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Timestamp: 2020-01-20 08:29:13+00:00

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﻿ Sentencia 2004-00003 de diciembre 19 de 2012
SENTENCIA 2004-00003 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:UNIÓN MARITAL DE HECHO. LA UNIÓN MARITAL DE HECHO DA ORIGEN A UN ESTADO CIVIL, SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE COMUNIDAD DE VIDA PERMANENTE Y SINGULAR ENTRE DOS PERSONAS. ESTA CIRCUNSTANCIA TIENE GRAN CONNOTACIÓN, PUES TRASCIENDE AL CAMPO DEL ORDEN PÚBLICO, LO QUE IMPIDE QUE LA CALIDAD DE COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE DEPENDA DE QUE ESTA SE ADMITA O NIEGUE A CONVENIENCIA DE CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA NATURAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DEL HEREDERO, ESTADO CIVIL, SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO, UNIÓN MARITAL DE HECHO
Sentencia 2004-00003 de diciembre 19 de 2012
Ref.: Expediente 760013110008-2004-00003-01
Bogotá, diecinueve de diciembre de dos mil doce.
1. Milena Gómez Yunda accionó contra los herederos determinados e indeterminados de Arcángel Clavijo Valencia, solicitando que se declare la existencia de unión marital de hecho que sostuvo con el causante, así como el reconocimiento de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes derivada de la misma.
2. La sentencia del tribunal confirmó lo resuelto por el a quo que reconoció la unión marital de hecho entre Gómez Yunda y Clavijo Valencia, pero revocó el desconocimiento de sus efectos económicos y tuvo por conformada la sociedad patrimonial del 22 de diciembre de 1992 al 8 de noviembre de 2003, fecha del deceso del compañero, y dispuso su disolución y liquidación.
3. Miguel Ángel, Carlos Andrés, Diana Carolina y Paola Vanessa Clavijo González impugnaron lo resuelto al considerar que se equivocó el juzgador cuando estimó las pruebas recaudadas, que no acreditan los requisitos de singularidad y permanencia exigidos por la Ley 54 de 1990 y confundió un romance sin trascendencia con una relación marital, además de que en vida del padre este siempre mantuvo comunidad de vida con su progenitora Gilma González.
4. El recurso de casación, por ser un medio de ataque contra la decisión que cierra el debate procesal, no puede emplearse como si se tratara de otra instancia, una nueva oportunidad para replantear el debate o la posibilidad de formular propuestas alternas de valoración de los medios de convicción que, aunque razonables, no alcancen a derruir el trabajo interpretativo del juzgador.
Se acusa en este caso el fallo de ser violatorio de normas sustanciales por vía indirecta, como consecuencia de equivocaciones en la apreciación de las pruebas recaudadas, señalando respecto de unos la incursión de yerros de facto y, en relación con otros, la presencia de errores de derecho.
La demostración de un error de hecho manifiesto en la apreciación de las pruebas, implica una labor argumentativa encaminada a develar la relevancia de la equivocación, por existir disparidad evidente entre las conclusiones del fallo, con lo que arrojan los elementos recaudados para acreditar los hechos planteados por las partes en litigio.
Sobre este punto la Sala expuso que “al denunciarse en el punto la comisión de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas conclusiones también razonables del sentenciador, dejaría de ser evidente, pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunción de acierto” (sent. de ago. 9/2010, Exp. 2004-00524).
Si se adiciona el reclamo con la equivocación de jure en el examen de algunos de ellos, debe observarse si respecto de esas específicas probanzas se lesionaron normas de estirpe probatoria, relacionadas con su incorporación, práctica y efectos.
Así lo ha explicado la Sala, pues, ha dicho que “[e]n el error de derecho —cuyo ineludible punto de partida es la percepción material u objetiva del medio por parte del sentenciador—, también es del caso llevar a cabo una comparación entre la sentencia y el medio, según se ha anticipado, mas en este supuesto lo será para patentizar que conforme a las reglas propias de la petición, decreto, práctica o apreciación de las pruebas, el juicio del sentenciador no podía ser el que (...) consignó. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestimó como idónea, debe puntualizarse que sí era adecuada. Todo, con sujeción a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria...” (sent. de oct. 13/95, Exp. 3986; reiterada en la de abr. 6/2011, Exp. 54001-3103-004-2004-00206-01).
Y si dentro de las estipulaciones lesionadas por el error de derecho se invoca el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, como tiene dicho la Corte “en procura de que ese error aparezca, debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto pedido en el artículo 187, o sea, poniendo de manifiesto cómo la apreciación de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Ese y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente fáctico, la referida tarea valorativa se ciñó a la norma citada, no será admisible la prédica de la sustitución del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en este la cuestión queda ya bajo el influjo del error de hecho que como se sabe tiene una naturaleza distinta a la del error de derecho” (sents. cas. 067 de mar. 4/91, 047 de abr. 28/95 y 055 de jun. 6/95; jun. 5/2009, exps. 4102, 4174 y 00205-01; reiterada en sent. de mayo 25/2010, Exp. 7300131100042004-00556-01).
5. Se encuentran debidamente establecidos, como puntos que inciden en la decisión a adoptar, los siguientes:
a) Que Arcángel Clavijo Valencia y Gilma González Benavides contrajeron matrimonio el 25 de marzo de 1972; disolvieron y liquidaron su sociedad conyugal, mediante escritura pública 4878 de 21 de diciembre de 1992 de la Notaría 11 de Cali; y obtuvieron la cesación de efectos civiles del vínculo católico, según sentencia del 18 de noviembre de 1997 proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Cali (fls. 1 y 6, cdno. 1 y 927 a 933, cdno. 3).
b) Que de dicha unión fueron fruto los hijos Miguel Ángel, Carlos Andrés, Diana Carolina y Paola Vanessa Clavijo González (fls. 10 a 13, cdno. 1).
c) Que Milena Gómez Yunda y Fabio Ortiz Sánchez se casaron el 17 de septiembre de 1977; disolvieron y liquidaron su sociedad conyugal, mediante escritura pública 2957 de 20 de marzo de 1991 de la Notaría 10 de Cali; y cesaron los efectos civiles de su unión religiosa, según sentencia del 12 de diciembre de 1997 proferida por el juzgado séptimo de familia de esa misma ciudad (fls. 7, cdno. 1 y 954 a 958, cdno. 3).
d) Que X X X X X X X X, nacida el 9 de diciembre de 1993, es hija extramatrimonial de Milena Gómez Yunda y Arcángel Clavijo Valencia (fl. 8, cdno. 1).
e) Que Gilma González Benavides, Diana Carolina y Paola Vanessa Clavijo González, fijaron su residencia en Estados Unidos en junio de 2000 y regresaron a mediados de 2003 al país.
f) Que Milena Gómez Yunda y Arcángel Clavijo Valencia realizaron varios viajes juntos a destinos nacionales e internacionales.
g) Que Arcángel Clavijo Valencia falleció el 8 de noviembre de 2003 (fl. 5, cdno. 1).
6. El interés por superar las inequidades sociales y el trato discriminatorio hacia las familias naturales inspiró la producción de jurisprudencia de la Corte, admitiendo como generador de derechos el esfuerzo común de las parejas que tomaban la decisión libre y voluntaria de hacer vida en pareja, alejada de los ritos del matrimonio; es así como con la sentencia de 30 de noviembre de 1935, G.J. 1987, pág. 476, se les empezó a reconocer efectos económicos bajo la figura de la sociedad de hecho, con los condicionamientos de la legislación civil sobre la materia.
Tal aporte previsor, se vio reflejado con posterioridad en la expedición de la Ley 54 de 1990, al introducir en el ordenamiento jurídico la figura de la unión marital de hecho, que en su artículo 1º la definió como “la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”, recibiendo quienes la conforman la denominación de compañeros permanentes.
A pesar de que para la época de su expedición se restringieron sus alcances para los nexos afectivos entre “un hombre y una mujer”, esta regulación ha ido adquiriendo mayor repercusión con posterioridad a la promulgación de la Constitución Política de 1991, que en el artículo 42 contempla como fundamental el derecho a la familia, en sus diferentes manifestaciones, y le atribuye al Estado el deber de protegerla de una manera integral.
Es así como la Corte Constitucional en sus sentencias C-075 de 2007 y C-029 de 2009 hizo extensivos a las parejas del mismo sexo los derechos reconocidos a los vínculos afectivos entre heterosexuales, de donde en la actualidad el concepto de unión marital de hecho se refiere a una comunidad de vida entre dos personas, de igual o diferente sexo, con ánimo de singularidad y permanencia.
7. Esta corporación ha considerado que la unión marital de hecho, como una de las fuentes del núcleo fundamental de la sociedad que es la familia, siempre y cuando se cumplan los anteriores requisitos, da origen a un estado civil. Esta circunstancia tiene gran connotación, pues, trasciende al campo del orden público, lo que impide que la calidad de compañero o compañera permanente dependa de que esta se admita o niegue a conveniencia por cualquiera de los integrantes de la familia natural, pues, la misma emana de los hechos y encuentra amparo en la ley.
Al respecto señaló la Sala que “el segmento de mayor relevancia social y jurídica de la Ley 54 de 1990, concierne al reconocimiento del statu normativo de la unión marital de hecho como forma expresiva de la relación marital extramatrimonial, comunidad singular de vida estable, genitora de la familia y de un estado civil diverso al matrimonial. Y, en este sentido, la norma ostenta un marcado cariz imperativo o de ius cogens al referir a la familia y al estado civil, cuestión de indudable interés general, público y social (...) la [acción] tendiente a la declaración de existencia de la unión marital, es materia de orden público, propia de la situación familiar, del estado civil y es indisponible e imprescriptible, lo cual no obsta para que las partes la declaren por mutuo consenso en escritura pública o en acta de conciliación (L. 54/90, art. 4º), en tanto el estado civil dimana de los hechos, actos o providencias que lo determinan (D. 1260/70, art. 2º), en el caso de la unión marital declarada por los compañeros permanentes; sin que tal posibilidad se entienda como dispositiva del estado civil, por mandato legal indisponible, so pena de nulidad absoluta, pues el legislador autoriza conciliar las diferencias respecto de la existencia de la unión, es de esta y no de la conciliación ni de su reconocimiento declarado, de la cual dimana (...) Por esto, la Corte, recientemente rectificó la doctrina sostenida antaño por mayoría que desestimaba el estado civil originado en la unión marital de hecho (autos A-266-2001, nov. 28/2001, Exp. 0096-01; A-247-2004, nov. 10/2004, Exp. 0073-00; A-179-2005, Exp. 00042-01; A-028-2006, ene. 30/2006, Exp. 01595-00; A-081-2006, mar. 21/2006, Exp. 11001-02-03-000-2005-01672-00, entre otros), puntualizando los cambios normativos ‘que tienden a darle a la unión marital de hecho un tratamiento jurídico equiparable o semejante al del matrimonio’, por ejemplo, ‘la Ley 1060 de 2006, mediante la cual se introdujeron importantes reformas al Código Civil, reputa como hijo de los cónyuges o compañeros permanentes, al que es concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho o al que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes a la celebración de aquel o a la declaración de esta’, la eficacia legal de la declaración formal por mutuo consenso expresado ante notario o en conciliación para conformarla (L. 640/2001, art. 40, num. 3º y L. 979/2005, art. 4º, nums. 1º y 2º), la regulación de los derechos y obligaciones derivados de la sociedad patrimonial, su reconocimiento legislativo ‘para todos los efectos civiles’, el surgimiento de la familia ex artículo 42 de la Constitución Política ‘por vínculos naturales o jurídicos’, matrimonio o ‘voluntad responsable de conformarla’, la igualdad de trato a ambas formas de constituirla, los derechos y deberes personales inmanentes a la comunidad de vida permanente y singular, por todo lo cual, ‘así como el matrimonio origina el estado civil de casado, la unión marital de hecho también genera el de ‘compañero o compañera permanente’’ y si bien no la ley no la ‘designa expresamente (...) ‘como un estado civil’’, tampoco ‘lo hace con ningún otro, simplemente los enuncia, aunque no limitativamente’, imponiendo el deber de registrar ‘los demás ‘hechos, actos y providencias judiciales o administrativas relacionadas con el estado civil’’, en todo caso, ‘distintos, a los que menciona’ (Auto de jun. 17/2008, Exp. C-0500131100062004-00205-01) (...) Adviértase, entonces que la acción judicial tendiente a la declaración de la unión marital de hecho, podrá ejercerse durante su existencia, aún unidos los compañeros permanentes y, por ende, antes de su terminación o después de esta y es imprescriptible en lo relativo al estado civil” (sent. de mar. 11/2009, Exp. 2002-00197).
8. Se hace necesaria la anterior introducción en vista de que la sentencia del ad quem confirmó la resolución de primera instancia de declaración de unión marital de hecho entre Milena Gómez Yunda y Arcángel Clavijo Valencia, lo que es constitutivo de estado civil, aspecto que legitima a los impugnantes para acudir en casación al tenor del numeral 4º del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, independientemente de los efectos económicos que se reconocieron al desatar la apelación, cuando se tuvo por conformada la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y que se constituye en un tema accesorio contra el cual no se enfilan los ataques del cargo, pero que de salir avante le cerraría el paso por ser precisamente uno de los presupuestos para su materialización.
9. No prosperará la acusación formulada por las razones que se expresan a continuación:
a) La valoración que le dio el tribunal a la prueba testimonial recaudada no luce antojadiza o amañada, en vista de que, al contrario de lo que argumenta el censor, fue el producto de un análisis exhaustivo y pormenorizado que generó un alto grado de convencimiento sobre la existencia de la relación pretendida por la demandante.
Es así como luego de resumir lo dicho por todos los declarantes, procedió a identificar las dos tendencias de los mismos, para resaltar las virtudes de los solicitados por la accionante en cuanto a su coincidencia, coherencia, espontaneidad y conocimiento directo de los hechos, mientras que encontró que “en las declaraciones rendidas por el grupo de testigos convocados a instancia de la parte demandada existe muchas incongruencias e inexactitudes que le resta credibilidad y mérito probatorio”.
Acto seguido cuestionó las versiones de María Gloria Elsa Mena de Ramos y Heiber Arias Gutiérrez, pues, a pesar de haber manifestado ser cercanos a los esposos Clavijo González, no se enteraron de aspectos trascendentales en una relación de pareja como era la liquidación de su sociedad conyugal y “que se divorciaron”; además de que la primera fue testigo de oídas de los continuos viajes de Arcángel Clavijo a los Estados Unidos, presentó contradicciones con lo narrado por Diana Carolina Clavijo y Gilma González, e hizo afirmaciones disímiles a lo que arrojaron los otros medios de convicción.
Las anteriores conclusiones no son ajenas a la realidad procesal, ya que la cercanía de los deponentes con Arcángel y Gilma no es el producto de una interpretación sesgada o amañada del fallador al resaltar que Mena de Ramos y Arias Gutiérrez “afirmaron ser amigos entrañables” de la pareja, sino que dicho calificativo coincide con lo que expresaron los testigos y sirvió de base para formular los cuestionamientos que les restaron credibilidad.
María Gloria Elsa Mena de Ramos al hacer el relato de lo que sabía sobre los hechos de la litis señaló que conocía a Arcángel Clavijo y Gilma Gonzalez “desde hace 23 años” y podía dar fe de la unión que existió entre ellos “por ser tan allegados”; por su parte Heiber Arias Gutiérrez al ser preguntado “cómo se enteró usted que la señora que vio el día del entierro del señor Arcángel Clavijo era la Señora Milena Gómez Yunda. Contestó: Porque ella se me presentó, me saludó simplemente, me dijo que el doctor Clavijo me tenía una gran estimación”, sin embargo ambos fueron enfáticos en que no estaban enterados de la liquidación de la sociedad conyugal o su separación.
Tanto la decisión de partir los bienes comunes que realizaron los esposos en el año 1992, como la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso declarada en 1997, son hechos trascendentales que superan la órbita de lo privado para surtir consecuencias en el ámbito social, razón que justifica la extrañeza del sentenciador por la ignorancia de tal situación en personas que se dicen tan cercanas a la relación de pareja.
Además, la disparidad de ambas atestaciones es evidente, pues mientras Mena de Ramos afirmó en relación con los trámites de entrega del cadáver de Arcángel Clavijo que “yo estuve presente en todos los trámites de la entrega del cadáver de Arcángel Clavijo después de su muerte, y sé que fue su señora esposa Gilma González y Carlos Andrés Clavijo González, igualmente durante su velación en el concejo municipal estuvimos solamente su esposa, sus cuatro hijos y la familia más allegada, o sea los hermanos de Gilma, sobrinos, y amigos de la política, etc.”, Heiber Arias Gutiérrez dijo que “cuando a él lo mataron Gilma se encontraba en Bogotá fuera de la ciudad” y agregó que Milena Gómez Yunda habló con él el día del entierro, con lo que admite su presencia en las exequias.
No son por lo tanto intrascendentes e irrelevantes las conclusiones del fallador, pues, como acertadamente advirtió, no obstante que los declarantes dijeron tener cercanía con Arcángel y Gilma, desconocían aspectos de la vida en pareja de los que normalmente debían estar enterados y sus exposiciones, más que demostrar la permanencia de la relación de sus amigos, buscaban desvirtuar la presencia de la promotora en la vida de Clavijo Valencia, lo que rebatían las contundentes declaraciones de los otros testigos.
b) Todo lo relacionado con las diligencias disciplinarias adelantadas por la Procuraduría General de la Nación contra Arcángel Clavijo, en la cual se ventiló la unión marital que este sostenía con Milena Gómez Yunda y que ambos negaron, esto es, la confesión extrajudicial de Milena Gómez Yunda y las manifestaciones de Arcángel Clavijo, así como las declaraciones de Armando Muñoz García y José Hober Rodríguez Aldana, quedó comprendido en la contundencia del argumento de que “tal y como lo concluyó el encargado de ese proceso disciplinario y que de la misma manera lo concluyó la juez de primera instancia en este proceso, esa negación de la inocultable relación marital resultó tan inverosímil, a pesar de contar con el apoyo de otros testigos en ese sentido en ese disciplinario, que el mismo encargado del proceso disciplinario decidió ordenar que se compulsaran las copias pertinentes para [que] la aquí demandante fuera investigada penalmente por el delito de falso testimonio; de todo lo cual se concluye que esa declaración realizada por la demandante ante la Procuraduría carece de peso, no solo frente a las pruebas recaudadas en ese proceso disciplinario, sino de las aquí recaudadas, por lo que habiendo negado falsamente la inexistencia de su relación con el causante, dicha negativa no tiene ninguna trascendencia para la decisión que aquí finalmente se tomará, pues no tiene la virtualidad de dejar sin valor las pruebas que en este proceso se recaudaron”.
El efecto envolvente de lo expuesto comprende, por ende, la poca importancia de la negativa de ambos compañeros en la investigación disciplinaria, la cual era inocua para las fines absolutorios pretendidos, ya que los efectos de inhabilidad que se derivaba de la relación marital no se hacían extensivos al parentesco de afinidad en segundo grado, como se resaltó en la decisión absolutoria de la Procuraduría, lo que pudo incidir en la decisión favorable a Milena Gómez Yunda que anuncian los recurrentes profirió el 20 de octubre de 2010 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Cali, de la cual no hay constancia en el expediente.
Así mismo, esa posición es coherente con los alcances que le confiere la Ley 54 de 1990 a las uniones maritales de hecho como fuente de estado civil, que, se reitera, trasciende al orden público y no queda al arbitrio o veleidad de sus integrantes.
No se observa, en consecuencia, la omisión del análisis de las diligencias disciplinarias y las pruebas recaudadas dentro de las mismas, que debían valorarse como un todo, lo que en efecto se hizo.
c) El que no se advirtiera por el juzgador que Gilma González Benavides, Diana Carolina y Paola Vanessa Clavijo González salieron del país como consecuencia de las amenazas recibidas por Arcángel Clavijo contra su integridad y la de su familia, lo que no ocurrió con la demandante y su hija, y desvirtuaría el nexo entre ellos, no pasa de ser una especulación del censor sin ningún peso, en la medida que no solo Clavijo Valencia permaneció en el país, sino que también lo hizo su hijo Carlos Andrés.
Además, no es descabellado que, independientemente de los motivos que llevaron al cambio de domicilio de Diana Carolina y Paola Vanessa, para esa época menores de edad, estuvieran acompañadas de su progenitora, sin que conlleve una demostración de permanencia del vínculo entre sus padres, el que cesó con la sentencia del 18 de noviembre de 1997, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Cali.
d) La acusación de que se violó del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil en cuanto a que no se valoró la declaración de María Gloria Elsa Mena de Ramos en conjunto con los demás medios probatorios, respecto de los constantes viajes de Arcángel Clavijo a Estados Unidos, no aparece debidamente estructurada, pues, se limita a afirmar de manera genérica que “el señor Heiber Arias Gutiérrez fue testigo presencial de esas visitas de Arcángel Clavijo a la residencia de la familia en Miami, toda vez que se hospedó en casa de ellos, en esa ciudad, e inclusive les colaboró con el trasteo. Adicionalmente, dijo que aquel y Gilma González dormían en un mismo cuarto. En el mismo sentido Ruth Márquez relató que el señor Clavijo viajaba 7 veces al año a visitar a su familia y que permanecía allí por 15 o 20 días. Incluso la misma demandante aludió a esas visitas”, dejando de lado que no existe duda alguna sobre los traslados del fallecido a “visitar” su familia y que en algunas ocasiones se quedó en el lugar donde residían sus hijas.
Lo que no encontró demostrado el tribunal es que las mismas correspondieran a la continuación de la relación de pareja que tuvieron los esposos, máxime cuando en la referencia que hizo la accionante dijo haber acompañado a Arcángel Clavijo en una ocasión a Estados Unidos quedándose en el apartamento de Miguel Ángel Clavijo González, con quien viajaron a Europa, agregado que no es atacado en la censura.
Además, con dicho reclamo también se incurre en un entremezclamiento de errores de hecho y de derecho sobre un mismo medio de prueba, lo que repugna a la técnica de casación.
e) En cuanto a la declaración de Ruth Márquez Ruiz, tampoco aparece desenfocada la estimación que le dio el ad quem, por cuanto al tratarse de una persona que manifiesta convivir con la familia Clavijo González desde hace más de 21 años, mayor grado de certeza debía existir en su relato.
No es de poca monta la inconsistencia de que mientras dicha testigo señala que “don Arcángel luego fue a Miami por las niñas a principios de julio del año 2003, y al mes siguiente llegó su señora esposa doña Gilma, ellos llegaron al Ingenio donde una hermana de doña Gilma, Esperanza González, entonces yo me fui con ellos también”; Gilma González señala que “llegué a la casa de mi hermana Esperanza González, en el Ingenio, donde allí compartimos Arcángel Clavijo, Diana carolina, Paola Vanessa Clavijo, y luego ya nos establecimos en nuestra casa Los Cristales, hasta la fecha de la muerte de mi esposo”; y, por su parte, Diana Carolina Clavijo González solo informa que “cuando llegamos a Cali nos quedamos en la casa de una tía Esperanza González, y nos quedamos mi mamá Gilma González, mi hermana Paola Vanessa y yo”.
Quiere decir que tres personas que dicen haber vivido la misma situación, esto es, haber compartido techo en una casa extraña, no coinciden ni siquiera en quienes gozaron de la hospitalidad de Esperanza González, existiendo precisión únicamente respecto de que allí se quedaron Gilma González, Diana carolina y Paola Vanessa Clavijo González, quedando en duda que lo hicieran Ruth Márquez y Arcángel Clavijo.
f) No se configura tampoco la violación medio del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil en la apreciación del testimonio rendido por Gilma González, al utilizarla como “parámetro para comparar otras testificaciones, pero nunca dijo cuál era el valor de la misma, ni precisó si le concedía o negaba eficacia probatoria” y la declaración extraprocesal de Susana Valencia de Clavijo, sobre la que guardó silencio.
El solo hecho de que se hiciera alusión a la primera para confrontar a otros deponentes es suficiente para concluir que la valoró en sus justas proporciones y, si guardó silencio respecto de la segunda, fue porque no la consideró idónea para los fines del debate, que es precisamente lo que aducen los impugnantes.
Tiene precisado la Corte que “cómo si bien es cierto el inciso 2º del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil le impone al fallador exponer razonadamente el mérito que le asigna a cada medio de prueba, también lo es que cuando, pese a no ser lo suficientemente explícito, en todo caso alcanza a expresar de algún modo los motivos de su determinación, ese vacío no necesariamente genera un error de derecho, como sugiere la recurrente, dado que, de acuerdo con lo indicado, dicho yerro surgirá únicamente cuando se verifique alguna de las hipótesis descritas, en ninguna de las cuales se enmarca la situación denunciada” (sent. de mayo 25/2004, Exp. 7127).
g) En la exposición de las deficiencias en las deposiciones recibidas a instancia de la accionante, incurren los censores en los mismos yerros que injustificadamente le endilgan al tribunal, puesto que se reduce a situaciones intrascendentes como el hecho de la temporalidad de su conocimiento, como si todos ellos tuvieran que estar enterados de la relación marital de Arcángel y Milena desde sus inicios, o que ellos no hubieran interactuado con terceros con posterioridad al momento en que decidieron compartir sus vidas.
Carece de fundamento por ende la objeción a la labor desplegada por el sentenciador, cuando en el estudio de lo narrado por este grupo de testigos conjuntó su dicho para extraer de ellos las coincidencias y complementar los aspectos que no sabían los unos con aquello de lo que estaban enterados los otros.
h) Sobre los motivos de sospecha al relato de Néstor Ramírez “pues es el padre de una sobrina de la demandante, además de tener una relación de familia con la hermana de esta”, no es esta vía extraordinaria la indicada para proponer tachas contra los declarantes, lo que se debió hacer al momento de su recepción, para ser tenido en cuenta al momento de producirse el fallo.
Dejando lado tal falencia, tampoco se observa un cuestionamiento concreto a los hechos de que dice estar al tanto el declarante ni su íntima relación de amistad con Arcángel Clavijo Valencia, lo que lo ubica en un lugar privilegiado dentro de los testigos en que se sustenta el pronunciamiento cuestionado.
En ataque similar al aquí propuesto dijo la Sala que “el error de hecho que se imputa por haberse apreciado el dicho de personas que se encontraban incursas en causales de sospecha, se descarta por completo, dado que para restarles credibilidad no era suficiente, como se pretende, poner al descubierto el motivo que los afectaba, o simplemente afirmar, cual se hizo, que por esas circunstancias los declarantes iban a expresar ‘dichos que no son ciertos’ (...) El ataque, entonces, debió enderezarse contra el contenido intrínseco de la prueba testimonial, esto es, al decir de la Corte en el antecedente último citado, ‘que la propia versión testifical no permite concederle, por ningún motivo, credibilidad; en una palabra, demostrar, con la labor crítica inherente, que lo declarado por el testigo, antes que enervar la desconfianza con que se lo mira de comienzo, acabó confirmándolo. Porque, insístese, lo sospechoso no descarta lo veraz’” (sent. de mar. 22/2011, Exp. 2007-00091).
i) La queja sobre la eficacia dada a los documentos que reposan a folios 5 a 17 del cuaderno 5, que obran en copias, es intrascendente, en la medida que la declaratoria de existencia de unión marital de hecho pretendida se cimentó en las declaraciones practicadas a instancia de la promotora, existiendo poca relevancia para la “prueba documental aportada” y sin que mucho menos se le diera valor de convicción a los que alude el cargo.
j) Por último, en cuanto a los interrogatorios absueltos por Milena Gómez Yunda y Diana Carolina Clavijo Gonzalez, si bien el objetivo que se persigue con el interrogatorio de parte es la obtención de prueba de confesión, el hecho de que lo expuesto por los litigantes no les sea perjudicial, no quiere decir que se constituya en un elemento ajeno al escrutinio del fallador, toda vez que lo que allí conste puede ser confrontado con lo que brota de los demás medios de convicción, ya sea para desvirtuarlos o conferirles mayor peso, como ocurrió en esta oportunidad.
10. El cargo, entonces, no prospera.
11. Como la decisión es adversa a los recurrentes, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el precepto 19 de la Ley 1395 de 2010, se les condenará en costas, en las que se incluirán las agencias en derecho que se fijarán en esta providencia, y atendiendo a que el libelo fue replicado (fls. 60 a 66).
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 23 de agosto de 2011, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario de Milena Gómez Yunda contra Miguel Ángel, Carlos Andrés, Diana Carolina, Paola Vanessa Clavijo González, y X X X X X X X X X X X X, en su calidad de herederos determinados de Arcángel Clavijo Valencia y los herederos indeterminados de este.
Costas a cargo de la parte recurrente, las que serán liquidadas por la secretaría, y en las que incluirá la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) por concepto de agencias en derecho.
Aprobada en sala de catorce de noviembre de dos mil doce».

References: artículo 187
 artículo 187
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 42
 resolución 
 artículo 366
 artículo 187
 artículo 187
 artículo 187
 artículo 375