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Timestamp: 2018-07-22 06:43:06+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/1448/2004, 18-05-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1448/2004 de 18 de Mayo de 2006
No se admiten las dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), pues se reduce la base imponible (ejercicios 1996/1997 y 1997/1998), pero no se había celebrado Junta General para la aprobación de las cuentas y distribución de resultado, que se realiza en un año muy posterior (2001).
En la Villa de Madrid, a 18 de mayo de 2006 en el recurso de alzada interpuesto ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, por ..., S. A., con NIF ..., y en su nombre y representación por ..., S. L., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 30 de enero de 2004, en los expedientes ... y ..., relativos al IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicios 1996/97 y 1997/98, y cuantía 177.535,84 €.
PRIMERO: Con fecha 26 de julio de 2001 se formalizó por la Dependencia de Inspección de la Delegación de ..., el acta de disconformidad (A02) nº ... por el concepto y ejercicios antes citados. En la dicha acta se hacía constar que:
1. La situación de la contabilidad y registros obligatorios es la siguiente: Tanto en la comunicación de inicio como en sucesivas diligencias le fueron requeridos los libros registros exigibles por las normas de carácter tributario aportando extracto obtenido por soporte informático en hojas grapadas de los balances de sumas y saldos correspondientes a los ejercicios 1996 a 1999/2000 solicitando sucesivos aplazamientos con el objeto de recopilar la información solicitada. Finalmente el 11 de julio de 2001 hizo entrega a la Inspección de los Libros Diarios y Balances referidos a los ejercicios 1996/97, 1997/98, 1998/99 y 1999/2000 legalizados todos ellos con fecha 10 de julio de 2001.
2. Las actuaciones inspectoras se iniciaron con fecha 28 de mayo de 2001. A los efectos del plazo máximo de doce meses de duración de las actuaciones establecido en el artículo 29 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, del tiempo total transcurrido hasta la fecha del acta no se deben computar 31 días, por aplazamientos solicitados por el obligado tributario.
3. El sujeto pasivo se encuentra dado de alta en el IAE desde el 1 de enero de 1992, en el epígrafe ..., ...
4. En los ejercicios 1996/97 y 1997/98, redujo su Base Imponible en concepto de Reserva para Inversiones en Canarias la cantidad de 31.598.412 ptas. (189.910,28 €) y 39.000.000 ptas. (234.394,72 €) respectivamente.
El representante hizo entrega del Libro de Actas a la actuaria el 5 de junio de 2001, diligenciado el 28 de febrero de 1983. Examinado éste se constata que las actas de las sucesivas Juntas Generales de Accionistas no incluyen acuerdo alguno de distribución de resultados. Es en el acta de 3 de abril de 2001 (presentada en hojas grapadas sin el diligenciado oportuno, firmada por los asistentes) cuando se aprueban las Cuentas Anuales y el acuerdo de distribución de resultados correspondientes a los ejercicios 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000.
Solicitada información sobre el depósito de las Cuentas Anuales y Acuerdos Sociales, con relación a los ejercicios antes citados, con fecha 18 de abril de 2001 el obligado tributario solicitó el depósito de los siguientes documentos: Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria Abreviada, y certificación de acuerdo de la Junta sin que las firmas que en él figuran estén legitimadas notarialmente.
Se trata de un incumplimiento de los requisitos formales necesarios para que la Inspección pueda ejercer un control efectivo sobre las dotaciones que en cada ejercicio los sujetos pasivos acuerdan detraer de sus beneficios para destinarlas a la Reserva para Inversiones en Canarias por lo que se propone la regularización de los ejercicios 1996/97 y 1997/98 integrando en la Base Imponible las cantidades que en su día dieron lugar a la reducción de las mismas, girando el interés de demora correspondiente.
5. El acta es previa. El Hecho Imponible ha sido desagregado y la Inspección se ha limitado a comprobar las dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias durante los ejercicios 1996/97 y 1997/98.
La deuda a ingresar asciende a 29.539.478 ptas. (177.535,84 €), de las que 24.662.827 ptas. (148.226,58 €) corresponden a cuota y 4.876.651 ptas. (29.309,26 €) a intereses de demora.
SEGUNDO: Se adjunta al acta el preceptivo informe ampliatorio en el que se añade a lo anterior, en relación con el Libro de Actas, que la última anotación en el mismo data de julio de 1999 no incluyéndose en las actas de las sucesivas Juntas Generales de Accionistas acuerdo alguno de distribución de resultados. Que se entregó también a la Inspección la siguiente documentación:
-Acta de 21 de marzo de 2001 de la Junta General Extraordinaria de carácter Judicial con el siguiente orden del día: distribución de cargos y asignación de facultades, revocación de poderes y facultades para elevar a público los acuerdos (sin hacer alusión alguna a los acuerdos de distribución de resultados).
-Acta de 28 de marzo de 2001 de reunión del Consejo de Administración para la formulación de las Cuentas Anuales, Memorias, Cuentas de Resultados y Balances de la Compañía relativos a los ejercicios 96/97, 97/98, 98/99, 99/00.
-Acta de 3 de abril de 2001 de la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía para la aprobación de las Cuentas Anuales y Acuerdo de distribución de resultados.
Dichos documentos no cuentan con el diligenciado oportuno sino que se trata de hojas grapadas firmadas por los asistentes a las Juntas.
TERCERO: Presentado escrito de alegaciones por el interesado, el 14 de enero de 2002 la Inspectora Jefe Adjunta dictó acuerdo de liquidación confirmando la liquidación propuesta en el acta. Dicha liquidación fue notificada el 25 de enero de 2002.
CUARTO: En cuanto al expediente sancionador, previa autorización de inicio del expediente sancionador, se instruyó expediente sancionador por infracción tributaria grave, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y 63.bis.2 del RGIT. Presentadas alegaciones por el obligado tributario, con fecha 14 de enero de 2002 se dictó acuerdo sancionador. En él se impone una sanción del 50% de la cuota dejada de ingresar, (art. 87.1 Ley 230/1963), resultando un importe total de la sanción de 12.331.414 ptas. (74.113,29 €).
QUINTO: Disconforme con ambos acuerdos, la entidad interpuso reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... alegando: 1. Que el acuerdo adoptado en Junta Universal de 21 de marzo de 2001 ha de considerarse válido y eficaz, puesto que desde que se adoptó no ha sido impugnado. Por ello no puede presumirse que no existe acto social de aplicación de resultado y que, por tanto, no es válida la dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias. Explica los motivos de la convocatoria extemporánea. 2. Que si bien es cierto que los libros fueron diligenciados en julio de 2001, reflejan fielmente la contabilidad de la sociedad, en la que consta la dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias en una cuenta específica y separada. 3. Que no ha habido en la actuación de la entidad mala fe o ánimo de ocultar.
SEXTO: El Tribunal Económico-Administrativo Regional, en sesión celebrada el 30 de enero de 2004, resolvió de forma acumulada ambas reclamaciones, confirmando la liquidación y anulando la sanción, calificando el expediente de rectificación. Esta resolución fue notificada con fecha 27 de febrero de 2004.
SÉPTIMO: Contra dicha Resolución se interpuso recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central con fecha 12 de marzo de 2004, reiterando las alegaciones presentadas en primera instancia, por entender que no fueron contestadas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional.
PRIMERO: Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en segunda instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo la única cuestión a resolver si procede la reducción por Reserva para Inversiones en Canarias.
SEGUNDO: La Reserva para Inversiones en Canarias se regula en el artículo 27 de la Ley 19/1994, que dispone: "1. Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la reducción en la base imponible de este impuesto de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
2. [***/1] La reducción a que se refiere el apartado anterior se aplicará a las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones hasta el límite del 90 por 100 de la parte de beneficio obtenido en el mismo período que no sea objeto de distribución, en cuanto proceda de establecimientos situados en Canarias. F
A estos efectos se considerarán beneficios no distribuidos los destinados a nutrir las reservas, excluida la de carácter legal. Tampoco tendrá la consideración de beneficio no distribuido el que corresponda a los incrementos de patrimonio afectos a la exención por reinversión a que se refiere el artículo 15.8 de la Ley 61/1978 (NFL000040), de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Las asignaciones a reservas se considerarán disminuidas en el importe que eventualmente se hubiese detraído del conjunto de las mismas, ya en el ejercicio al que la reducción de la base imponible se refiere, ya en el que se adoptara el acuerdo de realizar las mencionadas asignaciones. F
3. La reserva para inversiones deberá figurar en los balances con absoluta separación y título apropiado y será indisponible en tanto que los bienes en que se materializó deban permanecer en la empresa...".
TERCERO: La reclamante alega que la Inspección, conociendo la normativa aplicable e incluso citándola, la desfigura intentando crear distorsión en orden a cuales son los requisitos legales que deben ser exigidos. Que todo acuerdo adoptado por la Junta de Accionistas de una sociedad anónima ha de tenerse por válido y eficaz en tanto no sea declarado nulo o anulable a través del correspondiente proceso impugnatorio; el acuerdo de la Junta Universal de 21 de marzo de 2001, no sólo no ha sido impugnado, sino que fue ratificado por todos los accionistas. Por ello, no se puede presumir, como hace la Inspección, que no existe acuerdo social de aplicación de resultado y que, por tanto, no es válida la dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias.
Además, considera importante señalar la situación extraordinaria en que se ha encontrado la sociedad y la razón de la convocatoria extemporánea. La sociedad ha tenido una situación irregular que dio origen a más de 16 procedimientos judiciales hasta la culminación de la Junta Extraordinaria Judicial de 21 de marzo de 2001, que cita.
Hace hincapié en que las declaraciones se presentaron dentro de plazo y la materialización de las Reservas se realizó en plazo.
Que, por otra parte, la falta de legalización o la legalización con retraso no conllevan necesariamente la destrucción de la prueba de la contabilidad.
Por último, hace referencia a la modificación introducida por la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, en el artículo 27 de la Ley 19/1994, que introduce el apartado 8, según el cual el cumplimiento de los requisitos contemplados en dicho artículo podrá acreditarse por los medios de prueba admitidos en Derecho. A estos efectos, la dotación se podrá entender probada cuando el sujeto pasivo haya presentado dentro del plazo legalmente establecido la declaración tributaria en la que se aplique el incentivo. Que en la modificación relativa a este artículo no se establece cuándo entra en vigor porque se trata de una aclaración, y no una innovación. Alega que se puede aplicar a este caso lo dispuesto por el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de julio de 2003, en relación con los incentivos fiscales regulados en el artículo 26 de la LIS, en el sentido de que si se ha realizado el fin de la norma, no cabe excluir el incentivo por razones formales.
CUARTO: Lo primero que se debe destacar es que el artículo 27 de la Ley 19/1994, ya transcrito, implica una distribución de resultados de la sociedad, en la que se decida la parte de los mismos que se distribuye y la que no, y respecto de esta última, el destino concreto a la Reserva para Inversiones en Canarias. En el presente caso, no hubo Junta General ni acuerdo de distribución de resultados hasta varios años después, por lo que la Reserva para Inversiones en Canarias no se dotó. Es por ello que no basta la consignación en la declaración del Impuesto sobre Sociedades, por mucho que se presente ésta en plazo, ya que no existe realmente el acuerdo de los socios de destinar ninguna cantidad a la Reserva para Inversiones en Canarias. Se trataría, por lo tanto, de un dato consignado en la declaración, que no tiene detrás un apoyo real. No hay que olvidar que la reducción por la dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias es un beneficio fiscal, y por ello, es importante el cumplimiento de los presupuestos establecidos en la Ley para su disfrute. Este Tribunal considera que no se trata simplemente de unos requisitos meramente formales, sino que es un presupuesto necesario que los socios acuerden la distribución de resultados, y en ella contemplen la dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias. Y todo ello en el plazo que marca la normativa mercantil, porque si no, en el momento de la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, esta declaración no será el reflejo de lo aprobado por los socios, y nada garantiza que con posterioridad los socios ratifiquen lo consignado en la declaración.
Lo anterior enlaza con la alegación de que el acuerdo de la Junta es plenamente válido. Pues bien, en este supuesto, la Junta, varios años después, confirmó lo declarado, pero pudo no haberlo hecho. Nada tiene este Tribunal que decir respecto de la validez de dichos acuerdos. La sociedad puede acordar el destino que sea para sus beneficios. Pero este acuerdo ya no puede beneficiarse del trato fiscal más favorable porque en su momento no se dieron los presupuestos necesarios para ello. Presupuestos que no son unos meros requisitos formales que se puedan subsanar. No hay que olvidar que no se trata, únicamente, de la falta de depósito de las cuentas o la falta de legalización de los libros; además, no hubo acuerdo de la Junta para dotar dicha Reserva. Los motivos por los que no se pudo adoptar dicho acuerdo, no competen a este Tribunal, existiendo otras vías legales para exigir responsabilidad a quien, a juicio de la reclamante, la pudiera tener.
Por último, con relación a la modificación introducida por la Ley 53/2002, que introduce un apartado 8 al artículo 27 de la Ley 19/1994. Este apartado dice lo siguiente: "El cumplimiento de los requisitos contemplados en este artículo podrá acreditarse por los medios de prueba admitidos en derecho. A estos efectos, la dotación de la reserva se podrá entender probada cuando el sujeto pasivo haya presentado dentro del plazo legalmente establecido la declaración tributaria en la que aplique el incentivo regulado en este artículo".
Una cosa es que se pueda probar por cualquier medio admitido en Derecho y que la presentación de la declaración en plazo pueda probar la dotación, y otra que se elimine cualquier prueba en contra. En este caso, la Inspección ha comprobado que no se dotó la Reserva por lo que la mera consignación de la dotación en la declaración del Impuesto sobre Sociedades no puede llevar a entender probada la dotación.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en el recurso de alzada, promovido por la entidad ..., S. A. con NIF ..., y en su nombre y representación por ..., S. L., contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 30 de enero de 2004 en los expedientes acumulados ... y ..., relativos al IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicios 1996/97 y 1997/98, y sanción ACUERDA: Desestimar la reclamación y confirmar la resolución impugnada.
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 314/2012, 06-05-2014
Orden: Administrativo Fecha: 06/05/2014 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Garzon Herrero, Manuel Vicente Num. Recurso: 314/2012
Orden: Administrativo Fecha: 06/10/2016 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Fernandez-lomana Garcia, Manuel Num. Sentencia: 420/2016 Num. Recurso: 588/2013
IS, LEY 27/2014 - CANARIAS(RIC) - REQUISITOS FORMALES. NO INFORMACIÓN EN LA MEMORIA. INFRACCIÓN
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