Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERDOC&CONF=BRSPUB.cnf&BASE=PU12&PIECE=PUWC&DOCS=1-1&FMT=PUWTXDTS.fmt&OPDEF=Y&QUERY=%28B%29.PUBL.+%26+%28CONGRESO%29.SECC.+%26+%28D%29.ORSE.+Y+BOCG-12-D-260.CODI.
Timestamp: 2018-01-19 21:25:47+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 260, de 01/12/2017
cve: BOCG-12-D-260-C1
162/000515 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas de apoyo a los ciudadanos que padecen la enfermedad celiaca ... (Página3)
162/000516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los roles asignados a juguetes en centros escolares y publicidad ... (Página5)
162/000518 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Programa de Vacaciones del Imserso para los mayores ... (Página5)
162/000519 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impulso del conocimiento de la obra y figura del célebre escritor José Viera y Clavijo ... (Página7)
162/000521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Medicina Personalizada de Precisión en el Sistema Nacional de Salud ... (Página8)
162/000522 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a actualizar el aún vigente VI Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) ... (Página9)
162/000523 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los efectos negativos para la biodiversidad de la expansión de las plantaciones de eucalipto y la necesidad de incluir su acotamiento en la Estrategia para hacer frente al Cambio Climático ... (Página13)
162/000524 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento del Acuerdo de La Habana sobre el Proceso de Paz en Colombia ... (Página16)
162/000525 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la situación del ciudadano español encarcelado y condenado a muerte en Egipto ... (Página19)
162/000526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la excepción en la intervención previa en los Organismos Públicos de Investigación ... (Página20)
162/000527 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adopción de medidas para la localización de los "bebés robados" (recién nacidos, menores de edad ya sean adoptados ilegales o falsos biológicos inscritos) que permitan la reagrupación familiar ... (Página21)
162/000528 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a solucionar la precariedad en el personal laboral expatriado de la AECID ... (Página23)
232/000125 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 2845/2007, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el "Título II, Capítulos I y II (artículos 27 a 41), relativo a la adopción, y del Título III (artículos 42 a 45), relativo a la autotutela, de la Ley de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia". ... (Página24)
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de apoyo a los ciudadanos que padecen enfermedad celiaca, para su debate en Pleno.
La Enfermedad Celiaca, según recogen los documentos relativos a esta publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es "una patología del aparato digestivo que afecta a individuos genéticamente predispuestos, al entrar en contacto con alimentos que contienen gluten; causa una lesión histológica característica, aunque no patognomónica, que en las formas más graves provoca atrofia de las vellosidades intestinales" según define el documento de Diagnóstico precoz de la enfermedad celiaca en el Sistema Nacional de Salud (2008). Sin embargo, convenciones internacionales de expertos en esta patología han acordado una definición más reciente, que no está recogida en los documentos ministeriales. Según "el consenso de Oslo", la enfermedad celiaca es "una enteropatía crónica inmuno-mediada del intestino delgado precipitada por la exposición a la dieta con gluten en individuos genéticamente predispuestos" y que presenta signos y síntomas de mala absorción intestinal florida, manifestándose en forma de diarrea, esteatorrea, pérdida de peso o retraso de crecimiento.
Los problemas que esta patología suponen en la vida diaria de las personas que la padecen ha llegado a tal incidencia, que el propio Defensor del Pueblo emitió un informe, en abril de 2017, titulado "La situación de las personas con enfermedad celiaca en España". En dicho informe, el Defensor señala diversos estudios en los que señala que la incidencia de la enfermedad es de 1 caso por cada 200 personas siendo más común en la infancia y más presente en mujeres que hombres.
Los ciudadanos afectados por esta patología, así como las asociaciones de afectados, denuncian las dificultades existentes a la hora de poder seguir una dieta sin gluten y que no afecte de manera significativa a su vida diaria. Entre las principales quejas encontramos aquellas relativas al mundo de la restauración, donde señalan que no existe suficiente información sobre intolerancias en los menús, ni se controlan las contaminaciones cruzadas. También señalan la falta de información existente de profesionales sanitarios y centros escolares sobre esta patología y sus cuidados específicos. La dificultad de encontrar comida sin gluten en los comedores de los centros de trabajo, incluso dentro de la administración pública, así como información deficiente en el etiquetado de numerosos productos que se venden en superficies comerciales. Pese a la normativa europea y nacional en relación al etiquetado, los pacientes siguen quejándose de la dificultad de poder saber si determinados alimentos procesados o que se sirven en restaurantes llevan o no gluten.
Quizá otro de los grandes problemas de este colectivo es el aumento del coste que deben abonar para el acceso a alimentos que no contienen gluten. Pese a que a día de hoy algunas cadenas de supermercados están profundamente concienciados por este problema, el coste de productos básicos sin gluten sigue aumentando el gasto que se precisa para una cesta de la compra básica en este colectivo.
La Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) suele presentar anualmente su propio estudio comparativo de precios de productos sustitutivos sin gluten. El último de ellos muestra unas diferencias promedio de 1,11 veces, por ejemplo para alimentos característicos de la campaña navideña, y hasta de 9,58 veces más elevado el precio de ciertos productos de consumo habitual, como el pan rallado. En este sentido, la mayor demanda comercial de los últimos años de productos sin gluten y las economías de escala están favoreciendo la tendencia a la baja de los precios para el consumidor final. Sin embargo, según los operadores especializados en la producción de estos alimentos señalan que, a pesar
de esa tendencia, en ningún caso podrá alcanzarse una equiparación total de precios con los alimentos con gluten de consumo ordinario.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que queda mucho trabajo por hacer para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos celiacos.
1. Actualizar los documentos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con los últimos avances científicos en el conocimiento y tratamiento de esta patología, trasladando las novedades a sus programas y acciones concretas de desarrollo. En concreto, el documento Diagnóstico precoz de la enfermedad celiaca en el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con las últimas evidencias científicas en la materia.
2. Mejorar el sistema de recogida de datos epidemiológicos sobre la Enfermedad Celiaca a fin de conocer la incidencia real de esta patología en la población española.
3. Fomentar investigaciones en torno a la Enfermedad Celiaca, especialmente aquellas destinadas a la detección precoz.
4. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y a la Conferencia Sectorial de Educación la necesidad de que se mejore la formación de los profesionales sanitarios y educativos en la Enfermedad Celiaca a fin de mejorar los diagnósticos precoces y los tratamientos y cuidados básicos que deben efectuarse sobre esta población.
5. Trabajar junto a la CEOE, y asociaciones mayoritarias de las empresas de ocio y restauración, las medidas precisas a fin de que se apliquen mejoras en los sistemas de información a los consumidores en relación a la presencia de alérgenos en las comidas, así como una mejor formación sobre las prácticas destinadas a evitar contaminaciones cruzadas en este sector.
6. Implementar un sello de garantía que identifique a los establecimientos de hostelería y restauración que oferten una alternativa gastronómica sin gluten.
7. Trabajar junto a AECOSAN para realizar campañas de concienciación para el sector de ocio y restauración de la necesidad de informar correctamente sobre intolerancias y alergias alimenticias, así como buenas prácticas en la preparación de alimentos en este sentido.
8. Trasladar a la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la necesidad de clarificar la información que reciben los ciudadanos en relación a fármacos que pueden contener gluten.
9. Desarrollar campañas de comunicación sobre la enfermedad celíaca que sirvan para concienciar a la sociedad en todos los niveles: sanitarios, hostelería y restauración, educación, etc.
10. Llevar a cabo las medidas necesarias a fin de que la certificación de los alimentos sin gluten como tales, por el Estado o cualquier otra entidad, no puedan suponer coste alguno a las empresas encareciendo aún más el precio de estos productos.
11. Evaluar diferentes tipos de medidas para hacer más accesibles los alimentos sin gluten a las personas afectadas por la enfermedad celiaca a fin de alcanzar condiciones de igualdad de acceso a alimentos básicos de la cesta de la compra con las personas no afectadas por esta patología.
12. Revisar y aprobar nuevas medidas, en caso de ser preciso, orientadas al cumplimiento del reglamento de la UE sobre la declaración de alérgenos y la Directiva (EU) 41/2009 sobre la composición y etiquetado de los productos alimenticios.
13. Trasladar a las instituciones europeas la necesidad de revisar la normativa relativa a la información a consumidores sobre productos que contienen gluten, Reglamento de Ejecución (UE) 828/2014, así como la necesidad de homogeneizar en el conjunto de la Unión los símbolos y pictogramas que aluden a menciones alimentarias obligatorias dada su alta variabilidad según el Estado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los roles asignados a juguetes en centros escolares y publicidad, para su debate en Pleno.
A día de hoy, en pleno siglo XXI, aún se siguen asociando acciones como el cuidado familiar o labores del hogar a juguetes y a actividades de "rol femenino" o por el contrario, actividades deportivas, de construcción o mecánicas a juguetes y acciones de "rol masculino". Este enfoque tradicional de los juguetes y del ocio contribuye a asignar e imponer determinados roles injustos a nuestros menores, inculcándoles principios y valores que en ocasiones pueden frustrarlos y condicionarlos a tomar decisiones que pueden ser equivocadas, como puede ser su profesión en el futuro, sin dejarlos indagar en su verdadera vocación y curiosidad por el mundo.
Esta diferenciación por género induce a los niños a descartar juguetes y actividades de ocio y tiempo libre afines a sus gustos por una imposición tradicional de la sociedad. Esto conlleva que algunos niños rechacen actividades que les motivan y enriquecen e incluso aquellas en las que pueden ser exitosos, generando en ocasiones incluso una pérdida de talento en ese sector en concreto.
En este asunto, también es preciso que las empresas del sector y las compañías de publicidad tengan constancia de la impronta que los juguetes desarrollan en la igualdad de género y el desarrollo de roles en la vida adolescente y adulta. Consideramos que la publicidad de este tipo de productos debiera fomentar una proyección de los juguetes más neutral, centrada más en el producto, que en la persona que debe utilizarlo o la estimulación conductual que debe producir.
Fomentar la igualdad de género y no limitar el desarrollo de nuestros menores es una tarea compartida de todos, especialmente de todos aquellos que tienen influencia en los niños y niñas desde edades tempranas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-Patricia Reyes Rivera, María Virginia Millán Salmerón y Marta Martín Llaguno, Diputadas.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso, presenta para su debate en Pleno, la siguiente Proposición no de Ley sobre el Programa de Vacaciones del lmserso para los mayores.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales desarrolla un programa que sirve de complemento a las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social Española. Su fundamento viene dado para facilitar el acceso de los mayores a estancias en zonas de costa y turismo interior, contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida, la salud y la prevención de la dependencia.
Según los datos del propio Instituto también se genera un beneficio al mantenimiento del empleo y la actividad económica, paliando las consecuencias que en materia de empleo produce el fenómeno de la estacionalidad en el sector del turismo, al menos en algunas zonas del Estado.
Cada año se aumenta el número de personas mayores que se incorpora a realizar nuevas actividades, pasando de un 9,5% en 1993 a cifras del 53% de la actualidad.
Este año se han puesto a la venta 1.35 millones de plazas y participan más de 300 hoteles en toda España.
Además, de la oferta en el litoral peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana), también Baleares y Canarias. A su vez, se incluyen viajes culturales a destinos llamados de interior, turismo de naturaleza, circuitos a capitales de provincia y viajes a Ceuta y Melilla.
Se trata de una oferta variada que dispone de muchas modalidades en relación a los días y al régimen de pensión.
En Canarias son muchas las personas que se acogen a esta opción de viajar, quizás también podríamos afirmar que es una de las escasas elecciones para pasar unos días de vacaciones. Digo esto, porque en Canarias, el porcentaje de personas que sólo dispone de una pensión no contributiva en relación al resto del Estado es tres veces mayor y eso significa un menor poder adquisitivo para estas familias.
El pasado 14 de agosto las instituciones de las islas no capitalinas de Canarias han recibido el siguiente escrito del propio Instituto "El programa de Turismo del Imserso ha incluido durante las temporadas anteriores, entre sus prestaciones, ayudas al transporte que en la temporada 2016/17 era de 73,96 ? por persona y viaje realizado desde una isla no capitalina hasta la capital de provincia desde donde se inicia el paquete turístico ofertado en el programa. Teniendo en cuenta que en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, la disposición adicional centésima vigésima octava, relativa a subvenciones al transporte aéreo y marítimo para residentes en Canarias y Baleares establece un incremento del porcentaje de bonificación aplicable a los billetes de transporte marítimo y transporte aéreo de pasajeros, el Imserso dejará de tramitar las referidas ayudas, firmado el subdirector general de gestión".
Desde las islas no capitalinas, menos pobladas, esta supresión supone retroceder en las ventajas y derechos a que se acogían sus mayores.
Por otro lado, existe una falta de sensibilidad con estas islas a la hora de programar los viajes, queja reiterada ya al lmserso por muchas instituciones. La norma establece que los viajes se programan desde la isla capitalina y en muchas ocasiones no es posible realizar la escala en un vuelo desde una de las islas no capitalinas. No se entiende, existiendo en la actualidad una oferta amplia de vuelos a la Península desde, al menos algunas de las islas no capitalinas como pueden ser La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.
Además, se pueden producir retrasos, los agentes solicitan a los usuarios estar dos horas antes de la salida del vuelo en mostrador, la distancia entre terminales, personas mayores con equipaje para 15 días y dificultades para la movilización. Por ello, a veces no queda otro remedio que pernoctar en la isla de salida y con el gasto extra que supone.
Por todas estas razones, existe un agravio comparativo entre personas en función de la isla donde se resida. Sin embargo, este derecho está recogido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en el que todos tienen derecho a un mismo acceso al recurso. Por tanto, se trata de un perjuicio a los ciudadanos de islas no capitalinas pobladas.
- Mantener la ayuda económica para compensar el coste del desplazamiento entre islas, con objeto de iniciar el programa de vacaciones, guardando un criterio de proporcionalidad en relación a cuantos descuentos se tengan por establecidos.
- Establecer una programación desde las islas no capitalinas donde exista una oferta de vuelos con la Península, evitando desplazamientos que sólo generan gastos y perjuicios a los propios ciudadanos que residen en dichas islas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en Pleno, la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso del conocimiento de la obra y figura del célebre escritor José Viera y Clavijo.
Con motivo de la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de José de Viera y Clavijo (1731-1813), surgió, desde el conjunto de la sociedad civil y de diferentes entidades culturales de las Islas Canarias, un proyecto que propone la revalorización y difusión de la vida y el legado de este eminente historiador, escritor y científico ilustrado, figura que debe ocupar, sin duda, el puesto relevante que merece en el conjunto de la cultura insular e hispánica. Máximo exponente de las Letras del Archipiélago, los canarios hemos hecho de Viera parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio, otorgándole un papel de cohesión cultural entre todas las Islas. En este sentido, el Gobierno de Canarias ha instituido desde 2006 la celebración del Día de las Letras Canarias, que se realiza cada 21 de febrero, como fecha conmemorativa de la muerte del eminente escritor.
Considerado el representante más significativo de la Ilustración en Canarias, Viera es una de las imágenes insulares con proyección nacional, que se codeó con lo más granado de la intelectualidad española del momento (Jovellanos, Campomanes, Cavanilles, etc.), llegando a ser miembro de número de la Real Academia de la Historia y obteniendo dos medallas de oro concedidas por la Real Academia Española. Dado su carácter polifacético, su producción es muy extensa: se interesó por la historia, la poesía, la novela, el teatro y la ciencia, realizó traducciones pioneras en España y compuso varios poemas didácticos sobre ciencias experimentales, lo que nos recuerda que fue, junto con otro ilustre científico canario, Agustín de Betancourt, quien hizo volar uno de los dos primeros globos aerostáticos en España. Desde el punto de vista científico, utilizó sus conocimientos de química e historia natural, aplicados al estudio de las particularidades zoológicas, botánicas y mineralógicas de las Islas, poniendo especial énfasis en aspectos de gran beneficio social como el respeto a la Naturaleza o el interés por el fomento y el desarrollo de los recursos naturales.
Pero Viera y Clavijo también tiene una dimensión internacional. Participó, en la segunda mitad del siglo XVIII, en el fenómeno del Grand Tour, recorriendo con el marqués de Santa Cruz y los duques del Infantado las principales cortes europeas. En sus viajes pudo conocer a grandes personalidades de la Ilustración del momento (Condorcet, D'Alembert, Voltaire, el emperador José II de Austria...). A raíz de su propia formación y de aquellos viajes, su conciencia se revela como la de un firme europeísta, que abogó por la necesidad de una Europa unida a través del enriquecedor diálogo de sus distintas manifestaciones culturales. Ello otorga a su figura una vigencia actual en el proceso de construcción de la idea cultural europea.
Como eje central de este proyecto de revalorización y difusión nacional de la figura de Viera y Clavijo, su época y los valores cívicos transmitidos por el escritor ilustrado y su pervivencia en la actualidad, se ha planteado la realización de una serie de actividades en Madrid, como una exposición en la Biblioteca Nacional de España, del 24 de enero al 21 de abril de 2019, que lleva por título "Viera y Clavijo, de isla en continente", al objeto de incidir en la representatividad del polígrafo canario en el contexto de la cultura nacional del Setecientos, destacando con ello el papel esencial de los valores histórico-patrimoniales de nuestras diversas autonomías en el proceso de cohesión nacional.
La trascendencia que puede y debe tener esta iniciativa tanto para los ámbitos educativos y culturales españoles, como para esa mayor imbricación de los diversos territorios del Estado español a través de la historia y la cultura que les aúna e identifica, requiere que el esfuerzo iniciado por la sociedad civil canaria -y al que ya se han sumado otras instituciones públicas y privadas del Estado, entre ellas, la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia- sea reconocido y apoyado por el Gobierno de la Nación.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a contribuir al impulso del plan de difusión nacional e internacional de la figura de José de Viera y Clavijo, apoyando los actos que quieren resaltar su relevancia en la cultura canaria, española y europea, asumiendo ambas administraciones (regional y estatal) de forma conjunta el objetivo político de impulsar el conocimiento nacional de la obra y la figura del célebre escritor ilustrado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre Medicina Personalizada de Precisión en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en Pleno.
La Medicina Personalizada, referida también como medicina de precisión (MPP), comienza a ser una realidad en España y en los países de nuestro entorno por sus potenciales beneficios en relación con los pacientes pero también con el propio sistema sanitario y, en definitiva, con la sociedad en su conjunto.
Entendida como la adaptación de los tratamientos médicos -preventivos, diagnósticos y terapéuticos- a las características individuales de cada paciente, la medicina de precisión supone un cambio de paradigma en la prestación de la asistencia sanitaria.
Se trata, en definitiva, de tener en cuenta al diseñar la atención sanitaria, incluida la farmacológica, la composición genética de los pacientes o cualquier otro tipo de evaluación médica, permitiendo una atención, como su propio nombre indica, mucho más personalizada en esos tres ámbitos.
Así entendida, la MPP va a tener una trascendencia evidente tanto desde el punto de vista asistencial como de la investigación y la sostenibilidad del propio sistema sanitario en un futuro próximo.
En primer lugar, permite atender al paciente de forma más individualizada, teniendo en cuenta sus características específicas y propias y, en consecuencia, le colocará en el centro de la acción del sistema sanitario. La MPP permitirá mejorar y precisar los resultados clínicos, mejorando los tratamientos, y, en consecuencia, la calidad y duración de la vida de los pacientes.
En segundo lugar, la MPP implica una apuesta decidida por la I+D+i en el ámbito de la salud pues es impensable su desarrollo sin impulsar y apoyar, con los recursos necesarios, la investigación científica y la innovación en temas tales como la Genómica, la computación avanzada y la generación y gestión de datos masivos en otras ciencias.
Finalmente, la MPP permite racionalizar el gasto sanitario y, en consecuencia, afecta de forma decidida también a la futura sostenibilidad del sistema nacional de salud, porque tendrá efectos notables en la eficacia y eficiencia del mismo.
Precisamente por esta importancia, se han puesto en marcha experiencias muy interesantes en materia de MPP tanto en el ámbito internacional, como nacional y autonómico.
Sin ánimo exhaustivo, en el ámbito internacional el Presidente Obama lanzó en 2015 la iniciativa de Medicina de Precisión, financiada con 215 millones de dólares sólo en el año fiscal de 2016, con el
objetivo de desarrollar la atención individualizada. En Europa existen iniciativas como la European Alliance for Personalised Medicine (EAPM), el proyecto PERMED, encargado de desarrollar la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA, en sus siglas en inglés), o el proyecto IASIS de investigación para el aprovechamiento del big data en el ámbito de la salud y experiencias similares o más particulares en países como Reino Unido, Alemania o Francia.
En el ámbito nacional, España participa en estas experiencias europeas y, además, se han puesto en marcha iniciativas como la Red Española de Excelencia en Investigación e Innovación en Exosomas (REDiEX). Según datos de la propia Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se han incluido los análisis genéticos en la cartera de servicios comunes del SNS y se han financiado, a través del Instituto Carlos III, entre 2013 y 2016, 190 proyectos de investigación en el ámbito de la medicina de precisión, con 44,62 millones de euros.
También existen algunas incipientes experiencias en este campo en algunas Comunidades Autónomas como la extremeña (Proyecto MEDEA), valenciana (Futur Clinic) o la andaluza (Proyecto Genoma Médico).
Recientemente, se ha aprobado en el Senado la creación de una ponencia para recabar las opiniones de expertos y definir las propuestas regulatorias, organizativas y de cualquier otra naturaleza que permitan una respuesta eficaz, ética y equitativa ante los desafíos sanitarios y sociales de la genómica.
Es evidente, por tanto, la trascendencia de la MPP pero también los riesgos que presenta este camino que se está iniciando, tanto desde un punto de vista ético como de la equidad en el acceso a la misma, por citar solo algún ejemplo. Por ello, se echa en falta todavía un enfoque nacional, global y sistemático de la senda hacia la MPP.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y de manera consensuada con el resto de fuerzas políticas y con los agentes afectados -pacientes, profesionales sanitarios e investigadores- una Estrategia Nacional de Medicina Personalizada, que cuente con un presupuesto específico y suficiente, y un marco regulatorio propio, y que identifique las acciones que permitan trasladar a la práctica clínica de manera ordenada la medicina personalizada y de precisión, garantizando, en todo caso, la calidad, la equidad y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario; así como la seguridad de los datos, y el derecho a la privacidad e información de los ciudadanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-María González Veracruz y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000522
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a actualizar el aún vigente VI Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), para su debate en el Pleno.
Existen motivos más que suficientes para actualizar el vigente Plan General de Residuos Radiactivos:
En primer lugar, el combustible nuclear gastado generado en España (con excepción del generado en la operación de la central nuclear Vandellós I y el generado en la central nuclear Santa María de Garoña hasta 1982), se encuentra actualmente almacenado en las piscinas de combustible asociadas a los reactores nucleares y en los contenedores de almacenamiento en seco ubicados en los Almacenes
Temporales Individualizados (ATI) existentes en los emplazamientos de las centrales nucleares Trillo, José Cabrera y Ascó.
En la categoría de residuos de alta actividad se incluyen, además de los residuos procedentes del reprocesado del combustible de Vandellós I (en Francia), los residuos de operación y desmantelamiento de las centrales nucleares que, por su actividad o por ser de vida larga, no cumplen los criterios para su disposición en la instalación de almacenamiento definitivo de El Cabril, los cuales se agrupan bajo la denominación de "residuos especiales".
Según el informe del Consejo de Seguridad Nuclear de 2016 remitido al Congreso de los Diputados y al Senado, el número total de elementos combustibles almacenados, a 31 de diciembre de 2016, en las centrales fue de 15.082, de los que 8.345 elementos son de las centrales nucleares de agua a presión (PWR) y 6.737 de las centrales nucleares en ebullición (BWR). De ellos:
13.681 elementos combustibles se encuentran almacenados en las piscinas asociadas a los reactores.
1.401 elementos se encuentran en los contenedores de almacenamiento en seco ubicados en los ATI existentes en los emplazamientos de Trillo (672 elementos en 32 contenedores ENSA-DPT); José Cabrera (377 elementos en 12 contenedores HI-STORMZ) y Ascó (352 elementos en 11 contenedores HI-STORM).
En el gráfico 1 se muestra la situación de las instalaciones de almacenamiento de combustible irradiado en las centrales nucleares españolas a finales del año 2016. Para cada central se indica la capacidad ocupada (que se corresponde con el número de elementos de combustible irradiado almacenados en la piscina a fecha de 31 de diciembre), la reserva núcleo (posiciones de la piscina reservadas para albergar los elementos combustibles de un núcleo completo del reactor en caso necesario) y la capacidad libre (capacidad efectiva, manteniendo la capacidad de reserva del núcleo, condición para la operación de las centrales).
Gráfico 1. Situación de las instalaciones de almacenamiento de combustible irradiado en las centrales nucleares españolas a finales del año 2016
En lo relativo al grado de saturación (u ocupación) de las piscinas de los reactores, cabe subrayar que el estado de los reactores en operación, a fecha de 31 de diciembre de 2016, es el que a continuación se detalla:
- Trillo: grado de ocupación de la piscina es de 80,25%.
- Almaraz I: grado de ocupación de la piscina es de 88,40% (con fecha de saturación prevista en 2020).
- Almaraz II: grado de ocupación de la piscina es de 87,43% (con fecha de saturación prevista en 2021).
- Ascó I: grado de ocupación de la piscina es de 92,09%.
- Ascó II: grado de ocupación de la piscina es de 92,41%.
- Cofrentes: grado de ocupación de la piscina es de 88,54% (con fecha de saturación prevista en 2019).
- Vandellós II: grado de ocupación de la piscina es de 84,34% (con fecha de saturación prevista en 2021).
- Santa María de Garoña: La piscina, con la descarga del núcleo completo en diciembre de 2012, tiene un porcentaje de ocupación de 96,01%, quedando 104 posiciones libres actualmente.
En segundo lugar, estas situaciones anteriormente descritas nos llevan a entender que un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad constituye una instalación absolutamente necesaria para España, dado el volumen de residuos radiactivos de alta actividad ya acumulados en el envejecido parque nuclear español.
De hecho, hace más de una década, esta fue la opción considerada como la mejor de las posibles, por la mayor parte de los componentes de la "Mesa de Diálogo" sobre la evolución de la energía nuclear, impulsada por el Gobierno (entre noviembre de 2005 y mayo de 2006). Adicionalmente, el 14 de diciembre de 2004 la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una resolución que instaba al Gobierno a desarrollar, con la colaboración de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), los criterios para construir un Almacén Temporal Centralizado. Y el 27 de junio de 2006 la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados con voto mayoritario aprobó una Proposición no de Ley para el establecimiento de una Comisión Interministerial a efectos de establecer los criterios a cumplir por el emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado. Y, finalmente, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy designó, en Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, la ubicación del ATC en terrenos del término municipal de Villar de Cañas (Cuenca).
La imperiosa necesidad de un Almacén Temporal Centralizado no implica, sin embargo, el apoyo a cualquier construcción de un ATC de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad, dado que se trata de una instalación nuclear de alto riesgo potencial. Las condiciones para su emplazamiento, construcción y explotación deben ser, por lo tanto, óptimas, tanto desde el punto de vista de la transparencia y la calidad de los procesos regulatorios como de las garantías de seguridad y de los costes económicos. Siendo esta la posición que ha venido manteniendo el Grupo Parlamentario Socialista en el seguimiento de las decisiones y actividades realizadas por el CSN, organismo sometido al control parlamentario de las Cortes Generales.
No obstante, nos generó preocupación el hecho de que el 27 de julio de 2015 el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobara por mayoría informar favorablemente sobre la propuesta de dictamen técnico para la solicitud de autorización previa de la instalación nuclear del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad (ATC) en el municipio de Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, solicitado por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A. (ENRESA) en su condición de entidad pública empresarial. Con la referida solicitud de autorización previa, ENRESA pretendía obtener el reconocimiento oficial del objetivo propuesto y de la idoneidad del emplazamiento elegido, e iniciar las obras de infraestructura preliminares que autoricen. El objetivo es el almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado y residuos de alta y media actividad de vida larga, contemplados en el VI Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) en la instalación nuclear del ATC decidida por el Gobierno a ubicar en el término municipal de Villar de Cañas.
El vigente VI Plan General de Residuos Radiactivos, que el Gobierno aprobó en junio de 2006, establece como opción prioritaria para el almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado y residuos Radiactivos de alta y medía actividad de vida larga, la construcción de un almacén temporal centralizado que daría servicio a todas las centrales nucleares, tanto en operación como en desmantelamiento, permitiendo además la gestión de dicha instalación de los residuos procedentes del proceso y de otros no susceptibles de ser almacenados en la instalación de almacenamiento de residuos de media y baja actividad de El Cabril (Córdoba), de forma tal que ese mismo año 2006 se inicia el desarrollo de un proyecto energético que enmarcado en el referido Plan General de Residuos Radiactivos, requiere razonablemente un marco normativo que incorpore decisiones internacionales que nos mandatan y que actualice los contenidos del referido Plan.
De hecho, algunas de las conclusiones de algunos de los informes realizados en concreto por el Área de Ciencias de la Tierra (CITI) del CSN confirman las características desfavorables en el terreno de cimentación del ATC. Así, por ejemplo, una de las conclusiones recogidas en las evaluaciones afirma textualmente lo siguiente:
"La evaluación realizada acerca de la idoneidad del emplazamiento propuesto por ENRESA para el ATC concluye que no se puede afirmar que resulte idóneo, para el estado actual de los trabajos de caracterización. Ello se debe a que se ha constatado que los terrenos en los que se asienta dicho emplazamiento presentan diversas características desfavorables, identificadas en los estudios de caracterización realizados por ENRESA, relativas a la presencia de materiales yesíferos y materiales arcillosos en contacto con el agua. Además, la valoración cuantitativa de dichas características indica la existencia de amplios rangos de incertidumbre."
Adicionalmente, tres informes independientes encargados por parte del CSN a la consultora URS Corporation (considerada una de las más prestigiosas empresas de ingeniería a nivel mundial), realizados entre 2014 y 2015, certifican los numerosos y graves problemas identificados en los terrenos seleccionados en Villar de Cañas. Esta evidencia es de tal calibre, que incluso en la misma Propuesta de Dictamen Técnico (PDT) redactada por el cuerpo técnico del CSN y ya aprobada sin unanimidad por parte del Consejo, se alerta, entre otras cuestiones, de la imperiosa necesidad de que ENRESA realice, entre otros, los siguientes análisis y estudios:
- Elaborar un plan de actividades complementarias para verificar las bases de diseño.
- Elaborar un plan de medidas compensatorias que minimicen la posibilidad de acceso de agua al subsuelo del emplazamiento.
- Elaborar un análisis de detalle de las medidas protectoras consideradas en el diseño.
- Elaborar un programa específico de vigilancia del terreno, que permita verificar que las consideraciones de diseño se mantienen dentro de los márgenes aceptables y de modo continuado durante la vida útil de la instalación (y que también debe identificar medidas correctivas a adoptar ante cualquier incidencia relevante que se detecte).
En este contexto, inexplicablemente, sigue actualmente en vigor el VI Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado por el Consejo de Ministros de 23 de junio de 2006, a pesar de que el Consejo Europeo adoptó, hace ya más de cuatro años, la Directiva que establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos (Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011), propuesta por la Comisión Europea el 3 de noviembre de 2010.
Esa Directiva establece las normas vinculantes para la gestión de los residuos radiactivos de la Unión Europea y exige a los Estados miembros presentar un programa detallado que fije un calendario y las modalidades de gestión de los residuos de forma definitiva. De tal manera esto es así, que el Gobierno de España ya ha realizado la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de esta Directiva, sintetizada en el Real Decreto 102/2014, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.
Ese Real Decreto, publicado en el BOE n.° 58, de 8 de marzo de 2014 (vigente, por lo tanto, desde hace más de tres años), establece, entre otras cuestiones, la regulación y el contenido del programa nacional español, denominado Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), así como algunos aspectos relativos a la financiación de las actividades contempladas en el mismo.
Pues bien, aun teniendo estas consideraciones en cuenta, el proyecto de ATC presentado finalmente por ENRESA se enmarca en el anticuado y obsoleto VI Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) que data de 2006. Se trata de un PGRR cuyas previsiones han quedado superadas por la realidad. Entre otras cuestiones, por la manifiesta política del actual Gobierno de propiciar la prolongación hasta los 60 años de la actividad de las centrales nucleares (en el PGRR vigente se contemplaba la vida útil hasta los 40 años de operación), lo que comportaría, en caso de llevarse a cabo, un significativo incremento del volumen de residuos nucleares a almacenar. Asimismo, el notable retraso en la ejecución del ATC (su puesta en marcha se preveía en 2010, tal y como recoge el VI PGRR) ha obligado a que estén ya construidos, en fase de construcción o en fase de licenciamiento cinco Almacenes Temporales Individualizados (ATI), previéndose un sexto ATI cuyo licenciamiento será solicitado previsiblemente en breve plazo al CSN.
Hemos de recordar que, tal y como establece la legislación vigente, la elaboración y la aprobación de un nuevo PGRR es responsabilidad del Gobierno de España, previo informe del CSN.
El proyecto actual de ATC presentado por ENRESA, al estar basado en el aún vigente VI PGRR, no prevé, por ejemplo, su ampliación futura, que podría ser necesaria debido al crecimiento del
inventario de combustible gastado y de otros residuos de alta actividad, dado que el actual Gobierno de España parece decidido a propiciar la ampliación de la vida útil del parque nuclear español hasta los 60 años (a pesar de que, tras el accidente nuclear de Fukushima ocurrido en Japón, en marzo de 2011, los principios de prudencia y de precaución desaconsejan contar con reactores nucleares muy envejecidos). [...]
Pues bien, a pesar de que en diciembre de 2011 el Gobierno decidió designar el emplazamiento del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) y que en marzo de 2014 traspuso la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, el Gobierno de España, no ha actualizado el VI PGRR, una pieza clave y esencial para delimitar el alcance y las especificidades del proyecto de ATC. De hecho, se produjo la emisión de informe favorable sobre el emplazamiento de la ATC sin que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) conociera ningún borrador del nuevo PGRR. Esta irresponsable anomalía introduce notables incertidumbres sobre la idoneidad del emplazamiento del ATC, en el supuesto de que fuera necesaria una ampliación de esta instalación nuclear.
Dado que no hay ningún plazo ni técnico ni legal en el horizonte que obligue a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), ni al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ni al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a tomar decisiones con celeridad, lo razonable sería, por lo tanto, no asumir riesgos imprudentes con los procesos de emplazamiento, construcción y explotación del ATC español y disponer, cuanto antes, de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) que contemple y conjugue el contexto actual normativo europeo relativo a la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.
La solicitud de la urgente actualización del VI PGRR ha sido objeto de las resoluciones de los informes 2014 y 2015 de la Ponencia encargada de las Relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear.
Al mismo tiempo, y mientras no se actualice el Plan, se pedía mediante resolución, la información pormenorizada sobre el licenciamiento del ATC así como sobre las necesidades de almacenamiento de residuos en las distintas centrales nucleares y de la programación para la construcción y gestión de ATIS, sin que hasta ahora se haya cumplido ninguna de estas necesarias demandas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, a la mayor brevedad posible, un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), ajustado al contexto tanto técnico como normativo actual, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, que contemple el escenario de gradual disminución de la energía nuclear que deberá recoger el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030 así como la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2017.-María Pilar Lucio Carrasco y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en el Pleno, relativa a los efectos negativos para la biodiversidad de la expansión de las plantaciones de eucalipto y necesidad de incluir su acotamiento en la Estrategia para hacer frente al Cambio Climático.
Los efectos del cambio climático han sido especialmente virulentos durante este año 2017, manifestándose en forma de agresivas olas de incendios, huracanes, fuertes tormentas eléctricas y
copiosas lluvias, sequía extrema hasta en zonas húmedas como Galicia. Las distintas expresiones del cambio climático se han alternado en diferentes partes del planeta.
Las grandes olas de incendios comenzaron en enero devastando grandes extensiones en Chile. El recuento final se cifró con 300.000 hectáreas quemadas, 10 personas muertas, 2.800 afectados. Un desastre enorme, el territorio arrasado fue el mayor que se recuerda.
En junio, observamos la enorme destrucción de los incendios de Pedregrao Grande en Portugal y escuchamos por primera vez hablar de tormentas ígneas muy destructivas. Fuertes vientos, gran sequedad ambiental y altas temperaturas contribuyeron a crear tormentas de fuego imparables que también vimos en Galicia en octubre. En Pedregrao las llamas se llevaron por delante la vida de 64 personas, y quemaron 53.000 hectáreas.
La combinación de sequía, fuertes vientos y altas temperaturas, resumidas en la fórmula 30-30-30, también se produjeron en Galicia, Asturias y León a mediados de octubre. La Xunta ha tenido que corregir las hectáreas quemadas en el territorio gallego que se cifraron finalmente en 45.000.
Además de los factores señalados muy ligados al cambio climático, debemos destacar otro elemento común en todos estos grandes incendios. Las plantaciones de eucalipto. Esta especie altamente pirófita ha tenido un papel protagonista en la rápida expansión de las llamas. En muchas áreas como las comentadas, los eucaliptos y los pinos han ido ocupando áreas en las que antes había bosques nativos. Es así en Chile, en Portugal o en Galicia.
En el caso particular de Chile en prestigiosas publicaciones (Natura Climate Change) se ha achacado claramente la extensión y gravedad de los incendios al cultivo de eucaliptos y pinos.
No es que sean la causa del foco primario de inicio de los incendios pero sí pueden ser la causa del foco secundario del incendio. Por tanto, queremos decir con ello que si bien está claro que los cultivos forestales de pinos y eucaliptos no tienen la responsabilidad en el inicio de los incendios, sí son un factor determinante en su extensión y propagación descontrolada con graves consecuencias en la superficie quemada. Apagar fuegos en este contexto y bajo determinadas condiciones es una tarea solo abordable con un despliegue extraordinario de medios, un elevadísimo coste (incluso de víctimas humanas) y aun así la eficacia es reducida tal y como se demuestra verano a verano (y particularmente en el pasado mes de octubre en Galicia y norte de Portugal. Al final, el principal elemento que apagó los incendios fueron las lluvias.
Nos preocupa la presencia de estas especies arbóreas que se extendió de forma irracional y solo por criterios puramente economicistas por territorios del estado como Galicia, entre otros, y sucedió en función de los intereses de la empresa ENCE y otras grandes corporaciones (Finsa) al igual que en los países que hemos nombrado. Es una especie exótica e invasora ajena totalmente a los montes y suelos propios de Galicia donde sustituyó de forma abrupta a especies autóctonas como el roble (o carballo), entre otras especies arbóreas. Desde la década de los sesenta, Galicia, Asturias, el suroeste de Andalucía y el norte y centro de Portugal, fueron territorios de repoblación del género exótico eucalipto con la única finalidad de abastecer de dicha madera a las fábricas de pasta de papel, como la de ENCE en la Ría de Pontevedra.
En Galicia en 2016 más de 400.000 hectáreas entre masas puras y mixtas. Lo que representa casi la quinta parte del territorio denominado monte. Para hacernos una idea, tengan en cuenta que en el año 1973 había 130.000 hectáreas según el primer inventario forestal del estado. La superficie de eucaliptos creció en superficie un 300% en 43 años. Datos verdaderamente abrumadores.
Su incremento se debe a diversas causas. Entre ellas políticas y comerciales, la incentivación de repoblaciones con estas especies como únicos cultivos forestales alternativos. La despoblación del ámbito rural también propició un avance de plantaciones de eucalipto. De hecho, la superficie invadida por la semilla del eucalipto después de incendios forestales en los últimos 40 años, se estima en más de 25.000 hectáreas.
Con el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, entró en vigor el Catálogo Español de Especies Exóticas e Invasoras, con el objetivo de reforzar la protección del medio ambiente y la biodiversidad, pero lamentablemente dejó fuera a especies invasoras como el eucalipto que suponen una auténtica plaga en territorios como el gallego, así como en otras áreas del estado. El problema ocasionado por esta especie fue incluso considerado objeto de prioridad dentro de la Estrategia de la Biodiversidad de la UE para el año 2020, aprobando a tal fin el Reglamento 2016/1141 sobre especies exóticas e invasoras. En Marea llevó esta petición al Congreso pero lamentablemente no fue respaldada por el partido en el Gobierno.
Los eucaliptos poseen unas características específicas que convierten en terrenos con escasa biodiversidad donde se asientan. Esto es debido a que contienen aceitas esenciales en las hojas, que
forman al caer una capa sobre el suelo con una baja tasa de descomposición. Sus raíces buscan humedad y agua llegando a recorrer más de 50 metros en eucaliptos de 25 m de altura, penetrando en depósitos y manantiales, lo que impide la filtración de agua a los acuíferos. Los eucaliptos, y pinares ajenos a la vegetación espontánea, contribuyen como especies exóticas invasoras a configurar hábitats donde la biodiversidad es dramáticamente baja. Además es importante entender que al material -inflamable- del sotobosque y el mantillo se le suma el alto contenido en fenoles de la biomasa y la menor capacidad del suelo para retener agua en periodos de sequía, fenómeno este asociado a la hidrofobicidad del piso forestal promovido por el eucalipto y cuyas plantaciones se han llegado a denominar "desiertos verdes".
Las plantaciones masivas de eucaliptos, su monocultivo, tienen un impacto muy negativo sobre ecosistemas de donde no son originarios. Hemos nombrado Chile, pero también los campesinos de países como Paraguay Uruguay y Colombia se quejan de los daños causados por este cultivo, que de acuerdo a las experiencias son capaces de secar arroyos y hasta ríos. Incluso también hay que considerar los problemas similares generados en California en torno a la Bahía de San Francisco.
Su alta demanda hídrica, propia de una especie de crecimiento tan rápido puede afectar de manera grave a los balances hídricos de microcuencas o cuencas de tamaño medio por lo que supone derivar para usos muy específicos un recurso de primera importancia como es el agua, sobre todo si tenemos en cuenta que en los últimos 20 años las precipitaciones medias en la Península Ibérica han descendido un 20%, consecuencia igualmente del cambio climático.
Como hemos señalado anteriormente, los eucaliptos son una especie pirófita, da lugar a la rápida propagación de incendios forestales. Además, los incendios forestales le facilitan la colonización de espacios adyacentes. Las formaciones de eucaliptos crean problemas de incendios incontrolables debido a la gran altura que alcanzan estos árboles en poco tiempo y a la fácil combustión de su madera lo que genera en determinadas condiciones ambientales el conocido como "fuego de copas", el más peligroso e incontrolable que requiere para su extinción extraordinarios medios aéreos.
También se hace hincapié en el empobrecimiento de la flora. Los cuidados que necesitan las plantaciones, como la preparación de los suelos antes de la plantación, y la limpieza mecánica con la aplicación de herbicidas, llevan a la eliminación de especies locales. Además, el eucalipto impide el desarrollo de la mayoría de las especies vegetales porque es muy agresivo para el sotobosque: explotación del agua, monopolización de la luz, eliminación directa de algunas especies del sotobosque.
Los estudios sobre el eucalipto también indican un efecto de empobrecimiento de la fauna debido a la desaparición de hábitats naturales y seminaturales. Redunda en la idea de desierto verde.
Existe coincidencia al señalar que la extensión de monocultivos forestales de especies exóticas, provoca un impacto sobre la biodiversidad por los factores que hemos explicado. Desde distintos ámbitos se señala que la extensión masiva del eucalipto ha supuesto una grave pérdida de biodiversidad del suelo y reduce la disponibilidad de agua. Incluso tiene incidencia sobre la captura de carbono atmosférico puesto que, como se ha demostrado científicamente, una mayor complejidad ecológica con mayor diversidad biológica conlleva balances en la captura de CO2 más favorables.
Desde una perspectiva constructiva y ecologista, consideramos que es urgente abordar cuestiones como la abordada en esta proposición en relación a las masas forestales. Somos favorables a adoptar medidas como la aprobada en Portugal para que desde ahora no se extiendan más las plantaciones de eucaliptos. Es importante realizar otra gestión de estas plantaciones, abandonar el monocultivo, recuperar la masa forestal autóctona poco a poco. Somos conscientes de que medidas así deben ser adoptadas paulatinamente, poco a poco.
Se puede empezar por los espacios incluidos en la Red Natura. Aludimos a ejemplos como las Fragas del Eume en Pontedeume (A Coruña), uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa pero que también ha sufrido una transformación radical. Fue declarado Parque Natural en 1997, pero perdió el 20% de su territorio en los últimos 50 años. También a aquí llegaron las plantaciones de eucaliptos.
El cambio climático y sus actuales expresiones, así como la preocupación por restaurar la biodiversidad, deben llevarnos a reflexionar sobre muchos factores interrelacionados como la cuestión de las masas forestales. Creemos que se debe poner coto a la expansión de las plantaciones de eucalipto y empezar a incentivar una política distinta, repoblando con especies autóctonas y desde luego protegiendo los hábitats naturales no climácicos, como pastizales rústicos, áreas de brezales y matorrales, recogidos muchos de ellos en la Directiva Europea de Hábitats y que albergan algunas de las especies vegetales y animales más amenazadas de la Península Ibérica recogidas igualmente en la legislación europea, la estatal (Catálogo Español de Especies Amenazadas) y las autonómicas.
- Incluir en la estrategia para hacer frente al Cambio Climático, la necesidad de acotar la expansión de las plantaciones de eucalipto por su fuerte impacto en la biodiversidad provocando la degradación de los suelos, balances hídricos negativos, la propagación rápida de incendios por ser especies pirófitas, y también causan el empobrecimiento de la flora y fauna autóctonas lo que conlleva balances de fijación de carbono atmosférico más pobres.
- Acordar en colaboración con las CC.AA., y con la consiguiente dotación económica, un Plan para la repoblación paulatina con especies autóctonas que ayuden a restaurar la biodiversidad, las características propias de cada ecosistema y la masa forestal autóctona, así como hábitats naturales en general, y los mencionados en la Directiva de Hábitats en particular, desligándolo de los intereses económicos de grandes empresas.
- Incentivar, en coordinación con las CC.AA., usos blandos y sostenibles del territorio como la ganadería extensiva o semiextensiva y la agricultura en régimen ecológico frente al monocultivo de especies forestales exóticas de crecimiento rápido.
- Fomentar, en coordinación con las CC.AA., la reducción de la extensión de las masas de especies forestales de crecimiento rápido creando paisajes en mosaico de tal modo que su vulnerabilidad frente a la aparición del fuego sea menor, más fácilmente apagables, con recursos contenidos, menor dispendio de dinero público y menor riesgo para vidas humanas, inmuebles y otros bienes.
- Contemplar, dentro de las estrategias estatales de lucha contra el cambio climático, la mayor capacidad de los ecosistemas naturales para almacenar carbono atmosférico frente a los cultivos intensivos de especies forestales de crecimiento rápido. Sus balances deben ser tenidos en cuenta considerando que los ecosistemas naturales, particularmente bosques nativos bien conservados con alta biodiversidad, debido fundamentalmente a que los diferentes compuestos orgánicos que integran la reserva de los suelos acumulan un volumen mayor de carbono remanente (carbono antiguo) muy valioso pues su tiempo medio de residencia (o vida media) tiene una velocidad de ciclado (turnover) mucho menor.
- Llevar a cabo campañas informativas destinadas a concienciar sobre la importancia de recuperar los bosques autóctonos y hábitats naturales, explicando los beneficios medioambientales e incluso económico-sociales de un aprovechamiento forestal distinto al de un modelo de monocultivo del eucalipto."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000524
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para el cumplimiento del Acuerdo de La Habana sobre el Proceso de Paz en Colombia, para su debate en el Pleno.
A finales del pasado mes de noviembre del año 2016 se concluía el refrendo legislativo del Acuerdo de Paz de La Habana entre el Gobierno de la República de Colombia y las FARC. Este acuerdo ponía fin a un conflicto armado de más de 50 años de duración en el corazón de América Latina. Ha contado con el apoyo y seguimiento de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, así como del conjunto de instituciones nacionales y supranacionales del continente americano. Este Acuerdo pone fin a un conflicto armado interno que ha ocasionado una gran fractura y dolor al pueblo colombiano, ocasionando más de siete millones de víctimas, especialmente mujeres, mayores y niños.
El Acuerdo de Paz constituye en sí mismo parte ya del derecho internacional para su aplicación en conflictos bélicos internos, pues los diferentes acuerdos alcanzados han sido depositados en Berna (Suiza) al tener lo firmado entre las partes la eficacia jurídica de un Acuerdo Especial, tal y como establece el artículo 3 de las Convenciones de Ginebra de 1949. Se depositan en Berna por ser el Consejo Federal Suizo el depositario de las Convenciones de 1949.
Igualmente el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, efectuó una Declaración Unilateral en nombre del Estado ante las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, comprometiendo al Estado colombiano ante la Comunidad Internacional en el cumplimiento del Acuerdo. Tras este compromiso, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incorporo el texto literal del Acuerdo a un documento anexo a las resoluciones emitidas sobre el Proceso de Paz en Colombia.
Entre los logros del Acuerdo de Paz de La Habana debe destacarse la especial atención que se ha conferido a las víctimas del conflicto así como el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo de sus comunidades. Es el primer acuerdo de paz en el mundo que incluye un componente de igualdad de género y de la diversidad de opción sexual, resultando estas cuestiones transversales a todos sus puntos.
De esta forma, el Acuerdo Final respeta escrupulosamente las obligaciones del Estado de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario. Por primera vez se crea en Colombia un sistema de justicia en condiciones para procesar los 7 millones de victimizaciones habidos en el conflicto, es decir, con posibilidad real de acabar con la impunidad, que no es otra cosa que la falta de acción persecutoria del Estado respecto a la comisión de crímenes. De esta manera la integridad y exhaustividad del Acuerdo de Paz alcanzado ha sido saludado por la comunidad jurídica internacional, incluida la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en tanto no generaba ninguna laguna de impunidad.
La importancia histórica de dicho Acuerdo de Paz para Colombia y el conjunto de América Latina fue así reconocida por el Congreso de los Diputados en su declaración institucional de 2 de septiembre de 2016, declaración por la que todos los grupos parlamentarios mostraron su satisfacción por los acuerdos, su apoyo institucional al cumplimiento de los compromisos de las partes y la consolidación de la paz y la aplicación de los acuerdos.
A pesar de la firma del Acuerdo de Paz y de su reconocimiento por parte del conjunto de la Comunidad Internacional, su desarrollo e implementación se está encontrando con múltiples insuficiencias, con trabas e incumplimientos por parte de las instituciones colombianas.
A partir de su firma se puso en movimiento el engranaje de su implementación constitucional, legal y práctica. Por parte de uno de los firmantes del Acuerdo de Paz, las FARC, se ha producido un cumplimiento estricto de todos y cada uno de los compromisos pactados, tal y como acaba de certificarlo el Secretario Adjunto para los Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Sr. Jeffrey Feltman.
Por contra, el incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte de las instituciones colombianas es algo que están poniendo de manifiesto la propia misión de Naciones Unidas, el mecanismo de monitoreo y verificación y todos los observadores y organismos encargados de hacer la revisión del cumplimiento del acuerdo.
El acuerdo contiene un periodo de ejecución de 10 años y una obligación de cumplimiento por parte de todas las autoridades colombianas de 12 años. En uno de los apartados se contemplaban las medidas más urgentes que debían ser implementadas en el primer año desde la firma del acuerdo. Sin embargo, a falta de pocos días para que concluya el primer año desde la rectificación legislativa del Acuerdo de Paz, no se ha implementado más que un 20% de los compromisos que debían ser cumplimentados en este primer año.
Cabe así enumerar algunas de las cuestiones más importantes que vienen preocupando a la misión de seguimiento de Naciones Unidas y al sistema de verificación y monitoreo sobre la no aplicación efectiva del Acuerdo de Paz.
Debe llamarse la atención sobre la profunda preocupación que supone que en el último año más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios han sido asesinados y, desde que las FARC entregaran las armas a mediados de agosto de este año, alrededor de 40 exguerrilleros y familiares han sido asesinados por parte de grupos paramilitares. Esta situación esta generando un ambiente de grave desconfianza e incertidumbre sobre la aplicación efectiva del Acuerdo de Paz.
La actuación de los grupos paramilitares continua siendo real, y sus delitos están quedando en la más absoluta impunidad. La escasa efectividad de organismos como la fiscalía colombiana en la persecución
del paramilitarismo es un hecho, por lo que la fuerza paramilitar sigue sin ser desmontada y sus acciones siguen tiñendo de dolor y decepción el desarrollo del Acuerdo de Paz.
Las zonas de Capacitación y Reincorporación de los guerrilleros desmovilizados languidecen por carencia del apoyo estatal convenido, siendo la tónica dominante que la implementación del Acuerdo de Paz carece de un soporte presupuestario adecuado en los planes de gobierno.
A estos incumplimientos, debe sumarse ahora un nuevo hecho que ha venido a sembrar de nuevo la desconfianza y el desconsuelo sobre una verdadera aplicación del Acuerdo de Paz. Se trata de la reciente sentencia C-17 dictada por la Corte Constitucional de Colombia.
La referida sentencia, pese a que declaró constitucional el conjunto del Acuerdo de Paz y de los actos legislativos que vendrían a implementarlos, como la incorporación a la Constitución colombiana del denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, uno de cuyos más importantes capítulos lo constituye el dedicado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo objetivo central no es otro que satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto, declara simultáneamente inconstitucionales varias disposiciones del capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz, creando una serie de situaciones realmente preocupantes.
La sentencia de la Corte excluyó de la obligatoriedad de someterse a la JEP a agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes, dejando su posible juicio a la justicia ordinaria, una institución que en más de cincuenta años ha demostrado en Colombia graves lagunas de inacción y una falta de efectiva persecución de los crímenes realizados por paramilitares y agentes del Estado no militares.
Esta nueva situación no parece conforme con la jurisprudencia internacional sobre la materia. El fallo de la Corte colombiana abre las puertas a la impunidad, en una clara ofensa a los derechos de las víctimas. La Jurisdicción Especial de Paz fue concebida como un mecanismo excepcional de justicia transitoria, cuyo objetivo no solo era poner fin al conflicto, sino sobre todo asegurar que llegara a su fin la impunidad reinante en Colombia en materia de crímenes de Estado y graves violaciones a la ley internacional por parte de terceros en el conflicto. Por tanto, dejar fuera de su jurisdicción las acciones contrarias al derecho penal internacional cometidos por agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes solo puede ser interpretada como una vulneración grave del Acuerdo de Paz. Esto, además de generar profunda desconfianza y preocupación sobre la efectiva aplicación del Acuerdo de Paz, puede suponer un riesgo en el desarrollo del acuerdo y un repliegue en las posiciones de las partes.
Ante esta situación, y en interés de la paz, la estabilidad regional y el efectivo cumplimiento del Acuerdo de Paz, en beneficio de la confianza mutua de todas las partes involucradas en el conflicto, se hace necesaria la adopción de la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a exigir, en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales:
1. El impulso y efectivo acompañamiento del Proceso de Paz en Colombia, expresando una profunda preocupación por la situación de paralización en la que se encuentra el Proceso.
2. EI cumplimiento integral, y en el plazo convenido, del Acuerdo de Paz.
3. La aprobación de las leyes de incorporación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los mismos términos en los que se estableció en el Acuerdo Final de Paz, evitando de esta forma cualquier situación de impunidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Bustamante Martín y Pablo Bustinduy Amador, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa y Txema Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en el Pleno, relativa a la situación del ciudadano español encarcelado y condenado a muerte en Egipto.
Desde diciembre de 2016 el ciudadano español Ahmed el Saadany Ghaly, nacido el 29 de noviembre de 1971 y con pasaporte XDB354143, se encuentra detenido en una cárcel egipcia.
Ahmed el Saadany Ghaly fue detenido y encarcelado por las autoridades egipcias cuando, tras el asesinato de su cuñado el 13 de diciembre de 2016, un hermano del fallecido declaró a la policía que este tenía diferencias con Ahmed el Saadany Ghaly por causa de una herencia familiar.
Una vez en la cárcel, el ciudadano español ha declarado que fue torturado, golpeado, humillado y amenazado por la policía. Al día siguiente de su encarcelamiento también detuvieron a su mujer y a su hermano, que alegan que fueron torturados y golpeados en presencia de Ahmed. A estas torturas se sumó también la amenaza de repetir las mismas acciones con su madre y sus hermanas.
Como ciudadano de nacionalidad española, Ahmed el Saadany Ghaly solicitó a las autoridades egipcias poder contactar con la Embajada de España en Egipto. Tras días de espera, se le permitió una visita de tan solo tres minutos del cónsul español y, desde entonces, a Ahmed el Saadany Ghaly no le han permitido más visitas del cónsul. Únicamente se le permite una visita de un minuto a la semana en la que un familiar le entrega una bolsa de comida.
El pasado 21 de octubre, un tribunal de primera instancia egipcio condenó a morir en la horca a Ahmed. En la actualidad el abogado de este ciudadano español ha apelado esta decisión sin tener aún respuesta de los tribunales competentes. A raíz de esto, el día 26 de octubre fue trasladado a la prisión de Gamasa, a 40 km de Damieta, de donde es originaria su familia. Desde ese día ya no se permiten las visitas.
Desde la llegada al poder de Abdelfatah Al-Sisi han sido múltiples las organizaciones que han denunciado violaciones de derechos humanos en Egipto. Amnistía Internacional, en un informe de junio de 2016, revela que en los últimos años decenas de miles de personas han sido detenidas sin juicio o condenadas a penas de prisión o muerte, a menudo tras juicios sin apenas garantías judiciales. Además, este informe destaca un aumento sin precedentes de las desapariciones forzadas desde principios de 2015.
A día de hoy la situación continúa siendo muy grave. Según el Informe 2016/2017 de Amnistía Internacional "grupos egipcios de derechos humanos documentaron decenas de denuncias de muerte bajo custodia como consecuencia de torturas y otros malos tratos".
Todas estas circunstancias no hacen sino alertar sobre la falta de garantías judiciales y procesales en las que se ha desenvuelto el juicio contra Ahmed el Saadany Ghaly, el cual ha culminado con una sentencia abiertamente contraria a los derechos humanos.
- Solicitar a las autoridades egipcias la repetición del juicio del ciudadano español Ahmed el Saadany Ghaly, con la garantía de que se celebrará un juicio justo, acorde con las normas internacionales sobre juicios justos y en el que no se recurra a la pena de muerte.
- En caso de que un juicio acorde con las garantías resolviera la culpabilidad del ciudadano español, y se repitiera la condena muerte, solicitar al Gobierno egipcio la conmutación de la pena impuesta.
- Solicitar a las autoridades egipcias que garanticen la protección contra la tortura y otros malos tratos, y que se lleva a cabo una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias de tortura.
- En cualquiera de los casos, concederle a Ahmed el Saadany Ghaly y a su familia la ayuda económica prevista en la Orden AEC/2088/2011, de 11 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas económicas para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte.
- Solicitar a las autoridades egipcias conmutar todas las penas de muerte por condenas de prisión y establecer inmediatamente una suspensión oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2017.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en el Pleno, relativa a la excepción en la intervención previa en los Organismos Públicos de Investigación.
Por medio de la resolución de 14 de enero de 2014, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2013, sobre régimen de control económico-financiero aplicable por la Intervención General de la Administración del Estado a determinados organismos públicos; se implantó de nuevo la Intervención Previa a los Organismos Públicos de Investigación (OPI).
Esta decisión ha generado una serie de limitaciones en la gestión de los Organismos Públicos de Investigación que afectan a su competitividad, por la falta de adecuación de muchos de los criterios generales establecidos para el control previo de la actividad administrativa en instituciones públicas a los centros de I+D. Esto es así, porque una parte importante de su actividad pivota en una gestión ágil de ingresos externos, obtenidos en concurrencia competitiva, en un entorno fuertemente internacional y muchas veces cercano al sector industrial.
Estos ingresos exteriores se obtienen esencialmente de la participación en convocatorias competitivas de financiación de la I+D+i, como el Plan Estatal de I+D+i y los Programas Europeos, el HORIZON2020, y de la colaboración con instituciones y empresas en el desarrollo conjunto de proyectos de I+D+i.
Muchos de estos proyectos, los más importantes, son complejos de gestionar: requieren contratación ágil de nuevo personal inmediatamente tras la concesión del proyecto o firma del convenio de investigación, licitar contratos de alta cuantía, de alta complejidad técnica, para servicios fuera de lo convencional y con una estrategia de retorno a la Industria nacional difícil de desarrollar con éxito sin una mínima autonomía y flexibilidad en la gestión. Son de alta dificultad administrativa, pero son estratégicos para el desarrollo tecnológico y las empresas españolas del sector.
La implantación de la intervención previa, unida a las limitaciones administrativas para las firmas de convenios de financiación y pago de cuotas internacionales para poder ejecutar la actividad científico-técnica en Europa, el cierre anticipado del ejercicio presupuestario de 2016 y la limitación de gasto del presupuesto prorrogado de 2017, han mermado considerablemente la capacidad de actuación de los OPIs, perjudicando a su posición frente a competidores en el mercado de I+D.
En particular, en los dos años de aplicación de estas nuevas normas, se ha constatado una pérdida de competitividad frente a otros organismos estatales como agencias (CSIC) o fundaciones (CNIO), pero también frente a organismos dependientes de otras administraciones (españolas y europeas) a los cuales no se les aplica las mismas herramientas de control y están dotados de mayor autonomía de gestión.
Así mismo, a día de hoy y debido a la ralentización y bloqueo que supone la aplicación de la Intervención Previa, muchos OPI se encuentran en situación real de incumplir los compromisos adquiridos con riesgo de tener que devolver la financiación conseguida, el deterioro de la posición y el reconocimiento conseguido, así como la pérdida de capacidades por cierre de laboratorios e instalaciones.
Los organismos públicos de investigación ya fueron eximidos de la intervención previa en 1999, por circunstancias similares a las actuales. La resolución de 25 de enero de 1999, de la Intervención General
de la Administración del Estado, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros sobre régimen de control económico-financiero aplicable por la Intervención General de la Administración del Estado a determinados organismos públicos, estableció que los Organismos Públicos de Investigación, estarían sometidos como único sistema de control a control financiero permanente.
En las circunstancias actuales, es urgente adaptar los procedimientos administrativos a las dinámicas, plazos y procedimientos de la gestión y ejecución de proyectos y fondos obtenidos en convocatorias de concurrencia competitiva. Es por ello, que la exención de la intervención previa a los organismos con carácter de Organismo Público de Investigación es una de las medidas más urgentes y necesarias para mejorar el sistema público de I+D+i que tendría los siguientes impactos positivos en dichos organismos:
- Incremento de la agilidad administrativa que los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) necesitan para desarrollar su actividad encomendada.
- Recuperación de la capacidad de competir en igualdad de condiciones con el CSIC, Universidades y centros de investigación dependientes de las Comunidades Autónomas, los cuales no están sometidos a Intervención Previa.
- Facilitar y recuperar para los OPIs la capacidad de mantener los ingresos en concurrencia competitiva internacional, así como el retorno de la inversión en el entorno internacional, en particular, en los marcos de financiación de la Comisión Europea, H2020 y posteriores.
- Optimizar los recursos humanos y materiales dedicados a la gestión de la actividad de los OPIs.
Exceptuar de la normativa relativa a la Intervención Previa a los organismos con carácter de Organismo Público de Investigación en la gestión que afecte a su actividad científico-técnica, pasando dichos organismos a estar sometidos como único sistema de control a control financiero permanente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2017.-María Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000527
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en el Pleno, relativa a la adopción de Medidas para la localización de los "bebés robados" (recién nacidos, menores de edad ya sean adoptados ilegales o falsos biológicos inscritos) que permitan la reagrupación familiar.
Según las denuncias presentadas, el robo de bebés se divide en dos etapas claramente diferenciadas; los que ocurrieron bajo el régimen de la dictadura franquista y los que tuvieron lugar tras la aprobación de la Constitución y las leyes que emanaron de la misma, conformando nuestro actual Estado de Derecho. Tras la aprobación de la Constitución las denuncias se concentran en los años ochenta, y se extienden en el tiempo, con algunos casos incluso hasta la década del 2000.
Recordando las recomendaciones al Gobierno contendidas en el documento aprobado el 22 de noviembre de 2017 en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cuyas medidas más urgentes recogemos en esta PNL.
Recordando el Informe Anual del primer semestre de 2017, del Defensor del Pueblo, que recoge entre sus recomendaciones que los "Poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo, en el marco de sus competencias, para esclarecer los hechos denunciados; así como
darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica".
Reconociendo que nos encontramos ante un mal funcionamiento del Estado, cuando no una actuación negligente del conjunto del Estado, que en primer lugar no pudo evitar esas desapariciones infantiles forzosas y en segundo, cuando comenzaron las denuncias masivas en el 2009, ha fallado y sigue fallando en la tarea de localizar a los miles de bebés desaparecidos cuya identidad fue robada y que a día de hoy no conocen a su familia biológica. Muchas ni siquiera son conscientes de que sus padres, no son sus padres biológicos.
Constatando la falta de respuesta adecuada de las administraciones públicas ante todos estos casos, sin que todavía haya sido resuelto por nuestros tribunales ni un solo caso de bebés robados a pesar de ser España el segundo país del mundo en casos de desapariciones infantiles, tras el caso de las Stolen Generations en Australia.
Recordando que el artículo 10.1 de la Constitución Española proclama que el derecho a la propia identidad personal y al libre desarrollo de la propia personalidad, la dignidad de la persona, y los derechos inviolables que le son inherentes, son fundamento del orden político democrático de nuestro país, y que la persistente situación de los varios miles de seres humanos que viven entre nosotros desconociendo todavía su propio nombre e identidad -así como de las miles de madres, padres y familiares que todavía los buscan-, hiere la propia conciencia de la humanidad.
Recordando que el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos reconoce el "derecho humano a la vida familiar" sin injerencias externas, a todas esas madres y padres, hermanos y otros familiares afectados.
Recordando que el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño/a establece que los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando las autoridades competentes lo determinen.
Recordando que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, suscrita por España, establece en su artículo 25 dedicado a la infancia que los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:
a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada.
b) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños.
Y que en su numeral 2 obliga a los Estados firmantes a "adoptar las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños".
Recordando que el Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente con Mujeres y Niños, hecho en Palermo en el año 2000, y ratificado por España desde diciembre de 2003, reconoce tanto la desaparición forzada de personas como la compra-venta de seres humanos, como formas de crímenes contra la humanidad.
Rechazándose tajantemente la impunidad todavía hoy resultante de todo ello, y que hoy continúa beneficiando a los criminales que formaron parte de la desaparición forzada infantil y subsiguiente compra-venta de seres humanos, actuantes en España, y decididos a impulsar cuanto esté en nuestra mano para terminar con esta.
Reconociendo el sufrimiento inhumano de todas aquellas madres y padres, así como hermanos y demás familiares que, todavía hoy, continúan a la espera de poder conocer la suerte y paradero de los recién nacidos que fueron sometidos a desaparición forzada en centros hospitalarios.
Conscientes, de que todo lo anterior representa una violación continuada de derechos humanos, y una injusticia de enormes proporciones y profundo daño para los afectados, se presenta la siguiente
1. Que antes de dos meses nombre un fiscal coordinador de las denuncias vinculadas a ''bebes robados'' para impulsar una investigación efectiva y real de todos los casos a nivel estatal.
2. Que antes de dos meses cree una Unidad policial especializada en la búsqueda de bebés robados, que investigue de oficio recogiendo todas las diligencias realizadas hasta ahora.
3. Que antes de dos meses facilite a las víctimas de sustracción de bebés en busca de su origen biológico o natural, un plan para la realización de pruebas de ADN voluntarias, gratuitas y técnicamente fiables a través del Instituto Nacional de Toxicología, así como del software y permisos necesarios para cruzar las muestras de ADN que custodia la Oficina de atención a afectados por la posible sustracción de recién nacidos para uso de las personas afectadas a fin de que permita los reencuentros de madres, padres, hermanas y hermanos, hijas e hijos, conforme a la enmienda transaccional aprobada en los Presupuestos del Estado del 2017, a instancias del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
4. Que antes de dos meses se declare el 30 de agosto como día nacional en memoria y homenaje a las víctimas de desaparición forzada infantil y compra venta de menores, así como a sus familias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-José David Carracedo Verde, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000528
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en el Pleno, relativa solucionar la precariedad en el personal laboral expatriado de la AECID.
Este 8 de septiembre el personal laboral expatriado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se puso en huelga por la calidad de la cooperación española y la dignificación de sus condiciones laborales.
Los Responsables de Programas y Proyectos de la AECID se encargan de la gestión de los recursos de la Cooperación Española, así como de velar por el buen uso de nuestros fondos de AOD. Su presencia en los países con los que cooperamos y en numerosos foros internacionales es un importante activo de la acción exterior española y de la imagen de nuestro país en el exterior.
Desde 2007, año de la creación de sus plazas como contratados laborales por la administración, la AECID sigue sin contar con una Política de Recursos Humanos que consolide su cuerpo técnico especializado en cooperación, establezca su carrera (incluyendo un sistema de promoción profesional) y reconozca sus necesidades laborales. La ausencia de esta política ha dado lugar, a que durante estos 10 años, su única vía de resolución de conflictos haya sido judicial, a pesar de los reiterados llamados al diálogo y al entendimiento realizados por el colectivo.
Desde 2009 han sufrido la práctica congelación de sus salarios, a diferencia del resto de personal funcionario en el exterior, quienes cuentan con indemnizaciones que corrigen anualmente la pérdida de poder adquisitiva y calidad de vida. Sus salarios, debido a los procesos inflacionarios en los países en que vivimos, y la fluctuación del tipo de cambio del euro, valen hoy en algunos casos hasta un 60% menos de lo que valían en 2008.
No solicitan aumento de sueldo, sino la aplicación de las mismas medidas compensatorias que ya están tipificadas y sirven para otros colectivos de la Administración General del Estado en el exterior.
Desde 2012 el Gobierno decretó la anulación del pago de billetes de avión anuales a España para todo el personal exterior, sin distinciones. Esta medida ha impactado duramente en su colectivo, por la misma precariedad económica. Como consecuencia, para muchos de ellos se ha producido un destierro de hecho y la ruptura de sus lazos con España. En las actuales circunstancias, muy pocos pueden permitirse viajar con sus familias una vez al año para ver a familiares y amigos.
A diferencia de otros colectivos de trabajadores y trabajadoras españolas en el extranjero, a este no se le aplica ninguna de las exenciones fiscales previstas en la ley del IRPF a residentes en el exterior. Pagan impuestos y no disfrutan de ninguno de los beneficios de los contribuyentes españoles.
Están sometidos a un sistema de movilidad entre países que no cuenta con regulación transparente ni incentivos, lo que implica que cada traslado les genera un grave perjuicio económico. Los Tribunales han calificado la última rotación obligatoria de Responsables de Programas realizada en 2013 por AECID como abusiva y contraria a la buena fe contractual.
Queremos un sistema de traslados previsible y no arbitrario. Al respecto, y hasta la fecha, el diálogo con la administración se ha mantenido en los juzgados.
En estas circunstancias, en los últimos años el 40% de la plantilla ha dejado la institución o busca hacerlo próximamente por precariedad laboral y falta de incentivos profesionales.
La movilidad geográfica de este colectivo limita el desarrollo profesional también de sus parejas y cónyuges, afectando a su economía y conciliación de la vida familiar y laboral. No cuentan con incentivos ni medidas de apoyo. Esta circunstancia se agrava cuando se trata de parejas sin nacionalidad española. Trabajan para el Estado Español pero sus parejas no pueden acceder a la nacionalidad española por no estar viviendo en España. A diferencia del resto de personal de la administración española en el exterior, los seguros médicos con que cuentan solo los cubren en el exterior, precisamente donde los sistemas sanitarios son más precarios. En sus circunstancias, se hace imposible el uso de la sanidad pública española cuando surgen problemas de salud importantes difícilmente atendibles en muchos casos en los países en los que viven.
En definitiva, el colectivo de Responsables de Programas y Proyectos de AECID sufre un trato injusto. Esto es solo un reflejo de la escasa calidad de la política de cooperación para el desarrollo en España, que tras 26 años de pertenencia al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, sigue sin encontrar un rumbo coherente con los principios internacionales de eficacia, eficiencia y transparencia.
1. Establecimiento de un régimen claro y transparente de rotación, indemnizaciones y tiempos de permanencia en el exterior según una clasificación de países que atienda a criterios objetivos de complejidad, riesgo, condiciones de vida y eficiencia en el servicio.
2. La promoción de la carrera profesional de su personal, vertical y horizontal, y el establecimiento de sistemas de promoción sobre un análisis claro de perfiles de puesto valoración del desempeño tanto en sede como en el exterior.
3. La armonización de todos los reglamentos administrativos que se aplican al personal, como empleado público, para funcionar como una sola agencia en una misma administración pública."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2017.-Ana Belén Terrón Berbel, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
232/000125
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2845/2007, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el "Título II, Capítulos I y II (artículos 27 a 41), relativo a adopción, y del Título III (artículos 42 a 45), relativo a la autotutela, de la Ley de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia", así como votos particulares formulados a la misma.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2845-2007 promovido por el Presidente del Gobierno contra los arts. 27 a 45 de la Ley de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia. Han sido parte el Parlamento de Galicia, representado por el Letrado del mismo y el Consello de la Xunta de Galicia, representado por su Letrado. Ha sido Ponente el Magistrado don Alfredo Montoya Melgar, quien expresa el parecer del Tribunal.
Dada en Madrid, a 16 de noviembre de 2017.

References: artículo 193
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 Real Decreto 
 artículo 193
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 resolución 
 artículo 193
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 25
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