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Timestamp: 2020-08-12 00:54:15+00:00

Document:
Registro Oficial. NOVIEMBRE12 de NOVIEMBRE del 2001
\n 23-753 Proyecto de Ley de\n Turismo.
\n Desígnase como delegados en representación del\n señor Ministro a las siguientes personas:
\n 284 Economista Fabiola Calero,\n Subsecretaria de Crédito Público, encargada, ante\n la Comisión Nacional Ecuatoriana de la Comisión\n de Vecindad Ecuatoriano-Peruana.
285 Doctor Milton Jurado Castro,\n Subsecretario Administrativo, ante la Junta Directiva del Instituto \n Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias\n (INIAP).
286 Ingeniera Joyce Higgins de Ginatta, ante el Comité\n Interministerial de la Pequeña Industria.
287 Doctor Carlos Julio Arosemena Peet, ante el Consejo\n Nacional de Desarrollo Pesquero.
288 Ingeniero comercial Galo\n A. Farfán Pacheco, Subsecretario de Presupuestos, ante\n el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS.
289 Doctor Eduardo Jiménez Parra, Subsecretario\n Jurídico Ministerial, ante la Comisión Nacional\n de Escalafón para Abogados y Doctores en Jurisprudencia.
290 Economista Bruno Faidutti N., ante la Comisión\n de Evaluación y Seguimiento a la propuesta presentada\n por la Cámara Nacional de Acuacultura.
\n MINISTERIO DE DESARROLLO\n URBANO Y VIVIENDA:
\n 0085 Expídese el Reglamento \n para la administración de los fondos rotativos \n establecido en las subsecretarías, direcciones nacionales\n y direcciones provinciales.
\n 0239 Publícanse las\n remuneraciones mínimas básicas sectoriales unificadas\n que se han mantenido vigentes desde la fecha de promulgación\n de la Ley para la Transformación Económica del\n Ecuador.
\n Recursos de casación de los juicios laborales seguidos\n por las siguientes personas:
\n 75-2001 Miguel Fernando Martínez\n en contra del IESS .
127-2001 Leopoldo Ciro Castillo\n Chasing en contra de Jorge Washington Cox Carvajal.
136-2001 Franklin Heriberto Parra\n Neira en contra de la Compañía Agrícola\n El Playón.
139-2001 Luis Angel León Vacasela en contra de Julio\n Francisco Capa Torres.
143-2001 Marco Fernando Lluguín Terán en contra\n de la empresa Cemento Chimborazo C.A.
150-2001 Luis Alberto Arteaga Muñoz en contra del taller\n CONCLI S.A.
178-2001 Luis Miguel Silva Dávila en contra de la empresa\n PROMARISCO S.A.
185-2001 Javier Eduardo Campos Lízano en contra José\n De Prati Cavanna.
206-2001 Jorge Naranjo Balladares en contra de la Industria\n Cartonera Ecuatoriana S.A.
237-2001 Tanya Carrasco Arostegui en contra del Centro Educativo\n Pachamama.
\n 12-IP-2001 Solicitud de interpretación\n prejudicial de los artículos 81 y 82, párrafo a)\n de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de\n Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República\n de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera; e interpretación de oficio de los párrafos\n d) y e) del artículo 82 ejusdem Actor: MISS CELEBRIDAD\n COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA Caso: marca "MISS BOLIVAR"\n (proceso interno correspondiente al expediente No 5629).
\n 53-IP-2001 Interpretación\n prejudicial de los artículos 81, 82, literal a)\n y 83 literales a), d) y e), e interpretación de oficio\n del artículo 102 de la Decisión 344 de la\n Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal\n de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda\n Sala Expediente Interno No 2187 LY Actor: "BIC, INDUSTRIA\n ESFEROGRAFICA BRASILEIRA S.A." Marca: "DISEÑO\n DE ETIQUETA".
\n -Cantón Palanda: Para el servicio de agua potable
-Cantón\n Palanda: Que\n establece el cobro de tasa por servicios administrativos
-Cantón \n Palanda: Para \n la determinación, control y recaudación del \n impuesto anual al juego.\n \n
NOMBRE: "LEY\n DE TURISMO".
CÓDIGO:\n 23-75 3.
INGRESO: 26-10-2001.
COMISIÓN:\n DE LO ECONÓMICO, AGRARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
\n A COMISIÓN: 31-10-2001.
El Ministerio de Turismo durante\n 1998-1999 implementó una herramienta básica para\n el desarrollo turístico ecuatoriano de los próximos\n año, el Plan de Competitividad Turística del Ecuador,\n instrumento de planificación que determinó en su\n diagnóstico situacional del país, entre otras prioridades,\n la necesidad de trabajar en un marco jurídico moderno\n y acorde a las necesidades actuales, que enmarquen no solo la\n Ley de Turismo sino también todos los reglamentos de actividades\n específicas.
En vista de esta imperiosa necesidad,\n pues la Ley Especial de Desarrollo Turístico vigente no\n refleja la realidad actual ni satisface las expectativas del\n sector público y privado, el Gobierno Nacional, presenta\n el presente proyecto.
Las teorías del derecho\n administrativo moderno, señalan un nuevo papel para el\n Estado actual. Ya no se habla de un Estado intervencionista,\n sino más bien de un Estado facilitador, que haga suyas\n las iniciativas de un sector productivo determinado, en este\n caso el turístico y, no se convierta en una traba para\n el desarrollo de proyectos y empresas.
N°\n 284
ARTICULO ÚNICO.- Designar\n a la señora Econ. Fabiola Calero, Subsecretaria de Crédito\n Público, encargada como delegada en representación\n del Ministerio de Economía y Finanzas, ante la Comisión\n Nacional Ecuatoriana de la Comisión de Vecindad Ecuatoriano-Peruana.
Comuníquese.- Quito, 31\n de octubre del 2001.
N°\n 285
ARTICULO ÚNICO.- Designar\n delegado, en representación del Ministerio de Economía\n y Finanzas, ante la Junta Directiva del Instituto Nacional Autónomo\n de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), al sellar doctor Milton\n Jurado Castro, Subsecretario Administrativo, de esta Cartera\n de Estado.
N°\n 286
ARTICULO ÚNICO.- Designar\n delegado, en representación del Ministerio de Economía\n y Finanzas, ante el Comité Interministerial de la Pequeña\n Industria, a la señora Ing. Joyce Higgins de Ginatta,\n quien deberá informar periódicamente sobre los\n temas tratados y resultados obtenidos en cada una de las reuniones.
Comuníquese.- Quito, 31\n de octubre del 2001
N°\n 287
ARTICULO ÚNICO.- Designar\n delegado, es representación del Ministerio de Economía\n y Finanzas, ante el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero,\n al sellar Dr. Carlos Julio Arosemena Peet, quien deberá\n informar periódicamente sobre los temas tratados y resultados\n obtenidos en cada una de las reuniones.
N°\n 288
ARTICULO ÚNICO.- Designar\n delegado principal, en representación del Ministerio de\n Economía y Finanzas, ante el Consejo Nacional de Discapacidades,\n CONADIS, al señor Ing. Cose. Galo A. Farfán Pacheco,\n Subsecretario de Presupuestos de esta Cartera de Estado.
N°\n 289
ARTICULO ÚNICO.- Designar\n delegado, en representación del Ministerio de Economía\n y Finanzas, ante la Comisión Nacional de Escalafón\n para Abogados y Doctores en Jurisprudencia, al señor Dr.\n Eduardo Jiménez Parra, Subsecretario Jurídico Ministerial\n de esta Cartera de Estado.
N°\n 290
ARTICULO 1.- Dejar sin efecto\n el Acuerdo Ministerial N0 051, expedido el 27 de abril del 2000.
ARTICULO 2.- Designar al señor\n Econ. Bruno Faidutti N., como delegado en representación\n del Ministerio de Economía y Finanzas, ante la Comisión\n de Evaluación y Seguimiento a la propuesta presentada\n por la Cámara Nacional de Acuacultura tendiente a reactivar\n el sector camaronero, quien deberá informar periódicamente\n sobre los temas tratados y resultados obtenidos en cada una de\n las reuniones.
Que, el artículo 8 de\n la Ley Orgánica de Administración Financiera y\n Control establece que cada entidad y organismo del sector público\n dictará políticas especificas y demás disposiciones\n necesarias para la administración financiera;
Que, es necesario establecer\n mecanismos y procedimientos tendientes a fortalecer el control\n interno de los recursos públicos según lo determinado\n en los artículos 252, 253 y 254 de la LOAFYC;
Que, es preciso fortalecer y\n dinamizar la administración financiera del MIDUVI con\n el objeto de controlar adecuadamente sus diferentes programas\n de acción; y,
En uso de las facultades otorgadas\n en las leyes y específicamente en el Art. 16 del Estatuto\n del Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva,
Expedir el siguiente Reglamento\n para la administración de los fondos rotativos establecido\n en las subsecretarías, direcciones nacionales y direcciones\n provinciales.
Art. 1.- Finalidad del fondo:\n El fondo rotativo se crea con el objeto de atender necesidades\n operativas del MIDUVI, que demandan de una oportuna y ágil\n atención de los gastos que se generen, coadyuvando eficientemente\n a su gestión. Los gastos imputables al fondo rotativo\n que manejan en las direcciones provinciales serán:
a) Para atender los gastos operativos\n como: Sueldos, salarios, viáticos, subsistencias, suministros,\n servicios, movilización, mantenimiento de equipos y vehículos.\n El fondo rotativo deberá cubrir los montos posibles de\n gasto variable u operativo, en cada Dirección Provincial,\n previstos para un mes; y,
b) Para atender gastos de inversión,\n destinados al pago de bonos de vivienda en general y otras de\n naturaleza específica determinadas en las transferencias\n que realice la matriz. El fondo rotativo para inversiones será\n determinado por la autoridad correspondiente con base a la programación\n de pagos de bonos o ejecución de obras, a realizarse en\n cada provincia.
Todo fondo rotativo deberá\n estar respaldado por el presupuesto institucional.
Art. 2.- Apertura del fondo rotativo:\n Los subsecretarios y directores provinciales del MIDUVI que requieran\n la apertura de nuevo fondo rotativo deberán solicitarlo\n a la Dirección Nacional Financiera conforme al artículo\n 2° del Acuerdo Ministerial No. 076 del 27 de agosto del 2001,\n dicha solicitud deberá justificarse suficientemente tanto\n la necesidad como la cantidad solicitada.
Art. 3.- Administración\n del fondo: El fondo en las direcciones provinciales será\n administrado por el Director Provincial como autorizador de gasto\n y el funcionario responsable del área financiera o quien\n hubiese delegado en forma expresa por acuerdo ministerial o por\n instructivo especial (PRAGUAS) como autorizador de pago en cada\n provincia.
El fondo rotativo de la matriz,\n será administrado por el funcionario designado por la\n autoridad competente.
Todo pago que se efectúe\n con cargo al fondo rotativo deberá hacerse mediante cheque.\n Por cada pago que se haga, se documentará con los comprobantes\n y facturas correspondientes debidamente legalizados por quien\n suministra el bien o servicio, debiendo contener todos los requisitos\n de la factura que señala el Servicio de Rentas Internas.
El manejo de los fondos rotativos\n de las direcciones provinciales se sujetará a las disposiciones\n contenidas en los artículos 9 y 12 del Acuerdo Ministerial\n 46 de 31 de enero del 2001.
Para toda reposición de\n los fondos rotativos manejados en le matriz se deberá\n acompañar los documentos originales que sirvan de soporte.
La rendición de los gastos\n incurridos, se deberá efectuar mensualmente dentro de\n los últimos cinco días de cada mes. La rendición\n se hará con los documentos y comprobantes de soporte.
Todo Administrador del fondo\n rotativo, deberá liquidar el mismo mediante la presentación\n de una rendición final por una sola vez a más tardar\n hasta el 15 de diciembre de cada año por los gastos efectuados\n durante dicho mes. Quien administra el fondo rotativo estará\n sujeto al rendimiento de caución en la cuantía\n y términos establecidos en el Reglamento de Cauciones,\n expedido por la Controlarla General del Estado.
Art. 4.- Del monto del fondo:\n El monto del fondo rotativo se constituirá por cada una\n de las transferencias que efectúe la matriz, para gastos\n operativos y para inversión.
Art. 5.- Reposición del\n fondo: La reposición del fondo rotativo a las direcciones\n provinciales, se realizará en forma mensual para los destinados\n a gastos operativos y para inversión una vez que se haya\n agotado la transferencia en forma individualizada, previa solicitud\n de los subsecretarios del MIDUVI.
El funcionario responsable de\n la administración del fondo para cada reposición\n deberá remitir a la Dirección Nacional Financiera\n del MIDUVI, el formato de "Solicitud de Reposición\n Fondo Rotativo". Al formulario de reposición del\n fondo, se adjuntarán las facturas, recibos, notas de venta,\n con requisitos de facturas exigidos por el S.R.I. comprobantes\n y demás documentos que acrediten la procedencia del gasto.
La Dirección Nacional\n Financiera efectuará evaluaciones periódicas de\n la programación siguiente y utilización de los\n recursos financieros de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control, Ley de Presupuestos del Sector Público\n y más normativa en este ámbito.
Para aquellas direcciones provinciales\n que aún no tengan instalado y operando el SIGEF, se sujetarán\n a la disposición del Art. 25 del Acuerdo Ministerial N0\n 46 del 31 de enero del 2001.
En aquellas direcciones provinciales\n que disponen de SIGEF la documentación de respaldo se\n mantendrá en la Dirección. La custodia y archivo\n de esta documentación será responsabilidad del\n funcionario asignado del Área Financiera.
No se aceptarán documentos\n con borrones, tachados y/o enmendaduras que evidencien que el\n documento ha sido adulterado y que no cumplan con los requisitos\n establecidos en el Reglamento de la Facturación emitido\n por el Servicio de Rentas Internas. De presentarse estos casos,\n el funcionario responsable de la administración del fondo,\n justificará y responderá los valores pertinentes.
Art. 6.- De los formularios:\n La liquidación del fondo se presentará en el formulario\n adjunto.
Art. 7.- De las prohibiciones:\n Queda expresamente prohibido realizar egresos por conceptos que\n no estén contemplados en el Art. 10 de este acuerdo, así\n como cambios de cheques y la concesión de préstamos\n con recursos del fondo rotativo.
Art. 8.- En la matriz únicamente\n operarán los fondos rotativos de "Servicios Generales"\n y "Viáticos Urgentes"; los demás se liquidarán\n por dificultades en la retención de impuesto que se declara\n al S.R.l.
Disposición Final.- El\n presente reglamento entrará en vigencia a partir de la\n presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano,\n a 29 de octubre del 2001.
N°\n 0239
Martin Insua\n Chang
Que la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, publicada en el Suplemento del\n Registro Oficial N0 34 de 13 de marzo del 2000, introdujo en\n la Legislación Laboral Ecuatoriana el concepto de "remuneración\n unificada", del cual, la palabra "unificada" dejará\n de utilizarse cuando concluya el proceso de unificación\n salarial, esto es, a partir del 1 de enero del 2005, según\n lo prescrito en el penúltimo inciso del Art. 94 de la\n precitada ley;
Que la mencionada ley, señala\n que el Consejo Nacional de Salarios (CONADES) establecerá\n anualmente el sueldo o salario básico unificado para los\n trabajadores privados, sueldo básico unificado que según\n el articulo 119 del Código del Trabajo es el resultante\n de la suma de las remuneraciones sectoriales o las remuneraciones\n superiores a las sectoriales más los componentes salariales\n en proceso de incorporación a las remuneraciones;
Que desde la vigencia de la Ley\n para la Transformación Económica del Ecuador, el\n Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y/o el CONADES, en tres\n oportunidades han decretado incrementos a los sueldos o salarios\n básicos unificados de los trabajadores en general, sueldos\n o salarios básicos que son tantos como cargos u ocupaciones\n que existen en el país;
Que de todos los sueldos o salarios\n básicos unificados, el mínimo de aquellos ha sido\n tomado en algunos contratos por personas naturales o jurídicas,\n de derecho público o privado, como referente para diversas\n transacciones o cálculos de carácter económico,\n remuneración "mínima" básica unificada\n que no es publicada como tal de manera independiente, no obstante\n lo cual sí consta en una de las 114 tablas sectoriales;
Que es obligación de este\n Ministerio el permitir que se tenga dicho referente para posibilitar\n la aplicación y cálculos de tales contratos; y,
Articulo 1.- Publicar las remuneraciones\n "mínimas" básicas sectoriales unificadas\n que se han mantenido vigentes en sus respectivos momentos desde\n la fecha de promulgación de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, siendo aquellas las siguientes:
\n BÁSICA UNIFICADA
\n MÍNIMA
\n Marzo - mayo / 2000 $ 66.65
\n Junio - diciembre / 2000 $ 96.65
\n Enero 2001 a la fecha $117.65
Articulo 2.- Disponer que para\n los efectos antes señalados, se publique anualmente, una\n vez que entre en vigencia, el monto de la remuneración\n básica "mínima" unificada a nivel país\n constante en las distintas tablas sectoriales aplicables para\n el sector privado.
Dado en Quito, a 12 de octubre\n del 2001.
f) Ab. Martín Insua Chang,\n Ministro de Trabajo y Recursos Humanos.
N°\n 75-2001
ACTOR: Miguel\n Fernando Martínez.
DEMANDADO: I.E.S.S.
Quito, a 12 de septiembre del\n 2001; las 11h20.
VISTOS: Ing. Com. Marlene Argudo\n Rodríguez de Orellana, por los derechos que representa\n del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, interpone recurso\n de casación, en el juicio laboral propuesto en contra\n de esa entidad del Estado por Miguel Fernando Martínez;\n recurso que fuera aceptado, por la Quinta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, por cuya razón, y en los términos\n de la Ley de Casación, se han elevado los autos a la Corte\n Suprema de Justicia, en donde por ser el estado de la causa,\n corresponde resolver para ello, se considera lo que sigue: PRIMERO.-\n La competencia para conocer del recurso deducido, se ha establecido\n en esta Segunda Sala de lo Laboral y Social, de acuerdo con lo\n dispuesto en la Constitución y la ley; y, atendiendo la\n razón del sorteo practicado. SEGUNDO.- La recurrente,\n en su escrito, sostiene que la Sala de la Corte Superior infringió\n el Art. 52 de la Ley de Modernización del Estado en concordancia\n en el Art. 78 de su reglamento general que dispone que las entidades\n del sector público establecerán un Plan de Reducción\n de Personal dentro de un plazo máximo de sesenta días\n a partir de la expedición del aludido reglamento, además\n indica que la Resolución No. 823 dictada por el Consejo\n Superior del IESS con fecha 1 de julio de 1994 se orienta a reconocer\n otro tipo de beneficios, mas no para renuncias voluntarias por\n último, concluye manifestando que ha habido errónea\n interpretación de los preceptos jurídicos aplicables\n a la valoración de las pruebas. -Fundamenta su recurso\n en las causales 1ª y 3ª, del Art. 3 de la Ley de Casación.\n TERCERO.- De la comparación de las piezas procesales,\n con la sentencia impugnada en relación con el recurso\n interpuesto se deduce con claridad que el problema está\n en determinar si la demandante tiene o no derecho a recibir la\n compensación establecida en el Art. 52 de la Ley de Modernización\n del Estado; que se creó para todos los trabajadores, servidores\n y funcionarios del sector público que se separen voluntariamente\n de cualquiera de las instituciones de las funciones del Estado\n a la que pertenezcan, dentro del plazo de 18 meses contados a\n partir de la publicación del reglamento a la indicada\n ley. Ahora bien, este reglamento, fue publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 411 de 31 de marzo de 1994, es decir,\n que quienes querían separarse voluntariamente para tener\n derecho a esta compensación, tenían que hacerlo\n hasta antes del 31 de septiembre de 1995. En la especie, a fs.\n 47 consta la renuncia voluntaria del trabajador con fecha 14\n de junio de 1994, renuncia que le fuera aceptada con fecha 29\n de junio del mismo año (fs. 63); de tal manera que el\n trabajador tendría derecho a percibir la compensación\n consagrada en el Art. 52 de la Ley de Modernización del\n Estado; sin embargo, el indicado artículo no ha merecido\n por parte de la Sala de alzada un estudio más completo,\n pues, dicha compensación se hará efectiva de conformidad\n a los planes que se establezcan para cada entidad u organismo;\n en la especie, se ha comprobado que el IESS no ha emitido resolución\n alguna que contenga el plan de reducción de personal por\n separación voluntaria o compra de renuncias; requisito\n previo para la eficacia jurídica del derecho a la compensación\n que se analiza, cabe anotar, que nada tiene que ver con el caso\n la Resolución No. 823 de fs. 75 y 76, que se refiere a\n otros beneficios adicionales para los servidores del IESS.- Por\n lo expuesto, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA\n REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia subida\n en grado, en los términos de este fallo, desechando por\n consiguiente la demanda. -Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Julio Jaramillo Arizaga,\n Teodoro Coello Vázquez y Camilo Mena Mena (VS.), Ministros.
Certifico.- f) Dr. Julio Arrieta\n Escobar, Secretario Relator.
Es fiel copia del original.-\n Quito, 19 de septiembre del 2001.
f.) Dr. Julio Arrieta Escobar,\n Secretario Relator.
VOTO SALVADO DEL SEÑOR\n MINISTRO DOCTOR CAMILO MENA MENA DENTRO DEL JUICIO LABORAL, PROPUESTO\n POR MIGUEL FERNANDO MARTINEZ CONTRA EL IESS.
VISTOS: Ingeniera comercial Marlene\n Argudo Rodríguez de Orellana, Directora Regional 2 del\n Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, interpone recurso\n de casación de la sentencia dictada por la Quinta Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil en el juicio laboral\n que sigue Miguel Fernando Martínez. Afirma que en fallo\n que impugna "hay falta de aplicación del articulo\n 52 de la Ley de Modernización y que existe errónea\n aplicación de dicha norma", que hay infracción\n en la aplicación del articulo 78 del reglamento de la\n propia ley, que existe falta de aplicación de la valoración\n de la prueba. Fundamenta su recurso en lo que preceptúan\n las causales primera y tercera del articulo 3 de la Ley de Casación.\n Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se\n considera: PRIMERO.- La competencia de esta Sala se halla establecida\n en virtud de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución\n Política y por el sorteo de ley efectuado, cuya razón\n obra de fojas 1 de este cuaderno. SEGUNDO.- La confrontación\n de lo que sostiene la casacionista con las piezas procesales\n del caso, permiten a este Tribunal establecer que el único\n punto que es materia de la litis, se refiere al reclamo que formula\n el accionante del pago de la indemnización puntualizada\n en el articulo 52 de la Ley de Modernización que no se\n lo canceló al momento de liquidar sus derechos e indemnizaciones\n cuando terminaron sus relaciones laborales con el IESS. Sin embargo,\n esta Sala recuerda que en su criterio que una misma norma no\n puede ser al mismo tiempo no aplicada, indebidamente aplicada\n o erróneamente interpretada, como pretende la recurrente.\n TERCERO.- La institución demandada sostiene desde el momento\n mismo en que comparece a proponer excepciones, que el actor "no\n tiene derecho a pretender acogerse al beneficio contemplado en\n el articulo 52 de la Ley de Modernización del Estado".\n Afirma que el IESS "no ha aplicado el plan de reducción\n del personal. Sin embargo, consta del proceso, copia de la Resolución\n 824 dictada por el Consejo Superior del IESS (fs. 95 a 111),\n de la cual aparece inequívocamente el proceso de reestructuración\n y reducción del personal. Sostiene que el demandante se\n acogió a la Resolución No. 823 de 1 de julio de\n 1994, dictada por el Consejo Superior del instituto, no obstante\n de esta afirmación, no hay prueba alguna que los beneficiarios\n de esta bonificación la reciban en sustitución\n de la compensación creada en la Ley de Modernización..\n CUARTO.- El articulo 52 de la Ley de Modernización del\n Estado, estableció una compensación para los servidores,\n trabajadores y funcionarios que se separen voluntariamente de\n cualquiera de las instituciones del Estado a la que pertenezcan,\n regulando los procedimientos para el cálculo de dicha\n compensación. Consta de fojas 67 del proceso que el accionante\n presentó su renuncia voluntaria para acogerse a los beneficios\n de la jubilación. Aparece que dicha renuncia fue aceptada\n por el Director General del IESS el 29 de junio de 1994, según\n documento de fojas 63. Del proceso hay constancia de que el Consejo\n Superior del IESS resolvió emprender un proceso de reducción\n de personal, mediante un plan decidido por el organismo. Existe\n además, copia de la Resolución N° 823 de 1°\n de julio de 1994, mediante la cual el IESS, por medio de su Consejo\n Superior decide "crear un bono de s/. 10'000.000,oo, a favor\n de los servidores del IESS que se acojan a los beneficios de\n la jubilación...". Nada se dice sobre la limitación\n que tiene este beneficio ni la imposibilidad o sustitución\n a la compensación creada por Ley de Modernización.\n Debe considerarse, por lo mismo como un beneficio adicional.\n QUINTO.- El demandante, con su renuncia para acogerse a la jubilación\n según el documento de fojas 67, cumplió con el\n requisito que exige el artículo 52 de la Ley de Modernización.\n Las consideraciones anotadas, hacen patente que la Sala de alzada\n ha procedido conforme a derecho y que no se advierte que se haya\n contravenido en su fallo a las normas citadas por la institución\n recurrente y que la aseveración de que hay "falta\n de aplicación en la valoración de la prueba",\n carece de sustento. Por lo expuesto, esta Sala, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n rechaza el recurso de casación. Sin costas. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Julio Jaramillo Arízaga,\n Teodoro Coello Vázquez. y Camilo Mena Mena, Magistrados.
Certifica.- Dr. Julio Arrieta\n Escobar, Secretario Relator.
RAZÓN.- En esta fecha\n se notifica con la vista en relación, sentencia de mayoría\n y voto salvado que anteceden al IESS, en el casillero N0 932,\n del Ab. Iván Morales Parra. No se notifica al actor. Miguel\n Fernando Martínez por no señalar casillero judicial\n en esta instancia. Quito, septiembre 13 del 2001.
Certifico.- f.) Dr. Julio Arrieta\n Escobar.- Secretario Relator.
Es fiel copia del original.-\n Quito, septiembre 19 del 2001.
N0\n 127-2001
ACTOR: Leopoldo\n Castillo Chasing.
\n DEMANDADO: Jorge Cox Carvajal.
Quito, a 25 de\n septiembre del 2001; las 16h10.
VISTOS: El demandado Jorge Washington\n Cox Carvajal, interpone recurso de casación de la sentencia\n dictada por la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja, en el\n juicio laboral que sigue el señor Leopoldo Ciro Castillo\n Chasing. Asegura que en el fallo que reprocha se han infringido\n los preceptos de los artículos 75, 94 y 95 del Código\n Laboral y 119 del Código de Procedimiento Civil. Funda\n su recurso en lo que prescriben las causales primera y tercera\n del artículo 3 de la Ley de Casación. Habiéndose\n agotado el trámite del recurso, para resolver, se considera:\n PRIMERO.- La competencia de esta Sala se halla radicada en virtud\n de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución\n Política y por la razón de sorteo que obra de fojas\n 1 de este cuaderno. SEGUNDO.- La confrontación de lo que\n sostiene el casacionista con las piezas procesales pertinentes,\n permiten a este Tribunal observar que el demandado concreta su\n recurso a tres puntos: a) Al pago de vacaciones que según\n el accionado debe limitarse a tres años, para sustentar\n lo que asegura, cita la norma del articulo 75 del Código\n laboral; b) A los rubros que forman parte de la remuneración\n mensual, para lo que cita el artículo 95, inciso segundo\n del Código del Trabajo; y, c) Lo referente a la consignación\n realizada de las remuneraciones de los meses de diciembre de\n 1998, enero y febrero de 1999, haciendo una errónea interpretación\n del artículo 94 del Código del Trabajo. Afirma\n que no se ha aplicado la norma del articulo 119 del Código\n de Procedimiento Civil. TERCERO.- En verdad el Código\n Laboral, artículo 75 establece la facultad del trabajador\n de "no hacer uso de las vacaciones hasta por tres años\n consecutivos, a fin de acumularlas en el cuarto año".\n Pero el trabajador no puede perder, ni renunciar a ese derecho,\n en caso de que por diversas circunstancias de su actividad no\n haya hecho uso del descanso que estatuye el articulo 69 del cuerpo\n de leyes citado. Las vacaciones constituyen un derecho irrenunciable,\n como manda el artículo 72 del Código del Trabajo.\n La jurisprudencia ha determinado que si no se alega la prescripción,\n el trabajador tiene derecho a que se le reconozca el pago de\n sus vacaciones, 15 días por cada año, por todo\n el tiempo de sus servicios. Así lo ha estipulado el fallo\n de la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja, de manera que\n no hay violación de precepto legal alguno en esta parte\n del fallo. CUARTO.- En lo atinente al pago de los últimos\n tres meses de remuneración: diciembre de 1998, enero y\n febrero de 1999, al respecto, la Sala de alzada ha dispuesto\n que el demandado pague estos tres meses con el recargo que ordena\n el artículo 94 del Código del Trabajo. Sin embargo,\n debe anotarse que el demandado ha consignado el valor de tales\n remuneraciones en la Inspectoría del Trabajo de Sucumbios.\n Al efecto, debe tomarse en consideración que el demandado\n ha consignado el valor de s/. 3'600.000,oo, según comprobante\n que obra de fojas 37, con lo que cubre el pago de las remuneraciones\n por los meses reclamados. La consignación la efectúa\n con escrito de 13 de abril del 2000. El inspector en providencia\n de 18 de abril dispone "correr traslado con la consignación\n efectuada por el empleador a favor del trabajador Leopoldo Ciro\n Castillo, para los fines pertinentes". Aparece de fojas\n 47 vta, que el demandante fue notificado con tal providencia.\n Por lo mismo, este Tribunal considera que el accionado ha cumplido\n con la cancelación, en forma oportuna de los meses adeudados.\n No es procedente, por lo mismo el pago dispuesto por la Sala\n de alzada. Por las consideraciones anotadas, esta Sala, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n casa parcialmente la sentencia dictada por la Corte Superior\n de Justicia de Nueva Loja, en los términos que constan\n en el considerando cuarto de este fallo, Sin costas. Notifíquese.
-Fdo.) Dres. Julio Jaramillo\n Arízaga, Teodoro Coello Vázquez, Camilo Mena Mena,\n Magistrados.
Certifico.- Dr. Julio Arrieta\n Escobar, Secretario Relator.
Certifico.- f) ilegible.
N0\n 136-2001
ACTOR: Franklin\n Parra Neira.
\n DEMANDADO: Agrícola El Playón.
Quito, a 5 de\n septiembre del 2001; las 16h00.
VISTOS: Inconforme con la sentencia\n dictada por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Machala, el demandante Franklin Heriberto Parra Neira, interpone\n recurso de casación en el juicio laboral que sigue en\n contra de la Compañía Agrícola El Playón,\n representada por su Gerente, Antonio Falquez Zambrano. Afirma\n que en la sentencia se han infringido los preceptos de los artículos\n 8, 31, 32 y 41 del Código del Trabajo; artículos\n 125 y 211 del Código de Procedimiento Civil y artículo\n 35 numeral 6 de la Constitución Política. Funda\n su recurso en las causales primera y tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación. Habiéndose agotado, el\n trámite del recurso, para resolver se considera: PRIMERO.-\n La competencia de esta Sala se halla radicada en virtud de lo\n dispuesto en el artículo 200 de la Constitución\n Política y por el sorteo de ley efectuado, cuya razón\n obra de fojas 1 de este cuaderno. SEGUNDO.-Confrontando lo que\n sostiene el demandante en su recurso con las piezas procesales\n del caso, este Tribunal observa: a) A pesar de que, es criterio\n de esta Sala que una misma norma de derecho no puede ser al mismo\n tiempo no aplicada, indebidamente aplicada o erróneamente\n interpretada como pretende el recurrente, sin embargo, se ha\n aceptado a trámite el recurso, dada la naturaleza social\n del reclamo; b) La esencia misma de la casación, está\n dirigida a insistir en la existencia de la relación laboral,\n para ello invoca los preceptos constitucionales y legales sobre\n protección al trabajador y las normas del Código\n de Procedimiento Civil sobre la prueba; y, particularmente en\n torno a la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales.\n TERCERO.-La demanda está dirigida en contra de "la\n Compañía Agrícola El Playón, representada\n por su Gerente señor Antonio Falquez Zambrano". No\n se ha demandado al señor Falquez ni por sus propios derechos\n ni por la solidaridad que puntualiza el último inciso\n del artículo 36 del Código del Trabajo. El interrogatorio\n que formula el accionante, en la pregunta cuarta "Es verdad\n que usted sabe y conoce que laboré durante algunos años\n para la bananera El Playón", los testigos responden\n afirmativamente a este cuestionario. No existe en el proceso\n ningún documento que demuestre la existencia jurídica\n de la "Compañía Agrícola El PIayón",\n ni tampoco prueba alguna de que el señor Antonio Falquez\n Zambrano ejerza funciones de dirección o administración\n en la compañía que señala el actor. En los\n considerandos cuarto y quinto del fallo de la Sala de alzada\n hay un análisis exhaustivo sobre la prueba testimonial\n y los instrumentos que le permitieron a la Sala determinar la\n inexistencia de la relación laboral alegada. No hay, por\n tanto en el fallo impugnado violación de ninguno de los\n preceptos legales invocados por el recurrente. Por las consideraciones\n anotadas, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso de casación.\n Sin costas. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Julio Jaramillo Arízaga,\n Teodoro Coello Vázquez y Camilo Mena Mena, Magistrados.
Certifica. Dr. Julio Arrieta\n Escobar, Secretario Relator.
Certifico.- f.) ilegible.
N0\n 139-2001
ACTOR: Luis León\n Vacasela
\n DEMANDADO: Francisco Capa Torres.
VISTOS: El señor Luis\n Ángel León Vacasela, inconforme con la sentencia\n dictada por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Machala, interpone recurso de casación en el juicio\n laboral que sigue en contra de Julio Francisco Capa Torres. Dice\n que en el fallo que reprocha, se han infringido los preceptos\n de los artículos 7, 8, 10 inciso 1ero. y 41 del Código\n del Trabajo. Fundamenta su recurso en las causales 1era. y 5ta.\n del artículo 3 de la Ley de Casación. Habiéndose\n agotado el trámite del recurso, para resolver, se considera\n PRIMERO.- La competencia de esta Sala se halla radicada en virtud\n de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución\n Política y, por la razón del sorteo que obra de\n fojas 1 de este cuaderno. SEGUNDO.- De la lectura del escrito\n de interposición del recurso, esta Sala observa que, el\n asunto fundamental de la presente controversia, radica en establecer\n la existencia de la relación laboral. Para sustentar este\n punto, el casacionista invoca los preceptos de los artículos\n 7, 8, 10 y 41 del Código Laboral. TERCERO.- El fallo dictado\n por la Sala de alzada que confirma el fallo dictado por el Juez\n Sexto de lo Civil de El Oro, provoca, una serie de interrogantes\n y, de hecho, hay confusión en el criterio que emite. A\n juicio de este Tribunal, no existe la relación laboral,\n porque según su análisis, "se trata de una\n cuadrilla de personas que se dedican a realizar labores de embalaje\n del banano para exportación, trabajo que lo realizan para\n diferentes patronos, un día o dos a la semana para cada\n caso; no son por tanto, trabajadores permanentes o exclusivos\n de determinado patrono o empleador, no tiene por tanto relación\n de dependencia, sino que son trabajadores libres, autónomos\n o independientes". En principio este Tribunal hace notar\n que no solo los trabajadores "permanentes o exclusivos"\n tienen relación de dependencia. Lo tiene también\n los que realizan labores ocasionales, así como obreros\n que ejecutan actividades para uno o más empleadores, sin\n exclusividad. Existe al respecto la norma del artículo\n 17 del Código del Trabajo. La relación de dependencia\n se da "en toda ejecución de obra o prestación\n de un servicio que se realice por cuenta de otra persona, bajo\n la dependencia de ésta, obedeciendo órdenes, siguiendo\n una dirección, cum

References: artículo 82
 artículo 102
 artículo 8
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 200
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 52
 artículo 3
 artículo 200
 artículo 95
 artículo 94
 artículo 75
 artículo 72
 artículo 94
 artículo 200
 artículo 36
 artículo 3
 artículo 200