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Timestamp: 2019-02-20 10:16:52+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA S-758 DE DICIEMBRE 9 DE 1997
SENTENCIA S-758 DE 09 DE DICIEMBRE DE 1997
CONTENIDO:NUEVAS INVERSIONES EN LA ZONA DEL RÍO PÁEZ: EL DESCUENTO SE EFECTÚA EN EL AÑO SIGUIENTE DE LA INVERSIÓN
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INVERSIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:317 DE MAYO DE 1998, PÁG.597
Sentencia S-758 de diciembre 9 de 1998
EL DESCUENTO SE EFECTÚA EN EL AÑO SIGUIENTE DE LA INVERSIÓN
EXTRACTOS: «El acto acusado.
Es la frase que se subraya, contenida en el parágrafo 1º del artículo 9º del Decreto Reglamentario 2422 del 31 de diciembre de 1996, publicado en el Diario Oficial Nº 42.964 del 22 de enero de 1997, que dispone:
“ART. 12.—Nuevas inversiones(...).
PAR. 1º—Las nuevas inversiones que se realicen en activos fijos productores de renta, en las empresas ubicadas en los municipios de la zona afectada, podrán tratarse como renta exenta o como menor valor del impuesto por pagar, en el período gravable siguiente a aquél en el cual se realiza la inversión, cuando se generen utilidades en las nuevas empresas instaladas o en las empresas preexistentes en las que se produzcan ampliaciones significativas. Si las nuevas empresas establecidas generan pérdidas, la exención se podrá solicitar en los períodos gravables siguientes hasta completar el cien por ciento (100%) del monto invertido.
Las nuevas inversiones podrán tratarse como deducción, en el período en el cual se realice el desembolso”.
El presente proceso se decide por la Sala Plena de la corporación, teniendo en cuenta que esta asumió su conocimiento a solicitud de la Sección Cuarta, por su trascendencia social, de conformidad con el numeral 5º del artículo 37 de la Ley 270 de 1996.
Sobre la petición de realización de audiencia pública, en la forma prevista en el artículo 147 del CCA, no se accederá a su práctica en atención a que el problema a dilucidar es de estricto derecho, para lo cual la Sala considera tiene la suficiente ilustración. Así mismo, no se precisa de pruebas y otros elementos adicionales, del propio conocimiento de la ley y de su historia oficial, pues la voluntad del legislador se deduce del propio texto de la ley y si alguna duda existiere sobre “el espíritu del artículo 5º de la Ley 218 de 1995 y los criterios que inspiraron las modificaciones que a la ley introdujo la Ley 383 de 1997”, sería preciso entonces, acudir a las respectivas exposiciones de motivos y debates parlamentarios en los cuales claramente se evidenciarían los citados espíritu y criterios consignados en las Gacetas, sin que para el efecto se requieran las exposiciones conceptuales de quienes de una u otra forma participaron en la producción de las leyes.
Sobre el fenómeno jurídico de la cosa juzgada planteado por los libelistas, ciertamente como lo aducen las partes, la Sección Cuarta de esta corporación en sentencia del 11 de julio de 1997(*), expediente Nº 8228, decidió la acción pública instaurada por el ciudadano Paul Cahn Speyer W., desestimando las pretensiones de la demanda, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad parcial del parágrafo primero del artículo 9º del Decreto 2422 de 1996, disposición aquí acusada, en cuanto previó que la opción de tratar las inversiones a que se refiere la Ley 218 de 1995, como renta exenta o como menor valor del impuesto por pagar, procedía en el período gravable siguiente al de la inversión.
(*) Publicada en J. y D., Nº 309, pág. 1303 (N. del D.).
En aquella oportunidad los cargos de la demanda que citó como violados los artículos 5º de la Ley 218 de 1995 y 189-11 de la Carta, se basaron en el desbordamiento de la ley por parte del reglamento en la medida en que aquélla sólo estableció limitación en el tiempo para la solicitud de la exención y el acto acusado, postergó para el período gravable siguiente también el uso del beneficio del descuento tributario, el que a juicio del actor procedía en el mismo período en el que se efectúa la inversión.
Se observa entonces, que tanto en el juicio Nº 8228 como en el presente, existe identidad de objeto, toda vez que las peticiones de ambas demandas apuntan a obtener la declaratoria de nulidad parcial del parágrafo 1º del artículo 9º del Decreto 2422 de 1996. En relación con la causa petendi o motivos de nulidad alegados, se constata que las razones que sirvieron de fundamento para solicitar la nulidad en el proceso Nº 8228 bajo los cargos de violación de los artículos 5º de la Ley 218 de 1995 y 189-11 de la Constitución, se basaron en idénticos argumentos a los expuestos en la presente demanda, pues la acusación específica contra la disposición radica en que el reglamento extendió y postergó en forma ilegal, para el período gravable siguiente al de la inversión la opción de aplicar su monto como menor valor del impuesto (descuento tributario) y no en el mismo período en que ésta se efectúa, como consideran los actores, prevé la ley.
Como quiera que en la forma como atrás se expresó, la Sección Cuarta tuvo la oportunidad de analizar los cargos sustentados bajo el mismo concepto de violación, se colige que en relación con las dos normas antes citadas, se deberá estar a lo allí dispuesto, en atención a que sobre los mismos existe cosa juzgada parcial. Resta por consiguiente, el análisis de violación del artículo 338 de la Carta y otros aspectos que se plantean en la litis, así como la pretensión subsidiaria sobre la vigencia del reglamento acusado.
II. El reglamento acusado.
Hechas las precisiones anteriores, cabe observar que el Congreso de la República mediante la Ley 218 de 1995, que modificó el Decreto 1264 de 1994, creó estímulos dirigidos a quienes decidieron invertir en las zonas afectadas por el sismo y la avalancha del Río Páez, cuyas condiciones económicas empeoraron con la tragedia, a efecto de promover y restaurar la economía de la zona, reactivando la producción y distribución de productos, manufacturas y algunos servicios, mediante la vinculación de nuevos capitales.
Por medio de la citada ley se dictaron medidas fiscales de estímulo a la inversión a través de la desgravación, orientadas a la recuperación económica y social de la región y dirigidas a las empresas preexistentes, a las nuevas que se instalaran en las jurisdicciones territoriales de los municipios de los departamentos de Cauca y Huila que el artículo 1º menciona como zonas afectadas y para los inversionistas en tales empresas.
El artículo 5º de la Ley contiene los instrumentos económicos adoptados para incentivar las inversiones; regula el tratamiento tributario de las nuevas inversiones que se efectúen en las zonas afectadas y prevé los mecanismos mediante los cuales se concretan los beneficios fiscales.
En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se observa, que en su demanda los actores acusan la ilegalidad del reglamento, por considerar que excede el texto de la ley, en cuanto dispone que las nuevas inversiones sólo se pueden solicitar como un menor valor del impuesto por pagar en el período gravable siguiente al de la inversión y no en el mismo en que ésta se realiza, en la forma como lo prescribe la ley.
Acusan entonces, que el gobierno extendió el tratamiento excepcional previsto para la renta exenta, al del menor valor del impuesto por pagar, estableciendo un condicionamiento no previsto en la ley e impidiendo que se tome la inversión como descuento tributario en el mismo año en que ésta se realice.
Como antes se advirtió el artículo 5º de la Ley 218 de 1995, consagra el tratamiento y prerrogativas tributarias para los inversionistas que cumplan los requisitos en ella establecidos. Otorga la ley beneficios fiscales consistentes en la posibilidad de solicitar como deducción, renta exenta o descuento tributario, el valor de las inversiones, para cuya concreción ofrece las siguientes alternativas:
La primera tratar el valor de la inversión como deducción, esto es, restarla de la renta bruta, caso en el cual el beneficio opera en el mismo período fiscal en que se efectúa la inversión, aspecto sobre el cual las accionantes no plantean discrepancia alguna con el reglamento.
Consagra la ley una técnica desgravatoria que otorga la posibilidad al inversionista de optar por cualquiera de los beneficios mencionados, circunscribiéndola a la facultad de elegir uno cualquiera de ellos; por lo que resulta claro que el uso de los diferentes mecanismos debe hacerse en el período gravable y condiciones señaladas por la ley, como quiera que la opción para el contribuyente no se extiende a elegir el período gravable en el cual se solicite el beneficio.
Así mismo, la norma otorga la opción al inversionista para que aplique el valor invertido como un menor valor del impuesto por pagar (descuento tributario) o como renta exenta. Advierte la ley, que “en ningún caso podrá aplicarlo simultáneamente a ambos rubros” esto es, que su uso no puede ser concurrente, lo que significa que, por ser excluyentes no pueden coincidir dos o más beneficios, tratarse como renta exenta y a la vez como descuento.
De esta forma resulta claro que las mismas disposiciones que regulan los beneficios fiscales, contienen los límites y condiciones para su ejercicio. La ley considera como equivalentes, en tanto en los dos casos se trata conceptualmente de un beneficio fiscal, e independientemente de su mayor o menor grado de conveniencia cuantitativa para el contribuyente, para efectos del beneficio las expresiones “menor valor del impuesto” y “renta exenta”, por lo mismo excluye su aplicación simultánea.
A juicio de la corporación, la prohibición de utilizar uno y otro beneficio “simultáneamente” implica que la utilización de los incentivos deba hacerse en el mismo período fiscal; en sentido contrario sobraría la advertencia, que de esta forma preserva el principio de la independencia de las anualidades fiscales y desarrolla el concepto de “simultaneidad” empleado por la ley, por lo que es presupuesto de la norma la coincidencia de hechos en el tiempo.
La ley al señalar que “el inversionista podrá optar por aplicar el valor invertido como menor valor del impuesto por pagar o como renta exenta”, empleó el vocablo “optar”, que conforme a la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa “escoger una cosa entre varias”, esto es, que el inversionista podrá elegir, entre opciones comparables como elegibles en razón de su operancia en el tiempo, la alternativa impositiva, que más convenga a sus intereses, desde luego en los términos de la propia ley, pues si hay una opción real frente a las nociones “menor valor del impuesto” o “renta exenta”, la elección debe ser en las mismas condiciones ofrecidas precisamente para el mismo período fiscal. De otra forma el inversionista no podría comparar en el mismo período gravable los beneficios y acogerse a uno de ellos. Otra cosa es que el contribuyente en ejercicio de la autonomía de su voluntad, acoja aquélla que le represente un mejor beneficio conceptual para él.
Así mismo, la prohibición de la ley en el sentido de que no habrá concurrencia de beneficios no sólo se refiere a lo planteado por los demandantes acerca de que la misma no puede darse con respecto a diferentes vigencias, sino que, existiendo simultaneidad temporal en la oportunidad para gozar del beneficio “para el período gravable siguiente”, en dicha oportunidad sólo podrá hacerse uso de uno de tales beneficios.
La circunstancia de que en el formulario oficial aparezca la casilla correspondiente al descuento, no significa nada diferente de reconocer y conceder la oportunidad de gozar del mismo a quienes hubieren efectuado inversiones en 1995.
Se advierte que el artículo 5º constituye una unidad normativa que debe interpretarse en forma sistemática, y que la utilización de los tratamientos preferenciales debe hacerse estrictamente en los términos de la ley; por lo que no resulta jurídico su fraccionamiento para deducir que las alternativas tributarias que allí se consagran, concretamente el descuento y la exención, no establecen condicionamiento alguno y operan en período gravable diferente y que por ello la opción de tratar la inversión como “menor valor del impuesto a pagar” procede en el mismo año en el cual ésta se efectuó.
De otro lado, encuentra la Sala que las argumentaciones del distinguido coadyuvante Dr. Rojas Serrano, parten de una premisa que definitivamente no se comparte, cual es la de considerar que el artículo 5º de la Ley 218 de 1995 “no establece ninguna clase de limitaciones ni condicionamientos para que opere el descuento tributario para el mismo año en que se realice la inversión”, pues la interpretación de la Sala es que el citado artículo precisamente establece una condición: que del beneficio en cuestión se haga uso en “el período gravable siguiente”, a aquél en el cual se efectúa la inversión. Siendo así, es decir, partiendo de premisas diferentes, la conclusión necesariamente, a fortiori, será de la misma manera diferente.
Se repite entonces, que el uso de las opciones establecidas en la ley, de tratar el monto de las inversiones como “menor valor del impuesto” o como “renta exenta”, debe tener ocurrencia en el mismo período fiscal, que es el gravable siguiente a aquél en el cual se efectuaron las inversiones, independientemente del grado de beneficio que le reporte al destinatario la alternativa que elija y tenida en cuenta la prohibición de su aplicación simultánea.
En relación con la pretendida violación del artículo 338 de la Carta por haberse arrogado el ejecutivo la facultad legislativa “al crear condicionamientos no previstos en la ley para e ejercicio de un derecho” no encuentra la Sala configurada la infracción, en la medida en que no fue demostrado que la expresión demandada del reglamento excediera a la ley, o que variara su alcance y finalidad, pues como se insistió a lo largo de este fallo, tanto la ley como el reglamento remiten a que el empleo de las alternativas de la renta exenta o el descuento, se deben efectuar en el año siguiente al de la inversión.
Conforme a lo precedente, no encuentra la corporación, que sea cierto que el reglamento exceda a la norma superior en cuanto a la oportunidad para solicitar el descuento y que contrario al texto legal, haya “arreglado la ley” y diferido la utilización del menor valor del impuesto, para el período gravable siguiente al de la inversión, puesto que para la Sala resulta claro que la opción del descuento tributario, debe ser empleada en la misma oportunidad prevista para la alternativa de la exención, vale decir, en el período gravable siguiente al de la inversión, de donde se concluye que el cargo de la demanda no está llamado a prosperar.
Por exceder el marco respecto del tema y petitum de la demanda que es materia de coadyuvancia, la Sala se abstiene de efectuar pronunciamiento sobre la pretensión subsidiaria del coadyuvante, en el sentido de que se declare que el decreto acusado no rige para el año gravable de 1996.
Finalmente, la Sala no se pronunciará sobre los argumentos extrajurídicos esgrimidos por los memorialistas, pues se observa, cómo bajo diferentes estratagemas se ha pretendido desnaturalizar la esencia de la acción pública, cual es su objetividad, al pretender allegar a los autos argumentos o razones que al apuntar más al interés que a los principios —que a través de aquélla el ordenamiento busca preservar—, han pretendido imprimirle al caso concreto un no desconocible sentido subjetivo.
Esta corporación en ejercicio de su función jurisdiccional simplemente examina la conformidad de los actos administrativos con las normas superiores y declara su legalidad o ilegalidad. En estricto sentido la función de la jurisdicción contencioso administrativa es la de velar por la conformidad de los actos administrativos con el ordenamiento superior que los inspira y determina.
(Sentencia de diciembre 9 de 1998. Expediente S-758. Consejero Ponente: Dr. Julio E. Correa Restrepo).
Con todo respeto debo apartarme de la decisión mayoritaria al contener ésta apreciaciones de las cuales discrepo, como lo consigno en su orden a continuación.
a) Cosa juzgada. Fundamento esencial de esta figura jurídica radica “en el poder del juez”, es decir, la competencia y la facultad que éste ejerce para apartar la controversia de la ordenación jurídica.
Por ello resulta deleznable el argumento de la competencia de una Sección del Consejo de Estado, para separar de la controversia, examen y la decisión de la Sala Contencioso Administrativa, cualquier materia jurídica que haya sido tratada por la primera.
Ello equivale a cercenar y parcelar la competencia de la Sala Contencioso Administrativa y a declarar intangibles las decisiones de las secciones especializadas, que ejercen funciones delegadas de la primera.
Cuando un proceso es llevado a la Sala Contencioso Administrativa, por importancia, como sucedió en este caso, no es simplemente para ratificar o adherir a la jurisprudencia de las secciones, sino para enriquecer o modificar, si es el caso, esa jurisprudencia.
b) La norma demandada. Considero evidente la extralimitación reglamentaria del parágrafo 1º del artículo 9º del Decreto 2422 de 1996, al señalar que no es posible tomar la inversión como menor valor del impuesto a pagar en el período en que se realiza la inversión, sino en el período gravable siguiente.
El artículo 5º de la Ley 218 de 1995, estableció una opción para el inversionista, que la norma reglamentaria hace nugatoria al equiparar las opciones, llevándolas ambas al período gravabIe siguiente al de la inversión, cuando la ley es clara al dejar la opción de tratar lo invertido como deducción en el mismo periodo en que se efectúa el gesto y diferir el tratamiento de ese mismo valor como renta exenta al período gravable siguiente al de la inversión.
Por esta razón, se produjo la ley aclaratoria 383 de 1997, y así lo reconoce en su providencia la Sección Cuarta en su sentencia del 11 de julio de 1997.
Tratándose, de una ley aclaratoria, es menester reconocer la oscuridad y cambio arbitrario del estatuto reglamentario (D. 2422/96) y no concluir que la norma que debe aplicarse es precisamente la extralimitante, cuando la lógica indica que debe acudirse al tenor literal y al espíritu de la norma desbordada (L. 218/95, art. 5º).
Las mismas oscilaciones legislativas, plasmadas inicialmente en la Ley 218 de 1995, creadora de una opción clara; su tergiversación por el estatuto reglamentario (D. 2422/96, art. 9º) y su regreso por la vía aclaratoria de la Ley 383 de 1997, a las previsiones de la norma primigenia, indican la arbitrariedad de la norma demandada y por ende la prosperidad que debieron tener las peticiones de la demanda.
En esta forma dejo expuestas, las razones de mi inconformidad.
Me permito aclarar mi voto manifestando que aun cuando no comparto la tesis que sostiene que el parágrafo 1º del artículo 9º del Decreto Reglamentario 2422 de 1996 no violó el artículo 5º de la Ley 218 de 1995, era imposible acceder a las súplicas de la demanda en este proceso, por impedirlo la sentencia de 11 de julio de 1997 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del proceso Nº 8228, la cual hizo tránsito a cosa juzgada.
Conforme al artículo 175 del CCA, la sentencia que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada.
En el proceso Nº 8228 se controvirtió la legalidad del artículo 9º del Decreto 2422 de 1996 por las mismas razones que en este proceso se alegaron y por eso aun cuando además de los artículos 5º de la Ley 218 de 1995 y 189-11 de la Constitución Política se invocó también el artículo 338 de la Carta, el concepto de la violación es idéntico y en consecuencia no era posible variar una decisión ya tomada sobre el particular.
Considero sí, que se hubieran podido hacer algunas consideraciones acerca de la no aplicabilidad del Decreto 2422 de 1996.
En efecto, aún cuando fue expedido el 31 de diciembre de 1996, solo fue publicado el 22 de enero de 1997, luego su vigencia solo comenzó en esa fecha.
Así las cosas, no puede aplicarse a períodos gravables anteriores; y como posteriormente fue derogado por el Decreto 890 de 1997, publicado el 4 de abril de ese año, ello hizo imposible su aplicabilidad mas aún después de la expedición de la Ley 383 de 1997, que vino a aclarar la 218 de 1995 sobre el modo como operan los beneficios tributarios para los inversionistas que se acogieron a ella.
Diciembre 15 de 1997.
Como lo expresé en la discusión del proyecto aprobado por la Sala, si en este proceso se controvierte la legalidad del artículo 9º del Decreto 2422 de 1996 por violación del artículo 5º de la Ley 218 de 1995 y 189-11 de la Constitución Política, tal aspecto ya había sido definido por la Sección Cuarta en la sentencia del 11 de julio de 1997, expediente 8228. Por consiguiente, se encuentra probada la excepción de cosa juzgada.
Esa fue la decisión que implícitamente tomó la Sala al examinar en la motivación la excepción de cosa juzgada para concluir que como:
“...la Sección Cuarta tuvo la oportunidad de analizar los cargos sustentados bajo el mismo concepto de violación, se colige que en relación con las dos normas antes citadas, se deberá estar a lo allí dispuesto, en atención a que sobre los mismos existe cosa juzgada parcial”.
Lo lógico habría sido declarar en forma expresa la excepción de cosa juzgada de manera oficiosa en la parte resolutiva de la sentencia como lo permite el artículo 167 inciso 2º del CCA y lo ordena el artículo 364 del C. de P.C. en cuanto señala que allí debe existir decisión expresa y clara sobre las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas.
No obstante que se trata de una discrepancia por omisión en la parte resolutiva, ésta puede obviarse con una interpretación de la providencia y por ese motivo formulo aclaración y no salvamento de voto.
Diciembre 18 de 1997.
Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sala Plena, me permito sintetizar las razones que me llevaron a separarme de lo resuelto, así:
1. La demanda se enderezó a obtener la nulidad parcial del parágrafo 1º del artículo 9º del Decreto Reglamentario 2422 del 31 de diciembre de 1996, en la frase que dice: “en el período gravable siguiente a aquél en el cual se realiza la inversión”, por considerarlo violatorio del ordinal 11, artículo 189 de la Constitución Política y del artículo 5º de la Ley 218 de 1995.
2. Dicha frase, a juicio de los demandantes, determina que la posibilidad de tomar la inversión como menor valor del impuesto a pagar opera para el período gravable siguiente, y no para aquél en el cual se realiza la misma.
3. En cambio, la Ley 218 del 11 de noviembre de 1995, expedida a raíz de la catástrofe del río Páez, creó una serie de beneficios para las empresas que se instalaran en dicha zona, y para los inversionistas de ellas. Ciertamente, el artículo 5º dispuso en su inciso 1º que las nuevas inversiones en las empresas de la zona afectada permitirían deducir de la renta del ente inversionista el monto del desembolso respectivo.
4. A su vez, el inciso 1º del parágrafo del mismo artículo consagró otra alternativa, conforme a la cual las inversiones que empresas nacionales o extranjeras realicen en los municipios señalados en el artículo 1º durante los cinco (5) años siguientes a 1994 constituyen renta exenta por un monto igual al invertido, “para el período gravable siguiente”, consideración que se previó únicamente para este evento.
5. El mismo parágrafo consagra en su inciso final una tercera opción, que consiste en que el inversionista puede aplicar el valor invertido como menor valor del impuesto por pagar, esto es, como descuento tributario.
6. Para reglamentar dicha ley se dictó el Decreto 2422 del 31 de diciembre de 1996, que como se dijo, cambia las reglas del juego, pues mientras la ley difirió para el período siguiente la opción de tomar la inversión como renta exenta, el reglamento lo hizo para la de tomarla como menor valor del impuesto por pagar.
7. Tan cierto es ello, que fue menester expedir la Ley 383 de 1997 para aclarar la situación, como lo acepta la Sección Cuarta en la sentencia del 11 de julio de 1997, dictada en el expediente Nº 8228, actor: Paul Cahn Speyer W.
8. Ahora bien; considero que no se dieron los elementos que configuran la cosa juzgada por virtud de esta decisión, habida cuenta de que la demanda no coincide exactamente con la que dio lugar a ese pronunciamiento, y antes bien, contiene elementos nuevos que no tenía aquélla. Por consiguiente, considero que lo resuelto en dicho asunto no ata ni condiciona a la Sala Plena, y por ende, no le impedía enriquecer o modificar esos razonamientos.
Así las cosas, me parece claro que bajo estas consideraciones han debido prosperar las pretensiones de la demanda.
Enero 14 de 1998.
Por compartir en su integridad las razones expuestas por el Consejero Doctor Ricardo Hoyos Duque en su aclaración de voto, adhiero al mismo.
Enero 20 de 1998.
Con el debido respeto para con los restantes miembros de la Sala, me aparté de la decisión adoptada por la mayoría en providencia del 9 de diciembre de 1997, por razonamientos iguales a los que han consignado en su salvamento de voto los distinguidos colegas doctor Javier Díaz Bueno (fls. 159 a 161) y Carlos Arturo Orjuela Góngora (fls. 170 a 172), a quienes respetuosamente solicito se me permita adherir a los mismos.
Solicitaron los demandantes se declarara nulo el parágrafo primero del artículo 8º del Decreto 2422 de 1996, no lo que dice “en el período gravable siguiente a aquél en el cual se realiza la inversión”.
La Sala, mediante sentencia de 9 de diciembre de 1997, decidió denegar las pretensiones de la demanda.
Pero el asunto había sido ya decidido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia de 11 de julio de 1987 (expediente 8.228).
Por ello, había cosa juzgada, en conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo.
Marzo 11 de 1998.
Aun cuando comparto la decisión adoptada en el proceso de la referencia, mi discrepancia se debe a que no obstante que en la parte considerativa de la misma se razonó sobre la existencia del fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en razón de que la Sección Cuarta en la sentencia de 11 de julio de 1997 (Expediente 8228, Actor: Paul Cahn Speyer Wells, Consejero ponente doctor Julio Enrique Correa Restrepo) se había pronunciado ya sobre los cargos de violación de los artículos 5º de la Ley 218 de 1995 y 189, numeral 11, de la Constitución Política frente al parágrafo primero del artículo 9º del Decreto 2422 de 1996, los cuales también se plantean en el presente proceso con idéntico concepto de violación, sin embargo se omitió en la parte resolutiva declarar probada la excepción de cosa juzgada frente a dichos cargos de violación, lo cual debió hacerse oficiosamente, según lo prescribe el inciso 2º del artículo 164 del CCA.
En apoyo de mi aserto, resalto el siguiente aparte de la sentencia que motiva esta aclaración:
“... Se observa entonces, que tanto en el juicio Nº 8228 como en el presente, existe identidad de objeto, toda vez que las peticiones de ambas demandas apuntan a obtener la declaratoria de nulidad parcial del parágrafo 1º del artículo 9º del Decreto 2422 de 1996. En relación con la “causa petendi” o motivos de nulidad alegados, se constata que las razones que sirvieron de fundamento para solicitar la nulidad en el proceso Nº 8228 bajo los cargos de violación de los artículos 5º de la Ley 218 de 1995 y 189-11 de la Constitución, se basaron en idénticos argumentos a los expuestos en la presente demanda, pues la acusación específica contra la disposición radica en que el reglamento extendió y postergó en forma ilegal, para el período gravable siguiente al de la inversión la opción de aplicar su monto como menor valor del impuesto (descuento tributario) y no en el mismo período en que ésta se efectúa, como consideran los actores, prevé la ley.
Como quiera que en la forma como atrás se expresó, la Sección Cuarta tuvo la oportunidad de analizar los cargos sustentados bajo el mismo concepto de violación, se colige que en relación con las dos normas antes citadas, se deberá estar a lo allí dispuesto, en atención a que sobre los mismos existe cosa juzgada parcial...” (Las negrillas fuera de texto).
Se imponía, en consecuencia, al ser negativo de la nulidad del parágrafo primero del artículo 9º del Decreto 2422 de 1996 el pronunciamiento de la Sección Cuarta en la referida sentencia de 11 de julio de 1997, dar aplicación en la parte resolutiva de la sentencia que motiva esta aclaración al inciso 2º del artículo 175 del CCA, el cual es muy claro en señalar que “La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada”.
Con todo respeto por lo decidido por la mayoría de la Sala Plena y por disentir de algunos aspectos, manifiesto que comparto las razones expuestas por los H. consejeros Javier Díaz Bueno y Carlos Arturo Orjuela Góngora en los escritos mediante los cuales sustentan su salvamento de voto.

References: artículo 9
 artículo 37
 artículo 147
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 338
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 338
e contrario
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 175
 artículo 9
 artículo 338
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 167
 artículo 364
 artículo 9
 artículo 189
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 175
 artículo 9
 artículo 164
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 175