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Timestamp: 2017-10-21 10:37:06+00:00

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Equipo Nizkor - Sentencia T-737/05 sobre derecho a consulta del pueblo ind&iuacute;gena Yanacona.
DERECHO DE PETICION-Características/DERECHO DE PETICION FRENTE A PARTICULARES-
Procedencia/DERECHO DE PETICION-Falta de competencia de la entidad ante quien se solicita la información o la exonera de contestar
Acción de tutela instaurada por Dumar Macias y Paulo Emilio Anacona Bermeo en contra del Alcalde y
la Secretaria Municipal de Mocoa.
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
1. Luego del censo poblacional indígena del Departamento de Putumayo, 86 familias del Cabildo Inga de Mocoa salieron en busca de su identidad, tal como lo hicieran dos años atrás otras familias salidas del Cabildo lnga-Kamza. Estos grupos dieron con su origen ancestral logrando establecer que pertenecían al pueblo indígena Yanacona proveniente del Departamento del Cauca, razón por la cual solicitaron su integración con el Cabildo Villamaría de la vereda de Anamú de la casa Yanacona. Para este proceso tuvieron el acompañamiento del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- así como también por delegados del Cabildo Mayor, proceso éste que comprendió la unidad del pueblo Yanacona que antes estaba dividido en los Cabildos Yanacona de Villamaría de la vereda de Anamú, y Yanacona de Mocoa, en uno solo.
"Nuestra expresión es la expresión del pueblo, es la facultad que por mandato de nuestros ancestros se guarda, predica y trasciende en las generaciones venideras, nuestra expresión es la personalidad propia y de lo que la cultura occidental en sus formas de justicia conoce como la equidad, el respeto y otros valores.
"Nuestra personalidad no representa solo el legado de la aptitud personal, nuestra personalidad es de grupo, de colectivo, de minga, de tulpa y tejido humano, de allí que no tenemos intereses de individuos solitarios, sino de miembros actuantes de una comunidad, donde se manifiesta el interés general de agrupar a todos los hermanos de etnia y raza, sin perjuicio de respetar su autonomía y libertad de escogencia en el sentido de reconocerse miembro Yanangona o no.
"También nuestra autoridad sanciona, castiga y premia, y el castigo y sanción para aquel que renuncia a nuestra identidad de grupo indígena es la pérdida de todos sus derechos dentro de (sic) comunidad actuante y fuera de ella.
"No se explicaría en la lógica ancestral que por capricho de unos renuncien y vayan a formar tulpas de acuerdo a sus intereses y dejen en capricho el perjuicio de las mayorías como es el caso en pleito.
"El señor Alcalde Cerón, ha actuado inmiscuyéndose en nuestras leyes, como explicar entonces que haya reconocido a un grupo que es minoría absoluta y (sic) renunció a su condición de cabildante y atiende intereses personales"
• Que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, el Alcalde y la Secretaria del Municipio de Mocoa, procedan a reconocer y posesionar a su autoridad tradicional Cabildo Indígena Yanangona Villa María del municipio de Mocoa, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por su autoridad tradicional.
"Las razones por las cuales no se ha resuelto de fondo las peticiones de los accionantes es que la administración considera que este tipo de determinaciones no se deben resolver a través de una respuesta o derecho de petición, este tipo de problemática requiere de un proceso y verificación de unos hechos y donde las partes puedan ejercer su derecho a la defensa y realizar sus descargos e inclusive hasta acudir ante el Ministerio del Interior con el fin de que realice un estudio de etnicidad, para lo cual la administración ya ha iniciado este proceso y por este motivo se le ha corrido traslado a la otra parte con el fin de que estos realicen su respectiva defensa."
De igual forma, señala el Alcalde Municipal de Mocoa que la parte accionante "ha iniciado un procedimiento ante la alcaldía el cual se encuentra en proceso de una decisión", por lo tanto no puede argumentarse que se estén violando derechos fundamentales como la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, petición o debido proceso, pues aún la administración no ha tomado una posición.
En sentencia del 3 de agosto de 2004, el JuzgadoTercero Promiscuo Municipal de Mocoa, expone que todos los actos de la administración son susceptibles de control por la justicia administrativa como lo dispone el artículo 82 del C.C.A., así la acción de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho y la suspensión provisional del acto administrativo son competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, la cual tiene por objeto, previa solicitud del interesado, revisar la legalidad de todos los actos administrativos y la reparación de los daños sufridos por los particulares. Solamente en caso de que la persona afectada vea en peligro sus derechos fundamentales, la acción de tutela será procedente, aún en presencia de los mecanismo ordinarios ya indicados.
No obstante, revisadas las pruebas como los hechos que motivaron esta acción de tutela, no se vislumbra violación alguna. En cuanto a las peticiones elevadas ante los accionados, consta en el expediente que se dio efectiva respuesta a las mismas, no obstante que estas fueron adversas a las pretensiones de los accionantes. Citando a la Corte Constitucional el juez de conocimiento indicó que" [u]na cosa es el derecho fundamental de petición sobre el cual procede la protección de tutela y otra muy distinta los derechos que por su intermedio se pretende hacer valer ya que en relación con estos últimos corresponde a la entidad y solo a ella determinar si deben ser o no reconocidos.
"No puede tomarse como parte del derecho de petición una prerrogativa que lleve forzosamente a que la administración defina de manera favorable las pretensiones del solicitante.
"Debe precisarse que el derecho de petición no impone a las autoridades una obligación de resolver positiva o negativamente las inquietudes del solicitante ya que el contenido del pronunciamiento de la administración se sujetará a cada caso en particular; sin embargo lo que si determina la eficacia de este derecho y le da su razón de ser es la posibilidad que tiene cualquiera persona de obtener una respuesta real y concreta a su inquietud presentada, por consiguiente la respuesta que la administración otorgue deberá ser de fondo, clara, preciosa y oportuna haciendo que dicha contestación se convierta en un elemento esencial del derecho de petición sin el cual este derecho no se realiza."
- Folios 9 y 10, copia del derecho de petición suscrito por el Cabildo de la comunidad indígena Yanacona del Cabildo Villa María de Amanú, y recibido en la Alcaldía Municipal de Mocoa el 16 de junio de 2004, en la cual solicitan la inscripción de su mesa Directiva de dicho cabildo y se revoque el acto administrativo de la posesión dada al cabildo Villa María de Anamú por el posesionado por no contar éste con el avala
de la OZIP.
- Folios 54 a 59, fotocopia de documento presentado por las Autoridades Ancestrales del Cabildo Indígena Yanacona Villamaría de la Vereda de Anamú del Municipio de Mocoa, en cabeza de su Gobernador Dumar Macias y su Vice- gobernador Paulo Emilio Anacona Bermeo, de fecha 23 de febrero de 2004, dirigida al
Personero Municipal de Mocoa. En dicho documento demandan al Alcalde Municipal de Mocoa y a la Secretaria de Gobierno por violación de las leyes indígenas del mencionado cabildo.
Vice-gobernador:
Regidor Primero:
Regidor Segundo:
Alcalde Primero:
Alcalde Segundo:
Dumar Macías
Paulo Emilio Anacona
Ramiro Sambony
Yolanda Chamchi
Ismael Sambony
"De la forma más respetuosa me permito dar respuesta al derecho de petición radicado el día 16 de junio de 2004 y al oficio de4 fecha 3 de junio del presente, manifestándole que nos encontramos dando el respectivo trámite a su petición, por tal motivo se ha corrido traslado a la otra parte, con el fin que realicen sus descargos y ejerzan el derecho a la defensa y así respetar el debido proceso.
"De la misma manera le informamos que tan pronto se recaude toda la información necesaria se analizara la situación y se tomará una decisión la cual será notificada."
"De la manera más respetuosa me permito dar respuesta a sus peticiones solicitadas con fecha 12 y 16 de Febrero de 2004 de la siguiente manera:
"En relación a la petición recibida con fecha 12 de febrero, permito manifestar que no es posible la revocatoria de la posesión realizada el 11 de febrero por cuanto el término para solicitar la revocación del acto se encuentra vencido. "De la misma manera dando respuesta a su solicitud recibida con fecha 16 de Febrero, este despacho le informa que es imposible realizar la posesión de dos gobernadores de un mismo cabildo."
VI. INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR DE LA COMUNIDAD INDÍGENA YANACOPNA VILLAMARÍA
DE ANAMÚ
"A través de la presente, actuando en nombre y representación, de la comunidad de la referencia, de acuerdo con la Ley 89 de 1890, la Ley 21 de 1991, la Constitución Política de Colombia y normas internas propias de nuestro pueblo, me dirijo a Usted con todo respeto para responder sobre el asunto planteado por quienes dicen ser representantes de la Comunidad que yo represento.
"LEGITIMIDAD PARA ACTUAR
"Se dice que tiene legitimidad para actuar quien tiene el derecho para hacerlo, bien sea a nombre propio o a nombre de un tercero.
"Respecto del asunto de la referencia en el que un grupo de personas se abrogan el derecho de ser miembros de nuestra parcialidad, es necesario observar con detenimiento que quienes hoy dicen ser la Comunidad Villamaría de Anamú, son en realidad Villamaría de Mocoa como se demuestra con los documentos que ellos mismos anexaron a sus pretensiones, en especial el folio 14 del oficio del 15 de junio de 2004. (Negrilla y subraya fuera del texto original).
"Por otro lado, en el Autodiagnóstico trabajado dentro del proceso de Plan Integral de Vida del Pueblo Yanacona del Putumayo aparece claramente deslindado este asunto entre las dos (2) comunidades, toda vez que son dos parcialidades diferentes, que en un momento de su historia por decisión del Cabildo Mayor Yanacona del Macizo Colombiano estuvo integrada bajo un solo Cabildo, bajo una sola autoridad, pero eso no es obstáculo para que si no pudieron conservar su unidad o no pudieren demostrar su ascendencia étnica de acuerdo con las normas internas del pueblo Yanacona, se hayan abierto y conformado otro cabildo, como en efecto lo hicieron conformando el Cabildo Villamaría de Mocoa.
"El accionante propone resolver este asunto á través del derecho de petición, cuando por la naturaleza del asunto, este debe tramitarse por el procedimiento policivo, donde cada una de las partes expone sus motivos y sus pruebas y después de que la administración ha tomado y valorado los hechos y las pruebas, toma una decisión.
"La administración debe tomarse el tiempo necesario para valorar las pruebas y analizar los hechos que le permitan tomar una decisión ajustada a derecho, teniendo en cuenta la legislación
indígena, las normas propias de la comunidad y los procedimientos que para estos casos consagra la ley.
"RECONOCIMIENTO DE UN CABILDO
"De acuerdo con la legislación indígena, el reconocimiento de una parcialidad se lo da la misma comunidad, pero por las circunstancias modernas que se presentan en nuestro país y particularmente en el departamento del Putumayo, eh donde aparecen personas identificándose como indígenas sin serlo, todo por usufructuar los derechos que son exclusividad de ¡nosotros como indígenas, el Ministerio del Interior empezó a expedir resoluciones de reconocimiento de las parcialidades siempre y cuando comprobaran su etnícidad.
"En este aparte, respecto del pueblo Yanacona, el Ministerio a través de la Dirección dé Etnias aceptó que el Cabildo Mayor fuera quien diera las directrices para el caso de las comunidades que se identificaran corno Yanaconas, par lo que internamente los Cabildos de origen de nuestros miembros son los que certifican quién es y quién no es Yanacona, requisito que cumplimos cuando fuimos reconocidos como Cabildo Villamaría de Anamú.
"Cuando estuvimos unificados, exigimos este requisito a varias familias y estas no cumplieron con dicho requisito, motivo por el cual no fue posible que los aceptáramos generándose al interior un clima tenso que desembocó en que un gran número de personas de dudosa procedencia étnica conformaran el Cabildo Yanacona Villamaría de Mocoa. .
"Precisamente, en el año anterior, el 2003, la OZIP y los Cabildos Indígenas del municipio de Mocoa certificaron nuestro Cabildo porque encontraron que cumplíamos las exigencias, no solo de) Ministerio del Interior sino también de nuestra comunidad de origen en el Cauca y decidieron en consecuencia avalar nuestro proceso, el cual estaba en cabeza de CASTULO QUINAYAS PAPAMIJA.
"En este orden de ideas, consideramos que no es posible someter a una comunidad a los vaivenes de los respectivos cabildos o de las respectivas directivas de la Organización, para que en un año avalen a unos y al siguiente avalen a otros. "Tenemos el reconocimiento de la Organización y los Cabildos del municipio de Mocoa y ese debe ser suficiente para seguir trabajando en por del bienestar de nuestra parcialidad.
"Por otro lado, el reconocimiento que el Congreso hiciera en diciembre de 2003 en el Resguardo de Puerta limón, lo hizo a nombre del pueblo Yanacona, no de un sector en particular, mientras que la certificación expedida por la OZIP y los Cabildos el año anterior, se hizo a nombre de esta parcialidad siendo nuestro Gobernador el señor CASTULO QUINAYÁS PAPAMIJA.,
"En consecuencia, si miramos bien la certificación de la OZIP, suscrita por el señor Presidente HERMES MELITON NARVAEZ REMUD, en todos los puntos se refiere al Cabildo Villamaría de Anamú, pero cuando menciona la mesa directiva del Cabildo elegida para el período 2004, se refiere a Villamaría, por consiguiente, se están refiriendo a otro Cabildo y no al nuestro, que como ya quedó demostrado es totalmente diferente, es otra parcialidad.
"Finalmente, queremos solicitar a usted muy comedidamente, se sirva hacer caso omiso de la solicitud de revocatoria elevada ante usted por quienes dicen ser de esta parcialidad, basado en los argumentos expuestos en este escrito y en el que le hicimos llegar el 6 de Julio de 2004.
"Fundamos nuestra solicitud en la Ley 89 de 1890, la Ley 21 de 1991, la Constitución Política- de Colombia y los usos y costumbres -de nuestro pueblo Yanacona, los cuales aparecen entre otros, relacionados por el señor CARLOS CHILITO de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior en el Cauca.
"Las aportadas por la contraparte y las allegadas por nosotros en el oficio del 6 de Julio de 2004. Además de las que considere pertinente el señor Alcalde, a fin de esclarecer este asunto."
Estas comunidades minoritarias no sólo gozan de una especial protección en los términos del artículo 7° de la Constitución, sino que además cuentan con otras normas que como el artículo 8° establece la obligación del Estado de proteger la riqueza cultural de la Nación; el artículo 9° señala la importancia de
la autodeterminación de los pueblos; el artículo 68 se refiere en su inciso quinto al respeto a la identidad en materia educativa; el artículo 70 hace expreso señalamiento al especial respeto e igualdad de las diferentes culturas que existen en el país y de la importancia de la promoción en la investigación de la ciencia y la difusión de todos los valores culturales, y el artículo 72, señala la especial protección que merece el patrimonio arqueológico del país.
'Artículo 6.
"a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
"b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
"c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
"2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas."
De esta manera, mediante Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativa a los pueblos indígenas y tribales en países independientes, se impone a los estados en los que existan poblaciones indígenas, el deber de asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger sus derechos y a garantizar el respeto de su integridad. Esta acción deberá incluir, como lo señala la misma Ley 21 de 1991, la promoción y plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, así como a sus instituciones. |1|
"En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres. El período de duración de dicho Cabildo será de un año, de 1° de Enero a 31 de Diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo de otra formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y a presencia del Alcalde del Distrito.
"Exceptúanse de esta disposición las parcialidades que estén regidas por un solo Cabildo, las que podrán continuar como se hallen establecidas."
En consecuencia, la protección constitucional y la ratificación por parte del Estado colombiano de instrumentos jurídicos de carácter internacional que velan por la integridad de los pueblos indígenas, |2|
pretende antes que nada, asegurar que estos últimos preserven de manera autónoma e independiente, la vigencia de su cultura, su estructura social y económica según su propia visión del mundo, en claro respeto a su derecho a la diferencia. Por ello, estos pueblos, tienen garantizado el respeto de su cultura y su permanencia hacia el futuro.
En sentencia SU-383 de 2003 |3| se dijo lo siguiente:
"Resulta de especial importancia para el asunto en estudio, además, reiterar que el Convenio 169 de la OIT |4|, y concretamente el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa conforma con la Carta Política bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por los artículos 93 y 94 del ordenamiento constitucional, no sólo porque el instrumento que la contiene proviene de la Organización Internacional del Trabajo y estipula los derechos labores de dichos pueblos -artículo 53 C.P.- sino i) en virtud de que la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que se adopten respecto de la explotación de recursos naturales en sus territorios, prevista en el artículo 330 de la Carta, no puede ser entendida como la negación del derecho de éstos pueblos a ser consultados en otros aspectos inherentes a su subsistencia como comunidades reconocibles -artículo 94 C.P.-, ii) dado que el Convenio en cita es el instrumento de mayor reconocimiento contra las discriminaciones que sufren los pueblos indígenas y tribales, iii) debido a que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente sobre las decisiones administrativas y legislativas que los afecten directamente es la medida de acción positiva que la comunidad internacional prohíja y recomienda para combatir los orígenes, las causas, las formas y las manifestaciones contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y las formas de intolerancia conexa que afecta a los pueblos indígenas y tribales -Declaración y Programa de Acción de Durban-y iv) debido a que el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que no se negará a las minorías étnicas el derecho a su identidad.
"Asuntos que no pueden suspenderse ni aún en situaciones excepcionales, i) por estar ligado a la existencia de Colombia como Estado social de derecho, en cuanto representa la protección misma de la nacionalidad colombiana -artículos 1° y 7° C.P.-, ii) en razón de que el derecho a la integridad física y moral integra el "núcleo duro" de los derechos humanos, y iii) dado que la protección contra el etnocidio constituye un mandato imperativo del derecho internacional de los derechos humanos |5|."
En este contexto, debe señalarse que al no haberse hecho la consulta previa por parte del Estado para la expedición del Decreto 1320 de 1998, por el cual se reglamentaba el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales en su territorio, llevó a que el Informe del Comité de Expertos de la Oficina Internacional del Trabajo de la OIT aceptará unas reclamaciones presentadas por la Asociación Médica Sindical Colombiana y la Central Unitaria de Trabajadores, en la que recomendó al Gobierno nacional modificar el decreto 1320 de 1998, adecuándolo al Convenio 169, para lo cual deberá consultar de manera previa con los pueblos indígenas de Colombia. Igualmente instó al Gobierno para que estableciera "consultas en cada caso concreto, conjuntamente con los pueblos interesados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, o antes de emprender o autorizar cualquier programa de exploración o explotación de los recursos existentes en sus tierras". |6|
De esta manera, el proceso de participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones del Estado colombiano cuando quiera que éstas involucren sus intereses se desarrolla dentro de un marco de derecho internacional y constitucional fuertemente garantista, que no se caracteriza por ser un simple ejercicio jurídico de respeto del derecho de defensa de quienes pueden verse afectados con una actuación del Estado, sino porque se busca asegurar por medio de esta consulta previa la efectiva protección de los intereses colectivos y derechos fundamentales |7| de las referidas comunidades. |8|
Jurisprudencialmente, la Corte Constitucional reiteradamente se ha pronunciado en relación con el sentido y el alcance del derecho fundamental de petición. |9|
En sentencia T-377 de 2000 |10| se delinearon algunos de los criterios básicos de este derecho:
"b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
"f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.
"g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
"h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
"i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.» (Negrilla y subraya fuera del texto original).
Posteriormente se agregaron otros dos criterios relativos a que i) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder; |11| y ii) que ante la presentación de una petición la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado. |12|
Señalan que como miembros del Pueblo Indígena Yanacona, originario del Departamento del Cauca, los integrantes del cabildo Yanacona Villamaría de Mocoa, luego de obtener el aval de su Cabildo Mayor localizado en la ciudad de Popayán y de la Organización Zonal Indígena de Putumayo -0ZIPsolicitaron del alcalde accionado el reconocimiento señalado en el artículo tercero de la Ley 89 de 1890. No obstante, dicho funcionario no accedió a tal petición por cuanto previamente ya había efectuado un reconocimiento a otras autoridades de ese Cabildo Indígena Yanacona Villamaría. El accionante, señala que dicho "cabildo y autoridades reconocidas"corresponde a un grupo de familias que se separaron de su parcialidad indígena y que de manera abusiva usurparon su nombre y su derecho como cabildo.
Así, y ante los anteriores acontecimientos, el Alcalde Municipal de Mocoa, al encontrarse enfrentado a un conflicto de esta características en donde están en juego los intereses de la comunidad indígena Yanacona, debió de manera inmediata proceder a convocar a una consulta a las partes involucradas tal y como lo dispone el Convenio 169 de 1989 la OIT aprobado por la Ley 21 de 1991 y como se planteara en varias decisiones tomadas por esta Corporación. |13|
Tercero. Por Secretaria General, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1. Ver Ley 21 de 1991, artículos segundo y cuarto que al tenor dicen lo siguiente: "Articulo 2°.
"1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. "2. Esta acción deberá incluir medidas:
"a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos de gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población,
"b) Que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural y tradiciones, y sus instituciones;
"c) Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que pueden existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida" "Artículo 4°.
"1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
"2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.
"El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales." [Volver]
2. En sentencia SU-383 de 2003, M.P. Alvaro Tafur Galvis, se dijo sobre el particular lo siguiente:
"Se debe destacar, además, que con el fin delimitar la aplicación del Convenio, el párrafo 2° del artículo 1 del instrumento utiliza como criterio fundamental, aunque no único, para determinar si el grupo involucrado puede ser tenido como 'pueblo, el grado de conciencia de identidad indígena o tribal del mismo, porque, tal como lo denota la Guía del instrumento, el término 'pueblos' fue acordado luego de Vargas discusiones y consultas dentro y fiera de las reuniones (.) ya que este reconoce la existencia de sociedades organizadas con identidad propia, en lugar de simples agrupaciones de individuos que comparten algunas características raciales o culturales'" (Guía para la aplicación del Convenio 169, Organización Internacional del Trabajo y Centro Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático). [Volver]
3. Magistrado Ponente Alvaro Tafur Galvis. [Volver]
4. Sobre el bloque de constitucionalidad que conforman los Convenios de la OIT con la Carta Política puede consultarse, entre otras, la sentencia T-1303 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [Volver]
5. Com. DH., observación general número 29, 24 de julio de 2001. [Volver]
6. GB-282/14/3. Ginebra noviembre de 2001, 282 reunión. [Volver]
7. Ver sentencia T-380 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido ver sentencia SU-383 de 2003, M.P. Alvaro Ta-fur Galvis, en el caso de la acción de tutela instaurada por la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC en contra de la Presidencia de la República y otros. [Volver]
8. Sentencia SU-039 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell. [Volver]
9. Pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-12 de 1992, T-419 de 1992, T-172 de 1993, T-306 de 1993, T-335 de 1993, T-571 de 1993, T-279 de 1994, T-414 de 1995, T-529 de 1995, T-604 de 1995, T-614 de 1995, SU-166 de 1999, T-307 de 1999, T-079 de 2001, T-116 de 2001, T-129 de 2001, T-396 de 2001, T-418 de 2001, T-463 de 2001, T-537 de 2001,T-565 de 2001. [Volver]
10. Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero. [Volver]
11. Sentencia T-219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz. [Volver]
12. Sentencia T-249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. [Volver]
13. Ver entre otras las sentencias SU-383 y T-955 de 2003, M.P. Alvaro Tafur Galvis; y como se expone igualmente en la sentencia C-620 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. [Volver]

References: artículo 82
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 68
 artículo 70
 artículo 72
 artículo 330
 artículo 27
 resolución 
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 36
 artículo 1