Source: http://bazica.org/al-contestar-refirase.html
Timestamp: 2019-07-22 08:49:49+00:00

Document:
al oficio No.12345
FOE-SM-2194
Adilio Zeledón Mesén
ASOCIACIÓN CANTONAL ACOSTEÑA
DE PROTECCIÓN AL ANCIANO
100 metros al norte de la Estación de Bomberos
Barrio M° Auxiliadora, San Ignacio
Asunto: Se otorga la calificación de idoneidad a la Asociación Cantonal Acosteña de Protección al Anciano.
La Contraloría General de la República recibió el 4 de noviembre del año en curso, el oficio Nro. CONAPAM-DE-1164-O-2008 y la documentación que lo acompaña, el cual contiene la recomendación favorable emitida por la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), con el fin de que a esa organización no gubernamental se le otorgue la calificación de idoneidad para administrar fondos públicos.
Una vez realizado el análisis correspondiente a esa gestión, la Contraloría General resuelve conceder la calificación de sujeto idóneo para administrar fondos públicos a la Asociación Cantonal Acosteña de Protección al Anciano, cédula jurídica No. 3-002-150698.
La vigencia de esta calificación de idoneidad será de dos años, contados a partir de la fecha del presente oficio, para esos efectos deberán mantenerse las situaciones técnico jurídicas bajo las cuales la administración concedente otorgó su dictamen favorable para la calificación de idoneidad, en observancia de lo establecido en el inciso 8.2 del artículo 8º del Reglamento sobre la calificación de sujetos privados idóneos para administrar fondos públicos, publicado en La Gaceta Nro. 91 del 12 de mayo de 2005, reformado mediante publicación en La Gaceta Nro. 76 del 21 de abril de 2008.
En relación con lo anterior, este órgano contralor se permite señalar lo siguiente:
La calificación de idoneidad que se le otorga no obliga a la administración concedente a asignarle recursos públicos a esa organización, ya que ello será conforme a su entera decisión y bajo su exclusiva responsabilidad.
El otorgamiento de la calificación de idoneidad no significa una opinión de esta Contraloría General sobre el uso que esa organización le dé a los fondos públicos que reciba, ni releva a los personeros de esa entidad privada de la responsabilidad que les corresponda por el eventual manejo irregular de dichos fondos.
Se advierte que si los recursos públicos que llegue a recibir no son utilizados exclusivamente para la finalidad para la cual se le otorgaron, la administración concedente está facultada para suspender o revocar esa concesión. De darse la revocatoria esa organización privada quedará obligada a la restitución del valor del beneficio desviado, con los daños y perjuicios respectivos, de conformidad con lo que establece el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General. Nro. 7428, sin perjuicio de la aplicación de cualquier otra sanción prevista en el ordenamiento jurídico.
Se recuerda que, según lo señalado en el artículo 5 de la citada Ley Nro. 7428 y en la Circular Nro. 14300 del 18 de diciembre de 2001 y sus reformas, la entidad privada que reciba recursos públicos deberá manejarlos en una cuenta corriente separada, en cualquiera de los bancos estatales; además, del empleo de esos recursos se deben llevar adecuados registros contables, independientes de los que corresponden a otros fondos de su propiedad o administración.
Cuando se utilice parcial o totalmente fondos públicos para la adquisición de bienes y servicios, conforme a las disposiciones legales que facultan la transferencia de esos recursos, se deberá cumplir con los principios de la contratación administrativa previstos en la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas, el Reglamento General de la Contratación Administrativa y demás principios indicados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia.
Los intereses que se generen en la eventual inversión de recursos ociosos de origen público, se deben agregar al principal para la misma finalidad prevista originalmente en su otorgamiento. Esas inversiones sólo pueden hacerse en títulos valores emitidos por bancos estatales y otras entidades públicas.
Esa entidad privada está obligada a formular el presupuesto y someterlo a la aprobación de la Contraloría General, cuando el monto total de los recursos que van a administrar provenientes de transferencias del Presupuesto Nacional o de cualquier ente u órgano del sector público sobrepase las 150,733 UD (Unidades de Desarrollo), que es un índice calculado por la Superintendencia General de Valores con base en el cambio registrado en el índice de precios al consumidor, de conformidad con la circular emitida por el órgano contralor, No. 14300 del 18 de diciembre de 2001, reformada mediante publicaciones en Las Gacetas Nros. 209 y 101 del 30 de octubre de 2002 y 28 de mayo de 2007, respectivamente.
Esa organización deberá comunicar a la administración que le hubiere concedido recursos públicos cualquier cambio en la información que en su oportunidad le hubiera suministrado con el fin de obtener la recomendación favorable para obtener la calificación de idoneidad. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el inciso 8.3 del artículo 8º del Reglamento sobre la calificación de sujetos privados idóneos para administrar fondos públicos.
Toda la documentación relacionada con el manejo de fondos de origen público se deberá mantener en expedientes independientes de los que corresponden a otros fondos de su propiedad o administración. Esos expedientes deben estar ordenados, foliados y bajo la custodia debida.
Se informa que la administración concedente de los fondos públicos, por sí misma o por medio de su Auditoría Interna —en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso a) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, Nro. 8292— está facultada legalmente para verificar, por los medios que considere pertinentes, el uso que se le dé a esos recursos que transfiere para su administración; por lo tanto, esa organización privada tiene la obligación de atender cualquier requerimiento de información que para tales efectos le señalen. Lo anterior, sin detrimento de las funciones de fiscalización que le competen a la Contraloría General de la República.
La calificación de idoneidad otorgada podrá ser revocada por este órgano contralor de oficio o a solicitud de la administración concedente, mediante acto debidamente motivado, ello sin perjuicio del establecimiento de las responsabilidades y sanciones previstas por el ordenamiento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º del citado Reglamento.
Luis Diego Araya Leandro
LDA/GMZ/all
Ci: Directora Ejecutiva del CONAPAM
Auditoría Interna, CONAPAM
Ce: Área de Servicios Sociales
Ni: 25028
G: 2008000379-122

References: artículo 8
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 22
 artículo 9