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Timestamp: 2019-10-23 08:26:38+00:00

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﻿ DECRETO 1290 DE ABRIL 22 DE 2008
DECRETO 1290 DE 22 DE ABRIL DE 2008
CONTENIDO:MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. CREA EL PROGRAMA DE REPARACIÓN INDIVIDUAL POR VÍA ADMINISTRATIVA PARA LAS VÍCTIMAS DE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, REPARACIÓN A LA VÍCTIMA POR VÍA ADMINISTRATIVA, PROGRAMA DE REPARACIÓN A LA VÍCTIMA POR VÍA ADMINISTRATIVA
“Por el cual se crea el Programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley”.
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015 artículo 3.1.1. y artículo 2.2.7.3.10 del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social )
(Nota: Derogado por el Decreto 4800 de 2011 artículo 297 del Ministerio de Justicia y del Derecho, salvo para efectos de lo dispuesto en el artículo 155 del mismo decreto)
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 189-11 de la Carta Política; los artículos 1º, 3º, 15, y 16 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006; el inciso final del parágrafo del artículo 54 y el numeral 56.3 del artículo 55 de la Ley 975 de 2005, y
Que según el artículo 2º de la Carta Fundamental son fines del Estado “... garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan...”;
Que la Convención americana sobre derechos humanos suscrita en San José de Costa Rica, en su artículo 2º dice: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1º no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”;
Que el Congreso de la República expidió la Ley 975 de 2005, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”;
Que el inciso 2º del artículo 2º de la Ley 975 señala que: “La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia”;
Que el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, define como víctimas a quienes hubieren sufrido daños directos de manera individual o colectiva, como “consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley”, “tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales” y “al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”;
Que la Corte Constitucional en su Sentencia C-370 de 2006 condicionó los incisos 2º y 5º del artículo 5º de la Ley 975 de 2005 “... en el entendido que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley”;
Que el artículo 8º de la Ley 975 señala: “El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición de las conductas”;
Que de acuerdo con el inciso 1º del artículo 15 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, “se entiende por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno. Son víctimas los desplazados en los términos del artículo 1º de la Ley 387 de 1997”.
Que el inciso 2º del artículo 42 de la Ley 975 del 25 de julio de 2005 de justicia y paz dispone: “igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del grupo armado ilegal beneficiario por las disposiciones de la presente ley, el tribunal directamente o por remisión de la unidad de fiscalía, ordenará la reparación a cargo del fondo de reparación”,
Que el artículo 44 de la Ley 975 de 2005 señala: “la reparación de las víctimas de la que trata la presente ley comporta los deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción”;
Que el inciso 1º del artículo 45 de la Ley 975 de 2005 dispone: “las víctimas de los grupos armados al margen de la ley pueden obtener reparación acudiendo al Tribunal Superior de Distrito Judicial, en relación con los hechos que sean de su conocimiento”;
Que el inciso 1º del artículo 16 del Decreto 3391 de 2006 establece: “Mecanismos para la reparación de las víctimas. Las víctimas de los delitos cometidos por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley a quienes se aplique la Ley 975 de 2005, tienen derecho a la reparación del daño sufrido. La reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición, y podrá tener carácter individual, colectiva o simbólica, según lo establecido en la Ley 975 de 2005. En consecuencia, el carácter integral de la reparación no se establecerá en función exclusiva de las acciones de naturaleza económica”;
Que el artículo 55 de la Ley 975 de 2005 establece que la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional -acción social, a través del fondo de que trata la citada ley, tendrá entre sus funciones la de (...): “56.3 Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya lugar”;
Que en la Sentencia C-370 de 2006, la honorable Corte Constitucional señaló: “Así, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos, en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a recursos del Estado para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas de los delitos”. Además, que “El Estado ingresa en esta secuencia solo en un papel residual para dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen derecho (L. 975/2005, art. 42, inc. 2º) y ante la eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes” (6.2.4.4.11 de la sentencia);
Programa de reparación individual por vía administrativa - principios rectores y definiciones
ART. 1º—Creación del programa. Créase un Programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, el cual estará a cargo de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social. Este programa tiene por objeto conceder un conjunto de medidas de reparaciones individuales a favor de las personas que con anterioridad a la expedición del presente decreto hubieren sufrido violación a sus derechos fundamentales por acción de los grupos armados organizados al margen de la ley a los que se refiere el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 975 de 2005.
ART. 2º—Definiciones. Para los efectos del presente programa se adoptan las siguientes definiciones:
Fondo para la reparación de las víctimas. El Fondo para la reparación de las víctimas al que se refiere este decreto, es la cuenta especial sin personería jurídica, adscrito a la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social, y cuyo ordenador del gasto es el director general de acción social.
ART. 3º—Principios rectores. El Programa para la reparación administrativa de las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, además de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, se regirá por los siguientes principios:
ART. 4º—Clases de medidas de reparación administrativa. Para los efectos del presente programa, el comité de reparaciones administrativas reconocerá y ordenará la ejecución, en cada caso particular, de las siguientes medidas de reparación, que serán de obligatorio cumplimiento por parte de los diferentes organismos del Estado:
PAR. 1º—Para la gradualidad en el pago de las indemnizaciones solidarias, la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social tendrá en cuenta lo que decida el comité de reparaciones administrativas, de manera motivada, en casos especiales en razón del grado de vulnerabilidad de las víctimas y la gravedad de los hechos.
PAR. 2º—La población desplazada recibirá las medidas de reparación contempladas en el presente decreto, sin perjuicio de las demás medidas establecidas en las normas vigentes sobre la materia.
ART. 5º—Indemnización solidaria. El Estado reconocerá y pagará directamente a las víctimas, o a los beneficiarios de que trata el presente decreto, a título de indemnización solidaria, de acuerdo con los derechos fundamentales violados, las siguientes sumas de dinero:
PAR. 1º—Los montos de indemnización solidaria previstos en salarios mínimos mensuales legales, serán los vigentes al momento del pago.
PAR. 2º—En caso de concurrir varias personas con derecho a la reparación, el monto de la indemnización solidaria se distribuirá así:
1. Una suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor previsto para la respectiva violación para el cónyuge o compañero/a permanente, y el otro cincuenta por ciento (50%) para los hijos.
2. A falta de cónyuge o compañero/a permanente, el cincuenta por ciento (50%) para los hijos, y el otro cincuenta por ciento (50%) para los padres.
PAR. 3º—Del valor de la indemnización solidaria se descontarán las sumas de dinero que la víctima haya recibido de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional -acción social, o de otra entidad del Estado que constituya reparación.
PAR. 4º—En caso de que respecto a la misma víctima concurra más de una violación, tendrá derecho a que estas se acumulen hasta un tope no mayor de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales.
PAR. 5º—La indemnización solidaria prevista en el presente artículo para quienes hayan sido víctimas del delito de desplazamiento forzado, se entregará por núcleo familiar, y se reconocerá y pagará a través de Fonvivienda, con bolsa preferencial, con la posibilidad de acceder al mismo en cualquier parte del territorio nacional para vivienda nueva o usada, con prioridad en el tiempo frente al programa de interés social, atendiendo por lo menos un cupo anual de treinta mil familias, y se reconocerá a quienes no hubieren sido incluidos en anteriores programas por la misma causa.
PAR. 6º—La población desplazada tendrá derecho a las medidas de reparación por las otras violaciones de que fueren víctimas, sin exceder los topes previstos en el presente decreto.
ART. 6º—Restitución. El comité de reparaciones administrativas dispondrá, cuando ello fuere posible, las acciones que permitan a la víctima regresar a la situación anterior a la comisión del delito.
PAR.—Las medidas consistentes en restitución de tierras se regirán por las normas aplicables a esa materia.
ART. 7º—Rehabilitación. El Estado, a través de este programa, prestará a las víctimas que lo requieran asistencia para su recuperación de traumas físicos y psicológicos sufridos como consecuencia del tipo de victimización de que trata este decreto.
ART. 8º—Medidas de satisfacción. Sin perjuicio de lo previsto por el parágrafo 1º del artículo 4º del presente decreto, el comité de reparaciones administrativas adoptará alguna o algunas de las siguientes medidas de satisfacción en beneficio de las víctimas o beneficiarios:
b) Efectuar las publicaciones a que haya lugar relacionadas con el literal anterior, a través de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social;
c) Realización de actos conmemorativos, a través de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social;
d) Otorgamiento de condecoraciones y otros reconocimientos públicos, a través de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social,
e) Realización de homenajes públicos, a través de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social;
f) Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y reconciliación, a través de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social;
g) Difusión pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho que la victimizó, siempre que no provoque más daños innecesarios ni genere peligros de seguridad, a través de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional -acción social;
j) Difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hechas por los victimarios, a través de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social.
PAR.—Para la aplicación de las medidas de satisfacción a que se refieren los literales anteriores, se deberá contar con el consentimiento de las víctimas.
ART. 9º—Garantías de no repetición de las conductas delictivas. El Gobierno Nacional pondrá en ejecución acciones encaminadas a prevenir que las conductas violatorias a los derechos fundamentales se repitan.
ART. 10.—Programas para el cumplimiento de las medidas de reparación. Para la implementación de las medidas de reparación, se tendrán en cuenta, en cuanto fueren compatibles, los programas de los diferentes organismos del Estado.
Los organismos del Estado informarán a la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social, en forma individual, sobre las medidas de reparación otorgadas, indicando la descripción de las medidas y el beneficiario de las mismas.
ART. 11.—Derechos no incluidos. El reconocimiento de las medidas de reparación a las que se refiere el presente programa, no excluye aquellas que solo fuere posible tramitar por la vía judicial, de modo que la víctima podrá acudir para estos efectos ante la autoridad judicial respectiva.
ART. 12.—Deducciones. En caso que el Estado ingrese en la secuencia de reparación en un papel subsidiario o residual para dar cobertura a los derechos de las víctimas, el fondo para la reparación de las víctimas deducirá del valor decretado judicialmente, llevado a su valor actual, la reparación que hubiere otorgado en virtud del presente programa y que fuere susceptible de valoración económica.
De lo anterior, se informará a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial que sea competente para emitir la respectiva sentencia condenatoria.
ART. 13.—Subrogación y repetición. En los casos en que se otorgue la reparación individual por vía administrativa, el Estado se subrogará en el monto de las medidas de reparación que hubiere reconocido en beneficio de las víctimas, y tendrá derecho a repetir contra los victimarios por dichas sumas de dinero debidamente indexadas.
ART. 14.—Gradualidad de las indemnizaciones. Las indemnizaciones a que se refiere el presente decreto se ejecutarán por períodos anuales a más tardar dentro de los diez (10) años siguientes a la fecha de la respectiva aprobación por parte del comité de reparaciones administrativas.
ART. 15.—Comité de reparaciones administrativas. El otorgamiento de las medidas de reparación a las que se refiere el presente programa, estará a cargo de la Comisión nacional de reparación y reconciliación, a través de un comité de reparaciones administrativas, cuya sede principal estará ubicada en la ciudad de Bogotá.
ART. 16.—Composición del comité de reparaciones administrativas. El comité de reparaciones administrativas estará integrado por los siguientes miembros de la Comisión nacional de reparación y reconciliación:
b) El director de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social o su delegado, quien hará las veces de secretario técnico;
PAR. 1º—Las decisiones del comité de reparaciones administrativas serán adoptadas por mayoría simple, constarán en actas y serán firmadas por el presidente y el secretario técnico, y contra las mismas únicamente procederá el recurso de reposición.
PAR. 2º—El Defensor del Pueblo y el Procurador General de la Nación, o sus delegados, cuando lo consideren pertinente, podrán asistir con voz pero sin voto a las deliberaciones del comité de reparaciones administrativas.
PAR. 3º—Para ejercer la veeduría al presente programa, se podrá, en criterio de la Comisión nacional de reparación y reconciliación, invitar a algún organismo de reconocida solvencia nacional o internacional, en cuyo caso podrá intervenir en todo momento en su implementación y seguimiento.
ART. 17.—Funciones del comité de reparaciones administrativas. El comité de reparaciones administrativas tendrá las siguientes funciones indelegables:
a) Decidir, para los efectos del presente programa, sobre el reconocimiento de la calidad de víctimas y beneficiarios de los solicitantes y las medidas de reparación que se otorgarán en cada caso particular, con base en el estudio técnico y las recomendaciones elaboradas por la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social;
ART. 18.—Conpes para ejecución y seguimiento de las medidas de reparación. El Gobierno Nacional expedirá un documento Conpes para establecer y especificar las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición; asegurar la ejecución y hacerle seguimiento a las medidas de reparación a que se refiere el presente decreto y determinar los responsables de la implementación de cada una de estas medidas.
ART. 19.—Secretaría técnica. La agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social, será la entidad encargada de recibir y tramitar las solicitudes de reparación; presentar al comité de reparaciones administrativas el estudio técnico sobre la acreditación de la calidad de víctimas de los solicitantes, y ejecutar las medidas de reparación que se recomienden en cada caso.
La agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social, cuando lo considere necesario, suscribirá los convenios con las entidades públicas o privadas para la aplicación e implementación de las medidas de reparación.
ART. 20.—Iniciación del procedimiento. El procedimiento para obtener la reparación administrativa individual de que trata el presente programa, se iniciará con la solicitud de reparación.
ART. 21.—Solicitud de reparación. Los interesados en la reparación individual por vía administrativa deberán diligenciar, bajo la gravedad del juramento, una solicitud con destino al comité de reparaciones administrativas, en un formulario debidamente impreso y distribuido por la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social.
PAR. 1º—Una vez diligenciada la solicitud, quien la reciba, deberá remitirla de manera inmediata o a más tardar al día siguiente, y por la vía más expedita posible a la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social. Copia de la misma se entregará en el acto al interesado con indicación del día y la hora de su diligenciamiento.
PAR 2º—La remisión de las solicitudes estará a cargo de las entidades que las recepcionen.
PAR. 3º—La agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social, presentará mensualmente un informe con destino al comité de reparaciones administrativas sobre las solicitudes de reparación recibidas.
ART. 22.—Formato para solicitar la reparación administrativa. El comité de reparaciones administrativas definirá los datos que deberán suministrar las víctimas o sus beneficiarios al momento de formular la solicitud de reparación por vía administrativa.
ART. 23.—Acreditación de la calidad de víctima. A partir del recibo de la solicitud, la identificación de la verificación de la información suministrada por las víctimas o los beneficiarios y su acreditación, estará a cargo de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social.
La agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social, someterá a la aprobación del comité de reparaciones administrativas la decisión y las medidas de reparación que se recomienden en cada caso, junto con el informe sobre las fuentes que fueron tenidas en cuenta para la verificación de la solicitud.
ART. 24.—Criterios para reconocer la calidad de víctima. Corresponde a la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social a copiar la información y documentación necesaria para el reconocimiento del solicitante como víctima de los grupos armados organizados al margen de la ley.
• La inclusión de las víctimas en algunas de las siguientes bases de datos: agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social; Fiscalía General de la Nación; Procuraduría General de la Nación; Defensoría del Pueblo; dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior y de Justicia; Ministerio de la Protección Social; Policía Nacional; Departamento Administrativo de Seguridad; Fuerza Pública; Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; Organización Internacional para las Migraciones; Programa de la Vicepresidencia de la República de derechos humanos y derecho internacional humanitario y el Programa presidencial para la acción integral contra las minas antipersonas.
PAR.—La enumeración que se hace en el presente artículo es meramente enunciativa.
ART. 25.—Entrevista. La agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social, cuando lo considere necesario, entrevistará personalmente a los solicitantes de la reparación, quienes para facilitar el trámite podrán aportar las pruebas que tengan en su poder para acreditar la calidad de víctima o de beneficiario.
La entrevista se deberá realizar en el lugar de residencia del solicitante, sin perjuicio de que este solicite que se efectué en otro lugar, o en la sede de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social.
ART. 26.—Fuentes. Para la calificación y acreditación de la calidad de víctima o de beneficiario, y la recomendación de las medidas de reparación, la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social, deberá respaldar el informe respectivo en alguno o algunos de los siguientes medios de convicción:
ART. 27.—Término para resolver la solicitud. El comité de reparaciones administrativas deberá resolver la solicitud de reparación en el orden de recepción, para lo cual contará con un término no mayor de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud ante la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social.
ART. 28.—Registro de reparaciones administrativas. Con el fin de contribuir a la construcción y conservación de la memoria histórica, el comité de reparaciones administrativas, a través de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social, llevará un registro de las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley que hubieren sido beneficiarios de reparación, y de las medidas de reparaciones otorgadas.
ART. 29.—Exclusión del programa. Si con posterioridad al reconocimiento de la reparación administrativa se demostrare que la persona no tenía la calidad de víctima o de beneficiario, o lo hubiere acreditado de manera engañosa o fraudulenta, el comité de reparaciones administrativas revocará las medidas otorgadas, solicitará el reintegro de los recursos que hubiere reconocido y entregado por este concepto y compulsará copias a la autoridad competente para la investigación a que haya lugar.
ART. 30.—Implementación, ejecución y pago de la reparación. El pago de la indemnización solidaria y la implementación de las medidas de reparación que no sean competencia de otras entidades, estarán a cargo de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional - acción social.
ART. 31.—Responsabilidad. Los funcionarios que de manera injustificada retarden u omitan el trámite o la decisión de las solicitudes que les corresponda para el cumplimiento del presente programa, estarán sujetos a las sanciones previstas en el Código Disciplinario Único.
ART. 32.—Límite para presentar la solicitud. La solicitud de reparación por vía administrativa deberá presentarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de la expedición del presente decreto.
PAR.—En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impidan a la víctima o al beneficiario presentar oportunamente la solicitud, el término a que se refiere la presente disposición deberá contarse a partir del momento en que cesen los hechos que dieron lugar a la fuerza mayor o al caso fortuito.
ART. 33.—Recursos presupuestales. El Gobierno Nacional asignará los recursos financieros y administrativos necesarios para la ejecución de este programa, teniendo en cuenta el principio de gradualidad.
ART. 34.—Asistencia legal a las víctimas. La Defensoría del Pueblo y la Comisión nacional de reparación y reconciliación, serán los organismos encargados de ofrecer asesoría a las víctimas y a sus beneficiarios para los efectos del presente programa.
ART. 35.—Participación de las entidades territoriales. El comité de reparaciones administrativas podrá delegar o implementar la aplicación de algunas medidas de reparación, a través de las entidades territoriales del nivel departamental, distrital o municipal, o entidades públicas del mismo orden, cuando estas deseen participar con sus propios recursos fiscales, para lo cual se podrán suscribir convenios interinstitucionales.
ART. 36.—Difusión. La difusión del programa de reparaciones por la vía administrativa será coordinada por el comité de coordinación interinstitucional de justicia y paz, y estará a cargo de todas las entidades que lo conforman.
ART. 37.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

References: artículo 3
 artículo 2
 artículo 297
 artículo 155
 artículo 189
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 16
 artículo 55
 artículo 1
 artículo 209
 artículo 4