Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2002-00579-31269-de-enero-28-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_92f08e2b8d734c65965108f48505cb10&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 05:12:31+00:00

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SENTENCIA 2002-00579 DE 28 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CONFIGURADA AL INCUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDÍAN PARA PREVENIR Y MITIGAR ACCIDENTE DE TRÁNSITO. TRAS LA COLISIÓN ENTRE UN VEHÍCULO DE UNA EPS POR SALIR IMPRUDENTEMENTE DE SU CARRIL PARA GIRAR A LA IZQUIERDA, MOMENTO EN EL CUAL INVADE LA VÍA POR LA CUAL TRANSITABA UNA MOTOCICLETA COLISIONANDO CON LA MISMA CON EL AGRAVANTE DE QUE LA VÍA POR LA CUAL TRANSITABA EL VEHÍCULO OFICIAL TENÍA LA SEÑAL DE PARE, DADO QUE LA ENTIDAD DEMANDADA INCUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN DE ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDÍAN PARA PREVENIR Y MITIGAR UN ACCIDENTE ESPECÍFICAMENTE, NO INVADIR EL CARRIL OPUESTO Y CUMPLIR CON LA SEÑAL DE PARE QUE SE ENCONTRABA EN LA VÍA PARA EFECTOS DE DARLE PRELACIÓN A LA MOTOCICLETA QUE TRANSITABA CONFORME A LAS NORMAS Y LLEVABA LA VÍA, SE DEBE DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CARRETERAS, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, ACCIDENTES DE TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO, INDEMNIZACIÓN A LA VÍCTIMA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Sentencia 2002-00579/31269 de enero 28 de 2014
Radicación: 52001-23-31-000-2002-00579-01(31269)
Actor: José Israel Bautista Rodríguez y otros
Demandado: Ministerio de Salud y Selvasalud EPS
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que profirió la Sala de Descongestión para los tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño - Sede Cali, el día 17 de febrero de 2005, en la cual se resolvió declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y ordenó remitir el presente asunto a la justicia ordinaria.
1.1. En escrito presentado el 22 de mayo de 2000, el señor José Israel Bautista Rodríguez actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijos Jhon Ferney y Robinsón Andrés Bautista Ordóñez, la señora Blanca Ordóñez, Duver Alberto, Wilfredo y Deisy Yanida Bautista García y Daira Catalina Bautista Ordóñez, Wilton César Burbano Cadena, Nabor Burbano García actuando en nombre propio y en representación de su menor hijo James Hernán Burbano Cadena, los señores Aura Ligia, Blanca Lidia, José Orlando, Héctor Wilson, Doris Rosalba, Gilberto y Loly Nancy Burbano Cadena por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Salud y Selvasalud EPS con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia de las lesiones causadas a los señores Wilton Cesar Burbano Cadena y José Israel Bautista Rodríguez en un accidente de tránsito en la ciudad de Mocoa el 27 de junio de 1998 “ocasionado por vehículo automotor de propiedad de Selvasalud S.A. conducido en el momento por empleado de la misma entidad”.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a la entidad demandada por concepto de indemnización de perjuicios morales con el equivalente en pesos a 1.000 gramos oro para cada uno de los demandantes; tanto para el señor José Israel Bautista Rodríguez y Wilton César Burbano Cadena la suma de $ 30.000.000 por concepto de perjuicios materiales tanto en la modalidad de lucro cesante como en daño emergente y, por perjuicios “fisiológicos” a favor del señor Bautista Rodríguez la suma de $ 30.000.000 y para el señor Burbano Cadena la suma de $ 20.000.000.
1.3. Como fundamentos de hecho de la demanda se expusieron los siguientes:
El día 27 de junio de 1998, el señor José Israel Bautista Rodríguez en compañía de Wilton César Burbano Cadena se desplazaban en una motocicleta de propiedad del primero de los mencionados en la ciudad de Mocoa.
A la altura del Parque Santander del referido municipio, fueron embestidos por el vehículo de placas MCK 157 de propiedad de la Empresa Promotora de Salud Selvasalud S.A. el cual era conducido por un funcionario de dicha entidad quien no realizó el PARE que existía en esa vía con el agravante de que este transitaba a una velocidad superior a la permitida.
Como consecuencia del accidente, los demandantes fueron trasladados al Hospital José María Hernández de Mocoa y posteriormente a la ciudad de Pasto donde fueron hospitalizados varios días debido a la gravedad de las lesiones que sufrieron .
1.4. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Nariño mediante proveído dictado el 29 de mayo del 2000, decisión que fue objeto de recurso de apelación por el Ministerio Público en escrito del 1º de junio del 2000 el cual fue resuelto en providencia del 28 de julio de esa misma anualidad y mediante el cual se resolvió no reponer la decisión recurrida motivo por el cual se continuó con el trámite de notificación de las demandadas el cual se cumplió a cabalidad(1).
2.1. La Entidad Promotora de Salud Selvasalud S.A. indicó que si bien se había causado un daño a los señores Bautista Rodríguez y Burbano Cadena en un accidente de tránsito el 27 de junio de 1998 en la ciudad de Mocoa, con un automóvil de propiedad de dicha entidad, lo cierto era que no se había probado que el autor del daño hubiera sido un funcionario de la EPS ni que el conductor estuviera en cumplimiento de sus funciones todo lo cual permitía concluir que “no existe el nexo causal entre la ocurrencia del hecho y la responsabilidad de mi poderdante”(2).
2.2. Por su parte, la Nación - Ministerio de Salud, en su contestación, esgrimió que de probarse responsabilidad por los daños causados a los señores José Israel Bautista Rodríguez y Héctor Wilson Burbano Cadena la única entidad llamada a responder por ello era la EPS Selvasalud S.A. la cual cuenta con autonomía administrativa y debe reconocer los perjuicios que sus funcionarios causen en ejercicio de sus funciones. Así las cosas, la demandada propuso la excepción de falta de legitimación en la causa, pues a su parecer “no ha existido una conducta dañosa en contra de los mencionados señores, adjudicable directa o indirectamente al Ministerio de Salud”(3).
Agotada la etapa probatoria prevista en proveído del 11 de septiembre de 2002(4) y fracasada la audiencia de conciliación, el tribunal de primera instancia, mediante auto de fecha 16 de julio de 2004, dio traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto(5).
4.1. El apoderado judicial de la parte actora indicó que si bien la EPS Selvasalud S.A. es una entidad de derecho privado, de conformidad con la Ley 100 de 1993 la prestación de sus servicios se encuentra bajo la vigilancia del Ministerio de Salud produciéndose así un “fuero de atracción” por lo que sí le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo resolver el presente litigio. Por lo tanto, destacó que la conducción de vehículos se considera una actividad peligrosa motivo por el cual “opera una presunción de responsabilidad” en contra de la entidad demandada la cual solo se libraría de responder si probara un hecho extraño como único eximente de responsabilidad circunstancia que no se acreditó en el caso sub examine razones suficientes para acceder a las pretensiones de la demanda(6).
4.2. Las entidades demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio.
Cumplido el trámite legal correspondiente en primera instancia, la Sala de Descongestión para los tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño profirió sentencia el 17 de febrero de 2005, oportunidad en la cual “declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, formulada por el Ministerio de Salud”.
Para adoptar esa decisión, el tribunal administrativo indicó que una vez analizado el acervo probatorio se imponía concluir que la demanda estaba encaminada a obtener la indemnización de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia del accidente de tránsito en el que resultó involucrado un vehículo de la EPS Selvasalud S.A. pero en ningún momento se cuestionó algún tipo de tratamiento médico asistencial motivo por el cual no se estaba en facultad de vincular al Ministerio de Salud al presente proceso pues si bien existe una obligación de vigilancia y control, esta no puede ser asumida de manera general, es decir, se circunscribe únicamente a los servicios de salud.
En consecuencia, indicó que “en este caso concreto, como consecuencia de la declaración de prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no hubo razón para vincular al Ministerio de Justicia (sic) la aplicación de la figura jurídica del fuero de atracción que sirvió de base para su trámite, queda desvirtuado, se destruye”(7).
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia; como fundamento de su inconformidad manifestó, básicamente, que se había vinculado en la demanda al Ministerio de Salud para responder por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia del accidente de tránsito en el que resultaron heridos los señores José Israel Bautista Rodríguez y Héctor Wilson Burbano Cadena toda vez que fueron embestidos por un vehículo de la EPS Selvasalud S.A. la cual si bien es de naturaleza privada, es vigilada y controlada por el referido ministerio motivo por el cual deberá responder por los daños que cause la EPS en cualquier escenario, incluyendo aquellos que no tengan relación alguna con la prestación del servicio médico.
A lo anterior añadió que el Tribunal Administrativo de Nariño admitió la demanda sin efectuar ningún reparo sobre su competencia para conocer del asunto y que incluso las demandadas guardaron silencio al respecto pues no alegaron algún tipo de nulidad, lo que significaba que aceptaban tácitamente que fuera la jurisdicción de lo contencioso administrativo la que resolviera el presente litigio(8).
7. El recurso de alzada fue concedido por el tribunal administrativo a quo, a través de auto de 29 de enero de 2005 y se admitió por parte de esta corporación el 7 de diciembre de esa misma anualidad(9).
8. Mediante auto de fecha 2 de mayo de 2006 se dio traslado a las partes para que presentaren sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, término durante el cual los referidos sujetos procesales guardaron silencio(10).
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia que profirió la Sala de Descongestión para los tribunales administrativos del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, el día 17 de febrero de 2005, mediante la cual se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del ente público demandado y, en consecuencia, se denegaron las pretensiones de la demanda.
Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que estas, a diferencia de aquella, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(11).
Clarificado, entonces, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(12).
La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.
Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(13). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala,
“[L]a excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (art. 164, CCA) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.
La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado —modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante— que tumba la prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo.
La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado” (negrillas en el texto original, subrayas fuera de él)(14).
De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(15).
En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra(16). De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sala:
Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y solo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda”(17).
“... una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”(18).
Ante tal panorama, esta Subsección entrará a analizar la legitimación en la causa por pasiva, o no, de las entidades demandadas.
Pues bien, en el presente caso la demanda se dirigió en contra de la Nación - Ministerio de Salud y la EPS Selvasalud S.A.; sin embargo, se encuentra que el hecho dañoso por el cual se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado consiste en las lesiones causadas a los señores Burbano Cadena y Bautista Rodríguez el 27 de junio de 1998 en un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un vehículo de la EPS Selvasalud S.A., hecho que no le resulta atribuible al Ministerio de Salud por cuanto no tuvo injerencia en la producción del daño por el cual se demandó.
Ciertamente, respecto de la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud o, no, se advierte que el artículo 8º de la Ley 10 de 1990, por medio de la cual se reorganizó el sistema nacional de salud, le atribuyó al Ministerio de Salud la dirección del mismo, esta tarea la debe cumplir básicamente mediante la formulación de las políticas de este sector, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo económico y social y la expedición de las normas científico-administrativas que serán de obligatorio cumplimiento por las entidades que integran el sistema; dentro de las funciones que dicha ley le atribuyó al referido ministerio, no se halla ninguna que implique la prestación directa de servicios de salud, como sí les corresponde a otras entidades, públicas y privadas, que también hacen parte del sistema nacional de salud, cuyo objeto es precisamente el de brindar atención médica y asistencial, y a ellas les corresponde asumir la responsabilidad en la dirección y prestación de dichos servicios de salud, entidades respecto de las cuales la Nación - Ministerio de Salud se limita a establecer normas, directivas, pautas, instrucciones, etc., pero no existe ningún vínculo de dependencia o subordinación administrativa entre ellas y la Nación - Ministerio de Salud, ni esta actúa por su intermedio, en la prestación de los servicios de salud, actividad en la cual las entidades ejecutoras gozan de autonomía dentro del marco jurídico y político establecido desde el Gobierno Nacional.
De conformidad con lo anterior, se tiene que el daño reclamado en el libelo demandatorio no le resulta atribuible a la Nación - Ministerio de Salud, toda vez que dicha institución, está encargada de formular directrices en el sector salud, pero no tiene a su cargo el resarcimiento de los perjuicios causados ni por la prestación directa de servicios de salud ni mucho menor por los accidentes que causen los funcionarios de las EPS.
Ahora bien, al haber determinado que en relación con la entidad pública demandada no resulta posible predicar su legitimación en la causa —por pasiva— dentro de este asunto, queda entonces como única parte demandada la EPS Selvasalud S.A., la cual, según el tribunal a quo es de carácter privado, conclusión a la cual arribó sin ningún tipo de fundamento.
Contrario sensu, observa la Sala que la demandada EPS Selvasalud S.A., era una entidad promotora de salud perteneciente al sistema general de seguridad social en salud, creada como una sociedad de naturaleza pública. En efecto, según se desprende del certificado de existencia y representación legal que obra en el plenario, la junta directiva de la EPS estaba integrada por el Gobernador del departamento del Putumayo, los alcaldes de los municipios de Santiago, Villa Garzón, La Hormiga, y representantes de los hospitales José María Hernández y San Francisco de Asís entre otros.
A lo anterior se agrega que la Superintendencia Nacional de Salud, elaboró un listado de entidades promotoras de salud y su naturaleza, en el cual se relaciona a Selvasalud S.A. como EPS de naturaleza pública(19).
Así las cosas, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, prescribe que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encuentra instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas motivo por el cual, al ser Selvasalud S.A. una empresa promotora de salud de dicha naturaleza, la Sala procederá a estudiar si en el presente asunto le asiste responsabilidad o no.
Historia Clínica del señor José Bautista Rodríguez suscrita en el Hospital Departamental de Nariño en la que se indicó:
“Epicrisis. Fechas 270698
Ingreso 27 06 98 No. Historia
Egreso 20 (sic) 6 98 Servicio
Bautista Rodríguez José Edad
1er apellido2do apellidoNombres completos 40
Motivo de consulta. Trauma en motocicleta con impacto en cadera y rodilla izquierda. Dolor a la movilización de la (ilegible) de cadera y rodilla izquierda.
Diagnóstico de ingreso: Fractura impactada de arutóbulo izquierdo.
Hallazgos en laboratorio: Clínico: Cuadro hemático, TP, TPT, glicemia, BUN, creatinina.
Tipo cirugía: 1, reducción abierta luxación de cadera, osteosíntesis, fractura de acetábulo.
Dx definitivos: Luxación posterior de cadera
Tratamiento: médico-quirúrgico
Conducta: Salida con formulación
Proced. Pendientes: Control por consulta externa cirugía Dr. Guzmán ortopedia(20).
Bautista José
Fecha: 21 - 07 - 98
Diagnóstico operatorio: luxación post —de cadera— Fx de acetábulo
Operación practicada: Reducción abierta luxación de cadera
Osteosíntesis, fx de acetábulo
— Historia clínica de Wilton César Burbano Cadena elaborada por el personal médico del Hospital Departamental de Nariño ESE.
“Epicrisis Fechas 194276
Egreso 1 7 98 Servicio
Burbano César Edad
1er apellidoNombres completos 23
Motivo de consulta: Remitido de Mocoa
Examen físico: Edema y deformidad pierna izquierda
De ingreso: Fractura abierta grado I tibia y peroné izquierda
Hallazgos en laboratorio: Clínico CH hemoclasificación
Tipo cirugía: 1. Lavado quirúrgico
3. Inmovilización con tubo de yeso
Dx. Definitivos 1. Fractura abierta grado I tibia y peroné izquierdos
Tratamiento: MQ
Estado: Mejor X
Conducta: salida con fórmula y recomendaciones generales
Proced. pendientes: Control x C/E en 15 días
— Informe de accidente elaborado por la oficina de Mocoa - Putumayo del Ministerio de Transporte en el que se indicó que el día 27 de junio de 1998 a las 3.00 a.m. colisionaron dos vehículos, el primero de ellos era un campero marca Toyota modelo 97 de propiedad de la Selvasalud S.A. EPS conducido por el señor Robert Vivas. Sobre el otro vehículo se indicó que se trataba de una motocicleta marca Yamaha modelo 93 conducida por el señor José Israel Bautista y en el que también se transportaba el señor Wilton Burbano.
Sobre las posibles causas del accidente, se indicó:
“Causas probables.
Vehículo 1: 114 - embriaguez aparente.
Vehículo 2: 114-116 embriaguez aparente.
Versión cond. 1. Bajábamos del mirador - íbamos a cruzar (ilegible) el casino (ilegible) hombre venía arriado - fue cuando se nos vino encima y (ilegible)
Versión cond. 2. No hay versión.
Observaciones: El accidente se pudo ocasionar por el estado de embriaguez por parte de ambos conductores”.
Respecto de las características de la vía, en dicho informativo se estableció que por donde transitaba el vehículo de Selvasalud era doble sentido contrario para la motocicleta; sobre el estado de las vías donde transitaban los dos automotores, se indicó que era bueno; las condiciones eran “húmedas” y la iluminación “mala”. Finalmente, se manifestó que la vía por la cual transitaba el vehículo 1 presentaba una señal de PARE(21).
En dicho documento también reposa croquis del accidente, en el cual se indicó que el campero de propiedad de Selvasalud, identificado como el vehículo 1, mientras transitaba por la vía al centro de Mocoa, en la cual se encontraba una señal de PARE, invadió el carril izquierdo cuando intentaba cruzar hacia la gobernación momento en el cual colisionó con el vehículo 2, esto es, la motocicleta en la que transitaban los señores José Israel Bautista Rodríguez y Wilton César Burbano Cadena la cual se dirigía por la vía que conduce a Pasto(22).
— Testimonio rendido por el señor Emiliano Suárez Galvis en el que sobre el accidente indicó:
“yo trabajaba en vigilancia, recibí turno de 7:00 de la noche a una de la mañana, por ahí a las 2:30 de la mañana después de estar en mi casa fue el señor agente Calpa a pedirme el favor que le colaborara con un accidente de tránsito, me manifestó que habían resultado lesionados el agente Bautista y el otro ocupante de la motocicleta y que el accidente había sido ahí en la esquina de la gobernación, posteriormente me cambié y llegué al lugar de los hechos, una vez ahí, vi una motocicleta tirada en el piso, al parecer de propiedad del agente Bautista y un vehículo Toyota, Land Crucer, no recuerdo el color, al parecer dicho vehículo pertenecía a la empresa Selvasalud. Luego llegó el señor o un señor funcionario de tránsito departamental el cual se encargó de levantar el croquis del accidente. Cuando llegué al lugar de los hechos el centinela de la esquina de la gobernación, que es el patrullero Villareal José, me manifestó que el vehículo Toyota iba con varios ocupantes y al ver la moto atropellada iban a emprender la huida para evadir la responsabilidad, él se acercó a los ciudadanos del vehículo, los cuales olían a licor, eso fue lo que me manifestó el señor Villareal José. Cuando yo llegué al lugar de los hechos únicamente se encontraban los vehículos que colisionaron, una motocicleta y un carro Toyota, ninguna de las personas que iban en los vehículos se encontraban, ya habían sido llevados del lugar”(23).
— Dictamen médico legal de lesiones realizadas al señor José Israel Bautista Rodríguez por el Instituto de Medicina Legal - Unidad local de Mocoa en el que se estableció lo siguiente:
“Examinado hoy 1º de marzo de 2004 a las 10:32 horas en segundo reconocimiento médico-legal. Anamesis: Refiere dolor en la operación y en la rodilla. Presenta: cicatriz antigua levemente hiperpigmentada de +/- x 1 cm en el tercio superior cara externa del muslo izquierdo. Cicatriz antigua levemente hipertrófica discretamente hiperpigmentada de +/- 10 x 1,5 cm en la rodilla izquierda. Disminución de la flexión de la pierna sobre el muslo de +/- 60%, disminución de la flexión del muslo de +/- 70% con moderada disminución de la abeducción. Presenta marcha apoyada con bastón en la mano izquierda dada por cojera del miembro inferior izquierdo. Se revisa el folio 25 del proceso 2579, del cuaderno original, enviado por su despacho, que en su parte pertinente dice: “Santafé de Bogotá noviembre 20 de 1998 ... José Bautista... fractura del aspecto posterior del acetábulo izquierdo, formación de neocetábulo y luxación en sentido anterior y superior de la cabeza femoral correspondiente con cambios artrósicos degenerativos secundarios...”. Las demás lesiones descritas en el anterior concepto 453-98 de fecha 12 de agosto de 1998 han reparado y cicatrizado satisfactoriamente. Teniendo en cuenta lo anterior se concluye: Conclusión: mecanismo causal: contundente. Incapacidad médico legal: definitiva. Cuarenta (40) días como secuelas médico-legales presenta. Perturbación funcional del órgano de la marcha (por la disminución de los arcos de movimiento referidos en el miembro inferior izquierdo) de carácter permanente”(24).
Igualmente, obra en el proceso el dictamen médico legal de lesiones del señor Wilton César Burbano Cadena suscrito el 11 de marzo de 2004 en el que se concluyó que presentaba una incapacidad médico-legal definitiva de sesenta días sin secuelas(25).
2.2. El título jurídico de imputación aplicable a los eventos en los cuales se examina la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la producción de daños derivados de las actividades peligrosas.
Al respecto resulta pertinente reiterar lo que afirmó por la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del 19 de abril de 2012(26), en torno a la aplicación de los títulos de imputación decantados por la jurisprudencia; en la providencia en comentó se consideró:
En este orden de ideas, de conformidad con la causa petendi y la jurisprudencia reiterada de la corporación, considera la Sala que el título de imputación que resulta aplicable al presente caso es aquel que se fundamenta en la falla en el servicio.
Lo anterior sumado a la consideración, como también lo ha reiterado la Sala, que en el análisis de la responsabilidad del Estado se debe comenzar por estudiar si en el caso de marras el referido daño tuvo su origen en irregularidades en la actividad de la administración, esto es falla en la prestación del servicio(27).
De conformidad con los medios de convicción allegados al proceso, se encuentra acreditado el daño padecido por los demandantes, esto es las lesiones de los señores José Israel Bautista Rodríguez y Wilton César Burbano Cadena.
Así las cosas, establecida la existencia del hecho dañoso, abordará la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le resulta atribuible a la administración pública y, por lo tanto, si constituye deber jurídico de esta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan.
En ese orden de ideas, del análisis del material probatorio obrante en el expediente, la Sala encuentra i) que el día 27 de junio de 1998, aproximadamente a las 3:00 a.m., en el municipio de Mocoa (Putumayo) el señor José Israel Bautista Rodríguez conducía una motocicleta marca Yamaha, en compañía del señor Wilton César Burbano Cadena; ii) que la referida motocicleta colisionó con un campero marca Toyota modelo 97 perteneciente a Selvasalud S.A., la cual era conducida por el señor Robert Vivas; iii) que los demandantes fueron llevados al Hospital de Mocoa centro médico en el que se decidió remitirlos al Hospital Departamental de Nariño dada la gravedad de las heridas que presentaron.
Ahora bien, según se indicó en el informe del accidente de tránsito, los conductores de ambos vehículos se encontraban en estado de “embriaguez aparente” a lo que se añadió que la posible causa del incidente era “el estado de embriaguez por parte de ambos conductores”. No obstante lo anterior, en el plenario no se encuentra el medio probatorio idóneo que efectivamente corrobore dicha circunstancia pues no se cuenta con dictamen pericial que así lo comprobara.
En ese sentido, la doctrina nacional ha definido la alcoholemia como “la cantidad de alcohol existente en el organismo, por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. La alcoholemia máxima se obtiene una hora después de terminar la ingestión de alcohol. La alcoholemia indica la cantidad de alcohol ingerido, pero no indica la toxicidad o embriaguez”(28).
A su turno, el reglamento técnico forense para la determinación del estado de embriaguez aguda expedido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses(29), la definió en los siguientes términos:
“Es la concentración de alcohol etílico contenido en la sangre; para dar respuesta a los requerimientos de la legislación colombiana sobre determinación de embriaguez se debe expresar en mg de etanol / 100 ml de sangre total, de conformidad con el literal A del artículo primero de la Resolución 414 de 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aclarada mediante Resolución 453 de 2002”.
Sobre el procedimiento para la determinación clínica forense de embriaguez, el reglamento técnico dispuso lo siguiente:
“En este proceso se incorporan aspectos inmersos en la prestación del servicio forense, la aplicación del método científico en el desarrollo de la valoración médica y el manejo técnico de los elementos de prueba recolectados, asociados con la investigación.
El proceso de determinación de embriaguez por examen clínico forense describe las actividades que lo conforman y sus respectivos procedimientos; constituye una herramienta que consolida los métodos de valoración estandarizados y validados para el diagnóstico clínico de embriaguez, así como el aporte desde la actuación pericial de elementos probatorios y evidencias debidamente analizadas en el contexto de cada caso específico.
Este proceso se inicia por solicitud de autoridades penales, de tránsito y administrativas, cuando se requiere una prueba idónea para la determinación clínica del estado de embriaguez, el cual se manifiesta por una serie de alteraciones clínicas evidenciables mediante la realización de un cuidadoso examen médico forense.
Igualmente, en los casos penales, a medida que vaya entrando en vigencia el sistema acusatorio en las diferentes partes del país y de conformidad con los artículos 267 y 268 de la Ley 906 de 2004 (CPP), puede ser solicitado por quien sea informado o advierta que se adelanta investigación en su contra, o su abogado (examen por peritos particulares, a su costa), o por un imputado o su defensor, acreditando su carácter de tales, mediante constancia de la fiscalía” (se destaca).
Adicionalmente, en el reglamento aludido se establecieron, entre otras, las siguientes condiciones para efectuar la determinación clínica forense de embriaguez:
a. La determinación clínica forense de embriaguez deber ser solicitada por escrito, de conformidad con lo previsto en la ley, según el caso.
b. En la referida solicitud se deben aportar los datos necesarios para orientar la realización del examen y la interpretación de los resultados dentro del contexto del caso específico, tales como: i) el hecho que se investiga, ii) el motivo de la peritación y iii) las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, etc.
c. Debe garantizarse el traslado oportuno de la persona a examinar ante el perito médico, debido a que el resultado del examen se ve sensiblemente alterado con el paso del tiempo.
De otro lado, en lo atinente a la responsabilidad de las diferentes actividades del procedimiento referido, el reglamento citado dispuso que aquella inicia “con el funcionario (secretario, auxiliar, etc.) que recibe el caso, continúa con los peritos médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o profesionales médicos que cumplan funciones periciales y deban realizar un examen clínico forense para determinar embriaguez, y finaliza con el funcionario encargado del envío del informe pericial y el archivo de las respectivas copias” (subrayas adicionales).
Así pues, en virtud de lo anteriormente reseñado, resulta posible afirmar que la naturaleza del examen de alcoholemia o de determinación clínica forense de embriaguez, es propia de la de un dictamen pericial, más precisamente la de aquellos informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, a los que se refiere el artículo 243 del CPC por lo que para el sub examine, las apreciaciones del agente que elaboró el informe del accidente no son suficientes para acreditar que los conductores de los vehículos se encontraban en estado de embriaguez pues se reitera, dicha circunstancia solo se puede determinar a través de un dictamen pericial el cual no obra en el proceso.
Por su parte, la Sala observa que el señor Emiliano Suárez Galvis indicó en su relato que él arribó al lugar de los hechos cuando ya había ocurrido el accidente y que lo único que pudo verificar era que tanto la motocicleta como el campero se encontraban abandonados en la vía. Igualmente destacó que otra persona le había comentado que en el vehículo de propiedad de Selvasalud EPS se transportaban varias personas quienes al sufrir el accidente intentaron huir y “olían a licor”; de forma tal que conoció esos hechos de manera indirecta, de oídas, por lo cual su conocimiento sobre los mismos devino de las apreciaciones de terceras personas todo lo cual resulta suficiente para cuestionar la certeza de los hechos a los cuales hizo referencia el referido declarante.
No obstante lo anterior, se observa que en el croquis elaborado en el informe de tránsito, se indicó con claridad suficiente que el vehículo de la EPS Selvasalud S.A. salió imprudentemente de su carril para girar a la izquierda, momento en el cual invadió la vía por la cual transitaba la motocicleta Yamaha colisionando con la misma con el agravante de que la vía por la cual transitaba el vehículo oficial tenía la señal de PARE.
En ese sentido, el artículo 127 del Código Nacional de Tránsito —Decreto 1344 de 1970— vigente para la época establecía:
ART. 127.—El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce, y donde no haya semáforo, tomar las precauciones debidas e iniciar la marcha cuando le corresponda.
De manera que, dado que la entidad demandada incumplió con su obligación de adoptar las medidas que le correspondían para prevenir y mitigar un accidente, específicamente, no invadir el carril opuesto y cumplir con la señal de PARE que se encontraba en la vía para efectos de darle prelación a la motocicleta que transitaba conforme a las normas y llevaba la vía, para la Sala hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por este motivo.
Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de fundamento para revocar la sentencia de primera instancia y en consecuencia, acceder a las súplicas de la demanda.
Ahora bien, con la simple acreditación de la relación de parentesco, así como con el registro civil de nacimiento, se presume que los padres, los hijos, y los hermanos de la víctima sufrieron un perjuicio de orden moral, derivado de las lesiones causadas a la misma. En efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión, puesto que a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(30) y de las máximas de la experiencia es posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio solicitado.
Ha entendido la Sección que en casos de lesiones corporales, sin importar que estas sean graves o leves, es procedente el reconocimiento del perjuicio moral para las personas directamente afectadas, razón por la cual la Sala tasará la indemnización del perjuicio moral teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones y las especiales circunstancias en las cuales se produjo dicha lesión, de conformidad con los parámetros que la propia Sala decidió fijar teniendo como fundamento el dolor o padecimiento que las lesiones causan tanto a la víctima directa, como a familiares y demás personas allegadas(31).
Para tal efecto, los parámetros en comento fijan como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:
Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que estas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro y la gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso:
Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). Se concederá el 15% del valor adjudicado al lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se presenta: tendrán derecho al reconocimiento de 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 12 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 9 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 6 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 3 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 1,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 1% e inferior al 10%.
No obstante todo lo anterior, debe precisarse que si bien la Sala fijó tales parámetros lo cierto es que la aplicación de los mismos dependerá en gran medida de las pruebas con las cuales cuente el proceso respecto de la lesión misma, así como respecto de la prueba de las especiales circunstancias en las cuales se produjo la lesión.
Ahora bien, para el sub examine, la Subsección observa que en el escrito contentivo de la demanda, la parte actora solicitó como prueba, entre otros, lo siguiente:
“Décima primera: Una vez obren en el expediente las historias clínicas, reconocimientos médico-legales y demás documentos solicitados, ruego a ud. se sirva remitir a los señores José Israel Bautista y Wilton César Burbano, al médico laboral o quien haga sus veces de la ciudad de Mocoa, a fin de que se evalúe la incapacidad laboral de los lesionados para demostrar daño producido”.
En consecuencia, el tribunal a quo en el numeral 3ª del proveído del 11 de septiembre del 2002 decretó dicho medio probatorio en los siguientes términos: “Remitir a los señores José Israel Bautista y Wilton César Urbano a la oficina de medicina legal de la ciudad de Mocoa Putumayo, para que se sirvan practicar los reconocimientos de conformidad con lo solicitado en la petición decima primera”. Así las cosas, el Instituto de Medicina Legal elaboró los dictámenes médicos de lesiones no fatales de los señores José Israel Bautista Rodríguez y Wilton César Burbano Cadena en los que indicó que al primero de ellos le dictaminaba una incapacidad médico legal definitiva de 40 días y a su compañero, de 60 días.
A su vez, en los dos documentos manifestó que: “La incapacidad laboral y los porcentajes de pérdida de capacidad laboral la realizan las juntas de calificación de Invalidez del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el momento el Putumayo no cuenta con este servicio”. El a quo dio traslado de dichos documentos a través de providencia del 14 de abril de 2004, término durante el cual la parte actora únicamente aportó acta de la junta médica laboral de la dirección de sanidad de la Policía Nacional del señor José Israel Bautista Rodríguez documento que no se tomará en cuenta pues no fue solicitado en la demanda ni en la contestación de la misma ni mucho menos decretado en el auto de pruebas.
Para el señor José Israel Bautista Rodríguez y su núcleo familiar
En ese sentido, quedó probado que si bien la incapacidad médico-legal otorgada a través del dictamen pericial elaborado por el Instituto de Medicina Legal fue de 40, lo cierto es que el señor Bautista Rodríguez presenta una “perturbación funcional del órgano de la marcha” de carácter permanente circunstancia que generó una grave angustia y afectación de tipo moral a la víctima pues el resto de su vida presentara dicha perturbación; en consecuencia, esta Subsección reconocerá al señor José Israel Bautista Rodríguez, la suma equivalente en pesos a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales.
En el presente caso se reconocerá indemnización de perjuicios morales tasada en salarios mínimos mensuales vigentes para los hijos del lesionado, Jhon Ferney y Robinson Andrés Bautista Ordóñez así como también para Duver Alberto, Wilfredo, Deisi Yanida y Daira Catalina Bautista García quienes acreditaron su parentesco con el lesionado, comoquiera que obran los registros civiles(32) de ellos que dan cuenta de la relación de parentesco que los vincula con la víctima.
Respecto a la señora Blanca Ordóñez, se tienen las declaraciones de los señores José Nicolás Basante Ruano y Aura Elisa Montenegro quienes afirmaron que efectivamente era la compañera permanente de la víctima.
José Israel Bautista Rodríguez (Víctima) 40 SMMLV
Blanca Ordóñez (compañera permanente de la víctima) 20 SMMLV
Jhon Ferney Bautista Ordoñez (hijo de la víctima) 20 SMMLV
Robinson Andrés Bautista Ordóñez (hijo de la víctima) 20 SMMLV
Duver Alberto Bautista García (hijo de la víctima) 20 SMMLV
Wilfredo Bautista García (hijo de la víctima) 20 SMMLV
Deisy Yanida Bautista García (hija de la víctima) 20 SMMLV
Daira Catalina Bautista García (hija de la víctima) 20 SMMLV
Para el señor Wilton César Burbano Cadena y su núcleo familiar
Ahora bien, según se indicó en el dictamen médico legal de lesiones no fatales practicado al señor Burbano Cadena, este presentó una incapacidad médico-legal definitiva de 60 días; igualmente se indicó que este no presentaba secuelas; en consecuencia, esta Subsección reconocerá a la víctima, la suma equivalente en pesos a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales comoquiera que si bien el señor Burbano Cadena no presenta secuelas de carácter permanente por el accidente sufrido, su vida corrió peligro por el accidente sufrido pues este cayó de la moto mientras transitaba en tal vehículo en compañía del señor José Israel Burbano Rodríguez todo lo cual le generó una angustia que debe ser reparada.
A su vez, se reconocerá indemnización de perjuicios morales tasada en salarios mínimos mensuales vigentes para su padre, el señor Nabor Burbano García y sus hermanos Aura Ligia, Blanca Lidia, José Orlando, Héctor Wilson, Doris Rosalba, Gilberto, Loly María y James Hernán Burbano Cadena quienes acreditaron su parentesco con el lesionado, comoquiera que obran los registros civiles(33) de ellos que dan cuenta de la relación de parentesco que los vincula con la víctima.
Wilton César Burbano Cadena (Víctima) 15 SMMLV
Nabor Burbano García (padre de la víctima) 5 SMMLV
Aura Ligia Burbano Cadena (hermana de la víctima) 5 SMMLV
Blanca Lida Burbano Cadena (hermana de la víctima) 5 SMMLV
José Orlando Burbano Cadena (hermano de la víctima) 5 SMMLV
Héctor Wilson Burbano Cadena (hermano de la víctima) 5 SMMLV
Doris Rosalba Burbano Cadena (hermana de la víctima) 5 SMMLV
Gilberto Burbano Cadena (hermano de la víctima) 5 SMMLV
Loly María Burbano Cadena (hermana de la víctima) 5 SMMLV
James Hernán Burbano Cadena (hermano de la víctima) 5 SMMLV
Por concepto de perjuicios fisiológicos, los señores José Israel Bautista Rodríguez y Wilton César Burbano Cadena solicitaron la suma de $ 30.000.000 y $ 20.000.000 respectivamente.
De conformidad con la posición jurisprudencial adoptada por la Sección Tercera de la corporación, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, esta debe ser indemnizada bajo el concepto del daño a la salud, entendido este como categoría autónoma de perjuicio. Al respecto así dijo la Sala(34).
“ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(35).
En cuanto a la forma de tasar la indemnización de dicho perjuicio, la Sala acogió que este consta de un componente objetivo, en el cual se revisa la magnitud de la lesión y otro subjetivo, encaminado al análisis de las consecuencias que dicho menoscabo causa en cada individuo. Así lo explicó la Sala en aquella oportunidad:
“Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”(36).
Así las cosas, la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento implica el deber del fallador en hacer acopio de todos los elementos probatorios obrantes de manera que verifique la existencia de criterios o referentes objetivos para su cuantificación tales como: “las características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado”(37).
La indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la víctima directa, en relación con dos componentes o elementos del daño a la salud: de una parte el objetivo y de otra, el subjetivo, asignándoles en conjunto hasta 400 SMLMV de indemnización, distribuidos de la siguiente manera: para el criterio objetivo, hasta 300 SMLMV y para el subjetivo, hasta 100 SMLMV, estos quantum deberán motivarse por el juez y ser proporcionales a la intensidad del daño, tal y como se grafica seguidamente.
Bajo el propósito expuesto, debe determinarse el contenido del elemento objetivo que como regla general se realizará con base en la calificación de gravedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano. Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se considerarán las siguientes variables:
— Las demás que se acrediten dentro del proceso(38).
“Daño a la salud”
Criterio Cuantía Modulación
Calificación de la gravedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada Hasta 300 SMLMV Se asignará hasta el monto máximo señalado en este ítem, en el evento en que el acervo probatorio permita establecer alteraciones al nivel de la persona, entre otras, la pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente); la anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental; la exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano y la reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o derecho del afectado.
El componente subjetivo del daño a la salud permitirá incrementar con fundamento en el material probatorio y la sana crítica, el quantum determinado en el aspecto objetivo, en cuyo efecto se determina como límite para los casos de mayor afectación el equivalente hasta de 100 SMLMV.
Cuando se halle acreditado el elemento subjetivo, se considerarán entre otras variables las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima.
En conclusión, para la tasación y liquidación del daño a la salud cuya cuantía se establece en hasta 400 SMLMV, deben estudiarse las vertientes objetiva y subjetiva, ambas con fundamento en el acervo probatorio allegado(39).
Ahora bien, para el caso sub examine, si bien no se cuenta con el porcentaje exacto de la pérdida de capacidad laboral de los señores José Israel Bautista Rodríguez y Wilton César Burbano Cadena, lo cierto es que teniendo en cuenta la magnitud de las lesiones sufridas y su repercusión en sus actividades diarias, dado que el primero de las nombrados sufrió una lesión de consideración en su órgano de locomoción y el segunda padeció una lesión que le determinó una incapacidad laboral de 60 días, la Sala, como ya en otras oportunidades lo ha hecho(40), acudirá al criterio de la equidad como principio que el ordenamiento jurídico —artículo 16 de la Ley 446 de 1998(41)— impone tener en cuenta para efectos de reparar de forma integral el daño causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas, a cuyo auxilio debe acudirse, además, por virtud del denominado principio pro damnato, propio del derecho de daños y que sin duda ha de hacer sentir su vigor en escenarios como el del presente caso, en el cual se encuentran acreditados todos los elementos necesarios para imponer al Estado la obligación de reparar el daño antijurídico que causó, pero resulta altamente improbable —por no decir que materialmente imposible— recaudar elementos demostrativos que permitan cuantificar de forma técnica, con apoyo en elementos matemáticos y/o estadísticos, el monto del perjuicio a indemnizar.
Establecido lo anterior, procede la Sala, como ya se señaló, con base en la equidad a reconocer la suma de 30 SMLMV para el señor José Israel Bautista Rodríguez y 10 SMLMV para el señor Wilton César Burbano Cadena.
En la demanda se solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales, por concepto de daño emergente, consistentes en los gastos de “hospitalización, cirugía, exámenes especializados, transporte del paciente, fisioterapia, etc., que lo(s) lesionado(s) ha debido atender y deberán seguir atendiendo por el resto de su vida para la recuperación y conservación de sus salud” suma que se estimó en $ 30.000.000 para cada uno de los lesionados; la anterior petición será denegada comoquiera que no se aportó medio probatorio que acredite que efectivamente se incurrió en dichos gastos.
Para el señor José Israel Bautista Rodríguez
En relación con el reconocimiento del lucro cesante tal y como se expuso previamente la parte actora en la demanda solicitó el reconocimiento de la suma de $ 30.000.000 con ocasión de lo que el señor Bautista Rodríguez dejó de percibir “en razón de incapacidad que actualmente le afecta y por todo el resto de vida posible que le queda”; al respecto, la Sala encuentra que a través de los testimonios de los señores José Nicolás Basante Ruano y Aura Elisa Montenegro se probó que el lesionado para la época de la fecha se desempeñaba como agente de la Policía Nacional; respecto del monto que este percibía por dicha actividad solo se cuenta con la apreciación del primero de los testigos quien indicó que “devengaba un salario aproximado a $ 800.000” y posterior a ello señaló que también trabajaba en “electricidad en su tiempo de descanso con lo cual aumentaba sus ingresos aproximados a $ 300.000” todo lo cual demuestra que no se tiene certeza respecto del monto exacto que el señor Bautista Rodríguez recibía motivo por el cual para el cálculo de la indemnización se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente providencia.
Se tomará entonces como período indemnizable los 40 días de incapacidad dictaminados en el experticio médico-legal, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula:
Ra = Es el ingreso percibido por el actor ($ 616.000(42)), incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 154.000), lo cual arroja un monto de $ 770.000.
N = Número de meses que comprende el período indemnizable (1.3333).
Total indemnización debida = $ 611.346
Para el señor Wilton César Burbano Cadena
De conformidad con los testimonios de los señores Carlos Heber Rivas, Yolanda Mery España, Lidia Irene Bastidas Rivera y Luz Mery Lupan se acreditó que el señor Burbano Cadena desempeñaba labores varias tales como construcción, vendedor en una juguetería y en la oficina de “Adpostal”. Sobre el monto se tiene que tanto el señor Rivas como la señora Luz Mery Lupan coincidieron en afirmaron que este ascendía a los $ 700.000 circunstancia que brinda a la Sala suficiente convicción sobre la suma percibida por el demandante para el momento del accidente la cual será tomada en cuenta para efectos de adelantar la respectiva liquidación.
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 117.48858 que es el correspondiente a septiembre de 2014.
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 51.02799 correspondiente al mes de junio de 1998.
Ra = Es el ingreso percibido por el actor ($ 1.611.703), incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 402.925), lo cual arroja un monto de $ 2.014.628.
Ra = $ 2.014.628
N = Número de meses que comprende el período indemnizable (2).
Total indemnización debida = $ 4.039.061.
Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes y, así mismo, comoquiera que la providencia apelada será confirmada, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
1. REVÓCASE la sentencia apelada, esto es la proferida por la Sala de Descongestión para los tribunales administrativos del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, el 17 de febrero de 2005, y en su lugar se dispone:
“PRIMERO: DECLÁRASE que la EPS Selvasalud S.A. es RESPONSABLE de los perjuicios ocasionados a los demandantes por las lesiones causadas a los señores José Israel Bautista Rodríguez y Wilton César Burbano Cadena en las circunstancias que da cuenta el presente proceso.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración se condena a la entidad demandada a pagar por concepto de perjuicio morales las sumas que a continuación se relacionan
Jhon Ferney Bautista Ordóñez (hijo de la víctima) 20 SMMLV
TERCERO: Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se condena al pago a favor del señor José Israel Bautista Rodríguez la suma de $ 611.346 y para el señor Wilton César Burbano Cadena la suma de $ 4.039.061.
CUARTO: Por concepto de daño a la salud, se condena al pago a favor de señor José Israel Bautista Rodríguez la suma equivalente en pesos a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes y a favor del señor Wilton César Burbano Cadena la suma equivalente en pesos a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
QUINTO: DENEGAR las demás súplicas de la demanda.
1 Fls. 81-84, 92-94, 98, 102, cdno. 1.
2 Fls. 103-112, cdno. 1.
3 Fls. 138-146, cdno. 1.
4 Fl. 158, cdno. 1.
5 Fl. 183, cdno. 1.
6 Fls. 184-190, cdno. 1.
7 Fls. 199-213, cdno. ppal.
8 Fls. 226-229, cdno. ppal.
9 Fls. 226-229-231, cdno. ppal.
10 Fls. 233, cdno. ppal.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, expediente 13356.
12 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000; C.P. María Elena Giraldo Gómez; expediente 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Radicación: 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); Referencia: 13.503; Radicación: 110010326000199713503 00.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.
15 A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Radicación: 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, expediente 13764.
19 http://www.supersalud.gov.co/direcciones/.
20 Fl. 12, cdno. 2.
21 Fls. 73-75, cdno. 1.
22 Fl. 72, cdno. 1.
23 Fls. 80-81, cdno. 2.
24 Fl. 84, cdno. 2.
25 Fl. 86, cdno. 2.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 2012, Exp. 21515.
27 Consejo de Estado. Sentencia del 25 de febrero de 2009. Exp: 15793. M.P. Myriam Guerrero de Escobar.
28 Solórzano Niño, Roberto. Medicina legal, criminalística y toxicología para abogados. Editorial Temis. Sexta edición. Bogotá: 2009.
29 Expedido en la ciudad de Bogotá en el mes de diciembre de 2005.
30 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.
31 Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales que fueron discutidos y aprobados por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según consta en acta del 28 de julio de 2014.
32 Fls. 19-24, cdno. 1.
33 Fls. 59, 61-68, cdno. 1.
34 Sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa, M.P. Enrique Gil Botero.
35 “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico”. Gil Botero, Enrique “Daño Corporal - Daño Biológico - Daño a la vida de relación”, pág. 10.
36 “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado”. Rozo Sordini, Paolo “El daño biológico”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 209 y 210.
37 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 23 de agosto de 2012. Exp 24392.
38 Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales que fueron discutidos y aprobados por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según consta en acta del 28 de julio de 2014.
39 Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales que fueron discutidos y aprobados por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según consta en acta del 28 de julio de 2014.
40 Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 050012326000199500082-01 (18.593); sentencia de 25 de agosto de 2011, Exp. 250002326000199703994-01 (19.718); sentencia de 7 de julio de 2011, Exp. 520012331000199708974-01 (20.139): sentencia del 21 de marzo de 2012, Exp. 54001233100019972919 01 (22.017).
41 Precepto cuyo tenor literal es el siguiente: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
42 Salario mínimo legal mensual vigente para el año 2014.

References: artículo 8
 artículo 82
 artículo 30
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 243
 artículo 127
 artículo 42
 artículo 171
 artículo 55