Source: http://www.ergaomnes.es/2014/07/demanda-en-eusquera-contestacion-en.html?showComment=1448642466937
Timestamp: 2020-02-21 15:31:00+00:00

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ERGA OMNES: Demanda en eusquera, contestación en castellano y sentencia en catalán
Como todos podéis imaginar el título no se corresponde con ninguna situación real. Pero casi. Cada vez es más habitual que en los procedimiento judiciales se entremezclen el castellano y las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Y no solo aparecen redactados en diferentes lenguas los escritos presentados por las partes, sino que también es bastante usual que el propio órgano jurisdiccional se exprese en la lengua de la comunidad autónoma a la hora de dictar sus resoluciones.
Quiero tomar como punto de partida una idea que nada tiene que ver con el Derecho y en la que todos podemos estar de acuerdo. Si dos ciudadanos de los dos extremos opuestos de España –uno de Arteixo y el otro de l'Ampordà- coinciden en un bar de carretera de Texas, ¿En que lengua se comunicarían mientras toman el desayuno? Todo parece indicar que ambos comentarán en castellano el último partido del Barça o la reciente abdicación del Rey. La otra opción –mucho menos probable, creo yo- es que se tomen su desayuno en silencio despidiéndose, mientras pagan la cuenta, con un "good bye" .
La misma lógica ha de aplicarse en un procedimiento judicial. Y es que para que cualquier proceso de resolución de conflictos se desarrolle con normalidad es imprescindible que ambas partes compartan un mismo sistema de comunicación o, en caso de no existir lengua compartida, acudan a la ayuda de un traductor.
Veamos en primer lugar, qué dice la norma. El artículo 231 de la LOPJ –cuyo contenido aparece reproducido en el artículo 142 de la LEC- establece una serie de pautas en relación a las lenguas del proceso, que podemos resumir del siguiente modo:
Como regla general, en las actuaciones judiciales –las llevadas a cabo por Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, etc- se usará el castellano.
Sin embargo, también se podrá usar la lengua oficial de la Comunidad Autónoma siempre que ninguna de las partes se oponga alegando indefensión.
Las partes –sus abogados y procuradores- también podrán utilizar la lengua de la Comunidad Autónoma, si bien se procederá a su traducción en dos supuestos: a) cuando las actuaciones deban surtir efecto fuera de la Comunidad Autónoma; b) a instancia de la parte que alegue indefensión.
A priori, puede parecer que el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil deja resuelta toda cuestión relacionada con las lenguas oficiales y el proceso, pero en realidad son muchas las dudas que surgen en cuanto a su aplicación práctica.
¿En qué momento procesal debemos solicitar la traducción de la resolución o del escrito redactado en una lengua que desconocemos?
Esta cuestión no tiene respuesta en la literalidad de la norma, pero puede ser resuelta acudiendo al concepto general de indefensión que ya delimitó en su día el Tribunal Constitucional, y al que se refiere la Audiencia Provicinal de Barcelona (Sección 11), en Sentencia núm. 346/2013, de 22 julio: "Tres son los requisitos que la jurisprudencia ha establecido para que pueda afirmarse la existencia de indefensión: a) Que el vicio sea grave y esencial; b) Que produzca una indefensión real y efectiva - o sea material, no solamente formal- , STS de 18 de julio de 2002; c) Que se haya pedido la subsanación de la falta en el momento procesal procedente, STS de 6 de abril de 2000".
Los dos primeros requisitos se cumplen de manera automática en cuanto una de las partes desconoce la lengua. El tercero, por su parte, nos ofrece una respuesta a la pregunta que nos hacíamos: la indefensión debe ser alegada tan pronto como se produce, es decir, desde el momento en que el juzgado nos notifica la primera resolución o nos da traslado del primer escrito de contrario redactado en una lengua que desconocemos.
Por ejemplo, si estamos en sede de un procedimiento civil ordinario y a la parte demandada le notifican el Decreto de admisión a trámite de la demanda redactado en una lengua que desconoce, será en este momento procesal cuando deba alegar indefensión, y no cuando le notifiquen la sentencia redactada en esa misma lengua, meses después.
¿Qué cauces deben seguirse ante la solicitud de traducción?
Este es quizás el aspecto más inquietante de la norma: no se establece en la Ley de Enjuiciamiento Civil un procedimiento para que la parte perjudicada pueda alegar indefensión. Esto ha generado una práctica forense muy variada en la que cada juzgado opta por la solución más acertada según su buen criterio.
Grosso modo, suelen darse dos opciones. Generalmente, los juzgados optan por la vía más rápida y sencilla: tan pronto como reciben el escrito de parte, resuelven acordando la traducción –o el traslado del escrito su autor para que lo traduzca- así como la suspensión o interrupción del plazo correspondiente. En otras ocasiones, el Juzgado da traslado a la parte contraria por un plazo determinado (5 o 10 días, generalmente) para que formule alegaciones al respecto, resolviendo sobre la traducción una vez han sido oídas ambas partes.
¿Quién ha de hacerse cargo de la traducción? ¿La Administración de Justicia o la parte?
Ésta es una cuestión controvertida y en la que hay soluciones para todos los gustos. Al menos en el proceso civil, es bastante habitual que el Secretario Judicial ordene dar traslado a la parte que presentó el escrito para que proceda a su traducción, so pena de mantener la suspensión del plazo correspondiente en tanto no se presente y se dé traslado a la parte contraria un nuevo documento redactado en castellano.
Sin embargo, no creo que esta sea la opción más acertada. Si atendemos al tenor literal de la norma –"se procederá de oficio a su traducción"-, así como al espíritu de la misma –estableciendo un derecho de las partes en el proceso a emplear la lengua oficial de la Comunidad Autónoma-, parece deducirse que deban ser los propios órganos judiciales quienes lleven a cabo la traducción del escrito a través de los servicios de traducción e interpretación de la Administración de Justicia.
¿Pueden el Juez o el Secretario Judicial denegar la petición de traducción a la parte que alega indefensión?
Situación aislada y bastante inusual, pero a veces se produce. Aquí creo que la respuesta es clara: una resolución que resuelve en sentido negativo la solicitud de traducción contraviene abiertamente los artículos 231 de la LOPJ y 142 de la LEC –salvo que no se cumplan los requisitos propios de la indefensión-, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), y es causa de nulidad de actuaciones.
En este sentido, contamos con algún antecedente jurisprudencial. La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 19), en Sentencia núm. 287/2013, de 31 julio, declaró la nulidad de actuaciones en un caso en que el Juzgado de Primera Instancia había denegado la solicitud de traducción al castellano de una demanda redactada en catalán por ser de Madrid el abogado que ostentaba la defensa de la demandada. En el mismo sentido, en un caso muy parecido, falló la también la Audiencia Provicinal de Barcelona (Sección 11), en Sentencia núm. 346/2013, de 22 julio.
En cualquier caso, se me ocurre algún "de laboratorio" en que el que pudiera denegarse la traducción sin producir indefensión a la parte que la solicitó. Por ejemplo, cuando la parte que presentó el escrito en catalán o gallego acredite que la petición de traducción de la contraria únicamente persigue una finalidad dilatoria, probando que ese mismo abogado, el procurador y su cliente, ya habían utilizado con anterioridad la lengua de la Comunidad Autónoma –cuyo desconocimiento alegan- en otros procedimientos judiciales seguidos con anterioridad.
¿Los plazos se interrumpen o se suspenden? ¿en que momento se produce la suspensión?
Una vez el Juzgado estima la petición de la parte, ordenando la traducción, cabe preguntarse qué efecto tiene esta resolución respecto de todos aquellos plazos procesales que a han empezado a transcurrir desde que se produjo la notificación a la parte que alega indefensión. Tomando como referencia un supuesto habitual, desde que nos notifican una demanda de juicio ordinario redactada en euskera, comienzan a transcurrir distintos plazos: contestar a la demanda (20 días), formular declinatoria (10 días) recurrir en reposición el Decreto de admisión a trámite de la demanda (5 días) o solicitar aclaración respecto del mismo (2 días), entre otros.
Parece que la interrupción del plazo es la opción más adecuada para salvaguardar al máximo el derecho a la tutela judicial efectiva. De este modo, la parte que alega indefensión no tendría que sufrir una merma –por más que fuera de un día o de dos- en el plazo de que disponía inicialmente. Sin embargo, la práctica forense va por otros derroteros, y, al menos en la jurisdicción civil, la inmensa mayoría de los juzgados optan por la mera suspensión del plazo, quedando congelado hasta su posterior reanudación.
Optar por la suspensión añade una nueva discusión. ¿A partir de qué día se suspende el plazo? En este punto podemos encontrar interpretaciones de todos los colores. Desde juzgados que optan por suspender el plazo tomando como referencia la fecha de la propia resolución que acuerda la traducción, hasta juzgados que, siguiendo una interpretación más garantista, consideran suspendido el plazo desde la fecha en que se presentó el escrito solicitando la traducción.
No se plantean dudas respecto del momento de la reanudación del plazo (en caso de suspensión) o su comienzo desde el minuto cero (en caso de interrupción): el plazo volverá a correr al día siguiente a aquel en que nos notifiquen el escrito o la resolución debidamente traducidos.
Todas estas son algunas de las cuestiones que suscita en la aplicación práctica de los artículos 231 de la LOPJ y 142 de la LEC. Sin embargo, no me cabe la menor duda de que habrá muchos mas interrogantes por resolver. Lo que sí está claro es que la actual regulación nos ha llevado a la solución del "caso por caso": confusión y falta de seguridad jurídica. Y ni que decir tiene que todas estas idas y venidas con traductores de por medio y suspensión de plazos procesales siempre termina generando retrasos de varios meses en los procedimientos judiciales.
Por todo ello, no vendría nada mal una intervención del Legislador para procurar una mayor claridad en un asunto tan delicado como éste, en el que están en juegos el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva –en el que se incluye el derecho a una Justicia sin dilaciones indebidas- y el principio de seguridad jurídica.
Publicado por Miguel Fernández Benavides en 15:59
Unknown 27 de noviembre de 2015, 8:41
articulo genial.
Ness 8 de febrero de 2018, 9:58
Justo lo que estaba buscando. Gracias por tan detallada y bien argumentada explicación.
Gaspar. 8 de marzo de 2018, 12:27
Gaspar. 8 de marzo de 2018, 12:30
Muchas gracias! Gracias a este tipo de artículos quienes desconocemos estos temas podemos tener una orientación. Saludos.

References: resolución 
 artículo 231
 artículo 142
 artículo 142
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
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