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Timestamp: 2019-10-17 03:02:55+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 40 DE 2000
RESOLUCIÓN 40 DE 21 DE FEBRERO DE 2000
CONTENIDO:ENTIDADES COOPERATIVAS. SE FIJAN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR REAL SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 192 DE 2003 ARTÍCULO 26 DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
RESOLUCIÓN 40 DE 2000
“Por medio de la cual se fijan las normas y procedimientos relacionados con el proceso de disolución y liquidación de las entidades del sector real sometidas a la inspección, vigilancia control de la Superintendencia de la Economía Solidaría”.
(Nota: Derogada por la Resolución 192 de 2003 artículo 26 de la Superintendencia de Economía Solidaria)
en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 108 y siguientes de la ley 79 del 1988 y el artículo 5º numerales 9º y 27 del Decreto 1401 de 1999, y
Que corresponde a la Superintendencia de la Economía Solidaria fijar las normas y procedimientos relacionados con el proceso de disolución y liquidación de las entidades del sector real sometidas a su vigilancia;
Que las entidades solidarias del sector real de conformidad con sus estatutos y de acuerdo con la ley son autónomas en su manejo administrativo, financiero y contable; no obstante lo cual, cuando se presentan condiciones especiales es deber del Estado intervenir en defensa de los intereses de los asociados y de terceros que pueden verse afectados por las acciones u omisiones de las entidades o de sus administradores;
Que es función de la Superintendencia de la Economía Solidaria ejercer la inspección y vigilancia sobre los procesos de liquidación de las entidades bajo su control;
Que corresponde a la superintendencia designar el liquidador o liquidadores de los entes sometidos a su inspección y vigilancia en los casos previstos en los artículos 108 y 109 de la Ley 79 de 1988; artículo 36, numeral 9º de la Ley 454 de 1998; y artículo 5º numerales 9º y 27 del Decreto 1401 de 1999;
Que dicho procedimiento deberá estar enmarcado dentro de los principios de la moralidad, igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función pública, procurando la racionalización y eliminación de trámites con el propósito de facilitar la actividad de los particulares y de las entidades cobijadas por la presente resolución ante esta superintendencia,
ART. 1º—Las entidades del sector real sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria se disolverán por una de las siguientes
3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fueron creadas.
4. Por fusión o incorporación a otra entidad solidaria y por escisión, si es el caso.
5. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de su fines o porque las actividades que desarrollan sean contrarias a la ley, las buenas costumbres o al espíritu solidario.
6. Por haber sido decretada dicha disolución por a Superintendencia de la Economía Solidaria, en los casos previstos en la ley o los estatutos.
ART. 2º—Cuando las entidades se disuelvan por acuerdo de los asociados en asamblea general, especialmente convocada para tal efecto, la decisión requerirá del voto favorable de los dos terceras (2/3) partes de los asistentes.
ART. 3º—En los casos previstos en los numerales 2º, 3º y 5º del artículo 1º de esta resolución, la Superintendencia de la Economía Solidaria dará a la entidad un plazo máximo de seis (6) meses para que se subsane la causal o para que, en el mismo término, convoque a asamblea general con el fin de acordar la disolución.
Si transcurrido dicho término la entidad no demuestra haber subsanado la causal o no se hubiese reunido la asamblea, la Superintendencia de la Economía Solidaria decretará la disolución y nombrará liquidar o liquidadores.
ART. 4º—Cuando la disolución haya sido acordada por la asamblea general, ésta designará el liquidador o liquidadores de acuerdo con su estatutos.
Si el liquidador o liquidadores no fueren nombrados o no entraren en funciones dentro de los treinta (30) días siguientes a su nombramientos, la Superintendencia de la Economía Solidaria, directamente o a solicitud de cualquiera de los asociados, procederá a nombrarlo(s).
ART. 5º—La disolución y la liquidación de las entidades solidarias del sector real, será registrada en la cámara de comercio respectiva.
El liquidador o liquidadores deberán informar del estado de la liquidación en que se encuentra la entidad, una vez disuelta, mediante aviso publicado en un periódico de amplia circulación nacional o regional, según el ámbito de operaciones de la entidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que fue decretada. Dicho aviso será fijado en un lugar visible de las oficinas de la entidad.
ART. 6º—El liquidador o liquidadores designados deberán inscribir su nombramiento, previa aceptación del cargo, ante la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la entidad en liquidación. Solo a partir de la fecha de inscripción, los nombrados tendrán las facultades, deberes y obligaciones de los liquidadores. El certificado de registro respectivo deberá remitirse a la Superintendencia de la Economía Solidaria dentro de los diez (10) días siguientes a su expedición.
ART. 7º—La Superintendencia de la Economía Solidaria ordenará la cancelación del registro cuando se encuentren inconsistencias en los documentos o informaciones que sirvieron de base para la inscripción o actualización de liquidadores.
ART. 8º—La Superintendencia de la Economía Solidaria ordenará la remoción del liquidador o liquidadores en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando el liquidador o liquidadores falten a sus deberes legales y estatutarios;
b) cuando sobre el liquidador, persona natural o jurídica, recaigan sanciones de tipo disciplinario, penal, civil o administrativo que afecten la idoneidad de proceso liquidatorio;
c) Cuando a juicio del superintendente se presenten situaciones extraordinarias que afecten la idoneidad del proceso liquidatorio, y
d) Cuando no preste caución o se niegue a reajustarla.
ART. 10.—Disuelta la entidad se procederá a su liquidación. En consecuencia no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la ley, hará responsables frente a la entidad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal, o quien haga sus veces, que no se hubiere opuesto.
La razón social de la entidad disuelta para liquidar deberá anexarse con la expresión “en liquidación”. Los daños y perjuicios que se deriven por esta omisión serán asumidos por el liquidador liquidador o liquidadores, quienes son los encargos de efectuar dicha aclaración.
ART. 11.—Cuando se designe un número plural de liquidador, estos actuarán de consuno y las discrepancias que se presenten entre ellos serán resueltos por los asociados. El liquidador o liquidadores tendrán la representación legal de la entidad.
PAR.—El liquidadores o liquidadores informarán en forma oportuna y adecuada a los acreedores y a los asociados sobre el estado en el que se encuentra la liquidación de la entidad.
ART. 12.—Disuelta la entidad, la determinaciones de la junta de asociados o de la asamblea deberán tener relación directa con la liquidación. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, salvo que en los estatutos o en la ley se disponga expresamente otra cosa.
ART. 13.—Durante el período de la liquidación la junta de asociados o la asamblea se reunirá en las fechas indicadas en los estatutos para sus sesiones ordinarias. Así mismo, cuando sea convocada por los liquidadores, el revisor fiscal o quien haga sus veces o la Superintendencia de la Economía Solidaria, conforme a las reglas generales.
PAR.—Los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario para conocer el estado de la liquidación y dirimir las discrepancias que se presenten entre los liquidadores. La convocatoria se hará por un número superior al 20% de los asociados de la entidad al momento de su disolución.
ART. 14.—Las entidades del sector real sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que se encuentren en proceso de liquidación, estarán obligadas a continuar con la contabilidad y registro de todas sus operaciones, conforme a lo dispuesto sobre el particular en el artículo 112 del Decreto 2649 de 1993, al plan único de cuentas y a los procedimientos contables adoptados por esta entidad.
Deberán llevar los libros principales: diario, mayor y balance o los folios de las formas continuas debidamente registradas en la cámara de comercio y los auxiliares o tarjetas que faciliten la comprobación de las cifras de los estados financieros.
PAR.—Las operaciones deberán registrarse en los libros principales a más tardar dentro del mes siguientes a la fecha de su ocurrencia, dejando constancia en el evento de que en alguno de los meses no se presente movimiento operacional.
ART. 15.—En circunstancias especiales la Superintendencia de la Economía Solidaria, en procura de proteger los intereses de los asociados, de terceros y de la comunidad en general, podrá tomar las medidas pertinentes encaminadas a facilitar el proceso liquidatorio de las entidades sometidas a su inspección y vigilancia.
ART. 16.—Cuando una persona que administre bienes de la entidad sea nombrada como su liquidadora, no podrá ejercer el cargo sin que previamente la asamblea general, apruebe las cuentas de su gestión. Si transcurridos treinta (30) días hábiles desde la fecha de su designación no se hubieren aprobado dichas cuentas, se procederá a nombrar nuevo liquidador.
ART. 17.—A partir del momento en que se ordene la liquidación, las obligaciones a término a cargo de la entidad se hacen exigibles, pero sus bienes no podrán ser embargados.
ART. 18.—La responsabilidad del proceso de liquidación de las entidades del sector real sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria estará exclusivamente a cargo del liquidador o liquidadores designados para el efecto y debidamente registrados ante la cámara de comercio respectiva. Para todos los efectos legales, los bienes inventariados y el avalúo de los mismos, debidamente conformados determinarán los límites de su responsabilidad. De la misma manera responderá de los perjuicios que por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes cause a los asociados o terceros con intereses legítimo en el proceso de liquidación.
Los liquidadores presentarán a la junta de asociados o a la asamblea los informes relacionados con el estado de la liquidación, anualmente a más tardar el 31 de marzo y al término de su gestión, acompañado de:
a) Estado de liquidación junto con sus notas;
b) Estados financieros básicos junto con su notas, y
c) Memoria detallada de las actividades realizadas durante el período.
PAR. 1º—El inventario inicial, así como los informes, balances, cronogramas, avalúos, pólizas y demás documentos relacionados con el proceso liquidatorio no requerirán de aprobación o refrendación alguna por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Así mismo, esta superintendencia tampoco expedirá certificados o finiquitos una vez terminado el proceso liquidatorio.
ART. 19.—Serán deberes del liquidador o liquidadores los siguientes:
1. Ejecutar todos los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación de la entidad rápida y progresiva.
2. Elaborar inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier naturaleza, de los libros y de los documentos y papeles, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su registro como liquidador.
3. Continuar y concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución y celebrar todos los actos y contratos requeridos para el desarrollo de la liquidación.
4. Continuar con la contabilidad de la entidad en los mismos libros, siempre y cuando se encuentren debidamente registrados. En caso de no ser posible deberá proveer a su reconstrucción e iniciar la contabilidad de la liquidación, en libros que deberá registrar en la cámara de comercio respectiva.
5. Exigir cuentas comprobadas de su gestión a las personas que hayan manejado intereses de la entidad y no hayan obtenido la aprobación correspondiente de conformidad con la ley o los estatutos.
6. Liquidar y cancelar las cuentas de la entidad con terceros y con cada uno de los asociados.
7. Cobrar los créditos percibir su importante y otorgar las correspondientes aprobaciones.
8. Enajenar los bienes de la entidad.
9. Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la entidad y velar por la integridad de su patrimonio.
10. Obtener la restitución de los bienes sociales que estén en poder de los asociados o de terceros, a medidas que se haga exigible su entrega, lo mismo que a restituir las cosas de que la entidad no sea propietaria.
11. Rendir cuentas o presentar estados de la liquidación, cuando lo considere conveniente o se le exijan los asociados.
12. Promover acciones de responsabilidad civil o penal contra los asociados, administradores, revisores fiscales y funcionarios de la entidad en liquidación, y en general contra cualquier persona a la cual pueda deducirse responsabilidad.
13. Mantener y conservar los archivos de la entidad.
14. Las demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio mandato.
ART. 20.—En la liquidación de las entidades del sector real vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, deberá procederse al pago de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:
ART. 21.—Hecha la liquidación, el liquidador o los liquidadores convocarán a la junta de asociados o a la asamblea, para que aprueben las cuentas de los liquidadores y el acta final de la misma, la cual deberá contener el nombre de la entidad o entidades del sector solidario a quienes se les transferirán los remanentes de la liquidación, de acuerdo con lo previsto en los estatutos. A falta de disposición estatutaria, deberá establecerse que dicho remanente será entregado a un fondo para la investigación cooperativa, administrado por un organismo solidario de tercer grado. Estas decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los asociados que concurran.
Si hecha debidamente la convocatoria no concurre ningún asociado, el liquidador o los liquidadores convocarán en la misma forma a una segunda reunión, para dentro de los diez (10) días hábiles siguientes; si a dicha reunión tampoco concurre ninguno, se tendrán por aprobados las cuentas de los liquidadores, las cuales no podrán ser posteriormente impugnadas.
PAR.—Surtido el procedimiento señalado en el presente artículo el liquidador solicitará la cancelación del registro de personalidad jurídica ante la cámara de comercio respectiva. Expedido el certificado deberá enviarlo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a esta superintendencia, momento en el cual finalizará su gestión.
ART. 22.—Cuando el liquidador se separe del cargo por renuncia o remoción deberá rendir cuentas de su gestión a la junta de asociados o a la asamblea, mediante exposición razonada y detallada de los actos de gestión de los negocios, bienes y haberes de la entidad en liquidación y del pago de las acreencias y restitución de bienes, lo mismo que informe sucinto respecto del estado de procesos que se adelanten. Dichas cuentas deberán estar debidamente soportadas.
ART. 23.—Los procesos de liquidación de las entidades del sector real cuyo monto de activos al momento de decretarse la liquidación sean igual o superior a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, al igual que las cooperativas de vivienda, de transporte y las entidades en la forma de administraciones públicas cooperativas, deberán tener revisor fiscal.
ART. 24.—Los honorarios del liquidador o liquidadores serán fijados por la asamblea general, y se definirán en el mismo acto de su nombramiento.
Cuando el proceso sea adelantado por una persona jurídica, los honorarios serán liquidados y cancelados a la entidad liquidadora y en ningún evento podrá asignarse honorarios a las personas naturales que en su nombre atienden el proceso.
PAR.—La Superintendencia de la Economía Solidaria fijará, mediante resolución, los honorarios de los liquidadores nombrados por ella, los cuales se establecerán teniendo en cuenta las condiciones económicas, financieras y el monto de activos de la entidad.
Cuando la asamblea general no fije los honorarios del liquidador o los liquidadores nombrados por ella, se tomarán los valores expresados en la resolución expedida para tal fin.
ART. 25.—En los casos en que el liquidador no hubiere sido designado por la asamblea o habiéndolo sido no se posesiona; así como en aquellos en los que la ley así lo establece, corresponde hacerlo a la Superintendencia de la Economía Solidaria. Para el efecto, este ente de control, con el fin de garantizar la idoneidad y calidad de los eventuales liquidadores, podrá designarlos directamente, observando para ello, como mínimo los siguientes requisitos, tratándose de personas naturales o jurídicas.
• Nombre completo, número y lugar de expedición del documento de identidad.
• Domicilio, dirección física y electrónica, teléfono y fax.
• Estudios realizados, acompañando fotocopia de los títulos profesionales en economía, contaduría, administración de empresas y derecho.
• Experiencia específica o relacionada acreditada en el manejo de entidades cuya actividad sea afín o similar con el objeto social de la entidad sometida a la liquidación.
• Cuando hubiese desempeñado cargos públicos durante los últimos (5) cinco años, constancia sobre sus antecedentes disciplinarios y judiciales, expedidos por la respectiva autoridad con una anterioridad no mayor a tres (3) meses.
• Manifestación escrita, la cual se entiende presentada bajo la gravedad juramento que se entiende prestado con la firma del interesado, en el sentido de no haber sido sancionado disciplinariamente por alguna autoridad competente.
• La Superintendencia de la Economía Solidaria podrá exigir documentos adicionales cuando lo considere necesario.
• Razón social completa
• Certificado de existencia y representación legal expedido con una anterioridad no superior a tres (3) meses.
• Nombres de las personas, acompañados de las certificaciones de los estudios realizados en las profesiones ya indicadas y experiencia del personal que a su nombre actuará en los procesos de liquidación.
• Manifestación escrita, la cual se entiende presentada bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del interesado, en el sentido de no haber sido sancionado disciplinariamente por alguna autoridad competente.
PAR.—Quienes aspiren a ser designados liquidadores estarán obligados a mantener actualizada la información mencionada en el presente artículo.
La Superintendencia de la Economía Solidaria podrá solicitar dicha actualización previa a la designación del liquidador si así lo considera pertinente.
ART. 26.—Los liquidadores garantizarán por el tiempo en que desarrolle su labor, el adecuado ejercicio de su gestión a través de póliza de manejo y cumplimiento, cuya vigencia será igual a la duración del proceso, su cuantía será equivalente al 10% de la masa global de liquidación y en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales.
PAR. 1º—El valor de los activos de la entidad en liquidación, se tomará del inventario inicial elaborado por el liquidador o liquidadores y de los avalúos de los mismos realizados conforme a la ley.
PAR. 2º—En el evento en que el liquidador no encontrare evidencias de soportes o registros contables de la administración anterior, deberá constituir las pólizas provisionalmente por un valor asegurado de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 27.—El valor asegurado por las pólizas de que trata la presente resolución deberá ajustarse periódicamente por solicitud del liquidador en la medida en que los activos sean realizados, sufragadas las acreencias o adicionados los inventarios.
ART. 28.—Las pólizas serán tomadas por la entidad liquidada, quien será la beneficiaria de las indemnizaciones en caso de ocurrir el riesgo amparado y se mantendrán vigentes durante el período de la liquidación.
ART. 29.—El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta resolución, especialmente la no rendición de cuentas, la negligencia en el cumplimiento de las obligaciones o el abandono del proceso, dará lugar a que la Superintendencia de la Economía Solidaria aplique las sanciones correspondientes, según la gravedad del hecho y comunique a los organismos de control respectivos las irregularidades en que se hubieren podido incurrir tanto en lo civil y/o penal, por parte de los infractores.
ART. 30.—Las entidades del sector real sujetas a la acción de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que durante los últimos tres (3) ejercicios económicos no hayan reportado información relacionada con su actividad financiera, contable y legal, tendrán un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la expedición de la presente resolución, para ponerse al día con la presentación de los estados financieros consolidados, las reformas estatutarias respectivas y, en general con sus obligaciones ante esta superintendencia.
Vencido el plazo señalado en el presente artículo, la Superintendencia de la Economía Solidaria, presumirá la inactividad de la entidad solidaria y procederá a ordenar la cancelación del registro correspondiente a la personalidad jurídica de aquellas entidades que no hubieren actualizado su información.
ART. 31.—El auto mediante el cual la Superintendencia de la Economía Solidaria ordena la cancelación de las entidades solidarias deberá ser notificado, tanto al representante legal como a los terceros que puedan tener algún interés en el proceso, de conformidad con las normas establecidas en el Código Contencioso Administrativo para dichos casos.
Los miembros de los órganos de administración, control y vigilancia, el revisor fiscal y el representante legal que figuran en el último registro válido efectuado ante la cámara de comercio respectiva, serán responsables por los actos u omisiones en que hayan podido incurrir por violación de las leyes, decretos, resoluciones y demás normas legales.
ART. 32.—La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

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 ARTÍCULO 26

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 artículo 36
 artículo 5
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 artículo 112
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