Source: https://es.scribd.com/document/111097428/Causas-de-Justificacion
Timestamp: 2017-10-19 22:05:48+00:00

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I. LA ANTIJURIDICIDAD COMO ELEMENTO DEL DELITO En un estado de derecho la pena no .
puede ser la consecuencia de un hecho jurídicamente beneficioso o indiferente, sino de una infracción al orden establecido por el derecho. Lo contrario implicaría una contradicción. La antijuridicidad es la calidad del hecho que determina su oposición al derecho. Esa calidad no existe simplemente porque el hecho sea típico. Salvo en los casos en los que un elemento normativo del tipo exige y adelanta, como un elemento de la noción del hecho, el juicio sobre la antijuridicidad del comportamiento del autor, la tipicidad es sólo un indicio de la antijuridicidad del hecho, ya que la presunción que aquélla implica es excluida si concurre una causa de justificación. El que mata en legítima defensa realiza el tipo delictivo del artículo 79, pero no obra antijurídicamente. Pero el que realiza un tipo penal obra antijurídicamente si no concurre una causa de justificación. Esa determinación de la antijuridicidad mediante el principio de la regla-excepción, no conduce a la existencia de una especial antijuridicidad penal. En efecto, si bien el tipo es una selección de hechos que por su dañosidad el legislador declara dignos de pena, esa selección no los excluye del sometimiento al juicio unitario de todo el ordenamiento jurídico positivo (unidad de la antijuridicidad). Esta unidad, resultante de la necesaria armonía de ese ordenamiento y que en aras del orden excluye toda contradicción, se manifiesta en el caso concreto a través de la norma jurídica que lo regula. Esta norma es el producto del entrelazamiento sistemático de las leyes y preceptos jurídicos positivos aplicables al caso, con arreglo a los principios de la recíproca prevalencia (C.N., 31) y de la especialidad. Se dice que la antijuridicidad es formal, porque únicamente el derecho positivo, mediante la formulación de los tipos y de las reglas especiales de justificación, constituye su fuente, y, por consiguiente, la antijuridicidad sólo existe si el hecho ha sido cometido contrariando la norma prohibitiva ordenadora del pertinente tipo delictivo, sin que concurra una causa de justificación. El concepto de la antijuridicidad formal difiere del de la antijuridicidad material. Este concepto obedece a la idea de que la antijuridicidad tiene un contenido o sustancia real, que no consiste en la oposición formal del hecho a una especial norma jurídica. De tal manera, a la antijuridicidad se la hace residir en la falta de adecuación del hecho a determinadas pautas decisorias. Así, desde un punto de vista subjetivo, se vincula la antijuridicidad a criterios valorativos, y se dijo que una acción era antijurídica si no se presentaba como el medio adecuado para lograr el fin reconocido como legítimo por el legislador; o no se presentaba como un medio justo para el fin justo; o si más bien perjudicaba que beneficiaba al Estado; o se oponía al fin último de todo derecho de satisfacer en la mayor medida conciliable los intereses individuales frente a los de la colectividad. En cambio, el objetivismo creyó encontrar la materia de la antijuridicidad en la oposición de la acción a las normas de cultura social, vale decir, a las normas de carácter social, moral, religioso, etc., con las cuales la sociedad, mediante prohibiciones y mandatos, exige las conductas convenientes. Esas tesis supralegales, que encuentran la materia de la antijuridicidad de los hechos tipificados por la ley penal, en criterios ajenos al derecho positivo, desconocen la autonomía de éste frente a los demás reguladores de la vida social, los cuales no cumplen su verdadera función en el momento de la aplicación del derecho, sino en el legislativo, al señalar las necesidades y el sentido de la regulación jurídica. El artículo 1066 del Código Civil, en armonía con el artículo 19 de la Constitución Nacional, reconoce esa autonomía al decir que ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito si no fuera expresamente
por un lado. ESTADO DE NECESIDAD El Código Penal ha receptado en el inc. tampoco puede admitirse la existencia de causas de justificación de esa índole. II. el estado de necesidad. del “disvalor de la acción”. más allá de ese formalismo. en lo que al derecho penal atañe. el derecho positivo no confirma ese indicio. El “concepto personal del injusto” elaborado por el finalismo sobre la idea de que lo injusto reside siempre en el “disvalor de la acción” y sólo en los delitos de resultado.es la sustancia de un hecho antijurídico. Las causas de justificación obedecen al principio de que. es la situación en que se encuentra el que causare un mal a un bien ajeno. El efecto penal de las causas de justificación es la impunidad del hecho. Esa ofensa es de naturaleza objetiva porque se traduce en la lesión. por evitar otro mayor inminente a un bien propio o ajeno. El principio de la protección del bien jurídicamente preponderante está aceptado en toda su extensión en el artículo 34. que no es algo material divisible. Con arreglo a ese inciso. eso no es factible en lo que atañe a la antijuridicidad. con la razón de ser de su injusticia (la antijuridicidad). de daño o de peligro. 3° del Código Penal (evitación del mal mayor). El concepto de la antijuridicidad formal no dice cuál . III. también en el disvalor de éste. Pero. la tipicidaqd del hecho no determina su antijuridicidad. en el conflicto entre dos bienes jurídicos. es la consecuencia del trastrueque del soporte material de lo “injusto” (el hecho). ordinarias. En relación al hecho puede hablarse. del bien jurídico ( antijuridicidad objetiva). sino el resultado del juicio de disvalor sobre la simple acción o sobre ella y su resultado. El consentimiento de éste en nuestro derecho penal sólo es una causa de exclusión de los tipos que requieren expresa o implícitamente la falta de consentimiento del ofendido. también excluyen la responsabilidad civil. municipales o reglamentos de policía. Salvo el enriquecimiento sin causa. 3° del artículo 34 el principio de que quod non est licitum lege. al que ha sido . Esa preponderancia debe extraerse teniéndose en cuenta el orden jerárquico de las leyes. según sea una u otra la estructura del hecho objeto del juicio. Los efectos de las causa de justificación se extienden en razón del principio de unidad de lo antijurídico y exceden el ámbito penal. Todas las causas de justificación reguladas en la Parte General y en la Parte Especial del Código Penal.prohibido por las leyes. del “disvalor de su resultado”. o es un requisito de otra causa de justificación. necessitas facit licitum. y por otro. inc. en cambio. tienen su fundamento en la protección del bien jurídico preponderante. la antijuridicidad del hecho representa la ofensa que él implica a los intereses sociales receptados por los tipos delictivos. Estas circunstancias son las llamadas causas se justificación o permisos concebidos para cometer en determinadas circunstancias un hecho penalmente típico. Rechazada la idea de que la antijuridicidad tiene una materia o contenido supralegal. El Código Penal no prevé. casos de justificación por ausencia de interés del ofendido. se acepta que. debe salvarse el preponderante para el derecho positivo. Pero. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN Cuando se admite que en el sistema del derecho positivo. en determinadas circunstancias. sino que mediante el no funcionamiento del principio de la regla-excepción se limita a señalar los casos en que lo es. mediante la interpretación coordinada de las reglas legales aplicables al caso.
sino. es menester que nos amague. La ley. El autor es extraño al mal mayor. Siempre que haya racionalidad en el medio defensivo empleado por el agredido y que éste no haya provocado suficientemente . el honor. que se presente como de realización inmediata. que el mal sea posible. si es humano. no actuando o procediendo de una manera inocente o más benigna. Su fundamento justificador reside en la preponderancia del bien jurídicamente más valioso que representa el mal menor. Aunque haya comenzado la tormenta. que el agua no lo inunda incesante e irresistible”. no funciona el estado de necesidad del inc. Pero. pues es el que constituye el delito que el inc. y así la determinación del bien menos valioso. no interesa si el autor obró lícita o ilícitamente o si obró culpable o inculpablemente. pues es posible que debido a su comportamiento culposo. La inminencia del mal mayor es la que determina la necesidad justificante. lesionado por aquél .o por el tercero que lo defiende. no comete un daño justificado. al realizar un hecho penalmente típico (la destrucción de una vidriera). sino según el valor que les asigne el derecho positivo de conformidad con las normas de cultura social propias de cada tiempo y lugar y las circunstancias de cada caso. No se puede invocar un estado de necesidad sin que el autor esté frente a la alternativa de actuar o de que. 3°. es menester que exista. 3° considera impune. La apreciación de ambas calidades no debe hacerse con arreglo al criterio personal del autor ni del damnificado. si éste no es atribuible a su intención. aquí la justificación no encuentra su fundamento en el mayor valor del bien resguardado en relación al sacrificado. Su justificación reside en la prevalencia de interés por la protección del bien del agredido respecto del interés por la protección del bien del agresor. la integridad física.extraño. A diferencia de lo que sucede en el estado de necesidad. Si alguien. 2°. casualmente evita un mal mayor (la asfixia del morador). el autor no debe estar jurídicamente obligado a soportarlo. El mal causado no puede consistir en una ofensa de naturaleza civil. la propiedad. Puede ser un bien individual. propios o ajenos.” exige que el autor obre movido por la necesidad de impedir el mal mayor. Mal es el daño causado a un interés individual o social protegido jurídicamente (bien jurídico). o pueden ser bienes de índole social como son la salud y la seguridad públicas o el orden constitucional o la seguridad de la Nación. no basta que se le vea lejano. no depende exclusivamente de la calidad de los bienes en juego. para no causar un mal mayor. Puede ser un delito doloso o culposo. “No basta.. próximo. lo aplicable es la coacción del inc. de la calidad del daño evitado al bien defendido y del causado al bien lesionado. en tanto que el buque se conserva bien. también. se efectivice el daño para el bien más valioso. ni del juez. Si objetivamente los males en juego son de valor equivalente. concurriendo respecto del autor la amenaza de un mal grave e inminente. sino en la injusticia de la agresión del titular de este último. El mal es inminente si está por suceder prontamente.. Ésto no sólo exige que el peligro de que se realice el mal sea efectivo. el autor. también. por consiguiente. como la vida. La mayor entidad del mal. además de serle extraño ese mal. que obedece a la maniobra. la libertad. LEGÍTIMA DEFENSA a) Legítima defensa La legítima defensa es un caso especial de estado de necesidad. inminente. IV. mediante la fórmula “por evitar. El origen del mal mayor que se quiere evitar no interesa: puede haberse causado por una persona o provenir de un hecho natural o de un animal. deba optar por otro menor. no es permitido arrojar el cargamento al agua. sino que. sino. debe tener naturaleza penal.
puede consistir o no en un acometimiento personal y ser o no un delito. todos los intereses que el derecho positivo le reconoce al individuo como bienes suyos en el más amplio sentido. Ese ataque existe cuando la conducta de una persona crea un peligro de menoscabo parta la persona o derechos de otra. sean derechos patrimoniales o de familia. su uso implica un empleo adecuado de los elementos de la defensa de que se dispone con relación al ataque. c) Defensa propia presumida Con arreglo al inc. Así. La notoria desproporción de los bienes en juego vuelve irracional la defensa del de menor valor. que no es compatible con una conducta puramente omisiva aunque fuera delictiva. además de la vida y la integridad física. represente un motivo suficiente para causarla. La agresión tiene naturaleza objetiva. sin llegar a constituir una agresión que legitime la agresión del provocado. el ataque no será actual ni inminente. esto es. el de la persona que obra por error o para gastar una broma. el agredido se encuentra frente a la situación material que tiene derecho a repeler. El empleo del medio es oportuno si se usa para impedir la agresión inminente. La agresión es ilegítima si el agresor ha obrado sin derecho. Provoca conscientemente la agresión no sólo el que la incita maliciosamente para disimular. es racionalmente necesario para impedir o repeler la agresión. Lo mismo se debe decir respecto de los bienes del agresor ofendibles por el agredido. o de la persona de un tercero o sus derechos. motivos o fines. Provoca la agresión el agredido que la causa conscientemente. La conducta constitutiva de la agresión. Es preciso que la haya provocado suficientemente. Resulta justificado el sacrificio de un bien de mayor valor que el defendido. su libertad. como sucede con el ladrón o con el amante de la adúltera. El medio empleado guarda proporción con la agresión. Este peligro también puede consistir en la amenaza de prosecución de un daño ya comenzado. o. Si el daño está concluido. empleando un medio racionalmente necesario para impedir o repeler una agresión ilegítima y sin que medie provocación suficiente por su parte.la agresión. sino la conducta defensiva usada. El presupuesto de la defensa propia es que exista una agresión ilegítima. el de retención). la criminalidad de su conducta (pretexto de legítima defensa). si. La agresión es un ataque actual o inminente de una persona a la persona o derechos ajenos. La regla es la ilegitimidad de la agresión. con arreglo a las circunstancias y al valor de los bienes en juego. so pretexto de defensa. No basta que el que ase defiende haya provocado la agresión para que se excluya la legitimidad de su defensa. en el sentido de que la constituye el comportamiento externo de su agente. sin consideración a su culpabilidad. inminente o en curso. El medio defensivo. le ocasiona un perjuicio a la persona o a los derechos del agresor. concurriendo el peligro. La primera puede ser presumida. b) Defensa propia Actúa en defensa propia el que en defensa de su persona o de sus derechos. disciplinaria) o de su derecho (por ejemplo. La excepción concurre cuando el proceder del sujeto activo está autorizado por significar el ejercicio de un cargo público o de autoridad (paternal. es una agresión el ataque de un inimputable. Los bienes defendibles son. Lo esencial es que. como su honor. sean personalísimos. su honestidad. o para repeler la agresión actual. 6° §§ 2° y 3° del artículo 34. que su conducta. La legítima defensa puede ser de la propia persona o de los derechos propios. si su empleo es oportuno y guarda proporción con la agresión. sino también el que voluntariamente se coloca en situación de agredido. se presume que concurren las . que no es el instrumento empleado.
La participación puede ser moral (instigación) o material. el ejercicio de un derecho. en el caso concreto. reglamento u ordenanza. el cumplimiento de un deber y el ejercicio de autoridad o cargo. 2.N. de igual o superior jerarquía constitucional que aquélla (C. que pueden ser los de una persona física o ideal. sino una denominación ajena a la terminología legal. Sólo justifica el cumplimiento del deber impuesto por una norma sancionada por un órgano competente. en caso contrario. de acuerdo con autores nacionales y extranjeros. 110). inc. 4° o un derecho propio en el sentido .porque se trataría de deberes que surgen directamente de ella y que el autor directamente ejecuta -. Es legal la obligación impuesta directamente por la ley en el sentido amplio de constitución. en su persona o derechos. la obligación de no revelar el secreto profesional justifica la abstención de prestar declaración (art.. 34. en la no participación del defensor en un acto de provocación suficiente por parte del ofendido. si ha sido dictada legalmente y media una ejecución correcta del deber. es una presunción juris tantum. separando. Por ej. que admite la prueba en contrario respecto de que en el caso particular el escalamiento.. obra en cumplimiento de un deber si lo hace obedeciendo a una obligación legal (C.C.circunstancias constitutivas de la defensa propia: a) respecto de aquél que durante la noche rechaza el escalamiento o fractura de los cercados. 1. y por el otro.Ejercicio legítimo de un derecho El ejercicio regular de un derecho propio no puede constituir en ilícito ningún acto (C. en el cual. que comprendería acciones que la ley no prohibe.C.N. la presunción legal de que concurren las circunstancias exigidas para la legítima defensa. 243). frente a la ley prohibitiva general que representa el tipo delictivo.Cumplimiento de un deber Quien comete un acto arreglado a un tipo delictivo. sin excesos. La defensa del tercero. V. que no haya participado en ella el tercero defensor (art. Herrera. Un derecho en el sentido del artículo 34. considerados por algunos como de “defensa privilegiada”.. paredes o entradas de su casa. 31). En estos dos casos. reside esencialmente. la fractura o la resistencia no involucraron la situación de peligro personal para el morador que fundamenta la presunción. b) respecto de aquél que encontrare un extraño adentro de su hogar. ley.. Se trata siempre de un conflicto entre dos obligaciones legales. La prevalencia puede también corresponder a una ley provincial (C. o de su departamento habitado o de sus dependencias.. prevalece la ley autoritativa especial. si éste es objeto de una agresión ilegítima y el autor emplea un medio racionalmente necesario para impedirla o repelerla. El criterio no agrega nada sustancial. siempre que haya resistencia. a la par que en la legitimidad de la agresión y racionalidad de la defensa. y principal o accesoria. 121 y 122). AUTORIDAD O CARGO Los autores sistematizan las causas de justificación mencionadas en el inciso 4° del artículo 34. la obligación del testigo de declarar la verdad. siempre que el agredido no haya provocado suficientemente la agresión o.. 1071). bajo el título de “cumplimiento de la ley” . 1071). no quedan comprendidos los deberes derivados de una convención particular o de un cargo público. CUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y EJERCICIO DE UN DERECHO. d) Defensa de un tercero Existe legítima defensa de la persona o derechos de otro. por un lado. inc. justifica la deshonra y descrédito a otro (art. 7°).. consideró inútil la mención legal de esas causas de justificación.
aunque su acto se adecua formalmente a la instigación de un despojo (art. cuya fuente no es el ejercicio de un cargo público.. pero no estando la situación reglada legalmente no lo pueden hacer de manera autónoma. Sólo el ejercicio legítimo o regular del derecho propio es justificante. excluyendo así el castigo por hurto. El derecho subjetivo puede emerger directamente de la ley. Al marido no le corresponde. por ej. 1071. 278). 415) y curadores (arts.del artículo 1071 del Código Civil. Es frecuente. como sucede. inc. Aquí también se trata de la ley en sentido amplio. La ley no ampara el ejercicio abusivo del derecho. empero. 181. en el cual frente a la prohibición general emergente del tipo delictivo.. ésta no es un simple derecho subjetivo.C. 4. Esta justificación es otro caso de conflicto de disposiciones legales.. con respecto de las injurias. en razón de la facultad de corrección de ambos padres (C. no es punible. 1°). 173.. Se considera tal el ejercicio que contraría los fines que la ley tuvo en mira al reconocer el derecho de que se trata o que excede los límites supuestos por la buena fe. implica el ejercicio del propio poder de decisión o ejecución correspondiente a un cargo público..C.. se apodere de la cosa entregada en posesión a otro condómino.. La autoridad disciplinaria privada justifica hechos adecuados a ciertos tipos penales. las penitencias limitadoras de la libertad personal y los castigos corporales sin efectos lesivos intencionales. sino un poder de imperio o supremacía respecto de otra persona. 278) o de los tutores (art. en cambio. § 2°). El contrato puede justificar que un condómino. 187).. inc.C.Ejercicio legítimo de un cargo Esta causa de justificación. la moral o las buenas costumbres (C. 2°). implica el ejercicio de una facultad legal. La autoridad justificadora funciona en el ámbito de la autoridad familiar.C. prevalece la autorización de una ley especial de igual o superior jerarquía constitucional. debe hacer valer su autoridad marital. sino situaciones jurídicas de otra índole. los artículos 2218 y 3886 del Código Civil justifican una retención penalmente típica (art. Los padres pueden delegar el ejercicio de su autoridad en otras personas o establecimientos (C. (C.N.C. Los tribunales han admitido la justificación de las lesiones levísimas inferidas como reprimenda por los padres a los hijos. 31). aunque los autores no están siempre de acuerdo. El juez que ordenó un desalojo con uso de la fuerza pública. 3. Entran dentro de los límites de la moderación las coacciones.Ejercicio legítimo de una autoridad Si bien el acto de autoridad a que se refiere el inciso 4° del artículo 34. El ejercicio de la autoridad familiar autoriza como medida de vigilancia la apertura de la correspondencia privada del sujeto pasivo. policial o judicialmente (C. que a esta causa de justificación no se la prevea específicamente y que los casos que comprende se consideren como de ejercicio legítimo de un derecho. es el derecho subjetivo reconocido por la ley a una persona para cometer un hecho penalmente típico. prevista por el inciso 4° del artículo 34. Los usos y costumbres pueden conceder ese derecho si una ley se refiere a ello. porque ha obrado . sin perjuicio de la sanción represiva común. sino que. limitadamente al caso de la violación por la mujer de su obligación de cohabitar con su esposo. El derecho subjetivo también puede tener su fuente mediatamente en la ley a través de una convención. los términos de sentido injurioso. una potestad correctiva de igual índole respecto de la esposa. (Código Civil.. 17). a diferencia de aquéllos derechos. en ciertas condiciones. 278) La corrección familiar debe ejercerse moderadamente. 475 y 482). El exceso puede ser reprimido por la autoridad local (C. Estos derechos subjetivos no deben confundirse con las autorizaciones legales porque éstas . no implican facultades de exigir algo a terceros. Por eso.
por ej. es el error sobre la legitimidad de la orden y no la obediencia debida. el principio de la obediencia debida como causa de justificación. es en sí misma ilegítima. sino una causa de inculpabilidad. etc. la doméstica. si la orden ha sido impartida en situación excepcional o el subordinado está obligado a cumplirla y no media error ni coacción simple.P. Pero. Por el contrario. la obediencia jerárquica no es otra cosa que un error suscitado por el que manda en el uso de sus atribuciones y en la forma debida. Lo primero requiere que la autoridad no haya sido usurpada (C. en el círculo de sus atribuciones y en la forma legalmente requerida. por lo que resulta ese error invencible por el obligado a obedecer. la orden. Si. sin involucrarlo en la responsabilidad que pueda resultar del contenido de la orden cuya ejecución ha puesto a su cargo. no es otra cosa que una especie de la justificación por ejercicio legítimo de un cargo. la obediencia debida queda absorbida por la justificante genérica del cumplimiento de la ley. es inculpable si obra por error acerca de su legitimidad. Cuando el subordinado tiene poder de examen respecto de la orden ilegítima. Sólo la primera. c) Si lo ordenado es legítimo en sí mismo.que es la única que el subordinado debe obedecer -. la subordinación jerárquica administrativa. También obra justificadamente. debiendo el subordinado cumplir la orden sin examen. El ejercicio es legal si el autor obra en materia de su competencia y no lo hace con abuso de autoridad (C. lo que exime de responsabilidad al ejecutor es la coacción especial que en el caso implica la orden del superior. justifica su hecho. VI. Tales son. b) la obediencia por el subordinado a una orden ilegítima del superior cuya legitimidad no tiene derecho a examinar.P. d) Por regla. e) La impunidad por obediencia debida funciona en los casos en que. Sobre la naturaleza de esta eximente existen opiniones discrepantes. constituyen fuentes del deber de obedecer. sin perjuicio de que la culpabilidad del subordinado se excluya por su error.. La legitimidad supone la legalidad del título en cuya virtud el autor desempeña el cargo y la legalidad de su ejercicio en el caso concreto. la eclesiástica. sea en el modo o en la medida de su ejercicio. por el contrario. lo que excluye la responsabilidad del subordinado. por su naturaleza pública genera un deber de obediencia jerárquica susceptible de constituir una causa de justificación de la conducta adecuada a un tipo delictivo. No es una causa de justificación. la obediencia a la orden del superior de cometer un hecho delictuoso . el guardia cárcel que hiere a un preso para impedir su fuga. emitida por autoridad superior. la laboral.legítimamente. OBEDIENCIA DEBIDA Existen distintas situaciones de subordinación que.. autoridad o cargo. Mediando un orden jerárquico administrativo. tales como las siguientes: a) la obediencia a una orden legítima del superior jerárquico . porque la ley impone un deber específico de obediencia.no justifica el hecho. cumple una esencial función institucional: posibilitar que el superior jerárquico pueda delegar en un inferior la ejecución de las órdenes que emita. 248 y 251) ni con exceso en la acción. aunque cause lesiones. nos hallamos en presencia de una causa de justificación que se ampara en el obrar en cumplimiento de un deber o en legítimo ejercicio de su derecho. En este caso.que el subordinado no tiene obligación de obedecer . en sus respectivos ámbitos. 246). es puesto por el derecho fuera de toda relación imputativa y la acción se desplaza hacia el superior que impartió la orden jurídicamente .. El ejercicio del cargo debe ser legítimo.
entonces. mortales o no. inciso 2°. y subjetivamente. cuyo examen objetivo corresponde a la cuestión de la legitimidad de la orden. sino del traslado de la responsabilidad superior. Entre nosotros. por un profesional con título o autorización para ejercer el arte de curar. carece de la facultad de examinar. El problema de la justificación de los hechos penalmente típicos en razón de la actividad curativa del autor. por consiguiente. debe tener su fuente en una orden formalmente legítima emitida por el mandante. Es posible. conduce a una exclusión de responsabilidad penal.inexcusable. A diferencia de lo que sucede respecto del fondo de la orden. Excluida la legitimidad formal de la orden. que si por error el inferior ha creído en la legitimidad formal de la orden. como causa de justificación. si en inferior jerárquico la ejecuta. con el propósito de beneficiar su salud o su aspecto. del traslado de la acción. la justificación de la actividad curativa se ha encontrado. Pero este punto de vista desplaza la cuestión de la acción o autoría de su verdadero ámbito. AUTORIZACIONES LEGALES El fundamento material de la antijuridicidad. sea en el legítimo ejercicio de un derecho. le debe ser directamente atribuida dicha acción. VII. que es el aspecto fáctico de la intervención material voluntaria del agente en la ejecución del delito (C. 2) que la orden llene las formalidades legalmente exigidas para el caso de que se trata. el destinatario tiene derecho a examinar la forma de la orden y a no convertirse en su ejecutor si falta alguna de las exigencias formales. también el inferior responde. el ejecutor responde por las consecuencias ilícitas de la orden. plantea una cuestión de culpabilidad. si la orden no lo es. por consiguiente. Si la orden es formalmente legítima. 45). La impunidad del aborto eugenésico dl artículo 86. no responda delictivamente por ausencia de culpabilidad. a la par del dador de aquélla.P. como en el caso de la violencia. Esta exclusión presupone la obligación jurídica del inferior de obedecer la decisión del superior en cuanto lo constituye en ejecutor de lo que él ha dispuesto de modo totalmente ajeno a la voluntad del mandatario. sin embargo. vale decir. que se funda en la distinción entre la función del superior que ha deliberado la orden y la función del inferior que se ha limitado a su ejecución y que. rectificar o rechazar lo deliberado por su superior. No se trata. La obligación jurídica de obedecer del jerárquicamente subordinado.. La obediencia debida. la preponderancia del bien de mayor valor. se manifiesta en ciertos casos en los cuales la ley autoriza al autor a obrar en resguardo del bien más valioso. una persona es intervenida quirúrgicamente con malos resultados. no mediando un estado de necesidad. no habrá recibido una orden formalmente legítima que lo obligue a ejecutarla sin responsabilidad por las posibles consecuencias delictuosas de lo mandado por el superior. se refiere a los casos en los cuales. complementado por el . el ejecutor sólo responde ante los terceros en caso de enriquecimiento sin causa. ya que. Esa legitimidad exige que la orden satisfaga las siguientes condiciones: 1) que entre el que emite la orden y su destinatario medie una vinculación jurídica de naturaleza pública que autorice al primero a expedirla. en lo que atañe a su destinatario. al cual. es uno de esos casos de justificación. También lo es la justificación por ejercicio de la actividad curativa. La irrefragabilidad de la orden no excluye el hecho de que la conducta del subordinado sea la de un autor por su propio impulso voluntario libre de violencia física (coactus volit). y la traslada al campo puramente jurídico de la irrefragabilidad de la orden de intervenir en esa ejecución.
. una causa de justificación de las lesiones y muertes causadas en su ejercicio.que justifica incluso la intervención curativa del no profesional . practicada con arreglo a las leyes que le son propias. sino el hecho de estar autorizada por el poder de policía estatal de la salud pública. La actividad deportiva autorizada y consentida por la víctima. la actividad curativa autorizada sólo justifica si se realiza con el consentimiento expreso o presunto (paciente inconsciente) del interesado o de su representante legal. sea en el cumplimiento de un deber y legítimo ejercicio de un derecho. o en el ejercicio de un cargo. La actividad curativa autorizada implica el ejercicio de un derecho. Cuando no concurre un estado de necesidad . Significa el cumplimiento de un deber. en ciertas circunstancias en las cuales un profesional está legalmente obligado a actuar. en cuanto que el profesional tiene la facultad de ejercerla. igualmente. Pero no son esas características las que dotan de capacidad justificadora a la actividad curativas. constituye.consentimiento del interesado.o no se trata de un caso de tratamiento obligatorio.
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References: artículo 79
 artículo 1066
 artículo 19
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 1071
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 86