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Timestamp: 2020-07-14 21:52:17+00:00

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﻿ Sentencia 1998-00226 de julio 29 de 2013
SENTENCIA 1998-00226 DE 29 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL POR OMISIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD. NO SOLO A LAS AUTORIDADES LES CORRESPONDE ADOPTAR MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL, EN ZONAS DEL TERRITORIO EN LAS QUE EL ORDEN PÚBLICO SE CONOCE GRAVEMENTE PERTURBADOSINO QUE HABRÁN DE DISEÑARSE E IMPLANTARSE ALGUNAS ESPECIALES, DIRIGIDAS A BRINDAR SEGURIDAD PERSONAL, EN LOS CASOS EN LOS QUE SE AFRONTA RIESGO O AMENAZA, YA FUERE PORQUE LAS AUTORIDADES FUERON INFORMADAS, COMO TAMBIÉN CUANDO LAS ESPECIALES CONDICIONES DE QUIEN LO DEMANDA. LA OMISIÓN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS RECURSOS DE QUE SE DISPONE PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN SEGURIDAD CONFIGURA LA RESPONSABILIDAD ESTATAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DERECHO A LA SEGURIDAD, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 1998-00226 de julio 29 de 2013
Proceso: 180012331000199800226-01 (28199)
Demandante: Héctor Julio Ayala Cerón y otros.
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación.
Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia que negó las pretensiones, dado que la cuantía alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(2), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia.
2.2 Asunto que la Sala debe resolver
En atención al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 25 de mayo de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, debe la Sala establecer si la Nación-Fiscalía General de la Nación es responsable del daño alegado en la demanda, esto es la muerte del jefe de la unidad del Cuerpo Técnico de Investigación —CTI—, señor Héctor Darío Ayala Ortegón, comoquiera que, según los demandantes, la accionada incurrió en una “falla del servicio”, por la ubicación de una unidad técnica de investigación en una zona de alteración del orden público y por los riesgos que implicaba el ejercicio del cargo, sin tomar medidas de protección a su favor.
Debe en consecuencia la Sala entrar a resolver la excepción propuesta por la entidad pública demandada, para luego analizar los hechos probados, con miras a determinar si hay lugar a la declaratoria de responsabilidad que la parte actora endilga a la administración o si se presenta una causal de exoneración.
2.2.1. Falta de legitimación en la causa por pasiva.
Frente a la excepción de “ineptitud formal de la demanda por indebida representación del representante judicial de la parte demandada”, la Sala encuentra que no tiene vocación de prosperidad, comoquiera que la parte actora, en ejercicio de su derecho a acceder a la administración de justicia, relacionó los hechos que atribuyó a la Fiscalía General de la Nación, al tiempo que le formuló pretensiones, de manera que fue vinculada al proceso y ejerció su derecho de defensa. Por tanto, resulta del caso resolver si la entidad demandada es llamada a responder.
En este punto, vale destacar el carácter unitario del Estado, no así el de su representación, pues ésta bien puede recaer en las distintas ramas del poder público, en los órganos de control y aun en diferentes entes que, dotados de personería jurídica, se vinculan a los procesos de responsabilidad con miras a que, declarada la obligación respondan con su patrimonio por los daños causados(3).
Quiere decir que la múltiple representación de la Nación varía de acuerdo con las pretensiones, sin que ello permita desconocer la unidad nacional, independientemente del ente que concurra al proceso a representarla(4).
2.2.2. Hechos probados.
Serán tenidos en cuenta los documentos aportados por la parte actora en las oportunidades legales, los remitidos por la entidad pública demandada —pruebas decretadas en tiempo y allegadas al plenario por disposición del a quo—, las respuestas de diversas autoridades a los requerimientos del tribunal, así como los testimonios recibidos en primera instancia.
En relación con el traslado de pruebas, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.
En los términos de la norma, solo las pruebas que cumplan con los requisitos prescritos podrán ser valoradas sin más formalidades. De acuerdo con ello, las piezas procesales correspondientes a la investigación penal adelantada por los hechos serán valoradas, en la medida en que ambas partes solicitaron su remisión a la actuación y, por requerimiento del a quo, la demandada las allegó al plenario. Además, siendo la propia entidad pública quien las practicó, con miras a esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y la autoría de los mismos, se colige la garantía del derecho de contradicción de la parte en contra de la cual se aducen(5).
2.2.2.1. El 5 de diciembre de 1996, murió el señor Héctor Darío Ayala Ortegón por heridas ocasionadas con arma de fuego. De ello da cuenta el registro civil en el que consta la inscripción de su defunción (copia auténtica aportada por la parte actora a fl. 8, cdno. 1 proceso 1997-001199), así como el acta de levantamiento del cadáver en la que se registran cinco orificios de entrada en las regiones occipital, supra mamaria derecha, escapular derecha, “lateroidea” derecha y en deltoides derecho, diligencia realizada al interior del establecimiento público denominado “Billar Príncipe Azul” (documento remitido por la fiscalía mediante Ofi. 239, feb. 9/98, fl. 74, cdno. copia 1).
De igual forma, en la actuación reposa el protocolo de necropsia 241, en el que consta que la causa de la muerte del señor Ayala Ortegón fue un “shock neurogénico debido a laceración de hemisferio cerebral izquierdo secundario a heridas por arma de fuego” (documento remitido por la fiscalía mediante Ofi. 239, feb. 9/98, fls. 139-141, cdno. copia 1).
2.2.2.2. Para la fecha de los hechos, el señor Héctor Darío Ayala Ortegón ocupaba el cargo de jefe de Unidad de Policía Judicial, en la unidad seccional del Cuerpo Técnico de Investigación. Había sido incorporado a la institución el 8 de abril de 1988 y devengaba un salario básico mensual de $ 865.461,54 y una prima especial de servicio por $ 259.638,46, previo descuento por concepto de pensión, salud y cesantías. Por necesidades del servicio, mediante Resolución 172 de 18 de marzo de 1996, fue trasladado de la dirección seccional del CTI de Florencia a la unidad investigativa ubicada en Puerto Rico (Caquetá) (certificaciones expedidas por la demandada en original, fls. 20, 21 y 23, cdno. 1, proceso 1997-001199 y 15-16, cdno. 8).
2.2.2.3. Sobre la forma como ocurrieron los hechos, el acervo probatorio que reposa en el plenario permite establecer que el señor Héctor Darío Ayala Ortegón, jefe de la unidad investigativa del CTI del municipio de Puerto Rico (Caquetá), murió a causa de los disparos propinados por integrantes de un grupo armado al margen de la ley, denominado “Milicias bolivarianas”, en momentos en que departía con sus compañeros de trabajo, entre otros miembros de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, en el establecimiento público denominado “Billar Príncipe Azul”. Esto, a manera de represalia por las investigaciones adelantadas por el funcionario y su equipo de trabajo en contra de algunos miembros del grupo subversivo.
a) De la prueba testimonial se destacan las declaraciones recibidas en primera instancia y algunas practicadas en el curso de la investigación penal adelantada por la entidad pública accionada.
El señor César Alexander Parra Lizcano, notificador del Juzgado Único Municipal de Puerto Rico (Caquetá), sostuvo que el día de los hechos se encontraba en el billar “Príncipe Azul” “(…) jugando en una mesa enseguida con unos compañeros de trabajo y el doctor Nazario, estábamos tomando ron y ya estábamos un poco ebrios cuando escuchamos fue los tiros, sentí que alguien me jaló y que me tirara al suelo, cuando nos dimos cuentos es que un empleado del CTI es que gritaba que mataron al doctor y otro muchacho del CTI también fue herido no más”.
Interrogado por las personas que se encontraban en el lugar, el testigo contestó:
Estábamos jugando el Dr. Nazario Guzmán Hernández es el Juez Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Carlos Alberto Ruíz Oviedo, que es el secretario del juzgado primero promiscuo del circuito, Juan Carlos Londoño, que es el escribiente del juzgado primero promiscuo del circuito y mi persona, éramos los cuatro que estábamos ahí jugando, fuera de eso estaba la mujer de Carlos Alberto que se llama María Inés, no recuerdo el apellido, estaba también el señor que atiende el billar de nombre Orlando Albarracín, estaba un señor que fue a arreglar las máquinas de los despachos judiciales, desconozco su nombre, creo que en la rama deben saber el nombre de ese señor, estaba el occiso y tres compañeros más del CTI que desconozco sus nombres, no recuerdo quien más estaba en el billar.
El deponente aseguró que “el occiso siempre que llegaba daba a guardar el arma, porque hay veces nos poníamos a tomar y entonces para de pronto (sic) evitar algún problema” (declaración recibida por el CTI seccional Florencia, fls. 293-296, cdno. copia 4).
El señor Luis Mauricio Zorro Páez, investigador judicial I del CTI, afirmó que el día de los hechos se desplazó con la víctima al establecimiento público que “queda al frente de las oficinas del CTI”, lugar frecuentado por funcionarios de la fiscalía para jugar billar. Sostuvo que, estando en el sitio, escuchó dos disparos, uno de ellos hizo blanco en la humanidad del jefe de la unidad investigativa, señor Héctor Darío Ayala Ortegón y el otro en el cuerpo del investigador Luis Eduardo Calderón —se destaca—:
Yo oí dos tiros que me zumbaron por el oído derecho y enseguida yo cogí al doctor Héctor Darío abrazándolo por el cuello cuando oí los tiros y así abrazados nos botamos los dos debajo de la mesa de billar que estaba al lado derecho de la mesa en que ellos estaban jugando, ahí pasaron como dos minutos, cuando abrí los ojos miré a Luis Eduardo que estaba sangrando por la espalda toda la camisa por encima de la correa (...) enseguida Cevedo (sic) lo cogió a Luis Eduardo y lo sacó, yo tenía abrazado al doctor Héctor Darío en el suelo, y esperé unos treinta segundos y empecé a golpear en la cara al doctor Héctor Darío y le debía levántese Doc (sic), que ya no pasó nada, porque él estaba como haciéndose el dormido le insistí un ratico y no se levantó y entonces yo le levanté la cabeza y vi como le salía sangre de la parte de atrás de la cabeza y ahí me di cuenta que ya estaba muerto (declaración recibida por el CTI seccional Florencia, fls. 50-53, cdno. copia 1).
El señor Luis Eduardo Calderón Montenegro, investigador judicial del CTI, adscrito a la unidad local del municipio de Puerto Rico, sostuvo que “(...) siendo aproximadamente más o menos las ocho y cuarenta y cinco o nueve de la noche en momentos en que encontraba (sic) en la esquina izquierda de la mesa donde estábamos jugando y quedaba en la mitad del salón sonaron dos disparos y vi a un señor que me acercó el arma a la altura del abdomen y escuché la detonación (...) voltié (sic) a mirar hacia el lado del doctor Héctor Darío Ayala Ortegón lo tenía en sus brazos sentado en el suelo el compañero Mauricio Zorro abrazado al doctor y yo le miré impactos (sic) por el lado derecho”.
Preguntado “a qué atribuye el atentado de que fuera víctima usted y el doctor Héctor Darío Ayala”, el testigo contestó “posiblemente por estar llevando a cabo la investigación de las milicias bolivarianas” (declaración recibida por el CTI seccional Florencia, fls. 54-57, cdno. copia 1).
El señor Nazario Guzmán Hernández, Juez Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, afirmó que los hechos en los que resultó muerto el señor Héctor Darío Ayala Ortegón ocurrieron en un billar, sin dar cuenta de las circunstancias en las que ello ocurrió (testimonio recibido en primera instancia, fls. 51-52, cdno. 8).
El señor Misael Pastrana manifestó que conoció a la víctima en la unidad del CTI de Puerto Rico, “ya que él se desempeñaba como coordinador de ese grupo y yo me desempeñaba en el mismo como investigador judicial I”. Sostuvo que, “(…) según versiones de otras personas y compañeros de trabajo (...) el doctor se encontraba jugando billar cuando entraron unos individuos y dispararon contra él y después posteriormente huyeron”. Aseguró que la víctima no tenía arma de dotación y “seguridad no teníamos de parte de ninguna entidad” (resaltado fuera de texto).
Interrogado por si “el doctor Héctor Darío Ayala le manifestó a usted que corría peligro su vida y sabe si informó a sus jefes inmediatamente superiores”, el testigo contestó que “(...) él sí en varias ocasiones me comentó del peligro que corría no solo él sino todos los integrantes de esa unidad a raíz del conocimiento de que esa zona es altamente peligrosa y de pronto nosotros como él decía nos tocaba llevar a cabo investigaciones delicadas, pues tengo entendido que la unidad de Puerto Rico se (sic) informó a la seccional de Florencia el peligro que corríamos”. Además, aseguró que la víctima venía tramitando una licencia “(...) a fines de diciembre para gestionar su traslado y que si este no era posible se retiraba de la fiscalía, porque no quería estar más en esa zona donde según él no existían garantías para las unidades de ese cuerpo investigativo” (resaltado fuera de texto).
Preguntado por el atentado a las instalaciones del CTI de Puerto Rico el 21 de enero de 1997, el deponente sostuvo que para esa fecha se encontraba en las instalaciones de la institución y señaló a “las milicias bolivarianas” como autores del hecho, al tiempo que estableció que el objetivo era “acabar el CTI y cobrar más vidas aparte de la del doctor Darío” (testimonio recibido en primera instancia, fls. 71-73, cdno. 8).
El señor Armando Cifuentes Espinosa afirmó conocer a la víctima hacía dieciocho años atrás “en una comisión en Madrid España (...) en un curso en la Escuela Superior para mandos superiores del ejército de ese país”. Aseguró que el occiso era una persona dedicada y comprometida con la institución (fls. 96-98, cdno. 8). En iguales términos declararon los señores Guillermo Mican Avellaneda y Gustavo Adolfo Medina Plazas (testimonio recibido en primera instancia, fls. 99-102, cdno. 8).
b) Sobre los hechos, en la actuación reposan los siguientes informes de inteligencia:
El 5 de diciembre de 1996, la unidad investigativa del CTI con sede en el municipio de Puerto Rico (Caquetá) dio cuenta de los hechos en los que resultó muerto el señor Héctor Darío Ayala Ortegón, el 5 de diciembre de 1996, aproximadamente a las 8:50 p.m., en el establecimiento público denominado “Billares el Príncipe Azul”, cuando, en momentos en que la víctima departía un juego de billar con algunos subalternos, fue sorprendido por varios sujetos, quienes arremetieron en su contra con arma de fuego causándole la muerte e hiriendo al investigador Luis Eduardo Calderón Montenegro.
En relación con los móviles que dieron lugar a los hechos, en el informe se estableció que fue consecuencia de “(...) las represalias tomadas por parte de los grupos insurgentes denominados milicias bolivarianas en razón a que funcionarios de esta unidad (Luis Eduardo Calderón Montenegro, Luis Mauricio Zorro Páez se encontraban realizando mediante labores de inteligencia una investigación con respecto al grupo ya señalado), lo anterior dio como resultado de la misión de trabajo 355 del 6 de noviembre del presente año” (documento remitido por la fiscalía mediante Ofi. 239, feb. 9/98, fls. 76-78, cdno. copia 1).
El 10 de diciembre de 1996, la brigada de homicidios del Cuerpo Técnico de Investigación seccional Florencia informó:
Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, se demostró que acaecieron el día 5 de diciembre de 1996, a la hora de las 8:50 p.m., sobre la calle 5 Nº 5-20, centro de la localidad de Puerto Rico, más concretamente en el establecimiento público denominado “Billares el Prince (sic) Azul”, donde el doctor Ayala Ortegón departía de un juego de billar con varios de sus subalternos, cuando ingresaron al lugar dos sujetos quienes dispararon indiscriminadamente en contra de Ayala Ortegón, quien perdió la vida inmediatamente y resultando herido igualmente en los mismos hechos el señor Luis Eduardo Calderón Montenegro, quien fue trasladado de urgencia al hospital de la ciudad de Florencia donde fue intervenido quirúrgicamente.
Dentro de las labores de inteligencia desplegadas en el lugar se conoció que estos sujetos luego de ejecutar su acción ilícita emprendieron la huída tomando por la carrera 5 en donde se localizan los colegios Sagrados Corazones y Acevedo y Gómez, quienes abordaron dos motos que les esperaban, desconociéndose qué rumbo tomaron posteriormente. De igual manera se pudo establecer que los posibles móviles que originaron este hecho de sangre tuvieron su desenlace a raíz de las averiguaciones que se adelantaban por parte de personal adscrito a la unidad investigativa de Puerto Rico Caquetá, relacionadas con la conformación de las milicias bolivarianas de las autodenominadas FARC, dicha investigación surgió luego de que en el diario “La Amazonía” apareciera una columna en la que se decía que el alcalde de dicho municipio era auxiliador de la guerrilla (documento remitido por la fiscalía mediante Ofi. 239, feb. 9/98, fls. 43-49, cdno. copia 1).
Y, el 22 de enero de 1997, la seccional del CTI de Florencia dio cuenta de la existencia de diversos atentados contra personal de la institución y de la Policía Nacional, así:
Del análisis realizado a los informes de inteligencia recopilados por la seccional, respecto de las acciones terroristas que iban a llevar a cabo miembros de las conocidas milicias bolivarianas, en el municipio de Puerto Rico Caquetá y que han venido ejecutando como es el hecho donde perdió la vida el señor Pedro Emilio Pérez Velandia, miembro de la fiscalía, hechos ocurridos el 22 de octubre de 1995, posteriormente el asesinato del teniente de la Policía Nacional, Maximino Enrique Jaimes Herrera, ocurrida el 12 de marzo de 1996, luego un agente de esa misma institución de nombre Ariel de Jesús Álvarez, según hechos ocurridos el 20 de marzo de 1996, posteriormente el nefasto hecho perpetrado contra el jefe de la unidad investigativa de esa localidad Dr. Héctor Darío Ayala Ortegón y resultara lesionado el investigador Luis Eduardo Calderón Montenegro y por último el atentado terrorista con explosivos de que fuera objeto las instalaciones donde funciona la fiscalía, colocando en inminente peligro a los funcionarios que se encontraban laborando para el momento.
En la actuación reposan las certificaciones juradas de personal de la fiscalía, en las que los funcionarios dieron cuenta de amenazas, en razón de las investigaciones que estaban adelantando en contra de los integrantes de grupos armados al margen de la ley. Entre ellas se destacan las presentadas por los fiscales seccionales de Puerto Rico para los años 1993, 1995 y 1997 (documentos remitidos por la fiscalía mediante Ofi. 239, feb. 9/98, fls. 255-257 y 264-266, cdno. copia 1).
Así mismo, en el informe consta que antes del atentado de que fue víctima el señor Héctor Darío Ayala Ortegón, funcionarios de la fiscalía conocían del mismo antes de su ocurrencia, poniendo de presente, además, la filtración de información confidencial al interior de la institución, poniendo en peligro la vida de quienes llevaban a cabo los operativos. Sobre este punto, se evidenció que “(...) en reiteradas ocasiones se ha dicho que el hecho de que se filtre información confidencial de la unidad de Puerto Rico es reincidente pues citamos el caso cuando se planeó un operativo en ese municipio y en especial a las residencias de algunos de los miembros de esa organización frustrándose los mismos ya que por labores de inteligencia se supo que dichos sujetos ya tenían conocimiento de las actividades que íbamos a desarrollar poniendo en peligro la vida de nuestros compañeros”(6) (documento remitido por la fiscalía mediante Ofi. 239, feb. 9/98, fls. 130-133, cdno. copia 1).
En la actuación consta que la fiscalía profirió medida de aseguramiento en contra del señor Salomón de los Ríos Díaz, técnico judicial II de la Fiscalía Seccional Puerto Rico, como presunto autor responsable del delito de rebelión, sindicado de prestar colaboración a integrantes de las milicias bolivarianas de Puerto Rico (Caquetá), en el sentido de suministrar información sobre el estado de las investigaciones y colaborar en el resultado favorable de las mismas. En la decisión se estableció que el mencionado grupo delincuencial “(...) ejerce presión, mantienen en estado de zozobra y terror a la población civil al punto que mediante atentados terroristas dirigidos en contra de los miembros del CTI seccional que funcionaba en ese municipio, lograron que la presencia del Estado, en el aspecto investigativo desarrollado por los miembros del cuerpo de investigación, se vieran atemorizados al punto de verse en la necesidad de desplazar la unidad investigativa y dejar sin el apoyo técnico investigativo a los funcionarios de la fiscalía seccional de ese lugar” (resaltado fuera de texto, documento remitido por la fiscalía mediante Ofi. 239, feb. 9/98, fls. 32-45, cdno. copia 2).
La Procuraduría Judicial ante la Fiscalía Regional Delegada, por su parte, estableció, de conformidad con las pruebas recaudadas en el curso de la investigación, “(...) como móviles la retaliación de miembros de las milicias bolivarianas que operan en Puerto Rico (Caquetá), por las investigaciones que venía desarrollando personal de la unidad investigativa al mando del occiso, tendientes a clarificar la individualización y/o identificación plena de los miembros de ese grupo al margen de la ley, la que se le atribuye la realización de varios homicidios como el de un teniente de la Policía Nacional y de exagentes de la misma institución”. Así mismo, encontró acreditada “(...) la información por parte de miembros del CTI de la infiltración de datos investigativos hacia las milicias bolivarianas como apéndice del movimiento subversivo de las FARC” (documento remitido por la fiscalía mediante Ofi. 239, feb. 9/98, fls. 149-156, cdno. copia 5).
2.2.2.4. Las pruebas dan cuenta de que el 21 de enero de 1997, la unidad del Cuerpo Técnico de Investigación de Puerto Rico (Caquetá) fue objeto de un atentado con un artefacto explosivo, “que la dejó prácticamente destruida”. Al respecto, el director de la seccional del CTI de Florencia, quien, además, puso de presente que, a raíz de esos hechos y en razón de la muerte del señor Héctor Darío Ayala Ortegón, mediante Resolución 3 de 21 de febrero de 1997, la entidad dispuso la suspensión de labores, así como el traslado del personal que integraba la unidad. Del contenido de la decisión, se destacan los siguientes apartes:
Que el 5 de diciembre de 1996 aproximadamente a las 20:45 horas fue ultimado por los impactos ocasionados en su humanidad con arma de fuego el jefe de la unidad investigativa del municipio de Puerto Rico Caquetá, doctor Héctor Darío Ayala Ortegón y herido en su integridad física a la altura de la región umbilical, el investigador judicial I Luis Eduardo Calderón Montegro (sic), atentado criminal que se llevó a cabo en el perímetro urbano de ese municipio.
Que en forma permanente se han obtenido informaciones y amenazas sobre posibles atentados contra el personal que integra la unidad.
Que en el día de hoy 21 de enero de 1997, el personal de la unidad investigativa en el municipio de Puerto Rico siendo las 10:00 horas de la mañana fue objeto de un atentado terrorista, con el que se destruyó parte de la edificación donde funcionaba el garaje y algunas oficinas colocando en peligro inminente las vidas de los funcionarios que en ese momento se encontraban en las instalaciones.
Que ante el permanente peligro en que se encuentra el personal que conforma la unidad investigativa de Puerto Rico y la falta de garantías para el desarrollo de las funciones que desempeñan los mismos,
ART. PRIMERO.—Suspender las labores del personal que integra la unidad investigativa del municipio de Puerto Rico a partir del día 22 de enero de 1997.
ART. SEGUNDO.—Mediante oficio dirigido al señor director administrativo de la seccional de Florencia Caquetá, se solicita el traslado del personal adscrito de la mencionada unidad a la unidad investigativa con sede en el municipio de Florencia (documento allegado por el director seccional del CTI de Florencia, mediante Ofi. DSCTI-830, nov. 14/2000, fls. 15-16, 20-21, cdno. 11).
El funcionario dio cuenta, además, de que la municipalidad era considerada “zona roja”, en la medida en que era utilizada como corredor estratégico de los distintos frentes de grupos armados al margen de la ley, que operan en los departamentos del Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare. Así mismo, señaló que a los investigadores y jefes de unidad se les entregó para su defensa un arma de fuego, al tiempo que contaban con un seguro de vida (certificación aportada en original, fls. 10-11, cdno. 8, 6-7 y 15-16, cdno. 11).
2.2.2.5. En el plenario consta que el grupo de seguridad de la Fiscalía General de la Nación impartió instrucciones a los funcionarios de la entidad, “(...) con el fin de contrarrestar cualquier atentado, ya que nos encontramos en un área con un alto índice de criminalidad y amenazas contra funcionarios y servidores”.
En efecto, el 12 de septiembre de 2000, el mencionado grupo recordó la aplicación del manual de seguridad, así como las medidas y recomendaciones contenidas en la Circular 16 de 11 de junio de 1999, entre las que se destacan:
2. Todo desplazamiento fuera del perímetro urbano debe ser autorizado por el director seccional del CTI, previa consulta a la SIA y al grupo de seguridad sobre el área donde se va a cumplir la misión, para así evitar sorpresas.
15. No entre a establecimientos dudosos (restaurantes alejados, discotecas, burdeles, etc.) en horas de la noche, ya que esto representa un riesgo al personal, debido a que estos son frecuentados por los delincuentes (documento allegado por el director seccional del CTI de Florencia, mediante Ofi. DSCTI-830, nov. 14/2000, fls. 15-19, cdno. 11).
2.2.2.6. Por razón de la muerte del señor Héctor Darío Ayala Ortegón, sus padres, compañera, hijo y hermana resultaron afectados moralmente.
Esto es así porque el registro civil que reposa en el plenario demuestra que el señor Ayala Ortegón fue hijo de los señores Héctor Julio Ayala Cerón y Gladys Lucía Ortegón de Ayala, así como lo es Amelia Lucía Ayala Ortegón (copias auténticas, fls. 7 y 10, cdno. 1).
De igual forma, la señora María Virgelina Herrera Monsalve probó su condición de compañera permanente, pues, además de contar con un hijo común —Carlos Andrés Ayala Herrera— (copia auténtica, fl. 9, cdno. 1), la prueba testimonial hace referencia a su relación con la víctima por más de tres años, así como de su familiaridad, buen trato y colaboración mutua. Sobre el particular, declararon los señores Gustavo Adolfo Cardona Ramírez, y María Elena Cazares Salguero (testimonios recibidos en primera instancia, fls. 34-35, 41 y 42, cdno. 11).
Las declaraciones que obran en el proceso permiten establecer, además, las relaciones de familiaridad, convivencia y colaboración entre los demandantes y el señor Héctor Darío Ayala Ortegón, así como de la afectación moral que les produjo su muerte.
En efecto, el señor Armando Cifuentes Espinosa dio cuenta del dolor sufrido por los demandantes, al punto de tener que acudir a consultas sicológicas y siquiátricas para tratar la depresión. Aseguró, además, que “dentro de esta familia se observó unidad, integración y de alguna manera Héctor Darío ayudaba para algunos menesteres en la casa” (testimonio recibido en primera instancia, fl. 97, cdno. 8).
En iguales términos declararon los señores Guillermo Mican Avellaneda y Gustavo Adolfo Medina Plazas (testimonios recibidos en primera instancia, fls. 99-102, cdno. 8).
2.3. Juicio de responsabilidad.
De acuerdo con el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que, así el ordenamiento jurídico no prevea una definición de daño antijurídico, es dable afirmar que se trata de “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(7).
Ahora bien, en concordancia con el artículo 2º de la Constitución, las autoridades “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades”, por lo que, en criterio de la Sala, “[o]mitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación”(8).
En este marco, el Estado no solo debe respetar, sino también garantizar los derechos de las personas, lo cual implica asumir conductas no solo tendientes a evitar actos contrarios a los intereses legítimos de los asociados y tomar las medidas necesarias para que los derechos, creencias y libertades se garanticen, realicen y prevalezcan en todos los casos.
Postulado constitucional que se confunde con la existencia misma del Estado y de sus autoridades públicas, en los términos de los artículos 1º y 2º constitucionales, al punto que su vulneración, por acción u omisión, hace responsable a la administración por los daños causados.
Ahora, sabido es que el Estado no puede destinar protecciones individuales para cada asociado, pero sí contar con programas y acciones tendientes a un cubrimiento general, acordes con las circunstancias que aquellos afrontan, de modo que, en principio, no tendría que responder por los hechos puntuales atribuidos a terceros, pues a las autoridades no se les exigen condiciones de omnipresencia y omnisuficiencia. Distinto a aquellas situaciones en las que la vida e integridad de los asociados se encuentra en real peligro y amenaza. Para el efecto, la conocida presencia e incursión frecuente de grupos al margen de la ley, amén del señalamiento y amenaza directa, circunstancias en las que las exigencias de protección se potencializan, precisamente con el establecimiento de medidas de protección eficaces, pues, de otra manera, no se pueden entender cumplidos los mandatos constitucionales de garantía y respeto de que trata el artículo 2º de la Carta. No se entendería, por ejemplo, que, conocida una situación concreta de peligro, riesgo o amenaza, se abandone a quien la padezca a su suerte.
Vale agregar, a lo expuesto, que no solo a las autoridades les corresponde adoptar medidas generales de seguridad destinadas a la protección de la población civil, en zonas del territorio en las que el orden público se conoce gravemente perturbado; sino que habrán de diseñarse e implantarse algunas especiales, dirigidas a brindar seguridad personal, en los casos en los que se afronta riesgo o amenaza, ya fuere porque las autoridades fueron informadas, como también cuando las especiales condiciones de quien lo demanda(9).
La jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que el Estado es responsable de reparar los daños sufridos por las víctimas de un hecho violento causado por terceros cuando: (i) el mismo es perpetrado con la intervención o complicidad de agentes del Estado(10), (ii) la persona contra quien se dirigió el ataque solicitó medidas de seguridad a las autoridades y éstas no se las brindaron(11), (iii) la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida(12) y (iv) en razón de las especiales circunstancias sociales y políticas del momento, lo ocurrido era previsible y, sin embargo, no se adelantaron las acciones necesarias para evitarlo(13).
Así, en estos casos, la Sala ha considerado que la responsabilidad del Estado surge por el incumplimiento del deber constitucional y legal de proteger la vida, es decir, de la omisión respecto de la conducta debida, la misma que de haberse ejecutado habría evitado el resultado(14) y la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del servicio(15).
En el presente caso, el acervo probatorio que reposa en el plenario permite establecer que el señor Héctor Darío Ayala Ortegón, Jefe de la unidad investigativa del CTI del municipio de Puerto Rico (Caquetá), murió el 5 de diciembre de 1996 a causa de los disparos propinados por integrantes de un grupo armado al margen de la ley denominado “Milicias bolivarianas”, en momentos en que departía con sus compañeros de trabajo en el establecimiento público denominado “Billar Príncipe Azul”. Esto, a manera de represalia por las investigaciones adelantadas por el funcionario y su equipo de trabajo en contra de algunos miembros del grupo subversivo.
Al respecto, el agente Luis Eduardo Calderón Montenegro, quien resultara lesionado en los hechos en los que perdió la vida el señor Ayala Ortegón, cuando fue interrogado por “a qué atribuye el atentado de que fuera víctima usted y el doctor Héctor Darío Ayala”, contestó que “posiblemente por estar llevando a cabo la investigación de las milicias bolivarianas” (fls. 54-57, cdno. copia 1).
Aunado a lo anterior, en el informe de inteligencia de 22 de enero de 1997, el director seccional del CTI de Florencia dio cuenta de la existencia de diversos atentados contra personal de la fiscalía y de la Policía Nacional, ocurridos el 22 de octubre de 1995, el 12 y 20 de marzo y 6 de diciembre de 1996, fecha última en la que perdió la vida el jefe de la unidad investigativa del CTI señor Héctor Darío Ayala Ortegón y resultara lesionado el investigador judicial Luis Eduardo Calderón Montenegro y, el atentado terrorista con explosivos del 21 de enero de 1997, contra las instalaciones donde funciona la sede de la entidad, colocando en inminente peligro a los funcionarios que se encontraban laborando para el momento.
Así mismo, varios funcionarios dieron cuenta de las amenazas contra sus vidas, en razón de las investigaciones que estaban adelantando en contra de los integrantes de grupos armados al margen de la ley.
En la investigación adelantada por la fiscalía en contra de uno de sus funcionarios, por el delito de rebelión, encontró acreditado que el grupo subversivo denominado “Milicias bolivarianas” ejercía presión y mantenía en “estado de zozobra y terror a la población civil”, dando lugar a que la entidad dispusiera, mediante la Resolución 3 de 21 de febrero de 1997, la suspensión de labores, así como el traslado del personal que integraba la unidad.
La procuraduría judicial también evidenció que la causa del atentado en contra de la víctima fueron las investigaciones que venía adelantando personal de la unidad investigativa a su mando, tendientes a individualizar e identificar plenamente a los miembros del grupo subversivo.
Los elementos probatorios recaudados dan cuenta, además, de que para la época en que sucedieron los hechos, el municipio de Puerto Rico (Caquetá) se caracterizaba por ser una región que presentaba problemas de seguridad permanente. Los distintos documentos incorporados al proceso y las declaraciones recibidas en primera instancia dan cuenta de esta circunstancia.
Estos hechos exigían de parte de la autoridad, en este caso de la Fiscalía General de la Nación, que conocía las circunstancias de peligro por las que atravesaba el personal del Cuerpo Técnico de Investigación asentado en el municipio de Puerto Rico (Caquetá), actuar conforme los postulados constitucionales, legales y de Derecho Internacional Humanitario, para proteger la vida e integridad personal del jefe de la unidad investigativa del CTI, quien, por razón de su cargo, adelantaba investigaciones en contra de los miembros de grupos armados al margen de la ley.
De conformidad con las pruebas que reposan en el plenario, la Sala considera que, si bien la acción de la subversión fue la causante del resultado dañoso, es decir de la muerte del señor Héctor Darío Ayala Ortegón, el Estado habrá de responder en los términos del artículo 90 de la Carta, en cuanto la Fiscalía General de la Nación, estando obligaba a tomar las medidas de protección que exigía la situación, no las adoptó, sin justificación alguna y, al no hacerlo comprometió su responsabilidad, al tiempo que tampoco cumplió con su deber de poner en conocimiento de la fuerza pública los hechos.
Si bien en la actuación está acreditado que la entidad puso en conocimiento de su personal algunas recomendaciones de seguridad —después de la ocurrencia de los hechos—, no es posible atribuir responsabilidad a la víctima por el solo hecho de encontrarse en un establecimiento público que, además, era frecuentado por distintos funcionarios de la Rama Judicial.
Cabe anotar, además, que si el señor Héctor Darío Ayala Ortegón no presentó una petición especial de protección, la situación de orden público que reinaba en la región y la presencia de grupos subversivos en la zona, además de la existencia de investigaciones que adelantaba la unidad investigativa dirigida y coordinada por el señor Ayala Ortegón, obligada a la demandada a tomar las medidas que exigía la situación.
Cabe anotar, además, que, según da cuenta el señor Misael Pastrana, la víctima venía tramitando una licencia “(...) a fines de diciembre para gestionar su traslado y que si este no era posible se retiraba de la fiscalía, porque no quería estar más en esa zona donde según él no existían garantías para las unidades de ese cuerpo investigativo”, al tiempo que estableció que el objetivo del atentado contra las instalaciones de la entidad, ocurrido el 21 de enero de 1997, era “acabar el CTI y cobrar más vidas aparte de la del doctor Darío” (fls. 71-73, cdno. 8).
En este sentido, es claro que lo que compromete la responsabilidad de la administración es la ausencia de medidas que habría tenido que adoptar la entidad pública demandada para proteger a quienes, por razón de sus funciones, estaban expuestos a un riesgo mayor, dada, además, la situación de grave alteración de orden público que se afrontaba en la región para la época de los hechos, debidamente acreditada en el proceso, y no, como lo afirma la parte actora, por “establecer una unidad del CTI en una población dominada por la delincuencia común zona roja”, toda vez que el Estado está obligado a hacer presencia en todo el país.
Del artículo 90 constitucional se deriva la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose, para el efecto que “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(16), es decir las lesiones injustificadas a los derechos e intereses patrimoniales y extrapatrimoniales de los asociados, que las autoridades no pueden provocar o tendrían que haber evitado.
De ahí que lo que proceda sea revocar la decisión del tribunal y condenar a la Nación-Fiscalía General de la Nación al pago de los perjuicios causados a los demandantes, liquidados de conformidad con las pautas que a continuación se señalan.
2.2.4. Indemnización de perjuicios.
2.2.4.1. Morales.
Establecidos como se encuentran los vínculos de consanguinidad y familiaridad entre la víctima y los demandantes, plenamente acreditados con las pruebas documentales a las que se ha hecho referencia, hacen presumir la afectación moral que la muerte del señor Héctor Darío Ayala Ortegón les causó.
En consecuencia, la Nación-Fiscalía General de la Nación pagará a favor de las personas que a continuación se relacionan, las sumas de dinero liquidadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes y no en gramos oro, como lo viene sosteniendo la corporación desde la sentencia de 6 de septiembre de 2001, proferida dentro del proceso acumulado 13.232–15646(17).
A favor de los señores Héctor Julio Ayala Cerón y Gladys Ortegón de Ayala —padres de la víctima—, María Virgelina Herrera Monsalve y Carlos Andrés Ayala Herrera —compañera permanente e hijo—, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, monto compensatorio que, como lo viene sosteniendo la Sección, consulta principios de equidad, dada la cercanía de los demandantes con la víctima.
Y, para Amelia Lucía Ayala Ortegón —hermana—, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
2.2.4.2. Materiales.
En la demanda se solicitó que se condenara a la Nación-Fiscalía General de la Nación a “(...) pagar a favor de sus padres Héctor Julio Ayala Cerón y Gladys Lucía Ortegón de Ayala, de su hermana Amelia Lucía Ayala Ortegón y de su menor hijo Carlos Andrés Ayala Herrera, representado por su señora madre María Virgelina Herrera Monsalve, los perjuicios materiales sufridos con motivo de la muerte de su hijo, hermano y padre Héctor Darío Ayala Ortegón (q.e.p.d.)”. Por el mismo concepto se solicitó se reconociera a favor de la señora María Virgelina Herrera Monsalve, teniendo en cuenta el salario devengado por la víctima al momento de los hechos, su expectativa de vida y los beneficiarios de la indemnización.
En relación con el daño emergente, la Sala no lo encuentra acreditado, razón por la cual negará su reconocimiento.
En lo atinente al lucro cesante, la indemnización resulta procedente a favor de los señores Héctor Julio Ayala Cerón y Gladys Ortegón de Ayala —padres de la víctima—, María Virgelina Herrera Monsalve y Carlos Andrés Ayala Herrera —compañera permanente e hijo—.
Respecto de la señora Amelia Lucía Ayala Ortegón —hermana—, la Sala no realizará ningún reconocimiento por este concepto, comoquiera que en el proceso no está acreditada una relación de dependencia económica con la víctima.
La Sala encuentra, además, que si bien está demostrado que para el día en que ocurrieron los hechos la señora Amelia Lucía Ayala Ortegón era mayor de edad, pues contaba con 33 años (fl. 10, cdno. 1) —de lo que se infiere que los señores Héctor Julio Ayala Cerón y Gladys Ortegón de Ayala “tenían varios hijos que debían atender igualmente la obligación”(18) de garantizar su sostenimiento—, también existe prueba, según las declaraciones que reposan en el plenario, de que la víctima, quien falleció a la edad de 36 años(19), contribuía a los gastos económicos de sus progenitores.
De este modo, la precitada pretensión será acogida así(20):
La Sala observa que, para la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda, el jefe de la unidad investigativa del Cuerpo Técnico de Investigación señor Héctor Darío Ayala Ortegón devengaba mensualmente la suma de $ 865.461,54 y una prima especial de servicio por $ 259.638,46, previo descuento por concepto de pensión, salud y cesantías, pues así consta en el original de las certificaciones expedidas por la demandada (fls. 20, 21 y 23, cdno. 1 proceso 1997-001199 y 15-16, cdno. 8), arrojando un total de $ 1.125.100.
Para el cálculo de la indemnización se tendrá en cuenta la suma resultante de actualizar el salario referido —$ 3.367.898—, a la cual se sumara el 25% por concepto de prestaciones sociales —$ 4.209.872— y, a la vez, se descontará el 25%, porcentaje que, se infiere, la víctima destinaba a sus gastos propios en presencia de compañera e hijo, lo que da como resultado la suma de $ 3.157.404; el 50% de este valor se dividirá así: el 50% para sus padres —$ 1.578.702 es decir $ 789.351 para cada uno de ellos—, cantidad que, a su vez, se dividirá en dos partes iguales, en tanto, como se dijo, los señores Héctor Julio Ayala Cerón y Gladys Lucía Ortegón de Ayala tenían una hija más, además de la víctima, que también contribuía a su sostenimiento, comoquiera que “se presume, con base en el principio de equidad, que cada uno debe aportar en la medida de su solvencia económica”(21), de lo que resulta una base de liquidación por la suma de $ 394.675, para cada uno de los progenitores.
El restante 50%, esto es la cantidad de $ 1.578.702, se dividirá entre la señora María Virgelina Herrera Monsalve y su hijo Carlos Andrés Ayala Herrera, suma a la cual se le acrecentará la proporción que le correspondía a la señora Amelia Lucía Ayala Ortegón, hermana de la víctima, esto es $ 394.675, arrojando una base de liquidación de $ 986.688, para cada uno de ellos. Además, se tendrá en cuenta la edad de vida probable de los padres y de la compañera(22), por ser inferior a la del señor Héctor Darío Ayala Ortegón(23), así como la fecha en que su hijo debería cumplir los veinticinco años de edad.
Lucro cesante a favor del señor Héctor Julio Ayala Cerón (padre)
La liquidación se hará conforme a la siguiente fórmula:
Ra = Renta actualizada (base de liquidación)
N = Número de meses transcurridos desde el momento en que ocurrieron los hechos —diciembre de 1996— hasta la fecha de aprobación de la presente sentencia —julio de 2013—, esto es, 199,86 meses.
Está probado que, al momento de los hechos objeto de la demanda, el señor Héctor Julio Ayala Cerón contaba con 59 años de edad (fl. 6, cdno. 1), de manera que tenía un período de vida probable o esperanza de vida igual a 20,27 años, equivalentes a 243,24 meses(24).
Para efectos de la liquidación, se descontará el número de meses que fueron liquidados en el período consolidado —199,86—, para un total de meses a indemnizar de 43,38.
N = Número de meses de vida probable del señor Ayala Cerón, menos el tiempo consolidado, es decir, 43,38 meses.
De lo anterior se tiene que, el monto total por concepto de lucro cesante para el señor Héctor Julio Ayala Cerón es de:
$ 132.901.116 $ 15.418.637 $ 148.319.753
Con fundamento en lo anterior, se condenará a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Héctor Julio Ayala Cerón, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de ciento cuarenta y ocho millones trescientos diecinueve mil setecientos cincuenta y tres pesos m/cte. ($ 148.319.753).
Lucro cesante a favor de la señora Gladys Lucía Ortegón de Ayala (madre)
Se encuentra demostrado que, al momento de la muerte de su hijo Héctor Darío Ayala Ortegón, la señora Gladys Lucía Ortegón de Ayala tenía 57 años de edad (fl. 6, cdno. 1) y, por tanto, tenía un período de vida probable o esperanza de vida igual a 23,22 años, equivalentes a 278,64 meses(25).
Así, para la liquidación del lucro cesante en la modalidad de indemnización futura, se descontará el número de meses que fueron liquidados en el período consolidado —199,86—, para un total de meses a indemnizar de 78,78.
N = Número de meses de vida probable de la señora Ortegón de Ayala, menos el tiempo consolidado, es decir, 78,78 meses.
En síntesis, la indemnización por concepto de lucro cesante para la señora Gladys Lucía Ortegón de Ayala es de:
$ 132.901.116 $ 25.898.462 $ 158.799.578
En virtud de lo expuesto, se condenará a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a la señora Gladys Lucía Ortegón de Ayala, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de ciento cincuenta y ocho millones setecientos noventa y nueve mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte. ($ 158.799.578).
Lucro cesante a favor de la señora María Virgelina Herrera Monsalve (compañera permanente)
Se liquidará en meses desde la fecha de los hechos hasta la sentencia así:
S = La suma que se busca al momento de la condena
Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación)
n= número de meses a indemnizar (desde la fecha de los hechos hasta la del fallo. Total: 199,86 meses)
i= interés técnico legal mensual (0,004867)
Se liquida en meses a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida de la señora Herrera Monsalve, descontando los 199,86 meses de la indemnización debida, reconocidos.
n = número de meses a indemnizar (a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida, descontando los 199,86 meses de la indemnización debida. Total: 327,42 meses)
En síntesis, la indemnización por concepto de lucro cesante para la señora María Virgelina Herrera Monsalve es de:
$ 332.252.958 $ 161.775.374 $ 494.028.332
En virtud de lo expuesto, se condenará a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a la señora María Virgelina Herrera Monsalve, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de cuatrocientos noventa y cuatro millones veintiocho mil trescientos treinta y dos pesos m/cte. ($ 494.028.332).
Lucro cesante a favor de Carlos Andrés Ayala Herrera (hijo)
Este período se liquidará desde la fecha de la sentencia hasta cuando el demandante cumpla los 25 años de edad, esto es hasta el 22 de julio de 2021, pues Carlos Andrés Ayala Herrera nació el 22 de julio de 1996, lo que equivale a un período a indemnizar de 95,7 meses.
En síntesis, la indemnización por concepto de lucro cesante para Carlos Andrés Ayala Herrera es de:
$ 332.252.958 $ 75.782.764 $ 408.035.722
En virtud de lo expuesto, se condenará a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar al menor Carlos Andrés Ayala Herrera, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de cuatrocientos ocho millones treinta y cinco mil setecientos veintidós pesos m/cte. ($ 408.035.722).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”.
REVOCAR la sentencia de 25 de mayo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, para, en su lugar, disponer:
1. DECLARAR no fundada la excepción propuesta por la entidad pública demandada.
2. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por no haber tomado las medidas necesarias que requería la situación que afrontaba el señor Héctor Darío Ayala Ortegón, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo.
3. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes cantidades de dinero por concepto de perjuicios morales:
A favor de los señores Héctor Julio Ayala Cerón y Gladys Ortegón de Ayala —padres de la víctima—, María Virgelina Herrera Monsalve y Carlos Andrés Ayala Herrera —compañera permanente e hijo—, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
4. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes cantidades de dinero por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante:
Para el señor Héctor Julio Ayala Cerón la suma de ciento cuarenta y ocho millones trescientos diecinueve mil setecientos cincuenta y tres pesos m/cte. ($ 148.319.753).
Para la señora Gladys Lucía Ortegón de Ayala la suma de ciento cincuenta y ocho millones setecientos noventa y nueve mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte. ($ 158.799.578).
Para la señora María Virgelina Herrera Monsalve la suma de cuatrocientos noventa y cuatro millones veintiocho mil trescientos treinta y dos pesos m/cte. ($ 494.028.332).
Y para el menor Carlos Andrés Ayala Herrera la suma de cuatrocientos ocho millones treinta y cinco mil setecientos veintidós pesos m/cte. ($ 408.035.722).
6. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995.
(2) Para el 30 de julio de 1997 y el 15 de septiembre de 1998, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 13.460.000 y 18.850.000, respectivamente —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en el equivalente a 4.000 gramos oro a favor de la señor María Virgelina Herrera Monsalve, por concepto de perjuicios morales, esto es la suma de $ 54.108.760.
(3) Al respecto pueden consultarse las sentencias de 4 de septiembre de 1997, M.P. Ricardo Hoyos Duque, expediente 10285 y de 11 de mayo de 2006, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, expediente 15626, en las que se coincide que la Nación se constituye en una persona jurídica unitaria, sin perjuicio de la representación a cargo de la rama, dependencia u órgano al que, específicamente se le atribuye el hecho o la omisión y, en general la causa del daño indemnizable.
(4) Ver auto de 19 de febrero de 2004, M.P. María Elena Giraldo, expediente 25756.
(5) Al respecto ver sentencias de febrero 21 de 2002, expediente 12789, M.P. Alier Hernández Enríquez y de 5 de junio de 2008, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 16398.
(6) En la actuación consta que la fiscalía profirió medida de aseguramiento en contra del señor Salomón de los Ríos Díaz, funcionario de la entidad, “(...) sindicado de prestar colaboración a integrantes de las milicias bolivarianas de Puerto Rico (Caquetá), en el sentido de suministrar información sobre el estado de las investigaciones, colaborar para que estas salgan favorables a los intereses de los integrantes de ellas y de suministrar información sobre las actividades investigativas y allanamientos a realizarse en las viviendas de los miembros de las milicias” (fls. 32-45, cdno. original 2). Y, posteriormente profirió en su contra resolución de acusación (fls. 158-185, cdno. copia 5). Así mismo, la entidad adelantó investigación y decretó medida de aseguramiento en contra de varios integrantes del grupo armado ilegal, como autores materiales de la muerte del señor Héctor Darío Ayala Ortegón, entre otros funcionarios de la institución y de la Policía Nacional (fls. 92-101, 231-232, cdno. copia 4, 156-171, 334-352, cdno. copia 5).
(7) Sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(8) Sentencia de 20 de noviembre de 2008, expediente 20511, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2012, expediente 24336, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.
(10) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, expediente 10140, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.
(11) Supra 6: “[e]n consecuencia, considera la Sala que conforme a las pruebas que obran en el expediente y a la jurisprudencia adoptada por la Sala, la muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas es imputable al Estado, a título de falla del servicio por omisión, porque éste requirió en forma pública, en reuniones con funcionarios del Estado y a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, protección para su vida y la de los demás miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, por el grave riesgo que corrían, hecho que, además, era públicamente notorio, porque muchos de los miembros de esas agrupaciones de izquierda habían sido asesinadas por razón de su militancia política”.
(12) Sentencia de 19 de junio de 1997, expediente 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández: “…los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del estado, incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección del Dr. Low, a su regreso al país. No es necesario para que en este caso se estructure la falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial de protección, dado que esos mismos organismos fueron los que encontraron, estudiaron y analizaron las pruebas que contenían las amenazas; se refiere la Sala a los cassettes encontrados en Medellín donde había una conversación entre el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y su abogado Guido Parra, en relación con la orden de dar muerte al Dr. Low. || Para el cabal cumplimiento de sus funciones a los organismos de seguridad les correspondía realizar una labor de inteligencia con miras a determinar la protección que ameritaba el Dr. Low, dado que conocían a ciencia cierta que era objeto de serias amenazas”.
(13) Sentencia de 30 de octubre de 1997, expediente 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque: “[e]l carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debería por esa sola circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, sino de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible”.
(14) Sentencia de 28 de abril de 2010, expediente 18072, C.P. Myriam Guerrero de Escobar: “[p]or consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado [C.E., Secc. Tercera, sent. oct. 4/2007, exp. 15567, M.P. Enrique Gil Botero]”.
(15) Sentencia de 21 de abril de 1994, expediente 8725, C.P. Daniel Suárez Hernández: “[p]ara la Sala no resulta suficiente la explicación que ofrece la Policía Nacional de que no se le podía brindar protección hasta el lugar de trabajo por cuanto los agentes no podían salir de la jurisdicción municipal. Aceptarla implicaría desconocer que dicha institución tiene carácter nacional y no está legalmente limitada para ejercer sus funciones en todo el territorio nacional. El obstáculo que podría ser administrativo, era superable por virtud de las especiales circunstancias que rodeaban el caso, mediante una orden del Comando de la Policía Nacional en Antioquia. || Ahora bien, como lo afirma en su alegato de conclusión la apoderada de la Policía Nacional, la función protectora que brinda esta entidad, antes que de resultado es de medio, y, precisamente observa la Sala, que la administración falló en ese punto al no brindarle a la víctima los medios suficientes, adecuados y oportunos para prevenir y evitar en lo posible los resultados trágicos inherentes a un atentado. Fue, pues, insuficiente y deficiente la prestación del servicio de vigilancia para el sindicalista Martínez Moreno, de donde se concluye que en el caso examinado se configuró una falla en el servicio de vigilancia a cargo de la Policía Nacional”.
(16) Sentencias de 8 de mayo de 1995, expediente 8118 y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.
(17) M.P. Alier E. Hernández Enríquez.
(18) Sentencia de 15 de agosto de 2002, expediente 14357, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(19) Según la copia auténtica de su registro civil de nacimiento (fl. 7, cdno. 1), el señor Héctor Darío Ayala Ortegón nació el 16 de febrero de 1960, de manera que para la fecha en que ocurrieron los hechos (dic. 5/96) contaba con 36 años de edad.
(20) Se reitera la sentencia aprobada por la Subsección B el 29 de agosto de 2012, expediente 24453, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en la cual se indicó: “[e]n cuanto al lucro cesante consolidado, se hará la liquidación correspondiente de la siguiente forma: (i) se toma como base el salario devengado por la persona en su valor actual, es decir, $ 909.090,52; (ii) se adiciona el 25%, que equivale a las prestaciones sociales; (iii) se resta el 50% (sent. jul. 28/2011, rad. 19490, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo), que corresponde a la destinación para gastos personales, dado que era soltero); y (iv) se obtiene, en consecuencia, un valor final de $ 568.181,57. || La contribución económica de Patricio Rentería hacia sus padres está limitada en función del aporte proporcional que les corresponde a los demás hermanos, equivalente a una décima parte de sus ingresos, por tratarse de diez hermanos en edades productivas. || De la operación anterior se deduce que la ayuda prestada por el señor Patricio Rentería a sus padres, en valor actualizado, ascendía a $ 56.818,15. Este valor se dividirá en partes iguales entre los padres, lo que da como resultado que éstos sufrieron, cada uno, la pérdida de un lucro cesante mensual de $ 28.409,07”.
(22) El registro civil que reposa en la actuación da cuenta que la señor María Virgelina Herrera Monsalve nació el 20 de septiembre de 1962, es decir contaba con 34 años para la fecha de los hechos (fl. 3, cdno. 1).
(23) Como se señaló en la nota al pie 19, el señor Héctor Darío Ayala Ortegón nació el 16 de febrero de 1960, de manera que para la fecha en que ocurrieron los hechos (dic. 5/96) contaba con 36 años de edad.
(24) Cfr. Resolución 497 de 1997, proferida el 20 de mayo de 1997 por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera.

References: artículo 185
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 90
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 115
 artículo 37
 resolución 
 Resolución