Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831213.html
Timestamp: 2019-11-20 20:19:24+00:00

Document:
as201831213
Auto Supremo Nº 213
Expediente : 546/2017
Demandante : Pedro Pablo Rodríguez Terán (Marina Ibarra
Monalvo)
VISTOS: El recurso de casación presentado por el SENASIR a través de Juan Edwin Mercado Claros, representante legal y Director General Ejecutivo contra el Auto de Vista 103/2017 SSA II de 6 de septiembre, cursante de fs. 95 a 96, dictado por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dentro el proceso social de Reclamación de Pensiones seguido por Marina Ibarra Montalvo derechohabiente del causante Pedro Pablo Rodríguez Terán contra la entidad recurrente, el escrito de contestación de fs. 107, el Auto que concede el recurso de fs. 108, el Auto Supremo de admisión 546-A de 22 de noviembre de 2017, antecedentes del proceso; y:
A la solicitud de calificación de Renta de Vejez de Pedro Pablo Rodríguez Terán, la Comisión de Prestaciones del Fondo Complementario de Seguridad Social Ferroviario y Ramas Anexas, emite la Resolución 08/021 de 20 de agosto de 1995, otorgándole Renta Complementaria de Vejez equivalente al 40% de su promedio salarial cotizado, a ser cancelada desde mayo de 1995 (fs. 31 de obrados). Ante el fallecimiento del titular y causante de la renta de vejez, Marina Ibarra Montalvo solicita renta de viudez, en su condición de derechohabiente, para lo que adjunta la documentación pertinente. Renta que fue desestimada por Resolución 723 de 2 de febrero de 2016, con el argumento que el causante y la solicitante no contaban con libertad de estado durante el tiempo de su convivencia (fs. 61-63).
La derechohabiente presenta recurso de reclamación, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante Resolución 159/16 de 15 de abril, confirmando la resolución reclamada (fs. 78 a 83 de obrados).
En apelación interpuesta por la derechohabiente, la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 103/2017 SSA II de 6 de septiembre, cursante de fs. 95 a 96, revoca la resolución de la comisión de reclamación apelada, disponiendo la calificación de renta única de viudedad a la causahabiente Marina Ibarra Montalvo, a partir del 20 de octubre de 2015, sea con las formalidades de ley.
Contra el Auto de Vista, el ente gestor mediante Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo y Representante Legal, formula recurso de casación en el fondo, cuyo escrito cursa de fs. 98 a 102, conforme los argumentos siguientes:
Argumenta errónea interpretación y violación de los arts. 63.II, 67 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), aclarando que el SENASIR como institución desconcentrada forma parte activa del Estado Boliviano, por ende se encuentra llamado a la defensa de los intereses de todos y cada uno de los bolivianos; aplicando normas que corresponde a cada caso individual, determinando que no se puede aplicar criterios garantistas de derecho en franco quebrantamiento de la ley especial, resguardando el principio de defensa del patrimonio del Estado.
También señala que fueron violados y erróneamente interpretados los arts. 52 del Código de Seguridad Social (CSS), 103 del Reglamento de Seguridad Social (RCSS) y 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), que disponen que la renta de viudedad se pagará a la esposa, o a falta de ésta, a la conviviente que hubiera estado inscrita como tal en los registros de la Caja, por lo menos un año antes de la fecha del fallecimiento del causante, siempre que no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio.
Además argumenta como vulnerados los arts. 46, 73, 129, 141, 158 del Código de Familia y art. 1309 del Código Civil.
Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista 103/2017 SSA II de 6 de septiembre, confirmando en su totalidad la resolución 159/16 de la Comisión de Reclamación.
III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE.
A fin de dilucidar la presente problemática es menester señalar que el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...” (el resaltado es nuestro). El art. 13.I de la CPE, establece que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”; en concordancia con lo establecido en el art. 109.I de la supra norma citada que refiere: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".
La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 55/2013 de 11 de enero establece como entendimiento sobre la jubilación el siguiente criterio: “…Por la exigencia de conformar un silogismo que otorgue sustentación a la fundamentación de la presente Resolución, es imprescindible analizar en primer término las normas contenidas en la Norma Suprema de nuestro país, que regulan a la jubilación como parte integrante del derecho a la seguridad social; debiendo para ello revisar la Constitución Política del Estado. En ese orden, de la revisión del compilado normativo supremo, se puede evidenciar que el art. 45 referido a los derechos a la seguridad social, inmerso en el Capítulo Quinto de la Primera Parte denominado Derechos Sociales y Económicos, en la Sección II, dispone que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, agregando a continuación que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, y tanto su dirección como su administración corresponde al Estado, con control y participación social. En el parágrafo IV determina que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo”.
De lo señalado es posible extraer que los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto, en el que se encuentra el de la jubilación, y tanto el acumulado de potestades como cada uno de esos derechos de forma individual, gozan de regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco, de ese modo es que tal como se señaló en la SCP Nº 0280/2012 de 4 de junio, la jubilación protege “…a la persona humana de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales…”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló la obligación de los Estados para proteger y promover los derechos sociales: “Los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales no sea disminuida en ningún aspecto con el transcurso del tiempo” (CIDH, Informe sobre Colombia 1993). La Comisión también recomendó, en el caso peruano, que el Estado debía tomar medidas para garantizar que se respeten los derechos adquiridos en materia de pensiones y que el monto de las mismas sean suficientes para cubrir como mínimo, el costo de la canasta familiar básica (CIDH, Informe sobre Perú, 2000).
De igual manera, debe tomarse en cuenta que conforme el art. 180.I de la CPE, la jurisdicción ordinaria encuentra como fundamento a la verdad material, principio procesal que además se encuentra estipulado en el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), por el cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir que se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia. La SCP Nº 1463/2013 de 22 de agosto señala: “En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: ‘El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…’ (Sentencia Constitucional Nº 1138/2004-R de 21 de julio). Conforme a lo expuesto, el valor superior “justicia” obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la “justicia material” como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones” (Sentencia Constitucional Nº 0818/2007-R de 6 de diciembre).
Al respecto, cabe recordar que el art. 51.a) del CSS establece, entre otras, algunas condiciones respecto al pago con carácter vitalicio de la Renta de Viudedad; señalando luego el art. 52 del mismo Código, las posibles beneficiarias de tal derecho, instituyendo en primer orden, “a la esposa”, y en segundo “a la conviviente”, estableciéndose para la última, algunas condiciones, entre ellas, “que para la validez de la convivencia no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio”. En ese sentido se tiene también señalado por los arts. 32 y 34 del MPRCPA.
IV. ANALÍSIS DEL CASO EN CONCRETO:
En el caso que se analiza, se advierte que la solicitante de la renta de viudedad es “la conviviente” del titular de la renta Pedro Pablo Rodríguez Terán (causante), y así lo demostró con la presentación del Testimonio original del proceso de Reconocimiento de Unión Conyugal seguido por Marina Ibarra Montalvo contra Pedro Pablo Rodríguez Terán, cursante de fs. 37 a 39, resolución judicial que fue declarada ejecutoriada, consecuentemente tiene la autoridad de cosa juzgada; en consecuencia su cumplimiento es obligatorio, porque es firme y no cabe contra ella ningún medio de impugnación que permita modificarla.
En este sentido, si bien en la causa que nos ocupa, el ente gestor guarda duda respecto de la legalidad de la resolución judicial, que declara la unión conyugal entre Marina Ibarra Montalvo y Pedro Pablo Rodríguez Terán, argumentando que al momento del proceso de reconocimiento de unión conyugal, la señora Ibarra, tenía un impedimento legal, ya que no contaba con libertad de estado; sin considerar, la calidad de cosa juzgada formal y material que tiene esa sentencia.
Si bien es evidente que la normativa aplicable a la seguridad social, no refiere que el SENASIR deba iniciar los trámites que correspondan para dejar sin efecto legal las resoluciones judiciales, para posteriormente proceder a la suspensión o denegatoria de la renta de viudez; tampoco deja de ser evidente que al constituir instancias administrativas de decisión, vinculadas a derechos fundamentales de los ciudadanos, las resoluciones que de estas instancias emerjan, deben obedecer a un análisis riguroso y razonable de los hechos para la posterior aplicación de la ley al caso concreto, empero, no como simples aplicadores del derecho, sino y sobre todo, como autoridades que en representación del Estado, emitan decisiones en sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que ahora son de forzosa aplicación, tales como, de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, de favorabilidad, y pro homine, entre otros, tomando en cuenta que la sociedad boliviana se rige por principios y valores, conforme se tiene establecido en los arts. 8, 9 y 45.II de la CPE; máxime cuando, como en el caso de análisis, comprenden un sector de alta vulnerabilidad, y por tanto de protección especial para el Estado.
Por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera los arts. 63.II, 67 y 180.I de la CPE, 52 del CSS, 103 del RCSS, 34 del MPRCPA, 46, 73, 129, 141 y 158 del Código de Familia y 1309 del Código Civil.
La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el Fondo de fs. 98 a 102, interpuesto por el SENASIR mediante su representante legal.

References: Resolución 
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