Source: https://vlex.com.pa/vid/amparo-garantias-constitucionales-tercera-31651480
Timestamp: 2019-10-14 11:02:09+00:00

Document:
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 12 de Junio de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 31651480
Fecha de Resolución: 12 de Junio de 1997
El licenciado R.T.M., actuando en nombre y representación de E.A.G., ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de derechos fundamentales contra una comunicación administrativa que, según expresa, "declara que no procede el trámite de pensión de vejez que solicitara E.A.G. el 31 de marzo 1997 en la Agencia de D., por lo que envía el expediente al Departamento de Archivos" (f. 3).
La referida comunicación la dirige la Sub-Jefa del Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja del Seguro Social al agente administrativo de esa entidad con sede en D., Provincia de Chiriquí.
Por acogida la demanda, se solicitó de la autoridad acusada el envío de la actuación o, en su defecto, de un informe acerca de los hechos materia del recurso. Este requerimiento fue contestado por H.R.H., J. del Departamento de Pensiones y Subsidios de la Caja del Seguro Social, mediante Nota de 3 de junio de 1997, la cual se transcribe en sus aspectos fundamentales:
"El acto de 21 de mayo de 1997, suscrito por la Sub-Jefa del Departamento de Pensiones y Subsidios, contenido en la comunicación a que se hace referencia en la acción de amparo de garantías constitucionales, consiste en negar la procedencia de la solicitud, por cuanto se trata de una situación ya resuelta con anterioridad cuando la interesada solicitó su pensión de vejez en el mes de noviembre de 1974. De todas formas, si la solicitante está en desacuerdo con esta comunicación, puede legalmente interponer los recursos de ley contra el acto, de conformidad con lo que prevé la legislación correspondiente.
Queremos destacar al Honorable Magistrado Sustanciador que la accionante obtuvo en noviembre 1974 la condición de pensionada de vejez por la Caja del Seguro Social, mediante Resolución Nº 20835-75, al llegar a los 55 años de edad. Con anterioridad estaba gozando de una jubilación pagada por la Contraloría General de la República, por lo cual la Caja del Seguro Social ha estado reembolsando a la Contraloría General de la República, suma de la pensión solicitada en 1974 que asciende a B/.382.76." (f.10, subraya la Corte).
Según da cuenta el escrito del licenciado T.M., el 31 de marzo de 1997 su representada presentó solicitud ante la Caja de Seguro Social, con la finalidad de que se tramitara su pensión de vejez.
El 6 de mayo del año que decurre, transcurridos treinta y siete días calendarios desde la presentación de la petición, la licenciada M. de J., Sub-Jefa del Departamento de Pensiones y Subsidios de la institución de seguridad social, remitió al Agente Administrativo de la Caja de Seguro Social con sede en D., el expediente de la señora A.G. junto con una comunicación interna, con instrucciones expresas de "localizar a la asegurada para y explicarle que el trámite de vejez que solicitó el 31-03-97 en la Agencia no le procede, según el expediente ya se le dio respuesta de este trámite en fecha anterior, observe en fojas 7 y 19 a la 30. Al aclarar el asunto sírvase devolver la solicitud con fecha 31-03-97 y enviar el expediente al Departamento de Archivos" (f. 1).
Se alega que el acto acusado infringe el artículo 32 del Estatuto Fundamental, toda vez que "Los trámites legales determinan que la Caja de Seguro Social, Depto. de Pensiones y Subsidios, está obligada a tramitar las solicitudes de pensión de vejez de sus asegurados ...", y en caso de que la petición fuere desestimada o se ordenare su archivo, "ello debe ser expresado en una Resolución la cual pueda ser atacada por la solicitante utilizando los medios de impugnación determinados en la ley ..." (f. 4).
Un detenido examen del cuaderno de amparo permite advertir que el acto objeto de esta acción constitucional subjetiva, contiene varias instrucciones comunicadas por un funcionario superior a otro de inferior jerarquía, de donde resulta la importancia de desglosar su contenido:
Localizar a la peticionaria para hacerle saber que su pensión de vejez es improcedente (hecho cumplido).
Informarle las razones de la improcedencia y devolver la solicitud (hecho cumplido).
Enviar el expediente al Departamento de Archivos.
De estos componentes del acto, el libelo se refiere expresamente a dos de ellos en su mención de la orden impugnada. En primer término, al que "declara que no procede el trámite de pensión de vejez" y, en segundo lugar, al que "envía el expediente al Departamento de Archivos". El amparista enfatiza que la decisión que recaiga sobre la solicitud de su representada sólo pueden hacerse "a través de una Resolución, la cual permita a E.A.G. hacer uso de los recursos legales que considere conveniente." (f. 4).
A juicio de la autoridad acusada, la comunicación interna entre servidores de la institución "consiste en negar la procedencia de la solicitud", y en todo caso, "si la solicitante está en desacuerdo con esta comunicación, puede legalmente interponer los recursos de ley contra el acto, de conformidad con lo que prevé la legislación correspondiente".
Considera la Corte debidamente fundada la alegación del representante judicial de la amparista cuando, frente a este procedimiento sui generis, denuncia la violación del artículo 32 de la Constitución vigente. De esa actuación resulta el desconocimiento del principio del debido proceso de ley por la autoridad demandada, por no decidir la petición mediante una resolución administrativa debidamente motivada que, en el caso de decisión contraria a la pretensión, indique incluso "los recursos que procedan por vía gubernativa y el término dentro del cual deben interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente" (art. 29, Ley 135 de 1943). Aun cuando todo indica que es esa la intención de la autoridad demandada, el acto de "comunicación" que se acusa no puede considerarse técnicamente como una decisión administrativa. Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de derechos fundamentales demandado, y ORDENA a la Caja de Seguro social que resuelva la pretensión de la asegurada E.A.G. mediante resolución motivada, en los términos de la ley.

References: Resolución 
 artículo 32
 Resolución 
sui generis
 artículo 32
 resolución 
 resolución