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Timestamp: 2019-10-23 16:10:17+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00165 de enero 29 de 2014
SENTENCIA 2010-00165 DE 29 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:ACUERDO CONCILIATORIO - CLÁUSULAS ABUSIVAS. ASÍ COMO EL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEBE IMPROBAR UN ACUERDO CONCILIATORIO CUANDO ESTE RESULTE LESIVO PARA EL PATRIMONIO PÚBLICO, DE MANERA CORRELATIVA Y EN ESTRICTO PLANO DE IGUALDAD, TAMBIÉN DEBE PROCEDER DE IDÉNTICA MANERA CUANDO LA FÓRMULA DE ARREGLO SEA EVIDENTEMENTE LESIVA, DESEQUILIBRADA, DESPROPORCIONADA O ABUSIVA EN CONTRA DEL PARTICULAR, AFECTADO POR LA ACTUACIÓN U OMISIÓN DEL ESTADO. HACE REFERENCIA RESPECTO DE LA JURISPRUDENCIA EN RELACIÓN CON LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS Y EL ABUSO DEL DERECHO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, EJÉRCITO NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CONTRATO DE ADHESIÓN, ACTA DE CONCILIACIÓN
Sentencia 2010-00165 de enero 29 de 2014
Rad. 180012331000201000165 01
Exp.: 46482
“Como se expuso con anterioridad, en punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.
— Perjuicios materiales: de conformidad con los testimonios de los señores Pastor Lugo Montiel y Ofelia Yate Agudelo, obrantes a folios 75-78 del cuaderno 6, se acreditó que la señora Flor Albenis Cuchimba Amaya se desempeñaba como secretaria del Colegio Jhon F. Kennedy. En cuanto al monto que devengaba, el Tribunal Administrativo de Caquetá, tomó como base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente para el periodo en que la aludida señora estuvo privada de la libertad —esto es, dentro de los años 2003 y 2006—, lo cual se ajusta a las directrices que a manera de simple orientación ha establecido en reiteradas ocasiones esta corporación en su jurisprudencia(10).
“[E]l daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados ‘daño a la vida de relación’, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquella, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial —distinto del moral— es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre”(11) (negrillas adicionales).
En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que ‘[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que estas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él’.
Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que ‘para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece’(13).
Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’éxistence(14) pueden entenderse como ‘una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos’(15) o ‘las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral’(16).
“... se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.
Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de ‘daño corporal o afectación a la integridad psicofísica’ y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v. gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación”(19).
“... en concepto de esta delegada de la Procuraduría General de la Nación, se dan las condiciones suficientes, al comprobarse la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación - Fiscalía General de la Nación, pues quedó acreditado el daño antijurídico irrogado a los demandantes por la privación injusta de la libertad de que fue objeto la señora Flora Albenis Cuchimba Amaya, por lo cual se considera viable un acuerdo conciliatorio, a partir del reconocimiento que hizo el fallo de primera instancia por concepto de daños morales, daños a la vida de relación y perjuicios materiales, a favor de los actores, pero ajustando las cuantías y a los parámetros ya decantados por el Consejo de Estado, al haberse acreditado con los documentos idóneos correspondientes. Esta procuraduría delegada considera que en relación con estos daños, la conciliación resulta viable.
Igualmente manifiesta que no está de acuerdo con el ofrecimiento en la medida que el bien pudo haberse excedido la tasación de perjuicios moral[es] para quién sufrió la detención injusta, el resto de tasaciones si se encuentra dentro de los parámetros de los precedentes jurisprudenciales del honorable Consejo de Estado. Por tanto se considera por parte del Ministerio Público el desconocimiento del principio de igualdad que es de carácter constitucional ofrecer solo el 50% que abarca incluso los daños materiales sufridos por la parte demandante. No es obstáculo recalcar que el no ofrecer en sede de segunda instancia, es decir, cuando el proceso cursa en el Consejo de Estado los porcentajes correspondientes es una manera de obstaculizar la prosperidad de la conciliación frente a la cual es dable solicitar responsabilidad para el comité de conciliación” (fl. 525, cdno. ppal.).
Bajo el anterior contexto, stricto sensu, la aprobación del acuerdo conciliatorio depende de la fortaleza probatoria que lo sustenta, habida cuenta de que el juez, además de llegar a la íntima convicción de su fundamentación jurídica, tal y como se señaló, debe inferir que no resulte lesivo del patrimonio público. Nótese que, acorde con las voces del artículo 73 in fine de la Ley 446 de 1998 (que incorporó el art. 65 A. de la L. 23/91, compilado por el art. 60 del D. 1818/98), el acuerdo conciliatorio debe estar fundado en ‘las pruebas necesarias”(37), esto es, contar con el debido sustento probatorio’(38).
Cabe destacar, además, en punto de la conciliación que gira en torno a circunstancias que podrían dar lugar a un proceso contencioso administrativo, que a pesar de que inicialmente se había previsto que las conciliaciones podrían adelantarse tanto ante los agentes del Ministerio Público asignados a esta jurisdicción especializada como ante los conciliadores de los centros de conciliación autorizados para conciliar en esta materia —artículo 23 de la Ley 640 de 2001—, la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-893 del 22 de agosto de 2001(39), declaró inexequible el aparte que habilitaba a conciliadores de los centros de conciliación para adelantar tales actuaciones, al considerar que dicha habilitación suponía una delegación permanente de la función de administrar justicia y, por ende, contraria al artículo 116 de la Constitución Política; de esta manera se tienen que en la actualidad únicamente los agentes del Ministerio Público se encuentran legalmente facultados para actuar como conciliadores en asuntos prejudiciales que podrían lugar dar lugar a procesos que deberían promoverse ante esta jurisdicción especializada.
En primer lugar, la conciliación es un mecanismo de acceso a la administración de justicia. No solo por las razones mencionadas cuando se aludió a las ‘olas’ del movimiento de reformas sobre acceso a la justicia, sino al propio tenor de lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política, según el cual, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia. Esto se cumple no solo cuando los particulares actúan como conciliadores, sino también cuando las partes en conflicto negocian sin la intervención de un tercero y llegan a un acuerdo, como quiera que en ese evento también se administra justicia a través de la autocomposición.
En cuarto lugar, la conciliación favorece la realización del debido proceso (art. 29), en la medida que reduce el riesgo de dilaciones injustificadas en la resolución del conflicto. Tal como lo ha reconocido la abundante jurisprudencia de esta corporación, el debido proceso involucra, amén de otras prerrogativas ampliamente analizadas, el derecho a recibir una pronta y cumplida justicia y como quiera que la conciliación prejudicial ofrece, precisamente, una oportunidad para resolver el conflicto de manera expedita, rápida y sin dilaciones, desarrolla el mandato establecido por la Carta en su artículo 29.
‘En la autocomposición las partes pueden abordar la solución del conflicto, ya sea comunicándose e intercambiando propuestas directamente —y en este caso estamos ante una negociación—, o bien con la intervención de un tercero neutral e imparcial que facilita y promueve el diálogo y la negociación entre ellas —y en ese evento nos encontramos ante la mediación, en cualquiera de sus modalidades—. Si bien el término conciliación se emplea en varias legislaciones como sinónimo de mediación, en sentido estricto la conciliación es una forma particular de mediación en la que el tercero neutral e imparcial, además de facilitar la comunicación y la negociación entre las partes, puede proponer fórmulas de solución que las partes pueden o no aceptar según sea su voluntad’.
En grandes líneas, Gounot resume espléndidamente esta concepción al decir que el contrato obligaba simplemente porque es el contrato, esto es el acuerdo libre de dos voluntades. El contrato es tenido por justo por el solo hecho de ser querido por ambas partes. Pues bien, basta la voluntad formalmente libre para hacer justo cualquier contenido que se proponga o que se establezca. Ya no se preguntará: ¿es justo lo pactado?, sino ¿fue libremente consentido?”(47).
En el nuevo concepto de contrato, la equidad y la justicia vienen a ocupar el centro de gravedad en sustitución del mero juego de fuerzas volitivas e individualistas que en la sociedad de consumo, comprobadamente son llevadas al predominio, de la voluntad del más fuerte sobre el más vulnerable, resultando inaceptable el desequilibrio irrazonable de la ingeniería contractual, valorizándose el equilibrio intrínseco de la relación en su totalidad, redefiniéndose por tanto lo que es razonable en materia de concesiones del contratante más débil permitiendo así la existencia de un equilibrio mínimo en la relación contractual.
Es oportuno recordar con Camilletti, que de principio existe un desinterés en el equilibrio contractual entendido como correspondencia de valores objetivos entre las prestaciones intercambiadas, siendo lógica consecuencia del reconocimiento de la autonomía privada. No obstante, si se exige una cierta proporción económica entre las prestaciones, el contrato conmutativo requiere una relación tendencial de congruidad, en cuanto el excesivo desequilibrio entre las prestaciones compromete de modo inaceptable la realización del sinalagma, considerado en su momento funcional. La entidad de la prestación no puede ser tan ínfima que vacíe de significado el contrato, de ahí que cuando su valor no satisfaga mínimamente el interés del que la recibe, ello equivale jurídicamente a una prestación inexistente que interrumpe el ‘nexo de interdependencia’ constitutivo de la causa del contrato. Al margen de lo dicho, debe quedar claro que la exigencia de justicia simplemente impone un tendencial respeto de la relación de congruidad y no busca realizar un perfecto equilibrio objetivo entre las prestaciones; solo interviene tras una obligación manifiestamente inequitativa.
“... Emmert destaca la necesidad de un control sobre la economía (...) del contrato, cuya única finalidad es evitar la desproporcionalidad (...) en el cumplimiento de la obligación. En efecto, surge la noción de equivalencia funcional que determina la existencia de una razonable relación de equilibrio entre las prestaciones. El contrato como negocio jurídico debe satisfacer un mínimo de equivalencia, puesto que el desequilibrio dinamita el valor del cumplimiento por medio de un sinalagma razonable.
A pesar de lo expuesto, conviene aclarar que no puede afirmarse sin más la existencia de un principio general de la proporcionalidad; esta deviene en una excepción, funciona como una exigencia de adecuación frente al grave desequilibrio, en definitiva como una ‘excepción de proporcionalidad’. En esa misma orientación, Galgano destaca que el único defecto de equivalencia sancionable es aquel que determina una estridente desproporción entre las prestaciones.
Convengo con Hans Hanau en que no existe un principio general de proporcionalidad, sino que solo se trata de una prohibición de la desproporción. Este autor apunta a que debido a la pérdida de libertad (...) no puede concretarse la voluntad de una de las partes, lo que hace necesaria una proporción de justicia objetiva en la regla negocial mediante la proscripción del exceso.
Dentro de las cláusulas que tanto la ley, como la jurisprudencia y la doctrina han identificado como presuntamente abusivas, se encuentran aquellas encaminadas a exonerar, limitar o extender la responsabilidad. La restricción de esa clase de estipulaciones y en algunos casos su prohibición encuentran las siguientes justificaciones según la doctrina:
Solo para enumerar algunos ejemplos, la figura de la lesión enorme (C.C., arts. 1946 y ss.)(54), la prohibición de condonar el dolo futuro (C.C., art. 1522(55)), el precio irrisorio (C. Co., art. 920(56)), la prohibición en los contratos de transporte terrestre, aéreo o marítimo de pactar cláusulas de exoneración de responsabilidad (C. Co., art. 992(57))(58), el establecimiento de numerosas normas imperativas en el contrato de seguro, la obligación de indemnizar los perjuicios que causen las personas que abusen del derecho (C. Co., art. 830)(59), la exigencia de la buena fe (C.C., art. 1603(60)) y la buena fe exenta de culpa (arts. 835(61) y 871(62), entre otros, del C. Co.), la consagración de las normas de interpretación del contrato, en especial aquella según la cual las cláusulas ambiguas deben interpretarse en contra de quien las dictó(63) (interpretatio contra proferentem)(64), reflejan con claridad que en determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones, la manifestación de voluntad exenta de vicios no resulta vinculante y en estos casos la fuerza normativa del contrato no está llamada a surtir la plenitud de sus efectos.
“Cumple anotar que tratándose de negocios jurídicos concluidos y desarrollados a través de la adhesión a condiciones generales de contratación, como —por regla— sucede con el de seguro, la legislación comparada y la doctrina universal, de tiempo atrás, han situado en primer plano la necesidad de delimitar su contenido, particularmente para ‘excluir aquellas cláusulas que sirven para proporcionar ventajas egoístas a costa del contratante individual’ (Lukes)(68).
Con tal propósito, por vía de ejemplo, se promulgaron normas por la Comunidad Europea (Directiva 93/13 de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores), que también se encuentran incorporadas, a nivel interno, en los derechos alemán (L. de dic. 9/76), luxemburgués (L. 25/83), italiano (C.C., art. 1469 bis y ss.), francés (L. 95/96), español (L. 7/98) y, en similar sentido —además—, en las legislaciones brasileña (CDC , art. 51), paraguaya (C.C., art. 691), argentina (Ley 24.240, art. 37 y el D. 1798/94), e igualmente en la colombiana, circunscrita esta a los contratos de prestación de un servicio público (L. 142/94, art. 133), legislaciones en las cuales, de ordinario, se advierten como características arquetípicas de las cláusulas abusivas —primordialmente—: a) que su negociación no haya sido individual; b) que lesionen los requerimientos emergentes de la buena fe negocial —vale decir, que se quebrante este postulado rector desde una perspectiva objetiva: buena fe probidad o lealtad—, y c) que genere un desequilibrio significativo de cara a los derechos y las obligaciones que contraen las partes(69).
En este sentido, la calificación de abusiva, leonina o vejatoria —entre otras denominaciones más enderezadas a relievar el resquebrajamiento o erosión de la justicia contractual— de una cláusula que, como la aquí colacionada, impone al asegurado o beneficiario la carga de probar su derecho de una manera específica —o tarifaria—, limitando por esta vía indebidamente los diversos medios de prueba a su disposición, en contra de la preceptiva legal imperante, responde, preponderantemente, al hecho de que ella socava el equilibrio prestacional que, en línea de principio, debe existir en todo contrato, en la medida en que agrava —sin contrapartida— las condiciones en que aquellos pueden solicitar del asegurador que cumpla con su obligación de ‘pagar el siniestro’, concretamente como corolario de la acreditación de la ocurrencia o materialización del riesgo asegurado (onus probandi).
Dicha exigencia restrictiva, in concreto, provoca una inequitativa y de paso inconsulta dilación en el cumplimiento del deber de prestación a cargo del asegurador, desnaturalizando así la inocultable teleología bienhechora reconocida universalmente al contrato de seguro, pues si de este negocio jurídico emana la obligación condicional de la entidad aseguradora (num. 4º, art. 1045, en concordancia con el art. 1054 del C. Co., en lo pertinente), ocurrido el siniestro, en virtud de la realización del referido riesgo asegurado (arts. 1054 y 1072 ib.), surge —in actus— la obligación a cargo de esta de satisfacer la prestación asegurada (art. 1080 ib.).
De esta manera, en caso de preterirse el equilibrio contractual, no solo se utiliza impropiamente un esquema válido —y hoy muy socorrido— de configuración del negocio jurídico, en el que no obstante que ‘el adherente no manifieste una exquisita y plena voluntad sobre el clausulado, porque se ve sometido al dilema de aceptar todo el contrato o renunciar al bien o al servicio’, en cualquier caso, ‘no puede discutirse que existe voluntad contractual’, o que ese acto no revista ‘el carácter de contrato’(70), sino que también abusa de su derecho y de su específica posición, de ordinario dominante o prevalente, en franca contravía de los derechos de los consumidores (C.P., arts. 78; 95, num. 1º, y 333, inc. 4º, y demás disposiciones concordantes), eclipsando al mismo tiempo el potísimo axioma de la buena fe, dada la confianza que el tomador —consumidor, lato sensu— deposita en un profesional de la actividad comercial, al que acude para trasladarle —figuradamente— un riesgo por el que ha de pagarle una prima (C. Co., art. 1037), en la seguridad de que si el suceso incierto configurativo del riesgo asegurado se materializa, esto es, cuando este muda su condición ontológica (in potencia a in actus), el asegurador asumirá las consecuencias económicas o patrimoniales desfavorables que de él deriven, pues esta es su ‘expectativa objetivamente razonable’, como lo enseñan determinados autores, la que precisamente sirvió de báculo para contratar el seguro.
De ahí que la doctrina especializada haya calificado como abusiva —y de indiscutida inclusión en las llamadas ‘listas negras’, contentivas de las estipulaciones que, in radice, se estiman vejatorias—, aquella cláusula que ‘favorece excesiva o desproporcionalmente la posición contractual del predisponente y perjudica inequitativa y dañosamente la del adherente’, entre las cuales se encuentra ‘La limitación indebida de los medios de prueba o los pactos que modifiquen la distribución de la carga de la prueba conforme al derecho aplicable’(71) (se subraya), restricción objetiva que en el caso sometido a escrutinio de la Sala, se ‘acordó’ en la cláusula 13 de las condiciones generales del seguro de cumplimiento tomado por la sociedad demandada, al estipularse como única manera de probar el siniestro, la copia auténtica de la sentencia o del laudo arbitral ejecutoriado, que declare el incumplimiento del afianzado (fl. 149, cdno. 1), lo que significa, lisa y llanamente, que a través de esa aludida —y cuestionada— cláusula, se modificó un precepto de carácter imperativo, en perjuicio del asegurado-beneficiario, lo cual tampoco resulta de recibo en el ordenamiento colombiano, no solo desde el punto de vista legal, como ha quedado expuesto, sino también desde una perspectiva constitucional, si se tiene en cuenta que es deber de toda persona no abusar de sus derechos (C.P., art. 95, num. 1º, inc. 2º); que el Estado debe evitar o controlar ‘cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional’ (art. 333, inc. 4º, ib.), e igualmente velar por los derechos de los consumidores (art. 78 ib.).
Por eso la Sala ya ha puesto de presente, con innegable soporte en las normas constitucionales reseñadas y al mismo tiempo en el artículo 830 del Código de Comercio, que en la formación de un contrato y, específicamente, en la determinación de ‘las cláusulas llamadas a regular la relación así creada, pueden darse conductas abusivas’, ejemplo prototípico de las cuales ‘lo suministra el ejercicio del llamado ‘poder de negociación’ por parte de quien, encontrándose de hecho o por derecho en una posición dominante en el tráfico de capitales, bienes y servicios, no solamente ha señalado desde un principio las condiciones en que se celebra determinado contrato, sino que en la fase de ejecución o cumplimiento de este último le compete el control de dichas condiciones, configurándose en este ámbito un supuesto claro de abuso cuando, atendidas las circunstancias particulares que rodean el caso, una posición de dominio de tal naturaleza resulta siendo aprovechada, por acción o por omisión, con detrimento del equilibrio económico de la contratación” (CCXXXI, pág. 746)”(72) (destacado fuera del texto).
Ahora, cuando el contrato de agencia o la estipulación dispositiva, sea por adhesión, estándar, en serie, normativo, tipo, patrón, global o mediante condiciones generales de contratación, formularios o recetarios contractuales, términos de referencia o reenvío u otra modalidad contractual análoga, sus estipulaciones como las de todo contrato, en línea de principio, se entienden lícitas, ajustadas a la buena fe y justo equilibrio de las partes. Con todo, dándose controversias sobre su origen, eficacia o el ejercicio de los derechos, el juzgador a más de las normas jurídicas que gobiernan la disciplina general del contrato, aplicará las directrices legislativas singulares en su formación, celebración, contenido, interpretación, ejecución o desarrollo y terminación, para verificar su conformidad o disparidad con el ordenamiento y, en particular, el ejercicio de poder dominante contractual o la existencia de cláusulas abusivas, o sea, todas aquellas que aún negociadas individualmente, quebrantan la buena fe, probidad, lealtad o corrección y comportan un significativo desequilibrio de las partes, ya jurídico, ora económico, según los derechos y obligaciones contraídos (Cas. Civ. sents. de oct. 19/1994, CCXXXI, 747; feb. 2/2001, Exp. 5670; feb. 13/2002, Exp. 6462), que la doctrina y el derecho comparado trata bajo diversas locuciones polisémicas, tales las de cláusulas vejatorias, exorbitantes, leoninas, ventajosas, excesivas o abusivas con criterios disimiles para denotar la ostensible, importante, relevante, injustificada o transcendente asimetría entre los derechos y prestaciones, deberes y poderes de los contratantes, la falta de equivalencia, paridad e igualdad en el contenido del negocio o el desequilibrio ‘significativo’ (art. L-132-1, Code de la consommation Francia; art. 1469 bis Codice Civile italiano) ‘importante’ (Directiva 93/13/93, CEE y L. 7ª/1998 —modificada por leyes 24/2001 y 39/2002— España), ‘manifiesto’ (L. 14/7/91 Bélgica), ‘excesivo’ (Código de Defensa del Consumidor del Brasil, art. 51, ap. IV.; Ley de contratos standard del 5743/1982 de Israel, art. 3º) o ‘exagerado’ (C.D. del Consumidor del Brasil), “sustancial y no justificado” (ley alemana de jul. 19/96, adapta el AGB-Gesetz a la Directiva 93/13/93 CEE) en los derechos, obligaciones y, en menoscabo, detrimento o perjuicio de una parte, o en el reciente estatuto del consumidor, las ‘que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos’, en cuyo caso ‘[p]ara establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza’, no podrán incluirse por los productores y proveedores en los contratos celebrados con los consumidores, y ‘en caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho’ (arts. 42 y ss.), y que igualmente las leyes 142 de 1994 (arts. 131, 132 y 133) y 1328 de 2009 (D.O. 47.411, jul. 15/2009, arts. 2º, 7º, 9º, 11 y 12 ), prohíben estipular”(73) (se destaca).
‘El contrato de seguro es oneroso pues, los beneficios (provechos) concedidos por el asegurador lo son a cambio de la prestación (perjuicio) ejecutada o prometida por el asegurado y, viceversa, la prestación a la que se obliga o realiza el asegurado lo es en vista de la prestación que asume efectivamente o promete el asegurador’(74).
‘Es característica definitoria de la cláusula abusiva, que importe un desequilibrio significativo entre los derechos del asegurado/usuario y las obligaciones y cargas del asegurador/profesional, derivadas del contrato en perjuicio del primero.
(...) es precisamente la desventaja exagerada lo que desnaturaliza la relación de equivalencia en perjuicio del usuario de servicios asegurativos, pues presupone inexistencia de contrapartida o de fundamento suficiente que justifique el desequilibrio en que desemboca.
O, dicho con otras palabras, la inequivalencia presupone ampliación de las ventajas o provechos del asegurador (profesional), o aligeramiento o supresión de sus obligaciones y, consecuentemente, agravamiento de las cargas y obligaciones del asegurado sin que de la correlación de los polos provecho/sacrificio surja una contrapartida en beneficio del usuario, o sea un fundamento legítimo, con el que quedaría preservado el principio de la máxima reciprocidad de intereses’(75).
En este marco, dentro del concepto de cláusulas abusivas, para el profesor Stiglitz, se deben incorporar las llamadas cláusulas sorpresivas que son aquellas que contradicen ‘de modo trascendente las expectativas normales (razonables) que genera en el adherente un contrato de la naturaleza del concluído y que aparece insólitamente en el contenido del negocio, provocando una desnaturalización de la relación de equivalencia’(76).
‘Es bilateral en cuanto que genera obligaciones para las dos partes contratantes. Para el asegurado, más jurídicamente, para el tomador, la de pagar la prima, fuera de otras que los expositores denominan cargas, y para el asegurador, la de asumir el riesgo y, consecuencialmente la de pagar la indemnización si llega a producirse el evento que la condiciona. Aunque, a decir verdad, la mera asunción del riesgo no es exactamente una obligación. Sin ella simplemente no se conforma, no puede conformarse, el contrato de seguro’(77).
‘Las cláusulas abusivas violan el principio de la buena fe pues alejan al adherente de aquello que razonablemente esperaba del contrato de seguro, o sustraen de aquel, obligaciones que deberían entenderse incluidas. Mediante las cláusulas abusivas las compañías aseguradoras se sustraen de cumplir el contrato (de ejecutarlo) conforme a su normal o natural entendimiento; mediante aquellas, las aseguradoras restringen amparos que el tomador creyó haber adquirido plenamente, o, limitan el valor asegurado de una manera tal que el tomador no habrá precavido su riesgo como originalmente lo pretendió’(78).
En tales condiciones, el solo acuerdo de voluntades entre las partes involucradas en el conflicto no basta para que dicha conciliación surta efectos jurídicos, dado que la aprobación del acuerdo conciliatorio depende de la fortaleza probatoria que lo sustenta, dado que el juez, además de llegar a la convicción de su fundamentación jurídica, debe verificar que no resulte lesivo para el patrimonio público, pues según los dictados del artículo 65 A de la Ley 23 de 1991 —adicionado por el 73 de la Ley 446 de 1998—, el acuerdo conciliatorio debe estar fundado en las pruebas necesarias, esto es contar con el debido sustento probatorio.
‘En este mismo sentido, ha manifestado la Sala, que la conciliación en materia contenciosa administrativa y su posterior aprobación, deben estar respaldadas con elementos probatorios idóneos y suficientes respecto del derecho objeto de controversia, por estar en juego el patrimonio estatal y el interés público, de manera que, con el acervo probatorio allegado, el juez de conocimiento no tenga duda alguna acerca de la existencia de la posible condena en contra de la administración y que por lo tanto la aprobación del acuerdo conciliatorio resultará provechoso para los intereses de las partes en conflicto’(84)”(85).
Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos de los presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivos y garantizar así, de manera efectiva, el Principio Constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P., arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.
(1) Escrito presentado el 5 de abril de 2013 (fl. 490).
(2) El comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación certificó el acuerdo conciliatorio el 8 de agosto de 2013 (fl. 527, cdno. ppal.).
(6) Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, Expediente 12.076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
(7) Sentencia de 20 de febrero de 2.008, Expediente 15.980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(8) Sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 23.688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Expediente 24.296.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de marzo de 2006, Expediente 15440, M.P. María Elena Giraldo Gómez.
(10) Sentencia del 2 de mayo de 2.013, Expediente 27.264, sentencia del 11 de abril de 2.012, Expediente 23.561, entre otras.
(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Expediente 11.842, M.P. Alier Hernández Sección Tercera.
(13) Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, Tercera Edición, 2006, pág. 98.
(14) Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, pág. 78.
(15) Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 252.
(16) Paillet Michel. La Responsabilidad Administrativa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, pág. 278.
(18) “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico” Gil Botero, Enrique “Daño Corporal - Daño Biológico - Daño a la vida de relación”, pág. 10.
(19) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre 2011, Expediente 19031, M.P. Enrique Gil Botero.
(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 17 de agosto de 2000, Expediente 12.123, C.P. Alier Hernández y del 22 de noviembre de 2001, Expediente 13.121, C.P. Ricardo Hoyos, entre otras.
(21) Sobre este principio se puede consultar la Sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa: “Para esta corporación, las formas alternativas de solución de conflictos no solo responden a los postulados constitucionales anteriormente descritos, sino que adicionalmente se constituyen en instrumentos de trascendental significado para la descongestión de los despachos judiciales, problema este que desafortunadamente aqueja en forma grave y preocupante a la administración de justicia en el país. Adicionalmente, debe insistirse en que con los mecanismos descritos se logra cumplir con los deberes fundamentales de que trata el artículo 95 superior, como es el caso de colaborar con el funcionamiento de la justicia (num. 5º) y propender al logro y el mantenimiento de la paz (num. 6º). Con todo, conviene puntualizar que el término ‘asociados’ que hace parte de la norma bajo examen, incluye, además de los particulares, también a las entidades públicas”.
(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente 7891, auto de 13 de octubre de 1993, en el mismo sentido Expediente 16298, Auto 30 de septiembre de 1999.
(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente 8331, auto de 7 de febrero de 2002, en el mismo sentido Expediente 20801, Auto de diciembre 12 de 2001. Según la doctrina nacional “en derecho administrativo la conciliación debe ajustarse rigurosamente a la solución jurídica que da el ordenamiento al conflicto planteado (...) (supone) necesariamente que en todos sus aspectos aquella se conforme rigurosamente a la norma positiva. Es por ello que no se trata de un mecanismo jurídico que a cualquier precio permita la solución de litigios, sino uno que implica que dicha solución siendo justa equilibre la disposición de intereses con la legalidad (...) Debe estar claro que la conciliación en derecho administrativo supone el estudio jurídico pormenorizado del caso sometido a estudio. La conciliación en este campo, se insiste, no es solo un problema de voluntad sino de legalidad y de conocimiento jurídico” (Ministerio de Justicia y del Derecho, La conciliación... óp. cit., pág. 15).
(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente 7891, Auto de 13 de octubre de 1993, en el mismo sentido Expediente 16298, Auto 30 de septiembre de 1999.
(29) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 22 de mayo de 1997, actor: Tisnes Idarraga & Asociados Ltda. En el mismo sentido Expediente 14919, auto de 22 de octubre de 1998.
(31) Como advierte la doctrina “[l]as normas sobre conciliación no son más que la concreción de la filosofía liberal y pluralista en la solución de los litigios, que parte del reconocimiento del otro como forma de accionar social (...) Es decir, si la sentencia es la forma normal de terminación de un proceso en el cual las partes no pudieron avenir a un acuerdo, la conciliación es la forma anormal de terminación del litigio en el cual el acuerdo es posible precisamente por el reconocimiento del derecho ajeno” (Ministerio de Justicia y del Derecho, La conciliación... óp. cit., pág. 10).
(32) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente, 17219, auto de 10 de agosto de 2000, en el mismo sentido Expediente 16116, auto de 29 de junio de 2000.
(34) Ministerio de Justicia y del Derecho, La conciliación en el derecho administrativo, Bogotá, segunda edición, enero de 1998, pág. 14.
(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 18 de julio de 2007, Expediente 31838, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(40) Corte Constitucional, Sentencia C-1195 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.
(43) Corte Constitucional, Sentencia T-288 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(44) Suescún Melo, Jorge. Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo, tomo II, Segunda Edición, Editorial Legis, Bogotá, 2003, págs. 2 y 3.
(45) Rengifo García, Ernesto. De abuso del derecho al abuso de la posición dominante. Universidad Externado de Colombia, 2002, pág. 179.
(46) Benítez Caorsi, Juan J. La revisión del contrato, segunda edición, Editorial Temis, Bogotá, 2001, pág. 85.
(47) Benítez Caorsi, Juan J., ob. cit., pág. 86.
(48) Ballesteros Garrido, citado en Rengifo García, ob. cit., págs. 189-190.
(49) Benítez Caorsi, Juan J., ob. cit., pág. 72.
(50) Ibídem, págs. 75-77.
(51) “En los cuales se establece un régimen mínimo de responsabilidad para la parte fuerte, la cual no puede hacer más flexible, en su favor, dicho régimen, al adicionar defensas o exoneraciones no previstas o establecer límites de responsabilidad que no hayan sido expresamente autorizados” Suescún Melo, Jorge. Ob. cit., pág. 9.
(52) Ibídem, pág. 12.
(54) “ART. 1946.—‘Rescisión por lesión enorme’. El contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme.
ART. 1947.— ‘Concepto de lesión enorme’. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella.
(55) “ART. 1522.—‘Condonación’. El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale”.
(56) “ART. 920.— ‘Precio’. No habrá compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo. Pero si el comprador recibe la cosa, se presumirá que las partes aceptan el precio medio que tenga en el día y lugar de la entrega.
El precio irrisorio se tendrá por no pactado”.
(57) “ART. 992.—‘Exoneración total o parcial de la responsabilidad del transportador’. El transportador solo podrá exonerarse, total o parcialmente, de su responsabilidad por la inejecución o por la ejecución defectuosa o tardía de sus obligaciones, si prueba que la causa del daño lo fue extraña o que en su caso, se debió a vicio propio o inherente de la cosa transportada, y además que adoptó todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación.
Las cláusulas del contrato que impliquen la exoneración total o parcial por parte del transportador de sus obligaciones o responsabilidades, no producirán efectos”.
(59) “ART. 830.—‘Abuso del derecho-indemnización de perjuicios’. El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause.
(60) “ART. 1603.—‘Ejecución de buena fe’. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella.
(61) “ART. 835.—‘Presunción de buena fe’. Se presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona, o afirme que esta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo”.
(62) “ART. 871.—‘Principio de buena fe’. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.
(64) “ART. 1624.—‘Interpretación a favor del deudor’. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor.
Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”.
(65) Ley 1480 de 2011, artículo 42.
(66) Ley 1480 de 2011, artículo 42.
(67) Ley 1328 de 2009. “ART. 12.—Prácticas abusivas. Se consideran prácticas abusivas por parte de las entidades vigiladas las siguientes:
d) Las demás que establezca de manera previa y general la Superintendencia Financiera de Colombia”.
(68) Citado por Federico de Castro y Bravo. Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las Leyes, Civitas, Madrid, 1985, pág. 56.
(69) Cfme: Adela Serra Rodríguez. Cláusulas abusivas en la contratación, Aranzadi, 1996, págs. 35 y ss.; Atilio Aníbal Alterini. Las condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, Civitas, 1996, pág. 89 y Vincenzo Roppo. La Nuova Disciplina Delle Clausole Abusive Nei Contratti Fra Imprese e Consumatori, en Clausole Abusive Nei e Assicurazione, Giuffré, Milán, 1994.
(70) Luis Diez-Picazo y Ponce de León. Las condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, Civitas, 1996, pág. 30, y Georges Dereux. De la Nature Juridique des ‘Contrats D’Adhesion’, París, RTDC París, pág., 541. Cfme: Carlos Gustavo Vallespinos. El contrato por adhesión a condiciones generales, Buenos Aires, 1984, pág. 312; Juan Carlos Rezzonico. Contratos con cláusulas predispuestas, Astrea, Buenos Aires, 1987, págs. 348 y ss. y Juan M. Farina. Contratos Comerciales Modernos, Astrea, Buenos Aires, 1999, pág. 128.
(71) Rubén S. Stiglitz. Cláusulas abusivas en el contrato de seguro, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 69, y en El contrato de seguro como contrato por adhesión. Cláusulas abusivas. Control, en Memorias del Primer Foro de Derecho de Seguros, Ed.Max Limonad, Sao Paulo, 2000, págs. 99 a 124; y Luis Diez-Picazo y Ponce De Leon. Las condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, Civitas, 1996, pág. 43. Cfme: Jérôme Kullmann. Clauses abusives et contrat d’assurance, en Revué Générale du Droit des Assurances, París, 1996, pág. 27 y Claudio Russo. L’incidenza della disciplina delle c.d.’clausole abusive’ sui contratti assicurativi stipulati con i consumatori. Assicurazioni, 1998, jul.-dic., págs. 261 y 262.
(72) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 2 de febrero de 2001, Expediente 5670, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
(73) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de octubre de 2011, Expediente 2001-847, M.P. William Namén Vargas.
(74) Rubén Stiglitz, Derecho de seguros, T. I, 2ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 126 a 127.
(75) Ibídem, págs. 372 a 373.
(76) Ibídem, pág. 380.
(77) J. Efren Ossa, Tratado Elemental de Seguros, 2ª edición, Lerner, Bogotá, 1963, pág. 271.
(78) Carlos Andrés Laguado Giraldo, “Condiciones generales, cláusulas abusivas y el principio de buena fe en el Contrato de Seguros”, Revista Universitas, Universidad Javeriana, Nº 5, junio 2003, pág. 246.
(79) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de 2013, Expediente 24603.
(80) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 12 de octubre de 2011, Expediente 38225, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(81) “ART. 13.—De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”.
(82) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, Expediente 20511, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(84) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 21 de octubre de 2004, Expediente 25000-23-26-000-2002-2507-01(25140)DM, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
(85) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de marzo de 2010, Expediente 37644.
(86) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 19 de julio de 2001, Expediente 18296, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
“Si se tiene en cuenta que ‘aprobar’, en términos semánticos, consiste en ‘Calificar o dar por bueno o suficiente algo o a alguien’; en tanto que ‘modificar’ es ‘Limitar, determinar o restringir las cosas a cierto estado en que se singularicen y distingan unas a otras. Reducir las cosas a los términos justos, templando el exceso o exorbitancia. Transformar o cambiar una cosa mudando alguno de sus accidentes’. Cabe concluir que la decisión contenida en el auto apelado se traduce en una modificación de la conciliación prejudicial a que llegaron las partes.
(88) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 1º de febrero de 2012, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
(89) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Expediente 25022, M.P. Enrique Gil Botero.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, con independencia de las demás razones que llevaron a improbar el acuerdo logrado, no comparto el criterio que subyace en la providencia que antecede, según el cual el juez puede, por regla general, decidir si aquel es lesivo para los intereses del particular.
A mi juicio, no es el juez, en principio, quien debe definir si, como surge de aquella providencia, el acuerdo logrado es “razonable, proporcional y equilibrado” (fl. 58 del auto) para el afectado con el daño de cuya reparación se trata, pues ello, tratándose de particulares, es algo que solo pueden y deben definir estos últimos, en ejercicio de la autonomía de su voluntad y como únicos titulares de sus derechos libremente disponibles.
La conciliación es un mecanismo alternativo para resolver conflictos, por medio del cual, con la ayuda o la intervención de un tercero (conciliador), las partes buscan entre sí la solución de sus diferencias, de modo que son aquellas las que determinan las condiciones de su acuerdo, definen sus límites y aceptan, de manera voluntaria, las propuestas y soluciones que ellas mismas plantean, para llegar finalmente a un consenso que resulte beneficioso para ambas.
Al ser las partes quienes, de común acuerdo, establecen las bases de su arreglo, en especial el monto por el cual consideran conveniente negociar, no resulta compatible con la finalidad de la conciliación que el juez exija para aprobarlo una cantidad o un porcentaje que, a su juicio, no lesione los intereses del particular y menos teniendo en cuenta que este, a diferencia de la administración pública, tiene la libre disposición de sus bienes, salvo en aquellos casos en que la ley le imponga limitaciones para ello, como ocurre para el acto de testar, caso en el cual solo puede disponer libremente de una cuarta parte de aquellos (C.C., art. 1242), o con el monto por el cual se puede comprar o vender un inmueble, pues no debe olvidarse que, en este caso y bajo ciertas condiciones atinentes al precio del negocio, se abre paso la figura de la lesión enorme (art. 1947, ibídem).
En el caso de la conciliación, no existe norma alguna que señale topes máximos o mínimos a los cuales las partes deban ceñirse para que el acuerdo que logren sea aprobado, de suerte que el monto lo definen ellas, con la única limitante —en lo que respecta a su cuantía, en sí misma considerada— de que aquel no resulte lesivo para el patrimonio público, según dispone el artículo 73 de la Ley 446 de 1998, pues, de serlo, surge para el juez, ahí sí, la obligación de improbarlo.
Así las cosas, mal puede entrar el juez a definir si el acuerdo es conveniente o no también para el particular. Esa es una definición que le compete solo a este, pues es él quien puede juzgar, según su leal saber y entender y su propia manera de manejar sus asuntos, así como sus necesidades y conveniencias, si el acuerdo le resulta lesivo o no. De serlo, tendrá la posibilidad de rechazar la propuesta que se le presente; pero, si la acepta, mal puede el juez pensar distinto, por lo mismo que carece de los elementos de juicio necesarios para ello, los cuales, en cambio, se encuentran en poder del propio interesado.
No se trata de un caso de posición dominante de la entidad pública, como lo indica el auto precedente, sino de libre negociación y de conveniencia de los intereses del particular, que solo él puede juzgar, por ser quien tiene, en su fuero interno, la información necesaria para determinar si el acuerdo le sirve o no y quien, por lo mismo, está en libertad de aplicar el aforismo según el cual “más vale un mal arreglo que un buen pleito”.
En este sentido dejo expuestas mis apreciaciones en torno a lo decidido.

References: artículo 90
 artículo 414
 artículo 73
in fine
 artículo 116
 artículo 116
 resolución 
 artículo 29
 artículo 830
 artículo 65
 artículo 95
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 2
 artículo 73