Source: http://composi.info/informe-no-1016.html
Timestamp: 2019-02-15 21:34:25+00:00

Document:
Informe No. 10/16
PETICIÓN 387-02
CARLOS ANDRÉS FRATICELLI
Aprobado por la Comisión en su sesión No. 2063 celebrada el 14 de abril de 2016
Citar como: CIDH, Informe No. 10/16, Petición 387-02, Admisibilidad. Carlos Andrés Fraticelli, Argentina, 14 de abril de 2016.
El 3 de junio de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por Carlos E. Edwards y Aurelio Cuello Murúa (en adelante, “los peticionarios”) contra la República de Argentina (en adelante, “Argentina” o “el Estado”). En la petición se alega fundamentalmente la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de las garantías judiciales del Sr. Carlos Andrés Fraticelli (en adelante, “la presunta víctima”), tanto en el proceso instruido en su contra por la muerte de su hija, como en el juicio de destitución de su cargo como magistrado.
Los peticionarios sostienen que el proceso penal instruido en contra del Sr. Fraticelli por la muerte de su hija, así como el juicio que lo destituiría de su cargo, fueron arbitrarios al no haber contado con jueces y tribunales independientes e imparciales. Asimismo, que los recursos interpuestos no fueron adecuados ni eficaces, además de existir retardo injustificado, por lo que consideran aplicable las excepciones al agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana” o “la Convención”). Por su parte, el Estado señala que el proceso se desarrolló en el marco de un estricto apego a la ley y a los estándares internacionales aplicables. Asimismo, que el Sr. Fraticelli habría tenido acceso a todos los recursos legales aplicables, los cuales al momento de su interposición ante la Comisión aún estaban pendientes de agotarse, por lo que la petición debe ser declarada inadmisible de acuerdo con el artículo 46 de la Convención Americana.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decide declarar el caso admisible a efectos del examen de los alegatos relativos a la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 7 (Derecho a la libertad personal), 8 (Garantías judiciales), 23 (Derechos políticos), 24 (Igualdad ante la ley) y 25 (Protección judicial), en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. La Comisión decide además notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
La CIDH recibió la petición el 3 de junio de 2002. El 31 de marzo de 2004 la CIDH transmitió copia de las partes pertinentes al Estado otorgándole un plazo de dos meses para someter sus observaciones, con base en el artículo 30.3 de su Reglamento entonces en vigor. El Estado solicitó una prórroga de un mes el 26 de mayo de 2004, la cual fue otorgada por la CIDH el 21 de junio de 2004. La respuesta del Estado fue recibida el 3 de agosto de 2004 y debidamente trasladada a los peticionarios el 29 de septiembre de 2004.
Los peticionarios presentaron una ampliación de su petición el 1 de julio de 2004, y observaciones adicionales el 10 de noviembre de 2004, el 6 de septiembre de 2006, el 16 de marzo de 2009 y el 22 de marzo de 2010. Por su parte, el Estado remitió observaciones adicionales el 14 de agosto de 2006, el 10 de diciembre de 2008 y el 22 de septiembre de 2009. Estas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a la parte contraria.
En el curso del trámite de la presente petición, los peticionarios propusieron un acuerdo de solución amistosa el 22 de marzo de 2010, según los términos del artículo 48.f de la Convención. La CIDH solicitó al Estado información sobre la pertinencia de la solución amistosa el 25 de junio y 6 de agosto de 2010 y 11 de febrero de 2011; el Estado remitió su aceptación el 7 de junio de 2011. Sin embargo, el Estado manifestó posteriormente su rechazo de llegar a un acuerdo amistoso mediante comunicación del 3 de julio de 2015, por lo que continuó el trámite de la petición ante la CIDH.
El 6 de septiembre de 2006 los peticionarios solicitaron medidas cautelares para el Sr. Fraticelli por continuar bajo prisión preventiva después de cinco años y nueve meses, excediendo el término fijado en la ley. Mediante comunicación del 20 de septiembre de 2006 la CIDH denegó su otorgamiento por no configurarse los elementos necesarios de acuerdo con el artículo 25 de su Reglamento.
Los peticionarios alegan que el Sr. Carlos Andrés Fraticelli y su ex esposa, María Graciela Diesser, fueron declarados responsables de manera injusta por la muerte de su hija Natalia Fraticelli, de 15 años, en la provincia de Santa Fe, quien habría sido encontrada sin vida en su habitación el 20 de mayo del 2000. A juicio de los peticionarios, desde el inicio de las investigaciones el análisis del caso se caracterizó tanto por la influencia de la opinión pública, como por el prejuzgamiento de los jueces a cargo del mismo.
Los peticionarios aducen que si bien la policía inició una investigación de oficio por la muerte de Natalia Fraticelli, ante la ausencia de violencia registrada en la entrada de la casa y el conocimiento de existencia de problemas entre la pareja, indicaron sin prueba alguna que sus padres podrían haber tenido algún tipo de responsabilidad en su muerte. Adicionalmente, manifiestan que debido al cargo del Sr. Fraticelli, en ese entonces juez de la ciudad de Rufino, Santa Fe, el caso se expuso públicamente en los medios de comunicación.
En relación con la imparcialidad de los jueces, los peticionarios señalan que el juez Carlos Risso de la ciudad de Melincué, Provincia de Santa Fe, a cargo de la etapa de instrucción del caso, realizó diversas declaraciones ante el diario “La Capital” entre el 26 de mayo y 30 de mayo del 2000, en las que señaló al Sr. Fraticelli y a la Sra. Diesser como responsables de la muerte de su hija. Indican que para esas fechas la investigación aún no había concluido; la situación procesal de la señora Diesser no se había resuelto; y el Sr. Fraticelli ni si quiera había sido procesado por gozar de fuero en su calidad de funcionario judicial. Alegan que, frente a estos hechos, tanto el Sr. Fraticelli como la Sra. Diesser interpusieron diversos recursos de recusación los cuales fueron desechados.
De acuerdo a los peticionarios hubo además prejuzgamiento por parte de los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Venado Tuerto, ya que acudieron a la casa del Sr. Fraticelli el día de la muerte de Natalia por la cercanía laboral que tenían con éste. Indican que la Presidenta de ese cuerpo colegiado, la Dra. Burrone de Juri en una entrevista dada al programa de televisión “Hora clave” el 6 de julio del 2000 inculpó de forma directa a la Sra. Diesser y de forma indirecta al Sr. Fraticelli. Dado que en ese momento éste último estaba bajo el enjuiciamiento de destitución y, por ende, no formaba parte del proceso, presentaron diversos recursos de recusación ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Venado Tuerto y ante la Corte Suprema de Santa Fe, los cuales habrían sido desechados.
Los peticionarios consideran que el prejuzgamiento resultó evidente, ya que una vez dictada la destitución de su cargo el 24 de noviembre de 2000, el juez Risso ordenó la detención y procesamiento del Sr. Carlos Fraticelli, quien fue condenado en primera instancia el 14 de mayo de 2002 a prisión perpetua, accesorias legales y costas. Dicha sentencia fue confirmada por la Jueza Burrone de Juri en sede de apelación el 30 de julio de 2003, a pesar de que hasta ese momento los recursos de recusación interpuestos, tanto por el Sr. Fraticelli como por la Sra. Diesser, no se habrían resuelto ni se tendría un diagnóstico concluyente sobre las causas de la muerte de Natalia Fraticelli.
Concretamente, aducen la existencia de contradicciones entre los informes de necropsia realizados a Natalia Fraticelli. Indican que si bien el médico forense dictaminó que la causa de la muerte fue estrangulamiento mecánico, los informes del Jefe de Medicina Criminalística de la Unidad Regional II, así como del catedrático de neurocirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Rosario indicaron que la causa no fue estrangulamiento. Adicionalmente, los peticionarios señalan que el Estado desestimó diversas pruebas, como la dosis elevada de medicamentos ajenos al tratamiento contra la epilepsia de Natalia, el testimonio de la Sra. María del Carmen Tenaglia, así como la elaboración de una nueva necropsia, las cuales habrían podido configurar un posible suicidio.
Ante la denegatoria del recurso de apelación, los peticionarios interpusieron un recurso de inconstitucionalidad el 29 de julio de 2003, el cual fue rechazado el 27 de octubre de 2003 por la Cámara de Apelaciones. Posteriormente, interpusieron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, y ante su rechazo, un recurso extraordinario federal el 16 de abril de 2004 ante la misma, el cual también fue rechazado. Por último, interpusieron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de febrero de 2005.
El 8 de agosto de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio lugar a la queja y declaró procedente el recurso extraordinario. La sentencia apelada quedó así revocada y los autos volvieron a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto a fin de dictar un nuevo pronunciamiento. No obstante, según los peticionarios, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo se pronunció sobre aspectos de forma en cuanto a la constitución del tribunal que confirmó las condenas del Sr. Fraticelli y de la Sra. Diesser y no respecto del alegado prejuzgamiento, de la denegación de las pruebas, ni de la responsabilidad penal de la presunta víctima por la imputación de un delito por omisión impropia.
En cuanto al derecho a la libertad de la presunta víctima, los peticionarios aducen que permaneció cinco años y nueve meses bajo prisión preventiva, excediendo el tiempo de tres años y seis meses establecido como máximo en la ley. El Sr. Fraticelli solicitó su libertad provisional el 15 de agosto de 2006, solicitud que fue denegada el 20 de agosto de 2006 por el juez de ejecución de sentencia de la localidad de Melincué, el mismo magistrado que dictó sentencia condenatoria de primera instancia, bajo el argumento de la existencia de peligrosidad, por lo que apelaron el mismo día la decisión.
El 20 de noviembre de 2009 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto dispuso dar lugar al recurso de apelación y se pronunció sobre el fondo del asunto, declarando la absolución de la Sra. Diesser y del Sr. Fraticelli por el delito de homicidio. Por otra parte, los peticionarios mencionan que, durante su privación de libertad, el Sr. Fraticelli no fue tratado conforme al principio de trato humano, pero no aportan información específica a este respecto.
Los peticionarios denuncian que la influencia mediática y política se mantuvo a lo largo del procedimiento ya que, tras la absolución, el Procurador General de la Corte de la Provincia de Santa Fe, Agustín Basso, emitió diversas declaraciones negativas sobre dicho pronunciamiento e instruyó al fiscal para que recurriera la decisión absolutoria. En este sentido, el fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto interpuso un recurso de inconstitucionalidad el 4 de diciembre de 2009 ante la Cámara Penal de Venado Tuerto, el cual fue rechazado. Ante dicha denegatoria, el fiscal interpuso un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según información pública disponible, el recurso fue rechazado en diciembre de 20141 y el 18 de febrero de 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación denegó el recurso de revisión contra dicho rechazo, confirmando así la absolución de la Sra. Diesser y del Sr. Fraticelli2.
En cuanto a la destitución del Sr. Fraticelli, los peticionarios alegan que el juicio se inició a raíz del fallecimiento de su hija para que pudiera ser procesado penalmente. Afirman asimismo que el jurado de enjuiciamiento se constituyó de manera irregular al estar integrado por solo dos de las cinco circunscripciones que tiene la Provincia de Santa Fe, así como por dos camaristas y no por dos ministros, como lo dispone la ley provincial 7050 y la Constitución de la Provincia de Santa Fe.
Asimismo, los peticionarios indican que, como consecuencia de la renuncia de uno de los jueces aprobada por decreto del Poder Ejecutivo, se integró un nuevo juez al que se le privó de participar en etapas fundamentales del proceso, como la deliberación de la admisión o rechazo de la denuncia que motivó la destitución del Sr. Fraticelli, y la producción de pruebas. A juicio de los peticionarios, esto constituyó una vulneración al principio procesal de la identidad física del juzgador, el cual señala que los jueces que dicten la sentencia en un proceso deben ser los mismos magistrados que participaron desde el inicio del juicio, ante el remplazo de uno de ellos. Frente a estos hechos los peticionarios interpusieron un recurso de revocación, el cual fue desestimado el 4 de octubre de 2000.
Adicionalmente, señalan que se vulneró el debido proceso al haberse realizado ciertos actos procesales exclusivamente por el Presidente del jurado de enjuiciamiento, cuando la ley 7050 dispone que dichos actos deben ser realizados por todos los miembros del jurado o la mayoría de éstos. Frente a las alegadas faltas procesales, los peticionarios manifiestan que interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el cual resultó ineficaz debido a que los ministros de dicha corte fueron los mismos que integraron el tribunal de enjuiciamiento, ante lo cual interpusieron un recurso extraordinario, el cual fue rechazado el 12 de diciembre de 2001. Por último, interpusieron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue rechazado el 3 de octubre de 2002.
Los peticionarios aducen que la violación resulta evidente ya que después de su destitución como magistrado la ley 7050 fue modificada por la ley 12.949 del 15 de mayo de 2008, la cual incluyó las otras circunscripciones de la Provincia, así como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en referencia a que los ministros de dicha corte que hayan integrado el jurado de enjuiciamiento de magistrados, deben excusarse de entender el recurso de inconstitucionalidad provincial contra la sentencia de destitución.
Finalmente, los peticionarios señalan que se vulneró el derecho a la igualdad ante la ley del Sr. Fraticelli ya que con excepción de los jueces nombrados con acuerdos legislativos no pueden retomar el ejercicio de su cargo una vez que fueron sobreseídos de una causa penal.
Con base en lo anterior, los peticionarios alegan que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 en perjuicio del Sr. Carlos Andrés Fraticelli.
El Estado sostiene que su actuar se ha desarrollado en el marco de un estricto apego a la ley y a los estándares internacionales aplicables, en razón de que el Sr. Fraticelli fue juzgado por tribunales naturales, imparciales e independientes, y tuvo acceso a todos los recursos judiciales. Respecto a la incidencia de la opinión pública en la causa seguida contra la Sra. Diesser y el Sr. Fraticelli, el Estado afirma que en ningún momento las notas de prensa que se emitieron sobre el caso realizaron una condena mediática, sino que, por el contrario, y como se desprende de las mismas, el tratamiento respecto a los hechos no fue amarillista ni cayó en un desequilibrio en perjuicio del Sr. Fraticelli. Asimismo, señala que las opiniones realizadas por los medios de comunicación sólo fueron el reflejo del libre ejercicio del derecho a la información del que goza toda persona y que éstas no obedecen a factor alguno atribuible al Estado.
Por otro lado, el Estado alega que, contrario a una posible incidencia en la imparcialidad de los jueces, la publicidad constituye una exigencia que se vincula con los principios que nutren la noción de República en el gobierno y de organización del poder social. En cuanto al prejuzgamiento atribuido al juez Risso, por la alta exposición pública, el Estado manifiesta que las declaraciones que se le atribuyen difícilmente pueden ser valoradas como prejuzgamiento, y que en todo caso estas no reprodujeron el razonamiento completo del juez, sino la interpretación personal del reportero. Adicionalmente, sostiene que tales declaraciones no contienen elementos que hagan suponer, ni siquiera en grado de sospecha, que se esté ante un caso de adelantamiento de opinión, dado que en aquel momento, el juez Rossi se limitó a expresar consideraciones generales. Alega por otra parte el Estado que el juez ya tenía una opinión formada con base en las constancias del expediente, pues ya se contaba con un cuerpo de actuaciones y numerosas pruebas producidas, entre ellas los informes de necropsias.
Respecto a las declaraciones atribuidas a la jueza Burrone de Juri, el Estado alega que no constituyeron un prejuzgamiento contra el Sr. Fraticelli, pues además de haber sido generales, previo al programa televisivo la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto había confirmado el procesamiento de Graciela Diesser. Indica además que, si bien el Sr. Fraticelli no se encontraba procesado en ese momento, esa circunstancia obedecía a que ostentaba fuero que impedía adoptar tal medida. Sin embargo, el fiscal interviniente le imputó la coautoría en el homicidio de su hija conjuntamente con la Sra. Graciela Diesser, razonamiento que sería compartido por el juez Risso el 25 de mayo de 2000.
En cuanto a la recusación de los magistrados de la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, el Estado considera que la misma no tenía sustento ya que el hecho que hayan concurrido el día del fallecimiento de la niña no afectó su calidad de jueces, ni su eventual imparcialidad.
El Estado indica que el 8 de agosto de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto por los peticionarios en contra de la sentencia condenatoria y revocó la sentencia apelada en el marco de la causa, por lo que ésta se retrotrajo a su estado inicial. Asimismo, señala que el 23 de agosto del mismo año, en cumplimiento con la acordada Nº 32/2006 que estableció la rotación de las causas, las actuaciones se remitieron a la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario.
No obstante, los defensores de Carlos Fraticelli, según el Estado, impugnaron la decisión que remitió el caso a la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario al considerar que era violatoria de la garantía del juez natural y que la causa debía mantenerse en la Circunscripción Judicial de Venado Tuerto. El Estado indica que la Cámara de Apelaciones en lo Penal del Rosario concedió la impugnación y remitió las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto, la cual aceptó competencia el 15 de septiembre de 2006.
Asimismo, el Estado resalta que el 3 de octubre de 2006 la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto otorgó la solicitud de libertad provisional y que no hay elementos que indiquen que la presunta víctima sufrió un encarcelamiento injusto. Incluso, de haber sido el caso, el Estado alega que la presunta víctima no ha agotado los recursos internos disponibles, como la acción de indemnización de daños y perjuicios ante los tribunales competentes.
Con relación al enjuiciamiento de destitución, concretamente sobre la composición de la Cámara, el Estado aduce que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, en caso de excusación, ausencia, impedimento, licencia o vacancia, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se integra con jueces de las Cámaras de Apelación que correspondan a la materia en debate, por los magistrados que sean llamados a integrar el tribunal en tales circunstancias, los cuales serán considerados a ese sólo efecto como ministros de la Corte. Por lo tanto, de acuerdo al Estado, la integración de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe fue conforme a la ley. Por otro lado, señala que ante la renuncia de uno de los jueces, la sustitución fue inmediata y conforme a la ley, por lo que el Estado también garantizó la continuidad del órgano y con él la del propio proceso.
Respecto al argumento de que el Presidente de la Corte llevó a cabo ciertos actos procesales, el Estado señala que el impulso procesal por parte del Presidente del Tribunal resulta una característica propia de todo órgano colegiado, el cual no genera gravamen a la garantía procesal.
En cuanto a la aplicación de las modificaciones legislativas efectuadas a la ley provincial 7050 sobre el enjuiciamiento de los magistrados, y cambios en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el Estado resalta que no son aplicables al caso del Sr. Fraticelli, al no haber estado vigentes al momento de la destitución. Finalmente, aduce que la destitución de su cargo no tuvo vinculación con el proceso penal en su contra, pues se trató de un proceso político por notorio incumplimiento de los deberes de su cargo como juez, ante la obstaculización de la tramitación y no contribución en el esclarecimiento de la muerte de su hija, por lo que las causas de su remoción fueron independientes y autónomas al proceso penal. Indicó además que la remoción fue revisada tanto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concordando en que no habría ninguna razón para ordenar la restitución del peticionario al cargo de juez.
En conclusión, el Estado argentino considera que no ha vulnerado los derechos de la presunta víctima, ya que la causa del Sr. Fraticelli ha sido resuelta a su favor; por lo tanto, los recursos internos han sido eficaces. En cuanto a la materialidad del hecho y la inexistencia de pruebas que ameriten algún grado de responsabilidad del Sr. Fraticelli, el Estado considera que no resulta materia susceptible de ser abordada en el marco del debate ante la Comisión, pues de lo contrario ésta se constituiría como una cuarta instancia. Resalta finalmente en su última comunicación que estaba pendiente de resolver el recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el recurso de inconstitucionalidad que atacó la absolución de la Sra. Diesser y el Sr. Fraticelli, por lo que la petición es inadmisible y solicita a la CIDH que así lo declare.
El peticionario se encuentra facultado, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto de quien el Estado Argentino se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Argentina es un Estado parte en la Convención Americana desde el 5 de septiembre de 1984, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio argentino.
La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, dado que en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
El artículo 46.1.a de la Convención Americana exige el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, como requisito para la admisión de reclamos sobre la presunta violación de la Convención Americana. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, solucionen la situación antes de que sea conocida por una instancia internacional. Por su parte, el artículo 46.2 de la Convención prevé que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos a la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; o haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
En el presente caso, los peticionarios alegaron, durante la mayor parte de la tramitación de la petición, la aplicación de las excepciones al previo agotamiento de los recursos internos establecidas en el artículo 46.a y 46.b de la Convención, debido a que los recursos judiciales, tanto en el proceso penal como en el proceso de destitución en contra del Sr. Fraticelli, no fueron adecuados ni eficaces. Asimismo, señalaron que el proceso penal se prolongó por más de diez años por lo que se vulneró el plazo razonable. Por su parte, el Estado alega que el caso que plantea la presunta víctima fue resuelto a su favor y que no se sustenta la denegación o retardo injustificado de justicia. Indica además que cuando se presentó la petición estaba pendiente un recurso de apelación, por lo que no se cumple con el requisito de admisibilidad del agotamiento de los recursos internos establecido en el artículo 46.1.a de la Convención.
En vista de la posición de las partes, y según consta en el expediente, la Comisión observa que el objeto de la presente petición se refiere a dos procesos, uno de naturaleza penal y otro de carácter político relativo a la destitución de la presunta víctima como magistrado. En relación con la referencia genérica a alegados malos tratos, los peticionarios no aportan información específica sobre las circunstancias o la interposición de recurso judicial o gestión formal ante la autoridad penitenciaria competente con respecto a sus condiciones de detención, por lo que la Comisión considera que no forma parte de la sustancia del caso.
Respecto del proceso penal, contra la sentencia condenatoria los peticionarios interpusieron un recurso de apelación, un recurso de inconstitucionalidad; un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe; y un recurso extraordinario federal, los cuales fueron rechazados. Ante el rechazo de este último recurso, interpusieron un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 8 de febrero de 2005, el cual fue resuelto de manera favorable el 8 de agosto de 2006 dando lugar a la revocación de la sentencia apelada y a que los autos volvieran al tribunal de origen.
Asimismo, la CIDH observa que el 20 de noviembre de 2009 la Cámara de Apelaciones en lo Penal dio lugar al recurso de apelación y dictaminó la absolución de la Sra. Diesser y del Sr. Fraticelli por el delito de homicidio que se les imputaba. Dicha decisión de segunda instancia fue recurrida por la fiscalía ante la Cámara Penal de Venado Tuerto el 4 de diciembre de 2009, la cual confirmó la sentencia. Contra esta decisión la fiscalía presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cual, según información pública disponible, también fue denegado, ante lo cual la fiscalía presentó recurso de revisión, el cual fue resuelto el 18 de febrero de 2016 confirmando la absolución.
En cuanto al juicio de destitución, la CIDH constata que la renuncia de uno de los jueces y sustitución fue recurrida por los peticionarios mediante recurso de revocación, el cual fue desestimado el 4 de octubre de 2000. Por otra parte, contra la destitución presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe el cual, según alegan los peticionarios, resultó ineficaz debido a que los ministros de dicha Corte fueron los mismos que integraron el tribunal de enjuiciamiento. Por tal motivo, los peticionarios interpusieron un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el cual fue rechazado el 12 de diciembre de 2001. Ante dicho rechazo interpusieron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue rechazado el 3 de octubre de 2002.
En vista de todo lo anterior, la CIDH considera, respecto del proceso penal, que los recursos internos fueron agotados en los términos del artículo 46.1.a de la Convención con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 18 de febrero de 2016 confirmando la absolución. En relación con la destitución, la CIDH concluye que los recursos judiciales internos fueron agotados con la sentencia del 3 de octubre de 2002 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazando el recurso de queja interpuesto por el Sr. Fraticelli.
La petición ante la CIDH fue presentada el 3 de junio de 2002 y los recursos internos respecto del juicio penal fueron agotados con la sentencia del 18 de febrero de 2016. Por lo tanto, el agotamiento de los recursos internos se dio mientras la petición se hallaba en trámite ante la Comisión. De acuerdo a la doctrina de la CIDH, el análisis sobre los requisitos previstos en el artículo 46.1.b de la Convención debe hacerse a la luz de la situación vigente al momento en que se pronuncia sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del reclamo3.
Con respecto al proceso de destitución, la CIDH estableció que los recursos fueron agotados con la decisión emitida el 3 de octubre de 2002 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, respecto de este reclamo, también se ha dado cumplimiento al plazo establecido en el artículo 46.1.b de la Convención Americana.
A los efectos de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si los hechos alegados pueden caracterizar una violación de derechos, según lo estipulado en el artículo 47.b de la Convención Americana, o si la petición es "manifiestamente infundada" o es "evidente su total improcedencia", conforme al inciso (c) de dicho artículo. El criterio para analizar la admisibilidad difiere del utilizado para el análisis del fondo de la petición dado que la Comisión sólo realiza un análisis prima facie para determinar si los peticionarios establecen la aparente o posible violación de un derecho garantizado por la Convención Americana. Se trata de un análisis somero que no implica prejuzgar o emitir una opinión preliminar sobre el fondo del asunto.
Los peticionarios formulan reclamos relativos a la falta de independencia e imparcialidad judicial; detención preventiva prolongada; retardo injustificado durante el proceso penal seguido contra la presunta víctima y otras violaciones al debido proceso. Estos hechos, de ser probados, podrían caracterizar la violación de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, a las garantías judiciales y a la protección judicial, protegidos en los artículos 7, 8 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención. Por su parte, el Estado argentino sostiene que en el presente caso es aplicable la fórmula de la “cuarta instancia” ya que, de admitirse el presente caso, se realizaría una revisión de las sentencias contraviniendo su carácter auxiliar establecido por la Convención Americana.
Al respecto, la Comisión ha indicado de forma consistente que no es competente para revisar cuestiones que correspondan al derecho interno y a la esfera de competencia de los tribunales domésticos, mientras que es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiere a una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al margen del debido proceso o que aparentemente viola cualquier otro derecho garantizado por la Convención. Por lo tanto, la Comisión considera que en el presente caso el análisis en la etapa de fondo de las violaciones alegadas por los peticionarios no constituye un ejercicio de “cuarta instancia”.
En la etapa de fondo del presente caso, la Comisión analizará si en el proceso de destitución del Sr. Fraticelli se violaron las garantías del debido proceso y la protección judicial de la presunta víctima, establecidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención, así como el derecho a acceder y permanecer en condiciones de igualdad en las funciones públicas, consagrado en el artículo 23.1.c de la Convención Americana. Al respecto, la Comisión toma nota que la Corte ha señalado que las “condiciones generales de igualdad se cumplen cuando “los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución s[ean] razonables y objetivos” y que “las personas no sean objeto de discriminación” en el ejercicio de este derecho4.
Asimismo, la CIDH analizará en la etapa de fondo, si el hecho que la legislación de la Provincia de Santa Fe no permita la reinstalación de los magistrados en su cargo luego de haber sido absueltos después de un proceso penal, pudiera constituir una violación a los derechos consagrados en los artículos 2, 23 y 24 de la Convención Americana. En este sentido, la CIDH toma nota que los peticionarios alegan que la Provincia de Santa Fe es la única con prohibición de reintegro al cargo tras una absolución, y por otra parte, que dicha prohibición no aplica a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH considera que los alegatos de los peticionarios, de ser probados, podrían caracterizar posibles violaciones a los derechos consagrados en los artículos 7 (Derecho a la libertad personal), 8 (Garantías judiciales), 23 (Derechos políticos), 24 (Igualdad ante la ley) y 25 (Protección judicial) en relación con los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana en perjuicio del Sr. Fraticelli.
1. Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 7, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana en conexión con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 14 días del mes de abril de 2016. (Firmado): James L. Cavallaro, Presidente; Francisco José Eguiguren, Primer Vicepresidente; Margarette May Macaulay, Segunda Vicepresidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Esmeralda E. Arosemena Bernal de Troitiño, y Enrique Gil Botero, Miembros de la Comisión.
1 Información disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1872151-caso-fraticelli-la-corte-dejo-firme-la-absolucion-al-ex-juez-y-su-esposa
2 Información disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1872151-caso-fraticelli-la-corte-dejo-firme-la-absolucion-al-ex-juez-y-su-esposa
3 CIDH, Informe No. 15/15, Petición 374-05. Admisibilidad. Trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Colombia. 24 de marzo de 2015, párr. 41. Véase en conformidad, Corte IDH, Caso Wong Ho Wing vs, Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, párrs. 25-28.
4 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 236; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 194.

References: artículo 46
 artículo 46
 artículo 30
 artículo 48
 artículo 25
 resolución 
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 23