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Timestamp: 2020-08-12 07:28:45+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 6, de 30/07/2019
cve: DSCD-13-PL-6
Año 2019 XIII LEGISLATURA Núm. 6
Sesión de la Diputación Permanente núm. 2
Petición formulada por los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, de que se acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000002), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del presidente del Gobierno, para explicar los motivos por los que el ministro del Interior en funciones no ha sido cesado tras las manifestaciones vertidas contra representantes políticos que participaron en la Manifestación del Orgullo el día 06/07/2019, así como las razones por las que el Gobierno sigue sin condenar las agresiones que tuvieron lugar durante la manifestación ... (Página3)
Petición formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Republicano, de que se acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000004), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el Pleno de la Cámara, para informar de la labor de espionaje de los servicios exteriores del Estado a los servicios exteriores de la Generalitat de Cataluña (Número de expediente 210/000003) ... (Página13)
Petición formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Republicano, de que se acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000009), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para dar cuenta de la situación de las personas retenidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de Valencia y de las circunstancias de la última muerte sucedida dentro (Número de expediente 210/000008) ... (Página21)
Votación ... (Página30)
Defienden la petición solicitada las señoras González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular, y Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Borràs Castanyer y Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Vera Ruiz-Herrera, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y el señor Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista.
- Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el Pleno de la Cámara, para informar de la labor de espionaje de los servicios exteriores del Estado a los servicios exteriores de la Generalitat de Cataluña ... (Página13)
Defienden la petición solicitada la señora Borràs Castanyer, del Grupo Parlamentario Mixto, e interviene la señora Aizpurua Arzallus, del mismo grupo, para fijar posición; y la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX; Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular, y la señora Fernández Casero, del Grupo Parlamentario Socialista.
- Comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para dar cuenta de la situación de las personas retenidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de Valencia y de las circunstancias de la última muerte sucedida dentro... (Página21)
Defienden la petición solicitada la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Mixto, e intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Borràs Castanyer, del mismo grupo, para fijar posición; y el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Olona Choclán, del Grupo Parlamentario VOX, y Rosell Aguilar, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Mesquida Ferrando, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular, y el señor Serrada Pariente, del Grupo Parlamentario Socialista.
Vuelven a hacer uso de la palabra el señor Eritja Ciuró y la señora Aizpurua Arzallus.
Votaciones ... (Página30)
La Presidencia informa de que al haber sido retirado el punto 3 del orden del día se votarán exclusivamente los puntos 1 y 2, que son rechazados por 29 votos a favor y 40 en contra, y por 6 votos a favor, 55 en contra y 8 abstenciones, respectivamente.
- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PARA EXPLICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL MINISTRO DEL INTERIOR EN FUNCIONES NO HA SIDO CESADO TRAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS CONTRA REPRESENTANTES POLÍTICOS QUE PARTICIPARON EN LA MANIFESTACIÓN DEL ORGULLO EL DÍA 06/07/2019, ASÍ COMO LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO SIGUE SIN CONDENAR LAS AGRESIONES QUE TUVIERON LUGAR DURANTE LA MANIFESTACIÓN.
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días.
Empiezo recordándoles que para cada punto los tiempos de intervención, como todos ustedes saben, serán de siete minutos para los proponentes y de cinco minutos para fijar posición por parte del resto de los grupos parlamentarios. El orden de intervenciones será de menor a mayor. En lo que se refiere a las votaciones, cabe señalar que los puntos del orden del día serán votados por su orden numérico al final de la sesión. Por tanto, se acumularán las votaciones.
Empezamos con el primer punto del orden del día. Petición formulada por los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos de que se acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: Comparecencia del presidente del Gobierno para explicar los motivos por los que el ministro del Interior en funciones no ha sido cesado tras las manifestaciones vertidas contra representantes políticos que participaron en la manifestación del Orgullo, el día 6 de julio de 2019, así como las razones por las que el Gobierno sigue sin condenar las agresiones que tuvieron lugar durante la manifestación.
Intervienen, en primer lugar, los grupos autores de la iniciativa. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González Vázquez.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, esta solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y presentada también por el Grupo Ciudadanos en esta Diputación Permanente, tiene su origen en las graves manifestaciones del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 6 de julio, antes de la celebración del desfile del Orgullo Gay que tuvo lugar en Madrid. En esas irreflexivas y peligrosas declaraciones, el ministro del Interior -cito textualmente- dijo: pactar con quien de una forma descarada y obscena trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que no tiene que tener una consecuencia en un sentido
u otro..., podría calificarlo de irresponsable o ilusorio. Es decir, de sus palabras se deduce que la violencia que se produjo posteriormente contra los participantes de Ciudadanos en la manifestación era perfectamente justificable por las decisiones de ese partido y que sus miembros, en palabras del ministro, son unos irresponsables e ilusos por pretender asistir a una manifestación que, como todas las que tienen lugar en este país, debería desarrollarse de forma pacífica y tranquila, aunque, a juzgar por las premonitorias y clarividentes declaraciones del ministro, en ocasiones no es así.
Esta frase en boca del señor Grande-Marlaska es muy grave y muy seria por varias razones. En primer lugar, porque el señor Marlaska no es cualquier ministro -siendo cualquier otro sería grave igualmente, pero quizá algo menos- sino que es el ministro del Interior, es decir, el ministro responsable de las políticas de seguridad ciudadana, de la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular la libertad y la seguridad personales, en los términos establecidos en la Constitución española y en la legislación, y a quien corresponde el mando superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según establece el Real Decreto 952/2018, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. A un ministro responsable de la seguridad ciudadana se le presume una absoluta preocupación por la integridad física de todos los españoles y un cuidado exquisito para que cualquier manifestación se desarrolle en paz y con tranquilidad, y en caso de que esto no ocurra, se le presupone la mayor diligencia para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyo mando ostenta, repriman cualquier acto violento por parte de unos que ponga en peligro la seguridad de otros ciudadanos. No podríamos nunca imaginar a un ministro del Interior alentando con palabras equívocas a la respuesta violenta, a las -cito textualmente de nuevo- consecuencias en un sentido u otro. Concluimos por ello que el señor Marlaska no sabe aún lo que es ni dónde está; no entiende lo que es ser ministro del Interior y no entiende lo que es ser diputado -por cierto, por Cádiz, un lugar muy alejado de su lugar de nacimiento: Bilbao-; cree que se encuentra aún en un juzgado y no es consciente de que sus palabras serán analizadas con todo detalle ni de que serán objeto de crítica, de dura crítica si lo merecen, como ha ocurrido en este caso.
En segundo lugar, son especialmente graves las palabras del señor Marlaska por aludir a la participación de determinadas personas en el desfile del Orgullo Gay, un desfile en el que se pretende precisamente instar a la desaparición en nuestro país de cualquier vestigio de discriminación o señalamiento que aún pueda existir por causa de la orientación sexual de una persona y mostrar en cambio la actividad inherente a todo ser humano. Es decir, el ministro está de acuerdo en señalar a unas personas en virtud de ciertas características que él considera justificativas de que tengan consecuencias -cito de nuevo textualmente- en un sentido u otro. Un delito de odio, señorías, es aquel en el que la víctima ha sido escogida por su pertenencia real o percibida a un grupo en el que se desprecia, se rechaza o se odia. El mayor porcentaje de delitos de odio cometidos en nuestro país sigue siendo el de los que se cometen por razón de orientación sexual o identidad de género.
En tercer lugar, es muy serio que el señor Marlaska obvie la responsabilidad que necesariamente recae sobre su persona ante los hechos ocurridos en la manifestación sobre las personas que él señaló en sus declaraciones. En esto me voy a detener un momento. El ser humano es el único ser conocido que tiene responsabilidad, es decir, que escoge consciente y deliberadamente entre diferentes alternativas de acción, y precisamente esa elección tiene consecuencias. La responsabilidad es -lo dice la palabra- la obligación de responder de una cosa; el responsable está obligado a responder de sus actos. Eso significa responsabilidad. El señor Marlaska es ministro del Interior y, por tanto, responsable de lo que ha ocurrido en esa manifestación, no solo por sus imprudentes palabras, sino porque es su cometido salvaguardar la seguridad de las personas que asisten a esa manifestación. No hay ética alguna que prescinda de las consecuencias de los actos. Es imposible considerar cualquier acción sin tener en cuenta sus efectos, aun cuando puedan tener carácter fortuito y falto de intención, porque generan una u otra clase de responsabilidad, ya sea esta de índole ética, política o penal. Me estoy refiriendo, evidentemente, a las responsabilidades éticas y políticas generadas por las declaraciones del ministro y su absoluta despreocupación por sus efectos. Ni siquiera se ha disculpado -clara muestra de la ceguera ética en la que se mueve-, contraviniendo una norma fundamental en el comportamiento de cualquier responsable público. La llamada al señalamiento, a la violencia al fin y al cabo en nuestra sociedad no nos hace poderosos, señorías, sino culpables.
En cuarto y último lugar, es más grave aun si tenemos en cuenta que este señalamiento de personas por su vinculación a un determinado partido político que resulta ser oponente del señor Marlaska se produce en el seno de un Gobierno que se pretende único defensor de la igualdad en este país y en el
seno de un partido supuestamente legitimado para que sus militantes y simpatizantes asistan a la manifestación del Orgullo Gay. Ese partido del pensamiento progresista, que también -supuestamente- ha traído el feminismo y la igualdad a nuestro país y que, en sus propias palabras, se lo ha currado; ese partido tan currante -si me permiten la expresión-, tan igualitario y tan feminista es el mismo que en una reciente negociación con otro -también supuestamente- igualmente social e igualitario que él, aunque no tanto, se desprende inmediatamente del Ministerio de Igualdad para ponerlo en el tablero de juego como prenda para el pacto, y el otro partido, igualmente social, igualitario y feminista, pero un poquito menos, lo rechaza por considerarlo inútil, vacío y de segunda categoría.
Por todo ello, señorías, queremos que el presidente del Gobierno comparezca y nos explique por qué el señor Marlaska no ha dimitido, no ha sido cesado y ni siquiera ha pedido perdón por sus imprudentes palabras y las consecuencias que estas tuvieron. El ministro del Interior no sabe que en muchas ocasiones en política hay que mostrar humildad, hay que reconocer que uno se ha equivocado, que no ha estado a la altura, y que otras veces hay que dimitir o ser cesado. No le consideramos la persona más adecuada para seguir al frente del Ministerio del Interior por su absoluta falta de responsabilidad, que es a fin de cuentas de lo que va todo esto.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Presidenta, señorías, quiero decir que hoy estamos debatiendo esto aquí porque llevan tres meses con el Congreso cerrado. Esto se tenía que haber debatido en Pleno, pero tenemos un presidente del Gobierno en funciones que ni teniendo ese artículo 4, que obliga a que el presidente tenga que comparecer después de cada Consejo Europeo, ni siquiera teniendo esa obligación viene, porque no tiene nada que decir o quizás porque no es capaz de enfrentar los errores que va cometiendo día a día.
Estamos aquí para que el presidente del Gobierno en funciones venga a decirnos por qué el señor Marlaska sigue en su puesto después de lo acontecido en el día del Orgullo. El señor Marlaska se olvidó de que era ministro -vamos a pensarlo así-, incendió las calles, incendió los medios de comunicación, nos señaló directamente y nos puso en el punto de mira el día en el que se tenían que celebrar las libertades y los derechos del colectivo LGTB, diciendo algo así como que el comportamiento de Ciudadanos debía tener consecuencias. Un ministro del Interior no es un activista; cuando habla siendo ministro marca la posición del Gobierno, y eso tiene que quedar claro. Llevaban toda la semana calentando el Orgullo, intentando ideologizarlo, intentando decirles a miembros del colectivo LGTB si eran mejores o peores miembros del colectivo en función de a quién votaban. Allí se atacó mi libertad personal -porque yo estaba allí, a mí no me lo han contado-, se atacó la libertad de todos los miembros de mi partido que allí estábamos, se atacó la libertad de los más de 4 200 000 votantes de Ciudadanos, pero sobre todo se atacó la libertad de un colectivo que no tiene que ser ideológico, sino que tiene que defender la libertad de cada uno ame a quien ame.
Quizás deberíamos preguntarle al presidente del Gobierno si es que los afiliados de Ciudadanos no pueden ir al Orgullo, o deberíamos preguntarle si es que los cargos de Ciudadanos que son miembros del colectivo LGTB se tienen que esconder de repente y no pueden manifestar su libertad de amar a quien desean. Quizás tenemos que preguntarle al presidente del Gobierno si es él quien decide si podemos ir a un sitio o a otro, porque a lo mejor todavía no nos hemos dado cuenta. Quizás tenemos que preguntarle al presidente del Gobierno por qué nos quiere meter en un armario ideológico sesgado y que rompe el principio de libertad. Un ministro del Interior que actúa como un hooligan, alentando y señalando a un partido político, no es digno de ser nuestro ministro del Interior. Alentó a los violentos, calentó el panorama y en lugar de garantizar las libertades en una democracia -que es lo que tiene que hacer un ministro del Interior-, en lugar de llamar al respeto, en lugar de llamar a la calma, en lugar de garantizar la libertad de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de nosotros independientemente de a quién votemos, en lugar de eso hizo todo lo contrario: se levantó, hizo declaraciones señaladoras, nos puso en el punto de mira y alentó a esos violentos para que nos hiciesen el escrache que sufrimos. Miembros del Partido Socialista alegaban que era una opinión personal. Despierten, compañeros, cuando uno es ministro no manifiesta su opinión personal en los medios de comunicación. El gorro de ministro no se lo puede poner y quitar, y menos siendo el de ministro del Interior.
Ese día -porque, repito, yo estaba allí, no me lo contó nadie; nadie vino y me hizo una crónica más o menos interesada; yo estaba allí- nos tiraron latas, algunas más llenas y otras, por suerte, vacías; nos tiraron cubitos de hielo; nos tiraron frutos secos; nos tiraron monedas; nos tiraron bebidas alcohólicas; nos tiraron copas enteras a la cara; nos tiraron orines, insisto, orines. Díganme si eso es normal en una democracia como la nuestra y díganme si eso es normal en un día en el que lo que tenemos que hacer es celebrar los derechos y libertades de todos. Si a cualquiera de ustedes -incluso a los miembros del Partido Socialista que todavía no han condenado estos actos- le tirasen orines, agua o cualquier tipo de objeto, tanto mi partido como yo, como todos los representantes de Ciudadanos seríamos los primeros en condenar la violencia, porque eso no es democracia. Y no solamente eso, también nos insultaron incesantemente; nos rodearon y redujeron nuestro propio espacio, dejándonos cada vez menos; nos acosaron, nos empujaron, llegando al extremo, por ejemplo, de hacer llorar a una concejal nuestra de ochenta años, Carmen. También hubo compañeros que tuvieron ataques de ansiedad porque no teníamos espacio y estábamos rodeados. Tuvieron que improvisar un dispositivo de seguridad para sacarnos de allí, pero el problema es que no se sacó de allí a Ciudadanos y a miembros de Ciudadanos, sino que se sacó de allí a 4 200 000 votantes de Ciudadanos que sí creen en las libertades y en los derechos. Esto es una vergüenza no solamente para un país, sino también para un ministro del Interior. Por suerte, España pudo ver las imágenes, no tenemos que contarlas; España pudo ver lo que allí pasó. Han visto que se violó nuestra libertad. Un ministro permitió que se sesgasen los derechos de manifestación de distintas personas, de ciudadanos de este país, por el simple y mero hecho de no votar lo mismo que él, lo cual es del todo vergonzoso. El primer tuit del Partido Socialista al día siguiente no piensen que fue de condena, porque no fue así; fue un tuit a la defensiva, defendiendo a su ministro, en lugar de condenar el acoso que habíamos sufrido los que allí estábamos. Todavía estamos esperando que salga el presidente del Gobierno de España en funciones a condenar lo que allí pasó, porque la irresponsabilidad que manifestó este Gobierno en funciones no tiene precedentes. El ministro, y más un ministro del Interior, tiene que protegernos a todos, independientemente de a quién votemos, pero lo que hemos visto estos días es que solo se protegen a sí mismos. Este fue el dispositivo de seguridad del otro día del presidente en el patio del Congreso -en el que no entra nadie que no esté acreditado- para salir del Palacio a su coche. (Muestra una fotografía). Un metro y medio más o menos de recorrido. Este fue el dispositivo de seguridad. Hay más agentes aquí que los que nosotros tuvimos el día del Orgullo, muchos más, y, como ya dijeron los propios agentes que allí estaban, acudieron porque vieron que la situación era insostenible, no porque hubiera habido un protocolo específico para atender a los manifestantes de Ciudadanos que allí estábamos. España no se merece un ministro del Interior que solamente defienda lo suyo, porque un ministro del Interior tiene el deber de defender a todos los ciudadanos de nuestro país. Además, crean ese informe Marlaska que nadie firma, en el que no aparecen los logos, que nadie sabe de dónde sale y que contradicen unos y otros sindicatos y también los agentes que allí se plantaron y nos defendieron -en minoría, porque estábamos en minoría-. Quiero agradecer a los policías que se presentaran allí y que nos protegieran. Quiero dar las gracias también a todos los miembros del colectivo LGTB que se nos acercaron y que nos dieron las gracias por estar allí. Había padres de niños por gestación subrogada y miembros del colectivo LGTB que decían que no les dejásemos solos, que nosotros sí que les representábamos y que por eso teníamos que estar allí.
Por todo esto que les acabo de decir, vamos a seguir defendiendo -ya voy terminando, presidenta- los derechos y libertades de todos, porque no nos lo tienen que contar, porque allí estábamos. Pedimos la comparecencia del presidente, pedimos que el señor Marlaska se vaya a su casa ya, porque no tiene en este caso lo que tiene que tener para ser un ministro del Interior, porque no nos protege a todos. La democracia con el señor Marlaska se debilita cada día más.
Simplemente voy a decir una cosa, presidenta y compañeros: no le vamos a pedir permiso ni al Partido Socialista ni a ningún partido para defender la libertad, ni en Hernani ni en Alsasua ni en Amer ni el 8M ni tampoco el día del Orgullo, porque hemos venido a defender a todos los ciudadanos de nuestro país y porque si nosotros no le preguntamos a ninguno de ustedes cómo ama y a quién ama para defender sus libertades, esperamos que ninguno de ustedes nos empiece a preguntar a quién votamos para defender las nuestras.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, van a compartir el tiempo, dos minutos y medio cada una. Tiene, en primer lugar, la palabra la señora Borràs.
La señora BORRÀS CASTANYER: Presidenta, señorías, pese a que los organizadores de la marcha del Orgullo en Madrid presentaron un decálogo de compromisos con la comunidad LGTBI que PP y Ciudadanos se negaron a rubricar y pese a que tampoco se les concedió una carroza porque consideraron que no era de recibo -y cito- empoderar a partidos que atentan contra la dignidad del colectivo, Ciudadanos acudió al Orgullo de Madrid, a la festiva reivindicación de una lucha muy amarga por conseguir los derechos LGTBI. El ministro Grande-Marlaska les afeó pactar de una forma descarada y obscena con quien trata de limitar los derechos LGTBI y además afirmó, como se ha dicho, que si alguien no entiende que eso debe tener alguna consecuencia en un sentido u otro podría calificarse de irresponsable. Incluso añadió que la celebración del Orgullo no es un día para querer limpiarse la imagen, sino que es un día para que haya compromisos de verdad de personas defendiendo derechos humanos y derechos LGTBI. Por ello, cuando Ciudadanos decide acudir a la manifestación no puede pensar que deja sus pactos con VOX, el partido que quiere recortar estos derechos que han costado vidas y sufrimientos aparcados. Ciudadanos sabía que no iba a ser bien recibido y aun así fue.
El informe policial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid sobre los incidentes critica la actuación de Ciudadanos en la manifestación al concluir que maniobró -y cito directamente- para catalizar la acción mediática y publicitaria. También sostiene este informe que no hay constancia de que se produjeran agresiones físicas -sí insultos- y acusa a sus representantes de no seguir en ningún momento las instrucciones policiales. (La señora Rodríguez Hernández: ¿Usted estaba?-Rumores). Esto lo dice el informe de la Jefatura Superior Policía de Madrid. (La señora Rodríguez Hernández: Yo estaba). Pero en la más fiel tradición de Ciudadanos, Albert Rivera confirmó que presentaría una denuncia ante la fiscalía por delitos de odio.
La estrategia de la provocación no es nueva en Ciudadanos; en Cataluña la conocemos bien. Se trata de alimentar un discurso de odio inexistente que no dejan de denunciar, pero que va mucho más allá esta vez, porque, aunque aprovecha los acontecimientos para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez, la acusación de odio esta vez mancha o quiere manchar a toda la comunidad LGTBI. Criminaliza a un colectivo que arrastra discriminaciones y legitima el discurso de VOX, el partido que propuso en este caso concreto arrinconar el Orgullo a la Casa de Campo. Por supuesto que condenamos todo tipo de agresión contra quien sea, si es que hubo agresión, que no lo confirma el informe policial. (La señora Rodríguez Hernández: Yo estaba). No parece...
La señora PRESIDENTA: Señora Borràs, perdón. Tendría que ir terminando. (Rumores).
Pido silencio, por favor.
La señora BORRÀS CASTANYER: No parece muy coherente pactar con quien está dispuesto a combatir al colectivo LGTBI y a quien defiende sus derechos y al mismo tiempo querer manifestarse en pro del colectivo. Se llama a esta actuación hipocresía política, ética y moral.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Borràs.
Tiene la palabra, por el mismo grupo parlamentario, la señora Aizpurua.
Solicitan ustedes, señorías de Ciudadanos y del PP, un Pleno extraordinario no para hablar del desempleo o de la precariedad que están sufriendo miles de personas durante el verano ni del problema con las pensiones o de los centenares que mueren cada día en el Mediterráneo en busca de un futuro mejor. No han solicitado un Pleno para hablar de los retos que tiene este Estado a nivel económico, social o territorial, no; solicitan un Pleno para hablar sobre el show que montaron los señores y señoras de Ciudadanos en el Orgullo, y digo show por no decir provocación, por no decir espectáculo vergonzoso, que es lo que fue. Se plantaron ustedes en medio de una manifestación que reivindicaba derechos y libertades, que quería poner en valor lo conseguido en tantos años de lucha LGTBI y exigir lo que aún queda por conquistar. Ustedes no se unieron a estas reclamaciones, que ya han dejado muy claro que no comparten; ustedes fueron a provocar, a generar tensión, a buscar el enfrentamiento, a crear odio. Insultaron a los cientos de miles de personas que exigían derechos y libertades de forma pacífica y festiva;
las despreciaron, se burlaron de ellas, las llamaron fascistas, y lo peor de todo es que vimos cómo disfrutaban al hacerlo. Quedó muy claro a qué habían acudido: a generar crispación social.
Les hemos escuchado llamar fascistas a las mujeres que el 8 de marzo desbordamos las calles pidiendo igualdad; les hemos escuchado llamar fascistas a las personas LGTBI que pedían libertad y derechos para todas; les hemos escuchado llamar fascistas a quienes creemos que dialogar y votar es la mejor manera de dirimir los conflictos, y resulta que a los fascistas, a los verdaderos fascistas que pretenden acabar con los derechos y libertades que tantos años costó conquistar, a estos ustedes les llaman compañeros: compañeros de gobierno, compañeros de foto, compañeros de manifestación. Tenían ustedes a todo el fascismo concentrado en Colón, pero ahí no, ahí no lo vieron.
Un ruego, señorías de Ciudadanos: dejen de generar odio, crispación y enfrentamiento; dejen de pisotear derechos y criminalizar a quien los defiende, y si no, que no les quepa duda, las reivindicaciones de más derechos, más libertad y, en definitiva, más democracia, sea en el Orgullo o en el 8 de marzo, siempre ganarán a su odio, porque, como hace cincuenta años en Stonewall, somos millones quienes seguiremos saliendo a las calles a luchar por los derechos, a lograr nuevas conquistas sociales (la señora Rodríguez Hernández: ¿Con pistolas o sin pistolas?), y esto sucederá pese a ustedes y pese a sus amigos de la ultraderecha.
Y una última precisión, señora Arrimadas: el Orgullo -como dijo usted- no es de todos, no, es del colectivo y de quien lo respeta y de quien considera que todos los derechos deben ser para todos y para todas. Por lo tanto, no apoyaremos esta iniciativa...
La señora PRESIDENTA: Señora Aizpurua, tendría que ir terminando.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: ... que solo busca seguir en la confrontación y acaparar protagonismo montando escándalo tras escándalo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban.
Yo no veo que en las palabras del ministro se llamara en ningún caso a la violencia y, desde luego, tampoco encuentro la ligazón con los hechos que sucedieron después: debe tener alguna consecuencia en un sentido o en otro... Desde luego, seguro que el ministro no estaba pensando en llamar a una agresión absolutamente a nadie, sino que estaba moviéndose, como en las declaraciones habituales, en el plano político. Yo no encuentro esa ligazón entre las palabras del ministro y los hechos que se imputan, menos aún para que sea necesario pedir no solo una comparecencia del ministro, sino nada más y nada menos que la del presidente del Gobierno. Sinceramente, a mí me parece que lo que hay son ganas de generar un conflicto, unas consecuencias donde no hay caso; ganas de generar un pollo más, por decirlo así. (Risas). Llamar a la calma y al respeto, como se ha hecho aquí por parte de la portavoz de Ciudadanos, viniendo de un partido que, como mínimo, llama banda a compañeros de escaño... A mí me parece muy bien, creo que hay que llamar a la calma y al respeto de todos -yo también lo hago-, pero me parece, como mínimo, contradictorio. Cuando uno conoce también que hay un informe interno que se ha hecho público -podríamos llamarlo el informe de la estrategia del follón- felicitándose por los actos especiales, uno también tiene sospechas de que lo que se pretende aquí es generar un pollo más y, por lo tanto, nuestro voto será negativo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bassa Coll.
La señora BASSA COLL: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Parece que la manifestación del Orgullo del pasado 6 de julio ha llegado al Congreso, y no precisamente para reivindicar los derechos LGTBI, que sería lo conveniente, sino para seguir con el espectáculo de declaraciones cruzadas entre el Gobierno y el partido de Ciudadanos a raíz de los insultos recibidos por la delegación de Ciudadanos en dicha manifestación. No quiero perder excesivo tiempo en discutir sobre lo evidente, todo el mundo tiene derecho a asistir a cualquier manifestación sin que se vea coartado ninguno de sus derechos. Pero lo que sí debe quedar claro, muy claro, es que ante cualquier acto de
incivismo, sea protagonizado por quien sea, lo pertinente y responsable es y debe ser condenarlo. Toda la solidaridad con los compañeros de Ciudadanos cuando van a la marcha del Orgullo LGTBI, o a Amer, o a Alsasua, o a Rentería, o justo en mi pueblo, el pueblo de la consellera Dolors Bassa, encarcelada en prisión preventiva desde hace más de 525 días en Torroella de Montgrí; por cierto, justo delante de casa de mi madre. El hecho es que nuestro grupo no entiende demasiado qué van a buscar ustedes en estas localidades; bueno, en realidad sí lo sabemos y, aun así, reconocemos que están en su pleno derecho y libertad para hacerlo.
Dicho lo evidente, quien debería comparecer aquí creemos que no es el señor Marlaska, sino la señora Arrimadas, y voy a explicarme. Pedimos esta consideración para que nos explique por qué Ciudadanos fue a una manifestación en la que los organizadores ya les dijeron que no eran bienvenidos y por qué su presencia necesitó un despliegue policial que costó miles de euros. Por qué si querían celebrar el Orgullo, en lugar de buscar el enfrentamiento; no lo hicieron en otra parte de la ciudad como, por ejemplo, en la Casa de Campo, con sus amigos de PP y VOX; por qué fueron a la manifestación con la pancarta de Ciudadanos y por qué, cuando hubo gente que les increpó, no salieron de detrás de esa pancarta e intentaron dialogar con ellos, en lugar de buscar el insulto y el enfrentamiento.
También queremos preguntar a la señora Arrimadas cuántas personas, de las miles y miles que acudieron a la manifestación, les insultaron o vetaron el paso. Queremos preguntarle también si considera que estas personas tenían cara de odio y si considera que los organizadores de la manifestación deberían ir a la cárcel por ello. La señora Arrimadas y compañía no fueron a la manifestación del Orgullo a reivindicar los derechos de las personas LGTBI, sino que fueron a la manifestación a montar su show mediático y están tan orgullosos del show que montaron que hoy están aquí para que este Parlamento siga dando cobertura al mismo. De hecho, la señora Arrimadas consiguió que en el Día del Orgullo se hablara de ella y no de los derechos de las personas trans. También consiguió legitimar el discurso homófobo de sus socios de VOX, al llamar intolerantes a las personas LGTBI que reclamaban sus derechos.
Debe avergonzarles que sus shows mediáticos -el del Orgullo, el de Alsasua o el de tantos otros en Cataluña- estén basados en generar enfrentamiento y odio. Usted, señora Arrimadas, lleva años viviendo del enfrentamiento y del odio. Su éxito político se basa en defender el enfrentamiento por encima del diálogo. Mientras ustedes, todos sus compañeros, azuzan el odio impunemente, personas pacíficas y dialogantes como nuestras presas y nuestros presos políticos están en la cárcel por defender derechos democráticos.
Acabo reclamando a este Parlamento que haga una clara defensa de los derechos de unos colectivos que son constantemente objeto de vulneraciones. Les recuerdo que han rechazado reiteradamente las propuestas de Esquerra Republicana de Catalunya de despatologización de la transexualidad, de la eliminación de los requisitos patologizadores, de la hormonación para el cambio de nombre y sexo y sobre todo, también, la de impulsar un plan de inserción laboral y social de la personas trans. La cultura heteropatriarcal, machista...
La señora PRESIDENTA: Señora Bassa, tendría que ir terminando, por favor.
La señora BASSA COLL: Sí. Voy acabando.
... y homófoba que permanece instalada en el sustrato nacionalcatólico, que algunos defienden aquí, hace que aún hoy nos tengamos que lamentar por continuas agresiones contra ciudadanos por su identidad sexual. Señorías, esta no debería ser la respuesta de un Congreso de Diputados cuando todas y todos sabemos que justo el 18 de junio de 2018 fue el día en que se hizo pública la despatologización de la transexualidad por la OMS, la Organización Mundial de la Salud.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bassa.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón.
Me gustaría empezar hoy esta intervención conmemorando una triste efeméride. Hoy se cumplen diez años del último atentado de ETA en España con muertos. Hace hoy diez años los guardas civiles Carlos Sáenz de Tejada, de 28 años, y Diego Salvá, de 27, murieron asesinados en Palma de Mallorca. Me gustaría que esta efeméride fuera especialmente reseñada para todos los radicales que me han precedido en el uso de la palabra, y especialmente a los de Bildu. Se cumplen diez años del último atentado. Esas
dos personas, esas dos familias, como las familias de los casi mil asesinados por ETA, no podrán escuchar las absurdas palabras que han pronunciado quienes me han precedido en esta sala.
Respecto al tema que nos ocupa en este momento, que es la petición del Partido Popular y Ciudadanos de comparecencia del ministro del Interior en relación con los hechos acontecidos en el Día del Orgullo Gay, se ha intentado reiteradamente conectar el impresentable comportamiento de los asistentes y el acoso impresentable a Ciudadanos con su relación con VOX. Y como esto es absolutamente falso me gustaría poner un poco de contexto, de memoria histórica -histórica reciente porque aquí la gente pierde la memoria muy deprisa-. Para eso me remito a los titulares publicados en prensa cuyas fechas voy a ir revelando: El Mundo, 4 de julio de 2015, "Veto al Partido Popular en el Orgullo más político. Impiden que Ángel Garrido, número dos de la comunidad, desfile en la cabecera"; La Razón, 6 de julio del año 2015, "El Partido Popular fue la única formación que no estuvo en la cabecera de la manifestación del sábado con motivo de las celebraciones del Orgullo 2015. Los colectivos FELGTB y Cogam no invitaron a los populares [...]. Ningún partido lamentó ayer el veto sufrido por el Partido Popular"; Libertad Digital, 7 de julio de 2015, "Denuncian el boicot del Orgullo a los gays que no son de izquierdas. El secretario general de Colegas denuncia en Es la tarde de Dieter el sectarismo de los colectivos como Cogam en el Orgullo Gay"; La Gaceta, 4 de julio de 2016, "Ciudadanos, recibido en el Orgullo al grito de fascistas y terroristas". Vosotros fascistas -abro comillas-, sois los terroristas -cierro comillas-. Así fue recibida la carroza de ciudadanos en el Orgullo LGTBI celebrado ese sábado en Madrid. También al grito de -abro comillas- hipócritas y ni tiros al aire ni por la nariz -cierro comillas- el PP fue vetado; Caso Aislado, 1 de julio de 2017, "Abuchean a Albert Rivera y aplauden a Pablo Iglesias en el World Pride de Madrid"; La Sexta, 7 de julio de 2018, "Los organizadores del orgullo LGTBI rechazan compartir pancarta con el PP"; Yahoo! Noticias, 9 de julio de 2018, "Abucheos, pitos y peinetas a la carroza de Ciudadanos en el Orgullo".
En todos estos años en los que VOX era una fuerza extraparlamentaria, pequeña y modesta -sigue siendo pequeña y modesta-, no tuvo nada que ver su relación con el PP o con Ciudadanos, más bien lo que tiene que ver es que esta celebración desde hace ya muchos años tiene un componente eminentemente ideológico. No tiene nada que ver con los gays, no tiene nada que ver con el sufrimiento que ustedes aquí nos quieren contar, sino que tiene que ver con una forma muy particular de ser gay o lesbiana, de ser transexual o bisexual, y una sola forma que es la admisible con esta cultura de la izquierda, cada vez más radical, que nos intentan imponer a todos. Es solo por eso por lo que se rechaza la presencia de partidos como Ciudadanos o el Partido Popular, no porque no defiendan los derechos de los gays, como defienden y defendemos los orgullos de todos los españoles, sino porque no son de la cuerda ideológica de los organizadores del Orgullo. Es solo por eso por lo que se les agrede y es solo por eso por lo que a unos no se les permite acudir a la manifestación a la que libremente quieren ir o llevar su carroza. Hay quien se pregunta que para qué van, acabo de escuchar decir que para qué van a sitios donde no se les quiere. A mí tampoco me gusta ir a sitios donde no se me quiere, pero tienen la absoluta libertad y todo el derecho de acudir a una manifestación como esa.
El representante del PNV, el señor Esteban, estaba diciendo que no hay ligazón entre las palabras del ministro del Interior y lo que aconteció a continuación, pero el 8 de julio de 2019 OK Diario titulaba: "Narbona justifica el ataque a Ciudadanos en el Orgullo Gay: "Es VOX quien alimenta el odio, no Marlaska".". Posteriormente, el 11 de julio de 2019, El Español titulaba "Marlaska no se retracta: "Quien pacta con VOX tiene que responsabilizarse de las consecuencias".". Es decir, que el ministro del Interior en un doble acto de irresponsabilidad no solo calentó el ambiente y no solo predispuso a las agresiones que se cometieron ese día, sino que con posterioridad lo justificó y lo justificó, una vez más, haciendo mención a una presunta ligazón -por utilizar la palabra del señor Esteban- con VOX, como si VOX fuera un partido que no tuviera derecho a existir, o como si sus miembros o votantes no tuvieran derecho a tener ciertas opiniones. De manera que la ligazón es evidente y la responsabilidad del señor Marlaska es palmaria. La Audiencia Nacional perdió un buen magistrado en la lucha contra el terrorismo, pero la política no ha ganado absolutamente nada con la presencia del señor Marlaska. Las declaraciones del ministro son de una enorme irresponsabilidad, merecen su dimisión y, si no dimite, merece desde luego ser cesado.
Por último, quisiera una vez más congratular a aquellos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que actuaron diligentemente, a pesar de las instrucciones políticas en sentido contrario, gracias a las cuales los incidentes no fueron mayores.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Espinosa de los Monteros.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Vera Ruiz-Herrera.
La verdad es que después de esta defensa que ha hecho VOX del argumentario de Ciudadanos me saldría decir que no hay más palabras, señorías, y que ha quedado en evidencia lo que se está debatiendo hoy aquí. Sinceramente -y por el respeto que le tengo en particular a la señora Rodríguez-, me parece un bochorno y me parece una desfachatez absolutamente enorme que mientras no somos capaces de venir aquí a debatir sobre lo que realmente deberíamos debatir, que es cómo aumentar y seguir conquistando derechos del colectivo LGTBI, que -entiendo- es para lo que nos pagan a todas y cada una de las presentes en este momento, lo que hagamos sea seguir, como decía el señor Esteban, alimentando un nuevo pollo, que ya les conocemos a todos ustedes. Sinceramente, mientras las leyes de igualdad de trato para el colectivo sigan en un cajón en el Congreso de los Diputados y en la mayoría de parlamentos autonómicos, mientras no seamos capaces desde aquí de llevar a cabo a una ley global estatal que blinde sus derechos, mientras que todavía sigamos sin cambiar una ley de 2017 que patologiza a las personas transexuales, me parece una ofensa directa contra el colectivo que de verdad lucha, reivindica y que realmente se siente y es discriminado por ser, por sentir o por amar como les dé absolutamente la gana.
No estamos en un plató de Salsa rosa, no estamos en un plató de ninguna tertulia sobre cotilleos, no estamos en eso; estamos aquí para supuestamente mejorar la vida de la gente. Señora Rodríguez, de verdad, no me lo esperaba de usted. Sinceramente, me parece que no se corresponde con su forma de actuar. No dudo que lo pasaran mal, no dudo que pasaran por un mal trago el día de la manifestación. (Varios señores diputados: Muchas gracias). Evidentemente, no. Pero creo que hay una cosa que ustedes no han entendido y siguen diciendo lo mismo cuando hablan, por ejemplo, del 8 de marzo. Una manifestación es una manifestación. Una manifestación no es ir a echar el día, a echarse unas fotos con una bandera arcoíris muy bonita para subirla al Instagram, no es nada de eso; es una reivindicación política, es un día para luchar y para seguir avanzando en el blindaje de los derechos conquistados hasta ahora y seguir avanzando en los que obligatoriamente desde aquí tenemos la responsabilidad de conseguir. No es una broma, no lo es.
Ustedes no han tenido ningún problema en participar en la manifestación del Orgullo durante ningún año, nunca lo han tenido. Han ido con su carroza -yo les he visto y les he saludado-, no ha habido ningún problema nunca. El problema es que hay un manifiesto, claro que sí. Es que es un día político, es una manifestación política, al igual que la del 8 de marzo en la que se piden derechos. Hay un manifiesto que ni siquiera les culpabiliza a ustedes, ni siquiera se mete con sus políticas, o sobre lo que hacen, o las posturas que defienden o no en el Congreso de los Diputados, solo les señalan a ellos (señalando a las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX). Evidentemente, lo hace con toda la razón porque estamos hablando de un partido político de extrema derecha que criminaliza constantemente al colectivo, que se ha demostrado muy machista. No hace falta que le diga que queda claro que es homófobo -supongo que usted, que es feminista, también lo comparte, aunque sea feminista liberal-, que discrimina y que dice a la cara de las personas transexuales y del colectivo LGTBI que son una amenaza para sus hijos y para sus hijas, y que son personas desviadas. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: ¡Qué dice!). Eso es lo que está pasando. Lo que se está debatiendo aquí y lo que se pedía en ese manifiesto es que no pactara con esa gente, y que no pacten cosas como han hecho en la Comunidad de Madrid para ir quitando poco a poco, progresivamente, los talleres de diversidad sexual, cuando estará de acuerdo conmigo en que a través de la educación es como se consigue combatir las políticas de odio.
Entiendo que ese es el quid de la cuestión, y entiendo que por eso sus decisiones políticas de pactar con ellos supusieron una reacción en determinadas personas durante ese día; ese es realmente el problema. Ustedes no han entendido que el colectivo LGTBI, igual que el colectivo feminista, es un sujeto político, independiente, autónomo; que no somos los políticos ni la opinión del señor Marlaska, ni la mía ni la de ningún representante político, los que incidimos en las opiniones y en la posición del colectivo LGTBI y del colectivo feminista, que son autónomos. Ustedes nunca lo han respetado y ese es el problema. Por eso ustedes tienen problemas en las manifestaciones, porque no han entendido absolutamente nada.
Insisto, si no fuera tan importante, yo haría como el señor Esteban y diría que esto es montar un pollo y ya está, que se pase a otro turno de palabra, pero lo que estamos debatiendo aquí es realmente importante. Insisto, nuestra posición va a ser en contra porque esto no tiene ni pies ni cabeza. (La señora Rodríguez Hernández: Es obvio). Pero sí le animo a que hagamos lo que tenemos que hacer (la señora Rodríguez Hernández: Tienen cerrado el Congreso), que es dejar de mirarnos el ombligo, dejar de utilizar cualquier excusa para hacer una campaña electoral, señora Rodríguez, y que entiendan que ustedes no son los protagonistas ni las víctimas de esta situación. (La señora Rodríguez Hernández: Ah, ¿que no?). Que entiendan que las víctimas de esta situación son las familias y son los niños que tienen que ver un autobús recorrerse el país entero diciendo que las niñas tienen vulva, que los niños tienen pene y que todo lo demás es una enfermedad. Las verdaderas víctimas de todo eso son personas como las que vimos en un vídeo muy viral yendo a un restaurante, a un Mc Donald´s, para comerse una hamburguesa como cualquier persona y a un energúmeno diciéndoles que no tienen derecho a estar ahí y que no tienen derecho a vivir como les dé la gana. Las víctimas de todo eso son las parejas homosexuales de mujeres que no se pueden dar un beso o ir de la mano en un autobús tranquilamente, como hago yo con mi pareja, porque acaban con una brecha sangrando en la frente. Esas son las víctimas de todo esto, no Ciudadanos, señora Rodríguez. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-La señora Rodríguez Hernández pronuncia palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vera.
Vamos a continuar con el debate. En último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sicilia Alférez.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Resulta curioso ver cómo el Partido Popular pide ahora la dimisión del ministro Marlaska, habiendo tenido entre sus filas al señor Jorge Fernández, el señor de la policía política, el ministro del Interior de 'la fiscalía lo afina', o el que tuvo como director general de la Policía al señor Cosidó, implicado en el caso Kitchen. Este es el ministro del Interior que ustedes tuvieron, señora portavoz del Grupo Popular, señora González Vázquez.
Resulta también curioso que ahora venga Ciudadanos a pedir la dimisión del señor Marlaska cuando no pidió la dimisión de Zoido, ministro del Interior, cuando hacinó a miles de policías en los barcos para evitar el referéndum del 1 de octubre. (Rumores).
El señor SICILIA ALFÉREZ: Ni tampoco pidió la dimisión del ministro Zoido cuando se produjo el colapso de la autopista A-6 en enero de 2018, dejando a miles de personas allí atascadas, o cuando el Partido Popular redujo 12 000 efectivos de Guardia Civil y de Policía. Porque todo esto también es política de Interior. Pero ustedes estaban callados (la señora Rodríguez Hernández: ¡Miente!) mientras el Partido Popular hacía esas barbaridades. (Rumores).
El señor SICILIA ALFÉREZ: Vienen ustedes ahora a pedir la dimisión del ministro Marlaska por unas manifestaciones que son desde todo punto de vista lógicas (el señor De Páramo Gómez: ¡Es lógico que te peguen!), porque toda decisión política tiene consecuencias políticas, y se lo voy a explicar. Cuando ustedes deciden pactar con VOX una decisión política, tiene una consecuencia. Este es el pacto de Ciudadanos en Andalucía con VOX (muestra un documento); un pacto presupuestario. ¿Saben la consecuencia? Que VOX está pidiendo a la Junta de Andalucía retirar las ayudas al colectivo LGTBI (muestra un recorte de prensa); una decisión con una consecuencia. Eso es lo que decía el señor Marlaska. ¿Sabe cuál es la consecuencia de pactar en Madrid con VOX? Esa decisión política tiene una consecuencia y es que VOX está pidiendo la lista de activistas que van a los colegios a impartir talleres sobre diversidad; una decisión política de las que ustedes son cómplices y que tiene consecuencias.
Y mire, por ir aclarando, señora González Vázquez, ya que es importante aclarar los términos porque las palabras en política son importantes. No es un desfile, como usted ha dicho, los desfiles están en las pasarelas de Milán; es una marcha, una manifestación, una reivindicación, y como toda marcha reivindicativa es política. Y no es el Orgullo Gay, señora González Vázquez, es el Orgullo LGTBI, el de transexuales, bisexuales, homosexuales e intersexuales, de todos esos colectivos. Aunque, claro, para
ustedes esto es complicado de entender, qué le vamos a pedir a un partido que se llevó al Tribunal Constitucional la ley que daba derecho a los homosexuales para casarse en igualdad que el resto de ciudadanos. (Aplausos).
Pero, hombre, de ese partido que venía a regenerar la vida política, a darle aire fresco, sí podíamos esperar otra cosa, señora Rodríguez Hernández. ¡Claro que ustedes pueden ir al Orgullo!, lo han hecho otras veces, como ustedes pueden ir a las exposiciones que se celebran durante la semana del Orgullo, pero no pueden decidir qué cuadros o qué fotografías se exponen. Ustedes pueden ir a las conferencias que se dan, lo que no pueden decidir es quiénes son los conferenciantes porque eso lo deciden los que lo organizan. Ustedes pueden ir a los conciertos, lo que no pueden decidir es qué canciones escuchan porque eso lo deciden quienes lo organizan. Y claro que pueden ir a la manifestación, pero cumpliendo con los que lo organizan porque la manifestación tiene unos organizadores para lo bueno y para lo malo. Si ocurre cualquier tipo de conflicto o cualquier problema, esos organizadores son responsables. Y esos organizadores les pidieron a ustedes que firmaran un acuerdo, que firmaran un manifiesto, que ustedes se negaron a firmar. Por eso los organizadores les dijeron que no eran bienvenidos, porque ustedes se negaron a firmar ese manifiesto, el manifiesto de Cogam y de la LGTBI, que son los que organizan. ¿Ustedes quieren organizar un Orgullo? ¡Háganlo! Organicen sus gastos, sus conciertos, sus exposiciones, sus marchas. Háganlo, si ya les han dicho hasta dónde pueden hacerlo: en la Casa de Campo. (Risas). Allí pueden hacerlo, no tienen problema. Pero las decisiones políticas, claro que tienen consecuencias políticas. Lo que les digo es lo mismo que les dijo Cogam y la LGTBI -no el PSOE-, lo mismo que les dijeron los organizadores de esta marcha del Orgullo. Los organizadores les dijeron ustedes, señores de Ciudadanos, que hicieran autocrítica y pensaran por qué un colectivo que está tan necesitado de defender sus derechos se pusieron delante de ustedes porque no les querían. Que piensen por qué aquellos a los que supuestamente van a defender, les dijeron que no les querían. ¿Saben por qué se lo dijeron? Se lo dijeron porque ustedes están siendo cómplices... (Rumores.-Un señor diputado: Son los que mandásteis). Sí, yo entiendo que ustedes quieran seguir ahora mismo y cortar mi intervención, porque les duele. Les duele porque son ustedes cómplices. (Rumores).
Un momento, señor Sicilia. Tendría que ir terminando porque su tiempo se ha acabado. Por favor, pido silencio.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Termino de inmediato.
Son ustedes cómplices de los que están pidiendo terapias de conversión, de los que dicen que el Orgullo deja un hedor insoportable, de aquellos que quieren acabar con la ley LGTBI en Madrid. Y mire, no lo van a conseguir. El colectivo LGTBI, con su apoyo o sin él, ha conseguido acabar con la Ley de peligrosidad social; ha conseguido que la homosexualidad deje de ser considerada una enfermedad; conseguimos el matrimonio homosexual aprobado por un Gobierno socialista; también el PSOE aprobó la Ley de igualdad de género, y traeremos a esta Cámara una ley estatal para aprobar los derechos del colectivo LGTBI para que la extrema derecha no nos ataque con su complicidad. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sicilia.
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, PARA INFORMAR DE LA LABOR DE ESPIONAJE DE LOS SERVICIOS EXTERIORES DEL ESTADO A LOS SERVICIOS EXTERIORES DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA. (Número de expediente 210/000003).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día: petición formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Republicano de que se acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el Pleno de la Cámara para informar de la labor de espionaje de los servicios exteriores del Estado a los servicios exteriores de la Generalitat de Catalunya.
Intervienen, en primer lugar, los grupos autores de la iniciativa. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora Borràs Castanyer.
La señora BORRÀS CASTANYER: Gracias, presidenta.
Varios medios de comunicación han hecho públicas informaciones que apuntan a que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha espiado durante meses las delegaciones del Govern de Catalunya en el exterior y, en concreto, las sedes de Londres, Ginebra y Berlín. Presentamos una batería de preguntas en el Congreso y en el Senado, pero expondré las razones por las cuales pedimos la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores. Precisamente lo hacemos porque parece que el ministro ha hecho un informe que ha aportado la Abogacía del Estado como prueba ante el TSJ pidiendo que este suspendiera la actividad de las sedes de la Generalitat en Londres, Ginebra y Berlín. En este documento se recoge información precisa de reuniones, actos e incluso llamadas telefónicas entre miembros del Govern de la Generalitat y su personal en estas sedes.
El Ministerio de Asuntos Exteriores parece haber asumido competencias del CNI y del Ministerio del Interior para espiar la actividad de otras administraciones públicas del Estado dirigidas por fuerzas políticas ideológicamente diferentes a la del ministro Borrell. En esto, el ministro Borrell, catalán del PSOE, se parece mucho al ministro Fernández Díaz, también catalán, del PP, que en su momento puso en marcha la operación Cataluña desde las cloacas del Estado, un tema que todavía está pendiente de ser esclarecido. Después de la resolución del TSJ, que rechaza cerrar de manera cautelar las delegaciones en Berlín, Londres y Ginebra, se demuestra nuevamente que hay intencionalidad política detrás de esta actuación y que no hay motivos para ir en contra de la acción exterior del Govern de la Generalitat, cuyas sedes son útiles, legítimas, necesarias e imprescindibles para la proyección internacional de Cataluña.
Por eso es necesario conocer el alcance de esta acción de espionaje. Urge que el ministerio nos clarifique si detrás del espionaje había una orden judicial o, como si en el caso del ministro del PP, fue el propio ministro Borrell quien directamente por su cuenta, y desde la ilegalidad, lo llevó a cabo. Queremos saber si en este espionaje se recoge información de reuniones, actos y llamadas con ciudadanos extranjeros y, particularmente, con cargos electos o administrativos de otros Estados. Asimismo, queremos saber si los servicios judiciales y de inteligencia de los Estados miembros donde se ha producido ese supuesto espionaje estaban al corriente del propio y habían dado la pertinente autorización. También queremos saber, naturalmente, cuánto dinero le ha costado al erario público esta actividad, si se han utilizado fondos reservados y cuántos recursos humanos y materiales ha dedicado el Ministerio de Asuntos Exteriores en este espionaje del Gobierno español sobre la acción exterior del Govern de Cataluña.
Finalmente, la decisión del TSJ de rechazar paralizar provisionalmente la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Alemania, en Suiza y en el Reino Unido no es definitiva, pero avala la censura a la gestión nada ortodoxa del ministro Borrell al frente del ministerio. El Borrell Gate es un capítulo más de las acciones del serial que nos ofrece el ministro de Exteriores y el espionaje político no parece que esté dentro de las funciones del ministerio. Cuando hablamos de Borrell Gate nos referimos a otros hechos que han acompañado durante su mandato como ministro de Exteriores, desde el caso Abengoa hasta las represalias contra cónsules, embajadores o diplomáticos por su interés con Cataluña o, por ejemplo, el hecho de decir que las imágenes del 1 de octubre eran fake news o levantarse de entrevistas concedidas a medios internacionales diciendo stop it cuando le incomodan las preguntas que le formulan. Todo ello no le convierten en el mejor de los avales como cabeza de la diplomacia europea. Es casi de vergüenza ajena que el Estado español haya escogido al ministro Borrell para liderar un lugar tan relevante de la Unión Europea como es la diplomacia europea, básicamente porque es capaz de priorizar su tradicional boicot a Cataluña, antes que priorizar los enormes retos de la Unión Europea en un mundo tan globalizado. Seguramente el Estado español va a arrepentirse de la elección que ha hecho.
En cualquier caso, queremos saber cuáles son los motivos por los que el Gobierno ha espiado a las delegaciones del Govern de la Generalitat en el exterior, qué delegaciones ha espiado, durante cuánto tiempo ha estado espiándolas, si ha espiado a otras personas y, en caso afirmativo, a quién, por qué motivos y durante cuánto tiempo, quién autorizó este supuesto espionaje de las delegaciones del Govern de Cataluña en el exterior y, sobre todo, cuáles son los recursos económicos y humanos dedicados, qué otras delegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas en el exterior ha espiado o está espiando el Gobierno y si considera el Gobierno que estas prácticas ayudan a mejorar la imagen del Estado en el exterior.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Borràs.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Aizpurua.
Espionaje político, utilización de la Policía y el CNI contra los adversarios políticos, escuchas ilegales, seguimientos y juicios políticos como el que el próximo mes de septiembre van a afrontar cuarenta y siete ciudadanas y ciudadanos vascos por el mero hecho de prestar asistencia al colectivo de presos. Podría seguir con una larga lista de las prácticas que el Gobierno español, sea este del signo que sea, ha utilizado durante décadas contra el independentismo vasco. Por eso, aunque sea duro decirlo, no nos sorprende que ahora utilicen las mismas prácticas contra el independentismo catalán. No nos sorprende, pero no por ello deja de ser un escándalo que se utilicen las cloacas del Estado para espiar al adversario político. Tras el ridículo diplomático en Bélgica y en Alemania siguen ustedes batiendo marcas. Aspira el señor Borrell a ser el responsable de la diplomacia europea, pero en Europa hay países que entienden la democracia y la libertad de una manera amplia y garantista y no la democracia a la española que el señor Borrell representa, y todo ello con el objetivo de silenciar al Gobierno de Cataluña en Europa, todo con tal de que en Cataluña no se muestre a Europa lo que están haciendo con el pueblo catalán. Para ello utilizan cualquier medio a su alcance, sea legal o no.
Frente al llamamiento al diálogo, al entendimiento y a la palabra, el Estado responde con juicios, encarcelamientos, amenazas y espionaje. Todo vale para que Europa no sepa que en Cataluña se aporreó a miles de personas, se encarceló a todo un Gobierno democráticamente elegido y que se ponen y se quitan presidentes a golpe del 155. No pueden permitir que Europa se entere de que todo esto fue por algo tan peligroso y tan desafiante como votar, porque todo esto, señorías -conviene recordarlo y no olvidarlo-, ha pasado por el simple hecho de votar.
Consideramos, pues, que el señor Borrell debe dar explicaciones ante el Congreso y ante la sociedad y debe asumir las responsabilidades derivadas de estas prácticas, más propias de un Estado totalitario que de una democracia, como ustedes proclaman, que es el Estado español. Comiencen a utilizar la palabra con Cataluña y con Euskal Herria, comiencen a utilizar la palabra y dejen de utilizar las cloacas.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta. Buenos días.
El Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Mixto han solicitado la comparecencia del señor Borrell para que informe sobre el grave caso de espionaje que ha llevado a cabo el servicio exterior del Estado español a las delegaciones de la Generalitat de Catalunya en el exterior. Es un auténtico escándalo democrático, uno más, pero cualquier escándalo democrático está justificado si es contra Cataluña. Estamos hablando de cómo mediante el uso de recursos del Estado se ha espiado y perseguido como mínimo al conseller de Exterior y a tres delegados del Govern de Cataluña en Berlín, Londres y Ginebra y así tratar de desmantelar la acción exterior del Govern. Y aún más, también a cargos electos de toda Europa, como ya ha sido denunciado en sedes parlamentarias como Westminster o el Bundestag. ¿De verdad esta es su estrategia de acción exterior?
Una vez más, se trata de una estrategia de guerra sucia por parte del Estado, que no duda en hacer uso de sus cloacas en contra de unas ideas políticas democráticas y totalmente legítimas, porque no podemos obviar que el objetivo de todo este entramado de espionaje no es otro que solicitar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el cierre de las delegaciones de la Generalitat y así desmantelar la acción exterior del Govern, un intento a la desesperada de coartar la proyección internacional de Cataluña. Insisto, desesperada, porque ayer mismo el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya renunció a clausurar estas delegaciones, un nuevo revés judicial a las obsesiones de señor Borrell.
En pleno siglo XXI y en un mundo global la acción exterior de la Generalitat de Cataluña es más que necesaria y eso es lo que hacen nuestras delegaciones en el exterior, porque en ningún caso, en ninguno, se ha demostrado que su acción sea ilegal, por mucho que dediquen esfuerzos y recursos a malbaratar la imagen de Cataluña. Al final, lo que acaba consiguiendo el ministro con este tipo de acciones es dañar la imagen exterior del Estado español mediante la negación de la verdad con campañas millonarias, en contra de la realidad de todo aquello que está sucediendo en Cataluña.
Y a todo esto nos preguntamos: ¿Qué tipo de acción exterior realiza el Estado? Está bien recordar en este punto que el Estado gasta solo en alquiler de sedes más de 2 millones de euros al mes; y por poner otro ejemplo escandaloso, no nos olvidemos del coste de la embajada de Rabat de casi 7 millones de euros haciendo gala de un lujo absolutamente abusivo e innecesario -esto es más que todas las delegaciones de la Generalitat juntas-, y podríamos seguir con más casos. La pregunta que debemos hacernos de nuevo es si todo este coste redunda en algún beneficio concreto en la economía productiva del Estado. Además, señorías, ¿cuáles son los recursos que ha dedicado el ministerio en esta guerra sucia? ¿De dónde salen? ¿De qué cantidades estamos hablando? ¿No cree que en vez de dedicar recursos a espiar y perseguir a cargos electos y responsables políticos deberían estar pendientes de resolver sus múltiples problemas, como la odisea que supone el voto rogado en el exterior? Quedan muchas lagunas por responder que deben ser contestadas lo antes posible por el ministro en funciones y, aunque parezca de ciencia ficción, ya nuevo responsable de la diplomacia europea.
Concluyo. Dejen a nuestras delegaciones en el exterior ejercer sus funciones en paz. El Govern de la Generalitat va a seguir desarrollando su labor legítima y democrática, que es internacionalizar Cataluña y explicar nuestra visión de todo aquello que sucede. Ustedes pretenden negar el derecho de Cataluña a expresarse ante la comunidad internacional; ustedes, que tienen a su servicio toda una red de embajadas y consulados por todo el mundo, pretenden silenciarnos porque no les gusta lo que decimos y lo que reclamamos. Este es su concepto de democracia, como es su concepto de democracia utilizar también las cloacas del Estado para espiar a nuestros políticos y de paso a los políticos de otros Estados también interesados en escucharnos. El señor Borrell debería dar explicaciones y asumir sus responsabilidades, y si ustedes rechazan su comparecencia es porque comparten esa paradójica visión de la democracia por la que está permitido espiar y silenciar a quien piensa diferente.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, presidenta.
Hemos conocido que la Abogacía del Estado ha incluido unos anexos en la documentación presentada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al escrito en el que pide la suspensión de la actividad de las delegaciones catalanas, unos folios que deben denominar algo así como puntos de situación. Son, en definitiva, correos electrónicos, conversaciones intervenidas a cargos públicos y funcionarios de la Generalitat y a personas que hablaban también con estos. Que aparezcan unos correos electrónicos privados e informaciones de índole privada en esa documentación genera varias preguntas. La primera es: ¿Cómo se han obtenido? ¿Lo ha pedido la policía y, por lo tanto, hay una autorización dentro de una causa judicial? Si no es así, ¿lo ha autorizado el magistrado adscrito a las solicitudes que hace el CNI? Y si no es así, si ha sido el Gobierno, ¿es que el Gobierno piensa que está legitimado a entrar en los correos electrónicos de otra Administración? Porque hasta ahora el Gobierno no ha explicado nada, el señor Borell ha dicho solamente que cómo va a haber espionaje a las embajadas catalanas si no hay embajadas catalanas, una manera de salirse por la tangente. Y la señora Celaá solo ha dicho que el Gobierno no ha hecho nada censurable, así que entiendo que tampoco tendrá problemas en dar las explicaciones oportunas, porque esas explicaciones a este Parlamento son necesarias. Si no, podemos pensar que cualquier Administración autonómica, además de la catalana, puede estar sometida a espionaje por parte del Estado, y esto infringe el propio ordenamiento, la propia legislación española, y desde luego no se compadece con quien presume de ser un Estado democrático.
A pesar de que los medios de comunicación han puesto cierta sordina a este asunto, nosotros creemos que sí hacen falta explicaciones aquí porque no todo vale por mucha razón de Estado que algunos quieran exhibir, así que votaremos favorablemente.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días.
La petición de comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España parece que se debe a la molestia y al malestar que le ha causado al supuesto ministro de asuntos exteriores de la
supuesta república catalana, basada en la supuesta constitución catalana, porque evidentemente la sola y mera petición deja claro el profundo desconocimiento del ordenamiento constitucional y de la legislación en materia de investigaciones policiales. Los solicitantes deberían saber que el artículo 149.1.3.ª de la Constitución reserva en exclusiva las competencias de relaciones exteriores al Gobierno de la nación y deberían saber que el artículo 5.5 de la Ley 11/2002 reserva a los servicios de información, al CNI, la capacidad de la investigación de personas y entidades cuando haya presunción de que se están cometiendo irregularidades.
Los señores peticionarios parece que quieren convencernos del buen hacer de esas llamadas embajadas catalanas, pero quienes hemos tenido la fortuna de conocer las pruebas que se han ido acumulando a lo largo del procedimiento judicial -y aquí nos acompaña un prestigioso letrado, abogado del Estado, el señor Edmundo Bal, que también las pudo conocer- sabemos como la acumulación de pruebas que había relacionadas con las llamadas embajadas catalanas dejaban muy clara cuál era su labor; era, en el mejor de los casos, una permanente labor de desprestigio exterior de España, con mentiras, con falsedades, con relatos inventados, argumentando que España era una dictadura donde se conculcaban los derechos humanos más elementales y donde la democracia brillaba por su ausencia porque, al parecer, no se les dejaba ni votar. Que se lo digan a los catalanes, que llevan votando desde la Constitución -que, por cierto, la aprobaron con un 92 % de los votos-. Ese desprestigio que vienen haciendo estas supuestas embajadas es, digo, en el mejor de los casos, cuando no, son directamente acciones delictivas, cuando no, es la búsqueda de financiación del golpe de Estado. Porque no se ha juzgado y no estamos en espera de una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por haber votado; no. Ya sabemos que algunos despenalizaron el delito de convocatoria de referéndums ilegales, pero es que no se les ha juzgado por eso. No sigan mintiendo, ¿a quién quieren engañar? Se les juzga por gravísimos delitos de rebelión, golpe de Estado contra la democracia, contra el Estado de derecho, contra la Constitución, se les juzga por gravísimos delitos de desobediencia, por gravísimos delitos de malversación. Se les juzga por presuntos delincuentes, por los delitos más graves de la democracia. Así que dejen el rollo ya de que no pudieron votar.
Y a los proponentes hay que decirles que no nos extraña que pretendan evitar que se les investigue. Es lógico, porque en esos correos, porque en esas conversaciones telefónicas se ha basado una gran parte de las pruebas que los servicios de información de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del CNI han puesto encima de la mesa de los magistrados del Tribunal Supremo. Y, claro, no quieren que se haga lo mismo con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Por todo ello y por no alargarnos mucho más en el tiempo, debemos dejar claro que nuestro apoyo será siempre permanente, por un lado, a la competencia exclusiva del Estado en materia de Asuntos Exteriores y, por otro, a la competencia de todos los servicios de información del Estado para investigar y perseguir el delito dentro y fuera de nuestras fronteras. Por tanto, es evidente que vamos a votar en contra de esta absurda petición de los amigos, cuando no directamente golpistas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortega.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena Arca.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas.
Desde el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem compartimos la preocupación expresada por los portavoces de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya. En este aspecto creo que se trata de dilucidar si el Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo acceso a información reservada que los delegados de las embajadas de la Generalitat de Catalunya habían intercambiado con la Conselleria d´Acció Exterior. La información de la que disponemos es la que han explicado diferentes medios de comunicación, en los que se afirma que los cables -motivo de la controversia-, que van sin firma y sin sello, aparecen en la documentación que la Abogacía del Estado, tal y como decía el portavoz del PNV, ha aportado a la causa para el cierre de las embajadas en el exterior del Govern de la Generalitat. Queremos resaltar también, y creo que ahora es el momento, que estas son oficinas multidisciplinares que abordan elementos de cultura, de lengua, de economía de Cataluña, que son adecuadas a la ley -porque nadie ha dicho lo contrario-, que han existido con anteriores Gobiernos de la Generalitat y que existen también de otras comunidades autónomas del Estado.
Entendemos, asimismo, desde nuestro grupo parlamentario que el primer interesado en poder aclarar toda esta situación es precisamente el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Borrell, porque hasta ahora ni él ni otro cargo del ministerio lo ha hecho. Creo también que todos y todas compartimos que una de las obligaciones del Gobierno del Estado es la de garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y las ciudadanas, pero también aquellos que se blindan a través de las administraciones autonómicas. Por lo tanto, ni entendemos ni compartimos que se puedan haber intervenido comunicaciones de otras administraciones del Estado si no es mediante el aval de un juez y en el marco de una causa judicial. Hacerlo de otra manera va contra los elementos más básicos de nuestro Estado de derecho.
En definitiva, señora presidenta, entendemos y compartimos la preocupación de los grupos que presentan esta petición de comparecencia por lo delicado y comprometido de las informaciones que aparecen en los medios de comunicación y también consideramos que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno en su conjunto tienen que tener la oportunidad de dar todas las explicaciones necesarias. En este punto, también nos abstendremos porque, pese a compartir, como he dicho, lo necesario de la comparecencia, pensamos que el marco adecuado para dar estas explicaciones no es el Pleno del Congreso de los Diputados, sino que debiera ser la Comisión de Asuntos Exteriores. ¿Por qué? Porque se trata de una comparecencia de un tema muy concreto, de un tema importante, y en el marco de la necesaria fiscalización de la acción de Gobierno estos temas concretos de un ministerio en particular deben darse en la Comisión creada para este efecto. Creemos que la transparencia, la rigurosidad y la adecuación al Reglamento de esta Cámara son los tres elementos que deben regir este tipo de situaciones para no caer ni en la banalización de lo que pueda haber sucedido, si es que fuera cierto, ni tampoco en alimentar teorías conspiranoicas que no destensan la situación si no es cierto. Por lo tanto, una vez más, desde el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem, reclamamos la política en mayúsculas como elemento para solucionar los problemas políticos y, por tanto, alejarnos tanto de la judicialización como de la utilización de las instituciones porque esa fue precisamente la vía utilizada por el Gobierno del Partido Popular y la que nos ha traído a esta situación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mena.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Buenos días. Gracias, señora presidenta.
Quiero comenzar mi intervención señalando que, respecto a la anterior cuestión y después de haber terminado de hablar la señora Rodríguez, conocemos por Twitter que la fiscalía ha abierto diligencias como consecuencia o a raíz de la denuncia que Ciudadanos presentó respecto a las agresiones y limitación de derechos fundamentales, de derechos cívicos que sufrieron mis compañeros el día de la manifestación del Orgullo LGTBI. Lo digo porque, en definitiva, aún no se ha procedido a la votación y esta noticia se ha producido con posterioridad a nuestra intervención como grupo parlamentario.
Sobre la cuestión que hoy nos trae aquí, quiero plantear que una comparecencia en la que se pretende preguntar al ministro en funciones de Asuntos Exteriores en términos que comprenden las palabras el espionaje entre el servicio exterior español y el servicio exterior catalán me lleva mucho a la consideración de lo que los abogados muchas veces hacemos cuando nos presentan una demanda absolutamente insustancial: alegamos una cosa que se llama defecto legal en el modo de proponer la demanda. Aquí tendríamos que alegarles a los proponentes el defecto legal en el modo de proponer la pregunta, porque efectivamente, en primer lugar, resulta -ellos lo saben; les voy a dar una mala noticia- que la Comunidad Autónoma de Cataluña no tiene servicio exterior, no tiene embajadas. Tiene unas delegaciones, que han aparecido, además, perfectamente diseñadas por parte del Tribunal Constitucional, que tan solo les permite realizar una promoción económica y cultural y que ustedes están utilizando para realizar una acción política contraria a la imagen de España, como consecuencia de ese fanatismo en la persecución de sus objetivos contra el Estado de derecho y contra la Constitución española. Ya se ha dicho con anterioridad, el artículo 149.1.3.ª de la Constitución reconoce la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y el artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno en exclusiva la acción política interior y exterior. No tienen ustedes embajadas, que lo sepan, a pesar de que traten de utilizarlas como embajadas.
En segundo lugar, existe también un defecto legal en el modo de proponer la pregunta que pretenden ustedes hacerle al ministro de Asuntos Exteriores, porque hablan de espionaje. El espionaje consiste en apoderarse de los secretos de otro contra la voluntad de su titular y por medios ilícitos. No se puede
aplicar esta palabra cuando el Estado español lo que pretende es ejercer sus competencias legítimas de defensa de la imagen de España en el exterior contra los ataques injustificados y absolutamente falsos que están haciendo ustedes de España en el extranjero, con escaso éxito, es verdad, porque, aparte del representante de islas Feroe, nadie más les escucha ahí fuera (risas), no sé si se van dando cuenta. La obligación y la competencia del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, la obligación del Reino de España es velar por el buen nombre de España cuando dicen ustedes que somos un Estado fascista; cuando dicen que somos un Estado totalitario; cuando dicen que somos una democracia débil; cuando dicen que aquí no se respetan los derechos fundamentales; cuando el propio Govern de la Generalitat de Catalunya, cuando sucede esto, dice que esto es una práctica más del Estado opresor en sus políticas represivas. Esto es una vergüenza, porque es mentira. ¡Cómo les gustaría que bajáramos los brazos! Desde Ciudadanos no vamos a bajar los brazos ni aquí, controlando que se ejercite esta competencia por parte del ministro, ni en nuestro grupo parlamentario europeo. Se les van a acabar a ustedes las puertas abiertas en cualquier lugar de Europa. Espionaje es lo que hacen ustedes en los colegios; eso sí es espionaje, porque utilizan medios ilícitos, sin el consentimiento de los padres de los menores, para saber en qué idioma están hablando en el patio del colegio. Eso sí que es espionaje.
Pero, señorías del Partido Socialista, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué resulta que ahora el Govern de la Generalitat puede abrir tres nuevas delegaciones en el extranjero? Porque, a pesar de que les dijimos que ante el famoso apreteu del señor Torra había que poner en marcha el 155, ustedes, queriendo encontrar el apoyo o la abstención de los dos grupos independentistas catalanes, dijeron que no. Pero, incluso sin el 155, lo primero que hizo Pedro Sánchez fue acabar con los sistemas de control financiero que el Ministerio de Hacienda ejercitaba sobre la disponibilidad presupuestaria de la Generalitat. Si hubieran estado en vigor estos procedimientos de control, con autorización previa del Ministerio de Hacienda que ejecutara esta política con rigor técnico, exigiendo el certificado de la Intervención de que no se iba a aplicar ningún euro de los españoles a ninguna actuación ilícita, no habrían podido abrir las tres sedes en el exterior. Y ahora, deprisa y corriendo, resulta que obligan a la Abogacía del Estado a poner un recurso contencioso-administrativo...
La señora PRESIDENTA: Señor Bal, tendría que ir terminando.
El señor BAL FRANCÉS: Termino ya.
... contra los que ustedes mismos llaman, en un informe que se filtra, las embajadas separatistas. Y encima deniegan la suspensión. Y hasta que termine el contencioso vamos a tener que estar aguantando la matraca de lo que hagan estos señores con sus llamadas embajadas en el extranjero. Incluso dicen que puede haber un delito de malversación. ¿Ha ido el ministro de Asuntos Exteriores a la fiscalía para denunciar este posible delito de malversación? ¿O se contenta, simplemente, con interponer un recurso contencioso-administrativo? Desde luego, desde mi grupo parlamentario vamos a velar por que ni un solo euro de los españoles se aplique a fines ilícitos en estas embajadas que llaman embajadas en el extranjero.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Echániz Salgado.
Señorías, el Grupo Mixto -Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña- nos han presentado una petición de convocatoria del Pleno de esta Cámara para que comparezca el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para informar sobre una supuesta labor de espionaje de los servicios exteriores del Estado a los servicios exteriores de la Generalidad de Cataluña. Señorías, a mi grupo parlamentario se le ocurren decenas de motivos por los que debe comparecer el señor Borrell, desde el fracaso en las negociaciones del señor Sánchez para la Presidencia de la Comisión -el trato que le propició el señor Macron es digno de estudio en el ámbito de las relaciones internacionales- a Venezuela, pasando por lo que está ocurriendo con Irán en el estrecho de Ormuz, el brexit, la fragata Méndez Álvaro, la posición de España respecto a los acontecimientos de Hong Kong o la pérdida de dos puestos clave en la defensa de nuestro país como es la Secretaría General Adjunta de la OTAN y la Dirección de la Agencia Europea de Defensa, o Gibraltar o incluso la multa de 30 000 euros que la Comisión Nacional del Mercado de Valores puso por vender 10 000 acciones de Abengoa con información privilegiada, de lo que tendrá que dar cuenta el señor Borrell ante la Comisión de nombramientos de la Unión Europea.
Por lo tanto, hay múltiples motivos por los que comparecer, pero no, desde luego, el que exponen los grupos proponentes.
Señorías, las relaciones internacionales de España no pasan por su mejor momento. La inestabilidad le está pasando factura a la imagen exterior de España y la última prueba es el sonoro fracaso, como decía, del señor Sánchez, que alguna vez soñó con convertirse en pieza clave dentro de su partido a nivel europeo y, con ello, dentro de la Unión en la configuración de la Comisión Europea y del resto de instituciones europeas.
Señorías, nadie de esta Cámara puede esperar del Partido Popular que se sume a una petición de quienes nos demuestran a diario que no están en esta Cámara para representar a España, como reza su mandato constitucional, sino para utilizar torticeramente los instrumentos de las instituciones democráticas para luchar desde dentro, cual caballo de Troya, contra el Estado, que todo les ha dado con generosidad y, diría yo, con suma paciencia. Señorías, España entera -y dentro de ella más de la mitad de Cataluña- está harta de un comportamiento innoble, desleal, ventajista, injusto y, desde luego, muy desagradecido. Lo que nadie puede esperar del Grupo Parlamentario Popular es que apoye que se utilicen recursos públicos de todos los españoles para difamar, denigrar y mentir acerca de una de las cosas más valiosas que tenemos los españoles, que es la imagen de España como una gran nación libre, democrática y en la que rige un ejemplar Estado de derecho. Señorías, eso y no otra cosa es lo que nos piden hoy los representantes de los españoles que no quieren a España. Y una cosa es que el servicio exterior español permita, conforme a la legislación vigente, unas oficinas regionales en Bruselas para optimizar las ayudas y las relaciones comerciales sectoriales y otra bien distinta es que se abran centros públicos financiados con dinero de los españoles como red de propagación de insidias y falsedades contra España con ánimo de distorsionar y confundir a la opinión pública internacional.
Señorías, el Gobierno de España de Mariano Rajoy cerró todas estas delegaciones de la Generalitat, excepto la de la Bruselas, para responder a esa anormalidad política y administrativa. Desde la moción de censura esas oficinas se han reabierto sin la emisión del informe preceptivo del Ministerio de Asuntos Exteriores -informe que, evidentemente, desaconsejaba esa apertura- y, ante esta situación, el ministro Borrell anunció que se recurriría la creación de estas delegaciones instando medidas cautelares; eso sí, tarde, como se ha puesto de manifiesto, y utilizando información sobre las actividades de presión y de sectaria relación a favor de la causa independentista y de los presos responsables del golpe de Estado violento y de la rebelión del 1 de octubre. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no va a contribuir a esta burda estrategia para extender el bulo, pero sí quiere que las autoridades de la Generalitat expliquen -y con detalle- los graves informes provenientes del Consejo General del Poder Judicial sobre accesos indebidos a datos jurisdiccionales en los juzgados y tribunales de Cataluña por parte del Gobierno de Cataluña, así como el espionaje por parte de la Generalitat a organizaciones como Sociedad Civil Catalana, hechos de los que se tuvieron conocimiento como consecuencia de la incautación de información por parte de los Mossos d'Esquadra que iban a incinerarla el 27 de octubre del año 2017.
Señorías, el Partido Popular, que es un partido con vocación de Estado, denuncia las actividades del llamado Consejo de la diplomacia pública de Cataluña, el Diplocat, que con una apariencia de actividades relacionadas con la defensa de intereses económicos, turísticos o culturales, esconde en realidad una maquinaria para desprestigiar, menoscabar y atentar contra la imagen de España y para defender el proceso secesionista e independentista con dinero público, incluso contratando con ese dinero a lobbies internacionales. Señorías, el dinero de España contra España, mientras sus médicos hacen huelga por falta de medios o condenan a la quiebra a las universidades de Cataluña.
La señora PRESIDENTA: Señor Echániz, debería finalizar.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: En consecuencia, señorías -y termino-, solicitamos, frente a la inacción o acción tardía del Gobierno, una acción contundente frente a esta humillación permanente a los españoles y defender España, su honor, su dignidad y su imagen con todas las fuerzas, con todos los instrumentos legítimos para evitar que, por falta de diligencia, la Generalitat siga dañando, con dinero de todos los españoles, su reputación, la consideración y el prestigio de España.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Casero.
La señora FERNÁNDEZ CASERO: Gracias, señora presidenta.
La solicitud de comparecencia que abordamos en este punto a instancias de los grupos parlamentarios Republicano y Mixto no se sustenta, comenzando porque Cataluña no es un Estado y, por tanto, no tiene competencias en Exteriores. La política exterior la dirige el Gobierno de España y las competencias en relaciones internacionales son exclusivas del Estado, tal y como establece nuestra Constitución. A las comunidades autónomas les corresponde la potestad de abrir delegaciones en el exterior para su promoción, siempre que se ajusten a los principios que establece la ley y se adecuen a las directrices y objetivos de la política exterior fijada por el Gobierno. Tanto es así que las oficinas catalanas en el exterior dedicadas a los campos de actuación propios de las comunidades autónomas, como la promoción comercial, cultural y el turismo, no se vieron afectadas por las medidas adoptadas en aplicación del artículo 155 -cuarenta y siete, para ser exactos-, siendo a día de hoy la red de delegaciones de la comunidad autónoma catalana en el exterior la que supera con creces al resto de comunidades autónomas españolas. A todas luces es incuestionable que es obligación del ministerio hacer seguimiento y control del cumplimiento de la legalidad, garantizando que dichas delegaciones en el exterior no se olvidan de su deber de lealtad con la Constitución y el Estado, así como de la obligación de neutralidad política que ha de inspirar toda acción de entes administrativos y de su personal.
Experiencias recientes nos demuestran cómo estas delegaciones han sido instrumento de proyección internacional del proyecto independentista catalán, denigrando con ello la imagen internacional de España y dañando la reputación de nuestro país mediante permanentes ataques al Estado español. Señorías, el Ministerio de Exteriores no tiene espías, el Ministerio de Exteriores tiene personal diplomático y otro tipo de personal laboral o funcionario en sus embajadas. El ministerio lo que ha hecho ha sido ejercer su cometido de vigilancia y seguimiento a cualquier actividad que pretenda menoscabar la imagen de España. La actuación del ministerio no es censurable, y lo saben ustedes, señores proponentes, tal y como ha manifestado recientemente, el pasado día 21 de julio, su consejero de Acción Exterior, el señor Bosch, cuando ya no solo no habla de espionaje sino que además dice -y leo literalmente-: Es evidente que hay un seguimiento cuidadoso por parte de embajadores y del personal de las embajadas. A lo que apostilla que hay intención de combatir el independentismo. Entenderán sus señorías que es obligación del Gobierno de España, en este caso a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, la salvaguarda de los intereses de nuestro país, defender la imagen de España, velando por la convivencia y la unidad frente al separatismo. Así pues, insisto en que la actuación del ministerio no solo no es censurable sino que obedece a la diligencia de vigilar cualquier actividad que pretenda perjudicar la reputación de nuestro país en el exterior.
Señores proponentes, no tergiversen la información. El Tribunal Superior de Justicia ha determinado no estimar la solicitud de medidas cautelares por entender que no han sido planteadas en la fase procesal que correspondía; es decir, estamos hablando de una cuestión procedimental, en ningún caso han renunciado a clausurar las delegaciones ni en ningún caso han dicho que no haya motivos para ir en contra de la acción de las delegaciones en el exterior. Simplemente se ha manifestado sobre una cuestión procedimental a la espera de la resolución definitiva respecto del cierre de las delegaciones.
Por todo ello, ante la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Parlamentario Mixto de solicitud de comparecencia del ministro de Exteriores en el Pleno, el sentido de nuestro voto va a ser negativo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández.
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DEL INTERIOR ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, PARA DAR CUENTA DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS RETENIDAS EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE) DE ZAPADORES DE VALENCIA Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA ÚLTIMA MUERTE SUCEDIDA DENTRO. (Número de expediente 210/000008).
La señora PRESIDENTA: Pasamos el tercer y último punto del orden del día. Petición formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Republicano de que se acuerde la convocatoria de una sesión
extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: comparecencia del ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara para dar cuenta de la situación de las personas retenidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores de Valencia y de las circunstancias de la última muerte sucedida dentro.
Intervienen, en primer lugar, los grupos autores de la iniciativa. Por el Grupo Parlamentario Mixto -que compartirá también su tiempo-, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Aizpurua.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, el pasado 15 de julio Marouane Abouobaida apareció muerto en su celda de aislamiento del CIE de Zapadores, en Valencia. Una hora antes de su muerte -hay un vídeo en que aparece ahorcándose con su camiseta-, el joven escribió una diligencia de información desde la habitación en la que estaba aislado tras una agresión que también denunció. Afirmaba que no tenía visión en el ojo izquierdo y adjuntaba un informe de sus lesiones. Señorías, no es la primera vez que se producen muertes en los CIE y, lamentablemente, suponemos que, de no establecerse cambios, no será la última. Como es público -y hemos repetido hasta la saciedad-, desde EH Bildu defendemos el cierre de estos centros por dignidad humana, pero, mientras sigan abiertos, la lógica dice que lo mínimo sería que su gestión no estuviera en manos de la Policía Nacional. Un cuerpo policial no debe ser el que se encargue de gestionar estos centros de retención de personas, algo que diversos organismos y que el propio Gobierno ha dicho que iba a modificar.
De igual forma, es obvio que hay que implementar los protocolos de acción sanitaria y los antisuicidios. Los CIE no pueden seguir siendo lugares de sufrimiento, de impunidad y sin control efectivo. Señorías, en relación con el caso del joven Marouane, queremos respuestas a las siguientes preguntas. En primer lugar, la notificación que el propio Marouane hizo al director es ya un claro indicio de que los responsables del centro conocían las precarias condiciones físicas y psicológicas en las que se encontraba el joven y su respuesta fue encerrarlo en una celda de aislamiento sin vigilancia y sin prestarle la atención que él mismo reclamaba. ¿Por qué no se le prestó la ayuda que necesitaba? En segundo lugar, ¿cuál fue la razón por la que este joven estaba en una celda de aislamiento? ¿Hubo una pelea? ¿Cuántos estaban en aislamiento? ¿Fue agredido, como él denunció? Asimismo, queremos saber si existe un protocolo para prevenir los suicidios en los CIE y, en este caso, por qué no funcionó. ¿Es cierto que existían indicios de que este chico se pudiera suicidar? ¿Cuántas veces le vieron los doctores? ¿Había traductores que pudieran facilitar la comunicación con él en ese momento? ¿Se va a expulsar a los compañeros testigos del joven que puedan dilucidar lo ocurrido durante las horas y días anteriores a lo ocurrido? Porque esto ya ha sucedido en otros casos y es otro motivo, otra razón para la urgencia del tema. Y sobre todo y finalmente, ¿qué medios se van a poner para que esto no vuelva a ocurrir?
Estarán de acuerdo conmigo en que es lógico y de sentido común que comparezca el ministro del Interior lo antes posible para responder a estas preguntas. Señorías, hablamos de seres humanos. Hay indicios para pensar que la muerte de Marouane se pudo evitar. Por ello, hay que aclarar lo ocurrido y tomar las medidas para que no se vuelvan a producir hechos similares.
Tiene, en segundo lugar, la palabra el señor Baldoví.
Imagino lo que debieron sentir los más de 500 000 españoles que huían de la Dictadura hace ochenta años cuando acabó la Guerra Civil, buscando la libertad y cuando llegaron a Francia los internaron en campos de internamiento. Supongo que sentirían lo mismo que sienten estas personas que están encerradas en los CIE, que no han cometido ningún delito; el único delito que han cometido es que no tienen documento nacional de identidad. Creemos que es de justicia pedir la comparecencia del ministro, porque en los CIE en los últimos años llevamos ya diez muertes, tres en el CIE de Zapadores de Valencia. La última el 15 de julio y en circunstancias diría que muy, muy confusas que necesitan esclarecimiento. En el centro se han detectado múltiples deficiencias en un estudio en el que participó la propia Conselleria de Benestar Social: deficiencias en las instalaciones, falta de médicos, falta de seguridad con las mujeres internas y, además, dificultades para que pueda entrar allí la Cruz Roja.
Pedimos la comparecencia del ministro porque entendemos que la política migratoria de un Gobierno del PSOE no es precisamente mantener abiertos estos CIE y queremos que el ministro explique qué
medidas se van a tomar para mejorar la seguridad y sobre todo para garantizar la integridad física y psicológica de las personas internas y para analizar si, a la vista de estos hechos, se puede hacer una investigación rigurosa, urgente e independiente. Una persona que viene a trabajar para ayudar a su madre viuda -termino ya- no puede ser un delincuente, no es un delincuente, no puede estar encerrada.
Sinceramente, esto sí que es un drama, y no lo del punto primero que hemos discutido antes.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví.
Tiene la palabra, en último lugar, la señora Borràs.
En esta ocasión el drama ha sido la muerte de un interno, Marouane Abouobaida, pero ya hace muchos años que denunciamos el modelo de los centros de internamiento de extranjeros adoptado por el Estado español como un mal modelo. El Parlamento de Cataluña, en junio de 2015, ya denunció el modelo de los CIE y reclamó su cierre. También el Parlament valencià y otros han pedido este cierre. El Parlament de Catalunya incluso puso en marcha un grupo de trabajo de revisión del modelo de los centros de internamiento de extranjeros que avala este cierre. Por ello, pedimos transparencia sobre los hechos acaecidos, por su gravedad. Habida cuenta de que los CIE conforman un mal modelo de internamiento para personas extranjeras porque son prisiones temporales para indocumentados, es necesario abrir un debate sobre esta actual gestión de los CIE. Tengan en cuenta el consenso que hay entre los partidos y entidades que pedimos su cierre. Tengan en cuenta, por favor, el informe del grupo de trabajo del Parlament de Catalunya de revisión del modelo de los centros de internamiento de extranjeros, que avala el cierre de estos CIE, que son una auténtica anomalía en el ordenamiento democrático de este país, y sustituyámoslos por espacios de acogida, de control, bajo la tutela de entidades sociales reconocidas que sean respetuosas con los derechos humanos y estén absolutamente desvinculadas de la gestión policial.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
Ya conocen el posicionamiento de nuestro grupo sobre el tema de los CIE. De hecho, el Parlament de Catalunya, como se ha repetido aquí, pide el cierre del CIE de Barcelona y juntamente con otros grupos; entre los grupos que piden el cierre incluso están los comuns. Por tanto, es importante reseñar que hay una mayoría real en el Parlament para cerrar esos espacios. Y es que los CIE no dejan de ser espacios institucionales de discriminación, o así los consideramos nosotros. Son antros de degradación de valores humanos por lo que está sucediendo dentro. Son centros donde se ensaña contra los inmigrantes sin papeles, retenidos sin ningún delito. Por lo tanto, realmente son espacios con deficiencias muy graves, desde el punto de vista del funcionamiento democrático habitual o normal, para gente que llega aquí en unas condiciones pésimas y que, por tanto, se merecen, como mínimo, ser tratadas como personas. Aunque son establecimientos públicos de carácter no penitenciario y la retención de personas extranjeras se realiza de manera cautelar y preventiva -esto es lo que debería ser-, diversas entidades vienen denunciando que, a causa de la falta de regulación y de normativas legales, en la práctica se trata de prisiones administrativas. Se ha denunciado repetidas veces la falta de espacio, el frío, la carencia de servicios en las celdas y prácticas rutinarias de humillación y maltrato, como en las prisiones. De hecho, en esos centros de reclusión se vulneran principios básicos, así como derechos y libertades individuales, y se trata al internado como si fuera un delincuente común con causas penales. La muerte de una persona bajo la tutela del Estado y bajo custodia policial no puede ni debe quedar impune, se dice; y no es el primer caso de fallecidos en los CIE ni de denuncia por las condiciones precarias a las que se somete a los internos. Me remito a los hechos. De nuevo el pasado 15 de julio fallecía por presunto suicidio un residente del CIE de Zapadores de Valencia. El fallecido, Marouane Abouobaida, de origen marroquí y de veinticuatro años de edad, había llegado al centro procedente de Alacant hacía pocos días y no tenía ninguna orden de expulsión o devolución inminente. Según fuentes periodísticas, el pasado domingo el joven internado había participado en una pelea entre grupos en la que tuvieron que intervenir los agentes. Tras el incidente, los policías decidieron aislarlo del resto de internos en una celda individual para evitar más conflictos. Después de la comida, y cuando todos los internos estaban en sus respectivas habitaciones, Marouane se levantó de la cama, ató su camiseta a la
litera superior y se ahorcó. Cuando los agentes que custodiaban la estancia se dieron cuenta, el joven ya había fallecido. Algunos hechos constatan que pudo haber graves errores de protocolo que, si se hubiese aplicado correctamente, se hubiera podido evitar el suicidio. En todo caso, de ser así, se corroboraría una vez más las precarias condiciones a las que se somete a los internos en los CIE.
Esos hechos que se constatan como errores, por un lado, sería el caso omiso a la diligencia presentada por el interno al director del CIE. Desde la habitación en la que estaba aislado Marouane redactó una diligencia de información dirigida al director del CIE. Solicitaba denunciar la agresión sufrida por uno o varios internos y afirmaba tener dolores en la cabeza y no tener visión en el ojo izquierdo. Adjuntaba un informe médico de sus lesiones. La notificación del interno al director probaría que los responsables del centro conocían las precarias condiciones físicas y psicológicas en las que se encontraba Marouane y su respuesta simplemente fue encerrarle en una celda de aislamiento sin vigilancia y sin prestarle la atención que él mismo reclamaba.
Por otro lado, está la vigilancia inadecuada. Según fuentes periodísticas, y tal y como quedó registrado por la cámara de seguridad de la estancia en la que había sido aislado, sobre las 15:09 Marouane se levantó de la cama, ató su camiseta a la litera superior y se ahorcó. No fue hasta diecinueve minutos después, a las 15:28, cuando los policías que custodiaban a los internos se cercioraron de que Marouane se había suicidado; diecinueve minutos después.
Hay muchas preguntas por hacer sobre los protocolos seguidos en el CIE y todo lo ocurrido bien vale una investigación profunda en condiciones para saber qué falló y evitar que se repita, más allá de posibles consecuencias penales que corresponde a la justicia determinar. De hecho, lo ocurrido pone en duda que el centro disponga de protocolos para prevenir los suicidios y, en caso de tenerlos, no han funcionado. Por todo ello, pedimos la comparecencia del señor Marlaska en el Pleno.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Eritja.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-Partido Nacionalista Vasco), tiene la palabra el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Gracias, presidenta. Intervendré muy brevemente, porque lo sustancial creo que ya ha sido dicho.
Se nos formula la petición de dos grupos parlamentarios de convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno para que comparezca el ministro para dar cuenta de la situación de las personas retenidas en el CIE de Zapadores de Valencia y las circunstancias de un suicidio. Entiendo que se pida ante el Pleno porque en ese momento, cuando se hizo la petición, no estaban constituidas las comisiones y entiendo que, en su caso, si se aprueba esta petición, habría que redirigirla a la Comisión de Interior.
Respecto a la situación de las personas retenidas en el centro de internamiento de extranjeros, CIE, entendemos que para esa cuestión no se requiere una sesión extraordinaria. Sobre la situación de los CIE en general y sobre otras muchas en particular, y cuando no hay circunstancias excepcionales o muy particulares, entendemos que debería debatirse en el periodo ordinario de sesiones. No opinamos lo mismo en nuestro grupo respecto al segundo motivo de comparecencia, circunstancias de la última muerte sucedida. Efectivamente -no voy a repetir ya lo que se ha dicho-, hay indicios suficientes para entender que ha habido un funcionamiento anormal del servicio público, sobre todo en dos circunstancias importantes. La primera, hubo una notificación del recluso en la que manifestaba una precariedad, una situación precaria física y psíquica o psicológica. Habría que aclarar si se tuvo en cuenta, si había indicios suficientes, que pudiera desencadenarse un suicidio por las circunstancias particulares de este interno. Y la segunda es que, estando el interno en un espacio de aislamiento videovigilado, falla el seguimiento en tiempo real de la videovigilancia, porque las cámaras registran el suicidio, los funcionarios policiales en este caso se dan cuentan del suicidio, pero casi veinte minutos después. Eso es que no se estaba visionando el sistema de videovigilancia. Entendemos que hay unas circunstancias muy particulares en el caso: la muerte violenta de una persona tutelada por el Estado, videovigilada en un servicio público y que, aparentemente, han fallado todos los protocolos y todas las medidas para que no se desencadenara el suceso que se desencadenó, la muerte violenta de su propia mano, un suicidio, según parece. Siendo conscientes de que la causa está sub iudice, no obstante, reclamaríamos en este caso concreto la presencia del ministro para que dé en esta Cámara las explicaciones que pueda dar sobre este suicidio, teniendo en cuenta que se encuentra bajo investigación judicial.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Olona Choclán.
La señora OLONA CHOCLÁN: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
El Grupo Parlamentario VOX se manifiesta a favor de la comparecencia del señor ministro Marlaska en esta Cámara, bien sea en Pleno, bien sea en Comisión. Se manifiesta a favor porque son múltiples las razones por las que, desde que tomara posesión en el pasado mes de junio del año 2018, debe dar cumplidas explicaciones, algunas de las cuales no pudo proporcionar durante la anterior legislatura, pero que se van acumulando. Razones que hacen necesario que lo explique y que justifican sobradamente que se proceda a su cese inmediato si no tiene un poco de dignidad para dimitir inmediatamente.
Comenzamos -y aquí, señor Aitor Esteban, hablaré de un viejo conocido- con el cese injustificado y discriminatorio del coronel de la Guardia Civil Sánchez Corbí, anterior jefe de la UCO, bajo una supuesta pérdida de confianza que no hacía sino retornar al sistema de las cesantías. Continuamos ordenando a la Abogacía del Estado, el pasado 6 de agosto de 2019, el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad interpuesto bajo el Gobierno de Mariano Rajoy contra la mal denominada Ley vasca de abusos policiales. Una ley, al igual que su mimética ley navarra, que no hacía y no hace otra cosa más que justificar la acción sangrienta de ETA bajo el supuesto amparo y pantalla de un Estado torturador, criminalizando nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ese es el peaje alto y caro -entre otros- que el Partido Nacionalista Vasco, al igual que EH Bildu, habrían cobrado al Gobierno del actual presidente en funciones para apoyarlo en la moción de censura y actualmente para ser investido, según reflejan los medios de comunicación.
Continuamos con el recurso al Consejo de Estado y, sorprendentemente, no a la Abogacía del Estado -según se dice, porque la Abogacía del Estado había informado verbalmente en contra-, para desvincularse del acuerdo sobre equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado firmado en el año 2018. Un informe hecho a medida del Consejo de Estado, en el que se concluye que ese acuerdo firmado por el anterior ministro del Interior, Zoido, con los principales sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil no sería vinculante. Sorprendentemente e insostenible desde el punto de vista jurídico.
Continuamos con el incumplimiento del acuerdo de equiparación salarial al que me he referido anteriormente y del que ayer por la tarde tuvimos el último ejemplo de la ignominiosa actuación del señor Marlaska y de todo su equipo directivo en el citado Ministerio del Interior cuando, pese a haberlo recepcionado en el mes de marzo, lo ha mantenido oculto hasta el día de ayer en que se hizo entrega de una copia, no de la primera versión sino del informe maquillado, en el que se habría dado orden por parte del Ministerio del Interior, como así refleja la auditora luego del pago de más de 100 000 euros de impuestos de todos los españoles, de proceder a un tope máximo de 807 millones y no permitir que se aumentase para una equiparación real y efectiva.
Continuamos justificando los motivos que harían necesaria esa presencia inexcusable del ministro Marlaska ante sus señorías, relatando cómo el pasado 11 de julio -debe dar explicaciones si es cierto- se comunicó a treinta y ocho presos etarras, que se encuentran en primer grado de tratamiento, la aplicación, por esa puerta de atrás que ya se ha puesto en práctica en la Administración catalana, del artículo 100.2 del Reglamento penitenciario.
Continuamos con la necesidad de que dé cumplidas explicaciones...
La señora PRESIDENTA: Señora Olona.
La señora OLONA CHOCLÁN: Sí, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Las intervenciones se tienen que ceñir al contenido de la petición de comparecencia. Lo digo porque le queda un minuto de intervención y no ha hecho referencia.
La señora OLONA CHOCLÁN: Y en ello estoy, señora presidenta, si me permite continuar, y supongo que dará por interrumpida esta intervención.
La señora PRESIDENTA: Le pido por favor que vaya a la cuestión.
La señora OLONA CHOCLÁN: Continuamos con la necesidad de justificación de los veintinueve traslados de presos etarras a centros cercanos al País Vasco desde que el señor Marlaska asumiera el
ministerio en junio de 2018 e igualmente con su inactividad frente a los más de 179 homenajes a etarras que se han producido en País Vasco y Navarra, los últimos este pasado domingo. Resulta paradójico que EH Bildu se preocupe por la Comunidad Valenciana hoy en día cuando la acción sangrienta de ETA ha causado casi cuarenta muertos en dicho territorio, muertos causados precisamente por quienes hoy jaleáis desde las instituciones públicas. El último caso es el del Ayuntamiento de Oñati el pasado domingo. Por estas y otras razones se hace inexcusable la presencia del señor Marlaska, pero no desde luego por los motivos que han llevado a EH Bildu y al Grupo Parlamentario Republicano a solicitar esta comparecencia. Y no será porque el Grupo Parlamentario VOX no esté completamente de acuerdo en que sea necesario el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, sino porque precisamente se aplique una adecuada política de inmigración que dé lugar a que no se produzca el efecto llamada que actualmente se está produciendo, como así ha sucedido en Italia, que tras cerrar la puerta a los inmigrantes ilegales con medidas contundentes, ha producido 542 muertos menos en un año.
Por todo ello, sorprendidos por esta defensa del ministro Marlaska que hoy hemos escuchado del Gobierno socialista, cuando en las actas de negociación de ETA lo calificaban como un instrumento al servicio del Partido Popular y como un accidente, al igual que la kale borroka -se decía en el acta de septiembre de 2006-, señora presidenta, no apoyaremos la concreta solicitud que hoy se formula, pero no porque el Grupo Parlamentario VOX no considere justificados -así lo haremos valer en el momento oportuno- los motivos expuestos para su comparecencia.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Olona.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Rosell Aguilar.
La señora ROSELL AGUILAR: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días.
No es muy sutil el ejercicio de xenofobia y hablar de la equiparación salarial o de ETA por no hablar de un ser humano muerto. El Grupo Confederal de Unidas Podemos está a favor de la comparecencia del ministro del Interior, pero no ante un Pleno extraordinario, sino ante la Comisión de Interior, para dar cuenta de la situación de las personas internas en el CIE de Zapadores y de la última muerte acaecida allí. Por tanto, pedida ante el Peno, la posición ha de ser de abstención, salvo que se reconsiderara y se pidiera ante la Comisión de Interior que se va a constituir a continuación. El muerto es Marouane Abouobaida, de solo veintitrés años. Hay que nombrarlo porque para el CIE es el interno 317, pese a que los juzgados de control han emitido numerosas resoluciones ordenando que no se designe a los internos por un número por una cuestión de dignidad, pese a lo cual se sigue haciendo. Así consta en la instancia que este chico firmó el 14 de julio al director, entregada el día 15, solo una hora antes de su muerte. Fue víctima de una paliza por otros internos. Su mala situación física era evidente -su rostro se ha publicado en fotografías en prensa- y murió, presumiblemente por suicidio, en una celda de aislamiento, bajo custodia del Estado -han dicho-, pero seguro que no fue una celda de aislamiento porque no está prevista ninguna sanción con rango de ley y, como sabe el ministro, tendría que estar en caso de ser una sanción. Solo está prevista la separación preventiva en el artículo 57 del Reglamento de los CIE de 2014, el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo.
Seguro que existió una resolución motivada del director del CIE comunicada al juzgado de control, porque el delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana ha expresado que fue para protegerle del grupo agresor. Entonces se aísla a la víctima y esto contraría la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito y la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Seguro que fue atendido por médicos de la Administración General del Estado, como dice el real decreto, pero es que la mayoría de los CIE solo tienen un médico privado sin esa garantía pública. Seguro que la atención médica es con intérpretes, porque no habla bien español, para prestar la debida asistencia a su salud física y psíquica, la adecuada. Seguro que esto no está en manos del criterio policial, pese a que consta que fue la policía quien avisó a los médicos porque se encontraba desanimado. Y seguro que no se va a expulsar a los testigos. Nos consta que el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, dictado cinco años después de la última reforma, de 2009, de la Ley de extranjería, se incumple. Es muy paradójico y vierte cierta falta de legitimidad sobre las instituciones del Estado que se incumplan las normas con personas que están privadas de libertad por incumplir unas normas, no por cometer un delito sino por incumplir las normas administrativas de entrada y permanencia en territorio español. Esto, el incumplimiento, lo admite la Dirección General de la Policía en oficios dirigidos a los juzgados de control. Yo misma soy magistrada de un juzgado de control de CIE, el de Barranco Seco de Las Palmas -era la más antigua en el puesto cuando decidí presentarme a las
elecciones que me han traído aquí-, y sabemos que hay racismo institucional, que hay una política migratoria que criminaliza a las personas extranjeras pobres, que prioriza el control de fronteras frente a los derechos humanos -el derecho de asilo y refugio, de protección internacional-, la política de Frontex frente a la de Salvamento Marítimo, la de la patrullera en el mar en vez del barco de salvamento, que desde el punto de vista de una patera es encontrarse con un muro en vez de con el pequeño escalón que es el barco de Salvamento Marítimo, al que desde aquí quiero expresar nuestro reconocimiento.
El Gobierno debe saber que, por herencia del anterior -para ser justos-, hay diferencias intolerables en los CIE, que son una competencia del Estado. Acaban de reclamar todos en el punto anterior la competencia estatal; esta también lo es, pero hay CIE con asistencia médica permanente y sin ella, y con dos horas de asistencia médica; con asistencia social y sin ella; con móviles a disposición de las personas internas y sin ellos. Hay una arbitrariedad que no puede quedar a la voluntad de los directores, que son designados discrecionalmente por dependientes del Ministerio del Interior. En estos espacios de no derecho -según expresión no de las ONG sino de otros juzgados de control-, en estos espacios de sufrimiento, consta que el Ministerio del Interior desde la legislatura anterior hace caso omiso a resoluciones de los jueces de control, lo cual es gravísimo y merecerá sin duda la atención del señor ministro, que temporalmente es miembro de este Gobierno pero muchos más años ha sido magistrado de carrera y por tanto defensor de la legalidad, del cumplimiento de las resoluciones judiciales y de los derechos humanos, que son la esencia de nuestro sistema constitucional.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rosell.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Mesquida Ferrando.
El señor MESQUIDA FERRANDO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, como se ha dicho, hoy se cumplen diez años del cobarde asesinato de dos guardias civiles, Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada, en mi tierra, en Mallorca; las dos últimas víctimas en España de la banda terrorista ETA antes de su derrota. Por ello, quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo y de homenaje a su memoria, y no se me ocurre mejor homenaje que trabajar en aquello que defendieron y por lo que dieron su vida, que es la defensa de la España constitucional, su integridad territorial y la defensa de los derechos y libertades de todos. Su sacrificio no será en vano y, por ello, nos comprometemos a no olvidarlos y a combatir a quien quiera tergiversar la historia de lo que ETA fue realmente: asesinos de la peor calaña. En esta lucha contra quienes quieren blanquear a la banda terrorista -unos en las calles y otros en las televisiones públicas-, exigimos con la mayor firmeza al Gobierno que prohíba todos y cada uno de los homenajes a estos criminales, homenajes como los que hemos vivido este fin de semana en Hernani y Oñate, junto a los 177 actos de enaltecimiento del terrorismo que se han producido bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Son, sin duda, un insulto a la memoria de las víctimas y a todos los demócratas en general. Esos sí son pollos, señor Esteban, pollos diabólicos, y no reivindicar los derechos y libertades. Ningún partido constitucionalista debería llegar a acuerdos de gobernabilidad con formaciones políticas que homenajean a esta escoria humana y que son incapaces de condenar sus crímenes, y, ya se sabe, se empieza por homenajear a la escoria y se corre el riesgo de convertirse en escoria.
Aprovecho también el 10.º aniversario del atentado de Mallorca para exigir al Gobierno que redoble los esfuerzos para el esclarecimiento de este crimen en particular y del resto, los 379 casos pendientes de resolver, para detener y poner a disposición de la justicia a sus responsables.
No es la primera vez que durante el mandato del ministro Marlaska los CIE están envueltos en la polémica. No hace mucho, un centenar de colectivos pidieron a Marlaska el cese del director del CIE de Aluche por graves incumplimientos en sus funciones, y hoy estamos aquí para dilucidar sobre la comparecencia del ministro Marlaska en un caso grave acontecido el 15 de julio en el CIE de Zapadores de Valencia, que fue el fallecimiento de un interno en su celda, de Marouane, cuyo cuerpo apareció ahorcado con su propia camiseta. Independientemente de la investigación judicial, que está en marcha, lo cierto es que existe una responsabilidad política del Gobierno, pues ostentaba la tutela del joven al permanecer interno en el CIE. Dijo el ministro Marlaska en julio de 2018 que habría que redefinir los CIE para que la gestión fuese lo más adecuada a los derechos de las personas. Desconocemos a fecha de hoy cuáles han sido las medidas concretas de esta redefinición, pero la realidad es que no parece adecuado a los derechos de las personas el hecho de que no exista un protocolo antisuicidios para los internos. Desconocemos si la redefinición de los CIE de la que hablaba Marlaska hace un año tiene
relación con las malas condiciones de los agentes de la Policía Nacional a la hora de desempeñar su trabajo, lo cual se une a una grave falta de efectivos, situación que está generando que se multipliquen los casos de fuga de internos.
El 4 de julio del año pasado, cuando el ministro Marlaska acudió a esta Cámara para exponer las líneas de actuación que tenía previsto emprender en el ministerio, dijo que pretendía solventar las carencias de los CIE. Pues bien, transcurrido un año desde este anuncio la realidad es que los CIE siguen siendo lo mismo. Me atrevería a decir que esta situación es un apartado más de la política errática, improvisada y con poco rigor que se lleva a cabo por el Ministerio del Interior desde entonces. La política improvisada se inició con el anuncio de la eliminación de las concertinas de la valla de Ceuta y Melilla, que después se dijo que no se retirarían y que solo se sustituirían en los tramos más vulnerables, pero ni una sola palabra de cómo incrementar los recursos humanos y materiales de los policías y guardias civiles encargados de proteger estas fronteras a menudo superadas, con un balance de numerosos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado heridos. De política errática puede calificarse el episodio del barco Aquarius, que pretendía convertirse en una operación de marketing humanitario y la realidad es que provocó el desvío de las rutas de inmigración ilegal que antes tenían su destino en Italia y Malta y que se reorientaron hacia España. El resultado de esta política errática fue la llegada récord a las costas españolas de inmigrantes en patera, superando la cifra de la crisis de los cayucos del año 2006 que con tanto esfuerzo se consiguió revertir. Y también política falta de rigor. La escasez de acuerdos de repatriación de inmigrantes con sus países de origen supone que los CIE no están cumpliendo la función para la que fueron creados y así únicamente se produce la repatriación de alrededor de la mitad de los inmigrantes que pasan por ellos, produciéndose una discriminación en función de la nacionalidad.
La señora PRESIDENTA: Señor Mesquida, tendría que ir terminando.
El señor MESQUIDA FERRANDO: Voy terminando.
Esta es la realidad de la falta de una política seria que ordene la necesaria inmigración legal que España necesita. Hace falta un debate en profundidad sobre las enormes carencias en la gestión del ministro Marlaska en relación con la lucha contra la inmigración ilegal, pero no creemos que este debate deba hacerse de la mano de unos partidos que proponen la comparecencia que no creen en el Estado y cuyo objetivo es destruir el propio Estado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mesquida.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, quisiera, en nombre de mi grupo parlamentario, empezar por lamentar la muerte de Marouane y trasladar nuestras condolencias a sus familiares y amigos, pero quiero señalar que existen ya procedimientos para dirimir responsabilidades en el caso de que se compruebe que ha habido fallos o negligencias y deberíamos acostumbrarnos todos a respetar la justicia, a no prejuzgar, a no hacer juicios paralelos y desde luego a no hacer tantas hipótesis.
Nuestro grupo parlamentario va a votar que no a esta solicitud de comparecencia por tres motivos. En primer lugar, porque no vamos a permitir que Bildu nos dé lecciones de nada, y menos en materia de derechos humanos. Ustedes son símbolo de la indignidad moral y política; ustedes homenajean a asesinos; ustedes homenajean a secuestradores. Sin ir más lejos, ayer aplaudían a Xabier Ugarte, quien tuvo 532 días a Ortega Lara sepultado vivo, con lo cual ustedes, que se manifiestan para que no sean juzgados asesinos y para que sean eximidos de sus responsabilidades, no nos tienen que dar lecciones de nada. Claro que hay que garantizar los derechos humanos, pero no solo cuando les interesa, hay que hacerlo siempre, también en Venezuela, señores de Podemos. Los derechos humanos no entienden de contextos ni de circunstancias ni de territorios. Los tratos inhumanos, si se demuestra que se han producido, hay que condenarlos siempre. En segundo lugar, porque, al conocer cuáles son los grupos proponentes, sabemos cuál es el verdadero fin de esta propuesta, de esta iniciativa: lo que se pretende es cuestionar, poner en duda el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y no lo vamos a permitir. Al contrario, desde mi grupo parlamentario queremos hoy, una vez más, poner en valor el trabajo que hacen la Policía y la Guardia Civil, así como el resto de funcionarios, con independencia, señor Eritja, de si las competencias las tiene el Estado o las distintas comunidades autónomas. Y, en tercer
lugar, vamos a votar que no por coherencia. Somos un partido de Estado. Nosotros no seguimos la doctrina Calvo, nosotros votamos lo mismo cuando estamos en el Gobierno que cuando estamos en la oposición. Todos sabemos que el Grupo Socialista hubiera tenido otra posición en la votación si no hubiera estado gobernando y que hubiera aprovechado esto para sacar algún rédito político, pero desde luego nosotros no somos así, nosotros somos consecuentes y responsables. Si ustedes, señores del Grupo Socialista, hoy votan también de manera responsable, igual puede ser un primer paso para reconocer el error que han cometido en Navarra.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Hoyo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrada Pariente.
El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, señora presidenta, por darme la palabra.
En primer lugar, nosotros queríamos lamentar este hecho que se produjo en el CIE de Zapadores y también queríamos trasladar las condolencias a los familiares del ciudadano marroquí Marouane.
Les confieso que he tenido que leer varias veces cuál era el motivo de esta comparecencia, porque parece que aquí hemos venido a mezclar diferentes cuestiones con algo que realmente es serio y esencial no solo en el ordenamiento jurídico, como ha expresado la portavoz de Podemos, sino también en cuanto al respeto de los derechos humanos y en cuanto a la forma en que se gestionan los CIE, tres cuestiones de las que mi grupo parlamentario en anteriores legislaturas y este Gobierno han sido perfectamente conscientes y hemos puesto encima de la mesa proposiciones, y el Gobierno lo que está haciendo ahora es cumplir con esas proposiciones.
Decía el señor Mesquida algo así como que la política es errática e improvisada. Señor Mesquida, errática e improvisada es su intervención. Usted no ha leído el Boletín Oficial del Estado de 18 de enero de este año: este Gobierno va a destinar 33 millones de euros a mejorar los CIE y a poner en marcha un nuevo modelo de gestión. Por lo tanto, estamos ante una situación en la que nuestro grupo va a ser el primero que va a demandar transparencia por una cuestión fundamental: por coherencia con la línea política que nuestro grupo ha seguido durante mucho tiempo, primero, de transparencia en la gestión en el propio Ministerio del Interior y, segundo, de acabar con deficiencias que tienen nuestros CIE y nuestro ordenamiento jurídico.
Sí me gustaría poner encima de la mesa cuál ha sido la cronología de los hechos, una cronología que, como bien decían el señor Baldoví y algún otro interviniente, tiene que ver tanto con declaraciones públicas que ha hecho el delegado del Gobierno en Valencia como también con otras declaraciones complementarias que se han ido emitiendo en medios de comunicación. Quiero decirles una cuestión fundamental: el ciudadano marroquí llevaba en proceso de seguimiento desde el día 20 de junio de este año, atendido por médicos, por psicólogos y por los profesionales que estaban en el propio CIE, y ninguno detectó ningún tipo de conducta tendente al suicidio o a la autolesión. Por lo tanto, no se puso en marcha ninguno de los protocolos establecidos. Y quería remarcar en este punto una cuestión. Este es el cuarto suicidio que se comete en un CIE en los últimos nueve años. Esto quiere decir que los protocolos funcionan, a pesar de que tiene que haber mejorías, evidentemente, y que la labor de los profesionales, tanto los que forman parte del personal del Estado como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como otros profesionales que son contratados -las ONG y los colegios profesionales que realizan su labor diaria en los CIE-, es una labor que funciona, es una labor que debe ser reconocida y apoyada por todos los grupos políticos de esta Cámara porque a veces la realizan en unas situaciones realmente lamentables, como hemos podido ver en las diferentes visitas que hemos hecho a multitud -a la mayoría, digamos- de centros de internamiento en nuestro país.
Les decía que el día 20 esta persona ingresa en el CIE y empieza a tener un contacto diario y habitual con los profesionales que desarrollan su labor, y es el día 14 cuando sufre una agresión en las duchas del centro -por cierto, un lugar en el que no existen cámaras; es el único lugar del centro en el que no existen cámaras- y ese mismo día esta persona recibe atención médica en el CIE y por la noche es trasladado a un hospital de Valencia para que se le haga un reconocimiento y en ese informe se dice que tiene un traumatismo craneal leve. Esta persona vuelve a ser conducida al CIE y cuando al día siguiente va a acudir al comedor, a la hora de comer, lo que traslada a los responsables del centro es que no quiere acceder por temor a volverse a encontrar con los agresores del día anterior. Se le permite entrar en el comedor, está comiendo y mientras es el turno de receso, de que las personas vuelvan a sus habitaciones, esta persona es aislada -como ha dicho la portavoz de Podemos- por una cuestión de protección de su
seguridad. Es en una habitación individual donde recibe dos visitas de las personas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a cuyo cargo está. Y es durante la tercera visita cuando se produce este hecho, que está siendo investigado ahora mismo a través de una investigación policial y judicial.
Por lo tanto, mi grupo pide a los proponentes que retiren esta comparecencia por una cuestión fundamental, porque hay un compromiso de transparencia del Gobierno y un compromiso del ministro del Interior que quiero trasladarles de acudir a la Comisión de Interior del Congreso a dar cumplidas explicaciones de todo lo relacionado con este hecho. Se trata de, en este periodo de tiempo que nos va a llevar hasta septiembre, poder tener la mayor información posible que ofrecer a sus señorías, poder ofrecerles toda la información que esté en nuestra mano. Saben que el ministro del Interior, siempre en función de sus competencias, ha acudido a todas las llamadas que se le han hecho desde la Comisión de Interior o desde otras Comisiones para comparecer en la Cámara o incluso para trasladarles toda la información que ustedes quieran tener sobre cualquier otra circunstancia. Así que sobre esta cuestión les pedimos a los proponentes que la retiren en aras al compromiso del Gobierno de venir a la Comisión una vez que tengamos más información para poder trasladarla a los miembros de la Comisión.
Señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Si la propuesta es que vaya a Comisión, entonces retiramos la propuesta actual.
La señora PRESIDENTA: Señora Aizpurua.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Sí, también de acuerdo con la fórmula.
La señora PRESIDENTA: Como se ha retirado el punto 3 del orden del día, vamos a proceder a las votaciones de los dos primeros puntos.
En primer lugar, petición formulada por los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos de una sesión extraordinaria del Pleno para que comparezca el presidente del Gobierno para explicar los motivos por los que el ministro del Interior en funciones no ha sido cesado tras las manifestaciones vertidas contra representantes políticos que participaron en la manifestación del Orgullo, así como las razones por las que el Gobierno sigue sin condenar las agresiones que tuvieron lugar durante la manifestación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 40.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada esta petición de comparecencia.
Pasamos a votar el punto 2 del orden del día, petición formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Republicano para la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el Pleno de la Cámara para informar de la labor de espionaje de los servicios exteriores del Estado a los servicios exteriores de la Generalitat de Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 55; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta.

References: Real Decreto 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 149
 artículo 5
 artículo 149
 artículo 97
 artículo 155
 resolución 
 artículo 100
 artículo 57
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto