Source: https://xnet-x.net/proposicion-ley-proteccion-integral-alertadores/
Timestamp: 2020-05-29 16:22:16+00:00

Document:
Proposición de Ley Protección alertadores, denunciantes
PLANTILLA ACTUALIZADA EL 26-11-2019 CON LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA
Este texto quiere ser una base exhaustiva para crear legislaciones de protección de alertadores adaptadas a la Directiva europea y los mejores estándares internacionales en aplicación. Esta plantilla puede ser adecuada a las necesidades, cultura y contexto de cada país, nación o región. Os invitamos a presentarla en vuestro parlamento para su implementación.
Licencia: tal y como hemos hecho nosotros en la exposición de motivos donde se reseñan todos los trabajos en los que nos hemos inspirado, cuando la adoptéis os pedimos que de algún modo reconozcáis en trabajo colectivo y de Xnet y la red WIN.
-> Proliferación de buzones seguros y anónimos que no lo son:
-> Xnet instala el primer buzón de denuncias anónimo y seguro institucional:
Texto registrado en el Congreso de los Diputados el 11-12-19
Artículo 3.- Definiciones y ámbito subjetivo de protección.
Artículo 4.- Informaciones que constituyen alerta.
TÍTULO II. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS QUE TRANSMITAN INFORMACIONES CONSTITUTIVAS DE ALERTA
CAPÍTULO I. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS ALERTADORES Y FACILITADORES
Artículo 5.- Derechos que asisten al alertador y al facilitador.
Artículo 6.- Derecho a la seguridad y prohibición de las represalias.
Artículo 8.- Derecho a la información y acceso al procedimiento.
Artículo 9.- Derecho al asesoramiento y defensa jurídica.
CAPÍTULO II. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA OCUPACIÓN O DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS ALERTADORES Y FACILITADORES
Artículo 10.- Medidas comunes.
Artículo 11.- Medidas de protección al alertador funcionario o empleado de las administraciones públicas.
Artículo 12.- Medidas de protección de la actividad económica o profesional del alertador ocupado por cuenta propia.
CAPÍTULO III. DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ALERTADORES Y FACILITADORES POR LA REVELACIÓN DE INFORMACIONES QUE CONSTITUYEN ALERTAS
Artículo 13 .- De la responsabilidad del alertador y facilitador.
TÍTULO III. SISTEMAS DE INFORMACIÓN O CANALES DE RECEPCIÓN DE ALERTAS
Artículo 15.- Otros tipos de canales.
Artículo 16.- Información sobre los canales de comunicación y recepción de alertas.
Artículo 17.- Procedimiento de alerta.
Artículo 21.- Almacenamiento de la información constitutiva de alerta.
TÍTULO IV. LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DE LOS ALERTADORES Y FACILITADORES
Artículo 22.- Objeto y naturaleza jurídica.
Artículo 23.- Fines y funciones.
Artículo 24.- Delimitación de funciones y colaboración.
CAPÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LOS ALERTADORES Y FACILITADORES
Artículo 25.- Deber de colaboración.
Artículo 26.- Acceso a la información.
CAPÍTULO III. DE LOS RESULTADOS DE SU ACTIVIDAD
Artículo 28.- Memoria anual.
Artículo 29.- Recomendaciones y dictámenes.
CAPÍTULO IV. DE LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES
Artículo 30.- Estatuto personal de la dirección de la Autoridad.
Artículo 31.- Incompatibilidades.
Artículo 32.- Cese.
Artículo 33.- Del nombramiento, principios, incompatibilidades y cese del personal al servicio de la Autoridad.
Artículo 34.- Presupuesto y contabilidad.
Artículo 35.- Órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 36.- Obligación de denunciar.
Artículo 37.- Infracciones.
Artículo 39.- Proporcionalidad en la imposición de sanciones.
Artículo 41.- Indemnización por daños y perjuicios.
Disposición adicional primera . Comisión de Seguimiento.
Disposición adicional segunda . Modificación de la legislación sobre asistencia jurídica gratuita.
Disposición adicional séptima. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
La presente Ley es la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Protección de las Personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Quiere contribuir a consolidar los sistemas de control, señalamiento y alerta sobre irregularidades e infracciones en el ámbito público y privado, ofreciendo en ambos sectores una protección integral a los alertadores (de la figura de origen anglosajona “whistleblowers”), personas que revelan o comunican informaciones sobre infracciones, irregularidades y acciones y omisiones dolosas o imprudentes susceptibles de causar daños y amenazas al interés general. Además de regular los canales de recepción de alertas internos y externos de administraciones, empresas y entidades, estableciendo qué obligaciones deben cumplir los responsables públicos y privados, así como las consecuencias que en el ámbito del procedimiento sancionador se puedan derivar de su incumplimiento para poner fin con todas estas medidas, y desde el consenso social, a los abusos sistémicos.
Esta Proposición de Ley ha sido redactada por Xnet*, grupo ciudadano que trabaja para la renovación democrática en la era digital, con la revisión de Whistleblowing International Network (WIN) y Government Accountability Project (GAP) y comentarios de Blueprint for Free Speech, partiendo del Decálogo para la Protección de los Denunciantes y Alertadores del Grupo de Trabajo Ciudadano contra la Corrupción del que Xnet es miembro fundador y de cuanto establece nuestro ordenamiento jurídico como principio, el deber de todo ciudadano que tiene conocimiento de la perpetración de un delito de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente tal y como se manifiesta en los artículos 259 y 262 de la Ley Enjuiciamiento Criminal. La Proposición se construye integrando, adaptando y actualizando varias fuentes, textos ya en uso o a debate en otros ámbitos temáticos o geográficos. Dichos textos son principalmente On Prevention of Corruption Act No. 1700-VII (Ucrania, 2014), The Protected Disclosures Act (Irlanda, 2014), las recomendaciones de – entre otros – WIN (la principal red europea de organizaciones para la protección de alertadores de la que Xnet es miembro), Protect (antes conocida como Public Concern at Work),Courage Foundation y Expose Facts.
Esta Ley también tiene en cuenta varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Recomendación CM/Rec (2014)7 de protección de alertadores, adoptada por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, de 30 de abril de 2014 y su memorando explicativo; las directrices de la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre las “Medidas Legítimas para la Protección de los Denunciantes de Irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos”; las disposiciones de la ONU sobre la protección de las fuentes y de los denunciantes; las Directrices de la OCDE sobre la protección de los denunciantes de irregularidades: los marcos de protección de denunciantes del G20; la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, y, en la medida en que se ha tomado de referencia su modelo integrado de protección integral de las víctimas, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y del Estatuto de Protección de la Víctima del Delito 4/2015, de 27 de abril y la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.
España es uno de los países signatarios de instrumentos internacionales que proporcionan normas jurídicamente vinculantes y recomendaciones persuasivas para la implementación nacional de protección de alertadores.
España es miembro del Consejo de Europa. En 2014, el Consejo de Ministros adoptó 26 principios en la Recomendación CM/Rec (2014)7 de protección de alertadores (Recommendations on the protection of whistleblowers) CM/Rec (2014)7. Este es un instrumento jurídico que forma parte del acervo jurídico europeo. Se cita específicamente como una base fundamental para la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Protección de las Personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
España ha ratificado los Convenios Civil y Penal del Consejo de Europa contra la corrupción. El artículo 22 del Convenio Penal contra la corrupción, sobre “Protección de los colaboradores de la justicia y testigos” establece que “Cada parte debe adoptar las medidas necesarias para proporcionar una protección efectiva y apropiada a: a) Quienes denuncien los delitos tipificados con arreglo a los artículos 2 a 14 o cooperen de otro modo con las autoridades de investigación o de enjuiciamiento; b) Los testigos que presten testimonio sobre esos delitos”. El artículo 9 del Convenio Civil contra la corrupción, sobre “la protección de los empleados” establece que “Cada parte dispondrá en su legislación interna una protección adecuada contra sanciones injustificadas para los empleados que tengan motivos razonables para sospechar de corrupción y que comuniquen de buena fe sus sospechas a las personas o autoridades responsables”.
En 2006, España ratificó la Convención de Naciones Unidas jurídicamente vinculante contra la corrupción, cuyo artículo 33 “Protección de los alertadores” requiere que “Cada estado debe considerar la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para ofrecer protección contra todo trato injustificado a toda persona que denuncie de buena fe y por motivos razonables a las autoridades competentes cualquier hecho relativo a delitos tipificados con arreglo a la presente Convención”. El artículo 8 “Códigos de conducta para funcionarios públicos”, el artículo 13 “Participación de la sociedad”, el artículo 32 “Protección de testigos, peritos y víctimas”, y el artículo 37 “Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (en particular, su apartado 4), también son pertinentes para la protección de los alertadores.
La colaboración de los ciudadanos o grupos de la sociedad civil organizada con la alerta sobre irregularidades e infracciones es uno de los medios más eficaces para exponer y combatir la corrupción y los abusos que afectan a toda la sociedad. Además de los problemas morales, jurídicos y políticos que ello comporta, no dejan de ser problemas técnicos y como tales pueden también ser abordados pragmáticamente para ser resueltos de manera concreta y eficaz.
Pero como regla general, los alertadores a menudo alertan con un alto riesgo personal, y como resultado suelen sufrir un gran coste profesional y personal a pesar de que la alerta sobre irregularidades e infracciones, incluso potenciales, es esencial para proteger el interés público y para mantener la rendición de cuentas y la integridad tanto en el sector público como en el privado.
Es por esto que se necesita una ley que proteja a quien presencie cualquier tipo de abuso y que le permita aportar información relevante, o alertar de ello sin recibir represalias, incluso cuando se trate de irregularidades e infracciones potenciales. De lo contrario, la desprotección para los llamados whistleblowers o alertadores – y para quienes facilitan su acción – frente a las persecuciones que pueden sufrir – desde acciones legales por presuntos delitos contra el honor, la protección de datos personales o la propiedad intelectual de los defraudadores hasta casos de mobbing, acoso o despido cuando se trata de empleados o directivos de corporaciones públicas o privadas -, se convierte en una abrumadora losa de gastos y agravios que disuade a la mayoría de revelar comportamientos ilícitos, irregularidades, infracciones o delitos o alertar sobre los mismos.
Si a ello sumamos las dificultades probatorias y los costes inherentes a los procedimientos judiciales asistimos a una situación de asimetría de fuerzas entre los ciudadanos y las instituciones o las corporaciones que imposibilita de facto que las personas puedan cumplir con el deber ciudadano de alertar sobre los delitos de los que se tenga conocimiento, así como sobre comportamientos impropios, irregularidades, infracciones o actividades ilícitas.
La presente Ley quiere contribuir a consolidar los sistemas de control y alerta sobre irregularidadese e infracciones existentes en el ámbito público y privado, que ya ofrece en general el sistema judicial mediante la protección de testigos y peritos, pero se quiere, expresa y adicionalmente, ofrecer una protección integral a los alertadores y facilitadores, o sea a cualquier persona que comunique informaciones que revelen daños o amenazas al interés general y que exceda de la mera protección penal para alcanzar también la indemnidad incluso cuando las conductas comunicadas no sean constitutivas de un ilícito penal.
En el mundo anglosajón desde 1778 existen legislaciones de protección de los whistleblowers -quien usa el silbato para dar la alerta-, que traduciremos como “Alertadores”. La primera definición jurídica es de 1972 cuando el defensor del consumidor estadounidense Ralph Nader definió el Whistleblowing como “un acto de un hombre o mujer que, creyendo que el interés público anula el interés de la organización a la que sirve, hace sonar el silbido de que la organización está involucrada en actividades corruptas, ilegales, fraudulentas o dañinas.” El Government Accountability Project define los alertadores como aquellos que ejercen sus derechos a la libertad de expresión para desafiar los abusos de poder que traicionan la confianza del público.
Según la Dirección General Grow de la UE “se estima que la corrupción en la UE costará 120 mil millones de euros al año, lo que representa aproximadamente el 1 por ciento del PIB total de la UE. La contratación pública es una de las actividades del gobierno que es más vulnerable a la corrupción. Solo en esta área, se estima que el riesgo de corrupción le cuesta a la UE 5,3 mil millones de euros anuales. La protección de los denunciantes, que informan o divulgan información sobre las amenazas al interés público que presenciaron durante su trabajo, puede contribuir a la lucha contra la corrupción y a la salvaguardia de los derechos fundamentales en la UE.” Según el estudio “Global Fraud Study” de la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) de 2014 que analiza más de 2400 casos de fraude en 114 países, alrededor del 40 por ciento de todos los casos de fraude detectados son descubiertos por alertadores.
El pasado 24 de octubre de 2017 el Parlamento Europeo adoptó una resolución en favor de desarrollar medidas legítimas para proteger a los alertadores (whistleblowers) en toda la Unión Europea que actúan en nombre del interés público al divulgar información confidencial de empresas y organismos públicos que pone de relieve irregularidades, infracciones y delitos. Esta resolución culminó en la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Protección de las Personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
La denuncia de irregularidades en el interés público es una forma de libertad de expresión protegida, como confirma la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en virtud del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que todos los países de la UE son parte.
El Título Primero define tanto el ámbito subjetivo de aplicación de la ley (Capítulo I), como qué informaciones constituyen alerta a los efectos de ésta ley y quienes son considerados alertadores y facilitadores de la información (Capítulo II). Con estas especificaciones se ha querido extender la protección no sólo a las personas alertadoras conocedoras de informaciones sobre fraudes o actuaciones corruptas de las corporaciones públicas y privadas incluidas en el ámbito de esta norma, sino también a los facilitadores de las alertas: personas físicas o jurídicas tales como ONGs, plataformas ciudadanas, víctimas o medios de comunicación, entre otros, que permiten que aflore la alerta dada por un alertador. La superposición de facilitadores es una práctica común de los whistleblowers o alertadores cuando encuentran quien les garantice su anonimato y seguridad personal y familiar, que es el objetivo prioritario que persigue esta ley, siendo compatible el sistema de garantías de los alertadores también para la protección del facilitador en su caso. Por otra parte, si bien en otros países, como Estados Unidos o Alemania, tienen la consideración de alertadores las personas que actúen como tales a cambio de una remuneración económica o contraprestación patrimonial, en el contexto español, con un alto grado de corrupción, se ha considerado más oportuno omitir esta posibilidad para que el criterio de convicción razonable de la veracidad de la información constitutiva de alerta no pudiera verse enturbiado por este supuesto y en ningún caso se pudiera entrar en la valoración de las motivaciones prácticas o éticas del alertador.
El Título Segundo recoge, en su Capítulo Primero, los derechos y garantías que asisten a los alertadores y facilitadores de informaciones relevantes sobre la comisión, presunta o real, de irregularidades, desde el derecho fundamental a la seguridad personal y familiar (artículo 6) hasta el derecho a la confidencialidad y el anonimato como herramientas básicas del alertador (artículo 7), pasando por el derecho a la información y acceso al procedimiento a que dé lugar su alerta (artículo 8) e inclusive el derecho a la asistencia jurídica gratuita (artículo 9), como garantía para afrontar los procedimientos judiciales que puedan incoarse contra su persona como consecuencia de la alerta y que de otro modo supondrían un freno económico al impulso de las alertas contra el fraude, la corrupción y otros delitos.
El Capítulo Segundo contempla las medidas concretas de protección a los alertadores para preservar su empleo o actividad económica, que suelen ser el blanco de las represalias más habituales ante este tipo de alertas ciudadanas. Se han tenido en cuenta tanto el supuesto en el que el alertador forma parte de la propia estructura orgánica o corporativa que resulta afectada por las irregularidades,infracciones o malas prácticas de las que alerta, como el en que es externo a ella o que tenga una ocupación por cuenta propia.
Y el Capítulo Tercero como reverso a este sistema de derechos y garantías, establece que informar públicamente y de forma deliberada sobre información que se sabe que es información falsa no está protegido bajo esta Ley. Finalmente, para continuar protegiendo los alertadores, se prevé la aplicación de una nueva atenuante calificada, que reduciría la pena en uno o dos grados, cuando alerten sobre la comisión de hechos ilícitos en los que han participado, en virtud de la colaboración con las autoridades que la alerta supone.
El Título Tercero se dedica a regular los sistemas de información o canales de recepción de alertas de que disponen los alertadores, primando su libertad de elección (artículo 18) así como respetando los propios ritmos en la implantación de sistemas internos de alerta en corporaciones y entidades públicas y privadas, pero siempre garantizando que los canales que se pongan a disposición de los alertadores serán anónimos y seguros o, en su defecto, se informará de la no concurrencia de tales cualidades (artículo 14) para que los ciudadanos sepan de antemano a que riesgos estarán exponiéndose y que protecciones les asisten.
Por último el Título Quinto prevé el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de protección de alertadores, con un catálogo de infracciones (artículo 37) y sanciones (artículo 38) que pretenden disuadir acciones que menoscaben la indemnidad de los alertadores y de los facilitadores y al mismo tiempo castigar tales conductas y resarcir a las víctimas para el caso de que la represalia ya haya tenido lugar. El catálogo de infracciones y sanciones establecido será aplicado por parte de la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores.
1. Esta Ley tiene por objeto establecer medidas para la protección de las personas que revelen informaciones sobre posibles irregularidades, infracciones o acciones u omisiones que produzcan ilícitos o malas prácticas que sean contrarias o lesivas al interés general o contrarias a los objetivos y fines de las normas estatales y europeas, y que se hayan producido, se estén produciendo o sea probable que se produzcan en el ámbito de las administraciones y sector público y empresas o entidades públicas y privadas.
2. La presente Ley también regula los sistemas de información o canales de denuncia de que dispongan administraciones, empresas y entidades para la recepción de dichas informaciones.
3. La ley regula los órganos administrativos encargados de recibir alertas sobre posibles infracciones, de velar por el cumplimiento de las medidas de protección establecidas y para la tramitación de los procedimientos de comprobación de las actuaciones objeto de las alertas.
2. Las siguientes entidades deben establecer canales de alerta internos y cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Título III:
f) Represalias: cualquier acto u omisión discriminatorio, directo o indirecto, que ocurra para evitar o, a consecuencia de, la alerta interna o externa, o divulgación pública, que causa, es susceptible de causar, un perjuicio injustificado al alertador y/o facilitador.
g) Persona afectada: persona física o jurídica mencionada en la alerta como persona a quién se atribuye el incumplimiento o relacionada con el mismo.
1.	Las informaciones objeto de alerta son las relativas al interés general tal y como definido en el punto 3.e) de la presente Ley que aporten información relevante e indiciaria sobre hechos flagrantes, actuales, potenciales o presuntos que constituyan, sin limitarse a ellos, ilícitos, malas prácticas, abusos, irregularidades, mala gestión o fraude, amenazas graves y específicas, otras vulneraciones de leyes o normas, o daño, con independencia de que se hayan ya consumando, ejecutado, estén en fase de tentativa o se tenga indicios de que se van a producir, o que se produzcan, dentro o fuera del territorio del Estado, en los siguientes ámbitos, sin limitarse a ellos:
d)	Prácticas que entrañan riesgos para la vida y la salud de las personas o cualquier otra amenaza para la seguridad e integridad física, la salud pública, la seguridad de los productos de consumo, la seguridad del transporte, la seguridad alimentaria, la salud y seguridad animal, los derechos de los consumidores y usuarios, la seguridad nacional y mundial, la seguridad nuclear, la privacidad y la protección de datos personales, la seguridad de las comunicaciones electrónicas y sistemas de información, y el medio ambiente;
e)	Malas prácticas administrativas o empresariales, en el seno de entidades públicas o privadas, relacionadas con el abuso de autoridad, los conflictos de interés, la corrupción, la malversación de caudales públicos, la prevaricación, el tráfico de influencias, el fraude fiscal, la responsabilidad y seguridad financiera, las infracciones de la libre competencia y normas relativas a las ayudas y subvenciones del Estado, así como infracciones relativas a servicios, productos y mercados financieros y a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, entre otros;
f)	Malas prácticas disciplinarias, administrativas, en materia de privacidad, protección de datos o cualquier otra negligencia u omisión por parte de las agencias gubernamentales, autoridades públicas o cualquiera de sus empleados, entidades legales, sus funcionarios y su personal, abuso de poder, abuso de autoridad, mala administración, conflictos de intereses, incumplimiento de obligaciones legales;
2. No será un obstáculo para la comunicación y recepción de la información constitutiva de alerta el hecho que incluya:
3. Tampoco será obstáculo para la comunicación, recepción o divulgación de la información que constituya una alerta que la misma se encuentre bajo la protección del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
4. No será obstáculo para la comunicación, recepción o divulgación de la información constitutiva de una alerta la protección garantizada por las normas profesionales, comerciales y empresariales aplicables cuando dicha información sea parte de la alerta.
5. Se considera información constitutiva de alerta cuyo acceso gozará de inmunidad, tanto la información a la que se ha tenido acceso directamente durante el desempeño de una actividad incluso si su comunicación constituye un incumplimiento de contrato u otras cláusulas sobre la propiedad de la información, como en los casos en que se acceda o se haga copia de información constitutiva de alerta en el ámbito civil, administrativo o laboral a la que normalmente no se tendría acceso, como, a modo de ejemplo y no de forma exhaustiva, el acceder a los correos electrónicos de un compañero de trabajo o a archivos de un departamento laboral al que normalmente no se tiene acceso.
6. La revelación de una alerta de acuerdo con las disposiciones de esta Ley no constituye un incumplimiento de las normas y cláusulas de confidencialidad, las relativas a secretos, a la propiedad intelectual e industrial o a la protección de datos personales, previstas en cualquier contrato administrativo, laboral, civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza, y por lo tanto, el alertador no podrá ser considerado responsable de su incumplimiento en base a las reglas de responsabilidad civil, penal o disciplinaria que pudiesen resultar de aplicación.
7. Es nula de pleno derecho cualquier cláusula contractual cuyo propósito sea el de limitar o prohibir a alguien alertar o limitar el acceso al derecho de protección garantizado por la presente Ley.
8. En los procedimientos judiciales en que se juzgue el daño sufrido por el alertador y/o facilitador a causa de represalias que han sido consecuencia de la alerta por él realizada, se presumirá que el perjuicio se causó en represalia por la alerta. En tales casos, corresponderá a la persona que haya llevado a cabo la acción perjudicial probar que esta medida se fundó en motivos debidamente justificados y justos y que no estuvo relacionada de ninguna manera con la alerta.
9. En los casos en que la información constitutiva de alerta esté catalogada como de seguridad nacional, secretos oficiales o militares, o información clasificada, secreto profesional y de las comunicaciones entre clientes y sus abogados, secreto profesional y de las comunicaciones entre los profesionales de la salud y sus pacientes, secreto de las deliberaciones judiciales la misma podrá ser objeto de comunicación y recepción, pero no podrá ser objeto de divulgación pública indiscriminada sino que deberán tomarse las precauciones necesarias para que pueda conocerse el ilícito, sin poner en peligro la seguridad nacional. La divulgación pública se considerará justificada en casos de amenazas urgentes o graves a la salud pública, a la seguridad y defensa del Estado, de las relaciones internacionales de Estado, o el medio ambiente.
Se garantiza el derecho de los alertadores y facilitadores a la seguridad, al anonimato y a la confidencialidad de su identidad, incluso frente a quienes reciban la alerta y quienes gestionen el procedimiento resultante de la misma, al acceso a la información del procedimiento, al asesoramiento jurídico y a la indemnidad. En ningún caso podrá suspenderse o limitarse la aplicación de los derechos y sanciones previstos por la presente Ley por la aplicación de ningún acuerdo, convenio colectivo, política, contrato o acuerdo de arbitraje.
1. Se prohíben las represalias, directas o indirectas y de cualquier tipo, incluyendo sin limitarse a discriminaciones, amenazas, recomendaciones e intentos de represalias, contra la persona, familia, compañeros, superiores, o los bienes y entidades propias o con las que estén conectados, si corresponde, los alertadores y/o facilitadores.
2. Los alertadores y los facilitadores recibirán protección policial cuando éstos denuncien la existencia de un peligro o amenaza sobre su vida, su integridad física o sobre sus bienes como consecuencia de la revelación o divulgación de dichas informaciones. Serán de aplicación todas las medidas cautelares de protección preventiva indicadas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales por la autoridad (Título IV) y en el Estatuto de la Víctima, para detener y evitar las amenazas y represalias dirigidas al alertador y/o facilitador.
3. Las mismas medidas se aplicarán, cuando fuere necesario, a sus cónyuges o personas ligadas por análoga relación de afectividad, así como a los familiares de ambos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como a otras contra quienes se tomen represalias por asistir o estar vinculado con el alertador y/o facilitador.
1. Los poderes públicos garantizarán el derecho del alertador y facilitador a la confidencialidad y a la preservación de su anonimato si esta es la opción que elige el alertador o facilitador, y que su identidad no será revelada sin su consentimiento explícito a nadie. Este derecho también es aplicable a otros datos e información de la que pueda deducirse la identidad del alertador o facilitador de manera directa o indirecta. Si es necesario por razones no discrecionales, como una orden judicial de revelar la identidad o la información de identificación del alertador, o si esa información se revela por error, la autoridad pública lo notificará inmediatamente al alertador.
5. Exceptuando lo indicado en el apartado primero del presente artículo, solo el alertador podrá decidir sobre una eventual renuncia al anonimato y/o confidencialidad, que podrá producirse en cualquier momento del procedimiento
1. Las personas alertadoras o facilitadoras o que estén considerando alertar tendrán derecho a asesoramiento jurídico gratuito previo, adaptado a su caso concreto, por parte de la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores y de los Colegios de Abogados, como mínimo en relación a la información contenida en el artículo 16, en los términos establecidos en el artículo 23.
En todo caso, los miembros destinados a este servicio deberán mantener la confidencialidad y secreto de la información conocida. En ningún caso estos servicios podrán ser objeto de represalia que afecte a su normal funcionamiento. Las autoridades públicas se asegurarán que los facilitadores no sufran represalias que puedan afectar a su normal funcionamiento cuando proporcionen asesoramiento jurídico previo a alertadores y otros facilitadores.
2. Los alertadores y facilitadores tienen derecho a ser asesorados y asistidos por abogado en ejercicio (y en su caso procurador) en todas las actuaciones relacionadas con la comunicación de una información constitutiva de alerta y en todas las actuaciones que deriven o sean consecuencia de la misma, como indicado en el artículo 23.
3. Desde el comienzo del procedimiento y con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a los alertadores o facilitadores que sean demandados o investigados en procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de tales. En todo caso, será el mismo abogado designado de oficio quien represente técnicamente al alertador o facilitador en todo procedimiento derivado o consecuencia de la alerta, tanto en sede de instancia como de apelación.
4. Los alertadores y facilitadores ostentan la condición de interesados en cuantos procedimientos traigan causa de la comunicación de información que hayan efectuado, por lo tanto siendo objeto de protección de acuerdo con la presente Ley en todas las investigaciones y otros procedimientos resultantes de la alerta. Estos procedimientos tendrán carácter contradictorio, garantizando en su caso el anonimato o confidencialidad de la identidad del alertador.
5. Los Colegios de Abogados, asegurarán una formación obligatoria específica a los inscritos al turno de oficio que coadyuve a la defensa y representación eficaces en materia de corrupción y protección de alertadores.
1. Los alertadores y facilitadores tienen derecho a la indemnidad laboral y profesional, entre otros que se respeten los contratos y acuerdos individuales de trabajo o de servicio, sea por cuenta ajena o propia, con el empleador u órgano de contratación público o entidad pública o privada sin que éstos puedan poner obstáculos al empleo, actividad profesional, económica, social, científica, académica o de otra índole del alertador.
2. Cuando se causen daños y perjuicios al alertador y/o facilitador por decisiones arbitrarias debidas a la acción u omisión de un funcionario, empleado, empresario u otro miembro de una institución o entidad pública o privada en el ejercicio de su autoridad debida a la revelación de una alerta, el alertador y/o facilitador será compensado a cargo de dicha institución o entidad pública o privada mediante el correspondiente procedimiento que permita la determinación objetiva de los daños y perjuicios necesarios para eliminar todos los efectos directos e indirectos de las represalias, ante la instancia o jurisdicción que corresponda, en que podrán adoptarse las medidas cautelares que corresponda para proteger al alertador y/o facilitador de los efectos de dichas decisiones.
Artículo 11.- Medidas de protección al alertador y/o facilitador funcionario o empleado por cuenta ajena en el ámbito laboral y de la Seguridad Social.
Cuando el alertador y/o facilitador sea un candidato, miembro o antiguo miembro del personal, o funcionario o trabajador, incluyendo, pero sin limitarse a trabajadores fijos o temporales, a tiempo completo o parcial, o miembros en cualquier entidad o institución pública o privada, gozará de los siguientes derechos:
a) Derecho a no ser sancionado ni represaliado de otro modo por parte del empleador, superior u otro trabajador o miembro de la sociedad o institución privada o de la dicha administración o entidad privada dependiente de aquélla, mediante suspensión, separación del servicio con pérdida de la condición de funcionario, sanción, suspensión, traslado, asignación a un puesto de menor remuneración, descenso de categoría, reducción del salario, deterioro de las condiciones de trabajo o cualquier otras medidas de la misma naturaleza, ni a recibir la amenaza de la aplicación de tales medidas.
b) Derecho, si denunciara la aplicación de cualquier sanción o represalia de las mencionadas en el apartado anterior, y en los términos previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público o el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la excedencia voluntaria con reserva de su puesto de trabajo y a la separación indemnizada del servicio por incumplimiento grave del empleador.
c) Derecho, si fuera separado del servicio, a optar entre la rehabilitación inmediata de su condición de funcionario en los términos del Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado al cobro de la indemnización equivalente por despido improcedente, así como de los salarios de tramitación en ambos casos. La rehabilitación se efectuará en las condiciones anteriores.
El alertador y/o facilitador, en caso de ser despedidos, tienen derecho, a optar entre la readmisión inmediata en su puesto de trabajo o al cobro de la indemnización por despido improcedente, así como de los salarios de tramitación en ambos casos.
d) Derecho, si fueran sustancialmente modificadas sus condiciones de trabajo, a ser repuesto inmediatamente en sus anteriores condiciones, así como a percibir la diferencia de remuneración y salario no percibida durante la modificación, en su caso.
Artículo 12.- Medidas de protección de la actividad económica o profesional del alertador y/o facilitador ocupado por cuenta propia.
Artículo 15.- Otros tipos de canales .
a) Vía correo postal
b) Vía buzones físicos de queja
c) Vía una plataforma online (a través de la intranet de la entidad o de internet)
1. Las entidades que administren canales de recepción de alertas deberán publicar de forma concisa, leal, transparente, inteligible y de fácil acceso y entendimiento, con un lenguaje claro y sencillo, en un apartado separado, identificable y accesible de sus páginas web, como mínimo, la información siguiente:
a) Las condiciones bajo las cuales los alertadores y facilitadores gozarán de protección.
b) Los datos de contacto de los canales, previstos en el artículo anterior, proporcionados por la entidad pública o privada, y si se trata de un canal anónimo y seguro que cumple con los requisitos del artículo 14.3, o cuando no sea el caso que sólo garantiza la obligatoria confidencialidad debe advertir de los posibles riesgos que esto puede conllevar en el uso del canal para el alertador en caso de alertar.
2. Los administradores de los canales de recepción de alertas deberán poder prestar asesoramiento previo sobre el contenido de la presente Ley a quienes pretendan informar, en condición de alertador o facilitador, sobre un hecho constitutivo de alerta, incluyendo información sobre las condiciones y procedimientos de alerta ante las autoridades competentes y, cuando fuere necesario, ante instituciones, entidades, oficinas o agencias de la Unión Europea.
3. La entidad responsable del canal de alerta informará, sin constituir esta una lista exhaustiva, sus empleados, proveedores, personal temporal, y usuarios o clientes de la existencia del canal o canales de alerta, junto con la información prevista en los apartados anteriores.
Esta información puede publicarse en un lugar visible y accesible, y puede proporcionarse a través de la página web de la entidad, pudiendo incluso proporcionarse mediante cursos de formación del personal.
a) El mantenimiento de la confidencialidad sobre la identidad del alertador, o en su caso su anonimidad conforme al artículo 7, y de las personas involucradas en la información proporcionada por éste, además del resto de información proporcionada por el alertador, tomando las medidas necesarias y evitando el acceso a dicha información por personal no autorizado.
b) El canal de recepción de alertas deberá permitir el almacenamiento durable de la información, conforme al artículo 21, para permitir futuras investigaciones.
c) La autonomía del canal externo de alerta que pueda o deba haberse establecido en la entidad respecto al canal interno de alerta.
d) La oportunidad del alertador de responder a la negación de las presuntas irregularidades de que alertó.
e) El acuse de recibo de la alerta, que deberá remitirse en un plazo máximo de 7 días desde su recepción si la alerta incluía los datos de contacto del alertador o facilitador.
I. Tras el análisis de la información proporcionada por el alertador y/o facilitador, mediante declaración adjunta al acuse de recibo, la entidad deberá comunicar al alertador y/o facilitador:
– Si considera que hay suficiente información para una mayor investigación;
– O que la misma no incluye información relevante o indicios consistentes sobre la infracción por lo que se considera la alerta cerrada. El alertador tendrá derecho a responder dicha determinación preliminar.
II. En caso de que una entidad no sea capaz de analizar y valorar la información recibida a efectos de emitir la declaración constitutiva anterior, por la voluminosidad de la información proporcionada, la entidad puede pedir el consentimiento del alertador y/o facilitador para trasladar la alerta a la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores para que la misma proceda a realizar su seguimiento.
f) En su caso, la designación de uno, varios miembros del personal, un departamento o un tercero, que en todo caso deberá ser imparcial, como encargado de la recepción de las alertas, denominado administrador del canal.
I) En los canales de recepción de alertas que se operen por terceras entidades autorizadas a recibir alertas por parte de entidades públicas y privadas, deberán respetarse los principios de independencia, confidencialidad, protección de datos personales y secreto, además de los requisitos informativos mencionados en el artículo 16.
Con el consentimiento del alertador, los administradores del canal serán responsables de remitir la información constitutiva de alerta a las instituciones competentes para que sea objeto de investigación.
III) Como prerrequisito, el administrador o administradores del canal deberán recibir formación profesional específica para gestionar canales de alerta.
IV) Todas las actividades del personal para cumplir con las responsabilidades que conllevan los canales de alerta estarán protegidas bajo esta Ley.
g) Los administradores de los canales de recepción de alertas deberán asegurarse que en caso de recibir un alerta a través de otros canales o por miembros del personal distintos a los encargados de su recepción, estos remitirán la alerta a los encargados preservando la confidencialidad de la información y sin modificar su contenido.
1. Los administradores de canales de recepción de alertas, tanto internos como externos, deberán almacenar de forma segura todas las alertas para asegurar que las mismas son accesibles y que la información que contienen puede utilizarse para aplicar las medidas coercitivas o de cumplimiento necesarias. Deberán almacenarse por el tiempo estrictamente necesario y proporcionado, conservando en todo caso su confidencialidad y garantizando el acceso sólo al personal autorizado.
Cuando el canal de recepción de alertas proporcionado consista en un medio telefónico o de mensajería de voz que no permita la grabación, el personal del administrador del canal podrá documentar la alerta indicando precisamente los minutos de duración de la conversación, debiendo ofrecer al alertador la posibilidad de verificar, rectificar y aceptar el acta de la alerta.
3. Cuando el alertador solicite reunirse personalmente con un miembro del personal del administrador del canal de recepción de alertas, el administrador deberá asegurar, bajo el consentimiento del alertador, que se almacenarán los registros precisos y completos sobre la reunión en un soporte durable y accesible, pudiendo documentarla mediante una grabación de la conversación o mediante anotación y minutaje, por parte del personal del administrador, debiendo ofrecer al alertador la posibilidad de verificar, rectificar y aceptar el acta de la alerta.
2. La Autoridad actúa con plena independencia e imparcialidad de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones en su ámbito de actuación, el que se corresponde con el ámbito de aplicación de la presente Ley.
3. La Autoridad se regirá por lo dispuesto en la presente Ley. Con respecto a todo lo que no esté previsto en esta Ley y en su posterior normativa de desarrollo, será de aplicación la normativa vigente en materia del régimen jurídico del sector público, procedimiento administrativo común, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común. La Autoridad puede actuar discrecionalmente en nombre de un alertador pero no tiene autoridad para tomar medidas contrarias a los intereses de los alertadores.
a) Actuará como canal externo anónimo y seguro, conforme al artículo 14.3, de recepción de alertas con información sobre infracciones.
b) Tal y como previsto en el artículo 17, emitir el acuse de recibo de las alertas recibidas a través del canal externo previsto en el apartado anterior y de aquellas que le sean transmitidas por administradores de canales internos o externos de recepción de alertas.
c) La Autoridad debe derivar de oficio las informaciones constitutivas de alerta sobre las que han informado a las instituciones, autoridades y entidades que sean competentes para llevar a cabo una investigación sobre los mismos, y en su caso, tramitarlas e iniciar los procedimientos administrativos o judiciales correspondientes sobre la información objeto de alerta.
d) Representar legalmente al alertador y/o facilitador en todo procedimiento judicial y/o administrativo derivado de la alerta con el objetivo de no revelar su identidad y conservar la confidencialidad de su identidad.
e) Proporcionar asistencia jurídica gratuita, en coordinación con los Colegios de Abogados en coordinación con los Colegios Profesionales, a los alertadores y facilitadores.
Esta asistencia jurídica comprenderá el asesoramiento sobre todos los aspectos relacionados con su alerta, así como también la representación y defensa jurídicas en todo procedimiento en que el alertador y/o facilitador sea parte, ya sea por querer iniciado o por ser parte demandada o denunciada en algún procedimiento, directamente vinculado con la alerta o causa de las represalias emprendidas con la intención de menoscabar su integridad física, moral, honor u opinión pública sobre el alertador o facilitador.
Sin perjuicio de este servicio, la Autoridad deberá disponer de un servicio de asistencia jurídica permanente y eficaz para asesorar y aconsejar debidamente a los alertadores o facilitadores, o personas que estén considerando alertar, como mínimo en relación a la información contenida en el artículo 16, para que puedan tomar una decisión informada sobre cómo y cuándo hacerlo. Esta asistencia jurídica previa, amparada por los derechos de confidencialidad, anonimato y protección de datos personales, deberá poder ser solicitada y proporcionada mediante el canal previsto en el apartado a) del presente artículo, a las personas que lo soliciten de forma anónima.
f) En todo momento, la Autoridad velará para que los alertadores y/o facilitadores no sufran, durante su intervención, ni después de ella, ningún tipo de aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones laborales o profesionales, ni ningún tipo de medida que implique cualquier forma de perjuicio o discriminación.
Si la Autoridad es sabedora de que han sido objeto, directa o indirectamente, de actos de intimidación o de represalias por el hecho de alertar, podrá ejercer las acciones correctoras o de restablecimiento que considere, de las cuales dejará constancia en la memoria anual. En particular, a instancia del alertador y/o facilitador, la Autoridad podrá instar al órgano o entidad competente a trasladarle a otro puesto, siempre que no implique perjuicio a su estatuto personal y carrera profesional y, excepcionalmente, podrá también instar al órgano competente a conceder permiso por un tiempo determinado con mantenimiento de la retribución.
A este fin, la Autoridad, así como los Juzgados o Tribunales y el Ministerio Fiscal, tendrán potestad para ordenar y solicitar de oficio, según corresponda, la aplicación de las medidas provisionales y cautelares de protección y de seguridad convenientes cuando pueda concurrir, a su juicio, la existencia de peligro grave para la persona, la libertad o los bienes del alertador y/o facilitador, o el testigo, el cónyuge o la persona a quien se encuentre ligado por análoga relación de afectividad, o los ascendentes, descendientes o parientes del mismo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
El órgano competente, si lo cree conveniente, podrá acordar y mantener estas medidas más allá de la resolución de los procedimientos judiciales y/o administrativos consecuencia de la alerta. La protección podrá mantenerse, mediante una resolución de la Autoridad, incluso más allá de la culminación de los procesos en los que la misma intervenga.
h) Colaborar con los administradores de canales internos y externos de recepción de alertas para asegurar la efectividad de los mismos y la protección de los alertadores y facilitadores, con el establecimiento de criterios previos, claros y estables de control de irregularidades e infracciones en el seno de las organizaciones e instituciones. Para asegurarse del cumplimiento de los mismos, la Autoridad podrá formular requerimientos dirigidos a los administradores de canales de recepción de alertas para que adapten o modifiquen sus protocolos o procedimientos de actuación.
i) Colaborar en la revisión periódica, y posterior adaptación, de los procedimientos de alerta establecidos por los administradores de canales de recepción de alertas que debe llevarse a cabo como mínimo una vez cada tres años. En este sentido, la Autoridad promoverá espacios de encuentro e intercambio periódicos con la sociedad civil donde se recogerán sus aportaciones para la mejora de los procedimientos.
j) Supervisar y colaborar con los administradores de canales internos y externos de recepción de alertas para la formación del personal responsable de los mismos sobre: el contenido de la Ley de Protección Integral de los Alertadores y las medidas técnicas, organizativas y jurídicas a utilizar para garantizar el anonimato de los alertadores y facilitadores y su protección. Además, la Autoridad podrá elaborar guías formativas y de asesoramiento especializado en materia de protección de alertadores y facilitadores que recojan estos aspectos.
k) Contribuir a la creación de una cultura social de rechazo del fraude, la corrupción y el encubrimiento de las infracciones cometidas por los actores económicos y sociales, tanto públicos como privados, con programas de sensibilización de la ciudadanía, con la posible coordinación con las entidades públicas y privadas, que valoren los beneficios a la calidad democrática aportador por la actividad de los alertadores y facilitadores.
m) Informar preceptivamente los proyectos normativos que desarrollen esta Ley u otros proyectos normativos que estén relacionados con su objeto.
n) Ejercer la potestad sancionadora en relación con las infracciones y sanciones establecidas en la presente Ley.
o) Todas las demás atribuciones que legalmente le sean atribuidas.
2. La Autoridad, conforme al artículo 23 remitirá de oficio toda la información de que disponga y proporcionará el apoyo necesario a la institución u órgano competente para llevar a cabo la investigación o fiscalización correspondiente, sin revelar la identidad del alertador y/o facilitador. El alertador tendrá derecho, como parte del expediente, a formular observaciones sobre la resolución de la institución competente.
4. La Autoridad no tiene competencias sobre las funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial, el ministerio fiscal y la policía judicial ni puede investigar los mismos hechos que han sido objeto de sus investigaciones. En caso de que la autoridad judicial o el ministerio fiscal inicien un procedimiento para determinar el relieve penal de unos hechos derivados de oficio por la Autoridad, la misma representará al alertador y/o facilitador en el mismo y en todos los procedimientos que pudiesen derivar de este conforme a lo establecido en esta ley.
1. En el ejercicio de sus funciones, la Autoridad puede acceder a cualquier información relacionada con la alerta que se encuentre en poder de las personas jurídicas, públicas o privadas, sujetas a su ámbito de actuación.
1. Anualmente, dentro de los tres primeros meses, la Autoridad dará cuenta de la actividad realizada mediante la elaboración de una memoria que incluirá las actuaciones desarrolladas durante el año anterior en el ámbito de sus funciones. Esta memoria incluirá, por lo menos, el número y naturaleza de las protecciones otorgadas y rechazadas.
4. Las personas candidatas a ocupar el cargo serán propuestas al Congreso de los Diputados por consulta abierta a la ciudadanía y por organizaciones sociales que trabajen en la actualidad contra el fraude y a favor de los derechos humanos. La consulta dará la posibilidad de proponer candidatos y priorizarlos. La priorización no será vinculante pero se habrá de justificar por parte de los grupos parlamentarios en caso de no tenerla en cuenta. Las personas candidatas deberán comparecer ante la comisión parlamentaria correspondiente en el marco de una convocatoria pública al efecto para ser evaluadas con relación a las condiciones requeridas para el cargo. El acuerdo alcanzado en esta comisión será trasladado al Pleno del Congreso.
d) Incapacidad declarada por decisión judicial firme
e) Inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos declarada por decisión judicial firme
f) Imputación con adopción de medidas cautelares, apertura de juicio oral o condena por sentencia firme por comisión de un delito
g) Negligencia notoria y grave en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes del cargo
4. Para garantizar la debida publicidad y transparencia en el proceso de designación de un nuevo director o directora, se publicará una convocatoria de candidaturas en el Boletín Oficial del Estado, como mínimo seis meses antes de que finalice el mandato del director o directora en activo.
1. Los puestos de trabajo de la Autoridad serán ejercidos por funcionarios y funcionarias de carrera de las administraciones públicas. Este personal está obligado a guardar el secreto de los datos, las informaciones y los documentos que conozca en el desarrollo de sus funciones.
Cuando proceda, se certificará que el personal de la Autoridad ha recibido una formación profesional específica para gestionar los canales de alerta.
Los recursos con los que contará serán los siguientes:
a) Una estructura organizativa que incluya por lo menos: dirección, departamento administrativo y de gestión, departamento de análisis e investigación, departamento de informática y encriptación, departamento jurídico, departamento de atención y acompañamiento a las personas alertadoras, departamento de comunicación y de documentación.
b) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La dotación económica necesaria para el funcionamiento de la Autoridad constituirá una partida independiente en los Presupuestos Generales del Estado.
c) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas de los mismos.
2. Cuando se alerte o se detecten hechos que no sugieran la comisión de un delito pero que puedan constituir infracciones de lo dispuesto en la presente Ley, el ejercicio de la potestad sancionadora, corresponde a la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores y se seguirá conforme a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
1. Los órganos administrativos, las empresas y las entidades que tengan a su cargo canales de recepción de alertas, ya sean internos o externos, tienen obligación de denunciar de inmediato ante la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores cualquier indicio de infracción de los derechos de los alertadores o facilitadores de los que tengan conocimiento. La misma obligación recae sobre las personas físicas encargadas materialmente de la gestión de los canales de recepción de alertas.
a) obstaculizar o el intento de obstaculizar alertas;
b) acometer medidas de represalia o persecución contra las personas objeto de protección por la presente Ley;
c) acometer actos vejatorios contra las personas objeto de protección por la presente Ley;
a.I) quebrantar las garantías de anonimato, confidencialidad, secreto y seguridad que esta Ley prescribe, así como de aquellas con que se hayan hecho públicos los canales de recepción de alertas;
a.II) revelar la identidad del alertador cuando éste haya optado por el anonimato, incluyendo la identificación del alertador anónimon o la infracción de la regla de confidencialidad en su caso;
a.IV) la imposición de sanciones o la adopción de medidas arbitrarias, perjudiciales, persecutorias o de represalia por causa de la revelación de la alerta cuando hayan colocado en una situación de perjuicio personal al alertador o facilitador que las haya sufrido, de forma directa o indirecta, o a su familia, compañeros o a los bienes y entidades propias o con las que estén conectados;
a.VI) publicitar un canal cómo anónimo y seguro sin que el mismo cumpla con las condiciones del artículo 14.3 o no informar que se trata de un canal que no es anónimo y seguro;
a.VII) la comunicación o publicación, por parte de un alertador o facilitador, de informaciones constitutivas de alerta que se hayan demostrado falsas, cuando la resolución que ponga término a la averiguación de los hechos generados por la alerta concluya que la información contenida en la alerta era falsa y declare expresamente que el alertador o facilitador conocían su falsedad en el momento de comunicarla o publicarla;
a.VIII) el incumplimiento de las obligaciones de secreto y confidencialidad de la información constitutiva de alerta y del resto de aspectos que el procedimiento de alerta establecido por la entidad debe garantizar conforme al artículo 17;
a.XI) el incumplimiento injustificado o contravención del deber de colaboración con la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores, por ejemplo, no respondiendo ni realizando un seguimiento de los requerimientos de información y cumplimiento emitidos por la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores.
a.XII) represalias o afectación al normal funcionamiento de los servicios de asesoramiento gratuito de alertadores y facilitadores ofrecidos por los Colegios de Abogados, la Autoridad Independiente o las organizaciones de la sociedad civil;
a.XIII) represalias o afectaciones contra cualquier persona que actúe en nombre de la Autoridad en el desempeño de sus funciones;
b.I) la omisión de la información necesaria sobre la utilización de un canal de comunicación y recepción de alertas y la omisión, en todo o en parte, de la información prevista en el artículo 16;
b.II) la omisión del derecho a la información y acceso al procedimiento de los artículos 8, 19 y 20 de la presente Ley sin motivación sobre la puesta en peligro de la investigación;
b.IV) la imposición de sanciones o la adopción de medidas perjudiciales por causa de la revelación de la alerta cuando hayan provocado una situación de perjuicio personal y económico de carácter temporal al alertador o facilitador que las haya sufrido, de manera que pueda ser dejada sin efecto y compensada razonablemente, siempre que el importe de dicha compensación se estime superior a DOS MIL EUROS (2.000,00 €);
b.V) el incumplimiento de las condiciones de custodia y almacenamiento de las alertas establecidas en el artículo 21;
b.VI) la exigencia de dirigirse en primer lugar a canales internos de alerta para poder utilizar canales externos o de justificar la elección del canal;
b.VII) no remitir a la autoridad que disponga de las competencias necesarias la alerta a la que el administrador del canal de recepción de alertas no pueda dar seguimiento por no disponer de las competencias necesarias;
b.VIII) la omisión del deber de revisión de los procedimientos y protocolos de alerta;
b.IX) la ineficacia manifiesta de los canales internos o externos de alerta proporcionados por los administradores.
c.I) las tipificadas en los apartados b.I) y b.III) cuando por su escasa entidad y trascendencia no merezcan la consideración de graves;
c.II) todas las demás actuaciones que contravengan lo dispuesto en esta Ley cuando concurran las circunstancias del párrafo b) anterior y el daño producido no se estime superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €).
d) Cualquier otra actuación que atente contra la consecución de los objetivos de la presente Ley será sancionada con arreglo al criterio de proporcionalidad previsto en el artículo 39.
Artículo 41. Indemnización por daños y perjuicios.
1. La presente Ley se someterá a una comisión de seguimiento y revisión en sede parlamentaria. Esta comisión deberá proporcionar a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo la información y estadísticas previstas por el artículo 27 de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Protección de las Personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, debiendo publicar aquella información pertinente de acuerdo con el mismo en un formato fácilmente accesible.
«j) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a los alertadores o facilitadores que quieran interponer una acción judicial o sean demandados o investigados en procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de tales.
En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de alertador o facilitador, deberá ser el mismo abogado el que asista a aquélla, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa.»
« Artículo 11 ter. Legitimación para la defensa de los derechos de alertadores y facilitadores.
Para la defensa de los derechos de los alertadores y facilitadores, además de ellos mismos y siempre con su autorización, estará también legitimada la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Protección Integral de los Alertadores.»
« Artículo 15 ter. Intervención en procesos derivados de alertas.
Lo dispuesto en el artículo anterior en materia de procedimiento será asimismo de aplicación cuando la Comisión Europea y la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores en el ámbito de sus competencias, consideren precisa su intervención en un proceso que afecte a cuestiones relativas a la aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Protección de las Personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y la Ley de Protección Integral de los Alertadores.»
« 4. La acción penal también podrá ser ejercitada por la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores cuando ello fuese autorizado por el alertador y/o facilitador víctima del delito »
« 2. No tendrá la consideración de denuncia la alerta realizada de acuerdo con las indicaciones de la Ley de Protección Integral de los Alertadores ».
« j) Para la defensa de los derechos de los alertadores y facilitadores, además de ellos mismos y siempre con su autorización, estará también legitimada la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Protección Integral de los Alertadores »
« La Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores podrá actuar en un proceso, en nombre e interés de los trabajadores y de los funcionarios y personal estatutario que tengan reconocida la condición de alertador o facilitador que así se lo autoricen, para la defensa de sus derechos individuales, recayendo en los mismos los efectos de aquella actuación.»
La circunstancia 7.ª del artículo 21 pasa a ser 8.ª y se añade una circunstancia 7.ª en los siguientes términos:
« 7.ª La de revelar el culpable información constitutiva de alerta sobre el ilícito penal del que era partícipe de acuerdo con la Ley de Protección Integral de los Alertadores, debiendo considerarse esta circunstancia atenuante como cualificada a los efectos de la aplicación del artículo 66.1»
Nota: la investigación jurídica se ha podido realizar en parte con fondos del Ayuntamiento de Barcelona para los derechos digitales
Ejes: Alertadores - Whistleblowers // Libertad de expresión e información vs fake news, propaganda y desinformación // Luchas por las libertades civiles. Redes nacionales e internacionales
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Xnet registra una Proposición de Ley de Protección Integral de los alertadores en el Parlament de Catalunya →

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 Resolución 
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 artículo 9
 artículo 33
 artículo 8
 artículo 13
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 artículo 37
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 23
 artículo 23

Artículo 11
 Real Decreto 

Artículo 12

Artículo 15
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 artículo 7
 artículo 21
 artículo 16
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 16
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 artículo 17
 artículo 16
 artículo 21
 artículo 39

Artículo 41
 artículo 27
 Artículo 11
 Artículo 15
 artículo 21
 artículo 66