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Ley publicada en el Periódico Oficial el 13 de noviembre de 2002
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LIC. MANUEL ANDRADE DIAZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED:
LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 36 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; Y
PRIMERO. Que en nuestro actual régimen jurídico tanto el Agente del Ministerio Público como el Juez tienen la facultad de asegurar bienes para la investigación de los delitos, la integración de las averiguaciones previas y el debido desarrollo de los procesos penales, respectivamente. Por su parte, también las autoridades de tránsito locales tienen excepcionalmente facultades para asegurar vehículos cuando éstos participen, en colisiones, su conductor maneje en estado de ebriedad, entre otros casos.
SEGUNDO. Que la facultad que tienen el Juez y el Ministerio Público, para asegurar bienes, tiene como finalidad impedir que las cosas en las que existan huellas o indicios de la comisión de los delitos se alteren, destruyan o desaparezcan; realizar las diligencias conducentes de la averiguación previa y del proceso, garantizar la aplicación de las penas de decomiso a los responsables de los delitos, así como la reparación del daño a las víctimas u ofendidos.
TERCERO. Que los artículos 36, 37 y 38 del Código Penal vigente en el Estado establecen lo relativo al aseguramiento y decomiso de bienes. Igualmente, el Código de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial, contienen disposiciones en la materia; dispersión que dificulta realizar una adecuada labor de interpretación jurídica. A su vez las disposiciones que reglamentan el servicio público de tránsito también contienen disposiciones que permiten a las autoridades competentes el aseguramiento de vehículos.
CUARTO. Que en los correspondientes ordenamientos jurídicos no se señala expresamente la autoridad responsable de la guarda y administración de los bienes asegurados, abandonados o decomisados, sin o simplemente se señalan las pautas para determinar el lugar en que serán resguardados durante el trámite que la ley señale.
QUINTO. Que por otra parte, los bienes asegurados son de naturaleza distinta, entre los que se encuentran: dinero en efectivo, vehículos, armas, alhajas, inmuebles, etcétera, lo que propicia problemas en cuanto a su guarda y conservación.
SEXTO. Que las autoridades que practican aseguramientos, por tener otras prioridades, carecen de los elementos necesarios para realizar una adecuada administración. En ocasiones, se eligen como depositarios de los bienes asegurados a personas que no resultan aptas para hacerse cargo de ellos.
SÉPTIMO. Que como consecuencia de esta falta de control y organización, frecuentemente los bienes asegurados se deterioran, se pierden o destruyen, lo que ocasiona que se dificulte el derecho de defensa de los inculpados, o el acreditamiento de los derechos de los mismos ofendidos, al no existir la evidencia física para la realización de los dictámenes periciales.
OCTAVO. Además, el deterioro de los bienes asegurados se debe a que éstos son administrados por autoridades a las que, por la naturaleza de sus funciones, no debe corresponderles la guarda, custodia y conservación de los mismos y por ende, carecen de los recursos humanos, financieros y materiales necesarios, como por ejemplo el Agente del Ministerio Público y los Juzgadores, cuyas funciones esenciales son investigar los delitos y aplicar las penas, respectivamente, mismas que si bien no son incompatibles con la de manejar bienes, esta función no les resulta fundamental y en la realidad continuamente la relegan al encontrarse en la disyuntiva de escoger entre cumplir con sus respectivas funciones de perseguir delitos e impartir justicia o administrar bienes.
NOVENO. Que por lo anterior, se estima conveniente que el Ministerio Público y el Órgano Jurisdiccional, únicamente resuelvan lo referente a la procedencia del aseguramiento, su ejecución, el decomiso o la devolución de los bienes, sin intervenir en su administración.
DÉCIMO. Que el artículo 36, primer párrafo, del Código Penal, establece que las cosas decomisadas que puedan entrar al comercio serán subastadas y su valor se aplicará a la reparación del daño y perjuicios causados por el delito, pero si esta obligación se halla satisfecha o garantizada, se destinará al mejoramiento de la procuración y la administración de justicia. Además, el artículo 37 del mismo Código señala que los objetos o valores que no sean recogidos por quien tenga derecho a ellos, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la notificación que se le haga, se enajenarán en subasta pública y el producto de la venta se aplicará a quién esté facultado para recibirlo. Si éste no se presenta para ello, dentro de los noventa días siguientes a la notificación que se le haga, el producto de la venta se aplicará conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo anterior.
DÉCIMO PRIMERO. Que en lo que respecta al aseguramiento de los vehículos robados, es necesario señalar que a efectos de evitar su utilización por particulares solamente pueda ser utilizado en su caso por dependencias de gobierno municipal o estatal según se trate, toda vez que el autorizar la depositaría o la venta de un vehículo a particulares con los números confidenciales alterados, propiciaría inseguridad pues abre la posibilidad de que los delincuentes utilicen esta opción para duplicar el tránsito de vehículos con números similares, aumentando de esta manera, la corrupción y el robo de vehículos.
DÉCIMO SEGUNDO. Que actualmente representa una gran carga económica para el Estado, el sostenimiento de la guarda y custodia de vehículos automotores asegurados por las autoridades judiciales y administrativas, toda vez que en muchas ocasiones, no hay interés de los particulares para recuperar sus unidades, pues rehuyen al pago de la multa y los costos de almacenamiento por los días transcurridos.
DÉCIMO TERCERO. Que es necesario legislar sobre la administración, utilización y destino de los bienes asegurados instituyendo procedimientos que brinden certeza y seguridad jurídicas que les permita a los particulares recuperar sus bienes con rapidez cuando proceda y transparentar su uso, decomiso o destrucción, cuando la ley así lo determine. Por ello, se considera necesario crear una institución que se encargue de la guarda y administración de los bienes asegurados, durante la tramitación de la averiguación previa y/o de los procesos penales y de los bienes asegurados por las autoridades administrativas y que éste sea autosuficiente en cuanto a sus recursos.
DÉCIMO CUARTO. Que por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracciones I, IX y XXXIX del artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y fracción II del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el Honorable Congreso del Estado esta facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social, por lo que se emite y somete a la consideración del Pleno, el siguiente:
DECRETO No. 187
ARTICULO ÚNICO.- Se aprueba la LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS, para quedar como sigue:
Artículo 1. - La presente Ley tiene por objeto reglamentar la administración y disposición de los bienes asegurados, decomisados y abandonados en asuntos penales y administrativos a que se refiere esta Ley. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio estatal.
La administración y destino de bienes asegurados, decomisados y abandonados previstos en otras leyes se regirán por esas disposiciones y, en lo no previsto, por esta Ley.
Artículo 2. - Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. Aprovechamientos: Los ingresos que percibe el estado conforme a lo dispuesto por esta Ley;
II. Bienes Abandonados: Aquellos cuyo propietario o interesado no los reclamó dentro de los plazos a que se refiere la presente Ley;
III. Bienes Asegurados: Aquellos que con motivo de un procedimiento administrativo o un proceso judicial, hayan sido puestos a disposición de alguna de las autoridades a que se refiere esta Ley o hayan sido recogidos por las autoridades de tránsito;
IV. Bienes Decomisados: Aquellos así declarados mediante sentencia por un Juez.
V. Juez: El Titular de un Juzgado Penal, Mixto o de Paz;
VI. Interesado: Persona que acredite interés jurídico sobre los bienes asegurados, decomisados o abandonados;
VII. Ley: La Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados;
VIII. Ministerio Público: El Titular de una Agencia del Ministerio Público;
IX. Procuraduría: La Procuraduría General de Justicia del Estado;
X. Servicio Estatal de Administración: El órgano desconcentrado de la Oficialía Mayor, denominado Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, decomisados o abandonados;
XI. Términos: Los plazos a que se refiere la presente Ley, mismos que se contarán por días naturales, y
XII. Tribunal: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
Artículo 3.- Los bienes asegurados serán administrados por el Servicio Estatal de Administración de conformidad con las disposiciones de la presente Ley, hasta que se resuelva su devolución o decomiso.
A los bienes que sean decomisados y aquellos respecto de los cuales se declare su abandono, se les dará el destino previsto en este ordenamiento.
De los Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados
Artículo 4.- El aseguramiento, decomiso y destrucción de bienes, se sujetarán a lo dispuesto en los Códigos Penal y Procesal Penal vigentes en el Estado y, en lo conducente por las normas de Tránsito vigentes.
Artículo 5.- Al realizar el aseguramiento, los Agentes del Ministerio Público con el auxilio de la Policía Judicial, o bien los actuarios y demás funcionarios que designe el Juez para practicar la diligencia, según corresponda, deberán permitir la intervención y aporte de pruebas al interesado, si éste se encuentra presente, y:
II. Identificar los bienes asegurados por sus sellos, marcas, cuños, fierros, señales u otros medios adecuados y en su caso, por los que se ordene colocar;
IV. Solicitar en los bienes previamente inscritos, que se haga constar el aseguramiento en los registros públicos que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley;
V. Solicitar, en su caso, que se realicen fijaciones fotográficas y el avalúo correspondiente;
VI. Proceder a entregarlos al Servicio Estatal de Administración, dentro de los cinco días de haber concluido el aseguramiento; y
VII. Precisar si el bien debe preservarse en las condiciones en que se encuentra o es susceptible de ser utilizado o destruido.
Para ello, las autoridades anteriores deberán haber practicado las diligencias necesarias que permitan la utilización del bien asegurado.
En el caso de que se encuentren diligencias pendientes de realizar en el bien asegurado, una vez que se hayan realizado éstas, las autoridades antes mencionadas deberán informar al Servicio Estatal de Administración para que dicho bien pueda ser utilizado.
Tratándose de vehículos se dará aviso al Sistema de Información que a nivel Estatal o Nacional se implemente por parte de los Consejos Estatal o Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 6.- El Juez o el Ministerio Público que decreten el aseguramiento, deberán notificarlo al interesado o a su representante legal dentro de los treinta días siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia certificada del acta a que se refiere la fracción I del artículo anterior, para que ejerza su derecho de audiencia.
En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal que, de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, se entenderá que los bienes son abandonados a favor del Estado.
Artículo 7.- Las notificaciones a que se refiere esta Ley se practicarán como sigue:
I. Personalmente, al interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas siguientes:
a) La notificación se practicará en el domicilio del interesado. En caso de que éste se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido, debiéndose notificar también a su defensor;
c) De no encontrarse la persona por notificar en la primera ocasión, se le dejará citatorio en el domicilio designado para que espere a una hora fija del día hábil siguiente, y si no espera, o se niega a recibir la notificación, se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio y la notificación se practicará mediante edictos en términos de la fracción II de este artículo, y
a) Los edictos se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en dos diarios de mayor circulación en el ámbito estatal, por dos veces con intervalo de cuando menos tres días, y
Artículo 8.- Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, por otra autoridad, se notificará a ésta el nuevo aseguramiento. Los bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y a disposición del Juez o del Ministerio Público para los efectos del procedimiento penal.
De levantarse el embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga bajo su custodia, los entregará al Servicio Estatal de Administración.
Los bienes asegurados no podrán ser enajenados o gravados por sus propietarios, depositarios, interventores o administradores, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal o administrativo, salvo los casos expresamente señalados por esta Ley u otras disposiciones aplicables.
Artículo 9.- El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes existentes con anterioridad sobre los bienes de que se trate.
Artículo 10.- El Servicio Estatal de Administración integrará una base de datos con el registro de los bienes asegurados, abandonados y decomisados, que podrá ser consultada por el Juez, la Procuraduría, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal o Municipal, así como por las personas que acrediten un interés jurídico para ello. Dicho registro deberá contener como mínimo datos que identifiquen el bien, a su propietario o poseedor y la autoridad que haya dictado la resolución de que se trate.
La base de datos a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse anualmente en el Periódico Oficial del Estado dentro de los primeros tres meses de cada año.
De la Administración y Depósito de Bienes Asegurados
Artículo 11.- La administración de los bienes asegurados comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión. Serán conservados en el estado en que se hayan asegurado, para ser devueltos en las mismas condiciones, salvo el deterioro normal que se les cause por el transcurso del tiempo. Podrán utilizarse, arrendarse o ser enajenados única y exclusivamente en los casos y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley.
Artículo 12.- El Servicio Estatal de Administración podrá administrar directamente los bienes asegurados o nombrar depositarios, interventores o administradores de los mismos.
Los depositarios, interventores o administradores serán preferentemente las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal o Municipal previa solicitud o acuerdo correspondiente, sin perjuicio de que puedan ser designadas otras personas profesionalmente idóneas.
Quienes reciban bienes asegurados en depósito, intervención o administración, están obligados a rendir al Servicio Estatal de Administración un informe bimestral sobre los mismos y a darle todas las facilidades para su supervisión y vigilancia.
Artículo 13.- Las armas de fuego, municiones y explosivos serán remitidas a la Secretaría de la Defensa Nacional, observándose, lo dispuesto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Artículo 14.- Se hará constar en los registros públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones aplicables:
El registro o su cancelación se realizarán sin más requisito que el oficio del Juez o del Ministerio Público.
Artículo 15.- El Servicio Estatal de Administración, o el depositario, interventor o administrador de bienes asegurados, contratarán seguros para el caso de pérdida o daño de los mismos, cuando el valor y las características de los bienes lo ameriten.
Artículo 16.- A los frutos o rendimientos de los bienes durante el tiempo del aseguramiento, se les dará el mismo tratamiento que a los bienes asegurados que los generen.
En todo caso, los recursos que se obtengan de la administración de los bienes asegurados se destinarán a resarcir el costo de mantenimiento y administración de los mismos y el remanente, si lo hubiera, se mantendrá en un fondo que se entregará a quien en su momento acredite tener derecho, en términos del artículo 41 de la presente Ley. En caso de que los bienes sean decomisados o abandonados, se dispondrá de dichos fondos de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de esta Ley.
Artículo 17.- Respecto de los bienes asegurados, el Servicio Estatal de Administración y en su caso los depositarios, interventores o administradores que se hayan designado tendrán, además de las obligaciones previstas en esta Ley, las que señala el Código Civil vigente en el Estado, para el depositario.
Al efecto, para la debida conservación y en su caso buen funcionamiento de los bienes asegurados, incluyendo el de los inmuebles destinados a actividades agropecuarias, el Servicio Estatal de Administración tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario para pleitos y cobranzas, actos de administración y, en los casos previstos en esta Ley, actos de dominio. Los depositarios, interventores y administradores que el Servicio Estatal de Administración designe, tendrán sólo las facultades para pleitos y cobranzas y de administración que dicho Servicio les otorgue.
El aseguramiento de bienes no implica que éstos entren al erario estatal. Para su administración, no serán aplicables las disposiciones propias de los bienes de patrimonio estatal ni municipal.
Artículo 18.- El Servicio Estatal de Administración, así como los depositarios, administradores o interventores de bienes asegurados darán todas las facilidades para que el Juez o el Ministerio Público que así lo requieran, practiquen con dichos bienes todas las diligencias necesarias.
Artículo 19.- En caso de que se ejercite la acción penal, los bienes asegurados durante la averiguación previa se pondrán jurídicamente a disposición del Juez, para los efectos del proceso; la custodia seguirá a cargo del Servicio Estatal de Administración.
También quedarán a disposición del Juez, para los efectos del proceso penal, los bienes asegurados durante éste.
Artículo 20.- Los bienes asegurados serán custodiados y conservados en los lugares que determine el Servicio Estatal de Administración.
Artículo 21.- La moneda nacional o extranjera que se asegure, deberá depositarse en la Secretaría de Finanzas, a disposición del Servicio Estatal de Administración, para que responda de ella ante la autoridad que haya ordenado el aseguramiento.
Estos depósitos devengarán intereses a la tasa legal que precise el Código Civil vigente en el Estado.
En caso de billetes o piezas metálicas que por tener marcas, señas u otras características, sea necesario conservar para fines de la averiguación previa o el proceso penal, el Juez o el Ministerio Público así lo indicará al Servicio Estatal de Administración para que éste los guarde y conserve en el estado en que los reciba. En estos casos, los depósitos no devengarán intereses.
Artículo 22.- El Juez o el Ministerio Público que asegure depósitos, títulos de crédito y, en general, cualesquiera bienes o derechos relativos a operaciones, que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes, dará aviso inmediato al Servicio Estatal de Administración y a las autoridades competentes, quienes tomarán las medidas necesarias para evitar que los titulares respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento.
Artículo 23.- Las especies de flora y fauna de reserva ecológica que se aseguren, serán provistas de los cuidados necesarios y depositadas en zoológicos o en instituciones análogas, considerando la opinión de la Secretaría de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente.
Artículo 24.- Las obras de arte, arqueológicas o históricas que se aseguren, serán provistas de los cuidados necesarios y depositadas en museos, centros o instituciones culturales, considerando la opinión de la Secretaría de Educación Pública ó del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de su delegación estatal.
Artículo 25.- Tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, éstos se entregarán en depósito a quien se legitime como su propietario o poseedor.
En lo que respecta a vehículos automotores que presenten números de identificación alterados, sólo podrán ser utilizados por una dependencia de gobierno y si alguien demuestra tener derecho al bien, se le entregará advertido de que no lo podrá circular y se informará al Juez para que considere esta limitante a los derechos de propiedad al resolver sobre la reparación del daño, misma que deberá ser de cuando menos el 40% del valor del vehículo.
Los vehículos extranjeros asegurados, sólo podrán ser devueltos con el consentimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 26.- Los bienes que sean de mantenimiento incosteable, previo dictamen que así lo determine; así como los perecederos, fungibles o semovientes serán subastados por el propio Servicio Estatal de Administración de acuerdo con lo previsto en el Código Penal del Estado.
Los bienes perecederos podrán ser vendidos a precio de mercado para evitar su pérdida.
En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, será aplicable lo dispuesto en el artículo 38, 41, 43, 44 y 45 de esta Ley.
Artículo 27.- El producto que se obtenga de la enajenación de los bienes a que se refiere el artículo anterior se enterará a la Secretaría de Finanzas del Estado.
Artículo 28.- Los inmuebles que se aseguren podrán quedar depositados con alguno de sus ocupantes, con su administrador o con quien designe el Servicio Estatal de Administración. Los administradores designados no podrán enajenar o gravar los inmuebles a su cargo. En todo caso, se respetarán los derechos legítimos de terceros. También podrán entregarse en comodato a una autoridad estatal o municipal que lo requiera o arrendarse.
Artículo 29.- Los inmuebles asegurados susceptibles de destinarse a actividades agropecuarias, se procurará mantenerlos productivos.
De las Empresas, Negociaciones o Establecimientos
Artículo 30.- Tratándose de empresas, negociaciones o establecimientos, se estará a lo que en términos de las leyes aplicables determine el Juez.
De los bienes asegurados por las autoridades administrativas
Artículo 31.- Los vehículos automotores que sean asegurados por las Direcciones de Tránsito, estarán bajo su custodia por un término de tres meses. Si en ese plazo no comparece el legítimo propietario o su poseedor a recoger su unidad motriz, las citadas Direcciones, remitirán dichas unidades al Servicio Estatal de Administración para su guarda y administración.
Artículo 32.- Las Direcciones de Tránsito deberán:
I. Levantar acta que incluya inventario con la descripción y el estado en que se encuentren los bienes que se aseguren, permitiendo la intervención del interesado cuando esté presente;
II. Identificar los bienes asegurados por sus sellos, marcas, números confidenciales u otros medios adecuados y en su caso, por los que se ordene colocar;
III. Practicar el avalúo correspondiente, y
IV. Cuando el interesado no intervenga en el acta se le deberá dar aviso por escrito a quien aparezca acreditado como propietario dentro del plazo de treinta días a partir del aseguramiento.
Artículo 33.- El Servicio Estatal de Administración, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de un vehículo asegurado por una Dirección de Tránsito, procederá a notificar a los propietarios o poseedores de dichos vehículos a efecto de dar cumplimiento al capítulo relativo a la devolución de bienes asegurados, o en su caso, a declarar abandonados dichos bienes. Para ello, deberá observarse lo dispuesto en esta Ley.
De la Utilización de Bienes Asegurados
Artículo 34.- El Órgano de Gobierno del Servicio Estatal de Administración podrá autorizar a los depositarios, administradores o interventores a que se refiere el artículo 12 de esta Ley para que utilicen o arrienden los bienes que hayan recibido, lo que en su caso harán de conformidad con los lineamientos que expida dicho Órgano.
El Servicio Estatal de Administración otorgará a la Procuraduría, los Poderes del Estado, las entidades de la Administración Pública Estatal y los organismos con autonomía por disposición constitucional, en depósito los bienes asegurados que los titulares de dichas Instituciones o Poderes, o el servidor público en quienes deleguen esta función, le soliciten por escrito y autorizará la utilización de dichos bienes para el desarrollo de sus funciones.
Cuando se den en arrendamiento los bienes a que se refiere esta Ley el Servicio Estatal de Administración requerirá al arrendatario el depósito de una fianza que garantice el pago de las rentas y la devolución del bien de que se trate.
Artículo 35.- Cuando proceda la devolución de bienes que se hayan utilizado conforme al artículo anterior, el depositario, administrador o interventor cubrirá los daños ocasionados por su uso.
Artículo 36.- Los depositarios, administradores o interventores rendirán al Servicio Estatal de Administración un informe semestral pormenorizado sobre la utilización de bienes asegurados.
De la Devolución de Bienes Asegurados
Artículo 37.- La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes:
I. En la averiguación previa, cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, la reserva, o se levante el aseguramiento, de conformidad con las disposiciones aplicables,
II. Durante el proceso, cuando el Juez no decrete el decomiso o levante el aseguramiento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y
III. En el caso de aseguramiento hecho por autoridades administrativas, cuando se haya realizado el pago de las multas y mantenimiento correspondientes.
Artículo 38.- Cuando proceda la devolución de bienes asegurados, quedarán a disposición de quien tenga derecho a ellos. El Juez o el Ministerio Público notificará su resolución al interesado o a su representante legal dentro de los treinta días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley, para que en los plazos previstos en el artículo 43, contados a partir de la notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se declararán abandonados, en los términos del artículo 45 de esta Ley.
Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, el Juez o el Ministerio Público ordenará su cancelación.
Tratándose de vehículos asegurados por autoridades de tránsito la notificación deberá cumplir las exigencias de este artículo y realizarse en el plazo previsto por el artículo 33.
Artículo 39.- El Servicio Estatal de Administración, al momento en que el interesado o su representante legal se presenten a recoger los bienes, deberá:
I. Levantar acta en la que se haga constar el derecho del interesado a recibir los bienes y las observaciones que éste formule;
Artículo 40.- La devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los frutos que hubieren generado o de su importe, menos el pago de la reparación de los daños y perjuicios en los casos que así procedan, el pago de la multa, los gastos de mantenimiento y administración necesarios para que dichos bienes no se pierdan o deterioren.
La devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y de sus rendimientos durante el tiempo en que haya sido administrado, a la tasa referida en el artículo 21 de esta Ley.
A partir de la recepción de los bienes, el interesado o su representante legal tendrán un plazo de treinta días para interponer el recurso de inconformidad a que se refiere esta Ley por las condiciones en que se encuentren los mismos y las cuentas que se les rindieron.
Artículo 41.- Cuando se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren sido previamente enajenados con base en el artículo 26 de esta Ley, o el Servicio Estatal de Administración se encuentre en imposibilidad de devolverlos, dicha devolución se tendrá por cumplida entregando el valor de los bienes al realizarse el aseguramiento más los rendimientos correspondientes, calculados a la tasa referida en el artículo 21 de esta Ley.
Artículo 42.- El Servicio Estatal de Administración será responsable de los daños derivados de la pérdida, extravío o deterioro de los bienes asegurados que administre. Quien tenga derecho a la devolución de bienes que hubieran sufrido daños, podrá reclamarle su pago.
Del Abandono de los Bienes Asegurados
Artículo 43.- Los bienes asegurados respecto de los cuales el interesado o su representante legal no hayan manifestado lo que a su derecho convenga, causarán abandono en los plazos siguientes:
I. Cuando se trate de bienes muebles, transcurridos seis meses, contados a partir de la notificación de que procede su devolución en términos del artículo 38 de esta Ley, y
II. Cuando se trate de bienes inmuebles, transcurrido cinco años, contados a partir de la notificación de que procede su devolución en términos del artículo 38 de este Ley.
Artículo 44.- Vencidos los plazos a que se refiere el artículo anterior, el Servicio Estatal de Administración iniciará el procedimiento para declarar abandonados los bienes de que se trate y notificará al interesado o a su representante legal el vencimiento de los plazos correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley, otorgándole el plazo de diez días a partir de la notificación para que manifieste lo que a su derecho convenga.
Artículo 45.- El Servicio Estatal de Administración procederá a declarar abandonados los bienes asegurados conforme a las reglas siguientes:
I. Solicitará al Juez, al Ministerio Público o a la Delegación de Tránsito según corresponda, el informe en el que se haga constar que el interesado o su representante legal no se presentaron a recoger los bienes o a hacer reclamo alguno;
II. Transcurridos los plazos previstos en los artículos 38, 43 y 44 de esta Ley, sin que el interesado o su representante legal manifiesten lo que a su derecho convenga, el Servicio Estatal de Administración declarará que los bienes han causado abandono a favor del Estado, y
III. Una vez declarado el abandono, el Servicio Estatal de Administración deberá requerir la ratificación de la declaración efectuada en los términos antes señalados al Juez a cuya disposición se encontraban los bienes abandonados, o en caso de que el Ministerio Público no haya ejercitado la acción penal al Tribunal. En el caso de las autoridades administrativas, también será competente esta última autoridad.
Para la ratificación, el Juez o el Tribunal únicamente deberá verificar que las notificaciones a que se refiere el artículo 6 de esta Ley y la fracción II de este artículo se realizaron correctamente, que transcurrieron los plazos correspondientes, y que se le exhibió constancia del Ministerio Público y, en su caso, del juez de la causa, o el servicio estatal de administración, de que no recibieron del interesado o de su representante legal reclamo alguno.
El Juez o el Tribunal deberán ratificar o rectificar la declaración de abandono en un plazo que no excederá de quince días a partir del siguiente en que el Servicio Estatal de Administración lo haya requerido.
En el supuesto de que el Juez o Tribunal referidos consideren que alguna notificación a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción no fue practicada conforme a esta Ley, ordenarán que se reponga el procedimiento a partir de la notificación hecha incorrectamente.
Las resoluciones a que se refieren los dos últimos párrafos de éste artículo serán irrecurribles.
De los Bienes Decomisados y Abandonados
Artículo 46.- El Juez, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes.
Artículo 47.- Los bienes decomisados y los abandonados, sus frutos y productos, así como los derivados de su enajenación, serán considerados aprovechamientos en los términos del Código Fiscal del Estado.
Aquellos distintos al numerario serán enajenados en subastas por el Servicio Estatal de Administración de conformidad con los procedimientos previstos en el mencionado Código y demás disposiciones aplicables.
Artículo 48.- Los aprovechamientos a que se refiere el artículo anterior, una vez descontados el pago de la reparación del daño y perjuicios y la multa en los casos que proceda, los costos de administración del Servicio Estatal de Administración y gastos de mantenimiento y conservación de los bienes asegurados conforme a la presente Ley, se enterarán a la Secretaría de Finanzas del Estado, y se destinarán, en partes iguales, a apoyar los presupuestos de egresos del Poder Judicial del Estado y de la Procuraduría.
Artículo 49.- Como excepción a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 anteriores, el Servicio Estatal de Administración podrá acordar, según la naturaleza de los bienes, que en lugar de su enajenación sean destinados a la Procuraduría, al Poder Judicial, otro Poder, entidad u organismo autónomo, según sus necesidades.
En todo caso, los bienes que la Procuraduría, alguno de los Poderes del Estado, las entidades de la Administración Pública Estatal y los organismos con autonomía por disposición constitucional, vengan utilizando de conformidad con el artículo 34 de la presente Ley, se asignarán en destino a la propia Procuraduría, Poder, entidad u organismo autónomo, para que continúen utilizándolos en el desarrollo de sus funciones.
Artículo 50.- Cuando autoridades de los Estados o municipios, hubieren colaborado en investigaciones cuya consecuencia haya sido el decomiso o abandono de bienes, éstos y el producto de su enajenación, podrán compartirse con dichas autoridades, de conformidad con lo que dispongan los convenios, tratados y demás disposiciones aplicables.
Del Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados
Artículo 51.- El Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados será un órgano desconcentrado de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, con autonomía técnica, operativa y financiera, el cual tendrá por objeto la administración de los bienes asegurados en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 52.- El Órgano de Gobierno del Servicio Estatal de Administración estará integrada por el Oficial Mayor, quien lo presidirá; un Subsecretario de la Secretaría de Gobierno, un director de la Oficialía Mayor, un Subprocurador de la Procuraduría y un miembro del Consejo de la Judicatura.
Los integrantes del Órgano de Gobierno podrán nombrar a sus respectivos suplentes, quienes deberán tener nivel no menor al inmediato inferior del propietario.
El Órgano de Gobierno designará a su Secretario, quien tendrá la representación de la misma para todos sus efectos legales, y rendirá los informes previos y justificados en los juicios de amparo en que la propia junta sea señalada como autoridad responsable.
Artículo 53.- El Órgano de Gobierno sesionará cuando menos cada tres meses. Sus reuniones serán válidas con la presencia de por lo menos cuatro de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos presentes, teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate.
Artículo 54.- El Órgano de Gobierno tendrá las facultades siguientes:
I. Emitir acuerdos y lineamientos generales para la debida administración de los bienes a que se refiere esta ley, así como para evitar que se alteren, deterioren, desaparezcan o destruyan;
II. Emitir acuerdos y lineamientos generales a los que deberán ajustarse los depositarios, administradores o interventores en la utilización de los bienes señalados en la presente ley;
IV. Solicitar, examinar y aprobar los informes generales, periódicos que deba rendir o los específicos que le requiera al Director General del Servicio Estatal de Administración, relacionados con la administración y manejo de los bienes objeto de esta ley, así como sobre el desempeño de los depositarios, interventores o administradores que se hubieren designado;
V. Constituir, entre sus integrantes, comités o grupos de trabajo para la realización de estudios y demás asuntos que el propio Órgano de Gobierno les encomiende;
VI. Supervisar que la base de datos a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, se actualice permanentemente y se publique en los plazos previstos, y
Artículo 55.- El Director General del Servicio Estatal de Administración será designado previa aprobación del Órgano de Gobierno por el Oficial Mayor de Gobierno, mediante acuerdo con el titular del Ejecutivo Estatal, y tendrá las facultades siguientes:
I. Representar al Servicio Estatal de Administración para todos los efectos legales, incluyendo los laborales y delegar esa representación en los términos que señale su reglamento interior;
III. Administrar el presupuesto del Servicio Estatal de Administración, de conformidad con lo autorizado por la Secretaría de Finanzas. En caso de ser necesarias erogaciones de partidas no previstas en el presupuesto, el Director General deberá previamente obtener la aprobación del Órgano de Gobierno;
IV. Dirigir y coordinar las actividades del Servicio Estatal de Administración, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en los acuerdos que al efecto apruebe el Órgano de Gobierno;
V. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Órgano de Gobierno;
VI. Nombrar y remover depositarios, interventores o administradores de los bienes de manera provisional y someter a consideración del Órgano de Gobierno el nombramiento definitivo, y
VII. Las demás que señalen otros ordenamientos, o que mediante acuerdo le otorgue el Órgano de Gobierno.
Artículo 56.- El Servicio Estatal de Administración contará con un órgano de control interno designado por el Secretario de la Contraloría quien tendrá las facultades necesarias para la debida inspección, supervisión, evaluación y vigilancia del Servicio Estatal de Administración. Asistirá con voz pero sin voto al Órgano de Gobierno.
Artículo 57.- El Servicio Estatal de Administración rendirá un informe anual detallado a la Procuraduría y al Consejo de la Judicatura Estatal del Poder Judicial del Estado, sobre los bienes asegurados y su administración, de aquellos que sean abandonados y decomisados, así como de las enajenaciones y arrendamientos que haya realizado en los términos de esta Ley.
Dicho informe deberá ser incluido, para su aprobación, en el informe que de la Cuenta Pública Estatal presente la Secretaría de Finanzas, con el objeto de verificar si el Servicio Estatal de Administración realizó sus funciones de conformidad con lo previsto en esta Ley y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 58.- En contra de las condiciones en que se entreguen los bienes y las cuentas que rinda el Servicio Estatal de Administración, en términos de lo previsto por el artículo 40 de esta Ley, se podrá interponer por escrito recurso de inconformidad, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de los bienes.
Artículo 59.- El recurso de inconformidad se interpondrá directamente ante la Oficialía Mayor.
Artículo 60.- Podrán ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional, siempre que tengan relación con las condiciones o cuentas recurridas. Al interponerse el recurso de inconformidad deberán ofrecerse las pruebas correspondientes y acompañarse los documentos relativos.
Artículo 61.- Si se ofrecen pruebas que ameriten desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de diez ni mayor de treinta días para tal efecto. La Oficialía Mayor podrá allegarse los elementos de convicción que considere necesarios. En lo no previsto en esta ley en materia de pruebas, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Artículo 62.- Concluido el período probatorio, la Oficialía Mayor resolverá dentro de los quince días siguientes.
Artículo 63.- El recurso de inconformidad será improcedente en los siguientes casos:
II. Cuando no se acredite fehacientemente la personalidad con que se actúa; y
III. Cuando no esté suscrito, a menos que se firme antes del vencimiento del término para interponerlo.
Las notificaciones derivadas de este recurso se sujetarán, en lo conducente, a lo establecido en el artículo 7 de esta Ley.
TRANSÍTORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.
TERCERO.- El Servicio Estatal de Administración deberá integrarse e iniciar sus funciones a más tardar a los treinta días de la entrada en vigor de la presente Ley.
CUARTO.- La Procuraduría y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado conservarán en depósito, bajo su responsabilidad y con las obligaciones a que se refiere la presente Ley, los bienes asegurados y decomisados que se encuentren en su custodia a la entrada en vigor de este Decreto. Dichos bienes serán inventariados y entregados al Servicio Estatal de Administración, en un plazo de noventa días o cuando éste los requiera.
QUINTO.- Las Autoridades Administrativas dispondrán de un término de tres meses contados a partir de la publicación de esta Ley, para remitir las unidades motrices aseguradas, mientras tanto seguirán conservando bajo su responsabilidad y con las obligaciones inherentes a la misma, los bienes asegurados.
SEXTO.- En relación con los bienes que hayan sido asegurados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, las notificaciones que hayan sido realizadas surtirán todos sus efectos legales. En el caso de que no se hayan efectuado, se procederá a realizarlas en los términos establecidos en la presente Ley. Dichos bienes causarán abandono a favor del Estado, una vez transcurridos los plazos a que se refieren los artículos 38, 43, 44 y 45 de esta Ley, contados a partir de la fecha de su entrada en vigor. Para estos efectos, el Servicio Estatal de Administración procederá en los términos establecidos en esta Ley al haber sido puestos a su disposición los bienes de que se trate.
SÉPTIMO.- El Servicio Estatal de Administración deberá expedir su reglamento interior y demás disposiciones administrativas e internas en un término no mayor de sesenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOS. DIP. JOAQUIN CABRERA PUJOL, PRESIDENTE.- DIP. DAVID GOMEZ CERINO SECRETARIO.- RUBRICAS.
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, AL PRIMER DÍA DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL DOS.
LIC. MANUEL ANDRADE DIAZ,.

References: ARTÍCULO 51
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 36
 artículo 72

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Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
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Artículo 9

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