Source: http://aedd.org/noticias-derecho-deportivo/comentarios-de-actualidad-sobre-derecho-deportivo/item/610-consideraciones-sobre-el-caso-vitolo
Timestamp: 2017-11-23 17:00:35+00:00

Document:
By Francisco José Estévez Hernández
Todos recordamos que, hace dos años, el FC Barcelona fue sancionado por la FIFA durante dos periodos de fichajes.
El Club blaugrana contrató a dos jugadores en verano, a quienes no pudo inscribir, y optó por no utilizar fórmula alguna durante los meses que transcurrieron hasta el final de la sanción, por lo que todos guardamos en nuestra retina las imágenes de Arda Turan y Aleix Vidal (procedentes del Club Atlético de Madrid y Sevilla FC, curiosamente) entrenando, incluso posando junto a la Supercopa de España que ganó el Barça en agosto, pero sin poder disputar partido alguno hasta el mes de enero siguiente.
Como sabemos, más allá de la mayor o menor coincidencia entre los motivos y el fondo de los asuntos, pues el Real Madrid, CF, vía recurso al TAS, sí ha conseguido reducir la sanción a un solo periodo o ventana, el Club Atlético de Madrid SAD está sufriendo idéntico castigo –en lo que a prohibición de inscripciones se refiere− y acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo con el internacional español Víctor Machín Vitolo, que se incorporará al club rojiblanco en enero de 2018.
Hasta ahí, no hay diferencias ni confusión alguna: puedes fichar, no inscribir, y el Atletico de Madrid se ha limitado a anunciar que, cuando su sanción se cumpla, Vitolo será jugador atlético.
Pero la cuestión es que, siguiendo criterios deportivos, coincidentes con el interés del jugador, al tratarse de una temporada en la que se disputará el Mundial y, también, el precedente negativo del propio Barça, pues a ninguno de sus dos fichajes de 2015 le sentó nada bien aquella especie de «pretemporada de seis meses», el futuro fichaje rojiblanco, hasta ahora jugador del Sevilla FC, necesita seguir en activo y va a jugar en la UD Las Palmas hasta entonces.
Es por lo tanto en ese periodo, y también en la forma en que se ha acordado, donde está el centro neurálgico, el asunto, el interés de estudio desde la perspectiva del Derecho deportivo.
Como todos sabemos, cuando todos los rumores apuntaban a un acuerdo inminente entre el jugador y el Club Atlético de Madrid, e incluso el presidente de la UD Las Palmas había realizado diferentes declaraciones, comunicando que jugaría en su equipo hasta diciembre, el Sevilla FC anunció a bombo y platillo que había conseguido renovarle. Sin embargo, mientras medios y redes sociales ardían, el día siguiente finalizó con las famosas imágenes de Vitolo, primero depositando el importe de su cláusula de rescisión en la sede de la Liga de Fútbol Profesional y, a continuación, en un avión camino de Las Palmas.
Dudo que nadie, no implicado directamente, sepa con certeza todo lo que sucedió durante las veinticuatro horas transcurridas entre ambos hechos, mientras los actores intervinientes se intercambiaban los papeles de héroes y villanos, siempre según el prisma de cada cual, sin solución de continuidad.
En mi artículo «Reflexiones en torno a la denominada “cláusula de rescisión” en el deporte español» (Actualidad Civil, 14 de febrero de 2014), llegaba a la conclusión de que, en realidad, dicha cláusula no existe como tal, pues, cuando nuestro Código Civil define las causas de rescisión de un contrato, y lo hace mediante el sistema de numerus clausus, no figura entre ellas la voluntad unilateral de una de las partes contratantes.
Por lo tanto, aunque es «cláusula», difícilmente podemos considerarla como «de rescisión», pues no es más que el nombre que se le ha dado a una figura −aportación española al Derecho deportivo internacional− que engloba unos derechos y unas obligaciones laborales, otorgadas mediante Real Decreto a los deportistas profesionales, junto a los derechos y obligaciones que les corresponden a los clubes que les contratan.
Todas las calificaciones tienen su lógica y su defensa pero, en el caso de que un deportista opte por extinguir su contrato abonando la cláusula pactada, nos resulta complicado hablar de incumplimiento, pues, en realidad, estaría actuando conforme a lo acordado, y eso hace que nos decantemos por la opción de la obligación alternativa (arts. 1.131 y ss. del Código Civil), consistente en el deber que corresponde al deportista de cumplir con su prestación, ya fuere permaneciendo en el club hasta el fin del contrato, ya pagando la cantidad que se acuerde, en caso contrario.
Partiendo de dicha base legal, podríamos definir la cláusula de rescisión, como un mecanismo con el cual, de mutuo acuerdo, se pone precio a la indemnización que el club con el que mantiene contrato vigente un deportista, percibirá si el mismo quiere ponerle fin, antes de la finalización del compromiso.
Es opinión mayoritaria de la doctrina que, ya que es el deportista quien extingue el contrato, debe ser también él ser quien cumpla, al menos formalmente, con las obligaciones que se derivan de tal resolución unilateral, lo que coincide con el texto del Real Decreto que, recordemos, establece claramente la responsabilidad subsidiaria del Club que adquiere los servicios del deportista, resultando definitivo el argumento de que cualquier contrato, laboral o civil, sólo puede ser rescindido por las partes contratantes, club y deportista, y por lo tanto no por terceros, incluido el club que ficha.
El compañero y admirable amigo Javier Rodríguez Ten reflexionaba hace unos días sobre la validez, o no de un supuesto acuerdo verbal, y sobre la posibilidad de que dicho acuerdo tuviese fuerza de contrato; para lo cual cita el precedente de Juan Carlos, lateral internacional que pasó del Atlético de Madrid al FC Barcelona en 1991, en el que se sentenció en contra del club madrileño, porque «la supuesta prórroga verbal del contrato antes referido y que la parte demandante pretende haber alcanzado, no ha sido acreditada en modo alguno», y otra resolución posterior, de 2014, en la que, sin embargo, se resuelve que «el contrato del deportista profesional concertado de forma verbal con un determinado club posee plena eficacia jurídica, pues el requisito de forma exigido en el artículo 3.1 del Real Decreto 1006/1985 no lo es con efectos constitutivos, ad solemnitatem, sino que se trata de una forma exigida a efectos de prueba».
Tras analizar todas las opciones y subrayar sus desconfianzas, Rodríguez Ten concluye que, como la consecuencia real del castigo, que es la no inscripción dos ventanas de fichajes, se ha materializado y cumplido, conviene citar los comentarios de Iván Palazzo en Iusport, según los cuales la operación de Vitolo sería legal, porque no es un traspaso inmediato, sino que hay meses de por medio, en los que el jugador sería realmente miembro del equipo y alineado con la UD Las Palmas.
Una UD Las Palmas, por cierto que, para complicar un poco más el tema, tiene derechos adquiridos sobre el traspaso o, en este caso, sobre el pago de la cláusula de rescisión de este jugador pues, como fue el Club del que había salido el jugador en su momento, así lo acordó con el Sevilla FC cuando éste le fichó en 2013.
Hay que aclarar que por un lado están los derechos federativos; por los que una entidad deportiva puede inscribir a un deportista en una determinada competición oficial, para que participe en nombre y representación de dicha entidad, que sólo pueden ser propiedad de clubes o SAD, no son divisibles y para su efectividad, deben ser inscritos en el correspondiente registro y, por el otro, los derechos económicos, que no son de inscripción obligatoria, son divisibles y pueden ser propiedad, no sólo de entidades deportivas, sino también de otras personas jurídicas e incluso físicas.
La sanción de la FIFA, confirmada por el TAS, impide al Club Atlético de Madrid inscribir a nuevos jugadores hasta enero de 2018. Es decir, le prohíbe expresamente adquirir y utilizar los derechos federativos sobre cualquier jugador no inscrito previamente. Punto. No hay más. Ni menos.
Pero dicha sanción no afecta a los derechos económicos, ni a la celebración de contratos o acuerdos privados ni, en nuestra opinión, cabe hablar de «fraude de ley» cuando no consta que el Club rojiblanco madrileño haya utilizado de ninguna forma unos derechos federativos sobre Vitolo de los que, en cualquier caso, carece.
Pese a todo, el presidente del Sevilla FC, tras anunciar que su club «va a ejercer sus derechos, estudiando detenidamente la documentación que obra en su poder para ejercer todas las acciones legales que estén en nuestra mano», confirmó durante estos días que iniciará reclamaciones frente a su ya ex jugador Vitolo y, también, contra Club Atlético de Madrid y UD Las Palmas.
Obviamente, sólo el Consejo de dicho Club, y sus asesores legales conocen los motivos, más allá de la posición que consideran imprescindible adoptar de cara a su afición pues, como dijo nuestro prestigioso amigo Miguel García Caba, «en el fútbol administramos sentimientos».
Por ello, como no nos puede constar –ni tampoco se ha exhibido− ningún acuerdo o compromiso previo, y pensamos que cualquier acuerdo verbal requiere la manifestación de voluntad del deportista, que claramente ha actuado en sentido opuesto, no tenemos una bolita mágica a mano que nos permita adivinar el futuro, darle la razón, o quitársela a determinados comentaristas que avisan (¿en algún caso desean?) de la posible intervención de la FIFA en este negocio, que podría haber sido claro y cristalino con un simple acuerdo entre jugador y clubes, incluso si éste hubiese consistido en el pago de la cláusula establecida; pero que se ha convertido en algo oscuro y potencialmente conflictivo, debido al empeño que han puesto todos quienes han intervenido en forzar sus posiciones, en tratar de hacer lo mismo con las ajenas y, en caso del Sevilla FC y sólo de este club, pues los demás han evitado expresamente las declaraciones públicas, de utilizar a los medios como altavoces de sus deseos.
El jugador ha abonado su cláusula de rescisión, la UD Las Palmas le ha inscrito, el Sevilla FC ha cobrado y el Club Atlético de Madrid ha anunciado su acuerdo con Vitolo a partir de enero de 2018. Como acabamos de ver, todos estos pasos y actuaciones tienen su base legal. ¿Dónde está entonces el problema?.
Abogado. Socio Director de Estévez Abogados
Miembro de la Junta Directiva y de la Asesoría Jurídica de la Asociación Señales de Humo.
Socio fundador de la Asociación Peña Los 50
Ex vocal del Comité de Apelación de la Federación de Fútbol de Madrid (2000-2010)
Anterior Discriminar debería tener consecuencias
Siguiente Régimen jurídico del dopaje animal en España: la ley pendiente

References: Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 3
 Real Decreto