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Timestamp: 2019-11-13 06:40:23+00:00

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texto | Derecho público | Derecho laboral
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Dip Apunte
Formato de Presentación Informes Finales
1. Código del Proyecto: 020100436 Fecha del Informe: Diciembre 2015.
Fecha de Inicio del Proyecto: Fecha de Finalización del Proyecto:
EL EXEQUATUR PARA ASUNTOS LABORALES EN AMÉRICA LATINA.
3. Unidad Académica:
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Ciencia Jurídica y Política
4. Nombre del Grupo de Investigación:
INSTITUCIONES JURÍDICAS Y DESARROLLO-IJUD. IJUD
5.1 Investigador Principal: IVAN ALBERTO DIAZ GUTIERREZ
5.2 Co-Investigadores: AMY CAROLINA CLARKSON PULIDO.
Procedimiento del exequátur en países de América Latina:
Se indagó sobre la forma como en los diferentes países latinoamericanos se reconocen y ejecutan las
sentencias, dictadas por tribunales de otras jurisdicciones y cómo se aplica el exequátur como método
de hacer efectivas esas decisiones, exclusivamente las sentencias, dado que sobre los laudos arbitrales
se ha dictado en Colombia una legislación específica contenida en la ley 1563 de 2012, se identifican
además sus requisitos y competencias legales y judiciales o jurisdiccionales. Específicamente se
concretó la investigación al reconocimiento y ejecución de sentencias de Derecho Laboral en los
Se analizaron los conceptos de diferentes tratadistas europeos y americanos alrededor del Exequátur,
formándose con ellos síntesis conceptuales que se expondrán paulatinamente, para concluir con un
cuadro resumen que contiene los factores que deben tenerse en la cuenta al momento de solicitar el
reconocimiento o la ejecución de una sentencia en materia laboral dentro de cada país de los que
conforman Latinoamérica (Desde Méjico hasta el sur de la Argentina)-
Debe anotarse que aún no existe experiencia judicial en materia de exequátur para asuntos laborales
en los países latinoamericanos pero si son previsibles dadas las condiciones económicas y políticas
que han influido de manera decisiva en la internacionalización de la industria transformadora y la
comercialización de sus productos con la utilización de fuerza de trabajo, calificada o no, que se
contrata en los diferentes países para realizar su actividad en el mismo país en el cual son contratados
o en otros países en los cuales se resuelve o termina su contrato, generándose la ambigüedad de
definir la competencia para dirimir sus reclamaciones y la consecuente competencia para hacer valer
las decisiones judiciales que las diriman definitivamente, o la ejecución y medidas cautelares que se
deben tomar en aquellos países en los cuales tiene su sede principal la entidad empleadora condenada
a pagar o a cumplir alguna o algunas obligaciones laborales.
Este proyecto se dedicó a la definición de las ambigüedades mencionadas, a manera de previsión o
predicción sobre cuál es el método o procedimiento adecuado para cuando este tipo de decisiones
judiciales o sus equivalentes, requieran de su reconocimiento o ejecución o de la práctica de medidas
cautelares para su eficacia, asuntos sobre los cuales si existe suficiente doctrina y experiencia en los
diferentes países analizados, a partir de ello se harán las recomendaciones a seguir para cuando así lo
exija la vida judicial del mundo laboral.
Para corroborar la aplicabilidad del exequátur en asuntos laborales, vale la pena mencionar los
siguientes referentes normativos y conceptuales que incluyen lo laboral como objeto del Exequátur:
1. El concepto 10 de diciembre 12 de 2011 del Ministerio de Relaciones exteriores de
Colombia sobre CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LAS SENTENCIAS
EXTRANJERAS Y EL TRÁMITE DEL EXEQUÁTUR EN COLOMBIA en cuyo punto III
expresa: “EJECUCIÓN EN COLOMBIA DE SENTENCIAS DE CARÁCTER LABORAL:
En nuestro ordenamiento jurídico, la mayoría de las sentencia dictadas por la Corte Suprema
de Justicia sobre exequátur han tenido que ver con el estado civil de las personas, sin
embargo sobre la ejecución de una sentencia sobre obligaciones de carácter laboral dictadas
en el extranjero, hasta este momento no logramos encontrar un fallo representativo. Sin
embargo, ni en el procedimiento laboral Colombiano, ni en el procedimiento contencioso
administrativo está establecida la figura del exequátur, no obstante en virtud a la aplicación
analógica, es posible aplicar a cada uno de estos procedimientos dicha figura, lo cual está
plenamente autorizado por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social; y en lo dispuesto en el artículo267 del Código Contencioso Administrativo.”
2. Además, hay que tener la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de
las Sentencias, aprobada mediante Ley 16 de 1981, la cual en su artículo primero dispone que
se aplicará a las sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles,
comerciales o laborales en uno de los Estados Partes, a menos que al momento de la
ratificación alguno de éstos haga expresa reserva de limitarla a las sentencias de condena en
materia patrimonial. (Conncepto 10 del Ministerio de Relaciones Exteriores que cita esta
3. Es fundamental destacar que el Exequátur es un asunto que pertenece sustancialmente
al Derecho Internacional Privado, pero desde el ángulo adjetivo, es o pertenece al Derecho
Procesal, siendo esta última afirmación de la mayor importancia pues es en ese aspecto en el
que radica la aplicabilidad del Exequátur a los conflictos laborales, veamos por qué.
a) El exequátur ha sido regulado en Colombia dentro de las normas procesales civiles, se
encuentra dentro del Código de Procedimiento Civil que reguló el asunto hasta el 31 de
diciembre del año 2015, concretamente en sus artículos 693 a 697.
b) La normativa, contenida en el Código de Procedimiento Civil derogado, ha sido
reemplazada a partir del 1 de enero de 2016 por el denominado Código General del
Proceso (Ley 1564 de 2012) que regula el procedimiento del Exequátur en sus artículos
605 a 609, aplicable a asuntos Civiles, Comerciales y pretende ser aplicable, como norma
de aplicación general, a todo tipo de Procesos, incluyendo los Laborales.
c) La anterior pretensión del Código general del Proceso y de no pocos especialistas y
juristas del Derecho Procesal, tiene contradictores, especialmente encuentra oposición en
los especialistas en el Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, quienes
afirman que la especialidad es norma preferente de aplicación, siendo la del procedimiento
laboral una norma específica no cabe la aplicación en los conflictos del trabajo, en su
opinión, norma diferente a la procesal del trabajo. Esta discusión no tiene definición hasta
el momento pero en el caso del exequátur no tiene repercusión como lo veremos a
continuación. El argumento de la especialidad vs. la generalidad, no es el único que
esgrimen los laboralistas hay otros más pero que no vienen al caso y por ello no nos
ocuparemos de ellos en esta investigación pues el literal siguiente nos disipa toda duda
sobre la aplicación del exequátur en asuntos laborales y a partir de la norma derogada y
con mayor razón hoy con el nuevo Código General del Proceso.
d) Si bien es cierto que la norma Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en Colombia,
es una norma de carácter especial que prima sobre la general, también es cierto que dicha
norma especial contiene una norma que reenvía al Procedimiento Civil, cuando quiera que
existan vacíos en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En efecto el
Artículo 145 del Código Procesal de la especialidad laboral, dispone que
“ARTICULO 145. -Aplicación analógica. A falta de disposiciones especiales en el
procedimiento de trabajo se aplicarán las normas análogas de este decreto, y, en su
defecto, las del Código Judicial.”. Sin embargo la referencia que se hace al Código
Judicial merece una aclaración pues dicha normativa es de 1930 y fue derogada por el
Código de Procedimiento Civil que comenzó a regir el 1 de Enero de 1971 y hoy viene a
ser reemplazada por la ley 1564 de 2012 sobre Código General del Proceso que comenzó a
regir el 1° de enero de 2016.
La claridad que se reclama la ha traído la Corte Suprema de Justicia en reiterada
jurisprudencia en la que homologó el Término de Código Judicial al de Código de
Procedimiento Civil, con argumentación que es válida, igualmente en el momento, para
hacer homologable el término nuevo, que rige para la mayor parte de los procedimientos
en Colombia, de Código General del Proceso, al que anteriormente se refería al Código de
Procedimiento Civil que sustituyera al Código Judicial de 1930. La Corte Suprema de
Justicia se pronunció sobre esta obligatoria analogía en sentencia 9143 del 15 de abril de
e) Así las cosas, es indudable que el Código General del Proceso regulará el exequátur para
sentencias laborales pues no existe norma aplicable en el Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social, siendo aplicable por lo tanto esta nueva normativa de conformidad
con la analogía obligatoria a la que reenvía el artículo 145 del Código de la especialidad
laboral en lo procesal.
4. El concepto de reciprocidad será un elemento fundamental para la aplicación del
exequátur en asuntos laborales no solo en cuanto a la diplomática y a la legislativa sino
también en la que llamaremos reciprocidad en el tratamiento de los extranjeros en un país en
donde se reclama la aplicación del exequátur para una sentencia dictada en otro país en el
cual, en el caso específico de Colombia, a los colombianos se les otorga el reconocimiento y
ejecutabilidad de las sentencias dictadas en Colombia pero que requieren reconocimiento en
ese otro país.
8. Informe de Resultados.
1. EQUIPO DE INVESTIGADORES Y SU EVOLUCIÓN: Los investigadores IVAN
ALBERTO DIAZ GUTIÉRREZ (PRINCIAPAL ) y AMY CAROLINA CLARKSON
PULIDO, tuvieron la colaboración de estudiantes de pregrado de derecho, cuatro monitores y
seis estudiantes adicionales para un total de diez estudiantes quienes semanalmente, excepto en
época de parciales y de exámenes finales, se reunieron para analizar las indagaciones que
sobre cada país tuvieron a su cargo; hacer las comparaciones obligadas entre los diferentes
países y sus legislaciones, al igual que sobre sus condiciones legislativas y judiciales. Las
monitoras vinculadas al proyecto fueron las estudiantes NATALIA CORONADO, MARIA
DEL MAR VARELA, LUISA FERNANDA SÁNCHEZ Y ANGELA MARÍA NAVIA. Los
seis estudiantes vinculados al proyecto como estudiantes en práctica especial del consultorio
jurídico fueron EMMANUEL ALJURE, DANIEL RECAMÁN, DANIEL ORTEGÓN,
CAMILO VILLADA, SANTIAGO ARANGO E IVAN DARIO ZAPATA
a) Inicialmente se concretó el campo del derecho al cuál se destinaría la actividad
investigativa, concretándose éste al Derecho Laboral o del Trabajo en los diferentes países
de Latino América, distinguiendo al exequátur como un fenómeno de Derecho
Internacional Privado e igualmente de Derecho Procesal. Ello implicó el cambio del título
inicial del proyecto por el de EL EXEQUÁTUR PARA ASUNTOS LABORALES EN
AMÉRICA LATINA, como ya aparece en este informe final y basándonos en la
descripción del problema en el penúltimo párrafo de la formulación pertinente en la
propuesta inicial: “Asi mismo, cuando los trabajadores colombianos son empleados por
empresas multinacionales que temporal o definitivamente instalan sus fábricas o
establecimientos en el país y luego emigran a otros países, dejando a los trabajadores de
las filiales colombianas sin la posibilidad de un amparo efectivo de sus derechos pues, si
bien pueden obtener una sentencia declarativa favorable, no tendrán en Colombia bienes
identificables para su embargo y secuestro pues la mayoría sino todos éstos se encuentran
en el país de la casa matriz haciéndose entonces el exequátor un instrumento de
protección jurídico social internacional.”
b) Veinticinco (27) reuniones de los investigadores con el grupo de estudiantes arriba
nombrados, en las cuales se revisaron las actividades asignadas y se promovió e impulsó la
indagación de la temática en cada país de Latinoamérica.
c) Se indagó acerca de la bibliografía existente sobre el tema, encontrándose que los
tratadistas nacionales, dentro de los cuales destacan los expertos MARCO GERARDO
MONROY CABRA, JAIME AZULA CAMACHO, HERNANDO DAVIS ECHANDÍA,
HERNANDO MORALES, JOSÉ HOYOS MUÑOZ, JAVIER HENAO HIDRÓN,
ALVARO LECOMPTE LUNA, LUIS CARLOS SÁCHICA, entre otros, coinciden, en sus
apreciaciones y conceptos, con los tratadistas que a nivel internacional fueron consultados.
Esta búsqueda fue enriquecedora pues se identificaron varias obras de doctrinantes
internacionales, dentro de ellas merecieron especial atención las de CARLOS
ARELLANO GARCÍA, SANTIAGO SENTIS MELENDO, MÓNICA WEINBERG DE
ROCA, y otros que son mencionados dentro de las obras indagadas y se irán referenciando
en la medida en que se introduzcan sus aportes jurídicos en los productos resultado de este
d) Se participó en el VI CONGRESO INTERNACIONAL NUEVOS PRINCIPIOS DE
LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL SIGLO XXI realizado en Bogotá entre los días 27 al
30 de abril de 2015, en donde se contactaron expositores internacionales sobre el derecho
del trabajo y de la seguridad social, con ellos se intercambió correspondencia que hace
parte del presente informe, con el fin de obtener información sobre la temática del
exequátur en sus países, se obtuvo información, especialmente de Guatemala a través del
jurista MARCELO RICHTER. También fueron relacionados y contactados con el proyecto
por correo electrónico los siguientes expositores: GABRIELA MENDIZABAL DE
MÉJICO, JEAN TAMARONES DE VENEZUELA, LEPOLDO GAMARRA WILCHES
DEL PERÚ, HECTOR HUMERES MEJÍA TOLOZA DE CHILE, JOSÉ TORRES
BRIZUELA DE ARGENTINA, JUAN MANUEL ORTEGA MALDONADO DE MÉJICO
Y ADRIANA LÓPEZ DE URUGUAY, con quienes se cruzaron mensajes electrónicos.
Como expertos laboralistas dentro de sus respectivos países pudieron informarnos sobre la
prácticamente inexistente experiencia en materia de exequátur para asuntos laborales.
e) Durante el mes de mayo de 2015, el día 14, se presentó la ponencia “EL
EXEQUÁTUR: LA NECESIDAD DE SU IMPLANTACIÓN EN ASUNTOS LABORALES EN
AMÉRICA LAT INA”, en el “VIII encuentro de la Red de Grupos y Centros de
Investigación jurídica y socio jurídica Nodo suroccidente: “Derecho Política y Pos
conflicto” en la mesa 2 sobre “Derecho Privado y Responsabilidad Social”. Se anexa copia
de esta ponencia y certificado de participación.
f) Se hizo contactos con las embajadas de los países latinoamericanos acreditados ante el
gobierno de Colombia obteniéndose respuestas de parte de los embajadores de Costa Rica,
Honduras, República Dominicana, Nicaragua. Se anexan copias de las cartas enviadapor
correo a las embajadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Jamaica, Guatemala, Panamá, Venezuela, Honduras,
Méjico, Perú, República Dominicana y Salvador. Se anexan las copias de las cartas
remitidas por vía de correo electrónico y las respuestas obtenidas de los países arriba
g) Recopilada la información sobre los derechos sustantivos del trabajo de los diferentes
Estados latinoamericanas, se concluyó que además de las lógicas diferencias normativas,
existen diferencias en las denominaciones y el contenido de estos derechos, a pesar de la
similitud en su esencia. Lo anterior, sumado a otra conclusión general de la investigación,
relacionada con la competencia normativa, legal o legislativa, nos llevó a no incluir estas
diferencias en particular como elementos de esta investigación pues es precisamente propio
del exequátur, definir previamente cuál legislación es la apta o competente para dirimir los
conflictos de leyes, cuestión que termina definiéndose por el principio del lex fori o sea por
la ley del lugar en el cuál se definirá el conflicto, diferente del conflicto de jurisdicción del
cual se hablará más adelante. Carlos Arellano García al respecto expresa: “Al ocuparnos de
precisar el objeto del Derecho Internacional Privado, hemos establecido que el objeto
central de esta asignatura es determinar entre dos o más normas jurídicas de diversos
Estados, cuál de ellas es la que ha de regir la situación concreta, en el entendido de que la
situación concreta está conectada con las normas jurídicas de los Estado cuyas normas se
han de seleccionar”1 (Arellano, 1980, p. 643).
Se trata de definir cuál es la norma apta o competente para dirimir una situación concreta, si la del
país o Estado del domicilio del demandante o del demandado o la del país o Estado en el cuál están
ubicados los bienes objeto de un litigio, también y especialmente en materia laboral, son importantes
h) Una vez concluido lo anterior se debió ubicar al exequátur dentro del derecho
internacional privado y dentro del derecho procesal, decisión que encuentra apoyo, en
los tratadistas de Derecho Internacional Privado consultados, lo cual se puede
condensar en lo expresado por José Hoyos Muñoz en los siguientes términos: “Es
pertinente hacer la consideración de que con la eficacia de una sentencia en Estado
distinto del que fue proferida es asunto que interesa tanto al Derecho Internacional
Privado como al Derecho Procesal. En efecto, todo lo atinente al interrogante que se
haga acerca de por qué una sentencia dictada en un Estado puede cumplirse en el
territorio de otro pertenece al Derecho Internacional Privado; y todo aquello que
haga referencia a la forma como esa sentencia pueda tener eficacia en el país
extranjero corresponde a la órbita del Derecho Procesal. Siguiendo al tratadista
Santiago Sentis Melendo, afirma el profesor Guzmán: “Se da valor dentro del
territorio nacional a una sentencia extranjera, porque se entiende que a ello obliga la
vida internacional, la solidaridad e independencia de los países, el estado de
comunidad jurídica.” (Hoyos, 1998, p, 19).
i) La anterior conclusión afirmativa: El exequátur está ubicado dentro del
Derecho Internacional Privado, implica una conclusión negativa, en el sentido de que
el exequátur no hace parte del derecho Internacional Público, pues, el Derecho Público
como tal se refiere a las relaciones de cada Estado con sus habitantes y especialmente
con sus ciudadanos siendo estos asuntos materia de definición al interior de cada
Estado, quedando para el Derecho Internacional Público los asuntos que resulten de sus
relaciones externas o internacionales o de los diferentes Estados entre ellos mismos por
razones que tengan que ver con la soberanía o con los tratados internacionales que los
vinculen. Es entonces el Exequátur un fenómeno de Derecho Internacional Privado y
de Derecho Procesal.
j) Definido el carácter del exequátur dentro del Derecho Internacional Privado de un lado
y del otro como Derecho Procesal, se debió a continuación ubicar o no al Derecho
Laboral dentro de la órbita del Derecho Privado o del Derecho Público para definir la
pertinencia en la aplicación de las normas del exequátur como institución de Derecho
Internacional Privado para posteriormente identificar la forma como habrá de reconocerse
y posteriormente ejecutarse las sentencias, en cada país de conformidad con su normativa
interna, como se ilustrará más adelante.
Una primera distinción general, en este literal, fue la de perfilar, aproximadamente, las
características esenciales de lo que conocemos como Derecho Privado de las que
conocemos como Derecho Público. Posteriormente se incluirá la noción de orden público
de especialísimo interés para los efectos del exequátur.
Por Derecho Privado se ha entendido, en general, como aquel que regula las relaciones
entre los particulares, primando fundamentalmente el ámbito de su voluntad, limitada
las reglas del lex loci contractus y la lex loci solutionis, aceptado de manera diferente por cada Estado,
ello implica definir el lugar donde fue contratado el trabajador (lex loci contractus) o el lugar donde
terminó o se definió o resolvió la relación jurídica laboral (lex loci solutionis), si se da la situación de
la doble competencia puede surgir la denominada competencial positiva o negativa, en el primer caso,
cualquiera de los Estados acepta la competencia y en el segundo ninguna lo acepta y , en el último
fenómeno mencionado, se crearía una situación de denegación de justicia internacional.
ésta, por el Orden Público, la Moral, la Buena Fe y las Buenas Costumbres u otros
factores variables de Estado a Estado. Hoy en día se concibe al Estado como un ente que
puede actuar con interés privado y por ello podría considerarse que dentro de las normas
de derecho internacional privado también cabrían aquellas que regulan la actividad del
Estado cuando actúa como particular.
Por su lado, como Derecho Público, se entiende en general: “… es la parte del
ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas o entidades privadas
con los órganos que ostentan el poder público cuando estos últimos actúan en ejercicio de
sus legítimas potestades públicas y de acuerdo con el procedimiento legalmente
establecido y de los órganos de la administración público entre sí. Las características del
Derecho Público es que sus mandatos no se encuentran sujetos a la autonomía de la
voluntad que pudiesen ejercer las partes (es decir no pueden ser modificados por las
partes en uso legítimo de su autonomía de la voluntad como si ocurre en el derecho
privado. Son mandatos irrenunciables y obligatorios , en virtud de ser mandados en una
relación de subordinación por el Estado.” (http://es.m.wikipedia.org./wiki/de).
Nos pareció que la definición anterior de Wikipedia resume en lo fundamental, los
conceptos de los juristas consultados, aunque en alguna forma confunde el derecho público
con el concepto de orden público. Para aclarar y para complementar la noción
transcribimos a continuación lo que con relación al Derecho Público nos trae Juan Enrique
Medina Pabón en su obra Derecho Civil Aproximación al Derecho de personas: “Las
reglas del Estado relativas a sus autoridades y el acatamiento de las órdenes, la defensa y
la seguridad del grupo, los bienes y fondos que poseé el príncipe o destinados al servicio
de la colectividad (ordinariamente se confunden) de cuyo acatamiento depende el
bienestar de todos recibe el nombre de Derecho Público. En general las normas de
Derecho Público son imperativas y se refieren a temas de interés colectivo…” (Medina,
2005,p.68).
Arturo Valencia Zea aclara esta diferencia cuando nos indica que: “Todas las materias que
contribuyen a formar una teoría general del Estado se denominan Derecho Público; las
demás materias forman el Derecho Privado.” Incluye dentro del Derecho Público al
Derecho Penal. También se refiere a la clasificación de las normas según la utilitas de los
Romanos quienes afirmaron que era Derecho Público el que miraba al “interés o utilidad
general y Privado, el que se refería a la utilidad privada” de esta manera surgió lo que
algunos llaman el derecho de interés público y el derecho de interés privado, revaluados en
la opinión de este autor, pues los considera inseparables. ““Toda norma sirve a uno y a
otro”2. (Valencia, 1984, p. 19).
Vistos los anteriores conceptos queda la conclusión inequívoca de que las normas que
regulan el derecho laboral o derecho del trabajo se encuentran, dentro de las dos esferas
normativas mencionadas, tanto dentro del conjunto normativo del derecho privado, cuando
regula las relaciones que surgen entre empleadores particulares y trabajadores igualmente
particulares y sus asociaciones profesionales o sindicatos; como dentro del conjunto
Se refiere el autor Valencia Zea a que no hay norma de interés público ni privado exclusivamente
pues son mutuos e interactuantes entre los dos.
normativo del derecho público en la medida que el Estado se nos presente como empleador
de ciudadanos y también negocie con las asociaciones profesionales o sindicatos que se
constituyan por los segundos.
Para efectos de esta investigación, anticipamos que el derecho laboral que podría ser objeto
de exequátur, es el derecho laboral privado pues, como quedó dicho atrás, los conflictos
normativos y de jurisdicción relacionados con el Derecho Público por sustracción de
materia no son objeto de este procedimiento, pues son de competencia privativa de la
jurisdicción territorial en la cual cada Estado ejerce su soberanía.
Si se presentare el caso de una contratación laboral entre el Estado Colombiano y un
Particular extranjero, el asunto se dirimiría, por regla general, por el Estado Colombiano en
su jurisdicción laboral ordinaria y en razón al principio de competencia territorial, a estos
efectos el artículo 5 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social Colombiano
modificado por el artículo 45 de la ley 1395 de 2010 establece: “Competencia por razón
del lugar, fuero general. La competencia se determina por el lugar en donde haya sido
prestado el servicio, o por el domicilio del demandado, a elección del actor.” Se vuelve
más complejo el problema si el trabajador extranjero contratado por un contrato de trabajo,
lo hubiere sido en un país en el que el principio para definir la jurisdicción o competencia
jurisdiccional fuera el del lex locia contractus pues ese trabajador gozaría del beneficio de
una doble jurisdicción competente: la del país en el cual fue contratado y la de Colombia
suponiendo que en este último Estado y territorio terminó su contrato de trabajo y en donde
se aplica el otro principio del lex locia solutionis. La complejidad es apenas aparente pues
el principio de favorabilidad que es aplicable en las relaciones laborales internacionales,
determinará que el trabajador escoja la ley más favorable a sus intereses y ya el problema
se presentará para la ejecución de la sentencia o decisión judicial que haya resuelto el
problema jurídico. Este caso es apenas hipotético pues no se ha presentado en ningún país
pues por regla general es condición de derecho político (derechos de ciudadanía) que los
Estados solo puedan contratar por constitución a trabajadores nacionales, a pesar de que
hay que reconocer que esta limitación tiende a desaparecer ante los intensos procesos de
internacionalización que se viven a nivel general. Ya en Colombia el artículo 100 y
siguientes de la Constitución Política admiten la vinculación de extranjeros en los asuntos
políticos de los municipios y otros países o regiones ya incluyen la posibilidad de
participación activa y electoral en asuntos generales sin limitación alguna para los
extranjeros. Para efecto de esta investigación se concluye que el exequátur no es aplicable
a asuntos laborales de Derecho Público pues por lo general, como quedó dicho atrás, estos
asuntos son de incumbencia interna de cada país con sus servidores casi siempre
nacionales del País en donde cada Estado ejerce su Soberanía.
No se visualiza un conflicto laboral de Derecho Público que trascienda las fronteras de los
países pues este tipo de situaciones enfrentan al Estado con alguno o algunos de sus
servidores que se resolverán y se resuelven por autoridades internas de cada país ya sean
estas judiciales o administrativas. No cabe entonces la posibilidad de dualidad de leyes
internacionales para generar conflictos de Derecho Público, salvo lo anotado en el párrafo
No existe uniformidad en cuanto al alcance de los términos orden público, la moral, la
buena fe y las buenas costumbres, existiendo diferentes acepciones en las culturas jurídicas
de los países y sistemas legales al igual que en la doctrina y jurisprudencia nacional e
internacionalmente consideradas. Nos detendremos muy especialmente, a continuación,
sobre el concepto de Orden Público en lo interno de cada país y en lo que ha dado en
llamarse como orden público internacional, dada su trascendencia en la posibilidad de
constituirse igualmente en un obstáculo o límite para la aplicación o ejecución de
sentencias extranjeras dentro de un país que considere a las mismas como contrarias a su
estabilidad política, económica o social y otros elementos a considerar, según la tradición o
cultura jurídica de cada Estado.
Se ha pretendido distinguir entre un supuesto orden público internacional y el orden
público nacional de cada país. Nuestra conclusión es que la noción de orden público
internacional es imposible de lograr toda vez, que como veremos a continuación, cada país
define soberanamente, sin intervención de otros Estados y ante la ausencia de un
organismo superior que imponga el criterio de orden público internacional en forma
coercitiva, sus propias nociones del orden público interno.
La anterior afirmación encuentra soporte en las siguientes nociones de la doctrina
internacional (Arellano, 1980, p, 596):
1. El orden público en el derecho internacional privado funciona, al igual que la
remisión y la calificación, como un obstáculo que impide la solución uniforme de los
conflictos de ley. Se caracteriza porque habiendo resultado competente la norma
jurídica extranjera al decidirse el conflicto de leyes no se aplica la norma jurídica
extranjera. Se invoca altos intereses sociales, muchas veces imprecisos y de gran
subjetividad con el nombre de orden público para dejar de aplicar la norma jurídica
extranjera que, de acuerdo con el derecho internacional privado se ha determinado
como competente” (Arellano, 1980, p. 818)
2. “La noción de orden público internacional es contingente y variable y sufre las
influencias del tiempo y del medio en que existe, estando sometida a una amplia
interpretación judicial. (Pérez Verdía, 1908, p. 53) Citado por Arellano p. 819. Destaca
esta afirmación que la interpretación judicial es la del juez del territorio en donde ha de
aplicarse o ejecutarse la sentencia internacional, de ahí que la noción aplicable es la del
orden público del país al que perenezca dicho juez.
3. “Con la determinación de cláusula de reserva (En el derecho Alemán) se
conoce el principio según el plan el derecho extranjero que resultaría aplicable en
virtud de las normas generales del derecho internacional privado, no puede aplicarse
cuando con ello se atentaría el orden público del país” (Wolff, 1936, p. 105), Citado
por Arellano p. 820. Ratifica Wolf en la anterior afirmación que la noción de orden
público es nacional y no internacional.
4. Arellano citando de nuevo a Wolf expresa_: “El artículo 30 de la ley de
introducción a la ley del código civil alemán dispone que: “La aplicación de una ley
extranjera no procede en los casos en que repugnara a las buenas costumbres o a la
finalidad de una ley alemana” (Arellano, 1980, 820).
5. “…En todas estas definiciones se considera el orden público como un conjunto
de normas legales con carácter de excepción que responden a las ideologías propias
de cada nación y sirven para la defensa de sus propios intereses”. (Orué, 1952, p, 477-
6. Tiene razón Maury y ya lo hemos comprobado que el orden público tiene su
origen en el carácter nacional preponderante de las normas de derecho internacional
privado, y en la afirmación de la soberanía de los Estados y en la multiplicidad de los
derechos internos y de derechos internacionales privados. Desde este punto de vista el
orden público es inminentemente interno pero no obstante, funciona en problemas
internacionales ya que rechaza la aplicación de una normja jurídica extranjera
calificadla como inconveniente para los intereses nacionales. Por ello hablar de orden
público interno e internacional es producir confusión” (Arellano, 1980, p. 831).
7. Arellano impugna la terminología que ha pretendido establecer dos clases de
orden público refiriéndose a Niboyet, en orden público interno y orden público
internacional al efecto dice que “.., este vocablo evoca la idea de un orden común a las
naciones y no hay regla de derecho internacional que establezca el orden público
siendo que el orden público es esencialmente nacional” Arellano, 1980, p. 831)
8. Concuerdan con las anteriores afirmaciones sobre el concepto de orden público
nacional como determinante los siguientes autores; Quintin Alfonsín, Miaja de la
Muela, Ago, Federico Carlos de Savigny, Mancini, Pascual Fiori, Andrés Weiss, Pillet,
Niboyet, Bartin, Aguilar Navarro, Duncker,
En cuanto al concepto de orden público internacional Arellano intenta una demarcación del mismo en
los siguientes términos: “Concurren los siguientes factores:
1- Existe un conflicto de leyes.
2- La norma conflictual determina la competencia de la norma jurídica extranjera,
3- Se decide no aplicar la norma jurídica extranjera por oponerse esta al orden público.
4- Por tanto el orden ´publico es un elemento que impide la aplicación de la norma
jurídica extranjera cuando sería contrario a los intereses de una sociedad la aplicación de la
norma jurídica extranjera.
5- Se palpa en la noción de orden público una inseguridad , una incertidumbre, una
imprecisión, una subjetividad, puesto que se requiere la determinación de esos intereses
sociales que exigen la no aplicación de la norma jurídica extranjera competente.”
Más que un orden público internacional, se debe aclarar que si abundan criterios que justifican una
mínima consideración de armonía internacional en los llamados criterios orientadores comunes a las
naciones, basados en los siguientes aspectos: Necesidad colectiva, evitar un mal al conglomerado,
impedir un beneficio a la sociedad nacional (Arellano, 1980, p.826), la noción de justicia universal
(Arellano, 1980, p. 826), la seguridad, la estabilidad, la paz, la salubridad y en general el interés
comunitario y el bien común. (Monroy, 2006,271). Añadiremos, a los anteriores, como criterios
orientadores a los de la solidaridad y la cooperación internacionales.
Se ha expuesto por parte de estudiosos del arbitraje internacional, una supuesta teoría auténtica del
orden público internacional, pero exclusivamente para sustentarla en las relaciones particulares donde
el ámbito de la voluntad impera sobre la ley.
Por lo anterior concluimos, con los tratadistas arriba referenciados, que el orden público es una
institución jurídica estrictamente referida al orden público interno o a lo que cada Estado entiende por
orden público. Lo cual no excluye la permanente necesidad de acudir a los criterios orientadores
comunes arriba relacionados.
El Derecho Laboral que puede ser objeto de exequátur es el Derecho Laboral privado pues el Derecho
Laboral Público solo será aplicable en Colombia a servidores públicos del Estado colombiano sin que
sea previsible ninguna modalidad de conflicto internacional entre ellos, por el momento.
Pero ofrece especial interés para este trabajo resolver los posibles equívocos que pueda generar el
artículo 14 del código sustantivo del trabajo en Colombia que caracteriza las normas que regulan el
trabajo humano como de orden público al disponer: “CARÁCTER DE ORDEN PÚBLICO.
IRRENUNCIABILIDAD. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden
público y, por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo
los casos expresamente exceptuados por la ley”. Esta norma debe interpretarse como un límite a la
voluntad contractual de empleadores y trabajadores pues prohíbe a los segundos renunciar a sus
Pero en la forma como está redactada permite interpretar que a los empleadores también les está
prohibido renunciar a sus derechos, asunto que se aclara en el artículo 13 de la misma ley, cuando
establece, que: “MÍNIMO DE DERECHOS Y GARANTÍAS. Las disposiciones de este código
contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce
efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca este mínimo”. Lo anterior deja claro
entonces que en el caso del derecho del trabajo el orden público limita la voluntad contractual de
empleadores y trabajadores a una dimensión mínima en favor de los segundos.
En materia de derecho laboral la norma que regula las relaciones entre empleadores y trabajadores, en
Colombia, es de derecho privado con el carácter de orden público.
k) Ubicado el derecho laboral dentro del derecho privado y por lo tanto como norma
sustantiva que podría ser elegida como competente en el derecho internacional privado,
debemos ahora definir si el derecho laboral reconocido mediante una sentencia colombiana
puede ser igualmente reconocido en un Estado extranjero y si las sentencias de ese país
podrían ser objeto de reconocimiento o exequátur en Colombia para después definir su
posible ejecución.
Con el propósito de lograr el fin anterior es menester distinguir entre el fenómeno jurídico del
reconocimiento de las sentencias y el fenómeno procesal de su ejecución.
El reconocimiento de las sentencias y laudos arbitrales tuvo la denominación inicial de exequátur
pero gracias a la expedición de la ley 1563 de 2012 en Colombia, se escindió el exequátur o
reconocimiento de sentencias judiciales del reconocimiento de laudos arbitrales, debiendo
entenderse hoy en día que el término exequátur es referente exclusivamente para sentencias
judiciales y para laudos arbitrales simplemente se utilizará el término será reconocimiento.
Se circunscribe así la investigación al exequátur en materia de sentencias judiciales proferidas por
autoridades en Colombia y otros países de Latinoamérica.
En Colombia a partir de la ley 1564 de 2012 que comenzará a regir el 1 de enero de 2016, en su
totalidad, los artículos 605 a 607 regularán el trámite del exequátur para las sentencias y otras
providencias que revistan el carácter de sentencias definitivas. Estas disposiciones reemplazarán a
los artículos 693 a 695 del código de procedimiento civil de 1970.
Transcribimos a continuación la normativa que entrará a regir y los comentarios que ella merece a
“Artículo 605. Efectos de las sentencias extranjeras.
Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas por autoridades
extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza
que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las
El exequátur de laudos arbitrales proferidos en el extranjero se someterá a las normas que regulan la
Para que la sentencia extranjera surta efectos en el país, deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio
colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió.
2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de
3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia
5. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre
6. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida
citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de origen, lo que se presume por
la ejecutoria.
La demanda sobre exequátur de una sentencia extranjera, con el fin de que produzca efectos en
Colombia, se presentará por el interesado a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, salvo que conforme a los tratados internacionales corresponda a otro juez, y ante ella
deberá citarse a la parte afectada por la sentencia, si hubiere sido dictado en proceso contencioso.
Cuando la sentencia o cualquier documento que se aporte no estén en castellano, se presentará con
la copia del original su traducción en legal forma.
2. La Corte rechazará la demanda si faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1 a 4
del artículo precedente.
3. De la demanda se dará traslado a la parte afectada con la sentencia y al procurador delegado que
corresponda en razón de la naturaleza del asunto, en la forma señalada en el artículo 91, por el
término de cinco (5) días.
4. Vencido el traslado se decretarán las pruebas y se fijará audiencia para practicarlas, oír los
alegatos de las partes y dictar la sentencia.
5. Si la Corte concede el exequátur y la sentencia extranjera requiere ejecución, conocerá de esta el
juez competente conforme a las reglas generales.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales sobre cooperación judicial,
los jueces colombianos deberán diligenciar los exhortos sobre pruebas decretadas por funcionarios
extranjeros del orden jurisdiccional o de tribunales de arbitramento, y las notificaciones,
requerimientos y actos similares ordenados por aquellos, siempre que no se opongan a las leyes u
otras disposiciones nacionales de orden público.
De las comisiones a que se refiere el artículo precedente conocerán los jueces civiles del circuito del
lugar en que deban cumplirse, a menos que conforme a los tratados internacionales correspondan a
otro juez.
Las comisiones se ordenarán cumplir siempre que el exhorto se halle debidamente autenticado. Si
este no estuviere en castellano, el juez dispondrá su previa traducción a costa del interesado.
Si el exhorto reúne los requisitos indicados, se dará traslado al Ministerio Público por tres (3) días
para que emita concepto, vencidos los cuales se resolverá lo pertinente.
Surtida la diligencia, se devolverá el exhorto a la autoridad extranjera comitente, por conducto del
Ministerio de Relaciones Exteriores. De la misma manera se procederá cuando la comisión no haya
podido cumplirse.”
La redacción de las disposiciones no varía sustancialmente comparadas con los normas del Código de
Procedimiento Civil que deroga, de destacar la modificación que en el artículo 605 cambia el término
que en el 693 del código de procedimiento civil se refería a “…en un país extranjero…” por : “…
autoridades extranjeras…” en la nueva disposición contenida ahora en el artículo menciónado, esta
modificación incluye decisiones de autoridades que deben tener competencia haciendo énfasis en la
necesidad de que se trate de una autoridad y no cualquier providencia dictada por sujetos que podrían
no tenerla. En el mismo artículo se hace referencia a laudos arbitrales lo cual debe entenderse fuera de
lugar si se tiene en la cuenta que la ley 1563 regula hoy en día todo lo relacionado con laudos
arbitrales y se debió excluir del texto del nuevo código general del proceso a este inciso.
Finalmente, la Corte Suprema de justicia en su sala civil, reitera los requisitos para la concesión del
exequátur a sentencias extranjeras en los siguientes términos en sentencia producida el 21 de
diciembre del presente año (2015):(Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia 17248
(11001020300020140112500), 12/21/2015 ):
“Además de acreditar la existencia de la reciprocidad sobre la materia, a través de un pacto
multilateral o bilateral o de la propia normativa nacional, a efectos de otorgar valor a los fallos
extranjeros en el país, deberán cumplirse las exigencias establecidas en el artículo 694 del Código de
Procedimiento Civil, recordó la Sala Civil de la Corte Suprema. Así las cosas, según la norma citada,
la sentencia a homologar deberá: no versar sobre derechos reales constituidos en bienes que se
encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se
profirió; no oponerse a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de
procedimiento; encontrarse ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, en copia
debidamente autenticada y legalizada; el asunto sobre el cual recae, no ser competencia exclusiva de
los jueces colombianos; que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de
jueces nacionales sobre el mismo asunto; que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya
cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país
de origen, lo que se presume por la ejecutoria, recordó el fallo (M.P. Margarita Cabello).”
l) Pero antes de pasar al cuadro comparativo del Exequátur entre Colombia y los demás
países latinoamericanos, queda pendiente la definición de cómo se ejecutan las sentencias
producidas en un país extranjero cuando los bienes no se encuentran en el territorio de
dicho país y teniendo en cuenta que el exequátur solo podría realizarse en el país donde
dichos bienes se encuentren. A estos efectos reproducimos, parcialmente, el concepto de la
superintendencia de sociedades sobre responsabilidad de las obligaciones adquiridas por
las sucursales por parte de la sociedad extranjera (oficio 220-114734 del 3 de septiembre
“…La compañía extranjera no es un tercero absoluto, ni un tercero relativo con respecto
a las acciones u omisiones de su representante, toda vez que de conformidad con lo
previsto en el artículo 485 ídem " La sociedad responderá por los negocios celebrados en
el país al tenor de los estatutos que tengan registrados en la cámara de comercio al
tiempo de la celebración de cada negocio".
Con fundamento en lo anterior, podemos insistir en que la sucursal, en este caso de
sociedad extranjera, no es un ente autónomo distinto de la casa matriz por cuanto no
goza de personería jurídica independiente, toda vez que es ésta quien la crea, por
decisión del órgano de dirección, otorgándole a la sucursal ciertas facultades para el
desempeño de las actividades que le asigna, observando las formalidades exigidas por la
ley y sin desbordar el marco de capacidad de la persona jurídica creadora de este
instrumento de descentralización e internacionalización del capitalismo".
Ahora bien, mediante Oficio 220-091781 del 21 de agosto de 2011 se precisó:
El hecho de que la casa matriz en el exterior, no disponga de los recursos necesarios para
pagar el valor de las deudas a cargo de la sucursal dentro del proceso liquidatario de
ésta, no significa que por ese hecho la misma quede exonerada de responsabilidad, pues,
tal como lo consagra el artículo 485 la sociedad debe responder por los negocios
celebrados en el país, entre ellos el pago de las obligaciones insolutas adquiridas por la
sucursal. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto sobre el particular en los estatutos de
aquella y del régimen que les sea aplicable según la regulación propia del país de su
Además, una sucursal en general, sea de sociedad extranjera o nacional, es un
establecimiento de comercio conformado por un conjunto de bienes corporales e
incorporales, carente de personería y que se crea con un objetivo muy preciso, cual es
para la realización de actividades propias del objeto social de la casa matriz, a la que se
encuentra íntimamente ligada por cuanto es una prolongación de la misma; en ese orden
de ideas, es a la casa matriz la que tiene capacidad para obligarse y ser obligada, y por
tanto responder por todos los negocios de su sucursal. Así las cosas, si la sucursal no
atiende las obligaciones que hubiere contraído al efecto, la casa matriz las asume, pues la
personalidad jurídica de aquella es la misma que ostenta esta...”
De gran importancia práctica para los procedimientos posteriores al reconocimiento de la
sentencia en el país extranjero, pues en gran parte los problemas que se suscitarán (Ya se
han suscitado algunos sin solución hasta el momento)3.
No habría, según este concepto de la Superintendencia de Sociedades, mayores obstáculos
para obtener el exequátur de sentencias laborales contrarias a sucursales de empresas
extranjeras en Colombia para su ejecución ulterior contra las casas matrices ubicadas en
3. EL EXEQUÁTUR EN LATINOAMÉRICA:
Una vez estudiada la teoría jurídica del Exequátur contenida en la normativa del Derecho
Internacional Privado y en los convenios y tratados internacionales sobre la eficacia
extraterritorial de las sentencias y su pertinencia procesal en Colombia para asuntos laborales
por ser el exequátur un fenómeno, además que de Derecho Internacional, también un
En Colombia se han presentado situaciones de hecho que debieron resolverse jurídicamente pero que
ante la ausencia de profesionales conocedores del exequátur no tuvieron siquiera iniciación judicial, y
en aquellos que obtuvieron sentencia favorable a los trabajadores se encontraron con la dificultad de
no poder hacer efectiva dicha resolución judicial por no existir bienes de la empresa extranjera en
Colombia, pudiendo haberse solicitado por la vía del exequátur el reconocimiento de dicho proveído
judicial, en el país de la casa matriz, y su ulterior ejecución en el mismo. Esta doctrina de la
Superintendencia de Sociedades Colombiana da más claridad a este asunto.
fenómeno de Derecho Procesal y concretamente de Derecho Procesal Civil hoy regulado por el
Código General del Proceso aplicable por reenvío, que hace el artículo 145 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, a los asuntos laborales, pasaremos a
continuación a estudiar la reciprocidad diplomática o legislativa que se aplicaría en cada país
de la región que llamamos latinoamericana y que hemos utilizado para delimitar el exequátur
desde el título de este proyecto: “El exequátur en América Latina” y que también se ha
delimitado al área del Derecho Laboral Privado:
Antes de analizar cada país en las instituciones que hemos considerado básicas del exequátur,
es conveniente recordar a grandes trazos lo que se debe entender por reciprocidad diplomática
y por reciprocidad legislativa.
La RECIPROCIDAD DIPLOMÁTICA es la existencia de tratados o convenios
internacionales de los cuales formen parte los países cuyas sentencias vayan a ser objeto del
exequátur, por haberlos firmado o celebrado entre ellos.
La RECIPROCIDAD LEGISLATIVA resulta de la inexistencia de tratados o convenios
internacionales celebrados entre los países pero que permitirían la aplicación del
procedimiento para la eficacia extraterritorial de sus sentencias siempre que el tratamiento
legal que se le da en un país, a los extranjeros, corresponda al que le dan en ese país a los
nacionales del primero o viceversa.
Se tratará entonces de identificar la normativa aplicable al exequátur, en cada país
latinoamericano, previamente definida la reciprocidad diplomática o legislativa o la ausencia
de dicha reciprocidad en cada uno de ellos.
En orden geográfico descendente, de norte a sur, a continuación haremos el análisis de cada
país de Latinoamérica, delimitando este concepto geográfico a los países de origen latino en su
colonización (Antiguas colonias españolas, portuguesas, francesas.)
1. MÉJICO:
a. Definición del Exequátur: El concepto de Exequátur.- “este vocablo proviene del
leguaje culto de la ciencia jurídica, como lo es el latín, el término significa “cúmplase o
sígase hasta el final”; el exequátur es un proceso judicial, es un proceso de
conocimiento y no un proceso de ejecución en estricto sentido, es solo la homologación
de una sentencia, que pretende hacerse valer de un Estado a otro. Sin embargo hoy día
también se designa como exequátur, la aceptación que otorga la Secretaria de
Relaciones Exteriores de México, otorgando mediante su publicación en el Diario
Oficial, la anuencia respectiva y su beneplácito para que el representante diplomático
de un país del extranjero, pueda ejercer sus funciones dentro del territorio de la
Fuente: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/13207/Capitulo1.pdf, segunda página.
b. Normativa: el fundamento legal del exequátur en la República Mejicana: Es el
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CAPÍTULO XI,
EJECUCIÓN DE SETENCIAS, ARTÍCULOS DEL 569 AL 577.
El derecho laboral mejicano, es calificado como norma de Estado (derecho
constitucional), perteneciente al derecho privado, la norma que crea el Código del
Trabajo en México, es la Constitución Política de 1917, artículo 123, y la ley federal
del trabajo del 1 de abril de 1970.
c. Tipo de reciprocidad: Existe reciprocidad diplomática dado que los países implicados
suscribieron la “Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros”, aprobada por Colombia mediante Ley 16
de 1981 que entró en vigor el 9 de octubre de ese año y, para los Estados Unidos de
México el 12 de junio de 1987 (fls. 64 a 87).
México, aunque es signatario de la Convención interamericana sobre eficacia extra
territorial de sentencias extranjeras, hace una reserva donde limita su aplicación a las
sentencias de condena en materia patrimonial dictadas en uno de los Estados Partes y
hace unas declaraciones interpretativas de los artículos 2, 3 y 6.
d. Exequátur: De acuerdo con lo establecido en el artículo 569 del Código de
Procedimientos Civiles, a la sentencia que se produzca en un Tribunal extranjero, debe
de dársele el reconocimiento, en todo lo que no sea contrario al orden público interno y
las leyes aplicables, sin embargo, tratándose de sentencias, laudos o resoluciones
jurisdiccionales que sólo vayan a utilizarse como prueba ante tribunales mexicanos,
será suficiente que los mismos llenen los requisitos necesarios para ser considerados
como auténticos.
e. Autoridad competente para otorgar exequátur: Por tratarse de un Estado federativo
en México, el exequátur es otorgado a sentencias extranjeras por la autoridad judicial
competente en cada Estado, esto es por los tribunales federales.
Fuente: Biblio.juridica.unam.mx
f. Autoridad competente para ejectuar sentencias objeto de exequátur: En virtud del
artículo 573 del Código Federal De Procedimientos Civiles, la autoridad competente
para ejecutar la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional proveniente del extranjero
es el tribunal del domicilio del ejecutado, o en su defecto, el de la ubicación de sus
bienes en la República.
g. Requisitos en comparación con Colombia: Para la ejecución de sentencias
extranjeras en México, se tendrá en la cuenta la normativa de cada estado al igual que
para el otorgamiento del exequátur, adicionando a lo anterior, que por ser México
signatario de la convención Interamericana para la eficacia extraterritorial de
sentencias, la reciprocidad diplomática lo obliga a dar cumplimiento a los requisitos
planteados en dicho acuerdo internacional sin mayores exigencias a las allí
establecidas; sin embargo, se recomienda para cada caso hacer un estudio comparativo
que facilite el otorgamiento y ejecución de cada sentencia extranjera.
a) Definición del Exequátur: El exequátur, denominado por la doctrina en Guatemala
como la fase de reconocimiento de la sentencia extranjera, se trata del consentimiento
dado por el órgano competente de un Estado, en favor de una sentencia extranjera, con
el fin de que surta efectos y pueda ser ejecutada en su territorio.
b. Normativa: El fundamento legal del exequátur en Guatemala, se encuentra en es el
Ley de Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de la República. Y el Código
Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley 107 del Jefe de Estado, artículos 344 al 346.
Respecto al derecho laboral en Guatemala, el Código de Trabajo tiene establecido, que
no están sujetas a sus disposiciones las personas jurídicas de derecho público. De lo
que se deduce que es solo aplicable a personas naturales y personas jurídicas de
c. Tipo de reciprocidad: Existe reciprocidad legislativa, ya que, Guatemala se rige bajo
el principio de reciprocidad, "du ut des", que estipula que un Estado se compromete a
ejecutar en su territorio una sentencia extranjera, solamente si el Estado de origen,
cuenta con el mismo criterio respecto a las sentencias provenientes del
primero, compromiso que debe de ser plasmado previamente en un tratado o convenio.
También cabe resaltar, que aunque es signatario de la “Convención Interamericana
sobre Eficacia Extraterritorial De las Sentencias Y Laudos Arbitrales Extranjeros”, no
la ha ratificado.
d. Exequátur: Guatemala maneja un sistema selecto para ejecutar una sentencia
proveniente del extranjero, pues combina la reciprocidad, el examen de forma y el
exequátur previo a otorgar el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera.
El proceso de reconocimiento o exequátur otorgado por un Estado suele revestir las
- Debe ser concedido por el Estado en el que se pretende ejecutar la sentencia.
- La autoridad facultada para otorgar el exequátur es la que señale el Estado de
recepción de la sentencia a ejecutarse.
- Es necesaria una solicitud y un procedimiento y tanto la solicitud como el
procedimiento, los regula el Estado que recibe la sentencia o un tratado
internacional. Aceptado por éste.
e. Autoridad competente para otorgar exequátur: La Corte Suprema de Justicia de
f. Autoridad competente para ejecutar sentencias objeto de exequátur: El juez del
domicilio del ejecutado o el del lugar donde se encuentren sus bienes.
g. Requisitos en comparación con Colombia: A pesar de no existir la reciprocidad
diplomática, en Guatemala, como quedó dicho atrás, se aplica el principio del du ut
des, que equivale al principio de reciprocidad legislativa, una vez estudiados y
comparados los requisitos exigidos por el derogado Código Procesal Civil y el vigente
Código Procesal del Trabajo colombiano con los requisitos de forma y fondo para el
otorgamiento del exequátur en Guatemala, se concluye que en este último país será
viable el otorgamiento del exequátur a sentencias dictadas por la jurisdicción laboral
colombiana para dirimir conflictos de Derecho Laboral Privado.
A Continuación se relacionan los requisitos exigidos en Guatemala para el
otorgamiento del exequátur y la ejecución de las sentencias extranjeras, una vez
otorgado dicho reconocimiento.
Como requisitos de forma:
a) es necesaria la comprobación de la autenticidad de la sentencia exhibida.
b) de ser necesario, por razones de idioma, deberá traducirse la sentencia.
Como requisitos de fondo:
a) Debe examinarse si la autoridad que dictó la sentencia es competente, de acuerdo
con la norma internacional aplicable o de acuerdo con la ley del país de
procedencia de la sentencia.
b) Si de acuerdo con la ley del país de recepción, sus propios tribunales eran los
competentes para conocer del juicio, no debe ejecutarse la sentencia.
c) Es preciso que el fallo a ejecutarse tenga el carácter de cosa juzgada.
d) La sentencia no debe contravenir el orden público del país de recepción.
e) Debe referirse el fallo a una materia, en la que pueda concederse el exequátur de
acuerdo con la norma jurídica internacional o interna aplicable.
f) El sujeto que habrá de sufrir la ejecución deberá ser una persona privada.
g) Se debe velar, por que se haya satisfecho el derecho de defensa y audiencia de la
parte que se verá afectada por la ejecución.
a) Definición del Exequátur: Su concepto es general al igual que en otros países lo que busca es
la ejecución, otorgada previa autorización del jefe de estado o sus agentes extranjeros para que
en su territorio se pueda ejercer debidamente su cargo. En este caso, lo que se busca es el
reconocimiento de las sentencias extranjeras proferidas en el exterior.
b) Normativa: El procedimiento de EXEQUATUR se fundamenta de forma debida en el artículo
182 constitucional, ordinal 4°, donde establecen las atribuciones de la corte suprema de
1. “Conceder, conforme a la ley y cuando fuere necesario, el permiso para la ejecución de
sentencias extranjeras pronunciadas por los Tribunales extranjeros,”
2. Por otro lado, en un orden jurídico secundario, el artículo “452 Pr. C. reconoce la ejecución de
las sentencias extranjeras y al efecto se establece que aquellas tendrán en el Salvador la fuerza
que establezcan los Tratados, de lo que colegimos que en el reconocimiento y eficacia que a
aquellas se les otorga está inmerso el elemento internacional.
Art. 451.- Las sentencias pronunciadas en países extranjeros tendrán en El Salvador la fuerza
que establezcan los tratados respectivos.
Aquí entra el tema de la reciprocidad tanto diplomática como legislativa, y vale resaltar que la
República del Salvador, es país firmante y ha hecho la posterior ratificación de la
LAS SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS, adoptada el 8 de mayo
de 1979, reconociendo la reciprocidad diplomática para la aplicación y ejecución de algunos
temas que vienen como cosa juzgada desde el exterior.
Sin embargo, el articulo 452 regula los casos en los que no existe un tratado especial, por
ejemplo uno bilateral sobre un tema en específico o no se haya realizado convenios
internacionales plurilaterales.
Art. 452.- Si no hubiere tratados especiales con la nación en que se hayan pronunciado,
tendrán fuerza en El Salvador si reúnen las circunstancias siguientes:
- 1ª Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal;
- 2ª Que no haya sido dictada en rebeldía;
- Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en El Salvador;
- 4ª Que la ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser
considerada como auténtica, y los que las leyes salvadoreñas exigen para que haga fe en El
Entre otras cosas, existen algunos requisitos para el mismo reconocimiento de la sentencia.
“Art. 453.- Para la ejecución de las sentencias pronunciadas en naciones extranjeras, se
obtendrá previamente permiso del Supremo Tribunal de Justicia, quien para concederlo o
negarlo oirá por tercero día a la parte contraria. Si ésta se opusiere alegando la falta de alguna
de las circunstancias que requiere el artículo anterior, se recibirá la causa a prueba por el
término ordinario, si fuere necesario, y concluido se resolverá según corresponda,
devolviéndose la ejecutoria con certificación de lo resuelto por el tribunal.
Art. 454.- La sentencia se ejecutará en su caso de la manera prevenida en el artículo 450.
Así mismo, también existen fundamentos constitucionales para el reconocimiento del
procedimiento de exequátur en el Salvador.
CONSTITUCION POLITICA TRATADOS
“ARTICULO 144.- Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados
o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia,
conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución.
La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En
caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado.”
En este punto se habla de la importancia y la prevalencia que le da el salvador a los tratos
internacionales, generando seguridad juridica tanto para sus nacionales como para los
c. Tipo de reciprocidad: Es menester hacer hincapié en que la republica del salvador, hace parte
de los estados firmantes de la convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las
sentencias y laudos arbitrales extranjeros, adoptada el 8 de mayo de 1979, en la ciudad de
Montevideo, la cual firmo y ratifico con posterioridad, reconociendo la reciprocidad
diplomática entre los países parte.
d. Exequátur: el procedimiento de otorgamiento y ejecución del exequátur se realizará de
conformidad con las normas procesales de carácter imperativo, por tanto de orden público
nacional y así mismo, se tendrán en cuenta los tratados y convenios internacionales especiales
que se hayan celebrado con otras naciones en la materialización del tema de reciprocidad
e. Autoridad competente para otorgar exequátur: Supremo Tribunal de Justicia.
f. Autoridad competente para ejectuar sentencias objeto de exequátur: Art. 441.- Las sentencias
serán ejecutadas por los Jueces que conocieron o debieron conocer en primera instancia.
g. Requisitos en comparación con Colombia: por tener reciprocidad diplomática, los requisitos
son iguales en Colombia, como en el Salvador de conformidad con la convención
interamericana sobre la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras contenido en el
tratado de Montevideo de 1979 ratificado por ambos países.
4. NICARAGUA:
a) Definición del Exequátur: El exequátur surge como “medio de cooperación internacional
entre los estados que se compromete a reconocer la validez y fuerza de las sentencias
extranjeras que deban cumplirse en su territorio, regulando un procedimiento especial para
su ejecución, en aquellos casos en los que no existe un tratado especifico que regule la
materia.” Aníbal Arturo.
b) Normativa: En la republica de Nicaragua el tema de exequátur se encuentra regulado
mediante los artículos, artículos 542 y 543 del código de procedimiento.
c) Tipo de reciprocidad: Nicaragua es país signatario del código de Bustamante, que
dispone que cualquier sentencia civil o contenciosa administrativa que se dicte en un
estado parte del tratado tiene fuerza y podrá ejecutarse en los demás, si cumple una
serie de requisitos establecidos entre los ( artículo 423 a 437) de éste código que regula
la materia. Reciprocidad Diplomática, con los países que han suscrito dicho código
pero no con Colombia pues no ha firmado el pacto que contiene dicho código. Por otro
lado, existe también reciprocidad legislativa, toda vez que el artículo 542 no solo
establece la reciprocidad diplomática, sino que también establece que en relación a las
sentencias extranjeras “ si no hubiere tratados especiales con la nación en que se hayan
pronunciado, tendrán la misma fuerza que en ellas se diere a las ejecutorias dictadas en
Nicaragua”, en esta eventualidad de reciprocidad legislativa cabe el exequátur para
sentencias dictadas en Colombia si existe la igualdad en el tratamiento de las sentencias
que dicte Nicaragua en materia laboral y sean aceptadas por Colombia.
d) Exequátur: En la republica de Nicaragua se requiere del procedimiento de exequátur
para las resoluciones judiciales extranjeras dictadas en jurisdicción contencioso
independientemente a la materia que se refiera. Sin embargo, según el doctrinante
Aníbal Arturo Ruiz Armija, no se requiere para las sentencias de jurisdicción voluntaria
de procesos realizados en países centroamericanos, pues en virtud del artículo 19 del
código de procedimiento, dispone que tienen en Nicaragua el mismo valor que los
practicados aquí, si reúnen los requisitos de los artículos 16 y 17.
e) Autoridad competente para otorgar exequátur: Debe pedírsele a la corte suprema de
justicia de Nicaragua, sala de lo civil de acuerdo al artículo 545, siendo de esta manera
para países no centro americano, fundamentado en los artículos 542, 543 y 544.
f) Autoridad competente para ejecutar sentencias objeto de exequátur: “concedido el
exequátur la ejecución de la sentencia extranjera se tramita conforme a los establecido a las
leyes nicaragüenses, para la ejecución de sentencias nacionales (artículo 509 a 541) código
procedimiento, será competente para la ejecución el juez del domicilio del ejecutado. Si el
ejecutado no tiene domicilio en la república, será competente el que elija le acreedor. ( 552
código de procedimiento). Caso de existir tratados debe observarse de preferencia el
procedimiento y competencia en establecidos en ellos ( art 542)” Aníbal Armija.
g) Requisitos en comparación con Colombia: los requisitos para el otorgamiento del
exequátur a las sentencias proferidas por los países signatarios del código Bustamente
tienen fuerza y podrán ejecutarse siempre que se cumpla con los requisitos del artículo
423, siendo muy similares a las exigencias la ley procesal del estado colombiano.
a. Definición del Exequátur: Se entiende como Exequátur el reconocimiento de
los títulos extranjeros referidos a sentencias y resoluciones judiciales que ponen fin a
un asunto de carácter definitivo en un estado distinto a Honduras. Fuente : Código de
procedimiento art 753.
 Normativa: el fundamento legal del exequátur en el estado de Honduras se
encuentra en: Código de procedimiento civil arts 753- 754- 755- 756
b. Tipo de reciprocidad: No existe reciprocidad diplomática por ser Honduras un
país no firmante de la convención interamericana de eficacia de sentencias y laudos
arbitrales extranjeros; pero se puede afirmar que existe reciprocidad legislativa
conforme que el reconocimiento de títulos extranjeros a falta de tratados internaciones
que se encuentra regulado en su código de procedimiento civil art 754 y además se
encontró exequátur en materia de familia, en el tema de adopción como se puede
observar en la decisión que a continuación se transcribe: “(…)
Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil seis
Ref.: exp. No. 110010203000-2003-00211-01
Decide la Corte la demanda de exequátur formulada por
Jimmy Roberto Kafie Hadal y María Cecilia Madrid
Escobar, para la sentencia del 4 de octubre de 1999,
proferida por el Juzgado de Letras Segundo de Familia de
Tegucigalpa, República de Honduras, que decretó la
adopción plena del entonces menor Pedro León Escobar
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, resuelve:
Primero.- Conceder el exequátur a la sentencia proferida
el 4 de octubre de 1999 por el Juzgado de Letras Segundo de
Familia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco
Morazán, República de Honduras, que decretó la adopción
de Pedro León Escobar Madrid por parte de Jimmy Roberto
Kafie Hadal.
Segundo.- Para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y
107 del Decreto 1260 de 1970 y demás normas pertinentes,
ordénase la inscripción de esta providencia junto con la
sentencia reconocida, en el folio correspondiente al registro
civil de nacimiento del adoptado. Por Secretaría líbrense las
comunicaciones pertinentes. (…)”. Fuente: Código de
procedimiento civil art 754 y resolución judicial de Ref.
110010203000-2003-00211-01.
c. Exequátur: Conforme a los artículos 754 y 755 del código de procedimiento
civil para el reconocimiento de títulos extranjeros (entiéndase sentencias o providencias
judiciales) deberá tenerse en cuenta: (i) que la sentencia, tenga carácter de cosa juzgada
en el estado que se pronunció, (ii) que se hubiese garantizado el derecho a la defensa a la
parte que se pretende ejecutar , (iii) que se hubiesen surtido las notificaciones sobre la
resolución que se pretende ejecutar conforme al país de origen, (iv) que la sentencia
cumpla los requisitos para ser considerada como tal y que cumpla con las condiciones de
autenticidad, (v) que la sentencia no afecte el orden público y sea licita en Honduras, (vi)
que la sentencia no resulte incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o
simultáneamente por un tribunal hondureño; además que la solicitud debe ser mediante
escrito y presentado por la parte a quien interese, quien podrá proponer pruebas y se le
dará conocimiento a la parte contraria, si la Corte Suprema de Justicia admite las pruebas
ordenara su práctica en un tiempo no superior a 10 días, en el cual se dictará sentencia;
en el caso en que no se presente la solicitud de pruebas la Corte Suprema de Justicia
resolverá su reconocimiento o denegación en un plazo de 10 días. Fuente: Código de
procedimiento civil art 754 y 755.
d. Autoridad competente para otorgar exequátur: La autoridad competente para
otorgar el exequátur es la Corte Suprema de Justicia. Fuente: Código de procedimiento
civil art 755.
e. Autoridad competente para ejecutar sentencias objeto de exequátur: Para la
ejecución de títulos extranjeros reconocidos se llevará acabo ante el juzgado de letras4
del domicilio del condenado. Fuente: Artículo 756
f. Requisitos en comparación con Colombia: aunque no existe reciprocidad diplomática
los requisitos entre ambos países son similares, y es posible afirmar que es viable el exequátur
laboral en ambas vías, pues en los dos países el derecho laboral corresponde al derecho
privado y sus instituciones son homologables bajo las consideraciones de normas de trabajo
decente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
a) Definición del Exequátur: “Es el examen que realiza el Estado a toda resolución
extranjera, para dotarle de eficacia, coercitividad y ejecutabilidad en su territorio.”
(Castro, 2008, xii)
b) Normativa: el fundamento legal del exequátur en Costa Rica, se encuentra en el
Código Procesal Civil, Título IV, sobre la “Eficacia de sentencias y de laudos
extranjeros”, artículos 705 al 708.
c) Tipo de reciprocidad: Existe reciprocidad legislativa, ya que aunque Costa Rica es
signatario de la “Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de
las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros”, no la ha ratificado.
d) Exequátur: “Artículo 707.- Tribunal competente y procedimiento: La ejecución de
sentencias, autos con carácter de sentencia y laudos, así como de mandamientos de
embargo, citaciones, pruebas y otras actuaciones, pronunciados por tribunales
extranjeros, se pedirá ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Tratándose
Juzgados que ocupan el lugar más bajo en la estructura jerárquica del poder judicial en honduras
de sentencias, autos con carácter de sentencia y laudos, previa traducción de la
ejecutoria, si no estuviere en español, se dará audiencia a la parte contra la que se
dirija, por un plazo de diez días, vencido el cual la Sala resolverá lo que corresponda.
Contra esta resolución no habrá ningún recurso. Artículo 708.- Denegación y
otorgamiento.- Denegado el cumplimiento, se devolverá la ejecutoria al que la haya
presentado. Si la Sala concediere el cumplimiento, se comunicará, mediante
certificación, al juzgado del lugar en el que esté domiciliado el condenado en la
sentencia, auto con carácter de sentencia o laudo, para que sean ejecutados conforme
con lo dicho en el título III. Si el deudor no tuviere domicilio en la República, será
competente el tribunal que elija el acreedor, en cuyo caso éste podrá solicitar a dicho
tribunal el embargo de bienes del deudor, conforme con lo dispuesto en el artículo
700.” (Código de Procedimiento Civil de Costa Rica)
Además, ha de tenerse en cuenta que el Reglamento de Tareas y Funciones del
Ministerio Relaciones Exteriores y Culto No. 19561-re, regula las funciones especiales
ejercidas por el Viceministro de la cartera (Art. 8). Él deberá legalizar, por medio de los
respectivos funcionarios, los documentos públicos expedidos en el exterior, para que
surtan efecto legal en Costa Rica y viceversa. De manera similar establece las
funciones del Departamento Diplomático del Servicio Exterior (Art. 55), entre las
cuales se encuentra el deber de atender el movimiento administrativo del personal del
Servicio Exterior y todo lo relativo a nombramientos y jurisdicciones, patentes,
cancelaciones, licencias y exequátur.
e) Autoridad competente para otorgar exequátur: la Sala Primera de la Corte Suprema
de Justicia. Conc. Artículos 707 y Siguientes del Código de Procedimiento Civil de
f) Autoridad competente para ejecutar sentencias objeto de exequátur: La ejecución
de sentencias, autos con carácter de sentencia y laudos, así como de mandamientos de
extranjeros, se pedirá ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Tratándose de sentencias, autos con carácter de sentencia y laudos, previa traducción
de la ejecutoria, si no estuviere en español, se dará audiencia a la parte contra la que se
Contra esta resolución no habrá ningún recurso.
g) Requisitos en comparación con Colombia:
Para que la sentencia, el auto con carácter de sentencia, o el laudo extranjero surtan
efectos en Costa Rica, deberá reunir los siguientes requisitos:
1) Que estén debidamente autenticados.
2) Que el demandado hubiere sido emplazado, representado o declarado
rebelde, con arreglo a la ley del país de origen, y que hubiere sido
notificado legalmente de la sentencia, auto con carácter de sentencia o
3) Que la pretensión invocada no sea de competencia de los tribunales
4) Que no exista en Costa Rica un proceso en trámite, ni una sentencia
ejecutoriada, por un tribunal costarricense, que produzca cosa juzgada.
5) Que sean ejecutorios en el país de su origen.
6) Que no sean contrarios al orden público.
En principio hay una clara identidad de requisitos entre las dos normas, y por ello habrá
seguramente reciprocidad legislativa para otorgar el exequátur a sentencias laborales que se
dicten en cualquiera de los dos países y que requieran su nacionalización y ulterior ejecución.
7. PANAMÁ:
a. Definición legal de Exequátur: Concepto: agrupación de requisitos para el reconocimiento
de sentencias proferidas en el exterior, que pueden variar en su concepto general según los
convenios en que es parte la republica panameña, así mismo los tratados bilaterales celebrados
TRATAMIENTO Y DESARROLLO DEL CONCEPTO DE EXEQUATUR EN LA
REPUBLICA PANAMEÑA:
Algunos desarrollos legislativos:
Para iniciar es menester hacer hincapié, que la republica panameña tiene su fundamento de
Exequátur principalmente en dos de sus variadas legislaciones, encontramos un concepto y
requisitos en el código judicial Panameño, y así mismo en su más reciente código de derecho
Panamá poseía un Código de derecho internacional privado, llamado también código
Bustamante, llamado así por el doctrinante y jurista Antonio Sánchez Bustamante, código que
fue acogido por la republica de panamá mediante la ley N° 15 del mes de septiembre del año
1928. Así mismo otros países latinoamericanos también lo adoptaron rigiéndose entonces solo
Por tal motivo, fue necesario para la republica de panamá realizar modificaciones dentro del
tratamiento, reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, para motivar un
procedimiento estándar y universal que permitiera la facilitación de ejecución de sentencias
proferidas en países diferentes a los latinoamericanos y en concordancia con los tratados
internacionales y convenios celebrados por Panamá.
a. Sea crea entonces, la LEY N° 7 del 8 de mayo del año 2014, Gaceta oficial No. 27530 ,
material bastante reciente y pertinente para nuestro actual proyecto investigativo, mediante el
cual se crea el código de DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO de la república de
Panamá, donde a diferencia del código anterior que trataba en su generalidad sobre la
regulación de temas y conflictos mercantiles con elementos internacionales, el código nuevo
busca regular temas civiles, de familia, de derecho penal, y crear estándares de derecho
procesal internacional, así mismo, sobre temas de derecho comercial internacional.
b. Normativa: El fundamento legal del procedimiento de exequátur se encuentra en el código
judicial artículo 1419, y así mismo en el código de derecho internacional privado artículo 167.
El derecho laboral panameño pertenece al derecho privado con fundamento en el artículo segundo, inc
2do por la exclusión que se les hace a los empleados públicos del tratamiento general de
aquellos empleados privados.
Código del trabajo, decreto de gabinete 252 del 30 de diciembre de 1971 mod. Ley 44 del 12 de
Código Judicial,
Artículo 1419:
Reconocimiento y Ejecución de Sentencia Extranjera:
Artículo 1419. (1409)
Las sentencias pronunciadas por Tribunales extranjeros y los fallos arbitrales extranjeros, tendrán en la
República de Panamá la fuerza que establezcan los convenios o tratados respectivos.
Si no hubiere tratados especiales con el Estado en que se haya pronunciado la sentencia, ésta
podrá ser ejecutada en Panamá, salvo prueba de que en dicho Estado no se da cumplimiento a
las dictadas por los Tribunales panameños.
Si la sentencia procediera de un Estado en que no se dé cumplimiento a las dictadas por los
Tribunales panameños, no tendrá fuerza en Panamá.
Sin perjuicio de lo que se dispone en tratados especiales, ninguna sentencia dictada en país
extranjero podrá ser ejecutada en Panamá, si no reúne los siguientes requisitos:
1. Que la sentencia haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal,
salvo lo que la Ley disponga especialmente en materia de sucesiones abiertas en países
2. Que no haya sido dictada en rebeldía, entendiéndose por tal, para los efectos de este artículo,
el caso en que la demanda no haya sido personalmente notificada al demandado, habiéndose
ordenado la notificación personal por el Tribunal de la causa, a menos que el demandado
rebelde solicite la ejecución;
c. Tipo de reciprocidad: La republica de panamá no ha ratificado la Convención interamericana
sobre la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros suscrita en
Montevideo el 8 de mayo 1979; tampoco existe noticia de otros tratados o convenios
unilaterales entre la república de Panamá y la república de Colombia.
Por lo que permite inferir que no es posible predicar la reciprocidad diplomática, sin embargo,
se puede hablar de la reciprocidad legislativa toda vez que la legislación colombiana ha
ejecutado y reconocido sentencias extranjeras proferidas por tribunales panameños, como en el
caso del 19 de octubre 2009, magistrado ponente; Dr. Edgardo Villamil Portilla.
d. Exequátur: En virtud del artículo 1419 del código judicial de panamá el reconocimiento de
sentencias extranjeras proferidas por tribunales internacionales deberán realizarse de
conformidad con los tratados o convenios suscritos, así mismo deberá tenerse en cuenta de
forma imperativa y haciendo hincapié en las normas procesales y de orden público los
requisitos establecidos para el reconocimiento y posterior ejecución de sentencia extranjera.
Por otro lado, si lo que se pretende| es que la sentencia extranjera obre como prueba dentro de
un proceso que se desarrolle en la republica de panamá de acuerdo con el articulo 877
procesal, no necesitara del previo reconocimiento de la sentencia extranjera, solo será
obligatorio el cumplimiento de las formalidades de debida autenticación y traducción si fuere
EJECUCION: el debido procedimiento establecido por cada Estado, Art 1420 Código
Judicial y Art 187 y 188 del Código de derecho Internacional Privado.
e. Autoridad competente para otorgar Exequátur: Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia
determinar si son o no ejecutables las sentencia extranjeras.
f. Autoridad competente para ejecutar sentencias objeto de exequátur: articulo 586 del
código judicial, “ es juez competente para la ejecución de una sentencia extranjera dictada en
el país extranjero el que lo fuese si la sentencia fuese sido pronunciada en Panamá”
g. Requisitos en comparación con Colombia: de acuerdo con el Código General del Proceso
colombiano y con la sentencia 17248 (11001020300020140112500), 12/21/2015 ) de la Corte
Suprema de Justicia Colombiana, en Panamá coincide la normativa con las exigencias de la
colombiana toda vez, que por no existir reciprocidad diplomática entre Colombia y panamá en
materia del exequátur las sentencias colombianas podrán ser objeto del otorgamiento de
exequátur y su ejecución respectiva por vía de reciprocidad legislativa, pues debe tenerse en la
cuenta que los requisitos exigidos en panamá para el exequátur de sentencias extranjeras son
menores en comparación con los exigidos por el código general del proceso colombiano, y
esos pocos requisitos, son concordantes con los que se exigen en Colombia.
a) Definición del Exequátur: No existe una definición del exequátur y la experiencia
jurisprudencial y doctrinaria posteriores a la revolución son inexistentes.
b) Normativa: Existe vigente un Código o ley de Procedimiento Civil, Administrativo y
Laboral contenido en la ley No. 7 de 1977 modificada por la Ley Mo. 227 del 8 de
enero de 2002 sobre la propiedad del Estado que no contiene ninguna disposición sobre
el exequátur ni eficacia de sentencias extraterritoriales.
c) Tipo de reciprocidad: No existen convenios ni tratados internacionales entre Cuba y
Colombia como tampoco se pudo identificar reciprocidad legislativa pues las
sentencias de Cuba sobre divorcio, que se han tratado de someter al trámite del
exequátur en Colombia, no han sido exitosas precisamente ante la ausencia de
reciprocidad diplomática y legislativa. Como ejemplo puede mencionarse la sentencia
del 19 de marzo de 1992 de la Corte Suprema de Justicia Colombiana Proceso 773392
con ponencia del Magistrado Pedro Laffont Pianetta que no concedió el exequátur a la
decisión del T.M. de la Plaza de la Revolución, La Habana Cuba: “La solicitud no fue
concedida por no acreditarse la reciprocidad diplomática y la legislativa”.
d) Exequátur: No existe norma en el Código o Ley 7 de 1977 y sus modificaciones
posteriores de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral del año
e) Autoridad competente para otorgar exequátur: No se conoce norma aplicable para
determinar esta competencia, pero se puede deducir que sería casuística y de acuerdo
con los conceptos de los tribunales populares y las segundas instancias de los mismos,
no hay parámetros legales al respecto.
f) Autoridad competente para ejectuar sentencias objeto de exequátur: No se puede
predicar competencia de ninguna autoridad judicial o administrativa en concreto pero
pueden adquirir competencia por decisión de los tribunales populares para cada caso
que se les someta en particular.
g) Requisitos en comparación con Colombia: No hay elementos de comparación
a) Definición del Exequátur: La definición más adecuada es la dada por el Dr. Miguel
Vásquez García (2007), "como un proceso de carácter administrativo que tiende a
conferir la aceptación o el simple reconocimiento por parte de un juez a un acto o a
una decisión dictada por una autoridad extranjera competente, otorgándole validez o
reconocimiento" (p.329).
b) Normativa: Código de Derecho Internacional Privado, aprobado por resolución
No.1055 de fecha 20/11/1928 del Congreso Nacional, llamado también Código
Bustamante rige todo lo relacionado con la ejecución de sentencias extranjeras. Esta
Ley dispone que en materia civil o contenciosa administrativa, las sentencias dictadas
en los Estados contratantes tendrán fuerza y podrán ejecutarse en los demás si reúnen
una serie de condiciones previstas en la misma. La Ley No. 834 del 15 de julio de
1978, Gaceta Oficial No. 9478, que establece en su artículo 122: “Las sentencias
rendidas por los tribunales extranjeros y los actos recibidos por los oficiales
extranjeros son ejecutorios en el territorio de la República de la manera y en los casos
previstos por la ley.”Es importante anotar que en República Dominicana de acuerdo
con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia, en sentencia del 9 de octubre de
2002 y 11 de abril de 2007: “no se requiere exequátur, en las sentencias constitutivas
de estado y las declarativas de derecho, entre las que caen las de divorcio,
reconocimiento de paternidad, declarativas de incapacidad, entre otras, para su
ejecución en la República Dominicana. De manera que las que si lo requieren son los
fallos condenatorios que imponen el deber para el condenado de cumplir con una
obligación, como serían por ejemplo, las que condenan a los empleadores a pagar los
derechos adquiridos de sus trabajadores”.
c) Tipo de reciprocidad: No existe reciprocidad diplomática con Colombia, pero si con
los países signatarios de La Convención de Derecho Internacional Privado de La
Habana del 20 de Febrero de 1928 más conocido como Código Bustamante fue
ratificado y adoptado por la Republica Dominicana mediante la resolución No.1055 del
d) Exequátur: “La Republica Dominicana igual que Inglaterra y Estados Unidos tiene
un sistema mixto en que la sentencia es ejecutoria después de un proceso de revisión en
que se determina si la sentencia cumple los requisitos para que se le otorgue la
homologación o el exequátur, (teniendo en cuenta que la anterior se verá reservada para
aquellas sentencias de carácter condenatorio) todo esto bajo la condición de que haya
reciprocidad en la aceptación de las sentencias emitidas en los países involucrados en
términos de igualdad entre el país receptor y emisor de la sentencia.” ENTRE
PARENTIS FUERA DEL TEXTO.
e) Autoridad competente para otorgar exequátur:
El artículo 91 de la Ley No 544-14 de Derecho Internacional Privado establece que en
República Dominicana el Tribunal competente para conocer los casos de homologación
y exequátur de sentencias dictadas por jueces extranjeros “es la Cámara Civil y
Comercial del Tribunal de Primera Instancia del Distrito del Distrito Judicial del
domicilio del demandado.”.
Referencia: http://www.monografias.com/trabajos104/homologacion-sentencias-
extranjeras-segun-legislacion-dominicana/homologacion-sentencias-extranjeras-segun-
legislacion-dominicana.shtml#ixzz3xGIHuTwk.
f) Autoridad competente para ejecutar sentencias objeto de exequátur: El artículo
424 del Código de Derecho Internacional Privado, establece que “La ejecución de la
sentencia deberá solicitarse del juez o tribunal competente para llevarla a efecto,
previas las formalidades requeridas por la legislación interior”
423, siendo muy similares a las exigencias la ley procesal del estado colombiano. Con
Colombia la reciprocidad será legislativa pues no existe tratado bilateral entre ambos
10.ECUADOR:
a) Definición del Exequátur: Es un procedimiento jurídico internacional por el cual un
Estado solicita a otro Estado el reconocimiento, la ejecución u homologación de una
sentencia que se dictó en el Estado requirente a efectos de asegurar la eficacia
extraterritorial de la misma. Es decir se procura la ejecución de la sentencia en virtud a
los principios de seguridad jurídica, mutua cooperación y reciprocidad internacional, y
en caso de existir, a los Tratados y Convenios Internacionales como fuente directa del
Derecho Internacional Privado, cuya aplicación es obligatoria cuando un Estado es
parte de dicho tratado o lo ha suscrito y facultativa cuando no es parte del tratado.
Fuente: http://www.cancilleria.gob.ec/exequatur-definicion/
b) Normativa: Además de las formalidades establecidas en la legislación ecuatoriana para
la homologación de sentencias extranjeras o el requerimiento de que una sentencia
nacional sea homologada en el extranjero, se debe aplicar el principio de verificación
del tratado, es decir, verificar si el Estado requerido o requirente es parte de los
tratados y convenios internacionales en esta materia. Al respecto existen dos cuerpos
legales internacionales vigentes:
- La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y
Laudos Arbitrales Extranjeros.
- Código de Derecho Internacional Sánchez de Bustamante, en sus artículos 6, 424,
143 y 208.
c) Tipo de reciprocidad: existe reciprocidad diplomática dado que los países implicados
de 1981 que entró en vigor el 9 de octubre de ese año y, ratificada en Ecuador el 06 de
d) Exequátur: La autoridad judicial extranjera requirente a través del canal diplomático
(Embajada o Consulado Extranjero en Ecuador) solicita al Ministerio de Relaciones,
Comercio e Integración que la Autoridad Central competente ejecute una sentencia que
se dictó en el Estado requirente. Una vez que esta Cartera de Estado ha verificado que
dicha requisitoria esté acompañada de la documentación completa así como de las
debidas traducciones, la traslada a la Sala Especializada en razón de la materia, de la
Corte Provincial de Justicia de la jurisdicción del lugar en el que deba ejecutarse la
El Presidente de la Corte Provincial de Justicia, una vez haya revisado: la requisitoria
de Exequátur, la documentación remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana y confirme que se cumplen todas las formalidades exigidas,
iniciará el proceso de reconocimiento u homologación de la sentencia internacional
referida, y una vez reconocida, la Corte Provincial de Justicia remitirá al Juez de
Primera Instancia para su ejecución.
Es importante señalar que en el caso en que una sentencia no pudiese tener eficacia en
su totalidad, el juez o tribunal podrá admitir su eficacia parcial a petición de parte. Así
lo establece el artículo 4º de la Convención Interamericana sobre Eficacia de
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros.
e) Autoridad competente para otorgar exequátur: El conocimiento de las causas para
el reconocimiento u homologación de las sentencias extranjeras corresponderá a la Sala
de la Corte Provincial especializada en razón de la materia del distrito del demandado.
f) Autoridad competente para ejecutar sentencias objeto de exequátur: Una vez
ejecutoriada la sentencia que declare el reconocimiento u homologación de la sentencia
extranjera, la ejecución de la misma corresponderá a la jueza o el juez de primer nivel
del domicilio del demandado, competente en razón de la materia”.
g) Requisitos en comparación con Colombia: Para que la sentencia o laudo arbitral
extranjero pueda ser homologado debe atenerse al cumplimiento de ciertos requisitos:
El Código Sánchez de Bustamante, en su Art. 423, que dice:
“Art. 423.- Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno de los
Estados contratantes tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las
1.- Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las
reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado.
2.- Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, para el
3.- Que el fallo no contravenga al orden público o al derecho público del país en que
quiere ejecutarse.
4.- Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte.
5.- Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Estado
en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado.
6.- Que del documento en que conste, reúna los requisitos necesarios para ser
considerado como auténtico en el Estado de que proceda, y los que requiera, para que
haga fe, la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia (…)”.
La Convención Interamericana sobre Eficacia de Sentencias y Laudos Extranjeros
también señala en su artículo 2 los requisitos que deben observarse:
“Art. 2.- Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeras a
que se refiere el artículo 1, tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes si
reúnen las siguientes condiciones:
1.- Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean
considerados auténticos en el Estado de donde proceden.
2.- Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los documentos anexos que
fueren necesarios según la presente Convención, estén debidamente traducidos al
idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto.
3.- Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en
donde deban surtir efecto.
4.- Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional
para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir
5.- Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma legal de modo
sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia,
laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto.
6.- Que se haya asegurado la defensa de las partes.
7.- Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el
Estado en que fueron dictados.
8.- Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden público del
Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución (…)”.
En el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, se establece el requisito básico
de no contravenir al Derecho Público Ecuatoriano o estar arreglado a tratados o
convenios internacionales vigentes y, en caso de no estarlo, se atenderá a los requisitos
que se establecen en el inciso segundo del artículo ibídem que dice:
“(…) A falta de tratados y convenios internacionales, se cumplirán si, además de no
contravenir al Derecho Público o a las leyes ecuatorianas, constare del exhorto
a) Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, conforme a las leyes del país en
que hubiere sido expedida.
b) Que la sentencia recayó sobre acción personal (…)”.
De lo anterior, se puede deducir que los requisitos entre Colombia y Ecuador, tienen
gran similitud, y siempre se tendrá como limitante el orden público de cada país, pero
ante todo, como quedó expresado desde un comienzo con el Ecuador existe la
denominada reciprocidad diplomática por ser signatarios tanto Colombia como el país
analizado, de la convención interamericana para la eficacia extra territorial de
sentencias y laudos arbitrales y el tratado de Montevideo de 1980 (Recuérdese que lo
relacionado con laudos arbitrales ha sido regulado por la ley 1563 de 2012 en
11. PERÚ:
a) Definición del Exequátur: Es la manera como se inviste a la sentencia extranjera, tal
como ha sido dictada, de los mismo efectos que tienen las sentencias de los jueces
nacionales, sin necesidad de entrar a la revisión del juicio. Es pues, en principio, una
revisión de formalidades procesales que buscan garantizar el debido proceso.
( Santiago Sentís Melendo, La sentencia extranjera, Buenos Aires, Ediciones juridícas
Europa. América, 1958)
b) Normativa: Código de procedimiento civil, artículos 2102, 2103, 2104, 2105, 2106,
2107, 2108, 2109 ,2110 ,2111.
c) Tipo de reciprocidad: Diplomática por haber suscrito y ratificado la convención
interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales
extranjeros contenida en el tratado de Montevideo de 1979 y ratificada por el Perú
04/09/80- 05/15/80.
d) Exequátur: Artículos del código de procedimiento civil, 2105 y siguientes.
e) Autoridad competente para otorgar exequátur: Corte Superior, Sala civil.
otorgado el exequátur la sentencia se ejecutara ante la autoridad competente para hacer
efectivas y ejecutables las sentencias dictadas en el país otorgante, por regla general las
mismas autoridades judiciales que pudieren conocer del mismo asunto en primera o
g) Requisitos en comparación con Colombia: Por ser diplomática la reciprocidad a
través del tratado de Montevideo las condiciones o requisitos para otorgar el exequátur
son los mismos tanto en Colombia como en Perú, y examinadas las normas respectivas
en cada país, estas son concordantes.
12.BOLIVIA:
a) Definición del Exequátur: es la serie4s de requisitos y procedimientos a que debe ser
sometida una sentencia o laudo proferido por un juez extranjera, para que tenga el
carácter de cosa juzgada y de fuerza ejecutiva, en el territorio de otro estado; este
procedimiento persigue que la sentencia extranjera tenga los mismos efectos que la
sentencia dictada por un juez nacional.
b) Normativa: Código de Bustamante, 1928: - Libro Cuarto; derecho procesal
internacional; - Titulo decimo; ejecución de sentencias dictadas por tribunales
extranjeros; capítulo I, Materia civil, artículo 423. Marco normativo Boliviano –
Código de procedimiento civil 1976, artículos 552,553, 554,555,557,558,559,560 y
c) Tipo de reciprocidad: Diplomática, tanto Colombia como Bolivia son signatarios de
la convención interamericana para la eficacia extraterritorial de sentencias extranjeras,
aprobadas por el tratado de Montevideo de 1979.
d) Exequátur: De acuerdo con el código de Bustamante se debe cumplir los requisitos
que plantea el artículo 423 ib.
e) Autoridad competente para otorgar exequátur: Corte Suprema de Justicia (tribunal
supremo del país que tiene cede en Sucre)
f) Autoridad competente para ejectuar sentencias objeto de exequátur: Una vez
son los mismos tanto en Colombia como en Bolivia, y examinadas las normas
respectivas en cada país, estas son concordantes.
13.CHILE:
a) Definición del Exequátur: Es la decisión por la cual un tribunal da fuerza ejecutoria a
una sentencia extranjera y facilita a dicha sentencia, la concurrencia de la ley y el
apoyo de las autoridades del Estado en cuyo nombre se administra justicia”, siendo
entonces una resolución judicial, que tiene el efecto particular de introducir en un país,
una sentencia extranjera con sus efectos.
b) Normativa: El fundamento legal del exequátur en Chile se encuentra en el Código de
Procedimiento Civiles, Capítulo “De las resoluciones pronunciadas por tribunales
extranjeros, artículos 242 al 251.
c) Tipo de reciprocidad: Aunque Chile es signatario de la “Convención Interamericana
sobre Eficacia Extraterritorial De las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros”, no la
ha ratificado, es por esto que existe reciprocidad legislativa, (la misma fuerza que se le
dio en el país de origen, la misma fuerza se le da en Chile).
Exequátur: “Procedimiento de Exequátur en la práctica, se debe distinguir:
1. Se presenta la resolución que se trate de ejecutar, en copia legalizada y traducida, por
el Traductor Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Corte Suprema,
según el Formulario del caso. Deberá presentarse, el interesado, o un apoderado con
2. La Corte dará traslado, de la solicitud, a la parte en contra de quien se pide la
ejecución, la que tendrá un término igual al de emplazamiento para contestar
demandas, para exponer lo conveniente a su derecho.
3. Con la contestación, o en rebeldía, la Corte dará vista al Fiscal.
4. Si la Corte lo estima procedente, abrirá un término de prueba, antes de resolver. Este
término será en la forma y por el tiempo establecido para los incidentes.
5. La Corte mandará traer los autos en relación; se pondrá la causa en tabla; y la Sala que
corresponda resolverá si procede o no mandar cumplir la resolución extranjera.
6. Si la Corte resuelve que es procedente el cumplimiento, se expedirá copia de dicha
resolución y devolución del documento en que consta el fallo extranjero.
7. El interesado se presenta al Juzgado de turno al cual le habría correspondido conocer
del negocio en primera o en única instancia, si el juicio se hubiera promovido en Chile.
8. El Juzgado ordenará cumplir el fallo sin más trámite.
La Corte resolverá en forma similar; pero sin dar traslado, sino que sólo con el informe
 Sentencia que concede Exequátur
 Sentencia que rechaza Exequátur
 Sentencia deniega exequátor anterior a la nueva Ley de Matrimonio Civil
 Legalización de documentos para ser presentados ya sea en Chile o en el
Información tomada de: http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:26KmT2PWvi0J:www.derecho-chile.cl/exequatur/+&cd=1&hl=es-
419&ct=clnk&gl=co
d) Autoridad competente para otorgar exequátur: el art.247 del Código Procesal
Chileno, señala que la resolución que se trata de ejecutar debe ser presentada a la Corte
e) Autoridad competente para ejecutar sentencias objeto de exequátur: obtenido el
exequátur el tribunal que interviene en la ejecución de la sentencia es el tribunal ante
quien habría correspondido conocer el negocio en 1º o única instancia si el juicio se
hubiese promovido en Chile (art. 251 del Código Procesal Chileno).
f) Requisitos en comparación con Colombia:
-Que no contengan nada contrario a las leyes de Chile, exceptuando las de
procedimiento, ya que son independientes de cada país.
- La resolución no se oponga a la jurisdicción nacional y su orden público.
-Que la parte contra quien se invoca la sentencia haya sido debidamente notificada de
la acción o demanda.
-Que esas resoluciones se encuentren ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país
en que fueron dictadas.
Asimismo se le aplican a las sentencias dictadas por jueces árbitros, con el requisito de
que debe de reflejar su autoridad y eficacia con el visto bueno u otro certificado de
aprobación emanado de un Tribunal Superior Ordinario del país donde se haya dictado
a. Definición del Exequátur: El concepto de Exequátur.- Es el procedimiento por el que, de
conformidad con el ordenamiento jurídico de un Estado, se verifica si una sentencia o
resolución judicial dictada en otro Estado, reúne o no los requisitos que permiten su
homologación, permitiendo así su reconocimiento y cumplimiento en un Estado distinto de
aquel en el que se dictó. http://exequatur-argentina.blogspot.com.co/p/e.html
b. Normativa: El fundamento legal del exequátur en la República Argentina es el CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN (Ley 17.454), en los artículos 517 y
El derecho laboral argentino es calificado como norma del Estado, perteneciente al
derecho privado, en los términos del artículo 2º de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley
20.744).
c. Tipo de reciprocidad: existe reciprocidad diplomática dado que ambos Estados suscribieron
la “Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y
Laudos Arbitrales Extranjeros”, aprobada por Colombia mediante Ley 16 de 1981 que entró
en vigor el 9 de octubre de ese año y, para la Argentina el 1 de Diciembre de 1983.
d. Exequátur: de acuerdo con lo establecido en el artículo 517 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, la sentencia de un tribunal extranjero tendrá fuerza ejecutoria en
la nación, en los términos de los tratados celebrados con el país de que provengan. Sin
embargo, serán ejecutables en la concurrencia de los siguientes términos:
pronunciado, emane de tribunal competente según las normas argentinas de
jurisdicción internacional y sea consecuencia del ejercicio de una acción
personal o de una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a
la República durante o después del juicio tramitado en el extranjero.
2) Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia
hubiese sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa.
3) Que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada como
tal en el lugar en que hubiere sido dictada y las condiciones de autenticidad
exigidas por la ley nacional.
4) Que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho
5) Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad
o simultáneamente, por UN (1) tribunal argentino.
e. Autoridad competente para otorgar exequátur: Por tratarse de un Estado federal, la
competencia para otorgar el exequátur en Argentina varía según la naturaleza del asunto que
corresponda. El artículo 518 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que
“La ejecución de la sentencia dictada por UN (1) tribunal extranjero se pedirá ante el juez de
primera instancia que corresponda”. En ese sentido, el juez de primera instancia se
determinará de acuerdo si el asunto sometido a exequátur tiene relación con disposiciones de
orden provincial o federal.
f. Autoridad competente para ejecutar sentencias objeto de exequátur: Es interesante
recalcar que en la Argentina no se diferencian ambos procedimientos. En estricto sentido, el
otorgamiento del exequátur es un incidente que se tramita durante el proceso ejecutivo de
la sentencia extranjera. Así lo sostiene el artículo 518 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, de modo que en la eventualidad que el incidente no prospere el proceso ejecutivo
g. Requisitos en comparación con Colombia: Para la ejecución de sentencias extranjeras en
Argentina, se tendrá en la cuenta la normativa de cada provincia al igual que para el
otorgamiento del exequátur, adicionando a lo anterior, que por ser Argentina un Estado parte
de la convención Interamericana para la eficacia extraterritorial de sentencias, la reciprocidad
diplomática lo obliga a dar cumplimiento a los requisitos planteados en dicho acuerdo
internacional sin mayores exigencias a las allí establecidas. No obstante, es menester analizar
los requisitos ya mencionados del artículo 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, que son básicamente los mismos que los exigidos por la Corte Suprema de Justicia en
15.URUGUAY:
a. Definición de exequatur: Exequátur (Exequatoro Execuator): “Es el conjunto de
reglas conforme a las cuales el ordenamiento jurídico de un Estado verifica si una
sentencia judicial emanada de un país extranjero reúne o no los requisitos que permiten
su homologación en tal Estado(…)Consta de un documento en virtud del cual el gobierno
de un país acredita, ante sus propias autoridades, la calidad de cónsul de un país
extranjero que ostenta determinada persona, a efecto de que pueda realizar los actos
requeridos para el ejercicio de sus funciones.”
http://es.scribd.com/doc/35869163/Eficacia-Extraterritorial-Exequatur#scribd
b. Normativa: El Exequátur en Uruguay está fundamentado en el Código General del
Proceso de éste país, estipulado en la Ley No. 15.982 del 18 de octubre de 1988, vigente a
partir del 20 de noviembre de 1989, en su Libro II (Desarrollo de los Procesos), Título X
(Normas Procesales Internacionales), Capítulo IV (Del Reconocimiento y Ejecución de las
Sentencias Extranjeras). Respecto a la regulación sobre la ejecución de la sentencia
dictada por el tribunal extranjero en Uruguay, se encuentra en el artículo 441 del mismo
Código. Frente a la norma laboral, puede afirmarse que en la República Oriental del
Uruguay no existe Código Laboral o Ley del Trabajo ni Ley Marco alguna que regulen de
forma conjunta todos los aspectos referentes al derecho laboral o derecho al trabajo, sino
que, las regulaciones sobre esta materia están contenidas en múltiples disposiciones de la
constitución, leyes y decretos y resoluciones particulares sobre algún asunto específico
respecto al derecho laboral, por lo cual puede determinarse que no existe una
consolidación en un solo instrumento legal.
En la constitución de la República Oriental del Uruguay se hace referencia al Derecho al
Trabajo en la Sección II (Derechos, Deberes y Garantías), Capitulo I, artículo séptimo (7°)
en el cual se dispone que “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos
en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser
privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de
interés general.”. En su artículo treinta y tres (33) se dispone el reconocimiento y la
protección por ley del trabajo intelectual, el derecho de autor, del inventor o del artista. El
artículo treinta y seis (36) del mismo, contempla la posibilidad de toda persona de
dedicarse al trabajo, al cultivo, a la industria, al comercio, a la profesión o cualquier
actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes. En su
artículo cuarenta y seis (46) se refiere a una protección especial para aquellas personas que
posean inferioridad física o mental de carácter crónico y que se encuentren en condición
de indigencia o sean carentes de recursos suficientes y estén inhabilitados para el trabajo;
para estos casos, el Estado ofrecerá asilo a las personas que se encuentran en las
condiciones descritas previamente.
El artículo cincuenta y tres (53) hasta el artículo setenta y uno (71) se regula en particular
la afirmación de que el trabajo está bajo la protección especial de la ley dentro de la cual
se encontrará la justa remuneración y limitación a la jornada laboral, la regulación sobre el
trabajo en los menores de edad y sus respectivas limitaciones al igual que para las
mujeres, las obligaciones de las empresas cuyo oficio obliguen la permanencia de los
empleados en la empresa, el derecho gremial, la organización de sindicatos gremiales y la
creación de tribunales de conciliación y arbitraje para la solución de conflictos entre los
asociados a los sindicatos y los empleadores, la regulación especial para los funcionarios
públicos y medidas disciplinarias, el tema relacionado a las jubilaciones generales y
seguros sociales entre otros temas referentes al Derecho Laboral y la Seguridad Social.
El artículo doscientos treinta (230) en su inciso cuarto (4°) de la misma Constitución, se
dispone que se formarán Comisiones Sectoriales en las que se deberán estar representados
los trabajadores y las empresas públicas y privadas.
El artículo trescientos treinta y dos (332) en su literal E se dispone la creación de los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y en su literal M se dispone la integración de
las Cajas de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, la de la Industria y Comercio y
la de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez.
De manera particular, algunas de las leyes que reglamentan las materias de laboral y
seguridad social en la República Oriental del Uruguay son las siguientes:
 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES: Ley
16.074 del 17 enero de 1990 y Ley 16.426 del 14 de octubre de 1993
 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO O AGUINALDO: Ley 12.840 de 22 de
 DESCANSO SEMANAL: Ley 7.318 y Decreto 437 de 1988 de 29 de junio de 1988.
 DESCANSOS INTERMEDIOS: Decreto 29/10/57 con la redacción dada por el
Decreto 242 del 13 de mayo de 1987.
 DESPIDO - RÉGIMEN COMÚN: Leyes 10.489 – 10.542 del 6 de junio de 1944 y el
15 de diciembre de 1944. Ley 12.597 del 30 de diciembre de 1958 y Decreto-Ley 14.188
del 5 de Abril de 1974.
 DISPOSICIONES PROCESALES:
Artículo 7 de la Constitución Política Uruguaya;
Artículo 255 de la Constitución;
Artículo 10 del Decreto – Ley 14.188 del 5 de abril de 1974;
Ley 18.847;
Artículo 409 de la ley 17.930 del 19 de diciembre de 2005;
Ley 16.995 del 4 de septiembre de 1998;
Ley 18.572 del 2 de septiembre de 2009;
Artículo 5° de la ley 18.572;
Ley 18.251;
Artículo 6° de la ley 18.572;
Decreto-Ley 14.500;
Artículo 54 de la Constitución.
 RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN:
Ley 16.906;
Ley 18.901;
Artículo 29 de la ley 16.906 del 7 de enero de 1998;
Ley 18.091 del 7 de enero de 2007;
Artículos 3°, 4° y 5° de la Ley 18.091;
Ley 16.906 del 7 de enero de 1998;
Ley 18.091 del 7 de enero de 2007.
 FERIADOS:
Decreto de 26 de abril de 1962;
Ley N° 13.318;
Decreto Ley N° 14.352 de 8 de abril de 1975;
Decreto-ley N° 14.378 de 29 de mayo de 19755;
Ley N° 16.154;
Decreto 120/85 del 19 de marzo de 1985;
Artículo 18 de la Ley 12.590 del 23 de diciembre de 1958;
Ley 16.805 de 24 de diciembre de 1996 y su modificativa la Ley 17.414 de 8 de
noviembre de 2001;
Resolución del MTSS del 28 de marzo de 1980 que en su Artículo 1º;
Artículo No. 18 de la Ley No. 12.590 de 23 de diciembre de 1958 art. 8 de la ley N°
13.556;
Ley 16.805 del 24 de diciembre de 1996 y su modificativa la Ley 17.414 de 8 de
noviembre de 2001(…).
c. Tipo de reciprocidad. (Reciprocidad Diplomática) Uruguay es uno de los países
firmantes de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros adoptada en la ciudad de Montevideo,
Uruguay. Fue adoptada en el año 1979, aprobada a través de la ley No. 14.973 del 12 de
noviembre del mismo año. Es importante anotar que la República Oriental de Uruguay
realizó una declaración al firmar la convención, siendo la que se expondrá a continuación:
“ Alcance que se le otorga al Orden Público: La República Oriental del Uruguay
manifiesta que ratifica de modo expreso la línea de pensamiento sostenida en Panamá
--CIDIP-I-- reafirmando su acendrado espíritu panamericanista y su decisión clara y
positiva de contribuir con sus ideas y su voto, al efectivo desenvolvimiento de la
comunidad jurídica. Esta línea de pensamiento y conducta ha quedado patentizada en
forma indubitable con la ratificación sin reservas por parte del Uruguay de todas las
Convenciones de Panamá aprobadas por Ley N l4.534 del año l976. En concordancia
con lo que antecede, la República Oriental del Uruguay da su voto afirmativo a la
fórmula del orden público, sin perjuicio de dejar expresa y claramente señalado, de
conformidad con la posición sustentada en Panamá, que, según su interpretación acerca
de la prealudida excepción, ésta se refiere al orden público internacional, como un
instituto jurídico singular, no identificable necesariamente con el orden público interno de
cada Estado. Por consecuencia, a juicio de la República Oriental del Uruguay, la fórmula
aprobada comporta una autorización excepcional a los distintos Estados Partes para que
en forma no discrecional y fundada, declaren no aplicables los preceptos de la ley
extranjera cuando éstos ofendan en forma concreta, grave y manifiesta, normas y
principios esenciales de orden público internacional en los que cada Estado asiente su
individualidad jurídica.
Por otra parte, Uruguay consta de Reciprocidad Diplomática frente a países
suramericanos y centroamericanos con el Código de Derecho Internacional Privado
(Código de Bustamante), derivado de la Convención de Derecho Internacional Privado
que tuvo lugar en la Habana el 20 de febrero de 1928.
d. Exequátur. Tramitación de la cooperación jurisdiccional internacional pasiva a
través de la actuación de la Autoridad Central uruguaya: Recibida la solicitud de
cooperación jurisdiccional internacional por la Autoridad Central, ésta la remite
acompañada de un informe técnico, no vinculante, al Juzgado Letrado competente para
diligenciarla en razón de materia, lugar y turno, determinando este último a efectos de
evitar toda discrecionalidad en su determinación, Acordada 7134 de la Suprema Corte de
Justicia, por la fecha de libramiento del exhorto. El Juzgado Letrado encargado del
diligenciamiento de la solicitud de cooperación internacional deberá dar vista
preceptivamente de la misma al Ministerio Público. El procedimiento de “exequatur” ante
la Suprema Corte de Justicia, únicamente corresponde en el Derecho uruguayo a efectos
del control de las sentencias extranjeras de condena invocadas con fines de ejecución
(Código General del Proceso, Libro II, Título X, arts 541). Cuando se trate únicamente de
hacer valer en juicio los efectos imperativos o probatorios de una sentencia extranjera, ésta
deberá presentarse ante el juez que conoce en la causa, acompañada de la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos -formales y procesales- exigibles (art.
539.2 del Código General del Proceso), y será dicho tribunal el que se pronunciará sobre
el mérito del fallo extranjero en la sentencia que dicte, previa comprobación con
audiencia del Ministerio Público del cumplimiento de las condiciones referidas, Código
General del Proceso, Libro II, Título X, art 540.
https://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ury/sp_ury-mla-gen-function.html
e. Autoridad competente para otorgar el exequátur: La autoridad competente para
otorgar el exequátur en Uruguay es la Suprema Corte de Justicia.
f. Autoridad competente para ejecutar sentencias objeto de exequátur: La autoridad
competente para ejecutar sentencias objeto de exequátur en Uruguay es la Suprema Corte
de Justicia cuando se trate de sentencias extranjeras de condena invocadas con fines de
ejecución. Cuando se quiera hacer valer en juicio efectos imperativos o probatorios de
una sentencia extranjera, se deberá presentar ante el juez que conoce en la causa con la
respectiva documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos formales y
procesales exigibles.
g. Requisitos en comparación con Colombia: Dada la existencia de la reciprocidad
diplomática y a pesar de la reserva hecha por el Uruguay al ratificar la convención
interamericana para la eficacia extraterritorial de sentencias (…), los requisitos son
prácticamente iguales en los dos países siempre que no se trate de conflictos sobre
16.BRASIL:
a. Definición del Exequátur: El concepto de Exequátur.- A homologação da
sentença estrangeira é instrumento destinado a reconhecer a sentença proveniente de
Estado estrangeiro, permitindo a esta, a eficácia em solo brasileiro.
“La homologación de la sentencia extranjera es el instrumento destinado a
reconocer la sentencia proveniente de un estado extranjero, permitiendo a esta la eficacia
en el territorio brasilero”
Fuente: http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Gisele%20Leite%20-
%20formatado.pdf
b. Normativa: El fundamento legal del exequátur en el estado de Brasil se
 Códido Processo Civil art. 337
 Código de Bustamante art. 408
 LINDB art. 15 – 16 -17
 Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y
c. Tipo de reciprocidad: Existe reciprocidad diplomática, tanto que Colombia y
Brasil suscribieron la “convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las
sentencias y laudos arbitrales extranjeros” ratificado por Brasil 11/27/95, con reserva en el
artículo 2 en la letra d
"(…) Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional
para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto
(…)". Fuente: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-41.html
d. Exequátur: De acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y 17 de LINDB,
para que surta la homologación de la sentencia extranjera (EXEQUÁTUR), debe reunir los
requisitos procedimentales establecidos en el art. 15 tales como (i) haber sido proferida por
el juez competente, (ii) haber sido citada las partes legalmente (iii) contener las
formalidades legales para su ejecución en el país de donde proviene (iv) estar traducida (v)
haber sido homologada por el Supremo Tribunal de Justicia; además de esto estar conforme
al art. 17 en el sentido que no sea contraria al orden público, ofenda la soberanía nacional y
Fuente:http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI215203,71043-
Homologacao+de+Sentenca+Estrangeira+e+Carta+Rogatoria+uma+analise
e. Autoridad competente para otorgar exequátur: La autoridad competente
para otorgar el exequátur es el Superior Tribunal de Justicia.
Fuente:http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI215203,71043Homol
ogacao+de+Sentenca+Estrangeira+e+Carta+Rogatoria+uma+analise
f. Autoridad competente para ejecutar sentencias objeto de exequátur: Una
vez otorgado el exequátur se ejecutara por las autoridades judiciales que tuvieren
competencia para decidir un conflicto similar en primera o única instancia y de acuerdo
con las normas sobre competencia judicial de cada Estado brasilero.
extranjeras en Brasil, se tendrá en cuenta la normativa de cada estado al igual que para el
otorgamiento del exequátur y además al tratarse de países firmantes de la convención de
Montevideo las condiciones o requisitos para el otorgamiento del exequátur son las mismas
tanto para Colombia como para Brasil.
17. PARAGUAY:
a. DEFINICIÓN DEL EXEQUÁTUR:“Es el procedimiento judicial mediante el
cual un Estado verifica que una sentencia judicial dictada por otro Estado reúne o no
los requisitos que permiten su reconocimiento u homologación”.“El exequátur
consiste en la homologación o aprobación de una sentencia extranjera con el objeto
de poder ser ejecutada en la República. El Juez debe otorgar el exequátur a la
sentencia o al laudo arbitral pronunciados en el extranjero, a los efectos de su
conversión en títulos ejecutorios, que posibilite su ejecución en el República”.
http://www.lexdir.com/guia/exequatur-homologacion-de-las-sentencias-de-divorcio-
dictadas-en-el-extranjero-1267/ (Definición Española).
http://dpcuni.blogspot.com.co/2009/11/leccion-19.html (Definición Paraguaya)
b. NORMATIVA: La ley que establece el Código del Trabajo en Paraguay es la ley
número 213 del 29 de octubre de 1993.Por otra parte, se encuentra el Código
Procesal del Trabajo, sancionado bajo la ley 742 del 31 de agosto de 1961. El
Exequátur en Paraguay está regulado por el Código Procesal Civil de dicho país,
regulado en la Ley número 1337, en su libro III (Del Proceso de Ejecución), Título V
(De la Ejecución de Resoluciones Judiciales), Capitulo II (De la Ejecución y Eficacia
de Sentencias Dictadas por Tribunales Extranjeros).
La ejecución de la sentencia dictada por el tribunal extranjero está contemplada en
los artículos 533 al 534, siendo el contenido de estos la competencia, los recaudos y
la sustanciación y el exequátur (procedimiento que se debe acatar frente a la
solicitud del exequátur) respectivamente.
El contenido en general sobre la eficacia de las sentencias extranjeras se encuentra
regulado en los artículos 535 (Eficacia de la sentencia extranjera), 532
c. Tipo de reciprocidad: Reciprocidad Diplomática: Paraguay hace parte de la lista
de países firmantes de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial
de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros adoptada en la ciudad de
Montevideo, Uruguay en el año 1979. También hace parte de la Convención de
Derecho Internacional Privado que tuvo lugar en la Habana el día 20 de Febrero de
1928 (Código de Bustamante) con sus respectivas reservas.
d. Exequátur: De conformidad con el artículo 534 del Código Procesal Civil
Paraguayo, el juez de conocimiento deberá correr traslado a la persona condenada
en el fallo por un término de seis (6) días, a los cuales deberá notificárseles por
“cédula”; de igual manera, deberá notificársele al Ministerio Fiscal por un término
igual y en caso de oposición se aplicarán las normas de los incidentes regulados en
este mismo código.
En cuanto a la ejecución deberá tramitarse de conformidad a las disposiciones
establecidas en el Capítulo I del Título V del Libro III de éste Código, titulado “De la
ejecución de sentencias de Tribunales Paraguayos, desarrollado en los artículos 519
e. Autoridad competente para otorgar el exequátur: En la legislación de este
país no se indica algún Tribunal o Corte de alto rango para otorgar el exequátur,
únicamente se hace referencia a un juez de primera instancia de turno que
corresponda de acuerdo a la materia del asunto.
f. Autoridad competente para ejecutar sentencias objeto de exequátur: La
ejecución del exequátur deberá solicitarse ante el juez de primera instancia de turno
que corresponda de acuerdo con el artículo 533 del Código Procesal Civil Paraguayo
(Ley No. 1337 del 4 de noviembre de 1988) acompañando su testimonio legalizado y
traducido, así como los testimonios de las actuaciones que acrediten que ha
quedado ejecutoriada y que se han cumplido los demás requisitos, si no resultaren
de la sentencia misma.
diplomática para la eficacia extraterritorial de sentencias (…), los requisitos son prácticamente
iguales en los dos países siempre que no se trate de conflictos sobre derechos reales.
18.VENEZUELA:
a) Definición del Exequátur: “Se denomina exequatur al procedimiento judicial en virtud del
cual la sentencias definitivamente firmes dictadas en el extranjero en materia privada,
pueden producir el efecto de cosa juzgada o ser ejecutadas en otro estado” https.
a. Normativa: Artículo 53 de la ley de derecho internacional privado, articulo 852 al 855 del
b. Tipo de reciprocidad: La república de Venezuela tiene consagrada la reciprocidad
diplomática, al haber suscrito tratados como:
 Convenio boliviano de actos extranjeros, ratificado por Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela de fecha 18/07/1911. Aplicándose de ésta manera a sentencias o laudos
arbitrales que han sido debidamente homologados en temas civiles y comerciales.
 Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de sentencia y laudos
arbitrales extranjeros, 1979.
 También, el propio tribunal supremo de justicia ha establecido en su jurisprudencia la
reciprocidad legislativa, toda vez que ha manifestado que “efectividad de los fallos
proferidos en el extranjero depende del carácter vinculante que allí se conceda a las
sentencias judiciales, dictadas por los jueces de otros estados.
c. Exequátur: El procedimiento de exequátur será desarrollado de conformidad con los
tratados suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, adicionalmente, el artículo
53 de la ley de derecho internacional privado establece los requisitos de fondo del
exequátur en dicho país.
d. Autoridad competente para otorgar exequátur: La competencia para conocer de los
procesos de exequátur de acuerdo con el artículo 5to, el ordinal 42 de la ley orgánica del
tribunal supremo de justicia en concordancia con los artículos 850 y 856 del código de
procedimiento civil, establece que es el Tribunal supremo de justicia de la república. Sin
embargo el artículo 856 antes mencionado, trae como excepción que en los casos del
exequátur en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa el
competente será el tribunal superior del lugar donde se vaya hacer valer.
e. Autoridad competente para ejecutar sentencias objeto de exequátur: La autoridad
competente para la ejecución de sentencias extranjeras, será designada de conformidad con
las reglas procesales de la República Bolivariana de Venezuela.
f. Requisitos en comparación con Colombia: De acuerdo con el artículo 53 de la ley de
derecho internacional privado de Venezuela, los requisitos que se requieren para que las
sentencias extranjeras tengan efectos en Venezuela, son similares a los establecidos por la
ley colombiana.
I. La comparación normativa sustantiva, para los efectos del reconocimiento y ejecución
de sentencias extranjeras en un país diferente al que las pronunció, es innecesaria pues
depende de la lex fori5 es decir de la ley del lugar donde se debe definir el conflicto,
asunto de previa resolución para establecer la ley competente.
II. La competencia normativa, legal o legislativa es condición previa o posterior a la
definición del conflicto jurisdiccional o judicial, pues unas veces los convenios o
acuerdos internacionales establecen la norma aplicable y ello implica la definición de la
jurisdicción y otras son las que al indicar la jurisdicción competente, de contera queda
definida como norma competente la del foro.
III. El exequátur es una institución de Derecho Internacional Privado.
IV. El exequátur es una institución de Derecho Procesal.
V. El exequátur no está previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social pero es aplicable a los conflictos laborales en razón a dos consideraciones: en
primer lugar por no existir norma dentro de dicho ordenamiento procesal laboral y
segundo por reenvío que hace el artículo 145 del mismo código mencionado, al código
judicial de 1930, que fuera reemplazado por el código procesal civil en 1971 y ahora
derogado por el nuevo Código General del Proceso contenido en la ley 1564 de 2012 y
que sin lugar a dudas está vigente para cumplir el cometido de llenar los vacíos del
Código Procesal del Trabajo previsto en su artículo 145 ib.
El proceso cronológico de competencias está dado por el siguiente cronograma hipotético:
Definición de ley competente-Definición de jurisdicción competente- Derecho del foro ius fori.
VI. No existe el denominado orden público internacional en razón a que cada país define,
soberanamente, sin intervención de otros Estados su concepto de orden público interno
y además no existe un organismo internacional superior que tenga la coercitividad que
permitiera imponer un criterio de orden público internacional a los demás países.
VII. El Derecho del Trabajo cuyas sentencias pueden ser objeto de exequátur en Colombia
son las del Derecho laboral Privado, de acuerdo con la reglas de reciprocidad
diplomática y legislativa.
VIII. El exequátur en materia laboral no incluye, por el momento, a conflictos que surjan de
la relación entre el Estado y sus servidores.
IX. El reconocimiento de sentencias de carácter laboral vía exequátur está previsto en la
normativa internacional a través de convenios o convenciones internacionales,
ratificadas en gran parte por Colombia lo cual permite afirmar que el exequátur en
materia laboral es constitucional, legal y normado por el Derecho Internacional
Privado, si se tiene en la cuenta que está previsto dentro de nuestro Código General del
Proceso (ley 1564 de 2012 que inició vigencia el 1 de enero de 2016), estaba prevista
en el Código de Procedimiento Civil cuya vigencia venció el 31 de diciembre de 2015
y hace parte de los convenios contenidos en la convención interamericana para la
eficacia extraterritorial de sentencias y (laudos arbitrales extranjeros)6 aprobado
igualmente por Colombia mediante ley 16 de 1981 que aprobó la convención de
Montivideo de 1979, actualmente vigente, que incluye a los asuntos laborales como
objetos del exequátur para la eficacia de las sentencias dictadas en esa materia en
Estados diferentes de aquel en el que se pretende hacer efectiva la sentencia o decisión
de autoridad judicial.7
9. Equipos:N/A
1. Ponencia: 14 de mayo de 2015“EL EXEQUÁTUR: LA NECESIDAD DE SU
IMPLANTACIÓN EN ASUNTOS LABORALES EN AMÉRICA LAT INA”, en el “VIII
encuentro de la Red de Grupos y Centros de Investigación jurídica y socio jurídica
Nodo suroccidente: “Derecho Política y Pos conflicto” en la mesa 2 sobre “Derecho
Privado y Responsabilidad Social”. Se anexa copia de esta ponencia y certificado de
2. Artículo para publicar en revista indexada nacional: Sobre diferenciación necesaria
en el derecho laboral colombiano como norma de Derecho Privado, como norma de
Derecho Público y como norma de orden público.
3. Artículo para publicar en revista indexada internacional: Sobre la Reciprocidad
El texto entre paréntesis ya no tiene aplicación pues todo lo relacionado con laudos arbitrales en
Colombia fue regulado por la ley 1563 de 2012.
El artículo 1° de la convención interamericana para la eficacia extraterritorial de sentencias dispone al
respecto: “… aplicará a las sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles,
comerciales o laborales en uno de los Estados Partes, a menos que al momento de la ratificación
alguno de éstos haga expresa reserva de limitarla a las sentencias de condena en materia
patrimonial...”
legislativa y la reciprocidad diplomática en América Latina.
4. Texto: El Exequátur en los países latinoamericanos.
10.1 Tabla de Productos Publicados o Socializados (anexar documentos)
Tipo de Producto Autores Título Referencia Ciudad, Sitio de
Bibliográfica o país y ubicación
de existencia Fecha de
IVAN ALBERTO “EL EXEQUÁTUR: LA En el “VIII encuentro de la Red de Cali. N/A
1. Ponencia: DIAZ GUTIERREZ NECESIDAD DE SU Grupos y Centros de Investigación
IMPLANTACIÓN EN ASUNTOS jurídica y socio jurídica Nodo
LABORALES EN AMÉRICA LAT suroccidente: “Derecho Política y Pos
conflicto” en la mesa 2 sobre “Derecho
INA ”, Privado y Responsabilidad Social”. Se
anexa copia de esta ponencia y
10.2 Tabla de Productos Pendientes
Tipo de Producto Autores Título Datos de posible Ciudad,
publicación o país y fecha
presentación de posible
1. Artículo IVAN ALBERTO DIAZ Artículo para publicar en revista indexada Revistas de posible publicación: -Cali, Barranquilla y Bogotá.
GUTIERREZ nacional: Sobre diferenciación necesaria en el -Criterio jurídico: Julio de 2016
derecho laboral colombiano como norma de Derecho -Revista Universidad del Norte
Privado, como norma de Derecho Público y como
norma de orden público.
2. Artículo IVAN ALBERTO DIAZ Artículo para publicar en revista indexada Revista de posible publicación internacional: Noviembre 2016
GUTIERREZ internacional: Sobre la Reciprocidad legislativa y la
reciprocidad diplomática en América Latina. Pendiente
3. Texto IVAN ALBERTO DIAZ El Exequátur en los países latinoamericanos. Editorial Javeriana Diciembre 2016.
12. Seguimiento de productos pendientes
13. Ejecución Presupuestal:
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI - PRESUPUESTO
Centro de Servicios Informaticos Año: 2015 Mes:
Descripción del Rubro Cuenta Dependencia Proyecto Fondo Presupuesto Gastos Gravamen Pregravamen
PRESTACIONES EXEQUATOR EN
SOCIALES 510505 DECANATURA FHCS EMERICA LATINA Fondo Investigacion $2,031,208.00 $2,030,988.00 0 0
EXEQUATOR EN
SALARIO PLANTA 510594 DECANATURA FHCS EMERICA LATINA Fondo Investigacion $2,242,080.00 $2,241,046.00 0 0
MONITORES 511085 DECANATURA FHCS EMERICA LATINA Fondo Investigacion $2,030,200.00 $2,029,192.00 0 0
CORREO, PORTES Y EXEQUATOR EN
TELEGRAMAS 51354001 DECANATURA FHCS EMERICA LATINA Fondo Investigacion $17,000.00 $17,000.00 0 0
ALOJAMIENTO Y EXEQUATOR EN
MANUTENCION 51550501 DECANATURA FHCS EMERICA LATINA Fondo Investigacion $1,600,000.00 $818,840.00 0 0
PASAJES AEREOS 51551501 DECANATURA FHCS EMERICA LATINA Fondo Investigacion $1,000,000.00 $486,314.00 0 0
PASAJES TERRESTRES 51552001 DECANATURA FHCS EMERICA LATINA Fondo Investigacion $400,000.00 $393,337.00 0 0
LIBROS,SUSCRIP_PERIOD EXEQUATOR EN
Y REVIST 51951001 DECANATURA FHCS EMERICA LATINA Fondo Investigacion $3,983,000.00 0 0 0
FOTOCOPIAS 51953003 DECANATURA FHCS EMERICA LATINA Fondo Investigacion $24,000.00 0 0 0
ELEM_ EQ_ IMPRESION Y EXEQUATOR EN
PROYECC 51953004 DECANATURA FHCS EMERICA LATINA Fondo Investigacion $30,000.00 0 0 0
RESTAURANTE 51956001 DECANATURA FHCS EMERICA LATINA Fondo Investigacion $353,000.00 0 0 0
FOLLETOS Y VOLANTES 5195950303 DECANATURA FHCS EMERICA LATINA Fondo Investigacion $694,000.00 0 0 0
IVAN ALBERTO DIAZ GUTIÉRREZ AMY CAROLINA CLARKSON
Lanzamiento 2014.11
internacionalprivado-rsuennnnnnnnn-pruebbbaa
Esquemas 1.1
Procuración inicial
Más de Nana Silpelit
FORMA PARA SOCIEDAD MERCANTIL.pdf
Ensayos Constitucionales 1823 1830

References: artículo 145
 artículo267

Artículo 145
 artículo 145
 artículo 5
 artículo 45
 artículo 100
 artículo 30

artículo 14
 artículo 13
 artículo 91
 artículo 605
 artículo 694
 artículo 485
 artículo 485
 resolución 
 artículo 145
 artículo 123
 artículo 569

artículo 573
 resolución 
 artículo
182
 artículo 450
 artículo 423
 artículo 542
 artículo 19
 artículo 545
 artículo
423
 resolución 

resolución 
 Artículo 756
 resolución

 resolución 
 Artículo 708
 artículo
700
 resolución 
 artículo 1419
 artículo 167

Artículo 1419

Artículo 1419
 artículo 1419
 resolución

 artículo 122
 resolución 
 artículo 91
 artículo
424
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 414
 artículo 423
 artículo 423
 resolución 
 resolución 
 resolución 

resolución 
 resolución 
 resolución 

resolución 
 artículo 2
 artículo 517
 artículo 518
 artículo 518
 artículo 517
 artículo 441
 Artículo 1

artículo 2
 artículo 534
 artículo 533
 Artículo 53
 artículo
53
 artículo 5
 artículo 856
 artículo 53
 resolución 
 artículo 145
 artículo 145
 artículo 1