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Timestamp: 2018-12-11 09:36:01+00:00

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﻿ SENTENCIA C-227 DE MARZO 8 DE 2004
SENTENCIA C-227 DE 08 DE MARZO DE 2004
CONTENIDO:PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ SIN TENER EN CUENTA LA EDAD PARA MADRE TRABAJADORA CON HIJO INVÁLIDO. SE DECLARA INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "MENOR DE 18 AÑOS", CONTENIDA EN EL INCISO II DEL PARÁGRAFO 4 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 797 DE 2003 Y EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL RESTO DEL INCISO, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA DEPENDENCIA DEL HIJO CON RESPECTO A LA MADRE ES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR, PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ, MADRE CABEZA DE FAMILIA, PERSONA CON INCAPACIDAD FÍSICA, HIJO CON INCAPACIDAD FÍSICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:390 DE JUNIO DE 2004, PG.951
Sentencia C-227 de marzo 8 de 2004
PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ SIN TENER EN CUENTA LA EDAD
PARA MADRE TRABAJADORA CON HIJO INVÁLIDO
Artículo 9º (...)
La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al sistema general de pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo. (se resalta lo demandado).
Análisis de los argumentos expuestos por el demandante. Admisibilidad del argumento basado en la igualdad
1. El representante del Ministerio de Protección Social afirma que la demanda es inepta y que, por lo tanto, esta corporación debe dictar un fallo inhibitorio. A su vez, en los conceptos del Ministerio Público y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se manifiesta que el actor solamente sustentó la acusación acerca de la violación del principio de igualdad. Por eso, antes de analizar los problemas jurídicos que surgen de la demanda, la Corte debe entrar a determinar si los cargos formulados por el actor son idóneos, para establecer si es procedente pronunciarse de fondo en relación con la presente demanda. Al respecto es importante mencionar que esta corporación ha señalado, en forma reiterada, que las demandas de inconstitucionalidad deben exponer razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes (1) .
2. En su escrito, el actor refiere el caso de las personas que cumplen con las mismas condiciones de invalidez física o mental, pero han superado el límite de edad indicado en la norma, 18 años, razón por la cual su madre no puede acceder a la pensión especial de vejez que se consagra en el artículo parcialmente demandado. Argumenta entonces que el artículo demandado es inconstitucional “toda vez que desampara aquella persona que ya ha sobrepasado los dieciocho años de edad y aún depende de la madre trabajadora, es decir, aquel joven que cuenta con ‘x’ edad superior a los dieciocho años y se encuentra estudiando a costas de su madre o en el hogar de mantenido, por lo que depende, en todo el sentido de la palabra, de ella, a no verse protegido en el momento de padecer invalidez física o mental debidamente calificada...”. Este argumento es posteriormente ampliado cuando advierte “qué sería de aquel hijo que depende de su madre y sufre un accidente a sus diecisiete (17) o dieciocho (18) años de edad y solo se le califica la invalidez física o mental después de varios años...” y luego es reiterado con frases similares en los folios 4 y 6 de la demanda.
3. Sin embargo estos mismos requisitos no son cumplidos en los cargos restantes. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que para que las acciones de inconstitucionalidad sean estudiadas de fondo es necesario que: 1) señalen las normas constitucionales que se consideren infringidas; 2) expongan el contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñen con las normas demandadas, pues no basta con que el demandante se limite a transcribir la norma constitucional o a recordar su contenido, y 3) presenten las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución. En este sentido, las razones presentadas deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.
En el caso de la supuesta inconstitucionalidad de la norma respecto del artículo 1º de la Constitución Política, el actor se limita a transcribir un aparte de la Sentencia T-570 de 1992 que señala que el Estado social de derecho está fundado sobre el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad entre las personas. Esta exposición no ofrece ningún argumento que relacione el aparte jurisprudencial invocado con los motivos de inconstitucionalidad de la norma frente al artículo 1º de la Constitución. De este modo, dado que el escrito de demanda carece absolutamente de un argumento que explique la violación en que incurre la norma frente a este artículo no se procederá a estudiar este cargo.
5. Se trata de establecer si la expresión “mayor de 18 años”, contenida en el inciso segundo del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, viola el principio de igualdad, contemplado en el artículo 13 de la Constitución, por cuanto no permite que accedan a la pensión especial de vejez las madres trabajadoras de personas mayores de 18 años que sufran una discapacidad física o mental.
El actor considera que la expresión “mayor de 18 años”, incluida en el inciso segundo del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, es violatoria del derecho constitucional a la igualdad de aquellas personas que son mayores de edad y padecen una invalidez física o mental debidamente calificada. Lo anterior, por cuanto sus madres —o a falta de ellas, sus padres— no pueden acceder a la pensión especial de vejez creada mediante la Ley 797 de 2003. De esta manera, esas personas se encontrarían en una situación de desventaja frente a aquéllas que tienen las mismas condiciones físicas o mentales, pero son menores de edad, condición que les permite a sus madres —o a falta de ella, sus padres— acceder a ese beneficio pensional para poder dedicarse al cuidado de sus hijos.
Como se observa, el actor y el procurador ponen en relación dos grupos con iguales características, que sólo se diferencian respecto de la edad. En efecto, los dos grupos de personas padecen de una discapacidad física o mental, debidamente calificada, y dependen de sus madres —o de sus padres, a falta de ellas. Además, sus madres han cotizado al sistema general de pensiones al menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Así, el problema jurídico que abordará la Corte es el siguiente: ¿viola el artículo 13 de la Constitución una norma que clasifica las personas con “invalidez física o mental” en mayores y menores de 18 años, con el fin de que sólo las madres trabajadoras de los menores puedan acceder al beneficio de recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad si se reúnen las demás condiciones fijadas en la ley?
“La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca minusvalía física o mental, debidamente diagnosticada por la EPS a la cual se encuentre afiliada, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al sistema general de pensiones un mínimo de 1.000 semanas. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse en las condiciones establecidas en este artículo”.
En la exposición de motivos que acompañó a la presentación del proyecto se justificaba la creación de esta pensión especial de vejez de la siguiente manera (2) :
“Notables autores que han abordado el tema de la población infantil discapacitada en lo que atañe a la importancia de la atención que brindan los padres a sus hijos lisiados, siempre coinciden en que la preocupación y el amor de los progenitores es un elemento fundamental para el bienestar, desarrollo y rehabilitación del menor minusválido. Muchas veces se ha dicho que “la mejor enfermera del niño que padece afecciones de salud es la madre”.
“Al respecto, el reconocido médico Glenn Doman en su obra “Qué hacer por su niño con lesión cerebral?’ (edit. Diana, México, 1977), refiriéndose a algunos notables avances logrados en relación con los niños discapacitados reconoce: “¿Quién logró tales milagros, si se les puede calificar así, en la década de los años setenta? Fueron los padres quienes lo lograron, y en casa. Los padres, esas personas en general ignoradas, en ocasiones despreciadas, con frecuencia tratadas con aire condescendiente y casi nunca creídas, aplicaron en casa el tratamiento que llevó a un niño de la desesperación a la esperanza, de la parálisis a caminar, de la ceguera a la lectura, de un coeficiente intelectual de 70 a uno de 140, del silencio al habla. Los padres”.
“En síntesis, ante todo lo expuesto, no queda duda que la protección, el bienestar mental y físico de los menores minusválidos de nuestra nación, debe convertirse en uno de los principales fines sociales del Estado, por lo que se pretende que de la misma forma en que se ha reconocido regímenes especiales para determinados sectores laborales, con mayor justicia y equidad merecen este tratamiento las madres trabajadoras de los niños incapaces y de contera sus hijos discapacitados, en virtud de lo cual aspiramos que con la iniciativa que hoy se presenta a consideración del Congreso, quede regulada la obligatoriedad del Estado sobre este aspecto fundamental, haciéndose necesario modificar el artículo 33 del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993”.
El Proyecto de Ley 98 de 2002 — Senado fue acumulado, junto con otros proyectos, a los proyectos de ley 56 de 2002 — Senado y 55 de 2002 — Cámara, “por la cual se define el sistema de protección social, se prevén algunos programas contra el riesgo del desempleo, se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales”. Estos dos últimos proyectos habían sido presentados por el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Salud encargado de la cartera del trabajo y seguridad social.
En la ponencia para primer debate, en sesiones conjuntas, al Proyecto de Ley 56 de 2002 —Senado y 55 de 2002— Cámara, y a los proyectos acumulados, presentada por varios senadores y representantes a la Cámara, se aceptó la proposición contenida en el proyecto 98 (3) . En la ponencia se expresa que se aprueba esa propuesta, “dado que fue concebida en beneficio de la madre trabajadora responsable de la manutención de un hijo menor de edad minusválido, con el objeto de facilitar la rehabilitación, cuidados y atención que requiere el niño deficiente o discapacitado en orden a proporcionarle una digna calidad de vida al interior de su núcleo familiar” (4) .
10. Con respecto a la salud, el numeral 2 del literal a) del artículo 157 prevé que las personas discapacitadas se encuentran dentro de los grupos que deben ser preferidos en el momento de asignar subsidios en salud. Esta disposición, junto con el artículo 213 de la misma ley, ha conducido a que en el artículo 7º del Acuerdo 244 de 2003 del CNSSS se disponga que cuando las alcaldías y gobernaciones elaboren la lista de potenciales beneficiarios del régimen subsidiado deben tener en cuenta dentro de los criterios de priorización a la población discapacitada que ha sido identificada mediante la encuesta Sisbén. Además, en el artículo 8º se establece que se aceptará como núcleo familiar a los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente certificada.
De otra parte, el artículo 206 dispone que el régimen contributivo reconocerá las incapacidades derivadas de enfermedad general, mientras que las generadas por enfermedad profesional o accidente de trabajo serán reconocidas por las entidades promotoras de salud, con cargo a los recursos destinados a dichas contingencias en el respectivo régimen. La atención de las enfermedades profesionales y de los accidentes de trabajo, así como el pago de las indemnizaciones por esa causa, están reguladas en el Decreto-Ley 1295 de 1994, reformado por la Ley 776 de 2002.
La Ley 100 de 1993 contempla también que los afiliados al sistema de seguridad social tienen derecho al cubrimiento de los servicios médico-quirúrgicos y a la indemnización por incapacidad permanente cuando han sido víctimas de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito. Además, el Decreto Extraordinario 663 de 1993, que regula el seguro obligatorio de daños corporales en accidentes de tránsito, SOAT, contempla algunos beneficios en materia de atención médica y de indemnización por incapacidad permanente para las personas que no están afiliadas al sistema de seguridad social. Igualmente, la Ley 418 de 1997, y las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, que han prorrogado la vigencia de aquélla en el tiempo, contemplan algunos beneficios para las víctimas de actos terroristas.
11. De otra parte, con el objeto de proteger a las personas discapacitadas, se han creado la pensión de invalidez por riesgo común y la pensión de invalidez por riesgo profesional. El artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, determina los requisitos especiales para acceder a una pensión de invalidez por riesgo común, mientras que el artículo 40 dispone cómo se liquida el monto de este tipo de pensiones. La reglamentación de las pensiones de invalidez por riesgo profesional fue efectuada a través del Decreto-Ley 1295 de 1994, reformado por la Ley 776 de 2002 (5) .
De la misma forma, el D.L. 2070 de 2003 dispone normas especiales acerca de las pensiones de invalidez para los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Sobre este decreto es importante manifestar que en distintos apartes del mismo se establece que el monto de la pensión se aumentará en un porcentaje determinado en el caso de que el pensionado por invalidez “requiera del auxilio de otra persona para realizar las funciones elementales de su vida”.
En su jurisprudencia, la Corte ha sostenido (6) que el control de constitucionalidad en general, y el juicio de igualdad en particular, adoptan diversas modalidades —leve, intermedio o estricto— según su grado de intensidad. En jurisprudencia más reciente (7) la Corte ha reiterado la tesis según la cual la intensidad del control de constitucionalidad y del juicio de igualdad varía dependiendo de la materia objeto de la norma demandada y sus implicaciones, si bien en todo caso es necesario examinar las circunstancias concretas que configuran cada situación para determinar el nivel de intensidad del juicio al que ha de ser sometida una norma que es objeto de control de constitucionalidad.
14. La norma que se analiza establece beneficios para los menores de edad discapacitados. De esta forma, la norma desarrolla en este aspecto los mandatos constitucionales contenidos en el artículo 13, que dispone que recibirán una protección especial las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta; en el artículo 42, que prescribe que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que el Estado y la sociedad garantizan su protección integral; en el artículo 44, que establece los derechos de los niños y que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e integral; y en el artículo 47, que preceptúa que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. De igual manera, con la norma se da cumplimiento a obligaciones internacionales suscritas por el Estado colombiano en distintos tratados internacionales de derechos humanos (8) .
“38. A la luz de lo expuesto, concluye la Corte que una diferenciación con fundamento en la edad, no puede ser tachada como sospechosa de discriminación cuando se establecen mínimos para el ejercicio de una actividad. En cambio, ella se torna más problemática si fija topes (máximos) a partir de los cuales no podrá ejercerse una actividad, sencillamente porque la edad se convierte ahora en rasgo permanente de la persona y del cual no podrá prescindir voluntariamente. Y, además, las evidencias sociológicas tienden a mostrar que las prácticas discriminatorias contemporáneas tienden a recaer primariamente sobre aquellas personas que han superado un cierto umbral cronológico. Así las cosas, la Corte concluye que cuando la ley establece requisitos mínimos para realizar una labor o recibir un beneficio, esa regulación está sujeta a un juicio de igualdad dúctil, mientras que deben ser consideradas problemáticas o semi-sospechosas aquellas normas que establecen límites máximos a partir de los cuales una persona es excluida de una cierta actividad o de un determinado beneficio. Estas últimas regulaciones están entonces sujetas a un escrutinio de igualdad intermedio. Con estas pautas, entra entonces la Corte a examinar específicamente la expresión acusada”.
15. El demandante acusa únicamente la expresión “menor de 18 años”, contenida en el inciso segundo del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003. Sin embargo, la Corte encuentra que para el examen de constitucionalidad que le corresponde realizar es necesario tener en cuenta todo el texto del parágrafo, pues solamente a partir de allí se puede comprender el sentido de la expresión atacada. Además, el cuestionamiento elevado por el actor está encaminado a que se suprima una restricción en el acceso al derecho creado por la disposición acusada, lo cual hace necesario analizar en qué consiste dicho derecho y cuáles son las condiciones legales para acceder y gozar de él. Por eso, dado que la expresión se halla unida en forma indisoluble con todo el resto del inciso segundo del parágrafo, la Corte integrará la unidad normativa y procederá a efectuar su juicio sobre todo el contenido del parágrafo.
16. El inciso segundo del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003 tiene como finalidad hacer posible que las personas menores de edad, afectadas por una invalidez física o mental, sean cuidadas por su madre o, en el caso de que ella hubiera fallecido y el padre tuviere la patria potestad, por su padre, acudientes que en este caso tienen derecho a la pensión especial de vejez. Este tipo especial de pensión constituye una excepción a la exigencia general de haber alcanzado una determinada edad (en este momento, 60 años los hombres y 55 las mujeres) para poder acceder a la pensión de vejez. Es decir, la norma hace posible que las madres —o los padres— de las personas que padecen una invalidez física o mental puedan acceder a la pensión sin importar su edad.
En relación con la primera condición, la Corte considera que la discapacidad física o mental que afecta al niño debe ser de tal entidad que le impida valerse por sí mismo, es decir que no le permita subsistir dignamente en forma autónoma, dado que lo hace, como lo dice la norma, inválido. Es decir, este beneficio no puede ser otorgado por causa de limitaciones ligeras o que no afecten de manera importante el desarrollo del niño. La norma bajo examen contempla una excepción al régimen general de pensiones, puesto que elimina el requisito de la edad para poder acceder a la pensión de vejez, y ello significa que la concesión de esta prestación especial debe fundarse en motivos de gravedad. La anterior afirmación es aún más valedera cuando se observa que la norma acusada se encuentra dentro un texto legal que estaba dirigido precisamente a hacer más estricto el régimen pensional, con el fin de garantizar su viabilidad. Claro está que la Corte es consciente de que la afectación que causa una invalidez determinada es cambiante, puesto que el paso del tiempo —el aumento de la edad— y la aplicación del tratamiento necesario pueden lograr que una cierta invalidez pierda paulatinamente su potencialidad de inhabilitar a una persona para valerse por sí misma. Ello explica que, en algunos casos, condiciones de invalidez en los niños pierdan su condición de inhabilitantes cuando ellos crecen o llegan a la madurez.
“Pretender extender este beneficio a otros grupos de personas, por muy loable que sea dicho propósito, excede la capacidad del sistema de seguridad social para ofrecer beneficios al resto de la población y supera igualmente los propósitos iniciales del legislador”.
En este punto es importante precisar que el legislador tiene un margen de configuración normativa en el desarrollo de los derechos en su dimensión prestacional, en lo relacionado con los ámbitos del derecho que se regularán y con los grupos que se pueden beneficiar inicialmente. Con todo, esta corporación considera importante anotar que, en todo caso, ese espacio de configuración cuenta por lo menos con dos límites en relación con los sectores por beneficiar, a saber: primero, que la categoría para demarcar el grupo no puede responder a ninguno de los criterios sospechosos contenidos en el inciso segundo del artículo 13 de la Constitución, a no ser que se persiga establecer una diferenciación positiva en favor de grupos tradicionalmente marginados o discriminados; y segundo, que entre los grupos favorecidos se incluya a los que más requieren del beneficio, por su condición de debilidad, exclusión y vulnerabilidad (C.P., arts. 1º y 13). Precisamente, en este caso se excluyó de la prestación a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
21. Para terminar, es importante advertir que la norma bajo estudio —dado que estableció condiciones rigurosas de acceso al derecho, precisamente para avanzar progresivamente en el desarrollo de un derecho en su dimensión prestacional— excluye del beneficio a distintos grupos de personas afectadas por una invalidez. Así ocurre, por ejemplo, con las personas que no cuentan con su madre ni con su padre y dependen económicamente de su esposa, de un hermano, de un hijo o de cualquier otra persona. También sucede con aquéllos que dependen económicamente de sus madres, pero ellas no han cotizado el número mínimo de semanas necesario para poder acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media.
1. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “menor de 18 años”, contenida en el inciso II del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003.
2. Declarar EXEQUIBLE el resto del inciso II del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, en el entendido de que la dependencia del hijo con respecto a la madre es de carácter económico.
(Sentencia C-227 de marzo 8 de 2004. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa).
(1) Ver al respecto, por ejemplo, las sentencias C-142 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, y C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Igualmente, ver el auto de Sala Plena 244 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(2) Gaceta del Congreso Nº 428 del 11 de octubre de 2002, págs. 1-5.
(3) Junto a esta ponencia se presentó una ponencia minoritaria para primer debate en el Senado, en la cual se decidió no incluir dentro del pliego de modificaciones el artículo propuesto por la senadora. El ponente, en armonía con el propósito que guió la presentación de los proyectos 056-Senado y 055-Cámara, de suprimir regímenes especiales de pensión, expresó: “Aunque esta es una medida que tiene un claro sentido de consideración humana, creo que no es un problema que se pueda ventilar en el ámbito del sistema, en donde todas la spersonas deben estar sometidas a las mismas reglas. (...) Independientemente de la situación personal o familiar de cada quien, el sistema pensional tiene que regular situaciones impersonales y abstractas y se estaría estableciendo una nueva categoría de los oclombianos pensionables bajo condiciones distintas a las de los demás. || Además el sistema pensional debe obedecer a unas normas sobre edad, tiempo de cotización y ahorro programado que en este caso no se estaría cumpliendo para pasar a otorgar una gracia especial, pensionarse a cualquier edad, que distorsiona por completo el sentido y alcance del sistema”. Ver la Gaceta del Congreso Nº 533 del 22 de noviembre de 2002, págs. 9-10.
(4) Gaceta del Congreso Nº 508 del 15 de noviembre de 2002, pág. 5.
(5) También el Drcreto Reglamentario 2681 de 2003 contempla un beneficio especial en materia de pensiones a favor de los discapacitados, al establecer, en su artículo 16, los criterios de priorización para la determinación de las personas que gozarán de una pensión con recursos del Fondo de solidaridad pensional. El artículo prescribe que en el proceso de determinación de los beneficiarios de este tipo de pensiones las entidades territoriales deberán aplicar como mínimo los siguientes criterios de priorización: la edad del aspirante, la clasificación en los niveles 1 y 2 del Sisbén, el tiempo de permanencia en el municipio, la minusvalía o discapacidad física o mental del aspirante y el número de personas a cargo del mismo.
(6) Corte Constitucional, sentencias C-333 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz; C-265 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-445 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-613 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-197 de 1997, M.P. Carmen Isaza de Gómez (e); C-507 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-584 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-138 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-539 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-112 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero;; C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(7) Corte Constitucional, sentencias C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-505 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-048 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre (fallo sobre categorización de departamentos y municipios, L. 617/2000); C-540 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño (fallo sobre unidad de materia); C-199 de 2001 Rodrigo Escobar Gil y C-673 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(8) El último de ellos, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve, y aprobada en Colombia mediante la Ley 762 de 2002. En la Sentencia C-401 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, se declaró la exequibilidad de la convención y de su ley aprobatoria.
1. No puede tenerse como un privilegio injustificado la protección especial que el Estado, más allá de los esquemas ordinarios de la seguridad social, brinda a sujetos en condiciones de debilidad manifiesta. Tal medida de protección puede resultar insuficiente en su cobertura respecto de situaciones similares, pero debe mirarse como un avance en la dirección correcta y no como el establecimiento de un privilegio inconstitucional. La medida especial, en este caso, responde a condiciones objetivas extremadamente difíciles que deben soportar ciertas personas, y por consiguiente es un instrumento de protección que obedece a expresas previsiones constitucionales.
2. La Corte parte de la consideración de que la limitación del beneficio en razón de la edad es discriminatoria en relación con los discapacitados que sean mayores de edad. Sin embargo, tal conclusión no es de recibo por cuanto la diferencia de trato que se deriva de la norma es una consecuencia del carácter progresivo en la ampliación en la cobertura de la seguridad social, que implica que los servicios se van ampliando en la medida de las posibilidades del Estado y de la sociedad para asumirlos. A este respecto la Corte ha afirmado que “... la ampliación paulatina de la cobertura del servicio de seguridad social en salud obedece a la necesidad de garantizar la continuidad en el servicio, es decir, se trata de una finalidad constitucionalmente válida”(1). Debe tenerse en cuenta que en este caso no está de por medio el acceso de la persona discapacitada a la seguridad social, sino una medida especial de protección orientada a permitir que la madre, y a falta de esta, el padre, de un menor de 18 años que padezca de invalidez física o mental, pueda brindarle un cuidado permanente. Esa protección adicional se encuentra en el ámbito de la ponderación que debe hacer el legislador en el momento de definir la cobertura de la seguridad social.
De este modo, en un sistema de seguridad social, que acusa en nuestro país una debilidad estructural, no es desproporcionado limitar el beneficio legal contenido en la disposición acusada a discapacitados menores de edad que estén al cuidado de su madre y a falta de esta de su padre.
Cabe observar, finalmente, que independientemente de la realidad financiera del caso concreto —esto es, del impacto que la decisión de ampliar la cobertura a la madre, o al padre, de los mayores de 18 años tenga sobre las finanzas del sistema—, debo expresar mi discrepancia con el criterio fijado en la sentencia y según el cual el Estado tiene la carga de demostrar que el impacto económico de una medida de ampliación de cobertura impone limitar la extensión de la misma, y que la deficiencia en hacerlo así conduce a que el juez constitucional deba ampliar la cobertura a los sectores inicialmente excluidos, sin consideración sobre el efecto de esa decisión sobre la estabilidad del sistema.
Tal conclusión no es consistente con la consideración contenida en la propia sentencia y según la cual “... los derechos que se discuten en este proceso son de aplicación progresiva, lo cual implica que no siempre pueden ser desarrollados en toda su dimensión de un día para otro, y que probablemente es necesario que inicialmente los beneficios se focalicen en algunos grupos”. Y, en ese escenario, corresponde al legislador establecer el modelo de seguridad social y las prestaciones que ofrece, así como las condiciones para la ampliación progresiva de su cobertura.
Para justificar su decisión, la Corte aplicó un criterio de ponderación distinto al que de manera expresa, según se desprende de los antecedentes legislativos, tuvo el legislador. Así, mientras que este orientó su tarea a la protección del menor inválido, la Corte estimó que el ámbito de la protección debía darse en función de las posibilidades de rehabilitación. Es un criterio válido y encomiable, tanto más en cuanto que implica ampliación de cobertura. Pero la labor de ponderación que hizo la Corte era propia de la esfera del legislador.
(1) Sentencia SU-623 de 2001.

References: ARTÍCULO 9

Artículo 9
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 9
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 artículo 157
 artículo 213
 artículo 7
 artículo 8
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 artículo 39
 artículo 1
 artículo 40
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 artículo 42
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 9
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 artículo 16