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Sentencia T.C. 58/2002, de 11 de marzo. Despido. Caducidad de la acción. Inexistencia. Papeleta de conciliación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.C. 58/2002, de 11 de marzo
Tutela judicial efectiva. Acceso a la jurisdicción. Procedencia. Principio "pro actione". Papeleta de conciliación presentada en un Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación distinto del administrativamente competente. Caducidad de la acción de despido. Inexistencia.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el día 7 de octubre de 1998, la Procuradora doña Adela Gilsanz Madroño, en nombre y representación de doña Carmen Tamayo Pérez, interpuso demanda de amparo constitucional contra las resoluciones judiciales de que se hace mérito en el encabezamiento por entender que vulneran el artículo 24.1 CE.
a) Con fecha de 31 de octubre de 1996 la empresa Confitería La Crema, S.L., comunicó a doña Carmen Tamayo Pérez, recurrente en amparo, su despido por causas económicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores de 1995.
e) Por Sentencia de 28 de octubre de 1997 el Juez de lo Social de Algeciras desestimó la demanda de la actora al entender que su acción había caducado. En este sentido sostuvo que se había incumplido lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1995 (LPL), que exige como requisito previo al proceso laboral que se intente la conciliación ante el "servicio administrativo correspondiente" , el cual, conforme al artículo 5.1 del Real Decreto 2756/79, de 23 de noviembre, es el del lugar de prestación de servicios o el del domicilio de cualquiera de los interesados, a elección del solicitante. Puesto que la actora prestaba servicios en la Línea de la Concepción, lugar en el que también estaban domiciliadas ambas partes, la conciliación previa se debió intentar ante el servicio administrativo ubicado en la ciudad de Algeciras, y, no habiéndose hecho así, la presentación de la solicitud de la conciliación no podía suspender el cómputo del plazo de caducidad de la acción contra el despido, por lo que, en consecuencia, cuando se presentó la demanda ante el órgano judicial la acción ya había caducado.
f) Contra la anterior Sentencia la parte actora interpuso recurso de suplicación, en el cual alegaba que la resolución recurrida había lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) por haber interpretado de forma restrictiva el requisito legal de intento de conciliación previa ante el servicio administrativo correspondiente (artículo 63 LPL) como presupuesto para poder acceder a la vía judicial. Este recurso fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 17 de julio de 1998, que confirmó la Sentencia de instancia.
3. Con fundamento en ese itinerario procesal la parte recurrente alega en su demanda de amparo que, tanto la Sentencia del Juez de lo Social de Algeciras, de 28 de octubre de 1997, como la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 17 de julio de 1998, han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) al haber realizado una interpretación restrictiva de los presupuestos de acceso al proceso declarando caducada la acción de despido de forma indebida. Aduce la parte actora que el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CEMAC) de Cádiz (organismo ante el cual se presentó la papeleta de conciliación) era competente para tramitar su solicitud, conforme a lo dispuesto en el Decreto 91/1983 de la Junta de Andalucía, y que la Sección del CEMAC de Algeciras (ante la cual se debió intentar la conciliación, según las Sentencias impugnadas) no era más que una Sección delegada del organismo primeramente citado. No obstante lo cual mantiene que, de haber sido realmente incompetente aquel organismo, se le tenía que haber indicado a cuál debía dirigirse, o, en todo caso, entiende que se debía haber remitido su solicitud al competente para que conociese de ella. Sin embargo, el CEMAC de Cádiz, considerándose competente, dio curso a su solicitud, citó a las partes en sus respectivos domicilios y certificó que el acto se había intentado sin efecto. Por su parte, tampoco los órganos judiciales le dieron la oportunidad de subsanar ese posible defecto, y con base a una interpretación restrictiva y excesivamente rigorista de los presupuestos de acceso al proceso le negaron el derecho a obtener una resolución sobre el fondo de su pretensión (artículo 24.1 CE).
4. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 2 de julio de 1999, admitió a trámite la demanda y, en aplicación del artículo 51 LOTC, acordó dirigir comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y al Juzgado de lo Social de Algeciras a fin de que, en el plazo de diez días, remitiesen certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, así como para que se emplazara a quienes hubiesen sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, a los efectos de que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en el recurso de amparo y defender sus derechos.
5. Por escrito de 8 de octubre de 1999 se personó el Abogado del Estado en la representación que ostenta, y por providencia de la Sala Segunda, de 19 de octubre de 1999, se le tuvo por personado y parte en el procedimiento, acordando, conforme al artículo 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones recibidas a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días.
7. Por escrito de 16 de noviembre de 1999 el Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones, en el cual comienza diciendo que la creación de "Secciones Delegadas" de los Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CEMAC) está prevista en el artículo 11 del Decreto 91/1983 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y que, conforme a tal norma, el Centro situado en Algeciras constituye una delegación del organismo administrativo ubicado en Cádiz, por lo que, conforme al artículo 13.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sus funciones no pueden considerarse más que dictadas por el órgano delegante. Sentado lo anterior, recuerda que el requisito de la conciliación previa regulado en el artículo 63 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1995 carece de valor autónomo, al tratarse de un requisito ordenado a la finalidad de permitir la iniciación del proceso. Por tal motivo entiende que su defectuoso cumplimiento no puede determinar la grave consecuencia de declarar la caducidad de la acción sin que previamente se haya dado oportunidad de proceder a su subsanación, pues, de no ser así, se estaría aplicando una causa legal de manera incompatible con la obligación de procurar la mayor efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva. Manifiesta asimismo que la parte actora actuó con evidente buena fe y diligencia, y que su falta se podría haber evitado de no haber incurrido la Administración en el supuesto error de no reconocer la incompetencia que más tarde declararon los órganos judiciales, por lo que concluye sosteniendo la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo (artículo 24.1 CE) y solicitando que se estime su demanda.
1. La demanda de amparo se dirige contra las dos resoluciones judiciales indicadas en el encabezamiento al entender que lesionan el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), por interpretación restrictiva de los presupuestos de acceso al proceso, al haber declarado que, dado que el intento de conciliación previa se había efectuado ante un organismo incompetente (el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Cádiz, en lugar del de Algeciras), el cómputo del plazo de caducidad previsto legalmente para la acción de despido (artículo 59.3 LET; 103 LPL) no se había suspendido, por lo que en el momento de presentación de la demanda ante el órgano judicial la acción ya había caducado. La parte actora mantiene que, con independencia de que el centro de conciliación al que se había dirigido resultaba competente, conforme a lo dispuesto en el Decreto 91/1983 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de no ser así se le tenía que haber dado la oportunidad de poder subsanar el defecto en el cual hipotéticamente hubiera incurrido, pues de ello dependía su derecho a promover la actividad jurisdiccional. Sin embargo, entiende que la interpretación efectuada por los órganos judiciales fue poco respetuosa con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues, aun cuando se había satisfecho claramente la finalidad del intento de conciliación previa, se tuvo éste por incumplido al considerar intrascendente la celebración del acto de conciliación, desconociéndose que las normas jurídicas deben interpretarse siempre de manera que se potencie en lo posible la eficacia de los derechos fundamentales.
El Ministerio Fiscal interesa el otorgamiento del amparo al estimar que las decisiones judiciales recurridas vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) por haber interpretado de manera rígidamente formalista la exigencia del intento de conciliación previsto en el artículo 63 LPL, pues, dado su carácter instrumental, su defectuoso cumplimiento no puede determinar la grave consecuencia de declarar la caducidad de la acción sin previamente haber dado oportunidad a la parte de repararlo. Además, señala que la falta en la que incurrió la parte actora se podía haber evitado de no haber incurrido la propia Administración en el supuesto error de no reconocer la incompetencia que más tarde declararon los órganos judiciales.
2. Delimitado así el objeto del presente recurso, nuestro enjuiciamiento debe centrarse en determinar si la interpretación judicial efectuada en este caso del requisito del " intento de conciliación previa" resulta reprochable desde el prisma constitucional por ser lesiva del derecho fundamental invocado, debiendo quedar fuera del ámbito de nuestro análisis el problema de qué organismo administrativo era el realmente competente, al ser ésta una cuestión perteneciente al plano de la legalidad y de exclusiva incumbencia de la jurisdicción ordinaria.
Para afrontar el examen que nos es propio resulta preciso recordar, una vez más, la doctrina de este Tribunal conforme a la cual el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) tiene como primer contenido el acceso a la jurisdicción (que es donde se sitúa la vulneración constitucional alegada en el presente supuesto) sin limitación de garantías ni impedimentos para alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y mediante la obtención de una respuesta judicial razonada, motivada y fundada en Derecho, tanto si resuelve acerca del fondo de la pretensión de las partes como si inadmite la acción en virtud de la aplicación razonada y no arbitraria de una causa legal debidamente acreditada (por todas, SSTC 108/2000, de 5 de mayo, FJ 3; 198/2000, de 24 de julio, FJ 2; 71/2001, de 26 de marzo, FJ 3; 88/2001, de 2 de abril, FJ 3, y 89/2001, de 2 de abril, FJ 3). Ahora bien, cuando la decisión judicial cuestionada cierra el acceso a la jurisdicción, el control de constitucionalidad ha de realizarse de modo más riguroso, puesto que estamos ante el derecho que constituye el núcleo de la tutela judicial efectiva (por todas, SSTC 154/1992, de 19 de octubre, FJ 2; 112/1997, de 3 de junio, FJ 3, y 16/1999, de 22 de febrero, FJ 2).
Como hemos dicho en anteriores ocasiones, aunque la verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales constituye una cuestión de estricta legalidad ordinaria, cuya resolución compete exclusivamente a los órganos judiciales en el ejercicio de la potestad que privativamente les confiere el artículo 117.3 CE, a este Tribunal le corresponde revisar aquellas decisiones judiciales en las que tales presupuestos procesales se hayan interpretado de forma arbitraria, manifiestamente irrazonable o incurriendo en un error patente; y, cuando del acceso a la jurisdicción se trata, en los casos en que la normativa procesal se haya interpretado de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican (por todas, SSTC 119/1998, de 4 de junio; 39/1999, de 22 de marzo, FJ 3; 122/1999, de 28 de junio, FJ 2; 285/2000, de 27 de noviembre, FJ 4; 16/2001, de 29 de enero, FJ 4, y 71/2001, de 26 de marzo, FJ 3). Tratándose, pues, de acceso a la jurisdicción, y estando consecuentemente en juego la obtención de una primera decisión judicial, los cánones de control de constitucionalidad se amplían como consecuencia de la mayor intensidad con la que se proyecta el principio "pro actione", con el objeto de evitar que determinadas aplicaciones o interpretaciones de los presupuestos procesales eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida (SSTC 158/2000, de 12 de junio, FJ 5, y 10/2001, de 29 de enero, FJ 4, entre otras muchas).
3. Aplicando la doctrina anteriormente expuesta al presente caso, hemos de partir de la base de que la recurrente en amparo, que pretendía demandar a la empresa para la que trabajaba por haber sido, a su juicio, objeto de un despido discriminatorio, como requisito previo para poder acceder a la vía judicial presentó dentro de plazo la papeleta de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación que consideró competente (el de la ciudad de Cádiz) a los efectos de cumplir con la exigencia del intento de conciliación previa exigido legalmente en el artículo 63 LPL; y, teniéndose por competente, tal órgano administrativo admitió la solicitud, fijó fecha para la celebración del acto, citó a las partes y, finalmente, tras el intento de conciliación, expidió la certificación pertinente que más tarde debía acompañarse a la demanda judicial.
Por otro lado, es evidente que, aun cuando se admitiera que hubiese incurrido en una cierta negligencia la parte actora, ésta no podría revestir la trascendencia que se le atribuye, habida cuenta de que, como ya se ha dicho, la ahora recurrente en amparo mostró su voluntad de cumplir correctamente con el trámite exigido en el artículo 63 LPL para tener con ello expedita la vía judicial en orden a hacer valer su pretensión.
A la vista de lo anterior, y en aplicación de la doctrina citada, resulta obligado concluir que la interpretación judicial efectuada por las Sentencias recurridas al considerar incumplido en este caso el intento de conciliación previa ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 CE por resultar desproporcionada, excesivamente rigurosa y contraria al principio pro actione, que se proyecta en este caso con una mayor intensidad al tratarse de un supuesto en el que se ha negado el derecho de acceso a la jurisdicción.
2.º Restablecerla en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 17 de julio de 1998, y la del Juez de lo Social de Algeciras de 28 de octubre de 1997, debiéndose retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la última Sentencia mencionada para que el Juez de lo Social de Algeciras, con respeto a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, resuelva finalmente sobre el fondo de la pretensión ejercitada en el proceso.

References: artículo 24
 artículo 52
 artículo 63
 artículo 5
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 63
 artículo 63
 resolución 
 artículo 117
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 24