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DERECHO A LA JUSTICIA Toda persona tiene derecho de ... - Provea - DOCUMENTOP.COM
12 jul. 2001 - o muerte a las personas que se encontraban en la casa"61. .... mismo magistrado de las 2 sentencias anteriores, Jesús Eduardo Cabrera y sin.
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Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Después de 2 años de intervención del Poder Judicial, la situación ha empeorado. Un 90% de los jueces son de carácter provisorio, lo que significa un retroceso a niveles previos a 1991. Los concursos de oposición acordados por normas aprobadas desde 1999, recién comenzaron a realizarse en noviembre de 2000. El proyecto de Infraestructura de Apoyo al Poder Judicial, cuya ejecución estaba prevista en un lapso de 5 años, ya va por el séptimo año y todavía no se ha ejecutado el 30% del presupuesto aprobado por el Banco Mundial (BM). No se han tomado medidas que permitan la observancia de los lapsos del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) para evitar el retardo procesal y se observa improvisación en la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente (Lopna), al tiempo que expertos advierten que la falta de previsión puede afectar la implantación del futuro Código Orgánico Tributario. Los cambios en la Constitución no han sido respetados por la justicia militar en cuanto a la reducción del ámbito de su jurisdicción, generando nuevos conflictos de competencia que afectan el derecho a ser juzgado por un tribunal competente. Por su parte, el Poder Legislativo se encuentra en mora con respecto a las disposiciones transitorias de la Constitución que comprometían a la Asamblea Nacional (AN) a legislar en una serie de materias vinculadas a la justicia en un lapso de un año, al tiempo que el Poder Ejecutivo interviene en materia presupuestaria, afectando la independencia financiera del Poder Judicial, estipulada por la Constitución. En definitiva, a pesar del nuevo marco normativo, de las medidas de emergencia y de los discursos pro reforma, la tendencia en materia de justicia apunta a la involución. Derecho a una justicia independiente Pese a las múltiples declaraciones de voceros oficiales según las cuales se tomarían acciones para garantizar la independencia de la justicia, el período bajo análisis presenta preocupantes evidencias en el sentido contrario. Diversas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) apuntan a una preocupante extensión del período de transición que, a juicio de Provea, debía terminar en el momento en que la nueva Constitución fue publicada en la Gaceta Oficial. Esta transitoriedad indefinida ­y consagrada por el máximo tribunal­ ha dado pie a una recomposición del sector justicia mediante la designación irregular e inconstitucional de sus máximas autoridades, lo cual genera preocupaciones en lo relativo a la independencia de esta rama del poder público. La Constitución de 1999 establece mecanismos y criterios para el nombramiento de las máximas autoridades del Poder Judicial1 y del Poder Ciudadano, mediante un proceso de postulaciones a ser presentadas a la AN, con participación de la sociedad civil. No obstante, la AN, en una nueva muestra de interferencia entre poderes, obvió el mecanismo constitucional, sustituyendo las postulaciones por designaciones con "representantes" de la sociedad civil cuya selección fue ampliamente cuestionada2. La intención de la AN fue expresada con mayor crudeza por voceros del Ejecutivo quienes manifestaron que para alcanzar un nombramiento en un alto cargo judicial o del Poder Ciudadano, había que estar identificado con "el proceso"3, lo que constituye una abierta manifestación de irrespeto al principio de independencia de los poderes Judicial y Ciudadano. El TSJ, lejos de enmendar la errónea aplicación del texto constitucional4, la consagró mediante una sentencia que, fundada en una supuesta transitoriedad, no solo justifica el mecanismo de designaciones, sino que flexibiliza los criterios y requisitos para el nombramiento de los magistrados del alto tribunal5, ya que afirma que el
nombramiento de los magistrados del TSJ debe hacerse con base en el rendimiento demostrado en el lapso en que ejercieron esa función, prescindiendo de los demás requisitos establecidos por la Constitución6. La situación planteada es particularmente grave, si se considera que no solo se trata de una interferencia del Poder Legislativo en el Judicial, sino que, además, la misma es aceptada y consagrada por éste. Al respecto, el Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos, señaló que las designaciones de los funcionarios que dirigirán los Poderes Ciudadano y Judicial realizadas el 20.12.00 por la AN, son inconstitucionales y, por tanto, nulas. Los voceros del Foro, señalaron que "un proceso que ha sido inconstitucional produce un resultado nulo", pues "la
Ley Especial para la ratificación o designación de los funcionarios del Poder Ciudadano y Magistrados del TSJ, viola los artículos 279 y 270 al usurpar con parlamentarios el papel de diversos sectores de la sociedad en los Comités de Postulaciones"7. Cabe destacar que, si bien las designaciones se realizaron por ley especial so pretexto de la transitoriedad, el TSJ no definió como transitorios dichas designaciones, hasta tanto se aprobase el marco normativo definitivo que regule el proceso de postulaciones y nombramientos, por lo que el mandato de los magistrados del TSJ durará los 12 años que contempla la Constitución. Por otra parte, con motivo de la polémica sentencia 1.013 sobre libertad de expresión8 se produjo un nuevo intento de intervención del Poder Legislativo sobre el Judicial. Un grupo de parlamentarios del partido oficialista presentó ante la AN una propuesta en la que se exhortaría al TSJ a revisar su fallo. Por muy desafortunada que haya sido la sentencia en cuestión, el remedio lucía peor que la enfermedad. Finalmente la propuesta no contó con la mayoría necesaria para su aprobación9. Financiamiento del sector justicia Aunque la Constitución de 1999 consagra la independencia financiera del sistema de administración de justicia (SAJ)10, la práctica no parece reflejar este principio. En junio de 2001 el diputado Gerardo Blyde denunció que la proporción de recursos aprobada para el sector está en el orden del 0,75% del presupuesto ordinario nacional11 pese a que la Constitución consagra un mínimo de 2%. Las demás ramas del Poder Público no solo omitieron el nuevo precepto constitucional, sino que irrespetaron la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la cual el presupuesto concertado de los órganos del sector debe ser pasado por el Poder Ejecutivo al Legislativo sin modificaciones. En octubre de 2000 el titular de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) denunció que el presupuesto ordinario para 2001, presentado al Ejecutivo para su sometimiento a la AN, fue recortado por la Oficina Central de Presupuesto12. Los requerimientos del presupuesto consolidado del TSJ y de la DEM se ubicaban en 775 millardos, de los cuales solo fueron aprobados 312 millardos; este monto resulta incluso inferior al aprobado durante el último año de existencia del Consejo de la Judicatura (CJ), cuando se ubicó en el orden de los 400 millardos. En algunos rubros el déficit es aún mayor, tal como sucede con el sistema de defensa pública, que recibió tan solo el 12% del monto necesario. Buena parte de los recursos aprobados fueron dedicados al pago de los compromisos laborales del sector, lo que influye negativamente en la capacidad de cubrir adecuadamente las necesidades de fondo de la justicia. Por ejemplo, de los 425 tribunales que requiere la nueva jurisdicción de niñez y adolescencia, tan solo fue posible crear 285, mientras que expertos judiciales advirtieron que no será posible adaptar los tribunales al recién aprobado Código Orgánico Tributario, ya que el Poder Judicial carece de los recursos necesarios para la creación de los nuevos tribunales requeridos para operar en esta jurisdicción13. A la histórica falta de recursos en el área judicial, se suma la incapacidad de las autoridades del sector para gestionar y administrar oportunamente los recursos necesarios. En enero de 2001, el entonces coordinador de la DEM, Manuel Quijada, admitió que "... por disposición del
hoy Ministerio de Finanzas, 100 millardos destinados para la dotación de materiales y equipos a los tribunales se utilizaron para otros fines, pues los procesos de licitación para la adquisición de tales bienes no se realizó [Sic] a tiempo"14.
Carrera judicial Hasta la promulgación de la Constitución de 1999, el órgano rector del Poder Judicial en todo lo relativo a funciones no jurisdiccionales era el Consejo de la Judicatura (CJ), el cual fue reemplazado por la DEM, creada en agosto de 200015. El nacimiento de la DEM puso fin tanto al CJ como a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial, teniendo como uno de sus retos principales la conclusión del criticado proceso de nombramientos en el Poder Judicial. Durante el período bajo análisis continuó el proceso de nombramientos y remociones en el Poder Judicial, el cual siguió recibiendo diversos cuestionamientos. Hasta la fecha no se cuenta con estadísticas oficiales sobre dicho proceso, mediante el cual, según el coordinador de la DEM "se designaron mediante concurso de credenciales 995 jueces para cubrir las vacantes absolutas y temporales"16. Tal afirmación constituye la admisión de un procedimiento ilegal, toda vez que en marzo de 2000 se había aprobado la normativa para realizar los concursos públicos de oposición, principio que fue posteriormente reafirmado en la nueva Constitución17. Más allá del tipo de concurso empleado, y tomando en cuenta la ausencia de estadísticas oficiales, parece continuar la tendencia de predominio de jueces provisorios sobre titulares, sin que se hayan anunciado medidas para revertir dicha situación. Según cifras referidas como oficiales en un reportaje periodístico, la cantidad de jueces provisorios llegaría a 1.073, en lo que constituye una clara reversión de la tendencia a incrementar el número de jueces titulares; en el mismo reportaje, voceros de la DEM admitieron que hay un vacío en la normativa, ya que la misma Comisión Evaluadora de Jueces no previó mecanismos para remplazar a los destituidos18. Para el cierre de este Informe la situación no había variado, toda vez que representantes de la DEM admitieron que cerca del 90% de los jueces no son titulares19, con lo cual se profundiza la tendencia regresiva advertida en el anterior Informe20. A partir de noviembre de 2000, finalmente se iniciaron concursos públicos de oposición, comenzando con los estados Vargas y Miranda. Aprovechando el carácter público del proceso, la Red de Veedores creó un grupo de Veedores Judiciales, a quienes se les ha permitido observar el proceso de evaluación de jueces. Para marzo de 2001 la Red había producido su cuarto informe, en el que señala: "Es importante destacar que para los Veedores Judiciales la
variable clave en la selección de los jueces es la calidad del proceso. Esta se logra con la participación de los jurados y el cumplimiento de las normas de selección. Si se cumple a medias, la calidad de la selección se resiente, y las posibilidades de escoger jueces no idóneos es mayor. Veedores Judiciales alerta sobre el riesgo que existe en la calidad del proceso de selección de jueces, originado por la inasistencia de los miembros en algunos jurados y la discrecionalidad en la aplicación de las normas de evaluación para la selección en el Poder Judicial"21. La calidad del proceso a la que se refiere la Red de Veedores, enfrenta diversas dificultades que van desde aspectos administrativos hasta de fondo. En torno a los segundos, cabe destacar que los jueces itinerantes de Caracas en materia penal presentaron ante el TSJ una acción de amparo en diciembre de 2000 en la que rechazan el tener que someterse nuevamente a un concurso, toda vez que pasaron por ese proceso en 1989, habiendo alcanzado el grado de titulares. El TSJ admitió el recurso, y dictó una medida cautelar que suspendía la evaluación de los jueces penales de Caracas. Posteriormente, en enero de 2001 se realizó la audiencia constitucional tras la cual el TSJ declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo, ordenando la continuación de la evaluación suspendida e incluyendo en ésta a los itinerantes, pero sin pronunciarse sobre el fondo22. Estos cuestionados procesos han tenido variados resultados. En el caso del Estado Vargas, solo 4 de los 23 aspirantes a 5 cargos obtuvieron calificaciones por encima del mínimo requerido23, lo que podría considerarse un éxito en los niveles de exigencia de esta nueva etapa de provisión de cargos judiciales. Esta situación contrasta con denuncias en el Edo. Monagas, según las cuales dos juezas recientemente designadas tienen vínculos familiares con el Contralor de dicha entidad y miembro del partido de gobierno (MVR), mientras que otras dos juezas favorecidas en el mismo proceso son parientes del Presidente del Consejo Legislativo Estadal, igualmente militante del partido oficialista24.
Las irregularidades en nombramientos abarcaron también a la justicia militar, la cual, según la nueva Constitución, no puede concebirse como un sistema paralelo, sino que forma parte integral del sistema judicial. No obstante, el exjuez responsable de las irregularidades procesales que desembocaron en la impunidad del caso de la masacre de El Amparo, fue "premiado" por la actual administración, al ser nombrado Asesor del Ejército25. Posteriormente se postuló a un cargo judicial, según aviso oficial publicado el 12.07.01 en un diario de circulación nacional, emitido por la Comisión Evaluadora del TSJ para el Ingreso de los Jueces a la Jurisdicción Militar, presentándolo como el aspirante número 10 de la lista del personal de oficiales de la FAN para optar por los cargos de jueces de jurisdicción penal militar26. Provea dirigió una comunicación al Ministro de la Defensa solicitando la apertura de una investigación sobre el caso; aunque el Ministro afirmó que realizarían la investigación e informarían los resultados, hasta el cierre de este Informe no se había recibido respuesta alguna. En agosto de 2001, el TSJ acordó suspender temporalmente el concurso para designar a jueces militares, tras haber recibido un informe del magistrado del TSJ que preside la comisión encargada de dicho proceso. El informe presenta un conjunto de 10 observaciones sobre irregularidades y posibles conflictos de intereses en el proceso de selección, entre las que se encuentra el hecho de que algunos postulados eran a su vez miembros de los jurados calificadores de los aspirantes27. Un elemento que podría contribuir al adecentamiento de la administración de justicia es la preparación del Código de Ética y Disciplina del Juez Venezolano. El proyecto, que había comenzado a redactarse en la entonces Corte Suprema de Justicia en 1998, fue finalmente aprobado por la plenaria del TSJ en mayo de 2001 y ahora deberá ser considerado por la AN para convertirlo en ley de la República. El proyecto, fue distribuido el 03.07.01, aprobado en primera discusión el 19.07.01 y enviado a la Comisión de Política Interior el 20.07.0128. Procesos de reforma judicial con ayuda multilateral El optimismo manifestado por el Presidente del TSJ, Iván Rincón29, en torno al desarrollo del Proyecto de Infraestructura de Apoyo al Poder Judicial (Piapj), financiado con un crédito de 30 millones de dólares otorgado por el BM, contrasta con los hallazgos de la Contraloría General de la República en cuanto a la ejecución del proyecto. En un informe de abril de 2001, la Contraloría afirma que "falta una adecuada programación y definición de los volúmenes de
trabajo de cada componente del Proyecto de Modernización y Fortalecimiento del Poder Judicial que permitan comprobar el alcance en su ejecución e implementar correctivos en caso de desviaciones, observándose igualmente retraso y paralización en la contratación y ejecución de actividades vinculadas con los componentes, debido a la falta de delegación y toma de decisiones por parte de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial"30. A los 30 millones de dólares otorgados en préstamo por el órgano multilateral, se suman otros 30 millones que debía invertir Venezuela. La contraparte nacional estaba destinada fundamentalmente a la construcción de sedes tribunalicias a lo largo del país. Estos recursos, no solo no han sido oportunamente desembolsados, sino que parte de ellos fueron convertidos en bonos de la deuda pública, con lo cual la situación de infraestructura se ha tornado más crítica, en opinión del Magistrado Omar Mora31. Por otra parte, pese a que el componente "C" del Piapj se dedica a la consolidación institucional de la Escuela de la Judicatura, en octubre de 2000 el Presidente del TSJ anunció la "creación" de la Escuela Judicial, con financiamiento y cooperación provenientes de la Unión Europea, la Embajada de Francia y las Escuela Judicial de España32. Lo que no ha explicado el TSJ ni la DEM es la razón por la cual se acude ahora a nuevos apoyos internacionales, habiéndose endeudado el país con el BM para la modernización de la hoy extinta Escuela de la Judicatura. Lo más sorprendente de todo este panorama es que, pese a un retraso de más de 2 años en la ejecución del Piapj, el BM estaría considerando la posibilidad de prorrogar por un año más su implantación y extender un nuevo crédito por un monto de 20 millones de dólares para el área
de infraestructura, es decir, para asumir por la vía del préstamo los compromisos que Venezuela no fue capaz de cumplir en los 7 años que han transcurrido desde la firma del convenio. Los mismos gerentes del TSJ admiten que de los 30 millones otorgados por el BM, faltan por ejecutar 11.200.000 $33. Mejor suerte ha corrido el Proyecto de Modernización del TSJ, igualmente apoyado con un crédito del BM. El proyecto fue finalizado dentro del calendario pautado con el organismo crediticio y cuenta entre sus éxitos el desarrollo de un sistema de agilización de expedientes que permitiría reducir el retardo procesal, y la implantación de un completo sistema informático que conecta tanto a los funcionarios del TSJ entre sí, como al máximo tribunal y a los usuarios34. Derecho a una justicia pronta Un indicador tradicionalmente examinado en torno al derecho a una justicia pronta, ha sido la relación entre asuntos ingresados y resueltos en diferentes juzgados, con énfasis en la justicia penal. Ya en su anterior Informe, se advirtió que resultaba "...imposible establecer una
secuencia comparativa con respecto a años anteriores, debido a cambios no suficientemente explicados en las series estadísticas llevadas por el CJ [...] Lo que sí parece evidente, una vez más, es que la imposición de un gobierno judicial paralelo condujo al descuido y consecuente distorsión de las series estadísticas que permiten apreciar el comportamiento del Poder Judicial en materia de retardo procesal "35. La situación se agrava para el período bajo examen, toda vez que las estadísticas disponibles solo reflejan la actividad del último trimestre de 2000, a lo cual hay que añadir un abrumador vacío, ya que de las 24 circunscripciones judiciales existentes, 19 no presentaron datos36. Llama poderosamente la atención el hecho de que sea justamente en el período de intervención judicial, en el cual se pretendía imponer mecanismos rigurosos de control de gestión de los tribunales, cuando el 80% de las circunscripciones judiciales no reportan su actividad oportunamente, más aún si se trata de la jurisdicción penal recientemente reformada, cuya evaluación requiere cifras confiables para tomar los correctivos a que hubiere lugar. En el marco de las disposiciones del régimen procesal transitorio previsto en el Copp, la Fiscalía General de la República (FGR) implantó un Plan Piloto de Descongestión de Expedientes al cual fueron asignados 226 fiscales especiales. La tarea será enorme, ya que la FGR tiene en sus manos unos 500.000 expedientes y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) puso a su orden otras 3.116.884 causas37; no se tiene información sobre el cronograma y duración de este plan piloto. Uno de tantos ejemplos de retardo procesal lo constituye el caso de los niños con cardiopatías congénitas del Hospital de Niños "J.M de los Ríos" (Caracas). Tres organizaciones de derechos humanos introdujeron, el 16.06.00, una Acción de Protección ante la Sala IV de Juicio del Tribunal de Niños del Área Metropolitana, con el fin de lograr la intervención quirúrgica de más de 500 niños y niñas con cardiopatías con­genitas, para quienes las semanas de espera por una intervención implican riesgo de muerte o de daños irreparables. La Sala tardó 11 meses en el procedimiento de citación a la parte accionada y 13 meses en dictar sentencia, pese a que el espíritu de la Lopna estipula un procedimiento breve en este tipo de acciones. Garantías procesales La defensa pública resulta un factor clave en países como Venezuela, donde la mayor parte de los procesados no cuentan con recursos para contratar los servicios de un abogado privado. De conformidad con el nuevo marco constitucional, se creó el Sistema Autónomo de la Defensa Pública (SADP)38, adscrito al TSJ. Hasta el momento, más allá del cambio de ubicación y de nombre, son pocos los avances que se pueden reportar al respecto. El anteproyecto de Ley de Defensa Pública, cuya redacción está a cargo del TSJ desde 1999, no ha presentado avances y hasta la fecha no ha sido presentado a la AN, pese a que la disposición transitoria cuarta de la Constitución establece que "Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará: [...] Una ley orgánica sobre la defensa pública. Hasta tanto no se
sancione dicha ley, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, estará a cargo del desarrollo y operatividad efectiva del Sistema Autónomo de la Defensa Pública, a los fines de garantizar el derecho a la defensa"39, con lo cual a la fecha de cierre de este Informe ya se estaba incurriendo en mora legislativa. Según datos suministrados por el SADP, los defensores penales ordinarios manejan cada uno entre 100 y 300 causas40, con lo cual la carga de trabajo por defensor sigue siendo superior al volumen que pueda manejarse con la debida calidad y atención. En el período se pasó de 366 a 517 defensores a escala nacional; no obstante, según estimaciones del titular del SADP, harían falta 1.050 funcionarios para cubrir adecuadamente las necesidades de defensa del país. En términos relativos, se trata de un considerable incremento que debería contribuir a aliviar la carga por defensor; sin embargo, no deja de ser preocupante la falta de información y transparencia sobre la forma de provisión de cerca de 150 cargos; la ausencia de una ley en la materia impide la determinación de concursos que aseguren que las vacantes sean llenadas con profesionales aptos. La situación se repite dramáticamente para el área de defensores públicos de la Lopna, donde en noviembre de 2000 se postuló una lista de cerca de 200 defensores entre principales y suplentes; todos tienen el carácter de provisorios41. De nuevo, las estadísticas reportadas por los defensores impiden un análisis adecuado, ya que corresponden solo al último trimestre de 2000 y solo 11 de las 24 circunscripciones penales y 15 de 24 circunscripciones de la sección de adolescentes rindieron informes sobre su actividad42. A lo largo del presente período se fortaleció una matriz de opinión, auspiciada por diversos voceros oficiales, orientada a apuntar hacia el Copp como un instrumento inadecuado para la lucha contra la delincuencia, por lo cual crecieron las voces que clamaban por su reforma. En el marco de esta iniciativa de reforma, el 09.05.01 se realizó en la sede del Palacio Federal un foro sobre el problema de la inseguridad y el Copp. En el abordaje del problema quedaron claramente diferenciadas dos posiciones: por una parte, la de aquellos que insisten en afirmar que el Copp es uno de los factores causantes del alto índice de inseguridad que hoy vive el país; y por otra, compartida por Provea, la de quienes consideran que la vigencia del Copp nada tiene que ver con los índices delictivos y que el mismo es un buen Código que puede ser mejorado. En dicho foro, el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, manifestó: "El
ministerio público admite que el Copp requiere de algunas reformas, lo que no comparte es que el Copp es un manual soso y complaciente para la impunidad. El debate se ha formulado con un maniqueísmo simplista: El Copp es el culpable de la delincuencia desbordada y sus beneficios sólo tienen el propósito de impedir la aplicación de la ley penal. La incompetencia del Estado para asumir, a través de los poderes públicos, la obligación de conferir los recursos humanos, económicos, de apoyo técnico, de infraestructura, de formación, de atención a la víctima, de ajustes salariales, de capacitación y de adecuación institucional a la reforma del sistema penal, no es culpa del Copp [...] admitimos que el Copp puede y debe ser reformado, pero no cargándole la escandalosa impunidad de una estructura social descompuesta, donde la familia está desarticulada y desmembrada; la educación no es accesible a todos; los niveles de desempleo son críticos; los paradigmas de violencia y de desacato son las referencias sociales, la justicia tiene poca credibilidad y un Estado ineficiente no tiene respuestas coherentes contra la delincuencia"43. La reforma pretendía reducir las garantías del sistema procesal vigente, endureciendo algunas medidas en áreas tales como el concepto de flagrancia44. Según Jesús Ramón Quintero, corredactor del Copp vigente desde 1999, en su afán por reducir las garantías al debido proceso, el proyecto de reforma sigue presentando fallas "... en materia de recursos, de
apelación, que implican la violación de derechos constitucionales; no se corrigieron las dilaciones derivadas de la obligatoriedad de notificar a las partes (sobre todo cuando existen numerosos imputados) respecto de cada una de las incidencias del proceso; y tampoco se hicieron los ajustes requeridos en materia de experticias, entre otras cosas". Incluso, lo que para algunos ha sido una ventaja del instrumento, bajo la óptica de Quintero, es una desventaja. De esta forma acusa a la reforma de haber concedido mayor poder al Ministerio Público: "hay que entender que el imputado, por más daño que pueda haber causado, es una
individualidad enfrentada al Estado y la legislación penal tiene que garantizar la igualdad entre ambos. En vez de remediar la ineficacia del Ministerio Público a través de su fortalecimiento
institucional, la reforma plantea conceder mayores plazos para cumplir las funciones que le corresponden para impulsar el proceso penal "45. Otro aspecto garantista del Copp estaba centrado en la participación ciudadana, la cual fue restringida en la reforma aprobada por la AN en septiembre de 2000. Tal restricción se justifica en la exposición de motivos en los siguientes términos: "Habiendo arrojado resultados poco
satisfactorios los juicios por jurados, debido al elevado número de personas que deben integrar el tribunal, como antes se anotó, por la desinformación y falta de protección física existentes al respecto en la ciudadanía, y por otras razones y opiniones existentes en el ámbito universal que desfavorecen la institución del jurado, nos permitimos recomendar la eliminación de esta institución"46. De esta manera, la incapacidad gerencial y administrativa para poner en funcionamiento el sistema de participación ciudadana en los juicios de jurados, se resuelve por la vía rápida de su eliminación. La eliminación de los jurados levantó reacciones en otro de los proyectistas de la ley ahora enmendada. En tal sentido, Luis Enrique Oberto manifestó que el trabajo de la comisión parlamentaria y de sus asesores a cargo de la reforma está marchando "en la dirección de fortalecer la participación del juez individual"47desconsiderando los hechos que las estadísticas de la Oficina Nacional de Participación Ciudadana recogen, los cuales indican que "los juicios
en los que actuaron tanto los escabinos como los jurados, lo hicieron de manera responsable y con buena disposición, contrario a lo que argumentan quienes borraron la figura en la modificación del texto legal "48. Un aspecto favorable de la reforma del Copp consiste en la ampliación de las garantías en función de los intereses de la víctima. En tal sentido, "Se agrega un artículo nuevo donde se
consagran los derechos fundamentales de las víctimas de delitos, a saber: derechos de acceder a los órganos de la administración de justicia de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos del imputado. Se desarrolla la norma constitucional que consagra el derecho de las víctimas a ser protegidas y alcanzar la indemnización correspondiente, como objetivos del proceso penal. Se establece el deber de los funcionarios de procesar oportunamente las denuncias de las víctimas, así como también, las consecuencias disciplinarias que acarrea el afectar los derechos de las víctimas, a ser desarrolladas en Códigos de Conducta u otros instrumentos legales"49. Por otra parte, nuevamente durante el período bajo análisis se pretende desempolvar mecanismos no judiciales para la aprehensión de supuestos delincuentes, mediante propuestas de reedición de la derogada Ley sobre Vagos y Maleantes. De esta forma, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gral. Francisco Belisario Landis, retomó el tema de revivir la derogada ley, un día después de que se realizara la reunión entre el alto gobierno y las organizaciones de derechos humanos, en enero de 2001. El funcionario hizo un llamado para que las mismas le asistieran en la preparación de una ley sustitutiva a la de Vagos y Maleantes. La reacción de las organizaciones y activistas de derechos humanos fue inmediata. Cofavíc, Provea y el ex­Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo, Juan Navarrete, fueron enfáticos en negarse a colaborar en la redacción de propuestas contrarias a la Constitución vigente y negadora de las más elementales garantías procesales50. Por su parte, un diputado ante el Consejo Legislativo del Edo. Miranda, anunció la presentación ante la AN de un proyecto de ley sobre "Peligrosidad, Protección y Seguridad Ciudadana". Según su autor, este proyecto pretende hacer "las veces de la Ley de Vagos y Maleantes"51; no obstante, se desconoce si, en efecto, fue presentado el proyecto. Otro marco jurídico que requiere adaptación al sistema de garantías procesales consagrado en la Constitución es el Código de Justicia Militar. En agosto de 2001, al momento de presentar el proyecto de reforma a la AN, el Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, expresó su satisfacción por la forma plural y democrática en que se estaría discutiendo el mismo52, sobre cuyo contenido, sin embargo, poco se conoce. De acuerdo con la agenda parlamentaria, el nuevo instrumento debería ser incluido en la programación del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2001; hasta la fecha de cierre de este Informe el proyecto no ha sido sometido a discusión.
Derecho a ser juzgado por un tribunal competente Aunque la nueva Constitución reafirma el principio de unidad de la justicia, limitando al mínimo las competencias de la justicia militar, durante el período volvieron a observarse casos de civiles procesados por tribunales militares y de militares sometidos a dicha jurisdicción en casos de delitos comunes. En diciembre de 2000, 3 ciudadanos fueron detenidos por efectivos del Grupo Antisecuestro y Extorsión de la Guardia Nacional del Edo. Táchira, alegando haber encontrado en su poder una chaqueta militar vieja, una franela con las siglas ELN y varios panfletos de las FARC; material de difusión y acceso público que les fueron entregados en un Simposio sobre el Plan Colombia celebrado en Mérida durante la primera semana de diciembre, donde participaron los detenidos y ­entre otros invitados­ dos miembros activos de las FARC. Los tres jóvenes fueron liberados en diciembre, pero el proceso sigue en instancias militares53. En otro hecho, el abogado Pablo AURE, fue detenido por efectivos de la DIM, el 08.01.01, en el Edo. Carabobo. Pablo Aure había enviado una carta al diario El Nacional en la que se emitían juicios críticos sobre las Fuerzas Armadas54. Aure fue detenido por funcionarios militares, iniciándosele un juicio en la jurisdicción militar; fue trasladado a Caracas, al Tribunal Militar 3ro de Primera Instancia permanente en el que el caso es investigado. El impacto que esta noticia tuvo en la opinión pública y en altos voceros de los poderes públicos (Canciller, Defensor y Fiscal), probablemente incidió en la decisión del tribunal militar, de ordenar una medida sustitutiva a la privación de libertad. Aure fue liberado con orden de presentarse en el Tribunal Militar de Aragua cada 30 días, lo que significa que (aunque en libertad) el juicio continuaba55. La Fiscalía y la Defensoría cuestionaron la participación de la Justicia Militar en este caso, actuando en consecuencia. En febrero de 2001 la Sala Penal del TSJ aclaró que la competencia para enjuiciar a Aure no reposa en la justicia militar alegando que "...cuando un mismo hecho esté previsto como delito en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar [...]
y ante la condición de civil de una persona, debe concluirse que la jurisdicción penal ordinaria recobra su supremacía"56. No obstante, queda pendiente el pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre la legalidad de la detención de Aure y, de la justicia ordinaria en cuanto a la determinación del supuesto carácter delictivo de la expresión de una opinión, en el marco del derecho a la libertad de expresión. La justicia militar continuó asumiendo casos que, de conformidad con la Constitución deben ser juzgados por los tribunales ordinarios. En enero de 2001, el Teniente Alejandro Sicat protagonizó un incidente de "exceso de disciplina", con consecuentes violaciones a los derechos humanos, que dio por resultado la muerte de un soldado. El caso fue instruido por la justicia militar y, aunque el conflicto de competencia fue formalmente planteado, el tribunal militar continuó conociendo del caso, desafiando la norma procesal por la cual, una vez planteado el conflicto de competencia, deben suspenderse todas las actuaciones hasta tanto éste sea resuelto57. Sicat fue juzgado y sentenciado por el tribunal militar, sin que se hubiese resuelto el conflicto planteado, responsabilidad que reposa en el TSJ. El mismo Ministro de la Defensa se mostró en desacuerdo con la decisión y anunció la solicitud de un recurso de interpretación ante el TSJ, alegando que "Aunque en el juicio al teniente del Ejército Sicat
Torres, realizado en la jurisdicción militar, se garantizó el debido proceso y el delito fue sancionado, queda en pie la objeción de fondo relativa a la competencia, que solo puede resolver el Tribunal Supremo"58. Al cierre de este Informe, el recurso de interpretación aun no había sido interpuesto. Luego de conocida la decisión del juicio militar contra el teniente Sicat Torres, el Fiscal General insistió en la anulación del acto judicial que produjo la decisión del Consejo de Guerra de imponer una condena de 16 años de prisión al teniente. En tal sentido, Carlos Parra, fiscal superior de Aragua, Oscar Balza, fiscal 6° y Pedro Sanoja Betancourt, fiscal 2° con competencia nacional, acudieron el 17.09.01 al TSJ con el fin de respaldar la petición de la jueza 3ª de Control de Aragua, que venía recabando las actuaciones del Consejo de Guerra Permanente de Aragua para dirimir el conflicto de competencia que había sido planteado previo al juicio y que las autoridades judiciales militares han pretendido ignorar. También introducirán ante el máximo tribunal un recurso de revisión de dicho fallo59.
Derecho a acceder a la justicia Al estar consagrada la gratuidad de la justicia en el nuevo texto constitucional, era de esperarse una aplicación directa de este derecho por los órganos judiciales del país. Sin embargo, aún fue necesaria una decisión de la Sala Político Administrativa del TSJ, en la cual se acordó la derogación de una norma que aún se aplicaba en cuanto a cobro de arancel por copias certificadas a los solicitantes que no sean parte del proceso60. El acceso a la justicia no se refiere solamente a la posibilidad de acceder física o financieramente a los tribunales, sino a la garantía de salir de ellos con una decisión justa y oportuna. Al respecto, la impunidad sigue siendo uno de los indicadores que colocan a esta garantía en entredicho. Una de las decisiones más polémicas durante el período fue la adoptada por el TSJ, en fallo del mes de mayo, por la cual la Sala Penal anuló la decisión del Tribunal 6 de la Corte de Apelaciones que condenaba a Francisco Azuaje Ramones, con una pena de 12 años de prisión, por el delito de homicidio intencional sobre Rafael Eduardo García Villarroel. Francisco Azuaje disparó cuando un grupo de individuos estaban lanzando piedras a la casa en donde se realizaba una fiesta y no los habían dejado entrar. El 03.05.00 se realizó la audiencia oral y pública con el magistrado Angulo Fontiveros, quien reconoció que el imputado era responsable del homicidio, no obstante, justifica el hecho al señalar que hubo una agresión ilegítima por parte del occiso: "Fue necesario y adecuado el medio empleado por Azuaje Ramones para
repeler la agresión ilegítima, tomando en cuenta que el agresor pudo causarle lesiones graves o muerte a las personas que se encontraban en la casa"61. En opinión de diversos penalistas, la sentencia no justifica adecuadamente la legítima defensa ni la proporcionalidad de los medios empleados. El exmagistrado de la CSJ José Erasmo Pérez España advierte: "Ni siquiera se precisa el calibre de las piedras. ¿De qué piedras se trata?
¿De piedritas o de piedrotas? Se supone que son piedras que estaban en la calle. Tampoco se sabe cuántas y cuáles fueron las personas a quienes se les exigió abandonar el sitio donde se realizaba la reunión. Pero, en todo caso, se lanzaron piedras al techo de la casa y no directamente contra una o varias personas y cuando el homicida sale del lugar no es agredido con piedras"62. Si bien el incidente que ocasionó el proceso judicial no se trata de un caso de violación de derechos humanos, pues los involucrados eran particulares, el fallo del TSJ significa un preocupante giro en la interpretación de la legítima defensa, consagrando la justicia por mano propia en detrimento del derecho a la seguridad personal. Por otra parte, casos históricos y emblemáticos siguen levantando cuestionamientos ante lo que apunta a una consagración de la impunidad por parte de las autoridades. Uno de los tantos casos pendientes en la Fiscalía, en torno a la poblada nacional de febrero de 1989, es la desaparición de José Miguel LISCANO. A más de 12 años de lo sucedido se descubren nuevos vicios en el proceso, tales como la desaparición de testimonios cruciales, de fotografías y demás recaudos consignados durante mucho tiempo por sus familiares. "Ninguna de la información que di está en el expediente"63, afirmó su hermana Aura. Tampoco aparece una medida autorizada por el entonces Ministro de la Defensa, Ítalo Del Valle Alliegro, que exigía a los detectives del Ctpj remitir a los tribunales militares los originales de las primeras indagaciones, pues los hechos acontecidos en esa fecha clasificaban como delitos contra la nación, a pesar de que el Artículo 464 del Código de Justicia Militar no estipulaba tales casos dentro de esa categoría; no consta como consignada la declaración de un testigo clave (Franklin, hermano de José Miguel Liscano) que vio en la Morgue de Bello Monte cadáveres sobre los que estaba escrita la frase "no entregar", ni el reconocimiento de Heli Durán, director del departamento de Medicina Legal del Cptj, para ese entonces forense de la Morgue de Bello Monte, de la determinación de "factores políticos [...] que dificultaron nuestra tarea"64, como tampoco la orden ejecutada por Defensa Civil de acarrear los muertos de esta Morgue a La Peste, sector de fosas comunes del Cementerio General del Sur donde tradicionalmente sepultaban a los indigentes y a los cuerpos de personas, sin identificación ni reclamo. Precisamente sobre este caso y los demás que todavía se encuentran pendientes desde 1989, Cofavíc, en una misiva que desde hace un mes espera respuesta, ha exigido al Fiscal General
de la República la sustitución inmediata de la fiscal vigésima primera con competencia nacional asignada al caso, Alix Fariña, por sus recientes declaraciones ofrecidas a un diario nacional, en las cuales hizo públicas sus observaciones sobre la conducta de los familiares de las víctimas, comprometiendo así la posibilidad de garantizar el debido proceso del caso65. Cofavíc también exigió al Fiscal General que se investigue la actuación de todos los fiscales que han estado a cargo de estos casos y solicitó al Ministerio Público que comisione un equipo especial de fiscales que los asuman diligentemente66. Posteriormente, el Fiscal General, en declaraciones a los medios de comunicación, que no fueron canalizadas con la debida respuesta a Cofavíc, rechazó la petición de sustituir a la fiscal vigésima primera, por lo que anunció su decisión de abandonar el procedimiento de solución amistosa acordado con el Estado en los casos Arangurez Montero y otros67. En el período también se registró una acción significativa que apunta a corregir la tendencia de impunidad en el caso de Roberto Hernández, quien se encuentra "desaparecido" desde el 23.12.99, tras ser detenido por funcionarios policiales, durante las trágicas lluvias que afectaron al Edo. Vargas. La desaparición fue denunciada por Provea ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego que el Tribunal 2° de Control y Corte de Apelaciones del Estado Vargas negara el habeas corpus a favor de la víctima. El 15.05.01, la FGR presentó ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso de revisión contra esta sentencia, el cual fue declarado con lugar en junio de 2001, anulando la sentencia del Tribunal Segundo de Vargas. Esta decisión permite a la Fiscalía proceder contra los miembros de la Disip involucrados en el caso, acusándolos por desaparición forzada. Esta decisión del TSJ reivindica el mecanismo del habeas corpus al insistir en la obligación de los jueces de investigar a profundidad los casos antes de decidir sobre la materia68. La pobreza, acompañada generalmente por la ignorancia, constituyen factores que afectan el disfrute del derecho a acceder a la justicia. Según estimaciones del TSJ, con base en estudios realizados por el Instituto de Investigaciones Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, el 40% de los caraqueños no acuden a los órganos jurisdiccionales por desconocimiento; esta cifra se eleva a 67% en el resto del país69. En agosto de 2000 el TSJ y la Defensoría del Pueblo suscribieron un convenio para la creación de un sistema nacional de orientación ciudadana. La primera oficina fue instalada en la sede del TSJ, pero no se tiene información sobre la extensión del proyecto a otras ciudades. En cuanto a la creación de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, el panorama continúa siendo poco alentador. A casi 7 años de promulgada la Ley Orgánica de Justicia de Paz, solo existen 171 jueces de paz en todo el país. Esta deficiencia fue atribuida por voceros del Consorcio Justicia a "la falta de voluntad política por parte de las autoridades
locales para implementar de manera seria y coherente el proceso de selección de estos interlocutores vecinales"70. En un evento para estudiar la situación de la justicia de paz, autoridades del Municipio Libertador afirmaron que para fines de 2001 Caracas contará con 120 jueces de paz71; no obstante, se carece de información sobre la manera en que se pasará de los 4 jueces existentes desde hace 7 años a los 120 propuestos, en menos de 6 meses. Derecho a un recurso efectivo En el Informe correspondiente al período octubre 1999­septiembre 2000, advertimos sobre una peligrosa tendencia en las decisiones con relación a las acciones de amparo sometidas ante el TSJ, en las cuales, más allá del fallo de fondo, la máxima autoridad judicial se extralimitaba en sus funciones al desarrollar y regular el contenido de derechos humanos72. Esta tendencia se agravó cuando, en junio de 2001, el TSJ reguló en una sentencia73 el contenido del derecho a la libertad de expresión en lo relativo al derecho a réplica, y al concepto de opinión e información en una clara extralimitación de funciones. Esta decisión fue seriamente cuestionada por diversos sectores74 y dio lugar a 3 denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Inmediatamente, el TSJ rechazó las críticas formuladas, alegando que "en ausencia de regulaciones sobre los derechos constitucionales
previstos en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
la Sala Constitucional debió elaborar una fundamentación jurídica apropiada para dar solución al asunto planteado..."75. Curiosamente, en una decisión posterior sobre el mismo caso, el TSJ parece desandar el camino de legislar desde sentencias, ratificando el principio de división de los poderes públicos. El 20.07.01, la Sala Constitucional del TSJ declaró improcedente el recurso de interpretación de los artículos 57 y 58 de la Constitución interpuesto el 22.06.01, por el entonces agente del Estado en materia de derechos humanos ante el sistema interamericano de derechos humanos, Hermann Escarrá. Basado en el argumento de que la interpretación de los artículos de la Carta Magna es una tarea propia de la AN, el TSJ dictaminó que el recurso de interpretación introducido por Escarrá implica para el TSJ la afectación del principio de división de poderes y de la distribución de funciones que rigen el sistema estatal nacional y a todas sus instancias76. La decisión motivó la renuncia de Escarrá a su función como agente del Estado77. La tendencia del TSJ advertida en el anterior Informe fue igualmente corroborada en materia de participación política y concepto de sociedad civil, con un nuevo fallo del máximo tribunal, con ponencia del mismo magistrado de las 2 sentencias anteriores, Jesús Eduardo Cabrera y sin votos salvados de parte de los demás integrantes de la Sala Constitucional. En esta ocasión el magistrado se valió de una acción de amparo interpuesta por 11 gobernadores y varios alcaldes contra el Ministerio de Finanzas. Pese a que el caso no involucraba a la sociedad civil, el magistrado aprovechó la oportunidad para extenderse en la elaboración de los criterios asomados en las 2 sentencias del año 2000, especialmente en lo relativo al concepto de sociedad civil, rechazando la posibilidad de considerar como representantes de ésta a los dirigentes de partidos u organizaciones políticas, los militares activos y los líderes religiosos. La sentencia señala además que quienes representen a la sociedad venezolana "...no pueden ser
extranjeros, ni organismos dirigidos, afiliados, subsidiados, financiados o sostenidos directa o indirectamente por estados o movimientos o grupos influenciados por estos estados, ni por asociaciones, grupos o movimientos transnacionales o mundiales que persiguen fines políticos o económicos, en beneficio propio"78. Obligación de las autoridades a cooperar con la justicia Sigue siendo una práctica frecuente que, quienes tienen mayor responsabilidad de cooperar con la justicia, es decir, los organismos policiales, con frecuencia se convierten en el principal obstáculo para su adecuado funcionamiento. En el actual período, el caso del llamado "Grupo Exterminio" puso nuevamente el tema sobre el tapete. Dicho grupo, constituido por funcionarios de la policía del Edo. Portuguesa, fue denunciado con base en una serie de ejecuciones ocurridas en dicha entidad desde septiembre de 2000, lo que condujo a una averiguación fiscal. En mayo, la sede policial fue inspeccionada por Fiscales, agentes de la Disip y el CTPJ79. Las investigaciones condujeron a la apertura de 62 expedientes sobre más de un centenar de ejecuciones, con un total de 15 funcionarios de la policía regional y 4 GN sometidos a investigación. Además, los fiscales a cargo de las experticias encontraron evidencias comprometedoras en vehículos y armas de la policía del Edo. Portuguesa y se evidenció el encubrimiento policial que, bajo la tutela del director de la Policía de Portuguesa, gozaban los funcionarios implicados en estos crímenes, mientras permanecían detenidos preventivamente. Según los representantes del Ministerio Público, los detenidos habían sido confinados en una celda de la Comandancia de la Policía de Portuguesa, desde donde se apoderaron de vehículos, compraron proyectiles y dieron muerte a uno de los más importantes testigos en su contra. Además, en el proceso de investigación, el grupo circuló panfletos y documentos con amenazas de muerte a varios abogados, representantes políticos regionales, y a 12 supuestos delincuentes, de los cuales 11 ya fueron asesinados80. Esta situación motivó al Fiscal General a solicitar protección para cerca de 40 testigos, víctimas y fiscales del Ministerio Público, algunos de los cuales ya habían recibido amenazas81. Al cierre de este Informe, mediante un amplio operativo, el Ministerio Público, con el apoyo de la GN intervino a la Policía del Edo. Portuguesa. En la operación de intervención se encontraron en poder de los funcionarios licores, dinero en efectivo, diverso tipo de drogas, 70 documentos de propiedad de vehículos, armas (algunas sin registro y otras con los seriales alterados) y 6 vehículos reportados como robados pero no registrados como recuperados. Además, 4 de los 6 detenidos no se encontraban en sus celdas. A pesar de todas estas irregularidades, el comandante de la policía
de Portuguesa permanece activo, sin que la Gobernadora de la entidad haya tomado medidas administrativas ni disciplinarias82. Los sucesos de Portuguesa no parecen ser un caso aislado. En el Edo. Falcón (Punto Fijo, Cumarebo, Tucacas) desde diciembre 2000 hasta el mes de mayo del 2001, también se han registrado situaciones como las de Portuguesa: de 20 supuestos enfrentamientos en operativos de las Fuerzas Policiales de Falcón, 7 casos son señalados como ejecuciones por familiares que aseguran que los ejecutados no tenían armas y que fueron extraídos de sus hogares83. Finalmente, cabe recordar que la AN, dentro del primer año contado a partir de la fecha de su instalación, debía aprobar la Ley del Cuerpo de Policía Nacional84. No obstante, ésta se encuentra aún "en fase de elaboración"85, lo que significa que todavía no pasa siquiera por la aprobación en primera discusión, repitiéndose la antigua práctica parlamentaria de la mora legislativa. Actuación del Ministerio Público El balance sobre la actuación de la FGR resulta contradictorio en materia de derechos humanos86. Por una parte, y más allá de las acciones que podrían conducir a la impunidad a causa de la (falta de) actuación del Ministerio Público, como las reseñadas en la sección sobre acceso a la justicia, hay otras que no pueden menos que ser calificadas como negligentes. Una lista de víctimas del 27 de febrero (1989) publicada por el Ministerio Público, el pasado mes de marzo, no se corresponde con la lista que han registrado los familiares de las víctimas. Según informó Cofavíc, Matilde CASTILLO, quien perdió una pierna en los sucesos de 1989; Noraima SOSA, quien también perdió una pierna; y Osquelis CAMPOS, quien perdió la vista87, son dadas por muertos. Igualmente, 5 personas que se encuentran desaparecidas, fueron dadas por muertas. Un familiar señala al respecto: "si mi hermano aparece muerto, ¿dónde está su cuerpo? Quiero que me lo entreguen. Esto es una burla"88. En otro caso de gran resonancia, el Ministerio Público acusó formalmente el 14.09.01 a José Yánez Casimiro, comisario de la Disip, por la comisión del delito de desaparición forzada de personas en grado de autoría material, así como también a Justiniano Martínez Carreño, comisario general del mismo cuerpo policial, por el cargo de encubridor de la detención ilegal de Oscar Blanco, desaparecido durante la tragedia ocurrida en el Edo. Vargas en diciembre de 1999. La Fiscalía también solicitó el sobreseimiento de 4 funcionarios de la Disip por falta de pruebas89. Cabe hacer notar que en este mismo caso el anterior Fiscal General, Javier Elechiguerra, había negado la posibilidad de presentar cargos por desaparición forzada, alegando que el delito no se encontraba tipificado para el momento en que sucedió la desaparición, ignorando de esta forma el hecho de que la desaparición es un delito continuado. El criterio del fiscal fue modificado por el sucesor de Elichiguerra, Isaías Rodríguez, abriendo paso a este proceso judicial. Los casos de denuncias de escuadrones de la muerte en cuerpos policiales han encontrado receptividad en el Ministerio Público, permitiendo el avance de las investigaciones. A los casos de Portuguesa y Falcón antes señalados, se suma además el de la policía de Yaracuy, en el cual se formalizaron medidas judiciales por homicidio calificado contra 7 policías de esa entidad90. Por otra parte, la nueva división de poderes, según la cual la protección, defensa y vigilancia de los derechos humanos se transfiere de la FGR a la Defensoría del Pueblo, ha sido fuente de resistencias del primer organismo hacia el segundo. En diversas oportunidades los fiscales negaron a la Defensoría del Pueblo el acceso a información en casos investigados por la FGR y que involucraban violaciones a los derechos humanos. La traba fue finalmente superada cuando en la reforma del Copp se incluyó una disposición que legitima a la Defensoría para tener acceso a las actuaciones del Ministerio Público en casos en que estén afectados los derechos humanos91. La Defensoría del Pueblo
El proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (DP) fue aprobado en primera discusión el 21.05.0192. No obstante, a casi un año de su presentación ante el cuerpo legislativo, el instrumento legal aún no ha sido promulgado. A la lentitud en la discusión, se suma la confusión generada por la misma Subcomisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Comisión de Política Interior de la AN. Esta instancia parlamentaria asumió recientemente como propio un "proyecto bolivariano" de Defensoría del Pueblo, suscrito inicialmente por un grupo de abogados y presentado como propio por la Diputada Cilia Adela Flores93, violentando las normas parlamentarias relativas al proceso de elaboración y discusión de leyes. Lo más preocupante de este proyecto es que distorsiona completamente el sentido de la institución defensorial, con lo cual podría correrse el riesgo de reducirla a su mínima expresión, desnaturalizando su objeto. La DP tuvo una serie de actuaciones relevantes en el avance doctrinario sobre derechos humanos en Venezuela e impulsó iniciativas que van perfilando, progresivamente, el ámbito de acción de la institución. Así, en enero de 2001 el Defensor del Pueblo interpuso ante la Sala Constitucional del TSJ, un recurso de interpretación sobre el contendido, alcance, extensión y aplicación del artículo 80 de la Constitución, referente a la participación solidaria de la familia y la sociedad en el desarrollo y ejecución de la obligación de respetar a los ancianos y ancianas. La Defensoría hace referencia a las pensiones y jubilaciones, que nunca deben ser inferiores al salario mínimo urbano. Igualmente se realizaron actuaciones en el caso de la etnia yanomami, dirigiendo un oficio al Ministro de Salud, en el que se le solicita al despacho a su cargo el cumplimiento del acuerdo suscrito entre el Ministerio y la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, en cuanto a la puesta en marcha de un plan integral de salud para los miembros de esa etnia94. Como se recordará, el compromiso del Ministerio de Salud se deriva del proceso de solución amistosa iniciado en 1997 entre el Estado venezolano y los denunciantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por el caso de la masacre de un grupo de Yanomami, ocurrida en 1993. En otro orden de ideas, la DP formalizó recursos de habeas corpus en diversos casos, entre los que destaca el de 3 desapariciones forzadas ocurridas en el estado Yaracuy. En esa oportunidad, la DP afirmó que presumía que en ese estado se han cometido 15 ejecuciones extrajudiciales en fechas recientes. Las 3 personas desaparecidas habían sido detenidas por funcionarios policiales95. Al cierre de este Informe, la DP anunció la presentación de un informe especial sobre el tema de las ejecuciones por parte de funcionarios policiales. El anuncio se produce meses después de que el titular del despacho defensorial afirmara que, en materia de derechos humanos, "...lo más grave que está ocurriendo en Venezuela es lo relativo a los grupos de exterminio [...] La aparición de estos grupos parapoliciales surge como
respuesta a la impunidad, y a cierta ideología que se ha tratado de distribuir en el país asumiendo la violencia institucional como única salida al hampa organizada"96. En ese esfuerzo por configurar el perfil de una institución naciente y aún sin marco legal, se han presentado situaciones que pueden calificarse, como mínimo, de desafortunadas. Se han producido declaraciones y actuaciones contradictorias en el tema de refugio y asilo97, así como en el trato a periodistas98. Por otra parte, la falta de claridad sobre la relación a establecer frente a otras ramas del Poder Público, y la necesidad de defender la independencia de la institución, sigue generando confusiones. Tal es el caso de la presencia del Director General de la DP como parte de la delegación oficial del Estado venezolano ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en abril de 2001. Este tipo de presentación en delegaciones oficiales puede generar falsas interpretaciones por las cuales se perciba a la institución como defensora del Estado, más que del pueblo.
1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Art. 264 y Disposición Transitoria 4, numeral 5. 2. ASAMBLEA NACIONAL: Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios y Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia para su Primer Período Constitucional, Gaceta Oficial No.37.077 del 14.11.00.
3. Definición dada por el oficialismo del momento político que se inaugura el 06.12.00 con el triunfo electoral del presidente Hugo Chávez. 4. CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Art. 264, en concordancia con el Art. 187, numeral 4. 5. CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Art. 263. 6. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA: Sala Constitucional, sentencia N° 1561, expediente 00­3039, del 12.12.00. 7. FORO POR LA VIDA: Nota de prensa: Foro por la Vida pide que se inhiban los magistrados de la Sala Constitucional. Son nulas las designaciones de los poderes judicial y ciudadano. Caracas, 21.12.00. 8. Dicha sentencia se comenta en el capítulo sobre libertad de expresión y en la sección sobre el derecho a un recurso efectivo de este mismo capítulo. 9. El Universal, 20.06.01, Pág. 1­2. 10. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Art. 254. 11. El Universal, 05.06.01, Pág. 1­4. 12. Quinto Día, 06.10.00, Pág. 10. 13. El Nacional, 11.10.00, Pág. D­4; Quinto Día, 06.10.00, Pág. 10; El Nacional, 15.01.01, Pág. D­2; El Nacional 04.09.01, Pág. E­2. 14. El Nacional, 15.01.01, Pág. D­2. 15. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 37.014, de fecha 15 de agosto de 2000. 16. El Nacional, 19.01.01, Pág. A­9. Énfasis añadido. 17. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, artículo 255. 18. El Universal, 27.11.00, Pág. 1­10. 19. El Universal, 15.08.01, Pág. 1­4. 20. En su anterior Informe Anual Provea registraba un 70% de jueces provisorios "... lo cual revierte dramáticamente la
tendencia de los últimos ocho años durante los cuales, mediante el mecanismo de los concursos, se había logrado alterar esa proporción de 70% provisorios a 35% " Cf. Op. Cit. Págs. 106 ­ 107. 21. RED DE VEEDORES. Veeduría Judicial: 5to. Informe de Actividades. marzo 19, 2001. ¿Sobremarcha judicial? en http://www.veedores.org/_Vjudicial/documentos_judicial/InformeInsaculacion.htm. 22. El Universal, 31.01.01, Pág. 1­6. 23. El Universal, 09.02.01, Pág. 1­4. 24. El Universal, 10.02.01, Pág. 1­6. 25. PROVEA, Nota de Prensa, 23.05.01. 26. www.el­nacional.com, 08.06.01, El Nacional, 12.07.01, Pág. B­9. Se trata de Ricardo Pérez Gutiérrez. 27. El Nacional, 09.08.01, Pág. D­4. 28. ASAMBLEA NACIONAL: Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana; N°. de Expediente: 106, Fecha de Entrada: 03.07.01. 29. Entrevista a Iván Rincón en Revista TSJ, año 1, número 1, julio ­ septiembre 2001, Págs. 14 ­15. 30. El Nacional, 16.04.01, Pág. D­2.
31. El Universal, 01.06.01, Pág. 1­4. 32. El Universal, 17.10.00, Pág. 1­12. 33. El Nacional, 09.05.01, Pág. 1­4; 06.06.01, Pág. D­2. 34. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA: TSJ. Año 1, N° 1, julio ­ septiembre 2001, Pág. 15. 35. PROVEA: Informe anual octubre 1999 ­ septiembre 2000. Caracas, 2000. Pág. 110. 36. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional: Asuntos Ingresados en los juzgados de Primera Instancia en lo Penal en función de juicio clasificados por asunto y circunscripción judicial. Año 2000. Cuadro N° 12. 37. Quinto Día, 27.04.01, Pág. 20. 38. Gaceta Oficial N° 37.024 del 29.08.00. 39. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, disposición transitoria cuarta. 40. Adolfo González, Coordinador de Unidades de Defensa, Sistema Autónomo de Defensa Pública, Tribunal Supremo de Justicia, en comunicación No. 1268­2001, dirigida a Provea, de fecha 06.09.01. 41. SISTEMA AUTÓNOMO DE LA DEFENSA PÚBLICA: Lista de Defensores Públicos Postulados y Suplentes. Espacio pagado en El Nacional, 18.11.00, Pág. E­8. 42. DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA: Defensoría Pública Penal clasificadas por asunto y circunscripción judicial. Cuadros N° 23 y 24, Año 2000. 43. El Nacional, 28.04.01, Pág. D­1. 44. Los aspectos de la reforma del COPP vinculados con alternativas de cumplimiento de penas se analizan en el capítulo sobre Derechos de las personas detenidas y encarceladas. 45. El Universal, 22.08.01, Pág. 1­8. 46. ASAMBLEA NACIONAL: Código Orgánico Procesal Penal. Exposición de motivos. Caracas, 24.09.01. 47. Últimas Noticias, 17.09.01, Pág. 17. 48. Últimas Noticias, 15.09.01, Pág. 18. 49. ASAMBLEA NACIONAL: Código Orgánico Procesal Penal. Exposición de motivos. Caracas, 24.09.01. 50. El Universal, 15.01.01, Pág.1­8; El Nacional, 15.01.01, pág.D­1. 51. Últimas Noticias, 25.04.01, Pág. 2. 52. El Globo, 26.08.01, Pág. 4. 53. PROVEA: Nuevos casos, viejos procedimientos: la justicia militar como instrumento de coacción. Derechos Humanos y coyuntura, No. 62. Boletín electrónico. Semana del 08 al 12 de enero de 2001. Tomado de la página web: www.derechos.org.ve. 54. El Nacional, 03.01.01. 55. Denuncia recibida en Provea, el 08.01.01; Tal Cual, 10.01.01, Pág. 1. 56. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA: expediente N° CC01­0052, sentencia 0059 del 02.02.01. 57. El Sol de Maturín, 04.04.01, Pág. 38; El Nacional 13.09.01, Pág. D­Última. 58. El Nacional, 17.09.01, Pág. D­Última.
59. El Nacional, 16.09.01, Pág. D­8; El Universal, 17.09.01, Pág. 2­6. 60. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA: Sala Político Administrativa, Resolución del 29.01.01. 61. El Nacional, 05.02.01, Pág. D­2; El Nacional, 06.02.01, Pág. D­4. 62. El Nacional, 12.02.01, Pág. D­9. 63. Quinto Día, edición del 18 al 25.05.01. 64. Ídem. 65. Ídem. 66. El Mundo, 21.07.01, Pág. 20; Tal Cual, 19.07.01, Pág. 6. 67. Tal Cual, 01.08.01, Pág. 5; El Universal, 02.08.01, Pág. 1­6. 68. El Globo, 02.07.01, Pág. 6; El Universal, 03.07.01, Pág. 1­4; Últimas Noticias, 03.07.01, Pág. 21; Diario 2001, 03.07.01, Pág. 11. 69. El Nacional, 03.10.00, Pág. C­1; El Universal, 04.10.00, Pág. 2­15. 70. Últimas Noticias, 12.11.00, Pág. 7. 71. El Globo, 19.07.01, Pág. 4. 72. Ver PROVEA: Informe Anual octubre 1999­ septiembre 2000. Caracas, 2000. Pág. 110 ­ 111. 73. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA: Sala Constitucional, Sentencia 1013, expediente N° 00­2760 del 12.06.01. 74. Para un estudio detallado de la sentencia ver BREWER CARÍAS y otros: La libertad de expresión amenazada. Caracas, septiembre 2001. IIDH. 75. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA: Acuerdo del Tribunal Supremo de Justicia de 25.07.01 rechazando las críticas a la sentencia 1013 y expresando solidaridad con los magistrados de la Sala Constitucional. 76. El Universal, 25.07.01, Pág. 1­8. 77. El Universal, 29.07.01, Pág. 1­4. 78. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Sala Constitucional, Sentencia N° 1395 de 21.11.00, Expediente N° 00­1901. 79. El Nacional, 23.05.01, Pág. D­última. 80. Últimas Noticias, 30.05.01, Pág. 25; El Nacional, 30.05.01, D­última. 81. Tal Cual, 22.08.01, Pág. 7; Últimas Noticias, 23.08.01, Pág. 21. 82. El Universal, 26.09.01, Pág. 1­10; El Nacional, 26.09.01, Pág. D­9. 83. Últimas Noticias, 05.06.01, Pág. 25; Tal Cual, 07.07.01, Pág. 8. 84. CONTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Disposición transitoria cuarta, numeral noveno. 85. ASAMBLEA NACIONAL: Agenda Parlamentaria, en http: www. asambleanacional.gov.ve. 86. El balance es, además, incompleto, toda vez que el Ministerio Público no ha presentado su informe a la Asamblea Nacional en el lapso constitucionalmente establecido, lo que dificulta una visión más amplia de su gestión. 87. En el caso de Osquelis Campos, Provea mantuvo una asistencia permanente durante cerca de dos años a él y a su familia a fin de asegurar asistencia profesional pública para proporcionarle la capacitación necesaria para reincorporarse a la sociedad como invidente.
88. El Nacional, 30.03.01, Pág. D­3. 89. El Universal, 15.09.01, Pág. 2­4. 90. El Nacional, 13.06.01, Pág. D­10; Últimas Noticias, 13.06.01, Pág. 16. 91. Código Orgánico Procesal Penal, Art. 304. 92. Asamblea Nacional: Agenda parlamentaria, en http: www.asambleanacional.gov.ve. 93. ASAMBLEA NACIONAL: Proyecto Bolivariano de "Ley Orgánica de la Defensoría Del Pueblo" s/f. Co­redactores: Jesús Martínez, Oswaldo Cancino, Maigualida Pérez, Gaspar Velásquez, Euclides Herrades, Fernando Ceballos, Miriam Figuera, Maritza Arteaga, José Mendoza. presentado por la diputada Cilia Flores. 94. PROVEA: Primeras acciones de la Defensoría del Pueblo en pro de los Desc. Derechos Humanos y Coyuntura, N° 63. Boletín electrónico. Semanas del 12 al 26 de enero de 2001. Tomado de la página web: www.derechos.org.ve. 95. Últimas Noticias, 21.03.01, Pág. 22. 96. El Nacional, 09.07.01, Pág. D­8. 97. El Nacional, 18.02.01, Pág. A­2; Así es la Noticia, 20.02.01, Pág. 7; Últimas Noticias, 20.02.01, Pág. 29. 98. Tal Cual, 09.01.01, Págs. 2 y 10.
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 Artículo 464
 resolución 
 artículo 80
 artículo 255
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