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Timestamp: 2018-12-11 22:54:49+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 7 DE 2002
RESOLUCIÓN 7 DE 27 DE MAYO DE 2002
BOLETÍN N°:REGISTRO DISTRITAL 2645 DE MAYO 29 DE 2002
RESOLUCIÓN 7 DE 2002
“Por la cual se fija el incremento salarial de los empleados públicos del Instituto de Desarrollo Urbano, correspondiente a la vigencia fiscal del 2002“.
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 16 del Acuerdo 19 de 1972, y
Que el Alcalde Mayor de Bogotá, expidió el Decreto 181 del 16 de mayo de 2002 “Por el cual se fija el incremento salarial para los empleados públicos de la administración central del Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones”;
Que teniendo en cuenta que este decreto se aplica únicamente en la administración central del distrito y que es competencia de cada junta o consejo directivo, señalar los incrementos para las entidades del sector descentralizado, la Secretaría de Hacienda Distrital y el Departamento Administrativo del Servicio Civil del Distrito expidieron la circular Nº 011 del 22 de mayo de 2002 mediante la cual se establecieron los lineamientos con base en los cuales los órganos de dirección de estas entidades en desarrollo de sus facultades, aprueben el incremento salarial para sus servidores;
Que el numeral 10 del artículo 16 del Acuerdo del Concejo Distrital Nº 19 de 1972, consagra como atribución y función de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Urbano, la de adoptar la clasificación y remuneración de los empleos;
Que mediante Decreto 693 del 10 de abril de 2002, el Presidente de la República dando cumplimiento a la Ley 4ª de 1992, estableció el límite máximo salarial mensual de los empleados públicos de las entidades territoriales para el año 2002 así:
Nivel jerárquico Límite máximo salarial
Directivo $ 5.343.919
Asesor $ 4.976.866
Ejecutivo $ 3.460.703
Profesional $ 3.030.923
Técnico $ 1.250.722
Administrativo y operativo $ 1.237.255
Que el artículo 3º del Decreto 693 del 10 de abril de 2002 dispone que ninguna autoridad podrá autorizar o fijar asignaciones básicas salariales mensuales, que superen los límites máximos señalados en el mismo decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 y 12 de la Ley 4ª de 1992, y contempla igualmente que cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos;
Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1064 proferida en el mes de octubre de 2001, precisó en torno al tema del incremento salarial lo siguiente:
“(...) El artículo 53 protege la movilidad salarial tanto de los servidores públicos que ganan uno o dos salarios mínimos, como de los que están ubicados en escalas salariales superiores. Ello ha de ser así, por respeto a una línea jurisprudencial de precedentes, entre los cuales se destaca la Sentencia C-1433 de 2000 relativa al aumento salarial de los servidores públicos en el año pasado. Estima entonces la Corte que el reajuste salarial debe cobijar a todos los empleados y trabajadores al servicio de las ramas y entidades comprendidas por. la ley anual de presupuesto parcialmente demandada. En términos prácticos, esto significa que todos ellos deben recibir un aumento salarial en el período regulado por dicha ley, es decir, la vigencia fiscal que se inició el 1º de enero de 2001 y que terminará el 31 de diciembre de 2001;
Sin embargo, dicho aumento salarial no tiene que ser idéntico para todos. La igualdad matemática o mecánica es contraria al principio según el cual, los iguales deben ser tratados igual y los diferentes deben ser tratados diferente. Este principio ha sido continuamente reiterado por la Corte pues ocupa una posición medular en un Estado social de derecho, en el que la igualdad no es formal, sino sustantiva o real. Siguiendo este orden de ideas, la Corte constata que entre los servidores públicos hay diferencias salariales de gran magnitud. Es decir, la brecha entre los servidores de bajos salarios y los salarios altos es extensa y además ha aumentado en la década de los años noventa. Por lo anterior, la Corte concluye que debe hacerse un aumento para todos estos servidores públicos, aunque éste no tiene que hacerse en el mismo porcentaje para todos;
La realización de este aumento encuentra sus bases jurídicas en los criterios que se derivan directamente de !a Constitución y no de la ley, puesto que el legislador no ha desarrollado las normas constitucionales relevantes. Es decir, no ha dictado el estatuto del trabajo en el punto relativo a la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, ni ha reformado la Ley 4ª de 1992 que es la ley marco para la fijación de los salarios de los servidores públicos, para así ajustarla a la Carta Política;
En estas condiciones especiales, debe abordarse la cuestión de cómo ha de efectuarse el reajuste salarial para la vigencia fiscal del 2001 regulada por la norma demandada. La Corte estima que en su fallo no le corresponde imponerles al Congreso de la República y al ejecutivo una fórmula única, general y automática que atienda las diferencias anteriormente señaladas. Es por eso que, entre otras razones, la Corte no reitera la exhortación específica impartida en la Sentencia C-1433 de 2000 la cual contenía una orden que no era compatible con otros precedentes jurisprudenciales que esta corporación también considera directamente pertinentes y claramente relevantes para resolver el problema jurídico en cuestión;
Ahora bien, aunque la Constitución contiene pocas disposiciones específicas en materia salarial, hay una en la Carta que ofrece un criterio que permite distinguir, en materia de aumento salarial, entre los servidores que están en las escalas salariales bajas, y los que están ubicados en las escalas superiores. Se trata del artículo 187 de la Constitución, que prevé expresamente que el aumento para todos los servidores no tiene que ser idéntico, lo cual es compatible con el principio de igualdad material en un Estado social de derecho. Dicho artículo habla de un promedio ponderado;
En este caso, la Corte aplica por extensión este parámetro a los salarios con el fin de identificar a los servidores de ingresos inferiores, es decir, aquellos cuyo salario es menor al promedio ponderado de los salarios de los servidores de la administración central. Respecto de ellos, el incremento salarial debe basarse preponderadamente en la inflación, para que se mantenga la capacidad adquisitiva real de sus salarios. La Corte estima que varias razones, relativas a la protección reforzada que la Constitución brinda a las personas de bajos ingresos, impiden en este caso limitar el derecho a conservar el poder adquisitivo real del salario de estos servidores;
No obstante, en lo que respecta a los servidores que se encuentran ubicados en las escalas salariales superiores al promedio, este derecho puede ser limitado, pero no desconocido. En el caso en cuestión, y siguiendo una jurisprudencia reiterada aplicada a todos los derechos constitucionales, la Corte analiza cuáles limitaciones al derecho de los servidores públicos que se encuentran en las escalas salariales superiores al promedio ponderado mencionado, son constitucionalmente admisibles y cuáles no lo son. Para ello aplica un juicio de razonabilidad muy riguroso que sólo permite limitaciones estrictamente necesarias y proporcionales para alcanzar un fin que, además de ser conveniente e importante, sea también imperioso. (...)
(...) 6.2.1. Todos los servidores públicos tienen derecho a mantener el poder adquisitivo real de su salario;
6.2.2. Los salarios de dichos servidores públicos deberán ser aumentados cada año en términos nominales;
6.2.3. Los salarios de dichos servidores públicos que sean inferiores al promedio ponderado de los salarios de los servidores de la administración central, deberán ser aumentados cada año en un porcentaje que, por lo menos, mantenga anualmente su poder adquisitivo real;
6.2.4. Los salarios de los trabajadores no cobijados por el criterio anterior, serán aumentados de tal forma que los reajustes anuales de éstos servidores consulte el principio de progresividad por escalas salariales con el fin de que el incremento de quienes ganen menos sea porcentualmente mayor. Para que dicha progresividad sea estricta no deberá existir entre uno y otro grado o escala una diferencia desproporcionada. Las limitaciones al derecho a mantener anualmente el poder adquisitivo del salario de estos servidores sólo son admisibles constitucionalmente si ellas están dirigidas a alcanzar un objetivo de gasto público social prioritario y son estrictamente necesarias y proporcionales para lograr la realización efectiva de este objetivo. (...)
(...) 6.2.6. Para dar cumplimiento a la Constitución, en los términos de la presente sentencia, las autoridades adoptarán las decisiones y expedirán los actos de su competencia”;
Que en consideración que los fallos dictados por la Corte Constitucional en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades que deban aplicar la ley, la administración distrital efectuó el cálculo del promedio ponderado de los salarios del sector central del distrito, para diferenciar el grupo de servidores públicos con protección reforzada, estableciéndose dicho valor en la suma de un millón seiscientos cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y tres pesos ($ 1.653.953);
Que en cumplimiento al fallo de la Corte, los empleados públicos con asignaciones iguales o inferiores a esta suma, se les reconocerá un incremento salarial del 7.65% y a los empleados con asignaciones superiores a este límite se les establecerá un incremento gradual y progresivo, inferior a este porcentaje.
Que según lo establecido por la Secretaria de Hacienda Distrital y el Departamento Administrativo del Servicio Civil del Distrito en la circular Nº 011 del 22 de mayo de 2002, el decreto mediante el cual el Gobierno Distrital fijó el incremento salarial para los empleados públicos de la administración central del Distrito Capital de Bogotá, constituye el lineamiento general enmarcado dentro de la política financiera y presupuesta del Distrito Capital, para que dentro de la órbita de su competencia, los órganos de dirección de los establecimientos públicos entre otros, aprueben el incremento salarial conforme a los rangos que a continuación se describen. Precisando finalmente, que si al aplicar el incremento salarial, se excedieran los límites fijados en el Decreto 693 de 2002, el aumento deberá ser menor al señalado, con el objeto de guardar la progresividad en los grados de la escala salarial y no se generen distorsiones en la misma. Así mismo puntualiza que si la asignación actual excede los límites máximos del decreto mencionado, tales empleos no tendrán incremento alguno.
Asignaciones básicas Porcentaje de incremento
Inferiores a $ 1.653.953 7.65%
De $ 1.653.953 a $ 1.924.910 6.00%
De $ 1.924.911 a $ 2.454.563 5.00%
Iguales o superiores a $ 2.454.564 4.00%
ART. 1º—Incrementar de acuerdo con los rangos que se describen a continuación, las asignaciones básicas de los empleados públicos del Instituto de Desarrollo Urbano para el año 2002 en los siguientes porcentajes:
PAR.—Si al aplicar el incremento salarial, se excedieren los límites fijados en el Decreto 693 de 2002, el incremento deberá ser menor al señalado en el presente artículo. Si la asignación básica actual de cualquier empleo del Instituto de Desarrollo Urbano excede los límites del Decreto 693 de 2002, tales empleos no tendrán incremento alguno.
ART. 2º—La escala salarial correspondiente a la planta de empleos públicos del Instituto de Desarrollo Urbano quedará de la siguiente forma:
Grado salarial Nivel directivo Nivel asesor Nivel profesional Nivel Técnico Nivel administrativo Nivel operativo
01 3.051.591 3.255.021 1.483.081 981.453 1.134.123 832.275
02 3.255.021 3.953.090 1.592.132 1.134.123
03 4.760.467 1.744.802 1.243.174 872.401
04 4.804.800 1.796.064
05 5.288.390 2.028.491
06 2.285.099
PAR.—El incremento salarial de la asignación básica de los empleados públicos del IDU, cuyos cargos han sido suprimidos y su retiro efectivo no se ha producido, así como la reliquidación de los haberes sociales de quienes se han desvinculado de la entidad durante la actual vigencia fiscal, se efectuará de conformidad con los rangos descritos en el artículo primero de la presente resolución.
ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero del 2002.
Dada en Bogotá, D.C., a 27 de mayo 2002.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 53
 artículo 187
 resolución