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Timestamp: 2019-09-22 16:18:43+00:00

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Para aliviar las cargas del Estado con la colaboración del sector privado.
CAPITOLIO - El Senado aprobó hoy, con 17 votos a favor y ocho en contra, el Proyecto del Senado 353, de la autoría de Rivera Schatz, que autoriza la venta, cesión y administración de las instalaciones de servicios de salud del Estado a corporaciones especializadas. Así, brindar tales servicios siempre que las mismas tengan 10 años o más ofreciendo servicios de salud en Puerto Rico y que hayan demostrado su capacidad financiera y administrativa.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió enérgicamente la medida que fue respaldada, según dijo, por alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD), en particular el de Yabucoa, de Trujillo Alto y el Secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado, mediante un memorial explicativo el 15 de mayo de este año. Asimismo, criticó que la delegación de minoría no presente propuestas de salud que permitan subsanar la economía de los municipios. “La opción del PPD es no hacer nada sin alternativas, sin propuestas y sin sugerencias”, dijo.
“Alcaldes del PPD legítimamente preocupados son los que han venidos principalmente a plantear esta situación. Parece que la delegación del PPD todavía tiene problemas de comunicación con los alcaldes tal y como pasaba el cuatrienio pasado. Ninguna transacción del gobierno es un cheque en blanco y todas las transacciones a nivel municipal, que tampoco están bajo la lupa de la Junta de Control Fiscal (JCF), tampoco están exentas y no son un cheque en blanco. Es el intento de tener una instalación de salud, abierta y operando de quien pueda y tenga 10 años y opere en Puerto Rico”.
En su defensa de 20 minutos, el presidente del Senado recordó que en enero de 2013 la delegación de minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) del Senado radicó la Resolución Conjunta del Senado 11 para elevar el derecho a la salud a rango constitucional pero la medida recibió un informe negativo. “El derecho a la salud no debe ser de rango constitucional según los compañeros de la delegación del PPD....Ojalá tuviéramos mentes creativas pero me preocupo de las que son paranoicas, no son creativas y no hacen nada por nadie”.
El titular del DS en su memorial explicativo expresó que “durante los años 2009-2012, el DS traspasó varios CDT’s a Municipios, mediante Resolución Conjunta. Este proceso ha redundado en mayores beneficios a los residentes de los mismos, ya que al ser el Municipio el responsable de los servicios de salud, el Alcalde con su personal administrativo se aseguran que los mismos sean unos de calidad. Cabe señalar que los Municipios que adquirieron los CDT’s traspasados, han contratado Corporaciones de Servicios de Salud experimentadas para la administración de los mismos”, siendo esta la razón principal de su endoso a la medida.
“No nos podemos quedar cruzados de brazos mientras la salud de nuestra gente se pone en riesgo con la excusa de que no tenemos los recursos en el Gobierno”, resaltó el Portavoz de la Mayoría, Carmelo Ríos Santiago en relación a la responsabilidad de la Asamblea Legislativa.
“Las circunstancias del Puerto Rico de hoy, son muy distintas a las existentes en el momento en que fue aprobada la Ley 3–2003, según enmendada. Como cuestión de hecho, la crisis económica ha limitado los recursos del gobierno, al punto de que enfrentamos un déficit presupuestario histórico y una recesión económica que inició en el año 2006 con el cierre de gobierno”, detalló el autor de la medida en la Exposición de Motivos.
Crea Ley de Transparencia en los Costos de los Medicamentos
En temas de salud, también fue favorecida la Ley de Transparencia en los Costos de los Medicamentos y se garantice el acceso a servicios de salud adecuados logrando una transparencia en el costo de los medicamentos genéricos. Esto permitirá una mejor fiscalización de los recursos del Estado mientras que se le permite al pueblo estar mejor informado sobre los factores sobre los cuales las compañías predican sus precios.
De esta manera, los manufactureros ofrecerán al Departamento de Salud (DS) informes anuales de datos sobre la estructura de precios de los medicamentos genéricos, registrarán sus medicamentos antes de que sean ofrecidos para la venta e igualmente notificarán antes de adoptar un aumento en precio. Todo se publicará a través del internet para que el público pueda examinarlos.
El Proyecto del Senado 371 crea la Ley de Transparencia en los Costos de los Medicamentos para garantizar el acceso público a la información de los factores que influyen en los costos de los medicamentos y los aumentos de los precios que pagan los pacientes por ellos.
Asimismo, si el manufacturero incumple con las disposiciones, esta Ley establece multas que ascienden a los $100 mil por ocurrencia.
También, se aprobaron las siguientes medidas:
La Resolución Concurrente del Senado 16, de la autoría de los senadores Miguel Romero Lugo y Ángel Martínez Santiago, que solicita al Congreso que legislen para que Puerto Rico tenga acceso equitativo a los fondos Medicaid que entran en vigor en el 2018.
El Proyecto del Senado 110, de la autoría de los senadores Ángel “Chayanne” Martínez y de Carmelo Ríos Santiago, crea el Registro de Voluntarios para Cuidado de Pacientes de Alzheimer en Puerto Rico; dispone sobre su organización y propósitos; y para otros fines relacionados.
El Proyecto del Senado 404, para eximir de la aplicación de la Ley Numero 3-2013 a los policías en servicio que se retiren antes del 31 de diciembre de 2020 y para otros fines.
La Resolución del Senado 3, ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación abarcadora sobre las labores realizadas por la compañía AlixPartners y su principal Oficial de Reestructuración, Lisa Donahue, en la Autoridad de Energía Eléctrica desde septiembre de 2014, en conformidad con todos los acuerdos y contratos suscritos con la mencionada corporación pública.
La Resolución del Senado 148, ordenar a las Comisiones de Educación y Reforma Universitaria, y Bienestar Social y Asuntos de la Familia investigar el estado de situación del Programa Head Start bajo la Administración del Cuidado Integral para la Niñez y Desarrollo con el propósito de analizar la situación fiscal y operacional del programa ante la posibilidad de que los fondos asignados a esta agencia puedan estar en proceso de recompetencia.
La Resolución del Senado 182, ordenar a la Comisión de Bienestar Social del Senado de Puerto Rico a realizar una exhaustiva investigación en torno a la administración y operación de los mecanismos usados para el pago de la liquidación a los oficiales retirados de la Policía de Puerto Rico que se acogieron a los beneficios de retiro temprano, cobijados por la Ley Núm. 70 de 2 de julio de 2010. Incluyendo pero no limitándose a realizar un análisis del presupuesto de la policía, su sistema de retiro, y el paradero del dinero asignado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el pago de las liquidaciones por concepto de licencias de vacaciones, enfermedad, u otras bonificaciones acumuladas que debieron haberse pagado a los 90 días de gestionar la documentación requerida para dicha liquidación.
El Senado no concurrió con las enmiendas sometidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 59 por lo que se conformó un comité de conferencia que será integrado por el presidente del Senado y los senadores Eric Correa, Ángel Martínez Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, José Vargas Vidot, Eduardo Bhatia y Juan Dalmau Ramírez. Sin embargo, concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los Proyectos del Senado 254 y 298.
El próximo día de sesión será el martes 30 de mayo a la 1:00 p.m.

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