Source: http://pacificacionacionaldefinitiva.blogspot.com/2012_06_24_archive.html
Timestamp: 2019-07-21 17:33:23+00:00

Document:
Pacificación Nacional Definitiva: 24/06/12 - 1/07/12
La verdad... es un negro de mierda, como se autodefine.
Alguna vez, se le preguntó a uno de estos "militantes de la memoria", los caranchos que lucran con la muerte ajena de los setenta, si nuestro país alguna vez alcanzaría la paz y la reconciliación.
No es de extrañar, este lento genocidio, insidioso porque se lo disfraza de justicia, es llevado adelante por un "joven idealista" que se autodenomina desafiante "negro de mierda", nombre que comparte con una sub-agrupación de la Cámpora.
Publicadas por Pacificación Nacional Definitiva a la/s 19:54 5 comentarios:
El 11 de julio de 2011 publicamos una nota, cuyo título era: ¿Quiere conocer el famoso "modelo K"... el que pretenden profundizar con la re-elección de la presidente?
http://pacificacionacionaldefinitiva.blogspot.com.ar/2011/07/quiere-conocer-el-famoso-modelo-k-el.html
En el mismo afirmábamos que:
“Mucha gente se pregunta ¿Cuál es el modelo? No se lo conoce… resulta que el ¿Frente Para la Victoria? no tiene ningún modelo que sea fruto de una planificación ordenada o de su imaginación, es una simple copia de la resolución que adoptó el Foro de São Paulo en su última reunión en Montevideo. Seguro que los los funcionarios del ¿Frente Para la Victoria?, dirán que la idea es de Cristina".
Ha pasado casi un año de esa nota y nada ha cambiado, vemos la coincidencia con lo que ocurre en nuestro país y todo aquel que haya adherido al Foro de São Paulo… hay que estar muy alertas, nos acercamos al final de la historieta, de nosotros depende que sea un final feliz o triste.
Los invitamos a que lean nuevamente la nota cuyo link les dejamos más arriba y saquen sus propias conclusiones con respecto a los últimos acontecimientos vividos en el país y al maligno mensaje que nos deja el programa ¡Aló Presidenta! con el cual Cristina se víctimiza diariamente y nos martiriza a nosotros... el pueblo!
¡El próximo eres tú… aunque no lo creas!
¡El poder depende de nosotros... de nadie más!
¡Tan sencillo y fácil de entender!
¡No olvidarlo en las próximas elecciones… el poder es nuestro
solo lo concedemos, por un tiempo, a quién queremos!
Abogada penalista. Convencional Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Diputada Nacional (MC)
Últimamente se ha tomado conocimiento de un proyecto de ley que propone la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal. Se basaría, principalmente, en que “se busca priorizar los derechos humanos de segunda generación: primero atender la salud de quien consume y después atacar el narcotráfico”, tal como lo expresara en una ocasión el senador nacional Aníbal Fernández.
Esta postura no encuentra fundamento en el Derecho Constitucional ni en el Derecho Penal.
Por mucho tiempo se intentó sostener que el consumo de drogas en un ámbito íntimo era una mera conducta privada que no podía ser perseguida públicamente pero, de alguna forma, por ser un argumento harto cuestionable, se esgrime ahora un fundamento distinto.
La Constitución Nacional prevé en su artículo 19 el derecho a la privacidad, es decir que “Las acciones privadas de los hombres que no ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.
Pero tener droga, aún para consumo personal, no es un mero proceder privado puesto que para ejecutarlo se pone en marcha todo un mecanismo criminal, que consiste en desplegar cualquiera de las etapas de la operación de sembrar, cultivar, guardar, fabricar, comerciar y suministrar estupefacientes, o plantas o su semilla para producir estos. Para llevarse a cabo un comportamiento reservado de consumo, debe primero conseguirse la semilla, planta o estupefaciente y ello, por regla, de por sí solo configura un delito, ya que estas cosas no caen del techo en el momento en que se desea consumir. Previamente debió, inexorablemente, incursionarse en el campo delictual.
En tal sentido, discrepamos absolutamente por lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Arriola, de fecha 25/8/2009.
El artículo 277 inciso 1) apartado c) del Código Penal establece “Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiere participado:…Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito”, por lo que el consumidor en algún momento estaría cometiendo alguno de estos hechos típicamente ilícitos para procurarse la substancia en sí o las materias primas para obtenerla. Esta cosa, marihuana, constituye también el objeto de un delito, como podría ser, vgr., un televisor robado.
Si, buscando una evasiva al mandato que surge de esta norma, en el proyecto de ley que se pretende aprobar, se estableciera una excepción al Art. 277 inc. 1), apart. c) para el caso de los estupefacientes, quedaría en evidencia tangible que los actos de consumo tienen una incidencia abierta en toda la sociedad y dejarían de ser privados, porque en ningún caso es necesario que el legislador regule las acciones privadas de los hombres, como se vería obligado a hacerlo en el supuesto de tal salvedad.
Desde otro punto de vista, una excepción de este tipo sería muy desatinada, ya que implicaría una tergiversación de la interpretación de los bienes jurídicos protegidos. Tomando un ejemplo y sin entrar en el análisis del caso concreto, esto es los motivos que originan la priorización de la salud de una persona, parecería que la violación al derecho de propiedad de alguien como, por ejemplo un robo o un hurto, tendría menos jerarquía jurídica que el derecho a la salud de cualquier individuo. Darle preeminencia a la defensa de la salud individual por sobre el derecho de propiedad estaría significando, en ultimísima instancia, que deberíamos sacrificar nuestros bienes materiales por cualquiera, lo que podría parecer solidario para algunos, pero no se desprende de nuestro sistema constitucional, en el cual la propiedad privada es considerada uno de los valores fundamentales.
Por lo tanto, aún despenalizando la tenencia de marihuana para consumo personal, esa conducta de todos modos constituiría el delito de encubrimiento, como consecuencia de que el objeto marihuana en sí mismo siempre es proveniente de un delito penado por el Derecho Penal. Debería traer aparejado invariablemente la formación de una causa penal en la cual el imputado, en el mejor de los casos, saldría absuelto por aplicación del Artículo 34 inciso 3º, es decir Estado de Necesidad, si pudiera acreditarse dicho estado. Así el proceso debiera ser inevitable, ya sea por tenencia de marihuana o por “encubrimiento”, vía receptación típica, de ésta.
Pero ahora, como se expresó al inicio, se echa mano a los derechos humanos de segunda generación, de una forma como si fuera incompatible encontrar un equilibrio entre la defensa de la salud y la lucha contra el narcotráfico, pudiendo así realizarse ambos quehaceres sin desmedro de alguno de ellos.
Lo relacionado con la persecución de los estupefacientes está considerado con los “Delitos contra la Salud Pública”. La ley 23.737 (actualizadas por las leyes 26.052 y 26.524), que es la que tipifica los delitos relacionados con aquellos, hace referencia al Código Penal reemplazando y/o incorporando los Arts. 204, 204 bis, 204 ter, 204 quáter y 205 quínquies en el Capítulo IV, que lleva aquel nombre y que, a su vez, integra el Título VII, denominado “Delitos contra la Seguridad Pública”
Nuestros tribunales han dicho que la seguridad púbica consiste en el complejo de condiciones garantizadas por el orden público que constituyen la seguridad de la vida, de la integridad personal, de la sanidad, del bienestar y de la propiedad. El bien jurídico tutelado es la seguridad colectiva, que viene dada porque se configuran delitos de peligro, concreto o abstracto que, en todos los casos, ponen en juego aquellos valores en una generalidad indeterminada de personas.
Por su parte, la protección de la salud pública responde a un concepto relativamente reciente dentro de la historia del Derecho, que ha ido desenvolviéndose a medida de la evolución de la medicina. Implica el reconocimiento del bienestar general como un patrimonio colectivo a preservar y, por otra, la existencia de conductas capaces de poner en riesgo tal bienestar, esto es, los calificados delitos de riesgo.
La defensa de los bienes colectivos fue incorporada en el Artículo 43 de la Constitución Nacional por la reforma de 1994, pero pueden considerarse implícitamente contenidos desde su origen en el Art. 33 que reconoce otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Los Derechos Humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano, y el concepto de la Seguridad Pública está íntimamente relacionado con éstos, ya que la obligación fundamental del Estado es su preservación.
Los derechos a la privacidad y a la salud individual encuentran necesariamente un límite en la Seguridad Pública ejercida razonablemente y de acuerdo a las leyes que la regulan. Si esto no fuera así ningún grupo social podría sobrevivir, ya que la Seguridad Pública va más allá de la suma de voluntades individuales, se refiere a lo colectivo. La Seguridad Pública, y con ello la defensa de la Salud Pública, es un derecho natural e inalienable del Estado de Derecho.
Los Derechos Humanos de Segunda Generación, a que se alude, vendrían a constituir, en términos generales, los derechos sociales contemplados en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional, entre ellos el derecho a la salud. Este derecho debe necesariamente encontrar su restricción en la Seguridad Pública, cuando determinadas pautas ponen en riesgo la propia supervivencia del conjunto, so pretexto de hacer prevalecer la salud de un individuo determinado, la que puede abordarse adecuadamente sin menoscabar aquella.
Ya no desde lo estrictamente jurídico sino de lo fáctico, es decir de los hechos concretos, no encuentra asidero válido y conveniente llevar a cabo semejante reforma. Todas las drogas son un flagelo, y ya muchísimos estragos han provocado el alcohol, el tabaco y los sicofármacos no prescriptos y/o no controlados, para agregar uno más. El alcohol se conoce de siempre y lo mismo puede decirse del tabaco en el continente americano, primero, y después cuando prendió en el resto del mundo. Con el conocimiento de los trastornos sicológicos y enfermedades mentales, el descubrimiento de sicofármacos ha sido fructífero para enfrentar estas dolencias y recuperar personas que quedaban prácticamente incapacitadas e, inclusive, debían ser institucionalizadas. Pero, asimismo, su abuso y uso arbitrario produce daños muchas veces irreversibles.
Si no se quiere, o no se puede, luchar adecuadamente contra estas calamidades al punto tal que permanentemente se advierte su aumento, y cada vez a más temprana edad, resulta incomprensible que con tanta liviandad se libere una nueva y más potente droga.
La marihuana ha dejado de ser una “droga blanda”, como lo era en la década del ochenta, cuando contenía de un 0,7 a 1% de su principio activo el THC (Tetra Hidro Cannabinol). Por ese entonces, en algunos países se habían habilitado lugares especialmente para consumirla, a fin de luchar contra estupefacientes más peligrosos, como la heroína. En esos mismos sitios, en la actualidad, no sólo se ha prohibido su consumo por parte de extranjeros a fin de minimizar su uso, sino que ha comenzado una revisión de esta situación, desaconsejando los especialistas que en estos tiempos otros estados copien este modelo y despenalicen las drogas.
La justificación es que con la marihuana transgénica el principio activo mencionado se ha multiplicado y está en el orden del 12%, pudiendo llegar, inclusive, al 22%. En estas condiciones, el alcaloide de la marihuana produce la misma adicción que las hasta ahora llamadas drogas duras.
No existe motivo suficiente para despenalizar la marihuana y no otras de las demás drogas, y esto acarreará, como se ha pronosticado, la promoción de acciones judiciales para lograr su equiparación, pues desde el punto de visto científico no es difícil la comprobación de que hoy todas ellas, más tarde o temprano, poseen potencialmente la misma capacidad de provocar adicción y producen gravísimos efectos físicos y síquicos.
Más aún, descontado el resultado nocivo de todas, el efecto inmediato de algunas puede ser, inclusive, menos riesgoso que el de la marihuana. La marihuana produce una reacción de relajamiento, generalmente agradable, ya que profundiza el estado de ánimo que tiene la persona al momento de ingerirla; usualmente, provoca risa incontrolada y la sensación de no sentir las rodillas y estar volando. La imaginación se despierta, pero se interrumpe la concentración y la memoria. Hay un deterioro del entendimiento y la coordinación, especialmente cuando se realizan tareas peligrosas. A fin de comparar, algunas personas expresan que se encuentran en un estado parecido a como si hubieran ingerido mucha cantidad de bebida alcohólica, esto quiere decir, sin dudas, alejadas de la realidad. Por el contrario, las anfetaminas producen en el sujeto un estado de alerta y sensación de poderío, mayor energía y vitalidad. La cocaína, en forma comparable a las anfetaminas, es un estimulante que aumenta la autoestima y confianza en uno mismo.
Cuando se analicen estrictamente todas estas substancias y se conozcan sus resultados negativos, es decir de una u otra forma, además de las graves secuelas físicas, causan la alteración de la conciencia y la adicción, no habrá razón valedera para evitar su equiparación.
Por lo demás, es un verdadero despropósito despenalizar drogas, lo que llevaría ineludiblemente a su mayor producción, y por el otro perseguir ésta. Ante la situación de despenalización de la tenencia de drogas para consumo, resultaría paradójicamente más “beneficiosa” la desincriminación de los estupefacientes en su totalidad, convirtiéndolos en una empresa regular, poniendo fin así de esta forma a una organización criminal que sólo beneficia al grupo de los que lucran con ella, y sumar toda esta actividad de muerte a aquellas que ya lo hacen respecto del estado mediante el pago de impuestos. Pero, en definitiva, cualquiera de estas alternativas implica un auténtico absurdo, sobre todo cuando las estadísticas confiables indican indiscutidamente el aumento alarmante de su empleo.
Es ridículo sostener que primero se va a atender la salud y después atacar el narcotráfico, porque mientras se cura a los enfermos afectados por los estupefacientes, aquél y el consumo mismo aumentarán exponencialmente como resultante de haber derogado la prohibición. No nos olvidemos que es el adicto el destinatario de toda la cadena delictiva, y por lo tanto no es un factor secundario, todo se hace por y para él.
Permanentemente se realizan comparaciones disparatadas respecto de diferentes situaciones jurídicas del pasado que nada tienen en común con la cuestión de las drogas. No estamos sosteniendo que al despenalizar la droga se esté llamando a consumirla. Simplemente decimos que lo que no está prohibido está permitido y no hay razón para que, del mismo modo en que se utilizan otras substancias dañinas lícitas, se eche mano a la marihuana. El artículo 19, segunda parte de la Constitución Nacional establece “Ningún habitante de la Nación, será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Ergo, es razonable sostener que al estar autorizada se incrementará su uso como sucede con todas las cosas.
Si hacemos una encuesta entre los fumadores, podremos advertir claramente que si los cigarrillos no se hubieran comprado en los quioscos la mayoría no hubiera fumado. No iban a procurarse tabaco de manera ilegítima, ya sea porque no se les hubiera ocurrido, tal como no lo hacen hoy en día con las sustancias que se encuentran vedadas por ley y, además, porque muchas personas no llevarían a cabo acciones ilegales. En el caso de la marihuana, más allá de que es prohibida su venta y/o distribución y por ende es más dificultosa su obtención que la un cigarrillo, pensemos que quien la busca no corre riesgo alguno, lo que la hace accesible y posibilita el aumento de su consumo.
Hay que conocer la problemática en profundidad para saber que muchos padres de jóvenes adictos a los estupefacientes, que no poseen recursos económicos para enfrentar adecuadamente semejante situación, están tan desesperados y no encuentran salida, que hasta querrían que sus hijos fueran sometidos a proceso para verse obligados a llevar a cabo un tratamiento, en la ilusión de que este sea un camino para la cura. Piden a los gritos ayuda y el Estado es incapaz de proporcionársela. Mientras aquellos quedan inermes presenciando la destrucción de sus hijos otros, esbozando soluciones estrafalarias, proponen con absoluta ligereza la liberalización.
Porque además, aún en el supuesto de que los imputados cumplan con la medida de seguridad curativa y fueran absueltos, si reinciden, algo siempre latente en las adicciones, no hay casi lugares gratuitos adonde puedan recurrir para llevar a cabo un nuevo tratamiento que efectivamente los conduzca a la desintoxicación y rehabilitación. Mal podemos luchar contra el azote de la droga si no establecemos las medidas preventivas para evitarlas y sanitarias para la recuperación del dependiente.
No puede afirmarse igualmente, con alguna lógica jurídica, que una conducta ilícita deje de serlo porque, supuestamente, la ley que la tipifica no produjo los efectos esperados. La conducta en sí misma, en este tema, atenta contra un bien jurídico protegido, como es la salud pública, con independencia de su éxito en lograr la reducción de aquella. De la misma forma podría aseverarse mañana que podría suprimirse tal o cual norma penal porque no trajo como consecuencia evitar los hechos que reprime, lo que resulta irracional.
Si jueces de determinada localidad han dictado, quizá con alguna precipitación, sentencias condenatorias y ordenado la cárcel de tenedores de droga que no han cumplimentado el tratamiento previsto en la ley 23.737, esto no se subsana con la no punición de estas conductas, las que siempre terminan afectando a toda la comunidad.
Siendo Diputada Nacional presentamos el proyecto de ley Nº 6409-D-2008, obligando al Estado Nacional a integrar su planta de personal con un 3% de condenados, proyecto que durmió en un cajón, como tantos otros, y que en la actualidad ha perdido estado parlamentario. He aquí un comienzo de solución. Habría que esforzarse en encontrar otras para que no se produzca ni la estigmatización de los condenados ni un grave perjuicio para todo el tejido social con la propagación de los estupefacientes. Esto no va a conseguirse tomando el atajo más fácil como lo es el proyecto de ley que cuestionamos.
No hay ningún impedimento en atender la salud y atacar el narcotráfico al mismo tiempo, ya que ambos pueden ejecutarse sin dependencia alguna En términos generales, para lo primero se necesita profesionales de la salud preparados en estos temas, planes apropiados y sitios de internación o tratamiento ambulatorio aptos. Para enfrentar lo segundo se requiere elementos de tecnología avanzada y radarización de las fronteras, personal capacitado de las Fuerzas de Seguridad y mayor cantidad de pertrechos. Ninguno de los dos quehaceres se lleva a cabo ni en el mismo lugar ni con iguales personas. Pero en ambos para poder vencer se requiere recursos económicos y decisión política. En estos dos factores, principalmente, radica la estrategia para la lucha contra todo lo atinente a las drogas.
Publicadas por Pacificación Nacional Definitiva a la/s 21:21 1 comentario:
TREMENDO EDITORIAL PARAGUAYO ABC
Paraguay ABC Color, es el diario más importante de Paraguay y éste fue su editorial de ayer, publicado en toda su portada!!, nada menos y con el titular en amarillo Democracia puta En estos días actuales las democracias latinoamericanas pasan por una dura prueba, pues con los mismos mecanismos de competencia electoral libre y plural algunos líderes izquierdistas que ganan elecciones se hacen del poder legítimo y desde el día siguiente de su triunfo comienzan a ejecutar sus proyectos de acabar con el sistema político mediante los cuales accedieron su mando. La eliminación de las normas que limitan el período presidencial es su primera meta a conquistar. Tienen la intención de eternizarse en el poder y, con ello, reventar la democracia entendida como la rotación permanente de proyectos políticos y de personas. Pretenden excluir para siempre a todo el que no esté adherido a su partido.. Construyen dictaduras con fórmulas 'democráticas' y, cuando se sienten fuertes y disponen de los medios, inician el segundo plan: la exportación de su 'revolución'.
Internamente, su primera víctima son las Fuerzas Armadas, de la cual se excluye a todo militar que no merezca la completa confianza del nuevo único líder... Una purga general despoja a las Fuerzas Armadas de los jefes y oficiales institucionalistas, dejándola a cargo de 'los leales'. Después arremete contra el Poder Judicial, realizando las mismas tareas depuratorias para luego, ya con los principales resortes controlados, iniciar el proceso de desmantelamiento de la prensa no alineada y la supresión progresiva de la libertad de expresión. El resultado final de este procedimiento es la anulación completa, si no la supresión definitiva de toda idea, doctrina, orientación partidaria o movimiento contrario a la ideología oficial de la nueva dictadura. Sucumbe la libertad en todas sus formas tradicionales y lo que resta es un pueblo indefenso sometido a sus nuevas cadenas. Se confía en que el transcurso del tiempo borrará pronto el recuerdo de la democracia anterior y el beneficio del goce de sus libertades y, entonces, un pueblo atontado, obligado a trabajar para sobrevivir y para alimentar al Partido, a reprimir sus dudas, inquietudes y oposiciones, acabará convertido en un dócil rebaño de borregos, como bien recordamos los paraguayos que vivimos la era stronista. Este es el proceso en marcha que vemos actualmente en el panorama político de Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador.
En particular y más claramente en la primera, donde Hugo Chávez, con ya una década de gobierno, se apresta a dar el golpe final haciéndose coronar gobernante vitalicio imponiendo en el país una nefasta dictadura de corte marxista al estilo del que triunfara y se impusiera en Rusia en 1917, desconociendo el triste final que esos sangrientos regímenes tuvieron después de seis décadas de explotar y oprimir a sus pueblos, asesinar a sus adversarios y poner en grave riesgo la paz mundial. Hugo Chávez, un dinosaurio que surgió de las cavernas más oscuras de la historia, está a punto de convertirse en amo y señor definitivo de la suerte de su pueblo y de los cuantiosos recursos económicos de su país, excluyéndose de toda competencia real y suprimiendo todo obstáculo que pueda interponerse entre él y su proyecto de vitaliciado. Tiene, además, el dinero necesario para comprar voluntades y pagar el precio de 'lealtades', dentro y fuera de su país. Chávez es un dictador, pero UN DICTADOR MUY RICO; dispone hoy del poder absoluto de hacer con el dinero producido por el petróleo lo que se le antoje; ya no tiene encima ninguna contraloría, nadie a quien deba rendir cuentas. Con su gruesa petrobilletera recorre ahora América Latina y financia partidos, movimientos, organizaciones sociales y campañas electorales. Lo que no puede comprar, lo alquila o neutraliza.
Al gobierno argentino le compra bonos del tesoro de los Kirchner que nadie quiere y así puede exhibir sus sonrisas de complicidad, aplausos y abrazos, pasear libremente por ese país pronunciando encendidos discursos llamando a la 'revolución popular' y haciendo otros teatros para exportar su dictadura. Entre los cuales figura en lugar prioritario su desesperada intención de introducirse en el Mercosur para, una vez dentro de él, agilizar su intervencionismo en la política interna de los países miembros, con los cuales ya no tiene ninguna afinidad, porque mal que bien, en Brasil, Paraguay y Uruguay continúan rigiendo principios básicos del estado de derecho, del régimen democrático y de libertades públicas. Chávez va a pagar en efectivo por su ingreso y tiene billetes a patadas.
Quiere comprarles a Brasil y Argentina lo más barato posible la legitimidad internacional que su pertenencia del Mercosur cree le va a proporcionar. La pregunta que continuaremos formulando una y otra vez es ¿para qué sirve el Protocolo de Ushuaia que pretendió establecer un compromiso para todos sus estados miembros de conservar intactas las instituciones democráticas? En este documento Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay declaran que 'La plena vigencia de las instituciones democráticas es esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo' (Art. 1) y se comprometen formalmente a que 'toda ruptura del orden democrático en uno de los Estados Partes del presente Protocolo dará lugar a la aplicación de los procedimientos previstos en los artículos siguientes' (Art. 3). ¿Van a admitir a Venezuela, cuyo dictador por anticipado ya se excluyó de dichas cláusulas? ¿O lo van a admitir primero para luego aplicarle la 'Cláusula Democrática'? El absurdo y el ridículo rodean a esta intención de prostituir al Mercosur, pero está en marcha y solamente los parlamentarios brasileños y paraguayos tienen en sus manos la posibilidad de impedir esta vergonzosa deserción de los principios fundamentales declarados en nuestras cartas fundamentales y tratados de integración. A los gobernantes actuales de nuestros países, que tanto cacarean su apego a la democracia y a las libertades fundamentales, y que ciertamente gracias a ellas alcanzaron el poder, ahora les tiemblan las rodillas y se les afilan los dientes a la vista de la deslumbrante petrobilletera abierta de un rústico dictador inescrupuloso, dispuesto a todo, incluyendo el soborno de los 'demócratas'. Si nuestros presidentes del Mercosur, aun sabiendo cuál es su obligación histórica con la defensa de los principios y valores políticos que iluminan nuestros pueblos, son capaces de venderse o de liarse en una relación adúltera con un dictador megalómano surgido de las catacumbas de un pasado siniestro, tendremos que convenir que nuestras democracias se venden como auténticas putas. No cabe ya una calificación más dura para describirlas.
Publicadas por Pacificación Nacional Definitiva a la/s 20:32 No hay comentarios.:
¿Dónde estaban y qué hacían los Kirchner en los `70?
los que se exiliaron fuera del país y
los que se exiliaron en el sur argentino a lucrar con la 1050”.
Fue una frase dura. Se refería a los Kirchner y salió de la boca de Hugo Moyano en lo que fue el primer paro del sindicalismo peronista contra el kirchnerismo. Cristina, en tanto, hablaba sobre los puercos en San Luis, haciendo de cuenta que nada pasaba, restándole relevancia a un suceso de suyo importante e inédito que ponía de relieve algunas lindezas del “modelo nacional y popular”... como por ejemplo, que a un camionero el Estado le roba más de dos mil pesos mensuales a través del impuesto a las ganancias para financiar vaya uno a saber bien qué. Quizás los billetes de Ciccone, quizás los vuelos de Máximo en el Tango 01, quizás el déficit de Aerolíneas Argentinas. Nadie lo sabe con certeza.
La Prensa Popular | Edición 119 | Jueves 28 de Junio de 2012
Publicadas por Pacificación Nacional Definitiva a la/s 20:17 No hay comentarios.:
LAMENTABLEMENTE EN LA FECHA NO HUBO DISTRIBUCION DE DIARIOS, POR LOS MOTIVOS DE PUBLICO CONOCIMIENTO, POR LO QUE ESTA EDITORIAL SERA LEIDA POR QUIENES CONSULTEN LA EDICIÓN EN LA WEB.
DEBIDO A ESTO SOLICITAMOS DEN PREFERENCIAL DISTRIBUCION, QUE DESYA YA AGRADECEMOS.
LA NACION – 27jun12 – Opinión - Editorial
Sigue sin saldarse la deuda con las víctimas del terrorismo de los años 70, como si sus derechos no existieran
EL 27 de enero de 1980 entró en vigor la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vinculante para la Argentina. De esta manera, sus normas forman parte de nuestro propio derecho positivo sólo pueden ser modificadas por una norma ulterior que tenga igual carácter. Ningún Estado puede acudir a artificios de ningún tipo para violar impunemente esos acuerdos.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la obligatoriedad de tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades allí reconocidos sin discriminación alguna. El 17 de septiembre de 2003 esa Corte emitió una opinión consultiva que había sido requerida por México, por la que ratificó que no se puede actuar en contra del principio de igualdad y no discriminación en perjuicio de un determinado grupo de personas en razón de su raza, género, religión, color u otras causales.
No obstante la claridad y contundencia de esos conceptos, la política de derechos humanos aplicada en la Argentina a lo largo de la última década transita por la dirección opuesta. El tratamiento conferido a las víctimas de la violencia setentista pone en evidencia la ruptura descarada del principio de igualdad y no discriminación ante la ley. Todas las medidas relacionadas con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que protegen a las víctimas por igual fueron otorgadas a aquellos que sufrieron violaciones de sus derechos imputables a agentes estatales, pero el propio Estado se los niega a quienes, en cambio, fueron víctimas de los atentados de las organizaciones terroristas.
Para ello se ha argumentado que la violación de los derechos humanos sólo podía perpetrarla el Estado, pero es bueno recordar que hace más de 20 años un fallo histórico (Velásquez Rodríguez c/Honduras) de la Corte Internacional de Justicia afirmó: "Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la convención". Cabe agregar naturalmente que las graves responsabilidades por las violaciones de las normas del derecho humanitario internacional no recaen sólo sobre quienes actuaron como agentes del Estado, sino sobre todos, sin exclusiones.
La manifiesta discriminación en contra de las víctimas del terrorismo de los setenta repugna a la justicia y al derecho, pero también al sentido común. Paradójicamente, se han reconocido reparaciones económicas y honoríficas a quienes, en muchos casos, atacaron y violaron inhumanamente los derechos y hasta la vida de víctimas civiles inocentes. Estas circunstancias son aún más graves cuando algunos de los actuales funcionarios del Gobierno han pertenecido a algunas de esas organizaciones terroristas y, desde sus actuales funciones, incumplen las obligaciones imperativas emanadas de los tratados internacionales que han sido celebrados y ratificados por el Estado argentino.
Ninguno de los museos de la memoria de la Argentina registra siquiera uno de los casos de las víctimas del terrorismo, pretendiendo eliminarlas así del recuerdo conmovido que el pueblo debería dispensarles, como si no hubieran existido jamás. Es de esperar que la gran deuda abierta y pendiente con las víctimas del terrorismo setentista sea pronto saldada y que no se continúe acrecentando su dolor por la acción u omisión atribuible al propio Estado, discriminándolas ilegalmente y privándolas de los derechos que, con justicia, ciertamente les corresponden.
Publicadas por Pacificación Nacional Definitiva a la/s 21:42 No hay comentarios.:
Los "Bravos de Manchalá, aún dan batalla.
Salta, 17 de Junio de 2.012
“Lo primero que pensé es que, si bien califico al régimen kirchnerista como autoritario, nunca se me ocurrió que fuera totalitario. Pero acá hubo un desliz hacia el totalitarismo en la modificación de la historia, del pasado inmediato: lo que hizo Cristina fue dar una clase sobre historia del siglo XX, particularmente sobre la década del 70, falsificándola, algo típico de las historias estalinistas, que, por ejemplo, suprimían personajes”
Resolución Nº 037 c.d.
Ref. Expte Cº Nº 135 -0238/12.-
El proyecto presentado por el Concejal Miguel Martín Ávila mediante expediente de referencia; y
Que corresponde a este Concejo observar y hacer observar las Constituciones nacional, Provincial y la Carta Municipal;
Que, en función de la visibilidad que ha adquirido la avenida Arenales[B1] , el monumento denominado “Combate de Manchalá”, que se encuentra dentro de los campos del Ejército, quedó en idéntica condición;
Que, el referido combate de Manchalá, se enmarca en el “Operativo Independencia”, cuando una gran parte del Estado, apartándose del bien común[B2] , objetivo indelegable e irrenunciable de toda organización estadual, inicia actos de terrorismo[B3] , concibiendo dicho operativo como un “Laboratorio de Experimentación[B4] ” de lo que luego ocurriría el 24 de Marzo de 1976 en nuestro país, cuando el estado se convirtió definitivamente en terrorista;
Que, en consecuencia dicho monumento resignifica al terrorismo de Estado y los crímenes[B5] perpetrados sistemáticamente sociedad civil[B6] .
Que, es fundamental el trabajo realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales e Innovación Tecnológica de Salta[B7] sobre la simbolización del monumento mencionado, el análisis[B8] y la referencia histórica del lugar donde se encuentra empotrado;
Que, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene rango de constitucionalidad en nuestro sistema jurídico;
Que, el “Monumento al Combate de Manchalá” es un espacio de transmisión de memoria hegemónica[B9] ;
Que, paralelamente representa la sistematización de la represión que fuera generalizada y dirigida a una población civil, con el fin de aniquilarla por fuera de la Constitución Nacional, con el abuso de poder, la ilegalidad de los métodos de tortura, todos delitos de lesa humanidad que el mundo y el Estado Argentino condenó a partir del año 2003[B10] ;
Que, esta clase de delitos, por la magnitud de los mismos, ponen en riesgo a toda la humanidad, por ello son denominados de lesa humanidad, contra la humanidad, así tienen jurisdicción internacional por ser el ofendido, además de la víctima, toda la humanidad, por ello pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo[B11] ;
Que, los genocidas argentinos, cuando no se permitía juzgarlos en nuestro país, fueron condenados por delitos de lesa humanidad en Italia, Alemania; Francia y España, confirmando la jurisdicción internacional y la gravedad de los delitos mencionados[B12] ;
Que, la manipulación de ciertas imágenes, en lugar de revelar la realidad, inicia procesos para ocultar memorias e inscribir en la historia, otras orientadas[B13] ;
Que, específicamente, en el denominado “Combate de Manchalá”, se eludió deliberadamente el encuadramiento del oponente como combatiente y es sin duda un acto más de terrorismo de Estado[B14] ;
Que, así lo manifiesta el Reglamento de Combate del Ejército Argentino -8 -3: “El activista, el perturbador del orden, etc., no será considerado prisionero de guerra, por tal motivo, no tendrá derecho al tratamiento estipulado en las convenciones internacionales”;
Que, tal monumento no hace referencia a un combate, sino a un proceso de aniquilación/exterminio, ratificado por el Decreto Nº 2772/75, en su artículo 1º “...las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país[B15] ”;
Que, esta metodología utilizada se instrumentó en base a la Doctrina de Seguridad Nacional, definida por “Wualdo Ansaldi”, como la negación de la política y la eliminación de toda forma de disenso, reducen a la política a una única voz, incluso al silencio[B16] ;
Que, con su presencia se justifican las violaciones de los derechos humanos, instrumentadas desde los autoritarismos burocráticos en América Latina[B17] ;
Que, es resignificado y actualizado por medio de placas conmemorativas por parte de diferentes instituciones privadas y estatales, legitimando de esta forma el control de Estados Unidos sobre América Latina[B18] ;
Que, es características de los regímenes totalitarios perpetuarse en el tiempo, a través de formas simbólicas[B19] ;
Que, el Monumento “Combate de Manchalá” se encuentra asentado en terrenos que pertenecen al Ejército Argentino;
Que, dichos terrenos fueron obtenidos[B20] por el General Manuel Belgrano, como resultado de acciones provistas[B21] en los valores de: igualdad, libertad, fraternidad, seguridad y amor a la Patria, comunes también a dos grandes hombres que han entregado sus vidas a la construcción de la Nación Argentina: el general José de San Martín y el General Martín Miguel de Güemes;
Que, la mantención[B22] de un monumento de estas características legitima y hace cómplice a una sociedad de un proceso oscuro de nuestra historia, impidiendo una reconstrucción de la memoria que lleve a un NUNCA MAS cargados de significados de Verdad y Justicia[B23] ;
Que, la competencia de la presente pretensión corresponde exclusivamente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en virtud de la Ley de Ministerios Nº 22.250 y sus Modificatorias;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y R E S U E L V E :
ARÍCULO 1º.- SOLICITAR al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo
Luis Duhalde, que, por su intermedio, el Ministerio de Defensa, ordene el retiro y posterior remoción del denominado “Monumento al Combate de Manchalá”, que se encuentra ubicado frente a la Avenida Arenales, dentro de los terrenos pertenecientes al Batallón M5 de Ingeniería , en la Ciudad de Salta, por las razones fundadas en el informe del Instituto de Investigaciones Sociales que, como anexo, forma parte de este instrumento legal.
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro Municipal.-
--------------------------DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- ----------------------------------------------------------------------
RICARDO JAVIER DIEZ VILLA Dr. RAÚL ROMEO MEDINA
COMENTARIOS A LA RESOLUCIÓN 037712
[B1]¿Antes era menos visible? Siempre fue una avenida perfectamente visible. Es todo caso, ahora es más transitada pero igual de visible.
[B2]Al contrario, el “Operativo Independencia” se hizo en defensa del bien común; de ese bien común que es el estado de derecho y que las bandas subversivas pretendían abatir.
[B3]Error. El Estado no inicia actos de terrorismo. Al contrario, se defiende él y, también, a los ciudadanos de los actos de terrorismo del ERP y Montoneros.
[B4]Disparate total. No fue ningún “Laboratorio de Experimentación”. Fue una reacción lógica y defensiva ante un ataque. En todo caso, la culpa del “laboratorio” la tienen los que provocaron la reacción. Sin acción (del ERP y Montonores), nunca hubiese existido reacción.
[B5]¿En consecuencia? En consecuencia nada, porque la premisa del “laboratorio de experimentación” es falsa (como lo es) y, por lo tanto, de allí no se puede concluir nada verdadero. Menos aún, que resignifique el terrorismo de estado. Esta patraña no resiste el menor análisis. El monumento del Combate de Manchalá se refiere principalmente al mencionado combate de la misma forma que el monumento 20 de Febrero se refiere a la Batalla de Salta. Otra falsedad de este considerando es afirmar que, en dicho combate, se cometieron crímenes de terrorismo de estado ¿Quién o quiénes, en este caso, los cometió?¿Acaso todos los soldados que estaban en la escuela?¿Debían dejarse matar por los terroristas, para así no cometer crímenes de lesa humanidad?
[B6]¿Cómo civil? La Companía de Monte del Ejército Revolucionario del Pueblo, Ramón Rosa Giménez compuesta por 117 hombres armados fue la que atacó por sorpresa a los 14 soldados salteños. Concejales: “agarren los libros que no muerden”.
[B7]Este es un Instituto Fantasma. En Internet (salvo las menciones a la resolución que estamos analizando) no existe la menor alusión, ni trabajo alguno acerca del Instituto. Tampoco quienes lo integran, ni donde funciona. Sin embargo, a pesar de que en Salta existen dos universidades con la carrera de Historia y periodismo, el instituto de marras parece tener la palabra santa.
[B8]Dicho análisis es un mamarracho que, seguramente por vergüenza, no lleva ni la firma de sus autores. Se anexa a la presente el trabajo del Instituto.
[B9]Otra gansada de antología, confundir la Historia con ese invento (para la gilada) de “memoria hegemónica”
[B10]Porque no explican ¿Cómo? el combate de 12 soldados del Ejército Argentino, cumpliendo órdenes del gobierno constitucional, contra 117 combatientes del ERP representan “la sistematización de la represión que fuera generalizada y dirigida a una población civil”¿Los 117 eran civiles?
[B11]Es decir, que los soldados que participaron en El Combate de Manchalá cometieron delitos de “lesa humanidad” y, “por ello pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo” [B11]
[B12]En virtud de éste y el considerando anterior, es forzoso concluir que los “soldados de Manchalá” son GENOCIDAS.
[B13]¿Qué imágenes?¿Qué manipulación? Manipulación de imágenes es esa “chorrada del mamarracho de Instituto que dice que el cóndor del monumento simboliza el “Operativo Cóndor”. Con ese criterio infantil, habría que prohibir la revista “Condorito”. Además ¿Porqué querrían hacerunmonumento al ”Operativo Cóndor”,si era secreto y, ¿porqué en Salta?
[B14]Es decir, que los doce soldados son acusados por los concejales de, “terroristas de estado”, por no considerar “combatientes” a los 117 combatientes que querían matarlos. Ahora bien, estos mismos concejales, apenas cuatro párrafos arriba, se desgarraban las vestiduras afirmando que los del ERP eran civiles. Ahora se quejan porque resulta que eran militares y que no los reconocían como tales. Otro mamarracho más.
[B15].Es decir, que aunque el combate existió el verdadero homenajeado según los concejales es el decreto de aniquilación. De allí, que debería llamarse, más bien, “Monumento al Decreto Nº2772/75” ¿Se puede ser más pelotudo?
[B16]los concejales citan las palabras de Wualdo Ansaldi como si se trataran de las máximas de José de San Martín ¿Quién es Wualdo Ansaldi para que sea considerado como numen del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta? En todo caso, las palabras de Ansaldi debieran dirigirlas al partido justicialista que gobernó cuando el combate de Manchalá.
[B17]Por el contrario. Con su presencia se recuerda la defensa del gobierno constitucional ante la arremetida golpista de la banda terrorista del ERP.
[B18]Tendrían que renunciar todos los que firmaron este mamarracho. No puede un concejal de una ciudad de 700 mi habitantes decir semejante opería ¡Qué tienen que ver las placas de instituciones privadas y estatales con el control de los EEUU sobre América Latina! No insulten la inteligencia de los salteños. Un poco de pudor (plis).
[B19]¿Se refieren al régimen totalitario peronista? Porque, cuando sucedió el combate, gobernaban los peronistas.
[B20]¿Obtenidos? esos terrenos pertenecían y pertenecen a la Nación.
[B21]No se entiende este párrafo (Si no saben, por favor, tengan piedad de nosotros y contraten a alguien que redacte como la gente).
[B22]No será: manutenciòn
[B23]Así que, según ustedes, la sociedad es cómplice de un proceso oscuro de nuestra historia porque no ha derribado el monumento. Ustedes, en cambio, son los esclarecidos, los que se dieron cuenta y vienen a avivar giles. Entonces, hasta que no se derribe estamos todos sospechados de cómplices. Hitler y Stalin estarían orgullosos de ustedes.
Publicadas por Pacificación Nacional Definitiva a la/s 21:10 2 comentarios:
La verdad... es un negro de mierda, como se autode...
¿Dónde estaban y qué hacían los Kirchner en los `7...
Federico Franco asume presidencia de Paraguay tras...

References: resolución 
 artículo 19
 artículo 277
 Artículo 34
 Artículo 43
 artículo 19

Resolución 
 artículo 1

ARTÍCULO 2
 RESOLUCIÓN 
 resolución