Source: https://martinbecerra.wordpress.com/2012/02/24/panorama-politico-tras-la-ley/
Timestamp: 2017-01-24 21:20:19+00:00

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Panorama político tras la ley | QUIPU
Panorama político tras la ley	24
El análisis político sobre la sanción de la ley de medios audiovisuales por Horacio Verbitsky, Mario Wainfeld y Washington Uranga, en Página 12. También una nota de Walter Goobar en Miradas al Sur y otra de Carlos Pagni en La Nación, en la que cita un estudio Carlos Comesaña en la que los tiempos dispuestos por la nueva ley para comenzar a aplicar su contenido se calculan en un plazo que no baja de los 9 meses.
EL PAIS › LA NUEVA LEY AUDIOVISUAL
Y EL COMPLEJO AGROMEDIATICO
La nueva ley audiovisual es una victoria de la representación popular sobre las corporaciones económicas y de la recuperación del impulso transformador por parte de CFK. Igual que las retenciones al comercio exterior de oleaginosas y la estatización del sistema previsional responde a la dinámica de un proceso político que ha producido una fuerte resistencia del complejo agromediático.
La aprobación en el Senado de la nueva ley reguladora de la comunicación audiovisual por 44 a 24, a un suspiro de los dos tercios de los presentes, constituye una victoria de la representación popular sobre las corporaciones económicas, en los términos del conciso discurso del senador pampeano Rubén Marín. Esto marca una recuperación nítida del impulso transformador que fundamentó los mayores logros del primer kirchnerismo y señala la presencia de una movilización social diversa y profunda como limitadora de los lobbies del poder corporativo. También constituye un éxito personal de la presidente CFK, quien diseñó la estrategia participativa que involucró en la cuestión a sectores académicos, profesionales, culturales y artísticos que vienen reclamando una ley de estas características desde hace muchos años, mientras los sucesivos gobiernos anteriores al actual preferían las negociaciones de trastienda con los grupos multimediáticos. Esto ocurrió pese a todas las presiones que los medios ejercieron sobre el senador jujeño Guillermo Jenefes, para que, como dijo en el recinto, traicionara sus convicciones y su militancia en el partido justicialista. Bien avanzada la madrugada de ayer, cuando era evidente que aun los artículos más resistidos serían aprobados en la votación en particular, el vicepresidente Julio Cobos hizo gala de la adaptabilidad que ha sido el rasgo característico de su vertiginosa carrera política: apuró a los opositores que pretendían extender sus aclaraciones, sugiriéndoles que insertaran sus enmiendas en vez de leerlas; desechó con sequedad un intento del senador Samuel Cabanchik por frustrar la sesión con un cuarto intermedio hasta la semana próxima, e incluso se adelantó a responder con una sonrisa irónica en lugar del miembro informante por la mayoría una pregunta muy apropiada de la senadora de la CCL María Eugenia Estenssoro. La sensibilidad del ex gobernador mendocino a la dirección del viento es digna de admirar. En el debate particular tanto el radical Gerardo Morales como la justicialista Sonia Escudero presentaron aportes interesantes que habrían podido aprobarse si la oposición no hubiera elegido desde el principio la táctica de la confrontación y el sabotaje para que la ley nunca se sancionara, por lo que la mayoría no tuvo más opción que desecharlos. Esa mayoría, muy superior a la prevista, fue formada por el Frente para la Victoria, el ARI/SI, el Partido Socialista y un desprendimiento de la Unión Cívica Radical. Se redujo a 40 votos en el artículo sobre la autoridad de aplicación y a 38 en el que establece el plazo de desinversión. La lúcida intervención de la fueguina María Rosa Díaz, fue respaldada por una declaración del Partido SI (Solidaridad e Igualdad) de las dos Buenos Aires y Santa Fe, que también decidieron no apoyar por ahora ninguna candidatura presidencial. Esta pieza del centroizquierda equilibró el apoyo bochornoso del senador Ramón Saadi quien reivindicó su actuación en el caso de María Soledad Morales e hizo un involuntario panegírico de los medios a los que intentaba criticar, lo mismo que el hijo del ex dictador Domingo Bussi al explicar desde Tucumán por qué su senador Carlos Salazar apoyaría en general el proyecto del gobierno. El increíble dictamen de minoría presentado por la UCR y sus aliados reintrodujo en el proyecto a las telefónicas que CFK había excluido y vedó a las cooperativas la posibilidad de prestar servicios de comunicación audiovisual en localidades de hasta 6.000 habitantes. La senadora radical de Corrientes Anahí Sánchez desatendió las sugerencias de su jefe político, el vicepresidente Cobos, quien la exhortó a reflexionar. Así como Carlos Reutemann se prepara para una eventual candidatura a presidente ensayando conducción política con su compañera de bloque Roxana Latorre, Cobos hizo la prueba con su seguidora correntina. Si se mira la congruencia entre la conducta de maestro y discípula, Cobos ha tenido más éxito que Reutemann. Uno y otro ya saben, también, que en 2011 tal vez deban competir con el ex senador Eduardo Duhalde, cuya eventual candidatura regocija la política argentina. Diversos sectores, cada uno por sus motivos, esperan grandes satisfacciones del regreso del único político con actuación ininterrumpida desde 1983. Su explicación de que el radicalismo puede cumplir un período completo de gobierno ¿debe tomarse como una promesa de enmienda? Su esposa, con un aire a la Duquesa de Alba, dijo en forma explícita que su ambición era devolver la ley a la Cámara de Diputados. La transmisión televisiva mostró una gran diversidad entre las distintas señales noticiosas, representativa de la pluralidad de voces que garantiza el esquema actual. Para TN se trató de la Ley de Medios K; para América 24, del grupo De Narváez-Manzano-Vila, de la Ley K de medios. La tapa de Clarín fue menos sintética: “Kirchner ya tiene la ley de control de medios”. A diferencia del conflicto por la resolución 125, la invitación a cacerolear o presionar a los legisladores en las calles no tuvo eco. En la misma semana, el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez se reunió con la mesa de enlace de las cámaras patronales agropecuarias, en un nuevo intento por terminar un conflicto que ensombreció el primer año y medio de mandato de CFK y en cual el gobierno ha ido de concesión en concesión económica, sin que eso se tradujera en algún alivio político, ante la efectiva concertación agromediática que impuso su imagen deforme de la realidad.
Sólo el jefe del gabinete de ministros, Aníbal Fernández, negó en una sobremesa con industriales, que el Estado tuviera el propósito de hacerse con Papel Prensa. En otras oficinas del gobierno se afirma que Moreno negó haber dicho lo que le atribuyen, lo cual torna más difícil de entender por qué no se formuló una desmentida expresa. “Porque están buscando generar un escándalo con datos falsos para victimizarse en vísperas de la sanción de la ley audiovisual”, explicaron en off. Si la denuncia de Clarín estaba dentro de lo previsible dada la batalla campal entre ese grupo económico y el gobierno nacional, su contenido es sorprendente para quienes conocían los estudios que desde el gobierno se están realizando desde hace dos años, no para adquirir el paquete accionario de Papel Prensa o expropiarlo sino, por el contrario, para vender el tercio aún en manos del Estado.
El Estatuto de la empresa, de 1972, dice en su artículo 8 que “las acciones del Estado Nacional deberán ser rescatadas por la sociedad a su valor real de mercado o nominal, según cual resulte mayor, en el término de diez (10) años en cuotas anuales y consecutivas” y si no lo hicieran el Estado podría venderlo a otros inversores nacionales. Sin embargo hasta el día de hoy el Estado no ha podido desprenderse de esas tenencias y, como socio bobo, financia las ganancias de sus socios privados. Cuando se extinguía la dictadura, en noviembre de 1983, Papel Prensa pidió a la Secretaría de Industria que estableciera el procedimiento para el rescate de esas acciones, y el ministro de Economía Jorge Wehbe firmó la resolución 1359/83. Allí estableció que se entendería por valor de mercado el promedio ponderado de precio de las acciones ordinarias de la empresa cotizadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires entre 15 y 45 días antes de la Asamblea General ordinaria de la sociedad. Para tener una idea del precio vil que eso implicaba, la última negociación de Papel Prensa en la Bolsa se produjo el 6 de diciembre de 2007, a 0,022 pesos por acción. Ese día se negociaron 60 mil acciones, por 1.320 pesos. En abril de 1985, en cuanto asumió el ministerio de Economía, Juan Vital Sourrouille dejó sin efecto la decisión de Wehbe, y fijó un precio real para esas acciones. Su resolución 321/85 adujo que las acciones que se negociaban en la Bolsa eran un volumen ínfimo de capital y eran de clase diferente a las que poseía el Estado. Ese mismo año, Papel Prensa presentó un recurso jerárquico ante la Secretaría de Industria contra la resolución de Sourrouille. Sostuvo que el Estado sólo había tenido una participación financiera en Papel Prensa como parte de una política de promoción industrial del sector celulósico papelero, considerado de interés público. Esa subvención “condicional destinada al enriquecimiento del subvencionado” se concretó en un contrato, que obliga a ambas partes y constituye un derecho civil que no puede ser anulado por un acto unilateral de autoridad, agregó con una cita del tratado de Derecho Administrativo de José Roberto Dromi. Casi un cuarto de siglo después ese recurso jerárquico, presentado por Papel Prensa en setiembre de 1985, no se resolvió y el expediente administrativo desapareció dos veces del ministerio de Economía, que debió reconstruirlo. El artículo 9 del balance firmando en junio de este año, sostuvo que no se pagan utilidades porque aún “no se tiene conocimiento sobre la resolución del tema”.
Esta participación forzada del Estado en una empresa en la que ya cumplió su función de fomento y no tiene nada más que hacer, implica una subvención que desde 2007 los representantes del Estado observan al analizar el balance en la asamblea de accionistas. Su argumento es que Papel Prensa tiene quebrantos y no cumple su plan de inversiones porque transfiere las utilidades a sus diarios accionistas mediante un precio de venta subsidiado. A raíz del reclamo estatal, la tonelada para los accionistas aumentó un 30 por ciento, que de todos modos se reduce con la bonificación por cantidad y pronto pago. Bastó que el Estado reclamara por las pérdidas que esta política de precios lo obligaba a absorber, para que ambos diarios accionistas y los medios audiovisuales de uno de ellos sesgaran su cobertura periodística en forma ostensible. Esto se tornó extremo a partir del 11 de marzo del año pasado, cuando el ministro de Economía Martín Lousteau firmó la resolución 125. La participación estatal en Papel Prensa fue tratada en agosto de 1978 por la misión que envió la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que agrupa a los dueños de periódicos del continente. Su informe expresó “graves reservas” sobre el proyecto de Papel Prensa, en el que los diarios “compraron acciones en la nueva planta” mediante un “generoso crédito ofrecido por el gobierno militar” y advirtieron sobre el peligro de que “esto casi imponga no antagonizar con el gobierno”. Al informar sobre la misión de la SIP, Clarín destacó con negritas el párrafo sobre “la concesión a las empresas periodísticas de créditos a largo plazo para la adquisición de papel”, convirtiendo en positivo lo que el documento había calificado como motivo de “graves reservas”.
Julián Domínguez asumió el nuevo ministerio de Agricultura y su primera actividad fue recibir a las cámaras patronales agropecuarias. Les dijo que entendía el rol estatal como regulador y subsidiario y cerró cualquier posibilidad de discutir las retenciones al comercio exterior de oleaginosas, que además de un pilar de la política económica es también un símbolo de la autonomía estatal frente a los intereses corporativos. En todo lo demás la posibilidad de acordar es alta. Como garante de ello actuó un gran empresario de la soja transgénica y pionero de los pools de siembra y los fondos fiduciarios, Eduardo Serantes. Su muda asistencia al encuentro (“una hora de presentación y acuerdo sobre la metodología”) fue acordada por el gobierno con el obispo de San Isidro, Alcides Jorge Pedro Casaretto, a quien Serantes acompaña en la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica y ambos apoyaron con entusiasmo las movilizaciones patronales de 2008 y 2009. El martes el ministro atenderá en el INTA de Castelar, el principal organismo técnico del Estado en la materia, donde es posible que instale su despacho en forma permanente. El miércoles pondrá en funcionamiento junto con el jefe de gabinete Aníbal Fernández la Mesa Agropecuaria Nacional, con participación de los distintos sectores, y el jueves reunirá por primera vez a los ministros de agricultura de todas las provincias en el Consejo Federal, que hace dos años no es convocado. Ese Consejo sesionará cada 30 días en forma rotativa en las distintas provincias. Allí se impulsará que cada ministro organice su propia mesa de trabajo y su Consejo Provincial, con representantes de los municipios. Dentro de diez días será el turno de las 21 universidades nacionales, con las que comenzará a discutir un plan estratégico agropecuario. La idea es dejar de lado el debate político y discutir la cuestión agropecuaria, con una participación creciente de la gobiernos provinciales y municipales. Tal vez por eso, Domínguez, quien en el último lustro del siglo pasado fue intendente de Chacabuco, designó en su equipo a Carla Campos Bilbao, esposa del intendente de Moreno, Andrés Arregui, y a los ex intendentes de Florentino Ameghino, Andrea Fabiana García y de General Madariaga, Adrián Mircovich. Chacabuco fue uno de los focos de enfrentamientos más duros por parte de las patronales agropecuarias, con trompadas al intendente y al presidente del Consejo Deliberante. El rol significativo que se reserva a los ministros y secretarios de agricultura de las provincias y los municipios obedece a las diferencias estructurales que hay entre las distintas regiones del país. Ellos deberían ser la representación del ministerio en cada lugar donde haya conflictos. Los municipios son el lugar donde puede verificarse la transferencia de recursos por parte del Estado Nacional. Este sería el vehículo para satisfacer las necesidades de los productores más pequeños, que no se sienten representados por los gremialistas. Las cámaras patronales enfurecieron cuando la ministra de Producción, Débora Giorgi cuantificó las concesiones que le fueron arrancando al gobierno en 21.700 millones de pesos desde abril de 2008 hasta julio de 2009. Habrá que ver cómo reaccionan y con qué resultado frente al planteo de Domínguez.
Por Walter Goobar – wgoobar@miradasalsur.com
La llave, en manos de la oposición
Carlos Pagni – LA NACION – Lunes 12 de octubre de 2009
Cristina Kirchner se apresuró a promulgar la ley de servicios audiovisuales antes de partir hacia la India. Tal vez no era necesaria tanta premura. El procedimiento para que la norma aprobada anteayer entre en vigor depende de una cadena de artículos que deja los plazos en manos de la oposición. Este ritmo es decisivo, ya que el artículo 161 de la reforma obliga a las empresas a deshacerse de los canales de TV, de las radios o de las redes de abonados al cable que excedan el cupo determinado para cada negocio.
Las leyes suelen volverse operativas 8 días después de su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, el proceso de aplicación del texto que el Senado aprobó el sábado es distinto. En su artículo 164 dispone que la ley 22.285, caracterizada como “ley de la dictadura”, no será derogada hasta que se cumplan los plazos establecidos por el artículo 156 de la nueva norma. El artículo 156 determina los lapsos dentro de los cuales la autoridad de aplicación debe elaborar su reglamento interno y las normas técnicas que regirán el sistema de medios audiovisuales a partir de esta reforma. Para el primero se fijan 30 días, y para las segundas, 180.
Como la autoridad de aplicación no puede constituirse antes del próximo 10 de diciembre, la nueva norma no podría entrar en vigor antes de 210 días hábiles a partir de esa fecha. Y eso será así siempre y cuando los diputados y senadores de la oposición designen con toda celeridad a los que serán sus representantes en ese órgano de control.
Es posible que los legisladores del oficialismo no hayan advertido que, si al calendario frío de la ley se le agregan demoras propias de la política, la iniciativa de los Kirchner tardará bastante más de un año en volverse operativa. Y a ese año hay que sumarle otro para que comience la “desmonopolización”.
También es probable que los representantes de la oposición no hayan querido levantar la voz sobre este detalle, si es que lo advirtieron. Las empresas, en cambio, ya tienen forma de saberlo. Por ejemplo, el estudio jurídico de Carlos Comesaña, especializado en radiodifusión, hizo circular el sábado entre sus clientes un detallado informe en el que advierte sobre la demora que tendrá la ley para entrar en vigor.
Detalles procesales
Para comprender el proceso hay que prestar atención a algunos detalles procesales. A medida que se avanza en ese examen se comienzan a descubrir, además, ciertos ardides políticos que esconde la norma:
Aquí vale la pena prestar atención a un detalle: el kirchnerismo fijó mandatos encabalgados para satisfacer una demanda de sus aliados de izquierda, que pretendían desacoplar a la Autoridad de Aplicación del Ejecutivo de turno. Al hacerlo, logró que los directores nombrados por el actual gobierno sigan en sus cargos durante los dos primeros años de la próxima administración.
La ausencia de los dos representantes del Consejo Federal es muy relevante, ya que determina que los reglamentos sean redactados por una Autoridad integrada por sólo 5 directores. Para que esa Autoridad de 7 miembros tenga quórum es imprescindible que la Comisión Bicameral haya designado a sus tres delegados: uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera. ¿Se apresurarán los diputados y senadores de la oposición a designar a sus representantes? ¿O demorarán ese trámite para estirar los plazos de la ley? Si optaran por lo segundo, es imposible que el próximo 10 de diciembre esté constituida la Autoridad de Aplicación y que comiencen a correr los plazos para que la reforma tenga consecuencias prácticas. Más aún: podría sospecharse que la llave de entrada vigente de la ley quedó en manos de la oposición.
Hipótesis favorable
En otras palabras: los 210 días hábiles de plazo para que quede derogada la legislación de la dictadura son la hipótesis más favorable al oficialismo. Todo puede ser mucho más lento. Nada que deba asombrar. El Consejo de la Magistratura que creó la Constituyente de 1994 recién se reglamentó en 2006. Y la ley de coparticipación que la misma convención obligó a dictar antes de que terminara 1996 ni siquiera se ha proyectado todavía.
Estas claves de la normativa que se aprobó el sábado, hasta ahora casi secretas -LA NACION sólo detectó el dictamen de Comesaña-, llevó ayer a algunos legisladores del oficialismo a plantearse la posibilidad de una ley correctiva, que debería aprobarse antes del 10 de diciembre. Además de satisfacer las urgencias del Poder Ejecutivo, el nuevo texto debería corregir algunas aberraciones en la redacción del que se acaba de sancionar. Por ejemplo, en el artículo 95 se establece que el Banco Nación transferirá los gravámenes que se depositen en sus cuentas según lo establecido en el artículo 88. Pero el artículo 88 se refiere a la regulación del acceso al espectro radioeléctrico. Es comprensible: en el apuro, los diputados le cambiaron los números del articulado y nadie pudo ajustar el nuevo texto a la nueva correlación. Los senadores, ya se sabe, tenían una orden, emitida por Kirchner a lo Mussolini, de “no cambiar una sola coma”.
Tampoco debería asombrar que se sancionara una nueva norma. En 1983 Raúl Alfonsín promovió una ley de cinematografía con tanta premura que en marzo de 1984 debió enviar un proyecto correctivo al Congreso. Es verdad que los errores de Alfonsín se debieron a su ansiedad para eliminar la censura. No para establecerla.
La Autoridad de Aplicación está integrada por 7 miembros. Dos de ellos representan al Ejecutivo; tres a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, y otros dos al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, estos últimos no tendrán intervención en la tarea fundacional de redacción de los reglamentos. Insólito: el artículo 156 establece que el Consejo Federal se constituirá dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la ley, que no ocurrirá antes de que se redacten los reglamentos.
Ahora bien, esos 210 días hábiles correrían a partir de que se constituya la Autoridad de Aplicación, encargada de redactar los reglamentos. Eso no puede ocurrir antes del próximo 10 de diciembre, ya que el artículo 14 de la nueva ley establece que “el presidente y los directores durarán en sus cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período. La conformación del directorio se efectuará dentro de los dos (2) años anteriores a la finalización del mandato del titular del Poder Ejecutivo Nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo Nacional”. En consecuencia, las designaciones no pueden realizarse antes del 10 de diciembre, ya que recién a partir de esa fecha faltarán dos años para que concluya el período de la señora de Kirchner.
El artículo 156 se denomina “Reglamentos. Plazos”. Debe recordarse que el paso del tiempo se mide por la ley de procedimientos administrativos, para la cual “días” son “días hábiles”. Para el reglamento interno de la Autoridad de Aplicación establece 30 días de plazo. Una vez efectuada esa tarea, se puede encarar la elaboración de las normas técnicas del nuevo sistema, para la que se asignan otros 180 días. Es decir, para cumplir con el artículo 156 pasarían 210 días hábiles. Recién entonces se derogaría la ley 22.288.
El artículo 164 es la llave. Dice: “Cumplidos los plazos establecidos por el artículo 156, deróganse la ley 22.288 y los decretos?”, es decir, la “ley de la dictadura” y sus modificaciones.

References: resolución 
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 artículo 161
 artículo 164
 artículo 156
 artículo 156
 artículo 95
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 156
 artículo 14
 artículo 156
 artículo 156
 artículo 164
 artículo 156