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Timestamp: 2017-07-27 12:49:13+00:00

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VALE LA PENA: febrero 2015
Explicó a varios que se pueden introducir en la Carta Magna el derecho al ahorro y a la seguridad social como garantías individuales. José Manuel Gómez Porchini
Gómez Porchini, Jueves, 31 de Mayo de 2007
miércoles recibí un mensaje electrónico de la Dirección de Agenda de la
Presidencia de la República, invitándome a la Ceremonia de Presentación del
Proyecto Visión 2030: El México que queremos, por el C. Presidente de la
República, a celebrarse el día 21 de mayo del 2007 en la Ciudad de México, a
las ocho horas con treinta minutos.
escribí contestando el correo y solicitando, eso sí, de manera muy amable, me
confirmaran si era un mensaje a mi nombre o si era parte de un envío masivo.
Solicité me confirmaran vía electrónica o a mi celular.
Lo olvidé, hasta
que el jueves 17, recibí una llamada, personalmente, del C. Director, para
confirmar que sí era requerida mi presencia. Quiero decirle, sólo a Usted, que
la alegría que me embargó, cuando colgué el teléfono celular, fue mayúscula.
Tanto, que quien me acompañaba y a quien le he contado mis esfuerzos, preguntó
asustado: –Licenciado, ¿qué le pasó?-.
Le conté todo,
el correo, mi respuesta, la llamada y entonces me dijo las palabras que he
venido escuchando desde hace tiempo: -Ojalá se haga realidad el proyecto-. Aún
no encuentro otro motivo para la invitación, que el que alguien haya visto la
tesis sobre seguridad social que Usted conoce y que he tratado de hacer valer.
confirmé mi asistencia al Alcázar del Castillo de Chapultepec. Llegué a mi
lugar de trabajo, a solicitar el permiso mediante el día económico
correspondiente, pues no es cosa de dejar de atender una solicitud de la
oficina del C. Presidente de la República.
trámites y los nervios. Mi esposa, a localizar vuelos, hotel, etc. Mis hijos y
yo, a terminar los trabajos que habríamos de hacer para el fin de semana. En la
oficina, a dejar en paz y en orden mis asuntos, para cumplir con lo
Viajé a la
Ciudad de México. Preciosa, como siempre. Lástima que tenga tantos habitantes.
Acababa de llover, el piso parecía regado; la gente, jovial, amable y hasta
podría decirse, dispuesta a hacer amigos. Toda vez que la invitación claramente
señalaba que la hora de reunión sería a las ocho y media de la mañana, y que
solicitaban la presencia de los invitados con ciento veinte minutos de
anticipación, tomé las providencias del caso, pues he tratado, desde siempre,
como lo aprendí, a ser respetuoso de los tiempos de los demás y a llegar a
Total, llegué al
Castillo. El despliegue de las medidas de seguridad, impresionantes:
identificación en mano; listas de invitados, revisándolas dos o más veces;
arcos de seguridad, también dos veces, etc. Presentes, el gabinete en pleno y
además, el ampliado. Usted ya ha de haber visto la noticia en prensa y
presentes, los líderes de los partidos políticos, los presidentes de los
organismos cúpula en México, investigadores, académicos, empresarios y quien
escribe. Traté de ubicarme en un punto estratégico, pues llegar a tiempo ayuda
a conseguir mejor lugar. Me senté en la segunda fila, exactamente atrás de
quienes han de ser los interlocutores válidos de la propuesta.
Por Usted, por
México y atendiendo a las palabras del C. Presidente Felipe Calderón Hinojosa,
que ha venido manejando en el sentido de que debemos unir esfuerzos para
construir el México que queremos, mi tema de conversación fue la propuesta de
seguridad social que hemos venido comentando.
Le expliqué, a
todos los que tuve a mi alcance, que se pueden introducir en la Carta Magna el
derecho al ahorro y a la seguridad social como garantías individuales, lo que
serviría para que, mediante el uso de tarjetas deslizables, cada uno que
tuviera C.U.R.P., podría tener una cuenta de ahorros en la que se depositara el
equivalente a uno, dos o más puntos del I.V.A, para garantizar pensiones. Usted
ya conoce la propuesta.
Les gustó la
idea. Lo entendieron y me pidieron la hiciera llegar por escrito. Hubo
intercambio de tarjetas con funcionarios del más alto nivel. No había de otros.
Algún ayudante, discreto, tomó mi tarjeta y me entregó la de su superior, para
efecto de ponernos en contacto.
Me entrevisté
también, con los presidentes de diversos organismos de carácter privado, pero
que son de los que siempre tienen intervención en la sociedad. Igual, hice
valer mi propuesta.
media, exactas, llegó el C. Presidente Calderón. Para entonces, ya estaba todo
dispuesto. El acto empezó puntual, muy puntual. Creo que es un principio de
orden que deberían seguir sus subalternos, aquellos que pagamos Usted y yo con
nuestros impuestos y que creen que se merecen la gloria sólo por existir.
Imagínese: el día, apenas despuntando. La mañana, fresca. El Alcázar del
Castillo de Chapultepec, majestuoso. Empezó el Maestro de Ceremonias y pidió a
los presentes entonar el Himno Nacional. El silencio, impresionante. Todos,
empezamos a cantar con gran emoción. Vale la pena estar en un acto así de
concluyó el Himno Nacional, empezó la explicación del C. Presidente Calderón.
No me atrevo a repetir las cifras y datos que él manejara, pues aquello es
digno de un estudio muy a conciencia. Sólo le puedo decir, que el México que
plantea, es aquél que deberíamos tener, en el que deberíamos estar.
evento y el C. Presidente fue a despedirse de mano de quienes estaban en las
primeras filas. Me tocó saludarlo. Créame, encarna al Poder Ejecutivo y se
siente. Terminó. Nos retiramos apenas pasadas las nueve cuarenta horas de la
mañana de aquél lunes que dejara en mí, una impresión perdurable.
Castillo de Chapultepec al Paseo de la Reforma. Qué impresionante avenida. Qué
hermosa es. Ojalá tenga Usted oportunidad de recorrerla. Creo que ese es el
México que queremos, por el que estamos luchando: uno grande, fuerte, poderoso,
con cimientos de acero, alma de guerrero y corazón de hermano.
Créame, México
debe salir adelante. Tiene todo para hacerlo. Sólo es cuestión de que Usted y
yo hagamos la parte que nos corresponde. Lo demás, viene solo, por añadidura.
Lo único que yo
le pido, es que haga llegar su sentir a su diputado, a su senador.
josegomezporchini@yahoo.com Publicado por
MÉXICO DEBE SALIR ADELANTE,
Seguridad Pública en una ciudad de clase mundial Hace escasos 32 años, cuando llegué a estudiar a la Universidad Autónoma de Nuevo León mi carrera de abogado, tuve oportunidad de conocer San Pedro Garza García y entonces y aún ahora, me sigue sorprendiendo que existan en nuestro México santos con apellidos.
Por México, creo que vale la pena observarlo. Me gustaría conocer su opinión. José Manuel Gómez Porchini. Monterrey, N.L., marzo de 2008. Comentarios: jmgomezporchini@gmail.com Mexicano. Abogado. Egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Colegio de Abogados de Monterrey A.C.,
derecho laboral ha sido una de las ramas del derecho más importantes en el
México contemporáneo, al grado que las malas condiciones laborales con las que
se trabajaba a principios del siglo XX, entre otros motivos, detonaron la
revolución mexicana. De
acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE) en su diccionario en
línea, el sindicato se puede definir como una “asociación de trabajadores
constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos
o sociales de sus miembros”[1].
Definición utilizada de manera general en los países de habla hispana y
procedente del diccionario usual de la RAE.
La palabra sindicato proviene del
antiguo griego “syndikos”[2]
y esta se compone de tres elementos importantes; el prefijo “syn” que significa con, el verbo “dikein” que significa hacer justicia y
el sufijo “ico” que significa
relativo. Al unir nuevamente estos tres elementos podemos entender que el
antiguo significado de la palabra sindicato se refiere a lo relativo a unirse
Dentro de las garantías
individuales reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se puede observar la libertad de asociación. El artículo 9º de la
Carta Magna de la nación nos indica:
“Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos
políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una
asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una
protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra
ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a
resolver en el sentido que se desee”[3]
libertad de asociación en México da pie a la creación de grupos que buscan la
equidad en todos los ámbitos. La Constitución misma en su artículo 123, apartado
A, fracción XVI menciona que “Tanto los obreros como los empresarios tendrán
derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando
sindicatos, asociaciones profesionales…”[4].
Aquí se encuentra la relación entre el uso de la palabra sindicato en México y
sus raíces etimológicas.
denomina sindicato, de acuerdo a legislación mexicana, a un grupo de
trabajadores o patrones que se constituye para poder estudiar, mejorar y
defender sus respectivos intereses. Entonces existen sindicatos de trabajadores
y sindicatos de patrones que buscan mejorar las situaciones de trabajo en las
que se encuentran. De acuerdo a lo establecido en el artículo 363[5]
de la Ley Federal de Trabajo, se necesitan mínimo 20 trabajadores o 3 patrones
para formar un sindicato.
México se obligaba a los trabajadores a laborar jornadas inhumanas de más de 15
horas, se les pagaba poco por su esfuerzo y no contaban con alguna herramienta
de defensa ante los patrones. Esto fue convirtiéndose en constante para la
clase obrera mexicana, en donde cada día se veían peores condiciones de
trabajo. Al paso
del tiempo los trabajadores sintieron que verdaderamente merecían más de lo que
estaban ganando y debían laborar menos horas para crear un balance entre el
trabajo y la vida diaria. Así que iniciaron con paros laborales para poder hacer
exigir estas peticiones.
Los trabajadores sentían que el presidente
Díaz no escuchaba sus reclamos y simplemente apoyaba a las clases altas a
mantener ese estado económico sin importarle los obreros mexicanos. Estos
factores hicieron que los trabajadores de México se unieran a las causas
revolucionarias para poder tener un mejor país.
de la revolución, en 1931, se expidió la primera Ley Federal del Trabajo en
donde se obtenían grandes beneficios para los trabajadores del país, ya con una
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y un Departamento del Trabajo
incorporado a la Secretaría de Gobernación.[6]
Si bien los sindicatos han logrado
cosas extraordinarias en favor de los trabajadores actuales, muchas personas
consideran que los sindicatos son entes desalmados que únicamente velan por sus
intereses personales sin importarles los demás.
Los sindicatos en México han tenido
episodios lamentables como lo sucedido en el Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, donde Napoleón
Gómez Urrutia se ostentó como dueño del sindicato y trataba a sus compañeros
sindicales como trabajadores de segunda. El Secretario General del Sindicato
recibió 55 millones de dólares de Grupo Minero México por la privatización de
dos mineras en el norte del país, y nunca más se supo de él.[7]
El PEMEXgate fue otro de los
escándalos más importantes en materia sindical. El presidente del Sindicato de
Trabajadores de Petróleos de la República, Carlos Romero Deschamps, fue acusado
de desviar fondos del sindicato para apoyar a Labastida, quien fuera candidato
del PRI para la presidencia de la república en el año 2000. Se habla de cifras
alrededor de 500 millones de pesos que fueron destinados a la campaña del
candidato tricolor.[8]
Un caso más reciente se suscitó en
el 2012 cuando Felipe Calderón Hinojosa decidió dar por terminadas las
actividades de Luz y Fuerza del Centro, quienes después de haber gastado
millones en nuevas oficinas y centros deportivos, además de varios carros de
último modelo a sus trabajadores de confianza, se declaró en bancarrota. El
Sindicato Mexicano de Electricistas tomó las calles de la Ciudad de México en
protesta por lo sucedido y exigió la restitución del organismo disuelto.
Siendo cierto que los sindicatos
sirven como medio de presión a los patrones para que estos cumplan con las
normas establecidas por la Ley Federal del Trabajo y se les den prestaciones
diferentes a las de la ley puedan tener una vida digna, hay que entender que en
los últimos años se ha hecho un mal uso del poder de huelga. Mientras que unos sindicatos
verdaderamente pelean por equidad y respeto para los trabajadores, otros se
emplazan a huelga por simples exigencias de interés personal de los líderes sindicales
que no permiten el desarrollo de México.
Se reconoce el derecho que tienen
los trabajadores mexicanos para la creación de sindicatos y los beneficios que
estos han traído para los mismos a lo largo de la historia. Pero también se
tiene que reconocer que muchas veces los sindicatos abusan de su poder y las
personas encargadas de estos, velan por intereses ajenos a los de la
colectividad que los eligió para representarlos.
concentrar tanto poder en un solo Secretario, estos se pueden llegar a corromper
e intentar aprovechar, para fines personales, las cuentas del sindicato o no
preocuparles lo que necesiten los trabajadores que pertenecen a su sindicato. Los
sindicatos en México son de mucha ayuda para hacer valer derechos de los
trabajadores, y para que no soporten condiciones no favorables que los pongan
en peligro. Pero se debe tener un equilibrio de fuerzas, porque todo puede ser
dañino si se usa de la manera equivocada.
[1] Información recuperada el
día 10 de febrero del 2015 de la Real Academia de la Lengua Española en su
sitio web. http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=sindicato
[2] Información recuperada y
traducida el día 10 de febrero de 2015 del Diccionario Etimológico en línea vía
web. http://www.etymonline.com/index.php?term=syndic
[3] Información extraída el
día 10 de febrero del 2015 del artículo 9 la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos del sitio de Diputados vía web. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf
[4] Información extraída el
día 10 de febrero del 2015 del artículo 123 la Constitución Política de los
[5] Información extraída el
día 10 de febrero del 2015 del artículo 363 de la Ley Federal del Trabajo del
sitio web de Diputados. < http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf>
[6] Información recuperada el
día 10 de febrero del 2015 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en
su sitio web. < http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/quienes_somos/quienes_somos/historia_stps.htm>
[7] Información recuperada el
día 10 de febrero del 2015 del Periódico El Universal en su sitio web. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/135767.html
[8] Información recuperada el
día 10 de febrero del 2015 del Periódico El Universal en su sitio web. http://www.eluniversal.com.mx/primera/12888.html
El Secreto. Hace muchos, muchos años, los hombres conocían el secreto que permitía que anhelos y sueños se hicieran realidad. Pero abusaron de él de tal manera que los sabios responsables de cuidarlo decidieron esconderlo en un lugar al cual sólo pudiera llegar quien verdaderamente lo mereciera. Pero ¿dónde ocultar el que probablemente era el tesoro de mayor valor para la humanidad? Uno de los miembros del consejo de sabios sugirió enterrarlo en lo más profundo de la tierra, pero sus compañeros objetaron que tarde o temprano alguien excavaría hasta los rincones más profundos del planeta para dar con él. Otro de los
sabios propuso llevarlo hasta la más alta de las cumbres y enterrarlo allí, bajo la nieve eterna. Pero hubo quien objetó que llegaría el día en que muchos hombres y mujeres serían capaces de escalar la más alta de
las cimas y descubrir el tesoro. El resto de sabios le dio la razón e inquietos siguieron discutiendo. Al cabo de un rato un tercero tomó la palabra y dijo que sin duda el mejor escondite era el más profundo de los abismos del mayor de los océanos. “Tampoco ése será un buen lugar. Algún día habrá seres humanos que aprenderán a navegar por los abismos del mar y, sin duda, lo hallarán”, replicaron todos. Desanimados y resignados, uno por uno, los miembros del consejo de sabios se miraron con expresión de honda tristeza ya que no había lugar en la tierra donde ocultar el secreto que convertía los sueños en realidad. Tras un largo silencio, el más anciano y discreto de todos tomó la palabra y casi en un susurro, dijo: “Hay un lugar, sólo un
lugar, al que muy pocos será capaces de llegar para encontrar el tesoro”. La expectación fue máxima. Hubo entonces un revuelo; murmullos, exclamaciones y miradas de estupor se cruzaron entre el resto
de miembros del consejo. “¡¿Cuál es ese lugar, maestro!?”, preguntó inquieto uno de los sabios al anciano. “El corazón… Lo ocultaremos en el corazón de cada hombre y cada mujer que viva en este hermoso planeta. Cada corazón deberá albergar este extraordinario tesoro, ya que muy pocos tendrán el coraje, la perseverancia, la fe, la humildad y la paciencia de mirar en su interior y desvelar el secreto. Sólo aquellos que sean capaces de descubrir que la mayor de las riquezas
y el mayor de los poderes reside en su corazón deben ser dignos de acceder al tesoro”. Y así fue como en un pacto sagrado y a través de un encantamiento, hace ya miles de años, el secreto que convierte en realidades los anhelos del alma descansa en el corazón de cada uno de nosotros.
DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
El anhelo que antepongo a este
trabajo, es que los Abogados
laboralistas que defienden trabajadores, tengan referentes
argumentativos para poder combatir en amparo directo la negativa de las Juntas
de Conciliación y Arbitraje, a declarar la inconstitucionalidad de las reformas
al artículo 48 de la Ley Federal del
Trabajo que limita el pago de los salarios vencidos, desaplicarlo e incorporar
la redacción anterior en el fallo; en el mismo sentido, para que pueda operar
en su caso, el recurso de revisión constitucional, ante la negativa que
cualquier Tribunal Colegiado estableciera en relación a la limitación de los
cuando pudiera considerarse egoísta la intención, lo cierto es que aquellos Abogados que no tienen la
experiencia suficiente, puedan hacer la redacción de su amparo o recurso de
revisión, tomando en cuenta lo que aquí se expone y evitar que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, analice los planteamientos que se le expongan, desde
una perspectiva muy superficial, ante las deficiencias del planteamiento.
Desde esta postura, hago el
señalamiento de que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que estuvo vigente desde el mes de mayo de
1970, en su redacción establecía:
Arbitraje, a su elección, que se
le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario.
en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera
que hubiese sido la acción intentada, a
que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo.
dispositivo, sin entrar al comentario de
la motivación que tuvo el legislativo para su modificación, fue variado radicalmente, en el nuevo texto
del artículo que se comenta, agregándosele mayor volumen a su redacción; empero
lo que en el caso importa, son los párrafos segundo y tercero, que
son los que modifican el contenido de lo que se establecía en el segundo
párrafo del numeral objeto de estudio, en los que se estableció:
en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce
meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.
al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha
concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este
párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones.
variación establece una limitante a los salarios vencidos implantados en el artículo 48 de la codificación laboral
y la hace extensiva a otro tipo de procedimientos, donde operan la prestación,
entre ellas las indemnizaciones del artículo 50 del cuerpo de leyes invocado,
que se aplica en los casos de la eximisión.
reforma aún cuando establece el pago de intereses, al rebasarse el periodo de
un año y no haya concluido el procedimiento o cumplido el laudo, contradice lo
dispuesto en los principios de progresividad o no retroceso y el de igualdad, previstos en el artículo 1° de la Constitución General de la República
y los Convenios Internacionales que recogen en su redacción la primera de las
máximas. El
estudio consecuente, se circunscribe a
demostrar que el legislador en la metamorfosis que hizo al contenido del
artículo 48 de la Ley Federal del
Trabajo, pasa por alto los principios constitucionales de progresividad e
igualdad y los convenios internacionales, lo que trae como consecuencia que
tales modificaciones sean contrarias al bloque de la constitucionalidad y
esencialmente al principio de progresividad, por representar un retroceso los términos actuales del texto del
artículo a estudio, que forma parte de un cuerpo de leyes que establece las
condiciones de trabajo mínimas de la clase obrera, que debe conceptuarse como
un derecho humano como con amplitud se expondrá en el capítulo correspondiente.
tal postura, se parte en el análisis que
se realiza, el definir lo que debe
entenderse en relación al principio de progresividad; la formulación de un
perfil histórico de la evolución que desde la Ley de Trabajo de 1931 ha tenido
la figura de los salarios vencidos; la conceptualización de la normatividad
laboral como un derecho humano en razón a su contenido; y, por último,
establecer las razones por las cuales se considera inconstitucional el nuevo
texto del artículo 48 del ordenamiento laboral, contando para ello con la
redacción de la tesis del Primer
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que como criterio aislado es consultable en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro IX,
agosto de 2014, tomo III, página 1953, que aborda el tema en una postura
contraria a la que se sostiene y cuyos argumentos serán diseccionados, para
concluir que tal punto de vista constituye un desatino.
Se sostiene como premisa
mayor, que el principio de progresividad
contemplado en el artículo 1° del a Constitución General de la República y en
los tratados internacionales, impide a los órganos de poder actuar en retroceso
a las disposiciones existentes, relativas a los derechos humanos, que contengan
algún beneficio a los gobernados. Por ello, tanto el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, tienen la
obligación de acatarlo por no existir una disposición superior que lo
El Congreso de la Unión, en las reformas que realizó a la Ley Federal
del Trabajo el 30 de Noviembre de 2012, incurrió al modificar el texto del
artículo 48 de tal ordenamiento, en una
infracción obvia del principio de progresividad, el cual es un concepto que
debe describirse.
redacción del artículo 1° de la Constitución General de la República, a partir
del año 2011 sufrió una transformación, en la que incorporó el principio de progresividad, como se advierte de
la transcripción del tercer párrafo, en donde se lee:
las autoridades, en el ámbito de sus
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
principio de progresividad no es nuevo dentro del ámbito constitucional, pues el mismo se encontraba ínsito en la
redacción del artículo 1° de la Constitución General de la República, con
anterioridad a las modificaciones que se le realizaron en el año 2011, sin que
se pueda dejar de lado que en el texto del primer párrafo de la norma que se menciona,
se establecía:
En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que
otorga esta Constitución, las cuales no
podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que
ella misma establece.
ordenarse que las garantías individuales no pudieran restringirse, implícitamente
se encontraba la orden en todos los órganos de poder, de no actuar en retroceso
de aquellos principios básicos que operaban en beneficio de los gobernados. De
ahí, que de tal redacción se encontraba
en germen el actual principio de progresividad.
No se puede soslayar en el tema a estudio, el tratado
internacional contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
conocida como Pacto de San José, por haberse originado en el período del 7 al
22 de noviembre de 1969, en la ciudad de San José, Capital de Costa Rica, en el
cual se estableció el
Principio de Progresividad en el artículo 26, cuyo contenido es del tenor
siguiente: Artículo 26. Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se comprometen a adoptar
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas,
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
A los parámetros
establecidos en la disposición
constitucional y en el Pacto de San José, en relación al principio de
progresividad que nos ocupa, puede extraerse adicionalmente, una interpretación
de lo que debe entenderse al aplicarse analógicamente el contenido del artículo
5º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 3
de enero de 1976, el cual establece: 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser
interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o
individuo para emprender actividades o
realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o
libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor que la
prevista en él.
admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos
fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no
los reconoce o los reconoce en menor grado.
los anteriores textos como referencia, encontramos como barreras al principio
de progresividad, que: 1) no admite
interpretación alguna que disminuya o limite la efectividad de los derechos
humanos. Asimismo, 2) no admite
menoscabo a través de la implementación de legislación, costumbre o alguna otra
fuente del derecho, que tendría como efecto una mutación jurídica, es
decir, un cambio informal. A lo anterior
se agrega también el caso de la 3)
reforma de la norma en la que se encuentre contenido el derecho, es decir,
la disminución por medio del cambio formal.
Los parámetros desarrollados en el párrafo que
antecede, son susceptibles de
ser aplicados como limites competenciales de los órganos encargados de aplicar
las normas pertinentes, es decir, todo órgano que tenga la capacidad de interpretar, reformar
o mutar derechos humanos, tiene la obligación de no incurrir en su
detrimento en el ejercicio de dicha actividad; de lo contrario, dichos
actos estarán dotados del vicio de inconstitucionalidad.
lo expuesto se advierte la operatividad en nuestro ámbito jurídico, del principio de progresividad, el cual en síntesis puede conceptuarse como el avance,
mejora o adelanto; por lo que puede entenderse, que el retroceso, empobrecimiento o la precarización de los derechos, no
se encuentran ínsitos y son contrarios a la mencionada facultad.
contrario sensu, se llega a la
conclusión que el principio de progresividad, significa el no retroceso de los Derechos Humanos existentes como beneficios a favor de los gobernados,
en las diversas disposiciones legales que rigen como marco jurídico en la
Supongo, que mentes brillantes pueden formular una
conceptualización en mejores términos, que la que formulo sobre el principio de progresividad, sin embargo,
para el objeto de nuestro estudio, lo hasta aquí expuesto guarda suficiencia.
Perfil histórico y evolución de los salarios vencidos.
En el artículo 123 apartado A, fracción XXII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, no prevé a favor de la clase trabajadora, el derecho a percibir salarios vencidos, para aquellos trabajadores que sean sujetos a
un despido injustificado y que por ello puedan optar por las acciones de
reinstalación o indemnización. Tampoco lo prohíbe o limita.
bien no existe el respaldo constitucional específico, como respaldo de los salarios vencidos, no puede perderse de vista, que estos obedecen
más que a un referente dentro del artículo 123 Constitucional, a que la
separación injustificada que los origina, es un acto ilícito que engendra
responsabilidad y trae aparejado en consecuencia la obligación de reparar los
daños y perjuicios que ocasiona, por parte de quien lo comete.
En base a este principio, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó como enseñanza por conducto de su
cuarta sala, que los salarios vencidos
constituyen daños y perjuicios ante la actitud culposa que se establece en el
actuar del patrón. Sobre
el particular véase la tesis de la cuarta sala, consultable en el Semanario
Judicial de la Federación volumen CXXVI, quinta parte, página 81, de donde se
advierte el principio general de derecho que considera el más alto Tribunal de
la Nación para señalar la naturaleza de los salarios vencidos, al decir: CLAUSULA DE EXCLUSIÓN, CONSECUENCIAS DE LA
INDEBIDA APLICACIÓN DE LA.-Cuando un sindicato no se ajusta a la ley al pedir
la aplicación de la cláusula de exclusión, ya sea porque no existió renuncia
del trabajo o porque no se observaron los requisitos de fondo y forma exigidos
por la ley, se produce un acto ilícito que engendra responsabilidad, conforme al principio, universalmente
admitido, de que el que obrando ilícitamente causa daño a otro, está obligado a
repararlo; y una de las consecuencias de la inobservancia de los requisitos
legales en la aplicación de la cláusula de exclusión, es la de reintegrar al
trabajador en sus derechos sindicales, y la de pagar los daños y perjuicios, de
acuerdo con el principio de derecho invocado, daños y perjuicios que equivalen a los salarios que debió percibir el
directo 6442/63. Sindicato Industrial "21 de Marzo" de Trabajadores
Textiles y Similares CROC y coagraviados. 8 de mayo de 1967. Cinco votos.
Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.
Con mayor precisión, sobre el mismo tópico, véase la tesis de la
cuarta sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen LI,
quinta parte, página 47, en la que se
CAÍDOS.- El pago de salarios caídos
se ha considerado equivalente a los daños y perjuicios que resiente el
trabajador por la rescisión de su contrato, de que es objeto, y
de los cuales debe ser resarcido por el patrón.
directo 4508/61. Caminos y Puentes Federales de Ingresos. 27 de septiembre de
1961. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Angel Carvajal.
daños y perjuicios que son el fundamento al pago de los salarios vencidos, la
entonces cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió
jurisprudencia por reiteración, en la
que hace la precisión correspondiente sobre el punto objeto de análisis. Véase:
Informe 1981, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 118, página 88. Apendice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, tesis 343, página 228.
DERECHO DE. TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION RESPECTIVA.- El artículo 157 de la Ley Federal del Trabajo otorga a
los trabajadores que se consideran postergados en sus derechos de preferencia
derivados de los artículos 154 y 156 del mismo ordenamiento, dos acciones
ejercitables a elección del trabajador afectado, la del otorgamiento del puesto
reclamado o la de indemnización consistente en el importe de tres meses de los
salarios que correspondan al puesto. En
cualquiera de los dos casos, la procedencia de la acción intentada, cualquiera
que ella sea, da derecho, además, al pago, por concepto de daños y
perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la
postergación hasta la del cumplimiento del laudo condenatorio. Estas
acciones guardan una estrecha analogía con las consignadas en la fracción XXII
del Apartado "A" del artículo 123 de la Constitución y en la
reglamentación de dicho precepto constitucional, desarrollada en el artículo 48
de la ley reglamentaria. Ahora bien, las acciones motivadas por el despido del
trabajador a que estas últimas disposiciones se refieren, sea la de
indemnización o la de cumplimiento del contrato o relación de trabajo, tienen
señalado, para su ejercicio, un término de prescripción de dos meses, según lo
dispone el artículo 518 del ordenamiento laboral. En estas condiciones cabe
concluir que el término a que debe sujetarse la prescripción de las acciones
consignadas en el artículo 157, es igualmente de dos meses, porque si bien es
cierto que las acciones de preferencia que se estudian no están señaladas
expresamente en el invocado artículo 518 y que, por ello, se pudieran encontrar
sujetas a la norma general consignada en el artículo 516, que es de un año,
también lo es que las mencionadas acciones de preferencia, según se ha indicado
antes, guardan una estrecha analogía con las acciones ejercitables en el caso
de despido del trabajador; ambas tienen la misma naturaleza jurídica y tienden
a la protección del obrero en cuanto a la estabilidad en el empleo y la
conservación de los derechos derivados del mismo y, en tal virtud, si existe la
misma "ratio legis" en ambas acciones, les debe ser aplicada también
la misma disposición reguladora, esto es, que el término de prescripción debe
ser el de dos meses contenido en el artículo 518 ya indicado. La conclusión a
que se llega deriva de que el legislador considera que las acciones consignadas
en la fracción XXII del Apartado "A" del artículo 123 constitucional,
tienen por objeto la reclamación del puesto del que el trabajador ha sido
despedido, para que pueda seguir percibiendo el salario que constituye el medio
de subsistencia de la familia obrera o bien para que el trabajador obtenga la
indemnización correspondiente y esté en aptitud de prestar sus servicios a otro
patrón o ejercer la actividad que estime conveniente. En ambos casos, el
legislador laboral estimó, con la disposición del artículo 518, que la
reclamación debe hacerse dentro de un término de dos meses contado a partir del
día siguiente a la fecha en que ocurra la separación del trabajador, y si no lo
hace dentro del término indicado, considera que el propio trabajador afectado
con el despido o separación carece del interés jurídico para hacer la
reclamación. Las mismas consideraciones son valederas no solamente por analogía
sino aun por mayoría de razón, en el caso de las acciones consignadas en el
artículo 157, ya que el trabajador que se encuentra comprendido en las
hipótesis a que se refieren los artículos 154 y 156, esto es, que se considera
con derecho a ocupar la vacante o puesto de nueva creación en la empresa, tiene
las mismas necesidades vitales del trabajador que ha sido despedido. Por otra
parte, es de agregarse que la situación jurídica que se produce en la empresa o
establecimiento con motivo de presentarse la vacante o crearse un puesto nuevo,
debe resolverse de inmediato debiendo quedar protegida dicha situación con
firmeza y seguridad jurídica en beneficio de todos los factores de la
producción, esto es del patrón, del sindicato que esté facultado con
exclusividad para hacer proposiciones, del trabajador que ya ocupa el puesto
reclamado, y del aspirante que promueve el juicio. Los razonamientos invocados
coinciden sustancialmente con los que fueron esgrimidos por esta Cuarta Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la determinación del criterio
que se encuentra en la jurisprudencia que con el número 183 aparece visible en
la página 178 del tomo correspondiente a esta Cuarta Sala del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación de 1975, cuyo texto es del tenor literal
siguiente: "Conforme al artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo en
vigor, es obligación a cargo del patrón prorrogar el contrato de trabajo por
todo el tiempo que subsistan las causas que le dieron origen, de tal manera que
si no cumple con esta obligación su actitud debe equipararse a la de un
despido, porque con esta actuación se impide que el trabajador continúe
desarrollando normalmente sus labores. El término de prescripción para el
ejercicio de la acción correspondiente, es de dos meses, conforme a lo
establecido en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo y no de un año
como lo establece el artículo 516 de la misma ley". Las anteriores
argumentaciones llevan a la conclusión que debe quedar sin efecto, por
interrupción, la tesis jurisprudencial 170 visible en la página 165 del tomo
correspondiente a esta Cuarta Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación de 1975. Por lo expuesto, esta Sala considera que el término a que
debe sujetarse la prescripción de las acciones consignadas en el artículo 157
de la Ley Federal del Trabajo es de dos meses, por guardar una estrecha
analogía con las acciones ejercitables en el caso del despido del trabajador. Séptima
Epoca, Quinta Parte: Volúmenes
103-108, página 68. Amparo directo 1635/76. Sección 30 del Sindicato de Trabajadores
Petroleros y otro. 27 de octubre de 1977. Cinco votos. Ponente: María Cristina
Salmorán de Tamayo. Secretario: Andrés Cruz Martínez. Volúmenes 103-108, página 68. Amparo directo 3303/76. Sección 30 del Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y otro. 27 de octubre de
1977. Cinco votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. Secretario: Eduardo Aguilar
Cota. Volúmenes 103-108, página 68. Amparo directo 4320/75. Sección 24 del Sindicato
de Trabajadores Petroleros y otros. 27 de octubre de 1977. Cinco votos.
Ponente: David Franco Rodríguez. Secretario: Guillermo Ariza Bracamontes. Volúmenes 103-108, página 68. Amparo directo 6468/76. Sección 24 del Sindicato
1977. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario:
Andrés Cruz Martínez. Volúmenes
103-108, página 68. Amparo directo 5057/75. Sección 24 del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 28 de octubre de 1977. Cinco
votos. Ponente:María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Miguel Bonilla
Solís. Por ello, queda
evidenciado que los salarios vencidos son
básicamente el perjuicio que se le ocasiona al trabajador, con la privación de cualquier ganancia lícita que
debiera haberse obtenido en el cumplimiento de la obligación.
Se extrae que la
condena a los salarios vencidos, son
consecuencia de un acto ilícito, de característica culposa, cometido por el patrón
al separar injustificadamente a sus trabajadores, que generan daños y
perjuicios, por lo que está obligado a repararlos y se entiende que tal es su
Definida la naturaleza
de los salarios vencidos, encontramos su
antecedente más remoto en el artículo 122 de la Ley del Trabajo
de 1931, cuyo texto original se anota en
Artículo 122.- El patrón que despida a un trabajador por alguna o algunas de las causas a que se
refiere el artículo anterior, no incurrirá en responsabilidad.
Si posteriormente no se
comprueba la causa del despido, el trabajador tendrá derecho a
que se le paguen los salarios
vencidos desde la fecha en que presente su reclamación, hasta que termine el plazo que esta ley señala a la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, para que pronuncie resolución definitiva, sin perjuicio de las demás acciones que le competen por haber sido despedido sin causa justificada.
En caso de que el laudo no hubiere sido dictado dentro del plazo legal y hubiere necesidad de plazos adicionales de acuerdo con lo que dispone el artículo 542, el trabajador tendrá derecho a los salarios correspondientes a
los días adicionales a que se refiere el
Esta inicial
referencia a los salarios vencidos, advierte que los mismos se generan por la
actitud ilícita del patrón cuando despide a un trabajador sin causa legal alguna. Esta disposición,
interpretada en su momento, no dejaba lugar a dudas que los salarios vencidos
se ceñían al término de duración técnica
del proceso laboral, esto es, del momento de la presentación de la demanda a la
emisión del laudo, contabilizando los términos que la ley del trabajo señalaba
para emitir el acuerdo inicial, fecha
para audiencia, emplazamiento, el lapso de desahogo de pruebas y el laudo, lo
que podría adicionarse con ocho días máxime como ampliación al término de la
emisión del fallo. En síntesis, los salarios vencidos podrían ajustarse a lo
sumo al periodo de dos meses, lo que
significa que para la ley de la época los daños y perjuicios estaban limitados
a una temporalidad específica.
señalar con precisión la fecha en que el artículo 122 de la Ley de Trabajo de
1931 fue modificada, lo cierto es que su
texto varió en el segundo párrafo, sin
embargo, me permito transcribir en su integridad de nueva cuenta dicha
122.- El patrón que
despida a un trabajador por alguna o algunas de las causas a que se refiere el artículo anterior, no incurrirá en responsabilidad.
que se le indemnice con tres meses de salarios y a que se le paguen los
salarios vencidos desde la fecha del
despido, hasta que se cumplimente la resolución definitiva pronunciada por la
Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, sin perjuicio de las demás
acciones que le competan por haber sido despedido sin causa justificada.
Se modificó el segundo párrafo, desapareció
el tercero, se incluyó tres meses de salarios como indemnización, se ampliaron
los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta el cumplimiento de la
Suprema Corte, interpretando esta disposición novedosa emitió criterios como el
que a continuación traigo a cuenta:
DESPIDO INJUSTIFICADO REGIDO
POR EL ARTICULO 122 (REFORMADO) DE LA LEY LABORAL.- El artículo 122 (reformado) de la
Ley Federal del Trabajo, al establecer que si no se comprueba la causa del
despido, "el trabajador tendrá derecho a que se le indemnice con tres
meses de salarios y a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del
despido ..., sin perjuicio de las demás acciones que le competen por haber sido
despedido sin causa justificada.", no contraviene las bases
contenidas en el artículo 123 constitucional, pues la circunstancia de que este
último determine, en su fracción XXII, las dos acciones alternativas que
competen al trabajador en los casos de despido injustificado, la de
reinstalación y la de indemnización de tres meses de salarios, no constituye
obstáculo alguno para que en la ley reglamentaria correspondiente se imponga al
patrón la obligación de pagar al trabajador los salarios que deje de percibir
con motivo del despido, ya que, aparte de que el artículo 123 de la
Constitución sólo consagra las garantías mínimas de que disfrutan los
trabajadores, resulta que con el pago de los salarios caídos se reparan los
daños y perjuicios sufridos por el trabajador con motivo del incumplimiento del
contrato de trabajo por parte del patrón, por lo que a éste corresponde pagar
dichos salarios, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, máxime que,
según principio universalmente admitido, el que obrando ilícitamente causa un
daño a otro, está obligado a repararlo.
directo 5020/58. Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, S. A. de C.
V. 4 de enero de 1960. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gilberto
enseñanza de este criterio es evidente, ubica al artículo 123 Constitucional
como la disposición que consagra garantías mínimas para los trabajadores e insiste que los salarios vencidos equivalen
a los daños y perjuicios que se generan por la actitud ilícita del patrón.
mayo de 1970 se genera lo que ya se conoce como la Ley Federal del Trabajo y en
el artículo 48 se creó la redacción siguiente:
Artículo 48.- El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le
indemnice con el importe de tres meses de salario.
juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el
trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que
se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el
redacción subsistió en las reformas que se hicieron a la Ley Federal del
Trabajo, básicamente en el ámbito procedimental, en el mes de mayo de 1980 y
generaron, jurisprudencia de la Cuarta Sala, sobre el salario que debería
cubrirse en razón a la acción específica hecha valer, esto es la de
cumplimiento de contrato o la de pago de indemnización. Véase:
Tesis: 4a./J. 14/93 Página: 11
SALARIOS CAÍDOS, MONTO DE
LOS, CUANDO LA ACCIÓN QUE SE EJERCITO FUE LA DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL.- Esta Cuarta Sala reitera el
criterio que ha sostenido en la jurisprudencia número 1724, publicada en la
página 2773 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1988, acerca
de que cuando el trabajador demanda la reinstalación y el pago de salarios
caídos, éstos se cubrirán tomando en cuenta el aumento de salarios habidos
durante el ejercicio; en cambio, si demanda la indemnización constitucional,
los salarios vencidos deben cuantificarse con base en el sueldo percibido en la
fecha de la rescisión, porque la ruptura de la relación laboral operó desde
aquella época. Esto se explica en razón de que ambas acciones son de naturaleza
distinta, ya que en la primera el actor pretende que la relación laboral debe
continuar en los términos y condiciones pactados, como si nunca se hubiera
interrumpido el contrato de trabajo; y, en la segunda, da por concluido ese
vínculo contractual y demanda el pago de la indemnización constitucional, de
forma que los salarios vencidos solicitados ya no tiene el mismo concepto de
los que se generaron con motivo de la relación de trabajo que continúa vigente,
sino que adquieren el carácter de indemnización o reparación del daño producido
por la falta en que incurrió el patrón al rescindir la relación laboral,
encontrando al respecto aplicación el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo
en cuanto establece que para determinar el monto de la indemnización que debe
pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al
día en que nazca el derecho a la indemnización.
de tesis 7/92. Sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito
y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 1o. de marzo de
1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario:
Pablo Galván Velázquez. Tesis de Jurisprudencia 14/93. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto
Tribunal en sesión privada del primero de marzo de mil novecientos noventa y
tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente
Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Felipe López Contreras y José Antonio
Llanos Duarte. Ausente: Ignacio Magaña Cárdenas por Comisión Oficial.
lo que se entendió que la acción de reinstalación conllevaba los incrementos
salariales y la de pago de indemnización, se cubría con el salario vigente en
el momento de la separación, sin posibilidad de incremento.
aquí, podemos concluir que los salarios
vencidos progresaron desde la redacción inicial que los limitaba a la duración
técnica del proceso laboral, hasta quedar su pago previsto desde el instante
del despido al momento del cumplimiento del laudo; también se aprecia, que el artículo 123 apartado A fracción XXII
de la Constitución General de la República, jamás constituyó una limitante;
y, que técnicamente, los salarios
vencidos son los daños y perjuicios a los que queda obligado el patrón, cuando
se demuestra su conducta ilícita en la separación injustificada del trabajador.
se puede pasar por alto en lo analizado, la evidencia del principio de
progresividad en el devenir histórico de la figura de los salarios vencidos,
pues la mejora fue evidente.
IV.- La Ley Federal del
Trabajo como derecho humano en su contenido.
reforma del año 2011 al artículo 1° de
la Constitución General de la República, cambió su redacción, y se estableció
en su primer párrafo lo siguiente:
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
infiere del texto transcrito, que
nuestro país todas las personas gozamos de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
segundo párrafo, complementa lo anterior y dice:
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
la expresión "normas
relativas" empleada, se
puede apreciar que los derechos humanos reconocidos en la Constitución, se hacen extensivos a las normas secundarias
que reglamenten una disposición de carácter constitucional o cualquier otra de
carácter ordinario, siempre y cuando los contengan.
nuestra Constitución, en el segundo
párrafo del artículo 29 de la Constitución, se establece un catálogo que debe entenderse ejemplificativo y no
limitativo, en donde se hace referencia a los derechos humanos que no pueden
restringirse ni suspenderse, a saber: En los
decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la
vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al
nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos
políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad
y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la
esclavitud y la servidumbre; la
prohibición de la desaparición forzada y
la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales
derechos. Con
excepción de los derechos humanos
específicos que señala el párrafo transcrito, nuestra Constitución no
proporciona una definición de lo que debe entenderse por derechos humanos, por
lo que es obligatorio tomar en cuenta para ello, la declaración de los derechos
humanos suscrita en el año de 1948 por los Estados miembros de la Naciones
Unidas, en especial los artículos 1 y 2 que conviene traer a cuenta:
Artículo 1. Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se
hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto sí se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Estas disposiciones, al
decir del Magistrado Germán Eduardo Baltazar Robles[1],
se plasmaron en la exposición de motivos por parte del legislador al reformar
el artículo 1° constitucional y extrae de ellos los principios que
considera, debe contener toda norma
que pueda conceptuarse como un derecho
humano y al efecto las indica:
Deriva de la vida o se
relaciona directamente con la vida o la dignidad humana.
Si estos principios son
los que deben conformar un derecho humano, habrá de hacerse la indicación, que de acuerdo al Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Derecho de Trabajo llena tales requisitos,
como se advierte del contenido de los
artículos del 6 al 9 de dicho convenio internacional, que por su relevancia se
medidas adecuadas para garantizar este derecho.
en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá
figurar la orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación de
programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico,
social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones
que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren
distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres
condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual
por trabajo igual;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo,
a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los
factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de
las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la
imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que
prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés
de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los
nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a
afiliarse a las mismas;
limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad
democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la
protección de los derechos y libertades ajenos;
ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la
policía o de la administración del Estado.
en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a
la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar
medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o
a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías.
Estos principios del tratado internacional de que se comenta, están consignados en el
artículo 123 desde el año de 1917, los que desde luego conllevan las nociones
básicas que el autor que se invoca menciona que debe contener toda norma que
contemple un derecho humano.
en el segundo párrafo del artículo 1° Constitucional, que amplía la
conceptualización a toda norma relativa a los derechos humanos, que obviamente
refiere a toda disposición que los contenga, se advierte que la Ley Federal del
Trabajo, en su parte sustantiva, se
constituye en esencia por normas que se conceptúan como derechos humanos.
razones son evidentes y me permito destacarlas.
Ley Federal del Trabajo es una ley de carácter social, distributiva, que hace igual al desigual.
acuerdo a su artículo 1°, se aplica a todas las relaciones de trabajo, que es el elemento primordial para que se
concrete la manifestación plena del ordenamiento laboral.
propensión de las normas que constituyen la Ley Federal del Trabajo se encamina a conseguir el equilibrio y la
justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones (artículo 2).
artículo 3 es elemental, y pone de manifiesto que se trata el ordenamiento que
la contiene, de un catálogo de derechos humanos, pues sobresale de él la
dignidad humana y el principio de igualdad, al establecer:
Artículo 3°.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es Artículo de comercio, exige
respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en
condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador
No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso,
artículo 4° de la Ley Federal del Trabajo, es una reiteración del artículo 5° Constitucional y conlleva el
principio de libertad en cuanto al trabajo.
artículo 5° de la Ley Federal del Trabajo es de suyo relevante, pues
señala que las disposiciones de la
ley, sin hacer distinción alguna son de
orden público; impide la renuncia y con ello establece derechos inalienables,
que evita el trabajo para menores
de catorce años; jornadas mayores a la legalmente permitida; jornadas
inhumanas por excesivas; trabajo
extraordinario para menores de dieciséis años; salarios inferiores al mínimo;
salarios que no sean remuneradores; plazos mayores a una semana para el pago del salario; la prohibición de pagar los
salarios en lugares inadecuados; la obligación de consumir artículos de tiendas
o lugares determinados; facultad del patrón para retener salarios para garantizar multas; el principio de que a salario igual trabajo igual; la prohibición del trabajo nocturno industrial
después de las 24 horas para menores de
dieciséis años; y, la renuncia por parte del trabajador a cualquiera de los
derechos o prerrogativas establecidas en las normas de trabajo.
la Ley Federal del Trabajo se ha aceptado la aplicación de los tratados
internacionales; se define lo que debe entenderse por trabajador y se hace la
diferenciación del personal de confianza; se precisa al patrón y quiénes son sus representantes.
su artículo 17, se establece los
parámetros que deben considerarse para la interpretación de las normas
laborales, habiéndose adelantado a la redacción actual del artículo 1°
constitucional, al haberse indicado que
las norma constitucionales deben prevalecer, seguido de la ley y sus
reglamentos, los tratados
internacionales, las disposiciones que reúnen casos semejantes, principios
generales, jurisprudencia, costumbre y equidad.
se contempla el principio pro homine, al señalarse en su artículo 18 que en las
interpretaciones, en los casos de duda
debe estarse a lo favorable al trabajador.
desde esta perspectiva contemplada en los principios básicos de la Ley Federal
del Trabajo es indudable, que en el ordenamiento laboral se da el respeto a la dignidad humana; es universal
porque se reconoce su aplicación para todo ser humana por solo ese hecho; y es
absoluta, porque no tiene excepciones en
adicionamos el hecho que el artículo 133 de la Constitución, por ser la Ley
Federal del Trabajo emanada del Congreso de la Unión, le otorga el calificativo de ley suprema en
la Unión, es evidente que es una normatividad de orden público, lo que de suyo
le hace relevante.
se puede omitir en este estudio, que el artículo 123 apartado A fracción XXVII
inciso g), establece un derecho humano básico, por reunirse las características
que debe llenar tal conceptualización (se relaciona con la vida y dignidad
humana, es universal y absoluto) al decir: XXVII.
Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se exprese en
el contrato: [...] g) Las que
constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o por despedírsele de la obra, y
existe la prohibición expresa, en un dispositivo constitucional, que reglamenta derechos sociales, impidiendo
a el trabajador renunciar a los perjuicios ocasionados por el incumplimiento
del contrato, se hace una referencia explícita a los salarios vencidos en razón
a que estos tienen el carácter de perjuicios, por ser las prestaciones que se
dejan de percibir en virtud de la actitud ilícita del patrón.
estas perspectivas, la Ley Federal del Trabajo en su parte sustantiva y el
contenido del artículo 48 de tal ordenamiento, modificado en el año 2012, para
limitarlo a su alcance por un año, es un derecho humano en el cual el
legislador obrando incorrectamente, deja
de aplicar el principio de progresividad, lo que le da la característica de
inconstitucional y permite al Poder
Judicial Federal corregir esta situación. V.- La
Inconstitucionalidad de la limitante a los salarios vencidos.
En este espacio, es dable establecer las razones por las
cuales, desde la perspectiva del principio de progresividad y también el de igualdad resulta inconstitucional las
modificaciones que se realizaron al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo,
el 30 de Noviembre de 2012 por parte del Congreso de la Unión, sin embargo
previamente al ejercicio, deseo exponer las consideraciones que toda autoridad jurisdiccional tiene la
obligación de acatar como interpretación. Veamos:
acuerdo a lo que dispone el artículo 1° de la Constitución General de la
República, advierte en su segundo, tercer y quinto párrafos, una riqueza interpretativa
inconmensurable, que le permite el control difuso constitucional y
convencional, de oficio, según se advierte del segundo, tercer y quinto
párrafos, de los cuales ya se hizo transcripción en el cuerpo de este estudio,
con excepción del último de ellos, que en su texto consigna:
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
los ideales de este numeral constitucional, se considera sin taxativas, que toda autoridad dentro del ámbito de su
competencia, tiene la facultad para
actuar oficiosamente y desaplicar disposiciones subconstitucionales, que
contradigan a los derechos humanos establecidos en la Constitución y los
convenios internacionales de los que México es partícipe, actividad que se denomina Control difuso de la
Constitución, que a partir de la reforma del año 2011 al artículo
constitucional que se comenta, en complemento al 133 de la Carta Magna, le es
permitido a los órganos jurisdiccionales de la República. Sobre
el particular, en la serie cuadernos de
jurisprudencia publicados por la suprema Corte de Justicia de la Nación, a
través del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y Promoción y Difusión de la Ética Judicial, se publicó
el título que se denomina "El Control de Convencionalidad Ex Officio.
Origen el ámbito Regional Americano, obligatoriedad para los jueces mexicanos,
precisión de sus alcances y retos para el Poder Judicial de la Federación", en el cual se explica lo que el título
anuncia, y en el tema 6, en las páginas 46 y 47, se hace una referencia al
control difuso, que por su relevancia,
da lugar a la copia de los últimos dos párrafos, los cuales instruyen sobre el
particular: El
difuso, lo deben realizar todos los
Jueces, incluso de oficio, y
también tiene como parámetros de
control los derechos humanos de
fuente interna y externa, así como su interpretación por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su
jurisprudencia (figura 4). Finalmente, los pasos a seguir por los Jueces se reducen a partir de la presunción de constitucionalidad de la ley que se va aplicar, intentar
después una interpretación del
precepto conforme a los derechos humanos
y, si esto no es posible, desaplicarlo,
en el supuesto que abiertamente contraríe las normas del bloque constitucional de primer nivel o
su interpretación. Precisando: el control de convencionalidad ex officio obliga en último extremo al juzgador de
cualquier grado o materia a desaplicar una norma interna que de forma manifiesta viole Derechos Humanos
o el claro e inequívoco estándar nacional o internacional fijado en
bien, derivado del deber de realizar jurisdiccionalmente el control de convencionalidad incluso de oficio de las normas generales que deben aplicarse y de los pasos a seguir se desprende, en mi opinión, una regla de interpretación jurídica que debe prevalecer sobre las demás. En
efecto, las normas jurídicas en
México de cualquier naturaleza deben ser interpretadas siempre conforme a los derechos humanos.
Esto involucra incluso que debe
estarse a esta última por encima de la gramatical o la sistemática
y que esto debe convertirse en una práctica generalizada y común en los órganos jurisdiccionales. Lo anterior es así, en función de que no hay duda de la obligación jurisdiccional de primer orden de realizar el control de convencionalidad, que
partiendo de la presunción de
constitucionalidad de las normas, debe
buscarse siempre una interpretación conforme a los derechos humanos y sólo en el último supuesto de que esto no
sea posible, desaplicarlas en el caso concreto, por lo que en automático, estimo que la primera opción
hermenéutica será en adelante una
interpretación conforme a los
derechos humanos de todas las
normas del sistema jurídico mexicano.
independencia de la facultad del control
difuso, existen otras implícitas, como lo es el principio pro homine establecido en el segundo párrafo, del artículo constitucional que se
analiza, que obliga a los órganos jurisdiccionales, a favorecer la interpretación más favorable a
los intereses de la persona, en el ejercicio de sus derechos humanos; sin que
se pueda pasar por alto los principios de universalidad, interdependencia e
indivisibilidad, sin soslayar la obligación de desaplicar toda aquella disposición que conlleve una discriminación,
En cuanto a lo relativo al control
de convencionalidad y de los derechos humanos implícitos en la Constitución, el
pleno del más alto Tribunal de la Nación, lo previó así en la sentencia varios
912/2010, en cuya interpretación establece las facultades que los jueces
nacionales tienen sobre el tema en comento:
este modo, los jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el
Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más
favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga sobre la posibilidad de que sean los criterios internos aquellos que cumplan de mejor manera con lo
establecido por la Constitución en términos de su artículo 1°, lo cual tendrá que valorarse caso por caso fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos.
laborales y los Tribunales Colegiados, puedan asumir el control de la
constitucionalidad y convencionalidad, dentro del ámbito de su competencia, dado que
no es exclusivo de una sola instancia.
a la exposición realizada, analicemos ahora desde la perspectiva del principio de
progresividad, la inconstitucionalidad de las modificaciones realizadas al artículo
48 de la Ley Federal del Trabajo, dado que la reforma implica un retroceso a la redacción anterior existente en tal
a).- En virtud al Principio
se anunció en el preámbulo, el Primer
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, emitió una tesis donde argumenta la
improcedencia del principio de progresividad, para declarar inconstitucional
las reformas al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, la cual si bien no
es obligatoria, si fija los parámetros por los cuales los Tribunales Colegiados
del país pudieran inclinarse, máxime que el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito también se pronunció
en el mismo sentido y los razonamientos que fueron empleados, nos sirven de base, para
que mediante su disección se llegue a la conclusión contraria a la que llegó
este órganos jurisdiccional.
criterio referido es el siguiente:
XVI.1o.T.2 L (10a.) Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación Décima
Época 2007330 1
de 2 Tribunales
Colegiados de Circuito Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III Pag.
1953 Tesis
Aislada(Constitucional) Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III SALARIOS CAÍDOS. EL
ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, AL ESTABLECER
SU PROCEDENCIA HASTA POR 12 MESES EN CASO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO
INJUSTIFICADO, NO VIOLA DERECHOS HUMANOS.
Dicho precepto legal, al
establecer la obligación del patrón de reinstalar inmediatamente a los
trabajadores que hubieran sido despedidos injustificadamente y pagar los
salarios caídos, computados desde la fecha de ese suceso hasta por un periodo
máximo de 12 meses, así como de un interés a razón del 2% mensual sobre el
importe de 15 meses de salario -en caso de que el juicio no se resuelva en ese
plazo o no se cumpla con el laudo- no viola los derechos humanos de los
trabajadores. Es así porque, del artículo 123, apartados A, fracción XXII, y B, fracción IX, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se advierte que consagre a favor de los
trabajadores el derecho a percibir salarios caídos por todo el tiempo que dure
el juicio laboral o hasta que se dé cumplimiento al laudo respectivo, sino
únicamente que aquellos trabajadores que sean separados injustificadamente
puedan optar por la reinstalación o la indemnización. De ahí que el citado
artículo 48 sea acorde con el lineamiento mínimo previsto en el
apartado A del precepto constitucional aludido, en el sentido de que la
referida indemnización comprenderá el monto de 3 meses de salario. Medida
legislativa que es razonable y proporcional, habida cuenta que resulta idónea
para alcanzar los fines que la Ley Fundamental prevé al respecto, tales como
evitar que los juicios laborales se prolonguen artificialmente para obtener una
mayor condena por ese concepto; preservar el carácter indemnizatorio de esa prestación,
logrando la efectiva protección de los derechos de los trabajadores, así como
la necesidad de conservar las fuentes de empleo, tutelando el legítimo interés
de los patrones por encontrar mecanismos que favorezcan la competitividad y
productividad, ya que su economía se ve seriamente afectada cuando son
condenados al pago excesivo por ese rubro derivado de la prolongación indebida
de los asuntos. Acotación que es necesaria, porque, habiendo varias medidas
legislativas que pudieron emplearse para lograr los objetivos pretendidos, como
podrían ser las de integrar con otros conceptos diferentes la indemnización o
prever una que no incluyera ningún tipo de salario dejado de percibir; sin
embargo, el legislador optó por una solución mediante la cual integra la
indemnización por dos prestaciones (reinstalación o el pago de salarios caídos)
que no son inferiores al único parámetro constitucional referido; y,
finalmente, es proporcional en sentido estricto, porque la importancia de los
objetivos perseguidos por el creador de la norma está en una relación adecuada
con el derecho a la indemnización en caso de despido injustificado, porque los
salarios vencidos equivalen a los que dejó de percibir el trabajador durante el
juicio, por lo que constituyen una forma de resarcir las cantidades que no
obtuvo con motivo del despido. Además, si de los numerales 871 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, se colige que los juicios laborales deben resolverse
en un término aproximado de 12 meses a partir de la presentación de la demanda,
es razonable y proporcional que se limite el pago a este periodo. Por otra
parte, el precepto legal impugnado tampoco vulnera el principio de
progresividad previsto en el artículo 1o. constitucional,
pues con ello no se desconoce ningún derecho humano, ya que la acción por
despido injustificado continúa siendo tutelada en la Ley Federal del Trabajo, a
través de la reinstalación o la indemnización por el importe de 3 meses, a
elección del operario; además, la indemnización en sentido amplio (como sanción
para el patrón por haber separado injustificadamente a su empleado) se preveía
tanto en el ordenamiento legal reformado como en el vigente.
61/2014. Rosa María
Flores Villagómez. 3 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto
Díaz Ortiz. Secretario: Ulises Fuentes Rodríguez. El primer argumento
que expone el Tribunal expresa:
... Es así porque, del artículo 123, apartados A, fracción XXII, y B, fracción IX, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se advierte que consagre a favor de los trabajadores
el derecho a percibir salarios caídos por todo el tiempo que dure el juicio
laboral o hasta que se dé cumplimiento al laudo respectivo, sino únicamente que
aquellos trabajadores que sean separados injustificadamente puedan optar por la
reinstalación o la indemnización...
el punto referido, la apreciación del Tribunal es equivocada, pues los términos
de dicha disposición, me refiero al apartado A, existían desde la creación de
la Ley del Trabajo de 1931, esto es, el artículo constitucional no preveía el
pago de salarios vencidos en su fracción XXII y sin embargo, el artículo 122, con
su posterior modificación, de la ley secundaria referida, que en su evolución dio lugar al artículo
48, se contemplaron los salarios
vencidos y jamás, el más alto Tribunal de la Nación lo declaró
inconstitucional, por no existir un
el contrario, se mencionó que el artículo 123 constitucional, contiene
garantías mínimas para los trabajadores, lo que no impide que la ley secundaria
pueda considerar a favor de la clase obrera prestaciones no reguladas
artículo 122 de la Ley del Trabajo y su evolución al 48 dentro de la Ley
Federal del Trabajo, al contemplar los salarios vencidos desde el instante del
despido al momento de la ejecución del laudo, constituyó un derecho a favor de
la clase obrera que de acuerdo al artículo 133 constitucional, forma parte de
una ley suprema en toda la Nación al haber emanado del Congreso de la Unión.
Así lo establece el texto del artículo
referido que me permito copiar:
Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán
la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de
cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constitucionales o leyes de los
insoslayable, que la naturaleza de los
salarios vencidos, obedece a daños y perjuicios que se generan de la actitud
culposa del patrón de separar injustificadamente al trabajador, pues así lo
refirió de ordinario la Cuarta Sala en sus criterios, no superados en ese
aspecto, bajo el principio general de derecho de que quien actúa ilícitamente
está obligado a reparar los daños y perjuicios.
ahí, que lo que argumenta el Tribunal
Colegiado, en el sentido de que el artículo 123 apartado A fracción XXII y B
fracción IX de la Constitución General de la República, en el sentido de que no contempla la
existencia de los salarios vencidos, es irrelevante.
quedar bien precisado, que el principio de progresividad, cuyos alcances se delinearon con
anterioridad, pero que básicamente implica un no retroceso, es un principio constitucional que refiere
a un supuesto específico, que no
contiene excepciones. Por ello es significativo, para el análisis de la
inconstitucionalidad del artículo 48 del ordenamiento laboral, únicamente
considerar el antes y el después en torno a su redacción y partiendo de esa
base, confrontarlo con el principio que nos ocupa, para inferir si el
legislador en el momento en que emite la reforma, vulnera esa máxima, lo que
permite al intérprete evitar que trascienda.
Lo precisado en el
párrafo anterior, implica que las argumentaciones que hace el Tribunal
Colegiado, al establecer las razones por las cuales pondera la procedencia de
la modificación al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, constituyan un
desatino en razón a que la argumentación que debió exponer debió ser estrictamente jurídica, porque un principio
constitucional solamente puede ser confrontado en cuanto a restarle mérito a su
valor, por otro de la misma jerarquía y no por razonamientos socioeconómicos
que no pueden anteponerse, por ser de naturaleza subconstitucional y no venir
al caso; por ello, se insiste en lo equivocado de lo que dice el Tribunal en el
ahí que el citado artículo 48 sea acorde con el
lineamiento mínimo previsto en el apartado A del precepto constitucional
aludido, en el sentido de que la referida indemnización comprenderá el monto de
3 meses de salario. Medida legislativa que es razonable y proporcional, habida
cuenta que resulta idónea para alcanzar los fines que la Ley Fundamental prevé
al respecto, tales como evitar que los juicios laborales se prolonguen artificialmente
para obtener una mayor condena por ese concepto; preservar el carácter
indemnizatorio de esa prestación, logrando la efectiva protección de los
derechos de los trabajadores, así como la necesidad de conservar las fuentes de
empleo, tutelando el legítimo interés de los patrones por encontrar mecanismos
que favorezcan la competitividad y productividad, ya que su economía se ve
seriamente afectada cuando son condenados al pago excesivo por ese rubro
derivado de la prolongación indebida de los asuntos. Acotación que es
necesaria, porque, habiendo varias medidas legislativas que pudieron emplearse
para lograr los objetivos pretendidos, como podrían ser las de integrar con
otros conceptos diferentes la indemnización o prever una que no incluyera ningún
tipo de salario dejado de percibir; sin embargo, el legislador optó por una
solución mediante la cual integra la indemnización por dos prestaciones
(reinstalación o el pago de salarios caídos) que no son inferiores al único
parámetro constitucional referido; y, finalmente, es proporcional en sentido
estricto, porque la importancia de los objetivos perseguidos por el creador de
la norma está en una relación adecuada con el derecho a la indemnización en
caso de despido injustificado, porque los salarios vencidos equivalen a los que
dejó de percibir el trabajador durante el juicio, por lo que constituyen una
forma de resarcir las cantidades que no obtuvo con motivo del despido. Además,
si de los numerales 871 al 890 de la Ley Federal del
Trabajo, se colige que los
juicios laborales deben resolverse en un término aproximado de 12 meses a
partir de la presentación de la demanda, es razonable y proporcional que se
limite el pago a este periodo...
argumentos, son los que motivaron al legislativo para la reforma objeto de
análisis, los repite el Tribunal Colegiado para justificar su determinación, lo
que es de notorio mal gusto, pues con ello asume connivencia con un Poder diverso.
el Tribunal Colegiado, desdeña el principio de progresividad diciendo:
...Por otra parte, el precepto legal impugnado tampoco
vulnera el principio de progresividad previsto en el artículo 1o. constitucional, pues con ello
no se desconoce ningún derecho humano, ya que la acción por despido
injustificado continúa siendo tutelada en la Ley Federal del Trabajo, a través
de la reinstalación o la indemnización por el importe de 3 meses, a elección del
operario; además, la indemnización en sentido amplio (como sanción para el
patrón por haber separado injustificadamente a su empleado) se preveía tanto en
el ordenamiento legal reformado como en el vigente.
En principio, ya se advirtió
porqué la parte sustantiva de la Ley Federal del Trabajo, en el que se incluye su artículo 48,
constituye un derecho humano según se advirtió del punto IV de este análisis,
que contrariamente a lo que señala el Tribunal Colegiado, fue desconocido al
disminuirse su alcance, circunstancias que no pueden soslayarse. Lo
cierto, es que de la evolución de la
figura de los salarios caídos, se
advierte que la reforma al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, disminuye
el derecho de los trabajadores a la percepción de los salarios vencidos, al limitarlos únicamente al importe de doce
meses, no obstante que implemente el pago de intereses.
conclusión, si el principio constitucional de progresividad, se refiere a la no
disminución de los derechos humanos; si no existen excepciones que puedan
oponérsele; si no concurre en antinomia con otro principio constitucional, que obligue al intérprete a ponderar el
alcance de su aplicación, es claro
que factores socioeconómicos como el que
hace valer el Tribunal Colegiado en su fallo, no pueden ser considerados para
oponerse al principio constitucional aludido, por lo que si en el particular
resulta claro, que el artículo 48 de la
Ley Federal del Trabajo, con anterioridad a la reforma de 30 de Noviembre de 2012, establecía un derecho a favor de los
trabajadores, que debe conceptuarse como un derecho humano que se disminuye
con la modificación, es obvio que se
atenta por parte del legislativo al principio de progresividad, por lo que el
órgano jurisdiccional tiene la obligación de declararlo inconstitucional y
desaplicarlo.
b).- En razón al
Otro aspecto por el
cual, la reforma de 30 de Noviembre de 2012 al artículo 48 del ordenamiento
laboral resulta inconstitucional, obedece a que se violenta el principio de
igualdad y con ello se da una discriminación en perjuicio de la clase obrera.
dilucidado que los salarios vencidos
obedecen en su génesis a la figura de daños y perjuicios, como quedó
ampliamente explicado con antelación.
Código Civil para el Distrito Federal, en relación a los daños y perjuicios, establece su procedencia y definición
2104.- El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare
de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los
daños y perjuicios en los términos siguientes: I.
Si la obligación fuere a plazo, comenzará la
responsabilidad desde el vencimiento de éste; II.
Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se
observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. El que contraviene una obligación de no
hacer pagará daños y perjuicios por el sólo hecho de la contravención. Artículo 2108.- Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por
la falta de cumplimiento de una obligación. Artículo 2109.- Se reputa perjuicio la privación de cualquiera
ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la
carácter civil, de acuerdo a la
redacción de los artículos invocados, él
que actúa ilícitamente tiene la obligación de cubrir daños y perjuicios.
daño se entiende la pérdida o menoscabo patrimonial por la falta de
cumplimiento a una obligación; y, en relación al perjuicio, se advierte como la
privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido en el
Se advierte del
contenido de los artículos del Código Civil invocados, que no se establece ninguna limitación en
cuanto al cumplimiento que debe realizar el obligado respecto de los daños y
perjuicios, lo que significa que él que los
causa, está obligado a cubrirlos en los términos en que los ocasionó.
opera la reparación de los daños y perjuicios en materia penal, que no tiene
más límite que la demostración de aquellos que fueron ocasionados. En el ámbito laboral,
al implementarse en la modificación al artículo 48 de la Ley Federal del
Trabajo una limitación a los daños y
perjuicios, que constituyen los salarios
dejados de percibir desde el instante del despido, que constituye la conducta ilícita del patrón
al momento del cumplimiento del laudo, constriñéndolos al lapso de doce meses y
al pago de un interés, se genera una desigualdad y con ello una
discriminación a la clase trabajadora.
dentro del marco jurídico nacional, los daños y perjuicios tienen una doble
regulación, en la que se advierte una disparidad, pues en el Código Civil y en el Penal no existen
limitantes como sí las hay a los salarios vencidos en el ámbito laboral, queda en claro la notoria discriminación a la
Con ello se da la
inconstitucionalidad de las modificaciones realizadas al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo el 30 de
Noviembre de 2012, dando lugar a su desaplicación por parte del órgano
expuesto se puede advertir:
a).- Que la evolución de la figura de los salarios vencidos dentro
de la Ley del Trabajo, progresó desde la limitante inicial a la duración
técnica del proceso, hasta considerarse que los mismos se generan desde el despido, momento de la conducta
ilícita patronal, al instante de la ejecución del fallo.
b).- Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por conducto de
su Cuarta Sala, en tesis que no han sido superadas, consideró que los salarios vencidos son daños
y perjuicios y se conciben del principio general de derecho, de que quien actúa ilícitamente está obligado
a reparar los daños y perjuicios que cause.
c).- Que
el artículo 123 apartado A fracción XXII y B fracción IX de la Constitución General de la República, establecen las garantías mínimas que operan a
favor de los trabajadores, hecho por el cual, la circunstancia de que en tal
disposición no se prevean los salarios vencidos, no constituye excepción o
contradicción a los principios de progresividad e igualdad previstos en el
artículo 1° de la Carta Magna.
d).- Que la figura de los salarios vencidos, establecida
inicialmente en el artículo 122 de la Ley del Trabajo de 1931 y retomada en el
artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, en redacción que
subsistió hasta antes del 30 de
Noviembre de 2012, por estar contemplados en un artículo que forma parte de una
Ley Suprema en la Unión, por provenir del Congreso de la Unión, conforme lo
dispone el artículo 133 constitucional, constituye
a favor de los trabajadores un derecho humano que puede ser superado, pero
jamás menoscabado.
e).- Que los principios de progresividad e igualdad, previstos en
el artículo 1° de la Constitución General de la República, únicamente pueden
ser confrontados y ponderados por el interprete en razón a otra disposición de
la misma jerarquía, que le permita establecer su alcance, pero no se les puede anteponer disposiciones
subconstitucionales para limitarlos o hacerlos nugatorios, y mucho menos
situaciones socioeconómicas que resultan ajenas a la exegesis.
f).- Que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, al
establecer el pago de salarios vencidos de la fecha de despido al instante de
la ejecución del laudo, establece un derecho humano que de acuerdo al principio
de progresividad no puede ser revertido, lo que significa que la reforma del 30
de Noviembre de 2012, que limita los
alcances de los salarios vencidos al lapso de dos meses y establece pago de
intereses por el término que rebase esta temporalidad, contradice el principio invocado y resulta inconstitucional.
g).- Que
no existe duda, porque así lo interpretó reiteradamente la Cuarta Sala en
múltiples ejecutorias que no están contradichas por la Segunda Sala
actual, que la naturaleza jurídica de
los salarios vencidos corresponde a daños y perjuicios que se crea acorde al
principio general de derecho de que el
que actúa ilícitamente ocasionando daños y perjuicios debe repararlos.
h).- Que en el Código Civil y el Penal del ámbito Federal, las
disposiciones inherentes a los daños y perjuicios, no establecen taxativas, por
lo que los mismos deben ser resarcidos en forma íntegra, acorde a los causados por el obligado; en tal sentido, al
hacer la comparativa correspondiente, puede verse que el artículo 48 reformado
de la Ley Federal del Trabajo, al limitar los salarios vencidos y con ello los
daños y perjuicios ocasionados por el patrón, da lugar a una discriminación y a
una vulneración del principio de igualdad previsto en el artículo 1° de la
consecuencia, el artículo 48 reformado a
partir del 30 de noviembre de 2012, por las razones que se expusieron, resulta inconstitucional al confrontarse
con los principios de progresividad e igualdad previstos en el artículo 1°
constitucional, lo que da la pauta a que el órgano jurisdiccional
correspondiente, en el ámbito de su competencia, pueda desaplicar tal disposición
y darle relevancia a la redacción anterior del artículo, que arteramente fue modificada.
Procedencia: Despacho Jurídico Mancilla y Asociados
Maestro en Impartición de Justicia
Laboral por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Nombre: Fernando Mancilla Ovando
E-mail: fernando_mancilla_ovando@hotmail.com
6.- Nombre de la
Ponencia: Inconstitucionalidad de la Reforma del 30 de Noviembre de 2012, del
artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.
En cumplimento a requerimientos, mi dirección es la
que se ubica en San Luis Potosí 840 Colonia Rodríguez, en la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, con Código Postal 88630, en donde ejerzo la profesión de Abogado.
teléfonos lo son con la clave (899), los siguientes: 9-23 76 80, 9-23 76 81,
9-25 59 95 y el celular, que con la
misma clave es el 936 08 79.
correo electrónico es: fernando_mancilla_ovando@hotmail.com Mis
antecedentes profesionales resultan breves.
Soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, como
Licenciado en Derecho, generación 1970-1974.
Cuento con la Maestría de Impartición de Justicia Laboral por la Universidad Autónoma
Soy abogado de los Tribunales Laborales del Noreste del País, Tamaulipas y
Nuevo León, desde el mes de marzo de 1976 en forma continúa hasta la fecha.
Autor de la publicación denominada "El aumento indemnizatorio en los riesgos
de trabajo", Editorial Novum, México 2013.
complemento, durante mi trayectoria he
rechazado ser Secretario de Estudio y Cuenta de Tribunal Colegiado y Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Tamaulipas, por considerar que ser litigante es la mayor
responsabilidad de un Abogado.
[1] Baltazar Robles Germán Eduardo, Derechos Humanos, Derechos
Fundamentales, Juicio de Amparo y
Reparación Integral, COEDI, México 2015, página 25.

References: artículo 9
 artículo 123
 artículo 363
 artículo 9
 artículo 123
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 ARTÍCULO 48
 artículo 48
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 artículo 50
 artículo 1

artículo 48
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 artículo 1

artículo 48
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 26
 Artículo 26
 artículo
5
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 157
 artículo 123
 artículo 48
 artículo 518
 artículo 157
 artículo 518
 artículo 516
 artículo 518
 artículo 123
 artículo 518

artículo 157
 artículo 39
 artículo 518
 artículo 516
 artículo 157
 artículo 122

Artículo 122
 resolución 
 artículo 542
 artículo 122
 resolución 
 artículo 122
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 48

Artículo 48
 artículo 89
 artículo 123
 artículo 1
 artículo 29

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1

artículo 123
 artículo 1
 artículo 1

artículo 3

Artículo 3

artículo 4
 artículo 5

artículo 5
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 133
 artículo 123
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 1
 artículo 1
 artículo
48
 artículo 48

ARTÍCULO 48
 artículo 123

artículo 48
 artículo 1
 artículo 123
 artículo 122
 artículo
48
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artículo 122
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Artículo 133
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 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 2080
 Artículo 2108
 Artículo 2109
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 123

artículo 1
 artículo 122

artículo 48
 artículo 133
 artículo 1
 artículo 48
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 artículo 1
 artículo 48
 artículo 1

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