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LA PRUEBA POR INDICIOS Y SU DEBIDA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO PENAL (PERÚ)
Elky Alexander Villegas Paiva
El presente trabajo precisamente se ocupa de ello, exponiendo en su primer capítulo los alcances del derecho fundamental a la presunción de inocencia en el proceso penal, y cómo sus vertientes de regla de prueba y regla de juicio, respectivamente, exigen que exista una mínima actividad probatoria de carácter incriminatorio, la cual debe superar el estándar de “más allá de toda duda razonable” para poder emitir un fallo condenatorio.
Mientras que en el segundo capítulo se aborda el tema de la prueba de los enunciados de los hechos en el proceso penal, haciendo referencia a tópicos como el concepto de prueba, la finalidad de la misma, el objeto de prueba en el proceso penal, entre otros.
En el tercer capítulo se estudian los aspectos generales de la prueba indiciarla, partiendo por su definición, para luego tratar sus elementos. Aspecto que se complementa con lo desarrollado en el cuarto capítulo en donde analizamos los criterios para determinar el valor probatorio de la prueba por indicios. Todo este apartado se cierra con lo desarrollado en el capítulo cinco, en donde tratamos las figuras relativas que se deben considerar para evaluar la debida motivación de la valoración probatoria de la prueba por indicios.
Ahora hien, en lo que podríamos considerar una segunda parte del libro, -la cual está conformada por tres capítulos- analizamos el instituto de la prueba por indicios en figuras penales y procesales penales en concreto. Así, en el capítulo seis se desarrolla los presupuestos materiales de la prisión preventiva, en particular el fumus delicti comissi y el periculum in mora, y cómo pueden acreditarse a través de la denominada prueba indiciaria, es decir, cómo la prueba indiciaria puede determinar el grado de sospecha grave para la imposición de la prisión preventiva.
Del mismo modo, en el capítulo siete, se analiza el tema de la prueba indiciaria en los casos de violación sexual en donde solo se cuente con la versión incriminatoria de la víctima; de esta manera, se hace referencia a la necesidad de indicios que corroboren periféricamente dicha versión, o aun en situaciones más complejas, cuando existan distintas versiones de la víctima, alguna de signo incriminatorio y otra de corte retractatoria, debiendo determinarse el valor de cada una de ellas, sobre la base de los indicios periféricos que puedan existir alrededor de alguna de ellas.
Finalmente, en el último capítulo, esto es el capítulo octavo, se trata el delito de lavado de activos, y cómo este puede ser acreditado mediante prueba indiciaria, y a su vez como la actividad criminal previa también requiere de acreditación, la que puede darse, igualmente, a través de la prueba indiciaria.
Edition: Primera edición: abril 2019
Publisher: Gaceta Jurídica S.A.
ISBN 13: 978-612-311-626-2
Series: Gaceta Penal
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Y SU DEBIDAf^O TIVACIO N
EN EL PRO CESO PENAL
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POR INDICIOS
Y SU DEBIDA MOTIVACIÓN
Av. Angamos Oeste N“ 526, Urb. Miraflores
Miradores, Lima - Perú / *{01) 710-8900
© Elky Alexander Villegas Paiva
® Gaceta Jurídica S.A.
5450 ejemplares
2019-03895
ISBN: 978-612-311-626-2
31501221900302
D.Leg. N” 822
Diagramación de carátula: Martha Hidalgo Rivero
Diagramación de interiores: Nora Villaverde Soldevilla
G a c e t a J u r í d i c a S .A .
Av. Angamos Oeste N° 526, Urb. M iraflores
Miraflores, L ima - Perú
Central Telefónica: (01) 710-8900
E-mail: ventas@gacetajuridica.com.pe / www.gacetapenal.com.pe
Impreso en: Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L.
San Alberto N° 201, Surquillo
El 23 de diciembre de 2013 la Sala Penal Liquidadora de la Corte Supe­
rior de Justicia de Huánuco condenó a la señora Maíz León a dieciocho años
de pena privativa de la libertad por el delito de promoción o favorecimiento
al consumo de drogas mediante actos de fabricación. Para emitir dicho fallo,
se basó esencialmente en considerar como prueba suficiente el dar cuenta
de los diversos laboratorios rústicos de elaboración de PBC e IQPF, y de su
posterior destrucción e incineración. En lo que respecta a la vinculación de
la favorecida con el ilícito se precisa lo siguiente: Acta de registro domicilia­
rio y hallazgo de documentos de interés policial practicado a dichos labora­
torios rústicos, encontrándose en uno de los ambientes los DNI de otros dos
imputados en el mismo proceso, el DNI de Maíz León, así como una foto­
grafía donde aparecen estos tres procesados, incluida Maíz León.
Por su parte, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, a través del
R.N. N ° 689-2014-Huánuco, del 24 de noviembre de 2014, confirmó el
fallo aludido, sosteniendo principalmente que en el inmueble rústico donde
se hallaron las pozas de maceración, un laboratorio artesanal de pasta básica
de cocaína y droga, también se encontró una fotografía y un DNI de la refe­
rida procesada Maíz León. La sala sostiene que esa foto le corresponde, lo
que es de aceptar porque el Index A Quo es quien lo ha definido así al amparo
del principio de inmediación.
Para la citada Corte Suprema, Maíz León sostiene que perdió el DNI
en el año dos mil cuatro. El informe del Reniec refleja que sacó dos DNI en
dos oportunidades sucesivas: el siete de febrero de dos mil cinco y el trece de
abril de dos mil diez. Además, conforme a su ficha Reniec habitaba en Huá­
nuco, y pese a ello se ausentó, por lo que después de muchos años pudo ser
capturada. Sin embargo, no consta la realidad de la pérdida del DNI con la
denuncia correspondiente; y, además, la primera copia del DNI se refiere a
uno con caducidad el siete de febrero de dos mil seis. Al ser capturada esa
E lky V illegas Paiva / L a prueba por indicios y su debida motivación en el proceso penal
primera copia ya estaba caduca, pero obtuvo otro DNI recién el diecinueve
de abril del dos mil diez.
Por lo tanto, para la Corte Suprema no solo existe el DNI incautado
-si bien es cierto, ya caduco al momento de la intervención policial-, sino
también fotografías de la acusada, lo que revela una vinculación con quie­
nes aparecen en los demás documentos oficiales, asimismo, la identidad de
la fotografía con la imputada no puede ser enervada con un análisis mera­
mente documental de la Sala Penal Suprema, pues su examen requiere de la
inmediación personal y directa, privativa en este caso, del Tribunal Juzgador.
Además, el hecho de que no sea conocida en la zona de ubicación del predio
intervenido, en nada enerva lo ya expuesto.
Este caso llegó a sede del Tribunal Constitucional, el cual a través de la
STC Exp. N° 00491-2016-HC/TC-Huánuco, del 21 de setiembre de 2018,
declaró fundada la demanda de hábeas corpus, por considerar que no habría
motivado correctamente la suficiencia probatoria de la prueba por indicios.
Así, el supremo intérprete de la Constitución considera que la Sala Penal
Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huánuco no ha cumplido con
los estándares constitucionales mínimos para la valoración de la prueba indi­
ciarla en el caso de la recurrente, toda vez que no ha merituado los cuestionamientos formulados a la eficacia probatoria de los indicios hallados en su
contra, ni mucho menos ha explicitado su singular fuerza acreditativa (dada
su escasa pluralidad), ni la conexión lógica que vincularía a tales indicios con
la comisión del acto delictivo por parte de la favorecida.
El Tribunal Constitucional resalta que la Primera Eiscalía Suprema Penal
en el Dictamen N° 741-2014-1°ESP-MP, de fecha 17 de junio de 2014, que,
respecto al recurso de nulidad interpuesto a favor de Maíz León, precisó que
con relación al DNI de Maíz León, el Colegiado no ha valorado las alega­
ciones de la imputada quien refirió que había perdido dicho documento el
24 de diciembre de 2004 en el mercado de Huánuco y que después de dos
meses de la pérdida sacó un duplicado. Es el caso que esta versión ha sido
acreditada de manera indubitable (contra indicio), al haberse recepcionado
el informe del Reniec, que da cuenta de las fechas en las que se expidió el
referido DNI por vez primera y las posteriores expediciones de duplicados
o renovaciones; así tenemos que se registra como primera emisión el 7 de
febrero de 2000, luego una segunda emisión (duplicado) el 7 de febrero de
2005 y una última emisión el 13 de abril de 2010. Bajo estas consideraciones,
el hallazgo del DNI en el lugar de los hechos pierde virtualidad de indicio
probatorio al no permitir establecer un nexo causal consistente sobre la res­
ponsabilidad de la encausada.
Ahora bien, con relación a la fotografía hallada en el lugar de los hechos
donde, según el Colegiado, aparece la encausada con sus coprocesados, cons­
tituye un aserto que carece de consistencia probatoria por las siguientes razo­
nes: a) En la referida vista fotográfica se aprecia a un varón y dos féminas,
de estas dos, a simple vista, de la comparación con las fotos de los DNI de
la encausada en primer plano, no es posibfp afirmar de manera indubitable
que se trata de la imputada; tampoco ha sido sometida a peritaje para corro­
borar la identidad de las personas que aparecen en la referida foto; b) En
el supuesto negado de que una de las féminas se tratara de la imputada, no
permite inferir que se encuentre vinculada a la actividad ilícita, ello en razón
de que el contenido de la foto solo expresa una toma de tres personas en un
lugar rústico sin que se note algún hecho que revele algún indicio acerca de
la actividad proscrita que se le imputa. Bajo este contexto, tampoco resulta
válida la categoría de la prueba indiciaría otorgada por el juzgador.
Además, con relación al fallo de la Corte Suprema, el Tribunal Consti­
tucional sostiene que dicha instancia tampoco ha efectuado una valoración
de la prueba indiciaría acorde con los cánones constitucionales desarrolla­
dos hasta ahora. Si bien la sentencia absuelve parte de los cuestionamientos
formulados por la favorecida respecto del mérito probatorio de los indicios
hallados en su contra, no cumple con sustentar la singular fuerza acreditativa
de tales indicios (dada su escasa pluralidad) en el caso, ni la conexión lógica
que vincularía a tales indicios con la comisión del acto delictivo por parte de
la favorecida. El omitir estos requisitos en la valoración de la prueba indicia­
ría anula la legitimidad de su uso, pues se estaría partiendo de una presun­
ción de culpabilidad del imputado antes que de la presunción de inocencia.
Los argumentos a los que recurre dicha instancia para inferir la respon­
sabilidad de la recurrente -dice el Tribunal Constitucional- resultan insufi­
cientes, toda vez que para atribuir responsabilidad penal a un justiciable no
basta con descartar los contraindicios presentados por la parte imputada,
sino que luego de ello, corresponde al órgano jurisdiccional hacer explícita
la conexión lógica que vincula tales indicios con la comisión del acto delic­
tivo que se imputa, esto es, precisar qué regla de la lógica, máxima de la expe­
riencia o conocimiento científico le llevan a deducir que el imputado parti­
cipó en el ilícito, requisito que no se ha cumplido en el caso de autos y que
resulta más reprochable aún si se toma en cuenta que la Eiscalía Suprema
correspondiente advirtió los vicios de la sentencia recurrida en su oportuni­
dad, sin que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República haya expuesto las razones que la llevaron a apartarse del Dicta­
men N° 741-2014- 1°FSP-MP.
La narración in extenso de este caso, no deja lugar a dudas sobre la nece­
sidad e importancia de analizar y profundizar los estudios en torno a la valo­
ración y motivación que se hace -o que se debiera hacer- de la prueba por
indicios en el proceso penal.
El presente trabajo precisamente se ocupa de ello, exponiendo en su pri­
mer capítulo los alcances del derecho fundamental a la presunción de ino­
cencia en el proceso penal, y cómo sus vertientes de regla de prueba y regla
de juicio, respectivamente, exigen que exista una mínima actividad probato­
ria de carácter incriminatorio, la cual debe superar el estándar de “más allá
de toda duda razonable” para poder emitir un fallo condenatorio.
Mientras que en el segundo capítulo se aborda el tema de la prueba de
los enunciados de los hechos en el proceso penal, haciendo referencia a tópi­
cos como el concepto de prueba, la finalidad de la misma, el objeto de prueba
en el proceso penal, entre otros.
En el tercer capítulo se estudian los aspectos generales de la prueba indi­
ciarla, partiendo por su definición, para luego tratar sus elementos. Aspecto
que se complementa con lo desarrollado en el cuarto capítulo en donde ana­
lizamos los criterios para determinar el valor probatorio de la prueba por
indicios. Todo este apartado se cierra con lo desarrollado en el capítulo cinco,
en donde tratamos las figuras relativas que se deben considerar para evaluar
la debida motivación de la valoración probatoria de la prueba por indicios.
Ahora hien, en lo que podríamos considerar una segunda parte del
libro, -la cual está conformada por tres capítulos- analizamos el instituto de
la prueba por indicios en figuras penales y procesales penales en concreto.
Así, en el capítulo seis se desarrolla los presupuestos materiales de la prisión
preventiva, en particular el fumus delicti comissi y el periculum in mora, y
cómo pueden acreditarse a través de la denominada prueba indiciaria, es decir,
cómo la prueba indiciaria puede determinar el grado de sospecha grave para
la imposición de la prisión preventiva.
Del mismo modo, en el capítulo siete, se analiza el tema de la prueba
indiciaria en los casos de violación sexual en donde solo se cuente con la
versión incriminatoria de la víctima; de esta manera, se hace referencia a la
necesidad de indicios que corroboren periféricamente dicha versión, o aun en
situaciones más complejas, cuando existan distintas versiones de la víctima.
alguna de signo incriminatorio y otra de corte retractatoria, debiendo deter­
minarse el valor de cada una de ellas, sobre la base de los indicios periféri­
cos que puedan existir alrededor de alguna de ellas.
Finalmente, en el último capítulo, esto es el capítulo octavo, se trata el
delito de lavado de activos, y cómo este puede ser acreditado mediante prueba
indiciaria, y a su vez como la actividad criminal previa también requiere de
acreditación, la que puede darse, igualmente, a través de la prueba indiciaria.
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A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
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El derecho fundamental a la presunción de inocencia
EL PROCESO PENAL: FINALIDAD Y FUNCION
En tanto el Estado se ha arrogado, en monopolio, la facultad de ejercer
el ius puniendi -o el poder castigar- entonces tiene “el derecho y el deber”**'
de perseguir y sancionar, si fuere el caso, a quien haya realizado alguna con­
ducta antisocial de gravedad tal que hubiere alterado la convivencia social,
con la finalidad de mantener esta última*^'.
Ahora bien, en aras de asegurar no solo la persecución efectiva, sino
a su vez racional, del crimen y que el sujeto que haya cometido tal accio­
nar sea sancionado, y solo él, evitando que otras personas ajenas al ilícito
penal, es decir las personas inocentes, sean castigadas arbitrariamente*^', y
Cfr. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Vol. I. 6^ edición,
Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2014, p. 187; ARMENTA DEU, Teresa. Lecciones de Derecho
Procesal Penal. ID edición, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Sao Paulo-Buenos Aires, 2018, p. 32;
LOPES Jr., Aury. Fundamentos del proceso penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 50.
En palabras de Roxin: “Pues si el Estado prohíbe, por principio, las venganzas privadas y los duelos,
tan conocidos y usuales en la Edad Media, entonces nace para él, como reverso de una misma moneda,
la obligación de velar por sus ciudadanos y de crear disposiciones que posibiliten nna persecución y
juzgamiento estatales del infractor y que la paz social sea renovada a través de la conclusión definitiva
del procedimiento. (ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25“ edición alemana
por Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001, p. 2).
No se debe ignorar que el aumento de poder que el Estado recibió a través de la transmisión de la vio­
lencia penal puede significar también un gran peligro para aquel que, siendo quizá inocente, ha caído
en sospecha. Por ello, con la aparición de un derecho de persecución penal estatal, surgió también,
a la vez, la necesidad de erigir barreras contra la posibilidad del abuso del poder estatal. El alcance
de esos límites es, por cierto, una cuestión de la respectiva Constitución del Estado. Los límites a la
facultad de intervención del Estado, que deben proteger al inocente frente a persecuciones injustas
y afectaciones excesivas de la libertad, y que también deben asegurar al culpable la salvaguarda de
todos sus derechos de defensa, caracterizan al principio de formalidad del procedimiento. (ROXIN,
Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25“ edición alemana por Gabriela E. Córdoba y
Daniel R. Pastor. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001, p. 2).
E lky V illegas Paiva /
que finalmente el crimen quede impune, es que se hace necesario un pro­
ceso previo que, como mecanismo exclusivo y excluyente, permita la veri­
ficación de la hipótesis acusadora que sostiene que se ha cometido un deli­
to, y que contra quien se ha levantado la maquinaria punitiva del Estado, es
realmente quien cometió o perpetró tal ilícito, para que recién se imponga
y recaiga la sanción correspondiente'"'’ en la medida proporcional respetan­
do siempre la dignidad intrínseca del ser humano y evitando que sus dere­
chos sean vulnerados injustamente, y a su vez logrando la reparación inte­
gral del daño a la víctima del delito.
Bajo ese panorama, en un Estado constitucional de Derecho, se requie­
re un proceso previo con todas las garantías, que tiene por finalidad man­
tener la convivencia social'^’, al tener como una de sus funciones buscar la
verdad (esto es, verificar que el ilícito realmente ocurrió y determinar que
el procesado es realmente el responsable, en sentido jurídico-penal, de ello)
para recién poder aplicar la pena o medida que se merezca y sea necesaria,
protegiendo de igual manera los derechos de la víctima del delito.
Como señala Roxin, el Derecho Penal material establece los elemen­
tos de la acción punible y amenaza con las consecuencias jurídicas (penas y
Este aspecto es explicado por Jauchen de la siguiente manera; “El acaecimiento de un ilícito penal
importa una discordia en el seno del grupo social. La comunidad así resquebrajada necesita su resta­
blecimiento y ha convenido para ello que frente al delito debe sobrevenir la imposición de una pena.
Empero, la sanción no es, dentro del mentado convenio social, la consecuencia inmediata. Dentro
de la estructura que importa un mecanismo organizado de convivencia, resulta menester establecer
previamente la viabilidad de la pena, lo cual involucra la comprobación de que efectivamente se ha
vulnerado la normativa establecida, y de aquel a quien se pretende castigar ha intervenido en ese
Todo ello requiere, como se advierte, la necesaria consumación de ciertos procederes previos tendientes
a reconstruir, de algún modo, lo más perfectiblemente posible, el hecho pretérito que ha dañado el
orden social. Así, la fugacidad del acontecer humano, el cual raramente deja una impronta indubitable
que lo reproduzca fielmente, lleva forzosamente a quienes pretenden saber de lo acontecido a recurrir
a una variedad de medios indirectos que, de alguna forma podrán aproximarlo a su objetivo. Todo
este quehacer se desarrolla en el llamado juicio previo.
El juicio viene a configurar así un método preestablecido para procurar, en caso concreto, sin variar
dicho método y respetando las modalidades que en él se han convenido, la reconstrucción histórica
del hecho. Entendido modernamente como “proceso” en su integralidad, el juicio es inexorable. No
es posible la imposición de la sanción sin previo juicio. Entre la hipótesis de un suceso delictivo y su
eventual penalización se interpone el insoslayable proceso. Lo infranqueable de este puente se entiende
de inmediato si se advierte que la pretensión del restablecimiento del orden afectado por la ilicitud
presupone, precisamente, la preexistencia de un orden normativo convenido por la comunidad. Y,
entre lo preestablecido, cabe insistir, debe figurar el método del juicio: porque el proceso es la mayor
garantía de una comunidad organizada”. (JAUCHEN, Eduardo. Tratado de la prueba penal en el
sistema acusatorio adversarial. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017, pp. 15 y 16).
En parecido sentido, MONROY PALACIOS, Juan José. Bases para la formación de una teoría cau­
telar. Comunidad, Lima, 2002, p. 55, indica que el proceso se dirige hacia la búsqueda de un fin
trascendente de carácter abstracto al constituir la más importante contribución para el logro de la
paz social en justicia.
El derecho elosidamental a la presunción de inocencia
medidas) que están conectadas a la comisión del hecho. Para que esas nor­
mas puedan cumplir su función de asegurar los presupuestos fundamenta­
les de la convivencia humana pacífica es preciso que ellas no permanezcan
solo en el papel, en caso de que se cometa un delito. Para ello es necesario
un procedimiento regulado jurídicamente con cuyo auxilio pueda ser averi­
guada la existencia de una acción punible y, en su caso, pueda ser determi­
nada e impuesta la sanción prevista en la ley'®’.
Bajo este panorama, podemos señalar que la finalidad y las funciones
del proceso penal son las siguientes:
Empecemos señalando que la finalidad general del proceso penal de
un Estado constitucional de Derecho, se identifica con aquel objetivo remo­
to que persigue todo proceso, y en realidad el ordenamiento jurídico en su
conjunto o el Derecho en sí''^’, esto es la resolución de conflictos median­
te la emisión de un pronunciamiento jurisdiccional'®’ que brinde tutela a los
derechos, para lograr mantener la convivencia de los miembros de la socie­
dad'” . Esto se logra, por un lado, protegiendo a la sociedad de conductas
disfuncionales y, por otro lado, haciendo que la persecución contra el cri­
men sea racional, protegiendo los derechos fundamentales de las personas
sometidas a dicho proceso, y también protegiendo los derechos de las vícti­
mas de aquel delito.
En otras palabras, el proceso es el instrumento para lograr la efectiva
tutela jurisdiccional de los derechos. Y es que, desde este enfoque -el de un
proceso penal dentro del marco del Estado constitucional de Derecho- si
ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25“ edición alemana por Gabriela E. Cór­
doba y Daniel R. Pastor. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001, p. 1.
“Siendo una condición innata del ser humano el vivir en sociedad, solo en ella es posible que se de­
sarrolle material y espiritualmente; es también condición esencial que, para posibilitar y garantizar
la convivencia social pacífica, existan normas o reglas que pueden ser impuestas, si es necesario
coactivamente, a cada uno de los miembros integrantes de la sociedad (Derecho). (TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Introducción al Derecho. Teoría general del Derecho. 5“ edición. Instituto Pacífico,
Lima, 2015, pp. 57 y 58).
Cfr. ORE GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal peruano. Análisis y comentarios al Código
Procesal Penal. Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2016, pp. 35 y 41.
Como señala VOLK, Klaus. Curso fundamental de Derecho Procesal Penal. Traducción de la
7“ edición alemana por Alberto Nanzar, Noelia T. Núñez, Daniel R. Pastor y Eugenio Sarrabayrouse.
Hammurabi, Buenos Aires, 2016, p. 45: “El proceso penal se encarga de superar una perturbación
social, asegura la vigencia de las normas penales y alcanza de esta forma la paz jurídica. La sentencia
debe resolver el asunto. Por un lado, es cierto, debe ser posible revisar sentencias; por el otro, sin
embargo, no se logra nada procediendo interminablemente. De una vez por todas debe reinar, cuando
no la paz, al menos la calma”.
E lky V illegas Patva /
bien se busca la solución de los conflictos intersubjetivos, a través de la
sanción correspondiente, para lo cual se hace necesaria la búsqueda de la
verdad de lo acontecido, lo cierto es que con ello, por un lado se impide la
arbitrariedad de la actuación del ius puniendi, protegiéndose a los inocen­
tes de que sobre ellos recaiga la sanción penal, quedando el crimen impune,
y finalmente dando racionalidad o proporcionalidad a la persecución penal
y sanción a imponer, resguardando la dignidad y demás derechos del impu­
tado, así como también protegiendo los derechos de las víctimas, evitando
que sufran la llamada victimización secundaria y buscando la reparación de
los daños que hayan sufrido.
Ahora bien, para la consecución de ese fin último, debe cumplir a cabalidad con las funciones que le son asignadas, las que veremos a continuación:
2.1. La actuación del ius puniendi
El proceso es el mecanismo o instrumento que posibilita la declaración
de jurisdicción*'®’. Ahora bien, en el campo del proceso penal, es unánime
el criterio que sostiene que este es el instrumento que la jurisdicción tiene
para la exclusiva aplicación del ius puniendi del Estado, en otras palabras,
para la aplicación de la jurisdicción penal, es decir tiene como función la
aplicación o realización del Derecho Penal material*"’, ello en cuanto “no es
NIEVA FENOLL, Jordi. Derecho Procesal I. Jurisdicción. Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos
Aires, Sao Paulo, 2014, p. 62; MONTERO AROCA, Juan: “Lección duodécima: naturaleza y clases
de procesos”. En: MONTERO AROCA, Juan; GÓMEZ COLOMER, Juan Luis y BARONA VILAR,
Silvia. Derecho Jurisdiccional I. Parte general. 26“ edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 230.
Cfr. ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25“ edición alemana por Gabriela E.
Córdoba y Daniel R. Pastor. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001, p. 1; BAUMANN, Jürgen.
Derecho Procesal Penal. Conceptos fundamentales y principios procesales. Introducción sobre la base
de casos. Traducción de Conrado Finzi, Depalma, Buenos Aires, 1986, p. 2; LEVENE, Ricardo
(h.). Manual de Derecho Procesal Penal. Tomo I, 2“ edición. Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 219;
MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal, Tomo I, fundamentos 2“ edición, 3“ reimpresión. Editores del
Puerto, Buenos Aires, 2004, pp. 84 y ss.; BANACLOCHE PALAO, Julio y ZARZALEJOS NIETO,
Jesús. Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal. 4“ edición, Wolters Kluwer, Madrid, 2018,
p. 27; ASENCIO MELLADO, José-María. “El proceso penal con todas las garantías”. En: ASENCIO
MELLADO, José-María. Derecho Procesal Penal. Estudios fundamentales. INPECCP-CENALES,
Lima, 2016, p. 33; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Vol. I.
6“ edición, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2014, p. 187; ARMENTA DEU, Teresa. Lecciones
de Derecho Procesal Penal. 11“ edición, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Sao Paulo-Buenos Aires,
2018, p. 32; MORENO CATENA, Víctor y CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín. Derecho Procesal
Penal. 7“ edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 31; LOPES Jr., Aury. Fundamentos del proceso
penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 50; REYNA ALFARO, Luis Miguel. Manual de Derecho
Procesal Penal. Instituto Pacífico, Lima, 2015, p. 40; ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal
Penal peruano. Análisis y comentarios al Código Procesal Penal. Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2016,
posible la aplicación de la sanción sin previo juicio”*'^’, no es posible, pues,
la aplicación extrajudicial de la pena*'^’. En esta perspectiva se dice que todo
proceso penal sirve esencialmente para la actuación, en un caso particular,
de la ley penal sustantiva, la cual no contiene más que prescripciones abstractas*'"*’. Por lo tanto “el proceso es el instrumento exclusivo y excluyeme
a través del cual se ejercita la potestad jurisdiccional. No hay actividad ju­
risdiccional sin proceso; todo acto de ejercicio de aquella potestad se tradu­
ce siempre en actividad procesal”*'^’.
Por lo tanto, nadie puede ser penado, desde una lectura constitucio­
nal del proceso penal, sin que la presunción de inocencia haya sido desvir­
tuada, o en otras palabras sin que su culpabilidad haya sido concretamente
probada y declarada*'®’ -mediante sentencia debidamente motivada- por el
En ese sentido. Montero Aroca hace referencia a que el Estado tiene
un primer monopolio, el cual consiste en determinar en exclusividad el De­
recho Penal en general y su aplicación en el caso en concreto. Luego tiene
un segundo monopolio, el mismo que se manifiesta en que el Derecho Pe­
nal no puede aplicarse sino únicamente por los tribunales jurisdiccionales, y
que tal aplicación por estos organismos —y este sería el tercer monopolio es­
tatal- solo puede darse a través de un proceso, de modo que las penas solo
puedan imponerse al finalizar dicho proceso*'^’.
p. 36; SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal-Lecciones. INPECCP-CENALES,
Lima, 2015, p. 39.
JAUCHEN, Eduardo. Tratado de la prueba en materia penal. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002,
Al respecto señala BAUMANN, Jürgen. Derecho Procesal Penal. Conceptos fundamentales y princi­
pios procesales. Introducción sobre la base de casos. Traducción de Conrado Finzi, Depalma, Buenos
Aires, 1986, p. 5: “Casi siempre, la consecuencia jurídica contenida en la disposición jurídico-material
representa la puesta a disposición de un marco penal dentro del cual solamente el juez ha de elegir la
pena justa en el caso particular. En consecuencia, sin actividad judicial (en el procedimiento penal)
no existe ninguna consecuencia jurídica determinada. Por esta sola circunstancia, el derecho penal
material puede realizarse únicamente en el proceso”.
ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal peruano. Análisis y comentarios al Código Procesal
Penal. Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2016, p. 41.
SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal-Lecciones. INPECCP-CENALES, Lima,
2015, p. 4.
Cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Actualizado por Jorge E. Vásquez
Rossi. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 22.
Véase, MONTERO AROCA, Juan. Principios del proceso penal. Una explicación basada en la razón.
Astrea, Buenos Aires, 2016, pp. 15-20. También MONTERO AROCA, Juan; GÓMEZ COLOMER,
Juan Luis; BARONA VILAR, Silvia; ESPARZA LEIBAR, Iñaki y ETXEBERRÍA GURIDI, José.
Derecho Jurisdiccional III. Procesal Penal. 26“ edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 28-32.
Ahora bien, entiéndase que cuando se habla de “actuación” del tus puniendi no solo se refiere a la función de aplicación de la sanción penal úni­
camente a través del proceso penal, sino a la realización de todas las fun­
ciones del Derecho Penal materiah^^^, entre los cuales tenemos el resguardo
de bienes jurídicos, es decir, procura en última instancia a la realización de
protección de los derechos fundamentales de toda persona'^^», siendo que en
el proceso penal se buscarían tutelar los derechos tanto del imputado como
los del agraviado.
En este sentido, en el contexto jurídico propio de un Estado constitu­
cional de Derecho, donde se toma en cuenta un importante elenco interna­
cional de instrumentos de protección de los derechos humanos, se concibe
al proceso penal como un instrumento de garantía, de salvaguarda del régi­
men de valores, garantías y libertades fundamentales reconocidas en el ín­
terin de la aplicación del ius puniendP°\ Garantía, en primer lugar, para el
imputado o acusado en una causa penal que no va a poder ser condenado
sino en virtud de la destrucción del principio de presunción de inocencia a
través de un proceso con todas las garantías. Garantía, en segundo lugar,
para el resto de los ciudadanos que, en su caso, podrán ver realizado el de­
recho de castigar ante la existencia de un ilícito penal. Pero también ha de
ser garantía para las víctimas de los delitos que han de verse adecuadamen­
te protegidas y tuteladas en sus derechos^^*'.
Bajo esta perspectiva resulta válido sostener que el proceso penal ga­
rantiza el ejercicio legítimo del ius puniendi del Estado, legítimo en cuanto
Sostiene REYNA ALFARO, Luis. Manual de Derecho Procesal Penal. Instituto Pacífico, Lima,
2015, p. 40; que el Derecho Penal tiene como misión la protección de bienes jurídicos a través de la
prevención del delito. En esa línea, la imposición de una pena o medida de seguridad, constituyen
mecanismos orientados a dicha finalidad preventiva. Por otra parte, a través de la reparación civil
a favor de la víctima se alcanza una finalidad no poco trascendente en un Estado de Derecho: la
protección y reparación a la víctima del delito. El proceso penal es el instrumento a través del cual se
alcanzan dichas finalidades propias del Derecho Penal, en la medida en que en este se determina si el
hecho delictivo tuvo lugar, si el procesado es el responsable del mismo y cuáles son las consecuencias
jurídicas que corresponde imponer.
G ó m e z COLOMER, Juan Luis; BARONA VILAR, Silvia; ESPARZA
LEIBAR, Iñaki y ETXEBERRÍA GURIDI, José. Derecho Jurisdiccional III. Procesal Penal. 26“ edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 32, señalan que la función que cumplen los tribunales por
medio del proceso es la tutela de los derechos de las personas. De este modo, agregan, la función
del proceso penal, su objetivo último, es la tutela de los derechos y principalmente del derecho a la
Qr. GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho Procesal Penal. Colex, Madrid, 2004, p. 45; ASENCIO
MELLADO, José María. Derecho Procesal Penal. 2“ edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010; SOLÉ
RIERA, Jaume. La tutela de la víctima en el proceso penal. J.M Bosch, Barcelona, 1997, p. 12.
SANZ HERMIDA, Agata. La situación jurídica de la víctima en el proceso penal Tirunt lo Blanch
Valencia, 2008, p. 63.
se preserven los derechos fundamentales de todas las personas inmersas en
el proceso penaF^'.
2.2. La búsqueda de la verdad
En un Estado constitucional de Derecho, la aplicación de la ley penal
no puede imponerse de forma arbitraria o antojadiza, sino que, antes bien,
para que esta sea respetada como válida y justa es necesario que previamen­
te se haya comprobado la verdad de la hipótesis acusatoria, única posibili­
dad que permite desvirtuar la presuncióiT de inocencia y, por ende, emitir
una sentencia condenatoria contra quien efectivamente cometió (en sentido
jurídico-penal) el acto ilícito en cuestión.
Ahora bien, si partimos por tener en cuenta que la presunción de ino­
cencia exige que se condene solo a los culpables, a los realmente culpables,
entonces se deriva de ella la necesidad de que el proceso penal, y la prueba
que allí se actúa, persigan la verdad como uno de sus objetivos fundamen­
tales. Salvo que se tergiverse la noción de culpable, culpable es el que real­
mente ha cometido el hecho del que se le acusa. El proceso penal no preten­
de, por tanto, crear o constituir la culpabilidad del imputado, sino tratar de
descubrirla y declararla. Por ello, la verdad procesal o verdad judicial, si se
desconecta de la verdad empírica, atenta contra la presunción de inocencia* *.
Entonces bajo esta perspectiva queda claro que la búsqueda de la ver­
dad es una de las funciones esenciales del proceso penaF'*’ y es, pues, con­
dición necesaria para la emisión de una decisión justa*^^* en el marco de un
Véase: ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal peruano. Análisis y comentarios al Código
Procesal Penal. Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2016, p. 41.
GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. “Presunción de inocencia, verdad y objetividad”. En: La argumentación jurídica en el Estado constitucional. Pedro Grández y Félix Morales (editores). Palestra Editores,
Lima, 2013, p. 349.
i i -ra ji
Así, VOLK, Klaus. Curso fundamental de Derecho Procesal Penal. Traducción de la 7 edición alemana
por Alberto Nanzar, Noelia T. Núñez, Daniel R. Pastor y Eugenio Sarrabayrouse. Hammurabi, Buenos
Aires, 2016, p. 45; CHAIA, Rubén. La prueba en el proceso penal. Hammurabi, Buenos Aires, 2010,
p. 37; SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal-Lecciones. INPECCP-CENALES,
Lima’ 2015, p. 14; ASENCIO MELLADO, José-María. “El proceso penal con todas las garantías”.
En: ASENCIO MELLADO, José-María. Derecho Procesal Penal. Estudios fundamentales. INPECCPCENALES, Lima, 2016, p. 34.
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■Señala: TARUFFO, Michele. Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos. 1raduccion
de Daniela Accatino Scagliotti. Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2010, pp. 133 y 134.
“(...) una condición necesaria para la corrección jurídica de la decisión es que este fundada en una
determinación verdadera de los hechos del caso. Por una parte, porque es evidente que un sujeto es
efectivamente titular de un derecho solo si son verdaderos los hechos de los que depende en concreto
la existencia de ese derecho. Por tanto, una sentencia que afirma, respecto de un sujeto, la existencia
de un derecho, debe haber determinado de forma verídica la realización de todas las condiciones de
hecho -además de las del Derecho- necesarias para que se pueda sostener que ese sujeto es realmente
Estado constitucional de Derecho. Y se constituye, pues, en requisito sine
qua non para la aplicación de la ley penal sustantiva.
Pues como dice Ferrer Beltrán, la función principal del proceso judi­
cial estriba en determinar o considerar como verdadero la alegación sobre
la ocurrencia de determinados hechos a los que el Derecho vincula deter­
minadas consecuencias jurídicas y la imposición de esas consecuencias a los
sujetos previstos por el propio Derecho*^^’.
Ahora bien, aquí la verdad se entiende como correspondencia*^^^ entre
los datos fácticos que brindan los sujetos procesales al interior del proceso y
lo ocurrido en la realidad concreta*^®^ Cuando se sostiene que un enunciado
titular de ese derecho. Por otra parte, se debe tener en cuenta la estructura esencialmente condicional
de las normas que son objeto de aplicación. Simplificando un poco, se puede decir que en principio
cada norma prevé que las consecuencias jurídicas que ella dispone se produzcan si en el caso concreto
ha ocurrido un hecho que corresponde al “tipo” de hecho previsto en el antecedente de la misma
norma. Si H entonces CJ: si un hecho del tipo H ha ocurrido, entonces la norma se aplica y produce
en el caso particular las consecuencias jurídicas previstas”. Más adelante agrega que: “No es posible
hacer colapsar el razonamiento y reducir la justicia de la decisión a la corrección del procedimiento
del que ella se deriva. Si así fuera, nos encontraríamos de nuevo frente a una concepción meramente
procedural de la justicia, en la que no tendría ningún valor la calidad de la decisión final. El concepto
de “decisión justa” implica en cambio, como ya se ha dicho a propósito de la aplicación del principio
de legalidad a la decisión judicial, que la decisión sea tomada en cuenta en sí misma, distinguiéndola
del procedimiento del que representa el resultado y valorándola conforme a un criterio autónomo,
independiente del que se utiliza para evaluar la justicia del procedimiento. En otras palabras, la
justicia de la decisión no deriva exclusivamente de la corrección del procedimiento y no se agota en
esta, sino de la concurrencia de condiciones específicas. Estas condiciones pueden ser resumidas en
tres: a) que la decisión sea el resultado de un proceso justo, pues difícilmente sería aceptable como
justa una decisión producida en un proceso en el que hayan sido violadas las garantías fundamentales;
b) que haya sido correctamente interpretada y aplicada la norma que ha sido asumida como criterio
de decisión, pues -como hemos visto antes- no puede considerarse justa una decisión que no haya
sido dictada conforme a derecho, con observancia del principio de legalidad, y c) que se funde en
una determinación verdadera de los hechos de la causa, ya que -como también se ha dicho- ninguna
decisión es justa si se funda en hechos erróneos”. (TARUFFO, Michele. Simplemente la verdad.
El juez y la construcción de los hechos. Traducción de Daniela Accatino Scagliotti. Marcial Pons,
Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2010, pp. 135 y 136).
(26) FERRER BELTRAN, Jordi. La valoración racional de la prueba. Marcial Pons, Madrid-BarcelonaBuenos Aires-Sao Paulo, 2007, p. 29. Agrega el citado autor que: “Por todo ello, la prueba como
actividad tendría la función de comprobar la producción de los hechos condicionantes a los que el
derecho vincula consecuencias jurídicas o, lo que es lo mismo, determinar el valor de verdad de las
proposiciones que describen la ocurrencia de esos hechos condicionantes” (ídem, p. 30).
(27) Existen diversas teorías sobre la verdad, pueden mencionarse las siguientes: a) teoría de la corres­
pondencia, b) teoría de la coherencia, c) teoría de la evidencia, d) teoría convencionalista, e) teoría
pragmática. Un desarrollo de las mismas puede verse en: FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría
del garantismo penal. Traducción de Perfecto Andrés Ibáftez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos
Bayón Mohíno, Juan Terradillos Basoco y Rocío Cantarero Bandrés. Trotta, Madrid, 1995, p. 66
y ss.; TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Traducción de Jordi Ferrer Beltrán. 2“ edición.
Trotta, Madrid, 2005, p. 38 y ss.; GUZMÁN, Nicolás. La verdad en el proceso penal. Editores del
Puerto, Buenos Aires, 2006, p. 41 y ss.
(28) Acerca de la verdad como correspondencia, y tomando posición a favor de esta, véase: TARUFFO,
Michele. “Prueba, verdad y Estado de Derecho”. Traducción de Renzo Cavani. En: Constitucionalismo y
o una afirmación son verdaderos, quiere decir que aquello que tal afirma­
ción describe, ha ocurrido en la realidad. De modo que la verdad es una re­
lación de correspondencia o conformidad entre el lenguaje, por un lado, y
los hechos o la realidad, por el otro.
En el lenguaje ordinario, un enunciado verdadero es aquel que refle­
ja la realidad, que se corresponde con ella. Ahora bien, en el ámbito de la
ciencia, también puede afirmarse que decir que un enunciado es verdadero
implica suponer que se corresponde con la realidad. Si se llega a la conclu­
sión de que el mundo no es como se describía en la hipótesis científica, lo
que hay que cambiar es la hipótesis, no el mundo*^^’.
Lo mismo ocurre en el Derecho: cuando afirmamos que una recons­
trucción de un hecho es verdadera no queremos decir (o no solo queremos
decir) que sea coherente, que sea aceptable, que sea convincente o algo por
el estilo, sino que es una reconstrucción que probablemente refleja una apro­
ximación bastante a lo que realmente ocurrió. Si posteriormente llegamos a
la conclusión de que la reconstrucción era falsa, lo que hay que cambiar es
la reconstrucción, no el mundo<^“>.
De manera que la palabra “verdad”, tanto en la expresión “verdad ma­
terial” como en la expresión “verdad procesal” significa correspondencia
con la realidad. Así que no tiene importancia sostener que sean dos tipos de
verdades, porque no lo son, no pueden existir “distintas verdades” sobre un
mismo hecho y, por ende, carece de relevancia detenerse sobre cuál de tales
verdades es la que se busca en el proceso penal*^^’.
proceso. Tendencias contemporáneas. Roberto González Áivarez (coordinador). Ara Editores, Lima,
2014, pp. 34 y 35; TARUFFO, Michele. Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los hechos.
Cuadernos de divulgación de la justicia electoral. N° 20, Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, México D.F., 2013, p. 23 y ss.; FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba y verdad en el
Derecho. 2“ edición, Marcial Pons, Madrid, 2005, pássim.
GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. Quaestio facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción. V edición,
U reimpresión. Palestra Editores-Temis, Lima-Bogotá, 2014, p. 98.
GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. Quaestio facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción. 1“ edición,
1“ reimpresión. Palestra Editores-Temis, Lima-Bogotá, 2014, p. 99.
Al respecto TARUFFO, Michele. Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos.
Traducción de Daniela Accatino Scagliotti. Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2010,
p. 101, señala que: “(.i.) no existen varias especies de verdad según si nos encontramos dentro o
fuera del proceso: como se ha dicho ya varias veces, la verdad de los enunciados sobre los hechos del
caso depende de la realidad de estos hechos, y ello ocurre tanto en el proceso como fuera de aquél.
La distinción entre verdad “procesal” y verdad “real” carece, entonces, de fundamento. Si, por otro
lado, alguien pensara que fuera del proceso se establecen verdades absolutas que en el proceso no
resultarían cognoscibles, vale al respecto lo que se ha dicho poco antes. En cuanto a las reglas que se
refieren a la admisión, a la práctica, y algunas veces también a la valoración de las pruebas, pueden
limitar o condicionar la búsqueda de la verdad de varias formas, pero esto no implica que determi­
nen el descubrimiento de una verdad diferente de la que se podría esperar fuera del proceso. Estas
Elky V illegas Paiva / La prueba por indicios y su debida motivación en el proceso penal
Dicho esto, debe reconocerse que la verdad forense contiene dos tipos
de juicios, uno fáctico y otro jurídico, llamados quaestio facti y quaestio
iuris, respectivamente; la primera es comprobable mediante la prueba, la se­
gunda es comprobable mediante interpretación.
Respecto a la quaestio facti, aquella pretende establecer la realización
de un hecho y su imputación al sujeto incriminado, recurriendo a la activi­
dad probatoria y mediante la inducción. La quaestio iuris, por su parte, pre­
tende determinar el significado de los enunciados normativos que permiten
considerar un hecho determinado como delito. La quaestio facti se refiere
a los hechos ocurridos en la realidad y la quaestio iuris se refiere a las nor­
mas que hablan de ellos.
Es necesario reconocer que dentro de la quaestio iuris se encuentra el
proceso de subsunción del hecho en el enunciado normativo, entendido como
operación destinada a verificar si el hecho presenta las propiedades que se
indican en la norma. Esta precisión permite, por otra parte, observar la in­
disoluble relación entre la quaestio facti y quaestio iuris en tanto los hechos
que son de interés del Derecho son únicamente los hechos interpretados*^^’,
en otras palabras, es el Derecho el que define y determina lo que en el pro­
ceso constituye el hecho.
2.3. Solucionar de la mejor manera el conflicto originado por el delito
Conforme a lo señalado hasta aquí, ya se tiene por entendido que cuan­
do se habla de que una de las funciones del proceso penal es la actuación del
ius puniendi, esta no debe entenderse en el sentido cerrado de buscar la apli­
cación de una pena, o peor aún que tal aplicación se dé a toda costa, sino
que dicha función implica la protección de derechos fundamentales, y que
la imposición de una pena se dé como última ratio, tal como se ha expuesto
líneas arriba, por lo tanto la función del proceso no radica únicamente en
la imposición de la pena, sino en solucionar de la mejor manera el conflicto
producen solo un déficit en la determinación de la verdad que tiene lugar en el proceso, al impedir,
por ejemplo, la adquisición de pruebas relevantes o la determinación de hechos cuyo conocimiento
es importante para la decisión. Pero este déficit no implica que exista una verdad procesal: solo im­
plica que en un proceso en que rigen normas que limitan la posibilidad de utilizar todas las pruebas
relevantes se determina solo una verdad limitada e incompleta, o -en los casos más graves- no se
determina ninguna verdad. El problema no se refiere entonces a la verdad, sino a los límites dentro de
los cuales la regulación del proceso permite que sea determinada”. Véase también, sobre el absurdo
de diferenciar “clases” de verdades, MONTERO AROCA, Juan; GÓMEZ COLÓMER, Juan Luis
y BARONA VILAR, Silvia. Derecho Jurisdiccional ll. Proceso civil. 26“ edición, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2018, pp. 219 y 220.
REYNA ALFARO, Luis Miguel. Manual de Derecho Procesal Penal. Instituto Pacífico, Lima, 2015,
originado por el delito. Se parte de la premisa de que el delito, como todo
problema jurídico, genera un conflicto de intereses, en donde las partes -los
interesados- son llamados a tener un rol protagónico y activo en el proceso
penal, y el juez cumple funciones de control de garantía, así como de juzga­
miento. De modo que, la legalidad y la racionalidad dan origen a la oportu­
nidad como posibilidad de orientar todo comportamiento humano, especial­
mente de las personas que ejercen autoridad, aplicando medidas alternativas
al procedimiento y a la pena. La reforma procesal está orientada a la apli­
cación de salidas alternativas, definidas cqmo vías de solución que permi­
ten al Ministerio Público flexibilizar, descongestionar y economizar el pro­
ceso penal sin tener que ir a juicio oral. Por tal motivo, brinda satisfacción
al ciudadano al dar soluciones prontas a los conflictos. Entre ellas tenemos
el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la terminación anti­
cipada, todas nuevas soluciones que en el proceso de reforma se van asimi­
lando paulatinamente*^^’.
Entiéndase que con ello no se trata de restar legitimidad al Estado de
utilizar el proceso penal como marco bajo el cual se impondrá una sanción
(aplicación del ius puniendi), sino solo de poner en el tapete de que esta no
es la única finalidad del proceso penal, sin embargo, se ha dado así en la pra­
xis judicial, centrada en el cumplimiento estricto de la ley penal, olvidán­
dose de que en el proceso penal, junto al conflicto entre la sociedad afecta­
da por el delito y el responsable de los hechos, que efectivamente dispensa
una consideración pública a la persecución penal, hay otro conflicto: el que
se entabla entre víctima y el autor del daño*^"”.
2.4. Reparación integral para la víctima
Si el proceso es el único medio a través del cual se puede declarar la
culpabilidad de una persona e imponerle una pena, y si al mismo tiempo se
configura como instrumento de tutela de los derechos y garantías fundamen­
tales, habrá que terminar aceptando un mayor protagonismo de la víctima
en un contexto que hasta ahora venía siendo prácticamente acaparado por
el imputado y por el catálogo de garantías jurisdiccionales derivadas de las
exigencias del derecho a un proceso justo a favor de él. Todo ello conduce
ALCALDE, Virginia. “El proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Ministerio
Público”. En: Juntos generamos justicia. El nuevo Código Procesal Penal en el Perú. Implementación,
experiencias y conclusiones 2003 - 2010. Cooperación Alemana al Desarrollo Internacional - CIZ,
Lima, 2011, p. 275.
BENAVENTE CHORRES, Hesbert y MERCADO MALDONADO, Asad. “El Estado en la gestión
del conflicto: la reforma del proceso penal en Latinoamérica”. En: Opinión Jurídica. Vol. 9, N° 17.
Universidad de Medellín, Medellín, enero-junio de 2010, p. 64.
Elky V illegas Paiva / L a prueba por indicios y su debida motivación en el proceso penal
necesariamente a una profunda reflexión y análisis del proceso penal y en
particular de la función o funciones que está llamado a desempeñar en este
nuevo tiempo, lo que constituye además una inmejorable ocasión para eva­
luar los mecanismos de respuesta de nuestro sistema judicial para hacer fren­
te tanto a los intereses legítimos de quienes han sido víctimas de un delito
como a las demandas de protección y seguridad de la sociedad en su con­
junto ante nuevos ámbitos de criminalidad^^^*.
En este sentido -como señala Salas Beteta<^^>- las víctimas no solo per­
siguen una pretensión civil en el proceso penal, por lo que mal se hace cuan­
do se restringe el rol de la víctima y se identifica su función solo con la sus­
tentación de un monto dinerario. La víctima del delito o su representante
en el proceso tiene derecho a una reparación integral, esto es, que a aquella
no debe de desconocérsele sus derechos en el proceso penal, pues, -confor­
me a instrumentos y jurisprudencia internacionales- la víctima tiene dere­
cho a la verdad, a la justicia y a la reparación, para lo cual la ley le debe ga­
rantizar -y las autoridades fiscales y judiciales materializar- los derechos a
la información, protección física y jurídica, petición, intervención y resarci­
miento por el daño ocasionado.
Como acabamos de señalar, el moderno sistema penal abandona un
modelo de justicia exclusivamente punitivo, para dar paso a una justicia re­
paradora, de modo tal que la víctima tendrá derecho a una reparación inte­
gral de sus derechos, es decir no se trata solo de una reparación económica.
Como bien dice Bovino^^^h
“El concepto de reparación que se propone no se debe confundir con el
pago de una suma de dinero. La reparación se debe entender como cual­
quier solución que objetiva o simbólicamente restituya la situación al es­
tado anterior a la comisión del hecho y satisfaga a la víctima -v. gr., la de­
volución de la cosa hurtada, una disculpa pública o privada, la reparación
monetaria, trabajo gratuito, etcétera-. (...)”.
Ello implica que no pueden desconocerse sus derechos en el proceso pe­
nal. El reconocimiento de la víctima como sujeto procesal y la consagración
CHOCRÓN GIRÁLDEZ, Ana María. “Tutela cautelar y protección de la víctima en el proceso pe­
nal”. En: Boletín de Información del Ministerio de Justicia. Año 61, N ° 2041, Ministerio de Justicia,
Madrid, 2007, p. 2828.
SALAS BETETA, Christian. “Juicio previo, oral, público y contradictorio”. En: Principios fundamen­
tales del nuevo proceso penal. Percy Revilla Liaza (coordinador). Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 9.
BOVINO, Alberto. “La participación de la víctima en el procedimiento penal”. En: BOVINO, Alber­
to. Problemas del Derecho Procesal Penal contemporáneo. Buenos Aires: Editores del Puerto, 1998,
pp. 94 y 95.
E l derecho fundamental a la presunción de inocencia
de un amplio catálogo de derechos a su favor, son dos de los aspectos más
relevantes del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal. En efecto, el Códi­
go Procesal Penal y el conjunto de las normas que integran la reforma pro­
cesal permiten al ofendido por el delito de ejercer importantes facultades
sin necesidad de convertirse en parte acusadora. Asimismo, se impone al ór­
gano persecutor la función de brindar protección al ofendido por el delito.
La conjugación de fines (eficacia y garantía*^*’)? a la que hacíamos alu­
sión anteriormente, forma lo que se puede denominar un verdadero garantismo penal, es decir un garantismo que propende entre otros aspectos, por
un lado, una rápida y eficaz persecución y respuesta penal contra los intervinientes de un delito, y por otro lado, una efectiva protección de sus derechos,
pero no solo de ellos, sino de todos los sujetos procesales, incluyendo, por
ende, a la víctima, tan olvidada y maltratada por el sistema penal tradicio­
nal. Procurando con todo ello una real y palpable eficacia del sistema penal.
Y es que la eficacia del sistema penal no puede ser contemplada solo
desde el punto de vista del delincuente o del delito, sino que la respuesta,
esto es, la acción del sistema de la justicia penal, necesariamente debe ac­
tuar sobre todos los sujetos procesales. Su eficacia deberá contemplarse des­
de la total perspectiva del conjunto, y por lo tanto, también desde el punto
de vista de la víctima*^^'.
Con la reforma al sistema procesal penal es insoslayable que el opera­
dor jurídico fije su atención no solo en quien es sometido a la actuación pro­
cesal penal en calidad de indiciado, imputado o acusado, sino también, con
igual diligencia, y en los términos de ley, en las víctimas del hecho jurídi­
co penalmente relevante ocasionado por aquel, previniendo con ello que el
Señala con razón Conde-Pumpido Tourón que: “Garantías y eficacia son los dos factores claves de la
reforma. De un lado, el desarrollo de los derechos fundamentales (...) impone reformas que integren
un sistema procesal que los respete plenamente; de otro, el incremento, e incluso la masificación, de
la criminalidad, su sofisticación y el desarrollo de la criminalidad organizada aconsejan reformas
tendentes a dotar el proceso de una mayor eficacia para hacer frente a estos retos, modernizando sus
procedimientos probatorios y agilizando los trámites que la repuesta penal se produzca en un plazo
razonable. Es decir, en un plazo proporcionado a la complejidad de la actividad delictiva enjuiciada”.
(CONDE-PUMPIDO TOURÓN, Cándido. “Nuevas fórmulas para la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
En: luris. N ° 56, La Ley, Madrid, diciembre de 2001, pp. 24-25).
Cfr. DE JORGE MESAS, Luis Francisco. “La eficacia del sistema penal”. En: Cuadernos de Derecho
Judicial. N ° XXIX. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, setiembre de 1994, p. 60. En el mismo
sentido MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés. “La víctima en el proceso penal”. En: Actualidad Penal.
N° 4, Madrid, 1990, p. 42, para quien la justicia penal ya no puede ni debe girar exclusivamente en
torno a la persona que ha originado la crisis de convivencia y que ha hecho necesaria su actuación,
sino que ha de procurar una mayor atención a quien no ha entrado voluntariamente en el sistema
penal de enjuiciamiento de delitos, precisamente quien ha sufrido la agresión, por azar o al menos,
sin buscarlo de propósito.
proceso penal se convierta en una forma adicional de victimización, logran­
do por el contrario, en el contexto de las exigencias democráticas de nues­
tro sistema, un ambiente de participación activa de las víctimas para el be­
neficio de las mismas.
Entonces cómo ven y cómo tratan a la víctima nuestros ordenamientos
jurídicos da también la idea del propio desarrollo de los derechos y el grado
de eficacia y eficiencia en su verdadera dimensión. Porque si se olvida a la
víctima, por mucho que se haya castigado al delincuente el problema social
indudablemente subsiste^'*”', por la insatisfacción de una de las partes, pre­
cisamente la que más sufrió con el evento delictivo. Y es que la comisión de
un delito representa, antes que infracción de la ley penal, o al mismo tiem­
po que eso, la manifestación de un conflicto jurídico que deriva de un acto
ilícito que ha podido producir un daño de diversa especie e intensidad, sea
físico, psicológico, económico, etc. Este daño ilícito afecta, por encima de
las demás personas o a la sociedad en su conjunto, a quien lo padece.
Por consiguiente, la respuesta que da el Estado al ilícito penal no pue­
de desatender la doble dimensión: el conflicto entre el delincuente y la so­
ciedad, pero también el conflicto que surge entre el agresor y el agredido.
El Derecho Penal -como se ha señalado- no puede limitarse a la mera
respuesta represiva, sino que ha de lograr la efectiva reparación (en más am­
plia acepción) del agraviado, pues solo cuando este resulte satisfecho en el
daño padecido puede decirse, y en la medida en que la reparación sea cum­
plida, que el sistema penal ha resultado eficaz. Y es que, la imposición y el
cumplimiento de una pena, por grave que sea, puede que se ajuste a los dic­
tados de la ley penal, pero si se olvida a quien ha sufrido en su propia perso­
na o en sus bienes las consecuencias de la conducta criminal no se lograrán
En este sentido Maier afirma que: el conflicto social como tal, el injusto jurídico, es único y toca,
en primer lugar, los intereses reales de la víctima jurídicamente reconocidos. La víctima es, como
consecuencia, un protagonista principal del conflicto social, junto al autor, y el conflicto nunca podrá
pretender haber hallado solución integral, si su interés no es atendido. Al menos si no se abre la puerta
para que él ingrese al procedimiento, dado que, en este punto, gobierna la autonomía de la voluntad
privada. Solo con la participación de los protagonistas -el imputado y el ofendido como hipotéticos
protagonistas principales- resulta racional buscar la solución del conflicto, óptimamente, esto es,
de la mejor manera posible. Es por ello que todas las “Alternativas a la Justicia” o “Alternativas al
Derecho o a las formas jurídicas”, que intentan transformar la justicia estatal, por ineficiente, con
mecanismos informales de superación de los conflictos, conceden a la víctima un papel central en
su solución pacífica. De todos modos, como ya observamos, el papel principal de la víctima es casi
imposible de ignorar por la escena de reconstrucción del conflicto que representa el procedimiento
penal: el ofendido es un testigo irrenunciable, la mayoría de las veces, razón por la cual, aunque se
le niegue derechos, se le impone la obligación de informar en el procedimiento. (MAIER, Julio. “La
víctima y el sistema penal”. En: MAIER, Julio, (compiladotes.). De los delitos y de las victimas. AdHoc, Buenos Aires, 1992, p. 220).
abordar en su totalidad los efectos tanto sociales como personales derivados
de la actuación ilícita penal y se habrá “cerrado en falso” el problema de las
consecuencias jurídicas del hecho delictivo.
Bajo esta perspectiva se entiende que el proceso penal acusatorio no
tiene como único fin la imposición de la pena, sino -primordialmentesolucionar de la mejor manera el conflicto derivado del delito. De modo
que, la legalidad y la racionalidad dan origen a la oportunidad como posibi­
lidad de orientar todo comportamiento humano, especialmente de las per­
sonas que ejercen autoridad, aplicando medidas alternativas al procedimien­
to y a la pena. Claro está, que esto tendrá lugar si en el caso en concreto, y
conforme a reglas establecidas, resulta idóneo para la solución del conflicto.
De acuerdo con las ideas precedentes, y atendiendo a las nuevas tenden­
cias del Derecho Procesal Penal que consideran a la víctima como un gran
protagonista del proceso penal, el CPP de 2004 le reconoce ampliamente
-en comparación con la normativa anterior- una serie de derechos y garan­
tías cuyo alcance y precisión deben ser desarrollados al constituir de vital
importancia para un correcto y exitoso funcionamiento del sistema proce­
sal penal que se está implementando en nuestro ordenamiento jurídico. Y
de esa forma tornar en real el cambio que se busca llegando a una más efi­
ciente y equilibrada resolución del conflicto penah"*^'.
El proceso penal da trascendencia a aspectos tales como la participa­
ción de la víctima en las distintas etapas del proceso penal y los derechos que
tienen en cada una de ellas, asimismo se da importancia a un proceso penal
de mesa redonda, es decir centrado en el diálogo, el acuerdo ínter partes y
la posibilidad de acudir al principio de oportunidad y a los acuerdos reparatorios, entre otros aspectos.
Un estudio sobre los derechos de la víctima en el proceso penal peruano puede verse en nuestra
monografía: VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. El agraviado y la reparación civil en el nuevo
Código Procesal Penal. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, pássim; así como en nuestros trabajos: “Hacia
la revalorización de la víctima en el nuevo proceso penal”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo
23; Gaceta Jurídica, Lima, mayo de 2011, pp. 241-258; “La posición de la víctima como testigo y
la valoración de su testimonio en el proceso penal”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 54,
Gaceta Jurídica, Lima, diciembre de 2013, pp. 11-32; “La víctima del delito y su derecho a la defensa
en el proceso penal”. En: Revista Jurídica Thomson Reuters. Año II, N ° 65, Thomson Reuters-La Ley,
Lima, marzo de 2014, pp. 15-32; “El agraviado y su derecho a impugnar el auto de sobreseimiento
¿Una vulneración al principio acusatorio?”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 59; Gaceta
Jurídica, Lima, mayo de 2014, pp. 38-61; “Tutela de derechos también para la víctima del delito.
A propósito de la Casación N° 136-2013-Tacna”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 67, Gaceta
Jurídica, Lima, febrero de 2015, pp. 250-562; “La víctima en el proceso penal acusatorio garantista:
un análisis a las facultades impugnatorias de la víctima no constituida en actor civil”. En: A. Chaparro
Guerra, Ayar & A. Serrano Maíllo, Alfonso, (directores). El Derecho Penal y la Criminología. Joshua
Editores, Arequipa, 2018, pp. 363-386.
De igual manera no puede desconocerse los derechos de la víctima en
el proceso penal, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva, a la ver­
dad, a la información, protección física y jurídica, petición, participación,
entre otros, procurando una reparación integral a la víctima y no solo una
indemnización económica.
Debe quedar claro desde ya, que con mejorar las condiciones de la víc­
tima del delito no se busca destruir el sistema de derechos y garantías que
con esfuerzo en el devenir de los años se ha construido para defender al acu­
sado frente a los atropellos del poder público. Lo que ahora se busca es un
sistema de garantías y derechos que amparen a la víctima no solo en rela­
ción con las consecuencias del delito, sino, también, frente a su victimario.
En suma, lo que se busca es que ambos sistemas (protección al imputado y
protección a la víctima) se hallen en armonía y equilibrio en un Estado res­
petuoso de los derechos fundamentales de todas las personas.
EL DERECHO FUNDAM ENTAL A LA PRESUNCIÓN DE IN O ­
CENCIA EN EL PROCESO PENAL DE UN ESTADO CO NSTITU­
CIONAL DE DERECHO
Breve referencia al marco histórico del surgimiento del derecho a la
1.1. El proceso penal durante el Antiguo Régimen
El sistema represivo de toda Europa durante los siglos XVII y XVIII era
demasiado cruel e inhumano. Los procesos penales, cuando los había, ha­
bían derivado en prácticas brutales y desproporcionadas. Asimismo, el mo­
narca absoluto que está por encima de la ley^'*^', es además juez supremo. El
ejercicio de la potestad jurisdiccional, considerado desde creencias religio­
sas, era uno de los signos, o el signo por excelencia del poder supremo, de
quien recibía el Rey toda su soberanía y potestad. El Rey es la ley y para­
digmáticamente el juez de la ley, y los demás jueces no son sino “delegados”
suyos, oficiales creados para administrar un Derecho que emanaba directa­
mente del propio Rey. Así, pues, el juez del Antiguo Régimen es un repre­
sentante que actúa en nombre del Rey, un funcionario de la Corona, desig­
nado arbitrariamente por el Rey, y a quien el monarca asciende, traslada,
suspende o retira discrecionalmente. Por lo tanto, las funciones de gobierno
Si bien existía una división estamental con Derecho propio, lo cierto es que todo estaba sometido a
un Rey, cabeza del poder, que puede sin actuar sin someterse a Derecho, en virtud del origen divino
de su soberanía sobre los súbditos. El Rey no se sometía a Derecho, porque “él es la ley”.
y administración de justicia se acumulaban en las manos de quienes, a su
vez, ostentaban el control del ejército y el control económico del territorio:
nobles fieles a la corona, que veían recompensada su fidelidad con este tipo
de prerrogativas (nobleza terrateniente)*''^'.
Téngase en cuenta que la estancia en prisión no se consideraba una pena,
pues esta era más bien el lugar donde se hacinaban los acusados pendientes
de juicio, los deudores insolventes, los locos, los condenados en espera de la
ejecución de su sentencia, etc. La pena era un castigo físico que garantiza­
ba dolor y sufrimiento al reo. Asimismo, la detención era arbitraria y tem­
poralmente ilimitada, y respondía al derecho divino que el Rey tenía sobre
la libertad de sus súbditos.
En suma, el sistema procesal penal imperante en aquel tiempo, y que se
prolonga hasta la época de las grandes Codificaciones, era claramente inqui­
sitivo. Ello se manifiesta, especialmente, en su carácter secreto, en la asun­
ción por parte del juez de las labores de acusación, investigación y enjuicia­
miento, en la patente desigualdad entre las partes en perjuicio del imputado
y en la vigencia del sistema de prueba tasada, en el que el medio de prueba
que cobraba mayor protagonismo era la confesión, que podía ser obtenida
haciendo uso de la tortura.
El fundamento de esto último se encontraba en la influencia del pro­
ceso canónico en el proceso penal*''''*. El imputado —que tiene la considera­
ción de presunto delincuente- es un pecador y, como tal, debe confesar su
culpa, no ante Dios, sino ante la justicia de los hombres y, si para ello es ne­
cesario, se le conmina a hacerlo mediante el tormento. Esto encuentra ex­
plicación en tanto que el sistema procesal inquisitivo del Antiguo Régimen
tomaba como punto de partida la presunción de culpabilidad*''^’: el tormen­
to -o , en general, cualquier medida destinada a obtener una declaración
OVEJERO PUENTE, Ana María. Régimen constitucional del derecho fundamental a la presunción
de inocencia. Tesis doctoral. Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 2004, pp. 9 y 10.
Lo delictivo se mezclaba con lo pecaminoso, y la Iglesia intervenía en cualquier asunto público, con­
virtiendo en un problema de fe tanto el sistema probatorio, como la respuesta de la represión estatal.
Se decía que era peor la consecuencia religiosa que un delincuente debía sufrir por la comisión del
delito, que la propia muerte, pues la comisión de un pecado públicamente declarada excluía al reo
de la sociedad donde se movía. Este fenómeno siguió siendo característico entre la población aún a
fines del S. XVIII. La revolución liberal racionalista y de la ilustración, solo afectaba a las élites inte­
lectuales. Véase; OVEJERO PUENTE, Ana María. Régimen constitucional del derecho fundamental
a la presunción de inocencia. Tesis doctoral. Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 2004, p. 11.
Cfr. ASÚA BATARRITA, Adela. “Reivindicación o superación del programa de Beccaria”. En: £/
pensamiento penal de Beccaria: su actualidad. Universidad de Deusto, Bilbao, 1990, p. 12. TOMÁS
Y VALIENTE, Francisco. “In dubio pro reo, libre apreciación de la prueba y presunción de inocen­
cia”. En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 7, N ° 20, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, mayo-agosto de 1987, pp. 12 y 13.
E lky V exegas Patva /
autoinculpatoria que pudiera servir para fundamentar por sí sola una sen­
tencia de condena- no era sino la consecuencia de la existencia de una serie
de prejuicios acerca de la culpabilidad del imputado. Muestra de ello es que
la confesión solo tenía valor probatorio cuando era inculpatoria, siendo en
este caso la prueba decisiva, pero no se le otorgaba valor alguno cuando el
reo mantenía su inocencia. Incluso en este caso no se eliminaba totalmente
la posibilidad de condena, ya que era suficiente justificarla sobre la base de
meras sospechas de culpa*"^^*.
Es precisamente en este aspecto donde se han producido uno de los
avances más importantes de nuestro sistema procesal: el establecimiento de
normas que impiden que el procesado sea obligado a colaborar en la averi­
guación de los hechos, puesto que se presume que es inocente del delito que
se le imputa<"^^>.
Ciertamente, la idea de colaboración en el esclarecimiento de los he­
chos presupone la idea misma de culpabilidad, pues se pretende con ello que
el imputado declare su participación en los mismos y no entorpezca la in­
vestigación. Así, antes de las reformas legislativas habidas al respecto a lo
largo del siglo XIX , el sujeto procesado -o , simplemente, sospechoso de la
comisión de un delito- estaba sometido a determinadas actuaciones proce­
sales durante la fase sumarial que ponían de manifiesto su deber de cola­
boración con la justicia, puesto que todas ellas estaban dirigidas a obtener
su confesión: si se declaraba culpable recibiría beneficios en relación con la
pena; se le tomaba juramento antes de prestar declaración, en tanto no se le
reconocía un derecho al silencio y a no/declarar contra sí mismo en los tér­
minos en los que hoy lo conocemos; se le sometía a “indagación” (diligen­
cia que consistía en dirigirle preguntas capciosas, engañosas o sugerentes, a
fin de hacerle incurrir en contradicciones que posteriormente pudieran ser
utilizadas como indicios de cargo), al trámite de la “confesión con cargos”
(el juez le exponía todos los indicios reunidos contra él para que alegara lo
que estimara oportuno) y, por último, en los casos de delitos muy graves, el
procesado podía ser sometido al tormento como último recurso para obte­
ner su confesión''**^
TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. “In dubio pro reo, libre apreciación de la prueba y presunción
de inocencia”. En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 7, N “ 20, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, mayo-agosto de 1987, p. 12.
VÁSQUEZ SOTELO, José Luis. Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del tribunal.
Estudio sobre la utilización del imputado como fuente de prueba en el proceso penal español. J.M.
Bosch, Barcelona, 1984, p. 65 y ss.
Lejos de lo que pudiera parecer, la aplicación del tormento se sometía a diversas reglas, algunas de ellas
bastantes rígidas, pues a pesar de tratarse de una medida cruel e inhumana para obtener la confesión
del procesado, se consideraba que el sufrimiento que se debía causar era el mínimo posible. Así, solo
Esta última institución, la del tormento, no constituía una prueba en
sí misma considerada, sino un medio para obtener la confesión, que era la
prueba plena fundamental. Por ello, la confesión prestada con ocasión del
tormento no era válida, puesto que era consecuencia inmediata del dolor
que le producía tal medida -físico o, en caso de tratarse del primer grado
de aplicación, moral, entendido como temor o miedo ante la expectativa de
ser sometido a un instrumento de tortura-, de tal modo que el sujeto tenía
que ratificarla, al menos, veinticuatro horas después en presencia judicial,
concediéndole así un valor probatorio irrefutable.
Se pone de manifiesto de este modo que la idea que inspiraba la obten­
ción del convencimiento judicial era básicamente la de entender que existía
un deber jurídico del sujeto procesado de colaborar en el esclarecimiento
de los hechos delictivos y de su participación en ellos. Y esto por dos mo­
tivos fundamentales: En primer lugar, porque la finalidad última atribuida
al proceso era la búsqueda de la verdad por encima de cualquier otro tipo
de interés o derecho que pudiera corresponderle al imputado. Para Eerrajoli, esta es una de las diferencias fundamentales entre los sistemas inquisi­
tivo y acusatorio. Para este autor, si bien ambos sistemas persiguen el mis­
mo fin (la obtención de la verdad), en el primero ese fin justifica los medios
(cualquier medio de obtención de la verdad es útil para obtener la certeza,
siendo las garantías procesales, especialmente la defensa, meros obstáculos),
mientras que en el segundo el fin solo se justifica por los medios utilizados
para su consecución, ya que se trata de un sistema basado en las garantías
del imputado. En segundo lugar, porque resulta evidente el desconocimiento
de la presunción de inocencia como criterio inspirador del proceso. Solo la
consideración del mero sospechoso como autor de un delito desde el mismo
se podía utilizar el tormento cuando el imputado lo fuera por un delito que llevase aparejada pena
corporal, para evitar que el modo de arrancar su confesión fuese más gravoso incluso que la pena
misma. Además, no podía ser utilizado contra determinadas personas en razón de su sexo o edad,
y se establecían distintos grados en su ejecución: en primer lugar, se colocaba al sujeto frente al ins­
trumento de tortura amenazándole con utilizarlo si no confesaba el crimen; en segundo lugar, si ello
no surtía efecto, se le situaba en posición de tortura, interrogándole de este modo; por último, si así
tampoco se obtenía la confesión, el verdugo comenzaba la aplicación del tormento propiamente dicho.
Sobre este particular, véase VAZQUEZ SOTELO, José Luis. Presunción de inocencia del imputado
e íntima convicción del tribunal. Estudio sobre la utilización del imputado como fuente de prueba en
el proceso penal español. Ob. cit., pp. 50 a 61, en especial, la nota núm. 84, pp. 60-61. Tampoco la
decisión judicial de ordenar la práctica del tormento estaba exenta de reglas. Así, dicha resolución,
denominada “sentencia interlocutoria de dar tormento”, debía expresar claramente cuáles eran los
indicios de cargo en los que se fundamentaba la conveniencia de aplicar el tormento, así como la
clase de tormento a aplicar. El juez debía ser cauteloso a la hora de emitir esta resolución, puesto que
la aplicación injustificada de la tortura podía castigarse incluso con la aplicación al propio juez del
tormento que hubiese ordenado indebidamente. Vid. VAZQUEZ SOTELO, José Luis. Presunción de
inocencia del imputado e íntima convicción del tribunal. Estudio sobre la utilización del imputado
como fuente de prueba en el proceso penal español. Ob. cit., pp. 53 a 55.
E lky V illegas Paiva
/ La prueba por indicios y su debida motivación en el proceso penal
momento de su aprehensión, explica la aplicación de medidas como la inda­
gatoria, la confesión con cargos o, como medida más dramática, el tormen­
to. La necesidad de conseguir a toda costa que el procesado llegara a la fase
plenaria del proceso “convicto y confeso” determinaba la utilización de to­
dos los medios al alcance del aparato judicial para lograr dicha finalidad*'*®’.
Pero todavía hay un dato más que apoya la idea de que el proceso pe­
nal durante el Antiguo Régimen no solo desconocía la presunción de inocen­
cia, sino que partía del presupuesto contrario, de la presunción de culpabi­
lidad: una vez practicadas todas las diligencias encaminadas a la obtención
de la confesión del imputado, y sin que estas hubieran alcanzado un resul­
tado satisfactorio, si al juez le quedaban dudas acerca de la culpabilidad, no
solo no pesaba sobre él la obligación de absolver al acusado, sino que tenía
la posibilidad de dictar una sentencia condenatoria considerando probado
un delito menos grave del que había sido objeto de acusación*^**’.
El sistema de probanzas y presunciones del Derecho de los siglos XIII a
XVIII estaba construido precisamente para condenar tan solo con indicios
de culpa, para lo cual, por un lado, los indicios servían como base para po­
ner en práctica el mecanismo tendente a obtener la confesión del reo indi­
ciado, bien de modo espontáneo o bien por medio del tormento; y, por otro
lado, podían considerarse como bastantes para producir la semiplena probatio, en virtud de la cual el juez no podía imponer al reo la pena legal ordi­
naria prevista para el delito, que solo se imponía tras la plena probatio, pero
sí podía imponerle una pena extraordinaria, moderada según el arbitrio del
juez (“pena arbitraria”), aunque menor que la ordinaria.
Por último, gracias al principio de desigualdad en y ante la ley penal,
los integrantes de los estamentos privilegiados, amparados por la fama u
honra que les deparaba el hecho de serlo, gozaban ciertamente de una pre­
sunción protectora contra los indicios de culpabilidad (salvo en los delitos
de lesa majestad divina y humana), pero por el mismo mecanismo la simple
existencia de algún indicio de culpa contra los miembros del estado llano
FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Traducción de Perfecto Andrés
Ibáfiez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco y Rocío Cantarero
Bandrés. Trotta, Madrid, 1995, p. 541. En el mismo sentido, señala ANDRÉS IBÁÑEZ que “si el
proceso estaba preordenado a la obtención de una verdad absoluta, esta, como fin, podría justificar
el empleo de cualquier medio”. Véase: ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. “Acerca de la motivación de los
hechos en la sentencia penal”. En: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho N° 12, Universidad de
Alicante, Alicante, 1992, p. 277.
TOMÁS Y VÁLIENTE, Francisco. “In dubio pro reo, libre apreciación de la prueba y presunción de
inocencia”. Ob. cit., p. 14.
implicaba para ellos una verdadera presunción de culpabilidad, difícilmente
convertible de facto y de iure en una sentencia penal plenamente absolutoria.
En conclusión: el sistema de pruebas legales tasadas, el concepto de
semiplena probatio, el mecanismo protector-represivo de la prueba privile­
giada y la desigualdad jurídico-formal apenas dejaban lugar para la aplica­
ción del in dubio pro reo o de otros topoi o loci communi semejantes. En
verdad, el principio inherente al sistema procesal-penal inquisitivo era este:
en la duda, condena a pena arbitraria*^*’.
1.2. La reacción del pensamiento iluminista: En especial la obra de
Cesare Beccaria y en Italia la llamada lucha de escuelas
Con este dramático panorama procesal, no es difícil reconocer como
una de las conquistas más importantes del sistema acusatorio la concepción
del imputado como sujeto de derechos, y no como un mero objeto en torno
al cual gira el proceso, pero en el que no tiene intervención alguna distin­
ta que la de confesarse culpable. Así, en el sistema acusatorio, el imputado
deja de ser objeto de prueba para convertirse en sujeto titular de una de las
garantías más importantes de las que rodean al proceso penal: el derecho de
defensa. Dicho reconocimiento le viene dado, precisamente, por el hecho de
pasar de ser considerado como “objeto del proceso” a “sujeto del proceso”,
concretamente, a ostentar el status de parte, lo que supone su participación
en igualdad de condiciones con la parte activa del proceso, situadas ambas
frente a un juez verdaderamente imparcial, que deja de compaginar labores
de acusación, investigación, y enjuiciamiento.
Pero esta conquista y, fundamentalmente, el paso del sistema inquisi­
tivo al sistema acusatorio ha sido gradual y, en la época moderna, tiene su
origen en el influjo que en la segunda mitad del siglo XVIII ejerció la filo­
sofía iluminista en el modo de concebir el enjuiciamiento penal. Ciertamen­
te, el pensamiento ilustrado, que gira en tomo a la razón como instrumento
fundamental para alcanzar el conocimiento, se muestra como un intento de
superación del oscurantismo definitorio de la justicia penal durante el An­
tiguo Régimen.
Se ha dicho que es en el marco de la filosofía ilustrada donde por vez
primera se desarrolla una respuesta articulada a los problemas básicos del
Derecho Penal: con qué fundamento o justificación se castiga, qué clase de
TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. “ín dubio pro reo, libre apreciación de la prueba y presunción
de inocencia”. En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 7, N ° 20, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, mayo-agosto de 1987, pp. 13 y 14.
conductas pueden ser objeto de sanción, qué clase de penas procede impo­
ner y con qué finalidad, cómo ha de ser la tipificación de los delitos y, final­
mente cuál ha de ser el procedimiento que corresponde observar en los jui­
cios criminales<^^>.
Sobre este aspecto podemos traer a colación a Montesquieu, quien en
su libro del Espíritu de las Leyes (1748) se ocupó de los fundamentos de la
nueva y moderna justicia'^^'. Muchas de sus ideas sohre la reforma del siste­
ma penal serán luego más conocidas por la defensa que de las mismas hará
Beccaria, que por su creador original.
Será sobre todo Voltaire el filósofo que encabece en Francia la lucha pú­
blica contra las injusticias judiciales del antiguo régimen. En el Traité sur la
Tolerance, la primera de sus obras, publicado en 1763, Voltaire dará cuen­
ta de los juicios más dramáticos que conmocionaron a toda la Europa ilus­
trada, y le consagrará como el especialista en la denuncia a través de casos.
Uno de los casos que se convirtiera en emblemático fue el siguiente: En
Toulouse, Francia, el 13 de octubre de 1761, con la muerte sospechosa de
Fierre Calas, hijo de una familia protestante, odiada por ello en la ciudad,
claramente católica. Se acusó a esta familia de haber matado a su hijo que
se decía pretendía convertirse al catolicismo, pero que en realidad se había
suicidado. El proceso culminó con la condena a muerte en la rueda del pa­
dre de familia, Juan Calas, hecho que se ejecutó el 10 de marzo de 1762.
Voltaire, enterado casualmente de este juicio, inició una decidida campaña
denunciando lo que él denominó un “homicidio judicial” hasta lograr final­
mente la rehabilitación de Calas.
PRIETO SANCHÍS, Luis. La filosofía penal de la ilustración. Serie Derechos y Garantías. N° 17,
Palestra Editores, Lima, 2007, p. 31.
Montesquieu fue innovador al definir la bondad de la Ley criminal como condición necesaria para
la libertad del ciudadano. Trató el tema de la abolición de la pena de muerte, a la que consideraba
“remedio de una sociedad enferma” y en todo caso sólo justificable en supuestos de extrema gravedad
del delito, cuando se hubiera puesto en peligro la seguridad del Estado. Formuló la tesis de la nece­
saria proporción entre delito y pena, y de la utilidad social de la prevención más que de la represión
del delito. Igualmente propugnó la autonomía total de la justicia, la necesidad imperiosa de que los
jueces fueran independientes de quien gobierna y de quien legisla, de modo que los parlamentos
que garantizaban la continuidad y seguridad de la Ley, como depositarios de la soberanía, fuesen
autónomos del Consejo del Rey y de la jurisdicción. Defendió, también, otra idea novedosa, que des­
pués, tendrá importantes consecuencias al objeto de nuestro trabajo: la justicia debe atenerse a unas
formas preestablecidas en su actuación, que permitirán su previo conocimiento y que por supuesto,
serán predecibles. El excesivo formalismo de la justicia favorecerá la libertad y la seguridad de los
ciudadanos, porque permitirá que éstos actúen sabiendo las consecuencias derivadas de sus actos.
Es en este ambiente filosófico, judicial y político que ve la luz la obra
de Beccaria. Así, en el año de 1764, Cesare Bonesana (Marqués de Beccaria(^"^>) “denunciaba” la manera como el proceso penal inquisitivo se condu­
cía para el imputado, señalando que se presuponía la culpabilidad de este
salvo prueba en contrario, de tal manera que, si dicho sujeto pretendía elu­
dir la condena, le era necesario probar su inocencia, situación contraria a
una elemental idea de justicia.
En contra del parecer de aquella época, el Marqués de Beccaria -entre
otras opiniones trascendentales-*^^* sostuvo que:
“Un hombre no puede ser llamado culpable antes de la sentencia del juez;
ni la sociedad puede quitarle la protección pública sino cuando se haya de­
cidido que violó los pactos con los que aquella protección le fue acorda­
da. ¿Cuál es, pues, el derecho, sino el de la fuerza, que concede poder a
un juez para aplicar una pena a un ciudadano mientras se duda si es cul­
pable o inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o incierto;
si es cierto, no le corresponde otra pena que la establecida en las leyes, y
los tormentos son inútiles en tal caso, como inútil es la confesión del reo;
si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es según las
leyes un hombre cuyos delitos no están probados”*^^*.
Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, fue un literato, filósofo, jurista y economista italiano,
publicó su más ttascendental obra a la que hacemos referencia: Dei delitti e delle pene en 1764, un
breve escrito que tuvo mucho éxito en toda Europa, particularmente en Francia, donde obtuvo el
aprecio entusiasta de los filósofos enciclopedistas. La primera edición apareció en forma anónima,
en Livorno. La razón que justifica que Beccaria no diera su nombre y publicara en lugar distinto al
de su residencia habitual esta obra, se debe, quizás, al temor de ser enjuiciado por la Inquisición,
por los conceptos que vierte y las ideas que sostiene. La importancia de esta obra reside no tanto
en la novedad de sus planteamientos, sino en la habilidad del autor para recoger de forma clara y
sistemática los fundamentos sobre los que asentar una nueva legislación criminal de acuerdo con las
exigencias del pensamiento humanista ilustrado de su tiempo. Sobre el contexto en que apareció la
obra de Beccaria véase CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Beccaria y su obra”. En: BECCARIA, Cesare. Tratado de los delitos y de las penas. Heliasta, Buenos Aires, 1993, p. 9 y ss.
Como pone de relieve García Pablos de Molina, Beccaria critica la irracionalidad, la arbitrariedad y
la crueldad de las leyes penales y procesales del siglo XVIII, residuo anacrónico muchas de ellas de
preceptos históricos obsoletos. Y, partiendo de la idea del contrato social, fundamenta el principio
de legalidad de los delitos y de las penas, la conveniencia de una política de prevención del crimen,
y su teoría utilitarista del castigo. Beccaria, que se declaraba discípulo de Montesquieu, basa su ale­
gato contra el sistema penal de la Monarquía Absoluta en la teoría del contrato social. Este sella el
origen de la sociedad civil, de la autoridad y del principio de derecho a castigar. (GARCIA PABLOS
DE MOLINA, Antonio. Derecho Penal. Introducción. Servicio de Publicaciones de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000, p. 422).
BECCARIA, César. De los delitos y de las penas. Traducción de Antonio de las Casas, edición facsimilar
de la edición Príncipe, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 246. Debemos remarcar que
en esta obra no se encuentra ningún capítulo dedicado a la presunción de inocencia o a su defensa,
sino solo alusiones dispersas como la que acabamos de anotar, por ello correctamente se puede decir
que lo que hace Beccaria será sentar las premisas de lo que después se denominará “presunción de
El impacto de las ideas del Marqués de Beccaria*^^* propició el necesa­
rio cambio del sistema liberal de su tiempo*^*), y la adecuación del sistema de
justicia de la época<^^>, al grado de prohibirse el tormento en el año de 1780,
con motivo del interés de Luis XVI respecto del tema.
Con su libro el Marqués de Beccaria no solo se une a la denuncia de
la barbarie en la que se había convertido el sistema penal, documenta la ar­
bitrariedad de los magistrados con poder para encarcelar a su voluntad, o
la injusta identificación a la que se había llegado en la práctica, para todos,
entre el sospechoso, inocente y el criminal condenado etc., sino que se con­
vierte en el autor de referencia para entender el movimiento reformista y la
nueva concepción del Derecho Penal (sustantivo y procesal).
La fama y aceptación de la obra del autor italiano fueron unánimes en
toda Europa y, por lo tanto, también en la Francia revolucionaria. Autores
como D’Alembert, Diderot, Malesherbes, Condorcet o el propio Voltaire, en
una segunda etapa, glosaron, comentaron y explicaron la pequeña obra de
Beccaria. El elemento común en todos ellos fue la defensa de las ideas hu­
manitarias y la crítica del sistema penal desde un punto de vista utilitarista.
Todos ellos partieron de los mismos postulados que llevaron a Rousseau a
la teorización del pacto social y el concepto de Ley, y admitieron la necesi­
dad del principio de separación de poderes de Montesquieu como requisito
Su obra (De los delitos y de las penas) ni bien aparecida adquirió amplia resonancia y dio a su autor
una gran popularidad en todo el mundo civilizado. Cinco ediciones, ya con el nombre de Beccaria,
aparecieron de inmediato en Italia. La primera traducción hecha al francés se debe al abate Andrés
Morellet, y fue impresa en París, en 1776. Siete ediciones en el mismo año dan una idea aproximada
de la resonancia que obtuvo en Francia la obra de Beccaria. Rápidamente, en todas las capitales
europeas, se extendió el nombre de Beccaria. Dei delitti e delle pene era traducida, casi de inmediato
a su aparición en Italia, al alemán, inglés, francés, holandés, griego y castellano. En 1803 aparecía
la traducción rusa. Reimpresa múltiples veces, esta obra tuvo amplia resonancia, incluso en Estados
Unidos de América, en donde se hizo otra edición en inglés, en Filadelfia.
Es importante recordar que, en el siglo XVIII, la teoría política tuvo su concentración en Francia,
aunado a que la filosofía y la ciencia habían sido relativamente autónomas; al convertirse el cartesia­
nismo en una especie de escolasticismo, fue deliberadamente suplantado por la filosofía de Locke y la
ciencia de Newton. Esto permitió que el antiguo ideal de una norma fundamental que la Francia del
siglo XVI había compartido con toda Europa y que tenía aún la suficiente vitalidad para encontrarse
casi en pie de igualdad con la soberanía en la filosofía de Bodino, había perdido todo significado
concreto en la monarquía de Luis XIV.
Para Prieto Sanchís el siglo XVIII aportó algo original tanto en el plano especulativo, como en la
práctica, “(...) pues cabe decir que una buena parte de las ideas y valores que siguen procurando
algún punto de humanidad y civilización a nuestro mundo contemporáneo, por más que tuvieran
un origen más antiguo, se forjaron en el siglo XVIII: los derechos humanos, el constitucionalismo,
la democracia política y el gobierno representativo, el cosmopolitismo e incluso la solidaridad, cuyo
precedente bien puede rastrearse en la venerable filantropía y desde luego también el garantismo
penal que representa la más fecunda proyección a nuestros días de la filosofía jurídica ilustrada”.
(PRIETO SANCHÍS, Luis. La filosofía penal de la Ilustración. Serie Derechos y Garantías. N° 17.
Palestra Editores, Lima, 2007, p. 8).
previo a cualquier reforma. Todos, de nuevo, en sus escritos analizan los
mismos temas que del delito y de las penas ya había resuelto: el pensamien­
to abolicionista; la utilidad o la preferencia de penas alternativas como tra­
bajos forzados, o cadena perpetua; el coste para el Estado de la imposición
de un nuevo sistema penal etc. En obras como, por ejemplo, el Comentario
sobre el libro “de los delitos y de las penas” por un abogado de provincias,
publicado en 1769, Voltaire, además de explicar el pensamiento de Becca­
ria lo ilustra con los últimos y más recientes escándalos judiciales franceses.
Malesherbes, sin embargo, se detiene en el" tema del abolicionismo y de las
penas alternativas, y en el de la arbitrariedad judicial, aportando, como no­
vedad, el punto de vista práctico de un magistrado en ejercicio. En definiti­
va, entre 1770 y 1790, el debate doctrinal sobre la reforma del sistema judi­
cial y en concreto de la justicia penal estaba en pleno apogeo.
Por tanto, se puede concluir que la ilustración había cambiado la acti­
tud respecto al “acusado-condenado-culpable” partiendo de una novedosa
idea de la dignidad humana. El nuevo talante se manifiesta, más que en prin­
cipios o formulaciones jurídicas, en una nueva visión humanista del acusa­
do; en una desconfianza hacia el sistema procesal inquisitivo; y en un claro
rechazo del arbitrio de todos aquellos que actuaban investidos del poder de
juzgar. Los tópicos de la época se resumirán en leyes penales suaves; casti­
gos sí pero solo los estrictamente necesarios para el bien de la sociedad; no
a la tortura y a la pena de muerte; crítica del sistema penitenciario; volun­
tad de regenerar al delincuente, y crítica del sistema probatorio.
En todo este proceso reformista, desde sus inicios hasta los primeros
reflejos legislativos, el debate afectó a dos puntos esenciales: Por un lado,
las penas, es decir la definición y concepto de la sanción penal. En concre­
to, qué tipo de penas deberían imponerse, de acuerdo a qué fines, y a través
de qué tipo de normas. Por otro lado, el procedimiento criminal, en con­
creto, la defensa de un nuevo proceso acusatorio, frente al cruel proceso in­
quisitivo anterior.
Por otro lado, pero sobre la base de las ideas de Beccaria y, en general,
del pensamiento iluminista, a finales del siglo X IX apareció en Italia lo que
posteriormente se ha llamado Escuela Clásica un importante movimiento
jurídico que encarnaba la lucha contra el sistema procesal del Antiguo Ré­
gimen. A esta corriente se le atribuye, como señala Illuminati, el desarro­
llo científico de la presunción de inocencia. Afirma este autor que, si bien
el iluminismo “puso la primera piedra” en la evolución teórica de las garan­
tías procesales del imputado, entre ellas, la presunción de inocencia, lo hizo
partiendo de meras intuiciones que hasta la mitad del siglo X IX no fueron
enmarcadas en una teoría sistemática acerca del proceso penal<®°\
El principal exponente de la Escuela Clásica fue Francesco Carrara,
quien hizo notar una postura caracterizada por su claridad, pronunciándo­
se respecto de los fines concretos perseguidos mediante el reconocimiento
del derecho a la presunción de inocencia, al punto de afirmar que es este el
“postulado del cual parte” el proceso penal. Señalaba Carrara que:
“La defensa del derecho tiene, por lo tanto, tres fines distintivos en el
desenvolvimiento del Derecho penal: 1) la protección de todos los asocia­
dos frente a los malhechores; 2) la protección de los honrados frente a la
autoridad social que ejerce la potestad punitiva; 3) la protección del mal­
hechor mismo ante la autoridad que lo castiga, porque también este tiene
derecho de no ser castigado más allá de lo necesario y más allá de la me­
dida ordenada para sus ilícitos. (...) La parte de nuestra ciencia que de or­
dinario suele distinguirse con el nombre de Derecho penal, presupone la
comisión de un delito, y se propone proteger a su autor para que su he­
cho no le sea imputado más allá de lo debido y para que no sea castigado
excediendo la medida de la pena. (...) Todo lo contrario acontece con la
otra parte de la enseñanza penal, esto es, con la relativa al procedimien­
to. El procedimiento penal tiene como impulso y fundamento una sospe­
cha; una sospecha que, al anunciarse que se ha consumado un delito, de­
signa verosímilmente a un individuo como autor o partícipe de él; y de
este modo autoriza a los funcionarios de la acusación a adelantar investi­
gaciones para la comprobación del hecho material, y para dirigir sus ave­
riguaciones contra ese individuo. Pero frente a esta sospecha se alza a fa­
vor del acusado la presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano; y
esta presunción se toma de la ciencia penal, que de ella ha hecho su ban­
dera, para oponerla al acusador y al investigador, no con el fin de detener
sus actividades en su legítimo curso, sino con el objeto de restringir su ac­
ción, encadenándola a una serie de preceptos que sirvan de freno al arbi­
trio, de obstáculo al error, y, por consiguiente, de protección a aquel in­
dividuo. Este es el fin del procedimiento penal, que constituye el objeto
de la segunda parte de la ciencia penal. Pero el postulado del cual parte
la ciencia en esta segunda serie de estudios, es la presunción de inocencia,
que es como quien dice la negación de la culpa. Ella, como en la primera
parte, no le permite a la autoridad que esté ante un culpable; ya no dice:
protejo a este culpable para que no lo castiguéis más allá de la justa medi­
da, violando los principios y los criterios que he establecido sobre dogmas
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes. Presunción de inocencia y carga de la prueba en el proceso penal.
Tesis doctoral. Universidad de Alicante, Alicante, 2004, p. 183.
racionales, para determinar esa medida. Aquí la ciencia dice lo contrario,
y con frente levantada afirma: ‘protejo a este hombre porque es inocen­
te, y como tal lo proclamo mientras no hayáis probado su culpabilidad; y
esta culpabilidad debéis probarla en los modos y con las formalidades que
yo os prescribo y que vosotros debéis respetar, porque también proceden
de dogmas racionales absolutos’. Es tan evidente como real esta antítesis
de las dos situaciones en que se encuentra la doctrina criminal con respec­
to a esas dos partes de sus elucubraciones. Cuando prescribe estricta ad­
hesión a la competencia; leal, completa,y oportuna intimación de los car­
gos; moderación en la custodia preventiva; plenitud de prueba; prudencia
en cuanto a la veracidad de los testigos; condiciones para la legalidad de
las confesiones; exclusión de toda sugerencia, de todo fraude, de todo ar­
tificio doloso que pueda darle a lo falso aspecto de verdad; crítica impar­
cial en la apreciación de los indicios; libérrimo campo para el ejercicio de
la defensa; amplio trato para los abogados; formas sacramentales para la
sentencia; recursos de apelación y de revisión; en una palabra, cuando
prescribe todo cuanto ella ordena como condición absoluta para la legiti­
midad del procedimiento y del juicio, no pronuncia sino estas solas pala­
bras: haced esto, porque el hombre de quien vosotros sospecháis es ino­
cente, y no podéis negarle su inocencia mientras no hayáis demostrado su
culpabilidad, y no podéis llegar a esa demostración, si no marcháis por el
camino que os señalo”^^^>.
En síntesis, puede afirmarse que con Carrara la presunción de inocen­
cia alcanzó su máxima amplitud, pues, en concordancia con sus ideas, toda
norma y momento relativos al proceso penal encuentran su fundamento, pre­
cisamente, en la protección del estado de la inocencia'^^>.
Las proclamas garantistas lanzadas por la Escuela Clásica encontraron
la rápida respuesta de juristas que se alinearon en una corriente contrapues­
ta, y que fue conocida como Escuela Positiva. Ferri, máximo exponente de
este movimiento, si hien acepta ciertos postulados de la Escuela Clásica, ta­
les como el respeto a los derechos del individuo frente al Estado, el princi­
pio de legalidad o la abolición de las penas corporales, entiende que algunos
otros han llevado a situaciones desastrosas insostenibles, principalmente por
lo que se refiere al gran aumento de la criminalidad y a la falta de un trata­
miento adecuado de los delincuentes.
CARRARA, Francesco. Opúsculos de Derecho criminal. Vol. V, traducción de José J. Ortega Torres
y Jorge Guerrero. Temis, Bogotá, 1980, pp. 10-15.
VEGAS TORRES, Jaime. Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal. La Ley, Madrid,
1993, p. 23.
A pesar de este firme rechazo a un reconocimiento amplísimo de la pre­
sunción de inocencia, lo cierto es que la oposición d

References: resolución 
 resolución 
In dubio
In dubio
In dubio
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