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Timestamp: 2018-09-24 19:01:06+00:00

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Acuerdo y Sentencia 46/2018 Tribunal de Cuentas 1ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 1ª SALA Nº 46/18
JUICIO: "LILIAN ANDRESA ESQUIVEL C/ RES. P. N° 63 DE FECHA 31/08/2015 Y RES. DENEGATORIA TÁCITA DICT. POR EL VICE MINISTERIO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" (EXPTE. N° 697, FOLIO 1, AÑO 2015).
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y nueve días del mes de mayo del año dos mil diez y ocho, estando presentes los Excelentísimos Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, RODRIGO A. ESCOBAR E., MARTIN AVALOS VALDEZ y ROLANDO OJEDA, Miembro del Tribunal de Cuentas Segunda Sala, quien interina al Dr. Amado Verón Duarte, en virtud a la Resolución N° 779 de fecha 26/04/2018, del Consejo en Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la Presidencia del Primero de los Nombrados, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba a objeto de resolver el juicio contencioso administrativo caratulado: "LILIAN ANDRESA ESQUIVEL C/ RES. P. N° 63 DE FECHA 31/08/2015 Y RES. DENEGATORIA TÁCITA DICT. POR EL VICE MINISTERIO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA".
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: RODRIGO A. ESCOBAR E., ROLANDO OJEDA Y MARTIN AVALOS VALDEZ.
Y EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, RODRIGO A. ESCOBAR E., DIJO: Que, en fecha 3 de noviembre de 2015, se presenta Lilian Andresa Esquivel, por derecho propio y bajo patrocinio, a promover demanda contencioso administrativa. Funda la demanda en los siguientes términos: "... HECHOS: A más, que la sanción impuesta No se ajusta a derecho, la Resolución N° 63 es NULA, ya que el dictamento se ha producido luego de haber vencido todo plazo legal de duración de un proceso sumarial administrativo, como también se han violado etapas que hacen al debido proceso que causan la nulidad absoluta del proceso sumarial y toda consecuencia o fruto del mismo. Es así, que antes de entrar a tocar y refutar los supuestos fundamentos utilizados para sancionarme injustamente, paso a demostrar que el sumario administrativo instruido a mi persona y dicta miento del acto administrativo (resolución n° 63) se ha prolongado por más del tiempo permitido por ley, en total contravención a lo establecido en la Ley N° 125 y en la Constitución Nacional en su Art. 17 inc. Numeral 11"...El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley..." Que, dicha situación no puede ser pasada, como si fuera nada, ya que los plazos procesales son de orden público y constituyen parte del debido proceso que hace al derecho a la defensa, que debe ser observado y respetado en todo tipo de proceso del cual una persona pudiera ser sancionada, en consecuencia el dictamiento de resoluciones fuera de los plazos establecidos por ley acarrea de manera indudable la nulidad del mismo y cualquier tipo de resultado o consecuencia que trae aparejado su dictamiento. Es más, en estos tipos se sumarios donde la Administración Tributaria funge tanto el rol de investigador o acusador y al mismo tiempo de Juez, deben ser puntillosamente respetados todos los derechos que le asisten a un ciudadano. Que, en ese sentido, en el procedimiento para aplicación de sanciones de conformidad al Art. 225 de la LEY N° 125,No se han aplicados ni respetados los plazos establecidos, ya que por JI N° 53 del 29/01/2015,se dispuso la instrucción del sumario a mi persona y el Art. 11 y 14 de la Resolución General N° 20 (por el cual se reglamenta el artículo 33° de la ley n° 2421 del 5 de julio de 2004 "de reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal" y se crea el registro de auditores externos impositivos) establece que la Viceministra de Tributación tiene la potestad sancionadora y para la misma estará sometida al procedimiento previsto en el artículo 225 de la Ley 125 , es decir es la que tiene que dictar el acto administrativo dentro del plazo establecido en el numeral 8 del Art. 225 de la Ley 125, En ese sentido el acto administrativo fue dictado en fecha 31 de Agosto del año 2015, fuera de todo plazo legal establecido por lev, consecuentemente dicha violación procesal también tiene que tener una sanción por parte de la ley, NO puede ser que exista tanta desproporcionalidad, ya que en caso de que el sumariado no ejerza su derecho o recurra una resolución dentro del plazo establecido por la Ley N° 125, automáticamente percibe una sanción, esta circunstancia podrá ser examinada y corroborada por el Tribunal de Cuentas una ves remitido todos los antecedentes que deben obrar en la Sub Secretaria de Estado de Tributación en los sumario caratulado "departamento de auditoria fti c/ LILIAN ANDRESA ESQUIVEL S/ INFORME DA. FT1 N° 28 DEL 30/09/2014, REFERENTE A LA AUDITORIA IMPOSITIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL Año 2010 REALIZADA A LA FIRMA STRONG S.A.. También Otra punto, que demuestra la nulidad del proceso sumarial, es que durante el procedimiento no fueron cumplidos ni respetados las etapas esenciales que hacen al debido proceso y a la defensa en juicio, teniendo en cuenta que No se ha procedido a recibir la causa a prueba, habiendo mi parte manifestado en tiempo y forma disconformidad con las imputaciones y ofreciendo pruebas a ser diligenciados que hacían a mis derechos, que fue obviado olímpicamente, por lo que a más de haberse violado disposiciones establecidas en el Art. 225 de la Ley 125/92, también se ha infringido mi derecho constitucional a la defensa en juicio, al no haberse producidos mis pruebas de descargos, lo que conlleva que las actuaciones llevadas en el procedimiento sean NULAS al no respetarse el debido proceso que hace al derecho a la defensa de producir mis pruebas ofrecidas oportunamente y con ello se probaría que mi parte No ha infringido ninguna obligación en el ejercicio de mis funciones como auditora externa. Esta situación también evidencia nuevamente que el sumario se ha prolongado por más del tiempo de ley, teniendo en cuenta que no se abrió el periodo probatorio que establece 15 días, tampoco ha dado oportunidad para la presentación de los alegatos de bien probado (10 días), por lo que dichos plazos no deben ser computados y el proceso sumarial debió culminar mucho antes, sin embargo la Administración Tributaria -dicta resolución. Luego, de aproximadamente 7 meses de haberse instruido el sumario a mi persona.- Que, en consecuencia el proceso sumarial y su consecuencia Resolución N° 63 de fecha 31 de Agosto es Nula, primero porque el sumaria de prolongo por más del tiempo establecido por ley y el acto administrativo fue dictado fuera del termino de ley y en segunda porque es producto de un procedimiento donde no fueron respetados las etapas del debido procesa que igualmente acarrea la nulidad de todas las actuaciones y frutos que sean consecuencias del mismo, por lo que corresponde que el Tribunal de Cuentas en uso de sus facultades Revocado la Resolución dictada por la Viceministra de Tributación por así corresponder y ajustarse a derecho. Que, con relación a los fundamentos de la Resolución N° 63 de fecha 31 de Agosto, vemos que la sanción impuesta a mi parte.
No se ajusta a la realidad, ya que mi conducta de ninguna manera puede ser considerada como infracción grave, conforme lo establece el Art. 12 Numeral N° 2 de la Resolución General N° 20, ya que NO se ha fundamentado, ni expresado y muchos menos valorado en base a qué criterio se me aplico dicha sanción, en ese sentido la Administración Tributarla, no determino con ninguna precisión (FALTA DE CERTEZA) la importancia de la infracción, tampoco ha acredito por ningún tipo de medio probatorio que existió algún tipo de perjuicio o daño a la Administración Tributaría y muchos menos que sea grave, No fue determinado el elemento subjetivo del dolo, que presupone la INTENCIÓN de querer infringir algún norma de trabajo, No se ha tenido en cuenta mis pruebas de descargos, donde mi parte ha explicado detalladamente lo ocurrido, ha colaborado activamente con la administración tributaria, No ha ocultado ningún tipo de documentación, no ha producido defraudación y muchos perjuicio de ningún índole al fisco, por lo que NO puede ser calificado como infracción grave, un hecho que mi parte No ha provocado. La Resolución Particular N° 63 en forma difusa y valiéndose de trascripciones de Dictámenes me sanciona, pero NO determina en ningún momento como; y en qué momento y con qué hechos mi parte incursa mi conducta para ser considera infracción grave, la recurrida carece de todo fundamento serio, FUNDAMENTAR implica la base sobre la que se estriba el derecho, la razón principal y motivo último en que se asienta, se afianza y asegura la norma que se pretende sustentar. En este punto la Administración Tributaria me sanciona a la suspensión en el registro por dos años, SIN EXPRESAR CUALES SON LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO MOTIVAN para considerar que mi conducta puede ser considera como infracción grave. Que, la sanción impuesta por medio de la recurrida se ha basado UNICA Y EXCLUSIVAMENTE, porque supuestamente mi parte NO contaba con los papeles de trabajo que sustentaron la auditoría realizada a la firma Strong S.A., pero NO ha tenido en cuenta que el trabajo realizado a la firma Strong S.A., fue del periodo 2010. donde aún No existía un formato a ser utilizado para la presentación de los informes, tampoco la circunstancia que la empresa auditada, donde nos encontrábamos trabajando, fue allanada por el Ministerio Publico de donde fue incautado documentación y soporte informático utilizado para la elaboración del trabajo, como mi parte va ser sancionado por el hecho de no contar con toda la documentación, si dichas documentaciones fueron incautadas por el Ministerio Publico en ocasión de llevarse a cabo un Allanamiento en el local de la empresa Strong S.A., ínterin u ocasión que mi parte estaba realizando la auditoria en el local de dicha empresa, con relación a la circularización a proveedores se realizó desde los computadores o equipo informático de la empresa STRONG, aclaro nuevamente que no pudimos obtener las copias porque justamente en dicho momento se procedió a la incautación de todos los equipos informáticos de la empresa, hecho del cual mi parte No puede ser responsable y muchos menos sancionado con la suspensión de mi registro por dos periodos, por no contar con documentaciones que fueran incautadas por el Ministerio Publico. Excmo. Tribunal de Cuentas la Administración Tributaria debe actuar y dictar sus resoluciones con criterio objetivo, ya que mi parte ha explicado de manera fundada del porque No se contaba con alguna de las documentaciones requeridas, la administración tributaria no se dignó a diligenciar e investigar si efectivamente el Ministerio Publico ha incautado documentaciones de la empresa STRONG S.A., la administración Tributaria debió de solicitar la colaboración del Ministerio Publico para la obtención de las documentaciones faltantes. En consecuencia mi parte contaba con los papeles de trabajo que sustentaron la auditoría realizada a la firma STRONG S.A., que fueron entregadas en tiempo y forma a la Administración Tributaria y el trabajo de revisión y verificación de los registros contables del periodo 2010, que comprende el Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Determinación de la Utilidad Comercial por el Régimen Fiscal y los Impuestos a la Renta fue efectuado de acuerdo a las normas de auditoria conforme a los requerimientos establecidos en el Art. 33 de la Ley N° 2421/04 y sus reglamentaciones, donde inclusive en mi Dictamen he recomendado la rectificación de declaraciones juradas de la empresa, ahora bien me pregunto cuál es mi infracción grave?., el hecho de contar con la circularización?... de tal circunstancia mi parte- NO puede de ninguna manera ser responsable, ya que los mismos se encontraban en los equipos informáticos de la Strong S.A., que fueron incautados por el Ministerio Publico en el marco de una investigación penal. En definitiva la Administración Tributaria pareciera que de cualquier modo y a cualquier precio pretende sancionarme, buscando y creando cualquier tipo de motivo para ello, por lo que requiero del Tribunal de Cuentas REVOQUE LA RESOLUCIÓN particular N° 63 de fecha 31 de Agosto del año 2015, ya que la misma No se ajusta a la realidad y me ocasionaría tremendo perjuicio de suspenderme por dos periodos fiscales sin existir motivos graves y valederos como para hacerlo, es más mi parte es una de las personas que más empresas a auditado y JAMAS ha tenido problema de ningún índole siempre ha actuado con responsabilidad y probidad respetando todas las normas requeridas y establecidas para la realización de los trabajadores como auditara externa, por lo que haciendo simple lógica, de ninguna manera puede ser incursado mi conducta como infracción grave, ya que lo repito nuevamente. No he ocultado información alguna, No se ha evadido impuesto alguno y muchos menos ha existido perjuicio patrimonial para el fisco...".
Que, en fecha 30 de junio de 2016, se presenta el abogado Fiscal Walter Canclini, bajo patrocinio del Abogado del Tesoro Angel Fernando Benavente, en nombre y representación del Ministerio de hacienda, a contestar la demanda. Funda la contestación en los siguientes términos: "... En primer tugar corresponde destacar que la Administración Tributaria - Subsecretaría de Estado de Tributación- ha llevado a cabo una fiscalización puntual a la firma STRONG S.A., con RUC N° 80029081-0. Luego, ante hechos irregulares de la empresa STRONG S.A. detectados durante el proceso de fiscalización, se solicita a la Auditora Externa LILIAN ANDRESA ESQUIVEL (actual demandante), las documentaciones relacionados a los trabajos de Auditoría Externa elaborado por la misma, específicamente lo siguiente: a)Papeles de trabajo relacionados a los trabajos de auditoría impositiva realizados a la firma mencionada; b)Las respuestas que obtuvo sobre la circularización hecha a los principales proveedores correspondientes al ejercicio fiscal 2010,c) Método de cálculo de la muestra utilizada en el proceso de la auditoría y que sirviera como elemento de respaldo de su dictamen impositivo correspondiente al ejercicio fiscal 2010. Como VV.SS. saben, la Auditoria Externa Impositiva autorizada por la citada Ley 2421/04, consiste en un examen crítico, sistemático y detallado de los estados contables y documentaciones tributarias del contribuyente, realizado por un Contador Público (sin vínculos laborales con la misma), utilizando técnicas determinadas establecidas en la reglamentación dictada por la Sub- Secretaría de Estado de Tributación, con el objeto de emitir una opinión independiente sobre sus estados contables y condición impositiva, en un determinado periodo fiscal. Este "dictamen técnico de auditoría externa impositiva" tiene trascendencia principal en el actual sistema tributario, ya que da plena validez a la información generada por el sistema a consecuencia de las declaraciones de los contribuyentes. Ello puesto que se produce bajo la figura de la Fe Pública, que obliga a los mismos a tener plena credibilidad en la información examinada. Tiene por objetivo y finalidad averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados, expedientes y documentos y toda aquella información producida por los sistemas de la organización, de directa vinculación e implicancia operativa respecto de las declaraciones y presentaciones realizadas por la empresa o contribuyente ante la Sub-Secretaría de Estado de Tributación. "...Realizar una auditoría externa impositiva implica examinara fondo el valor de los bienes, mercaderías, activos fijos, cuentas a cobrar y todos los demás rubros o partidas componentes de los estados financieros; verificar que esas partidas existan, sean propiedad u obligación de la empresa, que se hayan reconocido oportunamente los ingresos y gastos, y que no se haya omitido ninguno de ellos en la presentación de la información financiera. Es sabido que la amplia gama de transacciones derivadas de la modificación o transformación de los elementos patrimoniales citados, genera la renta o utilidad, con lo cual se configuran los actos gravados por los distintos impuestos. Es por eso que recién después de realizar todo el proceso de la auditoría o simultáneamente con él, el auditor deberá revisar el tema impositivo; las partidas deducibles o no; la oportunidad del pago y la cuantía de los impuestos retenidos e ingresados al fisco. Para llevar a cabo esta labor, es imprescindible que el auditor revise los estados financieros completos. Para esto, claro está, debe ser un profesional altamente calificado, con suficiente formación técnica en esta especialidad, pero también con muchos años de experiencia en la práctica de la auditoría independiente, ya que es imposible que un contador se convierta en auditor de la noche a la mañana, de la misma manera que un pedíatra o un traumatólogo no se convertirá en cirujano cardiovascular, por el sólo hecho de haber ejercido por muchos años una de esas especialidades. Un contador recién recibido, o un funcionario público jubilado que trabajó toda su vida, por ejemplo, en la Subsecretaría de Tributación, pero sin experiencia en esta labor, no podrá nunca ser buen auditor independiente...". (ABC color; 29 de junio de 2.016). En ese sentido, véase que la Resolución Particular No. 63/2.015 aclara que la actora, justificó su conducta irregular durante el proceso de elaboración del dictamen de la firma Strong S.A., señalando que "...luego de finalizada la auditoría solicitó a la empresa Strong S.A. una copia de todo lo verificado, pero no pudo obtenerlos debido al allanamiento realizado por el Ministerio Público de los documentos contables y equipos informáticos de dicha firma... Según el referido informe DA.FT1 No. 28/14, la auditora externa LILIAN ANDRES ESQUIVEL no presentó todos los papeles de trabajo relacionados con la Auditoría realizada a la firma Strong S.A., hallándose consecuentemente en supuesta infracción prevista en los Arts. 8° y 9° de la Resolución General No. 20/2008, considerando que tenía la obligación de conservar por un plazo de 5 años la documentación de respaldo de la auditoría realizada, incluidos los papeles de trabajo, así como la de presentarlos cuando la administración los requiera..." Cabe consignar en este punto que la Resolución General No. 20/2008, en los Arts. 8° y 9° imponen como deber del auditor la obligación de conservar la documentación de cada auditoría, incluido los papeles de trabajo por el plazo de 5 años y de proveerlos a la Administración previo requerimiento por escrito. Igualmente, como V.S. saben, el Art. 10° de la citada Resolución General determinan la obligación de aplicar a las tareas de auditoría impositiva, las normas de auditoría emitidas por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay, la Comisión Nacional de Valores y las Normas de Auditoría emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Luego señala el acto administrativo protestado que "...Conforme a los documentos presentados por la auditora externa se pudo comprobar que la misma no dio cumplimiento a las referidas normas de auditoria, atendiendo que solo presentó como respaldo de su trabajo, los documentos del contribuyente auditado, tales como Declaraciones Juradas, Balance Impositivo, Libro de Ventas y Libro Mayor, en los cuales no se evidencia marca o referencia alguna de auditoría, por lo que los mismos ni siquiera pueden considerarse como papeles de trabajo. Al respecto es importante mencionar que según las normas que rigen la auditoría externa, los papeles de trabajo o la documentación de auditoría tienen por objeto servir de "a) evidencia sobre las bases que el auditor utilizó para emitir una conclusión sobre el logro de los objetivos generales del auditor, y b) evidencia de que la auditoría se planeó y realizó de acuerdo con las NIA y los requisitos aplicables a aspectos legales y de regulación."... lo que en el caso particular no ocurre tal como la propia auditora lo reconoce, ya que según la misma ni siquiera estaban en su poderlos supuestos papeles de trabajo...". Aclaramos en este punto que la actora, Lilian Andresa Esquive!, tampoco tiene constancia o pruebas de haber realizado el procedimiento de "circularización a los proveedores"; todo ello al contrario a lo establecido en las normas reglamentarias precitadas (Art. 10°, Reglamento General No. 20/08). Se recuerda asimismo a V.S. que los auditores externos son PERSONALMENTE RESPONSABLES DEL RESULTADO DEL SERVICIO PRESTADO. Ello a tenor de lo establecido en el Art. 33° de la Ley 2.421/04 "De reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal", que textualmente dispone: "Los contribuyentes con una facturación anual igual o superior a G. 6.000.000.000 (Guaraníes seis mil millones), deberán contar con dictamen impositivo de una auditoría externa, el cual deberá estar reglamentado por la Subsecretaría de Estado de Tributación. Dicho monto podrá actualizarse anualmente por parte de la Administración Tributaria, en función del porcentaje de variación del índice de Precios al Consumo que se produzca en el período de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada año civil, de acuerdo con la información que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o el organismo oficial competente. Adicionalmente, la Subsecretaría de Estado de Tributación podrá establecer opcionalmente para todos o parte de los contribuyentes de una misma categoría la posibilidad de contratar una auditoría impositiva anual que será realizada por empresas o personas físicas del sector privado especializadas en el ramo, cuyo costo estará a cargo del contribuyente, con cargo a remitir el informe a la Administración Tributaria. A los efectos del presente artículo para las auditorías de balances y cuadro de resultados, estado de origen y aplicación de fondos, estado de evolución del patrimonio neto para fines de auditoría establecidos en este artículo, la Subsecretaría de Estado de Tributación creará un Registro de Auditores Externos que estarán habilitados para efectuar esta tarea y establecerá las normas técnica- contables a las cuales deberán ajustarse los informes, los criterios a ser tenidos en cuenta, así como los datos y requisitos que deberá contener el informe de la auditoría. Los profesionales mencionados precedentemente serán directamente responsables del resultado del servicio prestado, así como de las que derivan del mal desempeño o del incumplimiento de las obligaciones a su cargo...".
Que, a fojas 88 de autos, consta el A.I. N° 745, fecha 13 de julio del 2016, donde se declara la competencia del Tribunal para entender en el presente juicio y existiendo hechos que probar, recibirla causa a prueba por todo el término de ley.
Que, a fojas 106 de autos, consta el informe del Actuario, de fecha 28 de junio de 2.017, donde el Tribunal de Cuentas Primera Sala, llama AUTOS PARA SENTENCIA.
Y EL EXCMO. MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, DR. RODRIGO A. ESCOBAR E., QUE: las constancias de autos, escrito de demanda, contestación y los antecedentes administrativos agregados a los autos, habiendo quedado trabada la relación procesal en la forma descripta más arriba, y estando firme la providencia de fecha 28 de junio del año 2017, por la cual se llamó Autos para Sentencia (fs. 106), corresponde entrar a examinar el fondo de la cuestión y resolver según lo alegado y probado, conforme los fundamentos que siguen.
QUE, analizadas las constancias de autos escrito de demanda, y los antecedentes agregados a los autos, encontramos que la parte actora recurrió el siguiente actos administrativo: Resolución N° 63 de fecha 31 de Agosto del 2015 dictada por la Viceministra de Tributación y la denegatoria tacita de la misma, en cuya virtud, se resuelve sancionar a la auditora externa Lilian Andresa Esquivel con la suspensión en el registro por dos ejercicios fiscales, conforme lo establecido en el numeral 3, art. 21 de la Resolución General N° 29/2014.
QUE, en este estado de cosas, vemos que la Administración no ha actuado dentro de las facultades legales previstas en la Constitución, por lo que del análisis que ha realizado esta Magistratura, surge que se han violado los Principios de Legalidad, Defensa en Juicio y Debido Proceso para con la accionante. Así pues, por JI N° 53 del 29 de enero del 2015 se dispone la instrucción del sumario administrativo correspondiente, el cual culmina en fecha 31 de agosto de 2015, observándose que el acto administrativo culmino fuera del plazo establecido por Ley. Anterior a estos hechos el Ente demandado, en cumplimiento a las atribuciones que la Ley le concede, había solicitado a la accionante la presentación de documentos de trabajo relacionados a la auditoría externa impositiva practicada a la firma STRONG S.A correspondiente al ejercicio fiscal 2010, sin embargo, argumenta que dicha notificación no fue entregada por imposibilidad de localizar a la auditora, lo que dio lugar al bloqueo del RUC de la misma; desde este punto se puede afirmar que la Administración se ha extralimitado en sus funciones ya que la SET contempla el sistema de notificación vía correo electrónico registrado en esa dependencia, a más de ello la Resolución General N° 102 del 13 de junio define como COMUNICACIÓN a todo medio a través de la cual la administración Tributaria notifica o informa a una o más personas, actos administrativos o temas impositivos de su competencia.
Es importante mencionar además que la auditora externa, Lilian Andresa Esquivel ha acreditado el permanente cumplimiento de sus obligaciones tributarias, presentando los documentos que le sirvieron para la realización de su labor, justificando incluso con copias, puesto que la firma auditada fue posteriormente allanada y en lo que respecta al evento investigado por el Ministerio Publico a la empresa STRONG S.A, la Administración no puede forzar a la accionante a resguardar documentaciones e informaciones dentro de una investigación penal sin que esto no se considere como obstrucción a la investigación correspondiente.
Que, el principio de Legalidad se basa en la exigencia de que la actuación de la Administración se realice de conformidad con el ordenamiento positivo. El principio de legalidad se traduce en la exigencia de que el accionar de la Administración se realice de acuerdo con las normas y valores del sistema jurídico, como forma de garantizar que los organismos del Estado actúen de acuerdo a la finalidad del bien común para la que fueron creados. El equilibrio al que deben propender las relaciones entre el particular Administrado y la Administración Pública requiere un justo y eficaz sistema de garantías que compensen la situación de desigualdad en la que se encuentra el particular frente al Estado. El fundamento de este sistema de garantías es la realización de la justicia distributiva del bien común - libertad, igualdad, etc.- entre los particulares. La sujeción de la Administración a la ley constituye uno de los principios capitales del Estado de Derecho. El nacimiento del Principio de legalidad se debe al pensamiento revolucionario de 1789, que, al modificar la concepción del antiguo régimen, estableció, en sus últimas consecuencias, que la Administración Pública no deriva de la emanación personal del soberano, amo que se origina en una creación abierta del derecho y que, a su vez, se encuentra sometida a una legalidad objetiva, que puede ser invocada por los particulares mediante un sistema de recursos y acciones que se transforman en una haz de derechos subjetivos públicos (TOMAS HUTCHINSON "REGIMEN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" editorial Astrea 2da. Edición actualizada - 1994").
Que, el concepto de Legalidad se encuentra vinculado al concepto de COMPETENCIA por el cual la norma administrativa le confiere a la Administración un determinado mandato y la Administración debe actuar de acuerdo a ese mandato plasmado en la norma positiva, por lo que la misma no está autorizada a obrar en un sentido distinto al señalado por la norma; si actúa en forma diferente a lo que le manda la norma está violando el principio de legalidad.
Dentro de nuestro sistema legal la Administración puede ser fuente del ordenamiento administrativo a través de su potestad reglamentaria, esto significa que está habilitada para dictar reglamentos, en este caso Resolución, y también para derogarlos, pero una vez dictado un reglamento debe cumplir obligatoriamente las normas que la administración misma creó, salvo que las derogue expresamente, por lo tanto del Principio de Legalidad se deriva la prohibición de que la Administración Pública no cumpla las regulaciones normativas producidas por ella misma. "El principio de legalidad, derivado del Estado de derecho, viene a convertirse en el eje central del régimen jurídico de la Administración Pública, ya que en caso de su infracción se justifica el conjunto de medios arbitrados por el derecho para restablecer el derecho violado" (MANUEL MARIA DIEZ, "Manual de derecho Administrativo Tomo 2" editorial Plus Ultra 1985).
Que, en el caso de autos, la accionante presenta el Acuerdo y Sentencia N° 841 de fecha 3 de noviembre del 2015, por la cual, la Sala Constitucional resuelve hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida, declarando la inaplicabilidad de la Resolución General N° 29 de fecha 25 de Junio del año 2014 emanada de la Subsecretaría de Estado de Tributación, la cual establece la sanción que la accionante solicita revocar en estos autos.
Que, si bien es cierto, que la acción de inconstitucionalidad mencionada tiene relación con la acción promovida, corresponde a este Tribunal el estudio de fondo de la cuestión planteada en estos autos, ya que la misma no se encontraba firme al momento de iniciar la presente demanda.
Que, al respecto soy del parecer que este Tribunal, debe pronunciarse de manera positiva a las pretensiones de la Actora, pues, se observa en autos, que se ha incurrido en vicios de procedimiento, capaces de acarrear la nulidad del acto administrativo.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación, en el caso sometido al análisis de esta Magistratura, no actuó dentro de las potestades que le otorgan sus facultades regladas, no respetando el principio de legalidad objetiva, por lo que la demanda debe prosperar. Así también, quedó probado que la Auditora Externa presentó todos los documentos requeridos por la Administración Tributaria, en cuanto le fue posible, ya que ante la intervención del Ministerio Público los mismos fueron secuestrados y dentro del sumario administrativo la Administrada indicó dónde y quien tenía esos documentos requeridos, no constituyéndose en una falta, ya que existió una fuerza mayor debidamente justificada y no valorada por la demandada.
Que, en consecuencia voto por la NEGATIVA DE LA CUESTIÓN y por los fundamentos precedentemente expresados, sustento el criterio de que corresponde HACER LUGAR a la presente demanda contenciosa administrativa y por tanto REVOCAR la Res. N° 63 de fecha 31/08/2015 dictada por el Viceministerio de Tributación, y su correspondiente denegatoria ficta también dictado por el Viceministerio de Tributación del Ministerio de Hacienda en consecuencia REVOCAR la sanción administrativa impuesta a la auditora externa LILIAN ANDRESA ESQUIVEL. En cuanto a las costas, ellas deben ser impuestas a la parte perdidosa de conformidad al artículo 192 del Código Procesal Civil; que consagra el principio objetivo de la derrota. ES MI VOTO.
A SU TURNO, LOS EXCMOS. MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, DR. ROLANDO OJEDA Y MARTIN AVALOS VALDEZ, manifiestan que se adhieren al voto del miembro preopinante, por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto, previa lectura y ratificación del mismo, firman los Miembros del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por ante el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 29 de mayo de 2018.
1.- HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa instaurada por LILIAN ANDRESA ESQUIVEL C/ RES. N° 63 DE FECHA 31/08/2015, y OTRA DICT. POR EL VICE MINISTERIO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
2.- REVOCAR el acto administrativo impugnado dictado por el Viceministerio de Tributación y en consecuencia,
3.- REVOCAR la sanción administrativa impuesta a la auditora externa LILIAN ANDRESA ESQUIVEL conforme a los fundamentos desarrollados en este acuerdo y sentencia.
4.- IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa de conformidad al artículo 192 del Código Procesal Civil.
Rodrigo A. Escobar. Miembro

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 33
 artículo 225
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 192
 artículo 192