Source: https://es.scribd.com/document/41767905/Cuerpos-Rotos-mentes-Destrozadas-Amnistia-Internacional
Timestamp: 2020-08-04 14:55:35+00:00

Document:
Cuerpos Rotos.mentes Destrozadas-Amnistia Internacional | Amnistía Internacional | Violencia
Este informe pertenece a una serie de documentos publicados por Amnistía Internacional como parte de su campaña mundial contra la tortura, iniciada en octubre del 2000, contra los malos tratos y la violencia contra las mujeres.
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RESUMEN Nigeria - Petroleo Contaminacion y Pobreza en El Delta Del Niger
Presentacion Chiapas Micheel
Violencia de Género, El Tratamiento Mediático
raices de la violencia informe.docx
TORTURA Y MALOS TRATOS A MUJERES
Este informe pertenece a una serie de documentos publicados por Amnistía Inter- nacional como parte de su campaña mundial contra la tortura, iniciada en octubre del 2000. Otros informes de la campaña: ¡Actúa ya! Tortura, nunca más (Índice AI:
ACT 40/13/00/s), Un escándalo oculto, una vergüenza secreta. Tortura y malos tra- tos a menores (Índice AI: ACT 40/38/00/s) y El comercio de la tortura: una lacra que hay que erradicar (Índice ACT AI: 40/02/01/s).
— Únase a la campaña de Amnistía Internacional contra la tortura.
— Únase a Amnistía Internacional y a otras organizaciones de derechos humanos locales e internacionales que combaten la tortura.
— Haga un donativo para respaldar la labor de Amnistía Internacional.
— Hable a sus familiares y amigos de la campaña y anímelos a unirse también a ella.
— Inscríbase para emprender acciones contra la tortura en el sitio web www.stoptorture.org y para hacer campaña en línea. Las personas que visi- ten el sitio web podrán realizar llamamientos en favor de individuos que corren peligro de ser torturados.
Amnistía Internacional es un movimiento mundial integrado por personas cuyo objetivo es con- tribuir a que se respeten los derechos humanos. Amnistía Internacional trabaja en pro del respe- to de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales. Promueve la observancia de todos los derechos humanos, que considera interdependientes e indivisibles, con actividades de concienciación pública y otras acciones, así como por medio de la educación en derechos humanos y de la presión para que se ratifiquen y apliquen los tratados de derechos humanos. La labor de Amnistía Internacional se basa en una investigación cuidadosa y en las normas acor- dadas por la comunidad internacional. Amnistía Internacional es un movimiento democrático y autónomo de activistas voluntarios, con más de un millón de miembros y suscriptores repartidos en más de 140 países y territorios. Se financia en gran medida con las cuotas de sus miembros de todo el mundo y con donaciones del público. La organización ni solicita ni acepta contribu- ciones de gobiernos para realizar su labor de investigación y campañas contra la violación de dere- chos humanos. Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política y credo religio- so. No apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos intenta proteger. Su único interés es la protección imparcial de los derechos humanos. Amnistía Internacional emprende acciones para oponerse a algunas de las violaciones más gra- ves que cometen los gobiernos contra los derechos civiles y políticos de las personas. El objeti- vo principal de su activismo contra las violaciones de derechos humanos es:
— obtener la libertad de todos los presos de conciencia, es decir, según el Estatuto de la orga- nización, de las personas que han sido recluidas a causa de sus convicciones políticas, reli- giosas o cualquier otro motivo de conciencia, o en razón de su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otras circunstancias, siempre que no hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso;
— lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a todos los presos políticos;
— conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación de la tortura y los malos tratos;
— acabar con los homicidios políticos y las «desapariciones».
— poner fin a los abusos que cometen los grupos políticos armados, como la detención de per- sonas en calidad de presos de conciencia, la toma de rehenes, la tortura y los homicidios ilegítimos;
— acabar con los abusos graves contra los derechos humanos que cometen agentes no estata- les, como los que se cometen contra la mujer en el seno de la familia y de la comunidad, cuando pueda demostrarse que el Estado no ha actuado con la debida diligencia.
Amnistía Internacional también apoya la protección de los derechos humanos mediante otras actividades, como son su colaboración con las Naciones Unidas y organizaciones interguberna- mentales regionales, su labor en favor de los refugiados, y su trabajo sobre relaciones interna- cionales militares, de seguridad y policiales y sobre relaciones económicas y culturales.
© Radu Sigheti/Reuters/Popperfoto
Advertencia: Algunas de las fotografías y casos contenidos en este informe podrían herir la sensibilidad del lector.
Fotografía de cubierta. Una mujer rumana participa en una protesta contra la violencia doméstica convocada a raíz de la publicación por la edición rumana de la revista Playboy de un artículo titulado «Cómo pegar a su esposa sin dejar señales» en abril del 2000. La revista declaró que se trataba de una broma. © Radu Sigheti/Reuters/Popperfoto
EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI) Valderribas, 13 28007 Madrid España Teléfono: (34) 914 33 41 16 / 914 33 25 20 Fax: (34) 914 33 65 68 http://www.edai.org
Publicado originalmente en inglés el 8 de marzo del 2001 con el título Broken bodies, shattered minds. Torture and ill-treatment of women.
AMNESTY INTERNATIONAL PUBLICATIONS 1 Easton Street Londres WC1X 0DW Reino Unido
Índice AI: ACT 40/001/2001/s
Impreso por Artes Gráficas ENCO, S. L. Salaberry, 75 28019 Madrid, España
I.S.B.N.: 84 - 86874 - 69 - 6 Depósito legal: M - 6.089 - 2001
© Copyright Amnesty International Publications. Reservados todos los derechos. La reproducción de cual- quier apartado de esta publicación queda totalmente prohibida, así como su almacenamiento en la memo- ria de computadores, transmisión, fotocopia y grabación por medios electrónicos o mecánicos de reproducción, sin previa autorización de la editorial.
1. La tortura de la mujer en el hogar y en la comunidad
El hogar, un lugar de terror
Compra y venta de mujeres
Abusos en la comunidad
2. Cuando el Estado no garantiza el derecho de la mujer a no ser torturada
Ausencia de medios para obtener un resarcimiento legal
Ausencia de investigaciones: los prejuicios de la policía contra la mujer
Ausencia de enjuiciamiento y de castigo: la discriminación de la mujer en los tribunales
Obstáculos sociales y culturales al resarcimiento
3. Torturas a manos de agentes estatales y grupos armados
Tortura de mujeres bajo custodia
La tortura de mujeres en los conflictos armados
Mujer albano-kosovar en el campo de refugiados de Stenkovec de Macedonia. Alrededor de 850.000 albano-kosovares, en su mayoría mujeres y niños, huyeron o fueron expulsados de Kosovo entre marzo y junio de 1999. Todos ellos huían de violaciones graves de derechos humanos como detenciones arbitrarias, «desapariciones», torturas (incluida la violación) y homicidios. © Hazir Reka/Reuters/Popperfoto
«Volvió llorando. Nos dijo que la habían violado tres o cuatro soldados. Estuvo llorando mucho tiempo. Nos preguntó por qué mentíamos, dijo que sabía que tam- bién nos había pasado a nosotras.»
Una mujer de Suva Reka, Kosovo, 1999.
«Me pusieron una esponja mojada en la nuca e hicieron que me recostara sobre
]. Des-
pués me pusieron sobre otra mesa [
díllate” y me metieron lentamente la porra en el ano. De pronto me empujaron y
me obligaron a sentarme encima de la porra. Empecé a sangrar [
se subió sobre mí y me violó.»
Y trajeron una porra. Me dijeron: “Arro-
un banco eléctrico. Me dieron descargas eléctricas durante varias horas [
] uno de ellos
Los policías turcos que presuntamente torturaron a Zeynep Avci a finales de 1996 no fueron procesados.
Cuando tenía 15 años, los padres de G la vendieron como esposa a un vecino
a cambio de que éste les ayudara a pagar la hipoteca que gravaba su granja. El esposo de G la violaba y le daba palizas habitualmente, lo que le causó lesio- nes que requirieron hospitalización. G acudió a la policía en busca de protec- ción, pero le dijeron que no podían hacer nada porque era un asunto personal.
A los 20 años huyó con sus dos hijos, pero sus padres y su esposo la encontra-
ron, y su madre la sujetó mientras su esposo la pegaba con un palo. Después el hombre se llevó a los niños, a quienes G no ha vuelto a ver. G huyó a Estados Unidos y pidió asilo.
En el 2000, un juez de inmigración comunicó al abogado de G que iba a ordenar su devolución a El Salvador.
U NA mujer de un pueblo europeo destrozado por la guerra, una joven kurda
bajo custodia de la policía turca, una madre maltratada de Centroamérica que
pide asilo en Estados Unidos. A primera vista, no tienen en común más que
su condición de mujeres y el sufrimiento, pues ellas proceden de países dife-
rentes y de comunidades dispares, y los hombres que las agredieron, de
entornos muy distintos.
El hilo que une estos casos es que las tres mujeres han sido víctimas de la tortura. Las tres han tenido que padecer no sólo malos tratos físicos violentos, sino también el silencio o la indiferencia de las autoridades. En los tres casos, los hombres que abusa- ron de ellas cometieron sus crímenes con impunidad. En ninguno de los tres casos el Estado adoptó las medidas básicas necesarias para proteger a las mujeres de los malos tratos físicos y de los abusos sexuales. Por tanto, el Estado tiene parte de la responsa- bilidad del sufrimiento de estas mujeres, con independencia de si el torturador fue un soldado, un policía o un esposo violento. La tortura que se inflige a la mujer tiene sus raíces en una cultura global que niega a la mujer los mismos derechos que el hombre y que legitima la apropiación violenta del cuerpo de la mujer para satisfacer deseos individuales o para alcanzar fines políti- cos. Las organizaciones de mujeres y otros activistas de derechos humanos de todo el mundo han luchado con valentía en los últimos decenios para prevenir y combatir los abusos y lograr más igualdad para la mujer. En muchos países han conseguido enor- mes avances y, en el ámbito internacional, han modificado de forma irreversible los tér- minos en que se plantea el debate sobre los derechos humanos. Sin embargo, pese a todo lo que las mujeres del mundo han logrado para hacer valer sus derechos, la mujer sigue ganando menos que el hombre, tiene menos propiedades que el hombre y su acceso a la educación, al empleo y a la asistencia médica es también menor. La discriminación sigue prevaleciendo y negando a la mujer la plena igualdad política y económica con el hombre. La violencia contra la mujer 1 se alimenta de esta discriminación y sirve, a su vez, para reforzarla. Cuando se maltrata a una mujer detenida, cuando las fuerzas armadas violan a las mujeres como si fueran «botines de guerra», cuando una mujer sufre el terror de la violencia doméstica, lo que se manifiesta y se impone es una relación de poder desigual entre hombres y mujeres. Por otro lado, la violencia contra la mujer es agra- vada por la discriminación por razones de raza, etnia, orientación sexual, posición social, clase y edad. Esta discriminación múltiple limita aún más las opciones de la mujer, aumenta su vulnerabilidad ante la violencia y dificulta más todavía las posibilidades de obtener una reparación.
1 La Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define esta violencia como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada». La definición incluye «la violencia [
perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra», así como «la violencia [ produzca en la familia» y «dentro de la comunidad en general».
A veces los autores de estos actos de violencia son agentes del Estado como poli- cías, guardias penitenciarios o soldados. En otras ocasiones son miembros de gru- pos armados que se oponen al gobierno. Sin embargo, los autores de gran parte de
la violencia que sufren las mujeres en su vida cotidiana son las personas con quie-
nes comparten su vida, ya sea por ser miembros de su familia o de su comunidad,
o por ser sus empleadores. Lo que las mujeres padecen a manos de los hombres
que ejercen control sobre ellas es toda una gama de violencia sin solución de con- tinuidad. Amnistía Internacional ha documentado innumerables casos de mujeres torturadas bajo custodia. La organización ha denunciado el uso sistemático de la violencia sexual como arma de guerra en los conflictos armados. Desde 1997, investiga asimismo abu- sos que cometen ciudadanos particulares. 2 Para combatir la violencia contra la mujer Amnistía Internacional la inserta en el marco de los derechos humanos y hace hinca- pié en que, en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, los Estados tienen la responsabilidad de proteger a la mujer frente a la violencia, con independen- cia de que los actos de violencia sean cometidos por funcionarios públicos o a instigación
suya, o por ciudadanos particulares. 3 El presente informe explora las circunstancias en
las que la violencia contra la mujer, ya sea bajo custodia o en el hogar, constituye tor- tura. Como parte de su campaña para erradicar la tortura, Amnistía Internacional pide
a los Estados que rindan cuentas de todos los actos de tortura que se cometan contra mujeres, con independencia de su contexto y del autor.
Los tratados internacionales de derechos humanos no sólo regulan la conducta de los Estados y establecen límites para el ejercicio de su poder, sino que también exigen a los Estados que actúen para impedir que se cometan abusos contra los derechos huma- nos. El derecho internacional obliga a los Estados a tomar medidas firmes para prohi- bir y prevenir la tortura, así como para responder a los casos de tortura, con indepen- dencia del lugar donde ésta se cometa y de si el torturador es un agente del Estado o un ciudadano particular.
2 Amnistía Internacional es imparcial en sus denuncias de abusos contra los derechos huma-
nos y trata de abarcar todos los países del mundo. En este informe, dedicado a un área de tra-
bajo nueva para la organización, los ejemplos que se citan son reflejo de las regiones en las que se ha centrado su labor y, por tanto, muchos de ellos proceden del sur de Asia. Entre los infor- mes recientes que ha publicado la organización sobre abusos que cometen ciudadanos particu- lares figuran: Pakistán. Homicidios de niñas y mujeres por motivos de honor (Índice AI: ASA 33/18/99/s), Mutilación genital femenina: Carpeta de información (Índice AI: ACT 77/05/97/s) e Israel: Abusos sufridos por las mujeres objeto de trata procedentes de países de la ex Unión Soviética que ejercen la prostitución en Israel (Índice AI: MDE 15/17/00/s).
los derechos humanos de la mujer. La responsabilidad del Esta-
do en los abusos cometidos por «agentes no estatales» (Índice AI: IOR 50/01/00/s).
3 Respetar, proteger, observar
Artículo 1: «A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortu- ra” todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero informa- ción o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.»
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige que los Estados «garanticen» que nadie será sometido a tortura ni a malos tratos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano de expertos encargado de verificar el cum- plimiento del Pacto, ha manifestado: «El Estado Parte tiene el deber de brindar a toda persona, mediante medidas legislativas y de otra índole, la protección necesaria
contra los actos prohibidos por el artículo 7, sean infligidos por personas que actúen en el desempeño de sus funciones oficiales, al margen de dichas funciones o inclu- so a título privado.» 4 La Convención de la ONU contra la Tortura establece que el Estado es responsable
de los actos de tortura cometidos «por un funcionario público [
o con su consentimiento o aquiescencia». Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado que los Esta- dos han de tomar medidas para garantizar que nadie es sometido a tortura ni a malos tratos, incluido a manos de particulares. En 1998, el Tribunal declaró que el Reino Unido había conculcado el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que pro- híbe la tortura y los malos tratos, porque sus leyes nacionales no habían proporciona- do protección suficiente a un niño de nueve años a quien su padrastro había golpeado con una vara. 5 Los tratados de derechos humanos son «instrumentos vivientes», que van evolucio- nando y desarrollándose a lo largo del tiempo. Las decisiones que adoptan los órganos intergubernamentales que verifican el cumplimiento, por los Estados, de los tratados
], a instigación suya,
4 Observación General 20 sobre el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
5 A v. the United Kingdom (solicitud 25.599/94), sentencia de 23 de septiembre de 1998.
Manifestantes contra la violencia doméstica frente a la sede de la legislatura estatal, Boston (EE.UU.), octubre del 2000. En los carteles figuran los nombres de mujeres que, según los manifestantes, murieron el año anterior a causa de la violencia doméstica. © AP
internacionales y de las resoluciones de los tribunales nacionales, perfeccionan y con- cretan la interpretación de los actos que constituyen tortura. 6 Gracias en gran medida a los esfuerzos del movimiento mundial de mujeres, está cada vez más extendida la idea de que la tortura incluye, en determinadas circunstancias, los actos de violencia que come- ten ciudadanos particulares. Los actos de violencia contra la mujer constituyen tortura, por la que el Estado ha de responder, cuando son de la naturaleza y la gravedad contempladas en el concepto de tortura de las normas internacionales y cuando el Estado no ha cumplido su obligación de proporcionar una protección efectiva.
6 Según J. Crawford, relator especial sobre la responsabilidad de los Estados, de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, incluso la norma de la atribución especial contenida en el artículo 1 de la Convención sobre la Tortura, que limita la tortura a la cometida por los funcio- narios públicos, puede recibir una interpretación más flexible que la prevista cuando se redac- tó. Véase Revising the Draft Article on State Responsibility, 10 European Journal of Internatio- nal Law, 435-446 (1999), p. 440.
El daño que inflige un ciudadano particular a una mujer puede ser tan grave como el que sufre una mujer torturada por agentes del Estado. Las repercusiones a largo plazo de los malos tratos reiterados en el hogar son física y psicológicamente devastadores. Dondequiera que se produzca, la violación traumatiza y lesiona a la mujer. Las conse- cuencias médicas abarcan trauma psicológico, lesiones, embarazos no deseados, infer- tilidad y enfermedades que hacen peligrar la vida.
Muchos de los abusos que se infligen en el seno de la familia o de la comunidad son deliberados. Además, muchas veces se infligen por los mismos motivos por los que se tortura a los detenidos. A éstos se los suele torturar no sólo para obtener confesiones, sino también para infundirles terror, quebrar su voluntad, castigarlos y demostrar el poder de los torturadores. Los actos de tortura que se cometen en el seno de la familia o de la comunidad tienen propósitos similares: los autores buscan intimidar a la mujer para que obedezca, o castigarla por haber supuestamente deshonrado a su familia con su des- obediencia.
Kajal Khidr fue detenida por los familiares de su esposo en 1996, en el Kurdistán iraquí, estando embarazada. La acusaron de mantener relaciones sexuales extraconyugales, le cortaron la nariz y la amenazaron con matarla en cuanto naciera su hijo. Se fugó tras recibir tratamiento en un hospital y encontró protección en un refugio para mujeres de la ciudad de Sulaimaniya. Con la ayuda de activistas de derechos humanos, Kajal Khidr huyó al extranjero y recibió asilo. © Particular
Quienes cometen actos de violencia contra la mujer en el hogar y en la comunidad son ciudadanos particulares, pero esto no significa necesariamente que el Estado no tiene responsabilidad en la comisión de dichos actos. En virtud del derecho internacional, el Estado tiene una responsabilidad evidente en los abusos contra los derechos humanos que cometen los «agentes no estatales» —es decir, personas y organizaciones que actúan fuera del marco del Estado y de sus órga- nos—. En el ámbito internacional, la responsabilidad del Estado en dichos actos es muy concreta: se lo puede considerar responsable de una violación de derechos humanos debi- do a su relación con los agentes no estatales, o por no haber tomado medidas razona- bles para impedir que se cometiera un abuso o para responder ante él. La responsabi- lidad del Estado se clasifica de diferentes formas que incluyen la complicidad, el consentimiento o la aquiescencia, la omisión de la debida diligencia y la inacción a la hora de proporcionar una protección igual para prevenir y castigar los abusos que cometen los particulares. En todas estas circunstancias, el Estado está permitiendo que continúe la violencia contra la mujer, y en este informe, cuando se habla de la ausen- cia de protección del Estado, se incluye la complicidad, el consentimiento, la aquies- cencia y la ausencia de la debida diligencia.
El concepto de debida diligencia describe el esfuerzo mínimo que ha de realizar el Esta- do para cumplir su obligación de proteger a los ciudadanos de los abusos. La relatora
especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer ha declarado que: «[
puede incurrir en complicidad si, de manera sistemática, no brinda protección a un par- ticular que se vea privado de sus derechos humanos por cualquier otra persona.» 7 La debida diligencia incluye tomar medidas eficaces para prevenir los abusos, investigar éstos cuando se producen, perseguir a los presuntos autores y hacer que comparezcan ante la justicia en procedimientos imparciales, así como garantizar una reparación ade- cuada, incluidas una indemnización y el resarcimiento. También significa garantizar que se hace justicia sin discriminación de ningún tipo. La norma de la debida diligencia fue articulada y aplicada por un tribunal regional de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró: «Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputa- ble directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haber- se identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad interna- cional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.» 8
] el Estado
7 E/CN 4/1996/53, párrafo 32.
8 Caso Velásquez Rodríguez (ser. C.), núm. 4, sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 172.
Amnistía Internacional considera que los actos de violencia contra la mujer cometidos en el seno del hogar y de la comunidad constituyen tortura, por la que el Estado ha de res- ponder, cuando son de la naturaleza y la gravedad contempladas en el concepto de tor- tura de las normas internacionales y cuando el Estado no ha cumplido su obligación de proporcionar una protección efectiva.
La Corte afirmó asimismo: «El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razo- nablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su juris- dicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.» 9 No obstante, la Corte señaló que una sola violación de derechos humanos o una sola investigación ineficaz no estable- ce que ha habido falta de la debida diligencia por parte de un Estado. La inacción del Estado se refleja en diversas áreas, como la inexistencia de medi- das preventivas adecuadas, la indiferencia de la policía ante los abusos, la no tipifica- ción de éstos como delito, la discriminación de la mujer en el sistema judicial, y la exis- tencia de procedimientos legales que obstaculizan la imparcialidad de los procesamientos penales. Para muchas mujeres víctimas de la violencia, obtener reparación y resarci- miento legales es difícil, cuando no imposible. Lo más habitual es que muchos actos de violencia contra la mujer queden envueltos en impunidad e indiferencia. Centrar la atención en la falta de protección que el Estado brinda a los ciudadanos frente al daño que infligen otros ciudadanos y en cómo se puede hacer rendir cuentas al Estado por su parte de responsabilidad en dicho daño no significa ignorar la res- ponsabilidad de quien comete el abuso. En todos los casos, los autores materiales deben ser juzgados y castigados imparcialmente por sus delitos.
9 Ibídem, párrafo 174.
«U N diente arrancado en un estallido de ira, una pierna rota en una brutal
agresión, una vida segada entre gritos de terror en medio de la noche.
El conocidísimo paisaje de la violencia doméstica en Kenia está salpi-
cado de historias trágicas, de un número extraordinario de víctimas
mutiladas y desposeídas, de niños sin hogar abocados a la delincuencia,
de corazones heridos que gritan de vergüenza. Seguimos contando a
los muertos, pues cada día sucumbe a un golpe mortal una nueva víctima.» Éste es el
resumen de un artículo por el que su autora obtuvo un prestigioso galardón. 10 Aunque
a veces los artículos sobre abusos contra mujeres son recibidos con aplausos, comba-
tir estos abusos exige tiempo, recursos, imaginación, voluntad política, y un compro- miso inquebrantable con los derechos de la mujer. Los Estados tienen el deber de garantizar que nadie es sometido a tortura ni a malos tratos, con independencia de que éstos sean cometidos por agentes oficiales del Esta- do o ciudadanos particulares. Pero lejos de proporcionar una protección adecuada
a la mujer, hay Estados en todo el mundo que son cómplices de estos abusos, que
los encubren y los consienten y que permiten que continúen cometiéndose libre- mente.
10 En abril del 2000, Wanja N. Githinji obtuvo el premio que concede la CNN al periodista más destacado del año.
Mujeres dalit en una audiencia pública sobre la violencia contra miembros de la comuni- dad dalit celebrada en Chennai (India) en 1998. (Dalit significa literalmente «personas rotas» y se aplica a los miembros de las castas clasificadas, antes conocidos como «intocables».) Los dalit son un grupo social desfavorecido y las mujeres dalit son habitualmente víctimas de la violencia. © Tamil Nadu Women’s Forum
Cada año, la violencia en el hogar y en la comu- nidad destruye las vidas de millones de mujeres. En junio del 2000, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, reconoció que desde la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
cinco años antes, la violencia contra la mujer había aumentado pese a haberse convertido en un acto ilegal en casi todo el mundo. 11 La violencia contra la mujer tiene sus raíces en la discriminación, y a su vez la refuerza. Otra faceta de la responsabilidad del Estado respecto de los abusos que sufre la mujer es su inacción a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades para ambos sexos en los ámbitos de la educación,
la vivienda, la alimentación, el empleo y el acce-
so al poder estatal formal. 12 La pervivencia de la discriminación de la mujer contribuye a que no par- ticipe lo suficiente en la toma de decisiones. Es
esencial que se oiga su voz en todos los niveles del Estado para que la mujer pueda aportar políticas que contrarresten los abusos y combatan la dis- criminación. Las mujeres pobres y socialmente margina- das son especialmente vulnerables a la tortura
y a los malos tratos. En muchos casos, las polí-
ticas y prácticas racistas y sexistas agravan la violencia que sufren, y aumentan su vulnerabi- lidad ante nuevos actos de violencia. Las nor- mas sociales y culturales que niegan a la mujer
la igualdad de derechos con el hombre también la hacen más vulnerable a los malos tratos físi- cos y psicológicos, y a los abusos sexuales. El común denominador es la discri- minación de la mujer, que se le nieguen ciertos derechos humanos fundamentales
por el mero hecho de que es mujer.
«Sin excepción, el mayor riesgo de violencia para la mujer procede, no del “peli- gro que representa un desconocido”, sino de los hombres a los que conoce, a menu-
11 AFP, 5 de junio del 2000.
12 Documento de la ONU E/CN.4/2000/68, párrafos 54-60.
do los varones de su familia o su esposo [
es similar en todo el mundo», concluye un importante estudio realizado reciente- mente. 13 La violencia doméstica es un fenómeno auténticamente global; aunque las cifras varían en función de los países, el sufrimiento y sus causas son parecidos en todo el mundo.
lo sorprendente es que el problema
La violencia doméstica como tortura o malos tratos
K, de la República Democrática del Congo (ex Zaire), estaba casada con un oficial del ejército que la torturaba regularmente con palizas y patadas, muchas veces en presen- cia de sus hijos. Su esposo la violó en varias ocasiones y le contagió enfermedades de transmisión sexual. También la amenazaba de muerte a menudo con una pistola. Duran- te uno de estos incidentes, le hizo saltar un diente, le dislocó la mandíbula y le propi- nó un puñetazo tan fuerte en el ojo que necesitó puntos de sutura y tuvo problemas con- tinuos en la nariz, el cuello, la cabeza, la columna, la cadera y un pie. K, que finalmente pidió asilo en Estados Unidos, dijo que era inútil acudir a la policía, en parte debido a las relaciones de su esposo con la familia gobernante, y en parte porque «las mujeres no son nada en el Congo». Un juez de inmigración estadounidense calificó de «atro- cidades» los abusos que había sufrido, pero denegó su solicitud de asilo, resolución que confirmó el tribunal de apelación de inmigración. En el pasado, la violencia contra la mujer en el hogar se consideraba un asunto pri- vado, y no una cuestión de derechos civiles y políticos. Actualmente, la comunidad inter- nacional reconoce expresamente que la violencia contra la mujer es una cuestión de dere- chos humanos que implica la responsabilidad del Estado. Según datos del Banco Mundial, al menos el 20 por ciento de las mujeres del mundo han sufrido malos tratos físicos o agresiones sexuales. Los informes oficiales de Esta- dos Unidos dicen que cada 15 segundos hay una mujer que sufre malos tratos, y que 700.000 mujeres son violadas al año. En la India, unos estudios han concluido que más del 40 por ciento de las mujeres casadas dicen haber sufrido patadas, bofetones o abu- sos sexuales por el descontento de su esposo con la comida o la limpieza, por celos, y diversos motivos más. 14 En Kenia, al menos 60 mujeres perdieron la vida debido a la violencia doméstica entre 1998 y 1999, y el 35 por ciento de las mujeres de Egipto afir- man haber sufrido palizas a manos de sus esposos. 15 Para millones de mujeres, el hogar no es un refugio, sino un lugar de terror. La violencia doméstica es una violación del derecho de la mujer a la integridad física. A veces dura años y aumenta con el tiempo. Puede causar problemas graves de salud a largo plazo, más allá de las lesiones inmediatas; las consecuencias físi-
13 Ending Violence Against Women, estudio basado en más de 50 encuestas de población, fue
publicado por el Programa de Información sobre la Población, de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), a principios del 2000.
14 Scream quietly, or the neighbours will hear, Indian Express, 29 de agosto del 2000.
15 UNICEF, Domestic Violence Against Women and Girls, mayo del 2000.
Bina, de Bangladesh, lleva una foto- grafía suya tomada antes de que le arrojaran ácido en la cara. Actualmen-
te vive en EE.UU., es corredora del
equipo de atletismo de la universidad
y está en espera de ser sometida
a cirugía plástica. Se calcula que en Bangladesh se producen alrededor de 200 casos de
agresiones con ácido al año, en su mayoría obra de pretendientes recha- zados y de esposos. La desfiguración causada es permanente y muy doloro- sa. Muchas mujeres pierden la vista y
a menudo el ácido une permanente-
mente la barbilla al pecho o los labios
a la nariz. El dolor y la angustia son agravados por el miedo (a menudo justificado) al rechazo del esposo, de la familia y de la comunidad. © Ugo Panella
cas y psicológicas parecen ser acumulativas y pueden persistir incluso cuando la vio- lencia ha cesado. La violencia en el hogar intimida, degrada y humilla, y destruye la autoestima. La violencia doméstica adopta muchas formas. Recientemente, y en gran medida gracias a los esfuerzos de las organizaciones de mujeres de Asia, la opinión pública ha conocido la relacionada con la dote. Aunque nadie sabe el número de mujeres indias golpeadas, quemadas o víctimas de otras agresiones físicas en relación con las exi- gencias de la dote, la declaración del gobierno indio de que en 1998 se habían denun- ciado 6.929 muertes relacionadas con la dote da una perspectiva de la escala del problema. Mujeres de todas las clases, razas, religiones y edades sufren actos de violencia a manos de los hombres con quienes comparten su vida. Pero algunos grupos de mujeres son especialmente vulnerables a la violencia en el hogar, como las emplea- das domésticas y las mujeres sometidas a matrimonio forzado. Si el Estado no toma medidas para prevenir, perseguir y castigar estos actos, esta violencia puede constituir tortura.
Tortura y malos tratos de empleadas domésticas
Es habitual que las empleadas domésticas, muchas de las cuales son extranjeras, sufran malos tratos a manos de sus empleadores. Las mujeres que han entrado ilegalmente en el país, que son víctimas de trata o a quienes han robado sus documentos son aún más susceptibles de sufrir abusos, y lo más probable es que no logren obtener una repara- ción legal. En Arabia Saudí, las empleadas domésticas extranjeras, que en su mayoría proce- den del sur y del sureste de Asia, suelen estar estrictamente aisladas del resto de la socie- dad. Por lo general, sus empleadores les confiscan los pasaportes y las confinan en la casa en la que trabajan. También pueden transferirlas a otros empleadores sin su con- sentimiento. Estas trabajadoras no gozan de la protección que las leyes laborales sau- díes ofrecen a otros trabajadores. Ni siquiera pueden salir de la casa para pedir ayuda, pues en Arabia Saudí las mujeres no pueden ir a lugares públicos si no es acompaña- das de un mahram: un familiar varón con quien no se les permitiría contraer matrimonio. Nasiroh es una joven indonesia que viajó a Arabia Saudí en 1993 para trabajar como empleada doméstica. 16 Según contó a Amnistía Internacional, fue sometidas a abusos
Nasiroh, ciudadana indonesia que trabaja en Arabia Saudí, sufrió abusos a manos de su empleador y de la policía. Pasó cinco años en una prisión saudí sin saber que había sido declarada culpable de un delito. © AI
16 Arabia Saudí: Las mujeres, víctimas de abusos graves contra los derechos humanos (Índice AI: MDE 23/57/00/s).
sexuales por su empleador, falsamente acusada del asesinato de éste, y torturada y sometida a más abusos sexuales por la policía durante dos años de detención en régi- men de incomunicación. Los funcionarios de su embajada no la visitaron ni una sola vez. El juicio fue tan rápido que no supo que la habían declarado culpable. Sigue sin saber cuál es el «delito» por el que estuvo cinco años en prisión. Los abusos contra las empleadas domésticas no son exclusivos de una sola región del mundo. Muchas empleadas domésticas de Estados Unidos, especialmente las que están en situación ilegal, viven en condiciones de trabajo forzoso, tienen confiscados sus pasaportes y sufren diversos abusos. En el Reino Unido, entre 1987 y 1998 se documentaron más de 2.000 casos de abusos a empleadas domésticas que incluían actos de agresión física y violencia sexual. La mayoría de las mujeres eran extranjeras cuya situación legal les impedía cambiar de empleador, pues si dejaban de trabajar para él, se convertían en «inmigrantes ilegales». 17
Tortura y malos tratos de mujeres en matrimonios forzados
En algunos países, las mujeres y las niñas sufren torturas y malos tratos tras ser obli- gadas, normalmente por sus padres, a contraer matrimonio. El matrimonio forzado constituye en sí mismo una violación de derechos humanos, y es el contexto en el que se producen las relaciones sexuales no consentidas y la violencia física. El matrimonio forzado conculca el requisito del consentimiento libre y pleno de ambas partes inherente al derecho al matrimonio. La Declaración Universal de Dere- chos Humanos establece: «Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio». Los matrimonios forzados vulneran tam- bién otros derechos de la mujer, como el derecho a no ser discriminada, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, y el derecho a no ser sometida a esclavitud
y prácticas análogas. 18 Los matrimonios de niñas, que no están en condiciones de dar su consentimiento infor- mado a las relaciones sexuales, constituyen una violación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que proclama su derecho a no sufrir abusos sexuales. Estos matri- monios precoces exponen a las niñas, a veces prepúberes y, por lo general, inmaduras,
a relaciones sexuales no consentidas que equivalen a abuso sexual de menores. 19 Los matrimonios forzados —es decir, los que se contraen sin el consentimiento de uno o de ninguno de los dos miembros de la pareja— existen en diversas culturas y tra- diciones. Generalmente es el consentimiento de la mujer el que no se solicita o su dis- conformidad la que se ignora. En muchos países del mundo, los padres negocian el matri- monio con los padres del futuro esposo, haciendo caso omiso de los deseos de su hija.
17 KALAYAAN, organización de activistas en favor de las empleadas domésticas.
18 El reconocimiento de que el matrimonio forzado es una práctica similar a la esclavitud se
basa en un tratado internacional: la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Escla-
vitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, de 1956.
19 Change, Non-Consensual Sex in Marriage: A worldwide programme, Londres, Reino
Unido, noviembre del 2000.
En grandes zonas de Pakistán, los padres de los futuros esposos negocian un «acuer- do» matrimonial que incluye el pago de un «precio por la novia». Esta práctica tiene muchas semejanzas con la esclavitud. Aunque también los varones paquistaníes son obli- gados a contraer matrimonios concertados, ellos tienen al menos la posibilidad de casarse con una segunda esposa de su elección y de divorciarse con facilidad de una esposa impuesta. En cambio, cuando una joven intenta negarse a acatar las decisiones de sus padres, suele ser sometida a malos tratos físicos. Por ejemplo, Humaira Khokar, de Okara (provincia de Punjab), se casó con un hombre de su elección en lugar de con el hombre que había elegido su padre. La encerraron en la casa de sus padres, y cuan- do se fugó para reunirse con su esposo, la persiguieron, y la secuestraron en el aero- puerto de Karachi cuando la pareja intentaba huir del país. La amenazaron de muerte reiteradamente y probablemente salvó la vida gracias a la oportuna intervención de las activistas locales. Su esposo denunció que, en el aeropuerto de Karachi, los familiares
de su esposa «le arrancaron el velo y la arrastraron del pelo por el vestíbulo, nos pega- ron a los dos. Muchas personas presenciaron nuestro suplicio, pero todas tenían miedo
y nadie se atrevió a ayudar». 20 Jóvenes originarias del sur de Asia, nacidas y educadas en un país occidental, y que en muchos casos poseían doble nacionalidad, han sido secuestradas por sus familiares
y casadas por la fuerza en el país de origen de sus padres con hombres a los que no cono-
cían y con quienes no querían casarse. 21 Según los medios de comunicación, se pro- ducen hasta 1.000 casos de este tipo al año entre mujeres británicas de origen asiático. Por lo general, se atrae u obliga a las jóvenes a viajar al sur de Asia con el pretexto de visitar a un pariente enfermo o de unas vacaciones. A su llegada, se les suele confis- car el pasaporte y se las encarcela de hecho en el hogar familiar hasta el día de la boda.
Tortura y malos tratos en nombre del «honor»
«Las mujeres trabajamos en el campo de sol a sol, soportamos el calor, sudamos y tra- bajamos sin descanso y nos pasamos el día temblando, sin saber quién puede posar sus ojos sobre nosotras. Estamos permanentemente expuestas a ser acusadas y declaradas
kari [literalmente «mujer negra», sospechosa de mantener relaciones sexuales ilícitas]
y asesinadas». 22 Testimonio de una joven paquistaní. Niñas y mujeres de todas las edades son agredidas en nombre del honor en países de todas las regiones del mundo, acusadas de deshonrar a sus familias y a su comu- nidad con su conducta. Las conductas reprobadas van de simplemente conversar con
20 Véase Pakistan: Violence against women in the name of honour (Índice AI: ASA 33/17/99).
21 Para un estudio detallado de las cuestiones legales que afectan al secuestro de mujeres ori-
ginarias del sur de Asia para obligarlas a contraer un matrimonio no deseado, véase Submission by the International Centre for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS), Ain O Salish Kendra (ASK) and Shirkat Gah to the Home Office Working Group: Information Gathering Exercise on Forced Marriages, marzo del 2000.
22 Attiya Dawood, Karo-kari: A question of honour, but whose honour?, Feminista, 2(3/4),
un vecino varón hasta mantener relaciones sexuales extraconyugales. A veces incluyen actos cometidos por un hombre contra la voluntad de la mujer. La mera percepción de que una mujer ha infringido el código de conducta sexual daña el honor. El régimen del honor es implacable: las mujeres sobre quienes recae la sos- pecha no tienen la oportunidad de defenderse, y los miembros de la familia no tie- nen más alternativa aceptada socialmente que lavar la mancha en su honor agre- diendo a la mujer. El trato de la mujer como si fuera un objeto —propiedad de sus familiares varones— contribuye a esta forma de violencia contra la mujer. Cuando se resuelve un conflicto entregando a una mujer o cuando se pone en cuestión su castidad, lo que está en juego son los derechos de propiedad. En los delitos cometidos por motivos de honor se con- sidera que la culpable es la víctima y que quien ha sufrido la pérdida del honor es el varón al que «pertenecía»; en consecuencia, es él el agraviado y quien tiene las sim- patías de la comunidad. Los denominados «delitos por honor», incluidos torturas y homicidios, se denuncian en varios países, como Irak, Jordania y Turquía. Aunque, por lo general, los autores están convencidos de la rectitud de sus actos, la aprobación social está disminuyendo lenta- mente en Jordania, posiblemente debido a la repercusión de las críticas, públicas y directas, que ha formulado la familia real sobre estos crímenes.
Los abusos contra el derecho de la mujer a no sufrir tortura rara vez se producen de forma aislada. La negación del derecho a la igualdad, agravada a menudo por la dis- criminación por motivos de raza, etnia o clase, facilita que se cometan más abusos. La pobreza, la falta de educación y las desigualdades en el acceso a la salud impli- can la negación de unos derechos sociales y económicos fundamentales, y también limitan el acceso de la mujer a una reparación. Las mujeres que han sido compra- das y vendidas —tanto las víctimas de la trata como las que trabajan en condicio- nes de servidumbre por deudas— pocas veces reciben una reparación y apoyo si piden ayuda; por el contrario, la osadía de denunciar su situación suele acarrearles más cas- tigos.
Tortura y malos tratos de mujeres objeto de trata
«Tuve una crisis nerviosa. Quería escapar de ese lugar y pedí a un cliente que me ayu- dara. Resultó que era uno de ellos y los propietarios me dieron una paliza. No había ningún lugar a donde huir; las ventanas tenían barrotes y había guardaespaldas todo el tiempo, día y noche.» Valentina, psicóloga y trabajadora social ucraniana de 27 años, llegó a Israel en agosto de 1998. Creía que iba a trabajar como representante de una empresa. Le quitaron el dinero, el pasaporte y el pasaje de regreso y la llevaron a un apartamento donde estuvo encerrada dos meses y donde fue obligada a trabajar como prostituta.
«Las condiciones eran terribles. A una muchacha la forzaron a “trabajar” ocho meses en el sótano. Había mucha humedad y contrajo tuberculosis. La mayoría de las muchachas tenían enfermedades, venéreas y otras del aparato reproductor. Ni siquie-
ra les deseo a mis enemigos que pasen por lo que pasamos allí.»
Valentina logró huir finalmente, pero fue detenida en marzo de 1999 por no tener la
documentación en regla ni visado. Tenía miedo de declarar contra el hombre que la había vendido a los propietarios del burdel porque sabía dónde vivía su familia en Ucrania. Cuando la entrevistó Amnistía Internacional, no sabía cuánto tiempo iban a tenerla en prisión las autoridades israelíes ni cuándo le permitirían regresar a su casa. La trata de personas es la tercera fuente de ingresos de la delincuencia organiza- da internacional, después del tráfico de drogas y de armas, y genera anualmente miles de millones de dólares. La ONU cree que cada año cuatro millones de personas son víctimas de esta trata. La mayoría de los gobiernos apenas ha comenzado a ocuparse del problema, y lo hace desde una perspectiva más de orden público que de dere- chos humanos. La escala del problema es enorme. Según un informe del Departamento de Estado estadounidense hecho público en el 2000, cada año entran en Estados Unidos entre
45.000 y 50.000 mujeres y niños víctimas de esta trata. Según los informes, en China,
una campaña nacional contra la trata de personas desembocó en el rescate de más de
10.000 mujeres y niños en el primer mes. Las autoridades afirman que las mujeres iban
a ser vendidas para ejercer la prostitución en el sur o para casarlas por la fuerza con campesinos. 23
A las mujeres las atraen mediante engaños, y luego las coaccionan, transportan, com-
pran y venden para explotarlas de diversas formas, como el trabajo forzado, incluido el trabajo doméstico forzado, y la explotación sexual, como el turismo sexual y el matrimonio forzado. A algunas las engañan totalmente acerca de la naturaleza del tra- bajo que van a realizar; a otras les cuentan medias verdades y luego las obligan a rea-
lizar el trabajo; otras conocen la naturaleza de ese trabajo, pero no las condiciones en las que lo desempeñarán y no tienen otra alternativa económica viable. Las mujeres objeto de tráfico son sometidas a diversos abusos contra los derechos humanos, muchos de los cuales constituyen tortura o malos tratos. Las que están des- tinadas a la explotación sexual suelen sufrir abusos sexuales y violaciones con el fin de quebrarlas mental y emocionalmente y obligarlas a prostituirse. Muchas son golpeadas
y violadas como represalia por intentar huir o por negarse a mantener relaciones sexua-
les con los clientes. Pese a los riesgos de contraer el VIH/SIDA, se las castiga por negarse a mantener relaciones sin protección. Además de la violencia física, las mujeres objeto de trata sufren otros abusos, como el confinamiento ilegal, la confiscación de sus documentos de identidad, e incluso la esclavización. Estos abusos se ven agravados por el trato que les dispensan los fun-
cionarios públicos, que las tratan como si fueran delincuentes en lugar de víctimas.
23 AFP, 10 de mayo del 2000.
La trata de personas está prohibida en varios tratados internacionales de derechos huma- nos, como la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud. Por su parte, la Con- vención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con- tra la Mujer establece: «Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explo- tación de la prostitución de la mujer». La Asamblea General de la ONU adoptó en noviembre del 2000 una nueva Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que incluye un Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.
Tortura y malos tratos de mujeres sometidas a condiciones de servidumbre por deudas
En todo el mundo, hay millones de personas que viven en condiciones de servidum- bre por deudas y trabajan sin remuneración para devolver préstamos contraídos con pro- pietarios de tierras o empleadores. Familias enteras adquieren esta condición cuando necesitan un préstamo debido a una enfermedad, una cosecha malograda o un com- promiso familiar costoso, como una boda. Estas familias se ven obligadas a vivir donde trabajan y sólo el cabeza de familia percibe un salario que no cubre los gastos de manu- tención de toda la familia, por lo que deben pedir nuevos préstamos. La mayoría de los trabajadores en servidumbre por deudas son analfabetos y carecen de conocimientos elementales de aritmética, por lo que no pueden demostrar que han devuelto el prés- tamo recibido, a veces varias veces su valor, con su trabajo y el de sus esposas e hijos. En algunos casos, estos trabajadores son vendidos y comprados, e incluso se vende a parte de una familia a otros, sin tener en cuenta los lazos de parentesco. La servidum- bre por deudas está reconocida como una práctica análoga a la esclavitud. 24 Los trabajadores sometidos a la servidumbre por deudas son objeto de confina- miento ilegal, abusos y amenazas. Muchos de sus «propietarios» los encierran después de la jornada laboral, a veces encadenados, para impedir que huyan o para castigarlos. Los propietarios de las tierras y sus administradores suelen mandar llamar a muje- res y niñas e insisten en tener relaciones sexuales con ellas. Una mujer sometida a ser- vidumbre por deudas en Pakistán declaró a Amnistía Internacional: «A todas nos vio- laron varios hombres. ¿Qué podíamos hacer si nos llamaban? A veces ni siquiera se molestaban en llamarnos y nos tomaban en presencia de nuestros esposos e hijos. No
también violaron a algunas de nuestras hijas,
Varias de nosotras nos quedamos embarazadas como
Nuestros esposos no podían hacer nada; si
desobedecían, los encerraban o los mandaban afuera.»
consecuencia de estas violaciones [
les importaba nuestra vergüenza [ algunas sólo tenían 10, 11 años [
24 La Convención sobre la Esclavitud (1926) define la esclavitud como «el estado o condi- ción de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos».
Trabajadoras sometidas a servidumbre por deudas. © Shakil Pathan /Anti-Slavery International
Las mujeres que no viven conforme a lo que la sociedad espera de ellas suelen ser víc- timas no sólo del ostracismo, sino también de tratos violentos. La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer ha declarado: «En la mayoría de las comuni- dades, la opción de la mujer en materia de actividad sexual se limita al matrimonio con un hombre de la misma comunidad. La mujer que elige un camino que no cuenta con la aprobación de la comunidad, ya sea mantener relaciones sexuales con un hombre sin
estar casada, o mantener esas relaciones con personas ajenas a la etnia, religión o clase de su comunidad, o que expresa su sexualidad mediante formas distintas de la hetero-
sexualidad, suele ser víctima de violencia y tratos degradantes [
El vínculo que une el control de la sexualidad de la mujer con la violencia contra la mujer va más allá de castigar a quienes transgreden las normas aceptadas. Millones de niñas han sido sometidas al trauma y al dolor de la mutilación genital femenina.
25 Informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuen- cias, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/1997/47, 12 de febrero de 1997.
La mutilación genital femenina consiste en la extirpación de parte de los órganos geni- tales externos femeninos o de todos ellos. Conlleva la ablación del clítoris y, en algu- nas ocasiones, también la escisión o la infibulación de los labios menores o mayores, dejando sólo una pequeña abertura para la expulsión de la orina y de la sangre mens- trual. La operación provoca en ciertos casos hemorragias abundantes, infecciones, traumas y dolor. A menudo dificulta, más adelante, las relaciones sexuales y el parto
de las víctimas. En muchos países esta práctica está unida a ritos de paso para la mujer. Según los informes, está extendida en países como Burkina Faso, Chad, Egipto, Eri- trea, Etiopía, Gambia, Malí, Nigeria y Sierra Leona, así como en algunas partes de Sudán
y Yibuti, y también es habitual en algunas comunidades del sur de Asia. Los datos de
la Organización Mundial de la Salud dicen que cada año sufren esta aterradora y dolo- rosa experiencia dos millones de niñas. En todo el mundo, entre 100 y 140 millones de mujeres aproximadamente han sido víctimas de algún tipo de mutilación genital. Las organizaciones de mujeres de África y de otras partes del mundo se oponen a
esta práctica porque vulnera el derecho a la integridad física. Sus detractores conside- ran que la mutilación genital femenina es una forma especialmente violenta de controlar
la sexualidad de la mujer. En agosto del 2000, la Subcomisión de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos de la ONU afirmó que los gobiernos debían movilizar a la opi- nión pública «especialmente mediante la educación, la información y la capacitación,
a fin de erradicar por completo estas prácticas». 26 La tipificación de la mutilación genital femenina como delito no ha estado exento de problemas, pues ha propiciado que la realicen clandestinamente personas sin cono- cimientos, y ha disuadido a algunas mujeres de pedir ayuda médica por miedo a ser pro- cesadas. En Tanzania, donde más del 85 por ciento de las mujeres del medio rural han sufrido este tipo de mutilación, se promulgó en 1998 una ley que tipificaba como deli- to su aplicación a las mujeres menores de 18 años, aunque se adoptaron pocas medi- das más para frenar la práctica. Los activistas de derechos humanos han denunciado
que algunas personas se llevan a las niñas a Kenia para realizar ahí la mutilación. Una activista tanzana afirmó: «La práctica está aumentando pese a los esfuerzos concerta-
dos para frenarla [
porque recibe un fuerte apoyo de los ancianos y de las jóvenes
que tienen miedo a no ser aceptadas en la comunidad por su familia y sus iguales». 27 Varios grupos étnicos, como los masais y los chaggas, consideran que la mutilación geni- tal femenina es un legado importante y necesario para ser aceptados tras la muerte entre los espíritus de los antepasados. Un grupo de derechos humanos está promo- viendo un experimento entre los masais en el que se mantienen las ceremonias de ini- ciación, pero sin que se lleve a cabo la mutilación en sí. En Malí, donde según los informes el 80 por ciento aproximadamente de las niñas y mujeres son sometidas a mutilación genital, las activistas que trabajan para
26 Documento de la ONU E/CN.4/SUB.2/RES/2000/10, de agosto del 2000, párrafos 2 y 17.
27 Helen Kijo-Bisimba, del Centro Jurídico de Derechos Humanos, Dar es Salam, Panafri-
can News Agency, 12 de agosto del 2000.
Cientos de mujeres se manifiestan en Nairobi (Kenia) en protesta por la violencia contra la mujer. Esta manifestante lleva un cartel que dice:
«Gracias, mamá, por no circuncidarme». © AP
erradicar la práctica han recibido amenazas de muerte. Fatoumata Sire declaró: «Me han amenazado de muerte, han intentado incendiarme la casa, he sufrido tres acci- dentes de automóvil y, todos los días, la radio islámica de Bamako emite maldicio- nes contra mí». 28 En la actualidad, en África, la mayoría de los activistas se dedica fundamentalmen- te no a persuadir a los hombres del carácter abusivo de la mutilación genital femeni- na, sino a convencer a trabajadoras de la salud respetadas en sus comunidades de los peligros para la salud que conlleva la práctica y de lo perniciosa que es. Una parte esen- cial de esta labor consiste en facilitar a estas personas actividades alternativas de cate- goría social similar y que generen ingresos. La persuasión ha logrado una reducción significativa de la práctica en Guinea, donde en agosto del 2000, después de catorce años de campaña, entregaron sus cuchillos ceremoniales cientos de mujeres que se dedicaban tradicionalmente a realizar la operación.
28 Ruth Evans: Cutting out a tradition in Mali, BBC News, 21 de agosto del 2000.
Activista de AI en la celebración del Día del Orgullo Gay en París (Francia), con un cartel que llama la atención sobre los abusos contra los derechos humanos de gays y lesbianas. La regulación por el Estado y la comunidad de la sexualidad de la mujer suele hacerla vulnerable a la violencia y a los tratos degradantes. © AI/Nicky Warden
D ESDE el momento en que Rodi Adalí Alvarado Peña se casó con un oficial
del ejército guatemalteco, cuando tenía 16 años, fue víctima de abusos
intensivos, y todos sus esfuerzos para obtener ayuda fueron en vano. Su espo-
so la violó en reiteradas ocasiones, intentó poner fin a su segundo embara-
zo dándole patadas en la columna, le dislocó la mandíbula, trató de cortar-
le las manos con un machete, le dio patadas en la vagina y le golpeó la
cabeza contra el cristal de las ventanas. También la aterrorizaba alardeando de que podía matar a civiles inocentes con impunidad. A pesar de que muchas de las agresiones se cometieron en público, la policía no la ayudó en absoluto. En una ocasión, presentó una denuncia y su esposo hizo caso omiso a tres citaciones sin que tomaran ninguna medida contra él. La experiencia de Rodi Alvarado Peña muestra algunas de las muchas formas en que numerosos Estados del mundo incumplen su responsabilidad respecto de la protección de la mujer. Los actos de violencia contra la mujer deben estar prohibidos en las leyes
y tipificados como delito. Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente para garanti- zar que las mujeres no sufren torturas ni malos tratos. La Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (véase el recuadro) y la Cuarta Conferencia de la ONU sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, establecen ciertas medidas que han de adoptar los gobiernos para eliminar la
Beirut (Líbano), septiembre del 2000. Miles de mujeres participan en una marcha por los derechos de la mujer y contra la discriminación sexual y la violencia, dentro del marco de la Marcha Mundial de la Mujer. © Nabil Ramadan/Reuters/Popperfoto
violencia contra la mujer. 29 Entre ellas figuran revisar las leyes nacionales a fin de garan- tizar su eficacia para eliminar la violencia contra la mujer y hacer hincapié en el enjui- ciamiento de los infractores, facilitar a la mujer el acceso a los mecanismos de la jus- ticia para obtener un resarcimiento efectivo y promover políticas contra la violencia contra la mujer, incluido impartir formación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, al personal policial y judicial, y a trabajadores médicos y sociales. La implan- tación de estas medidas es uno de los indicadores que sirven para medir la voluntad y la capacidad de un Estado para proteger a la mujer frente a los actos de tortura. Como ha señalado la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, «este requisito de debida diligencia no se limita a la legislación o la penalización», 30 sino que abarca toda una serie de enfoques que incluyen la formación de los funcio-
29 Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, documento de la ONU A/CONF.177/20
(1995), párrafos 124 a 130.
30 Documento de la ONU E/CN.4/1996/53, párrafo 141.
DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EXTRACTOS DEL ARTÍCULO 4:
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política enca- minada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán:
a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de adherirse a ella o de retirar sus reservas a esa Convención;
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legis-
lación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos per- petrados por el Estado o por particulares;
d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y admi-
nistrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a
lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos;
e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para promover la
protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin
en los planes existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que puedan proporcionar las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que se ocupan de la cuestión de la violencia contra la mujer.
narios públicos, la educación, la «desmistificación de la violencia doméstica» y otras medidas. 31 Quienes defienden la violencia contra la mujer, incluidos algunos gobiernos, han ale- gado en ocasiones que hay que respetar las costumbres y las tradiciones que desembocan en abusos contra la mujer por ser auténticas manifestaciones de la cultura de una nación o de una comunidad que no pueden analizarse desde la perspectiva de los derechos huma-
31 Documento de la ONU E/CN.4/2000/68, párrafo 53.
nos. Estas opiniones no tienen en cuenta que las prácticas culturales pueden ser al mismo tiempo el contexto de las violaciones de derechos humanos y su justificación, y que ocultan la falta de voluntad para tomar medidas firmes destinadas a poner fin a prácticas discriminatorias. Amnistía Internacional celebra la riqueza de la diversidad de culturas, y considera que la universalidad de los derechos humanos no sólo no niega esta diversidad, sino que se beneficia de ella. La contribución de diferentes culturas enriquece la interpre- tación de los derechos humanos y les da la forma y el idioma locales. Al mismo tiem- po que reconoce la importancia de la diversidad cultural, Amnistía Internacional defien- de con firmeza la universalidad de todos los derechos humanos, incluidos los derechos
fundamentales a la vida y a no ser sometido a tortura ni a malos tratos. El Estado tiene el deber de garantizar la plena protección de estos derechos, si es necesario moderan- do las tradiciones por medio de la educación y de las leyes. Como ha señalado la rela-
tora especial sobre la violencia contra la mujer, «[
los Estados tienen la obligación
activa de hacer frente a esas prácticas culturales de la comunidad que generan violen- cia contra la mujer y la degradan y humillan, con lo que le impiden el pleno disfrute de sus derechos humanos. Las normas internacionales exigen que los Estados apli- quen políticas concertadas con objeto de erradicar esas prácticas incluso si sus defen-
sores aducen que éstas tienen sus raíces en creencias y rituales religiosos.» 32
En todo el mundo hay gobiernos que incumplen su obligación de garantizar un resar- cimiento legal a las mujeres que han sufrido abusos. La discriminación de la mujer en esta área incluye la pervivencia de leyes inadecuadas contra los abusos y de defectos institucionales en el proceso de justicia penal que incluyen la actuación de la policía y del poder judicial. A menudo estos defectos se refuerzan mutuamente. Muchos abusos contra la mujer no están tipificados como delitos en las leyes nacio- nales. En numerosos países, las leyes relativas a la violación son inadecuadas. La mayor parte de los países carece de una ley que considere delito la violación conyu- gal: los resultados preliminares de un estudio realizado por la organización no guber- namental de mujeres Change indican que, en todo el mundo, sólo 27 países han legis- lado contra la violación en el seno del matrimonio. 33 El matrimonio forzado tampoco está reconocido como delito en muchos países, y la trata de mujeres se considera más un delito desde el punto de vista del orden público o de la inmigración ilegal, que desde la perspectiva de la protección de los derechos de las víctimas.
32 Documento de la ONU E/CN.4/1997/47.
33 Change, Non-Consensual Sex in Marriage: A worldwide programme, Londres, Reino
Unido, noviembre del 2000. Al redactar el presente informe no se disponía aún de los resulta- dos definitivos del estudio.
Una mujer con una alarma que le proporcionará ayuda rápida en caso de agresión. Un proyecto sobre violencia doméstica incluye que los tribunales de Schenectady (Nueva York, EE.UU.) entreguen estas alarmas a las mujeres cuando consideran que corren un riesgo grave de ser agredidas por sus esposos. © Viviane Moos/Saba/Network
Ausencia de resarcimiento para las mujeres objeto de trata
Las mujeres objeto de trata tienen dificultades especiales para obtener un resarci- miento, ya que en muchas partes del mundo se las considera como delincuentes en lugar de como víctimas. 34 La trata de personas implica la captación, el transporte, la compra o venta de seres humanos mediante la violencia, el secuestro, la fuerza, el fraude, el engaño, la coacción o la servidumbre por deudas, con fines de explo- tación. 35
34 La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer ha subrayado el papel que
desempeñan las políticas oficiales contra la inmigración en el hecho de que se considere como
delincuentes a las víctimas de la trata, y de que muchos gobiernos equiparen inmigración ilegal con trata de personas. E/CN.4/2000/68, párrafos 43 a 46.
35 Véase relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, documento de la ONU
E/CN.4/2000/68, resumen ejecutivo. El nuevo Protocolo a la Convención de la ONU contra la Delin- cuencia Organizada Transnacional (véase supra) contiene, en su artículo 3.a, una definición
muy útil de trata.
Cuando el Estado no prohíbe los actos de violencia contra la mujer o no establece una pro- tección legal adecuada frente a estos actos, infringe por omisión su obligación de proteger. Los actos de violencia contra la mujer constituyen tortura cuando son de la naturaleza y la gravedad contempladas en el concepto de tortura y cuando el Estado no ha facilitado una protección efectiva.
En diciembre de 1998, fueron detenidas en Toronto 53 mujeres asiáticas objeto de trata y varios agentes y proxenetas que las habían comprado para introducirlas ilegalmente en el país y que las habían obligado a ejercer la prostitución en pago de la deuda contraída por transportarlas al Canadá. Las mujeres fueron acusadas formalmente de delitos rela- cionados con la prostitución y de infringir la Ley de Inmigración. Los traficantes no fue- ron acusados formalmente de torturar ni de practicar la esclavitud sexual, sino del delito menos grave de confinar por la fuerza. «No obstante, la fuerza pública vaciló en denomi- nar la operación esclavitud sexual porque mediaban contratos en virtud de los cuales se confiscaban los documentos de viaje de las mujeres, se restringía su circulación y se las obligaba a pagar su deuda realizando entre 400 y 500 actos sexuales. Como algunas ha- bían acordado emigrar para trabajar en la industria del sexo, la fuerza pública sacó la con- clusión de que «sabían exactamente en qué estaban metiéndose». 36 El Comité de Derechos Humanos formuló una observación sobre el trato que reci- bían las mujeres objeto de trata en Israel y manifestó: «[El Comité] deplora que muje- res llevadas a Israel para ejercer la prostitución, muchas de las cuales han sido lleva- das engañadas o coaccionadas, no estén protegidas como víctimas de un tráfico sino sujetas a penas de deportación como resultado de su presencia ilegal en Israel. Este plan- teamiento del problema impide en realidad que esas mujeres puedan pedir reparación por la violación de sus derechos en virtud del artículo 8 del Pacto. El Comité recomienda que se hagan serios esfuerzos para buscar y castigar a los traficantes, que se establez- can programas de rehabilitación para las víctimas y que se garantice que éstas puedan utilizar las vías legales de recurso contra los delincuentes.» 37 En julio del 2000, el Parlamento israelí tipificó como delito la compra y venta de seres humanos para ejer- cer la prostitución.
] Las polí-
políticas de exclusión infle-
ticas contra la inmigración son cómplices de la trata [
xibles, impuestas a fuerza de severas penas y deportación, alimentan la trata [
menos probable que las economías basadas en la trata —resultado de la combinación de oferta, demanda e ilicitud—, prevalezcan cuando existen oportunidades de trabajo para trabajadores migratorios legales.» 38
La relatora especial sobre la violencia contra la mujer ha señalado que: «[
36 E/CN.4/2000/68, párrafo 45.
37 CCPR/C/79/Add. 93, Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos, adopta-
das el 28 de julio de 1998, párrafo 16.
38 E/CN.4/2000/68, párrafos 61-65.
Las mujeres paquistaníes que han sido violadas y que no pueden aportar cuatro testigos que demuestren que no dieron su consentimiento son encarceladas por mantener relaciones sexuales ilícitas. Calabozos del Tribunal Central de Karachi (Pakistán). © Kayte Brimacombe/Network
Ausencia de resarcimiento para las mujeres violadas
En la India, la ley aplicable a las pruebas en los casos de violación establece que «cuan- do un hombre es enjuiciado por violación o intento de violación, podrá mostrar que la denunciante tenía una reputación general de inmoralidad». 39 Sin embargo, podrá no tener- se en cuenta la reputación del acusado. 40 Esta disposición hace casi imposible que las mujeres que ejercen la prostitución obtengan resarcimiento por una violación. Además, la ley india no exige que la policía remita a las mujeres que denuncian una violación a ser sometidas a un reconocimiento médico inmediato, por lo que a menudo se pier- den pruebas médicas. En Pakistán existen obstáculos legales específicos para denunciar abusos sexuales. La ley relativa a la violación está formulada de tal forma que si la víctima no prue- ba la ausencia de consentimiento, podría ser acusada a su vez de zina (fornicación), delito castigado con la muerte por lapidación o la flagelación pública. Las organiza- ciones de mujeres luchan, infructuosamente por el momento, para que se modifique la ley, a fin de que las mujeres violadas puedan denunciar el delito sin correr peligro.
39 Artículo 155.4 de la Ley de Pruebas.
40 Artículo 54.1 de la Ley de Pruebas.
En estas circunstancias, Amnistía Internacional considera que el gobierno es cómpli- ce de la tortura que se inflige a las mujeres.
Restricciones que obstaculizan la obtención de resarcimiento
Las restricciones a la libertad de circulación, a las iniciativas y a los derechos lega- les de la mujer pueden obstaculizar aún más el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia. En Arabia Saudí, las mujeres que salen de su casa para pedir ayuda a la policía corren el riesgo de ser detenidas por estar en un lugar público sin ir acompañadas de un familiar varón, como un hermano o un tío, y por lo general son devueltas a la misma situación de la que tratan de huir. En Pakistán, las mujeres del medio rural casi no saben cómo desenvolverse en el mundo exterior, más allá de las tierras de la familia, no tienen acceso al dinero y suscitarían sospechas al instante si caminaran fuera de su pueblo o tomaran un autobús. En algunos países, las mujeres no pueden acudir personalmente a los tribunales: sus fami- liares varones se ocupan de representar sus intereses. Por ejemplo, en Arabia Saudí se con- sidera vergonzoso que una mujer comparezca ante un tribunal para reclamar sus derechos.
Respuestas legales inadecuadas
Algunos gobiernos han promulgado leyes contra abusos que en la práctica han desem- bocado en nuevas violaciones de derechos humanos. Según los informes, en mayo del 2000 el gobierno de Suazilandia estaba terminando de redactar una ley para someter a castración química a los condenados por violación como respuesta al aumento del 10 por ciento de las denuncias de este delito en el año anterior. El proyecto de ley no sólo podría vulnerar la prohibición de imponer castigos crueles, inhumanos y degradantes, sino que además trata la violación sólo desde el punto de vista de la gratificación sexual, cuando, en esencia, es «una forma de ejercer el poder sobre otra persona. Hay hombres impotentes que han cometido violaciones con botellas de cerveza». 41 De modo similar, en marzo de 1997 el gobierno paquistaní amplió la aplicación de la pena de muerte a la violación en grupo, antes castigada con 25 años de prisión. El gobierno indio también ha introducido leyes que castigan la violación con la pena de muerte, como respuesta «populista» a este delito. Amnistía Internacional considera que la pena de muerte constituye en sí misma una violación de los derechos humanos. En ninguno de los países donde se ha introducido la pena capital para la violación en grupo ha disminuido ésta su frecuencia. En Filipinas, de los más de 1.500 condenados a muerte, al menos la mitad lo fueron por violación, no obstante lo cual siguen aumen- tando las denuncias por dicho delito. Amnistía Internacional se opone firmemente a los castigos que en sí mismos vulneran los derechos humanos, como los castigos corpo- rales judiciales y la pena de muerte.
41 Dra. Rebecca Malepe, activista de derechos humanos en Suazilandia.
AUSENCIA DE INVESTIGACIONES:
LOS PREJUICIOS DE LA POLICÍA CONTRA LA MUJER
Las normas internacionales exigen que las denuncias e informes de violencia contra la mujer se investiguen con rapidez, imparcialidad y eficacia. Sin embargo, a menudo la realidad es muy distinta. En muchas partes del mundo, lo normal es que la policía no investigue los abusos que denuncian las mujeres, tratando la violencia en el hogar no como un asunto penal o una cuestión relacionada con los derechos humanos, sino como algo perteneciente al ámbito doméstico sobre lo cual no tienen ninguna respon- sabilidad. Cuando las mujeres pertenecen a minorías raciales, étnicas o religiosas, la policía suele mostrarse más reacia aún a intervenir, ya sea por «sensibilidad cultural» mal entendida o por prejuicios raciales. Los gobiernos rara vez abordan los prejuicios de la policía hacia la mujer, pese a la obligación que han contraído ante la comunidad internacional de erradicarlos. Las autoridades casi nunca investigan las denuncias en este sentido, ni imponen las medi- das disciplinarias pertinentes a los agentes que discriminan a las víctimas cuando son mujeres, y tampoco capacitan a todos los agentes policiales sobre la forma en que deben tratar las denuncias de violencia contra la mujer. Pocos gobiernos reclutan sufi- cientes agentes de policía femeninos, esenciales porque, en muchas sociedades, a las mujeres víctimas de la violencia les resulta difícil relatar ante un policía varón detalles íntimos de los malos tratos físicos que han sufrido. A menudo la policía comparte las actitudes de quienes cometen actos de violencia contra la mujer, y los protege, ya sea de forma consciente o inconsciente. Muchas veces envía a las mujeres maltratadas de vuelta a casa, en lugar de tramitar la denun- cia. En algunas ocasiones aconsejan la mediación y la reconciliación sin darse cuenta de que, normalmente, las mujeres que acuden a ellos ya han aceptado todo lo que son capaces de aguantar. En numerosos casos, la policía humilla a las víctimas, agravan- do su sufrimiento en lugar de aliviarlo. Según un estudio sobre la violencia doméstica en Tailandia, las mujeres maltratadas eran estigmatizadas en la sociedad e ignoradas por el sistema de justicia penal, lo que hacía excepcional que obtuvieran un resarcimiento legal. La policía solía aconsejar a las mujeres que se reconciliaran con sus parejas tras el incidente de violencia. Si la mujer insistía en formular cargos, generalmente tenía que pagar un soborno para que la denun-
Cuando un Estado no investiga las denuncias de violencia contra la mujer, infringe por omi- sión su obligación de proteger. Los actos de violencia contra la mujer constituyen tortu- ra cuando son de la naturaleza y la gravedad contempladas en el concepto de tortura y cuando el Estado no ha facilitado una protección efectiva.
Arabia Saudí. Karsini Binti Sandi, trabajadora doméstica indonesia, fue víctima de abusos de sus empleadores y amenazada por la policía cuando pidió ayuda. Huyó a Indonesia en enero del 2000. © AI
cia siguiera adelante. El estudio reveló también que ni la policía ni el poder judicial daban importancia a los casos de violación y de violencia doméstica. 42 En la India, cuando las mujeres víctimas de la violencia doméstica acuden a la poli- cía, suelen ser presionadas para que acepten un compromiso. Incluso cuando insisten, la policía es reacia a formalizar una denuncia penal. Las mujeres violadas que tratan de formular una denuncia suelen ser objeto de mofa. Las mujeres maltratadas se muestran reacias a pedir ayuda a la policía por diversas razones. Según el Estudio sobre la Delincuencia en Gran Bretaña, la mayoría de las muje- res sólo denuncia la violencia doméstica después de recibir agresiones reiteradas, y la mayor parte de las mujeres maltratadas oculta sus lesiones por miedo a enfurecer aún más al maltratador, por vergüenza o porque se consideran de algún modo culpables. Las estadísticas del gobierno canadiense indican que más del 75 por ciento de las mujeres agredidas de gravedad por sus esposos no denunciaron el incidente a la policía. A veces las mujeres no tratan de pedir ayuda a la policía porque saben que es inú- til. Una mujer de Arabia Saudí explicaba: «Mi esposo era muy violento. En cerca de cinco ocasiones me dio tal paliza que tuve que recibir tratamiento en el hospital [
en Arabia Saudí todos saben que la policía no habría
No servía de nada ir a la policía [
ayudado; se habrían limitado a mandarme de regreso junto a mi esposo. En cualquier caso, mi esposo ocupaba un alto cargo y no es probable que la policía hubiera queri-
do intervenir». 43
42 Estudio financiado por el Banco Mundial, AFP, 9 de mayo del 2000.
43 Arabia Saudí: Las mujeres, víctimas de graves abusos contra los derechos humanos (Índice
AI: MDE 23/57/00/s).
En el Reino Unido, las mujeres que acuden a la policía porque temen ser secuestra- das y casadas por la fuerza suelen encontrarse con la inacción por respuesta. Muchas veces esto «parece deberse a arraigados prejuicios contra la mujer y prejuicios cultu- rales, específicamente a la suposición de que el matrimonio forzado es un “asunto de familia” y una práctica que tiene su origen en creencias religiosas o prácticas cultura- les y que, por tanto, no requiere una intervención externa». 44 Una joven a quien la poli- cía británica devolvió a su familia pese a que expresó el temor a ser secuestrada, fue llevada a la India y obligada a casarse. Finalmente se la pudo localizar y devolver al Reino Unido. 45
AUSENCIA DE ENJUICIAMIENTO Y DE CASTIGO:
LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN LOS TRIBUNALES
El 22 de septiembre de 1992, Bhanwari Devi, trabajadora de desarrollo rural invo- lucrada activamente en la erradicación del matrimonio infantil en la India, fue vio- lada por cinco hombres de una casta superior en el pueblo de Bhateri (Rajastán). Inicialmente, la policía se negó a tramitar la declaración de la mujer, así como a que le hicieran un reconocimiento médico. Según los informes, en la investigación que finalmente inició el gobierno debido a las protestas que suscitó el caso, Bhan- wari Devi fue sometida a un interrogatorio penoso e impertinente. La investiga- ción concluyó declarando ciertas sus manifestaciones y se formularon cargos con- tra cinco hombres. El juicio comenzó en un tribunal inferior en noviembre de 1994. En la sentencia dictada en noviembre de 1995, el tribunal declaró que el retra- so en denunciar los hechos ante la policía y en la realización del reconocimiento médico eran indicio de que la mujer había inventado la historia. El tribunal seña- laba, además, que era imposible que los hechos hubieran sucedido porque los hombres de las castas superiores no violarían a una mujer de una casta inferior. Los acusados fueron absueltos del cargo de violación en grupo, aunque se los condenó por otros delitos menores. Durante todo el tiempo que duró el proceso, la víctima recibió presiones de miembros de la comunidad local y de políticos para que retirase la denuncia. Los jueces son parte de la sociedad en la que viven y reflejan sus valores culturales, sus normas morales y sus prejuicios. Superar los prejuicios es un requisito previo que ha de cumplir cualquier autoridad judicial, pero la discriminación de la mujer y la negativa a interpretar la violencia contra la mujer como una cuestión de derechos humanos hacen que a menudo los prejuicios empañen el desarrollo de los juicios, así como las decisiones y las sentencias.
44 Submission by the International Centre for the Legal Protection of Human Rights
(INTERIGHTS), Ain O Salish Kendra (ASK) and Shirkat Gah to the Home Office Working Group, marzo del 2000, p. 3.
45 Re KR, 1999 [2] FLR 542.
Suiza, octubre del 2000. Manifestación por los derechos de la mujer, dentro del marco de la Marcha Mundial de la Mujer. © AP
En Italia, en febrero de 1999, el Tribunal Supremo (Tribunal de Casación) anuló la
sentencia dictada por un tribunal de apelación en la que se declaraba a un profesor de autoescuela culpable de violar a una alumna de 18 años. El Tribunal Supremo, seña- lando que la víctima vestía unos pantalones vaqueros cuando se cometió el delito,
que los pantalones vaqueros no se pueden quitar
ni siquiera parcialmente sin la cooperación activa de quien los lleva [
imposible si la víctima lucha con todas sus fuerzas». El tribunal resolvió que esto indi- caba que la víctima había consentido en mantener la relación sexual, concluyó que no se había demostrado la existencia de una violación y remitió el sumario a otro tribu- nal de apelación para que se celebrara un nuevo juicio. En junio de 1997, la Corte Suprema de México decidió que la violación conyugal no constituía violación, sino sólo el «ejercicio indebido de un derecho». Posterior- mente, el Congreso anuló la resolución. En la India, la Comisión Nacional de la Mujer afirmaba lo siguiente en su informe
observó: «Es de todos conocido [
] y ello resulta
anual de 1995-1996, en relación con los obstáculos que afronta la mujer en los casos de violación: «Muchos de estos casos no llegan a ser juzgados ante los tribunales, en
parte por motivos de vergüenza y de honor, y en parte debido a las difíciles y compli- cadas leyes de procedimiento vigentes. También se observó que la policía se muestra generalmente apática a la hora de registrar las denuncias de violación. Incluso en los
casos que llegan a los tribunales para ser juzgados [
mostrado sensibles hacia el trauma sufrido por las víctimas, no sólo cuando se come- tió el delito, sino tampoco durante el juicio. Además, los tribunales no tienen en cuen-
ta en absoluto el estigma social y el ostracismo que ha de afrontar la víctima de una vio-
lación durante el resto de su vida [
En Filipinas no es nada habitual que las mujeres denuncien ante las autoridades casos de violación y de acoso sexual. A la mujer le es sumamente difícil denunciar ante la policía una violación y seguir la tramitación del caso hasta llegar a juicio. Las infor- maciones de los medios de comunicación suelen ser sensacionalistas e indiscretas, y los casos tardan años en llegar a los tribunales. Según los informes, en algunos casos los jueces desestiman los cargos, incluso cuando los acusados son policías, basándo- se en parte en la creencia de que la mujer tenía experiencia sexual. Los prejuicios contra la mujer entre los responsables de administrar la justicia se ven agravados por los problemas que existen dentro del marco jurídico en aspectos como la tipificación de los delitos de violación y agresión sexual, la definición del consen-
timiento, la naturaleza de las pruebas necesarias y las normas que regulan el contrain- terrogatorio de las víctimas. Estos factores alienan y deshumanizan aún más a las víc- timas y hacen que, en todo el mundo, los índices de condena por delitos de violencia contra la mujer sean muy bajos. Además, globalmente, el número de jueces mujeres que juzgan casos de abusos es demasiado reducido. En muchas partes del mundo, las leyes permiten que se exhiban ante el tribunal los antecedentes sexuales de las mujeres violadas, lo que les causa humillación y angus- tia, y que la defensa califique a la víctima de «mujer fácil». En el Reino Unido, hasta julio del 2000, en que se modificó la legislación, los varones acusados de violación o de agresión sexual que no eran defendidos por un abogado podían contrainterrogar a las víctimas casi sin limitaciones, lo que obligaba a éstas a revivir en público todos los detalles de su pesadilla. En Nigeria, algunas mujeres violadas pueden no obtener justicia y son reacias a denunciar los hechos por miedo a ser castigadas a su vez con penas como la flagela- ción pública. A principios de septiembre del 2000, Bariya Ibrahim Magazu, de 17 años, fue condenada a recibir 180 golpes de vara en el estado de Zamfara, en el norte de Nigeria. No fue defendida por ningún abogado y no pudo proponer testigos que corro- borasen su afirmación de que la habían forzado tres hombres, uno de los cuales la dejó embarazada. La condenaron a 100 azotes por tener relaciones sexuales fuera del matri- monio y a otros 80 por acusar en falso a los tres hombres. La condena se ejecutó en enero del 2001, después de que diera a luz. A finales de septiembre del 2000, también en el estado de Zamfara, Aishat Dutsi y su esposo Haruna fueron condenados a 80 azotes públicos cada uno, al parecer por acu- sar en falso a un dirigente del pueblo de mantener relaciones sexuales con su hija. El gobierno federal nigeriano ha aconsejado a los ciudadanos que consideren que los tri- bunales estatales han violado sus derechos constitucionales a recurrir ante tribunales
nuestros tribunales no se habían
superiores, incluido el Tribunal Supremo. No obstante, las condenas suelen ejecutar- se inmediatamente después de su imposición, y la mayoría de los procesados carece de medios para apelar. Se desconoce qué medidas ha adoptado el gobierno federal para proteger a estas personas de los castigos corporales brutales; por ejemplo, no hay datos que indiquen que haya solicitado mandamientos judiciales para impedir que se ejecu- ten los castigos. En muchos países, las mujeres que tratan de obtener justicia se enfrentan a obstáculos económicos insalvables. La falta de dinero, así como de educación, son factores que influyen negativamente en las mujeres que tratan de obtener un resarcimiento legal por los abusos que han sufrido. Los programas de difusión de derechos y de asistencia jurídica gratuita escasean donde más falta hacen. En ciertos países, la corrupción impregna el poder judicial, y hay más hombres que mujeres que pueden ofrecer incen- tivos económicos para obtener el resultado que desean. Aunque los jueces se suelen mostrar indulgentes con los hombres que maltratan a las mujeres, al evaluar la responsabilidad de una mujer respecto de los delitos que comete muchos no consideran pertinente tener en cuenta la violencia doméstica seve- ra de la que ha sido víctima. En mayo de 1995, Indravani Pamela Ramjattan fue con- denada a muerte en Trinidad y Tobago por el asesinato de su compañero en 1991. Durante el juicio, los abogados presentaron pruebas de los años de abusos y violencia que había sufrido la mujer, incluidas palizas, amenazas de muerte y violaciones. Pese
a ello, fue declarada culpable de asesinato, que conlleva la pena de muerte preceptiva.
En 1999, un tribunal de apelación rebajó la calificación de asesinato a la de homicidio
y la condenó a un total de 13 años de prisión basándose en pruebas psiquiátricas que
mostraban que, en el momento en que mató a su compañero, padecía el «síndrome de la mujer maltratada». En noviembre de 1999, una empleada doméstica de Sri Lanka fue condenada a dos meses de prisión en Dubai por romper un ejemplar del Corán como protesta por los seis meses de abusos sexuales a que la habían sometido su empleador y los dos hijos de éste. La mujer denunció los abusos ante el tribunal y declaró que no había encontrado modo de huir. La respuesta de las autoridades judiciales fue aconsejar a las familias que te- nían criadas no musulmanas que mantuvieran los textos sagrados fuera de su alcance. Según los informes, no se ha abierto ninguna investigación sobre la denuncia de vio- lación, y tampoco se ha procesado a nadie.
Cuando el Estado no enjuicia y castiga a los responsables de actos de violencia contra la mujer, infringe por omisión su obligación de proteger. Los actos de violencia contra la mujer constituyen tortura cuando son de la naturaleza y la gravedad contempladas en el con- cepto de tortura y cuando el Estado no ha facilitado una protección efectiva.
El hecho de que las mujeres no siempre pueden obtener un resarcimiento por los abu- sos sufridos se debe a varias razones, muchas de las cuales tienen sus raíces en que se priva a la mujer de sus derechos económicos, sociales y culturales. En muchas partes del mundo, la dependencia económica y unos servicios sociales inadecuados obligan a las mujeres a soportar abusos continuos. Por lo general, las mujeres maltratadas no tienen a dónde ir, dinero para mantenerse o mantener a sus hijos, ni medios económicos para buscar asesoramiento jurídico a fin de obtener un resarci- miento. Muchas mujeres maltratadas no tienen posibilidad de recibir asesoramiento jurí- dico gratuito. Las privaciones sociales y económicas van acompañadas de la ignoran- cia sobre sus derechos legales y sobre el funcionamiento de la justicia penal, por lo que las mujeres suelen desconocer qué alternativas tienen. A veces temen, justificada- mente, sufrir más humillaciones por parte de la policía, y la posibilidad de ser devuel- tas a su hogar y sufrir más abusos. O temen por la seguridad de sus hijos, o perder su custodia. Según el Estudio sobre la Delincuencia en Gran Bretaña, por ejemplo, la mayoría de las mujeres sólo denunció la violencia doméstica después de haber sufri- do malos tratos violentos entre 35 y 40 veces. Organizaciones no gubernamentales de todo el mundo han asumido muchas de las obligaciones del Estado en las áreas del apoyo y el resarcimiento para las mujeres víc- timas de abusos, facilitando alojamiento, apoyo emocional, asistencia jurídica y ayuda económica temporal. Sin embargo, sus recursos son escasos. En Francia, por ejemplo, el gobierno contribuye a financiar sólo dos líneas de asesoramiento telefónico para todo el país, una de las cuales está dirigida a víctimas de la violencia doméstica, y la otra a mujeres violadas. 46 En casi todas partes, los refugios para mujeres maltratadas, ya sean estatales o ges- tionados por organizaciones no gubernamentales, reciben muy pocos fondos o son demasiado escasos para proporcionar asistencia a todas las mujeres que la necesitan. En Arabia Saudí, las asociaciones de mujeres están controladas por el gobierno y no existen refugios de mujeres. En Pakistán, las mujeres sólo tienen acceso a los refugios regentados por el Estado en virtud de una orden judicial, y el régimen de vida en ellos es de semidetención. En ciertos países, la inexistencia de refugios para mujeres hace que algunas muje- res sean encarceladas para protegerlas, mientras sus agresores permanecen en libertad. En Jordania, muchas reclusas siguen en las cárceles tras haber cumplido condena por- que no se sienten seguras regresando con sus familias. En julio del 2000, el director del Centro Penitenciario y de Rehabilitación Femenino declaró que, de las 214 internas del centro, 35 estaban allí «para su propia protección, por temor a lo que puedan hacerles
46 Las dos líneas de asesoramiento telefónico están atendidas por un total de 20 trabajado- res remunerados. Véase République Française, Rapport sur la mise en oeuvre par la France des recommandations du programme d’action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes:
Pékin Plus Cinq, octubre de 1999. Estas cifras no incluyen los servicios que prestan las auto- ridades locales.
La cuñada de Anastazia Balán¯ova muestra la camisa de dormir de ésta manchada de sangre. El 20 de agosto del 2000, tres hombres irrumpieron en una casa de Zilina, en el norte de Eslovaquia, y golpearon con bates de béisbol a Anastazia Balán¯ova y a sus hijas. Anastazia murió tres días después, y dos de sus hijas resultaron heridas. Pese a la rapidez de la reacción de las autoridades en este caso, el Estado no protege a las víctimas de la violencia antirromaní ni enjuicia a los responsables, lo que ha contribuido a crear un clima en el que se ha extendido la violencia racista contra los romaníes por parte de bandas de «cabezas rapadas». © Julie Denesha/The Prague Post
Algunas viven indefinidamente en la cárcel, otras no están condena-
das por ningún delito, y otras han cumplido ya la condena pero no pueden salir en liber- tad porque tememos por su seguridad». 47 La violencia doméstica no sólo daña el cuerpo de la mujer, sino que también puede debilitar o destruir su autoestima y su voluntad de oponer resistencia y reclamar un resar- cimiento. La subordinación de la mujer al varón sigue siendo aceptada de forma gene- ralizada en todas las culturas, incluso por la propia mujer, y se supone que está auto- rizada por «el orden natural», la religión o la tradición. Un estudio sobre la violencia sexual en los populosos distritos metropolitanos del sur de Johanesburgo 48 reveló que
sus familias [
47 AFP, 7 de julio del 2000.
48 Beyond Victims and Villains, The culture of sexual violence in South Johannesburg, estu-
dio realizado por CIET Africa y el Ayuntamiento Metropolitano del Sur de Johanesburgo (Gran Johanesburgo), presentado en junio del 2000.
las niñas y las mujeres, especialmente las que vivían en la pobreza, toleraban un grado sorprendente de violencia sexual y de discriminación. Más de la mitad de las entrevistadas creían que las mujeres eran responsables en parte de los abusos sexuales, y el 12 por ciento de las jóvenes pensaba que no tenía derecho a ofrecer resistencia ante un abuso. Muchas veces las mujeres soportan los abusos en silencio, aceptando su suerte; de hecho, las mujeres suelen sentirse responsables del daño que se les inflige. En muchas culturas, la posición social de la mujer se define únicamente en relación con su padre o su esposo. Abandonar el hogar por abusos exige un coraje extraordinario, pues a los abusos sufridos podría sumarse el aislamiento social y el hostigamiento, ya que es la mujer quien soporta el estigma del divorcio o del fracaso de una relación, y el de des- truir a la familia. Tradicionalmente, se supone que la mujer casada ha otorgado su consentimiento permanente a mantener relaciones sexuales con su esposo y que no tiene derecho a negar- se. De modo similar, suele suponerse que la mujer que ejerce la prostitución ha renun- ciado a su derecho a negarse a mantener una relación, y se considera injustificada su resistencia a mantenerla por la fuerza. Varias mujeres nepalíes que habían sido objeto de trata y trabajaban en burdeles de la India, rescatadas por organizaciones no guber- namentales y devueltas a su país, sufrieron el ostracismo en sus comunidades, pues eran consideradas inmorales, en lugar de víctimas de un comercio cruel. 49 Cuando el Estado no garantiza a la mujer el disfrute de sus derechos sociales, eco- nómicos y culturales, obstaculiza aún más su acceso al resarcimiento por actos de vio- lencia y propicia la persistencia de la tortura y los malos tratos.
49 Effective check on trafficking of women urged, Dawn, Karachi, 6 de mayo del 2000.
Según los informes, Victoriana Vázquez Sánchez (izquierda), de 50 años, y miembro de la comunidad indígena mixteca de Barrio Nuevo San José (estado de Guerrero, México), fue violada por soldados mexicanos en abril de 1999. Había salido de la comunidad junto con una familiar a buscar a un joven y a un niño de su familia que habían ido a la cosecha y no habían regresado. Al parecer, los soldados capturaron y violaron a las mujeres cerca de sus tierras. Los cuerpos de sus dos familiares fueron encontrados más de dos semanas después. © Particular
P OR todo el mundo, las mujeres sufren torturas a manos de policías, soldados y
otros funcionarios. Mujeres de todas las edades, grupos étnicos, clases y creen-
cias han sido sometidas a violencia física y sexual mientras estaban bajo custo-
dia oficial o en manos de grupos políticos armados.
La tortura se emplea como instrumento de represión política, para aislar y castigar a las mujeres que cuestionan el orden dominante ya sea por medios no violentos o tomando las armas. Sin embargo, la mayoría de las mujeres torturadas por agentes del Estado son presuntas autoras de delitos comunes. En muchos países, las palizas bru- tales y otros malos tratos físicos y psicológicos son el trato habitual que se inflige a las mujeres detenidas por delitos comunes o a las mujeres de sectores marginados que entran en contacto con la ley. En la mayoría de los países, el origen racial, étnico o religioso de las mujeres, o su pobreza, las hacen especialmente vulnerables a los actos de tortu- ra y de malos tratos.
Amnistía Internacional ha investigado innumerables casos de tortura o de trato cruel infligidos a mujeres bajo custodia por agentes de policía, guardias penitenciarios, sol- dados y otros funcionarios. Estas mujeres son sometidas a métodos terribles para cau-
Costa Rica. Mujeres vestidas de negro piden el fin de la violencia contra la mujer frente a la Corte Suprema, noviembre de 1999. © Juan Carlos Ulate/Reuters/Popperfoto
sar dolor concebidos por los torturadores: palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución y amenazas de muerte, privación de sueño y sensorial. Las han suspendido en el aire, golpeado en las plantas de los pies, asfixiado, sumergido en agua. En muchos países, los actos de violencia sexual cometidos por agentes del Estado son un método de tortura o de trato inhumano que se aplica habitualmente a las muje- res. 50 Estos actos incluyen la violación y otras formas de abuso sexual, pruebas de virginidad, lenguaje ofensivo y manoseos. La tortura y los malos tratos a mujeres bajo custodia son una realidad cotidiana. Sólo entre enero y septiembre del 2000, Amnistía Internacional documentó casos en países tan distintos como Arabia Saudí, Bangladesh, China, Ecuador, Egipto, Espa- ña, Estados Unidos, Filipinas, Francia, la India, Israel, Kenia, el Líbano, Nepal, Pakistán, la República Democrática del Congo, Rusia, Sri Lanka, Sudán, Tayikis- tán y Turquía. En Estados Unidos, la tortura y los malos tratos a las mujeres recluidas en prisión incluyen palizas, violaciones y otras formas de abusos sexuales; el uso cruel, inhuma-
50 Amnistía Internacional y el Centro Internacional para los Derechos Humanos y el Desa- rrollo Democrático (ICHRDD), Documenting Human Rights Violations by State Agents: Sexual Vio- lence, Montreal, ICHRDD, 1999.
no y degradante de métodos de inmovilización, que se aplican incluso a presas emba- razadas o gravemente enfermas; el acceso insuficiente a tratamiento médico; condiciones terribles en unidades de aislamiento, y trabajos penosos y punitivos. Las denuncias de abusos sexuales a presas en Estados Unidos casi siempre se refieren a los trabajadores varones de la prisión que, contrariamente a lo que establecen las normas internacionales, pueden tener acceso no supervisado a las mujeres internadas en los centros penitenciarios de muchas jurisdicciones. En China, muchas mujeres, especialmente trabajadoras migrantes, han sido dete- nidas, acusadas de prostitución y sometidas a violación y a abusos sexuales. La policía tiene facultades para imponer una multa de forma instantánea por presunta prostitución, y puede mantener detenidas a las presuntas prostitutas y sus presun- tos clientes hasta un máximo de dos años por la vía administrativa. Se reciben con frecuencia informes sobre policías que detienen y maltratan a mujeres para obtener listas de «clientes» a quienes someten a chantaje. Estas prácticas se han hecho tan habituales que, en los últimos años, han llegado a constituir una fuente de ingresos importante en muchas comisarías de policía de diferentes zonas del país. Muchas pre- suntas prostitutas y presuntos clientes han muerto bajo custodia como consecuen- cia de la tortura o de los malos tratos. Otras se han suicidado al poco de ser pues- tas en libertad, por creer que el estigma de estas acusaciones y la degradación de los abusos sufridos habían destruido sus vidas.
Lucia Paiva de Almeida no sale de su casa, en los suburbios de Río de Janeiro (Brasil) desde hace cuatro años. Lucia y su esposo fueron detenidos sin orden judi- cial en 1996 por miembros de la policía civil. Lucia sufrió torturas físicas y sexuales en una pequeña habitación de la comisaría cuando la policía trató de obligarla a implicar a su esposo en varios robos. La dejaron en la calle de madrugada. No hay nadie proce- sado en relación con las torturas que padeció. Lucia sufre ataques de pánico y palpitaciones, y reci- be tratamiento de un proyecto financiado por AI. Dice que si se recupera lo suficiente, lo primero que hará será ir de compras con su hijo. © AI
Las mujeres detenidas bajo custodia policial en Filipinas son también vulnerables a la tortura y a los malos tratos, que incluyen violaciones, abusos sexuales, amenazas, bofe- tones, puñetazos y patadas. Las más vulnerables son las más marginadas socialmente, en especial las prostitutas, las niñas de la calle (muchas de las cuales huyen de sus casas para escapar de los abusos en el seno familiar), las consumidoras de drogas y las muje- res empobrecidas. En muchos casos, la policía aplica la ley de vagos, que discrimina sobre todo a los pobres y a las mujeres, para obtener dinero mediante extorsión y abu- sar sexualmente de las mujeres. También en las cárceles se producen acoso y abusos de índole sexual, incluidas violaciones. En Turquía, la tortura de presas es una práctica generalizada. Entre los métodos denunciados en reiteradas ocasiones a Amnistía Internacional figuran las descargas eléctricas y los golpes en pechos y genitales, desnudar a la víctima, y abusos sexuales que incluyen la violación y la amenaza de violación. Las mujeres no sólo son torturadas en comisarías, prisiones, cuarteles y otros edificios oficiales pertenecientes a organismos de seguridad. Los agentes del Esta- do también las torturan en centros de detención no oficiales o secretos, en el pro- pio hogar de la víctima o incluso en la calle. Por ejemplo, en la República Demo- crática del Congo, las mujeres detenidas en Kinshasa suelen ser torturadas y, en concreto, violadas. En 1999, un oficial del ejército y varios soldados llevaron a Jeannine Bouchez Mwayuma a un hotel del distrito de Kintambo (Kinshasa), donde la interrogaron y la violaron. Muchos países usan métodos de castigo contra las detenidas que constituyen tor- tura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En Arabia Saudí, por ejemplo, los «delitos contra la moral», de los que las mujeres tienen más posibilidades de ser acu- sadas que los hombres, 51 pueden ser castigados con la flagelación. En un estado de Estados Unidos se ha castigado a las reclusas encerrándolas durante horas en una jaula o «remolque de detención» de 2,4 por 1,2 metros, con temperaturas de más de 38 grados centígrados. Según una ex presa, las obligaban a permanecer de pie en la jaula y no les permitían ir al aseo, por lo que a veces defecaban y orinaban en su inte- rior. Cada 90 minutos, las «duchaban» con una manguera. Según su testimonio, a las presas destinadas a trabajos forzados las obligaban a realizar tareas injustifica- damente penosas y punitivas y se las castigaba con frecuencia encerrándolas en la jaula por no poder realizarlas. 52 Las autoridades de Texas negaron que el trato fuera inhumano, pero confirmaron que «las delincuentes que se nieguen a realizar las tareas que se les asignan serán encerradas en el remolque de detención durante el tiempo que dure su periodo de trabajo». Las mujeres que han sufrido violencia bajo custodia tienen ante sí una larga y ardua lucha para obtener justicia. Las reclusas suelen tener enormes dificultades para que cese
51 Arabia Saudí: Las mujeres, víctimas de graves abusos contra los derechos humanos (Índice
52 USA (Texas) - Allegations of Cruel and Degrading Punishment Against Women (Índice AI:
AMR 51/90/00).
Los padres de dos jóvenes torturadas por la policía en Turquía en marzo de 1999 muestran el llamamiento emitido por AI en favor de sus hijas, Fatma Deniz Polattaș, de 19 años, y N.C. S., de 16. La policía las desnudó y les vendó los ojos, les dio una paliza y las sometió a abusos sexuales. Fatma Deniz Polattas fue violada. © AI
la conducta ilegal o para hacer que el autor comparezca ante la justicia. Además, la víc-
tima tiene buenas razones para temer que, si se queja, vuelva a ser objeto de abusos o que, ante dos versiones contrarias, los investigadores den crédito a la del guardia. Muchas denuncias de abusos ni siquiera se investigan. Esa inacción de las autoridades no sólo permite que los torturadores queden impunes, sino que a menudo contribuye
a que haya juicios y encarcelamientos injustos, cuando las declaraciones obtenidas
bajo tortura se utilizan como prueba. En los casos que sí se investigan, las denuncias de tortura o malos tratos de muje- res bajo custodia rara vez desembocan en el castigo o la condena de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ni siquiera cuando parece haber pruebas abru- madoras de que se ha cometido un delito. La ausencia de voluntad política para perseguir a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sospechosos de vio- lación o de cometer otros abusos sexuales contra mujeres bajo su custodia crea un clima de impunidad, y contribuye a que se sigan cometiendo abusos contra los dere-
chos humanos de la mujer.
militares siempre constituye tortura. Otras formas de violencia sexual que come- ten los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden constituir bien tor- tura o bien un trato cruel, inhumano o degradante.
te de seguridad, un militar o un policía no pueden considerarse actos «persona- les» o privados. Varias decisiones de organismos internacionales y regionales res- paldan el argumento de que la violación cometida por estos funcionarios siempre constituye tortura, 53 incluso cuando se comete en el domicilio de la víctima. 54
reclusos contra otros puede constituir también tortura o malos tratos. Las auto- ridades penitenciarias tienen la responsabilidad de proteger a todos los reclusos, y el hecho de no garantizar el cumplimiento de normas tales como la separación de mujeres y hombres puede constituir aquiescencia en la violencia sexual.
reclusas, y que el personal masculino patrulle zonas donde pueden ver a las mujeres en sus celdas mientras se visten, se asean o se duchan, constituyen un trato inhumano y degradante.
LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD
— La violación de detenidas por funcionarios de prisiones, de seguridad o
— Los actos de violencia sexual cometidos contra una detenida por un agen-
— Según las normas internacionales, 55 la violencia sexual que ejercen unos
— Prácticas tales como permitir que funcionarios varones registren a las
53 Véase, por ejemplo, el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de 12 de
enero de 1995, documento de la ONU E/CN/1995/34, párrafo 189.
54 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe núm. 5/96, caso 10.970, Fernando
y Raquel Mejía contra Perú (1 de marzo de 1996). En su decisión, la Comisión Interamericana declaró que la violación de una mujer en su domicilio por un agente de seguridad equivalía a tor- tura, en virtud del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comi- sión señaló que, según el derecho internacional contemporáneo, una violación cometida por un agente del Estado reúne todos y cada uno de los tres elementos necesarios para que exista tor- tura.
55 El artículo 8 de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos (1977)
exige la separación de las diferentes categorías de reclusos en función de su sexo, edad, antece-
] se deberá evi-
dentes penales y otras consideraciones. Además, el artículo 9.1 establece que: «[ tar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual».
En todos los conflictos armados que investigó Amnistía Internacional en 1999 y 2000 hubo informes sobre tortura de mujeres, incluidas violaciones. La tortura que infligen los soldados a las mujeres derrotadas es una larga historia de sometimiento, terror y ven- ganza. Los conflictos armados no son sólo «hombres en los campos de batalla», ni ejer- cicios de destrucción sin consideraciones de género. Los datos recogidos por las orga- nizaciones de derechos humanos y los tribunales nacionales e internacionales indican más bien que las mujeres son escogidas como víctimas precisamente debido a su con- dición de mujeres, y que los abusos que se les infligen tienden asimismo a escogerse en función de su sexo. En los conflictos armados se suele elegir a las mujeres como víctimas de la tortura por su papel de educadoras y de símbolos de la comunidad. En el genocidio de Ruan- da de 1994, las mujeres tutsis; y en la ex Yugoslavia, las mujeres musulmanas, serbias, croatas y de etnia albanesa, todas fueron torturadas porque eran mujeres de un deter- minado grupo étnico, nacional o religioso. La mayoría de los abusos que se cometen contra la mujer en los conflictos armados conlleva el uso de la violencia sexual, normalmente como prólogo truculento y ritual del asesinato. Según los informes, en la región oriental de la República Democrática del Congo, muchas de las mujeres asesinadas en el periodo más reciente del conflicto (1999- 2000) fueron encontradas totalmente desnudas y con señales de haber sido violadas. En Guatemala, durante la guerra civil de los años setenta y ochenta, las matanzas de campesinos mayas fueron precedidas de la violación de mujeres y niñas. En diciem- bre de 1982, por ejemplo, un grupo de soldados guatemaltecos entró en el pueblo de Dos Erres (La Libertad), en el departamento septentrional de Petén. Se calcula que, cuan- do se marcharon, tres días después, habían matado a más de 350 personas entre hom- bres, mujeres y niños. Las mujeres y las niñas habían sido violadas en grupo antes de ser asesinadas. La investigación sobre la matanza se ha visto obstaculizada por reite- radas amenazas de muerte y actos de intimidación contra familiares de las víctimas y miembros de los equipos forenses. Dieciocho años después, nadie ha sido procesado, pese a los detallados testimonios de los testigos presenciales. En Argelia, grupos que se denominan a sí mismos «grupos islámicos» han secues- trado y torturado a cientos de mujeres desde 1993. Especialmente en las zonas rurales, estos grupos han secuestrado a mujeres de sus casas, las han mantenido en cautividad, las han violado y las han sometido a otras formas de tortura como palizas, quemadu- ras con cigarrillos y amenazas de muerte. Muchas fueron finalmente asesinadas y otras quedaron permanentemente inválidas. Algunas fueron violadas por más de un miem- bro del grupo armado. En el conflicto armado interno que padece Sierra Leona desde hace nueve años, las violaciones y otras formas de violencia sexual a que las fuerzas rebeldes someten a niñas y mujeres son también sistemáticas y generalizadas. Aunque las mutilaciones (espe- cialmente las amputaciones deliberadas) cometidas durante el conflicto han recibido una considerable atención internacional, la violencia sexual es incluso más frecuente. Las fuerzas rebeldes han secuestrado a miles de niñas y mujeres y casi todas han sido
Sierra Leona. Las fuerzas rebeldes que atacaron en 1997 la granja de esta mujer de 38 años le amputaron un brazo. Ahora vive en el campo para amputados de Murray Town, en Freetown, donde le han dado un brazo artificial y está aprendiendo de nuevo a realizar tareas como sembrar. © Jenny Matthews/Network
violadas y obligadas a convertirse en esclavas sexuales. La violencia sexual afecta a mujeres de todas las edades, incluso a niñas. Una niña de 11 años, que fue secuestra- da en Freetown cuando las fuerzas rebeldes atacaron la capital en enero de 1999 y liberada siete meses después, dijo que la habían sacado de su casa por la fuerza y que las fuerzas rebeldes habían secuestrado así a decenas de niñas, casa por casa. Las que no fueron elegidas para convertirse en «esposas» de un comandante rebelde fueron vio- ladas varias veces por innumerables combatientes. Casi todas las víctimas de violación en Sierra Leona han requerido tratamiento médi- co por las lesiones físicas sufridas. Una mujer de 29 años que huyó de la ciudad de Make- ni, en la Provincia del Norte, en mayo del 2000, declaró a los representantes de Amnis- tía Internacional un mes después: «Aunque aún estoy amamantando a mi bebé, me violaron cinco rebeldes del Frente Revolucionario Unido. Todavía sangro.» La mayo- ría de las mujeres violadas han contraído enfermedades de transmisión sexual, y se cree que muchas tienen el VIH/SIDA. Nadie sabe cuántos embarazos y nacimientos ha habido como consecuencia de las violaciones. 56
Mujeres bosnias musulmanas en el campo de refugiados de Tuzla (noreste de Bosnia). Estas mujeres fueron violadas sistemáticamente por milicianos serbios durante la guerra que asoló la ex Yugoslavia entre 1991 y 1995. Accedieron a ser fotografiadas para que «el mundo sepa la verdad» sobre la guerra de Bosnia. © Rex Features Ltd/Andrée Kaiser-Sipa Press
56 Para más información, véase Sierra Leona: Violaciones y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas (Índice AI: AFR 51/35/00/s).
Mujeres argentinas en representación de las Madres de Plaza de Mayo se manifiestan frente a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, tristemente famosa por haber sido empleada como centro de torturas en Argentina en los años setenta y principios de los ochenta. Las mujeres protestan contra el plan de destruir el edificio y sustituirlo por un monumento a la unidad nacional. © AP
Los actos de tortura que se cometen en un conflicto armado se producen en un con- texto caracterizado por la quiebra del sistema policial o judicial en el que, por tanto, han desaparecido las restricciones que pesan habitualmente sobre los actos de violen- cia contra la mujer. Además, las penalidades y privaciones obligan a muchas mujeres a «someterse» y mantener relaciones sexuales no deseadas. Los conflictos armados, y los desplazamientos que éstos provocan, propician el aumento de todas las formas de violencia, incluida la violencia doméstica contra la mujer. 57
57 Véase, por ejemplo, Violencia sexual contra los refugiados. Directrices relativas a su pre- vención y respuesta, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ginebra,
La violencia contra la mujer no es un accidente de guerra: es un arma de guerra que puede emplearse para fines tales como sembrar el terror, desestabilizar una sociedad y quebrar su resistencia, recompensar a los soldados y obtener información. La violencia contra la mujer, incluida la tortura, se viene empleando también como método de depu- ración étnica y elemento del genocidio. En la mayoría de las situaciones investigadas por Amnistía Internacional hay datos que indican que el ejército ha utilizado la violencia contra la mujer para lograr varios de estos fines. Con frecuencia, las mujeres torturadas en un conflicto carecen de acceso a recursos médicos y legales. Las investigaciones realizadas en zonas como la ex Yugoslavia, el norte de Uganda, el este del Congo y la India muestran que la mayoría de las víctimas no reconoce que han sido violadas por miedo a que la sociedad las estigmatice o a que las rechacen sus esposos. Los datos también indican que este temor está fundado: hay mujeres violadas que no han podido casarse, y las que lo estaban suelen ser abando- nadas por sus esposos.
Muchas mujeres han perdido a familiares en las regiones afectadas por la guerra, bien por- que han quedado separados de ellas, bien porque los han matado o los han hecho «desa- parecer», es decir, están detenidos en centros clandestinos y las autoridades ocultan su suerte y su paradero. Estas mujeres no pueden averiguar lo que les ha sucedido, dónde están o siquiera si están vivos o muertos; la búsqueda de la verdad dura a veces años y, en algunos casos, no termina nunca. Muchas mujeres sufren grandes estrecheces eco- nómicas cuando el principal sostén de la familia «desaparece». A menudo no pueden ven- der sus propiedades para mantener a la familia, y tampoco pueden volver a casarse por- que su estado civil no está claro. Según las normas internacionales de derechos humanos, los familiares y las personas que dependían de los «desaparecidos» son también víctimas del delito de «desapari- ción». En la mayoría de los casos, esos familiares y personas que dependían económi- camente del «desaparecido» son sus madres, sus esposas o sus hijas. Los organismos y tribunales internacionales de derechos humanos sostienen que la angustia psicológica y la aflicción causada a los familiares de los «desaparecidos» constituyen en sí mismas una violación de la prohibición de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhuma- nos o degradantes. 58
58 Véanse, por ejemplo, Quintero c. Uruguay, Comunicación núm. 107/181, Informes del Comi- té de Derechos Humanos, Conclusiones del Comité de Derechos Humanos: Argelia, documen- to de la ONU CCPR/C/79/Add. 95 (18.8.98), párrafo 10; documento de la ONU E/CN.4/1983/14, párrafo 13; caso Velásquez Rodríguez, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 29 de julio de 1998, párrafos 155-156; caso Blake, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 24 de enero de 1998, párrafo 97; Kurt v. Turquía, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma- nos (25 de mayo de 1998), párrafo 134.
Tortura de mujeres que huyen de los conflictos
Para muchas mujeres y niñas no existe ninguna vía segura para escapar de las zonas de guerra. Las que huyen en barcos suelen sufrir los ataques de los piratas. Las que viajan por carretera son asaltadas por bandidos, fuerzas de seguridad, guardias fronterizos, contrabandistas y otros refugiados. En muchas ocasiones los refugiados tienen que recurrir a los contrabandistas para que los ayuden a cruzar la frontera y huir. Las mujeres que se encuentran en esta situación sufren a menu- do abusos a manos de los contrabandistas, que se ofrecen a ayudarlas a cambio de favores sexuales. Las desplazadas internas y las refugiadas que viven en campos pueden ser víctimas de abusos sexuales y malos tratos físicos. A veces los guardias de los campos y los refu- giados varones consideran a las mujeres y niñas no acompañadas una propiedad sexual común, o que las mujeres que ya han sido violadas han perdido su virtud y que, por tanto, se puede abusar de ellas. Estas mujeres han de soportar el dolor físico y psicológico del
Mujeres y niños en un centro de recepción de Eritrea para desplazados internos que huyen del recrudecimiento de los combates en mayo del 2000 en la frontera entre Etiopía y Eritrea. La mayoría de los refugiados y desplazados internos del mundo son mujeres y niños. © Sami Sallinen/Reuters/Popperfoto
trauma sufrido sin apoyo médico ni asesoramiento psicológico adecuados. 59 A menu- do, la violencia doméstica contra la mujer aumenta en los campos de refugiados. En muchos de estos campos, las condiciones físicas incrementan la probabilidad de que se cometan actos de violencia contra la mujer: el hacinamiento, y el diseño y ubicación de los campos pueden hacer que la mujer sea especialmente vulnerable a los ataques tanto desde dentro como desde fuera del campo. La discriminación de la mujer en el reparto de artículos y servicios también puede propiciar que se abuse sexualmente de las refugiadas a quienes su penosa situación hace más vulnerables. Las mujeres que consiguen llegar a otros países y solicitan asilo tienen continuas difi- cultades para lograr la seguridad. Muchos gobiernos, deseosos de eludir su responsa- bilidad de proporcionar protección a los refugiados, imponen requisitos cada vez más restrictivos para reconocer la condición de refugiado. Varios países niegan este reco- nocimiento a las personas perseguidas por grupos armados de oposición, y son pocos los que conceden asilo a personas a quienes el Estado no ha protegido frente a tortu- ras cometidas por particulares.
LAS MUJERES QUE SOLICITAN ASILO
— La definición de refugiado contenida en el derecho internacional sobre refu-
giados (la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y su Protoco- lo de 1967) sigue siendo aplicable a situaciones en las que se ha desplazado a todo un grupo de personas, cuyos miembros pueden sufrir violaciones de derechos humanos debido a algunas de sus características comunes.
— Las personas a quienes el Estado no quiere o no puede proteger de los abu-
sos, incluidos los que cometen grupos armados y ciudadanos particulares, deben recibir la protección internacional.
— La violencia sexual y otros abusos dirigidos específicamente contra la mujer
constituyen una forma de persecución prevista en la Convención de 1951. Nadie debe ser devuelto a un país donde pueda ser víctima de tortura o persecución.
59 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Guía para la protección de las mujeres refugiadas, Ginebra, julio de 1991, p. 34.
La impunidad de que gozan quienes cometen actos de violencia contra la mujer es un problema sean cuales fueren las circunstancias. Pero para las mujeres víctimas de abusos en zonas de conflicto armado, el acceso a la justicia es especialmente difí- cil. Los motivos se refuerzan entre sí y crean una telaraña de impunidad práctica- mente irrompible. Entre ellos figuran el clima general de indiferencia hacia muchas formas de violencia contra la mujer, la aceptación tácita de la violación y de otras formas de violencia sexual como parte inevitable de la guerra, las amenazas y repre- salias contra quienes denuncian los abusos, la existencia de leyes nacionales espe- ciales que impiden el procesamiento por crímenes cometidos durante la guerra, y las leyes de amnistía que forman parte de algunos «acuerdos» de paz. Tampoco hay que olvidar la renuencia de los gobiernos a la hora de cumplir las obligaciones que impone el derecho internacional humanitario, sobre todo en lo relativo a la jurisdicción universal. Según este principio, cualquier Estado puede y debe juzgar a los pre- suntos autores de torturas, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio, con independencia del lugar donde se cometieron, de la nacionalidad del responsable y de la nacionalidad de la víctima. Además, todos los Estados tienen la obligación de cooperar en la detención, encarcelamiento, extradición y castigo de las personas implicadas en estos crímenes. Por todo el mundo, las organizaciones de mujeres luchan contra el supuesto de que la tortura de mujeres es parte inevitable de la guerra. Esta lucha ha ganado impulso tras las actuaciones de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Por ejemplo, el Tribunal para la ex Yugoslavia ha dictado acta de acusación formal contra ocho hombres, varios de los cuales están acusados de vio- lar en varias ocasiones a dos mujeres bosnias musulmanas que estuvieron detenidas y fueron violadas sistemáticamente durante más de seis meses. Éste es el primer pro- ceso que se sigue ante el Tribunal para la ex Yugoslavia en el que la violación y la esclavitud sexual se han tratado como un crimen contra la humanidad. Tanto el Tri- bunal para la ex Yugoslavia como el de Ruanda han formulado cargos por violen- cia sexual y violación como elementos del crimen de genocidio, formulándolos no sólo contra los autores materiales de los hechos, sino también contra sus superio- res. En su sentencia de 2 de septiembre de 1998, 60 el Tribunal Penal Internacional para Ruanda declaró que numerosas mujeres tutsis que trataban de refugiarse de las matanzas habían sido violadas sistemáticamente por milicianos locales armados. En su resolución, el Tribunal subrayó que la violación y la violencia sexual constitu- yen genocidio si se cometen con la intención de destruir a un grupo particular de per- sonas, y sostuvo que la violencia sexual fue parte «integrante» del proceso de des- trucción del grupo étnico tutsi.
60 Sentencia de 2 de septiembre de 1998 del Tribunal Penal Internacional para Ruanda; el fis- cal contra Jean-Paul Akayesu; caso núm. ICTR-96-4-T. Jean-Paul Akayesu fue condenado a cade- na perpetua en octubre de 1998.
— Los actos de violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual, están prohi- bidos tanto en las normas internacionales de derechos humanos como en el derecho internacional humanitario que rige la conducta de las partes en los con- flictos armados (los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Facultativos).
— Según el derecho internacional consuetudinario, muchos actos de violen-
cia contra la mujer cometidos por las partes de un conflicto (ya sea internacio- nal o interno) constituyen tortura. Entre ellos figuran la violación y la violación en grupo, el secuestro y la esclavitud sexual, el matrimonio forzado, el embarazo for- zado y la maternidad forzada, la mutilación sexual, los abusos deshonestos y muchas otras formas de violencia física.
— La violación y otras formas de violencia sexual que cometen los comba-
tientes en el curso de un conflicto armado están actualmente reconocidos como
— Como establece el Estatuto de la Corte Penal Internacional, o Estatuto de
Roma, el delito de violación incluye las situaciones en las que la víctima mantiene relaciones sexuales para evitar un daño, obtener lo esencial para su supervi- vencia o por otros motivos que la priven de su capacidad para dar el consentimiento.
— Cuando la violencia sexual se comete de forma sistemática o en gran esca-
la, o como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la pobla- ción civil, constituye un crimen contra la humanidad.
— La tortura de mujeres en el contexto de un conflicto armado constituye una infracción grave de los Convenios de Ginebra.
— La tortura de mujeres puede constituir un elemento del genocidio, según la
definición del crimen de genocidio incluida en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
— Los actos de violencia contra la mujer que constituyen tortura, crímenes de
guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio están sometidos a la jurisdic- ción universal.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional acordado en Roma ha incorporado una perspectiva de género para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de los crímenes más graves previstos en el derecho internacional y asegurar que las muje- res desempeñan un papel en la Corte. 61 Amnistía Internacional pide a los Estados que ratifiquen inmediatamente el Estatuto de Roma y que promulguen las leyes necesarias para que sus tribunales puedan ejercer la jurisdicción universal sobre las violaciones graves del derecho internacional.
61 La Corte Penal Internacional. Folleto 7: Garantías de justicia a las mujeres (Índice AI:
IOR 40/08/00/s).
L AS prácticas sistemáticas de tortura de mujeres, sus métodos, causas y conse-
cuencias están influidos decisivamente por el sexo de las víctimas. Por tanto,
para que un plan de acción para combatir la tortura de mujeres sea eficaz, ha
de basarse en una perspectiva que tenga en cuenta las cuestiones relacionadas
La tortura de mujeres es una violación fundamental de derechos humanos que la comunidad internacional condena por considerarla una ofensa a la dignidad huma- na y que el derecho internacional prohíbe en todas las circunstancias. Dado que aun así persiste, a diario y en todo el mundo, hacen falta medidas inmediatas para erradicarla. Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que pongan en práctica las siguientes recomendaciones e invita a las personas y organizaciones afectadas a que se unan a su campaña para asegurar que los gobiernos las implementan. Estas reco- mendaciones se basan en diversas fuentes: algunas son normas internacionales de dere- chos humanos, como la Convención de la ONU contra la Tortura y la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Otras se basan en ejemplos de buena práctica que ya están aplicando algunos gobier-
nos. La mayoría surgen de las experiencias de las organizaciones no gubernamenta- les que integran el movimiento mundial de la mujer y que son las primeras en denun- ciar y tratar los actos de violencia contra la mujer como violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional considera que los gobiernos pueden poner en práctica estas recomendaciones. La mayoría de ellas no exigen una gran inversión de recursos, sino voluntad política y el convencimiento de que no se puede permitir que siga torturán- dose a las mujeres. Amnistía Internacional cree que poner en práctica estas medidas sería una medida del compromiso de un gobierno con la eliminación de la tortura de muje- res y la erradicación de la violencia contra la mujer en todo el mundo. Sin embargo, estas medidas no servirán para erradicar la tortura de la mujer si no se aborda también la discriminación sexual, tarea en la que Amnistía Internacional cree que todos tenemos un papel que desempeñar: gobiernos, partidos políticos, grupos religiosos, todos los elementos de la sociedad civil y los individuos. Todos tenemos la responsabilidad de comprometernos a defender y respetar la igualdad de todos los seres humanos, con independencia de su sexo, edad, posición social, origen racial, nacional o étnico y orientación sexual.
1. Condena de todos los actos de violencia contra la mujer
— Los Estados condenarán clara y públicamente todos los actos de violencia con-
tra la mujer, con independencia de que sus autores sean funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o ciudadanos particulares.
— Los Estados adoptarán medidas políticas y difundirán material para promover la
seguridad de la mujer en el hogar, en la sociedad y en detención, y para sensibilizar al público sobre la cuestión de la violencia contra la mujer. Los Estados promoverán la igualdad de mujeres y hombres.
— Los Estados realizarán campañas de difusión para informar a hombres y muje-
res de los derechos legales de la mujer y educarlos específicamente sobre la cuestión de la violencia doméstica.
— Las autoridades recabarán datos estadísticos actualizados sobre el grado de exten-
sión de la violencia contra la mujer en la familia y la comunidad, los harán públicos y los difundirán ampliamente.
2. Prohibición de los actos de violencia contra la mujer y protección jurídica adecuada frente a dichos actos
Los Estados prohibirán en las leyes todos los actos de violencia contra la mujer, con independencia de que sus autores sean funcionarios públicos o ciudadanos particula-
res, y establecerán las medidas de protección legal adecuadas frente a dichos actos, inclu- yendo los que se producen dentro de la comunidad o de la familia, así como la viola- ción conyugal.
— Los gobiernos analizarán, evaluarán y revisarán periódicamente sus leyes,
códigos y procedimientos, incluidas las normas de inmigración, a fin de garan- tizar su eficacia para eliminar la violencia contra la mujer. Los Estados supri- mirán todas las disposiciones que permitan o aprueben la violencia contra la mujer.
— Los gobiernos reconocerán que la discriminación contra la mujer, tanto en la ley
como en la práctica, es un factor clave que contribuye a la tortura y a los malos tratos que se infligen a las mujeres. A fin de combatir la tortura, los gobiernos analizarán, eva- luarán y revisarán periódicamente sus leyes, códigos y procedimientos para garantizar que no discriminan a la mujer, y para mejorar su eficacia en la eliminación de dicha dis- criminación. Los Estados suprimirán todas las disposiciones que permitan o aprueben la discriminación contra la mujer.
— Los Estados promulgarán leyes que prohíban la esclavitud, la servidumbre por
deudas y la compra y venta de personas. Asimismo, garantizarán que sus leyes penales y su sistema de justicia penal tratan a las mujeres objeto de trata como víc-
timas de abusos contra los derechos humanos y posibles testigos, y no como delin- cuentes.
— Los Estados ratificarán sin reservas y pondrán en práctica todos los tratados
aplicables, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis- criminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Conven- ción contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Los Estados garantizarán que estos tratados se reflejan en la legislación nacional y cumplirán lo previsto en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
— Los Estados ratificarán el Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que permite la pre- sentación de comunicaciones de personas y grupos de personas y la realización de investigaciones sobre violaciones sistemáticas de la Convención, proporcionando así un recurso internacional para las mujeres que han sufrido abusos contra los derechos
— Los Estados cumplirán los requisitos sobre presentación de informes que estipu-
lan los diversos tratados de derechos humanos y garantizarán la inclusión de informa- ción específica sobre la mujer cuando sea pertinente.
— Los Estados ratificarán y cumplirán los convenios de la Organización Internacional
del Trabajo sobre los derechos de los trabajadores migrantes a fin de reducir la violencia contra las trabajadoras migrantes.
— Los gobiernos garantizarán que ninguna mujer o niña es devuelta por la fuerza a
un país donde pueda ser torturada, incluidos los países en los que el Estado no facili- te protección frente a la tortura a manos de agentes no estatales. Como norma general, se evitará la detención de solicitantes de asilo. Cuando la detención sea legal, las auto- ridades garantizarán que los solicitantes de asilo no son sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
3. Investigación de todas las denuncias de violencia contra la mujer
— Los Estados garantizarán la investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de
todas las denuncias de violencia contra las mujeres, con independencia de si el autor es un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, un grupo armado o un ciudadano particular.
— Se emitirán directrices claras a los organismos encargados de hacer cumplir la ley
en las que se establezca con claridad que no se tolerará que se disuada a las mujeres para que no denuncien actos de violencia, y en las que se subraye la obligación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de investigar los actos de violencia con- tra la mujer, con independencia de que se cometan en el seno de la familia o de la comu- nidad, o bajo custodia o en el contexto de un conflicto armado.
— Los Estados garantizarán que las mujeres que han sufrido abusos no son some-
tidas a nuevos abusos cuando tratan de obtener resarcimiento a causa de leyes que no tienen en cuenta su condición de mujer, a su aplicación práctica o a otras intervencio- nes de funcionarios públicos.
— Los Estados garantizarán que los organismos encargados de hacer cumplir la ley
no discriminan contra las mujeres procedentes de comunidades inmigrantes o minori- tarias que denuncian abusos.
— Los Estados definirán por escrito las facultades de la policía para responder a
la violencia contra la mujer, conforme a las normas internacionales. Los Estados impartirán formación a todos los agentes de policía, tanto veteranos como recién incor- porados al cuerpo, para que puedan ocuparse eficazmente de las denuncias de vio- lencia contra la mujer. Se contratará a un número adecuado de agentes de policía feme- ninos.
— Los Estados desarrollarán técnicas de investigación que no sean degradantes
para las mujeres que han sido víctimas de la violencia y que reduzcan al mínimo la
intrusión, al tiempo que se mantienen los niveles de calidad necesarios para reca- bar pruebas.
— Las mujeres que denuncien a la policía que han sido víctimas de una agresión sexual
serán examinadas sin dilación por un médico forense especializado, si es posible, mujer.
— Los Estados nombrarán agentes de investigación de la policía especializados en
estos casos, que recibirán formación adicional en todo lo relativo a la violencia contra la mujer y en el uso de pruebas médicas y forenses.
4. Enjuiciamiento y castigo
— Los Estados eliminarán de inmediato todas las disposiciones discriminatorias
que no permitan que la mujer declare ante los tribunales o que no den toda su impor- tancia al testimonio de la mujer.
— Los Estados realizarán un estudio sobre los índices de condena respecto de
los delitos violentos cometidos contra mujeres, a fin de evaluar si el sistema legal y judicial vigente discrimina a las víctimas de abusos cuando éstas son mujeres.
— Los Estados realizarán un análisis completo del marco legal vigente en relación
con los delitos violentos cometidos contra la mujer para garantizar su eficacia en el enjui- ciamiento de actos de violencia contra la mujer.
— Los Estados impartirán formación específica a todos los jueces y abogados a fin
de mejorar su comprensión de la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias. Se nombrará a un número adecuado de jueces mujeres.
— Todos los tribunales de justicia seleccionarán a fiscales especializados para que
se ocupen de los casos de abusos sexuales y de violación, a quienes se impartirá for- mación adicional sobre todo lo relativo a la violencia contra la mujer.
5. Remedios adecuados y garantía de resarcimiento
— Los Estados crearán unidades o procedimientos especiales en los hospitales para
identificar a las mujeres víctimas de la violencia y proporcionarles atención médica y psicoterapia.
— Los Estados establecerán un mecanismo por el cual las víctimas-sobrevivientes
puedan obtener la protección del Estado, y garantizarán el cumplimiento riguroso de medidas como las órdenes de protección.
— Se elaborará un directorio nacional de servicios gubernamentales y no guber-
namentales disponibles para las mujeres víctimas de la violencia, y se distribuirá información a comisarías de policía y juzgados, así como a médicos, hospitales y otros centros de salud distritales. La información sobre servicios locales para muje- res víctimas de la violencia se difundirá en varios idiomas para garantizar que conocen sus derechos mujeres de todas las comunidades.
— Las mujeres víctimas de la violencia recibirán información sobre sus derechos y
sobre las vías de que disponen para obtener resarcimiento, además de información sobre intervención en actuaciones penales.
— Los Estados proporcionarán servicios de emergencia a las mujeres víctimas
de la violencia. Éstos incluirán servicios de intervención en caso de crisis, trans- porte desde el domicilio de la víctima hasta un centro médico o un refugio, aten- ción médica inmediata, asesoramiento jurídico de emergencia, psicoterapia en situaciones de crisis, ayuda económica, apoyo al cuidado de los hijos y servicios específicos para mujeres pertenecientes a comunidades minoritarias o mujeres inmigrantes.
— Las víctimas de la violencia y las personas que dependen de ellas tendrán dere-
cho a obtener un resarcimiento rápido, incluida una indemnización, así como atención
médica y rehabilitación.
6. Protección frente a la tortura bajo custodia
— Los gobiernos reconocerán públicamente que la violación y los abusos sexuales
de mujeres bajo custodia constituyen siempre tortura o malos tratos, y que no tolera- rán estos actos. Los abusos sexuales incluyen amenazas, pruebas de virginidad, mano- seos y el uso deliberado de registros corporales o de un lenguaje sexualmente explíci- to destinados a degradar o humillar a la víctima.
— Se informará expresamente al personal militar, policial y penitenciario de que cual-
quier persona que cometa estas violaciones de derechos humanos será enjuiciada sin dilación, y que de ser declarada culpable podrá ser condenada a penas proporcionales a la gravedad del delito (estas penas excluirán, no obstante, los castigos corporales y la pena de muerte).
— Las mujeres detenidas y presas estarán separadas de los detenidos y presos varo-
nes, y no compartirán con ellos las instalaciones higiénicas y de aseo (conforme a la regla 8.a de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos). El incum- plimiento por los funcionarios penitenciarios de normas como la separación de muje- res y hombres en prisión equivale a consentimiento en la violencia contra las mujeres reclusas.
— De conformidad con la regla 53 de las Reglas Mínimas, el interrogatorio
de mujeres detenidas se realizará en presencia de funcionarios femeninos, que serán las únicas que podrán realizar registros corporales a las reclusas. No debe- rá haber contacto entre guardias varones y reclusas sin la presencia de una fun- cionaria.
— El encarcelamiento de madres junto con sus hijos nunca se utilizará para infli-
gir tortura o malos tratos, ni para causar sufrimiento físico o mental. Si se separa a un niño de su madre en prisión, la madre deberá ser notificada de inmediato del para- dero de su hijo y mantenida constantemente informada de éste, y tendrá un acceso razonable a su hijo.
— Toda detenida o presa que denuncie haber sido violada o víctima de abusos sexua-
les será sometida a un examen médico inmediato, preferiblemente a cargo de una doc- tora, o al menos en presencia de personal femenino.
— Las víctimas de violación y abusos sexuales y de otras torturas y malos tratos bajo
custodia tendrán derecho a un resarcimiento sin dilación, justo y adecuado, incluida una indemnización y toda la atención médica necesaria.
— Se pondrá fin a la práctica de la detención en régimen de incomunicación. Los
gobiernos garantizarán que todos los detenidos son llevados sin dilación ante una autoridad judicial independiente tras la detención y que tienen acceso inmediato a
familiares, abogados y médicos. Este acceso se producirá de forma regular poste- riormente.
— Los gobiernos garantizarán que los presos están recluidos sólo en centros de
reclusión reconocidos oficialmente y que se facilita de inmediato a familiares, aboga- dos y a los tribunales información precisa sobre su detención y su paradero. Existirán procedimientos judiciales para que familiares y abogados puedan conocer inmediata- mente dónde está recluido el detenido y bajo qué autoridad, y para garantizar la segu- ridad del recluso.
— Todos los presos serán informados de inmediato de sus derechos. Entre ellos
figuran el derecho a formular denuncia sobre el trato recibido y el derecho a que un juez resuelva sin dilación sobre la legalidad de la detención. Los jueces investiga- rán todos los indicios de tortura y ordenarán la libertad del detenido si la detención es ilegal. Los interrogatorios se llevarán a cabo siempre en presencia de un aboga- do. Los gobiernos garantizarán que las condiciones de detención son conformes con las reglas internacionales para el tratamiento de los reclusos y tendrán en cuen- ta las necesidades específicas de la mujer. Las autoridades responsables de la deten- ción serán distintas de las encargadas del interrogatorio. Se realizarán visitas de inspección regulares, independientes, sin previo aviso y sin restricciones a todos los centros de detención.
— Los gobiernos garantizarán la imposibilidad de que las declaraciones y otras
pruebas obtenidas mediante tortura sean utilizadas en ningún procedimiento, salvo en los que se sigan contra personas acusadas de tortura.
7. Prevención de la tortura de mujeres en los conflictos armados
— Los Estados procurarán e impartirán formación sobre derechos humanos y dere-
cho humanitario, prestando especial atención a la cuestión del género, a todo el per- sonal militar y al que participe en operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria de la ONU o de los organismos regionales. Los Estados harán campa- ñas de sensibilización sobre la tortura de mujeres en conflictos armados en las que se hará hincapié en que los actos de violencia contra la mujer, incluida la violen- cia sexual, están prohibidos por las normas internacionales de derechos humanos
y el derecho humanitario. Muchos de estos actos constituyen tortura o trato cruel, inhumano o degradante. También podrían constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y un elemento del crimen de genocidio.
— Todas las partes en los conflictos, incluidos los grupos armados de oposición,
dictarán órdenes claras en el sentido de que no se tolerará bajo ninguna circuns- tancia la tortura de mujeres y niñas, tortura que incluye la violación y otros abu- sos sexuales.
— Los países donantes, los organismos humanitarios y los gobiernos naciona-
les financiarán y adoptarán programas de asistencia que presten especial aten- ción a las cuestiones de género y estén destinados a las mujeres víctimas de la vio-
— Todos los organismos que intervienen en programas humanitarios adoptarán
códigos de conducta y directrices para garantizar que la ayuda humanitaria tiene en cuen-
ta las cuestiones relativas al género y no discrimina a la mujer. En concreto, las muje-
res víctimas de la violencia tendrán acceso a atención médica y orientación. Además, las mujeres deberán participar en la elaboración y puesta en práctica de los programas de asistencia.
— Los Estados ratificarán inmediatamente los Protocolos I y II de los Convenios de Ginebra de 1949.
— Los Estados ratificarán de inmediato el Estatuto de la Corte Penal Internacional
(Estatuto de Roma), y garantizarán que sus leyes nacionales son conformes con lo pre- visto por dicho Estatuto.
— Los Estados ejercitarán el principio de la jurisdicción universal, en virtud del
cual cualquier Estado puede y debe enjuiciar a presuntos responsables de torturas,
crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio, con independencia del lugar donde se cometieron, de la nacionalidad del autor y de la nacionalidad de la víctima. Todos los Estados tendrán asimismo la obligación de cooperar en la detención, encarcelamiento, extradición y castigo de las personas implicadas en estos crímenes.
— Los Estados adoptarán un enfoque que tenga en cuenta la condición especí-
fica de la mujer en los procedimientos establecidos para determinar la condición de refugiado y destinados a proteger a los refugiados. Se facilitará protección internacional a las personas a quienes su propio Estado no pueda o quiera prote- ger de los abusos, incluidos los que cometen grupos armados y ciudadanos parti- culares.
8. Defensores de los derechos humanos
— Los Estados reconocerán la valiosa contribución de los activistas y aboga-
dos defensores de los derechos humanos, y de los grupos que defienden los dere- chos de la mujer, a la difusión de los derechos de la mujer y a la lucha contra los abusos.
— Los Estados garantizarán que los defensores de los derechos humanos y
los grupos de derechos humanos pueden realizar sus legítimas actividades sin sufrir acoso ni temer por su seguridad o por la de sus familiares. Los Estados facilita- rán la adecuada protección policial a los refugios públicos y privados destinados
a mujeres, así como a los defensores de derechos humanos expuestos a amena-
zas u hostigamiento, y perseguirán tales amenazas para castigar a sus autores. Los servicios gubernamentales y no gubernamentales recibirán la financiación ade- cuada.
— Los Estados garantizarán la incorporación a las leyes nacionales y la aplica-
ción en la práctica de los principios contenidos en la Declaración sobre el Derecho
y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Prote- ger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reco- nocidos, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1998.
9. Organismos intergubernamentales
— Los procedimientos y mecanismos de la ONU destinados a combatir la tortu-
ra y, en concreto, el Comité contra la Tortura, abordarán los abusos cometidos específicamente contra mujeres, incluida la tortura de mujeres a manos de ciuda- danos particulares.
— Los organismos intergubernamentales que se ocupan de la cuestión de la tor-
tura garantizarán que su labor tiene en cuenta todo lo relativo a las cuestiones de géne- ro. Se aumentará el número de mujeres expertas que participan en estos organismos. Todas las personas que intervienen en esta labor recibirán formación sobre las cues- tiones relacionadas con el género. Todos los organismos de la ONU, así como otros organismos intergubernamentales que trabajan para combatir la tortura, deberán revisar sus métodos de trabajo para incorporar un análisis completo desde el punto de vista del género.
— La ONU y otros organismos intergubernamentales que trabajan sobre la cues- tión de la tortura deberán identificar, recabar y utilizar datos desglosados por sexos y aplicar el análisis de género a la labor de observación y vigilancia y a la elabora- ción de informes.
— Únase a nuestra campaña ¡Actúa ya! Tortura, nunca más.
— Usted puede ayudar a erradicar la tortura. Sume su voz a la campaña de Amnis-
tía Internacional. Ayúdenos a cambiar la situación. Póngase en contacto con su
oficina nacional de Amnistía Internacional y pida información sobre cómo unir-
se a la campaña y sobre cómo emprender acciones respecto a algunos de los
casos específicos descritos en este informe.
— Hágase miembro de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos
humanos locales e internacionales que luchan contra la tortura.
EMPRENDA ACCIONES EN LÍNEA
El sitio web www.stoptorture.org/ permite a los visitantes acceder a la información de
Amnistía Internacional sobre la tortura. También ofrece la oportunidad de realizar lla-
mamientos en favor de individuos que corren peligro de ser torturados. Quienes se
inscriban en el sitio web recibirán mensajes urgentes de correo electrónico en los que
se les dará la alerta para que emprendan acciones durante la campaña.
Para emprender acciones contra la tortura, inscríbase en www.stoptorture.org/ o
visite www.edai.org/centro/tortura
□ Deseo unirme a su campaña. Envíenme más información.
□ Deseo unirme a Amnistía Internacional. Envíenme más información.
□ Deseo hacer un donativo para la campaña de Amnistía Internacional
para erradicar la tortura.
Núm. de tarjeta de crédito: □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
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 resolución 
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