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Timestamp: 2018-08-21 13:29:03+00:00

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﻿ SENTENCIA 2010-00781 DE MARZO 9 DE 2017
SENTENCIA 2010-00781 DE 09 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:CONSERVACIÓN DE FACTURAS COMERCIALES PARA EFECTOS ADUANEROS. SE RECUERDA QUE PARA EFECTOS ADUANEROS,EL DECLARANTE ESTÁ OBLIGADO A OBTENER ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA DECLARACIÓN Y A CONSERVAR POR UN PERÍODO DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE DICHA FECHA EL ORIGINAL DE DISTINTOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PONER A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO ESTA ASÍ LO REQUIERA, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA FACTURA COMERCIAL. ESTE DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 249 DEL DECRETO 2685 DE 1999, DEBE EXPRESAR EL PRECIO EFECTIVAMENTE PAGADO O POR PAGAR DIRECTAMENTE AL VENDEDOR Y SER EXPEDIDO POR ESTE O EL PROVEEDOR DE LA MERCANCÍA. ASÍ MISMO SE RESALTA, QUE LAS FACTURAS Y LOS DEMÁS INSTRUMENTOS SOPORTE QUE SEAN EXIGIBLES CON MOTIVO DE LA IMPORTACIÓN, NO PODRÁN PRESENTAR BORRONES, ENMENDADURAS O MUESTRA DE ALGUNA ADULTERACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPORTACIÓN, EXPEDICIÓN DE LA FACTURA COMERCIAL, FACTURA COMERCIAL, VENDEDOR, AUTORIDAD ADUANERA, PROVEEDOR, ENTREGA DE FACTURA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:546 DE JUNIO DE 2017, PÁG.963
Sentencia 2010-00781 de marzo 9 de 2017
Radicación: 08001 23 31 000 2010 00781 01
No obstante, y antes de resolver los anteriores cuestionamientos, debe la Sala aclarar que respecto de los requerimientos ordinarios y especiales que se acusan en el presente proceso no procede la declaración de nulidad que efectuó el Tribunal Administrativo del Atlántico, toda vez que se trata de actos administrativos de trámite con los cuales comienza el procedimiento administrativo sancionatorio, y dada esa naturaleza no son pasibles de control judicial.
En efecto, los primeros ordenan poner a disposición las mercancías sobre las cuales recae la investigación aduanera, y mediante los segundos, se propone la imposición de la sanción de que trata el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, todo lo cual indica que no están definiendo aún la situación jurídica de la demandante y por ello no resultan censurables judicialmente(4).
La DIAN, a través de los actos acusados, impuso a AGROAUTOS una sanción por la imposibilidad de aprehender una mercancía incursa en la causal de aprehensión y decomiso consistente en que los documentos soporte de la declaración de importación no correspondían con la operación de comercio declarada (D. 2685/99, arts. 502, nums. 1.6 y 1.25 y 503(5)).
Son responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía. Así mismo, son responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante (art. 3º ibíd.).
“ART. 471.—Pruebas en la investigación aduanera. Para la determinación, práctica y valoración de las pruebas serán admisibles todos los medios de prueba y la aplicación de todos los procedimientos y principios consagrados para el efecto, en el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal, Código Nacional de Policía y especialmente en los artículos 742 a 749 y demás disposiciones concordantes del estatuto tributario” (resaltado de la Sala).
La sanción es aplicable, en los términos de la norma comentada, al importador o al declarante, según el caso, o al propietario, tenedor o poseedor, o a quien se haya beneficiado de la operación de comercio exterior, o a quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías, o a quien de alguna manera intervino en dicha operación(6).
En relación con estos sujetos debe determinarse, a efectos de imponerles la sanción pecuniaria, que intervinieron en los hechos que dieron lugar a la medida de aprehensión de la mercancía y que no la pusieron a disposición de la autoridad aduanera cuando fueron requeridos para ello. En efecto, no es suficiente que se acredite el hecho objetivo de la no entrega de la mercancía requerida por la autoridad aduanera sino que es necesario determinar además la participación que el importador o declarante o los demás sujetos atrás referidos hayan tenido en la operación de importación (en particular, en los hechos que dieron lugar a la aprehensión), toda vez que la obligación aduanera es de carácter personal y la responsabilidad derivada de ella está delimitada por la intervención del respectivo sujeto(7).
De otro lado, como se ha precisado por esta Sección(8), en estos casos no puede alegar la demandante a su favor el hecho de que la mercancía haya obtenido su levante y ésta a su vez haya quedado a libre disposición del importador, pues la norma no contempla ningún eximente de responsabilidad y, por el contrario, incluye dentro de los eventos de imposibilidad de aprehensión haber sido la mercancía “consumida, destruida o transformada”.
10.5.1. Al analizar el expediente administrativo que dio lugar a la expedición de los actos acusados, encuentra la Sala que sí existen los supuestos establecidos en la legislación aduanera para imponer a la demandante la sanción de que trata el citado artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, en consideración a que la demandante, AGROAUTOS, actuó en calidad de importadora de los vehículos. En esa calidad la demandante es responsable de la obligación aduanera de conformidad con lo establecido en el artículo 3º ibídem, norma que en lo pertinente prevé que: “…serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador…”.
10.5.2. Ahora bien, se encuentra acreditado que la DIAN en uso de la facultad de fiscalización(9) prevista en el ya citado artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 solicitó a TRANS - AUTOMOBILE y a FERTOTA S.A., proveedores de las mercancías de AGROAUTOS, que certificaran si los vehículos importados habían sido vendidos por esa sociedad y si las exportaciones se llevaron a cabo en las condiciones vistas en las facturas que se relacionaban.
10.5.3. Para tal efecto, la DIAN libró un exhorto al Cónsul de Colombia en Bruselas (Bélgica) y en Madrid España, ciudades en donde se encontraban ubicados los proveedores de los vehículos(10).
Tramitados los respectivos exhortos, la respuesta enviada por el Cónsul de Colombia en Bruselas (Bélgica) fue la siguiente: “los B/L objeto de verificación son con los cuales se despacharon los vehículos hacia Colombia. Pero que las facturas enviadas para verificación NO fueron expedidas por ellos”(11).
Sin embargo, las copias de las facturas que nos remitió no fueron emitidas por nuestra sociedad”(12).
Por su parte, la respuesta de FERTOTA S.A., consta en la comunicación que remite la subdirectora de fiscalización aduanera al jefe de división de fiscalización de la DIAN que a la letra dice:
“Para lo de su competencia, de manera atenta remito en cincuenta y un (51) folios, la respuesta a nuestro Oficio 1890 de septiembre 27 de 2007, enviada por la jefe de la oficina nacional de información e investigación del servicio de aduana en ESPAÑA, relacionada con la compañía española: FERROTA S.A. (TOYOTA), sobre la cual la Aduana Española remite copia fotostática de 12 exportaciones definitivas realizadas por la citada compañía a nuestro país, y donde se evidencia que tales exportaciones tienen como destinatarios en Colombia a los señores: GINA MARGARITASALAZ y ROBERT EMIL FREBE LABORDE en la ciudad de Santa Marta y el señor FABIO DE JESÚS HERNÁNDEZ, en la ciudad de Bogotá. Ninguno de los documentos de exportación remitidos por la autoridad española, tiene como destinatario a la empresa colombiana: IMPORTADORA AGROAUTOS S.A. Su solicitud oficio 3132 de septiembre 7 de 2007”(13).
Como consecuencia de tal labor, la demandada encontró que las facturas que utilizó la actora como documento soporte de la importación de unos vehículos no correspondían a la operación de comercio exterior declarada, lo cual daba lugar a la aplicación de la causal de aprehensión del numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
Según lo afirman tanto el tribunal como las partes a lo largo del proceso, las pruebas solicitadas por la parte actora eran las declaraciones de importación de los vehículos importados y una certificación de la oficina cambiaria donde constaran los valores consignados en las citadas declaraciones.
En el caso concreto, la demandada expidió el auto 222, 227, 236, 239 y 247 del 11 de agosto de 2009 negando la solicitud anotada por inconducente e innecesaria (anexos 1 a 5, exp.)(14). Sin embargo, AGROAUTOS se abstuvo de interponer el citado recurso.
Impuesta la sanción a AGROAUTOS por medio de las resoluciones 45, 46, 47 del 12 de marzo de 2010 y 10164 y 10167 del 27 de abril de ese mismo año y presentado el recurso de reconsideración contra el requerimiento especial, la demandante pidió nuevamente que se practicaran unas pruebas, solicitud que le fue resuelta por medio de autos 220, 225, 229 del 26 de noviembre de 2009 y 10043 y 10046 del 30 de noviembre de la misma anualidad (ver anexos 1 a 5, exp.) negando la petición y decretando de oficio pruebas en el exterior y en el interior del país tendientes a establecer la legalidad de los documentos soportes de las declaraciones de importación con las cuales se pretendía el ingreso de la mercancía al territorio nacional.
10.5.4. En tal escenario, la DIAN orientó su actuación a lo dispuesto en el numeral 1.25 del artículo 502 ibídem y realizó la visita de aprehensión de las mercancías, sin hallarlas en el lugar de domicilio registrado por AGROAUTOS según consta en el informe visto a folio 7 del anexo 2 del expediente(15), lo que produjo que se expidieran los requerimientos ordinarios para que se pusieran a órdenes de la DIAN los vehículos importados. El siguiente es el informe:
“DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO COMISORIO EN MENCIÓN NOS HICIMOS PRESENTE EN LA OFICINA 204 DE LA CARRERA 50 # 75-111, DONDE FUIMOS ATENDIDOS POR UN SEÑOR QUE DICE SER PASTOR EVANGÉLICO Y QUE EN ÉSTA OFICINA NO FUNCIONA LA IMPORTADORA AGROAUTOS S.A., SINO LA OFICINA DE SU IGLESIA. CON BASE EN LO ANTERIOR SE DA POR TERMINADA LA VISITA, PARA DAR INICIO AL PROCESO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 503 DEL DECRETO 2685/99 Y SOLICITAR AL IMPORTADOR AGROAUTOS S.A., PONER A DISPOSICIÓN DE ÉSTA DIRECCIÓN SECCIONAL LA M/CÍA OBJETO DE APREHENSIÓN Y DECOMISO”.
Lo anterior produjo que la Administración Especial de Aduanas de Barranquilla expidiera las resoluciones 67, 79, 82, 88 y 94 del 23 de septiembre de 2009 que sancionaron a la demandante.
1. REVOCAR la sentencia apelada, y en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de ésta providencia.
4 La Sección Primera ha determinado la naturaleza de los actos administrativos mediante los cuales se formula un requerimiento especial en los siguientes términos: “Esta Sala ha indicado que el procedimiento previsto para definir la situación jurídica de una mercancía es diferente al señalado para imponer sanciones o multas; el primero se inicia con la aprehensión de la mercancía y el segundo con la formulación del pliego de cargos o, como en el caso en estudio, con el requerimiento especial aduanero; éste igualmente es el momento a partir del cual se cuenta el término de caducidad de la facultad sancionadora de la administración. Ha dicho la Sala:
“La Sala ha distinguido entre la actuación para definir la situación jurídica de la mercancía, por un lado, y la actuación para sancionar el autor de la falta, así: «Considera la Sala que el ordenamiento aduanero, desde el Decreto 1750 de 1991, distingue entre la actuación encaminada a definir la situación jurídica de una mercancía ―que se inicia con la aprehensión y puede concluir con el decomiso―, por una parte, y la actuación que tiene por objeto imponer multa al responsable de la correspondiente infracción administrativa, …
El artículo 14 del Decreto 1750 (integrante del capítulo II «Procedimiento») sometió la acción administrativa sancionatoria a prescripción de dos (2) años, y la sanción misma a prescripción de tres:
«ART. 14. Prescripción. La acción administrativa sancionatoria prescribe en dos (2) años, contados a partir del momento de la realización del hecho. La sanción, en los casos correspondientes, prescribirá en tres (3) años, contados a partir de la ejecutoria de la providencia que la aplique.» (resaltado fuera de texto). La acción sancionatoria, cuyas etapas, a saber: pliego de cargos, descargos y decisión, están reguladas en el artículo 2º del Decreto 1800 de 1994, debe surtirse dentro de los dos años siguientes a la identificación de la falta,…”(4).
Por lo tanto, de conformidad con las normas y la jurisprudencia transcritas, se infiere que el acto que da inicio al procedimiento dirigido a imponer una sanción por infracción a la legislación aduanera, es la formulación del requerimiento especial, pues a partir de ese momento la administración identifica o tiene conocimiento de la conducta constitutiva de la infracción. Así lo ha señalado esta Sala en materia de requerimiento de la mercancía no declarada, en el siguiente sentido:
“… debe tomarse como fecha de ocurrencia de los hechos aquella en que la DIAN hizo el requerimiento de la mercancía al haberse demostrado, en opinión la misma, que tenía una composición química diferente de la declarada, por lo que debía considerarse como “no declarada”, según las voces del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, pues fue solo hasta ese momento en que identificó la falta o tuvo conocimiento de la infracción y no antes, lo que coincide con la interpretación que hace la DIAN en el Concepto 126 de 10 de mayo de 1999, a que alude la demandada. Es oportuno traer a colación la sentencia de 31 de octubre de 2002 (exp. 7346, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual se precisó que puede tenerse como fecha de ocurrencia de los hechos “... el día en que la DIAN inició el trámite administrativo ... pues solo ella es la competente para, de acuerdo con el análisis de la documentación presentada, determinar si dicha introducción es legal o no...”(4) (resaltados no son del texto original)”. (Sent. nov. 1º/2007 proferida en el proceso radicación 25000-23-27-000-2003-00803-01).
5 Decreto 2685 de 1999 “Por el cual se modifica la legislación aduanera”.
6 Según lo ha precisado esta Sala “la norma no le impone a la administración la carga de determinar la responsabilidad de cada uno de los sujetos que participan en el trámite aduanero en aras de graduar la pena o sancionar únicamente al «culpable»; por el contrario, consagra la posibilidad de aplicar la misma sanción a cada uno de los individuos intervinientes en la operación por la cual se requirieron las mercancías que no fueron puestas a su disposición dentro del término otorgado. Lo anterior, por cuanto el espíritu de la norma no es otro que el de sancionar en forma contundente delitos como el contrabando, lavado de activos y la evasión de impuestos, que afectan en gran medida el patrimonio y el progreso del país” (Sent. abr. 29/2015, proferida en el proceso con radicado 2009-00283-01, C.P. María Elizabeth García González).
7 En ese sentido, la Sala reitera el criterio que expuso en las sentencias de 3 de julio de 2014, proferida en el proceso con radicación 25000 2324 000 2009 00253 01, y 26 de noviembre de 2015, proferida en el proceso con radicación 25000 2324 000 2009 00405 01, ambas con ponencia del consejero de Estado Guillermo Vargas Ayala.
8 Al respecto, ver la sentencia del 20 de junio de 2012, proferida en el proceso con radicado 25000 2324 000 2008 00171 01, C.P. María Elizabeth García González.
9 Sobre el tema ver sentencia del 3 de agosto de 2003 proferida en el proceso 1999-02546-01 por esta Sección.
10 Ver anexos 1 a 5, expediente.
11 Folio 13 ibídem.
12 Folio 14 ibídem.
13 Folio 10, anexo 5, expediente.
14 Sobre el particular observa la Sala que las pruebas solicitadas, esto es, las declaraciones de importación y la certificación de la oficina cambiaria sobre el valor pagado por la importación de los vehículos no resultaban conducentes ni pertinentes para controvertir la declaración del proveedor con base en la cual se abrió investigación y se sancionó a la actora, pues aquéllos documentos prueban la legal introducción de los vehículos al país pero no determinan la veracidad de los documentos soportes (facturas) de la operación de comercio exterior.
15 Para cada una de las decisiones que se censuran se dio cuenta de ésta actuación, de kodo que en cada uno de los anexos reposa el respectivo informe.

References: ARTÍCULO 249
 artículo 503
 artículo 503
 artículo 3
 artículo 502
 artículo 502
 artículo 502
 ARTÍCULO 503
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 72