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Timestamp: 2019-09-17 10:21:49+00:00

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STC 303/2000, 11 de Diciembre de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 136270
STC 303/2000, 11 de Diciembre de 2000
Ponente: Ponente el Magistrado don Fernando Garrido Falla
Número de Recurso: 4845/1998
RA 4845/98. Promovido por SOFIL-Sociedade de Fiaçao de Vizela, Lda., frente a la inactividad del Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid en la tramitación de un juicio de menor cuantía en reclamación de cantidad. Supuesta vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: denuncia de la dilación solamente siete días antes de interponer el recurso de amparo.
Sentencia citada en: 229 sentencias, 11 artículos doctrinales, un tema práctico
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 19 de noviembre de 1998, la Procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Moreno Ramos, en nombre y representación de SOFIL-Sociedade de Fiaçao de Vizela, Lda. (en adelante SOFIL), interpuso recurso de amparo por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, producidas en el decurso de los autos del juicio declarativo de menor cuantía núm. 2503/95, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid.
El 26 de mayo de 1995 SOFIL formuló demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía en reclamación de 33.174.117 pesetas contra don José Antonio Montserrat Martínez y siete más, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid (autos núm. 2503/95).
El 6 de noviembre de 1995 se celebró la comparecencia a que se refiere el art. 691 LEC, durante cuyo acto procesal SOFIL solicitó que, conforme al art. 693.3 de dicho cuerpo legal, se le concediese el plazo de diez días para ampliar la demanda contra Saiton Internacional, S.A., a lo que el Juzgado accedió. A partir de este momento procesal los demandados comenzaron a recurrir de manera sistemática, primero en reposición y luego en apelación, la práctica totalidad de las resoluciones judiciales dictadas en el proceso, lo que determinó que, al ser admitidos los recursos de apelación en ambos efectos, estuviera paralizada la tramitación del procedimiento hasta el 11 de junio de 1998, fecha en la que, resolviendo el recurso de apelación interpuesto por los demandados contra la desestimación del recurso de reposición planteado contra la concesión del plazo para ampliar la demanda, se dictó por la Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid Auto desestimando la apelación.
El 7 de octubre de 1997 se dicta providencia ordenando la apertura del segundo período de prueba por plazo común de veinte días. Las partes presentaron sus escritos de proposición de prueba el 17 de julio de 1997, los cuales fueron proveídos el 7 de octubre de 1997, denegándose la práctica de algunos de los medios de prueba propuestos, siendo recurrida dicha providencia en reposición por la parte demandada. El recurso planteado por los demandados contra dicha providencia sería definitivamente resuelto, tras diversas vicisitudes procesales, por Auto desestimatorio dictado el 8 de julio de 1998. Paralelamente, los demandados suscitaron diversos incidentes procesales en relación con diversas pruebas que se iban practicando, recurriendo las resoluciones judiciales recaídas en dichos incidentes.
El 20 de julio de 1998, la representación procesal de SOFIL presenta escrito en el Juzgado pidiendo que se clausure la fase de prueba y que se continúe la tramitación del procedimiento, dictándose providencia el 14 de octubre de 1998 por la que se acuerda la unión de dicho escrito a los autos. Notificada dicha providencia, el 12 de noviembre de 1998 SOFIL presentó escrito ante el Juzgado en el que reiteraba su petición de clausura del período probatorio y, al mismo tiempo, alegaba que la falta de resolución judicial ordenando la conclusión de tal fase del proceso vulneraba sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas.
El 19 de noviembre de 1998 SOFIL presenta ante este Tribunal demanda de amparo alegando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, solicitando que se declare la existencia de tal vulneración y que para su reparación se ordene el cese inmediato de la paralización de los autos núm. 2503/95 del Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid.
Consta en las actuaciones que, tras la interposición del recurso de amparo, por Auto de 8 de septiembre de 1999 el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid declaró concluido el período probatorio, emplazando a las partes para resumen de prueba y conclusiones, conforme a lo preceptuado en la LEC. Y por Sentencia de 26 de noviembre de 1999 el Juzgado desestimó la demanda formulada por SOFIL que había dado origen a los autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía núm. 2503/95.
Alega la recurrente en su demanda de amparo que el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid ha vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), concretando tal violación en la inactividad judicial observada en la tramitación de los autos núm. 2503/95 durante todo el proceso y especialmente durante la fase de prueba, ya que, abierto dicho período el 7 de octubre de 1997, el mismo no había concluido el 12 de noviembre de 1998, pese a que durante dicho lapso de tiempo se habían producido reiteradas peticiones de la recurrente para que se ordenara su clausura (en la última de las cuales, la de 12 de noviembre precisamente, se aludía a la vulneración de los derechos fundamentales invocados, a los efectos de agotar la vía judicial previa al recurso de amparo).
Mediante providencia de 11 de marzo de 1999, la Sección Segunda de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y a la entidad solicitante de amparo para que dentro de dicho término alegasen lo que estimasen oportuno en relación con la posible existencia del motivo de inadmisión previsto en el art. 50.1 c) LOTC, esto es, carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma por parte del Tribunal Constitucional, acompañando al proveído el testimonio de actuaciones aportado por la propia demandante de amparo.
A petición del Ministerio Fiscal y por no estar completas las actuaciones judiciales aportadas con la demanda de amparo, mediante diligencia de ordenación de la Sección Segunda de 19 de abril de 1999 se requirió al Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid, de conformidad con el art. 88 LOTC, para que en el plazo de diez días remitiese testimonio de los autos núm. 2503/95. Recibido el testimonio interesado, mediante providencia de la Sección Segunda de 31 de mayo de 1999 se concedió nuevo plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y a la recurrente en amparo para que, a la vista de las actuaciones, formulasen alegaciones o ampliasen las ya efectuadas, en relación con la posible existencia del motivo de inadmisión puesto de manifiesto en la providencia de 11 de marzo.
Recibidos los escritos de alegaciones de la recurrente en amparo y del Ministerio Fiscal, la Sección Segunda, mediante providencia de 15 de julio de 1999, acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y, en virtud de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, ordenó requerir al Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid para la práctica de los emplazamientos pertinentes.
Por providencia de 17 de enero de 2000, la Sección Primera acordó tener por recibidos los emplazamientos remitidos por el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid y librar nuevo despacho a éste para la práctica del emplazamiento de la entidad Saiton Internacional, S.A.
Mediante diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de 8 de mayo de 2000, se dio vista de las actuaciones, de conformidad con el art. 52 LOTC, al Ministerio Fiscal y a la representación de la entidad recurrente en amparo, para que presentaran, dentro del plazo común de veinte días, las alegaciones que a su derecho conviniesen.
El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones con fecha 7 de junio de 2000, interesando la estimación del amparo, por entender que, en efecto, del examen de las actuaciones resulta que se ha producido la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas que alega la recurrente. Argumenta el Ministerio Fiscal que la recurrente denunció oportunamente en el proceso las dilaciones que se estaban produciendo, cumpliendo así los requisitos del art. 44.1 a) y c) LOTC, y que, si bien cabe reconocer cierta complejidad a la substanciación de la fase probatoria, tanto por la multiplicidad de medios de prueba propuestos y admitidos como por la dificultad de realizar algunos de ellos, no cabe duda que la duración de dicha fase excedió con mucho los plazos que pueden estimarse razonables, exceso en la duración no imputable al demandante sino a la actitud obstruccionista de los demandados y a la demora con la que actuó el Juzgado, por lo que debe otorgarse el amparo. No obstante, precisa el Ministerio Público que la estimación del amparo debe limitarse a la declaración de la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, puesto que la dilación se superó finalmente y el proceso se resolvió por la Sentencia que se dictó durante el tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda de amparo y el momento de evacuar el trámite de alegaciones del art. 52 LOTC.
La representación procesal de la demandante de amparo no formuló escrito de alegaciones en el trámite del art. 52 LOTC.
Por providencia de la Sala Primera de 8 de noviembre de 2000, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 13 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de la fecha.
La demandante de amparo alega haber sufrido la vulneración de sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) como consecuencia de la inactividad del Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid en la tramitación del período probatorio del juicio declarativo ordinario de menor cuantía núm. 2503/95.
Para dar cumplida respuesta a las quejas de la recurrente, hemos de precisar en primer lugar que es el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas el único cuya vulneración hemos de valorar, pues la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva realizada en la demanda carece de todo soporte argumental para que pueda considerarse como una verdadera y propia pretensión. Como hemos recordado en la STC 125/1999, de 28 de junio (FJ 2), "aunque son innegables las conexiones entre ambos derechos, ya que el derecho a la jurisdicción contemplado en el art. 24.1 CE no puede entenderse desligado del tiempo en que la tutela judicial de los derechos subjetivos e intereses legítimos debe prestarse (SSTC 24/1981 y 324/1994), lo cierto es que nuestra Constitución ha reconocido el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas con carácter autónomo respecto del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 133/1988), carácter éste que hemos afirmado tempranamente, desde la primera Sentencia en que nos ocupamos de este derecho fundamental, la STC 24/1981, y hemos reiterado con posterioridad en numerosas ocasiones (SSTC 26/1983, 36/1984, 5/1985, 223/1988, 133/1988, 81/1989, 10/1991, 61/1991, 324/1994, 180/1996, 78/1998 y 32/1999)".
Conviene advertir, en segundo término, que al tiempo de dictarse esta Sentencia, ha cesado la alegada inactividad en que se fundamenta la demanda de amparo al haber dictado el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Madrid la decisión cuyo retraso ha motivado la presente queja (e incluso la Sentencia que pone fin al procedimiento), si bien ello no significa necesariamente que el presente proceso constitucional haya quedado privado de objeto por completo, pues la presunta inactividad judicial en que se sustenta la queja de la demandante (la demora en la conclusión del período probatorio) subsistía en la fecha de interponerse la demanda de amparo, de modo que la resolución judicial posterior no sería capaz de reparar el eventual retraso padecido, en caso de que efectivamente se estime que se ha producido un retraso injustificado. La razón de ello debe buscarse en la autonomía, ya señalada, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) respecto del derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), habida cuenta de que las dilaciones indebidas, en caso de existir en la fecha de presentación de la demanda de amparo (SSTC 20/1999, de 22 de febrero, FJ 1, y 146/2000, de 29 de mayo, FJ 4), no se sanan por el simple hecho de que el órgano jurisdiccional dicte tardía o demoradamente una resolución razonablemente fundada (SSTC 61/1991, de 20 de marzo, FJ 1; 180/1996, de 12 de noviembre, FJ 3; 21/1998, de 27 de marzo, FJ 2; 78/1998, de 31 de marzo, FJ 2; y 125/1999, de 28 de junio, FJ 2, por todas). El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es un derecho a que se resuelva motivadamente, sino a que se resuelva en un tiempo razonable (STC 58/1999, de 12 de abril, FJ 3, y las allí citadas).
Sentado lo anterior, parece oportuno recordar sucintamente las líneas fundamentales de la doctrina que este Tribunal ha elaborado acerca del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), conforme hemos recordado, entre otras muchas, en nuestras recientes SSTC 140/1998, de 29 de junio, 32/1999, de 8 de marzo, 124/1999, de 28 de junio, 125/1999, de 28 de junio, 198/1999, de 25 de octubre, 223/1999, de 29 de noviembre, 231/1999, de 13 de diciembre, y 103/2000, de 10 de abril.
En relación con este último canon de constitucionalidad debe recordarse que es doctrina reiterada de este Tribunal que, para que pueda alegarse en amparo el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es requisito necesario que, con carácter previo, se hayan denunciado las dilaciones ante el órgano judicial; exigencia que, como tantas veces hemos afirmado, no es un mero requisito formal, sino que tiene como finalidad permitir a los órganos judiciales que puedan remediar las dilaciones y, de este modo, salvaguardar el carácter subsidiario del recurso de amparo. De ahí que sólo en los supuestos en los que, tras la denuncia del interesado, los órganos judiciales no hayan adoptado las medidas pertinentes para poner fin a la dilación en un plazo prudencial o razonable -entendiendo por tal aquél que le permita adoptar las medidas necesarias para poner fin a la paralización denunciada- podrá entenderse que la vulneración constitucional invocada no ha sido reparada en la vía judicial ordinaria y, por tanto, podrá ser examinada por este Tribunal, incluso aunque haya recaído Sentencia durante la tramitación del recurso de amparo. Por el contrario, en aquellos supuestos en los que los órganos judiciales hayan atendido esta queja y, en consecuencia, hayan adoptado las medidas pertinentes para hacer cesar la dilaciones denunciadas dentro de dicho plazo razonable o prudencial, deberá entenderse que la vulneración del derecho fundamental a las dilaciones indebidas ha sido reparado en la vía judicial ordinaria sin que el retraso en el que haya podido incurrir la tramitación de ese proceso tenga ya relevancia constitucional, pues, tal y como se ha señalado, para que pueda apreciarse que dicho retraso es constitutivo de una dilación indebida con relevancia constitucional no es suficiente sólo con que se haya dictado una resolución judicial en un plazo que no sea razonable, sino que es requisito necesario que el recurrente haya dado al órgano judicial la posibilidad de hacer cesar la dilación y que éste haya desatendido la queja, mediando un plazo prudencial entre la denuncia de las dilaciones y la presentación de la demanda de amparo (por todas, SSTC 140/1998, de 29 de junio, FJ 4; 32/1999, de 8 de marzo, FJ 4; 231/1999, de 13 de diciembre, FJ 3; y 103/2000,de 10 de abril, FJ 2).
6 Pues bien, en el presente caso resulta que entre la denuncia de las supuestas dilaciones y la interposición del recurso de amparo median solamente siete días, plazo que no puede considerarse, a la luz de la doctrina citada, como razonable a los efectos de permitir al órgano judicial dictar la resolución pretendida. En efecto, la sociedad demandante presentó escrito en el Juzgado el 20 de julio de 1998 solicitando que se dictara resolución acordando que concluyera el período de prueba. Dicho escrito fue proveído el 14 de octubre de 1998 acordándose su unión a los autos. Al serle notificada esta providencia, la demandante reiteró al Juzgado su petición el 12 de noviembre de 1998, mediante escrito en el que, además, invocaba expresamente la lesión de su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). Y el 19 de noviembre de 1998 presenta recurso de amparo. Como hemos dicho en STC 31/1997, de 24 de febrero (FJ 2), y reiterado en STC 231/1999 (FJ 3), si una vez denunciada la dilación "y transcurrido un plazo prudencial, continuara la pasividad procesal, podrá entonces el recurrente franquear las puertas de este Tribunal y pedir amparo. Ese plazo prudencial o razonable, indeterminable a priori, ha de ser aquél que permita al Juez o Tribunal poner remedio al retraso haciendo cesar la paralización (ATC 936/1988). No cabe, pues, denunciar la demora y acto seguido, sin solución de continuidad, presentar la demanda de amparo (ATC 30/1990) y, al contrario, es obligado por el sentido común guardar un tiempo para conseguir la reanudación del tracto procesal".
Lo anteriormente expuesto sería razón suficiente para rechazar la alegada lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). No obstante, a mayor abundamiento hemos de añadir ahora que del examen de las actuaciones judiciales no se deduce la existencia de retrasos en la tramitación por el Juzgado del período probatorio que puedan calificarse como dilaciones indebidas con arreglo a nuestra consolidada doctrina.
STSJ Castilla-La Mancha 634/2011, 20 de Septiembre de 2011
SAP Barcelona 246/2018, 21 de Febrero de 2018
SAP Madrid, 20 de Noviembre de 2002

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