Source: http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1983_72/Primer_Informe_de_Gobierno_del_presidente_Miguel_d_1222_printer.shtml
Timestamp: 2018-09-19 09:57:08+00:00

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En cumplimiento del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asisto a la apertura de sesiones ordinarias de esta Representación Popular, con objeto de presentar el informe acerca del estado que guarda la administración pública del país.
En este momento entrego el documento por escrito, el cual consta de un texto principal en 275 páginas y 13 anexos, que detallan las acciones realizadas.
Inicié mi gobierno con dos marcos de referencia: los compromisos políticos derivados del mandato electoral del 4 de julio de 1982 y la exigencia de enfrentar, la decisión y firmeza, una situación económica crítica que, de no ser controlada, significaba una amenaza para la estabilidad política del país.
Siete postulados fundamentales sintetizaron la plataforma electoral por la que el pueblo mexicano votó.
El nacionalismo revolucionario es el valor primordial de nuestra ideología política.
Nacionalismo y revolución son conceptos inseparables.
La historia nos ha hecho nacionalistas por necesidad vital de subsistencia, ante las ambiciones y agresiones externas, así como antes las fuerzas de disgregación que nos afectaron en otros tiempos.
Somos revolucionarios por la voluntad permanente de construir la sociedad libre, justa y próspera que ambicionamos los mexicanos.
Regido por la libertad, la justicia y la democracia, el nacionalismo revolucionario está enraizado en nuestra cultura nacional y en nuestro proceso histórico.
Es el resultado de la secuencia ideológica de nuestras luchas populares de independencia, Reforma y Revolución.
Es la filosofía política que arranca con Hidalgo y Morelos, se reafirma con Juárez y los liberales, se plasma con Madero y Carranza en la Constitución de 1917 y se continúa en los regímenes postrevolucionarios.
Es la gran fuerza que con base en la conciencia de un pasado común, nos da la solidaridad en un presente y la inquebrantable voluntad de mantenernos en la inquebrantable voluntad de mantenernos en el futuro con una nación viable y soberana.
La democratización integral surge también de nuestro proceso histórico.
El Constituyente de 1917 concibió la democracia como una estructura política, un régimen jurídico y un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
La democratización integral exige fundar el poder político en el consenso básico de las mayorías de sujetar la autoridad al derecho, para garantizar las libertades de los hombres y orientar
La democracia se organiza fortaleciendo en balance y la colaboración de los poderes, el federalismo y el municipio libre, organizando la vida política sobre la base del respeto al pluralismo ideológico, ampliando la participación ciudadana mediante el ejercicio de sus derechos y obligación de los gobernantes de guiar su acción por el mandato popular.
La democratización integral requiere también una participación amplia y equitativa de los diferentes grupos sociales, tanto en los procesos económicos, como en los demás aspectos de la vida social.
De ahí que aspiremos a una vida sociedad igualitaria; esto es, a un orden social justo, ya que las grandes disparidades que hemos sufrido limitan y aun impiden el goce efectivo de las libertades y los derechos sociales, obstaculizando el ejercicio real de la democracia.
La renovación moral fue definida como la revigorización de todo lo que propicie y garantice el cumplimiento de nuestros deberes para con la nación.
Ofrecí inducir con el ejemplo del gobierno, con el mío propio, el compromiso de todos los mexicanos para fortalecer nuestros valores.
Nuestra guía es el derecho.
La descentralización de la vida nacional está íntimamente ligada, a la decisión política fundamental de regirnos por el sistema federal.
Si la transformación planteada por la Revolución implicó concentrar esfuerzos, la complejidad del tejido social y la necesidad de un desarrollo territorial más equilibrado exigen hoy dispersarlos.
El desarrollo sostenido, el empleo y el combate a la inflación, son la propuesta para la transformación económica del país.
Ubicando como una prioridad al hombre, este criterio sintetiza logros cuantitativos y cualitativos; afirma los principios constitucionales de rectoría del Estado, economía mixta y libertades económicas.
Es estrategia fundamental para gobernar, no sólo frente a la adversidad, sino hacia el cambio estructural.
Estos criterios generales han orientado la acción de mi gobierno porque por ellos votó el pueblo.
A pesar de la adversidad, han normado y guiarán la acción de mi gobierno en todo momento.
Los seguiré aplicando en la práctica de nuestras acciones.
El 1 de diciembre inicié mi mandato en medio de una profunda crisis económica que conmovía a toda la sociedad.
Estábamos en riesgo de confrontación, con un clima interno de gran desconfianza e incertidumbre y con severos problemas en el exterior.
Por ello, los aspectos económicos de la crisis amenazaban con transformarse en una seria dislocación social y política.
Si nos abandonábamos a la inercia, o por no afectar intereses optábamos por una política gradualista, la patria podría haberse afectado gravemente.
La situación era de emergencia.
Ofrecí gobernar con la verdad; decir al pueblo lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Me he propuesto explicar la claridad a la Nación la raíz y la razón de la crisis que vivimos.
No podía demandar de la sociedad el severo esfuerzo que requiere su solución, sin una cabal comprensión de los problemas.
El nuevo gobierno encontró una economía caracterizada por el desplome y el retroceso de la producción, con hiperinflación, desempleo creciente, aumento explosivo del déficit público y del circulante, caída del ahorro canalizado a través del sistema financiero, devaluación aguada del peso y pérdida de soberanía monetaria, agotamiento de las reservas internacionales, una deuda externa de magnitud sin precedente y la virtual suspensión de pagos a nuestros acreedores internacionales, con la consecuente interrupción de nuestras relaciones económicas con el exterior.
Esta situación fue acelerándose conforme avanzaba el año de 1982: el producto nacional creció en los primeros meses, pero se desplomó en los últimos, arrastrando en su caída al empleo, mientras la inflación se triplicó en el curso del año.
El peso se devaluó en seis veces.
El proceso de desarrollo se había paralizado y se habían deteriorado las bases para lograr mejoras en el bienestar de las mayorías e, incluso, para mantener los niveles ya logrados.
Enfrentábamos no sólo una crisis circunstancial, sino una de carácter estructural que rebasaba el ámbito económico, al darse también manifestaciones de encono entre diferentes sectores sociales, que implicaban un cuestionamiento de nuestros principios rectores y, en algunos grupos, de la organización misma de la Nación.
Estos elementos de la crisis interna se conjugaban con una situación internacional caracterizada por la inestabilidad, la incertidumbre, el temor y la imposibilidad de mantener la dinámica económica y el empleo en la mayoría de los países, independientemente de que fueran capitalistas, socialistas o de economía mixta.
México resintió particularmente la baja en la demanda y en los precios del petróleo en el mercado internacional, el estrechamiento de las disponibilidades financieras y las alzas en las tasa de intereses.
Un peso sobrevaluado respecto al dólar indujo fuertes fugas de capitales.
No obstante, factores internos agravaron el impacto de la situación internacional en el país.
Cada uno de ellos, aisladamente, no puede explicar por sí solo la crisis, pero sumados, provocaron los problemas tan agudos y severos que vivimos.
Frente a esta situación, ofrecimos actuar con decisión, firmeza y un claro sentido del rumbo que queremos.
Propusimos como objetivo central mantener nuestras instituciones en el marco de las libertades consagradas por nuestra Constitución.
El estado enmarcó su respuesta decidida en un contexto democrático ante el mandato recibido y reconociendo el pluralismo creciente de la sociedad mexicana.
Ello exigía atacar de raíz la crisis económica y llevar a cabo los cambios cualitativos necesarios para reorganizar nuestras instituciones, recobrar la confianza y evitar que se quebrantara la solidaridad social.
El 1 de diciembre puse en marcha el Programa Inmediato de Reordenación Económica, planteando en diez puntos las acciones para enfrentar la crisis.
Se buscaba recuperar la estabilidad indispensable para el funcionamiento de la economía, mediante decisiones realistas y firmes, por más duras que parecieran.
Nos propusimos atacar, simultáneamente las raíces de nuestros problemas principales, planteando una estrategia de cambios cualitativos derivada de los siete criterios básicos delineados en mi campaña, que sentaran las bases para transformar la calidad de las estructuras del país.
Mi gobierno persigue estabilidad económica y cambio estructural al mismo tiempo.
Ello demuestra nuestra vitalidad como nación joven, pero no por esto olvidamos que somos un pueblo con tradición e historia; no se trata de inventarnos de nuevo y olvidar lo que se logrado, con el esfuerzo de las generaciones anteriores.
El cambio que proponemos es revolucionario y progresista; la historia no puede, no debe volver atrás.
Es una transformación nacionalista, conducida por nosotros mismos, conforme a nuestra doctrina y experiencia políticas, partiendo de nuestra realidad específica.
Proponemos el cambio a través del derecho y las instituciones, con respecto a nuestros valores fundamentales de libertad, democracia y justicia; un cambio que ajuste y corrija, que supere y construya, que nos lleve a una etapa superior de nuestra historia.
Para dar bases firmes y ciertas a las tareas propuestas el 1 de diciembre, promoví un conjunto de reformas y adiciones a la Constitución General de la República y un importante paquete legislativo.
Las reformas de contenido económico modernizaron y actualizaron principios básicos de nuestra doctrina revolucionaria: la rectoría del desarrollo por parte del Estado, el sistema de economía mixta -con la coexistencia equilibrada y armónica de los sectores público, privado social- y un sistema de planeación democrática para encauzar el desarrollo integral del país, bajo la conducción responsable y legal de Estado, con respeto a las libertades que garantiza nuestro texto constitucional.
Promovimos una restructuración radical del artículo 115 de la Constitución, para fortalecer las bases del Municipio Libre.
Para enriquecer el catálogo de nuestros derechos sociales, elevamos a rango constitucional el derecho a la salud y los principios básicos de una política de desarrollo rural integral.
Oportunamente, y en consecuencia con las reformas constitucionales propuestas, promovimos la Ley de Planeación, una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reformas a la Ley Federal de la Administración Pública Federal y una nueva Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca de Crédito.
Asimismo, promovimos varias reformas al Código Civil, relativas a la reparación del daño moral, y al Código Penal con el fin de aumentar las penas a conductas ilícitas de los servidores públicos.
La crisis no paralizó, sino que ha vitalizado el ímpetu renovador que las circunstancias nos exigen.
Desde las primeras semanas de mi gobierno, iniciamos los trabajos para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988.
Para tal efecto, organizamos 19 foros de consulta popular para la planeación democrática, a los que concurrieron funcionarios públicos; dirigentes campesinos, obreros y populares; representantes de partidos políticos; legisladores; representantes empresariales, organizaciones de profesionistas, periodistas y, en general, personas ligadas a los diversos aspectos de nuestra vida social y económica.
De este proceso, ampliamente participativo, y bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Federal, surgió el Plan que dimos a conocer el 30 de mayo del presente año.
En este documento, el gobierno, adquiere compromisos explícitos con el país a precisar la definición política de su estrategia de desarrollo.
De esta manera, a las bases jurídicas hemos agregado un plan para conducir en forma democrática y ordenada el desarrollo del país.
Para vencer la crisis hemos fortalecido las instituciones de la República.
A la confrontación destructiva hemos preferido el llamado de la solidaridad nacional y la negociación legal y pacífica de los conflictos.
Mientras que en otras latitudes se responde a la crisis con autoritarismo, México puede ufanarse de preservar un sistema de libertades individuales y derechos sociales.
Debemos apreciar y defender celosamente el clima de libertades que hemos forjado a través de nuestra lucha histórica, fruto preciado que debemos tener presente en nuestra conciencia personal y nacional.
Hemos observado estrictamente las libertades de pensamiento y de libre expresión de las ideas, la libertad religiosa, las libertades de asociación y manifestación políticas, las libertades de profesión, industria, comercio, trabajo, libre tránsito y domicilio.
Procuramos cumplir, con el máximo esfuerzo, el derecho de petición y las garantías de seguridad jurídica que tutelan la vida, la libertad, las posesiones y los derechos de todos los mexicanos.
Solo hemos considerado el abuso de la libertad cuando se amenaza la de los demás o se pretende romper el orden y la seguridad pública.
Procuramos permanentemente ajustar la acción de la autoridad al mandato de ley.
A riesgo de parecer tolerantes frente a fenómenos de desorden social, hemos sido constantes en el diálogo y la negociación para solucionar los conflictos.
La autoridad está obligada a buscar siempre la conciliación para evitar la violencia y la discordia entre los mexicanos.
Reconocemos que ésta no es plena y perfecta, que hay fenómenos que la amenazan y eventualmente la interrumpen en hechos aislados, pero México, afortunadamente se ha mantenido alejado de una tónica generalizada de violencia y desorden.
Afiancemos y perfeccionemos todos, la paz de la República.
Ello es responsabilidad común.
El primer obligado es el poder público.
A través de estos actos concretos, estamos avanzando en el fortalecimiento de nuestras instituciones y procesos democráticos.
Nos hemos propuesto perfeccionar en la práctica el principio de la división de poderes.
El ejecutivo ha procurado mantener informado oportunamente al Poder Legislativo sobre la marcha de los asuntos de la administración pública.
En los términos de la ley señala, los funcionarios del Ejecutivo Federal han comparecido ante las Cámaras para presentar o aclarar proyectos y dar informes.
Con frecuencia, los funcionarios del Poder ejecutivo se reúnen con los integrantes de las comisiones especializadas de ambas Cámaras para proporcionar informes.
Por primera vez, se han enviado a la Cámara de Diputados informes trimestrales sobre la marcha de las finanzas públicas y la situación económica nacional, lo cual les permitirá seguramente en mejor ejercicio de las facultades financieras del Congreso.
El Senado de la República ha vigorizado su actividad e influencia en la política exterior y, en general, me complace reconocer en la Cámara Federal una nueva actitud dinámica y constructiva.
Hemos procurado también dar mayor fortaleza y dignidad al Poder Judicial.
La acción de las leyes tiene efectos limitados si no opera un sistema eficaz y respetable de administración de justicia.
En nuestro sistema constitucional, la acción del Poder Judicial, mediante los procesos de control de la constitucionalidad y la legalidad de los actos de autoridad, es el medio expedito para asegurar las garantías individuales y equilibrar las conductas de los otros dos poderes.
Por ello, considero que la reforma jurídica y de la administración de justicia, es uno de los cambios cualitativos más importantes que debemos promover en nuestra estrategia de desarrollo integral.
Este programa busca servir a los propósitos de democratización integral, sociedad igualitaria y renovación moral de la sociedad.
El Ejecutivo Federal ha apoyado el proceso de modernización administrativa y la revisión de las condiciones de trabajo del Poder Judicial Federal, que se habían rezagado históricamente respecto de los servidores públicos de las ramas legislativa y ejecutiva.
Las actividades de los partidos políticos y los procesos electorales se han efectuado conforme al marco legal que los rige.
Mi gobierno ha mantenido el diálogo respetuoso y fructífero con los partidos políticos.
En reuniones que he sostenido personalmente con sus dirigentes y a través de diversos funcionarios, se ha mantenido un clima de intercambio libre y respetuoso de nuestras ideas.
En general, me es altamente satisfactorio constatar que, a pesar de las difíciles circunstancias que padecemos, hemos mantenido una política de diálogo y de respeto a las garantías ciudadanas.
Se han conservado y ensanchado las formas de expresión y participación políticas de las minorías.
Toda asociación o partido político que ha deseado expresarse y criticar al gobierno lo ha hecho libremente, con lo que se ha preservado irrestricta la libertad de manifestación de las ideas.
Así lo confirman los hechos diarios y el testimonio del pueblo.
Reitero mi convicción de que la consolidación democrática de México exige el más pleno respeto al pluralismo ideológico y al pluripartidismo.
Si bien las reglas de la democracia las fijan las mayorías, es indispensable también el respeto a la expresión y participación de las minorías en la vida política del país.
Ello implica que el respeto sea norma de conducta recíproca entre las distintas corrientes políticas y que su acción se ejerza siempre dentro del cauce de las leyes.
El pluralismo no puede ser pretexto para quebrantar la libertad, ni para minar la democracia o tentar contra el orden jurídico.
Hagamos juntos, gobierno y partidos, un juego político maduro y responsable, a la altura de lo que nos exige por igual a todos el pueblo de México.
Se han celebrado las elecciones para renovar la gubernatura de Jalisco, Campeche, Chihuahua, Durango, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes y Oaxaca y en 448 ayuntamientos de siete estados de la República.
Hemos cumplido con la responsabilidad del Estado para garantizar la observancia de la ley por parte de todas las organizaciones políticas.
Nos seguiremos empeñando en perfeccionar los procesos electorales.
Las relaciones con los estados han sido respetuosas de su soberanía.
Hemos promovido programas que fortalecen y amplían la participación de las entidades federativas en las políticas de desarrollo regional y estatal.
A través de este Convenio único de Desarrollo, la Federación y los gobiernos de los estados coordinan sus acciones para armonizar los intereses nacionales y los locales.
Sigue incrementándose sustancialmente la participación de los estados en el producto de los impuestos federales.
El fortalecimiento de los estados y municipios es también objetivo primario de nuestra estrategia de desarrollo político, con democracia y descentralización administrativa.
Por ello atribuyo la importancia destacada de las reformas al artículo 115 constitucional y al proceso de su reglamentación y puesta en práctica.
Esta será la primera fase de la revisión del estado que guarda la reforma política.
La comunicación social es fenómeno esencial de la vida política y cultural del desarrollo nacional.
La norma fundamental en esta materia es la libertad, tal como lo señalan la Constitución y las leyes.
En el Plan Nacional de Desarrollo se ha definido la política de comunicación social y sus compromisos, después de haber consultado a la sociedad en amplios foros participativos.
Para tal efecto, ha reforzado su órgano periodístico oficial -El Nacional- y ha establecido, como organismos descentralizados, los Institutos Nacionales de Radio, Televisión y Cinematografía, buscando dar mayor congruencia, efectividad y mejor servicio a la comunidad.
En las relaciones del gobierno con los medios particulares de comunicación, la política está fijada en la "Constitución y en las leyes respectivas.
El Consejo Nacional de Población ha adoptado un programa de desarrollo demográfico que atiende equilibradamente los aspectos cualitativos y cuantitativos.
Los programas de planeación familiar merecerán particular impulso, respetando en todo momento la libertad de decisión de la pareja y su dignidad personal.
En lo cualitativo, el criterio demográfico tenderá a elevar la calidad de vida y el bienestar general de población.
Hemos modificado la organización administrativa del Estado para propiciar un control de la gestión pública que garantice racionalidad, eficiencia y honestidad con el quehacer cotidiano del gobierno.
Con tal objeto, promovimos la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y auspiciamos reformas para ordenar las funciones y delimitar las responsabilidades de varias Secretarías de Estado a fin de corregir errores y ratificar aciertos.
El gobierno de la República cumple su parte en la renovación moral de la sociedad no sólo, mediante las actividades de la nueva Secretaría, sino a través de cada una de las dependencias y entidades del Sector Público.
Estamos instrumentando el Sistema Nacional de Control, Fiscalización y Evaluación que contribuirá al uso racional y transparente de los recursos que maneja la administración pública, para que el patrimonio social no se dilapide por ineficiencia o deshonestidad.
Este sistema de control interno del Ejecutivo dará mejores bases al Poder Legislativo para vigilar, evaluar y exigir responsabilidades a los funcionarios primero.
Eficiencia y honestidad no son términos que se excluyen; no sacrificaremos una parte por la otra.
Necesitamos que ambas características sean inherentes al ejercicio de la función pública.
Mediante reformas al Código Fundamental, se establecieron los criterios que norman la administración del patrimonio nacional y claras disposiciones para el uso, adquisición y ventas de bienes públicos para evitar que estos actos queden sujetos a la arbitrariedad del servidor público.
Los recursos patrimoniales del país son para servir al pueblo, no para servirse de ellos.
Es inmoral la confusión de las finanzas del Estado con las propias; la función pública no se compagina con los negocios privados, y menos aun cuando éstos se benefician del ejercicio de aquélla.
Por una parte, fijamos el marco jurídico que regula el manejo de los recursos públicos, y establece la responsabilidad de los servidores que en ello intervienen.
Por la otra, alentamos, mediante las reformas legales pertinentes, el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, habiendo iniciado sistemáticamente la instauración de un servicio civil que auspicie la superación personal de quienes se dedican a servir a la sociedad.
Se consagra así una demanda sentida de los trabajadores del sector público y se revitaliza el pacto entre éstos y el Estado sobre las bases de justicia, honestidad y eficiencia.
Del empeño de los servidores públicos depende el éxito de los programas de gobierno.
Quiero, en este momento, hacer un llamado a todos los que han elegido servir al pueblo desde la administración y las empresas públicas, para que asuman esta vocación con la alta conciencia que la Nación reclama de todos nosotros.
Hemos utilizado el proceso de consulta popular para analizar las condiciones que guarda nuestro sistema jurídico y las acciones en que se actúan los órganos encargados de la seguridad pública y la administración de la justicia.
Sobre estas bases impulsaré una reforma jurídica e institucional que tendrá un gran impacto en la vida cotidiana del pueblo y tiende también a dar mayor calidad a nuestra vida social.
Después de realizar una consulta de amplitud sin precedente en materia de administración de justicia y de seguridad pública, se dispone ya de planteamientos precisos y concretos que abarcan el conjunto del derecho nacional y que proponen reformas profundas en materia de amparo y justicia penal, civil, familiar, administrativa, laboral, agraria, mercantil y de policía y buen gobierno, así como en la organización para la seguridad pública.
Se ha venido trabajando en estas reformas con el propósito de someterlas a la consideración de este honorable Congreso, una vez que los proyectos sean debidamente afinados.
Se ha dado a conocer, en un proceso de amplia consulta, un anteproyecto de Código Penal; de acuerdo a la respuesta de opinión pública, se formulará oportuna y meditadamente la iniciativa que corresponda.
Nos hemos empeñado en modernizar y sanear la organización de las Procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal.
Para ello, se ha puesto énfasis en las tareas de selección, formación, capacitación y desarrollo del personal a ellas adscrito, ya que de él depende la calidad y limpieza de sus servicios.
Los Institutos Técnicos y de Formación Profesional de las Procuradurías actúan en forma coordinada.
El Instituto Nacional de Ciencias Penales se adscribió a la promoción y apoyo de la Procuraduría General de la República.
En los casos en que ha sido necesario se han tomado medidas de depuración.
Se han revisado y actualizado las normas interiores, y, se promueve la actuación profesional y justa en las acciones del Ministerio Público.
Sólo se ha procedido a consignar con base en investigaciones que hacen presumir, con hechos y razones jurídicas la presunta responsabilidad de los inculpados.
Moralizar y modernizar los cuerpos de policía es un reclamo nacional y figura, por lo mismo, entre los principales empeños de mi gobierno.
Continuaremos esforzándonos para lograr que las corporaciones policiales sean garantía de seguridad y tranquilidad ciudadana y que actúen con suficiencia técnica y apego a la ley.
Hemos empezado a actuar en las Policías Preventiva y Auxiliar del Distrito Federal, así como en las Policías Judiciales Federal y del Distrito Federal.
Hemos desaparecido cuerpos policiacos sin fundamentación jurídica, depurando mandos elementos indeseables y consignando a personas cuando se ha determinado su presunta responsabilidad.
Pero al lado de estas acciones sancionadoras, estamos reforzando los sistemas de capacitación, enseñanza, selección y ascenso de personal.
Hemos iniciado la ampliación de los sistemas de seguridad social para los policías y sus familias, retabulando sus niveles de ingreso, aumentando y mejorando sus equipos de trabajo y estimulando y recompensando a los muchos policías que actúan como auténticos servidores de la sociedad.
Están en preparación diversos proyectos legislativos y reglamentarios para una nueva normatividad de los cuerpos policiacos.
Lo alcanzado aún no es satisfactorio.
Cuesta mucho trabajo mejorar lo que por años, por muchos años descuidamos o toleramos.
Seguiremos con la tarea de dotar a la sociedad de cuerpos de policía profesionales y honestos.
Mi obligación ha sido y es hacer guardar la Constitución y las leyes que de ellas emanen: ese ha sido mi mandato.
Desde la más alta tribuna nacional me comprometo a perseverar en este camino hasta el fin de mi gobierno.
Me es honroso expresar, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea siguen cumpliendo con honor, patriotismo y lealtad su alto encargo de velar por la seguridad de la nación.
Nuestras fuerzas armadas son un ejército de paz y de trabajo incansable por el bienestar de los mexicanos.
Las fuerzas armadas están efectuando un encomiable esfuerzo para aprovechar óptimamente los recursos materiales y financieros que la nación les ha asignado para el cumplimiento de sus objetivos y el mejoramiento de la condición de sus integrantes.
Quiero destacar, particularmente, la contribución del Ejército en la campaña contra la producción y tráfico de estupefacientes; así como la vigilancia y salvaguarda de nuestros mares nacionales por la Armada Nacional.
La seguridad de la nación descansa en su fortaleza interna y en la búsqueda de paz en el exterior.
La civilización de nuestros días se caracteriza por una creciente interrelación de las naciones.
Lo que sucede en cualquier parte del mundo afecta a todos los países.
Hoy, más que nunca es imposible el aislacionismo o la indiferencia en las relaciones internacionales.
La situación internacional es preocupante.
Los gastos en armamento y preparativos bélicos son insensatos a la luz de la razón y se han constituido en la causa principal de la crisis económica y social que azota a todo el mundo: al Este y al Occidente, al Norte y al Sur.
La situación económica internacional es, en buena medida, parte de nuestros problemas: subsiste el desorden financiero y comercial, resurge el proteccionismo al contraerse el comercio internacional, se presentan fluctuaciones erráticas en los precios de las materias primas, las monedas son inestables, el costo del dinero se mantiene alto, los intercambios petroleros se contraen.
Observamos falta de voluntad política para la cooperación económica internacional.
Como consecuencia, cada país pretende resolver su propia crisis sin atender su interrelación con el resto de las naciones.
En este medio internacional, hostil y poco favorable, la política exterior de México se sigue fundando en la claridad de propósitos y acciones y en los principios permanentes que hemos estructurado durante más de 150 años de vida independiente: autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos de los Estados, solución pacífica de las controversias, igualdad jurídica de los Estados y cooperación internacional para el desarrollo.
La política exterior que conducimos tiene por fin primordial la defensa y promoción de los intereses de México, sin descuidar nuestras obligaciones como miembros responsables de la sociedad de naciones.
Participamos activamente en los diferentes foros de la Organización de las Naciones Unidas.
Destaco particularmente nuestra acción en el Consejo de Seguridad y en los organismos encargados de procurar acuerdos de desarme, así como los que se abocan a cuestiones económicas, sociales y culturales.
América Latina y el Caribe han ocupado un lugar destacado en la política exterior de México.
En particular, nuestra intensa actividad diplomática para coadyuvar a una solución política en los conflictos de países hermanos de Centroamérica ha estado orientada por los principios históricos y los intereses soberanos de la nación.
Hemos concentrado nuestras principales acciones en torno a los esfuerzos del Grupo Contadora integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela.
En la reunión de Presidentes que tuvimos las directrices generales de un programa para la paz que hemos propuesto a los países, centroamericanos.
El programa supone, además del estricto cumplimiento de los principios esenciales que rigen las relaciones internacionales, la celebración de acuerdos y compromisos políticos que conduzcan, en el ámbito regional, a un efectivo control de la carrera armamentista, la eliminación de asesores extranjeros, la creación de zonas desmilitarizadas, la proscripción del uso del territorio de unos Estados para desarrollar acciones políticas o militares de desestabilización en otros, la erradicación del tráfico de armas y la prohibición de otras formas de agresión o injerencia en los asuntos internos de cualquiera de los países del área.
Los presidentes del Grupo Contadora trasmitimos mensajes a los Jefes de Estado de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, convocándolos a contribuir con su voluntad política para que las propuestas contenidas en la Declaración de Cancún, destinadas a la pacificación del área, puedan alcanzar plena aplicación.
Sólo mediante la cooperación y el diálogo ser posible consolidar una paz firme y duradera en la zona.
En mi entrevista con el Presidente de Brasil, Joao Baptista Figueiredo, en Cancún, tuvimos importantes coincidencias respecto al desarme, a la situación centroamericana, a la revitalización del diálogo Norte Sur y sobre la colaboración latinoamericana.
Se establecieron bases para la cooperación de los 2 países, principalmente en los ramos de bienes de capital, siderurgia y petroquímica.
Tuve la oportunidad de mantener conversaciones con los Presidentes de Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y con la reina de la Gran Bretaña.
Recientemente recibí la visita del Primer Ministro de Belice.
En nuestras relaciones con los Estados Unidos hemos mantenido un diálogo digno, cordial y sistemático.
Los temas relevantes han sido las relaciones bilaterales en materia comercial y financiera, la atención a los problemas de la frontera común y la protección de los intereses de nuestros ciudadanos en esa nación.
En un ambiente de proteccionismo creciente hemos insistido, en especial con los Estados Unidos, sobre la necesidad de encontrar soluciones que permitan un mayor intercambio comercial entre nuestros países.
El dinamismo de las relaciones comerciales tendrá que darse necesariamente a partir de mayores exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, a otros países desarrollados y de la región latinoamericana, fundamentalmente.
En mi reciente entrevista con el Presidente Reagan, en La Paz, pude expresarle el sentir de México respecto a los problemas bilaterales que nos atañen y de otros de la región.
Reafirmamos el clima de cordialidad y respeto en nuestras relaciones, el diálogo sistemático y de buena fe para superar problemas y ampliar la colaboración, y convinimos en seguir negociando un conjunto de asuntos de importancia en nuestra amplia y compleja relación.
El objetivo de estas negociaciones es superar diferencias y ampliar coincidencias, en beneficio recíproco y equitativo de nuestros pueblos.
La madurez de nuestra relación nos permite tratar nuestras divergencias con serenidad y franqueza.
El prestigio que ha ganado la actividad diplomática de México se ha afianzado en los principales foros internacionales.
Tuvimos una importante participación en la reunión del movimiento de países no alineados -en carácter de observadores-, dentro del Grupo de los 77, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y en las comisiones bilaterales con todos los países del mundo, enfatizando la solidaridad latinoamericana.
La fuerza de nuestra política exterior radica en nuestros principios y en la capacidad que estamos demostrando para enfrentar nuestros problemas.
Seguimos reforzando la soberanía nacional a partir y a favor de nuestra consolidación y unidad interna y perseverando en la búsqueda de la paz en el exterior.
La política económica se ha enfrentado a un reto sin precedente en nuestra historia, por la magnitud y complejidad de los desafíos.
Frente a las presiones demográficas y sociales, las bases materiales para generar oportunidades de crecimiento, empleo y fuentes de ingreso, estaban dislocadas.
Para combatir la crisis se requería un ajuste económico drástico, que inevitablemente tendría un costo social; pero éste hubiese sido mucho mayor y mucho más doloroso si el gobierno no hubiese tomado la iniciativa de sujetar la crisis.
Ello podría haber conducido a una situación de caos y retroceso.
Había que tomar medidas duras, a veces amargas, pero necesarias.
El desafío consistía en instrumentar estas medidas con equidad para distribuir con justicia el costo social del ajuste, evitando que el peso del combate a la crisis recayera sobre los grupos más desfavorecidos.
Simultáneamente, había que enfrentar la crisis con una visión transformadora: convertir el ajuste económico en oportunidad para actuar sobre las deficiencias estructurales de la economía, introducir cambios de fondo para poder restablecer nuestra capacidad de crecimiento, y fortalecer la economía sobre bases sólidas de permanencia, eficiencia y justicia social.
En el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 se ha precisado esta estrategia, y la estamos llevando a la práctica con eficacia, disciplina y decisión.
El Programa Inmediato de Reordenación Económica constituye la respuesta para enfrentar la crisis y crear las condiciones mínimas para el funcionamiento normal de la economía.
Las acciones que en él se precisaron están dirigidas a combatir la inflación y la inestabilidad cambiaria; a proteger el empleo, el consumo básico y la planta productiva, a mantener las fuentes de trabajo e impedir que se destruya lo que se ha creado con tanto esfuerzo.
Ello nos llevará a recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes.
El programa propuesto busca erradicar la inflación y, con ella, la desarticulación social.
No aceptamos convivir en forma permanente con la inflación, porque ello implicaría dañar las bases del crecimiento y del empleo.
Hemos sostenido que aceptar los ajustes automáticos en precios y salarios sólo llevaría a perpetuar la inflación, y, lo que sería más grave deterioraría en forma permanente el empleo y el salario real, como se ha observado en los países que han establecido otros mecanismos.
La inflación crónica sólo puede llevar a la recesión, la pérdida de empleos y la desmoralización social.
Nadie mejor que el pueblo, que las amas de casa, los jefes de familia, las clases medias y las clases laborantes, se han percatado de las terribles consecuencias de la inflación.
Esta afecta más a las clases mayoritarias.
Los países que han carecido de la voluntad para combatir la inflación han caído en esquemas de freno y arranque en su política económica, dañando y distorsionando su proceso de desarrollo.
En la lucha contra la inflación hemos actuado para poder adecuar el ritmo de la demanda a la capacidad de respuesta de la producción en las condiciones actuales.
En este esfuerzo nos hemos propuesto disminuir el déficit del sector público mediante el ajuste selectivo del gasto y el fortalecimiento de los ingresos.
La reducción propuesta, como proporción del producto nacional, es de 18 por ciento en 1982 a 8.5 este año.
A julio, el déficit total del sector público se estima inferior a 500 mil millones de pesos, que representa 33 por ciento de la meta anual y una reducción en términos reales respecto a 1982 de 64 por ciento.
Ello ha sido resultado de la escrupulosa puesta en marcha y observancia de la política de gasto público y de ingresos que anunciamos.
Sometimos a la Honorable Cámara de Diputados un presupuesto austero, con criterios de ajuste selectivo y prioridades claras.
Estamos decididos a hacer más con menos, a asignar mejor los recursos, racionalizando su uso y vigilando que el ejercicio del presupuesto corresponda a lo programado.
El gasto se ha mantenido dentro de lo programado a pesar de una situación presupuestal más difícil de lo previsto.
A julio, hemos ejercido el 55 por ciento del presupuesto autorizado por esta Representación.
El ajuste en el crecimiento del gasto público ha dado prioridad a los programas necesarios para mantener los servicios sociales indispensables - educación, salubridad, seguridad social y justicia - para apoyar el desarrollo regional, el desarrollo rural y la infraestructura de transporte.
Estas acciones han permitido seguir atendiendo las necesidades más apremiantes de la sociedad; así, la cobertura de los servicios de salud y seguridad social se ha mantenido, y abarca a 63 millones de habitantes, a través de todos los sistemas de salud. También la matrícula en el sistema educativo pasó de 23.7 millones en 1982 a 24.6 millones en el presente ciclo escolar.
En una sociedad como la nuestra, de agudos contrastes y enormes necesidades sociales por atender, no podemos pretender ajustar el déficit público por la vía exclusiva de la restricción del gasto.
Entonces sí, el costo social sería intolerable.
Por ello, en la tarea de reordenación de las finanzas públicas, hemos dado un paso importante al fortalecimiento de los ingresos.
Con este propósito sometí a este Honorable Congreso medidas fundamentales para profundizar en la reforma fiscal, al tiempo que adoptábamos una política de precios y tarifas realista.
Para repartir más equitativamente la carga fiscal se ha modernizado y actualizado el sistema recaudatorio.
A la tributación directa se le imprimió una mayor progresividad y equidad, perfeccionando los métodos de globalización y fiscalización de los ingresos de las personas físicas y de las empresas.
Se estableció para este año una sobretasa de 10 por ciento para los contribuyentes con ingresos anualizados superiores a cinco veces el salario mínimo y una desgravación de la tarifa para los estratos más bajos.
Con ello se busca que los grupos de mayores recursos contribuyan con una mayor proporción a los costos del ajuste.
En materia de impuestos indirectos, único renglón tributario con capacidad real de generación de ingresos en el corto plazo, se aumentó la tasa general del IVA del 10 al 15 por ciento.
No obstante, para hacer más equitativo este esfuerzo, se estableció una tasa del 20 por ciento para bienes y servicios de lujo, se mantuvo su exención en los alimentos de la canasta básica y la renta de casa - habitación, y se redujo la tasa para la mayoría de los alimentos industrializados y las medicinas.
Así, la mitad del consumo de las familias de bajos ingresos quedó exento del pago de este impuesto.
También se han tomado decisiones para incrementar los precios y tarifas del sector público, principalmente en los bienes que inciden relativamente más en el consumo de los grupos de mayores ingresos, eliminando así subsidios que han provocado una mayor concentración del ingreso y la riqueza.
Estos incrementos, si bien representan presiones inflacionarias en el corto plazo, son necesarios para poder reducir la inflación.
La adecuación de los precios y tarifas públicas significa aumentar los ingresos en forma selectiva.
Si el Estado no dispone de estos ingresos para cubrir los requerimientos de gasto que la sociedad demanda, debe recurrir en principio, al financiamiento inflacionario de su déficit, alentando de manera permanente el ritmo de crecimiento de los precios.
Esto daña a toda la sociedad indiscriminadamente, en lugar de afectar a aquellos con mayor capacidad para absorber la inflación.
La estrategia de ingresos adoptada ha permitido un fortalecimiento de los ingresos públicos, que ha hecho posible mejorar el financiamiento de los programas de gasto.
A junio, los ingresos presupuestales totales fueron de 2 billones 965 mil millones de pesos, que representan un crecimiento del 124 por ciento: esta evolución es ligeramente superior a lo previsto, a pesar de que algunos rubros de ingresos han tenido una evolución menos dinámica que lo esperado, como es el caso del Impuesto al Valor Agregado.
Ello ha sido compensado por mayores ingresos en otros rubros, principalmente en Impuesto Sobre la Renta y en Ingresos por Ventas Internas y Externas del Petróleo.
El circulante monetario, que crecía a tasas de 75 por ciento en noviembre de 1982, registró un crecimiento de 55 por ciento en promedio hasta agosto.
En ello ha incidido de manera fundamental la sustancial disminución del déficit para cuyo financiamiento no se ha recurrido a la creación artificial de dinero.
Con el propósito de fortalecer la intermediación financiera y retener el ahorro interno, se ha mantenido una política flexible y realista de tasas de interés.
Se trata de alentar al ahorrador para disponer de recursos de crédito, así como conciliar los efectos de la inflación con la política cambiaria y los rendimientos financieros reales que se ofrecen en otras economías.
En las últimas semanas se aprecia ya un ligero pero sostenido descenso en los niveles de tasas de interés, ligado, sobre todo, a menores expectativas inflacionarias.
Los resultados han sido positivos; la captación es mayor que la del año pasado en más de cuatro veces.
Por lo que hace a la concesión de crédito, es mayor en casi dos veces, sobre todo a partir de mayo último.
El primero de diciembre asumí el compromiso de que la Banca Nacionalizada habría de ser del pueblo y no de una nueva minoría de dirigentes.
Me propuse garantizar el manejo honesto y eficiente del ahorro de la sociedad y su canalización a las prioridades nacionales.
Se ha avanzado en la definición de su marco jurídico y administrativo con base en el artículo 28 constitucional.
Se reglamentó la prestación de este servicio, definiendo las nuevas características de las instituciones bancarias como sociedades nacionales de crédito, y la creación de órganos de gobierno y vigilancia eficiente y participativa para cada una de las instituciones.
En el Decreto de Nacionalización de la Banca se planteó el compromiso de pago justo por concepto de indemnización a los antiguos propietarios.
Con el más estricto apego a la normatividad vigente en la materia, iniciamos, desde diciembre, la valuación de cada banco nacionalizado.
Establecimos públicamente normas, criterios y procedimientos claros para valuar cada renglón de activo y pasivo.
Se han escuchado los puntos de vista de los directamente involucrados y se ha cuidado el interés de los ahorradores.
El proceso de determinación del monto de la indemnización fue largo y arduo por el cuidado con que se hizo y la magnitud de las operaciones involucradas.
Lo hemos ya concluido y se ha iniciado la indemnización.
La forma de pago ser con bonos gubernamentales a diez años de plazo, con tres de gracia.
Los intereses que pagarán estos bonos serán a tasas de mercado, con pagos trimestrales.
Al concluir el proceso de la indemnización bancaria, mi gobierno iniciará un programa de reorganización gradual pero profunda del sistema bancario y financiero mexicano.
Reitero mi compromiso de operar la banca nacionalizada con criterios rigurosamente técnicos y de escrupulosa honradez.
El objetivo que nos orientará es el de manejar el ahorro público con absoluta protección para los depositantes y con una canalización acorde con las prioridades de la política nacional, en términos de eficiencia, y sin discriminaciones subjetivas para los usuarios de crédito.
El manejo de los fondos confiados a la banca mexicana será objeto de garantía permanente por el gobierno de la República.
Su operación se hará con criterios objetivos y profesionales.
Los bancos no serán objeto de botín político.
Los lineamientos de política enunciados servirán de base a una legislación bancaria totalmente renovada cuyo estudio y proyecto nos abocamos ahora, de tal forma, que pueda ser considerada por el honorable Congreso de la Unión durante 1984.
El arreglo de la deuda externa era indispensable para restablecer relaciones comerciales, turísticas, tecnológicas y, en general, los vínculos económicos con el exterior.
Nuestro registro en el exterior se había dañado seriamente.
Después de una compleja negociación con la comunidad financiera internacional, se logró reestructurar la deuda externa del sector público y se ha avanzado en la del sector privado.
El contrato final fue firmado el 26 de agosto próximo pasado.
La deuda pública externa asciende, a mediados del presente año, a 60,009 millones de dólares, en comparación con 58,874 millones en diciembre de 1982.
Ello se explica no sólo por una menor disponibilidad de ahorro externo, sino por nuestra propia decisión y disciplina para mantenernos dentro de los montos de endeudamiento autorizados por este Congreso en diciembre próximo pasado.
Los esfuerzos de reestructuración han reducido casi en su totalidad los vencimientos a corto plazo, que llegaron a representar más de una quinta parte del total, a fines de 1982.
Así, como consecuencia, el país evitará cubrirá vencimientos por alrededor de 8 mil millones de dólares durante este año.
En 1983, la deuda pública externa crecerá en no más de 5,000 millones de dólares, a diferencia de 1981, cuando el crecimiento fue de 19,600 millones, y de 1982, que fue de 7,719 millones.
Para los próximos años, el crecimiento de la deuda será racionalizado y objeto de un manejo prudente y escrupuloso, de tal forma que represente una proporción descendente del financiamiento total.
Seguiremos acudiendo al crédito del exterior como factor complementario, para proyectos de larga maduración y que requieran un elevado contenido de importación, pero no cabe duda que el desarrollo económico futuro deberá darse en base al principal esfuerzo interno.
La reestructuración de la deuda externa hace posible disponer de recursos suficientes para adquirir las importaciones más esenciales y seguir un proceso selectivo de compras externas, en función de las necesidades básicas y urgentes.
Se ha evitado, así, la interrupción de las corrientes comerciales hacia nuestro país, que habría ocasionado daños irreparables a nuestra estructura productiva.
Las importaciones del sector privado, que fueron de 161 millones de dólares en enero de este año, ascendieron a 407 en julio último.
Para recuperar el control nacional y estabilizar el mercado cambiario, así como para superar la virtual suspensión de pagos con el exterior que se produjo a partir de agosto de 1982, pusimos en operación una nueva política cambiaria.
Se simplificó el control de cambios y se creó un mercado controlado para las importaciones prioritarias, las exportaciones de mercancías y los pagos correspondientes a la deuda externa pública y privada; para el resto de las operaciones, se estableció un mercado libre.
Recuperamos la soberanía monetaria, lo que ha permitido aumentar la disponibilidad de divisas para pago de importaciones y reiniciar el servicio puntual de la deuda.
Estos resultados de la cuenta corriente han permitido generar un superávit de 2,657 millones de dólares a junio, por lo que hemos podido dar servicio puntual a nuestras obligaciones financieras con el exterior y fortalecer las reservas internacionales en el Banco de México, que al día de ayer ascendieron a 3,552 miles de millones de dólares, mientras que al 30 de noviembre del año anterior ascendieron a sólo 1,771 millones, con un excepcionalmente reducido monto de liquidez.
La reserva actual, aún insuficiente para una situación normal, significa, sin embargo, un margen más amplio de maniobra para el manejo de situaciones imprevistas, que no teníamos hace unos meses.
Tal situación ha tenido y seguirá teniendo efectos positivos sobre la estabilidad de los mercados cambiarios, la situación financiera de las empresas, la disponibilidad de divisas y la confianza en la capacidad de nuestro país para hacer frente a sus obligaciones internacionales.
La estrategia de combate a la inflación incluye también acciones para mantener y, en lo posible, incrementar la oferta.
La reorientación del gasto público, los programas para defender la planta productiva y el empleo, y la moderación en la negociación obrero - patronal, que ha buscado proteger el empleo, son los principales factores que han permitido contener la caída de la producción que se observó a finales de 1982.
Tenemos que aceptar que los precios se ajusten gradualmente en relación a sus costos de producción y a la rentabilidad razonable del productor.
Si pretendiéramos congelar por decreto los precios, lo que obtendríamos sería no sólo una mayor inflación, sino un freno drástico a la producción y una caída sustancial del abasto.
Lo que el gobierno se ha propuesto es mantener el control de precios, sobre todo en los bienes y servicios básicos.
Esta política será invariable y la mantendremos con firmeza.
Mi gobierno solicita la colaboración del pueblo y de las organizaciones de consumidores para estas tareas.
Los consumidores son el principio y el fin de los procesos de producción y distribución de bienes y servicios, y es en beneficio de ellos que se aplica la estrategia para la modernización de la actividad comercial.
En el corto plazo, apoyamos el abasto y el poder adquisitivo del salario a través del Programa para la Producción, Abasto y Control del Paquete Básico; en el mediano plazo, racionalizaremos las diversas fases y servicios de abasto, en particular de alimentos de origen agrícola, animal y pesquero, a través de la conformación del Sistema Nacional de Abasto.
A pesar del esfuerzo realizado, la oferta de productos del paquete de consumo ha sido insuficiente en algunas de sus líneas.
En respuesta a la iniciación de las acciones del programa para la producción, abasto y control del paquete básico de consumo popular, el sistema Conasupo incrementó los niveles de producción de básicos industrializados y reforzó sus canales de distribución y concertación de acciones para el abasto del mismo con los diferentes sectores del país.
El esfuerzo realizado se empieza a reflejar en la evolución de los precios.
Se ha logrado evitar que su crecimiento siguiera acelerándose.
Así, mientras que en 1982, la inflación subió de 30% a más de 100%, en el curso del año, las tasas mensuales de la misma han descendido durante 1983, de más de 10% en enero a menos del 5% en julio.
Recordemos que había quien pronosticaba a principio del año que tendríamos durante 1983 tasas anuales de inflación de entre 150 a 200%.
Desafortunadamente, tenemos que admitir que el combate a la inflación no puede tener efectos espectaculares en el corto plazo.
¡Qué más quisiera el gobierno!
La acción, sin embargo, no se ha limitado a atender los problemas más urgentes.
Hemos planteado e iniciado acciones para inducir cambios cualitativos en la estructura económica y revisar actitudes y renovar estilos para mejorar la orientación y calidad del desarrollo y para convertirlo en un proceso firme y sostenido.
Se trata de sentar bases para mejorar la distribución de los frutos del desarrollo: producir con mejor calidad y oportunidad lo que necesitamos internamente, de acuerdo a las demandas de las mayorías y con menor dependencia del exterior, distribuir sin excesivos intermediarios, para beneficiar al consumidor y al productor.
El cambio estructural propiciar una más equilibrada distribución territorial de las actividades productivas, fortaleciendo la provincia y reduciendo el crecimiento excesivo de la zona metropolitana de la ciudad de México.
Es propósito de mi administración promover una política de desarrollo científico y tecnológico que posibilite un mayor dominio sobre nuestros recursos materiales y mejore la captación y absorción de los conocimientos útiles provenientes del exterior.
Pretendemos lograr una mayor integración de la investigación con la solución de los problemas que enfrenta nuestro aparato productivo.
Para ello se inició un recuento de los recursos humanos, financieros y materiales dedicados a la investigación.
Se ha reorientado la formación de recursos humanos, fijándose áreas de prioridad y favoreciéndose en instituciones nacionales.
Nos proponemos inducir la demanda interna hacia el uso de tecnologías nacionales.
A la fecha, se cuenta con 27 paquetes tecnológicos para ser transferidos al sector privado y al sector público en sus aspectos productivos.
Se han tomado diversas medidas para dará a la industria apoyo técnico en la solución de los problemas que dificultan la sustitución de importaciones.
El cambio estructural que buscamos significa también integrar más eficientemente la participación de los sectores social y privado, bajo la rectoría del Estado, para que cada sector asuma plenamente su responsabilidad en las tareas del desarrollo, considerando siempre la supremacía del interés nacional.
El cambio cualitativo supone la recuperación de las bases del desarrollo social, que no sólo depende del fortalecimiento de los sectores primarios, sino de la capacidad que alcance la planta industrial para satisfacer las necesidades básicas de la población, lograr una integración creciente del aparato productivo y vincularse al exterior con eficiencia.
Para ello, es necesaria la ampliación del mercado interno y la congruencia entre la política económica general y la de fomento industrial, que dará impulso definitivo al sector.
Las prioridades del desarrollo industrial y del comercio exterior son impulsar la producción para el consumo popular, apoyar el crecimiento económico autosostenido, fomentar las exportaciones, coadyuvar a la descentralización territorial y propiciar la consolidación de un empresariado nacional dinámico y eficiente.
Nuestro país figura consistentemente entre los primeros 15 países del mundo, según diversos indicadores de infraestructura social y productiva.
Para contribuir a la reactivación de la rama productiva de bienes de capital, se han establecido o fortalecido las Comisiones Consultivas Mixtas de Abastecimiento en las principales empresas públicas, a través de las cuales se concierta la compra de maquinaria y equipo, favoreciendo la compra de productos mexicanos.
Así, por ejemplo se firmaron con los representantes de la industria nacional, un programa de compras para PEMEX por 265 mil millones de pesos, de los cuales casi el 70 por ciento será adquiriendo interiormente.
Por ello, la política de protección efectiva se orienta a una vinculación eficiente con la economía internacional, a través de la promoción de las exportaciones, en particular las no petroleras.
Así, además de mantener un tipo de cambio realista, se puso en operación el paquete de acciones inmediatas de apoyo a las exportaciones.
Dentro de este programa se eliminó el permiso previo de exportación en el 94 por ciento del total; se ha simplificado la importación temporal para exportación donde sólo quedan sujetas a permiso 186 fracciones.
Para mejorar la situación del comercio exterior se instrumentó un paquete de acciones inmediatas de apoyo.
Se ha buscado simplificar y agilizar los trámites requeridos, así como fortalecer el apoyo financiero y crediticio a este sector.
Exportar es ahora tarea de la más alta prioridad.
El Programa de Desarrollo Industrial y Comercio Exterior, en la perspectiva de cambio estructural, busca elevar el grado de articulación de la industria, así como mejorar su competitividad.
La estrategia del programa dará prioridad a las ramas con una amplia demanda final, que incorporen recursos nacionales abundantes y que generen una demanda por bienes de capital susceptibles de ser producidos eficientemente en el país.
En el corto plazo, se ha buscado conservar los niveles de producción y empleo.
Con gran esfuerzo y por la actitud responsable y solidaria de los trabajadores y el empeño de los empresarios, las acciones del programa han comenzado a mostrar resultados.
Se ha logrado contener el deterioro progresivo de la producción, aunque se observa una contracción importante en algunas ramas productivas, entre las que destaca la industria de la construcción, siderúrgica, y algunos rubros de la actividad manufacturera.
Ello incidirá en este año en una baja de las cifras de producción nacional.
Las empresas públicas constituyen un importante instrumento para el logro de los objetivos nacionales; refuerzan la rectoría del estado en la vida económica y social, son baluarte de nuestro nacionalismo, operan mayoritariamente en sectores estratégicos y constituyen una avanzada de modernización tecnológica.
Su campo de operación está fijado en la Constitución y en las leyes, o bien se ha definido por las necesidades de nuestro desarrollo.
En la mayoría de los casos, la envergadura de sus proyectos y los requerimientos de capital consecuentes, su baja rentabilidad económica a corto plazo y la necesidad de que estas actividades se mantengan bajo el control nacional, han hecho imposible la participación de capital de los particulares.
De ahí que se ha iniciado una labor de reordenación de las empresas del Estado.
Se han acordado disposiciones generales para la actuación de esas entidades, en materia económica y administrativa, donde se les fijan las reglas generales a que deberán ajustarse sus responsabilidades en los distintos niveles, precisando las facultades de los Coordinadores de Sector y de las dependencias con funciones globalizadoras de planeación, presupuestación, financiamiento y control.
En materia económica, la estrategia de la empresa pública descansa en la reestructuración de su situación financiera; en la racionalización en el uso de divisas; en la elaboración y aplicación de programas para incrementar la productividad y el empleo; y en la eficaz vinculación de sus acciones con la política económica y social general que coadyuvan a la transformación estructural de la economía.
Mi administración y profundizar el desarrollo de la industria paraestatal en la medida en que sea necesario para la economía del país, y aplicando criterios altamente selectivos.
El Plan Nacional de Desarrollo marca el rumbo y da prioridad a los bienes de capital y sus componentes, a insumos estratégicos y ramas de interés primordial para sostener el bienestar de la población de menores ingresos.
En cambio, se está revisando la presencia estatal en las actividades no comprendidas en las prioridades anteriores.
Se trata de empresas medianas y pequeñas con escasa influencia en el comportamiento de sus ramas productivas.
En su adquisición tendrán preferencia las nacionales, protegiéndose la subsistencia de la planta productiva y el empleo.
Son tantas las tareas que tiene el Estado por delante; son tan grandes las necesidades de inversión, organización y administración de lo que el estado ya tiene y no puede abdicar, que resulta irracional pretender abarcar indefinidamente más ramas de actividad.
No pretendemos estatizar la economía: tenemos un sistema de economía mixta que exige equilibrio entre la actividad del Estado y la de los particulares.
Cumplir los objetivos que se le han asignado a las empresas públicas, significa ahora el reto de una administración responsable y moderna.
En los puestos de dirección se han designado a profesionales y técnicos experimentados, evitando improvisaciones que han significado una onerosa carga para el pueblo de México; fomentaremos su incorporación a un servicio público de carrera, que dé permanencia y garantice la contribución de la empresa pública al desarrollo nacional.
Se ha requerido la revisión profunda de las políticas y estrategias del desarrollo rural.
En el campo estamos reorientando la estrategia para conciliar el aumento sostenido de la producción con la consecución de mayores niveles de bienestar para la población campesina.
El sector agropecuario presenta serios rezagos en relación con otros segmentos de nuestra economía.
Tiene bajos índices de productividad: su producción ha sido insuficiente para el crecimiento de la demanda y nos ha obligado a fuertes importaciones.
Con la convicción de que la organización y participación de los campesinos es indispensable para realizar los cambios cualitativos que se requieren, nos hemos propuesto otorgar seguridad jurídica a las diversas formas de tenencia de la tierra, realizar una reforma agraria integral que mejore los términos de intercambio entre el campo y la ciudad, reorganizar los apoyos a la producción y articular eficientemente las actividades agrícolas entre sí y con el sector industrial y comercial.
Esta orientación se apoya en el mandato de la nueva adición al artículo 27 constitucional, que establece la responsabilidad del estado de promover el desarrollo rural integral.
Para ello, hemos iniciado acciones en las diversas políticas relacionadas con el campo, primero para mantener la actividad productiva del sector agropecuario y después revertir la descapitalización que lo ha caracterizado e incrementado al nivel de vida de sus habitantes.
Repartir la tierra a los campesinos carentes de ella es un elemento de justicia social; estamos dando paso a un enfoque más amplio y moderno que vincula el reparto con la certidumbre en la tenencia de la tierra, la organización campesina y los apoyos a la producción.
Con esta política integral se avanzó en la entrega de la tierra legalmente afectable, la cual cada vez es menos y más difícil de localizar.
Con estricto apego al derecho y sin crear falsas esperanzas se est procediendo y actuando con celeridad; así he firmado 147 resoluciones que benefician a 16,423 campesinos con 704 mil hectáreas.
La mayoría de estas resoluciones derivan de trámites rezagados.
Aceleramos su expedición al tener la certeza de la disponibilidad efectiva de la tierra.
Para que haya producción en el campo es necesario que haya certidumbre y confianza: por ello hemos dado prioridad al otorgamiento de los documentos probatorios de derechos a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.
En el catastro rural, elemento esencial para la identificación de predios y situación legal, hemos alcanzado ya una cobertura de 23 millones de hectáreas que corresponden a una tercera parte de los estados, y se ha regularizado la tendencia en más de 9 millones de hectáreas, entregándose la documentación respectiva.
También estamos actuando para agilizar los procedimientos agrarios, para lo cual se han integrado comités estatales mediante convenios que los gobiernos respectivos en 16 estados de la República.
Con estos comités ha sido posible reducir el número de trámites que anteriormente ascendían a 43 instancias a sólo ocho dónde se realiza todo el proceso, con lo que se ha acortado el tiempo considerablemente: a toda promoción agraria deberá de seguir un trámite fluido, expedito y honesto, que culmine con una resolución positiva o negativa.
Promoveremos los derechos agrarios, pero no daremos esperanzas demagógicas; mucho menos permitiremos la violación de derechos legítimos.
En materia de organización agraria básica, se está apoyando y fomentando la integración de unidades de desarrollo rural.
Con ellas se atacar frontalmente el grave problema del minifundio, ya sea ejidal o de pequeña propiedad, facilitando la reorganización de los apoyos a la producción.
Con este propósito han sido iniciados formalmente los trabajos correspondientes en 3,500 ejidos para convertirlos en autenticas unidades de desarrollo rural.
Para fomentar la producción y aumentar las retribuciones de los campesinos se elevaron los precios de garantía, algunos de ellos en forma muy sustancial, como el trigo (en 103%), el maíz (en 81%) y la cebada (en 180%).
Reconocemos la necesidad de seguir revisando los precios agrícolas para que no se rezaguen en función de los costos y para mejorar los términos de intercambio en favor del campo.
También hemos puesto en ejecución programas de investigación y de introducción de nuevas tecnologías para modificar patrones de cultivo, aprovechando mejor las características y potencialidades del suelo.
No obstante la restricción de recursos, hemos impulsado la creación y conservación de la infraestructura agrícola; así, se han abierto al riego 117 mil hectáreas, rehabilitado y mejorando 51 mil en distritos de riego y 178 mil de temporal.
El esfuerzo realizado y la propuesta y la propuesta de los campesinos permiten prever que en este año agrícola será bastante mejor que el pasado.
Las lluvias de invierno fueron mejores y la temporada de aguas de este año se ha iniciado en la mayor parte de la República en buenas condiciones.
Nos esforzamos por mejorar la programación para el campo.
El programa considera una superficie a sembrar de 19 millones 696 mil hectáreas, de las cuales 4 millones 534 mil correspondieron al ciclo invernal 1982 - 1983 y 15 millones 162 mil al primavera - verano de 1983.
El 77% de la superficie total se destina a once cultivos principales: maíz, frijol, arroz, trigo, ajonjolí, algodón, cártamo, soya, girasol, cebada y sorgo.
En este programa la agricultura de temporal tiene una participación de 73% del total y sólo un 27% cuenta con el auxilio del riego para su explotación.
Por esta razón es difícil hacer pronósticos exactos, ya que el resultado final depende del comportamiento de las lluvias y, en ciertas regiones, de la oportunidad de las granizadas o heladas.
Los campesinos están cumpliendo con sus tareas y el gobierno los apoya al máximo de sus posibilidades, con recursos y servicios.
Las tierras están sembradas y en proceso de cultivo, de tal manera que, con los condicionantes apuntados, puede estimarse la cosecha de 1983 en 27.5 millones de toneladas.
Complementaremos el abasto popular con 8.5 millones de toneladas de importaciones de maíz, sorgo y soya.
Somos autosuficientes en trigo, arroz, frijol, ajonjolí, algodón, cártamo y cebada.
Los resultados del programa ganadero obtenido durante el primer semestre de este año son, en general, satisfactorios.
Sólo en leche se observa un decremento de 17% en relación a las metas.
Por lo que se refiere a la carne en canal, se alcanzó el 38% de avance de la meta anual.
Las metas de huevo y miel han sido superadas, así como en la carne de cerdo y pollo.
Apoyamos la organización de productores y su capacitación en los procesos de extracción, industrialización y comercialización, se refuerza el combate a los incendios forestales, y se da impulso a la reforestación con 8.2 millones de árboles en 3,583 hectáreas.
En ambas tareas colabora eficazmente el ejército.
Se han tomado una serie de medidas para mejorar la administración y operación de las empresas paraestatales en el ramo forestal.
Conscientes de que las instituciones de la administración pública agropecuaria han registrado bajos índices de eficiencia y productividad desde hace varios años, hemos procedido a promover su revisión y organización.
Se trata de lograr en este sexenio un avance sustancial en los niveles de eficiencia y honestidad de este sector de la administración pública, ya que de ella depende, en buena parte, lo que pasa en el campo.
Pido a los funcionarios y empleados del sector su más entusiasta cooperación, así como a los gobiernos de los estados y a las organizaciones campesinas, también la vigilancia y la participación.
Todos hemos de cumplir esta exigencia que nos demanda la nación.
En la estrategia para aumentar la oferta de productos básicos hemos reconocido el importante papel que puede desempeñar la pesca.
Desarrollar su potencial requiere de la participación integral y equilibrada de los sectores público, social y privado.
Por ello continuaremos apoyando el auténtico cooperativismo y estimulando la participación del sector privado, para que junto con las empresas pesqueras del Estado coadyuven a un mejor desarrollo del sector.
Así se han emprendido acciones conjuntas en las distintas fases de la pesca, entre las que destacan la operación de 80 barcos en asociación con cooperativas y armadoras; la operación de 14 plantas camaroneras en copropiedad con cooperativas; la construcción de una planta procesadora en Guaymas, donde están asociadas las cooperativas y el gobierno estatal, y en asociación con el capital privado local, la construcción y operación de otra planta en Yavaros, Sonora.
Para mejorar el conocimiento de nuestros recursos pesqueros iniciamos un programa nacional de prospección, evaluación e investigación de los recursos de la zona económica exclusiva, con la participación de la comunidad científica, los centros de educación superior, las cooperativas y particulares.
Por ser un recurso natural de interés público, hemos planteado una política integral de agua que asegure su óptima utilización de acuerdo a las prioridades del desarrollo.
He dado instrucciones para revisar y avanzar lo más posible en el Programa Nacional Hidráulico, con un horizonte de mediano y largo plazos, pues el agua es una de las principales limitantes de nuestro desarrollo.
Estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para abastecer a los centros del país y hemos realizado acciones para racionalizar su empleo y evitar el desperdicio.
Destacan, por su importancia, las obras de los acueductos Cutzamala y Linares, así como el sistema hidráulico del lago de Chapala.
Están en construcción 44 sistemas de agua potable y la conclusión del anillo de transferencia de Monterrey.
Se revisa, por otra parte, la legislación sobre el uso del agua y se estudia la estructura actual de las tarifas para los diversos usos tomando en cuenta la capacidad de pago del usuario y las prioridades nacionales.
Se busca que los energéticos constituyan un resorte más efectivo para avanzar en el proceso de integración industrial.
Se han emprendido acciones para garantizar la autosuficiencia en la materia, promover su desarrollo en términos de una mejor integración y elevar la productividad, la eficiencia y el manejo honesto de las empresas del sector.
En hidrocarburos y petroquímica básica, la estrategia se orienta, fundamentalmente, a garantizar la autosuficiencia y reorientar la demanda de bienes de capital e insumos hacia el mercado nacional; a sanear financieramente a PEMEX mediante revisiones periódicas de precios y en el incremento de su productividad, así como a procurar un mayor valor agregado a las ventas externas.
El nuevo PEMEX, la empresa pública más importante del país, tiene que ser motivo de orgullo para los mexicanos.
Así lo exige el espíritu de la nacionalización de Lázaro Cárdenas.
Por lo que respecta a nuestra participación en el mercado petrolero mundial, la actitud responsable adoptada al limitar las exportaciones de petróleo a lo que realmente se demanda en forma sostenida y al modificar los precios de las variedades istmo y maya, en atención a las condiciones reales del mercado, ha sido reconocida como importante factor para la preservación de la estabilidad del mercado mundial.
Hemos mantenido una política de diálogo con todas las partes involucradas, coadyuvando a imponer racionalidad en el mercado.
El desarrollo del sector eléctrico sigue mereciendo una atención prioritaria.
Los retos principales que estamos abordando en el sector son su deterioro financiero, la necesaria integración administrativa y su consolidación técnica.
La superación de estos retos es indispensable para culminar el proceso de nacionalización de la industria.
Para fortalecer las finanzas del sector y reducir su dependencia excesiva del crédito externo estamos implantando austeridad en el gasto, tarifas realistas en función del costo del suministro, capitalización de la deuda y asignación presupuestal para promover la industria nacional.
Adecuamos los sistemas administrativos y de organización para elevar la productividad y los índices de eficiencia operativa.
En el aspecto técnico hemos procedido a la rehabilitación de las plantas termoeléctricas para elevar su disponibilidad en un 15 por ciento; se preparan proyectos para aprovechar mejor el potencial hidroeléctrico del país, seguir el adelanto de la geotermia, utilizar más el carbón para la generación de electricidad e incorporar la nucleo-electricidad al panorama energético del país, en condiciones de eficiencia.
En la minería se fincan importantes expectativas de apoyo al desarrollo nacional.
A la tradición minera del país se suma su capacidad probada en esta industria fundamental.
El saldo favorable de la balanza comercial minero - metalúrgica se ha incrementado en 103 por ciento en el periodo enero - abril respecto al año anterior.
En la industria siderúrgica la meta de producción para 1983 se fijó en 4.3 millones de toneladas, para lo cual permitirá mantener en operación la planta productiva.
Esta industria y los proyectos de ampliación se han visto seriamente afectados por la situación interna.
Se está realizando un gran esfuerzo de exportación para mantener la operación de la planta.
A la fecha, se ha logrado exportar 115 millones de dólares de estos productos que significa un incremento de más de tres veces.
Dentro de las restricciones, se habrá de producir 2 millones de toneladas de acero líquido para adecuar su ritmo a las nuevas condiciones y se amplía la capacidad de Altos Hornos de México a 4.2 millones de toneladas.
Estos proyectos permitirán satisfacer las necesidades previsibles durante la actual administración.
Para 1983 se fijó a la industria de fertilizantes una meta de producción de 4 millones de toneladas, 6 por ciento mayor que el nivel alcanzado en 1982.
El retraso en la temporada de lluvias y en algunas partes del país y las restricciones financieras han repercutido en una reducción en la demanda de fertilizantes de cerca de 10 por ciento, que se traducirá en una disminución de las importaciones programadas.
En materia de proyectos para esta actividad, se prosigue el de la planta de urea en Pajaritos, Veracruz, que entrará en operación en marzo de 1984, y la de fertilizantes fosfatados, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuyas primeras instalaciones se concluirán en 1984; ello permitirá elevar la capacidad instalada de producción a 6.5 millones de toneladas y lograr la autosuficiencia en fertilizantes nitrogenados y fosfatados.
Esta administración contrajo el compromiso de revertir la tendencia negativa que había venido registrando la industria azucarera; con tal propósito se inició la reestructuración de la industria con la creación de Azúcar, S. A., que aglutina las funciones que realizaban la Comisión Nacional de la Industria Azucarera y la Unión de Productores de Azúcar.
En el año en curso se logró la producción de azúcar más alta en la historia, 2 millones 893 mil toneladas, cantidad 21 por ciento mayor a la meta fijada, y que nos permite avanzar hacia la autosuficiencia en materia de azúcar.
En un marco de integración y racionalización de la industria naval, se inició la construcción de 5 buques tanque de 45 mil toneladas, así como de chalanes y remolcadores para PEMEX.
Se botó el primer barco granelero de 22 mil toneladas y se da atención a las necesidades de embarcaciones del sector pesquero.
Las empresas paraestatales de la rama del papel elevarán su producción a 325 mil toneladas, 12 por ciento más que el año pasado: en 1983 se ampliar la capacidad de producción en 100 toneladas, lo que permitirá elevar la participación de las empresas estatales en la producción de celulosa y papel de manera considerable.
El sector industrial paraestatal ha protegido y reordenado su planta productiva dando prioridad a las industrias que revisten un carácter estratégico y prioritario; se han continuado los proyectos que se consideran relevantes para el desarrollo industrial del país; se están llevando a cabo las acciones necesarias para reorganizar el sector industrial paraestatal a fin de definir las políticas sectoriales y subsectoriales, coordinando la operación de esas empresas.
Las acciones del sector transporte han recibido atención prioritaria, por su impacto en el empleo.
Se ha dado preferencia a las obras que contaban con un alto grado de desarrollo y que pudieran ser puestas en servicio en el corto plazo, postergándose aquellas recién iniciadas, con excepción de las que se estuvieran realizando en zonas económicamente deprimidas y tuvieran un efecto directo en la conversación o creación de empleo productivo.
Se ha destinado un volumen importante de inversión para mantener y modernizar el sistema carretero nacional, que constituye una necesidad ineludible.
Destaca la construcción de caminos en zonas donde la sequía afectó severamente a los campesinos y sus economías.
En el programa de modernización de la red troncal de carreteras se propuso el mejoramiento sustancial de 800 kilómetros concentrando recursos en los tramos en proceso con mayor avance, que puedan rendir beneficios a corto plazo y que mejoren las condiciones de circulación en los ejes más importantes.
Se continúan las obras en el puente de Coatzacoalcos y en el de Tampico.
Para 1983, se presupuestó canalizar a las tareas de construcción y conservación de los caminos $12,250 millones, con los que se harán mejoras a una red que sobrepasa a los 75,000 kilómetros de caminos de este tipo y se construirán cerca de 6,000 kilómetros adicionales, beneficiando principalmente a campesinos de los estados de Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca.
El esfuerzo realizado en materia ferroviaria permitió mejorar su coeficiente de explotación en casi 8 por ciento con respecto al periodo anterior y se avanzó en la construcción de la doble vía México - Querétaro y Querétaro - Irapuato y en la rectificación de la vía México - Veracruz.
Se continúa el esfuerzo en el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria - vía, patios, telecomunicaciones - y en la adquisición de equipo de tracción y arrastre.
La transportación marítima continúa siendo el principal medio para el comercio internacional, ya que la mayor proporción de su movimiento es efectuado en buques.
Ello representa un estímulo al crecimiento de nuestra flota, la cual se ha incrementado en 34 por ciento.
En materia de puertos industriales, hemos concentrado el esfuerzo en Lázaro Cárdenas y Altamira.
En la operación de las dos líneas aéreas nacionales se ha buscado dar racionalidad y congruencia a la explotación de las rutas.
Se ha incrementado su flota con objeto de hacer frente a la demanda de sus viajes nacionales y apoyar los programas de promoción y captación de turismo extranjero.
Se continúa ampliando la red de telecomunicaciones.
Se incorporaron 83 comunidades rurales a la red telefonía alámbrica y 153 poblaciones a la red de radiofonía.
Se ampliaron los servicios de la red nacional de Microondas, de télex, de correos y telégrafos.
Se instaló el teléfono número 6 millones.
La importancia del sector turismo en el desarrollo económico y social radica en su capacidad para captar divisas, generar empleos productivos, contribuir al desarrollo regional equilibrado, estimular a gran parte del resto de los sectores económicos y fortalecer la identidad cultural de nuestro pueblo.
Dentro de estos propósitos, determinamos una estrategia general basada en el uso intensivo y eficiente de la capacidad instalada, la implantación de una política de precios que permita mantener la competitividad en el mercado internacional e incrementar la demanda interna, en especial el turismo recreativo de la población de ingresos medios y bajos, y la asignación óptima de los recursos financieros.
Se liquidó el Banco Nacional de Turismo, por considerar que sus funciones crediticias las puede cubrir adecuadamente Fonatur y se integró el Consejo Nacional de Turismo a la Secretaría del Ramo.
La nueva situación cambiaria y el manejo eficiente y armónico del sector ha propiciado un repunte importante de la actividad turística del país, con un benéfico efecto en el empleo, el desarrollo regional y el ingreso de divisas.
Nos proponemos ahora fortalecer las políticas de fomento a nuevas inversiones.
El crecimiento económico no es un fin en sí mismo.
Solo se justifica éticamente si tiene como propósito permanente el desarrollo social.
El proceso de desarrollo sólo es auténtico y firme si es de naturaleza integral.
Nuestro proyecto nacional así lo exige.
El desarrollo implica el aprovechamiento y plena realización de la potencialidad del ser humano y de su comunidad.
De ahí que nuestra Constitución, al lado de las garantías individuales de libertad y seguridad jurídica haya establecido los derechos sociales que obligan al Estado a conducir y promover el desarrollo nacional en tal forma que se den las condiciones materiales y sociales que den sustento real a una vida digna y justa.
Por ello, la responsabilidad del Estado se orienta a hacer efectivos los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda así, como al derecho al trabajo digno y socialmente útil con el aseguramiento de las garantías mínimas del trabajo dependiente, que establece el artículo 123.
De ahí también que en México la política social tenga el más alto rango político y matice y condicione los aspectos puramente económicos de la política de desarrollo.
En mi discurso de toma de posesión destaqué la desigualdad y postulé al desarrollo social como un elemento esencial en la estrategia de cambio.
Pero reconocí explícitamente que mientras subsistiera la crisis no podríamos avanzar cuantitativamente en el proceso de justicia social.
Ofrecí, como primer paso, frenar el deterioro acelerado en que se encontraban los índices principales de bienestar, particularmente el empleo.
Pero también a evitar que la crisis y su combate deterioran los servicios públicos y los programas de gobierno destinados al desarrollo social en aspectos tales como alimentación, educación, salud y vivienda.
Aún dentro de la crisis, hemos planeado y estamos ejecutando una política ecológica y de calidad de la vida.
La crisis estaba deteriorando los niveles de ocupación: no solamente se dejó de absorber a la nueva población que se incorporaba al mercado laboral, sino que muchos de los que estaban empleados perdieron sus fuentes de trabajo.
El desempleo abierto subió en 1982, de 4 a 8%.
Con la estrategia que hemos seguido este año se logró detener la caída del empleo.
Ello fue posible gracias a las acciones fundamentales puestas en marcha dentro del Programa Inmediato de Reordenación Económica.
Para apoyarla, se reorientó el gasto público hacia el interior del país, lo que representó un impulso adicional de demanda, y se abatió el contenido importado de la inversión pública, que de representar en algunos sectores más del 70% ya no rebasa el 15% en promedio.
Se apoyó a las empresas productivas con problemas de liquidez o de endeudamiento excesivo con el exterior a través del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, que sin otorgar subsidios en las tasas de interés o en el tipo de cambio, permite sostener a la planta productiva del país frente a la sextuplicación del tipo de cambio en 1982.
Con ello se reconoció la situación particular de cada empresa, habiendo otorgado cada una de ellas lo que era posible.
Se evitó así un estímulo más a la espiral inflacionaria y, y lo que hubiese sido peor, el cierre de empresas.
Las modificaciones salariales, en consecuencia, al ajustarse a las posibilidades reales de la planta productiva permitieron mantener el nivel de empleo existente, apoyando decisivamente a los otros elementos de estímulo.
Esta nueva modalidad en las relaciones entre trabajadores y patrones se reflejó en el Pacto de Solidaridad firmado entre ambos en el mes de agosto.
Este elemento de conciliación, que no limita el ejercicio de los derechos de ninguna de las partes, conforma un bloque eficaz contra la crisis.
Estas consideraciones enmarcaron la solución a los emplazamientos a huelga presentados durante los meses de mayo y junio del presente año.
El diálogo y la concertación entre las partes determinaron los ajustes salariales.
En medio de la crisis se mantuvo el elemento básico de los asalariados: su fuente de ingreso.
Y para aquellos que perdieron su empleo, el Seguro Social aumentó a 6 meses la prestación de servicios médicos, tanto para ellos como para sus familiares.
La política laboral conservó como propósito central la más cabal observancia de las garantías y los derechos esenciales de los trabajadores.
Dentro de los trabajos de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, el Ejecutivo a mi cargo decidió otorgar en el mes de junio beneficios salariales a los trabajadores al servicio del Estado que devengaban el salario mínimo.
Se integró el paquete con criterios de equidad, beneficiando más a los que menos ganan y acercando, dentro de un proceso gradual, los tabuladores de los trabajadores con los mandos medios: se reestructuraron las tasas de sobresueldos; se nivelaron los tabuladores a partir del 1 de julio; y se otorgaron prestaciones en materia de quinquenios, así como la nivelación para los maestros foráneos.
Asimismo, se resolvió positivamente la petición de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio Social del Estado en el sentido de incrementar en 100 por ciento el seguro de vida para los servidores públicos.
Dentro de este paquete general, he expedido un Acuerdo que incrementa, a partir del día de hoy, los sueldos del personal al servicio del Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, del Departamento del Distrito Federal y los haberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, mediante un incremento absoluto de 3 mil pesos mensuales en su sueldo presupuestal más la correspondiente repercusión al sobresueldo conforme a la zona de su ubicación, que en promedio representa alrededor de 1,200 pesos adicionales.
En el caso de los maestros que trabajan por el sistema hora - semana - mes, el aumento será de 85 pesos.
Los recursos para este Acuerdo están comprendidos dentro del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.
Cada año alrededor de 800 mil personas demandan un empleo nuevo: todavía existen elementos que impiden la dinámica de la inversión y la ampliación de las fuentes de trabajo.
Una de las características innovadoras del Programa de Reordenación consistió en crear empleos productivos que, si bien son de naturaleza temporal, han logrado evitar que el problema del desempleo adquiera un carácter más agudo, proporcionando un ingreso adicional para los habitantes del medio rural y del urbano y aumentando al mismo tiempo activos de la comunidad.
Destaca en el medio rural, el programa de mantenimiento y construcción de carreteras y caminos, así como el de fomento a cooperativas.
Se mantendrán estas acciones en el medio rural que han permitido ya alcanzar 40% de la meta propuesta.
En las zonas urbanas críticas hemos dado un fuerte impulso a la creación de empleos con programa de servicios públicos municipales y de obras de beneficio social, para lograr una generación de 350 mil empleos.
Finalmente, y reconociendo que es entre los jóvenes donde se observa el principal problema de desempleo, se ha puesto en marcha un programa social de pasantes, en coordinación con los centros de educación superior.
Para esta fecha ya se alcanzó la meta anual de generar 47 mil oportunidades de empleo, lo que permitirá redoblar nuestra acción para aumentar la generación de oportunidades de trabajo a los jóvenes mexicanos.
Acciones emprendidas en educación, salud, alimentación, desarrollo urbano y medio ambiente complementan los resultados alcanzados en materia de empleo.
Para ordenar las acciones en materia de alimentación y nutrición que realiza el sector público y estimular la participación de los sectores privado y social, está por ponerse en marcha el Programa Nacional de Alimentación, que con un enfoque integral atiende los diferentes aspectos de la alimentación y nutrición del pueblo.
Se busca incidir sobre las distintas etapas de la cadena alimentaria, desde la producción de alimentos de origen agropecuario y pesquero, hasta su procesamiento, su distribución a precios accesibles y la orientación a los consumidores para lograr su mejor aprovechamiento.
La educación y la cultura son las vías para fortalecer nuestra identidad, preservar los valores y garantizar nuestra independencia.
Con base en nuestro artículo 3o. educaremos para la independencia, la libertad, la democracia y la justicia social.
Hemos hablado de revolucionar la educación, convencidos firmemente de que el sistema educativo nacional, desde el nivel preescolar al superior, exige más que reformas y mucho más que parches y remiendos.
Demanda una reestructuración cabal que parta de la educación para los que van a educar y arribe a la investigación cultural y científica.
Hay que admitir que la educación nacional se enfrenta a una dura crisis.
La expansión educacional lograda, la ampliación de su cobertura, significan un proceso evidente.
Sin embargo, este énfasis en la expansión no ha sido acompañado de una preocupación similar en la que sido acompañado de una preocupación similar en la calidad.
De aquí que haya áreas degradadas que tenemos que sanear y enderezar, y otras que promover y seguir elevando pues de la educación depende la riqueza más importante de toda la nación: la humana.
El sistema educativo federal ha caído en una peligrosa hipertrofia que es inaplazable combatir.
Volviendo al espíritu del Constituyente de 1917 y de nuestro federalismo, hemos planteado la necesidad de descentralizar la educación y dado los primeros pasos en este sentido.
La descentralización será un proceso gradual para atender las necesidades modalidades de las distintas entidades federativas, respetando los derechos de los trabajadores, sin olvidar las realidades de la Nación en su conjunto.
Con fecha 8 de agosto se decretaron las bases para proceder, con los criterios antes señalados, a la descentralización educativa.
Se prevé la creación de un comité consultivo en cada estado de la República para ir analizando y determinando la transferencia de la educación primaria, secundaria y normal proporcionada por la Federación.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación forma parte de estos comités, que deberán, asimismo, escuchar a asociaciones voluntarias interesadas en la educación o que participen en ella.
Se instituye una coordinación general, que será el órgano de la Secretaría de Educación Pública para la descentralización.
La revolución educativa la haremos aliados con los maestros.
Todos nuestros planes pedagógicos parten de continuar alfabetizando para que la pirámide educativa disponga de una amplia base de sustentación.
Investigación, cultura y educación superior, resultan precarias si no están sostenidas por un extenso cimiento de población alfabetizada.
La revolución en la educación debe ser un esfuerzo participativo de alcance nacional que abarque la totalidad de la educación que se imparte en México.
Renovar supone efectuar cambios en los programas; en los métodos e instrumentos usados en el proceso de enseñanza - aprendizaje; en la estructura de sistemas y ciclos de estudios y en las poblaciones atendidas; en las escuelas y otros locales dedicados a la educación; en el tipo de profesiones e instructores y en los mecanismos de administración y organización.
El sistema nacional de educación es el principal empleador del país; atiende y da acceso directo al tercio más joven de la población.
Además, es el espacio donde se preserva la cultura nacional.
Todo ello hace imperativo que el sistema educativo sea un modelo de eficiencia, organización y congruencia.
Postulamos la coordinación o agrupamiento de universidades y centros de educación técnica de diversos estados de la República, ya que la dispersión de recursos debilita las posibilidades de educación superior e investigación al incrementar costos y dificulta el trabajo - coordinado y genera falsa escasez de laboratorios y equipos.
Este es un método práctico de demostrar los efectos fructíferos de la suma de esfuerzos y lo contraproducente del aislamiento y la dispersión.
No es posible asumir una actitud de desdén hacia la masa que ingresa y seguirá ingresando a los centros de estudios superiores.
Es preciso implantar modelos de enseñanza e investigación que permitan lograr máximas calidades para un número creciente de estudiantes e investigadores.
En cuanto a las universidades y, en general, centros de estudios superiores, no tenemos a la crítica que hagan a la sociedad, al Estado o al gobierno mexicanos.
Deseamos que esta crítica sea fundada, racional y objetiva.
El subjetivismo conduce a la equivocación.
Les pedimos no se reduzca únicamente a la crítica hacia afuera, sino que se efectué también la crítica hacia adentro.
Saludamos con entusiasmo la actitud de reflexión y autoanálisis que ha anunciado la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ya está realizando la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
Todavía estamos a tiempo para evitar que la crisis del sistema educativo se imponga a la sociedad y la exponga a peligrosos riesgos.
Si permitimos que continúe y se agrave esta situación estaremos dilapidando nuestro futuro.
Una buena educación asegurara a mediano y largo plazo, el progreso continuo y justo.
Vamos a revisar y repensar las múltiples partes de nuestro sistema educativo para planear estudios y profesiones que concilien la libre vocación con las necesidades nacionales: es indispensable integrar, hasta donde sea posible, el sistema educativo con la demanda de empleo.
Para neutralizar y corregir esta situación, y dado que la gran demanda de profesores es federal y estatal, se ha implantado una política tendiente a restringir, por una parte, la formación de maestros en especialidades saturadas, y por otra, estimularlas en aquellas que aún lo requieren.
Al mismo tiempo, es preciso mejorar la educación en la mayoría de las normales federales.
Cumpliendo con el propósito de descentralización, los cursos intensivos de verano que se impartían exclusivamente la Escuela Normal Superior de la ciudad de México, se asignaron a cuatro normales ubicadas en las zonas en que se genera la mayor demanda de estos cursos.
Hemos dicho que en nuestro intento de revolucionar la educación no nos detendrán intereses creados.
México precisa de científicos y técnicos.
A pesar de ello la matrícula ha bajado en estas ramas del conocimiento y quizá una causa radique en la enseñanza básica que cubre superficialmente la cultura científica y técnica.
Por lo tanto, tenemos que examinar estos aspectos de la enseñanza primaria, secundaria y propedéutica para estimular las carreras requeridas por el país y remunerativas para quienes la estudien.
Ciertamente que hay un compromiso de la nación con la educación y este es el principal servicio público que presta el Gobierno Federal; más, en reciprocidad, existe también un compromiso de la educación y los educandos para con la nación.
Los niveles educativos bajaron dramáticamente.
Elevarlos es tarea difícil, pero indispensable, y libraremos cuantas luchas sean necesarias para lograrlo.
El sistema educativo debe contemplar la posibilidad de que los educandos puedan acceder al empleo desde sus etapas intermedias, como respuesta a la capacidad socioeconómica de todos los sectores sociales.
Para tal efecto, se está llevando a cabo un ensayo piloto en 30 escuelas terminales y 16 propedéuticas del área metropolitana, de manera que quienes finalicen estudios en ellas puedan optar por el empleo como técnicos especializados o proseguir sus estudios en el ciclo superior.
La renovación moral en que estamos empeñados se reducirá a nuestros días si no logramos, a través de la sustancia ética que informa y conforma a la educación, convertirla en directriz y principio del mañana de México.
Corresponde a la escuela insistir en la enseñanza de nuestros valores nacionales.
Los medios masivos de comunicación tienen en nuestros días influencia creciente en el fenómeno educativo.
Convoco a todos los mexicanos a participar activa y entusiastamente en esta nueva revolución educativa: a los maestros y pedagogos principalmente, pero también a los padres de familia, a la comunidad universitaria y de educación superior, a la científica y tecnológica, a los comunicadores sociales, a los intelectuales y a los artistas.
Que nadie se evada de esta nueva etapa de la educación y la cultura en México para elevar la calidad de los mexicanos de hoy y de mañana a través de la educación.
La educación no se limita a la escuela; es responsabilidad de todos.
Mi gobierno parte de una concepción amplia de la cultura, entendiéndola como el proceso de enriquecimiento, afirmación y difusión de los valores propios de nuestra identidad nacional y como el proceso de participación democrática de los individuos, de los grupos y de las comunidades en la creación y disfrute de los conocimientos.
Es por ello que la cultura es un puente de conexión entre nuestra ideología y la esencia del proceso democrático que es la participación y la comunicación entre gobierno y pueblo.
En este ámbito específico hemos emprendido acciones para intensificar las actividades de rescate y difusión de las culturas étnicas, populares y regionales.
Están en marcha el Programa Cultural para las Fronteras, el de Protección y Estímulo a las Artesanías, el Programa de Estímulos a la Creatividad en las Comunidades étnicas y el Programa para Enriquecer los Contenidos Culturales de la Educación Básica que alcance a todos los niños de México.
No obstante las condiciones económicas adversas, se han realizado esfuerzos significativos para evitar el deterioro de los niveles de bienestar en salud y seguridad social.
Se han sentado las bases para organizar sectorialmente a las instituciones involucradas y modernizar su administración para integrar un sistema nacional de salud, con el cual se tiende a una cobertura nacional de los servicios, garantizando un mínimo razonable de calidad para todos los habitantes del país.
Tres estrategias están en marcha: la organización sectorial de las instituciones involucradas; la descentralización de las mismas, y su modernización administrativa.
Estos propósitos son ciertamente ambiciosos, pero están a nuestro alcance en el periodo de nuestra responsabilidad.
Con la descentralización se está incrementando la participación de las entidades federativas y los municipios en la prestación y administración de servicios médicos de primero y segundo nivel.
A la fecha se han descentralizado 19 hospitales pertenecientes a la red federal, así como 8 unidades psiquiátricas.
El día 30 de agosto expedí las bases para el programa de descentralización de los servicios de salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Se pone así en marcha otro de los cambios cualitativos de esta administración.
Si la atención a las necesidades más apremiantes de la población es un imperativo de justicia social, en el medio rural estas acciones son impostergables, por los niveles críticos en que se desenvuelven los habitantes de estas zonas.
Por ello, para satisfacer las necesidades de atención médica de estos compatriotas dimos continuidad institucional al programa de seguridad social.
Con el fin de vigilar el abastecimiento de medicamentos, materiales y suministros se han coordinado todas las dependencias gubernamentales involucradas para diseñar estrategias que liberen divisas, a efecto de cubrir las necesidades de importación de la industria químico - farmacéutica y promover la producción nacional, lo que ha permitido satisfacer las necesidades de casi todos los materiales requeridos.
En lo relativo a acciones preventivas se está formulando el Programa de Orientación a la Población en el Uso de los Servicios de Salud.
En materia de seguridad social, los propósitos se orientan a promover acciones que permitan que la totalidad de la población con una relación formal de trabajo se incorpore al Sistema de Seguridad Social, así como a fomentar el mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.
Se busca también ampliar la cobertura de los servicios, integrando en forma paulatina a los trabajadores no asalariados.
Se lleva a cabo la incorporación a la seguridad social de 75 municipios y la ampliación de la cobertura existente en 193.
Se han firmado convenios para proporcionar servicios de salud y saneamiento ambiental a la población indígena de 23 Estados de la República.
El DIF, dentro del marco y bajo coordinación institucional del sector salud, se rige actualmente dentro de la política de sectorización y bajo las normas de programación, presupuestación, elevación y control del Gobierno Federal.
- Proteger a quienes carecen de la capacidad biológica, social o económica para hacer frente a sus necesidades ingentes.
- Educar a la población, para que asuma la responsabilidad de la salud individual y colectiva.
- Dar al minusválido la posibilidad de ser partícipe del desarrollo nacional.
- Ofrecer al anciano la satisfacción de haber vivido, y
- Pugnar para que los niños cuenten con lo necesario para sentirse orgullosos de ser mexicanos.
Mi señora esposa colabora honoríficamente en esta labor, presidiendo el Patronato de esta Institución, con pleno respeto a sus órganos ordinarios de administración y a las normas establecidas para la función pública.
Desarrollo urbano, vivienda y ecología.
La morada del hombre no es sólo su vivienda, sino comprende también el medio que lo rodea y las condiciones de calidad de tierra, agua, aire y recursos naturales.
Ello nos indujo a integrar las políticas de desarrollo urbano, con las de vivienda y ecología en una nueva dependencia del Ejecutivo con atribuciones de esta materia.
Un cambio cualitativo de importancia será el reordenamiento de la relación del ser humano con su entorno.
Para lograr lo anterior se busca consolidar a las ciudades medias y pequeñas dentro de una estrategia con dos vertientes: una que reduzca y oriente los fenómenos migratorios, evitando la concentración en las metrópolis y otra que induzca a los habitantes de los poblados dispersos a su concentración, para atender prioritariamente los problemas de desajuste entre la oferta y la demanda de servicios, infraestructura y equipamiento.
Para ello se han instalado 18 Comités de Reservas Territoriales para el desarrollo urbano e industrial a efecto de regularizar la tenencia de la tierra, con objeto de facilitar su acceso a los más necesitados.
La Federación ha aportado a los estados 23 millones de metros cuadrados de terrenos de propiedad federal destinados a desarrollo habitacional, con objeto de iniciar el acceso de reserva territorial a los más necesitados, estando en proceso de entrega 45 millones de metros cuadrados más.
A su vez, el proyecto de adiciones a la Ley General de Bienes Nacionales busca agilizar los procedimientos para la constitución y aprovechamiento de las reservas territoriales de propiedad federal.
En materia de agua potable y alcantarillado han sido preocupación fundamental racionalizar al máximo la aplicación de los recursos.
Su distribución se orienta al beneficio del mayor número posible de personas y a la generación de empleo productivo, canalizándose para tal efecto, 36,153 millones de pesos.
Estamos enfrentando el problema de la vivienda, necesidad generalizada y apremiante en todo el país, con el aprovechamiento de las reservas territoriales, el uso de nuevas tecnologías de construcción, el aumento de los fondos para el financiamiento, el apoyo a la autoconstrucción y la modernización administrativa del sector.
Por su impacto social para fomentar la construcción masiva de vivienda popular, se exentó el pago de cuotas de seguridad social a la autoconstrucción y se redujeron de manera sustantiva las cuotas a los propietarios de pequeñas obras de construcción.
Mediante la Ley de Vivienda, cuya iniciativa enviaré próximamente para su consideración al honorable Congreso de la Unión, estaremos en condiciones de normar todas las acciones de los agentes que intervienen en el mercado habitacional y ampliar el acceso de la población a una vivienda digna.
A través del INFONAVIT se otorgará el financiamiento a la vivienda por un orden de 56 mil millones en todo el año de 1983.
El programa global comprende la realización de 163 mil viviendas, llevándose a agosto un avance del orden de 110 mil.
Con respecto al mercado de tierra para vivienda, las acciones más destacadas que se han desarrollado son relativas a previsiones para regular la oferta y demanda de tierra la propiedad federal, y a la promoción del aprovechamiento de áreas urbanas subutilizadas aptas para vivienda.
Son medidas para iniciar el control de crecimiento de las ciudades y para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos, controlando la especulación.
Finalmente, dentro del programa de vivienda de acción inmediata, durante el presente año se pusieron en marcha programas piloto para población de bajos ingresos en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México y en el Distrito Federal.
Por ello, el Plan Nacional incorporó criterios ecológicos y del medio ambiente en la estrategia del desarrollo.
En la reciente consulta popular se evidenció que el aspecto ecológico en México ha dejado de ser preocupación exclusiva de científicos e investigadores, convirtiéndose en demanda cotidiana de la comunidad.
Las acciones que desarrolla el gobierno para corregir y prevenir el deterioro del medio ambiente, así como para conservar y enriquecer los recursos naturales renovables, sólo alcanzarán resultados significativos si se promueve y fortalece la responsabilidad de toda la población.
En la política ecológica se han sentado las bases para atacar el fondo de deterioro de nuestros recursos naturales a través del control y preservación de la contaminación, el equilibrio ecológico regional, la prevención y aprovechamiento de los recursos naturales y la reestructuración ecológica con una perspectiva regional.
Para su instrumentación se han seleccionado zonas y problemas prioritarios; se han elaborado paquetes de actividades intersectoriales, regionales y microregionales que incluyen la ejecución de obras y la aplicación del marco jurídico vigente en materia ambiental.
Se han iniciado las acciones para luchar contra la contaminación mediante la firma de dos convenios interinstitucionales; el primero enfrentará el problema de residuos sólidos en Guadalajara y Zapopan, así como la contaminación en el Río Santiago y el Lago de Chapala, beneficiando a 2.5 millones de personas en 40 municipios.
El segundo se concertó para controlar la contaminación ambiental y del agua de la ciudad de México, uno de los problemas de mayor preocupación para mi Gobierno.
Asimismo, en las zonas petroleras del Sureste se inició un programa de restauración ecológica y control de contaminación.
También está en marcha un programa para controlar y abatir la contaminación generada por los ingenios azucareros.
En todas las regiones se ha fortalecido la confianza y la voluntad de obtener una mayor participación en el desarrollo del país.
La descentralización de la vida nacional es un reclamo y un imperativo de México actual que habrá de suponer un proceso gradual, pero profundo que le impulse en los órdenes político, administrativo, económico y cultural, y propicie el desarrollo equilibrado en nuestro territorio.
Reconociendo que la fortaleza de nuestra democracia depende en buena medida, de la participación política, en la vida de los municipios, emprendimos las reformas y adiciones al artículo 115 Constitucional.
Con ellas los dotamos de recursos y fuentes fiscales propias y de facultades para regular la creación de reservas territoriales, la tenencia del suelo urbano, la administración de los servicios públicos y la definición de las políticas de desarrollo de las ciudades.
Como quedó asentado, hemos iniciado el proceso de descentralización de las actividades de la administración pública en materia de educación y de salud.
Habremos de afianzarlo y proseguirlo en otras reas, propiciando el fortalecimiento simultáneo de la capacidad administrativa de las autoridades locales, conscientes de que ello permitirá conseguir los resultados económicos y sociales que la descentralización persigue.
Con pleno respeto a la soberanía de los Estados Unidos, a principios de este año propusimos y suscribimos con los gobiernos locales el Convenio único de Desarrollo, como vía idónea para coordinar nuestros esfuerzos dentro del propósito de promover el desarrollo integral de las entidades federativas.
El proceso de descentralización política, administrativa y cultural tiene que fundarse en una sana estructura económica que le dé permanencia y vialidad; no tendría sentido la descentralización por la vía de subsidio.
Hay que fundar la política regional en un mejor equilibrio de la actividad económica.
Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo se ha propuesto modificar la relación entre el campo y la ciudad, lograr una mejor integración del sistema de abasto y localizar la nueva actividad económica en aquellos lugares donde se cuente con mejores posibilidades y se evite incurrir en costos económicos, ecológicos y sociales excesivos.
Hemos dado pasos importantes dentro de la política de desarrollo regional con programas que atienden las regiones estratégicas.
Hemos puesto en marcha el Programa de Desarrollo del Mar de Cortés, con el propósito de fortalecer la soberanía e integrar esta región al desarrollo regional.
Se han dado los primeros pasos en la definición del Programa del Sureste con el Plan Chiapas y el Plan Estatal de Tabasco.
Asimismo, están en funcionamiento el Programa de Apoyo a las Franjas Fronterizas y Zonas Libres que integrará sus acciones al Programa Integral de Desarrollo de la Frontera Norte.
Hemos actualizado el Plan de Desarrollo de Colima y realizamos una tarea análoga en las demás entidades federativas, en coordinación estrecha con los gobiernos locales.
En 37 ocasiones he visitado la provincia mexicana, llevando a cabo 22 giras de trabajo en igual número de entidades federativas, con el propósito fundamental de mantener una comunicación sistemática con todo el país y de integrar las aspiraciones, los problemas y las prioridades de cada uno de los estados y de los sectores sociales de cada localidad en los diversos programas de la Administración Pública Federal.
Es en la diversidad de culturas étnicas y regionales de México donde encontraremos nuestra mayor riqueza espiritual.
Ante las tendencias que buscan la homogeneidad social sobre la base material de consumo como valor de sí mismo, el pueblo debe oponer y desarrollar los frutos particulares de cada una de las culturas que componen el mosaico mexicano, enriqueciéndose mutuamente y conformando la cultura nacional en la pluralidad de identidades diversas y de gran vitalidad.
Hago un llamado a los habitantes de las regiones con mayor atraso económico y social para que renueven sus esperanzas y se sumen al esfuerzo de todo el país.
Tenga la certeza de que mi gobierno encamina sus principales proyectos a una distribución regional más acorde con los principios de justicia social que hemos heredado y con los que estamos plenamente comprometidos.
Dentro de un esfuerzo de austeridad y de cuidadosa programación en el ejercicio del gasto público, se ha dado una ubicación prioritaria a la atención directa de las demandas sociales que plantea la comunidad capitalina, aun en el marco de una severa situación financiera caracterizada por un impresionante nivel de endeudamiento.
Para ello, se rehabilitaron pozos y acueductos y se procuró distribuir de manera proporcional el insuficiente caudal con que cuenta la zona metropolitana.
Para reducir los perjuicios de las inundaciones, desazolvó una parte importante de la extensa red de drenaje, los recolectores y las coladeras pluviales de la ciudad.
Se han desarrollado acciones emergentes de ayuda a la ciudadanía y, mediante transferencias presupuestales por 2,500 millones, se iniciaron las obras que en los próximos años solucionarán este problema vital.
Con el propósito de mantener los servicios públicos se buscó mejorar la eficiencia del sistema de transporte.
Por ello se creó la Comisión Mixta de Transporte que tiene como fin articular estos servicios, de la manera más adecuada posible e incrementar la productividad, tanto de las redes como del equipo de transporte.
Las unidades disponibles de autotransporte urbano en operación, que en diciembre del año pasado eran sólo 3,800, han aumentado a 4,600 al mes de agosto.
Hace unos días, inauguramos la extensión de la ruta 3 del Metro, con lo que ahora es posible viajar por dicha línea de los Indios Verdes a Ciudad Universitaria.
Para el mejoramiento de la seguridad pública se están impulsando programas de capacitación al personal de las corporaciones policiales, de educación ciudadana y de una reestructuración orgánico - funcional.
Se han incrementado los efectivos de la policía, tanto al reincorporar al personal comisionado como a los 1,658 egresados de la Academia de Policía.
Se proseguirá haciendo un esfuerzo para acrecentar la seguridad de los habitantes en la Ciudad de México, que reconocemos es un problema grave.
Con objeto de atender las necesidades crecientes de una población en expansión se consolidó el funcionamiento de la Central de Abastos.
En materia de vivienda, se creó un programa especial para sectores populares.
Pronto contaremos con el Programa de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que a partir de la coordinación entre las autoridades competentes de orden federal y local, contendrá definiciones fundamentales para enfrentar los problemas de abastecimiento de agua potable, uso de suelo, contaminación, transporte y vialidad, y desconcentración del crecimiento industrial.
Encauzaremos las acciones del gobierno de manera ordenada para que, a partir de las posibilidades económicas del país, enfrentemos a fondo y de manera congruente los graves problemas que afligen a la capital de la República.
Es de vital importancia que los habitantes de esta enorme aglomeración humana comprendan la magnitud de sus problemas y de los esfuerzos que se requieren para su solución.
El gobierno no escatimará esfuerzos, en la medida de sus posibilidades, pero éstos darán los resultados esperados sólo si contamos con la participación solidaria de la ciudadanía.
Quienes tienen más deberán entender que las acciones prioritarias se encaminen al bienestar de los que tienen poco o nada.
Es la única manera como haremos de este espacio urbano un lugar no opresivo ni enajenante, sino un ámbito propicio para el desarrollo de las potencialidades humanas.
La presentación del informe de los primeros nueve meses de esta administración a mi cargo, no es un mero relato del estado que guarda la administración pública del país.
Implica, en mucho, la narración de una etapa de la historia del pueblo de México.
La acción de un gobierno sólo se explica en el contexto de la realidad social que le toca afrontar, orientar y vivir.
Sólo se explica por nuestra historia, que nos ha dado valores, ideología, instituciones y reciedumbre como nación.
Hemos probado, pueblo y gobierno, que somos una comunidad nacionalista, vigorosa y madura, con capacidad de respuesta frente a situaciones críticas, con voluntad indomable para superar la adversidad y reencauzar positivamente nuestro desarrollo.
Ante la magnitud de nuestras dificultades, afirmo, sin duda alguna, que es mayor la fuerza y el carácter del gran pueblo de México.
Las adversidades que hoy nos azotan no pasarán de ser un incidente de nuestra vida nacional.
¡México saldrá adelante!
Considero un privilegio servirlos en tiempos difíciles.
Diariamente me he sentido alentado por mis compatriotas para seguirlos sirviendo, sin más límites que mi propia capacidad.
Mi fuerza es México.
Hemos decidido afrontar la crisis mediante la plena restauración de los principios esenciales de la Revolución, de nuestra Revolución,
y el fortalecimiento de nuestras instituciones republicanas y demócratas.
Mucho tiempo nos ha llevado construirlas, y aunque susceptibles aún de un amplio proceso de perfeccionamiento, son nuestros mejores instrumentos para superar los desafíos y seguir realizando nuestro destino.
Seguimos aferrados al nacionalismo como fuerza vital, amamos nuestras libertades y no estamos dispuestos a arriesgarlas, sino a ampliarlas y consolidarlas; creemos en la democracia como estilo de vida y rechazamos cualquier forma de autoritarismo o dictadura, seguimos considerando a la justicia como el valor que debe guiar la ejecución de nuestro proyecto nacional.
Por el contrario, está ampliando y profundizando la conciencia de nosotros mismos.
La crisis no ha paralizado el pensamiento y la acción de los mexicanos.
La crisis es oportunidad de cambio y transformación.
Cambio cualitativo y estructural que debe reflejarse en todos los aspectos de nuestra vida en común, a partir del cambio en cada uno de nosotros.
Cambios cualitativos en la vida política; nuevas formas en nuestra vida democrática que se basen en una mayor participación de todos, en los diversos aspectos de nuestra vida social.
Un nuevo estilo de relación entre gobernantes y gobernados basado en la comunicación y la consulta popular permanente.
Nuevas actitudes de los partidos políticos, de las asociaciones civiles, de los sindicatos, de las organizaciones campesinas y populares, para representar mejor los intereses sociales, articular racionalmente sus demandas y orientar y organizar eficazmente su acción constructiva.
Mejores actitudes de los participantes en los fenómenos de la comunicación social y opinión pública, para informar verazmente a la sociedad, analizar críticamente nuestro acontecer y contribuir positivamente al sistema educativo.
La renovación moral es otro gran cambio cualitativo.
Anteponer el interés nacional al personal o de grupo, ajustar nuestra conducta a los valores de la República y al derecho, es tarea que nos compete a todos.
A ello tienden los nuevos sistemas de control de gestión en la administración pública, las reformas al derecho y a la administración de justicia, la moralización y profesionalización de los cuerpos policiacos y un severo marco legal y administrativo de los servidores públicos.
Se trata de combatir privilegios injustificados, y de lograr una mayor justicia en nuestras relaciones sociales, al distribuir más equitativamente los frutos del esfuerzo común y apoyar a nuestros hermanos rezagados a elevar su nivel de vida.
Descentralizar la vida nacional nos dará un desarrollo más equilibrado y firme, fortalecerá la democracia y aumentará la eficiencia del esfuerzo de todos.
El fortalecimiento de los Estados y Municipios y el combate del centralismo contribuirán a los cambios cualitativos de manera decisiva.
La estrategia de desarrollo del Plan Nacional establece diversas vertientes de cambios estructurales para la economía y la sociedad: generación de mayor empleo asociado al crecimiento; una mejor distribución territorial del desarrollo; más y mejor alimentación para todos; vivienda digna y decorosa; revolución educativa; ampliación de los servicios de salubridad y seguridad sociales; protección al medio ambiente; más eficiencia y productividad en el aparato productivo; disminución de la dependencia externa en comercio, finanzas y ciencia y tecnología; incremento del ahorro público y privado; corrección del desequilibrio de las finanzas públicas, con disminución del endeudamiento; control efectivo del gasto público; carga fiscal equitativa; precios y tarifas realistas; revisión de subsidios; mayor competitividad de nuestras exportaciones y del turismo; tipo de cambio que impulse al crecimiento de la economía y propicie el equilibrio del sector externo; desarrollo sectorial diversificado; una política de desarrollo rural integral; modernización del comercio y disminución del intermediarismo excesivo.
Este es el cambio cualitativo que propongo a la nación.
No podemos, desde luego, lograrlo en un día.
Es un proceso, no una promesa de resultados súbitos.
Pero estos grandes cambios cualitativos o de estructuras, que representan una nueva forma de diseño y estilo en la ejecución de nuestro proyecto nacional, sólo podrán avanzar y consolidarse si combatimos y vencemos la crisis que nos afectan.
El enemigo a vencer es la inflación.
Hemos gastado más de lo que teníamos, y por mucho tiempo pedimos prestado para cubrir la diferencia.
Estoy consciente de que la crisis no está todavía superada.
Lo único, lo único que afirma mi gobierno es que sus aspectos más agudos y graves están bajo control.
Quiero reconocer a la gran mayoría de los mexicanos el mérito de lo logrado.
Se debe a los campesinos, que no han olvidado el amor a la tierra y que, a pesar de la incertidumbre de los elementos de clima y agua, cultivan año con año sus tierras.
Se deben a los obreros, que han respondido con sensatez, equilibrio y sentido de responsabilidad al moderar legítimas demandas de salarios en aras de mantener las fuentes de producción y empleo.
Se debe a los profesionistas y técnicos, a los miembros de nuestras diversas y dinámicas clases medias, que se adaptan a las difíciles circunstancias
del reajuste y reiteran su contribución a la lucha común del pueblo de México, se debe a los empresarios, a los que realmente desempeñan la importante función de emprender, de organizar los elementos de la producción y distribución de los bienes y servicios que requiere el país, con un auténtico sentido de responsabilidad social; se debe a los trabajadores al servicio del Estado y de sus empresas públicas, que están cobrando nueva conciencia de su responsabilidad como servidores de la nación; se debe a las fuerzas armadas que cumplen con patriotismo y lealtad su noble tarea.
Pero la crisis sigue presente: el aumento de los precios demerita el nivel de vida; las amas de casa se angustian ante la persistencia de la inflación; subsisten las dificultades de las empresas; el crédito es caro; no estamos generando nuevos empleos; el servicio de la deuda es pesado; no tenemos suficientes divisas para importar; nos queda mucho por corregir en las finanzas públicas y privadas.
La perspectiva internacional no es alentadora: las económicas no se recuperan con firmeza, trabas en el comercio exterior, finanzas internacionales erráticas.
El desafío es, el desafío sigue siendo enorme; es análogo, en lo económico, a tiempos de guerra.
El destino de la nación está en juego.
Convoco a todos los mexicanos: a las mujeres y a los hombres, a los niños, a los jóvenes y a los adultos; a los campesinos, a los obreros, a los profesionistas, a los técnicos, a los empresarios -industriales y comerciantes- a que mantengamos a México en pie de lucha, a que de la tribulación saquemos fuerza y vigor, a que triunfemos sobre la adversidad, a que reiteremos una inquebrantable fe en nuestro propio destino.
¡Que cada quien luche desde su propia trinchera!
Sigamos construyendo un país cada día más libre y democrático.
Queremos un país que preserve y amplíe las libertades que disfrutamos; queremos seguir viviendo sin miedo, con libertad para pensar, con libertad para creer, con libertad para expresar nuestro pensamiento, con libertad para dedicarnos al trabajo, profesión, comercio o industria que nos acomode; queremos un país más justo, más igualitario, un país donde moderemos opulencia e indigencia, donde vayamos superando las diferencias sociales que ofenden la solidaridad y arriesgan la concordia y la paz entre los mexicanos.
A estas tareas, a las que me indique el pueblo, seguiré dedicando mi tarea como Presidente de la República, como Presidente de todos los mexicanos.
Seguiré informando con verdad, seguiré dialogando y consultando con todos, me empeñaré en construir la unidad y combatir la discordia.
Concibo a la Presidencia como pieza de unión entre todos mis compatriotas.
Ratifico mi compromiso de ejercer mi encargo con serenidad y firmeza, sin angustia ni titubeos, con la decisión y perseverancia que me reclama el pueblo.
El ejercicio del mando en tiempos críticos obliga a tomar medidas a veces amargas y duras, a efectuar intereses creados, a omitir beneficios halagüeños que la nación no está en condiciones de otorgar; a pedir más que a dar.
Pero los intereses y el destino de la nación así lo exigen.
Continuaremos con vigor la renovación moral de la sociedad.
Seamos firmes, seamos apasionados en la construcción de nuestro destino.
Contestación de la Dip. Irma Cué de Duarte, Presidenta del Congreso.
La democracia se nutre de la comunicación y se fortalece en la confianza.
Es garantía de renovación de los poderes instituidos, alienta la discusión y garantiza la crítica pública.
La democracia valora con idéntica medida la posición política propia y la expresada por otras ideologías.
Hace posible la diversidad de corrientes políticas que luchan por ganar el consenso popular, requiere la formación de una mayoría y reconoce la función de las minorías.
Por ello, en el proceso dialéctico del Congreso de la Unión, este informe será abiertamente analizado y evaluado desde las perspectivas políticas presentes en este plural Poder Legislativo.
Habrá, presumiblemente, coincidencias y divergencias, pero la exposición y confrontación de unas y otras conservarán la altura propia de la representación nacional e incluso, al adoptarse posturas partidistas, no descenderán al nivel del halago o la diatriba.
Vivimos un estado democrático que es la vía de creación del orden social elegido, sostenido e impulsado por los mexicanos.
Se funda en la igualdad ciudadana, otorga la libertad para la elección de gobernantes que es directa
por el sufragio, en la configuración de los poderes Legislativos y Ejecutivo, y a través de éstos, del Poder Judicial.
La democracia mexicana debe entenderse como una estructura política, un régimen jurídico y un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de la sociedad.
Los poderes de la Unión, en los que el pueblo ha depositado el ejercicio de su soberanía, constituyen la estructura que da reciedumbre y certeza al desempeño de las actividades de la República.
El cumplimiento escrupuloso de sus atribuciones y el respeto irrestricto a sus respectivas esferas de competencia aseguran la pervivencia del Estado de Derecho, que es supuesto invariable y sustento de la nación.
Durante los primeros meses del ejercicio presidencial, nadie puede negar el puntual cumplimiento de los deberes del Ejecutivo ante el Legislativo: información oportuna sobre la situación económica del país, comunicación y diálogo entre funcionarios de ese poder e integrantes de ambas cámaras, sobre diversos asuntos de la marcha de la administración pública.
Las iniciativas provenientes del Poder Ejecutivo fueron deliberadas por las cámaras y enriquecidas con objeto de que cumplieran mejor su cometido social.
Además, en observancia de disposición constitucional expresa, el Poder Ejecutivo contribuye al ejercicio expedito de las funciones del Poder Judicial.
Puede, así, válidamente, afirmarse que existe, entre los poderes federales, respeto a sus autonomías y colaboración para alcanzar los fines del Estado.
Hemos seguido la rigurosa caracterización que el gobierno, a lo largo de estos nueve meses, ha hecho de la crisis: la reseña de las acciones adoptadas para; afrontarla y de los primeros resultados, que hoy advertimos.
Es innegable que un producto corrosivo de la crisis, es la inflación.
Por ello, escuchamos con atención las medidas para detenerla y dominarla.
Necesaria, por una parte, la disminución del déficit del sector público mediante el ajuste selectivo del gasto, que mantiene la prioridad a los servicios sociales; indispensable, por la otra, el fortalecimiento de los ingresos a través de una estrategia fiscal que grava con sobretasas a quienes más obtienen, elimina el anonimato en acciones y en otros títulos al portador, mantiene una tasa diferencial en el IVA, y asigna precios reales a los bienes y servicios producidos por el Estado.
Destacamos el hecho de que no se ha recurrido a la emisión primaria para financiar el déficit y que el ahorro interno ha crecido de manera importante.
Reestructurar la deuda externa del sector público, ha sido, sin duda, producto de una negociación compleja y no siempre bien comprendida, pero hoy sabemos que contamos con plazos adecuados para cubrir nuestra deuda y esto sí es asequible al conocimiento general.
Contar con divisas es importante para nuestras relaciones económicas con el exterior, pero son de mayor relevancia los procesos económicos internos, en los que aquellas relaciones se insertan.
La voluntad popular exige mantener el control de precios en bienes y servicios básicos, racionalizar el consumo, alentar la producción rural, conservar la planta industrial y estimular el trabajo.
A la ejecución de estos propósitos deberá orientarse la recuperación de nuestro ahorro interno y lo obtenido por nuestras ventas al exterior.
La concurrencia del esfuerzo de todos los mexicanos posibilita encarar la crisis con objetividad, energía y perseverancia.
Campesinos laboriosos que siembran con renovada esperanza e instituciones públicas que los apoyan en su esfuerzo constante.
Servidores públicos cuya comprensión y sacrificio acredita la elección de esta vocación.
Clases populares, diversas en su acontecer y unidas en su afán de progreso, que por diferentes caminos realizan, entrelazadas, su cotidiana tarea.
La sociedad toda comprende y enfrenta una crisis y lucha infatigablemente para conjurar su efecto más lacerante, trabajando y ahorrando para detener la inflación.
El pueblo de México se esfuerza y cuida su patrimonio político, económico, social y cultural.
Goza de paz social interna por el respeto de pueblo y autoridades al orden jurídico que nos rige y encomienda su seguridad nacional a la defensa institucional de las fuerzas armadas, que son también el pueblo de México.
El gobierno de la República, por su parte, ha actuado con diligencia y sentido social al atenuar el desempleo a través de programas de ocupación temporal para los habitantes más afectados por la crisis en los medios rural y urbano.
México es un país de jóvenes.
Estamos conscientes de que requerimos de una base educativa amplia que erradique el analfabetismo y de científicos y técnicos para nuestro desarrollo, por lo que habrá de estimularse la educación media y superior.
Es deseable la organización sectorial de las instituciones de seguridad social y su modernización administrativa, que permiten avanzar en la efectividad del derecho a la salud incorporado a la Constitución.
Aunamos nuestro reconocimiento al Patronato Nacional de Promotores Voluntarios por las tareas sociales honoríficamente realizadas.
En la hora actual, no es fácil la autosuficiencia alimentaria para los países en desarrollo y ninguno cuenta con vivienda adecuada para todos sus habitantes.
Testimonia esta representación los empeños de pueblo y gobierno de México en la consecución de dichos objetivos.
Sólo la conjunción y coordinación de esfuerzos basados en el trabajo y en el buen destino de sus frutos, permitirán la satisfacción de estas justas exigencias, que son pilares necesarios de una vida digna.
Así, a la recepción de las iniciativas y acciones anunciadas en esta materia, el Congreso participará con la formalidad que le caracteriza en el estudio y deliberación y con especial cuidado en la tarea.
El desarrollo de los servicios educativos y de salud se contempla ligado a la descentralización de la vida nacional.
Consecuente con este propósito, se subraya la reforma constitucional para vigorizar al municipio, célula básica de nuestra organización política y administrativa.
La política exterior sustentada por el Presidente de la República responde efectivamente a nuestros principios sustanciales que permiten la defensa y promoción de nuestros intereses y son baluarte de nuestra posición internacional: autodeterminación, no intervención, solución pacífica de controversias, igualdad jurídica y cooperación internacional.
Tenga el Presidente de México la firme convicción de que su pueblo lo acompaña y respalda en su actuación en política exterior.
Así se ha manifestado en sus gestiones en el Grupo Contadora y en las posiciones asumidas al entrevistarse con mandatarios de otros países.
México espera respuestas adecuadas a sus justas demandas.
Para ello persistimos en los postulados que día a día compendian nuevas voluntades en el escenario mundial.
Presentación solemne al juicio de la nación sobre un ejercicio legítimo en su origen y legitimado en su desempeño cotidiano.
Informe que demuestra la coherencia entre lo expuesto al tomar posesión como titular del Poder Ejecutivo Federal y la actuación subsecuente del Gobierno de la República; labor de congruencia cimentada en la participación ciudadana.
Pueblo actuante con su gobierno de manera decidida: aunó a su voto sus conocimientos sobre la problemática del país y esbozo diversas soluciones para resolverla y separarla.
Cooperó y obtuvo respuesta inicial: objetivos precios, asequibles, jerarquizados y calendarios.
La ciudadanía concurre democráticamente en cada fase de los procesos de planeación.
No dudamos que habrá de cumplir sus compromisos a cabalidad y vigilara que las autoridades hagan lo propio.
Existe plena conciencia de que nuevas actitudes son imprescindibles en la sociedad, a partir de quienes nos desempeñamos como servidores públicos.
Cambiar cartabones y remover inercias encubridoras de viejos hábitos, es preocupación de todos.
Surge así, imperiosa, la voluntad de renovar moralmente a la sociedad entera.
El lazo indisoluble que nos une es el nacionalismo que permite la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra independencia económica y la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.
Nacionalismo originado en nuestra historia y fortaleza de nuestro presente, que es revolucionario por la voluntad permanente de construir la sociedad libre, justa y próspera que legítimamente ambicionamos.
Independientemente de criterios partidistas, de posiciones diversas, de puntos de vista distintos, la nación sabe bien que en estos nueve meses México endereza el rumbo.
Sin salir aún de la situación actual, se despeja el horizonte y esta es una labor de alta calidad política, porque supo usted, a través de diálogo y más diálogo hacer coincidir los diferentes intereses y sectores y unirlos en un solo propósito: México.
Solidaridad que es sentimiento fundado en la razón y expresión comprometida de unidad indisoluble en torno a los principios que nos identifican como nación.
Tenemos conciencia de que la solidaridad nos mantendrá fuertes interna y externamente.
Campesinos, obreros, clases populares, hombres y mujeres que responden al impulso de promoción de su gobierno, estamos presentes en el reto de hoy.
Esta habrá de ser la respuesta nacional para redoblar los esfuerzos y superar la crisis.
Pueblo y gobierno democráticamente unidos, enfrentaremos responsablemente el desafío del presente con trabajo tesonero, que permita la pronta respuesta, auspicie mejores horizontes para nuestros hijos y asegure el destino de México.

References: artículo 69
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 28
 artículo 27
 resolución 
 artículo 123
 artículo 3
 artículo 115