Source: https://qartopoderclorinda.blogspot.com/2018/07/
Timestamp: 2019-01-21 20:00:33+00:00

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QARTO PODER CLORINDA: julio 2018
PARTE DE PRENSA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA FPV
Esta es la imagen de la patrona de nuestra Ciudad, la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles.
Hoy martes a las 18 horas, se realizará la bendición de la misma por parte de un sacerdote que a su vez oficiará la celebración de la palabra. La cita es en nuestra sede de avenida Belgrano y Las Piedras, lugar donde será entronizada la imagen que pasa a formar parte de la sede justicialista en forma permanente.
La idea es que nos encontremos todos allí a la hora programada para participar juntos en la bendición de la imagen y la celebración de la palabra. La tradicional procesión desde la Parroquia a la sede no se podrá realizar este año por lo que se organizó algo alternativo para no dejar de cumplir con la Virgen como lo hacemos año a año.
SE LLAMARON AL SILENCIO
El concejo deliberante evitó tratar los 17 mil pesos que paga el Intendente por cada columna de alumbrado
Los representantes del pueblo de Clorinda en la sesión de ayer lunes hicieron caso omiso al pedido de aclaración y transparencia, cómo así tambien” compromisos de efectuar pedidos de informes” que reclamaba la gente en las redes sociales una vez conocido los escandalosos números que paga el intendente Celauro por artículos de electricidad que hasta ahora están sin explicación.
Pagar 17 mil pesos por cada caño de 11 metros entre otras cosas pareciera no imoortanrles a los responsables de controlar y despejar sospechas de sobreprecio en la obra pública de nuestra ciudad.
Con presencia de los nueve concejales se llevó adelante una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Clorinda que tuvo en su sumario todos despachos pertenecientes a la comisión interna N°2, el primero referido a un convenio de comodato de un predio en Riacho Negro entre el municipio local y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A para la provisión de servicio de conectividad para esa localidad a lugares puntuales tales como escuelas, comisaria, centro de salud y el edificio municipal próximo a inaugurar, esto fue apoyado por la totalidad de los ediles.
Otro despacho aprobado es la prórroga del Programa de Inserción Laboral PIL para el personal de la Oficina de Empleo, esto tras las explicaciones pertinentes de parte del concejal Acosta quien oficio como miembro informante fue votado y aprobado de manera unánime.
El siguiente despacho N° 24/2018 era referido a la modificación presupuestaria para el municipio, esto se debe a que se reciben fondos provenientes del gobierno provincial para la ejecución de obras en la ciudad pero además existen modificaciones que se realizan para aportes de compras de maquinarias y seguir sumando equipos al parque vial municipal, entre las obras planificadas que podrían estar realizándose se encuentra la repavimentación de la calle San Vicente de Paul que se encuentra en avanzado estado de deterioro, esto fue acompañado por todos los concejales.
Finalmente se trató el último tema del sumario, el despacho 25/2018 para la aprobación del convenio firmado entre el Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas de la Provincia de Formosa y la Municipalidad de Clorinda para obras complementarias en la calle Corrientes entre Córdoba e Hipólito Irigoyen, esto también fue aprobado unánimemente con lo que se dio por concluida una nueva sesión del HCD de la ciudad de Clorinda.
CLORINDA: En pocas horas se recuperó una motocicleta y un equipo de sonido
Ambos bienes recuperados fueron trasladados a la Comisaría, donde el damnificado los reconoció como suyos. La investigación del hecho continúa a fin de lograr la aprehensión de los presuntos autores del hecho.
GONZÁLEZ ANTICIPÓ QUE JUNTO A MAYANS “VAMOS A VOTAR EN CONTRA DEL ABORTO LEGAL”
La senadora nacional justicialista nMaría Teresa González anticipó que al igual que su par formoseño por el PJ, José Mayans, votarán en contra del proyecto IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo).
González señaló que tiene postura “desde el principio” y que asistió a las exposiciones de distintos especialistas, profesionales, colectivos, ONG’S, grupos de trabajo y otras organizaciones que explicaron sus posturas a favor y en contra del aborto legal en el Congreso de la Nación.
Explico que “después de una valoración personal y posterior a las opiniones que fuimos recogiendo de las consultas hechas en nuestra provincia, llegaron a tener una postura firme. Dicen que los formoseños somos un poco quietos, quedados, pero es realmente llamativo como de manera ordenada y desinteresada hemos recibidos miles de carpetas con propuestas superadoras”, expuso
Anticipo que “tanto (José) Mayans como yo vamos a votar en contra del aborto legal y estamos procesando proyectos que entendemos son relevantes y estrechamente vinculados a la salud pública”.
Confirmo finalmente que este martes será la última audiencia de especialistas y el miércoles, el plenario votará el dictamen que pasará al recinto el 8 de agosto.
Por su parte, el senador Jose Mayans aludió a la sesión prevista para el 8 de agosto en el Senado, donde se tratará la ley de despenalización del aborto, comentando que “así como estás las cosas, ninguna de las dos posiciones tiene mayoría para hacer el dictamen”.
“Hasta ahora no hay números ni para emitir despacho ni para el quórum, de ambas partes”, expuso, agregando que “esto genera un problema y esta semana se va a vislumbrar el tema”.
En tal sentido, evaluó que “este proyecto, así como vino de Diputados, es inconstitucional por donde se lo mire porque en el artículo 65 inciso 22 de la Constitución Nacional dice claramente que los tratados internacionales tienen rango constitucional y que tienen un grado superior a las leyes comunes y tienen rango constitucional porque estos tratados están votados por dos tercios de la totalidad de ambas Cámaras”.
Asimismo, en el artículo 23 de la CN “se habla del amparo desde el embarazo, o sea que reconoce al niño desde el embarazo”, agregando que “el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 4° inciso 1°, dice claramente que la vida empieza desde la concepción. Eso lo dice clarito, no da vueltas ni lo dice con eufemismos”, recalcó Mayans.
Por otra parte, mencionó que en la Convención de los Derechos del Niño “la Argentina hizo expresamente la reserva en el artículo 2 que se entiende por vida a partir de la concepción y la protección del niño debe ser a partir de la concepción”.
“Tenemos una manda constitucional que está expresamente en la CN, tenemos dos tratados internacionales que explícitamente lo dice, tenemos el Código Civil, cuyo artículo 19 establece que la vida es a partir de la concepción y que debe ser protegida por el Estado y además las Constituciones Provinciales, que han hecho la reserva cuando se hizo la Reforma del ’94. Entonces, claramente la vida tiene que ser protegida por el Estado a partir de la concepción”, argumentó finalmente.
HOY MARTES 31 COBRAN EL MES DE JULIO LOS AGENTES ACTIVOS
Desde el ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas se informó que en la fecha percibirá sus haberes del mes de julio, la totalidad de los agentes activos de la administración pública provincial.
Además se pagarán los conceptos de Garantía Salarial, el FONID (Fondo de Incentivo Docente) y Material Didáctico.
Diputados radicales del Sur presentarán un proyecto para que se restituya el adicional por zona desfavorable
Rebelión frente al decreto que recorta las asignaciones familiares a 570.000 chicos. Los diputados radicales patagónicos rompieron el frente oficial y presentarán un proyecto que lo frena, el peronismo se manifestó en el mismo sentido, el gobernador de Chubut va a la Justicia y se convocan movilizaciones por toda la región
El decreto del presidente Mauricio Macri que recorta las asignaciones familiares y elimina el plus de las zonas desfavorables, desató la rebelión de los radicales patagónicos y hace crujir a la alianza oficialista Cambiemos. Diputados nacionales de la UCR de Chubut, Santa Cruz, Río Negro y La Pampa presentarán esta semana en la Cámara baja un proyecto para reclamar que se restituya el beneficio que afecta a miles de trabajadores de la Patagonia y a la que podrían sumarse correligionarios de otras provincias. El decreto presidencial 702 del viernes pasado ya había provocado el fuerte rechazo de los legisladores del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV-PJ) y también del peronismo federal de la Patagonia y el norte del país, zonas afectadas por el recorte que –sostienen– viene de la mano del acuerdo con el Fondo monetario Internacional (FMI). El gobernador chubutense Mariano Arcioni presentará hoy un amparo judicial contra el recorte de las asignaciones y en Bariloche habrá otro colectivo, al tiempo que las centrales sindicales promueven marchas de rechazo ante las oficinas de la Anses en distintas ciudades patagónicas.
El decreto presidencial sacudió la Patagonia y el temblor llegó hasta los propios socios de la alianza oficialista, en la que el radicalismo no comparte la decisión del Gobierno nacional de dar de baja los beneficios para la región en las asignaciones familiares. Los diputados nacionales de la UCR Gustavo Menna (Chubut), Nadia Ricci y Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro) y Daniel Kroneberger (La Pampa), presentarán un proyecto propio con el que presionarán para dar marcha atrás con la decisión.
Entre los radicales consideran que en caso de mantenerse la medida la alianza oficialista corre peligro de extinción en las provincias patagónicas. Por eso, los diputados de la UCR plasmaron su bronca en busca de provocar un cimbronazo en Cambiemos. La iniciativa se plasmará en un proyecto de declaración para pedirle al Ejecutivo que “restituya” los montos diferenciales para la zona de las asignaciones familiares que suprime el decreto 702/18. De todas maneras, los radicales patagónicos buscarán a lo largo de la semana el apoyo de sus correligionarios de todo el país.
“No voy a avalar ninguna política que signifique la pérdida del poder adquisitivo para las familias rionegrinas”, dijo la rionegrina Matzen que difundió la iniciativa en las redes sociales. Fue más lejos todavía en sus declaraciones: “Este decreto es un avasallamiento a un derecho constitucional y no representa el espíritu de mi partido, así como tampoco representa a la coalición a la cual pertenezco. Nosotros trabajamos todos los días para que, respetando las particularidades y necesidades, haya cada vez más equidad”.
El chubutense Menna cuantificó a los afectados patagónico por el recorte: “afectará a 68 mil beneficiarios”. “Compartimos el objetivo de sanear las finanzas públicas y reducir el déficit, pero debe hallarse otro camino que contemple a los sectores más vulnerables y el desigual desarrollo geográfico de nuestro país”, sumó Menna en sintonía con el documento que dio a conocer la conducción de la UCR en su provincia.
En el mismo sentido se pronunció la santacruceña Reyes: “Esta decisión significa desconocer las diferencias que sobrellevan quienes habitan las provincias patagónicas donde el costo de vida es más alto y la calidad de vida es adversa por factores climáticos y geográficos”.
El senador radical y empresario Eduardo Costa estuvo entre los primeros en salir al cruce del decreto. “No podemos permitir que el ajuste sea realizado sobre los sectores más vulnerables y sin contemplar las desigualdades provinciales de nuestro país. Por eso pedimos al Gobierno Nacional que revise y deje sin efecto lo resuelto”, dijo Costa frente a la poda presidencial que podría echar por tierra su aspiración de llegar a la gobernación de Santa Cruz. Decisiones que hacen crujir Cambiemos en la Patagonia.
La región está convulsionada. Los opositores al Gobierno nacional fueron los primeros en cuestionar la decisión de Macri. Las críticas repercutieron en el Congreso, donde el peronismo “dialoguista” prometió “trabajar” para derogar el decreto. “Con esta decisión falsamente igualitaria, el gobierno del presidente Mauricio Macri demuestra tener una visión centralista y exclusivamente metropolitana en lo que hace a la distribución de los recursos. Esta medida es contraria a todo idea de equidad”, sostuvieron en un comunicado el rionegrino Miguel Pichetto y el fueguino José Ojeda.
“Hay una tremenda hipocresía de los funcionarios de Cambiemos que hablan de la pobreza en el Conurbano para justificar este manotazo a los bolsillos de los patagónicos, al mismo tiempo que reducen retenciones a la soja y fomentan la bicicleta financiera y la fuga de divisas sin control”, sumó otro peronista federal, el chubutense Mario Pais, quien advirtió que los gobernadores no se quedarán de brazos cruzados.
El mandatario de Chubut recurrió a la justicia contra los recortes. “En estos momentos estamos presentado ante la justicia la inconstitucionalidad en los aumentos del gas y mañana presentaremos una acción de amparo con respecto a las Asignaciones Familiares”, remarcó ayer Arcioni en Trelew. “Según el informe que hemos pedido, son más de 100 mil chicos que van a estar afectados y justamente para la provincia del Chubut va a implicar una pérdida de 190 millones y, por ejemplo, en la ciudad de Trelew una pérdida de 12 millones de pesos mensuales, es una liquidez que no sólo afecta al bolsillo de cada una de las familia sino también a toda la economía”, explicó el gobernador.
Pero esta no será la única presentación judicial. La asociación especializada en temas de niñez y adolescencia Construyendo Proyectos Barriales (Conprobar) de Bariloche que preside Adriana Haurie, presentará hoy un recurso de amparo colectivo y una medida cautelar con el propósito de dejar sin efecto el decreto presidencial 720/18 que recorta las asignaciones familiares de los trabajadores de la Patagonia y otros puntos del país. “Atenta contra las niñas y niños rionegrinos hijos de trabajadores y significa un ajuste a todas luces ilegal e inaceptable”, sostuvieron el diputado Martín Doñate (FpV-PJ) y la concejal local Ana Marks que respaldan la acción judicial.
Los sindicatos patagónicos, en tanto, decidieron salir a la calle. Hoy por la mañana distintos gremios y organizaciones sociales se concentrarán en las puertas de la sede Anses en Comodoro Rivadavia para reclamar contra el decreto que recorta el 53 por ciento a las asignaciones familiares en la Patagonia. “La presencia fuera de Anses es simbólica, tratamos que el mensaje de rechazo llegué al gobierno nacional. Esta convocatoria la hicimos junto a otras organizaciones y allí se definirá como desarrollar el acto”, dijo el dirigente de Atech –docentes chubutenses– Daniel Murphy. Lo mismos sucederá en la santacruceña Caleta Olivia, donde la CGT local llamó a movilizarse frente a la Anses contra “el ajuste patagónico” bajo el lema “nos defendemos entre todos”.
La creciente rebeldía patagónica amenaza también con extenderse al norte argentino, también perjudicado por el decreto presidencial. “El gobierno de Cambiemos, siguiendo instrucciones del FMI, pretende recortar asignaciones familiares en zonas del interior de la Argentina periférica llevando más angustia y sufrimiento a los argentinos”, sostuvo el diputado del peronismo federal jujeño José Luis Martiarena que llamó a “promover la derogación del decretazo de Macri”.
La guadaña pasa por 570 mil
La batería de modificaciones impuestas por el Gobierno sobre el mecanismo de liquidación de asignaciones familiares reducirá las partidas en más de 9500 millones de pesos. Los trabajadores de empresas morosas también sufrirían la cancelación de pagos.
La Anses achicará los pagos de asignación por hijo en 336 mil casos y en ayuda escolar en 235 mil.
La poda en las asignaciones familiares que dispuso el Gobierno por decreto el viernes pasado afectará a más de 570 mil niños y niñas por la reducción en la ayuda escolar y eliminación del plus o extra por trabajar en zonas menos favorecidas. Según estima un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la Anses, al cancelar la zonificación del beneficio, recortaría recursos por un total de 9500 millones de pesos sólo durante el transcurso de este año. Esto impactará especialmente en trabajadores de economías familiares o jornaleros que son empleados temporales en esas zonas desfavorables, donde el recorte por asignación alcanzará al 50 por ciento del monto actual del beneficio. Solamente la población comprometida en las cuatro zonas afectadas (sólo por la eliminación de los extra) equivale a unos 450 mil casos, de acuerdo con estimaciones del abogado previsionalista Miguel Ángel Fernández Pastor sobre la base del “Informe Estadístico” de mayo de la Anses.
El decreto estableció tres importantes modificaciones en el régimen de asignaciones familiares –conocido como salario familiar–, que perciben trabajadores registrados. La primera es reducir el tope de ingresos familiares de 94.786 a 83.917 pesos. Además, se dispuso que un hogar no puede percibir la asignación si un integrante de ese grupo familiar cobra más de 41.959 pesos. Antes ese tope era de 47 mil pesos. En tercer lugar, se eliminaron los plus por zona que se habían establecido en la norma original, de 1996, y tenían el espíritu de impulsar el desarrollo de regiones específicas de la Argentina, como Norte, Cuyo y Patagonia.
Según el informe del CEPA, la eliminación de las zonas afecta a 335.668 casos, que se reparten en 188.897 de la zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén, y departamentos de Formosa, Mendoza y Salta), 73.708 de la zona 2 (provincia de Chubut), 718 casos de la zona 3 (departamentos de Jujuy, Salta y Catamarca) y 72.345 casos en zona 4 (Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur). “A estos 336 mil chicas y chicos debe adicionarse un total de 235.985 casos que en marzo percibirán un monto inferior por ayuda escolar”, señala el informe, con lo cual el recorte total ascendería a 571.683 asignaciones por hijo e hija.
“Por ejemplo, para los grupos familiares con una hija o hijo que se ubiquen en la zona 3 y tengan un rango de ingresos de entre 2816 y 24.492 pesos, perderán 1577 por mes de asignación, lo que equivale al 50 por ciento de la misma. Para la misma zona pero ingresos de entre 24.492 y 35.922 pesos, la pérdida será del 38 por ciento; en el rango de 35.922 a 41.473, el recorte será de 25 por ciento, y para ingresos familiares de entre 41.473 y 94.786, de 26 por ciento. “Los recursos estimados que ahorra Anses proyectando a doce meses las erogaciones de marzo de 2018, y considerando lo correspondiente a Ayuda Escolar sólo por un mes, como resultado de la eliminación de las 4 zonas diferenciadas asciende a 6866 millones de pesos anuales”, afirma. Sin embargo, si se considera los cuatro aumentos de movilidad para el año, la proyección de ajuste en las asignaciones alcanza a los 9499 millones de pesos.
El ajuste en la contención social para los más necesitados, pese a la promesa que hizo el Gobierno y el Fondo Monetario de mantener esa ayuda, sería incluso más salvaje y dejaría sin protección a trabajadores de empresas con problemas financieros. Según consta en el decreto, la Anses sólo liquidará las asignaciones a empleados de empresas que no tengan deuda previsional con el organismo. “En los casos en que la presentación de Declaraciones Juradas por parte del empleador se realice por períodos vencidos respecto de la pertinente obligación mensual y ésta determine, por tanto, el pago de retroactivos de asignaciones familiares, las mismas serán abonadas por la Anses, en la primera liquidación disponible, una vez verificado el ingreso de los aportes y/o las contribuciones patronales correspondientes. Idéntico procedimiento operará en el caso de solicitudes de retroactividades de asignaciones familiares”, señala el artículo 6 del decreto.
Hasta ahora bastaba con que el empleador declarara a sus trabajadores para que la Anses depositara en la cuenta del empleado la asignación, sin importar si la patronal no había cumplido con el pago al fisco. De prosperar el espíritu de ese artículo conocido el viernes, la Anses sólo librará el pago si la empresa no tiene deuda. Esto podría complicar todavía más a los empleados de firmas que están actualmente con problemas financieros y no pagan en tiempo y forma las contribuciones a la seguridad social. “Es un caso más de la habitual práctica oficial de ‘si pasa, pasa’ y seguramente se van a escudar en el error. Pero esto es una aberración jurídica”, señaló Fernández Pastor. “En un contexto de franca crisis económica, incluso si una empresa cumplidora se atrasa en los pagos de cargas sociales, el que financia la crisis es el trabajador”, opinó a este diario el economista y director del CEPA, Hernán Letcher.
Un paro en reclamo de las paritarias
La huelga docente convocada por Ctera tuvo alto acatamiento en su primer día
La medida de fuerza continúa hoy en la Capital y en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La Ctera denunció que el Gobierno tiene “un proyecto nacional de deterioro de la educación pública”.
Los dirigentes de la Ctera exigieron que se vuelva a convocar a la paritaria docente federal.
La jornada de paro de 48 horas convocada por los docentes de Ctera tuvo –según informó la federación gremial– un alto acatamiento en los seis distritos en los que pujan por la apertura de la paritaria. “El Fondo de Compensación Salarial para ayudar a las provincias que no pueden pagar el salario mínimo se discontinuó: hay un proyecto nacional de deterioro de la educación pública”, señaló ayer el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación y secretario gremial de Ctera, Eduardo López, poniendo sobre la mesa uno de los reclamos que los maestros impulsan. “La idea de este Gobierno es privatizar la educación. Quieren transformarla en un bien de mercado y que deje de ser un derecho social”, aseguró a PáginaI12 la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso.
“A veces los alumnos pierden un día de clases y los docentes un día de clases, pero si los maestros no luchan se pierde el salario, el futuro, el presente y la escuela pública”, destacó López, explicando de manera pedagógica la necesidad de los trabajadores de la educación de defenderse de las políticas diseñadas por el macrismo para el sector.
Temprano por la mañana los dirigentes de uno de los sindicatos mayoritarios de los maestros a nivel nacional anunciaron el inicio de la jornada de protesta en las provincias de Buenos Aires, el Chaco, Corrientes, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de la Ciudad de Buenos Aires, por la reapertura de paritarias.
El fondo del reclamo es la reinstauración de la paritaria docente nacional que el presidente Mauricio Macri derogó a través de un decreto. Los maestros también exigen que el Gobierno sostenga el Fondo de Incentivo Docente, ante los rumores de un ajuste. Piden, además, una nueva ley de financiamiento educativo y rechazan la reforma jubilatoria, entre muchos otros puntos. El incentivo docente fue para los trabajadores de la educación el cierre de tres años de lucha en la Carpa Blanca, en los años 90. De allí lograron fondos federales para los docentes de todo el país, un paliativo al proceso de provincialización de las escuelas comenzado bajo la dictadura y concluido durante la presidencia de Carlos Menem.
“El Fondo de Compensación Salarial para ayudar a las provincias que no pueden pagar el salario mínimo se discontinuó: hay un proyecto nacional de deterioro de la educación pública”, afirmó López, acompañado por distintos dirigentes de Ctera, como el secretario adjunto, Roberto Baradel. “Decíamos por ejemplo que sin paritaria nacional no iba a haber más computadoras de Plan Conectar Igualdad para los chicos. No nos creían. Y no hay una sola computadora más para ningún chico”, agregó el dirigente de los maestros porteños, enumerando alguno de los derechos que perdió el sector educativo con el macrismo.
“Nosotros estamos llevando adelante en Buenos Aires una medida nacional convocada por Ctera, que no es violatoria de ninguna conciliación obligatoria porque no estuvo objetada ni intimada ni cuestionada por las autoridades”, dijo Baradel, ante el conflicto particular que tienen los docentes de la provincia de Buenos Aires, donde fue dictada una conciliación obligatoria que acataron todos los gremios, excepto Suteba, que se sumó a la medida nacional de Ctera. Baradel, titular del Suteba destacó que “el Gobierno planea eliminar todos los incentivos docentes”, que completan unos veinte millones de pesos en el marco del “ajuste fiscal para cumplir con los compromisos asumidos con el FMI”.
“La idea de este gobierno es privatizar la educación. Quieren transformarla en un bien de mercado y que deje de ser un derecho social”, aseguró Sonia Alesso, secretaria general de Ctera y del gremio docente santafesino. “Quieren transformar lo que tenemos en lo que ya existe en México o en Chile, donde la educación es un bien de mercado y ha sido un desastre”, debido a la desigualdad de oportunidades para acceder al sistema educativo.
Los maestros finalizarán la jornada de protesta hoy. Los docentes porteños y los de Buenos Aires realizarán una marcha del Congreso al Ministerio de Educación, y el 2 de agosto se reunirá la junta directiva de Ctera para evaluar las siguientes medidas en caso de no obtener respuestas de parte del gobierno nacional y de las administraciones provinciales.
La devaluación hundió los créditos UVA
La venta de inmuebles con préstamos hipotecarios cayó 25 por ciento en junio
La compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires disminuyó 11 por ciento en junio luego de la corrida cambiaria. Hubo menos escrituras que en 2010 y 2011. Las que se hicieron con préstamos indexados por inflación cayeron 25 puntos.
Las escrituras formalizadas en junio fueron un 52,7 por ciento inferiores a las de mayo.
La devaluación y la inflación castigan fuertemente la economía real. Uno de los sectores más afectados fue el inmobiliario. La compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires disminuyó 11,3 por ciento en junio, al registrarse 4588 actos escriturales, contra 5170 computados en igual mes del año pasado. La desaceleración fue en gran parte por la baja de los préstamos hipotecarios. La venta de inmuebles porteños con créditos para la vivienda retrocedió un 25 por ciento interanual. Quienes obtuvieron los créditos afrontan problemas con las cuotas debido a la suba de la inflación que impacta en el coeficiente UVA.
La caída de la compraventa de inmuebles fue del 22,2 por ciento contra mayo y en el sector aseguran que se trata de una tendencia que se mantendrá a lo largo del año. Lejos están las promesas del Gobierno en la campaña de 2015, cuando aseguró que iba terminar con el déficit habitacional e iba a entregar 1 millón de créditos inmobiliarios a tasas razonables para facilitar el acceso a la vivienda. La suba desproporcionada del tipo de cambio, que entre abril y junio pasó de 20 a 28 pesos, fue uno de los elementos claves para explicar la floja performance del sector inmobiliario. La inestabilidad con el dólar frena las decisiones de inversión en propiedades.
Los datos del colegio de escribanos porteño dejan claro la fase recesiva en la que entró el sector inmobiliario. La compraventa de inmuebles en junio (4588 operaciones) se ubicó por debajo de los registros de igual mes de 2011 (5747) y de 2010 (5613), en los que todavía no había controles cambiarios. Otro dato que muestra las tensiones del sector es que los actos escriturales firmados con hipotecas bancarias en junio no fueron mayores respecto de las anotadas en 2010, 2011 y 2012, pese a que en el acumulado del semestre de 2018 se alcanzó a duplicar las cifras registradas en esos años. Esto muestra un corte abrupto en las operaciones por efecto de la crisis cambiaria.
“En junio las escrituras formalizadas con hipoteca bancaria totalizaron 761 casos, un 25 por ciento menos que las registradas un año antes, y también descendieron un 52,7 por ciento respecto a mayo de este año. Representaron el 16,6 por ciento del total, frente al 19,6 por ciento de un año antes. La caída es más abrupta si se compara con mayo: más del 65 por ciento en apenas dos meses”, indicó el colegio de escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El pronóstico de los funcionarios sobre la revolución que iban a generar los créditos UVA para la vivienda no sólo no se cumplió sino que ahora empieza a generar problemas para los individuos que solicitaron este tipo de préstamos. Esto se debe a que las cuotas se ajustan por inflación, que en los últimos meses pasó del 22 a casi 30 por ciento interanual, cuando la meta oficial era alcanzar el 15 por ciento.
Los créditos hipotecarios tuvieron una fuerte reducción en los últimos meses por el efecto de la crisis cambiaria. En el último informe sobre bancos del BC ya empezaron a registrarse los problemas de esta línea de préstamos. “Los montos otorgados al sector privado por créditos con UVA sumaron en junio 7600 millones de pesos, reduciéndose respecto de meses anteriores”, indicó la autoridad monetaria. La caída fue de más del 40 por ciento respecto de mayo, cuando se habían otorgado cerca de 14.000 millones de pesos.
El Colegio de Escribanos precisó que los montos operados de compraventa en junio se ubicaron en 18.613 millones de pesos, con un aumento del 57,7 por ciento interanual (en línea con la devaluación) y un descenso del 7,4 por ciento contra mayo.
El ajuste llegará al 30 por ciento y comenzará a regir a partir de mañana
El incremento en la tarifa de electricidad busca seguir recortando subsidios.
El ministro de Energía, Javier Iguacel, anunciará en las próximas horas un nuevo aumento en las tarifas de electricidad de Edesur y Edenor que llegará al 30 por ciento. Hoy por la tarde tiene previsto un encuentro privado con periodistas para dar detalles y mañana podría ofrecer una conferencia de prensa, ya con la resolución publicada en el Boletín Oficial. El funcionario había dejado trascender apenas asumió que el incremento se aplicaría a partir de septiembre, pero las exigencias de ajuste fiscal que impuso el Fondo Monetario Internacional llevaron a adelantar su aplicación a agosto sin que medie audiencia pública. Es el segundo incremento en lo que va del año, pues la luz ya había aumentado otro 30 por ciento en febrero.
Cuando el gobierno de Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015 el costo de la energía mayorista para los usuarios cuya demanda de potencia no alcanza los 300 Kw (como es el caso de la demanda abastecida a través de las distribuidoras) oscilaba entre los 83 y 110 pesos por Mwh. En febrero de 2016 se fijó un nuevo precio estacional de entre 321,39 y 312,26 pesos, según fuera hora pico, resto o valle. A partir de entonces, se ha venido ajustando periódicamente y la última suba se había aplicado en diciembre con la resolución 1091 que llevó el precio a la banda 796,1 a 879,9 pesos por Mwh. Esa norma incluía en su anexo II otra actualización a partir del 1 de febrero que llevó el precio de la energía mayorista para los consumos menores a 300 Kw a una franja que va de 977,6 y 1080,5 pesos por Mwh.
En lo que va del año, el dólar subió de 19 a 28 pesos y el costo de generar energía se disparó hasta unos 2800 pesos por Mwh porque el gobierno dolarizó a comienzos de 2017 los montos que perciben los generadores por la energía eléctrica, ya sea térmica, hidroeléctrica o de otras fuentes. De este modo, cuánto más sube el dólar más pesos cuesta generar energía. Pese a ello, los precios mayoristas continuaron sin variantes desde la última actualización aplicada el 1 de febrero, pues la disposición 44 que fijó los nuevos precios estacionales en mayo mantuvo esos valores sin cambios. La diferencia entre esos 1000 pesos por Mwh promedio que pagan los consumidores y los 2800 pesos por Mwh es lo que el Estado cubre con subsidios, los cuales se incrementaron sustancialmente este invierno.
La intención del gobierno es recortar parte de esos subsidios para cumplir con las exigencias del FMI. Por eso se espera un ajuste en las tarifas que pagan los usuarios que sirva para cubrir una porción mayor del costo de la energía mayorista. Además del ajuste en el costo de la energía, también está pendiente una recomposición del ingreso que perciben transportistas y distribuidores, pues los contratos contemplan una indexación, basada fundamentalmente en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que en el primer semestre, por ejemplo, trepó 30,3 por ciento. Esa indexación está floja de papeles porque se aprobó el año pasado cuando todavía estaba vigente la ley de Emergencia Económica Nº 25.561 que la prohibía expresamente. Sin embargo, hasta el momento no hubo ninguna impugnación judicial que busque ponerle freno.
La decisión política es que la combinación de la recomposición del precio de la energía, más la actualización por inflación del componente de transporte y distribución no arroje un aumento superior al 30 por ciento. Al menos eso es lo que anticipó Iguacel, aunque habrá que ver los cuadros tarifarios para ver si la promesa se cumple.
Testigo de los errores de la autopsia
“Soy el que está más decidido”
El senador Miguel Angel Pichetto, con ganas de postularse.
El jefe del bloque de senadores del Peronismo Federal, Miguel Angel Pichetto, confirmó ayer sus aspiraciones presidenciales para 2019. “Si existe una oportunidad, voy a jugar”, dijo Pichetto en una entrevista. Aceptó que el espacio político que integra tiene otros “cuatro o cinco nombres” de aspirantes a la Casa Rosada pero que él es el que está “más decidido”.
Publicado por Martin Gauna en 9:10
Sin embargo, en un comunicado dado a conocer ayer, Wilson negó haber sido presionado y dijo que presentó la decisión al Papa el día 20 de julio ante lo que llamó su creciente preocupación por el nivel de dolor que su reciente condena había causado en la comunidad, especialmente a las víctimas de Fletcher. Su plan inicial, dijo, era esperar al proceso de apelación antes de tomar una decisión. “Sin embargo, (...) debo terminar con esto y, en consecuencia, he decidido que mi renuncia es el único paso apropiado en estas circunstancias”, aseguró el religioso. Además, Wilson dijo rezar para que su decisión “sea un catalizador para curar el dolor y la angustia” y ayudar a todos, incluyendo a las víctimas, a atravesar este momento difícil.
ACBC, la más alta autoridad católica en Australia, frente a la decisión del arzobispo dijo: “La renuncia de Wilson es el siguiente capítulo en una desgarradora historia de gente que sufrió abusos sexuales a manos de Jim Fletcher y cuyas vidas cambiaron para siempre. (...) Esta decisión podría traerles algún consuelo, pese al continuo dolor”.
La isla tendrá una nueva Constitución, y con ella, reformas profundas dentro del modelo socialista
Miguel Díaz Canel sucedió en la presidencia de Cuba a Raúl, el menor de los Castro.
Cuba se dará para sí una nueva constitución a más tardar en noviembre. Con sus propios tiempos, bajo la reafirmación del modelo socialista, pero con reformas añadidas que cambiarán bastante lo conocido hasta ahora. En materia económica, la incorporación de otras definiciones de propiedad diferentes a la estatal. La ratificación política de que el presidente no podrá superar dos mandatos consecutivos de cinco años cada uno. O en la ampliación de derechos civiles, la incorporación del matrimonio entre personas de un mismo sexo. En los hechos, las dos primeras situaciones ya se están dando. Pero la isla se rige por una carta magna de 1976 que el gobierno necesitaba actualizar. El proyecto ya se venía estudiando desde 2013 y ahora será bajado a una consulta popular para su discusión. La ley máxima del Estado pasará de 137 artículos a 224. Solo quedarán 11 vigentes de los que rigen desde hace 42 años, se modificarán 113 y se eliminarán 13.
El 22 de julio, el presidente Miguel Díaz Canel definía ante la Asamblea del Poder Popular que la reforma será “profunda” porque la constitución debía “actualizarse para que la institucionalidad se fortalezca y con ella el modelo económico y social”. Los medios extranjeros en general pusieron el foco en que se suprimirá el concepto de “comunismo” de la ley. Interpretaron que, con los cambios, Cuba renunciaría a desarrollar esa fase superior del socialismo. La respuesta a esa inferencia es una sola: “el papel rector del Partido Comunista” como lo establecerá la carta magna –y como Granma hizo trascender – no se modificará. Una síntesis de lo debatido en la Asamblea y que no tiene status de documento oficial, menciona que “el proyecto reafirma el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social”.
La fecha para la consulta popular que deberá realizarse entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre falta confirmarse. Es el requisito previo para que después el texto vuelva a la Asamblea y eventualmente se agreguen, quiten o modifiquen artículos. Cumplido este paso, la reforma volverá al poder legislativo para su análisis final.
Cuba confirmó su cronograma de cambios en un momento donde recrudece la injerencia de Estados Unidos en América Latina. El dato es insoslayable, aunque no debería computarse como una debilidad política. La isla fue sede del último Foro de San Pablo, la caja de resonancia de un antimperialismo que también crece. Y en los cambios propuestos ahora a su máxima ley – mucho más profundos que los concretados en 1978, 1992 y 2002 – la Asamblea estudió varias constituciones, pero sobre todo las de Venezuela, Bolivia y Ecuador en el continente o las de Vietnam y China en el resto del mundo.
También se tomaron en cuenta los antecedentes locales de 1940 y 1959, el año de la Revolución. Cuba atravesó el siglo XIX con varias constituciones mambisas. La primera intervención de Estados Unidos interrumpió la vigencia de la votada en 1897. Apenas duró un año. Incluso en 1901 el gobierno de la isla incorporó la enmienda Platt a su carta magna bajo presión de EE.UU. Esta le permitía intervenir a la potencia vecina “para la conservación de la independencia cubana”. De eso ya no se habla porque parecería prehistórico. Pero condicionó las décadas posteriores y todavía conserva un símbolo muy fuerte: la base ilegal de Guantánamo ocupada desde 1898, cuando Estados Unidos le declaró la guerra a España e invadió Cuba.
El proyecto de constitución cerró una tarea de cinco años que comenzó Raúl Castro cuando creó un grupo de trabajo, allá por 2013. No es un texto coyuntural. Articula cambios en vías de consolidación que no aparecían en la ley, como las nuevas formas de propiedad privada y el reconocimiento del papel del mercado. “Cuba pasará a ser un estado socialista de derecho”, un concepto novedoso. Pero a lo que aspira su presidente Díaz Canel, es que después de la consulta popular se fortalezca “la unidad de los cubanos en torno a la Revolución” como afirmó el 22 de julio en el Palacio de las Convenciones. Dos meses antes, en el mismo escenario, había sido votado presidente para suceder a Raúl Castro.
Cuando intervino ante la Asamblea, el secretario del Consejo de Estado Homero Acosta se preguntó: “¿Ha cambiado el modelo socialista cubano? No ha cambiado en sus principios. Los conceptos fundamentales de nuestro socialismo están ahí… El papel del partido Comunista, de la economía estatal, de la propiedad socialista siguen incólumes. Pero sí se necesita hacer una transformación”.
La nueva constitución –señaló el sitio Cubadebate– “al definir los diferentes tipos de propiedad que pueden coexistir en la economía (socialista de todo el pueblo; cooperativa, mixta; de las organizaciones políticas, de masas y sociales; privada y personal), reconoce que pueden existir otras, así como que el Estado va a estimular aquellas de carácter más social”. La nueva constitución generó coincidencias desusadas en Cuba y en el exterior sobre la incorporación de derechos civiles. La principal fue sobre el matrimonio igualitario ya que el texto dejará de decir “entre un hombre y una mujer” y señalará “entre dos personas”.
La constitución renovada modificará también a las autoridades provinciales. Dejarán de existir las asambleas del Poder Popular y se establecerá el cargo de gobernador y un consejo a ese nivel del Estado. En materia de política exterior, Cuba ratificará los principios con que se rigió hasta hoy e incorporará otros: entre los nuevos, la multipolaridad en las relaciones entre los Estados, más la protección y conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Y mantendrá su habitual “condena al imperialismo, al fascismo, al colonialismo o neocolonialismo en cualquiera de sus manifestaciones”.
La salud pública como un derecho de todas las personas y la educación gratuita “desde prescolar hasta la enseñanza universitaria de pregrado” continuarán como hasta ahora bajo el programa de economía planificada del estado socialista cubano. Díaz Canel no podrá seguir en el gobierno más allá de 2028 y quien lo suceda deberá cumplir un requisito que señalará la constitución: no podrá superar los sesenta años.
GRUPO DE DIRIGENTES DEL FRENTE DE LA VICTORIA COMPARTIERON JORNADA CON VECINOS DEL BARRIO ACA
La jornada del sábado último fue el día elegido por un grupo de dirigentes de la agrupación justicialista, para compartir con vecinos del barrio parte del día. Allí, en el domicilio del señor Antonio Troche, pudieron tener un contacto directo con los habitantes de dicho lugar.
En esta ocasión, se aprovechó para compartir un almuerzo y dicho momento sirvió para que representantes del pueblo, como el caso del concejal Nicolás Cabral- presente el lugar- recibiera un pormenorizado informe de las necesidades imperantes en un barrio que en los últimos tiempos tuvo un crecimiento exponencial en cuanto a la población residente.
Además del almuerzo compartido, también se brindó el servicio gratuito de peluquería, siendo muy bien recibido especialmente por los niños y jóvenes ante el inminente reinicio del ciclo lectivo, luego de las vacaciones de invierno.
Tanto el concejal Cabral como el dirigente anfitrión Antonio Troche y otros como el ex delegado de Anses Ramón Cáceres y el grupo de dirigentes llegados al lugar, escucharon atentamente el cuadro de situación de las familias del lugar y expresaron su preocupación ante los graves problemas económicos y sociales que vive el país producto de las medidas de ajuste que se implementan por parte del gobierno nacional.

References: artículo 65
 artículo 23
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 6
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