Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-15096-de-noviembre-19-de-1999?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041a085f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-22 03:20:42+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 15096 DE NOVIEMBRE 19 DE 1999
SENTENCIA 15096 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1999
CONTENIDO:DOTACIÓN DE VESTUARIO AL SERVIDOR PÚBLICO. CONDENA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, PROCESO ADMINISTRATIVO, DOTACIÓN, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:339 DE MARZO DE 2000, PÁG.386
Sentencia 15096 de noviembre 19 de 1999
DOTACIÓN DE VESTUARIO AL SERVIDOR PÚBLICO
CONDENA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
EXTRACTOS: «Por intermedio de procurador judicial, el señor Víctor Julio Camargo López, pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarar la nulidad del memorando número 002 del 18 de abril de 1991, de la Dirección General de Aduanas, en su condición de Director General del Fondo Rotatorio de Aduanas, por medio del cual se negó el reconocimiento y suministro a su favor de dotación de vestuario por los años 1986 a 1989, y que como consecuencia de esa declaración se condene al fondo mencionado, a suministrarle 14 vestidos de paño, igual número de camisas y pares de zapatos y 4 corbatas, o en su defecto que le cancele el valor de esos elementos según la cotización y detalles que relacionó en la demanda, el cual calcula en $ 1.203.440, con los ajustes correspondientes.
El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Islas), en obedecimiento de lo ordenado por esta corporación (fls. 258 a 260), profirió la sentencia que puso término a la primera instancia de este proceso (fls. 269 a 281), declarando la nulidad del acto enjuiciado y condenando a la Nación - Fondo Rotatorio de Aduanas - Dirección General de Aduanas, a entregar al actor por el año de 1988, cuatro (4) vestidos, cuatro (4) pares de zapatos, cuatro (4) camisas, cuatro (4) corbatas. Año 1989, cuatro (4) vestidos, cuatro (4) pares de zapatos, cuatro (4) camisas y cuatro (4) corbatas” (fl. 282).
Apoyándose en un concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el cual se dijo que “La dotación de calzado y vestido de labor procede cuando el empleado beneficiado está vinculado al servicio de la entidad respectiva y para el cumplimiento de su labor. La entidad oficial no puede válidamente entregar dicha dotación o compensarla en dinero, una vez terminada la relación laboral, pues dadas sus especiales características no participa ni de la naturaleza de salario ni de prestación social” (fl. 297), la entidad demandada impetra la revocación del fallo y la denegatoria de las pretensiones de la demanda, por cuanto el vínculo laboral con el señor Camargo López, ya terminó.
Se procede a decidir, previas las siguientes
Esta corporación en sentencia del 13 de marzo de 1997, expediente número 12.723, actor José del Carmen Ríos Castillo, consejera ponente Dra. Dolly Pedraza de Arenas, mediante la cual definió un proceso de idénticos perfiles a los que ostenta el que hoy ocupa la atención de la Sala, precisó que la dotación de vestuario y calzado a los servidores oficiales, tiene el carácter de prestación social.
Así, se expresó en dicha ocasión:
“El acto acusado es el memorando 002 del 18 de abril de 1991 de la Dirección General de Aduanas, en cuanto negó el reconocimiento al accionante de la “dotación de vestuario” (...).
...la dotación de vestuario y calzado a los servidores del sector oficial tiene el carácter de prestación social, y como tal, en términos del artículo 76 numeral 9º de la Constitución Política de 1886, vigente a la sazón, solo podía ser consagrada por el legislador.
De suerte que no podía válidamente el Fondo Rotatorio de Aduanas establecer dicha prestación a sus servidores, como lo hizo, a través de la Resolución 1166 de 1981, que el accionante invoca como infringida. Por ello, su inaplicación por parte de la administración y por el a quo, como consta en el memorando mencionado y en la sentencia consultada, se ajusta a derecho. En otros términos, careciendo de apoyo legal, válidamente la administración podía, con base en ello, abstenerse de suministrar la dotación requerida por el señor Ríos Castillo, pues la resolución citada no constituía suficiente respaldo jurídico para adoptar tal determinación.
Para los servidores del sector oficial, el legislador solo consagró el suministro de calzado y vestido de labor mediante la Ley 70 de 1988, expedida el 19 de diciembre de ese año, que entró a regir el 23 de ese mes, día de su publicación en el Diario Oficial 38.626, página 4.
El artículo 1º de dicha ley reza:
“Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente. Esta prestación se reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora”.
Es claro entonces, que a partir de ese momento nació para la entidad demandada la obligación de proveer a sus servidores de calzado y vestido de labor, en las condiciones allí previstas.
Hallándose definido por la jurisdicción contencioso administrativa que la dotación de vestuario y calzado a los servidores estatales, ostenta el carácter de prestación social, en orden a definir la validez de la reclamación de esta prestación por parte del actor, se requiere precisar que salvo la consagración del fenómeno prescriptivo de la acción de reclamación de los derechos sociales, que se da cuando su satisfacción se requiere después de transcurridos tres años, contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible, en el ordenamiento jurídico no se contempla la pérdida de las prestaciones sociales, porque las mismas no se reclamen durante la vigencia del vínculo laboral.
Por consiguiente, no es dable acoger la tesis que en ese sentido pretende hacer valer el apelante, ya que se carece de correspondiente sustento normativo; además, ello implicaría el desconocimiento de un derecho, cuyo disfrute la ley no sometió a condición alguna. De ahí que la misma amerite desestimarse.
De otra parte, como en la sentencia se condena a la entidad demandada a entregar al actor cuatro (4) pares de zapatos e igual número de vestidos y camisas por cada uno de los años 1988 y 1989, sin especificar el valor de cada artículo, lo que implica la indeterminación cuántica de la condena, de tal suerte que pueden presentarse dificultades en la forma de satisfacerla, la Sala, al igual que lo hiciera en el fallo mencionado, admitirá que el valor conjunto de un vestido de labor y de un par de zapatos para el actor, como éste lo expresó en la demanda, es de $ 85.960 (fl. 30), ya que la entidad demandada en ninguna etapa procesal objetó ese apreciativo.
La necesidad de hacer precisar la condena, y viabilizar a la administración el cumplimiento de la misma, constituyen la razón legitimante de la determinación comentada.
En el caso definido en el expediente número 12.723, antes mencionado, con propósito similar la Sala acotó sobre el particular:
“En la demanda el actor indicó que el valor conjunto de un vestido de labor y de un par de zapatos para él, era de $ 85.900, señalamiento que no fue cuestionado por la entidad demandada (fls. 78 a 83 y 114 a 122). Por tanto, se ordenará a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Aduanas Nacionales (dependencia oficial esta última, que de conformidad con el artículo 107 de la Ley 6ª de 1992, por la cual se suprimió el Fondo Rotatorio de Aduanas, asumió los derechos y obligaciones de éste), reconocer al demandante dicho valor, debidamente indexado”.
De conformidad con lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. CONFÍRMASE la sentencia proferida el veintidós (22) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996) por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Islas) en el proceso promovido por Víctor Julio Camargo López contra la Nación - Fondo Rotatorio de Aduanas hoy Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
2. COMPLEMÉNTASE la sentencia mencionada, en el sentido de que para efectos de cumplir la obligación de dotar de vestuario y calzado al demandante, en la cantidad y durante los años señalados en dicho fallo, se tendrá en cuenta que el valor de cada par de zapatos y de las prendas que conforman cada vestido que el Fondo Rotatorio de Aduanas estaba obligado a suministrarle en las anualidades que allí se mencionan —1988 y 1989— era de $ 85.960, valor al que se le aplicarán los ajustes previstos en el artículo 178 del CCA, utilizando la fórmula adoptada de tiempo atrás por la Sección Tercera del Consejo de Estado según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).
(Sentencia de noviembre 19 de 1999. Expediente 15.096. Consejero Ponente: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda).

References: artículo 76
 Resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 107
 artículo 178