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Timestamp: 2018-07-19 09:13:43+00:00

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Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (Vigente hasta el 12 de Diciembre de 2013).
Vigencia desde 23 de Junio de 2005. Esta revisión vigente desde 23 de Junio de 2005 hasta 12 de Diciembre de 2013
Artículo único. Modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
Disposición adicional segunda Cambio de denominación de la Escala de Agentes Medioambientales de Parques Nacionales
Disposición final primera Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
Disposición adicional primera derogada por el número 3 de la disposición derogatoria única de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental («B.O.E.» 11 diciembre). Se reitera la derogación por el número 1 de la disposición derogatoria de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes («B.O.E.» 21 julio).
Disposición adicional primera derogada por el número 3 de la disposición derogatoria única de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental («B.O.E.» 11 diciembre). Se reitera la derogación por el número 1 de la disposición derogatoria de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes («B.O.E.» 21 julio). Número 1 de la disposición adicional sexta redactado por la disposición final quinta de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental («B.O.E.» 11 diciembre).
b) En cuanto a las repercusiones ambientales, no se han analizado adecuadamente los efectos de una posible reducción de las cantidades de agua a trasvasar, y no se han despejado las incertidumbres sobre el caudal futuro del Ebro; no se han adoptado las medidas necesarias para la protección del río Ebro y en particular del Delta; no se ha asegurado la protección de las especies protegidas existentes, contrariamente a lo exigido por la legislación comunitaria sobre hábitats; existe un riesgo real de propagación de especies invasoras; en la evaluación de impacto ambiental y sus documentos asociados no se recoge ninguna información sobre la toma y la distribución del agua del trasvase, ni sobre los bombeos de agua y las instalaciones eléctricas necesarias, aspecto clave para determinar el consumo de energía que requieren y su impacto en el cumplimiento por España del Protocolo de Kioto; tampoco se ha informado en el trámite de consulta sobre el aumento de salinidad previsto tanto en la cuenca cedente como en las cuencas receptoras, pospuesta a estudios futuros, que pueden llegar cuando el daño sea ya irreparable.
c) Y en cuanto a los aspectos técnicos, ha de subrayarse la ausencia del rigor necesario en los estudios sobre la disponibilidad efectiva de agua para trasvasar, de forma que no es posible determinar cuánta agua puede ser transferida, ni con qué garantías, existiendo por otra parte un margen de duda excesivo sobre la capacidad de los embalses previstos para almacenar el agua en las cuencas receptoras.
Artículo único Modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
Primero.- El artículo 2.1.d) queda redactado como sigue:
Segundo.- Se suprime la letra e) del apartado 2 del artículo 2.
Tercero.- El apartado c) del artículo 6 queda redactado de la siguiente forma:
Cuarto.- El apartado d) del artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
Quinto.- Se añade el siguiente texto al final del punto 2 del artículo 9:
Sexto.- El artículo 15 queda redactado como sigue:
«Artículo 15 Condiciones ambientales
En los supuestos en que la normativa de aplicación no haya previsto la evaluación de impacto ambiental para las transferencias, todos los proyectos relativos a las mismas se someterán a la evaluación de impacto ambiental de manera conjunta, debiendo cumplir dichas transferencias las medidas preventivas, protectoras, correctoras y de compensación incluidas en las declaraciones de impacto ambiental que al efecto se dicten.»
Séptimo.- El tercer párrafo del artículo 25 queda redactado como sigue:
Octavo.- El apartado 1 del artículo 26 tendrá la siguiente redacción:
Noveno.- Se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 26 con la siguiente redacción:
Décimo.- El apartado 3 del artículo 36 queda redactado como sigue:
Undécimo.- El apartado 5 del artículo 36 queda redactado como sigue:
«5. Todas y cada una de las obras incluidas en los Anexos II y III se declaran de interés general con los efectos previstos en los artículos 46.2, 127 y 130 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa respecto de la utilidad pública implícita en los planes de obras del Estado.
Para que se produzca la efectividad de la declaración de interés general se requerirá la emisión de informe previo no vinculante de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ejecute la obra.»
Duodécimo.- El apartado 1 de la disposición adicional segunda queda redactado en los siguientes términos:
«El artículo 1, párrafo 2, de la Ley 18/1981 queda redactado de la siguiente forma:
Dos. Podrá destinarse al abastecimiento urbano e industrial de los municipios de la provincia de Tarragona un caudal equivalente al recuperado, con el límite máximo de cuatro metros cúbicos por segundo, previa concesión administrativa, cuyo otorgamiento no comprometerá volúmenes de agua del Ebro adicionales a los actualmente otorgados para los regadíos del Delta; a cuyos efectos se realizarán, en su caso, los necesarios reajustes de las actuales concesiones.»
Decimotercero.- Se incorpora un nuevo párrafo a la disposición adicional cuarta con el siguiente texto:
Decimocuarto.- Se incorpora un nuevo párrafo a la disposición adicional séptima con el siguiente texto:
Decimoquinto.- La disposición adicional décima queda redactada del siguiente modo:
«1. Con la finalidad de asegurar el mantenimiento de las condiciones ecológicas especiales del Delta del Ebro, se elaborará un plan integral de protección con el siguiente contenido mínimo:
Decimosexto.- Se añade una disposición adicional nueva con el siguiente texto:
Decimoséptimo.- Se añade una disposición adicional nueva con el siguiente texto:
Decimoctavo.- Se crea una nueva disposición transitoria con la siguiente redacción:
1. Se modifica el Anexo II, Listado de inversiones, respecto de las siguientes actuaciones:
«Cuenca del Ebro: la actuación denominada "Embalse de San Salvador" pasa a denominarse "Embalse de Montbrun (San Salvador optimizado)".
Cuenca del Júcar: la actuación denominada "Interconexión Manises-Picasent" pasa a denominarse "Refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia y el Camp de Morvedre".»
«Cuenca del Tajo: infraestructuras de interconexión y aprovechamiento conjunto de los ríos Sorbe y Bornova.
Cuenca del Guadiana: mejora del abastecimiento a la comarca de Almadén.»
Vigésimo.- Se añaden los Anexos III y IV con el siguiente contenido:
c) Conexión presa Cuevas de Almanzora-Poniente Almeriense (Sector Norte).
m) Conducción Boca Sur del Túnel de El Saltador-Camino del Cerro Minado (Almanzora).
La Escala de Agentes Medioambientales de Parques Nacionales pasará a denominarse Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, manteniendo su adscripción orgánica al Ministerio de Medio Ambiente, así como la clasificación en el grupo C de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Los funcionarios que la integren conservarán el carácter de Agentes de la Autoridad en el desempeño de sus funciones.
Número 1 de la disposición adicional sexta redactado por la disposición final quinta de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental («B.O.E.» 11 diciembre).
a) La revisión de la trasposición de la Directiva 2000/60/CE.
b) La adaptación de los Planes hidrológicos de cuenca a lo establecido en esta norma, disposiciones de desarrollo y a la trasposición de la Directiva 2000/60/CE.
c) La reforma del Consejo Nacional del Agua.
d) La revisión del Plan Nacional de Saneamiento.
e) Actuaciones en materia de protección y gestión de las aguas subterráneas. Véase R.D. 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro («B.O.E.» 22 octubre).
f) Actuaciones en materia de protección de los humedales existentes.
g) Actuaciones en materia de gestión de pantanos a fin de recuperar sedimentos que puedan retornar a los ríos y eviten la regresión de las zonas costeras.
h) Actuaciones dirigidas a fomentar el ahorro de agua, incluida la posible sustitución de usos de aguas potables por aguas de otras procedencias.
i) Actuaciones relativas a campañas didácticas para promover un uso sostenible y racional del agua entre la población escolar.
«Embalse de Santaliestra.»
«Recrecimiento del embalse de Camarillas.»
«1. La actividad de desalación de agua marina o salobre queda sometida al régimen general establecido en esta Ley para el uso privativo del dominio público hidráulico, sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones demaniales que sean precisas de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y las demás que procedan conforme a la gislación sectorial aplicable.
4. Los concesionarios de la actividad de desalación que tengan inscritos sus derechos en el Registro de Aguas podrán participar en las operaciones de los centros de intercambio de derechos de uso del agua.»
«4. Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno.
Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación a los actos y ordenanzas que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias, salvo que se trate de actos dictados en aplicación de instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto del correspondiente informe previo de la Confederación Hidrográfica.»
«La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación y recuperación del medio natural. A este efecto se determinarán:
Las reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana. Estas reservas se circunscribirán estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico. »
«5. Con carácter previo a la declaración del interés general de una obra hidráulica, deberá elaborarse un informe que justifique su viabilidad económica, técnica, social y ambiental, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación de los costes. Se elaborará el mismo informe con carácter previo a la ejecución de las obras de interés general previstas en los apartados 1, 2 y 3.
En ambos supuestos, los informes deberán ser revisados cada seis años en el caso de que las obras no se hubieran llevado a cabo. Los informes y sus revisiones periódicas se harán públicos.»
«4. La Administración hidráulica determinará, con carácter general, los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y de los vertidos al dominio público hidráulico que deban establecerse para garantizar el respeto a los derechos existentes, medir el volumen de agua realmente consumido o utilizado, permitir la correcta planificación y administración de los recursos y asegurar la calidad de las aguas. A tal efecto, los titulares de las concesiones administrativas de aguas y todos aquellos que por cualquier título tengan derecho a su uso privativo, estarán obligados a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados.
La obligación de instalar y mantener sistemas de medición es exigible también a quienes realicen cualquier tipo de vertidos en el dominio público hidráulico. Los sistemas de medición serán instalados en el punto que determine el organismo de cuenca, previa audiencia a los usuarios. Las comunidades de usuarios podrán solicitar la instalación de un único sistema de medición de caudales para los aprovechamientos conjuntos de usuarios interrelacionados. En el ámbito de las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, las medidas previstas en el presente apartado se adoptarán por el Ministerio de Medio Ambiente.»
«Artículo 94 Policía de aguas
5. Los Guardas Fluviales realizarán labores de apoyo y asistencia a los Agentes Medioambientales en el ejercicio de sus funciones de policía de aguas.»
«El Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización de las aguas, precisando la calidad exigible a las aguas depuradas según los usos previstos.
El titular de la concesión o autorización deberá sufragar los costes necesarios para adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias de calidad vigentes en cada momento.»
Once. Se suprimen los apartados 3, 4 y 5 del artículo 109.
«5. En el supuesto de cuencas intercomunitarias este canon será recaudado por el Organismo de cuenca o bien por la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquél. En este segundo caso la Agencia Estatal de Administración Tributaria recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca correspondiente.
Asimismo, en virtud de convenio las Comunidades Autónomas podrán recaudar el canon en su ámbito territorial. En este supuesto, la Comunidad Autónoma pondrá a disposición del Organismo de cuenca la cuantía que se estipule en el convenio, en atención a las funciones que en virtud del mismo se encomienden a la Comunidad Autónoma.»
«8. Cuando un sujeto pasivo del canon de control de vertidos esté obligado a satisfacer algún otro tributo vinculado a la protección, mejora y control del medio receptor establecido por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias, el importe correspondiente a este tributo se podrá deducir o reducir del importe a satisfacer en concepto de canon de control de vertidos.
Con el objeto de arbitrar los mecanismos necesarios para conseguir la efectiva correspondencia entre los servicios recibidos y los importes a abonar por el sujeto pasivo de los citados tributos, el Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones autonómicas implicadas suscribirán los oportunos convenios de colaboración.»
«Artículo 123 bis Seguridad de presas y embalses
«1. Las instalaciones de desalación de agua de mar que se encontraran en funcionamiento de conformidad con la regulación establecida por el artículo 12 bis de la Ley 46/1999, de 14 de diciembre, podrán continuar operando con arreglo al contenido de sus títulos administrativos habilitantes, hasta la extinción del plazo de las correspondientes autorizaciones o concesiones. Transcurrido dicho plazo, los titulares de las instalaciones tendrán derecho preferente para la obtención de una concesión administrativa, de conformidad con lo establecido por esta Ley.
Transcurrido dicho plazo, la renovación de la autorización deberá solicitarse por quien vaya a ser su titular, sin posibilidad de subrogación.»
«1. A propuesta de los Ministros de Medio Ambiente y Sanidad y Consumo, el Gobierno regulará los requisitos básicos de calidad de las aguas destinadas a consumo humano, incluyendo las medidas de protección de las captaciones, con la finalidad de garantizar la protección de la salud.
2. A propuesta de los Ministros de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo y Agricultura, Pesca y Alimentación, el Gobierno regulará los requisitos básicos de calidad de las aguas para riego y, en particular, el empleo de aguas residuales depuradas.»

References: Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 36
 artículo 36
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 109
 artículo 12