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Timestamp: 2014-03-08 07:28:53+00:00

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Sentencia. TITULARIDAD DE LOS TRABAJADORES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS.
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia Nro. 149 del 13 de febrero de 2003, caso: Manuel Muñoz y otros. La Sala observa que el uso reiterado, de parte de las Confederaciones o Federaciones, del establecimiento, en una de las cláusulas de las convenciones colectivas que surgen producto de una Reunión Normativa Laboral, de menciones por las cuales pretenden atribuirle a sus directivos de manera invariable la exclusividad de la representación de los trabajadores, es violatorio del derecho -por demás irrenunciable- a la libertad sindical individual el cual, además de que es de rango constitucional, constituye la génesis del derecho sindical colectivo y tiene como único titular a los trabajadores quienes lo ejercen, entre otras formas, con la escogencia -sin ningún tipo de interferencias- del sindicato más representativo, lo cual se logra con la afiliación, de manera voluntaria, de por lo menos la mitad más uno de los trabajadores, a una determinada organización sindical. De lo anterior se colige que los únicos que pueden otorgar la legitimación para la administración de las convenciones colectivas de trabajo son los trabajadores, mediante la afiliación de la mayoría de ellos (representatividad) a un determinado sindicato y, en razón de ello, carecen de efectos las cláusulas por las cuales las organizaciones firmantes se pretenden atribuir, de manera exclusiva y por la vigencia de la convención la administración de ésta, en clara violación de los derechos de los trabajadores para la escogencia de la organización sindical que deseen, para que administre, en su representación, los referidos convenios. Como corolario de todo lo que fue expuesto, debe esta Sala, antes de que decida la presente causa, cumplir con la imperiosa necesidad de hacer una serie de consideraciones con la finalidad de formarse criterio con respecto a la constitucionalidad de tales cláusulas. El derecho a la libertad sindical está contenido en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone:
“Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como el de afiliarse o no a ellas de conformidad con la ley...” (Resaltado añadido). Del artículo en referencia se deduce que los trabajadores tienen, además del derecho a la constitución de las organizaciones sindicales que crean necesarias, el de afiliarse o no a las que ya estén formadas y, por extensión, a la desafiliación de aquella de la cual formaban parte (libertad sindical negativa), todo ello cuando lo consideren conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses. Esa facultad de los trabajadores constituye la manifestación de la libertad individual sindical, por cuanto “Nadie podrá ser obligado ni constreñido directa o indirectamente a formar parte o no de un sindicato” (ex artículo 401 de la Ley Orgánica del Trabajo). De allí que si nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato, desde luego que tampoco puede ser constreñido a la permanencia en él (ex artículo 143 letra a –III del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo). De lo contrario se atentaría contra el derecho a la libertad sindical, que tiene rango constitucional, como ya se expresó ut supra. A partir de tal desafiliación pueden los trabajadores ejercer libremente su derecho a la constitución de sindicatos o a afiliarse a cualquiera de los ya existentes. Corolario de todo lo que se expuso y en atención a una correcta aplicación de los principios que informan el Derecho del Trabajo, dentro de los cuales se encuentran el principio de favor (regla de la norma más favorable) y el in dubio pro operario, debe tenerse como sindicato con mayor representatividad a aquel que agrupe a la mayoría absoluta de los trabajadores, esto es, por lo menos a la mitad más uno de ellos en una determinada empresa, explotación, establecimiento, industria o corporación, en la cual presten sus servicios, para lo cual debe, necesariamente, tomarse en cuenta a todos los trabajadores, sindicalizados o no, que participen en el proceso mediante el cual se pretenda la verificación de la representatividad (referéndum sindical) y que se encuentren bajo una misma situación de dependencia o subordinación, dentro de la cual esté en duda la representatividad de los sindicatos existentes. Resultará el más representativo quien tenga la legitimidad necesaria para que sea el interlocutor de todos ellos ante el respectivo patrono, sobre todo en lo referente a la negociación colectiva que tenga por finalidad la celebración de la convención colectiva, todo lo cual se deriva del artículo 514 de la Ley Orgánica del Trabajo cuando establece: “El patrono estará obligado a negociar y celebrar una convención colectiva de trabajo con el sindicato que represente la mayoría absoluta de los trabajadores bajo su dependencia...”.
El derecho a que se ha hecho referencia se ejerce sin el soslayo del ejercicio del derecho a la negociación colectiva que la Ley Orgánica del Trabajo otorga a los trabajadores no sindicalizados ex artículo 396, y de todas aquellas actuaciones colectivas que la referida Ley prevé y que puedan perfectamente ser desarrolladas por los trabajadores no sindicalizados. Sobre la facultad negociadora de los trabajadores no sindicalizados sostiene Humberto Villasmil Prieto:
“...[S]i bien la LOT ha negado a la coalición de trabajadores nó (sic) sindicalizados la posibilidad de negociar y suscribir convenciones colectivas de trabajo – lo que autoriza a hablar de una sindicalización de la negociación, del conflicto y hasta de la petición colectiva, no prohibe (sic) que otros modos de negociación distintos al convenio colectivo de trabajo o que no pretendan culminar con él, puedan ser adelantados por trabajadores no sindicalizados. La convención colectiva es, apenas, un modo de negociación, no el único, por tanto ésta no se agota con el convenio colectivo de trabajo, aunque sin duda sea su manifestación más relevante...” (“Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo”, 1999, pp.499).
En definitiva, el sindicato más representativo (mientras posea tal legitimidad) es a quien corresponde la negociación con el patrono de todas las actuaciones tendientes a la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, incluso de aquellos que no sean sus afiliados, y la administración de la convención colectiva vigente, aun cuando no la haya suscrito, así como todas aquellas que se celebren, con lo cual puede desplazar (de darse el caso) al sindicato deslegitimado porque esa sea la voluntad de los trabajadores, todo ello, en virtud del derecho que éstos tienen de escoger en cualquier tiempo el sindicato que los represente, en expresión del derecho a la libertad sindical que establece el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y como expresión ampliada del ejercicio de la democracia sindical que dispone el último acápite del referido artículo. Por otro lado, aún cuando esta Sala reconoce la facultad del sindicato más representativo de los trabajadores a la administración de la convención colectiva vigente, a pesar de no haberla suscrito, no puede, en atención a su legitimidad, exigir al patrono la celebración de una nueva convención mientras exista una, pues de lo contrario, se atentaría contra la seguridad jurídica de las relaciones colectivas del trabajo, con una situación de desventaja para el patrono, quien tendría la obligación de la negociación de las condiciones de trabajo cada vez que surgiese un nuevo sindicato que se atribuyese la representatividad, con evidente perjuicio para la actividad productiva y para la estabilidad de las condiciones laborales que se hubieren acordado; por tanto, debe respetarse la convención colectiva hasta la expiración del lapso de su vigencia. En cuanto al respeto a la vigencia de una convención colectiva este máximo Tribunal, en Sala Político Administrativa, sostuvo:
“...Por otra parte, no debe dejar de advertir la Sala, la relevante consecuencia jurídico-practica que se presenta en directo aumento de situaciones conflictivas en las relaciones colectivas del trabajo y en detrimento de la seguridad jurídica de éstas, cuando, una vez que se encuentra aún vigente una convención o contrato colectivo de trabajo, una agrupación sindical pretenda compeler a la negociación y celebración de otra, aduciendo una representativad sobrevenida. Tal situación amerita relevante tratamiento, toda vez que, la seguridad jurídica de las partes que celebraron una convención aún vigente se haría nugatoria, pues, resulta evidente que cualquier organización obtendría apoyo y representatividad de forma sobrevenida mediante cualquier mecanismo y, entre estos la consulta refrendaria, al difundir entre los trabajadores la expectativa de la suscripción de una nueva convención, pues, el artículo 511 de la Ley Orgánica del Trabajo consagra la válida conquista de la reformatio in melius, esto es, la garantía de que cada nueva convención colectiva deberá propender al aumento de los beneficios laborales, desechando toda posibilidad de desmejora o reforma in peius, cuyo único supuesto se encuentra circunscrito a la excepcional situación contemplada en el artículo 525 eiusdem...” (sic. s. S.P.A. n° 861, 13.04.2000).
La libertad sindical tiene dos enfoques, uno individual y otro colectivo. El individual se manifiesta, entre otras, de las siguientes formas: a) el derecho a adherirse o afiliarse a un determinado sindicato; b) el derecho a no afiliarse o adherirse a él; y, por último, c) el derecho a desafiliarse a la organización sindical de la cual se forme parte (ex artículo 143 del Reglamento de la Ley Sustantiva Laboral). Estas tres formas de manifestación de la libertad sindical individual, a las que antes se hizo referencia, pueden materializarse en cualquier tiempo y sin ningún tipo de limitaciones o interferencias, provenientes bien de las organizaciones representantes de los trabajadores, de los empleadores o sus organizaciones sindicales, que puedan menoscabar su pleno ejercicio. Observa esta Sala que las cláusulas por las cuales las organizaciones sindicales pretenden atribuirse, de manera exclusiva, la administración de las convenciones colectivas que suscriben en representación de los trabajadores, es violatoria de la libertad sindical a la que se ha venido haciendo referencia, por cuanto, “...el titular primigenio de la libertad sindical es el individuo, o sea el trabajador por su condición de hombre que trabaja y que, por hacerlo en relación de dependencia, ofrece mayores riesgos de que su dignidad se vea ofendida por parte del empleador, o de otros sujetos...” (Rodríguez Mancini Jorge, “Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Editorial Astrea Buenos Aires, 1999. Tercera Edición, pp. 457 y 458). Así, si la defensa a la dignidad y derechos de los trabajadores, constituye el fin último de las agrupaciones sindicales de trabajadores, es lógica la determinación de que, sean éstos, los trabajadores, quienes, en definitiva, decidan y determinen cuál es la asociación sindical que debe representarlos, no sólo en lo que respecta a la administración de la convención colectiva vigente, sino en todo los actos que tengan por norte la mejor defensa de sus derechos e intereses. Ahora bien, el fundamento para el señalamiento de que son los trabajadores quienes tienen el derecho de decisión sobre cuál es el sindicato que debe administrar la convención colectiva vigente, sin que interese, en definitiva, qué organización sindical lo suscribió, está íntimamente ligado con la cualidad o titularidad del derecho a la celebración de convenciones colectivas. La Constitución de Venezuela de 1961 no determinaba a quién correspondía la titularidad de tal derecho, como sí lo hizo con respecto a la titularidad del derecho a huelga, en su artículo 92 en el cual se expresaba que “Los trabajadores tienen el derecho a la huelga, dentro de las condiciones que fije la ley...” (añadido de la Sala); por otro lado, el artículo 90 eiusdem disponía:
“La ley favorecerá el desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo y establecerá el ordenamiento adecuado para las negociaciones colectivas y para la solución pacífica de los conflictos. La convención colectiva será amparada...”. La anterior disposición nada señalaba con respecto a la titularidad del derecho a la negociación colectiva y, menos aún, a la titularidad del derecho a la celebración de convenciones colectivas. Tal omisión fue salvada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 96 que, a tal efecto, establece: “Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los que establezca la ley (...) Las convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad” (Resaltado añadido). Como se puede observar, la anterior disposición otorga, con meridiana claridad, la titularidad de los derechos a la negociación colectiva y a la celebración de convenciones colectivas de trabajo a los trabajadores y establece, además, como finalidad de las convenciones, la del amparo a todos los trabajadores, incluso a los que adquieran tal carácter con posterioridad a su suscripción, todo ello en razón de que son los trabajadores los titulares primigenios de tales derechos. Por otro lado, la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 408, otorgó a los sindicatos la facultad de ejercicio de tales derechos en representación de sus titulares, cuando, en establecimiento de sus atribuciones, dispone: “Los sindicatos de trabajadores tendrán las siguientes atribuciones y finalidades: a) omissis; b) Representar a sus miembros en las negociaciones y conflictos colectivos de trabajo, y especialmente en los procedimientos de conciliación y arbitraje; c) Promover, negociar, celebrar, revisar y modificar convenciones colectivas de trabajo y exigir su cumplimiento; (...)” (Resaltado añadido). Ahora bien, con respecto a la letra c), es necesario hacer el siguiente señalamiento: como antes se expresó, la Constitución de 1961 no señalaba expresamente quien era el titular del derecho a la celebración de convenciones colectivas, lo que dio pie para que distintas organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer grado, estableciesen, en las convenciones colectivas que celebraban, cláusulas por las cuales se atribuían la titularidad de tal derecho cuando se acordaban, de manera exclusiva, la administración de las convenciones colectivas que celebraban, en una errónea interpretación de la aludida letra c); errónea, por cuanto, la letra b) cuando señala claramente “...Representar a sus miembros en las negociaciones y conflictos colectivos de trabajo...”, atribuye la titularidad del derecho a la negociación colectiva, a los trabajadores, el cual, además, se garantiza en el único aparte del artículo 396 de la Ley Orgánica del Trabajo. Por tanto, la ley no atribuyó tal titularidad a los sindicatos, éstos debían hacer la negociación en nombre de sus afiliados, de allí que, aún bajo la vigencia de aquella Constitución, debió enten-derse a los trabajadores como titulares del derecho a la negociación colectiva, y por extensión, como los titulares del derecho a la celebración de convenciones colectivas, debido a que son éstas el principal producto de aquélla, ya que no puede existir convención colectiva sin una negociación colectiva que la preceda. Con fundamento en las motivaciones que anteceden, esta Sala considera que las cláusulas con las cuales pretenden los sindicatos, de cualquier grado, atribuirse de manera exclusiva la administración de las convenciones colectivas que suscriban, son violatorias de los derechos constitucionales a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la celebración de convenciones colectivas a que se refieren los artículos 95 y 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así se declara.
Por otro lado, en el caso sub examine, se observa que los representantes del demandante de amparo pretenden la impugnación de la decisión interlocutoria del 29 de junio de 2000, con la cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito, Trabajo y Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar -en un juicio en el cual no es parte el supuesto agraviado-, además de la admisión de la demanda que intentaron los apoderados judiciales de la junta directiva del Sindicato Único de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar) -tercero interviniente- contra el Consorcio Dravica C.A., acordó dos medidas preventivas innominadas que, a su decir, no aseguran la ejecución del fallo que se pudiese dictar en ese juicio, ya que con las referidas medidas no se afecta al patrimonio de la demandada sino que, por el contrario, se afectó las finanzas de su representado.
El demandante de amparo, como se puede observar, es un tercero y, por tanto, ajeno al proceso laboral en el cual surgió la decisión interlocutoria que se impugnó mediante la demanda que dio inicio al presente procedimiento; es por ello, que esta Sala determinará antes de que conozca el fondo, si la vía de amparo que se escogió era la idónea para el restablecimiento de la situación jurídica supuestamente infringida o si, por el contrario, existía otra vía idónea distinta a ésta, capaz de la restitución de la situación jurídica constitucional supuestamente violentada antes de que ésta se haga irreparable.
Esta Sala ha afirmado, en reiterados fallos, que la demanda de amparo constituye un medio adicional a los otros existentes, y que por tanto, no entraña un monopolio procesal en cuanto a las denuncias sobre violaciones a la regularidad constitucional; de allí que, en cuanto a la procedencia de la demanda de amparo, se haya sostenido que:
“...2.- En consecuencia, es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:
De cara al segundo supuesto, relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado. Alguna de tales circunstancias podría venir dada cuando, por ejemplo, la pretensión de amparo exceda del ámbito intersubjetivo para afectar gravemente al interés general o el orden público constitucional; en caso de que el recurrente pueda sufrir una desventaja inevitable o la lesión devenga irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa (lo que no puede enlazarse el hecho de que tal vía sea costosa o menos expedita que el procedimiento de amparo); cuando no exista vía de impugnación contra el hecho lesivo, o ésta sea de imposible acceso; cuando el peligro provenga de la propia oscuridad o complejidad del ordenamiento procesal; o ante dilaciones indebidas por parte los órganos judiciales, tanto en vía de acción principal como en vía de recurso...” (s.n° 1496, S.C.-T.S.J. 13-08-2001. Resaltado añadido).
Los terceros en un determinado juicio en el que se produzcan decisiones actos u omisiones que los afecten directa o indirectamente, tienen, en primer término, la posibilidad de lograr su intervención en el proceso con tal carácter (terceros) de la manera que establece el artículo 370 de la Ley Adjetiva Civil, por lo que, en atención a la decisión que se transcribió, habrá que determinar, en el caso concreto, si existe la posibilidad de que la situación jurídica que se infringió por el agravio constitucional pueda hacerse irreparable, en caso de que se empleen los mecanismos que dispone la referida ley en resguardo de los derechos de los terceros, para que, de esta manera, se pueda acudir a la vía de la demanda de amparo.
Para la determinación de la situación jurídica del demandante de amparo con respecto a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, debe analizarse la decisión interlocutoria que se impugnó, así como los alegatos que esgrimió el demandante de amparo y el tercero interviniente. El acto jurisdiccional que se impugnó corre en copia certificada en el folio 522 del presente expediente y, al acordar las medida (sic), señaló:
“...En cuanto a la medida cautelar solicitada, de que se mantenga el Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar) como el administrador de la Convención Colectiva suscrita por el mismo con la Camara Venezolana de la Construcción, y que las cantidades de dinero por conceptos de cuotas sindicales pudieran (sic) corresponder desde el momento de interponer de la presente demanda hasta que sea decidida, es decir que a partir del momento de la interposición de la presente demanda se oficie a la empresa CONSORCIO DRAVICA a fin de que remita a este Tribunal las cantidades de dinero por concepto de cuotas sindicales mensuales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Observa este Tribunal la seriedad de los argumentos y planteamientos esgrimidos por la parte demandante, en lo cual (sic) resulta suficiente para dar por demostrado uno de los requisitos que requiere este Tipo (sic) de cautela, cual es la presunción de un buen derecho. Igualmente aparece demostrado en autos que la Convención Colectiva fué (sic) suscrita entre la Cámara Venezolana de la Construcción y la Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera, Conexos y Similares de Venezuela, y la misma en su cláusula 70 parágrafo (sic) único menciona lo siguiente: Los montos de dinero correspondiente a estas deducciones, serán entregados inmediatamente al Secretario Tesorero de la Federación o a la persona que este autorice(...), y demostrada en autos la condición de Representantes de los actores de la Federación de Trabajadores de la Industria (...), éste Tribunal considera de que (sic) se encuentra cubierto los (sic) requisitos para el decreto de esta cautela, (...), el Tribunal acuerda medida cautelar y ordena que la convención aludida (...), sea administrada por el Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic- Bolívar), y así mismo ordena a la Empresa DRAVICA remitir a éste (sic) Tribunal las cantidades de dinero descontadas a partir de la presente fecha a los trabajadores por conceptos de cuotas sindicales mensuales hasta que se dicte sentencia definitiva en el presente juicio...”(Destacado añadido). Se desprende de la decisión que fue parcialmente transcrita que las medidas innominadas que se acordaron son dos; por un lado se acordó que la referida convención colectiva sea administrada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar), tercero interviniente en el presente procedimiento y, por el otro, que las cantidades de dinero que fueron descontadas por concepto de cuotas sindicales se remitieran al tribunal que dictó la referida decisión (supuesto agraviante), desde el día cuando se dictó el auto que fue impugnado hasta cuando se produzca sentencia definitiva en el juicio donde se produjo tal decisión. Ahora bien, contra las medidas que se acordaron, el demandante de amparo alegó: que “...tratándose de un procedimiento de cobro de cotizaciones y otros conceptos derivados de la relación laboral, (calificación dada por el juez de la causa, ya que la demanda interpuesta no tiene pretensión, es decir no se menciona el objeto de la causa), la juez debió decretar la medida cautelar contra el CONSORCIO (sic) Dravica, quien es el demandado, pero nunca una medida que de ninguna manera asegura la ejecución del fallo con el patrimonio del CONSORCIO, sino que afecta las finanzas del Sindicato Sutracaruachi que represen[tan], que no es parte en ese proceso(...), [al] ordenar al CONSORCIO Dravica remitir al tribunal las cotizaciones que aportan los trabajadores afiliados a Sutracaruachi en virtud supuestamente en el buen derecho que alega a SUTIC-BOLÍVAR, pero que no ha probado en autos. El Sindicato Sutic-Bolívar, no tiene afiliados, no tiene representatividad, no tiene autorización de los trabajadores (...). Además, el juicio de cobro de bolívares por concepto de cuotas sindicales y otros conceptos derivados de la relación laboral (...) no tiene que ver ni con las cotizaciones sindicales que aportan a su sindicato los trabajadores afiliados a éste, ni menos aún con la administración del contrato vigente, que la ejerce Sutracaruachi por ser el sindicato mayoritario en la obra. (...) (su) sindicato tiene afiliado la mayoría de los trabajadores y goza de la representatividad que fue ratificada mediante un REFERÉNDUM (sic) que organizó el Ministerio del Trabajo el día 23 de mayo del año en curso, (...) frente a este tipo de medidas preventivas innominadas la ley sólo concede el recurso de oposición, recurso que además está limitado a las partes en el proceso, (...). Además esta ‘oposición de parte’ debe sustanciarse de conformidad a lo previsto en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil y siguientes, que comienza con la citación, lo cual no procedería contra terceros. (...) Además en el supuesto negado de que hubiesen medios ordinarios son inutilizables, por el hecho de que en sí mismos –en el supuesto también negado de que los mismos fuesen a tramitarse- son recursos demasiado lentos e inoperantes como para ser efectivos en el caso bajo examen. Ciertamente no se trataría de un medio procesal idóneo dada su lentitud y su estructura, siendo necesario de todas formas la vía del amparo constitucional. (...)” (sic).
Por otro lado, en la demanda que dio inicio al procedimiento en el cual se dictó la decisión objeto de impugnación, la cual consta en el folio 484 y siguientes del presente expediente, los apoderados judiciales del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Estado Bolívar (Sutic-Bolívar), tercero interviniente en el presente procedimiento, alegaron: “ ...Ahora bien ciudadano juez en fechas anteriores se formó dentro del CONSORCIO DRAVICA una organización sindical llamada SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE PRESA CARUACHI (SUTRACARUACHI) quienes usurpando atribuciones y funciones que solo correspondian (sic) a nuestra organización sindical hicieron pedimentos a la empresa CONSORCIO DRAVICA, pedimentos (sic) que fueron admitidos y aceptados por la mencionada empresa (...). Ciudadano Juez, la empresa CONSORCIO DRAVICA intencionalmente le entregó desde el mes de junio de 1.999, la administración de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre la Cámara Venezolana de la Construcción y las Federaciones de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Maderas, Conexos y Similares de Venezuela al SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE PRESA CARUACHI (SUTRACARUACHI). El único sindicato que puede administrar la convención colectiva es el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO BOLIVAR (SUTIC-BOLÍVAR), por ser parte integrante y firmante de la misma, según consta en las cláusulas de la Convención Colectiva de la Construcción Vigente (...)” (Destacado añadido)
Observa la Sala que, en lo que respecta a las medidas que acordó la decisión objeto de este amparo, éstas están referidas a la administración de la convención colectiva que celebraron la Cámara Venezolana de la Construcción y las Federaciones de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Maderas, Conexos y Similares de Venezuela, en las cuales se acordó, específicamente en lo que se refiere a la cláusula referente a las cuotas sindicales que se descuentan a los trabajadores, que éstas sean remitidas al tribunal supuesto agraviante hasta cuando se dicte la decisión definitiva. Ahora bien, en lo que respecta a las cuotas sindicales, el artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo preceptúa: “Los patronos deberán descontar de los salarios de los trabajadores afiliados a un sindicato las cuotas ordinarias o extraordinarias que el sindicato haya fijado de conformidad con sus estatutos. A los demás trabajadores beneficiados por una convención colectiva celebrada por el sindicato y que no pertenezcan a otra organización sindical, se les descontará el monto de la cuota extraordinaria establecida para miembros, por concepto de solidaridad y por motivo de los beneficios obtenidos en dicha convención colectiva. Las sumas recaudadas las entregará el patrono a los representantes autorizados del sindicato tan pronto haya hecho la recaudación.”(Destacado añadido)
De la anterior disposición se desprende que el patrono tiene dos obligaciones en lo que respecta a las cuotas sindicales; por un lado, descontarlas del salario de los trabajadores afiliados a un determinado sindicato y, por la otra, la entrega de la suma que recaude a los representantes autorizados del sindicato del cual es miembro el trabajador, una vez hecha la recaudación. Lo que quiere decir que el patrono no puede disponer de las cuotas sindicales que descuente, porque no le pertenecen; de allí que no puede dirigirlas al sindicato que desee, sino a aquel al que esté afiliado el trabajador, quien, como titular del derecho a la libertad sindical individual -como se expresó supra-, es quien decide a cuál sindicato desea pertenecer y, como consecuencia del ejercicio de tal derecho, debe contribuir con el sindicato que escoja mediante las referidas cuotas, para que éste pueda cumplir con su finalidad de protección y resguardo de sus derechos. En lo que respecta a la administración de los convenios colectivos, es -como ya se explicó- el sindicato más representativo quien, en definitiva, deberá encargarse de su administración, y esa representatividad sólo la atribuyen los trabajadores, sin presiones ni interferencia de ningún tipo, al sindicato que deseen. De los alegatos que se hicieron tanto por el demandante de amparo como por el tercero interviniente, se desprende que ambos se adjudican el derecho a la administración de la convención colectiva sobre la cual recayeron las medidas que se acordaron en la decisión que se impugnó, lo que quiere decir que existe un conflicto de representatividad o legitimación, de allí que se desprenda que las situaciones jurídicas del demandante de amparo y la del tercero interviniente no están perfectamente definidas, pues cada uno de ellos se atribuye la representatividad o facultad de administración, en nombre de los trabajadores, de la convención colectiva.
Respecto a la situación jurídica de los terceros respecto de un juicio en el cual no es parte, la Sala ha establecido que:
“Surge así, una contradicción entre la tercería de dominio, prevenida específicamente para que los terceros afectados por un secuestro o una prohibición de enajenar y gravar, hagan valer sus derechos sobre los bienes de su propiedad, y el amparo constitucional que de aceptarse como vía útil para lograr el mismo efecto que la tercería contemplada en el ordinal 1° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, vaciaría de contenido a dicho ordinal, ya que siempre el amparo resultaría un proceso más célere, capaz de restablecer de inmediato el derecho del propiedad del tercero.
Cuando un tercero, propietario de un bien, en un proceso donde no es parte y con el cual carece de toda conexión, se le priva de una propiedad o de los atributos de dicho derecho, mediante el secuestro, la prohibición de enajenar o gravar u otra medida preventiva, ese tercero está siendo víctima de una pérdida o disminución de su propiedad, sin que exista un juicio en su contra; y ante tal infracción, que no le cercena el derecho a la defensa –ya que él tiene las vías judiciales como la tercería, para defenderse- pero si le menoscaba el derecho de propiedad al desmejorarle su situación jurídica de propietario, la acción de amparo es la vía más idónea para restablecer su situación jurídica.
Pero, cuando los bienes del tercero tienen algún ligamen con la causa y ellos son objeto de la medida, esa conexión que hace posible que la medida erradamente se haya practicado sobre esos bienes, debe ser aclarada por el tercero, cuya situación jurídica no es diáfana, y la vía correcta para ello es la tercería prevista en el ordinal 1° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, a fin de que dentro del “procedimiento ordinario” por el cual se tramita la tercería y que procura la plena prueba, se logre aclarar sin duda la posición del tercero.
Pero, el amparo -y de allí lo casuístico- no puede a su vez obrar como un ariete lesivo contra otra persona, motivo por el cual, si la posición del tercero no parece clara respecto al juicio, el amparo perjudicaría a las partes de un proceso, lesionándoles igualmente su situación jurídica, y por ello la lesión con posibilidad de reparabilidad sería tema de discusión para todos, y ante esa realidad, es la vía ordinaria y no el amparo, la correcta. Por ello, esta Sala en anteriores fallos ha sentado que sólo cuando el uso de las vías ordinarias se hace ineficaz por retardo judicial inexcusable procede el amparo ante la omisión, ya que es ella la que pone en peligro de que la lesión se haga irreparable.” (sic. s. S.C. n° 401 del 19-05-2000. Exp. 00-0295. Resaltado añadido).
Con fundamento en las consideraciones que anteceden la Sala concluye que la vía correcta para la determinación, con todos los medios de pruebas y con un conocimiento más profundo de los hechos, de a quién corresponde la representación de los trabajadores, es la tercería, con la cual se puede determinar, sin menoscabo de los derechos de ninguno de los sujetos colectivos que se adjudican tal representación, máxime si se toma en cuenta que cualquier decisión que se pronuncie con respecto al fondo, en el caso sub examine, necesariamente deberá tener presente la representatividad de los derechos de los trabajadores que cada uno de los sindicatos se atribuye para precisar la existencia de la violación de la situación jurídica supuestamente infringida.
En efecto el pronunciamiento en cuestión tendrá una vinculación directa e influyente en el proceso dentro del cual se produjo la decisión que se impugnó, razón por la cual no puede el juez constitucional decidir en el presente caso sin tomar en cuenta la representatividad del demandante de amparo y, con ello, inmiscuirse ilegítimamente en el fondo del juicio donde se produjo el auto objeto de impugnación. En consecuencia esta Sala, en atención a lo que preceptúa el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declara con lugar las apelaciones que se interpusieron y, por ende, inadmisible la demanda de amparo. Así se decide. http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Febrero/149-130203-%2000-2569.htm
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References: artículo 95
 artículo 401
 artículo 143
in dubio
 artículo 514
 artículo 396
 artículo 95
 artículo 511
 artículo 525
 artículo 143
 artículo 92
 artículo 90
 artículo 96
 artículo 408
 artículo 396
 artículo 370
 artículo 602
 artículo 446
 artículo 370
 artículo 370
 artículo 6