Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831004.html
Timestamp: 2019-11-15 18:37:49+00:00

Document:
as201831004
Auto Supremo Nº 04
Expediente : 079/2017
Demandantes : Gloria Isabel Leaños de Franco y otros.
Demandado : Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fojas 706 a 711 y 718-723 vta., interpuestos, el primero por GABRIEL SALVADOR ATILA VIRHUEZ, en representación de la entidad demandada, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), en virtud al Testimonio de Poder especial y bastante Nº 475/2016 de 29 de septiembre de 2016, a cargo de la Notaría Nº 70 de la ciudad de Santa Cruz, Teresa Jenny Flores de Báez (fs. 696 a 705) y el segundo, promovido por CRISTIAN YOVANNY LIPACHO FERNÁNDEZ, en representación de los demandantes GLORIA ISABEL LEAÑOS DE FRANCO, NEVY LOURDES MOLINA GÓMEZ DE GUZMÁN, BEATRIZ SUÁREZ SEOANE, LUCRECIA SOBERÓN MENACHO DE KINN, FREDDY NICOLÁS CASTRO FRANCO, ROBERTO ALEJANDRO VARGAS GAMEZ y MARIO CAMPOS BARRERA, en virtud al Testimonio de Poder especial y bastante Nº 386/2014 de 27 de marzo de 2014, a cargo de la Notaría Nº 103 de la ciudad de Santa Cruz, M. Silvana España Pedraza (fs. 305) dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros, seguido por los indicados demandantes en contra de la institución demandada UAGRM, las contestaciones a ambos recursos de fojas 738 a 740 y 730 735 respectivamente, los antecedentes del proceso y,
Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia de Nº 315 de 11 de agosto de 2015 (fojas 545 a 555), más su Auto Complementario Nº 1562 de 22 de octubre de 2015 (fojas 582 a 583), en los que declaró PROBADA la excepción de prescripción respecto de las horas extras, opuesta mediante escrito de fs. 178 a 186 vta., por la Universidad demandada, e IMPROBADA la excepción de prescripción respecto de los otros derechos pretendidos y PROBADA sin costas la demanda de fs. 104 a 110 vta., ordenando a la entidad demandada, cancele a favor de los demandantes GLORIA ISABEL LEAÑOS DE FRANCO, NEVY LOURDES MOLINA GÓMEZ DE GUZMÁN, BEATRIZ SUÁREZ SEOANE, LUCRECIA SOBERÓN MENACHO DE KINN, FREDDY NICOLÁS CASTRO FRANCO, ROBERTO ALEJANDRO VARGAS GAMEZ y MARIO CAMPOS BARRERA, por concepto de desahucio, indemnización, vacaciones, aguinaldos y bonos de antigüedad según corresponda y la multa prevista por el D.S. Nº 26899, conforme al siguiente detalle:
GLORIA ISABEL LEAÑOS DE FRANCO Bs. 489.333,66.
NEVY LOURDES MOLINA GÓMEZ DE GUZMÁN Bs. 489.313,66
BEATRIZ SUÁREZ SEOANE Bs. 408.396,66
LUCRECIA SOBERÓN MENACHO DE KINN Bs. 472.041,86
FREDDY NICOLÁS CASTRO FRANCO Bs. 534.804,79
ROBERTO ALEJANDRO VARGAS GÁMEZ Bs. 137.043,86; y
MARIO CAMPOS BARRERA Bs. 105.232,77
En mérito al recurso de Apelación, promovido por el representante de la Universidad AUTÓNOMA René Gabriel Moreno, representada por Gabriel Salvador Atila Virhuez, conforme al escrito de fs. 570 a 578, ratificado por escrito de fs. 614 a 625, (luego de la notificación con el auto complementario), la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 140 de 01 de septiembre de 2016, cursante a fojas 687 a 690, REVOCO la Sentencia apelada de 11 de agosto de 2015 de fs. 545 a 555 , así como el Auto Complementario Nº 1562 de 22 de octubre de 2015, de fojas 582 a 583, declarando IMPROBADA en todas sus partes la demanda de pago de beneficios sociales presentada por GLORIA ISABEL LEAÑOS DE FRANCO, NEVY LOURDES MOLINA GÓMEZ DE GUZMÁN, LUCRECIA SOBERÓN MENACHO DE KINN y FREDDY NICOLÁS CASTRO FRANCO, declarando PROBADA en parte la demanda presentada por BEATRIZ SUÁREZ SEOANE, ROBERTO ALEJANDRO VARGAS GAMEZ y MARIO CAMPOS BARRERA, en lo que respecto al pago de aguinaldos de los primeros dos y pago de aguinaldos y bono de antigüedad para el tercero de los nombrados, ordenando que la Universidad demandada, cancele los siguientes montos:
BEATRIZ SUÁREZ SEOANE
Aguinaldo doble, gestión 2008 (7 meses) Bs. 12.009,06
ROBERTO ALEJANDRO VARGAS GAMEZ
Aguinaldo doble gestión 2012 (4 meses) Bs. 7.397,78
MARIO CAMPOS BARRERA
Aguinaldo doble gestión 2003 a 2006 (4 años) Bs. 39.286,80
Bono de antigüedad de la gestión 2003 al 2010 Bs. 10.896,78
Más las actualizaciones de ley para cada uno de ellos, sin costas.
Habiendo rechazado la solicitud de complementación presentada por el Apoderado de los actores Cristhian Yovanny Lipacho Fernández (fs. 692), mediante Auto Nº 227 de 14 de septiembre de 2016, cursante a fs. 693.
II.- RECURSOS DE CASACIÓN, RESPUESTAS Y ADMISIÓN
Contra el referido Auto de Vista, ambas partes interpusieron recurso de casación en el fondo, el primero por GABRIEL SALVADOR ATILA VIRHUEZ, (fs. 706 a 711 y 718-723 vta.), en representación de la entidad demandada, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el segundo, promovido por CRISTIAN YOVANNY LIPACHO FERNÁNDEZ, en representación de los demandantes GLORIA ISABEL LEAÑOS DE FRANCO, NEVY LOURDES MOLINA GÓMEZ DE GUZMÁN, BEATRIZ SUÁREZ SEOANE, LUCRECIA SOBERÓN MENACHO DE KINN, FREDDY NICOLÁS CASTRO FRANCO, ROBERTO ALEJANDRO VARGAS GAMEZ y MARIO CAMPOS BARRERA; recursos que fueron respondidos mediante los escritos de fojas 738 a 740 y 730 735 respectivamente; por ello, una vez concedidos por el Tribunal de Apelación, habiéndose evidenciado que cumplen los requisitos formales exigidos por el art. 274-I del Cód. Proc. Civ., se declararon ADMISIBLES, mediante Auto Supremo Nº 79-A de 03 de marzo de 2017, emitido por este tribunal (fs. 750 y vta.), por consiguiente dichos recursos se pasan a considerar y resolver, haciendo constar además que en virtud al Acuerdo de Sala Plena Nº 146/2017 de 19 de septiembre (fs. 763), se ordenó el sorteo anticipado del presente proceso, por la permisión contenida en el numeral 4 del Acuerdo 23/2012 de este mismo Tribunal:
Fundamentos del primer recurso de casación en el fondo:
Luego de ratificar su personería el recurrente, insertando un preámbulo y resumen de los antecedentes del proceso, el representante de la Universidad demandada, en su escrito de fojas 706 a 711, señaló:
1.- Que en consideración a que el auto de vista se sustentó en mérito a los principios de verdad material y primacía de la realidad, revocando la sentencia, respecto de los desahucios, indemnización y vacación por no existir ruptura de la relación laboral, empero, denunció, que constituye injusto el reconocimiento del aguinaldo doble a favor de Beatriz Suárez Seoane y Roberto Alejandro Vargas Gámez y el aguinaldo doble y bono de antigüedad a favor de Marcos Campos Barrera.
Específicamente respecto de éste último afirmó que contra la demanda formulada, de manera oportuna se opuso la excepción de prescripción porque los aguinaldos de las gestiones 2003 al 2006 de Mario Campos Barrera, habrían prescrito, en aplicación de los arts. 120 de la LGT. y 163 de su D.R., y que fue invocada al amparo del art. 127 inc. b) del Cód. Proc. Trab., por haber transcurrido más de dos años del supuesto nacimiento de esos derechos, y que son anteriores a la vigencia de la imprescriptibilidad instituida en el art. 48-IV de la CPE, promulgada el 07 de febrero de 2009, cuya norma dispone sólo para lo venidero en aplicación del art. 123 de la misma CPE
Explicando también que sobre este particular ya se denunció en la apelación la falta de motivación y fundamentación de la sentencia, porque en la misma se habría declarado probada la excepción respecto a “horas extras”, derecho que no fue objeto del presente proceso, sin embargo, el tribunal de alzada no resolvió el recurso sobre este punto.
2.- También fundamentó que respecto a la orden de pago del bono de antigüedad de la gestión 2003 al 2010 a favor de Marcos Campos Berrara, el tribunal de alzada ordenó el pago de Bs. 10.896,78, sin aplicar el descuento de Bs. 3.201,20 que fue reconocido en la demanda, por una parte y por otra, en aplicación de los D.S. Nos. 21060 y 21137, se establece que ese bono debe cancelarse a los empleados públicos en base a un salario mínimo nacional y no como se pretende, respecto de un salario mensual percibido por dicho trabajador; por ello solicita que no corresponda el reconocimiento de este derecho, al haberse cancelado el mismo oportunamente, conforme a dichas normas.
Concluyó el memorial solicitando que se tenga presentado el recurso y se conceda, remitiendo el expediente ante este Tribunal Supremo de Justicia, quien en vista de las infracciones acusadas, CASE el Auto de Vista impugnado Nº 140 de 1º de septiembre de 2016 de fs. 687 a 690 y Auto complementario N 227 de 14 de septiembre de 2016, declarando probada la excepción de prescripción opuesta respecto del pago doble de aguinaldo de las gestiones 2003 al 2006 y pago de bono de antigüedad de 2003 al 2010 a favor de Mario Campos Barrera, declarando IMPROBADA la demanda respecto de estos puntos.
Contestación al primer recurso de casación en el fondo:
El escrito de fs. 738 a 740, de respuesta al recurso de casación, fundamentó lo siguiente:
1.- Afirma que la entidad recurrente hubiese fundamentado que no se habría resuelto la excepción de prescripción de manera oportuna, sin embargo este aspecto al constituir un error in procedendo, debió fundamentarse en un recurso de casación en la forma y no en el fondo, evidenciando el incumplimiento del art. 274 –I del Cód. Proc. Civ., por consiguiente el recurso debe declararse improcedente.
2.- Respecto de la presunta procedencia de la prescripción opuesta, alegó que se encuentra desvirtuada en mérito a documentación que cursa en obrados, conforme al siguiente detalle:
a) Con relación a los aguinaldos devengados a Mario Campos Barrera, esta prescripción fue interrumpida mediante la nota que cursa a fs. 264, por consiguiente, no puede aplicarse esa prescripción prevista en el art. 120 de la LGT, en virtud del art. 126 del CPT.
b) Respecto de Gloria Isabel Leaños de Franco, se había argumentado que existiese una interrupción laboral desde de diciembre de 1996 a julio de 1999, conforme demuestra el documento de fs. 11, empero por las planillas de fs. 213 a 217, se acreditó que no es evidente dicha interrupción, documento que es concordante con el certificado de fs. 04 que concluyó que no hubo interrupción laboral desde 01 de enero de 1981 al 19 de mayo de 2005.
c) En cuando a la prescripción de los derechos de Beatriz Suárez Seoane, respecto del periodo 01/06/1981 al 31/03/86 por la presunta interrupción ocurrida en esta última fecha, conforme evidencia el documento de fs. 44, empero este hecho se encuentra desvirtuado mediante la boleta de fs. 222 y el certificado de fs. 36, que acreditan que ese mes se canceló su salario y que no existió interrupción laboral desde el 26 de noviembre de 1979 al 30 de julio de 2008.
Demostrándose en base a estas pruebas y en virtud a los principio de eficacia y verdad material, previstos por el art. 30 numerales 7 y 11 de la Ley del Órgano Judicial (L0J), que es inexistente esa prescripción indebidamente alegada.
3.- Respecto del pago del bono de antigüedad a favor de Mario Campos Barrera, este hecho, no habría sido objeto de impugnación en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia y por ello no puede ser motivo del recurso de casación.
Por otra parte se alegó que ese pago fue considerando el 100% del Salario Básico, como base de cálculo, en lugar de los tres salarios mínimos previsto por el art. 60 del D.S. Nº 21060; sin embargo, este aspecto no se consideró en el Auto de Vista, sólo se confirmó lo ordenado en la Sentencia, en la que se fundamentó que ese pago se efectúa conforme a dicha norma, implicando que sobre este tema no existe ningún agravio.
Concluyó solicitando que este tribunal emita Auto Supremo, declarando IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 706 al 711 y que se CASE el Auto de Vista de fs. 687 a 690 y Auto Complementario de fs. 693, en virtud al recurso de casación presentado por los demandantes que cursa de fs. 718 a 723, debiendo declarar PROBADA la demanda de fs. 104 a 111 en todas sus partes.
Fundamentos del segundo recurso de casación en el fondo:
El apoderado de los demandantes, en su escrito de fs. 718 a 723 vta., fundamentó en el fondo lo siguiente:
1.- Denunció la violación de los arts. 115-II y 119-II de la CPE, que garantizan el derecho a la defensa, la vulneración de los principios de idoneidad, legalidad y verdad material previstos por los arts. 3 núm. 6 y 30 núm. 6 y 11 de la LOJ, y de la jurisprudencia contenida en los AS Nos. 213 de 05 de julio de 2011 y 31 de 26 de octubre de 2006, porque pese a que el Juez de primera instancia declaró probada su demanda, en el auto de vista, eludiendo ponderar las pruebas de cargo y revocó la sentencia y declaró improbado el derecho al pago de la indemnización y otros derechos demandados, sustentando su relación únicamente en el informe de fs. 130 a 132, prescindiendo de la prueba de cargo que ha sido presentada y que demuestra que sus representados mantuvieron dos relaciones laborales diferentes, que han sido reconocidas por la Resolución Rectoral Nº 007/2007 de 19 de enero, cursante a fs. 286-288, ratificado por la Comunicación Interna de fs. 289, emitida por el Jefe de Recursos Humanos de la Universidad demandada y el Informe Legal del Jefe de Asesoría Legal de la misma Universidad, que cursa de fs. 290 a 291, que instruyen la liquidación de los beneficios sociales de manera separada, documentos que constituyen plena prueba, conforme establece el art. 159 del CPT, y que demuestran que en el caso presente se han prescindido de elementos probatorios fundamentales de fs. 01 a 103 y de fs. 212 A 293, en aplicación de los arts. 149 y 151 del CPT, entre las que se encuentran los documentos citados supra, que han sido omitidos en su valoración y que ocasiona un quebrantamiento inmediato y directo de dicha garantía constitucional a la defensa y los aludidos principios, debiendo CASAR el auto de vista y declarar probada la demanda.
2.- Denuncia la errónea aplicación de los principios de verdad material y primacía de la realidad, contendidos en los arts. 30 núm. 11 de la LOJ y 4 –I inc. d) del D.S. Nº 28699, incurriendo en la causal de casación prevista por el art. 271-I del Cód. Proc. Civ., porque el auto de vista recurrido no funda su fallo en la valoración y compulsa de las pruebas, al sustentarse únicamente en el informe de fs. 130-132, elaborado tres meses después de haberse presentado la demanda, aplicando erróneamente dichos principios al efectuar una cita del indicado informe que contraviene los parámetros del AS Nº 195 de 27 de mayo de 2011, respecto de la prueba introducida legal y oportunamente.
Además considera que se vulneraron dichos principios al no fundamentar el caso en los hechos verdaderamente acontecidos, conforme ocurrieron, que es que muchos trabajadores administrativos, ejercieron la docencia en su tiempo libres, reconociéndose que son actividades diferentes con un solo empleador, con remuneraciones independientes y por ello se estableció que el pago de sus beneficios sociales, se realizaba de manera separada e independiente, al tratarse de relaciones laborales con diferentes características, aspectos reconocidos por la Universidad demandada, antes del inicio del presente proceso, por la Resolución Rectoral, la Circular e Informe Legal citados precedentemente, por eso solicitó que este tribunal case el auto de vista y falle en lo principal declarando probada la demanda laboral.
3.- Por último fundamentó la errónea interpretación de los arts. 13 y 15 de la LGT, citando como antecedente previo al respecto que la Universidad demandada, admitió la existencia de dos relaciones laborales, para impedir que los docentes alegaren que su trabajo implicaba horas extras, conforme establece el art. 55 de la LGT, al ser ejercidas luego de sus ocho horas de jornada laboral como administrativos, hecho reconocido mediante la jurisprudencia contenida en el AV Nº 439 de 03 de agosto de 2004 y AS Nº 403 de 08 de septiembre de 2008.
Pues el auto de vista estableció que los beneficios sociales, solo deben cancelarse cuando existe una desvinculación laboral total y definitiva del trabajador, pese a que en estas normas no se establece la existencia de ese requisito, solo exige que exista un despido sin causa justa, evidenciando una incorrecta y forzada interpretación de las indicadas normas, porque demostraron que existió un despido injustificado o la renuncia voluntaria, debiendo interpretarse estas normas a favor del trabajador en virtud al principio in Dubio Pro Operario, contenido en el art. 4-I inc. a) del D.S. 28699 de 1º de mayo de 2009, advirtiendo que no se consideró la prueba de cargo acumulada al expediente, descrita en el punto precedente.
Para cuyo efecto presenta el recurrente un detalle de las fechas de extinción de las relaciones laborales de los siete demandantes, concluyendo que si existió una extinción de la relación laboral, entre los demandantes y la Universidad demandada, respecto del despeño como personal administrativo.
Solicito que se emita Auto Supremo CASANDO el Auto de Vista recurrido de fs.-687-690 y se declare PROBADA la demanda laboral de fs. 104 a 111, conforme a las normas citadas en su recurso.
Contestación al segundo recurso de casación en el fondo:
El representante de la Universidad demandada, mediante escrito de fs. 730 a 735, respondió al recurso de casación en el fondo, promovido por el apoderado de los demandantes, escrito en el que luego de relacionar los antecedentes del expediente, los fundamentos del recurso de casación, afirmó que el recurso debe declararse improcedente, al incumplir las previsiones del art. 274 del Cód. Pro. Civ., aplicable al caso presente, por determinación de su Disposición Transitoria Sexta, afirmando que el recurrente habría incumplido las previsiones del art. 271-I del indicado Código, concluyendo que no se ha especificado las causales específicas de casación, fundamentando:
1.- Que no se ha identificado cómo y cuándo se habría dado la omisión en la valoración de la prueba y tampoco se identificó error de hecho o de derecho en dicha apreciación; que el planteamiento, respecto de la aplicación errónea de los principios de verdad material y primacía de la realidad, es defectuoso e incoherente, porque no se identificó si se trata de interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, evidenciando que incumple los requisitos para la formulación del recurso. Por último, respecto a la errónea interpretación de los arts. 13 y 15 de la LGT, no se explicó adecuadamente la doble relación laboral, presentando argumentos inconsistentes, además de no haberse precisado en qué consiste esa interpretación errónea.
2.- Fundamenta que las relaciones laborales se sujetan a las normas vigentes, en el marco de los arts. 48-I de la CPT y 1º de la LGT y que estas relaciones se encuentras sujetas a las características esenciales previas por el art. 1º del D.S. Nº 23570, ratificado por el art. 2 del D.S. Nº 28699, normas que reconocen la unicidad de las relaciones laborales, resultando inviable que exista doble relación laboral.
En el caso presente no se ha precisado cómo y de qué manera se habría constituido esa falsa y errónea hipótesis de la doble relación laboral, pues no pudieron -dice- identificar cuáles son las normas que sustentan esa doble relación laboral.
3.- Afirma que carece de valor jurisprudencial el AS Nº 403 de 08 de septiembre de 2008, que habría declarado improcedente el recurso de casación interpuesto contra el auto de vista, dentro del proceso laboral seguido por Dionisio Rivas Brito contra la misma Universidad ahora demandada, porque esta determinación no ingresó al fondo de los reclamos, por el incumplimiento de los requisitos formales para su procedencia previstos por el art. 258-2) del Cód. Pdto. Civ; es decir, no se analizó la problemática objeto del presente proceso.
4.- Por último, luego de transcribir los fundamentos del AS Nº 263 de 25 de julio de 2016, afirmó que contiene datos similares al presente proceso, en el que se desestimó la pretensión del actor, al haberse acreditado que la relación laboral no se encontraba extinguida, porque el demandante Hugo Franco Paniagua, continuaba ejerciendo las funciones de docente en la aludida Universidad.
Al considerar que no se cumplió los requisitos previstos por el art. 220-I-4 del Cód. Proc. Civ., pidió se declare improcedente el recurso formulado, valorando además el AS Nº 263 citado precedentemente.
Que, así expuestos los fundamentos de los recursos de casación, para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:
RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO DE FS. 706 a 711:
La prescripción de los derechos laborales, antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado, a partir del 07 de febrero de 2009, se extinguían por transcurso del tiempo a los dos años de hacerse exigibles, conforme determinaban los arts. 120 de la LGT y 163 de su D.R., y para impedir esa extinción, el interesado, debía activar su reclamo mediante cualquier medio idóneo y antes del vencimiento de dicho plazo, conforme establece el art. 126 del CPT, es decir esa interrupción se realiza por cualquier acto idóneo documentado que pueda acreditarse ante la autoridad jurisdiccional o administrativa, según corresponda, interrupción que implica el inicio de un nuevo periodo de prescripción quedando sin efecto el transcurrido anteriormente.
Sin embargo, ahora, en mérito a la aplicación del art. 48-IV de la CPE, todos los derechos laborales en general son imprescriptibles, que se aplica a partir de la vigencia de dicha norma, habiéndose entendido en mérito a la interpretación constitucional de dicha norma que abarca a todos los derechos que se encontraban vigentes dos años antes a la publicación de la misma; es decir desde el 07 de febrero de 2009.
Por último corresponde puntualizar que, si existiesen derechos laborales que se encuentran pendientes de reconocimiento judicial, pero que son anteriores a la fecha indicada líneas arriba, se consideran imprescriptibles, si existió dentro de ese periodo una interrupción de la prescripción conforme a las modalidades descritas, dentro del plazo aludido; o que la relación laboral se mantuvo ininterrumpida hasta los dos años anteriores a la publicación de la Constitución, debiendo el juez o tribunal encargado del caso identificar los derechos y establecer los plazos correspondientes, para concluir si corresponde o no el reconocimiento de los mismos o por el contrario declarar su prescripción, de manera fundamentada, en aplicación de las normas que regían en cada oportunidad.
2.- Respecto del Bono de Antigüedad, evidentemente algunas instituciones públicas y empresas privadas, habían establecido modalidades diferentes para establecer su cálculo, modalidades, que en aplicación del principio de los “derechos consolidados”, se mantuvieron respecto de los trabajadores y empleados que se encontraban ejerciendo sus funciones, durante la vigencia de esas norma; empero, al momento de promulgarse los D.S. Nos. 21060 de 29 de agosto de 1985 y 21137 de 30 de noviembre del mismo año, se instituyó una modalidad única de calcular el bono de antigüedad, estableciéndose porcentajes en mérito a los años de trabajo, que deben ser liquidados, considerando tres salarios mínimos para trabajadores de empresas productivas, en mérito a la disposición complementaria contenida en el D.S. 23474 de 20 de abril de 1993 y un salario mínimo respecto de empleados o funcionarios de instituciones públicas.
Por último respecto a que, al momento de liquidarse un derecho laboral establecido a favor de un trabajador, en el que se hubiese incurrido algún error de guarismo, como por ejemplo el de no haberse deducido pagos a cuenta de los mismos, éstos en aplicación del art. 226-II del Cód. Proc. Civ., aplicable al caso presente por la permisión de la norma remisiva prevista por el art. 252 del Cód. Proc. Trab., al ser la única norma adjetiva civil vigente en este momento, pueden ser enmendados aún en ejecución de sentencia.
En el caso presente la Universidad demandada, alegó dos causales de casación, la primera se refiere que presuntamente no corresponde el reconocimiento de los derechos establecidos en el Auto de Vista, respecto al pago del pago de aguinaldos devengados, por encontrarse prescritos y la segunda que al momento de liquidarse el bono de antigüedad, se habría incurrido en error al aplicar una norma diferente a la vigente y que no se habrían reconocido un pago a cuenta de este concepto.
1.- Conforme se tiene relacionado, los derechos laborales son imprescriptibles, salvo que se hubiesen adquirido antes de los dos años a la vigencia de la actual Constitución y que en ese periodo el trabajador no hubiese activado algún mecanismo de interrupción.
Este argumento no se refiere, en el caso concreto a un presunto error in procedendo, para determinar la nulidad de obrados, por falta de pronunciamiento, como erróneamente puntualizó el apoderado de los actores en su escrito de respuesta, la prescripción fue resuelta, tanto por el juez a quo, como el tribunal ad quem y si bien de manera errónea el primero de los aludidos, declaró probada esa prescripción respecto a horas extras, que no eran motivo del proceso, empero se considera que habría sido subsanado en apelación, cuando el tribunal de alzada, se refirió a todos los derechos objeto de controversia y sólo ordenó el reconocimiento de algunos de esos derechos.
Por otra parte, respecto de los indicados aguinaldos devengados, conforme se demostró mediante la nota que cursa a fs. 264, presentada por Mario Campos Barrera, se interrumpió la prescripción respecto de los aguinaldos correspondientes a las gestiones 2005, 2006, empero no así respecto de los aguinaldos devengados correspondientes a las gestiones 2003 y 2004, pues estos derechos no fueron reclamados dentro de los dos años previstos por los arts. 120 de la LGT y 163 de su D.R., evidenciándose por consiguiente, que el fallo de vista, no realizó una adecuada ponderación de las normas que regían los actos objeto de juzgamiento, circunstancia que debe ser enmendada, puesto que se ordenó el pago del aguinaldo, correspondiente a las indicadas gestiones de 2003 y 2004, que por el transcurso del tiempo, se han extinguido, al no haber activado el indicado funcionario los reclamos oportunos, mediante los mecanismos idóneos, conforme se estableció líneas arriba.
Evidentemente en la primera parte del recurso de casación objeto de examen, se alude a que presuntamente el tribunal de alzada no habría reconocido indebidamente derechos laborales a favor de los otros demandantes (Beatriz Suárez Seoane y Roberto Alejandro Vargas Gámez; empero, respecto de estos trabajadores, en el recurso no cursa ningún fundamento que sustente su pretensión, aspecto que impide a este tribunal pronunciarse sobre esa cita efectuada en el recurso.
2.- Respecto del pago del bono de antigüedad, revisando los antecedentes, se establece que se aplicó al trabajador Mario Campos Barrera las disposiciones previstas por los D.S. Nos. 21060 y 21137, por consiguiente, considerando la fecha de ingreso a este funcionario, no se aplican en su favor como derecho presuntamente consolidado la modalidad de liquidación del bono considerando el salario básico, hecho que además fue implícitamente admitidas en la demanda y consolidada en el Auto de Vista impugnado.
Sin embargo, se identificó que no se habría descontado un pago a cuenta de Bs. 3.201,20 que se encuentra debidamente reconocido en el memorial de demanda (fs. 110 vta.), por consiguiente corresponde ser enmendado este error, descontando este pago a cuenta a los Bs. 10.896,78 liquidados en el Auto de Vista., correspondiendo únicamente el pago de Bs. 7.695,58, más las actualizaciones de ley.
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO DE FS. 718 a 723:
1.- Los arts. 115-II y 119-II de la CPE, consagran el derecho a la defensa, que constituye un derecho fundamental reconocido a favor de las personas, físicas o jurídicas, para hacer prevalecer con plenas garantías de igualdad e independencia, sus argumentos y pruebas, ante un órgano de justicia, respecto de los cargos que se le imputan.
Este derecho se reconoce y aplica en los diferentes ámbitos jurisdiccionales y en todas las fases de los procesos, para evitar desequilibrios en la situación procesal e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión. Mientras que el derecho a la tutela judicial efectiva es la potestad que tiene toda persona, para promover la actividad jurisdiccional, buscando que se reconozca alguna pretensión deducida.
Este derecho busca garantizar un mecanismo eficaz que permita reestablecer una situación jurídica vulnerada, estando integrado por el derecho de acceso a la justicia; el derecho a la gratuidad de la justicia; el derecho a una sentencia sin dilaciones indebidas, emitida de manera oportuna, fundamentada en derecho y congruente; derecho a la tutela cautelar y a la garantía de la ejecución adecuada del fallo a ser emitido.
Habiéndose establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, los elementos de este derecho:
“1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción; es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho”.1
2.- Por otra parte, los principios de verdad material y primacía de la realidad, reconocidos en los arts. 48-I y 180-I de la CPE, y desarrollados en los arts. 30 núm. 11 de la LOJ y 4 –I inc. d) del D.S. Nº 28699, establecen que la administración de justicia en general, se debe sustentar en la verdad de los hechos acreditados en el curso del proceso, prescindiendo de ritualismos procesales innecesarios, conforme este tribunal ya estableció en casos similares cuando determinó que:
“Una de las principales reformas a la administración de justicia, se produjo a través del reconocimiento y mandato constitucional de prevalecer a la verdad material sobre la verdad formal; así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la LOJ, establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los acontecimientos suscitados, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia”.2
3.- La indemnización de los beneficios sociales, se debe realizar cuando concluya la relación laboral al que estaba sujeto el trabajador, independientemente a la modalidad de esa conclusión, es decir, sea mediante despido intempestivo, retiro voluntario, quiebra o muerte del empleador y dentro de los 15 días siguientes a ese acaecimiento de conclusión de la relación laboral, conforme establecen los arts. 13, 15 de la L.G.T. y 9-I del D.S. Nº 28699.
Por otra parte la “ficción” de una doble relación laboral que mantuviesen algunos trabajadores, con relación a un mismo empleador, surge cuando una persona realiza para un mismo empleador, actividades diferentes, pero perfectamente compatibles y nítidamente separables e identificables una de otra y en mérito a regímenes laborales de horario, modalidad de pago y tipo de trabajo diferentes entre una y la otra.
Consiguientemente en este caso, nos encontramos frente a dos relaciones jurídicas distintas, si bien ambas son de carácter laboral, empero cada una de ellas es independiente de la otra, por la naturaleza de las actividades a ser realizadas por una misma persona, siempre y cuando, en mérito a la normativa que rige esa relación laboral, ya sea de carácter privado o de carácter público, no sean incompatibles entre sí y no se encuentren prohibidas por la ley.
En consecuencia, cuando se suscite este tipo de doble relación o doble vínculo laboral, corresponderá al juez de la causa, identificar y reconocer en cada caso, la existencia y legalidad de esa doble relación laboral y si existe, debe en su caso ordenarse el pago de los beneficios sociales y derechos adquiridos, de manera separada para cada una de las relaciones laborales, sin que se pueda afectar los derechos de la segunda relación laboral.
Por último, es evidente existe la prohibición expresa prevista por el art. 36 del D.S. Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, para cancelar beneficios sociales de manera anticipada a funcionarios o empleados de empresas públicas o entidades públicas que se encuentren sujetas a la Ley General del Trabajo, prohibición que se refiere a que no pueden cancelarse de manera anticipada todo o parte de los beneficios sociales de un funcionario cuya remuneración emerja del Tesoro General del Estado, conforme refirió el AS Nº 263 de 25 de julio de 2016, emitido por este mismo tribunal, cuando resolvió el recurso de casación en el fondo promovido por el trabajador Hugo Franco Paniagua, contra el Auto de Vista Nº 226 de 01 de septiembre de 2015, dentro del proceso laboral de reliquidación de beneficios sociales interpuesto contra la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
En dicha resolución se determinó que resultaba infundada la pretensión del actor, cuando solicitó la reliquidación de sus beneficios sociales, respecto de la función de empleado administrativo de la Universidad al mantener su relación de docente en la misma Universidad.
Empero en dicho proceso no se fundamentó ni resolvió la temática de la doble relación laboral, sino la reducción salarial que motivó el retiro indirecto alegado por el demandante, quien evidentemente dejó de ejercer las funciones de empleado administrativo, manteniendo las de docente.
En el caso presente se evidencia que se trata de una situación jurídica similar; sin embargo, en autos se ha analizado y dilucidado la permisión de la doble relación laboral hecho que no fue alegado ni dilucidado en el proceso objeto de análisis jurisprudencial, al verificarse además que en ese proceso se solicitó la recalificación de beneficios sociales, mientras que en el caso presente se trata de una solicitud de liquidación y pago de los mismos conceptos.
Por consiguiente, se establece que la presente resolución, constituye una modulación de la anterior resolución inserta en el AS Nº 263 de 25 de julio de 2016, en el que, actualmente se incluye como problemática del caso la doble relación laboral y el consiguiente reconocimiento de los derechos laborales de una relación laboral concluida, pese a mantenerse vigente la segunda relación laboral, que tiene su propia normativa y modalidades internas.
Además que esta modulación de esa jurisprudencia, implica retornar a una anterior línea jurisprudencial emitida por este Tribunal en el que se estableció la permisibilidad de la liquidación y el pago de los beneficios sociales a funcionarios universitarios administrativos, que persistían en su relación de dependencia, como docentes de esa Casa Superior de Estudios, cuando se afirmó: “ que la prestación de servicios si bien lo hizo para un solo empleador, pero en secciones distintas de la Universidad Mayor de San Simón, tanto en la parte administrativa como en la docencia, desempeño laboral que en el marco del Estatuto de la entidad educativa que corre a fs. 58-65, no se encuentra prohibida, pues el desempeño de la primera actividad no importa la exclusión de la segunda, además que nunca se ha demostrado la incompatibilidad de horarios para su ejercicio y que encuentran su protección en los arts. 5 y 7-j) de la C.P.E. de 1967, que reconocen el derecho a una remuneración justa, pues no se reconoce ningún género de servidumbre”3.
Revisado detenidamente el recurso de casación en el fondo de fs. 718 a 723 vta., promovido por el apoderado de los demandantes, este tiene tres puntos o acápites que se encuentran entre lazados entre sí, y que convergen en el reconocimiento de los derechos demandados, al haberse acreditado -según ellos- los fundamentos de su demanda, denunciando la violación de normas constitucionales, la errónea apreciación de la prueba al incumplir principios que rigen su apreciación y la errónea interpretación de normas de la Ley General del Trabajo.
1.- En ese entendido, se advierte, respecto del primer punto que, conforme se refirió líneas arriba, cuando se relacionó la Doctrina Legal que se aplica al caso presente, que el derecho a la defensa se encuentra consagrado a favor de los demandados, denunciados e imputados, contra quienes se ha iniciado una acción, para que con la intervención de una autoridad competente reconozca en su contra algunas obligaciones o prestaciones, o se imponga una sanción por la comisión de una falta o un delito.
Por ello, al advertirse que los recurrentes, primero de manera personal activaron el presente proceso, cuyo trámite continuaron con la intervención de su abogado apoderado, por consiguiente, no fueron demandados, sino demandantes y por eso es que no les tutela el derecho a la defensa, consagrado en los arts. 115-II y 119-II de la CPE, sino por el contrario les corresponde el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, porque se encuentran en una situación jurídica de activar la administración de justicia, para que se les reconozca un derecho que consideran se debe reconocer en su favor, derecho que se encuentra consagrado por los arts. 14-III, 115-I, 119-I y 120-I de la CPE.
En ese entendido se concluye que los actores, ahora recurrentes al amparo del derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, pretenden en este proceso que se les reconozca el pago de sus beneficios sociales demandados; empero, se advierte que respecto al derecho a la defensa, en el Auto de Vista impugnado no se incurrió en violación a su “derecho a la defensa”
Por otra parte, se verificó que el tribunal de alzada, identificó un documento que consideró importante o fundamental para resolver el presente proceso, consistente en el informe Nº 015/2013 de 05 de marzo del 2013 cursante a fs. 130-132 de obrados y la confesión o reconocimiento espontáneo contenido en la demanda, respecto a que todos los demandantes continúan siendo funcionarios dependientes de la Universidad demandada, pero ya no como administrativos, sino como docentes.
Esta prueba evidencia la verificación de los datos insertos en el expediente que fueron analizados por el tribunal de alzada, pero que conforme establece el art. 158 del Cód. Proc. Trab., es evidente que no existe prueba tasada en materia laboral, sino que el juez debe formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito.
Por ello es que se concluye que si bien existe ese documento que evidencia la subsistencia de la relación de dependencia de los actores con la Universidad demandada; sin embargo, este hecho de ninguna manera desvirtúa que respecto de los primeros, se mantuvo una doble relación laboral, que debió ser reconocida en su correcta dimensión al momento de resolver la causa.
2.- La verdad material y el principio de primacía de la realidad, respecto del caso presente demuestran que ciertamente los actores, mantenían una doble relación laboral, conforme se acreditó por la abundante prueba cursante en obrados y que además fue reconocida por la misma entidad demandada al momento de emitir la resolución Rectoral Nº 007/2007 de 19 de enero de 2007, cursante a fs. 287 a 288 de obrados y que lamentablemente el tribunal ad quem, no consideró al emitir su resolución de vista, hecho que además, conforme refiere el recurso de casación objeto de resolución fue expresamente reconocida por la Jefatura de Recursos Humanos de la Universidad, mediante Comunicación Interna, cursante a fs. 289 de obrados y el Informe Legal del Jefe de Asesoría legal de la misma Universidad, cursante de fs. 290 a 291 de obrados, que demuestran y ratifican la existencia de esa doble relación laboral y que cada una tenía un tratamiento diferenciado en todos los aspectos administrativos, de remuneración, horarios y especialmente liquidación y pago de los beneficios sociales.
3.- Por último, en merito a los fundamentos expuestos precedentemente se advierte que es verdad que el Auto de Vista recurrido, incurrió en interpretación errónea de los arts. 13 y 15 de la LGT, porque determinó que no correspondía el pago de los beneficios sociales demandados, porque consideró que no se había concluido la relación laboral con la Universidad, al mantenerse esa relación como docentes.
Ya se ha explicado líneas arriba, que evidentemente, por la prohibición contenida en el art. 36 del DS Nº 21137, no puede cancelarse de manera anticipada los beneficios sociales de empleados y trabajadores de entidades y empresas públicas; empero, en el caso presente se ha demostrado que los demandantes, mantenían una doble relación laboral, cada una con características diferentes, tanto en horarios, importe de las remuneraciones, modalidades de trabajo y lógicamente la liquidación y pago por separado de sus beneficios sociales.
También se ha explicado que, evidentemente existe un proceso de reliquidación de beneficios sociales que hubiese tenido la misma problemática del presente caso, empero se ha establecido que en esa determinación no se analizó la temática de la doble relación laboral que ha sido acreditada en el curso del presente proceso, porque se mantenían diferentes planillas, boletas de pago, circulares y otros, conforme constan los documentos de fs. 1 a 103 y de 212 a 293 de obrados; aspecto que también se consideró al momento de emitirse el AS Nº 399 de 25 de octubre de 2010, relacionado líneas arriba.
Que, en el marco legal descrito, se advierte que el Tribunal de Alzada, evidentemente incurrió en infracciones legales al momento de tabular la prescripción de algunos derechos demandados y tampoco advirtió que en el caso presente, existía una doble relación laboral, que debía ser identificada y ordenada en su pago conforme a ley, correspondiendo, en consecuencia, aplicar el artículo 220-V del Cód. Proc. Civ., con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo, pues no puede dejarse pendiente el pago de estos derechos para el momento en el que concluya la otra relación laboral, pues al ser imprescriptibles los mismos, evidentemente pudieran ser objeto de liquidación y pago en esa oportunidad, pero implicaría un mayor gasto al Estado, por las actualizaciones que devengarían las mismas.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la Constitución Política del Estado y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial, N° 25 de 24 de junio de 2010, CASA el Auto de Vista Nº 140 de 012 de septiembre de 2016 cursante de fs. 687 a 690 de obrados y deliberando en el fondo, mantiene subsistente la Sentencia Nº 315 de 11 de agosto de 2015 (fojas 545 a 555), más su Auto Complementario Nº 1562 de 22 de octubre de 2015 (fojas 582 a 583), con la modificación que se declara PROBADA en parte la excepción perentoria de prescripción opuesta junto al memorial de respuesta a la demanda (fs. 178-186 vta.), respecto de los aguinaldos correspondiente a las gestiones 2003 y 2004 del demandante Mario Campos Barrera, que se encuentran prescritos.
Al haberse dejado sin efecto el Auto de Vista recurrido, ya no corresponde ordenar la rectificación del error correspondiente al descuento de los pagos a cuenta por bono de antigüedad, respecto a dicho demandante MARIO CAMPOS BARRERA, para cuyo efecto se establece a favor de este demandante la siguiente liquidación:
Indemnización por 8 años y 11 meses Bs. 43.788,41
Aguinaldos dobles gestión 2005-2006 Bs. 19.643,40
Bono de antigüedad de las gestiones 2003 -2010 Bs. 10.896,78
Menos pago a cuenta bono de antigüedad Bs. 3.202,00
Total Bs. 71.126,59
Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 y al ser ambas partes recurrente.
1 SCP 1898/2012 de 12 de octubre.
2 AS Nº 191, de 26 de junio de 2014, emitido por esta misma Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
3 AS Nº 399 de 25 de octubre de 2010 emitido por la Sala Social y Administrativa II de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

References: Resolución 
 Resolución 
in Dubio
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RESOLUCIÓN 
 Resolución 
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 resolución 
 artículo 220
 artículo 252
 artículo 184
 artículo 42