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Timestamp: 2020-06-04 21:01:41+00:00

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España. Medidas adoptadas el 13 de mayo por la crisis del COVID-19 | Blog de Asuntos Públicos
España. Medidas adoptadas el 13 de mayo por la crisis del COVID-19
13/05/2020. El BOE de hoy publica el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, aprobada ayer en Consejo de Ministros por el Gobierno y que, entre otras medidas, permite alargar el periodo de los ERTE hasta el 30 de junio. Se puede consultar el texto del Real Decreto aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
En el ámbito del Ministerio del Interior, el BOE publica la siguiente orden:
13/5/2020. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado hoy la convocatoria de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual, por un importe total de 2,3 millones de euros (Ver).
Concretamente, con estas ayudas se pretende solventar las situaciones de vulnerabilidad en el pago del alquiler por la expansión de la pandemia y ayudar a personas con problemas transitorios causados por pérdida de empleo, reducción de jornada y, por tanto, con una disminución o desaparición de sus ingresos.
Esta medida de corte socioeconómico consistirá en otorgar ayudas directas durante 6 meses que servirán para sufragar el pago completo del alquiler con una cantidad máxima de 600 euros mensuales. Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de arrendatarias de vivienda habitual, cumplan cuatro requisitos:
El primero es que, como consecuencia de la crisis del Covid-19, el inquilino de la vivienda haya pasado a estar en desempleo, sufrido un ERTE o, en el caso de que el arrendatario sea un empresario, que haya tenido una pérdida de ingresos del 40%debido a la reducción de la jornada de trabajo por motivo de cuidados u otras circunstancias.
El segundo requisito es que la unidad familiar no debe ingresar más de 1.613 euros brutos al mes (3 veces el IPREM); o bien 2.151 euros (4 veces el IPREM) si la unidad familiar cuenta con un miembro con discapacidad igual o superior al 33%; o 2.689 euros (5 veces el IPREM) si en la unidad familiar hay una persona con discapacidad igual o superior al 65% o enfermedad grave.
Como tercer requisito, la renta del alquiler (incluyendo los gastos y suministros básicos) debe ser igual o superior al 35% de los ingresos totales de la unidad familiar.
Y, por último, el beneficiario de la ayuda no debe ser titular de ninguna vivienda.
Islas Baleares Más info
13/5/2020. El Consejo de Gobierno extraordinario de Baleares ha aprobado hoy el Decreto-Ley COVID19 para afrontar los efectos sociales y económicos de la crisis sanitaria, el cual puede suponer un impacto de 3.519 millones de euros a la economía de las Islas Baleares en los próximos dos años. Esta cifra representa el 7,5% del Producto Interior Bruto de las Islas (Ver).
La normativa incluye medidas para agilizar la administración, fomentar la protección social y estimular la inversión. Asimismo, establece también las bases para incentivar la recuperación rápida de sectores como el fomento de las energías renovables, la construcción de viviendas e infraestructuras indispensables para la sostenibilidad y la mejora de la oferta turística con inversiones de calidad que no supongan crecimiento en el número de plazas. Estas medidas de reactivación permitirán movilizar 31.000 puestos de trabajo a tiempo completo durante el año 2020, un 5,9% del mercado laboral de las Islas.
El Decreto-Ley, que deberá ser convalidado o derogado por el Parlament balear en el plazo de 30 días desde su publicación oficial, recoge las siguientes actuaciones clasificadas en base a los ámbitos explicitados anteriormente:
Se incluyen medidas para fomentar la movilidad de trabajadores para favorecer la atención de todos los recursos necesarios, como ya se ha hecho durante esta crisis con el refuerzo de los equipos que se encargan de agilizar los ERTE o los que hacen posible el cobro de la renta básica o de las ayudas de la dependencia.
Menos tiempo de espera para recibir subvenciones y prestaciones sociales
Se reducen trámites y se simplifican los procesos también en el ámbito de la protección social.
A efectos de resolver la situación de urgencia que genera esta crisis, se reduce a un tiempo las tramitaciones de subvenciones, prestaciones y ayudas, como la modificación de los procesos de asignación de los servicios de teleasistencia y servicio de ayuda a domicilio, para que sea más ágil la adjudicación de estos servicios a los ciudadanos y ciudadanas.
Se incluye una nueva prestación económica extraordinaria de hasta 290 euros para personas dependientes, prorrogable y con vigencia de 4 meses a partir de este 1 de mayo, para compensar los gastos económicos que ha generado la suspensión de los centros de día para los dependientes.
En caso de situaciones extraordinarias derivadas del estado de alarma u otras situaciones excepcionales, se autoriza a que los consejos insulares pueden autorizar las escuelas de educación en tiempo libre, infantil y juvenil a hacer a distancia determinados módulos de formación para evitar que la actividad de tiempo libre se paralice.
Se simplifica el proceso de subvenciones hasta 31 de mayo de 2021, reduciendo la tramitación y aprobación de subvenciones a líneas de desarrollo económico y sectorial, fomento de la I+D+i, apoyo a autónomos, pymes, personas vulnerables, ayudas asistenciales, culturales, de deporte y de educación, tanto de ámbito autonómico como de Consejos y ayuntamientos.
Agilización de la inversión en sectores estratégicos
En cuanto al ámbito de las ayudas al alquiler, y para poder acceder a las ayudas de 2020, se facilitan los trámites al eximir a los arrendatarios que tengan que acreditar el depósito de la fianza que hace el propietario, con el fin de resolver algunas situaciones en que los inquilinos no pueden solicitar las ayudas para la resistencia de algunos propietarios a hacer el depósito.
No será necesario acreditar el depósito a las ayudas de alquiler ordinarias de la convocatoria 2010 ni tampoco a las ayudas Covid-19 que se convocarán en junio.
Se impulsa una figura administrativa como la declaración responsable por parte de ciudadanos y empresas, basada en la confianza en el ciudadano, de cara a un inicio temprano y ágil de la actividad.
Para disponer en tiempo y forma de las licencias o autorizaciones, se establece un régimen excepcional, de carácter transitorio, de declaración responsable para determinadas obras e instalaciones a ejecutar en suelo urbano, excluyendo las situadas en zonas de servidumbre de costas y las de edificaciones fuera de ordenación.
En todo caso, la declaración responsable no será de aplicación en los casos de obras de nueva planta, movimientos de tierras ni actuaciones que afecten a zonas de servidumbre de protección de costa ni a los edificios en situación de fuera de ordenación.
El Decreto-Ley también modifica la Ley 1/2007, de 16 de marzo contra la contaminación acústica de las Islas Baleares para permitir que todas las obras de edificación, modificación, reparación y derribos estén permitidas durante la temporada turística de 2020.
La normativa también aprueba medidas para impulsar la inversión privada en el sector turístico, actuaciones ligadas a la sostenibilidad, la mejora de la calidad de la oferta y la adaptación a las exigencias sanitarias marcadas por la pandemia, como para fomentar el aprovechamiento y cambio de uso de instalaciones turísticas obsoletas.
Entre ellas, se autoriza a que los establecimientos de alojamiento y otras de recreo, lúdicos, deportivos, restauración y de hostelería puedan, hasta el 31 de diciembre de 2021, ejecutar proyectos para reducir la estacionalidad con mejoras de su oferta, aumentar la eficiencia en el gasto de energía y agua, instalar en sus aparcamientos un mínimo del 50% de plazas con puntos de recarga eléctrica.
Estos cambios están sujetos a que se abone a la administración municipal correspondiente un 5% del presupuesto de ejecución. Hasta ahora se permitía un 10% de aumento de edificación, el Decreto-Ley establece que la superficie edificada no podrá ser de más de un 15%.
Con el mismo objetivo de reducir presión turística, para garantizar la convivencia y fomentar el acceso a la vivienda, se suspende la posibilidad de iniciar nuevas actividades turísticas en viviendas unifamiliares de la ciudad de Palma, hasta el 31 de diciembre del año 2021.
También para fomentar la sostenibilidad, el Decreto-Ley, y en colaboración con consejos insulares y ayuntamientos, incluye medidas de estímulo a la instalación de renovables y su sector auxiliar.
Con el fin de que estas medidas se puedan implementar de forma rápida se modifica la Ley 14/2019, de proyectos industriales estratégicos de las Islas Baleares, para que se puedan declarar estratégicos los proyectos de renovables en cualquier punto de su tramitación. Del mismo modo, también se acelera la consulta a los Ayuntamientos y Consejos.
Para impulsar la movilidad colectiva y sostenible, se fomentan infraestructuras estratégicas en transporte público, las infraestructuras energéticas para dar servicio a la red de transportes(gasolineras, puntos de carga eléctrica, etc.), y las instalaciones fijas como cocheras, paradas de bus o instalaciones de mantenimiento de la red de transporte público.
En este sentido, también se reduce la tramitación de proyectos ferroviarios y tranviarios, y se modifica la ley regional de carreteras, a fin de simplificar procedimientos y mejorar la capacidad para hacer cumplir las infracciones en materia de obras o instalaciones, incorporando criterios ambientales y de protección del paisaje.
En materia de residuos, se incorpora una disposición adicional que modifica la entrada en vigor de algunos de los artículos de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares.
En concreto, se modifican los apartados 1 de los artículos 23 y 24 y los apartados 2 y 6 del artículo 25. Los artículos 23 y 24, así como el apartado 2 del artículo 25 debían entrar en vigor día 1 de enero de 2021. Regulan diversos aspectos relacionados con los productos de un solo uso como la venta, distribución y uso de platos, cubiertos, vasos, tazas y bandejas alimentarias desechables hechos de plástico.
El apartado 6 del artículo 25, por su parte, establecía que «no se podrán distribuir paquetes de latas o botellas de bebidas sujetas mediante anillas de plástico ni otros envases colectivos secundarios que, en todo caso, deberán ser de material biodegradable a partir del 1 de enero de 2021». En este caso, el plazo para la entrada en vigor se traslada hasta el 1 de julio de 2021. Se hace coincidir, así, con la entrada en vigor de la Directiva Europea de Plásticos, el 1 de julio de 2021″.
Los objetivos se mantienen intactos, pero ante diversas peticiones de los sectores productivos implicados y tras una ronda de consultas donde se ha constatado el apoyo de las entidades sociales que han acompañado el proceso de redacción de la Ley se ha creído conveniente ampliar, por un período equivalente al tiempo de vigencia del estado de alarma, la entrada en vigor de estos artículos.
13/5/2020. El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy un conjunto de medidas de corte socioeconómico y sociosanitario, con la finalidad de hacer frente al impacto del Covid-19 a nivel regional.
Al margen del Consejo de Gobierno, se ha puesto en marcha un plan destinado al sector comercial regional, que incluye actuaciones en diversos ámbitos encaminadas a mejorar la posición del mismo tras la crisis del coronavirus. Estará integrado dentro del Plan de Reactivación Económica aprobado por el Gobierno de La Rioja la semana pasada.
Las medidas adoptadas, así como la información relativa al plan para el sector comercial, se detallan a continuación:
Medidas socioeconómicas (Ver)
El Gobierno autonómico ha aprobado las ayudas al alquiler de vivienda habitualpara colectivos vulnerables por impacto del Covid-19.
El programa de apoyo para el pago del alquiler consistirá en una ayuda directa máxima de 500 euros otorgada durante 6 meses, pudiendo incluirse como primera mensualidad la del mes de abril de 2020.
El importe de las subvenciones deberá destinarse íntegramente a la finalidad del pago del alquiler. La ayuda se pagará de una sola vez.
El abono de la ayuda se hará directamente al arrendador o a la entidad bancaria acreedora que haya efectuado el préstamo en el caso de haberse acudido a la línea de avales de arrendamiento COVID-19 de los préstamos ICO.
La ayuda se abonará directamente al solicitante por aquellas mensualidades de las que haya satisfecho la renta al arrendador, previa aportación de los justificantes del abono de alquiler.
Esta línea de ayudas será compatible con otras ayudas de cualquier administración pública, entidades públicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones concedidas para esta finalidad, siempre que no se supere el límite de 500 euros al mes.
Los solicitantes de las ayudas, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual, deben acreditar estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del Covid-19.
Los beneficiarios deberán cumplir que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), 1.613,52 euros.
Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar.
El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
Este límite se aumentará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
El Ejecutivo regional ha puesto a disposición de los 174 municipios riojanos 72.502 mascarillas para que se entreguen dos unidades a toda la población de la Comunidad Autónoma de entre 1 y 13 años de edad (Ver).
La finalidad de esta decisión es la de reducir el riesgo de contagio de coronavirus de los menores, complementándose con la entrega de más de 60.000 pantallas que se hizo a finales de abril cuando se permitió a los menores de 14 años salir a la calle durante una hora para pasear.
Estas mascarillas infantiles cuentan con dos tallas, una para los menores de cinco años y otra para los mayores de seis, y han sido fabricadas en La Rioja.
Para adecuarse a la demanda de la población más joven, una de las empresas certificadas para la fabricación de estas mascarillas ha diseñado dos modelos para menores de 14 años que el Ejecutivo riojano ha decidido poner a disposición de toda la población.
La Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía ha tramitado de emergencia el contrato de suministro de medios de prevención, guantes, mascarillas FFP2 y gafas de protección, como consecuencia de la incidencia del Covid-19 en centros dependientes y relacionados con esta Consejería (Ver).
Así, se han adquirido guantes desechables por valor de 5.683,37 euros y mascarillas FFP2 y gafas de protección por valor de 21.737,65 euros. En total, este contrato de emergencia tiene un importe de 27.421,02 euros.
Cuestiones al margen del Consejo de Gobierno
La secretaria general técnica de la Consejería de Desarrollo Autonómico, Elena López Tamayo, informó ayer en rueda de prensa sobre el Plan de Reimpulso del Comercio, dotado con 3 millones de euros y dirigido a empresas y autónomos de este sector (Ver).
Esta actuación estará integrada en el Plan de Reactivación Económica del Gobierno de La Rioja, destinado a uno de los sectores más afectados por el estado de excepcionalidad provocado por el COVID-19 y que incluye dos grandes líneas de actuación.
La primera de ellas, centrada en la planificación, ofrece a las empresas y autónomos asistencia técnica a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para elaborar un plan que reposicione a los comercios que lo soliciten, a raíz de los efectos provocados por la pandemia.
La segunda línea subvenciona actuaciones de modernización que pueden derivarse de ese proceso de planificación. Por lo tanto, los comercios podrán invertir en activos fijos para reforma, ampliación o traslado o para implantar un nuevo punto de venta, y también obtener ayudas para innovación en gestión comercial, es decir, para desarrollar prospecciones de mercado, planes de marketing, estudios de diagnosis o mejora de distintas áreas de negocio.
La Consejería de Educación presentó ayer a los sindicatos de la Educación Concertada la Fase 1 de desescalada y las Instrucciones para final de curso (Ver).
En ese encuentro, en el que por parte de la Consejería han participado también la directora general de Educación, Pepa Iriarte, y los subdirectores de Gestión Educativa, Emilio Izquierdo, e Innovación Educativa, Jesús Jiménez, la Consejería citada explicó también la medida llevada a cabo de ajuste de la ratio media de alumnos por aula de la Educación Concertada para igualarla a la de la Educación Pública.
Se trata del cálculo de ratios con el que trabajan de forma normalizada la práctica totalidad de Comunidades Autónomas del país y con el que se logra un ajuste necesario y equitativo con el sistema público.
La Consejería remitirá próximamente su propuesta a la Comisión de la Escuela Concertada convocada para el próximo jueves 14. En este sentido, se ha recalcado que en cualquier caso ningún alumno en La Rioja perderá su concierto educativo.
13/5/2020. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy una serie de medidas en materia administrativa, sociosanitaria y político-institucional, orientadas a paliar el impacto regional del Covid-19.
Al margen del Consejo de Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido varios encuentros esta semana con distintos actores institucionales y representantes de sectores económicos de la región, junto con los que ha analizado la situación actual así como posibles medidas a poner en marcha durante el actual proceso de desescalada.
Las medidas adoptadas, además de la información relativa a las reuniones institucionales de la presidenta autonómica, se detallan a continuación:
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación para la supresión de la mayoría de las licencias urbanísticas que hasta ahora eran obligatorias, con el fin de evitar esperas de hasta doce meses. Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el acuerdo para modificar la Ley del Suelo e impulsar y reactivar esta actividad dañada por el Covid-19 (Ver).
Al igual que se ha hecho en la actividad comercial, la Comunidad de Madrid considera necesario reducir el gran número de licencias urbanísticas (de obra o reforma integral, de primera ocupación, edificación y otras actuaciones urbanísticas…) existentes en la actualidad que están generando un coste añadido tanto al particular, como a la empresa y al ayuntamiento que la tramita.
En ese sentido, se suprimirán las licencias de obras menores que atascan los departamentos técnicos de los ayuntamientos y hace que los particulares pierdan tiempo en arrancar dichas obras.
Por ejemplo, una comunidad de vecinos que quiere instalar un ascensor o una rampa de acceso para personas con discapacidad dentro del edificio podrán ahorrarse trámites de entre dos y cuatro meses de tiempo.
Asimismo, una promotora podrá ahora levantar una promoción en un solar con edificaciones a demoler sin pedir licencia de demolición, por lo que se ahorra un trámite de seis meses pidiendo la declaración responsable.
La modificación normativa planteada se tramitará por el procedimiento de lectura única recogido en el reglamento de la Asamblea de Madrid, lo que permitirá que esta medida esté aprobada este verano con el objetivo de reactivar a la mayor celeridad la situación económica de la región.
El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de que se han invertido 14.550.234 euros en el hospital temporal de la Comunidad de Madrid instalado en IFEMA dirigido a pacientes COVID-19 y que ha permanecido abierto cerca de seis semanas (Ver).
En concreto, esta partida se ha destinado a la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIs); a material sanitario, de laboratorio y de limpieza; y a la contratación del servicio de montaje complementario de la instalación de gases medicinales a través de varios contratos tramitados por el procedimiento de emergencia.
La Consejería de Sanidad ha contratado la adquisición de mascarillas de protección FPP2 por 2.178.000 euros en un primer contrato mientras que ha encargado gafas de protección, protectores faciales y mascarillas quirúrgicas en un segundo por un total de 110.327,80 euros (Ver).
Además, el Consejo de Gobierno ha conocido hoy la inversión de 273.339 euros realizada por la Consejería de Sanidad, también por procedimiento de emergencia, de sendos contratos para el trasporte hasta los laboratorios de análisis y diagnóstico de muestras sospechosas del virus SARS-CoV-2.
Estos acuerdos tienen como finalidad prestar los servicios necesarios a garantizar la atención sanitaria de los pacientes y los profesionales sanitarios, habiéndose aprobado en base a la contratación de emergencia prevista en el artículo 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
La Comunidad de Madrid realiza un pilotaje con Microsoft en una novedosa plataforma para informar a familiares de pacientes ingresados (Ver).
El allegado podrá acceder desde este portal, de forma segura, a información adicional a la que le faciliten personalmente los profesionales sanitarios.
La persona autorizada conocerá los datos que el personal médico y de enfermería vayan incorporando durante su ingreso y que serán exclusivamente relativos al proceso por el que ha ingresado el paciente, pero no a su historia clínica.
Con Info Familiares se pretende, además, minimizar la tensión que genera no poder visitar a los pacientes ingresados.
Ya está funcionando en fase piloto en tres hospitales de la Comunidad de Madrid con un número limitado de pacientes.
Medidas relativas al ámbito político-institucional
El Ejecutivo regional ha aprobado el nuevo Decreto de estructura de la Consejería de Sanidad, por el que se nombra viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 a Antonio Zapatero Gaviria. Elena Andradas Aragonés será la nueva directora general de Salud Pública yFrancisco Javier Martínez Peromingo nuevo director general de Coordinación Socio-Sanitaria (Ver).
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para abordar la situación en la capital tras la evolución de la pandemia y analizar las estrategias de desescalada en la ciudad conjugando la salud y la reactivación económica (Ver).
La presidenta regional ha trasladado a Almeida la petición que se ha comunicado al Gobierno para pasar a la Fase 1 del plan de desescalada el próximo 18 de mayo, así como su intención de hacer obligatorio el uso de mascarillas en los espacios públicos y cerrados, enmarcado en un protocolo de obligaciones y recomendaciones.
También ha hecho hincapié en las campañas de concienciación que va a desarrollar la Comunidad de Madrid sobre la necesidad del uso de hidrogeles y el distanciamiento de seguridad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha seguido manteniendo reuniones con los distintos sectores económicos de la región, con el fin de reactivar su situación tras el estado de alarma decretado por el Covid-19 (Ver).
De este modo, ayer tuvo sendos encuentros con representantes de los hosteleros y el ocio nocturno y con el presidente de la Federación de Cines de España (FECE), Juan Ramón Gómez Fabra.
La presidenta madrileña ha mostrado el apoyo por parte del Gobierno autonómico hacia dichos sectores, dentro de la situación sobrevenida por el coronavirus y su interés en poder avanzar en la desescalada para recuperar la normalidad. Ha explicado también cuáles han sido las decisiones adoptadas hasta ahora en este sentido:
Hasta el momento, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un fondo de 12 millones de euros con Avalmadrid para respaldar el 100% de los préstamos existentes y de nuevas operaciones del sector, así como 8 millones de euros para sufragar los costes financieros y de tramitación de los mismos.
Además, se ha acordado habilitar una línea de 4 millones de euros para préstamos blandos de hasta 40.000 euros por beneficiarios para el sector hostelero.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó ayer la Orden por la que se convocan las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social originado por el Covid-19 en los alquileres de la vivienda habitual de los madrileños (Ver).
Las ayudas quedan recogidas en el Real Decreto 11/2020 y la Orden Ministerial 336/2020 aprobadas el pasado día 9 de abril.
La Orden convoca, conforme a lo establecido por la base reguladora estatal, las ayudas que deberán ser distribuidas, además de regular aquellos aspectos puramente organizativos y de gestión de la convocatoria. La publicación de esta Orden permite a los interesados comenzar a tramitar sus solicitudes, que serán admitidas hasta el próximo 30 de septiembre.
Las Comunidades Autónomas son responsables de establecer, tanto los requisitos de acceso como el procedimiento de otorgamiento de las ayudas, acordando en Consejo de Gobierno la correspondiente autorización de gasto.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas aquellos afectados por el Covid-19, en situación de desempleo, cese de actividad, ERTE o pérdidas de ingresos, teniéndose en cuenta toda la unidad familiar, incluyendo familias monoparentales.
La limitación de ingresos, con carácter general, será 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), a lo que se sumará 0,10 puntos por cada hijo a cargo, y 0,15 puntos más por cada hijo en unidad familiar monoparental. En el caso de residir con personas con discapacidad, el tope será hasta 4 veces IPREM, y 5 veces IPREM para los casos de grandes discapacidades sensoriales.
Otros supuestos incluidos son que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos,resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
En el proceso se realizará en un pago único, con carácter anticipado, exonerando al beneficiario de la obligación de prestar aval o garantía. Los beneficiarios deberán aportar los justificantes acreditativos de pago de la renta de alquiler o la declaración responsable firmada por el arrendador.
13/5/2020. El Consejo de Gobierno de Navarra ha analizado hoy una serie de medidas administrativas destinadas a impulsar los programas básicos y el sistema de financiación de los servicios sociales de base, teniendo en cuenta las dificultades derivadas del actual contexto de la pandemia del Covid-19.
Se detallan a continuación las características de estas medidas, las cuales vienen recogidas en un Proyecto de Decreto Foral que ha sido hoy tomado en consideración por parte del Gobierno navarro:
Proyecto de Decreto Foral en relación a los servicios sociales de base (Ver)
La crisis provocada por el coronavirus ha puesto de manifiesto que los servicios sociales son esenciales para la ciudadanía en el cuidado y atención a personas mayores y vulnerables en general, así como en la garantía de recursos mínimos imprescindibles para dar respuesta a necesidades básicas como alimentación o ingresos mínimos.
Por ello, el Gobierno autonómico prevé aprobar un Decreto Foral que se orientará a mejorar la financiación de los servicios sociales a nivel regional.
Las principales novedades de esta norma son las siguientes:
La aportación del Ejecutivo foral a las entidades locales para financiar los servicios sociales de base se incrementará en torno a 2 millones de euros.
El actual sistema (vigente desde 2013) será sustituido por otro más equitativo que garantizará unos mínimos en todos los servicios sociales de base y tendrá en cuenta las necesidades específicas de cada zona básica.
En cuanto a jornadas de trabajo, supondrá un aumento de 153,47 pasando de las 474,78 actuales a 628,25 jornadas.
Una de las cuestiones que se pretende mejorar con el nuevo sistema de financiación es que los servicios sociales de base cuenten con los equipos profesionales necesarios para desarrollar su trabajo, al mismo tiempo que se garantiza la estabilidad de una parte de los equipos que hasta ahora quedaban fuera del sistema de financiación y dependían de otras convocatorias anuales de subvención.
El Gobierno de Navarra financiará el 50% del coste de estos equipos profesionales básicos, porcentaje que puede subir hasta el 80% en zonas consideradas de «especial actuación»(zonas básicas de menos de 5.000 habitantes).
Otra de las novedades que incorpora la norma es la garantía de que la totalidad de las entidades locales puedan destinar parte de la financiación a la cobertura de situaciones de emergencia social y/o a apoyo a procesos de inclusión.
A partir de ahora, los costes susceptibles de financiación se estructuran en tres ámbitos: costes estructurales, específicos y los derivados de la atención a personas dependientes por parte de los Servicios de Ayuda a Domicilio Municipales (SAD).
Se considerarán estructurales aquellos necesarios para desarrollar las funciones que tienen encomendadas los servicios sociales, como equipo profesional básico, gastos de funcionamiento y los derivados de la dispersión territorial. Para ello, se estratifica la población en 10 tramos, determinando para cada uno de ellos cuál sería el equipo profesional básico.
En el caso de los gastos de funcionamiento, la estimación del importe de mismos será el equivalente al 10% del coste estimado del personal del equipo profesional básico.
Tanto los gastos de funcionamiento como los derivados de la dispersión geográfica serán financiados íntegramente por el Gobierno regional.
El Gobierno de Navarra crea el espacio «Dos metros, una idea«para fomentar la participación ciudadana en la transición hacia la desescalada del Covid-19 (Ver).
Con el fin de dar voz a la sociedad navarra, las ideas relacionadas con la fase de transición -a gestionar por el Departamento de Salud junto con el Ministerio de Sanidad- se trasladarán a la Comisión para la Transición, un órgano consultivo y propositivo integrado por quince personas referentes en diversos sectores y que será uno de los instrumentos claves sobre los que pilotará el proceso de desescalada.
Para participar en este espacio, se debe cumplimentar un sencillo formulario en este enlace y la propuesta se registrará y quedará visible en la web. Desde la unidad de participación, se valorarán todas las aportaciones y se remitirán a la Comisión para la Transición y, si fuera necesario, a las unidades que corresponda.
Por otra parte, en la web de Gobierno Abierto se ofrece toda la información relativa a la etapa de transición hacia la nueva normalidad agrupada en diferentes bloques.
En concreto, en el apartado del plan para la transición, se incluye el propio plan, indicadores, las actividades permitidas y no permitidas en cada fase, así como un cronograma orientativo.
Asimismo, se recogen preguntas y respuestas organizadas en las distintas fases (en la actualidad se detalla la fase cero y la fase uno).
También se puede encontrar información sobre la Comisión para la Transición, en qué consiste, sus componentes o las aportaciones recogidas de la ciudadanía y derivadas para su consideración, entre otras cuestiones.
Finalmente, se proporciona información sobre la situación de la transición en Navarra en las fases de la desescalada y sobre la situación evolutiva de la pandemia del COVID-19.
Los juicios telemáticos serán una herramienta clave para agilizar el sistema de Justicia afectado por el coronavirus, los cuales han sido impulsados desde la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización (Ver).
Avantius, la herramienta de gestión procesal diseñada en Navarra, facilita las vistas orales por videoconferencia que ya han iniciado la propia Comunidad Foral, Aragón y Cantabria.
Al tratarse de un gestor procesal integral, permite trabajar con el Expediente Judicial Electrónico, lo que facilita el teletrabajo de todos los operadores jurídicos que participan en un proceso judicial.
Asimismo, Avantius se ha configurado para asumir la posible apertura de la Sede Judicial Electrónica con el alta online de personas jurídicas, de forma que puedan recibir los emplazamientos de demanda de inicio de forma telemática.
Para consultar todas las actualizaciones diarias y más información sobre el COVID-19, pincha aquí.

References: Real Decreto 
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 120
 Real Decreto