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Timestamp: 2018-07-21 11:58:56+00:00

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Amparo directo - González Cancino
Amparo directoGC2018-07-16T23:01:39+00:00
Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al procedimiento
Violaciones procesales que trascienden al fondo
Aplicaciones de normas generales en la sentencia definitiva
Vías del juicio de amparo
En términos del artículo 107 constitucional, existen dos vías principales y una accesoria para tramitar el juicio de amparo dependiendo cuál es el acto reclamado.
La primera vía principal es el amparo directo y, la segunda, el indirecto. Por último, existe el amparo adhesivo, que es accesorio del directo.
Cabe señalar que, a nivel convencional, la tramitación del juicio de amparo se realiza mediante una vía única.
Las fracciones III, V y VI del artículo 107 constitucional regulan al amparo directo:
d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado;
XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión.
Los objetos de impugnación del juicio de amparo directo son:
1. Sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio.
2. Violaciones procesales que trascienden en el resultado del fallo.
3. Aplicación de normas generales.
1. Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio
El artículo 170 fracción I de la Ley de Amparo define el concepto de sentencia definitiva y laudo de la siguiente forma: “Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal […]”
Asimismo, las resoluciones que ponen fin al juicio están definidas como “ […] las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.”
Para acceder al juicio de amparo directo, es necesario agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en ley. La excepción a esta regla se actualiza cuando la propia ley de la materia permite la renuncia de los recursos.
Por recurso ordinario se entiende aquel medio de defensa que se habilita antes de que la sentencia tenga la calidad de cosa juzgada (Caso Mohamed vs Argentina, 2012):
2. Violaciones procesales que trascienden en el resultado del fallo
El siguiente objeto de impugnación del juicio de amparo directo está constituido por las violaciones procesales que trascienden en el resultado del fallo.
Este objeto de impugnación es accesorio, en el sentido de que depende de la impugnación de la sentencia definitiva o laudo. En otras palabras, en el amparo directo no se puede impugnar una violación procesal que trascienda en el resultado del fallo o laudo, si es que no se impugna al mismo tiempo la sentencia definitiva o laudo.
Por lo tanto, en estos casos deberán expresarse conceptos de violación tanto con respecto a la violación procesal como con respecto a la sentencia o laudo.
¿Qué es una violación procesal?
Las violaciones procesales se refieren a las transgresiones a las normas adjetivas (en contraposición a las normas sustantivas).
Cabe señalar que no todas ellas pueden reclamarse a través del juicio de amparo directo, sino únicamente aquellas que repercutan en el sentido de la sentencia definitiva o laudo.
En los artículos 172 y 173 de la Ley de Amparo, el legislador calificó algunas violaciones procesales como trascendentes:
Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:
Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:
I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez actuante o se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley;
II. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta al juez que deba intervenir;
III. Intervenga en el juicio un juez que haya conocido del caso previamente;
IV. Habiéndolo solicitado no se le caree, en presencia del juez, en los supuestos y términos que establezca la ley;
V. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de manera pública, contradictoria y oral;
VI. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones;
VII. El juzgador reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra;
VIII. No se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio;
IX. El imputado no sea informado, desde el momento de su detención, en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el juez, de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten;
X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley;
XI. El imputado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, salvo cuando se trate de los casos de excepción precisados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XII. No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando el primero esté detenido o se pretenda recibirle declaración o entrevistarlo;
XIII. No se respete al imputado el derecho a contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso;
XIV. En caso de que el imputado no hable o entienda suficientemente el idioma español o sea sordo o mudo y no se le proporcione la asistencia de un intérprete que le permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, o que tratándose de personas indígenas no se les proporcione un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura;
XV. No se cite al imputado para las diligencias que tenga derecho a presenciar o se haga en forma contraria a la ley, siempre que por ello no comparezca, no se le admita en el acto de la diligencia o se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga; XVI. Debiendo ser juzgado por un jurado, no se integre en los términos previstos en la ley o se le juzgue por otro tribunal;
XVII. Se sometan a la decisión del jurado cuestiones de índole distinta a las señaladas por la ley;
XVIII. No se permita interponer los recursos en los términos que la ley prevea respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan indefensión;
XIX. Al dictarse una sentencia definitiva absolutoria o un auto que se refiera a la libertad del imputado no se hayan respetado, entre otros, los siguientes derechos de la víctima u ofendido del delito:
a) A que se le proporcione asesoría jurídica y se le informe tanto de los derechos que le asisten como del desarrollo del procedimiento penal;
b) A coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente tanto en investigación como en el proceso y a que se le permita intervenir en el juicio;
c) Al resguardo de su identidad cuando sean menores de edad o por delitos de violación, secuestro, delincuencia organizada o trata de personas y cuando a juicio del juzgador sea necesaria su protección, salvo que tal circunstancia derive de la debida salvaguarda de los derechos de la defensa; y
d) A solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos;
XX. Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad haya sido establecido expresamente por una norma general;
XXI. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de vinculación a proceso, el quejoso hubiese sido sentenciado por diverso delito. No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la investigación, siempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de vinculación a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio;
XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo.
Es de subrayarse que, con respecto a las violaciones procesales que transcienden en el sentido del fallo también opera el principio de definitividad en términos del inciso a) de la fracción III del artículo 107 constitucional:
De lo anterior resulta que el principio de definitividad opera, en el contexto del amparo directo, respecto de dos objetos de impugnación: el primero de ellos, la sentencia definitiva o laudo; y el segundo, la violación procesal que trasciende en el fallo.
3. Aplicación de normas generales
El último objeto de impugnación del amparo directo está constituido por la aplicación de normas generales en la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio.
Aquí conviene precisar que no se impugna la norma jurídica general, sino su aplicación.
La diferencia se aprecia mejor si se consideran las consecuencias de la sentencia de amparo: cuando se impugna la norma jurídica general (por medio del amparo indirecto) el resultado es que el quejoso queda protegido respecto de la norma jurídica y su aplicación, tanto en el caso concreto que originó la demanda, como para el futuro, mientras que la impugnación realizada en el amparo directo únicamente tiene por efecto proteger al quejoso de la aplicación concreta que realizó el órgano jurisdiccional, de tal suerte que, si posteriormente se le vuelve a aplicar la norma jurídica general, deberá promover otro juicio de amparo.
Esa es la razón por la cual, en el capítulo correspondiente a la demanda de amparo, en la fracción IV del artículo 175 de la Ley de Amparo, se señala que la norma general aplicada no se señalará como acto reclamado y únicamente se expresarán conceptos de violación en contra de ella:
Artículo 175. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán:
Ahora bien, es relevante señalar que la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación puede ser impugnada por esta vía, en virtud de que es una norma jurídica general aplicada por órganos jurisdiccionales. Confirma lo anterior el hecho de que el artículo 175 de la Ley de Amparo no la excluye, pues abarca a toda norma general.
La aplicación de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación puede ser impugnada mediante el juicio de amparo directo, toda vez que tiene calidad de norma jurídica general.
En este apartado se abordarán los aspectos más relevantes de la tramitación del juicio de amparo directo.
En relación con el plazo para interponer la demanda de amparo, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente:
III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.
En cuanto a la forma de iniciar el cómputo del plazo para la promoción de la demanda de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación ha establecido, de manera errónea, el siguiente criterio:
DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.
Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia por contradicción. Contradicción de tesis 57/2008-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 22 de junio de 2010. Mayoría de siete votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5. No. de registro: 163172
Si bien es cierto que esta jurisprudencia fue creada con la anterior Ley de Amparo lo cual es razón suficiente para que pierda vigencia por el principio de subordinación, la realidad es que los tribunales la siguen aplicando.
El primer aspecto que habría que resaltar de esta jurisprudencia es que la misma es anticonstitucional.
A efecto de apreciar la anticonstitucionalidad de la contradicción de tesis 57/2008-PL aquí transcrita, conviene recordar los distintos tipos de problemas jurídicos que existen. A continuación se hace referencia a las palabras de Neil Mac-Cormick, citado por Manuel Atienza:
En general, cabría decir que existen cuatro tipos de problemas jurídicos (Mac-Cormick, 1978, cap.IV):
4. Problemas de calificación, cuando existen dudas sobre si un determinado hecho que no se discute cae o no bajo el campo de aplicación de un determinado concepto contenido en el supuesto de hecho de la norma; por ejemplo: ¿puede calificarse la alimentación forzada de los presos GRAPO como un caso de «tortura»o «trato inhumano o degradante», según el sentido que tienen estos términos en el artículo 15 de la Constitución? (Atienza, 2003, p. 129)
Ahora bien, en términos del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Judicial de la Federación única y exclusivamente puede crear jurisprudencia para resolver problemas de interpretación, es decir, aquellos relativos al significado de las disposiciones jurídicas.
Artículo 94[…]
Para delimitar los alcances de la labor interpretativa, conviene citar a Wróblewski (2001, p. 22), quien señala que interpretar significa la “determinación de un significado de una expresión lingüística cuando existen dudas referentes a este significado en un caso concreto de comunicación.”.
Debe considerarse que la jurisprudencia constituye una excepción al principio de división de poderes, pues la jurisprudencia es una verdadera norma jurídica general. En relación con este punto, incluso la Ley de Amparo prohíbe la aplicación retroactiva de la jurisprudencia y eso denota su generalidad y abstracción, pues solamente cabe hablar de retroactividad cuando se trata de normas generales y abstractas. (Véase la prohibición de retroactividad del artículo 14 constitucional: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.”)
Debido a que la jurisprudencia es una norma jurídica general y abstracta, debe interpretarse y aplicarse de forma estricta, pues de lo contrario se vulnera el principio de división de poderes del artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Una vez aclarados cuáles son los alcances constitucionales de la jurisprudencia, conviene señalar que la Contradicción de Tesis 57/2008-PL no resuelve un problema de interpretación, sino un problema jurídico de relevancia.
Lo anterior es así, en virtud de que la Contradicción de Tesis 57/2008-PL no tiene como finalidad la interpretación(tanto el artículo 18 de la Ley de Amparo como su equivalente en la anterior, el artículo 21, son claros y no requieren de labor interpretativa), sino más bien establecer una solución a un problema de relevancia.
Artículo 21.- El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.
Como se aprecia a partir de la transcripción, el texto de los preceptos legales es claro y no genera dudas, por lo tanto no debe realizarse interpretación alguna. En este caso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación excedió las facultades que le fueron otorgadas para crear jurisprudencia, pues el artículo 94 constitucional faculta para crear jurisprudencia únicamente si existen problemas de interpretación y no problemas de relevancia ─que son distintos─. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de forma incorrecta el problema de relevancia, pues incurrió en un grave error: pasó por alto los distintos tipos de actos reclamados impugnables por medio del juicio de amparo.
A grandes rasgos, en el juicio de amparo pueden reclamarse los siguientes tipos de actos:
1. Normas generales, como leyes, reglamentos y tratados internacionales, entre otros.
2. Actos materiales, a saber: azotes, actos de tortura y marca, entre otros, prohibidos por el artículo 22 constitucional.
3. Actos jurídicos, por ejemplo sentencias y resoluciones administrativas, entre otros.
Teniendo en cuenta los distintos tipos de actos reclamados, es posible identificar la forma correcta de computar el plazo para interponer la demanda de amparo.
El artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos distintos para iniciar el cómputo del plazo para interponer la demanda:
A partir del día siguiente a aquel en que surta efecto, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o de la resolución al quejoso.
A partir de aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.
A partir del día en que entre en vigor.
Así , resulta evidente que cada uno momentos establecidos por el artículo 18 de la Ley de Amparo para iniciar el cómputo del plazo resultan aplicables a cada uno de los diferentes tipos de actos reclamados, de la siguiente forma:
Cabe resaltar que la forma de aplicar el artículo 18 de la Ley de Amparo que aquí se presenta es la exigida por la garantía fundamental prevista en el artículo 14 constitucional, la cual obliga a toda autoridad (incluidos los Tribunales Colegiados de Circuito) a observar las formalidades esenciales del procedimiento.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Diciembre de 1995, página 133. No. de registro 200234.
De la jurisprudencia citada se deriva que los tribunales de amparo estén obligados a aplicar la disposición del artículo 18 de la Ley de Amparo, en la cual se señala que el cómputo del plazo se inicia “a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame”, pues esta disposición sirve para respetar las formalidades esenciales del procedimiento y cumplir con la garantía fundamental prevista en el artículo 14 constitucional.
Adicionalmente, la obligación de aplicar la disposición en la cual se establece que el cómputo del plazo inicia “a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame”, se ve intensificada por la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en el caso Ricardo Canese, pues dicha disposición es la que mayor protección otorga a la quejosa.
Caso Ricardo Canese vs Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C, No. 111:
El artículo 175 de la Ley de Amparo establece cuáles son los requisitos de la demanda de amparo directo.
IV. El acto reclamado. Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de éstos en la parte considerativa de la sentencia;
En términos de la fracción XI del artículo 107 constitucional, la demanda de amparo directo debe presentarse ante la autoridad responsable:
La razón por la cual la demanda de amparo directo se presenta ante la autoridad responsable es que cuenta con los elementos necesarios para proveer más fácilmente respecto de la medida precautoria.
Por su parte, en conformidad con el artículo 176 de la misma ley, el escrito de demanda debe presentarse directamente ante la autoridad responsable:
La parte final del artículo 176 de la Ley de Amparo resulta anticonstitucional e inconvencional en aquellos casos en que la demanda de amparo sea presentada directamente ante un Tribunal Colegiado o ante un Juez de Distrito.
Lo anterior es así porque dicho precepto legal viola las obligaciones generales en materia de derechos humanos y los principios de accesibilidad, sencillez y efectividad del juicio de amparo, por lo que, si la demanda se desechara, es posible solicitar los controles de constitucionalidad y de convencionalidad con respecto a dicha disposición legal.
Si bien el tema de la suspensión se abordará con detalle posteriormente, se menciona que los artículos 190 y 191 de la Ley de Amparo regulan la suspensión en el amparo directo:
En el amparo directo, la autoridad responsable es quien otorga la medida precautoria, toda vez que el órgano jurisdiccional señalado como autoridad responsable es un tercero sin interés en el juicio natural, de ahí que cuente con la imparcialidad suficiente para proveer respecto de la suspensión.
El artículo 178 de la Ley de Amparo regula lo relativo al informe justificado.
Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá:
I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente;
Los artículos 179 a 181 de la Ley de Amparo regulan lo relativo a la admisión de la demanda:
Artículo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Artículo 180. Si hubiera irregularidades en el escrito de demanda por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 175 de esta Ley, el presidente del tribunal colegiado de circuito señalará al promovente un plazo que no excederá de cinco días, para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa. Si el quejoso no cumple el requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable.
Por regla general, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito resolver los juicios de amparo directo; excepcionalmente se recurre a la Suprema Corte de Justicia, cuando el asunto es de interés y trascendencia.
Por su parte, el artículo 40 de la Ley de Amparo establece el procedimiento para ejercer la facultad de atracción:
La elaboración del proyecto de sentencia está regulada por los siguientes artículos de la Ley de Amparo:
Artículo 183. Transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 181, dentro de los tres días siguientes el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de resolución, dentro de los noventa días siguientes. El auto de turno hace las veces de citación para sentencia.
Artículo 184. Las audiencias donde se discutan y resuelvan los asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito serán públicas, salvo que exista disposición legal en contrario. La lista de los asuntos que deban verse en cada sesión se publicará en los estrados del tribunal cuando menos tres días antes de la celebración de ésta, sin contar el de la publicación ni el de la sesión.
Artículo 185. El día señalado para la sesión, que se celebrará con la presencia del secretario quien dará fe, el magistrado ponente dará cuenta de los proyectos de resolución; el presidente pondrá a discusión cada asunto; se dará lectura a las constancias que señalen los magistrados, y, estando suficientemente debatido, se procederá a la votación; acto continuo, el presidente hará la declaración que corresponda y el secretario publicará la lista en los estrados del tribunal.
Artículo 186. La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. En este último caso, el magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá formular su voto particular dentro del plazo de diez días siguientes al de la firma del engrose, voto en el que expresará cuando menos sucintamente las razones que lo fundamentan.
Artículo 187. Si no fuera aprobado el proyecto, pero el magistrado ponente aceptare las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión.
Artículo 188. Las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos sus integrantes y por el secretario de acuerdos.
Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad responsable solo será notificada al proveerse la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o haya transcurrido el plazo para interponer el recurso.
Artículo 189. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. En todas las materias, se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso.
En los asuntos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del quejoso, se le dará preferencia al estudio de aquéllas

References: artículo 107
 artículo 107
 artículo 170

Artículo 172

Artículo 173
 artículo 107
 resolución 
 artículo 175

Artículo 175
 artículo 175
 artículo 22
 artículo 21
 resolución 
 artículo 166
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 94

Artículo 94
 artículo 14
 artículo 49
 artículo 18
 artículo 21

Artículo 21
 resolución 
 artículo 94
 artículo 22
 artículo 18
 resolución 
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 14
 artículo 18
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 artículo 175
 resolución 
 artículo 107
 artículo 176
 artículo 176
 artículo 178

Artículo 178
 resolución 

Artículo 179

Artículo 180
 artículo 175
 artículo 40

Artículo 183
 artículo 181

Artículo 184

Artículo 185

Artículo 186
 resolución 
 resolución 

Artículo 187

Artículo 188

Artículo 189