Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2012_12_11/1290
Timestamp: 2019-11-14 17:39:17+00:00

Document:
Gaceta: LXII/1PPO-70
SE INSTRUYÓ A LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA DESCARGAR EL ASUNTO DE SUS REGISTROS Y DARLO POR CONCLUIDO.
SE REMITIÓ A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y A LOS SENADORES INTEGRANTES DE DICHAS COMISIONES BICAMARALES.
En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad elimina el término “educación especial”, así como el programa para la educación especial. Propone modificar la definición de “educación inlcusiva”, para quedar: “Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, proporcionándoles programas educativos apropiados, estimulantes y adecuados a las necesidades específicas de cada tipo de discapacidad”.
En la Ley General de Educación propone adicionar el término “educación inclusiva” en los artículos 9, 13, 16 y 39, para establecerlo como una de las modalidades del Sistema Educativo Nacional.
Reforma el primer párrafo al artículo 41, con el objetivo de diferenciar que deberá entenderse y los alcances de la “educación inclusiva” y “educación especial”.
Propone reformar los artículos 2º, fracción II, inciso A), 4, segundo y cuarto párrafos, 5-A, primer párrafo, y 19, fracciones II, tercer párrafo, VIII, X, XI y XIII; se adicionan al artículo 2º, fracción I, un inciso I) y un último párrafo, y al artículo 3, una fracción XVIII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para establecer un impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas; y establecer que los recursos tributarios recaudados por este concepto se destinen a satisfacer los gastos que provocan las enfermedades originadas por su consumo, a través del Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley del Coordinación Fiscal.
Con la Iniciativa, se pretende dotar al Estado de mayores recursos para hacer frente a los gastos del sector salud que se derivan del sobrepeso y la obesidad, y, por lo tanto, para estar en posibilidad de dar una atención médica a los afectados y desincentivar el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, como medida de carácter extrafiscal.
La iniciativa, estima necesaria la aplicación de un impuesto especial ad valorem del 20% sobre el precio de venta al público en general de cualquiera de las siguientes bebidas y productos para producir bebidas que se encuentren endulzados con azúcares y por lo tanto tengan un aporte calórico: aguas naturales y minerales gasificadas; refrescos; concentrados, polvos, jarabes; esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, ya que, como se mencionó, el contenido de éstas en tales bebidas es una de las principales causas de sobrepeso y obesidad.
Para efectos de esta reforma se definen como Refrescos, las bebidas no fermentadas, elaboradas con agua, agua carbonatada, extractos o esencias de frutas, saborizantes o con cualquier otra materia prima, gasificada o sin gas, pudiendo contener ácido cítrico, ácido benzoico o ácido sórbico o sus sales como conservadores, endulzados con azúcares. Se entiende por azúcares, todos los monosacáridos y disacáridos presentes en dichas bebidas. Y no se consideran refrescos los jugos y néctares de fruta. Para tales efectos, se entiende por jugos o néctares de fruta, los que tengan como mínimo 20% de jugo o pulpa de fruta o 2º brix de sólidos provenientes de la misma fruta.
Propone reformas, a los artículos 7 Bis y 9 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo a fin de establecer la obligatoriedad de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, así como cualquier persona física o moral que éstos contraten en términos del artículo 6 de esta Ley, para que asuman la responsabilidad de verificar que en las actividades que realicen se dé cumplimiento a la normativa aplicable en materia de seguridad industrial y protección al ambiente y los recursos naturales. Asimismo, desarrollarán e implementarán tecnologías y los programas de prevención de derrames. De igual forma, ejecutarán las acciones de reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico a causa de las obras u operaciones de la industria petrolera y están obligados a sufragar sus costos, cuando sean declarados responsables por resolución de la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables.
La iniciativa reforma el artículo 28 y la fracción V del artículo 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos, con la finalidad de que el Comité analice los programas de prevención de derrames de hidrocarburos, programas de contingencia ambiental, programas de remediación de suelos y aguas afectados por las obras y las actividades relacionadas con la industria petrolera; y hacer recomendaciones sobre los mismos al Consejo de Administración. Así también se le encarga al Comité analizar las emisiones de compuestos con efecto invernadero de la industria petrolera y recomendar acciones para disminuirlas al Consejo de Administración.
Se propone la reforma y adición a los artículos 2 y 4 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a efecto de que la Comisión Nacional en materia de exploración y extracción de carburos de hidrógeno regule y supervise, todas las que emprendan Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como las personas físicas o morales que éstos contraten en términos del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
Se reforma la fracción XIX del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer que a la Secretaría de Energía le compete regular y, en su caso, expedir normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial del sector hidrocarburos, así como supervisar su debido cumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que en materia de su competencia correspondan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía.
Finalmente, la iniciativa propone reformar el último párrafo del artículo 2 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para establecer que la Comisión contribuirá a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomentará una sana competencia, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional, atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, así como regular los aspectos de seguridad industrial que impliquen dichas actividades.
La reforma constitucional recompone la integración del Congreso de la Unión con la reducción de los legisladores por el principio de representación proporcional de hasta 100 diputados y la eliminación de los senadores de representación proporcional.
Argumenta que la representación política y plural en la Cámara de Senadores hace innecesaria la representación proporcional, por lo que de aprobarse la reforma la igualdad entre las entidades federativas sería reivindicada con 96 senadores, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.
En tanto, la Cámara de Diputados estaría integrada por 300 diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional de las cinco circunscripciones electorales. Ningún partido podrá contar con más diputados que el número de distritos electorales uninominales (actualmente son 300).
Ambas Cámaras no podrán iniciar sesiones sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros y los ausentes deberán acudir en los siguientes 30 días o se considerará que no aceptan el cargo.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Propone la adición de las fracciones II, III, IV, V y VI al artículo 16, la fracción II del artículo 17, las fracciones IV y V y VI del artículo 18, una fracción IV al artículo 48; y reforma los artículos 23, 26 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, lo anterior con la finalidad de contar con una política efectiva en la transmisión de información hacia los consumidores de tabaco, sobre los riesgos que implica el tabaquismo; dicha política gracias a estas reformas que se proponen permitirán que el país se ajuste a los estándares internacionales.
Entre las medidas que se proponen se encuentra el prohibir el suministro de productos de tabaco en maquinas expendedoras; se prohíbe el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica, media superior y superior, así como prohibir el empleo a menores de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro y venta de estos productos.
En relación con las leyendas y pictogramas o imágenes de advertencia que muestren los efectos nocivos del consumo de los productos del tabaco, que se deben colocar en los paquetes de productos del tabaco, la iniciativa propone que se deba ocupar el 70% de la cara anterior, 100% de la cara posterior y, el 100% de ambas caras laterales y el 100% de las caras superior e inferior del paquete y la cajetilla; asimismo propone que se le incorporen pictogramas o imágenes al 100% de una cara lateral, al 100% de la cara superior y al 70% de la cara anterior de la cajetilla cuyo 30% restante se destinará para ocupar solamente el nombre de la marca el cual deberá aparecer con letras negras y fondo blanco con la tipografía que la Secretaría determine. También se propone que el 100% de la cara posterior, el 100% de una cara lateral y el 100% de la cara inferior serán destinados al mensaje sanitario, que del mismo modo será rotativo.
Se establece que en lugares cerrados con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, no podrán existir zonas para fumar.
Finalmente, la iniciativa establece que se sancionará con multa de cincuenta mil hasta cien mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, el incumplimiento de la disposición que establece que queda prohibido realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de forma directa o indirecta, como medio para posicionar la marca o los elementos de la marca de cualquier producto del tabaco, o que fomenten la compra y el consumo de productos del tabaco por parte de la población.
Establece que la duración del arraigo deberá estar motivada sin que pueda exceder del tiempo necesario para cumplir con su finalidad, pero en ningún caso podrá exceder los ochenta días. La opción tomada para la modalidad del lugar del arraigo deberá ser motivada y ser notificada al arraigado; sin que pueda aplicarse como regla general la sede o recinto oficial.
Propone un plazo de 120 días naturales para que las Legislaturas estatales analicen y emitan el sentido de su voto respecto a adiciones o reformas constitucionales que les sean turnadas por el Congreso de la Unión; en caso de omisión su postura será considerada en sentido aprobatorio.
Plantea un plazo perentorio para desahogar las reformas constitucionales, a pesar de estar ya regulado en las constituciones de 19 estados, y contar 18 de ellas con la figura de afirmativa ficta, a fin de dar certidumbre jurídica a las reformas constitucionales.
Propone reformas a la Constitución Política con la finalidad de establecer el reconocimiento de Jurisdicción y Cumplimiento de Sentencias de Cortes Internacionales.
La reforma propone que en el texto constitucional se establezca que la jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos en tratados de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, será reconocida en los términos y conforme a los procedimientos establecidos en dichos tratados.
Por otra parte se propone que texto constitucional consigne que en los casos de los Tribunales Internacionales del orden penal, los procedimientos que lleven a cabo, así como el cumplimiento de sus resoluciones y sentencias, son reconocidos y ejecutados por el Estado mexicano de conformidad con lo dispuesto en el tratado internacional respectivo.
También la iniciativa establece como obligatorio que las resoluciones, así como las sentencias emitidas por tales tribunales, son vinculantes para el Estado mexicano; todas las autoridades que se encuentren obligadas por las sentencias y resoluciones garantizarán su cumplimiento conforme a lo dispuesto en la resolución o sentencia, el tratado internacional y las leyes mexicanas.
Finalmente mandata a la Cámara de Diputados para que al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, deba prever los recursos necesarios para en su caso, dar cumplimiento a las sentencias y resoluciones de dichos tribunales.
Propone atribuir a las entidades federativas y a los municipios dar vista a las autoridades competentes a efecto de que apliquen las sanciones en materia penal que se deriven de las violaciones a la ley, planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales, ya que hasta ahora –afirman los autores- no es sabido qué sanciones penales han sido aplicables a peritos, responsables de obra, o cualquiera que autorice, sea responsable o corresponsable de una obra irregular o autorice licencias o permisos de construcción en zonas de riesgo que se encuentren en planes o programas de desarrollo urbano o medio ambiente.
Pretende modificar el Código Penal Federal, para que se impongan sanciones de 2 a 7 años de prisión, multas de hasta 300 veces de salario mínimo general vigente y la destitución e inhabilitación de aquellos servidores públicos que teniendo la obligación de custodiar, vigilar, evitar o abatir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, o no aptas para la ocupación; permitan o toleren su existencia.
Propone una iniciativa de reforma integral al régimen jurídico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en la que se propone la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión.
La Ley se encuentra estructurada por un Título I, que consigna los Principios Generales; un Título II, relativo a la Jurisdicción y Competencia, integrado por un Capitulo I de Disposiciones Generales; y un Capitulo II, relativo al Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; un Título III, denominado De la Planeación y la Administración del Espectro Radioeléctrico; un Título IV, denominado Del Régimen de Autorizaciones, con un Capitulo I, que consigna lo relativo a las Concesiones y Asignaciones, dentro de él una Sección I, que contempla lo relativo a las Concesiones del Espectro Radioeléctrico de uso Comercial; una Sección II, de las Asignaciones del Espectro Radioeléctrico de Uso Público; una Sección III, de las Concesiones del Espectro Radioeléctrico de Uso Social; una Sección IV, de las Concesiones del Espectro Radioeléctrico de Uso Privado y de Uso Protegido; una Sección V, relativa a la regulación de las Concesiones para Explotar Bandas de Frecuencias Asociadas a las Posiciones Orbitales Geoestacionarias y Órbitas Satelitales asignadas al País; una Sección VI, que regula lo relativo a las Concesiones para Explotar los Derechos de Emisión y Recepción de Señales de Bandas de Frecuencias Asociadas a Sistemas Satelitales Extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional.
Dentro del mismo título se integra un Capítulo II, referido a Los Permisos, que cuenta con una Sección I, relativa a los Permisos de Redes Públicas de Telecomunicaciones; una Sección II, relativa a las Comercializadoras de Servicios de Telecomunicaciones; una Sección III, de los Mercados Secundarios de Espectro Radioeléctrico. Así como un Capítulo III, denominado de los Servicios Adicionales, de Valor Agregado y Asociados; un Capítulo IV, relativo a la Cesión de Derechos; un Capitulo V, que consigna lo relativo a la Terminación, Revocación, Cambio y Rescate de Concesiones y Permisos; con una Sección I, de la Terminación y Revocación de las concesiones, permisos y asignaciones; en la Sección II, del mismo capítulo se regula lo relativo al Cambio o Rescate de Frecuencias o Bandas de Frecuencias; en una Sección III se regula lo relativo a la figura de la Requisa.
En el Título V, denominado de la Operación de los Servicios de Telecomunicaciones, se consigna un Capítulo I, denominado de la Operación y Explotación de las Redes Públicas de Telecomunicaciones; en el Capítulo II, se establecen las normas relativas a la Comunicación Vía Satélite; en tanto que en el Capítulo III, se regula lo relativo al Acceso, Interconexión y la Interoperabilidad de las Redes Públicas de Telecomunicaciones; un Capítulo IV, que consigna las Tarifas a los Usuarios.
Un Título VI, denominado De la Dominancia en Telecomunicaciones, así como un Título VII, relativo a la Certificación y Evaluación de la Conformidad con las Normas; un Título VIII, relativo a la Verificación y Vigilancia; un Título IX, relativo a la Cobertura Social de las Redes Públicas, que se integra por un Capitulo I, denominado de la Cobertura y Conectividad Social; un Capitulo II, relativo al Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones.
Un Título X, que se refiere a la Protección de los Derechos de los Usuarios; un Título XI, de los Contenidos Audiovisuales, el cual cuenta con un Capítulo I de Disposiciones Generales; un Capítulo II, relativo a los Tiempos de Estado; un Capítulo III, relativo a la Publicidad; un Capítulo IV, en el que se desarrolla lo relativo al Fondo Nacional para el apoyo a la Producción Audiovisual Independiente.
En el Título XII, denominado Del Registro Público de Telecomunicaciones y del Registro de Usuarios, se integra de un Capítulo I, que regula lo relativo al Registro Público de Telecomunicaciones; y en un Capítulo II, se desarrolla lo relativo al Registro de Usuarios. Finalmente en el Título XIII, se desarrolla lo relativo a las Infracciones y Sanciones.
La iniciativa propone la reforma de los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para asignar a la Secretaría de Gobernación la responsabilidad de vigilar que las publicaciones impresas y las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público; en tanto que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se le asigna la facultad de otorgar concesiones para establecer y explotar sistemas y servicios telegráficos, de servicio público de procesamiento remoto de datos; y a la Secretaría de Educación Pública, se le asigna la facultad de promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado y Departamentos Administrativo.
Finalmente en la iniciativa se propone la derogación del artículo 9, fracción III de la Ley de Vías Generales de Comunicación; la derogación de las fracciones I y II del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor; y la derogación del inciso x), de la fracción III del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera. Asimismo propone la reforma a la fracción IX del artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera.
La Ley que se pretende expedir regula la convivencia libre de violencia en el entorno escolar que deben promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Tiene por objeto establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz, perspectiva de género y de derechos humanos de la infancia y juventud, orienten el diseño e instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir los distintos tipos de violencia en el entorno escolar, que se presenta en los niveles básico, medio superior y superior, tanto público como privado que se imparten en la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios; diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de las personas que integran la comunidad educativa a una vida libre de violencia en el entorno escolar, promoviendo su convivencia pacífica; impulsar la coordinación interinstitucional para atender, contribuir a erradicar y prevenir la violencia en el entorno escolar; establecer mecanismos de participación y seguimiento en el diseño e instrumentación de las políticas públicas en materia de prevención y atención de la violencia en el entorno escolar, con la participación de instituciones de la Federación, las entidades federativas y los municipios, con instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de padres de familia y comunidad educativa en general; promover la creación y, en su caso, la modificación de los planes y programas de estudio que contribuyan a la prevención de la violencia en el entorno escolar desde un ámbito integral y multidisciplinario en coordinación con las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, y promover la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria para garantizar una convivencia libre de violencia en el entorno escolar.
Establece que se entenderá por violencia en el entorno escolar todas aquellas conductas generadas individual o colectivamente, que ocurren de modo reiterativo prologándose durante un periodo de tiempo, tanto dentro como fuera de los planteles educativos o del horario escolar, entre integrantes de la comunidad educativa, asociados a los distintos tipos de violencia señalados en la propia ley.
Le corresponderá a cada entidad federativa, a través de su autoridad educativa local, instalar el Observatorio, como un órgano plural especializado y multidisciplinario en temas de convivencia entre escolares, al que le corresponde realizar diagnósticos en materia de violencia en el entorno escolar, elaborar estadísticas, indicadores e informes que formulen propuestas y recomendaciones de actuación, que contribuyan a mejorar la eficacia de las acciones encaminadas a prevenir, atender y erradicar el fenómeno objeto de la presente Ley. Los municipios podrán instalar su propio Observatorio sobre Convivencia en el Entorno Escolar.
Se adiciona el Código Penal Federal para señala que se impondrá prisión de 2 a 5 años, al que difunda con o sin autorización, imágenes, videos, texto y cualquier otro elemento través de medios electrónicos, ya sea de comunicación o de información, cuya finalidad sea menoscabar la dignidad, buena imagen, decoro, honor, privacidad, intimidad o cualquier otro derecho humano de la víctima de violencia en el entorno escolar.
Propone reformas a las fracciones I, III y VIII del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos con el objeto de incrementar el Derecho No Migrante en diez dólares, para quedar en 412 pesos (alrededor de 32 dólares) esta modificación representa una recaudación de 3,500 millones de pesos anuales.
Con la anterior propuesta –afirma el autor- que se fortalecen los recursos presupuestarios destinados para proyectar a México como uno de los mejores destinos turísticos a nivel internacional.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA Y SIN DISCUSIÓN FUE APROBADO POR 95 VOTOS EN PRO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA Y SIN DISCUSIÓN FUERON APROBADOS POR 92 VOTOS EN PRO. SE REMITIERON A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA. EL SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PRESENTÓ EL DICTAMEN A NOMBRE DE LAS COMISIONES. PARA LA DISCUSIÓN EN LO GENERAL, INTERVINIERON LOS SENADORES: ARMANDO RÍOS PITER DEL PRD Y DAVID PENCHYNA GRUB DEL PRI.
FUE APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR 84 VOTOS EN PRO. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
SE DISPENSÓ SU SEGUNDA LECTURA. PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, INTERVINIERON LOS SENADORES:
CRISTINA DÍAZ SALAZAR Y RAÚL GRACIA GUZMÁN.
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ DE LAS RESERVAS AL ARTÍCULO 27, EN SU FRACCIÓN XVI Y AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO ARTÍCULO, POR PARTE DEL SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE; Y AL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL PROYECTO, DEL SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN.
LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE EL SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN RETIRÓ LA RESERVA AL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL PROYECTO, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A SU VOTACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL DICTAMEN. FUE APROBADO.
HIZO USO DE LA PALABRA EL SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE PARA PRESENTAR SU RESERVA AL ARTÍCULO 27, QUE SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN.
POR FALTA DE QUÓRUM SE LEVANTÓ LA SESIÓN.
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE EL SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE RETIRÓ LAS RESERVAS AL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN XVI Y ÚLTIMO PÁRRAFO, PRESENTADAS EL PASADO 6 DE DICIEMBRE.
EN CONSECUENCIA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN EL ARTÍCULO EN LOS TÉRMINOS DEL DICTAMEN, EL CUAL FUE APROBADO POR 58 VOTOS EN PRO, 2 EN CONTRA Y 38 ABSTENCIONES, A PETICIÓN EXPRESA DEL SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA SE INCLUYÓ SU VOTO EN ABSTENCIÓN.
SE DECLARÓ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.-
De manera general, la minuta propone desaparecer las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública y modifica la denominación de la Secretaría de la Reforma Agraria, por Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Le otorga a la Secretaría de Gobernación diversas funciones, sobre todo en materia de seguridad.
Las comisiones aprueban la minuta con las siguientes modificaciones: artículo 27 fracciones III, X, XI, XII, XIII, XVI, XIX, XX, XXX, XXXI y XLI; respecto la atribución conferida a la Secretaría de Desarrollo Social de promover, prevenir y eliminar la discriminación, propuesta en la fracción XI del artículo 32, las comisiones dictaminadoras consideran que dicha atribución es competencia de la Secretaría de Gobernación, por lo que se sugiere trasladarla al artículo 27, en la fracción XLI; en congruencia con la modificación anterior, se propone eliminar del artículo 32 de la ley relativa a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social el inciso d) de la fracción I, fracciones XI y XIII. Respecto al régimen transitorio las comisiones unidas aprobaron adicionar un nuevo artículo Segundo Transitorio, en cuanto a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública.
FUE APROBADO POR 97 VOTOS EN PRO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
FUE APROBADO POR 102 VOTOS EN PRO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
FUE APROBADO POR 104 VOTOS EN PRO. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
LA MESA DIRECTIVA INSTRUYÓ DAR POR TOTALMENTE CONCLUIDO EL ASUNTO.
Las comisiones dictaminadoras coinciden con la colegisladora, en que el motivo de la propuesta ya se encuentra atendido en la Ley vigente, razón por lo cual se propone su desechamiento.
La iniciativa replanteaba los mecanismos de diversas políticas públicas para que los jóvenes se desarrollaran en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar.
SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL PRIMER RESOLUTIVO Y A LA COMISIÓN DE TURISMO DEL SENADO EL SEGUNDO DE ÉSTOS.
Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de Durango, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a celebrar convenio de colaboración a fin de beneficiar a la población duranguense con tarifas de consumo de energía eléctrica preferenciales en este próximo periodo invernal y los subsecuentes.
Convocatoria de la Reunión de Junta Directiva de esta Comisión, que se llevará a cabo el día martes 11 de diciembre del año en curso a las 15:30 horas, en la sala del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el 1er. Piso del Hemiciclo.
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día martes 11 de diciembre, a las 16:00 horas en la Sala del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el Primer piso del Hemiciclo del Senado de la República.
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá lugar el próximo martes 11 de diciembre, a las 18:00 horas, en la sala 2, ubicada en la planta baja del Hemiciclo.
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá lugar el próximo martes 11 de diciembre, a las 16:00 horas, en la sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo.

References: artículo 41
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 27
 artículo 6
 resolución 
 artículo 28
 artículo 61
 artículo 6
 Artículo 27
 artículo 33
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 48
 resolución 
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 144
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 8
 ARTÍCULO 27
 ARTÍCULO 27
 ARTÍCULO 27
 artículo 27
 artículo 32
 artículo 27
 artículo 32