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MARZO &ABOGADOS DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS ÍNDICE - PDF
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Luis Miguel Ayala Revuelta
1 Cliente: Asociación Valenciana de Empresas de Informática (en adelante AVINFO) Asunto: Informe sobre la Protección Jurídica del Software Fecha: 10 de Junio de 2002 ÍNDICE I. LEGISLACIÓN CONSULTADA A EFECTOS DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME... 2 II. ANÁLISIS JURÍDICO INTRODUCCIÓN: LEGISLACIÓN APLICABLE... 3 a.- Desde el punto de vista de la Propiedad Intelectual... 3 b.- Desde el punto de vista de la Propiedad Industrial... 4 c.- Desde el punto de vista de la Competencia Desleal... 5 d.- Desde el punto de vista de la Ley de Marcas... 6 e.- Desde el punto de vista de la legislación penal... 7 f.- Desde el punto de vista de la legislación laboral CONTENIDO DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL... 9 a.- Derechos Morales:... 9 b.- Derechos de Explotación: TIPOS DE AUTORÍA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LA PROPIEDAD DEL SOFTWARE Y LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD A TERCEROS FORMAS DE PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR a.- El Copyright b.- Registro del Programa c.- Acciones Judiciales d.- Depósito del Programa de Ordenador e.- Los contratos informáticos LA GARANTÍA DEL SOFTWARE: PLAZOS Y OBLIGACIONES a.- Garantías Contractuales ) Garantía del buen estado y funcionamiento del software ) Garantía de Soporte Físico o Media ) Garantía de Servicios ) Garantía de Autoría b.- Garantías Legales ) Saneamiento por vicios ocultos del Código Civil y del Código de Comercio29 2) Derechos del consumidor y usuario ) Garantías previstas en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista ) Responsabilidad civil por productos defectuosos ) Directiva 1999/44/CE, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo PROTECCIÓN DE DATOS a.- Obligaciones derivadas para la Empresa b.- Responsabilidad por el mal uso de los datos y consecuencias III. CONCLUSIONES2 I. LEGISLACIÓN CONSULTADA A EFECTOS DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME - Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. - Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. - Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. - Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador. - Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. - Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. - Código Penal. - Estatuto de los Trabajadores. - Código Civil. - Código de Comercio. - Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante LGDCP). - Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (en adelante LOCM). - Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por los Daños Causados por Productos Defectuosos (en adelante LRCPD). - Directiva 1999/44/CE, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo. 23 II. ANÁLISIS JURÍDICO 1. INTRODUCCIÓN: LEGISLACIÓN APLICABLE La protección del software puede venir determinada por diversos medios jurídicos como son el régimen jurídico de los derechos de autor, objeto de análisis a lo largo del presente Informe; las patentes, limitadas a la protección del software en la medida que éste forme parte de una invención susceptible de ser patentada; la normativa de competencia desleal y marcas, especialmente por lo que respecta a la utilización de secretos y denominaciones comerciales; la legislación penal, a través del secreto de Empresa y la tipificación de delitos contra la propiedad intelectual e industrial; así como la normativa laboral, a través del deber de buena fe y de secreto que incumbe al trabajador. A la citada normativa cabe añadir el derecho de obligaciones como un mecanismo adicional a la protección dispensada por aquélla, en virtud del cual por la vía contractual las partes pueden acordar los términos relativos al desarrollo, titularidad y alcance del contenido de los derechos sobre el software, su utilización, mantenimiento, comercialización, etc., si bien debiendo respetar en todo caso los límites derivados de la legislación aplicable en relación con los derechos que ésta regula y el contenido de los mismos cuando dicha legislación no presente carácter supletorio respecto a la voluntad de las partes. La normativa señalada permite proteger los programas de ordenador desde diversos puntos de vista. En base a ello, a continuación se exponen brevemente los distintos aspectos relativos al software susceptibles de protección de conformidad con dicha normativa: A.- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL La protección jurídica del software ha dado lugar a diversos debates doctrinales acerca de cuál se considera el mecanismo más adecuado para llevar a cabo dicha protección, a lo que se une las diferencias existentes entre las regulaciones de Estados Unidos y Japón (donde los programas de ordenador son protegidos a través del sistema de patentes) y la Unión Europea (en la que los programas de ordenador se configuran como objeto de protección a través de la propiedad intelectual). Por lo que respecta a la legislación española, los programas de ordenador se configuran como objeto de propiedad intelectual en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de conformidad con la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, Directiva que fue incorporada a la legislación española a través de la Ley 16/1993, de 23 de diciembre. 34 De acuerdo con dichas normas, se concede a los programas de ordenador una protección con arreglo a la legislación sobre derechos de autor como obras literarias, considerando que a tal efecto el término programa de ordenador incluye programas en cualquier forma, incluso los que están incorporados en el hardware. Asimismo, la expresión programa de ordenador incluye, a efectos de la protección dispensada por la propiedad intelectual, el trabajo preparatorio de su concepción que conduce al desarrollo del programa, siempre que la naturaleza del trabajo preparatorio sea tal que más tarde pueda originar un programa de ordenador. Tal como será expuesto a lo largo del presente Informe, por medio de la legislación de propiedad intelectual se determina quién tiene la consideración de creador de un programa, cuáles son sus derechos, el contenido de tales derechos así como sus excepciones y la disposición de los mismos por su titular entre otros extremos. B.- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Por su parte, el artículo 4 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, dispone que son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, no considerando invenciones en tal sentido los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores entre otros. Con ello, señala la Ley, se excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas. No obstante lo anterior, la Ley de Propiedad Intelectual introduce una matización al establecer que cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la misma, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación de la propiedad industrial. De acuerdo con ello, la doctrina ha puesto de manifiesto que en principio en base a la Ley de Patentes cabría entender que cuando una invención comprende un programa de ordenador, si bien este solo hecho no impide definitivamente la patentabilidad, para juzgar sobre ésta (en particular, sobre la actividad inventiva) habría de atenderse exclusivamente a sus demás elementos y la protección no alcanzaría en ningún caso al programa incluido en el objeto patentado. Sin embargo, la matización incluida por la Ley de Propiedad Intelectual supone que los programas de ordenador que formen parte de una patente o de un modelo de utilidad pueden gozar de la protección correspondiente a éstos, al menos en algunos casos. Resulta destacable en este sentido la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, presentada por la Comisión Europea con el objetivo de resolver la ambigüedad e inseguridad jurídica que actualmente plantea la cuestión de la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, ya que a pesar de que tanto el Convenio sobre Patente Europea como las legislaciones de los Estados Miembros no permiten patentar los programas de ordenador propiamente dichos, en la UE ya se han concedido miles de 45 patentes a invenciones implementadas en ordenador, muchas de las cuales pertenecen a sectores esenciales de la informática, a lo que se une las diferencias presentadas en la práctica administrativa y en la jurisprudencia de los Estados Miembros en este ámbito. La patentabilidad no afectará a los programas de ordenador propiamente dichos, los cuales no son patentables en la medida que no son considerados invenciones sino simplemente un conjunto de instrucciones detalladas que podrían ser utilizadas para fines y ámbitos muy diversos, quedando por tanto en el ámbito de lo intelectual y no de lo industrial. Conforme a lo anterior, la patentabilidad será aplicable únicamente a las invenciones implementadas en ordenador, definidas en la Propuesta de Directiva como toda invención para cuya ejecución se requiera la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable y que tenga una o más características nuevas prima facie que se realicen total o parcialmente mediante un programa o programas de ordenador. Las características que deberá reunir una invención implementada en un ordenador para poder ser patentable conforme a la Propuesta de Directiva son: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, siendo imprescindible para que exista una actividad inventiva que la invención implementada en ordenador aporte una contribución técnica, es decir, una contribución al estado de la técnica que no sea evidente para un experto en la materia. Por lo que respecta a la relación de la protección prevista en la Propuesta de Directiva con los derechos de autor, cabe decir que tanto las patentes como los derechos de autor tienen como finalidad proteger las creaciones e invenciones, si bien su ámbito de protección es diferente. La patente protege la invención como tal, por lo que permite a su titular impedir la utilización por terceros de programas informáticos que apliquen su invención. Los derechos de autor por su parte únicamente protegen la expresión del programa de ordenador (su código fuente o su código objeto), lo cual no permite impedir que un tercero utilice las mismas ideas o principios en los que se basa el programa y los exprese en códigos fuente o códigos objeto diferentes, así como tampoco que desarrolle un programa idéntico o similar. Por este motivo, las invenciones implementadas en programas de ordenador pueden ser protegidas simultáneamente mediante patentes y mediante derechos de autor. En consecuencia, la protección jurídica podrá existir de forma complementaria respecto del mismo programa a través de la legislación tanto sobre patentes como sobre derechos de autor, pudiendo ser acumulativa en el sentido de que un acto que implica la explotación de un programa determinado puede vulnerar a la vez los derechos de autor del código del programa y una patente cuyas reivindicaciones incluyan las ideas y principios implícitos. C.- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA DESLEAL Al objeto de proteger la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, establece la prohibición de los actos de competencia desleal, considerando como tales de manera 56 general todos aquellos comportamientos que resulten objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe. En concreto, y por lo que respecta a la posible protección del software desde el punto de vista de esta normativa, la Ley considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos Empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con el deber de reserva, o ilegítimamente por medio de espionaje o procedimiento análogo. En ambos casos, será requisito necesario para la persecución de las violaciones de secretos indicadas que la violación haya sido efectuada con el ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto. A tal efecto, la Ley legitima a cualquier persona participante en el mercado cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal para el ejercicio de las siguientes acciones: acción declarativa de la deslealtad del acto; acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo; acción de remoción de los efectos producidos por el acto; y acción de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente. Tales acciones, a excepción de la indicada en último lugar, podrán ejercitarse además por las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos cuando resulten afectados los intereses de sus miembros así como en su caso por las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor. Finalmente, el titular de la posición jurídica violada podrá ejercitar la acción de enriquecimiento injusto cuando el acto desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido. D.- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA LEY DE MARCAS Tal como dispone su Exposición de Motivos, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, recoge el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial. De acuerdo con ello, para la protección de los signos distintivos se concederán los siguientes derechos de propiedad industrial: las marcas y los nombres comerciales. A tal efecto, se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una Empresa de los de otras, y por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una Empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás Empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Por lo que respecta al contenido del derecho de marca, el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico así como la capacidad de prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. 67 b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada. Asimismo, el titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal. E.- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA LEGISLACIÓN PENAL Por su parte, el Código Penal tipifica y sanciona en los artículos 270 y siguientes los delitos contra la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Así, el artículo 270 dispone que será castigado quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. Asimismo, se castiga a quien intencionadamente importe, exporte o almacene ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la referida autorización así como la fabricación, puesta en circulación y tenencia de cualquier medio específicamente destinada a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador. En materia de propiedad industrial se castiga, entre otros, al que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos. F.- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL Finalmente, en el ámbito de los contratos laborales con los programadores, resulta conveniente pactar el deber de secreto del trabajador sobre toda la información considerada confidencial por la Empresa, incluso a la finalización de la relación laboral. En este sentido, el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores dispone que el pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses parar los demás 78 trabajadores, sólo será válido si el Empresario tiene un efectivo interés industrial y comercial en ello y se satisface al trabajador una compensación económica adecuada. Dicho pacto implica que, además de la obligación del empleado de no competir de manera desleal con el empleador durante el tiempo de prestación de servicios, el trabajador se compromete a no concurrir ex post, esto es, una vez se haya extinguido el contrato por cualquier causa. A la vista de lo expuesto, resulta recomendable que sean adoptados en la mayor medida posible los diversos mecanismos que la legislación vigente otorga para lograr la más amplia protección de los programas informáticos. 89 2. CONTENIDO DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL La protección jurídica del software se encuentra determinada fundamentalmente por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. A los efectos de dicha Ley, únicamente se protege el programa de ordenador cuando sea original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor, extendiéndose dicha protección a cualesquiera versiones sucesivas del programa así como a los programas derivados, salvo las creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos en el sistema informático. La expresión programa de ordenador comprende a los efectos de la protección dispensada en la Ley la documentación preparatoria del mismo, siendo objeto de la misma protección que los programas de ordenador la documentación técnica y los manuales de uso del programa. Tal como ha puesto de relieve la doctrina, la tutela del software a través del derecho de autor ha constituido la solución pragmática por la vía más rápida e internacionalmente eficaz para proteger las inversiones de las Empresas de desarrollo de software frente a la piratería. Por medio de dicha normativa se determina quién tiene la consideración de creador de un programa, cuáles son sus derechos, el contenido de tales derechos así como sus excepciones y la disposición de los mismos por su titular entre otros extremos. De acuerdo con ello, a continuación se analiza el contenido y alcance de los derechos que en virtud de la LPI ostenta el autor del programa. Conforme a la LPI, la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, con las limitaciones previstas en la misma. Por tanto, al hablar del contenido de los derechos de autor en relación con el software debemos hacer referencia a los distintos tipos de derechos que recaen sobre éste y que a continuación se indican. A.- DERECHOS MORALES: La LPI enumera los derechos morales que corresponden al autor de una obra objeto de propiedad intelectual por el mero hecho de serlo. A tal efecto, la Ley considera autor a la persona natural que haya creado la obra literaria (el programa de ordenador), si bien establece que de la protección concedida por la misma podrán beneficiarse personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella, como ocurre en el caso de las obras colectivas. Los derechos morales se caracterizan por ser perpetuos, irrenunciables e inalienables, lo cual quiere decir que no pueden ser objeto de cesión ni de dejación; además, el titular no puede perderlos por el hecho de no usarlos. Estos derechos morales son los siguientes: - Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. El hecho de ejercitar este derecho condiciona el derecho patrimonial para el autor, ya que la decisión de entregar su obra al público le reviste de derechos económicos: antes de la divulgación, la obra forma parte de su personalidad; tras la divulgación, se convierte en un bien patrimonial, 910 de modo que los derechos económicos nacen a partir de ese momento. Este derecho moral subsiste en tanto la obra no haya sido hecha pública con el consentimiento del autor. - Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo signo o anónimamente. La Ley de Propiedad Intelectual omite regular la duración de este derecho aunque resulta evidente que es perpetuo y, en ausencia del autor o sus derechohabientes, podrá ser ejercitado por el Estado, las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales e Instituciones culturales públicas. En los demás casos, el derecho se extingue con la muerte del autor. - Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra, en los supuestos de plagio. En virtud de ello, el creador de una obra podrá ejercitar acciones declarativas o reivindicatorias de la autoría, que adquieren una dimensión monetaria, puesto que normalmente, el plagio de una obra tiene como fin lucrarse ilícitamente. Sin embargo, si un tercero se atribuyera moralmente la ejecución de una obra, el verdadero autor podría reivindicar la autoría, solicitando que el tercero acredite su autoría o, de lo contrario, desista para siempre de su intención. - Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus intereses legítimos o menoscabo a su reputación. - Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de Bienes de Interés Cultural. - Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización por daños y perjuicios a los titulares de los derechos de explotación. Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra, deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias. - Acceder al ejemplar único y raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra, y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen. En relación los derechos indicados y por lo que respecta al software como objeto de propiedad intelectual, ni la Directiva ni el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual se pronuncian al respecto. En este sentido, la doctrina ha puesto de manifiesto en ocasiones el difícil acomodo de estos derechos a la protección del software, considerando que la atribución del derecho moral al software reviste escaso interés para el autor, pudiendo resultar inconveniente para los cesonarios de la explotación. Ello no obstante, y por lo que respecta a la legislación española, la doctrina considera que no cabe ninguna duda de que el derecho moral ha de ser reconocido a los autores de programas de ordenador, al menos en la medida exigida en el Convenio de Berna 1011 respecto a la paternidad e integridad de la obra. De acuerdo con ello, si bien no todos los derechos morales enunciados encuentran fácil aplicación en relación con el software, sí cabe tener en cuenta la posible aplicación de algunos de ellos, como, a modo de ejemplo, el derecho de arrepentimiento que puede asistir al autor de programas de exclusiva utilización bélica que posteriormente cambia a convicciones pacifistas. B.- DERECHOS DE EXPLOTACIÓN: Tal como se ha indicado en la introducción de este apartado, junto a los derechos de carácter personal (o derechos morales), la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, con las limitaciones previstas en la misma. Ello quiere decir que el autor del programa podrá bien explotarlo directamente con exclusión de cualesquiera otras personas, bien autorizar a terceros para que lleven a cabo dicha explotación. De este modo se pone de relieve que, a diferencia de los derechos morales (que como hemos indicado son perpetuos, irrenunciables e inalienables), los derechos de explotación (cuya duración abarca toda la vida del autor y 70 años después de su muerte o declaración de fallecimiento cuando el autor sea una persona natural, o bien 70 años computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubieran divulgado en caso de personas jurídicas), pueden ser transmitidos o cedidos a terceros por quien sea su titular exclusivo. Dicha transmisión o cesión, que es objeto de análisis en el apartado siguiente, facultará a los cesionarios para el ejercicio de estos derechos cuyo contenido se expone a continuación: Conforme al artículo 99, y sin perjuicio de lo que después se dirá respecto a los límites de estos derechos de explotación, el titular de los derechos exclusivos de la explotación de un programa de ordenador, tiene el derecho a realizar o autorizar: -La reproducción del programa de ordenador, que consiste en la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella. La reproducción del programa puede ser total o parcial, incluso para uso personal, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya sea permanente o transitoria. Debe disponerse de autorización para tal reproducción cuando sea necesaria para la carga, presentación, ejecución, transmisión, o almacenamiento del programa, autorización que otorgará el titular del derecho. - La transformación del programa, es decir, la traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación o modificación del programa de la que se derive un programa de software diferente, así como la reproducción del resultado de tales transformaciones. De una transformación surge, por tanto, una obra distinta. En este caso hay que distinguir entre los derechos pertenecientes al primer creador y los que corresponden al autor de la segunda. Una vez prestado el consentimiento por el autor original, la obra transformada es una obra independiente, cuyo autor contará, respecto de la misma, con todos los derechos patrimoniales y morales que la Ley le confiere. - La comunicación pública del programa, entendiendo por tal el derecho a permitir a una pluralidad de personas el acceso al software sin previa distribución de ejemplares a cada una de estas personas. Si bien este derecho no se incluye expresamente en la 1112 regulación específica del software que lleva a cabo la Ley, sí aparece regulado en el régimen general establecido por la misma. De acuerdo con ello, la doctrina considera que cabe aplicar este derecho subsidiariamente en diversas situaciones producidas en el entorno de las nuevas tecnologías que implican una comunicación pública de programas de ordenador, señalando como ejemplo aquellos casos en que una Empresa permite que diferentes usuarios accedan a la copia del programa que tiene residente en su servidor y hagan uso de ella según sus necesidades y sin distribuir copias del mismo a los usuarios, cargándoles luego una tarifa en función del uso que hayan hecho de dicha copia. - Cualquier forma de distribución pública del software o comercialización del programa original o de sus copias, incluido el alquiler del programa original o de sus copias. La primera venta de una copia de un programa por parte del titular de los derechos de explotación, agota el derecho de distribución de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo. Entiende la doctrina que el agotamiento del derecho de distribución establecido en la Ley se refiere fundamentalmente a los programas estándar que son comercializados masivamente en tiendas de informática, y no a aquellos otros supuestos de software desarrollado a medida para un determinado cliente o de aplicaciones muy específicas, en cuyo caso consideran que el fabricante mantiene el derecho de controlar la distribución de los mismos. Por otra parte, y por lo que respecta a la expresión venta de una copia de un programa cabe destacar que la configuración jurídica de la relación entre distribuidor y usuario final implica la venta del soporte material al que va incorporado el programa junto con una licencia para el uso de dicha copia, en los términos que más adelante se indican. - El uso del programa, derecho que si bien no aparece mencionado expresamente en la ley como un derecho de explotación, la doctrina entiende que puede ser considerado como un derecho de explotación específico del software, independientemente de los restantes derechos de explotación. Así, la Ley establece el alcance que cabe otorgar, salvo prueba en contrario, a la cesión del derecho de uso de un programa de ordenador y establece una serie de facultades para el usuario legítimo del software que van más allá del mero uso del mismo, articulando para ello determinados límites a los derechos de explotación. En efecto, junto a los anteriores derechos, la LPI establece una serie de límites en virtud de los cuales el usuario o cesionario titular de derechos de explotación del programa podrá ejercer una serie de facultades sin necesidad de obtener para ello la autorización del autor o del titular cedente de tales derechos. Dichas facultades, cuyo contenido podrá ser ampliado o restringido por la vía contractual siempre que queden debidamente garantizadas las facultades del usuario legítimo, son las siguientes: - En primer lugar, no necesitarán autorización del titular, salvo disposición contractual en contrario, la reproducción o transformación de un programa de ordenador incluida la corrección de errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo, con arreglo a su finalidad propuesta. 1213 - En segundo lugar, la realización de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en cuanto resulte necesaria para dicha utilización. Por tanto, si no se menciona nada en el contrato en relación a la copia de seguridad o ésta resulta necesaria para la utilización del programa, cabe entender que el usuario tiene derecho a hacerla. - En tercer lugar, el usuario legítimo de la copia de un programa estará facultado para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, sin autorización previa del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa que tiene derecho a hacer. - Salvo pacto en contrario, el autor no podrá oponerse a que el cesionario titular de derechos de explotación realice o autorice la realización de versiones sucesivas de su programa ni de programas derivados del mismo. - Junto a lo anterior, la Ley permite la reproducción del código objeto y su traducción a código fuente (es decir, la descompilación del programa) sin necesidad de autorización del titular del derecho cuando ello sea indispensable para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que tales actos sean realizados por el usuario legítimo o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o, en su nombre, por parte de una persona debidamente autorizada. b) Que la información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente y de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a que se refiere el párrafo anterior. c) Que dichos actos se limiten a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad. Esta excepción relativa a la posibilidad de descompilar un programa sin necesidad de autorización del titular del derecho será aplicable siempre que la información así obtenida: a) Se utilice únicamente para conseguir la interoperabilidad del programa creado de forma independiente. b) Sólo se comunique a terceros cuando sea necesario para la interoperabilidad del programa creado de forma independiente. c) No se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor. En cualquier caso, las facultades señaladas no podrán interpretarse de manera que permitan que su aplicación perjudique de forma injustificada los legítimos intereses del 1314 titular de los derechos o sea contraria a una explotación normal del programa informático. 1415 3. TIPOS DE AUTORÍA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Uno de los aspectos esenciales relacionados con el software lo constituye la determinación de la autoría y la titularidad de los derechos de explotación, pues si bien en principio la autoría de una obra objeto de propiedad intelectual atribuye al autor los derechos morales sobre la obra (derechos perpetuos, inalienables e irrenunciables) así como la plena disposición y el derecho exclusivo a su explotación, en determinados supuestos (como ocurre en el supuesto de programa creado por trabajador asalariado y sin perjuicio de los pactos a que puedan llegar las partes) la Ley atribuye la titularidad de los derechos de explotación a quien no es el autor del programa. Por otra parte, dependiendo de la mayor o menor complejidad de los programas, es posible que en su creación participen una o varias personas. Así, cabe la posibilidad de que, en el ámbito de la Empresa, el programa sea creado bien por un solo trabajador, o bien por varios trabajadores, supuesto este último que será el habitual en las grandes Empresas de software, lo que implica la necesidad de determinar desde un primer un momento a quién corresponde la autoría del programa así como la titularidad de los derechos de explotación del mismo. Sin perjuicio de los pactos a que puedan llegar las partes, la Ley establece una serie de previsiones al respecto en función de los distintos tipos de autoría que pueden darse en la práctica y que son los siguientes: - Programa creado por un autor unitario persona física: en este caso, tanto los derechos morales (que corresponden en todo caso al autor de la obra) como la titularidad exclusiva de los derechos de explotación corresponden al autor del programa, el cual podrá disponer libremente de sus derechos sin más limitaciones que las previstas en la Ley. - Obra colectiva: obra colectiva es aquella creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y que está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada. En estos casos, salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre (tanto los derechos morales como los de explotación). Por tanto, en la obra colectiva la iniciativa de creación del programa de ordenador es de una persona, natural o jurídica, la cual coordina sus trabajos de creación y la edita y divulga bajo su nombre. Cuestiona no obstante la doctrina los requisitos que establece la Ley en relación con la edición y divulgación del programa de ordenador y el alcance que cabe atribuir a los mismos, especialmente en el caso de que el Empresario que ha tenido la iniciativa y coordinado la creación del programa decida no divulgarlo, sino, por ejemplo, utilizarlo en el seno de su Empresa manteniéndolo en secreto. En este sentido, sostienen los autores que editar no suele considerarse actividad propia de las Empresas de software, y divulgar no es un término que pueda aplicarse en principio a 1516 la puesta en el mercado de ejemplares en código máquina que, frente al significado propio de la divulgación de una obra, conservan secreto su contenido intelectual. En opinión de este Despacho, cabría interpretar dicha divulgación como sinónimo de distribución, entendida como el acto por el que se hace accesible al público en cualquier forma el original o copias del programa, incluyendo en dicho acto la elaboración del software para un solo cliente o para un determinado número de ellos, si bien se trataría de una interpretación muy ajustada que podría no cumplir todos los requisitos exigidos por la norma para concebir una obra como obra colectiva. En todo caso, la creación del programa debe realizarse a través de las aportaciones de diferentes autores, las cuales se funden en una creación autónoma (programa de ordenador), no pudiendo atribuirle de manera separada a cualquiera de estos autores un derecho sobre el conjunto del programa de ordenador. Considera la doctrina que cabe esta posibilidad cualquiera que sea la relación jurídica entre quien divulga la obra y los autores que contribuyen con sus aportaciones para que se fundan en una creación única, tanto si los autores están sujetos a relación laboral como a cualquier otra (como pueda ser un contrato de obra, o cuando mediante pacto así se haya organizado la realización), bien sean en parte empleados y en parte personas externas, incluso asalariados de otra Empresa. Igualmente, se ha puesto de relieve la posibilidad de llevar a cabo un desarrollo conjunto de un programa por varias Empresas bajo el liderazgo de una de ellas que dirige y supervisa su creación, asimilando la participación de las restantes Empresas a una aportación de medios (arrendamiento de servicios) más que a una obligación de resultado (arrendamiento de obra), en cuyo caso cabría hablar de desarrollo de un programa colectivo, atribuyendo en consecuencia a la Empresa coordinadora y directora, salvo pacto en contrario, los derechos morales y de explotación sobre el software. - Obra en colaboración: aquella obra que es el resultado unitario de la colaboración de varios autores. La Ley establece que a reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colaboración, éstos podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo que causen perjuicio a la explotación común. Para divulgar y modificar la obra en colaboración se requiere el consentimiento de todos los coautores. En defecto de acuerdo, el Juez resolverá. Una vez divulgada, ninguno podrá rehusar injustificadamente su consentimiento para su explotación en la forma en que se divulgó. En estos casos, los derechos de propiedad intelectual corresponden a todos los coautores en la proporción que ellos determinen, de modo que la atribución de tales derechos podrá ser pactada por los coautores del programa de ordenador. En lo no previsto, se aplicarán a estas obras las reglas de la comunidad de bienes. En relación con la creación de un programa en el ámbito de la relación laboral, la doctrina ha puesto de manifiesto que sólo cabe hablar de programas en colaboración en aquellos casos en que se crea un programa unitario respecto al que se puede determinar qué partes del programa han sido desarrolladas por cada uno de los trabajadores, como pueda ser un programa integrado por diferentes módulos perfectamente diferenciables desarrollado cada uno de ellos por una persona determinada. 1617 Asimismo, siguiendo el ejemplo indicado en relación con la obra colectiva, en aquellos casos en que varias Empresas acuerden desarrollar de forma conjunta un programa de ordenador, se ha puesto de relieve que, aun cuando pudiera existir una Empresa que ejerza la función de director o líder del proyecto, si esta función no es muy relevante y se puede identificar claramente la aportación de cada una de las Empresas participantes en relación con el programa, cabría hablar de programa en colaboración, correspondiendo los derechos de autor a cada una de ellas en la cuantía que determinen en el contrato. - Obra compuesta e independiente: obra compuesta es aquella obra nueva que incorpora una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización. De este modo, el autor de la obra nueva ostentará los derechos que como tal le corresponden, si bien deberá obtener en todo caso la autorización del autor de la obra preexistente para poder llevar a cabo su incorporación. Obra independiente es aquella que constituye una creación autónoma, siendo a tal efecto indiferente que se publique conjuntamente con otras. Así, es posible que una Empresa interesada en el desarrollo de un software acuda a otras Empresas de software que hayan desarrollado previamente un programa que puede ser útil para el nuevo programa que se pretende desarrollar, en cuyo caso será preciso determinar lo que corresponda respecto a los derechos de explotación de los programas originales y el programa resultante, deber de confidencialidad sobre el código fuente de los programas, etc. - Programa creado por trabajador asalariado en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su Empresario: supuesto habitual en la práctica Empresarial cotidiana. En estos supuestos la titularidad de los derechos de explotación del programa (código fuente y código objeto), salvo pacto en contrario, corresponderá al Empresario en exclusiva, correspondiendo los derechos morales al autor del programa de ordenador (trabajador asalariado). Resulta interesante, por los efectos prácticos que ello pueda tener, poner este supuesto en relación con los analizados anteriormente relativos a los programas elaborados como obra colectiva y a los programas elaborados en colaboración. Para ello recordemos que se entiende por obra colectiva aquella creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y que está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada. En estos casos, salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre (tanto los derechos morales como los de explotación). Por su parte, se entiende por obra en colaboración aquella obra que es el resultado unitario de la colaboración de varios autores. En estos casos, los derechos de propiedad intelectual corresponden a todos los coautores en la proporción que ellos determinen, de modo que 1718 la atribución de tales derechos podrá ser pactada por los coautores del programa de ordenador. Tal como ha manifestado la doctrina, para hablar de obra colectiva, no es necesario que los autores sean trabajadores asalariados, si bien es perfectamente posible, y de hecho, es lo habitual que puedan serlo. De este modo, si el Empresario organiza el trabajo de producción del software entre una pluralidad de empleados asalariados en los términos previstos para la obra colectiva (de modo que el Empresario asume la iniciativa y coordinación del programa creado por los trabajadores asalariados), estaremos en presencia de una obra colectiva, en cuyo caso todos los derechos del programa (morales y patrimoniales) pueden corresponder al Empresario que lo divulgue bajo su nombre. Si no se dan los requisitos señalados para poder considerar la obra como colectiva, la titularidad de los derechos de explotación sobre el programa elaborado por una pluralidad de trabajadores asalariados constituirá una obra en colaboración, correspondiendo los derechos de propiedad intelectual a todos los coautores en la proporción que ellos determinen. En estos casos, si el programa ha sido creado en colaboración por una pluralidad de trabajadores asalariados en el ejercicio de las funciones que les han sido confiadas o siguiendo las instrucciones del Empresario, independientemente de que sea una pluralidad de ellos los que intervengan en la creación del programa, la titularidad de los derechos de explotación corresponderá exclusivamente al Empresario salvo pacto en contrario, correspondiendo los derechos morales a los trabajadores coautores del programa. La creación del programa debe estar vinculada al objeto de su contrato de trabajo, aunque no sea específicamente el desarrollo de software, pudiendo haber sido creado por el trabajador como medio instrumental que resulte necesario para el completo desarrollo del objeto principal de su contrato de trabajo. Cuando la creación no tenga carácter instrumental para el desarrollo o aplicación del trabajo, ni esté vinculado con la actividad contratada, en principio quedaría fuera del ámbito de aplicación de la norma, y por tanto fuera de la titularidad del Empresario, independientemente de que los medios o conocimientos empleados se debieran a la Empresa, si bien existen diversos criterios Jurisprudenciales al respecto y no siempre coincidentes. 1819 4. LA PROPIEDAD DEL SOFTWARE Y LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD A TERCEROS Partiendo del carácter irrenunciable, indisponible e inalienable de los derechos morales, que corresponden en todo caso al autor del programa, la cesión o transmisión de los derechos de explotación por quien sea su titular en los términos vistos en el apartado anterior, habrá de observar las normas y requisitos de forma establecidos al efecto por la LPI. Así, la Ley parte del principio general de que la transmisión de los derechos de explotación por actos inter vivos, que deberá formalizarse por escrito, queda limitada a la cesión del derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen. Este principio adquiere una gran importancia ya que en caso de no especificar los extremos que se indican con la mayor precisión posible, la transmisión de los derechos de explotación quedará limitada en los siguientes términos: - si no se menciona el tiempo, la transmisión quedará limitada a cinco años; - la falta de mención del ámbito territorial limitará la transmisión al país en el que se realice la cesión; - finalmente, en caso de que no se especifiquen de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo. En todo caso, la transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión. La Ley regula asimismo la posibilidad de realizar la cesión de los derechos de explotación de manera exclusiva o no. En este sentido, para que la cesión de los derechos sea en exclusiva deberá otorgarse (por quien tiene los derechos en exclusiva) expresamente con este carácter y atribuirá al cesionario, dentro del ámbito de aquélla, las siguientes facultades: - explotar la obra con exclusión de otra persona, comprendido el propio cedente; - otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros, salvo pacto en contrario; - transmitir a otro su derecho con el consentimiento expreso del cedente, salvo que la transmisión se lleve a efecto como consecuencia de la disolución o del cambio de titularidad de la Empresa cesionaria, en cuyo caso no será preciso dicho consentimiento. Fuera de este último caso, en defecto de consentimiento, los cesionarios responderán solidariamente frente al primer cedente de las obligaciones de la cesión; - asimismo, le confiere legitimación con independencia de la del titular cedente, para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido. 1920 Esta cesión constituye al cesionario en la obligación de poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida, según la naturaleza de la obra y los usos vigentes en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate. En aquellos casos en que la cesión sea no exclusiva, el cesionario no exclusivo quedará facultado para utilizar la obra de acuerdo con los términos de la cesión y en concurrencia tanto con otros cesionarios como con el propio cedente. Su derecho será intransmisible, salvo en los supuestos en que la transmisión se lleve a efecto como consecuencia de la disolución o del cambio de la titularidad de la Empresa cesionaria, si bien cabe limitar esta posibilidad por la vía contractual. Teniendo en cuenta lo anterior, la LPI dispone que cuando se produzca cesión del derecho de uso de un programa de ordenador, se entenderá, salvo prueba en contrario, que dicha cesión tiene carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose asimismo que lo es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario. Finalmente, por lo que respecta a la remuneración del autor en caso de que la cesión otorgada sea a título oneroso, en principio dicha cesión le confiere una participación proporcional en los ingresos de la explotación, en la cuantía convenida con el cesionario. No obstante lo anterior, las partes pueden convenir una remuneración a tanto alzado para el autor en los siguientes casos: a) Cuando, atendida la modalidad de la explotación, exista dificultad grave en la determinación de los ingresos o su comprobación sea imposible o de un coste desproporcionado con la eventual retribución. Es de destacar que, en la práctica, pese a tener un carácter excepcional, la remuneración a tanto alzado por esta causa suele ser lo más habitual en cuanto al pago de derechos de autor cuando la obra es un programa de ordenador. b) Cuando la utilización de la obra tenga carácter accesorio respecto de la actividad o del objeto material a los que se destinen. c) Cuando la obra, utilizada con otras, no constituya un elemento esencial de la creación intelectual en la que se integre. En estos casos, si se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquél podrá pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al Juez para que fije una remuneración equitativa, atendidas las circunstancias del caso. Esta facultad podrá ejercitarse dentro de los diez años siguientes al de la cesión. 20 Mostrar más
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e contrario
 artículo 270
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 99
 Artículo 1
sui generis
 Real Decreto 
 Artículo 1
 Artículo 17
 artículo 61
in fine
 artículo 37