Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/99/STSJC19990621b.htm
Timestamp: 2017-10-19 23:28:41+00:00

Document:
de 21 de juny de 1999, núm. 15/1999 (Sala Civil i Penal)
Visto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, el recurso de Casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Décimo Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vilafranca del Penedès, sobre declaración de dominio; cuyo recurso fue interpuesto por D. X, representado por la procuradora Sra. Alícia Barbany Cairó y defendido por el letrado D. Joan Albert Q. Suria; siendo parte recurrida Dª. Y, representada por el procurador D. JOAQUÍN Sans Bascú y defendido por el letrado D.Fernando Gómez Angelats.
Primero.- El procurador de los tribunales D. Ignacio Francisco Seguí GARCÍA, actuando en nombre y representación de Dª. Y, formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía que en turno de reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº1 de Vilafranca del Penedès, contra D. X, en la que, tras exponer los hechos y citar los fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando se dictara sentencia de conformidad con lo solicitado en su escrito de demanda. Que previos los trámites legales, por el indicado Juzgado se dictó sentencia con fecha 29 de Octubre de 1997, cuyo fallo dice lo siguiente: "FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por el procurador D. Ignacio Francisco Segui García, en nombre y representación de Dª. Y, contra D. X, debo absolver al mismo de todos sus pedimentos, condenando en costas a la parte actora".
Segundo.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por Dª. Y que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Sección Décimo Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia con fecha 27 de Marzo de 1998, cuyo fallo es el siguiente: "FALLAMOS: Que ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación de DOÑA Y, con REVOCACIÓN de la Sentencia dictada en fecha 29 de Octubre de 1997, por el Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vilafranca del Penedès, en los autos de que el presente rollo dimana, con estimación parcial de la demanda, debemos declarar y declaramos:
1) el dominio de la actora tanto sobre el inmueble número 00 (registral 0000) como sobre los bajos del inmueble contiguo, número 00 (que actualmente forman parte de la registral 00), debiendo ser considerada la caja de la escalera existente en este número 00 como elemento común de las propiedades de actora y demandado.
2) que como consecuencia de la anterior declaración debe ser modificada la descripción registral 0000 en los términos que se citan en el anterior pronunciamiento, cuya concreción en lo referente a linderos y extensión deberá efectuarse en ejecución de sentencia, a tenor la realidad física existente.
Y todo ello sin especial pronunciamiento de costas, tanto en la primera instancia como en esta alzada".
Tercero.- Contra dicha sentencia el procurador D. Juan Miguel Sánchez Masa, en representación de D. X, formuló recurso de casación que presentó ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, y que fundó en los siguientes motivos: 1º.- Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, al amparo del art. 1692, número 3. El fallo de la sentencia infringe, por violación, el art. 359 de la LEC que dispone: "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate ...", ya que la resolución recurrida incurrió en una incongruencia por "extra petitum" al condenar al demandado por motivo distinto de los alegados y debatidos en el litigio; 2º.- Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, al amparo del art. 1692, número 3. El fallo de la sentencia recurrida infringe, por violación, el art. 359 LEC que dispone: "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes ...", ya que la resolución recurrida no es clara ni precisa, existiendo pronunciamientos contradictorios que impiden su ejecución; 3º.- Al amparo del art. 1692 apartado 4º de la LEC se denuncia la vulneración del art. 447 en relación con el art. 1959 del Código civil que exige el concepto de dueño en la posesión hábil para la prescripción del dominio; y, 4º.- Al amparo del art. 1692 apartado 3º LEC, se denuncia la vulneración del art. 1959 del Código civil y 342 de la Compilación del Derecho Civil Especial de Catalunya al no concurrir el requisito de tiempo exigido en dicho artículo, en la prescripción adquisitiva declarada en sentencia.
Cuarto.- La Sala Primera del Tribunal Supremo dictó Auto con fecha 2 de Febrero de 1999, en el que declaraba que la competencia para conocer del presente recurso de casación corresponde a la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, emplazando a las partes para ante este Tribunal Superior.
Quinto.- La procurador de los tribunales Dª. Alicia Barbany Cairó, en nombre y representación de D. X, se personó en tiempo y forma ante esta Sala como parte recurrente, en virtud del emplazamiento efectuado por el Tribunal Supremo, ratificándose en el recurso de casación planteado.
Sexto.- Admitido el recurso, se señaló para la votación y fallo del mismo el día catorce de Junio de 1999, en que tuvo lugar.
Ha sido P.e el Excmo. Sr. Presidente D. Guillermo Vidal Andreu.
Primero.- Son antecedentes procesales de consignación necesaria para la resolución del presente recurso, los siguientes:
1º. Se repartió al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Vilafranca del Penedès demanda fechada a 11 de diciembre de 1996, en la que, sustancialmente, Dª. Y venía a pedir: a) que se declarara el dominio a su favor de las fincas sitas en Vilafranca, calle P., números 00 y 00; b) que, como consecuencia de lo anterior, se modificara la descripción registral de la finca núm. 0000; c) que se condenara al demandado, D. X, a entregar a la actora la planta piso de la finca señalada con el número 00 de la calle P. y a derribar la pared que tapia la puerta de acceso entre la escalera de acceso y dicha planta piso.
2º. D. X contestó en su momento la demanda alegando ser propietario de la finca núm. 00 citada, por herencia recibida de su padre D. Z, reconociendo la propiedad de la actora respecto a la señalada con el núm. 00, por mor de la compraventa efectuada entre su dicho padre y el de la demandante D. Z2, escriturada en fecha 13 de febrero de 1958, y admitiendo, además, que, por mera tolerancia, la actora usaba los bajos de la primera edificación y que el acceso de escalera era común de ambas fincas por su antiguo destino y único propietario.
3º. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia, fechada a 29 de octubre de 1997, desestimó íntegramente la demanda y absolvió al demandado de todos los pedimentos en ella contenidos.
4º. Apelada que fué la anterior resolución, la Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó, el 27 de marzo de 1998, sentencia revocando la de instancia y declarando: a) el dominio de la actora sobre los bajos del inmueble rotulado con el núm. 00 de la calle P. de L. y la consideración de la escalera como elemento común de los inmuebles núms. 00 y 00; b) la necesidad de modificar la descripción registral de la finca núm. 0000, " cuya concreción en lo referente a linderos y extensión deberá efectuarse en ejecución de sentencia, a tenor de la realidad física existente ".
5º. La anterior sentencia es hoy el objeto de este recurso de casación, que fué deliberado y votado el pasado día 14, tras determinarse la competencia de esta Sala en Auto del Tribunal Supremo fechado a 2 de febrero de 1999.
Segundo.- La representación de D. X articula cuatro motivos de recurso basados, los dos primeros, en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio relativas a las normas reguladoras de la sentencia, al amparo de lo prevenido en el art. 1692. 3º de la LEC, y basados, los otros dos, en infracción de normas del ordenamiento jurídico, al amparo del apartado 4º del mismo artículo, si bien se cita el 3º en el último de los motivos, quizás debido a un puro error material.
El primero de los motivos casacionales alega vulneración por " extra petitum " del principio de congruencia, recogido en el art. 359 de la propia Ley procesal. La fundamentación básica del motivo se concentra en los siguientes párrafos:
" La actora había solicitado en su día la declaración de dominio a su favor de la totalidad de la casa núm. 00 de la calle P., haciendo referencia a que tal dominio se había adquirido ya originariamente al comprar su padre en 1958 la finca registral núm. 0000; sin embargo, fué en el acto de la vista correspondiente al recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primera instancia cuando,subrepticiamente y de forma irregular, alteró sus pretensiones e interesó que se declarara su dominio sobre solamente los bajos de la edificación, por aplicación del instituto jurídico de la prescripción adquisitiva.
La sentencia de la Audiencia Provincial recurrida advirtió efectivamente que las pretensiones de Dª. Y habían variado sustancialmente con motivo de la vista del recurso de apelación, mas en su fundamento de derecho 3º sostiene ( incorrectamente, a juicio de esta parte ) que ` el que en apelación se interese que al menos sea declarada su propiedad ( por usucapión, cabe entender ) sobre los bajos del mismo no constituye, en opinión de esta Sala, modificación sustancial de los pedimentos ".
Como ha dicho con reiteración esta Sala, la congruencia significa la adecuación o el ajuste entre la parte dispositiva de la sentencia o resolución judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de forma tal que no puede aquélla conceder más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni cosa distinta a la impetrada, ni menos de lo que el demandado hubiere admitido; distinguiendose por nuestra mejor doctrina procesalista entre incongruencia por " ultra petitum " ( concesión en más de lo solicitado ), por " extra petitum " ( concesión de cosa distinta a la pedida ) o por " citra petitum " ( omisión de pronunciamiento ), clases que ya recogió la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de noviembre de 1963, que alude a la " incongruencia cualificativa ", a la " indecisión ", a la " plus concesión " y a la " contradicción ".
Como es de ver, pues, la incongruencia se instala en sede de coherencia entre las pretensiones y el fallo judicial, y siendo así que la sentencia cuya casación se propone concede u otorga lo peticionado por la parte, no hay en ella verdadera incongruencia. Otra cosa es que el recurrente proteste por lo que considera un cambio de acción inoportuna y extemporáneamente producido.
La anterior argumentación viene a poner nuevamente en clave de debate las viejas disputas doctrinales en torno a las teorías de la individualización y de la sustanciación de la acción; teorías que, ni una lectura atenta y analítica del art. 524 de la LEC ( expuestos suscintamente y numerados los hechos y los fundamentos de derecho...), logra unificar, pese a sus indudables efectos sobre el principio que veda la mutatio libelli, sobre la litispendencia y sobre la cosa juzgada. Si se acoge la primera teoría ( según la cual, como es sabido, debe indicar la demanda los caracteres o datos en virtud de los cuales la relación jurídica en que se funda la pretensión pueda ser distinguida de otras relaciones, sin necesidad expresa de designación de los hechos que la sustentan ) no habría cambio de acción en el presente caso, pues lo interesante e inmutable es la petición de declaración de dominio que contiene la demanda. Si se acoge la segunda ( por " fundamento" hay que entender sólo " hechos " y, concretamente, la suma de todos aquellos que, puestos bajo una norma jurídica, son susceptibles de producir efectos jurídicos ) habría, en el caso, mutación de libelo y cambio de acción, expresamente prohibidos por el art. 548 de nuestra Ley procesal.
El tema es, en verdad, espinoso y polémico, pudiendo, sin embargo, afirmarse, como doctrina general, que nuestro Tribunal Supremo ha admitido que el principio de congruencia no impone sino una racional adecuación entre la decisión y la pretensión, pero no una literal concordancia, de tal modo que guardando el debido acatamiento al componente jurídico de la acción y a la base fáctica aportada por los contendientes, le está permitido al órgano jurisdiccional establecer su juicio crítico del modo que considere más ajustado a la norma, en virtud de los principios iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius (sentencias de 30 de junio de 1983, 20 de julio de 1984, 13 de diciembre de 1985, 10 de mayo de 1986, 7 de octubre de 1987, 9 de fecbrero de 1988, 20 de junio de 1991, 17 de marzo de 1992, 8 de julio de 1993, 24 de enero de 1995, etc.). Y nótese al respecto que esta doctrina sustenta su criterio sobre la base de que es el propio tribunal el que cambia el punto de vista jurídico, eso sí, sin mutar el objeto del proceso, el componente fáctico de la acción, ni de modo que pueda producir indenfensión.
Pero la realidad es que ninguna de las anteriores categorías doctrinales son necesarias para la resolución del caso en estudio, pues es incierto (o, al menos erróneo) que la introducción del instituto de la usucapión como hecho jurídico sustentador del dominio impetrado fuera subrepticiamente y de forma irregular introducido por la parte apelante en el momento de la vista del recurso. Basta leer la demanda para percatarse de que: primero, en el Hecho Quinto de la misma, la actora alude ya a una posesión civil y pacífica de la finca núm. 00 y del local de la planta baja de la casa núm. 00; segundo, en el capítulo relativo a Fundamentación Jurídica, el apartado D) viene dedicado a la prescripción adquisitiva o usucapión; tercero, en los Fundamentos de Derecho, propiamente dichos, apartado IV, se mencionan expresamente los artículos 438, 440, 441, 442 y 446 del Código civil y se añade : " así como los relativos a la prescripción adquisitiva o usucapión 1940 y ss. y 1957, 1959 y 1960 del mismo cuerpo legal "; cuarto, se termina suplicando, como se ha dicho, la declaración de dominio de las fincas; quinto, el propio demandado, al contestar a la demanda, se expresa del siguiente modo: " Ante la endeblez de la teoría de que al adquirir una finca la actora había adquirido también la colindante, se pretende por la demandante una supuesta prescripción adquisitiva de dicha finca ( o solo de la parte de ella ? ) en méritos de la ocupación de la misma por largo tiempo de la referida planta baja, que ya hemos explicado que se justifica inicialmente....." etc.etc., pasando a continuación a rebatir los argumentos expuestos, al efecto, por la actora.
Ante esta situación, de conocimiento cabal y puntual por el demandado de los hechos en que se funda la acción y de las normas jurídicas que la apoyan, escaso valor tienen las manifestaciones de éste tendentes a convencer a la Sala de una supuesta actitud sorpresiva e irregular de la parte contraria.
En conclusión, acogiendose por la Sala de instancia una pretensión oportunamente deducida por una de las partes en litigio, conocida y discutida por la otra, no se ha producido indefensión alguna ni se afecta de incongruencia la decisión, en razón de lo cual debe ser rechazado el primer motivo de recurso.
Tercero. La segunda censura casacional se dirige a convencer de la vulneración del mismo art. 359 de la LEC., esta vez por no ser la sentencia clara ni precisa, existiendo, según el recurrente, pronunciamientos contradictorios que impiden su ejecución.
A lo largo de la argumentación del recurrente, en defensa de este motivo, puede vislumbrarse que se refiere al requisito de la congruencia interna de la sentencia, no a su falta de claridad y precisión, en cuanto ésta, de darse ( que no se da ), podría haber sido corregida por la vía de la aclaración (sentencias, entre otras muchas, de 25 de enero de 1991, 17 de marzo de 1992, 21 de junio de 1994).
Pero, un análisis más pormenorizado de la argumentación demuestra finalmente que tampoco a este defecto procesal se refiere la parte. La incongruencia interna tiene lugar cuando los fundamentos de la decisión y el fallo son contradictorios, es decir, cuando se produce una notoria incompatibilidad entre los distintos argumentos básicos del fallo, de forma que suscite dudas fundadas su ejecución ante la realidad antagónica de sus términos (sentencias 4 de mayo de 1983, 13 de marzo de 1992, 31 de octubre de 1994, etc.)
El recurrente, al razonar el motivo de casación, enfatiza: " Sin embargo, no resulta posible con arreglo a derecho ( Ley Hipotecaria ) la ejecución del mencionado pronunciamiento y, aunque lo fuera, no podría conducir a la consecución del objetivo perseguido por la Audiencia ". Este el quid de su discurso. No se trata, por tanto, de que el pronunciamiento carezca de la necesaria claridad y precisión, tampoco se trata de que los fundamentos y la decisión sean contradictorios, se trata, sí, de una pretendida inejecutabilidad del fallo contenido en la sentencia. Por cierto, inejecutabilidad que, en todo caso, perjudicaría a la parte que ve sus peticiones acogidas, no a quien ha de tolerar que el mandato judicial se cumpla.
Pero, en cualquier caso, ni las elucubraciones jurídicas que hace el recurrente en torno a los problemas que la ejecución de la sentencia puede plantear, dada su hipotética colisión con normas contenidas en el Ley Hipotecaria y con la Ley de Propiedad Horizontal, afectan a la cohesión interna y a la claridad formal de aquélla, ni, en definitiva, los pronunciamientos que en ella se contienen son incompatibles entre sí, habida cuenta de que, declarando el dominio de un inmueble y la comunidad de uso de uno de sus elementos, ordena, coherentemente, la adecuación del Registro de la Propiedad a esta nueva situación jurídica y advierte que la concreción en lo referente a linderos y extensión deberá efectuarse en ejecución de sentencia, a tenor de la realidad física existente.
El fallo, en consecuencia, es claro y preciso, coherente con los razonamientos fácticos y jurídicos que lo sostienen, debiendo desestimarse su censura casacional.
Cuarto. Ya en sede de infracción de ley, el tercer motivo de recurso alega vulneración del art. 447, en relación con el 1959, del Código civil en cuanto exige el concepto de dueño en la posesión hábil para la prescripción del dominio.
En efecto, la posesión, como hecho o como derecho, mediata o inmediata, por sí o por representante legal, requiere, en su aptitud para la usucapión, determinados elementos y éstos vienen enunciados en el art. 1941 del Código civil: "La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida "; añadiendo, con rotundidad, el art. 1942 que " no aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio ejecutados en virud de licencia o por mera tolerancia del dueño ". Numerosas sentencias se han ocupado de esa primera condición, siendo puros ejemplos de las mismas las de 16 de septiembre de 1985, 26 de marzo, 6 de junio y 5 de diciembre de 1986.
El argumento principal del recurrente queda expuesto en el siguiente párrafo: " En efecto, en la sentencia recurrida en ningún momento se manifiesta que la posesión del actor iniciador del proceso sea en concepto de dueño. Y dado que ` no hay precepto que autorice a presumir la posesión en concepto de dueño ( S. T. S. Sala 1.ª de 10 de febrero de 1997 - P.e Sr. Villagómez Rodil ) ´ habría de haberse determinado por que motivo se presupone tal posesión. Máxime si la sentencia de primera instancia, que practica la prueba y asiste de manera inmediata a la confesión de las partes y los testigos y hace una aprehensión directa de los hechos discutidos, determina en sentencia que la posesión discutida lo era a título de tolerencia, lo cual implica la total ausencia del `animus domini´ indispensable para la usucapión extraordinaria ".
Este último párrafo del razonamiento debe rechazarse ya de principio. Sabido es que el objeto de recurso en la casación lo constituye la sentencia de apelación. La sentencia de primer grado no cuenta en casación sino en tanto en cuanto sus fundamentos sean asumidos y aceptados por la de apelación ( sent. 30 de diciembre de 1991 ). Constituye, de otra parte, doctrina jurisprudencial consolidada la que veda un examen comparativo casacional entre las sentencias de primera y segunda instancia ( sents. 26 de noviembre de 1990, 13 de febrero de 1992, 31 de diciembre de 1994, etc.).
La base casacional la constituye, pues, el primer párrafo transcrito y, más en concreto, la afirmación de que en la sentencia recurrida no se pone de manifiesto el " animus domini ", presupuesto necesario, como se ha dicho, para la usucapión, según expresa también el art. 447 del código civil.
Esta afirmación del recurrente, con ser cierta en su literalidad, carece de la necesaria fuerza suasoria a los efectos pretendidos. Realmente la sentencia de instancia se limita a afirmar, en su Fundamento de Derecho Quinto, que " la actora, y antes su padre, desde la adquisición del número 00 han venido poseyendo quieta, pacífica e ininterrumpidamente los bajos del número 00...". Es verdad, pues, que cuando la Audiencia se refiere, en concreto, a la posesión ad usucapionem no menta la presencia del requisito exigido contundentemente por el art. 447 y reiterado en el 1941. Sin embargo, dicha presencia no se halla ausente del discurso argumental contenido en la decisión combatida y así la sentencia continúa diciendo: " ...debe también estimarse probado en autos por cuanto todas y cada una de las afirmaciones de la recurrente en el acto de la vista resultan acreditadas en autos, y por el contrario, el documento 4 a que hace referencia la demandada, aportado por ella en el escrito de contestación, es claro indicio de la propiedad compartidas por ambas partes de la finca 00...". Este argumento referencial debe ponerse en relación lógicamente con las afirmaciones de la recurrente..que..resultan acreditadas y éstas son expuestas y consignadas en el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia: contestación del oficio de la Caja de Ahorros respecto a la concesión de hipoteca, el hecho de haber satisfecho la actora los impuestos, el haber arrendado la actora la finca a un tercero, el figurar a su solo nombre las licencias de obras, el pago por el demandado de solo la mitad del importe de las obras, " todo esto - según se argumenta - demuestra que se vino poseyendo a título de dueño y no por mera tolerancia, como se sotiene de contrario ". La Audiencia, consecuentemente, al hacer suyo este hilo argumental y al considerar que todas las afirmaciones habían quedado acreditadas, implícitamente admite y reconoce la posesión en el mismo título y concepto que pretende la parte cuyas pretensiones acoge, razón por la cual ha de considerarse también implícita la presencia del requisito legal en su decisión final.
Lo anterior lleva a la desestimación del motivo del recurso y ello acompañado del rechazo de las últimas consideraciones que expone el recurrente en el cuerpo del mismo, todas ellas dirigidas a atacar la valoración de las pruebas que hace la Audiencia, sin mención alguna de los preceptos legales que apoyan la pretendida vulneración, es decir, las normas de valoración de prueba (en este caso, documental) hipotéticamente infringidas por la Sala de instancia, y con olvido, además, que la casación no es, ni genética ni ontológicamente, una tercera instancia en la que el Tribunal pueda revisar la prueba practicada en primera instancia y su apreciación final de la segunda y olvidando también que los criterios, siempre subjetivos y parciales, de los litigantes no pueden sustituir la imparcial y objetiva aplicación de la norma por los tribunales, todo ello a menos que se advierta la necesidad de una censura de la arbitrariedad o de la irrazonabilidad, que no es el caso.
Quinto. El cuarto y último motivo de recurso invoca la vulneración de los arts. 1959 del Código civil y 342 de la Compilación de derecho civil especial de Cataluña, al no concurrir el requisito de tiempo exigido en estos preceptos para la usucapión.
En este apartado insiste nuevamente la parte recurrente en revisar la valoración de la prueba efectuada por la Audiencia, aludiendo a la pericial, a cierta documental aportada y a determinadas manifestaciones de la actora vertidas en el momento de otorgar la escritura de aceptación de herencia.Ante ello, nada cabe sino remitirse a lo dicho anteriormente respecto a la imposibilidad de revisar en vía casacional la apreciación que del conjunto de la prueba efectua la sentencia de instancia, sustituyendo la ponderación objetiva del órgano judicial por otros de valoración subjetiva.
La sentencia expresa claramente, como se ha dicho, que la actora y antes su padre , desde la adquisición del número 00 han venido poseyendo....etc.etc... Fija, pues, de manera rotunda el dies a quo, como hito inicial para el cómputo total del tiempo de posesión y lo situa al momento de adquisición de la finca rotulada con el nún. 00, contigua y unida (separada sólo por la escalera de uso común) a la núm. 00 y argumenta, razonada y no arbitrariamente, el porqué de la decisión, acogiendo los hechos y sus consecuencias jurídicas según el expositivo de la parte actora.
Con ello, la sentencia de instancia determina que la actora unió el tiempo de posesión al de su padre o causante, lo que es posible a tenor de las previsiones contenidas en el art.1960.1 del Código civil, y que aquél empezó a poseer en concepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpidamente, cuando adquirió el inmueble rotulado con el número 00, es decir, el 13 de febrero de 1958, según la escritura pública de compraventa que obra en los autos.
Y siendo ello así, según el conjunto de prueba valorado, el tiempo de prescripción adquisitiva cifrado en treinta años para los inmuebles, tanto en el art. 1959 del Código civil, como en el 342 de la Compilación de derecho civil de Cataluña, quedó cumplido el 13 de febrero de 1988, mucho antes de que la demanda origen de estas actuaciones fuera planteada, con lo que ha de decaer el último de los motivos de casación.
Sexto. La desestimación total del recurso lleva implícita la imposición de las costas al recurrente, según preceptúa el art. 1715.3 de la LEC.
Debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación interpuesto por el procurador D. Juan Miguel Sánchez Masa, en nombre y representación de D. X, contra sentencia de fecha 27 de marzo de 1998 dictada por la Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, en Rollo de Apelación núm. 57/98, juicio de menor cuantía núm. 401/96 procedente del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Vilafranca del Penedés, declarando la firmeza de la misma y condenando en costas a la parte recurrente.
Notifíquese la presente a las partes y remítase testimonio a la indicada Sección de la Audiencia, junto con el Rollo y las actuaciones del Juzgado.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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e contrario