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Timestamp: 2017-03-29 23:01:10+00:00

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Delitos sobre la ordenación del territo
Aunque la determinación del legislador de traer al ámbito penal estas conductas es loable, pues con ello se trata de poner coto a los desmanes y a la indisciplina que en nuestra patria existían en materia urbanística, se sustanciarán con toda seguridad varios problemas de los que, por su importancia, destacamos dos:
1. La concomitancia de sanciones penales y administrativas para unas mismas conductas, por lo que habrá de entrar en juego, en más de una ocasión, el principio prohibitivo non bis in idem, así como la necesidad de suspender el expediente administrativo hasta tanto no termine la vía penal.
II Los tipos penales.
1. Artículo 319.
El artículo 319 castiga en su párrafo 1.º a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. En su párrafo 2.º castiga a las mismas personas cuando la conducta sea llevar a cabo una edificación no autorizable en suelo no urbanizable. Y en su párrafo 3.º se autoriza a los jueces y tribunales a que, motivadamente, puedan ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
En cuanto al elemento subjetivo del delito hay que significar que los tipos penales contenidos en los dos párrafos del artículo 319 sólo pueden ser cometidos en forma dolosa, dado que la imprudencia requiere -como apunta el artículo 12- expresa punición legal. No es preciso, sin embargo, un dolo específico; basta con el dolo genérico (BARRIENTOS PACHO).
En cuanto a los tipos concretos contenidos en el artículo 319 hay que decir que este artículo contempla en sus dos párrafos dos tipos distintos: en el primero se contempla la construcción no autorizada en suelos públicos (viales, zonas verdes, bienes de dominio público, con valor paisajístico, artístico, histórico, etc.), y en el segundo, la edificación en suelo privado.
A. La construcción no autorizada en suelo público.
No dice el Código ni la Ley de Suelo de 1992 qué se entiende por «construcción». La doctrina considera que este término y el de edificación -de que habla el apartado 2 del artículo 319- son términos afines pero no idénticos. Construcción es transformación material de los terrenos o espacios sobre los que se realiza, y edificación es toda obra de fábrica realizada para habitación u otros fines análogos.
¿Qué se entiende por no autorizada? La doctrina entiende que se considera no autorizada tanto la construcción cuya licencia no se ha pedido como la que se ha pedido y se ha denegado.
¿Y si la licencia se ha obtenido ilegalmente? Creemos que habrá que atender en este caso al grado de conocimiento que de la ilegalidad de la construcción tenga el sujeto activo (ya sea promotor, constructor o técnico director), pues si alguno de ellos o todos son conscientes de la ilegalidad de la licencia, y aun así llevan a cabo la obra, es evidente que incurren en este tipo penal (BARRIENTOS PACHO).
B. La edificación no autorizable en suelo privado no urbanizable.
Expuesto más arriba lo que es edificación, ésta ha de ser, además, no autorizable, que es aquélla respecto de la cual no ha recaído licencia porque realmente no es susceptible de ser otorgada porque lo impiden las normas urbanísticas.
Lo que significa suelo no urbanizable no lo dice el Código Penal, y por eso hay que acudir en los municipios al plan General de Ordenación, a las Normas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento o, en su defecto, a la Ley del Suelo o a las Normas autonómicas.
Si un supuesto pudiera incluirse en ambos apartados, la doctrina discrepa en cuál de los dos se incluiría: mientras un sector doctrinal (BOIX y JUANATEY) se inclina por incluirlo en el segundo por ser la norma más favorable, otros consideran más ortodoxo incluirla en el primero en virtud de las reglas 1.ª (principio de especialidad) y 4.ª (ley penal más grave) del artículo 8 del Código Penal.
El apartado 3.º del artículo 310 autoriza al órgano judicial a que, motivadamente, pueda ordenar a cargo del autor del hecho la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. Los arts. 248 a 251 de la Ley del Suelo determinan pormenorizadamente las facultades que corresponden a la Administración en este punto. Hay que entender, sin embargo, que si el Juez Penal no hace uso de esta facultad, ello no impide que sea la Administración la que, conforme a las normas administrativas, pueda ordenar la demolición de la obra. Cosa distinta es que, instada la medida en vía penal, el Tribunal la denegase, pues en este caso no podría acordarla la Administración, pues la cuestión fue ya resuelta por un poder del Estado -el Judicial- y no podría venir un poder -la Administración- que es poder subordinado a rectificar la resolución del primero.
2. Artículo 320.
En los dos párrafos de este precepto se contemplan figuras de prevaricación agravadas. En el 1.º se castiga a la Autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes, y en el 2.º se castiga con las mismas penas a la Autoridad o funcionario público que, por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado, haya resuelto o votado a favor a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.
En ambos casos ha de tratarse de Autoridad o funcionario público, y lo son aquellos a los que se refiere el artículo 24 del Código Penal, y ambos han de proceder «a sabiendas de la injusticia», esto es, ambos tipos no pueden cometerse más que en forma dolosa. La forma culposa podrá castigarse conforme a las normas administrativas pero no conforme a la normativa penal.
La conducta típica del primer apartado consiste en informar favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas. En el primer caso basta el informe favorable, sea o no vinculante, sea o no acogido en la resolución que se dicte.
La conducta típica del segundo apartado exige la resolución o el voto favorable de la Autoridad o funcionario a la concesión de la licencia ilegal. En este supuesto basta la resolución o el voto favorable (aunque luego no obtuviese respaldo mayoritario), aunque luego la construcción o edificación no llegara a realizarse por cualquier motivo.
La expresión «a sabiendas de su injusticia» ha sido interpretada por algún sector doctrinal como la exigencia de un plus sobre la mera legalidad, considerando que cuando existe ese plus (infracción no sólo de las normas sustantivas de planeamiento, sino de las de procedimiento y de los principios constitucionales) existirá infracción penal; si sólo existe contravención de la legalidad, existirá sólo infracción administrativa. No compartimos esta opinión. Una tal exigencia en el ánimo del agente hará inviable la aplicación del precepto. Delitos sobre el patrimonio histórico
| Delitos societarios
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References: Artículo 319
 artículo 319
 artículo 319
 artículo 12
 artículo 319
 artículo 319
 artículo 8
 artículo 310
 resolución 
 Artículo 320
 artículo 24
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