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Timestamp: 2019-01-20 15:47:08+00:00

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Régimen Jurídico de las Operaciones de Crédito Público Desarrolladas por los Estados y Municipios
1.- Régimen Constitucional
La Constitución de 1999 establece en el último aparte del artículo 311 que “los principios y disposiciones establecidos para la administración económica y financiera nacional, regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables”
De otra parte, el artículo 312 de la Constitución regula expresamente el endeudamiento público al señalar que:
Resulta claro entonces que la nueva Constitución prevé la posibilidad de que la República, los Estados y Municipios puedan realizar operaciones de crédito público, previa promulgación de una ley especial que las autorice y establezca las modalidades de operaciones a ser utilizadas. Asimismo, se encomienda al legislador nacional la limitación al ejercicio de las facultades de endeudamiento público.
En ejecución de las disposiciones constitucionales antes transcritas, la Asamblea Nacional promulgó en fecha 5 de septiembre de 2000 la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (en adelante “LAF”), a objeto de regular, entre otros aspectos, el sistema de control interno del sector público y la administración financiera, la cual incluye “los sistemas de presupuesto, crédito público, tesorería y contabilidad" (Vid. artículos 1, 2 y 3 euisdem)[1]. De conformidad con los numerales 2 y 5 del artículo 6 eiusdem, los Estados y Municipios están sujetos a la aplicación de esta ley.
Por lo que se refiere al Sistema de Crédito Público, el título III de la LAF consagra una serie de disposiciones a objeto de regular los distintos aspectos que conforman el endeudamiento público y las operaciones que lo generan. En concreto, se establece la posibilidad de que los Estados y Municipios , así como los entes creados por ellos[2], realicen operaciones de crédito público a objeto de “arbitrar recursos o fondos para realizar obras reproductivas, atender casos de evidente necesidad o de conveniencia nacional...” (Vid. artículo 78).
A tales fines, el artículo 77 de la LAF instrumenta un conjunto de modalidades de endeudamiento público, entre las que destaca “la emisión y colocación de títulos, incluyendo Letras del Tesoro, constitutivos de empréstitos o de operaciones de tesorería”. Ahora bien, el ejercicio de las facultades para el endeudamiento público por parte de los Estados y Municipios no es absoluto, antes por el contrario, la Ley impone prohibiciones y requisitos que deben tomar en cuenta dichas entidades político-territoriales al realizar operaciones de crédito público:
2.1.- Prohibiciones para las operaciones de crédito público
De conformidad con el artículo 91 de la LAF, no podrán realizar operaciones de crédito público, los institutos autónomos y demás personas jurídicas públicas creadas por los Estados o Municipios que no tengan el carácter de sociedades mercantiles, así como las fundaciones estadalas o municipales. Quedan exceptuados de esta prohibición los institutos autónomos cuyo objeto principal sea la actividad financiera a los solos efectos del cumplimiento de dicho objeto. (Vid. Artículo 91)
De acuerdo a lo anterior, sólo podrán realizar operaciones de crédito público las empresas de los Estados y Municipios, y los institutos autónomos que requieran de tales operaciones para el desarrollo de actividades financieras, cuando éstas constituyan su objeto principal.
De igual forma, se prohibe la contratación de operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre bienes o rentas estadales o municipales. (artículo 93); y en ningún caso, los Estados y Municipios, y los entes por ellos creados, podrán realizar operaciones de crédito público externo o en moneda extranjera, o para garantizar obligaciones de terceros. ( artículo 95).
2.2.- Requisitos para las operaciones de crédito público interno que desarrollen los Estados y Municipios.
El endeudamiento público por parte de los Estados y Municipios está sometido a un régimen de autorizaciones y sólo puede originarse por operaciones de crédito público interno, pues como se señaló anteriormente el artículo 95 prohibe expresamente las operaciones de crédito público externo por parte de dichas entidades político territoriales. Así el artículo 79 de la LAF requiere expresamente de una Ley especial de la Asamblea Nacional que autorice la operación[3]. Dicha autorización deberá ser formulada por medio de Acuerdo de la respectivo Consejo Legislativa o Concejo Municipal, se enviará al Ejecutivo Nacional para que, una vez aprobada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, sea sometida a la autorización de la Asamblea Nacional [4]
La LAF crea la Oficina Nacional de Crédito Público como órgano rector del Sistema de Crédito Público, el cual estará adscrito al Ministerio de Finanzas y tendrá como función principal asegurar la existencia de políticas de endeudamiento y controlar la programación y utilización de los medios de financiamientos que se obtengan mediante operaciones de crédito público (vid. artículo 96). Las atribuciones específicas de dicho órgano se encuentran reguladas en el artículo 96 de la LAF, y por lo que se refiere Estados y Municipios, a éste le corresponde coordinar y dirigir las gestiones necesarias a fin de llevar a cabo la operación de crédito público (Vid. artículo 97).
a) Los Estados y Municipios sólo pueden realizar operaciones de crédito público interno, para lo cual deben cumplir con las limitaciones previstas en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.
b) Dentro de estas operaciones pueden emitir y colocar títulos representativos de sus deudas.
c) A los efectos de realizar operaciones de crédito público interno, los Estados y Municipios requieren de una Ley especial de la Asamblea Nacional que las autorice, previo acuerdo del respectivo Consejo Legislativo o Concejo Municipal y la aprobación del Presidente de la República.
d) El control y supervisión de las operaciones de crédito público le corresponde a la Oficina Nacional de Crédito Público, a quien los respectivos entes deberán solicitar su intervención para iniciar las gestiones a fin de llevar a cabo la operación.
[1] De conformidad con el artículo 171 de esta Ley quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en la Ley de Crédito Público del 26 de octubre de 1992.
[2] v.gr. Institutos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones o asociaciones.
[3] Recuérdese, que de acuerdo al artículo 312 de la Constitución de 1999, esta ley deberá establecer también “... las modalidades de las operaciones y autorizará los créditos presupuestarios correspondientes en la respectiva ley de presupuesto”.
[4] Con esta disposición se eliminaron los demás requisitos previstos en el artículo 35 de la Ley de Crédito Público, conforme al cual se requería la opinión del Banco Central de Venezuela y además las siguientes indicaciones: programas de inversiones, plazo para amortización, tasa máxima de interés, forma de pago, garantías ofrecidas y cualesquiera otras características financieras de la operación.

References: artículo 311
 artículo 312
 artículo 6
 artículo 78
 artículo 77
 artículo 91
 Artículo 91
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 79
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 97
 artículo 171
 artículo 312
 artículo 35