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Timestamp: 2019-01-23 20:45:37+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA C-665 DE JUNIO 8 DE 2000
SENTENCIA C-665 DE 08 DE JUNIO DE 2000
CONTENIDO:LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO FRENTE A LA CONSTITUCIÓN. INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS Y DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. NOMBRAMIENTO Y SALARIOS DE SUS DIRECTORES. EL LEGISLADOR PUEDE CREAR, MODIFICAR U ORGANIZAR NUEVAS FORMAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. DECLARA EXEQUIBLE EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 10 DE 1990 Y LOS APARTES DEMANDADOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY 100 DE 1992, CON EXCEPCIÓN DE LAS EXPRESIONES "DEFINIDAS MEDIANTE REGLAMENTO DEL GOBIERNO NACIONAL", PERTENECIENTES A SU INCISO PRIMERO, QUE SE DECLARAN INEXEQUIBLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, CREACIÓN DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA POR SERVICIOS, JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, FIJACIÓN DEL SALARIO, HOSPITAL PÚBLICO, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Sentencia C-665 de junio 8 de 2000
Ref.: Expediente D-2705
Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 19 de la Ley 10 de 1990 y contra los artículos 192 (parcial), numerales 3º y 4º del 195 y 197 de la Ley 100 de 1993
Aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los ocho días de junio de dos mil.
“Ley 10 de 1990
ART. 19.—Estructura administrativa básica de las entidades de salud. Las entidades públicas deberán tener una estructura administrativa básica, compuesta por:
1) Una junta directiva, presidida por el jefe de la administración seccional o local o su delegado, integrada en el primer nivel de atención —hospitales locales, centros y puestos de salud— por los organismos de participación comunitaria, en los términos que lo determine el reglamento. En las entidades de los niveles secundario y terciario de atención —hospitales regionales, universitarios y especializados— se integrará la junta, en forma tal, que un tercio de sus integrantes estén designados por la comunidad, un tercio de éstos representen el sector científico de la salud y un tercio de ellos representen al sector político administrativo. En desarrollo de lo previsto en el artículo 1º de esta ley, se reglamentarán los mecanismos de conformación, las funciones y funcionamiento de los organismos de dirección”.
ART. 192.—Dirección de los hospitales públicos. Los directores de los hospitales públicos de cualquier nivel de complejidad, serán nombrados por el jefe de la respectiva entidad territorial que haya asumido los servicios de salud, conforme a lo dispuesto en la Ley 60 de 1993 y a la reglamentación que al efecto expida el Gobierno Nacional de terna que le presente la junta directiva, constituida según las disposiciones de la Ley 10 de 1990, por períodos mínimos de tres (3) años prorrogables. Solo podrán ser removidos cuando se demuestre, ante las autoridades competentes, la comisión de faltas graves conforme al régimen disciplinario del sector oficial, faltas a la ética, según las disposiciones vigentes o ineficiencia administrativa definidas mediante reglamento del Gobierno Nacional.
PAR. 2º—Los directores de hospitales del sector público o de las empresas sociales del Estado se regirán en materia salarial por un régimen especial que reglamentará el Gobierno Nacional dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente ley, teniendo en cuenta el nivel de complejidad y el presupuesto del respectivo hospital.
2. El legislador puede crear, modificar u organizar nuevas formas de entidades descentralizadas. Las empresas sociales del Estado frente a la Constitución.
“ART. 194.—Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo”. (resaltado fuera de texto).
En el artículo 210 de la Constitución se ratifica que las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios solo pueden ser creadas por la ley o autorizadas por ésta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-408 del 15 de septiembre de 1994 (M.P. Dr. Fabio Morón Díaz), declaró la constitucionalidad de este tipo de entidades y señaló:
“Más aún, y de manera expresa el artículo 150 en su numeral 7º, otorga competencia al Congreso de la República para crear personas jurídicas que no correspondan a la tipología hasta ahora existente, cuando afirma que podrá mediante ley determinar “la estructura de la administración nacional”, con la creación, supresión o fusión de “otras entidades del orden nacional”. Además, tiene la ley la competencia de otorgar a las asambleas departamentales y a los concejos municipales funciones como las ordenadas en los artículos examinados, de disponer, que las entidades territoriales a través de esas últimas corporaciones creen, transformen o reestructuren las entidades encargadas de la prestación de servicios de salud, en empresas sociales del orden departamental o municipal, pues ellas están autorizadas para cumplir las funciones que les señale la ley, según lo dispone la Carta en los artículos 300-11 y 313-10, respectivamente.
De lo anterior, fluye lo infundado del cargo”.
3. Integración de las juntas directivas de los hospitales públicos y de las empresas sociales del Estado. Nombramiento y salario de sus directores.
“Lo inconstitucional es que la ley expropie de hecho a los hospitales públicos departamentales, distritales y municipales en sus dos terceras partes al disponer que la dirección de estas solamente en una tercera parte sea estatal”.
El actor utiliza indebidamente el término “expropiación”, que tiene en la Carta Política (art. 58) un alcance bien definido como modalidad orientada a quitar la propiedad particular sobre un bien por razones y con requisitos que la misma Carta indica, y que, por tanto, ningún sentido tiene dentro del contexto bajo examen, ajeno por completo a aquel derecho y a sus restricciones. Los bienes pertenecientes a los hospitales públicos o destinados a ellos siguen siendo de propiedad pública, así el sector político administrativo solo tenga una tercera parte en las juntas directivas que trazan las directrices básicas de su actividad.
Como se señaló anteriormente, es facultad del legislador no únicamente la de crear, suprimir, o fusionar entidades del orden nacional sino también la de fijar sus objetivos y estructura orgánica. Y si la Ley 10 de 1990 quiso que las juntas directivas de las entidades de salud tuvieran una integración que representara no solamente al sector político sino también al de salud —en el campo científico— y a la comunidad por partes iguales, en nada contraría esta disposición los preceptos constitucionales, pues el hecho de que el Estado tenga el deber de garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de salud no significa que deba manejar en forma directa a las instituciones prestadoras de ellos. Incluso, por mandato constitucional, el Estado se encuentra habilitado para contratar con particulares su prestación y en entidades privadas con las cuales establezca convenios es claro que no tiene mayor representación.
Se declarará exequible la norma demandada, pues en nada resultan desconocidos los postulados ni las disposiciones de la Constitución Política por la forma en que ha sido estructurada en aquélla la composición de las juntas directivas de los hospitales públicos. Por el contrario, en criterio de esta corporación, se realiza en el precepto acusado el principio superior que caracteriza la democracia colombiana como participativa (C.P., art. 1º), ya que no se remite a duda el interés de la comunidad en el buen manejo de las instituciones de salud, en especial si son públicas (C.P., art. 2º).
1. Declarar EXEQUIBLES el numeral 1º del artículo 19 de la Ley 10 de 1990 y los apartes demandados del artículo 192 de la Ley 100 de 1993, con excepción de las expresiones “definidas mediante reglamento del Gobierno Nacional”, pertenecientes a su inciso primero, que se declaran INEXEQUIBLES.
2. Respecto de la demanda incoada contra los numerales 3º y 4º del artículo 195 y en lo referente a la impugnación del artículo 197 de la Ley 100 de 1993, ESTESE A LO RESUELTO por esta Corte en Sentencia C-408 del 15 de septiembre de 1994.

References: ARTÍCULO 19
 ARTÍCULO 192
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 210
 artículo 150
 artículo 19
 artículo 192
 artículo 195
 artículo 197