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Timestamp: 2019-09-18 19:41:12+00:00

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CPAL Social || Cese la represión - Análisis de las condiciones de vida en Venezuela
Cese la represión - Análisis de las condiciones de vida en Venezuela
En Venezuela, la actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas “para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”, autorizada por la Resolución N° 8610, revela un proceso progresivo de restricción del derechos a manifestarse y la cristalización jurídica de una política de Estado represiva por encima de los derechos humanos: “43 fallecidos (10 funcionarios), 878 heridos (278 funcionarios), 3.351 personas aprehendidas en total (1.436 causas sobreseídas, 1.402 personas acusadas. Quedan todavía 41 personas privadas de libertad, 238 averiguaciones iniciadas por presuntas violaciones a los DD.HH. y quedan 22 averiguaciones abiertas". Por Centro Gumilla, Sic Semanal. Marzo 2015.
El general en jefe Vladimir Padrino López, dictó la Resolución No. 8610, publicada el 27 de enero de 2015 en Gaceta Oficial No. 40.589. Según la normativa, su propósito es regular la actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones.
Para SIC, el objeto mismo de esta Resolución está en contravía del marco constitucional vigente y de los estándares internacionales de derechos humanos que ponen coto a la actuación de las Fuerzas Armadas en el control del orden público y la convivencia ciudadana.
Este ámbito es competencia de los cuerpos policiales, y justificar por vía normativa el rebasar los límites de actuación de la FANB es un indicio claro de militarización de la convivencia ciudadana, porque se considera a la sociedad civil enemiga potencial de los intereses de la nación; más aún cuando en los artículos 5.5 y 15.9 se valida el uso de armas de fuego contra las manifestaciones de civiles. El artículo 332 de la Constitución nacional es muy claro: ”Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”.
La citada Resolución es la punta del iceberg de un proceso de progresiva restricción del derecho a manifestarse, y la cristalización jurídica de una política de Estado represiva, enmarcada en un régimen que privilegia la seguridad nacional por encima de los derechos humanos. Recordemos que de 1999 a 2002, bajo la sombra de los sucesos del Caracazo (1989), la línea fue crear una nueva imagen de las FANB, más cercana al pueblo y menos represiva, desmarcada de la brutal masacre que representó el Caracazo; por ello, ante las protestas que se sucedieron, hubo una política de tolerancia y reconocimiento del derecho expresado por el propio presidente de la República, comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías, al afirmar que no existía permiso a manifestar porque el permiso lo concedía la Constitución. Para el momento, la no intervención de las FANB en el orden interno era una clara política de Estado.
Después, a medida que se han ido cerrando los espacios de diálogo y participación, el Gobierno ha ido diseñando tácticas de control ciudadano que han limitado el derecho humano a protestar y expresarse públicamente.
El embudo cala bien como imagen plástica para visualizar el proceso del Estado venezolano ante el derecho a protestar. Aunque en 2002 se decretan las zonas de seguridad en la ciudad de Caracas, restringiendo geográficamente el derecho a manifestar, para Provea, en su informe de 2010, es en el año 2005 donde ocurre el punto de inflexión en el proceso de restricción al derecho a protestar:
Desde 1999 hasta 2004 se mantuvo una conducta de respeto gubernamental a la protesta, con un índice bajo de represión a pesar de los altos niveles de polarización política de 2001, 2002 y 2003. Esta tendencia se transforma aproximadamente en los últimos cinco años (2005), con un énfasis destacado de la protesta social expresiva de un malestar de la población al no encontrar en las vías institucionales respuestas a sus problemas o por la necesidad de exigir derechos. Esta etapa se concretiza, a diferencia de la anterior, por un incremento de la represión a las manifestaciones y por el uso de la administración de justicia para criminalizar la protesta.
La reforma del Código Penal en el año 2005 marca un hito en la tendencia a ir estrangulando progresivamente el derecho a manifestar. En sus artículos 143 y 357, da pie a interpretaciones discrecionales por parte de algunos funcionarios públicos. Fue el caso de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, en agosto de 2009, que llegó a amenazar públicamente con aplicar el delito de rebelión civil a quienes manifestaron contra la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Al Código Penal se le irán sumando, entre otros, el artículo 52 de la Ley de Seguridad y Defensa y el 74 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre (2008). Este último exige el permiso concedido por la autoridad competente, violando la norma constitucional; y en esta misma línea se inscribe la Sentencia 276 del Tribunal Supremo de Justicia del 24 de abril de 2014. Todas estas normativas, entre otras, confluyen en un mismo objetivo: criminalizar la protesta y restringir el derecho a manifestarse.
El pueblo, un cuero seco
Pese a estas medidas, el pueblo siguió saliendo a la calle a exigir derechos muy concretos como salud, vivienda, seguridad, transporte, etcétera. Antes de los sucesos de febrero-marzo de 2014, el número de protestas sociales pacíficas en torno a exigencias muy concretas, desmarcadas de proyectos políticos, había llegado a niveles altísimos, cuyo pico fue el año 2012 con 5 mil 483 manifestaciones. En febrero-marzo, La estrategia de La salida como táctica política opositora desmovilizó a los sectores populares, quienes no vieron representados sus intereses y modos de lucha en ese tipo de liderazgo. La violencia política tomó las calles y los sectores populares y sus organizaciones se replegaron ante una lucha que consideraron ajena a sus intereses. Harina de otro costal.
En este contexto, el Estado mostró su pie de fuerza y violó masivamente los derechos humanos. Ahora, a un año de estos sucesos, la fiscal general Luisa Ortega Díaz da cuenta de:
43 fallecidos (10 funcionarios), 878 heridos (278 funcionarios), 3.351 personas aprehendidas en total (1.436 causas sobreseídas, 1.402 personas acusadas, 6 con archivo fiscal, 507 en investigación). Quedan todavía 41 personas privadas de libertad (14 son funcionarios, 29 civiles, de los cuales 2 son estudiantes), 238 averiguaciones iniciadas por presuntas violaciones a los DD.HH. y quedan 22 averiguaciones abiertas.
Son cifras oficiales; sin embargo, dramáticas. Estos números no dan cuenta del sufrimiento infligido a los injustamente privados de libertad, a los torturados, y a todas sus familias que viven la cotidianidad como un calvario. Los familiares de las víctimas siguen clamando por verdad, justicia y reparación, respeto al debido proceso y un trato humano y justo para quienes se encuentran aún privados de libertad. Mientras tanto, como respuesta a la debacle que vive el país, obsesivamente sordo, el gobierno diseña nuevas estrategias de represión, expresadas como un indicador en la Resolución No 8.610, donde valida la actuación de las FANB y el uso de armas de fuego contra civiles, a contravía de la Constitución y los convenios internacionales en materia de DD.HH.
Monseñor Romero nos ilumina
El papa Francisco reconoció recientemente a monseñor Romero como mártir de la fe y la justicia. Él vivió su fe en un país en guerra civil. Brindó como hermano palabras certeras para cada uno de los actores del conflicto fratricida. Abogó por el derecho a la autonomía de las organizaciones del pueblo y el derecho a manifestarse pacíficamente. Llamó insistentemente al diálogo y a una salida negociada, condenando el uso de la violencia tanto de los que sustentaban el poder, como de los que luchaban por cambiar el orden establecido.
Hizo un llamado a la conciencia de los soldados del ejército, para que desobedecieran cualquier orden contraria a la ley de Dios: ”No matar”. Les recordó con paternal amor que son hijos y hermanos del pueblo y concluyó su homilía implorando: ”En nombre de Dios, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos clamores llegan al cielo, cada día más tumultuosos, en nombre de Dios, les suplico, les ordeno, cese la represión”. Las palabras de Romero, son nuestras hoy.
Ofrecemos al lector las conclusiones del primero de los temas del estudio Análisis de las condiciones de vida de la población venezolana 2014, presentado en un foro en la UCAB el 29 de enero. Los demás temas se irán presentando en la UCV y en la USB a lo largo de este año 2015. Este artículo será publicado en la Revista SIC del mes de marzo 2015, pero quisimos brindar con ustedes un adelanto. Francisco Javier Duplá s.j.*
Desde 1998 no se hacía un estudio parecido sobre las condiciones de vida de la población venezolana. El trabajo presentado en el foro por Luis Pedro España sobre la situación social y las misiones, Roberto Briceño-León sobre la seguridad personal y Genny Zúñiga sobre las claves del empleo, se basa en los resultados de una encuesta de hogares por muestreo –mil quinientos en todo el país–, realizada en agosto y septiembre de 2014 con apoyo de Cisor, institución que hizo el trabajo de campo.
1. La situación social y las misiones
La situación de pobreza no ha mejorado entre 1998 y 2014, sino que ha empeorado. Hace 16 años había 45 % de hogares en situación de pobreza, que ha subido a 48 % en 2014. Un gran total de 3 millones 538 mil 830 hogares, de los cuales cerca de 1 millón 700 mil están en pobreza extrema. Entre 2004 y 2007 la pobreza se redujo gracias a la orientación inicial de las Misiones, pero actualmente el deterioro de la capacidad adquisitiva ha pasado una fuerte factura a los pobres.
La medición no se refiere solamente a la canasta básica alimenticia, sino a las condiciones de vivienda y a la salud. ”Las familias que no obtienen suficiente dinero a través del salario, bonos, becas, pensiones, para comprar cada mes una canasta de alimentos básicos que permitan a cada integrante ingerir al menos 2 mil 200 calorías diarias son catalogadas como pobres extremos. Luego, las familias en las que su ingreso no les permite costear una canasta que añade a los alimentos básicos servicios esenciales como luz eléctrica y transporte son pobres” (Víctor Salmerón).
Como afirmó Luis Pedro España, ”tenemos por delante nuevos pobres, 33 % del país ha caído en pobreza y la pregunta es qué vamos a hacer con esa población. Si la economía del país reaccionara saldría con relativa rapidez de la pobreza, pero si eso no ocurre y seguimos empecinados en cerrar los ojos, este 33 % de nuevos pobres tienen el riesgo de convertirse en pobres estructurales y eso es lo que hay que evitar”. La crisis que se manifestó con virulencia a fines de 2014, hará la vida mucho más difícil en el 2015.
¿Y las Misiones? ¿Han podido reducir la pobreza? Sí, en los años antes mencionados, pero no ahora. Algo no sabido que revela la encuesta es que apenas 10 % de la población ha sido beneficiado por ellas. Pero algo peor es que las misiones han cambiado de población a la que benefician: de ser programas de atención a los excluidos pasaron a ser programas de atención a la generalidad. El 49 % de los beneficiados no son pobres, y los que viven en pobreza crítica solo son atendidos en 8,4 %. Es decir, las misiones tienen poca cobertura y hay muchos infiltrados. Un total de 57 % de los encuestados querrían ser beneficiarios de las misiones; de estos, 41 % querrían ser beneficiarios de la misión vivienda.
Los programas de ayuda se han ido politizando, porque se conciben como un favor a la población y no como un derecho. Cuatro de cada diez encuestados manifiestan que las misiones son solo para partidarios del Gobierno y uno de esos cuatro está de acuerdo con esto, que coincide con los sectores más pobres.
En definitiva, las misiones abarcan menos gente de la que se cree. Han ido disminuyendo en su cobertura y son sobre todo un hecho comunicacional. No fueron concebidas para la superación de la pobreza porque no mejoran el esfuerzo productivo, sino que acentúan la dependencia.
2. La seguridad personal
La seguridad personal es un derecho básico y fundamental que comprende el derecho a la vida, a la integridad física, a una vida libre de miedos y a la libertad. Venezuela se ha convertido en uno de los países con mayor inseguridad en el mundo, con más de 25 mil víctimas mortales el último año, de las cuales más de 90 % son hombres. Se calcula que por cada muerto hay entre tres y cuatro lesionados, por lo que habría en el país, en un solo año, entre 75 mil y 100 mil lesionados.
En la encuesta se interrogó a las personas sobre cómo perciben estos hechos. Ocho de cada diez opinan que la violencia ha aumentado en el país en general, y seis de cada diez afirman que ha aumentado también en la comunidad que les rodea. Uno de cada seis manifiesta que ha sido víctima de un delito en los últimos doce meses. Seis de cada diez delitos no se reportan. Uno de cada diez hogares fue polivictimizado, es decir, objeto de más de un delito, y en uno de cada tres hogares alguno de sus miembros fue víctima.
Un total de 50 % manifiesta miedo de ser robado en su casa, cifra que asciende a 64 % si se trata de la calle. Peor aún: 80 % tiene miedo a ser asaltado en un transporte público, algo que afecta más –como es evidente– a las clases populares. Los pasajeros esconden los celulares, las ganancias del día, cualquier objeto de algún valor cuando se montan en los autobuses urbanos. Sienten que las actividades cotidianas están amenazadas y tienen que recortarlas con frecuencia, sobre todo en la calle.
Uno de cada tres siente la necesidad de mudarse de barrio, aunque muchos luego regresan al ver que es similar la situación en otras partes. El delito está presente y es cercano, es fácil conseguir la droga. ¿Y qué hace la policía? El 74 % siente que están desprotegidos, e incluso 15 % cree que la policía está implicada en delitos.
Nueve de cada diez personas consideran de regular a muy malo el trabajo de la justicia penal y, como buena noticia, dos de cada tres confían en la ayuda de los vecinos, lo cual es indicio de aumento de la cohesión social frente a la amenaza. En el año 1998, por cada cien asesinatos había 118 personas arrestadas, cifra que ha bajado a ocho por cada cien asesinatos en 2014.
No hay calidad de vida. Como reacción ciudadana, se privatiza la seguridad y se privatiza la justicia. La gente paga por defenderse o por vengarse cuando no ven que la justicia actúa. La incapacidad del Gobierno por defender al ciudadano lleva a la anarquía social.
3. Las claves del empleo
El empleo debería dar lugar a mejores condiciones de vida y de desarrollo individual. El desempleo, por su parte, sirve de medición de las condiciones del mercado laboral; es decir, de la relación entre la oferta y la demanda.
La medición del desempleo es variada según los países. Estar empleado puede significar que la persona tiene al menos una hora de trabajo remunerado a la semana, de lo cual no puede vivir, por supuesto. Estar empleado puede significar tener un subempleo o empleo precario, una jornada laboral incompleta, de menos de treinta horas, o también una ocupación parcial de menos de quince horas a la semana. Por eso las comparaciones no son fáciles.
La encuesta dio que hay 7 % de desempleo, en el que no se cumple ninguna de las condiciones de empleo anteriormente mencionadas. El desempleo y el empleo precario están relacionados con el nivel educativo y suben al 20 % de los jóvenes entre 15 y 24 años, con menos de diez años de escolaridad. De ellos, 65 % dejó los estudios antes de los 15 años, una tercera parte porque fueron a trabajar, pero la mayoría por fracaso escolar e inasistencia, caldo de cultivo para la delincuencia. Hay también sobreocupación de hasta 48 horas semanales, por razones de baja remuneración. La Ley del Trabajo es restrictiva para los empleadores, lo que favorece un trabajo de menor calidad, permisos y ausencias laborales por diversas justificaciones, no siempre verdaderas.
En el sector público está ocupado 36 % de los trabajadores y en el sector privado 26 %. Hay que decir que en todos los países los asalariados de los entes públicos son muchos menos que los dependientes de la empresa privada. Además de los asalariados en nómina, hay 31 % que trabaja por cuenta propia, 17 % vendedores y 13 % de menor rango.
La función social del trabajo es proteger, asegurar la vida de la persona y su familia. Pero en Venezuela solo 38 % de los trabajadores están asalariados a tiempo indefinido y 25 % por un acuerdo o contrato verbal, sin beneficios sociales. Solo 20 % está afiliado a una representación laboral como el sindicato, que puede promover los derechos del trabajador. Los ingresos de la mayoría están cercanos al salario mínimo, que cada vez es más insuficiente para satisfacer las necesidades básicas.
Las conclusiones de este trabajo se pueden formular de la siguiente manera:
Con relación al primer tema, la pobreza no fue eliminada por las misiones, sino que esta ha aumentado en los últimos años. Las misiones ayudan a un pequeño porcentaje de la población y han desvirtuado su población-objeto. Las perspectivas para el futuro son muy malas, a no ser que cambie la política económica del Gobierno, que es el responsable principal de la marcha del país. Se impone diseñar un auténtico plan de superación de la pobreza basado en el esfuerzo y la productividad de todos, entes públicos y privados, idea que ha sido combatida por el Gobierno hasta ahora.
En cuanto a la seguridad personal, en Venezuela, unos pierden la vida; otros, los sobrevivientes, hemos perdido la calidad de vida y la libertad. Hay miedo y las salidas del hogar son las estrictamente necesarias. No se confía en la protección de la policía ni en las instituciones de justicia.
La situación del empleo es muy precaria. Es menor el número de personas ocupadas por la empresa privada que por la pública, lo cual constituye una distorsión del sistema productivo. Los tipos de desempleo disimulado son muchos, porque la gente se rebusca como puede, dada la precariedad e inseguridad de los salarios. La gente se siente desprotegida en este punto.
Francisco Javier Duplá s.j.: Profesor de la UCAB y exdirector de la Escuela de Educación de la UCAB.
Editorial SIC 772: Cese la represión: Clic Aquí
Venezuela 2014: análisis de las condiciones de vida: Clic Aquí

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 Resolución 
 artículo 332
 Resolución 
 artículo 52
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