príncipe, para analizar mecanismos que permitan dar respaldo al Gobierno de Préval.
97. Por su parte, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la Resolución AG.RES.2215 (XXXVI)-O/06,[117] durante su trigésimo sexto período ordinario de sesiones, convocado del 4 al 6 de junio de 2006 en Santo Domingo, República Dominicana. En esa resolución la Asamblea General tomó nota de las preocupaciones reinantes en cuanto a la situación en el sistema judicial y el sistema penitenciario haitiano, incluida una prolongada detención previa al juicio y la necesidad de fortalecer el debido proceso, así como los desafíos que enfrenta la Policía Nacional de Haití. La Asamblea General instó también a la comunidad internacional a brindar colaboración y apoyo, especialmente en la esfera de la coordinación del respaldo técnico y financiero para el Gobierno de Haití para que logre el desarrollo sostenible específicamente en relación con la profesionalización de la Policía Nacional haitiana.
98. Los órganos e instituciones de la OEA emprendieron durante el año numerosas iniciativas tendientes a aplicar la resolución de la Asamblea General. En el curso del año el Sr. Ramdin efectuó visitas a Haití y emitió declaraciones en que reitera el respaldo de la OEA al proceso de fortalecimiento de las instituciones democráticas, y dio a conocer planes de la OEA encaminados a coordinar y movilizar recursos y esfuerzos de los restantes órganos interamericanos para cumplir sus objetivos.[118]
99. Tras una conferencia internacional inicial de donantes que tuvo lugar en Washington, D.C., en julio de 2004, en que se comprometieron más de US$1.000 millones para Haití, se realizaron varias reuniones de seguimiento de donantes, siendo la más reciente la que tuvo lugar en España el 29 y el 30 de noviembre. Según el Banco Mundial, Haití fue admitido en el Programa para los países pobres muy endeudados (PPME) del Banco Mundial en noviembre, y se condonaron US$140,3 millones de su deuda nacional. Según el acuerdo, Haití recibirá alivio provisional de la deuda de determinados acreedores, pero para quedar habilitado para obtener alivio irrevocable de la deuda en el punto de culminación se prevé que el país aplique un amplio conjunto de reformas, incluidas estrategias para la reducción de la pobreza y reformas de ajuste estructural.[119]
100. En conclusión, a lo largo del año pasado Haití fue emergiendo lentamente del período de transición de dos años, señalado por el importante desafío que representa para el Gobierno restablecer eficazmente el orden y la estabilidad en todo el país, careciendo de recursos suficientes para cumplir adecuadamente la obligación de garantizar la seguridad y por lo tanto hacer efectivo el progreso en otros ámbitos, como el desarrollo económico y la reconstrucción de la infraestructura nacional. La situación de seguridad sigue siendo ardua, y aunque han comenzado a aplicarse medidas de supresión de la violencia y desarme de grupos y bandas armados ilegales, esos esfuerzos deben mantenerse e intensificarse con la asistencia decisiva de la comunidad internacional, para hacer efectiva la seguridad en el país. Además el Gobierno haitiano debería considerar seriamente la posibilidad de adoptar medidas tendientes a concertar a todos los sectores de la sociedad haitiana, para promover el diálogo y el consenso y así lograr contar con mayores posibilidades de lograr una paz sostenible para el futuro. La introducción de un gobierno recientemente electo y el respaldo expresado por la comunidad internacional de ayudar a Haití a lo largo de esta difícil transición a la estabilidad presenta una oportunidad especial de cambio y progreso en el país. En este contexto la Comisión dará a conocer un informe actualizado sobre la situación global de los derechos humanos en Haití, que se describió por primera vez en el Informe Anual del año pasado.[120]
Actividades de la Comisión en relación con Haití en 2006
101. En el curso del primer año de gobierno del Presidente Préval, la Comisión siguió expresando grave preocupación con respecto a determinados aspectos de la situación de los derechos humanos. Entre otras cosas, se señaló la tendencia, reciente pero creciente, de perpetración de secuestros por parte de bandas armadas, en algunos casos con participación de miembros de la Policía Nacional de Haití; la persistencia de un alto nivel de violencia armada entre grupos y PNH y la falta de mecanismos eficaces de investigación de delitos de violencia o abusos contra los derechos humanos y procesamiento y castigo de los perpetradores, en observancia del debido proceso; amenazas y actos de intimidación contra defensores de derechos humanos y la detención arbitraria y prolongada previa al juicio de personas estrechamente vinculadas con el antiguo régimen de Lavalas.
102. La Comisión publicó el 16 de marzo de 2006 el comunicado de prensa 06/06, en que dio a conocer públicamente la aparición de su estudio sobre la administración de justicia en Haití e indicó sus conclusiones clave. En el informe se concluyó que el sistema judicial haitiano presenta graves fallas en casi todos los aspectos, y fallas sistemáticas en cuanto a protección de los derechos humanos fundamentales del pueblo haitiano. En el informe se hizo hincapié asimismo en que los esfuerzos tendientes a abordar los graves problemas actuales experimentados por Haití en materia económica y política no tendrán éxito a menos que se realicen urgentes reformas encaminadas a fortalecer la administración de justicia y el Estado de derecho en el país, que requerirán respaldo continuo, coordinado y sostenido de parte de los Estados miembros de la OEA y de los miembros de la comunidad internacional.
103. En mayo de 2006 la Comisión fue invitada a realizar en Haití una exposición de dos días de duración sobre el sistema de la CIDH, para un grupo de aproximadamente 40 ONG, periodistas y miembros de la Policía Nacional de Haití, para promover un mejor conocimiento de los mecanismos regionales y universales de protección de los derechos humanos.
104. La Comisión consideró la situación en su 124º y 126º Períodos Ordinarios de Sesiones, en febrero y octubre de 2006, respectivamente. A final de las sesiones la Comisión publicó comunicados de prensa sobre las elecciones y la situación general del país.[121]
105. La Comisión realizó una visita de determinación de hechos entre el 11 y el 15 de diciembre de 2006, por invitación del Gobierno haitiano de Préval y con el apoyo del Gobierno de Francia. La delegación de la Comisión estuvo formada por los miembros de la Secretaría Ejecutiva. Durante la visita la Comisión procuró obtener información sobre el estado de los mecanismos de protección de los derechos humanos en Haití en general y la situación de la mujer en ese país. Para ello se reunió con representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de la Condición Femenina y con miembros de la sociedad civil, así como con organismos internacionales. Durante su visita la Comisión realizó una sesión de extensión del sistema interamericano de derechos humanos con miembros del Ministerio de la Condición Femenina y grupos de defensa de los derechos de la mujer.
106. Basándose en sus visitas y otras actividades relativas a Haití realizadas en 2005 y 2006, la Comisión identificó ámbitos esenciales de preocupación fundamental, que más abajo se analizan, que influyen directamente sobre el grado de protección de los derechos básicos de los haitianos. Es importante señalar que muchos de esos problemas son de larga data y están arraigados, y surgen de fallas institucionales que requieren un examen inmediato y serio y reformas para reducir el número y las características de las groseras violaciones de derechos humanos que ocurren a diario en el país. Además esos ámbitos han sido objeto de estudios y seguimiento por parte de la Comisión en los últimos años y asimismo de análisis en anteriores Informes Anuales y comunicados de prensa de la Comisión.[122]
Observaciones de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Haití en 2006
107. El año pasado la Comisión publicó varias declaraciones en que expresaba preocupación ante los graves problemas de derechos humanos existentes y subrayó la importancia y necesidad de que el Gobierno, el pueblo de Haití y la comunidad internacional fortalezcan la cooperación y coordinación de sus esfuerzos encaminados a garantizar plenamente la seguridad de los civiles.[123] Desde entonces, si bien la Comisión ve con beneplácito la evolución positiva del país, incluida la exitosa elección presidencial de febrero de este año, la puesta en funciones de un gobierno constitucional, la elaboración de planes de reforma y el establecimiento de la Comisión Nacional de Desarme, sigue estando gravemente preocupada ante la falta de control efectivo de la situación de seguridad en el país y el impacto directo que ello ha suscitado en cuanto a la protección del derecho a la vida y a la integridad física de todos los haitianos, especialmente mujeres y niños, que constituyen un porcentaje significativo de las víctimas de la violencia. Los actos de violencia perpetrados por bandas armadas y las confrontaciones de grupos armados y fuerzas de seguridad se han convertido, en gran medida, en un hecho cotidiano en 2006, caracterizándose por un número significativo de muertos y heridos, víctimas de secuestros, asesinatos, actos de tortura y castigos crueles e inusuales, así como violaciones. Esa situación ha provocado el notable incremento del número de personas que huyen de bolsones de inestabilidad de la ciudad en que las bandas armadas ejercen gran influencia y poder y en que la seguridad de los residentes corre riesgos permanentes. Muchos colegios demoraron la apertura de las clases al comienzo del año académico, en tanto que los comercios locales se han visto afectados u obligados a mudarse o a dejar de funcionar.
108. A la luz de la situación imperante en el país el Presidente Préval se comprometió públicamente a dar prioridad al desarrollo social y económico, haciendo hincapié en los sectores de la educación, la salud y el agro y en la elaboración de programas de erradicación de la pobreza y creación de la infraestructura del país. Como respaldo de esas iniciativas y de las solicitudes de asistencia a largo plazo para el desarrollo formuladas por el Presidente, la comunidad internacional ha respondido favorablemente, con expresiones públicas de respaldo de varios países.[124] Entre los objetivos logrados figura la puesta en marcha, en septiembre, de un programa de rehabilitación urbana, que según se afirma generó 5.000 puestos de trabajo para haitianos. Además el Primer Ministro Alexis ha instado al sector privado a celebrar acuerdos de cooperación con el Estado para llevar a cabo proyectos de desarrollo social para el país.
109. La Comisión reitera la importancia de atención inmediata en los ámbitos de problemas esenciales que identificó durante sus visitas al país en 2005 y en su informe sobre la administración de justicia, publicado en marzo de 2006.[125] En especial, el logro de una paz duradera en Haití exige que el Estado, en cooperación con la población haitiana y con respaldo de la comunidad internacional, adopte medidas decisivas para desarmar efectivamente a todos los que poseen armas ilegales, lleve a cabo un diálogo constructivo conciliatorio entre los distintos sectores para promover el consenso social y político, adopte pasos firmes para poner fin a la impunidad por abusos de los derechos humanos y delitos y respalde la economía nacional para lograr mayores alternativas de empleo y autosostenibilidad para los haitianos. A lo largo de los muchos años en que ha seguido la evolución de Haití, la Comisión ha observado el carácter singularmente complicado y arduo de la situación de los derechos humanos en el país, caracterizada por repetidos períodos de crisis política y condiciones sociales y económicas que figuran entre las más preocupantes del Hemisferio, que han causado fallas extremas en las instituciones del Estado y que en consecuencia no han permitido hacer frente eficazmente a los problemas de larga data existentes en el ámbito de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos. En consecuencia, esos temas, que siguen impidiendo al país avanzar significativamente en materia de desarrollo, no pueden resolverse plenamente con soluciones de corto plazo, sino que requerirán reformas institucionales a largo plazo y asistencia internacional sostenida para hacer frente a problemas capitales identificados en este capítulo y señalados en declaraciones e informes anteriores de la Comisión sobre la situación en Haití.
110. Una de las principales preocupaciones de la Comisión, entre 2004 y 2006, ha sido la situación de seguridad imperante en Haití. Según la información recibida por la Comisión en 2006, la falta de efectiva seguridad para la población en gran parte del territorio haitiano sigue representando un problema urgente. Desde la rebelión de febrero de 2004 la mayor parte de los oficiales de policía abandonaron sus cargos, con lo cual el Gobierno tuvo que realizar la tarea de reclutar, capacitar y poner en funciones a nuevos oficiales. Dada la escasa presencia policial en el país y la grave falta de recursos de la Policía, grupos ilegales armados siguen ejerciendo el control de la seguridad en muchas partes de Puerto Príncipe, y se afirma que en algunos casos esos grupos han operado en cooperación con la Policía nacional, o sustituyéndola.
111. La situación de violencia se ha deteriorado pronunciadamente desde junio y pese a breves períodos de mejoras, las estadísticas muestran que el problema es alarmante, y evidentemente el más preocupante en la región. Aunque las cifras de las víctimas de la violencia varían, informes de la MINUSTAH mencionan 50 casos de secuestro y más de 90 asesinatos en julio de 2006 en Puerto Príncipe, y en el mes de agosto 80 secuestros y 70 homicidios en esa ciudad.[126] Al mismo tiempo, la entidad defensora de los derechos humanos haitiana, la Comisión Episcopal Justicia y Paz, registró 228 homicidios entre junio y septiembre de 2006, incluidos los de 11 oficiales de la PNH, dos guardias de seguridad, 19 mujeres y seis niños.[127] Una de las zonas más gravemente afectadas de la capital fue la de Martissant, en que en el período julio-septiembre se registraron 72 muertes en violentas confrontaciones.[128] El 7 de julio de 2006 la población y grupos de derechos humanos nacionales e internacionales expresaron indignación y alarma cuando más de 20 personas fueron asesinadas en Grand Ravine y bandas armadas rivales quemaron y destruyeron numerosas viviendas, haciendo que muchos residentes buscaran refugio en una iglesia de las cercanías.[129] Los numerosos secuestros y asaltos de los que son víctimas a diario haitianos de todas las clases y grupos de edades hacen que las cifras de secuestros de Puerto Príncipe hayan sobrepasado a las de otros países del Hemisferio, incluida Colombia.[130] Las demandas de rescate van desde un par de cientos a varios miles de dólares estadounidenses, aunque en muchos casos los captores aceptan una suma menor que la exigida originalmente. Al mismo tiempo los extranjeros no se han visto libres de la violencia; el año pasado se registraron 43 secuestros de estadounidenses en Haití, incluidos tres que fueron asesinados en intentos de secuestros.[131] Además los actos de violencia cobraron la vida de varios niños, haciendo que el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Haití, Sr. Edmond Mulet, expresara su indignación por la violencia ejercida contra niños y sus familiares, en especial en la zona de Grand Ravine en que en julio varias mujeres y niños fueron víctimas de tiroteos mortales entre bandas rivales. El Sr. Mulet reclamó el cese de la violencia contra los niños y el respeto de la integridad física de mujeres y niños.[132]
112. Las zonas más afectadas por la violencia son habitualmente aquellas en que la presencia policial es a lo sumo limitada, por lo cual esas zonas se han convertido en baluartes de bandas armadas que gobiernan las calles y las actividades de los residentes. El número de esas zonas, comúnmente denominadas zones de non-droit[133] se incrementó en 2006. Los habitantes señalan que la mayoría de las zonas céntricas de Puerto Príncipe siguen siendo zonas inaccesibles debido a la inestabilidad en ellas imperante. Esas zonas están habitadas en gran medida por personas cuyo nivel de vida figura entre los más bajos, y que no tienen medios de obtener mejor refugio que las viviendas improvisadas que habitan, por ejemplo en los cada vez más extensos barrios de tugurios de Cité Soleil. Estas personas constituyen una categoría ya gravemente vulnerable de la población, que experimenta sistemáticamente múltiples violaciones de derechos por estar expuestas a la violencia y carecer de servicios básicos (tratamiento médico, servicios jurídicos) tras experimentar actos de abuso. En consecuencia, en muchas de esas zonas el Estado no ha garantizado eficazmente la seguridad de la población, lo que ha obligado a los residentes a reubicarse, cuando les es posible, para mantener su seguridad.
113. No puede subestimarse la necesidad de una eficaz política de control de armas, incluido el desarme, teniendo en cuenta las crecientes cifras de víctimas de violencia armada registradas desde 2004 hasta el presente. Para ilustrar mejor la situación cabe mencionar que en un estudio realizado en 2005 sobre armas pequeñas y desarme en Haití se llegó a la conclusión de que puede estimarse en 170.000 armas pequeñas (en gran medida pistolas y revólveres) el número de armas en circulación en el país, a lo que se agrega un número no conocido de fusiles de asalto.[134] En el estudio se expresó preocupación también acerca de un marco regulatorio o registro nacional de posesión de armas en el país y se subrayó la necesidad de elaborar un programa con amplios objetivos, que abarque a todos los que poseen armas ilegales. Por lo tanto, la Comisión celebra la creación de la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reinserción, como paso de un proceso más largo de eficaz control de armas. Según se informa, en el programa se hará especial hincapié en los niños, que suelen ser las víctimas principales de los grupos armados. Al mismo tiempo los sospechosos de estar implicados en homicidios, abusos contra los derechos humanos y otros delitos graves no podrán participar en el programa de desarme y previsiblemente serán sometidos a la justicia por sus actos.[135] Desde la puesta en marcha oficial del programa, las Naciones Unidas informa que según se afirma 109 haitianos han sido inscriptos en el programa y se han recogido docenas de armas.[136] Pese al lento comienzo del proceso, a la Comisión le resulta alentadora la creación de la CNDDR, y espera que se aplique rápidamente una estrategia completa y sistemática en relación con todos los grupos armados, incluidos los formados por ex militares y las bandas.
114. Otro aspecto esencial para garantizar la seguridad es la necesidad de reforzar la Policía Nacional de Haití, que sigue siendo débil, carece de suficientes recursos y está mal equipada y capacitada en grado mínimo, como se señaló en el informe sobre la administración de justicia publicado por la Comisión en marzo de 2006.[137] Según cifras recientes, la fuerza policial tiene entre 5.500 y 6.000 policías, en tanto que la población del país se estima en ocho millones de habitantes.[138] En consecuencia, la presencia policial en el país es gravemente reducida, con lo cual la seguridad de los residentes queda librada a sus propios medios o, en algunos casos, a las bandas armadas que ejercen el poder en ciertas partes de la ciudad y del país. Al mismo tiempo la Policía se ha esforzado en combatir el delito realizando más operaciones en la ciudad, y en algunos casos ha logrado liberar a víctimas de secuestros y efectuar arrestos de presuntos delincuentes. La PNH ha creado también una nueva unidad antisecuestros, formada por funcionarios de la PNH y de las Naciones Unidas, lo que permitió realizar 30 arrestos de presuntos secuestradores en el mes de septiembre y 40 en octubre. Al mismo tiempo, un desafío adicional que se espera que supere la PNH es la mala reputación actual de la Policía, afectada por denuncias de corrupción y sospecha de que integrantes de la misma han tomado parte en actividades delictivas. En especial, el Director General de la PNH, Mario Andresol, declaró que sobre alrededor del 25% de los policías recaen sospechas de corrupción.[139] Esa participación en actividades delictivas por parte de algunos funcionarios policiales deteriora gravemente la integridad y calidad de la Policía como institución y le impide desempeñar su cometido de hacer cumplir las leyes. En respuesta a esos problemas percibidos, el Gobierno ha tomado medidas encaminadas a diseñar un plan de respuesta para la fuerza policial, que comprende la implementación de un procedimiento de exclusión para destituir a los miembros de la PNH implicados en actividades de corrupción o delictivas.
115. Finalmente, la Comisión reconoce el hecho de que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití se ha esforzado en mejorar la situación dando mayor relieve a un enfoque basado en la comunidad con respecto al proceso de desarme y haciendo mayor hincapié en su mandato revisado sobre fortalecimiento y reforma institucionales, especialmente en la esfera de la administración de justicia. En efecto, el personal de mantenimiento de la paz de la MINUSTAH mantiene una sólida presencia en el país, y se han asignado ciertos recursos para el proceso de desarme y el fortalecimiento de la Policía a través de asistencia técnica y del diseño de apropiados planes de seguridad y reforma para su implementación. Al mismo tiempo, continuas denuncias de que las operaciones de seguridad de la MINUSTAH se han realizado con abuso de la fuerza y han provocado heridas a civiles, han creado una mayor animosidad contra la presencia de la misión en la población y algunos parlamentarios. Frente a los supuestos actos de abuso de la fuerza cometidos por soldados, la Comisión recomienda que el cometido de brindar seguridad pública se vea acompañado por el de proteger la vida y la integridad física de las personas en todo momento.
116. De la información disponible surge que la falta de avance en materia de seguridad puede atribuirse en parte a que en Haití la administración de justicia no funciona adecuadamente. Las fuentes a las que tiene acceso la Comisión han señalado que el sistema judicial sigue siendo gravemente defectuoso, lento, y que se ve afectado por fallas fundamentales, tales como grave escasez de recursos para jueces, magistrados, tribunales y la Policía, así como continuas violaciones del debido proceso, como prolongada detención de personas sin que sean llevadas ante un juez. Además, las denuncias de corrupción generalizada en el sector público, incluida la judicatura, han comprometido gravemente las garantías de un juicio justo y las garantías judiciales previstas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Como ya se señaló, policías y jueces también han sido víctimas de la violencia, habiéndose convertido en algunos casos en blanco de ataques de grupos armados, que les han impedido ejercer libremente sus cometidos oficiales.
117. La Comisión ha tomado nota asimismo de informaciones según las cuales algunos casos de muertes ilegales y abuso de la fuerza pueden atribuirse a la Policía.[140] No obstante, durante el año fueron mucho más numerosas las denuncias sobre malos tratos y golpizas en el curso de arrestos y detenciones policiales. Informes sobre derechos humanos han documentado casos en que funcionarios de policía hacen abuso sistemático de la fuerza, en especial contra sospechosos de delitos detenidos.[141] Varios detenidos han denunciado haber sido objeto de palizas y torturas durante interrogatorios policiales, especialmente en la celda de detención de la Oficina Central de la Policía Judicial (Direction Centrale de la Police Judiciaire). Organismos que velan por los derechos humanos han entrevistado regularmente a detenidos y han verificado signos físicos de abusos y malos tratos, que según esos observadores se han realizado sistemáticamente en las celdas de detención de estaciones de policía de todas partes del país.[142] Algunos de los oficiales responsables de esos actos han sido aprehendidos y procesados por ellos; al mismo tiempo, se afirma que otros que estaban detenidos por supuestos delitos han sido liberados por los jueces aunque se habían presentado pruebas de cargo contra ellos. Así ocurrió análogamente en el caso de dos altos oficiales arrestados como sospechosos de participación en los asesinatos cometidos en Martissant (agosto de 2005) y Grand Ravine (julio de 2006), pero fueron liberados por un juez en marzo de 2006.[143] En consecuencia la Comisión hace hincapié en la necesidad de que los reclutas policiales reciban sólida capacitación en materia de derechos humanos, inclusive con respecto a las normas y principios internacionales que rigen el uso de la fuerza, y que toda alegación de participación policial en asesinatos y otros abusos contra los derechos humanos sea investigada pronta y eficazmente y los responsables sean juzgados y castigados.
118. Preocupan también a la Comisión los arrestos y detenciones aparentemente arbitrarios, cuyo número al parecer se incrementó en 2006, en gran medida debido a los intensos esfuerzos de la Policía para capturar a sospechosos de delitos y, en varios casos, a la realización de arrestos en gran escala de no menos de 20 a 30 personas simultáneamente. Según los informes, en octubre 4.599 detenidos estaban alojados en establecimientos de detención de todo el país, y apenas 749 de ellos habían sido declarados culpables.[144] Además, cuando la Policía intensificó sus operaciones tendientes a capturar delincuentes, en julio, según los observadores de derechos humanos, 24 de 29 personas estaban detenidas ilegalmente[145] en las celdas de detención de la DCPJ, en tanto que en otro caso 25 de 28 personas permanecían privadas de libertad sin haber comparecido ante un juez. La Comisión toma nota de que la perpetración de arrestos y detenciones arbitrarias no constituye un problema nuevo en Haití, pero que la Comisión la había criticado en el pasado.[146] En consecuencia la Comisión, al mismo tiempo que hace hincapié en la importancia de la prevención del crimen y la captura de criminales peligrosos, para brindar mayor seguridad a la población, hace hincapié nuevamente en la prohibición de los arrestos y detenciones arbitrarios consagrada por el artículo 7 de la Convención Americana, y reitera la obligación del Estado de lograr que sus esfuerzos tendientes a investigar delitos y procesar a los perpetradores se realicen a través de procedimientos probadamente justos y eficaces compatibles con las normas internacionales del debido proceso, incluido el derecho del detenido de ser notificado prontamente de la(s) imputación(es) que contra él se haya(n) formulado, y de ser llevado prontamente ante un juez.
119. Como en años anteriores, la Comisión siguió recibiendo denuncias de violencia contra y entre reclusos en prisiones y otros establecimientos de detención, y de la existencia de condiciones en general inapropiadas y de hacinamiento en esas instituciones, y en muchos casos esas condiciones constituían un riesgo de salud crítico para los reclusos. Según un director de la administración carcelaria entrevistado en 2005, sólo 17 de las 22 prisiones de Haití eran realmente funcionales,[147] y hasta la fecha no se han recibido informes sobre su reparación. En especial, ciertos peticionarios, durante el 126º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión, informaron detalladamente sobre las condiciones extremadamente insatisfactorias en que viven los detenidos en Gonaïves, la prisión que fue destruida y nunca se reconstruyó. Las malas condiciones allí imperantes han llevado a varias fugas en distintos lugares del país. El 14 de mayo de 2006, el mismo día en que René Préval prestaba juramento como Presidente de Haití, los reclusos rompieron los cerrojos de las puertas de sus celdas en la Penitenciaría Nacional (Puerto Príncipe), armados con botellas e instrumentos aguzados, registrándose varios heridos.[148] Un incidente similar se registró en la penitenciaría de Arcahaie el 27 de agosto de 2006, de la que escaparon seis convictos. Se afirma que esos hechos obedecieron a la negligencia de las autoridades, debido a la mala administración y a insuficiente financiamiento para las cárceles.[149]
120. Por otra parte, los observadores de derechos humanos indican que los presos y detenidos siguen padeciendo falta de acceso a agua potable, adecuados sistemas de saneamiento y alimentación suficiente y nutritiva, y que sus celdas carecen de mobiliario, son pequeñas y están desprovistas de ventilación y luz adecuadas, y que la mayoría de los detenidos permanecen confinados las 24 horas del día. Las autoridades señalan que en muchos casos, debido al hacinamiento y a lo defectuoso de las instalaciones, y al historial de fugas carcelarias en todo el país, la falta de seguridad en las instalaciones impide conceder recreos a los detenidos fuera de sus celdas.[150] Análogamente, en general se carece de acceso a servicios de salud en los establecimientos de detención, lo que provoca el incremento y la propagación de enfermedades prevenibles, como el beriberi, la disentería y la tuberculosis, y en algunos casos esas enfermedades han cobrado la vida de detenidos exclusivamente debido a la falta de acceso a cuidados médicos adecuados y oportunos. Tal como sucede con el tema de los arrestos y la detenciones arbitrarias, la violencia y las malas condiciones imperantes en las prisiones no constituyen un problema nuevo para Haití, y la Comisión reitera categóricamente su exhortación al Estado para que las personas sujetas a detención o encarcelamiento no sean víctimas de violencia y otros malos tratos a manos de agentes del Estado o de otros reclusos, ni estén sujetos a condiciones que impliquen inobservancia de normas internacionales mínimas de tratamiento de detenidos, incluidas las previstas en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
121. La Comisión ha recibido información según la cual el Estado se ha comprometido públicamente a introducir reformas en la esfera de la administración de justicia, en especial a través de la elaboración de reformas e iniciativas de políticas en esas esferas. La Comisión ha recibido información según la cual el Ministerio de Justicia ha elaborado un plan de reforma y además ha puesto a consideración del Parlamento tres proyectos de leyes. Según se informa, esas reformas se refieren a independencia del Poder Judicial, estatuto de los jueces y procedimientos constitucionales de su designación, permanencia en el cargo y destitución. Se señala asimismo que recientemente se sancionó el proyecto de ley de creación de un Consejo Superior de la Judicatura. Además existe un plan de construcción de 123 juzgados de paz, siete tribunales de primera instancia y siete tribunales de apelaciones.[151] A la Comisión le resultan alentadoras esas iniciativas adoptadas por el Ministerio de Justicia, y espera que los esfuerzos encaminados a hacer frente al problema de una detención prolongada previa al juicio y otras dificultades que padece el sistema judicial desde hace largo tiempo, iniciados en 2005 bajo la autoridad del Ministro de Justicia anterior, se mantengan y refuercen durante el actual gobierno de Préval. La Comisión manifiesta también su satisfacción por el anuncio efectuado por la PNH, en que reitera su compromiso público de mantener el proceso de depuración tendiente a excluir al cuerpo de delincuentes y/o de personas con antecedentes de violación de derechos humanos.
122. En relación con el insatisfactorio estado de la administración de justicia en Haití cabe mencionar el problema de continua impunidad por abusos de los derechos humanos y delito. Reconociendo el problema, el Gobierno ha dado muestras de sus esfuerzos encaminados a hacer frente a ese problema a través de la realización de juicios penales en el segundo semestre de 2006. La Comisión toma nota con satisfacción de la realización de esos juicios entre los meses de julio y septiembre por parte de los tribunales de primera instancia en varios lugares del país, lo que ha dado lugar a audiencias en 232 casos, en los cuales 181 sospechosos fueron declarados culpables. El mayor número de audiencias se celebraron en Puerto Príncipe, y dieron lugar a 72 sentencias condenatorias. De esos casos, 31 se referían a secuestros y raptos, y en ellos 18 sospechosos fueron declarados culpables (unos pocos de ellos eran oficiales de policía) y se dictaron 11 sentencias de condena por violación de menores.[152] Al mismo tiempo los observadores de derechos humanos notaron varias fallas; por ejemplo, en muchos casos, que los procesados indigentes solían carecer de patrocinio legal en juicio, y en los casos en que estaba presente el abogado defensor, éste, en muchos casos, no estaba preparado para patrocinar adecuadamente a su cliente, por no haber recibido información previa suficiente sobre el caso. El problema de un adecuado patrocinio legal para los acusados en actuaciones penales es uno de los señalados en el pasado, y la Comisión espera que el Ministerio de Justicia adopte soluciones apropiadas para atender esta necesidad y lograr que los acusados gocen de sus derechos a un juicio justo y a las garantías judiciales protegidas por la Constitución haitiana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
123. Por otra parte, también en 2006 la Comisión siguió recibiendo información referente a graves abusos contra los derechos humanos, que no han recibido atención o seguimiento adecuados por parte de las autoridades judiciales. En especial, en julio de 2006 el incidente ocurrido en Grand Ravine cobró la vida de 22 miembros de la comunidad, casi la mitad de los cuales fueron mujeres (5) y niños (4), si bien se han publicado informes de la investigación o se han iniciado procesos penales.[153] Además, la judicatura haitiana aún no ha hecho justicia en relación con casos anteriores, como el asesinato de los periodistas Jean Dominique, Jacques Roches y Brignol Lindor, ni ha logrado investigar, procesar y castigar a los perpetradores de atrocidades aún impunes, como el asesinato de 13 personas en Fort National en 2004, y los cientos de casos de secuestros y violaciones, que se han convertido en hechos cotidianos, y en que se sospecha la participación de miembros de la PNH. La Comisión expresa preocupación por la continua impunidad existente en esos casos.
124. Finalmente, la Comisión ve con satisfacción los recientes esfuerzos realizados por la judicatura para pronunciarse sobre casos penales pendientes, y espera que esta iniciativa se mantenga y refuerce, para hacer frente a los numerosos casos de impunidad, desafío que tienen que seguir tratando de superar las autoridades judiciales, y que puede requerir enfoques innovadores para resolver casos de derechos humanos que persisten desde hace años. Con respecto a estos temas, la Comisión reitera sus preocupaciones con respecto a la obligación del Estado de poner fin a la impunidad por abusos contra los derechos humanos a través de procedimientos probadamente justos y eficaces congruentes con normas internacionales, así como el correspondiente derecho de todas las personas al debido proceso legal y a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, sin discriminación alguna. La Comisión ha señalado asimismo que si bien ciertos procedimientos judiciales pueden cumplir con la legislación interna, el Estado está obligado a hacer que la investigación, el procesamiento y el castigo por violaciones de los derechos humanos sean compatibles con las normas internacionales. La Comisión considera importante subrayar la responsabilidad del Estado de investigar y procesar por abusos de los derechos humanos conforme a las normas antes referidas, sea quien fuere el responsable, y en todos los casos en que esos abusos puedan haber ocurrido. En virtud de la tarea que ha de realizarse, la Comisión subraya el papel importante que incumbe a la comunidad internacional de respaldar el fortalecimiento del sistema judicial haitiano, y espera que ella brinde respaldo esencial a la judicatura haitiana, especialmente a través de donación de recursos financieros y equipos, reconstrucción de los edificios judiciales, servicios de capacitación para jueces, asistencia técnica, e implementación de reformas que transformen el arcaico sistema judicial en un régimen que refleje las actuales normas de justicia.
125. Entre las preocupaciones expresadas por la Comisión en 2006 cabe mencionar circunstancias relativas a grupos a los que la Comisión dedicó mayor atención, incluidos los de las mujeres, los niños, los defensores de los derechos humanos y los periodistas. En Haití las mujeres han sido víctimas de discriminación de género que afecta a su participación en el Gobierno y la economía nacional. Además han sido blanco de abusos tales como violencia sexual, tráfico de personas y violencia doméstica. Las mujeres se ven especialmente afectadas por fallas graves de los sistemas de salud y educación. En especial, según información recibida por la Comisión de 2005 a esta parte, se ha incrementado la violencia delictiva en la capital, con un pronunciado aumento del número de casos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante incursiones y secuestros cometidos por grupos armados, o utilización por la fuerza de las mismas como cómplices de sus actividades delictivas.[154] Un hecho aún más alarmante es que según información recibida, algunas mujeres jóvenes están siendo obligadas a prestar servicios sexuales a miembros de bandas, lo que además ha contribuido al incremento del número de casos de infección de VIH/SIDA. Según un estudio realizado por Action AID, casi la mitad de las 23 víctimas del sexo femenino secuestradas entrevistadas habían sido objeto de violación.[155] La incidencia de casos de violación de mujeres y niños sigue siendo alta, ya que los agresores no son llevados a la justicia por sus crímenes. Aunque la ley tipifica la violación como delito, y en 2005 fue enmendada para aumentar el castigo correspondiente, la Comisión sólo tiene conocimiento de pocos casos en que se haya llegado a la etapa de procesamiento y castigo, y puede mencionar por lo menos un caso emblemático en que los agresores fueron hechos responsables de sus actos: el de la violación colectiva de una madre, la Sra. Jules, y su hija, Yveline Adrass, esta última asesinada después de denunciar a los violadores.[156] Además, el impacto de la violencia experimentada por mujeres ha causado el incremento de la tasa de suicidio de las víctimas, a las que la sociedad suele condenar al ostracismo debido a este tipo de abusos y que, en consecuencia, experimentan comúnmente graves traumatismos emocionales y carecen de acceso a asesoramiento psicosocial para tratar esa situación.[157] En respuesta al aumento de la violencia, periodistas y personas que se pronuncian contra actividades de bandas, abusos de derechos humanos o corrupción en la judicatura han sido objeto de represalias consistentes en ataques y amenazas por parte de grupos armados, lo que ha creado una atmósfera de temor e intimidación en la sociedad y ha agravado el estado de impunidad por delitos de abusos contra los derechos humanos. La Comisión condena los incidentes de ese tipo, y ha seguido haciendo hincapié en la obligación del Estado de investigar las denuncias de actos como los referidos y, cuando se comprueben, de procesar y castigar a los responsables.
126. Con respecto a estos problemas la Comisión ha reiterado la necesidad de que el Estado adopte medidas concretas de promoción y protección de los derechos de la mujer, que incluyen la investigación y el procesamiento efectivos de denuncias de violencia sexual perpetrados contra mujeres y niñas, según lo preceptuado por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada por Haití el 2 de junio de 1997. A este respecto a la Comisión le resultan alentadoras las iniciativas adoptadas por el Gobierno para mejorar la vigencia de los derechos de la mujer en Haití, incluida la presentación al Parlamento de tres proyectos de leyes: uno sobre trabajo doméstico (restavek),[158] otro sobre concubinato (que garantiza derechos legales equivalentes a los del matrimonio), y un tercero sobre paternidad (para hacer efectiva la responsabilidad de los padres con respecto a sus hijos). Se prevé la presentación de otros proyectos de leyes, como uno referente a la violencia contra la mujer, que se referirá a la violencia basada en el género en diferentes esferas (incluida la violencia doméstica, sexual y criminal), así como un proyecto de legalización del aborto intencional, y uno sobre igualdad de género.[159] Estos proyectos de leyes forman parte de un plan de acción más amplio del Ministerio de la Condición Femenina y de los Derechos de la Mujer, previsto para el período 2006-2011, que incluye la promoción de los derechos de la mujer, una mayor sensibilización pública frente al problema de la violencia contra la mujer, el análisis de las disparidades entre hombres y mujeres en diversos sectores y la reducción de la pobreza.[160] Con el apoyo del asesor de género de la MINUSTAH y de USAID, el Ministerio está haciendo de la violencia contra la mujer una cuestión prioritaria que ha de abordarse sistemáticamente. En consecuencia, el Ministerio anunció recientemente la creación de una unidad con el cometido de respaldar a las víctimas de la violación y organizó un foro para la adopción de medidas que favorecen la paridad de género.[161]
127. Al parecer los niños han sido víctimas de violaciones de derechos humanos especialmente notables en Haití en 2006. Aunque en 2005 la Comisión encontró pruebas de sujeción de niños a trabajo infantil, tráfico organizado de personas, secuestros, abusos y arrestos y detenciones arbitrarios por parte de fuerzas policiales y aumento de los casos de violencia criminal perpetrados por grupos armados, la información recibida en 2006 indica que los problemas persistieron en gran medida y en algunos casos se agravaron en condiciones de insuficiente respuesta institucional del Estado, e impunidad. En declaraciones efectuadas por UNICEF se expresa que los niños han sido afectados emocional y psicológicamente por esos actos de abuso cometidos contra miembros de sus familias y parientes, y que se comprobó un grave problema de abandono del hogar por razones sociales y económicas, de niños que quedan viviendo en la calle sin protección.[162] Debido a su falta de acceso a vivienda, educación, empleo o adecuados servicios de salud, esos niños, cuyo número fue estimado en 2.500 por el Ministerio de Asuntos Sociales, corren grave riesgo de verse involucrados en actividades delictivas, y se afirma que han sido víctimas de reclutamiento por parte de bandas armadas para que colaboren en la ejecución de secuestros y otras actividades ilegales. En respuesta frente a este fenómeno, la UNICEF ha denunciado las prácticas de miembros de bandas que ofrecen drogas a los niños y utilizan a éstos como escudos humanos contra ataques policiales, o como cómplices de secuestros y asaltos.[163]
128. Otras formas de violación documentadas y que causan grave preocupación a la Comisión consisten en crecientes casos de violencia sexual contra niños y tráfico de menores. En el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados se hizo hincapié en la urgente situación de las niñas que son objeto de violaciones y violencia sexual en forma sistemática. En el informe se llegó a la conclusión de que hasta el 50% de las niñas que viven en zonas de conflictos, como Cité Soleil, son víctimas de violaciones u otras formas de violencia sexual, y se han denunciado violaciones colectivas en zonas como Martissant y Carrefour.[164] En el informe se mencionaron asimismo casos documentados de abusos cometidos por la Policía haitiana, consistentes en detenciones ilegales y violencia sexual contra detenidos. Aunque en Haití no se vive un conflicto armado interno, como en otros Estados, la naturaleza, las características y el impacto de la violencia urbana entre bandas armadas y las autoridades existente en el país se asemejan a lo que ocurre en otros Estados y constituye una causa de grave preocupación, que debe dar lugar a medidas gubernamentales.
129. Además la Comisión señaló anteriormente y desea reiterar su preocupación por el hecho de que se mantengan niños en detención en infracción de la legislación haitiana de 1961 sobre delincuencia juvenil,[165] y el hecho de que los menores frecuentemente son detenidos con adultos en establecimientos de detención en que no existe espacio suficiente para mantener separados a los menores. Esas prácticas son contrarias a lo que estipula la ley haitiana y a normas internacionales sobre derechos humanos en materia de detención.[166] Conforme a la legislación haitiana los niños de 13 a 16 años de edad a quienes se compruebe la comisión de delitos penales deben ser alojados en centros de educación del Estado durante determinado período, en lugar de cumplir una pena en prisión.[167] En su comunicado de prensa, emitido al final de su visita, a fines de 2005,[168] la delegación manifestó que no es posible esperar para prestar adecuada atención a los derechos de los niños y adolescentes haitianos hasta que se resuelvan los complicados problemas políticos y sociales de Haití. A este respecto es importante que las autoridades gubernamentales pertinentes adopten medidas inmediatas para hacer frente al problema de la detención de menores, en especial porque éstos constituyen una clase vulnerable de personas, a quienes la legislación haitiana concede especial protección. En virtud de lo expuesto, la Comisión reitera la necesidad de que se proporcionen recursos para reparar y reformar el Centre d’accueil, el centro estatal cuyo cometido es alojar y rehabilitar a los delincuentes juveniles, o que se adopten otras medidas preceptivas para hacer frente adecuadamente al problema de la delincuencia y para preparar a los infractores para reintegrarse a su sociedad.
130. La Comisión y la UNICEF han concluido que en Haití la violencia ha afectado en forma especialmente grave a los niños de la calle de Puerto Príncipe y a las niñas que trabajan como empleadas domésticas en todas partes del país. Esta situación hace que los niños de la calle figuren entre los principales objetivos de reclutamiento de las bandas, y que en forma creciente sean víctimas de violaciones y secuestros. El Gobierno, a través del Ministro de Asuntos Sociales, ha publicado estadísticas que muestran la existencia de una gran población de niños que necesitan atención inmediata. Las cifras indican aproximadamente 2.500 niños de la calle (80% en Puerto Príncipe); 173.000 en actividades de trabajo doméstico; 2.000 traficados anualmente a la República Dominicana, 122 niños en detención, de los cuales 23 de sexo femenino en la prisión de Delmas/Pétion-Ville; 300.000 huérfanos causados por el SIDA y 9.000 infectados con VIH.[169] Pese a esas cifras, las instituciones del Estado no han logrado responder pronta y adecuadamente frente a esos problemas, aunque a la Comisión le resulta alentadora la formulación de iniciativas recientes tendientes a crear sensibilidad a ese respecto, incluida la información recibida sobre la reciente presentación al Parlamento de un Código de la Niñez. Tal como la Comisión lo señaló en ocasiones anteriores, los niños se cuentan entre los miembros más vulnerables de nuestras sociedades, y tienen derecho a especial protección del Estado para gozar de una adecuada salvaguardia de sus derechos. La Comisión reitera su preocupación por la situación gravemente precaria de los niños en Haití, toma nota de la casi absoluta falta de protección dada a los niños e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para hacer plenamente efectivo el derecho de los niños conforme al artículo 19 de la Convención Americana a las medidas de protección que requiere su condición de menores de parte de sus familias, la sociedad y el Estado, así como a los derechos y libertades previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que Haití ratificó el 8 de julio de 1995.
131. La Comisión ha recibido múltiples denuncias referentes a violencia u amenazas efectuadas como represalia contra defensores de los derechos humanos por su labor, en especial en regiones del país en que la presencia del Estado es inexistente. En esas zonas los defensores de derechos humanos son una de las únicas fuentes de información sobre abusos contra los derechos humanos perpetrados contra los residentes respectivos. La Comisión valora la importante labor de los defensores de derechos humanos, quienes actuando en difíciles circunstancias, siguen promoviendo y protegiendo los derechos de los haitianos. En este sentido la Comisión recuerda al Estado su obligación de garantizar la existencia de las condiciones necesarias para facilitar la labor de los defensores de derechos humanos. Especialmente expresa su preocupación por la omisión de aplicar las medidas cautelares solicitadas a favor de los defensores de los derechos humanos en Haití desde 2005. En ese año y en 2006 la Comisión accedió a solicitudes de medidas cautelares a favor de los miembros de CONOCS, una ONG que trabaja en Cité Soleil; nuevamente la Comisión accedió a la adopción de medidas a favor de un juez de instrucción de Jeremie que fue objeto de un atentado contra su vida en 2005; finalmente, en 2006 la Comisión solicitó al Gobierno de Haití que adoptara medidas tendientes a garantizar la vida y la integridad física del Sr. Evel Fanfan y miembros de su grupo, AUMOHD. Hasta la fecha la Comisión no ha recibido del Estado información que indique las medidas adoptadas para proteger la vida y la integridad de los peticionarios de esos tres casos, señalando específicamente que la información referente a la investigación de esos asuntos aún no ha sido comunicada a la Comisión.
Situación de los derechos sociales, económicos y culturales
132. Las preocupaciones antes referidas identificadas por la Comisión deben examinarse además a la luz de problemas sociales fundamentales, como la extrema pobreza, la alta tasa de analfabetismo y la desnutrición, que durante años han privado a los haitianos de derechos económicos, sociales y culturales fundamentales, y que a la vez han exacerbado las consecuencias resultantes de la privación de derechos civiles y políticos básicos. En numerosas ocasiones del pasado la Comisión ha reconocido que ello representa un desafío formidable para el Estado haitiano e insta a éste a que en colaboración con todos los sectores de la sociedad y con el respaldo de la comunidad internacional diseñe y aplique un plan de desarrollo a largo plazo que permita hacer frente a las necesidades económicas y sociales fundamentales de cada ciudadano haitiano.
133. Las condiciones imperantes en 2006 no parecen haber mejorado desde el año pasado, en que la Comisión concluyó que el pueblo haitiano experimentaba graves problemas sociales y económicos, tales como la pobreza, la falta de acceso a un cuidado de la salud adecuado, el desempleo y el analfabetismo. Como señaló en el capítulo sobre Haití de su Informe Anual anterior, la Comisión toma nota de que más del 80% de la población haitiana vive por debajo del umbral de la pobreza y más de dos tercios de la fuerza de trabajo carece de empleo formal. Además, sólo el 53% del total de la población se considera alfabetizada, en tanto que el 21% de los niños de seis a nueve años de edad no concurren en absoluto a la escuela, y sólo el 15% de los maestros cumplen los requisitos académicos necesarios para enseñar. Al mismo tiempo el sistema de salud haitiano está en estado calamitoso, ya que los hospitales padecen grave insuficiencia de personal, no están equipados adecuadamente y gran parte de la población carece de acceso apropiado a servicios médicos. Un hecho aún más preocupante consiste en que las huelgas que tienen lugar en el hospital del Estado para protestar contra las malas condiciones de trabajo, ponen en peligro la vida y la salud de los pacientes. Esas medidas desesperadas tendientes a llamar la atención sobre la necesidad de asistencia en el sector de la salud pública ponen de manifiesto la gravedad de la situación y la necesidad de que el Estado y la comunidad internacional asignen los recursos necesarios para mejorar la administración de la salud pública en Haití.
134. Esas fallas, a su vez, han contribuido a agravar los problemas relativos a la seguridad y la administración de justicia, y otras fallas de los mecanismos de garantía de los derechos políticos y civiles. Aunque la situación de inseguridad imperante en Haití obedece a diversos factores, a ellos se agrega, como lo señaló el Primer Ministro, el hecho de que no puede lograrse una seguridad duradera sin hacer frente a fallas sociales y económicas básicas, como la pobreza y el desempleo. Por lo tanto, esas graves dificultades requieren urgente atención, para hacer frente a los peligros inmediatos para la vida y la integridad de los haitianos, causados por la propagación de enfermedades y la falta de medicamentos y atención de la salud adecuados, y para diseñar estrategias para el desarrollo a más largo plazo de los sistemas de salud y educación de Haití.
135. En 2006 la Comisión asistió a la culminación en Haití de un gobierno de transición de dos años de duración, señalado por las elecciones presidenciales y legislativas celebradas el 7 de febrero de 2006. En consecuencia, ese año se caracterizó por pasos significativos para el restablecimiento de la democracia en el país, en tanto que la crítica situación en materia de derechos humanos y seguridad descripta en los Informes Anuales de 2004 y 2005 en gran medida persistió y se agravó considerablemente con respecto a años anteriores. La Comisión comprobó que frente a los problemas detectados, el Gobierno había adoptado medidas proactivas para hacer frente al problema de la seguridad, instituir la reforma judicial y lograr la colaboración de la comunidad internacional para garantizar una asistencia que mucho se necesita en las esferas del desarrollo social y económico y la creación de su infraestructura. Aunque confrontado con significativas dificultades para el logro de una paz y un desarrollo sostenible, el Gobierno puso de manifiesto su determinación política de hacer frente a las fallas más esenciales, sin embargo, el estado esta sobrecargado por la dimensión de las problemas de la inseguridad, una sistema de justicia enormemente débil, y que no dispone de suficiente capacidad o recursos para enfrentar únicamente las cuestiones de seguridad, justicia, y el fortalecimiento del estado de derecho, sin el respaldo esencial de la comunidad internacional. Con el respaldo de la comunidad internacional y a través de la asistencia técnica proporcionada por la MINUSTAH y otras entidades, cabe la posibilidad de que se comience a hacer frente seriamente a problemas de larga data que han retrasado el progreso de Haití en los últimos años, a través de la efectiva implementación de esos planes y con el apoyo de la población. No obstante, la Comisión desearía hacer hincapié en su preocupación global por la seguridad del pueblo haitiano y toma nota con extrema preocupación del peligro inmediato que representa la violencia persistente para la vida y la integridad física de los haitianos. A la luz de esas consideraciones la Comisión insta nuevamente al Gobierno a adoptar las medidas urgentes necesarias, compatibles con los principios y normas internacionales sobre derechos humanos, para ejercer el control de la seguridad en Haití, e insta a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos encaminados a ayudar al Gobierno a ese respecto.
136. Por otra parte, la Comisión ve con satisfacción el compromiso de respaldo asumido por miembros de la comunidad internacional para participar en numerosos proyectos de desarrollo social y económico. También debería proporcionarse respaldo financiero y conexo para los esfuerzos de la OEA, las Naciones Unidas y otras entidades, tendientes a cumplir plenamente sus mandatos de proporcionar respaldo al Gobierno haitiano en ámbitos tales como gobernanza democrática, protección de los derechos humanos, administración de justicia y seguridad.
137. A lo largo del año próximo la Comisión seguirá realizando el seguimiento de la situación imperante en Haití y ofreciendo su asistencia al Gobierno y al pueblo de Haití en los esfuerzos que realizan para reforzar las instituciones democráticas y hacer más efectivo el imperio del derecho.
[106] Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Anual 2005, Capítulo IV, que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.4c.htm; Informe Anual de la CIDH 2004, Capítulo IV, que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/cap.4.htm.
[107] Por ejemplo, MINUSTAH, Sección sobre Derechos Humanos, informes mensuales para 2006, que pueden consultarse asimismo en http://www.minustah.org/droits_mens.html.
[108] Véase, por ejemplo, Informe Anual de la CIDH 2005, Capítulo IV, que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.4c.htm; Informe Anual de la CIDH 2004, Capítulo IV, que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/cap.4.htm.
[109] 126º período de sesiones, Audiencia General sobre Haití.
[110] Haiti KONPAY, “Ten Things the Media Hasn’t Reported About the Elections”, Haiti Report for February 11, 2006, que puede consultarse asimismo en http://www.konpay.org/wordpress/category/news/haitireports/page/5/.
[111] Véase Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1576 (2004), UN Doc. S/RES/1576 (2004) (29 de noviembre de 2004); Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1601 (2005), UN Doc. S/RES/1601 (2005) (31 de mayo de 2005); Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1608 (2005), UN Doc. S/RES/1608 (2005); Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1658 (2006), UN Doc. S/RES/1658 (2006); Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1702 (2006), UN Doc. S/RES/1702 (2006); (que pueden consultarse en http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minustah/res.html).
[112] Véase Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1658 (2006), UN Doc. S/Res/1658 (2006); véase también Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1702 (2006), UN Doc. S/Res/1702 (2006).
[113] Véase MINUSTAH, Hechos y Cifras (al 30 de septiembre de 2006), que puede consultarse en http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/minustah/facts.html..
[114] Véase Comunicado de Prensa PIO/PR/284/FRA/2006 de la MINUSTAH.
[115] Véase comunicado de prensa de la MINUSTAH sobre la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Louise Arbour (17 de octubre de 2006).
[116] Véase Informe del Experto Independiente sobre Haití al Secretario General de las Naciones Unidas, “Servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos: Situación de los derechos humanos en Haití”, E/CN.4/2006/115, 62º período de sesiones de UNCHR (26 de enero de 2006) que puede consultarse asimismo en http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/104/57/PDF/G0610457.pdf?OpenElement.
[117] Resolución de la Asamblea General de la OEA AG/RES.2215 (XXXVI)-O-06, “Fortalecimiento de la Democracia y del Desarrollo Socioeconómico en Haití” (6 de junio de 2006), que puede consultarse en http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=http://www.oas.org/consejo/GENERAL%20ASSEMBLY/
[118] Véase Comunicado de Prensa de la OEA C-071/06, “Construcción de Instituciones e Infraestructura es indispensable para el progreso de Haití, asegura la OEA”, que puede consultarse en http://www.oas.org/OASpage/press_releases/home_spa/press.asp.
[119] Fondo Monetario Internacional, “Haiti Reaches Decision Point Under the Enhanced HIPC Debt Relief”, Comunicado de Prensa Nº 06/261 (22 de noviembre de 2006).
[120] Véase, por ejemplo, Informe Anual de la CIDH 2005, Capítulo IV, en http://www.cidh.oas.org/annualrep /2005sp/cap.4c.htm.
[121] Véase Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 07/06 (17 de marzo de 2006), que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2006/7.06esp.htm; véase también Comunicado de Prensa de la CIDH No.37/06 (27 de octubre de 2006).
[122] Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Anual 2005, Capítulo IV, que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.4c.htm; CIDH, Informe Anual 2004, Capítulo IV, que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/cap.4.htm; CIDH, Informe Anual 2003, Capítulo IV, que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/cap.4.htm; CIDH, Informe Anual 2002, Capítulo IV, que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/cap.4.htm; Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 24/03 (22 de agosto de 2003); Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 11/00 (25 de agosto de 2000); véase también Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 20 (6 de junio de 2005).
[123] Véase, por ejemplo, Informe Anual de la CIDH 2005, Capítulo IV, que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.4c.htm; Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 20/05 (6 de junio de 2005), que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2005/20.05.htm.
[124] Entrevista de Radio Solidarite, 3 de febrero de 2006; “Haiti’s president-elect meets Rice, Mbeki”, Agence France-Presse, 13 de marzo de 2006.
[125] Véase Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 16/05 (22 de abril de 2005), que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2005/16.05.htm; véase Informe de la CIDH, Haiti: ¿Justicia frustrada o Estado de derecho? Desafíos para Haití y la comunidad internacional, OEA/Ser/L/V/II.123 doc.6 rev 1 (26 de octubre de 2005), que puede consultarse asimismo en http://www.cidh.oas.org/countryrep/HAITI%20SPANISH7X10%20FINAL.pdf.
[126] MINUSTAH, Sección de Derechos Humanos, informes mensuales, julio y agosto de 2006.
[127] MINUSTAH, Seguimiento de las radios locales, 13 de noviembre de 2006 (Radio Vision 2000).
[128] MINUSTAH, Sección de Derechos Humanos, informes mensuales, septiembre de 2006.
[129] Informes de la MINUSTAH, y entrevista con observadores de derechos humanos.
[130] Haiti KONPAY, “New wave of Kidnappings in Port-au-Prince (22 July 2006)”, Informe sobre Haití del 25 de julio de 2006, que puede consultarse también en http://www.konpay.org/wordpress/category/news/haitireports/page/2/.
[131] Washington Post, “Two kidnapped missionaries freed in Haiti”, 20 de julio de 2006.
[132] “Le représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et le représentant de l’UNICEF en Haïti expriment leur inquiétude face à l’augmentation de la violence et ses conséquences sur les enfants et leurs familles”, Comunicado de prensa de MINUSTAH/UNICEF, 8 de julio de 2006.
[133] Las zones de non-droit están ubicadas en todas partes de la ciudad y son extremadamente peligrosas, porque que se caracterizan por violencia indiscriminada y confrontaciones entre grupos armados y policías que tratan de realizar operaciones de seguridad.
[134] “Securing Haiti’s Transition: Reviewing Human Security and the Prospects for Disarmament, Demobilization and Reintegration”, por Robert Muggah, Estudio sobre Armas Pequeñas, Instituto de Estudios Internacionales para Graduados, Ginebra, 2005.
[135] Radio Metropole, « La Commission Nationale de Désarmement entend privilégier le dialogue dans son action », 22 de septiembre de 2006.
[136] Radio Métropole, « La MINUSTAH déterminée à rétablir un climat sécuritaire à Cité Soleil », 25 de octubre de 2006.
[137] Véase Informe de la CIDH, ¿Justicia frustrada o Estado de derecho? Desafíos para Haití y la comunidad internacional, OEA/Ser/L/V/II.123 doc.6 rev 1 (26 de octubre de 2005), que también puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/countryrep/HAITI%20SPANISH7X10%20FINAL.pdf.
[138] Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Consejo de Seguridad, 28 de julio de 2006, S/2006/592. A través de un sistema de bases de datos se estaba realizando el seguimiento de 1.623 armas adicionales donadas por los Estados Unidos para capacitar a funcionarios de la PNH.
[139] Agence Haitïenne de Presse, “El Director General de Policía Andresol Denuncia la Corrupción en el Sistema Judicial”, 21 de marzo de 2006.
[140] MINUSTAH, Sección de Derechos Humanos, informe mensual, agosto de 2006.
[141] MINUSTAH, Sección de Derechos Humanos, informe mensual, julio, agosto y septiembre de 2006.
[142] MINUSTAH, Sección de Derechos Humanos, informe mensual, julio de 2006.
[143] La masacre de Martissant, de agosto de 2005, se produjo cuando varias personas fueron asesinadas durante una incursión policial en un partido de fútbol; la de Grand Ravine se produjo en julio de 2006, cuando aproximadamente 21 personas fueron asesinadas y cientos de viviendas fueron incendiadas o destruidas.
[144] Véase Journée Internationale des Prisonniers: Le RNDDH fait le point autour de la detention preventive prolongée et des conditions de detention des detenus, RNDDH, octubre de 2006.
[145] En Haití, las personas arrestadas pueden ser privadas de su libertad durante 48 horas en una celda de retención, tras lo cual deben ser oídas por un juez para determinar la legalidad del arresto y para que se ordene su mantenimiento en detención; véase el artículo 26 de la Constitución de Haití de 1987.
[146] Véase, por ejemplo, Informe Anual de la CIDH 2004, Capítulo IV, que puede consultarse en que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/cap.4.htm; Informe Anual de la CIDH 2003, Capítulo IV, que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/cap.4.htm; Informe Anual de la CIDH 2002, Capítulo IV, que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/cap.4.htm; Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 24/03 (22 de agosto de 2003); Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 11/00 (25 de agosto de 2000).
[147] Véase Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 13/05 de la CIDH - To Conduct On-site Visit to Haiti (15 de abril de 2005).
[148] RNDDH, “Les Evénements Survenus au Pénitencier National le 14 Mai 2006”, Informe del 14 de mayo de 2006 (18 de julio de 2006). RNDDH informa que 45 detenidos resultaron heridos debido a la utilización de armas contundentes por parte de los guardias, entre los cuales también hubo seis heridos.
[149] RNDDH, “Prison civile de l’Arcahaie: une autre évasion enregistrée”, L’Indicateur des Droits Humains, Nº 4,
pág 4 (octubre de 2006). RNDDH informa que desde abril de 2004 se registraron no menos de 16 fugas de prisiones, con 590 fugitivos, de los cuales sólo unos 50 fueron reencarcelados desde entonces.
[150] MINUSTAH News Clippings, “L’actualité dans les Régions: Radio Massacre 102.5 FM (Fort Liberté)”, 26 de septiembre de 2006. El inspector encargado de las prisiones en Hinche denuncia las malas condiciones en que viven los reclusos. El número de personas reagrupadas en una celda llega a 127.
[151] Agence Haïtïenne de Presse, entrevista a Georges Moïse, 2 de octubre de 2006.
[152] RNDDH, « Assisses Criminelles de l’Eté 2006: L’appareil judiciaire marque un point important dans la lutte contre la détention préventive prolongée », Rap/No4A06, Septiembre de 2006.
[153] MINUSTAH, Sección de Derechos Humanos, informes mensuales, julio de 2006.
[154] Entrevista, Myriam Merlet, Jefa de Gabinete, Ministerio de la Condición Femenina y de los Derechos de la Mujer, octubre de 2006.
[155] “Disarmament, demobilization, and reintegration: What Role should the EU play in Haiti? Recommendations for change”, Action Aid International (octubre de 2006).
[156] Eliphete Beljean y Mackenson Joseph fueron sentenciados a trabajos forzados a perpetuidad por el tribunal de lo penal, en juicio sin jurado, el 22 de marzo de 2006, conforme al artículo 281 del Código Penal.
[157] Entrevista, Myriam Merlet, Jefa de Gabinete, Ministerio de la Condición Femenina y de los Derechos de la Mujer, octubre de 2006.
[158] Véase Haiti’s Dirty Little Secret: the Problem of Child Slavery, Council on Hemispheric Affairs (14 de septiembre de 2006). Más del 70% de las restaveks (empleadas domésticas) son niñas, la mayor parte de las cuales tiene apenas entre tres y 15 años de edad. Es común que las restaveks jóvenes sean violadas repetidamente por los varones de las familias para las que trabajan.
[159] Entrevista, Myriam Merlet, Jefa de Gabinete, Ministerio de la Condición Femenina y de los Derechos de la Mujer, octubre de 2006.
[160] MCFDF/Priorités 2006-2011, Proposition/Document de travail, Septiembre de 2006.
[161] Conferencia de prensa con Marie Laurence Jocelyn Lassegue, Radio Métropole, 6 de septiembre de 2006.
[162] Comunicado de prensa de la MINUSTAH con Njanja Fassu de la UNICEF, 7 de septiembre de 2006.
[164] Véase Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados (A/61/529- S/2006/826), 26 de octubre de 2006.
[165] Véase artículos 50 y 51, Loi du 11 septembre 1961 Sur l’Enfance Délinquante en Danger Physique ou Moral.
[166] Véase Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas el 30 de agosto de 1955 por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, U.N. Doc. A/CONF/611, anexo I, E.S.C. res. 663C, 24 U.N. ESCOR Supp. (Nº 1), pág. 11, U.N. Doc E/3048 (1957), enmendado E.S.C.res. 2076, 62 U.N. ESCOR Supp. (Nº 1), pág. 35, U.N. Doc. E/5988 (1977).
[167] Véase artículo 51, Loi du 11 septembre 1961 Sur l’Enfance Delinquante en Danger Physique ou Moral.
[168] Véase Comunicado de Prensa de la CIDH Nº 37, que puede consultarse en http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2005/37.05.htm.
[169] Agence Haitïenne de Presse, “Lancement à Port-au-Prince d’un symposium de 2 jours autour de la validation d’un plan national de la protection de l’enfant en Haïti”, 26 de octubre de 2006.

References: artículo 57
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 19
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 26
 artículo 281
 artículo 51