Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5292
Timestamp: 2020-01-29 20:31:51+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 32/2005
SENTENCIA 32/2005, de 15 de febrero
ECLI:ES:TC:2005:32
En el recurso de amparo núm. 1365-2001, promovido por don José Dosda Bru, representado por el Procurador de los Tribunales don Jorge Deleito García y asistido por el Abogado don Ricardo Ramón Poveda, contra la Sentencia de 1 de febrero de 2001 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la que se declaraba no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador don Jorge Deleito García en representación de don José Dosda Bru contra la Sentencia dictada el día 12 de julio de 1995 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ha comparecido el Ayuntamiento de Quart de Poblet, representado por el Procurador de los Tribunales don Isacio Calleja García y asistido por el Abogado don Luis Larrea Marcos, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 10 de marzo de 2001 don Jorge Deleito García, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don José Dosda Bru, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
2. En la demanda de amparo se recoge la relación de antecedentes fácticos que, a continuación, se extracta, así como las quejas en que se sustenta:
a) El día 1 de junio de 1989 el recurrente solicitó licencia de obras para construir 72 viviendas de protección oficial y locales comerciales en las calles Conde de Rodezno y Blasco Ibáñez en el término municipal de Quart de Poblet. El día 5 de septiembre de 1989, el Arquitecto autor del proyecto presentó escrito solicitando la sustitución de uno de los planos de los que se habían aportado con la petición de licencia. El día 20 de octubre se denunció la mora ante la Comisión Territorial de Urbanismo. El día 24 de octubre de 1989 el Ayuntamiento de Quart de Poblet aprobó inicialmente el Plan general de ordenación urbana, sometiéndolo a información pública y señalando determinadas áreas del territorio afectadas por la suspensión del otorgamiento de licencias, siendo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de diciembre de 1989. El recurrente en amparo, considerando que había conseguido la licencia por silencio positivo, solicitó, en escrito presentado el día 18 de abril, a la Alcaldía, que por la Oficina Técnica se procediera a la tira de cuerdas para la fijación de las líneas oficiales, pero la Comisión de Gobierno, el día 17 de mayo de 1990, acordó no reconocer al recurrente la licencia por silencio positivo, en razón de la suspensión de licencias dimanante de la aprobación inicial del Plan general de dicho municipio.
b) El día 28 de octubre de 1991 el recurrente denunció nuevamente la mora ante la Comisión de Urbanismo, por entender levantada la suspensión del otorgamiento de licencias, con la aprobación definitiva del Plan general de ordenación urbana y requerido el día 20 de noviembre de 1991 por la citada Comisión para justificar haber solicitado la licencia, lo verificó el día 28 de octubre de 1991. El día 25 de febrero de 1992 el actor interesó de la Comisión se librase certificación acreditativa de no haber adoptado acuerdo alguno en relación con la licencia solicitada; la Comisión requirió a su vez al recurrente para que formulase alegaciones, lo que realizó el día 16 de marzo de 1992 y, ante el posterior silencio de la Comisión, el día 4 de noviembre de 1992 interesó del Alcalde de Quart de Poblet la expedición del título reconociendo la obtención de la licencia por silencio positivo. La Comisión del Ayuntamiento de Quart de Poblet, por Acuerdo de 18 de febrero de 1993, denegó la licencia de obras y contra este acuerdo se formalizó recurso de reposición que fue desestimado por resolución de la Comisión de Gobierno de 15 de abril de 1993, manifestándose en el punto 2 del citado acuerdo que "las licencias solicitadas han de entenderse denegadas expresa y definitivamente", por entender que la parcela no reúne la consideración de solar y por no haber efectuado el compromiso que los artículos 39 y 40 del Reglamento de gestión urbanística establece sobre cesiones obligatorias. Contra estas decisiones se interpuso recurso contencioso-administrativo, identificado con el número 1486/93, en el que la pretensión ejercitada es que se revoque un acuerdo distinto al que fue objeto del recurso contencioso-administrativo antecedente, sin embargo, siempre según el recurrente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictó Sentencia el 12 de julio de 1995 en que se declara inadmisible el recurso.
c) Asimismo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había dictado Sentencia el 3 de julio de 1995, en la que se declaró contraria a derecho la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia de 27 de junio de 1992, por la que se había aprobado definitivamente el Plan general de ordenación urbana de Quart de Poblet, contra la que se interpuso recurso de casación por la Generalidad Valenciana y la corporación municipal expresada, que fue inadmitido por Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2000. También, refiere el recurrente que la misma Sala, en un supuesto de hecho -a su juicio- sustancialmente idéntico, y que concierne al resto de recurrentes citados en el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 18 de febrero de 1993, anuló el Acuerdo expresado de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Quart de Poblet de 18 de febrero y el de 14 de mayo de 1993. Contra la citada Sentencia no se interpuso recurso de casación por el Ayuntamiento de Quart de Poblet.
d) Basa la demanda de amparo el aquí recurrente en que la Sentencia citada había entendido que era el mismo acto administrativo el impugnado en uno y otro proceso, cuando el recurso 1560/90 se interpuso contra el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Quart de Poblet de 17 de mayo de 1990 y contra la presunta desestimación del recurso contra él interpuesto y los actos recurridos a través del recurso contencioso-administrativo núm. 1486/93 son los Acuerdos de la Comisión de Gobierno de 18 de febrero de 1993 y 15 de abril de 1993. Alega el recurrente que, frente a lo que se afirma en la Sentencia, los actos administrativos impugnados no fueron provocados tras haber obtenido una Sentencia desestimatoria respecto del acto anterior, pues el Acuerdo de la Comisión Territorial es de 28 de octubre de 1991 y la Sentencia desestimatoria del recurso 1560/90 es de 25 de noviembre de 1991. A su juicio, el no haber tomado en cuenta que se trataba de dos actos administrativos distintos, estimando la excepción de litispendencia por apreciar la concurrencia de las tres identidades, supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE, al ser la decisión arbitraria e irrazonable, impidiendo un pronunciamiento sobre el fondo del asunto al dejar imprejuzgada su acción. A su juicio, de haber entrado en el fondo, al igual que en otros supuestos y teniendo en cuenta que el acuerdo de aprobación del Plan general de ordenación urbana había sido revocado, habría obtenido una resolución favorable.
3. Mediante providencia de 30 de abril de 2003 de la Sección Tercera de este Tribunal se acordó, con carácter previo a resolver sobre la admisibilidad del recurso, que se dirigiera atenta comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, a fin de que a la mayor brevedad posible, remitiera a la Sala Segunda certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación.
4. Por medio de escrito presentado el día 20 de mayo de 2004 se personó el Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través del Procurador don Isacio Calleja García, y por diligencia de ordenación de la Secretaria de Justicia de este Tribunal, el 10 de junio se acordó conceder a las partes personadas y al Ministerio Fiscal el plazo común de veinte días para presentar alegaciones de conformidad con lo establecido en el art. 52.1 LOTC.
5. El Procurador de los Tribunales don Jorge Deleito García evacuó el traslado concedido, en nombre y representación del recurrente en amparo, el día 24 de junio de 2004, ratificándose en la demanda y reiterando la solicitud de amparo ante este Tribunal con base en la falta de fundamento y razonabilidad de la inadmisibilidad al no existir identidad entre los actos administrativos impugnados en los recursos contencioso-administrativos 1560/90 y 1486/93, así como tampoco en las pretensiones deducidas en cada uno de los recursos y por tanto considerando erróneo y arbitrario el pronunciamiento contenido en el fundamento jurídico tercero de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2001, recaída en el recurso de casación 214/96.
6. Por su parte el Procurador don Isacio Calleja García, actuando en representación del Ayuntamiento de Quart de Poblet, evacuó el traslado concedido oponiéndose a la demanda de amparo, y entendiendo que no se había producido una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, entendiendo, como hace la Sentencia, que el acto impugnado fue provocado por el mismo recurrente tras haber obtenido una Sentencia desestimatoria del acto anterior, al solicitar nuevamente que se le reconociera haber obtenido por silencio administrativo la licencia de obras. Finaliza declarando el Ayuntamiento que el esfuerzo dialéctico de la brillante dirección técnica del recurrente no puede arrumbar la realidad objetiva que ha determinado la resolución impugnada, por lo que solicita la desestimación del recurso de amparo interpuesto por don José Dosda Bru con cuantos pronunciamientos procedan.
7. Por su parte el Fiscal ante el Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 86.1 inciso primero, 52.3 y 53 LOTC, interesó la denegación del amparo solicitado por entender que la apreciación de la excepción de cosa juzgada constituye una cuestión de legalidad que no corresponde valorar al Tribunal Constitucional (por todas, SSTC 242/1992, de 21 de diciembre, FJ 3; 92/1993, de 15 de marzo, FJ 3; 106/1999, de 14 de junio, FJ 3; y 135/2002, de 3 de junio, FJ 6), salvo que resulte arbitraria, incongruente o irrazonable.
En este caso, sigue diciendo el Ministerio Fiscal, como ha puesto de relieve tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Supremo, los dos procedimientos administrativos y judiciales proceden de una única solicitud de licencia de construcción, y las partes intervinientes son las mismas. En los dos casos se está impugnando la denegación de aquella licencia solicitada que se estima obtenida por silencio administrativo positivo, y mientras se tramitaba ante el Ayuntamiento y el Tribunal Superior de Justicia la segunda actuación de don José Dosda Bru en relación con la petición de licencia, se estaba tramitando judicialmente la impugnación de la primera denegación -denegación por motivo de no haber transcurrido el plazo, pero también por contradicción con el Plan general de ordenación urbana-, y así se advirtió en el Acuerdo del Ayuntamiento de 18 de febrero de 1993 y en la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunicad Valenciana de 12 de julio de 1995 que apreció la litispendencia.
Concluye el Fiscal que la relación de dependencia es clara a la vista de lo que consta en las sentencias, y se manifiesta, como expresa la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la posibilidad de resoluciones contradictorias.
8. Por providencia de 27 de enero de 2005, se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia, finalizando la deliberación el día de la fecha.
1. Como se acaba de referir en los antecedentes, frente a la Sentencia de 1 de febrero de 2001, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en que se confirmaba la dictada por la Sección Primera de la Sala de la misma jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 12 de julio de 1995, presenta el demandante recurso de amparo al apreciarse, a su juicio indebidamente, en las citadas Sentencias, la concurrencia de litispendencia que ha impedido entrar a conocer del fondo del asunto, causándole indefensión, con vulneración del art. 24.1 CE.
2. Entendió la Sala de Valencia que al haber sido ya resuelto, en Sentencia de la misma Sala (recurso 1560/90), la posible obtención de licencia por silencio positivo, en tanto estuviera pendiente dicho procedimiento, recurrido el fallo ante el Tribunal Supremo, ni la Administración podía dictar acto expreso alguno que contradijera la Sentencia, ni podía obtenerse por silencio administrativo ningún derecho que pudiera oponerse a su contenido, y que sostener lo contrario podría suponer que se dictasen resoluciones judiciales contradictorias.
3. Considera el demandante que la Sentencia de 1 de febrero de 2001, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva porque, al confirmar la dictada por la Sección Primera de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 12 de julio de 1995, en que se apreció la excepción de litispendencia -como ya hemos visto- sin que a juicio del aquí recurrente concurrieran los requisitos legalmente previstos al efecto, no se ha obtenido una respuesta razonada, sino errónea o arbitraria e irrazonable. Alega que no concurría la necesaria identidad objetiva entre los actos impugnados en el primer recurso contencioso administrativo (1560/90) y los impugnados en el segundo (1486/93), -en el primero de éstos se impugnaba el Acuerdo de 17 de mayo de 1990 y en el segundo se impugnaba la resolución dictada por la Comisión de Gobierno de 18 de febrero de 1993-, ni concurría tampoco la necesaria identidad entre las pretensiones deducidas; por lo que la desestimación de su pretensión, sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto, que fue acordada en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y confirmada en la del Tribunal Supremo, resulta contraria al derecho fundamental que consagra el art. 24.1 CE por ser arbitraria. Arbitrariedad que basa en haberse apreciado que concurría el requisito de identidad del objeto en ambos procedimientos. Además, alega el recurrente, que, frente a lo que se afirma en la Sentencia de instancia, los actos administrativos impugnados no fueron provocados tras haber obtenido una Sentencia desestimatoria respecto del acto anterior, pues el Acuerdo de la Comisión Territorial es de 28 de octubre de 1991 y la Sentencia desestimatoria del recurso 1560/90 de 25 de noviembre de 1991, por ello, alega también que la Sala ha incurrido en error material.
4. Por su parte, el Procurador don Isacio Calleja García, actuando en representación del Ayuntamiento de Quart de Poblet, al oponerse a la demanda de amparo, entiende, como hace la Sentencia impugnada, que el acto administrativo objeto de este segundo procedimiento fue provocado por el mismo recurrente, al solicitar nuevamente que se le reconociera haber obtenido por silencio administrativo la licencia de obras.
5. Entrando en el análisis de la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva basada en el error, es cierto, como alega el demandante de amparo, que la Sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la afirmación: "que el acto impugnado fue provocado por el mismo recurrente tras haber obtenido una Sentencia desestimatoria respecto del acto anterior" incurre en error, pues al interponer la demanda del segundo procedimiento todavía no había recaído Sentencia en el primero -estando precisamente pendiente de ello-; no obstante, frente a lo pretendido por el recurrente, este error ninguna consecuencia produce, pues la litispendencia se da cuando hay pleito pendiente, y el proceso antecedente, cuyo objeto estaba ya perfilado en la demanda, estaba pendiente, por lo que aún tratándose de error material, no puede tomarse como suficiente para entender cometida la vulneración denunciada, pues como hemos indicado en la Sentencia STC 159/2004, de 4 de octubre, no sólo es preciso que el error sea atribuible al órgano judicial, ser de hecho y patente, y no de interpretación jurídica, sino que además el error debe ser determinante de la decisión adoptada, es decir, ha de constituir el soporte único o básico de la resolución (ratio decidendi), de modo que, comprobada su existencia, la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba, y no pueda conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución de no haberse incurrido en el mismo. Hemos dicho también: "la relevancia constitucional del error se produce cuando la resolución judicial no se corresponde con la realidad por haber cometido el órgano judicial una equivocación manifiesta en la determinación y selección del presupuesto fáctico sobre el que se asiente su decisión" (STC 217/2000, de 18 de septiembre, FJ 3).
6. Respecto a la vulneración basada en la alegada arbitrariedad e irrazonabilidad, la Sentencia del Tribunal Supremo no incurre en tales desviaciones porque, en definitiva, aunque los dos actos denegatorios fueron sucesivos, dimanaban de la misma solicitud inicial que no podía entenderse "resucitada" cuando había caducado el plazo de suspensión de licencias derivada de la aprobación inicial del Plan general de ordenación urbana y menos aún cuando esa solicitud fue incompleta (no sólo por insuficiencia de proyecto sino por inadecuación objetiva de la superficie e incumplimiento de compromisos legales) y cuando el hecho de que la aprobación del referido Plan general fuera declarada nula jurisdiccionalmente no pudo afectar a la virtualidad de la suspensión de licencias.
Denegar el amparo solicitado por don José Dosda Bru.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 1365-2001
Fecha de resolución 15/02/2005
Promovido por don José Dosda Bru frente a las Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que inadmitieron su demanda contra el Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre licencia de obras.
Es preciso que el error atribuible al órgano judicial, sea de hecho y patente, y no de interpretación jurídica, y además ha de constituir el soporte único o básico de la resolución (ratio decidendi), de modo que, comprobada su existencia, la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba (STC 159/2004) [FJ 5].
En este caso el error ninguna consecuencia produce, pues la litispendencia se da cuando hay pleito pendiente, y el proceso antecedente estaba pendiente, por lo que aún tratándose de error material, no puede tomarse como suficiente para entender cometida la vulneración denunciada [FJ 5].
La litispendencia ha sido tratada por los órganos judiciales de forma razonada y motivada, sin arbitrariedad o irrazonabilidad [FJ 6].
Excepción de litispendenciaExcepción de litispendencia, ff. 1, 6
Inadmisión de recurso contencioso-administrativoInadmisión de recurso contencioso-administrativo, ff. 2, 6
LitispendenciaLitispendencia, ff. 1, 6

References: resolución 
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