Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2016-0063_ES.html
Timestamp: 2019-11-15 16:42:52+00:00

Document:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre las prioridades de la UE para los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016
Ciclo relativo al documento : B8-0063/2016
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sobre las prioridades de la UE para los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016 (2015/3035(RSP))
Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Molly Scott Cato en nombre del Grupo Verts/ALE
Resolución del Parlamento Europeo sobre las prioridades de la UE para las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016 (2015/3035(RSP))
– Vista la Resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se establece el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la violación de los derechos humanos, incluidas sus resoluciones de urgencia,
– Visto el Informe anual de 2015 del Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea General de las Naciones Unidas,
A. Considerando que en 2015 y 2016 se celebran aniversarios relevantes en lo que se refiere al disfrute de los derechos humanos, la paz y la seguridad: el 70º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, el 50º aniversario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el 40º y 20º aniversarios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo (1986) y de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín (1995), respectivamente, y el 15º aniversario de la histórica Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad (2000) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000); considerando que estos aniversarios coinciden con la crisis humanitaria más grave desde la segunda guerra mundial, ocasionada por un número cada vez mayor de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia del cambio climático, la persecución, los conflictos armados y la violencia generalizada;
B. Considerando que la defensa de los derechos humanos con independencia de la raza, el origen, la clase social, la casta, el sexo, la orientación sexual o el color de la piel es una obligación de todos los Estados; reiterando su compromiso con la indivisibilidad de los derechos humanos, sean civiles, económicos, sociales o culturales, que están interrelacionados y son interdependientes, y considerando que la privación de cualquiera de esos derechos afecta de manera directa y negativa a los demás;
C. Considerando que todos los Estados están obligados a respetar los derechos fundamentales de sus poblaciones respectivas y tienen el deber de tomar medidas concretas a nivel nacional para facilitar el respeto de estos derechos, y de cooperar a nivel internacional para eliminar los obstáculos al respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos;
D. Considerando que el respeto, el fomento, la protección y la universalidad de los derechos humanos forman parte del acervo ético y jurídico de la Unión Europea y constituyen una de las piedras angulares de la unidad e integridad europeas; que la situación de los derechos humanos en sus Estados miembros afecta directamente a la credibilidad de la política de derechos humanos de la UE en el exterior;
E. Considerando que la acción de la Unión en sus relaciones con terceros países se guía por el artículo 21 del Tratado de Lisboa, que reitera la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y consagra la obligación de la UE de respetar la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional en su acción en la escena internacional;
F. Considerando que el respeto de los derechos humanos ha de integrarse en todas las políticas relacionadas con la paz y la seguridad, la cooperación al desarrollo, la migración, el comercio y la inversión, la acción humanitaria, el cambio climático y la lucha contra el terrorismo, ya que no pueden abordarse sin prestar atención a los derechos humanos;
G. Considerando que las sesiones ordinarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), la designación de relatores especiales, el mecanismo de examen periódico universal (EPU) y los procedimientos especiales que abordan situaciones nacionales o cuestiones temáticas específicas contribuyen a la promoción y el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho;
H. Considerando que es sabido que algunos de los miembros del Consejo de Derechos Humanos se cuentan entre los países que cometen las peores violaciones de los derechos humanos y tienen un pobre historial de cooperación con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y de cumplimiento de sus obligaciones de información frente a los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas;
1. Reitera su posición de que los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deben elegirse entre los Estados que muestren el más elevado nivel de exigencia en la promoción y el protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, e insta a los Estados miembros de la UE a fomentar criterios basados en la actuación en materia de derechos humanos para la elección de los miembros de dicho Consejo; muestra su preocupación por los abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos en varios Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como Rusia, China y Arabia Saudí; pide a los Estados miembros de la UE que cuando se elijan a los miembros del Consejo de Derechos Humanos no voten a favor de Estados que cometen violaciones de derechos humanos en semejante escala y que hagan público sus votos;
2. Muestra su total apoyo a la independencia e integridad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en lo sucesivo, «la Oficina») y recalca que es importante defender su independencia para garantizar que pueda seguir ejerciendo su labor con eficacia e imparcialidad; reitera que la Oficina ha de recibir una financiación adecuada y un apoyo total;
3. Reitera su apoyo a los procedimientos especiales y al estatuto independiente de los titulares de los mandatos correspondientes, para que puedan llevar a cabo su misión con total imparcialidad; lamenta profundamente la falta de cooperación mostrada por algunos Estados miembros, como Venezuela, Arabia Saudí y Etiopía y algunos Estados observadores como Vietnam, Zimbabue, Uzbekistán o Turkmenistán, objeto de procedimientos especiales temáticos, así como la falta de cooperación en los procedimientos especiales referidos a países, como es el caso de Israel; pide a todos los Estados que cooperen plenamente con estos procedimientos;
4. Reafirma la importancia de la universalidad del examen periódico universal, con el fin de conocer plenamente de la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, y reitera su apoyo al segundo ciclo de examen; pide de nuevo que en la continuación del proceso del examen periódico universal se vuelvan a examinar las recomendaciones que no fueron aceptadas por los Estados durante el primer ciclo;
5. Subraya la necesidad de garantizar la plena participación de una amplia representación de las partes interesadas, en especial la sociedad civil, en el proceso del examen periódico universal, y manifiesta su profunda preocupación por las estrictas limitaciones y las crecientes restricciones que vienen dificultando la participación de la sociedad civil en dicho proceso;
6. Solicita al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que hagan un seguimiento de las recomendaciones del examen periódico universal en todos los diálogos políticos de la UE con los países en cuestión al objeto de explorar la manera y los medios de aplicar las recomendaciones a través de estrategias nacionales y regionales;
7. Pide, con ocasión del décimo aniversario del Consejo de Derechos Humanos, una evaluación de su impacto, de la medida en que está cumpliendo su misión y de la necesidad de prestar mayor atención a la aplicación de sus resoluciones y demás decisiones; muestra su preocupación por la práctica consistente en que los Estados responsables de violaciones de derechos humanos redacten las resoluciones que les conciernen, y señala que esto no sucede porque tengan la intención de corregir realmente la situación, sino porque pretenden sustraer sus propios actos y omisiones de la vigilancia internacional; destaca la necesidad de abordar la situación de todos los países en función de su gravedad y no de modo selectivo; pone de relieve la importancia de integrar la participación de la sociedad civil en todos los aspectos de la labor del Consejo, promoviendo una actuación concertada que evite las represalias y dé respuesta a estas cuando se produzcan;
8. Acoge con satisfacción la Iniciativa para el Cambio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pretende mejorar y reforzar la presencia mundial de las oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas mediante la creación de ocho centros regionales para proteger y fomentar el respeto de los derechos humanos mediante un trabajo directo con sus socios a fin de transformar las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos en cambios reales sobre el terreno;
Los Estados miembros de la UE en el Consejo de Derechos Humanos
9. Lamenta la división y la falta de unidad mostrada el año pasado por los Estados miembros de la UE respecto de la situación de varios países como Azerbaiyán, Baréin, Egipto y Yemen, cuando varios Estados miembros de la UE se negaron a firmar la declaración conjunta de la UE o, incluso, actuaron para obstaculizar las iniciativas de otros Estados miembros de la UE;
10. Lamenta la pasividad de algunos Estados miembros de la UE en el Consejo de Derechos Humanos; lamenta que una resolución relativa a Bielorrusia sea la única nueva resolución referida a un país que ha encabezado la UE desde la creación del Consejo; pide a todos los Estados miembros de la UE presentes en el Consejo de Derechos Humanos que muestren un mayor liderazgo en situaciones que aún no han sido tratadas por el Consejo;
11. Lamenta el historial de voto de los Estados miembros de la UE en una serie de cuestiones de importancia crucial para el Sur Global y en las que los Estados miembros de la UE se abstuvieron o, en el mayoría de las ocasiones, votaron en contra de resoluciones que fueron finalmente aprobadas, como las referidas a la repatriación de fondos de origen ilícito, las empresas privadas militares y de seguridad, los drones armados, la deuda externa, el derecho a la educación, los derechos humanos y la solidaridad internacional, las medidas coercitivas unilaterales, los mercenarios, el derecho a la paz, los derechos humanos de los campesinos, el racismo, los afrodescendientes, el derecho al desarrollo y la promoción de un orden mundial democrático y equitativo; lamenta asimismo la persistente división de los Estados miembros de la UE en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en varias resoluciones temáticas capitales, como las referidas a los drones armados, el derecho a la paz, la lucha contra el racismo o el derecho al desarrollo;
12. Considera que el historial de voto de los Estados miembros de la UE en el Consejo de Derechos Humanos contrasta marcadamente con el compromiso expreso de la UE con la indivisibilidad de los derechos y, en especial, con los derechos económicos, sociales y culturales y refleja el fracaso colectivo de la UE a la hora de contribuir satisfactoriamente al desarrollo de normas mundiales en estos ámbitos; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que informe al Parlamento sobre esta situación y alienta a que se realice un examen detallado de la actitud de la UE y de los Estados miembros frente a los derechos económicos, sociales y culturales y los llamados «derechos de nueva generación» en el Consejo de Derechos Humanos; pide a los Estados miembros de la UE una actuación en el Consejo menos selectiva y más basada en los principios; pide a la UE y a sus Estados miembros que incorporen los derechos humanos en todas sus actividades y posiciones en el marco más amplio del sistema de las Naciones Unidas;
13. Reitera que la libre elección de los dirigentes políticos, mediante elecciones genuinas celebradas periódicamente y basadas en el sufragio universal e igualitario, constituye un derecho fundamental del que deben disfrutar todos los ciudadanos de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
14. Reafirma que la existencia de la libertad de expresión y un entorno vibrante y propicio para una sociedad civil independiente y pluralista son requisitos previos para fomentar el respecto a los derechos humanos;
15. Estima que las tecnologías digitales actuales ofrecen ventajas y plantean desafíos para la protección del derecho a la intimidad y el ejercicio de la libertad de expresión en línea en todo el mundo; acoge favorablemente, en este contexto, el nombramiento de un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad en la era digital, cuyo mandato incluye la vigilancia y las cuestiones de privacidad que afectan a las personas, tanto en línea como fuera de línea;
16. Reitera su ya antigua oposición al recurso a la pena de muerte, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes como castigo en todos los casos y en todas las circunstancias; subraya una vez más que la abolición de la pena de muerte contribuye a la mejora de la dignidad humana;
17. Elogia los progresos sustanciales logrados hasta la fecha respecto a la pena capital, que muchos países han suspendido, mientras que otros han adoptado medidas legislativas encaminadas a su abolición; lamenta, no obstante, la reintroducción de las ejecuciones en algunos países durante los últimos años; pide a los Estados que han abolido la pena de muerte o que han introducido hace tiempo una moratoria de la pena de muerte que no la vuelvan a instaurar, y a aquellos que todavía la conservan, a adoptar una moratoria como primer paso hacia la abolición;
18. Pide a todos los Estados miembros que apliquen todas las medidas necesarias para garantizar que no contribuyen directa o indirectamente a la imposición o la ejecución de la pena de muerte en los Estados retencionistas, cualquiera que sea el medio, incluida la prestación de apoyo o asistencia en labores policiales a ministerios públicos cuando ello pueda contribuir a una pena de muerte;
19. Lamenta que, tras más de veinte años desde la adopción de la Declaración de Viena sobre la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la interrelación de todos los derechos humanos, la UE y sus Estados miembros no traten en pie de igualdad y con el mismo énfasis al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), como demuestra el historial de voto de la UE en el Consejo de Derechos Humanos; reconoce los esfuerzos del CDH por situar a todos los derechos humanos en pie de igualdad y concederles la misma relevancia mediante el establecimiento de titulares de mandatos de procedimientos especiales relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales; insiste que debe efectuarse un esfuerzo especial, también por parte de los Estados miembros de la UE, para lograr una amplia ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC, por el que se establece un mecanismo de denuncia e investigación;
20. Manifiesta su profunda preocupación por el incremento de la pobreza extrema, que pone en peligro el pleno disfrute de todos los derechos humanos; se felicita, a este respecto, por el informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (A/HRC/29/31) y respalda sus propuestas en favor de la eliminación de la pobreza extrema, entre las que se encuentran: otorgar a los derechos económicos, sociales y culturales la misma relevancia y prioridad que a los derechos civiles y políticos; reconocer el derecho a la protección social; aplicar políticas fiscales específicas destinadas a la reducción de las desigualdades; revitalizar y dotar de contenido al derecho a la igualdad; y situar las cuestiones sobre redistribución de los recursos en el centro del debate sobre los derechos humanos;
21. Considera que la corrupción, la evasión fiscal, la mala gestión de los bienes públicos y la falta de rendición de cuentas contribuyen a la violación de los derechos humanos de los ciudadanos, pues desvían fondos de los presupuestos estatales que deberían dedicarse al fomento de los derechos humanos en servicios públicos muy necesarios, como la educación, los servicios básicos de atención sanitaria y otras infraestructuras sociales; considera que las medidas para velar por el respeto de los derechos humanos, en particular los derechos a la información, a la libertad de expresión y reunión, a un poder judicial independiente y a la participación democrática en los asuntos públicos, son fundamentales en la lucha contra la corrupción;
22. Hace hincapié en que las minorías presentes en terceros países tienen necesidades específicas y que debe promoverse su plena igualdad en todos los ámbitos de la vida económica, social, política y cultural;
23. Pide al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen activamente la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas en todos los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos; pide al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta que los pueblos indígenas son especialmente vulnerables al cambio climático, y que apoyen su participación en la aplicación del Acuerdo de París; insta a los Estados miembros de la UE a solicitar a todos los titulares de mandato de los procedimientos especiales que presten una atención particular a las cuestiones que afectan a las mujeres y niñas, jóvenes y personas con discapacidad de los pueblos indígenas y a que informen sistemáticamente de ello al CDH; insta al SEAE y a los Estados miembros a que respalden activamente el desarrollo del plan de acción global sobre los pueblos indígenas, con arreglo a lo solicitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución de septiembre de 2014, en particular en lo que se refiere a la organización de consultas regulares de los pueblos indígenas como parte de dicho proceso;
24. Condena el acoso permanente y la privación de libertad sufridos por defensores de los derechos humanos y opositores por parte de las fuerzas gubernamentales en varios terceros países; manifiesta su preocupación por las normas injustas y restrictivas, como las que imponen restricciones a la financiación procedente del extranjero, que están ocasionando una pérdida de espacios para las actividades de la sociedad civil; pide a todos los Gobiernos que promuevan y respalden la libertad de los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y las actividades de los defensores de los derechos humanos, y que les permitan actuar sin miedo y sin ser objeto de represión o intimidaciones;
25. Pide a todos los Gobiernos que permitan a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos que cooperen con el Consejo de Derechos Humanos en el mecanismo de examen periódico universal y que velen por que se exijan responsabilidades a los países que tomen represalias contra los activistas de derechos humanos;
26. Considera que el acoso continuo y la privación de libertad de que son víctimas defensores de los derechos humanos y opositores por parte de algunos miembros del CDH merman la credibilidad del Consejo; insta a la UE y a sus Estados miembros a promover en las Naciones Unidas una iniciativa que defina una respuesta coherente y global a los principales retos a que se enfrentan en todo el mundo los defensores de los derechos humanos que se ocupan de los derechos de las mujeres, de la defensa de los derechos medioambientales, sobre la tierra y de los pueblos indígenas o de la corrupción y la impunidad, los periodistas y otros defensores de los derechos humanos que emplean los medios de comunicación, incluidos los medios en línea y las redes sociales, y a que denuncien sistemáticamente su asesinato;
27. Apoya firmemente la aplicación eficaz y exhaustiva de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos dentro y fuera de la UE, e insta a la UE y a sus Estados miembros a que elaboren y apliquen planes de acción nacionales; destaca la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para colmar las lagunas en la aplicación efectiva de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, también en lo referente al acceso a la justicia y los recursos;
28. Pide a las Naciones Unidas y a la UE que aborden la cuestión de los defensores de los derechos sobre la tierra que son víctimas de represalias, como amenazas, acoso, detenciones arbitrarias, agresiones y asesinatos, por criticar la adquisición de tierras a gran escala a costa de los derechos sobre la tierra y a la alimentación de las poblaciones rurales en terceros países, en particular en relación con las inversiones y actividades de empresas multinacionales y europeas; pide a los mecanismos de las Naciones Unidas y a la UE que, con carácter permanente y prioritario, se ocupen de la cuestión del acaparamiento de tierras y de los defensores de los derechos sobre la tierra;
29. Acoge con satisfacción la iniciativa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destinada a mejorar el proyecto de rendición de cuentas y recursos con vistas a contribuir a un sistema justo y más eficaz de recursos judiciales nacionales, en particular en los casos de violaciones graves de los derechos humanos en el sector empresarial; pide a todos los Gobiernos que, en el caso de violaciones de derechos humanos relacionadas con las empresas, cumplan sus obligaciones de velar por el respeto de los derechos humanos y la tutela judicial de las víctimas que se enfrentan a retos prácticos y jurídicos para acceder a vías de recurso a nivel nacional e internacional;
30. Lamenta el voto en contra y el comportamiento obstruccionista de algunos Estados miembros de la UE ante la creación del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos; saluda el trabajo realizado hasta el momento por este grupo de trabajo y pide a la UE y a sus Estados miembros que participen en las negociaciones con espíritu constructivo;
31. Pide al Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos que presten la máxima atención a las implicaciones del elevado número de refugiados y migrantes en todo el mundo para los derechos humanos y que formule recomendaciones a este respecto; destaca con consternación que las fronteras exteriores europeas se han convertido en las que registran el mayor número de muertes de todo el mundo; pide que los derechos humanos se incorporen a todas las políticas y actividades de control de fronteras realizadas por FRONTEX, lo que ha de incluir un mecanismo de queja;
32. Pide a la UE y a sus Estados miembros que apoyen la labor del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes y apliquen sus recomendaciones, incluida la exigencia de impulsar la búsqueda de nuevas vías legales de migración para quienes se encuentran en situaciones de emergencia humanitaria, de aplicar las reformas con rapidez y de ofrecer más oportunidades de reasentamiento con el seguimiento correspondiente;
33. Expresa su preocupación ante la discriminación continua y generalizada de los migrantes, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, y ante las violaciones de sus derechos; pide a todos los países que adopten un enfoque respecto a la migración que sitúe los derechos de los migrantes, de los solicitantes de asilo y de los refugiados en el centro de las políticas y la gestión migratorias, prestando una atención especial a la situación de los grupos marginados y desfavorecidos de migrantes, como las mujeres y los niños; pide a todos los Estados que combatan la violencia de género contra mujeres y niñas, y resalta la importancia de elaborar una política migratoria con una perspectiva de género para responder a sus necesidades particulares;
34. Recuerda que todos los Estados tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad u origen y de su condición de inmigrantes; recuerda que el retorno de los migrantes solo debe llevarse a cabo si se respetan plenamente sus derechos, si el retorno se basa en una decisión libre e informada y si la protección de los derechos de los migrantes está garantizada en el país al que retornan; pide a los Gobiernos que pongan fin a la detención e internamiento arbitrarios de migrantes, y que respeten estrictamente la prohibición de no devolución; reitera su petición a la UE para que garantice que todos los acuerdos de cooperación en materia de migración y readmisión con Estados no pertenecientes a la UE respeten el Derecho internacional;
35. Acoge con satisfacción el Acuerdo de París en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que cubre la adaptación, la mitigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías y la creación de capacidades; insiste en que la cuestión del cambio climático ha de integrarse en todos los ámbitos de la política económica; insta a todos los Estados parte firmantes del Acuerdo a que adopten medidas urgentes y ambiciosas de mitigación y adaptación mediante la integración del cambio climático en todos las políticas; insiste en que todas las políticas y acciones relativas a la CMNUCC deben basarse en los derechos humanos;
36. Recuerda que los efectos negativos del cambio climático representan una amenaza global inmediata y potencialmente irreversible para el pleno disfrute de los derechos humanos, y que sus repercusiones en los grupos vulnerables, cuya situación en lo que respecta a los derechos humanos ya es precaria, resultan considerables; observa con preocupación que se espera que los incidentes relacionados con el clima, como la elevación del nivel de los mares y los cambios climáticos extremos que provocan sequías e inundaciones, ocasionen unas pérdidas aún mayores de vidas humanas, más desplazamientos de población y escasez de alimentos y agua;
37. Pide a la comunidad internacional que solvente las insuficiencias jurídicas relativas al término «refugiado climático», en particular mediante su definición en el Derecho internacional o en todo acuerdo internacional jurídicamente vinculante;
38. Destaca la importancia de que no se recorte el acervo de la Plataforma de Acción de Pekín sobre el acceso a la educación y la sanidad como derecho humano básico, así como la protección de los derechos sexuales y reproductivos; subraya que el respeto universal de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a los servicios pertinentes contribuyen a reducir la mortalidad infantil y materna; señala que la planificación familiar, la salud materna y el acceso fácil a los anticonceptivos y al aborto en condiciones de seguridad son elementos importantes para salvar la vida de las mujeres y ayudarlas a rehacer su vida en caso de que hayan sido víctimas de violaciones; destaca la necesidad de situar estas políticas en el centro de la cooperación al desarrollo y de la acción humanitaria con terceros países;
39. Acoge con satisfacción la reciente Resolución 2242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, que sitúa a la mujer como elemento central en todos los esfuerzos para abordar desafíos globales, entre ellos, el aumento del extremismo violento, el cambio climático, la migración, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad; elogia las conclusiones del Estudio mundial de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, que destacaba la importancia del liderazgo y la participación de las mujeres en la resolución de conflictos y la consolidación de la paz, y afirmaba que su implicación ha mejorado la asistencia humanitaria, ha reforzado el trabajo de las fuerzas de mantenimiento de la paz, ha impulsado la conclusión de conversaciones de paz y ha ayudado a contrarrestar el extremismo violento;
40. Expresa su consternación por que, desde la aparición de grupos extremistas violentos como Dáesh en Siria e Irak, y Boko Haram en África occidental, la violencia contra las mujeres ha pasado a formar parte integrante de los objetivos, la ideología y las fuentes de ingresos de estos grupos extremistas, y que plantea un nuevo desafío crítico a la comunidad internacional; pide a todos los Gobiernos y a las instituciones de las Naciones Unidas que incrementen su compromiso para luchar contra estos crímenes abominables y restaurar la dignidad de las mujeres, de modo que reciban justicia, una reparación y medidas de apoyo adecuadas;
41. Considera que garantizar la autonomía de las mujeres, abordando las desigualdades subyacentes entre hombres y mujeres que convierten a las mujeres y a las niñas en seres vulnerables durante los conflictos, constituye una de las maneras de contrarrestar el extremismo; pide a las Naciones Unidas y a todos los Estados miembros que adopten medidas concretas para garantizar la autonomía de las mujeres y su participación significativa en la prevención y resolución de conflictos y en las negociaciones y los procesos de consolidación de la paz, mediante el aumento de su representación en todos los niveles decisorios, incluidas las instituciones y los mecanismos nacionales, regionales e internacionales;
42. Recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño, que se adoptó en 1989 y es el tratado internacional de derechos humanos más ampliamente ratificado, establece una serie de derechos de los niños, entre ellos, el derecho a la vida, a la salud, a la educación y al juego, así como el derecho a una vida familiar, a la protección contra la violencia y la discriminación y a que sus opiniones sean oídas; pide a todas las partes firmantes de este tratado que cumplan sus obligaciones; pide a los Estados Unidos, que es el único país del mundo que no ha ratificado esta Convención, que se adhiera a ella con carácter prioritario;
45. Muestra su preocupación por la persistencia en varios países de leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia motivados por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, incluida la aplicación de la pena de muerte en algunos países; anima a que se efectúe un seguimiento atento de la situación de las personas LGBTI en aquellos países donde leyes recientemente aprobadas contra las personas LGBTI suponen una amenaza para la vida de las minorías sexuales; expresa su profunda preocupación ante las denominadas leyes «contra la propaganda» que limitan la libertad de expresión y de reunión, incluso en países del continente europeo;
46. Apoya la labor en curso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de luchar contra estas leyes discriminatorias, en particular mediante declaraciones, informes y la campaña «Libres e iguales», así como el trabajo de otros organismos de las Naciones Unidas; manifiesta su preocupación ante las restricciones de las libertades fundamentales de los defensores de los derechos humanos de las personas LGBTI, y pide a la UE que intensifique el apoyo que les presta; señala que es más probable que los derechos fundamentales de las personas LGBTI sean respetados si estas tienen acceso a instituciones jurídicas, posiblemente la unión registrada o el matrimonio; pide al Consejo de Derechos Humanos que cree un procedimiento especial u otro mecanismo para garantizar el seguimiento sistemático de estas cuestiones;
Lucha antiterrorista y derechos humanos
47. Recuerda que el respeto de los derechos y las libertades fundamentales resulta crucial para el éxito de las políticas antiterroristas, incluida la utilización de tecnologías de vigilancia digital, e insta a que los derechos humanos y el Estado de Derecho sean respetados en todas las actividades antiterroristas, lo que constituye un principio fundamental de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo;
48. Denuncia la práctica cada vez más frecuente de Estados autoritarios consistente en albergar grandes acontecimientos deportivos o culturales con el fin de reforzar su legitimidad internacional mientras siguen reprimiendo la disidencia interna; pide a la UE y a sus Estados miembros que planteen activamente esta cuestión, también en el CDH, y que colaboren con las federaciones deportivas nacionales, los agentes empresariales y las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a las modalidades de su participación en dichos acontecimientos, como la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en Rusia en 2018 y en Qatar en 2022 y los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Pekín en 2022; pide la elaboración de un marco estratégico de la UE y las Naciones Unidas en materia de deportes y derechos humanos;
Lucha contra la impunidad/CPI
49. Reitera su firme compromiso de poner fin a la impunidad de los delitos más graves para la comunidad internacional y ofrecer justicia a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, incluidos los relativos a la violencia sexual, y reitera, por consiguiente, su apoyo a la labor de la Corte Penal Internacional (CPI); se mantiene alerta ante cualquier intento de dañar la legitimidad o independencia de la CPI; manifiesta su grave preocupación por el hecho de que varias órdenes de detención no hayan sido todavía ejecutadas; insta a la UE y a sus Estados miembros a que cooperen con la CPI y a que le presten un sólido apoyo diplomático, político y financiero, también en las Naciones Unidas; pide que se redoblen los esfuerzos de promoción de la universalidad del Estatuto de Roma y su ratificación, incluidas las enmiendas de Kampala, y aplicación efectiva;
50. Reitera su petición al Consejo de la UE para que elabore una posición común de la UE sobre el uso de drones armados, dando la máxima importancia al respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, y abordando cuestiones como el marco jurídico, la proporcionalidad, la rendición de cuentas, la protección de los civiles y la transparencia; insta una vez más a la UE a que prohíba la producción, el desarrollo y el uso de armas totalmente autónomas que permitan realizar ataques sin intervención humana; insiste en que los derechos humanos deben formar parte de todos los diálogos con terceros países en materia de lucha contra el terrorismo; lamenta que Francia y el Reino Unido votaran en contra de la última resolución del CDH sobre drones armados en las operaciones antiterroristas y militares con arreglo al Derecho internacional;
Derechos humanos y política en materia de drogas
51. Saluda la declaración conjunta, de 7 de octubre de 2015, de los Relatores Especiales sobre la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en la que afirmaban que las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas vulneran el Derecho internacional y constituyen muertes ilícitas, y que los organismos internacionales, así como los Estados que prestan asistencia técnica bilateral para luchar contra los delitos relacionados con las drogas, deben asegurarse de que los programas en los que participan no conducen en última instancia a violaciones del derecho a la vida;
52. Pide a la UE y a sus Estados miembros que hagan de la abolición de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas una cuestión prioritaria en las negociaciones del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y reitera que dicha abolición debe convertirse en condición previa para la asistencia financiera, la asistencia técnica, la creación de capacidades y cualquier otro apoyo a la política de lucha contra la droga;
53. Manifiesta su apoyo a la creación de un Relator Especial sobre derechos humanos y política en materia de drogas;
54. Se felicita por la declaración conjunta sobre la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán emitida durante el 29º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, si bien lamenta que varios Estados miembros de la UE no la apoyasen; pide a los Estados miembros de la UE y a los demás miembros del Consejo que vigilen estrechamente la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán y colaboren en aras de la adopción de una resolución en la que se pida la liberación inmediata e incondicional de los defensores de los derechos humanos, activistas políticos y civiles, periodistas y blogueros que hayan sido detenidos o encarcelados basándose en acusaciones de motivación política, la investigación exhaustiva de las denuncias de torturas durante la privación de libertad y la derogación de las leyes que restringen indebidamente las libertades de expresión, de reunión y de asociación en Azerbaiyán; pide a los Estados miembros de la UE que actúen en favor de la creación de un mandato de Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán;
55. Celebra la puesta en liberta provisional por motivos humanitarios de Leyla y Arif Yunus, pero pide que se retiren inmediatamente todas las acusaciones que pesan sobre ellos; lamenta profundamente que ninguno de los presos de conciencia azerbaiyanos hayan sido puestos en libertad con ocasión del último perdón presidencial;
56. Señala que la puesta en libertad de seis de los presos restantes constituye un paso en la buena dirección; manifiesta su profunda preocupación por el mantenimiento de las restricciones a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica; condena el acoso a periodistas independientes y de la oposición, y el acoso y la detención de activistas en favor de los derechos humanos, y critica las acusaciones falsas; condena el recurso continuado a la pena de muerte;
57. Pide la renovación del mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia en el 32º período de sesiones del Consejo, y pide al Gobierno que colabore plenamente con el Relator Especial y se comprometa a participar en las reformas largamente esperadas para promover y proteger los derechos humanos, también mediante la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Relator Especial y otros mecanismos de derechos humanos;
58. Toma nota de las importantes reformas legislativas que han generado algunos progresos y mejoras en el sector de la justicia y de las fuerzas de seguridad, el ministerio público, la lucha contra los malos tratos, los derechos de los niños y la protección de la vida privada y de los datos personales, así como de los desplazados internos;
59. Señala, no obstante, que son necesarios mayores esfuerzos en materia de malos tratos, en especial con respecto a la prisión preventiva y la rehabilitación de las víctimas, de asunción de responsabilidad por los abusos cometidos por las fuerzas del orden, de investigaciones de los abusos cometidos en el pasado por funcionarios gubernamentales y de derechos de las minorías y las mujeres; continúa preocupado por la situación de la libertad de expresión y de los medios de comunicación y la falta de acceso de observadores a las regiones ocupadas de Abjazia y Tsjinvali / Osetia del Sur, donde las violaciones de los derechos humanos siguen siendo generalizadas; pide al Gobierno de Georgia que adopte medidas adecuadas para garantizar un seguimiento de las recomendaciones formuladas durante el proceso del examen periódico universal;
60. Condena con firmeza la campaña continuada del Gobierno contra los disidentes de la que son víctimas las ONG independientes a través de la denominada «Ley sobre los agentes exteriores» y la Ley de «organizaciones extranjeras indeseables» —que permite a las autoridades prohibir las ONG internacionales si las considera una amenaza para las capacidades de defensa o los fundamentos constitucionales de Rusia—, así como la persistente y multiforme represión ejercida contra activistas, opositores políticos y personas críticas con el régimen;
61. Manifiesta su grave preocupación por los continuos ataques indiscriminados en zonas civiles, los ataques selectivos a escuelas y el uso de las escuelas para fines militares por ambas partes; condena las violaciones continuas de los derechos humanos en este conflicto y apoya plenamente la Misión de las Naciones Unidas de Vigilancia de los Derechos Humanos y la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania; pide al Gobierno de Ucrania que adopte medidas para permitir el suministro de determinados tipos de medicamentos, incluidos los medicamentos para el tratamiento sustitutivo de opiáceos, que mejore los procedimientos de registro y las vías de acceso al empleo y a las prestaciones estatales para los desplazados por el conflicto, que derogue las normas que puedan afectar negativamente a la libertad de expresión y asociación, que adopte medidas concretas para disuadir del uso de escuelas por parte de las fuerzas y grupos armados tanto en territorio controlado por el Gobierno como en las zonas ocupadas por los rebeldes, y que ratifique el Estatuto de Roma y se adhiera a la Corte Penal Internacional como miembro de pleno derecho;
62. Pide a los Estados miembros de la UE que apoyen todos los esfuerzos posibles a nivel de las Naciones Unidas para luchar contra la impunidad y en favor de la realización de investigaciones imparciales sobre los episodios de violencia y de violaciones de los derechos humanos ligados a la represión de las manifestaciones en la plaza Maidán y sobre el uso de munición de racimo por parte de las fuerzas progubernamentales y las fuerzas rebeldes apoyadas por Rusia durante el conflicto armado en el este de Ucrania, y que aborden la situación de los derechos humanos en Crimea y otras violaciones relacionadas con el conflicto armado en el este de Ucrania;
63. Insta a los Estados miembros a que colaboren con miras a la adopción de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que establezca un mecanismo específico de Naciones Unidas para Uzbekistán destinado a garantizar el seguimiento, la información pública y el debate en el CDH sobre la situación de los derechos humanos en Uzbekistán y a abordar la falta de cooperación de Uzbekistán con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como la persistencia de problemas como la privación de libertad de numerosos opositores políticos y defensores de los derechos humanos, las restricciones a las libertades de asociación, expresión y prensa, o el trabajo infantil y el trabajo forzoso;
64. Lamenta la falta de progresos del Gobierno de Baréin con respecto a las preocupaciones relativas a la constante privación de libertad de numerosas personas, incluidos los defensores de los derechos humanos, activistas políticos y periodistas, por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, a la ausencia de rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura, y a la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial en Baréin;
65. Pide a los Estados miembros de la UE que se ocupen de la situación de los derechos humanos en Baréin en el seno del Consejo de Derechos Humanos mediante declaraciones individuales, una declaración conjunta de seguimiento o una resolución instando a Baréin a que ponga en libertad inmediatamente y sin condiciones a todos los defensores de los derechos humanos, a los activistas políticos y a otras personas privadas de libertad por supuestas infracciones relacionadas con los derechos de libertad de expresión, de asamblea pacífica y asociación, a que tome medidas para garantizar la imparcialidad en las investigaciones de todas las acusaciones de tortura y maltrato, y a que facilite sin demora la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros mecanismos de las Naciones Unidas para los derechos humanos; reitera su petición a la UE para que desarrolle una estrategia global a fin de que la Unión y sus Estados miembros puedan presionar activamente en favor de la puesta en libertad de los activistas encarcelados y los presos de conciencia;
66. Pide a la UE que reitere su posición sobre la rendición de cuentas que se formuló en las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de julio de 2015 y, de este modo, declare que el cumplimiento del Derecho internacional humanitario y la legislación internacional de derechos humanos por parte de los actores estatales y no estatales, incluida la rendición de cuentas, es esencial para la paz y la seguridad en la región;
67. Insta a la UE, a la luz de este compromiso del Consejo de Asuntos Exteriores de julio de 2015 y de la resolución del mismo mes del CDH sobre la promoción del respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario en el Territorio Palestino Ocupado, a que la UE haga un llamamiento a todas las partes para que realicen investigaciones creíbles de las denuncias de violaciones del Derecho internacional; a que vigilen y evalúen si las investigaciones en curso se atienen a las normas internacionales sobre el deber de investigar, pidiendo también aclaraciones sobre el cierre de las investigaciones; a que presionen para que se establezca un mecanismo de seguimiento que vele por la aplicación de las recomendaciones del informe la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas y de informes anteriores de esta organización; y a que pidan a Israel que coopere con el examen preliminar de la CPI, en particular, permitiendo el acceso y cooperando con las peticiones de información;
68. Lamenta la negativa de las autoridades israelíes a cooperar con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, lo que ha conducido a su dimisión al no permitirle Israel acceder a dicho territorio;
69. Manifiesta su profunda preocupación ante la constante degradación de la situación humanitaria y de seguridad de Siria; condena con firmeza los abusos, las matanzas, la tortura, las muertes y la violencia sexual que sufre la población siria a manos del régimen de Assad, el llamado Estado Islámico y otros grupos extremistas y terroristas; reitera su llamamiento en favor de una solución duradera del conflicto sirio a través de un proceso político hacia una auténtica transición política liderado por los sirios que colme las aspiraciones legítimas del pueblo sirio y le permita decidir su futuro de forma independiente y democrática; muestra su total apoyo a los esfuerzos en curso encabezados por las Naciones Unidas para encontrar una solución política al conflicto;
70. Insta al Consejo de Derechos Humanos a que solicite al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la adopción de medidas adecuadas a fin de garantizar que se obligue a rendir cuentas a los responsables de violaciones de los derechos humanos, entre ellas, las violaciones que puedan calificarse de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, también remitiendo la situación en Siria a la Corte Penal Internacional;
71. Reitera que los miembros del CDH deben elegirse entre aquellos Estados que defiendan los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia; muestra su total desacuerdo con la decisión adoptada por las Naciones Unidas, con el apoyo de Estados miembros de la UE, de asignar una función clave en materia de derechos humanos al embajador de Arabia Saudí ante las Naciones Unidas en Ginebra, quien fue elegido presidente del grupo de expertos independientes sobre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;
72. Sigue estando profundamente preocupado por las violaciones de derechos humanos sistemáticas y generalizadas en Arabia Saudí; pide a las autoridades saudíes que pongan en libertad a todos los presos de conciencia, incluido Raif Badawi, premio Sájarov 2015;
73. Muestra su profunda preocupación por la ejecución masiva de 47 presos que tuvo lugar el 2 de enero de 2016 en Arabia Saudí, tras un aumento alarmante del número de ejecuciones en 2015;
74. Toma nota, con preocupación, de la información según la cual entre los ejecutados había menores, enfermos mentales y presos condenados a la pena capital por delitos que no habían ocasionado la muerte, como delitos relacionados con la libertad de reunión, la libertad de asociación o la libertad de expresión;
75. Pide a las autoridades saudíes que cooperen plenamente con los procedimientos especiales del CDH y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; pide a Arabia Saudí que declare una moratoria de la pena de muerte;
76. Pide que se respeten los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental, en particular la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de reunión; exige la liberación de todos los presos políticos saharauis; exige que se permita el acceso a los territorios del Sáhara Occidental a los diputados al Parlamento, a los observadores independientes, a las ONG y a la prensa; insta a las Naciones Unidas a otorgar a la MINURSO un mandato en materia de derechos humanos, en consonancia con todas las demás las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el resto del mundo; apoya una solución justa y duradera del conflicto del Sáhara Occidental basada en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas en la materia;
77. Expresa su profunda preocupación por el dramático y violento conflicto y la crisis humanitaria sin precedentes en que está inmerso el país; denuncia las graves violaciones de las leyes de la guerra y los abusos de derechos humanos cometidos por las partes en conflicto, en particular los ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados de la coalición encabezada por Arabia Saudí, que han causado la muerte y lesiones a decenas de civiles y han aniquilado numerosos bienes de carácter civil; condena la expulsión del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte de las autoridades yemeníes; pide a la UE que apoye el inicio de una investigación internacional en el seno del Consejo de Derechos Humanos con el fin de documentar las violaciones cometidas por cada una de las partes desde septiembre de 2014;
78. Manifiesta su profunda preocupación por los ataques dirigidos contra defensores de los derechos humanos, periodistas y sus familiares; condena enérgicamente la violencia política, las ejecuciones sumarias, las violaciones y abusos de los derechos humanos, y la incitación a la violencia por motivos políticos, étnicos u otros en Burundi, así como la permanente impunidad de que gozan quienes perpetran dichos actos, por ejemplo, la policía y las fuerzas de seguridad, las asociaciones juveniles de los partidos políticos y los funcionarios;
79. Insta a las autoridades de Burundi a que pongan fin a dichas violaciones y abusos con carácter de urgencia, también mediante una paralización inmediata de los asesinatos y los ataques a los defensores de los derechos humanos, periodistas y opositores y críticos reales o supuestos, y mediante la realización de investigaciones independientes e imparciales con miras a llevar a los responsables ante la justicia y proporcionar reparación a las víctimas;
80. Se felicita por la celebración de un período extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos el 17 de diciembre de 2015 sobre la prevención de un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos en Burundi, si bien lamenta el retraso en su celebración; pide el envío inmediato de una misión de expertos independientes e insta a las autoridades de Burundi a cooperar plenamente con esta misión;
81. Destaca que, si bien el Gobierno de Mauritania ha realizado avances en la adopción de medidas legislativas destinadas a la lucha contra todas las formas de esclavitud y prácticas similares, la falta de una aplicación eficaz contribuye a la persistencia de dichas prácticas; pide a las autoridades que promulguen una ley contra la esclavitud, inicien una recopilación nacional sistemática y periódica de datos desglosados sobre todas las formas de esclavitud y lleven a cabo un estudio exhaustivo basado en pruebas sobre la historia y la naturaleza de la esclavitud, con vistas a erradicar esa práctica;
82. Insta a las autoridades mauritanas a que permitan el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión, de conformidad con las convenios internacionales y la propia legislación interna de Mauritania; pide asimismo la liberación de Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane y Djiby Sow, de modo que puedan proseguir su campaña no violenta contra la persistencia de la esclavitud sin temer ser objeto de acosos o intimidaciones;
83. Acoge con satisfacción el Acuerdo de Paz firmado por las partes en conflicto el 28 de agosto de 2015 para poner fin a la guerra civil, que incluye un reparto transitorio del poder, medidas de seguridad y la creación de un tribunal mixto para juzgar todos los delitos cometidos desde el comienzo del conflicto; recuerda que el conflicto se ha cobrado miles de vidas y ha generado cientos de miles de desplazados y refugiados;
84. Pide a todas las partes que se abstengan de cometer violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, incluidas las que constituyen delitos internacionales, como ejecuciones extrajudiciales, violencia por motivos étnicos, la violencia sexual relacionada con el conflicto, incluida la violación, así como la violencia de género, el reclutamiento y utilización de niños, las desapariciones forzadas y la detención y reclusión arbitrarias;
85. Pide al Consejo de Derechos Humanos que respalde el nombramiento de un Relator Especial para Sudán del Sur con el mandato de vigilar e informar públicamente de las violaciones, entre ellas el reclutamiento y la utilización de niños soldado, y el uso militar de las escuelas, y formular recomendaciones para lograr una rendición de cuentas efectiva;
86. Acoge con satisfacción la celebración en Venezuela de elecciones libres y justas el 6 de diciembre de 2015; acoge con satisfacción la aceptación de los resultados tanto por parte del Gobierno como por las fuerzas de la oposición; recuerda la importancia de la defensa de la constitución y del respeto de los derechos humanos, así como de cumplir la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas;
87. Recuerda que el nuevo Gobierno tendrá que hacer frente a una amplia gama de cuestiones relacionadas con los derechos humanos, que van desde la impunidad y la rendición de cuentas por asesinatos extrajudiciales cometidos, entre otros, por las fuerzas de seguridad, hasta la detención y la privación de libertad arbitrarias, el derecho de los presos políticos a un juicio justo, y la independencia del poder judicial, la libertad de reunión y de asociación y la libertad de los medios de comunicación;
88. Acoge con satisfacción la resolución adoptada por la Asamblea General en la que condena las persistentes y continuadas violaciones sistemáticas, generalizadas y flagrantes de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea y solicita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que adopte las medidas apropiadas para garantizar un comportamiento responsable, incluso considerando la posibilidad de remitir la situación en la República Popular Democrática de Corea a la Corte Penal Internacional, y pide al Consejo de Derechos Humanos que reitere su demanda de responsabilidad, también de los responsables de crímenes contra la humanidad a consecuencia de la aplicación de políticas establecidas al máximo nivel del Estado;
89. Manifiesta su profunda preocupación por la actual campaña de represión contra los activistas y abogados en materia de derechos humanos; señala que desde julio de 2015 se ha convocado o llevado a la fuerza a más de doscientos abogados o profesionales del Derecho para ser interrogados, lo que constituye el intento más agresivo desde hace décadas de silenciar a personas críticas con el régimen; muestra su alarma por la información de que en los últimos días las autoridades chinas han detenido formalmente por «subversión» a siete abogados que se ocupan de cuestiones de derechos humanos y colaboradores suyos que llevaban seis meses privados de libertad en secreto;
90. Acoge con satisfacción la celebración de elecciones competitivas el 8 de noviembre de 2015, un hito importante en la transición democrática del país; señala que, no obstante, sigue preocupado por el marco constitucional de estas elecciones, en virtud del cual el 25 % de los escaños del Parlamento están reservados a los militares; reconoce los avances realizados hasta la fecha en materia de derechos humanos, al tiempo que señala que perduran algunas cuestiones de gran preocupación, entre ellas, los derechos de las minorías y la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica;
91. Condena la discriminación y la represión graves ejercidas de modo generalizado contra los rohingya, exacerbadas por la carencia de estatuto jurídico de dicha comunidad, y el aumento de la incitación al odio contra quienes no son budistas; pide que se realicen investigaciones completas, transparentes e independientes de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos contra los rohingya y considera que en las cuatro leyes adoptadas por el Parlamento en 2015, destinadas a «proteger la raza y la religión», se recogen aspectos discriminatorios en relación con el género; lamenta que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aún no haya recibido la autorización para establecer una sede en el país; insiste en la necesidad de que se realice una evaluación de impacto completa en materia de sostenibilidad y derechos humanos antes de que finalicen las negociaciones sobre el Acuerdo de inversión entre la UE y Myanmar;
92. Acoge con satisfacción la entrada en vigor de la nueva Constitución de Nepal el 20 de septiembre de 2015, que debería sentar las bases para la futura estabilidad política y el desarrollo económico del país; confía en que las cuestiones restantes acerca de la representación política de las minorías, incluidos los dalit, y las leyes sobre ciudadanía sean abordadas en un futuro próximo;
93. Lamenta la ausencia generalizada de exigencia de responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos perpetradas por ambos bandos durante la guerra civil pese a la adopción, en mayo de 2014, de la Ley de la verdad, la reconciliación y los desaparecidos; insta al Gobierno de Nepal a que se adhiera a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; condena las restricciones al ejercicio de sus libertades fundamentales impuestas a los refugiados tibetanos; insta a la India a que levante su bloqueo oficioso a la economía de Nepal que, unido al devastador terremoto de abril de 2015, está generando una crisis humanitaria y empujando a cerca de un millón más de nepalíes a una situación de pobreza;
94. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas, al Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Secretario General de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

References: RESOLUCIÓN 

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