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Timestamp: 2018-04-20 17:52:48+00:00

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Category Archives:Administrativo
– Procedimientos iniciado por el interesado
La falta de resolución por parte dela Administración del procedimiento iniciado por el interesado supone el carácter positivo de la resolución (silencio positivo), salvo cuando la estimación suponga la concesión de un servicio público, la impugnación de actos, etc.
– Procedimientos iniciados de oficio por la Administración
Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
El plazo para interponerlo es de 1 mes en el caso de actos administrativos expresos y de 3 meses en el caso de actos presuntos.
Transcurrido este plazo sólo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, si procede, el recurso extraordinario de revisión.
El Recurso de Alzada se interpone contra actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa.
Debe dirigirse al órgano superior jerárquicamente del que dictó el acto o resolución que se recurre, aunque puede presentarse ante el órgano que dictó la resolución, o directamente ante el superior.
Están legitimados para interponer el recurso de alzada los interesados en el acto administrativo, esto es:
El plazo máximo que tiene la Administración para tramitar y resolver el recurso de alzada será de 3 meses.
Si transcurrido este tiempo no recae resolución, el recurso se entenderá desestimado por silencio administrativo.
Acto realizado por una Administración con consecuencias en efectos jurídicos para el particular, y que requieren para su validez motivación del mismo, competencia del órgano que lo dicte, y que se ajuste al procedimiento establecido legalmente.
Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
Será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.
Elementos objetivos para la responsabilidad patrimonial de la administración
– Funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
– Producción de un daño.
– Relación de causalidad entre la acción u omisión administrativa y el perjuicio causado.
Los procedimientos de responsabilidad patrimonial contra la Administración pueden iniciarse “de oficio” o por reclamación de los interesados.
Prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial de la administración
La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa por lo que contra la misma es posible interponer Recurso de Reposición, o Recurso Contencioso-Administrativo. Si no recae resolución expresa, la solicitud de indemnización debe entenderse desestimada por silencio administrativo.
Los recursos administrativos suponen una garantía para el ciudadano, permitiéndosele a través de los mismos alegar o discutir la validez u oportunidad de un acto o conducta administrativa ante la propia Administración autora de ese acto. Así mismo, los recursos administrativos tienen una finalidad garantista, esto es, el recurso administrativo aparece como un privilegio de la Administración, pues con este filtro puede retrasar en su favor el enjuiciamiento por los Tribunales de sus actos y conductas.
– Recurso de Reposición
– Recurso Extraordinario de Revisión
– De oficio por Administración por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
– A solicitud del interesado que contenga nombre y apellidos del interesado o de su representante así como del lugar que se designa a efectos de notificaciones, hechos, razones y petición que se formula en la solicitud, el lugar y fecha, firma del solicitante y el órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
Diez días para subsanación, sino se considerará desistido.
Es impulsado de oficio por la Administración. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación del correspondiente acto.
El órgano que instruya puede cuantos actos considere necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.
El interesado puede formular alegaciones y presentar los documentos que estime oportunos.
Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. Sólo podrán rechazarse las pruebas propuestas por los interesados que sean improcedentes o innecesarias y siempre mediante resolución motivada.
Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados.
– Por acuerdo entre las partes
– Por Resolución motivada, congruente con las peticiones formuladas, que contemple todas las cuestiones planteadas, y que señale los recursos de que es susceptible.
– Por desistimiento del interesado
– Por caducidad del procedimiento.
Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos.
Si el interesado no lo hace, la Administración puede proceder a la ejecución forzosa a través de diversos mecanismos.
Las Administraciones Públicas son: • La Administración General del Estado. • Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. • Las Entidades que integran la Administración Local. • Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia que dependan de cualquiera de las Administraciones Públicas también serán consideradas como Administración Pública.
Los ciudadanos están obligados a facilitar ala Administración informes, inspecciones y otros actos de investigación sólo en los casos previstos por la Ley.
Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos ala Administración actuante.
La Obligación de resolver de la Administración
La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo máximo en el que la Administración debe comunicar la resolución, viene determinado en cada caso concreto, sin que se pueda superar los 6 meses. Si no se regula el plazo máximo de resolución, éste será de 3 meses.
– Infracciones Leves a6 meses
– Infracciones Graves a 2 años
– Infracciones Muy Graves a 3 años
– Sanciones Leves a 1 año
– Sanciones Graves a 2 años
– Sanciones Muy Graves a 3 años

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