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BOE.es - Documento BOE-A-2019-2400
Documento BOE-A-2019-2400
«BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2019, páginas 16888 a 16901 (14 págs.)
BOE-A-2019-2400
En el recurso interpuesto por don C. T. H., como administrador único de la sociedad «Urbem, S.A.», contra la negativa del registrador Mercantil I de Valencia, don Rodolfo Bada Mañó, a inscribir determinados acuerdos adoptados por la junta general de dicha sociedad.
1.1 No constar en la hoja registral de la sociedad, y con carácter previo a la Junta General de fecha 3 de Septiembre de 2018, el asiento correspondiente a la íntegra ejecución del acuerdo de aumento de capital social adoptado en fecha 14 de marzo de 2006 y objeto de la inscripción 37. (Artículo 313 de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 169 del Reglamento del Registro Mercantil, y artículo 25.2 de la Directiva 77/CEE de 13 de diciembre de 1976).
Conforme a las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de agosto de 2013, 24 de octubre de 2016, 3 de abril de 2017 y concordantes la legitimación para asistir a la Junta general emitir el voto con arreglo a los art 91 y 93 de la Ley de Sociedades de Capital la determina la titularidad de las mismas por lo que debe ser acreditada ante la sociedad por quien reclame el ejercicio de los derechos y a estos efectos es el órgano de administración el que tiene encomendada la llevanza de aquel libro en el que han de constar las sucesivas titularidades con la finalidad de reconocer como socios a los que constan como tales. Tal y como establece el art. 116.2 de la Ley de Sociedades de Capital: “La sociedad solo reputará como accionista a quien se halle inscrito en dicho libro”. Como señala la doctrina del referido centro directivo, la calificación registral no queda vinculada por las declaraciones del Presidente de la junta cuando de los asientos del Registro resulte que estas afirmaciones no pueden mantenerse. En el presente caso, la cifra del capital social que se establece para la constitución de la Junta General no se corresponde con la que publican los asientos del Registro y resultan directamente de la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre y del Auto del mismo Tribunal de 28 de noviembre, ambos de 2011, que se aportan en el acta notarial y en los que se declara nula una parte de la suscripción realizada, como así consta al margen de la referida inscripción 37. Los art. 313 y ss. de la LSC establecen el procedimiento de inscripción del aumento de capital señalando el primero de ellos que “los administradores deberán dar nueva redacción a los estatutos sociales a fin de recoger en los mismos la nueva cifra de capital social a cuyo efecto se entenderán facultados por el acuerdo de aumento” previendo además el 316 el derecho a restitución de las aportaciones en caso de falta de presentación al registro de la documentación oportuna. La falta de este requisito previo es manifiesta ya que es el propio administrador designado por la junta general de 3 de septiembre de 2018 el que, con posterioridad a la misma, otorga la escritura correspondiente de fijación del capital social y modificación de estatutos a los efectos de hacerlo constar en la Hoja registral de la sociedad, esto es, la escritura autorizada el 3 de septiembre de 2018 por el Notario de Valencia, D. José Alicarte Domingo, n.º 2387 de protocolo, que ha sido presentada en este Registro el día 5 de septiembre de 2018, según el asiento 108 del Diario 895. Además, se adjunta en el acta notarial presentada una certificación del administrador vigente según el Registro, señalando que la referida ampliación de capital de fecha 14 de marzo de 2006 está pendiente de ejecución en virtud de un determinado procedimiento judicial.
Contra la anterior nota de calificación, don C. T. H., como administrador único de la sociedad «Urbem, S.A.», interpuso recurso el día 26 de octubre de 2018 mediante escrito en el que alegaba los hechos y fundamentos jurídicos que, a continuación, se transcriben:
1. Sentencia (necesariamente firme) del Tribunal Supremo de fecha 17 de octubre de 2011 junto con Auto de aclaración de 28 de noviembre de 2011.
2. Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Valencia de fecha 6 de marzo de 2014. Consta en el testimonio declaración de firmeza.
3. Sentencia n.º 75/15 de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, de 5 de marzo de 2015, junto con Auto del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2017 que declara la firmeza de la de la Audiencia. Consta en el testimonio declaración de firmeza.
El contenido de las referidas sentencias es de pleno conocimiento del Registro Mercantil, por haberse presentado, en su día, para su inscripción (…).
Dichos documentos presentados fueron objeto de calificación negativa por el Registrador Mercantil, con la siguiente Nota de calificación: (…).
– Contraviene directamente lo decidido por sentencias judiciales firmes, cuyo contenido ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
– Contradice la doctrina de esta Dirección General de los Registros y del Notariado.
– E invade competencias de los Tribunales sobre cuestiones que ya han sido decididas por éstos mediante sentencias firmes.
3.1 "No constar en la hoja registral de la sociedad, y con carácter previo a la Junta General de fecha 3 de Septiembre de 2018, el asiento correspondiente a la íntegra ejecución del acuerdo de aumento de capital social adoptado en fecha 14 de marzo de 2006 y objeto de la inscripción 37. (Artículo 313 de la Ley de Sociedades de Capital, artículo 169 del Reglamento del Registro Mercantil, y artículo 25.2 de la Directiva 77/CEE de 13 de diciembre de 1976)".
3.2 "La manifestación que realiza el Presidente de dicha Junta General en el momento de la constitución de la misma respecto a la composición accionarial de la sociedad en base a determinadas escrituras y sentencias, difiere sustancialmente de la que declara el Administrador único vigente conforme, según él mismo expresa, al contenido del Libro de Acciones Nominativas.
Además, debemos recordar «que la inscripción en el libro registro de acciones nominativas tiene una finalidad esencialmente legitimadora, no constitutiva,... lo que no impide que la dicha entidad (la Sociedad) pueda, a riesgo suyo, permitir el ejercicio de tales derechos a quien según le conste ostente dicha titularidad societaria aunque ésta no haya obtenido el oportuno reflejo librarlo» (Resolución DGRN 26/11/2007).
1. Inversiones Mebru, S.A.... titular de 172.980 acciones...
2. D. J. P. M.... propietario de 125.427 acciones...
3. D. J. E. C.... propietario de 14.977 acciones
4. D.ª V. P. O.... propietaria de 1 acción...
5. Y D.ª M. I. P. O. propietaria de 1 acción...
3.3 “En el presente caso, la cifra del capital social que se establece para la constitución de la Junta General no se corresponde con la que publican los asientos del Registro y resultan directamente de la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre y del Auto del mismo Tribunal de 28 de noviembre, ambos de 2011, que se aportan en el acta notarial y en los que se declara nula una parte de la suscripción realizada, como así consta al margen de la referida inscripción 37. Los art. 313 y ss. de la LSC establecen el procedimiento de inscripción del aumento de capital señalando el primero de ellos que «los administradores deberán dar nueva redacción a los estatutos sociales a fin de recoger en los mismos la nueva cifra de capital social a cuyo efecto se entenderán facultados por el acuerdo de aumento» previendo además el 316 el derecho a restitución de las aportaciones en caso de falta de presentación al registro de la documentación oportuna”.
A. Obvio es que si la cifra del capital social deriva del contenido de STS 17/10/11 lo decidido por esta Sentencia es prevalente sobre el criterio del Registrador que dedica su actual nota de calificación a la exégesis y contradicción de esta resolución judicial firme de nuestro más Alto Tribunal. No cabe que el Registro contradiga una Sentencia firme porque el Registrador pueda entender su personal criterio más acertado que el contenido de aquélla.
B. De conformidad con lo dispuesto en las sentencias firmes acompañadas, el capital social de Urbem resulta indubitado y es de doce millones cuatrocientos treinta y dos mil veintidós euros con sesenta y dos céntimos, representado por 313.386 acciones de 39’67 euros de valor nominal, numeradas del 5.222 al 130.650; del 132.427 al 175.083; del 175.707 al 190.683; del 191.183 al 203.172; del 203.672 al 215.661; del 216.161 al 228.150, y del 396.638 al 490.990, todos inclusive. Resulta también indubitada la eficacia del acuerdo de ampliación de capital de 14/03/06 frente a la sociedad desde el momento en que dicho acuerdo está ejecutado mediante la suscripción, desembolso y adjudicación de las acciones; asimismo resulta indubitado la completa eficacia y efectividad frente a la sociedad de la compra vio suscripción de las 172.980 acciones propiedad de Inversiones Mebru, S.A. Asimismo que, al no haber sido suscritas, por declaración firme del T.S., las 168.487 acciones (números 228.151 a 396.637, ambos inclusive) que en su día el administrador Regesta Regum, S.L. se adjudicó a sí misma, éstas quedan anuladas conforme al acuerdo de la Junta General de 14/03/06 (previsión de suscripción incompleta). La eficacia de las disposiciones de una sentencia firme deriva de todo el ordenamiento jurídico español (C.E. 17, 24 y 118; LEC 222 y 400; LOPJ 17, por todos).
C. Es decir, al momento actual, y en virtud de las sentencias aportadas con la solicitud de inscripción (Juzgado de lo Mercantil de Valencia n.º 1 de 06/03/14, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9.ª de 05/03/15, Tribunal Supremo de 17/10/11 y Auto del Tribunal Supremo de 27/10/2017), ha pasado en autoridad de cosa juzgada: (a) que el capital social de Urbem, S.A. asciende a 12.432.022,62 euros, representado por 313.386 acciones, (b) que Inversiones Mebru, S.A. es dueña de 172.980 acciones de Urbem, S.A. (que representa el 55,1971% del total capital social de Urbem, S.A.), y que (c) todo ello es así desde el año 2006 e ininterrumpidamente desde entonces. Todas estas resoluciones son gimes en derecho. Ignorarlas y/o contradecirlas resulta a día de hoy una grave infracción de Ley; y no le es permitido a ningún particular y/o autoridad (LEC 222, LOPJ 17, CE 118, etc.) actuar en contra de lo decidido en tales resoluciones. El contenido de los asientos del Registro debe venir acomodado al contenido de estas sentencias.
D. También del contenido del Registro se deduce lo expuesto: Mediante acuerdo de la Junta General de Urbem, S.A. de 14 de marzo de 2006 se aumentó el capital social de Urbem, S.A. que se fijó en diecinueve millones ciento quince mil novecientos un euros y noventa y un céntimos, representado por 481.873 acciones de 39’67 euros de valor nominal, cada una, numeradas del 5.222 al 130.650; del 132.427 al 175.083; del 175.707 al 190.683; del 191.183 al 203.172; del 203.672 al 215.661; del 216.161 al 228.150; del 228.151 al 490.990, todos inclusive. Esta ampliación está completamente ejecutada mediante escritura otorgada el 9 de mayo de 2006 ante el Notario de Valencia D. Mariano Arias Llamas, protocolo 1058, e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, inscripción 37.ª en la hoja registral de Urbem, S.A. Posteriormente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2011, necesariamente firme, declaró nula la suscripción efectuada por Regesta Regum, S.L. de 168.487 acciones (números 228.151 a 396.637, ambos inclusive). Como consecuencia de lo anterior, el capital social de Urbem, S.A. es de doce millones cuatrocientos treinta y dos mil veintidós euros con sesenta y dos céntimos, representado por 313.386 acciones de 39’67 euros de valor nominal, numeradas del 5.222 al 130.650; del 132.427 al 175.083; del 175.707 al 190.683; del 191.183 al 203.172; del 203.672 al 215.661; del 216.161 al 228.150, y del 396.638 al 490.990, todos inclusive. Resulta, por tanto, indubitada la eficacia del acuerdo de ampliación de capital de 14/03/06 frente a la sociedad (está ejecutado mediante la suscripción, desembolso y adjudicación de las acciones, y su inscripción en el Registro), y resulta indubitada la completa eficacia y efectividad frente a la sociedad de la suscripción y/o adquisición de las 172.980 acciones propiedad de Inversiones Mebru. S.A., y resulta indubitado frente a la sociedad que, al no haber sido suscritas las 168.487 acciones números 228.151 a 396.637, ambos inclusive, éstas quedan anuladas conforme al acuerdo de la Junta General de 14/03/06 (previsión de suscripción incompleta). Como repetido, la eficacia de las disposiciones de una sentencia firme deriva de todo el ordenamiento jurídico español.
Pretender que es ineficaz la suscripción realizada por Inversiones Mebru, sobre la base, además, de la propia demanda de ésta respecto de las suscripciones declaradas nulas (la de Regesta y P.) por las sentencias reseñadas, resulta inconcebible por el carácter vicioso de los actos llevados a cabo por Urbem, denunciados por Mebru y así declarados por los Tribunales; no cabe que tales actos determinen que los que los llevaron a cabo -básicamente, el Sr. P.–puedan verse beneficiados por ellos (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
a) Se evidencia una clarísima obstrucción por parte de Regesta y P. al cumplimiento de las sentencias de los Tribunales, lo que el Registro Mercantil no puede amparar.
b) El contenido de dichas sentencias, todas ellas firmes, ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
c) El contenido de los asientos del Registro debe venir acomodado al contenido de estas sentencias.
3.4 "La falta de este requisito previo es manifiesta ya que es el propio administrador designado por la junta general de 3 de septiembre de 2018 el que, con posterioridad a la misma, otorga la escritura correspondiente de fijación del capital social y modificación de estatutos a los efectos de hacerlo constar en la Hoja registral de la sociedad, esto es, la escritura autorizada el 3 de septiembre de 2018 por el Notario de Valencia, D. José Alicarte Domingo, n.º 2387 de protocolo, que ha sido presentada en este Registro el día 5 de septiembre de 2018, según el asiento 108 del Diario 895".
3.5 "Además, se adjunta en el acta notarial presentada una certificación del administrador vigente según el Registro, señalando que la referida ampliación de capital de fecha 14 de marzo de 2006 está pendiente de ejecución en virtud de un determinado procedimiento judicial".
3.6 "Como señala la DGRN (Resoluciones de 22 de julio de 1990, de 2 de diciembre de 1999 y 21 de enero de 2013 entre otras) no corresponde al Registrador dirimir cuestiones litigiosas que llevarían a la desnaturalización del Registro Mercantil, institución encaminada a la publicidad de situaciones jurídicas ciertas, a través de un procedimiento en el que no juega el principio de contradicción y cuya validez ha sido contrastada por el trámite de la calificación registral, y no a la resolución de las diferencias entre los socios que sólo a los Tribunales corresponde".
El texto de la calificación revela su inconsistencia: lo único que la nota de calificación efectúa es ocultar las "situaciones jurídicas ciertas" y pretender su sustitución por el subjetivo criterio del Registrador contrario al de las sentencias firmes. El Registrador no solo se arroga el derecho de «dirimir cuestiones litigiosas» sino que lo hace para contradecir a los Tribunales en sus sentencias firmes en la expresión de que considera de relevancia superior el contenido del registro que interpreta a su antojo al contenido de las sentencias. El primer principio de contradicción que no debe "jugar" (literalidad de la nota) es el del Registrador contra los Tribunales y la validez de las resoluciones de la justicia no está bajo el contraste de la calificación registral sino exactamente al contrario.
Menos aún cabe que sea el Registrador, como aquí efectúa, quien esté resolviendo “las diferencias entre los socios” precisamente ignorando que son los Tribunales los que tienen ya decidido sobre la persistencia o no de sus inscripciones e, incluso, haciendo prevalecer sus decisiones de inscripción o no de los acuerdos sociales sobre el criterio firme de estos Tribunales de Justicia que parece que el Registro no acepte en cuanto no se acomode al propio. No hay "diferencias entre los socios" que no hayan quedado ya decididas por Sentencias firmes y el Registrador no puede volver sobre el contenido de las Sentencias ya decidido por los Tribunales al solo fin de ignorarlas y decidirlo él.
Es decir, la nota de calificación objeto de este recurso, excede del ámbito de la calificación registral, pues supone la arrogación extrajurisdiccional de la función de dilucidar en el caso concreto sobre la tutela de los derechos de los accionistas y del interés de la propia Urbem, S.A., dado que la Junta General ya fue objeto de convocatoria judicial por Decreto del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia, precisamente en la búsqueda de la protección de los derechos de los accionistas y de los intereses de Urbem, S.A. En cambio, accediendo a la inscripción, cuya práctica es objeto de debate en el presente recurso, no se impedirá la adecuada reacción de quienes se consideren con derecho a cuestionar la validez del nombramiento de que se trata, mediante la correspondiente acción de impugnación de los acuerdos cuya inscripción se ha solicitado, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales (Resolución de la DGRN de 14 de diciembre de 2004)».
«1.º La inscripción 32 de fecha 8 de noviembre de 2005, recoge una reducción de capital capital [sic] y su ejecución dejándolo establecido en ocho millones seiscientos ochenta y nueve mil treinta y nueve euros y once céntimos.
También en la propia documentación aportada para solicitar la inscripción y en la interposición de este recurso se hacen referencia a éstas y otras situaciones judiciales determinadas.»
La mera oposición de un socio a las declaraciones que lleva a cabo la mesa sobre la constitución del capital social no constituye causa suficiente para estimarlo, sin perjuicio de las acciones que al socio corresponden en defensa de su posición jurídica. Esta consideración es aplicable en este caso, pues aun cuando el socio que se opone es el administrador único con cargo inscrito en el Registro Mercantil, debe tenerse en cuenta que la competencia para la declaración de la validez de la constitución de la junta ha sido atribuida judicialmente al presidente designado en la convocatoria, precisamente para garantizar, en la medida de lo posible, que el legítimo interés que tienen quienes solicitan que se convoque junta general extraordinaria para debatir sobre aquellos «asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud» (artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital) no quede defraudado por quienes en otras condiciones podrían ostentar posición de presidente en la junta por celebrar (vid. Resoluciones de 28 de agosto de 2013, 17 de mayo de 2016 y 20 de noviembre de 2017).

References: artículo 169
 artículo 25
 artículo 169
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 resolución 
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