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Timestamp: 2018-02-21 09:32:29+00:00

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Nuevas fórmulas de financiación en las infraestructuras públicas
Nuevas fórmulas de financiación en las infraestructuras públicas 1 RESUMEN La futura Ley de Concesiones trata de establecer el marco jurídico más apropiado para la financiación, gestión y explotación de dotaciones públicas, asignando un mayor protagonismo a la inversión privada. Así, uno de sus aspectos más interesantes es el que hace referencia a los sistemas de retribución al concesionario. Es momento adecuado para hacer algunas consideraciones generales en torno a la Ley de Concesiones de Obras Públicas que se encuentra a punto de ser aprobada por las Cortes. Unas consideraciones que toman como punto de partida el ambicioso Programa 2000‐2007 sobre infraestructuras en el que se encuentra prevista una inversión privada en torno al 18 % de todo el conjunto. Se dice, como lugar común, que la nueva Ley regula la inversión privada en las obras públicas, lo cual es cierto pero no es definidor del marco de esta norma. La Ley de Concesiones es, ante todo, una Ley que se ocupa de la gestión privada de las obras públicas y esta es la primera consideración que habría de ser tenida en cuenta. Eso implica que su finalidad consiste en regular el modo más tradicional y conocido de gestión privada que es la concesión (su origen moderno data de la vieja Instrucción de Obras Públicas de 1843) pero lo hace de una forma completa y novedosa en muchos aspectos. El sistema concesional del que trata la nueva Ley es mucho más amplio que el existente porque abarca, no solo los supuestos de construcción y explotación de las obras sino, también, aquellos otros en los que únicamente se encomienda la explotación de una obra ya construida con la finalidad de “externalizar” su conservación, reforma y adecuación.2 En estrecha relación con el punto anterior se encuentra el marco de aplicación posible porque la nueva Ley tiene un horizonte que va más allá de los sectores clásicos de las infraestructuras, como son las carreteras, los ferrocarriles, los puertos y los aeropuertos.3 Nada impide que la futura Ley sea aplicable a todo lo que pueda ser 1
Artículo publicado en la REVISTA IDEAS. VISIONES Y ESTRATEGIAS PARA LOS LÍDERES DEL SIGLO XXI Vol.1/03 (1+2Q), Pricewaterhousecoopers. 2 En este sentido, el artículo 221.2 del Proyecto establece que “en el caso de que el contrato tenga como único objeto la explotación de obras ya construidas, el concesionario vendrá asimismo obligado a la conservación, reparación o reposición de las obras accesorias o vinculadas a la obra principal, si el pliego de cláusulas administrativas particulares de la concesión no dispusiera otra cosa.”. 3 Teóricamente, la infraestructuras obedece al concepto de “red” (continua o discontinua) mientras que la obra pública puede tener una utilidad singular (como sería el caso de una estatua o de unos jardines) 1 considerado como “obra pública” que, por cierto, en un concepto muy amplio.4 En este sentido, la Ley de Concesiones (insertada en el marco general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) podrá ser utilizada para la construcción y financiación de toda clase de obras públicas aunque que no tengan la consideración de infraestructuras, en sentido estricto. Me refiero a lo que, genéricamente, se conoce como “dotaciones públicas” en donde podrían ser encuadrados los museos, los parques recreativos, los polideportivos y otras instalaciones similares que cumplen una finalidad social más que económica. Porque la Ley de Concesiones, como se ha dicho, es ante todo una norma reguladora de la gestión privada y admite una financiación pública (parcial o total) de toda clase de obras públicas. La construcción de un polideportivo, por ejemplo, puede ser realizada al modo tradicional (mediante un contrato de ejecución de obra) o bien utilizando el modelo concesional, con lo cual se encomienda a una empresa privada la construcción de la obra y su explotación posterior.5 El hecho de que esta explotación sea más o menos rentable es lo que determina el empleo de una retribución privada, mixta o completamente pública al concesionario. Llegados a este punto, entramos en uno de los aspectos más interesantes y novedosos de la nueva Ley como es el relativo a los sistemas de retribución al concesionario. La retribución exclusivamente privada se encuentra pensada para los proyectos de alta rentabilidad en los que se puede remunerar al concesionario con cargo a tarifas que serán abonadas por los usuarios de la obra. En este sentido, es importante tener en cuenta que la retribución prevista (vía tarifas) ha de ser suficiente para cubrir los siguientes conceptos: amortización de las inversiones realizadas para la construcción de la obra, gastos de explotación y beneficio del concesionario. Por otra parte, ha de tratarse de que la concesión nazca equilibrada en la fase de explotación para lo cual deberá irse adaptando el plan económico‐financiero a los mayores costes que aparezcan en la fase de ejecución de la obra. A este respecto, ha de tenerse en cuenta que el concesionario corre con un riesgo por “decalage” ya que realiza su oferta en un momento determinado (la licitación) pero pueden transcurrir varios años hasta que de comienzo la fase de explotación y, mientras tanto, los costes previstos pueden haber sufrido variaciones importantes. Los concesionarios de autopistas tienen buena experiencia en este tipo de riesgos para los que la legislación específica (Ley de De hecho, el artículo 220.1 del Proyecto se remite al concepto de obra pública del artículo 120 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 5 De hecho, el artículo 220.1 del Proyecto solo exige que se trate de una obra susceptible de explotación y que sea necesaria para la prestación de servicios públicos de naturaleza económica o para el desarrollo de actividades económicas de interés general.. Debido a ello, sería muy cuestionable la posibilidad de aplicar esta Ley a la construcción y explotación de inmuebles destinados a actividades encuadrables en los denominados servicios sociales (como pudiera ser el caso de escuelas o de hospitales). 4
2 Autopistas de 1972) no otorga soluciones efectivas (lo que está sucediendo en las Radiales de Madrid es bien conocido). Tampoco puede decirse, a mi juicio, que la nueva Ley resuelva satisfactoriamente este tipo de riesgo pero deja abiertas algunas puertas para la revisión y adaptación del plan económico financiero durante la fase de obras, llegando a hablar (aunque sin definir su cometido) de un “documento de valoración” que se extenderá al finalizar las obras y en el se hará constar la totalidad de la inversión realizada (artículo 241.2 del Proyecto). Con todo, las novedades más significativas se producen en la regulación de los sistemas de retribución mixtos donde se admiten todo tipo de combinaciones imaginables. Caben retribuciones públicas en la fase de construcción y en la de explotación y se introduce la posibilidad de la retribución en especie como fórmula especialmente adecuada para las Administraciones con escasos recursos económicos. Con relación a la retribución pública en la fase de construcción se admite que pueda consistir en pagos parciales (en forma de certificaciones) o en un pago total al finalizar la obra (que equivaldría a generalizar el denominado sistema “alemán”). Lo único que no se admite es el pago total de las obras, porque entonces no estaríamos en presencia de una concesión sino ante un contrato de ejecución de obras al modo tradicional. Por otra parte, no puede dejar de mencionarse el concepto de “zona complementaria de explotación comercial” que se recoge en el artículo 233 del Proyecto y que aunque no constituye una fórmula pública de retribución (los ingresos provenientes de las mismas son privados) ha de ser definida por la Administración autora del Proyecto. La finalidad de esta figura consiste, también, en completar los ingresos del concesionario vía tarifas con otros procedentes de la explotación de este tipo de zonas, lo cual puede verse tremendamente condicionado, en la práctica, por las previsiones sobre usos incompatibles que marquen los planes de urbanismo. Sin embargo, justo es reconocer que eso no es tarea del legislador que se limita a plantear una posibilidad más de financiación al concesionario cuando ello sea posible. La retribución pública en la fase de explotación se plantea desde una doble perspectiva, ya que es susceptible de ser encuadrada como tal (caso de que se opte por subvenciones a fondo perdido) o como una financiación de la propia Administración. Esta última consideración es la que habría que otorgar a las “aportaciones” en concepto de anticipos o préstamos participativos o de otra naturaleza que se mencionan en el artículo 247 del Anteproyecto. Aquí, la Administración no “paga” sino que ayuda al concesionario mediante instrumentos financieros, eso sí, con cargo a sus propios recursos, pero con la particularidad de que no se tienen en cuenta a efectos del déficit presupuestario. Además, y desde la perspectiva de la nueva Ley, las aportaciones públicas en la fase de explotación pueden estar contempladas desde el inicio o acordarse como medio para corregir el 3 equilibrio financiero de la concesión, lo cual es una muestra de la preocupación del legislador por un tema tan esencial para la seguridad de los inversores privados. Llegados a este punto, corresponde hacer mención de la remuneración completamente pública al concesionario sobre lo cual el Proyecto solo contiene una escueta alusión en el apartado 4 de su artículo 246: “la retribución por la utilización de la obra podrá ser abonada, en todo o en parte, por la Administración teniendo en cuenta su utilización y en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares”. Aquí es donde encuentra su apoyo la fórmula conocida como “peaje en sombra” y que, hasta el momento, sólo se encontraba regulada en las Comunidades de Madrid y Murcia pero que, ahora, se generaliza. Se trata de un sistema que proviene del Reino Unido (con la denominación de “shadow toll”) y que ha sido utilizado satisfactoriamente en las carreteras sin que se conozcan experiencias de utilización en otro tipo de infraestructuras. Lo que hace aquí la Administración no es pagar por la obra (cosa incompatible con la concesión como ya se ha dicho) sino por su utilización por los usuarios a quienes se releva del pago de la tarifa correspondiente. En la propia exposición de motivos del Anteproyecto ya se pone de manifiesto que se trata de un sistema perfectamente compatible con la concesión en la medida en que no elimina el “riesgo” puesto que los ingresos del concesionario seguirán estando en función del flujo real de utilización de la infraestructura. Nada que objetar, tampoco, a la utilización de este sistema en infraestructuras no lineales, como podría ser los puertos, los aeropuertos o, como ya se apuntó anteriormente a obras públicas de tipo dotacional (polideportivos) cuando la Administración entienda aconsejable que el usuario de las mismas no tenga que hacerse cargo de las tarifas. Finalmente, y como cierre a este rápido repaso de la nueva Ley de Concesiones, debe dejarse constancia del acierto que supone la regulación de la denominada “financiación privada”.6 Desde luego que se podrían haber mejorado muchos aspectos sobre los diversos sistemas que son objeto de regulación (especialmente la titulización) pero el hecho de que el legislador se haya ocupado de ellos con la clara finalidad de ofrecer seguridad jurídica a los acreedores del concesionario es ya merecedora de elogios. Por tanto, el juicio que merece la nueva Ley es claramente positivo, en una primera aproximación, porque habrá que comprobar si es capaz de atraer la inversión privada hacia el sector de la gestión y financiación de las obras públicas. Por: José Luis Villar Ezcurra Doctor en Derecho Socio Director de Ariño y Villar Abogados Como supuestos de financiación privada el Proyecto contempla la hipoteca, la emisión de obligaciones y otros títulos, la titulización y los créditos participativos. 6
Nombre: Jeniffer Faytong Pérez Clase: Gerencia Estratégica
ANEXO II.- ORDENANZA Nº 868/2007 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-
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Estimados Padres de Familia: Con el propósito de brindar una
CONCESIONES DURACIÓN DE LAS CONCESIONES ¿Cuánto
SUMINISTRO CV Ctto. de duración Única prestación
Tipología • Mercantil • Derecho civil

References: artículo 221
 artículo 220
 artículo 120
 artículo 220
 artículo 233
 artículo 247
 artículo 246