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Timestamp: 2018-09-23 07:25:02+00:00

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﻿ Sentencia SL913-2013 de noviembre 13 de 2013
SENTENCIA SL913-2013 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:NO PROCEDE FACULTAD EXTRA PETITA PARA NEGAR EL PAGO DE UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ. EN PRINCIPIO EL FUNCIONARIO JUDICIAL ESTÁ SOMETIDO AL MARCO JURÍDICO PROCESAL QUE LE FIJEN LAS PARTES Y AL QUE LE PERMITE LA LEGISLACIÓN PROCESAL EN EVENTOS TAXATIVAMENTE DETERMINADOS, SIN EMBARGO, EXISTEN ALGUNAS EXCEPCIONES COMO EL USO DE LA FACULTAD EXTRA PETITA CUANDO EL JUEZ IMPONE EL PAGO DE UNA PRESTACIÓN O INDEMNIZACIÓN DISTINTA DE LO PETICIONADO, CABE ACLARAR QUE EL JUEZ NO PUEDE FALLAR EXTRA PETITA NEGANDO LA PRESTACIÓN, EN ÉSTE EVENTO NO PUEDE PREDICARSE LA COSA JUZGADA, PUES DICHA FACULTAD ESTÁ CONSAGRADA PARA BENEFICIAR AL TRABAJADOR Y RECONOCER EL MÍNIMO DE DERECHOS Y GARANTÍAS POR SER LA PARTE DÉBIL DE LA RELACIÓN LABORAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, FACULTADES DEL JUEZ, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, SENTENCIA EXTRA PETITA, RECURSO DE CASACIÓN, REQUISITOS DEL RECURSO DE CASACIÓN, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE, INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, DERECHO A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia SL913-2013 de noviembre 13 de 2013
SL913-2013
Radicación: 45250
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver. Propone la casación de la decisión del tribunal, para que en sede de instancia se confirme la del juzgado y se provea en costas como corresponda.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formuló tres cargos que tuvieron réplica.
Denuncia la sentencia de haber violado la ley sustancial “por vía directa en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil y 145 del Código de Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social lo que condujo a la infracción directa de los artículos 4º literal c, 16, 21, literales a) y b) del Decreto 1295 de 1994 y los artículos 193 y 219 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 3º, 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 2º, 4º, 13, 47, 48, 53, 228 de la Constitución Política”.
Dice que al ser pilar de la decisión acusada la declaratoria de la excepción de cosa juzgada, eso es lo que cuestiona, toda vez que pese a que dentro de las pretensiones del primer proceso no estaba inserta la pensión de invalidez, el juez de apelaciones encontró una identidad inexistente.
Copia el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil y acota que lo exigido es que se adelante un nuevo proceso posterior a la ejecutoria de la sentencia, en el que estén las mismas partes, se discuta similar objeto y se trate de la misma causa; que no obstante ignora que lo que se otorgó en el primer trámite fue una incapacidad permanente parcial, de que trata la Ley 776 de 2002, la cual no estaba vigente al momento de la estructuración de la invalidez y que ello difiere de la pensión ahora reclamada; que “al despacharse en la antigua y ejecutoriada sentencia una prestación con fundamento en una norma y al demandarse en la actual litis otro tipo de prestación con base en disposición legal diversa, no puede concluirse que obra una identidad de objeto o pretensión, toda vez que como se indica, ambas difieren sustancialmente, en especial si se considera que en el primigenio proceso se estimó un requisito de 26 semanas que en nada tiene que ver con la pensión de invalidez por accidente de trabajo que se demanda en el presente asunto y que no están dispuestas por el Decreto 1295 de 1994”.
Se opone a la acusación, en tanto dice que desconoce que en el anterior trámite ordinario se debatió la misma pretensión, pero fue desestimada, sin haber sido objetada.
Endilga a la decisión de segundo grado, violar la ley sustancial, por vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 51 a 54, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo, 174, 175 y 187 del Código de Procedimiento Civil, lo que condujo a la comisión de un yerro manifiesto por parte del ad quem, relacionado con la apreciación de la prueba trasladada del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia (Quindío), esto es, la sentencia dictada en el primer proceso ordinario, lo que en su criterio conlleva al desconocimiento de los artículos 4º literal e, 7º literal c, 16, 21 literales a) y B) del Decreto 1295 de 1994 y los preceptos 193 y 219 del Código Sustantivo del Trabajo.
Anota que en el anterior trámite ordinario no se dispuso, ni se negó la pensión de invalidez, sino el pago de una incapacidad permanente y que si el ad quem hubiera valorado correctamente la sentencia se hubiera percatado de ese trascendental aspecto; asimismo expone que no podía declararse oficiosamente la cosa juzgada.
Acusa la sentencia de violar la ley sustancial “por vía directa en la modalidad de inaplicación de los artículos 4º literal e, 7º literal c, 16, 21, literales a) y b) y 91 literal a) numeral 1º del Decreto 1295 de 1994 y los artículos 193 y 219 del Código Sustantivo del Trabajo, e infracción directa de los artículos 3º, 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, aplicando como medio el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en relación con los artículos 2º, 4º, 13, 47, 48, 53, 228 de la Constitución Política”.
En la demostración estima que el ad quem se apartó injustificadamente del fallo del juzgado, y con ello ignoró que lo que se debate es la inexistencia de la afiliación del demandante al sistema de seguridad social integral, que conlleva a que el empleador asuma el pago de la pensión de invalidez, tal como lo dispone el artículo 4º del Decreto 1295 de 1994 y el 91 ibídem, modificado por el 115 del Decreto-Ley 2150 de 1995, los cuales reproduce.
Manifiesta que es evidente que le asiste derecho al actor respecto de lo pedido, y que no pudo configurarse la pluricitada cosa juzgada.
Finaliza con que “dentro de un Estado social de derecho, resulta ignominioso que una persona como el demandante, inválida, discapacitada, desde tan temprana edad —a los 21 años quedó inválido— quede desprovista de una pensión garantizada constitucionalmente por los artículos 47, 48 y 53 de la Carta Superior … previéndose que por el resto de su vida, dada la gravedad de las patologías, no podrá reincorporarse laboralmente estando siempre a merced de sus familiares, quienes además sufren una lamentable situación emocional por el suceso y también padecen una precaria condición económica”.
Argumenta que las normas que se refirieron como violadas carecen de lógica en tanto son inaplicables al caso concreto, en la medida en que la determinación estuvo precedida de la declaratoria de excepción de cosa juzgada.
Se estudian los cargos de manera conjunta, dado que pese a dirigirse por modalidades distintas, acusan similares preceptos y se valen de la misma argumentación para procurar el quiebre de la decisión.
Los aspectos que no generan controversia en este asunto se circunscriben a que Jhon Fabert Escobar Henao padece una disminución física del 86,5% de origen profesional, estructurada el 10 de mayo de 2001; adelantó con antelación proceso ordinario laboral que culminó con sentencia en la que se declaró la existencia de un contrato de trabajo con la empresa Cable Unión de Occidente S.A., en el término comprendido entre el 14 de febrero y el 11 de mayo de 2002 y se condenó al pago de $ 7.841.810 por concepto de incapacidad permanente parcial, gastos de medicamentos, salarios, cesantías e indemnización por despido injusto y la suma de $ 10.000 diarios desde el 12 de mayo de 2001 y hasta que se hiciera efectivo el pago.
El punto medular tiene que ver con la conclusión a la que llegó el ad quem según el cual se configuró la cosa juzgada que impedía un nuevo pronunciamiento sobre un derecho debatido en anterior trámite judicial, esto es, la pensión de invalidez, en tanto el juzgador de primera instancia, en aquella oportunidad, bajo la potestad extra petita, abordó su estudio y definió sobre aquello.
El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, que se acusa prevé la existencia de la cosa juzgada bajo las reglas de las tres identidades, esto es que exista coincidencia de objeto, causa y sujetos; tal institución se funda en el principio del non bis in ídem, que se erige para darle fuerza vinculante a las determinaciones adoptadas por los juzgadores, bajo la certeza de que aquellas se vuelven definitivas e inmutables, y por tanto los litigios no pueden reabrirse, pues de ser así se lesionaría gravemente el orden social y la seguridad jurídica, al no poderse concretar las situaciones de derecho.
En efecto, el poder de vinculación de las decisiones judiciales tiene un efecto preclusivo, es decir que sobre lo resuelto no puede retornarse, y ello solo puede predicarse cuando está acreditado que los hechos son esencialmente idénticos, al igual que las pretensiones y las personas que intervinieron.
Esa premisa jurídica no obstante no se presenta cuando el juzgador se pronuncia por fuera de lo pedido y niega el derecho que estudia, en la medida en que el artículo 50 del estatuto instrumental del trabajo habilita al juez a “ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos cuando los hechos que los origine hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de las sumas mayores de las demandas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas” (resaltado fuera del original) en tanto de su texto, con mediana claridad se desprende que esa facultad oficiosa, esto es, la extra petita, se pregona únicamente cuando se dispone el reconocimiento de derechos debatidos que no fueron solicitados, en tanto lo que se resguarda es la economía procesal y el respeto por los derechos mínimos e irrenunciables.
Así que únicamente puede pregonarse que el juez acude a la citada facultad extra petita cuando impone el pago de una prestación o indemnización distinta de lo peticionado, pero no cuando, como en el presente asunto, alude a ella para negarla, lo que de contera lleva a indicar que, en modo alguno puede predicarse la cosa juzgada, como de manera equivocada lo consideró el ad quem.
Es que si la sentencia que dicta el juez debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, así como en las demás oportunidades previstas procesalmente, debe observar igualmente las excepciones que aparezcan probadas, las cuales puede declarar de oficio, salvo que se necesite alegación expresa del medio exceptivo por la parte interesada. Lo obliga también a no condenar al demandado por cantidad superior u objeto distinto del pretendido en la demanda, no por causa diferente a la invocada en esta. Estas previsiones para el juez surgen del principio de congruencia que tiene consagración normativa en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.
Es decir el funcionario judicial está sometido al marco jurídico procesal que le fijen las partes y al que le permite la legislación procesal en eventos taxativamente determinados pero que contienen algunas excepciones.
Dicho principio es consustancial a la naturaleza del derecho procesal, pues respeta estrictamente el axioma de contradicción y el de defensa. Permitir al juez decidir arbitraria o caprichosamente significaría darle una potestad de la que fácilmente puede abusar y que conllevaría fatalmente a una injusticia que va en contravía de la función que por esencia debe cumplir, cual es la de administrar justicia.
Desde sus inicios, para la legislación procesal laboral el referido principio no tenía contenido absoluto, pues el artículo 50 del estatuto adjetivo le dio la posibilidad de fallar extra y ultra petita, o sea por fuera de lo pedido o más allá de lo pedido.
Sin embargo para lo primero se necesita una condición para que se pueda fallar más allá de las pretensiones de la demanda y es que los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, como atrás se anotó. De esa manera se sigue garantizando el postulado fundamental procesal del respeto a la defensa y a la contradicción. Es decir que esa facultad se deriva de lo discutido en el proceso y de las pruebas que lo demuestren, etapa que supone que para las partes no son desconocidos dichos hechos, ni tampoco las pruebas que los acrediten en tanto han tenido la oportunidad de ejercer los actos propios de defensa y contradicción. Desde esa perspectiva es indiscutible que una condena en tal sentido, no puede ni resultar sorpresiva para las partes.
Para lo segundo el juez debe observar si las sumas demandadas o pretendidas están ajustadas a la ley, pues si las solicitadas son inferiores al monto que legalmente corresponde y además no están pagadas, puede condenar por sumas mayores. En esta hipótesis tampoco una condena en esa dirección puede resultar imprevista, en tanto quedan sometidas a lo que la ley dispone.
Las anteriores facultades del juez laboral y que hoy han sido extendidas a otros ordenamientos (D. 2303/89 y CGP, por ejemplo), tienen su sustento en los principios protectores que informan y guían el derecho del trabajo como de manera enunciativa lo consagra su estatuto sustantivo en instituciones conocidas como el mínimo de derechos y garantías, el carácter de orden público de las disposiciones legales que regulan el trabajo humano y la consecuente irrenunciabilidad de los derechos que de ellas emanan, la invalidez de acuerdos que vulneren o desconozcan derechos ciertos indiscutibles del trabajador y la primacía de la realidad, entre otros, que no sobra recordarlo, alcanzaron categoría supralegal en la Constitución Política de 1991, que acentúa mucho más y le da mayor valor a las facultades de la referencia.
En ese orden no debe perderse de vista que los destinatarios de la posibilidad excepcional que tiene el juez de fallar más allá o por fuera de lo pedido son los trabajadores, afiliados, o beneficiarios, inclusive así se desprende a simple vista de la misma literalidad del artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Basta, al efecto, en cuanto a la extra petita, el precepto dispone que el juez puede ordenar el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones distintos de los pedidos, y dichos conceptos solamente son de quienes los recibe. Y respecto de la ultra petita, puede el juez condenar al pago de sumas mayores que las solicitadas en la demanda, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que le corresponden al trabajador de acuerdo con la ley. Obsérvese, la noción de trabajador, que debe extenderse a afiliado o beneficiario, sigue teniendo prevalencia y exclusividad.
Es decir que cualquiera que sea la interpretación que se le dé al precepto, la conclusión será la misma, en cuanto se trata de una institución que tiende a favorecerlos a aquellos y a nadie más, entendiéndolos como la parte débil concepto que es el mismo que concibe esas facultades en los asuntos de familia y en los procesos agrarios, como se desprende de las regulaciones que introdujeron el Decreto 2303 de 1989 y el Código General del Proceso.
De lo dicho, una consecuencia inexorable se desprende, y es que el juez que falla extra o ultra petita solo puede condenar a favor. Pero no está concebida dicha institución para desestimarle un derecho que no incluyó dentro de las pretensiones de su demanda. En otras palabras, el juez laboral, en ejercicio de dichas facultades, siempre podrá dar más al trabajador, beneficiario o afiliado, pero nunca podrá decidirle negativamente sobre un derecho que no reclamó dentro de la causa, así pudieran estar los hechos que lo originan discutidos y probados, aspectos sobre los cuales tampoco en principio debe mencionar. El juez que así procede, infringe notoriamente la ley sustancial.
Para el ad quem la providencia dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, el 22 de enero de 2004, la cual se acusó como valorada erróneamente en uno de los cargos, era suficiente para demostrar que existió identidad de causa, objeto y sujetos y aunque bien acotó que “el demandante no pretendió el reconocimiento de la pensión de invalidez” validó que “el juzgador de instancia, haciendo uso de su facultad extra petita, estudió la procedencia de su reconocimiento, y si esta se encontraba inconforme con la decisión adoptada por el juzgado, debió interponer el recurso de apelación contra la sentencia controvirtiendo dicha denegación” y en tal orden, consideró admisible q la aplicación extra petita para negar una pensión aun contra lo que permite la norma, tal como se explicó, esto es, que aquella únicamente procede cuando el juzgador otorga derechos y no cuando los niega, que fue lo que hizo el a quo, lo que también denuncia el recurrente quien aduce que “demostrada como se encuentra la vinculación del trabajador con la entidad demandada y su no afiliación al sistema general de riesgos profesionales, acreditada su invalidez o pérdida de su capacidad laboral en un porcentaje del 86,15%, estructurada el día 10 de mayo de 2001 y dado que requiere de cuidado permanente de otra persona para las necesidades básicas de conformidad con el dictamen obrante a folios 180 a 182, al no haber estado al servicio del empleado las 26 semanas requeridas para condenar la pensión de invalidez se condenará a este a cancelarle 24 salarios mensuales de acuerdo con el artículo 7º del Decreto 776 de 2002”.
De los propios hechos en los que se fundó el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, en la sentencia de 22 de enero de 2003, se desprende que lo que se pidió en la demanda fue la declaratoria de “que entre el demandante y la entidad demandada existió un contrato de trabajo el cual terminó por el accidente de trabajo sufrido por el primero en cumplimiento de sus deberes laborales; que en consecuencia la entidad demandada debe pagar al demandante la suma de $ 2.000.000 de pesos por los gastos médicos y otros efectuados por el demandante luego de ocurrido el accidente de trabajo y los rendimientos sobre dicha suma; la cantidad de $ 100 millones de pesos por la incapacidad que le ocasionó el accidente, con juntamente con el valor de los perjuicios de todo orden sufridos por el demandante a causa del accidente, además las cesantías, los días laborados comprendidos entre el 1º al 11 de mayo de 2001, la sanción moratoria, la multa de 500 salarios mínimos legales vigentes por la no vinculación a ARP, EPS y fondo de pensiones y las costas del proceso” y en la reforma solicitó declarar que no estaba afiliado a la seguridad social y por tanto debía condenarse al pago de las incapacidades debidamente acreditadas, al ajuste de las prestaciones sociales y al pago de los intereses moratorios; luego, es claro que no podía predicarse la existencia de la cosa juzgada, y se insiste, no es admisible que esta figura opere cuando el juzgador niegue una pretensión so pretexto de utilizar la potestad extra petita, tal como expresamente lo destaca el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues en verdad, allí no se configura la identidad de petición ni de fundamento.
Debe insistirse que como en el asunto bajo examen el juez de primer grado en el proceso anterior que cursó entre las partes, haciendo uso, como expresamente lo consignó en su sentencia, de las facultades extra y ultra petita, absolvió a la parte demandada de una pretensión que no le fue pedida, como fue la pensión de invalidez por riesgos profesionales, decisión que originó la formulación de la excepción de cosa juzgada frente a dicha pretensión en el presente proceso y que fue acogida por el tribunal, resulta indiscutible la prosperidad del cargo y por consiguiente en quebrantamiento de la sentencia recurrida.
En instancia cabe indicar, además de lo referido en sede de casación. que la apelación de la demandada se circunscribió a que “los hechos en los que se soporta la demanda ya fueron estudiados, debatidos y resueltos de manera previa” y que de ello dan cuenta las sentencias de primera y segunda instancia emitidas en el anterior trámite ordinario; así mismo acota que se resolvió “sobre la pensión de invalidez reconociéndola de manera parcial”, de manera que, sin lugar a dudas el juzgador se equivocó en la medida en que, como se discurrió, tal excepción no pudo configurarse amén de que el Juez no podía pronunciarse sobre un punto que no fue discutido en juicio.
Ahora en lo relativo a que “en el proceso en cuestión no obran pruebas suficientes que permitan demostrar fehacientemente el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional no hay material probatorio que sustente la sentencia condenatoria y mucho menos no existen elementos para que se aduzca que el demandante cumple con los requisitos de ley”, cabe destacar que siendo incontrovertida la declaratoria del contrato de trabajo entre Jhon Fabert Escobar Henao y Cable Unión S.A. entre el 14 de febrero y el 11 de mayo de 2002 (fls. 72 a 90), la declaratoria de invalidez en porcentaje del 86,15 (fls. 7 a 10) y la inexistencia de la afiliación al régimen de seguridad social, específicamente la de riesgos profesionales, se dio aplicación al Decreto 1295 de 1994, especialmente el literal e) del artículo 4º, el cual establece que ante el incumplimiento de la empresa de afiliar a sus trabajadores y pagar las cotizaciones periódicas, tal como aconteció en el sub lite, se impone al empleador la responsabilidad de cubrir las prestaciones derivadas de dicho riesgo.
De allí que la no satisfacción de tal requerimiento legal derivara en la imposición del pago de la pensión de invalidez en los términos de la sentencia de primer grado, sin que para ello fuera necesario acreditar las 26 semanas en los supuestos previstos por el artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, tal como se ha considerado, entre otras, en Sentencia 38587 de 2 de agosto de 2013:
Ahora bien, contrario a lo que sostiene el censor, esta Sala de la Corte, de tiempo atrás ha sostenido que cuando el empleador no ha cumplido su obligación de afiliar al sistema, lo que apareja que no haya efectuado el pago de las cotizaciones en pensiones, y acontezca el riesgo que aquellas protegen, le corresponde asumir la pensión, pues no es posible que se pierda el derecho pensional por la incuria de quien estaba obligado a aportar a la seguridad social integral.
En efecto, si quien estando llamado a proteger los riesgos propios de la seguridad social, a través de las cotizaciones al sistema, ni siquiera afilia al empleado, no puede exonerarse de su responsabilidad en el pago de la pensión y eso es precisamente lo que concluyó el juzgador de segundo grado al resolver la controversia, esto es, que ante la inexistencia de la afiliación en pensiones, le correspondía asumir el riesgo, dado que no lo había subrogado, y por ello no advierte esta Sala el dislate jurídico al que se hace referencia.
En punto a la prescripción “de conformidad con el artículo 18 de la Ley 776 de 2002” debe clarificarse que dicha norma no estaba en vigor para cuando ocurrió el infortunio, esto es el 10 de mayo de 2001, y que, en todo caso la pensión de invalidez no prescribe, tal como lo ha destacado esta Sala, entre otras en decisión de 6 de agosto de 2013, radicado 35036, en la que se destacó:
“no es admisible que dicho fenómeno [la prescripción] recaiga sobre un derecho cuyas características están ligadas a la protección del individuo y la familia que lo acompaña ante las contingencias de la vida, de modo que si se cumplen los requisitos, la causa que lo origina se mantiene, no existe motivo válido para que el simple transcurso del tiempo pueda despojar esa prestación de su verdadera naturaleza.
La previsión de una revisión periódica de la invalidez, no la priva de esa naturaleza pensional, menos le resta su carácter vitalicio, o la posibilidad de que se transmita por causa de la muerte, en tanto esa actuación de control e interés por la situación invalidante que advierte la entidad encargada, es el resultado del propio sistema de seguridad social, cuyo principal objetivo es proteger a la población de los riesgos propios de la existencia, pero a la vez contrarrestar aquellos que, como las situaciones invalidantes pueden mejorar, en concurso con los otros componentes que integran tal régimen”.
Sin costas en el recurso extraordinario, las de instancia a cargo de la demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 2 de diciembre de 2009, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso que Jhon Fabert Escobar Henao promovió contra Cable Unión S.A. En sede de instancia se confirma la dictada el 26 de febrero de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.
Sin costas en el recurso extraordinario, en las instancias a cargo de la empresa demandada.

References: artículo 332
 artículo 332
 artículo 332
 artículo 4
 artículo 332
 artículo 50
 artículo 305
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 7
 artículo 50
 artículo 4
 artículo 46
 artículo 18