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Timestamp: 2018-05-24 19:44:34+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/3316/2002, 30-04-2004 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3316/2002 de 30 de Abril de 2004
Núm. Resolución: 00/3316/2002
Existe fraude de ley en el caso concreto, ya que se adquieren por un grupo familiar cuatro sociedades con pérdidas y siete sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas en Bolsa para eludir la tributación de una importante venta de acciones realizada por la sociedad transparente que gestiona los negocios del grupo familiar. No hay inconveniente para tramitar el expediente de fraude de ley, aunque no se ha desarrollado la regulación reglamentaria, al aplicarse de forma supletoria la Ley 30/1992. No se ha producido la caducidad de dicho expediente, al resultar aplicable el plazo general de 6 meses previsto en el artículo 23 de la Ley 1/1998. No impide la aplicación del fraude de ley que se trate de un supuesto de aplicación de la normativa de transparencia fiscal. Finalmente, el acuerdo declarativo del fraude de ley es ejecutivo y permite que se realice la liquidación correspondiente.
En la Villa de Madrid, a 30 de abril de 2004 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por D.ªA mr, con domicilio a efectos de notificaciones en ..., y en su nombre y representación D. B, contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 28 de febrero de 2002, recaída en la reclamación nº ..., interpuesta contra Acuerdo del Delegado Especial de la A.E.A.T. de ..., de fecha 15 de septiembre de 1998, por el que se declaraba la existencia de Fraude de Ley en relación con la reclamante, por el concepto Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 1991, referente a las operaciones y hechos descritos en dicho acuerdo. Cuantía inestimable.
Durante el ejercicio fiscal de 1990 los miembros de la familia m efectuaron las siguientes operaciones:
Se indica que X aglutinaba la mayor parte de la participación de la familia m en Y, S. A. (en adelante Y).
Total acciones de Y vendidas en el año 1,990 1,776,828 acciones .
Provisión Dep. Acc. Y 1,579,195,066 Ptas.
a) Adquisición, a través de sociedades partícipadas directamente por miembros de la familia m, de cuatro sociedades con bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensar. Dichas sociedades son las siguientes:
- N, S. A. (N), que adquiere el 15% de las acciones de X (ANEXO 6).
- Ñ, S. A. (Ñ), que adquiere el 18% de acciones de X (ANEXO 7).
Constata la Inspección de la AEAT que estas sociedades, durante el período de tiempo que han pertenecido al grupo m, han limitado su actividad a la tenencia y administración de las acciones de X, sin realizar ningún tipo de actividad empresarial. Con posterioridad se disolvieron (ANEXO 9).
c) Tanto las sociedades con pérdidas, excepto O que fue adquirida por P - empresa del grupo familiar-, el 19/11/1990, como las SIM, fueron adquiridas a terceros por las sociedades MS y MR, sociedades participadas totalmente por los miembros de la familia m. En concreto MS por la familia ms y MR por la familia mr (ANEXOS 11 y 12).
d) El 24 de diciembre de 1990 los miembros de la familia m venden sus participaciones en X a las cuatro sociedades con pérdidas y a las siete SIM. El precio de venta - 900.000.000 pts (5.409.108,94 €) - fue ligeramente superior tanto al valor neto contable - 763.358.197 pts (4.587.875,16 €) - como al resultado de capitalizar beneficios -888.371.129 pts (5.339.218,02 €)- pero manifiestamente inferior al valor de mercado. Ello fue así porque se acogieron al artículo 20.8 de la Ley del IRPF, Ley 44/1978 que establecía que, en el caso de enajenación de acciones que no cotizaran en bolsa, supuesto que nos ocupa, el valor de enajenación sería "el importe real efectivamente satisfecho, siempre que supere el mayor valor de los dos siguientes: el teórico del último balance aprobado o el que resulte de capitalizar al tipo del 8% el promedio de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del impuesto." Es obvio que al escoger como valor de enajenación los 900.000.000 pts (5.409.108,94 €) no se tienen en consideración las plusvalías obtenidas por la venta efectuada en 1990 (ANEXO 15).
* A su vez MS y MR prestaron, el mismo 24 de diciembre, 616.000.000 pts (3.702.234,56 €) a L, Ñ, N y O para que pudiesen acudir a la compra de las acciones de X (ANEXO 16 bis).
CUARTO: El Delegado Especial de la AEAT de ..., con fecha 15 de septiembre de 1998, dictó acuerdo por el que declaraba la existencia de fraude de ley, en relación con los hechos controvertidos, en los términos previstos en el expediente instruido al efecto; se declara en el mismo, además, que la presente declaración de fraude de ley es ejecutiva desde el momento de su notificación a los interesados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56, 57, 77, 94 y 111.1 de la Ley 30/1992, sin perjuicio de los recursos que quepan contra la misma.
QUINTO: Notificado el acuerdo el 17 de septiembre de 1998, el 2 de octubre siguiente, la interesada interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... En el pertinente trámite formuló alegaciones, consistentes, en síntesis, en: Inexistencia de desarrollo específico del procedimiento del fraude de ley e inadecuación del procedimiento común regulado en la ley 30/1992 para declarar un fraude de ley tributario; Caducidad del procedimiento; Improcedencia del fraude de ley por no concurrir los caracteres de esta construcción jurídica, y no configuración como hecho imponible en la ley 44/1978 de la imputación de bases imponibles de sociedades transparentes. Hace constar finalmente que el 28 de octubre de 1998 solicitó la apertura de pieza separada al objeto de resolver sobre el carácter inejecutivo de la declaración de fraude de ley y subsidiariamente, de no ser posible tal tramitación separada, que se acordase la suspensión cautelar de la emisión de la liquidación subsiguiente en tanto no se resolviera la cuestión. Añade que con fecha 11 de diciembre de 1998 se le notificó acuerdo del Tribunal Regional, en Sala de suspensión, en el que se acordaba en única instancia desestimar la solicitud de tramitación separada, por ausencia de procedimiento y la solicitud de suspensión por no acreditarse los requisitos exigidos, no admitiéndose a trámite dicha solicitud. Por ello, reitera las alegaciones hechas al respecto en aquel escrito y solicita se declare inejecutiva la declaración de fraude de ley.
SEXTO: Con fecha de 28 de febrero de 2002, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... desestimó la reclamación interpuesta, confirmando el acuerdo impugnado.
SEPTIMO: Notificada dicha resolución el 12 de abril de 2002, el siguiente 29 de abril de 2002 la interesada interpuso el presente recurso de alzada contra la misma, en cuyo escrito formula en síntesis, las siguientes alegaciones: Reiteración de las alegaciones formuladas en primera instancia en cuanto a los aspectos procedimentales relativos a que la Administración no puede abrir un expediente de fraude de ley ante la inexistencia de procedimiento al haber sido expresamente derogado a través del RD 803/1993, sin que se haya dictado ninguna normativa en su sustitución; Caducidad del procedimiento por incumplimiento del plazo de tres meses previsto en la Ley 30/1992 y que aquí ha trascurrido en exceso; improcedencia del fraude de ley e inejecutividad de la declaración.
Añade, además, la improcedencia de intereses suspensivos durante la sustanciación de la reclamación en primera instancia, habida cuenta que en la notificación de la resolución que declara el fraude de ley no se le advirtió de la posibilidad de recurso directo ante el TEAC, por lo que ese incumplimiento administrativo supone que el retraso del deudor en el cumplimiento de la obligación deriva del previo incumplimiento del acreedor. Concluye solicitando la anulación del acto declarativo del fraude de ley y, subsidiariamente, que se declare inejecutiva dicha declaración, declarar improcedente la exigibilidad de intereses suspensivos durante la sustanciación de la primera instancia económico-administrativa y que se ordene al TEAR de ... revisar de oficio su resolución de 30 de noviembre de 1998, por la que se resuelve la solicitud de suspensión de la ejecución de la declaración de fraude de ley tributaria, al partir del hecho erróneo de que se trata de acto administrativo sin cuantía y aplicar el artículo 77 del RD. 391/1996.
PRIMERO: Concurre en la presente reclamación los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto básico de su admisión a trámite, siendo las cuestiones planteadas: 1º) Posibilidad de la tramitación del expediente de fraude de ley ante la inexistencia de norma reglamentaria desarrolladora de la ley; 2º) Si se ha producido o no la caducidad del procedimiento declarativo de fraude de ley; 3º) Si procede o no la calificación de fraude de ley; 4º) Ejecutividad del acuerdo declarativo de fraude de ley y 5º) Procedencia de intereses suspensivos durante la sustanciación de la reclamación en primera instancia.
SEGUNDO: Aun habiéndose enumerado como la última de las cuestiones planteadas en el elenco descrito en el anterior fundamento, resulta conveniente tratarla en primer lugar, por cuanto facilita la comprensión del desarrollo de los hechos, de especial complejidad en el presente caso. Por ende, se hace necesario un breve repaso de los mismos a fin de centrar adecuadamente las cuestiones debatidas.
En el curso de la comprobación inspectora iniciada cerca de la reclamante, se planteó la procedencia de la tramitación del expediente de fraude de ley; en este sentido se desarrolló el pertinente procedimiento, que concluyó con el acuerdo declarativo de fraude de ley. Una vez acaecido, culminaron las actuaciones inspectoras en la correspondiente acta con propuesta de regularización, que fue confirmada por el subsiguiente acuerdo de liquidación. Se trata por consiguiente de dos actos administrativos distintos y como tales susceptibles de impugnación autónomamente en esta vía -en este sentido se ha pronunciado ya este Tribunal Central en dos resoluciones de 20 de julio de 2001-, como así lo fueron por la interesada en el presente caso. Esta distinción es relevante para comprender adecuadamente el "iter" y las consecuencias que a continuación se analizan.
El acuerdo declarativo de fraude de ley emanado del Delegado Especial de la A.E.A.T. de ... el 15 de septiembre de 1998 contenía en su notificación un pie de recurso en el que efectivamente, tal como se alega, se indicaba que contra el acuerdo cabía interponer reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Regional previo, en su caso, el potestativo recurso de reposición, sin mención alguna a la posibilidad de recurso directo ante el Tribunal Central, que ciertamente era posible una vez entrada en vigor la Ley 1/1998 el 19 de marzo de 1998. En este sentido, la notificación resultaba ciertamente incompleta y, como tal, defectuosa. Ahora bien, ha de advertirse que, como bien indica el Tribunal Regional, la reclamación planteada contra el mencionado acuerdo constituye una de las denominadas de cuantía inestimable, por cuanto el acto administrativo en cuestión no determina "per se" una obligación de contenido pecuniario; es decir, de existir únicamente tal acto, la interesada no hubiera estado obligada a efectuar ingreso alguno en el Tesoro Público. Es necesario un acto posterior y, como se ha indicado, independiente, de liquidación, que ya este sí concreta un importe adeudado por el interesado; lógicamente, sólo esta última obligación es susceptible de devengar intereses por el tiempo vinculado a su falta de ingreso. Este acto fue el acuerdo de liquidación del Inspector Jefe de la Dependencia de Inspección, de 22 de abril de 1999, notificado el 3 de mayo siguiente, en el que se concretaba el importe de la deuda tributaria a ingresar, integrada por la cuota y los intereses de demora. Pues bien, en el pie de recurso de la notificación de dicho acuerdo sí se advertía a la interesada de la posibilidad de interponer directamente reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, de conformidad con la redacción dada al artículo 5 b) del Real Decreto Legislativo 2795/1980 por la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. Quiere esto decir que la reclamante tenía cumplida información de los cauces de recurso que contra este acto -este sí de cuantía concreta y determinada- se la abrían. Contra el mismo la interesada planteó reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... el 13 de mayo de 1999. Desestimada la misma, interpuso recurso de alzada -RG Nº 4137-02- que es objeto de resolución por este Tribunal en Sala de esta misma fecha. Carece por consiguiente de sentido la pretensión que la interesada vierte en el recurso de alzada que aquí se debate, planteado contra la Resolución del Tribunal Regional de ... que resolvía la reclamación interpuesta contra el acuerdo declarativo de fraude de ley, que, aun cuando adoleciera de defecto en su notificación, no puede, en atención a lo expuesto, acarrear las consecuencias que la reclamante demanda.
TERCERO.- Por lo que se refiere a la primera cuestión planteada, relativa a la posibilidad de la tramitación del expediente de fraude de ley ante la inexistencia de norma reglamentaria desarrolladora de la l
Incumplimiento del acreedor
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 96/2007, 18-10-2010
Orden: Administrativo Fecha: 18/10/2010 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martinez De Velasco, Joaquin Huelin Num. Sentencia: / Num. Recurso: 96/2007

References: Resolución 
 artículo 23
 resolución 
 Resolución 
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 77
 artículo 5
 Real Decreto 
 resolución 
 Resolución