Source: https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-lv-es.do?member=1
Timestamp: 2019-08-19 23:48:48+00:00

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Costas procesales - Letonia
Esta página ofrece información sobre las costas procesales en Letonia.
Marco normativo por el que se regulan los honorarios de los profesionales de la Justicia
1. Agentes judiciales
Los honorarios por los servicios prestados por los agentes judiciales (zvērināti tiesu izpildītāji) se establecen con arreglo a las tarifas legales. Los honorarios que no se ajusten a estas tarifas están prohibidos.
En Letonia, los servicios prestados por los abogados(zvērināti advokāti) no están sujetos a tarifas fijas, salvo la asistencia jurídica gratuita prestada por el Estado. Los abogados acuerdan sus honorarios con los clientes.
En virtud del artículo 57 de la Ley de la abogacía (Advokatūras likums), los abogados deben alcanzar un acuerdo escrito con sus clientes que especifique que el abogado actuará en representación del cliente y fije los honorarios correspondientes.
En caso de conflicto y a falta del acuerdo escrito, la cantidad a cobrar en concepto de honorarios de abogado puede fijarse en el doble de lo especificado en la normativa sobre el pago de asistencia jurídica gratuita, y los demás gastos pueden fijarse dentro de los límites establecidos en esta normativa.
El artículo 12 de la Ley de la abogacía establece que el Estado abonará los honorarios de los abogados y otros gastos conexos en los casos previstos en la ley. La normativa que regula la asistencia jurídica gratuita [ Ley sobre la asistencia jurídica gratuita (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) y Ley de enjuiciamiento criminal) (Kriminālprocesa likums)] establece las circunstancias en las que podrá concederse asistencia jurídica en los asuntos civiles, administrativos y penales, asistencia que será sufragada por el Estado.
Los costes y gastos de las personas que prestan la asistencia jurídica gratuita corren a cargo del Estado en virtud del Reglamento del Consejo de Ministros nº 1493, de 22 de diciembre de 2009, por el que se establecen normas sobre el ámbito de aplicación de la asistencia jurídica gratuita, el importe de los gastos relacionados con el pago, y el procedimiento para su pago. El Reglamento establece unos honorarios fijos (importe global o tarifa horaria) que el Estado pagará a los profesionales jurídicos dependiendo del procedimiento establecido. Véanse también las respuestas a las preguntas que figuran a continuación.
Costes fijos del procedimiento civil
Costes fijos para los litigantes en los procedimientos civiles
Los costes fijos para los litigantes incluyen las tasas judiciales, la tasa de Cancillería y los costes derivados de la tramitación del asunto.
Fase del procedimiento civil en que deben pagarse los costes fijos
Las demandas ante los tribunales deben ir acompañadas de documentos justificativos de que el pago de las tasas judiciales y demás costes judiciales se ha realizado conforme a los procedimientos previstos en la ley.
La tasa por la tramitación del asunto (tasa judicial) y la tasa de la Cancillería deben pagarse al Tesoro como sigue:
Beneficiario: Tesoro del Estado (Valsts kase)
Número de identificación fiscal del beneficiario: 90000050138
Número de cuenta del beneficiario: LV55TREL1060190911200
Banco del beneficiario: Tesoro del Estado (Valsts kase)
Código de identificación bancario: TRELLV22
Mensaje: indicar aquí los datos de identificación del asunto.
Las tasas judiciales deben pagarse antes de la tramitación del asunto.
Las cantidades que deben pagarse a los testigos y peritos (por el examen de testigos o las inspecciones in situ), los costes de notificación de las citaciones judiciales, de publicación de anuncios en la prensa y de obtención de garantías por los créditos, deben ser sufragados por la parte que presenta la demanda antes de que se examine del asunto.
La parte que presenta la demanda tiene que pagar los siguientes costes antes del examen del asunto:
cantidades pagaderas a testigos y peritos;
gastos derivados del interrogatorio de testigos o de las inspecciones in situ;
gastos de expedición y notificación de citaciones judiciales;
gastos de localización de la parte demandada;
gastos de publicación de anuncios en periódicos;
gastos efectuados en relación con garantías de créditos.
Los pagos correspondientes a la sustanciación del asunto ante un órgano jurisdiccional municipal o de distrito [rajona (pilsētas) tiesa] o ante un tribunal regional (Apgabaltiesa) deben abonarse en la cuenta de la Administración judicial:
Beneficiario: Oficina Judicial (Tiesu administrācija)
Número de cuenta del beneficiario: LV51TREL2190458019000
Número de identificación fiscal del beneficiario: 90001672316
Banco del beneficiario: Tesoro Público (Valsts kase)
Otros datos de pago: 21499 (código que indica la categoría de pago) y otros datos necesarios para identificar el asunto, como el número de asunto, el nombre del demandado y la indicación de si es una persona física o jurídica.
Costes fijos del procedimiento penal
Los costes fijos para las partes del procedimiento penal
En el procedimiento penal, los demandados no pagan tasas judiciales. La Ley de enjuiciamiento criminal (Kriminālprocesa likums) no establece tasas en el procedimiento penal. El apartado 8 de las disposiciones transitorias de esta Ley precisa que las demandas civiles asociadas a un proceso penal antes de la entrada en vigor de la Ley deben tramitarse como reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios. En los casos en que el demandante civil no es la víctima, y en aquellos en que el demandado civil no es el acusado, la demanda civil debe tramitarse conforme a la Ley de enjuiciamiento civil (Civilprocesa likums). Transcurrido un mes desde la entrada en vigor de la Ley, el funcionario que incoa el procedimiento (procesa virzītājs) ha de informar a las partes al respecto.
Fase del procedimiento penal en que deben pagarse los costes fijos
Véase la respuesta a la pregunta sobre los costes fijos para las partes en el procedimiento penal.
Costes fijos del procedimiento constitucional
Costes fijos de los litigantes en el procedimiento constitucional
No hay tasas judiciales en ninguna fase del procedimiento constitucional.
Fase del procedimiento constitucional en la que deben pagarse los costes fijos
Con arreglo al apartado 2.2 del Código deontológico de los abogados letones (Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodekss), los abogados deben dar su opinión sobre el asunto de forma profesional y abierta y prestar la asistencia jurídica adecuada. Por otra parte, el apartado 3.1 del Código establece que los abogados no deben aceptar casos en los que no sean competentes o en los que no puedan cumplir debidamente sus obligaciones. Por lo tanto, antes de aceptar un caso, deben conocer las circunstancias del mismo y dar su opinión al respecto. La Ley de la abogacía también impone determinadas obligaciones a los abogados. Por ejemplo, deben utilizar todos los medios y métodos previstos en la ley para defender o representar los derechos e intereses legítimos de la persona que ha solicitado la asistencia jurídica.
Información sobre los costes judiciales
¿Dónde puedo obtener información sobre los costes judiciales en Letonia?
Puede encontrar información sobre los costes judiciales en las leyes y los reglamentos del Consejo de Ministros, en Internet y en los folletos informativos de los tribunales.
¿En qué lenguas puedo obtener información sobre los costes judiciales en Letonia?
La información sobre los costes judiciales que hay que pagar en el momento de la presentación de la demanda (sin indicación de los importes específicos) está disponible en todas las lenguas de la UE en el sitio web Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (véase la sección «¿Cómo acudir a los tribunales?»).
La información sobre la mediación puede consultarse en el sitio web Mediācija.lv.
¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre los costes judiciales?
Sitio web con información sobre los costes
La información sobre los costes judiciales está disponible en el Portal de los tribunales letones.
Existe también el sitio web oficial del Ministerio de Justicia. Este sitio permite acceder a información sobre los tribunales, los procedimientos judiciales, las sentencias de los tribunales administrativos y de otro tipo, y demás datos conexos.
¿Dónde puedo obtener información sobre la duración media de los diferentes procedimientos?
La información sobre la duración de los procedimientos se encuentra en los informes estadísticos sobre la actividad de los tribunales que figura en el sitio web Sistema de información de los tribunales(Tiesu informācijas sistēma).
¿Dónde puedo encontrar información sobre el coste total medio de un procedimiento concreto?
No se dispone de datos sobre el coste total medio de un procedimiento concreto.
¿Dónde obtener información al respecto?
Las tasas estatales y las tasas judiciales están exentas del IVA.
Las tasas estatales y las tasas judiciales están exentas del IVA
Límite de ingresos aplicable en los asuntos civiles
Con arreglo a la Ley sobre la asistencia jurídica gratuita del Estado (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums), el Estado concede la asistencia jurídica a las personas que:
han sido reconocidas como personas pobres o en dificultades materiales según los procedimientos pertinentes establecidos en la ley;
de repente se encuentran en situaciones y circunstancias materiales que les impiden defender sus derechos (por ejemplo, debido a catástrofes, casos de fuerza mayor u otras circunstancias que escapan a su control);
están totalmente a cargo del Estado o de las autoridades locales.
En los casos en que, debido a su especial situación, circunstancias materiales o nivel de ingresos, las personas no son capaces de asegurar su propia defensa jurídica, la asistencia jurídica gratuita también se concede a las personas que:
tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita de la República de Letonia en virtud de las obligaciones internacionales de Letonia;
en el caso de litigios transfronterizos, tienen su domicilio o su residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea.
La asistencia jurídica gratuita del Estado también se concede en los casos administrativos (recursos contra decisiones en materia de asilo, decisiones sobre órdenes de repatriación impugnadas y decisiones sobre la revisión de órdenes de expulsión obligatoria).
Las solicitudes de justicia gratuita son examinadas por la Oficina de Asistencia Jurídica Gratuita (Juridiskās palīdzības administrācija), que toma las decisiones de concesión o denegación de la asistencia jurídica gratuita y las notifica al interesado.
Límite de ingresos aplicable a los demandados en los asuntos penales
Con arreglo a los artículos 17 a 19 de la Ley sobre la asistencia jurídica gratuita del Estado, las personas que disfrutan del derecho de defensa en los procesos penales pueden solicitar la asistencia jurídica gratuita en cualquier momento antes de que la resolución judicial firme surta efecto. En los procedimientos penales, la asistencia jurídica gratuita prevé la consulta, la asistencia para redactar los documentos procesales y la representación previa al juicio y durante el proceso. En determinadas circunstancias previstas en la Ley de enjuiciamiento criminal, el Estado nombra a un abogado para actuar en nombre de la parte demandada.
De conformidad con el artículo 20 de la Ley de enjuiciamiento criminal, cualquier persona sospechosa o acusada de cometer un delito tiene derecho a defenderse, es decir, derecho a saber de qué delito es sospechosa o está acusada, y derecho a elegir la forma en que se llevará a cabo su defensa. Tales personas pueden ejercer este derecho en su propio nombre, o mediante la designación de una persona de su elección que actuará en su nombre. La persona que actúe por ellas puede ser un abogado. La ley especifica ciertos casos en que la representación por letrado es obligatoria. Si el acusado no tiene medios suficientes para contratar a un abogado y no llega a un acuerdo con el abogado dispuesto a actuar en el caso, el Estado garantiza su representación emitiendo una orden de pago de los gastos de defensa con cargo a fondos estatales y determina en qué proporción, en su caso, esta suma será pagada por el acusado.
De conformidad con el artículo 80 de la Ley de enjuiciamiento criminal, el acusado u otra persona en su nombre pueden llegar a un acuerdo con el abogado. El funcionario que inicie el procedimiento (procesa virzītājs) no puede entrar en este tipo de acuerdos ni designar a ningún abogado concreto, sino que debe facilitar al acusado la información necesaria y la posibilidad de ponerse en contacto con un abogado. Si el acusado no llega a un acuerdo en un caso en que la representación por letrado es obligatoria , o en otros casos en que el acusado desee estar representado, el funcionario que inicia el procedimiento pedirá al decano de los abogados que proponga un abogado defensor. En el plazo de tres días laborables a partir de la recepción de la solicitud del funcionario que inició el procedimiento, el decano de los abogados debe comunicar a dicho funcionario el nombre del abogado que ejercerá de defensor.
El artículo 81 de la Ley de enjuiciamiento criminal, que regula determinadas fases especiales del proceso, dispone que, a falta de acuerdo sobre la defensa, o si el abogado designado no puede asistir a las diversas fases del proceso, el funcionario que inició el procedimiento debe designar a un abogado, que ejercerá como defensor en cada fase (diligencias de instrucción que conciernan al acusado), del elenco de letrados de guardia elaborado por el decano de los abogados para el ámbito de competencia del tribunal.
Además, en virtud del artículo 84, apartado 2, de la Ley de enjuiciamiento criminal, cuando la persona no llega a ningún acuerdo sobre su defensa, el importe y la forma de pago de los honorarios y gastos por los servicios del letrado que preste la asistencia jurídica los fijará el Consejo de Ministros (véase el Reglamento nº 1493 del Consejo de Ministros, de 22 de diciembre de 2009, que regula el alcance de la justicia gratuita, el importe de los honorarios y los gastos conexos, así como el procedimiento de pago ).
Límite de ingresos aplicable a las víctimas en el ámbito penal
En el procedimiento penal, las víctimas pueden recibir asistencia jurídica gratuita, es decir, representación por un letrado que se designará conforme al procedimiento regulado en la Ley de enjuiciamiento criminal, en los casos previstos en esta.
Por otra parte, el artículo 104, apartado 5, de la Ley de enjuiciamiento criminal dispone que el funcionario que inicia el procedimiento penal puede designar a un letrado para representar a un menor en los casos siguientes:
cuando la protección de los derechos e intereses del menor se vea dificultada o no esté garantizada;
si se presenta una petición fundada por un familiar del menor (madre, padre o tutor, abuelo, hermano o hermana adultos) con el que vive el menor y que cuida de él, o por un representante de una institución de protección de los derechos de los menores, o por un representante de una organización no gubernamental dedicada a la protección de los derechos de los menores.
En circunstancias excepcionales, si en el marco de un proceso penal no fuera posible garantizar de otro modo la protección de los derechos e intereses de una víctima en estado de pobreza o dificultades materiales, el funcionario que inicia el procedimiento puede designar a un letrado para representar a esta persona. En tales casos, los honorarios de los abogados y su forma de pago los decide el Consejo de Ministros (véase el Reglamento nº 1493 del Consejo de Ministros, de 22 de diciembre de 2009, que regula el alcance de la justicia gratuita, el importe de los honorarios y los gastos conexos, así como el procedimiento de pago).
Por lo tanto, el Estado concederá la asistencia jurídica gratuita a las personas reconocidas como víctimas (asistencia para preparar los documentos del procedimiento, representación antes del juicio y durante el proceso).
Otras condiciones para la concesión de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas
Véase la información anterior sobre el límite de ingresos aplicable a las víctimas en el ámbito penal.
Otras condiciones para la concesión de la asistencia jurídica gratuita a los demandados
Véase la información anterior sobre el límite de ingresos aplicable al demandado en el ámbito penal.
Gratuidad del procedimiento judicial
Las siguientes personas están exentas del pago de los costes judiciales al Estado:
los demandantes que sean empleados que reclamen el cobro de remuneraciones laborales y otras reclamaciones derivadas de relaciones laborales legales o relacionadas con estas;
los demandantes que interpongan una demanda relativa a un contrato de ejecución de un trabajo, si el demandante es una persona que está cumpliendo una pena de privación de libertad;
los demandantes que interpongan demandas por lesiones corporales que hayan causado mutilación u otros daños para la salud, o la muerte;
los demandantes que interpongan demandas para el cobro de deudas de alimentos para un menor o un ascendiente, y demandas de paternidad que se interpongan junto con la demanda de cobro de alimentos para un menor.
los demandantes en asuntos relativos al reconocimiento o al reconocimiento y la ejecución de una resolución extranjera sobre el cobro de deudas de alimentos en favor de un menor o un ascendiente;
los demandantes que interpongan demandas de indemnización por daños materiales y morales causados por infracciones penales;
los fiscales, las autoridades estatales o locales, y las personas que tienen derecho a defender ante los tribunales los derechos e intereses legalmente protegidos de otras personas;
los demandantes en asuntos relativos a decisiones por las que se declara que una persona carece de capacidad jurídica o se designa a un tutor;
los demandantes en asuntos relativos al nombramiento del tutor de una persona debido a un estilo de vida disoluto o al consumo excesivo de alcohol o drogas;
los demandados en los asuntos relativos a la reducción de la pensión de alimentos reconocida por un tribunal a un menor o un ascendiente, y a la reducción de la pensión concedida por un tribunal como consecuencia de una demanda por lesiones corporales que hayan causado mutilación u otros daños a la salud, o la muerte;
los demandantes en el caso de menores trasladados ilegalmente a través de una frontera o detenidos;
los administradores, en las demandas interpuestas en favor de personas físicas o jurídicas declaradas insolventes, y los administradores que presenten demandas para declarar la insolvencia de personas jurídicas en las circunstancias a que se refiere el apartado 3 del artículo 51 de la Ley de insolvencia (Maksātnespējas likums);
los acreedores demandantes, en casos de ejecución de pagos por ingresos estatales;
los acreedores demandantes, en casos de ejecución en los que el cobro ha de realizarse en virtud de un documento único que permite ejecutar la deuda en el Estado miembro requerido;
los servicios fiscales y de impuestos especiales, en las demandas de declaración de insolvencia de una persona jurídica;
la Oficina de asuntos de migración y nacionalidad (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde), en casos de privación de la nacionalidad letona;
el Organismo estatal de la seguridad social (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra), en asuntos relativos al cobro de recursos financieros del presupuesto estatal en relación con los servicios de seguridad social, el sobrecobro de prestaciones sociales estatales y servicios de seguridad social, o el pago de prestaciones sociales estatales en relación con accidentes de tráfico.
Las partes también pueden estar exentas del pago de los costes judiciales al Estado en otros casos previstos en la ley. Un tribunal o un juez, tras examinar la situación financiera de una persona física, puede eximirla total o parcialmente del pago de los costes judiciales, prorrogar el pago u ordenar que se pague a plazos.
La parte que obtenga una sentencia favorable puede cobrar de la otra parte todas las costas judiciales que haya abonado. Si la sentencia solo es favorable en parte para el demandante, las costas pueden recuperarse en proporción a la cuantía de las reclamaciones admitidas por el tribunal. Al demandado se le reembolsará en proporción a la parte desestimada de la demanda. Cuando se dicte sentencia en rebeldía, no se reembolsarán las tasas judiciales por una demanda adicional para iniciar un nuevo proceso ni por un nuevo pronunciamiento del tribunal.
Si la demanda se admite en todo o en parte, al demandado se le ordenará abonar, hasta el límite previsto por ley, los costes de la acción interpuesta por el demandante, es decir, honorarios de abogados, gastos relacionados con la asistencia a las vistas, y gastos de recopilación de pruebas. Si la demanda es desestimada, el tribunal ordenará al demandante que abone los gastos de defensa realizados por el demandado.
Estos honorarios debe pagarlos, antes de que se dicte sentencia, la parte que solicitó los servicios de peritos. La parte que esté exenta de costas judiciales no tendrá que pagar los gastos de peritos. En este caso, los honorarios por los servicios prestados por los peritos (salvo los de la policía científica) los paga la Administración judicial.
Si las partes de un asunto -salvo los representantes de personas jurídicas- no dominan la lengua del procedimiento, el tribunal debe asegurarse de que conozcan los documentos del asunto e intervengan en el procedimiento con la ayuda de un intérprete.
Informe de Letonia para el Estudio sobre transparencia de las costas (742 Kb)

References: artículo 57
 artículo 12
 resolución 
 artículo 20
 artículo 80
 artículo 81
 artículo 84
 artículo 104
 resolución 
 artículo 51