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Timestamp: 2020-01-22 15:16:06+00:00

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Cuestiones actuales en las reclamaciones sobre productos financieros y operaciones bancarias - Planificación Jurídica
20 diciembre, 2019Artículo Mercantil
A raíz de la crisis económica y financiera surgida en el año 2008, numerosos clientes y usuarios de productos financieros y bancarios han sufrido importantes pérdidas derivadas de los mismos. Como consecuencia de ello, numerosos clientes han reclamado por vía judicial la restitución de las pérdidas sufridas. Adicionalmente, determinadas entidades han preferido acordar compensaciones para evitar reclamaciones judiciales y los costes inherentes a ellos. A continuación, se señalan los principales productos financieros y bancarios que en los últimos años han generado reclamaciones judiciales por parte de los clientes y usuarios de servicios financieros.
Durante los años anteriores a la crisis surgida en 2008, se comercializaron fundamentalmente por parte de las entidades de crédito determinados productos financieros complejos a clientes minoristas que, en ocasiones, podían estar asociados a otras operaciones (fundamentalmente de préstamo o crédito) y cuyo resultado final en ocasiones acarreó una pérdida significativa a los contratantes.
En este sentido, se comercializaron productos financieros complejos a personas físicas con escasos conocimientos financieros y sin que asimismo se les ofreciera una información precontractual que explicara con detalle los riesgos potenciales que se asumían mediante la inversión en tales productos financieros. Dicha actuación vulneraba lo dispuesto en la normativa comunitaria contemplada en diversas directivas comunitarias, denominada normativa MIFID (1), relativa a los mercados de instrumentos financieros.
Dicha norma se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 47/2007, por la que se modificó la Ley 24/1988, del Mercado de Valores. En virtud de dicha norma se recogía la obligación de las entidades financieras consistente en informar debidamente a los clientes en relación con los riesgos asociados a los productos financieros que se comercializaban.
En este sentido, es preciso señalar que la normativa MIFID establece unos deberes específicos de información por parte de la entidad financiera que, en resumen, son los siguientes:
Deberes específicos de información por parte de la entidad financiera. Este deber implica proporcionar información relevante acerca de los aspectos fundamentales del contrato financiero.
Dicha información debe ser (i) clara y no engañosa; (ii) adecuada a las características del instrumento financiero y (iii) que incorpore advertencias sobre los riegos asociados al instrumento objeto de contratación.
Evaluación de la conveniencia para el cliente, debiéndose valorar los conocimientos y experiencia en materia financiera del cliente para poder precisar el tipo de información que debe proporcionársele.
Efectuar un “test de idoneidad” cuando deba prestarse un servicio de asesoramiento en materia de inversiones o gestión de carteras a través de la realización de una recomendación personalizada. En tal caso, la entidad financiera que preste dichos servicios debe efectuar un examen completo del cliente mediante el denominado test de idoneidad, sumado al test de conveniencia anterior.
Con posterioridad, la normativa denominada MIFID II, mediante la Directiva 2014/65/UE, incrementa la protección de los inversores y pretende que la comercialización de productos financieros sea más transparente.
Como consecuencia de la incorporación de la normativa MIFID se ha incorporado en el ordenamiento jurídico el artículo 78.bis de la Ley del Mercado de Valores la obligación de conocer el perfil inversor del cliente a quien se presta servicios de inversión y asimismo clasificarlo entre (i) inversor profesional o (ii) inversor minorista
Como consecuencia de los perjuicios económicos sufridos por numerosos inversores minoristas se ha producido un gran número de reclamaciones en sede judicial sobre la validez de diversos productos financieros, basándose fundamentalmente en el “error o vicio del consentimiento prestado por el inversor”. Así, en base al artículo 1261 del Código Civil, el consentimiento prestado es nulo, entre otras causas, si éste se ha prestado por error (artículo 1.265 Código Civil). Por tanto, quien ha sufrido dicho error en la manifestación de su voluntad puede solicitar que se declare la nulidad relativa o anulabilidad del contrato (artículo 1.300 del Código Civil), obteniéndose de este modo la restitución de prestaciones.
El Tribunal Supremo ha elaborado una doctrina relativa al error como vicio del consentimiento que debe contar con las siguientes características: (i) el error debe consistir en una representación equivocada de la realidad; (ii) dicho error no debe ser imputable al que lo padece y (iii) el error debe ser excusable; es decir, pudo ser evitado empleando una diligencia exigible a una persona ordinaria
Con carácter general, la jurisprudencia ha declarado la nulidad de determinados productos financieros cuando concurren las siguientes circunstancias:
Incumplimiento por parte de la entidad financiera en su obligación de informar en los términos previstos en la normativa del mercado de valores.
Cuando el cliente no posea conocimientos en materia de productos financieros.
A continuación, se expondrán los principales productos financieros que en los últimos años han ofrecido una alta litigiosidad ante los tribunales de justicia por parte de los inversores particulares.
Principales productos financieros comercializados con reclamaciones judiciales
En este apartado se mencionarán brevemente los principales productos financieros y bancarios que han generado una litigiosidad destacable. Para una mejor exposición, se distinguirá entre productos financieros comercializados como inversión y aquellos asociados a otras operaciones de índole bancaria.
a) Productos financieros
Las participaciones preferentes son productos financieros complejos que fueron comercializados por entidades financieras y que, posteriormente a su emisión, algunas de ellas tuvieron problemas de solvencia y no cumplieron con las promesas de rentabilidad que constaban en los contratos de emisión.
Sus principales características consistían en (i) el carácter perpetuo de los valores, si bien la entidad emisora se reservaba el derecho a su amortización; (ii) valores de renta fija con la posibilidad de conversión en recursos propios de la entidad; (iii) no otorgaban derechos políticos al inversor, (iv) ofrecían una retribución fija elevada condicionada a la obtención de beneficios por parte del emisor.
Su calificación es de un instrumento de capital híbrido al que se le aplica el tratamiento de los recursos propios. Su riesgo era elevado al tener la posibilidad de generar pérdidas de capital. En la mayoría de los casos se comercializó entre inversores minoristas que no conocían en detalle las características de tales productos y numerosos tribunales de justicia ha declarado la nulidad del contrato que comporta la restitución por los contratantes de las prestaciones recibidas (así por ejemplo, Sentencia Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2016).
Las obligaciones subordinadas son valores de renta fija con una alta retribución, cuya característica principal consiste en el rango a efectos de prelación de créditos (se sitúan normalmente en el último lugar de los acreedores), pudiéndose suspender el pago de intereses en el supuesto que el emisor se encuentre en pérdidas. En muchos casos se comercializó entre clientes de las propias entidades bancarias que desconocían los riesgos que podían suponer. Del mismo modo numerosas sentencias han acordado la restitución de las prestaciones basándose en la nulidad del contrato por vicio en el consentimiento prestado.
Usualmente se trata de obligaciones y bonos convertibles en acciones del emisor de forma automática en una fecha determinada. En consecuencia, el tenedor de los valores debía convertir de forma obligatoria los bonos en acciones. Sin embargo, en numerosas ocasiones dicha conversión ha producido tras la crisis de los mercados de valores, produciendo pérdidas relevantes para el tenedor, por cuanto el valor de mercado de las acciones tras la conversión ha sido notoriamente inferior al valor nominal de los bonos u obligaciones suscritas. Al tratarse de un producto complejo, la jurisprudencia ha considerado de forma mayoritaria que deben cumplirse los requisitos de información y advertencia sobre los riesgos asumidos y, en caso de no cumplirse tales requisitos, ha establecido la nulidad de los contratos de suscripción, obligando a la restitución mutua de las prestaciones.
Se trata de acciones de la entidad de crédito Bankia adquiridas en la Oferta Pública de Suscripción con motivo de la salida a bolsa de dicha entidad en el mes de julio de 2011. Posteriormente, y como consecuencia de la crisis de la entidad, las acciones perdieron buena parte de su valor en el mercado bursátil.
En este caso, pese a tratarse de acciones cotizadas, siendo un producto financiero menos complejo que los anteriores al existir una mayor difusión de los riesgos inherentes al mismo, se ha discutido el error que podría existir al prestar el consentimiento en la suscripción de tales acciones con motivo de la información calificada como inexacta contenida en el folleto de salida a bolsa. Los tribunales han considerado que dicho folleto no informó con exactitud en relación con la situación financiera y de solvencia de la entidad en el momento de la salida a bolsa.
Como consecuencia de dicha inexactitud, se habría provocado un error en el consentimiento de los clientes minoristas que suscribieron las acciones de Bankia. En tal sentido, los tribunales mayoritariamente vienen estableciendo en el caso de inversores minoristas la obligación de restituir el precio abonado por tales acciones, debiendo los clientes entregar los valores suscritos.
Acciones y obligaciones de Banco Popular
Se trata del supuesto más reciente de reclamación de cómo consecuencia de la intervención y resolución de Banco Popular en fecha 7 de junio de 2017. Así, los accionistas y tenedores de determinadas obligaciones vieron como sus valores se redujeron a cero, produciéndose la pérdida total de la inversión.
No obstante, Banco Santander como entidad adquirente del proceso de venta de Banco Popular llevado a término por la Junta Única de Resolución (2), ofreció a quienes adquirieron acciones como consecuencia de la última ampliación de capital y que las tuvieran depositadas en Banco Popular o Santander, suscribir un activo de renta fija que devolvería el nominal suscrito al séptimo año desde su emisión (“bonos de fidelización”).
No obstante, aquellos clientes minoristas que invirtieron en la ampliación de capital del año 2016 efectuada por Banco Popular y que no podían acogerse a la fórmula anteriormente descrita del bono de fidelización o que preferían el reconocimiento judicial de la restitución de la inversión efectuada, están obteniendo mayoritariamente resoluciones judiciales favorables en base a la información inexacta contenida en el folleto de emisión de la ampliación de capital efectuada en mayo de 2016.
Se denomina depósito estructurado al producto bancario de inversión financiera que combina por una parte un depósito bancario tradicional mediante el pago de un interés fijo sobre el capital invertido y, por otro, una rentabilidad variable vinculada usualmente a la evolución de uno o varios valores de renta variable o un índice bursátil. Existen múltiples variantes de depósitos estructurados en función de la forma de determinar la rentabilidad variable, así como la existencia o no de garantía de devolución del capital.
Como consecuencia de la crisis financiera y de los mercados bursátiles, numerosos clientes han sufrido pérdidas, existiendo amplios pronunciamientos de tribunales en relación con la obligación de restituir las prestaciones en aquellos supuestos de inversores que hubieran sufrido un error en el consentimiento en su contratación como consecuencia de la falta de información sobre los riesgos asumidos.
b) Productos bancarios
Contratos de permuta financiera “Swaps”
Los contratos de permuta financiera o “swaps” de tipos de interés buscan inicialmente cubrir el riesgo de tipo de interés del prestatario al suscribir una operación de préstamo o crédito a tipo variable. La regulación legal se contiene en la Ley 36/2003, cuyo artículo 19 regula los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios. La norma establece la obligación de las entidades financieras de informar a sus deudores hipotecarios sobre los instrumentos, productos o sistemas de cobertura del riesgo del tipo de interés que tengan disponible. Determinados deudores (personas físicas y empresarios) han interpuesto reclamaciones judiciales al entender que no recibieron la información específica sobre las consecuencias de dichos contratos de permuta financiera y que, además, fueron suscritos en un momento previo a futuros descensos de tipos de interés que les obligaba a satisfacer cantidades significativas a las entidades financieras. Por todo ello, consideran que se produjo un error en el consentimiento otorgado.
Determinadas entidades financieras ofrecieron a sus clientes préstamos con garantía hipotecaria a interés variable, estableciéndose que la moneda en la que se entrega el capital pueda referenciarse a una moneda diferente al euro (las divisas más utilizadas han sido el yen japonés y el franco suizo). La ventaja teórica de utilizar la divisa de un país con tipos de interés más reducidos que el euro tiene el inconveniente de la eventual revalorización de dichas monedas y el quebranto que supone tener que devolver cantidades en dicha moneda que serían superiores a la deuda inicial contraída en euros.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2017 considera que se trata de un producto complejo y que en numerosas ocasiones el prestatario no ha tenido una comprensión adecuada del riesgo de tipo de cambio que asumía.
Cláusulas de tipo de interés “suelo”
En determinados contratos de préstamo a tipo de interés variable se incorporaron cláusulas denominadas “suelo”, en cuya virtud existe un tipo de interés mínimo a abonar a la entidad financiera prestamista, aunque el tipo de interés de referencia (usualmente Euribor) descendiese por debajo del citado umbral.
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de mayo de 2013, declaró abusiva dicha cláusula al no haberse negociado de forma bilateral entre ambas partes contratantes y no haberse informado suficientemente sobre los efectos que podía suponer para el cliente. En base a ello, numerosos prestatarios han reclamado el exceso de los intereses reclamados. Para evitar una alta litigiosidad, se promulgó el Real Decreto-Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección en materia de cláusulas suelo que permitía a que las entidades financieras de forma voluntaria acordaran compensar a sus clientes.
El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), oficialmente denominado tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre ha sido, junto con el índice euríbor, el referente utilizado en la mayoría de los préstamos hipotecarios otorgados a los consumidores en las últimas dos décadas.
Un número significativo de consumidores acuden a los tribunales con el propósito de que este índice sea declarado abusivo por falta de transparencia, puesto que a la hora de formalizar la hipoteca no se les informó de la existencia de otros tipos de interés más ventajosos para el cliente. En las demandas se exige la eliminación de todo índice de referencia en el préstamo hipotecario o que se realice un recálculo del mismo aplicando el euríbor que es beneficioso para el consumidor. En ambos supuestos la entidad bancaria tendría la obligación de devolver al cliente lo cobrado de más con los intereses devengados desde las fechas de cobro de cada una de las cuotas, lo que genera reclamaciones de cantidades muy elevadas.
Si bien el Tribunal Supremo declaró válida la clausula del IRPH en Sentencia de 14 de diciembre de 2017, se han planteado diversas cuestiones prejudiciales por órganos judiciales españoles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la posibilidad de que la cláusula que contiene el índice de referencia pueda ser controlada de oficio y, en caso afirmativo, si la misma podría ser nula. A fecha actual está pendiente de la Sentencia del tribunal comunitario para que dictamine sobre la posible falta de transparencia de dicha cláusula en los contratos de préstamo hipotecario.
Gastos de constitución en préstamos hipotecarios
Las personas físicas contratantes de préstamos hipotecarios están reclamando diversos gastos en la constitución de préstamos hipotecarios (comisión de apertura, gastos de notaría y registro de la propiedad, gestoría y tasación) al considerarse que tales gastos se han exigido de forma obligatoria en forma de cláusulas abusivas sin una previa negociación. En este sentido, en las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo viene estableciendo la doctrina relativa a que el banco y el cliente deberán asumir el 50% del coste de la gestoría, notaría y Registro de la propiedad, mientras que la tasación iría a cargo del consumidor.
En cuanto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y, tras una azarosa vía judicial culminada en el Tribunal Supremo con sentencias divergentes, finalmente el Real Decreto-Ley 17/2018 ha zanjado la cuestión, estableciendo que son las entidades bancarias a soportar el coste del tributo.
Por último, la reciente publicación de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ha establecido el marco legal de los costes y ha concretado quien debe soportar los diversos gastos y el impuesto AJD en la concesión de un crédito con garantía hipotecaria.
Así, la citada norma establece que dichos gastos deben ser a cargo de la entidad prestamista, a excepción de la tasación que será a cargo del prestatario. El tributo será a cargo de la parte que la norma específica establezca que, recordemos, actualmente es a cargo de la entidad bancaria.
Los inversores particulares han interpuesto numerosas reclamaciones judiciales en relación con productos bancarios y financieros que se resuelven en los tribunales de justicia. Asimismo, la normativa de protección de los usuarios financieros está incrementando la protección en la contratación de productos bancarios y financieros
Ley 47/2007, de Reforma del Mercado de Valores.
Real Decreto-Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección en materia de cláusulas suelo.
Ley 5/2009, reguladora del crédito inmobiliario.
(1) Directivas 2004739/CE, 2006/73/CE y 2006/49/CE, así como Reglamento CE 1287/2006 denominada normativa MIFID -Markets in Financial Instruments Directive-. ↩
(2) Mecanismo de resolución bancaria de la Unión Europea. ↩

References: artículo 78
 artículo 1261
 resolución 
 Resolución 
 artículo 19
 resolución