Source: http://democraciayderechoshumanos.org/2017/03/18/la-obligacion-de-verificacion-de-control-de-convencionalidad-en-el-peru/
Timestamp: 2017-12-14 09:56:23+00:00

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La obligación de verificación del control de convencionalidad en el perú. Entre la obligación internacional y la voluntad estatal. – Democracia y Derechos Humanos
Jenner Huamán
Egresado de la Universidad José Faustino SánchezCarrión, con especial interés en Derecho Constitucional y la incidencia de este en todos las áreas del quehacer jurídico.
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
POSIBILIDAD DE RECURRIR A JUSTICIA INTERNACIONAL
EL SISTEMA INTERAMERICANA Y EL CONTROL DE LA CONVENCIONALIDAD
LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS Y LA RESPONSABILIDAD QUE CONLLEVA
APLICACIÓN DEL CONTROL DE LA CONVENCIONALIDAD EN EL ESTADO PERUANO
REPERCUSIONES Y APLICACIÓN ACTUAL DEL CONTROL DE LA CONVENCIONALIDAD
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN EL PERÚ: ENTRE LA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL Y LA VOLUNTAD ESTATAL
La Protección De Los Derechos Humanos: Verificación De La Aplicación Del Control De Convencionalidad En El Perú: Entre la obligación internacional y la voluntad estatal, es un trabajo realizado a partir de un dilema actual, el cual es en definitiva, la correcta protección de los derechos humanos en el Estado Peruano, se enmarca sobre todo en la utilización del llamado Control de la Convencionalidad, por parte del aparato público al momento de disponer ya sea directa o indirectamente de los derechos de los ciudadanos.
De esta manera el trabajo busca explicar la labor del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de Derechos Humanos (SIDH o Sistema Interamericano), y el Control de Convencionalidad, para otorgarle especial importancia en su rol de protector y la responsabilidad de los Estados por la posición de garante que tiene frente a estos derechos.
Siendo así llamar a la conciencia de la ciudadanía, y sobre todo de los organismos públicos para la aplicación de las disposiciones y jurisprudencias de la Corte IDH, para lograr un mayor protección y promoción dentro de nuestro país, dejando atrás las malas experiencias tanto a nivel histórico, como a nivel de las sentencias recaídas contra el Perú, en la Corte IDH, y mostrar que en un futuro con el trabajo y esfuerzo de todos es posible cambiar los modelos de protección y promoción de los derechos humanos en el Estado Peruano, y así, ver que efectivamente el Estado se conforma, principalmente, para garantizar los derechos de las personas.
Como en todo Estado Constitucional, en el Perú también existen las vulneraciones de los derechos fundamentales (ya sea por parte de particulares o el Estado), la cuestión en concreto, es cómo se protegen los derechos en jurisdicción nacional y sobre todo los esfuerzos de protegerlos en instancias internacionales. En los casos de vulneración de derechos protegidos por nuestra Constitución, es ya de conocimiento que se podría iniciar un proceso constitucional; dependiendo la violación alegada, ante los órganos estatales, pero que ocurre realmente en los casos en que finalmente la justicia nacional no es capaz de proteger el derecho fundamental vulnerado; es ahí donde entra la justicia supranacional a realizar una función subsidiaria.
Específicamente en el tema de Derechos Humanos, el Perú al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de ahora en adelante CADH) y otros instrumentos internacionales, que forman parte de corpus iuris americano, y sometiéndose a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el Estado Peruano está obligado a cumplir cabalmente con estos y además con sus decisiones, ya sean estas Jurisprudencias de casos contenciosos y opiniones consultivas.
El Tribunal Constitucional es un órgano de control de la constitucionalidad fundamental en un Estado democrático moderno, intérprete supremo de la Constitución, máxima y definitiva instancia de los procesos constitucionales. En ese sentido, sus resoluciones y sentencias son fundamentales, pues a través de ellas se imparte justicia, según el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, aprobado mediante Ley 28237, son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, ahí que los procesos constitucionales tutelan afectaciones a estos derechos.
Hablamos en este caso del Tribunal Constitucional, pues es el más alto organismo que protege los derechos fundamentales en nuestro país y que finalmente decide si en determinados casos existió o no una vulneración a los mismos, reparando los agravios en caso de haberse confirmado tales.
En consonancia con el respeto del bloque de constitucionalidad conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria, el artículo 55 de la Ley Fundamental y el artículo V del Título Preliminar del código procesal constitucional revalidando la validez de los tratados internacionales en materia de derechos humanos para el ordenamiento nacional, además existen diversas cláusulas constitucionales que hacen referencia a la posibilidad de toda persona de acudir ante la justicia internacional, tal y como lo señala el artículo 205 de la Constitución y el Artículo 114 del Código Procesal Constitucional.
En el presente trabajo sólo nos enfocaremos en el SIDH, él cual es el encargado de velar en nuestra región de la efectiva protección y promoción de los derechos humanos.
EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EL CONTROL DE LA CONVENCIONALIDAD
Como ya se mencionó el Perú forma parte a partir de la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros instrumentos internacionales emanados desde la creación de la OEA (Organización de los Estados Americanos) ; del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Este no es un órgano en específico sino, un marco o conjunto de procedimientos para la protección y promoción de los Derechos Humanos, siempre y cuando, como ya se refirió, no se pudo haber encontrado justica dentro de la jurisdicción doméstica ; el referido Sistema Interamericano cuenta con dos órganos de especial importancia: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con características particulares cada uno de ellos. Señalándose en el presente trabajo sobre todo la función de la Corte IDH, si bien la CIDH es quien presenta los casos a la Corte IDH-si el Estado es parte de la Convención Americana-; la función privilegiada de decidir acerca de la supuesta vulneración de los derechos humanos es esta última.
Dicho esto, siendo una de las funciones de la Corte IDH-la función contenciosa-esto es la potestad de resolver las controversias dentro del SIDH relacionados a vulneraciones a los Derechos Humanos, en otras palabras, cumple la función de un verdadero “órgano jurisdiccional” en el Sistema Interamericano, es quién al realizar esta labor interpreta el corpus iuris interamericano- sentencias de fondo-generando la frondosa jurisprudencia presente hoy en día, y supervisa que las reparaciones a las vulneraciones sean cumplidas por los Estados, aristas fundamentales para determinar la existencia de responsabilidad de los estados partes de la CADH en supuestos casos de violaciones a los derechos humanos.
En mérito del Derecho Internacional, los Estados se comprometen a cumplir las estipulaciones de los Tratados que celebran de buena fe (pacta sunt servanda), así los dispone el artículos 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Pero la especial naturaleza de los tratados de derechos humanos es que tienen un carácter obligatorio, no sinalagmático o recíproco entre los sujetos que la celebran como la mayoría de tratados, sino que establecen obligaciones para los individuos bajo su jurisdicción .
A partir de la suscripción del tratado, nace la obligación del Estado de cumplir dichas estipulaciones, sino cumple dichas obligaciones será sujeto de responsabilidad internacional; en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), esta responsabilidad conlleva a la violación de las obligaciones generales enmarcados en los artículos 1.1º y 2º de la CADH, que permite dilucidar que los Estados partes pueden ser responsables por acción u omisión , y de una manera directa o indirecta , de manera directa son responsables cuando sus órganos o agentes violan los derechos de la persona; y, de manera indirecta, también son responsables cuando en presencia de atentados a los derechos o libertades de las personas, por acción u omisión de particulares, sus órganos o agentes faltan a la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la convención, ya que tiene el deber de velar las violaciones de derechos humanos que surjan en las relaciones interindividuales
Que, al abordar tanto la protección de los derechos humanos en el SIDH, es imprescindible hablar acerca del Control de la Convencionalidad, el cual es un concepto que en a producido cambios normativos e institucionales en los países que han suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de igual naturaleza.
Al referirnos acerca del concepto de Control de Convencionalidad tendremos que remitirnos al artículo 1.1 de la Convención Americana donde se obliga a los Estados Parte a respetar y garantizar, sin discriminación alguna, el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades contenidos en ella. En ese sentido, a partir de la sentencia en el Caso Velásquez Rodríguez respecto del Estado de Honduras, el Tribunal ha afirmado que, conforme al artículo 1.1, “todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención” . Las obligaciones de respeto y garantía derivadas del artículo 1.1 se complementan con el contenido del artículo 2 de la Convención, el cual alude al deber estatal de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en dicho tratado.
Este artículo 2 no define cuáles son las medidas pertinentes para la adecuación del derecho interno a la CADH, obviamente por depender ello del carácter de la norma que la requiera y las circunstancias de la situación concreta . Sin embargo, la Corte ha interpretado que tal adecuación implica la adopción de medidas en dos vertientes: (i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio y (ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías . En ese sentido, el cumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y adecuación en el Sistema Interamericano exige además de la organización de un aparato estatal conforme a las normas de derechos humanos, una conducta gubernamental que asegure el eficaz funcionamiento de dicha estructura. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte IDH, si un Estado manifiesta su intención de cumplir con la Convención Americana, la no derogación de una norma incompatible con ésta y la falta de adaptación de las normas y comportamientos internos por parte de los poderes Legislativo y Judicial para hacer efectivas dichas normas, determinan que el Estado viole dicho tratado , pueden darse casos inclusive, donde el comportamiento interno de los Estados, así sea este una manifestación de la voluntad popular, sea contraria a los parámetros de los instrumentos suscritos (Caso Gelman vs Uruguay). El hecho de que se trate de leyes estatales (en el caso requerido, una Ley de Amnistía de Violaciones de Derechos Humanos) y de que éstas hayan sido adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución nacional, nada justifica si mediante ellas se violan cualquiera de los derechos o libertades protegidos por la Convención .
Por lo considerado, a partir de los deberes generales establecidos en los artículos 1.1 y 2, los Estados Parte están obligados a armonizar todo su ordenamiento jurídico interno con la normativa de protección de la Convención he instrumentos que forman parte del corpus iuris interamericano. Una importante herramienta para contribuir a dicho fin es el denominado “control de convencionalidad”, pues éste “puede en mucho contribuir a asegurar que la CADH genere sus efectos propios (effet utile) en el derecho interno de los Estados Partes” , considerado este como una doctrina para la implementación y puesta en práctica de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos americanos de protección de los Derechos Humanos.
Los Antecedentes del “Control de Convencionalidad” se encuentran en el Caso Almonacid Arellano y otros respecto del Estado de Chile, en el cual señaló :
El Poder Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana”, frente a lo cual “el Poder Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella”.
Y dos meses después en el caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, refirió :
i) es de aplicación ex officio por parte de los órganos del Poder Judicial, “evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”. En ese sentido, “[e]sta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones”; ii) es complementario al “control de constitucionalidad”, de manera que se debe aplicar además del citado control al que están obligados los órganos del Poder Judicial por su propia legislación interna y; iii) es de aplicación también en un eventual “contexto de impedimentos normativos y prácticos para asegurar un acceso real a la justicia y de una situación generalizada de ausencia de garantías e ineficacia de las instituciones judiciales”
Siendo más explícito la Corte ha señalado en el Caso Caso Gelman vs. Uruguay , lo siguiente:
“Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.
Entendiendo en resumidas cuentas, que el Control de Convencionalidad es pues una especie de control o vigilancia que realiza la Corte Interamericana en este caso, relacionada al cumplimiento de las disposiciones en los instrumentos en materia de derechos humanos de la región firmadas por los Estados; que permite que estos no caigan un mero formalismo, sino que sean cumplidos de manera obligatoria por todos los órganos que administran justicia dentro de un determinado Estado, así como también sus jurisprudencias; siendo posible distinguir, en primer lugar, el Control Difuso, dada por los magistrados de instancias nacionales, consiste en la obligación de verificar la adecuación de las normas jurídicas internas que aplican en casos concretos , y en segundo lugar, encontramos el Control Concentrado , que consiste en juzgar en casos concretos directamente por la Corte IDH si un acto o una normativa de derecho interno resulta compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos disponiendo la reforma, abrogación o inaplicación de dichas prácticas o normas, según corresponda .
Siendo así el Control de la Convencionalidad, es una doctrina de sum importancia, tanto así que, está en muchos de los casos ha sido de especial relevancia para solucionar los mismos; a la vez es una garantía para los ciudadanos, ya que en muchos de los problemas las garantías judiciales no son las adecuadas para resguardar los derechos y es necesario que los tratados en materia de Derechos Humanos sean respetados, sobre todo que estos sean de aplicación en el Derecho Interno, es así que resalta su carácter protector siendo así que los contenidos del corpus iuris interamericano deben irradiar su protección como estándar mínimo de aplicabilidad no sólo en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos sino también a nivel nacional .
Si bien es cierto, que se ha dado mejores en la verificación del Control de la Convencionalidad en nuestro país, también es justo criticar que todavía nos falta bastante para su correcta aplicación, siendo así, es preciso detallar acá sobre todo en los casos contenciosos de la Corte IDH, que tuvieron como demandado al Estado Peruano, de las cuales el Perú solo ha ganado 1.
Un poco de Historia: entre los casos más emblemáticos cabe destacar: El Caso Castro Castro vs. Perú, Caso Barrios Altos vs. Perú, Loayza Tamayo vs. Perú, etc; por lo que se demuestra fehacientemente una mala situación en el tema de protección de los Derechos Humanos en nuestro país, en específico después de haber pasado por una etapa de conflicto armado interno; sin bien es cierto que las estructuras democráticas fueron removidas por ese momento álgido, ocurrido en nuestra historia.
Pero no todo está perdido, y esta situación se debió sobre todo en un periodo “oscuro”, donde por un lado de encontraron los grupos subversivos : El Partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso (en adelante PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y grupos armados paramilitares de parte del mismo Estado (El Grupo Colina); pero un es preciso señalar que fue en un momento donde la mayoría de ciudadanos desconocía las actividades de este último grupo y que posteriores casos llevados ante la Corte IDH, fue donde el Perú pago las consecuencias de esos males actos.
En definitiva la reflexión que se extrae de los anteriormente comentado, es tomar conciencia acerca de estos acontecimientos nefastos acaecidos en nuestro país, y prever para que en un futuro no existan casos de igual índole, para que se cumpla esto, es de suma importancia tener un gobierno democrático, con sólida base de participación ciudadana, promotora de los derechos humanos; pero esencialmente, siendo la puesta en práctica del control de convencionalidad responsabilidad del estado peruano, hablaríamos de la voluntad política de los funcionarios tanto de los Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y todos los organismos autónomos, como fue señalado, así también como de las empresas, asociaciones, individuos, etc., ya que el Estado tiene que verificar una protección efectiva en las relaciones interindividuales , así como reprimir los riegos de futuras vulneraciones a los Derechos Humanos .
La ausencia Políticas, normas, y procesos eficaces hacen difícil la tarea de una integral protección a los derechos humanos reconocidos en instrumentos americanos, ratificados por el Estado Peruano en dicha materia; porque al aplicar todas las recomendaciones de la Corte IDH, se buscará un beneficio tanto a los ciudadanos, y porque no al Estado, no sólo para evitar la responsabilidad internacional por su no observancia, sino para que se mejore en todos los aspectos del quehacer público, es entonces la reflexión final, que las instituciones públicas tomen conciencia en la aplicación y puesta en práctica de las normas de del iuris corpus interamericano, y así también como de la jurisprudencia de la Corte IDH, al momento de tener a la vista un posible vulneración de derechos humanos; así también como promover su total vigencia.
Para por evitar las violaciones de derechos humanos en el país se necesita aplicar los criterios del Tribunal Constitucional, pero sobre todo también el control de la convencionalidad, porque permite un protección ex ante de remitirnos a la Corte IDH y seguir un proceso por la obligación que tienen los Estados consignado tanto en el Art.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Es decir, utilizando toda la normativa y jurisprudencia de la Corte IDH, es más fiable garantizar la plena vigencia de los derechos humanos consignados en los instrumentos internacionales y la Constitución, sobre todo porque la jurisprudencia de la Corte ha dado grandes luces acerca de problemas jurídicos actuales dentro de los Estados.
Es por eso que el Control de la Convencionalidad, ha sido una fundamental “herramienta” al momento de proteger los derechos humanos, puesto que las legislaciones nacionales tienen que adaptarse a los estándares de tutela que desarrolla la Corte IDH.
Dicho esto, es preciso identificar las falencias del pasado, fortalecer una ciudadanía formada y comprometida con los Derechos Humanos, pero principalmente es tarea de las instituciones la aplicación y promoción de los estándares desarrollados del control de convencionalidad a nuestro país, labor que implica a nuestra perspectiva la voluntad voluntad política de vivir en un Estado Constitucional y Convencional de Derecho.
• GONZÁLEZ Morales, Felipe. 2013. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Valencia. Tirant Lo Blanch, 2013.
• PAZO PINEDA, Óscar Andrés. Los Derechos Fundamentales y el Tribunal Constitucional. Lima. Gaceta Jurídica S.A. 2014.
• SALMÓN, Elizabeth. Introducción al Derecho Internacional Humanitario. Lima. Comité Internacional de la Cruz Roja, 2015.
• MEDINA Ardilla, Felipe. La Responsabilidad Internacional del Estado por actos de particulares: análisis jurisprudencial interamericano. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,
• INSTITUTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. Conclusiones Generales del Informe Final de la CVR. Lima. IDEHPUCP, 2012.
• GARCÍA Belaunde, Domingo y Palomino Manchego, José F. “El Control de la Convencionalidad en el Perú. En Revista Pensamiento Constitucional. En Revista Pensamiento Constitucional. Vol. 18. Núm. 18. Lima. 2013.
• BURGORGUE-LARSEN, Laurence. “La Corte Interamericana de los Derechos Humanos como Tribunal constitucional”. Papeles de Derecho Europeo e Integración Regional, en WP IDEIR Nº 22. 2014.
• MAG-GREGOR, Eduardo Ferrer y PELAYO MOLLER, Carlos. “La Obligación de “Respetar” y “Garantizar” los derechos humanos a la luz de la jurisprudencia de la corte interamericana”. Análisis del artículo 1º del Pacto de San José como fuente convencional del derecho procesal constitucional mexicano, en Estudios Constitucionales Vol.2 No. 2 Santiago. 2012.
• Constitución Política del Perú (1993).
• Código Procesal Constitucional. Ley N° 28237.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José (1969).
• Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969).
• INFORMES, SENTENCIAS Y OPINIONES CONSULTIVAS
• Corte IDH. Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982 (El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 74 y 75), Serie A N° 2.
• Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C N° 72.
• Caso Caballero Delgado y Santana y otros. Fondo. Sentencia del 8 de diciembre de 1995. Serie C N° 22.
• Corte IDH. Caso de la Comunidad de Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2001.Serie C N° 79.
• Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C N° 22.
• Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4.
• Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Julio de 2007. Serie C No.166.
• Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52.
• Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35.
• Corte IDH. Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
• Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13.
• Corte IDH. Voto disidente del juez Antonio Cançado Trindade, párr. 45. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2007. Serie C No.
• Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154.
• Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158.
• Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221
• Corte IDH. Caso Masacre Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de Enero de 2006. Serie C N° 140.
• Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de Setiembre de 2005. Serie C N° 134.
• Corte IDH. OC- 18/03 de 17 de setiembre de 2003. Serie A N° 18.
• CIDH. Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad de los Estados a la Asamblea General. A/56/10, 2001.
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