Source: http://laboralparatodos.com/sentencia-c-0910-13-constitucionalidad-ley-1604-de-2012-convencion-sobre-municiones-en-racimo/
Timestamp: 2017-01-24 19:19:02+00:00

Document:
[Sentencia C-0910-13] – Constitucionalidad Ley 1604 de 2012 – Convención sobre Municiones en Racimo | laboralparatodos.com
[Sentencia C-0910-13] – Constitucionalidad Ley 1604 de 2012 – Convención sobre Municiones en Racimo
Inicio » Sentencias » [Sentencia C-0910-13] – Constitucionalidad Ley 1604 de 2012 – Convención sobre Municiones en Racimo	Descarga este documento aqui.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo a lo previsto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución, envió fotocopia auténtica de la Ley 1604 del 21 de diciembre de 2012, “Por medio de la cualse aprueba la ‘Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008”.
En auto del 8 de febrero de 2013, el despacho del Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento del presente asunto. Adicionalmente, en dicha providencia, también solicitó a las Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la remisión de los antecedentes legislativos de la Ley en revisión y la certificación del quórum y del desarrollo exacto y detallado de las votaciones. En el mismo auto, se ordenó la fijación en lista para efectos de permitir la intervención ciudadana y se dispuso la comunicación de la presente demanda al Presidente de la República, al Ministro de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Defensa Nacional, al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, Jefatura de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos del Ejército Nacional de Colombia, Comité Internacional de la Cruz Roja, Cruz Roja Colombiana, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad- DeJusticia-, Fundación Ideas para la Paz, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CERAC (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos), Pastoral Social, JUSTAPAZ, REDEPAZ, y a las Facultades de Derecho de las Universidades Andes, Externado, Javeriana, Libre, Nacional, Jorge Tadeo Lozano, Santo Tomás, Rosario y de Cartagena, para que, si lo consideraban oportuno, intervinieran en el presente proceso con el propósito de impugnar o defender las disposiciones sometidas a control. Por último, se dio traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 2067 de 1991. Con posterioridad, en auto del 23 de abril de 2013, requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores la certificación de los plenos poderes de la persona que intervino en la suscripción de los citados instrumentos internacionales.
CONVENCIÓN SOBRE MUNICIONES EN RACIMO Los Estados Parte de la presente Convención, Profundamente preocupados porque las poblaciones civiles y los civiles individualmente considerados continúan siendo los más afectados por los conflictos armados,
Decididos a poner fin definitivamente al sufrimiento y a las muertes causadas por las municiones en racimo en el momento de su uso, cuando no funcionan como se esperaba o cuando son abandonadas, Preocupados porque los restos de municiones en racimo matan o mutilan a civiles, incluidos mujeres y niños, obstruyen el desarrollo económico y social, debido, entre otras razones, a la pérdida del sustento, impiden la rehabilitación post-conflicto y la reconstrucción, retrasan o impiden el regreso de refugiados y personas internamente desplazadas, pueden impactar negativamente en los esfuerzos nacionales e internacionales de construcción de la paz y asistencia humanitaria, además de tener otras graves consecuencias que pueden perdurar muchos años después de su uso, Profundamente preocupados también por los peligros presentados por los grandes arsenales nacionales de municiones en racimo conservados para uso operacional, y decididos a asegurar su pronta destrucción, Creyendo en la necesidad de contribuir realmente de manera eficiente y coordinada a resolver el desafío de eliminar los restos de municiones en racimo localizados en todo el mundo y asegurar su destrucción, Decididos también a asegurar la plena realización de los derechos de todas las víctimas de municiones en racimo y reconociendo su inherente dignidad, Resueltos a hacer todo lo posible para proporcionar asistencia a las víctimas de municiones en racimo, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, así como para proveer los medios para lograr su inclusión social y económica, Reconociendo la necesidad de proporcionar a las víctimas de municiones en racimo asistencia que responda a la edad y al género y de abordar las necesidades especiales de los grupos vulnerables, Teniendo presente la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que, inter alia, exige que los Estados parte de esa Convención se comprometan a garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad sin discriminación de ningún tipo por motivos de la misma, Conscientes de la necesidad de coordinar adecuadamente los esfuerzos emprendidos en varios foros para abordar los derechos y las necesidades de las víctimas de diferentes tipos de armas, y resueltos a evitar la discriminación entre las víctimas de diferentes tipos de armas, Reafirmando que, en los casos no previstos en la presente Convención o en otros acuerdos internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del Derecho Internacional derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública, Resueltos también a que a los grupos armados que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas de un Estado no se les permita, en circunstancia alguna, participar en actividad alguna prohibida a un Estado Parte de la presente Convención, Acogiendo con satisfacción el amplísimo apoyo internacional a la norma internacional que prohíbe el empleo de minas antipersonal, contenida en la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción de 1997, Acogiendo también con beneplácito la adopción del Protocolo sobre restos explosivos de guerra, anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, y su entrada en vigor el 12 de noviembre de 2006, y con el deseo de aumentar la protección de los civiles de los efectos de los restos de municiones en racimo en ambientes post-conflicto, Teniendo presente también la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad, y la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, Dando además la bienvenida a las medidas tomadas en años recientes a nivel nacional, regional y global, dirigidas a prohibir, restringir o suspender el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de municiones en racimo, Poniendo de relieve el papel desempeñado por la conciencia pública en el fomento de los principios humanitarios, como ha puesto de manifiesto el llamamiento global para poner fin al sufrimiento de los civiles causado por las municiones en racimo, y reconociendo el esfuerzo que a tal fin han realizado las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Coalición contra las Municiones en Racimo y otras numerosas organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, Reafirmando la Declaración de la Conferencia de Oslo sobre municiones en racimo, por la que, inter alia, los Estados reconocieron las graves consecuencias del uso de las municiones en racimo y se comprometieron a concluir para 2008 un instrumento jurídicamente vinculante que prohibiera el empleo, producción, transferencia y almacenamiento de municiones en racimo que causan daños inaceptables a civiles, y a establecer un marco de cooperación y asistencia que garantizara la adecuada prestación de atención y rehabilitación para las víctimas, la limpieza de áreas contaminadas, la educación sobre reducción de riesgos y la destrucción de los arsenales, Poniendo de relieve la conveniencia de lograr la vinculación de todos los Estados a la presente Convención, y decididos a trabajar enérgicamente hacia la promoción de su universalización y su plena implementación, Basándose en los principios y las normas del Derecho Internacional Humanitario, y particularmente en el principio según el cual el derecho de las partes participantes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado, y en las normas que establecen que las partes de un conflicto deben en todo momento distinguir entre la población civil y los combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y dirigir, por consiguiente, sus operaciones solamente contra objetivos militares; que en la realización de operaciones militares se prestará atención constante para salvaguardar a la población civil, a sus miembros y los bienes de carácter civil, y que la población civil y los civiles individualmente considerados disfrutan de protección general de los peligros derivados de las operaciones militares, HAN CONVENIDO en lo siguiente: Artículo 1
1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia: (a) Emplear municiones en racimo; (b) Desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a nadie, directa o indirectamente, municiones en racimo; (c) Ayudar, alentar o inducir a nadie a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte según lo establecido en la presente Convención. 2. El apartado primero de este Artículo se aplica, mutatis mutandis, a bombetas explosivas que están específicamente diseñadas para ser dispersadas o liberadas de dispositivos emisores fijados a aeronaves. 3. La presente Convención no se aplica a las minas. Artículo 2
Para efectos de la presente Convención: 1. Por “víctimas de municiones en racimo” se entiende todas las personas que han perdido la vida o han sufrido un daño físico o psicológico, una pérdida económica, marginación social o un daño substancial en la realización de sus derechos debido al empleo de municiones en racimo. La definición incluye a aquellas personas directamente afectadas por las municiones en racimo, así como a los familiares y comunidades perjudicados; 2. Por “munición en racimo” se entiende una munición convencional que ha sido diseñada para dispersar o liberar submuniciones explosivas, cada una de ellas de un peso inferior a 20 kilogramos, y que incluye estas submuniciones explosivas. La definición no incluye: (a) Una munición o submunición diseñada para emitir bengalas, humo, efectos de pirotecnia o contramedidas de radar (“chaff”); o una munición diseñada exclusivamente con una función de defensa aérea; (b) Una munición o submunición diseñada para producir efectos eléctricos o electrónicos; (c) Una munición que, a fin de evitar efectos indiscriminados en una zona, así como los riesgos que entrañan las submuniciones sin estallar, reúne todas las características siguientes: (i) Cada munición contiene menos de diez submuniciones explosivas; (ii) Cada submunición explosiva pesa más de cuatro kilogramos; (iii) Cada submunición explosiva está diseñada para detectar y
atacar un objeto que constituya un blanco único; (iv) Cada submunición explosiva está equipada con un mecanismo de autodestrucción electrónico; (v) Cada submunición explosiva está equipada con un dispositivo de autodesactivación electrónico; 3. Por “submunición explosiva” se entiende una munición convencional que, para desarrollar su función, es dispersada o liberada por una munición en racimo y está diseñada para funcionar mediante la detonación de una carga explosiva antes del impacto, de manera simultánea al impacto o con posterioridad al mismo; 4. Por “munición en racimo fallida” se entiende una munición en racimo que ha sido disparada, soltada, lanzada, proyectada o arrojada de otro modo y que debería haber dispersado o liberado sus submuniciones explosivas pero no lo hizo; 5. Por “submunición sin estallar” se entiende una submunición explosiva que ha sido dispersada o liberada, o que se ha separado de otro modo, de una munición en racimo, y no ha estallado como se esperaba; 6. Por “municiones en racimo abandonadas” se entiende aquellas municiones en racimo o submuniciones explosivas que no han sido usadas y que han sido abandonadas o desechadas y ya no se encuentran bajo el control de la Parte que las abandonó o desechó. Pueden o no haber sido preparadas para su empleo; 7. Por “restos de municiones en racimo” se entiende municiones en racimo fallidas, municiones en racimo abandonadas, submuniciones sin estallar y bombetas sin estallar; 8. “Transferencia” supone, además del traslado físico de municiones en racimo dentro o fuera de un territorio nacional, la transferencia del dominio y control sobre municiones en racimo, pero no incluye la transferencia del territorio que contenga restos de municiones en racimo; 9. Por “mecanismo de autodestrucción” se entiende un mecanismo de funcionamiento automático incorporado que es adicional al mecanismo iniciador primario de la munición y que asegura la destrucción de la munición en la que está incorporado; 10. Por “autodesactivación” se entiende el hacer inactiva, de manera automática, una munición por medio del agotamiento irreversible de un componente, como, por ejemplo, una batería, que es esencial para el funcionamiento de la munición; 11. Por “área contaminada con municiones en racimo” se entiende un área que se sabe o se sospecha que contiene restos de municiones en racimo; 12. Por “mina” se entiende toda munición diseñada para colocarse debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo; 13. Por “bombeta explosiva” se entiende una munición convencional, de menos de 20 kilogramos de peso, que no es autopropulsada y que, para realizar su función, debe ser dispersada o liberada por un dispositivo emisor, y que está diseñada para funcionar mediante la detonación de una carga explosiva antes del impacto, de manera simultánea al impacto o con posterioridad al mismo; 14. Por “dispositivo emisor” se entiende un contenedor que está diseñado para dispersar o liberar bombetas explosivas y que está fijado a una aeronave en el momento de la dispersión o liberación; 15. Por “bombeta sin estallar” se entiende una bombeta explosiva que ha sido dispersada, liberada o separada de otro modo de un emisor y no ha estallado como se esperaba. Artículo 3
1. Cada Estado Parte deberá, de conformidad con la legislación nacional, separar todas las municiones en racimo bajo su jurisdicción y control de las municiones conservadas para uso operacional y marcarlas para su destrucción. 2. Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción, de todas las municiones en racimo a las que se hace referencia en el apartado 1 de este Artículo lo antes posible y, a más tardar, en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte. Cada Estado Parte se compromete a asegurar que los métodos de destrucción cumplan las normas internacionales aplicables para la protección de la salud pública y el medio ambiente. 3. Si un Estado Parte considera que no le será posible destruir o asegurar la destrucción de todas las municiones en racimo a las que se hace referencia en el apartado 1 de este Artículo dentro de un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado, podrá presentar una solicitud a una Reunión de Estados Parte o a una Conferencia de Examen con el objeto de que se prorrogue hasta un máximo de cuatro años el plazo para completar la destrucción de dichas municiones en racimo. Un Estado Parte podrá, en circunstancias excepcionales, solicitar prórrogas adicionales de hasta cuatro años. Las prórrogas solicitadas no excederán el número de años estrictamente necesario para el cumplimiento de las obligaciones del Estado Parte conforme a lo establecido en el apartado 2 de este Artículo. 4. Cada solicitud de prórroga establecerá: (a) La duración de la prórroga propuesta; (b) Una explicación detallada de la prórroga propuesta, que incluirá los medios financieros y técnicos disponibles o requeridos por el Estado Parte para la destrucción de todas las municiones previstas en el apartado 1 de este Artículo y, de ser el caso, de las circunstancias excepcionales que la justifican; (c) Un plan sobre cómo y cuándo será completada la destrucción de las reservas; (d) La cantidad y tipo de municiones en racimo y submuniciones explosivas que el Estado Parte conserve en la fecha de entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado y cualesquiera municiones en racimo o submuniciones explosivas adicionales descubiertas después de dicha entrada en vigor; (e) La cantidad y tipo de municiones en racimo y submuniciones explosivas destruidas durante el plazo al que se hace referencia en el apartado 2 de este Artículo; y (f) La cantidad y tipo de municiones en racimo y submuniciones explosivas restantes a destruir durante la prórroga propuesta y la tasa anual de destrucción que se espere lograr. 5. La Reunión de Estados Parte o la Conferencia de Examen deberá, teniendo en cuenta los factores citados en el apartado 4 de este Artículo, evaluar la solicitud y decidir por mayoría de votos de los Estados Parte presentes y votantes si se concede la prórroga del plazo. Los Estados Parte podrán resolver conceder una prórroga menos extensa que la solicitada y podrán proponer puntos de referencia para la prórroga, si procede. Las solicitudes de prórroga deberán presentarse como mínimo nueve meses antes de la Reunión de Estados Parte o la Conferencia de Examen en la que será considerada. 6. Sin detrimento de lo previsto en el Artículo 1 de la presente Convención, la retención o adquisición de un número limitado de municiones en racimo y submuniciones explosivas para el desarrollo de y entrenamiento en técnicas de detección, limpieza y destrucción de municiones en racimo y submuniciones explosivas, o para el desarrollo de contramedidas, está permitido. La cantidad de submuniciones explosivas retenidas o adquiridas no excederá el número mínimo absolutamente necesario para estos fines. 7. Sin detrimento de lo previsto en el Artículo 1 de la presente Convención, la transferencia de municiones en racimo a otro Estado Parte para su destrucción, así como para los fines descritos en el apartado 6 de este Artículo, está permitida. 8. Los Estados Parte que retengan, adquieran o transfieran municiones en racimo o submuniciones explosivas para los fines descritos en los apartados 6 y 7 de este Artículo presentarán un informe detallado sobre el uso que se planea hacer y el uso fáctico de estas municiones en racimo y submuniciones explosivas, su tipo, cantidad y números de lote. Si las municiones en racimo o submuniciones explosivas se transfieren a otro Estado Parte con estos fines, el informe incluirá una referencia a la Parte receptora. Dicho informe se preparará para cada año durante el cual un Estado Parte haya retenido, adquirido o transferido municiones en racimo o submuniciones explosivas y se entregará al Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Artículo 4
1. Cada Estado Parte se compromete a limpiar y destruir o asegurar la limpieza y destrucción de los restos de municiones en racimo ubicados en las áreas que se encuentren bajo su jurisdicción o control, de la siguiente manera: (a) Cuando los restos de municiones en racimo estén ubicados en áreas bajo su jurisdicción o control en el momento de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte, dicha limpieza y destrucción deberá completarse lo antes posible, y, a más tardar, en un plazo de diez años a partir de ese día; (b) Cuando, después de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte, las municiones en racimo se hayan convertido en restos de municiones en racimo ubicados en áreas bajo su jurisdicción o control, la limpieza y destrucción deberá ser completada tan pronto como sea posible, y, a más tardar, diez años después del cese de las hostilidades activas durante las cuales tales municiones en racimo se convirtieran en restos de municiones en racimo; y (c) Una vez cumplida cualquiera de las obligaciones establecidas en los subapartados (a) y (b) de este apartado, el Estado Parte correspondiente hará una declaración de cumplimiento a la siguiente Reunión de Estados Parte. 2. En el cumplimiento de sus obligaciones conforme al apartado 1 de este Artículo, cada Estado Parte, tan pronto como le sea posible, tomará las siguientes medidas, tomando en consideración las disposiciones del Artículo 6 de la presente Convención en materia de cooperación y asistencia internacional: (a) Examinar, evaluar y registrar la amenaza que representan los restos de municiones en racimo, haciendo todos los esfuerzos posibles por identificar todas las áreas contaminadas con municiones en racimo bajo su jurisdicción o control; (b) Evaluar y priorizar las necesidades en términos de marcaje, protección de civiles, limpieza y destrucción, y adoptar medidas para movilizar recursos y elaborar un plan nacional para realizar estas actividades, reforzando, cuando proceda, las estructuras, experiencias y metodologías existentes; (c) Adoptar todas las medidas factibles para asegurar que todas las áreas contaminadas con municiones en racimo bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, controlado y protegido con cercas o cualquier otro medio que permita asegurar la efectiva exclusión de civiles. Para señalizar las zonas de presunto peligro se utilizarán señales de advertencia basadas en métodos de señalización fácilmente reconocibles por la comunidad afectada. Las señales y otras indicaciones de los límites de la zona de peligro deberán ser, en la medida de lo posible, visibles, legibles, duraderas y resistentes a los efectos ambientales, e indicar claramente qué lado del límite señalado se considera dentro del área contaminada con municiones en racimo y qué lado se considera seguro; (d) Limpiar y destruir todos los restos de municiones en racimo ubicados en áreas bajo su jurisdicción o control; y (e) Impartir educación sobre reducción de riesgos entre los civiles que viven dentro o en los alrededores de áreas contaminadas con municiones en racimo, encaminada a asegurar la sensibilización sobre los riesgos que representan dichos restos. 3. En el desarrollo de las actividades a las que se hace referencia en el apartado 2 de este Artículo, cada Estado Parte tendrá en cuenta las normas internacionales, incluidas las Normas internacionales sobre acción contra las minas (IMAS, International Mine ActionStandards). 4. Este apartado se aplicará en los casos en los cuales las municiones en racimo hayan sido empleadas o abandonadas por un Estado Parte antes de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte y se hayan convertido en restos de municiones en racimo ubicados en áreas bajo la jurisdicción o control de otro Estado Parte en el momento de la entrada en vigor de la presente Convención para éste último. (a) En esos casos, después de la entrada en vigor de la presente Convención para ambos Estados Parte, se alienta fervientemente al primero a proveer, inter alia, asistencia técnica, financiera, material o de recursos humanos al otro Estado Parte, ya sea de manera bilateral o a través de una tercera parte mutuamente acordada, que podrá incluir el Sistema de las Naciones Unidas o a otras organizaciones pertinentes, para facilitar el marcaje, limpieza y destrucción de dichos restos de municiones en racimo. (b) Dicha asistencia incluirá, si estuviera disponible, información sobre los tipos y cantidades de municiones en racimo empleadas, la localización precisa de los ataques en los que fueron empleadas las municiones en racimo y las áreas en las que se sepa que están situados los restos de municiones en racimo. 5. Si un Estado Parte considera que no le será posible limpiar y destruir o asegurar la limpieza y destrucción de todos los restos de municiones en racimo a los que se hace referencia en el apartado 1 de este Artículo dentro de un período de diez años a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte, podrá presentar una solicitud a una Reunión de Estados Parte o a una Conferencia de Examen con objeto de que se prorrogue hasta un máximo de cinco años el plazo para completar la limpieza y destrucción de dichos restos de municiones en racimo. La prórroga solicitada no excederá el número de años estrictamente necesario para el cumplimiento de las obligaciones del Estado Parte conforme al apartado 1 de este Artículo. 6. Toda solicitud de prórroga será sometida a la Reunión de Estados Parte o a la Conferencia de Examen antes de que expire el periodo de tiempo estipulado en el apartado 1 de este Artículo para ese Estado Parte. Cada solicitud de prórroga deberá presentarse como mínimo nueve meses antes de la Reunión de Estados Parte o la Conferencia de Examen en la que será considerada. Cada solicitud establecerá: (a) La duración de la prórroga propuesta; (b) Una explicación detallada de las razones por las que se solicita la prórroga propuesta, que incluirá los medios financieros y técnicos disponibles para y requeridos por el Estado Parte para la limpieza y destrucción de todos los restos de municiones en racimo durante la prórroga propuesta; (c) La preparación del trabajo futuro y la situación del trabajo ya realizado al amparo de los programas nacionales de limpieza y desminado durante el período inicial de diez años al que se hace referencia en el apartado 1 de este Artículo y en prórrogas subsiguientes; (d) El área total que contenga restos de municiones en racimo en el momento de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte y cualquier área adicional que contenga restos de municiones en racimo descubierta con posterioridad a dicha entrada en vigor; (e) El área total que contenga restos de municiones en racimo limpiada desde la entrada en vigor de la presente Convención; (f) El área total que contenga restos de municiones en racimo que quede por limpiar durante la prórroga propuesta; (g) Las circunstancias que hayan mermado la capacidad del Estado Parte de destruir todos los restos de municiones en racimo localizados en áreas bajo su jurisdicción o control durante el período inicial de diez años establecido en el apartado 1 de este Artículo y las circunstancias que hayan mermado esta capacidad durante la prórroga propuesta; (h) Las implicaciones humanitarias, sociales, económicas y medioambientales de la prórroga propuesta; y
(i) Cualquier otra información pertinente a la solicitud de la prórroga propuesta. 7. La Reunión de los Estados Parte o la Conferencia de Examen deberá, teniendo en cuenta los factores a los que se hace referencia en el apartado 6 de este Artículo, incluyendo, inter alia, las cantidades de restos de municiones en racimo de las que se haya dado parte, evaluar la solicitud y decidir por mayoría de votos de los Estados Parte presentes y votantes si se concede la ampliación del plazo. Los Estados Parte podrán resolver conferir una prórroga menos extensa que la solicitada y podrán proponer puntos de referencia para la prórroga, según sea apropiado. 8. Dicha prórroga podrá ser renovada por un período de hasta cinco años con la presentación de una nueva solicitud, de conformidad con los apartados 5, 6 y 7 de este Artículo. Al solicitar una nueva prórroga, el Estado Parte deberá presentar información adicional pertinente sobre lo efectuado durante el previo período de prórroga concedido en virtud de este Artículo. Artículo 5
1. Cada Estado Parte, con respecto a las víctimas de las municiones en racimo en áreas bajo su jurisdicción o control, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y el de Derecho Internacional de Derechos Humanos aplicables, proporcionará adecuadamente asistencia que responda a la edad y género, incluida atención médica, rehabilitación, y apoyo psicológico, además de proveer los medios para lograr su inclusión social y económica. Cada Estado Parte hará todo lo posible por recopilar datos pertinentes y fiables relativos a las víctimas de municiones en racimo. 2. En cumplimiento de sus obligaciones conforme al apartado 1 de este Artículo, cada Estado Parte deberá: (a) Evaluar las necesidades de las víctimas de municiones en racimo; (b) Desarrollar, implementar y hacer cumplir todas las leyes y políticas nacionales necesarias; (c) Desarrollar un plan nacional y un presupuesto, incluidas estimaciones del tiempo necesario para llevar a cabo estas actividades, con vistas a incorporarlos en los marcos y mecanismos nacionales existentes de discapacidad, desarrollo y derechos humanos, siempre respetando el papel y contribución específicos de los actores pertinentes; (d) Adoptar medidas para movilizar recursos nacionales e internacionales; (e) No discriminar a las víctimas de municiones en racimo, ni establecer diferencias entre ellas, ni discriminar entre víctimas de municiones en racimo y aquéllos que han sufrido lesiones o discapacidades por otras causas; las diferencias en el trato deberán basarse únicamente en las necesidades médicas, de rehabilitación, psicológicas o socioeconómicas; (f) Consultar estrechamente e involucrar activamente a las víctimas de municiones en racimo y a las organizaciones que las representan; (g) Designar un punto de contacto dentro del Gobierno para coordinar los asuntos relativos a la implementación de este Artículo; (h) Esforzarse por incorporar directrices pertinentes y mejores prácticas en las áreas de atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, así como inclusión social y económica, entre otras. Artículo 6
1. En cumplimiento de sus obligaciones conforme a la presente Convención, cada Estado Parte tiene derecho a solicitar y recibir asistencia. 2. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia técnica, material y financiera a los Estados Parte afectados por las municiones en racimo, con el objetivo de implementar las obligaciones de la presente Convención. Esta asistencia podrá ser otorgada, inter alia, a través del sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, de organizaciones o instituciones no gubernamentales, o de manera bilateral. 3. Cada Estado Parte se compromete a facilitar el intercambio más completo posible de equipo, información científica y tecnológica en relación con la implementación de la presente Convención, y tendrá derecho a participar en el mismo. Los Estados Parte no impondrán restricciones indebidas al suministro y recepción de equipos de remoción o equipos similares y de la correspondiente información tecnológica con fines humanitarios. 4. Además de cualquier obligación que pudiera tener de conformidad con el apartado 4 del Artículo 4 de la presente Convención, cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para la limpieza y destrucción de restos de municiones en racimo e información relativa a diversos medios y tecnologías relacionados con la remoción de municiones en racimo, así como listas de expertos, agencias especializadas o puntos de contacto nacionales vinculados con la limpieza y destrucción de restos de municiones en racimo y actividades relacionadas. 5. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para la destrucción de las reservas de municiones en racimo y también proporcionará asistencia para identificar, evaluar y priorizar necesidades y medidas prácticas en términos de marcaje, educación sobre reducción de riesgos, protección de civiles y limpieza y destrucción de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 de la presente Convención. 6. Cuando, después de la entrada en vigor de la presente Convención, las municiones en racimo se hayan convertido en restos de municiones en racimo ubicados en áreas bajo la jurisdicción o control de un Estado Parte, cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará de manera urgente asistencia de emergencia al Estado Parte afectado. 7. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para la implementación de las obligaciones a las que se hace referencia en el Artículo 5 de la presente Convención, relativas a proporcionar adecuadamente asistencia que responda a la edad y género, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, y a proveer los medios para lograr la inclusión social y económica de las víctimas de municiones en racimo. Esta asistencia puede ser otorgada, inter alia, a través del sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, del Comité Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su Federación Internacional, de organizaciones no gubernamentales, o de manera bilateral. 8. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para contribuir a la recuperación económica y social necesaria resultante del empleo de municiones en racimo en los Estados Parte afectados. 9. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo podrá realizar contribuciones a fondos fiduciarios pertinentes, para facilitar la prestación de la asistencia prevista en este Artículo. 10. Cada Estado Parte que solicite y reciba asistencia deberá adoptar todas las medidas para facilitar la implementación eficaz y oportuna de la presente Convención, incluyendo la facilitación de la entrada y salida de personal, material y equipo, de conformidad con la legislación y normas nacionales, tomando en consideración las mejores prácticas internacionales. 11. Cada Estado Parte podrá, con el fin de elaborar un plan de acción nacional, solicitar a las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales, a otros Estados Parte o a otras instituciones intergubernamentales o no gubernamentales competentes que presten asistencia a sus autoridades para determinar, inter alia: (a) La naturaleza y alcance de los restos de municiones en racimo localizados en áreas bajo su jurisdicción o control; (b) Los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del plan; (c) El tiempo que se estime necesario para limpiar y destruir todos los restos de municiones en racimo localizados en áreas bajo su jurisdicción o control; (d) Programas de educación sobre reducción de riesgos y actividades de sensibilización para reducir la incidencia de las lesiones o muertes causadas por los restos de municiones en racimo; (e) Asistencia a las víctimas de municiones en racimo; y (f) La relación de coordinación entre el Gobierno del Estado Parte en cuestión y las entidades gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales pertinentes que hayan de trabajar en la ejecución del plan. 12. Los Estados Parte que proporcionen y reciban asistencia de conformidad con las disposiciones de este Artículo deberán cooperar con el objeto de garantizar la completa y rápida puesta en práctica de los programas de asistencia acordados. Artículo 7
1. Cada Estado Parte informará al Secretario General de las Naciones Unidas tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, no más tarde de 180 días a partir de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte, sobre: (a) Las medidas de implementación a nivel nacional a las que se hace referencia en el Artículo 9 de la presente Convención; (b) El total de todas las municiones en racimo, incluidas las submuniciones explosivas, a las que se hace referencia en el apartado 1 del Artículo 3 de la presente Convención, con un desglose del tipo, cantidad y, si fuera posible, los números de lote de cada tipo;
(c) Las características técnicas de cada tipo de munición en racimo producida por ese Estado Parte con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado, hasta donde se conozcan, y de aquéllas que pertenezcan actualmente a dicho Estado o que éste posea, dándose a conocer, cuando fuera razonablemente posible, las categorías de información que puedan facilitar la identificación y remoción de las municiones en racimo; como mínimo, la información incluirá las dimensiones, espoletas, contenido explosivo, contenido metálico, fotografías en color y cualquier otra información que pueda facilitar la remoción de los restos de municiones en racimo; (d) La situación y el avance de los programas de reconversión o cierre definitivo de las instalaciones de producción de municiones en racimo; (e) La situación y el avance de los programas de destrucción, de conformidad con el Artículo 3 de la presente Convención, de las municiones en racimo, incluidas las submuniciones explosivas, con detalles de los métodos que se utilizarán en la destrucción, la ubicación de todos los lugares donde tendrá lugar la destrucción y las normas aplicables que hayan de observarse en materia de seguridad y medio ambiente; (f) Los tipos y cantidades de municiones en racimo, incluidas submuniciones explosivas, destruidas de conformidad con el Artículo 3 de la presente Convención, con detalles de los métodos de destrucción utilizados, la ubicación de los lugares de destrucción, así como las normas aplicables que en materia de seguridad y medio ambiente hayan sido observadas; (g) Las reservas de municiones en racimo, incluidas submuniciones explosivas, descubiertas luego de haber informado de la conclusión del programa al que se hace referencia en el subapartado (e) de este apartado, y los planes de destrucción de las mismas conforme al Artículo 3 de la presente Convención; (h) En la medida de lo posible, la ubicación de todas las áreas contaminadas con municiones en racimo que se encuentren bajo su jurisdicción o control, con la mayor cantidad posible de detalles relativos al tipo y cantidad de cada tipo de resto de munición en racimo en cada área afectada y cuándo fueron empleadas; (i) La situación y el avance de los programas de limpieza y destrucción de todos los tipos y cantidades de restos de municiones en racimo removidos y destruidos de conformidad con el Artículo 4 de la presente Convención, incluido el tamaño y la ubicación del área contaminada con municiones en racimo limpiada y un desglose de la cantidad de cada tipo de restos de municiones en racimo limpiado y destruido; (j) Las medidas adoptadas para impartir educación sobre reducción de riesgos y, en especial, una advertencia inmediata y eficaz a los civiles que viven en las áreas bajo su jurisdicción o control que se encuentren contaminadas con municiones en racimo; (k) La situación y el avance de la implementación de sus obligaciones conforme al Artículo 5 de la presente Convención, relativas a proporcionar adecuadamente asistencia que responda a la edad y género, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, así como a proveer los medios para lograr la inclusión social y económica de las víctimas de municiones en racimo, y de reunir información fiable y pertinente respecto a las víctimas de municiones en racimo; (l) El nombre y los datos de contacto de las instituciones con el mandato de proporcionar información y llevar a cabo las medidas descritas en este apartado; (m) La cantidad de recursos nacionales, incluidos los financieros, materiales o en especie, asignados a la implementación de los Artículos 3, 4 y 5 de la presente Convención; y (n) Las cantidades, tipos y destinos de la cooperación y asistencia internacionales proporcionadas conforme al Artículo 6 de la presente Convención. 2. La información proporcionada de conformidad con el apartado 1 de este Artículo se actualizará anualmente por cada Estado Parte respecto al año calendario precedente, y deberá ser presentada al Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 30 de abril de cada año. 3. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes recibidos a los Estados Parte. Artículo 8
1. Los Estados Parte acuerdan consultarse y cooperar entre sí con respecto a la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y trabajar conjuntamente con espíritu de cooperación para facilitar el cumplimiento por parte de los Estados Parte de sus obligaciones conforme a la presente Convención. 2. Si uno o más Estados Parte desean aclarar y buscan resolver cuestiones relacionadas con un asunto de cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención por parte de otro Estado Parte, pueden presentar, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, una Solicitud de Aclaración de dicho asunto a ese Estado Parte. La solicitud deberá estar acompañada de toda la información que corresponda. Cada Estado Parte se abstendrá de presentar solicitudes de Aclaración infundadas, procurando no abusar de ese mecanismo. Un Estado Parte que reciba una Solicitud de Aclaración entregará, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, en un plazo de 28 días, al Estado Parte solicitante toda la información necesaria para aclarar el asunto. 3. Si el Estado Parte solicitante no recibe respuesta por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas dentro del plazo mencionado, o considera que ésta no es satisfactoria, podrá someter, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, el asunto a la siguiente Reunión de los Estados Parte. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá a todos los Estados Parte la solicitud presentada, acompañada de toda información pertinente a la Solicitud de Aclaración. Toda esa información se presentará al Estado Parte del que se solicita la aclaración, el cual tendrá el derecho de réplica. 4. Mientras esté pendiente la convocatoria de la Reunión de Estados Parte, cualquiera de los Estados Parte interesados puede solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas ejercer sus buenos oficios para facilitar la aclaración solicitada. 5. Cuando, según lo estipulado en el apartado 3 de este Artículo, se haya presentado un asunto específico para ser tratado en la Reunión de los Estados Parte, ésta deberá determinar en primer lugar si ha de proseguir con la consideración del asunto, teniendo en cuenta toda la información presentada por los Estados Parte interesados. En caso de que se determine que sí, la Reunión de Estados Parte puede sugerir a los Estados Parte interesados formas y medios para aclarar o resolver el asunto en consideración, incluido el inicio de los procedimientos pertinentes de conformidad con el Derecho Internacional. En caso de que se determine que el tema en cuestión es originado por circunstancias que escapan al control del Estado Parte al que se ha solicitado la aclaración, la Reunión de Estados Parte podrá recomendar las medidas apropiadas, incluido el uso de medidas cooperativas a las que se hace referencia en el Artículo 6 de la presente Convención. 6. Adicionalmente a los procedimientos establecidos en los apartados del 2 al 5 de este Artículo, la Reunión de Estados Parte podrá decidir adoptar otros procedimientos generales o mecanismos específicos para la aclaración de cumplimiento, incluidos hechos, y la resolución de situaciones de incumplimiento de las disposiciones de la Convención, según considere apropiado. Artículo 9
Cada Estado Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan para implementar la presente Convención, incluida la imposición de sanciones penales para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida a los Estados Parte conforme a la presente Convención que haya sido cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control. Artículo 10 Solución de controversias
1. En caso de surgir alguna controversia entre dos o más Estados Parte en relación a la interpretación o aplicación de la presente Convención, los Estados Parte interesados se consultarán mutuamente con el propósito de obtener una pronta solución a la controversia a través de la negociación o por algún otro medio pacífico de su elección, incluido el recurso a la Reunión de los Estados Parte y la sumisión de la controversia a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de la Corte. 2. La Reunión de los Estados Parte podrá contribuir a la solución de las controversias por cualesquiera medios que considere apropiados, incluido el ofrecimiento de sus buenos oficios, instando a los Estados Parte interesados a que comiencen los procedimientos de resolución de su elección y recomendando un plazo para cualquier procedimiento acordado. Artículo 11
1. Los Estados Parte se reunirán regularmente para considerar y, cuando sea necesario, tomar decisiones en relación a algún asunto relativo a la aplicación o implementación de la presente Convención, incluidos: (a) El funcionamiento y el estado de aplicación de la presente Convención; (b) Los asuntos relacionados con los informes presentados conforme a las disposiciones de la presente Convención; (c) La cooperación y la asistencia internacionales según lo previsto en el Artículo 6 de la presente Convención; (d) El desarrollo de tecnologías para la remoción de los restos de municiones en racimo; (e) Las solicitudes de los Estados Parte a las que se refieren los Artículos 8 y 10 de la presente Convención; y (f) Las solicitudes de los Estados Parte de acuerdo con lo previsto en los Artículos 3 y 4 de la presente Convención. 2. La primera Reunión de los Estados Parte será convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones subsiguientes serán convocadas anualmente por el Secretario General de las Naciones Unidas hasta la primera Conferencia de Examen. 3. Los Estados no Parte de la presente Convención, así como las Naciones Unidas, otras organizaciones o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes podrán ser invitados a asistir a estas reuniones en calidad de observadores, de acuerdo con las reglas de procedimiento acordadas. Artículo 12
1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará una Conferencia de Examen transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la presente Convención. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará otras Conferencias de Examen si así lo solicitan uno o más Estados Parte, siempre y cuando el intervalo entre ellas no sea menor de cinco años. Todos los Estados Parte de la presente Convención serán invitados a todas las Conferencias de Examen. 2. La finalidad de la Conferencia de Examen será:
(b) Considerar la necesidad de celebrar Reuniones adicionales de los Estados Parte, a las que se refiere el apartado 2 del Artículo 11 de la presente Convención, así como el intervalo que haya de existir entre ellas; y (c) Tomar decisiones sobre las solicitudes de los Estados Parte previstas en los Artículos 3 y 4 de la presente Convención. 3. Los Estados no Parte de la presente Convención, así como las Naciones Unidas, otras organizaciones o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes podrán ser invitados a asistir a las Conferencias de Examen en calidad de observadores, de acuerdo con las reglas de procedimiento acordadas. Artículo 13
1. Todo Estado Parte podrá, en cualquier momento después de la entrada en vigor de la presente Convención, proponer enmiendas a la misma. Toda propuesta de enmienda se comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, quien la hará circular entre todos los Estados Parte y pedirá su opinión sobre si se debe convocar una Conferencia de Enmienda para considerar la propuesta. Si una mayoría de los Estados Parte notifica al Secretario General, a más tardar 90 días después de su circulación, que está a favor de proseguir con la consideración de la propuesta, el Secretario General convocará una Conferencia de Enmienda a la cual se invitará a todos los Estados Parte. 2. Los Estados no Parte de la presente Convención, así como las Naciones Unidas, otras organizaciones o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes podrán ser invitados a asistir a cada Conferencia de Enmienda en calidad de observadores de conformidad con las reglas
de procedimiento acordadas. 3. La Conferencia de Enmienda se celebrará inmediatamente después de una Reunión de los Estados Parte o una Conferencia de Examen, a menos que una mayoría de los Estados Parte solicite que se celebre antes. 4. Toda enmienda a la presente Convención será adoptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la Conferencia de Enmienda. El Depositario comunicará toda enmienda así adoptada a todos los Estados. 5. Toda enmienda a la presente Convención entrará en vigor para los Estados Parte que hayan aceptado la enmienda en la fecha de depósito de las aceptaciones por una mayoría de los Estados que eran Parte en la fecha de adopción de la enmienda. En adelante, entrará en vigor para los demás Estados Parte en la fecha en que depositen su instrumento de aceptación. Artículo 14
1. Los costos de las Reuniones de los Estados Parte, Conferencias de Examen y Conferencias de Enmienda serán sufragados por los Estados Parte y por los Estados no Parte de la presente Convención que participen en ellas, de acuerdo con la escala de cuotas de las Naciones Unidas adecuadamente ajustada. 2. Los costos en que incurra el Secretario General de las Naciones Unidas con arreglo a los Artículos 7 y 8 de la presente Convención serán sufragados por los Estados Parte de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas adecuadamente ajustada. 3. La ejecución por parte del Secretario General de las Naciones Unidas de las tareas administrativas que se le asignan en virtud de la presente Convención se encuentra sujeta al mandato correspondiente de las Naciones Unidas. Artículo 15
La presente Convención, hecha en Dublín el 30 de mayo de 2008, estará abierta a todos los Estados para su firma en Oslo el 3 de diciembre de 2008 y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, hasta su entrada en vigor. Artículo 16
1. La presente Convención está sujeta a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Signatarios. 2. La Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado que no la haya firmado. 3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán ante el Depositario. Artículo 17
1. La presente Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de depósito del trigésimo instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión. 2. Para cualquier Estado que deposite su instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión a partir de la fecha de depósito del trigésimo instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión, la presente Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de depósito por parte de ese Estado de su instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión. Artículo 18
Cualquier Estado podrá, en el momento de ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a la presente Convención, declarar que aplicará provisionalmente el Artículo 1 de la misma mientras esté pendiente su entrada en vigor para tal Estado. Artículo 19
Los Artículos de la presente Convención no estarán sujetos a reservas. Artículo 20
1. La presente Convención tendrá duración ilimitada. 2. Cada Estado Parte tendrá, en ejercicio de su soberanía nacional, el derecho de denunciar la presente Convención. Comunicará dicha denuncia a todos los Estados Parte, al Depositario y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tal instrumento de denuncia deberá incluir una explicación completa de las razones que motivan la denuncia. 3. Tal denuncia sólo surtirá efecto seis meses después de la recepción del instrumento de denuncia por parte del Depositario. Sin embargo, si al término de ese período de seis meses, el Estado Parte denunciante está involucrado en un conflicto armado, la denuncia no surtirá efecto antes del final del conflicto armado. Artículo 21
1. Cada Estado Parte alentará a los Estados no Parte a ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a la presente Convención, con el objetivo de lograr la vinculación de todos los Estados a la presente Convención. 2. Cada Estado Parte notificará a los gobiernos de los Estados no Parte de la presente Convención, a los que se hace referencia en el apartado 3 de este Artículo, de sus obligaciones conforme a la presente Convención, promoverá las normas que ésta establece y hará todos los esfuerzos posibles por desalentar a los Estados no Parte de la presente Convención de utilizar municiones en racimo. 3. Sin detrimento de lo previsto en el Artículo 1 de la presente Convención y de conformidad con el Derecho Internacional, los Estados Parte, su personal militar o sus nacionales podrán cooperar militarmente y participar en operaciones con Estados no Parte de la presente Convención que pudieran desarrollar actividades que estén prohibidas a un Estado Parte. 4. Nada de lo dispuesto en el apartado 3 de este Artículo autorizará a un Estado Parte a: (a) Desarrollar, producir o adquirir de un modo u otro, municiones en racimo; (b) Almacenar él mismo o transferir municiones en racimo; (c) Utilizar él mismo municiones en racimo; o (d) Solicitar expresamente el uso de municiones en racimo en casos en los que la elección de las municiones utilizadas se encuentre bajo su control exclusivo. Artículo 22
El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención. Artículo 23
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención serán igualmente auténticos. RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
Artículo 1º. Apruébense la “Convención sobre Municiones en Racimo”, suscrita en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008. Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención sobre Municiones en Racimo”, suscrita en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008, que por el artículo 1º de esta Ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Juan Carlos Pinzón Bueno. III. INTERVENCIONES
3.1.1. El apoderado del Ministerio del Interior solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la Convención y de la ley sometida a revisión. En primer lugar, el interviniente se refiere a los antecedentes del citado instrumento del cual subyace la preocupación compartida de los Estados por los efectos humanitarios de las Municiones en Racimo. Para tal efecto, pone de presente que tras la firma de la Convención, Colombia inició el proceso de bombas en poder de la fuerza aérea, empleadas para destruir pistas clandestinas y campamentos terroristas, que serían reemplazadas por bombas convencionales de mayor precisión que reducen los daños colaterales. En desarrollo de lo anterior, el interviniente afirma que la ratificación de la Convención sobre Municiones en Racimo “no afectaría la capacidad operativa de las Fuerzas Militares, toda vez que las municiones en racimo no ofrecen una ventaja táctica respecto a otro tipo de bombas convencionales”. 3.1.2. En segundo término, en lo referente al debate internacional y las consideraciones de humanidad, el interviniente considera que las municiones en racimo violan los principios de distinción y proporcionalidad. Afirma que independientemente de la prohibición internacional de armas con efecto indiscriminado, el Derecho consuetudinario internacional obliga a su no utilización.
En consecuencia, a pesar de la destrucción de las bombas racimo, es fundamental garantizar la existencia de una norma jurídica vinculante que proscriba la utilización de estas armas a futuro, que sólo se puede lograr mediante la ratificación de la Convención, que la incorporaría al bloque de constitucionalidad. Concluye que el instrumento busca la misma línea de protección que ha seguido el Estado Colombiano en materia de protección de las personas y respeto de los principios de Derecho Internacional Humanitario, la cual ase orienta que el Estado colombiano se articule en la adopción de este tipo de instrumentos en la búsqueda de una homogeneidad frente a este tipo de instrumentos que tienen total armonía con la Carta de Derechos frente a la restricción en el uso de este tipo de armas. 3.2. Intervención Ministerio de Relaciones Internacionales
3.2.1.El Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a esta Corporación declarar la exequibilidad de la Convención por cuanto constituye el primer instrumento internacional vinculante que prohíbe el uso, desarrollo, producción y adquisición de munición en racimo y asigna a los Estados Partes la obligación de destruir las provisiones bélicas. A criterio del interviniente, la Convención fomenta y facilita la cooperación y asistencia en la materia y exhorta a los Estados Parte a adoptar mecanismos de ayuda a las víctimas en consideración a los efectos que estas armas generan en los ciudadanos. Adicional a esto, el Gobierno Nacional ha procedido a la destrucción de su arsenal de municiones en racimo, antes de la entrada en vigor de la Convención como muestra de compromiso en la materia. 3.2.2. En segundo término, en lo referente a los aspectos de trámite, manifiesta que se cumplieron a cabalidad con los requisitos previstos en el Texto Superior, en virtud de lo consagrado en el artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política.
3.3.1. La apoderada del Ministerio de Defensa solicita a la Corte que se declare la constitucionalidad de la norma objeto de estudio. En primer lugar, en lo respectivo al trámite legislativo, se hace un recuento sobre el procedimiento, alusivo a la aprobación del protocolo conforme a su materia, y el trámite según el tipo de ley, como una ley ordinaria, además de un extenso análisis sobre la exposición de motivos. 3.3.2. Segundo, respecto de la constitucionalidad de la Convención se afirma que no contraviene la Carta Política y por el contrario, se debe entender en armonía con otros instrumentos internacionales suscritos por Colombia en la misma materia, de modo que las obligaciones que asume el Estado no limita libertades ciudadanas y por el contrario se ajustan perfectamente a los fines del Estado Social de Derecho y a los principios de reciprocidad e integración del Estado Colombiano al orden internacional (Art. 226 CP). 3.4. Intervención del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
Manifiesta que hay voluntad por parte del Estado pues se han tomado medidas de cumplimiento y están en el bloque de constitucionalidad otros tratados encaminados a regular el uso de armas y municiones que pueden tener un efecto desproporcionado en la población, lo que refleja la voluntad y compromiso del Estado. 3.5. Intervención de la Cruz Roja Colombiana
3.5.1. El Presidente de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana solicita a la Corte se declare la constitucionalidad de ley aprobatoria de la Convención sobre Municiones en Racimo. Tras un recuente histórico de los antecedentes de la Convención sobre Municiones en Racimo, se destaca la importancia del Derecho Internacional Humanitaria como medio de humanizar la guerra y proteger a la sociedad civil. Se hace un recuento del marco conceptual técnico respecto de las armas prohibidas y se cataloga la naturaleza jurídica de la Convención como una adición al Derecho Internacional Humanitario y un recuento de normas pertinentes en materia de Derecho Internacional Humanitario. Se concluye con la solicitud de constitucionalidad de la norma como una regulación en materia de Derecho Internacional Humanitario para la protección de los ciudadanos. 3.6. Intervención de la Universidad Santo Tomás 3.6.1 El coordinador de acciones constitucionales del Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás de Bogotá solicitaron a esta Corporación que se declare exequible la ley aprobatoria de la Convención sobre Municiones en Racimo. Se hace referencia a las normas internacionales sobre la prohibición del uso de la fuerza y a la regulación histórica que ha tenido la guerra. Respecto de la ley aprobatoria del tratado afirman que cumple el marco de trámite constitucional respecto de las normas aprobatorias de tratados, que además sirve como mecanismo para cumplir los principios de la Carta de Naciones Unidas y permite cumplir con derechos fundamentales de los colombianos bajo el Estado Social de Derecho.
3.7.1 El Representante Legal del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo solicitó a la Corte la declaratoria de exequibilidad de los instrumentos sometidos a control. En primer término, se consideró que es un instrumento que permitirá la mayor protección de la población civil, al prohibir el uso de armas que pueden causar daños graves a la vida (CP art. 11), integridad personal (CP art. 12) o en los bienes de las personas. En criterio del interviniente, el tratado establece una limitación al uso de la fuerza que pueda ocasionar daños indiscriminados y que pueden causar efectos al permanecer activas, convirtiéndose en una amenaza para la población. 3.7.2. Para el interviniente, la Convención objeto de estudio está acorde a las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Por esta razón, sostiene que la incorporación de la Convención al ordenamiento jurídico interno complementa las normas consuetudinarias y positivas parte del iuscogens, concernientes al Derecho Internacional Humanitario. IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
4.1. El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la Convención sobre Municiones en Racimo, tras un análisis minucioso del procedimiento legislativo que se surtió para la aprobación de la Ley 1604 de 2012, luego de lo cual concluye que: “no advierte la existencia de vicio alguno”. 4.2. Con posterioridad, en lo referente al contenido de la Convención sobre Municiones en Racimo se hace un análisis sobre los efectos negativos de estas armas y una descripción sobre los contenidos de la Convención. Como tiende a regular la guerra, la Convención es acorde con los derechos y garantías constitucionales. En conclusión, en criterio de la Vista Fiscal, los textos sometidos a control se ajustan al ordenamiento superior y deben ser declarados exequibles por esta Corporación, pues no presentan ningún tipo de vicio que los invalide.
“[D]icho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v)es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano”.
En relación con el aspecto formal, la Corte ha entendido que se encuentra llamada a examinar la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación, y celebración y suscripción del tratado, conformado por la fases de: adopción del texto del convenio, autenticación del texto y finalmente la manifestación del consentimiento en vincularse por el acuerdo, fase, esta última, que adelantará el Gobierno con posterioridad al ejercicio del Control de Constitucionalidad, si el mismo resulta satisfactorio. De igual forma, corresponderá verificar la observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley sujeta a análisis. Es preciso advertir que el texto constitucional no dispone un procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional, razón por la cual debe seguir, en términos generales, el mismo trámite de una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.N.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (numeral 10 Art. 241 C.N.).
5.3.1. Competencia de la funcionaria que suscribió la Convención Se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia este Tribunal Constitucional, señalando que parte del control de constitucionalidad al que se debe someter un Tratado Internacional suscrito por el Gobierno Nacional, implica la revisión de la competencia del funcionario que representó los intereses de la Nación, en el proceso de negociación y suscripción del acuerdo internacional sometido al análisis de la Corte. En ese sentido ha sostenido la Corte Constitucional que: “(…) [A]ntes del sometimiento del tratado al Congreso de la República para su aprobación, tienen lugar la negociación y suscripción de aquél, fases que configuran el ejercicio de la soberanía estatal, y al mismo tiempo, los compromisos asumidos internacionalmente constituyen límites al ejercicio de aquélla. En nuestro caso, el Presidente de la República “dirige las relaciones internacionales” (art. 189.2 Superior), lo cual implica que adelante la correspondiente negociación y suscripción del tratado internacional, bien sea directamente o mediante un representante con plenos poderes, en los términos de los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969”.
“se entiende por “plenos poderes” un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado”.
En ese sentido, como regla general, tanto para la adopción y autenticación del texto, así como para la manifestación del consentimiento, se considera que representan al Estado (i) quienes se encuentren provistos de plenos poderes; o (ii) cuando en la práctica, o de otras circunstancias, se deduzca que los Estados han considerado a determinado funcionario como su representante, sin necesidad de acreditar plenos poderes.
En el presente caso, como se observa en Folio No. 54 del cuaderno principal, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, con el objetivo de llevar a cabo la suscripción de la “Convención Sobre Municiones en Racimo” celebrado en la ciudad de Oslo, Noruega del 2 al 4 de diciembre de 2008;en documento de fecha 24 de noviembre de 2008, le fueron conferidos Plenos Poderes por el otrora Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, a la Embajadora Clemencia Forero Ucrós, Representante Permanente de Colombia ante la Oficina de Naciones unidas y Organismos Internacionales con sede en Ginebra, para que en nombre del Gobierno Nacional procediera a la suscripción de dicho instrumento. A través de dicho documento, la Corte puede verificar la competencia de la funcionaria que intervino en el proceso de adopción de la Convención sometida a control, debido a que el Estado colombiano suscribió la misma. 5.3.2. Aprobación presidencial
De conformidad con los lineamientos del artículo 150 numeral 16 de la Carta, corresponde al Congreso aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Estos instrumentos para su validez, requieren entonces de la aprobación del Congreso, según el artículo 224 de la Constitución. Ahora bien, tal y como lo ha señalado esta Corporación en múltiples oportunidades, las leyes aprobatorias de tratados internacionales, en atención a los artículos 157, 158 y 160 de la Constitución – se reitera- tienen en general el mismo trámite de cualquier ley ordinaria salvo dos aspectos específicos: a) el artículo 154 de la carta exige, por tratarse de un asunto referido a las relaciones internacionales, que su trámite se inicie en el Senado de la República, y b) el Gobierno, en atención al artículo 241 numeral 10 de la Carta, debe remitir a la Corte Constitucional el tratado y la ley que lo aprueba, dentro de los seis días siguientes a la sanción presidencial, para que ésta efectúe su revisión constitucional. En ese orden de ideas y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, el trámite que se dio al proyecto de ley 174 de 2011 Senado – 244 Cámara, hoy Ley 1604 de 2012, fue el siguiente:
En cumplimiento de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 154 de la Constitución,el Proyecto de Ley No. 174 de 2011 fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar y el Ministro de Defensa Nacional Juan Carlos Pinzón Bueno, el día 23 de noviembre de 2011. En cumplimiento de lo establecido en el numeral 1º del artículo 157 superior, según el cual: “Ningún proyecto será ley sin (…) [h]aber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”, el texto fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 894 del 25 de noviembre de 2011. A.	Primer Debate: Comisión Segunda del Senado de la República 1.	En atención al contenido del articulado, la iniciativa fue remitida a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República. La ponencia para primer debate fue presentada por el Senador Juan Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso No. 937 del 6 de diciembre de 2011. En este orden de ideas, se dio cumplimiento al artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, en armonía con lo previsto en los artículos 142 y 160 de la Constitución Política, los cuales exigen dar primer debate a los proyectos de ley en comisiones y publicar el informe de ponencia en la Gaceta del Congreso.
2.	En lo relacionado con el anuncio previo del proyecto, éste se llevó a cabo en la sesión del 28 de marzo de 2012, según consta en el Acta No. 18 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso No. 233 del 15 de mayo de 2012 (p. 28).
En relación con el contenido del anuncio, según se observa en la referida Acta, se utilizó la siguiente fórmula: “Por instrucciones de la Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión: (…)5. Proyecto de ley número 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la convención sobre municiones en racimo, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008)”. Cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 8° del Acto Legislativo No. 01 de 2003, según el cual “[n]ingún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”. 3.	En cumplimiento de lo anunciado, el Proyecto de Ley en mención fue debatido y aprobado sin modificaciones en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado del 10 de abril de 2012, como consta en el Acta No. 19 de esa Sesión, publicada en la Gaceta del Congreso No. 233 del 15 de mayo de 2012. (p. 34 y 35), con un quórum de 13 de 18 senadores, el cual se infiere del llamado a lista llevado a cabo al inicio de la sesión, en el que consta la presencia de seis (6) senadores (p. 29), sumado a la constancia que deja el Secretario de la Comisión en el Acta de la llegada durante el transcurso de la sesión de otros siete (7) senadores (p. 30). Con relación a la aprobación, reza en el Acta:
Por lo anterior concluye la Corte que el proyecto fue votado favorablemente por todos los asistentes al primer debate en el Senado, como se deduce del aparte transcrito del Acta de la sesión. En conclusión, la Sala observa que se cumplió con el quórum y la mayoría requeridos. Así mismo, que las votaciones en cada uno de los debates, en cuanto se alcanzó unanimidad, se realizaron conforme a lo dispuesto en los numerales 16, 17 y 18 del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º la Ley 1431 de 2011.
El acuerdo unánime en la votación a que fue sometida la Ley 1604 de 2012 en la Comisión Segunda del Senado, se deduce del acta transcrita, y adicionalmente de los siguientes criterios:
a) en el debate no se presentaron informes de ponencia disidentes, o en contra de la aprobación del proyecto; b) se aceptó la omisión de lectura del articulado del, entonces, proyecto de ley;
c) no se registraron votos en contra del, entonces, proyecto de ley; d) en el debate ninguno de los miembros de la Comisión manifestó su desacuerdo con la aprobación del proyecto que se discutía;
4.	El texto definitivo aprobado en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 191 del 2 de mayo de 2012, dejando constancia de ello la Presidenta, el Vicepresidente y el Secretario de dicha Comisión: “El texto transcrito fue el aprobado en primer debate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República, el día diez (10) de abril del año dos mil doce (2012), según consta en el Acta número 19 de esa fecha”.
B.	Segundo debate: Plenaria del Senado de la República
Posteriormente, el trámite adelantado en la Plenaria del Senado de la República fue el siguiente: 1.	La ponencia para segundo debate en el Senado de la República fue presentada por el Senador Juan Francisco Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso No. 191 del 2 de mayo de 2012. 2.	El anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante la sesión ordinaria del 22 de mayo de 2012, como consta en el Acta número 48 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 414 del 10 de julio de 2012. Se señaló expresamente:
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. || Señor Presidente, para la próxima sesión, los siguientes son los proyectos a debatir y votar. (…) || Proyecto de ley número 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el (30) de mayo de dos mil ocho (2008)”.
3.	En cumplimiento de lo anunciado, y de acuerdo con certificación del Secretario General del Senado radicada en la Secretaría de esta Corporación el 27 de febrero de 2013, el Proyecto de Ley en mención fue debatido y aprobado sin modificaciones en segundo debate en la Sesión Ordinaria de la Plenaria del Senado del 23 de mayo de 2012, como consta en el Acta número 49 de esa Sesión, publicada en la Gaceta del Congreso número 415 del 10 de julio de 2012 (p.18), mediante votación ordinaria conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º la Ley 1431 de 2011, con un quórum de 93 de 100 senadores. Según reza en el Acta:
En consecuencia, como se infiere de lo expuesto, no sólo se cumplieron con los requisitos de anuncio previo (CP art. 160), quórum (CP arts. 145 y 146) y modalidades de votación permitidas por el Texto Superior (CP art. 133), sino también con el término de ocho (8) días que debe mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y en la plenaria correspondiente (CP art. 160). En efecto, en el presente caso, la votación en primer debate tuvo lugar el 10 de abril de 2012, mientras que en segundo debate se llevó a cabo el 23 de mayo del mismo año. Finalmente, el texto definitivo del Proyecto de Ley aprobado por la plenaria del Senado y fue publicado en la Gaceta del Congreso número 292 del 31 de mayo de 2012, según dejó constancia el Secretario General del Senado: “El presente texto fue aprobado en Plenaria de Senado el 23 de mayo de 2012 según texto propuesto para segundo debate”. C.	Primer debate: Comisión Segunda Cámara de Representantes
A continuación, se surtió el siguiente trámite en la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley identificado en esta corporación con el número 244: 1.	Después de haberse puesto el Proyecto de Ley en conocimiento de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, se presentó la ponencia para primer debate por parte del Representante Pedro Pablo Pérez Puerta, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso número 559 del 28 de agosto de 2012.
2.	El anuncio previo del Proyecto, tuvo lugar el 3 de octubre de 2012, como consta en el Acta número 14 de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, publicada en la Gaceta del Congreso número 17 del 6 de febrero de 2013. Para realizar el anuncio, se siguió la siguiente fórmula: “(…) Anuncio de proyectos de ley para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde haya proyectos de ley, para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003. (…) || Segundo proyecto. Proyecto de ley número 244 de 2012 Cámara, 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008 (…)”. (GC 17 de 2013, 6 de febrero de 2013, p. 21). Al final del Acta, se cita para la siguiente sesión: “Se cita para el próximo martes a las 10 de la mañana, tal como lo ha ordenado el señor Presidente. Se levanta la sesión siendo las 10:50 a. m.”.
3. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó un inciso al artículo 160 de la Constitución Nacional, y de acuerdo con lo establecido en el anuncio hecho en la sesión anterior, se produjo el debate y la aprobación de este proyecto en la sesión del 9 de octubre de 2013, como consta en el Acta número 15 de esa fecha, consignada en la Gaceta del Congreso No. 18 del 6 de febrero de 2013. En el marco de lo establecido en artículo 145 Superior en concordancia con el 116 de la Ley 5ª de 1992, la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes inició el debate con la configuración de un quórum deliberatorio de seis (6) Representantes. Consta en el Acta de la sesión, que nueve (9) de los Representantes miembros de la Comisión “se hicieron presentes durante la sesión”, los tres Representantes restantes presentaron excusa, dos de ellos por escrito.
En el Acta número 15 de 2013, se deja constancia que los Representantes presentes en la Comisión, aprobaron el articulado del Proyecto de Ley 244 de 2012 Cámara, 174 de 2011 Senado, el titulo del Proyecto y la decisión que el Proyecto fuera Ley de la República y pasara a segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Fue designado como ponente para segundo debate el Representante Pedro Pablo Pérez Puerta:
Igualmente, se cumplió con el requisito previsto en el inciso 1° del artículo 160 constitucional que reza, “(…) entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberá transcurrir por lo menos quince días”. En el caso sometido a control, El proyecto de Ley 174 de 2012 fue aprobado en la plenaria del Senado el 23 de mayo de 2012, mientras que la discusión y aprobación de esta iniciativa en la Comisión Segunda permanente constitucional de la Cámara el 9 de octubre de 2012. 3.	El texto definitivo aprobado en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 756 del 2 de noviembre de 2012, dejando constancia de ello el Presidente, y la Secretaria General de dicha Comisión: “El texto trascrito correspondiente el(sic) Proyecto de ley número 244 de 2012 Cámara y 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008) fue el aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara en Sesión del día 9 de octubre de 2012, Acta número 15”.
D.	Segundo debate: Plenaria de la Cámara de Representantes
Trámite adelantado ante la plenaria de la Cámara de Representantes: 1.	La ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante Pedro Pablo Pérez Puerta y publicada en la Gaceta del Congreso No. 756 del 2de noviembre de 2012. 2.	El anuncio previo del Proyecto tuvo lugar durante la sesión ordinaria del 14 de noviembre de 2012, como consta en el Acta número 171 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 73 del 28 de febrero de 2013. Se señaló expresamente: “Señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos de ley y de acto legislativo para la próxima sesión del día jueves 15 de noviembre o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o Actos Legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2003. (…) || Proyecto de ley número 244 de 2012 Cámara, 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008)”. (Negrilla en el texto original).
3.	En cumplimiento a lo anunciado y de acuerdo con la certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes el 18 de febrero de 2013, en la Sesión Plenaria de esa Corporación del 15 de noviembre de 2012, a la cual se hicieron presentes ciento once (111) Representantes, como consta en el Acta número 172 de esa Sesión publicada en la Gaceta del Congreso número 54 del 15 de febrero de 2013, “fueron considerados y aprobados por unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el articulado, el título y la pregunta “Quiere la Plenaria que este proyecto sea Ley de la República” del Proyecto de Ley No. 224/2012 Cámara -174/2011 Senado”.
“Señor Presidente puede poner a consideración el informe. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Gracias señora Secretaria en consideración el informe de ponencia del proyecto mención anuncio que va a cerrarse, queda cerrado aprueba la Cámara. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Aprobado Presidente. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Articulado del proyecto señora Secretaria. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Señor Presidente este proyecto tiene tres artículos sin proposiciones. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || En consideración con el articulado del proyecto el mención, anuncio que va a cerrase, queda cerrado, aprueba la Cámara el articulado. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Aprobado el articulado señor Presidente. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Título y pregunta del proyecto si la Plenaria quiere que este proyecto se convierta en Ley de la Republica, lea el título señora Secretaria. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Titulo por medio de la cual se aprueba la Convención sobre municiones en racimo hecha en Dublín República de Irlanda el 30 de mayo de 2008. || Señor Presidente ha sido leído el título. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || En consideración el título y la pregunta, anuncio que va a cerrarse, ¿aprueba la Plenaria de la Cámara el título y la pregunta? || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Sí Presidente, así lo quiere, ha sido aprobado”.
Intervención del honorable Representante Heriberto Sanabria Astudillo: || Gracias Presidente, yo he anunciado mi voto negativo al título y al proyecto de ley y lo había anunciado simplemente porque no conocía ni el contenido ni el alcance del proyecto, el doctor Óscar Marín aquí hoy a fungido como un excelente Ministro de Relaciones Exteriores y después de la explicación del doctor Marín retiro mi voto negativo y anuncio mi voto positivo, (…) || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || En consideración el título y la pregunta, ¿aprueba la Plenaria el título y la pregunta? || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Aprobado señor Presidente. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Gracias señora Secretaria, (…)”.
“Intervención del honorable Representante Iván Darío Agudelo Zapata: || Muchas gracias doctor Augusto y discúlpeme por no aceptarle su solicitud; pero es que me parece que es muy delicado y le agradezco al doctor Salamanca que me llama la atención y en esto quiero que quede constancia y que se verifique o que revisen el equipo porque en el Proyecto de ley 244 de 2012 sobre las municiones en racimo aparece que yo soy el único Congresista que voto en contra del proyecto y quiero llamar la atención; pues fui profesor de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, capacité en Antioquia todas las Fuerzas Armadas, mis principios liberales me prohíben votar en contra de un proyecto de esta naturaleza. || Entonces por eso no pude dejar que pasara el siguiente doctor Augusto, qué pena y le agradezco al doctor Salamanca porque nunca en mis principios liberales me permitirían estar en contra de un proyecto de tal naturaleza, enemigos invisibles, enemigos que nunca se ven, todavía sabemos que hay armas de más de cuarenta, cincuenta años todavía esperando para asechar a su enemigo que nunca ha tenido nada que ver. || Entonces por favor que quede constancia de que nunca acompañaré o nunca estaré en contra de este proyecto y que por favor mi voto desaparezca de ahí de manera negativa y mi voto siempre será en favor de la vida. Muchas gracias señor Presidente. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || A usted doctor Iván y muy de acuerdo con la precisión que usted hace, señora Secretaria que quede registrado el voto positivo a favor del proyecto de ley número 244 del doctor Iván Darío Agudelo, no sé por algún motivo en el sistema registró su voto negativo y no es negativo, es positivo, continúe con la lectura de informe de ponencia”.
Igualmente, se cumplió con el requisito establecido en el artículo 160 constitucional, según el cual, “[e]ntre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días”. El Proyecto de Ley fue debatido y aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara el 9 de octubre de 2012, mientras que en segundo debate se llevó a cabo el 15 de noviembre del mismo año. 4.	Finalmente, el texto definitivo aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 756 del 2 de noviembre de 2012, dejando constancia de ello la Secretaria General encargada: “En sesión plenaria del día 15 de noviembre de 2012, fue aprobado en segundo debate el texto definitivo sin modificaciones del Proyecto de ley número 244 de 2012 Cámara y 174 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008). Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. Lo anterior, según consta en el Acta de Sesión Plenaria número 172 del 15 de noviembre de 2012, previo anuncio el día 14 de noviembre de los corrientes, según Acta de Sesión Plenaria número 171”. 5.3.4. Sanción Presidencial
5.3.6. Conclusión Del análisis del trámite legislativo realizado por la Corte Constitucional, se concluye que el Proyecto de Ley No. 174 de 2011 Senado, 244 de 2012 Cámara cumplió de manera satisfactoria con la totalidad de los requisitos y exigencias previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso para una Ley Aprobatoria de Tratados Internacionales, pues, como ya se dijo: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la República (art. 154 CN); (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo (numeral 1 art. 157 CN); (iii) las ponencias –tanto en comisiones como en plenarias – fueron divulgadas antes de dar curso a los respectivos debates (numeral 4 art. 160 CN); (iv) se verificó el cumplimiento del requisito del anuncio previo, en los términos expuestos por la jurisprudencia de esta Corporación (numeral 5 art. 160); (v) fue aprobado tanto en primer como en segundo debate en cada una de las cámaras que integran el órgano legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas (arts. 145 y 146 CN); (iv) entre el primero y segundo debate realizado en cada cámara, así como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes transcurrieron los plazos mínimos previstos en la Constitución (numeral 1 art. 160 CN); (v) su aprobación no superó el término de dos legislaturas, tal y como se dispone en el artículo 162 constitucional; (vi) fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite legislativo; y finalmente, (vii) fue enviado para su revisión a esta Corporación dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción. En consecuencia, como se deriva de lo expuesto, la Ley 1604 de 2012 debe ser declarada exequible, en lo que se refiere a su examen de forma. 5.4. Revisión material A continuación, la Corte realizará el control de constitucionalidad de la Convención sobre Municiones en Racimo, haciendo inicialmente un recuento de sus antecedentes, planteando la relación que este instrumento tiene con los principios relevantes del Derecho Internacional Humanitario y haciendo un análisis de la exequibilidad de las obligaciones desarrolladas en su articulado.
5.4.1.	Antecedentes
Las municiones en racimo han sido definidas por el Comité internacional de la Cruz Roja, como aquellas armas que pueden ser lanzadas desde un avión, con artillería o con misiles, que se agrupan en un contenedor que se abre en el aire y dispersa grandes cantidades de submuniciones explosivas o “bombetas” sobre un área amplia. Dependiendo del modelo, el número de submuniciones puede variar desde varias decenas hasta más de 600.
Otra dificultad que surge por la utilización de Municiones en Racimo, es que un buen número de las armas dispersadas no estallan, lo que genera un riesgo permanente para la población civil, especialmente aquellos en estado de vulneración, como pueden ser los niños, personas de la tercera edad o personas que se encuentren en estado de discapacidad. Esto causa que el impacto negativo de este tipo de armas se presente durante el conflicto al igual que en la etapa del post-conflicto.
Reiterando el daño humanitario irreparable que causan estas armas, el Gobierno del Reino de Noruega ejerció desde el 2001 el liderazgo mundial en la lucha contra las municiones en racimo en el marco de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW). Buscando llevar esa lucha un paso más adelante y volverla más específica, en el año 2006, Noruega decidió convocar a otros países para desarrollar un proceso que concluyera en la construcción de un instrumento internacional que prohibiera el uso de este tipo de armas, previniera su proliferación y proveyera de asistencia a sus víctimas.
A la Conferencia de Oslo siguieron la Conferencia de Lima en mayo de 2007, la de Viena en diciembre de 2007, la de Wellington en febrero de 2008 y finalmente la de Dublín en mayo de 2008. Así mismo, en el marco del Proceso Oslo, también se realizaron reuniones regionales. En el caso de América Latina, se llevaron a cabo dos reuniones, una en Costa Rica del 4 al 5 de septiembre de 2007, y otra en México del 16 al 17 de abril de 2008.
5.4.2.	La Convención y los Principios del Derecho Internacional Humanitario.
El preámbulo de la Convención sobre Municiones en Racimo, deja ver las cuatro principales preocupaciones que motivaron su creación y a las que brevemente hizo referencia este Proyecto en el recuento de los antecedentes. La primera de estas preocupaciones hace referencia al hecho general de que “las poblaciones civiles y los civiles individualmente considerados, siguen siendo los más afectados por los conflictos armados”, preocupación que se encuentra concordante con la del ordenamiento jurídico colombiano, que entiende la paz como un fin y como un derecho fundamental.
“Dichos principios, en nuestro ordenamiento jurídico no pueden reducirse a simples enunciados teóricos de propósitos loables de la comunidad internacional. Según lo ordena expresamente el numeral 2o. del artículo 214 de la Carta Política, las reglas del derecho internacional humanitario deben respetarse y se encuentran incorporadas al derecho interno sin necesidad de ratificación previa o sin expedición de norma reglamentaria, puesto que se fundamentan en el respeto a la dignidad humana, valor constitucionalmente protegido. || No se puede olvidar que tales normas forman parte integrante del derecho consuetudinario (…) y por ello las mismas presentan una fuerza vinculante internacional, en la medida en que expresan un código ético y axiológico aplicable en los conflictos armados con aquiescencia universal y subordinante para todos los actores del mismo”. El derecho internacional humanitario consuetudinario ha establecido en que consisten los principios mencionados, de cuyo concepto se puede deducir una estrecha relación con la Convención sobre Municiones en Racimo y con la Constitución Política.
El principio de distinción entre civiles y combatientes, implica que “las Partes en un conflicto tienen la obligación de distinguir en todas las circunstancias entre objetivos militares y personas o bienes civiles dirigir los ataques solo contra objetivos militares no dirigir los ataques contra personas o bienes civiles”.
En el marco de conflictos armados no internacionales, este principio de naturaleza consuetudinaria ha sido cristalizado en numerosos instrumentos del DIH, como consta en el trabajo recopilatorio realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja:
“El párrafo 2 del artículo 13 del Protocolo adicional II prohíbe que tanto las personas civiles como la población civil como tal sean objeto de ataques.[] La prohibición de dirigir ataques contra la población civil se expresa asimismo en el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales.[] También se establece en el Protocolo III de esta misma convención, que es aplicable a los conflictos no internacionales a raíz de una enmienda de su artículo 1, aprobada por consenso en 2001.[] En la Convención de Ottawa que prohíbe las minas terrestres antipersonal se afirma, entre otras cosas, que esta convención se basa “en el principio de que se debe hacer una distinción entre civiles y combatientes”.
La definición de ataque indiscriminado se encuentra en el derecho internacional humanitario consuetudinario, y ha sido cristalizado en la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. Se consideran “indiscriminados los ataques: a) que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto; || b) en los que se emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; o || c) en los que se emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar como exige el derecho internacional humanitario; || y que, en consecuencia pueden alcanzar indistintamente, en cualquiera de tales casos, tanto a objetivos militares como a personas civiles o bienes de carácter civil”.
En cuanto al principio de proporcionalidad del ataque, esta norma del DIH establece una prohibición expresa cuando se pueda afectar la población civil, en los siguientes términos: “[q]ueda prohibido lanzar un ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”.
Otro principio del DIH relevante en el marco de la Convención sobre Municiones en Racimo, es el de Precaución en el ataque, que impone una obligación de cuidado previa a las fuerzas en conflicto, con el fin de no vulnerar los derechos de la población civil. Según las normas de derecho consuetudinario, el principio de precaución implica que: “Las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Se tomarán todas las precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y heridos entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, que pudieran causar incidentalmente”.
Finalmente, como es planteado en el preámbulo de la Convención “(…) el derecho de las partes participantes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado”, por el contrario en el marco de los principios generales sobre el empleo de las armas, se ha establecido como norma consuetudinaria de DIH que, “[q]ueda prohibido el empleo de medios y métodos de guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios”. Esta norma ha sido cristalizada en la Convención de Ottawa de 1997 relativa a minas antipersonales y en la ya mencionada Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, instrumentos internacionales que presentan una estrecha relación con el tratado sometido a control de constitucionalidad. En conclusión, derivada de lo que son las municiones en racimo y de las consecuencias que ellas tienen en la población civil, tal y como se deja claro en el preámbulo de la Convención, la misma se encuentra adecuada y sirve como instrumento de desarrollo de principios básicos del DIH reconocidos como normas generales de costumbre internacional y en ese sentido, como lo ha reconocido la citada jurisprudencia de la Corte Constitucional, vinculantes para el Estado colombiano.
“En esos términos, la Convención en estudio emerge como un instrumento eficaz en el manejo de varias situaciones, como por ejemplo: -la prevención de la guerra y la consecución de la paz y de condiciones pacíficas de convivencia, – la preservación del orden público, -la extinción de armas salvajes e inhumanas con destrucción indiscriminada, -la protección de los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física y mental, a la circulación libre, a la paz y a gozar de un ambiente sano de los ciudadanos (C.P., arts. 49, 12, 24 y 79)”. 5.4.3.	La naturaleza, objeto y fin de la Convención (Artículos 1 y 2)
Como se deduce del análisis hasta ahora realizado y del articulado de la Convención sobre Municiones en Racimo, ésta resulta aplicable en circunstancias de conflicto armado, ya sea este de carácter internacional o interno, por este motivo se trata de un instrumento perteneciente al Derecho Internacional Humanitario. En su artículo 1º la Convención establece las obligaciones generales a las cuales se comprometen los Estados parte. Se trata de obligaciones negativas de “nunca, y bajo ninguna circunstancia”: emplear, desarrollar, producir, adquirir, almacenar, conservar o transferir municiones en racimo o bombetas explosivas diseñadas para ser dispersadas o liberadas por aeronaves.
“se reconoce como víctimas a todas las personas que hubieren sufrido un daño, como consecuencia de los hechos que el mismo precepto determina a continuación. Así, pese a que existen también otros criterios relevantes, el concepto de daño es el más significativo de todos, pues es de la acreditación de su ocurrencia que depende que las personas interesadas logren ser reconocidas como víctimas y accedan a los importantes beneficios establecidos en esta normativa. || Ahora bien, es importante destacar que el concepto de daño es amplio y comprehensivo, pues abarca todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entre ellos el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus diversas formas, el daño en la vida de relación, el desamparo derivado de la dependencia económica que hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así como todas las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como por la jurisprudencia, ahora o en el futuro. || Según encuentra la Corte, la noción de daño comprende entonces incluso eventos en los que un determinado sujeto resulta personalmente afectado como resultado de hechos u acciones que directamente hubieren recaído sobre otras personas, lo que claramente permite que a su abrigo se admita como víctimas a los familiares de los directamente lesionados, siempre que por causa de esa agresión hubieren sufrido una situación desfavorable, jurídicamente relevante”. (Negrilla en el texto original).
5.4.4.	Las obligaciones operativas
De las disposiciones reseñadas de la Convención no se puede deducir ninguna contradicción con lo dispuesto en la Constitución Nacional, por el contrario, encuentra esta Sala que el cumplimiento de la obligación de destruir las municiones en racimo, contribuye al desarrollo de los fines no sólo de la convención sino del Estado colombiano, como lo son la consecución de la paz, la preservación del orden público, la extinción de armas salvajes e inhumanas con destrucción indiscriminada, la protección de los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física y mental, a la libertad de circulación, y a gozar de un ambiente sano de los ciudadanos.
B.	Limpieza y destrucción de restos de municiones en racimo y educación sobre reducción de riesgos. (Artículo 4).
C.	Asistencia a las víctimas (Artículo 5)
La obligación de asistir a las víctimas de municiones en racimo, concuerda con la obligación general de las autoridades estatales, consignados en el artículo 2 de la Carta Política, de proteger a todos los residentes en el territorio nacional, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades y asegurar de esta forma el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, contribuyendo con esta asistencia a la consecución y mantenimiento de la paz. La Corte Constitucional, reconociendo que si bien la asistencia humanitaria a las víctimas no se encuentra consignada en la Constitución, esta “(…) posee carácter fundamental[21] y representa la forma de satisfacer las garantías mínimas que necesita la persona víctima de la violencia para superar las consecuencias mediatas e inmediatas del hecho vulnerador de sus derechos (…)”.
La asistencia humanitaria a las víctimas, encuentra fundamento en el principio de solidaridad, propia de nuestro Estado Social de Derecho, como un medio de búsqueda de la satisfacción de los derechos humanos de todos los ciudadanos, si importar sus circunstancias. En ese sentido ha sostenido la Corte, que la asistencia humanitaria “encuentran su fundamento en principios constitucionales tales como el Estado Social de Derecho, la dignidad humana, y en derechos fundamentales que se encuentran íntimamente ligados como la vida, la dignidad humana, mínimo vital, la salud, la vivienda, entre otros”.
D.	Cooperación y asistencia internacional (Artículo 6).
5.4.5.	Medidas de transparencia, y Medidas de implementación a nivel nacional (Artículos 7 y 9).
La Corte considera estas medidas resultan necesarias para garantizar la efectividad del la Convención y el cumplimiento de todos los Estado partes. Corresponden a un desarrollo del principio de derecho internacional Pacta Sunt Servanda, en virtud del cual “[t]odo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”, reconocido por el artículo 9º de la Constitución, por lo que la disposición es acorde con la Carta Política.
5.4.5.	Facilitación y aclaración de cumplimiento, y solución de controversias (Artículo 8 y 10).
La Sala aclara que lo previsto en el artículo 10 de la Convención en concordancia con el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, aplica como una cláusula compromisoria que le otorga competencia al órgano judicial de las Naciones Unidas para resolver las controversias que se generen entre Colombia y otro u otros Estados Parte de la Convención sobre Municiones en Racimo, en virtud de la interpretación o aplicación de la misma.
Los artículos analizados se encuentran en concordancia con la obligación internacional de “arreglo pacífico de controversias”, recogida en el tercer principio de las Naciones Unidas, que reza: “[l]os Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia” y en el capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, que concretamente en su artículo 33 dispone: “[l]as partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”. La consecución de la paz es uno de los fines principales del estado, en virtud de los establecido en el preámbulo y en el artículo 9º de la Constitución, razón por la que la Sala concluye que los artículos 8 y 10 de la Convención sobre Municiones en Racimo, que consignan mecanismos de solución de controversias y de cooperación entre los Estados Parte, no contradicen la norma de normas y por el contrario, contribuyen a la aplicación del Acuerdo.
5.4.6.	Reuniones de los Estados Parte, Conferencia de Examen, y Costos Artículos (11, 12 y 14).
En contenido de los artículos analizados no contradice la Constitución, pues lo dispuesto en ellos, corresponde a medidas y mecanismos de seguimiento, vigilancia y control, necesarios para el correcto desarrollo del objeto y fin de la Convención sobre Municiones en Racimo. 5.4.7.	Enmiendas (Artículo 13)
“(…) cuando la Carta habla de tratados también hace referencia a las enmiendas. En tales condiciones, mutatis mutandi, las enmiendas están sometidas al mismo procedimiento de aprobación y control constitucional que los tratados, por lo cual la Corte, conforme al numeral 10 del artículo 241 superior, es competente para pronunciarse de manera automática y previa sobre las leyes que aprueban enmiendas a un tratado. Y, como lo ha señalado en repetidas ocasiones esta Corporación, éste es un control completo de constitucionalidad, por razones de fondo y también de forma”.
5.4.8.	Relación con Estados no Parte de la presente Convención (Artículo 21)
De acuerdo con el numeral 3 de artículo 21, “Sin detrimento de lo previsto en el Artículo 1 de la presente Convención y de conformidad con el Derecho Internacional, los Estados Parte, personal militar o sus nacionales podrán cooperar militarmente y participar en operaciones con Estados no Parte de la presente Convención que pudieran desarrollar actividades que estén prohibidas a un Estado Parte”. Si bien la Sala no encuentra ninguna razón de inconstitucionalidad en contra de esa disposición, resalta que la misma aplica sin perjuicio de la aplicación del principio de reciprocidad en las relaciones internacionales contenido en el artículo 226 de la Constitución Nacional, el cual obliga a que en el marco de una relación bilateral o multilateral, las obligaciones sean análogas.
5.4.9.	Otras disposiciones de la Convención sobre Municiones en Racimo
La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 define en su artículo 2º literal d) Reserva como “(…) una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a el, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado”. El artículo 19 de la Convención de Viena, reconoce tres circunstancias en que los Estados, a pesar de estar facultados para presentar Reservas, no pueden hacerlo: cuando la reserva esté prohibida por el tratado; el tratado permita que exclusivamente se pueden hacer cierto tipo de reservas dentro de las cuales no se encuentra la que pretende hacer el Estado y que la reserva sea incompatible con le objeto y fin del Estado.
Con el planteamiento de esos tres casos en los cuales los Estado no pueden presentar reservas, la Convención de Viena permite concluir que las Reservas no constituyen un derecho absoluto de los Estados, sino que por el contrario, el permitir o no las reservas dependerá del sentido que los Estados quisieron darle al instrumento internacional que construyeron, considerando el objeto y fin que el mismo persigue.
5.5.	Síntesis
1.	La Sala llevó a cabo según lo previsto en el artículo 241 numeral 10 constitucional, un control de constitucionalidad automático, previo e integral, de la Ley 1604 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008. Este control se dividió en dos partes: una primera que atendió a la revisión formal de la capacidad del representante del Estado Colombiano que suscribió la Convención y del trámite legislativo que surtió en el Congreso de la República su ley aprobatoria. La segunda parte, correspondió al análisis del contenido material del tratado, en contraste con la Constitución Nacional, con el fin de determinar si existía alguna contradicción de la norma de normas que tornara el acuerdo o una parte del mismo inexequibles.
2.	Del análisis de la competencia de la funcionaria que suscribió la Convención en representación del Estado colombiano, se pudo concluir que el Presidente de la República le otorgó plenos poderes a la Embajadora Forero Ucrós, para representar los intereses nacionales en las fases de negociación y celebración del Acuerdo, por lo cual la capacidad de esta funcionaria para celebrar el tratado era válida.
3.	En cuanto al análisis del trámite legislativo realizado por la Corte Constitucional, se concluye que el Proyecto de Ley No. 174 de 2011 Senado, 244 de 2012 Cámara cumplió de manera satisfactoria con la totalidad de los requisitos y exigencias previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso para una Ley Aprobatoria de Tratados Internacionales. En consecuencia, la Ley 1604 de 2012 resulta exequible en lo que se refiere a su examen de forma.
4.	En el análisis material de la Convención sobre Municiones en Racimo, la Sala hizo un recuento de sus antecedentes, resaltando su proceso de construcción a través de múltiples conferencias mundiales y regionales, en las que los Estados resaltaron la importancia de este instrumento, como un medio para lograr la erradicación de un tipo de arma que genera graves violaciones a los derechos de la población civil, tanto en tiempo de paz como en el marco de un conflicto.
5.	Después del recuento de los antecedentes, la Sala consideró la forma en que, derivada de su parte motiva, la Convención contribuye al desarrollo de los principios del Derecho Internacional Humanitario, en especial los de distinción, prohibición de ataques indiscriminados, proporcionalidad, precaución en el ataque y los principios generales sobre el empleo de armas, concluyendo que la importancia que tiene el Derecho Internacional Humanitario para el Estado colombiano, demuestran la relevancia que tiene el instrumento sometido a control.
6.	Dio paso la Sala a un análisis detallado del articulado de la Convención, en especial lo relacionado con su objeto y fin, las obligaciones específicas que en virtud de la finalidad perseguida deberá cumplir el Estado colombiano como Estado Parte, las obligaciones tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones principales y los mecanismos de solución pacífica de controversias. En ese examen, la Sala encontró que todas las disposiciones en la Convención están encaminadas hacia el propósito de este instrumento que es la prohibición de emplear, producir, transferir y almacenar, municiones en racimo, en virtud del perjuicio que estas causan en la población civil, lo cual se encuentra en plena sintonía con las disposiciones de la Carta Política de Colombia y aquellas que integran el bloque de constitucionalidad.

References: artículo 241
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 4
 Artículo 6
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 7
 Artículo 9
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 8
 Artículo 6
 resolución 
 Artículo 9
 Artículo 10
 resolución 
 Artículo 11
 Artículo 6
 Artículo 12
 Artículo 11
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 1
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 1
 Artículo 22
 Artículo 23

Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 224
 artículo 154
 artículo 241
 artículo 154
 artículo 157
 artículo 156
 artículo 8
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 145
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 182
 artículo 162
 artículo 214
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 36
 artículo 33
 artículo 9
 artículo 241
 artículo 21
 Artículo 1
 artículo 226
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 241