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Timestamp: 2020-05-25 18:09:18+00:00

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Decreto que veta el freno el tarifazo | Sustentabilidad | Constitución | Бесплатная 30-дневная пробная версия | Scribd
Mauricio Macri firmó el veto que frena el tarifazo.
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Boletin Oficial 14-07-10 - Primera Seccion
Boletin Oficial 14-09-10 - Primera Seccion
Definicion de Palabrad de La Contitucion
Designación de coordinador de relaciones transversales
Designacion Ignacio Salaverri
Designación de María Isabel Figueras
Compra de autos para Plan Belgrano
CAMARA 1-JE r.liFt ITADOS DE LA NACiC)N
MESA DE ENTPADAS
3 1 HAY 2010
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria
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Número: NO-2018-25981298-APN-SRPYP#JGM
Referencia: NOTA DEL MENSAJE N° 78 -2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 31 de Mayo de 2018
A: AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA HCDN (Dr. Emilio MONDÓ),
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitirle adjunto al presente el Original del Mensaje N° 78/2018, que comunica el dictado del Decreto por el cual se observa totalmente y se devuelve el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.443.
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Lucía Aboud Secretaria Secretaría de Relaciones Políticas y Parlamentarias Jefatura de Gabinete de Ministros
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MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serlaambr•CUIT
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DE MODERNIZAC ION. ou.SECRETARIA DE
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Número: MEN-2018-78-APN-PTE
Referencia: Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.443
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del Decreto por el cual se observa totalmente y se devuelve el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.443, por las razones expuestas en los considerandos del mismo.
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Juan José Aranguren Ministro Ministerio de Energía y Minería
Digital& signad by MACH Maudclo Date: 2018.05.31 14:09:34 ART LocatIon: Ciudad Autónoma de Buenos Airea
DigitaHy signad by PEÑA Marcos Dale: 201e.05.31 14:04:04 ART Locallon: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Marcos Pella Jefe de Gabinete de Ministros Jefatura de Gabinete de Ministros
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DK on•GESTION DOCUMENTAL ELECIBONICA• GOE. c.AR.
p.MINISTERID DE MODERNIZACION, ou.SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA. ~Nunter.CUIT
30715117604
De* 2018 OS 31 .14:011 45 -03130,
Número: DECTO-2018-499-APN-PTE
VISTO el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.443 sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN el 30 de mayo de 2018, y
Que mediante el referido Proyecto de Ley se declara la Emergencia Tarifaria hasta el 31 de diciembre de
Que, asimismo, el Proyecto de Ley bajo examen prohibe la creación de nuevos cargos a la demanda de servicios regulada por la norma y la inaplicabilidad de cargos existentes que conlleven a un incremento tarifario, debiendo en todo caso contar con la autorización expresa previa y específica al efecto por parte del Congreso de la Nación.
Que, respecto de la garrafa de gas licuado de petróleo (GLP), se prevé que el incremento en los precios
máximos de referencia, durante el plazo establecido en el artículo 2° del Proyecto de podrá exceder el CVS del mismo período.
Que inveterada, pacifica y constante jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN declara que la facultad de establecer las tarifas y cuadros tarifarios resulta una competencia exclusiva del poder administrador.
Que ya el 4 de agosto de 1939, in re VENTAFFRIDDA, Víctor c/Cía. Unión Telefónica" (Fallos: 184:306) nuestro máximo tribunal explica que la apreciación de la autoridad administrativa acerca de la justicia y razonabilidad de las tarifas a los fmes de su aprobación, es una facultad privativa del Poder Ejecutivo y éste puede usarla tanto respecto del pasado, diciéndolo expresamente, como del porvenir.
Que el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que "
nuestro sistema político, la división del Gobierno en tres departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el
Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno" (Fallos 1:32; 338:1060).
un principio fundamental de
Que ha sostenido asimismo, y en estrecha vinculación con la materia aquí en análisis, que 'De este principio basal de la división de poderes se desprende la diferenciación de las potestades propias de los tres departamentos del Estado en la decisión de políticas públicas".
resulta ilegítima
la pretensión de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación, ya que ello implicaría que la Administración renunciara ilegítimamente a su prerrogativa de control de la evolución de las tarifas y, en su caso, de la necesidad de su modificación" (Fallos: 262:555; 321:1784).
Que también la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN tiene dicho que "
Que como ha explicado la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN "la articulación conjunta de las diversas herramientas se plasma en el marco del principio de 'colaboración sin interferencia' que debe guiar la relación entre los distintos poderes del Estado en el sistema republicano de división de poderes contemporáneo" (Fallos: 339:1077).
Que siendo la facultad tarifaria eminentemente administrativa, es decir, inherente a las competencias del PODER EJECUTIVO NACIONAL integra la "zona de reserva de la administración".
ión"de la
política económica y energética, instrumentos susceptibles de ser adoptados en el marco de §ttP.,eténcia,
tales como la política tarifaria.
Que la Norma Suprema pone a disposición del PODER EJECUTIVO, a fin de la imp 7
Que, paralelamente, la CONSTITUCION NACIONAL prevé otras herramientas, como reformas
impositivas y exenciones, regímenes promocionales y subsidios -entre otros-, que son atribuciones del
PODER LEGISLATIVO (arts. 4 , 17,19, 52, 75, incs. 1°,2° y 18) en ejercicio del Poder de Policía.
Que, autorizada doctrina ha sostenido que "el Congreso no puede dictar leyes que impliquen el ejercicio de facultades que la Constitución le confiere expresamente al Poder Ejecutivo o que deban considerarse conferidas por necesaria implicancia de aquellas y• que constituyan la substancia misma de la labor propia del órgano Ejecutivo" (Joaquín V. González, "Manual de la Constitución Argentina").
Que ha dicho la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en autos "Establecimientos Liniers S.A. c/ EN — ley 26.095 — Ministerio de Planificación — resol. 2008/06 y otros s/ amparo ley 16.986" (Fallos, E.280, XLIV) de fecha 11 de junio de 2013 que 'Sabido es que en ejercicio de la potestad tarifaria, para la mejor prestación del servicio dado en concesión y ante acontecimientos que pudieran modificar las bases tenidas en cuenta al contratar, la autoridad de aplicación puede resolver de qué modo será satisfecha la diferencia, a cuyo fin puede aumentar la tarifa o emplear otra forma de financiación del servicio (conf doctrina de. Fallos: 322:3008)".
Que uno de los principales desafíos que se le presentó y que continúa siendo prioritario para la actual Administración fue el de llevar adelante un proceso de transición hacia la normalización en el sector energético argentino, partiendo de un paradigma regulatorio que se caracterizó por dar insuficientes incentivos a la inversión, con un marcado deterioro de la seguridad energética del país y lacalidad del servicio técnico, y un esquema de subsidios generalizados que, con el tiempo, se convirtieron en un problema fiscal, macroeconómico, ambiental, federal y de distribución, con grave riesgo de colapso del sistema y de afectación del principio de efectividad.
Que ante las graves consecuencias que produjo el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos durante más de un decenio (menor calidad y eficiencia en su prestación, reducción drástica de las reservas energéticas, utilización irracional de los recursos naturales, contaminación ambiental e incremento exponencial del gasto público), el PODER EJECUTIVO NACIONAL ejecutó la manda legislativa de finalizar las renegociaciones pendientes de contratos y volver a poner en vigencia efectiva los marcos
regulatorios, regularizando la cobertura de los cargos superiores de sus Entes Reguladores, gobierno descuidó más de una década.
Que durante más de una década, las referidas políticas y el abandono de criterios establecidos en los marcos
regulatorios desincentivaron la inversión, perjudicaron la calidad de la prestación de los servicios y llevaron
a dilapidar recursos públicos, que no fueron destinados a la ejecución de las inversiones necesarias para
garantizar un suministro de energía seguro y eficiente, sino a solventar momentáneamente el consumo de dicha energía, evitando poner de manifiesto el verdadero valor de la energía y omitiendo las señales de precio que resultan necesarias para el equilibrio del sistema de abastecimiento y cuidado del ambiente.
Que pese a los elevados índices de inflación observados durante ese período, la devaluación del valor de la moneda nacional y los crecientes costos reales de abastecimiento, el precio mayorista de la energía eléctrica
y el precio del gas natural en el punto de ingreso en el sistema de transporte, así como las tarifas de los
servicios públicos de jurisdicción nacional, se mantuvieron sin adecuaciones acordes a dicho contexto, lo que provocó un distanciamiento creciente entre los precios de la energía pagados por los usuarios y los costos reales de abastecimiento, con consecuencias nocivas sobre el sector y sobre la economía del país.
1)/A.)
ULiC)
la inversión y el trabajo de nuestro país, con graves efectos en las economías regionales, c trIbuy.§. e gran
medida a deteriorar las finanzas públicas, agravando progresivamente el déficit fiscal y a cuenta corriente, circunstancia que, a su vez, dio lugar a nuevos remiendos de corto plazo, como el denominado "cepo cambiario", y acentuó la tendencia inflacionaria de la economía del país, con consecuencias en los
niveles de pobreza de su población.
Que esa política de precios subsidiados y creciente importación de energía más oneros ás
Que en el año 2015 el Estado Nacional, es decir, todos los contribuyentes, aún aquellos que no tenían acceso a la red de gas natural, subsidiaba más del SETENTA POR CIENTO (70%) del consumo residencial
y comercial, excluida la Patagonia, Malargüe y la Puna, donde el subsidio superaba el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%).
Que además, las políticas tarifarias aplicadas a los servicios públicos de distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional, prestados por EDENOR S.A. y EDESUR S.A., generaron una situación de injusticia
e inequidad bajo la cual los usuarios del AMBA pagaban tarifas artificialmente bajas, inferiores a las que
pagaban los usuarios del resto del país, aún más allá de las diferencias de costos que objetivamente puedan
observarse entre las distintas regiones.
Que a partir del año 2005, en el marco de la Ley N° 25.561, el Estado Nacional celebró acuerdos de
renegociación integral con la mayor parte de las empresas concesionarias y licencia servicios, con intervención previa y favorable del Congreso de la Nación.
Que el proceso de recomposición de precios y tarifas de la energía eléctrica y el gas natural se implementó
a partir de un sendero de reducción de subsidios con el propósito de normalizar la situación del sector,
incentivar las inversiones y lograr un suministro más equitativo y federal, que garantizara su sostenibilidad
en el tiempo y que subsidiara a quienes lo necesitan, a la vez de fomentar el ahorro y el consumo eficiente,
y consecuentemente a mitigar el impacto sobre el ambiente.
Que el plan gradual de reducción de subsidios, en conjunto con el Régimen de Tarifa Social, se implementó como un mecanismo tendiente a asegurar la asequibilidad del servicio para los usuarios, de manera paulatina y previsible, buscando minimizar el impacto en la organización de su economía particular, a la
vez que se orientó a lograr un suministro de gas natural que resultara más equitati 194
garantizara su sostenibilidad en el tiempo, compatible con los objetivos de fomentar la p
tZieów,
reducir progresivamente los desequilibrios y distorsiones y lograr un sistema de abastecimien
seguro y eficiente, factor indispensable para el crecimiento de la producción de bienes y servicios en el país
y, por ende, para el trabajo de los argentinos.
Que por otro lado, en el marco de las medidas adoptadas en virtud de la emergencia declarada por el Decreto N° 134/15, bajo la convocatoria efectuada mediante la Resolución de la ex Secretaría de Energía Eléctrica N° 21/2016, se adjudicaron VEINTINUEVE (29) proyectos de generación térmica por una
potencia total comprometida de 3140 MW, de los cuales VEINTIOCHO (28) se encuentra entregando energía a la red.
Que durante el año 2017, se dio el mayor incremento de potencia nominal instalada de los últimos QUINCE (15) años, alcanzando 2.477 MW, de los cuales el SETENTA Y TRES POR CIENTO (73 %) corresponde a generación incorporada en función de la Resolución ex SEE N° 21/2016 y delPrograma RenovAr, ambas iniciativas lanzadas a partir de diciembre de 2015.
Que a su vez, teniendo en miras el cumplimiento de los objetivos previstos en el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, regulado por las Leyes Nros. 26.190 y 27.191, se dictó su reglamentación mediante el Decreto N°
531/2016.
Que en el marco del Programa RenovAr implementado a tales efectos por el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA —sumado a otras medidas adoptadas con el mismo objetivo, como la Resolución N° 202/2016 del citado ministerio- se adjudicaron CIENTO CINCUENTA Y SIETE (157) proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables que van a sumar casi 5.000 MW de energía limpia al sistema energético con una diversificación tanto tecnológica como geográfica, en VEINTIÚN (21) provincias.
Que el resultado de las medidas adoptadas puede observarse también en materia de pro natural, donde se registra, en el primer trimestre del corriente año, un crecimiento de la pr TRES COMA CUATRO POR CIENTO (3,4%) en relación al mismo período del año anterior, y un crecimiento de la cantidad de pozos terminados del DIECIOCHO POR CIENTO (18%); habiéndose incrementado también la actividad de equipos de perforación activos (la mayor parte en la formación de Vaca Muerta), lo que indica que en el corto plazo este incremento de la producción se va a consolidar, posibilitando en el futuro una reducción de las importaciones y el desarrollo de economías regionales y el trabajo local.
Que en dicho contexto no puede dejar de considerarse que retrotraer las tarifas de los servicios públicos en los términos previstos en el Proyecto de Ley sancionado por el Congreso de la Nación atentaría seriamente contra el objetivo de regularización y normalización del sector energético iniciado por esta Administración,
e implicaría un retomo a los efectos nocivos sobre el mismo, resultantes de las políticas tarifarias distorsionadas adoptadas en los últimos años.
Que en consecuencia, el proyecto en cuestión implicaría que el ESTADO NACIONAL incumpla además uno de los compromisos asumidos en el Consenso Fiscal, en donde se comprometió a "[e]liminar subsidios diftrenciales para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en materia energética para el ejercicio de 2019" (pto. II.n).
Que a su vez, se incrementa la desigualdad observada a lo largo de los últimos arios en el sistema de suministro de gas natural, donde el CUARENTA POR CIENTO (40 %) de los hogares argentinos sin acceso a la red de gas,natural, y que se abastecen mediante combustibles alternativos más caros (garrafas y tubos de gas licuado de petróleo), deben sostener, mediante impuestos, los subsidios a los usuarios de los
servicios públicos de gas natural por redes que a partir de la sanción del Proyecto de Ley se incrementarían
y aplicarían en forma indiscriminada a dichos usuarios; sin perjuicio de las consecuencias resultantes del regreso a esas políticas que gradualmente se fueron modificando hasta la actualidad, y que significaron postergar por años el acceso al servicio público de una enorme franja de la población de nuestro país.
Que mediante el Proyecto sancionado se pretende restablecer la política tarifaria distorsionada aplicada por
anterior Administración, caracterizada por subsidios generalizados y el virtual congelamiento de precios
tarifas de la energía, lo cual generó el deterioro del sistema energético, estimuló el consumo
irresponsable, y contribuyó en forma significativa al déficit fiscal que sufre el país.
Que aquella política tarifaria evita exponer a los argentinos el verdadero valor de la energ a, Ir,a otra vez el falso mensaje de que nuestro país, a diferencia de los otros, puede exigir el abast energía sin afrontar su costo.
Que para ello se pretende declarar una "emergencia tarifaria", que establece un manto de duda sobre la seguridad jurídica de las inversiones y proyectos que se han logrado atraer para el sector según lo descripto precedentemente, tal como si los QUINCE (15) años de vigencia de la Ley N° 25.561, de emergencia pública, no hubieran sido suficientes para que los argentinos encaremos los caminos necesarios para la solución de nuestros propios desafíos.
Que es obligación del Gobierno Nacional asegurar a los habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA el uso racional de sus recursos naturales no renovables y servicios públicos de calidad y eficiencia,que preserven el ambiente sano; con fundamento en los artículos 41, 42 y 75 -inc. 22- de la Constitución Nacional.
Que en aquella estimación no se consideraron los costos fiscales vinculados con el aumentb:\Q -cantidad de beneficiarios de la tarifa social, con el impacto del proyecto en los servicios de agua y ‘lite~o, y con la devolución de los créditos a favor de los usuarios por lo abonado desde noviembre de 2017, entre otros aspectos.
Que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 dispone que toda norma que autorice gastos no previstos en la Ley de Presupuesto Nacional, debe especificar las fuentes de los recursos para su financiamiento (art. 38).
Que, en otra oportunidad, la ex Presidente Dra. Cristina Fernández de Kirchner, mediante el dictado del Decreto N° 1482/2010, ha ejercido la potestad constitucional de observar proyectos de ley, fundada en que "la aplicación de las condiciones establecidas en el proyecto bajo análisis se consideran inviables desde el punto de vista económico financiero, no siendo factible su implementación y sustentabilidad en el tiempo".
Que retrotraer el camino de acomodamiento gradual del valor de las tarifas, impedir su modificación, y aumentar los subsidios, no es consistente con la política de crecimiento, promoción del empleo, consumo responsable de los recursos, autoabastecimiento, e inversión en obras de infraestructura que desde
diciembre de 2015 viene implementando el ESTADO NACIONAL.
Que los gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corriente
Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, Santa Fe y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han expresado públicamente en contra del Proyecto de Ley en consideración, destacándose entre los argumentos esgrimidos que la potestad de fijar las tarifas de los servicios públicos corresponde al PODER EJECUTIVO NACIONAL y no al PODER LEGISLATIVO, que las cuestiones fiscales ya habían sido acordadas oportunamente en el marco del Consenso Fiscal y que el Proyecto de Ley implica un perjuicio al presupuesto nacional que ya fue sancionado oportunamente por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
ARTICULO 1 0 .- Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el N°27.443.
ARTÍCULO 2°.- Devuélvase al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior.
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LocatIon: Ciudad Autónoma de Buenos Alma
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Locafion: Ciudad Autónoma de Buenos Afros
Mareos Peña Jefe de Gabinete de Ministros Jefatura de Gabinete de Ministros
Digitelly signad by MACRI Mauricio Date: 2018.05.31 14:09:05 ART Locegon: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Artículo 1°— Declárase la Emergencia Tarifaría en relación a los servicios establecidos en los artículos siguientes desde la promulgación de la presente ley hasta el 31 de diciembre de 2019.
Art. 2°— A partir del 1° de noviembre de 2017 y para los años 2018 y 2019, se considerarán tarifas justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas bajo criterios de justicia y equidad distributiva a aquellas que, siguiendo una revisión gradual conforme los parámetros objetivos previstos dentro de cada uno de los regímenes que regulan los servicios previstos en la ley 24.076, la ley 24.065, la ley 26.221, el aumento, respecto de los usuarios y consumidores residenciales, no exceda el coeficiente de variación salarial (CVS).
Exceptúese de la presente medida a los usuarios del servicio de gas para uso doméstico que se encuentren encuadrados en la categoría R.3.4. y categorías superiores. De igual modo exceptúese de la aplicación de la presente medida a los usuarios del servicio de electricidad para uso doméstico que se encuentren encuadrados en la categoría R.7 y superiores.
Art. 3°— Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y para las Cooperativas de Trabajo de Fábricas o Empresas Recuperadas, que se encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) bajo el régimen de empresas recuperadas o en los organismos provinciales competentes, durante el periodo indicado en el artículo precedente, se considerarán tarifas justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de equidad distributiva aquellas cuyo aumento sea gradual, sustentable y no exceda el Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 4°— Se generará un crédito a favor de los usuarios descriptos en los artículos 2° y 3°, si durante el periodo comprendido entre noviembre de 2017 hasta la promulgación de la presente ley, los mismos hubieran abonado por el servicio un monto mayor al que surge de la aplicación de dichos artículos. Dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la presente ley, las empre s concesio, yfarias y prestatarias deberán determinar el monto exacto del
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agtatio a4 hQA(acid/n
crédito a favor de cada usuario y hacer efectiva la acreditación de dicha diferencia.
Art. 5°— No podrán crearse nuevos cargos a la demanda de servicios regulados por la presente ley, ni aplicarse cargos existentes que conlleven, de cualquier manera, a un incremento tarifario, debiendo en todo caso contar con autorización expresa previa y específica al efecto por parte de este Congreso nacional.
Art. 6°— Institúyase el Régimen de Equidad Tarifaria Federal, que tiene por objetivo principal evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos, de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan.
Las tarifas y costos por servicios e insumos a abonar por los usuarios deberán contemplar el impacto de las condiciones climáticas de cada región o provincia, su nivel de desarrollo económico, la situación socioeconómica de sus habitantes y los perjuicios que provoque la imposibilidad de acceso a alguno de los servicios públicos contemplados en la presente ley;
Es un deber del Estado nacional fijar tarifas para promover el desarrollo y la mejor calidad de vida de las zonas más postergadas del país;
No se podrán fijar tarifas y costos más altos para usuarios residenciales, que habiten en zonas con indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) mayores, en relación a otras de mejor calidad de vida.
Deberá adoptar medidas concretas tendientes a la eficiencia energética, al ahorro y al consumo responsable generando incentivos que eviten el derroche de los recursos naturales.
Los principios establecidos en el capítulo IX de la ley 24.076, en el capítulo X de la ley 24.065 y en el capítulo IX del anexo II de la ley 26.221 deberán readecuarse y considerar los enumerados en el presente artículo.
El costo del transporte del servicio, en relación a la distancia en la que se encuentra el usuario, no podrá tomarse en cuenta para el incumplimiento de los
• ios cante 'dos en el presente artículo, por lo que el Estado nacional
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utilizará los mecanismos a su alcance para lograr cumplir los objetivos del presente régimen.
Art. 7°— Créase el Régimen Nacional y Universal de Beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos, que tendrá como objetivo establecer un cuadro tarifario diferencial para los servicios de suministro eléctrico residencial y gas natural por redes, para los sujetos comprendidos en el régimen.
Art. 8°— Los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos serán aquellos que reúnan los siguientes criterios de inclusión:
Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban haberes o remuneraciones bruta menor o igual a tres (3) salarios mínimos vitales y móviles;
Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en tres (3) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil;
Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (26.844);
Beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a tres (3) veces el salario mínimo vital y móvil;
Titulares de programas sociales de los gobiernos nacional, provinciales y municipales;
Titulares de pensión vitalicia a veteranos de guerra del Atlántico Sur;
Usuarios que cuenten con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente;
Clubes de barrio y de pueblo comprendidos en la ley 27.098 del Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo;
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Entidades de bien público incluidas en la ley 27.218;
1) Centros asistenciales públicos; entidades educativas públicas de cualquier nivel; las entidades religiosas que acrediten tal condición y asociaciones sindicales que realicen actividades de índole social (institutos, comedores comunitarios, centros de formación y capacitación, y centros de recuperación);
Pequeños emprendimientos comerciales y de servicios, cuya condición tributaria sea monotributista, cuya facturación no exceda anualmente el equivalente a treinta y seis (36) salarios mínimos vitales y móviles;
Cines y teatros públicos, de barrio y/o pueblo, y centros y espacios culturales;
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Cooperativas de Trabajo comprendidas en la ley 20.337 y sus modificatorias que no cuenten con más de cincuenta (50) asociados.
Mutuales comprendidas en la ley 20.321 y sus modificatorias que no cuenten con más de cincuenta (50) asociados.
En el caso de los sujetos incluidos en los incisos a) a i), quedarán exceptuados del beneficio aquellos que sean propietarios de más de un inmueble registrado ante el Registro de la Propiedad Inmueble del lugar que corresponda, posean un vehículo de hasta cinco (5) años de antigüedad (excepto quienes posean certificado de discapacidad o electrodependencia), los que posean aeronaves o embarcaciones de lujo, y/o posean un patrimonio superior al mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales.
Art. 9° Créase el Registro de Beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos, que quedará bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien tendrá a su vez la autoridad de ampliar posteriormente los criterios de inclusión para acceder a dicho beneficio, así como también la revisión y el monitoreo periódico de los sujetos alcanzados por la presente ley.
Art. 10.- Determínese que los usuarios incluidos en el registro mencionado en el artículo 9° de esta ley gozarán de un subsidio al consumo por parte del Estado nacional, consistente en duplicar los beneficios existentes al 1° de mayo de 2018 en los distintos regímenes de tarifa social.
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Art. 11.- La readecuación tarifaria establecida en la presente ley no aplicarse en detrimento de los beneficios de la tarifa social creada por el artículo 7° y de todo otro rég,irnen especial de excepción destinado a los consumidores y usuarios.
Art. 12.- Las empresas prestatarias de servicios públicos no deberán incumplir sus obligaciones en perjuicio de los usuarios y consumidores en virtud de las disposiciones de la presente ley.
Las empresas prestatarias deberán remitir al Poder Ejecutivo nacional, en el plazo de treinta (30) días de publicada la presente ley, la eventual readecuación del cronograma de inversiones conforme el recálculo de las tarifas según los parámetros establecidos en esta ley.
Art. 13.- Las empresas prestatarias de los servicios mencionados en el artículo 2° no podrán efectuar distribución de dividendos sin la previa acreditación del cumplimiento del plan de inversiones correspondiente y contar a tal fin con la autorización de la autoridad regulatoria de cada servicio.
Art. 14.- El incremento en los precios máximos de referencia de la garrafa del gas licuado de petróleo (GLP), durante el plazo establecido en el artículo 2°, no podrá exceder el Coeficiente de Variación Salarial del mismo período.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación de la ley 26.020 y sus reglamentaciones, debe garantizar el abastecimiento de la garrafa de gas licuado de petróleo, especialmente en sectores residenciales de todo el país.
Art. 15.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 23.696 por el siguiente:
Artículo 14: Créase en el ámbito del Congreso Nacional la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, integrada por diez (10) senadores y diez (10) diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos garantizando una representación plural y federal, la que establecerá su estructura interna.
Art. 16.- Incorpórese al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.696, el siguiente:
Asimismo, será función de la Comisión Bicameral llevar adelante el seguimiento, evaluación y control de:
El cumplimiento fisico del plan de inversiones establecido
en el marco del proceso de revisión tarifada integral dentro
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de la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENAltGAS);
El/los programas de subsidios que implemente el Poder Ejecutivo en relación a los servicios que son materia de la presente ley;
El impacto de las tarifas en la competitividad y productividad de la economía, así como en la distribución de los ingresos; y el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios;
Los precios de gas en boca de pozo y de la generación de energía;
La compra y venta de acciones en poder estatal de toda empresa relacionada de manera directa o indirecta con la prestación de los servicios previstos en la ley 24.076, la ley 24.065 y la ley 26.221;
O Los precios de referencia de la garrafa del gas licuado de petróleo (GLP).
A tal fin, la Comisión Bicameral deberá recibir un informe de periodicidad trimestral de los organismos oficiales y de las empresas vinculadas al proceso de inversión con la información respectiva a los avances físicos y económicos de las obras relacionados con la expansión, la renovación y la calidad de los servicios, así como cualquier información referida a las inversiones realizadas en la materia, sean de carácter real o financiero.
El Poder Ejecutivo enviará, en el marco del Régimen de Equidad Tarifaria Federal y en un plazo máximo de sesenta (60) días de, vigencia de la presente, un cronograma para la equiparación de las tarifas y/o de los subsidios que rigen de manera diferencial para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el resto del país, sin perjuicio de mantener los tratamientos especiales previstos para zonas inhóspitas. En tal sentido, la plena vigencia del citado Régimen de Equidad Federal no deberá exceder el plazo de un (1) año, contado a partir de la vigencia de la presente ley.
Hasta tanto no se conforme la comisión referida en el presente artíc lo, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados
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de la Nación será la responsable de realizar las tareas facultadas a la misma en lo que respecta a la presente ley, así como será la encargada de recibir la información y documentación correspondiente.
Art. 17.- La presente ley no afectará las regulaciones vigentes en las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de sus facultades jurisdiccionales respecto de los servicios públicos de su competencia y titularidad.
BUENOS AIRES, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
IF-2018-25847:729-APN-DSGA#SLYT
Número: IF-2018-25847729-APN-DSGA#SLYT
Referencia: Proyecto de Ley
4061ally signad ay GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE DN: cnTGESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA • GDE, m•AR, a4MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou•SECRETARLA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, sedelNurnbareCUIT 30715117564 Dale. 201E05.31 03:31 42 63•00'
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GCE 0/1 70.0E6710N ;DOCUMENTAL ELECTRONICA • ODE, e•AR, 071.11NISTERIO DE MODERNIZAC1014, ou.SECRETARI DE MOCERNIZACI014 ADMINISTRATIVA, se riaNurnber•CUIT
30115117564
Dala:2010 05 31 03 91712 -03W
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6. Los Procedimientos No Contenciosos.

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 Resolución 
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 artículo 9
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 14

Artículo 14
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