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Timestamp: 2019-03-20 17:49:30+00:00

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REQUISITOS PARA APROBAR EL ACUERDO CONCILIATORIO
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: JESÚS MARÍA CARRILLO BALLESTEROS, BOGOTÁ, D.C., SIETE (7) DE FEBRERO DE DOS MIL DOS (2002). RADICACIÓN NÚMERO: 85001-23-31-000-1998-0083-01(18331).- El tema de la 'lesividad' del patrimonio es uno de los requisitos recogidos por la Ley 446 de 1998, la cual expresamente en su artículo 73, inciso tercero consagró que "La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público". Hablando afirmativamente, entonces, para la aprobación del acuerdo, es necesario: -Que se hayan presentado las pruebas necesarias que le sirvan de fundamento; -Que el acuerdo no sea violatorio de la ley, y -Que no resulte lesivo para el patrimonio público. Aunque dichas normas estén contenidas en capítulo referido especialmente a la conciliación prejudicial, no obsta para hacerlo extensivo a la conciliación judicial, en aplicación a mecanismos garantistas de la legalidad.
La conciliación judicial en lo contencioso administrativo está regulada especialmente en los artículos 101, 104 y 105 de la Ley 446 de 1998. El artículo 101, prescribe la materia conciliable, la oportunidad para ello, el mecanismo y en la parte final del inciso 2° señala que "Si las partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará, si lo encuentra conforme a la ley, mediante su suscripción en el acta de conciliación", y los efectos para cuando se concilia.
Según la norma en comento, ha dicho el Consejo de Estado, lo que el juez debe observar principalmente es si lo conciliado está dentro de la legalidad o no, es decir, que no se trate de una liberalidad de la Administración.
Estima la Sala que el 'pacto' así estipulado por las partes, que finalmente formalizaron en la audiencia de conciliación, no tuvo la suficiente base probatoria, y simplemente estuvo precedido de simples actualizaciones, pero no se explicó el fundamento de estas sumas. Esta Corporación ha sostenido que las normas sobre conciliación como formas de solución alternativa de los conflictos, pretenden la descongestión de los despachos judiciales, con el fin de lograr un eficaz acceso a la Administración de Justicia y el consecuente cumplimiento de los principios que inspiran el ordenamiento y los fines esenciales del Estado, contenidos en el preámbulo y en el artículo 2 de la Carta Política, en particular de la justicia, la paz y la convivencia.
Pero el reconocimiento voluntario de las deudas por parte de las entidades estatales debe estar fundamentado en las normas jurídicas que prevén la obligación, las elaboraciones jurisprudenciales y en pruebas suficientes acerca de todos los extremos del proceso, de manera que la transacción jurídica beneficie a la Administración. También se ha dicho que la conciliación en el derecho administrativo tiene connotaciones que le dan especialidad y debe ajustarse estrictamente a la solución jurídica que otorga el ordenamiento a la litis que se plantea.
La procedencia de la conciliación está sujeta a varios eventos: a que la controversia o litigio sea susceptible de transacción, es decir, que verse sobre asuntos o derechos sobre los cuales las partes tengan libre poder de disposición y a que no exista prohibición legal de transigir o conciliar en el tema considerado.
PRESUPUESTOS PARA SU APROBACIÓN
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, BOGOTÁ, D.C., TREINTA (30) DE ENERO DE DOS MIL TRES (2003), RADICACIÓN NÚMERO: 08001-23-31-000-1999-0683-01(22232).- Presupuestos para la aprobación de la conciliación contencioso – administrativa: Con fundamento en la ley, la Sala, en reiterada jurisprudencia ha definido los siguientes supuestos:
Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.
Que las entidades estén debidamente representadas.
Que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar y disponer de la materia objeto de convenio.
Que no haya operado la caducidad de la acción.
Que no resulte abiertamente inconveniente o lesivo para el patrimonio de la administración.
Que los derechos reconocidos estén debidamente respaldados por las probanzas que se hubieren arrimado a la actuación.
RETRACTACIÓN DE LA VOLUNTAD CONCILIATORIA
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: JESÚS MARÍA CARRILLO BALLESTEROS, BOGOTÁ, D.C. OCTUBRE CINCO (5) DEL DOS MIL (2000), RADICACIÓN NÚMERO: 17441.- La Sala llama la atención que ninguna de las partes aportó copia de la propuesta presentada por el consorcio contratista, ni el documento final entregado a las entidades contratantes, relacionado con la Asesoría Desarrollo Vial del Oriente Antioqueño.
El primero, formó parte integrante del contrato, el cual determinaba las bases y especificaciones sobre como debía cumplirse el objeto contractual y el segundo, constituía la obligación principal del contratista. Documentos imprescindibles para confrontar si el documento final llenó las expectativas prometidas y esperadas por las entidades públicas, o en otros términos verificar si el consorcio cumplió con la prestación a su cargo. La falta de dichos documentos hace imposible constatar si el consorcio cumplió con la obligación a su cargo.
No obstante lo anterior, lo más importante en este caso es que el apoderado judicial de las entidades públicas, solicitó improbar el acuerdo conciliatorio. Si bien es cierto, en materia de conciliación no es lo propio que la entidad pública presente tal solicitud, después de haber logrado un acuerdo prejudicial; también es cierto es que este no produce efectos jurídicos hasta tanto el juez contencioso apruebe la conciliación y en ese sentido las partes pueden retractarse de ella cuando en especial lesione los intereses de las entidades públicas.
Esta Sala en un caso similar en providencia del 1º de julio de 1999, se pronunció en estos términos: "De la misma manera que la transacción, la conciliación es un negocio jurídico en el que las partes terminan extrajudicial o judicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.
La validez y eficacia de ese negocio jurídico en asuntos administrativos, está condicionada a la homologación por parte del juez quien debe ejercer un control previo de la conciliación con miras a verificar que se hayan presentado las pruebas que justifiquen la misma, que no sea violatoria de la ley o que no resulte lesiva para el patrimonio público.
Esto significa que hasta tanto el juez no apruebe u homologue el acuerdo conciliatorio, las partes pueden válidamente desistir del mismo cuando adviertan que el acuerdo logrado no resulta favorable o conveniente a sus intereses.
Reitera la Sala que en la medida en que la ley establece como requisito de validez y eficacia de la conciliación en asuntos administrativos la previa aprobación u homologación por parte del juez, hasta tanto no se produzca esa aprobación la conciliación no produce ningún efecto y por consiguiente las partes pueden desistir o retractarse del acuerdo logrado, no pudiendo por tanto el juez que la controla impartirle aprobación u homologarla cuando media manifestación expresa o tácita de las partes o una ellas en sentido contrario.
En este orden de ideas, la solicitud del gerente de la Fábrica de Licores del Tolima en esta instancia para que se impruebe la conciliación lograda ante el procurador judicial 27 en lo administrativo no puede ser ignorada por el juez llamado a controlarla y tiene el alcance de una retractación con respecto al acuerdo."
IMPROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN
TÉRMINO PARA LIQUIDAR EL CONTRATO
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, ABRIL 8 DE 1999, CONSEJERO PONENTE: DOCTOR DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ, REFERENCIA: EXPEDIENTE NO. 15872.- En materia de terminación del contrato se distingue entre los negocios jurídicos que requieren de una etapa posterior para la liquidación, de otros que no lo requieren. En este último caso el término para incoar la acción se computa a partir de la terminación por cualquiera de las causas legales, en tanto que aquellos que requieren de la liquidación la ley ha previsto 4 meses para que las partes hagan de común acuerdo la liquidación. De no lograrse tal acuerdo, la administración puede efectuar la liquidación unilateral dentro de los dos meses siguientes a la expiración del anterior término ( de 4 meses).
Si la administración no efectúa la liquidación unilateral tal como se viene comentando, el contratista deberá acudir ante el órgano jurisdiccional para que se realice la liquidación del contrato por vía judicial, acción que se debe incoar dentro de los dos años siguientes al fracaso de las dos etapas anteriores.
Esta ha sido la posición jurisprudencial de la Sala, en relación con el tema de la caducidad de la acciòn en materia contractual. Al respecto resulta ilustrativo referir el pronunciamiento contenido en el auto de 8 de junio de 1995, Exp. 10.684, Actor: JUAN DE DIOS JURADO GOMEZ, donde con ponencia de quien ahora proyecta éste, se dijo:
"En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos, respecto a los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración. (subrayas fuera de texto).
Trasladando los anteriores criterios al caso sub iudice se tiene lo siguiente:
a.- La suspensión del plazo contractual debió terminar el 11 de julio de 1993, fecha esta a partir de la cual se cuentan los 21 días que faltaban para el vencimiento del último plazo contractual acordado de lo cual resulta que el 1 de agosto de 1993 el contrato se extinguió por vencimiento final del plazo y entró en estado de liquidación.-
b.- El 1 de diciembre de 1993 se vencieron los cuatros meses que tenían las partes para liquidar el contrato por mutuo acuerdo .Situación que no tuvo ocurrencia en el caso que se estudia.
c.- El 1 de febrero de 1994 vencían los 2 meses que la administración tenía para liquidar el contrato unilateralmente, plazo que no aprovechó para tal propósito.
d.- El contratista contaba hasta el 2 de febrero de 1996 para ejercer las acciones judiciales que le brinda la ley para hacer valer los derechos y obtener la definición de sus créditos y débitos producto del negocio jurídico que se liquida por este mecanismo.
El plazo para el ejercicio de la acción contractual con que contaba el contratista terminó el 2 febrero de 1996, y como la solicitud de conciliación fué presentada el 4 de junio de 1998, resulta evidente la caducidad de la acción contractual.
Con fundamento en lo anterior la Sala no aprobará el acuerdo conciliatorio porque se halla caducada la acción contractual.
El juez, ante quien se somete a consideración el acta donde consta el acuerdo conciliatorio, debe realizar las valoraciones correspondientes que le permitan concluir si la conciliación se ajusta a la ley y si refleja favorabilidad cuantitativa para la administración.
La caducidad de la acción impide la aprobación del acuerdo conciliatorio de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 61 de la ley 23 de 1991, reformado por el artículo 81 de la ley 446 de 1998, según el cual: "No habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado".
INTERESES SOBRE SUMAS CONCILIADAS
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C., FEBRERO 13 DE 1997, CONSEJERO PONENTE: DOCTOR DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ. REF.: EXPEDIENTE NO. 12.680.- Para la Sala el auto apelado debe adicionarse para establecer que los intereses cuyo pago se ordena, en los términos del inciso 5 del art. 177 del C.C.A. son los corrientes certificados por la superintendencia Bancaria, desde el primero de enero de 1995 y hasta el primero de julio del mimo año, y de allí en adelante, serán el doble de ese mismo interés. No hay lugar al reconocimiento de intereses de intereses consagrado en el art. 886 ibídem.
El titulo ejecutivo presentado está constituido por la copia auténtica del acta de la audiencia de conciliación celebrada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá el 22 de septiembre de 1994, y por copia auténtica del auto mediante el cual se aprobó el acuerdo, proferido por ese mismo Tribunal el 28 de septiembre siguiente.
(…) El acuerdo se logró en los siguientes términos:
" ... la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA Y NUEVE ($39'923.573.79) Mcte., por todas las pretensiones de la demanda. Igualmente concedemos la exención de intereses desde la fecha y hasta el primero de enero de 1995, manifestando que después de esa fecha se dará aplicación al inciso quinto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo..."
El art. 177 del C.C.A., norma cuya aplicación fue incluída como parte del convenio, sobre efectividad de condenas contra entidades públicas, dispone en el inciso 5: "Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término."
Los intereses comerciales a que se refiere la norma copiada, no son otros que aquellos consagrados en el art. 884 del C. de Comercio, en los siguientes términos: “Cuando en los negocios mercantiles hayan de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, este será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será el doble ..."
Aplicar esta norma en el sub iudice no implica en manera alguna, el reconocimiento de que el título ejecutivo que ahora se cobra, tuvo origen en una relación mercantil entre ejecutante y ejecutado. La aplicación del artículo 884 del C. de Comercio, en este caso, no viene como consecuencia de referirse a un negocio mercantil, sino que es el cumplimiento de la ley. En efecto, es la misma ley en el inciso 5 del art. 177 del C.C.A., la que dispone que los intereses que causan las condenas son los comerciales, y esa norma fue tomada por las partes al acordar los términos de la conciliación.
Valga anotar que la entidad estatal, debió haber logrado la aplicación de los intereses consagrados en la ley 80 de 1993 y su decreto reglamentario 679 de 1994, vigentes para la época en que se logró el acuerdo y que regulan precisamente la materia contractual. Ahora no es posible hacer modificación al respecto, dado que la conciliación debidamente aprobada, hizo tránsito a cosa juzgada.
No hay lugar a aplicar el art. 886 porque a esa norma no hace remisión el art. 177 inciso 5 del C.C.A. La aplicación del art. 886, requiere la existencia de una relación mercantil como causa del título que se cobra y la actividad que se ejerce a través del contrato estatal no es propiamente de naturaleza comercial aunque la actora tenga calidad de comerciante, porque el estado no puede mirarse a la par que los particulares en sus relaciones contractuales.
Cabe afirmar que al contrato estatal se le aplican ciertas normas y principios del Código de Comercio, pero, habrá de tenerse en cuenta que el juzgador en su hermenéutica de tales normas y disposiciones contractuales, deberá buscar un justo equilibrio entre el fin deseado por la administración, como lo es la prestación final de los servicios a su cargo, de una parte, y las aspiraciones económicas del contratista, de la otra, que si bien tiene derecho a una justa utilidad, tampoco podrá hacer del manejo de las situaciones derivadas del contrato estatal, una fuente de enriquecimiento exagerado de tal suerte que llegue al desbordamiento económico con grave afectación de las tesorerías estatales.
AUSENCIA DE CONTRATO ESCRITO
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C., DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). RADICACIÓN NÚMERO: 18123.- El asunto sometido a la conciliación prejudicial no está respaldado en un contrato escrito, ni en órdenes de prestación de los servicios de vigilancia objeto de conciliación, pero si en las facturas presentadas por el prestador del servicio a la entidad y en certificaciones de ésta en las que reconoce la prestación efectiva del mismo.
De conformidad con el parágrafo 2 del art. 81 de la ley 446 de 1998, recogido en el art. 63 parágrafo 2° del decreto 1818 de 1998, “No habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado”. La Sala en varias oportunidades ha precisado la forma de computar el plazo para el ejercicio de la acción contractual y ha sido reiterada la jurisprudencia en señalar que todas las acciones que a bien tenga hacer el contratista con ocasión de la ejecución del contrato, debe formularlas a más tardar dentro de los dos años siguientes a la terminación o a la liquidación del contrato, si ésta era necesaria, so pena de que opere el fenómeno de la caducidad de la acción.
En este sentido, se ha apartado de la tesis de los tribunales que para el cómputo de los dos años, parten de la fecha de pago de la cuenta por la que se reclama. No obstante lo anterior, en el presente asunto no hay lugar al cómputo del término de caducidad de la acción en la forma indicada, por cuanto las partes no celebraron contrato para la prestación de los servicios de vigilancia materia de la conciliación, lo cual permite tomar cada cuenta de cobro presentada al ente público como si fuese un contrato sin formalidades plenas, en los términos del parágrafo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. Razón por la cual, resulta procedente computar el término de caducidad de la acción en forma independiente para cada cuenta de cobro.
Si la nueva solicitud de conciliación se hizo el 9 de agosto de 1999, es claro que para ese día ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción respecto de las cuentas de cobro anteriormente referidas, que suman en total un valor de $28’917.350. Ahora bien, respecto a las demás cuentas de cobro presentadas entre el 26 de mayo de 1998 y el 12 de agosto de ese mismo año, no se ha presentado la caducidad de la acción.
En este orden de ideas, es evidente que para la fecha en que se presentó la segunda solicitud de conciliación, es decir, el 9 de agosto de 1999, la demandante se encontraba dentro del término legal para instaurar la acción correspondiente respecto de las facturas números 21, 90, 102, 115, 151 y 165, que arrojan un valor total de $39’886.423. La Sala encuentra procedente el acuerdo conciliatorio respecto de las facturas números 21, 90, 102, 115, 151 y 165, que arrojan un valor total de $39’886.423, toda vez que los servicios de que dan cuenta las mismas se encuentran plenamente acreditados y frente a ellas no ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción…
CONCILIACIÓN PARCIAL
IMPROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN
PRUEBAS EN LA CONCILIACIÓN
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ, BOGOTÁ, D.C., DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2.000). La decisión improbatoria parcial de un acuerdo conciliatorio, en principio, no estaría orientada por los principios que gobiernan la conciliación, pues el objetivo de la ley, con esa forma de composición, fue el descongestionar los despachos judiciales. Se afirma lo anterior por cuanto la conciliación judicial es uno de los mecanismos que la ley otorga a las partes y a la jurisdicción para poner fin a la contienda que dio origen al proceso; como ha dicho la jurisprudencia ese medio de composición tiene un “universo único” y en dicha medida no resulta apropiado aprobarlo parcialmente.
En el caso que se revisa, la conciliación lograda entre las partes recibió aprobación parcial e improbación parcial.
El actor apeló la parte improbatoria y la Administración guardó silencio, por lo tanto debe entenderse que ésta aceptó la aprobatoria parcial, por concepto de actualización e intereses moratorios respecto del acta No. 004. Respecto a las actas de obra diferentes a la número 4, sobre la cual las partes conciliación y que el Tribunal aprobó, el apelante afirma que si hay lugar a la aprobatoria de la conciliación porque sí hay lugar al reconocimiento de actualización e intereses de mora.
La Sala por el contrario no encuentra la ocurrencia de la mora; no hay prueba de que la carga del contratista - apelante - referente a que debía presentar las facturas lo hubiera satisfecho; las facturas traídas carecen de constancia de recibo por la Administración y por tanto el plazo de gracia de treinta días, se desconoce si empezó o no a correr pues su inicio pendía de una condición, se recaba, cual es la presentación de las facturas por el contratista al contratante.
Como ese requisito no se acreditó dentro del proceso, no sirve la manifestación de aceptación que la Administración hizo dentro de la audiencia conciliatoria sobre el derecho del contratista al reconocimiento de intereses moratorios sobre el valor adeudado por concepto de actas de recibo de obra ejecutada, pues tal conducta iría en contra de otra anterior de la misma Administración, y contenida en el acto administrativo de liquidación final del contrato, el cual se presume legal y veraz.
Al respecto, la Sala observa que la entidad en el acta de liquidación unilateral nada señaló respecto de sumas pendientes de reconocimiento a favor del contratista, situación que implica que en su valoración total del balance de las prestaciones contractuales lo indicado en el acta era lo único que reconocería al contratista; tal situación si el contratista no la compartió debió impugnar la validez de dicho acto.
Otro de los puntos conciliados e improbados por el a quo es el atinente al lucro cesante generado como consecuencia de la parálisis en el funcionamiento de los equipos estimado en el 4% del valor de éstos más actualización e intereses. Para que el reconocimiento de este concepto sea legal debe encontrarse plenamente demostrado dentro del proceso; en dicha medida, como no se ven pruebas sobre ese hecho, la decisión de improbación adoptada por el Tribunal, en este punto, debe mantenerse.
El referente al reajuste del anticipo. Al respecto la Sala comparte la valoración hecha por el Tribunal. No puede aprobarse la composición del litigio en esa materia por cuanto, se sabe que: -De una parte, el anticipo, diferente a pago anticipado, son dineros de la Administración, administrados por el contratista. Tanto es así que el contratista tiene que presentar una garantía única, en la cual se ampara entre otros el manejo del anticipo y dicho anticipo lo va amortizando el contratista, por descuentos que le hace la Administración a las sumas que ésta misma le debe pagar. -De otra parte, porque en el evento de que la Administración entregue tardíamente el anticipo y tal retardo le ocasione perjuicios al contratista, éste tiene que demostrar esos dos hechos y el nexo de causalidad: el retardo, el daño y la relación causal.
En este momento procesal no hay certeza ni claridad evidente; no salta a la vista que la entidad pública esté obligada a pagar la suma conciliada, lo que impide la aprobación total del acuerdo conciliatorio; debe tenerse presente que para aprobar una conciliación judicial no resulta procedente efectuar la valoración propia de las pruebas que se hace en juicio a la hora de fallar. La exigencia de respaldo probatorio respecto de los derechos conciliados, fue introducida expresamente por la ley 446 de 1998 al regular las causas por la cuales se puede improbar el acuerdo conciliatorio.
COSTOS IMPREVISTOS EN CONCILIACIÓN
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIV0, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, BOGOTÁ, D.C., TREINTA (30) DE MAYO DE DOS MIL DOS (2002). RADICACIÓN NÚMERO: 25000-23-26-000-2000-2599-01(20922).- Los documentos aportados al proceso, le proporcionan a la Sala elementos suficientes para aprobar el acuerdo conciliatorio logrado entre las partes, puesto que se deduce claramente la existencia de una obligación que es objeto de conciliación, a cargo de la Empresa Colombiana de Petroleos "Ecopetrol".
Es indiscutible que el contrato inicial se suscribió por la suma de $17.666.070.oo, pero ante la imperante necesidad del reemplazo de otras partes del automotor, era necesario ejecutar el contrato en términos económicos diferentes a los pactados, entendiéndose que la finalidad del contrato, era la reparación del vehículo para que prestara el servicio que la entidad le ha destinado.
Aparece probado que la firma Ivor Limitada- Casa Inglesa, suministró e instaló en el camión con placas PZB-722, número interno ECP 156, autocard, modelo 1984 de propiedad de Ecopetrol, una serie de repuestos, no contemplados, dentro de la orden de trabajo inicial número PMO-034-99.
En el acta de conciliación, Ecopetrol manifiesta la aceptación y conformidad con el servicio de arreglo, mantenimiento y suministro e instalación de repuestos hecho por la empresa Industrias IVOR- Limitada, comprometiéndose a cancelar la suma $38.040.966.oo, sin reconocer valor alguno por concepto de intereses ni actualización. (fls. 60 y 61cdno. 2).
La Sala deduce de lo anterior, que surgieron unos imprevistos, durante la ejecución del contrato, que la partes no previeron ni podían prever al momento del surgimiento del convenio y que hacen más onerosa la ejecución para el contratista, situación que afectó los costos elevándolos.
Sin embargo, la Sala resalta que en el contenido del contrato suscrito, se anotó que el objeto era la reparación general del camión, en consecuencia ante la necesidad de suministrar más repuestos al vehículo, el contratista se encuentra en un desequilibrio económico, frente al contratante, que es necesario restablecer.
A falta de la adición del contrato entre las partes, para restablecer el equilibrio del contrato, las partes celebraron la conciliación que se controvierte, pues a simple vista se establece una cantidad pendiente que debe asumir Ecopetrol, no previsible en el contrato.
No obstante, cabe resaltar, que el contratista, en esta oportunidad, ejecutó el contrato en su totalidad y cumplió su objeto que consistió en la reparación general del vehículo, reclamando del contratante el pago de remanente, por los repuestos que no se incluyeron en la contratación inicial.
El resultado final del arreglo conciliatorio resultó desde todo punto de vista, más favorable y conveniente para la administración, de una parte, porque se ejecutó en su totalidad el contrato y, de otra, porque se puso a salvo la responsabilidad de la administración.
Mediante el procedimiento de la conciliación, existe la posibilidad de compensar los gastos o de reconocer aquellos que resulten en favor de una de las partes, de conformidad con la ley, o que voluntariamente acuerden, conforme lo probado.
Contrario a lo manifestado por el a-quo, la Sala considera que el acuerdo conciliatorio no resulta lesivo para los intereses de la administración, sino para el contratista, pues existe dentro del proceso una base probatoria que da certeza al juez administrativo sobre la existencia de la obligación que se concilió y que adeuda Ecopetrol, sin que se haya establecido o pueda inferirse que el acuerdo conciliatorio resulta lesivo para Ecopetrol.
PRUEBAS NECESARIAS PARA CONCILIAR
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: RUTH STELLA CORREA PALACIO. BOGOTÁ, D.C., VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL SIETE (2007). EXPEDIENTE 250002325000200000910-01 (27.884) DE 2007.- Es por ello que al momento de definir sobre la conciliación lograda por las partes, el juez contencioso y administrativo debe abstenerse de aprobarla si encuentra que las pruebas recaudadas no son suficientes para determinar que efectivamente la entidad estatal que se compromete a un pago, es responsable de tal pago; o que siendo responsable, tal declaración deba ser a favor de los demandantes, o que a pesar de estar demostrada la responsabilidad frente a los demandantes, las pruebas no sean suficientes para garantizar que el valor reconocido corresponda al del daño causado.
CONCILIACIÓN SIN APROBACIÓN JUDICIAL
MÉRITO EJECUTIVO DEL ACTA DE CONCILIACIÓN
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: ENRIQUE GIL BOTERO. REFERENCIA: APELACIÓN SENTENCIA EJECUTIVA. BOGOTÁ, D.C., MAYO TRES (3) DE DOS MIL SIETE (2007). RADICACIÓN 88001233100020020001401 (25.647) DE 2007.- 2.2.1. Para que un acta de acuerdo conciliatorio preste mérito ejecutivo la debe aprobar el juez administrativo: A partir de la Ley 23 de 1991 se permitió que las entidades públicas acudieran a la conciliación prejudicial o judicial, como un mecanismo válido de solución alternativa de conflictos, siempre que ésta cuente con la homologación del juez administrativo. Esto, en virtud de que las entidades de derecho público, cuando acuden a este mecanismo, disponen del dinero público —art. 2.470 C.C.—, actitud que debe rodearse de mayores exigencias a las establecidas en el tráfico jurídico entre particulares.
Así las cosas, la validez y eficacia de ese negocio jurídico, en materia administrativa, está condicionada a la aprobación judicial, pues el juez debe ejercer un control tendiente a establecer que obren las pruebas necesarias que justifiquen el acuerdo, que no sea violatorio de la ley y que tampoco sea lesivo para el patrimonio público —art. 65 A de la Ley 446 de 1998—, aprobación sin la cual la conciliación no produce efecto.
En el caso concreto, el reconocimiento de las obligaciones, a cargo del Invías, por provenir de un acuerdo conciliatorio que no fue aprobado judicialmente, carece de la aptitud para constituir un título ejecutivo, como lo pretende el ejecutante.
La conciliación lograda en audiencia conforma un acto sometido a la condición de su aprobación. Son así dos elementos que no se entienden separados ya que solo producen sus efectos como una unidad. La conciliación sola sin su aprobación no es más que un principio de auto de terminación del proceso, pero no la conciliación procesal que le pone fin y que tiene los efectos de la cosa juzgada.

References: artículo 73
 artículo 101
 artículo 2
 artículo 61
 artículo 81
 artículo 177
 artículo 884
 artículo 39