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Timestamp: 2017-07-20 12:47:31+00:00

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D-11638
C-211/17
Artículo 140 numeral 4 y parágrafo 2 numeral 4 y parágrafo 3
La Corte considera que el
conflicto jurídico planteado ubica en un extremo a las normas impugnadas que
protegen la integridad del espacio público, tipifican una contravención y le
señalan medidas correctivas, mientras que en el otro extremo se encuentran
los derechos al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso de los
trabajadores informales que se encuentran amparados bajo el principio de la
confianza legítima. Cuidado
e integridad del espacio público. Reincidencia de comportamiento en contra de
ese cuidado, puede implicar decomiso o destrucción del bien por ocupación
EXEQUIBLE, por el cargo examinado, el artículo 140, numeral 4, de la Ley 1801
de 2016, por las razones expuestas en esta providencia.
EXEQUIBLE, por el cargo examinado los parágrafos 2º (numeral 4) y 3º del
artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, EN EL ENTENDIDO que cuando se trate de
personas en situaciones de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de
especial protección que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional se
encuentren protegidas por el principio de confianza legítima, no se les
aplicarán las medidas correccionales de multa, decomiso o destrucción, hasta
tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes programas de
reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los derechos a
la dignidad humana, mínimo vital y trabajo.
D-11630
C-212/17
Artículo 163 (parcial)
la norma acusada al permitir a la Policía penetrar en domicilios, sin que sea
necesario un mandamiento judicial escrito y previo, en las hipótesis allí
consagradas, desconoce el artículo 28 de la Constitución Política relativo a
la reserva judicial en la materia. También alegan trasgresión del artículo 32
Superior, que sólo excepciona el requisito de orden judicial cuando se trate
de capturar a una persona en estado de flagrancia. Así mismo, del 250 de la
Carta que exige de la Fiscalía el cumplimiento de deberes previos, y en
algunos casos posteriores, frente al juez con función de control de garantías
para la adopción de medidas tales como la privación de la libertad, los
registros y los allanamientos.
Declarar exequibles el enunciado y los numerales 1 al 6 del artículo 163 de
la Ley 1801 de 2016, por los cargos examinados.
Declarar exequibles los apartes demandados del parágrafo 1 del artículo 163
de la Ley 1801 de 2016, en el entendido de que el cumplimiento de las
garantías allí previstas no excluye la realización de un control judicial
posterior de la actuación policial.
Exhortar al Congreso de la República para que, de acuerdo con la parte motiva
de esta sentencia, en un término no superior al agotamiento de las siguientes
dos legislaturas, es decir, antes del 20 de junio de 2019, expida una ley que
defina: (i) la jurisdicción y el juez competente para realizar el control
posterior y rogado del acceso al domicilio sin orden judicial previa por
parte de autoridades administrativas, (ii) los términos y condiciones para
solicitarlo y para su realización, (iii) los aspectos procesales del control
y (iv) los poderes del juez en la materia. Cuarto.- En
el caso en el que al vencimiento del plazo previsto en el numeral anterior,
dicha ley no haya sido promulgada, el control judicial del acceso al
domicilio sin orden judicial previa deberá ser realizado, previa solicitud
del interesado, por el juez de control de garantías.
D-11648
C-225/17
Artículo 220 Los demandantes alegan que las
presunciones de dolo y culpa contempladas en la norma cuestionada desconocen
los artículos 29 y 83 de la Constitución, los cuales contemplan que se
presume la inocencia en toda actuación judicial y administrativa, al igual
que la buena fe de los particulares en las gestiones que adelanten ante las
autoridades públicas. La Sala Plena considera que la norma bajo examen no
genera una afectación desproporcionada al beneficio obtenido. A su juicio, la
presunción de dolo y culpa que se analiza, la cual resulta de la lógica y la
experiencia, tiene naturaleza iuris tantum. Es decir, que se trata de un
traslado de la carga probatoria que no limita las posibilidades de defensa
del investigado, quien dispone de libertad probatoria para demostrar que en
la realización del acto imputado, actuó con ausencia de culpabilidad. Se
trata de una medida proporcionada ya que requiere la previa demostración, por
parte de la entidad pública, de la tipicidad e imputabilidad del
comportamiento, respecto de la persona investigada. Con esta distribución
razonable de las cargas probatorias, el legislador otorga a las autoridades
administrativas correspondientes un instrumento adecuado para la protección
de intereses superiores vinculados con el orden público, necesario para la
convivencia pacífica, tales como el medio ambiente y la salud pública.
exequible, por el cargo analizado, el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016
“Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, salvo la
expresión “a quién le corresponde probar que no está incurso en el
comportamiento contrario a la convivencia correspondiente” que se declara
C-286/17
Artículo 191 (Parcial)
inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 191 de la Ley 1801 de
2016, por medio de la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia. El demandante considera que la norma acusada prevé una excepción
al régimen de responsabilidad estatal. Aduce, que esa excepción a la
posibilidad de imputar daños antijurídicos al Estado, cuando éstos sean
causados por la facultad de inutilizar bienes que se usen en actividades
ilícitas en contra del ambiente, desconoce que en muchos casos los agentes de
policía pueden incurrir en actuaciones que generan cargas que no son
soportables por los ciudadanos. Por ello, considera que limitar la
posibilidad de buscar una reparación por tales daños, contraviene
abiertamente el artículo 90 Superior. La Corte considera que la excepción
consagrada en la norma demanda presenta un problema de compatibilidad con el
artículo 90 de la Constitución, pues con ella el Legislador limita la
cláusula general de responsabilidad y los derechos de los ciudadanos derivados
de ella. Es decir, que con ella se impide “ex ante” a las personas reclamar
por la eventual causación de daños antijurídicos ante la jurisdicción
contenciosa administrativa y exponer ante la autoridad competente los motivos
por los cuales se piensa que el daño causado debe o no ser indemnizado.
inciso 2º del artículo 191 de la Ley 1801 de 2016.
D-11788 C-312/17
contra el parágrafo 3º. Del artículo 41 de la Ley 1801 de 2016, por la cual
se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. La demandante
considera que la disposición cuestionada quebranta los artículos 1, 13, 28 y
29 de la Constitución Política, por cuanto contiene una norma que discrimina
a un grupo poblacional, este es el conformado por habitantes de calle, con
fundamento en estereotipos. Igualmente, porque prevé una restricción al
ejercicio de los derechos a la libertad y al debido proceso, en tanto dicho
traslado no está acompañado de garantías de control previo y/o posterior a la
actuación de la Policía. La Sala Plena encontró acreditada la configuración
de la cosa juzgada formal y absoluta, toda vez que el parágrafo demandado fue
declarado inexequible mediante decisión previa de la Corporación.
Estarse a lo
resuelto en la sentencia C-281 de 2017, que declaró inexequible el parágrafo
3º del artículo 41 de la Ley 1801 de 2016, “por la cual se expide el Código
D-11742
C-349/17
inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 223 de la Ley 1801
de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
Los demandantes consideran que el precepto acusado deber ser declarado
inexequible, por vulnerar los derechos constitucionales de toda persona a no
ser obligada a autoincriminarse y a la presunción de inocencia. La Corte
declara la exequibilidad condicionada del parágrafo demandado, en el
entendido que en caso de inasistencia a la audiencia, el procedimiento se
suspenderá por un término máximo de tres (3) días, dentro de los cuales el
presunto infractor deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa
de inasistencia, la cual, de resultar admisible por la autoridad de policía,
dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y
desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 del
exequible el parágrafo 1º del artículo 223, Ley 1801 de 2016 ‘Por la cual se
expide el Código Nacional de Policía y Convivencia’ en el entendido que en
caso de inasistencia a la audiencia, el procedimiento se suspenderá por un
término máximo de tres (3) días, dentro de los cuales el presunto infractor
deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa de inasistencia, la
cual, de resultar admisible por la autoridad de policía, dará lugar a la
programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de
conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 del Código Nacional
de Policía y de Convivencia.
D-11789
C-388/17
Artículo 155 Demanda de
inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 155 de la Ley 1801
La demandante aduce que la norma cuestionada vulnera los artículos 24 y 28 de
la Constitución Política, porque le otorga facultades excesivas a los agentes
de policía para que ordenen el traslado de protección de una persona que está
involucrada en una riña o que ha desplegado un trato agresivo o temerario.
Tras verificar la configuración del fenómeno de la cosa juzgada
constitucional formal, en virtud de la expedición de providencia previa que
declaró la inexequibilidad de la misma norma ahora cuestionada, la Sala Plena
de la Corporación decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-281/17.
estarse a lo resuelto en la sentencia C-281 de 2017

References: Artículo 140
 artículo 140

artículo 140

Artículo 163
 artículo 28
 artículo 32
 artículo 163
 artículo 163

Artículo 220
 artículo 220

Artículo 191
 artículo 191
 artículo 90

artículo 90
 artículo 191
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 223
 artículo 223
 artículo 223
 artículo 223

Artículo 155
 artículo 155