Source: https://murrizketarikez.wordpress.com/2012/12/13/
Timestamp: 2019-07-16 00:50:36+00:00

Document:
13 | diciembre | 2012 | Murrizketarik Ez
¿Deben los poderes públicos vascos suprimir las pagas extraordinarias so pena de ser imputados por prevaricación?
Iturria: Iñaki Lasagabaster Herrarte, Catedrático UPV/EHU / Deia.com – 2012/12/02
No hay que ir muy lejos en las resoluciones de los tribunales para encontrar supuestos en los que el gobierno del Estado ha decidido, sin ser competente, sobre una cuestión
LA respuesta a esta cuestión esconde aspectos de índole teórica y otros más prácticos, vinculados a su puesta en práctica y sus consecuencias. Desde un punto de vista teórico hay que empezar por plantear el asunto debidamente para que el lector pueda seguir el argumento con todos los datos necesarios a su disposición y pueda comprenderlo fácilmente, teniendo en cuenta la aridez que acompaña a ciertas cuestiones jurídicas.
La supresión de la paga extraordinaria está recogida en el Real Decreto Ley 20/2012, donde se establecen una serie de medidas para la reducción del gasto público, especialmente centradas en la limitación de ingresos de los empleados públicos, así como en la reducción de derechos sindicales, especialmente los vinculados con la negociación colectiva. Esta supresión de la paga extraordinaria contenida en el Real Decreto Ley estatal es contraria a otras disposiciones legales que la establecen. En concreto, es contraria al Estatuto Básico del Empleo Público, a la Ley de la Función Pública vasca y a la Ley de la Función Pública de la CA de Nafarroa.
La contradicción entre estas leyes presenta problemas de diferente contenido, que podríamos dividirlos en dos tipos:
1) Los relativos a la competencia del Estado para dictar ese Real Decreto Ley, en especial mediante ese tipo de norma, si esa norma es básica y si entra dentro de una competencia estatal.
2) Los relacionados con la forma en que esa ley se aplica, es decir, si las administraciones públicas están obligadas a aplicarlos, a pesar de que consideren la norma inconstitucional.
Las consideraciones que se han podido leer en la prensa sobre el primer punto no han entrado al fondo del asunto debidamente. En primer lugar, porque entiendo que no han elegido de forma adecuada las normas en conflicto. No se trata de una contradicción entre el Real Decreto Ley estatal y la Ley de Presupuestos. Esta última habilita el gasto, pero no los derechos que corresponden a los empleados públicos. Esto último está regulado en la Leyes de Función Pública estatal y autonómicas, pero no en las leyes presupuestarias, que se limitan (lo que no es poco) a establecer el quantum global. Los derechos de los empleados públicos resultan de la conjunción de las normas de función pública y de las presupuestarias, entendiendo entre las primeras no solamente las leyes, sino también los acuerdos sindicales.
Avanzando algo más en este argumento, el Real Decreto Ley 20/2012 puede estimarse inconstitucional. Los argumentos que sustentan esta afirmación son varios. En primer lugar, la condición de básica de la medida de supresión a la luz del monto de la reducción, así como de la forma. Es decir, que el legislador estatal podrá plantear una reducción del gasto público, pero no la forma concreta de hacerlo, es decir, las partidas a las que se puede afectar. El legislador estatal no puede utilizar el Real Decreto Ley como una forma de establecer lo básico, especialmente sin existir una situación de extraordinaria y urgente necesidad que legitime el dictado de una norma de ese tipo. El Real Decreto Ley en cuestión va frontalmente en contra de los derechos sindicales, algunos de ellos garantizados como derechos fundamentales.
Hay otro tema teórico de especial enjundia que se entiende no ha sido tratado con el suficiente rigor, atendiendo a lo que se ha dicho en las noticias de prensa o referencias encontradas en internet que, aunque realizadas en algunos casos por especialistas o profesores universitarios, no son propiamente trabajos científicos. Este tema no es otro que la forma de resolver la contradicción entre una ley estatal y una autonómica, cuestión sobre la que se han hecho afirmaciones que llevarían a un colapso del sistema y a su imposibilidad de funcionamiento. Entiendo que dejar el argumento aquí es insatisfactorio, pero su análisis es demasiado complejo para liquidarlo en un artículo de prensa cuya finalidad es otra, en concreto dar respuesta a la pregunta que lo encabeza. ¿Si los poderes públicos vascos no suprimen la paga extraordinaria están prevaricando?
La respuesta es claramente negativa. La prevaricación es un delito en el que un funcionario público o autoridad, sabiendo que es injusta, dicta una resolución arbitraria. Pues bien, si un consejero del Gobierno vasco, un diputado foral o alcalde, o el rector de la Universidad deciden ingresar a sus empleados la llamada paga extraordinaria de Navidad, ¿podrían ser imputados como autores de un delito de prevaricación?
La pregunta no es un ejercicio académico, ya que el Estado ha amenazado con la artillería jurídica, eso es el Derecho penal, diciendo que el incumplimiento del Real Decreto Ley sería constitutivo de un delito de prevaricación.
Para resolver sobre esta cuestión conviene situar los hechos debidamente.
Los diferentes poderes públicos aplican en su actuación normas muchas veces discutidas. No otra cosa se pone de manifiesto en los conflictos sobre los que resuelve el Tribunal Constitucional o en las sentencias de los tribunales de lo contencioso-administrativo. Tal como sucede en este caso, puede haber una administración que entiende aplicable una norma y otra administración la contraria. También hay muchos casos en que las administraciones aplican indebidamente sus normas sin que en esos casos pueda imputárseles la comisión de un delito de prevaricación. Si se persiguiese a los gobernantes con una interpretación laxa y fácil de la prevaricación, nadie se sentaría en la silla de gobierno. Hasta la propia jurisdicción contencioso-administrativa perdería sentido a favor de la jurisdicción penal, lejos del principio de intervención mínima que rige en esta última. Pero avancemos un poco más en la argumentación.
Si el lehendakari actual o los miembros de su gobierno son los responsables del pago de las nóminas, es poco creíble que el Gobierno del Estado pueda acudir a los tribunales aduciendo la comisión de un delito de prevaricación. No hay que ir muy lejos en las resoluciones de los tribunales para poder encontrar muchos supuestos en los que el Gobierno del Estado ha decidido, sin ser competente, sobre una cuestión. Por cierto, aunque sea una pequeña digresión, aquí está una gran diferencia entre un Estado federal y el Estado de las Autonomías. ¿Alguien cree simplemente factible que el presidente americano o la canciller alemana guiaran su política interna persiguiendo penalmente al gobernador de California o al jefe de gobierno de Baviera? En los federalismos se conoce muy bien otro principio que es el de la dignidad de los Estados, de los pueblos, que en otro momento habrá ocasión de analizar.
Pero bajemos un escalón. Si analizamos la cuestión desde la perspectiva de las diputaciones, ayuntamientos o desde la universidad, la situación es otra. Se ha dicho que los representantes de estas instituciones están sometidos a la ley y que, por tanto, no tienen más remedio que cumplirla. El dilema que estos responsables políticos tienen es el siguiente: Puede ser que una ley o norma reglamentaria tenga un contenido que ellos estiman inconstitucional o ilegal. Frente a ella tienen una única salida, que es aplicarla, o ¿pueden de alguna manera oponerse a su aplicación? Los representantes de las diputaciones, ayuntamientos o de la universidad podrían no aplicar esas normas que estiman inconstitucionales o ilegales, y el Gobierno estatal debería acudir a los tribunales, pudiendo, mediante los procedimientos legalmente previstos, provocar que los tribunales determinen la razón jurídica. Por otra parte, no hay que olvidar que ni las diputaciones, ni los ayuntamientos, y desde luego la universidad, no pueden impugnar ese Real Decreto Ley estatal, al no estar legitimados. La única forma de defenderse contra esa norma inconstitucional es precisamente no aplicarla y que los tribunales sean los que determinen la norma que finamente deba ser aplicable. Esto significa que existe una disputa jurídica, que no tiene nada de injusta ni de arbitraria.
Para acabar, quisiera señalar que en esta materia ha habido una sobreactuación política. Quiero decir que los responsables políticos de las diferentes instituciones vascas no han actuado en la defensa de los intereses de la ciudadanía vasca, sino de acuerdo con estrategias de partido. De esta forma, una vez más, se consigue que la ciudadanía se aleje de la política. Por otra parte, blandir el Código Penal para hacer la propia política no es ciertamente el procedimiento más democrático, entre otras cosas porque ante una desavenencia entre dos ámbitos de responsabilidad política, donde el Estado ha omitido todo intento de acuerdo, la salida a este conflicto debe darse en clave judicial, pero de los tribunales ordinarios, no de los penales. Nuevamente estamos en este punto ante otra cuestión: la calidad de la democracia. Que cada persona le ponga la nota que considera merece.
Guardian Llodio sustituye el ERE de extinción por uno temporal de 45 días de suspensión anuales por cada trabajador
La empresa alavesa Guardian Llodio ha propuesto a sus trabajadores sustituir el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción presentado inicialmente y que suponía el despido de 139 trabajadores, por otro ERE temporal que afectaría a toda la plantilla y que supondría la suspensión de 45 días al año por cada trabajador.
En un comunicado, la empresa ha dado a conocer la propuesta que ha planteado al comité de empresa en la quinta reunión de la mesa de negociación del ERE que se ha celebrado este jueves.
Según ha informado, el consejero delegado de Guardian Llodio, Jesús Urien, ha conseguido el “apoyo” de la dirección mundial de Guardian Industries para resolver el conflicto en el que se haya la planta alavesa por la negociación del convenio y el ERE de extinción de empleo planteado el pasado 22 de noviembre.
De esta forma, la dirección de Llodio cuenta a partir de ahora con “flexibilidad” para afrontar las negociaciones con respecto a los dos puntos en conflicto.
De momento, la dirección ha planteado un ERE temporal en lugar de un ERE extintivo que afectaría a toda la plantilla, y calcula que esta suspensión sería de unos 45 días al año por trabajador.
Tras esta propuesta, la empresa confía en resolver la situación y “poner fin” a la huelga indefinida, que supera ya los 50 días de paros para reanudar “cuanto antes” la actividad de la planta.
Los trabajadores de Guardian Llodio recorrieron ayer varias calles de Vitoria
hasta finalizar frente a la sede de SEA. (Jorge Muñoz)
Etiquetas: derechos de los trabajadores, despidos, ERE, Guardian, Laudio, Llodio
Iturria: kaosenlared.net – 2012/12/11
La realidad que nos imponen es una casa sin puertas, sin ventanas, destechada y en ruinas, a merced de cualquier golpe de viento, por muy leve que sea. Nos llevan diciendo desde hace mucho, demasiado, tiempo: “la crisis” es la culpable, resígnate y no busques otros culpables.
“La crisis”, sustantivo abstracto y singular, es la palabra incesantemente repetida, el escudo visible que esgrimen los estafadores de la idea y el pan, el sobre negro con el que nos chantajean, diariamente:“Resígnate, no busques culpables, traga saliva y déjate engullir, es la crisis, no lo olvides”.
Es “la crisis”. A tragar. Creció cuando la negaban. Creció cuando la preparaban, por acción u omisión, concienzudamente, abonando el campo de cultivo de la abundancia indiscriminada que para ellos, gestores de la crisis y nuestra bancarrota, era el equivalente de la sede social de un club de amigos privado, reservado únicamente para socios, para los ellos que la han propiciado. Creció, como parte del sistema, sectorizándose en puntos estratégicos, alejados geográfica y socialmente, para que su conexión la alimentase sin levantar alarmas que nos hubieran hecho reaccionar: una Europa que se reía al ver sus arcas aparentemente llenas; el despertar de gobiernos europeos usureros, dispuestos a dejarse manejar, ahora ya abiertamente, por quien en realidad todo lo manejaba: la banca; una Europa con delirios de grandeza a costa de la Europa de segunda (el ciudadano, votante de una unidad falsa en un proceso de chantaje, destilado lentamente, por el que se nos amenazaba con abandonarnos fuera del TODO si no participábamos con un sí y una genuflexión en el proceso de construcción de ese frankestein de intereses que es la unión europea; conflictos esponsorizados en países de Europa del este, extremos de una cinta elástica que se sabía originaría la tensión intencionada y necesaria para servir de caldo de cultivo a la manipulación económica (el miedo como arma para anestesiar conciencias)…El precio de la servidumbre al gigante depredador americano, sus ecos tras el colapso de la banca de inversión Bear Stearns en 2008[1], salpicando con la insolvencia a parte de la banca europea, azotando significativamente a los hijos pobres de la madre cruel que es Europa (Grecia, Portugal e Irlanda); la actitud sospechosamente generosa de la banca, escondida tras su con máscara, que otorgaba préstamos hipotecarios a personas con insuficientes recursos, a sabiendas de su insolvencia; la extensión en la práctica de estrategias bancarias maquiavélicas, como la transformación en acciones de los créditos para obtener más y más liquidez; la ambición desmedida de la reserva federal americana, que en 2011 sacó de su chistera un plan absurdo para el fomento de la economía que preconizaba la bajada notoria del tipo de interés (el equivalente al Euribor europeo) en casi 5 puntos, lo que hizo que el sector inmobiliario efectivamente entrase en alza, pero MOMENTÁNEA, sin advertir públicamente que el dinero fácil que estaban consiguiendo los bancos, obtenido de las hipotecas a interés variable y condiciones de ganga a personas con escasa solvencia, pronto alimentaria una catástrofe inmobiliaria y económica. La insolencia y mafiosidad de la misma reserva federal, que impunemente realizó, en 2011, la emisión de 16 BILLONES DE DÓLARES para “salvar” a grandes bancos, que se habían previamente enriquecido hasta lo incontable gracias a sus acciones depredadoras contra el ciudadano.
Pues bien, tras más de 7 años de engordar al monstruo de las mil cabezas, esa crisis que es la culpable intangible de nuestra NADA, continúan mintiéndonos, mirando hacia otro lado, dándonos pequeñasmoratorias vitales que apenas duran unos días: tan pronto un ministro (ya no importa en absoluto el nombre, el color, la pose o la lateralidad de su mueca) nos miente para esperanzarnos con que a dos años vista la situación económica, de nuevo LA CRISIS, mejorará como tan pronto una organización oficial y muy europea, con intereses y miembros sospechosamente enfrentados al ministro vocero de turno, se sacará de su manga con doble fondo cifras y niveles que, una vez más, nos harán ver que no, que la agonía no es el camino sino también el inicio y el final de nuestro trayecto. Con cada golpe de contradicción, con cada pateo en la mente colectiva, nuestra comprensión de “la crisis” se hace más ínfima, no nos atrevemos a dar un argumento, a hacer una pregunta, no podemos entender cómo las cosas pueden empeorar, como continuamos sin encontrar trabajo, como la llegada de un ministro cuatro veces ministro, y cuatro veces corrupto, puede hacer que hoy mi miseria valga aún menos parael mercadeo del capitalismo, del que somos una cifra, un posible beneficio cada vez menos posible.
¿Cuántas conferencias y cumbres, con la pretendida misión de legitimar la democracia, una prostitutaque no es ya ni de lujo, y asegurar la equidad y aplicación de las medidas consensuadas por la meretriz madre de los europeos? No es urgente lograrlo.
¿Qué tendríamos qué pensar después de ver que, a pesar del tiempo de vida de “la crisis” las pretensiones, si las hay, de estructurar un fondo anticrisis europeo para ayudar a los países más débiles (los más saqueados y chantajeados por parte de la banca y los hijos más poderosos de la madre Europa)? ¿Por qué sentir tanta urgencia? Resignarte: es la crisis.
¿Cuántas llamadas telefónicas, citas para acuerdos, conversaciones y otra parafernalia para intentar diseñar un consunto de propuestas algo coherentes con las que mutualizar la deuda europea? No es urgente.
Etiquetas: banca, crisis, derechos sociales y laborales, krisia, murrizketak, recortes
Trabajadores de Formica aceptan la oferta empresarial, que eleva la indemnización a 50 días
Iturria: Europa Press – 2012/12/12
Los trabajadores de Formica (Bizkaia) han decidido en asamblea aceptar la nueva oferta que les ha realizado la empresa, que eleva a 50 días por año trabajo la indemnización por despido, según han manifestado fuentes sindicales a Europa Press.
En concreto, en la asamblea celebrada en Galdakao, 103 trabajadores han votado a favor y aproximadamente 47 en contra de la propuesta empresarial, lo que, en principio, implicaría la retirada de la demanda colectiva que se había planteado para que se declarara nulo el ERE presentado.
La empresa, que pretende cerrar su planta de Galdakao (Bizkaia), presentó un ERE de extinción de 169 trabajadores. Los representantes de la dirección les trasladaron el pasado 5 de diciembre una nueva propuesta que ofrece indemnizar a los despedidos con 50 días por año trabajado, con un máximo de 36 mensualidades y un mínimo de 25.000 euros para quienes no cuenten con la antigüedad suficiente para alcanzar esa cantidad. Asimismo, se prevé un año más de cotización para los mayores de 55 años.
Los vinculados a la fábrica por contrato de relevo, a los que correspondería ocho días de indemnización por año, también se podrían acoger a la indemnización ofertada.
Las fuentes consultadas han precisado que esta propuesta de la empresa incrementa en 10 los días de indemnización (de 40 a 50) y el tope de mensualidades pasa de 24 a 36 respecto a la última trasladada a la plantilla.
Etiquetas: derechos de los trabajadores, despidos, ERE, Fletcher Building, Formica Group, Galdakao

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto