Source: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4372-la-justicia-penal-de-menores-en-espana:-modelos-de-gestion-/
Timestamp: 2020-07-10 01:38:40+00:00

Document:
La Justicia Penal de Menores en España: modelos de gestión · Noticias Jurídicas
01/04/2008 04:00:00 | JUSTICIA JUVENIL
Crecimiento del volumen del sistema de justicia juvenil, especialmente a partir de la entrada en vigor de la LORPM, que hace necesaria una gestión diferente que no puede asumirse desde los tradicionales organismos de atención a la infancia que englobaban tanto el sistema de protección como el de reforma.
La LORPMLORPM (art. 45.1) atribuye a las Comunidades Autónomas, con la salvedad de los delitos de terrorismo3, la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus resoluciones, las cuales llevarán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de organización, la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas previstas en la ley.
Centros de gestión pública , entendiendo por tales aquellos en que su dirección y los servios que se prestan a los menores se llevan a cabo a través de personal dependiente de la administración.
Centros de gestión privada , que son aquellos en que tanto la dirección de los mismos como los servicios que se prestan a los menores se llevan a cabo por personal que no depende de la administración. Pueden ser tanto de titularidad pública como privada.
Centros de gestión mixta , que serían aquellos en que la dirección corresponde a personal dependiente de la administración, mientras que los servicios que se prestan a los menores se llevan a cabo total o parcialmente por personal que no depende de la administración. En este modelo de gestión mixta habría centros que estarían más cerca del modelo público por prestar la mayoría de los servicios a través de personal dependiente de la administración o por reservarse la mayoría de las competencias, y otros que estarían más próximos al modelo de gestión privada por prestarse todos los servicios por personal que no depende de la administración.
1 Hasta la fecha son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia las Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia de justicia.
2 Si bien la ordenación de la protección de menores corresponde a la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, los funciones se llevan a cabo por Consejos Insulares de las respectivas islas
3 El párrafo segundo del artículo 54 .1 de la LORPM establece que la ejecución de la detención preventiva, de las medidas cautelares de internamiento o de las medidas impuestas en la sentencia, acordadas por el Juez Central de Menores o por la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, se llevará a cabo en los establecimientos y con el control del personal especializado que el Gobierno ponga a disposición de la Audiencia Nacional, en su caso, mediante convenio con las Comunidades Autónomas. De la misma forma el artículo 8.2 del RLORPM establece que corresponde al Estado, en los establecimientos y con el control del personal especializado que ponga a disposición de la Audiencia Nacional, la ejecución de la detención preventiva, de las medidas cautelares de internamiento y de las medidas adoptadas en sentencia firme que, de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, acuerden el Juzgado Central de Menores o la sala correspondiente de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de los convenios que, en su caso, pueda establecer para dicha finalidad con las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
4 El traspaso de competencias se llevó a cabo por Real Decreto 3482/1983, de 28 de diciembre, sobre traspasos de servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de administración penitenciaria.
5 Si bien las competencias en materia penitenciaria aparecen recogidos en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas de Aragón, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Navarra, sólo se han materializado en el caso de Cataluña.
6 Esa capacidad organizativa se has plasmado en el Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña.
7 Real Decreto 1436/1984, de 20 de junio, sobre normas provisionales de coordinación de las administraciones penitenciarias.
8 En el libro “la justicia penal juvenil en España: legislación y jurisprudencia”, Editorial Club Universitario, Alicante 2006, se puede ver el profuso marco normativo existente en nuestro país.
9 El Registro se encuentra regulado por Real Decreto 232/2002, de 1 de marzo, y aunque el acceso a sus datos está limitado a jueces y fiscales, el artículo 6.3 permite que la Administración General del Estado pueda elaborar y publicar estadísticas de los asientos contenidos en el Registro, eludiendo cualquier referencia personal en la información y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus disposiciones complementarias.
Otros artículos de Tomás Montero Hernanz

References: artículo 54
 artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6