Source: https://beta.e-justice.europa.eu/45/ES/divorce_and_legal_separation?CROATIA&init=true&member=1
Timestamp: 2019-10-17 10:59:25+00:00

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La condición previa necesaria para obtener una resolución judicial de divorcio es el inicio del procedimiento judicial adecuado para el divorcio (civil o no contencioso) por parte de la persona o personas autorizadas (locus standi), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, 369 y 453 de la Ley de Procedimientos Familiares (Obiteljski zakon) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.º 103/15]. Si los cónyuges tienen un hijo menor de edad en común, la petición de divorcio por mutuo acuerdo debe ir acompañada de los documentos correspondientes (informe sobre la consulta obligatoria y plan de custodia compartida — artículos 55 y 456 de la Ley de Procedimientos Familiares). Se aplican normas similares cuando los cónyuges tienen un hijo menor de edad en común y solo uno de ellos pide el divorcio (informe sobre la consulta obligatoria y prueba de participación en la primera reunión de mediación familiar — artículos 57 y 379 de la Ley de Procedimientos Familiares).
Las condiciones previas necesarias para el divorcio se rigen por lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Procedimientos Familiares. En virtud de las disposiciones legales previamente mencionadas, el órgano jurisdiccional disuelve un matrimonio:
1. si existe un acuerdo entre los cónyuges con respecto al divorcio;
2. si se ha determinado que la relación entre los cónyuges se ha roto de forma grave y permanente;
3. si ha transcurrido un año desde la «disolución de la unión matrimonial».
Una de las consecuencias legales de la disolución del matrimonio es el cese de los derechos individuales y de los deberes de los cónyuges (artículos 30 a 33 de la Ley de Procedimientos Familiares). La Ley de Procedimientos Familiares establece expresamente que, en el caso de disolución matrimonial (por anulación o divorcio), cada uno de los excónyuges podrá conservar el apellido que tenía al disolverse el matrimonio (artículo 48 de la Ley de Procedimientos Familiares).
Antes de la liquidación de los bienes conyugales (de común acuerdo o por resolución judicial, en procedimientos no contenciosos), el problema más frecuente es el de diferenciar los derechos y bienes que forman parte de los bienes conyugales de los derechos y bienes que constituyen el patrimonio individual de un cónyuge o del otro (diferenciando los tres tipos de bienes). Estos problemas se resuelven iniciando un procedimiento civil basado en las disposiciones de la Ley de Procedimientos Familiares (artículos 34 al 39 y artículos 43 al 46), en caso de que los cónyuges no puedan alcanzar un acuerdo sobre la división de las relaciones de bienes comunes (capitulaciones matrimoniales, artículos 40 al 42 de la Ley de Procedimientos Familiares), con la aplicación alternativa de la Ley sobre Propiedad y Otros Derechos Reales, la Ley de Obligaciones Civiles, la Ley de Registro de Tierras, la Ley de Sociedades, la Ley de Ejecución y la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 38, 45 y 346 de la Ley de Procedimientos Familiares).
Entre las consecuencias jurídicas de la disolución de un matrimonio que afectan a los hijos menores de edad, hay algunos asuntos importantes: con qué progenitor residirá el menor una vez que el matrimonio se haya disuelto, el establecimiento de acuerdos con el otro progenitor, la obligación de alimentos, cómo se organizarán el resto de ámbitos de la guarda y custodia (representación del menor, ejecución de actos jurídicos, gestión y disposición de los bienes del menor, educación y salud del menor, etc.). Los cónyuges pueden llegar a un acuerdo en relación con estas consecuencias jurídicas del divorcio (acuerdo sobre custodia compartida) y, por lo tanto, elegir un procedimiento de divorcio no judicial más rápido y sencillo, (artículos 52, 54 y 55, 106, 453 a 460 de la Ley de Procedimientos Familiares). Si los cónyuges no llegan a un acuerdo de custodia compartida que contenga un acuerdo sobre las consecuencias jurídicas relevantes del divorcio, el órgano jurisdiccional dictará una resolución sobre estos asuntos de forma automática en un procedimiento judicial iniciado mediante una demanda de divorcio (artículos 53-54, 56-57 y 413 de la Ley de Procedimientos Familiares). No obstante, existe la posibilidad de que los progenitores lleguen a un acuerdo sobre las consecuencias jurídicas del divorcio durante el procedimiento judicial relativo al mismo. En tal caso, el órgano jurisdiccional tomará una decisión sobre la base del acuerdo entre los progenitores, si considera que este es acorde con el interés superior del menor (artículos 104, apartado 3, y 420 de la Ley de Procedimientos Familiares).
La Ley de Procedimientos Familiares prevé la posibilidad de que el cónyuge solicite la pensión de alimentos antes de la conclusión del juicio de divorcio. En caso de que no se presente ninguna solicitud de alimentos durante el juicio de divorcio, el ex cónyuge dispone de un plazo de seis meses desde la disolución definitiva del matrimonio para presentar una demanda con el fin de solicitar dicha pensión, siempre que las condiciones para tal prestación se cumplan cuando termine el juicio de divorcio y sigan cumpliéndose hasta que termine el juicio relativo a los alimentos (artículos 295 a 301, 423 a 432 de la Ley de Procedimientos Familiares). Las condiciones legales para la pensión de alimentos son que el demandante no tenga suficientes medios para mantenerse a sí mismo o no pueda mantenerse a partir de sus bienes, y que no pueda trabajar o encontrar un trabajo, siempre que el cónyuge que paga los alimentos tenga suficientes medios y capacidades para cumplir este compromiso (artículo 295 de la Ley de Procedimientos Familiares). La pensión se fija para un período determinado de tiempo. El artículo 298 de la Ley de Procedimientos Familiares dispone que la pensión de alimentos de un cónyuge puede durar hasta un año, en función de la duración del matrimonio y de la posibilidad del demandante de conseguir otro medio de vida adecuado en un futuro previsible. Esta ley también establece las modalidades de pago de la pensión de alimentos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 296 de la Ley de Procedimientos Familiares, la pensión se determina en una suma mensual regular que se paga por adelantado. Sin embargo, es posible que el órgano jurisdiccional, a petición de uno o de ambos cónyuges, ordene el pago de una suma única, en función de las circunstancias del caso. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 302 de la Ley de Procedimientos Familiares, los cónyuges podrán suscribir un acuerdo de alimentos en caso de divorcio (artículos 302, 470-473 de la Ley de Procedimientos Familiares).
No existe ningún término equivalente a «separación legal» en el derecho de familia de Croacia. Un término que se correspondería con el de «separación legal» que se encuentra en la legislación actual sería «disolución de la unión matrimonial» (prestanak bračne zajednice). La «disolución de una unión matrimonial» sucede si los cónyuges terminan todas las relaciones mutuas que normalmente se dan en una convivencia, es decir, si ya no desean vivir como cónyuges y compartir y cumplir el contenido de tal relación. La disolución de una unión matrimonial tiene sentido en el ámbito del derecho matrimonial puesto que, en virtud del artículo 51 de la Ley de Procedimientos Familiares, uno de los fundamentos jurídicos de la disolución matrimonial es que haya pasado un año desde la disolución de la unión matrimonial. La disolución de la unión matrimonial también tiene un sentido específico al definir las relaciones de propiedad entre los cónyuges, puesto que, en virtud del artículo 36 de la Ley de Procedimientos Familiares, los bienes que los cónyuges han adquirido mediante el trabajo durante la unión matrimonial (contraponiendo ese concepto a «durante el matrimonio»), o que se origina de este bien, se consideran bienes matrimoniales.
No existe ningún término equivalente a «separación legal» en el derecho de familia de Croacia. Un término que se correspondería con el de «separación legal» que se encuentra en la legislación actual sería «disolución de la unión matrimonial» (prestanak bračne zajednice). La Ley de Procedimientos Familiares no establece las condiciones para la «disolución de la unión matrimonial», puesto que la unión matrimonial es un concepto jurídico y representa el contenido de la vida conyugal. La disolución de la unión matrimonial sucede si los cónyuges terminan todos las relaciones mutuas que de otro modo constituyen la vida conyugal, es decir, si ya no desean vivir como una pareja casada y cumplir el contenido de tal relación (p. ej., si dejan de comunicarse, etc.). La disolución de una unión matrimonial se suele manifestar en la práctica cuando uno de los cónyuges deja el hogar común y abandona al otro cónyuge.
No existe ningún término equivalente a «separación legal» en el derecho de familia de Croacia. Un término que se correspondería con el de «separación legal» que se encuentra en la legislación actual sería «disolución de la unión matrimonial» (prestanak bračne zajednice). «Disolución de la unión matrimonial» tiene sentido en este ámbito del derecho matrimonial puesto que, en virtud del artículo 51 de la Ley de Procedimientos Familiares, uno de los fundamentos jurídicos de la disolución matrimonial es que haya pasado más de un año desde la «disolución de la unión matrimonial». La «disolución de la unión matrimonial» también tiene un sentido específico al definir las relaciones de propiedad de los cónyuges, ya que, en virtud del artículo 36 de la Ley de Procedimientos Familiares, los bienes que los cónyuges han adquirido mediante el trabajo durante la unión matrimonial (contraponiendo ese concepto a «durante el matrimonio»), o que se originen de esos bienes, se consideran bienes matrimoniales. La lógica que rige tal legislación es que la duración de la unión matrimonial no tiene que coincidir exactamente con la duración del matrimonio, especialmente cuando el matrimonio acaba en divorcio. Por regla general, la disolución de la unión matrimonial ocurre antes que se inicie el procedimiento de divorcio. El procedimiento de divorcio, por lo tanto, puede seguir en curso tras la «disolución de la unión matrimonial», y por lo general eso es lo que ocurre (sobre todo si se ha hecho uso de la vía judicial en el procedimiento).
La «anulación matrimonial» (poništaj braka) es uno de los motivos para la disolución del matrimonio (artículo 47 de la Ley de Procedimientos Familiares) y constituye uno de los tres litigios matrimoniales que el ordenamiento jurídico croata regula (artículo 369 de la Ley de Procedimientos Familiares). La «anulación matrimonial» representa una sanción de derecho de familia sobre un matrimonio que se haya contraído en contra de las disposiciones que regulan la validez matrimonial (artículos 25 al 29 de la Ley de Procedimientos Familiares), y se lleva a cabo en procedimientos judiciales iniciados mediante una demanda (artículo 369 de la Ley de Procedimientos Familiares). Las disposiciones sobre «anulación matrimonial» se aplican cuando un matrimonio no es válido (artículos 29, 49 y 369 a 378 de la Ley de Procedimientos Familiares).
Un matrimonio contraído en contra de las disposiciones de los artículos 25 a 28 de la Ley de Procedimientos Familiares (si el matrimonio fue contraído por parte de personas menores de edad, personas sin la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, personas privadas de la capacidad jurídica para hacer declaraciones relativas a su situación personal, personas que son parientes consanguíneos o que han sido adoptadas, o si entre la novia o el novio existe previamente un matrimonio o una relación estable) es inválido y se le aplican las disposiciones sobre «anulación matrimonial» (artículo 29 de la Ley de Procedimientos Familiares).
Las consecuencias jurídicas de la «anulación matrimonial» se regulan de la misma forma que la disolución del matrimonio por divorcio (véase la respuesta a la pregunta 3).
En el ordenamiento jurídico croata, el divorcio está regulado como un procedimiento judicial y no existe la posibilidad de un procedimiento de divorcio no judicial. No obstante, uno de los principios fundamentales del derecho de familia, que resulta especialmente importante en los procedimientos de divorcio, es el principio de resolución consensuada de las relaciones familiares, que, además de fomentar la propia resolución consensuada de las relaciones familiares, hace hincapié en que se trata de una obligación de todos los organismos que prestan ayuda profesional a la familia o deciden sobre las relaciones familiares (artículo 9 de la Ley de Procedimientos Familiares). El derecho de familia, por lo tanto, contempla dos tipos de procedimientos no judiciales, cuyo objetivo comprende la resolución consensuada de los asuntos relativos al divorcio: el asesoramiento obligatorio (artículos 321 a 330 de la Ley de Procedimientos Familiares) y la mediación familiar (artículos 331 a 344 de la Ley de Procedimientos Familiares). Lleva a cabo el asesoramiento obligatorio un equipo de expertos del Departamento de Servicios Sociales. Se trata de una forma de apoyo a los miembros de una familia (p. ej., cónyuges con intención de iniciar un procedimiento de divorcio y que tienen un hijo menor de edad en común) para llegar a decisiones consensuadas sobre las relaciones familiares, prestando especial atención a la protección de las relaciones familiares en las que haya un menor implicado (p. ej., mediante la elaboración de un plan para la custodia compartida, un acuerdo relativo a las consecuencias jurídicas del divorcio que debe establecer en detalle: el lugar y la dirección de la residencia del menor, el tiempo que el menor pasará con cada uno de los progenitores, cómo se compartirá la información relativa al consentimiento para decisiones importantes, cómo se compartirá la información relevante sobre el menor, el importe de la pensión de alimentos como obligación del progenitor con el que el menor no reside, y también cómo se resolverán los futuros problemas), y sobre las consecuencias jurídicas de no llegar a un acuerdo y de iniciar procedimientos judiciales para determinar los derechos personales del menor. La mediación familiar es un proceso en el que las partes intentan resolver de forma consensuada los conflictos familiares con la ayuda de uno o más mediadores familiares. El principal objetivo del proceso es establecer un plan sobre la custodia compartida y otros acuerdos relativos al menor, así como con otros asuntos de naturaleza material y no material.
Los cónyuges sin un hijo menor de edad en común pueden iniciar una acción judicial mediante la presentación por parte de uno de los cónyuges de una solicitud de divorcio, o mediante la presentación por parte de los dos cónyuges de una solicitud de divorcio por mutuo acuerdo (artículo 50 de la Ley de Procedimientos Familiares). En ambos casos, el procedimiento no judicial de asesoramiento obligatorio (un tipo de ayuda especializada que presta un equipo de expertos del Departamentos de Servicios Sociales a los miembros de las familias para que lleguen a decisiones consensuadas sobre relaciones familiares) no se aplica (artículos 321 y 322 de la Ley de Procedimientos Familiares) y los cónyuges entran en un proceso de divorcio ante un órgano jurisdiccional (judicial o no judicial), que es relativamente sencillo y rápido. Todo lo anterior se aplica según corresponda a los procesos judiciales de anulación matrimonial cuando los cónyuges no tienen un hijo menor de edad en común.
Los cónyuges que tengan un hijo menor de edad en común pueden entablar un proceso judicial mediante la iniciación por parte de uno de los cónyuges de una acción o mediante la presentación por parte de ambos cónyuges de una solicitud de divorcio de mutuo acuerdo (artículo 50 de la Ley de Procedimientos Familiares). Sin embargo, antes de iniciar un procedimiento de divorcio (por acción o mediante la presentación de una solicitud de divorcio de mutuo acuerdo) cuando hay un hijo menor de edad en común, los cónyuges están obligados a participar en el procedimiento no judicial de asesoramiento obligatorio (un tipo de ayuda especializada que presta un equipo de expertos del Departamentos de Servicios Sociales a los miembros de las familias para que lleguen a decisiones consensuadas sobre relaciones familiares, artículos 321 y 322 de la Ley de Procedimientos Familiares). El propósito de estos procesos es proporcionar a los cónyuges una ayuda profesional que incluya la elaboración de un acuerdo de custodia compartida (un acuerdo sobre las consecuencias jurídicas del divorcio, que debe establecer en detalle: el lugar y la dirección de la residencia del menor, el tiempo que el menor pasará con cada uno de los progenitores, cómo se compartirá la información relativa al consentimiento para decisiones importantes, cómo se compartirá la información relevante sobre el menor, el importe de la pensión de alimentos como obligación del progenitor con el que el menor no reside, y también cómo se resolverán los futuros problemas). Los progenitores pueden llegar a un acuerdo de custodia compartida durante el proceso de asesoramiento obligatorio, si bien también lo pueden alcanzar de forma independiente o durante el proceso de mediación familiar (proceso no judicial en el que las partes tratan de resolver de manera consensuada los conflictos derivados de las relaciones familiares con la ayuda de uno o más mediadores familiares, artículo 331 de la Ley de Procedimientos Familiares). Al llegar a un acuerdo de custodia compartida, los cónyuges pueden iniciar un procedimiento de divorcio no judicial más sencillo y rápido, que se inicia mediante la presentación de una solicitud (artículos 52, 54-55, 106 y 453 a 460 de la Ley de Procedimientos Familiares). Los cónyuges con un hijo menor de edad en común están obligados a presentar un informe sobre el asesoramiento obligatorio al que hace referencia el artículo 324 de la Ley de Procedimientos Familiares con su solicitud de divorcio de mutuo acuerdo, así como un acuerdo de custodia compartida, tal como indica el artículo 106 de la misma ley (artículo 456 de la Ley de Procedimientos Familiares).
Si los cónyuges no llegan a un acuerdo de custodia compartida que contenga un acuerdo relativo a las consecuencias jurídicas del divorcio mencionado anteriormente, el órgano jurisdiccional emitirá la resolución sobre estos asuntos de oficio en un procedimiento judicial iniciado mediante una demanda de divorcio (artículos 53-54, 56-57 y 413 de la Ley de Procedimientos Familiares). Si los cónyuges tienen un hijo menor de edad en común, están obligados a adjuntar a su demanda de divorcio un informe sobre el asesoramiento obligatorio, según establece el artículo 324 de la Ley de Procedimientos Familiares, así como una prueba de participación en la primera reunión de mediación familiar (artículo 379 de la Ley de Procedimientos Familiares).
En Croacia, la asistencia jurídica y la posibilidad de exención de pago de los procedimientos judiciales y la exención de pago de tasas judiciales se regulan por medio de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.º 143/2013]. Algunas personas pueden tener derecho a asistencia jurídica primaria en todos los procedimientos de derecho de familia, incluidos los litigios matrimoniales y otros procedimientos de Derecho de familia, siempre que cumplan los requisitos legales (artículos 9 a 11 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). Algunas personas pueden tener derecho a asistencia jurídica secundaria en todos los procedimientos de derecho de familia y en otros procedimientos establecidos en la ley, siempre que cumplan los requisitos legales (artículos 12 al 25 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). La cuestión de la obtención de la resolución por la que se concede una exención de pago de procedimientos judiciales para procedimientos específicos, incluidos aquellos relativos al Derecho de familia, se rige por lo dispuesto en el artículo 13, apartado 3, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La cuestión de la obtención de la resolución por la que se concede una exención de pago de tasas judiciales para todo tipo de procedimientos, incluidos los procedimientos de Derecho de familia, se rige por lo dispuesto en el artículo 13, apartado 4, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Debe prestarse especial atención a las disposiciones: a) que regulan la prestación de asistencia jurídica secundaria sin determinar la situación financiera de la persona en cuestión (artículo 15 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita); b) que regulan el proceso de obtención de asistencia jurídica secundaria (artículos 16 al 18 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita); c) que regulan el alcance de la asistencia jurídica secundaria (artículo 19 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita); d) que regulan las cuestiones de procedimiento y otras cuestiones importantes para la obtención de asistencia jurídica gratuita (artículos 20 al 25 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). Al mismo tiempo, se debe prestar atención al artículo 6 de la Ley de Tasas Judiciales (Zakon o sudskim pristojbama) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.os 74/95, 57/96, 137/02, (26/03), 125/11, 112/12, 157/13, 110/15], con relación a las partes que están siempre exentas del pago de tasas judiciales.
Las resoluciones en materia de divorcio o nulidad matrimonial admiten recurso. Todas las partes tienen este derecho durante el proceso. La Ley de Procedimientos Familiares no regula de forma específica la apelación en pleitos matrimoniales, pero el artículo 346 establece la aplicación alternativa de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.º 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 y 89/14].
En el artículo 348, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula los recursos contra una sentencia, mientras que el artículo 378 regula los recursos contra una resolución. En cuanto a los recursos jurídicos, la Ley de Procedimientos Familiares estipula en su artículo 373 que no se permite una revisión contra las sentencias en segunda instancia dictadas en un litigio matrimonial.
De conformidad con el artículo 21 del Reglamento del Consejo (CE) n.º 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (Reglamento Bruselas II bis), las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a ningún procedimiento especial (artículo 21, apartado 1). Sin embargo, según el artículo 21, apartado 3, cualquiera de las partes interesadas podrá solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución. En tal caso, las solicitudes de reconocimiento o no reconocimiento están sujetas a la competencia territorial del órgano jurisdiccional indicado en la lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68 en la forma determinada en el artículo 31 del Reglamento Bruselas II bis. Además, cabe señalar que, sin perjuicio del artículo 21, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis, no se requerirá ningún procedimiento especial para la actualización de los datos del registro civil de un Estado miembro sobre la base de las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial dictadas en otro Estado miembro y que ya no admitan recurso con arreglo a la legislación de este último.
Las solicitudes de reconocimiento o no reconocimiento (artículo 21, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis) están sujetas a la competencia territorial del órgano jurisdiccional indicado en la lista, tal como se establece en la respuesta a la pregunta 14. En tal caso, se aplica el proceso descrito en la sección 2 del capítulo III del Reglamento Bruselas II bis.
El recurso jurídico, es decir, un recurso en virtud del artículo 33 del Reglamento Bruselas II bis, se presenta a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia (provinciales) a través del tribunal de primera instancia que adoptó la decisión (órgano jurisdiccional de competencia territorial de la lista anterior).
La legislación aplicable en caso de divorcio es la del país del que son ciudadanos los cónyuges en el momento en el que se presenta la demanda.
Si en el momento de presentación de la demanda, los cónyuges son ciudadanos de países distintos, se aplican las legislaciones acumulativas de los países de los que son ciudadanos, según el artículo 35, apartado 2, de la Ley sobre la Resolución de Conflictos de Leyes con Normativas de Otros Países en Determinadas Relaciones (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) [Narodne Novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia), n.ºs 53/91, 88/01]. Si, en virtud de la legislación de los países de los que los cónyuges son ciudadanos, un matrimonio no pudiera disolverse, se aplicará la legislación croata a dicha disolución, siempre que uno de los cónyuges tuviera su residencia permanente en Croacia en el momento de la presentación de la demanda.
Si uno de los cónyuges es ciudadano croata sin residencia permanente en Croacia y el matrimonio no puede disolverse en virtud de lo que dispone el artículo 35, apartado 2, de la Ley sobre la Resolución de Conflictos de Leyes con Normativas de Otros Países en Determinadas Relaciones, se aplicará la legislación croata.

References: resolución 
 artículo 51
 resolución 
 resolución 
 artículo 298
 artículo 296
 artículo 302
 artículo 51
 artículo 36
 artículo 51
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 331
 artículo 324
 artículo 106
 resolución 
 artículo 324
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 346
 artículo 348
 artículo 378
 artículo 373
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 68
 artículo 31
 artículo 21
 artículo 33
 artículo 35
 Resolución 
 artículo 35
 Resolución