Source: https://www.scribd.com/document/251608904/Amicus-Curae-Caso-Mesa-Redonda
Timestamp: 2018-11-19 21:48:43+00:00

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Uploaded by José Francisco C. Castillo
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MEdidas de coerci´n procesal
ÜL ¿2?
-01- O")
xpediente : R.N. 4744 - 2007
: Presenta Amicus
SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA
FERNANDO RAFAEL CASTAÑEDA PORTOCARRERO, Adjunto (e) en
Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, identificado con
Registro CAL N° 40125 y DNI N° 09869465, señalando domicilio en el
Jirón Ucayali N° 388, Lima 1; ante usted me presento para intervenir en
calidad de AMICUS CURIAE, exponiendo argumentos que puedan ser
considerados al momento de resolver el RECURSO DE NULIDAD
planteado contra la sentencia condenatoria contra Luis Alberto Sánchez
Arias y otros, emitida por la Quinta Sala Penal para Reos Libres de la
Corte Superior de Lima, por la comisión de delito de homicidio culposo
agravado en agravio de Joselín Rabióla Abarca Simón y otros, y lesiones
graves culposas en agravio de Rosario Ciríaco Valencia y otros.
INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANTE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN CALIDAD DE AM1CUS
Fundamento para intervenir en calidad de amicus curiae
La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo
encargado de la defensa de los derechos fundamentales de la persona y
la comunidad, la supervisión de los deberes de la administración estatal y
la adecuada prestación de los servicios públicos, de acuerdo al artículo
162 de la Constitución de 1993 y al artículo 1 de la Ley N° 26520, Ley
Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
La intervención de la Defensoría del Pueblo en el ámbito de la
administración de justicia se realiza en atención a lo establecido en el
Ley N° 26520, que dispone que cuando las
investigaciones de la institución estén referidas a dicho ámbito "podrá
recabar de las instituciones y organismos competentes la información que
considere oportuna, sin que su acción pueda interferir en el ejercicio de la
potestad jurísdiccionaí'.
Asimismo, el artículo 17 de la misma ley dispone que "[cjuando un mismo
hecho violatorío de derechos humanos esté siendo investigado por otra
autoridad, funcionario o institución del Estado, el Defensor del Pueblo (...)
demanda de acción de cumplimiento para la distribución de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) en aplicación de la Resolución Ministerial NM65-99-SA/DM. la Defensoría del Pueblo ha intervenido en procesos judiciales. Caso Chuschi). Esto ha dado lugar a que se presenten en procesos de inconstitucionalidad1. Competencia N° 18-2004.podrá aportar a las autoridades competentes los elementos provenientes de su propia investigación". hábeas corpus2 y cumplimiento3. su opinión especializada cuando la trascendencia o especial complejidad de un caso lo haga necesario. La Corte Suprema de Justicia ha aceptado este tipo de intervenciones. a través de un informe escrito. resuelto por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia el 14 de diciembre de 2004. Al respecto. De otro lado. En el marco de esta competencia. expediente N° 2455-2002HC/TC.084) e intervino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Expediente N° 001-2003-AI/TC. se ha presentado amicus curiae en el proceso de contienda de competencia promovido por el Juzgado Mixto de Cangallo contra la Primera Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar (Competencia N° 29-04. la Defensoría del Pueblo presentó un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los extrabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Caso 12. en el proceso de contienda de competencia promovido por la justicia militar contra el Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo4. Asimismo. en este sentido. 22° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. como se puede apreciar de la sentencia del 17 de noviembre 2004. con la finalidad de aportar al juez. . Sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de noviembre de 2002. el Tribunal Constitucional ha reconocido la facultad de la Defensoría del Pueblo para presentar amicus curiae. aportar criterios de interpretación y aplicación de las normas jurídicas. respetando en todo momento la independencia del Poder Judicial. en diversas instancias y grados jurisdiccionales. Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar/Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo. en calidad de amicus curiae. Sala Penal Permanente. es importante precisar que este tipo de actuaciones ha sido reconocido también a nivel del Sistema Interamerícano de Protección de Derechos Humanos. demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Notarios de Lima contra diversos artículos de la Ley N° 27755. A este respecto. emitida por la Sala Penal Permanente. Se busca. Expediente N° 2004-4274-0-100.
Posteriormente. Cuarto Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República 2000-2001. En el marco de sus atribuciones colaboró. "Redibujando la ¡nstitucionalidad democrática: derechos. encargado de revisar la información referida al incendio de Mesa Redonda. págs. c) Colaboró con los deudos para la identificación y sepultura de los cadáveres. en coordinación con las autoridades pertinentes: a) Participó en las labores de constatación de los cadáveres en estado de "¡rreconocible" y "medianamente irreconocible". 1. Noelia Anchelia Oséate y Efraín Jorge Campos Rosales).M. y e) Recabó información para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales. la Defensoría del Pueblo iniciara una investigación de oficio (Expediente N° 295-2002).5 Por lo tanto. d) Realizó labores de constatación del estado de salud de los heridos que se encontraban internados en siete hospitales de Lima. verdad y participación ciudadana".vulneración de los derechos a la vida y a la protección judicial cometidos contra M. la intervención de la Defensoría del Pueblo en calidad de amicus curiae ha sido aceptada tanto por órganos jurisdiccionales nacionales. 601 y 605. Actuaciones de la Defensoría del Pueblo en el caso Mesa Redonda La magnitud de los sucesos acaecidos en Mesa Redonda el 29 de diciembre de 2001 motivó que. Encarnación Pérez Quispe. colaborando con el grupo de trabajo especial de la Comisión Permanente del Congreso. solicitaron que la Defensoría del Pueblo interponga sus buenos oficios ante el Poder Ver: Defensoría del Pueblo. facilitando de esta manera el cumplimiento de su mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad. mediante comunicación del 26 de agosto de 2008 familiares de Mesa Redonda (Martha De la Cruz de Velarde. Así. . Aquilina García Rodríguez.CH. supervisó y realizó numerosas diligencias en los momentos posteriores a los hechos. en su oportunidad. como supranacionales.2. Melitón Prado Mamani. b) Supervisó la realización y tramitación de las necropsias efectuadas.
Asimismo. ante la Sala de su Presidencia. para lo cual "//7a autoridad competente. Así. judicial. el Recurso de Nulidad interpuesto contra la sentencia de la Quinta Sala Penal para Reos Libres de la Corte de Lima. con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto. las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto".Judicial. de conformidad con el procedimiento establecido en articulo 49 del mismo pacto. Luego de haberse producido sucesivas discordias. II. quien al momento de los hechos se desempeñaba como Jefe de la Sétima Región de la Policía Nacional del Perú. el Pacto establece el derecho de toda persona a interponer un recurso efectivo. todavía las responsabilidades a que hubiere lugar no han terminado por definirse. . Consideraciones normativas Los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en los diversos instrumentos internacionales. OBLIGACIONES DEL ESTADO PERUANO EN RELACIÓN AL RESPETO Y GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 2. o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos6 establece en su artículo 2 que los Estados Partes: "se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto" N En tal sentido. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. los Estados deberán "adoptar. toda vez que a pesar del tiempo transcurrido. administrativa o legislativa. El Perú no escapa a esta obligación. Es del caso señalar que a la fecha se encuentra pendiente de resolución. Es en este contexto que la Defensoría del Pueblo. decidirá sobre los derechos de Adoptado y abierto a la firma. a través del presente amicus curíae. de 16 de diciembre de 1966. sólo resta por definir si existió o no responsabilidad penal en el procesado Luis Sánchez Arias. ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI).1. busca atender el pedido de intervención de los familiares de las personas fallecidas en el referido incendio.
Al respecto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha desarrollado las implicancias de esta obligación en su Observación General N° 31 denominada "La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto" del 29 de marzo de 2004.1 que Y/Jos Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción" En relación a este artículo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre el caso Velásquez Rodríguez vs. . En cuanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos7 se señala en su artículo 1.toda persona que interponga tal recurso. Todos los poderes del Estado (ejecutivo. conforme al procedimiento establecido en sus artículos 45 y 62. están en condiciones de asumir la responsabilidad del Estado Parte". "Este artículo contiene la obligación contraída por los Estados Partes en relación con cada uno de los derechos protegidos. a cualquier nivel que sea. legislativo y judicial) y otras autoridades públicas o estatales. En el párrafo N° 4 de dicha Observación se determinan los alcances de la responsabilidad de los Estados. al mencionarse que "///as obligaciones del Pacto en general y del artículo 2 en particular son vinculantes para todos los Estados Partes en conjunto. de Suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica y vigente desde el 18 de julio de 1978 conforme al artículo 74. ha establecido que cualquier violación de un derecho contenido en la Convención implica una violación de dicha obligación de respeto y garantía8. y desarrollará las posibilidades de recurso judicial".2 de la convención. de tal manera que toda pretensión de que se ha lesionado alguno de esos derechos. implica necesariamente la de que se ha infringido también el artículo 1. Honduras del 29 de julio de 1S88. Ei 21 de enero de 1981 el Perú reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. regional o local. la referida Corte ha indicado que esta obligación: "implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y. Ratificada por el Perú el 28 de julio de 1978. nacional. en general. Además. todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público.1 de la Convención" (párrafo 162 de la sentencia).
en su oportunidad. si se interpreta el sentido de estas normas de acuerdo a los tratados internacionales reseñados. del derecho conculcado y. en el incendio que el sábado pasado redujo a cenizas varías galerías comerciales.. 2. tal como lo prescribe la Cuarta Disposición Final de la propia Constitución. el restablecimiento.. investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar. Nuevamente se repite el esquema de una tragedia que pudo ser evitada ejerciendo mayor control (. otros cientos de heridos y cuantiosas pérdidas económicas para comerciantes y público en general. Ya son más de doscientos los muertos.2. Sólo días después se sabría que los sucesos del 29 de diciembre de 2001 dejaron aproximadamente 300 personas fallecidas. De esta forma. mientras que el artículo 44° reitera como deber primordial del Estado la tarea de "garantizar la plena vigencia de los derechos humanos". La respuesta del Estado ante situaciones de conmoción social Cabe recordar que el presente caso constituyó un hecho que. hay que decirlo. si es posible. la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos"9 En lo que respecta al ámbito interno el articulo 1° de la Constitución de 1993 establece como fin supremo del Estado "[la] defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad".. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir. No obstante.. decenas los heridos y cuantiosas las pérdidas materiales. dos días después de la tragedia. es claro que el conjunto del aparato estatal debe articularse en torno a la promoción de una efectiva vigencia de derechos. Honduras.manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. ocasiones como las descritas constituyen una oportunidad para revisar las políticas de prevención y los planes de contingencia ante Párrafo 166 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez vs.). además. . Por ejemplo. en su caso.). el Diario "El Comercio" reflexionaba en su editorial lo siguiente: "Las autoridades tienen que asumir su responsabilidad por el trágico incendio en el Centro de Lima (. afectó gravemente a la sociedad peruana y que sus secuelas se viven y recuerdan todavía hoy. ¿Quién responde por esto? La inacción. es culposa".
a efectos de que la resolución definitiva que se 10 Sentencia del 19 de enero de 2007 recaída en el expediente N° 0014-2006-PI/TC. es decir aquella cuya comisión pueda dar lugar a una privación o restricción de la libertad personal. que dentro del Estado. La respuesta del Estado a través de una efectiva tutela jurisdiccional ante situaciones de conmoción social | I La obligación estatal de respetar y garantizar los derechos se extiende también al ámbito del Poder Judicial. el Poder Judicial constituye la última garantía de protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. I A este respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en reiterada jurisprudencia. 2. Así.3. así como la respuesta del Estado para prevenir a futuro la ocurrencia de este tipo de sucesos. las modificaciones legales y reglamentarias que fuesen necesarias. la Defensoría del Pueblo considera que corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la República ejercer sus atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con el citado precepto. dicho Tribunal ha afirmado que: "desde una perspectiva constitucional la delimitación de una conducta como antijurídica. . sólo será constitucionalmente válida si tiene como propósito la protección de bienes jurídicos constitucionalmente relevantes (principio de lesividad)"™. Corresponde entonces desarrollar algunos criterios que puedan ser tomados en consideración. Un componente esencial de esta respuesta estatal es el ejercicio del ius puniendi. que según el Tribunal Constitucional debe respetar un conjunto de parámetros. penal o administrativa. en el caso Almonacid Arellano. Por ello. En tal sentido la delimitación de la antijuridicidad de una conducta se establece a través de la tipificación penal pero se materializa a través de la determinación indubitable por parte del órgano jurisdiccional de aquellas conductas subsumidas en el tipo penal en cada caso concreto. De ahí que las decisiones de este Poder del Estado exigen un mayor nivel de rigurosidad en la argumentación de cara al cumplimiento de las obligaciones que el Estado ha asumido como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. por ejemplo. a través de la sanción a quienes hayan incurrido en algún tipo de responsabilidad civil.emergencias. Caso Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima.
Reparaciones y Costas). en el ámbito interno. (. democrático En tal sentido. Reparaciones y Costas). complitud probatoria y de coherencia.3. Ecuador (Excepción Preliminar.. Contenido esencial del derecho a la debida motivación de !as resoluciones judiciales Toda resolución del órgano jurisdiccional de un Estado supone una debida motivación. párrafo 78. Fondo.. En atención a estas exigencias se requiere que los órganos jurisdiccionales al momento de valorar las pruebas actuadas. la obligación de los jueces y vocales de fundamentar sus decisiones.resaltado en negrita es nuestro Por otro lado. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008 . para la Corte Interamericana de Derechos Humanos una debida motivación es 7a exteríorízación de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'A\ De no existir una verdadera motivación las resoluciones judiciales devienen en arbitrarias12. el artículo 139. realicen esta operación de manera racional y completa. "en el doble sentido de fundar 11 12 13 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 21 de noviembre de 2007 Caso Chaparro Álvarez y Lapo íñiguez.emita en el presente caso respete la Constitución y los Tratados Internacionales en los cuales el Perú es parte. Asimismo. el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Fondo. la Corte establece. Venezuela (Excepción preliminar.1. Reparaciones y Costas).) la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y. párrafo 107. no de cualquier manera. Fondo. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 23 de junio de 2005 .1 [de la Convención Americana] para salvaguardar el derecho a un debido proceso'*3. y como correlato de ello. . en aquellos casos en que las decisiones son recurribles.Caso Yatama Vs. 2. Nicaragua (Excepciones Preliminares. sino atendiendo a criterios de racionalidad. les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Vs. como parte de la interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. inciso 5) de la Constitución reconoce el derecho de los justiciables a obtener resoluciones judiciales debidamente motivadas. para estos efectos que: "un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Por todo ello. párrafos 152 y 153.
por este motivo . Asimismo. pues su omisión podría originar la nulidad de lo actuado en el proceso. un razonamiento judicial alineado a estos parámetros hará que la motivación utilizada sea válida en términos constitucionales. el deber de motivación también importa la necesidad de que la argumentación de ésta se efectué en forma coherente. 294. así por ejemplo. 2. En suma. lo que impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de tomar todas las previsiones para evitar la existencia de vicios lógicos a nivel discursivo16. "Derecho Procesal Penal". El deber de motivación en relación a un adecuado juicio de imputación objetiva en los delitos imprudentes o por culpa Cabe destacar que a continuación nos referiremos a la teoría de la imputación objetiva toda vez que los votos emitidos hasta el momento se han fundamentado en dicha teoría. 14 15 16 MÁIER. Buenos Aires. JULIO.. . Expediente N° 1934-2008-HC. Es por ello que la Defensoría del Pueblo explicitará a continuación los criterios que.3. MAIER. en el caso Llamoja (Expediente N° 00728-2008-PHC/TC). I. 1996 p. pág. al expresar en los fundamentos que sustenten dicha resolución las causas objetivas y razonables que determinan las resoluciones objeto de cuestionamiento en contra del demandante.resaltado en negrita es nuestro. T. compütud probatoria y coherencia indicados en los puntos precedentes. 871. etc.todas y cada una de las conclusiones fácticas y de no omitir el análisis de los elementos de prueba incorporados"™. esto es. fundamento N° 5. op. a nuestro entender. Cit. el Tribunal Constitucional.una ejecutoria suprema expedida por la Primera Sala Transitoria Penal la Corte Suprema. realizada desde la teoría de la imputación objetiva. permiten que una motivación. muestran una descripción suficiente y detallada de los hechos considerados punibles que se le imputan y de los elementos probatorios en que se fundamentan (actos de reconocimiento y diversos testimonios. Caso Carlos Alberto Cruz Cobeña.)"15 .2. Así también lo ha entendido el Tribunal Constitucional al señalar que: "[se cumple] con la exigencia constitucional de motivación de las resoluciones judiciales. cumpla adecuadamente con los parámetros de constitucionales de racionalidad. declaró nula . Es de suma importancia que todo órgano jurisdiccional observe este examen de coherencia.
es: "cuestionar. primero. A estos efectos la moderna doctrina penal ha desarrollado denominados principios de imputación objetiva. la necesidad de imponer una pena [por lo que] el juez analiza las razones por las que el sujeto desobedeció la norma y lesionó con ello el bien jurídico protegido"18 resaltado en negrita es nuestro. REYES ALVARADO. Barcelona. LEGIS.. pág. Revista Internacional. en: DERECHO PENAL CONTEMPORÁNEO. N° 1. "Curso de Derecho Penal.que "/a conducta imprudente o culposa es la acción peligrosa emprendida sin ánimo de lesionar el bien jurídico pero que.a. ésta es definida Yesid Reyes como "una serie de principios surgidos al interior de tendencias finalistas de la teoría del delito para intentar solucionar problemas que dentro de ellas presentaba el delito imprudente o ct//pa"19. Exigibilidad y razones de exculpación". principalmente.siguiendo a Paz de la Cuesta Aguado . los por las los por Es posible sostener que la imputación objetiva implica. a fin de apreciar cómo se adecúan al presente caso. 2003. "Culpabilidad. 23. Editorial Dykinson. PAZ. Parte General". YESID. en atención a las características personales del sujeto como autor (. 17 18 19 BERDUGO. por falta de aplicación del cuidado o diligencia debida. 10 . Página 213. Diciembre 2004. Ediciones Experiencia. posteriormente. Al respecto. 2002.). Consideraciones generales sobre la culpabilidad y el delito imprudente Un primer elemento a tener en consideración es la configuración de los delitos culposos que se le imputan al procesado Luis Sánchez Arias (homicidio y lesiones graves) en su calidad de ex Jefe de la Sétima Región de la Policía Nacional del Perú. Se esbozará brevemente el contenido. Madrid.siguiendo al penalista Ignacio Berdugo . cabe tener presente que en lo que respecta a la culpabilidad lo que corresponde . Bogotá. Asimismo.. Así. "El concepto de imputación objetiva". IGNACIO Y OTROS. Página 265. la creación de un riesgo jurídicamente relevante y la realización de dicho riesgo en el resultado. causa su objetiva lesión"^7. cabe señalar. de las categorías de imputación objetiva. octubre-diciembre. de la culpabilidad y. DE LA CUESTA AGUADO.
Barcelona 1998.de acuerdo con la jurista catalana 20 MIR PUIG. se advierte su posibilidad y sin embargo. si se creó o no "un riesgo jurídicamente desaprobado que se realizó en el resultado". se actúa. c. varios o ninguno. es decir. consecuentemente. c) el deber de actuar prudentemente en situaciones peligrosas La relevancia de esta línea argumentativa ha sido destacada tanto por el Fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde. Editorial Tecfoto. en su calidad de Jefe de la Sétima Región de la PNP. pero se confía en que no se dará lugar al resultado lesivo"20 Sobre la base de esta consideración corresponde al órgano jurisdiccional determinar si se infringieron o no. b. SANTIAGO. Parámetros de interpretación para determinar la culpabilidad En este punto resulta pertinente abordar la llamada "culpa consciente". así como por los Vocales Supremos Héctor Rojas Maraví. Esta ¡dea reposa sobre la consideración del profesor Mir Puig que señala que: "la culpa consciente se da cuando. página 270. en su Dictamen N° 1160-2008 del 24 de junio de 2008. se reconoce el peligro de la situación. Parámetros de interpretación para determinar la existencia de un riesgo jurídicamente relevante Para efectos de la imputación de la comisión de un delito imprudente o por culpa. si el autor supuso o no la representación del resultado dañoso como posible pero confiando en que éste no se iba a concretar. uno. Por consiguiente. lo que debe analizarse . Carlos Zecenarro Mateus y Ricardo Vinatea Medina. de disminuir el número de efectivos policiales en el centro comercial Mesa Redonda constituyó o no infracción de alguno de los deberes de diligencia externa señalados. "Derecho Penal". y. 11 . si bien no se quiere causar la lesión. una motivación adecuada deberá desarrollar y explicitar si la decisión del procesado Sánchez Arias. de los siguientes deberes de diligencia externos: a) el deber de omitir acciones peligrosas b) el deber de preparación e información previa.En cuanto a la imputación objetiva se buscará establecer si la conducta del procesado se desarrolló o no dentro del llamado "riesgo permitido" y.
constituyó o no un incremento del riesgo permitido imputable penalmente al procesado Luis Sánchez Arias. que viene a ser el conjunto de reglas técnicas a la que suele sujetarse el ejercicio de una actividad profesional24. • Lex artis En este contexto para determinar cuándo una conducta se encuentra dentro del "riesgo permitido" debe verificarse en primer término si la misma se desarrolló conforme a la "lex artis". "Imputación 'objetiva' en el delito imprudente". seguridad y protección del orden público en el centro comercial Mesa Redonda fueron los planes "Pirotecnia 1-2001". Esta reducción tuvo lugar luego de la Orden Telefónica N° 138-01-VII-RPNP-CECOPOL dada por el procesado Sánchez Arias. MONTERDE FERRER.es la existencia o no de un riesgo típicamente relevante. FRANCISCO.Mirentxu Corcoy . "Pirotecnia II". asignados originalmente en dos turnos a la zona de Mesa Redonda . de la sentencia emitida por la Quinta Sala Penal de Reos Libres25 se aprecia que los documentos relativos a las acciones policiales previstas para la vigilancia. 12 . como consecuencia de la infracción de un deber de cuidado21. página 49. "Erradicación III". Referida en el punto (iii) de la parte de "Valoración de la Prueba". Consejo General del Poder Judicial. página 253. éste no es absoluto ni invariable. si bien toda actividad. a 40 efectivos aproximadamente por turno23. En: "Causalidad e Imputación Objetiva". "Delitos relacionados con la actividad médico-sanitaria". "Pirotecnia III" y "Noel 2001". Madrid. Según consta en el Anexo N° 02 del Plan de Operaciones N° 914-VII-RPNP/JEM-OFOP "Erradicación 111-2001" del 4 de diciembre de 2001. Así. en el considerando quincuagésimo de la Sentencia de la Quinta Sala Penal de Reos Libres (página 90). sobre todo aquellas que se realizan como parte de la función policial. Resulta pertinente entonces establecer si la conducta imputada al procesado se enmarcó o no dentro de la "¡ex artis" de la función policial. A partir del contenido de los referidos documentos policiales amerita identificar si se consignaron elementos que le hayan permitido al procesado Sánchez Arias tener conocimiento del nivel de peligro de la 21 22 23 24 25 CORCOY BIDASOLO. MIRENTXU. setiembre 1994. En efecto. pues existen parámetros para determinar en qué casos nos encontramos ante un riesgo permitido (jurídicamente ¡rrelevante) y en qué casos nos situamos ante un riesgo no permitido (típicamente relevante). admite la existencia de un cierto margen de riesgo permitido. En: "Causalidad e Imputación Objetiva". En el caso concreto corresponderá entonces que el órgano jurisdiccional determine si la reducción de 1570 efectivos.
del 6 de diciembre de 2001. podrían haber permitido al procesado Sánchez Arias tener conocimiento del nivel de peligro de la zona de Mesa Redonda. en atención al criterio señalado en este punto resulta necesario establecer si la conducta del procesado Sánchez Arias afectó o no la finalidad prevista para dichos planes. A este respecto. Asimismo. Así por ejemplo debe evaluarse jurisdiccionalmente si elementos tales como las referencias a amagos de incendios previos a los hechos. 13 . página 56. se debe determinar la finalidad de protección de la norma de cuidado infringida como criterio para la prueba de la relación del riesgo con el resultado típico26. la finalidad de los Planes Pirotecnia I y Pirotecnia II era detectar y erradicar la fabricación. en otras 26 CORCOY BIDASOLO. afluencia de público en época navideña. específicamente. • Finalidad de protección de la norma de cuidado En segundo término. debe tenerse en cuenta que según fluye de los actuados. d. de! 22 de octubre de 2001. comercialización y volumen de artefactos pirotécnicos.zona en general y. Relación entre el riesgo jurídicamente resultado punible relevante y eí En este punto cabe analizar de qué manera se relaciona el riesgo jurídicamente relevante con la realización del resultado punible. Por ello. el Plan N° 782-VII-RPNP/JEM-OFOP llamado "Pirotecnia 1-2001". que el Plan N° 919-VII-RPNP/JEM-OFOP denominado "Pirotecnia 11-2001". tenía como objetivo específico atender la situación de proliferación de material pirotécnico prohibido dentro del ámbito territorial del centro histórico de Lima. De acuerdo con la lectura de los documentos que obran en el expediente. cit. con el objetivo de determinar si esta conducta creó o no un riesgo jurídicamente relevante o desaprobado. amplitud del área donde se comercializaban productos pirotécnicos. almacenaje y comercialización ilegal de material pirotécnico. entre otros. tenía por finalidad ejecutar operaciones policiales para intervenir los depósitos clandestinos de material pirotécnico. op. sobre las actividades de almacenamiento.
Finalmente. corresponde al órgano jurisdiccional determinar. Pero además. conviene reiterar que la Defensoría del Pueblo considera que para efectos de que la resolución que ponga fin a este proceso sea debidamente motivada es imprescindible tomar en cuenta los parámetros de interpretación antes señalados. deberá analizarse y probarse si dicha conducta determinó o no el resultado punible (realización del riesgo en el resultado)27. si la orden de reducir el cordón policial a aproximadamente 40 efectivos determinó o no el resultado lesivo: incendio. dado que esta semana se espera un significativo incremento de la venta de material pirotécnico y que ello demanda mucha responsabilidad en lo referente a la seguridad que debemos brindar a la población que asiste a realizar sus compras por el año nuevo"28. cit. En este sentido. qué criterios debe observar el órgano jurisdiccional para imputar o no el resultado punible al autor de un riesgo jurídicamente relevante. . correspondería al órgano jurisdiccional valorar el mérito del Oficio N° 3404/2001-MML-DMCDC del 26 de diciembre de 2001 remitido por Eva Jesús Céspedes Correa. Op. con la misma cantidad inicial. quien a su vez remitiera dicho documento al General PNP Luis Sánchez Arias mediante oficio N° 852-2001 -VII-RPNP-JPMC-1-SEC del 27 de Diciembre de 2001. muertes y lesiones producidas en el centro comercial Mesa Redonda. al Coronel PNP Eduardo Arteta Izarnotegui. entonces Jefe de la Policía Metropolitana Centro I de la Sétima Región Policial. Directora Municipal de Comercialización y Defensa del Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima. YESiD. Como se ha mencionado líneas arriba un resultado sería objetivamente imputable a una persona si se demuestra que su conducta fue contraria a la lex artis (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado). 14 . a la luz de las pruebas. Referida en las declaraciones testimonial de Arteta Izarnotegui e indagatoria de Céspedes Correa.resaltado en negrita es nuestro -. Al respecto. señor Presidente.palabras. página 31.. En el referido Oficio N° 3404/2001-MML-DMCDC la citada Directora Municipal solicitó al Comando Policial "[el reestablecimiento del] apoyo de sus efectivos en la zona. según consta en el considerando quincuagésimo de la Sentencia de la Quinta Sala Penal de Reos Libres. acápites "m" y "x" de las pruebas actuadas (páginas 79 y 87). 27 REYES ALVARADO.
exclusivamente con el ánimo de colaborar con el ejercicio de la función jurisdiccional. Lima. teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y. solicito a su Despacho aceptar el amicus curias planteado y ponerlo a consideración del magistrado dirimente de la discordia producida en autos. 26 de Enero de 2009 Fernando Rafael Castañeda Portocarrero Adjunto (e) en Asuntos Constitucionales DEFENSORÍA DEL PUEBLO Registro CAL N° 40125 .POR TANTO: Señor Presidente. Anexo B: Copia del Documento Nacional de Identidad N° 09869465. publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 25 de enero de 2007. OTROSÍ DIGO: Adjunto al presente escrito en calidad de anexos: • • Anexo A: Copia de la Resolución Defensorial N° 004-2007-DP.
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