Source: http://quiebras-concursos.com.ar/?q=node/180
Timestamp: 2017-12-18 01:01:43+00:00

Document:
David Tufied s/ Concurso Preventivo (recurso de revision) - recurso de queja interpuesto por Dr. Ormaechea - STJ ENTRE RIOS - 14/03/2003 | Quiebras-Concursos.com.ar
David Tufied s/ Concurso Preventivo (recurso de revision) - recurso de queja interpuesto por Dr. Ormaechea - STJ ENTRE RIOS - 14/03/2003
usuario — Dom, 07/26/2009 - 19:21
NOTIFICACIONES CONCURSALES. Validez de la notificación "por nota" o "por ministerio de la ley" - Art. 273 inc. 5° de Ley de Concursos y Quiebras (L. 24522)
3687 - "David Tufied s/ Concurso Preventivo (recurso de revision) - recurso de queja interpuesto por Dr. Ormaechea" - STJ ENTRE RIOS - 14/03/2003
"La sentencia impugnada por el recurrente quedó notificada por nota en orden a lo dispuesto en el Art. 273 inc. 5° en tanto ésa es la regla aplicable en materia de notificaciones en el proceso concursal. La notificación ficta es el medio previsto como regla tanto por la ley concursal como por la ley procesal y si no se invocan especiales circunstancias - fácticas o normativas- vinculadas al derecho de defensa, hacer lugar a lo peticionado importaría decidir a priori que el sistema de notificación ficta es inconstitucional, cuando dicha declaración, conforme reiterada jurisprudencia del máximo Tribunal del País es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico."
"... Cabe aplicar la ley de concurso y no el código procesal local salvo que el tribunal haya dispuesto la notificación por cédula o que la notificación ficta dadas las constancias especificas del proceso se haya convertido en una trampa procesal".-
Precisamente en el caso, no advierto que dicho extremo se haya configurado. Las circunstancias fácticas y argumentaciones del recurrente son a mi juicio insuficientes para dejar de lado la doctrina jurisprudencial sentada por esta Sala. En efecto, no se configuran en el caso, ni una irregularidad en el trámite, ni coexistencia de notificaciones que pudiera haber restringido o anulado el derecho de defensa del recurrente, desde que ninguna actuación judicial pudo llevarlo a confundirse respecto al modo de notificación; la resolución no fue sorpresiva."
En la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil tres, reunidos los Sres. Vocales para conocer el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 35/42, en los autos: "DAVID TUFIED S/ CONCURSO PREVENTIVO (REC.REVISION)) - RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR DR. ORMAECHEA" N° 3687, respecto de la resolución de la Cámara Tercera de Apelaciones -Sala II- obrante a fs. 29/32. Se practicó el sorteo de ley resultando que la votación debía tener lugar en el siguiente orden Sres. Vocales Dr. Juan José Papetti, Dra. Laura B. de Schaller y Dr. Juan Carlos Ardoy.//-
Estudiados los autos, la Sala se planteó la siguiente cuestión a resolver: Es admisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto? y en caso afirmativo, es procedente?.-
A LA CUESTION PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. PAPETTI EXPRESO:
I.- Que, a fs. 35/42 el Dr. Gerardo José Ormaechea en su carácter de apoderado de "Massalin Particulares S.A." promueve recurso de inaplicabilidad de ley contra la sentencia del 6 de febrero de 2.002, la cual corre agregada a fs. 29/32, resuelta por la Sala Segunda de la Cámara Tercera de Apelaciones de Paraná, la que no hace lugar al recurso de queja por apelación denegada interpuesta por la actora.-
II.- Que, el fundamento esgrimido por la recurrente, pivotea en la violación del Art. 28 de la Ley 7046, arts. 271 y 278 de la Ley de Concursos y Quiebras, arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional, como así también de la doctrina judicial sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando fallos al efecto.-
Expresa que la Cámara de Apelaciones fundó su rechazo en citas parciales de fallos de este Superior Tribunal y en la aplicación literal y exegética del art. 273 inc. 5° de la Ley 24.522. Que la misma omitió considerar que el Juez de Primera Instancia ordenó que la sentencia interlocutoria sea "notificada" lo que equivale decir que la misma sea notificada personalmente o por cédula, citando fallos al respecto. Asimismo expresa que la sentencia interlocutoria tenía regulación de honorarios, debiéndose aplicar en tal caso lo establecido en el art. 28 de la Ley 7046 ya que es una ley especial respecto del régimen concursal prevaleciendo el mencionado medio notificatorio.-
Hace referencia además que la sentencia interlocutoria nació luego de un largo e irregular periplo transcurrido desde la clausura del período de pruebas hasta el dictado de la interlocutoria, todo lo cual hizo necesaria la notificación por cédula para así permitir el debido ejercicio del derecho de defensa, e impedir situaciones de imprevisión que afecten tal derecho.-
III.- La Sala Segunda de la Cámara Tercera de Apelaciones, considera a fs. 29/32 vta., que el criterio en cuanto a notificaciones en materia concursal, ha sido establecido por la Sala en lo Civil y Comercial de este Superior Tribunal, siendo el mismo el que las notificaciones se operan por nota o tácitamente, salvo el supuesto de citación a las partes o la existencia de normas expresas en contrario, citando fallos de este Alto Cuerpo.-
Sostiene que no () dándose en el caso circunstancias excepcionales que permitan apartarse del mencionado criterio, ya que las falencias en los plazos alegadas, o las providencias solicitadas por el "a quo" no tienen entidad suficiente como para considerar lesionado el derecho de defensa de las partes, toda vez que los supuestos efectos contrarios desaparecen con una eficiente control del expediente por parte de la recurrente.-
IV.- Sintetizados brevemente los antecedentes del caso, es bueno recordar en primer término, como lo enseña Hitters que: "Para que el proceso impugnativo llegue a feliz término debe perforar por lo menos dos membranas, una formal y otra sustancial;; ello significa que tiene que satisfacer los requisitos de admisibilidad y los de procedencia, ya que si cualquiera de ellos falta, la vía resulta frustrada, por devenir inadmisible o por ser improcedente, ...", agrega a renglón seguido que cuando el recurso se interpone ante el mismo órgano que dictó la providencia impugnada -como sucede en la provincia de Entre Ríos-, "... el control de admisibilidad es llevado a cabo en dos oportunidades, la primera por el a quo y la segunda por el superior, mientras que la procedencia (es decir la fundabilidad), es por supuesto, solamente inspeccionada por el ad quem." (cfse.: "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", 2da. Edición, Hitters, Juan Carlos, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata 1.998, p g. 242).-
V.- Así, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es admisible en razón de la naturaleza de la cuestión traída a decisión de este Tribunal toda vez que se trata de la interpretación de una norma legal -ley sustantiva- reguladora del proceso concursal, contra una resolución que tiene naturaleza de definitiva.-
La recurrente pretende, en este caso, se declare que se ha violado el art. 28 de la Ley 7046 , los arts. 271 y 278 de la Ley 24.522 y arts. 16 y 18 de la Constitución Nación, como así también la doctrina judicial sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.-
En este aspecto el Tribunal deber concretar la interpretación del alcance y destino querido por dichas normas, revisando cómo el Tribunal de segunda instancia ha aplicado el derecho a los hechos de la causa. La tarea consistiría en establecer si ha habido una errónea inteligencia de la ley sustancial.-
Entrando al tema traído a consideración, cabe expresar que las normas procesales elaboradas en las últimas décadas, en la búsqueda de la celeridad en el trámite de los pleitos, han limitado las notificaciones reales -es decir personalmente o por cédula o los otros medios técnicos que las reemplazan- y disponen la notificación automática "por ministerio de la ley" o "por nota", según la interpretación lingüística de la jerga de los pasillos de tribunales que los académicos después incorporan a sus tratados.-
En esa búsqueda de la celeridad -que por lo demás fue infructuosa- las normas procesales olvidan que el conocimiento por el justiciable de los actos de los jueces es la única protección que tienen para ejercer la defensa de sus derechos. La notificación "por nota" es una ficción que no cumple ninguna finalidad protectora en la actualidad. En efecto, no podemos ocultar que el funcionamiento de los tribunales, desde hace varios años es irregular, y desde el comienzo del año corriente el servicio de justicia se presta en algunos días de la semana, como consecuencia de paros, huelgas, protestas, "trabajos a código", quite de colaboración y otras locuciones que se traducen en la negativa de atención al justiciable.-
En medio de esa situación que no permite que los abogados cumplan su labor, las normas procesales suponen que los justiciables conocen las decisiones que los jueces han dictado en los procesos que tramitan. Hay una obra de los Dres. Arazi y Rojas que comentan el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y al referirse al Art.. 134 dicen: "La norma de notificación indirecta es aquella que establece la ley para que el interesado tome conocimiento de una resolución, independientemente de que lo haga o no (cfrt. Arazi-Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001, T.I, p g.487). Es decir que la notificación por nota o indirecta puede ser o no efectiva, ya que no importa si el interesado conoce o no la resolución y allí olvidamos que notificar quiere decir hacer conocer. Pero resulta que los jueces según esa posición doctrinaria tienen la potestad de tener por conocido lo desconocido. Va de suyo que este disparate no puede ser patentado de legítimo acto procesal por una sentencia de un tribunal de casación que está obligado a invalidar las decisiones absurdas.-
Legitimar esa aberración importaría desconocer que las estructuras procesales tienen por finalidad asegurar la defensa en juicio de los derechos, vale decir de los derechos humanos, de los derechos "líquidos y ciertos" según explican los brasileños. La norma debe asegurar un proceso adecuado para la protección de cada derecho, teniendo en cuenta las orientaciones y necesidades actuales, como lo enseña Lacenda, quien además señala cómo en el proceso (garantía-celeridad) se oponen la justicia individual y la paz social (eliminación del conflicto) y que la solución debe ser una síntesis entre lo individual y lo social, como ocurrió en la tercera fase del proceso romano y en el sistema oral moderno (cfrt. Lacenda, Galeano, Proceso e cultura, en Riv. Div. Proc. Civ., 1962, v.III, p g. 74/86).-
La "concepción instrumental" del proceso debe evitarse como concepción, pues como lo enseñaba Gelsi Bidart, ello importaría reducir la significación de este, al plano de una mera técnica intercambiable. Pueden variar las formas del proceso, en parte también su estructura, pero el proceso como tal -y además, el "debido", el que puede servir adecuadamente- es pieza esencial en el funcionamiento del Estado, que ha de continuar, cuales quiera que sean los cambios que se produzcan en la sociedad. El derecho al "debido proceso" va unido al reconocimiento de los derechos humanos. Y estos se vulneran cuando se consagran ficciones con apariencia de legalidad que conceden virtualidad al hecho o resultado injusto aunque la norma legal lo autorice. No podemos desconocer que hay normas procesales que acuerdan validez a la notificación aparente llamada "por nota", pero esas normas incorporadas a los Códigos rituales o a otros cuerpos de normas como la Ley de Concursos, las Leyes de Aranceles, etc., no podían tener previsto el desquicio que hoy padecemos y que se derivan en una grosera violación al derecho de defensa, como es suponer que una resolución judicial "queda notificada" el martes o el viernes, pero en realidad el martes o el viernes nadie atendía la mesa de entradas del juzgado o del tribunal. Eso es una hipocrecía y los jueces no deben cometer hipocrecías en sus decisiones. Resulta necesario desterrar la burocratización del Poder Judicial que genera secuela, de costumbres adquiridas, mecanización, comodidad en la repetición de conductas que impiden modificar los precedentes, aún cuando ellos no se ajusten a la realidad en el tiempo que se esta juzgando. No cabe dudas que estamos viviendo una época de cambio acelerado, que lo afecta todo y por ello para mejor resolver en la búsqueda de la equidad, debemos desterrar el "pliegue mental" que lleva a quien está acostumbrado a aplicar un ordenamiento jurídico prefijado, a continuar indefinidamente en esa aplicación, sin introducir variantes e incluso reaccionando frente a los que las insinúen" (cfrt.Isaac GANON, La magistratura en lo Civil y la Jurisprudencia Sociológica, Rev.Der.Jur. y Adm., Montevideo, 1958, vol.56, p g. 216 y sig.) Este jurista, en la misma obra señalada, citando a W. F. Ogburn, expresa que las distintas partes de la cultura moderna no cambian a la misma velocidad, por que el ser humano aferra a sus hábitos y costumbres con mayor tenacidad que a los elementos materiales de la cultura. Debemos aceptar que cuando los hechos reglados cambian más rápidamente que las normas, "la situación es la del derecho en retardo, con respecto a los hechos y su consecuencia, la rebelión de los hechos contra el derecho" (GANON, op.cit. p. 218).-
El uso de los ordenadores de textos y los medios electrónicos de comunicación van a reemplazar seguramente los modos de hacer conocer a los justiciables el contenido de las decisiones de los jueces y entonces desaparecerán las siniestras ficciones de las notificaciones "por ministerio de la ley" o "por nota".-
Pero mientras tanto, y hasta que se superen las carencias provocadas por partidas insuficientes en los presupuestos del Poder Judicial, debemos resguardar la defensa en juicio y ello solo se podrá hacer retomando, en la mayoría de los casos, con cierta trascendencia, a la notificación personal o por cédula. Es útil recordar que su confección hoy se facilita por el uso de los ordenadores de textos.-
En síntesis, creo necesario limitar, las notificaciones tituladas "por ministerio de la ley" o "por nota", en virtud de las circunstancias señaladas que dificultan el conocimiento real de los sucesos del proceso, y en tal sentido, estimo necesario aliviar el rigor establecido por este Tribunal al sistema o modo de conocimiento de los actos producidos en los concursos y en las quiebras, ya que el propósito buscado a través de la "notificación por nota" que era el de acelerar el trámite de dichos procesos, no tuvo éxito. Es necesario reconocer que los procesos concursales permanecen varios años en los estantes de las mesas de entradas de los juzgados, que padecen del incremento del número de expedientes que deben tramitar y la disminución de horas útiles provocadas por las circunstancias que antes declaramos.-
Que ya este tribunal adelantó esa línea de renovación jurisprudencial cuando sostuvo "...corresponderá aquí decidir si ha llegado el momento de producir un cambio jurisprudencial en la materia -sistema de notificaciones-... En este aspecto es dable mencionar que una mayor proyección institucional de la magistratura , implica que en la actualidad se debe asumir un fuerte activismo en la construcción de las reglas, así el derecho contenido en la ley, se fragua en la mano del intérprete y se concreta o completa en las sentencias judiciales, frente a esa actividad está la de quienes adhiriendo a puros dogmatismos hacen una aplicación mecánica de la ley, aferrándose a una determinada doctrina legal sin permitirse la creatividad jurisdiccional que posibilita los cambios de la ciencia jurídica. Lo precedentemente expuesto viene a título que es criterio de este tribunal -dado el carácter vinculante y obligatorio de sus precedentes- "revisar" la doctrina vinculante emitida y aplicable a casos análogos..." (S.T.J. Sala Civ. y Com. "Rubinsky, Hernán s/Quiebra s/Incidente fij. fecha de cesación de pagos s/ Recurso de Queja interpuesto por el Dr. Carlos E. Moro).-
En tal virtud y dada la naturaleza de la resolución que deviene como corolario de un incidente de revisión que se constituye en una sentencia interlocutoria, no cabe duda que debe notificarse en forma personal o por cédula, es decir, que el Juez debe saber que las partes interesadas tuvieron conocimiento real, comprobable en forma fehaciente del contenido de la decisión, permitiéndole ejercitar los derechos que la ley le acuerda para su defensa.-
Reitero, quizá en forma machacona que la notificación automática establecida en la ley de concursos y quiebras y en otros ordenamientos normativos encuentra acotada su aplicación a la circunstancia de que no implique quebrantamiento de la garantía de defensa en juicio ya que ello deriva de la pirámide ordenatoria del Art. 31 de la Constitución Nacional que obliga a interpretar las normas procesales -que son meros ordenamientos de la forma de actuar ante la Justicia para arribar a una decisión jurisdiccional- de modo tal que no vulnere los principios y garantías de jerarquía superior como son aquellos contenidos en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.-
Que tal posición encuentra respaldo en precedentes de la C.S.J.N. tales como los contenidos en Fallos 311:1971.-
Que además y para concluir debemos resaltar que un incidente de revisión es un proceso de conocimiento y a nadie puede ocurrírsele que una sentencia recaída en un juicio ordinario quede notificada en forma tácita, que el argot tribunalicio llama "por nota". Ese rigor formal vulnera el derecho de defensa y los jueces tienen la obligación de garantizarlo, vigilando los procedimientos de manera tal que los justiciables tengan asegurado el pleno conocimiento de todos y cada uno de los pasos de un proceso judicial.-
Por todo ello considero prudente y necesario que este Tribunal establezca en forma clara y definitiva que en materia de notificaciones concursales -en las actuales circunstancias- debe notificarse por cédula o en forma personal la decisión recaída en los incidentes, regulaciones de honorarios, y todo otro acto procesal que pueda afectar la garantía del debido proceso y el derecho de propiedad si no es conocido en forma fehaciente por los justiciables y en consecuencia sostengo que debe casarse la resolución recurrida en el sentido indicado, que por lo demás aspiro se declare la doctrina de este Tribunal en los términos del Art. 285 del C.P.C.C. y se declare mal denegado el recurso de apelación deducido por "Massalin Particulares Socieadad Anónima" remitiendo este expediente al Tribunal de grado para su tramitación. ASI VOTO.-
A LA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. SCHALLER DIJO:
No comparto la solución que impulsa el Dr. Papetti, en el convencimiento que la Cámara al denegar la concesión del recurso de apelación interpuesto ha efectuado una correcta aplicación de la ley al caso y de la doctrina vinculante sentada por esta Sala in re: "Rubinsky.." (fallo del 15/05/1998) al concluir que la sentencia impugnada por el recurrente quedó notificada por nota en orden a lo dispuesto en el Art. 273 inc. 5° en tanto ésa es la regla aplicable en materia de notificaciones en el proceso concursal. La notificación ficta es el medio previsto como regla tanto por la ley concursal como por la ley procesal y si no se invocan especiales circunstancias - fácticas o normativas- vinculadas al derecho de defensa, hacer lugar a lo peticionado importaría decidir apriori que el sistema de notificación ficta es inconstitucional, cuando dicha declaración, conforme reiterada jurisprudencia del máximo Tribunal del País es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico. Adhiero al respecto al impecable voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, cuando luego de detallar minuciosamente los antecedentes jurisprudenciales provinciales y en el orden nacional respecto a la materia, concluye que "..cabe aplicar la ley de concurso y no el código procesal local salvo que el tribunal haya dispuesto la notificación por cédula o que la notificación ficta dadas las constancias especificas del proceso se haya convertido en una trampa procesal", voto de la Magistrada mencionada in re: "ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS EN J25407AFIP EN J49529AFIP EN J46760 CLUB YPF MENDOZA P/ CONCURSO PREV.S/ VERF. P/REC. DIRECTO S/ INC. CAS" ( fallo del 24/07/2001).-
Precisamente en el caso, no advierto que dicho extremo se haya configurado. Las circunstancias fácticas y argumentaciones del recurrente son a mi juicio insuficientes para dejar de lado la doctrina jurisprudencial sentada por esta Sala. En efecto, no se configuran en el caso, ni una irregularidad en el trámite, ni coexistencia de notificaciones que pudiera haber restringido o anulado el derecho de defensa del recurrente, desde que ninguna actuación judicial pudo llevarlo a confundirse respecto al modo de notificación;; la resolución no fue sorpresiva. Los autos se pusieron a despacho para resolver el 12/12/00 -ver fs. 9 y vta.- , dictándose sentencia en término el 8/02/2001, interponiendo recién apelación el incidentante en fecha 8 de mayo de ese año es decir tres meses después del dictado del veredicto que controvierte. Consecuentemente, no advierto que exista la violación o errónea aplicación legal que se invoca para fundar el recurso y voto por desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido con costas al recurrente vencido -Art. 65 del C.P.C.C.. ASI VOTO.-
A LA CUESTION PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. ARDOY EXPRESO:
Adhiero al voto de la Sra. Vocal Dra. Schaller por análogas consideraciones. ASI VOTO.-
Fdo.: Dr. Juan José Papetti - Dra. Laura B. de Schaller - Dr. Juan Carlos Ardoy
Paraná,14 de marzo de 2003.-
DESESTIMAR el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 35/42, interpuesto contra la resolución de la Cámara Tercera de Apelaciones de Paraná Sala II- obrante a fs. 29/32, con costas al recurrente vencido -Art.65 del C.P.C.C.-
Ante mi:Dra. Amalia Raimundo
‹ Competencia N° 293. XXXVIII. “Cabana, Fabián c/ Britez, Néstor y otro s/ daños y perjuicios.” arriba De La Calle, Jorge Javier s/Concurso Preventivo - Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Garantías en lo Penal de Necochea (Buenos Aires) - 27/02/2003 ›

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución