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Timestamp: 2019-06-20 01:40:37+00:00

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PRODENI CRITICA LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA EN EL CASO DE PIEDAD
PRODENI CRITICA LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA EN EL CASO DE PIEDAD, LA NIÑA CANARIA, POR ENTENDER QUE SE ESTÁN VULNERANDO SUS DERECHOS SI SE LLEVA A EFECTO LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE MENORES ORDENADA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS
LA ASOCIACIÓN CRITICA CON DUREZA LAS MEDIDAS DE FUERZA Y COERCIÓN QUE SE ESTÁN EJERCIENDO SOBRE LA FAMILIA Y LA NIÑA
PRODENI PIDE CORDURA Y SENSATEZ A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA POR LOS DAÑOS IRREPARABLES QUE LE PUEDEN OCASIONAR.
Piedad es un niña canaria camino de los seis años de vida que nació en Las Palmas, en Septiembre de 2001, y que apenas estuvo 8 meses con su madre biológica, pues por orden de la Fiscalía le fue retirada en Mayo del 2002. Después pasó tres años entre dos centros de menores, y desde Marzo de 2005 está con su actual familia en régimen de acogimiento preadoptivo.
Hay que señalar que de los tres periodos de su vida (madre biológica, centros de menores y familia acogedora) vive los dos primeros de forma convulsa e inestable. Con la madre, por las circunstancias descritas en los informes que provocan su desamparo. Y en el acogimiento residencial, por la carencia de referentes familiares y de figura de apego.
Según acreditan la totalidad de los estudios realizados por técnicos y profesionales, sólo en este tercer periodo de su vida manifiesta estabilidad, equilibrio e intensas relaciones afectivas. Piedad lleva dos años integrada en una familia que considera suya a todos los efectos. Es el único periodo o tiempo de felicidad que ha conocido en sus casi 6 años de existencia.
En un extenso y detallado informe forense, de fecha 25 de Abril 2007, el doctor Martínez – Piñeiro Muñoz, de Santa Cruz de Tenerife, relata cada una de las vicisitudes de la vida de Piedad hasta el momento actual, ateniéndose a los sucesivos informes y valoraciones que se le vienen haciendo desde el momento de su nacimiento. Informes y valoraciones que, por otra parte, figuran en el procedimiento judicial que se inicia a raíz de la demanda de la madre biológica cuando la niña estaba integrada en un acogimiento preadoptivo.
La conclusión es demoledora: Piedad no debe ser separada de su familia, se la perjudicaría gravemente. Pero es que, además, según apunta el forense: “Padece una epilepsia generalizada primaria, habiendo tenido síntomas de un trastorno de angustia y separación (se refiere a los efectos psicológicos negativos que le produjo un encuentro con su madre biológica forzado por el Juzgado nº 5 de Las Palmas en Abril de 2006) por lo que están contraindicadas las situaciones de estrés, estado de tensión, cambios de domicilio, alteraciones en el ritmo del sueño, pérdida del referente afectivo de su familia de acogida, etc., que pueden desencadenar tanto nuevas crisis epilépticas como trastornos de angustia por separación difícilmente superables.” (El subrayado es nuestro)
AUDIENCIA PROVINCIAL Y GOBIERNO CANARIO
La acción de la Justicia de Las Palmas (Juzgado de Primera Instancia nº 5, Sección Tercera de la Audiencia Provincial y Fiscalía) en plena sintonía con la parte biológica, estiman, contradictoriamente a lo expuesto, que lo mejor para Piedad es que nuevamente se la ingrese en un centro de menores y se esté allí quieta hasta que judicialmente se resuelva con quien tiene que irse.
El Juzgado de 1ª Instancia nº 5, por su lado, desde Agosto de 2006, intenta sin lograrlo devolver de forma inmediata la niña a su madre biológica con la oposición de la parte acogedora, sometida a una frenética actividad de recursos, y con el apoyo de Protección de Menores del Gobierno canario, que se situó en ocasiones al límite de la legalidad para impedir que se ocasionaran daños irreparables a la niña, en coherencia con los informes y estudios que obraban en su expediente. Sin embargo, de modo absolutamente incomprensible, el Gobierno de Canarias viró en redondo a raíz del Auto de la Audiencia P. de 14 de Marzo de 2007, que ordenaba el ingreso de la niña en un centro, y después de que dictado el auto la propia Audiencia no aceptase un programa de internamiento progresivo propuesto por la Entidad Pública por Resolución de 5 de Abril de 2007.
Decimos que el Gobierno Canario viró en redondo porque en una nueva resolución de 20 de Abril de 2007, la Dirección General de Protección del Menor y la Familia tomó partido en contra de la familia acogedora, sembrando dudas sobre el trato emocional dado a la niña y la falta de escolarización, adoptando medidas para llevarse a Piedad por la fuerza a un centro de menores. Precisamente, los insidiosos argumentos vertidos en la citada resolución han servido a los Magistrados de la Audiencia para la elaboración de un nuevo Auto (el del 26 de Abril)
Sorprendentemente, el Gobierno Canario, ahora sólo emite acusación, amenazas y órdenes de actuar por la fuerza contra los padres, donde antes emitía comprensión y apoyo a su actitud, llegando incluso a colocarse en el límite de la legalidad.
¿Qué calificación o definición nos debe merecer, entonces, la actitud compungida de la Consejera afirmando recientemente a los medios que la actuación de la Audiencia de Las Palmas le parece desacertada porque “el daño que se le va a hacer a la pequeña es irreversible porque está en una edad donde se da cuenta de todo y se va a sentir nuevamente abandonada”, añadiendo que la medida de la Audiencia “ha caído como un jarro de agua fría en la Consejería”. Sencillamente, una actitud hipócrita y lágrimas de cocodrilo.
La acción de la Justicia, que PRODENI considera totalmente injusta con Piedad, arrebata a esta niña lo que más quiere y le impone lo que más rechaza, pues si para ella en estas circunstancias obligarla a regresar con la madre biológica significaría un choque psicológico brutal de consecuencias patológicas indudables, lo es más que se la ingrese en un centro desestructurándola de su familia y aislándola de su paisaje personal (el entorno, los seres y las cosas que le rodean) sin que medie ningún hecho objetivo, de orden, por ejemplo, a una necesaria protección o en evitación de una situación de riesgo, aunque la Audiencia Provincial para justificarse en su Auto de 26 de Abril, aluda a los supuestos perjuicios causados por los acogedores que maliciosamente hizo sembrar la Dirección General del Gobierno Canario.
Sabe perfectamente el Gobierno canario que miente y falsea la realidad cuando siembra esas dudas maliciosas. Y saben los Magistrados de la Audiencia Provincial que el único motivo de querer llevarse ahora a Piedad es para que se vaya adecuando al proceso final y no incremente una mayor vinculación afectiva que haga más tarde inviable la separación. Aquí no hay nada de interés superior de la niña, ni la medida se adopta en su beneficio.
Seamos claros, lo que no se quiere reconocer de la persona Piedad es que ya convive plenamente integrada y vinculada afectivamente; es que ya no es posible cortar su trayectoria y devolverla al pasado sin causarle graves traumas y daños; es que sus derechos e intereses están plenamente definidos por el grado de felicidad y estabilidad que la rodea y mantiene; y es que su estado de salud exige un especial cuidado para evitarle daños patológicos mayores… Por eso, decimos: PIEDAD, para la Audiencia Provincial y la Fiscalía de Las Palmas, es una niña que no tiene derechos, aunque en los autos se diga erróneamente que la arrancan de su familia para preservarlos.
NO HA SIDO ESCUCHADA
Piedad tiene derecho a ser escuchada. Por si misma, claro que sí, pues la Ley de Protección Jurídica del Menor así lo dispone y no hay límite de edad para escuchar a los niños. Pero también tiene derecho a ser escuchada a través de los documentos que hablan sobre ella, y todos, absolutamente todos (no existe pieza alguna contradictoria con lo que decimos) explican muy bien donde están los intereses y los derechos de esta niña (donde están y con quien están). ¿Qué sucede?. Que Piedad ni ha sido escuchada directamente por la Jueza ni por los Magistrados de la Audiencia, ni se han querido tener en cuenta como fundamentales las razones de los informes técnicos y profesionales que no aprueban su salida del entorno vital que la rodea.
NO SE RESPETA SU INTERÉS SUPERIOR
El “interés superior del niño” es ese principio guía - rector de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989, España, 1990) que prevalece sobre cualquier otro principio o derecho por muy legítimo que sea. A Piedad se le ha hurtado ese derecho, pues quienes prevalecen aquí son los intereses de la madre biológica, a la que han sido supeditados los intereses de la niña.
El Juzgado, y tememos, por lo visto hasta ahora, La Audiencia Provincial, sólo tienen en cuenta las circunstancias de la madre y desprecian por no relevantes las circunstancias personales de la niña, a quien se le impone la ruptura traumática de su felicidad, a cuenta de que vuelva a empezar a construirla desde la ruina y privación de lo que ahora le pertenece.
Para el jurista latinoamericano, Miguel Cillero Bruñol, “el interés superior del niño es nada más y nada menos que la satisfacción integral de sus derechos” y “los roles parentales no son derechos absolutos, ni meramente poderes/deberes, son derechos limitados por los derechos de los propios niños, es decir, por su interés superior.” Desde luego, en derecho, pero también en sentido común, cabe interpretar respecto a Piedad que la medida de su internamiento en un centro de menores, junto a la imposición de apartarla de su actual familia, no encaja para nada con su “interés superior”, pues no es la expresión de la “satisfacción integral de sus derechos”.
PRODENI critica duramente la presión judicial desmesurada e injusta que se está ejerciendo sobre la familia acogedora, que se está jugando su salud, su libertad y su hacienda para que no dañen a la niña, para que no sufra perjuicios irreparables, plenamente conscientes de su vulnerabilidad y de lo que puede pasarle.
Y pide que la opinión pública se siga movilizando, que no dejen sola a esta niña y a su familia mientras continúa la lucha judicial hasta su límite.
En un informe en la web de PRODENI incluimos este caso, entre otras acciones judiciales en España, que consideramos vulneran los derechos del niño, a partir de lo del Niño del Royo (otra víctima más del sistema judicial) para concluir con una serie de propuestas que hemos dirigido a la Comisión de Justicia del Congreso, a los grupos políticos y a determinadas instituciones (Ministro de Justicia, Fiscal General del E…) Pueden verlo en los apartados “Justicia y Menores” “Noticias” y “Protección”.
La historia de Piedad sigue su curso con niveles de tensión muy elevados, suponiendo a la familia un fuerte desgaste en todos los frentes de la vida. Y si todavía se mantienen en pie, es sencillamente por el amor que sienten por ese ser tan inocente y vulnerable, al que saben que le puede ocasionar enorme daño la negra noche que se cierne sobre ella.
Si nada ni nadie lo remedia, Piedad, será arrancada contra su voluntad, contra su persona, y en contra de su salud, del entorno que la protege y ella quiere. Comenzaría entonces una nueva etapa para pedir su liberación, para que le restituyan sus derechos y para que vuelva con su familia. Pero mientras tanto, hay que tratar de evitar que la arranquen de su casa, denunciando el brutal atropello de derechos y pidiendo cordura y sensatez a los administradores de la Justicia.
Un Auto de la Sección 3ª de la A. P. de Las Palmas, de 14 de Marzo de 2007, acordaba el acogimiento de Piedad en un centro de menores (“tras como se encontraba antes de entregarse a la acogedora”) Ese Auto corregía la disposición del Juzgado nº 5 de Primera Instancia de Las Palmas de entregar de forma inmediata la niña a su madre biológica, pero seguía castigando a la menor a dejar su familia e ingresar en un centro hasta la resolución final del pleito entre aquella, por una parte, y la familia acogedora junto con el Gobierno de Canarias, por la otra.
La noticia de este Auto supuso una nueva oleada mediática en Las Islas y la consiguiente conmoción en la opinión pública que no salía de su asombro. PRODENI, por su lado, denunció públicamente la acción judicial tildándola de brutal y contraria a los derechos de la niña, en entrevistas radiofónicas y en los medios escritos.
Ante este estado de cosas, la Dirección General de Protección del Menor y la Familia dictó una resolución con fecha 5 de Abril intentando suavizar la medida de la Audiencia con un internamiento pautado, es decir, comenzando dos horas diarias de internamiento, con pernocta de la niña con su familia y elaboración de estudios sobre su evolución. Sucedió que la Sección 3ª de la Audiencia no admitió la propuesta de la Dirección General y volvió a insistir en un internamiento permanente sin condiciones; entonces, la Dirección General, utilizando el argumento de que la familia acogedora no había acudido a una cita programada de entrega de la niña, a pesar de que sabía que estaba en un hospital por unas exploraciones neurológicas, giró ciento ochenta grados por medio de la Resolución de 20 de Abril, con una batería de reproches contra la parte acogedora, a la que achacó de un supuesto maltrato emocional, abandono escolar y desobediencia reiterada, con indicación de medidas de fuerza para hacerse con la niña.
Eso le vino al pelo a la Audiencia Provincial de Las Palmas, que no tuvo más que cabalgar cómodamente sobre los argumentos servidos en bandeja por la Administración y emitir un nuevo Auto (el del 26 de Abril) que corregía la mala imagen del anterior, dictado con la falsa pretensión de obrar en beneficio de la menor cuando se la apartaba brutalmente de su familia.
Decimos que la siembra de dudas y sospechas del Gobierno de Canarias sobre sus, hasta entonces, protegidos y aliados, era lo que le faltaba a la Audiencia para construir un nuevo Auto dotado de más autoridad, al integrar su actuación bajo el principio de que ahora sí se protegía a la menor porque podía ser una víctima de las malas artes de los acogedores, puestos en entredicho por la propia Administración; y, por tal motivo, ya no existía ningún impedimento, ni siquiera moral, para arremeter contra ellos, utilizar la fuerza en su máxima expresión e imponerles una sanción económica de tres mil euros.
Previamente, los días 23 y 24 de Abril, la Audiencia Provincial a través del Juzgado nº 5 de Las Palmas, intentó llevársela, con presencia ante su domicilio de Guardia Civil uniformada y personal de Protección de Menores, pero no pudieron entrar porque el Juzgado de la Orotava no les concedió el mandamiento judicial solicitado. No obstante, la nueva arremetida del Auto del 26 de Abril, mejor posicionado por la irresponsable colaboración de la Entidad Pública, provocó la irrupción el día 27 de Abril de Guardias Civiles uniformados, agentes de la Policía Judicial, efectivos de Protección de Menores, dos cerrajeros y la secretaria judicial del Juzgado de la Orotava, con el correspondiente mandamiento judicial, pedido por exhorto desde la Audiencia Provincial.
Después de registrarlo todo, no la encontraron porque ese día estaba en otro lugar, enfrentándose con la madre acogedora, que hizo acopio de valor y mucha entereza, defendiendo a su niña con argumentos, entregando copia del informe forense contrario a su salida, y una copia del recurso extraordinario interpuesto esa misma mañana por su abogado ante la Audiencia Provincial por vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el motivo 4º del apartado 1 del artículo 469 de la L.E.C.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
e contrario
 artículo 469