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Timestamp: 2019-03-24 06:00:32+00:00

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REFORMA LEY 11653 DEL PROCEDIMIENTO LABORAL – Colegio de Abogados
« PLANILLA MEV – JUZGADO DE FAMILIA
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COMISION DE TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL
Honorable Cámara de Senadores, vuestras Comisiones de Trabajo y Legislación Social y Legislación General han considerado en el día de la fecha, el Expediente A-2 Periodo 2018-2019 REFORMA LEY 11653-DEL PROCEDIMIENTO LABORAL-MENSAJE 3625. Y por las razones que darán sus miembros informantes se aconseja su Aprobación con Modificaciones.
En primera instancia, en juicio oral y público, de las controversias individuales del trabajo que tengan lugar entre empleadores, trabajadores y terceros jurídicamente vinculados, fundadas en disposiciones de los contratos de trabajo, en convenciones colectivas, laudos con eficacia de éstas, disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo y de las causas vinculadas con un contrato de trabajo, aunque se funden en normas del derecho común y de las homologaciones de acuerdos sobre la materia frente a una petición conjunta de las partes.-
En las acciones de las asociaciones sindicales con personalidad gremial, por cobro de aportes, contribuciones y demás beneficios que resulten de convenciones colectivas de trabajo y en aquellas acciones respecto de las cuales el régimen de las asociaciones sindicales establezca la competencia local.-
En las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o parte de éstos concedidos a los trabajadores en virtud o como accesorio de los contratos de trabajo.-
En las demandas de tercerías en los juicios de competencia de la justicia laboral.-
En grado de apelación, de las resoluciones definitivas dictadas por la asociación sindical que denieguen la solicitud de afiliación de los trabajadores o dispongan su expulsión, con arreglo a las normas legales que rijan la materia.-
En grado de apelación, de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas provinciales del trabajo, cuando las leyes pertinentes lo establezcan. –
En la ejecución de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa del trabajo, cuando las leyes así lo dispongan. –
En el trámite para la regulación de honorarios judiciales y extrajudiciales.-
En las acciones donde, según las leyes generales o especiales, el trabajador tenga expedita la vía judicial.
En la revisión de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, de acuerdo a lo establecido en el art. 2°, segundo párrafo, de la ley 27.348 Complementaria de la ley de Riesgos del Trabajo o la que en el futuro la reemplace.
Dicha revisión deberá ser interpuesta por el trabajador o sus derechohabientes ante el Juzgado del Trabajo que resulte competente, a través de una acción laboral ordinaria, dentro del plazo de noventa (90) días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad. Dicha acción atraerá el recurso que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en sede laboral resultará vinculante para ambas partes.
Las Cámaras de Apelación del trabajo conocerán:
En los recursos que esta ley autoriza.-
En las recusaciones y cuestiones planteadas por las excusaciones de sus propios miembros y de los Jueces de primera instancia.
En grado de apelación, en las resoluciones dictadas por la Comisión Médica Central, de acuerdo a lo establecido en el art. 2°, tercer párrafo, de la ley 27.348 Complementaria de la ley de Riesgos del Trabajo, o la que en el futuro las reemplace.
ARTICULO 3. Cuando la demanda sea iniciada por el trabajador podrá entablarse indistintamente:
Ante el Juzgado del lugar del domicilio del demandado;
Ante el Juzgado del lugar de prestación del trabajo.
Ante el Juzgado del lugar de celebración del contrato de trabajo.
ARTICULO 4. Salvo disposición expresa de las leyes especiales, en los supuestos de los incisos b), c), e) y g) del artículo 2, primera parte, las acciones deben promoverse ante el Juzgado del domicilio del demandado.
ARTICULO 5. En caso de muerte, quiebra o concurso del demandado, las acciones que sean de competencia de los Juzgados del Trabajo se iniciarán o continuarán ante los mismos, a cuyo efecto deberá notificarse a los respectivos representantes legales o interesados que correspondiere.
ARTICULO 6. El Juez ante el cual se hubiere promovido una demanda, deberá inhibirse de oficio si considerase no ser competente para conocer en el asunto por razón de la materia. Sin embargo, una vez contestada la demanda o perdido el derecho de hacerlo sin objetarse la competencia, ésta quedará fijada definitivamente para el Juzgado y las partes.
ARTICULO 7°. Los Jueces del Trabajo no podrán ser recusados sin expresión de causa. Regirán en materia de excusación y recusación las causales y procedimientos establecidos en el Código Procesal Civil y Comercial.
El demandado, deberá ejercer esta facultad en su primera presentación, antes o al tiempo de contestar la demanda. El actor dentro del quinto día de conocer el Juzgado que va intervenir, o en su primera presentación posterior a la interposición de la demanda.
El trámite de recusación del Juez de primera instancia se sustanciará ante el mismo, y se remitirá vía incidente a la Cámara de Apelación del Trabajo para que lo resuelva.
Los secretarios de primera instancia, los de Cámara y los de la Suprema Corte únicamente podrán ser recusados con causa conforme las previsiones del Código Procesal Civil y Comercial.
ARTICULO 8°. Son deberes de los Jueces:
1°) Asistir personalmente a la vista de causa y realizar en forma personal las diligencias que ésta u otras leyes pongan a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviera autorizada.
2°) Decidir las causas, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo las preferencias a las cuestiones urgentes.
3°) Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:
Las providencias simples, dentro de los tres (3) días de presentadas las peticiones por las partes.
Las sentencias interlocutorias, salvo disposición en contrario, dentro de los diez (10) días de quedar el expediente a despacho.
Las sentencias definitivas, para los Jueces de primera instancia dentro de los plazos establecidos en el artículo 54 inciso d; para los Jueces de Cámara dentro del plazo de treinta (30) días desde que el expediente quede en condiciones de dictar sentencia conforme lo establecido en el artículo 80.
4°) Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y los principios de congruencia y progresividad.
5°) Dirigir el procedimiento dentro de los límites expresamente establecidos en esta ley:
Concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar.
Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que esta adolezca, ordenando su subsanación dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades.
Prevenir y denunciar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe.
Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias conforme lo dispuesto por el Articulo 12 de esta ley.
Declarar en oportunidad de dictar las sentencias definitivas y en caso de corresponder, la temeridad y/o malicia en que hubieren incurrido los litigantes y/o profesionales intervinientes.
ARTICULO 9°. Sin perjuicio de los deberes que en otras disposiciones de esta ley y en las leyes de organización del Poder Judicial se imponen a los secretarios, éstos deberán:
1º) Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que el Código Procesal Civil y Comercial y la ley 5.177, o la que en el futuro las reemplace, le acuerdan a los letrados respecto de las cédulas y oficios, y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados de distintas jurisdicciones.
2º) Extender certificados, testimonios, copias o impresiones de actas.
3º) Extender simple carta poder conforme las previsiones de esta ley.
4º) Firmar las providencias de mero trámite, dentro de los tres (3) días, sin perjuicio de las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial pueda conferir al auxiliar letrado. En la etapa probatoria, firmará todas las providencias simples que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad, negligencia o caducidad de la prueba.
5º) Firmar, sin perjuicio de las facultades que la ley orgánica del poder judicial pueda conferir al auxiliar letrado, las providencias simples que ordenen agregar partidas, exhortos, peritajes, oficios, inventarios, tasaciones, rendiciones de cuentas y, en general, documentos y actuaciones similares.
6º) Remitir la causa al Ministerio Público, a fin de que dictamine cuando resulte involucrada la defensa de la legalidad, los intereses generales de la sociedad o cuestiones de orden público.
ARTICULO 10- Queda prohibida la intervención de abogados o procuradores cuya presencia en el proceso pueda generar causales de recusación y excusación cuando dicha intervención comience después de consentida la actuación del Juzgado que conoce en el mismo.
ARTICULO 11. Presentada la demanda, el procedimiento podrá ser impulsado por el Juez, las partes y en su caso el Ministerio Público. Transcurrido en la etapa de conocimiento el plazo de tres (3) meses en los juicios sumarísimos y de seis (6) meses en todos los demás casos sin que se hubiere instado el curso del proceso y siempre que no mediare un deber específico del Juez de efectuar determinados actos procesales, podrá intimarse a las partes para que en el término de cinco (5) días produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento será decretada la caducidad de la instancia.
ARTICULO 12. El Juez deberá ordenar de oficio las medidas convenientes para el desarrollo del proceso. Asimismo, deberá disponer que se realice cualquier diligencia que fuera necesaria para evitar la nulidad del procedimiento. Tiene también amplias facultades de investigación, pudiendo ordenar las medidas probatorias que estime pertinentes respetando los principios de congruencia, bilateralidad y defensa.
ARTICULO 13. Los escritos a que se refiere el artículo 95 de la Ley 5177 (T.O. Decreto 2885/01) serán proveídos en la justicia laboral, sin perjuicio de intimarse a los profesionales firmantes para que, dentro del tercer día, subsanen las omisiones o deficiencias bajo apercibimiento de aplicárseles un llamado de atención o las sanciones que correspondan contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
ARTICULO 14. Las nulidades de procedimiento sólo se declaran a petición de parte siempre que se formule dentro del plazo de cinco (5) días de conocido el acto, salvo que fueran originadas por no habérsele dado audiencia, en cuyo caso el Juez podrá declararlas de oficio.
ARTICULO 15. El demandante podrá acumular todas las acciones que tenga contra una parte, siempre que sean de la competencia del mismo Juzgado, no sean excluyentes y puedan sustanciarse por los mismos trámites. En iguales condiciones se podrán acumular las acciones de varias partes contra una o más, si fueren conexas por el objeto o por el título. Sin embargo, se podrá ordenar, por resolución fundada, la separación de los procesos si se considerase que la acumulación es inconveniente.
ARTICULO 16. Las resoluciones judiciales quedarán notificadas por ministerio de la ley en todas las instancias, los días martes o viernes, o el siguiente hábil si alguno de ellos no lo fuere, sin necesidad de nota, certificado u otra diligencia
El traslado de la demanda, de la reconvención y de sus contestaciones.
La citación al acto previsto en el artículo 38.
La providencia que declare la cuestión de puro derecho y las resoluciones referidas en el artículo 37, último párrafo.
El auto de apertura y recepción de pruebas, el de designación de la audiencia de vista dela causa, las cargas procesales impuestas a las partes y, en su caso, los traslados para alegar por escrito.
El traslado de los informes y dictámenes periciales, de los autos que ordenen intimaciones y medidas para mejor proveer.
La sentencia definitiva, juntamente con la liquidación referida en el artículo 59.
La providencia de “autos” contemplada en el artículo 84 inciso b.
La denegatoria de los recursos extraordinarios.
Las que hacen saber medidas cautelares, o su modificación o levantamiento.
Las resoluciones en los incidentes, las interlocutorias con carácter de definitivas y aquellas otras providencias que, en su caso, se indique expresamente.
ARTICULO 17. Todos los plazos legales se computarán por días hábiles y serán perentorios e improrrogables.
El Juez podrá ordenar, a petición de parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial y en las distintas normas especiales, medidas cautelares sobre los bienes del deudor y/o sobre sus facultades de disposición, cuando:
el demandado no tenga domicilio en la República.
la existencia del crédito esté demostrada con instrumentos públicos o privados;
el demandado se encuentre en rebeldía;
por confesión expresa o ficta, resultare verosímil el derecho alegado;
quien las solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviere recurrida.
ARTÍCULO 19. A pedido del acreedor el embargo preventivo podrá hacerse efectivo sobre fondos líquidos, recaudaciones, cuentas bancarias: corrientes, cajas de ahorro o de cualquier otro tipo, actuales o futuras, en moneda nacional o extranjera. Siempre que la modalidad dispuesta conlleve la inmovilización de dinero, el Juez adoptará, a pedido de cualquiera de las partes, las medidas pertinentes para evitar su desvalorización.
ARTÍCULO 20. Cuando la parte que ha trabado una o más medidas cautelares requiriese otras complementarias o independientes, el Juez las podrá ordenar si se acredita la insuficiencia o inconveniencia de las primeras que sólo podrán levantarse, si correspondiere, una vez trabadas las nuevas cautelares.
ARTÍCULO 21. A pedido de parte, y siempre que se acredite probabilidad cierta de la verosimilitud del reclamo y que sea impostergable prestar tutela inmediata, el Juez, previo traslado a la contraria por cinco (5) días, podrá ordenar medidas autosatisfactivas.
Contestado el traslado, con el cual deberá acompañarse la prueba respectiva, o vencido el plazo para hacerlo, el Juez se pronunciará dentro del tercer (3) día, concediendo o denegando la medida, excepto que el demandado ofreciese prueba, cuya producción no podrá superar el plazo de diez (10 días).
ARTÍCULO 22. Decretada la medida autosatisfactiva, el demandado podrá interponer recurso de apelación, de manera directa o en subsidio al de revocatoria, dentro del plazo y en la forma prevista en el artículo 75 de la presente. El Juez lo sustanciará en un plazo máximo de cinco (5) días.
ARTÍCULO 23.- La interposición de tercerías será fundamento suficiente para solicitar la ampliación del embargo preventivo.
ARTICULO 24. El vencido en el juicio será condenado al pago de las costas, aunque no se hubiera pedido.
ARTICULO 25. En el proceso laboral la actuación estará exenta de toda tasa, sellado, contribución alguna y gastos. Sin embargo, el condenado en costas, cuando no sea el trabajador o sus derechohabientes, deberán pagar las tasas y gastos correspondientes. Si aquellas se declarasen por su orden, abonará los de su parte.
ARTICULO 26. Los gastos generados por toda actuación procesal ordenada por los jueces serán resarcidos por la parte a cuyo cargo se impongan las costas, aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 27.
ARTICULO 27. Los trabajadores o sus derechohabientes gozarán del beneficio de gratuidad, declarándolos exentos del pago de tasas por servicios judiciales así como expedición de testimonios, certificados, partidas, legalizaciones o informes en cualquier oficina pública.
ARTICULO 28. Los trabajadores o sus derechohabientes, podrán estar en juicio y hacerse representar por abogado o procurador, mediante simple carta-poder, autenticada la firma por escribano, funcionario judicial letrado habilitado o secretario o su reemplazante de los Juzgados del Trabajo.
ARTICULO 29. En casos urgentes podrá admitirse la intervención en juicio sin los instrumentos que acrediten la personería. Si estos, cualquiera fuere la fecha de su otorgamiento, no fuesen presentados o no se ratificase la gestión dentro del plazo de diez (10) días contados desde su invocación, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados.
ARTICULO 30. Con posterioridad a la audiencia preliminar que ordena el artículo 38, el Juez podrá intentar la conciliación, sin demorar el curso del proceso.
ARTICULO 31. La demanda se interpondrá por escrito y contendrá:
Nombre, documento de identidad, domicilio real, edad, nacionalidad, estado civil y profesión, oficio u ocupación del actor.
La designación precisa de cada uno de los conceptos reclamados.
Los hechos en que se funde cada uno de los reclamos expresados claramente.
El derecho en que se sustentan las acciones deducidas expuesto sucintamente.
La liquidación de los rubros correspondientes.
La mención de los medios de prueba que la parte intente hacer valer para demostrar sus afirmaciones. Asimismo, presentará los documentos que obraren en su poder y si no los tuviere los individualizará indicando su contenido, la persona en cuyo poder se hallaren, o el lugar, archivo u oficina donde se encuentren.
Constancia de haber comparecido y agotado con carácter previo la instancia conciliatoria en caso de corresponder.
ARTICULO 32. Si la demanda tuviese algún defecto u omisión, se deberá ordenar que sean salvados dentro del quinto día bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda, sin más trámite ni recurso.
ARTICULO 33. Presentada la demanda y previo cumplimiento, si correspondiere, de lo dispuesto en el artículo 32, el Juez correrá traslado al demandado, a quien citará y emplazará para que comparezca y la conteste dentro del plazo de diez (10) días, el que será ampliado en razón de la distancia en un día por cada doscientos (200) kilómetros o fracción no menor de cien (100), bajo apercibimiento de tener aquella por no contestada y, a pedido de parte o de oficio, será declarado rebelde. La declaración de rebeldía se tendrá por notificada por ministerio de la ley.
CONTESTACION DE LA DEMANDA-RECONVENCION
ARTICULO 34. La contestación de la demanda deberá contener, en lo aplicable, los requisitos de los artículos 31 y 41.
El demandado deberá articular todas las defensas que tuviere, incluso las excepciones y la prescripción, y ofrecerá además toda la prueba de que intente valerse. En esa oportunidad también podrá deducir reconvención siempre que sea conexa con la acción principal. Las pruebas respectivas se ofrecerán en forma separada para cada uno de tales supuestos.
De la contestación de demanda se correrá traslado al actor a los efectos que dentro del plazo cinco (5) días cumpla con la carga impuesta en el último párrafo de este articulo y en caso de haberse opuesto defensas de excepción y/o prescripción, en el mismo plazo deberá responderlas.- Asimismo si se alegasen nuevos hechos, podrá ampliar su prueba exclusivamente respecto de ellos.
ARTICULO 35. Cuando exista un seguro en virtud de una ley que autorice sustituir la responsabilidad patronal, la intervención del asegurador en el juicio se regirá por las normas establecidas en la presente ley.
EXCEPCIONES – PRESCRIPCION
ARTICULO 36. Las únicas excepciones admisibles como previas son:
Falta de capacidad de las partes o de personería en sus representantes.
ARTÍCULO 37. Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o vencidos los plazos para hacerlo, resueltas las excepciones previas, si la cuestión pudiera ser decidida con las constancias obrantes en el expediente, así se procederá y firme que se encuentre la providencia se llamará autos para sentencia.
Si, en cambio, se hubiesen alegado hechos conducentes acerca de los cuales no existiese conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan el Juez recibirá la causa a prueba procediendo de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 38.
ARTÍCULO 38. Las partes serán citadas a comparecer a una audiencia preliminar dentro de los veinte (20) días desde que se hubieran contestado los traslados previstos en el artículo 34, o vencidos los plazos para hacerlo.
3.Se resolverán a petición de parte o de oficio todas las cuestiones que resulten necesarias para la prosecución del proceso.
4.Oídas las partes, se fijarán los hechos controvertidos y conducentes a la decisión del juicio que serán objeto de prueba. En esa oportunidad, deberán ratificar o rectificar el desconocimiento de las firmas que se les atribuyen. Posteriormente se dictará la apertura a prueba. Las partes podrán oponerse a la misma, en cuyo caso se resolverá la cuestión en ese acto, previo escuchar a la contraria a la que se opuso.
5.Se proveerán las pruebas que se consideren admisibles, resolviéndose fundadamente sobre aquellas a cuya producción se hayan opuesto las partes, y desestimándose las que resulten innecesarias, superfluas o puramente dilatorias. El plazo por el cual se extenderá el periodo de prueba será de sesenta (60) días.
ARTICULO 39. Las partes concurrirán a la audiencia preliminar personalmente y en el supuesto de persona jurídica, por medio de su representante legal, todos con asistencia letrada. La audiencia se celebrará con quien asista a la misma y en caso de incomparecencia injustificada se aplicará una multa de tres (3) a diez (10) jus, a favor de la asistente.
ARTICULO 40. Las pruebas que deban practicarse fuera del lugar donde tiene su asiento el Juzgado podrán ser delegadas, salvo fundada y expresa oposición de parte, que será resuelta sin recurso.
ARTICULO 41. Cuando se solicite la absolución de posiciones será obligatorio, para su admisión, acompañar el pliego respectivo. Caso contrario se la tendrá por no ofrecida.
Quien deba absolverlas será citado en su domicilio real, por cédula, por telegrama, carta documento, o acta notarial, con anticipación no menor de dos (2) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso si no compareciere sin justa causa.
ARTICULO 42. Cada parte sólo podrá ofrecer hasta cinco (5) testigos, salvo que por la naturaleza de la causa o por el número de actores o de cuestiones de hecho sometidas a decisión del Juez, se admitiera una cantidad mayor.
ARTICULO 43. Toda persona citada como testigo está obligada a comparecer ante el Juzgado teniendo derecho, cuando preste servicios en relación de dependencia, a faltar a sus tareas, debiendo computarse a los fines remuneratorios como efectivamente trabajado el tiempo que le insuma el cumplimiento de la citación, a cuyo fin por Secretaría se le otorgará la constancia correspondiente. Se le advertirá que si faltare a la audiencia sin causa justificada, se lo podrá hacer comparecer por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa de dos (2) a veinte (20) Jus. En la notificación respectiva se transcribirá este párrafo.
La citación se hará por cédula, por telegrama, por carta documento o por acta notarial con anticipación de dos (2) días hábiles, como mínimo, al de la audiencia, salvo los testigos de reemplazo cuya concurrencia será a cargo de la parte que los ofreció. En ese caso la incomparecencia de este último importará tener por desistida su declaración.
Fracasada la notificación, la parte proponente podrá diligenciar una nueva al domicilio que considere el letrado interviniente sin necesidad de denuncia ni autorización judicial previa, con la anticipación prevista en el párrafo anterior. De no hacerlo quedará a su cargo la presentación del testigo propuesto, bajo apercibimiento de darle por perdido el derecho de valerse de tal prueba.
ARTICULO 44. Los peritos serán nombrados de oficio. Su número según la índole del asunto, podrá, a juicio del Juez, variar de uno (1) a tres (3) por cada cuestión técnica sometida a decisión judicial practicándose la diligencia en la forma especificada en el Código Procesal Civil y Comercial. La designación se hará por sorteo entre los profesionales matriculados e inscriptos en una lista que se formará en cada jurisdicción de los Juzgados del Trabajo. Agotada la misma el perito podrá ser sorteado nuevamente.
1.- Mediante sorteo entre los especialistas de la rama que se encuentren inscriptos en la jurisdicción más cercana o entre los peritos dependientes de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
2.- Mediante la designación que de común acuerdo hagan las partes respecto del perito que deberá realizar la pericia encomendada.
3.- Fracasados los procedimientos anteriores el Juez podrá disponer que las pericias medicas y/o psicológicas sean realizadas en Hospitales Públicos Nacionales, Provinciales o Municipales, con excepción de las comisiones medicas u organismos administrativos que los reemplacen.
Del pedido de explicaciones y/o impugnaciones se dará traslado a los peritos para que lo contesten en un plazo de cinco (5) días.
ARTICULO 45. Los estudios complementarios requeridos para realizar las pericias médicas, y/o psicológicas serán efectuados, a opción del trabajador:
a) en forma privada,
a través de su obra social,
No será admisible la práctica de los mismos por intermedio de las aseguradoras de riesgos del trabajo; Comisiones Médicas u organismos administrativos que las reemplacen. En estos casos se determinará la suma que deberá abonarse por esos servicios con arreglo a las disposiciones dictadas por la Suprema Corte.
ARTICULO 46. Cuando los peritos no se expidieren en término o citados para dar explicaciones o evacuar impugnaciones no comparecieren sin justa causa, de oficio se dejará sin efecto su designación, dándoles por perdido el derecho a percibir honorarios si correspondiese y aplicándoseles las sanciones reglamentarias pertinentes. En el caso de peritos de la nómina oficial del Poder Judicial se comunicará a la Suprema Corte de Justicia a sus efectos.
ARTICULO 47. Cuando deba recurrirse a medios de prueba no previstos en esta ley, se proveerán y producirán conforme a las disposiciones establecidas en otros ordenamientos en los que estén previstos en tanto no colisionen con las disposiciones aquí determinadas, o en su defecto en la forma establecida por el Juez.
ARTICULO 48. Cuando en virtud de una norma legal aplicable exista obligación de llevar libros, registros, planillas especiales de índole laboral o soportes informáticos que por disposiciones especiales los suplan, y a requerimiento judicial no se los exhiba o resulte que no reúnen las exigencias legales y reglamentarias, incumbirá al empleador la prueba contraria si el trabajador o sus derecho-habientes prestaren declaración jurada sobre los hechos que debieron consignarse en los mismos.
Asimismo, cuando se encontraren en poder del empleador los elementos informáticos y/o tecnológicos referidos en el artículo 47 y se solicitare su exhibición, constituirá presunción en su contra si nos los exhibiere o intencionalmente no los hubiere preservado, siempre que mediare juramento de la parte trabajadora o sus derechohabientes sobre el contenido de los mismos.
ARTICULO 49. Cuando se ofrezcan como prueba expedientes administrativos o judiciales en trámite, deberán individualizarse las piezas o circunstancias que interesen; en su caso, se requerirá testimonio o copia autenticada de dichos elementos probatorios. Cuando se trate de expedientes administrativos o judiciales terminados y agregados a otro juicio, podrá procederse de la misma manera o requerirse su remisión.
Si se ofreciere como prueba un documento agregado a un expediente en trámite, sé pedirá su envío exclusivamente por el plazo necesario para cumplimentar la prueba o copia autenticada del instrumento.
ARTICULO 50. Las pruebas referidas en el artículo 49 y los informes solicitados a las oficinas públicas y entidades privadas deberán hallarse diligenciados dentro de los veinte (20) días desde que fueron ordenados, bajo apercibimiento de la pérdida de dicha prueba si la demora le fuera imputable a la parte proponente.
ARTICULO 51. Cuando se considere necesario el reconocimiento de lugares, cosas o circunstancias relacionadas con la causa, los Jueces podrán trasladarse a tal fin o encomendar la diligencia a alguno de sus funcionarios.
ARTICULO 52. Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención ocurriese o llegase a conocimiento de las partes algún hecho o documento que fuera pertinente respecto de las pretensiones planteadas, podrán denunciarlo hasta dentro del quinto día posterior a la notificación de la audiencia de vista de causa, ofreciendo la prueba respectiva.
ARTICULO 53. Para la designación de las audiencias de vista de la causa se utilizarán todos los días hábiles de la semana, asistiéndole a las partes el derecho a solicitar su fijación para la fecha más próxima posible que surja del Registro Digital de Audiencias referido en el artículo 85 que estará a su disposición.
Cuando mediaré suspensión total o parcial de la audiencia, la fijación una nueva, en el primer caso, o de su continuación, en el segundo caso, deberá efectuarse dentro de un plazo de treinta (30) días, salvo que lo impida la índole de la prueba a producirse, en cuyo caso se designará una nueva a la brevedad posible.
ARTICULO 54. En el día y hora fijados para la vista de la causa deberá declararse abierto el acto cualesquiera sean las partes y personas citadas que hubieran concurrido, quienes no estarán obligadas a aguardar más de media hora siempre que el Juez no esté en audiencia. En tal caso podrán retirarse después de dejar constancia de su oportuna presencia si vencido dicho plazo de espera el acto no ha dado aún comienzo. A la parte que no concurra se le podrá aplicar una multa de 3 a 10 jus.
Se dará lectura a las actuaciones de prueba producidas antes de la audiencia, si alguna de las partes lo pidiere.
A continuación, el Juez recibirá directamente las otras pruebas. Las partes, los testigos y los peritos, en su caso, serán interrogados libremente, sin perjuicio de las preguntas que puedan proponer las partes.-
Luego se concederá la palabra al representante del Ministerio Público, si tuviere intervención, y a las partes, por su orden, para que se expidan sobre el mérito de las pruebas. Cada parte dispondrá de treinta (30) minutos para su alegato.
Ese tiempo podrá ser ampliado por el Juez.
ARTICULO 55. Las partes tendrán intervención en la audiencia a los efectos del contralor de la prueba y podrán hacer todas las observaciones que consideren pertinentes, así como preguntar directamente a las otras partes y testigos.
ARTICULO 56. La audiencia será video grabada de acuerdo al sistema que establezca la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, el Secretario o el Auxiliar letrado levantará acta de lo sustancial de la audiencia, consignando nombre de los comparecientes, de los testigos, de los peritos y de las circunstancias personales. De oficio o a pedido de parte podrá hacerse constar alguna circunstancia especial vinculada con la causa.
ARTICULO 57. La sentencia se dictará en la forma que establezcan las normas reglamentarias vigentes y deberá contener:
La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, salvo lo dispuesto en el artículo 54 inciso e, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.
ARTICULO 58. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia deberá contener, en lo pertinente, las enunciaciones y requisitos establecidos en el artículo anterior y se ajustará a lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial según el caso.
ARTICULO 59. Dictada la sentencia, el Secretario practicará liquidación de capital, intereses y costas, notificando a las partes en la forma ordenada en el artículo 16, bajo apercibimiento de tenerla por consentida si dentro del quinto día no se formularen observaciones, cuyo trámite no interrumpirá el plazo para deducir los recursos correspondientes.
ARTICULO 60. Dentro de los 10 (diez) días de pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia, o el pronunciamiento que haga sus veces, sin que los condenados al pago de créditos laborales efectuaran el depósito de las sumas adeudadas, en todo o en parte, el Juez a pedido de parte decretará embargo sobre bienes del deudor, citándolo para que dentro del plazo de cinco (5) días oponga excepción de pago documentado posterior a la fecha de sentencia definitiva, si lo tuviere, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución.-
ARTICULO 61. Lo dispuesto en los artículos 18, 19, 20 y 21 de esta ley será aplicable en cuanto resulte compatible, con el proceso de ejecución de sentencia.
ARTICULO 62. Si el empleador, en cualquier estado del juicio, reconociere adeudar al trabajador algún crédito líquido y exigible que tuviere por origen la relación laboral, a petición de parte se formará incidente por separado y en él se tramitará la ejecución de ese crédito por el procedimiento establecido en los artículos anteriores.
CREDITOS RECONOCIDOS. VIA EJECUTIVA
ARTICULO 63. Cuando en instrumento público el empleador reconociere créditos líquidos, exigibles y provenientes de una relación laboral en favor del algún trabajador, éste tendrá acción ejecutiva para demandar su cobro ante el Juez que corresponda.
ARTICULO 64. Esta acción se regirá por las disposiciones que regulan el juicio ejecutivo en el Código Procesal Civil y Comercial en lo que resulte aplicable. Sólo se admitirán como excepciones las siguientes:
– Conciliación o transacción homologadas.
ARTICULO 65. La ejecución de las resoluciones administrativas dictadas por la autoridad del trabajo de acuerdo con la legislación de aplicación será tramitada con arreglo al siguiente procedimiento:
Incompetencia del Juzgado y de la autoridad administrativa, fundada en la ausencia de presupuestos que legitimen su actuación.
Falta de capacidad de las partes o personería de sus representantes.
3.- La prueba de las excepciones se hará por medio de documentos que sé adjuntarán al deducirlas o por confesión judicial, con exclusión de otro medio probatorio. Cuando no se pudiera acompañar testimonios u otras constancias oficiales se manifestará solicitándose el envío de las actuaciones dentro de un plazo que fijará el Juez.
ARTÍCULO 66. Los salarios, asignaciones familiares o rubros denominados no remunerativos provenientes de una relación individual de trabajo subordinado, vencidos e impagos, podrán ser demandados judicialmente preparando la vía ejecutiva, como se dispone seguidamente:
Por el plazo y con las modalidades del artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, cursar a quien considere su deudor una intimación extrajudicial fehaciente (carta documento o telegrama Ley 23.789) que contenga necesariamente: a) fecha de ingreso o antigüedad computable del reclamante según artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo; b) categoría profesional o funciones cumplidas durante el período involucrado en la petición y c) suma total del crédito reclamado, con expresión clara y concreta de los períodos, rubros y montos que la componen. La intimación, so pena de nulidad, deberá incluir la trascripción del inciso siguiente.
El intimado deberá pronunciarse puntualmente sobre la veracidad de los datos contenidos en la intimación (apartados a), b) y c) del inciso anterior). En su réplica no le bastará la negativa genérica, sino que deberá expedirse detalladamente sobre la posición que asume respecto de cada uno de tales apartados, bajo apercibimiento de entenderse el silencio, o la falta de respuesta concreta, como tácita admisión de los fundamentos del reclamo, seguida de la negativa al pago de las sumas resultantes. La negativa de vínculo laboral, enerva el procedimiento previsto en este artículo.
En el supuesto que el deudor intimado accediera a saldar las sumas peticionadas, deberá incluir en su respuesta el lugar, día y hora en que hará efectivo el crédito reclamado.
La preparación de vía ejecutiva tratada en este artículo se hará en actuación autónoma y no podrá ser acumulada a otra acción judicial. A la demanda deberán acompañarse las constancias originales del intercambio de comunicaciones y se deberán ofrecer entre dos a cinco testigos.
Dentro de los cinco (5) días de recibida la causa por el Juzgado y comprobado el cumplimiento de los requisitos citados, se dispondrá libramiento de oficio al respectivo correo para que en el plazo de cinco (5) días se expida sobre la autenticidad y registros de entrega de las comunicaciones habidas. En el mismo auto se fijará primera audiencia para que comparezca el ejecutante a ratificar su acción bajo juramento, así como para el recibimiento de la testimonial ofrecida.
Cumplidos los requisitos indicados en los incisos anteriores, conformado el reclamo por los dichos ratificatorios de al menos dos (2) testigos, con más la respuesta positiva del correo, queda integrado el “Título Ejecutivo”.
ARTÍCULO 67. Cuando el empleador en mora, fehacientemente intimado por el trabajador, no abonare salarios, asignaciones familiares o rubros denominados no remunerativos y sus diferencias, obligando al acreedor a promover acciones judiciales, el Juez en la sentencia, a pedido de parte o de oficio, incrementará en un treinta (30) por ciento los montos resultantes de dicho capital.
ARTICULO 68. El Juez o la Cámara, a pedido de parte o de oficio, dentro del tercer día de notificadas las partes, podrá corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiere incurrido respecto de alguna de las pretensiones deducidas y discutidas.
ARTICULO 69. El recurso de revocatoria procederá únicamente contra las providencias simples o interlocutorias, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el Juez o la Cámara que las haya dictado las revoque por contrario imperio.
ARTICULO 70. El recurso se interpondrá y fundará dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la resolución y se dará traslado a la contraria por igual plazo.
ARTÍCULO 71. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procederá solamente contra:
ARTÍCULO 72. El recurso de apelación contra la sentencia definitiva, las cuestiones de competencia, integración de litis e intervención de terceros, se interpondrá y fundará en el plazo de diez (10) días, tendrá efecto suspensivo y trámite inmediato.
Cuando se trate de la aplicación de sanciones; la sola interposición del recurso tendrá efecto suspensivo y trámite diferido.
Cuando el recurso de apelación hubiese sido interpuesto en subsidio del recurso de revocatoria, no se admitirá ningún escrito para fundar la apelación.
ARTICULO 73. El escrito de expresión de agravios deberá tener la crítica concreta y razonada de la parte de la resolución que el apelante considere errónea para lo cual no bastará remitirse a presentaciones anteriores.
ARTICULO 74. La apelación con trámite diferido no impedirá el cumplimiento de la resolución apelada.
APELACION DE MEDIDAS CAUTELARES O MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS
ARTICULO 75. El recurso de apelación contra medidas cautelares o autosatisfactivas se deberá interponer y fundamentar dentro de los cinco (5) días de notificada la providencia. Tendrá efecto no suspensivo y con trámite inmediato por vía de incidente.
ARTICULO 76. Si el Juez de primera instancia denegase la apelación contra: sentencia definitiva, medidas cautelares, medidas autosatisfactivas, resoluciones que hacen a la traba de la litis, sanciones, excepciones previas y decisorios sobre desalojos, la parte agraviada podrá interponer recurso de queja, el cual se presentará ante la Cámara, dentro de los cinco (5) días de notificado de la denegatoria, debidamente fundado.
ARTICULO 77. En oportunidad de fundar los recursos con trámite diferido, las partes además podrán:
Indicar las medidas probatorias denegadas o que no se haya podido producir antes de la sentencia, brindando fundamento respecto del interés que tuviere en practicarlas.
Plantear los hechos nuevos ocurridos después del plazo que fija el art. 52, primer párrafo hasta el momento de la sentencia.-
ARTICULO 78. Cuando la Cámara haga lugar a la apelación contra sentencias o resoluciones denegatorias de medidas de prueba, dispondrá lo pertinente para que sean producidas ante ella.
También podrá disponer las medidas de prueba que considere útiles o necesarias para la averiguación de la verdad sobre los hechos controvertidos, respetando los principios de congruencia y defensa en juicio
ARTICULO 79. Las partes podrán alegar sobre el mérito de las pruebas luego de recibida la prueba oral, en el mismo acto. Si quedara prueba pendiente de producción, agregada la misma se correrá traslado a las partes por cinco (5) días para que aleguen por escrito.
ARTICULO 80. Recibidas las actuaciones en la Cámara, ésta se expedirá sobre los medios de prueba denegados en la instancia anterior y sobre hechos nuevos en los términos del artículo 77 inciso 2 si fue planteado.
ARTÍCULO 81. La Cámara no podrá fallar sobre capítulos que se haya omitido proponer a la decisión del Juez de primera instancia; sin embargo deberá decidir sobre aquellos hechos que no hayan sido tratados por la sentencia de primera instancia aunque no se haya pedido aclaratoria, en tanto haya sido motivo de apelación.
Cuando la resolución de primera instancia fuera revocada o modificada, la Cámara adecuará las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento, aún cuando ello no hubiera sido materia de apelación.
ARTICULO 82- Contra las sentencias definitivas dictadas por las Cámaras de Apelación sólo podrán interponerse los recursos extraordinarios previstos en la Constitución de la Provincia. El de inaplicabilidad de ley será concedido únicamente cuando el valor de lo cuestionado ante la instancia extraordinaria exceda, respecto de cada actor, una suma equivalente a quinientos (500) jus.
ARTICULO 83. En el caso de sentencia condenatoria los recursos extraordinarios se concederán únicamente previo depósito del capital, intereses y costas con la sola excepción de los honorarios de los profesionales que representan o patrocinan a la parte recurrente.
La Cámara podrá autorizar, a pedido de parte, que se sustituya la cantidad en dinero que correspondiere depositar, por su equivalente en títulos o valores de la Nación o de la Provincia que quedarán en depósito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a la orden del Presidente de la Cámara, a las resultas del juicio.
ARTICULO 84. Cuando se trate de resoluciones de la autoridad administrativa del trabajo nacional o provincial, el procedimiento por ante los Juzgados o las Cámaras de Apelación del Trabajo, con arreglo a lo previsto en la presente ley, se ajustará a las siguientes reglas:
Apelada la resolución administrativa, se remitirán las actuaciones al Juzgado o a la Cámara en turno, según corresponda.
Dentro de los diez (10) días de recibidos los antecedentes, el Juez dictará la providencia de “autos”, que será notificada a los interesados y a la autoridad administrativa del trabajo. Dentro del plazo de tres (3) días, las partes podrán presentar un memorial relativo al recurso interpuesto.
El Juez deberá fallar dentro de los quince (15) días de vencido el término contemplado en el inciso b) in fine.
Los Juzgados llevarán un Registro Digital de Audiencias, conforme las instrucciones dadas por la Suprema Corte de Justica, en el que se consignarán las designadas, cualquiera sea su índole, las suspendidas total o parcialmente y sus motivos, por orden cronológico y con indicación de objeto, fecha y hora.
ARTICULO 86. Los importes fijados por la prestación de servicios de los peritos oficiales, técnicos forenses o de la administración pública, y los correspondientes a los gastos a que se refiere el artículo 26 ingresarán a una cuenta bancaria especial. El destino de esos fondos será determinado por la Suprema Corte de Justicia.
ARTICULO 87. Desde la puesta en funcionamiento de los Juzgados del Trabajo el procedimiento aquí previsto se aplicará a todos los procesos en trámite, excepto aquellos en los cuales ya se haya celebrado la audiencia de vista de causa.
ARTICULO 88. Derogase la Ley 11.653 y sus modificatorias.
ARTICULO 89. Las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires se aplicarán supletoriamente en cuanto no se opongan a la presente ley y a los principios generales del derecho del trabajo.
ARTÍCULO 90.- Disuélvanse todos los Tribunales del Trabajo actualmente existentes en la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente a efectos de su transformación en Juzgados del Trabajo.
ARTÍCULO 91.- Créanse los siguientes Juzgados del Trabajo:
1) Diez (10) en el Departamento Judicial Avellaneda – Lanús: cinco (5) con asiento en la ciudad de Avellaneda, y cinco (5) con asiento en la ciudad de Lanús. Los de la ciudad de Avellaneda tendrán competencia territorial en el partido del mismo nombre. Los de la ciudad de Lanús tendrán competencia territorial en el partido del mismo nombre. Ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la ley 14.901.
3) Ocho (8) en el Departamento Judicial Bahía Blanca: Seis (6) con asiento en la ciudad de Bahía Blanca, y dos (2) con asiento en la ciudad de Tres Arroyos. Tendrán la siguiente competencia territorial: Los de la ciudad de Bahía Blanca sobre los partidos de Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Patagones, Puán, Saavedra, Tornquist y Villarino; el de la ciudad de Tres Arroyos sobre los partidos de Adolfo Gonzales Chaves y Tres Arroyos.
4) Cuatro (4) en el Departamento Judicial Dolores, con asiento en la ciudad homónima. Tendrán competencia territorial sobre los partidos de Ayacucho, Castelli, Chascomús, Dolores, General Belgrano, General Guido, Maipú. Pila, Tordillo, Lezama, Pinamar, Villa Gessell, General Madariaga, General Lavalle y Municipio de La Costa.
5) Cinco (5) en el Departamento Judicial Junín: tres (3) con asiento en la ciudad de Junín, y dos (2) con asiento en la ciudad de Chacabuco. Tendrán la siguiente competencia territorial: Los de la ciudad de Junín sobre los partidos de Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, y Lincoln; los de la ciudad de Chacabuco en el partido del mismo nombre, y en el partido de Rojas.
7) Quince (15) en el Departamento Judicial La Plata, con asiento en la ciudad de homónima. Ejercerán competencia territorial sobre los partidos de Berisso, Cañuelas, Coronel Brandsen, Ensenada, General Paz, La Plata, Lobos, Magdalena, Punta Indio, Monte, Roque Pérez, Saladillo, San Vicente y Presidente Perón.
10) Cinco (5) en el Departamento Judicial Mercedes: tres (3) con asiento en la ciudad de Mercedes, y dos (2) con asiento en la ciudad de Bragado. Ejercerán la siguiente competencia territorial: El de la ciudad de Bragado sobre los partidos de Alberti, Bragado, Nueve de Julio y Veinticinco de Mayo; el de la ciudad de Mercedes sobre los partidos de Mercedes, Carmen de Areco, Chivilcoy, General Las Heras, Luján, Marcos Paz, Navarro, San Andrés de Giles, Suipacha, Salto y San Antonio de Areco.
12) Diez (10) en el Departamento Judicial Morón, con asiento en la ciudad de homónima. Ejercerán competencia territorial sobre los partidos de Hurlingham, Ituzaingó, Merlo y Morón.
13) Dos (2) en el Departamento Necochea, con asiento en la ciudad homónima. Ejercerán competencia territorial sobre los partidos de Lobería, Necochea y San Cayetano.
17) Quince (15) en el Departamento Judicial General San Martín: Diez (10) con asiento en la ciudad de General San Martín, y cinco (5) con asiento en la ciudad de San Miguel. Tendrán la siguiente competencia territorial: Los de la ciudad de General San Martín sobre los partidos de General San Martín y Tres de Febrero; los de la ciudad de San Miguel sobre los partidos de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas.
19) Dos (2) en el Departamento Judicial Trenque Lauquen, con asiento en la ciudad del mismo nombre. Ejercerán competencia territorial sobre los partidos de Adolfo Alsina. Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, Salliquelló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.
20) Nueve (9) en el Departamento Judicial Zárate – Campana: 3 (tres) con asiento en la ciudad de Zárate, tres (3) con asiento en la ciudad de Campana, y tres (3) con asiento en la ciudad de Escobar. Los situados en las ciudades de Zárate y Campana tendrán competencia territorial sobre los partidos del mismo nombre y sobre el partido de Exaltación de la Cruz. Los situados en la ciudad de Escobar tendrán competencia sobre el partido homónimo.
ARTICULO 92. Créanse las siguientes Cámaras de Apelación del Trabajo:
en el Departamento Judicial San Martin, integrada por dos (2) Salas.
ARTICULO 93. En los Departamentos Judiciales donde existan Cámaras de Apelación del Trabajo integradas por una única Sala, la misma estará conformada por tres jueces. En caso de desintegración, la vacante será cubierta por un integrante de la Cámara de Apelación del Trabajo más próxima en distancia, conforme procedimiento que establezca la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 94. El Poder Ejecutivo se encontrará facultado a reasignar por decreto, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia, a los actuales magistrados de los Tribunales de Trabajo en los Juzgados del Trabajo creados por la presente y en los que continúen en funcionamiento, en el marco de lo dispuesto por los artículos 91, 92, 98, 100 y 102 de la presente ley.
ARTICULO 95. Modifíquense los artículos 1 inciso 3 y 4, 25 y 125 de la Ley 5827 (T.O. según Decreto Ley 3.702/92 y sus modificatorias) en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 1°… 3. Las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial, de Garantías en lo Penal, en lo Contencioso Administrativo y en el Trabajo.
Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Familia, en lo Contencioso Administrativo, de Garantías, de Garantías del Joven, de Responsabilidad Penal Juvenil, en lo Correccional, de Ejecución en lo Penal, de Ejecución Tributaria y de Primera Instancia del Trabajo.”
“ARTÍCULO 25: Donde exista más de un Juzgado del Trabajo, el turno para la recepción de las causas será fijado anualmente por la Suprema Corte”.
ARTICULO 96. Deróguense los artículos 24, 26 y el Capítulo VI de la Ley 5827. Tales normas mantendrán su vigencia con relación a los Tribunales de Trabajo que no hayan sido reemplazados por Juzgados del Trabajo.
ARTÍCULO 97. Las funciones administrativas y los trámites necesarios para optimizar la actividad de los jueces estarán a cargo de las Secretarías de Gestión Administrativa del Trabajo, las que deberán garantizar estándares de calidad en la gestión y eficiencia en el servicio judicial.
Las Secretarías de Gestión Administrativa del Trabajo se conformarán a razón de una secretaria cada dos o tres Jueces del Trabajo, según surja de las transformaciones y/o disoluciones de los Tribunales del Trabajo previstas en esta ley. Estarán integradas con el personal actualmente asignados a las secretarías de los Tribunales del Trabajo, y quedarán a cargo de los Secretarios de dichos Tribunales.
ARTICULO 98. Los magistrados actualmente titulares de los Tribunales del Trabajo disueltos por el artículo 90, permanecerán en funciones y atendiendo las causas que tramitan en sus respectivos tribunales, hasta asumir como Jueces del Trabajo en el órgano cuyo número la Suprema Corte de Justicia determinará, lo cual sólo se efectivizará si de manera previa se ha puesto en funcionamiento la Cámara de Apelación del Trabajo al cual aquellos pertenecen de conformidad con lo establecido en el artículo 92.
ARTICULO 99. En aquellas jurisdicciones en las cuales el número de Juzgados del Trabajo previstos en el artículo 91 sea inferior al que resulte de la nuda transformación de los Tribunales del Trabajo existentes en tres Juzgados del Trabajo, funcionará transitoriamente esta última cantidad de Juzgados en cada jurisdicción. Cuando se produzcan vacantes de magistrados, la Suprema Corte de Justicia quedará habilitada para proceder a la disolución de estos órganos, hasta alcanzar el número previsto en el artículo 91.
El personal existente en los Tribunales del Trabajo que se disuelvan podrá ser distribuido por la Suprema Corte de Justicia entre las respectivas Cámaras de Apelación del Trabajo del correspondiente Departamento Judicial.
ARTICULO 100. Las causas pendientes de resolución relativas al fuero del trabajo, serán distribuidas por la Suprema Corte de Justicia entre los nuevos Juzgados del Trabajo, continuando su trámite según la regla prevista en el artículo 87.
En las acciones con fundamento en las disposiciones de la Ley 24.557 y complementarias o las que en el futuro las reemplacen, intervendrán las Asesorías Periciales Departamentales dependientes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hasta tanto no se encuentren operativas, los peritos médicos intervinientes serán designados de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo de este artículo.
ARTICULO 101. La Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Justicia elaborarán de manera conjunta un plan para la gradual conformación de las Cámaras de Apelación del Trabajo y la transformación de los Tribunales de Trabajo a Juzgados del Trabajo, debiéndose cumplimentar dicho proceso en un plazo máximo de cinco (5) años contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.
ARTÍCULO 104 La presente ley entrará en vigencia el primer día hábil del mes de febrero de 2020.
ARTICULO 105. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 54
 artículo 80
 artículo 95
 resolución 
 artículo 38
 artículo 37
 artículo 59
 artículo 84

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ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22
 artículo 75

ARTÍCULO 23
 artículo 27
 artículo 38
 artículo 32

ARTÍCULO 37
 artículo 38

ARTÍCULO 38
 artículo 34
 artículo 47
 artículo 49
 artículo 85
 artículo 54
 artículo 16

ARTÍCULO 66
 artículo 57
 artículo 18

ARTÍCULO 67
 resolución 

ARTÍCULO 71

ARTÍCULO 72
 resolución 
 resolución 
 artículo 77

ARTÍCULO 81
 resolución 
 resolución 
in fine
 artículo 26

ARTÍCULO 90

ARTÍCULO 91
 artículo 10

ARTÍCULO 97
 artículo 90
 artículo 92
 artículo 91
 artículo 91
 resolución 
 artículo 87

ARTÍCULO 104