Source: http://reformacom.typepad.com/alconsumidor/2011/10/index.html
Timestamp: 2013-05-20 08:02:11+00:00

Document:
Blog Alconsumidor: octubre 2011
Atraco segundo a segundo o "Menos x Más" de Telcel
Atraco segundo a segundo o “Menos x Más” de Telcel… o lo que es lo mismo: no te atrevas a contratarme por segundo!Como se puede apreciar en efecto conforme a las cuentas de Telcel 1 seg. No es 1/60 o sea la sexagésima parte de un minuto. La tarifa por segundo que propone Telcel es 80% más cara! Lo cual revela que está compensando las ganancias que hoy día obtiene por el redondeo!
Aquí la tabla tomada de los planes tarifarios publicados por Telcel en su portal y anexos.
Agradecemos la minuciosa investigación y análisis de Bosco Labardini.
Telcel 300 MINUTOS / MES
Más X Menos por Segundo 18000 / MES
Segundos/Minutos incluidos:
18,000 / 300
*Costo NOMINAL por MINUTO incluido:
Costo NOMINAL por SEGUNDO incluido:
$1.1633
$2.0966 = 80% ¡MÁS Caro!
$0.0349 = 80% ¡MÁS Caro!
SMS incluidos:
MB (capacidad de navegación):
Números para Llamadas o SMS “ilimitados”:
Costo Kb o fracción (otro redondeo)
Segundo/Minuto adicional a otro Telcel:
$0.0216/ $1.30
$0.0260 / $1.56
Segundo/Minuto adicional a Tel. fijos:
Segundo/Minuto adicional a otros Celulares:
$0.0500 / $3.00
*Lo realmente alarmante y empobrecedor (y autoincriminatorio para Telcel), es que si a esas cifras llega Telcel para cobrar por segundo, es porque con el redondeo salimos pagando lo mismo, en función de los minutos acumulados que no consumimos cada mes, pero que nos cobró y/o descontó de todas maneras.
TLCL-Telcel300.pdf
TLCL-MasXMenosXSegundo.pdf
Publicado el 13:56 | Enlace permanente
CECU alerta de nuevas fórmulas de phishing utilizando los nombres de VISA Y MasterCard
Fuente: CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios)
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha tenido conocimiento de nuevas fórmulas de phishing a través de correo electrónico que pueden confundir a los ciudadanos llevándoles a facilitar datos de su tarjeta de crédito, incluyendo tanto el número de la misma como el código PIN.
El correo, encabezado con los logotipos de las empresas de tarjetas VISA y MasterCard, señala al usuario que alguien ha intentado introducir tres veces consecutivas el código PIN de la tarjeta y, al considerarlo una conducta sospechosa, insta al consumidor a cambiar ese código llevándole a través de un enlace a un formulario en el cual se solicitan datos tan sensibles como el número de tarjeta, el código PIN y otros datos personales.
Ante esta nueva fórmula de fraude, CECU quiere recordar algunas cuestiones relacionadas con la banca on-line y cuestiones de seguridad a tener en cuenta para evitar ser víctima de una estafa de este tipo:
Como regla general, hay que tener en cuenta que las entidades bancarias no funcionan solicitando datos a través de correo electrónico, por lo tanto, nunca hay que revelar nuestros datos bancarios o nuestras claves por este medio ni a través de un formulario al que se llegue a través de un correo electrónico.
Para realizar cualquier transacción bancaria a través de internet se debe acceder a la web de la entidad, pero nunca haciéndolo a través de un enlace que recibamos en nuestro correo. Además, una vez en la web del banco hay que tener en cuenta que para dar cualquier dato debemos encontrarnos en una web cifrada: aquella cuya dirección comienza por https:// y no por http://, como habitualmente. Una vez hecha la transacción bancaria se debe cerrar la sesión que hemos iniciado y, en caso de estar en un equipo que utilizan más personas, no dejar la pantalla abierta.
Finalmente, hay que tener precaución con los correos que contengan archivos adjuntos, ya que es la forma habitual por la cual se puede infectar con virus un ordenador. Algunos virus troyanos son utilizados por los estafadores para captar y enviar la información que teclee el usuario en su ordenador con lo que se pueden facilitar números de cuenta y claves secretas. Utilice antivirus y cortafuegos convenientemente actualizados para evitar ser atacados por un virus de este tipo. Si finalmente ha facilitado algún dato bancario en alguna de las situaciones señaladas anteriormente informe a su entidad financiera de la situación lo antes posible e infórmese de si es conveniente cerrar la cuenta y abrir una nueva. Observe los cargos realizados a su cuenta tras dar la información y haga saber a su entidad los que no reconoce como suyos. Es preferible que comunique estos cargos fraudulentos por escrito y tenga en cuenta que muchas tarjetas de crédito cuentan con seguros ante este tipo de casos.
Área de Comunicación CECU
Publicado el 13:41 | Enlace permanente
Solicita tu bonificación por la falla de Blackberry
Solicita la bonificación de la parte proporcional de tu plan 3G si no tuviste acceso a internet durante 3 días desde tu Blackberry. Hazlo en línea mediante queja a Profeco via CONCILIANET.
http://concilianet.profeco.gob.mx/
Incluye en la queja el nombre de tu proveedor de telefonía móvil y a Blackberry.
Los aliados Alconsumidor no se dejan, hacen valer sus derechos.
Adriana Labardini en Hoy x Hoy
Publicamos la entrevista que le fue realizada a Adriana Labardini -cofundadora de Alconsumidor- con motivo de la falla de Blackberry.
Publicado el 13:38 | Enlace permanente
Soberanía Alimentaria vs. especulaciónSegún datos de la FAO[i], entre 2005 y 2008 los precios mundiales de los alimentos básicos alcanzaron sus máximos valores en 30 años. Mientras los economistas creen que es probable que los altibajos de los precios experimentados desde 2006 se repitan en los próximos años y la volatilidad de los precios de los alimentos sea una constante, en más de 20 países se han registrado disturbios relacionados con los alimentos.
Las variaciones drásticas de los precios de los alimentos básicos afectan especialmente a la población más pobre: entre 2010 y 2011 esta circunstancia ha llevado a la pobreza extrema a cerca de 70 millones de personas. Los agricultores también se ven perjudicados porque necesitan saber los precios que conseguirán sus cultivos en el momento de la cosecha cuando aún faltan meses para ello. Si es probable que consigan precios elevados, plantarán más; si prevén que los precios serán bajos plantarán menos y reducirán costes.
Frente a este proceso de especulación sobre los alimentos básicos, CECU considera que es imperativo poner sobre la mesa iniciativas como la Declaración de Nyéleni, a través de la cual se busca una equidad en el acceso a los alimentos, respetando el medio ambiente así como la garantía de la Soberanía Alimentaria de los pueblos[ii].
La Soberanía Alimentaria es tanto el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles y producidos de forma sostenible y ecológica, como su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Este sistema pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas, luchando contra el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual que deja sin recursos a millones de personas. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Además, supone el establecimiento de nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones y CECU considera que es el horizonte al que hay que aspirar para solucionar el problema de la alimentación en todo el mundo.
[i] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
[ii] La Declaración de Nyéleni surge en 2007 durante una reunión internacional en Nyéléni, Selingue, Malí, en la que participaron más de 500 personas de 80 países con el objetivo de fortalecer la Soberanía Alimentaria de los pueblos. Declaración de Nyéléni. http://www.nyeleni.org/spip.php?article291.
Publicado el 13:34 | Enlace permanente
Libertad tarifaria y protección al consumidor; redondeo y otros abusos del sector Telecomunicaciones
El redondeo, como otras prácticas del sector telecomunicaciones contraviene los artículos 1o. fracción VII, 10, 85, 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que es de orden público e interés social, y el propio art.60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones . En efecto, la LFPC prohíbe expresamente las cláusulas o condiciones abusivas, prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esa ley. Por su parte, el articulo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, consagra la libertad tarifaria en los siguientes términos no absolutos:
Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
El redondeo es una práctica generalizada del sector y abusiva pues pretende cobrar por servicios (tiempo aire) no prestados, no consumidos y por tanto es desproporcionado e inequitativo, y es una práctica nociva de tasación inflada, que no se justifica bajo ningún análisis, que nunca debió haber sido pasada por alto por la Cofetel al registrar tarifas pues la libertad tarifaria no incluye condiciones que dañan la competitividad. E l redondeo ha encarecido los servicios al público y por tanto perjudicado el interés general, en aras de un enriquecimiento ilegítimo de los Operadores. Pero no podemos ser ingenuos, prohibir el redondeo per se o peor aún exigir tarifas por segundo al lado de tarifas redondeadas es una atenta invitación a seguir abusando de los usuarios. Lo que se requiere hacer es adicionar el artículo 60, no el 44 para hacer explícito lo que los concesionarios y la Cofetel ignoraron: LA LIBERTAD DE UN SUJETO TERMINA DONDE LOS DERECHOS DE OTROS EMPIEZAN. Libertad tarifaria no implica la transgresión de derechos, derechos de los usuarios, derechos de los competidores, en fin derechos de terceros. Como otras libertades consagradas en nuestro orden jurídico, no es absoluta ,debe interpretarse a la luz de lo que dispone el propio precepto legal y delimitarse en estricto respeto de los derechos de terceros y de las restricciones que la normatividad aplicable imponga. Los usuarios tienen derecho a tarifas, contratos, bases tarifarias, prácticas y fórmulas de tasación, etc. no abusivas ni desproporcionadas ni inequitativas, y precios transparentes, especialmente cuando las condiciones no son negociables por ser contratos de adhesión (art.85 de la LFPC). Dar la opción de seguir redondeando equivale a tolerar un abuso por una mala concepción de libertad tarifaria. El cobro por segundo brinda transparencia y sienta un principio de "pago solamente lo que consumí", más no garantiza abaratar al usuario los costos de la telefonía pues la industria creará nuevos conceptos de cobro (cargos); establecimiento de llamada, primer minuto completo a $5.00 (así lo tuvo Telcel hace 3 años ) o un segundo carísimo.
En cambio si se añade un párrafo que reitere que libertad tarifaria no implica permitir abusos y prestaciones desproporcionadas e inequitativas en violación de la LFPC, eso sí dejaría bien sentados los limites de esa libertad.
Propongo el siguiente texto o algo en ese tenor:
La libertad tarifaria respetará las limitantes que establecen esta ley y las leyes en materia de protección al Consumidor y no podrán ser discriminatorias, ni incluir o permitir condiciones o cláusulas abusivas, prestaciones desproporcionadas u obligaciones inequitativas. En consecuencia, las reglas de aplicación de cada tarifa o paquete tarifario que fije cada concesionario o permisonario, para ser registradas deberán respetar los derechos de los consumidores o usuarios, considerar la unidad de tasación mínima posible, no incluir cargos por servicios no prestados, ni plazos forzosos o penas convencionales abusivas o desproporcionadas en perjuicio de los usuarios. Las tarifas por los servicios prestados deberán ser totalmente transparentes y separadas de los cargos o financiamientos de los equipos terminales.
Aquellas tarifas de interconexión tasadas por segundo entre los concesionarios deberán igualmente repercutirse al usuario final mediante una tasación por segundo. No omito transcribir aqui un extracto de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia en materia de tarifas de interconexión en que hace alusión a la libertad tarifaria y cómo interpretarla. Si bien son distintas ambos tipos de tarifas (interconexión y tarifas finales, comparten algunas cosas en común, por ser servicios de interés público en los que la rectoría del Estado está y debe estar presente). "De esta manera, el hecho de que el artículo 42 antes transcrito prevea que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones suscriban un convenio a efecto de interconectar sus redes, y que la autoridad intervenga sólo en caso de que no se suscriba dicho convenio, o las partes no se pongan de acuerdo, de ninguna manera implica que el Estado permita que los particulares, en condiciones de mercado, determinen libremente cuáles son las tarifas que se van a establecer, pues incluso las tarifas convenidas entre las partes se encuentran limitadas por un marco legal, según se advierte del artículo 41 antes transcrito, del cual se desprende que es el Estado, a través de los órganos reguladores, el que puede en su momento garantizar que ese acuerdo entre los particulares permita un amplio desarrollo de nuevos concesionarios y servicios de telecomunicaciones, dé un trato no discriminatorio a los concesionarios y fomente una sana competencia entre concesionarios.
Lo antes aseverado, en el sentido de que no existe una total libertad tarifaria en materia de interconexión, pues incluso las tarifas convenidas entre las partes se encuentran limitadas por un marco legal, lo que se corrobora también con lo dispuesto por los artículos 43 y 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, conforme a los cuales las partes en dichos convenios deberán, entre otras cuestiones, permitir el acceso de manera desagregada a servicios, capacidad y funciones de sus redes sobre bases de tarifas no discriminatorias; abstenerse de otorgar descuentos por volumen en las tarifas de interconexión; actuar sobre bases de reciprocidad en la interconexión entre concesionarios que se provean servicios, capacidades o funciones similares entre sí, en tarifas y condiciones; y llevar contabilidad separada por servicios y atribuirse a sí mismo y a sus subsidiarias y filiales, tarifas desagregadas y no discriminatorias por los diferentes servicios de interconexión. (…)
Lo anterior es acorde con lo dispuesto en el artículo 60 del citado ordenamiento, que dispone que: "Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios detelecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia."
De esta manera, ni aun en el caso de que los concesionarios lleguen a un acuerdo sobre la interconexión, esa determinación está enmarcada únicamente dentro de los intereses de las empresas involucradas, pues debe estar dirigida al servicio que se presta a los usuarios, esto es, a la sociedad, considerando tanto la existencia de la interconexión misma, como las condiciones en que se presta, dentro de las cuales está el monto de las tarifas entre prestadores de servicios, conforme a las disposiciones establecidas por la Ley Federal deTelecomunicaciones en beneficio de la sociedad.(...)
Por tanto, con la concesión de la medida cautelar por lo que hace a los efectos de este tipo de resoluciones, se impediría al Estado ejercer su rectoría en materia de telecomunicaciones, en la que debe asegurar la prestación de los servicios concesionados fomentando una sana competencia para lograr que se presten con mejores precios, calidad y diversidad, promoviendo una adecuada cobertura social, tal como lo dispone la ley de la materia, además de que se impediría la aplicación de tarifas de interconexión respecto de un servicio que la sociedad está interesada en que se aplique en condiciones de sana competencia para tener acceso a mejores precios, diversidad y calidad.
Debe tenerse en cuenta que la rectoría requiere acción directa del Estado para alcanzar los fines esenciales de la ley, que, en el caso de la Ley Federal de Telecomunicaciones, conforme su artículo 7, consisten en promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones, a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad, en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social.
La actuación de la autoridad en relación con la fijación de las referidas tarifas se rige por el espíritu del ordenamiento legal en cita, relativo a la debida vigilancia de los principios que se fijan como objetivo último, siendo que el establecimiento de una tarifa de interconexión conforme a dichos principios garantiza que las partes se encuentran en una situación competitiva respecto de la prestación de un servicio tan importante como el de la telecomunicación, siendo evidente que la atención competitiva en el mercado redunda en una constante lucha para la captación de mayor número de usuarios, los cuales se ven beneficiados por los efectos de las estrategias competitivas entre los agentes del mercado; de esta forma, debido a la naturaleza del servicio que se presta, cuyo carácter constituye un área prioritaria de rectoría que atañe al Estado a través del órgano regulador, y por la necesidad de garantizar el acceso de calidad a las telecomunicaciones, debe primar la presunción de validez de las resoluciones emitidas por dicho órgano; y, tomando en cuenta que en sus resoluciones se protegen bienes jurídicos que atañen al interés social, éste no puede ser diferido para dar prioridad al interés económico de quien solicita la medida cautelar. Dejar sin efectos una resolución de esta naturaleza, aunque fuera temporalmente, produciría que mientras dure el juicio o se resuelva el recurso, según sea el caso, permanezca la desregulación de las relaciones económicas en un área prioritaria para el Estado que implicara que se paralicen los fines públicos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El marco normativo es contundente al apuntar que el Estado debe asegurar la sana competencia y la utilización social de los bienes, asegurar que la rectoría del Estado en esta materia, además de descansar en la importancia que tiene para el desarrollo económico nacional, guarda una vinculación directa con diversos derechos y principios fundamentales reconocidos en la Constitución.
No debe dejarse de lado lo que la Constitución ha querido en el sentido de que en el ámbito de las telecomunicaciones no impere el liberalismo económico, por tratarse de una materia socialmente relevante; por tanto, la suspensión de los efectos de este tipo de resoluciones generaría la inobservancia temporal de la propia Constitución, cuya voluntad es que en materia de telecomunicaciones el interés social prevalezca sobre el interés privado.
Publicado el 13:32 | Enlace permanente
Activistas denuncian que ley de Acciones Colectivas quedó "sin dientes"
29 de septiembre de 2011 | CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Rodrigo Mendoza, un joven arquitecto y contratista dedicado a dar mantenimiento a instalaciones estratégicas de una empresa telefónica, tuvo problemas con la red de su celular cuando estaba en una comunidad de la zona de la Montaña, en Guerrero.
Durante 48 horas, Rodrigo no pudo hacer ninguna llamada y no tenía internet, a pesar de encontrarse muy cerca de una torre de celular. En ese tiempo, perdió dos contratos para realizar otros trabajos. Semanas después, la empresa de telefonía le reembolsó a Rodrigo 149 pesos por no haber proveído el servicio por dos días… pero nadie le pagó el dinero que perdió por no poder comunicarse.
Historias como esta se repiten día a día en todo el país y no pueden solucionarse porque no está regulado el procedimiento para que los consumidores presenten acciones legales en grupo contra empresas que provean un mal servicio, o contra el gobierno, por no cumplir alguna de sus obligaciones.
Aunque les llevó años de cabildeo y presión, los grupos de la sociedad civil que exigían la aprobación de la figura de acciones colectivas hoy piden vetar la legislación al respecto.
En abril pasado, la Cámara de Diputados dio luz verde a la Ley de Acciones Colectivas, luego que en julio de 2010 se aprobara incluir la figura de acciones colectivas en la Constitución Mexicana, con lo que se abrió la posibilidad de que un grupo presente un juicio contra el gobierno o alguna empresa cuando sea víctima de un fraude, cobro indebido o mal servicio.
Sin embargo, para sus principales promotores, estos cambios son claramente insuficientes, por lo que piden al presidente Felipe Calderón que no publique la reforma.
"Lo que nos preocupa mucho es que nos dejaron en el limbo, ni se publica la ley en el Diario Oficial ni se veta, y yo sí quiero pensar —puesto que las otras reformas ya fueron publicadas— que el presidente está considerando en un acto reflexivo, de responsabilidad y de justicia, vetar la ley", dijo a CNNMéxico Adriana Labardini, abogada especialista en telecomunicaciones y cofundadora de la organización Alconsumidor.
Pero uno de los grupos más importantes que cabildeó los cambios constitucionales, la Asociación de Banqueros de México (ABM), aplaudió que las modificaciones protejan también a las empresas.
"Yo creo que la ley que el Congreso promulgó es una gran ley, (…) creo que el Congreso de la Unión actuó con gran sabiduría escuchando a las organizaciones civiles y organizaciones de consumidores, tomando sus puntos de vista, pero también tomando en cuenta al sector empresarial", expuso en conferencia de prensa Luis Robles Miaja, presidente ejecutivo de la ABM.
"Se evitaron también abusos que por cierto en Estados Unidos y en la Unión Europea hoy se está echando para atrás, de los sistemas tradicionales de acciones colectivas".
Una reforma 'sin dientes'
El procedimiento para comenzar un juicio colectivo implica que el grupo demandante tenga un representante legal y, después, el reclamo debe ingresarse y seguirse en la localidad donde se encuentra domiciliado el demandado.
"Esta es una petición absurda. El 90% de las empresas están domiciliadas en el Distrito Federal; eso quiere decir que si vives en Tijuana o en Chihuahua y quieres demandar a una compañía por un mal servicio debes venir a presentar el caso y a las audiencias a la Ciudad de México, lo que hace prácticamente imposible que alguien siga ese procedimiento", explicó Daniel Gershenson, director de la organización Alconsumidor.
En otros países donde se aplica la figura de acciones colectivas, explicó Gershenson, los juicios muchas veces terminan en indemnizaciones pequeñas para los consumidores, comparado con el daño que se les causó, sin que haya la necesidad de hacer traslado alguno.
"Si la empresa telefónica te va a devolver 500 o 1000 pesos por un daño que te causó —y que tienes todo el derecho de reclamar— es imposible que viajes al Distrito Federal. Esa es una trampa legal para no pagar", argumentó el activista.
Hasta julio de este año, entre los organismos o empresas con más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor estaban la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 3 mil 822; Radiomovil Dipsa (Telcel), con mil 526; y Comercializadora de Frecuencias Satelitales (Dish), con mil 188.
Además, en el marco legal aprobado se eliminó la figura de "perjuicio", hecho que dejó "sin dientes" a la reforma para castigar a las empresas y evitar que vuelvan a cometer alguna falta.
"El perjuicio es, jurídicamente, que te restituyan en lo que dejaste de ganar de dinero por culpa de otro", explicó Labardini.
Así que para los activistas, la historia de Rodrigo no se repetiría si esta figura estuviera instrumentada de forma correcta y, además de pagar la falta del servicio, se resarcieran los daños y se impusiera una multa a la empresa.
"En una misión paralela a su misión de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, el presidente Felipe Calderón también debería combatir la impunidad de 'cuello blanco' y dejar que el Congreso corrija esta ley; el presidente debe vetar esta ley", insistió la abogada de Alconsumidor, Labardini.
Publicado el 13:30 | Enlace permanente
Paz un día
Alconsumidor en sus causas y proyectos, se compromete a encontrar soluciones empáticas, pacíficas y respetuosas. Buscando conciliación, cercanía y soluciones justas.Necesitamos una verdadera movilización de la sociedad civil, acciones que por un día, se desencadenen en una cultura que de resultados para el 21 de septiembre de 2012.
http://www.treguaglobalmexico.sicdos.org.mx/
Publicado el 13:27 | Enlace permanente
Necesario asignar recursos para las Acciones Colectivas
Fuente: Consumidores Contra Monopolios
5 de septiembre de 2011. La reforma publicada el 30 de agosto para introducir procesos colectivos en defensa de consumidores y el medio ambiente incluye un mandato a la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto que se requiera para que a partir del 1 de marzo del 2012 estén funcionando las Acciones Colectivas en los juzgados de distrito y que las legitimadas Profeco, Condusef, Cofeco, Profepa y la Procuraduría Federal de la Republica puedan tener la estructura y abogados encargados de presentar demandas colectivas.
Las organizaciones Alconsumidor, Oxfam México, El Barzón y El Poder del Consumidor, que integramos CONSUMIDORES, exigimos que en este periodo de sesiones se apruebe un presupuesto suficiente para dar cabal viabilidad a la justicia colectiva. Se necesitará presupuesto para los juzgados de distrito y para las legitimadas de la administración pública federal que ahora también podrán presentar Acciones Colectivas. Sin presupuesto la reforma quedaría en retórica, pues aun cuando los afectados y las asociaciones ahora ya están también legitimadas, es preciso que en la defensa de intereses y derechos difusos las entidades públicas tengan mayor número de abogados litigantes, debidamente capacitados y con los recursos materiales y humanos para poder conducir eficientemente una demanda colectiva. La Profeco, por ejemplo, al decir de la Subprocuraduria Jurídica sólo cuenta con seis abogados para atender litigios de la Profeco en todo el país, con lo cual se ve inviable una adecuada representación de los consumidores. Exigimos también recursos para capacitar al poder judicial en forma muy profesional y responsable para que no sean los banqueros y cúpulas empresariales quienes les impartan los cursos como empieza ya a ocurrir. Señalamos que la naturaleza de las acciones colectivas, en esencia, es proteger el interés de la colectividad no los intereses de las empresas. Profepa, Condusef y Cofeco, que no contaban con la facultad de iniciar juicios colectivos como Profeco, deberán también contar con un presupuesto digno para armar los casos que habrán de defender ante los grandes grupos financieros o industriales y de oligopolios quienes sí cuentan con los recursos necesarios para defender los intereses privados de las demandas colectivas. Si el presidente está convencido de los grandes beneficios que esta reforma puede traer al estado de derecho y el acceso a la justicia, como lo afirmó en su reciente informe, deberá entonces asegurarse de que en el presupuesto que someta a la Cámara de Diputados se asignen suficientes fondos para instrumentar la referida reforma de Acciones Colectivas. Edificar una cultura de legalidad, respeto de los derechos de los consumidores y ciudadanos y del medio ambiente, redundará en el mediano plazo para combatir la impunidad en todas sus variantes. Para ello se requiere de reformas legales, capacitación de recursos humanos, nuevas estructuras e instituciones fuertes. La simple ley per se no logra cambiar prácticas, conductas y abusos si no hay personas, sistemas y organizaciones y difusion, bien concebidos y fondeados que hagan posible el cambio. ¡Exigimos un presupuesto racional para instrumentar la justicia colectiva! CONSUMIDORES
Por los derechos del consumidor y contra los monopolios
Publicado el 13:25 | Enlace permanente
Buró Comercial - Profeco (enero a julio de 2011)
Entérate sobre el comportamiento de las principales empresas de telecomunicaciones en México.
Consulta aquí el número de quejas y multas que han recibido ante Profeco en 2011, y los principales motivos de inconformidad.
Buro_comercial_Profeco.pdfTamaño: (46.66 Kb)
Publicado el 13:22 | Enlace permanente

References: artículo 60
 resolución 
 artículo 42
 artículo 41
 artículo 60
 artículo 7
 resolución