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Timestamp: 2019-03-21 11:59:19+00:00

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La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado este miércoles que el Gobierno “no tiene ninguna intención de modificar las pensiones de viudedad, salvo para seguir subiendo las más bajas”.
“Para nada está en nuestra previsión modificar a la baja las pensiones de viudedad”, ha dicho la ministra al ser preguntada por las declaraciones que realizó ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, abogando por vincular las pensiones de viudedad a las rentas de los beneficiarios.
“Rectifico totalmente. No hay idea de que el Gobierno vaya a modificar en absoluto las pensiones de viudedad. Si acaso lo que nos tenemos que plantear es, como la pensión media de viudedad es un poquito más de 700 euros, seguir en la senda de subir un poquito más las mínimas”, ha explicado.
En declaraciones a la prensa en Guadalajara, la ministra ha insistido en que, ante cualquier cambio que se tenga que realizar en el sistema público de pensiones, el PSOE apostará por garantizar su sostenibilidad social, es decir, que, “como poco”, las pensiones suban con el IPC, así como su sostenibilidad financiera.
“El Gobierno y el PSOE tienen muy claro que esto se tiene que hacer respetando lo que diga el Pacto de Toledo y el diálogo social”, ha añadido Valerio, que se ha mostrado en contra de acometer reformas unilaterales en el sistema, pues suelen tener una “vida muy corta”.
El 15% de los puestos de alta cualificación que se creará en los próximos diez años no se cubrirá, por lo que en 2028 habrá un déficit de 104.000 puestos no cubiertos en este segmento, según se desprende del informe ‘Los jóvenes y el empleo, ¿qué futuro les espera?’, realizado por ManpowerGroup y la Fundación I+E.
En concreto, el informe pone de relieve que en los próximos diez años se crearán entre 200.000 y 250.000 empleos de alta cualificación dirigidos a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, lo que supondrá el 40% del nuevo empleo total creado.
Sin embargo, casi el 50% de los puestos podrían quedarse sin cubrir (unas 85.000 o 105.000 vacantes), debido al desajuste demográfico y a la dinámica opuesta de la oferta de empleo juvenil con la formación adecuada.
La mayoría de los sectores de alta cualificación para jóvenes se crearán en el sector de la industria y servicios, que agruparán más del 50% del empleo creado de aquí a 2028.
Concretamente, 23.000 nuevos empleos corresponderán a programadores informáticos, 20.000 a arquitectos técnicos, topógrafos y diseñadores, 16.000 a ingenierías (exceptuando ingenieros agrónomos, de montes, eléctricos, electrónicos y TIC) y más de 16.000 corresponderán a analistas y diseñadores de software y multimedia.
Del estudio se desprende que habrá déficit en todos los grandes grupos de ocupaciones, pero los más importantes se darán en técnicos en operaciones de tecnologías de la información y en profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías.
De cara a la próxima década, ManpowerGroup cree que se debe abordar el impacto de la transformación productiva, la caída de la población en edad de trabajar, los cambios estructurales que plantean las nuevas tecnologías y la adecuación del sistema educativo al nuevo escenario productivo.
El catedrático de economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y autor del estudio Josep Oliver ha advertido de que la nueva oferta de candidatos con la formación adecuada “será insuficiente” para atender la creación de empleos de alta cualificación que deberían ser ocupados por jóvenes”.
Durante la presentación del informe, el presidente ejecutivo de Manpower Group, Raúl Grijalba, ha puesto de relieve que los jóvenes están perdiendo el 15% de su peso en el mercado laboral español por el impacto de la demografía.
Así, Grijalba cree que en los próximos diez años habrá un choque migratorio de casi 1 millón de nuevos inmigrantes y prevé que las profesiones que se van a crear estarán muy ligadas a la tecnología.
“El gran riesgo es que hoy la mitad de los puestos de alta cualificación van a quedar desiertos”, según ha apuntado, tras afirmar que en la actualidad no hay jóvenes estudiando para los niveles de proyección que las compañías están vislumbrando en ese cambio de tendencia.
Así, ha señalado que el 80% de todo el empleo que se va a crear será de puestos técnicos y cualificados. “Nuestro gran reto es preparar al país para que se estudie y se profundice en este tipo de carreras ligadas al STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)”, ha apostillado.
Por otro lado, ha instado a las compañías a impulsar políticas de creación de talento y ha recordado que la creación de talento está muy ligada a la educación.
En esta línea, el presidente de Ericsson y vicepresidente de la Fundación I+E, José Antonio López, ha pedido a los partidos políticos que impulsen un pacto de Estado por la educación.
Bajo su punto de vista, es necesario fomentar las carreras STEM, porque van a tener mucha demanda. Además, cree que es relevante dotar a los profesores de herramientas suficientes para que sean “el motor de la nueva generación”.
MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) –
El decreto ley con diferentes medidas en el ámbito laboral, entre ellas la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, supone un impacto presupuestario total de unos 1.611,44 millones de euros.
Así se desprende de la memoria económica del decreto, a la que ha tenido acceso Europa Press, que acompaña la aprobación de esta nueva norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 8 de marzo.
Del total cuantificado, el subsidio por desempleo se ‘come’ 1.263 millones de euros, pues con él se prevén 114.000 nuevos beneficiarios y los 265.465 que ya se benefician de este subsidio ven mejorada su base de cotización (12.000 de ellos por la parcialidad). En un ‘año tipo’, las medidas aprobadas para todos estos beneficiarios supondrían 1.340 millones de gasto, si bien al entrar en vigor la medida en marzo este coste se reduce en 77 millones.
El Gobierno distribuye el impacto presupuestario en 1.010 millones de euros para el abono del subsidio durante 12 meses a 114.000 personas beneficiarias –600 millones por cuantía y 410 millones por cuotas de Seguridad Social– y 330 millones de la cotización de los actuales beneficiarios durante 12 meses, hasta un coste total de 1.340 millones.
Sin embargo, el Gobierno destaca que no todos los 114.000 nuevos beneficiarios previstos se incorporarán en el primer año de la vigencia de la medida, sino que lo harán principalmente entre 2019 y 2020, años que concentrarán el 80% del coste previsto.
Así, el coste previsto para pagar a los beneficiarios que se incorporan el primer año de vigencia será de 465 millones, de 605 millones para los que se incorporan en 2020, de 203 millones para los de 2021 y de 67 millones para los de 2022. En todo caso, rebaja a 388 millones el coste imputable a 2019, ya que la medida entra en vigor el mes de marzo.
REMANENTE DE TESORERÍA EN CASO DE SER NECESARIO
Durante la presentación del decreto, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, señaló que el aumento de los ingresos por cotizaciones de 3.300 millones de euros permite “margen de maniobra” para cuadrar estas medidas con los Presupuestos de 2018 prorrogados.
Pese a ello, el Gobierno señala en la memoria económica del decreto que, en caso de ser necesario, se recurrirá al remanente de tesorería no afectado de la Seguridad Social, de 11.395 millones de euros a 31 de diciembre de 2017, con el fin de garantizar que es posible hacer frente al aumento del gasto.
A este remanente de tesorería se refiere el Ejecutivo a la hora de cubrir otras de las medidas contempladas, como las bonificaciones a las conversiones de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en indefinidos (12,78 millones) o a la contratación a desempleados de larga duración (25,6 millones). Para ambas medidas, en todo caso, ya existe un remanente de 38,5 millones en las cuentas prorrogadas, por lo que en un principio no sería necesario aumentar el gasto consignado.
Una situación similar se da en el caso de las bonificaciones para prolongar la actividad de trabajadores con contratos fijos discontinuos en el sector turístico, para la cual las cuentas consignan 22 millones y su previsión por esta bonificación el pasado año se quedaba en 15 millones.
AUMENTO DE TRANSFERENCIAS Y REORDENACIÓN DE GASTOS
Por otro lado, la reducción en las cuotas de los trabajadores del campo para compensar la subida del 22% del salario mínimo cuando el número de jornadas trabajadas sea mínimo se computa con un coste de 42,21 millones de euros, que se repercutirán en una reducción de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social.
Por último, el Ejecutivo prevé la financiación de otras tres medidas a través de un aumento en las transferencias que deberá hacer frente el Estado a la Seguridad Social y a una reordenación de los recursos presupuestados en el Ministerio de Trabajo.
Es el caso este último de la dotación de 70 millones de euros para el fondo estatal para la integración de los inmigrantes. De las partidas a las que se recurre se encuentran 25 millones de euros previstos en ayudas para la adaptación al nuevo régimen de la estiba.
Respecto al aumento de las transferencias, estas tendrán que elevarse en 182,83 millones de euros, al cuantificarse en 157,56 millones la mejora de la prestación por hijo o menor a cargo para familias que no superen determinadas rentas y en 25,27 millones de euros la mejora de la prestación por incapacidad permanente.
La retribución media bruta en las grandes empresas que operan en España aumentó un 0,9% en enero, una décima más que en el mes de diciembre, mientras que el avance del empleo se intensificó una décima, según los últimos datos de la Agencia Tributaria.
La AEAT ha destacado que el rendimiento bruto medio comenzó el año con incrementos parecidos a los que se observaron en gran parte del año 2018, con un alza del 0,9% en enero, el mismo que en el cuarto trimestre de 2018 y una décima superior al del conjunto del año pasado.
Por su parte, los perceptores de rendimientos del trabajo, indicador fiscal que aproxima la evolución del empleo asalariado, crecieron en enero un 2,7%, tasa similar a la media de los dos meses precedentes. El nuevo dato está dentro de la tendencia de suave desaceleración que mantienen los perceptores desde mediados de 2017, según la AEAT.
LAS VENTAS REPUNTAN
Por su parte, las ventas totales de las grandes empresas iniciaron el año 2019 con un alza del 2,8% en enero, una vez corregido el efecto estacional y de calendario, tasa cuatro décimas superior a la del mes anterior (diciembre de 2018).
Además, las ventas interiores crecieron en el primer mes del año, en términos interanuales, un 2,8% también, siete décimas por encima del crecimiento de diciembre. A diferencia del total, el resultado de enero está más cercano a los crecimientos experimentados en 2018.
Por destinos, la mejora se concentra en las ventas de bienes y servicios para el consumo, que en enero aumentaron un 4,1%.
De su lado, las exportaciones se elevaron en enero un 2,6%, 1,2 puntos porcentuales menos que en diciembre. Estas ventas sufrieron una fuerte desaceleración en la parte central de 2018, pero el crecimiento “parece haberse estabilizado en los últimos meses”, según la AEAT.
En este sentido, explica que la pérdida de intensidad se produjo por las ventas a terceros, aunque el crecimiento era mayor en éstas que en las dirigidas a la UE. “Con el dato de enero se mantiene un diferencial en favor de las exportaciones a terceros, pero ambas muestran una tendencia más estable”, subraya.
Por último, las importaciones aumentaron un 1,7%, dos décimas menos que en el mes de diciembre del año pasado.
Insta al próximo Gobierno a impulsar una nueva agenda de reformas estructurales y a comprometerse a cumplir los objetivos de déficit
MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) –
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha elaborado una serie de propuestas de cara a las elecciones generales del 28 de abril entre las que se encuentran el aumento de la edad de jubilación a medida que suba la esperanza de vida, rebajas en el Impuesto de Sociedades y en las cotizaciones empresariales, la supresión del Impuesto de Patrimonio y la reducción del Impuesto sobre Sucesiones, “que en la actualidad alcanza niveles confiscatorios en algunas comunidades autónomas”.
Estas propuestas, recogidas en un documento de 30 páginas que ha sido aprobado en la reunión que ha celebrado este miércoles la Junta Directiva de la organización empresarial, se han diseñado a partir de los cuatro “grandes riesgos” en clave nacional que detecta la CEOE: “la inestabilidad política, la falta de disciplina presupuestaria, el abandono del proceso de reformas estructurales y el quebrantamiento de la unidad de mercado”.
Los empresarios advierten de que, si estos riesgos se materializan, la desaceleración económica podría acelerarse en España, por lo que recuerdan al próximo Gobierno que “tiene en sus manos la capacidad de reducir e incluso eliminar estos riesgos internos y revertir la desaceleración”.
En este sentido, CEOE plantea cuatro grandes líneas de actuación, donde se engloban todas sus propuestas: garantizar la estabilidad política e institucional; intensificar el proceso de consolidación fiscal; continuar el proceso de reformas estructurales, y apostar por la unidad de mercado.
Así, los empresarios proponen que, después de las próximas elecciones generales, se impulse una nueva agenda de reformas estructurales y diversos pactos de Estado, entre ellos en Sanidad y Justicia, para afrontar los desafíos de España a futuro.
Asimismo, apuesta por reformar el marco regulador de la previsión social complementaria, facilitando incentivos fiscales y una mayor transparencia y disponibilidad, y pide mejorar los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del absentismo laboral.
REDUCIR LA PRESIÓN FISCAL SOBRE LAS EMPRESAS
En materia tributaria, la CEOE reclama rebajar la presión fiscal a las empresas por varias vías a fin de favorecer la competitividad y el crecimiento económico. “Los Estados no pueden diseñar sus impuestos con una visión exclusivamente local, las empresas son globales”, apunta la patronal para justificar el que haya países del entorno español que estén rebajando impuestos a las empresas para aumentar su atractivo fiscal.
En concreto, la organización empresarial propone adecuar la tributación del Impuesto sobre Sociedades a la capacidad económica real de las empresas, eliminando las limitaciones en la compensación de pérdidas o la deducción de gastos financieros y corrigiendo “totalmente” los supuestos de doble imposición tanto nacionales como extranjeros mediante la exención total de dividendos y ganancias patrimoniales.
Al mismo tiempo, y dado el escenario de desaceleración, la CEOE aboga por implantar un sistema de incentivos fiscales a la inversión para la creación de empleo, como la libertad de amortización para activos nuevos.
La patronal quiere que se favorezca la consolidación de nuevas empresas con tipos inferiores en Sociedades y en cotización en los primeros años de actividad, que se reduzcan los tipos marginales del IRPF y se eleve el umbral a partir del cual se aplican, que se elimine Patrimonio y se reduzca el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En general, subraya la CEOE, el Gobierno que salga de las urnas debería evitar introducir nuevas figuras impositivas; trabajar urgentemente en la coordinación de las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales; dar estabilidad al sistema tributario; reducir la “excesiva litigiosidad” en esta materia, y combatir la economía sumergida, el fraude y la evasión fiscal.
NO LIMITAR LA SUBCONTRATACIÓN
En materia laboral, la patronal apuesta por reformas, nacidas del diálogo social, centradas en diseñar un sistema de contratación con fórmulas “claras, sencillas y fáciles” de gestionar; en reducir la dualidad entre contratos temporales y fijos; racionalizar el número de contratos y el régimen de bonificaciones; potenciar la contratación indefinida “sin penalizar” la temporal, y mejorar la contratación a tiempo parcial.
También aboga por recortar los costes laborales, aumentar los mecanismos de flexibilidad interna a disposición de las empresas, mejorar la intermediación laboral, reforzar la eficacia de las políticas de empleo y “mantener y no limitar” la subcontratación, “siempre bajo el respeto de los derechos de los trabajadores”.
En materia de negociación colectiva, la CEOE pide avanzar hacia un sistema más ágil y eficaz que facilite la renovación y actualización de los convenios; mantenga el cese de la ultraactividad, la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial y la regulación de los descuelgues.
En su documento de propuestas, que abarca muchos ámbitos, la patronal también pide al próximo Gobierno que se comprometa con el cumplimiento de los objetivos de déficit y siga avanzando en la reforma del sector público. Al mismo tiempo, reclama mejorar el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por parte de todas las Administraciones Públicas. “Todos los niveles de la Administración deben cumplir los objetivos de déficit establecidos en cada ejercicio”, subraya.
La tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se mantuvo en el 5,3% en enero por segundo mes, mientras que el número de desempleados aumentó por cuarto mes consecutivo y roza los 34 millones, según informó la institución con sede en París.
Las tasas de desempleo más altas entre los miembros del ‘Club de países ricos’ correspondieron a Grecia, con un 18% en diciembre, y a España, con un 14,1%, mientras que las más bajas se observaron en Chequia, con un 2,1%, y en Japón, con un 2,5%.
El paro masculino de la OCDE se mantuvo estable en el 5,2% en el arranque de 2019, mientras que el desempleo entre las mujeres subió una décima, hasta el 5,5%.
En cuanto al desempleo juvenil, la tasa de paro entre los menores de 25 años del conjunto de la OCDE subió al 11,3% desde el 11,2% de diciembre de 2018, con Grecia a la cabeza, con un 39,5% en diciembre, mientras Italia ocupó la segunda posición, con un 33%, por delante del 32,6% registrado en España.
No obstante, a pesar de que la tasa de paro se mantuvo estable en enero, la cifra de desempleados registró su cuarto incremento mensual consecutivo como consecuencia de la mayor afluencia de personas al mercado laboral.
De este modo, el número de parados en enero alcanzó los 33,98 millones, frente a los 33,55 millones del mes anterior. El mayor número de desempleados en datos absolutos se registró en EEUU, con 6,5 millones de parados, por delante de España, con 3,2 millones, y de Italia, con 2,7 millones.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha puesto en marcha en su página web un espacio informativo sobre la protección de los derechos de los ciudadanos que ejercieron el derecho a la libre circulación antes del Brexit.
Según ha informado este lunes el Departamento que dirige Magdalena Valerio, la información se proporciona en castellano e inglés y va dirigida tanto a los nacionales británicos actualmente residentes en España, como a los españoles residentes en el Reino Unido.
Asimismo, la información sobre el Brexit incluida en la web hace referencia tanto a una situación de retirada del Reino Unido con acuerdo como sin él. En caso de acuerdo, los derechos de los ciudadanos quedarán protegidos por las garantías de la parte segunda del Acuerdo de Retirada, ya aprobado por el Consejo Europeo pero aún pendiente de ratificar por el Parlamento británico.
En el caso de que no haya acuerdo, la protección de los derechos de los ciudadanos será la establecida mediante las medidas unilaterales aprobadas por el Gobierno e incluidas en el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo.
Este espacio informativo en la web de Trabajo, que se actualizará de manera permanente, complementa el espacio informativo general sobre el Brexit incluido en la web de la Presidencia del Gobierno.
CEOE, “razonablemente satisfecha” con el decreto del registro horario al incorporar la negociación colectiva
MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) –
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha indicado que los empresarios están “moderadamente satisfechos” con el decreto que establecerá el registro de la jornada laboral porque incorpora la negociación colectiva para su establecimiento y finalmente “no es lesivo para las empresas”.
Así lo ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, antes de que el Consejo de Ministros apruebe este viernes el real decreto que modificará el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de jornada para que empresas hagan un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, “sin perjuicio de la flexibilidad horaria”.
Garamendi ha destacado que los empresarios han conseguido “reducir” el primer proyecto propuesto por el Gobierno sobre este asunto e incorporar el término de la negociación colectiva, que es la “clave” en la gestión de las empresas, por lo que se sienten “razonablemente satisfechos” con el decreto final.
En este sentido, ha explicado que el “problema” no es que haya un registro real, sino que hay que tener en cuenta el tipo de trabajo y los sectores, así como la flexibilidad laboral, el “flexiempleo” y la conciliación de la vida laboral. “No es tan fácil como montar rigidez de un papel o libro y resolverlo, estamos moderadamente satisfechos con el decreto porque no es lesivo para las empresas”, ha añadido.
El borrador del real decreto al que ha tenido acceso Europa Press establece que las compañías deberán conservar los registros durante cuatro años y que permanecerán a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas dispondrán de dos meses desde la publicación del real decreto en el BOE para poner en marcha esta medida.
“TOTALMENTE DE ACUERDO” CON EL SUBSIDIO A PARADOS MAYORES DE 52 AÑOS
Respecto a la recuperación del subsidio para parados mayores de 52, otra de las medidas que recogerá el real decreto que dará luz verde el Consejo de Ministros este viernes, Garamendi se ha mostrado “totalmente de acuerdo” con su aprobación.
No obstante, ha vuelto a rechazar la aprobación de este tipo de reales decretos tras la disolución de las Cortes, ya que ve mejor que se celebren las elecciones y a continuación se aborden estos detalles.
Por último, preguntado sobre las propuestas de Vox en materia de igualdad, Garamendi ha rehusado a
entrar en la campaña electoral, si bien ha remarcado que a los empresarios les gusta la “estabilidad”. “Apostamos siempre por la moderación y con eso creo que he respondido”, ha enfatizado.
Da ‘luz verde’ a bonificaciones a la contratación a parados de larga duración
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley que recoge la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, el registro de la jornada laboral, bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, la recuperación de la cotización de cuidadores no profesionales y el aumento de las cuantías no contributivas de las prestaciones familiares por hijo.
Así lo ha señalado la ministra de Trabajo, Migraciones y la Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que el gasto que comportan estas medidas se afrontará a través de la prórroga de los Presupuestos de 2018, la reordenación de determinadas partidas, la eliminación de otras, como el contrato de apoyo a emprendedores, y el aumento de las cotizaciones, que ha cifrado en 3.300 millones de euros, por que ha defendido que hay “margen de maniobra” para que las medidas salgan adelante.
Valerio ha indicado que los servicios jurídicos prevén la publicación del real decreto ley el próximo martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque cada medida entrará en vigor en distintos días, y espera que sea convalidado en la Diputación Permanente del Congreso.
El decreto ley fija recupera el subsidio para parados mayores de 52 años, frente a los 54 actuales, lo que tendrá un coste de 348,7 millones y del que se beneficiarán más de 114.000 personas, ha explicado Valerio, quien ha indicado que, además, afectará a otras 266.000 personas, ya que pasarán a cotizar por el 125% de la base mínima de cotización, frente al 100% del SMI actual.
Asimismo, el real decreto ley modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de jornada para que las empresas hagan un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. En concreto, establece que las compañías deberán conservar los registros durante cuatro años y que permanecerán a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas dispondrán de dos meses desde la publicación del real decreto ley en el BOE para poner en marcha esta medida.
También se establecerán bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, con un coste de 25,68 millones. Así, los empresarios que contraten indefinidamente a personas desempleadas inscritas en el SEPE, al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, tendrán derecho a una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social por trabajador de 1.300 euros al año durante 3 años, cifra que ascenderá a 1.500 euros anuales si la contratada es una mujer. Este “plus” para las mujeres busca paliar la brecha laboral, ya que del total de 1,32 millones de parados de larga duración, el 64% son mujeres, ha apuntado Valerio.
Además, se clarifica el Plan de Garantía Juvenil, destinado a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años, para evitar la posible incertidumbre acerca del límite del 20% de la tasa de desempleo (EPA) del colectivo de personas de entre 25 y 29 años.
REDUCCIÓN DE CUOTAS AGRARIAS Y EN TURISMO, HOSTELERÍA Y COMERCIO
La norma incorpora un Plan para impulsar que las empresas conviertan en indefinidos o en contratos fijo-discontinuos los contratos temporales de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, con una bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes durante dos años. La cuantía de esa bonificación puede llegar hasta los 40 euros al mes por trabajadores encuadrados en el grupo 1 que cobren menos de 1.800 euros y trabajen todo el mes, y en el caso de la mujer, hasta 53,33 euros al mes. El coste será de 12,7 millones.
También verá la luz una reducción del 14,6% en las cuotas para trabajadores del sistema especial por cuenta ajena del sector agrario durante sus periodos de inactividad, de forma que, con efectos del 1 de enero, aquellos que hayan realizado un mínimo de 55 jornadas cotizadas en 2018 se les aplicará el descuento. Se beneficiarán 230.000 personas, de las que el 82% trabaja en Andalucía, que pagarán 103,12 euros, 4,5 euros más al mes, frente a los 120,75 euros que habrían abonado anteriormente, evitando así el impacto del alza del SMI.
A su vez, los artistas podrán solicitar la situación de inactividad en cualquier momento del año, siempre y cuando acrediten, al menos, 20 días en alta con prestación real de servicios en el año anterior.
Asimismo, habrá una reducción a la mitad de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos de las empresas de sectores de turismo, hostelería y comercio durante los meses de febrero, marzo y noviembre.
Las compañías podrán aplicar una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, por desempleo, Fogasa y Formación Profesional de los trabajadores fijos discontinuos de estos sectores en los meses de febrero, marzo y noviembre. La medida, que costará 15 millones, contribuye al mantenimiento de más de 50.000 empleos esos meses.
Con este real decreto ley también se recupera la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares de personas dependientes (coste de 296,28 millones) y se duplican las cuantías no contributivas de las prestaciones familiares por hijo para luchar contra la pobreza infantil, que pasa a 341 euros anuales, con carácter general, y que aumenta hasta 588 euros en el caso de personas con menores ingresos (coste de 157,56 millones).
Por otra parte, la Seguridad Social incrementará la cuantía mínima de la pensión de Incapacidad Permanente Total para menores de 60 años, que se sitúa en 6.991,60 euros si es con cónyuge a cargo y unidad económica unipersonal, y 6.930 euros para las personas con cónyuge no a cargo. Este aumento tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2019.
El Gobierno también prevé constituir un grupo de expertos antes del 30 de junio para llevar a cabo los estudios necesarios para la elaboración de un nuevo Estatuto de Trabajadores.
Por último, en materia de inmigración se recupera el Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, que fue eliminado en el 2012, con una dotación de 70 millones.
Google descubre que pagaba menos a sus ingenieros que a sus ingenieras por el mismo trabajo
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) –
“El sueldo debe estar basado en lo que haces, no en quién eres”, subrayó Lauren Barbato, responsable de analizar la igualdad salarial en Google, señalando que la remuneración de cada empleado de la compañía se configura algorítmicamente en función de distintos factores relacionados con el trabajo realizado, incluyendo su localización, nivel y desempeño, añadiendo que cuando los gerentes quieren aplicar cualquier tipo de discrecionalidad a estas remuneraciones deben justificarlo.

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