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Timestamp: 2018-01-16 09:35:58+00:00

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CIRCULAR DEL 15/03/96
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de Marzo de 1996
OFICIO - CIRCULAR No. SP/100/252/96
LINEAMIENTOS para el oportuno y estricto cumplimiento del régimen jurídico de las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con éstas.
CC. TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
Como es de su conocimiento, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los recursos económicos de los Gobiernos Federal y del Distrito Federal, así como de sus respectivas administraciones públicas paraestatales, que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
En este sentido, la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, reglamentaria de la disposición constitucional invocada, establece los principios y procedimientos a efecto de que las operaciones mencionadas, se lleven a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, cuya apertura será pública, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Igualmente ordena el precepto constitucional que cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, corresponde a las leyes establecer las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que las aseguren.
Ahora bien, del conocimiento de las inconformidades que presentan ante esta Secretaría los contratistas y proveedores al amparo del artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se ha observado que un número considerable de ellas se originan por imprecisiones u omisiones en la elaboración y contenido de las bases para las licitaciones o bien, en su aplicación. Asimismo, dichas imprecisiones se observan también en los actos de presentación y apertura de proposiciones; en la evaluación de propuestas técnicas y económicas, ya sea para la descalificación o emisión del fallo e igualmente por la inexacta aplicación de las disposiciones que regulan el libre acceso e igualdad de oportunidades entre los concursantes.
En este contexto, surge el imperativo de revisar con rigor los métodos de planeación de estos actos y su desarrollo, y a través de las atribuciones de vigilancia que le competen a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo en este campo, y en el de las responsabilidades de los servidores públicos, adoptar y promover las medidas que fortalezcan la gestión transparente y eficaz de estas actividades.
El estricto cumplimiento de los principios constitucionales enunciados, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y demás disposiciones reglamentarias aplicables, así como de los criterios que en interpretación de la Ley y para efectos administrativos expida la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, es una obligación de ineludible observancia para los servidores públicos que intervengan en la preparación y formalización de los actos y contratos que en esta materia se realicen, así como para aquéllos que ejerzan atribuciones de control y vigilancia.
Con apoyo en estas consideraciones y en ejercicio de la función rectora de normatividad, vigilancia y fiscalización que a la Secretaría a mi cargo confieren los artículos 37, fracciones VIII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8o. de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, y previa consulta formulada a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial, es preciso que se adopten las medidas preventivas tendientes a garantizar que los recursos económicos del Estado que se eroguen en materia de adquisiciones, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se destinen a los fines a que están afectos, en las mejores condiciones para el Estado y con la transparencia y honradez que exige el ejercicio de la función pública, por lo cual hago de su conocimiento los siguientes:
LINEAMIENTOS PARA EL OPORTUNO Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACION DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESTAS.
1. De aplicación general:
1.1.- Para efectos del oportuno cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título Segundo de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, denominado "De la Planeación, Programación y Presupuestación", es necesario prevenir a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a las propias del Gobierno del Distrito Federal, para que marquen copia a sus respectivas contralorías internas del oficio por el que remitan a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en los términos del artículo 23 del ordenamiento en cita, los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas que deben poner a disposición de los interesados a más tardar el 31 de marzo de cada año. Los citados órganos de control interno rendirán a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo un informe relativo a la observancia de esta medida por parte de los servidores públicos a quienes competa instrumentarla y para su debido cumplimiento.
Corresponderá a los órganos de gobierno de las entidades paraestatales en general dictar las medidas en virtud de las cuales se garantice la observancia de lo dispuesto por la Ley en lo relativo a los citados programas, y a los comisarios públicos recabar la información respectiva, para los efectos a que hubiere lugar.
1.2.- Para el cumplimiento de lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas en el sentido de convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como obra pública únicamente cuando se cuente con saldo disponible dentro de su presupuesto aprobado, deberá entenderse como tal, en los términos del Oficio Circular No. 801.1.1637 de fecha 8 de diciembre de 1995 -dirigido por el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los Oficiales Mayores de las dependencias de la Administración Pública Federal- a la autorización global del presupuesto de inversión y de gasto corriente que dicha Secretaría otorga a las dependencias y entidades al inicio de cada ejercicio, y en el que se les indica la calendarización por capítulo y concepto, en el entendido de que los pagos respectivos deberán programarse de acuerdo al mismo. Dicha autorización deberá obtenerse previamente a la publicación de la convocatoria de que se trate.
En este orden de conceptos y estando disponibles los recursos destinados a estos compromisos, las dependencias y entidades podrán efectuar los pagos correspondientes en la fecha que se hubiese pactado en los contratos, dando así pleno y oportuno cumplimiento a lo ordenado por los artículos 52, 66 y 68 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
1.3.- La publicación de las convocatorias de las licitaciones públicas deberá efectuarse atendiendo a lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, esto es, en la sección especializada del Diario Oficial de la Federación y simultáneamente en un diario de la Entidad Federativa donde haya de ser utilizado el bien, prestado el servicio o ejecutada la obra.
Cuando los supuestos a que se refiere la última parte del párrafo anterior se requieran en el Distrito Federal, la convocatoria será publicada exclusivamente en la sección especializada del Diario Oficial de la Federación.
En la hipótesis de que las convocatorias se refieran a requerimientos consolidados que abarquen a tres o más Entidades Federativas, aquéllas se publicarán únicamente en la sección especializada del Diario Oficial referido y en un diario de circulación nacional.
En las convocatorias de las licitaciones públicas en que se haya autorizado una reducción en el plazo para la presentación y apertura de proposiciones, deberá indicarse quién autorizó dicha reducción y la fecha en que ésta se otorgó.
Cuando en los términos del cuarto párrafo del artículo 15 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas se pretenda pactar cláusula arbitral en los contratos respectivos, deberá recabarse, previamente a la publicación de la convocatoria de que se trate, la autorización de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, la que recabará la opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio y Fomento Industrial.
1.4.- A fin de determinar el costo de las bases para las licitaciones a que se refiere la fracción II del artículo 32 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, la cuota a pagar por los interesados deberá calcularse considerando exclusivamente el monto a recuperar por publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, de la publicación que se realice en la Entidad Federativa respectiva, más el costo de la documentación que les sea entregada, dividiendo el gasto total entre el número mínimo de participantes que se estime adquirirán las citadas bases, por lo que no podrán incluirse los costos relativos a indirectos, asesorías, estudios, materiales de oficina, mensajería u otros que aunque tengan relación en la preparación de las bases, no estén indicados en la Ley.
Para la venta de las bases no deberán establecerse uno o varios días específicos, en virtud de que el artículo 33 de la Ley de la materia, dispone que dichas bases estarán disponibles desde la fecha en que se publique la convocatoria y hasta siete días naturales antes del acto de presentación y apertura de ofertas.
1.5.- Las modificaciones a las bases de licitación que admite la Ley en el artículo 35 no es discrecional y por ende, deben ajustarse a las formalidades que para este fin exige el propio ordenamiento, pues sólo pueden versar sobre plazos u otros aspectos enunciados en la convocatoria o en las bases mismas, sin que ello constituya la sustitución o variación sustancial de los bienes, obras o servicios convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.
La inasistencia de los participantes a la junta de aclaraciones no obstante haber adquirido las bases de la licitación, será de su estricta responsabilidad; sin embargo podrán acudir con la debida oportunidad a la dependencia o entidad para que les sea entregada copia del acta de la junta respectiva.
Iniciado el acto de presentación y apertura de ofertas, los servidores públicos que intervengan en los mismos se abstendrán de efectuar cualquier modificación, adición, eliminación o negociación a las condiciones de las bases y/o a las proposiciones de los licitantes, a fin de evitar vicios en el procedimiento e incurrir en responsabilidad por contravención de lo dispuesto en los artículos 33 fracción V y 35 fracción II de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
1.6.- La formulación de las bases de la licitación se rige por el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Los requisitos y condiciones de éstas serán iguales para todos los participantes, a efecto de propiciar mayor competencia y transparencia entre ellos, particularmente en lo relativo a tiempo y lugar de entrega, plazo para la ejecución de trabajos, así como en la forma de pago, como lo establece el antepenúltimo párrafo de la disposición en cita. A este respecto las áreas que en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal desarrollen la función de preparar y conducir las diversas etapas de la licitación deberán de inmediato proceder a la revisión de las disposiciones que rigen estos actos, con el objeto de eliminar de dichos documentos requisitos que no sean esenciales en las proposiciones, tales como la utilización de sobres de colores en que se contengan las ofertas, protección de datos con cinta adhesiva transparente, presentación de ofertas engargoladas o encuadernadas, varias copias de las propuestas, y en general cualquier requisito cuyo propósito no sea esencial para el objeto de las bases.
Cabe señalar que de ser indispensable solicitar tales requisitos por la naturaleza de los bienes a licitar, deberá precisarse expresamente en las bases que si bien para efectos de descalificación no es indispensable su cumplimiento, sí lo es para la mejor conducción del procedimiento de que se trata.
1.7.- Las convocantes no podrán establecer en las bases de las licitaciones la previsión relativa a "reservarse el derecho" de descalificar o no a los concursantes, ya que es causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos de las bases, excepto los indicados como optativos y por lo tanto, la descalificación o desechamiento no es un acto discrecional de la convocante, sino que se trata de un acto regulado por los artículos 33 fracción III, 45 y 58 de la Ley de la materia.
No podrá ser motivo de descalificación el que un participante se ausente del evento, siempre y cuando hubiere presentado la propuesta.
1.8.- No es admisible establecer como requisito para participar en las licitaciones, que la persona que asista a entregar la propuesta cuente con poderes de representación de la empresa en cuyo nombre presente aquélla. En este caso será suficiente contar con una carta poder simple e identificación, toda vez que la persona que suscriba la propuesta en la licitación es la que debe contar con los documentos notariales que lo acrediten como apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma.
1.9.- Los servidores públicos que conduzcan el procedimiento de licitación, no podrán abrir el sobre que contiene la propuesta económica, hasta en tanto no se haya concluido, en los términos de la ley, la evaluación técnica.
1.10.- Previo al acto formal de presentación y apertura de las propuestas, las convocantes podrán efectuar revisiones preliminares y registro de la documentación que debe acompañarse a dicha propuesta, distinta a la oferta técnica o económica; sin embargo, deberán abstenerse de rechazar, descalificar o impedir el acceso a cualquier participante, ya que esto deberá efectuarse en el propio acto de presentación y apertura de ofertas.
1.11.- La adjudicación de los contratos, como lo disponen los artículos 46 y 59 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, deberá favorecer a la propuesta solvente, es decir que cumpla con los requisitos de la convocatoria y bases de la licitación, que presente el precio más bajo, motivo por el cual las convocantes deberán instruir a los servidores públicos a quienes competa pronunciar el fallo para que se abstengan de emitirlos en contravención a las citadas disposiciones, previa prevención de que tal inobservancia, además de implicar la nulidad del acto de que se trata, entraña su responsabilidad en el ámbito administrativo, y fincada ésta, conlleva el resarcimiento del daño patrimonial que llegare a causarse al Estado.
1.12.- En los contratos respectivos deberá insertarse una declaración que exprese el fundamento de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas con base en el cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato, esto es, si se realizó licitación pública o el procedimiento de invitación restringida, en este último caso se especificará el supuesto de excepción aplicado.
1.13.- A efecto de mantener actualizadas las fianzas que en favor de las dependencias y entidades deban otorgar los proveedores y contratistas, éstos deberán presentar ante aquéllas los documentos que demuestren la renovación de las garantías, en todos los casos en que les haya sido autorizada la prórroga de la vigencia de los actos y contratos que se celebren en los términos de la Ley.
1.14.- Los informes a que se refieren los artículos 70, 73, 74 y 80 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, deberán ser remitidos en tiempo y forma a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo en los formatos LAOP-70-DNOP, LAOP-73-DNOP, LAOP-74-DNOP, LAOP-80-DNOP y LAOP-81-DNAS, que para tal efecto se anexan a estos Lineamientos.
Asimismo, se reitera la obligación de enviar oportunamente a esta Secretaría la información a que se refiere el artículo 88 de la Ley, relativa a los casos en que se haya rescindido por segunda ocasión, contratos a un mismo proveedor o contratista.
2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios:
2.1.- Los Oficiales Mayores de las dependencias y sus equivalentes en las entidades de ser el caso, serán responsables de la debida integración y funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a efecto de que en el seno de los mismos se dictaminen en forma eficaz y oportuna, las operaciones que deban realizarse mediante licitaciones públicas, así como aquéllas que de acuerdo con el artículo 24 fracción II de la Ley deba exceptuar de este procedimiento. Dicho dictamen deberá recabarse previamente a la iniciación del procedimiento respectivo.
Las bases de licitación serán revisadas, antes del envío de la convocatoria al Diario Oficial de la Federación, por el subcomité que al efecto constituya el órgano colegiado a que se refiere este punto.
2.2.- Adicionalmente a la obligación que tienen las dependencias y entidades de mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuentan, deberán atender lo previsto en los Lineamientos para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de mayo de 1994.
En las contrataciones de los asesores externos de seguros, las convocantes deberán establecer como único requisito para demostrar la capacidad técnica, de acuerdo con su clasificación, la constancia de inscripción en el registro de asesores externos de seguros que al efecto lleva la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
2.3.- En las bases de las licitaciones públicas de carácter nacional, que para la adquisición o arrendamiento de bienes elaboren las dependencias y entidades, deberá incluirse como requisito a cumplir por el participante, escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferta y entregará, son producidos en México y contendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el 50 %, a excepción de los casos señalados en el Acuerdo que sobre esta materia fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 1994 y sus modificaciones del 8 de diciembre de 1995.
Por otra parte, en los casos a que se refiere la regla décima cuarta y demás relativas del Acuerdo indicado en el párrafo anterior, las dependencias y entidades que se encuentran bajo los supuestos de aplicación de los distintos tratados comerciales suscritos por México y, que pretendan llevar a cabo un procedimiento de licitación, previo a la publicación de la convocatoria respectiva, deberán contar con la indicación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sobre sí la licitación será de carácter nacional o internacional, en razón de las reservas, medidas de transición u otras medidas establecidas en los tratados.
2.4.- Las modificaciones a las convocatorias o a las bases de licitación deberán realizarse con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, atendiendo el criterio de aplicación general previsto en el punto 1.5 de estos Lineamientos.
En tratándose de cancelaciones de partidas de bienes o servicios, éstas sólo podrán realizarse por razones de caso fortuito o causas de fuerza mayor, circunstancias que deberán acreditarse fehacientemente ante el órgano interno de control, haciendo del conocimiento a los interesados dichas modificaciones, en los términos que previene el precepto señalado.
Cuando por las razones indicadas en el párrafo anterior, antes del fallo de la licitación correspondiente se requiera efectuar reducciones a las cantidades de bienes o servicios solicitados, la reducción correspondiente a cada partida no será superior al 15% de la cantidad originalmente convocada.
2.5.- En los casos en que por razones de urgencia justificada sea necesario reducir el plazo para la presentación y apertura de proposiciones, el titular del área que requiera de los bienes o servicios deberá solicitarlo al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, mediante escrito debidamente firmado en el que se expongan las razones de urgencia para dicha reducción, a efecto de que el Comité determine lo procedente.
2.6.- Cuando se requieran especificaciones especiales de los bienes o servicios objeto de una licitación, el titular del área técnica que los solicite deberá precisar al responsable del área de adquisiciones, aquéllas que deberán contenerse en las bases de la licitación respectiva. Dichas especificaciones deberán ser susceptibles de medir y verificar su cumplimiento.
Si para tales efectos se requiere de la realización de pruebas, el propio titular precisará las pruebas necesarias, el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deberán dar para determinar que se cumpla con lo solicitado.
Tanto las pruebas requeridas, como el método para ejecutarlas y los resultados mínimos que deberán dar éstas, se contendrán en las bases de la licitación, por lo que aquéllas que no hayan sido precisadas en las bases, o bien las adicionales a las establecidas originalmente que se hayan incluido sin atender lo previsto por la Ley, no podrán ser tomadas en cuenta en la evaluación de las propuestas presentadas por los participantes para la adjudicación del contrato respectivo.
2.7.- Los servidores públicos a quienes les corresponda elaborar las bases de licitación, no deberán establecer en las mismas requisitos que limiten la libre participación de los interesados, tales como:
Experiencia superior a un año, salvo en casos debidamente justificados que autorice en forma expresa y por escrito el Oficial Mayor de las dependencias o sus equivalentes en las entidades.
Haber celebrado contratos anteriores con la convocante.
El capital social de los participantes.
Capitales contables elevados, salvo en casos debidamente justificados que autorice en forma expresa y por escrito el Oficial Mayor de las dependencias o sus equivalentes en las entidades.
Cuando dichos capitales se establezcan como requisito en las bases, no podrá exigirse un capital contable superior al 5% del presupuesto total asignado a la licitación. Asimismo, su comprobación deberá realizarse con la última declaración ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a opción del licitante, mediante estados financieros auditados.
Contar con sucursales a nivel nacional, a pesar de que sin éstas se puedan proveer los bienes o prestar los servicios solicitados.
Plazos de entrega reducidos, en los cuales no sea factible producir o importar los bienes, o efectuar los preparativos para la prestación del servicio.
2.8.- En las licitaciones públicas, la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán, uno la propuesta técnica y el otro la propuesta económica con la garantía de seriedad de las ofertas. La documentación complementaria -estados financieros, identificación, poderes que deberán acreditarse, entre otros documentos- deberá presentarse simultáneamente con la propuesta técnica, dentro del sobre de ésta o fuera de él, a elección del participante.
2.9.- Para la determinación del porcentaje de garantías, las convocantes podrán considerar la conveniencia de establecer un 5% máximo del monto total de la propuesta para garantizar la seriedad de las ofertas, y un 10% máximo del monto total del contrato para garantizar el cumplimiento del mismo.
2.10.- Las penas convencionales a cargo de los proveedores que se pacten o apliquen por atraso en el cumplimiento del contrato, por ningún concepto podrán exceder al importe de la garantía de cumplimiento que se hubiere establecido.
En caso de incumplimiento por parte del proveedor, el procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los diez días naturales siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo para hacer efectivas las penas convencionales, o en caso de que éstas no hayan sido pactadas, dentro de los diez días naturales siguientes al vencimiento de la fecha de cumplimiento estipulada en el contrato, salvo que por causas excepcionales y justificadas el servidor público responsable otorgue por escrito y previo a su vencimiento, un plazo mayor para la entrega.
De lo anterior se deberá informar al órgano interno de control, a más tardar el día último del mes en que se inicie el procedimiento de rescisión o se autorice la prórroga.
2.11.- La contratación de servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, requerirá, previamente a su presentación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de la autorización expresa del titular de la dependencia o entidad de que se trate. Los servicios de abogados que se contraten para realizar gestiones de cobro de cartera o para defender los intereses de las entidades en juicio, deberán contar en todo caso con la autorización referida.
La contratación de los servicios a que se refieren este punto y el siguiente deberá reducirse al mínimo indispensable, conforme a lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de los citados servicios, invariablemente se constituirán a favor del Gobierno Federal, lo que deberá ser establecido en las bases y contratos respectivos.
2.12.- Para que una contratación de servicios de consultoría a que se refiere el artículo 81, apartado A, fracción III de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas pueda ser autorizada mediante el procedimiento de invitación restringida, el titular del área que requiera dichos servicios deberá presentar, ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la información que de publicarse en la convocatoria o incluirse en las bases de licitación pudiera afectar el interés público o la confidencialidad para el Gobierno Federal.
2.13.- En los contratos que celebren las dependencias y entidades en materia de adquisiciones se deberá estipular como mínimo su objeto, vigencia y las contraprestaciones de las partes y, en su caso, los anticipos a otorgar, las garantías, la confidencialidad de la información respectiva, los derechos de autor en favor de la dependencia o entidad de que se trate, y la cláusula penal.
2.14.- Para los efectos de las contrataciones a que se refiere el artículo 81, apartado A, fracción VIII de la Ley, deberá justificarse ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que, conforme al alcance del contrato, el servicio puede ser realizado por la persona física respectiva por sí misma, es decir, que ésta no requerirá de la utilización de otros especialistas en la materia para el cumplimiento del contrato.
3. Obra pública y servicios relacionados con la misma:
3.1.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, cuando cuenten con saldo disponible en su presupuesto, así como con los estudios y proyectos, las normas y especificaciones de construcción, el programa de ejecución y, en su caso, el programa de suministro totalmente terminados, o bien, con un avance en su desarrollo que permita a los participantes preparar una propuesta solvente, y ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión.
3.2.- En las bases de las licitaciones deberá especificarse, además de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, que la tasa de interés aplicable por financiamiento deberá calcularse por el contratista con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.
3.3.- La integración de los precios unitarios deberá ajustarse a lo previsto en los oficios-circulares publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 19 de enero y 13 de junio de 1994, destacándose que los cargos por concepto de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como de los derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se adicionarán a la cantidad que resulte de la suma de los costos directos, indirectos, de financiamiento y del cargo por utilidad. Deberá requerirse a los interesados que en sus propuestas incluyan los tres conceptos primeramente mencionados dentro del rubro de utilidad, indicando su monto.
3.4.- En los contratos que se celebren deberán contenerse las declaraciones y estipulaciones mínimas a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, así como aquéllas necesarias de acuerdo a las características de la obra de que se trate, sin omitir que el catálogo de conceptos prevenga la forma de medición y pago de cada uno de ellos; el plazo para la recepción de la obra, y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales.
El área responsable de la contratación deberá auxiliarse del área encargada de la realización de la obra, a efecto de que el contrato respectivo contenga los elementos indispensables para la ejecución de la misma.
El modelo de contrato contenido en las bases de licitación pública, deberá contar, previamente a la publicación de la convocatoria, con la opinión favorable del órgano interno de control y del área jurídica correspondientes.
3.5.- Las dependencias y entidades calcularán los ajustes de costos con base en los relativos de precios de insumos para la construcción que mensualmente publica la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo en el Diario Oficial de la Federación. Cuando se requiera de relativos de insumos no incluidos en dicha publicación, se procederá a calcularlos con base en los precios que investiguen directamente las propias dependencias y entidades, conforme a los lineamientos y metodología que expida dicha Secretaría. Lo anterior, con el propósito de garantizar que los precios de los contratos permanezcan fijos hasta la terminación de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
3.6.- La suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de un contrato deberá determinarse por la dependencia o entidad inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen. Previo procedimiento de ley, una vez determinada la rescisión se procederá a levantar, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada en la que se hará constar el estado en que se encuentren los trabajos, misma que servirá de base para el pago del finiquito correspondiente. En estos casos deberá procederse a la recuperación inmediata de los anticipos no amortizados, a la de los materiales y equipos proporcionados por la dependencia o entidad no incorporados a la obra, a la de las instalaciones, y a la del inmueble.
En el supuesto de que el contratista no devuelva los materiales y equipos, las instalaciones o el inmueble en el plazo de 5 días contados a partir de la fecha en que se le requiera, se procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante autoridad competente, por los daños y perjuicios que se causen al Estado.
Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal instruirán en sus respectivos ámbitos de competencia y en particular a las Oficialías Mayores y sus equivalentes en las entidades paraestatales, la debida observancia y oportuna aplicación de las medidas enunciadas en este oficio-circular.
En virtud de que las medidas materia de estos Lineamientos, están directamente relacionadas con el estricto cumplimiento del artículo 134 Constitucional, de las diversas disposiciones que se invocan de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, así como de las demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, su incumplimiento dará lugar a que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y los órganos de control interno de las propias dependencias, por sí o en su carácter de coordinadoras de sector, procedan en los términos de los ordenamientos en cita y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a fincar las responsabilidades e imponer las sanciones que a cada caso corresponda, entre las que se cuenta la económica hasta por dos tantos del lucro que se hubiere obtenido o de los daños o perjuicios causados al Erario Público Federal.
Por la inobservancia de las disposiciones constitucionales y legales ya invocadas en que incurran los servidores públicos cuyas funciones se relacionen directamente con las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra pública así como los servicios relacionados con ésta, podrá incoarse previa denuncia que al efecto se formule, el ejercicio de la acción penal en los términos del Código Penal para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal.
Lo anterior sin perjuicio del fincamiento de las responsabilidades que en su caso procedan, para resarcir a la propia Hacienda Pública Federal, en los términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido y para los efectos de lo expuesto en los párrafos anteriores los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán intensificar la vigilancia relativa al cumplimiento de las disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con éstas.
Con fundamento en el artículo 12, fracción V del Reglamento Interior de esta Secretaría, corresponderá a la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal desahogar las consultas que se susciten con motivo de la aplicación del presente oficio-circular.
México, D.F., a 12 de marzo de 1996.-El Secretario, Arsenio Farell Cubillas.-Rúbrica.
INFORME DE CONVENIOS ADICIONALES A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (ART. 70 LAOP)
INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE (ART. 73 LAOP)
INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA. (ART. 80 LAOP)
INFORME DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA, EXCEPTO LOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA FUNDAMENTADOS EN EL ARTICULO 81 DE LA LAOP.
INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE LOS QUE SE PROCEDERA A SU RECEPCION POR HABERSE CONCLUIDO LOS TRABAJOS (ART. 74 LAOP)

References: artículo 134
 artículo 95
 artículo 23
 artículo 29
 artículo 15
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 35
 artículo 33
 artículo 88
 artículo 24
 artículo 35
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 29
 artículo 33
 artículo 61
 artículo 68
 artículo 134
 artículo 111
 artículo 12