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Timestamp: 2019-09-21 07:16:03+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA SP10741-2017/41749 DE JULIO 24 DE 2017
SENTENCIA SP10741-2017 DE 24 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:EXCEPCIÓN AL DEBER DE DECLARAR NO IMPLICA ACTOS TENDIENTES A DESVIAR O IMPEDIR LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LA GARANTÍA DE NO OBLIGAR A LAS PERSONAS A DECLARAR CONTRA LOS PARIENTES PRÓXIMOS, PROTEGE, ENTONCES, LA SOLIDARIDAD Y LEALTAD QUE DEBE EXISTIR ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA CONSTITUIDA POR NEXOS NATURALES O JURÍDICOS, PERO, A LA VEZ, PRECAVE DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN TANTO QUE LA PARCIALIDAD, LA UNIÓN QUE LOS ATA POR LOS VÍNCULOS FAMILIARES, COMO ES DE SUPONER, LES IMPEDIRÍA COLABORAR A SU VEZ CON AQUELLA DANDO UN TESTIMONIO VERAZ Y DESINTERESADO, RAZÓN POR LA QUE CONSTITUCIONALMENTE SE LOS RELEVA EN LOS PROCESOS PENALES (SANCIONATORIOS EN GENERAL) DE LA EXIGENCIA DE COLABORAR CON LA JUSTICIA QUE TIENEN TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NACIONAL, EN LA FORMA COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 95-7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. SE CONCLUYE ENTONCES, NO RESULTA PLAUSIBLE QUE AL AMPARO DEL ARTÍCULO 33 DE LA CARTA, LOS PARIENTES PRÓXIMOS DEL AUTOR O PARTÍCIPE DE UN DELITO, EJECUTEN COMPORTAMIENTOS ILÍCITOS DESTINADOS A DEFRAUDAR, IMPEDIR, DESVIRAR O FRUSTRAR LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Y TAMPOCO SOSTENER QUE LAS CONDUCTAS TÍPICAS Y ANTIJURÍDICAS QUE REALICEN CARECEN DE CULPABILIDAD POR INEXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA, PUES UNA COSA ES QUE LA PERSONA NO PUEDA SER OBLIGADA A DECLARAR EN CONTRA DE SUS FAMILIARES CERCANOS Y OTRA MUY DIFERENTE QUE CON CONOCIMIENTO Y VOLUNTAD REALICEN ACTUACIONES QUE AFECTEN INTERESES JURÍDICOS AJENOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROCESO PENAL, TESTIMONIO, DEBER DE TESTIMONIAR, RECURSO DE CASACIÓN, AMPARO CONSTITUCIONAL
Sentencia SP10741-2017 de julio 24 de 2017
SP10741-2017
Radicación: 41749
EXTRACTOS: «Demanda de casación
Presenta un cargo que el actor enuncia de la siguiente forma: “Violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación de los artículos 9º y 12 del Código Penal, que derivó en la aplicación indebida del artículo 454B del Código Penal”.
El propósito de la censura, dice, es demostrar que los procesados fueron condenados sin que el tribunal hubiere establecido la culpabilidad, pues siendo familiares próximos del autor material del homicidio, no les era exigible otra conducta diferente al acto de encubrimiento desarrollado “en tanto se trataba de procurar la libertad de su hermano y sobrino, y así realizar para ellos su derecho a tener una familia, máxime cuando son consideradas las condiciones trágicas que han caracterizado dicha relación familiar, cruzada por un ámbito situacional que omnipresentemente de cuenta de la muerte violenta de los padres de S., M. y J.E.”.
Por contraste, sostiene, el tribunal consideró que los acusados estaban compelidos a actuar conforme a derecho, pues la no exigibilidad predicada por el juez de instancia como eximente de responsabilidad y pilar de la absolución, “no encontraría ninguna objeción si con la conducta no se hubiera causado una afectación seria de derechos ajenos… con el mismo propósito de favorecer a su familiar los acusados pudieron realizar una conducta distinta a la acontecida y, en consecuencia, actuar sin culpabilidad, siempre que la conducta no supusiera la afectación a los derechos ajenos, afectación que sería indiscutible cuando se trate del ocultamiento de un cadáver”.
Sobre esas consideraciones del tribunal, el recurrente lucubra en relación con la exigibilidad de un comportamiento distinto como presupuesto de culpabilidad; alude al desarrollo legal y doctrinario de la figura del encubrimiento, en particular, el que tiene por objeto beneficiar a los familiares próximos; escudriña dicha conducta en el derecho comparado, y refiere, con diversas citas jurisprudenciales, a la institución de la familia, al valor que se le asigna en la Constitución como núcleo esencial de la sociedad y su directa vinculación con el derecho fundamental a la no autoincriminación.
De igual manera, sostiene que el fallo recurrido no abordó un análisis dogmático del tema, a pesar del imperativo previsto por el artículo 9º del Código Penal, del cual se deriva que la existencia del delito supone una conducta típica, antijurídica y culpable, e insiste en que el tribunal erró al declarar la existencia del delito por el cual emitió la condena, “sin ninguna consideración por la discusión en torno a las condiciones de culpabilidad, lo que desde luego le impidió considerar que una de ellas —la exigibilidad— había quedado fuera de juego por virtud de la demostración de que con los hechos se representaba un evento de indiscutible inexigibilidad”.
En criterio del censor, el juzgador de segundo grado distorsionó la determinación que adoptaron los acusados, pues entendió que eligieron entre su tranquilidad y la de la familia de la víctima, cuando en realidad se debatieron entre su cohesión familiar, la libertad de su hermano y sobrino, y el interés del Estado en la persecución de los delitos, por lo que, agrega, “habrá que preguntarse si tal elección les es reprochable por serles exigibles (sic) actuar de otra manera. Por eso afirmamos que el tribunal tuvo por definitivo lo que solo era un juicio provisional y tránsito hacia una discusión posterior, consecuente, que necesariamente habría de advenir, esto es, se quedó en la observación sobre lo antijurídico de la conducta, pero no desarrolló el juicio de culpabilidad. Por ello el daño que predica el tribunal sobre los allegados de la víctima del delito no resuelve el problema, ni le resta razones a la exculpación”.
El hecho de que los procesados fueran familiares cercanos —hermanos y tío— del autor del homicidio, los ubica en una condición de exculpación, merced a la experiencia vital de la familia, institución que condensa valores respaldados en el ordenamiento, la cultura y la religión. De esa manera, agrega, el tribunal olvidó que se trata de reconocer que la familia es la experiencia socio-biológica más antigua e importante de la cultura humana, tanto que su existencia es la única condición común de nuestra concurrencia en sociedad.
En la actuación, asegura, se demostró el parentesco aludido y, además, las condiciones trágicas que soportaba la familia: los hermanos P.C. son huérfanos. En época cercana a la de los hechos que se juzgan, sobrevino la muerte violenta de la mamá. “Por tanto —sostiene el recurrente— es fácil pensar que en aquel momento tuvieron la necesidad de mantener lo que de familia les quedaba, y frente a la diversidad que los seguía optaron, a pesar del Estado, por continuar juntos”.
Por otra parte, en cuanto a la trascendencia del error que denuncia, el recurrente reduce los argumentos a reiterar que el juicio de culpabilidad demanda el reconocimiento de una categoría de delito como la describe el artículo 9º del Código Penal. Si no hay culpabilidad, si no es exigible actuar conforme a derecho, no puede haber condena. De esa manera, concluye, de haberse advertido el tribunal la necesidad de un juicio concreto de exigibilidad, el fallo rebatido habría sido absolutorio.
Por consiguiente, solicita casar la sentencia recurrida y dejar vigente la proferida por el juez de primera instancia.
En el cargo único de la demanda el actor denuncia la violación directa de la ley sustancial ‘por falta de aplicación de los artículos 9º y 12 del Código Penal, que derivó en la aplicación indebida del artículo 454B Ib.’.
Como se sabe, de acuerdo con los criterios desarrollados por la Corte, cuando se plantea en esta sede la transgresión inmediata de la ley, el demandante debe respetar el esquema fáctico procesal junto con las reflexiones o conclusiones a las que en esos aspectos arribó el fallador, y, partiendo de ellos, demostrar el error sobre la escogencia o aplicación de la norma.
El sentido de violación proclamado por el demandante, esto es, la falta de aplicación de una norma llamada a regular el caso, surge cuando en los argumentos del fallo se tiene por demostrada una situación fáctica concreta a la que corresponde una específica institución normativa, no obstante lo cual el tribunal deja de aplicar la consecuencia jurídica prevista en la correspondiente disposición normativa.
En el caso analizado, el éxito del reproche pende de verificar que las declaraciones elaboradas por el tribunal en torno a los aspectos fáctico y probatorio del caso, lo llevaron a concluir, según se proclama en la censura, que los acusados no desarrollaron conducta punible en tanto obraron sin culpabilidad (C.P., arts. 9º y 12), y sin embargo los condenó como autores responsables del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Lo anterior, implica reparar si la estructura de la decisión revela tal disonancia entre las consideraciones y la resolución del caso.
El texto de la sentencia recurrida descarta tal hipótesis, pues dentro de sus aspectos relevantes comprende el juicio de reproche sobre la conducta de los acusados, como presupuesto imprescindible para la imposición de la pena.
En ese sentido el tribunal luego de referir que los procesados obraron con conocimiento y voluntad de realizar las acciones tendientes a ocultar o destruir la evidencia del homicidio ejecutado por su pariente próximo, y aun cuando existía la motivación de obrar en solidaridad con el sobrino y hermano, precisó que la capacidad cognoscitiva o volitiva de los agentes no se vio comprometida. En tal contexto y teniendo en cuenta que la absolución de primera instancia se edificó sobre la ausencia de culpabilidad por inexigibilidad de otra conducta, abordó el análisis del tema a partir del principio de la íntima solidaridad, “con lo cual —acotó— de una vez se determina si la conducta atribuida a los acusados logra justificarse por el legítimo ejercicio de un derecho, en este caso por la solidaridad entre parientes próximos ante la inminente persecución penal de su allegado”.
De esa manera, refirió que el artículo 33 Superior, junto con el derecho a la no autoincriminación, establece el de la íntima solidaridad bajo la fórmula de que nadie podrá ser obligado a declarar contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuatro grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; disposición que implica una regla constitucional de derecho fundamental, de manera que en caso de conflicto con otro principio de ese mismo rango “prevalece la regla por la previa valoración que al respecto hizo el constituyente, asunto que no necesariamente ocurre con el principio que subyace en su consagración”.
La abstención de hacer que autoriza esa norma, precisó el ad quem, “soporta fácilmente la tesis de que en los eventos de encubrimiento de familiares puede legítimamente amparar omisiones (sic), de modo que no habrá delito cuando de lo que se acuse a los familiares próximos es de no haber colaborado con la justicia, por no haber delatado o noticiado de algún modo la comisión del delito, la ubicación del responsable o de los elementos materiales de prueba o evidencia física que comprometerían la responsabilidad del familiar allegado. En estos eventos es claro que exigir lo contrario, es decir, que se desplieguen acciones que incriminen al procesado a quien se le debe íntima solidaridad equivale a declarar en su contra, en el amplio sentido con que debe entenderse el texto constitucional, que no está sometido a definiciones de rango inferior”.
Incluso, agregó el tribunal, es posible abarcar en ese derecho, acciones solidarias con el familiar próximo comprometido en el delito que realicen los deberes familiares, de manera que no podría deducirse encubrimiento alguno, por ejemplo, cuando se le da refugio o se le provee de medios económicos aun cuando los requiera para huir.
Lo que no resulta admisible al amparo de la íntima solidaridad, continuó, es que se tenga derecho a desaparecer un cadáver, sin reparar la trascendencia de ese comportamiento en la paz del grupo familiar de la víctima, sacrificada por la tranquilidad y sosiego del homicida y su familia. La situación no se circunscribe a limpiar la escena del delito y deshacerse del arma homicida, pues resultaba previsible que la desaparición del cuerpo generara inquietud y pesadumbre en sus allegados; luego no se trata de que simplemente se afectara el derecho a la verdad de un suceso pasado, lo que de suyo estaría contemplado en la regla constitucional, sino de la privación del conocimiento actual sobre el paradero del occiso.
En ese orden de ideas, puntualizó el ad quem, el comportamiento de los acusados, no se enmarca dentro del ejercicio legítimo de un derecho, ya que así no puede considerarse el atentado contra los medios de prueba con repercusiones concretas en la tranquilidad de la vida de los allegados a la víctima, pues no parece compatible con un orden justo, demandado en el preámbulo de nuestra Constitución Política, que resulte jurídicamente aceptable que la tranquilidad familiar se obtenga sacrificando la de personas ajenas que no están involucradas en la violación de la ley penal. El límite del derecho a la íntima solidaridad se encuentra en la comisión de delitos que van más allá de las conductas solidarias propias de la familia con afectación seria de derechos ajenos.
En ese escenario argumentativo —la inexigibilidad— teniendo de presente que a los acusados se les cuestiona la destrucción y ocultamiento de elementos materiales probatorios, añadió que “el respeto a los derechos ajenos obtiene prevalencia, de modo que desde esta perspectiva, no puede resultar cierto que no fuera exigible a los procesados contenerse de prestar su concurso para realizar este hecho y en general de las restantes evidencias, lo cual se hacía como un todo para los fines propuestos… no discute el tribunal que los procesados, dados los fortalecidos nexos familiares, se decidieron a solidarizarse con J.E.P.C.; sin embargo, atendiendo al lapso que medio entre la causación de la muerte y la desaparición de los elementos materiales probatorios, así fuere el mismo día; a que eran varios los familiares solidarios y a que medió la deliberación propia de tomar la decisión de ocultar, podría haberse reconducido su ayuda a facilitar la huida o simplemente alejar al responsable de la escena del delito, conducta que era menos invasiva en los derechos ajenos”.
“Ciertamente que eso no puede demostrarse empíricamente, pero si puede quedar establecido que era posible y probable asumir otro comportamiento. Evaluada la situación desde la perspectiva de un hombre medio situado en las mismas condiciones de los procesados no entendería la Sala por qué había que optar por la solución más gravosa para los derechos ajenos si con menos riesgo para sus allegados podría con otras conductas asegurarse la libertad del homicida. En consecuencia, estima la Sala que pudo desplegarse conforme a derecho conducta distinta a la realizada y por tanto, en el caso concreto no puede predicarse la ausencia de culpabilidad”.
En los términos referidos, resulta evidente que el tribunal aplicó las preceptivas de los artículos 9º y 12 del Código Penal, teniendo en cuenta que para la imposición de la pena en este asunto, verificó previamente la existencia de una conducta punible atribuida a los acusados, es decir, que se tratara de un comportamiento típico, antijurídico y culpable, y centró el juicio de reproche en la posibilidad que tuvieron, dadas las circunstancias, demostradas en la actuación (el tiempo que medió entre la ejecución del homicidio y los actos de destrucción de evidencia, el número de familiares solidarios, y el hecho de haber podido deliberar acerca de la forma como ocultarían o destruirían la evidencia), de ajustar su conducta al ordenamiento, desplegando acciones menos lesivas a los derechos de terceros, acordes con el principio de respeto a la solidaridad íntima previsto por el artículo 33 de la Constitución Política.
Dado que decidieron adelantar acciones que en criterio del tribunal superaron los límites del principio citado, esto es, deshacerse del cadáver de José Elver Salazar, del arma con la cual se produjo su muerte y borrar los rastros de sangre dejados en el sitio de los acontecimientos, el sentenciador de segundo grado estableció, además, que el comportamiento descrito se subsumía en el tipo penal previsto por el artículo 454B del Código Penal, determinación que corresponde con los hechos que consideró acreditados en la actuación, de manera que deviene infundado el error de juicio que el demandante le atribuye, en el sentido de haber aplicado de manera indebida la norma sustancial indicada, y dejado de aplicar los artículos 9º y 12 del Código Penal.
En las condiciones referidas, el cargo no prospera.
Al margen de lo anterior, en tanto el censor porfía en sostener, desde diversas aristas, que los acusados no son responsables y tampoco pueden ser destinatarios de la pena, por cuanto no les era exigible actuar conforme a derecho, dada su condición de parientes próximos del homicida en cuyo beneficio desarrollaron las acciones que se les reprocha, situación en la que pretende privilegiar los deberes existentes entre los miembros de la familia (intimidad, solidaridad y lealtad), sobre los intereses del Estado en la persecución de los delitos y el mandato que recae en los integrantes de la comunidad de contribuir con la justicia, resultan procedentes las siguientes consideraciones.
En primer lugar, recuérdese, la exigibilidad de un comportamiento distinto, junto con el conocimiento de la antijuridicidad y la imputabilidad, son elementos de la culpabilidad, entendida como aquel juicio de reproche sobre la conducta del actor que permite imponer una sanción penal a su acción típica y antijurídica. La culpabilidad corresponde a una categoría constitucional, según lo preceptúa el artículo 29 Superior al referir que toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Desde la Constitución Política se excluye la responsabilidad penal objetiva, y se exige que la persona haya actuado con culpabilidad. “Esto significa que la Carta ha constitucionalizado un derecho penal culpabilista, en donde la exigencia de culpabilidad limita el poder punitivo del Estado, pues solo puede sancionarse penalmente a quien haya actuado culpablemente. Por consiguiente, para que pueda imponerse una pena a una persona, es necesario que se le pueda realizar el correspondiente juicio de reproche, por no haber cumplido con la norma penal cuando las necesidades de prevención, le imponían el deber de comportarse de conformidad con el ordenamiento, en las circunstancias en que se encontraba”(3).
En punto de exigibilidad, la Corte, de tiempo atrás(4), ha precisado que,
«… si por inexigibilidad de otra conducta se entiende toda situación en que la actividad del sujeto agente no es objeto de punibilidad porque en las circunstancias en que la ejecutó no le era exigible actitud distinta, debe convenirse que en cada una de las causales de inculpabilidad subyace la no exigencia de comportamiento diverso al que se tuvo, pues para reconocer que alguien ha actuado en condiciones de fuerza mayor o caso fortuito, o bajo insuperable coacción ajena o por razón de una convicción errada e invencible, debe admitirse que en cada una de tales causales al sujeto no le era demandable otra conducta, que al agente no le quedaba más por hacer que vulnerar el bien jurídico tutelado.
Así las cosas, teniendo toda causal eximente de culpabilidad a su base dicho fundamento, y siendo la exigibilidad de conducta conforme a derecho condición de ésta, conclúyase que es inculpable quien actúa de manera típica y antijurídica, sin reunir los presupuestos de alguna de las causales previstas en el artículo 40 del Código Penal(5), porque no podía hacerlo de otro modo…”.
En segundo lugar, si la inexigibilidad que releva de culpabilidad “se refiere a determinadas situaciones extremas en las que no se puede exigir al autor concreto de un hecho típico y antijurídico que se abstenga de cometerlo, porque ello comportaría un excesivo sacrificio para él”(6), casos como el analizado escapan a esa idea, pues no implican la realización de actos imposibles o heroicos, ni anulan el principio de respeto a la solidaridad íntima contenido en el texto del artículo 33 de la Constitución Política(7), por el que aboga el recurrente.
En efecto, la norma constitucional establece que “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. Contiene, entonces, dos garantías distintas: i) la de no autoincriminación, y ii) la de no incriminación de los familiares próximos; figuras distintas en cuanto a su fundamento, contenido y alcance, según lo puntualiza el siguiente extracto jurisprudencial:
“En efecto, la primera de ellas es un componente esencial del derecho de defensa, en tanto blinda a la persona cuya responsabilidad jurídica se intenta determinar, de la posibilidad de ser obligado o coaccionado para declarar contra sí mismo. Por tal motivo, tanto en el derecho nacional como en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en el derecho comparado, la referida garantía se encuentra inescindiblemente vinculada al derecho al debido proceso(8), en el entendido de que la obligación de declarar contra sí mismo haría nugatoria la estructuración y la ejecución de la estrategia de defensa.
(…) La garantía de no incriminación del cónyuge, compañero permanente y parientes cercanos tiene un fundamento sustancialmente distinto, pues persigue, no ya la protección del derecho de defensa, sino salvaguardar el vínculo entre el autor o cómplice del hecho punible y sus familiares, en distintos sentidos(9).
Primero, la norma resguarda al testigo-familiar que se encuentra en un particular y complejo conflicto de intereses, cuando el deber abstracto de colaborar con la justicia se convierte en ese escenario concreto, en una pesada cargada que normalmente no se tiene(10): si cumple la obligación legal y evita las sanciones por su infracción, contribuiría a la incriminación de su propio pariente y faltaría a la lealtad, por revelar información obtenida en la intimidad de la familia; y si elude el deber de declarar para proteger a su cónyuge, compañero o pariente, estaría expuesto a ser perseguido o sancionado, en contra de sus propios intereses. De este modo, la garantía busca liberar al testigo del hecho punible de este gravamen, permitiéndole no perjudicar con su conducta a la persona con la que tiene un sólido vínculo originado en los nexos familiares, y preservar un cierto deber de lealtad.
Por otro lado, la garantía atiende a la necesidad de que el Estado no interfiera en la relación entre el victimario y el pariente testigo. Como en circunstancias regulares la incriminación constituye un elemento probatorio definitivo en la determinación de la responsabilidad penal, y como ésta podría ser asumida como un acto de “traición familiar”, motivos ambos que normalmente conducen a una ruptura o al menos a un conflicto grave entre el autor o cómplice del delito y el cónyuge, compañero permanente o pariente que optó por declarar en su contra, se ha entendido que en este escenario específico, debería existir la posibilidad de abstenerse de incriminar a quien integra el núcleo familiar.
Finalmente, la medida blinda la institución familiar como tal, en la medida en que el establecimiento de un deber de declarar en contra del cónyuge, compañero o pariente que ha cometido o participado en un hecho punible, generaría un clima de desconfianza entre los miembros de la familia, por el peligro latente de que los asuntos que se conocen en la intimidad sean sometidos al escrutinio público, todo lo cual terminaría por debilitar los vínculos entre ellos y por desestabilizar la familia. En este sentido, se ha indicado que en atención a la intimidad y unidad de la institución, carece de sentido postular un deber de incriminación mutuo y recíproco entre sus integrantes”(11).
La garantía de no obligar a las personas a declarar contra los parientes próximos, protege, entonces, la solidaridad y lealtad que debe existir entre los miembros de la familia constituida por nexos naturales o jurídicos, pero, a la vez, precave deficiencias en la administración de justicia, en tanto que la parcialidad, la unión que los ata por los vínculos familiares, como es de suponer, les impediría colaborar a su vez con aquella dando un testimonio veraz y desinteresado, razón por la que constitucionalmente se los releva en los procesos penales (sancionatorios en general) de la exigencia de colaborar con la justicia que tienen todos los miembros de la comunidad nacional(12), en la forma como lo establece el artículo 95-7 de la Constitución Política.
Ahora bien, en referencia exclusiva al familiar testigo, la garantía implica el derecho a no ser obligado a declarar, pero si libremente resuelve hacerlo y en el curso de la diligencia ante funcionario competente, falta a la verdad o la calla total o parcialmente, puede verse enfrentado a la pena prevista para el delito de falso testimonio, toda vez que, se repite, lo que asegura la Carta en el artículo 33, es el derecho a no ser obligado, en forma directa o indirecta, o por cualquier medio, a declarar contra sí mismo ni contra los parientes cercanos, no el derecho a obstaculizar la recta administración de justicia, en beneficio de su pariente, mediante afirmaciones que sacrifiquen la verdad, o a través de conductas que de cualquier forma desvíen o entorpezcan el trámite investigativo o el juicio criminal, actuaciones que, con las salvedades correspondientes(13), ni siquiera se toleran en el caso del acusado, pues en tales eventos ya no se trata del ejercicio del derecho de defensa, sino de obstaculizar la acción del Estado en desarrollo de la función jurisdiccional(14).
Dentro de los principios fundamentales de nuestra Constitución, se establece que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana y la solidaridad, que propende por el cumplimiento de diversos fines, como los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, propósitos sobre los cuales gravita la actividad funcional de las autoridades y los servidores públicos del Estado.
Así las cosas, teniendo de presente que el ejercicio de los derechos y libertades también implica responsabilidades, la Carta señala que a la persona y al ciudadano les corresponde, entre varios deberes previstos por el artículo 95, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad, y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia.
En desarrollo de esos mandatos superiores que exhortan a colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, la ley prevé en los ordenamientos procesal penal y sustancial, normas destinadas a lograr su efectividad y vigencia, las cuales se concretan en los deberes de denunciar y de rendir testimonio, y en las consecuencias punitivas por el desconocimiento injustificado de los mismos, en tanto señalan, las primeras que: i) toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y deban investigarse de oficio; si se trata de servidor público iniciar sin tardanza la investigación, si tuviere competencia o, de lo contrario, poner los hechos en conocimiento de la autoridad correspondiente (L. 906/2004, art. 67); y que ii) toda persona está obligada a rendir, bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada; si el testigo es menor de 12 años no se le tomará juramento (art. 383 Ib.). Por su parte, las normas sustanciales tipifican los delitos de omisión de denuncia de particular (C.P., art. 441) y falso testimonio (art. 442 Ib.)
No obstante, en relación con estos deberes, la ley también prevé los eventos en los cuales, por razones de solidaridad íntima, surgida de los vínculos familiares, y merced a los secretos que se confían a determinadas personas por razón de su profesión u oficio (secreto profesional), a nadie se le puede obligar a denunciar (CPP, art. 68) ni a declarar (art. 385 ejusdem), contra sí mismo, el cónyuge, o con quien haga vida marital, los parientes cercanos, o en los siguientes casos marcados por una relación de orden profesional: abogado con su cliente; el médico, el psiquiatra, el psicólogo o la terapista con el paciente; el trabajador social con el entrevistado, el clérigo con el feligrés; el contador público y su cliente; el periodista con su fuente; y el investigador con el informante.
Cabe precisar que la Corte Constitucional en la Sentencia C-848 del 12 de noviembre de 2014, declaró exequible el artículo 68 de la Ley 906 de 2004, “en el entendido de que la excepción al deber de denuncia no comprende las hipótesis en las que la víctima del delito contra la vida, integridad, libertad individual o libertad y formación sexual es un niño, sin perjuicio de la garantía de no incriminación prevista en el artículo 33 del ordenamiento superior”.
Según viene de verse, en el punto que es materia de análisis, el derecho de no incriminación concede tan solo la dispensa especial de no ser obligado a declarar, cuando dicho deber entra en pugna con el principio de respeto a la solidaridad íntima, sin que ello implique que el testigo quede liberado de la obligación de rendir el testimonio, solo que no se le puede obligar a prestarlo, pues como lo refiere la Corte Constitucional en la sentencia citada últimamente, “el efecto jurídico específico de la previsión normativa [art. 33 Superior] no consiste en liberar a las personas de la obligación de declarar contra sus familiares, sino en otorgarles una salvaguardia especial, para que no puedan ser forzados, ni por vías directas ni por vías indirectas, a dar estas manifestaciones; por este motivo, propiamente hablando, el precepto constitucional versa sobre las actuaciones que pueden desplegar las autoridades para obtener las declaraciones incriminatorias, así como sobre los derechos que se derivan de tal limitación, y no sobre las excepciones al deber general de declarar”.
Por razón de lo anterior, no resulta plausible que al amparo del artículo 33 de la Carta, los parientes próximos del autor o partícipe de un delito, ejecuten comportamientos ilícitos destinados a defraudar, impedir, desvirar o frustrar la actuación de la administración de justicia, y tampoco sostener que las conductas típicas y antijurídicas que realicen carecen de culpabilidad por inexigibilidad de otra conducta, pues una cosa es que la persona no pueda ser obligada a declarar en contra de sus familiares cercanos y otra muy diferente que con conocimiento y voluntad realicen actuaciones que afecten intereses jurídicos ajenos. De ser así, se llegaría al absurdo de considerar inculpable, por ejemplo, a quien para evitar que la justicia alcance a su familiar, decida matar los testigos del crimen cometido por éste; o a los parientes del secuestrador que lo ayudaren a ocultar y retener a la víctima.
La actuación o la contribución que se espera de los parientes del autor o partícipe de un ilícito, es que se acojan al derecho de no ser obligados a denunciarlo o declarar en su contra. Más allá de esa facultad, no pueden impunemente ejecutar delitos en orden a beneficiarlo, pues ello desborda los límites del principio de solidaridad íntima y deslegitima las bases del de inexigibilidad de otra conducta.
Si la ejecución de delitos fuera la forma de garantizar los derechos a la intimidad y la unidad familiar contenidos en el artículo 33 de la Constitución, si no hubiere forma contraria de obrar, el legislador habría previsto la atipicidad, verbi gracia, del encubrimiento por favorecimiento, del soborno y las amenazas a testigos, el ocultamiento, la alteración o la destrucción de elementos materiales probatorios, cuando las conductas se ejecuten para beneficiar al pariente prófugo. No es así de lege lata y tampoco resulta previsible de lege ferenda, pues desbordaría enormemente el criterio de exigibilidad constitucionalmente admitido o al menos identificable, reducido a la mera facultad de no ser obligado a declarar en esos casos o a denunciar al familiar, salvo que se trate de poner en conocimiento de las autoridades los delitos contra la libertad, la vida e integridad personal, libertad y formación sexual de los cuales son víctimas los menores de edad.
Lo anterior no obsta para que en cada caso específico pueda declararse la atipicidad de la conducta, la ausencia de antijuridicidad del comportamiento, o la presencia de causales que excluyan la responsabilidad de quienes hayan desarrollado actuaciones eventualmente ilícitas en esas condiciones, lo cual deberá ser analizado a la luz de las pruebas allegadas al respectivo trámite, examen que, dicho sea de paso, resulta impertinente en esta especie teniendo en cuenta que el actor fundamentó el error de juicio propuesto, en la genérica y rebatida tesis de que la solidaridad íntima, por sí misma, implica la inexigibilidad de otra conducta eximente de culpabilidad.
El tipo penal de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Se encuentra descrito en el Código Penal, artículo 454B, adicionado por la Ley 890 de 2004, en los siguientes términos:
“El que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la investigación, o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya elemento material probatorio de los mencionados en el Código de Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de cuatro a doce años…”.
En relación con esta conducta punible la Sala ha precisado que se trata de un tipo penal orientado a proteger la eficaz y recta administración de justicia, de sujeto activo indeterminado, en tanto puede ser cometido por cualquier persona sin que se requiera una calidad particular. Se configura a través de los verbos ocultar, alterar o destruir, desarrollados sobre algún elemento material probatorio de los mencionados en el estatuto procesal penal, siempre y cuando la finalidad perseguida por el autor sea evitar que se use como medio cognoscitivo en la investigación o como medio de prueba en el juicio (ingrediente subjetivo), de donde fluye que la conducta puede darse en forma previa al origen de la actuación judicial, si de impedirse su inicio se trata y con ello el desarrollo mismo del proceso, o durante su trámite; lo relevante es que se impida su empleo como medio cognoscitivo y fundamento probatorio de las diversas decisiones que corresponda adoptar al interior de la actuación.
De otra parte, la Sala ha indicado que se trata de un delito de mera conducta, pues se perfecciona con el accionar del agente orientado a conjugar los verbos rectores con independencia de que el resultado pretendido se logre. Con todo, este tipo penal admite la modalidad de tentativa porque contiene un ingrediente subjetivo específico (evitar que se use como medio cognoscitivo durante la investigación o como medio de prueba en el juicio) que impone agotar unos pasos para concretar la finalidad perseguida, por manera que si la misma no se alcanza por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto activo queda en el grado imperfecto (CSJ SP abr. 16/2015, rad. 44792).
El artículo 275 del Código de Procedimiento Penal, contiene un listado, no taxativo, de elementos sobre los cuales puede recaer la conducta del tipo penal examinado, a saber: i) las huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la ejecución de la actividad delictiva; ii) las armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva; iii) el dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva; iv) los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal; v) los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han sido abandonados allí; vi) los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia, en recinto cerrado o en espacio público; vii) el mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, télex, telefax o similar, regulados por la Ley 527 de 1999 o las normas que la sustituyan, adicionen o reformen; viii) los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son descubiertos, recogidos y custodiados por el Fiscal General, el fiscal delegado, directamente o por conducto de servidores de policía judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o de laboratorios aceptados oficialmente. La Ley 1652 de 2013 incluyó como elemento material probatorio la entrevista forense realizada a niños, niñas o adolescentes víctimas de los delitos descritos en el artículo 206 A del Código Penal.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el Instructivo de Directrices para la Aplicación de la Cadena de Custodia, en cuanto al elemento material probatorio (EMP), refiere: “Para efectos de la aplicación de la cadena de custodia en los procedimientos médicolegales y forenses, los elementos materiales probatorios son todos aquellos elementos recibidos de la autoridad y/o recuperados durante el examen de una persona, de un cadáver o de otro elemento (por ejemplo prendas, muestras biológicas, sustancias, materiales, documentos, elementos traza, entre otros), que pueden ser preservados para un potencial estudio o análisis forense”. Y, la evidencia física (EF) la concibe como: “Cualquier elemento tangible pequeño o grande (incluye los EMP antes mencionados), cuyo análisis produce información que puede confirmar o descartar a una hipótesis sobre un punto en cuestión en un tribunal competente. Por ejemplo, una mancha de sangre recuperada en la escena o del cadáver o de la persona examinada. Se encuentran señalados de manera enunciativa en el artículo 275 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004”(15).
Conceptos que se complementan con el de evidencia traza que el mismo Instituto definió como “un término genérico que se utiliza para referirse a los elementos materiales probatorios y evidencias físicas muy pequeños, con frecuencia microscópicos; puede ser de origen biológico (por ejemplo, semen, sangre, cabellos y/o pelos, saliva y células epiteliales de la boca, polen y material vegetal diverso, etc.) o no biológico (por ejemplo, fibras, fragmentos de pintura o vidrio, partículas del suelo, residuos de pólvora, etc.). Su importancia radica en el principio de intercambio de Locard, es decir, la transferencia de elementos o partículas entre dos superficies en contacto. En el encuentro entre la víctima y el agresor, se transfiere evidencia física (tanto notoria, como imperceptible) del uno al otro y viceversa; ambos a su vez depositan pequeños elementos en la escena y recogen evidencia traza del lugar del hecho. Este tipo de evidencia física de contacto es fundamental para orientar las investigaciones, pues permite correlacionar víctima-agresor-lugar del hecho”(16).
La conceptualización que hace el Instituto conduce a que el cadáver e incluso las personas, son evidencia para el proceso porque en ellos se revela la conducta que desplegó el agresor sobre la víctima, de ahí que su análisis y resultados permitan confirmar o descartar las hipótesis sobre la forma como ocurrieron los hechos. En otras palabras, la evidencia tiene capacidad demostrativa.
De otro lado, téngase en cuenta que a la Fiscalía General de la Nación le corresponde (C.P., art. 250) adelantar la indagación y la investigación de los hechos que revistan características de un delito. En esa labor, con prontitud debe recolectar los elementos o evidencias que den cuenta de su ejecución. En ese orden, la ley faculta (CPP, art. 205) a los funcionarios de policía judicial a realizar de inmediato todos los actos urgentes consecuentes con ese propósito, como la inspección en el lugar de los hechos, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. De igual modo, identificar, recoger, embalar técnicamente los elementos materiales probatorios, la evidencia física, registrar las entrevistas e interrogatorios, y someter todo lo anterior a cadena de custodia. Para afectos del examen médico forense del cadáver, deben, además, trasladarlo a las dependencias del Instituto Nacional de Medicina Legal o, en su defecto, a un centro médico oficial con el fin de que se le realice la necropsia.
El sistema de investigación y juzgamiento introducido con el Acto Legislativo 3 de 2002 y la Ley 906 de 2004, requiere que el material probatorio conserve su autenticidad con el fin de garantizar su aptitud demostrativa. Debe blindárselo frente a eventuales riesgos de destrucción o alteración antes de ser presentado ante el funcionario judicial respectivo. De ahí que el artículo 216 de la Ley 906 de 2004 disponga: «cada elemento material probatorio y evidencia física recogidos en algunas de las inspecciones reguladas en los artículos anteriores, será asegurado, embalado y custodiado para evitar la suplantación o la alteración del mismo. Ello se hará observando las reglas de cadena de custodia». En la misma dirección, el artículo 254 precisa que la cadena de custodia tiene como finalidad «demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física.»
Ahora bien, para garantizar la autenticidad de la evidencia no es suficiente crear un sistema de cadena de custodia, que asegure que el objeto recogido en la escena del delito sea el mismo que se presente al juez en la audiencia para su posterior valoración probatoria, en cumplimiento del principio de inmediación probatoria. Es necesario, además, sancionar las conductas que destruyen, ocultan o alteran el material probatorio, pues por esa vía se afectan la eficaz y recta impartición de justicia, entendido, como se dijo en la exposición de motivos del proyecto que culminó con la Ley 599 de 2000, que «no se trata de proteger sólo los atentados contra la justicia en términos de organización formal, sino todo agravio o atentado contra los mecanismos por medio de los cuales se discierne y reconoce el derecho». Protección que se extiende al concepto estructural de justicia, en tanto se quiso amparar toda actuación destinada a prodigarla. La justicia que se protege es la material, no la formal, pues corresponde a uno de los fines esenciales del Estado, conforme con el preámbulo de la Constitución, y sobre ella opera el interés general de la sociedad y el individual.
De esa manera, tras la expedición del nuevo Código de Procedimiento Penal, en orden a garantizar el buen funcionamiento de la administración de justicia, bajo el título de “Delitos contra los medios de prueba y otras infracciones”, en la Ley 890 de 2004, el legislador penalizó varias conductas encaminadas a salvaguardar el adecuado desarrollo del proceso penal a través de la integridad del material probatorio susceptible de recaudar y llevar a la actuación, dentro de las cuales figura la referida al ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio(17).
En el asunto analizado, aparece plenamente demostrado que la tarde en que J.E.P.C. (30-06-09), mató a J.E.S.M. con dos disparos de arma de fuego, arribaron al lugar de los acontecimientos L.C.C.J., M. y S.P.C., quienes tomaron la decisión de deshacerse de las evidencias del delito, esto es, del cadáver de la víctima, del arma de fuego con que se realizó el homicidio y la sangre vertida por el cuerpo en el sitio de la casa donde sucedieron los acontecimientos.
Con esa finalidad, conforme lo estipularon la Fiscalía y la defensa, “el cadáver fue sacado de la finca en cuestión, a eso de las 9:30 ó 10:00 de la noche, en un vehículo XXX, color negro, de placa XXX, de propiedad del tío de aquellos, L.C.C.J., precisamente en el baúl o maleta del automotor, en el que partieron, como conductor L.C.C.J., y como ocupantes J.E. y S.P.C.; que M.P.C. se quedó en la finca XXX, cumpliendo labor de limpieza del cuarto donde permaneció el cadáver de J.E.S.M.; que estas tres personas arrojaron el cuerpo, desde un puente, al río XXX, que desemboca al río XXX; que el arma homicida fue desbaratada por S.P. y arrojada igual a dicho afluente, regresando a la finca a eso de las 11:30 de la noche; que el cadáver fue hallado el 2 de julio de 2009 en jurisdicción de XXX. Estipulación que se respalda con la entrevista de M.P.C. de fecha 8 de julio de 2009 a las 3:40 de la tarde —Sede Fiscalías XXX— igualmente con los testimonios de las personas que a continuación se relacionan, en sus aspectos concordantes esto es: la fecha y hora de la discusión, los disparos (dos); el momento en el que arriba el vehículo color negro XXX, mencionado y conducido por el señor L.C.C.J.; el taxi en el que llego M.P.C.; el ingreso de S.P., los momentos de entrada y salida de la finca del vehículo XXX durante aquella noche del 30 de junio de 2009”(18).
Estipulación probatoria que registra la siguiente aclaración:
“Nota: las presentes estipulaciones, en lo que tienen que ver directamente con hechos donde los acusados han declarado o han sido entrevistados y se han tomado como base de respaldo y por ende se ha dado por cierto sus manifestaciones y/o acciones son firmadas por estos, previa advertencia que se les ha hecho saber el derecho que tienen a no declarar contra sí mismos y contra los parientes dentro del cuarto grado de consanguineidad, segundo de afinidad o primero civil, esto es, se les ha ilustrado tanto por parte de la fiscalía como por parte de sus defensores el alcance de este derecho —artículo 33 de la Constitución Nacional—. Dicen, renuncian a ese derecho y aceptan las estipulaciones tal y como se han redactado, para constancia firmarán...”(19).
De acuerdo con lo anterior y por lo demostrado en el proceso, acertó el tribunal al precisar en el fallo recurrido que el comportamiento de los acusados se adecua al tipo penal del artículo 454B del Código Penal, por cuanto pretendían evitar la utilización como medio cognoscitivo en la investigación, de elementos materiales probatorios previstos como tales por el artículo 275 del estatuto procesal, y por ello, desparecieron el cadáver de una víctima de homicidio, limpiaron la sangre que brotó de las heridas, desarmaron y botaron las piezas del arma de fuego con que se perpetró aquél delito.
Variación de la calificación jurídica.
La Fiscalía les imputó a los procesados en la audiencia respectiva, el delito de encubrimiento por favorecimiento, comportamiento por el cual, posteriormente, los acusó y del cual fueron absueltos por el juez de conocimiento. Sin embargo, como viene de verse, el tribunal consideró que la conducta de los acusados es típica del punible de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y luego de verificar que resulta, además, antijurídica y culpable, revocó la decisión de primera instancia, por lo cual los condenó como autores de este punible previsto por el artículo 454B del Código Penal, modificando, de esa manera, la calificación jurídica que de los hechos hizo el delegado de la Fiscalía.
Frente a esta situación, recuérdese que de conformidad con lo previsto por el artículo 446 del Código Penal, incurre en el delito de encubrimiento, quien teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible, y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente. La ayuda que se preste puede ser de variada índole, pues corresponde a actos libres no definidos en la ley, eso sí, destinados a eludir la acción de las autoridades o a entorpecer la actuación.
La doctrina distingue dos modalidades de encubrimiento: el personal, cuando la ayuda se dirige, por ejemplo, a impedir la captura del agente, proporcionarle medios o elementos para salir del territorio, cambiar de domicilio, disfrazarlo o hacerlo pasar por quien no es, a suministrar a las autoridades señales que no responden a las particulares del escondido o fugitivo, etc.(20) Y, el real, que se concreta en el entorpecimiento de la actuación a través de la simulación de pruebas o el establecimiento de cualquier otra manera de una situación falsa contraria a la verdad: crea pruebas falsas o destruye los rastros del comportamiento realizado(21).
En este sentido (real o material), los delitos de encubrimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, se asemejan, en tanto atentan contra los medios de prueba y afectan el adecuado desarrollo del proceso penal. No obstante, el segundo es de naturaleza especial, pues además de concretar las formas como pueden menoscabarse los elementos de prueba o evidencias, contiene el ingrediente subjetivo referido a que el ocultamiento, la alteración o la destrucción, se dirijan a impedir o evitar que se usen como medios de conocimiento en la investigación o como prueba en el juicio oral.
La actuación de los acusados, sin duda, trascendió la ayuda genérica que puede ofrecer el favorecedor. Propiamente, ocultaron, alteraron y destruyeron los elementos materiales probatorios, íntegros, que daban cuenta de la ocurrencia de un homicidio, con el claro propósito, no solo de impedir su descubrimiento y recopilación por la policía judicial, sino su uso como medio cognoscitivo en el proceso, lo cual es una realidad, toda vez que limpiaron la sangre brotada del cadáver, desbarataron el arma de fuego empleada por el homicida y botaron las pieza que la integraban, razón por la cual, surge válido afirmarlo, dichos elementos y evidencia quedaron en imposibilidad de llevarse al proceso correspondiente. Desaparecidos, no pudieron ser utilizados como medios cognoscitivos en la investigación, ni como soporte probatorio de las decisiones del proceso.
En estas condiciones, la determinación del tribunal de variar la calificación jurídica y condenar por un delito diferente al que la Fiscalía les imputó a los acusados, deviene acertada como procedente, en cuanto se ajusta a los requerimientos señalados al efecto por la jurisprudencia de la Sala.
Sobre el particular, “… la doctrina de la Corte ha entendido que debe existir congruencia entre la acusación y la sentencia en los términos previstos por el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, en su doble connotación fáctica y jurídica, siendo posible, de manera excepcional, que el juez se aparte de la exacta imputación jurídica formulada por la Fiscalía, en la medida que la nueva respete los hechos y verse sobre un delito del mismo género y el cambio de calificación se oriente hacia una conducta punible de menor o igual entidad, siempre y cuando además se respete el núcleo fáctico de la acusación, así por ejemplo en CSJ SP, julio 27 de 2007, radicación 26468 de 2007, CSJ SP, junio 3 de 2009, 28649 de 2009, CSJ AP, abril 7 de 2011, radicación 35179 de 2011 y CSJ SP, julio 24 de 2012, radicación 32879” (resaltado fuera de texto). Tesis reiterada en la Decisión AP, septiembre 24 de 2014, radicación 44458 y más recientemente en el fallo SP noviembre 25 de 2015, radicación 42510.
En el presente asunto, existe plena congruencia fáctica entre la acusación y el fallo impugnado, si se tiene en cuenta que: 1) en el llamamiento a juicio, la Fiscalía, tras referir que J.E.P.C., mató a J.E.S.M., les atribuyó a los acusados que “después de sucedido el deceso se presentan en la escena por llamado de J.E.… en conjunto deciden arrojarlo [el cadáver] al Río XXX y montarlo en el carro del señor L.C. para el efecto, taparlo con una bolsa y desarmar el arma, acto este último realizado por S. conocedor de armas, así como también borrar todo rastro de sangre que en el sitio quedara, de lo cual se encargó el señor M.P…”; y ii) en el fallo recurrido el tribunal señaló que a los procesados no se les reprocha, propiamente, haber omitido colaborar con la justicia, tampoco el hecho de ayudarle a un familiar, “sino que ocultaron, alteraron o destruyeron elementos materiales probatorios…”, por lo que, acotó, “En todo caso, lo que aquí interesa puntualizar es que cuando se acusó por encubrimiento se atribuía también en el tipo señalado las conductas punibles que se encuentran ínsitas en el mismo, como la establecida en el artículo 454B del Código Penal. Es así que cuando se pedía condena por el encubrimiento, implícitamente se hacía por los que estuvieran incluidos en dicho tipo…”.
De igual manera, se predica la atribución de una nueva conducta punible del mismo género —se trata de también de un delito contra la eficaz y recta impartición de justicia— pero más beneficiosa respecto de la imputada por la Fiscalía, teniendo en cuenta que la pena del encubrimiento agravado, cuando se predica del delito de homicidio (art. 446-2), es de 64 a 216 meses de prisión (5.3 a 18 años), y la sanción establecida para el punible contra los medios de prueba oscila entre 4 y 12 años de prisión (art. 454B).
La determinación del tribunal, se reitera, resulta adecuada por corresponder los hechos imputados al punible por el cual impuso la condena, sin que la misma hubiere generado perjuicio alguno a los acusados o a los demás intervinientes del proceso.
En conclusión, conforme se anunció, la Sala no casará el fallo recurrido.
No casar la sentencia del Tribunal Superior de XXX del 9 de mayo de 2013, con la cual condenó a M.P.C., S.P.C. y L.C.C.J., en su condición de autores del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Notifíquese y cúmplase. Devuélvase la actuación al tribunal de origen.»
3 Cfr. C-370-02, C-181-16.
4 Ver CSJ SP, diciembre 11 de 1998, radicación 13185.
5 Artículo 32 actual Código Penal.
6 Muñoz Conde Francisco. “Teoría General del Delito. Ed. Temis 2ª Ed. Pág. 127.
7 En los antecedentes de la expedición de la Carta, se propuso la aprobación de esa norma bajo título enunciado. Gaceta Constitucional 109 27-06-91, citada en C-426-97.
8 Así se encuentra, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando en el artículo 8º, referido a las garantías judiciales, establece que “Toda persona (…) tiene (… 9 derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 14 que “durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”. Y en términos semejantes, el artículo 55 del Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que “cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales (…) tendrá los derechos siguientes: (…) b) A guardar silencio sin que ello puede tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia”.
9 Sobre los fines de la garantía de no incriminación de los parientes próximos y su problemática en el derecho comparado, con especial referencia al derecho español, cfr., María Luisa Villamarín, El derecho de los testigos parientes a no declarar en el proceso penal, en Revista para el Análisis del Derecho, Universidad Complutense de Madrid, octubre de 2012. Documento disponible en: http://www.indret.com/pdf/922.pdf. Último acceso: 8 de octubre de 2013.
10 En otras latitudes la garantía de no incriminación a los parientes tiene un fundamento distinto, aunque en todo caso vinculada a la protección de la familia. Así por ejemplo, en algunos países se ha considerado que la previsión normativa responde a la necesidad de proteger la búsqueda de la verdad en los procesos penales, en el entendido de que los testigos que tienen un fuerte vínculo afectivo con el presunto autor o cómplice de un delito, no tienen las condiciones para dar cuenta de la realidad de los hechos.
11 Corte Constitucional C-848-14.
12 Cfr. C-426-97; C-285-11.
13 Quien declara en su propio juicio, lo hace bajo la gravedad del juramento, “pero desprovisto de las consecuencias jurídico-penales adversas que podrían derivarse en contra suya como consecuencia de la prestación del mismo que antecede a la declaración; es decir, que al sindicado le asiste total libertad respecto del contenido mismo de aquella, así como es legítima su negativa a responder total o parcialmente, ya sea a las preguntas que se le formulen por el juez o a las que se le hagan por la Fiscalía y la defensa en el interrogatorio cruzado propio de un proceso adversarial y de partes, como el que establece el sistema penal acusatorio”. No obstante, “si en el curso de un proceso el acusado o el coacusado deciden declarar sobre hechos criminosos atribuidos a un tercero, tal declaración será recibida como un testimonio, sujeta a las formalidades y excepciones propias del mismo, conforme a la Constitución y a la ley, y con las consecuencias jurídico-penales que correspondan en caso de faltar a la verdad o de callarla total o parcialmente. C-258-11.
14 C-228-03; C-258-11.
15 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “Instructivo Directrices para la Aplicación de la Cadena de Custodia en el INMCF, Versión 01”, Código DG-M-I-10, 2008-11-07.
16 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Procedimiento Estandarizado de trabajo “Manejo y estudio balístico de proyectiles y otros elementos relacionados recuperados en la necropsia médico-legal, Versión 01”, Código DG-SIC-DNF-LBAL-M-PET-01, 2008-28-02.
17 Al respecto consúltese la Gaceta del Congreso 642 de 2003. Ponencia para primer debate proyecto de ley 01-03.
18 Folio 103 y siguientes. Cuaderno de estipulaciones probatorias.
19 Folio 104 y 105, cuaderno de estipulaciones.
20 Ejemplos textuales citados en la obra de Luis Carlos Pérez. “Derecho Penal” T. III.

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 resolución 
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de lege lata
de lege ferenda
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