Source: http://lamiradadeunaletrada.blogspot.com.es/
Timestamp: 2017-06-25 07:04:10+00:00

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En muchas ocasiones, las decisiones
respecto a donde van a vivir nuestros progenitores cuando sean mayores o se
conviertan en personas dependientes, si en una residencia o en el domicilio de
un hijo, y en cualquiera de los casos, quien va a hacerse cargo de los gastos
de su cuidado, genera conflictos entre los hijos. Las consideraciones morales
de cada uno muchas veces no coinciden, y cuando se ha de tomar una decisión de
forma inminente, este desacuerdo acaba desembocando en una situación de
conflicto en la que prevalece la decisión de uno, que normalmente asume las
consecuencias y costes que ello conlleva. El supuesto que resuelve nuestro Tribunal
Supremo nace por la decisión de uno de los hijos de asumir los gastos de una
residencia geriátrica donde estaba interna su madre, ejerciendo posteriormente
una acción de reembolso frente a su hermano, reclamando el 50% de los gastos
abonados por él. A pesar de que el Juzgado de Primera
Instancia Nº 1 de Getxo y la Audiencia Provincial de Bizkaia estimaron su
petición, y condenaron a su hermano a pagarle la mitad de esos gastos, que
ascendían a la cantidad de 22.507,76 Euros, el Tribunal Supremo resuelve en
sentido contrario en su Sentencia, de fecha 7 de Marzo de 2.017.
Así, nuestro Alto Tribunal establece que
la acción de repetición “nace de un auxilio económico prestado por uno solo
de los hermanos que a ambos incumbe”, pero no se realiza por cuenta ajena,
es decir, el pago lo realiza uno de los hijos de forma voluntaria en beneficio
de su madre, y sin perjuicio de las consideraciones morales que se puedan tener
respecto a esta cuestión, y sobre la posición del otro hijo que se niega a
contribuir con esos gastos, lo cierto es que éste no adeuda a su madre
alimentos que han sido efectivamente satisfechos por el otro hijo. En este sentido se afirma que “la deuda
contraída era propia (refiriéndose al hijo que abonó todos los gastos), como es
la de prestar alimentos a su madre, en la forma que mejor le convenía, en este
caso mediante ingreso de su madre en la residencia”, faltando por tanto un
requisito esencial para que prosperase la acción de reembolso, “el pago de
una deuda ajena”. Se entiende, por tanto, que la deuda del hijo era propia
en la medida en que llevó a su madre por iniciativa propia a la residencia y
asumió de forma voluntaria la deuda sin comprometer a su hermano.
Cuestión distinta es la obligación de los
dos hijos de prestar alimentos a su madre, para lo que es necesario que ella
los reclame judicialmente, como posteriormente hizo en el presente supuesto,
existiendo una resolución que obligaba a ambos hijos al pago de los gastos para
el sostenimiento alimenticio de su madre (gastos de alojamiento, manutención y
asistencia en la residencia).
Por lo tanto, es importante que este tipo de decisiones se tomen de común
acuerdo entre los hijos, ya que la decisión unilateral de uno de ellos implica
que deba ser éste el que tenga que asumir los gastos que se ocasionen. Pero, ¿y
si no hay posibilidad de acuerdo?, entonces para evitar este tipo de situaciones,
los progenitores tienen que iniciar un procedimiento para reclamar alimentos a
sus hijos, de forma que se establezca a través del juzgado su obligación a
prestarlos de conformidad con las necesidades de los padres y de acuerdo a las
posibilidades de quien tiene obligación de darlos.
accion de reembolso,
gastos alimenticios,
Después de que el pasado mes de Julio, el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolviera en una Sentencia que la
prestación por maternidad abonada por la Seguridad Social está exenta de
tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de que
meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminase
justamente lo contrario en un supuesto similar, estableciendo que esta
prestación debe tributar en la declaración de la renta, estando solo exentas
las prestaciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el
Tribunal Económico Administrativo Central se ha pronunciado. Recientemente conocíamos la resolución, de
fecha 2 de Marzo, en la que este Tribunal daba la razón a la Agencia Tributaria
al entender que “una interpretación finalista de la norma nos debe llevar
a la misma conclusión; en efecto, hay que tener presente que la prestación de
maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir a
la retribución normal (no exenta de IRPF) que obtendría la contribuyente por su
trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente
permiso. La causa real de concesión de estas prestaciones no es, por tanto, la
maternidad en sí misma considerada como una finalidad a proteger, sino la
suspensión de la relación laboral que origina la situación de maternidad, y que
se da igual en los casos de maternidad y adopción que en los demás previstos en
la norma para el cobro de otras prestaciones, como el acogimiento, la
incapacidad temporal por accidente o enfermedad o el riesgo para el embarazo:
el fundamento de la prestación es la suspensión del contrato de trabajo y no
por la causa (la maternidad) que origina dicha suspensión”. Añadiendo a
continuación que “las prestaciones públicas por maternidad a cargo de
otros entes distintos de la Seguridad social, son meras liberalidades a favor
del beneficiario en una situación que nuestro ordenamiento ha considerado que
merece una especial protección”.
En este sentido, la resolución afirma que “el
distinto trato tributario de las prestaciones por maternidad de la Seguridad
social respecto a las prestaciones por maternidad satisfechas por los demás
Entes Públicos, no es algo caprichoso sino que obedece a la distinta naturaleza
de las prestaciones, lo que justifica ese trato fiscal diferenciado”. Es evidente que la resolución del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid abrió la puerta a cientos de reclamaciones en
vía administrativa, que siendo desestimadas por la Agencia Tributaria han sido
recurridas ante el Tribunal Económico Administrativo correspondiente, llegando
finalmente al Tribunal Económico Administrativo Central, que a través de esta
resolución unifica el criterio respecto a los distintos pronunciamientos
llevados a cabo por varios Tribunales Económico Administrativo regionales. Así,
el criterio fijado confirma que la prestación por
maternidad pagada por la Seguridad Social no está prevista en la normativa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como renta exenta del Impuesto
en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre .
Con esta resolución se confirma el rechazo
en vía administrativa de todas las reclamaciones de los contribuyentes que
hayan solicitado o tengan intención de hacerlo, la devolución de ingresos
indebidos a la Agencia Tributaria, sin embargo esto no quiere decir que una vez
agotada la vía administrativa, si el contribuyente acude a la vía judicial no
vaya a obtener un resultado positivo. Es muy probable que ante la existencia de Sentencias contradictorias
respecto a este asunto, y las que puedan ser dictadas en un futuro, pronto
tenga que pronunciarse el Tribunal Supremo para unificar doctrina y aclarar de
una vez por todas si nos encontramos ante una renta exenta o no en el Impuesto
Hace apenas unos días se daba a conocer una Sentencia
del Tribunal Supremo en la que se condena a un periódico a indemnizar con
15.000 euros a un hombre por publicar su fotografía para ilustrar una noticia
de la que era protagonista, al haber sido agredido por su hermano con un arma
de fuego. A través de las redes sociales es posible obtener
información prácticamente de todo el mundo, y en muchas ocasiones los medios de
comunicación utilizan fotografías obtenidas de perfiles públicos para que los
lectores pongamos cara a los protagonismo en la
noticia. Pues bien, la Sala Primera de lo Civil del Tribunal
Supremo ha establecido que para realizar este tipo de actuaciones es necesario
el consentimiento expreso de la persona, ya que de lo contrario supone una
intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen. En este sentido, el Alto Tribunal establece que “en
la cuenta abierta en una red social en Internet, el titular del perfil haya
“subido” una fotografía suya que sea accesible al público en general, no
autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el
consentimiento del titular, porque tal actuación no puede considerarse una
consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un
perfil público de una red social en Internet. La finalidad de una cuenta
abierta en una red social en Internet es la comunicación de su titular con
terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener acceso al contenido
de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda publicarse la
imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación”.
Podría pensarse que cuando alguien tiene un perfil en
una red social abierto al público y permite que toda la información e imágenes
que sube sea vista por todo el mundo sin restricciones, está dando un
consentimiento implícito al uso de las mismas, sin embargo el Tribunal afirma
en su sentencia que “el consentimiento del titular de la imagen para que el
público en general, o un determinado número de personas, pueda ver su
fotografía en un blog o en una cuenta abierta en la web de una red social no
conlleva la autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o
divulgarla de una forma distinta, pues no constituye el «consentimiento
expreso» que prevé el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1.982, de
protección de derecho al honor y la propia imagen, como excluyente de la
ilicitud de la captación, reproducción o publicación de la imagen de una
persona. De igual modo, el Alto Tribunal afirma que “tener una
cuenta o perfil en una red social en Internet, en la que cualquier persona
puede acceder a la fotografía del titular de esa cuenta, supone que el acceso a
esa fotografía por parte de terceros es lícito, pues está autorizada por el
titular de la imagen. Supone incluso que el titular de la cuenta no puede
formular reclamación contra la empresa que presta los servicios de la
plataforma electrónica donde opera la red social porque un tercero haya
accedido a esa fotografía cuyo acceso, valga la redundancia, era público. Pero
no supone que quede excluida del ámbito protegido por el derecho a la propia
imagen la facultad de impedir la publicación de su imagen por parte de
terceros, que siguen necesitando del consentimiento expreso del titular para
poder publicar su imagen”. Por
lo tanto, cualquier medio o entidad que utilice una imagen de otra persona debe
de tener un consentimiento expreso del protagonista, aunque la jurisprudencia
no requiere que sea formal o escrito, pero sí que sea inequívoco, sin
ambigüedad o dudoso.
derecho a la propia imagen,
perfil publico,
El propio Tribunal Supremo reconoce en su resolución que “quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista”, por lo tanto aquellas cláusulas que imponen a los clientes todos los gastos de formalización de hipotecas, son abusivas, abriendo la puerta a las reclamaciones de estos gastos a miles de consumidores que tienen en su hipoteca una cláusula similar. ¿Quiénes pueden reclamar y en qué plazo? Pueden reclamar aquellas personas que continúan pagando su hipoteca al día de hoy, pero también aquellas que ya la han finalizado en los cuatro años anteriores a la fecha de la Sentencia del Tribunal Supremo, es decir, aquellos que la acabaron de pagar después de 23 de Diciembre de 2.011. El plazo para reclamar el pago de estos gastos es de cuatro años a contar desde el día en que se dictó la Sentencia, por lo que finalizará el próximo 24 de Diciembre de 2.019.
Por su parte, el Juzgado de Granollers (Barcelona) dictó recientemente una Sentencia en la que condenaba a la entidad bancaria a devolver los 3.371 Euros que correspondían a gastos notariales e impuestos derivados del préstamo hipotecario, al entender que debían de asumirlos ambas partes de forma equitativa. De todos los gastos que se pueden reclamar, quizás el más controvertido y el que ha generado más polémica es el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al existir distintas interpretaciones sobre quién es el sujeto pasivo del mismo, aunque mayoritariamente se sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo en su resolución. Muy probablemente, como ocurrió con la cláusula suelo, tenga que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien acabe pronunciandose sobre esta cuestión, aunque me temo que esta resolución tardará algunos años.
En primer lugar se ha de presentar una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente del Banco o Entidad con quien se contrató la hipoteca, o si posteriormente hubo una fusión, con la Entidad que absorbió a aquella. Una vez que transcurren dos meses desde que se presenta la reclamación, y no se ha obtenido una respuesta o ésta es negativa, es necesario acudir a la vía judicial e interponer la correspondiente demanda solicitando que se declare abusiva la cláusula que aparece en nuestra hipoteca y condene a la entidad bancaria a la restitución de los gastos que fueron abonados, como consecuencia de esa cláusula, los cuales deben de estar perfectamente documentados con sus correspondientes facturas. La recomendación de las asociaciones de consumidores y de la abogacía es la misma, cualquier consumidor que quiera iniciar los trámites para reclamar estos gastos debe de asesorarse, y en ningún caso firmar ningún documento que proponga el banco o entidad sin que un profesional lo revise antes y le asegure que está bien, ya que desgraciadamente nos encontramos con clientes que acuden al despacho con documentos confeccionados unilateralmente por los bancos en los que aprovechando que se firma un determinado acuerdo, se incluyen cláusulas en las que el cliente renuncia a otro tipo de acciones y reclamaciones. Y acabo citando a Jose Muelas Cerezuela, Abogado y Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, que en una frase recoge perfectamente el temor de los abogados sobre este tema y sobre las cláusulas suelo, refiriéndose a los bancos y entidades: “ellos van a tratar de impedir que un abogado revise tu hipoteca, a ellos les conviene, a ti no” Publicado por
actos juridicos documentados,
Cuando pensamos en aquellos que imparten justicia, pensamos en profesionales que ejercen su labor con la máxima independencia. Esta es la única manera de que el Estado de Derecho funcione de verdad, y la conocida por todos división de poderes no se distorsione, evitando que uno pueda controlar a otro. ¿Esto es realmente así?. En el año 2.010, más de 1.500 jueces apoyaron un manifiesto por la “despolitización y la independencia del poder judicial”, en el que se reconocía que la independencia de nuestra justicia estaba en serio peligro. Para velar por la independencia del Poder Judicial, nuestra Constitución prevé la existencia de un órgano de autogobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cuenta con competencias en materia de ascensos, destinos, sustituciones, sanciones de nuestros jueces, etc. Pero además, este órgano influye en otras instituciones y organismos, ya que no solo tiene la facultad para proponer reformas legislativas, sino que también participan en el nombramiento del Fiscal General del Estado, de los Magistrados del Tribunal Constitucional, Magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y de sus salas, Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, Presidentes de las Audiencias Provinciales, etc. Todos ellos, nombramientos que se realizan de forma discrecional sin que ni siquiera sea obligatorio motivación alguna. Si casi la mitad de los miembros de la carrera judicial alzan su voz, necesariamente hace que nos cuestionemos “¿este órgano no funciona? ¿dónde está el peligro?”. Inicialmente, los miembros del CGPJ eran elegidos por los propios jueces, hasta que en 1985, como consecuencia de una modificación de la ley, la clase política se hizo con el control del órgano de gobierno de los jueces, y sus 20 miembros comenzaron a ser designados por el Congreso y Senado, por mayoría de tres quintos. Si bien es cierto que la ley establece que los elegidos serán abogados o juristas de reconocida competencia, y con más de 15 años en el ejercicio de su profesión, lo que no dice y parece lógico pensar, y así lo demuestra la experiencia de estos años, es que el color que mayoritariamente tenga en ese momento la cámara va a ser el mismo que defienda el profesional designado. De esta forma, a través de estas designaciones, la clase política elige el color que va a tener el núcleo del poder judicial, e indirectamente también el color que van a tener los magistrados de los máximos órganos judiciales, lo que resulta realmente peligroso si tenemos en cuenta los intereses económicos, políticos y sociales que giran en torno a un procedimiento judicial. Es evidente que toda persona, con independencia del trabajo que desempeñe, tiene una ideología o un color político, sin embargo es fundamental evitar que quien realiza una labor tan importante para la sociedad, quien imparte justicia, pueda hacerlo debiendo a un determinado partido político su nombramiento, maxime cuando es muy posible que ese profesional tenga que decidir sobre cuestiones que afecten al partido que previamente le colocó en ese lugar. Sobre esta cuestión, el propio Tribunal Constitucional se pronunció en una famosa sentencia de 1986 en la que advertía que el modelo de designación de los miembros del CGPJ entraña el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la Constitución, si las Cámaras elegían a los vocales con finalidades distintas a las del bien común, lo que para muchos fue una forma de pasar de puntillas y no declarar la norma como inconstitucional. A día de hoy, esta situación ha ido deteriorando nuestro sistema judicial, hasta el punto de que la Comisión Europea situó a España en el cuarto lugar con la percepción de la independencia judicial más baja y el Word Economic Forum, una fundación internacional sin ánimo de lucro, situó a nuestro país por detrás de Nambia, Malawi o Gambia. Las dudas sobre la imparcialidad de algunos jueces han aumentado en la misma proporción que los casos de corrupción política en nuestro país. Basta leer los titulares de los últimos años para darnos cuenta de que hay jueces y magistrados que han ejercido su labor de forma rigurosa y con libertad, ajenos a las presiones, y han salido mal parados por ello, y otros sobre los que planea la sombra de la sospecha.
Por supuesto, los jueces no forman parte de la clase política, y tienen que poder ejercer su actividad profesional con estrictos criterios legales, al margen de presiones, intereses políticos, económicos y sociales, por lo que el sistema tiene que fijar los mecanismos oportunos para que nadie pueda influir en esta labor, y es que si no se extreman las precauciones, puede darse la paradoja de que un político pueda llegar a decidir quien le investiga, ya que el Consejo General del Poder Judicial está facultado para sustituir a un juez por otro. La independencia del poder judicial es la única manera de que los ciudadanos tengan una justicia de calidad e igual para todos, y para ello es necesario un procedimiento de nombramiento claro, transparente y libre de presiones e influencias, en el que los criterios de nombramiento no tengan que ver con el color político, sino que sean criterios objetivos y preestablecidos, como las calificaciones y los méritos, basados en la integridad y capacidad profesional. Es evidente que el sistema actual no funciona, y además pone en peligro los derechos civiles, por lo que es necesaria una inminente reforma que convierta al Consejo General del Poder Judicial en incoloro y seguro, reforma que a pesar de ir incluido en todos los programas políticos cada legislatura, no entusiasma a ningún partido, pero sí interesa a todo ciudadano que quiere que la ley sea igual para todos. Mi última colaboración con la revista SEDE dedicada en eta ocasión a "colores", os invito a leer el resto de contenidos.

References: resolución 
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 artículo 7
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