Source: http://dfensor.blogspot.com/2011/
Timestamp: 2018-07-22 18:32:52+00:00

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Revista DFENSOR: 2011
Revista dfensor diciembre 2011 "Participación ciudadana: la vía para la democracia"
Fortalecer a la ciudadanía para consolidar la gobernabilidad democrática
Fotografía: Ernesto Gómez Ruiz/cdhdf
El actual contexto mundial de desestabilización económica, política y social se incrementa cada vez más la urgencia y el fuerte anhelo por alcanzar una gobernabilidad democrática y garante del ejercicio efectivo de los derechos humanos y de la convivencia pacífica y respetuosa entre hombres y mujeres. Sin duda, una condición fundamental para lograr estos objetivos es la participación efectiva de las y los ciudadanos en los asuntos de interés público, con el fin de velar por la libertad, la igualdad, el bienestar y la dignidad humana.
En el norte de África y en Medio Oriente hemos estado presenciando la articulación de poderosos movimientos sociales en contra de los regímenes autoritarios. En América Latina, si bien han sido diferentes, también las luchas y demandas de la población han posibilitado transiciones políticas en las décadas recientes.
Empero, pese a estos esfuerzos, las democracias incipientes siguen enfrentando serias crisis de credibilidad y de respaldo social; en el caso mexicano esto es debido a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos causadas por la persistente ineficacia gubernamental, la parálisis política, la corrupción, la impunidad, la violencia, la criminalidad, el privilegio de intereses particulares y, especialmente, por el escaso desarrollo en los ámbitos económico y laboral.
En estos términos, y de acuerdo con la encuesta 2011 de la corporación Latinobarómetro, no es de sorprender que el pesimismo invada a 73% de la población mexicana que dice estar insatisfecha con la democracia y que 36% afirme que en las actuales circunstancias le daría lo mismo vivir en un régimen autoritario que en uno democrático. Interpretar estos números nos obliga necesariamente a reconocer que más allá del voto en los procesos electorales para elegir representantes, la ciudadanía requiere de renovados mecanismos de participación ciudadana encaminados a consolidar una verdadera democracia participativa y representativa que le permita alcanzar la estabilidad, la paz y el desarrollo que establece la Carta Democrática Interamericana.
En ese sentido, y en víspera de las elecciones presidenciales del próximo año –las cuales inevitablemente ya se enmarcan en un contexto de elevada criminalidad e inseguridad–, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal queremos recalcar la obligación del Estado para garantizar a la sociedad su derecho de participar de forma libre e informada en los asuntos de interés público que influyen en su vida cotidiana.
La ardua labor para fortalecer a la ciudadanía y recuperar la convicción democrática no puede posponerse más, por el contrario, es preciso que como sociedad reconozcamos y cumplamos el deber de reconstruir la confianza en nuestro potencial de organización para detonar la participación social que, sustentada en una cultura cívica, de la legalidad y del respeto a los derechos humanos, afiance el desarrollo de esa democracia incluyente a la que tanto aspiramos. En nuestras manos está el éxito o el fracaso de que esto suceda.
Riesgos regresivos y la necesidad de una mayor participación ciudadana
Por: Bernardo Barranco V.
Fotografía: Antonio Vázquez/cdhdf
La transición democrática del país es lenta y azarosa, debe contar con la activa participación ciudadana porque está amenazada por evidentes signos de regresión y por preocupantes manifestaciones de autismo de una clase política que parece desentenderse de las grandes exigencias sociales y de la responsabilidad que tiene.
El contorno de nuestra transición de por sí está acechado por factores como el narcotráfico, la violencia, la inseguridad, la crisis económica, el desempleo, el descrédito social de los actores políticos, la guerra sucia y la indolencia. Una absurda paradoja es que los actores políticos reformen las reglas electorales para después burlar lo que ellos mismos han pactado.
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2012; un asunto de conciencia… para participar participando
Por: Raúl Ricardo Zúñiga Silva
Fotografía: Alejandro Cuevas Romo/cdhdf
Dice Anthony Giddens que “la democratización de la vida personal es un proceso menos visible, en parte porque no sucede en la esfera pública, pero sus implicaciones son igualmente profundas”, y son profundas porque involucra a lo más importante de nuestras sociedades, a cada una de las siete mil millones de personas que habitamos este planeta. Es en la esfera privada de cada una de nuestras vidas donde realmente nos comportamos como lo que realmente somos. Por ejemplo, si una persona en el espacio público es demócrata ante los demás y también lo es en la intimidad de su espacio privado con sus seres más cercanos, podemos decir que es una persona congruente.
Es la democratización de la vida diaria la que nos permite fortalecer nuestras relaciones íntimas, construyendo vínculos con los otros y otras, y lo que favorece la participación en los espacios públicos y privados.
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La ciudadanía frente a las elecciones federales de 2012
Por: Ana Mercedes Saiz Valenzuela
Ilustración: Edgar Sáenz Lara/cdhdf
﻿Según el Informe 2011 de la Corporación Latinobarómetro, en México de 2010 a 2011 bajó el apoyo a la democracia en nueve puntos. De acuerdo con esta organización las razones son la ola de violencia, la disminución del crecimiento y la caída en la percepción de progreso. En este estudio de opinión en México, ante la pregunta “En términos generales, ¿diría usted que [país] está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, o que está gobernado para el bien de todo el pueblo?”, este año sólo 22% respondió con la segunda opción, mientras que el año pasado fue 24% el que respondió de ese modo.
El desencanto por la democracia está presente en México, como se puede constatar a través de dicha encuesta y con las cifras de participación ciudadana. Esta última se determina con la proporción que representan las y los ciudadanos que aparecen en la lista nominal y que efectivamente sufragaron el día de la jornada electoral. Es decir, qué porcentaje de personas de las que cumplían con los requisitos legales para votar acudieron el día de la elección a ejercer su derecho.
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Derechos humanos, rendición de cuentas y participación ciudadana
Por: Minerva E. Martínez Garza
Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete/cdhdf
En su Resolución 2003/36, relativa a la interdependencia entre la democracia y los derechos humanos, la extinta Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas declaró como elementos esenciales de la democracia el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre los que incluyó la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Después, en su Resolución 2005/32, reafirmó que la promoción y la protección de los derechos humanos son imprescindibles para que exista una sociedad democrática.
Considerando la obligación de la administración pública de transparentar y rendir cuentas como un medio de salvaguarda de los derechos humanos, condición sine qua non de toda sociedad democrática, es pertinente profundizar en la reflexión de tres conceptos pilares del Estado moderno:
1. La relación entre una buena administración y los derechos humanos.
2. El derecho de acceso a la información como mecanismo de control para garantizarla transparencia y la rendición de cuentas.
3. La participación ciudadana como eje fundamental de las sociedades democráticas.
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Recomendación 4/2011
Caso de ausencia de medidas de seguridad al interior de los centros de reclusión; y negativa, restricción o retardo para referir a los pacientes a hospitales.
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Recomendación 5/2011
Caso de habitantes de la delegación Coyoacán (construcción de desarrollos habitacionales en el Callejón Esfuerzo 302 y Calzada de Tlalpan 3155).
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Recomendación 6/2011
Caso de tortura infligida por personal de Seguridad y Custodia y del Grupo Táctico Tiburón a internos del RPVN.
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Recomendación 7/2011
Caso de violaciones a los derechos humanos de quien en vida se llamara Viridiana López Centeno, interna del Cefereso de Santa Martha Acatitla, y de su familia.
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dfensor on line
La CDHDF exige esclarecer agresiones contra defensores de derechos humanos
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió medidas precautorias para que las autoridades correspondientes garanticen la seguridad de Malú García Andrade, su madre Norma Andrade y demás familiares, luego de que ésta última fuera atacada a balazos el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, es reconocida a nivel nacional por su defensa a los derechos humanos de las mujeres, labor que ha realizado de manera constante y permanente a partir del feminicidio perpetrado en contra de su hija Lilia Alejandra García Andrade, el cual a la fecha se mantiene impune.
La CDHDF informa que acompañará en todo momento las acciones que emprenda la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Gobierno capitalino y organizaciones de la sociedad civil para brindar seguridad y protección a las integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Aunado a estas acciones, la CDHDF lamentó profundamente el asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez, quien había denunciado y exigido incansablemente a las autoridades del estado de Sonora que esclarecieran la desaparición forzada de su hijo en 2010, la cual no ha sido resuelta hasta hoy. Moreno Núñez fue ejecutado el pasado 28 de noviembre en Hermosillo, y era defensor de derechos humanos e integrante de la agrupación Movimiento por la Paz.
En torno a este caso concreto para la CDHDF resulta por demás preocupante la respuesta de la Policía Estatal Investigadora (PEI) que, en lugar de priorizar la indagación sobre el crimen, informó que el activista tenía antecedentes por posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, delito del cual en su momento fue exonerado.
Para esta Comisión es indignante que, una vez más, la primera respuesta que se recibe por parte de las autoridades responsables de indagar este tipo de hechos sea la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos, en lugar de iniciar y dar cuenta sobre la adecuada investigación del caso, conforme a su mandato.
Tal como lo denunciara en vida Moreno Núñez, hechos como éste se han repetido en otros sucesos, donde pareciera que se toma como prerrogativa manchar el nombre de las y los defensores; un ejemplo lamentable de esto es el caso de Susana Chávez –que acuñara la frase “Ni una muerta más”–, quien después de haber sido asesinada en enero de 2011 en Ciudad Juárez, Chihuahua, las autoridades declararon que estaba alcoholizada. Otra deplorable reacción fue ante los subsecuentes casos de la familia Reyes Salazar, cuyos integrantes han sido injustificadamente vinculados con organizaciones criminales.
Es importante señalar que ningún contexto justifica el asesinato de una persona ni que éste no sea investigado por las autoridades. Esos y otros hechos graves calificados inmediatamente por la autoridad tienden a desinformar a la población, violentando el derecho a la información y a la verdad.
En convicción de este organismo defensor, las madres y los padres asesinados por exigir la presentación de sus hijas e hijos con vida o el esclarecimiento sobre su asesinato se suman a la lista de víctimas de la impunidad que se vive en el país.
La CDHDF hace una vez más un llamado para que las autoridades competentes investiguen los delitos cometidos en contra de las y los defensores de los derechos humanos, a través de la aplicación de protocolos que ponderen la averiguación sobre las agresiones perpetradas, antes que realizar declaraciones públicas encaminadas a manchar sus nombres y desempeño en favor de otras personas.
La importancia de la participación ciudadana en la democracia. El IFE y la formación de ciudadanía
Por: Luis Javier Vaquero Ochoa y Paola Contreras Peña
La discusión sobre nuestra democracia, su desarrollo en las últimas décadas y el papel que en ella asumen las y los ciudadanos constituyen un aspecto central para plantearnos hacia dónde va nuestro país y las expectativas acerca del Proceso Electoral Federal 2011-2012. En este sentido, la participación ciudadana es un aspecto nodal para que la democracia mexicana funcione y para dar viabilidad a la resolución de los problemas estructurales que hoy enfrentamos.
La aspiración del Instituto Federal Electoral (IFE) como organización autónoma del Estado mexicano que tiene entre sus funciones la educación cívica es cumplir esta obligación constitucional mediante la contribución a la construcción de la llamada democracia de ciudadanía y de una cultura de participación.
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Voto y ampliación de derechos
Por: Jorge Carreón Perea
Fotografía: Sonia Blanquel Díaz/cdhdf
Un primer acercamiento
Uno de los fenómenos más antiguos, el cual se ha presentando en casi todas las sociedades a lo largo de la historia, es el referente a la migración. Y en el contexto de la globalización, éste adquiere connotaciones muy polémicas, sobre todo si pensamos en las recientes reformas aprobadas en Estados Unidos a través de las cuales se busca disminuir el flujo migratorio proveniente de los países del sur, principalmente de México y Centroamérica.
Las repercusiones económicas, sociales y culturales que emanan de la migración, tanto en el país emisor como en el receptor, son variadas y han contribuido a la formación de una nueva forma de comprender e incluso de habitar el mundo, debido a que se transforman los conceptos tradicionales para dar paso a nuevos elementos discursivos y de significado que trascienden las fronteras nacionales, ya que “los migrantes han sido, a lo largo de la historia, la evidencia más clara de la necesidad de pensar la nación desde formas más flexibles e imaginativas”
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Participación política juvenil e internet
Internet ha transformado nuestras vidas
A veces estamos tan ocupados en nuestros problemas cotidianos y en nuestros pequeños debates políticos que no somos capaces de darnos cuenta de lo mucho que está cambiando el mundo.
Discutimos durante horas sobre la reforma del Estado, sobre la selección de los candidatos para tal o cual puesto de elección popular, sobre el desempeño del presidente o de sus secretarios, pero no siempre advertimos que tales debates en alguna medida se van volviendo irrelevantes frente a las nuevas formas de comprender y analizar el mundo.
La forma en que hemos sido educados, en la que se transmiten desde hace años los conocimientos, en la que nos informamos y viajamos está dando un vuelco de enormes dimensiones. La masificación de internet ha cambiado por completo sectores enteros de nuestras vidas a una velocidad y con una intensidad que hace muy poco tiempo hubiera sido impensable. Algunos datos sirven para ilustrar la magnitud con la que el tsunami tecnológico está sacudiendo nuestras vidas.
En el mundo hay 1 970 millones de personas que utilizan internet, de las cuales 825 millones están en Asia (42%), 475 millones en Europa (24%), 266 millones en Norteamérica y 204 en América Latina y el Caribe (lo que representa 10.4% de usuarios a nivel mundial). En 2010 el número de usuarios de internet se incrementó en 14%. Para 2015 se estima que habrá en el mundo 3 500 millones de usuarios de la red.
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﻿Campaña Infancia sin violencia, iniciativa social que articula un consenso
Por: Red por los Derechos de la Infancia en México
Niños, niñas y adolescentes son víctimas inocentes de la violencia, esto ya es un consenso nacional. En México existe un clima de violencia generalizada, donde balas perdidas, fuego cruzado en zonas cercanas a escuelas, ataques directos y masacres juveniles; así como la presencia de nuevos casos de agresiones sexuales en instituciones educativas y una preocupante normalización del castigo corporal con fines supuestamente “educativos”, en conjunto hacen que la paz y la tranquilidad, necesarias para el desarrollo adecuado de niños y niñas se vea afectado, haciendo crecer el temor por su seguridad.
Desde diciembre de 2006 el gobierno federal decidió emprender acciones militares contra el narcotráfico, con la intención expresa de contener su avance en el territorio nacional. Más allá de la legitimidad y buena intención de esta decisión, los estragos de la violencia armada en el país son altamente preocupantes: más de 40 mil asesinatos, entre los que se cuentan más de 1 400 niños, niñas y adolescentes que perdieron la vida, para quienes la impunidad es la respuesta generalizada.
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Revista dfensor noviembre 2011 "Impunidad: síntomas de un Estado ausente"
Sociedad y Estado: binomio para abatir la impunidad
Ilustración: "Corrupción", María Rodríguez Cruz (cdhdf).
En las páginas de nuestra historia nacional, pasada y reciente, se describe una larga lista de graves episodios de impunidad derivados de un sistema de justicia anquilosado, de corrupción y complicidad institucional, y de falta de voluntad política para garantizar, por un lado, sanciones justas para las personas responsables de la comisión de delitos y, por el otro, la reparación integral del daño a las víctimas.
Como muestra están los hechos de impunidad muchas veces desconocidos, pero que a diario se suman a los ya consagrados por la denuncia social: el asesinato de estudiantes en 1968 en la ciudad de México; la desaparición forzada de incontables personas durante la guerra sucia en territorio mexicano; la muerte de niñas y niños en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo; el asesinato de mujeres por motivos de género en Ciudad Juárez; la muerte de casi 60 mil personas en todo el país que como saldo deja hasta hoy la estrategia federal contra el narcotráfico… En cada uno de estos casos atroces el Estado mexicano ha violado sistemáticamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño a las víctimas, cuyo respeto y pleno ejercicio es indispensable para abatir la impunidad.
Es desafortunado que en México esta situación, ya de por sí de alerta, se agrave por el actual contexto de violencia exacerbada y el uso desmedido de la fuerza del Estado, lo cual reafirma la urgencia de enfocar nuestro sistema de justicia penal hacia una perspectiva de derechos humanos, porque la corrupción y la ineficacia procesal del sistema inquisitorio –vigente aún en gran parte del país–incrementa la inoperancia de las autoridades responsables de garantizar un debido proceso a quienes son inculpados y de proteger integralmente a las víctimas, dando como resultado que, de acuerdo con diversos estudios realizados por organizaciones civiles y universidades del país, en promedio 98.5% de los delitos cometidos en México no sean adecuadamente investigados ni sancionados.
Frente a este lamentable escenario, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideramos que para combatir eficazmente estos elevados niveles de impunidad tan arraigados es urgente implementar medidas de protección y garantía de los derechos humanos que incluyan procesos integrales de justicia, los cuales deben considerar: en primer lugar, la determinación de la verdad sobre los hechos sucedidos; en segundo, el establecimiento de la responsabilidad individual e institucional correspondiente; en tercer lugar, la reparación del daño a las víctimas y, finalmente, la implementación de medidas de no repetición.
Como gobierno y sociedad estamos llamados a abatir la impunidad, que junto con la corrupción, la violencia y la desigualdad social se han convertido en problemáticas que amenazan poderosamente el desarrollo de la democracia mexicana, incrementando el sentimiento de inseguridad, deteriorando la calidad de vida y la cultura de la legalidad entre la ciudadanía, así como generando desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia. Por esa razón, hoy como nunca antes, México está ávido de soluciones que nos permitan enfrentar, dentro del marco de la legalidad, esas problemáticas que se han ido acrecentando en el último siglo. Esto, ¡aún es posible!
La impunidad y la fractura de lo público
Por: Jesús Rodríguez Zepeda
Ilustración: ""Castigo", María Rodríguez Cruz (cdhdf).
La categoría de impunidad admite muchas lecturas e interpretaciones, aunque su núcleo duro es claro y evidente: la impunidad es la situación de dejar sin castigo un delito cometido.
Se encuentra en situación de impunidad la persona autora de un delito que no recibe el castigo establecido por la norma para esa transgresión; también aquella que recibe una pena menor que la que la justa aplicación de la ley implicaría. Además, la impunidad conlleva un daño para las víctimas de los delitos no castigados, pues la deseada reparación del daño que establece la justicia retributiva jamás llega para ellas; y en su acumulación social, la existencia y escalamiento de la impunidad implican también una degradación para el Estado de derecho, para las condiciones de certidumbre legal y, en definitiva, para la esfera pública de una sociedad.
Rasgos de la impunidad
La impunidad es una anomalía o irregularidad presente en todo régimen político y en todo ordenamiento social. No existe ninguna experiencia social y legal de ausencia de impunidad, lo cual implica que en toda sociedad se registran cotas determinadas de delitos no castigados y de sujetos impunes que se sustraen de la acción del sistema de justicia.
Además, la impunidad es siempre difícil de medir, pues lo mismo se puede establecer conforme a una relación de inputs y outputs del sistema de justicia –casos o denuncias que entran al sistema contra sentencias condenatorias acertadas que genera el sistema– que como cálculo de la suma de delitos denunciados y no denunciados y respecto del cual se prestablece una necesariamente absoluta tasa de impunidad para los segundos.
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Apuntes sobre impunidad y Poder Judicial
Por: Iván García Gárate
Ilustración: "Papeleo", María Rodríguez Cruz (cdhdf).
La impunidad se manifiesta en diferentes campos del quehacer público, pero es, en última instancia, un problema en el sistema de justicia y de sus operadores, que son los encargados de establecer las responsabilidades (penales, civiles, administrativas) derivadas de atentar contra la ley. En estas líneas dedicadas al tema de la impunidad se plantean algunas cuestiones no conclusivas sobre las instituciones y operadores judiciales del sistema de justicia, a partir de las funciones sociales y simbólicas que tiene el Poder Judicial.
La intención de este ejercicio es mostrar que, si bien el Poder Judicial tiene responsabilidad en el tema de la impunidad derivada de la función social y simbólica que cumple, las soluciones a este problema no recaen necesariamente dentro de sus facultades.
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Repensar la impunidad: el privilegio como impunidad y la legalidad como límite de la acción del otro
Por: Miguel Rábago Dorbecker
Fotografía: "Omisión", María Rodríguez Cruz
Un alto sentido de impunidad predomina en diversas áreas de la discusión pública de la sociedad mexicana: desde los discursos de aspirantes y titulares de órganos de gobierno, en las charlas en las mesas en casa y entre amigos, y en los informes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos; así como en las exigencias en las mantas y pancartas de los movimientos sociales. Ante el abrumador consenso que percibe un importante nivel de impunidad dentro del sistema político y judicial mexicano, parecería obligado preguntarse si todos los sectores se refieren a lo mismo cuando hablan de impunidad.
Dicha percepción ya es de por sí inquietante, pues afecta la legitimidad del sistema político, la participación ciudadana en asuntos públicos, la confianza en el Estado de derecho y la eficacia de la esfera jurídica estatal para mediar en conflictos sociales.
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Ver para existir: homofobia e impunidad en México
Por: Alejandro Juárez Zepeda
Ilustración: Anahí G. Alba Navarrete (cdhdf)
La homofobia y los crímenes de odio constituyen un fenómeno de larga data que, sin embargo, se ha mantenido invisibilizado a lo largo del tiempo en virtud de que el colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travestista e intersexual (LGBTI) se ha situado como el más discriminado entre todos los grupos vulnerados. La razón de esto estriba en que históricamente se ha construido a lo gay como una patología o una depravación. En consecuencia, quedaría legitimada la censura moral que se cierne sobre estas personas y las coloca en posiciones de desventaja e inseguridad.
Lo anterior explica la impunidad vinculada a la homofobia, que suele traducirse en la inacción de la autoridad para sancionar delitos y crímenes de odio, como expresión de un castigo socialmente legitimado. No se investiga o, si se hace, es de manera deficiente; tampoco se sanciona al funcionario o particular que niega un servicio, mucho menos se combate el acoso en las escuelas originado por estereotipos de género.
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Fotografía: CDHDF.
﻿18 Aniversario de la CDHDF: ejemplo de institucionalidad y espacio de confianza ciudadana
﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿A 18 años de su creación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha logrado consolidarse como ejemplo de institucionalidad democrática para los organismos del Estado Mexicano en su conjunto, así como en un espacio de confianza para las y los capitalinos.
Al encabezar la ceremonia del aniversario 18 de la CDHDF y al cumplir dos años de su gestión, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, dijo que si bien es un organismo local, la CDHDF se ha desarrollado con una innegable vocación global, de la que dan cuenta las más de 100 000 personas que por diversas razones tienen contacto cada año con la Comisión.
Anunció que a partir del 3 de octubre se encuentra funcionando oficialmente la Unidad de Apoyo a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, la cual brindará acompañamiento a las personas cuyos procesos de victimización han afectado sustancialmente sus vidas. “Con ello damos un giro al legiscentrismo en la visión tradicional de los derechos humanos, aportando un necesario componente psicosocial”, explicó.
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Lamenta CDHDF decisión de la SCJN en materia de aborto
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamenta que no se hayan logrado los ocho votos necesarios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para garantizar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México.
Con la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 11/2009 la SCJN perdió la oportunidad histórica de proteger, de forma integral y definitiva, los derechos humanos de las mujeres en nuestro país.
La falta de un voto para declarar la inconstitucionalidad de aquellas disposiciones locales que estipulan el derecho a la vida desde el momento de la concepción, y reconocerlos como personas nacidas, representa un grave retroceso para el Estado laico y democrático de derecho. Con esta decisión se violentará el ejercicio de los derechos humanos de más de la mitad de la población de este país.
El fenómeno de la impunidad: luces y sombras en América Latina
Por: Felipe Gómez Isa
En los últimos años hemos estado asistiendo a importantes avances tanto teóricos como normativos e institucionales para poder luchar efectivamente contra la impunidad en situaciones de transición, un fenómeno que en América Latina supone un serio obstáculo para los derechos humanos, la paz, la democratización y la consolidación del Estado de derecho.
Estos avances ponen en relieve la extrema importancia que revisten los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación como elementos clave para poner fin a la impunidad, como lo ha señalado insistentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La progresiva instauración del principio de jurisdicción universal, junto con la reciente puesta en marcha de la Corte Penal Internacional (CPI), también pueden suponer un avance en la lucha contra la impunidad crónica que ha asolado a la mayor parte de los países de América Latina.
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Informe de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados/Misión a México.
Fotografía: "Ocultar", María Rodríguez Cruz (cdhdf).
El Informe señala que México confronta una situación de incremento de los actos violentos por parte principalmente de grupos vinculados a la criminalidad organizada. A pesar de varias medidas adoptadas por el gobierno al respecto, los tentáculos del crimen se han extendido en el país y empiezan a afectar la vida cotidiana de un importante sector de la sociedad mexicana.
En presencia de esta situación, el Informe resalta que es aún más importante que exista una Judicatura sólida, independiente y efectiva en sus actuaciones. También subraya la necesidad de proteger a los operadores de justicia frente a las amenazas e intimidaciones.
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Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves
Por: México evalúa
Ilustración: "Ausencia", María Rodríguez Cruz (cdhdf).
La inseguridad pública es un tema que se ubica en el centro del debate de la política pública en México. Desde hace cinco años, algunas zonas geográficas de nuestro país han experimentado niveles de crimen y violencia sin precedentes. Esto se ha traducido en severos daños y afectaciones a la vida y expectativas de muchos mexicanos. Lo más preocupante es que no parece haber explicaciones robustas de lo que está sucediendo, ni propuestas efectivas para enfrentar el problema.
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Impactos psicosociales de la impunidad
Por: Alejandra González Marín
Ilustración: "Mira", María Rodríguez Cruz (cdhdf).
Reflexiono en los impactos de la impunidad trastocando un orden solidario personal. Inicio pensando en la familia Radilla1 que, a más de 30 años, espera encontrar a su padre desaparecido por el Ejército mexicano; pienso en Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes desde hace casi 10 años fueron víctimas de tortura y violación sexual por parte de efectivos militares; pienso en doña Leonor Olvera y su búsqueda de la verdad sobre la desaparición forzada de su hijo Jesús Ángel por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en 2002. Pienso en las víctimas4 que se convierten en cifras de impunidad.
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Mujeres trans: discriminación y lucha por derechos
Por: Frida García y Oralia Gómez
Ilustración: "Descaro", María Rodríguez Cruz (cdhdf).
Las mujeres trans se enfrentan, en no pocas ocasiones, a un contexto de violencia, discriminación e impunidad cotidiana. Este artículo presenta fragmentos editados del relato de vida de una mujer transexual, Frida García, quien es estilista, trabajadora sexual y luchadora social en la ciudad de México. Ella nos adentrará en un mundo lleno de luchas y desafíos, pero también de alegrías y deseos.
Su narrativa nos muestra claramente que no por sutil o velada, la discriminación deja de ser menos brutal y nociva. Y nos insta a idear la manera más justa y efectiva de intervenir en el contexto sociopolítico y económico imperante que permite que diversos abusos sean cometidos sistemática e impunemente en contra de la población travesti, transgénero y transexual en el México de hoy.
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Revista dfensor 10-11 "Radios comunitarias, la voz de la libertad de expresión". Disponible en versión PDF aquí.
Radios comunitarias, la voz de la libertad de expresión
Fotografía: AMARC-México.
﻿Desde una perspectiva de derechos humanos, resulta imprescindible para consolidar una sociedad democrática que coexista una mezcla de medios públicos, privados y comunitarios, por medio de los cuales todos los sectores sociales, sin discriminación alguna, logren expresar sus voces, promuevan el debate en sus comunidades, intercambien información y conocimiento, y participen en la toma de decisiones públicas.
Frente al desarrollo incesante de las tecnologías de la comunicación, este reto obliga a gobiernos, empresas y sociedad en su conjunto a democratizar el entorno mediático conforme al principio de pluralismo y diversidad que debe regir el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Desafortunadamente, hoy en México esta libertad, junto con otras libertades fundamentales, está limitada por la violencia y criminalizada por una ideología impositiva de la seguridad que pasa por encima de los derechos fundamentales de las personas.
En este contexto la comunicación comunitaria, y especialmente la radiodifusión comunitaria, que representa uno de los principales instrumentos de la ciudadanía organizada para hacer efectiva su libertad de opinión y expresión a través de sus propios medios, resulta todavía más vulnerada debido, por un lado, a la concentración empresarial y gubernamental de los medios masivos de comunicación y, por el otro, a la falta de un reconocimiento explícito en las leyes de medios y de un marco que regule su funcionamiento.
En consecuencia, de acuerdo con diversas denuncias de organizaciones civiles encabezadas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección México (AMARC México), autoridades federales y estatales realizan operativos para desmantelar cabinas de radio e imponer sanciones penales desproporcionadas a quienes participan en estos proyectos comunitarios –debido principalmente a la falta del otorgamiento de un permiso legal para utilizar el espectro radioeléctrico–, hechos que fueron documentados este año en sendos informes de las relatorías especiales para la protección del derecho a la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Con la firme convicción de que una sociedad democrática requiere del fortalecimiento de todas sus libertades fundamentales, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lanzamos un llamado urgente a los tres poderes de gobierno para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión por medio de la adopción de un marco legal de telecomunicaciones que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y genere un entorno mediático plural y accesible para todos los sectores de la población.
Como sociedad también tenemos el reto de reconocer que para darle voz a quienes han sido excluidos del debate público no bastan las leyes en el papel si no impulsamos desde nuestras comunidades en las zonas rurales y urbanas una verdadera comunicación comunitaria que detone el desarrollo integral que necesitamos para abatir la desigualdad social.
SECCIÓN OPINIÓN Y DEBATE
Medios comunitarios, desarrollo y democracia
Por José Miguel Álvarez Ibargüengoitia
El continuo incremento en número e importancia de los medios de comunicación comunitarios corresponde al creciente reconocimiento de su valor en el sistema internacional de derechos humanos. Un entorno mediático libre, independiente y pluralista es imprescindible para fomentar la democracia. Asimismo, avanzar hacia este panorama es un componente indispensable de las estrategias de desarrollo.
De acuerdo con los indicadores de desarrollo mediático de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), una mezcla diversa de medios públicos, privados y comunitarios es la clave de una ecología mediática saludable y un paso esencial en la ruta hacia sociedades más democráticas. Al facilitar a las comunidades la expresión de su voz, los medios comunitarios promueven el debate local, el intercambio de información y conocimiento, y la participación en la toma de decisiones públicas. De esta forma, aseguran el pluralismo, la diversidad de contenidos y la representación de los diferentes grupos e intereses sociales.
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El empleo abusivo del derecho penal en México contra las radios comunitarias
Por: Sergio Méndez Silva
Fotografìa: Radio Zapote
Un movimiento libertario recorre todo el territorio nacional desde la década de los sesenta: el de las radios comunitarias y alternativas. A lo largo y ancho del país, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, las comunidades y los colectivos de ciudadanos politizados e inquietos se organizan para instalar y operar sus propios medios informativos. La gente necesita instrumentos de comunicación cercanos, útiles, eficaces y que sean conducidos con sentido solidario, humanista y democrático. Para concretar estas exigencias, no hay nada mejor que las radiodifusoras comunitarias y alternativas.
Éstas facilitan la organización y la movilización con sentido político de los núcleos sociales a partir de sus propias aspiraciones. Así, por ejemplo, este tipo de radios, surgidas de la base social, están seriamente comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la salvaguarda del medio ambiente o la protección de la democracia; así como con la denuncia de los abusos cometidos tanto por la clase política como por la empresarial.
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Las radios comunitarias en el IFE
Por Marco Levario Turcott﻿﻿
Fotografía: Radio Zapote.
﻿﻿Entre finales de junio y principios de julio pasados, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las modificaciones a los reglamentos determinadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) para afinar la organización de los próximos procesos electorales. Entre los cambios resueltos por el IFE se encuentra uno que, me parece, es fundamental, y que implica integrar expresamente a las radios comunitarias al Reglamento de Radio y Televisión del IFE en el artículo 48, que es donde las define como estaciones permisionadas que operan particulares sin fines de lucro.
Debe advertirse que desde que el IFE opera el nuevo modelo de comunicación política que el Congreso de la Unión configuró en 2007, las radios comunitarias son parte de los medios de comunicación que deben difundir la pauta de anuncios diseñada por la autoridad electoral para promover el voto y a los partidos políticos con registro.
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Desde el agua y la montaña los pueblos tejen sus voces entre las nubes. Radios comunitarias en la Montaña y Costa Chica de Guerrero
Por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Fotografía: CDHM-Tlachinollan.
“Nuestros pueblos están incomunicados, por eso es necesario ofrecer nosotros mismos la comunicación. Poder informar sobre la contaminación, el calentamiento global, la deforestación. En estos tiempos de lluvia poder decirle a la población que debe tener cuidado con el cólera, con los deslaves y las inundaciones”, así explica don Delfino –profesor a cargo de la radio comunitaria de San Luis Acatlán, Guerrero, 98.3 FM La Voz de la Costa Chica– la razón de existir de esta radio comunitaria, una de las dos que son parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)-Policía Comunitaria.
En la Montaña de Guerrero existen comunidades aisladas, incomunicadas y enclavadas en barrancas alejadas de las cabeceras municipales, en donde es imposible recibir alguna señal de radio o televisión, y mucho menos de celular. Algunas comunidades llegan a tener una o dos casetas telefónicas y esto ya es mucho. Antes, cuando se lograba sintonizar en la radio alguna señal, resultaba ser de las grandes cadenas comerciales, ésas que abarcan gran parte del territorio mexicano y que están alejadas de toda pertinencia cultural para los pueblos indígenas de la Montaña, en donde cerca de 70% de la población habla lengua indígena.
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SECCIÓN ACCIONES CDHDF
Emite CDHDF Recomendación 6/2011 por caso de tortura
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) emitió la Recomendación 6/2011 a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el caso de tortura infringida por personal de Seguridad y Custodia y del Grupo Táctico Tiburón a internos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
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cdhdf emite Recomendación 7/2011 dirigida a las secretarías de Gobierno y de Salud y a la pgjdf
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dirigió la Recomendación 7/2011 a las secretarías de Gobierno y de Salud, así como a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por el caso de violación a los derechos humanos de quien en vida llevara el nombre de Viridiana López Centeno, interna del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla (Centro de Readaptación Social SMA), y de su hija, su madre y su hermana.
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Caso de violaciones a derechos humanos con motivo de la solicitud, expedición y aplicación del arraigo en el DF
(Respuesta de las autoridades)
Estado de aceptación
El 29 de abril de 2011, la CDHDF notificó la Recomendación 2/2011 a las autoridades referidas; el 20 de mayo del mismo año la PGJDF remitió su aceptación parcial, mientras que el 23 de mayo el presidente del TSJDF comunicó la aceptación de dicho instrumento. Posteriormente, el 25 de mayo y el 16 de junio, la Comisión solicitó a la PGJDF que reconsiderara su postura, sin embargo, el 8 de julio esa dependencia reiteró su aceptación parcial.
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Caso de retardo injustificado en la integración y determinación de averiguación previa y negativa a investigar diligentemente
El 31 de mayo de 2011 la CDHDF notificó la Recomendación 3/2011 a la PGJDF; posteriormente, el 20 de junio este organismo recibió la respuesta de la Procuraduría capitalina, donde señaló que la aceptaba parcialmente. El 11 de julio la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de la CDHDF solicitó a la PGJDF la reconsideración de la Recomendación. Finalmente el 18 de julio de 2011 la dependencia reiteró la aceptación parcial del instrumento ecomendatorio.
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SECCIÓN REFERENCIAS
Radio San Pedrito
﻿Todo empezó como un pasatiempo, recuerda Samantha Ruiz, quien junto con un grupo de familiares y amigos instaló hace 11 años la primera radio con bocinas en el zócalo de la delegación Tláhuac para difundir las tradiciones culturales del lugar. El éxito fue rotundo desde el inicio, cuando los habitantes tomaron el micrófono para enviar saludos, contar cuentos y leyendas de la región, y solicitar sus canciones favoritas. Fue hasta 2005 cuando, con el apoyo de la población y de las autoridades locales, formalmente nació Radio San Pedrito en el 94.1 de la Frecuencia Modulada (fm) con el objetivo exclusivo de difundir en los pueblos vecinos las festividades anuales en honor al patrono de la localidad, San Pedro Apóstol. Sin embargo, para mantener y diversificar el proyecto, posteriormente Samantha y su equipo se convirtieron en una Asociación Civil y buscaron financiamientos por medio de becas y de apoyos gubernamentales que a la fecha les permiten impartir gratuitamente cursos de radiodifusión comunitaria para los niños y adolescentes de la localidad. Gracias a la producción y difusión de reportajes y cápsulas de radio sobre temas de ecología, historia, tradiciones y problemáticas en la localidad, etc., Radio San Pedrito se ha convertido en un pequeño espacio que potencia la creatividad y fomenta el intercambio de ideas entre este sector que padece los embates de la violencia social, la desintegración familiar y las adicciones. “Nosotros no educamos a los niños y jóvenes, sino que los hacemos concientes y críticos de la realidad que viven, reforzando la importancia de los valores familiares y comunitarios para una sana convivencia”, dice Samantha. Al cabo, ella junto con los niños y adolescentes comparten el sueño de que algún día no existan restricciones de tipo legal ni económicas para consolidar su derecho a la libertad de expresión a través de su proyecto de radio comunitaria.
﻿﻿﻿﻿ La identidad de las radios comunitarias en riesgo
Por Alfonso Gumucio Dagron
Fotografía: Edgar Sáenz Lara
Hace más de seis décadas nacieron las primeras radios comunitarias en América Latina. Podríamos discutir cuál fue la primera y no sería un debate del todo estéril, porque permitiría abordar la pregunta que a mi juicio es la más importante actualmente: ¿qué es una radio comunitaria? ¿Cuáles son los criterios que permiten identificar a una radio comunitaria?
Cronológicamente existe evidencia de que la primera radio comunitaria rural fue Radio Sutatenza, instalada por el sacerdote José Joaquín Salcedo Guarín en un pequeño poblado del valle de Sutatenza, en Colombia, en 1947. Salcedo era, para su época, un pionero de la comunicación. Llegó a ese pueblo de 8 000 habitantes cargando un proyector de 16 milímetros para ofrecer a los feligreses algo que nunca habían visto: el cine. Un mes después regresó con un pequeño transmisor de radio de 90 vatios que un hermano suyo había armado artesanalmente. Por encima de la tecnología, Salcedo tenía una visión de la comunicación: creía en el diálogo como un proceso indispensable para reflexionar sobre los problemas de los campesinos, de manera que ellos mismos pudieran encontrar las soluciones.
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Con el objetivo de “darle voz a quienes no tienen voz”, un grupo de activistas sociales, estudiantes, músicos y población simpatizantes con el movimiento indígena, crearon en 2001 la estación Radio Zapote en una improvisada cabina dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah), animados por la labor de darle cobertura a la histórica llegada a la ciudad de México de una caravana de la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) que reivindicó en 1994 los derechos de la población indígena tras un levantamiento armado en la selva de Chiapas. Desde ese entonces Radio Zapote ha mantenido su compromiso original de difundir la cultura y los movimientos sociales a través de su programación que incluye desde géneros de música prehispánica hasta tradicional mexicana, pasando por cuentos y leyendas, hasta las demandas de los sectores indígenas, académicos y adolescentes, etc., que no tienen cabida en los medios de comunicación comerciales. Un grupo de personas voluntarias logra este cometido a través de una página de internet y con la ayuda de un transmisor que apenas genera 3 watts de potencia, extendiendo la señal a 4 kilómetros a la redonda a través del 87.65 de la Frecuencia Modulada (fm), de lunes a sábado durante las 24 horas del día. Tras esta hazaña que ya cumplió una década, Sergio Soto, antropólogo, locutor, programador y capacitador voluntario en Radio Zapote, opina que para consolidar el derecho a la libertad de expresión en los medios de comunicación libres y comunitarios en México no basta con obtener un permiso de transmisión para protegerse de la criminalización en contra de quienes hacen estos medios, si antes no se hace una integración de la sociedad civil a las leyes de medios, permitiendo una verdadera democratización del entorno de comunicación que facilite la apertura de nuevos espacios mediáticos para incentivar la participación y reflexión de las personas.
Informe Corrupción, impunidad, silencio: la guerra contra los periodistas mexicanos
Por Cara Gibbons y Beth Spratt
El presente informe, realizado por PEN Canadá y la Facultad de Leyes de la Universidad de Toronto, a través de su Programa Internacional de Derechos Humanos (IHRP), da cuenta de la situación de los periodistas y la libertad de expresión en México. En los fragmentos que se publican a continuación se refiere la situación de alta vulnerabilidad que sufren las radios comunitarias al no contar con un marco regulatorio que las reconozca, lo cual –de acuerdo con el documento– las deja a merced de autoridades estatales y federales, porque “los reglamentos mediáticos y el trato a las emisoras de radio comunitarias limitan la libertad de expresión en México, violando los compromisos del Estado de conformidad con el PIDCP [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y la Convención Americana [sobre Derechos Humanos]”.
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Influenciados por los ideales de cambio social plasmados en los albores de la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX en las páginas del semanario “Regeneración” de los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón, un grupo de estudiantes y ex estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo (CCH Vallejo) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consolidó en 2005 la creación de Regeneración Radio, una estación de radio libre y comunitaria que a través de su barra musical y de programas de análisis alienta la creación de una conciencia que impulse un cambio económico, político, social y cultural “frente a las situaciones tan nefastas de violaciones a los derechos humanos, asesinatos, impunidad, desigualdad y pobreza que afectan a la mayor parte de la población de nuestro país”, dice “el Puaz” (quien pidió omitir su nombre), integrante del colectivo que dirige la estación de radio. Ubicada en la explanada del plantel universitario y financiada por las ganancias de una kermés mensual, esta estación de radio difunde de lunes a viernes por medio de su página de internet y en el 105.3 de la Frecuencia Modulada (FM), las demandas de diversos movimientos sociales nacionales e internacionales, abriendo el micrófono a las voces y expresiones culturales de estudiantes, comerciantes, choferes de transporte público, trabajadores de fábricas, pobladores del norte de la ciudad de México, etc. A partir de una concepción socialista y anticapitalista el Puaz considera que la participación en la comunicación debe ser equitativa entre el emisor, el receptor y el medio, privilegiando el reconocimiento social antes que la autorización legal para hacer las transmisiones, porque “sabemos que nadie nos puede quitar nuestro derecho a la libertad de expresión y lo seguiremos ejerciendo a pesar de las consecuencias de la criminalización de nuestra labor”.
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La radiodifusión comunitaria: del desconocimiento a su persecución penal
Por Alán García Campos
En la actualidad, las libertades enfrentan un proceso de erosión y vaciamiento desde diversos frentes. La ideología de la seguridad se ha empleado desmedidamente como un criterio directivo que pretende legitimar algunas de las principales limitaciones a las libertades fundamentales. Por otro lado, los privilegios generados por la creciente desigualdad en la distribución de los medios para ejercer los derechos conforman otro frente que merma la universalidad en la titularidad efectiva de las libertades.
La libertad de expresión padece los embates desde ambos frentes. Por ello, es preciso romper las inercias que desde la ideología de la seguridad apuntan hacia la adopción de respuestas drásticas y desproporcionadas, y debe asimismo adoptarse un sentido social en la definición del contenido y alcance de una libertad de profundo significado para la democracia. La anterior es particularmente relevante tratándose de la radiodifusión comunitaria.
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 artículo 48
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