Source: https://studylib.es/doc/385957/recurso-de-queja-lugares-de-alojamiento
Timestamp: 2018-11-16 16:37:12+00:00

Document:
Recurso de Queja Lugares de Alojamiento
RECURREN EN QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN –
MANTIENEN CUESTIÓN CONSTITUCIONAL Y RESERVAS – PLANTEAN
NUEVA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL
Excelentísima Cámara Nacional de Casación Penal:
JUAN PABLO VIGLIERO (T.61, Fo.308 y ALFREDO A.A.
SOLARI (T.XIII, Fo.403), abogados defensores de los Sres. Capitanes don Raúl
Enrique SCHELLER y Carlos Octavio CAPDEVILA, ya presentados en los autos
que más abajo indicamos y en las causas que involucran los presentes actuados,
constituyendo domicilio en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 938 – 5º A, ante V.E. nos
presentamos y decimos como sigue.
I.-AUTOS EN LOS QUE COMPARECEMOS Y RADICACIÓN DE LOS MISMOS.
Que mediante esta presentación directa comparecemos
ante V.E. en la Causa N° 23.307 correspondiente a los autos caratulados: Causa
No. 14.217/03 “E.S.M.A. s/Delito de Acción Pública – INCIDENTE RELACIONADO
CON LOS LUGARES DE ALOJAMIENTO DE LOS DETENIDOS, de Rodolfo Yanzón – INC. 40”).
Que dichas actuaciones, con el número indicado, se encuentran en trámite por ante la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
II.-RECURREN EN QUEJA POR DENEGACIÓN DE
Que conforme prevén los arts.476 y concords. CPP, contra la denegatoria del recurso de casación deducido en los autos indicados, rechazo
decidid por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal citada con fecha martes 25 de Abril de 2006, y que nos fuera notifi-
cada con fecha martes 2 de mayo de 2.006, venimos a deducir el presente recurso de queja a fin de que, conociendo en el mismo, V.E.: declare mal denegado el
remedio interpuesto contra la resolución que modificó la decisión del juez de
primera instancia relativa al modo y forma de cumplimiento de la prisión preventiva por nuestros asistidos, conceda el mismo en cuanto fue materia de impugnación casatoria, y mande proceder según el trámite respectivo. Se adjunta copia de cédula de notificación y resolución denegatoria (Anexo ‘A’)
III.-PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN
1.-Que a efectos de evitar repeticiones sobreabundantes,
nos remitimos íntegramente a los términos del recurso de casación interpuesto,
acompañando copia íntegra de dicha presentación (Anexo ‘B’) como así también de
la resolución de Cámara recurrida por la vía casatoria (Anexo ‘C’), y de la resolución del Juez de primera instancia (Anexo “D”).
2.-Que en consecuencia, en lo que sigue formulamos la
crítica al decisorio denegatorio que motiva esta presentación directa.
a.-Sostiene el tribunal ‘a quo’ que no se daría en la especie el requisito del art. 457
CPP para la procedencia del remedio casatorio, en tanto la decisión recurrida no
sería definitiva ni equivalente.
b.-Para confutar tal argumentación corresponde señalar:
b.1.1) En primer lugar, que tiene decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación
“Si bien las sentencias de la Corte Suprema deben limitarse a
lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional, el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento
cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden
público, toda vez que LA EVENTUAL EXISTENCIA DE UN VICIO
CAPAZ DE PROVOCAR UNA NULIDAD ABSOLUTA Y QUE AFECTE
UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL NO PODRÍA SER CONFIRMADA.”
“En materia criminal LA GARANTÍA CONSAGRADA POR EL ART.
18 de la Constitución Nacional exige la OBSERVANCIA DE LAS
FORMAS SUSTANCIALES DEL JUICIO RELATIVAS A LA ACUSACIÓN, DEFENSA, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales.” (CSN, 22/12/94 - G. 91. XXVII. “García, José Armando s/
psa. estelionato y uso de documento falso en concurso ideal s/ casación. Fallos, 317:2043; id. 29/12/1989 - T. 209. XXII “Tarifeño, Francisco”, Fallos, 325:2019; doctrina concorde también en CSN, 7-6-2005,
J.25. XXXIX. “Jurevich, Carlos Alberto s/ causa N° 3411".).
Que asimismo tiene dicho el tribunal casatorio que:
“..el proceso penal es un conjunto de actos sistemáticamente regulados por la ley procesal que se cumplen en forma gradual,
progresiva y concatenada, es decir, sucediéndose en diversos grados o etapas en función de un orden preclusivo, y ligados de manera tal que cada uno es, en principio, consecuencia del anterior
y presupuesto del que le sigue (cfr. De la Rúa, Fernando "Teoría General del Proceso. El proceso. Actos y sanciones procesales", p. 63, Buenos
Aires, 1991).” (CNCP, sala III, 13/11/1997 – “Bensadón, Germán”).
En sentido análogo ya se había pronunciado la Corte Suprema de Justicia ‘in re´
”Mattei, Ángel” (CSN, 1968 Fallos, 272:188, consid.8º).
Que consecuentemente con ello, requerimos a la Cámara Nacional de Casación
Penal en el remedio denegado para que, con carácter previo y ejerciendo su
función jurisdiccional de subsanar nulidades 1, declare la nulidad de todo lo
Pues “constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aun de ofi-
actuado en este incidente, sus vinculados y la causa principal 14.217/03 (clon de
la c.761, originaria de la referida) -por afectar expresas garantías constitucionales
(arts.18 CN,168 CPP)-, nulidad que abarcará desde la resolución plenaria de la
Cámara Federal de fecha 1º de septiembre de 2.003 -que promueve la acción penal pública sin capacidad legal ni constitucional para hacerlo-, y comprenderá a
todas las demás actuaciones que son su consecuencia, en cuanto todo ello constituye inválido presupuesto de la resolución aquí atacada.
Pues como ha decidido la Corte Suprema:
“la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada.”
(CSN, 22/12/94 -G. 91. XXVII.”García, José
Armando”, Fallos,. 317:2043)
Y en mérito a ello, en dicho remedio solicitamos a la Cámara Nacional de Casación Penal sobresea en esta causa por haber fenecido la misma largo tiempo ha
por cosa juzgada firme, afectando su restablecimiento las garantías constitucionales del ‘non bis in idem’, la de ser juzgado en plazo razonable, y la de irretroactividad de la ley penal más gravosa (art.18 CN, y pactos de jerarquía constitucional, 75:22 y 31 CN);
Declarando asimismo -también en función del carácter previo de la cuestión 2, y
su función de tutela de la garantía del art. 18 CN 3-, la prescripción cumplida de
todos los delitos acriminados.
cio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al
orden público (confr. doctrina de la causa R. 227-XXII "Rodríguez Soca, Eduardo M. s/acción de
hábeas corpus", resuelta del 25 de abril de 1989, consid. 9° y sus citas --La Ley, 1989-D, 33--) toda
vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una
garantía constitucional no podría ser confirmada (Fallos: 183:173; 189:34)” (CSN, 29/12/1989 - T.
209. XXII “Tarifeño, Francisco” , Fallos, 325:2019). Id. CNCP, sala III, 13/11/1997 – “Bensadon,
Germán”. Cnfrme. CNCP, sala II, 12/02/1997, - “Mancini, Antonio y otros s/recurso de casación”.
2 Confrme. CSN: “La extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente, de tal suerte que debe ser declarada de oficio, por cualquier tribunal, en cualquier estado de la causa, en forma previa a cualquier decisión sobre el
fondo y corre y se opera en relación a cada delito aún cuando exista concurso de ellos.” (CSN,
23/10/01,Fallos T. 324:3583)
Asi ha sostenido la CSN que:” como se destacó en Fallos 312:2075), el pronunciamiento garantizador del art. 18 CN. puede consistir naturalmente en la declaración de la existencia de esa excepción.” (CSN, 04/05/2000 – “Amadeo de Roth, Angélica Lía” - Fallos, 323: 982).
Disponiendo en consecuencia la inmediata libertad de nuestros asistidos.
b.1.2) Que en función de la citada jurisprudencia y el control que corresponde a la
Cámara Nacional de Casación Penal respecto de la grave nulidad que afecta: a la
causa principal del presente, a este incidente –y todos sus vinculados-, pierde relevancia la consideración formal del carácter de la decisión recurrida (sobre lo que
la Cámara hace pie), CUANDO –como en la especie- LO QUE ESTÁ EN JUEGO
ES EL ALCANCE EFECTIVO DE LA GARANTÍA DE DEFENSA EN JUICIO EN
DEBIDO PROCESO LEGAL, conforme clara y extensamente fundamos en el recurso de casación, y a cuyos términos nos remitimos sin que el agravio sea
susceptible de reparación ulterior pues cada día de una privación de libertad
decidida en una causa nula, es definitivo é irreparable.
b.1.3) Doctrina jurisprudencial la citada que, además, por provenir del alto tribunal
interpretando la constitución nacional, es vinculante y obliga a todos los tribunales
inferiores de la Nación, pues –como también lleva decidido la Corte Suprema:
“...los jueces deben conformar sus resoluciones a las decisiones
que en casos análogos dicte este tribunal haciendo jurisprudencia.” (CSN, ‘M.Videla vs. V.García Aguilera’, Fallos, T.IX:53; T.X:94;
T.XV:336; T.XVII:453; T.XXX, p’280).
b.2) En segundo lugar, la denegatoria tampoco consulta otra jurisprudencia de la
Corte Suprema de especial relevancia en el caso, que ha decidido que:
“12) Que la regulación establecida por el ordenamiento procesal
vigente no impide la revisión de sentencias como la recurrida en
las presentes, ya que si bien el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación, hace referencia al concepto de sentencia definitiva, el art. 14 de la ley 48 y el art. 6 de la ley 4055, contienen
idéntica redacción; sin perjuicio de lo cual esta Corte desde hace
ya varias décadas ha establecido el concepto de sentencia equiparable a definitiva para aquellos pronunciamientos que si bien
no ponen fin al pleito, pueden generar un perjuicio de imposible
o tardía reparación ulterior, y por lo tanto requieren tutela judicial inmediata.
“Corresponde entonces afirmar que el concepto de sentencia
equiparable a definitiva para el recurso extraordinario, no difiere del establecido para el recurso de casación, tomando en cuenta el carácter de tribunal intermedio de la cámara homónima,
siempre que se invoque en los planteos recursivos UNA CUESTIÓN
FEDERAL O LA ARBITRARIEDAD del pronunciamiento conforme la
doctrina de esta Corte.
“CUALQUIER OTRA INTERPRETACIÓN DEL ART. 457 DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL, CONLLEVA UN EXCESIVO FORMALISMO DEL
QUE PODRÍA RESULTAR UN SERIO MENOSCABO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN QUE SE FUNDA EL RECURSO. Ello
es así pues, en la medida que esta Corte ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones, aún antes de la sentencia definitiva, acerca del alcance de las mismas disposiciones constitucionales que encierra la
cuestión federal invocada en el recurso extraordinario (Fallos: 14:223;
135:250; 139:67; 284:359 y 308:2091).
“Finalmente y en este orden de ideas, cabe concluir que "en supuestos como el presente en los que se encuentra en juego la interpretación de una norma procesal, es aplicable el principio con
arreglo al cual LAS LEYES DEBEN INTERPRETARSE teniendo en
cuenta el contexto general y los fines que la informan, DE LA
MANERA QUE MEJOR SE COMPADEZCAN Y ARMONICEN CON EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO RESTANTE Y CON LOS PRINCIPIOS Y
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, en tanto con ello no se fuerce
indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso
(Fallos: 256:24; 261:36; 307:843; 310:933 y sus citas)...incluso, que
en casos no expresamente contemplados, HA DE PREFERIRSE LA
INTELIGENCIA QUE FAVORECE Y NO LA QUE DIFICULTE AQUELLA
ARMONÍA y los fines perseguidos por las reglas (Fallos: 303:1007,
1118 y 1403, entre otros)" (conf. Dictamen del señor Procurador General
en Fallos: 319:585).
“13) Que en virtud de lo expuesto, corresponde afirmar que
SIEMPRE QUE SE INVOQUEN AGRAVIOS DE NATURALEZA FEDERAL QUE HABILITEN LA COMPETENCIA DE ESTA CORTE, POR VÍA
en el ámbito de la justicia penal nacional
conforme el ordenamiento procesal vigente, ESTOS DEBEN SER
TRATADOS PREVIAMENTE POR LA CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL, en su carácter de tribunal intermedio, constituyéndose de esta manera en tribunal superior de la causa para la
justicia nacional en materia penal, a los efectos del art. 14 de la
ley 48.” (CSN, 3-5-2005 - D. 199. XXXIX. “Di Nunzio, Beatriz H.”)
Que es manifiesto que a la luz de dicha jurisprudencia, y en consideración de los
agravios que motivaran el recurso de casación rechazado, el misma ha sido mal
b.3) En tercer lugar, el decisorio impugnado que rechaza el recurso de casación,
convalida la violación de la obligación de reconocer y garantizar los derechos establecidos por la Convención (arts.1 y 2 PSJCR) en que ha incurrido
la Cámara ‘a quo’ al confirmar –con su sentencia recurrida en casación- la violación de una expresa y definida garantía de jerarquía constitucional y de derecho
internacional cual la consagrada en los arts.18 CN, 8: PSCJR y 14 PIDCyP (31 y
75:22 CN), esto es, el derecho del imputado al debido proceso legal, vulnerado
en la especie por la reapertura de causas fenecidas, la asunción por el tribunal de alzada de una potestad requirente que constitucionalmente no tiene (art.120 CN; y doctrina CSN ‘in re’ 23/12/2004 Q. 162. XXXVIII. -"Quiroga, Edgardo Oscar s/ causa N° 4302"), y la inconstitucional sujeción a juicio sobre la
base de una categoría inexistente en el código penal argentino (cual la políti-
Y la interpretación del alcance de una garantía constitucional siempre surte la jurisdicción apelada de la CSN, pues ella misma tiene establecido desde antiguo que: “...es
el intérprete final de la constitución, por cuya razón siempre que se haya puesto en
duda la inteligencia de alguna de sus cláusulas y la decisión sea contra el derecho
que en ella se funda, aunque el pleito haya sido resuelto en un tribunal del fueron común, la sentencia queda sujeta a la revisión de la Suprema Corte.” (CSN, 1863 - ‘Benjamín Calvete’, Fallos, T.I: 297)
camente declamada categoría de “delitos de lesa humanidad”), inexistencia que
se verifica no sólo a la época de los hechos 5 sino aún en la actualidad.
Que con respecto a tal obligación de reconocer y garantizar a toda persona, y por
ende, a todo justiciable, los derechos de la Convención, tiene decidido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que:
“144. Es un principio básico del derecho de la responsabilidad
internacional del Estado, recogido por el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, que TODO ESTADO ES INTERNACIONALMENTE RESPONSABLE POR TODO Y CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE CUALESQUIERA DE SUS PODERES U ÓRGANOS EN VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS INTERNACIONALMENTE CONSAGRADOS (108). EL ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN ESTABLECE, CON
REFERENCIA A LAS ACTUACIONES Y OMISIONES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES INTERNOS, LOS ALCANCES DEL MENCIONADO
PRINCIPIO DE GENERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR LOS ACTOS DE TODOS LOS ÓRGANOS del Estado (109).
“145. Los Estados TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE CONSAGRAR
NORMATIVAMENTE Y DE ASEGURAR LA DEBIDA APLICACIÓN DE
LOS RECURSOS EFECTIVOS Y LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO LEGAL ante las autoridades competentes, que amparen a
todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen
sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación
de los derechos y obligaciones de éstas (110).
“147. EN RELACIÓN CON EL PROCESO PENAL, es menester señalar que la Corte, al referirse a las garantías judiciales, también
conocidas como garantías procesales, ha establecido que PARA
QUE EN UN PROCESO EXISTAN VERDADERAMENTE DICHAS GARANTÍAS, conforme a las disposiciones del artículo 8 de la Con5
Y de la cual es acabada constatación la sentencia de la Causa 13/84 de la CCCFed.CF del 9-12-1985,
que condenó a los comandantes den jefe de las tres primeras juntas militares, en la cual brilla por su
ausencia la categoría referida.
vención, ES PRECISO QUE SE OBSERVEN TODOS LOS REQUISITOS QUE "SIRV[A]N PARA PROTEGER, ASEGURAR O HACER VALER
LA TITULARIDAD O EL EJERCICIO DE UN DERECHO", es decir, las
"condiciones que DEBEN CUMPLIRSE PARA ASEGURAR LA ADECUADA DEFENSA de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial" (103).”
(Corte IDH 02/07/2004,
Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica).
Es claro que en el presente caso la Cámara se protege a sí misma no revisando
sus propios actos nulos, convalidándolos inconstitucionalmente de tal manera.
Dejando con ello, en el más absoluto desamparo al derecho al debido proceso legal que a nuestros defendidos le acuerdan los pactos de jerarquía
Si ésto no es agravio, ya no comprende esta defensa qué lo sea.
Claro es también que aquí, la Cámara no quiere que su autoconvalidación a la
realización de actos nulos (cual la reapertura de causas fenecidas) quede sujeta a revisión de la Casación.
Y por eso deniega el recurso.
b.4) En cuarto lugar, se encuentra confirmada hoy en día la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia que afirma:
“16) Que, en tal sentido, la violación de un tratado internacional
puede acaecer tanto por el establecimiento de normas internas
que prescriban una conducta manifiestamente contraria, cuanto
por la omisión de establecer disposiciones que hagan posible su
cumplimiento. Ambas situaciones resultarían contradictorias
con la previa ratificación internacional del tratado; dicho de
otro modo, significarían el incumplimiento o repulsa del tratado,
con las consecuencias perjudiciales que de ello pudieran derivarse.”
“21) Que la interpretación del Pacto debe, además, guiarse por la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
uno de cuyos objetivos es la interpretación del Pacto de San José
(Estatuto, art. 1°). (CSN, 7/07/1992 – “Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros”, Fallos 315:1492).
Doctrina ratificada ulteriormente por la Corte Suprema al decidir que:
“La aplicación por los órganos
Argentino de una
norma interna que transgrede un tratado, además de constituir el
incumplimiento de una obligación internacional, vulnera el PRINCIPIO
DE LA SUPREMACÍA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES sobre las leyes internas.” (CSN, 13/10/94 - C. 572. XXIII. “Cafés La
Virginia S.A. s/ apelación (por denegación de repetición)”, Fallos,
317:1282).
Por manera que resulta innegablemente vinculante para el poder judicial de la
Nación la recordada jurisprudencia de la Corte IDH en el citado caso “Herrera
Ulloa”, en cuanto al alcance de la garantía del debido proceso legal pues –como
ha dicho ese órgano supranacional-: “ES PRECISO QUE SE OBSERVEN TODOS LOS REQUISITOS QUE "SIRV[A]N PARA PROTEGER, ASEGURAR O
HACER VALER LA TITULARIDAD O EL EJERCICIO DE UN DERECHO", es
decir, las "condiciones que DEBEN CUMPLIRSE PARA ASEGURAR LA ADECUADA DEFENSA de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial".
Frente a lo cual es innegable que la decisión impugnada por la vía casatoria, reviste el carácter de sentencia equiparable a definitiva pues causa un agravio de
insusceptible reparación ulterior: si en base a la reapertura de una causa fenecida
se mantiene la situación procesal de nuestros defendidos y su encarcelamiento,
la irregularidad consistente en la violación de una garantía de jerarquía
constitucional y de derecho internacional es revisable en instancia extraordinaria por la Corte Suprema de Justicia
Y, en consecuencia, en mérito a ello también procede la revisión previa por
el órgano intermedio, V.E. Cámara Nacional de Casación Penal.
Por ello, ha sido mal denegado el recurso de casación.
c.-Que también vierte la Cámara, en el Considerando IV, una consideración absolutamente dogmática, que no tiene relación alguna con lo expresado en el recurso
de casación, afirmando que “so pretexto de presuntos defectos en la motivación y
bajo el rótulo de arbitrariedad, esa parte sólo intenta cuestionar los fundamentos
por los que la Sala decidió que se aplique la custodia y el régimen penitenciar a
los imputados. Esta evaluación en tanto descansa en una interpretación razonable é integral de la ley y de los elementos de convicción recabados, resulta ajena
al control de las instancias recursivas extraordinarias.”
Pues bien; en primer lugar, es claro que como todo recurso va dirigido a modificar
una resolución que causa agravio, dicho objetivo se procura mediante la confutación de los argumentos de la decisión recurrida. Ó de qué otra manera se
funda un recurso? La Cámara, así, sostiene un sinsentido jurídico, cuya demostración más clara deriva de la simple lectura del art. 463 CPP 6.
En segundo lugar, y según claramente demostramos en el recurso de casación
denegado, no sólo no ha sido razonable la interpretación por la Cámara de la
ley –y la Constitución, que prohíbe restablecer causas fenecidas-, sino que tampoco ha sido integral porque la Cámara ignoró completamente la L.19.101.
Basta leer el recurso de casación, aún someramente, para advertir que el mismo
se funda absolutamente en tales cuestiones de derecho, por lo que la “fundamentación” de la Cámara al denegar el recurso de casación es sólo aparente, una mera afirmación dogmática dirigida a enmascarar su concreta y arbitraria voluntad de
denegar el recurso de casación para impedir la revisión por V.E. de su irregular proceder al restablecer causas fenecidas, preterir la constitución y encarcelar personas ilegalmente.
Que también por este fundamento se sostiene esta presentación directa, por lo
que en mérito a ello asimismo sostenemos que ha sido mal denegado el recurso
“Art. 463.- El recurso de casación será interpuesto …mediante escrito …, en el cual se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la aplicación que se pretende. …”
d.-Que asimismo, consigna la cámara que “Más allá de este disenso con lo expuesto por esta Alzada, no surge cuál es el perjuicio concreto que les ocasiona a sus
asistidos el cambio en el régimen de detención, ahora bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal.”
Parece que la Cámara no hubiera leído el recurso.
Que en efecto, en el mismo se dijo:
“4.-Que la resolución recurrida causa agravio al derecho constitucional
nuestros defendidos a no sufrir una doble persecución penal (art.18, 75:22,31
CN, 8:4 PSJCR y 14:3 ‘7’ del PIDCyP).
“Que asimismo, en autos se surte agravio a la garantía constitucional de inviolabilidad de la defensa en juicio en debido proceso legal, por un lado en los
diversos aspectos que más abajo se desarrollarán, y por otro en cuanto la
misma exige que las sentencias sean derivación razonada del derecho de jerarquía constitucional vigente y aplicable a los
hechos de la causa
(arts.75;22, 18 y 31 CN, 123 CPP) y no –como ocurre en la especie- decisiones fundadas en la subjetiva voluntad del órgano judicial (Fallos, 280:297 ,
327:954 ).
“5.-Que todas las precitadas garantías se encuentran con-sagradas en los
arts. 18 CN, y normas complementarias (pactos de jerarquía constitucional,
art.75:22 CN).
“Su vulneración en autos comporta una clara cuestión constitucional en los
términos de los incisos 1º y 3º del art. 14 de la ley 48.”
Que también, como concretos agravios, se plantearon:
“PRIMER MOTIVO:
“SE ESTIMARON RECURSOS DE PARTES NO LEGITIMADAS PARA RECURRIR.
“ASÍ LA CÁMARA HA CONOCIDO Y DECIDIDO SIN CAPACIDAD LEGAL PARA HACERLO, Y CONSECUENTEMENTE LA RESOLUCIÓN DICTADA ES
NULA (art.167:1º CPP).
“SEGUNDO MOTIVO:
“SE HA DESCONOCIDO LA NORMATIVA QUE REGLA LA JURISDICCIÓN QUE
RIGE EL CASO, AFECTANDO DEBERES LEGALES DEL ESTADO MI-LITAR.”
Para que se vea más claramente la arbitrariedad del pronunciamiento de la Cámara recurrido en esta presentación directa, transcribimos el contenido de este
segundo motivo (cuyas consideraciones, también es claro, motivan la recientísima
resolución de la Ministro de Defensa 7):
“a.-Que cabe recordar aquí que esta causa tramitó conforme al Código de Justicia Militar.
Y asimismo, cabe recordar que la resolución de reapertura de la misma
(Acuerdo plenario citado del 1º/9/2003) no se encuentra firme, pues la Cámara
Nacional de Casación Penal con fecha 10/5/2004 (C.5476 “Scheller, Raúl
s/recurso de queja”, CNCP IV) concedió el recurso de casación deducido por
esta defensa contra la misma.
Que en consecuencia, no se encuentra firme nada de lo decidido en dicha resolución, y en particular, la materia de la aplicación ó no a la presente del Código de Justicia Militar.
Por otra parte, y revocando una decisión de la misma Sala II del tribunal ‘a
quo’, la Cámara Nacional de Casación Penal Sala I ha decidido en el precedente causa N° 5099 “Suárez Nelson, Jorge Ezequiel y otros s/ recurso de queja”
Reg.6349, 20/11/03, la vigencia de la legislación procesal anterior en una causa análoga a la del principal del presente.
“b.-Pues bien: en el principal del presente, a fs.3669/3660, con fecha 27-21987, la Cámara Federal decretó la prisión preventiva rigurosa de nuestro defendido Capitán Capdevila, por aplicación del art 314 CJM.
Res. M Def 444/06, vid. Información de Prensa del Ministerio de Defensa No.091/06 de
fecha 5-5-06 en la que se consigna “…no parece razonable admitir que la ejecución de detenciones preventivas y de penas privativas de libertad de los miembros de las Fuerzas Armadas se efectivice en unidades militares cuando lo que está en juego es la comisión – o la
posible comisión- de los delitos previstos en el Código Penal y no la comisión de delitos
específicos del ¨”estado militar” previstos en el Código de Justicia Militar”, sin cumplirse con
el mandato republicano de publicidad de los actos de gobierno, ya que el web site del
Ministerio no publica las resoluciones, en abierta violación al régimen que dimana del
art. 1 de la constitución nacional. PERO LA RESOLUCIÓN NO EXPLICA PORQUE LA
CCCFED JUZGÓ A LOS MILITARES EN LA CAUSA 13/84 POR EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. Ó la Cámara no sabía entonces el art. 16 CN, y las demás impropias vaguedades que enuncian los fundamentos de la Res.M.Def.444/06?
Asimismo, con fecha 9-3-1987, también decretó la prisión preventiva rigurosa
de nuestro defendido Capitán Scheller, por aplicación del art 314 CJM.
“c.-Ahora bien: dispone el art. 315 CJM:
“ARTICULO 315. - La prisión preventiva rigurosa se cumplirá en buque, fortaleza, cárcel o prisión.”
“Esto es: en guarnición militar, que es como se viene cumpliendo.
“Pues bien: las guarniciones militares están sujetas a jurisdicción militar,
no a jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal, repartición a la que su
ley orgánica 20.416 no le otorga en absoluto jurisdicción sobre dependencias militares.
“Por el contrario, el SPF sólo tiene jurisdicción sobre “los institutos y servicios destinados a la custodia y guarda de los procesados y a la re-adaptación
social de los condenados a sanciones penales privativas y restrictivas de libertad en el territorio de la Capital Federal y de las provincias, dentro de la Jurisdicción del Gobierno de la Nación (art.3 L.20.416), institutos y servicios que
–obviamente- no son militares.
De tal suerte, cuando la resolución impugnada decide la sustitución de la
guarda de los apresados en prisiones militares, por personal del SPF que
no tiene competencia legal sobre el lugar de aprisionamiento –que se
mantiene-, resulta que la Cámara se está apartando de la ley expresa,
creando una competencia que legalmente no existe para el SPF.
Lo cual comporta una indebida inteligencia de la legislación federal, lo
que surte una cuestión constitucional en los términos del inc.3º de la
L.48.
“d.-Por otro lado, la Cámara ha prescindido absolutamente de considerar la
L.19.101, orgánica de las FFAA, y su aplicación al ‘sub lite’.
Esta ley otorga estado militar a nuestros defendidos (arts.5 y 6 L.19.101), disponiendo:
“ARTICULO 5º.“ESTADO MILITAR ES LA SITUACIÓN JURÍDICA QUE RESULTA DEL CONJUNTO DE DEBERES Y DERECHOS ESTABLECIDOS POR LAS LEYES Y
REGLAMENTOS, para el personal que ocupa un lugar en la je-rarquía de las
fuerzas armadas. Grado es la denominación de cada uno de los es-calones de
la jerarquía militar. Jerarquía es el orden existente entre los grados. Actividad
es la situación en la cual el personal militar tiene la obligación de desempeñar
funciones dentro de las instituciones militares o cubrir los destinos que prevean
las disposiciones legales y reglamentarias. RETIRO es la situación en la cual el
personal militar, SIN PERDER SU GRADO NI ESTADO MILITAR, cesa en las
obligaciones propias de la situación de actividad, salvo los casos previstos en
esta ley y su reglamentación.
“ARTICULO 6º.“TENDRÁ ESTADO MILITAR el personal de las fuerzas armadas que integre
su cuadro permanente y su reserva incorporada y el que, proveniente de su
cuadro permanente, se ENCUENTRE EN SITUA-CIÓN DE RETIRO.”
“e.-Pues bien: la misma ley dispone que los militares en retiro –cual es la
situación de revista de nuestros defendidos- se encuentran obligatoriamente sometidos a la jurisdicción militar (art.9), que dispone:
“ARTICULO 9º.“Para el personal en situación de retiro regirán las siguientes limita-ciones y extensiones a los deberes y derechos prescritos por los artículos 7º y 8º de esta
“1º. Es obligatoria la sujeción a la jurisdicción militar y disciplinaria en lo
pertinente a su situación de revista, y además, para el personal superior, a la
jurisdicción de los tribunales de honor.”
“Consecuentemente con ello, es claro que la resolución recurrida hace
inoperantes los arts. 315 del CJM y 5, 6 y 9 de la L.19.101, sin que las leyes 20.416, 23.354,24.059 ó 24.660, determinen un apartamiento ó preterición de lo dispuesto por las referidas normas.
Ninguna norma de las leyes citadas por la Cámara dispone ó permite, un
aparta-miento ó preterición de lo dispuesto por la L.19.101.
“Ergo, es claro que:
---Si por su ley orgánica las FFAA no están sujetas a la jurisdicción de
ninguna otra fuerza, ni de seguridad, ni otra
---Y si por su ley orgánica los integrantes de las FFAA están sujetos a la
jurisdicción de seguridad militar mientras conserven su estado.
---Y si por su ley orgánica el Servicio Penitenciario Federal no tiene legalmente jurisdicción alguna sobre militares que conservan su estado
La sujeción de militares a jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal,
comporta ilegal preterición de la ley orgánica de las FFAA, privando a
nuestros defendidos de la obligación y del derecho de estar, en su encarcelamiento preventivo por actos del servicio (no hablamos aquí, quede
claro, de sujeción a proceso), sólo sujetos a la jurisdicción de seguridad
LO QUE SURGE DE LA LEY 19.101, NO PUEDE SER ALTERADO POR UNA
DECISIÓN JUDICIAL QUE, ADEMÁS, NI SIQUIERA CONSIDERA DICHA
Porque el poder judicial aplica ley, pero no hace la ley ni puede modificarla.
Con el consecuente agravio a la garantía del debido proceso legal (art.18
“f.- Por lo demás, la categoría de delitos de lesa humanidad que la Cámara
menciona como “fundamento” de lo que decide, no surte diferencia en el tratamiento de las prisiones preventivas de autos ya que ninguna norma establece
ello, y tampoco puede dudarse de que la prisión en una guarnición militar impida asegurar el juzgamiento; pues está demostrada en autos la permanente sujeción a proceso de nuestros defendidos, siempre, desde el primer acto procesal en su contra en 1987.
De tal suerte, la Cámara formula sólo una afirmación dogmática en ese sentido,
sin argumentar ni fundar en norma alguna porqué tal categoría de atribuidos
delitos determinaría ó permitiría el cambio del personal de seguridad, reempla-
zando el régimen orgánico natural de las FFAA por un régimen no legal, é inventado so-lamente por dicho órgano judicial: prisión militar, pero con custodia
civil penitenciaria!!!
Un verdadero invento jurídico, sin sustento normativo alguno, que sólo constituye fundamento aparente de lo que se decide, y que es exclusivamente producto de la arbitraria voluntad de los jueces.
Con la consecuente violación a lo ordenado por el art.123 CPP, y de tal forma,
con agravio a la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio consagrada
por el art 18 CN.
“g.-Responde la Cámara, en verdad, a la presión que políticamente y por los
medios, vienen pública y notoriamente realizando organizaciones que nuclean
a conocidos excombatientes de la guerra subversiva que desataran en los años
’70, y que ocultan su verdadero propósito de revancha y venganza políticas bajo el ropaje de “organismos de derechos humanos”.
Y como para muestra basta un botón, véase lo que ha escrito públicamente
uno de los querellantes –integrante de no de esos “organismos”- publicado en
“Página/12” 24 hs antes de la resolución de la Cámara:
El país del Lunes, 26 de Diciembre de 2005
“Hay sectores del movimiento de derechos humanos que sostienen la necesidad de respetar los derechos fundamentales, entre los que se halla el
de la libertad, incluso de aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad, a quienes no se les debería imponer prisión preventiva mientras gocen de la pre-sunción de inocencia. Sobre ese tema deseo formular
“Es imperioso no equiparar la utilización de la cárcel con la obtención de
justicia y de resguardar la libertad de las personas sometidas a proceso
penal, aplicando sólo en forma excepcional la prisión preventiva,
en aquellos casos en los que el imputado pueda eludir u obstruir la acción
de la Justicia. Sinceramente creo que es un gran desafío, desde el espacio de derechos humanos, advertir sobre el peligro de utilizar el sistema penal y, muy especialmente, el sistema penitenciario, como
modo de obtener justicia. Pero también dejar en claro que, a veces,
Es el caso de los imputados de haber cometido crímenes de lesa
humanidad,...
“En estos momentos estamos debatiendo sobre la necesidad de
que los militares sean alojados en cárceles comunes, porque al estar en unidades militares se aplica la ley militar, expresamente prohibida
por la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas.”
Tan facciosa es la postura que no trepida en deformar públicamente, lo
dispuesto por el art. IX de la citada convención, y que sólo se refiere al
juzgamiento, y a ningún otro aspecto como es el de la seguridad de los
imputados con prisión preventiva:
“ARTICULO IX: Los presuntos responsables de los hechos consti-tutivos
del delito de desaparición forzada de personas sólo po-drán ser JUZGADOS por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar.”
Como se vé, nada dice la Convención sobre el régimen de prisión preventiva de los militares que, aún imputados, conservan su estado de inocencia (art.8:2 PSJCR, 14:2 PIDCyP, 75:22, 331 CN).
Esa postura facciosa es la que, deplorablemente, ha receptado la Cámara
Federal en la resolución aquí impugnada.
Con la consecuente pérdida de imparcialidad, y consiguiente agravio a la
garantía de la defensa en juicio en debido proceso legal.
“h.-Que la Corte Suprema de Justicia ha rechazado desde antiguo la interpretación de la ley que comporta preterición de normas, en lugar de su conjugación armónica, como ha hecho la Cámara ‘a quo’ al preterir la L.19.101 (que ni
siquiera considera).
“Así tiene afirmado la CSN:
“3º) Que la inconsecuencia ó la falta de previsión jamás se supone en el legislador, y por esto se reconoce como un principio
inconcu-so, que la interpretación de las leyes debe hacerse
siempre evitan-do darles aquel sentido que ponga en pugna sus
disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y ADOPTANDO, COMO VERDA-DERO, EL QUE LAS CONCILIE Y DEJE A TODAS
CON VALOR Y EFECTO.” (CSN, 1863 “Fiscal vs. Benjamín Calvete”, Fallos I: 297).
“i.-Que en consecuencia, la preterición que la Cámara hizo de la normativa específica (L-19-101) que rige la situación militar de quienes, en su carácter de
meros imputados, conservan la presunción de inocencia, estando vedado a su
respecto –por tanto- adoptar cualquier medida restrictiva de sus derechos y
obligaciones que no esté en consonancia con los fines del encarcelamiento
cautelar establecidos constitucionalmente que
“aseguren la comparecencia del acusado en el acto del
juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para
la ejecución del fallo” (art.9:3 PIDCyP, 75:22 y 31 CN)
tal preterición, incumple el deber de motivar las decisiones
jurisdiccionales impuesto por el art. 123 CPP, y causa agravio a la garantía de
la inviolabilidad de la defensa en juicio en debido proceso legal (art.18 CN).
“j.-Correspondiendo aquí recordar que tiene dicho la Corte Interamericana de
“169.
Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de
ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por
la Con-vención. En tal sentido, en toda circunstancia en la cual
un ór-gano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está
an-te un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo.” (Corte IDH Caso “Velásquez Rodríguez”,
Sentencia de 29 de julio de 1988)”
Claros fundamentos, los anteriores, que muestran el agravio concreto que a nuestros defendidos causara la resolución recurrida en casación.
e.-Finalmente, la sentencia incumple claramente el deber del art. 123 CPP, pues ni
siquiera trata los extensos motivos de casación relativos a la nulidad de esta persecución penal que se verifica en la causa principal de este incidente, el mismo y
todas las actuaciones vinculadas.
Ni una línea, ni una palabra, ha vertido la Cámara para considerar tan grave situación, tapando con un inexplicable é inconstitucional manto de silencio su
propia actuación irregular al promover la reapertura de causas fenecidas.
Manifiestamente ha habido, por ello, UNA INCONSTITUCIONAL DENEGACIÓN
IV.-MANTIENEN
RESERVAS – PLANTEAN NUEVA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL.
1.-Que a mérito de lo expuesto, venimos a mantener las
cuestiones constitucionales y consecuentes reservas planteadas y formuladas.
2.-Que asimismo venimos a introducir una nueva cuestión
constitucional, originada en la denegatoria de la Cámara al acceso a la jurisdicción
de revisión casatoria cuando, como en la especie, existe una cuestión federal por
manifiesta violación de las garantías y derechos que los pactos de jerarquía constitucional citados confieren a nuestro defendido, con agravio al art. 18 de la CN.
3.-Conózcase, decídase, y en su caso, téngase presente.
V.-PETITORIO.
a.-Por deducido recurso de queja por denegación del recurso de casación;
b.-Requiéranse los autos al ‘a quo’;
c.-Declárese mal denegado el remedio, concédaselo, y dispóngase su tramitación,
QUE SERÁ JUSTICIA.
OTROSÍ DECIMOS: Que acompañamos al presente: Anexo ‘A’: copia de resolu-
ción denegatoria y cédula de notificación; Anexo ‘B’: copia del recurso de casación;
Anexo ‘C’: copia de la sentencia de Cámara recurrida en casación; y Anexo ‘D’ ,
copia de la resolución de primera instancia. Lo que agregado a los actuados,
TAMBIÉN ES JUSTICIA.
2004-40177-01 Falta poder pra interponer tutela
Descripción y explicación general del sistema judicial
1100102030002008-00387
Presentación del Defensor de Casación ante la SCBA.
1100102040002005-00427
Incumplimiento parcial justificado de las reglas de conducta
Mecánicas Prácticas en la Casación:
selección de sentencia
CARTA COMPROMISO PROFESIONAL
C O M I T É O R G A N I Z A D O R TEMAS PARA LOS ENSAYOS

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 ARTÍCULO 8
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 RESOLUCIÓN 

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 artículo 1
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