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Timestamp: 2019-07-19 04:21:26+00:00

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De octubre de - página 14
La Delegación de los Estados Unidos de América dijo distinguir dos objetivos diferentes en el Anexo del documento WIPO/GRTKF/IC/25/5: en primer lugar, los requisitos del mecanismo de aplicación, que incluyen la divulgación de la fuente u origen de los materiales genéticos y, en segundo lugar, un sistema para evitar la concesión de una patente sin tener en cuenta el estado de la técnica más estrechamente relacionado. Indicó que detecta avances y la formación de un consenso en torno al segundo de esos objetivos. En concreto, dijo que se está alcanzando un consenso acerca del objetivo de evitar que se concedan patentes ilegítimas para invenciones que no sean nuevas ni conlleven actividad inventiva en relación con los RR.GG. y los CC.TT. asociados a los RR.GG. Eso protegerá a los pueblos indígenas y las comunidades locales de las limitaciones al uso tradicional de los RR.GG. y los CC.TT. asociados a los RR.GG que puedan derivarse de una concesión de patentes ilegítimas sobre los mismos. Asimismo, la Delegación constató la existencia de respaldo para asegurar que las oficinas de patentes dispongan de una información sobre RR.GG. y CC.TT. asociados a RR.GG. adecuada y necesaria para tomar decisiones fundamentadas a la hora de conceder patentes. La Delegación señaló que no ha habido ninguna oposición al mantenimiento de los incentivos para la innovación que proporciona el sistema de patentes. Mostró su confianza en que el CIG pueda formular un instrumento jurídico internacional, en concreto, una recomendación conjunta, que pueda lograr esos objetivos. Como señalaron la Delegación de Australia y otras muchas delegaciones, el requisito de divulgación de la fuente u origen de un recurso genético es un tema sobre el que persisten diferencias de opinión importantes. Según su entendimiento, esas delegaciones consideran que este requisito es simplemente administrativo, sin depender de ningún examen. La Delegación se mostró completamente en desacuerdo con esa opinión. Para saber si el requisito de divulgación resulta de aplicación a una solicitud, el inventor tiene que saber si el invento hace uso de RR.GG. Ese examen exige tener un conocimiento de la invención, de lo que se reivindica y divulga, y de cómo se ha hecho la invención. Dicho examen dista mucho de ser una tarea administrativa y puede tener efectos perjudiciales sobre la innovación, sobre todo cuando se pone en relación con las leyes nacionales sobre acceso y participación en los beneficios. Aunque en el CIG no se han debatido muchos ejemplos, en los numerosos actos paralelos y foros que acompañan al CIG sí se han ofrecido algunos ejemplos. Entre ellos se incluyen el desarrollo de nuevas semillas y los usos de materiales vegetales. Las semillas y materiales vegetales utilizados en esos ejemplos provienen tanto de la naturaleza como de depósitos. Para comprender esas complejas cuestiones vinculadas a un examen, la Delegación, junto a otras delegaciones, propusieron la realización de un estudio de los requisitos de divulgación existentes (“Propuesta de mandato del estudio por la Secretaría de la OMPI sobre medidas para evitar la concesión de patentes ilegítimas y fomentar el cumplimiento de los regímenes vigentes de acceso y participación en los beneficios” (documento WIPO/GRTKF/IC/24/6)). A su juicio, dicho estudio puede fundamentar y orientar el proceso deliberativo en el CIG.
El Presidente pidió a la Delegación de los Estados Unidos de América que aclare cómo el estudio propuesto que menciona puede servir para que la Delegación se documente.
La Delegación de los Estados Unidos de América respondió que contestará pormenorizadamente la pregunta del Presidente cuando aborde el texto relativo a los CC.TT.
La Delegación de Sudáfrica se mostró de acuerdo en que había dos asuntos pendientes. Sobre uno de ellos existe un acuerdo, pero no así sobre el otro. La Delegación recordó que en la vigésima tercera sesión del CIG se produjo un extenso debate sobre la propuesta de estudios y que el asunto quedó resuelto.
El Representante de la FAIRA declaró que el reconocimiento de las fuentes es un asunto importante. Si cuando se busca la fuente de algún material aparece la palabra “indígena”, ello debe poner en marcha una investigación adicional. Eso evitará que se imponga una carga adicional en las investigaciones que no estén basadas en materiales propiedad de pueblos indígenas. El reconocimiento de las fuentes puede servir realmente de ayuda en el desarrollo de bases de datos. Acerca del texto sobre RR.GG, indicó que es muy importante la inclusión del principio del consentimiento fundamentado previo y libre. Solicitó el respaldo de los Estados miembros para asegurar el cumplimiento de las condiciones mutuamente acordadas y del acceso y la participación en los beneficios.
La Delegación de la República de Corea recordó al Comité que ha suscrito el Protocolo de Nagoya al CDB. Por tanto, su país se ha comprometido a respetar plenamente el consentimiento fundamentado previo de los países suministradores a través de condiciones mutuamente acordadas entre los países suministradores y los países usuarios. Sin embargo, dijo tener algunas reservas sobre el documento consolidado relativo a los RR.GG. Mostró su preocupación por la inclusión de la palabra “derivados” en el artículo 1. Esa inclusión amplia en exceso el ámbito del documento, además de dotarlo de ambigüedad. Limitar el ámbito de los derivados será muy difícil. En relación con los requisitos de divulgación contemplados en el artículo 3, cuando los RR.GG. no estén documentados o en el dominio público, será muy difícil probar que esos RR.GG. tienen alguna conexión con determinadas patentes. Los requisitos de divulgación aumentarán la incertidumbre jurídica para las patentes en esa situación. Además, los requisitos de divulgación pueden imponer una carga injustificada en el sistema de patentes y fomentar que se evite utilizar el sistema de patentes o que se soslaye el régimen de P.I. La Delegación también mostró su preocupación por la revocación o anulación de patentes previamente concedidas en base a los requisitos de divulgación. Una patente debe concederse en base a los requisitos específicos a la concesión de patentes, como los de novedad y carácter inventivo. No divulgar la fuente de los RR.GG. utilizados no debe ocasionar la revocación de una patente. Es más adecuado solucionar la disputa entre los países suministradores y sus países usuarios al margen del sistema de patentes. En cuanto a la protección de los RR.GG., la Delegación se mostró convencida de que la creación de una base de datos de RR.GG. supone una forma muy práctica y factible de evitar la concesión de patentes ilegítimas.
La Delegación de Australia dijo que considera que la principal cuestión de política de las actuales negociaciones no son los objetivos de política en sí mismos, sino el enfoque básico de las negociaciones y los mecanismos que deben adoptarse para lograr esos objetivos. Fundamentalmente, hay distintas opiniones en relación a los mecanismos adecuados para generar los resultados de política perseguidos. Las posturas básicas son dos: por una parte, un enfoque no normativo, que gira en torno a una base de datos de RR.GG. y RR.GG. asociados a CC.TT., y a las directrices para examinar solicitudes de patentes relativas a RR.GG.; y, por otra, un enfoque normativo basado en la adopción de requisitos de divulgación. El enfoque no normativo tiene su reflejo en la opción 1 opción del objetivo 2. A juicio de la Delegación, esas medidas no son controvertidas desde un punto de vista técnico y de política; además, todos los Estados miembros deben poder respaldar unos análisis operativos y técnicos adicionales. Señaló que las medidas normativas contempladas requerirán el respaldo de esas medidas no normativas. En relación con los requisitos de divulgación, se ha alcanzado un importante consenso entre los proponentes de los requisitos respecto a la naturaleza de los requisitos de divulgación. En lugar de un enfoque basado en un criterio de patentabilidad, el texto refleja un régimen administrativo sin la obligación de que las oficinas de P.I. lo verifiquen. Sin embargo, como señala la Delegación de los Estados Unidos de América, hay varias cuestiones clave de política de carácter técnico que todavía tienen que resolverse. La Delegación manifestó sus dudas sobre si los requisitos de divulgación del texto del CIG deben vincularse a las disposiciones sobre puntos de control del Protocolo de Nagoya. Otra cuestión sin resolver es si los requisitos de divulgación tienen que aplicarse únicamente a las patentes o a los derechos de la P.I. en general. A su juicio, las patentes farmacéuticas constituyen los casos relevantes más significativos. La Delegación advirtió que algunos Estados miembros opinan que la protección de las variedades vegetales también reviste importancia. Como observó la Delegación de la República de Corea, hay que aclarar si ese mecanismo es de aplicación a los “derivados”. Este término genera dudas en los debates sobre P.I. Otro asunto pendiente es si el texto debe exponer cómo se activan los requisitos de divulgación. Unos términos generales dejan margen de maniobra a la flexibilidad nacional, mientras que un umbral claro proporciona certeza. La última cuestión se refiere a si el texto debe contener sanciones en términos concretos o señalar sanciones mínimas, o bien incluir sanciones que afecten a la validez de las patentes concedidas. El CIG tiene que alcanzar un consenso sobre las distintas perspectivas existentes relativas a los requisitos de divulgación. La Delegación dijo que es obvio que varias delegaciones, incluida la Delegación de Australia, tienen dudas sobre la viabilidad y efectividad de los requisitos de divulgación, unos costos de transacción potencialmente elevados, su efecto sobre la certidumbre del sistema de patentes y las posibles barreras de acceso a los RR.GG. En opinión de la Delegación, una forma de hacer avanzar la labor del CIG es abordar esas cuestiones técnicas clave y empezar a compartir información sobre las experiencias nacionales, para aclarar la naturaleza del requisito de divulgación propuesto y tener una perspectiva común sobre los problemas.
La Delegación de Namibia indicó que todas las delegaciones, con excepción de las de los Estados Unidos de América, Canadá, Japón y la República de Corea, están actualmente de acuerdo en que debe existir un requisito de divulgación administrativo. La Delegación lo calificó como el principal avance alcanzado. Tampoco existe un rechazo generalizado a la idea de que con bases de datos y unos mejores procedimientos de examen de patentes se puede evitar la concesión de patentes ilegítimas. No obstante, eso debe considerarse como una simple mejora del sistema existente. La principal cuestión sigue siendo cómo adoptar requisitos de divulgación que fomenten la observancia del principio de acceso y participación en los beneficios y cómo controlar su cumplimiento. A su juicio, los requisitos de divulgación serán aplicados por un número creciente de países, por lo que la cuestión radica en si debe haber un sistema autorizado de la OMPI o distintos sistemas nacionales. La Delegación se sumó a los comentarios realizados por la Delegación de Australia en el sentido de que deben analizarse adicionalmente las consecuencias derivadas de la falta de divulgación.
La Delegación de México recordó que el CIG ha llevado a cabo un debate muy extenso y detallado que ha generado un documento consolidado relativo a los RR.GG. revisado. En su opinión, el texto está listo para seguir avanzando. Habida cuenta de las distintas posiciones mantenidas por los diferentes países, expresó su convencimiento de que los futuros trabajos deben centrase en lograr un equilibrio entre una protección defensiva y una protección positiva, para asegurar así una adecuada relación entre el sistema de P.I. y el Protocolo de Nagoya. La cuestión principal consistirá en definir el ámbito de la protección de los RR.GG. que el sistema de P.I. contribuirá a garantizar. En relación con la creación de bases de datos, es necesario e importante contar con el consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El acceso a esas bases de datos por los pueblos indígenas y las comunidades locales es otro tema a considerar. Asimismo, la Delegación se preguntó si es posible ampliar el acceso a esas bases de datos.
El Representante de las Tribus Tulalip indicó que, en su opinión, los pueblos indígenas y las comunidades locales son neutrales en cuanto a los requisitos de divulgación. Lo que necesitan son normas o medidas que reduzcan la carga de la prueba que recae sobre los propios pueblos indígenas y comunidades locales para proteger sus propios RR.GG. y CC.TT. Aunque el CIG ha realizado avances acerca de la comprensión de que la divulgación no garantiza en sí misma la protección, el documento consolidado muestra que el requisito de divulgación constituye una forma de proporcionar alguna protección en circunstancias concretas. En cualquier caso, podría ser necesario adoptar sanciones estrictas. El Representante señaló que algunos mecanismos tratan de proteger los CC.TT. divulgados dentro del sistema de patentes, pero indicó también que no todos los Estados han adoptado esas medidas. Si el costo de incluir los requisitos de divulgación en el sistema de patentes es que los CC.TT. pasan al dominio público después de 20 años, dicho requisito tendrá un efecto paralizador sobre la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el sistema de innovación. En su opinión, debe debatirse sobre cómo permitir el uso de los CC.TT. en el sistema de P.I., al margen de la cuestión de la divulgación. Indicó que las bases de datos son necesarias y útiles, pero añadió que las mismas constituyen una enorme carga para los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los CC.TT. solo deben compilarse con el consentimiento fundamentado previo y libre de los pueblos indígenas y las comunidades locales para que se mantengan en control del proceso de recopilación. Las bases de datos que los pueblos indígenas y las comunidades locales mantienen, controlan y vinculan entre sí en un sistema federado son la clase de modelo que el CIG debe fomentar.
La Delegación del Japón expresó su opinión de que, aunque se han logrado avances considerables al amparo del actual mandato, todavía quedan numerosas cuestiones fundamentales por resolver. Admitió que ni siquiera se han acordado todavía los objetivos de política del documento consolidado. En relación con los objetivos de política, la Delegación reiteró que el asunto de la concesión de patentes ilegítimas debe distinguirse claramente del asunto del cumplimiento del CDB en materia de acceso y participación en los beneficios y consentimiento fundamentado previo. Expresó su pleno convencimiento de que el sistema de patentes mundial debe centrase en la adecuada concesión de patentes, sin ser utilizado como medio para hacer valer el CDB y el Protocolo de Nagoya. En consecuencia, la Delegación se declaró partidaria de la opción 1 del objetivo 2. Aunque existen opiniones dispares acerca del objetivo de política propiamente dicho, la Delegación dijo que considera que la importancia de la opción 1 del objetivo 2 y el valor de crear bases de datos son compartidos por los Estados miembros. En relación con el requisito de divulgación obligatoria, señaló que el CIG no ha alcanzado todavía una postura común sobre este asunto. La Delegación dijo que no cree que la adopción de un requisito de divulgación obligatorio sea la forma más eficaz de abordar las cuestiones relativas a los RR.GG. En este sentido, indicó que las negociaciones actuales no se basan todavía en estudios y análisis fácticos. La Delegación reconoció que algunos Estados miembros pueden aducir que esos análisis y estudios prejuzgan la labor en curso del CIG. Sin embargo, en su opinión los análisis fácticos son la mejor forma de alcanzar el consenso en cuestiones difíciles y complicadas como esa. Hizo hincapié en que queda trabajo por hacer para unificar las distintas posturas y dar respuesta a los dudas planteadas por los Estados miembros que se recogen en el documento consolidado. El CIG debe tratar de encontrar soluciones paulatinamente y de forma constructiva y satisfactoria.
La Delegación de Nigeria dijo que no considera que los requisitos de divulgación constituyan un asunto de aplicación de la normativa, sino un mecanismo para compartir información que mejorará la capacidad de los Estados miembros de hacer frente a la apropiación indebida e identificar los puntos débiles de la cadena de innovación. En cuanto al texto actual, la Delegación dijo que, al igual que otras delegaciones, considera que la información sobre el estado de la técnica, que es requerida por las oficinas nacionales de patentes, es un punto clave importante en el que se han logrado algunos avances. Existe un consenso en torno al hecho de que es necesaria información para evaluar el cumplimiento de los instrumentos internacionales, como el Acuerdo sobre los ADPIC, el CDB y el Protocolo de Nagoya. La información que proporciona la divulgación puede servir para mejorar el cumplimiento de las normas en materia de novedad y no evidencia. El asunto de los mecanismos dejará en buena medida de ser controvertido cuando las delegaciones entiendan que es necesario evitar el acceso y utilización inadecuados y no autorizados de los RR.GG. De cara al futuro, la Delegación dijo que el texto sobre RR.GG. debe seguir centrado en un enfoque basado en las normas. Al mismo tiempo, reconoció que hay que proseguir con el debate sobre los requisitos de divulgación y su efecto sobre las oficinas nacionales de patentes. En su caso, debe realizarse un estudio en paralelo con las negociaciones en curso, que ayude al CIG a comprender como salvar mejor las diferencias entre, de una parte, la preocupación por sobrecargar el sistema de patentes y, de otra, el imperativo de otorgar una protección moral y jurídica a los RR.GG. y de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
La Delegación del Canadá dijo que, como ha señalado la Delegación de Australia, considera que el documento consolidado supone básicamente una elección entre un enfoque de política basado en requisitos de divulgación obligatoria y un enfoque de política basado en medidas protectoras. La vigésima tercera sesión del CIG propició algunos avances con los que la Delegación ha conseguido comprender mejor los enfoques propuestos. A juicio de la Delegación, en general quienes defienden la divulgación ya no la consideran como un requisito de patentabilidad, aunque ello no despeje completamente sus dudas. No obstante, advirtió que el CIG no ha alcanzado todavía un acuerdo sobre el carácter vinculante o no de cualquier solución sobre los RR.GG. Sin perjuicio de cómo puede resolverse esta cuestión, la Delegación lamentó que las delegaciones no hayan alcanzado todavía un acuerdo sobre los siguientes temas: primero, las definiciones de determinados términos clave siguen siendo confusas, como las referentes a acceso, origen, fuente y proveedor. El CIG no ha examinado plenamente lo que esos términos conllevan en la práctica; segundo, no está claro cómo se activa objetivamente la aplicación de un requisito de divulgación, ni cómo encajará con las necesidades de la actividad farmacéutica y de otras actividades de investigación y desarrollo; tercero, qué pasará exactamente, en casos concretos, después de la divulgación o de la ausencia de la misma; y cuarto, la Delegación mostró su preocupación por que varias propuestas, al introducir requisitos de prueba de consentimiento previo fundamentado, condiciones mutuamente acordadas y cumplimiento de los regímenes de acceso y participación en los beneficios en las solicitudes de patentes, conciben en la práctica esos mecanismos como parte de los requisitos sustantivos de patentabilidad. En ese caso, los requisitos de divulgación no pueden seguir catalogándose como simples trámites administrativos. La Delegación se sumó a la inquietud general mostrada por otras delegaciones por que se mantengan los incentivos que el sistema de P.I. proporciona y por qué se eviten nuevas cargas e incertidumbres. La Delegación señaló que tanto este como otros asuntos problemáticos se ven agravados por la inexistencia de estadísticas, datos sobre la eficacia e información sobre los retos a que se enfrentan, o que generan, los países que ya están aplicando los requisitos de divulgación. Sin embargo, la Delegación dijo que sigue pensando que las medidas protectoras que hacen uso de los principales puntos fuertes del sistema de patentes existente para evitar la concesión de patentes ilegítimas sobre RR.GG. y CC.TT. asociados a RR.GG. ofrecen una solución práctica y consensuada. Además, indicó que comparte la opinión de la Delegación de Australia de que el programa de trabajo del CIG debe reservar tiempo para un debate fáctico de los requisitos de divulgación basada en la experiencia y en ejemplos reales, con el que espera compartir información sobre cuestiones técnicas con los países que aplican los requisitos de divulgación. En este sentido, la Delegación acogió con satisfacción los comentarios formulados por la Delegación de Nigeria. Esos debates ayudarán a fundamentar el debate sobre qué mecanismo o mecanismos resultan más idóneos para abordar el asunto de los RR.GG. y alcanzar el objetivo común de una forma equilibrada. La Delegación manifestó su deseo de participar activamente en ese debate continuado.
El Representante de la CAPAJ señaló que la base de las negociaciones sobre RR.GG. es el artículo 8.j) del CDB, el derecho a la libre determinación y el derecho de los pueblos indígenas sobre su tierra, aguas y recursos, según se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Hizo hincapié en que debe informarse a los pueblos indígenas y las comunidades locales cuando se acceda a sus tierras y recursos. Ello debe recogerse en el futuro texto.
El Representante de Tupaj Amaru indicó que es importante preservar la diversidad biológica, conservar las prácticas consuetudinarias de los pueblos indígenas y evitar la apropiación ilegal de los RR.GG. por terceros no autorizados. Es imprescindible que el CIG examine los RR.GG. no solo desde un punto de vista de mercado y rentabilidad, sino también desde la perspectiva de conservarlos, protegerlos y desarrollarlos de una forma sostenible. Señaló que el mayor reto a que se enfrentan los pueblos indígenas es la piratería y la protección de RR.GG. El CIG tiene que encontrar un punto de equilibrio entre los países que tienen RR.GG. y los que no tienen. Manifestó que no cree que instrumentos o contratos no vinculantes entre titulares y usuarios constituyan soluciones efectivas.
La Delegación del Brasil dijo que considera que el CIG celebró algunos debates provechosos sobre RR.GG. en la vigésima tercera sesión del CIG, lo que ha permitido que se logren avances en las negociaciones basadas en textos. Establecer una lista concreta de objetivos para el instrumento dejará claro que no trata de añadir una carga excesiva sobre el sistema de patentes. Los Estados miembros han alcanzado un amplio consenso de que la propuesta de texto debe incluir requisitos de divulgación. No obstante, todavía queda trabajo por hacer para concluir un acuerdo internacional vinculante que incluya el requisito de divulgación obligatoria y sus correspondientes sanciones. A juicio de la Delegación, el texto relativo a los RR.GG. es el menos complejo de los tres documentos. Habida cuenta de la labor realizada, la Delegación se mostró firmemente convencida de que el CIG puede lograr un acuerdo sobre cómo garantizar que los solicitantes de patentes que utilicen RR.GG., sus derivados y CC.TT. asociados se atienen a las normas internacionales y las normas nacionales de los países suministradores en materia de acceso y participación en los beneficios. Como ha señalado la Delegación de los Estados Unidos de América, existe cierto consenso sobre la concesión de patentes ilegítimas. No obstante, a su juicio esa no es la cuestión más importante de la negociación. Pese a su dificultad, el CIG debe ocuparse también de asuntos más controvertidos e importantes. La Delegación dijo que considera que la labor sobre RR.GG. debe centrase en los dos siguientes elementos básicos: en primer lugar, los requisitos de divulgación obligatoria, y en segundo lugar, sanciones efectivas y adecuadas en caso de incumplimiento.
La Delegación de la UE, haciendo uso de la palabra en nombre de la UE y de sus Estados miembros, señaló que el CIG ha realizado grandes avances sobre el texto de los RR.GG. en lo relativo a su simplificación general. No obstante, todavía queda trabajo por hacer en el texto. Todavía hay dudas acerca de qué activa la divulgación, si únicamente existe un requisito de divulgación para invenciones directamente basadas en RR.GG., o si los derivados de RR.GG. deben estar cubiertos o excluidos. En ese sentido, se decanta por que se excluyan los derivados. La Delegación también mencionó el asunto de cómo pueden vincularse los requisitos de divulgación con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el Tratado sobre el Derecho de Patentes. Señaló que se trata de una cuestión actualmente sin resolver. También indicó que no existe acuerdo sobre si el uso de RR.GG. en las patentes debe depender o no de un consentimiento fundamentado previo y de condiciones mutuamente acordadas. La Delegación manifestó que prefiere que no sea así, pues ello desalentará el uso del sistema de patentes. Señaló que todavía no están decididas unas sanciones adecuadas por la falta de divulgación del origen. La Delegación manifestó que es esencial que cualquier sanción se mantengan fuera del sistema de patentes y no conlleve la revocación. En otro caso, un requisito de divulgación desalentará el uso del sistema de patentes y perjudicará la innovación.
El Representante de la FAIRA aportó dos ejemplos relativos a los requisitos de divulgación. Una compañía australiana llamada “Thursday Plantation” elabora en la actualidad aceite del árbol del té. En su sitio web, la compañía reconoce actualmente a los pueblos indígenas del noroeste de Nueva Gales del Sur como los principales poseedores de conocimientos relativos al uso del árbol del té. El aceite del árbol del té siempre ha sido ampliamente utilizado como antiséptico y desinfectante, así como por sus propiedades curativas. Además, Arthur Penfold descubrió las virtudes de la planta en 1923, y consiguió procesarlas y desarrollarlas. Otro ejemplo es el de un anciano aborigen que estaba cazando cocodrilos y al que uno de los cocodrilos arrancó un dedo. El anciano hizo uso entonces de la corteza de un árbol de la zona gracias a sus conocimientos relativos a las propiedades médicas de la planta. De hecho, el anciano aborigen ha suscrito un contrato con la Universidad Griffith y una empresa para desarrollar adicionalmente las cualidades médicas de la planta. La tribu aborigen y sus integrantes se beneficiarán de ese descubrimiento. El Representante alentó a los Estados miembros a replantearse la obligatoriedad del requisito de divulgación. Es necesario contar con los umbrales adecuados para no desalentar el uso del sistema de patentes y proteger los derechos e intereses de los pueblos indígenas.
La Delegación de la Federación de Rusia se sumó a la preocupación manifestada por otras delegaciones en relación con la divulgación del origen de los RR.GG. en las solicitudes de patentes. Se mostró interesada en que haya debates adicionales sobre los mecanismos de divulgación. La Delegación recordó al Comité que desde la décima sesión del CIG ha formulado preguntas a este respecto. Desde entonces, se ha unido a otras delegaciones para solicitar una mayor información fáctica relativa a los mecanismos de divulgación y su efecto sobre las oficinas de patentes que aplican tales mecanismos.
La Delegación de Tailandia se manifestó a favor de la divulgación obligatoria del origen de los RR.GG., al objeto de fomentar el cumplimiento de la normativa relativa al acceso y participación en los beneficios y el consentimiento fundamentado previo. Para que el proceso siga avanzando, el Comité no debe permitir que dicha cuestión se convierta en un obstáculo. La Delegación dijo no tener objeciones contra la propuesta formulada por la Delegación de Bélgica, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, por la que solicita a la Secretaria de la OMPI que lleve a cabo un estudio adicional sobre el efecto del requisito de divulgación, incluidas, entre otras, las posibles consecuencias y relaciones entre ese requisito y otros derechos de la P.I. existentes. La Delegación reconoció en ese sentido que disponer de datos e información adicional probablemente pueden ayudar a las autoridades a estar mejor informadas a la hora de tomar sus decisiones. No obstante, tal estudio debe realizarse simultáneamente, sin ser un requisito previo, para proseguir con las negociaciones basadas en textos. El estudio debe tener un alcance y calendario bien definidos, así como abordar y hacerse eco de las cuestiones y motivos de preocupación planteados por todas las partes. La Delegación animó a quienes están a favor de los requisitos de divulgación a colaborar juntos a fin de elaborar un texto común que recoja una postura unificada. Esta propuesta, complementada con el resultado del estudio, contribuirá a facilitar el debate del CIG a nivel de política.
La Delegación de Alemania expresó su opinión de que la eficacia y la viabilidad son los requisitos esenciales de un sistema de patentes operativo. Dijo que hay que asegurarse de que el requisito de divulgación puede encajar con los sistemas nacionales de patentes, en línea con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. La Delegación señaló que la Delegación del Canadá ha propuesto comparar los modelos y prácticas nacionales en materia de requisitos de divulgación. Mostró su interés por cómo se aplican en la práctica los requisitos de divulgación al objeto de evitar una posible falta de eficiencia. La Delegación se preguntó qué pasará después de la divulgación, qué se hará con la información de que un recurso genético proviene de un determinado país concreto, y por parte de quién, si la oficina de patentes informará directamente al país de origen, y sobre quién recaerá la carga de la prueba de que existe un uso directo o inmediato de eso recurso genético. A juicio de la Delegación, los países que ya han adoptado requisitos de divulgación en sus legislaciones pueden servir de ayuda al Comité. Manifestó su esperanza de que el estudio solicitado por algunas delegaciones aclare sus dudas en materia de eficacia y viabilidad.
La Delegación del Reino Unido se hizo eco de la declaración realizada por la Delegación de la UE en nombre de la UE y de sus Estados miembros. Se han realizado grandes avances sobre el texto de RR.GG. y el Comité debe perseverar en dicha labor. Todavía quedan cuestiones pendientes por abordar, como los objetivos y principios y los requisitos de divulgación. En relación con los requisitos de divulgación, las cuestiones pendientes incluyen los umbrales de divulgación, la posible inclusión de derivados y qué alcance debe tener la divulgación.
El Presidente cerró el debate sobre para examinar y hacer balance del Anexo del documento WIPO/GRTKF/IC/25/5 sobre RR.GG. y cedió el uso de la palabra sobre el Anexo del documento WIPO/GRTKF/IC/25/6 (“La protección de los conocimientos tradicionales: proyecto de artículos”).
La Delegación de Australia dijo que el texto relativo a los CC.TT. precisa de trabajos adicionales, al igual que el texto relativo a las ECT. Planteó varias cuestiones fundamentales que, en su opinión, son comunes al proyecto de artículos sobre la protección de las expresiones culturales tradicionales (Anexo del documento WIPO/GRTKF/IC/25/7). ¿Está clara la materia protegida? ¿Puede una nación ser beneficiaría y, de forma paralela, quiénes son los beneficiarios? ¿Pueden excluirse del libre acceso los CC.TT. o ECT que estén públicamente disponibles? En relación con esta última cuestión, se propone, como posible solución, que la Secretaria revise su “Nota sobre los significados de el término "dominio público" en el sistema de propiedad intelectual, con referencia especial a la protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales/expresiones del folclore” (WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8 de 24 de noviembre de 2010), por considerar oportuna dicha revisión. Esa revisión puede fundamentarse en los proyectos de textos actuales y en los debates celebrados en el seno del CIG durante los dos últimos años en el pleno y en los grupos de expertos, así como en los grupos de trabajo entre sesiones. También puede incluir una encuesta de las opiniones y experiencias en materia de CC.TT. de los miembros que han avanzado más allá de los estrictos confines del Derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. La Delegación alegó que dicho estudio puede arrojar luz sobre el vínculo existente entre la materia protegida y los beneficiarios. Dijo que si no se adopta una propuesta en la presente sesión puede hacerse en otra sesión futura.
La Delegación de los Estados Unidos de América contestó a la pregunta planteada anteriormente por el Presidente al amparo del punto 7 del orden del día sobre cómo el estudio propuesto ( “Propuesta de mandato del estudio por la Secretaría de la OMPI sobre medidas para evitar la concesión de patentes ilegítimas y fomentar el cumplimiento de los regímenes vigentes de acceso y participación en los beneficios” (documento WIPO/GRTKF/IC/24/6 Rev.), presentado por las Delegaciones del Canadá, el Japón, la República de Corea, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América) ayudará a que la Delegación se documente. Añadió que el estudio propuesto cumple con la recomendación 15 de la Agenda para el Desarrollo, pues sirve para determinar los costos y beneficios de los requisitos de divulgación. En relación con los costos, el estudio recopilará información sobre la carga, de haberla, que asumen los solicitantes de patentes o los retrasos en las oficinas de patentes. Lo que es más importante, el estudio servirá para establecer si dicho requisito de divulgación introduce inseguridad jurídica en el sistema de patentes. Por último, y en relación con los costos para los solicitantes y para la sociedad, el estudio recopilará información sobre el plazo de tramitación de las solicitudes de patentes, ya que cualquier plazo adicional requerido para las solicitudes que deban observar el requisito de divulgación será perjudicial para los solicitantes, así como para el conjunto de la economía. Un estudio sobre los requisitos de divulgación hará posible una mejor comprensión de qué circunstancias activan un requisito de divulgación, cómo puede un solicitante determinar si una invención utiliza RR.GG. o CC.TT., cómo se toma una decisión cuando se utilizan varios RR.GG. y pueden existir distintas fuentes, cuánto tiempo se precisa para establecer si es necesaria la divulgación y si esa carga se refleja en un aumento del costo de las comisiones pagadas a un abogado o agente de patentes, entre otros aspectos. En relación con el Anexo del documento WIPO/GRTKF/IC/25/6 sobre CC.TT., la Delegación señaló que refleja las distintas opiniones existentes sobre la materia que debe ser objeto de protección, el ámbito de la protección, la duración de la protección, los beneficiarios de la misma, las sanciones y los recursos, así como si un solicitante de un derecho de P.I. debe estar obligado a divulgar la fuente de origen de los RR.GG. o los CC.TT. asociados con RR.GG. Como en el caso de los RR.GG., dijo que considera que las negociaciones basadas en textos sobre los CC.TT. no han contemplado tiempo suficiente para debatir ejemplos concretos. A su juicio, será útil saber qué CC.TT. concretos deben tener derecho a protección. Señaló que todas las culturas tienen conocimientos que se transmiten de generación en generación. Expresó su confianza en que los Estados miembros de la OMPI sean capaces de trabajar juntos para desarrollar uno o varios instrumentos jurídicos internacionales que aborden sus inquietudes comunes en materia de CC.TT. Asimismo, manifestó que considera que las dos recomendaciones conjuntas copatrocinadas por los Estados Unidos de América pueden contribuir o formar la base de tales resultados ( “Recomendación Conjunta sobre los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Relacionados con los Recursos Genéticos”, presentada como documento WIPO/GRTKF/IC/24/5 por las Delegaciones del Canadá, el Japón, la República de Corea y los Estados Unidos de América; “Recomendación conjunta sobre el uso de bases de datos para la protección preventiva de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos” (documento WIPO/GRTKF/IC/24/7), presentado por las Delegaciones del Canadá, el Japón, la República de Corea y los Estados Unidos de América).
La Delegación de Sudáfrica abordó la cuestión de si los CC.TT. requieren o no divulgación. En ese sentido, hizo suyos los comentarios presentados por la Delegación de Namibia, que indicó que se está formando un consenso en torno a la cuestión de la divulgación. Dijo que, por tanto, la cuestión afecta a un número muy reducido de Estados miembros. En cualquier caso, el mecanismo concreto sobre el requisito de divulgación es una cuestión objeto del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, mientras que el CIG se ocupa de las normas y la política relativas a la apropiación y el uso indebidos de CC.TT. y RR.GG. Si el CIG encarga estudios, estos tienen que abordar el asunto de la falta de reconocimiento y de la apropiación y uso indebidos de documentos. Asimismo, la Delegación añadió que hasta que el CIG reconozca el alcance de la apropiación y uso indebidos, será difícil que el CIG logre grandes avances. Señaló que el proyecto de artículos sobre CC.TT. es muy claro y está bastante avanzado en lo tocante a la materia protegida, mientras que los Estados miembros que se muestran en desacuerdo no han contribuido hasta la fecha para aclararlos. Además, indicó que las referencias a RR.GG. y a CC.TT. asociados están fuera de lugar en el texto relativo a los CC.TT. En su opinión, el proyecto de artículos relativo a los beneficiarios abarca todas las categorías de partes interesadas y constituye asimismo un texto bastante maduro. En cuanto al ámbito de la protección, expresó la opinión de que el enfoque de las dos opciones es complementario, no antagónico. El proyecto de artículos sobre excepciones y limitaciones, así como sobre sanciones y recursos, solo constituye un reto porque el asunto de política subyacente de la apropiación y uso indebidos no ha sido adecuadamente abordado. Por último, y respecto al asunto del dominio público, señaló que, con anterioridad, el Representante de las Tribus Tulalip le ha restado acertadamente importancia a la cuestión en el pleno, al dar testimonio de la ausencia de disposiciones internacionales a este respecto. Por tanto, solicitó a los Estados miembros que advierten de la gravedad del asunto que proporcionen una definición acordada del dominio público que debe aplicarse a los CC.TT. En este sentido, formuló asimismo la pregunta de si el dominio público equivale a conocimientos que están ampliamente difundidos.
La Delegación de México afirmó que, en su opinión, las negociaciones relativas a la protección de los CC.TT. son enormemente provechosas, ya que se han logrado avances en algunos puntos concretos, como la definición de los CC.TT. Sin embargo, advirtió que es necesario un debate técnico más pormenorizado, sobre todo acerca del asunto del dominio público y de los conocimientos que están a disposición del público. La Delegación aboga por una protección amplia y efectiva de los CC.TT., así como por unas condiciones que garanticen esta clase de protección. Señaló que las tres categorías de beneficiarios deben analizarse adicionalmente, al igual que las excepciones y limitaciones, las sanciones, los recursos y la aplicación de los derechos. Sobre este último punto, indicó que dentro del grupo de expertos se han debatido brevemente los mecanismos de solución de controversias, sin analizarlos detenidamente.
La Delegación del Japón, haciéndose eco de la Delegación de los Estados Unidos de América, mostró su deseo de responder a la cuestión planteada previamente por el Presidente dentro del punto 7 del orden del día sobre cómo el estudio propuesto (documento WIPO/GRTKF/IC/24/6 Rev.) copatrocinado por la Delegación, servirá para que la Delegación se documente. A su juicio, la aplicación nacional de cualquier requisito de divulgación debe formar parte del debate en el seno del CIG y, en concreto, las siguientes cuestiones: ¿Cómo puede un requisito de divulgación lograr o no realmente el objetivo de proteger los RR.GG. y evitar patentes ilegítimas? ¿Qué efecto tendrá un requisito de divulgación sobre las innovaciones que utilizan RR.GG.? Al responder a estas preguntas, el estudio propuesto hará posible que el CIG examine el requisito de divulgación en base a datos y no a elementos circunstanciales. En relación con el texto relativo a los CC.TT., señaló que todos los Estados miembros reconocen la importancia de unos criterios objetivos que establezcan una distinción entre lo que debe protegerse y lo que debe quedar fuera del ámbito de protección. No obstante, encontrar unos criterios objetivos claros a ese respecto y plasmarlos en un texto se ha revelado como algo complicado. Asimismo, señaló que la objetividad de tales criterios se refiere al ámbito de la protección y a las medidas adecuadas para asegurar esa protección. La Delegación reiteró que los Estados miembros todavía no tiene un conocimiento lo suficientemente exhaustivo de los asuntos relativos a la definición, los beneficiarios y el ámbito de la protección como para alcanzar ningún tipo de acuerdo de ámbito internacional. En relación con la definición de CC.TT., expresó la opinión de que el alcance de los CC.TT. es todavía demasiado impreciso con arreglo al texto actual y que no garantiza una protección adecuada de los CC.TT. en el plano internacional. Para garantizar la seguridad jurídica es necesario un mayor grado de precisión en la definición de los CC.TT. Además, una mayor claridad es esencial para evitar posibles controversias sobre si debe brindarse protección a un conocimiento tradicional concreto en el plano internacional. En relación con los beneficiarios de la protección, reiteró que los beneficiarios deben definirse respecto a CC.TT. concretos y que la inclusión de las naciones o las entidades nacionales como beneficiarios resulta problemática, como mencionó anteriormente la Delegación de la UE. Respecto al ámbito de la protección, y habida cuenta de que las cuestiones clave pendientes de la definición de los CC.TT. y de los beneficiarios se abordan con demasiada ambigüedad y no han sentado las bases para un enfoque basado en los derechos, la alternativa preferible es la de un enfoque basado en las medidas en todo el proyecto de texto, ya que otorga flexibilidad.
La Delegación de la UE, haciendo uso de la palabra en nombre de la UE y de sus Estados miembros, reiteró que, en su opinión, el CIG ha avanzado considerablemente a la hora de delimitar algunas de las opciones y alternativas de política en el texto relativo a los CC.TT. Sin embargo, señaló que algunas cuestiones fundamentales continúan sin resolver. Circunscribiendo sus comentarios a los artículos clave, y en relación con la materia protegida, indicó que tanto la definición de CC.TT. como los criterios de admisibilidad incluyen un elevado número de corchetes y alternativas. Para avanzar sobre estas cuestiones, el CIG debe garantizar que no se produce un efecto prejudicial sobre materiales que ya sean de dominio público cuando se adopte un instrumento jurídico para la protección de los CC.TT. El CIG no puede embarcarse en un proceso para “desinventar lo inventado” y restringir el acceso a lo que ya es libremente accesible, pues sus efectos pueden superar con creces el campo de la P.I. de formas que no pueden vislumbrarse fácilmente. En lo relativo al ámbito de la protección, expresó su opinión de que es sobradamente conocido que existe un claro cisma entre los Estados miembros que favorecen un enfoque basado en los derechos y aquellos, como al UE y sus Estados miembros, que consideran que un enfoque basado en las medidas es el más adecuado y suficiente. También señaló que existen diferentes opiniones sobre quiénes pueden ser beneficiarios de la protección. La Delegación dijo que considera que son los propios pueblos indígenas y comunidades que poseen mantienen, utilizan y desarrollaron los CC.TT. quienes deben beneficiarse de cualquier medida de protección. También indicó que siguen sin debatirse los objetivos y principios de política relativos a los CC.TT.
La Delegación de la República de Corea advirtió que los elementos básicos del instrumento negociado, es decir, la definición de la materia protegida, los beneficiarios y el ámbito de la protección, no están claros y tienen que desarrollarse adicionalmente para que el CIG avance.
La Delegación de Sri Lanka expresó su opinión de que la definición de CC.TT. del artículo 1 constituye el asunto más importante del texto. Se sumó a la intervención realizada por la Delegación de México y otras delegaciones que destacan la importancia de reservar más tiempo en futuros debates a desarrollar una definición de CC.TT. Señaló que la definición de CC.TT. está en línea con la definición de CC.TT. asociados a RR.GG., y que ambas siguen sin estar claras. Señaló que en las definiciones de los distintos textos se han introducido ideas adicionales y que considera que estas definiciones están todas estrechamente vinculadas entre sí. En relación con el texto sobre CC.TT., la Delegación manifestó que todavía hay demasiados corchetes y expresó su preocupación sobre cuándo se eliminarán los mismos. Señaló que muchos otros instrumentos han tardado más años en concluirse de los que el CIG ha empleado hasta el momento, y que, en su opinión, la realidad hace pensar que el instrumento del CIG todavía precisa de más tiempo para estar concluido. La Delegación dijo estar enormemente interesada en los conocimientos médicos tradicionales, pues tiene una rica cultura al respecto. Recordó que su propuesta, a la que se han adherido varias delegaciones, también figura entre corchetes en el texto y expresó su deseo de que haya nuevos debates sobre el texto.
La Delegación de Nigeria expresó su opinión de que se han hecho avances considerables en el texto relativo a los CC.TT., aunque reconoció que todavía tiene que seguir progresándose. No considera que la falta de acuerdo sobre los principios o disposiciones clave equivalga a ausencia de avances, sino que un acuerdo constituye un proceso que requiere tiempo, para que las delegaciones dialoguen y debatan. Señaló que el hecho de que el CIG esté en la actualidad debatiendo la protección para los CC.TT., así como los otros instrumentos, supone un importante reconocimiento de la necesidad de contar con un instrumento jurídico internacional que plasme ese objetivo. La Delegación dijo que considera que deben tenerse en cuenta los estudios existentes a la hora de abordar los puntos de desencuentro entre las delegaciones. Indicó que es valioso contar con información adicional, pero que, para cubrir las carencias que los estudios existentes no abarcan, debe ser específica. Por tanto, la Delegación reiteró que es importante que las delegaciones que exigen trabajos y estudios adicionales puedan aclarar con precisión las cuestiones que los estudios existentes no han contestado, así como aquellas cuestiones que permitan que el Comité avance y que se disipen las dudas sobre el impacto de la protección de los CC.TT. sobre el actual sistema de P.I. A juicio de la Delegación, es importante que no se establezca un régimen paralelo a la OMPI y expresó su opinión de que existían instrumentos internacionales relativos a los RR.GG. las ECT y los CC.TT. que pueden servir para que el Comité alcance un mayor consenso y una mayor coordinación en relación con las disposiciones sustantivas del texto relativo a los CC.TT. Indicó que no tomará parte en debates y deliberaciones que vayan en contra de los mecanismos existentes, apoyando por el contrario los esfuerzos tendentes a encontrar formas para subsanar las carencias de las definiciones existentes en relación con los CC.TT. y en la labor en curso de la UNESCO y otros foros de las Naciones Unidas. Manifestó su opinión de que, siempre y cuando se fijen los marcos normativos y administrativos, siempre existen formas de avanzar. También reitero su creencia de que no existen diferencias significativas entre un enfoque basado en los derechos y un enfoque basado en las medidas, por juzgar que ambos son necesarios. Señaló que, por tanto, ha recomendado que se fusionen las dos opciones. La Delegación dijo que piensa que los trabajos sustantivos realizados en la última sesión proporcionan una base importante para avanzar, e indicó que el Comité puede empezar a trabajar en las áreas de acuerdo existentes con la eliminación de los corchetes, lo que servirá además para determinar las auténticas diferencias que realmente existen en el texto.
La Delegación de la India expresó su opinión de que en 2013 se ha avanzado mucho sobre el texto y señaló que, al igual que con los debates sobre RR.GG., han surgido dos posturas principales en las negociaciones. Existe un pequeño grupo de delegaciones que se oponen a cualquier tipo de avance encaminado a la protección de los CC.TT., mientras que hay un grupo de otras delegaciones, los solicitantes de protección, que apoyan los avances realizados. La Delegación indicó que el instrumento deseado por los solicitantes de protección se basa en los datos recabados durante años por la OMPI y otras instituciones. La Delegación se preguntó si las delegaciones que piden pruebas adicionales pueden convencerse con un estudio adicional cuando no se han convencido con todos los datos que ya están disponibles. La Delegación se mostró incapaz de comprender los posibles beneficios derivados de un estudio adicional que proporcione la información requerida, y que aclare adicionalmente que las barreas del sistema de P.I. no son el objetivo de la solicitud de protección de los CC.TT. La Delegación subrayó que el objetivo de los solicitantes era, en todo caso, el de fortalecer el régimen de P.I., tras haber descubierto que existen numerosos problemas imprevistos consecuencia de que no se han concedido las patentes de la forma adecuada. A su juicio, la solución pasa por que las delegaciones que no comprenden realmente lo que los solicitantes piden negocien adicionalmente con ellos para comprender su punto de vista, que consiste en fortalecer el sistema de P.I. en beneficio de todas las partes interesadas.
El Representante de la FAIRA expresó su creencia de que se han realizado avances por lo que se refiere al texto de los CC.TT. Señaló que el CIG está próximo a tomar una decisión sobre los objetivos de política y acogió con satisfacción los principios rectores, que a su juicio son positivos por lo que respecta a los pueblos indígenas, pues han empezado a reconocer sus derechos contenidos en la DNUDPI, con la inclusión de la DNUPI y el Convenio nº 169 de la OIT. Se lamentó de que el texto siga siendo muy enrevesado en lo tocante al ámbito de la protección, pero se mostró optimista, ya que algunas de las alternativas que los representantes indígenas han respaldado hasta el momento todavía están recogidas en el texto. En su opinión, el reconocimiento de los conocimientos médicos tradicionales en el texto constituye un importante paso adelante.
La Delegación de Francia se sumó a la intervención efectuada por la Delegación de la UE en nombre de la UE y de sus Estados miembros. A su juicio, pese a los avances realizados en la sesión anterior relativa a los CC.TT., todavía hay bastantes cuestiones pendientes, como los criterios de admisibilidad, la noción de dominio público y los beneficiarios de protección.
La Delegación del Canadá manifestó su opinión generalmente positiva sobre la sesión de abril relativa a los CC.TT., en lo tocante a exponer las características esenciales de las diversas opciones de política. Sin embargo, señaló que la sesión no alcanzo en realidad consenso sobre ningún asunto y que todavía hay margen de maniobra para realizar avances. En relación con el artículo 1, la Delegación indicó que se ha progresado a la hora de depurar la definición y los criterios. No obstante, a su juicio todavía quedan importantes diferencias sobre si deben protegerse los CC.TT. que son ampliamente conocidos, se utilizan fueran de la comunidad a la que pertenecen los beneficiarios y/o están en el dominio público. Respecto al artículo 3 relativo al ámbito de la protección y pese a respaldar el enfoque protectivo, la Delegación señaló que se han cosechado avances, pues las opciones para este artículo se han reducido a dos claras alternativas; una basada en los derechos y la otra basada en las medidas. También identificó una tercera opción, a saber, una que combina las otras dos. Aunque existen diferencias sobre este punto, la Delegación señaló que las consultas informales se han revelado útiles a la hora de limitar el artículo 3 a esas claras opciones. La Delegación expresó su opinión de que, pese a las dificultades encontradas en el uso de las consultas informales, ese formato puede ayudar a lograr una mayor comprensión de determinados temas y ser útil de cara a un mandato renovado. A juicio de la Delegación, las principales cuestiones que el CIG tiene que abordar en su labor futura incluyen lograr una clara comprensión de qué son los CC.TT. La Delegación manifestó que dicha comprensión tiene que tener en cuenta la necesidad de conservar el actual sistema de P.I., sobre todo el mantenimiento de un dominio público fuerte y sólido. Dijo que, a su juicio, ese tema impregna las principales secciones del texto, sobre todo las de materia protegida, criterios de admisibilidad y ámbito de la protección, además de plantear la cuestión fundamental, a que se han referido muchas delegaciones, de si los CC.TT. que se considera que están en el dominio público y que son tratados de ese modo, deben retirarse del dominio público, ya que eso ocasionará una considerable incertidumbre, no solo para el sistema de P.I., sino para el conjunto de la sociedad. Sobre el asunto del dominio público, se mostró de acuerdo con la Delegación de Sudáfrica en lo relativo a la necesidad de debatir adicionalmente este tema. Otra de las cuestiones fundamentales es si debe protegerse a los CC.TT. que son ampliamente conocidos fuera de la comunidad a la que pertenecen los beneficiarios, o que están en el dominio público. Igualmente, también es importante el asunto de quiénes son los beneficiarios de los CC.TT. La Delegación señaló que necesita comprender en la práctica cómo puede definirse a las naciones como beneficiarios en el contexto de los CC.TT. Asimismo, la Delegación indicó que se han planteado dudas sobre la naturaleza de los criterios a satisfacer para establecer excepciones y limitaciones en la legislación nacional, y sobre si los CC.TT. secretos deben ser objeto de excepciones y limitaciones. Una de las principales características del actual sistema de P.I. es que está dotado de una flexibilidad que permite establecer limitaciones o excepciones. La Delegación comentó que el actual debate sobre ese asunto que se desarrolla en el CIG tiene que tener en cuenta cómo garantizar que lo acordado en el CIG mantiene la flexibilidad existente. La Delegación dijo que cualquier instrumento sobre CC.TT. debe proporcionar seguridad jurídica, sin afectar al sistema de P.I. Además, también dijo que considera que la protección defensiva, como el establecimiento de directrices o bases de datos para evitar que se concedan patentes por error en relación con los CC.TT. es la mejor vía a seguir respecto a la protección de los CC.TT.
La Delegación de los Países Bajos manifestó su apoyo a la intervención de la Delegación de la UE en nombre de la UE y sus Estados miembros. Indicó que siguen sin debatirse los objetivos y principios del texto relativo a los CC.TT. Destacó la importancia de dicho debate. También subrayó la importancia de contar con una definición clara de la materia protegida, así como tener un debate sobre el dominio público. Por último, la Delegación expresó su opinión de que, al margen de las cuestiones pendientes en los principales artículos, también hay otros temas sin solucionar, como la aplicación y la solución de controversias, que también requieren de debates adicionales.
La Delegación del Reino Unido hizo suya la intervención realizada por la Delegación de la UE en nombre de la UE y sus Estados miembros. En su opinión, existen numerosas opiniones divergentes e ideas distintas en relación con los principios y objetivos básicos. En este sentido, manifestó su deseo de destacar algunas cuestiones importantes, como las siguientes: ¿cuál es la definición de la materia objeto de protección? ¿Quiénes son los beneficiarios de la protección y a quiénes debe entenderse por tales? ¿Podemos realmente restringir los conocimientos que ya estén ampliamente disponibles en el dominio público? La Delegación señaló que, a la hora de proporcionar respuestas a las preguntas planteadas, las delegaciones tienen que tener en cuenta el objetivo de asegurar que, cuando los haya, tienen que compartirse los beneficios. Subrayó en concreto que la protección no debe provocar involuntariamente un efecto paralizador de la innovación.
El Representante de las Tribus Tulalip manifestó su opinión de que varias de las propuestas sobre el texto relativo a los CC.TT. reflejan opiniones parciales, y señaló que el CIG tiene que tener en cuenta las distintas perspectivas a la hora de abordar las dificultades que el texto plantea. Indicó que, aunque se puede optar por centrarse en los usuarios, los suministradores nacionales o los poseedores de los CC.TT., más bien es preferible abordar conjuntamente estos tres grupos diferentes y analizar sus perspectivas y el conjunto de su problemática. Esto es así por los posibles efectos económicos a que están expuestos los pueblos indígenas y las comunidades locales, que también afectan a las sociedades nacionales. También señaló que, en la protección de los CC.TT., existen cuestiones relativas a derechos reconocidos en tratados, derechos nacionales y derechos humanos, así como de justicia social, que hay que tener en cuenta. Por tanto, indicó que cualquier propuesta de política debe conllevar una evaluación equilibrada de todas esas opiniones, sin limitarse a perspectivas unilaterales sobre los distintos temas. A su juicio, se han registrado avances con el reconocimiento del principio de consentimiento fundamentado previo y libre, aunque en el texto se haya incluido entre corchetes en numerosas ocasiones. Señaló que la cuestión del dominio público tiene un carácter transversal, ya que se plantea en los tres documentos. Comentó que el concepto de dominio público también puede entenderse como un concepto de

References: artículo 1
 artículo 3
 artículo 8
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