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Presenta: Dip. Carlos Alberto García González (PAN- Tamaulipas) Objeto: - PDF
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José Luis Villalobos Robles
1 Proyectos Legislativos Instancia: Cámara de Diputados Fecha: 20 de noviembre de Tipo de Proyecto: INICIATIVA INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Presenta: Dip. Carlos Alberto García González (PAN- Tamaulipas) Objeto: Los estados y el Distrito Federal deberán enviar un informe a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, en los que se incluirá un apartado específico sobre indicadores de los resultados sobre el ejercicio de los recursos de todos los fondos de aportaciones federales, con los que se demuestre el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos de cada fondo por municipio y entidad federativa. De igual forma, en dichos informes se incluirán la unidad administrativa responsable de ejecutar el gasto y el detalle del presupuesto ejercido. El suscrito, Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 48 y 49, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con fundamento en la siguiente Exposición de Motivos En el país, la transparencia y rendición de cuentas son elementos esenciales para el buen funcionamiento de la administración pública federal, toda vez que otorgan certidumbre y legitimidad a las actividades que desarrolla el personal que ocupa algún puesto en el gobierno en todos los niveles. 1
2 En una nación como la nuestra, la participación ciudadana es trascendental en el desarrollo político, por lo que fomentar e impulsar mecanismos que permitan el acceso a la información se considera parte fundamental para consolidar la democracia que se ejerce en la vida cotidiana, teniendo siempre como principal finalidad que estas acciones vayan encaminadas a transformar el modo en que los servidores públicos desarrollan su trabajo cotidiano. No obstante lo anterior, debe entenderse que la transparencia y la rendición de cuentas, así como el acceso a la información, debe dirigirse tanto al interior, con los funcionarios que son encargados del manejo de la información; así como al exterior de la administración pública, con la difusión y garantía que se debe otorgar para que los ciudadanos hagan valer su derecho a ser informados, percatándose de que los funcionarios de todos los niveles velen en todo momento por el beneficio de la población. El país no contaba con una norma específica que permitiera la regulación de la transparencia, por lo que los ciudadanos no tenían mecanismos ni herramientas necesarias para saber cuál era el estado real de la gestión de los servidores públicos, incluyendo el gasto que realizaban las dependencias gubernamentales; motivo por el cual se creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, con la finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. Con la creación de este marco normativo se permitió accionar los mecanismos necesarios para garantizar la obligación del estado a fin de permitir el acceso a la información pública, teniendo como premisa fundamental el principio de máxima publicidad, de esta manera toda la información que emane de los organismos públicos, con excepción de los clasificados como reservados, podrá ser del dominio público a través de sus respectivos portales electrónicos. En la actualidad, diversos estados de nuestro país, lamentablemente, tienen enormes deudas originadas por préstamos que solicitaron años atrás, principalmente a la banca comercial, sin embargo el pago de éstas es cuestionable. Esos cuantiosos adeudos han sido contraídos por diferentes entidades, específicamente en los últimos seis años, motivo por el cual es necesario que a la brevedad 2
3 todos los servidores públicos encargados de la administración de esos préstamos que cometan u omitan alguna acción que se encuentre fuera de lo permitido, sean sujetos a una sanción. En relación con lo anterior podemos mencionar datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los cuales se deriva que Coahuila, Michoacán, Veracruz y Zacatecas son algunas de las entidades con mayor endeudamiento. En 2011, la calificación presentada en cuanto a percepción de corrupción que otorga Transparencia Internacional a México, lo sitúa en el lugar 100 de 183 países, reflejando que se debe llevar a cabo la tarea pendiente que tenemos los legisladores, así como gobiernos estatales y municipales, por generar las herramientas necesarias que cambien esa percepción en los ciudadanos. Con la participación de cinco naciones en 2011, México se colocó con 45 puntos en la tercera posición en el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, una disminución en comparación con 2009, en el cual nuestro país obtuvo el peor resultado en los últimos seis años, situándose con 48 puntos. Por lo anterior, como legisladores debemos establecer las bases para que el endeudamiento de cualquier entidad, tenga como principal objetivo un proyecto productivo que refleje un impacto a favor de la ciudadanía, además de permitir que los gastos en todo momento se puedan consultar, fomentando una cultura de transparencia en el gasto público. Para ello, los ciudadanos deben contar con herramientas que les permitan evaluar la aplicación del presupuesto destinado a satisfacer sus principales necesidades. La Ley de Coordinación Fiscal prevé que los estados y el Distrito Federal rindan informes al Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de aportaciones federales correspondientes al ramo 33, sin embargo no especifica qué información deberán contener dichos informes, por lo que al ser la ley que establece las reglas en que serán repartidos los recursos, debe contener las bases mínimas que detallen su ejecución, con al menos dos elementos fundamentales que demuestren su real aplicación: la unidad administrativa que ejecutó el presupuesto y el detalle de su aplicación. 3
4 Aunado a los informes cuantitativos que los estados deben rendir, es necesario que a fin de fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, se exija a los estados que informen de los avances y resultados de la aplicación de los fondos transferidos. Resulta trascendental adecuar todos los marcos de actuación presupuestal, siendo indispensable para ello es indispensable modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en el capítulo III del título IV establece la transparencia e información sobre el ejercicio del gasto federalizado, pero que de igual manera que la Ley de Coordinación Fiscal no especifica los contenidos mínimos de los informes que entreguen los estados al Ejecutivo federal. A fin de que se disponga de un sistema de información más eficaz y oportuno que permita conocer el estado del ejercicio del gasto de los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal en turno, se presentan modificaciones de las leyes referidas para que dicha información se haga llegar, además de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Auditoría Superior de la Federación. Con esto durante cada año se conocerán los resultados y el efecto que el gasto público del ramo 33 tiene en los estados y los municipios y no hasta que se realice la revisión de la Cuenta Pública. Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 48 y 49, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, y la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Primero. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 48 y la fracción IV del artículo 49 de la Ley Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: Artículo 48. Los estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Auditoría Superior de la Federación, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere este capítulo. En los informes se incluirá un 4
5 apartado específico sobre indicadores de los resultados sobre el ejercicio de los recursos de todos los fondos de aportaciones federales que indica el artículo 25 de la ley, con los que se demuestre el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos de cada fondo por municipio y entidad federativa. De igual forma, en dichos informes se incluirán la unidad administrativa responsable de ejecutar el gasto y el detalle del presupuesto ejercido. Para los efectos del párrafo anterior, los estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información relativa a la entidad federativa, como la de sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales para el caso del Distrito Federal, en los fondos que correspondan, así como un apartado específico con los resultados obtenidos que indiquen el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos de cada fondo; asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. Artículo I. a III.... IV. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo federal cumplieron las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los recursos de los fondos a que se refiere este capítulo, la misma se realizará en términos del título tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y tomará en cuenta la información que se señala en los dos primeros párrafos del artículo 48 de la presente ley. Segundo. Se reforman los tres primeros párrafos de la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 5
6 Artículo I.... II. Las entidades federativas enviarán tanto al Ejecutivo federal, de conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la secretaría, como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Auditoría Superior de la Federación, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos. En los informes se incluirá un apartado específico sobre indicadores de los resultados sobre el ejercicio de los recursos de todos los fondos de aportaciones federales que indica el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, con los que se demuestre el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos de cada fondo por municipio y entidad federativa. De igual forma, en dichos informes se incluirán la unidad administrativa responsable de ejecutar el gasto y el detalle del presupuesto ejercido. Para los efectos del párrafo anterior, los estados y el Distrito Federal reportarán la información relativa a la entidad federativa así como la de sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales para el caso del Distrito Federal, en los fondos que correspondan, así como un apartado específico con los resultados obtenidos que indiquen el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos de cada fondo; asimismo, remitirán toda la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 20 de noviembre de
7 Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica) 7

References: artículo 85
 artículo 85
 artículo 48
 artículo 49
 Artículo 48
 artículo 25
 artículo 48
 artículo 85
 artículo 25