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Burocracia tributaria - FISCALBLOGFISCALBLOG
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Publicado el 10/02/2016 por Josep Piñol Farre
Quedan lejos las ideas defendidas por Max Weber a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por las que se consideraba la burocracia como la forma racional de organizar una entidad para conseguir que la misma funcione con precisión, claridad, velocidad y eficiencia. Desgraciadamente, en la actualidad, la burocracia se asimila más a un concepto vinculado a la lentitud, exceso de trámites, distanciamiento total entre el prestador de los servicios públicos y el usuario de los mismos, producto de una exagerada adherencia de los funcionarios y empleados públicos a los reglamentos y rutinas, a los procedimientos y métodos consignados en los manuales de organización.
Mantenimiento de libros contables, facturas y declaraciones tributarias durante un mínimo de seis años. El artículo 30 del Código de Comercio dispone que los empresarios deberán conservar los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a sus negocios debidamente ordenados durante seis años, contados a partir del último asiento realizado en libros. Con la aprobación de la Ley 34/2015 de modificación parcial de la Ley General Tributaria (LGT) el plazo de seis años se convierte, en el mejor de los casos, en un periodo mínimo, al introducir la no prescripción del derecho de la Administración para comprobar e investigar hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios y valores producidos en ejercicios prescritos, a efectos de determinar la deuda por la Administración tributaria, cuando sea necesaria dicha comprobación para determinar la deuda tributaria en ejercicios no prescritos (cuatro años o diez años desde el día siguiente al fin del plazo de presentación de la declaración correspondiente en el caso de que exista compensación de créditos tributarios).
Solicitud u obtención por parte de proveedores o clientes de numerosos certificados que debe emitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como pueden ser, entre otros, los siguientes:
Certificado de estar al corriente de pago de obligaciones tributarias, imprescindible para evitar la responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 42 de la LGT.
Certificados de profesionales a los que se tenga que aplicar un tipo de retención de IRPF inferior.
Certificados de residencia fiscal para evitar que una posible inspección de tributos pueda aplicar retención en los pagos a no residentes.
Certificados de los arrendadores que justifiquen la posible exención en la retención sobre la rentas de arrendamientos o subarrendamientos.
Certificados de las fundaciones y entidades sin fines lucrativos que acrediten las donaciones realizadas a los efectos de poder aplicar las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades previstas a estos efectos.
Verificaciones en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI) de los proveedores de la entidad localizados en otros Estados Miembros de la UE.
Obligación de legalizar los libros oficiales de las Sociedades (Libros Diario y Cuentas Anuales, Libros Registro de Socios y/o accionistas, Libros de Actas de Junta General y Libros de Actas del Consejo de Administración) de forma telemática: Finalmente, después de que la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización introdujera la medida, la Dirección General de los Registros y Notariados la desarrollara en una Instrucción y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la suspendiera, se impone la obligación de legalizar periódicamente los libros mercantiles de forma telemática dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social. Los Libros actuales deberán actualizarse y cerrarse mediante diligencia y certificado del órgano de administración. Por lo tanto, si el ejercicio social acaba el 31 de diciembre, la fecha límite para proceder a esta regularización finaliza el próximo 30 de abril.
Las obligaciones de documentación relativas a la valoración a mercado de las operaciones realizadas entre partes vinculadas se han visto incrementadas para los grandes contribuyentes desde la entrada en vigor del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Las principales modificaciones incluidas en el citado Real Decreto provienen en gran medida de lo previsto en la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (LIS), en vigor desde el 1 de enero de 2015, que se alinea con las iniciativas de la OCDE en el marco del Proyecto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Las citadas modificaciones se alinean con los requisitos de documentación y valoración de operaciones vinculadas e información país por país, representando en este último caso un incremento en la exigencia de información para los grandes grupos españoles, definidos como aquellos que superen los 750 millones de euros de facturación a nivel consolidado, así como para las filiales y establecimientos permanentes en España de grupos multinacionales en caso de cumplirse determinadas circunstancias. Estos nuevos requisitos de información serán de aplicación para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016, concluyendo el plazo de presentación transcurrido doce meses desde la finalización del periodo impositivo al que se refiere la información.
El nuevo modelo en vigor no consiste únicamente en el suministro de información fiscal país por país (CbCR o Country by country report), sino que el contenido informativo de los llamados “Master & Local files” ha sido objeto de una ampliación sustancial y cualitativa, con la finalidad de convertirse en un modelo analítico-funcional que constituya una potente herramienta de gestión de riesgos fiscales en manos de las distintas administraciones tributarias.
Informes motivados que faciliten seguridad jurídica en aspectos como la aplicación de deducciones o reducciones en el Impuesto sobre Sociedades (IS): Es, como mínimo, recomendable que las sociedades que pretendan aplicar la deducción en el IS por la realización de actividades de investigación y desarrollo (I+D) o bien tenga la intención de aplicarse la reducción prevista para determinados activos intangibles (reducción conocida como Patent box) soliciten la emisión de un informe motivado por algún organismo adscrito a la Administración que facilite seguridad jurídica en la aplicación de las mismas en su liquidación del IS, tal y como se establece en la misma regulación del impuesto.
Presentación de declaraciones de carácter informativo de gran complejidad: En los últimos años estamos viviendo el surgimiento de un gran número de nuevas declaraciones de carácter informativo o resúmenes anuales que incluyen un gran número de información que requieren de un mayor conocimiento técnico tributario. Ello dificulta, entorpece y supone un gran coste para una parte muy significativa de las compañías españolas.
Adjunto link por si algún estimado lector padece de insomnio y le puede ser de utilidad.
Nuevo sistema de llevanza de los libros registros del IVA a partir de 2017: Se encuentra en fase de trámite Parlamentario el nuevo Real Decreto (RD) para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del IVA. En el citado proyecto de RD se crea un nuevo sistema de llevanza a partir del ejercicio 2017 de los libros registros de IVA (libros registro de facturas expedidas, recibidas, bienes de inversión y de operaciones intracomunitarias) a través de la sede electrónica de la AEAT para aquéllos sujetos pasivo con una cifra neta de negocios que excedan de 6.010.121,04 euros. La regulación prevista del nuevo sistema de llevanza de los libros registro impone unos plazos extremadamente cortos para la remisión electrónica a la AEAT de los registros de facturación. Esto es, la información de las facturas expedidas/recibidas se prevé en el proyecto de RD que se deberá remitir en el plazo de 4 días naturales siguientes a la expedición/registro de la factura y en cualquier caso, antes del día 16 del mes siguiente a aquél que se haya producido el devengo del impuesto; las operaciones intracomunitarias deberán suministrarse en el plazo de 4 días naturales desde el momento del inicio de la expedición o transporte o desde el momento de la recepción de los bienes a que se refiere. Asimismo, los datos que deberán suministrarse relativos a las facturas expedidas y recibidas se amplía significativamente para los sujetos pasivos que lleven los registros a través de la sede electrónica de la AEAT.
Información de compliance legal: Si bien se trata de una documentación de carácter jurídico, parte del sistema de prevención que se regula suele depender del mismo departamento de administración y finanzas sobre el que recae la cumplimentación de las obligaciones formales e informativas de carácter tributario. Al respecto, comentar que el pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma del Código Penal que, entre otros cambios, delimita en mayor detalle la responsabilidad penal de las personas jurídicas que desde la reforma del año 2010 expone a las personas jurídicas y a sus administradores.
Asimismo, la Administración del Estado debería haber tenido en cuenta no sólo la potencial reducción en la recaudación en el IS sino además los costes (personal, adaptación de sistemas informáticos, gestión de incidencias de los contribuyentes, etc.) para ella de tramitar y procesar un volumen de información y documentación tan elevado y que en 2017 se prevé que se incremente de forma exponencial con la obligación de la llevanza de libros en la sede electrónica de la AEAT. Todos estos costes deben valorarse en relación a los incrementos de recaudación en las arcas del Estado que estas medidas pueden ocasionar así como en la detección y persecución del fraude fiscal, teniendo en cuenta el coste financiero existente entre el momento en que se detecta el potencial fraude fiscal y el momento en que se recauda cantidad alguna derivado de los expedientes de ejecución y recaudación que se lleven a cabo. En definitiva, antes de introducir este tipo de medidas debería exigirse a la Administración un análisis coste-beneficio que sustenten el incremento del gasto tanto en el ámbito privado como en el público de efectuar una política antifraude que, con independencia de este tipo de obligaciones formales e informativas, debería igualmente realizar.

References: artículo 30
 artículo 42
in fine
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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