Source: https://rincondeldirector.com/2018/08/06/apuntes-de-educacion-2010-ii/
Timestamp: 2019-04-25 16:31:07+00:00

Document:
Apuntes de Educación 2010 (II) |
Ahora sí, sin más preámbulos, adjunto la entrega 2010 (II).
OFERTA EDUCATIVA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN:
GUÍA DE ESTUDIOS OFICIALES PARA EL CURSO 2010 – 2011
Con el fin de informar y orientar a empresarios y trabajadores sobre las oportunidades educativas que mejor se adapten a sus intereses y necesidades, con este escrito aspiro a contribuir a la difusión de aquellas opciones educativas que nos brinda la Consejería de Educación a través de la red de centros sostenida con fondos públicos, tanto de titularidad de la Administración Educativa como de titularidad privada.
Pero veamos, a título enunciativo, algunas posibilidades de formación OFICIAL al que pueden acogerse los jóvenes y ciudadanos, en general y los trabajadores en activo por cuenta ajena, en particular:
A) Formación Profesional Inicial
A día de hoy, y para el curso 2010 – 2011, la Consejería de Educación, a través de su red de centros sostenidos con fondos públicos, sean de titularidad pública o privada, presenta una gran flexibilidad de opciones educativas a través del régimen presencial, semipresencial y a distancia y de la modalidad completa, parcial, modular o unidades formativas.
B) Universidad de Cantabria
C) Universidad Nacional de Educación a Distancia
D) Aprendizaje Permanente: Educación para Personas Adultas
Formación básica: enseñanzas iniciales y Educación Secundaria para Personas Adultas
Formación Profesional oferta parcial y modular
Otras enseñanzas: Español para Extranjeros y cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos y de acceso a la Universidad para mayores de 25 años
Formación básica: Educación Secundaria para Personas Adultas A DISTANCIA
Inglés A DISTANCIA (That’s English)
Enseñanzas de Régimen Espacial
DECROLY forma parte de la red de centros sostenidos con fondos públicos, dependientes de la Consejería de Educación. Por ello, en lo que respecta a los estudios de formación profesional implantados en su Centro, tanto en el régimen presencial como en las modalidades completa (todo el curso) y parcial (matriculación por módulos desde 2 horas semanales, en cualquiera de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos Formativos de Grado Medio y/ o Ciclos Formativos de Grado Superior) dispone de puestos escolares para los diferentes colectivos de trabajadores por cuenta ajena, con claros beneficios para mejorar sus competencias básicas y profesionales y con la posibilidad de que las empresas obtengan SUBVENCIONES por Permisos Individuales de Formación (PIF).
Ahora es el momento de la información y orientación sobre las ventajas que proporciona la formación OFICIAL a los trabajadores y a las empresas. DECROLY, reitera su disponibilidad para seguir desarrollando su habitual compromiso con la sociedad y con el mundo empresarial poniendo todos nuestros recursos humanos al servicio de las empresas para asesorar en materia de educación y formación, en un marco educativo orientado al aprendizaje durante toda la vida.
Pincha aquí para ver una relación de cursos para los que puedes solicitar una plaza GRATUITA, en DECROLY, organizados por ciclos formativos.
Otros artículos sobre estudios OFICIALES y SUBVENCIONES en las empresas, publicados en DECROLY Digital, puedes verlos en los siguientes enlaces:
–Formación OFICIAL en DECROLY para trabajadores por cuenta ajena, 13/05/2010 –Acceso a la formación profesional en los centros sostenidos con fondos públicos en el curso 2010-2011, 03/05/2010
–Los ciclos LOE y su impacto en los centros de formación profesional de Cantabria, 27/04/2010
–Formación Profesional a tiempo parcial, 21/04/2010
–Formación profesional modular para trabajadores en activo, 08/04/2010
–Permisos individuales de formación (PIF) para compaginar estudios y trabajo, 12/03/2010
La Orden EDU/29/2010, de 6 de abril, de la Consejería de Educación incorpora novedades innovadoras en materia de regímenes y modalidades de formación profesional inicial, oficial en todo el Estado Español. Por ello, hemos organizado esta IV Jornada Informativa, dirigida a todos los responsables de recursos humanos de las empresas de Cantabria.
Esta IV jornada se enclava en las actividades de información y orientación profesional y para el empleo, planificadas por el departamento de relaciones empresariales e institucionales, con el objetivo de acercar la formación a los trabajadores en activo y posibilitar la obtención de subvenciones a todas aquellas empresas que apuesten por el desarrollo personal y profesional de sus empleados a través de programas formativos individuales de formación reglada
En materia de formación profesional, la normativa básica estatal, sustanciada en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, sirve de base para la reciente entrada en vigor del Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en aplicación y desarrollo de la precitada Ley de Educación de Cantabria.
El Decreto 4/2010 regula las diferentes modalidades y regímenes de la oferta educativa en materia de formación profesional en nuestra Comunidad Autónoma y avanza la necesidad de un desarrollo posterior a esta noma que reglamente el acceso y la matrícula de los distintos tipos de oferta establecidos. Así, en el artículo 12, al hablar de la oferta de formación profesional, en el apartado 5, literalmente, dice: “La Consejería de Educación contemplará en su oferta educativa anual los ciclos formativos en los regímenes semipresencial y a distancia. En esta oferta se utilizarán las tecnologías de la información y comunicación, conforme a las condiciones que para su autorización, organización y funcionamiento se determinen”.
En otro orden de cosas, igualmente muy relevante para los centros sostenidos con fondos públicos de titularidad privada, el apartado 6 del precitado artículo 12 explicita: “Con la finalidad de favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida, la integración social, y la inclusión de las personas o grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo, la Consejería de Educación ofertará formación asociada a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Esta formación podrá ofertarse a través de los regímenes presencial, semipresencial o a distancia, adaptándose a las diversas características de las personas a las que vaya dirigida”.
No quiero dejar pasar por alto, dada la novedad innovadora que representa, el punto 6 de ese artículo 12 que regula la potestad de la consejería de Educación para ofertar cursos para una mayor especialización, según lo dispuesto en el artículo 15. Yo personalmente aplaudo esa medida que proporciona a los graduados de formación profesional, en particular a los titulados de grado superior, la posibilidad de optar a una especialización que presumo puede compararse a los programas Master de los titulados universitarios de grado.
Y para ir concluyendo con el Decreto 4/2010, llamo la atención sobre el contenido del Artículo 13. En Tipos de oferta, en el apartado 1 determina que estas enseñanzas se organizan en ciclos formativos y se clasifican en cuatro modalidades: completa, parcial, modular y unidades formativas. Animo a los lectores de este artículo a que, por lo novedoso de la oferta, presten atención a las diferencias cualitativas existentes entre cada una de ellas. En el apartado 2. Los regímenes en los que se clasifica la oferta formativa de Formación profesional, debemos reflexionar sobre el compromiso de cada centro para desarrollar este modelo que prevé la convivencia de lo regímenes de formación presencial, semipresencial y a distancia.
Finalmente, este texto legal nos presenta una novedad que trasciende la esfera española, por cuanto que regula el establecimiento de los créditos europeos ECTS por cada módulo. Ello facilita el reconocimiento y convalidación de módulos y materias entre los títulos de técnico superior y las enseñanzas conducentes a títulos universitarios.
Pero volvamos al título que da origen a esta presentación: Acceso a la formación profesional y matriculación en los centros sostenidos con fondos públicos en el curso 2010 – 2011, en nuestra comunidad autónoma. La concreción, no exenta de lagunas normativas, la encontramos en la reciente publicación de la Orden EDU/29/2010, de 6 de abril, por la que se regula el acceso y la matriculación del alumnado de formación profesional inicial en los centros públicos y privados concertados de nuestra Comunidad Autónoma de Cantabria.
La Orden aporta importantes novedades en materia de acceso y matriculación de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Introduce aspectos de flexibilización, tanto en la oferta como en el acceso, admisión y matrícula, con el fin de adaptar la formación a las necesidades e intereses de los ciudadanos y de favorecer el transito de la formación al trabajo y viceversa. Así, el artículo 2. regula los requisitos de acceso, en todas sus variantes; los artículos 3, 4 y 5regulan la matrícula en las enseñanzas, así como la matrícula completa y parcial, en todos sus regímenes y modalidades; los artículos 6, 7, 8 y 9 afectan a la novedosa actuación en materia de anulación de la matrícula y, en su último artículo 10, regula el cambio de régimen y/o de modalidad.
Pero si mi valoración de la normativa es positiva, en cuanto que mejora la anteriormente existente, no por ello estoy muy preocupado por algunos déficits significativos que afectan, muy especialmente, a los centros sostenidos con fondos públicos de titularidad privada.
Ausencia de procedimiento para la autorización de centros para impartir la oferta formativa de formación profesional inicial en igualdad de condiciones y requisitos que los utilizados para autorizar los centros públicos. En concreto, la autorización para la coexistencia de una oferta formativa en los regímenes semipresencial y a distancia, de aquellos ciclos que tenga autorizados cada centro.
Ausencia de procedimiento para desarrollar el principio de autonomía de los centros para la organización de ciclos formativos en las cuatro modalidades reguladas: completa, parcial, modular y unidades formativas, en los centros sostenidos con fondos públicos y, en particular, en aquellos de titularidad privada.
Ausencia de directrices a la hora de proporcionar información y orientación en materia de itinerarios formativos y de prerrequisitos para la matriculación en las modalidades parcial, modular o unidades formativas.
Ausencia de directrices para organizar la formación asociada a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Ausencia de directrices para la autorización y puesta en funcionamiento de cursos de especialización en todos los regímenes y modalidades, indicando la condición de gratuitos/ concertados o no concertados.
Actuaciones de la Consejería de Educaciónque pueden ser tachadas de discriminatorias, en relación con la red de centros sostenida con fondos públicos, de titularidad privada, en casos concretos como la oferta de regímenes semipresencial y a distancia, o de las modalidades modular y unidades formativas ofertados, exclusivamente, por centros de titularidad pública.
En definitiva, la ausencia de procedimientos para posibilitar a los centros sostenidos con fondos públicos, de titularidad privada, para implantar la diversidad de regímenes y modalidades que regula la Orden EDU/29/2010, atenta contra los más elementales principios de libertad de elección de centro; discrimina a estos con respecto a aquellos de titularidad pública y restringe su autonomía organizativa y pedagógica.
La realidad es que las demandas de la sociedad del siglo XXI en materia de desarrollo personal y de cualificación y formación profesional son incontestables. Las administraciones públicas estatal y autonómica responden paulatinamente produciendo la normativa pertinente para afrontar los retos que representa el nuevo milenio. La “nueva” formación profesional se sustenta en un sólido principio de calidad para responder a las exigencias del mercado de trabajo, en una economía mundializada. En este escenario, todos los agentes implicados: administraciones públicas, agentes económicos y sociales, centros educativos, empresas, trabajadores, ciudadanos contribuimos a ese despliegue, cualificación y recualificación de las personas cooperando en su inserción y reinserción profesional y colaborando en la actualización profesional de los trabajadores en activo.
Vivimos en la sociedad de la información, en la era digital basada en la información, la comunicación y el acceso al conocimiento en tiempo real. El subsistema de formación profesional, en su doble vertiente inicial y para el empleo, afronta un reto complejo consistente en dar respuesta, no solamente a los ciudadanos que, por razones de edad, se encuentran en edad escolar, sino también y, en mi opinión en mayor envergadura, el nuevo modelo de formación profesional debe dar respuesta a una formación a lo largo de toda la vida.
Ha nacido, en Cantabria también, un nuevo modelo de aprendizaje; de formación profesional inicial y para el empleo flexible y dinámico, como la sociedad misma. Estudiar, trabajar, estudiar y trabajar, es una tarea que exige esfuerzo y determinación por parte de los usuarios. El sistema educativo, a través de su red de centros sostenidos con fondos públicos debe dar soluciones a las personas, a los ciudadanos inmersos en una sociedad que demanda más y mejores competencias personales, sociales y profesionales. Para ello, además de implementar un sistema que posibilite las pasarelas, tanto en los regímenes formativos como en sus diversas modalidades, las administraciones públicas responsables del Subsistema de Formación Profesional deben posibilitar la participación de la red de centros sostenidos con fondos públicos, sin exclusión, en una tarea de cuyo éxito dependerá, en gran parte, el futuro desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma.
En esa tarea, todos somos necesarios.
LOS CICLOS LOE Y SU IMPACTO EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CANTABRIA
La entrada en vigor en 2006 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), conduce a un nuevo escenario en el desarrollo de la formación profesional en España y en Cantabria. Los títulos, hasta ese momento promulgados en aplicación de la Ley Orgánica General de Ordenamiento del Sistema Educativo (LOGSE), de 1.990, estaban pidiendo a gritos una revisión y actualización para adaptarse a las nuevas demandas de cualificación del mundo productivo y de la realidad socioeconómica de las distintas comunidades autónomas.
A efectos ilustrativos, es interesante recordar que Cantabria tiene plenas competencias en materia de educación en virtud de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para Cantabria. Así lo determina el artículo 28.1 al otorgar la facultad de “desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen”.
Para una mejor comprensión del modelo educativo actual es conveniente observar que la Ley Orgánica, 2/2006, de Educación (LOE), de 3 de mayo, en su artículo 39.6, dispone que “el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas”. Por otro lado, el nuevo marco normativo alude a la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP) de 2002, en relación con lo dispuesto en su artículo 10.1, en el que se establece que la Administración General del Estado “determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales”.
Todos los títulos de formación profesional, por tanto, son creados mediante el correspondiente Real Decreto que fija las enseñanzas mínimas y atribuye a cada Comunidad Autónoma la competencia para establecer el currículo. Cantabria, en uso de esas competencias, otorgadas por la anteriormente citada legislación básica, ha iniciado un proceso, lento en mi opinión, pero sin pausa, que conduce a la publicación del currículo de los títulos de formación profesional, que paulatinamente promulga el Ministerio de Educación. Para ello, nuestra comunidad autónoma se ha dotado del Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la Formación Profesional en el sistema educativo de la comunidad autónoma de Cantabria. A día de hoy, se han publicado un importante nº de títulos, tanto correspondientes a CFGM como corresponden a CFGS, por parte del Ministerio de Educación. La implantación en los centros de Cantabria se realiza a medida que la Consejería de Educación publica la orden con el establecimiento del currículo de cada título.
Pero la implantación de los nuevos títulos LOE –así conocidos en la jerga profesional- está dándonos algunos quebraderos de cabeza, en particular, a los centros privados. Los nuevos títulos traen consigo cambios sustanciales. Por ejemplo: todos los ciclos, sean de grado medio, sean de grado superior, tendrán una duración de 2000 horas y se impartirán en dos años académicos. Esa circunstancia, acompañada de la intransigencia de la Consejería de Educación de conceder crecimiento vegetativo de unidades a los centros que tengan operativos ciclos de un año, conlleva medidas traumáticas que, a día de hoy, no se encuentran totalmente resueltas. A mayor abundamiento, los nuevos títulos incorporan una serie de exigencias en materia de recursos humanos y físicos que conducen a muchos centros a una situación de crisis profunda que puede poner en riesgo la propia viabilidad y continuidad de los mismos, si la Consejería de Educación no lo remedia.
¿Cuál es la posición de los centros privados de formación profesional?
En primer lugar, los centros propugnamos ante la Consejería de Educación medidas de consenso, tanto para la racionalización de la oferta como para la resolución de los problemas reales que debemos afrontar ante la implantación de los nuevos ciclos LOE. En segundo lugar, demandamos a la Consejería de Educación actuaciones que concilien sus interesas con los de la comunidad educativa de cada entidad.
La negociación ya ha comenzado. Disponemos de un buen instrumento: la Mesa de la Concertada, que está formada por una representación de los agentes sociales y de la propia consejería. Veamos algunos de los temas que requieren una solución favorable por parte de la administración educativa:
Conceder incremento de unidades a los centros que transformen ciclos de un año en sus equivalentes de dos años. Para ello, la Consejería deberá contemplar el concierto de cada ciclo para dos unidades. Otras comunidades autónomas así lo hacen. (País Vasco, por ejemplo)
Mantener el empleo de los profesionales docentes mediante la asignación de funciones transversales a todos aquellos profesores cuyas titulaciones no sean acordes con las demandadas en los nuevos títulos. Un instrumento, a iniciativa de cada centro, debe ser la concesión, por parte de la Consejería de Educación, de habilitaciones a los profesores que no vean su titulación homologada a las nuevas exigencias.
Recuperar la figura del profesor de apoyo para cubrir necesidades indiscutibles que se presentan en los centros cotidianamente. Esa figura podría nutrirse de aquellos profesores que pierdan horas como consecuencia de la implantación de los nuevos ciclos.
Incentivar la puesta en funcionamiento de los PCPI que complementen a los ya existentes de la modalidad de Aula Profesional, a través de la modalidad Taller Profesional, según lo regulado en la Orden EDU/42/2008, de 19 de mayo, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial que se desarrollen en la comunidad autónoma de Cantabria.
Establecer los mecanismos que posibiliten la impartición de la modalidad a distancia en formación profesional por aquellos centros de titularidad privada que lo soliciten y cumplan los requisitos que se establezcan.
Flexibilizar las directrices relacionadas con la asignación de horas de FCT al profesorado, posibilitando una verdadera autonomía organizativa en los centros, para agrupar esas horas en aquellos profesores que proceda, en base a lo que determine su Proyecto Educativo en materia de relaciones institucionales y con las empresas.
Facilitar la publicación y difusión de noticias, eventos y proyectos que tengan lugar en los centros privados en la Web institucional de la Consejería de Educación, en el portal www.Educantabria.es
Autorizar aquellos centros integrados de titularidad privada que lo soliciten, cuando cumplan con los requisitos legales, como instrumento de contribución y desarrollo de las nuevas demandas del ámbito socioeconómico.
Validar las instalaciones existentes en los centros al transformarlos para impartir los nuevos ciclos LOE, relacionados con los ya existentes.
En definitiva, la red de centros sostenidos con fondos públicos, de titularidad privada, reclama actuaciones administrativas no discriminatorias respecto de aquellos otros centros de titularidad pública. La administración educativa tiene la palabra. En el desafío de la puesta en marcha y desarrollo del nuevo modelo de formación profesional en Cantabria, la red de centros sostenida con fondos públicos, de titularidad privada, asume el reto con profesionalidad, determinación, optimismo y espíritu colaborativo con las administraciones públicas y con los agentes socioeconómicos.
¡Todos juntos convertiremos la formación profesional en Cantabria en un modelo a imitar por el resto de las autonomías del Estado Español!
El jueves, día 22 del presente mes de abril, el Ministro de Educación Ángel Gabilondo presentó el documento “Pacto Social y Político por la Educación”, en la sede del Consejo Escolar del Estado, junto a un borrador de acuerdo solicitando la adhesión de las entidades allí representadas. Después de tres meses de negociaciones, de trabajo colaborativo y con las aportaciones de decenas de entidades, organismos y organizaciones se ha concluido el documento presentado por el Ministro.
¡Ha llegado la hora! ¡Es la hora de la verdad! Desde DECROLY hemos manifestado públicamente nuestra determinación y apoyo a UN Pacto de Estado Social y Político por la Educación en España. La propuesta lanzada por el ministro Gabilondo, a las pocas semanas de su nombramiento el pasado 7 de abril, generó unas expectativas muy favorables en todos los estamentos políticos y sociales del conjunto del Estado. DECROLY no fue una excepción. De hecho, nuestro e-zine DECROLY Digital publicó un artículo el día dos de octubre de 2009 – DECROLY reitera su adhesión al “Pacto de Estado por la Educación” que impulsa el ministro Gabilondo – en el que se posicionaba abiertamente a favor de la iniciativa ministerial.
El proceso de negociaciones, en el ámbito político y social, hasta llegar a la presentación de este documento, ha sido muy difícil y complicado, como ya se presumía. Existe una fuerte carga política, de carácter ideológica, que ha frenado permanentemente el avance hacia posiciones de consenso entre los partidos de ámbito estatal y autonómico. Lamentablemente, los dirigentes de los partidos políticos no han tenido la altura de miras que, en su día, demostraron sus correligionarios, durante el período constituyente que condujo a la entrada en vigor del a Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Sin embargo, eso sí, aquellos principios referidos al sistema educativo pactados, consensuados, reflejados en el artículo 27 de la Constitución de 1978, por las fuerzas políticas de la época, se mantienen intactos y no han sido cuestionados.
Una lectura detallada del documento nos permite apreciar avances y signos de modernidad. Muchas de las 148 propuestas plasmadas en el documento, en desarrollo de los 12 objetivos educativos planteados para el período 2010 – 2020 dan respuesta a reivindicaciones históricas demandadas por los más amplios espectros sociales durante muchos años. La sociedad exige consenso y acuerdo. Los gobiernos estatal y autonómicos, para dar respuesta al interés común, deberán pactar permanentemente con los agentes políticos, económicos y sociales, en cada caso. Pactar no es ceder, sino aproximarse al otro en beneficio del progreso y prosperidad de todos.
Por tanto, las propuestas recogidas en este “Pacto Social y Político por la Educación” merecen ser consideradas positivamente, en su conjunto. Yo así me posiciono y lo afirmo públicamente. Ello no es óbice para expresar mis reservas en materia de derechos y libertades educativas que no se encuentran reflejadas en el documento presentado por el Sr. Gabilondo. Sin embargo, en un contexto tan singular cual es el que nos toca vivir, en unas circunstancias socioeconómicas tan difíciles, confío en la cordura y responsabilidad de las administraciones educativas, en la aplicación de este “Pacto Social y Político por la Educación” para no defraudar las expectativas de todos los implicados en el Sistema Educativo Español.
Algunas de las propuestas, especialmente significativas y relevantes, merecen mi positiva valoración, desde una visión general del sistema y desde mi condición de director de un centro privado de formación profesional:
Definición de la educación como un servicio público, proporcionado por la red de centros sostenida con fondos públicos, tanto de titularidad pública como de titularidad privada.
Establecimiento de una línea de trabajo que enfoca los objetivos de la educación para la década 2010 -2020 para mejorar la calidad, lograr el éxito educativo y buscar permanentemente la equidady la excelencia, principios irrenunciables de nuestro sistema que contribuyen a la mejora de los resultados educativos.
Referencia al carácter orientativo de la ESO con dos perfiles en 4º curso: uno técnico profesional y otro más academicista.
Flexibilización del Bachillerato y de la formación profesional incorporando pasarelas, regímenes y modalidades.
Eliminación de barreras al estudio para posibilitar su compatibilidad con la vida laboral y familiar.
Incremento de la Red de Centros Integrados de Formación Profesional y establecimiento de una amplia red de centros que integren en su oferta de Formación Profesional acciones dirigidas tanto a los jóvenes en edad escolar como a la población trabajadora.
Desarrollo de una estrategia integral que favorezca el aprendizaje permanente a lo largo de toda vida.
Promoción de las becas – salario en los estudios de Formación Profesional de Grado Superior y en los estudios de Grado; concesión de préstamos renta para el acceso a los estudios de Master a todos aquellos que no cumplan las condiciones para obtener una beca.
Incremento del bilingüismo, potenciando el dominio y uso correcto de la lengua inglesa.
Incorporación generalizada de las TIC a la práctica docente cotidiana.
Potenciación de la autonomía organizativa y pedagógica de los centros.
Referencia específica al desarrollo de las mesas sectoriales tanto de la pública como de la concertada.
Concepción de la educación desde una perspectiva de consenso político y social.
Compromisos en materia de jubilación LOE, promoción profesional y mejoras del profesorado de la pública y de la concertada.
Incorporación de una memoria económica al texto del documento y asignación de un presupuesto de 1570 millones de euros.
Implantación y desarrollo del Programa Escuela 2.0
Refuerzo de la autoridad moral, social, académica y profesional de los profesores, en el ejercicio de sus funciones.
Impulso de la cultura del esfuerzo, el respeto, la exigencia y la responsabilidad personal y social.
Convocatoria de la Mesa de la Enseñanza concertada antes del 1 de junio.
Constitución de una Comisión de Seguimiento integrada por el Ministerio de Educacióny todas las Organizaciones firmantes de los distintos sectores de la comunidad educativa.
Revisión de la cuantía económica del módulo del concierto.
Pero el documento “Pacto Social y Político por la Educación” carece, en mi opinión, de respuestas a las demandas de distintos colectivos del mundo político y social que yo comparto. Por otro lado, el texto produce preocupación e inseguridad en alguna de ellas como la referida a la creación de un entorno de formación superior. Veamos algunas debilidades y carencias del documento:
La financiación equitativa del servicio público educativo que prestan los centros de titularidad privada.
La libertad de elección de centro por las familias para educar a sus hijos, garantizando su financiación, en los centros que satisfagan necesidades de formación en función de la demanda social.
La garantía de la enseñanza en lengua castellana.
La consideración del profesorado como autoridad pública.
El aseguramiento legal del derecho a la financiación pública de aquellos centros que impartan enseñanzas gratuitas en los niveles obligatorios.
Preocupación por la creación de un entorno de formación superior, vinculado a las necesidades de la economía local, previsto en la propuesta nº 72. Ya en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible habla de una Enseñanza Superior Integrada, ubicada en los campus universitarios que incorpora, en su ámbito de influencia, un Centro de Formación Profesional de Grado Superior, cuyas familias profesionales estén relacionadas con algunas especialidades del campus.
Quiero finalizar este escrito con un canto al optimismo realista. El “Pacto Social y Político por la Educación” aporta un valor esencial: el consenso en materia educativa. Recupera el espíritu de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, perdido por la tozudez de las sucesivas formaciones políticas para imponer su ideario partidista en el sistema educativo.
¡Más vale tarde que nunca! No dejemos pasar esta oportunidad histórica para sentar las bases del consenso permanente en el ámbito educativo. La educación y formación deben apartarse de la cotidianeidad de los avatares políticos partidistas. Y a partir de ese momento, a trabajar todos juntos por el mejor sistema educativo posible que coloque a España en los puestos de cabeza de los países más avanzados de esta sociedad del conocimiento en que vivimos.
Cualidad que mueve a dar a cada uno lo que merece. Rectitud, moderación, ecuanimidad, justicia, imparcialidad, igualdad, objetividad.
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References: Real Decreto 
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 15
 Artículo 13
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 28
 artículo 27
 artículo 39
 artículo 10
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 27