Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831215.html
Timestamp: 2019-11-21 03:51:12+00:00

Document:
as201831215
Auto Supremo Nº 215
Expediente : 561/2017
Demandante : Carmen Moreno Leaños
Materia : Reclamación (Renta de vejez)
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 219 a 224, interpuesto por Olga Duran Uribe y Verónica Ardaya Miranda en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 107 de 1 de septiembre de 2017 de fs. 214 a 216, pronunciado por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso sobre Renta de Vejez seguido por Carmen Moreno Leaños, contra la entidad recurrente; el Auto de fs. 238, que concedió el recurso; el Auto Supremo N° 561-A de fs. 254 que admitió el recurso, los antecedentes del proceso, y;
Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones
Que, iniciado el trámite de Renta de vejez por Carmen Moreno Leaños, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR emitió la Resolución Nº 011481 de 20 de agosto de 1999 (fs. 34), por la que resolvió otorgar en favor de la asegurada renta única de vejez equivalente al 94% de su promedio salarial, en la suma de Bs. 4.024,40, pagaderos a partir del mes de diciembre de 1998.
Posteriormente, mediante Resolución N° 0003543 de 13 de octubre de 2016 (fs. 125 a 129), la Comisión Nacional de Prestaciones, resuelve suspender la renta otorgada, bajo el argumento de existir tres partidas de nacimiento de la asegurada.
Resolución de la Comisión de Reclamación
Ante el recurso de reclamación por parte de Carmen Moreno Leaños (fs. 160 a 162), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 514/16 de 7 de diciembre (fs. 168 a 178), resolvió confirmar la Resolución Nº 0003543 de 13 de octubre de 2016 cursante de fs. 125 a 129, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, por encontrarse conforme las disposiciones legales que rigen la materia.
En grado de apelación deducido por Carmen Moreno Leaños (fs. 191 a 193), la Sala Social, Contencioso Tributario y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, expidió el Auto de Vista signado con el Nº 107 de 1 de septiembre de 2017, cursante de fs. 214 a 216, revocando las Resoluciones Nº 0003543 de 13 de octubre de 2016 expedida por la Comisión Nacional de Prestaciones y N° 514/16 de 7 de diciembre de 2016 expedida por la Comisión de Reclamación, ambas del SENASIR, manteniendo firme y subsistente la Resolución 011481 de 20 de agosto de 1999, disponiendo la rehabilitación inmediata de la Renta de Vejez.
II.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN:
Por memorial de fs. 219 a 224, Olga Duran Uribe y Verónica Ardaya Miranda, en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, interponen recurso de casación alegando:
Que el Tribunal de Alzada no consideró el Informe Técnico N° 117/2010 de 1 de junio, en el que, de acuerdo al informe de la Corte Nacional Electoral y reporte de la base de datos del SERECI, se certifica que la asegurada contaba con tres partidas de nacimiento, con diferentes años de nacimiento.
Agrega que tampoco tomaron en cuenta las modificaciones que se hicieron en el propósito de cancelar las partidas de nacimiento, destacando el hecho que la última cancelación de la partida de nacimiento N° 8, fue realizada mediante Sentencia de 24 de junio de 2008, es decir, 10 años después de haber iniciado el trámite de la renta de vejez.
Señala que, conforme al art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social y art. 9 del DS. N° 27991, Resolución Administrativa N° 044 de 18 de julio de 2001, el SENASIR se encuentra facultado a revisar de oficio o por denuncia las prestaciones concedidas y, en su caso, disponer la devolución de lo indebidamente pagado.
Acusa que, conforme al art. 67 de la Constitución Política del Estado, vulnerada por el Tribunal de Apelación, las rentas deben otorgarse “de acuerdo a Ley” y, en cuyo marco, no se puede rehabilitar una renta de vejez, contraviniendo las normas procedimentales y causando daño al Estado.
Acusa como normas vulneradas, los arts. 45, parágrafos I, II, II y IV, 67, 116 y 117 de la CPE y el Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobada mediante Resolución Secretarial N° 10.0.0.087/97.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista Nº 107/2017 y se confirme la Resolución Nº 0003543 de 13 de octubre de 2016 y la Resolución 514/16 de 7 de diciembre.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:
Que así planteado el recurso de Casación en el fondo, corresponde resolver el mismo, conforme a los siguientes razonamientos:
1. Sobre el Informe Técnico N° 117/2010 de 1 de junio, en el que, se certifica que la asegurada contaba con tres partidas de nacimiento, con diferentes años de nacimiento y que no hubiese sido considerado por el Tribunal de Apelación, se advierte que efectivamente, dicho informe certifica tales extremos; más sin embargo, no es menos evidente que, conforme bien advierte el Tribunal de Apelación, la asegurada, presentó las literales cursantes de fs. 142 a 156 consistentes en certificado de nacimiento, fotocopia de cédula de identidad, certificados médicos, extracto de partida de nacimiento, fotocopias del proceso judicial de cancelación y ratificación de partida de nacimiento y otros que dan fe que la asegurada nació el 17 de septiembre de 1946.
Asimismo, si bien pudiesen existir otras partidas con fecha de nacimiento distinta, se debe tener en cuenta que aquellas, además de haber sido canceladas en proceso judicial, no fueron utilizadas por la asegura para el trámite de jubilación, sino únicamente aquella que certifica haber nacido en 17 de septiembre de 1946 y sobre cuya base se le concedió la renta.
Por otro lado, la mera existencia de otra partida de nacimiento no le resta valor legal al certificado de nacimiento de fs. 24, repetida a fs. 151 y ratificada por Sentencia Judicial de 24 de junio de 2008 cuya copia cursa a fs. 149 de obrados, en el que consta que la asegurada tiene registrado el 17 de septiembre de 1946 como fecha de su nacimiento.
Estos documentos, hasta tanto no sean declarados nulos y sin valor legal mediante una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, cuentan con todo el valor legal previsto en el art. 1296 parágrafo I del Código Civil, que establece: “Los despachos, títulos y certificados expedidos por los representantes del Gobierno y sus agentes autorizados sobre materias de su competencia y con las correspondientes formalidades legales, hacen plena prueba”, en concordancia con el parágrafo I del art. 1534, del mismo cuerpo legal, que determina: “Las partidas asentadas en los registros del estado civil así como las copias otorgadas por la Dirección General de Registros Públicos hacen fe sobre actos que constan en ellas”, mismos que hacen plena fe, al haber sido extendido con las solemnidades del caso y por los funcionarios autorizados por ley; documentos que la entidad recurrente no tomó en cuenta a tiempo de emitir sus resoluciones administrativas correspondientes, al ejecutar la facultad revisora con la que cuenta, otorgada por los arts. 477 del RCSS, 5 inc. d) del D.S. 27066 de 6 de junio de 2003 y el 9 del D.S. 27991 de 28 de enero de 2006.
2. Sobre las facultades del SENASIR para efectuar revisiones de oficio respecto a las prestaciones otorgadas, se advierte que el Tribunal de Alzada, en momento alguno, puso en tela juicio la facultad revisora del SENASIR, sino que concluyó que, en el ejercicio de sus facultades de revisión el SENASIR está obligado a preservar el debido proceso previo y la presunción de inocencia.
Sobre el particular, se debe tener presente que en aplicación de los arts. 13-I y 45 y 109-I de la CPE, todos los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, que se presenta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo al Estado la dirección y administración, con el control y la participación social; garantizando el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
Estos derechos, por su naturaleza, son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos, debiendo el Estado promoverlos, protegerlos y respetarlos al ser directamente aplicables, porque gozan de iguales garantías para su protección.
Por ello es que la jubilación protege a la persona de las contingencias propias de la vejez, considerado como un hecho natural, emergente del deterioro físico y psicológico y que se convierte en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales.
Se debe tener presente también, que la renta de vejez, se encuentra inserta como derecho a la seguridad social en los arts. 22 y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y se reconoció su implementación, mediante los arts. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuando establecieron que, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y por ello a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tienen derecho asimismo, a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Consiguientemente el derecho a la renta de vejez, constituye un elemento de los derechos a la seguridad social, con un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio, considerando para ello los indicados convenios internacionales, que son de aplicación preferente, conforme establece el art. 410 de la CPE.
Por otra parte, debe considerarse también que conforme instituyen tanto el art. 180-I de la CPE y 30-11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la jurisdicción ordinaria se sustenta en la verdad material, por la cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa a los hechos y circunstancias acreditadas, de la forma como ocurrieron y en cumplimiento de las garantías procesales, es decir que se debe dar prevalencia a la realidad de los hechos.
Por su parte, el art. 477 del RCSS señala que: “Las prestaciones en dinero concedidas podrá ser objeto de revisión de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento: La revisión que revocare la prestación concedida o redujere el monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”.
Los arts. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005, 5 inc. H) del DS Nº 27066 de 06 de junio de 2003 y al RM Nº 044 de 18 de julio de 2001, autorizaron primero a la Dirección de Pensiones y luego al SENASIR, a revisar de oficio o por denuncia justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, siendo los documentos cursantes en archivos, prueba para ejecutar dichas revisiones, estando para ello “autorizadas a realizar descuentos por planillas en mérito a la variación de cálculos”.
Por consiguiente, interpretando estas normas se establece que procede el descuento de las rentas en curso de pago, o el cobro por la vía coactiva social, contra las personas que al momento de la calificación de la renta, hubiesen hecho incurrir en error a la Dirección de Pensiones y ahora al SENASIR, mediante la presentación de documentos, datos o declaraciones fraudulentos, que es la única situación en que procede la devolución de las prestaciones indebidamente recibidas, surtiendo además efectos retroactivos.
Sin embargo, cuando acontece esta situación las autoridades del SENASIR, no tienen la competencia para establecer la veracidad o falsedad de documentos que no fueron franqueados por ésta entidad, pues se presume su legalidad y deben ser desvirtuados ante la justicia ordinaria y mediante los procedimientos instituidos para ese efecto y ante la autoridad que corresponda, sea de materia civil, familiar, penal y otra.
Por lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no vulneró las normas denunciadas, contrario a ello, se encuentra ajustado a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, correspondiendo en consecuencia resolver conforme al art. 220-II) del Código Procesal Civil, aplicable por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del R-CSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 219 a 224, interpuesto por Olga Duran Uribe y Verónica Ardaya Miranda en representación de Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 107 de 1 de septiembre de 2017.
Sin costas ni costos en aplicación de los arts. 39 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS No 23215 de 22 de julio de 1992.

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