Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/194273/ley-17-2006-de-13-de-noviembre-integral-de-la-atencion-y-de-los-derechos-de-la-infancia-y-la-adole
Timestamp: 2018-02-23 08:50:56+00:00

Document:
Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Legislación > Resultados > Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la...
LEY 17/2006, DE 13 DE NOVIEMBRE, INTEGRAL DE LA ATENCIÓN Y DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LAS ILLES BALEARS (BOCAIB DEL 18; BOE DE 13 DE DICIEMBRE)
Art. 3. Modalidades de atención a las personas menores de edad
Art. 5. Interpretación de la ley
Art. 6. Colaboración institucional
Art. 7. Prioridad presupuestaria
Título II. Competencias de las Administraciones de las Illes Balears (Arts. 8 a 18)
Capítulo I. Administraciones competentes (Art. 8)
Art. 8. Competencias y funciones de las administraciones públicas de las Illes Balears
Capítulo II. Administración de la comunidad autónoma (Arts. 9 a 14)
Art. 9. Gobierno de las Illes Balears
Art. 10. Potestad reglamentaria normativa
Art. 11. Potestades genéricas en materia de protección de personas menores de edad
Art. 12. Potestades específicas en materia de protección de personas menores de edad
Art. 13. Potestades en aplicación de las medidas0 judiciales sobre personas menores de edad infractoras
Capítulo III. Consejos insulares (Arts. 15 a 17)
Art. 15. Competencias de los consejos insulares
Art. 16. Normativa reguladora
Art. 17. Funciones de coordinación e información mutua
Capítulo IV. Corporaciones locales (Art. 18)
Art. 18. Competencias de los ayuntamientos
Título III. Reconocimiento y protección de los derechos y de los deberes de las personas menores de edad (Arts. 19 a 54)
Capítulo I. Protección genérica (Arts. 19 a 21)
Art. 19. Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos
Art. 20. Obligaciones de los progenitores o de las personas que ejerzan la tutela o la guarda de las personas menores de edad
Art. 21. Apoyo a la maternidad y paternidad y a la conciliación de la vida familiar y laboral
Capítulo II. Derechos (Art. 22 a 54)
Art. 22. Declaración genérica
Sección 1.ª Prevención de los malos tratos y de la explotación (Art. 23)
Art. 23. Derecho a la prevención de los malos tratos y de la explotación
Sección 2.ª Derecho a la integración y a la identidad (Arts. 24 y 25)
Art. 24. Derecho a la integración
Art. 25. Derecho a la identidad
Sección 3.ª Atención a la primera infancia (Art. 26)
Art. 26. Derecho a la atención a la primera infancia
Sección 4.ª Honor, intimidad y propia imagen (Art. 27)
Art. 27. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen
Sección 5.ª Libertad ideológica (Art. 28)
Art. 28. Derecho a la libertad ideológica
Sección 6.ª Libertad de expresión (Art. 29)
Art. 29. Derecho a la libertad de expresión
Sección 7.ª Promoción y protección de la salud (Arts. 30 y 31)
Art. 30. Derecho a la promoción de la salud
Art. 31. Obligaciones de las administraciones públicas en materia de protección de la salud
Sección 8.ª Servicios sociales (Art. 32)
Art. 32. Derecho de acceso al Sistema Público de Servicios Sociales
Sección 9.ª Educación (Arts. 33 a 36)
Art. 33. Derecho a la educación
Art. 34. Educación especial
Art. 35. Principios de actuación administrativa
Art. 36. Obligaciones de las administraciones públicas en relación a la educación
Sección 10.ª Cultura (Art. 37)
Art. 37. Derecho al acceso a la cultura
Sección 11.ª Ocio, deporte, asociacionismo y participación social (Arts. 38 y 39)
Art. 38. Derecho al ocio, al deporte, asociacionismo y participación social
Art. 39. Prevención de los efectos nocivos de las sectas
Sección 12.ª Medio ambiente (Art. 40)
Art. 40. Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
Sección 13.ª Información y publicidad (Arts. 41 a 47)
Art. 41. Derecho a la información y publicidad
Art. 42 Prohibiciones y limitaciones
Art. 43. Emisiones de radio y televisión
Art. 44. Medios de comunicación social
Art. 45. Publicidad
Art. 46. Publicidad televisiva
Art. 47. Publicidad en la que participan personas menores de edad
Seción 14.ª Establecimientos y espectáculos públicos (Art. 48)
Art. 48. Establecimientos y espectáculos públicos
Sección 15.ª Consumo (Arts. 49 a 53)
Art. 49. Protección en materia de consumo
Art. 50. Información en materia de consumo
Art. 51. Acceso a bebidas alcohólicas y al tabaco
Art. 52. Acceso a otros productos o servicios perjudiciales para la salud de las personas menores de edad
Art. 53. Prevención de las consecuencias asociadas al consumo de drogas
Sección 16.ª Derecho a ser oída (Art. 54)
Art. 54. Derecho a ser oída
Capítulo III. Deberes (Art. 55)
Art. 55. Deberes de las personas menores de edad
Título IV. Protección social y jurídica de la persona menor de edad (Arts. 56 a 100)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 56 a 59)
Art. 56. Concepto
Art. 57. Derechos específicos de las personas menores de edad protegidos
Art. 58. Criterios de actuación
Art. 59. Deber de comunicación y denuncia
Capítulo II. Situaciones de riesgo (Arts. 60 a 62)
Art. 60. Concepto y situación de riesgo
Art. 61. Valoración de la situación de riesgo
Art. 62. Colaboración de los padres o de las personas que los sustituyan
Capítulo III. Situaciones de desamparo (Arts. 63 a 75)
Art. 63. Concepto y situaciones de desamparo
Art. 64. Valoración y necesidad del procedimiento
Art. 65. Iniciación del procedimiento
Art. 66. Comprobaciones iniciales e investigación previa
Art. 67. Instrucción y procedimiento
Art. 68. Archivo o continuación de las actuaciones
Art. 69. Medidas de urgencia y procedimiento sumario
Art. 70. Propuesta de resolución
Art. 71. Resolución, notificación y control judicial
Art. 72. Auxilio judicial y policial
Art. 73. Tutela del órgano competente
Art. 74. Guarda voluntaria de personas menores de edad
Art. 75. Contribución a la guarda voluntaria
Capítulo IV. Medidas de protección (Arts. 76 a 95)
Sección 1.ª Régimen general (Arts. 76 a 78)
Art. 76. Clases de medidas de protección
Art. 77. Duración de las medidas
Art. 78. Causas de extinción de las medidas
Sección 2.ª Régimen común del acogimiento (Arts. 79 a 81)
Art. 79. Constitución
Art. 80. Régimen general
Art. 81. Tipos de acogimiento
Sección 3.ª Acogimiento familiar simple y acogimiento familiar permanente (Arts. 82 a 84)
Art. 82. Supuestos en los que proceden
Art. 83. Contenido
Art. 84. Extinción
Sección 4.ªAcogimiento familiar preadoptivo y propuesta previa de adopción (Arts. 85 y 86)
Art. 85. Acogimiento familiar preadoptivo
Art. 86. Propuesta previa de adopción
Sección 5.ª Acogimiento residencial (Arts. 87 a 91)
Art. 87. Supuestos en que procede
Art. 88. Contenido
Art. 89. Reglamentación interna
Art. 90. Requisitos reglamentarios
Art. 91. Clasificación y tipos de centros de acogimiento residencial
Sección 6.ª Adopción (Arts. 92 a 95)
Art. 92. Adopción de personas menores de edad
Art. 93. Criterios de aplicación
Art. 94. Reserva y confidencialidad
Art. 95. Adopción internacional
Capítulo V. Registros (Arts. 96 a 100)
Art. 96. Registro autonómico de centros de acogimiento residencial de personas menores de edad
Art. 97. Registro autonómico de protección de personas menores de edad
Art. 98. Registro autonómico de adopciones
Art. 99. Organización y funcionamiento
Art. 100. Registros insulares
Título V. Actuaciones en materia de personas menores de edad infractoras (Arts. 101 a 116)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 101 a 104)
Art. 101. Competencias
Art. 102. Criterios de actuación
Art. 103. Ámbito de ejecución
Art. 104. Colaboración en la ejecución
Capítulo II. Prevención (Arts. 105 y 106)
Art. 105. Principios generales
Art. 106. Actuaciones
Capítulo III. Ejecución de las medidas (Arts. 107 a 113)
Art. 107. Finalidad de las medidas
Art. 108. Tipos de medidas
Art. 109. Medio abierto
Art. 110. Medidas privativas de libertad
Art. 111. Mediación, conciliación y reparación extrajudicial
Art. 112. Seguimiento de las medidas
Art. 113. Modificación de medidas
Capítulo IV. Centros de personas menores de edad (Arts. 114 a 116)
Art. 114. Clases de centros
Art. 115. Organización interna
Art. 116. Supervisión e inspección
Título VI. Organización institucional (Arts. 117 a 119)
Capítuo I. Sindicatura de Greuges (Art. 117)
Art. 117. Sindicatura de Greuges
Capítulo II. Consejo de Infancia y Familia de las Illes Balears (Art. 118)
Art. 118. Objeto, funciones y composición
Capítulo III. Comisión interinsular de protección de personas menores de edad (Art. 119)
Art. 119. Objeto, funciones y composición
Título VII. Iniciativa social e instituciones colaboradoras (Arts. 120 y 121)
Art. 120. Fomento de la iniciativa social
Art. 121. Entidades de integración familiar
Título VIII. Infracciones y sanciones (Arts. 122 a 142)
Capítulo I. Inspección (Arts. 122 a 126)
Art. 122. Inspección
Art. 123. Funciones de la Inspección
Art. 124. Actuaciones de seguimiento
Art. 125. Habilitación y facultades de los inspectores y de las inspectoras
Art. 126. Actas de inspección
Capítulo II. Infracciones (Arts. 127 a 130)
Art. 127. Infracciones administrativas y sujetos responsables
Art. 128. Infracciones leves
Art. 129. Infracciones graves
Art. 130. Infracciones muy graves
Capítulo III. Sanciones (Arts. 131 a 142)
Art. 131. Sanciones
Art. 132. Otras sanciones
Art. 133. Gradación de sanciones
Art. 134. Reincidencia
Art. 135. Destino del importe de las sanciones
Art. 136. Prescripción de las infracciones y sanciones
Art. 137. Procedimiento aplicable
Art. 138. Medidas cautelares
Art. 139. Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional penal
Art. 140. Otras responsabilidades
Art. 141. Recursos
Art. 142. Publicidad de las sanciones
Primera. Ejercicio de la potestad sancionadora
Segunda. Observatorio de la infancia y de la adolescencia
Segunda. Revisión de situaciones y medidas de protección
Corrección de errores BOIB de 13 de febrero de 2007
En el ámbito de las Illes Balears, y en virtud del artículo 16 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears; del artículo 5.1.a) de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las comunidades autónomas que accedieron por la vía del artículo 143 de la Constitución; del Real Decreto 2170/1993, de 10 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de protección de menores; del artículo 10.33 de la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía, y de la posterior reforma operada por la Ley Orgánica 3/1999, de 8 d enero, por el cual el apartado 33 del artículo 10 del Estatuto pasa a ser el apartado 35; además del marco general que establece la Ley 9/1987, de 11 de febrero, de acción social, se dictaron dos disposiciones legales que afectan directamente a las personas menores de edad en la comunidad autónoma: la Ley 6/1995, de 21 de marzo, de aplicación de las medidas judiciales sobre menores infractores, y la Ley 7/1995, de 21 de marzo, de guarda y protección de menores desamparados.
La organización institucional se regula en el título VI, en el que destacan tres instituciones: la Sindicatura de Greuges, el Consejo de la Infancia y la Familia de las Illes Balears —con funciones de consulta y propuesta, constituido como un foro de debate y de diálogo de todas aquellas instituciones y entidades implicadas en materia de menores— y la Comisión Interinsular de Protección de Personas Menores de Edad, que tiene como objetivo fijar criterios de aplicación de la normativa vigente y evaluar la estrategia en materia de protección de menores.
Artículo 1. Objeto.—El objeto de la presente ley es asegurar la protección integral de las personas menores de edad, mediante el reconocimiento y garantía de los derechos de los que son titulares, el establecimiento de un sistema integral que las proteja en todos los ámbitos y la fijación de los principios que han de regir la actuación de las entidades responsables de su atención.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.—1. La presente ley se aplica a todos las personas menores de edad que se hallen en territorio de las Illes Balears, con independencia de cual sea su situación administrativa.
Artículo 3. Modalidades de atención a las personas menores de edad.—La atención a las personas menores de edad se lleva a cabo mediante:
Artículo 4. Principios.—En el ejercicio de las competencias en materia de promoción y protección de los derechos de las personas menores de edad, las actuaciones públicas y privadas se ajustarán a los siguientes principios rectores:
b Se velará para que las personas menores de edad ejerzan sus derechos, particularmente el derecho a ser oídas en aquellas decisiones que les incumban.
Artículo 5. Interpretación de la ley.—La interpretación de las disposiciones de esta ley, la de sus normas de desarrollo y la de las que regulen las actividades que se dirijan a la atención de personas menores de edad, se harán de conformidad con los tratados internacionales de los que España sea parte y, especialmente, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989. En todo caso, esta interpretación se orientará al bienestar y beneficio de la persona menor de edad como expresión de su superior interés.
Artículo 6. Colaboración institucional.—1. Las autoridades y el personal al servicio de las administraciones públicas de las Illes Balears que tengan conocimiento del incumplimiento de las previsiones de esta ley o de la conculcación de cualquiera de los derechos de los que sean titulares las personas menores de edad, adoptarán de inmediato cuantas medidas sean necesarias para conseguir el cese de tales actuaciones de acuerdo con las atribuciones que legalmente les correspondan; en el resto de los supuestos, pondrán la situación en conocimiento de la autoridad competente en la materia.
Artículo 7. Prioridad presupuestaria.—Las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus competencias, tendrán entre sus prioridades presupuestarias las actividades de promoción, atención, protección, formación, ocio, participación e integración de las personas menores de edad.
Artículo 8.Competencias y funciones de las administraciones públicas de las Illes Balears.—1. Las administraciones públicas de las Illes Balears con competencias en materia de personas menores de edad son:
Artículo 9. Gobierno de las Illes Balears.—El Gobierno de las Illes Balears tiene la iniciativa legislativa, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria para garantizar la atención y los derechos de la persona menor de edad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears, y en la Ley 8/1997, de 18 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de tutela, acogimiento y adopción de menores.
Artículo 10. Potestad reglamentaria normativa.—Corresponde al Gobierno de las Illes Balears el ejercicio de la potestad reglamentaria normativa sobre las competencias asumidas por los consejos insulares de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/1997, de 18 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de tutela, acogimiento y adopción de menores, con sujeción a las limitaciones establecidas en los puntos 1 y 2 del artículo 49 del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears, y, en especial, al desarrollo reglamentario de los procedimientos necesarios para la formalización de los expedientes administrativos de protección de personas menores de edad.
Artículo 11. Potestades genéricas en materia de protección de personas menores de edad.—El Gobierno de las Illes Balears, en materia de protección de personas menores de edad, se reserva las potestades, los servicios, las funciones y las actuaciones genéricas siguientes:
Artículo 12. Potestades específicas en materia de protección de personas menores de edad.—El Gobierno de las Illes Balears se reserva el ejercicio de las acciones legales pertinentes en defensa de los derechos de las personas menores de edad en los términos que determina la Ley Orgánica 1/1996, de 15 enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil.
Artículo 13. Potestades en aplicación de las medidas judiciales sobre personas menores de edad infractoras.—1. La administración autonómica, a través de la consejería competente en materia de personas menores de edad, tiene atribuidas para el desarrollo y aplicación de esta ley en lo referente a la ejecución de las medidas adoptadas por los jueces y las juezas de personas menores de edad en sus resoluciones, las siguientes funciones:
Artículo 14. Planificación.—1. En el marco de la planificación general, el Consejo de Gobierno de las Illes Balears aprobará en el primer año de cada legislatura un plan integral de atención a la infancia y a la adolescencia, aplicable por un período no inferior a tres años revisables periódicamente y con la finalidad de poder implementar en cada momento programas y acciones que den respuesta a las necesidades de las personas menores de edad de acuerdo con su edad y circunstancias.
Artículo 15. Competencias de los consejos insulares.—De acuerdo con la Ley 8/1997, de 18 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de tutela, acogimiento y adopción de menores, y sin perjuicio de otras competencias que el ordenamiento jurídico vigente les atribuya, los consejos insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera:
l) La iniciación, ordenación, tramitación y resolución para la formación de la propuesta previa de adopción, en favor de personas menores de edad con expediente de protección, reguladas, actualmente, en los artículos 175 a 180 del Código Civil, en el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil, y en el artículo 86 de esta ley.
Artículo 16. Normativa reguladora.—1. En el ejercicio de la competencias recogidas en la Ley 8/1997, de 18 de diciembre, de atribución de competencias en materia de tutela, acogimiento y adopción de menores, los consejos insulares ajustarán su funcionamiento al régimen que en ella se establece, así como a la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, a la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y a la legislación emanada del Parlamento de las Illes Balears que sea de aplicación o, subsidiariamente, a la legislación estatal.
Artículo 17 Funciones de coordinación e información mutua.—1. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 119 de esta ley y de la coordinación general a que hace referencia el título IV de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, el Gobierno de las Illes Balears y los consejos insulares podrán acordar los mecanismos adecuados de coordinación e información mutua en las materias objeto de tutela, acogimiento y adopción de personas menores de edad.
Artículo 18. Competencias de los ayuntamientos.—1. Sin perjuicio de otras competencias que el ordenamiento jurídico vigente les atribuya, en especial la legislación reguladora de las bases de régimen local, a los ayuntamientos, como entidades administrativas más próximas a los ciudadanos, les corresponde:
Artículo 19. Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos.—1. Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de las administraciones públicas de las Illes Balears la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos y que se garantice su respeto.
Artículo 20. Obligaciones de los progenitores o de las personas que ejerzan la tutela o la guarda de las personas menores de edad.—1. La responsabilidad primordial en la crianza, educación y la integral formación de las personas menores de edad corresponde a los progenitores titulares de la patria potestad, o, en su caso, a las personas que ejerzan la tutela o la guarda, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.
Artículo 21. Apoyo a la maternidad y paternidad y a la conciliación de la vida familiar y laboral.—1. Las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus respectivas competencias, ofrecerán a los progenitores y a las personas que ejerzan la tutela o la guarda, los medios de información y formación adecuados con la finalidad de hacer posible el cumplimiento de sus responsabilidades, teniendo siempre en cuenta las características de la persona menor de edad y fomentando actitudes educativas y de respeto a sus derechos.
Artículo 22. Declaración genérica.—Además de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos y las ciudadanas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que España sea parte, las personas menores de edad gozarán de las garantías para el ejercicio de los derechos reconocidos de forma expresa en el título III de la presente ley.
Arículo. 23. Derecho a la prevención de los malos tratos y de la explotación.—Las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán programas destinados a adoptar medidas preventivas para evitar que se produzcan situaciones de malos tratos físicos o psíquicos, abusos sexuales, uso y tráfico de estupefacientes, drogas tóxicas y sustancias psicotrópicas, mendicidad infantil, explotación laboral y venta de personas menores de edad o cualquier otra circunstancia que pueda interpretarse como explotación de las mismas.
Artículo 24. Derecho a la integración.—Las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las medidas necesarias para facilitar la completa realización personal y la integración social y educativa de todas las personas menores de edad, y en especial, de aquéllas que por sus especiales circunstancias físicas, psíquicas o sociales puedan ser susceptibles de un trato discriminatorio.
Artículo 25. Derecho a la identidad.—1. En los centros de atención sanitaria en los que se produzcan nacimientos se establecerán las garantías necesarias para la inequívoca identificación de las personas recién nacidas.
3. Las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus respectivas competencias, velaran por la conservación de los datos relativos a las personas menores de edad que hayan sido separadas de su familia biológica de manera que, al llegar a la mayoría de edad, y si lo solicitan, puedan acceder a la información sobre sus orígenes.
Artículo 26. Derecho a la atención a la primera infancia.—1. A los efectos de la presente ley, se entienden por servicios de atención a la primera infancia, sea cual fuere su denominación, aquéllos que acogen a personas menores de seis años y no están autorizados como centros de educación infantil.
SECCIÓN 4.ª HONOR, INTIMIDAD Y PROPIA IMAGEN
Artículo 27. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.—1. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil:
Artículo 28. Derecho a la libertad ideológica.—1. El menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión.
Artículo 29. Derecho a la libertad de expresión.—1. Las personas menores de edad gozan del derecho a la libertad de expresión en los términos constitucionalmente previstos. Esta libertad de expresión tiene también su límite en la protección de la intimidad y la imagen de la persona menor de edad recogida en la presente ley.
Artículo 30. Derecho a la promoción de la salud.—1. Todas las personas menores de edad que se hallen en el territorio de les Illes Balears tienen libre acceso al servicio sanitario público.
Artículo 31. Obligaciones de las administraciones públicas en materia de protección de la salud.—1. Las personas titulares y el personal sanitario de los servicios de salud están especialmente obligados a poner en conocimiento de las entidades públicas competentes, de los organismos competentes en materia de protección de personas menores de edad, de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, los hechos que puedan suponer la existencia de situaciones de desprotección o indicio de maltrato de las personas menores de edad.
Artículo 32. Derecho de acceso al Sistema Público de Servicios Sociales.—1. Todas las personas menores de edad tienen derecho a acceder al Sistema Público de Servicios Sociales.
Artículo 33. Derecho a la educación.—1. En los términos establecidos en la legislación básica del Estado, todas las personas menores de edad tienen derecho a la educación y a recibir una formación integral que garantice el pleno desarrollo de sus capacidades y su identidad personal desde que nacen, en el seno de la familia, con la colaboración de las administraciones públicas de las Illes Balears.
Artículo. 34. Educación especial.—Las personas menores de edad con necesidades educativas especiales tienen derecho a la asistencia y formación específica para un desarrollo y una realización personal adecuados, que les permitan integrarse socialmente, desarrollarse, realizarse personalmente y acceder a un puesto de trabajo dentro del contexto más normalizado posible.
Artículo 35. Principios de actuación administrativa.—Las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán para que:
Artículo 36. Obligaciones de las administraciones públicas en relación a la educación.—1. Las administraciones públicas de las Illes Balears velarán por el cumplimiento de la escolaridad obligatoria en aquellas edades que se establezcan en la legislación educativa vigente. Se coordinarán y emprenderán las acciones necesarias para fomentar la asistencia regular a los centros de enseñanza, evitar el absentismo escolar y favorecer la integración escolar. Para alcanzar estos fines, la administración educativa elaborará, con la colaboración de los consejos insulares y los ayuntamientos, programas de prevención, control y seguimiento del absentismo y el abandono escolar.
Artículo 37. Derecho al acceso a la cultura.—Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a iniciativa propia o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, fomentarán:
Artículo 38. Derecho al ocio, al deporte, asociacionismo y participación social.—1. Todas las personas menores de edad tienen derecho al juego, al deporte y al ocio como elementos esenciales de su desarrollo.
Artículo 39. Prevención de los efectos nocivos de las sectas.—Las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus respectivas competencias, pondrán en marcha programas de información y prevención dirigidos a advertir de los efectos perjudiciales en el ámbito educativo, cultural y social de la actividad de las sectas y de otros grupos que tengan como finalidad alterar el equilibrio psíquico o que utilicen medios para alterarlo.
Artículo 40. Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.—1. Toda persona menor de edad tendrá derecho a desarrollarse en un medio ambiente saludable y no deteriorado en el territorio de la comunidad autónoma de les Illes Balears.
Artículo 41. Derecho a la información y publicidad.—Las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán programas informativos y formativos destinados específicamente a las personas menores de edad, salvaguardando el derecho a la recepción de información veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales.
Artículo 42. Prohibiciones y limitaciones.—1. Queda prohibida la venta, alquiler, exhibición y ofrecimiento a personas menores de edad de publicaciones, videos, videojuegos u otro material audiovisual de contenido pornográfico, de apología de cualquier forma de la delincuencia, de exaltación de la violencia o incitación a la misma, contrario a los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico o que resulte perjudicial para el desarrollo de su personalidad, así como su emisión o proyección en locales o espectáculos a los que esté permitida la asistencia de la persona menor de edad, y su difusión por cualquier medio entre personas menores de edad.
Artículo 43. Emisiones de radio y televisión.—La programación de las emisoras de radio y televisión de las que sea titular cualquiera de las administraciones públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears o a las que éstas deban otorgar un título habilitante, así como los espacios de promoción de aquéllas, deberán ajustarse a las siguientes reglas:
Artículo 44. Medios de comunicación social.—Los medios de comunicación social que emitan o publiquen en el territorio de las Illes Balears tratarán con especial cuidado la información que afecte a personas menores de edad, evitando la difusión de sus nombres, imágenes o datos que permitan su identificación cuando aparezcan como víctimas, testigos o inculpadas en causas penales, o cuando se divulguen hechos relativos a su vida privada y que afecten a su reputación y buen nombre.
Artículo 45. Publicidad.—La publicidad dirigida a las personas menores de edad que se divulgue en el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears, estará sometida a los límites que reglamentariamente se establezcan, atendiendo especialmente a los siguientes principios:
Artículo 46. Publicidad televisiva.—1. La publicidad emitida por emisoras de radio y televisión de las que sea titular cualquiera de las administraciones públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears o a las que éstas deban otorgar título habilitante, no contendrá imágenes o mensajes que puedan perjudicar moral o físicamente a las personas menores de edad, y tendrá que respetar los siguientes principios:
Artículo 47. Publicidad en la que participan personas menores de edad.—La utilización de personas menores de edad en anuncios publicitarios se someterá a los siguientes principios:
Artículo 48. Establecimientos y espectáculos públicos.—1. Se prohíbe la entrada y permanencia de personas menores de edad en los establecimientos, locales o recintos siguientes:
Artículo 49. Protección en materia de consumo.—Las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán para que los derechos e intereses de las personas menores de edad, como consumidores con características y necesidades específicas, disfruten de una especial defensa y protección.
Artículo 50. Información en materia de consumo.—1. Los productos o servicios cuyos destinatarios sean las personas menores de edad deberán estar provistos de la información reglamentariamente preceptiva.
Artículo 51. Acceso a bebidas alcohólicas y al tabaco.—1. Las personas menores de edad tienen prohibido el acceso a bebidas alcohólicas y al tabaco en los términos previstos por la normativa específica en esta materia.
Artículo 52. Acceso a otros productos o servicios perjudiciales para la salud de las personas menores de edad.—Queda prohibida la venta o suministro a personas menores de edad de cualquier producto distinto a los mencionados en el artículo anterior que puedan causar dependencia física o psíquica, aunque sea por un uso inadecuado, o que produzca efectos perjudiciales para su salud para el libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 53. Prevención de las consecuencias asociadas al consumo de drogas.—Corresponde a las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus respectivas competencias, la realización de actuaciones, la puesta en funcionamiento y el desarrollo de programas de información y educación sanitaria de la población sobre las sustancias que puedan generar dependencia, y poner en funcionamiento programas de prevención y atención de la drogodependencia.
Artículo 54. Derecho a ser oída.—1. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída, en todos los ámbitos que le afecten, especialmente en el ámbito familiar y en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicada y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social.
Artículo 55. Deberes de las personas menores de edad.—Además de las obligaciones que la legislación civil impone a las personas menores de edad para con sus progenitores o para con las personas que ejercen la tutela o la guarda y en relación con la participación en la vida familiar, tienenentre otros, los siguientes deberes:
Artículo 56. Concepto.—1. Alos efectos de esta ley, se entiende por protección de la persona menor de edad el conjunto de medidas y actuaciones que se dirigen a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos reconocidos a la infancia como colectivo, y las destinadas a prevenir e intervenir en las situaciones de desprotección en las que puedan hallarse las personas menores de edad, con el fin de garantizar su desarrollo integral y promover su inserción en un contexto social y familiar normalizado.
Artículo 57. Derechos específicos de las personas menores de edad protegidos.—La persona menor de edad sujeta a protección, junto a los derechos que esta ley y el resto del ordenamiento jurídico reconocen a todas las personas menores de edad, será titular específicamente de los siguientes:
Artículo 58. Criterios de actuación.—1. La actuación social y jurídica de las administraciones públicas en la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de protección de personas menores de edad, además de los principios establecidos en el artículo 4 de esta ley, se ejercerá conforme a los siguientes criterios:
b) La prevención y reparación de situaciones de riesgo con el establecimiento de los servicios adecuados para tal fin, el ejercicio d la guarda y, en los casos de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley.
Artículo 59. Deber de comunicación y denuncia.—1. Cualquier persona que tenga noticia de una situación de posible desprotección de la persona menor de edad, sin perjuicio de prestarle de inmediato el auxilio que precise, tiene el deber de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o administrativa, que garantizará su debida reserva y confidencialidad.
Artículo 60. Concepto y situación de riesgo.—1. Se considera situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias personales o familiares o por influencia de su entorno, la persona menor de edad se ve perjudicada en su desarrollo personal o social de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían la declaración de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de las administraciones competentes para eliminar, reducir o compensar las dificultades y evitar el desamparo.
Artículo 61. Valoración de la situación de riesgo.—1. En las situaciones de riesgo, los servicios sociales de las entidades locales, junto con los servicios sanitarios y educativos, son fundamentales para su detección, recepción y análisis, y para determinar en un primer momento la intervención necesaria sobre los factores que las provocan.
Artículo 62. Colaboración de los padres o de las personas que los sustituyan.—Los padres o las personas que los sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad están obligados a colaborar activamente, según su capacidad, en la ejecución de las medidas de protección mencionadas en la resolución de la situación de riesgo.
Artículo 63. Concepto y situaciones de desamparo.—1. Constituye una situación de desamparo la que se produce de hecho, a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes, para la guarda de las personas menores de edad, o cuando éstas queden privadas de la necesaria asistencia moral o material de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Artículo 64. Valoración y necesidad del procedimiento.—Tanto la declaración de la situación de desamparo como la adopción de cualquier medida de protección deberán ser acordadas mediante resolución motivada, previa propuesta o informe del equipo técnico y, con excepción de los supuestos de urgencia, con observancia del procedimiento regulado en los artículos siguientes.
Artículo 65. Iniciación del procedimiento.—1. El procedimiento se iniciará de oficio por la entidad pública, por orden judicial, a iniciativa del Ministerio Fiscal, a demanda de la persona menor de edad, a solicitud de los padres o de los tutores o de las tutoras, o cuando la entidad pública, a través de sus servicios o mediante notificación, informe o comunicación de la autoridad o sus agentes, funcionarios o funcionarias, profesionales o ciudadanos o ciudadanas, tenga conocimiento de que una persona menor de edad puede encontrarse en una situación de riesgo o de desamparo.
Artículo 66. Comprobaciones iniciales e investigación previa.—1. En función de los datos disponibles o de la comunicación recibida, y de acuerdo con lo dispuesto reglamentariamente, se determinarán los casos y plazos en el que deban llevarse a cabo las primeras averiguaciones para la comprobación inicial de los hechos y la investigación previa que lleve a reunir toda la información disponible. Todo ello al objeto de confirmar la posible concurrencia de una situación de desprotección, avanzar una primera valoración sobre su entidad, importancia y establecer el tipo de actuación necesaria.
Artículo 67. Instrucción y procedimiento.—1. Durante la instrucción del procedimiento se llevarán a cabo las entrevistas, exploraciones, visitas domiciliarias y el resto de actuaciones que se consideren oportunas para la valoración de la persona menor de edad, sus necesidades y sus circunstancias sociofamiliares.
Artículo 68. Archivo o continuación de las actuaciones.—1. Finalizada la fase de comprobación inicial e investigación, si no se confirma la situación de desprotección, se acordará el cierre de las actuaciones, ordenando su archivo mediante resolución motivada, que será comunicada a las personas interesadas, e impugnable ante la jurisdicción civil sin necesidad de reclamación previa en vía administrativa.
Artículo 69. Medidas de urgencia y procedimiento sumario.—1. Cuando, de la primera información disponible o a resultas de lo concluido en las comprobaciones iniciales e investigación previa, se constate la situación crítica en la que se encuentra la persona menor de edad, se considera la existencia de un riesgo grave e inminente para su integridad física o psíquica o se deduzca la necesidad de una intervención sin demora, se procederá a la intervención inmediata, con las medidas cautelares necesarias dentro de un procedimiento sumario.
Artículo 70. Propuesta de resolución.—Efectuada la correspondiente valoración por el equipo técnico se emitirá un informe en el que se propondrá la adopción de las medidas de protección adecuadas al caso, si procede.
Artículo 71. Resolución, notificación y control judicial.—1. La declaración de la situación de riesgo, desamparo y la adopción de las medidas de protección correspondientes serán adoptadas por el órgano competente mediante resolución motivada.
Artículo 72. Auxilio judicial y policial.—1. Cuando por la oposición de los padres o madres, tutores o tutoras o guardadores o guardadoras de la persona menor de edad, o por la existencia de cualquier otro impedimento grave, se obstaculizara o imposibilitara la investigación del caso o la ejecución de las medidas de protección ya acordadas, se solicitará de la autoridad judicial que disponga lo necesario para hacerlas efectivas. Todo ello sin perjuicio de las intervenciones inmediatas que puedan llevarse a cabo a fin de evitar los riesgos inminentes para la vida o integridad de la persona menor de edad y garantizar el ejercicio de sus derechos esenciales.
Artículo 73. Tutela del órgano competente.—1. El órgano competente, si lo cree pertinente, podrá solicitar a la autoridad judicial la privación de la patria potestad o la remoción de la tutela, así como ejercer las acciones civiles y penales necesarias tendentes a la defensa de los intereses de la persona menor de edad.
Artículo 74. Guarda voluntaria de personas menores de edad.—1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 172.2 del Código Civil, cuando lo acuerde el juez o la jueza en los casos que legalmente proceda o cuando quienes ejercen la patria potestad o la tutela prevean el futuro desamparo de una persona menor de edad, por no poder atenderlo temporalmente por causas involuntarias o de fuerza mayor, deben poner en conocimiento del órgano público competente tal circunstancia a fin de que la administración competente en materia de protección de personas menores de edad adopte de inmediato cuantas medidas sean necesarias para su adecuada atención.
Artículo 75. Contribución a la guarda voluntaria.—Los padres o las madres o la persona que ejerce la tutela de la persona menor de edad en situación de guarda voluntaria por la administración competente en materia de protección de personas menores de edad, prestarán la colaboración solicitada por los equipos técnicos en la aplicación de las medidas adecuadas y colaborarán en todo o en parte al sostenimiento de las cargas económicas que se deriven de su cuidado y atención, en la forma que se determine reglamentariamente, atendiendo a su capacidad económica.
Artículo 76. Clases de medidas de protección.—1. El órgano competente puede adoptar, con sujeción a lo preceptuado en esta ley y la legislación civil aplicable, cualquiera de las siguientes medidas de protección de la persona menor de edad:
Artículo 77. Duración de las medidas.—1. La duración de las medidas de protección será la mínima para conseguir los objetivos que se persigan con éstas.
Artículo 78. Causas de extinción de las medidas.—1. Las medidas descritas en el artículo 76 se extinguen por la concurrencia de cualquiera de las siguientes causas:
SECCIÓN 2.ª RÉGIMEN COMÚN AL ACOGIMIENTO
Artículo 79. Constitución.—1. Los acogimientos se constituyen por resolución del órgano de la entidad pública competente para la protección de las personas menores de edad de las Illes Balears o mediante resolución judicial según lo previsto en la regulación estatal vigente.
Artículo 80. Régimen general.—1. Siempre que sea posible y favorable al interés de las personas menores de edad, la acogida de hermanos se confiará a una misma persona, familia, entidad colaboradora o centro de acogida residencial.
Artículo 81. Tipos de acogimiento.—1. El acogimiento puede ser familiar o residencial.
Artículo 82. Supuestos en los que proceden.—1. Se constituirán prioritariamente cuando la persona menor de edad en situación de desprotección haya de ser separada de su entorno parental y deba confiarse su guarda a una familia o persona que sea idónea para ello.
Artículo 83. Contenido.—1. La persona menor de edad acogida se integra plenamente en la vida de la familia, con el deber de respeto y obediencia, y gozará de los derechos reconocidos en la presente ley.
a) Aceptación del acogimiento familiar sin límite temporal predeterminado.
No existe una previsión de retorno a la familia biológica, pero sí una posible relación.
Artículo 84. Extinción.—1. Esta medida de protección se extingue por las causas generales contenidas en el artículo 78 de esta ley, en el 173.4 del Código Civil, y por las siguientes:
Artículo 85. Acogimiento familiar preadoptivo.—1. Cuando fuera necesario establecer un período de adaptación de las personas menores de edad a la familia con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, el órgano competente podrá formalizar un acogimiento familiar preadoptivo siempre que las personas acogedoras reúnan los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados para adoptar a la persona menor de edad y hayan prestado ante el órgano competente su consentimiento a la adopción.
Artículo 86. Propuesta previa de adopción.—1. Transcurrido el período de duración del acogimiento establecido en la resolución que la constituyó sin que haya sido revisada ni prorrogada esta medida o en cualquier momento anterior si así lo determina el órgano competente, éste podrá iniciar el expediente de la propuesta de adopción correspondiente, de acuerdo con la sección 6ª de este capítulo.
Artículo 87. Supuestos en que procede.—1. El acogimiento residencial será acordado por decisión judicial o mediante resolución administrativa. Debe constituirse subsidiariamente, confiando la persona menor de edad a una entidad pública o privada colaboradora acreditada, cuando, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 74.3.a), el órgano competente entienda que la persona menor de edad en situación de desprotección debe ser separada de su entorno familiar, y concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
Artículo 88. Contenido.—1. El director o directora del centro de acogimiento residencial de personas menores de edad con medidas de protección ejerce, por delegación del órgano competente, las facultades inherentes a la guarda de las personas menores de edad que en él se encuentren acogidas.
Artículo 89. Reglamentación interna.—1. Todos los centros y servicios de atención a las personas menores de edad deben regirse por un reglamento de régimen interno o de funcionamiento, en el cual deben tenerse presentes los criterios y los principios de esta ley, con la finalidad de que tanto las personas menores de edad como los progenitores o las personas que ejercen la guarda conozcan de manera clara sus derechos y sus obligaciones.
Artículo 90. Requisitos reglamentarios.—1. Los reglamentos citados en los artículos anteriores establecerán, como mínimo:
Artículo 91. Clasificación y tipos de centros de acogimiento residencial.—1. Los centros de acogimiento residencial, atendiendo a su titularidad, pueden ser:
Artículo 92. Adopción de personas menores de edad.—1. Mediante la propuesta de adopción se promueve la plena integración de la persona menor de edad en una nueva familia, una vez se ha constatado la inviabilidad de la reintegración y permanencia definitiva de la persona menor de edad en su núcleo familiar de origen, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 176.2 del Código Civil.
Artículo 93. Criterios de aplicación.—1. Se promoverá la adopción de la persona menor de edad cuando, realizada la exhaustiva valoración de su situación y circunstancias y constatada la inviabilidad de la reintegración o permanencia definitiva de la persona menor de edad en su núcleo familiar de origen, responda a su interés y sea la medida más adecuada para atender sus necesidades.
Artículo 94. Reserva y confidencialidad.—Todas las actuaciones administrativas se llevarán a cabo con la necesaria reserva y confidencialidad, evitando especialmente que la familia biológica conozca los datos de la familia adoptante.
Artículo 95. Adopción internacional.—1. En materia de adopción internacional, corresponde a la entidad pública competente:
Artículo 96. Registro autonómico de centros de acogimiento residencial de personas menores de edad.—El registro autonómico de centros de acogimiento residencial de personas menores de edad, con funciones de inscripción, control, inventario y mantenimiento de los datos relativos a estos centros, será único para toda la comunidad autónoma y tendrá carácter reservado. La custodia y gestión será encomendada al Gobierno de las Illes Balears, a través de la consejería competente en la materia.
Artículo 97. Registro autonómico de protección de personas menores de edad.—El registro autonómico de protección de personas menores de edad, con funciones de inscripción, control, inventario y mantenimiento de los datos relativos a las guardas, tutelas y acogimientos será único para toda la comunidad autónoma y tendrá carácter reservado, con sujeción a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. La custodia y gestión será encomendada al Gobierno de les Illes Balears, a través de la consejería competente en la materia. Este registro tendrá las siguientes secciones:
Artículo 98. Registro autonómico de adopciones.—El registro autonómico de adopciones, con funciones de inscripción, control, inventario y mantenimiento de los datos relativos a las adopciones tendrá carácter único para toda la comunidad autónoma, será reservado, con sujeción a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, y su custodia y gestión será encomendada al Gobierno de las Illes Balears, a través de la consejería competente en la materia. Este registro tendrá las siguientes secciones:
Artículo 99. Organización y funcionamiento.—La organización y funcionamiento de los registros referidos serán objeto de desarrollo reglamentario, que se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes principios:
Artículo 100. Registros insulares.—1. Los consejos insulares pondrán en conocimiento del Gobierno de las Illes Balears todos los datos que sean necesarios para la formación, gestión y control de los registros que a continuación se mencionan, así como también cualquier otro dato conveniente a efectos estadísticos:
Artículo 101. Competencias.—1. Corresponde a la administración autonómica de la comunidad autónoma de las Illes Balears, a través de la consejería competente en materia de personas menores de edad, la ejecución material de las medidas impuestas por los Juzgados de Menores en aplicación de la legislación reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores de edad.
Artículo 102. Criterios de actuación.—La Administración de la comunidad autónoma ejercerá sus funciones bajo el criterio genérico y superior de la defensa del interés de la persona menor de edad, por los principios establecidos por la legislación general reguladora de esta materia y bajo los siguientes criterios específicos:
Artículo 103. Ámbito de ejecución.—A los efectos de lo establecido en este título, el término menor se refiere a todas aquellas personas a las que les sea de aplicación la legislación vigente en materia de responsabilidad penal de las personas menores de edad, que no hayan cumplido los 18 años, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 4 y 15 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor, cuando sea de aplicación.
Artículo 104. Colaboración en la ejecución.—1. Para la ejecución de las medidas dictadas por los Juzgados de Menores, la Administración de la comunidad autónoma contará con los recursos de las redes ordinarias de los sistemas sanitario, educativo y de servicios sociales, favoreciendo la actuación coordinada de todos los organismos e instituciones públicas con competencia en esta materia.
Artículo 105. Principios generales.—1. La prevención de las conductas de conflicto social de las personas menores de edad tendrá una valoración primordial. Para ello, se establecerán los programas, actuaciones e intervenciones precisas para promover y desarrollar actividades de prevención con personas menores de edad en riesgo de conflicto social, que incidan sobre sus alternativas de ocio, formación, promoción ocupacional, convivencia familiar y cuantas otras contribuyan a su mejor socialización.
Artículo 106. Actuaciones.—Apreciada la situación de riesgo de conflicto social en que se encuentre una persona menor de edad, la Administración de la comunidad autónoma facilitará, por sí misma, en colaboración con otras administraciones o mediante convenios, y, sin perjuicio de otras actuaciones adecuadas, alguna de las medidas siguientes:
Artículo 107. Finalidad de las medidas.—La finalidad de las medidas será la de estimular el proceso evolutivo de la persona menor de edad, en aras a conseguir la superación de sus dificultades en el orden personal y social y recuperar los recursos de relación consigo misma y con el entorno. Asimismo, estará dirigida a procurar el desarrollo integral de la persona menor de edad y una efectiva inserción social.
Artículo 108. Tipos de medidas.—1. Las medidas susceptibles de ser impuestas a la persona menor de edad podrán ser, dependiendo siempre de las circunstancias, las cautelares adoptadas de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor, y las medidas adoptadas en sentencia firme que enumera el artículo 7.1 de dicha ley.
Artículo 109. Medio abierto.—1. La Administración de la comunidad autónoma dispondrá de servicios especializados para el cumplimiento de las medidas en medio abierto acordadas por resolución judicial.
Artículo 110. Medidas privativas de libertad.—1. La Administración de la comunidad autónoma ejecutará la resolución judicial de ingreso o internamiento en un centro, en función de la medida decretada.
Artículo 111. Mediación, conciliación y reparación extrajudicial.—Administración de la comunidad autónoma fomentará las diferentes alternativas para la resolución de conflictos en el ámbito prejudicial, contando para ello con la colaboración de las diferentes administraciones, especialmente con las corporaciones locales. Para ello, y sin perjuicio de las competencias de los equipos técnicos de la Fiscalía de Menores, asimismo podrá poner a disposición del Ministerio Fiscal y de los juzgados de menores, en su caso, los programas necesarios para realizar las funciones de mediación, conciliación y reparación extrajudicial.
Artículo 112. Seguimiento de las medidas.—La Administración de la comunidad autónoma realizará el seguimiento de la ejecución de las medidas acordadas judicialmente, cualquiera que sea el centro, la institución o el o la profesional a los que se encomiende la ejecución material de las mismas.
Artículo 113. Modificación de medidas.—Sin perjuicio de las competencias del juez o jueza de menores, cuando, como producto del seguimiento indicado en el artículo anterior, se aprecie que han variado o desaparecido las condiciones expresadas en la resolución judicial como fundamento o justificación para la imposición de la medida, se entiendan alcanzados los objetivos fijados en ella o se considere la imposibilidad de alcanzarlos, la Administración de la comunidad autónoma elaborará informe motivado, proponiendo lo más adecuado para el superior interés de la persona menor de edad sobre la modificación, sustitución o desistimiento sin efecto de la medida en cumplimiento, a fin de que el juez de menores resuelva lo procedente.
Artículo 114. Clases de centros.—1. La Administración de la Comunidad Autónoma dispondrá de centros para la ejecución de las medidas de internamiento, incluidas, en su caso, las de internamiento terapéutico, que se podrán cumplir en régimen cerrado, semiabierto y abierto.
Artículo 115. Organización interna.—1. Los centros estarán orientados a favorecer la integración social y familiar de la persona menor de edad, potenciándose las actividades que permitan su participación social activa.
Artículo 116. Supervisión e inspección.—1. La Administración de la comunidad autónoma, a través de la consejería competente en materia de personas menores de edad, ejercerá las funciones de inspección para garantizar que la actuación de los centros y sus profesionales se lleve a cabo con respeto a los derechos y garantías de las personas menores de edad internadas.
Artículo 117. Sindicatura de Greuges.—1. La Sindicatura de Greuges, en la forma y en las condiciones establecidas en la normativa reguladora, velará especialmente por el cumplimiento por parte de las administraciones públicas de las previsiones establecidas en esta ley.
Artículo 118. Objeto, funciones y composición.—1. El Consejo de Infancia y Familia de las Illes Balears es el órgano colegiado de composición mixta y multidisciplinaria, adscrito a la consejería competente en materia de infancia y familia del Gobierno de las Illes Balears, con el objeto de ejercer funciones de consulta y propuesta, así como constituir un foro de debate para promover y facilitar la participación, la consulta y el diálogo de todas las instituciones y entidades implicadas en esta materia.
Artículo 119. Objeto, funciones y composición.—1. La Comisión interinsular de protección de personas menores de edad es un órgano colegiado que tiene por objeto unificar los criterios de aplicación de la normativa vigente en este momento o en el futuro y también el de planificar y evaluar la estrategia en materia de protección de personas menores de edad que debe aplicarse en el ámbito de las Illes Balears. Asimismo, tendrá facultades para la interpretación, la fijación de criterios de aplicación de la normativa y la formulación de propuestas para asegurar la protección social, económica y jurídica de las personas menores de edad.
Artículo 120. Fomento de la iniciativa social.—1. Las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán las iniciativas sociales que contribuyan a la divulgación y extensión de los derechos de las personas menores de edad.
Artículo 121. Entidades de integración familiar.—1. Son entidades de integración familiar todas aquellas que, sin tener ánimo de lucro, desarrollen funciones de mediación en los procedimientos de acogimiento familiar, dando apoyo a la convivencia familiar de las personas menores de edad, sea en su familia biológica o no.
Artículo 122. Inspección.—En el ámbito territorial de las Illes Balears, las administraciones públicas competentes velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en la normativa que la desarrolle, y destinarán los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de la función inspectora.
Artículo 123. Funciones de la Inspección.—La inspección en materia de personas menores de edad ejercerá las siguientes funciones:
Artículo 124. Actuaciones de seguimiento.—1. La administración competente que tenga atribuido el ejercicio de funciones de seguimiento en materia de personas menores de edad comprobará periódicamente de oficio o a instancia de parte que las condiciones en las que se prestan los servicios en materia de personas menores de edad y de las instalaciones en la que se prestan se adecuan a las disposiciones vigentes.
Artículo 125. Habilitación y facultades de los inspectores y de las inspectoras.—1. La función inspectora en materia de personas menores de edad será ejercida por el personal funcionario adscrito al órgano administrativo que tenga atribuida la competencia y cuyos puestos de trabajo hayan sido designados para el ejercicio de la función inspectora. Los inspectores y las inspectoras tienen la consideración de autoridad en el ejercicio de esta función y disfrutan de la protección y atribuciones establecidas en la legislación vigente.
Artículo 126. Actas de inspección.—1. Finalizada la actividad inspectora, el resultado de la misma se ha de hacer constar documentalmente en un acta de inspección, en la cual se ha de constatar tanto la presunta o presuntas infracciones legalmente previstas como la ausencia de éstas.
Artículo 127. Infracciones administrativas y sujetos responsables.—1. Se consideran infracciones administrativas en la presente ley las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en el presente título.
Artículo 128. Infracciones leves.—Constituyen infracciones leves, las siguientes acciones y omisiones siempre que no deban ser calificadas como graves o muy graves con arreglo a lo dispuesto en los artículos 129 y 130 de la presente ley:
Artículo 129. Infracciones graves.—Constituyen infracciones graves, las acciones y omisiones siguientes, siempre que no deban ser calificadas como muy graves con arreglo a lo dispuesto en el artículo 130 de la presente ley:
Artículo 130. Infracciones muy graves.—Son infracciones muy graves:
Artículo 131. Sanciones.—Las infracciones establecidas en la presente ley serán sancionadas en la forma siguiente:
Artículo 132. Otras sanciones.—Con independencia de las multas que puedan imponerse conforme al artículo anterior, en los supuestos de infracciones graves o muy graves y en función de las circunstancias que concurran, podrán imponerse las siguientes sanciones accesorias:
Artículo 133. Gradación de sanciones.—Calificadas las infracciones, las sanciones se graduaran en atención a la reiteración de las mismas, al grado de intencionalidad o negligencia, a la gravedad de los perjuicios causados atendidas las circunstancias de la persona menor de edad, y a la relevancia o trascendencia social que hayan alcanzado.
Artículo 134. Reincidencia.—Se produce reincidencia cuando la persona responsable de la infracción haya sido sancionada mediante resolución firme por la comisión de otra infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año a contar desde la notificación de aquélla.
Artículo 135. Destino del importe de las sanciones.—Los ingresos derivados de la imposición de las sanciones establecidas en la presente ley deberán ser destinadas, por las administraciones públicas actuantes, a la atención y a la protección de las personas menores de edad, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 136. Prescripción de las infracciones y sanciones.—1. Las infracciones tipificadas en esta ley prescriben al año, si son leves;
a los tres años, si son graves; y a los cinco años, si son muy graves, a contar desde el día en que se hubieran cometido. En los asuntos de actividad continuada o plural se entiende que es el día de la finalización de ésta o aquél en que fue realizado el último acto.
Artículo 137. Procedimiento aplicable.—1. Las infracciones de los preceptos de la presente ley serán objeto de las correspondientes sanciones administrativas, previa instrucción del oportuno expediente y sin perjuicio de las responsabilidades civiles que de tales hechos pudieran derivarse.
3. Los ayuntamientos y consejos insulares ejercerán la potestad sancionadora en las materias propias de su competencia establecidas por esta ley.
La determinación del concreto órgano sancionador se realizará conforme a su normativa propia.
Artículo 138. Medidas cautelares.—1. El órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución que pudiera recaer, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales. En todo caso habrán de adoptarse las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica de la persona menor de edad.
Artículo 139. Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional penal.—1. En los supuestos en los que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la administración ha de pasar el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, decrete el sobreseimiento, el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.
Artículo 140. Otras responsabilidades.—Si a consecuencia de la resolución de un procedimiento sancionador se derivasen responsabilidades administrativas o de otra índole para los progenitores o personas que ejerzan la tutela o la guarda de personas menores de edad, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de depurar posibles responsabilidades civiles.
Artículo 141. Recursos.—Contra las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores se podrán interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que legalmente procedan.
Artículo 142. Publicidad de las sanciones.—En el caso de infracciones graves o muy graves el órgano competente acordará en la resolución del expediente sancionador, la publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de las sanciones impuestas, una vez que éstas hayan adquirido firmeza.
Disposición adicional primera.—De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 137 de esta ley, en relación al articulo 4.1.1 del Decreto 14/1994, de 10 de febrero, por el cual se aprueba el reglamento del procedimiento a seguir por la Administración de la comunidad autónoma en el ejercicio de la potestad sancionadora, se regirá por el procedimiento establecido en este reglamento el ejercicio de la potestad sancionadora de los consejos insulares y las otras corporaciones locales en materias de las cuales la competencia normativa correspondaa la comunidad autónoma sin perjuicio de las especialidades propias de su organización.
Disposición adicional segunda.—Se crea el Observatorio de la infancia y de la adolescencia en las Illes Balears, adscrito a la consejería competente en materia de menores, con el fin de desarrollar actuaciones de investigación, de estudio y análisis técnico de las materias relacionadas con la atención y los derechos de las personas menores de edad. La composición, los objetivos y el régimen de funcionamiento se establecerán reglamentariamente.
Disposición transitoria primera.—Mientras no sea objeto de desarrollo lo previsto en el artículo 117, el director o la directora de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor ejercerá las funciones que establecen el Decreto 16/1997, de 30 de enero, y las disposiciones que lo modifican, así como lo que dispone esta ley.
Disposición transitoria segunda.—En el plazo máximo de seis meses desde que entre en vigor esta ley se revisarán las situaciones y las medidas de protección adoptadas hasta entonces, con la finalidad de adecuarlas a las disposiciones de esta norma.
Disposición derogatoria única.—1. Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo dispuesto por esta ley y en particular:
Disposición final primera.—Se faculta al Consejo de Gobierno de las Illes Balears para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.
Dispsoición final segunda.—Esta Ley entrará en vigor a los veinte días de haberse publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

References: resolución

 artículo 16
 artículo 5
 artículo 143
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 10

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 49

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
 resolución 
 artículo 24
 artículo 86

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 119

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58
 artículo 4

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62
 resolución 

Artículo 63

Artículo 64
 resolución 

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68
 resolución 

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71
 resolución 

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74
 artículo 172

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78
 artículo 76

Artículo 79
 resolución 
 resolución 

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84
 artículo 78

Artículo 85

Artículo 86
 resolución 

Artículo 87
 resolución 
 artículo 74

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92
 artículo 176

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108
 artículo 28
 artículo 7

Artículo 109
 resolución 

Artículo 110
 resolución 

Artículo 111
 resolución 

Artículo 112

Artículo 113
 resolución 

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128

Artículo 129
 artículo 130

Artículo 130

Artículo 131

Artículo 132

Artículo 133

Artículo 134
 resolución 

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 137

Artículo 138
 resolución 

Artículo 139

Artículo 140
 resolución 

Artículo 141

Artículo 142
 resolución 
 artículo 117