Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23529
Timestamp: 2020-02-26 22:49:16+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 139/2013
SENTENCIA 139/2013, de 8 de julio
ECLI:ES:TC:2013:139
2. Mediante providencia de 22 de mayo de 2008, el Pleno, a propuesta de la Sección Primera de este Tribunal, acuerda admitir a trámite el presente conflicto positivo de competencia; atribuir su conocimiento a la Sala Primera en virtud del art. 10.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC); dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación para que en el plazo de veinte días aporte cuantas alegaciones y documentos considere convenientes. Igualmente, comunicar la incoación del presente conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por si ante ella estuviera impugnado o se impugnare el citado precepto, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 LOTC; así como publicar la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.
5. Por escrito presentado en el Registro General del Tribunal el 7 de julio de 2008 el Abogado del Estado formula alegaciones interesando la desestimación del conflicto. Alega que el Real Decreto 14/2008 se dicta, según se desprende de su exposición de motivos y de su disposición final primera, al amparo de la competencia exclusiva reservada al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE). El objeto de este real decreto es mejorar la regulación de algunos aspectos del plan estatal de vivienda 2005-2008, a la vista de la experiencia adquirida a través de su ejecución. Trata de “perfilar más aún aquellas modalidades de actuaciones protegidas y ayudas económicas estatales directas que pueden contribuir en mayor medida a fortalecer y diversificar los mercados tanto de propiedad como de alquiler acogidos a protección pública, de forma congruente con el interés prioritario por parte del Ministerio de Vivienda en este ámbito de los mercados de vivienda” (exposición de motivos del Real Decreto 14/2008).
“Los titulares de las viviendas protegidas para alquiler podrán enajenarlas a nuevos titulares, siempre que se trate de sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria. La enajenación será por promociones completas, según proceda de acuerdo con la normativa aplicable, en cualquier momento del período de vinculación a dicho régimen de uso, sin sujeción a los precios legales máximos de referencia establecidos en el artículo 32.1 de este Real Decreto, previa autorización, y en las condiciones fijadas por parte del órgano competente de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
b) Ceder la gestión de las mismas a organismos públicos, entidades sin ánimo de lucro, o a sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, con la obligación, por parte de los gestores, de atenerse a las condiciones, compromisos, plazos y rentas máximas establecidos en este Real Decreto.”
“Los titulares de las viviendas protegidas para alquiler podrán enajenarlas a nuevos titulares, siempre que se trate de sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria. La enajenación será por promociones completas, según proceda de acuerdo con la normativa aplicable, o incluso por viviendas aisladas, cuando los adquirentes sean alguna de las restantes entidades a las que se refiere el artículo 41.1. Dicha enajenación podrá efectuarse en cualquier momento del período de vinculación a dicho régimen de uso, sin sujeción a los precios legales de referencia establecidos en el artículo 32.1 de este Real Decreto, previa notificación al órgano competente de las Comunidades Autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Tipo y número de registro Conflicto positivo de competencia 3194-2008
Fecha de resolución 08/07/2013
Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto del Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que aprueba el plan estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
Se enjuicia la adecuación al orden constitucional de competencias de la modificación normativa estatal sobre enajenación de viviendas protegidas para alquiler en la que se sustituye la exigencia de la previa autorización y el cumplimiento de las condiciones fijadas por cada Comunidad Autónoma, por la notificación anticipada al órgano competente.
Se desestima el conflicto positivo de competencias. La norma expresa una opción político-legislativa adoptada en el marco de la libertad de configuración que la Constitución atribuye al Estado a través de su competencia en bases y coordinación general de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE) y de acuerdo con las posibilidades de intervención en materia de vivienda, competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid (STC 152/1988, de 20 de julio). La medida modifica el régimen en línea con la normativa europea, garantiza la eficacia y la protección perseguida por el plan y no merma las funciones ejecutivas de la Comunidad de Madrid, que posee margen para desarrollar el control y la gestión de la enajenación de la vivienda protegida para alquiler.
La competencia autonómica en materia de vivienda se halla limitada por la competencia del Estado sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica ex art. 149.1.13 CE, lo que es aplicable a la actividad promocional en el sector de la vivienda, dada su muy estrecha relación con la política económica general, en razón de la incidencia que el impulso de la construcción tiene como factor del desarrollo económico y, en especial, como elemento generador de empleo (STC 152/1988) [FJ 3].
Cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido atribuida a una Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la aprobación de las normas de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, pero respetando en todo caso las reglas del procedimiento establecidas en la legislación del Estado dentro del ámbito de sus competencias (STC 152/1988) [FJ 3].
Para la ejecución de la normativa estatal reguladora de las actuaciones protegibles que les corresponde, las Comunidades Autónomas deben contar con un margen de libertad de decisión que les permita aplicar las medidas estatales adaptándolas a las peculiares circunstancias de su territorio, sin perjuicio del respeto debido a los elementos indispensables que las normas estatales arbitran para alcanzar los fines de política económica general propuestos (STC 152/1988) [FJ 3].
La previsión impugnada modifica el régimen de intervención administrativa en línea con la normativa europea y la nacional de trasposición, que tienden a privilegiar las declaraciones responsables o comunicaciones previas frente al sistema clásico de autorización, pretendiendo con ello facilitar actividades privadas sin renunciar a los necesarios controles administrativos de legalidad, con la finalidad de agilizar la enajenación de viviendas con la consiguiente trascendencia económica amparada en el art. 149.1.13 CE [FJ 4].
La regulación estatal que sustituye el régimen de autorización previa condicionada por una preceptiva notificación al órgano competente de las Comunidades Autónomas, deja un margen para que éstas desarrollen el control y la gestión de la enajenación de vivienda protegida para alquiler que, de acuerdo con la doctrina constitucional, resulta conforme con las posibilidades de intervención del Estado en materia de vivienda y con el parámetro de constitucionalidad que establecieron respectivamente las SSTC 152/1988 y 13/1992 [FJ 4].
El conflicto no ha perdido objeto pese a la derogación del precepto controvertido pues excluir del examen constitucional los casos de normas con vigencia temporal limitada, sería tanto como negar la posibilidad de control por este Tribunal Constitucional de dichas normas, creándose así un ámbito normativo, estatal o autonómico, inmune al control de la jurisdicción constitucional [FJ 2].
Artículo 26.1.4, ff. 1, 3, 4
Artículo 33.5 (redactado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero), ff. 1, 2
Real Decreto 14/2008, de 11 de enero. Modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda
Artículo único, apartado 12.1, ff. 1, 2
Competencias en materia de viviendaCompetencias en materia de vivienda, ff. 3, 4
Política económicaPolítica económica, ff. 2, 3
Leyes de presupuestosLeyes de presupuestos, ff. 2, 3
Promoción de viviendas de protección públicaPromoción de viviendas de protección pública, ff. 1 a 4
ViviendaVivienda, f. 3
Comunidad de MadridComunidad de Madrid, ff. 3, 4

References: Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 32
 artículo 41
 artículo 32
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 26

Artículo 33
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto