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Victor Fowler: Comentarios sobre el proyecto de Constitución de la República de Cuba | La Cosa
Victor Fowler: Comentarios sobre el proyecto de Constitución de la República de Cuba
septiembre 11, 2018 septiembre 19, 2018 Julio César Guanche
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(En este texto, pertenece al autor solo lo subrayado por él en negritas, o alguna marca suya de edición, tipo tachado)
En ese entonces, el Buró Político acordó crear un grupo de trabajo, presidido por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, con el objetivo de estudiar los posibles cambios a introducir en el orden constitucional, a raíz de los acuerdos del VI Congreso y la Primera Conferencia Nacional del Partido, el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad desarrollado en el país, la necesidad de hacer corresponder la Constitución con nuestra realidad, el futuro previsible y las demás medidas que han sido aprobadas en los últimos años; teniendo como presupuesto esencial el pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.
Durante todo este tiempo se realizó un profundo estudio de nuestra historia y tradición constitucional, los procesos constitucionalistas desarrollados en América Latina en los últimos años y las experiencias derivadas de aquellos países que construyen el socialismo, así como textos constitucionales de otras naciones.
Como es conocido, la Asamblea Nacional del Poder Popular, en ejercicio de su facultad constituyente, acordó, en su sesión extraordinaria del pasado 2 de junio, conformar de entre sus diputados una comisión en la que estuviera representada una parte importante de los sectores que integran nuestra sociedad, bajo la dirección del compañero Raúl Castro Ruz, con el objetivo de preparar un anteproyecto de Constitución de la República.
El lenguaje empleado se corresponde con la terminología que debe caracterizar un texto constitucional y con nuestra realidad política, económica y social.
La redacción en términos generales de sus contenidos confiere mayor flexibilidad, perdurabilidad, seguridad y aplica bilidad de la Constitución.
Es incorporado el concepto de Estado socialista de derecho, a fin de reforzar la
institucionalidad y el imperio de la ley, dentro de ello la supremacía de la Constitución.
De manera singular destaca el desarrollo de una amplia gama de derechos a tono con los instrumentos internacionales de los que en esta materia Cuba es parte. Resaltan los relativos al derecho a la defensa, el debido proceso, la participación popular y se reformulan los económicos y sociales, en particular el de la salud y la educación, los que se mantienen como función del Estado y con carácter gratuito, aunque se prevé que la ley defina otras cuestiones vinculadas a los mismos.
Respecto a la ciudadanía el cambio fundamental radica en que se modifica nuestra afiliación a la no admisión de la doble ciudadanía y, en su lugar, plantea acogernos al principio de “ciudadanía efectiva”, que consiste en que “los ciudadanos cubanos, en el territorio nacional, se rigen por esa condición y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera”.
Referente a los órganos del Estado, se mantiene un adecuado equilibrio entre estos y se incorporan las figuras del Presidente de la República como Jefe del
Estado y la del Primer Ministro a cargo del Gobierno de la República; a ambas se les exige como requisito ser diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Más que nunca están vigentes las siguientes palabras de nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz:
“Una de las cosas que nos preocupa y que debe ser de una preocupación perenne, es que […] la Constitución que nosotros hagamos se cumpla rigurosamente. No podemos tener o aprobar uno solo de esos preceptos que no se aplique rigurosamente. […]
”La Revolución no puede crear una Constitución, no puede crear instituciones, no puede crear principios que no se cumplan.
por el ideario y el ejemplo de Martí y Fidel, y las ideas políticosociales de Marx, Engels y Lenin;
ARTÍCULO 3. Los símbolos nacionales son la bandera de la estrella solitaria, el himno de Bayamo y el escudo de la palma real.
La ley define los atributos que los identifican, sus características, uso y conservación.En la República de Cuba todo el poder pertenece al pueblo que lo ejerce por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas derivan, o bien directamente.[1]
ARTÍCULO 4. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano.
La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas sanciones.La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro.[2]
ARTÍCULO 5. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista y marxistaleninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado.
ARTÍCULO 7. La Constitución es la norma suprema del Estado y carece de carácter legal cualquier ley, decreto, disposición o decisión que se le oponga[3]. Todos los ciudadanos cubanos están obligados a cumplirla Constitución y todos pueden invocarla para defender sus derechos[4].
Las disposiciones y actos de los órganos del Estado, las organizaciones políticas y de masas del país, sus directivos, funcionarios y empleados, se ajustan a lo prescrito en la Constitución. Los directivos, funcionarios o empleados de cualquiera de estas entidades que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución, lo mismo ordenando que ejecutando el acto que se determine como violatorio, incurre en responsabilidad penal, civil y administrativa, según el caso, sin que sirva de excusa haber obedecido a un superior.[5]
ARTÍCULO 8. Todos los órganos del Estado, las organizaciones políticas y de masas, sus directivos, funcionarios y empleados, tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad. Se entiende por legalidad socialista el conjunto de leyes, decretos, normativas y disposiciones legales que regulan y organizan la sociedad socialista.
ARTÍCULO 9. Los órganos tanto del Estado como de las organizaciones políticas y de masas, sus directivos, funcionarios y empleados, están obligados a respetar y atender al pueblo, mantener estrechos vínculos con este y someterse a su control, en las formas establecidas en la Constitución y las leyes.
Las entidades estatales, partidistas, las organizaciones políticas, sociales y de masas, sus dirigentes, funcionariosy empleados favorecerán, protegerán e impulsarán el ejercicio de la crítica, la autocrítica y en general la comunicación y el intercambio transparente de criterios con la población.
En el trabajo diario de estas entidades no se permite el uso de anónimos.
Parece haber un extraño lapsus conceptual en el hecho de que hayamos tenido que llegar al artículo 10 (después que hablamos de las funciones guía del Partido y la UJC) para anunciar de dónde y de quien toma su poder el Estado. Por ello propongo que el presente artículo sea eliminado y que la precisión que contiene pase a lo que sería el nuevo artículo 4 de esta Constitución.
a) sobre todo el territorio nacional, integrado por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud, las demás islas y cayos adyacentes, las aguas interioresy el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que sobre estos se extiende;
59.h)proteger el patrimonio natural, histórico y cultural de la nación, y
60.i) asegurar el desarrollo educacional, científico, técnico y cultural del país.
61.ARTÍCULO 14. El Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista.
62.a) La pertenencia (o no) a las organizaciones políticas, de masas y sociales se basa en el más estricto principio de voluntariedad y no entraña privilegio alguno ni conlleva a discriminación para quienes libremente decidan no pertenecer a ellas.
¿Qué significa que el Estado cubano “reconoce el desempeño de las demás formas asociativas? ¿Qué cosa es “reconocer” un desempeño?
63.ARTÍCULO15.ElEstadoreconoce,respetaygarantizalalibertad religiosa.
64.En la República de Cuba las instituciones religiosas están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes.
65.Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración.
agregar que:
En su lucha por alcanzar el bienestar de toda la población, el Estado trabaja para erradicar cualquier manifestación de pobreza económica, además de promover e implantar estrategias de avance hacia un desarrollo sustentable que permita hacer cada vez más justa la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza. Para ello, adoptará medidas especialmente dirigidas a proteger y favorecer personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables.[6]
Los organismos del Estado, Partido, UJC y organizaciones políticas y de masas diseñarán políticas, planes, programas y promoverán acciones que incluyan enfoques de género, anti-racistas, contra la homofobia, que se opongan al abuso contra los ancianos, la discriminación por razones de discapacidad, o que ahonden las diferencias entre ciudad y campo, y cualquier otra forma de discriminación.[7]
66.CAPÍTULO II:RELACIONES INTERNACIONALES
67.ARTÍCULO 16. La República de Cuba basa las relaciones internacionales en el ejercicio de su soberanía, los principios antimperialistas e internacionalistas, así como en el diálogo y la colaboración entre pueblos y culturasen función de los intereses del pueblo y, en consecuencia:
68.a) ratifica su aspiración de paz digna,verdaderayválidaparatodos los Estados, asentada en el respeto alaindependenciaysoberaníade los pueblos y su derecho a la libre determinación,expresadoenlalibertad de elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivenciapacíficaentrelasnaciones;
69.b) sostiene su voluntad de observar de manera irrestricta los principios ynormasqueconformanelDerechointernacional,enparticularla igualdad de derechos, la integridad territorial, la independencia de los Estados, el no uso ni amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la cooperación internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo, el arreglo pacífico de controversias en pie de igualdad y respeto y los demás principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas;
d) propugna la unidad de todos los países del Tercer Mundo y condena el imperialismo, enemigo de la paz y de los pueblos; el fascismo; el colonialismo; el neocolonialismo u otras formas de sometimientoy explotación, en cualquiera de sus manifestaciones;
e) promueve la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático, que amenaza la sobrevivencia de la especie humana, sobre la base del reconocimiento de responsabilidades comunes, pero diferenciadas;
(dividir el párrafo para hacer menos larga y engorrosa la idea)
ee) promueveel establecimiento de un orden económico internacional más justo y equitativo y la erradicación de los patrones irracionales de producción y consumo;
Como mismo no hay cultura constitucional en Cuba menos aún creo que exista una cultura de los derechos humanos; por tal motivo considero necesario precisar el alcance de lo que se rechaza (y, por ende, las posturas que se defienden) cuando los derechos humanos son invocados. Por ello, propongoque el siguiente acápite quede del siguiente modo:
f) defiende y protege el disfrute de los derechos humanos, por lo que repudia cualquier manifestación de racismo o discriminación, violencia religiosa, interétnica, contra la mujer, la vejez o la infancia, por razones de identidad sexual y, en general, la derivada de cualquier tipo de prejuicio o concepción que rebaje la dignidad de la persona.
g) condena la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de cualquier Estado y, por tanto, la agresión armada, el bloqueo económico, comercial y financiero, así como cualquier otra forma de coerción económica, o política o cultural, la violencia física contra personas residentes en otros países, u otro tipo de injerencia y amenaza a la integridad de los Estados y de los elementos políticos, económicos y culturales de las naciones;
i) califica de crimen internacional la guerra de agresión y de conquista, reconoce la legitimidad de las luchas por la liberación nacional y la resistencia armada a la agresión, así como considera su deber internacionalista solidarizarse conel agredido y con los pueblos que combaten por su liberación y autodeterminación;
ii) condena la violencia derivada de invasiones, ocupaciones militares y guerras, por ser una negación del diálogo y porque lleva a la destrucción de los patrimonios culturales nacionales y las economías de países subdesarrollados, con un inevitable saldo de desequilibrio social y aumento de la pobreza que propicia nuevos ciclos de violencia;
j) promueve el desarme general y completo, rechaza la existencia, proliferación o uso de armas nucleares,de exterminio en masa u otras de efectos similares, y la ciberguerra, así como el desarrollo y empleo de nuevas armas, incluyendo las autónomas, que transgreden el Derecho Internacional Humanitario;
l) ratifica su compromiso en la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo sostenible, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas; y defiende la cooperación de todos los Estados y la democratización del ciberespacio, así como condena su uso con fines contrarios a ello, incluidas la subversióny la desestabilización de naciones soberanas;
82.ñ)promuevelamultipolaridad enlasrelacionesinternacionales, como alternativa a la dominación y al hegemonismo político, financiero y militar que amenazan la paz, la independencia y la soberanía de los pueblos.
83.ARTÍCULO 17. Lo prescrito en los tratadosinternacionalesratificadosporlaRepúblicadeCubase integraalordenamientojurídico nacional, conforme a lo establecido en la ley.Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.[8]
La firma de un tratado, pacto o convenio internacional no sólo significa que los organismos del país adquieren compromisos que deben respetar, sino que las personas, los ciudadanos, reciben el derecho a ser oídos por los organismos con quienes se realiza la firma.
84.ARTÍCULO18.LaRepúblicade Cuba,ensupropósitodepromoverlaintegraciónlatinoamericana y caribeña, puede, mediante tratados,atribuiraentidadessupranacionales el ejercicio de las facultades requeridas para ello.
85.ARTÍCULO19.LaRepúblicade Cuba concede asilo a los perseguidos por sus ideales o luchas por los derechosdemocráticos,contrael imperialismo,elfascismo,elcolonialismo,elneocolonialismoy cualquierotraformadedominación,ladiscriminaciónyelracismo; por la liberación nacional; por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, campesinos, mujeres, estudiantes, indígenas y ambientalistas;porsusactividades políticas,científicas,artísticasy literariasprogresistasyporelsocialismo y la paz.
87.ARTÍCULO 20. En la República de Cubarigeelsistemadeeconomía basadoenlapropiedadsocialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, comoformadepropiedadprincipal, y la dirección planificada de la economía, que considera y regula la producción, la distribución yel mercado, en función de los intereses de la sociedad.
e) privada: la que se ejerce sobre determinados medios de producción,de conformidad con lo establecido.
f) personal: la que se ejerce sobre los bienes que, sin constituir medios de producción, contribuyen a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su titular.
ARTÍCULO 22. El Estado regula que no exista la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, de modo que sean preservadosa fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social.
Este es uno de los puntos fundamentales para cualquier conversación acerca del presente/futuro económico de Cuba y llamo la atención al hecho de que no ha habido ninguna discusión pública acerca de este punto: la concentración de la propiedad. Sabemos de qué trata dicho proceso cuando se piensa, por ejemplo, en la estatura de un monopolio; pero hasta ahora, que yo conozca, nadie ha definido qué cosa es “concentración” de la propiedad en la bajísima escala de una vida barrial.
¿Concentra la propiedad alguien que tiene una licencia de fotógrafo para bodas, otra como mecanógrafo y una tercera como reparador de zapatos?
Y, si se tiene un punto de venta de café en Alamar y los fines de semana otro en Marianao, ¿concentra la propiedad?
¿Es correcta la utilización del artículo, con evidente intención de englobar un objeto mayor para que sea experimentado como universalmente ajeno, “la propiedad”? ¿A partir de qué límite, en cuáles formas, con cuál significado económico comienza a verificarse una “concentración de la propiedad”? ¿No es, acaso, diferente la concentración de “la propiedad” que la concurrencia, reunión o manejo de algunas (tal vez mínimas, apenas significativas desde el punto de vista inclusive barrial) propiedades? ¿Sobre qué bases se decidió impedir que algo como esto último ocurriera?
¿Qué relación hay entre la concentración de propiedad y el surgimiento de una unidad familiar productiva; por ejemplo, ¿una familia, donde los integrantes tienen diferentes licencias cada uno y se ponen de acuerdo para administrar lo que técnicamente sería un pequeño hotel?
¿Por qué en el mundo de la agricultura el Estado, en el proceso de otorgar concesiones para estimular una producción que redunde en beneficio social (la entrega de tierras), decide premiar a los mejores con un aumento del área permitida para la unidad productiva y en otras áreas de la vida no se funciona con el mismo principio? ¿Por qué no es el Estado quien actúa al revés y estimula al mejor cuentapropista proponiéndole abrir un nuevo emprendimiento en una zona, región, municipio, circunscripción o barrio que el Estado sabe deprimido? ¿Por qué no hace esto y, a la misma vez, vigila y controla y normativiza al cuentapropista, pero también lo aprovecha?
Y vale la pena aclarar que, si bien es cierto que varias de estas precisiones ya fueron decididas en las definiciones que sustentan los “Lineamientos económicos….”, no es la Constitución quien tiene que acomodarse a estos, sino absolutamente al revés porque no hay documento de mayor valor que la Constitución. Por tal motivo es ahora, cuando realmente se abrió un camino para opinar y decidir sobre estas cuestiones, que corresponde hacerlo.
ARTÍCULO 23. Son de propiedad socialista de todo el pueblo: todo tipo de solares ytierras (de cultivo o no)que no pertenecen a particulares o cooperativas integradas por estos, el subsuelo, las minas, los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica exclusiva de la República, los bosques, las aguas y las vías de comunicación.
Estos bienes son inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que ninguna autoridad está facultada para transmitirlosno pueden trasmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas.Cualquier acto de este tipo será considerado nulo y su responsable quedará suscrito a procesamiento penal.
¿Qué significa lo subrayado? ¿Cuáles son las “obligaciones” que una empresa contrae? Si las empresas no pueden producir lo que quieran, ni en la cantidad o forma que quieran, ni comercializar cómo quieran ni dónde quieran ni con quién quieran, ¿cómo es que el Estado no responde de las obligaciones que la empresa contrae? La quiebra de una empresa, ¿tiene alguna relación con las obligaciones contraídas? ¿Y el trabajador?
La frase debe ser aclarada cuidadosamente.
Además de lo anterior, el Estado:
¿De qué forma “los trabajadores participan activa y conscientemente en estos procesos” que -si atendemos a la estructura lógica del párrafo- son la dirección, regulación y control de la actividad económica nacional? ¿Cómo se entiende esto cuando la Constitución ni siquiera incluye el derecho de los trabajadores a sindicalizarse?
ARTÍCULO 28. El Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjeray de nacionales, como elemento importante para el desarrollo económico del país, sobre la base de la proteccióny el uso racional de los recursos humanos y naturales, así como del respeto a la soberanía e independencia nacionales.
La ley establece lo relativo al desarrollo de la inversión extranjera y de nacionalesen el país.
El Estado no permitirá la existencia de áreas incultas, improductivas u ociosas.[9]
El Estado favorecerá las inversiones de nacionales que se interesen en contribuir a proyectos y planes de desarrollo local y territorial, en particular de pequeña y mediana escala. El proceso de inversión para nacionales está obligado a obedecer lo dispuesto en esta Constitución y queda sujeto a los procedimientos de control del Estado y a sus leyes.
El Estado reconoce a la juventud como un actor estratégico del desarrollo del país, fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento[10]
El Estado implementará un régimen de protección especial para los trabajadores de pequeñas unidades productivas o de servicios, urbanas o rurales, estatales o cuentapropistas, mediante apoyo a través de préstamos u otros recursos económicos financieros e incentivos que posibiliten incrementar las producciones y mejorar los servicios.
El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción.
El Estado estimulará la licitación como forma preferencial para el otorgamiento de contratos para encargos estatales. Esta transcurrirá a través de procesos transparentes, con acceso al seguimiento y control público.
El Estado podrá emitir bonos o implementar otras fórmulas que estimulen la participación de capital nacional en proyectos y obras de beneficio social. Una Ley al efecto regulará los procedimientos de puesta en práctica y control del proceso.
TÍTULO III: CIUDADANÍA
ARTÍCULO 40. Todas las personas son iguales ante la ley, están sujetas a iguales deberes, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades.sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana.El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.[11]
ARTÍCULO 41. El Estado trabaja por crear las condiciones necesarias que faciliten la igualdad de sus ciudadanos, y por educarlos a todos, desde la más temprana edad, en el respeto a este principio.dd
En este momento, en el cual se habla (por primera vez) del límite para los derechos de las personas, propongo que se agregue la responsabilidad concreta del Estado en lo que pudiéramos llamar la “pedagogía de lo constitucional” y, dada la importancia que va a cobrar en lo adelante, los “derechos humanos”.
El Estado es responsable de promover actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de esta Constitución, al amor a la patria, a las virtudes cívicas y democráticas, a los valores trascendentales de la República y a la observancia y respeto de los derechos humanos.[12]
El Presidente de la República, los Ministros de Gobierno, dirigentes y funcionarios partidistas, de organizaciones sociales, sindicales o de masas, así como todo funcionario que maneje fondos públicos, están obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo para que sean valorados, todo conforme a la ley.[13]
CAPÍTULO II DERECHOS INDIVIDUALES
El Estado propicia la plena participación de la mujer en el desarrollo del país y la protege ante toda acción u omisión que tenga por objeto degradar su condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.[14]
ARTÍCULO 46. El Estado respeta y garantiza el derecho de las personas a su intimidad personal y familiar, a su imagen, dignidad y honor.Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.[15]
ARTÍCULO 47. Nadie puede ser sometido a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas, humillanteso degradantes.
c) ser tratada con respeto a su dignidad e integridad física, síquica y moral;
d) ser notificada desde el momento mismo de su detención de los motivos de esta, así como de la denuncia o querella formulada en su contra y también de acceder a los medios de pruebas;[16]
e) ser informado de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo;[17]
El derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad.[18]
f) que se presuma inocente, mientras no se haya declarado responsable por sentencia firme de tribunal;
g) comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. Si se tratara de extranjeros se procede a la notificación consular;
h)ser informado de la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.[19]
j) ser procesada y condenada por tribunal competente, independiente, imparcial, preestablecido legalmente y en virtud de leyes anteriores al delito;
k) no ser privada de sus derechos sino por resolución fundada de autoridad competente o sentencia firme de tribunal, e
l) interponer los recursos pertinentes contra las resoluciones judiciales o administrativas que correspondan.
m) recurrir a un órgano jurídico que se pronuncie sobre la legalidad de la detención. En caso de ilegalidad, la liberación del detenido será inmediata y sin que se pueda interponer recurso alguno que lo impida.[20]
n) no ser sometido a condiciones de incomunicación por un plazo mayor de veinticuatro horas y únicamente en el marco de investigaciones por la comisión de un delito.[21]
o) los instrumentos de labor de los trabajadores son inembargables y no pueden ser requisados a menos que se les haya utilizado para la comisión de un delito o adquirido gracias a él.[22]
Toda confesión oprueba obtenida con infracción de este precepto –sea mediante coacción, tortura o amenazas, o luego de una detención o arresto prolongado-[23] es nula de pleno derecho y los responsables se sancionan de conformidad con la ley.
Ninguna persona será condenada o castigada en los casos de un delito cuya existencia no puede ser demostrada y donde la única prueba contra el acusado es su propia confesión.[24]
ARTÍCULO 51. Las cárceles de la Nación serán lugares concebidos para seguridad y no para vejar a los reos detenidos en ellas; toda medida que demuestre ensañamiento, crueldad, inhumanidad para con el detenido será considerada procedimiento ilegal y sancionada.[25]
El Estado favorece en su política penitenciaria la reinserción social de las personas privadas de libertad, garantiza el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las normas establecidas para su tratamiento en los establecimientos penitenciarios.
ARTÍCULO 53. La correspondencia, papeles y otrasmanifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte. Solo pueden ser interceptadas, o registradaso incautadas, mediante orden expresa de autoridad competente, en los casos y con las formalidades establecidas en la ley.[26]
En caso que una investigación obligue a la práctica de vigilancia acústica, audiovisual o la intercepción o incautación de mensajes, cualquier documento o propiedad, dichas acciones sólo podrán ser realizadas mediante aprobación de un juez, durante un período de tiempo determinado, y sin que secretos personales, detalles de la vida privada de la persona u otros aspectos ajenos a la pesquisa puedan ser utilizados en esta, divulgados o comunicados excepto al equipo investigador. Cualquier violación de este principio será severamente castigada.
Los órganos de policía y seguridad informarán a la Asamblea Nacional delos casos de vigilancia acústicas, audiovisual, intercepción de correspondencia u otros mensajes. La Asamblea Nacional creará una Comisión al efecto.[27]
El Estado promoverá vínculos culturales con los cubanos en el extranjero, facilitará los contactos familiares, la reunificación de aquellos que lo deseen, el retorno de aquellos que lo soliciten y su normal integración a la vida en el país.[28]
ARTÍCULO 55. a) Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos o cualquier otra forma de registros públicos, así como a interesar su no divulgación y obtener su debida corrección, rectificación y actualización, de conformidad con lo establecido en la ley.
b) Ninguna dependencia o institución pública recabará, almacenará, publicará o divulgará información sobre los ciudadanos salvo la que sea necesaria en un Estado Socialista de Derecho.[29]
ARTÍCULO 56. Todas las personas tienen derecho a solicitar y arecibir del Estado información veraz, adecuada y oportuna sobre cualquier asunto de su interés. Por medio de sus directivos, funcionarios o empleados, el Estado tendrá la obligación de responderconforme a las regulaciones establecidas y sin que ninguna solicitud pueda ser ignorada o demorada sin razón suficiente.
El carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación que impida el acceso abierto a una información pública debe ser declarado con anterioridad al acto de solicitud, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.[30]
La fortuna adquirida de manera lícita no puede confiscarse. Se presume el carácter lícito de su adquisición.[31]
ARTÍCULO 59. El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión.Toda persona tiene derecho a guardar reserva sobre sus convicciones.[32]
ARTÍCULO 60. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a comunicar sus pensamientos, ideas o mensajes -de palabra, mediante imágenes, por escrito o en cualquiera otra forma- dentro de márgenes que no impliquen la violación de los artículos que esta Constitución refrenda.
b) No se permitirán comunicaciones que inciten a la discriminación o al odio por motivos políticos, de raza, género, identidad sexual, discapacidad, procedencia regional, nacionalidad, apariencia física, religión, estatus social o cualquier otra definición que lesione los derechos de personas o instituciones según los reconoce esta Constitución.
c) Toda persona o institución a quien se le represente con malicia o cuyas opiniones hayan sido tergiversadas en algún medio de comunicación tiene derecho a la réplica y rectificación en el mismo medio de comunicación en el que fue agraviado.[33]
d) En caso de calumnia, falseamiento deliberado de información o puesta en circulación –por cualquier medio- de contenidosque violen lo definido en 60blas personas e instituciones responsables serán susceptibles de sanción administrativa o penal, según corresponda en la ley.
El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social; en atención a ello:[34]
creará las condiciones y espacios necesarios para facilitar el intercambio y multiplicación de discursos públicos, abiertos y constructivos;
propiciará la creación y diversificación de medios de comunicación en entidades políticas, sociales y de masas en el país;
estimulará la publicación de ideas, mensajes y opiniones acerca de todo aspecto que ciudadanos e instituciones estimen relevantes para sus vidas, desarrollo y, en general, el país;
cuidará que estas prácticas mantengan un adecuado balance en cuanto a la presencia de grupos sociales, regiones, sectores de la vida nacional y sus problemas, entendiendo esto como parte fundamental del derecho de comunicación;
vigilaráque estas prácticas transcurran con el respeto a personas e instituciones del modo en que los refrenda esta Constitución.
ARTÍCULO 64Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones respetuosas a las autoridades y estas quedarán obligadas a dar cuenta, en plazo de treinta días, del modo en que está siendo tramitada la queja o petición. Los directivos, funcionarios o empleados que den muestras de inacción, son susceptibles de sanción administrativa o penal si, en este último caso, ocasiona daño permanente e irreversible al peticionario.[35]
b) Cada ciudadano tiene garantizado el derecho a criticar el trabajo de las instituciones estatales y sus funcionarios, y recurrir contra sus decisiones. Estará prohibido perseguir a las personas por sus críticas.[36]
c) Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación.
El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.[37]
Explicar qué significa
El Estado reconoce el derecho de los ciudadanos a elegir como forma de muerte la eutanasia activa o pasiva. Serán condiciones para ello que el solicitante se encuentre en pleno uso de sus facultades y que esté en estado de sufrimiento inhumano, irreversible y progresivo. La ley precisará los detalles al efecto.
CAPÍTULO III DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES
a) Se dará especial prioridad a la construcción, reparación o ampliación de viviendas para las familias de escasos recursos, numerosas, de territorios rurales o que habitan en zonas que merezcan atención diferenciada. Para cumplir con lo anterior se hará la legislación correspondiente.[38]
ARTÍCULO 70. Los padres tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos, asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de sus justas aspiraciones, así como contribuir activamente a su educación y formarlos integralmente como ciudadanos con valores morales, éticos y cívicos, en correspondencia con los objetivos de nuestra sociedad socialista según los define el Artículo 1 de esta Constitución: disfrute de la libertad política, equidad, justicia e igualdad social, solidaridad, humanismo, bienestar y prosperidad individual y colectiva.
ARTÍCULO 72. El Estado, la sociedad y las familias protegen y prestan especial atención a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos en un Estado de Derecho Socialista. El Estado fortalecerá las medidas dirigidas a:
a) prevenir el uso de estupefacientes o psicotrópicos, el consumo de bebidas alcohólicas y de cualquier otra sustancia nociva para la salud y desarrollo de niños, adolescentes y jóvenes.[39]
b) incrementar el control de aquellos contenidos que, difundidos a través de cualquier medio, promuevan la violencia (en particular, entre grupos o doméstica), la discriminación racial, de género, la homofobia o cualquier otra idea, llamado al odio o acción lesiva para los derechos humanos que esta Constitución defiende.
c) concretar estos propósitos en programas y proyectos de educación masiva que sean continuos y coherentes entre sí, tanto en los diferentes niveles de enseñanza como en los medios de comunicación.
Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.
El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas.
Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.[40]
ARTÍCULO 75. La persona en condición de trabajar tiene derecho a obtener un empleo digno, en correspondencia con su elección, calificación, aptitud y exigencias de la economía y la sociedad.La discriminación laboral por razones de edad, raza, género, identidad sexual, credo religioso, ideas políticas, o por cualquier otra condición, está prohibida.
Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos. Los casos en que el posible empleador estime que hay conflicto con los principios y objetivos del Estado socialista serán dirimidos en tribunal laboral.[41]
ARTÍCULO 76. El trabajo se remunera en función de la cantidad, complejidad, calidad y resultados obtenidos, expresión del principio de distribución socialista “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”.
En las entidades estatales todas las personas reciben el mismo salario por trabajo de igual valor.
Considero que aquí debe ser subsanado uno de los peores vacíos de la presente Constitución: la ausencia del derecho a formar sindicatos que tienen los trabajadores, práctica casi universalmente reconocida. El párrafo siguiente, que puede ser mejorado, es copia textual de la Constitución venezolana:
Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la Ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o de injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Los promotores o promotoras y los o las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones. Los y las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales estarán obligados u obligadas a hacer declaración jurada de bienes.[42]
b) En acuerdo con los diversos órganos locales del Poder Popular y obedeciendo las leyes al efecto, los trabajadorespodránreactivar y reorganizar empresas estatales cerradas o abandonadas paratransformarlas en empresas comunitarias o sociales.
El Estado podrá coadyuvar a esta acción.[43]
c) Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos.La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos, que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale.[44]
e) Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos.
El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.[45]
f) Se considera carente de fuerza legal cualquier disposición que directamente conduzca a la renuncia, disminución, adulteración, daño o eliminación de algún derecho reconocido a favor de los trabajadores de cualquier sector del país. El directivo o funcionario que haya emitido la disposición deberá responder de forma inmediata ante las instancias del Estado competentes y, si así se determina, enfrentar responsabilidad legal por la violación.[46]
g) Corresponde al Estado la regulación y vigilancia de las condiciones de salud y seguridad que deban reunir los lugares de trabajo, así como el establecimiento deuna política nacional de medicina e higiene industrial y laboral.[47]
Se dará especial prioridad a la construcción, reparacióno ampliación de viviendas para las familias de escasos recursos, de zonas rurales o que se encuentran en condición de vulnerabilidad crítica.
especificar dicho mínimo.
El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas, procedentes de hogares disfuncionales, con historial de violencia u otra condición de vulnerabilidad. Para ello les apoyará con recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar; y, siempre que sea posible, con capacidades para la permanencia en residencias estudiantiles, de acuerdo con la ley.
III. En todos los niveles del sistema educativo se estimulará con becas a estudiantes que demuestren cualidades extraordinarias. Toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado o aquejado de discapacidad tiene derecho a ser atendido educativamente mediante programas específicos y con métodos de formación y aprendizaje que le permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas.[48]
Las universidades, institutos tecnológicosy aquellos centros de enseñanza especializada en donde se posible, estimularán la creación de unidades productivas, científicamente concebidas y en coordinación con los órganos locales del Poder Popular. Podrán participar de esto las iniciativas productivas comunitarias, públicas y privadas que dichos órganos consideren, en estricta obediencia a la ley y para satisfacer primordialmente objetivos comunitarios y sociales.[49]
ARTÍCULO 88. Se reconoce el derecho de las personas a la alimentación. El Estado trabaja para alcanzar la seguridad alimentaria, entendiendo por tal la alimentación sana, adecuada, suficiente y establede toda la población.[50]
CAPÍTULO IV DERECHOS Y DEBERES CÍVICOS Y POLÍTICOS
e) pronunciarse sobre la rendición de cuenta que le presentan los elegidosen su circunscripción electoral;
f) revocar el mandato de los elegidosen su circunscripción electoral;
OJO: ¿QUÉ QUIERE DECIR ESTO Y CÓMO SE CONCRETA?
h) desempeñar funciones y cargos públicos, con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional.[51]
i) estar informado de la gestión de los órganos y autoridades del Estado, y
j) ejercer de modo individual o colectivo el derecho de petición en la circunscripción donde se habita o en cualquier otro de los escalones jerárquicos en el sistema de Poder Popular.
Se entiende por derecho de petición aquel que tienen los electores para solicitar la inclusión de un asunto de su competencia en el orden del día de la asamblea deliberante. La ley regulará las condiciones que deben concurrir para que esto se verifique.[52]
El secreto del voto será inviolable en todas las elecciones. No se podrá inquirir a ningún elector, pública o privadamente, sobre la elección que hubiese hecho.[53]
Todas las personas tienen el derecho de solicitar pacíficamente la reparación de daños, la remoción de autoridades públicas, la sanción, derogación o modificación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones, como así también por otros asuntos, sin que ello sea motivo de medidas discriminatorias contra la persona que hace uso de este derecho.[54]
j) defiende la identidad y la cultura cubana, vela por la riqueza artística, patrimonial e histórica de la nación y por su salvaguarda. Los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables;
k) protege los monumentos de la nación y los lugares notables por su belleza natural, reconocido valor artístico o histórico;
l) reconoce, distingue y premia la excelencia, pues asume que esta es tanto una conducta como un elemento clave para el desarrollo según los resultados que aporta;
m) estimula y apoya de modo particular los planes, proyectos y programas que enseñen la diversidad de las corrientes humanas, sociales y culturales que confluyen en la identidad cubana; y
n) promueve y defiende el diálogo intercultural y el respeto a los derechos humanos que esta Constitución refrenda.
c) los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus cargosen cualquier momento;
d) cada órgano estatal desarrolla, dentro del marco de su competencia, la iniciativa encaminada al aprovechamiento de los recursos y posibilidades locales y la incorporación de las organizaciones de masasy sociales a su actividad;
g) la libertad de discusión, el ejerciciode la crítica y autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría rigen en todos los órganos estatales colegiados.
CAPÍTULO II:ASAMBLEA NACIONAL DELPODER POPULAR Y CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN PRIMERA:ASAMBLEA NACIONALDEL PODER POPULAR
ARTÍCULO 97. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órganosupremodelpoderdelEstado.
Representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana.
ARTÍCULO98.LaAsambleaNacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República.
295.ARTÍCULO 99. La Asamblea Nacional del Poder Popular está integrada pordiputadoselegidosporelvoto libre,igual,directoysecretodelos electores, en la proporción y según el procedimiento que determina la ley.
296.ARTÍCULO 100. La Asamblea Nacional del Poder Popular es elegida por un término de cinco años.
297.Este término solo podrá extenderse porlapropiaAsambleamediante acuerdo adoptado por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes, en caso de circunstancias excepcionalesqueimpidanlacelebración normal de las elecciones y mientras subsistan tales circunstancias.
298.ARTÍCULO 101. La Asamblea Nacional del Poder Popular, al constituirse paraunanuevalegislatura,eligede entre sus diputados, a su Presidente, al Vicepresidente y al Secretario.
299.Laleyregulalaformayelprocedimientomedianteloscualesse constituye la Asamblea y realiza esa elección.
300.ARTÍCULO 102. La Asamblea NacionaldelPoderPopularelige,de entre sus diputados, al Consejo de Estado,órganoquelarepresenta entre uno y otro período de sesiones, ejecuta sus acuerdos y cumple las demás funciones que la Constitución y la ley le atribuyen.
301.ARTÍCULO 103. Corresponde a la AsambleaNacionaldelPoderPopular:
302.a) acordar reformas de la Constitución, conforme a lo establecido en el Título XI;
303.b) dar a la Constitución y las leyes, encasonecesario,unainterpretación general y obligatoria, en correspondenciaconelprocedimiento previsto en la ley;
304.c) aprobar, modificar o derogar las leyes y someterlas previamente a la consulta popular cuando lo estime procedente, en atención a la índole de la legislación de que se trate;
e) ejercer el control de constitucionalidad sobre las leyes, decretosleyes, decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones generales, de conformidad con el procedimiento previsto en la ley;
Es extraño que la Asamblea Nacional del Poder Popular ejerza el control de constitucionalidad sobre las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones generales que ella misma promulga o aprueba. Se trata de un caso de definición circular, donde quien es susceptible de cometer error recibe el encargo de revisar si él mismo ha cometido error. A mi entender, debe existir un sujeto externo a la Asamblea que se ocupe de revisar y controlar la constitucionalidad mencionada; creo que este sujeto es el Tribunal de Garantías Constitucionales (que entonces debería ser creado, definiéndolo en contenido, funciones, alcance y otros aspectos que se necesite). Esto sin contar que el control de constitucionalidad es asunto de profundísimo nivel profesional y cantidad de trabajo, razones por las cuales se necesita de profesionales a tiempo completo para ello.
f) revocar total o parcialmente los decretosleyes y acuerdos del Consejo de Estado que contradigan la Constitución o las leyes;
h) revocar total o parcialmente los acuerdos o disposiciones de las asambleas municipales del Poder Popular que violen la Constitución, las leyes, los decretosleyes, los decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones dictadas por un órgano de superior jerarquía, o los que afecten los intereses de otras localidades o los generales del país;
o) establecer y modificar la división políticoadministrativa; aprobar regímenes de subordinación administrativa, sistemas de regulación especiales a municipios u otras demarcaciones territoriales y los distritos administrativos, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes;
e) designa, a propuesta del Presidente de la República, a los Vicepri meros ministros y demás miembros del Consejo de Ministros;
h) elige a los vicepresidentes y a los magistrados del Tribunal Supremo
Popular, así como a los jueces legos de esta instancia;
e) es deber de la Asamblea llevar un registro de las sesiones que será publicado y distribuido sin la transcripción de aquellas partes de las sesiones secretas que así lo requieran. [55]
f) durante el ejercicio de su cargo, los diputados deberán tener su residencia en el territorio en el cual fueron electos como tales.[56]
SECCIÓN SEGUNDA:DIPUTADOS Y COMISIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR
CAPÍTULO III:PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CAPÍTULO IV:GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
SECCIÓN PRIMERA:CONSEJO DE MINISTROS
p) ejecutar las leyes y acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como los decretos leyes y disposiciones del Consejo de Estado, los decretos presidenciales y, en caso necesario, dictar los reglamentos correspondientes;
SECCIÓN SEGUNDA:PRIMER MINISTRO
ARTÍCULO 135. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno de la República.
ARTÍCULO 136. El Primer Ministro es designado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, a propuesta del Presidente de la República, por un período de cinco años.
Para ser designado Primer Ministro se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta.
ARTÍCULO 137. El Primer Ministro es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y ante el Presidente de la República, a los cuales rinde cuenta e informa de su gestión, de la del Consejo de Ministros o de su Comité Ejecutivo, en las ocasiones que se le indique.
ARTÍCULO 138. Para ser Primer Ministro se requiere ser diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, haber cumplido treinta y cinco años de edad, hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía.
ARTÍCULO 139. Corresponde al Primer Ministro:
b) representar al Gobierno de la República;
c) convocar y dirigir las sesiones del Consejo de Ministros o de su Comité Ejecutivo;
d) atender y controlar el desenvolvimiento de las actividades de los organismos de la Administración Central del Estado, de las entidades nacionales y de las administraciones locales;
e) asumir la dirección de cualquier organismo de la Administración Central del Estado;
f) solicitar al Presidente de la República que interese a los órganos pertinentes la sustitución de los integrantes del Consejo de Ministros y, en cada caso, proponer los sustitutos correspondientes;
g) ejercer el control sobre la labor de los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado;
h) impartir instrucciones a los gobernadores provinciales;
i) adoptar de forma excepcional decisiones sobre los asuntos ejecutivo-administrativos competencia del Consejo de Ministros, cuando el carácter apremiante de la situación o el tema a solucionar lo exijan, informándole posteriormente a ese órgano o a su Comité Ejecutivo;
j) designar o sustituir a los directivos y funcionarios, de acuerdo con las facultades que le confiere la ley;
k) firmar las disposiciones legales adoptadas por el Consejo de Ministros o por su Comité Ejecutivo e indicar su publicación en la Gaceta Oficial de la República;
l) crear comisiones o grupos de trabajo temporales para la realización de tareas específicas, y
m) cualquier otra atribución que le asignen la Constitución y las leyes.
SECCIÓN TERCERA:MIEMBROS DEL CONSEJO DE MINISTROS
ARTÍCULO 140. Corresponde a los miembros del Consejo de Ministros:
a) representar al Consejo de Ministros o a su Primer Ministro en las circunstancias que así se disponga;
b) cumplir los acuerdos y demás disposiciones del Consejo de Ministros y su Comité Ejecutivo que les correspondan e informar al respecto al Primer Ministro;
c) cumplir con las tareas que les asigne el Primer Ministro y ejercer las atribuciones que, en cada caso, este les delegue;
d) dirigir los asuntos y tareas del Ministerio u organismo a su cargo, dictando las resoluciones y disposiciones necesarias;
e) dictar, cuando no sea atribución expresa de otro órgano estatal, las disposiciones que se requieran para la ejecución y aplicación de las leyes, decretos-leyes y otras disposiciones que les conciernen;
f) asistir a las sesiones del Consejo de Ministros, con voz y voto, y presentar a éste proyectos de leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones, acuerdos o cualquier otra proposición que estimen conveniente;
g) designar o sustituir a los directivos y funcionarios de acuerdo con las facultades que les confiere la ley, y
h) cualquier otra atribución que les asignen la Constitución y las leyes.
ARTÍCULO 141. El número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que forman parte de la Administración Central del Estado, son determinados por la ley.
CAPÍTULO V:LAS LEYES
ARTÍCULO 142. La iniciativa de las leyes compete:
b) a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
c) al Consejo de Estado;
d) al Consejo de Ministros;
e) a las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
f) al Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las direcciones nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales;
g) al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en materia relativa a la administración de justicia;
h) a la Fiscalía General de la República, en materia de su competencia;
i) a la Contraloría General de la República, en materia de su competencia;
j) al Consejo Electoral Nacional, en materia electoral, y
k) a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa como mínimo diez mil electores.
La ley establece el procedimiento para hacer efectivo su ejercicio.
ARTÍCULO 143. Las leyes y decretos-leyes que emitan la Asamblea
Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado, según corresponda, entran en vigor en la fecha que, en cada caso, determine la propia disposición normativa.
Las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos, resoluciones y demás disposiciones de interés general que se emitan por los órganos competentes, se publican en la Gaceta Oficial de la República.
La ley establece el procedimiento para la entrada en vigor y publicación de las disposiciones normativas.
CAPÍTULO VI:TRIBUNALES DE JUSTICIA
ARTÍCULO 144. La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye.
La ley establece los principales objetivos de la actividad judicial y regula la organización de los tribunales; la extensión de su jurisdicción y competencia; la forma en que se constituyen para los actos de impartir justicia; la participación de los jueces legos; los requisitos que deben reunir los magistrados del Tribunal Supremo Popular y demás jueces; la forma de elección de estos y las causas y procedimientos para la revocación o cese en el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 145. Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurados con independencia funcional de cualquier otro.
A través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los tribunales y, sobre la base de la experiencia de estos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley.
ARTÍCULO 146. Los magistrados y jueces legos del Tribunal Supremo Popular son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular o, en su caso, por el Consejo de Estado.
La ley determina la elección de los demás jueces.
ARTÍCULO 147. Los magistrados y jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley.
Asimismo, son inamovibles en su condición mientras no concurran causas legales para el cese o revocación en sus funciones.
ARTÍCULO 148. Las sentencias y demás resoluciones firmes de los tribunales, dictadas dentro de los límites de su competencia, son de obligatorio cumplimiento por los órganos del Estado, las entidades y los ciudadanos, tanto por los directamente afectados por ellos, como por los que no teniendo interés directo en su ejecución tengan que intervenir en esta.
ARTÍCULO 149. En los actos judiciales que participen jueces legos, estos tienen iguales derechos y deberes que los jueces profesionales. El desempeño de sus funciones judiciales, dada su importancia social, tiene prioridad con respecto a su ocupación laboral habitual.
ARTÍCULO 150. En todos los tribunales las audiencias son públicas, a menos que razones de seguridad estatal, moralidad, orden público o el respeto a la persona agraviada por el delito o a sus familiares, aconsejen celebrarlas a puertas cerradas.
ARTÍCULO 151. El Tribunal Supremo Popular rinde cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de los resultados de su trabajo en la forma y con la periodicidad que establece la ley.
ARTÍCULO 152. La facultad de revocación de los magistrados y jueces corresponde al órgano que los elige.
CAPÍTULO VII:FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ARTÍCULO 153. La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado que tiene como misión fundamental ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos.
La ley determina los demás objetivos y funciones, así como la forma, extensión y oportunidad en que la Fiscalía ejerce sus facultades.
ARTÍCULO 154. La Fiscalía General de la República constituye una unidad orgánica indivisible y con independencia funcional, subordinada al Presidente de la República.
Los órganos de la Fiscalía se organizan verticalmente en toda la nación, están subordinados solamente a la Fiscalía General de la República yson independientes de todo órgano local.
ARTÍCULO 155. El Fiscal General de la República y los vicefiscales generales son elegidos y pueden ser revocados, según corresponda, por la Asamblea Nacional del Poder Popular, o en su caso por el Consejo de Estado.
ARTÍCULO 156. La Fiscalía General de la República rinde cuenta de su gestión ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la forma y con la periodicidad que establece la ley.
Puesto que aquí propongo la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales es evidente que me parece equivocado definir como parte esencial del trabajo de la Fiscalía General de la República el “velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos.”
El Tribunal de Garantías Constitucionales es el órgano del Estado que tiene como misión velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos.
Contra las resoluciones del Tribunal de Garantías Constitucionales no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.
Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate.[57]
Las decisiones del Tribunal de Garantías Constitucionalesse impondrán a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales.[58]
CAPÍTULO VIII: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
548 ARTÍCULO 157. La Contraloría General de la República es el órgano del Estado que tiene como misión fundamental el control superior sobre la gestión administrativa y velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos.
La ley regula las demás funciones y aspectos relativos a su actuación.
549 ARTÍCULO 158. La Contraloría General de la República goza de autonomía e independencia funcionales de cualquier órgano local, está estructurada verticalmente en todo el país y se subordina al Presidente de la República.
550.La ley regula las demás funciones y aspectos relativos a su actuación.
551.ARTÍCULO158.LaContraloría General de la República goza de autonomía e independencia funcionales de cualquier órganolocal,está estructurada verticalmente en todo el país y se subordina al Presidente de la República.
552.El Contralor General de la República es su máxima autoridad y le corresponde la dirección y reglamentación de la actividad de la Contraloría en todo el territorio nacional.
553.ARTÍCULO 159. La Contraloría General delaRepúblicarindecuenta de su gestión ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en la forma y periodicidad prevista en la ley.
554.ARTÍCULO 160. El Contralor General de la República y los vicecontraloresgeneralessonelegidoso revocados, según corresponda, por la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado.
Introducir la figura del Defensor del Pueblo, quien trabajará en relación sinérgica con la Contraloría General de la República y el Tribunal de Garantías Constitucionales. La defensoría del pueblo es una función autónoma respecto a la Asamblea Nacional, el Estado y el Partido. Su función principal es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, y demás derechos que se establecen en esta Constitución.
La función de la Defensoría alcanzará a los hechos, actos u omisionesde todo el sector público y la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos.
La Defensoría del Pueblo estará dirigida por la Defensora o el Defensor del Pueblo, que ejercerá sus funciones por un periodo de seis años, sin posibilidad de nueva designación.
La Defensora o el Defensor del Pueblo no será objeto de persecución, detención, acusación ni enjuiciamiento por los actos realizados en el ejercicio de sus atribuciones.
La Defensora o el Defensor del Pueblo se designará por al menos dos tercios de los diputados de la Asamblea Nacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos, entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
Para ser designada Defensora o ser designado Defensor del Pueblo se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con treinta años de edad cumplidos al momento de su designación y contar con probada integridad personal y ética, determinada a través de la observación pública.
El Defensor del Pueblo y sus diputados no realizarán ninguna otra actividad pública o privada, a excepción de la enseñanza en una educación universitaria.
La organización y el funcionamiento de la institución del Defensor del Pueblo estarán regulados por una ley orgánica.
Son atribuciones de la Defensoría del Pueblo, además de las que establecen la Constitución y la ley:
Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos o privados, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado u otro responsable el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los citados servicios.
Interponer las acciones de Inconstitucionalidad, de habeas corpus, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, de acceso a la información pública, hábeas data, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados.
Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos.
Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos.
Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas.
Acceder libremente a los centros de detención e internación, sin que pueda oponerse objeción alguna, para inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos.
Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones.
Las autoridades y los servidores públicos tienen la obligación de proporcionar a la Defensoría del Pueblo la información que solicite en relación con el ejercicio de sus funciones. En caso de no ser debidamente atendida en su solicitud, la Defensoría interpondrá las acciones correspondientes contra la autoridad, que podrá ser procesada y destituida si se demuestra el incumplimiento.
Cada año, la Defensora o el Defensor del Pueblo informará a la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado y el Buró Político del PCC sobre la situación de los derechos humanos en el país y sobre la gestión de su administración. La Defensora o Defensor del Pueblo podrá ser convocada o convocado en cualquier momento por la Asamblea Nacional para rendir informe respecto al ejercicio de sus funciones.[59]
Victor Fowler. (La Habana, 1960 . Poeta, ensayista, investigador y animador cultural. Entre sus libros se encuentran: El próximo que venga (Ediciones Extramuros, 1986), Estudios de cerámica griega (Editorial Letras Cubanas, 1991); Confesionario (Casa Editora Abril, 1993); Descensional, autoedición, 1994; Visitas (Editorial Extramuros, 1996); aminos de piedra, Ediciones Extramuros, 2001; Malecón Tao (Editorial Unión, 2001); El extraño tejido (Editorial Oriente, 2003); El maquinista de Auschwitz (Ediciones Unión, 2005); La obligación de expresar (Editorial Letras Cubanas, 2008); La Maldición. Una historia del placer como conquista (Editorial Letras Cubanas, 1998); Rupturas y homenajes (Ediciones Unión, 1998); La lectura, ese poliedro (Biblioteca Nacional José Martí, 2000); Historias del cuerpo (Editorial Letras Cubanas, 2001); ”Paseos corporales y de escritura” (Editorial Letras Cubanas, 2013).
[1]Cuba – Artículo 4.1 (1976)
En la República de Cuba todo el poder pertenece al pueblo trabajador que lo ejerce por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas derivan, o bien directamente.
2 Argentina, Artículo 119
[3] Italia – Artículo 98.
[4] Lituania – Artículo 6
La Constitución será una norma aplicable directamente en su totalidad.
Todos pueden defender sus derechos invocando la Constitución.
[5] Venezuela – Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.
[6]Ecuador – Artículo 3.5
Venezuela – Artículo 21.2 Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que, por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
[7] Ecuador – Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.
(a esto agregar enfoques discapacitados, raza, identidad sexual, marginalidades, diferencia campo-ciudad, pobreza, etc. todos los grupos vulnerables).
[8]Venezuela – Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.
[9]Panamá – Artículo 123
El Estado no permitirá la existencia de áreas incultas, improductivas u ociosas yregulará las relaciones de trabajo en el agro, fomentando una máxima productividad y justa distribución de los beneficios de ésta.
[10] Ecuador – Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.
[11]Bolivia, Artículo 14. II
El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.
[12]Venezuela – Artículo 278
El Consejo Moral Republicano promoverá todas aquellas actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de esta Constitución, al amor a la patria, a las virtudes cívicas y democráticas, a los valores trascendentales de la República y a la observancia y respeto de los derechos humanos.
[13] Costa Rica – Artículo 193
El Presidente de la República, los Ministros de Gobierno y los funcionarios que manejen fondos públicos, están obligados a declarar sus bienes, los cuales deben ser valorados, todo conforme a la ley.
Bolivia – Artículo 235
Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:
Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública.
Prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo.
Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública.
Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública.
[14] Bolivia – Artículo 15. III.
El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.
[15]Chile – Artículo 28
[16] Bolivia – 23.V
En el momento en que una persona sea privada de su libertad, será informada de los motivos por los que se procede a su detención, así como de la denuncia o querella formulada en su contra.
[17]Ecuador – Art. 77.3
En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.
[18]Bolivia – Artículo 121. I
En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo grado. El derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad.
[19] Ecuador – Art. 77.3
[20] Andorra – Artículo 9.3 La ley establecerá un procedimiento para que todo detenido pueda acudir a un órgano judicial con el fin de que éste se pronuncie sobre la legalidad de su detención.
[21] Bolivia – Artículo 73.II
Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse libremente con su defensor, intérprete, familiares y personas allegadas. Se prohíbe la incomunicación. Toda limitación a la comunicación sólo podrá tener lugar en el marco de investigaciones por comisión de delitos, y durará el tiempo máximo de veinticuatro horas.
Ecuador – Art. 77.6
[22] Panamá – Artículo 66
La Ley establecerá la manera de ajustar periódicamente el salario o sueldo mínimo
del trabajador, con el fin de cubrir las necesidades normales de su familia, mejorar su nivel de vida, según las condiciones particulares de cada región y de cada actividad
económica; podrá determinar asimismo el método para fijar salarios o sueldos mínimos por profesión u oficio.
En los trabajos por tarea o pieza, es obligatorio que quede asegurado el salario mínimo por pieza o jornada.
El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las obligaciones alimenticias en la forma que establezca la Ley. Son también inembargables los instrumentos de labor de los trabajadores.
[23]Japón – Artículo 38
La confesión obtenida mediante coacción, tortura o amenazas, o luego de una detención o arresto prolongado, no será considerada como evidencia.
Ninguna persona será condenada o castigada en los casos en que la única prueba en su contra sea su propia confesión.
[24] Japón – Artículo 38
[25] Argentina – Artículo 18. I
Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda Constitución de la Nación Argentina y Tratados medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.
[26]Bolivia – Artículo 25. II
Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente.
[27] Alemania – Artículo 13
[Inviolabilidad del domicilio]
(3) la vigilancia acústica de viviendas en las cuales presumiblemente se encuentra el inculpado: La medida tiene que ser limitada en el tiempo.
(6) El Gobierno Federal informa al Bundestag anualmente sobre la utilización de los medios técnicos realizada según el apartado 3 así como en el ámbito de competencia de la Federación según el apartado 4 y, en la medida en que se exija un control judicial, según el apartado 5. Un órgano elegido por el Bundestag ejerce el control parlamentario sobre la base de este informe. Los Länder garantizan un control parlamentario equivalente.
[28] Ecuador – Art. 40
Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y estimulará el retorno voluntario.
Rumania – Artículo 7
El Estado apoya el fortalecimiento de los vínculos con los rumanos que viven fuera del país y actúa para que éstos puedan conservar, desarrollar y expresar su identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa, dentro del respeto a la legislación del Estado del que son ciudadanos.
[29] Polonia – Artículo 51
Los poderes públicos no recabarán, almacenarán o publicarán información sobre los ciudadanos salvo la que sea necesaria en un Estado democrático de Derecho.
[30] Ecuador – Art. 91
La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.
Venezuela – Artículo 143
Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.
Rumania – Artículo 44: 8.
La fortuna adquirida de manera lícita no puede confiscarse. Se presume el carácter lícito de su adquisición.
[32] Ecuador – Art. 66. 11
El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica.
[33] Chile – Capítulo III, 12º
[34] Lituania – Artículo 25
La libertad de expresión y la libertad de comunicación es incompatible con las acciones criminales, la incitación al odio nacional, racial, religioso, o social, la violencia o discriminación, las calumnias o informaciones falsas.
Costa Rica – ARTÍCULO 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.
Noruega – Artículo 100
Nadie podrá ser castigado por haber emitido o recibido información, ideas o mensajes, a menos que esto pueda ser justificado en las bases mismas de la libertad de expresión, que son la búsqueda de la verdad, la promoción de la democracia y la libertad de formar la opinión individualmente. La responsabilidad legal en estos casos será establecida por la ley.
Todas las personas son libres de expresar su opinión francamente sobre la administración del Estado o sobre cualquier otra materia. Las limitaciones a este derecho deben estar claramente definidas y sólo pueden ser impuestas cuando así lo justifiquen consideraciones bien ponderadas concernientes a las bases mismas de la libertad de expresión.
No puede ordenarse la censura previa y otras medidas preventivas a menos que así se requiera para proteger a los niños y a los jóvenes de la influencia dañina de películas fuertes. La censura a la correspondencia sólo puede ser impuesta dentro de las instituciones.
Todas las personas tienen derecho a acceder a documentos del Estado y de la administración municipal, y tienen el derecho a seguir las actuaciones de los tribunales y los cuerpos democráticamente elegidos. Las limitaciones a este derecho serán prescritas por la ley con el fin de proteger la privacidad de los individuos o por otras consideraciones de peso.
Es responsabilidad de las autoridades del Estado crear condiciones que faciliten los discursos públicos abiertos y constructivos.
[35]Panamá – Artículo 41
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución.
El servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de treinta días.
La Ley señalará las sanciones que correspondan a la violación de esta norma.
[36] Lituania – Artículo 33
Cada ciudadano tiene garantizado el derecho a criticar el trabajo de las instituciones estatales y sus funcionarios, y recurrir contra sus decisiones. Estará prohibido perseguir a las personas por sus críticas.
[37] Ecuador – Art. 53
[38] Italia – Art. 31
La República estimulará a través de medidas económicas y otras providencias la constitución de la familia y el cumplimiento de las tareas inherentes a ella, dedicando atención especial a las familias numerosas.
[39] Ecuador – 46.5, 7
Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.
[40]Ecuador – Art. 37
Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.
[41] Chile – 16º
Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos.
Venezuela – Artículo 89.5
Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.
[42] Venezuela – Artículo 95
Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la Ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o de injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Los promotores o promotoras y los o las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones.
Los y las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales estarán obligados u obligadas a hacer declaración jurada de bienes.
Bolivia – Artículo 51. I. VI
Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical.
[43] Bolivia – Artículo 54.III
Las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales.
El Estado podrá coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores.
[44] Chile – Artículo 23.-
Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos.
[45] Venezuela – Artículo 118.
Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos.
El estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.
[46] Panamá – Artículo 71
Son nulas y, por lo tanto, no obligan a los contratantes, aunque se expresen en un convenio de trabajo o en otro pacto cualquiera, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor
del trabajador. La Ley regulará todo lo relativo al contrato de trabajo.
[47]Panamá – Artículo 110.6
Regular y vigilar el cumplimiento de las condiciones de salud y la seguridad que deban reunir los lugares de trabajo, estableciendo una política nacionalde medicina e higiene industrial y laboral.
[48] Bolivia Artículo 82. II
El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar; y en áreas dispersas, con residencias estudiantiles, de acuerdo con la ley.
III. Se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo. Toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado tiene derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que le permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas.
[49] Bolivia Artículo 95. III.
Las universidades promoverán centros de generación de unidades productivas, en coordinación con las iniciativas productivas comunitarias, públicas y privadas.
[50]Bolivia – Artículo 16. II
El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.
Venezuela – Artículo 305
El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor.
[51] Ecuador – Art. 61
Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:
Desempeñar empleos y funciones públicascon base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional.
[52]Francia – Artículo 72-1.
[53]Japón – Artículo 15.
El pueblo tiene el derecho inalienable de elegir y destituir a las autoridades públicas.
Las autoridades públicas están al servicio de toda la comunidad y no de un grupo determinado.
Se garantiza el sufragio universal de las personas mayores de edad con respecto a la elección de las autoridades públicas.
El secreto del voto será inviolable en todas las elecciones. No se podrá inquirir a ningún elector, pública o privadamente, sobre la elección que hubiese hecho.
[54] Japón – Artículo 16.
Todas las personas tienen el derecho de solicitar pacíficamente la reparación de daños, la remoción de autoridades públicas, la sanción, derogación o modificación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones, como así también por otros asuntos, sin que ello sea motivo de medidas discriminatorias contra la persona que hace uso de este derecho.
[55] Italia – Artículo 57.
Las deliberaciones de ambas cámaras serán públicas. No obstante, podrán realizarse sesiones secretas cuando así lo decidan por lo menos los dos tercios de los miembros presentes.
Cada Cámara llevará un registro de sesiones.
Este registro será publicado y distribuido sin la transcripción de aquellas partes de las sesiones secretas que así lo requieran.
En las minutas de los asuntos tratados, se registrarán los votos de los miembros si así lo solicita un quinto o más de los miembros presentes.
[56] Chile – Artículo 51
Se entenderá que los diputados tienen, por el solo ministerio de la ley, su residencia en la región correspondiente, mientras se encuentren en ejercicio de su cargo.
[57] Chile – Artículo 94
Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.
[58] Francia – Artículo 62.
[59] Argentina – Artículo 86
Bolivia – Capítulo Segundo, Sección I, Artículo 218. I
La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos.
Corresponderá asimismo a la Defensoría del Pueblo la promoción de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales, y de las bolivianas y los bolivianos en el exterior.
III. La Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa, en el marco de la ley. Sus funciones se regirán bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad y solidaridad. En el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado.
Artículo 219. I. La Defensoría del Pueblo estará dirigida por la Defensora o el Defensor del Pueblo, que ejercerá sus funciones por un periodo de seis años, sin posibilidad de nueva designación.
Artículo 220. La Defensora o el Defensor del Pueblo se designará por al menos dos tercios de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público, entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
Artículo 221. Para ser designada Defensora o ser designado Defensor del Pueblo se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con treinta años de edad cumplidos al momento de su designación y contar con probada integridad personal
y ética, determinada a través de la observación pública. El Defensor del Pueblo y sus diputados no realizarán ninguna otra actividad pública o privada, a excepción de la enseñanza en una educación universitaria.
Artículo 222. Son atribuciones de la Defensoría del Pueblo, además de las que establecen la Constitución y la ley:
Interponer las acciones de Inconstitucionalidad, de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular, de Cumplimiento y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato.
Presentar proyectos de ley y proponer modificaciones a leyes, decretos y resoluciones no judiciales en materia de su competencia.
Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, e instar al Ministerio Público al inicio de las acciones legales que correspondan.
Solicitar a las autoridades y servidores públicos información respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que puedan oponer reserva alguna.
Acceder libremente a los centros de detención e internación, sin que pueda oponerse objeción alguna.
Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso de declaratoria de estado de excepción.
Asistir con prontitud y sin discriminación a las personas que soliciten sus servicios.
Elaborar los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 223. Las autoridades y los servidores públicos tienen la obligación de proporcionar a la Defensoría del Pueblo la información que solicite en relación con el ejercicio de sus funciones. En caso de no ser debidamente atendida en su solicitud, la Defensoría interpondrá las acciones correspondientes contra la autoridad, que podrá ser procesada y destituida si se demuestra el incumplimiento.
Artículo 224. Cada año, la Defensora o el Defensor del Pueblo informará a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Control Social sobre la situación de los derechos humanos en el país y sobre la gestión de su administración. La Defensora o Defensor del Pueblo podrá ser convocada o convocado en cualquier momento por la Asamblea Legislativa Plurinacional o el Control Social, para rendir informe respecto al ejercicio de sus funciones.
Ecuador – Art. 214
La Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior.
Art. 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país.
Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes:
El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados.
Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios
Art. 216.- Para ser designado Defensora o Defensor del Pueblo será necesario cumplir con los mismos requisitos exigidos para las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia y acreditar amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos. La Defensora o Defensor del Pueblo tendrá fuero de Corte Nacional de Justicia y gozará de inmunidad en los términos que establezca la ley.
Rumania – Artículo 58
Artículo 60: El informe ante el Parlamento
El Defensor del Pueblo presentará informes ante las dos Cámaras del Parlamento, una vez al año o a petición de éstas. Los informes pueden contener recomendaciones relativas a la legislación o medidas de otra índole, para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Venezuela – Artículo 280.
La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos, de los ciudadanos y ciudadanas.
Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto de los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables
Artículo 282. El Defensor o Defensora del Pueblo gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, no podrá ser perseguido o perseguida, detenido o detenida, ni enjuiciado o enjuiciada por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En cualquier caso conocerá de manera privativa el Tribunal Supremo de Justicia. (Venezuela)
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Alfredo Guevara Anteproyecto Constitucional en Cuba Antoni Doménech Antonio Guiteras Aureliano Sánchez Arango capitalismo cine cubano comunismo cubano Constitución Constitución de 1940 Cuba posible debate constitucional en Cuba deliberación democracia Democracia republicana derechos Directorio Revolucionario economía política Eduardo Chibás elecciones en Cuba Escuela de SAlamanca Fernando Ortiz FEU Fidel Castro fraternidad Fulgencio Batista Félix Varela Gerardo Machado Hobbes ICAIC izquierda derecha y centro en Cuba en los 1930 izquierdas José Antonio Eceheverría José Martí Juan de Mariana Julio Antonio Mella Kant Keynes Laboratorio Casa Cuba liberalismo libertad Locke Marianne Marx marxismo MR- 26-7 nacionalismo nueva Constitución nueva Constitución cubana nuevo constitucionalismo participación ciudadana partido comunista de cuba pensamiento político cubano populismo cubano raza y racismo en Cuba Raúl Roa reforma económica en Cuba relaciones Cuba-Estados Unidos Republicanismo republicanismo cubano República República; Republicanismo República española República y socialismo en Cuba Revolución cubana revolución de 1933 revolución francesa Robespierre Rubén Martínez Villena sistema electoral socialismo socialismo cubano sociedad civil stalinismo Universidad de La Habana

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ARTÍCULO 153

ARTÍCULO 154

ARTÍCULO 155

ARTÍCULO 156
 ARTÍCULO 157
 ARTÍCULO 158
 Artículo 4
 Artículo 119
 Artículo 98
 Artículo 6
 Artículo 25
 Artículo 3
 Artículo 21
 Artículo 31
 Artículo 123
 Artículo 14
 Artículo 278
 Artículo 193
 Artículo 235
 Artículo 15
 Artículo 28
 Artículo 121
 Artículo 9
 Artículo 73
 Artículo 66
 Artículo 38
 Artículo 38
 Artículo 18
 Artículo 25
 Artículo 13
 Artículo 7
 Artículo 51
 Artículo 143
 Artículo 44
 Artículo 25
 ARTÍCULO 29
 Artículo 100
 Artículo 41
 Artículo 33
 Artículo 89
 Artículo 95
 Artículo 51
 Artículo 54
 Artículo 23
 Artículo 118
 Artículo 71
 Artículo 110
 Artículo 82
 Artículo 95
 Artículo 16
 Artículo 305
 Artículo 72
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 57
 Artículo 51
 Artículo 94
 Artículo 62
 Artículo 86
 Artículo 218

Artículo 219

Artículo 220

Artículo 221

Artículo 222

Artículo 223

Artículo 224
 Artículo 58

Artículo 60
 Artículo 280

Artículo 282