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Timestamp: 2017-11-18 06:13:35+00:00

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Aborto - Xavier 4 mayo
Sesión de la Cámara de Senadores el 4 de mayo de 2004
SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: confieso que este es un momento muy trascendente, seguramente de los más tensos y difíciles que me ha tocado vivir en este Período Legislativo. A su vez, me congratulo por el nivel con que este Cuerpo ha discutido sobre un tema tan complejo y difícil, aunque con alguna excepción, pero ha sabido mantener la calma y plantear la mayor cantidad de argumentos que cada uno tiene con relación a este asunto.
Sin perjuicio de ello, creo que debo hacer precisiones acerca de algunos puntos que se tocaron. Aclaro que, por suerte, ninguno de los integrantes del Cuerpo interrumpió la alocución del otro, permitiendo que cada uno pudiera seguir el hilo de la exposición.
Con relación a las precisiones que quisiera hacer, no comparto el hecho de la ausencia de responsabilidad del padre en este tema. A este respecto, el artículo 1º del proyecto de ley dice claramente, en su primera oración: "El Estado velará por el derecho a la procreación consciente y responsable, reconociendo el valor social de la maternidad, la paternidad responsable y la tutela de la vida humana". Creo que esta primera frase no está puesta por casualidad, sino que refleja el espíritu que se trató de plasmar en este proyecto de ley: ciudadanas y ciudadanos responsables de su salud y de su actitud reproductiva ante la vida, además de la necesidad de tutelar la vida. Quizá podrá discutirse sobre esto -y seguramente nadie lo va a negar- que el embarazo transcurre en el cuerpo de la mujer y no en el del hombre; algunos dicen que si así fuera, tal vez el aborto se habría legalizado hace bastante tiempo. Pero la cuestión es que transcurre en el cuerpo de la mujer y que ello trae determinadas consecuencias. El aislamiento y la soledad en que se encuentran las mujeres la mayor cantidad de las veces, es la realidad más frecuente. Y lo que la ley no prohíbe, lo habilita. Lo que queda muy en claro es que es la mujer quien, en última instancia, decide en consulta con el médico tratante y acompañada o no de su esposo, su compañero o, incluso, la pareja casual de la que pudo haber quedado embarazada. Eso la ley no lo prohíbe y, por tanto, lo habilita. Lo que sí dice es que si se va a esperar a que el padre biológico, que habitualmente está ausente, dé su consentimiento, al igual que la mujer, para proseguir con el embarazo o tomar la decisión de interrumpirlo, difícilmente estemos otorgando en términos reales ese derecho a la mujer y estemos consagrando en términos reales ese derecho en la ley, porque -vamos a lo primero- habitualmente, y lamentablemente, la mujer se encuentra sola frente a estas situaciones.
Se habla de que esto suceda aun en el matrimonio. Sabemos que es así porque no es nada oculto que dentro de algunos temas de discriminación de géneros, se ha dicho que muchas veces las mujeres no eligen el momento para tener una relación sexual ni las condiciones en que llevan adelante dicha relación. ¿Por qué? Porque existe una cultura en la cual, básicamente, es el hombre quien determina en qué momento y bajo qué precauciones o no lleva adelante una relación sexual. Estos son datos de la realidad y quienes tengan mejores experiencias de vida, fantástico, pero no podemos negar esta otra parte de la realidad. Si estamos tratando de solucionar este tema, no tenemos que trampearnos a nosotros mismos dejando cabos sueltos que luego hacen absolutamente virtual el derecho que quisimos otorgar en la ley.
¿Qué sucede cuando se plantean temas sobre los que la ley omite hacer una mención especial? En el artículo 2º de este proyecto de ley se plantea la responsabilidad de una inclusión institucional suficiente en el Presupuesto, cuestión que no es menor, porque muchas veces nos critican -sobre todo a las mujeres- el hecho de que cuando se consagran leyes no están incluidas en el Presupuesto las posibilidades de hacerlas efectivas; además, nos ha pasado en más de una oportunidad.
Como decía, el artículo 2º de este proyecto de ley prevé la necesidad de que el Ministerio de Salud Pública incluya en su presupuesto un programa que tenga como objetivo la prevención. Obviamente, esto es voluntad política, porque el hecho de que la ley lo diga a texto expreso, no necesariamente implica que llegue a tenerse un presupuesto que viabilice el espíritu de los cinco numerales contenidos en este artículo. Digo esto porque podemos asignar $2 y de esa manera hacer absolutamente inefectivos los planes que se proponen llevar adelante. Pero todo esto implica, además de la educación, el acceso a métodos de contracepción, a todos ellos, al más adecuado y al más necesario en cada una de las circunstancias. Por lo tanto, esta disposición plantea que debe existir por parte del Estado una responsabilidad ineludible en materia de programas; que tengan todo lo que necesitan para ser efectivos: continuidad, disponibilidad de recursos y una visión nacional que permita la llegada a cada uno de los lugares, con las características que cada uno tiene.
No puedo aceptar que se diga que las disposiciones del Código Penal se mantienen porque, como decía la señora Senadora Percovich -a quien, por suerte, hoy tenemos en este Recinto- con este proyecto de ley no estamos legalizando la interrupción del embarazo en todos sus términos; este no es un proyecto de legalización del aborto, sino que regula la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias. Siempre va a seguir siendo un delito esa interrupción contra la voluntad de la mujer o fuera de las hipótesis que el proyecto de ley prevé. Por lo tanto, no estamos en extremos -estos no se plantean en este Recinto ni en la Cámara de Representantes, y ni siquiera en el país-, sino en un debate serio y responsable, en el que el criterio de la temporalidad de las doce primeras semanas parece ser el más avanzado para legislar, en la medida en que el avance científico nos va superando día a día. Consideramos que es mejor legislar basados en criterios de temporalidad que en causales; fuera de los tiempos previstos en el artículo 4º, las únicas dos causales que pueden llevar a la interrupción del embarazo a lo largo de tiempos de gestación que superen las doce semanas, son el aborto terapéutico o el aborto eugenésico.
Creo que estamos tratando de materializar un proyecto de ley absolutamente responsable; no es un "viva la pepa" en materia de legalización del aborto.
Claro está que aquí hay dos conclusiones: contra la voluntad de la mujer no se puede hacer absolutamente nada; la ley no obliga a nadie que no quiera, a hacerse un aborto, y en esas condiciones seguirá siendo un delito, esté o no en las doce semanas y sea por la razón que sea. La única excepción es la del aborto terapéutico, por la que el médico cae en omisión de asistencia si no trata de salvar la vida de la madre, aspecto que reitera este proyecto de ley. Pero también se dice a texto expreso que en todas las circunstancias se tratará de salvar la vida del embrión o del feto. Es decir que en este caso, que no es un aborto deseado por la madre sino impuesto por circunstancias de riesgo vital, de todas formas se obliga a salvar la vida del embrión o feto, si es que el mismo es viable.
En la otra variante, la del aborto eugenésico, de lo que se trata -y esto también queda muy claro- es de que no cualquier malformación puede justificar la interrupción del embarazo; debe tratarse de una malformación incompatible con la vida extrauterina. Lamentablemente, esta también es una realidad muy triste que ocurre en este país. No son pocas las mujeres que deben vivir los nueve meses de embarazo sabiendo que llevan un feto o embrión que difícilmente sobreviva y, a pesar de ello, deben sobrellevar ese embarazo y tener un parto natural por vía baja, para que el desenlace ocurra en los primeros días del nacimiento de ese niño. Entonces, ¿esto es verdaderamente una defensa de la vida? ¿Esto es una defensa de la procreación? El resultado ineludible para estas mujeres es que nunca más se animan a enfrentar un embarazo, cuando su deseo hubiera sido otro. No las podemos condenar a una realidad como esta.
Se dice que no hemos hablado de las iniciativas sanitarias, cuando las iniciativas sanitarias relativas a los abortos realizados en condiciones de riesgo han sido uno de los elementos que ha contribuido al consenso social con el que cuenta este proyecto, que no lo ha tenido ninguno de los otros que se han tratado de plantear desde la reapertura democrática. Por algo llega al Senado y también por algo ninguna de las otras iniciativas logró pasar nunca la cebra de un lado al otro. Esto es así porque existe un consenso como nunca antes existió y porque se dio una gran sensibilidad de la Academia que, ante un aumento de la mortalidad materna por aborto inseguro en un determinado período, lanza este tipo de iniciativa que pregona que se debe actuar antes y después pero no durante, porque sería ir en contra de la Legislación vigente. Esto está planteado desde el año 2001 en el Ministerio de Salud Pública y ninguno de los Ministros que ha tenido la responsabilidad de esa Cartera ha dado respuestas sobre el tema. De todas formas, aunque no sea suficiente, constituyó una ayuda que permitió comenzar a tener una actitud diferente desde el cuerpo médico que, entre otras cosas -como decíamos en el informe inicial-, ha ido más allá de la propia ley vigente.
Para ser absolutamente precisa, quiero leer una frase de este libro que dice que "El aborto provocado en condiciones de riesgo es el que contribuye con mayor peso a la muerte materna". No es la muerte materna en los embarazos. Esto queda absolutamente claro y es lo que llama más la atención. Como decía el señor Presidente del Cuerpo, Hierro López, somos un país con baja mortalidad materna. ¿Por qué sube la mortalidad materna? Por un factor: el aborto realizado en condiciones de riesgo. Esto es lo que nos dice que debemos tomar medidas con relación a este tema y que se trata de algo absolutamente evitable. Por ello hemos emprendido este camino: precisamente, para evitarlo. En Uruguay se ha dado un marcado incremento de la mortalidad por este motivo, que hoy se ubica como la principal causa de muerte materna, siendo particularmente dramática la situación en el nivel asistencial público, vale decir, entre la población más carenciada. Esto se expresa en la página 90 de "Iniciativas contra el aborto provocado en condiciones de riesgo", que ha sido un elemento dinamizador e inspirador, entre otras cosas, de la lucha de organizaciones de mujeres que se dedican al tema de la salud de su género, y de muchas otras, por tratar de plasmarlo en este proyecto que hoy estamos considerando.
Es cierto que hay otros aspectos a considerar y por eso insistimos en el tema de la educación como principio de este proyecto de ley. El embarazo adolescente, según mis datos, está en una meseta -no tengo datos relativos a su descen-so-, concentrándose entre las mujeres más pobres, que son las que quedan embarazadas, lo que trae la reproducción biológica de la pobreza en el Uruguay, que sólo tiene 50.000 o 52.000 nacimientos anuales.
Asimismo, existen otras preocupaciones que hemos discutido en este Senado de la República. Cuando analizamos un proyecto muy concreto que se convirtió en Ley, relativo al acompañamiento en el parto, hicimos referencia a los estudios del Centro Latinoamericano de Perinatología -CLAP- con relación a cómo incidía la falta de acompañamiento de la mujer durante el trabajo de parto y en el parto mismo, en el aumento del número de cesáreas y en una serie de medidas que medicalizaban el nacimiento y que no contribuían al bienestar de la madre ni del niño. Esto hoy es ley, pero aún no está reglamentado. Es cierto que el derecho existe, pero el o la acompañante tendrá que comprarse su propio equipo y tener algún conocimiento en la institución pública o privada para hacer cumplir efectivamente el derecho que la ley consagra. Esta preocupación ha estado presente permanentemente a lo largo de toda esta Legislatura.
Creo que una ley no puede ser la varita mágica que solucione un tema tan complejo y multicausal como este; tampoco podemos pensar que una vez aprobada vamos a cambiar de un día para el otro la realidad que hoy tenemos, pero la ley puede ser el instrumento que nos permita comenzar ese cambio. Se trata, como decíamos, de un proyecto de ley que es producto de una construcción social, que es el que pudo articular más intereses y actores de la sociedad, de los más diversos orígenes.
Quiero resaltar lo que establece el artículo 11 del proyecto de ley en el sentido de que se trata de un acto médico sin valor comercial. Eso queda claro en el texto de ese artículo 11, que aborda esa temática diciendo, en la primera frase, que las interrupciones de embarazos que se practiquen según los términos que establece la ley serán considerados actos médicos sin valor comercial; pero, obviamente, las interrupciones que no se establecen aquí seguirán siendo un delito y serán realizadas en la clandestinidad, porque no son lo que esta ley protege.
Y yo me pregunto: ¿sabemos cuánto gasta el Estado uruguayo de ese 11% del Producto Bruto Interno, que a veces nos preguntamos dónde está, cuando cada vez tenemos una peor calidad de asistencia en todos los términos en que se debe brindar, pues es poco oportuna, de acceso no siempre universal y a veces de poca calidad? Los costos que para los CTI tienen las mujeres que llegan con abortos realizados en condiciones de riesgo en curso, son muy onerosos. Estas mujeres no van a la puerta y luego a una sala común de hospital; estas mujeres van al CTI; estas mujeres son las que, si tienen la chance de sobrevivir, cuestan mucho al sistema. Obviamente, estamos valorando los dos temas: los costos humanos, pero también los costos económicos. ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Y quién paga la realidad de hoy? Dijimos que la realidad de hoy, lamentablemente, tiene una progresión muy dramática y cuando aquí se habla de los números -y algunos jerarquizan los números más que otros- hay que tener en cuenta que, en números absolutos, una muerte por aborto realizado en condiciones de riesgo tiene una proyección que implica, como señalábamos en nuestra primera intervención, cincuenta casos graves que impiden la procreación a esas mujeres, que pasan mucho tiempo hospitalizadas en tratamiento; implica 100 mujeres que, realizándose abortos en condiciones de riesgo, quedan con lesiones graves; y también implica que 1.000 de las 33.000 mujeres que se realizan abortos en un año, hayan estado fuera de su ámbito familiar y laboral. Entonces, la progresión del aborto inseguro en el conjunto de la sociedad tiene una dimensión humana y económica que también debe estar encima de la mesa, porque no es sólo lo que este proyecto de ley puede prevenir. Seguramente, esta iniciativa implicará mejores ahorros para los sistemas de salud.
Quiero mencionar que no por casualidad la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y el Fondo para la Población de las Naciones Unidas hacen exhortos clarísimos a que los Gobiernos y demás organizaciones interesadas deben esforzarse en propugnar los derechos y el grado de protagonismo social de la mujer, y deben intentar prevenir los embarazos no deseados mediante la educación, incluido lo relativo a cuestiones sexuales, consejería, asesoramiento, difundiendo información viable y servicios de planificación familiar, así como métodos anticonceptivos más eficaces.
Cuando se plantea este tipo de cosas se dice que 1:500.000 personas mueren por año por mala salud reproductiva. Claro, eso, a la escala de Uruguay, representa otros números. El informe del Fondo para la Población de la Organización de las Naciones Unidas exige -no debería exigir; debería decir "recomienda", aunque tal vez sea un problema de traducción- a los Gobiernos que al menos dediquen las inversiones a la salud reproductiva que comprometieron hace 10 años en la Conferencia de Población de El Cairo, e incluye algunas cifras escalofriantes. Si los métodos anticonceptivos modernos estuviesen a disposición, entre las 201:000.000 de mujeres del mundo en desarrollo que aún tienen esas necesidades por cumplir, se salvarán 1:500.000 vidas cada año, según asegura este documento.
En la falta o en la insuficiente inversión que nosotros hemos hecho en materia de salud sexual reproductiva y en la discontinua y escasa acción de educación y de asesoramiento a hombres y mujeres, es probable que estén algunas de estas vidas que aquí se toman globalmente.
- Aquí se ha propuesto que el proyecto vuelva a Comisión, y yo pregunto: ¿con qué finalidad, con qué objeto? Seguramente el de encontrar un consenso para otro tipo de modalidad de consulta, porque en realidad la Comisión no sólo estudió en profundidad el tema, sino que también citó a once personalidades que estaban a favor, a once que estaban en contra y a otras dos que hicieron recomendaciones genéricas sin volcarse a favor o en contra del proyecto de ley; en fin, a las personas más idóneas, las más connotadas en esta materia, tanto del ambiente nacional, como del regional y del internacional. Por lo tanto, creo que difícilmente los integrantes de la Comisión variemos los posicionamientos que tuvimos sobre el texto del proyecto de ley o acerca de la posibilidad de legislar en este sentido.
A mí me importa el resultado de la ley y creo que es bueno decir que el primero y francamente positivo resultado de este debate refiere a la construcción de un espacio de consenso o de concertación social para la promoción de los derechos y la obtención de una mejor calidad de vida de uruguayas y uruguayos, en el que se han reunido voluntades de la sociedad civil, de organizaciones de mujeres, de jóvenes, de sindicalistas, de profesionales, de la Academia, del ámbito religioso, etcétera. Este consenso social será, indudablemente, el movimiento impulsor de una nueva forma de abordar los problemas de la sociedad uruguaya y de contribuir a su solución.
La segunda reflexión es de pesar -si no se aceptase este proyecto de ley o si, aceptándose, eventualmente se vetara-pero no de desánimo; pesar por no haber sido suficientemente convincentes como para desnudar esa hipocresía de la que todos hablamos y sabemos que existe en nuestra sociedad, y que condena en la faz pública lo que permite en la faz privada; pesar por no haber podido concretar -y ojalá no sea este el resultado del proyecto de ley en consideración- un avance en materia de derechos de las mujeres.
No puedo terminar mi intervención sin decir que necesito pedir perdón, si es que esto no avanza como deseamos, a las mujeres que han muerto o que eventualmente morirán hasta que encontremos una solución definitiva.
Hace poco visité a la madre de la chiquita de 16 años que murió. Creo que hay que tener en cuenta al niño huérfano que quedó, al igual que a todos los huérfanos que quedaron de estas madres que, aunque numéricamente se dice que no son tan significativas, para nuestro país sí lo son y también lo son para estas mujeres a las que les tocó morir, para sus hijos y para su entorno familiar.
A pesar de todo, no nos desanimamos, porque confiamos en que el Senado vote este proyecto de ley y que podamos tener la posibilidad de cumplir un compromiso con la mayoría de la población, ya que el 52% son mujeres y, aunque este sea un tema de la sociedad, como bien lo dijimos, es en el cuerpo de las mujeres donde transcurren los embarazos. No es igual la posibilidad con relación al hombre, que para nada se lo excluye.
Creo que la interrupción voluntaria de la gravidez es, ciertamente, un acto de responsabilidad y, por lo tanto, no debe configurar ninguna típica situación de culpa ético-religiosa, ni mucho menos debe ser culpada la mujer. Este es un señalamiento de la Iglesia Valdense. Hasta ahora yo no había usado argumentos de origen religioso, porque creo que en un país laico importa mucho reivindicar esa laicidad para legislar; pero, bueno, es imposible no nombrar a Perico Pérez Aguirre en un debate como este. Personalmente, me identifico con una de sus frases, que decía: "Me siento obligado a estar del lado de las mujeres que se han sentido impulsadas a abortar". Pero en este caso es una obligación, como mujer y como médica, que asumo con total responsabilidad, sin coacciones, sin claudicaciones y sin importarme las amenazas y las presiones a las que hacían referencia otros colegas anteriormente, o las condenas que provengan del fundamentalismo y de la intolerancia. Es una obligación que me he impuesto y que, sea cual sea la resolución que adopte este Cuerpo, seguirá vigente para seguir luchando.
La consulta popular es un instituto de la ciudadanía y no un mecanismo para que los Legisladores nos eximamos de nuestro deber de legislar. Si bien muchos de los integrantes del Cuerpo así lo han planteado, creemos que es una razón más para sumarnos -luego de estos 20 días que hemos podido tener de reflexión- a la resolución del órgano político a que pertenecemos -que respeta los argumentos que cada uno pueda esgrimir con relación a la votación sobre el fondo del tema-, en el sentido de proponer que se vote, que se haga en forma nominal -como también planteaban otros Legisladores-, y que estos caminos de consulta popular -por supuesto, somos una fuerza que apela a ellos- los estudiemos una vez culminada la votación.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 11
 resolución 
 resolución