Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-1006-de-septiembre-20-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041c25ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-23 21:26:44+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA T-1006 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2001
SENTENCIA T-1006 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:DERECHO DE PETICIÓN. SE REITERAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y JURISPRUDENCIALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRÁMITE DEL DERECHO DE PETICIÓN, RESPUESTA DEL DERECHO DE PETICIÓN, DEBER DE RESPONDER EL DERECHO DE PETICIÓN, CONTENIDO DEL DERECHO DE PETICIÓN, ATENCIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN
Sentencia T-1006 de septiembre 20 de 2001
Sentencia T-1006 de 2001
Ref.: Expediente T-463573
Derecho de petición-Núcleo esencial/Derecho de petición-Alcance
Derecho de petición-No constituye respuesta estado del trámite de solicitud
Acción de tutela instaurada por Luz Martha Guzmán de Cano contra el coordinador de la oficina de prestaciones del Magisterio, regional Tolima y el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el departamento del Tolima.
Bogotá, D.C., septiembre veinte de dos mil uno.
Esta Sala de Revisión advierte que, por tratarse en este caso de una sentencia de reiteración, procederá a justificar brevemente su decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991(1).
La señora Martha Guzmán de Cano, por intermedio de apoderada judicial, instauró acción de tutela en contra del coordinador de la oficina de prestaciones del magisterio, regional Tolima, y el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el departamento del Tolima, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición e igualdad.
Manifiesta la actora que en marzo 16 de 2000 “radicó un memorial petitorio solicitando el pago de las mesadas adeudadas de su pensión de jubilación, que fue ordenada por el honorable tribunal y confirmada por el Consejo de Estado”. Según documentación anexa, mediante Resolución 7383 del 30 de octubre de 1998 firmada por los ahora demandados, se reconoció y ordenó el pago a la demandante y a sus hijos de la pensión post mortem del señor José Alirio Cano Corrales, en cumplimiento de la sentencia del 31 de octubre de 1995 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, confirmada por la Sección Segunda - Subsección B - del h. Consejo de Estado en sentencia del 21 de noviembre de 1996.
Aduce la actora que sus derechos fundamentales de petición y de igualdad son claramente violados por la autoridad pública administrativa, “al no responder hasta la fecha la petición escrita, transcurriendo un año de radicada la solicitud”. Estima que la mencionada autoridad debió haber dado respuesta dentro de los quince días siguientes a la fecha del recibo de la petición, o haber informado sobre la imposibilidad de dar respuesta en dicho lapso. Cita en respaldo de su solicitud jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se tutelaron los derechos fundamentales de petición e igualdad.
Mediante oficio del 21 de marzo de 2001, la coordinadora del fondo nacional de prestaciones sociales del Magisterio, regional Tolima, informó al h. Tribunal Administrativo del Tolima, como juez de tutela en primera instancia, que con respecto a la petición radicada el 16 de marzo de 2000 por parte de la demandante, existe ya un proyecto de resolución en la cual se acoge parcialmente la petición de revocatoria directa de la Resolución 7383 del 30 de octubre de 1998, petición ésta elevada por la apoderada de la accionante el 6 de diciembre de 2000 y aclarada por la misma mediante fax de diciembre 21 de 2000. Manifiesta la parte demandada que la Fiduciaria La Previsora S.A., encargada de los desembolsos, ante la incongruencia en el ente responsable para su aplicación, no dio el visto bueno a la mencionada Resolución. Sostiene que el proyecto de resolución y el expediente administrativo se encuentran en la Fiduciaria La Previsora S.A. para lo de su cargo y competencia, luego de cumplir con el trámite dispuesto en el respectivo decreto reglamentario (D.R. 1775/90)
El Tribunal Administrativo del Tolima, con ponencia de la doctora Susana Acosta Prada, mediante sentencia del 26 de marzo de 2001, ordenó “cesar la prosecución de la tutela interpuesta por Luz Martha Guzmán de Cano”. En sustento de su decisión, el juez a quo adujo que si bien es cierto se encontraba en trámite la acción de tutela, también lo es que la coordinadora del fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, regional Tolima, doctora Betty Alfaro de Torres, “dio respuesta a la información requerida anexando el proyecto en el cual se resuelve la petición de revocatoria directa, con respecto a la solicitud hecha por la accionante (...)”.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples oportunidades sobre el sentido y el alcance del derecho fundamental de petición(2). En Sentencia T-377 de 2000, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero, se delinearon algunos supuestos fácticos mínimos de este derecho tal y como han sido precisados en la jurisprudencia de esta corporación:
A los anteriores supuestos, la Corte ha añadido posteriormente otros dos: primero, ha establecido de forma clara que la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder(3); y, segundo, ha precisado que ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado(4).
En el presente caso, no bastaba entonces a la autoridad demandada omitir la respuesta a las peticiones de la demandante con fundamento en el simple hecho de que otra entidad, en este caso la Fiduciaria La Previsora S.A., estaba en turno para continuar el trámite administrativo iniciado por la demandante. Tampoco era suficiente por parte de la entidad demandada con miras a satisfacer el derecho fundamental de petición del solicitante remitir al juez de tutela de primera instancia copia del proyecto de resolución administrativa con la cual se estaría dando, en el futuro, respuesta a la mencionada petición. A este respecto, se equivocó el fallador de tutela al ordenar la cesación del proceso de tutela con fundamento en que ya existía un acto preparatorio para darle contestación a la solicitud. Un mero proyecto de resolución, dirigido al juez de tutela, no constituye una respuesta clara y oportuna notificada al interesado. Ambas cosas no podían confundirse por el a quo, por lo que el fallo revisado habrá de revocarse y, en su lugar, se concederá la tutela solicitada.
En el presente proceso se observa que si bien la accionante no fue clara al omitir mencionar que luego de su petición elevada en marzo de 20 ante el coordinador de la oficina de prestaciones del Magisterio, regional Tolima, había presentado otra petición sobre el mismo asunto en diciembre 6 de 2000, lo cierto es que al momento de interponer la acción de tutela en marzo de 2000, habían transcurrido más de dos meses sin obtener respuesta alguna por parte de la entidad administrativa demandada, pese al deber de dar respuesta oportuna a la referida solicitud y hacer efectivo el ejercicio del derecho fundamental de petición.
1. REVOCAR la sentencia del 26 de marzo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en el proceso de Martha Guzmán de Cano contra el coordinador de la oficina de prestaciones del magisterio, regional Tolima, y el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el departamento del Tolima.
2. CONCEDER la tutela del derecho fundamental de petición a Martha Guzmán de Cano, y en consecuencia, ORDENAR al coordinador de la oficina de prestaciones del magisterio, regional Tolima, que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación de la presente sentencia, proceda a dar respuesta a todas las solicitudes presentadas por la accionante ante dicha dependencia.
(1) El Decreto 2591 de 1991, artículo 35 dice así: “Decisiones de revisión. Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas”.
(2) Pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-12 de 1992, T-419 de 1992, T-172 de 1993, T-306 de 1993, T-335 de 1993, T-571 de 1993, T-279 de 1994, T-414 de 1995, T-529 de 1995, T-604 de 1995, T-614 de 1995, SU-166 de 1999, T-307 de 1999, T-079 de 2001, T-116 de 2001, T-129 de 2001, T-396 de 2001, T-418 de 2001, T-463 de 2001, T-537 de 2001, T-565 de 2001.
(3) Corte Constitucional, Sentencia 219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.

References: artículo 35
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 35