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Timestamp: 2019-09-16 08:50:41+00:00

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C-727 de 2014
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020038256CC-SENTENCIAC727201424/09/2014CC-SENTENCIA_C_727__2014_24/09/2014200382562014Sentencia C-727/14 Referencia: Expediente D-10159
Andrés Segura SeguraCONSTITUCIONALIDADGabriel Eduardo Mendoza MarteloDemanda de inconstitucionalidad en contra del inciso segundo (parcial) del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones"D10159Identificadores20020038257true57704Versión original20038257Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso segundo (parcial) del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones"
SentenciaC-727/14
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso segundo (parcial) del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones"
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, establecida en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Andrés Segura Segura demandó parcialmente el inciso segundo del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones".
ARTICULO 27. OPORTUNIDAD PARA LA CONSIGNACION.Enfirme la regulación de honorarios y gastos, cada parte consignará, dentro de los diez (10) días siguientes, lo que a ella corresponda. El depósito se hará a nombre del presidente del tribunal, quien abrirá para su manejo una cuenta especial en una entidad sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Dicha cuenta deberá contener la indicación del tribunal arbitral y en ella solo podrán administrarse los recursos de este.
Sostiene que la prescripción extintiva es un modo de extinción de las obligaciones que castiga al acreedor por no exigir durante el tiempo que determina la ley el pago de un crédito a su favor. A su vez, señala que la importancia de dicha figura se refleja en su carácter de norma de orden público cuyo objeto es "orientar el normal y correcto funcionamiento de una sociedad, pues con ella se busca la certidumbre en la existencia de derechos y la individualización de sus titulares".
De igual manera, el actor transcribe apartes de las Sentencias C-597 de 1998, C-198 de 1999 y C-298 de 2002 en las que la Corte Constitucional señala que "la prescripción extintiva cumple funciones sociales y jurídicas de gran importancia, ya que contribuye a la seguridad jurídica y a la paz social al fijar límites temporales para adelantar controversias y ejercer acciones judiciales".
Refiere que una cosa es que la prescripción no pueda ser alegada por vía de excepción y otra que la obligación sea imprescriptible, pues la norma demandada no excluye la posibilidad de que la parte que no pagó los honorarios de los árbitros, de estimarlo, alegue, a través de un proceso ordinario declarativo, que la obligación prescribió. Lo anterior, con base en el artículo 2 de la Ley 791 de 2002 que prevé "la prescripción, tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción".
El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 5771 de 20 de mayo de 2014, solicitó a la Corte Constitucional declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo respecto del enunciado "En la ejecución no se podrá alegar excepción diferente a la de pago" contenida en el inciso 2° del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Según el Procurador, "el núcleo central de la demanda es la exclusión por parte del legislador de la prescripción extintiva como medio exceptivo dentro del proceso ejecutivo regulado por el artículo 27 -parcialmente acusado". Advierte que la argumentación "se estructura a partir de fragmentos de las Sentencias C-198 de 1999, C-597 de 1998, y C-298 de 2002 que simplemente se refieren a la naturaleza y funciones de la prescripción en ciertos contextos normativos concretos".
Un análisis de dichas providencias permite concluir que se ocuparon de supuestos distintos al que plantea el precepto demandado y que "en realidad la demanda no argumenta por qué el segmento normativo acusado debía incluir la excepción de prescripción dentro de las excepciones que puede proponer el demandado dentro del proceso ejecutivo que busca la devolución de los gastos y honorarios del tribunal de arbitramento, pagados en su totalidad por una de las partes".
Para el Ministerio Público "no puede perderse de vista que dicho proceso ejecutivo tiene prima facie una finalidad concreta y específica en el marco del estatuto arbitral, cual es que la parte que no cumplió su obligación de pagar los gastos y honorarios del tribunal -derivada de la existencia del pacto arbitral el cual suscribió dicha parte- pueda ser demandada por quien pagó dichos gastos. Así las cosas, la fundamentación del cargo a partir de citas jurisprudenciales fragmentadas y que resolvieron problemas jurídicos distintos al presente, no otorga suficientes elementos para adelantar el juicio de constitucionalidad, pues dichas citas no alcanzan a estructurar una duda mínima sobre la constitucionalidad del segmento normativo acusado".
El Jefe del Ministerio Público considera que el cargo por desconocimiento del Preámbulo y del artículo 2º de la Constitución Política "está construido a partir de la cita aislada e inconexa de sentencias de la Corte Constitucional que resolvieron problemas jurídicos disímiles a los que presenta el caso concreto, circunstancia que conduce a concluir que el cargo no fue formulado adecuadamente" y que, de otra parte, "el juicio de constitucionalidad de las normas no puede estar fundado en citas de normas de orden legal, o en citas doctrinarias que, aun cuando muy autorizadas, no tienen la entidad suficiente para formular un cargo de inconstitucionalidad".
El Ministerio Público concluye "que el cargo por violación del Preámbulo y el artículo 2º carece, particularmente, del requisito de especificidad en cuanto no se muestra en forma diáfana como ciertas normas legales, citas doctrinales y fragmentos de jurisprudencia de la Corte Constitucional explican la vulneración de la carta por parte del enunciado normativo acusado".
En cuanto al desconocimiento de la seguridad jurídica, el Ministerio Público considera que el cargo "está estructurado a partir de potenciales aplicaciones de la norma que el demandante considera inconstitucionales" y que, "como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el concepto de violación debe estar estructurado, entre otros, a partir de cargos pertinentes, mientras que el demandante pretende, por vía de la acción de inconstitucionalidad, que la Sala Plena de la Corte Constitucional determine el alcance de la expresión "pago" contenida en el anunciado normativo demandado, además de aseverar que "podría argumentarse que quien ha pagado los costos y honorarios del tribunal de arbitramento acudirá con prontitud al proceso ejecutivo, pero habrá quienes no lo hagan", de donde se desprende que "la pretensión del actor es centrar su objetivo en la solución de problemas jurídicos específicos, que parecen más propios de un juicio ordinario que del ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad".
Por último, el Ministerio Público señala "que la demanda estima como violada otras normas de la Constitución (arts. 4º, 5º y 28 de la C.P.), pero no explica el concepto de violación de dichos artículos, más allá de su mera enunciación".
VI. CONSIDERACIONESDE LA CORTE
A continuación, el artículo 27 señala que "si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquella podrá hacerlo por esta", dentro de los cinco días siguientes y añade que, en caso de no producirse el reembolso, "la acreedora podrá demandar su pago por la vía ejecutiva ante la justicia ordinaria", bastándole "presentar la correspondiente certificación expedida por el presidente del tribunal con la firma del secretario", para iniciar la ejecución, en la que "no se podrá alegar excepción diferente a la de pago".
Prosigue el artículo glosado indicando que "de no mediar ejecución, las expensas pendientes de reembolso se tendrán en cuenta en el laudo para lo que hubiere lugar", causándose intereses de mora, a la tasa más alta autorizada, a cargo de la parte incumplida, "desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que cancele la totalidad de sumas debidas", después de lo cual el precepto finaliza advirtiendo que "vencidos los términos previstos para realizar las consignaciones sin que estas se hubieren efectuado, el tribunal mediante auto declarará concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral para el caso".
La parte del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 en la cual se indica que "En la ejecución no se podrá alegar excepción diferente a la de pago" ha sido demandada bajo el cargo de imponer una limitación a las excepciones que puede proponer el ejecutado y, en especial, la excepción de prescripción extintiva que el actor juzga "de trascendencia vital", porque, a su juicio, "está consagrada y protegida por la Constitución" y es una materialización de la seguridad jurídica.
El demandante invoca la violación del preámbulo de la Constitución, en cuanto establece, entre otros valores, la libertad en un marco "que garantice un orden político, económico y social justo", el artículo 1º superior, de acuerdo con cuyas voces, Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, el artículo 2º, que contempla dentro de los fines del Estado el de "asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo", el artículo 4º de la Carta, según el cual la Constitución es norma de normas, el artículo 5º, por cuya virtud el Estado "reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona" y el inciso final del artículo 28 constitucional, en tanto indica que "en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles".
En algunas de las intervenciones que fueron presentadas durante el proceso se le hacen reparos a la demanda tal como está planteada. Así, en el escrito allegado a la actuación por el Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá se llama la atención acerca de que el demandante pretende fundamentar la inconstitucionalidad "a partir de normas generales de la Constitución Nacional, olvidando los principios constitucionales del artículo 116 que, a juicio del interviniente, es "el marco constitucional específico y particular en el cual debe analizarse la constitucionalidad de cualquier ley que regule el arbitraje o la conciliación en el país".
Así mismo, en la intervención presentada en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás se estima que la preceptiva acusada es contraria a la Constitución, pero no en razón de los argumentos que el actor expone, sino por la violación de otros derechos fundamentales "que no fueron citados por el demandante, a saber: el Art. 13 que estipula el derecho a la igualdad, el Art. 29 que establece el derecho al debido proceso y el Art. 229 que consagra el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia".
Por su parte, el señor Procurador General de la Nación puntualiza que el "núcleo central de la demanda es la exclusión por parte del legislador de la prescripción extintiva como medio exceptivo dentro del proceso ejecutivo regulado por el artículo 27 -parcialmente acusado" y que la argumentación del actor "se estructura a partir de fragmentos de las Sentencias C-198 de 1999, C-597 de 1998 y C-298 de 2002 que simplemente se refieren a la naturaleza y funciones de la prescripción en ciertos contextos normativos concretos", de lo que se deduce que "en realidad la demanda no argumenta por qué el segmento normativo acusado debía incluir la prescripción dentro de las excepciones que puede proponer el demandado dentro del proceso ejecutivo que busca la devolución de los gastos y honorarios del tribunal de arbitramento, pagados en su totalidad por una de las partes".
Tratándose de la aptitud de los cargos esgrimidos en una demanda de inconstitucionalidad, desde la Sentencia C-1052 de 2001, la Corte ha insistido en que, sin prejuicio del principiopro actione, al formular el concepto de la violación el demandante debe atender algunos requisitos.
3.1. De conformidad con el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad deben contener el señalamiento "de las normas constitucionales que se consideren infringidas", el de las normas acusadas como inconstitucionales y la exposición de las razones por las cuales se estiman violados los contenidos superiores.
Correspondía, entonces, al actor sustentar los cargos esgrimidos en una argumentación dirigida a demostrar de qué manera una regla específica, como la demandada, vulnera preceptos constitucionales caracterizados por su alto grado de indeterminación y, con tal finalidad, el demandante adujo que la prescripción extintiva "está consagrada y protegida por la Constitución" y que en esa clase de prescripción "se materializa" la seguridad jurídica, también contemplada en la Carta.
En cuanto a la argumentación orientada a sostener la raigambre constitucional de la prescripción extintiva y su posible desconocimiento, la Corte observa que constituye el hilo principal de la demanda y que únicamente en relación con él se argumentó, ya que aun cuando el actor hizo una mención inicial de "la compensación, confusión, transacción, novación, remisión, o cualquier otro medio exceptivo de extinción de las obligaciones diferente del pago", nada expuso respecto de estas excepciones y solamente desarrolló lo atinente a la prescripción extintiva, tal como se pone de manifiesto en la intervención presentada en nombre del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
En la Sentencia C-198 de 1999 fue declarada la exequibilidad del artículo 10 del Decreto 2728 de 1968, referente al régimen de prestaciones por retiro o fallecimiento de soldados y grumetes, y según el cual "el derecho a reclamar las prestaciones sociales consagrado en este Decreto, prescribe a los cuatro (4) años". Ciertamente la Corporación consideró que "la prescripción extintiva cumple funciones sociales jurídicas invaluables, por cuanto contribuye a la seguridad jurídica y a la paz social, al fijar límites temporales para adelantar controversias y ejercer acciones judiciales", pero es de anotar que lo hizo a propósito de una controversia constitucional radicalmente distinta de la que en esta oportunidad se trae al conocimiento de la Corte.
En cuanto hace a la Sentencia C-597 de 1998, en ella se declaró exequible la expresión "y en todo caso por prescripción extraordinaria" contenida en el artículo 1742 del Código Civil relativo a la nulidad de actos y contratos. También en esta providencia la Corte Constitucional aludió a la prescripción y, por lo tanto, procede reiterar, otra vez, que tal alusión se efectuó en el marco del caso sometido al juicio de la Corte que dista, en mucho, del que corresponde al segmento demandado en esta ocasión.
En el planteamiento del cargo tampoco se menciona el artículo 28 superior, que igualmente fue citado entre los violados, habiéndose destacado la parte en la cual se indica que "en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles", segmento que, conforme se percibe a simple vista, aun cuando regula un importante aspecto de la libertad personal, no tiene vínculo directo con la excepción de pago o con la prescripción extintiva que el actor echa de menos en el precepto cuestionado.
Se circunscribe, entonces, el actor a recordar que, de acuerdo con lo explicado "en el literal anterior, la misma Corporación ha señalado que la figura de la prescripción extintiva tiene repercusión, entre otros, en la aplicación del principio de seguridad jurídica que impregna transversalmente la Constitución política", de donde concluye que "la norma demandada está vulnerando los preceptos constitucionales, tales como el mismo preámbulo y los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Carta", siendo del caso destacar que también este ataque es general e indiscriminado, por cuanto en la demanda no se hace mención a las razones por las cuales cada uno de esos textos "se estiman violados".
En las anotadas condiciones, razón le asiste al señor Procurador General de la Nación al sostener que la demanda "no argumenta por qué el segmento normativo acusado debía incluir la excepción de prescripción dentro de las excepciones que puede proponer el demandado dentro del proceso ejecutivo que busca la devolución de los gastos y honorarios del tribunal de arbitramento, pagados en su totalidad por una de las partes" y esto, habida cuenta de que "no puede perderse de vista que dicho proceso ejecutivo tieneprima facie una finalidad concreta y específica en el marco del estatuto arbitral, cual es que la parte que no cumplió su obligación de pagar los gastos y honorarios del tribunal -derivada de la existencia del pacto arbitral el cual suscribió dicha parte- pueda ser demandada por quien pagó dichos gastos".
Los intervinientes han llamado la atención sobre la amplitud de la potestad de configuración legislativa tratándose de la regulación del arbitraje, a empezar por el artículo 116 de la Carta, en cuyo inciso final se defiere a la ley la determinación de los términos en que sea viable investir transitoriamente a los particulares de la función de administrar justicia, entre otros supuestos, en la condición "de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad".
Con fundamento en el precepto superior citado, la Corte ha señalado que el arbitramento "es un mecanismo para impartir justicia, a través del cual se hace efectiva la función pública del Estado en este sentido"[2], luego "los árbitros cumplen una función de tipo jurisdiccional"[3], mediante el desarrollo de "un auténtico proceso"[4], sujeto a "ciertas regulaciones legales"[5], dado que aun cuando la justicia arbitral debe ser habilitada por las partes, ello no impide que el legislador "regule el procedimiento que rige este tipo de mecanismos de solución de conflictos"", conforme se desprende, además, del artículo 29 superior, que establece el derecho de toda persona a ser juzgada ante juez o tribunal competente, con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio"[6].
Reiteradamente esta Corporación ha sostenido que tratándose de los procedimientos, los mandatos constitucionales le confieren al legislador amplia libertad para definirlos respecto de "los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial", por lo cual al Congreso le corresponde evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial"[7], con un alto grado de autonomía que le asiste en la definición "de la estructura y trámite de los procedimientos judiciales"[8].
Esa amplitud de la facultad de configuración legislativa también se predica del arbitramento, pues, de conformidad con lo que la Corte ha indicado, "el legislador goza de plena autonomía para dictar disposiciones tendientes a desarrollar el ejercicio de funciones arbitrales por parte de particulares a través de la institución del arbitramento y, de esta forma, regular un procedimiento reconocido desde la propia Constitución como una forma alternativa de resolver conflictos jurídicos"[9].
3.3. Por último, basta detenerse en la manera como el actor estructuró la demanda y planteó sus pretensiones para corroborar la conclusión a la que ha llegado la Corte. De conformidad con lo señalado, la acusación recae sobre la expresión "En la ejecución no se podrá alegar excepción diferente a la de pago", la queja radica en que se excluye la posibilidad de alegar la prescripción extintiva y la principal pretensión esgrimida consiste en que se declare la inexequibilidad del aparte demandado.
El demandante, en la parte final de su escrito solicitó que la disposición demandada fuera "excluida del ordenamiento o interpretada de conformidad con los principios que están expandidos a lo largo y ancho de la Carta", pretensión esta última a la que no puede acceder la Corte, porque la demostración de que existe una omisión relativa inconstitucional y la consiguiente expedición de una sentencia aditiva o integradora deben estar precedidas de una argumentación convincente del actor y de la satisfacción plena de exigentes requisitos que, según la jurisprudencia constitucional, se precisan siempre que se aduzca la actividad parcial del legislador como causa de una inconstitucionalidad que deba ser remediada mediante una sentencia de tipo aditivo.
Como se ha visto, el actor, estima que "la prescripción extintiva está consagrada y protegida por la Constitución", pero no acierta a demostrar cómo lo está y por qué tendría que operar en la específica situación regulada en el segmento demandado, a lo cual debe agregarse que no planteó la eventual existencia de una omisión de carácter relativo y, por lo mismo, tampoco argumentó para demostrarla, ni cumplió los exigentes requisitos que las demandas de este tipo han de satisfacer[13].
Sencillamente, se limitó a pedir que si el precepto acusado no era expulsado del ordenamiento, la Corte lo interpretara de conformidad con los principios "expandidos a lo largo y ancho de la Carta", lo que, fuera de relevarlo de su inexcusable carga argumentativa, pondría a la Corte en la tarea de elaborar de nuevo la demanda, suplantándolo en lo que a él le corresponde, para buscar "a lo largo y ancho de la Carta" cuáles preceptos superiores podrían darle la razón al demandante. En este sentido la Corporación ha explicado que "la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso"[14].
Basta recordar a este propósito que el principiopro actione le otorga al juez constitucional un margen para interpretar la demanda, pero que de ninguna manera lo dota de las facultades oficiosas de control que se necesitarían para recomponerla, entre otras cosas, porque la Corte tendría que formular los cargos y pronunciarse respecto de ellos, lo que la convertiría en juez y parte.
Con invocación de contenidos previstos en el preámbulo y en los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 28 de la Constitución, el demandante pretendió la declaración de inexequibilidad de la expresión "En la ejecución no se podrá alegar excepción diferente a la de pago", prevista en el inciso 2º del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, alegando la exclusión de la posibilidad de alegar la prescripción extintiva como excepción, lo que, además, desconocería la seguridad jurídica.
INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo en relación con la expresión "En la ejecución no se podrá alegar excepción diferente a la de pago", contenida en el inciso 2º del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo (inciso 2 ) Artículo 27 LEY_1563_2012_12/07/2012

References: artículo 27
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 artículo 2
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 artículo 1
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 28
 artículo 116
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 1742
 artículo 28
 artículo 116
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 27
 Artículo 27