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Timestamp: 2019-09-17 00:56:12+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 767/2007 Corte Suprema de Justicia
Acuerdo y Sentencia Nº 767/07
ACUERDO Y SENTENCIA N° 767/07
EXPEDIENTE: "HABEAS CORPUS REPARADOR PRESENTADO POR LA ABOG. TERESA ARECO DE ALCARAZ A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ARECO".-
En Asunción del Paraguay, a los ocho días del mes de agosto, del año dos mil siete, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y VÍCTOR MANUEL NUÑEZ RODRÍGUEZ quien integra la Sala Penal en reemplazo del DR. WILDO RIENZI GALEANO, ante mí la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "HABEAS CORPUS REPARADOR presentado por la ABOG. TERESA ARECO DE ALCARAZ A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ARECO", a fin de resolver la garantía planteada, de conformidad al artículo 133 de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500/99.-
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, resolvió plantear la siguiente:-
ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL SOLICITADA?-
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dió el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA y NUÑEZ RODRIGUEZ.-
A LA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. BLANCO, DIJO: La Abogada TERESA ARECO DE ALCARAZ plantea la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Reparador a favor de su defendido el SR. DANIEL ARECO con sustento en el artículo 133 inciso 2) de la Constitución Nacional y la Ley 1500/99. Como argumento central de su exposición señala entre otras cuestiones: "...Que, mi defendido se halla privado de su libertad DESDE EL DÍA 1º. DE AGOSTO DE 2004 HASTA LA FECHA EN QUE EXCEDE LOS TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN PREVENTIVA. El mismo se encuentra imputado y acusado por el supuesto hecho de homicidio doloso y lesión grave en la causa: JUAN PIÓ H. PAIVA Y OTROS S/ HOMICIDIO DOLOSO Y OTROS" que actualmente radica ante el TRIBUNAL DE SENTENCIA conformado para el segundo JUICIO ORAL por los Abogados GERMÁN TORRES MENDOZA, BLAS FRANCISO CABRIZA Y BIBIANA TERESITA BENITEZ FARIA... EI art. 236 del C.P.P. en su primera parte previene sobre la PROPORCIONALIDAD DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DURANTE EL PROCESO y en ese sentido prescribe que NO PODRA SOBREPASAR LA PENA MÍNIMA PREVISTA PARA CADA HECHO PUNIBLE NI EXCEDER EL PLAZO QUE FIJA ESTE CÓDIGO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO O DURAR MAS DE 2 AÑOS. Por lo menos 2 de ESTOS REQUISITOS SE HALLAN CUMPLIDOS en el caso de mi defendido. En efecto el art. 136 del C.P.P dispone que TODO PROCEDIMIENTO TENDRÁ UNA DURACIÓN MÁXIMA DE TRES (3) AÑOS, PLAZO QUE A LA FECHA SE HALLA EXCEDIDO habiéndose iniciado el procedimiento el día 1 DE AGOSTO DEL 2004.
EL SEGUNDO REQUISITO de que LA PRISIÓN PREVENTIVA NO DEBE DURAR MAS DE 2 AÑOS TAMBIÉN SE HALLA EN RECLUSIÓN EN LA PENITENCIARIA DE TACUMBU POR MAS DE TRES AÑOS también desde el mismo día en que ocurrió el siniestro en el SUPERMRECADO YCUA BOLAÑOS conforme se podrá corroborar con los PEDIDOS DE INFORMES que deberán ser remitidos, tanto de la Penitenciaria Nacional de Tacumbú como del Tribunal de Sentencia del Juicio Oral ya mencionado que desde ya, SOLICITO VIA OFICIO sea evacuada. (sic)", fs. 04.-
Prosigue diciendo: "...no es intención de esta Defensa Técnica el de reiterar cansinamente sobre la ARBITRARIEDAD E ILEGITIMIDAD de la reclusión de mi Defendido, pues, ello es PALPABLE, REAL Y PATENTE y a ser demostrado con los INFORMES que esta Exenta. Corte deberá recabar. La ilegitimidad señalada surge al NO RESTITITUIRSE LA LIBERTAD AL ACUSADO QUE SE HALLA EN PRISIÓN PREVENTIVA SOBREPASANDO EL TIEMPO QUE LA LEY DISPONE que debe durar esta medida cautelar, que según el artículo 236 del C.P.P. ya citado es de 2 AÑOS. Al constatarse la ilegitimidad de la privación de libertad TAMBIÉN SE CONVIERTE EN ARBITRARIA E ILEGAL (sic)”. Por último señala: "...es necesario señalar que ESTA MISMA SALA PENAL en SENTENCIAS RECIENTES RELACIONADAS al publicitado caso del Sr. LINO CESAR OVIEDO HA RESUELTO FAVORABLEMENTE EL RECURSO DE HABEAS CORPUS REPARADOR, DISPONIENDO LA LIBERTAD DEL ENCAUSADO, una de ellas es el Acuerdo y Sentencia No. 663 de fecha 23 de Julio del 2007 (sic)" fs.5. Solicita finalmente, se haga lugar a lo solicitado, ordenando la libertad de DANIEL ARECO.-
A la garantía constitucional presentada se le imprimió el trámite de ley y en ese contexto por proveído de fecha 6 de agosto del 2007, esta Sala Penal ordenó que se remita oficio al Juez de la causa, Abog. GERMÁN TORRES para que en el plazo de 24 horas y de conformidad a lo dispuesto en el art. 20 inc. b) numerales 1 y 4 de la Ley 1500/99 informe a esta Sala Penal: a) sobre el momento de la privación de libertad y el lugar, la forma y condiciones en que ella se cumple; y b) si la privación de libertad se realizó por orden escrita de autoridad competente, individualizarlo y adjuntar copia autenticada de la misma. De igual manera, se ha dispuesto la constitución de los miembros de esta Sala Penal al lugar de reclusión del ciudadano DANIEL ARECO Penitenciaria Nacional de Tacumbú el día 07 de agosto del 2007, para las 16:00 horas, de conformidad a lo dispuesto por el art. 20 inc. a de la citada Ley que rige la materia.-
En este contexto, en cumplimiento del Informe requerido por Oficio S.J.III N° 57 de fecha 6 de agosto del 2007 y recepcionado -según consta en el sello de cargo de la Oficial de Secretaría del Juzgado (fs.07)- en fecha 6 de agosto del 2007 a las 11:50 horas, el titular de la referida magistratura evacuó el correspondiente informe por OFICIO N° 16 de fecha 7 de agosto del 2007 (fs. 09), presentado en la Secretaría de la Sala Penal de esta Corte Suprema de Justicia a las 09:30 hs, según lo certifica el sello de cargo rubricado por la Actuaría de la Sala Penal lo que acredita la temporaneidad de la presentación del Informe correspondiente, conforme lo exige el Artículo 20 de la Ley N° 1500/99.-
Así las cosas, en el informe remitido por el Abog. GERMÁN TORRES, Presidente del Tribunal de Sentencia competente para la atención de la causa que involucra al ciudadano DANIEL ARECO consta lo siguiente: "...a) el ciudadano DANIEL ARECO, sin sobrenombre o apodo, paraguayo, mayor de edad, C. I. N° 4071242 guarda prisión preventiva ordenada por A.I. No. 1426 de fecha 04 de agosto del 2004 y guarda reclusión en la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, en libre comunicación y a disposición de este Tribunal de Sentencia; b) la citada resolución fue dictada por él Juez Penal de Garantías No. 2 Abog. Pedro Darío Portillo, secretaria Abog. María Elena Cañete se adjunta copia autenticada de la misma" .-
Por otro lado, Oficio S.J. III N° 59 de fecha 6 de agosto de 2007 (fs. 08), se ha comunicado a la Dirección de la Penitenciaria Nacional de Tacumbú la constitución de los miembros de esta Sala Penal a los fines de escuchar las manifestaciones que quisiera verter el ciudadano DANIEL ARECO en el marco de la presente garantía constitucional, para lo cual debe ser presentado a los efectos previstos en la Constitución Nacional y la ley reglamentaria que rige el procedimiento de Hábeas Corpus. Es así que el procesado DANIEL ARECO, en ocasión de comparecer en la audiencia ha señalado: "Me ratifico en el pedido de mis defensores y primero quiero pedir por mi ignorancia también es poco lo que yo conozco sobre las leyes que me favorecen en este sentido y en el tiempo de reclusión acá aprendí algunas cosas sobre el derecho que me corresponde, sobre que una persona no puede estar más de dos años privada de su libertad sin una sentencia firme en lo poco que entiendo, estoy cumpliendo tres años de mi privación de mi libertad, primeramente no sabia que yo podía pedir un habeas corpus que yo también tenia derecho a pedir un habeas hábeas reparador y que en este sentido se presentó y me pongo a disposición de Uds. por cualquier cosa que quieran preguntarme y pido mi libertad que es lo que me corresponde hasta yo entiendo (sic)" (fs. 11/1l vlto).-
Por providencia de fecha 08 de agosto de 2007, obrante a fs. 12 se procede a la integración de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con el Sr. Ministro VÍCTOR NUÑEZ RODRÍGUEZ para entender en los autos, quien notificado de la citada providencia de fecha 08 de agosto de 2007, acepta la competencia (fs. 12 de autos).-
Entrando en materia tenemos que la Constitución Nacional, en su artículo 133 establece la garantía del Habeas Corpus, disponiendo cuanto sigue: (...) El Habeas Corpus podrá ser: (...) 2) Reparador: en virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad podrá recabar la rectificación de las circunstancias del caso. El magistrado ordenará la comparecencia del detenido, con un informe del agente público o privado que lo detuvo, dentro de las veinticuatro horas de radicada la petición. Si el requerido no lo hiciese así, el Juez se constituirá en el sitio en el que se halle recluida la persona, y en dicho lugar hará Juicio de méritos y dispondrá su inmediata libertad, igual que si se hubiese cumplido con la presentación del devenido y se haya radicado el informe. Si no existiesen motivos legales que autoricen la privación de su libertad, la dispondrá de inmediato; si hubiese orden escrita de autoridad Judicial, remitirá los antecedentes a quien dispuso la detención." En igual sentido, el Artículo 19 de la Ley 1500/99, dispone: "Procederá el hábeas corpus reparador en los casos en que se invoque la privación ilegal de la libertad física de una persona".-
Los fundamentos del accionante pueden resumirse en los siguientes puntos: 1) El ciudadano DANIEL ARECO está sometido a un proceso que tuvo su inicio en fecha 01 de agosto de 2004; 2) han trascurrido TRES AÑOS desde que se dispusiera su privación de libertad y hasta la fecha no se ha podido concluir con una sentencia definitiva en relación al mismo; 3) solicita la aplicación de lo dispuesto por el art. 236 del C.P.P., puesto que dos de los tres presupuestos determinados por la ley se encuentran cumplidos.-
Del informe remitido por el Presidente del Tribunal de Sentencia, Abog. GERMÁN TORRES y de las constancias arrimadas por la defensa técnica del ciudadano DANIEL ARECO se constata cuanto sigue:
1) Por A.I. N° 1426 de fecha 04 de agosto del 2004 dictado por el Juez de Garantías No. 2 de la Circunscripción Judicial de la Capital, Abog. PEDRO DARÍO PORTILLO se decretó la prisión preventiva de DANIEL ARECO;-
2) Por proveído de fecha 06 de julio del 2007 se dispuso la sustanciación de la audiencia de juicio oral y público para el día 08 de agosto del 2007, siendo Presidente del Tribunal el Abog. GERMÁN TORRES MENDOZA y Miembros Titulares los Jueces Penales Abog. BLAS FRANCISCO CABRIZA y Abog. BIBIANA TERESITA BENITEZ FARIA y como miembros suplentes los Abog. VICTORIA ORTIZ RIVEROS y VÍCTOR VERA VALOUD.-
En primer término, y dada la especialidad de la acción presentada, puesto que refiere a la protección de un derecho fundamental como lo es la libertad de las personas, es que esta Sala Penal, en todos los casos de similares características imprime la celeridad que la propia Carta Magna y la Ley especial lo requieren. Por otro lado, conforme a las definiciones plasmadas por dicha norma fundamental, los presupuestos legales del Habeas corpus reparador requieren la presencia de una ilegalidad en la privación de libertad de la persona, situación que, en caso de verificarse fehacientemente, requiere inmediata corrección, dado que se afectan derechos como los de la libertad personal, la integridad física y la intimidad de la persona.-
En otras palabras, se prevé el mecanismo del hábeas corpus, no como un medio impugnaticio de resoluciones judiciales, sino más bien como correctivo de arbitrariedades que afectan directamente a la persona humana y que no admiten dilaciones, requiriendo una especial atención del órgano jurisdiccional. Y es que, tanto la Constitución Política, como la ley especial determinan reglas especiales, a saber: 1) excepción a las reglas de la competencia (puede plantearse ante cualquier Juez de primera instancia e incluso la propia Corte Suprema de Justicia); 2) legitimación procesal (puede presentarse tanto por la persona afectada, como por interpósita persona sin necesidad de poder); 3) mínimas formalidades (reducción de los plazos procesales, aplicación del iura novit cuariae, gratuidad, y amplitud de facultades ordenatorias para los órganos jurisdiccionales actuantes).-
En el caso de autos, la discusión alude al tiempo de reclusión que afecta el ciudadano DANIEL ARECO, en cuanto a la aplicación de los principios de excepcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la prisión preventiva, así como a principios de rango constitucional como la garantía de la presunción de inocencia, de la libertad y la seguridad de las personas. Para ello recurre, tanto a normativa nacional, internacional de derechos humanos que regula la materia y a la Jurisprudencia de esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.-
La petición formulada deviene improcedente. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones respecto a la aplicación del in fine del citado articulo 236. En ese sentido por Acuerdo y Sentencia No. 1044 de fecha 11 de noviembre del 2005 dictado en el marco del Habeas Corpus reparador presentado por el Abogado Francisco Martínez a favor de Edgar Cuevas se ha señalado: "...que manteniendo la proporcionalidad exigida con relación a la expectativa de condena, que este caso en particular se puede elevara 25 años de privación de libertad, la prisión preventiva que pesa sobre el encausado EDGAR CUEVAS, es absolutamente legal, pues la misma emana de autoridad competente, y con una pena mínima en relación al hecho punible de 5 años..".-
Dentro de dicha línea interpretativa, se debe tener presente lo dispuesto por el art. 19 de la C.N. " De la prisión preventiva. ...En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho efectuada en el auto respectivo”. De acuerdo a lo dispuesto por la carta magna y la interpretación del art. 236 del Código Procesal Penal realizada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se desprende que "...esta Sala Penal ha sentado su posición conreferencia a la duración de la prisión preventiva y en tal sentido ha dispuesto en reiteradas ocasiones que la mencionada medida cautelar no podrá sobrepasar la pena mínima establecida para el delito que le fuera atribuida al prevenido en el auto respectivo" (Ac. y Sent. No. 36 de fecha 06 de marzo del 2007 en la causa Habeas Corpus Reparador a favor de JOSÉ LORETO DASPET).-
La causa seguida al accionante fue calificada como Homicidio doloso y lesión grave, en carácter de autor, según se desprende de las manifestaciones vertidas por la defensa técnica en el escrito de presentación de la presente garantía constitucional (fs. 3). El marco penal aplicable para el primero de dichos hechos (homicidio doloso) es de cinco a quince años (art. 105 del C.P.), en tanto que para el segundo (lesión grave) es de seis meses (art. 112 C.P.) a diez años. Por otro lado, dado que son dos hechos punibles los acusados, la perspectiva de pena tiene como límite mínimo el del hecho punible más grave (art. 70 del C.P.) en este caso el homicidio doloso _cinco años_. Consecuentemente la expectativa de pena para el procesado DANIEL ARECO tiene como base los cinco años de pena privativa de libertad, por lo cual y conforme la línea jurisprudencial trazada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la prisión preventiva de acuerdo a la calificación de los hechos que le son atribuidos, tiene como limite máximo el de cinco años.-
En ese sentido, es dable aclarar, que si bien la defensa alude como fundamento de su acción el Acuerdo y Sentencia No. 663 de fecha 23 de julio del 2007 por la que se concedió la garantía constitucional de habeas corpus en un planteo con argumentos análogos a los de su presentación, cabe aclarar que en dicha ocasión la decisión en mayoría_ voto preopinante de la Señora Ministra Prof. Dra. ALICIA PUCHETA DE CORREA y la del suscribiente del presente voto_ tuvo su fundamento esencial en una cuestión formal y la aplicación de una presunción prevista en la ley que regula la materia (1500/99), en donde además, no se trató_ en el voto mayoritario_ el fondo de la cuestión. Por lo demás, la situación procesal del solicitante, conforme a las constancias agregadas, aluden a un proceso que ha sido elevado a Juicio Oral y Público en relación al ciudadano DANIEL ARECO, cuya iniciación ha sido señalada para el día 08 de agosto del 2007, conforme cédula de notificación agregada en autos por la defensora solicitante (fs. 02).-
Dentro de ese contexto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: "...pues existiendo una causa penal en contra del peticionante, el mismo solo puede echar mano a las acciones o recursos pertinentes previstos por nuestra ley procesal, por lo que la medida restrictiva de libertad no es ilegal, es mas, fue confirmada por el auto de apertura a juicio oral y no habiendo trascurrido el plazo mínimo establecido para igual delito" (Ac. Y Sent. No. 995 de fecha 18 de octubre del 2005 en la causa Habeas corpus reparador presentado a favor de Eladio Muñoz García).-
Consecuentemente, dado que el tiempo de reclusión del procesado DANIEL ARECO es de TRES AÑOS a la fecha de la presentación del Habeas corpus lo cual no atenta contra la norma constitucional del art. 19, puesto que dicho plazo no excede de la pena mínima que se espera para el mismo conforme a la calificación realizada ( cinco años), que la privación de libertad fue dispuesta por orden de Magistrado competente, y que a la fecha la causa se encuentra en estado de sustanciación de Juicio Oral y Público, no se encuentran reunidos los parámetros requeridos por las normas constitucionales (art. 19 y 133 inc. 2) y lo dispuesto por la primera parte del citado articulo 236 del C.P.P., corresponde el rechazo de la garantía intentada, en razón a su improcedencia. ES MI VOTO.-
VOTO COMPLEMENTARIO DE LA DRA. ALICIA PUCHETA DE CORREA.
A SU TURNO, LA DRA ALICIA PUCHETA DE CORREA, dijo: Tras someter a un riguroso análisis las argumentos vertidos en la garantía constitucional articulada, , si bien habré de concluir adoptando un coincidente desenlace jurisdiccional al sostenido por el ilustrado colega preopinante, estimo necesario exponer algunas reflexiones complementarias relacionadas con la naturaleza del remedio implementado a la luz del bagaje de particularidades que el caso concreto presenta. A tal efecto hago mía la circunstanciada enunciación de los pormenores fácticos - jurídicos delineados por quien me antecede en la votación, lo que me habilita a incursionar directamente sobre los ítems que apuntalan al Habeas Corpus Reparador.-
Entrando en materia y según surge de la compendiada línea argumentativa en que se sustenta la garantía constitucional planteada, esta presenta dos aristas, por una parte, que la duración de la prisión preventiva excede el plazo de tres años que debe durar el procedimiento; y por otra, que la prisión preventiva supera el plazo de dos años previsto en el Articulo 236 del C.P.P., adquiriendo característica de pena anticipada.-
En cuanto al primero que hace a la duración máxima del procedimiento (TRES AÑOS) previsto en el Articulo 136 del C.P.P. Al respecto cabe observar que la peticionante alega que el procedimiento se ha iniciado en fecha 1 de agosto de 2004, pero olvida que en esa fecha ya se encontraba en plena vigencia la Ley N° 2341/03, por la cual el legislador procesal ha decidido lo que sigue : "Artículo 1 °. - Modificase el artículo 136 de la Ley N° 1286/98 Código Procesal Penal, que queda redactado de la siguiente manera: Art. 136.- "Toda Persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de cuatro años, contados desde el primer acto del procedimiento. Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen. Este plazo solo se podrá extender por doce meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos...".-
Como se puede ver, la ley de referencia no solamente ensancha el plazo de duración máxima del procedimiento originariamente regulado por la Ley 1286/98, sino también, a los efectos de su computo, suspende automáticamente los plazos ante planteamientos de las partes de incidentes, excepciones, recursos, etc., y recién, una vez resueltos aquellos o el expediente vuelva al juzgado de origen, el plazo vuelve a correr. De ahí que en la presente causa es de aplicación la Ley N° 2341/03, con todos los efectos y alcances contenidos en su regulación, toda vez que ya estaba en pleno vigor al tiempo iniciarse el procedimiento penal en examen, lo que amerita sustentar la improcedencia del Habeas Corpus Reparador fundado en tal motivación.-
En cuanto al segundo que se vincula con el exceso (mas de dos años) de duración de la medida cautelar privativa de libertad (prisión preventiva) que soporta el justiciable, a la cual se le atribuye carácter de pena anticipada. Enfocada la cuestión desde la óptica preindicada, surge del Informe del Juez requerido que por A.I. 1426 de fecha 04 de agosto de 2004 (cuya copia autenticada se halla agregada al Informe) el Juzgado Penal de Garantías a cargo del Juez Pedro Darío Portillo, siendo competente para ello, ha dictado auto de prisión en contra del Sr. DANIEL ARECO, observándose que para tal efecto , ha considerado todos y cada uno de los presupuestos legales que lo justifican , calificando el hecho atribuido al imputado dentro de lo previsto y penado en el Artículo 105 inc. 1º del Código Penal, en concordancia con el Articulo 29 inc. 2 del mismo cuerpo legal, cumpliendo así la exigencia de orden constitucional instalada en el Artículo 19 de la C.N., por lo tanto, la prisión preventiva dictada resulta ser producto de un acto emanado de autoridad competente y plasmada en orden judicial escrita.-
Lo observado precedentemente tiene relevancia para el examen del exceso de la duración de la prisión preventiva, por superación del plazo de dos años, que ha sido alegada, puesto que de acuerdo a la calificación jurídica del hecho determinado en el auto respectivo, la tipología penal atribuida al Sr. DANIEL ARECO y que hasta la fecha se mantiene invariable (Articulo 105 del C.P. - Homicidio Doloso- ), describe una oscilación de la sanción penal que parte de una pena mínima de cinco años y que puede llegar a una máxima de quince años. Por consiguiente la duración de la prisión preventiva del justiciable se encuentra encuadrada dentro de los limites permitidos por la cláusula constitucional que lo regula y que hasta ahora lo justifica, en tanto que la privación de libertad del justiciable no ha alcanzado, hasta la fecha, la pena mínima que corresponde al hecho punible calificado.-
Debe admitirse que el planteamiento defensivo formulado no es una novedad, ni tampoco lo constituye la aplicación prevaleciente, por parte de esta Sala Penal , del Articulo 19 de la Constitución Nacional del año 1992, por virtud del cual - por voluntad soberana del órgano constituyente - el lapso temporal de la prisión preventiva esta fijada sobre la base de la pena mínima que corresponde el hecho punible calificado , al prescribir lo que sigue: "La prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongara por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho, efectuada en el auto respectivo.".-
Nótese que de la estructura del mentado articulado constitucional - en tanto supedita la duración de la prisión preventiva a la pena mínima que corresponde a la calificación del hecho punible - surge una sabia simetría jurídica por la que se deja traslucir la idea de que a mayor pena mínima, corresponde mayor duración de la prisión preventiva y a la inversa, a menor pena mínima, menor lapso de duración de similar medida restrictiva de libertad, casuísticas que combinan con los principios de razonabilidad y proporcionalidad a la gravedad de la pena que , en abstracto, reconoce el hecho punible calificado y que , en esencia, constituyen los trasfondos ideológicos que subyacen en la norma constitucional y que debe servir de fuerza ordenara en la aplicación de la prisión preventiva.-
Los mismos - principios de razonabilidad y proporcionalidad - a su vez, hacen que la duración de la prisión preventiva que es consecuente con la cuantía de la pena mínima que corresponde al hecho punible calificado a tenor de la ley penal de fondo, esté fuera del contexto de la pena anticipada; una interpretación contraria conduciría a concluir de que el mismo órgano constituyente - al dosificar constitucionalmente la duración de la prisión preventiva - ha incurrido en el despropósito de fijarlo sobre pautas temporales que convierten a la prisión preventiva en categoría de pena anticipada. Cuando que el postulado constitucional en estudio deja vislumbrar una idea de justicia que impone que el derecho de la sociedad de defenderse contra el hecho punible sea conjugado con el del individuo sometido a proceso de manera tal que ninguno de los respectivos derechos en conflicto sea sacrificado en detrimento de uno u otro.-
Como razona Santiago Mir Puig, en su obra "El derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Derecho", Edic. 1994, Pag. 37 :" ..el derecho penal de un Estado social y democrático debe asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de tender a la prevención de delitos ( Estado social) , entendidos aquellos comportamientos que los ciudadanos estimen dañosos para sus bienes jurídicos - bienes no en sentido naturalista ni ético individual, sino como posibilidades de participación en los sistema sociales fundamentales - y enla medida en que los mismos ciudadanos consideren graves tales hechos (Estado democrático)...".-
Sobre tales premisas se han ido forjando los precedentes judiciales similares a la que postulo para el caso concreto, entre los que se encuentran, entre otros, afirmadas en el Acuerdo y Sentencia N° 916 de fecha 12 de octubre de 2005, en la causa caratulada: "HABEAS CORPUS GENÉRICO PRESENTADO POR EL ABOG. PEDRO RODOLFO MENDOZA A FAVOR DE MIGUEL FERNANDO CANTERO"; Acuerdo y Sentencia N° 1470 de fecha 4 de diciembre de 2006, en el Expediente: "HABEAS CORPUS REPARADOR PRESENTADO POR EL ABOG. CESAR NARVAEZ A FAVOR DE FRANCISCO TEODORO CANO"; Acuerdo y Sentencia N° 265 de fecha 2 de mayo de 2007, en el Expediente: "HABEAS CORPUS REPARADOR PRESENTADO POR EL ABOG. ERNESTO YAMPEY CRISTALDO A FAVOR DE LOURDES LORENA AQUINO".-
Respecto al instituto del Habeas Corpus, Néstor Pedro Sagües - Derecho Procesal Constitucional- Hábeas Corpus. Buenos Aires: Astrea, 1988 pág. 143 - sostiene que "en su origen histórico surge como remedio contra una detención. Sin arresto, el hábeas corpus parecería no tener razón de ser, ya que es un remedio, precisamente, contra aprehensiones ilegales. Su meta natural, por los demás estriba en disponer una libertad..". Por su parte, Germán Bidart Campos (Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino, EDIAR, 1985) lo como la garantía que protege la libertad física. Manifiesta: "que es la garantía deparada contra actos que privan de la libertad o la restrinjan sin causa o sin forma legal, o con arbitrariedad".-
No se desconoce que la libertad personal es un derecho subjetivo, reconocido en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales puesto que constituye uno de los valores fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, por cuanto fundamenta diversos derechos constitucionales a la vez que justifica la propia organización constitucional. Pero tampoco es un derecho absoluto y de ejercicio ilimitado, razón por la cual los mismos ordenamientos jurídicos de diversos niveles jerárquicos que integran nuestro derecho positivo vigente autorizan a restringirlos fundados en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales.-
En efecto, el Articulo 9 de la Constitución Nacional consagra el derecho a la protección de la libertad; empero e inmediatamente los Artículos 11 y 12 del mismo texto constitucional, autorizan a restringirlo mediando las causas y condiciones fijadas en la Constitución y las leyes, requiriendo a su vez, salvo la excepción que prevé - la orden escrita emanada de autoridad competente, normativas que concatenan con el Articulo 19 de igual rango. Así se explica que la libertad puede ser restringida legalmente, como en el presente caso, mediando preceptos constitucionales expresos que los autorizan, enlazando con las disposiciones legales que lo reglamentan y que se encuentran avaladas por la doctrina y precedentes judiciales en los términos y alcances que he perfilado en párrafos precedentes.-
En consecuencia, por las razones expuestas precedentemente, la cautelar privativa de libertad cuestionada no resulta ilegitima ni arbitraria, sino que se funda en causas especificas establecidas en las normas legales que lo autorizan y en función a una orden escrita de autoridad competente, las que concuerdan con las normas constitucionales previstas en los Artículos 11, 12 y 19 de la Constitución Nacional, por lo que NO CORRESPONDE el otorgamiento de la garantía constitucional solicitada por las Defensoras Públicas, Abogadas Alicia Inés Augsten y Patricia Rosanna Bernal a favor del Sr. DANIEL ARECO, habida cuenta que por la preceptiva prevista en el Articulo 26 de la Ley N° 150099, se impone el rechazo del Habeas Corpus Reparador estando de por medio una medida cautelar privativa de libertad decretada en una causa penal sustanciada ante juez competente.- Por tanto, a tenor de los fundamentos esgrimidos, la norma constitucional que rige la materia (Art. 133 inc. 2) y a las disposiciones constitucionales (Arts. 11, 12 y 19) y legales citadas (Art. 19, 26 y concordantes de la Ley N° 1500/99), la doctrina apuntada y los precedentes judiciales invocados, corresponde NO HACER LUGAR a la garantía constitucional planteada. Voto en el sentido y con los alcances expuestos.-
A su turno el MINISTRO NUÑEZ RODRÍGUEZ manifiesta que se adhiere al voto de la DRA. PUCHETA DE CORREA por los mismos fundamentos.-
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante mi, que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
SENTENCIA NÚMERO: 767.-
Asunción, 8 de agosto de 2007.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la,
1.- NO HACER LUGAR a la Garantía Constitucional de HABEAS CORPUS REPARADOR que en los autos caratulados: "MINISTERIO PÚBLICO C/ JUAN PIÓ PAIVA Y OTROS S/ HOMICIDIO DOLOSO Y OTROS", ha sido planteada por la Abog. TERESA ARECO DE ALCARAZ a favor del SR. DANIEL ARECO, en virtud a los fundamentos expuestos en el exordio que antecede.-
2.- REMITIR una copia de lo resuelto al Presidente del Tribunal de Sentencia, Abog. GERMÁN TORRES MENDONZA, conformado para el Juzgamiento de la causa principal que involucra al peticionante DANIEL ARECO a los efectos legales pertinentes.-
3.- ANOTAR, registrar, y notificar.-
Abog. Karinna Penoni de Bellasai

References: artículo 133
 artículo 133
 artículo 236
 Artículo 20
 resolución 
 artículo 133
 Artículo 19
in fine
 artículo 136
 resolución 
 Artículo 105
 Artículo 19