Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/61612
Timestamp: 2019-10-17 18:20:38+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/1SPO-114/61612
Propone incluir como fin de la educación, la utilización de internet y tecnologías de la información similares, así como procurar la provisión de medios para el ejercicio de ese derecho.
It proposes to include as education, use of the Internet and technologies like information and ensure the provision of means for the exercise of that right.
La suscrita, María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 7 DELA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:
De acuerdo con la UNESCO, la educación es un instrumento poderoso que permite a las personas de escasos recursos salir de la pobreza de manera autónoma y participar activamente con su comunidad generando posibilidades de detonar el desarrollo de cada país.
Con el paso del tiempo, la concepción de este derecho se ha ido transformando y evolucionando de acuerdo al momento histórico y las condiciones o necesidades de cada etapa. En la actualidad, el desarrollo de nuevas tecnologías, la globalización y la facilidad para acceder a estos recursos ha permitido que la información se masifique, y pasemos de modelos educativos tradicionales en los que solo se requerían profesores, libros y pizarrones a la implementación de los modernos recursos como el internet, tabletas y una gran interacción de múltiples equipos informáticos que facilitan y enriquecen la tarea del aprendizaje.
Hoy no basta con tener aulas equipadas con la indumentaria tradicional, ni siquiera es suficiente conseguir que se matricule cada vez a más estudiantes, si en verdad queremos garantizar que este derecho se cumpla y que las personas obtengan la información necesaria para ser competitivos y disfrutar de una vida plena, necesitamos crear la infraestructura adecuada en cada centro educativo y articular las políticas públicas que generen el escenario idóneo para que esto suceda.
No solo es el entorno físico lo que debe cambiar, sino también las reglas en la materia, debido a que no solo se modificó la tecnología disponible, también cambio para siempre el concepto mismo de acceso a la información.
Hoy debemos vigilar una evolución integral que garantice que todas y todos puedan obtener el conocimiento por igual, sin que estas herramientas, sean la causa de una nueva brecha digital, en donde solo unos cuantos tengan la facilidad para conectarse a internet, usar una computadora u obtener el libre acceso a la información.
En todo el mundo miles de estudiantes y profesores usan internet en su formación, pese a ello, en las naciones más pobres aún es difícil poder aprovechar esta herramienta, situación que produce desigualdad a pesar de ser una gran oportunidad de mejorar el procedimiento de aprendizaje y preparar a los estudiantes para el futuro.
Es elemental hacer notar que el acceso a la educación va ligado al acceso a la información, es decir, son procesos conjuntos que deben acompañarse para conseguir resultados óptimos y permitir el pleno goce de estos derechos. Hoy en día la mayoría de los países han reconocido que es indispensable buscar mecanismos que faciliten la transparencia y la obtención de datos de cualquier índole, atendiendo a diversos tratados internacionales y buenas prácticas en la gestión pública.
El derecho de acceso a la información está considerado dentro del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas así como por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde además se considera el derecho de investigar y recibir información por cualquier medio de expresión.
La legislación en esta materia, sostiene que toda la información en poder de los gobiernos e instituciones gubernamentales es, en principio, pública, y su protección se encuentra plasmada en distintos instrumentos internacionales.
En el caso de nuestro país, a pesar de estar plasmado este derecho en el artículo 6º de nuestra Constitución, fue hasta junio de 2003 con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamentalcuando se pudo materializar el esfuerzo conjunto de la sociedad civil y la voluntad política para llevar a cabo esta ley, sin embargo, aún faltan enormes esfuerzos de armonización legislativa para garantizar que esto sea una realidad.
El Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, formulado por el Centro de investigación Fundar, que mide la calidad de las leyes de transparencia con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia, señala que la calificación promedio nacional es de 5.1 siendo el 10 la mayor calificación posible, es decir, aún estamos reprobados en esta temática.
De esta manera, siendo el internet un elemento esencial para acceder a la información en estos tiempos, está claro que a pesar de que existen más mexicanos conectados cada año, la cifra de quienes no cuentan con el servicio es enorme; datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2015, señala que alrededor de 46.3 millones de personas no tienen forma de usar la herramienta, siendo los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca la entidades con más rezagos.
Por lo tanto, aunque incrementa el número de cibernautas en el país, este proceso no es producido de manera homogénea, generándose una nueva desigualdad social del siglo XXI, en donde el Estado es partícipe si no toma las medidas necesarias para frenar esta situación.
Esta realidad no solo está presente en los hogares, sino en cientos de escuelas de todo el territorio nacional, como lo revelo el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial del 2013, donde los resultados arrojaron que solo el 31% de escuelas cuentan con acceso a internet y el 56% tiene equipo de cómputo en funcionamiento, por lo que se violentan una serie de derechos fundamentales para nuestros estudiantes.
Ante esta situación, se debe profundizar el esfuerzo realizado para atender las necesidades tecnológicas de nuestras escuelas garantizando el pleno respeto a los derechos y las condiciones para hacerlos valer. Se debe aprovechar el enorme potencial de instrumentos como el internet, que contribuyen a apoyar la educación y el aprendizaje de las personas en una sociedad donde los contrastes y la pobreza están generando enormes brechas.
Hoy, la educación va acompañada de múltiples elementos, que de utilizarse adecuadamente, gestarán un futuro incluyente con más oportunidades.
Usar el internet y maximizar su impacto en la población, permitirá que derechos fundamentales sean una realidad, tal como lo propone estaIniciativa.
A todos los sectores deber interesar el destino de nuestrogran país y de nuestro modelo educativo.
XIV Bis. a XVI. (…)
XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información públicagubernamental por medio de internet y tecnologías de la información similares y de las mejores prácticas para ejercerlo, procurando la provisión de medios para el ejercicio de este derecho.
ÚNICO. Se REFORMA la fracción XIVdel artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar de la forma siguiente:
XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental por medio de internet y tecnologías de la información similares y de las mejores prácticas para ejercerlo, procurando la provisión de medios para el ejercicio de este derecho.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, los30 días del mes de marzo de 2016.

References: artículo 71
 artículo 8
 ARTÍCULO 7
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 7