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Timestamp: 2016-10-24 23:40:48+00:00

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0014/2012
La Acci�n de libertad presentada por Ericka Rodr�guez, se�ala que fue vulnerado su derecho a la libertad y al debido proceso. Porque en la audiencia de medidas cautelares donde se le dictamina detenci�n preventiva, la imputada presentaba dos domicilios que supon�a el riesgo procesal de fuga, a pesar de que en dicha audiencia se presentaron las razones del porque figuran dos domicilios. En la audiencia de suspensi�n de detenci�n preventiva la defensa presente los respaldos que desvirtuaban el riesgo procesal, certificando que ella solo tiene un domicilio establecido, sin embargo, al momento de dictar la nueva resoluci�n del el juez considero que la imputada ten�a antecedentes penales los cuales no fueron mencionados en la audiencia de medidas cautelares.
En los fundamentos del la sentencia se establece: Primero, que nadie puede ser privado de libertad o detenido indebidamente, salvo casos previstos por la ley. Segundo se, garantiza el principio de presunci�n de inocencia, afirmando que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. Tercero, para resolver una solicitud de cesaci�n de la detenci�n preventiva, el Juez o Tribunal debe realizar el an�lisis ponderado dos elementos: 1) Cuales fueron los elementos de convicci�n que determinaron la imposici�n de la detenci�n preventiva y, 2) Los nuevos elementos de convicci�n que aport� el imputado demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida
Neldy Virginia Andrade Mart�nez RelatoraLigia M�nica Vel�squez Casta�os Magistrada Resumen:
Magistrada Relatora: Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez Acción de libertad
Expediente: 00049-2012-01-AL / 00061-2012-01-AL (acumulado) Departamento: Oruro Acción Interpuesta por: Rosario Quispe Bustamante en representación sin mandato de Erika Rodríguez Velázquez.
Sucre, 16 de marzo de 2012 SALA TERCERA ANTECEDENTES
Dentro de la investigación penal seguida contra accionante, por el delito de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diesel oil, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP), el cual se encuentra en etapa de investigación en el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal y cautelar, por Resolución 938/2011 de 7 de diciembre, dictado por él Juez de la causa se dispuso la detención preventiva en aplicación a lo dispuesto en los arts. 234 numerales 1, 2 y 8, y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con el argumento que la parte imputada únicamente justifico documentalmente su situación domiciliaria pero no su trabajo y familia. Posteriormente, el 13 de diciembre de 2011, se declaró improcedente la solicitud de cesación de detención preventiva fundamentando que la imputada contaba con otro domicilio, presumiéndose por ende la existencia de un doble domicilio, siendo éste el único argumento para mantener la detención preventiva.
Este Auto dictado por el Juez Tercero de Instrucción Penal fue apelado y fue resuelta por Magistradas de la Sala Penal Primera mediante Auto de Vista de 7 de enero de 2012, por el que declaró improcedente el recurso planteado, manteniéndose su detención preventiva. Señalando que no sólo resolvió los aspectos cuestionados por la imputada, sino también se añadió el presupuesto de “la existencia de actividad delictiva reiterada u anterior”, cuando ese punto no fue motivo de la apelación planteada por la imputada. En la resolución en la que se dictó la detención preventiva, el Juez Tercero de Instrucción Penal, señalo que la imputada si bien presento documentos que garanticen el domicilio no pudo probar el trabajo y la familia, en relación a la existencia de actividad delictiva reiterada, esta fue aplicada solo a las otras dos coimputadas, no así a la accionante del recurso, motivo por que considera vulnerado su derecho a la libertad, y solicita se conceda la acción de libertad dejando sin efecto el Auto Interlocutorio 69/2011, dictado por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal y el Auto de Vista 5/2012 de “7 de enero” 10 de enero, emitido por las Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Oruro y se disponga se dicte nueva resolución otorgándole la cesación a la detención preventiva de su representada bajo medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal.
Por otro lado una de las coimputadas presento una acción de libertad el cual se halla en el Expediente 00061-2012-01-AL, que señala los antecedentes del caso en el que mediante Resolución 938/2011 de 7 de diciembre, se dispuso la detención preventiva de las imputadas; posteriormente, el mismo Juez mediante Auto de 13 de diciembre de 2011, declaró procedente la solicitud de cesación de detención preventiva y dispuso la libertad de una de las imputadas bajo medidas sustitutivas en razón a que se desvirtuó el peligro de fuga y obstaculización, Resolución que fue revocada por las Vocales -demandadas- mediante Auto de Vista de “7 de enero” 10 de enero de 2012 manteniéndose la detención preventiva con el sólo argumento de que no se habría desvirtuado el riesgo procesal previsto que señala: “la existencia de actividad delictiva anteriormente”. Esta resolución por parte de la imputada considera que valoró los elementos de convicción en forma parcializada y no así conforme disponen los establece el código de procedimiento penal, toda vez que se basó en el cuaderno procesal de inicio de las investigaciones de una supuesta denuncia por el delito de agio del año 2010, solicitado de oficio por las Vocales demandadas, es decir, sin que las denunciantes en la audiencia de cesación a la detención preventiva hubieran presentado ningún documento que acredite el riesgo de fuga respecto a la activid... Ver Completo
Por otro lado una de las coimputadas presento una acción de libertad el cual se halla en el Expediente 00061-2012-01-AL, que señala los antecedentes del caso en el que mediante Resolución 938/2011 de 7 de diciembre, se dispuso la detención preventiva de las imputadas; posteriormente, el mismo Juez mediante Auto de 13 de diciembre de 2011, declaró procedente la solicitud de cesación de detención preventiva y dispuso la libertad de una de las imputadas bajo medidas sustitutivas en razón a que se desvirtuó el peligro de fuga y obstaculización, Resolución que fue revocada por las Vocales -demandadas- mediante Auto de Vista de “7 de enero” 10 de enero de 2012 manteniéndose la detención preventiva con el sólo argumento de que no se habría desvirtuado el riesgo procesal previsto que señala: “la existencia de actividad delictiva anteriormente”. Esta resolución por parte de la imputada considera que valoró los elementos de convicción en forma parcializada y no así conforme disponen los establece el código de procedimiento penal, toda vez que se basó en el cuaderno procesal de inicio de las investigaciones de una supuesta denuncia por el delito de agio del año 2010, solicitado de oficio por las Vocales demandadas, es decir, sin que las denunciantes en la audiencia de cesación a la detención preventiva hubieran presentado ningún documento que acredite el riesgo de fuga respecto a la actividad reiterada prevista, sin tener en cuenta que su representada desvirtuó el peligro de fuga presentando informes del “REJAP” y antecedentes policiales que demostraban que no contaba con dichos antecedentes, por lo que incurrieron en procesamiento indebido que tiene como consecuencia la privación de libertad, vulnerando su derecho a la libertad garantizada por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
Por ello solicitó se conceda la acción de libertad y, se deje sin efecto el Auto de Vista 5/2012 “7 de enero” 10 de enero, dictado por Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y se disponga se dicte nueva resolución confirmando el fallo que dispuso medidas sustitutivas en favor de la accionante. En el Tribunal Constitucional Plurinacional, el 15 de febrero de 2012, se procedió al sorteo de los expedientes 00049-2012-01-AL y 00061-2012-01-AL, los cuales fueron acumulados mediante AC 0015/2012-CA/S, de 5 de marzo, llegando a establecer que realizada la revisión del ambos expedientes se tiene el siguiente Fallo: FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Para lograr la efectiva aplicación de la norma corresponde analizar en revisión, si los argumentos de ambas acciones de libertad, son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos al derecho a la libertad, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física o personal y criterios de interpretación para la aplicación de medidas cautelares. El derecho a la libertad personal es reconocido como un derecho fundamental en la Constitución Política del Estado y los principales instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Así el art. 23.I de la CPE, reconoce el derecho a la libertad personal, estableciendo que ésta sólo puede ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. Conforme a ello, el parágrafo III de la misma norma dispone que: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito”. Por su parte, el art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) determina que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) enuncia en su art. 7.1, que: “Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad personal”, el art. 7.2 de la misma dice: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas” y el art. 7.3 establece que “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”. Ahora bien, en materia penal, los casos en los que una persona puede ser privada de su libertad están expresamente previstos en el Código Penal, tratándose de sanciones penales, y en el Código de Procedimiento Penal, tratándose de medidas cautelares, entre ellas, la detención preventiva”. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, dictada por el caso Gangaram Panday, la restricción del derecho a la libertad física o personal en medidas cautelares, no cumple con las condiciones de validez en su aspecto formal cuando la autoridad judicial no se sujeta a los procedimientos definidos por el Código de Procedimiento Penal, es decir, a las reglas sobre la detención preventiva, los supuestos de cesación de la misma, sus requisitos y circunstancias para considerar los riesgos procesales, normas que deben ser aplicadas conforme a los criterios de interpretación para la aplicación de medidas cautelares establecidos en la propia Ley Fundamental y en el Código de Procedimiento Penal.
Esos criterios de interpretación también están señalados en la Sentencia de 12 de noviembre de 1997, caso Suárez Rosero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en consecuencia de lo dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde señala que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, estableció que la obligación del Estado a través de sus jueces, a tiempo de imponer medidas cautelares privativas de la libertad personal o física, es la no restricción de la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, en razón a que la restricción al derecho a libertad personal en casos de denuncias de prisión preventiva - detención preventiva en nuestra tradición jurídica- están vinculadas con el principio de presunción de inocencia amparado por el art. 8.2 de la CADH. Así señaló: “Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De ello, se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva.
Caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos”. 2. La cesación de la detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP y el marco de análisis del Tribunal de alzada que resuelve la apelación incidental El art. 239.1 del CPP - incluso después de la reforma efectuada por Ley 007 de 18 de mayo de 2010- determina que la detención preventiva cesará: “Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o torne conveniente que sea sustituida por otra medida”. En consideración a lo establecido, para resolver una solicitud de cesación de la detención preventiva amparada en esa causal, el Juez o Tribunal debe realizar el análisis ponderado de dos elementos: 1) ¿Cuáles fueron los elementos de convicción que determinaron la imposición de la detención preventiva? y, 2) ¿Los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra?, conforme lo precisó la jurisprudencia constitucional uniforme contenida en las SSCC 0320/2004-R, SC 0719/2004-R, 1466/2004-R, 0807/2005-R, y 0568/2007-R. Así la SC 0320/2004-R de 10 de marzo, señaló: “Cuando el juez o tribunal deba una solicitud de cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, ésta debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: i) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y ii) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra. Quedando claro que si a través de los nuevos elementos de juicio que se presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención preventiva, el Juez o Tribunal debe realizar una valoración de estos nuevos elementos; valoración similar a la que hizo para disponer la detención preventiva a prima facie, sin que ello implique inmiscuirse en la investigación del hecho. Debiendo, en consecuencia el imputado probar conforme a la norma precedentemente señalada la existencia de nuevos elementos de juicio que demuestren que no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva o tornen conveniente que sea sustituida por otras medidas”. Ahora bien, este análisis concurrente de los dos elementos previstos en el art. 239.1, no sólo vincula al juez que resuelve la solicitud de cesación de detención preventiva sino también al tribunal de alzada que resuelve la apelación incidental, empero cuando el tribunal a quem analice dichos elementos debe sujetar su examen al marco de lo establecido en el art. 398 del CPP, que expresamente dispone: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”. En ese sentido también está la SC 2558/2010-R de 19 de noviembre, anteriormente citada que estableció que los Tribunales de apelación que resuelven una solicitud de cesación de detención preventiva están vinculados:”…a la resolución impugnada y a los puntos apelados, expuestos como agravio, delimitan el campo de acción al que estará sujeto el Tribunal de alzada a tiempo de compulsar y valorar la prueba presentada como nuevos elementos probatorios, a efectos de determinar si la resolución impugnada actuó conforme a derecho a tiempo de denegar o conceder la solicitud de cesación de la detención preventiva …”
3. La valoración objetiva e integral de los elementos probatorios en la cesación de detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP por el Tribunal de alzada
En coherencia con la línea jurisprudencial señalada, se tiene que el análisis de los elementos previstos en el art. 239.1 en el marco de lo establecido en el art. 398, que realice el tribunal de alzada a tiempo de resolver en apelación la solicitud de detención preventiva debe ser en forma motivada y con una valoración objetiva e integral de la prueba aportada por ambas partes procesales. Así lo estableció la SC 0568/2007-R de 5 de julio, citando a la SC 1249/2005-R de 10 de octubre, en un caso en el que tanto el Juez cautelar como el Tribunal a quem no expresaron los fundamentos que permitiesen inferir de manera objetiva que los imputados no habían desvirtuado, a tiempo de solicitar cesación de la detención preventiva, la inexistencia de riesgo de fuga y/o obstaculización de la averiguación de la verdad, con el siguiente precedente:"…el análisis integral de los nuevos elementos presentados por el imputado para obtener la cesación de la detención preventiva, no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine revocar la concesión o rechazo de la cesación de la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada y de la necesidad de realizar una valoración integral de los nuevos elementos presentados por el imputado, expresando si los mismos destruyen o no los motivos que fundaron la detención preventiva”. “… al resolver la cesación de la detención preventiva, el Juez de Instrucción debe considerar si con los nuevos elementos de juicio el imputado logra destruir o modificar sustancialmente los motivos que fundaron la detención preventiva, y de no darse esa situación, el Juzgador rechazará la solicitud, pero para ello es necesario que su determinación contenga una explicación motivada de las razones por las cuales persisten los motivos que fundaron la detención preventiva, condición que también se aplica al Tribunal de alzada que pudiese conocer en revisión la determinación asumida por el Juez a quo, pues el Juez o Tribunal de apelación de igual forma debe pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, realizando una valoración integral de los nuevos elementos presentados por el imputado, expresando si los mismos destruyen o no los motivos que fundaron la detención preventiva”. En ese mismo sentido está la SC 1147/2006-R de 16 de noviembre, al determinar: “ …la resolución que resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva debe reunir las condiciones de validez, para ello la autoridad judicial competente a tiempo de contrastar los nuevos elementos presentados por el imputado, deberá fundamentar la decisión de conceder o rechazar la solicitud de cesación de la detención expresando los motivos de hecho y de derecho en que funda su determinación, los cuales deben obedecer a criterios objetivos, exponiendo el valor otorgado a los medios de prueba presentados y sujetando su análisis a los presupuestos que fundaron la detención preventiva del imputado, la fundamentación que no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, sino las razones jurídicas que justifican la decisión adoptada”. Por su parte, la SC 1147/2006-R, respecto a qué debe entenderse por valoración objetiva e integral de los elementos probatorios en la cesación de detención preventiva, señaló:“…no debe tomar un solo elemento de los previstos en los arts. 234 y 235 CPP, para sostener su decisión de rechazo, sino que debe valorar todos los elementos y finalmente decidir en la forma que sea menos gravosa para el imputado, lo que no implica que por ello, ponga en riesgo el desarrollo del proceso y la averiguación de la verdad, pues si bien éste es de relevancia cuando se les presenta una solicitud de cesación, no es menos cierto que, la libertad según el mismo Código adjetivo penal en su art. 221, sólo puede ser restringida cuando es realmente necesaria y en todo caso, como ya se estableció en caso de duda, también el art. 7 del mismo cuerpo legal dispone que: ´Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste…”. A lo señalado y, en coherencia con dicha línea jurisprudencial, se añade que cuando se trata de la valoración objetiva e integral de los elementos probatorios en la cesación de detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP, es deber del juez y también del tribunal de alzada tomar en cuenta en forma integral los nuevos elementos de juicio aportados por el imputado que demuestran que no concurren los motivos que fundaron se disponga su detención preventiva o existen otros que tornen conveniente sustituirla por otra medida; y los aportados como prueba por la parte acusadora o víctima que acreditan que tales motivos subsisten, exigencia que está prevista en la ley, conforme lo establece el párrafo segundo del art. 234 del CPP, respecto al peligro de fuga que establece que para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo igual redacción el art. 235 del CPP, respecto al riesgo procesal de peligro de obstaculización. Ello, en razón a que para acordar y mantener una detención preventiva hay que valorar todas las circunstancias que concurren en cada caso, teniendo en cuenta el criterio favorable al derecho a la libertad personal o física. En efecto, para que una resolución judicial de detención preventiva o de rechazo de cesación a la detención sea fundada en derecho, debe pronunciarse cuidadosamente evaluando todas las circunstancias concurrentes en el caso, es decir, toda la prueba disponible en el momento en que ha de adoptarse la decisión que hubiere sido aportada por las partes, por lo que no podrá fundarse una resolución judicial basándose únicamente en una circunstancia existiendo otras que puedan confirmar la inexistencia de los peligros de fuga y obstaculización. El caso de examen 4.1. Respecto a si la Resolución del Juez Tercero de Instrucción en lo Penal al rechazar la cesación de detención preventiva del caso con expediente 00049-2012-01-AL
Siguiendo los antecedentes del caso se debe considerar que en razón a que la documentación que la imputada presentó resultaba contradictoria ya que contaría con doble domicilio, pese a ello cuando el art. 239 del CPP establece que: “Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida” la primera parte debe entenderse en el marco de la segunda y en el marco de la jurisprudencia constitucional que obliga a los jueces a efectuar una valoración integral de los supuestos y pruebas que dieron lugar a la detención preventiva, en este sentido el aspecto domiciliario se discutió desde la audiencia que dispuso la misma y durante su cesación nuevamente fue debatido por documentación que la misma presentó a efectos de obtener su libertad sin que este Tribunal pueda revisar la valoración de la prueba efectuada por el juez de la causa, dejándose además en claro que la imputada mediante su abogada realizó diferentes alegaciones al respecto y tuvo oportunidad para responder a las observaciones efectuadas por la Fiscal de la causa y el abogado de la víctima a la constitución de su domicilio por lo que tampoco existió indefensión alguna y respecto a la falta de fundamentación debe recordarse que por la naturaleza de la decisión es decir modificable y conforme la SC 0012/2006-R de 4 de enero: “…no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución…” correspondiendo a este Tribunal únicamente verificar la existencia de una fundamentación razonable, pero no hacer de otra instancia procesal. 4.2. Respecto al respeto del principio de reformatio in peius por parte de las Vocales demandadas ante la apelación del expediente 00049-2012-01-AL Del análisis del Auto de Vista 5/2012 de 10 de enero, que resolvió subsistente la detención preventiva de la imputada, se tiene que las autoridades judiciales demandadas sujetaron su análisis a los elementos previstos en el art. 239.1 del CPP y en el marco de lo establecido en el art. 398 del CPP, por cuanto resolvieron en apelación los aspectos referidos al art. 234.1 y 8 del CPP, debatidos desde la resolución de detención preventiva respecto a los cuales la defensa tuvo amplia oportunidad de controvertir, resolviendo por ello sobre lo debatido y considerando los aspectos de la apelación aclarándose que la parte adversa en este tipo de apelación en virtud al principio de igualdad y verdad material siguiendo el procedimiento correspondiente podía efectuar alegaciones y aportar prueba que desvirtúe los supuestos de apelación de la accionante. 4.3. Sobre si los vocales demandados valoraron objetiva e integralmente los elementos probatorios aportados por las partes a tiempo de resolver la cesación de detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP solicitada en el expediente 00061-2012-01-AL
De otro lado, se tiene que del contenido de los argumentos que sustentaron la parte resolutiva del Auto de Vista 5/2012, es posible concluir que el Tribunal de alzada no realizó una valoración integral y objetiva de todos los elementos de convicción para sostener su rechazo y, por el contrario, fundaron su resolución basándose únicamente en el riesgo procesal señalado, sin tener en cuenta que existían otras circunstancias que podían confirmar la inexistencia o existencia de los peligros de fuga y obstaculización que fueron objeto de prueba por la parte imputada. Es decir, las autoridades judiciales se limitaron a señalar que el Juez a quo realizó una valoración inapropiada de los elementos de prueba presentados con relación a lo dispuesto en el art. 234.8 del CPP. La Ley Fundamental (art. 23.I), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9.3), la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (Sentencia de 12 de noviembre de 1997 - Fondo-, caso Suárez Rosero párrafo 77 citados en este fallo en el Fundamento Jurídico III.4), y los arts. 7, 221 y primer párrafo del 222 del CPP, normas que orientan la labor del juzgador en sentido de que la aplicación de medidas cautelares restrictivas a la libertad personal no son medidas punitivas, por lo mismo, su imposición no debe ser la regla por cuanto tienen únicamente la finalidad de asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no se eludirá la acción de la justicia. En cuyo mérito corresponde otorgar la tutela solicitada, con mayor razón si este Tribunal advierte que las Vocales demandadas sustentaron su decisión en un riesgo procesal que si bien fue discutido en el trámite de cesación de la detención preventiva y apelación, empero, no tenían certeza de que hubiera sido probado tal extremo en el momento de resolverse la cesación de detención preventiva.
4.4. Sobre si las vocales demandadas cuando resolvieron la solicitud de cesación a la detención preventiva circunscribieron su análisis en el marco de dicha norma y lo dispuesto en el art. 398 del CPP y la jurisprudencia constitucional (expedientes 00049-2012-01-AL y 00061-2012-01-AL) De la compulsa de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista 5/2012 (fs. 839 a 845), pronunciado por las Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandadas- que resolvió en apelación la cesación de detención preventiva de la representada de la accionante al amparo de lo previsto en el art. 239.1 del CPP, corresponde señalar que dichas autoridades judiciales no sujetaron su análisis a los elementos previstos en dicha norma procesal penal en el marco de lo establecido en el art. 398 del CPP conforme se precisó por la reiterada jurisprudencia constitucional, por cuanto si bien analizaron el riesgo procesal contenido en el art. 234.8 del CPP enmarcándose en los agravios esgrimidos por la parte apelante conforme consta en el Auto Interlocutorio 982/2011, que demuestra que la abogada de la víctima impugnó la prueba presentada por la imputada en sentido de que: “…la defensa no ha desvirtuado de ninguna manera los peligros procesales por los cuales se ha dispuesto la detención preventiva de las Imputadas tal como señala el art. 234.6 y 8 del CPP, teniéndose la certeza de que ambas señoras están siendo procesadas paralelamente por el delito de agio que tiene que ver con la venta de GLP en garrafas, por lo que deberá compulsarse este elemento por demás importante y denegarse la solicitud de la parte de cesación de detención preventiva”; sin embargo, lo hicieron sin tener certeza de que la víctima hubiera aportado como prueba el cuaderno procesal que demuestre las aseveraciones formuladas en su apelación incidental respecto a la existencia de una supuesta denuncia por el delito de agio contra la imputada - ahora representante de la accionada-, situación que fue constatada por el tribunal de garantías, lo que ciertamente da cuenta de que las autoridades judiciales demandadas introdujeron y sustentaron su decisión en un riesgo procesal que si bien fue discutido en el trámite de cesación de la detención preventiva y apelación que se analiza, empero no se tenía certeza de que hubiera sido probado tal extremo en el momento de resolverse la cesación de detención preventiva en ambas instancias. Por lo expuesto, el Tribunal de garantías al haber concedido la acción respecto a las dos representadas de la accionante, hicieron una evaluación parcialmente correcta de los antecedentes y de las normas aplicables al mismo. POR TANTO El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: 1º APROBAR en parte la Resolución 01/2012 de 28 de enero, pronunciada dentro del expediente 00049-2012-01-AL y, CONCEDER la tutela a Erika Rodríguez Velásquez respecto de las Vocales demandadas, y DENEGAR respecto al Juez demandado. 2º APROBAR la Resolución 01/2012 de 28 de enero, dictada dentro del expediente 00061-2012-01-AL y, por ende, CONCEDER la tutela a Rossio Aquino Rodríguez. 3º Disponer en ambos expedientes se pronuncie nueva resolución conforme a los fundamentos de esta Sentencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta constitucional Plurinacional Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez MAGISTRADA Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños MAGISTRADA
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