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Timestamp: 2017-04-24 20:52:42+00:00

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Thomson Reuters | Multa por incumplimiento del régimen de importación temporaria. Presunta violación del derecho de defensa
Multa por incumplimiento del régimen de importación temporaria. Presunta violación del derecho de defensa
Por Thomson Reuters En 11 abril, 2017 · Añadir comentario · En Jurisprudencia Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala I(CNFedContenciosoadministrativo)(SalaI)
Partes: Rheem S.A. (TF 25775-A) c. DGA s/ recurso directo de organismo externo
Hechos: El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió modificar parcialmente la resolución de la Aduana, reduciendo la multa impuesta, por infracción al régimen de importación temporaria. La Cámara confirmó dicha decisión.
Sumarios: La presunta violación del derecho de defensa alegada por el importador por la irrazonable extensión de la tramitación del sumario debe ser rechazada, pues no existió incertidumbre sobre el juzgamiento de la materialidad de la conducta merecedora de reproche, por cuanto aquel asumió deliberadamente su responsabilidad sobre ella, al discutir únicamente ante el Tribunal Fiscal el monto de la multa.
El cuestionamiento de la aplicación del derecho adicional, esgrimido por el importador que incumplió el régimen de importación temporaria, debe ser desestimado, toda vez que conoció los rubros y alícuotas empleados en la liquidación desde que se le corrió vista en las actuaciones administrativas, máxime cuando no surge que haya objetado su inclusión en el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal.
Texto Completo: Causa nº 61.476/2016
2ª Instancia.- Buenos Aires, febrero 23 de 2017.
Considerando: I. Que, por sentencia de fs. 58/62, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió modificar parcialmente el art. 3° de la resolución (DE PRLA) n° 5160/2008, reduciendo la multa impuesta a la suma de $2.133,82, y confirmarla en lo que atañe a la exigencia tributaria. Impuso las costas en un 90% a cargo de la actora y en un 10% a cargo del fisco.
Los argumentos en los que se fundó el pronunciamiento pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) El sumario instruido a la firma actora tuvo su origen en la imputación por presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 CA sobre la DIT n° 2124-3/97, cuyo vencimiento operó el 18/06/1999.
(ii) La resolución impugnada aceptó la defensa de la importadora respecto a la nacionalización parcial de la mercadería en infracción, que se acreditó con el DI n° 99 073 IC81 000132 C.
(iii) La exigencia tributaria debe incluir el CER en función del decreto 214/2002 y la circunstancia de que, si bien en la corrida de vista no estuvo contemplado, ese error fue subsanado con posterioridad con el auto de fs. 20 del sumario, que fue notificado a la importadora conjuntamente con la corrida de vista. El CER no se aplica sobre las percepciones de Ganancias e IVA en función del precedente “Volkswagen Argentina S.A.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
(iv) La suma de $23.048,50 abonada sólo puede ser considerada como un pago a cuenta que la aduana debe imputar a las sumas adeudadas al momento del efectivo pago.
(v) En lo que concierne a la multa impuesta, toda vez que la actora se agravió de su cuantía, teniendo en cuenta que la importadora no posee antecedentes y no ha sido puesto de relieve motivo alguno que permita dar adecuado sustento a otra postura, corresponde su reducción, fijando la misma en la suma referida.
Que, disconforme con la decisión, la actora apeló a fs. 64. Expresó los agravios que lucen a fs. 70/75, que fueron replicados por la aduana a fs. 79/81.
La importadora postula, en primer lugar, la presunta violación de su derecho de defensa por la irrazonable extensión de la tramitación del sumario, pues la sentencia del Tribunal Fiscal llegó transcurridos 17 años del vencimiento de la temporal.
En subsidio, se queja de la exigencia del derecho adicional, con fundamento en el precedente “Frisher” de la Corte Suprema.
Reitera también su cuestionamiento a la aplicación del CER a los tributos, considerando aplicable a autos lo dicho en el precedente “Editorial Perfil” del Máximo Tribunal.
Finalmente solicita el cálculo de los intereses contemplando el pago efectuado en el año 2009 por la suma de $23.048,50. Es decir, postula la cancelación parcial de la obligación con aquel depósito.
III. Que en primer lugar, por razones de buen orden metodológico, corresponde examinar el agravio relativo a la afectación del derecho de defensa de la importadora con motivo de la irrazonable extensión que imputa a la tramitación del sumario.
Si bien esta sala se ha pronunciado favorablemente frente a planteos de ese tipo en otros casos (“Alles Import SACIFI” y “Maersk Argentina S.A. y otro c. DGA s/recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 8 de abril de 2014 y 26 de abril de 2016, entre otros), ciertamente no puede sostenerse esa postura en el caso de autos.
En el precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126) al cual alude la importadora en su recurso, el Alto Tribunal sostuvo que “el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones previas resulta ser un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional —derivado del “speedy trial” de la enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica—. En este sentido se ha expedido esta Corte al afirmar que “la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre de innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal” (Fallos: 272:188; 300:1102 y 332:1492)” (el subrayado no se encuentra en el original).
Precisando aquella noción, continuó diciendo que: “las garantías que aseguran a todos los habitantes de la Nación la presunción de su inocencia y la inviolabilidad de su defensa en juicio y debido proceso legal (arts. 5, 18 y 33 de la Constitución Nacional) se integran por una rápida y eficaz decisión judicial (Fallos: 300:1102) y que “el Estado con todos sus recursos y poder no tiene derecho a llevar a cabo esfuerzos repetidos para condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a las molestias, gastos y sufrimientos, y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad, y a aumentar también la posibilidad de que, aún siendo inocente, sea hallado culpable” (Fallos: 272:188)” (el destacado pertenece al tribunal).
Pues bien, siendo esto así, no puede pasar inadvertido para el tribunal que la actora, al recurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación la resolución (DE PRLA) n° 5160/2008, discutió únicamente el monto de la multa aplicada requiriendo que se la reduzca en función de lo dispuesto por el art. 916 CA. Esa petición fue acogida en el pronunciamiento que ahora apela. Sin embargo, en ningún momento la importadora alegó la inexistencia de la conducta que el organismo demandado le imputó. Asumió así su responsabilidad frente a la imputación formulada.
Por lo tanto, desde que no existió incertidumbre en cabeza de la importadora sobre el juzgamiento de la materialidad de la conducta merecedora de reproche, por haber asumido deliberadamente su responsabilidad sobre ella, corresponde concluir en que no existió violación al derecho de defensa de la actora.
Por ello, se desestima el planteo de la importadora sobre el punto.
Que, por otro lado, la actora requiere que se deje sin efecto la exigencia tributaria respecto del derecho adicional, en función del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Frisher” (Fallos: 336:1182).
La actora sólo se quejó de la inclusión del derecho adicional ante este tribunal y, para fundar su novedoso planteo, hizo hincapié en que, en precedentes que cita, el Tribunal Fiscal dejó sin efecto la exigencia del derecho adicional de oficio.
Es menester recordar que esta sala, en casos como los que cita la importadora tiene dicho que “respecto de la oportunidad procesal de los planteos vinculados con la liquidación tributaria, cabe aclarar que si bien el Tribunal Fiscal de la Nación tiene `amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes…´ (art. 1143, C.A.), ello no exime a las partes del deber de determinar claramente los hechos objeto de la controversia. En ese sentido, se ha dicho que la atribución que otorga el citado artículo al Tribunal Fiscal no opera hasta el punto de sustituir el ámbito dejado al impulso de parte, ni le permite abandonar la regla que obliga a fallar dentro de los límites que impone la demanda y las pretensiones de las partes (conf. Sala II, causa “Abad, Carlos R. c. ANA s/ rec. de apelación”, sentencia del 03/10/1996). Refuerza esta interpretación el hecho de que el artículo 1145, apartado 1, del Código Aduanero aclare que, en el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el apelante ‘deberá expresar todos sus agravios’, y que la salvedad que se formula en materia de infracciones, así como la alusión que allí se hace a las facultades establecidas en el artículo 1143, refieren al ofrecimiento de pruebas y no al cuestionamiento mismo de las resoluciones definitivas recaídas en los procedimientos contenciosos en sede aduanera” (esta sala, causa “Chubb Argentina de Seguros S.A. c. DGA s/ recurso directo de organismo externo” —expediente n° 56.575/2015— y sus citas, pronunciamiento del 23 de marzo de 2016, entre otras).
Toda vez que la importadora conoció los rubros y las alícuotas incluidos en la liquidación desde que se le corrió vista en las actuaciones administrativas y que de la lectura de su recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación no surge objeción alguna a la pertinencia de la inclusión en la liquidación tributaria del derecho adicional previsto en el artículo 23 del decreto n° 1439/1996, corresponde desestimar también este planteo.
Que cabe ahora examinar la queja de la actora por la inclusión del CER.
La recurrente se agravia por considerar que desde que el CER no fue incluido en la resolución que ordenó la corrida de vista, su posterior inclusión en la resolución (DE PRLA) n° 5160/2008 no puede ser aceptada en función de lo dicho por la Corte Suprema en la causa “Editorial Perfil S.A. (T.F. 13.456 A) c. D.G.A.”, pronunciamiento del 2 de diciembre de 2008.
Sin embargo, esa postura desatiende las puntuales circunstancias de la causa. Es que tal como fue adecuadamente ponderado por el tribunal a quo, con posterioridad a la resolución que ordenó la corrida de vista, a fs. 20 del sumario, se recordó que las sumas allí contenidas debían ajustarse por el CER. Esa resolución fue notificada conjuntamente con la corrida de vista, lo que implica que la importadora tomó conocimiento de la liquidación sabiendo que correspondía su ajuste con el CER.
De allí que no puede sostenerse que tal exigencia sea incorrecta, pues no se debió a una modificación posterior, como en el caso que la actora cita en apoyo de su recurso. La actora conoció la liquidación contenida en la resolución de fs. 19 junto con el auto que la amplió, en la que se especificó que los montos allí consignados debían ser ajustados por el CER por aplicación del decreto 214/2002, dada la naturaleza de los mismos.
Que, finalmente, el agravio relativo al cálculo de intereses tampoco puede ser acogido.
La postura ahora asumida por la actora no se hace cargo, aquí tampoco, de las circunstancias de hecho y de derecho que rodean a la contienda. Especialmente lo dispuesto a fs. 51 de autos, en donde se hizo saber a esa parte que debía procurar ante el servicio aduanero la extensión de la LMAN pertinente, para así proceder a la afectación del importe depositado.
Así, se observa que, a diferencia de lo postulado por la importadora, la obtención de la LMAN para poder proceder a la afectación del importe depositado dependía de su conducta. Y desde que a partir de aquel momento no hubo actuación alguna tendiente a ese fin, no puede justificarse en derecho otra postura que no sea la adoptada por el tribunal a quo, esto es considerar tal depósito como un pago a cuenta.
VII. Que las costas de esta alzada, por no encontrar motivos que justifiquen apartarse del principio rector en la materia, deberán ser soportadas, íntegramente, por la actora vencida en función de lo establecido en los artículos 1163 del Código Aduanero y 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación.
En razón de lo hasta aquí expuesto, el tribunal resuelve: desestimar el recurso de la actora y, consecuentemente, confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravios, con costas. El doctor Carlos Manuel Grecco integra esta sala en función de lo dispuesto por la acordada 16/11 de esta cámara. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. — Clara María do Pico. — Carlos M. Grecco. — Rodolfo E. Facio.
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 artículo 1145
 artículo 1143
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