Source: https://aguillaumeylinde.com/casos-derecho-administrativo/
Timestamp: 2020-04-06 01:30:26+00:00

Document:
Casos de Derecho Administrativo | Aguillaume y Linde, Derecho Administrativo en Madrid
Casos de Derecho Administrativo resueltos satisfactoriamente
Un particular (una Asociación que gestiona un camping) acudió a nosotros porque el Ayuntamiento donde se ubica le quería imponer una enorme sanción (80.000 €) por supuestamente vulnerar la Ley de Residuos. Nos ocupamos primero de su defensa en el expediente administrativo sancionador [contaremos el detalle en el apartado de expediente sancionador, porque fue muy útil para después anular la sanción], pero el Ayuntamiento seguía empeñado en sancionar.
Recurrimos la sanción ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que, primero suspendió al pago de la misma ante los graves perjuicios que hubiera causado a la recurrente, y, finalmente, dictó Sentencia anulando en su totalidad la sanción debido, entre otras cosas, a que la Administración había vulnerado el reparto competencial en la materia con la Comunidad Autónoma.
Se discutían también los hechos, pero en muchas ocasiones son estas cuestiones jurídicas las que permiten dar una solución en Derecho al caso. La Sentencia es apelable, y lo ha sido por el Ayuntamiento, pero confiamos en su confirmación y que el asunto se cierre de este modo.
Los propietarios de un terreno urbano se encontraron con que por debajo de su suelo el Canal de Isabel II había instalado una galería de alcantarillado. Después de reclamar directamente sin resultado, acudieron a nosotros y planteamos ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativo una acción por vía de hecho contra el Ayuntamiento responsable y el Canal. Pese a las reticencias iniciales del Juzgado para aceptar nuestras peticiones, el Tribunal Superior de Justicia estimó la demanda, condenando al Ayuntamiento y al Canal a retirar la galería.
Los vecinos afectados por un local que causa molestias están legitimados para impugnar su licencia (de obras y actividad), de modo que cesen las molestias. En un caso reciente del que nos hemos ocupado, las molestias provenían de una Mezquita, debido al ruido y afluencia de coches, en un pueblo pequeño de la Región de Madrid. No se discutía de cuestiones religiosas, sino urbanísticas: si el Ayuntamiento había respetado las normas urbanísticas a la hora de conceder la licencia.
El Juzgado nos ha dado la razón, estimando que se vulneraron las normas y anulando la licencia. Aunque la Sentencia ha sido apelada, confiamos en su confirmación.
Los Ayuntamientos tienen una limitada capacidad para regular sus ingresos y tributos y lo hacen a través de ordenanzas municipales, que se tienen que ajustar a la Ley, porque es una norma de rango superior. Lo normal es que los particulares recurran las liquidaciones de tributos u otros pagos que les llegan, pero una vía interesante para limitar en el tiempo los efectos de un tributo que se considere ilícito es recurrir de forma directa la Ordenanza que lo regula.
Lo hemos hecho para diversas asociaciones profesionales y empresas, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones, y la virtud principal de este tipo de recurso es que se resuelve directamente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, lo que tiende a reducir en el tiempo los plazos de resolución y con ello también disminuye el coste de ir recurriendo año tras año las liquidaciones tributarias que se reciben.
El programa de clemencia ofrece una salida a los participantes en cárteles a cambio de su ayuda para acabar con estas prácticas anticompetitivas.
El programa de clemencia permite a las empresas que forman parte de un cártel y pongan en conocimiento de la CNMC su existencia, permitiéndola investigar éste, la exención del pago de la multa que pudiera corresponderle o, una reducción del importe de ésta, si la Autoridad ya tenía conocimiento de dicho cártel, si las empresas aportan elementos de prueba.
Es muy importante para las empresas la diligencia a la hora de presentar sus solicitudes de clemencia, puesto que la exención en el pago de la multa se concede sólo a la primera empresa. A las que se acojan en segundo lugar y sucesivos disfrutarán de reducciones cada vez menores de la multa. Tenemos experiencia en esta cuestión. Una empresa cliente del despacho se vio inmersa en prácticas anticompetitivas impuestas por una empresa competidora que tenía una posición dominante.
Todos los operadores del mercado en cuestión se repartieron clientes y fijaron precios. Nuestra cliente no sabía cómo afrontar la situación. Le aconsejamos como recabar pruebas y afrontar el programa de clemencia. Nuestro cliente quedó exenta de sanción. Los competidores fueron sancionados con dos millones de euros y el que era dominante desapareció del mercado.
Una empresa extranjera se presentó a un concurso abierto para la adjudicación de un contrato de análisis médicos. No le adjudicaron el contrato, pero no estaba de acuerdo ni con su puntuación, ni con la que le dieron al contratista que había sido inicialmente seleccionado. Utilizando la vía del Recurso Especial en materia de Contratación y argumento sobre la base de los criterios de adjudicación que el Pliego de Cláusulas Administrativas había fijado, y añadiendo informes periciales relevantes, conseguimos revertir el resultado y la resolución inicial fue anulada.
Un Colegio de Ingenieros se percató de que en muchos concursos públicos para contratos de servicios y consultoría se postergaba a sus colegiados frente a otros técnicos a pesar de tener la misma o mayor cualificación técnica. Hemos recurrido con éxito numerosos pliegos de contratos para obligar a admitir la participación de los miembros de este Colegio Profesional en los contratos públicos correspondientes.
Un Ayuntamiento nos contrató porque un contratista al que le habían resuelto el contrato por entrar en liquidación discutía la procedencia de la resolución de su contrato. Defendimos al Ayuntamiento ante el Juzgado con éxito, confirmándose la resolución del contrato acordada. La Sentencia está apelada, pero confiamos en su confirmación.
IMPUGNAR UN PLAN GENERAL
Un cliente acudió a nosotros con un problema poco común: el Ayuntamiento de una ciudad de Castilla y León había “recalificado” sus terrenos industriales para hacerlos residenciales. Lo que para la mayor parte de los propietarios habría sido un magnífico regalo, para este cliente, una empresa metalúrgica, era un gran problema: su fábrica y sus instalaciones y el traslado de las mismas valían mucho más que la ganancia que se podía obtener construyendo las viviendas.
Impugnando el Plan General, conseguimos acreditar que la operación de transformar su sector no era viable económicamente porque el coste de expropiación de la fábrica y realojo era superior a la plusvalía de la urbanización, una vez restados todos los costes relevantes. Finalmente, el TSJ de Castilla y León le “liberó” de este regalo envenenado.
ACTIVIDADES EN SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
Hemos tenido varios clientes con problemas para instalar actividades turísticas en suelo no urbanizable de protección. El problema siempre es el mismo: la Comunidad Autónoma, que controla estas actividades a través de la concesión de una autorización que se llama “calificación urbanística”, la deniega cuando los Planes Generales de los municipios no contemplan de forma expresa un permiso para implantarlas en Suelo No Urbanizable de Protección.
Sin embargo, existen otros instrumentos los Planes de Ordenación de Recursos Naturales de los Parques Regionales (Guadarrama, Sureste) que son mucho más modernos que la mayor parte de los planes urbanísticos de los municipios afectados y que sí permiten estas actividades. Amparándonos en estos planes medioambientales hemos conseguido que los Tribunales declaren su primacía sobre los planes urbanísticos y que autoricen las actividades turísticas.
Varios de nuestros clientes firmaron en los años de la bonanza y el boom inmobiliario convenios urbanísticos redactados por los Ayuntamientos en los que se imponían condiciones muy gravosas a los propietarios para desarrollar sus suelos, especialmente pagos de dinero por adelantado como “sobrecesiones” de aprovechamiento urbanístico a los Ayuntamientos.
Estos pagos se hicieron con el tiempo imposibles de afrontar, y acudieron a nosotros para impugnar los Convenios. Conseguimos anularlos obteniendo muy importantes devoluciones de dinero para nuestros clientes, además de que dejaran de exigirles nuevos pagos.
Nos hemos ocupado de multitud de casos en los que en un desarrollo urbanístico, algunos de los propietarios afectados no han podido o no han querido participar en él, y eso conduce a la expropiación de sus terrenos. Estos asuntos son muy técnicos desde el punto de vista de la determinación del justiprecio. Los criterios han ido evolucionando e incluso variando de manera constante y paralela la las reformas legislativas de 1998, 2002, 2007 o 2013.
No obstante, una constante existe, y es que para poder determinar el justiprecio deben manejarse los métodos complejos de valoración: comparativo, de capitalización de rentas, y el método residual. En el caso más habitual, en el que la urbanización está encomendada a una Junta de Compensación, es esta Junta quien debe abonar la indemnización en su calidad de beneficiario de la expropiación.
En un sonado caso que afectó a la Playa del Algarrobico en Almería, tuvimos la ocasión de defender a unos propietarios que se habían visto salpicados por el proyecto de expropiación que la Administración aprobó sobre el hotel construido ilegalmente en esa playa.
Aprovechando que, como suele decirse, el Pisuerga pasaba por Valladolid (algo más lejos en este caso), la Administración incluyó en el proyecto de expropiación una serie de viviendas cercanas a la playa, pero que nada tenían que ver con el hotel. Impugnado ante el Tribunal Supremo la necesidad de ocupación de esos bienes, conseguimos demostrar que no había ninguna congruencia ni proporcionalidad en su expropiación, y la Jurisdicción los excluyó por lo tanto de aquella.
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION POR DAÑOS EN INMUEBLES
Un particular que posee terrenos en Extremadura acudió a nosotros porque la ampliación del camino rural que linda con su parcela le había causado un grave desprendimiento de tierras, al no haberse acometido la obra con el debido estudio técnico. Formulamos la reclamación en vía administrativa, exponiendo los daños, su cuantificación, la relación de causalidad con el actuar administrativo y las medidas a adoptar para poner fin al problema surgido.
Aunque la Administración denegó lo solicitado, amparándose en que las obras de ampliación del camino rural no fueron realizadas por el Ayuntamiento interpusimos recurso Contencioso-Administrativo, obteniendo una Sentencia que establecía que la titularidad del camino era municipal, y que el desconocimiento o ajenidad de la obra de ampliación en él realizado no exonera al Ayuntamiento del deber de indemnizar
DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN FRENTE A RECLAMACIONES DE ESTA NATURALEZA.
También hemos asesorado a numerosos Ayuntamientos ante reclamaciones de responsabilidad patrimonial que le plantean sus administrados en múltiples supuestos (caídas en la vía pública, deterioro de vehículos por el mal estado de la vía, humedades en viviendas por defectuosa ejecución de obras en el acerado, etc).
Los casos de mayor enjundia están vinculados a retrasos en la concesión de licencias de obra que, en tesis de los reclamantes, frustrarían su negocio inmobiliario, solicitando por ello cifras millonarias a un modesto Ayuntamiento, pues la demora coincidió con el estallido de la crisis, y buena parte de la promoción quedó sin vender. El Juzgado en primera instancia, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en apelación desestimaron las demandas, y por ende las multimillonarias reclamaciones que, de haberse estimado, habría quebrado la economía de un pequeño municipio madrileño.
Nuestro cliente acude a nosotros tras notificársele una resolución del Ayuntamiento para el que trabaja, reclamándole el recargo que hubo de abonar el municipio por haberse ingresado tarde los seguros sociales de toda la plantilla municipal un concreto mes.
El importe que se reclamaba al funcionario superaba los 40.000 euros, pues el recargo que aplicó la TGSS de forma automática ascendía al 20% de la masa salarial del mes en cuestión. El Juzgado de lo Contencioso administrativo accedió a la medida cautelar de suspensión que solicitamos al interponer el recurso, con lo que la resolución administrativa no pudo ser ejecutada de forma inmediata (con la merma que ello habría supuesto para el funcionario), y finalmente anuló el Decreto de Alcaldía que imponía la responsabilidad patrimonial del funcionario, al considerar el Juez que en el retraso en el pago de los seguros sociales no medió dolo, culpa o negligencia grave del funcionario.
Un particular (una Asociación que gestiona un camping) acudió a nosotros porque el Ayuntamiento donde se ubica le quería imponer una enorme sanción (80.000 €) por supuestamente vulnerar la Ley de Residuos. Desplegamos una intensa actividad en el expediente administrativo sancionador, consiguiendo que tuvieran que cambiar al Instructor y que el expediente caducase dos veces. Lo discutimos todo: desde la competencia municipal para sancionar, hasta la realidad de los hechos objeto del expediente, pasando por la calificación jurídica. Esto permitió que el Ayuntamiento dejase por escrito en el expediente afirmaciones que comprometían sus propios argumentos en relación con la competencia municipal para sancionar. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo estimó en efecto que el Ayuntamiento no tenía competencia para sancionar y anuló la sanción.
SANCIÓN POR FALTAR AL CUIDADO DE UNOS CABALLOS
Una cliente vino a vernos porque una antigua pareja suya le había preparado una sofisticada martingala: al conocer como funcionaba el control administrativo de la cría de caballos, había puesto a nombre de ellas en los registros administrativos unos caballos, que luego dejó sin cuidados y semiabandonados. La Administración autonómica reaccionó y le impuso varias sanciones por faltar al cuidado necesario de los caballos que supuestamente eran suyos.
Como ella no tenía conocimiento de nada, no se enteró de la treta hasta que le embargaron el dinero de su cuenta corriente. Investigando la documentación que constaba en los expedientes, presentamos recursos de administrativos de alzada y conseguimos demostrar que nuestra cliente nunca fue propietaria de esos caballos, por lo que no era responsable de su situación. Los recursos fueron estimados en vía administrativa, sin necesidad de recurso judicial, y se anularon todas las sanciones.
¿Cómo se cuentan los plazos para interponer un recurso administrativo?
La Ley dice que se cuentan a partir del día siguiente al de la notificación, lo que ha inducido a error a mucha gente, pensando que, si me notifican una resolución el 1 de octubre, el plazo empieza a contar el 2 de octubre, por lo que termina el 2 de noviembre. No es cierto, y se aprecia si la notificación se produce el último día de un mes.
Si me notificación una resolución el 31 de marzo, ¿cuándo habrá pasado un mes entero si empezamos al contarlo desde el día siguiente?
La respuesta es el 30 de abril. Empezamos a contar el 1 de abril, y el mes termina el 30 de abril, claro. La nueva Ley de Procedimiento Administrativo ha aclarado esta cuestión: el plazo termina el mismo día del mes siguiente a aquél en que se recibió la notificación, pero de nuevo CUIDADO: Si recibo la notificación el 31 de marzo, como decía, el plazo termina el 30 de abril, y si la recibo el 30 de enero, terminará el 28 de febrero si el año no es bisiesto y el 29 si lo es.
¿Qué pasa si la Administración no contesta a un recurso administrativo?
Tiene efecto entonces el silencio administrativo negativo, que se produce en un mes en el recurso de reposición y en tres meses en el recurso de alzada, en ambos casos desde la interposición del recurso. El silencio administrativo es una ficción que sirve para entender desestimado el recurso a los solos efectos de que el interesado pueda acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sobre el plazo que existe entonces para acudir a la Jurisdicción, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han aclarado que no existe plazo alguno, ya que la Ley que lo establecía, de 1998, marcó un plazo de seis meses, pero después se modificó la regulación del silencio administrativo y no se adaptó la Ley de los seis meses.
Además, los Tribunales han señalado que la Administración no puede ser de peor condición cuando cumple con su obligación de resolver el recurso que cuando no lo hace. Una regla importante y detalle a tener en cuenta: si se pone un recurso de alzada contra una anterior desestimación de una solicitud por silencio administrativo, entonces el sentido del silencio en el recurso es positivo, es decir, se entendería estimada la solicitud inicial.
¿Cuál es el plazo para la acción administrativa de nulidad de pleno derecho?
Esta figura ha generado también mucha confusión en cuanto al plazo para iniciarla. En teoría (jurídica) la nulidad de pleno derecho es tan grave que el transcurso del plazo para recurrir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (dos meses) no la subsana. Por eso en muchos casos se recurrió directamente a la Jurisdicción para que se pronunciase sobre si determinadas decisiones eran nulas de pleno Derecho.
Sin embargo, el Tribunal Supremo hizo una distinción (que tanto nos gustan a los juristas):
No es lo mismo la acción administrativa que la acción jurisdiccional de nulidad de pleno Derecho. Para el inicio de la primera, en efecto no hay plazo alguno, se puede pedir a la Administración en cualquier momento.
Ahora bien, para ir directamente la Jurisdicción, es necesario respetar el plazo de dos meses, aunque el vicio de legalidad alegado sea de nulidad de pleno Derecho. Se podrá acudir, claro está, si la Administración desestima la solicitud de nulidad de pleno Derecho. Para esto último el Tribunal Supremo ha hecho una segunda distinción, mucho más discutible: no es lo mismo si la Administración inadmite a trámite (no la tramita) la solicitud de nulidad, que si la rechaza en cuanto al fondo (la desestima).
En el primer caso, se puede recurrir a los Tribunales, pero estos solamente podrán pronunciarse acerca de si procede o no la tramitación, pero no en cuanto al fondo. Esta doctrina obliga en la práctica a quien quiere forzar una declaración de nulidad de pleno Derecho a iniciar dos procedimientos contenciosos-administrativos: uno para que se tramite y otro para que se estime, lo que genera unos gastos y una dilación temporal muy difícilmente comprensibles cuando de lo que se trata es de la posibilidad de corregir una grave ilegalidad administrativa.
Defendemos por encargo de los colegios los derechos e intereses de sus profesionales cuándo estos son excluidos indebidamente de poder participar en las licitaciones de contratos públicos.
Hemos conseguido la anulación de muchos concursos por infracción de los principios de idoneidad, libre competencia y de libertad de acceso a la licitación pública. También ayudamos a que se respeten los requisitos de titulación idónea y el principio constitucional de capacidad respecto de los puestos de empleo público.
Conocemos las relaciones complicadas que en determinados momentos se producen entre los colegios y sus consejos generales.
Hemos defendido la autonomía financiera de los colegios en la determinación de sus cuotas respecto a los consejos generales. Así conseguimos la anulación por el Tribunal Supremo de unos Estatutos Generales que facultaban que mediante acuerdo de la asamblea general del consejo general se pudiera establecer una cuota colegial anual mínima para todos los colegios.
La tramitación y aprobación de las modificaciones de Estatutos de un Colegio es un proceso complejo que requiere de asesoramiento y planificación.
Si el colegio es de ámbito autonómico o inferior, además de la aprobación colegial según las normas colegiales y las normas de procedimiento, se requiere la calificación de legalidad por la Administración autonómica y la aprobación por el Consejo General.
Si el colegio es de ámbito superior se requiere la aprobación por el Gobierno. Hemos participado en la modificación de Estatutos de diferentes colegios de ámbito estatal y de ámbito autonómico, también en la aprobación o reforma de normas de diferente alcance, como Códigos Deontológicos, Reglamentos de Procedimiento Disciplinario, Reglamentos Electorales, Normas de Visado, Normas de Registro de Peritos, etc.
Podemos ayudarte en las relaciones de tu empresa con otras empresas que participan en la cadena de negocio y que pretenden imponer condiciones contrarias a la normativa de defensa de la competencia.
Tenemos como ejemplo en el despacho, entre otros, el de un operador relevante del mercado de distribución de combustibles, con más de 1518 puntos de venta de un total de 7.645 puntos de venta de operadores mayoristas en España, impuso a nuestro cliente, una empresa propietaria y explotadora de gasolineras, una duración de los contratos que les unían superior a la permitida por la normativa sectorial.
Aconsejamos a nuestro cliente sobre la situación y cómo negociar la adecuación del contrato a la legalidad. Esta negociación sirvió para renegociar los márgenes para nuestro cliente en los precios del combustible.
RECURRIR EL RESULTADO DE UNA CONVOCATORIA DE PLAZAS, O DEFENDERLO.
Hemos defendido a numerosos clientes en litigios sobre el resultado de una oposición o concurso-oposición. Tanto a quienes tuvieron que impugnar el resultado como, con más frecuencia, a quienes tenían que defenderlo frente a un recurso. Debe recordarse que en estos casos, los Tribunales están obligados a citar como interesados a quienes han ganado las plazas frente a quienes discuten los resultados. Estos casos suelen versar sobre cuestiones complejas relativas a si los ejercicios efectivamente realizados se ajustan o no a las Bases de la convocatoria, a si la composición del tribunal calificador se ha ajustado finalmente a las mismas Bases o a aspectos relativos a desviaciones importantes del sistema de calificación respecto de la objetividad, que se plantean desde un punto de vista estadístico.
No debe olvidarse que en este tipo de casos, la Administración actúa siempre en ejercicio de una potestad que la Ley le reconoce, como es la de auto-organizarse, y lo hace aplicando criterios muy específicos y técnicos de calificación, que es lo que se llama en lenguaje administrativo la “discrecionalidad técnica”. Por eso, el margen de discusión en estos asuntos gira en torno a si el proceso y los criterios de calificación se han ajustado o no a las Bases de la convocatoria. Quienes se han presentado como candidatos han aceptado las Bases por el hecho de hacerlo.
RECURRIR EL CESE EN UN PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN.
Tradicionalmente, el acceso y cese de estos puestos era un “espacio libre de Derecho”. Estaban sometidos a una total arbitrariedad del superior jerárquico para acordar tanto la designación como el cese. Nosotros creemos que una cosa es la discrecionalidad y otra muy distinta la arbitrariedad y las decisiones caprichosas.
Un cese discrecional también debe estar motivado en razones de interés público y la discrecionalidad no puede convertirse en la excusa para que las plazas pasen a pertenecer al responsable político de turno en lugar de pertenecer a la Administración que debería respetar los intereses generales. Actualmente, esta tesis ya ha sido acogida por algunos Tribunales (como el TSJ de Castilla-La Mancha) y está pendiente de varios recursos de casación ante el Tribunal Supremo, entre ellos uno nuestro respecto de un órgano administrativo del Estado con un papel clave en la seguridad colectiva.
RECURRIR LA CONVOCATORIA DE UNAS PLAZAS PARA DAR CABIDA A TITULACIONES NO INCLUIDAS.
Es frecuente que las convocatorias de las plazas estén limitadas a determinadas titulaciones, en ocasiones definidas en la RPT. Nos hemos ocupado en numerosas ocasiones de defender a diversos colegios profesionales de ingenieros para conseguir que las convocatorias se abrieran a los titulados de su profesión.
RESOLVER UNA CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO.
La resolución de una concesión de dominio público antes de que finalice el plazo previsto implica un procedimiento muy complejo. Nos hemos enfrentado a varios casos, defendiendo en unos a la Administración (Ayuntamiento) y en otros a los concesionarios. Hay que tener en cuenta que, cuando es la Administración quien quiere resolver la concesión y el concesionario se opone, la aplicación supletoria de la legislación sobre contratación pública remite al asunto al Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, lo que implica una mayor garantía para el concesionario, al tiempo que dificultará el recurso contra la decisión de resolución si cuenta con el aval del órgano consultivo.
Desde el punto de vista del concesionario, cuando es éste quien pretende resolver la concesión, el problema fundamental se plantea con el tiempo, pues la negativa de la Administración a dictar una resolución obliga a esperar los plazos que marca la Ley para el silencio administrativo (tres meses). Las consecuencias económicas de la resolución también son conflictivas, tanto en lo referente al pago del canon durante la tramitación del procedimiento como respecto de la liquidación de los gastos e inversiones realizados por el concesionario.
Hemos tenido en el despacho bastantes litigios en los que (sorprendentemente) se plantea esta cuestión. El carácter público o privado de una calle no afecta solamente a quién puede circular por ella, sino también a cuestiones más concretas y a veces de más enjundia como quién tiene que sufragar los gastos de mantenimiento, si se puede o no edificar con ventanas abiertas a ella, o si debe o no ser expropiada. En diversos asuntos nos hemos encontrado con una concepción equivocada sobre esta cuestión. Una calle no empieza a ser pública ni cuando se dibuja como tal en el planeamiento municipal, ni tampoco cuando se urbaniza efectivamente. Es necesario algo más.
En un proceso normal de urbanización, el momento determinante es el acuerdo de cesión de viales al Ayuntamiento que forma parte del Proyecto de Reparcelación. Con la inscripción de éste en el Ayuntamiento, pasa a ser público el suelo destinado a las calles, que normalmente después es urbanizado. Pero de esa situación normal a la realidad hay muchas situaciones intermedias o patológicas. Por ejemplo, es muy frecuente que, aun con el suelo ya cedido, el Ayuntamiento retrase la recepción de las obras de urbanización, lo que genera nuevas dudas y problemas especialmente de mantenimiento.
Hay una solución legislativa reciente para esta situación, en forma de la recepción tácita, que se produce si el Ayuntamiento no ha contestado nada una vez pasado el tiempo indicado en la legislación urbanística (tres meses en la de la Comunidad de Madrid). Finalmente, se puede incluso producir la adquisición por prescripción adquisitiva cuando, en ausencia de cualquier acto de transmisión de la propiedad, el suelo no obstante viene siendo destinado al uso público durante el plazo de 30 años que marca el Código Civil para la prescripción extraordinaria de la propiedad.
LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE IMPUESTOS.
Ante la Inspección en los procedimientos de investigación y comprobación de tu situación tributaria; ante los órganos de recaudación tributaria en los procedimientos ejecutivos tendentes al cobro de deudas tributarias; así como en revisión de actos administrativos en recursos administrativos, reclamaciones económico-administrativas y recursos contencioso administrativos en relación con todo tipo de impuestos, tanto tributación directa como indirecta.
A un cliente del despacho al que los negocios, debido a la crisis económica, no le iban bien y su facturación se había reducido a mínimos, la Agencia Tributaria le negaba el ejercicio real de la actividad económica y, por ello, la posibilidad de deducirse gastos. Además le sancionó por ello.
La Agencia Tributaria consideraba que su trayectoria de facturación decreciente no justificaba los gastos en los que incurría y se deducía. Recurrimos al Tribunal Económico Administrativo que resolvió que la falta de justificación y de motivación suficiente por parte de la Agencia Tributaria de la supuesta falta de realización efectiva de actividad económica constituía una arbitrariedad e incurría en falta de motivación determinando la anulación de la liquidación provisional girada por la Agencia Tributaria y de la sanción impuesta.
Dos anulaciones: primero por falta de motivación, después por prescripción.
Nuestros clientes obtuvieron primero una resolución favorable del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid que anuló, por la falta de motivación de la comprobación de valores, los actos de valoración y liquidatorios de un impuesto realizados por la Administración. Luego la Administración recurrió en contencioso tal resolución del TEAR en un procedimiento contencioso al que nuestro clientes no fueron emplazados. Tras la sentencia que confirmó la falta de motivación de la valoración y liquidación, la Administración giró una nueva liquidación. Tuvimos que acabar recurriendo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que sentenció que el anterior recurso contencioso administrativo interpuesto por la Administración no podía tener eficacia interruptiva del plazo de prescripción, pues el citado proceso contencioso se tramitó sin presencia de nuestros clientes. El TSJ anuló, por segunda vez, la nueva liquidación, esta vez por haberse dictado transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.
CUESTIONES DE REGISTRO DE OPERADORES, INFRAESTRUCTURAS COMPARTIDAS O PROPIEDAD INTELECTUAL
Tenemos amplia experiencia en el Sector de Telecomunicaciones y sus singularidades, como cuestiones de registro de operadores; infraestructuras compartidas; o cuestiones de propiedad intelectual. En este último aspecto, los operadores de telecomunicaciones como responsables de servicios de la sociedad de la información pueden prestar servicios que sean utilizados por terceros para vulnerar derechos de propiedad intelectual. Existe un órgano administrativo que vela por la salvaguarda de estos derechos, la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), que en un procedimiento administrativo puede declarar la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e imponer la cesación de servicios que presuntamente vulneren derechos de propiedad intelectual. Esta resolución puede ser confirmada, si no se cumple voluntariamente, o no por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Hemos asesorado y defendido con éxito a clientes en estos procedimientos, ahorrándoles la implementación de costosas medidas que solicitaba la CPI.
En general, prestamos un asesoramiento y defensa integral a las empresas que operan en los sectores regulados, para asegurar en todo momento el cumplimiento de la ley, su desenvolvimiento en libre competencia y su asistencia en la tramitación de autorizaciones, concesiones y demás títulos habilitantes o en procedimientos administrativos y contencioso-administrativos relacionados con las principales obligaciones regulatorias del sector, incluyendo la defensa letrada en procedimientos sancionadores si así lo requiere el caso.
También asesoramos en la negociación de contratos o en procesos due diligence en compraventas de activos y de empresas, con especial atención a la regulación sectorial.
INCOACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO POR ALCANCE O JUICIO DE CUENTAS.
Hemos defendido a funcionarios y cargos públicos en numerosos procedimientos de reintegro por alcance, en los que se les pretendía exigir la condena al pago del desfase o menor valor de los efectos públicos que fueron puestos a su cargo, y que habrían manejado de manera ilegítima o injustificada.
También hemos ostentado la defensa de Administraciones Públicas en procedimiento de reintegro por alcance seguidos por éstas frente a funcionarios o cargos públicos de las mismas, solicitud de que se restituyeran las sumas de las que injustificadamente no pudieron dar cuenta, por haber hecho un uso inapropiado de tarjetas de crédito puestas a su disposición, haber hecho frente gastos que no eran necesarios para el ejercicio de las funciones públicas del funcionario o cargo público en cuestión, no haber controlado la “caja” puesta a su cargo, etc.
En ambos casos es fundamental conocer la normativa presupuestaria que rige el control de pagos, y el control de los fondos públicos, además de profundos conocimientos en Derecho Administrativo, pues la actuación sometida a enjuiciamiento por el Tribunal de Cuentas se ha desarrollado dentro de una Administración Pública, y han de tenerse muy presentes los principios, normas y procedimientos por las que éstas se rigen.
Todos los negocios que implican el manejo de datos personales conllevan implicaciones legales. Un análisis previo a su puesta en marcha permite identificar los riesgos, prevenir sus consecuencias y reducir costes.
Si tienes dudas respecto a cómo cumplir el RGPD puedes consultarnos. Hemos ayudado a pequeñas y grandes empresas y organizaciones a adecuarse al cumplimiento del RGPD.
Si conforme con la normativa necesitas designar un Delegado de Protección de Datos, AGUILLAUME & LINDE puede ser tu DPO. Es un servicio que ya prestamos a otros clientes. Somos los Delegados de Protección de Datos del colegio profesional más grande de España.
Podemos asesorar a tu empresa en cómo enfocar la defensa en procedimento sancionador. Un cliente del despacho fue denunciado porque las cámaras de seguridad instaladas en el edificio de su sede grababan imágenes de la vía pública. La Agencia Española de Protección de Datos abrió un expediente sancionador. Aconsejamos debidamente al cliente, indicándole cómo actuar, preparando documentación para la defensa, subsanando las irregularidades puestas de manifiesto y redactando las alegaciones precisas. La Agencia archivó el expediente.
Si la Agencia Española de Protección de Datos te pone una sanción, podemos ayudarte. Por ejemplo, ayudamos a un empresa en el siguiente caso: un exempleado accedió indebidamente a datos de clientes de la empresa y a su vez denunció, de forma anónima, dicho acceso ilegal a la Agencia Española de Protección de Datos. Ésta sancionó a nuestro cliente con una multa de un importe inasumible por la empresa y que le llevaba al concurso de acreedores. Fue entonces cuando el cliente vino al despacho. Recurrimos la sanción a la Audiencia Nacional que redujo las infracciones imputadas y rebajó de forma considerable el importe de la multa.

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