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Timestamp: 2018-07-20 04:38:40+00:00

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Civil | Vanesa Teijeiro Núñez ABOGADA y MEDIADORA
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DESCUBRE CÓMO TE ESTÁ ENGAÑANDO TU COMPAÑÍA DE SEGUROS (daños materiales en accidentes de circulación)
¿Has tenido un accidente con tu vehículo? Seguro que te están engañando
Si dedicas unos minutos a la lectura de este post te podrás librar del clásico engaño que se ha hecho crónico (al menos quitarte la sensación de que no sabes qué esta pasando).
No se trata de la famosa “letra pequeña” que se encontraba en todas las pólizas donde se excluían los daños a indemnizar ya que las condiciones para la cobertura del seguro raramente se podían cumplir, o como las condiciones que publicitaba un anuncio en la TV en referencia a su competencia al mofarse que en la “letra pequeña” incluía los daños por nevadas en el sur de España y los excluía en el norte. No se trata de daños que raramente las compañías tienen que cubrir porque casi nunca se producen, se trata de daños que suceden todos los días, a cientos o miles en toda España.
Los siniestros de los daños ocasionados a terceros en los accidentes entre vehículos, en lugar de cubrir los daños, se sacan de la manga un engaño hábilmente preparado para convencer a la victima. Estos individuos para hacer entrar por el aro a quien es víctima de sufrir unos desperfectos en su vehículo, ocasionados por un tercero, se apoyan en una inventada la legislación vigente que les permite irse de rositas.
Esto explicado así tendría que ser delito pero la materia prima de esas compañías aseguradoras es su servicio jurídico, quien redacta las pólizas y se saca de encima a quien proteste. La otra los actuarios además aplican modelos estadísticos y matemáticos para averiguar el riesgo que se produzca un evento con tal de asignar una prima a la póliza y que además la compañía aseguradora obtenga un beneficio. En definitiva, se trata de cobrar las pólizas, a los clientes, y escaquearse en el pago de las coberturas cuando se produce un siniestro (y no hablamos sólo de la compañía contraria, hablamos de tu propia compañía, que va a ganar dinero con tu siniestro)
Podemos describir un caso concreto como los que se producen a cientos cada día ( en este caso real, sucedido en Lugo) .
Por ejemplo tú mismo, tienes un coche que te es necesario para ir a trabajar, tu seguro es a terceros pero para no divagar sería mejor ir a la web de UNESPA la Asociación Empresarial del Seguro a ver que nos dice respecto al seguro del automóvil.
Dice así:¿Qué cubre mi seguro del coche? Todo propietario de un vehículo a motor está obligado a contratar y mantener en vigor una póliza de seguro que cubra la Responsabilidad Civil del conductor que se derive de los daños, tanto personales como materiales, ocasionados a terceras personas como consecuencia de un hecho de la circulación.
Seguro Obligatorio (SOA). Este seguro cubre la responsabilidad civil del conductor frente a terceros, pero no los daños personales ni materiales que el conductor o su coche sufran cuando el conductor sea culpable de ese accidente. Parece que queda claro, lo que llamamos seguro a terceros cubre los daños que le puedas ocasionar a otro y no cubre los propios.
Ahora resulta que un coche colisiona con el tuyo haciendo una rotonda (en España el 80% de la gente no sabe hacer una rotonda, dejo imagen adjunta para tomar nota) porque el vehículo contrario pretende abandonar la rotonda por tu carril, sin cederte el paso, tú que circulas por el carril exterior y tu intención es seguir girando por la rotonda para abandonarla en otra salida de la misma; la cuestión es que el contrario es culpable del accidente. No queda más remedio que hacer el parte del accidente, Y SI TIENES LA SUERTE DE QUE EL CONTRARIO TENGA UNA PÓLIZA EN VIGOR él lo remite a su compañía y tú a la tuya. Tu compañía aseguradora te solicita a qué taller lo vas a llevar a reparar para enviar al perito para evaluar el siniestro. (en el caso real planteado la compañía tardó 2 meses en hacer esto, mientras tanto el coche en el taller esperando, porque en principio el vehículo contrario no tenía una póliza en vigor y su compañía le reaseguró el vehículo así como por arte de magia, supongo que bajo amenaza porque el conductor del vehículo contrario era administrador solidario de un CONCESIONARIO DE COCHES de coches de Lugo, como en principio no tenía seguro SU ASEGURADORA comenzó rechazando el siniestro y ahí se lió todo)
Y dejo un consejo: por favor, aprendamos a hacer bien una rotonda
Es a partir de aquí donde empieza el engaño.
Cuando el perito aparece por el taller para evaluar los daños tu entiendes, como cualquiera, que este individuo se presenta para que objetivamente fije un precio de la reparación que deberá pagar la compañía de nuestro contrario que nos ha dado el golpe. Con la peritación se asegura que el taller no le cobre de más y que se atenga al daño ocasionado por la colisión. ¿Parece que queda claro? Pues no, el perito, por llamarlo de alguna manera, es el cómplice necesario y tan solo acude a hacer el paripé perfectamente orquestado para que ninguna compañía pierda un euro.
Veamos el papelón del cómplice: se limita a tomar nota del valor venal que es el valor que aparece en una lista que utiliza el gremio de compra venta de coches usados y que no tiene ningún rigor nada más el que le quieran dar como indicativo y sin ningún valor legal.
A continuación tu compañía te llamara por teléfono y te informará que el perito ha declarado tu vehículo como “siniestro total” por lo que los daños a cubrir se limitan al valor venal y tú ya de entrada te sientes confuso porque no sabes qué es eso, si lo sabes y protestas te dirán que eso es lo que dice la Ley y que no tienes nada que reclamar. (brillante cuando se lo dicen a alguien que no entiende de Leyes)
Lo presentan como “lo tomas o lo dejas” y de poco les sirve que digas que los desperfectos no son de tal magnitud como para que se les declare como un vehículo irrecuperable, que el valor venal, después de comprobar en Internet casas de compraventa de vehículos de segunda mano, no hay ninguno por ese precio, que ese precio es en el caso de que lo quiera vender que no es el caso. Así, con estos argumentos, puedes gastar un cubo de saliva y estos personajes con la lección bien aprendida no se mueven que es la Ley que así lo dice.
Esperan que te canses para salirse con la suya, saben que tu necesitas el coche y acabarás aceptando el cheque con el importe del valor venal, porque estás desesperado.
restitutio in integrum: volver a poner las cosas en su estado anterior
Antes de tomar una decisión es necesario hacer un diagnóstico. Veamos lo que estos individuos de tu compañía se llevan entremanos: actúan en evidente perjuicio a sus clientes que les han pagado una prima para que actúen frente a la compañía contraria y les resarzan de los daños que ha provocado un tercero.
Tú, que no eres de aquellos que se chupa el dedo, decides plantarles cara y para empezar les solicitas por escrito, por correo electrónico también es válido, que te especifiquen, asimismo por escrito, a que Ley se refieren ya que no la citan en ningún momento.
Recibirás una información para confundirte sobre la base jurídica en la que se apoyan, que irá por este estilo: La Ley a la que se refieren es el Código Civil, concretamente el artículo 1902, que según ellos dice así: “El que por acción u omisión causa daño a otro, causado.” (jajaja)
Pero si vas al artículo 1902 dice algo más: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. “
Omiten lo más importante, que están obligados a reparar el daño y no salirse de rositas indemnizando con un importe que corresponde con el valor venal que se sacan de la manga. No acaba aquí la cosa te soltarán un rollo que va de este palo “No obstante informarle que frente al principio de “restitutio in integrum” la jurisprudencia asentada establece que el resarcimiento de los perjuicios causados debe ser justo y que éste no produzca enriquecimiento al perjudicado y que no resulte desproporcionado para el responsable. Es por ello que el juez tiene la capacidad para moderarlas”. (quien dijo que el juez les va a dar la razón siempre a ellos? parece que por el hecho de decir “un juez tiene que moderarlos” ya has perdido el juicio, pero de eso nada.)
Encima de que te están robando ya que la indemnización (la del valor venal) no cubre el coste de reparar el vehículo te hablarán de que te estas enriqueciendo. (recordar que tú eres el perjudicado y no el responsable del accidente en este momento se está convirtiendo en algo realmente difícil)
Lo primero que hay que hacer es solicitar al taller, donde esta el coche esperando ser reparado, un presupuesto del arreglo.
Para movernos con claridad será mejor aportar unas cifras que nos servirán de ejemplo. Observarás que tu compañía que te asegura los daños a terceros y te tramita el resarcimiento de los daños que te han producido en ningún momento ha dejado por escrito el resultado del informe del perito tasador (no te canses a la hora de pedirlo, no te lo van a enviar JAMAS), sólo te ha informado verbalmente que el valor venal era de 2.200€ y el coste de la reparación se tasaba en 3.800€ (te recuerdo que es un ejemplo, en este caso real) e incluso cuando lo solicitaste no se te proporcionaron.
Para complementar los números falta añadir el importe del presupuesto que te ha facilitado el taller por la reparación del vehículo: 3.300 €. (Tras preguntar en el concesionario oficial del vehículo de este ejemplo nos confirmaron que el valor venal del vehículo según el GANVAM (Valoración de la asociación nacional de vendedores de vehículos a motor) es de 3.580 € pero el perito decidió por su cuenta tasar el vehículo en una fecha dos meses posterior al del siniestro ( en contra del artículo 26 de la ley de contrato de seguro que habla de que la valoración ha de ser la anterior al siniestro) cuando ya había cambiado el trimestre y cambiado el año y había descendido el valor del vehículo más de un 20%.
Aquí llegamos al magma del engaño, es su “propio” perito el que determina el coste de la reparación falseando la realidad. ¿Por qué hincha el coste la reparación? El perito facilita un coste sustancialmente más elevado del proporcionado por el taller a tu petición. ¿Su función no era la de determinar el importe de la factura del taller? ¿Hay alguna razón en este proceder? El paripé y el engaño quedan al descubierto, lo que se pretende, por los importes facilitados por el cómplice necesario, el domesticado perito es adaptarse a la Sentencia del Tribunal Supremo del 3 de marzo de 1978 y 9 de julio de 1957 cuando habla que la diferencia entre el valor venal y coste de la reparación NO supere el 100%, la indemnización será el de la reparación del vehículo.
Todo cuadra, en tu caso particular el valor venal que se le da es de 2.200€ entonces el coste de la reparación ya no tiene que ver con los desperfectos del vehículo sino los que “su perito” se saca de la manga con tal que supere el 100%, es decir 3.900€ (supera en el 100%) y por arte de magia se puede declarar siniestro total y en lugar de cubrir los desperfectos según reza el artículo 1902 del Código Civil, antes citado, se escaquean de pagar los daños poniendo de por medio la Ley.
La causa de que hagan esto es que entre ambas compañías han un suscrito un convenio por el que la compañía culpable paga sólo 800€ y el resto lo paga TU COMPAÑÍA, en este caso que ponemos como ejemplo esta compañía evidentemente no quiere pagar ese exceso, pretende ahorrarse 1.300€ dando el coche por siniestro y diciéndote que es la compañía contraria la que te ofrece la indemnización cuando la compañía contraria ya ni se acuerda del siniestro puesto que ha pagado esos 800€ a tú compañía. (entre ellas funciona perfectamente el HOY POR TI MAÑANA POR MI)
Con lo cual estás vendido desde el principio, nadie te va a ayudar, nadie excepto el abogado que contrates para demandar a la compañía responsable (la contraria, PARECE QUE TU COMPAÑÍA QUE ES LA QUE TE ESTÁ MACHACANDO SE VA A LIBRAR DE TODAS TODAS).
Si por cada accidente, sin importancia, se ahorran mil euros les sale a cuenta montar este tinglado por la vía de la estafa. Cuesta comprender que siendo tu compañía que te cobran una prima por ejercer su labor te engañen con información falsa en tu perjuicio y a favor de la compañía contraria al aplicarte el siniestro total cuando no lo es. Nunca te darán nada por escrito aunque te prometan que te enviarán un mail con la valoración o un burofax con la propuesta de la compañía contraria (mentira, la compañía contraria ya no sabe nada del asunto)
Por más veces que hables con tu compañía de seguros nunca te dejes convencer, van a dejar que pase el tiempo diciéndote que van a negociar tal o cual cosa para que, mientras tanto tu vehículo esté en el taller parado y tu moral minada para que, desesperado/a, aceptes la ridícula indemnización.
Consulta inmediatamente a un abogado las opciones que tienes.
Todos los abogados de accidentes de tráfico privados sabemos que a las aseguradoras les cuesta pagar las indemnizaciones: diríamos finamente que es parte de su trabajo cobrar lo máximo (dentro de los vaivenes del mercado) por las primas de seguro y pagar lo mínimo por los siniestros. Por lo tanto, cuando en en este despacho iniciamos una reclamación sabemos que la compañía de seguros no nos lo va a poner fácil y que tendremos que pelear hasta el último euro de nuestros clientes. En la mayoría de casos, tras interponer la oportuna demanda, conseguimos que la aseguradora ceda y pague la indemnización correspondiente.
Publicado 16 febrero 2016 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Civil, Tráfico
EL TESTIGO EN EL PROCESO CIVIL
En un post anterior hablábamos del testigo en el proceso penal, a continuación hablaremos del testigo en el proceso civil
Prueba testifical en el proceso civil.
La declaración del testigo se denomina también PRUEBA TESTIFICAL que es una método probatorio que se realiza mediante el interrogatorio de un testigo que ha sido propuesto por el demandante o demandado en un proceso civil.
Esta prueba se practica en la vista oral tras ser admitida en la Audiencia Previa en casos de Procedimientos Ordinarios o en la propia vista en el caso de los Juicios Verbales. Con la práctica de dicha prueba lo que se pretende es la aclaración de los hechos discutidos en el juicio.
El testigo es aquella persona que tenga noticia de los hechos controvertidos discutidos en el proceso, y con las siguientes características:
Para que esta prueba sea válida, deberá testificar en presencia del tribunal.
El testigo ha de ser tercero y no tener ningún tipo de interés en el proceso, ni por tanto, ser parte en el proceso.
La declaración debe referirse a hechos pasados de los que haya tenido conocimiento directo, por haberlos presenciado o indirecto porque se lo han contado.
¿PUEDO SER TESTIGO EN UN PROCESO CIVIL?
En primer lugar hay que indicar que tanto demandante como demandado no pueden ser considerados aunque con toda probabilidad son los que tienen un conocimiento más directo de los hechos discutidos pero su declaración NO ES UNA PRUEBA TESTIFICAL SINO QUE ES UN INTERROGATORIO DE PARTE. Es importante hacer esta distinción porque las partes (demandante y demandado) sí pueden mentir en su interrogatorio mientras que los testigos en su declaración testifical no pueden faltar a la verdad pues pueden incurrir en un delito.
Cualquier persona por tanto puede ser testigo en un proceso civil salvo los siguientes casos:
Cuando una persona se halle permanente privados de razón o del uso de sentidos respecto de hechos sobre los que únicamente quepa tener conocimiento pro dichos sentidos.
Menores de catorce años, salvo que a juicio del tribunal, el menor posea el discernimiento necesario para conocer y declarar verazmente.
Ser o haber sido cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado civil de la parte que lo haya presentado o de su abogado o procurador o hallarse relacionado con ellos por vínculo de adopción, tutela o análogo.
Ser dependiente del que lo hubiere propuesto o de su procurador o abogado o estar a su servicio o hallarse ligado con alguno de ellos por cualquier relación de sociedad o intereses.
Tener interés directo o indirecto en el asunto de que se trate.
Ser amigo íntimo o enemigo de una de las partes o de su abogado o procurador.
Haber sido el testigo condenado por falso testimonio.
Cuando en un testigo propuesto concurre alguna causa de las mencionadas la parte contraria o el juez, de oficio, deben proponer su TACHA, que se ha de formular en el momento de admisión de la prueba testifical aunque cuando comienza la declaración del testigo éste debe reconocer la causa de tacha al ser preguntado.
Derechos y obligaciones del testigo
En referencia a las obligaciones, los testigos tienen el deber de comparecer, en caso contrario se enfrentan a multas desde 180 hasta 600 euros. Además debe de prestar juramento de que a a decir la verdad y de contestar a las preguntas que se le formulen salvo que el tribunal le permita no responder, cuando, por motivo de su estado o profesión tenga el deber de guardar secreto.
El testigo deberá responder por sí mismo de palabra, sin que, en ningún caso, pueda llevar anotadas las respuestas, salvo que se trate de datos de difícil memorización por ejemplo cuando la pregunta se refiera a cuentas, libros o documentos se permitirá que los consulte antes de responder.
Hay que recordar que los testigos no pueden presenciar las declaraciones de otros testigos ni, una vez que hayan terminado de contestar hablar con los testigos que restan por declarar, por ello, los testigos nunca entran en la sala donde se celebra la vista hasta que son llamados de viva voz al interior de la sala y, por la misma razón, no pueden abandonar ésta hasta que haya finalizado la prueba testifical, es decir, hasta que hayan declarado todos los testidos.
Por otro lado, y en referencia a sus derechos, pueden solicitar una indemnización por los gastos y perjuicios ocasionados por su comparecencia, como pueden ser gastos de transporte o alojamiento. El importe de la indemnización lo fijará el secretario judicial mediante decreto que tendrá en cuenta los datos y circunstancias que hubiese aportado el testigo motivando los gastos realizados (por ejemplo aportando facturas).
El desarrollo de la prueba testifical
El testigo lo propone la parte a la que interese y deberá identificarlo y, si es posible manifestar un domicilio a efecto de notificaciones.
El Juez podrá interrogar al testigo por su nombre, apellidos, edad, estado, profesión y domicilio. Posteriormente se le preguntará si tiene interés directo o indirecto en el objeto del proceso o si tiene alguna relación con las partes. Por último se le indicará que tiene la obligación de decir la verdad.
A continuación comienza a preguntar la parte que propuso al testigo y, una vez finalizado dicha parte, le interroga las demás partes si hay más de una.
Cuando los testigos incurran en graves contradicciones entre sí, el tribunal podrá de oficio o a instancia de parte que los testigos que se contradigan se sometan a un careo.
Posteriormente y para poder dictar Sentencia el Juez valora la declaración de los testigos teniendo en consideración la fuerza de su declaración, circunstancias que concurren, las tachas formuladas y los resultados de las demás pruebas practicadas.
Publicado 28 mayo 2014 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil, Familia, Procesal
CLASES DE DESAHUCIOS DE VIVIENDAS
– Que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas,
– Las que con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.
– Por precario
Considera la doctrina jurisprudencial requisito esencial para resolución del contrato por falta de pago de las rentas que la deuda sea líquida, vencida y exigible.
COMPETENCIA EN LOS JUICIOS DE DESAHUCIO
El conocimiento de las demandas de resolución del contrato por falta de pago corresponde al Juez de Primera Instancia del lugar en que se halla la finca, artículo.52.1.7 LEC, sin que sean aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita. artículo.54.1 LEC.
La Competencia para el desalojo corresponde, por regla general, a la jurisdicción civil, siendo juez competente para conocer de la misma el que conoció del asunto en primera instancia
CUANTÍA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO
Cuestión también polémica en estos procedimientos era la relativa a la cuantía que había que hacer constar en las demandas, ya que con la dicción literal de la LEC en el artículo.251.3 LEC en relación con la regla 9ª parecía entenderse que como siempre se reclamaba la posesión del inmueble la cuantía de la demanda debería ser la del valor del inmueble, pese a que la mayoría doctrinal y jurisprudencial estaba aplicando el de la anualidad de la renta. Así las cosas, se resuelve el problema mediante la nueva redacción del artículo.251.9 LEC, operada por la Ley 19/2009 de 23 noviembre 2009 Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios., de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética: “En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta aparezca fijada en el contrato”
La posibilidad de enervación de la acción de desahucio mediante el pago o consignación, se contempla en el artículo.22.4 LEC (modificado por Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios., de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios).
El pago o puesta a disposición del arrendador en el tribunal o notarialmente, podrá realizarse en cualquier momento anterior a la celebración de la vista, y comprenderá las cantidades reclamadas en la demanda y las que se adeuden en el momento de dicho pago enervador del desahucio.
REPRESENTACIÓN PROCESAL-ABOGADO Y PROCURADOR
Será necesaria la intervención de Abogado y Procurador en todos los juicios ordinarios, con independencia de la cuantía, conforme a los artículos 23 y 31 de la LEC, sean viviendas o locales.
Asimismo, en los juicios verbales cuya cuantía exceda de 900 euros, o que así pueda valorarse siguiendo la regla 9.ª del artículo 251.
En la oposición del Monitorio igualmente es necesaria la intervención de estos profesionales si la cuantía es superior a los 900 euros, según lo dispuesto en el artículo 818 de la LEC.
Conforme al artículo 32.5 de la LEC y aunque la intervención de estos profesionales no sea preceptiva, se podrán incluir sus honorarios cuando haya declaración de temeridad o el proceso se esté tramitando en lugar diferente al propio domicilio.
En todo caso, hay que tener presente, a efectos de costas, los límites del artículo 394 de la LEC, por lo que hay que intentar buscar siempre la declaración de temeridad.
Si en la demanda se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador, o por expiración legal o contractual del plazo, el demandante podrá anunciar en ella que asume el compromiso de condonar al arrendatario todo o parte de la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se indique por el arrendador, que no podrá ser inferior al plazo de quince días desde que se notifique la demanda. Igualmente, podrá interesarse en la demanda que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el Juzgado a los efectos señalados en el apartado 3 del artículo 549.
MAS SOBRE DESAHUCIO EXPRES AQUÍ
Conforme al TRLAU , en los arrendamientos de vivienda cualquiera que sea su renta, y en los de locales de negocio cuya renta anual no excediera de 12.000 ptas, el arrendatario podrá rehabilitar el contrato y evitar el lanzamiento si hasta el momento mismo en que fuera a practicarse paga o pone a disposición del actor el principal que debiera en dicho instante, mas el 25% del mismo, y los intereses legales. Existe posibilidad de realizar este pago o consignación incluso ante el mismo encargado de realizar la diligencia de lanzamiento.
Tras la entrada en vigor de la LAU , desapareció esta posibilidad, en tanto que su título.5 LAU título.5 LAU, relativo a los procesos arrendaticios, resultaba aplicable a los litigios relativos a los contratos de arrendamiento de finca urbana subsistentes a la fecha de su entrada en vigor. disposición transitoria.6 LAU disposición transitoria.6 LAU
La nueva LEC ha derogado expresamente este Titulo V de la LAU , y al no prever nada al respecto debe entenderse desparecida dicha posibilidad contemplada en el TRLAU
PLAZOS PARA DESALOJAR EL INMUEBLE
Firme la sentencia que declare haber lugar al desahucio, y recibidos los autos en el Juzgado a quo en el caso de apelación, se procederá, a instancia del actor, a su ejecución, mandando el Juez que se perciba de lanzamiento al demandado si no desaloja la finca en los siguientes términos:
– Un mes, si se trata de vivienda habitual y habitan en ella, con efecto, el ejecutado o quienes de él dependan. De existir motivo fundado, podrá prorrogarse dicho plazo un mes más.
Transcurridos dichos plazos, se procederá de inmediato al lanzamiento, fijándose la fecha de éste en la resolución inicial o en la que acuerde la prórroga.
– Si el inmueble estuviera ocupado por terceras personas distintas de las anteriormente señaladas, el tribunal, tan pronto como conozca su existencia, les notificará el despacho de la ejecución o la pendencia de ésta, para que, en el plazo de diez días, presenten al tribunal los títulos que justifiquen su situación.
El ejecutante o adquirente podrá pedir al tribunal el lanzamiento de quienes considere ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. De esta petición se dará traslado a las personas designadas por el ejecutante, prosiguiendo las actuaciones conforme a lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo.675 LEC.
Respecto a los requisitos del procedimiento, tradicionalmente se ha incluido entre los mismos la práctica del requerimiento previo al precarista con un mes de antelación instando la desocupación de la finca. Requerimiento cuya prueba corresponde aportar al actor, por lo que conviene realizar por conducto notarial.
Con la nueva LEC la mayoría de la doctrina, ante el silencio de la Ley, es reacia a admitir como requisito para interponer la demanda de desahucio por precario la existencia de un requerimiento previo. No obstante, no son pocos los autores que si bien son partidarios de la no exigibilidad de este requisito, si consideran que sería positivo requerir al precarista, con el fin de agilizar los trámites de recuperación de la posesión.
Además de la debatida cuestión del requerimiento previo, para la prosperabilidad de la acción de desahucio se requerirá la concurrencia de los siguientes requisitos:
– Que la persona que ejercite la acción tenga la posesión mediata de la finca como propietaria, usufructuaria o por cualquier otro título que le dé derecho a disfrutarla.
– La posesión material carente de título y sin pago de merced por el demandado. Es decir, que la persona o personas demandadas disfruten o tengan la posesión inmediata del inmueble sin título legitimador de clase alguna, sin pagar renta o merced arrendaticia, de manera que si en las actuaciones procesales quedase acreditada la existencia real de título válido y eficaz a favor de los ocupantes amparador de la posesión detentada, la acción ejercitada no podría prosperar puesto que éstos perderían el carácter de precaristas siendo al que alega éste a quien compete adverarlo por la presunción iuris tantum de onerosidad de la relaciones de las partes.
Publicado 27 septiembre 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Arrendamientos Urbanos, Civil, Desahucio, Procesal
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MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO
NOTA ACTUALIZADA: Con la nueva ley de agilización procesal: Supresión del límite máximo de 250.000 € en el Proceso Monitorio.
Con motivo de la aprobación el pasado 15 de octubre de 2009 del Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la implantación de la Nueva Oficina Judicial y el Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la L.O.P.J. se reforman e introducen 2 cambios relevantes en las normas reguladoras de la jurisdicción civil, una en beneficio de los ciudadanos -facilitando su acceso a la Justicia- y otra en perjuicio de los mismos (dificultando ese acceso):
Respecto al proceso monitorio, se eleva su cuantía de 30.000 a 250.000 euros. Se persigue dar más cobertura a un proceso que se ha mostrado rápido y eficaz para el cobro de deudas dinerarias vencidas, exigibles y documentadas. La sencillez del procedimiento y su utilidad como forma de protección del crédito ha provocado una utilización masiva del mismo que, por sí sola, justifica ampliar su ámbito de aplicación; es el proceso más utilizado para la reclamación de cantidades. Por otro lado, se ha mostrado como una vía para evitar juicios declarativos contradictorios, con la consiguiente descarga de trabajo para los órganos jurisdiccionales; más del cincuenta por ciento de los procesos monitorios evita el consiguiente declarativo, al finalizar el procedimiento bien mediante el pago voluntario por el deudor, bien por ejecución del título base de la petición inicial.
Se regula también un depósito y previo a la interposición del recurso, cuyo fin principal es disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, para que no prolonguen indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso. Los ingresos que se puedan generar por el uso abusivo del derecho a los recursos se vinculan directamente al proceso de modernización de la justicia, a la creación y mantenimiento de una plataforma de conectividad entre las distintas aplicaciones y sistemas informáticos presentes en la Administración de Justicia y a financiar el beneficio de justicia gratuita. Estos ingresos se distribuyen entre el Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. AQUÍ
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. AQUÍ
Publicado 23 septiembre 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil, Procesal
Se ha enviado a las Cortes Generales el Proyecto de Ley del Registro Civil. Supone un cambio profundo del actual modelo registral. Los libros físicos serán sustituidos por una base de datos electrónica común, de tal manera que el ciudadano podrá realizar sus trámites en cualquiera de las oficinas del país. No tendrá que ir personalmente al Registro, ya que la gran mayoría de los trámites se realizarán directamente por las administraciones públicas, como por ejemplo el envío electrónico de la información necesaria para las inscripciones por parte de los hospitales (nacimientos, defunciones…), de los ayuntamientos (matrimonios), de los juzgados o de las notarías. Por otra parte, las certificaciones podrán solicitarse y recibir por Internet.
El Nuevo Registro se configura como registro individual, con una ficha personal única, donde figurará el historial civil de cada persona desde su nacimiento.
A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, cada inscripción de nacimiento irá acompañada de un Código Personal de Ciudadanía(CPC), correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil.
Igualmente, con la nueva Ley dejarán de expedirse Libros de Familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales. Éstas podrán solicitarse personalmente o a través de Internet. En todo caso, las administraciones y los funcionarios públicos tendrán acceso a la información registral y no necesitarán pedir certificaciones a los ciudadanos, lo cual comportará una reducción de cargas administrativas y convertirá en algo extraordinario la necesidad de acudir personalmente al Registro.
Por otra parte, la modernización del Registro Civil hace necesaria su desjudicialización,en contra de lo que deseaban los jueces por lo que pasa a configurarse como órgano administrativo, dependiente del Ministerio de Justicia y gestionado por funcionarios públicos, cuyas decisiones, lógicamente, estarán sometidas a control judicial.
Otro aspecto significativo del nuevo Registro Civil es que refuerza el papel de los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, que, en este sentido, actuarán no sólo como receptores y emisores de solicitudes dirigidas al Registro, sino también como actores en la tramitación de expedientes y la celebración de matrimonios civiles.
Por otra parte, se configura, por primera vez en nuestro Derecho, un catálogo de derechos y de obligaciones de los ciudadanos respecto al Registro Civil y se modifica la LEC para aquellos casos en los que los ciudadanos tengan que acudir a los tribunales en un procedimiento judicial sobre su estado civil (filiación, validez matrimonial, etc.), estableciendo un procedimiento sencillo y rápido.
El Consejo de Ministros también ha aprobado un proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la regulación de las atribuciones de los juzgados y Tribunales en relación con el Registro Civil a la nueva normativa.
Los libros en los que se registran hechos (nacimientos, matrimonios, fallecimientos, etc.) dan paso a un registro individual para cada persona, vinculado a un Código Personal de Ciudadanía.
Se configura como una base de datos única que garantiza la unidad y seguridad de la información y la eficacia en la gestión. Se podrán realizar los trámites en cualquier oficina del Registro Civil del país.
Los asientos serán informáticos y la firma electrónica se convierte en elemento esencial en la gestión y custodia del Registro Civil. Los ciudadanos podrán acceder al Registro para solicitar certificaciones, consultar datos e instar expedientes por Internet.
Los centros sanitarios, los ayuntamientos o los órganos judiciales remitirán al Registro Civil por vía informática la documentación necesaria para inscribir los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, las defunciones, etc.
Los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso a la información que obra en el Registro por lo que no necesitarán solicitar certificaciones a los ciudadanos.
Se amplía la relación de actos que han de ser objeto de asiento para acomodarse al Derecho civil autonómico, como las autotutelas, apoderamientos preventivos o especialidades en materia de régimen económico del matrimonio.
Publicado 27 julio 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil
Vanesa Teijeiro Núñez ABOGADA y MEDIADORA

References: artículo 1902
 artículo 1902
 artículo 26
 artículo 1902
 resolución 
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 artículo 251
 artículo 818
 artículo 32
 artículo 394
 artículo 549
 resolución 
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