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Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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L. 2/2006, 14-VI, DERECHO CIVIL DE GALICIA
Art. 1. Fuentes
Art. 2. Usos y costrumbres notorios
Art. 4. Vecindad
Título I. De la protección de menores (Arts. 5 a 26)
Capítulo I. Disposición general (Arts. 5 y 6)
Art. 5. Protección de menores
Capítulo II. Del desamparo y la tutela administrativa (Arts. 7 a 10)
Sección 1.ª Disposición general (Art. 7)
Art. 7. Tutela de desamparados
Sección 2.ª De la declaración de desamparo (Arts. 8 y 9)
Art. 8. Procedimiento de desamparo
Art. 9. Suspensión de la patria potestad ordinaria
Sección 3.ª De las medidas de protección (Art. 10)
Art. 10. Medidas
Capítulo III. De la guarda administrativa (Arts. 11 a 25)
Sección 1.ª Disposición general (Art. 11)
Art. 11. Casos en los que procede la guarda
Sección 2.ª De la guarda administrativa asumida por solicitud a la entidad pública (Arts. 12 y 13)
Art. 12. Solicitud de asunción de guarda
Art. 13. Cese
Sección 3. ª Del ejercicio de la guarda administrativa: El adogimiento. Disposiciones generales (Arts. 14 y 15)
Art. 14. Acogimiento
Art. 15. Protección de hermanos
Sección 4.ª Del acogimiento familiar (Arts. 16 a 20)
Art. 16. Participación en la vida familiar
Art. 17. Modalidades
Art. 18. Acogimiento simple
Art. 19. Acogimiento permanente
Art. 20. Acogimiento preadoptivo
Sección 5.ª Del acogimiento residencial (Art. 21)
Art. 21. Subsidiariedad del acogimiento residencial
Sección 6.ª De la constitución del acogimiento (Arts. 22 a 24)
Art. 22. De los consentimientos
Art. 23. Formalización
Art. 24. Propuesta de acogimiento
Sección 7.ª Del cese del acogimiento (Art. 25)
Art. 25. Supuestos de cese
Capítulo IV. De la situación de riesgo y las medidas de protección (Art. 26)
Art. 26. Prevención del desamparo
Título II. De la adopción (Arts. 27 a 41)
Capítulo I. De las personas que puedan adoptar y ser adoptadas (Arts. 27 a 31)
Art. 27. Edad del adoptante
Art. 28. Requisitos del adoptado
Art. 29. Incompatibilidades de adopción
Art. 30. Imposibilidad de adopción por varias personas
Art. 31. Constitución de nueva adopción
Capítulo II. De la constitución de la adopción (Arts. 32 a 37)
Art. 32. Resolución judicial
Art. 33. Idoneidad
Art. 34. Casos en los que no se requiere propuesta previa
Art. 35. Consentimiento
Art. 36. Asentimiento
Art. 37. Partes que han de ser oídas
Capítulo III. De la eficacia de la adopción (Arts. 38 a 41)
Art. 38. Efectos
Art. 39. Extinción de vínculos con la familia anterior
Art. 40. Irrevocabilidad
Art. 41. Exclusión de las funciones tuitivas
Título III. De la autotutela (Arts. 42 a 45)
Art. 42. Designación de tutor
Art. 43. Delegación de la elección de tutor
Art. 44. Retribución y medidas de vigilancia
Art. 45. Vinculación del juez
Título IV. De la situación de ausencia no declarada (Arts. 46 a 50)
Art. 46. Definición
Art. 47. Acreditación
Art. 48. Representación del ausente
Art. 49. Aplicación de las reglas del mandato
Art. 50. Retribución
Título V. De la casa y la veciña (Arts. 51 a 55)
Art. 51. Indivisibilidad
Art. 52. De los patrucios
Art. 53. Reuniones de la veciña
Art. 54. Convocatoria
Art. 55. Aprobación de las cuentas
Título VI. De los derechos reales (Arts. 56 a 98)
Capítulo I. De los montes vecinales en mano común (Arts. 56 a 63)
Art. 56. Definición
Art. 57. Declaración de monte en mano común
Art. 58. Enajenación, división o gravamen
Art. 59. Superficie y lindes
Art. 60. Propiedad
Art. 61. Comunidad vecinal
Art. 62. Acción para reclamar la condición de comunero
Art. 63. Pérdida de la condición de comunero
CAPÍTULO II. De los montes abertales (Art. 64)
Art. 64. Montes abertales, de voces, de varas o de fabeo
Capítulo III. De la comunidad en materia de aguas (Arts. 65 a 67)
Art. 65. Aprovechamiento de las aguas de lluvias
Art. 66. Aprovechamiento de las aguas de torna a torna o pilla pillota
Art. 67. Legislación de aguas
Capítulo IV. De los muíños de herdeiros (Arts. 68 a 70)
Art. 68. Definición
Art. 69. Aprovechamiento de cuotas indivisas
Art. 70. Modificaciones
Capítulo V. De las agras y los vilares (Arts. 71 a 74)
Art. 71. Derechos de copropiedad
Art. 72. Uso
Art. 73. Daños y perjuicios
Art. 74. Mejoras
Capítulo VI. De las relaciones de vecindad (Art. 75)
Art. 75. Composición del predio del plano superior e inferior
Capítulo VII. De las serventías (Arts. 76 a 81)
Art. 76. Definición
Art. 77. Prueba de la serventía
Art. 78. Presunción de la existencia
Art. 79. Acción de división
Art. 80. Gastos de conservación
Art. 81. Modificaciones
Capítulo VIII. De la servidumbre de paso (Arts. 82 a 94)
Sección 1.ª De la adquisición de la servidumbre de paso (Arts. 82 a 88)
Art. 82. Adquisición
Art. 83. Constitución forzosa
Art. 84. Establecimiento
Art. 85. Enclaves
Art. 86. Signo aparente de servidumbre
Art. 87. Constitución de las servidumbres que se consideren necesarias
Art. 88. Adquisición de la servidumbre de paso
Sección 2.ª De los derechos y obligaciones de los propietarios de los predios dominante y sirviente (Arts. 89 a 91)
Art. 89. Derechos y deberes
Art. 90. Agravamiento o menoscabo de la servidumbre
Art. 91. Ampliación
Sección 3.ª De la extinción y suspensión de la servidumbre de paso (Arts. 92 a 94)
Art. 92. Solicitud de extinción
Art. 93. Extinción
Art. 94. Imposibilidad de uso
Capítulo IX. Del retracto de la graciosa (Arts. 95 a 98)
Art. 95. Retracto de bienes
Art. 96. Pago del precio y gastos
Art. 97. Satisfacción total del crédito
Art. 98. Nuevo embargo
Título VII. De los contratos (Arts. 99 a 156)
Capítulo I. De los arrendamientos rústicos (Arts. 99 a 126)
Sección 1.ª Disposiciones generales (Arts. 99 a 118)
Art. 99. Pactos
Art. 100. Objeto del contrato
Art. 101. Renta
Art. 102. Obligatoriedad del contrato de arrendamiento
Art. 103. Duración del arrendamiento
Art. 104. Reconducción
Art. 105. Subarrendamiento y cesión
Art. 106. Reparaciones
Art. 107. Mejoras
Art. 108. Contribuciones e impuestos
Art. 109. Extinción
Art. 110. Labores preparatorias del año agrícola
Art. 111. Subrogación
Art. 112. Desistimiento
Art. 113. Causas de resolución
Art. 114. Enajenación
Art. 115. Derecho de tanteo
Art. 116. Derechos preferentes
Art. 117. Enajenación tras el derecho de tanteo o retracto
Art. 118. Permutas
Sección 2.ª Del arrendamiento del lugar acasarado (Arts. 119 a 126)
Art. 119. Definición
Art. 120. Duración
Art. 121. Enajenación
Art. 122. Tanteo y retracto
Art. 123. Derechos preferentes
Art. 124. Sujeción al artículo 117
Art. 125. Desistimiento
Art. 126. Normativa supletoria
Capítulo II. De las aparcerías (Arts. 127 a 146)
Art. 127. Cesión del disfrute de bienes
Art. 128. Objeto de la aparcería agrícola
Art. 129. Objeto de la aparcería del lugar acasarado
Art. 130. Objeto de la aparcería pecuaria
Art. 131. Objeto de la aparcería forestal
Art. 132. Contrato de aparcería
Art. 133. Duración de la aparcería
Art. 134. Prórrogas
Art. 135. Reconducción tácita
Art. 136. Obligaciones del cedente
Art. 137. Obligaciones del aparcero
Art. 138. Otras obligaciones del aparcero
Art. 139. Mejoras
Art. 140. Preparación de las labores
Art. 141. Extinción
Art. 142. Resolución
Art. 143. Enajenación de la finca
Art. 144. Muerte o imposibilidad física del aparcero para el trabajo
Art. 145. Corte y reparto del arbolado
Art. 146. Tanteo y retracto
Capítulo III. Del vitalicio (Arts. 147 a 156)
Art. 147. Definición
Art. 148. De la prestación alimenticia
Art. 149. Constitución del vitalicio
Art. 150. Formalización
Art. 151. Duración de la obligación de prestar alimentos
Art. 152. Desistimiento del contrato
Art. 153. Resolución
Art. 154. Trasmisión de la acción de resolución
Art. 155. Prestación conjunta e indivisible
Art. 156. Recuperación de bienes
Título VIII. Dde la compañia familiar gallega (Arts. 157 a 170)
Capítulo I. De la constitución de la compañía (Arts. 157 a 162)
Art. 157. Constitución por parentesco
Art. 158. Modos y formas admitidos en derecho
Art. 159. Régimen
Art. 160. Casar para casa
Art. 161. Bienes sociales
Art. 162. Cargas
Capítulo II. De la administración de la compañía (Arts. 163 y 164)
Art. 163. Administración
Art. 164. Facultades del administrador
Capítulo III. De la modificación de la compañía (Arts. 165 a 168)
Art. 165. Causas de modificación
Art. 166. Retirada de bienes
Art. 167. Cesión o enajenación a título oneroso de la participación
Art. 168. Liquidación parcial
Capítulo IV. De la extinción de la compañía (Arts. 169 y 170)
Art. 169. Extinción
Art. 170. Liquidación y división de bienes sociales
Título IX. Del régimen económico familiar (Arts. 171 a 180)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 171 a 172)
Art. 171. Régimen económico matrimonial
Art. 172. Capitulaciones matrimoniales
Capítulo II. De las capitulaciones matrimoniales (Arts. 173 y 174)
Art. 173. Otorgamiento de las capitulaciones
Art. 174. Estipulaciones
Capítulo III. De las donaciones por razón de matrimonio (Arts. 175 a 180)
Art. 175. Definición
Art. 176. Bienes presentes o futuros
Art. 177. Condición
Art. 178. Sociedad de gananciales
Art. 179. Pérdida de efectos por ausencia del matrimonio
Art. 180. Revocación
Título X. De la sucesión por causa de muerte (Arts. 181 a 308)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 181 y 182)
Art. 181. Otorgamiento
Art. 182. Reversión
Capítulo II. De los testamentos (Arts. 183 a 208)
Sección 1.ª Del testamento abierto ordinario (Arts. 183 a 186)
Art. 183. Otorgamiento
Art. 184. Concurrencia de testigos
Art. 185. Requisitos de los testigos
Art. 186. Clases de testamento
Sección 2.ª Del testamento mancomunado (Arts. 187 a 195)
Art. 187. Definición
Art. 188. Ámbito
Art. 189. Testamento abierto notarial
Art. 190. Revocación
Art. 191. Irrevocabilidad tras el fallecimiento
Art. 192. Forma de la revocación
Art. 193. Libertad dispositiva
Art. 194. Disponibilidad de los bienes comprendidos en una cláusula correspectiva
Art. 195. Copia del testamento
Sección 3.ª Del testamento por comisario (Arts. 196 a 202)
Art. 196. Definición
Art. 197. Designación de herederos o legatarios
Art. 198. Respeto a las disposiciones del cónyuge atribuyente
Art. 199. Plazo para ejercitar la facultad testatoria
Art. 200. Adjudicación de bienes
Art. 201. Administración de la herencia
Art. 202. Ineficacia de la facultad testatoria
Sección 4.ª De las disposiciones testamentarias especiales (Arts. 203 a 208)
Art. 203. Disposiciones a favor de persona incierta
Art. 204. Disposición hecha bajo la condición de cuidar y asistir al testador
Art. 205. Disposiciones de bienes gananciales
Art. 206. Disposición por entero de un bien ganancial
Art. 207. Casos en los que se entiende referida la disposición a la mitad indivisa del bien
Art. 208. Casos de nulidad del matrimonio, separación o divorcio
Capítulo III. De los pactos sucesorios (Arts. 209 a 227)
Sección 1.ª Disposiciones generales (Arts. 209 a 213)
Art. 209. Pactos sucesorios
Art. 210. Condiciones para otorgar pactos sucesorios
Art. 211. Escritura pública
Art. 212. Admisibilidad de los pactos sucesorios por poder
Art. 213. Estipulaciones en pactos de mejora con referencia explícita a instituciones consuetudinarias gallegas
Sección 2.ª De los pactos de mejora (Arts. 214 a 218)
Art. 214. Definición
Art. 215. Adquisición de la propiedad por parte del mejorado
Art. 216. Posibilidad de contemplar los supuestos en que quedará sin efecto
Art. 217. Reglas del pacto de mejora
Art. 218. Casos en los que pierden los efectos
Sección 3.ª De la mejora de labrar y poseer (Arts. 219 a 223)
Art. 219. Conservación indiviso un lugar acasarado
Art. 220. Indivisibilidad de la casa patrucial y su era, corrales y huertos
Art. 221. Compensación en metálico
Art. 222. Abandono de la explotación de los bienes
Art. 223. Premoriencia del mejorado
Sección 4.ª De la aportación (Arts. 224 a 227)
Art. 224. Exclusión irrevocabe de la condición de heredero forzoso
Art. 225. Adjudicación de bienes o derechos en pago
Art. 226. Exclusión del llamamiento intestado
Art. 227. Traer a colación
Capítulo IV. Del usufructo del cónyuge viudo (Arts. 228 a 237)
Art. 228. Atribución del usufructo
Art. 229. Inalienabilidad
Art. 230. Supuestos en lo que queda sin efecto
Art. 231. Del inventario y la fianza
Art. 232. Plazo para la formación del inventario
Art. 233. Facultades del usufructuario cónyuge por la totalidad de la herencia
Art. 234. Obligaciones
Art. 235. Reparaciones
Art. 236. Extinción del usufructo del cónyuge viudo
Art. 237. Otros supuestos de extinción
Capítulo V. De las legítimas (Arts. 238 a 266)
Sección 1.ª Disposiciones generales (Arts. 238 a 240)
Art. 238. Legitimarios
Art. 240. Atribución patrimonial
Art. 241. Imposibilidad de imponer cargas
Art. 242. Nulidad de la renuncia antes de la apertura de la sucesión
Sección 2.ª De la legítima de los descendientes (Arts. 243 a 252)
Art. 243. Contenido de la legítima
Art. 244. Determinación del haber hereditario
Art. 245. Imputación al pago
Art. 246. Pago
Art. 247. Complemento
Art. 248. Opción de pago en metálico extrahereditario
Art. 249. Consideración de acreedor
Art. 250. Plazo de pago
Art. 251. Reducción de legados y donaciones
Art. 252. Prescripción
Sección 3.ª De la legítima del cónyuge viudo (Arts. 253 a 257)
Art. 253. Usufructo vitalicio de la cuarta parte
Art. 254. Usufructo vitalicio de la mitad del capital
Art. 255. Satisfacción de la legítima
Art. 256. Conmutación de la legítima
Art. 257. Efectividad de la cuota usufructuaria sobre la vivienda habitual
Sección 4.ª De la preterición y el desheredamiento (Arts. 258 a 266)
Art. 258. De la preterición intencional
Art. 259. De la preterición no intencional
Art. 260. Concurrencia de los preteridos con los instituidos
Art. 261. Representación en la herencia
Art. 262. Desheredamiento justo
Art. 263. Causas justas de desheredamiento
Art. 264. Derecho a la legítima
Art. 265. Reconciliación
Art. 266. Caducidad de las acciones
Capítulo VI. De la sucesión intestada (Arts. 267 a 269)
Art. 267. La Comunidad Autónoma de Galicia como heredera
Art. 268. Aceptación a beneficio de inventario
Art. 269. Destino de los bienes
Capítulo VII. De la partición de la herencia (Arts. 270 a 308)
Sección 1.ª Disposiciones generales (Arts. 270 a 272)
Art. 270. Partición
Art. 271. Concurrencia a la herencia de menores o incapacitados
Art. 272. Cesionarios
Sección 2.ª De la partición por el testador (Arts. 273 a 282)
Art. 273. Partición de la herencia
Art. 275. Disposiciones particulares sobre la partición
Art. 276. Partija conjunta y unitaria de los cónyuges
Art. 277. Eficacia de la partija conjunta
Art. 278. Disposición de los bienes privativos
Art. 279. Revocación de la partija conjunta
Art. 280. Revocación por el sobreviviente
Art. 281. Ineficacia de la partija
Art. 282. Satisfacción de la legítima
Sección 3.ª De la partición por el contador-partidor (Arts. 283 a 293)
Art. 283. Encomendación de la facultad de partición
Art. 284. Nombramiento del cónyuge sobreviviente como contador-partidor
Art. 285. Designación de contadores-partidores
Art. 286. Nombramiento mancomunado
Art. 287. Autorización para hacer la partija
Art. 288. Requerimiento de intervención
Art. 289. Validez de la partición hecha por un solo contador-partidor solidario
Art. 290. Renuncia la cargo
Art. 291. Inventario
Art. 292. Partición total
Art. 293. Liquidación de la sociedad conyugal
Sección 4.ª De la partición por los herederos (Arts. 294 a 308)
Art. 294. Partición por los herederos
Art. 295. Petición ante notario de la partición
Art. 296. Notificación a los interesados
Art. 297. Publicación mediante edictos
Art. 298. Designación de contadores-partidores
Art. 299. Designación de contadores-partidores por los partícipes no promoventes
Art. 300. Partición por acuerdo mayoritario
Art. 301. Designación del contador-partidor por insaculación
Art. 302. Formación de inventario
Art. 303. Formación de anexos homogéneos
Art. 304. Proyecto de partición
Art. 305. Entrega de legados, pago de legítimas y demás operaciones complementarias
Art. 306. Formalización mediante escritura pública
Art. 307. Notificación de la formalización
Art. 308. Administración del quiñón adjudicado al partícipe sin domicilio conocido
Primera. Informe de dudas sobre la aplicación de la presente Ley
Segunda. Deslinde contradictorio de montes vecinales en mano común (derogada)
Tercera. Relaciones maritales con intención de permanencia
Cuarta. Referencias hombre/mujer
Primera. Servidumbres de paso
Segunda. Particiones
Tercera. Problemas de derecho intertemporal
LEY 2/2006, DE 14 DE JUNIO, DE DERECHO CIVIL DE GALICIA (DOG DEL 29; BOE DE 11 DE AGOSTO)
Corrección de errores DOG de 29 de septiembre de 2006
La Sentencia del Tribunal Constitucional número 182/1992, sobre la Ley 2/1986, de 10 de diciembre, del Parlamento de Galicia, de prórroga en el régimen de arrendamientos rústicos para Galicia, interpretó, muy adecuadamente, las expresiones constitucionales y estatutarias sobre el ámbito material en que había de conservarse, modificarse o desarrollarse el derecho civil gallego. Dijo expresa y nítidamente que, siendo cierto que la vigente Compilación del derecho civil de Galicia no contiene ninguna regla, directa y expresa, sobre el arrendamiento rústico, no lo es menos -como consideración de principio- que la competencia autonómica para la conservación, modificación y desarrollo del propio derecho civil puede dar lugar, según ya había dicho en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 121/1992 (fundamento jurídico 2.o), a una recepción y formalización legislativa de costumbres y usos efectivamente vigentes en el respectivo territorio autonómico, eventualidad, esta última, que resulta aún más clara visto el enunciado del referido artículo 27.4 del Estatuto de autonomía de Galicia, pues en la idea de «institución» jurídica, presente en tal precepto, se integran o pueden integrarse, con naturalidad, posibles normas consuetudinarias. En similar sentido se pronunciaron los distintos congresos de derecho gallego, cuando proclaman que la Compilación de 1963 no era la expresión completa de nuestro derecho civil y, al contrario, fuera de ella pervivían muchas instituciones que esperaban su incorporación al derecho vigente». (sic)
Si vivo y expresivo de un derecho propio es lo señalado en el párrafo anterior, se completa su riqueza con aquellas instituciones constitutivas de un régimen económico familiar con fórmulas específicas de derecho sucesorio, integradoras de unas relaciones jurídicoprivadas de gran alcance, pues definen las formas familiares y el papel de la casa en el desarrollo no sólo del derecho gallego, sino también de grandes elementos explicativos de la cultura gallega. Instituciones como el vitalicio, tan vivo en la realidad social gallega, alcanzan ahora un estatuto jurídico que las circunstancias de nuestro tiempo reclaman.
Congruentes con esa línea de mejora del texto legislativo vigente, se dieron pasos a favor de la modificación de algunos artículos relativos a las fuentes del derecho civil (artículo 1), los arrendamientos rústicos —por la incidencia de las leyes estatales 49/2003, de 26 de noviembre, y 26/2005, de 30 de noviembre—, las aparcerías y el derecho sucesorio. Se llama la atención de la nueva regulación del artículo 234.3.o), el cual extiende la obligación de prestar alimentos a los hijos y ascendientes que lo precisen, sin tener que reunir la condición de comunes, modificación que va a incidir en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 311/2003 con relación al artículo 123.3.o) de la Ley de 24 de mayo de 1995.
Artículo 1.—1. Las fuentes del derecho civil de Galicia son la ley, la costumbre y los principios generales que integran e informan el ordenamiento jurídico gallego.
Artículo 2.—1. Los usos y costumbres notorios no requerirán prueba. Son notorios, además de los usos y costumbres compilados, los aplicados por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia o la antigua Audiencia Territorial de Galicia.
Artículo 3.—El derecho civil gallego tendrá eficacia en el territorio de la comunidad autónoma. Se exceptúan los casos en que, conforme al derecho interregional o internacional privado, hayan de aplicarse otras normas.
Artículo 4.—1. La sujeción al derecho civil de Galicia se determinará por la vecindad civil, con arreglo a lo dispuesto en el derecho civil común.
Artículo 5.—A fin de garantizar los derechos de las personas menores y de subsanar las situaciones de desamparo o riesgo en que pudieran encontrarse, la Xunta de Galicia ejercerá a través del organismo competente la protección de las personas menores que residan o se encuentren en Galicia.
Artículo 6.— A los efectos de decidir la medida de protección adecuada para las personas menores de edad de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la intervención pública protectora, serán principios rectores los siguientes:
VIGENTE DE 19 DE JULIO DE 2006 A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
Artículo 6.—Serán principios rectores, a efectos de decidir la medida de protección adecuada para los menores de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la intervención pública protectora, los siguientes:
Artículo 7.—Corresponde a la entidad pública competente la tutela de las personas menores que se encuentren en situación de desamparo. Se considera desamparo la situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia.
Artículo 8.—1. La situación de desamparo habrá de apreciarse en un procedimiento administrativo en el cual se dará audiencia a los titulares de los deberes de protección referidos en el artículo anterior y habrá de declararse mediante una resolución motivada que implicará la consiguiente asunción de la tutela.
Artículo 9.—1. La declaración de desamparo y consiguiente asunción de la tutela por la entidad pública conllevan la suspensión de la patria potestad o tutela ordinaria a que estuviera sometida la persona menor.
Artículo 10.—1. La actuación de la entidad pública respecto a la persona menor declarada en desamparo consistirá en promover alguna de las medidas siguientes:
Artículo 11.—Corresponde a la administración la guarda de las personas menores:
Artículo 12.—1. En caso de mediar circunstancias graves que les impidan ejercitar sus funciones, los titulares de los deberes de protección podrán solicitar de la entidad pública competente que asuma la guarda del menor durante el tiempo que sea preciso.
Artículo 13.—1. La guarda administrativa asumida por solicitud a la entidad pública cesará por:
Artículo 14.—1. El cuidado y protección del menor será ejercido por la entidad pública correspondiente mediante el acogimiento del menor.
Artículo 15.—1. Tendrá que evitarse que el ejercicio del cuidado y protección del menor conlleve la separación de los hermanos, procurando que sean acogidos por una misma persona o personas y, en su caso, en un único centro o institución.
Artículo 16.—1. El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.
Artículo 17.—El acogimiento familiar puede asumir las modalidades de acogimiento simple, permanente o preadoptivo.
Artículo 18.—El acogimiento familiar simple, como modo de ejercicio del cuidado y protección de los menores bajo la guarda administrativa, tiene carácter transitorio, procediéndose a su constitución:
Artículo 19.—1. El acogimiento familiar permanente sólo procederá respecto a menores declarados en desamparo cuando el interés del menor así lo aconseje.
Artículo 20.—1. El acogimiento familiar preadoptivo será formalizado por la entidad pública cuando eleve ante la autoridad judicial la propuesta de adopción de un menor. Para ello es necesario que:
Artículo 21.—El acogimiento residencial tiene carácter subsidiario respecto al familiar y demás medidas de protección del menor. Sólo podrá recurrirse al acogimiento residencial si no fueran posibles aquellos o, en atención al interés del menor, si se consideraran inadecuados el mantenimiento del menor en su familia, el acogimiento familiar, la constitución de la tutela ordinaria o la adopción.
Artículo 22.—1. Para la constitución del acogimiento tendrán que prestar su consentimiento:
Artículo 23.—El acogimiento se formalizará por escrito. Una vez concluido el expediente, la entidad pública tendrá que remitir al ministerio fiscal el documento de formalización del acogimiento.
Artículo 24.—En los casos en que el acogimiento haya de ser acordado por el juez, la entidad pública, realizadas las diligencias oportunas y concluido el expediente, presentará la propuesta de acogimiento a la autoridad judicial de forma inmediata y, en todo caso, en el plazo máximo de quince días.
Artículo 25.— 1. El acogimiento cesará:
Artículo 25.—1. El acogimiento cesará por:
Artículo 26.— 1. Se considera situación de riesgo la que se produce de hecho cuando la persona menor de edad, sin estar privada en su ámbito familiar de la necesaria asistencia moral o material, se ve afectada por cualquier circunstancia que perjudique su desarrollo personal, familiar, social o educativo y que permita razonablemente temer que en el futuro pueda estar incursa en una situación de desamparo, inadaptación o de exclusión social.
Artículo 26.—1. Existe situación de riesgo cuando concurren circunstancias que permiten presumir un inminente o próximo desamparo del menor, o cuando resulte conculcado su desarrollo personal o social.
Artículo 27.—La adopción requiere que la persona adoptante sea mayor de veinticinco años. En la adopción por ambos cónyuges basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, el adoptante habrá de tener, al menos, catorce años más que el adoptado.
Artículo 28.—Únicamente podrán ser adoptadas las personas menores no emancipadas. Como excepción, podrá ser adoptado un mayor de edad o un menor emancipado si, inmediatamente antes de la emancipación, existiera entre las personas adoptante y adoptanda una situación de acogimiento familiar o convivencia, iniciada antes de que el adoptando cumpla los catorce años.
Artículo 29.—No podrán ser adoptados:
Artículo 30.—Excepto los casos de adopción por ambos cónyuges, nadie puede ser adoptado por más de una persona.
Artículo 31.—Podrá constituirse una nueva adopción:
Artículo 32.—La adopción se constituye por resolución judicial. A estos efectos se tendrá en cuenta siempre el interés preferente del adoptando, así como la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad.
Artículo 33.—1. Para iniciar el expediente de adopción es necesaria la propuesta previa de la entidad pública a favor del adoptante o adoptantes que los declarara idóneos para el ejercicio de la patria potestad.
Artículo 34.—1. No se requiere la propuesta previa de la entidad pública cuando en un adoptando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
Artículo 35.—1. Tendrán que consentir la adopción:
Artículo 36.—1. Habrán de asentir la adopción en la forma establecida en la Ley de enjuiciamiento civil:
Artículo 37.—Habrán de ser oídos por el juez:
4.º) La entidad pública, a fin de apreciar la idoneidad del adoptante, cuando el adoptando lleve más de un año acogido legalmente por aquél.
Artículo 38.—La filiación adoptiva produce los mismos efectos que la filiación por naturaleza.
Artículo 39.—1. La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior.
Artículo 40.—1. La adopción es irrevocable.
Artículo 41.—1. El juez, a petición del ministerio fiscal, el adoptado o su representante legal, acordará que la persona adoptante que incurriera en causa de privación de la patria potestad quede excluida de las funciones tuitivas y de los derechos que por ley le correspondan respecto a la persona adoptada o sus descendientes, o en sus herencias.
Artículo 42.—En previsión de una eventual incapacidad, cualquier persona mayor de edad podrá designar en escritura pública la persona o personas, físicas o jurídicas, para que ejerzan el cargo de tutor. Del mismo modo, podrá nombrar substitutos de los designados para ejercer la tutela y excluir a determinadas personas para el cargo.
Artículo 43.—La persona interesada también podrá delegar en su cónyuge u otra persona la elección del futuro tutor entre una pluralidad de personas físicas o jurídicas, previamente identificadas o relacionadas en escritura pública.
Artículo 44.—Asimismo el interesado podrá:
Artículo 45.—Las disposiciones a que se refieren los artículos anteriores vincularán al juez al constituir la tutela, salvo que el beneficio del incapacitado exija otra cosa, en cuyo caso lo hará mediante decisión motivada.
Artículo 46.—Se encuentra en situación de ausencia no declarada la persona cuyo paradero se ignora o aquella que no puede localizarse de modo transitorio.
Artículo 47.—La situación de ausencia efectiva del domicilio habitual podrá acreditarse mediante acta de notoriedad tramitada por notario hábil, en la cual se hará constar la persona a la que corresponde la representación y defensa de los intereses del ausente.
Artículo 48.—1. En la situación de ausencia no declarada, salvo previsión expresa del ausente, corresponde al cónyuge no separado legalmente o de hecho, a los descendientes mayores de edad y a los ascendientes, por este orden, la representación del ausente de hecho en todos los actos y negocios jurídicos de administración ordinaria que no puedan demorarse, la obligación de velar por los intereses de este, así como instar el acta a que se refiere el artículo anterior. De entre los descendientes, la preferencia corresponde al de mayor edad. Entre los ascendientes al más joven.
Artículo 49.—El representante obligará al ausente de hecho en todos los actos y negocios realizados con arreglo al artículo anterior, siéndoles de aplicación, en cuanto a derechos y obligaciones, las reglas del mandato, sin otras excepciones que las contempladas en estos preceptos.
Artículo 50.—El representante del ausente percibirá, en concepto de retribución mínima, un veinticinco por ciento de los frutos netos que generen los bienes que administre.
Artículo 51.—La casa patrucial y sus anexos constituyen un patrimonio indivisible.
Artículo 52.—Los patrucios de una parroquia constituyen la veciña, que administra los bienes en mano común según la costumbre o con arreglo a lo acordado por la mayoría.
Artículo 53.—La veciña se reunirá al menos una vez al año cuando, como y en donde lo acuerde, y estará presidida por el vicairo, el patrucio de más edad o la persona escogida por la mayoría de los patrucios. El presidente tiene voto de calidad en caso de empate.
Artículo 54.—El presidente convocará a los patrucios con tres días de antelación. Si no lo hiciera así, la veciña se reunirá el 31 de diciembre de cada año, salvo que hubiera costumbre de reunirse otro día.
Artículo 55.—En la reunión anual de la veciña se someterán a aprobación al menos las cuentas del año anterior y se fijarán los planes u objetivos de actuación para el año siguiente. Los acuerdos inusitados serán documentados.
Artículo 56.—Son montes vecinales en mano común las fincas ubicadas en la comunidad autónoma de Galicia que, independientemente de su origen, posibilidades productivas, aprovechamiento actual y vocación agraria, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos sociales, y no como entidades administrativas, y que se vengan aprovechando consuetudinariamente en régimen de comunidad sin asignación de cuotas por los miembros de las mismas, en su condición de vecinos con casa abierta y con humo.
Artículo 57.—Las fincas a que se refiere el artículo anterior podrán declararse montes vecinales en mano común en virtud de sentencia firme dictada por la jurisdicción ordinaria o ser objeto de clasificación como tales montes vecinales, la cual será realizada por los jurados provinciales.
Artículo 58.—Iniciado el expediente de clasificación de montes vecinales en mano común, ninguna finca afectada por el mismo podrá ser objeto de enajenación, división o gravamen hasta que el jurado dicte la resolución oportuna, practicándose a tal efecto la correspondiente anotación en el registro de la propiedad. No obstante, si la finca estuviera inscrita con asignación de diferente titularidad en virtud de sentencia dictada en juicio declarativo, se suspenderá la tramitación y los efectos del expediente hasta que recaiga resolución dictada por la jurisdicción ordinaria.
Artículo 59.—Después de haberse clasificado el monte se fijará la superficie y lindes del mismo, aportando a la resolución una planimetría suficiente, con los datos descriptivos precisos, y se procederá a su señalización y demarcación, que realizará de manera gratuita la consejería competente por razón de la materia. Asimismo, figurará el estado económico de aprovechamientos, usos, concesiones y consorcios. Al mismo tiempo, el jurado remitirá testimonio de la resolución al registro de la propiedad, a efectos de que se proceda a la anotación preventiva de la clasificación del monte.
Artículo 60.—La propiedad de los montes vecinales en mano común es de naturaleza privada y colectiva, correspondiendo su titularidad dominical y aprovechamiento a la comunidad vecinal respectiva.
Artículo 61.—1. La comunidad vecinal se entenderá compuesta por los vecinos que la integren en cada momento.
Artículo 62.—La acción para reclamar el reconocimiento de la condición de comunero prescribe a los treinta años.
Artículo 63.—La condición de comunero se perderá, exclusivamente, desde el momento en que dejen de cumplirse los requisitos exigidos para la integración en la comunidad vecinal. En todo caso, la pérdida de esta condición habrá de ser acordada por la asamblea general, previa inclusión en el orden del día, con expresión individualizada de las personas afectadas y siempre con audiencia de éstas.
Artículo 64.—Son montes abertales, de voces, de varas o de fabeo los conservados pro indiviso en los cuales sus copropietarios, sin perjuicio de realizar en común aprovechamientos secundarios, tenían o mantienen la costumbre de reunirse para repartirse entre sí porciones determinadas de monte o sernas para el aprovechamiento privativo de las mismas, asignaciones que se hacen en tantos lotes como partícipes principales vienen determinados por los títulos o uso inmemorial, y en los cuales su adjudicación se decide por la suerte, también sin perjuicio de la subdivisión de las sernas así asignadas conforme a las adquisiciones hereditarias o contractuales. En su caso, la división de dichas tierras y la consiguiente extinción de la copropiedad se harán con arreglo a la costumbre, y no existiendo esta se harán con arreglo a la presunción de igualdad de cuotas referida en el párrafo segundo del artículo 393 del Código civil.
Artículo 65.—1. El propietario o poseedor de una finca puede aprovechar las aguas de lluvia, estancadas o no, haciendo salir las sobrantes por el lugar acostumbrado.
Artículo 66.—1. Las aguas de torna a torna o pilla pillota se aprovecharán según la costumbre o conforme al acuerdo unánime de los usuarios o partícipes, y, a petición de cualquiera de ellos, se partirán por horas, días o semanas, en proporción a la extensión que se viniera regando, sin que pueda darse a las aguas un uso distinto de aquel para el cual fueron prorrateadas.
Artículo 67.—Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación de aguas.
Artículo 68.—Son muíños de herdeiros los de propiedad común indivisible dedicados a moler granos para consumo familiar y alimentación del ganado de sus copropietarios, cualquiera que sea su origen y estado de conservación.
Artículo 69.—1. El aprovechamiento de la cuota indivisa en la propiedad se hará por piezas o grupos de horas que acuerden los copartícipes y en los días que establezcan, y, en su defecto, por lo que sea costumbre. Es exclusiva de cada propietario la cuota asignada y, por tanto, susceptible de permuta, enajenación o arrendamiento, haciendo suyos los frutos o utilidades que produzca.
3. Los copropietarios podrán ejercitar el retracto de comuneros, en caso de transmisión «inter vivos», de la pieza o parte de la pieza de la que otro partícipe hubiera dispuesto.
Artículo 70.—1. Cualquier modificación en el uso y aprovechamiento respetará el derecho de cada partícipe y requerirá el voto favorable de la mayoría de comuneros que, a su vez, ostente la mayor parte del uso y aprovechamiento.
Artículo 71.—1. La propiedad sobre las fincas integrantes del agra o vilar llevará inherente un derecho de copropiedad sobre sus muros o cercados.
Artículo 72.—Si no hubiera pacto o normas específicas de concentración parcelaria, el uso regirá el aprovechamiento y, en general, las relaciones jurídicas de los propietarios de las fincas que integren el agra o vilar.
Artículo 73.—El propietario o persona que utilice el agra, en su nombre o por título distinto, y use la parcela o parcelas sin respetar los usos indemnizará por los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 74.—Ningún propietario o persona que a título distinto utilice las fincas del agra estará obligado a pagar mejoras, nuevos servicios o instalaciones, pero no podrá aprovecharlas sin antes pagar lo que corresponda a su finca o fincas.
Artículo 75.—El cómaro, ribazo o arró y los muros de contención de fincas colindantes ubicadas a distinto nivel o terraza se entiende, salvo prueba en contrario, que forman parte del predio situado en el plano superior, estando el propietario o poseedor del mismo obligado a realizar las obras y reparaciones necesarias para su conservación y mantenimiento.
Artículo 76.—La serventía es el paso o camino privado de titularidad común y sin asignación de cuotas, cualquiera que sea lo que cada uno de los usuarios o causantes hubiera cedido para su constitución, que se encuentra establecido sobre la propiedad no exclusiva de los colindantes y que tienen derecho a usar, disfrutar y poseer en común a efectos de paso y servicio de los predios.
Artículo 77.—Si algún titular de los colindantes acreditara la adquisición exclusiva de la parte del paso o camino que discurre sobre su propiedad, quien alegue la existencia de serventía habrá de probar su constitución, que podrá ser declarada frente al que se opone al paso, en beneficio de la comunidad, sin necesidad de intervención de los demás cotitulares, quienes se aprovecharán de las resoluciones favorables sin que los perjudiquen las adversas.
Artículo 78.—Salvo prueba en contrario, se presume la existencia de serventía:
Artículo 79.—Ningún cotitular de la serventía podrá ejercitar la acción de división.
Artículo 80.—Todos los partícipes están obligados a contribuir, a partes iguales, con los gastos de conservación de la serventía en los términos que acuerde la mayoría.
Artículo 81.—1. Cualquier modificación o alteración de la serventía requerirá el consentimiento unánime de los copropietarios.
Artículo 82.—1. La servidumbre de paso se adquiere por ley, dedicación del dueño del predio sirviente o negocio jurídico. También puede adquirirse por usucapión.
Artículo 83.—1. El propietario, el poseedor en concepto de dueño y el titular de un derecho real de uso y disfrute de un predio ubicado entre otros ajenos, sea rústico o urbano, tienen derecho a exigir la constitución forzosa de servidumbre de paso por las propiedades vecinas, previa la indemnización correspondiente.
Artículo 84.—1. La servidumbre forzosa de paso se establecerá por el predio o predios en que, satisfechas las necesidades del dominante, se cause el menor perjuicio y, en cuanto fuera conciliable con esta regla, por donde sea menor la distancia desde el predio dominante al camino público.
Artículo 85.—1. Si habiendo adquirido un predio por venta, voluntaria o no, permuta, partición o cualquier otro título, oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa, el mismo quedara enclavado entre alguno del transmitente o partícipe, este y sus causahabientes, sean a título universal o particular, están obligados a constituir servidumbre de paso sobre sus predios sin indemnización, salvo que respecto a la misma se pactara lo contrario.
Artículo 86.—La existencia de un signo aparente de servidumbre de paso entre dos o más predios, establecido o mantenido por su propietario, se considerará, si se enajenara alguno, «inter vivos» o «mortis causa», como título de constitución de la servidumbre, salvo que, en el momento de separarse la propiedad de las fincas, conste expresamente lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o que se haga desaparecer materialmente aquel signo antes del perfeccionamiento del negocio traslativo de dominio.
Artículo 87.—1. Todo propietario de un predio puede establecer sobre el mismo, por actos «inter vivos» o «mortis causa», las servidumbres de paso que considere convenientes, siempre que no contravenga las leyes y el orden público.
Artículo 88.—1. La servidumbre de paso puede adquirirse por su posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante el plazo de veinte años, que comenzará a contarse desde el momento en que empezara a ejercitarse.
Artículo 89.—1. Los derechos y obligaciones de los titulares de los predios dominante y sirviente vendrán determinados por lo dispuesto en el título de constitución y por la posesión en la servidumbre adquirida por usucapión.
Artículo 90.—1. El titular del predio dominante no podrá agravar de forma alguna la servidumbre, ni el titular del predio sirviente podrá realizar acto de tipo alguno que suponga menoscabo del ejercicio de la misma.
Artículo 91.—Cuando una servidumbre de paso llegue a ser insuficiente para las necesidades del predio dominante, el dueño del mismo, el poseedor en concepto de dueño y el titular de un derecho real de uso y disfrute podrán pedir su ampliación en la medida en que tales circunstancias lo exigieran, siempre que el estado del predio sirviente lo permita sin grave perjuicio y previa indemnización. La ampliación podrá deberse a las modificaciones necesarias introducidas en el fundo dominante de acuerdo con su destino actual y mejor uso y explotación.
Artículo 92.—1. El propietario del predio sirviente podrá solicitar la extinción de la servidumbre forzosa si el paso deja de ser necesario para el predio dominante por haberlo reunido su dueño a otro que esté colindante a camino público, devolviendo lo que hubiera recibido por indemnización.
Artículo 93.—La servidumbre de paso, cualquiera que sea su forma de constitución, se extinguirá por:
Artículo 94.—1. La imposibilidad de usar la servidumbre no producirá su extinción mientras no transcurra el plazo de los veinte años.
Artículo 95.—En todos los casos de ejecución patrimonial sobre bienes que formen parte de una explotación agraria, el deudor ejecutado, que tuviera la condición de profesional de la agricultura, podrá retraer los bienes adjudicados en el plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. El órgano que hizo la adjudicación se la notificará al deudor dentro del tercer día, y desde ese momento se iniciará el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de retracto.
Artículo 96.—Para ejercitar el retracto de graciosa el deudor habrá de proceder al pago del precio y gastos de legítimo abono.
Artículo 97.—Si el precio obtenido en el procedimiento no llegara para cubrir la totalidad de la deuda y demás cantidades incluidas en la ejecución, el deudor, además del precio y gastos legítimos, habrá de abonar la diferencia en la cuantía necesaria para que el acreedor ejecutante vea totalmente satisfecho su crédito y las cantidades reclamadas.
Artículo 98.—Los bienes retraídos podrán ser objeto de nuevo embargo y ejecución.
Artículo 99.—Los arrendamientos de fincas rústicas se regirán por los pactos libremente establecidos entre las partes, por las normas de este capítulo así como por los usos y costumbres que les sean de aplicación. En su defecto, los arrendamientos de fincas rústicas se regirán por las normas del Código civil.
Artículo 100.—1. El objeto del contrato será el uso y aprovechamiento de las fincas rústicas y los elementos vinculados a las mismas, en su destino agrícola, pecuario o forestal.
Artículo 101.—1. La renta será la que libremente estipulen las partes, que podrán acordar también el sistema de actualización.
Artículo 102.—El contrato de arrendamiento será obligatorio cualquiera que sea la forma en que se celebre. Sin embargo, las partes podrán compelerse recíprocamente a la formalización del contrato en documento público o privado.
Artículo 103.—1. La duración del arrendamiento será la que de común acuerdo estipulen las partes, y, en su defecto, de dos años agrícolas.
Artículo 104.—El contrato se reconducirá tácitamente si al menos con seis meses de antelación a la finalización del mismo o a la de cualquiera de sus prórrogas ninguna de las partes notifica a la otra su voluntad de que el arrendamiento concluya. Los periodos de tácita reconducción tendrán una duración de dos años agrícolas.
Artículo 105.—El arrendatario no podrá subarrendar ni ceder, en todo o en parte, la finca arrendada sin el consentimiento expreso del arrendador.
Artículo 106.—1. El arrendador habrá de realizar las obras y reparaciones necesarias a fin de mantener la finca en estado de servir para el aprovechamiento o explotación para los cuales fue destinada.
Artículo 107.—1. Si no mediara oposición, cualquiera de los contratantes podrá realizar las mejoras útiles de que sea susceptible la finca según su destino. Para ello tendrá que comunicar previamente a la otra parte el propósito de realizar las mejoras, no pudiendo efectuarlas si constara oposición expresa en el plazo de quince días.
Artículo 108.—Serán por cuenta del arrendador las contribuciones e impuestos que recaigan sobre la finca.
Artículo 109.—El arrendamiento de fincas rústicas se extinguirá por:
Artículo 110.—El arrendatario saliente habrá de permitir al entrante o al arrendador, en su caso, los actos necesarios para la realización de las labores preparatorias del año agrícola siguiente. Asimismo, el arrendatario entrante o el arrendador, en su caso, tienen la obligación de permitir al saliente lo que sea necesario para la recolección y aprovechamiento de frutos. En el cumplimiento de esta obligación recíproca habrá que estar en todo caso a lo que resulte de la costumbre del lugar.
Artículo 111.—En caso de muerte o imposibilidad física del arrendatario, el cónyuge no separado legalmente o de hecho o la persona con la que convivía o convive con una relación de afectividad análoga a la conyugal tendrá derecho a subrogarse en el contrato. En defecto de cónyuge o de pareja de hecho, el derecho a subrogarse corresponderá al familiar que conviviera con el arrendatario y lo auxiliara en la explotación de la finca arrendada. Si fueran varios los familiares, se establecerá la preferencia atendiendo a la designación hecha por el arrendatario, y, a falta de esta, por proximidad de grado.
Artículo 112.—Salvo pacto en contrario, transcurridos dos años, podrá el arrendatario desistir del contrato sin pagar ninguna indemnización. El ejercicio de este derecho requerirá su notificación con seis meses de antelación a la finalización del año agrícola.
Artículo 113.—1. A petición del arrendador podrá resolverse el arrendamiento por las causas siguientes:
Artículo 114.—La enajenación de la finca no será causa de extinción del contrato, subrogándose el adquirente en todas las obligaciones del arrendador.
Artículo 115.—1. En caso de transmisión a título oneroso de la finca rústica arrendada o de porción determinada de la misma, el arrendatario que estuviera cultivándola de modo personal durante al menos tres años ininterrumpidos podrá ejercitar el derecho de tanteo dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación fehaciente que habrá de realizar el arrendador, indicándole el precio ofrecido y las demás condiciones de la transmisión.
Artículo 116.—Los derechos de tanteo y retracto del arrendatario serán preferentes a cualquier otro de adquisición, salvo el retracto de colindantes y el de coherederos y comuneros.
Artículo 117.—Ejercitados los derechos de tanteo o retracto, no podrá el arrendatario enajenar total o parcialmente la finca hasta que transcurran tres años al menos desde su adquisición, en los cuales la finca tendrá que ser cultivada de modo personal. En caso de incumplimiento, el comprador tanteado o retractado podrá pedir la reversión de la finca.
Artículo 118.—No procede el tanteo ni el retracto en las permutas de fincas. Los arrendatarios de aprovechamientos secundarios o por un plazo inferior al año agrícola tampoco podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto.
Artículo 119.—Se entiende por lugar acasarado el conjunto formado por la casa de labor, edificaciones, dependencias y fincas, aunque no sean colindantes, así como toda clase de ganado, maquinaria, aperos de labranza e instalaciones que constituyan una unidad orgánica de explotación agropecuaria, forestal o mixta.
Artículo 120.—El arrendamiento del lugar acasarado tendrá una duración mínima de cinco años. El plazo pactado sólo será prorrogable por acuerdo expreso de las partes o por tácita reconducción.
Artículo 121.—La enajenación del lugar acasarado o de las fincas o elementos que lo formen no será causa de extinción, total o parcial, del contrato, produciéndose la subrogación del adquirente en las obligaciones del arrendador. Tampoco afectará al contrato la partición hereditaria del lugar.
Artículo 122.—El arrendatario tendrá derecho de tanteo y retracto para el caso de transmisión onerosa de la totalidad del lugar acasarado, de alguna de las fincas que lo integran o de porción determinada de las mismas, en los términos señalados para los arrendamientos rústicos.
Artículo 123.—Los derechos de tanteo y retracto del arrendatario sobre el lugar acasarado serán preferentes con respecto a cualquier otro de adquisición, salvo el retracto de coherederos y comuneros.
Artículo 124.—Ejercitados los derechos de tanteo y retracto, el arrendatario quedará sujeto en todos sus términos a lo establecido en el artículo 117, tanto respecto al lugar en su conjunto como a sus partes individuales.
Artículo 125.—El arrendatario podrá desistir del contrato del lugar acasarado notificándoselo al arrendador con más de seis meses de antelación a la finalización del año agrícola y sin obligación de indemnizar.
Artículo 126.—En lo no previsto en esta sección, el arrendamiento del lugar acasarado se regirá por las disposiciones generales de la presente ley sobre los arrendamientos rústicos.
Artículo 127.—1. La cesión por un contratante a otro del disfrute de ciertos bienes, conviniendo en repartirse en partes alícuotas los frutos o rendimientos, se regirá por el título constitutivo y, en lo no previsto en el mismo, por las normas de este capítulo. En su defecto, se regirá por los usos y costumbres.
Artículo 128.—1. Pueden ser objeto de la aparcería agrícola las fincas rústicas de cualquier clase, sin que pierda su carácter por el hecho de comprender la casa de labor y sus dependencias.
Artículo 129.—La aparcería del lugar acasarado tiene por objeto el conjunto de elementos que constituyen una unidad orgánica de explotación, con arreglo a lo establecido en el artículo 119 de la presente ley.
Artículo 130.—Pueden ser objeto de la aparcería pecuaria los animales susceptibles de aprovechamiento en la agricultura, industria o comercio.
Artículo 131.—Constituye el objeto de la aparcería forestal de nuevas plantaciones la creación, mantenimiento y posterior participación en plantaciones de arbolado.
Artículo 132.—El contrato de aparcería será obligatorio independientemente de su forma. No obstante, las partes podrán obligarse recíprocamente a la formalización del contrato en documento público o privado. Asimismo, si la aparcería fuera pecuaria podrá obligarse a llevar un cuaderno según es costumbre.
Artículo 133.—1. La duración de la aparcería será la que, de común acuerdo, estipulen las partes.
Artículo 134.—El plazo de duración fijado en el contrato sólo será prorrogable por acuerdo expreso de las partes.
Artículo 135.—En defecto de costumbre, si se cumplieran los requisitos contemplados en el artículo 104, se reconducirá tácitamente el contrato:
Artículo 136.—Son obligaciones del cedente:
Artículo 137.—El aparcero estará obligado en todo caso a entregar la parte alícuota de los productos que corresponda, conforme al pacto o uso, en el lugar, plazo y forma convenidos. A tal efecto, el aparcero comunicará con suficiente antelación al cedente o a su representante la fecha señalada para la percepción de los productos obtenidos. Si, dado el aviso, no compareciera el cedente o representante en la fecha señalada, el aparcero podrá levantar la cosecha o percibir los productos, adjudicándose la parte que le corresponda.
Artículo 138.—Además de las obligaciones derivadas de los usos y costumbres, en cada tipo de aparcería, serán, en su caso, obligaciones del aparcero:
Artículo 139.—Respecto a las mejoras útiles se estará a lo previsto en el artículo 107.
Artículo 140.—El cedente y los aparceros entrante y saliente tendrán que estar, en lo concerniente a la preparación de labores en las fincas y utilización de sus dependencias, a lo previsto para el arrendador y el arrendatario en el artículo 110.
Artículo 141.—La aparcería se extingue por:
Artículo 142.—Son causas de resolución del contrato de aparcería:
Artículo 143.—La enajenación de la finca no afectará al contrato de aparcería, subrogándose el adquirente en todas las obligaciones del cedente. Los mismos efectos se producirán en los casos de enajenación del lugar acasarado, de fincas o elementos que lo formen o si se produjera la partición hereditaria del lugar.
Artículo 144.—La muerte o imposibilidad física del aparcero para el trabajo no será causa de extinción de la aparcería, que podrá ser continuada por aquellas personas y en las mismas condiciones que se relacionan en el artículo 109.3 de la presente ley. En su caso, la aparcería subsistirá hasta el final del correspondiente año agrícola.
Artículo 145.—Al extinguirse la aparcería de nuevas plantaciones se procederá al corte y reparto del arbolado. No obstante, el cedente podrá optar por la conservación de lo plantado, haciéndose en este caso la liquidación de lo que corresponda al aparcero por su participación en el arbolado. A este fin, se determinará su valor con independencia de lo que tenga el suelo y se abonará al aparcero la parte correspondiente.
Artículo 146.—En caso de transmisión, a título oneroso, de una finca o un lugar acasarado cedidos en aparcería, o de porción determinada de los mismos, el aparcero podrá ejercitar el derecho de tanteo y retracto con los mismos requisitos, condiciones y efectos que para los arrendatarios de fincas rústicas o del lugar acasarado se establecen en la presente ley.
Artículo 147.—Por el contrato de vitalicio una o varias personas se obligan respecto a otra u otras a prestar alimentos, en los términos que convengan, a cambio de la cesión de determinados bienes o derechos.
Artículo 148.—1. La prestación alimenticia deberá comprender el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica, así como las ayudas y cuidados, incluso los afectivos, adecuados a las circunstancias de las partes.
Artículo 149.—1. El vitalicio podrá constituirse en favor del cedente de los bienes o de un tercero.
Artículo 150.—Para que tenga efectos frente a terceros, el contrato de vitalicio habrá de formalizarse en escritura pública.
Artículo 151.—La obligación de prestar alimentos durará hasta el fallecimiento del alimentista y se transmitirá, salvo pacto en contrario, a los sucesores del obligado a prestarlos.
Artículo 152.—1. El cesionario podrá desistir del contrato en cualquier tiempo, previa notificación fehaciente al cedente con seis meses de antelación.
Artículo 153.—1. El cedente podrá resolver el contrato si concurriera alguna de las circunstancias siguientes:
Artículo 154.—La acción de resolución sólo se transmitirá a los herederos del cedente en los casos en que el alimentista fuera un tercero y sólo podrá ser ejercitada en vida de éste.
Artículo 155.—Si en virtud de pacto la prestación alimenticia tuviera que realizarse de manera conjunta e indivisible por los cesionarios, el cedente podrá resolver el contrato cuando alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 153.1 fuera referible a cualquiera de aquellos. También será causa de resolución el desistimiento de alguno de los obligados a prestar la deuda alimenticia de manera conjunta e indivisible.
Artículo 156.—En los casos de resolución, el cedente recuperará los bienes y derechos cedidos, quedando sin efecto las enajenaciones y gravámenes que el cesionario hiciera, con la limitación establecida, en cuanto a terceros, por la legislación hipotecaria.
Artículo 157.—La compañía familiar gallega se constituye entre labradores con vínculos de parentesco, para vivir juntos y explotar en común tierras, lugar acasarado o explotaciones pecuarias de cualquier naturaleza pertenecientes a todos o a alguno de los reunidos.
Artículo 158.—La compañía familiar gallega se constituye de cualquiera de los modos o formas admitidos en derecho. Dicha constitución habrá necesariamente de documentarse cuando cualquiera de los contratantes así lo solicite.
Artículo 159.—La compañía familiar gallega se regirá por el título constitutivo, el uso o costumbre del lugar y las normas de la presente ley.
Artículo 160.—1. Salvo pacto en contrario, se entenderá constituida la compañía familiar gallega cuando un pariente del labrador case para casa.
Artículo 161.—Son bienes sociales de la compañía:
Artículo 162.—Son cargas de la compañía:
Artículo 163.—Corresponde la administración de la compañía a la persona que determine el contrato de constitución. En todo lo no previsto en el contrato, así como en las compañías constituidas tácitamente, corresponderá la administración, sucesivamente, al patrucio, a su viuda o a quien de modo notorio la ejerza.
Artículo 164.—Son facultades del patrucio o, en su caso, del socio administrador:
Artículo 165.—Son causas de modificación de la compañía:
Artículo 166.—1. En todos los supuestos de modificación de la compañía, salvo pacto en contrario, el socio separado o sus derechohabientes no podrán retirar sus bienes propios ni la parte que les corresponda en los sociales hasta tanto que finalicen las operaciones pendientes y la recogida de los frutos, siempre que la realización de las mismas no supere el año.
Artículo 167.—En caso de cesión o enajenación a título oneroso de la participación de la compañía a un tercero, antes de liquidarla y realizar las adjudicaciones, podrá cualquier socio ejercitar el derecho de retracto y subrogarse en el lugar del comprador o cesionario, reembolsándole el precio y los gastos de legítimo abono. Este derecho podrá ejercitarse en el plazo de los treinta días siguientes a la notificación de la transmisión y de sus condiciones.
Artículo 168.—1. Modificada la compañía, se practicará la liquidación parcial para fijar el haber de cada uno en el momento de la modificación, a fin de determinar y adjudicar su participación al que cause baja o a sus derechohabientes.
Artículo 169.—La compañía familiar gallega se extinguirá por:
Artículo 170.—En todos los casos de extinción de la compañía, la liquidación y la división de los bienes sociales se harán conforme a las reglas siguientes:
Artículo 171.—El régimen económico matrimonial será el convenido por los cónyuges en capitulaciones matrimoniales. En defecto de convenio o ineficacia del mismo, el régimen será la sociedad de gananciales.
Artículo 172.—Los cónyuges podrán pactar en capitulaciones matrimoniales la liquidación total o parcial de la sociedad y las bases para realizarla, con plena eficacia al disolverse la sociedad conyugal.
Artículo 173.—Las capitulaciones podrán otorgarse antes o durante el matrimonio y habrán de formalizarse necesariamente en escritura pública.
Artículo 174.—Las capitulaciones podrán contener cualquier estipulación relativa al régimen económico familiar y sucesorio, sin más limitaciones que las contenidas en la ley.
Artículo 175.—Son donaciones por razón de matrimonio las que por causa de este cualquier persona haga en favor de alguno de los contrayentes, o de ambos, antes o después de la celebración.
Artículo 176.—Las donaciones por razón de matrimonio podrán comprender bienes presentes o futuros. En el primer caso determinarán la adquisición inmediata de lo donado, aunque para que la donación de inmuebles sea válida habrá de hacerse en escritura pública. En el segundo caso la adquisición se subordina a la muerte del donante, siendo el régimen de aplicación el de los pactos sucesorios contemplados en la presente ley.
Artículo 177.—Las donaciones por razón de matrimonio podrán someterse a condición.
Artículo 178.—1. Si la sociedad de gananciales fuera el régimen económico matrimonial, los bienes donados por razón de matrimonio a los cónyuges conjuntamente y sin designación de partes tendrán carácter ganancial.
Artículo 179.—Las donaciones por razón de matrimonio previas al mismo quedarán sin efecto si no llegara a contraerse en el plazo de un año.
Artículo 180.—Las donaciones por razón de matrimonio sólo podrán ser revocadas por las causas siguientes:
2.º) En las realizadas por terceros, por la nulidad, separación o divorcio de los cónyuges, si los mismos bienes donados estuvieran en poder de los cónyuges.
Artículo 181.—La sucesión se defiere, en todo o en parte, por:
Artículo 182.—En las sucesiones regidas por la presente ley no habrá lugar a reversión legal ni a obligación de reservar.
Artículo 183.—1. El testamento abierto ordinario se otorgará ante notario, sin que sea necesaria la presencia de testigos.
Artículo 184.—Como excepción, habrán de concurrir testigos al otorgamiento del testamento abierto ordinario cuando:
Artículo 185.—En los casos en que sea necesaria su presencia, los testigos serán al menos dos, debiendo tener plena capacidad de obrar, entender al testador y saber firmar.
Artículo 186.—El testamento abierto ordinario puede ser individual o mancomunado.
Artículo 187.—1. Es mancomunado el testamento cuando se otorga por dos o más personas en un único instrumento notarial.
Artículo 188.—Los gallegos podrán otorgar testamento mancomunado en Galicia o fuera de ella.
Artículo 189.—El testamento mancomunado habrá de otorgarse en forma abierta notarial.
Artículo 190.—El testamento mancomunado podrá ser revocado conjuntamente por los otorgantes. Asimismo, en todo momento podrá ser revocado unilateralmente por cualquiera de ellos en lo concerniente a sus disposiciones no correspectivas.
Artículo 191.—1. La revocación o modificación unilateral de las disposiciones correspectivas sólo podrá hacerse en vida de los cónyuges y producirá la ineficacia de todas las recíprocamente condicionadas.
Artículo 192.—1. La revocación del testamento mancomunado habrá de hacerse en testamento abierto notarial.
Artículo 193.—El testamento mancomunado no limita la libertad dispositiva de ninguno de los otorgantes. Cualquiera de ellos podrá disponer, inter vivos o mortis causa, de todo o parte de sus bienes.
Artículo 194.—1. Salvo que se hiciera de común acuerdo, la disposición de bienes comprendidos en una cláusula testamentaria correspectiva, realizada en vida de los cónyuges, producirá la ineficacia de las recíprocamente condicionadas con ella, sin necesidad de notificación.
Artículo 195.—Fallecido uno de los otorgantes, los interesados en su sucesión tendrán derecho a copia del testamento mancomunado. La copia sólo podrá contener las disposiciones que afecten a la sucesión abierta.
Artículo 196.—Se llama testamento por comisario al que uno de los cónyuges otorga en ejercicio de la facultad testatoria concedida por el otro.
Artículo 197.—Podrá válidamente pactarse en capitulaciones matrimoniales o atribuirse en testamento por un cónyuge a otro la facultad de designar heredero o legatario entre los hijos o descendientes comunes, así como la de asignar bienes concretos y determinar el título por el que se recibirán.
Artículo 198.—Además de las legítimas, en el ejercicio de la facultad testatoria el comisario habrá de respetar las disposiciones del cónyuge atribuyente.
Artículo 199.—Salvo que el atribuyente le señalara plazo, el cónyuge podrá ejercitar la facultad testatoria mientras viva.
Artículo 200.—1. El comisario podrá adjudicar los bienes del difunto:
1.º) En acto particional «inter vivos», total o parcial, determinando el título por el que los bienes se atribuyen. Las adjudicaciones «inter vivos», unilaterales o no, serán irrevocables, transmitiendo la propiedad y posesión de los bienes por la aceptación del hijo o descendiente.
2.º) Por actos «mortis causa», sea en testamento otorgado por el cónyuge en condición de comisario del causante o sea en testamento por el que el comisario dispone además de sus propios bienes. Las adjudicaciones hechas en testamento serán revocables.
Artículo 201.—1. En tanto el cónyuge no ejercite la facultad testatoria se entenderá que la herencia del fallecido está bajo su administración.
Artículo 202.—1. La facultad testatoria quedará sin efecto por:
Artículo 203.—1. Toda disposición a favor de persona incierta será nula, salvo que por algún evento pueda resultar cierta.
Artículo 204.—También será válida la disposición hecha bajo la condición de cuidar y asistir al testador, sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Si el testador designara testamentero, corresponderá a este la facultad de apreciar el cumplimiento o incumplimiento de la condición resolutoria.
Artículo 205.—1. La disposición testamentaria de un bien ganancial podrá realizarse como de cosa ganancial o como del derecho que al testador le corresponda en el mismo.
Artículo 206.—Cuando se disponga de un bien por entero como cosa ganancial habrá de hacerse constar expresamente este carácter y la disposición producirá todos sus efectos si el bien fuera adjudicado a la herencia del testador en la liquidación de gananciales. Si ello no fuera así, se entenderá legado el valor que tuviera el bien en el momento del fallecimiento del testador.
Artículo 207.—1. Cuando se adjudica o lega el derecho que corresponde al testador en un bien ganancial la disposición se entenderá referida sólo a la mitad de su valor.
Artículo 208.—Salvo que del testamento resulte otra cosa, las disposiciones a favor del cónyuge no producirán efecto si al fallecer el testador estuviera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio o separación, o se encontraran en trámite los procedimientos dirigidos a ese fin. Tampoco producirán efecto en los casos de separación de hecho entre los cónyuges.
Artículo 209.—Sin perjuicio de los que fueran admisibles conforme al derecho, de acuerdo con la presente ley son pactos sucesorios:
Artículo 210.—Sólo pueden otorgar pactos sucesorios las personas mayores de edad con plena capacidad de obrar.
Artículo 211.—Los pactos sucesorios habrán de ser otorgados en escritura pública. En otro caso el pacto no producirá efecto alguno.
Artículo 212.—Será admisible el otorgamiento de los pactos sucesorios por poder que, teniendo carácter especial, contenga los elementos esenciales del negocio sucesorio.
Artículo 213.—Las estipulaciones contenidas en los pactos de mejora que hagan referencia explícita a instituciones consuetudinarias gallegas, como la casa, el casamiento para casa, la mejora de labrar y poseer, la compañía familiar o cualquier otra, habrán de ser interpretadas conforme a los usos y costumbres locales.
Artículo 214.—Son pactos de mejora aquellos por los cuales se conviene a favor de los descendientes la sucesión en bienes concretos.
Artículo 215.—Los pactos sucesorios podrán suponer la entrega o no de presente de los bienes a quienes les afecten, determinando en el primer caso la adquisición de la propiedad por parte del mejorado.
Artículo 216.—En el pacto sucesorio podrán contemplarse los supuestos en que quedará sin efecto y determinarse el ámbito residual de las facultades dispositivas de los adjudicantes, por actos inter vivos, a título oneroso o gratuito.
Artículo 217.—En defecto de regulación expresa, el pacto de mejora se ajustará a las reglas siguientes:
Artículo 218.—Además de por las causas que se convinieran, los pactos de mejora quedarán sin efecto:
Artículo 219.—1. El ascendiente que quiera conservar indiviso un lugar acasarado, aunque las suertes de tierras estén separadas, o una explotación agrícola, industrial, comercial o fabril podrá pactar con cualquiera de sus descendientes su adjudicación íntegra.
Artículo 220.—En los casos a que se refiere el artículo anterior, la casa patrucial y su era, corrales y huertos, tratándose de lugar acasarado, y la explotación agrícola, comercial o fabril se reputarán indivisibles a efectos de la partición.
Artículo 221.—1. El adjudicatario podrá compensar en metálico a los demás interesados en la partición.
Artículo 222.—Además de por las causas comunes a los pactos de mejora, el derecho de labrar y poseer quedará sin efecto si durante dos años consecutivos el mejorado abandonara en vida del adjudicante, totalmente y sin justa causa, la explotación de los bienes que la componen.
Artículo 223.—Cuando la mejora no se realice con entrega de bienes, en caso de premoriencia del mejorado, si los descendientes de este son varios y el favorecido no designa sucesor en la mejora, el mejorante podrá elegir a uno de ellos como mejorado en escritura pública o testamento.
Artículo 224.—Por la apartación quien tenga la condición de legitimario si se abriera la sucesión en el momento en que se formaliza el pacto queda excluido de modo irrevocable, por sí y su linaje, de la condición de heredero forzoso en la herencia del apartante, a cambio de los bienes concretos que le sean adjudicados.
Artículo 225.—El apartante podrá adjudicar al apartado cualquier bien o derechos en pago de la apartación, independientemente del valor de la misma.
Artículo 226.—Podrá válidamente pactarse que el legitimario quede excluido no sólo de la condición de heredero forzoso, sino también del llamamiento intestado.
Artículo 227.—Salvo dispensa expresa del apartante, lo dado en apartación habrá de traerse a colación si el apartado o sus descendientes concurrieran en la sucesión con otros legitimarios.
Artículo 228.—Los cónyuges podrán pactar en escritura pública o disponer en testamento la atribución unilateral o recíproca del usufructo sobre la totalidad o parte de la herencia.
Artículo 229.—1. El usufructo voluntario del cónyuge viudo es inalienable. El usufructuario sólo podrá disponer de su derecho sobre bienes concretos con el consentimiento de los propietarios sin usufructo.
Artículo 230.—1. El usufructo del cónyuge viudo quedará sin efecto en los supuestos de indignidad para suceder o por ser el cónyuge justamente desheredado, por declaración de nulidad del matrimonio, divorcio y separación judicial o de hecho de los cónyuges.
Artículo 231.—Salvo que el título constitutivo disponga otra cosa, el cónyuge viudo no estará obligado a formar inventario de los bienes usufructuados ni a prestar fianza. No obstante, cualquier legitimario podrá exigir la prestación de fianza para salvaguardar su legítima.
Artículo 232.—1. Cuando la persona viuda estuviera obligada a formar inventario y no se indique plazo, este será de seis meses, a contar desde la apertura de la sucesión.
Artículo 233.—Además de las facultades que incumben a todo usufructuario, el cónyuge que lo fuera por la totalidad de la herencia está facultado para:
6.º) Realizar mejoras no suntuarias con cargo a la herencia.
7.º) Explotar las minas según su reglamento jurídico.
Artículo 234.—La persona referida en los artículos anteriores habrá de:
Artículo 235.—Si los propietarios sin usufructo fueran descendientes de la persona viuda, las reparaciones, tanto las ordinarias como las extraordinarias, serán a cargo y por cuenta de quien fuera usufructuario, a no ser que por su entidad y atendida la rentabilidad del patrimonio usufructuado no pudiera costearlas aquella persona. En este último caso, las reparaciones se realizarán en conformidad con los propietarios sin usufructo o, si no hubiera acuerdo, por determinación judicial.
Artículo 236.—Además de por las causas generales de extinción del usufructo, el del cónyuge viudo se extingue por:
Artículo 237.—A instancia de los propietarios sin usufructo, también se extinguirá el usufructo de viudedad por:
Artículo 238.—Son legitimarios:
Artículo 240.—Los legitimarios tienen derecho a recibir del causante, por cualquier título, una atribución patrimonial en la forma y medida establecidas en la presente ley.
Artículo 241.—Dejando a salvo el usufructo del cónyuge viudo ordenado con arreglo a la presente ley, no podrán imponerse sobre la legítima cargas, condiciones, modos, términos, fideicomisos o gravámenes de clase alguna. Si los hubiera se tendrán por no puestos.
Artículo 242.—Salvo los casos de apartación, será nula toda renuncia o transacción sobre la legítima realizada antes de la apertura de la sucesión.
Artículo 243.—Constituye la legítima de los descendientes la cuarta parte del valor del haber hereditario líquido que, determinado conforme a las reglas de esta sección, se dividirá entre los hijos o sus linajes.
Artículo 244.—Para fijar la legítima, el haber hereditario del causante se determinará conforme a las reglas siguientes:
Artículo 245.—Salvo disposición en contrario del causante, se imputará al pago de la legítima de los descendientes:
Artículo 246.—1. Si el testador no hubiera asignado la legítima en bienes determinados, los herederos, de común acuerdo, podrán optar entre pagarla en bienes hereditarios o en metálico, aunque sea extrahereditario. A falta de acuerdo entre los herederos, el pago de la legítima se hará en bienes hereditarios.
Artículo 247.—Si los bienes atribuidos por el causante a un legitimario no fueran suficientes para satisfacer su legítima, este sólo tendrá derecho a su complemento, el cual se satisfará de acuerdo con las reglas del artículo anterior.
Artículo 248.—Pueden pagar la legítima, o su complemento, el heredero, el comisario o contador-partidor así como el testamentero facultado para ello. Pero corresponderá en exclusiva a los herederos la opción de pagar la legítima en metálico extrahereditario.
Artículo 249.—1. El legitimario no tiene acción real para reclamar su legítima y será considerado, a todos los efectos, como un acreedor.
Artículo 250.—El heredero deberá pagar las legítimas o su complemento en el plazo de un año desde que el legitimario la reclame. Transcurrido este plazo la legítima producirá el interés legal del dinero. Si el legitimario no estuviera conforme con la liquidación de la legítima y rechazara el pago, el heredero o persona facultada para entregarla podrá proceder a la consignación judicial.
Artículo 251.—1. Si no hubiera en la herencia bienes suficientes para el pago de las legítimas podrán reducirse por inoficiosos los legados y donaciones computables para su cálculo, comenzando, salvo disposición en contra del testador, por los primeros a prorrateo. Si no fuera suficiente, se reducirán también las donaciones por el orden de sus fechas, comenzando por las más recientes.
Artículo 252.—Las acciones de reclamación de legítima y de reducción de disposiciones inoficiosas prescribirán a los quince años del fallecimiento del causante.
Artículo 253.—Si concurriera con descendientes del causante, al cónyuge viudo le corresponde en concepto de legítima el usufructo vitalicio de una cuarta parte del haber hereditario fijado conforme a las reglas del artículo 245.
Artículo 254.—Si no concurriera con descendientes, el cónyuge viudo tendrá derecho al usufructo vitalicio de la mitad del capital.
Artículo 255.—El causante podrá satisfacer la legítima del cónyuge viudo atribuyéndole por cualquier título, en usufructo o propiedad, bienes determinados de cualquier naturaleza, un capital en dinero, una renta o una pensión.
Artículo 256.—Si el causante no lo prohibió, los herederos podrán conmutar la legítima del cónyuge viudo por alguna de las atribuciones expresadas en el artículo anterior y optar por la modalidad de pago, pero habrán de acordar con la persona viuda los bienes o derechos en que se concretará. Si no hubiera acuerdo entre los herederos y la persona viuda, decidirá la autoridad judicial.
Artículo 257.—1. En tanto no exceda de su cuota usufructuaria, el cónyuge viudo podrá optar por hacerla efectiva sobre la vivienda habitual, el local en donde ejerciera su profesión o la empresa que viniera desarrollando con su trabajo.
Artículo 258.—La preterición intencional de un descendiente no afecta a la validez de las disposiciones por causa de muerte. El legitimario sólo tendrá derecho a percibir su legítima conforme a las reglas de la presente ley. Lo mismo se entenderá en el caso de preterición del cónyuge, sea intencional o no.
Artículo 259.—1. La preterición no intencional de un legitimario descendiente faculta a la persona preterida para obtener la declaración de nulidad de la institución de heredero hecha en testamento. Las demás disposiciones testamentarias y los pactos sucesorios serán válidos en cuanto su reducción no sea necesaria para el pago de las legítimas.
Artículo 260.—La preterición no intencional no producirá los efectos a que se refiere el artículo precedente si los preteridos concurrieran a la partición con los instituidos.
Artículo 261.—Los descendientes de otro descendiente que no fuera preterido representan a este en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos.
Artículo 262.—1. El desheredamiento justo de un legitimario priva a este de su legítima.
Artículo 263.—Son justas causas para desheredar a cualquier legitimario:
Artículo 264.—La persona desheredada injustamente conserva su derecho a la legítima.
Artículo 265.—La reconciliación posterior del ofensor y del ofendido priva a este del derecho de desheredar, dejando sin efecto el desheredamiento ya hecho.
Artículo 266.—Las acciones a causa de preterición o desheredamiento injusto se extinguen por caducidad a los cinco años de la muerte del causante.
Artículo 267.—Si no existieran personas que tengan derecho a heredar de acuerdo con lo establecido en la presente ley y lo dispuesto en las secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª del capítulo IV del título III del Código civil, heredará la Comunidad Autónoma de Galicia.
Artículo 268.—En los casos en que correspondiera heredar a la Comunidad Autónoma de Galicia la herencia se entenderá aceptada siempre a beneficio de inventario.
Artículo 269.—Los bienes heredados por la Comunidad Autónoma de Galicia serán destinados a establecimientos de asistencia social o instituciones culturales que se ubiquen, preferentemente y por este orden, en el lugar de la última residencia del causante, en su término municipal, en su comarca y en todo caso en territorio de la comunidad autónoma gallega.
Artículo 270.—La partición de la herencia puede realizarse por:
Artículo 271.—Si concurrieran a la sucesión menores o incapacitados legalmente representados no será necesaria la intervención ni la aprobación judicial a efectos de aceptar o partir la herencia.
Artículo 272.—El cesionario de un heredero se subroga en el lugar de este en la partición de la herencia.
Artículo 273.—El testador podrá hacer la partición de la herencia o realizar adjudicaciones de bienes y derechos determinados, sin perjuicio de las legítimas.
Artículo 275.—Podrán ordenarse en testamento disposiciones particulares sobre la partición de la herencia que habrán de observarse al hacer la misma.
Artículo 276.—Los cónyuges, aunque testen por separado, podrán hacer una partija conjunta y unitaria de sus bienes privativos y de los comunes, si los hubiera, con independencia del origen de los adjudicados a cada heredero.
Artículo 277.—La partija conjunta y unitaria será eficaz en el momento del fallecimiento de ambos cónyuges. También producirá plenos efectos si, fallecido uno de los cónyuges, el sobreviviente la cumpliera en su integridad por atribuciones patrimoniales «inter vivos».
Artículo 278.—Fallecido uno de los cónyuges que hiciera la partija conjunta y unitaria, el sobreviviente podrá disponer de sus bienes privativos. Para la disposición de los bienes comunes y de los del premuerto incluidos en la partición será necesario el concurso de sus herederos y del cónyuge sobreviviente. La confusión de patrimonios en esta partija no perjudicará a los terceros acreedores y legitimarios.
Artículo 279.—En vida de ambos cónyuges, la partija conjunta y unitaria podrá ser revocada por cualquiera de ellos. La revocación no producirá efecto mientras no sea notificada fehacientemente al otro cónyuge. La revocación producirá la ineficacia total de la partija.
Artículo 280.—Fallecido uno de los cónyuges, la partija conjunta y unitaria también quedará sin efecto por la revocación del sobreviviente.
Artículo 281.—La partija podrá ser declarada ineficaz cuando la composición patrimonial base de la misma se haya alterado de forma sustancial por enajenaciones voluntarias o forzosas.
Artículo 282.—En la partición conjunta y unitaria por ambos cónyuges la legítima de cualquiera de los hijos o descendientes comunes podrá ser satisfecha con bienes de uno solo de los causantes. En este caso, no podrán reclamarse las legítimas hasta el fallecimiento del último de los cónyuges.
Artículo 283.—En el propio testamento o en escritura pública, el testador podrá encomendar la facultad de hacer la partición de la herencia a quien no sea partícipe en la misma.
Artículo 284.—1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el testador podrá nombrar contador-partidor al cónyuge sobreviviente al que sólo hubiera asignado el usufructo universal, sin perjuicio de otras facultades que también pudiera atribuirle.
Artículo 285.—La designación de contadores-partidores podrá efectuarse mancomunada, sucesiva o solidariamente.
Artículo 286.—Si no se estableciera expresamente la solidaridad ni se fijara un orden sucesivo entre los contadores-partidores, se entenderán nombrados mancomunadamente.
Artículo 287.—1. Cuando los contadores-partidores fueran mancomunados, además de la partija hecha por todos, valdrá la que haga uno solo de ellos autorizado por los demás. En caso de disidencia, será válida la que haga la mayoría de ellos.
Artículo 288.—1. Los contadores-partidores sólo actuarán por requerimiento de cualquier partícipe en la comunidad hereditaria, excepto cuando el testador impusiera expresamente su intervención.
Artículo 289.—Será válida la partición hecha por uno solo de los contadores-partidores solidarios cuando:
Artículo 290.—El cargo de contador-partidor se entenderá renunciado si dentro de los diez días hábiles siguientes al requerimiento de los herederos no fuera aceptado expresamente.
Artículo 291.—El contador-partidor podrá realizar el inventario por sí solo, aun cuando existan personas sujetas a patria potestad, tutela o curatela.
Artículo 292.—1. El contador-partidor deberá hacer la partición total de la herencia.
Artículo 293.—En la partición, el contador-partidor podrá liquidar la sociedad conyugal con el cónyuge sobreviviente o sus herederos. Si el contador-partidor lo fuera de ambos cónyuges y realizara la partición conjunta, podrá prescindir de la liquidación de la sociedad conyugal, salvo que fuera precisa para cumplir las disposiciones testamentarias de cualquiera de ellos.
Artículo 294.—Cuando el testador no tuviera hecha la partición, los partícipes mayores de edad, los emancipados o los legalmente representados podrán partir la herencia del modo que tengan por conveniente.
Artículo 295.—Cuando no haya contador-partidor designado por el causante o esté vacante el cargo, los partícipes que representen una cuota de más de la mitad del haber partible y sean al menos dos podrán promover ante notario la partición de la herencia, que, respetando en todo caso las disposiciones del causante, se sustanciará conforme a las formalidades establecidas en los artículos siguientes.
Artículo 296.—Quienes promuevan la partición habrán de notificar su propósito notarialmente a los demás interesados, si conocen su domicilio. El notario sólo aceptará el requerimiento si quienes lo promueven le acreditan la titularidad de la cuota hereditaria a que se refiere el artículo precedente y designan contadores-partidores.
Artículo 297.—Si el domicilio de algún interesado no fuera conocido por los requirentes, el notario lo notificará mediante la publicación de edictos en el boletín oficial de la provincia, en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en uno de los periódicos de mayor circulación, todo ello respecto al lugar en donde el causante tuvo el último domicilio en España.
Artículo 298.—En el requerimiento inicial al notario, cada uno de los que lo promuevan podrá designar hasta un máximo de tres contadores-partidores, a fin de elegir a uno de ellos por sorteo. En el requerimiento inicial también se fijará la fecha y hora en que se realizará el sorteo ante el notario requerido para la notificación. En ningún caso podrá realizarse el sorteo hasta que hayan transcurrido treinta días hábiles desde la fecha en que se practicó la última de las publicaciones o notificaciones y sesenta días hábiles desde el requerimiento inicial al notario.
Artículo 299.—Durante los treinta días hábiles siguientes a la práctica de la notificación o publicación cada uno de los partícipes no promoventes también podrá proponer hasta un máximo de tres contadores-partidores.
Artículo 300.—La partición por acuerdo mayoritario no podrá efectuarse cuando con anterioridad a la finalización del plazo previsto en el artículo anterior se haya notificado fehacientemente a los partícipes que se promovió judicialmente la partición. No habiéndose efectuado esta notificación, la partija que se realice con arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes producirá plenos efectos.
Artículo 301.—Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 299, se designará un contador-partidor por insaculación de entre los propuestos, que habrán de ser al menos cinco.
Artículo 302.—El contador-partidor designado, en unión, en su caso, del cónyuge viudo a efectos de la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, deberá formar inventario con fundamento en los documentos que los interesados le aportaran y procederá, por sí o con asesoramiento pericial, a la valoración de los bienes.
Artículo 303.—Si las cuotas de los partícipes en la herencia fueran iguales o si, aun siendo desiguales, permitieran la formación de tantos anexos homogéneos como fueran precisos para la adjudicación de los bienes, el contadorpartidor formará los que correspondan, los cuales serán sorteados ante notario.
Artículo 304.—Siendo las cuotas desiguales de tal naturaleza que no permiten la formación de lotes homogéneos con los bienes hereditarios, el contador-partidor propondrá a los interesados un proyecto de partición, que para su validez habrá de ser aprobado por partícipes que representen, al menos, las tres cuartas partes del haber hereditario.
Artículo 305.—En la partición, ya sea formada por sorteo de los anexos ante notario o aprobada por la mayoría calificada a que se refiere el artículo anterior, habrá de incluirse la entrega de legados, el pago de las legítimas y demás operaciones complementarias que procedan, incluida la liquidación de la sociedad conyugal.
Artículo 306.—La partición se formalizará mediante escritura pública de protocolización del cuaderno particional otorgada por el contador-partidor designado, y, en el caso a que se refiere el artículo 303, por los partícipes que representan la mayoría calificada en él prevista, ante el mismo notario que hubiera intervenido en los trámites anteriores.
Artículo 307.—El notario notificará la formalización de la partición a los interesados que no comparecieran a la protocolización. La notificación se realizará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 295 y 296. Una vez practicada la notificación, la partición producirá todos sus efectos y pondrá fin a la indivisión.
Artículo 308.—El quiñón adjudicado al partícipe que por ausencia de hecho no tuviera domicilio conocido será administrado por el viudo del causante que, interesado en la partición, fuera ascendiente del adjudicatario.En su defecto o por renuncia, el quiñón será administrado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 de la presente ley.
Disposición adicional primera.—Cada cinco años, como máximo, sin perjuicio de la iniciativa parlamentaria correspondiente, la Mesa del Parlamento de Galicia designará una comisión, integrada por miembros de los diversos grupos parlamentarios de la Cámara, a fin de elaborar un informe comprensivo de las dificultades y dudas que se adviertan en la aplicación de los preceptos de la presente ley y de aquellas normas que se estimen necesarias para la conservación, modificación y desarrollo de las instituciones del derecho civil propio de Galicia.
Disposición adicional segunda.— [...]
VIGENTE DE 19 DE JULIO DE 2006 A 11 DE AGOSTO DE 2012.
Disposición adicional segunda.—En los montes que a la entrada en vigor de la presente ley figuren clasificados como montes vecinales en mano común, la consejería competente en la materia procederá a su deslinde contradictorio, allí en donde exista conflicto, para determinar su concreto perímetro y superficie, enclaves privados existentes y demás datos de interés. Se citará a todas aquellas personas que pueda presumírseles interés, y en particular a los miembros de la comunidad vecinal, individualmente considerados.
Disposición adicional tercera.— 1. A los efectos de aplicación de la presente ley, se equiparan al matrimonio las relaciones maritales mantenidas con intención o vocación de permanencia, con lo que se extienden a los miembros de la pareja los derechos y obligaciones que esta ley reconoce a los cónyuges.
2. Tendrá la condición de parejas de hecho las uniones de dos personas mayores de edad, capaces, que convivan con la intención o vocación de permanencia en una relación de afectividad análoga a la conyugal y que la inscriban en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia, expresando su voluntad de equiparar sus derechos a los del matrimonio.
Esta disposición adicional tercera ha sido redactada por la Ley 10/2007, de 28 de junio, de reforma de la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia (DOG de 2 de julio).
VIGENTE DE 19 DE JULIO DE 2006 A 2 DE JULIO DE 2007.
Disposición adicional tercera.—A los efectos de aplicación de la presente ley se equiparan al matrimonio las relaciones maritales mantenidas con intención o vocación de permanencia, con lo cual se extienden, por tanto, a los miembros de la pareja los derechos y obligaciones que esta ley reconoce a los cónyuges. Tendrá la consideración de relación marital análoga al matrimonio la formada por dos personas que lleven conviviendo al menos un año, pudiéndose acreditar tal circunstancia por medio de la inscripción en el registro, manifestación expresa mediante acta de notoriedad o cualquier otro medio admisible en derecho. En caso de tener hijos en común será suficiente con acreditar la convivencia.
Disposición adicional cuarta.—Las referencias realizadas en la presente ley al hombre o a la mujer o sólo en uno de los géneros han de entenderse referidas a ambos géneros, sin que pueda existir, por tanto, discriminación alguna por razón de sexo.
Disposición transitoria primera.—Salvo la posesión de una servidumbre de paso comenzada antes de la entrada en vigor de la Ley 4/1995, de 24 de mayo, que no aprovechará al poseedor a efectos de su adquisición por usucapión, lo dispuesto en el capítulo VIII del título VI de la presente ley será de aplicación a todos los actos y servidumbres de paso cualquiera que sea la fecha de realización o constitución de los mismos.
Disposición transitoria segunda.—1. Las disposiciones de la presente ley sobre la partición de la herencia serán de aplicación a todas las particiones que se realicen a partir de la entrada en vigor de la misma, sea cual fuera la fecha de fallecimiento del causante.
Disposición transitoria tercera.—Los demás problemas de derecho intertemporal que se planteen a causa de la entrada en vigor de la presente ley se resolverán de conformidad con los principios que informan las disposiciones transitorias del Código civil.

References: Resolución 
 resolución

 artículo 117
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 artículo 27
 artículo 234
 artículo 123

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Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
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Artículo 13

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Artículo 25

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Artículo 26

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Artículo 29

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Artículo 31

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Artículo 135
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