Source: https://archivodeinalbis.blogspot.com/2018/11/
Timestamp: 2019-09-20 20:42:37+00:00

Document:
Anécdotas y curiosidades jurídicas | iustopía: noviembre 2018
El Instituto Nacional de Estadística español (INE) selecciona unas 70.000 viviendas cada trimestre, de forma aleatoria, para realizar la Encuesta de Población Activa (EPA) con el fin de obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados) así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos). Cada uno de los hogares que es seleccionado al azar, a través de la relación de viviendas de cada municipio que forman parte del Censo de Población, representa, por término medio, a unas 200 viviendas. Los elegidos para llevar a cabo esta investigación por muestreo reciben entonces una carta certificada donde se les informa de la próxima visita de un encuestador del INE, debidamente acreditado, que les formulará las preguntas incluidas en esta encuesta oficial y que ellos deberán responder obligatoriamente. Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿dónde se regula que existen estadísticas de cumplimentación obligatoria y cuáles son éstas?
La exposición de motivos de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública indica que: Se establece el principio, en íntima conexión con las reglas constitucionales sobre reserva de ley que resultan de los Arts. 18.1 y 4 y 53.1, de que las estadísticas en las que se exijan datos de modo obligatorio han de estar reguladas, al menos en sus aspectos esenciales, por ley. A continuación, el Art. 7 dispone que: Se establecerán por Ley las estadísticas para cuya elaboración se exijan datos con carácter obligatorio. Además, en la recogida de datos, Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (Art. 10); y Cuando los servicios estadísticos soliciten datos, deberán proporcionar a los interesados información suficiente sobre la naturaleza, características y finalidad de la estadística, advirtiéndoseles, además, de si es o no obligatoria la colaboración, de la protección que les dispensa el secreto estadístico, y de las sanciones en que, en su caso, puedan incurrir por no colaborar o por facilitar datos falsos, inexactos, incompletos o fuera de plazo (Art. 11).
El desarrollo legal se adoptó trece meses más tarde. La disposición adicional cuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 –titulada, precisamente: «Estadísticas de cumplimentación obligatoria»– dispuso que: De conformidad con lo establecido en el Art. 7.º de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, se consideran estadísticas de cumplimentación obligatoria las [veintiséis] siguientes:
a) Censos de población y viviendas.
b) Censos de edificios y locales.
c) Encuesta industrial.
d) Indice de produccción industrial.
e) Indice de precios industriales.
f) Encuesta de coyuntura de la industria.
g) Estadística de edificación y vivienda.
h) Indice de precios de consumo.
i) Encuesta de salarios en la industria y los servicios.
j) Encuestas de transporte urbano de viajeros.
k) Encuestas de transporte interurbano de viajeros.
l) Encuestas sobre movimiento de viajeros en establecimientos turísticos.
m) Encuesta de Armadores de buques de transporte.
n) Encuesta de transporte de mercancías por carretera.
ñ) Encuesta del coste de la mano de obra.
o) Encuesta del comercio interior.
p) Encuestas de servicios.
q) Estadísticas de morbilidad, mortalidad, epidemias y vacunación.
r) Estadísticas de establecimientos sanitarios.
s) Estadísticas de finaciación y gastos de la educación
t) Estadística de la enseñanza.
u) Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico.
v) Estadística de Bibliotecas.
w) Estadística de producción editorial.
x) Boletines estadísticos de partos, nacimientos, defunciones, matrimonios, nulidad, separación y divorcio; e
y) Las estadísticas que formen parte del Plan Estadístico Nacional y específicamente según el Art. 45.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, aquellas cuya realización resulte obligatoria para el Estado español por exigencia de la normativa de la Unión Europea. Asimismo, las estadísticas que pudieran realizarse al amparo del Art. 8.3 de la citada Ley.
Esta última letra «y» fue añadida por la disposición adicional segunda de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social [«Ley de Acompañamiento» de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997].
¿Y qué ocurre si el encuestado se niega a colaborar y, por lo tanto, incumple las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública, en relación con las estadísticas para fines estatales? El título V de esta norma establece tres tipos de infracciones que se sancionan –de acuerdo con el Art. 51– con multas de 60,11 a 300,51 euros (las infracciones leves; como el envío de datos incompletos o inexactos); de 300,52 a 3.005,06 euros (las graves; como la no remisión o el retraso en el envío de los datos requeridos cuando se produjese grave perjuicio para el servicio); y de 3.005,07 a 30.050,61 euros (las muy graves; por ejemplo: la resistencia notoria, habitual o con alegación de excusas falsas en el envío de los datos requeridos, cuando hubiere obligación de suministrarlos).
En su libro Los nuevos horizontes del derecho y del procedimiento penal [1] (Madrid: Góngora, 1887, p. 303), el positivista italiano Enrico Ferri (1856-1929) explicó su planteamiento sobre las penas y los sustitutivos penales con la siguiente analogía: El conjunto de los delitos se comparó con una impetuosa riada à la que deben oponerse los diques de la penalidad si no se quiere que sea inundada y arrasada la sociedad. No negamos que las penas sean las márgenes del delito, pero afirmamos que son márgenes de escasa potencia y utilidad. (…) de la misma manera que para salvarse de las inundaciones, es muchísimo mejor procurar que haya grandes arboledas en el nacimiento de los ríos y practicar las operaciones que aconsejan las leyes naturales hidrostáticas é hidrodinámicas, en el curso y en la desembocadura de los ríos, será mucho mejor para defender la orden social recurrir à los sustitutivos penales, fundados à su vez en las leyes naturales de la psicología, que son mucho más eficaces que los arsenales punitivos.
Para este profesor de la Universidad de Siena, la política criminal debe recurrir al uso de las penas –irrenunciables para el Estado– pero al mismo tiempo también defendió la existencia de diversas vías (educativas, sociales, políticas, administrativas, etc.) –que agrupó bajo el nombre de sostitutivi penali– de modo que la sociedad no tenga que recurrir siempre, tan solo, a la fuerza del ius puniendi. Aunque Ferri no llegó tan lejos como para plantearse la posibilidad de derogar el Derecho Penal, sí que trató de arrinconarlo y reducirlo a un mero apéndice de su sociología criminal basada en tres pilares: la psicología positiva, la antropología criminal y la estadística social; y, en ese sentido, podría ser un buen precedente de la corriente de pensamiento que se denomina abolicionismo penal.
Siempre que se habla del término “abolicionismo”, nuestro cerebro tiende a vincularlo con otros conceptos como la esclavitud, la pena de muerte, la prostitución o los trabajos forzados. Al respecto, el sociólogo alemán Sebastian Scheerer afirma que: Como es el caso de otras instituciones legales, también la esclavitud había logrado parecer sumamente estable casi hasta el día en que cayó. ¿Y aquellos que habían apoyado su abolición? Primero se los acusó de ser utópicos, luego se los criticó por haber sido limitados, mesurados y por no haber tenido el pragmatismo necesario. Hablando de las victorias de los movimientos abolicionistas,debemos incluir en los logros incompletos y regionales la abolición de la pena de muerte en una gran cantidad de naciones. En Alemania, el término "abolicionismo" fue popular entre los años 1870 y 1930, cuando los "reglamentaristas" se enfrentaban a los "abolicionistas" respecto a la política oficial sobre prostitución. Mientras “die Reglamentaristen· apoyaban la represión contra los prostitutas, “die Abolitbionisten” querían resolver el problema con la emancipación de estas, y fue realmente entonces cuando en 1917, en Alemania, se liberó a las prostitutas del enjuiciamiento penal [2].
Según el Diccionario del Español Jurídico, por “abolicionista” se entiende a quien defiende la abolición de una determinada regulación, costumbre o práctica. Para el criminólogo sudafricano Stanley Cohen: "Abolicionismo" es el nombre que se da, principalmente en Europa Occidental, a una corriente teórica y práctica que efectúa una crítica radical a todo el sistema de justicia penal y plantea su reemplazo. (…) es producto de la misma política contracultural de los años sesenta que dio origen al radicalismo cultural de la teoría del etiquetamiento (labelling theory) y al radicalismo político de la "nueva" criminología o criminología "crítica". Pero a diferencia de estas últimas, el abolicionismo ha demostrado ser más constante e inflexible [3].
¿Y, en concreto, qué es lo quieren abolir? El criminólogo limburgués Louk Hulsman reclama la abolición del sistema penal en su totalidad. (…) se refiere a que la administración estatal centralizada de la justicia penal debería ser reemplazada por formas descentralizadas de regulación autónoma de conflictos, donde aquellos que están involucrados directamente tengan mayor influencia. No es su intención abolir la estructura de las sanciones penales y reemplazarlas por estructuras de tratamiento médico o pedagógico o simplemente por una estructura menor de la justicia penal. Lo que cuenta es la abolición del nivel estatal de regulación de conflictos en favor de un nivel directo o más autónomo, como aún pueden observarse, por ejemplo en las sociedades tribales [4].
Otros autores, menos rotundos,como el sociólogo noruego Thomas Mathiesen abogan por a largo plazo, cambiar el pensamiento general respecto al castigo y reemplazar el sistema carcelario por medidas más modernas y adecuadas. A corto plazo, derribar todos los muros que no sean necesarios: humanizar las distintas formas de detención y aliviar el sufrimiento que la sociedad inflige a los detenidos [5].
Hoy en día –en opinión del penalista chileno Sergio Politoff– el debate en torno al abolicionismo del sistema penal, sustraído del ámbito de la utopía donde estuvo confinado, se sitúa ahora en el marco más amplio de la “desinstitucionalización” y de las preguntas políticas sobre los grados de poder traspasable en una democracia participativa. (…) como Hulsman afirma, el abolicionismo es una manera de comprender y de actuar sobre el sistema penal [6].
Citas: [1] FERRI, E. Los nuevos horizontes del derecho y del procedimiento penal. Madrid: Góngora, 1887, p. 303. [2] SCHEERER, S. “Hacia el abolicionismo”, en: AA.VV. Abolicionsimo penal. Buenos Aires: EDIAR, 1989, pp. 18 y 19. [3] COHEN, S. “Introducción”, en: AA.VV. Abolicionsimo penal. Buenos Aires: EDIAR, 1989, p. 12. [4] FOLTER, R.S. “Sobre la fundamentación metodológica del enfoque abolicionista del sistema de justicia penal”. en: AA.VV. Abolicionsimo penal. Buenos Aires: EDIAR, 1989, pp. 60 y 62. [5] Ob. cit., p. 69. [6] POLITOFF, S. “Postfacio”, en: HULSMAN, L. y BERNAT DE CELIS, J. Sistema penal y seguridad ciudadana: hacia una alternativa. Barcelona: Ariel, 1984, pp. 135 y 136.
PD: hoy, este blog de anécdotas cumple 8 años.
Resulta sorprendente –por no decir excepcional– que en España no exista ninguna norma jurídica ni tampoco ninguna resolución judicial que se haya referido al concepto del «acaparamiento de tierras»; mientras que en la agenda europea, en cambio, nos encontremos ante más de 70 documentos sobre la grave amenaza que supone la alta concentración de tierras en manos tanto de grandes inversores no dedicados a la agricultura como de grandes explotaciones agrícolas, desde la pionera Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2011, sobre el reconocimiento de la agricultura como sector estratégico en el contexto de la seguridad alimentaria. Entonces, la eurocámara ya manifestó su preocupación por la aparición del fenómeno del acaparamiento de tierras y sus repercusiones en la seguridad alimentaria en los países en desarrollo y el futuro de la agricultura y los agricultores; pidiendo a la Comisión que investigue esta situación en relación con la posesión de tierra y los recursos naturales.
Ese mismo año, una segunda resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2011, sobre el marco estratégico de la Unión Europea para ayudar a los países en desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria, consideró el nuevo proceso de acaparamiento de tierras agrícolas como un fenómeno que ya está adquiriendo hoy en día unas proporciones inquietantes en determinadas regiones del mundo.
En castellano, la expresión «acaparamiento de tierras» es una apropiación directa del inglés «Land grabbing» cuyo origen se atribuye –según las reflexiones del sociólogo Fernando Eguren para la FAO (*)– al alza de precios de los alimentos en 2007-2008 y la incertidumbre sobre el futuro de la seguridad alimentaria que llevó a varios países a enfrentarla adquiriendo tierras en otros países; pero, ¿en qué consiste exactamente y cuál es su repercusión en los Derechos Humanos?
En el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre «El acaparamiento de tierras: llamada de alerta a Europa y amenaza para la agricultura familiar», de 21 de enero de 2015, este órgano consultivo de la Unión Europea reconoció que: No existe una definición unitaria y reconocida internacionalmente del concepto de «acaparamiento de tierras». De manera general, por acaparamiento de tierras se entiende el proceso de adquirir a gran escala tierras agrícolas, sin consultar previamente a la población local u obtener su consentimiento. Como consecuencia de ello, las posibilidades de que la población local pueda gestionar una explotación agraria de manera independiente y la seguridad alimentaria se verán menoscabadas. Asimismo, el derecho a la utilización de los recursos (tierra, agua, bosques) y a los beneficios de su uso reside en el propietario. Un posible efecto colateral es que pueda renunciarse a la utilización agrícola que se hacía hasta ahora en favor de otras actividades que no tienen que ver con la agricultura (§2.2).
Según el CESE, este acaparamiento de tierras se concentra allí donde la tierra es relativamente barata en comparación con los países desarrollados y la media mundial (§2.6); en concreto, se calcula que afecta a África (56,2 millones de hectáreas, es decir, el 4,8 % de las tierras agrícolas del continente), seguido de Asia (17,7 millones de hectáreas) y América Latina (7 millones de hectáreas) (…). La mayoría de los inversores proceden de China, la India, Corea del Sur, Egipto, los Estados del Golfo, Brasil y Sudáfrica, aunque algunos de ellos también son originarios de los Estados Unidos y los Estados miembros de la UE (§2.8).
Entre los factores que desencadenan esta práctica, el dictamen citó: un mundo cada vez más globalizado y los principios de la libre circulación de capitales que le son inherentes, el crecimiento de la población y la urbanización, la demanda de alimentos y bioenergía que aumenta constantemente, la creciente demanda de recursos naturales, las vertientes negativas de la política medioambiental y la política agrícola, y la oportunidad de especular con el incremento del valor de la tierra.
Dos meses más tarde, el considerando I) de la resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2015, sobre Tanzania, se refirió en particular a la cuestión del acaparamiento de tierras, al afirmar que: (…) las adquisiciones de tierras a gran escala pueden definirse con arreglo a la Declaración de Tirana de 2011 [adoptada en la capital albanesa por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra | International Land Coalition (ILC)] como «acaparamiento de tierras» cuando se den una o varias de las circunstancias siguientes: cuando exista una violación clara de los derechos humanos; cuando el desplazamiento de las comunidades locales afectadas se lleve a cabo sin su consentimiento libre, previo e informado; cuando no se basen en contratos transparentes; y cuando, tras una evaluación, se haya determinado la existencia de un impacto social, económico y ambiental negativo. Como consecuencia, el europarlamento condenó firmemente el desplazamiento ilegal de comunidades rurales locales, la destrucción de sus pueblos y estilo de vida tradicional y la violación de sus derechos humanos básicos, incluido el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al agua y el derecho a una vivienda adecuada; reiteró que los derechos humanos y las normas que prohíben el acaparamiento de tierras deben integrarse en los acuerdos comerciales y de inversión de la UE, incluido el sistema de preferencias generalizadas; y pidió a la Comisión que presente al Parlamento un informe sobre los gastos en el marco de los programas de desarrollo y el presupuesto de la UE relativos a la gobernanza de la tierra, con el fin de garantizar que estos programas promuevan los derechos humanos y aborden los desafíos vinculados al acaparamiento de tierras.
Desde entonces, la eurocámara ha retomado esta cuestión en reiteradas ocasiones; entre otras:
La Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la situación con respecto a la concentración de tierras agrícolas en la UE: ¿Cómo facilitar el acceso de los agricultores a la tierra? Tuvo en cuenta el dictamen del CESE y consideró que el fenómeno del acaparamiento de tierras se ve favorecido, entre otros aspectos, por la creciente globalización, el aumento demográfico, una progresiva demanda de alimentos y de materias primas naturales, y las repercusiones negativas de la política agrícola;
La Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre la corrupción y los derechos humanos en terceros países; para reiterar su preocupación ante la situación del acaparamiento de tierras resultante de las prácticas corruptas de empresas, inversores extranjeros, agentes estatales nacionales e internacionales, funcionarios y autoridades; subraya que la corrupción permite el acaparamiento de tierras, en muchos casos con desahucios forzados, entre otros medios garantizando a terceros el control desvirtuado de la tierra sin el consentimiento de la población que vive en ella; o
La más que elocuente Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, en el que subraya que el acaparamiento de tierras ha aumentado considerablemente en los últimos años en los países en desarrollo; considera que la lucha contra la explotación y el acaparamiento de recursos debe constituir una prioridad; condena las prácticas como el acaparamiento de tierras y el consumo indiscriminado de los recursos naturales; pide una intervención urgente de la Comisión Europea, en respuesta a lo solicitado por el Parlamento Europeo mediante sus numerosas resoluciones recientes sobre este asunto.
Otro órgano consultivo de las autoridades de Bruselas, el Comité Europeo de las Regiones, también emitió un dictamen el 9 de febrero de 2017 para apoyar a los jóvenes agricultores europeos en el que dedicó seis parágrafos (§§ 17 a 22) a esta cuestión, en el Viejo Continente, bajo el epígrafe “Acceso a la tierra y lucha contra el acaparamiento de tierras”, definiéndolo como la adquisición a gran escala de tierras agrícolas sin consultar previamente a la población local ni obtener su consentimiento. En última instancia, como consecuencia de esta práctica disminuyen las posibilidades de que dispone la población local para gestionar las empresas agrícolas de forma independiente.
Y como este fenómeno afecta en especial a países extracomunitarios, el 21 de diciembre de 2016, la Asamblea Parlamentaria Paritaria del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Unión Europea celebró una sesión en Windhoek (Namibia) donde, entre otras cuestiones, también se tuvo en cuenta que los inconvenientes del acaparamiento de tierras superan los beneficios; que se han quemado y destruido asentamientos para dar paso a los promotores inmobiliarios, y los lugares de reasentamiento disponibles están normalmente lejos de las zonas comerciales centrales, lo que fuerza a los agricultores a residir lejos de su fuente principal de ingresos; por ese motivo, solicitaron a los Gobiernos (…) que suspendan o revisen todas las políticas y proyectos que fomenten y faciliten de forma directa el acaparamiento de tierras o que aumenten de manera indirecta la presión sobre la tierra y los recursos naturales, y que puedan desembocar en violaciones graves de los derechos humanos.
El bulo de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales
En estos tiempos de falsas noticias –las famosas fake news– el mundo jurídico no ha permanecido al margen de esa tendencia y también cuenta con sus propios bulos; probablemente, uno de los más difundidos es el relativo a una supuesta Declaración Universal de los Derechos del Animal, o de los Animales (*), que habría sido aprobada tanto por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como por la propia ONU. Una de las dos versiones que circulan on line incluye un preámbulo y catorce artículos; en la parte expositiva se reconoce que todo animal posee derechos; se fundamenta el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos a la existencia de las otras especies de animales para que todas podamos coexistir en el mundo; y se llega a afirmar que el hombre comete genocidio –definido en el Art. 12.1 como Todo acto que implique la muerte de gran número de animales salvajes– y existe la amenaza de que siga cometiéndolo. A continuación, la parte dispositiva reconoce una serie de derechos a los animales: igualdad (Art. 1); respeto (Art. 2); prohibición de malos tratos y crueldad (Art. 3); vida en libertad (Art. 4); determinadas condiciones laborales (Art. 7: limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo); etc. Concluyendo con la afirmación prevista en el Art. 14.2: Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley como lo son los derechos del hombre.
En realidad, la Universal Declaration of Animal Rights (UDAR) sí que existe pero sin ningún tipo de vinculación con los instrumentos jurídicos aprobados por la ONU o la UNESCO; de hecho, desde que se adoptó la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (*) en Londres, el 16 de noviembre de 1945, vigente desde 1946, este organismo especializado apenas ha aprobado catorce declaraciones: entre la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, de 4 de noviembre de 1966; y la más actual, a la hora de redactar esta entrada, la Declaración de Principios Éticos en relación con el Cambio Climático, de 13 de noviembre de 2017 (*). Ni rastro de una presunta Declaración Universal de los Derechos de los Animales.
Como reconoce el preámbulo de la Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia: Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando a instancias de organizaciones internacionales de protección de animales se aprobó en 1978 la declaración universal de derechos de los animales, si bien con escasa virtualidad jurídica en el ámbito del derecho internacional.
La organización que tuvo la iniciativa de adoptar esta declaración fue la Liga Internacional de los Derechos del Animal [International League of Animal Rights]; una entidad creada en Suiza en 1976 y que dirigió el antropólogo francés Georges A. Heuse, miembro de la Secretaría de la UNESCO. En su tercera reunión, celebrada en Londres, del 21 al 23 de septiembre de 1977 -coincidiendo con la década en que se desarrolló la preocupación legal por el medioambiente- esta Liga aprobó la mencionada Declaración Universal de los Derechos de los Animales.
¿Cómo surgió entonces el falso equívoco de que había sido adoptada por una agencia de la ONU?
A. Durero | Lebrato (1502)
Lo explica muy bien el abogado Francisco J. Capacete (*): La presentación oficial de la Declaración se fijó para el día 15 de octubre de 1978 en la gran sala de la Casa de la UNESCO en París. Fue leída en inglés, en árabe y en francés. La ceremonia se celebró delante un amplio auditorio que incluía a los embajadores de 14 países. Concluyó con la entrega de la Declaración al Director General de la UNESCO, Mr. Amadou-Mahtar M’Bow, para que fuera tratada en la Conferencia General de 1980. Desgraciadamente, a partir de la presentación oficial comenzaron a levantarse voces y opiniones en contra de la Declaración. Algunos sectores industriales veían en ella un grave peligro para sus intereses. Los científicos no terminaron de ponerse de acuerdo en la redacción. La polémica tuvo como consecuencia que no se tuviera en consideración ni por la UNESCO ni por la ONU. (…) La realidad es que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales fue leída y proclamada en la UNESCO-París y no por la UNESCO. La ONU tampoco la ha aprobado ni acogido nunca. Quienquiera que busque en internet el texto íntegro de la Declaración se encontrará con dos versiones, la de 1978 y la de 1989. Aquella compuesta de catorce artículos y ésta de diez. Ambas son igualmente válidas como referencia, pero ninguna tiene validez jurídica ni legal. Esto no significa que el esfuerzo realizado por sus promotores haya sido en vano. Algunos de los derechos recogidos en ambos textos ya forman parte de la legislación de muchos países.
En definitiva, se trata de un documento privado –como también ocurre, por ejemplo, con la Declaración de Independencia del Ciberespacio [A Declaration of the Independence of Cyberspace] que John Perry Barlow formuló en Davos (Suiza), el 8 de febrero de 1996– sin trascendencia jurídica a pesar de que ambas han logrado una enorme repercusión mediática internacional.
En plena transición española a la democracia, la Ley 45/1978, de 7 de octubre, modificó los artículos 343 bis y 416 del Código Penal de 1973 que se encontraba vigente en aquel momento [Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre]. En el primer caso, dio nueva redacción al precepto [Los que expendieren medicamentos de cualquier clase o medios anticonceptivos sin cumplir las formalidades legales o reglamentarias serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de veinte mil a cien mil pesetas (antes sólo se refería, de forma más genérica, a expedir medicamentos sin cumplir las formalidades legales o reglamentarias)]; y en el segundo, suprimió la frase ab initio de (…) o de evitar la procreación (…) y eliminó sus apartados cuarto y quinto que se referían a realizar dos actos: (…) 4º La divulgación en cualquier forma que se matizare de los destinados a evitar la procreación, así como su exposición pública y ofrecimiento en venta. 5.º Cualquier género de propaganda anticonceptiva. De este modo, aquella breve ley de 1978 despenalizó los métodos anticonceptivos en España (un buen ejemplo de cómo nos afecta la política criminal de los gobernantes).
De acuerdo con el mandato legal previsto en su disposición adicional única [El Gobierno, en el plazo de un mes, a partir de la publicación de la presente Ley, regulará, mediante Decreto, la expendición [sic] de anticonceptivos] se aprobó el Real Decreto 3033/1978, de 15 de diciembre, para establecer determinadas distinciones en la expendicion de los preparados o medios anticonceptivos, garantizando en todo caso el control sanitario sobre los mismos y determinar la debida adecuación de tales preparados o medios a las normas sanitarias especificas de publicidad.
Ese mismo año –el emblemático 1978– ya se había adoptado el Real Decreto 2275/1978, de 1 de septiembre, sobre establecimiento de servicios de orientación familiar, para adecuar todos los aspectos relacionados con la salud y las implicaciones que sobre la misma pueda tener la procreación, la familia y su entorno a la evolución de la sociedad española; facilitando la información y asesoramiento sanitario precisos, en materia de educación sexual y de procreación.

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto