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Timestamp: 2018-10-19 17:40:38+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/3936/2004, 31-05-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3936/2004 de 31 de Mayo de 2006
Núm. Resolución: 00/3936/2004
Se anula la diligencia de embargo por falta de notificación, ya que no se prueba por la Administración y sí se aporta prueba suficiente por el reclamante que desvirtúa que el cónyuge de la deudora, que rehusó recibir la notificación, tenga la condición de representante de la misma. En el expediente no figura fotocopia del poder notarial que facultaba al cónyuge de la deudora para ser notificado en su nombre de las providencias de apremio y la recurrente adjunta al recurso de alzada una fotocopia de escritura de apoderamiento por la que ambos cónyuges se confieren poder recíproco para efectuar actuaciones y operaciones ante entidades bancarias y financieras y actos de administración sobre bienes inmuebles, sin que de dicho poder se deduzca que el cónyuge de la deudora tuviera facultades para realizar en su nombre ningún acto relacionado con la Administración Pública.
En la Villa de Madrid, a 30 de mayo de 2006 en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por D.ª ..., y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efecto de notificaciones en ... contra acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... de 25 de mayo de 2004, reclamación ..., en asunto relativo a embargo de participaciones de fondos de inversiones; cuantía: 157.563,5 €.
PRIMERO.- En el procedimiento de apremio seguido contra D.ª ... como consecuencia de haber sido declarada responsable subsidiaria de determinadas deudas tributarias de la entidad ..., S.A., el Jefe de Servicio de Recaudación de la Administración de ... de la Delegación de ... de la AEAT emitió en fecha 24 de mayo de 2001, la diligencia de embargo nº ... de participaciones del fondo de inversión ..., siendo el importe total a embargar de 26.216.361 ptas (157.563,5 €).
Contra la citada diligencia de embargo y en fecha 28 de septiembre de 2002, interpuso la interesada reclamación económico administrativa ante el Tribunal Regional de ... alegando esencialmente la falta de notificación de la providencia de apremio por no haberse intentado la notificación personal de la misma a la interesada, habiéndose intentado sin embargo efectuar la notificación a su esposo que la rechazó alegando no tener facultades para recibirla.
SEGUNDO.- En fecha 25 de mayo de 2004 el Tribunal Regional mencionado procedió a resolver la reclamación planteada dictando acuerdo en el que expuso que según consta en diligencia de constancia de hechos incorporada al expediente, el esposo de la reclamante exhibió ante la Administración de ... de la Agencia Tributaria un poder notarial que le confería facultades suficientes para recibir notificación de actos administrativos en este expediente, y de hecho firmó la notificación de algunos actos rechazando sin embargo la notificación de la providencia de apremio, por lo que teniendo en cuenta que las afirmaciones de hecho efectuadas por los agentes en las diligencias de constancia de hechos son documentos públicos y gozan de presunción de veracidad, consideró correcto el criterio seguido por el Tribunal Regional al mantener que la notificación de la providencia de apremio fue rehusada por el representante de la interesada procediendo en consecuencia a desestimar la reclamación confirmando el embargo impugnado.
TERCERO.- Contra el mencionado acuerdo interpuso la interesada recurso de alzada ante este Tribunal Central en el que en síntesis expuso lo siguiente: a) que el cónyuge de la interesada no es el representante legal de la misma y que los funcionarios de la Administración ... de la Agencia Tributaria aceptaron indebidamente el poder notarial como suficiente cuando el poder de 8 de enero de 2001 se refería únicamente a prácticas bancarias y a actos de administración de inmuebles; b) que debe aplicarse a este caso el instituto de la prescripción porque desde la declaración de la responsabilidad subsidiaria de la interesada, efectuada el 31 de julio de 1995 hasta que el 30 de marzo de 2001 se le notificó defectuosamente la providencia de apremio transcurrieron más de cuatro años; c) que la declaración de responsabilidad subsidiaria y las liquidaciones practicadas son improcedentes.
PRIMERO.- Concurren en la presente reclamación, los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que constituyen presupuesto para la admisión a tramite del mismo, en el que la cuestión que en definitiva se plantea, es la de la adecuación o no a derecho de la diligencia de embargo de fondos de inversiones antes referida.
SEGUNDO.- Dado que la recurrente alega entre otro extremos haberse producido la prescripción de la deuda, debe comenzarse por el examen y resolución de dicho tema por tratarse de una cuestión de orden público procesal.
A tal respecto es de indicar que la interesada ha adjuntado al escrito de interposición de este recurso de alzada, entre otros documentos, la fotocopia de un acuerdo del TEAR de ... de fecha 12 de septiembre de 2000 por el que se estimó la reclamación ... interpuesta por la misma interesada ante dicho Tribunal contra otras diligencias de embargo cursadas en el procedimiento de apremio seguido para el cobro de las mismas deudas. En dicho acuerdo se anularon los embargos practicados en base a la falta de acreditación de la notificación en forma reglamentaria de la providencia de apremio. De ello se deduce la existencia en este caso de actos que interrumpieron el periodo de prescripción del derecho de la Administración a exigir el ingreso de la deuda, que son la notificación de las diligencias de embargo que se efectuó el 31 de julio de 1998 y la interposición contra dichas diligencias de reclamación económico administrativa ante el TEAR de ..., así como la notificación del acuerdo de dicho TEAR que resolvió la citada reclamación, actos estos últimos, de los que no consta su fecha en el expediente, pero que en cualquier caso tuvieron lugar entre el 31 de julio de 1998 y el 30 de marzo de 2001, razón por la que no cabe estimar la existencia de prescripción alegada por la recurrente.
TERCERO.- Alega por otra parte la recurrente la falta de notificación de la providencia de apremio por no ostentar el cónyuge de la deudora, que rehusó recibir la notificación, la condición de representante de la misma. Dicha alegación constituye un concreto motivo de impugnación de los actos producidos en el curso del procedimiento de apremio, recogido como tal en los artículos 138.2 de la Ley General Tributaria en la redacción dada por la Ley 25/1995 y 99.2 del Reglamento General de Recaudación.
En relación con el citado motivo de impugnación, es de señalar que en el expediente de gestión figura una diligencia de constancia de hechos extendida por la Unidad del Servicio de Recaudación de la Administración ... de la Agencia Tributaria en fecha 30 de marzo de 2001, según la cual en dicha fecha se personó en la citada Unidad D. ..., cónyuge del deudor D.ª ..., exhibiendo poder notarial, al que le fueron notificadas las actuaciones correspondientes a la ejecución del fallo del TEAR, reclamación ..., devolución de aval bancario y levantamiento de diligencia de embargo de bienes inmuebles, sin que fuera posible notificarle las providencias de apremio por negarse a recibirlas, por lo que se le informó que según el artículo 59 de la Ley 30/1992, dichas notificaciones se entendía rehusadas por persona capacitada para ello y notificadas en esa fecha. Sin embargo no figura en el expediente fotocopia del poder notarial que a juicio de la citada Unidad facultaba al cónyuge de la deudora para ser notificado en su nombre de las providencias de apremio. Por su parte, la recurrente adjunta al recurso de alzada una fotocopia de escritura de apoderamiento de fecha 8 de enero de 2001 por la que ambos cónyuges se confieren poder recíproco para efectuar actuaciones y operaciones ante entidades bancarias y financieras y actos de administración sobre bienes inmuebles, sin que de dicho poder se deduzca que el cónyuge de la deudora tuviera facultades para realizar en su nombre ningún acto relacionado con la Administración Pública.
El artículo 135.5 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 25/1995, establece que "las diligencias extendidas en el ejercicio de sus funciones recaudatorias a lo largo del procedimiento de apremio por funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos de recaudación, tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario". Pues bien, en el presente caso, la recurrente ha presentado como prueba justificativa de la afirmación de que su cónyuge no tenía facultades para representarla a efectos de recibir notificaciones, una escritura de apoderamiento que, como se ha expuesto anteriormente, no confiere facultades para efectuar en nombre de la deudora ninguna actuación relacionada con la Administración, por lo que al no poderse comprobar a la vista de la documentación obrante en el expediente, que la escritura de apoderamiento aportada por la recurrente sea distinta de la que presentó el cónyuge ante la Administración, debe considerarse que la aportada con el recurso de alzada constituye prueba suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad de la afirmación de que el cónyuge actuó en representación de la deudora, sin que ello se vea desvirtuado por la circunstancia de que el cónyuge de la deudora haya actuado de hecho en nombre de ésta recogiendo otras notificaciones y documentos, pues ello no le convierte en representante a efectos de un acto trascendental dentro del procedimiento recaudatorio como es la notificación de la providencia de apremio.
Como consecuencia de lo expuesto debe considerarse inaplicable al caso lo determinado en el artículo 59.3 de la Ley 30/1992, lo cual, unido al hecho de que del expediente no se deduce que en ningún momento se hubiera intentado la notificación personal a la deudora de las providencias de apremio, conduce a considerar no efectuada la notificación de dichas providencias lo cual implica a su vez la improcedencia de la emisión de la diligencia de embargo impugnada cuya anulación procede.
CUARTO.- Alega por último la recurrente la improcedencia de la declaración de la responsabilidad subsidiaria y de las correspondientes liquidaciones, cuestiones éstas que no pueden ser objeto de resolución con motivo de la impugnación de una diligencia de embargo, ya que o no han sido impugnadas en su momento y por tanto han quedado firmes, o sí lo han sido y en tal caso deberán ser resueltas en la instancia correspondiente.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el presente recurso de alzada, ACUERDA: Estimarla en parte anulando la diligencia de embargo impugnada.
Embargo de participaciones sociales
Sentencia Administrativo Nº 411/2007, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 856/2001, 26-02-2007
Orden: Administrativo Fecha: 26/02/2007 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: De La Torre Deza, Fernando Num. Sentencia: 411/2007 Num. Recurso: 856/2001

References: Resolución 
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 artículo 59
 artículo 135
 artículo 59
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