Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2011/acuerdos_y_sentencias/ays_269_11.php
Timestamp: 2019-04-20 21:01:06+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 269/2011 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 269/11
EXPEDIENTE: "IRMA RAMONA GARAY VDA. DE AGUIRRE C/RES. N°. 1.624 DEL 3 DE NOVIEMBRE 2005 Y C/ RES. N° 517 DEL 9 DE MARZO 2006, AMBAS DIC. POR LA DIRECCION DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA".
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta días del mes de mayo de 2011, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia Señores Ministros de la y Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Alicia Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera, por ante mi el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: "IRMA RAMONA GARAY VDA. DE AGUIRRE C/RES. N°. 1.624 DEL 3 DE NOVIEMBRE 2005 Y C/ RES. N° 517 DEL 9 DE MARZO 2006, AMBAS DIC. POR LA DIRECCION DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA", a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad, interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 108 de fecha 04 de Agosto de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
En caso contrario se halla ella ajustada a derecho?
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: Pucheta de Correa, Blanco y Benítez Riera.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA DRA. ALICIA PUCHETA DE CORREA DIJO: El recurrente no ha fundado expresamente el Recurso de Nulidad incoado, por lo que se lo debe tener por abdicado del mismo. Por otro lado, np se observa en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de. su nulidad en los términos autorizados por los arts. 113 y 404 del. C.P.C. Corresponde en consecuencia tener por desistido el presente Recurso) ES MI VOTO.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA DRA. ALICIA PUCHETA DE CORREA DIJO: El Tribunal de Cuentas 2a Sala, por Acuerdo y Sentencia N°.108 de fecha 04 de Agosto de 2.009, resolvió: "RESUELVE.... 1. HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos por la Sra. IRMA RAMONA GARAY VDA. DE AGUIRRE contra la Resolución N°. 1.624 de fecha 03 de Noviembre de 2.005 y Resolución N° 517 de fecha 09 de Marzo de 2.006 de la Dirección de Jubilaciones del Ministerio de Hacienda, y en consecuencia. 2. REVOCAR en todos sus términos las Resoluciones mencionadas precedentemente de conformidad y de acuerdo a los fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución - 3. IMPONER, las costas en el orden causado.
Que Víctor E. Caballero, Abogado Fiscal del Ministerio de Hacienda, se agravió en contra de la precitada Resolución, señalando que la Ley de Organización Administrativa en su Capítulo XIV de Jubilaciones y Pensiones, dispone en su Art. 263 lo siguiente: "Si la esposa del empleado quedase viuda hallándose divorciada por su culpa o viviendo de hecho separada, sin voluntad de unirse o provisoriamente separada, por culpa o a pedido del marido, no tendrá derecho a la pensión". Indicó que por S.D. N°. 179/67, el Juzgado de Ia Instancia en lo Civil y Comercial del 3er. Turno dispuso: "I) HACER LUGAR a la demanda entablada por el Sr. Rogelio Aguirre contra su esposa Irma Ramona Garay de Aguirre, como así mismo, a la separación deducida por esta última y, en consecuencia, declarar el divorcio de ambos cónyuges por culpa de ambos", produciendo tal Resolución la separación de bienes y de los esposos en sí mismos, considerando la Caja Fiscal que no se debía hacer lugar al pedido de pensión de heredera pretendida por la Sra. Irma Ramona Garay Vda. de Aguirre. Destacó que el divorcio deja un criterio de razonabilidad de falta de intención recíproca para la convivencia matrimonial, diciendo el Art. 2587 del C.C. cuanto sigue: "la Sucesión entre esposos no tendrá lugar,... .b) si se hallaren separados por sentencia judicial, respecto del que hubiere dado causa para ello; c) si lo estuvieren por mutuo consentimiento, o de hecho, sin voluntad de unirse". Expresó que el artículo mencionado dispone que los derechos entre los esposos después del fallecimiento se pierden por estar los cónyuges separados por sentencia judicial por culpa de ambos ante el Juzgado competente. Puntualizó que el impedimento que hace imposible el traspaso de la pensión solicitada, es que el Tte. Cnel. Rogelio Aguirre Sosa y la Sra. Irma Ramona Garay Vda. de Aguirre, se encuentran divorciados por la S.D.N°.179, y que si bien este divorcio no disuelve el vínculo matrimonial, surge de la Resolución judicial mencionada que fue por culpa de ambas partes, ajustándose perfectamente a lo dispuesto por el Código Civil, y en consecuencia hace a la misma la perdida de la vocación hereditaria con relación al extinto. Concluyó sosteniendo que la Sra. Irma Ramona Garay Vda. de Aguirre perdió la vocación hereditaria, conforme a la Sentencia Judicial expuesta en autos, para beneficiarse con la pensión del Tte. Cnel. Rogelio Aguirre Sosa. En cuanto a las costas, argüyó que esa representación no se opone a su imposición por su orden.
Que pasando a estudiar el fondo de la cuestión planteada, visualizo que el Tribunal de Cuentas 2a Sala se basó para hacer lugar a la demanda interpuesta por la Sra. Irma Ramona Garay Vda. de Aguirre en el hecho de que al momento de dictarse la Sentencia Definitiva N°.197 del 12 de Mayo de 1.967, por la cual se hizo lugar al divorcio de la accionante con su extinto marido el Tte. Cnel. Sr. Rogelio Cornel io Aguirre Sosa estaba vigente la Ley del Matrimonio Civil de 1.898 que establecía en su art. 64 que el divorcio que ese Código autorizaba, "consistía únicamente en la separación personal de los esposos sin que se disuelva el vínculo matrimonial". Es decir que el divorcio legislado en esa época lo era sin rotura del vínculo matrimonial, infiriendo los citados Magistrados que sin disolución del vínculo matrimonial no hay pérdida de la vocación hereditaria. Esa deducción los llevó a concluir que la administrada al momento del fallecimiento de su esposo adquirió el estado de viuda, con derecho a los bienes hereditarios, tal como lo establece la Sentencia Declaratoria de Herederos N°.677 de fecha 10 de Septiembre de 2.004, dictada por el Juzgado de Ia Instancia en lo Civil y Comercial del 4to Turno. Igualmente argüyeron que el rechazo de la solicitud de traspaso de pensión esgrimido en sede administrativa, está basado en el art. 2491 ínc.c) del Código Civil, cuando es sabido que no se puede declarar indigna a una persona sin acción de parte interesada y de una Sentencia firme de un Juez competente, lo que no ha sido acreditado.
Que la presente litis tuvo su origen en la Resolución N° 1624 del 03 de noviembre de 2.005, y en la Resolución N° 517 de fecha 09 de Marzo de 2.006, ambas dictadas por la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, las cuales le denegaron la transferencia de la jubilación solicitada por la demandada porque la misma carece de la condición de viuda, además de ser declarada indigna en virtud del art. 2491 inc. c) del Código Civil. Asimismo la Resolución N°.517 alegó una supuesta extemporaneidad para denegar la Reconsideración incoada. En ese orden de cosas deseo tocar cuatro puntos que a mi parecer son importantes para dilucidar la presente cuestión. En primer lugar, obra en los antecedentes administrativos glosados a esta causa, la S.D. N° 677 de fecha 10 de Setiembre de 2.004, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil -y Comercial del 4to. Turno (fs.41), que declaró que por fallecimiento del causante Sr. Cornelio Rogelio Aguirre Sosa le suceden en calidad de herederas su cónyuge supérstite Irma Ramona Garay de Aguirre y su hija Angela Rosa Aguirre Gaiay. Pese a que. las autoridades administrativas estaban en pleno conocimiento de este Fallo judicial, las Resoluciones Administrativas impugnadas omitieron su cumplimiento arrogándose atribuciones judiciales que le están expresamente vedadas por el art. 248 de la Constitución de la República. En segundo lugar, coincido con el Tribunal Inferior en que al momento de dictarse la S.D. Nº 179 de fecha 12 de Mayo de 1.967, emitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno, que hizo lugar al divorcio por culpa concurrente de los esposos Cornelio Rogelio Aguirre Sosa e Irma Ramona Garay, se encontraba vigente la Ley de Matrimonio Civil de 1.898, que en su art. 64 estatuía que "que el divorcio consistía únicamente en la separación personal de los esposos sin disolución del vínculo matrimoniar". Es decir que la figura del divorcio legislada en esa época no incluía la ruptura del vínculo matrimonial. El matrimonio válidamente celebrado solo se disolvía por la muerte de uno de los cónyuges. Al no disolverse el vínculo que los unía en matrimonio, la administrada al quedar viuda no perdió su vocación hereditaria, reforzándose esta calidad con la mencionada Sentencia Declaratoria de herederos a la que hice referencia precedentemente. En tercer lugar, para que una persona sea declarada indigna y excluida de la herencia, se necesita previamente de una acción promovida por los parientes, el cónyuge o los herederos, legatarios del causante llamados a sucederlo u otras personas autorizadas (art. 2942 C.C.), debiendo esta acción culminar con una Sentencia Judicial firme y ejecutoriada que 4ecrete la supresión de la calidad de heredero del demandado. Sin este requisito precio, no puede de ninguna manera la Dirección de Jubilaciones y Pensiones adjudicar "per se" la calidad de indigno a una persona, pues está invadiendo potestades conferidas únicamente al Poder Judicial, que es el que debe dirimir este tipo de cuestiones. En cuarto lugar, el plazo para deducir el Recurso de Reconsideración ante la Administración Pública es de diez días de conformidad a lo estatuido por la Ley Nº 125/92 (art. 234), plazo éste aplicable al caso subexamine, consecuentemente el Recurso de Reconsideración impetrado por la accionante, estaba dentro del término establecido en ese plexo legal.
Que al haber quedado demostrado en el parágrafo precedente que no se han configurado los presupuestos lácticos esgrimidos como fundamento de las Resoluciones Administrativas atacadas, la revocatoria de las mismas deviene procedente. Consecuentemente, el Acuerdo y Sentencia N°.108 de fecha 04 de Agosto de 2.009, emitido por el Tribunal de Cuentas 2a Sala, que dispuso la abrogación de la Resolución N°. 1.624 del 03 de Noviembre de 2.005 y de la Resolución N°.517 del 09 de Marzo de 2.06, dictadas por la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, debe ser confirmado in tottum. En cuanto a las costas, deben impuestas en ambas instancias a la parte perdidosa, en virtud del principio contenido en el art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.-
A su turno los Dres Blanco y Benítez Riera manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 269
Asunción, 30 de Mayo de 2011.
1- DECLARAR desierto el recurso de nulidad.
2- CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 108 de fecha 04 de agosto de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.-
3- IMPONER costas a la vencida.-
4- ANOTESE y notifíquese.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución