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Timestamp: 2017-12-18 03:01:58+00:00

Document:
COMO OBTENER EL CERTIFICADO DE MINUSVALÍA - Espondilitis Anquilosante, Artritis Reumatoide, Fibromialgia, Behçet, Colitis Ulcerosa, Crohn / Foro Grupo espondilitis.eu
Mensaje por Manuel » Dic 1st, 06, 00:29
Descripción del documento y organismo emisor:
Certificado acreditativo de la condición de persona discapacitada (en este caso visual) de quien lo posee, en el que se indica el diagnóstico y el grado de esa disminución. En todas las comunidades autónomas de España lo expide un equipo de valoración y orientación (EVO) de un centro de asistencia a disminuidos, servicio que suele depender indirectamente de la consejería de familia y asuntos sociales del territorio en cuestión.
Validez y renovación:
El certificado se considera habitualmente de validez indefinida, a pesar de lo cual puede solicitarse una nueva valoración si la situación individual del beneficiario sufre alguna alteración, tanto si mejora como si por contra empeora; en determinados casos la validez será temporal si así lo considera el equipo de valoración responsable de emitirlo.
Toda persona que, como secuela de una enfermedad padecida en el pasado o de carácter permanente, sufra una serie de disfunciones que afecten a sus actividades de la vida diaria; en cualquier caso, es necesario que el equipo de valoración determine un grado de discapacidad igual o superior al 33% a partir de un baremo establecido.
¿Cómo se inicia el trámite?:
El interesado debe ponerse en contacto con el centro de asistencia estatal a disminuidos más próximo a su domicilio, lugar donde le indicarán qué pasos tiene que seguir pues el proceso es diferente en cada comunidad autónoma del país.
En el caso de Cataluña debe recoger, en cualquier oficina del Departament de Benestar i Família de la Generalitat, la solicitud (modelo oficial) y, debidamente cumplimentada, presentarla en el mismo lugar junto con la documentación restante que se pide, a saber: fotocopia del DNI del interesado, fotocopia de la hoja del libro de familia en que figure o de la partida de nacimiento (esto si es menor de 16 años), e informes médicos o psicológicos relacionados con la enfermedad que genera la disminución; si el solicitante es una persona menor de edad hace falta otra fotocopia del DNI de su representante legal (padre, madre o tutor). El impreso normalizado de solicitud se puede obtener, para su posterior impresión, a través de la página Web con información sobre el reconocimiento del grado de disminución en Cataluña, en la que también figuran las direcciones de todas las delegaciones del Departament de Benestar i Família, y los formularios para pedir una revisión del grado de disminución en el caso de quienes ya lo tienen reconocido.
Ventajas de poseer este documento:
Las personas con un grado de disminución reconocido tienen la posibilidad de beneficiarse de diferentes prestaciones que brinda la Administración española, tanto a nivel nacional como autonómico, de las que en la tabla siguiente destacamos y explicamos brevemente las más importantes para quienes padecen una pérdida visual; valga anotar que la concesión de algunas de estas prestaciones está sujeta a las bases de las diferentes convocatorias de ayudas y al tipo de dictamen técnico facultativo que emita el equipo multiprofesional que valore el grado de disminución.
Mensaje por Manuel » Dic 1st, 06, 00:30
Vehículos de Tracción Mecánica?
Ha de señalarse, por último, que al tratarse de un beneficio fiscal de carácter rogado, tiene que presentarse la solicitud de exención con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto, o, antes de la finalización del periodo de exposición pública; pasado estas fechas, la solicitud surtirá efectos en el Padrón del ejercicio siguiente
CERTIFICADO DE MINUSVALÍA UTILIDADES EN EL ENTORNO SOCIAL Y LABORAL
- Centros Base
- Centros de Rehabilitación de Minusválidos (C.R.M.F)
- Centros de Atención de Minusválidos Físicos (C.A.M.F)
- Centros de Atención de Minusválidos Psiquicos (C.A.M.P)
Rehabilitación, Logopeda, Psicomotricidad, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Estimulación Precoz.
7. LISMI (Inf. Centro SS.SS Municipales)
Asistencia Sanitaria y Prestación Farmaceútica Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte.
- Para la Formación de Trabajadores Minusválidos.
- En prácticas para minusválidos.
- Acogida al Fomento del Empleo.
- Para el Fomento de Contratación Indefinida
Mensaje por Manuel » Dic 1st, 06, 00:31
¿Qué es el Certificado de Minusvalía?
Documento donde consta el nivel y el tipo de minusvalía que presenta una persona. Es imprescindible para poder solicitar subvenciones, ayudas etc.
Lugar de emisión del certificado:
Se solicita en los Centros Base, pertenecientes a la Conserjería de Servicios de Asuntos Sociales de su comunidad autónoma. Puede ser solicitado durante todo el año.
Los Centros Base están constituidos por equipos especializados en la atención a la discapacidad y prestan servicios de:
b) diagnóstico y valoración
c) calificación del grado de minusvalía,
d) orientación e intervención
A) Impreso de "Solicitud de Grado de Minusvalía" debidamente cumplimentado
Originales o fotocopia compulsada de los siguientes documentos:
B) DNI o en su defecto una fotocopia del Libro de Familia.
C) DNI del representante legal y documento que lo acredite
D) Todos los informes médicos y psicológicos que se tengan
E) En el caso de no poseer nacionalidad española se requerirá la tarjeta de residencia.
F) Si se realiza una revisión por agravamiento, deberán presentar los informes que acrediten dicho agravamiento.
1) Ir al Centro Base que le corresponda y solicitar el impreso de "Solicitud de Grado de Minsuvalía".
2) Rellenar el impreso y presentar los otros documentos solicitados
3) La persona para la que se solicita el certificado deberá pasar por un reconocimiento realizado por el Equipo de Valoración y Orientación del Centro Base correspondiente (formado por un médico, psicólogo y trabajador social)
4) Información sobre el estado de la tramitación de los expedientes
5) Resolución. El Centro Base responderá a la solicitud presentada bien reconociendo la condición de minusvalía si éste supera el mínimo reconocido por la ley, establecido en el 33% o bien denegándola.
En caso de no estar de acuerdo con la resolución, se podrá poner una reclamación en el plazo de 30 días hábiles a partir de la de la recepción de la misma. Esta reclamación deberá ir dirigida a la Dirección General de Servicios Sociales de su Comunidad.
Beneficios del Certificado de Minusvalía
RECURSOS/BENEFICIOS A LOS QUE SE PUEDE ACCEDER CON EL CERTIFICADO DE DISMINUCIÓN EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
* Tarjeta Dorada de RENFE
Permite obtener descuentos en los billetes de RENFE.
Se tiene que ser mayor de 60 años o pensionista por invalidez permanente.
La solicitud se hace en cualquier estación de RENFE.
* Exención del impuesto de matriculación del vehículo
Requisitos: - tener el certificado de disminución
- que el vehículo esté a nombre de la persona con disminución
- no se puede hacer transmisión posterior del vehículo como mínimo en cuatro años, y ha de haber pasado el mismo tiempo desde la compra anterior.
Se tiene que dirigir a la delegación de Hacienda que corresponda, antes de la compra del vehículo.
* Deducciones reducciones en la declaración de renta
Al hacer la declaración de renta, los trabajadores con disminución tienen diferentes reducciones.
* reducciones sobre los rendimientos de trabajo: las cuantías a reducir aumentan en un 75% cuando el trabajador tiene una disminución de entre el 33 y el 65%, en un 125% cuando además tiene la movilidad reducida, y en un 175% cuando la disminución es superior al 65%.
Así las cuantías a reducir de los rendimientos de trabajo, en el caso de un trabajador con disminución, oscilan entre 656.200pts. y 1.375.000.
* mínimo personal : si el declarante tiene una disminución entre el 33 y el 65%, el mínimo personal a reducir es de 850.000Pts.; si la disminución es > 65% es de 1.150.000 (para una persona sin disminución el mínimo personal a reducir es de 550.000Pts.)
* mínimo familiar:
- cuando convive con el declarante un ascendente mayor de 65 años con rentas inferiores al SMI se pueden reducir 100.000Pts. Si el ascendente tiene una disminución entre 33 y 65%, la reducción es de 400.000Pts.; si la disminución es >65% la reducción es de 700.000Pts.
- cuando convive con el declarante un descendiente menor de 25 años con rentas anuales inferiores a 1millón se pueden reducir 200.000Pts, por el 1º y 2º hijos, y 300.000 a partir del 3º. Si el descendiente tiene una disminución entre el 33 y el 65% la reducción es de 500.000 por el 1º y 2º y 600.000 por el 3º; si la disminución es >65% la reducción es de 800.000 por el 1º y 2º y 900.000 por el 3º.
* deducciones por aportaciones a planes de pensiones: si se hacen aportaciones a planes de pensiones a favor de personas con una disminución >65%, se pueden deducir hasta un máximo de 2.200.000pts si las aportaciones las hace el propio disminuido, y hasta 1.100.000pts. si las hacen parientes hasta un 3er. grado.
* deducciones por inversión en vivienda habitual o elementos comunes del edificio, cuando se efectúen obras para la supresión de barreras arquitectónicas o de la comunicación: la deducción es de un 15% del coste de las obras (contando como a coste máximo 2 millones) cuando las obras se financien con fondos propios. La deducción es más grande si las obras son financiadas con fondos de otros.
* Beneficios para las empresas que contraten una persona con disminución
Las empresas que contratan personas con disminución con contrato indefinido, a tiempo completo o parcial, se pueden beneficiar de las siguientes bonificaciones:
* De la administración del estado:
Bonificación de las cuotas empresariales de cotización a la Seguridad Social (incluidas las de accidente de trabajo, enfermedad profesional y desempleo, formación y fondos de garantía salarial), de un 70% para los trabajadores de menos de 45 años y de un 90% para los mayores de 45 años.
Subvención de 650.000pts. por contrato de jornada completa, con la obligación de mantener la estabilidad en el lugar de empleo por un mínimo de tres años. Si el contrato es a tiempo parcial, la subvención se reduce proporcionalmente a la jornada pactada.
Deducción de 800.000 pts. sobre la cuota líquida del impuesto sobre sociedades y/o del IRPF por incremento de plantilla de trabajadores disminuidos.
* Consideración de familia numerosa
Cuando uno de los hijos es disminuido, se considera familia numerosa aquella que tiene dos o más hijos.
* PNC (Pensión No Contributiva): hace falta tener un 65% de disminución y falta de recursos económicos de la unidad de convivencia.
* Prestación por hijo a cargo: hace falta tener una disminución superior al 65%.
* Prestaciones contributivas de la Seg.S. (incapacidad, orfandad,...).
* Subvenciones para la supresión de barreras arquitectónicas: hace falta tener el baremo de movilidad (condición que se da o no con el certificado de disminución) y unos ingresos inferiores a 2'5 el SMI.
* Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte: hace falta tener un 33% de disminución o más, y el baremo de movilidad. Los ingresos no pueden ser Superiores al 70% del SMI.
* Abono social de telefónica: hace falta tener más de 64 años o la incapacidad absoluta. Los ingresos brutos de la unidad familiar no pueden superar el SMI. La ayuda consiste en una bonificación del 70% en la cuota de alta inicial y un 95% en la cuota de abono mensual de línea.
* Ayudas para la obtención y reconversión del permiso de conducir y para la adaptación del vehículo (dentro del PUA): hace falta tener el baremo de movilidad reducida.
* Reducción del IVA en la adquisición de un vehículo: reducción entre un 3% y un 15% cuando se compra un vehículo para transportar personas con disminución. Hace falta que el vehículo sea un coche para minusválidos (excluidos los automóviles ordinarios) o un vehículo destinado a ser utilizado como autotaxi o autoturismo especial para el transporte de personas en silla de ruedas (directamente o previa adaptación).
**Exención/subvención del impuesto de vehículos de tracción mecánica: hace falta que la persona con disminución sea la titular y conductora del vehículo y que este esté adaptado.
Para más información: Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) C/ Los Extremeños, 1 28018 Madrid Tel. 91 3807320 E-mail Ceapat@seg-social.es
RECURSOS/BENEFICIOS A LOS QUE SE PUEDE ACCEDER CON EL CERTIFICADO DE DISMINUCIÓN EN ALGUNAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
*Tarjeta que permite viajar gratis o a precios reducidos en los transportes públicos de alguna ciudad.
* Pase metropolitano de acompañante de personas con disminución: permite al acompañante viajar gratuitamente. Hace falta que la persona con disminución tenga el baremo de necesidad de acompañante.
* Ayudas para la adquisición de viviendas Dentro de las ayudas para la adquisición de vivienda, para los que se ha de cumplimentar una serie de requisitos, el hecho de haber una persona con disminución en el domicilio permite acceder a más ayudas.
* Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica
Las personas con disminución (a partir del 33%) que no son titulares ni pensionistas de la Seguridad Social, ni pueden ser beneficiarios de ningún titular o pensionista, pueden solicitar la prestación de servicios sanitarios, y la prestación farmacéutica gratuita.
Mensaje por Manuel » Dic 1st, 06, 00:32
- Extranjeros residentes en España: Tarjeta de residencia.
- Extranjeros no residentes en España: Pasaporte o, en su caso, documento de identidad vigente en su país y NIE (Número de Identificación de Extranjero, asignado por el Ministerio del Interior).
- Certificación de la última/s empresa/s en las que ha trabajado el solicitante.
- Justificantes de pago de cuotas, si el interesado es el obligado al ingreso de las mismas.
- Certificado expedido por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) u organismo competente en su Comunidad Autónoma, si el solicitante está en desempleo.
-JUBILACIÓN ESPECIAL A LOS 64 AÑOS:
Demanda de empleo del trabajador sustituto, expedida por el INEM u organismo competente.
Contrato del trabajador sustituto o compromiso escrito de la empresa de hacerlo.
Contrato a tiempo parcial del trabajador que se jubila.
Contrato de relevo del trabajador sustituto.
Demanda de empleo del trabajador relevista, expedida por el INEM u organismo competente, en su caso, o contrato de duración determinada suscrito con la empresa.
- PARA COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS:
Si el interesado/a está casado/a, Libro de Familia o certificado en extracto del Acta de Matrimonio.
- PARA INCLUIR EN ASISTENCIA SANITARIA:
Acreditación de convivencia con la pareja de hecho, si no estuviera previamente incluida en la cartilla de asistencia sanitaria del solicitante.
Si ha trabajado en alguna actividad que tenga reconocida bonificación de edad, certificado de la/s empresa/s donde consten las categorías profesionales y períodos trabajados o cartilla de embarque y desembarque para el Instituto Social de la Marina (ISM).
Si se encuentra en situación de paro involuntario no subsidiado o anticipa la edad de jubilación sin haber sido mutualista, tarjeta de demandante de empleo del INEM u organismo competente.
Documento que acredite que su contrato de trabajo se extinguió por causas ajenas a su voluntad, si va a jubilarse con más de 61 años y menos de 65.
Certificado de la empresa, si anticipa la edad de jubilación y recibió indeminización en virtud de acuerdo colectivo.
Testimonio de la resolución judicial que fija la pensión compensatoria al cónyuge o la anualidad por alimentos a hijos.
Certificado de minusvalía y grado reconocido del solicitante o de sus ascendientes y descendientes discapacitados, que conviven con él y a su cargo, expedido por el IMSERSO u organismo competente.
Auto judicial o certificado de convivencia en régimen de acogimiento familiar permanente, expedido por la Comunidad Autónoma.
Mensaje por Manuel » Dic 1st, 06, 00:33
Mensaje por Manuel » Dic 1st, 06, 00:46
La experiencia profesional de los Trabajadores Sociales con la población que presenta discapacidad nos indica la necesidad de informar y asesorar a la persona y/o a la familia sobre la solicitud del certificado de minusvalía. Información y asesoramiento que ha de facilitarse en aquellas situaciones donde confluyen deficiencias físicas, psíquicas, sensoriales o plurideficiencias (de manera temporal o definitiva), las cuales generan determinadas discapacidades y minusvalías, es decir, desventajas sociales que requieren de programas, servicios, prestaciones y apoyos generales y específicos.
Entendemos que dichos programas y recursos son beneficios sociales y económicos, es decir, derechos conseguidos por las propias personas con discapacidad y familia, así como de los profesionales, grupos, administraciones públicas y privadas empeñadas en ir construyendo espacios sociales más solidarios que redunden en una mejor calidad de vida individual y colectiva. Derechos sociales puestos a disposición de las personas, grupos y comunidades con el objetivo de alcanzar las cotas de normalización y de calidad de vida que desean y puedan conseguir.
Concretamente, el certificado de minusvalía es un documento oficial, expedido por la Administración Pública, mediante el cuál se acredita la condición (temporal o definitiva) de la minusvalía, siendo el resultado de la valoración multiprofesional (médica, psicológica y social).
Fundamentalmente, el valor actual de este documento estriba en el derecho que otorga a las personas con discapacidad para acceder a los beneficios sociales y económicos específicos relativos a los programas y servicios de salud, educación, empleo, participación en la comunidad, ocio, adaptación y adquisición de la vivienda, transporte, prestaciones económicas, apoyos personales y reducciones de impuestos, entre otros.
Sin duda el valor social del certificado de minusvalía ha ido creciendo al amparo de los cambios positivos que se han ido produciendo en materia de política social. También por la evolución que se ha ido experimentando en la valoración de la minusvalía, en donde se evalúa a la persona en relación a su medio social y comunitario, es decir las deficiencias y capacidades, así como los programas, servicios y apoyos individuales y colectivos que precisa y de los que dispone. Estos cambios están propiciando que se vaya tratando la diversidad como una cuestión social, englobando a la persona, a la familia y a la sociedad.
Con el presente trabajo se pretende facilitar a los profesionales, ciudadanos interesados en estos temas y específicamente a los que presentan discapacidad, (5,3 millones, en nuestro país, según INE, 1987), información que pueda ser de utilidad sobre el denominado “certificado o calificación de minusvalía”. En el mismo se aborda cuestiones relativas al marco legislativo, los beneficios sociales y económicos, así como los procesos de tramitación y valoración.
Mensaje por Manuel » Dic 1st, 06, 00:47
Como ya hemos indicado, el certificado de minusvalía es un documento oficial, expedido por la Administración Pública, el cual da derecho a la persona titular del mismo o a sus familiares a determinados beneficios sociales y económicos, los cuales están amparados por leyes y normativas de carácter positivo.
El primer antecedente legislativo (en nuestro territorio nacional), sobre el certificado de minusvalía y de los derechos económicos a los que da lugar, lo encontramos en 1968, en el Servicio Social de la Seguridad Social, mediante Decreto 2421/1968, de 20 de septiembre, determinándose en el mismo el Servicio Social de Asistencia a los Menores Subnormales y la condición de minusválido/a que la alcanzaban aquellas personas que estaban afectados de las deficiencias sensoriales y físicas, quedando excluidas las psíquicas (Casado, 1999). Las personas, que tras las valoraciones médicas, eran diagnosticadas de “subnormales” por los centros dependientes de la Dirección General de Sanidad, percibían una prestación económica.
Posteriormente, en el Decreto 1076/1970, de 9 de abril, el régimen de protección se amplía, incluyendo a los menores con deficiencias psíquicas “oligofrénicos”, es decir, con retraso mental, cuyo cociente intelectual fuera inferior a 50, así como a paralíticos cerebrales. El citado decreto y orden se refunden mediante la Orden de 8 de mayo de 1970, atribuyéndose el reconocimiento al Instituto Nacional de Previsión.
También, a principio de esta década se crea el SEREM (Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos), mediante la Orden de 24 de noviembre de 1971, el cual impulsa los primeros cambios en materia de minusvalía y específicamente en el reconocimiento de la misma, creando las Unidades Provinciales de Valoración (UPV) de minusválidos. Las UPV estaban formadas por: director del centro de rehabilitación, (presidente), traumatólogo, oftalmólogo y otorrinolaringólogo.
Vemos que en dichas Unidades Provinciales de Valoración no están incluidos los Trabajadores Sociales, dándose la circunstancia de que la titulación existía en nuestro país desde 1932 (Molina, 1990). Lógicamente, el hecho de que los trabajadores sociales no participarán en dicho equipo de valoración, daba lugar a que en los baremos no se incluyeran los factores sociales, es decir aquellas circunstancias relativas a situación de la unidad familiar (enfermedades, carencias de apoyos sociales, insuficiencia de medios económicos, barreras arquitectónicas en la vivienda etc.) situación personal (edad, ocupación laboral y nivel de formación profesional, nivel cultural) y valoración del entorno (infraestructura en recursos sanitarios, de rehabilitación, educativos, culturales, profesionales, barreras arquitectónicas).
De ahí que, hasta 1977 (año en que se incorporan a las UPV, el técnico de empleo, el trabajador social y psicólogo), para valorar la minusvalía sólo puntuaban los factores clínicos recogidos en las llamadas tablas AMA (de la American Medical Association), aplicadas también por la Seguridad Social (Alonso y Gonzalo, 1997). Este hecho ponía de relieve la existencia de un sesgo en el diagnóstico, el cual estaba perjudicando a una franja de este colectivo cuyas condiciones sociales eran desfavorables, dándose el hecho de que al presentar deficiencias clínicas que rozaban o quedaban por debajo del límite de los baremos clínicos establecidos, no obtenían el certificado por no llegar a la puntuación establecida.
Como sabemos estas personas, cuyo grado de minusvalía no es elevado, (próximo al 33%) son las que tienen muchas posibilidades de alcanzar su normalización, siempre y cuando que dispongan de los medios y apoyos adecuados. Por el contrario, si no disponen de los apoyos necesarios, sus minusvalías tenderán a incrementarse.
Es a finales de la década de los setenta cuando se incluyen los referenciados factores sociales, propiciado por los propios trabajadores sociales e impulsados por los movimientos sociales y los cambios en el paradigma de la discapacidad, así como las modificaciones en el ámbito institucional y legislativo.
También, a nivel internacional (a mitad de los setenta) surge el paradigma “vida independiente” (Puig, 1992), el cuál enfatiza la interacción persona–ambiente, en contraposición al paradigma “médico”, (centrado sólo en la persona). En el ámbito institucional el SEREM desaparece al crease el INSERSO (Instituto Nacional de Servicios Sociales), mediante el Real Decreto-ley 36/1978 de 16 de noviembre. Este Instituto surge con una mayor dotación medios y competencias. A nivel legislativo se promulga la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
Estos eventos acaecidos en España, junto con los esfuerzos desplegados por los Organismos Internacionales (Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, etc.) en la investigación y divulgación de los derechos sociales, propician que a primeros de los ochenta se promuevan programas, prestaciones y servicios en las áreas de: salud, educación, empleo, deporte, participación en la vida comunitaria, autonomía, vivienda, entre otros.
Desde su creación el INSERSO asume las competencias sobre la gestión de las prestaciones complementarias de la Seguridad Social para personas mayores y personas con discapacidad. Específicamente en lo concerniente al sector de minusválidos, este Instituto tiene competencias en el reconocimiento, calificación y registro de minusválidos. También en la gestión de las prestaciones sociales y económicas contempladas en el Título V de la (LISMI), así como la gestión, directa o concertada, de las Pensiones no Contributivas de Invalidez.
Actualmente estas competencias del INSERSO se amplían incorporando el Instituto de Migraciones, lo que genera el cambio de denominación de INSERSO por el de IMSERSO (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Real Decreto 140/1997, de 31 de enero), dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. También, a mitad de los ochenta se inicia el proceso de transferencia de competencias del INSERSO a las Comunidades Autonómicas.
Entre las competencias transferidas está la calificación de la minusvalía. Concretamente el traspaso de competencias a la Comunidad Autonómica de Canarias se efectuó mediante el Real Decreto 1935 /1985 de 23 de enero, por lo que a partir de dicho decreto el certificado de minusvalía es expedido por la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. En este sentido conviene decir que, actualmente, todas las Comunidades Autonómicas tienen competencia sobre la calificación de la minusvalía, ya que las transferencias se han efectuado a la totalidad de las Comunidades (IMSERSO, 1998).
Una vez situados en el marco institucional de los ochenta, conviene indicar que el certificado es regulado por el Real Decreto 1723/1981, de 24 de julio, en todo el territorio español, especificándose en el mismo que: “corresponderá a las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Servicios Sociales la declaración de la condición de beneficiario, a efectos de las acciones asistenciales o de cualquiera otra índole que conforme a la legislación vigente puedan corresponder a los minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales por su condición de tales”.
Llegado a este punto interesa clarificar lo que la ley entiende por minusválidos. La Ley 13/1982, de 7 de abril, (LISMI), en el (art. 7º, 1) lo define en los siguientes términos:
“A los efectos de la presente Ley se entenderá por minusválido toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales”.
Posteriormente mediante la Orden del 5 de enero de 1982 se determina que el reconocimiento y declaración de la condición de minusválido, se obtendrá, cuando en las valoraciones efectuadas, se alcance un grado igual o superior al 33%. También, en el Real Decreto 383/1984 de 1 de febrero se establece el sistema de prestaciones sociales y económicas y mediante el Decreto 8 de marzo de 1984 se ratifica, en el 33%, el grado de minusvalía exigida para ser beneficiario de las prestaciones y subsidios contempladas en la LISMI.
En este breve repaso al marco legislativo e institucional que regula el certificado de minusvalía, vemos que se ha ido evolucionado de manera positiva. Así comprobamos que se ha pasado de una concepción de minusvalía, donde sólo se incluían a los físicos y sensoriales, a otra en las que se incluyen a los psíquicos. Así mismo, se ha ido superando el enfoque centrado exclusivamente en las personas (clínico) a otro más global en el que se considera la persona y su entorno familiar y social. A nivel institucional se ha ido descentralizando la gestión del IMSERSO a las Comunidades Autonómicas, incluyendo entre sus competencias la valoración de la minusvalía.
Con el certificado de minusvalía se puede tener acceso a diversos programas europeos, nacionales y de la propia comunidad, así como a las prestaciones y apoyos individuales.
Las personas con deficiencias, discapacidades y minusvalías, términos definidos por la OMS en 1980 (IMSERSO, 1997), al igual que el resto de los colectivos, precisan cubrir las necesidades personales y sociales. Ahora bien, debido a sus deficiencias y minusvalías, es necesario que dispongan de programas específicos y apoyos económicos humanos y técnicos para posibilitar el desarrollo de las capacidades y cubrir las necesidades relativas a la salud, educación, empleo, comunicación, cuidado personal, locomoción, habilidades sociales, participación en la comunidad y ocio.
Con esta finalidad se han ido impulsando un conjunto de medidas de política social que conforman las acciones de carácter positivo puestas al servicio de estos ciudadanos/as como son los programas, servicios, prestaciones económicas y otros recursos que constituyen los llamados beneficios sociales, los cuales no son otra cosa que derechos sociales consolidados y respaldados por leyes y normativas. En nuestro país los beneficios sociales se concretan en la Ley 13/1982, 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos, así como los Decretos y Ordenes Ministeriales que la han ido desarrollando.
Las necesidades humanas, entendidas como estados de carencias que presentan los individuos respecto a los medios necesarios para su subsistencia y desarrollo, son múltiples y dinámicas (Barranco, 1999). Entre las distintas tipologías, la descrita por Maslow (1954) nos permite obtener una visión generalizada sobre las mismas las cuales quedan representadas en el siguiente cuadro.
1. Necesidades fisiológicas: son las relacionadas con: alimentación, vivienda, enseñanza, empleo, economía, sueño, descanso, sexualidad, etc. También se les denomina básicas.
2. Necesidades de seguridad: focalizan los deseos de estabilidad y huida de peli­gros personales y familiares, tales como seguridad en el sistema de salud, seguridad en el empleo, seguridad en el sistema de justicia y legislación, seguridad ciudadana y estabilidad económica.
3. Necesidades de asociación: están relacionadas con los factores sociales de interacción tales como: sentimientos de amor, afecto, participación, responsabilidad, pertenencia, asociación, cooperación, relación y comunicación.
4. Necesidades de estima: se vinculan con los aspectos personales y sociales de independencia, libertad, aceptación, respeto, asertividad, integración social y normalización.
5. Necesidades de autorrealizacion: son las relacionadas con el desarrollo humano y social, creatividad, superación de las limitaciones y autonomía.
Algunas de la referenciadas necesidades, como las fisiológicas, de seguridad y asociación, cuentan en nuestro país con respaldo legislativo y con medidas concretas de política social. Su materialización se concreta en servicios de atención y rehabilitación, centros específicos, programas de salud, educación, empleo, ayudas personales y domiciliarias, prestaciones económicas, etc. También en el movimiento asociativo se produce un gran avance, contando con federaciones y coordinadoras estatales, los cuales tienen participación en diversas administraciones, tanto en la Central como en Autonómicas y Locales, teniendo representación en el propio IMSERSO, a través del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, creado el 17 de junio de 1999.
Así mismo se han elaborado planes integrales, emanados del Plan de Acción para las Personas con discapacidad, 1997-2002 (IMSERSO, 1996), en las distintas Comunidades Autónomas, entre los cuales se encuentra el Plan General de Asuntos Sociales de Canarias (Gobierno de Canarias, 1998).
Sin duda todo ello nos está indicando una evolución creciente en abordar las diversas necesidades de las personas, de manera global. También en tratar la diversidad como una cuestión que atañe no sólo a la persona y familia, sino a la sociedad en general. Estos logros, y otros muchos, que se han ido generando en nuestro país durante estas dos décadas de Democracia, y en el contexto internacional, son el resultado del esfuerzo de las propias personas con discapacidad y de los grupos y comunidades que avanzan solidariamente hacia la mejora de la calidad de vida individual y colectiva.
En cuanto a diversos tipos de beneficios sociales, a que da derecho el certificado de minusvalía, esquemáticamente, se presentan en el siguiente cuadro, (Barranco, 1998; Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias; 1999).
Mensaje por Manuel » Dic 1st, 06, 00:48
BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE SE PUEDEN OBTENER CON EL CERTIFICADO DE MINUSVALÍA
ASPECTOS CONTEMPLADOS GRADO MINUSVALÍA PROGRAMAS, PRESTACIONES Y APOYOS SOCIALES
SALUD 33% O MÁS -Asistencia Sanitaria y farmacéutica.
EDUCACION 33% O MÁS -Becas de educación especial.
-Ingresos en centros específicos.
FORMACION OCUPACIONAL Y EMPLEO 33% O MÁS -Programas europeos de formación y empleo
-Subvenciones del Instituto Canario de Formación y Empleo; Ayudas al autoempleo y a EMPRESAS PRIVADAS por la contratación laboral .
-Derecho a reserva de cupo para oposiciones y empleo.
- Derecho del familiar a jornada reducida (BOE 24-12-98).
PREST. FAMILIAR POR HIJO A CARGO 33% y 65% - Prestación económica hasta los 18 años (33%) y de 18 en adelante (65%).
PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA. 65% - Prestación económica por invalidez y por hijo a cargo.
INCORPORACIÓN A CENTROS ESPECIFICOS Del 33% al 65% Tipo de centros:
educación, empleo, ocupación, atención y/o rehabilitación , residencias, pisos tutelados y protegidos, etc.
AYUDAS INDIVIDUALES 33% O MÁS -Ayuda a domicilio
-Residencia, pisos tutelados y protegidos.
VEHÍCULO 33% O MÁS -Exención del impuesto municipal
VIVIENDA 33% O MÁS - Puntuación para la adquisición de viviendas protegidas y eliminación de barreras
CARNET DE FAMILIA NUMEROSA 33% O MÁS -Eliminación del límite de edad a los 21 años
-Reducción del nº de hijos a dos (Real Decreto 6/1999, 8 enero BOE 4-11-99).
DEDUCCIONES EN ASUNTOS LEGALES 33% O MÁS -Separación matrimonial
-Pensión de alimentación.
-Incapacidad y representación legal
PRESTACIONES LISMI 33%; 65% O MÁS -Subsidio de movilidad.
-Compensación gastos de transporte.
DEDUCCIONES IMPUESTO RENTA PERSONAS FISICAS Y OTRAS - (LEY 40/1998) 33% O MÁS -Desgravación de la renta familiar
-Reducción IRPF para las personas con minusvalía trabajadoras.
-Deducciones adquisición y accesibilidad a la vivienda
AYUDAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS 33% O MÁS Ayudas económicas de:
MUFACE; ISFAS, MAPFRE.
ABONO SOCIAL DE TELEFÓNICA 65% Reducción en la cuota instalación y abono.
PARA AMPLIAR INFORMACIÓN PUEDE DIRIGIRSE A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
Vemos como existe un amplio abanico de beneficios sociales y económicos, en nuestro país relacionados con las múltiples necesidades de salud, educación, empleo, vivienda, economía, etc. Beneficios sociales que tienen por objeto poner a disposición de estos ciudadanos/as los apoyos para enfrentarse a la desventaja social que conlleva la minusvalía.
Para ello es necesario seguir incrementando las redes sociales y los esfuerzos coordinados de la Administración y de los ciudadanos, para alcanzar la situación de plena normalización, autonomía y autorrealización, con la participación de las propias personas con discapacidad (Barranco, 1998).
Los trabajadores sociales como profesionales que participamos en los procesos de información, valoración e intervención social en el campo de las minusvalías, detectamos lo tremendamente duro y doloroso que resulta, en general, para la persona que presenta minusvalía y sus familiares, afrontar la fase de clarificación y toma de conciencia de sus limitaciones.
De ahí, la importancia de informar sobre las posibilidades de recuperación global de las capacidades, mostrando realismo, confianza, apoyo y estímulo con el objetivo de conseguir que las personas movilicen sus energías para luchar por alcanzar las cotas de normalización que deseen y puedan conseguir.
En lo relativo a la necesidad de plantear el certificado de minusvalía, mi experiencia profesional, como trabajadora social con este colectivo, me indica que es conveniente informar y asesorar sobre el mismo, en aquellas situaciones en que se considera (de manera temporal o definitiva) que la persona presenta limitaciones las cuales precisan de programas, apoyos y prestaciones para poderlas modificar.
También, hay que tener presente (en algunos casos) que el certificado de minusvalía suele suscitar miedos a la propia persona y a los familiares. Dichos miedos surgen, entre otros factores, por la creencia de considerarlo una etiqueta social que desvaloriza y estigmatiza a la persona. En estas situaciones la intervención profesional se enfoca para ayudar a las personas a superar dichos miedos, afrontar las actitudes sociales negativas y a tomar conciencia de su situación concreta. Para ello aplicamos los procesos de apoyo y la relación de ayuda. Procesos que se generan en un clima de empatía, clarificación y positivismo.
En este sentido, consideramos, que el certificado de minusvalía, en sí, no se ha de mirar como un documento que descalifica o desvaloriza. El certificado es un instrumento que podemos utilizar (si lo deseamos) para satisfacer las necesidades personales y sociales que cada uno presenta. Su valor instrumental emana de los derechos y beneficios individuales y sociales el mismo da derecho.
Beneficios sociales que puede precisar la persona para movilizar sus energías y conseguir satisfacer sus metas. Por otra parte, la historia nos demuestra que no hay desvalorización social para aquéllas personas que han logrado alcanzar las metas que se han propuesto en los distintos campos de la investigación, educación, empleo, deportes, cultura, pintura, música, entre otros aspectos.
Mensaje por Manuel » Dic 1st, 06, 00:49
Una vez que la persona decide tramitar el certificado de minusvalía conviene informarle sobre los siguientes aspectos: ¿dónde se presenta la solicitud y qué documentación precisa? y ¿en qué consiste la valoración de la minusvalía?.
La solicitud se puede presentar en los Servicios Sociales de los Ayuntamientos y en las Direcciones Generales de Servicios Sociales.
- Fotocopia del D.N.I. del interesado y del representante legal (en su defecto fotocopia del Libro de Familia).
- Fotocopia de los informes médicos, psicológicos y sociales que se tengan.
- En caso de que el interesado tenga reconocida la invalidez, a través de la Seguridad Social, adjuntar fotocopia de la Resolución de la Comisión de Evaluación de Incapacidades.
El proceso de valoración de la minusvalía se inicia con la evaluación de los informes aportados por solicitante: médicos, psicológicos, pedagógicos, sociales, etc. Además, cada profesional del Equipo de Valoración y Orientación (EVO) realiza una entrevista con la persona con discapacidad y con la familia. Así mismo, en función del tipo de situación, suelen aplicar determinadas pruebas. También ocasionalmente puede recabar los informes de determinados especialistas como otorrino, oftálmologo, psiquíatra y de otras especialidades clínicas. Todo ello con la finalidad de poder obtener una visión lo más global y real posible de la persona y su entorno.
Con los informes obtenidos y las pruebas realizadas, los distintos profesionales del EVO, se reúnen y de manera colegiada emiten el informe correspondiente.
Las pruebas que se aplican, en la actualidad, están basadas en: American Medical Association (AMA); Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10); DMS-IV, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales; Clasificación Internacional de la Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía de la OMS, etc. En este sentido indicar que a finales de 1998 el IMSERSO, tras la consulta a los Equipos de Valoración y Orientación de cada Comunidad, dichos equipos propusieron introducir correcciones a los actuales intrumentos, encontrándose en fase de elaboración, por lo que probablemente se produzcan cambios en los mismos.
El proceso de valoración finaliza cuando el EVO emite su informe y la Dirección del Centro Base notifica al solicitante el resultado de la valoración. En caso de alcanzar el 33% o más, se certifica el reconocimiento de la condición de minusválido, especificándose el grado, fecha en que surte efecto, validez y tipo de discapacidad. En aquellas situaciones en que no alcanzan el 33%, también, se le notifica que no ha alcanzado la condición de minusválido al no llegar al grado mínimo estipulado en la legislación.
Finalmente conviene señalar que el tiempo estimado de todo este proceso (desde que se presenta la solicitud hasta que se recibe la notificación) suele estar entorno a los cuatro meses, variando según los territorios.
Los trabajadores sociales comprobamos como en nuestro país se ha producido una evolución positiva en las medidas de política social y legislativas relativas al campo de las discapacidades, en los distintos contextos y espacios de la vida de la persona.
Concretamente en el tema que nos ocupa, comprobamos como en el marco legislativo y los procesos de valoración del certificado de minusvalía se van introduciendo cambios favorables tendentes a evaluar de modo integral a la persona en relación a su entorno social. También a dar una mayor cobertura social a los colectivos con discapacidad para cubrir sus necesidades sociales y mejorar su calidad de vida.
A ello pensamos que ha contribuido los esfuerzos colectivos de los propios ciudadanos (personas con o sin minusvalías) y de las organizaciones públicas y privadas, así como la incorporación de distintos profesionales en los equipos de valoración, entre ellos, los trabajadores sociales.
Como resultado se van produciendo cambios sociales tendentes a conseguir que la minusvalía deje de ser una cuestión individual, centrada exclusivamente en la persona y valorada desde una perspectiva clínica, dando paso a una concepción social de la misma. Fruto de todo ello son los programas, servicios y prestaciones específicas existentes en nuestro país a los que se puede acceder, estando supeditadas al certificado de minusvalía.
En el terreno de las vivencias y experiencias para ir construyendo los espacios de convivencia social y mejorar la calidad de vida, en los distintos aspectos de la vida de las personas, se ha indicado la situación difícil y dura a la que se enfrenta la persona y la familia para aceptar y tomar conciencia de su realidad, constituyendo uno de estos momentos el planteamiento del certificado de minusvalía.
La experiencia profesional nos indica que, antes de llegar a este momento, la persona y familia viven situaciones emocionales desbordantes a las que los profesionales tratamos de ayudar. Esta ayuda profesional y las redes de apoyo, junto con programas integrales nos marcan el camino a seguir para lograr mayores cotas de igualdad de oportunidades y participación social. Todo ello teniendo como marco de referencia los derechos humanos y los paradigmas de la normalización y la vida independiente o interdependiente.
Mensaje por Elisa la Granaina » Feb 8th, 08, 10:49
Segun el articulo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procesamiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 abril, Nos aclaran que podemos interponer una reclamacion por medio de la Jurisccion Social ante la Delegacio Provincial, en un plazo de 30 dias contando desde el dia siguiente de la fecha de la reccepcion del Dictamen del Tribunal Medico.
Es decir, que nos tenemos que buscar un abogado para que sea legal y llevarlos a juicio si no hay un acuerdo previo.
En caso de ganar menos de un tope estabelcido (consultar por comunidades autónomas) podemos solicitar un abogado de oficio.
Otra posibilidad es pedir una "Nueva Revision por Agravamiento de Enfermedad"
Una cosa que no sabia y que a mi no me dijeron en dicho Tribunal es que tenemos 10 dias despues de haber mantenido la entrevista en el Tibunal, para adjuntar nuevos documentos que acrediten nuestro estado de salud y son válidos para la valoración.
Mensaje por Javi » Feb 8th, 08, 10:54
Mensaje por Elisa la Granaina » Feb 8th, 08, 11:07
Dentro de los límites establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita así como en los tratados y convenios internacionales celebrados por España, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a:
El reconocimiento del derecho implica la realización o la confirmación de las designaciones de abogado y de procurador efectuadas provisionalmente por los Colegios profesionales.
Si la Comisión desestima la pretensión, las designaciones profesionales se revocarán y el solicitante deberá abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención del abogado y del procurador.
Mensaje por Elisa la Granaina » Feb 22nd, 08, 11:28
Me he informado en el Colegio de Abogados de cual es el procedimiento para hacer las alegaciones al Tribunal Medico en caso de disconformidad.
Primero tienes que realizar las alegaciones por tu cuenta, es decir, debes presentar un escrito explicando tu disconformidad. Como consejo me dijeron que lo hiciera un abogado (de pago, claro) por el tema de que ellos son mas tecnicos a la hora de expresarse, pero perfectamente lo podemos hacer nosotros mismos.
Si la resolucion es factible, genial, pero si no es favorable entonces ya recurrimos al Abogado de Oficio para ir a juicio. Aqui te daran a rellenar una solicitud y se adjuntan los siguientes documentos:
- Original y fotocopia de DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.
- Certificacion Catastral (te la suelen proporcionar ellos mismos)
- Si estas trabajando, Declaracion del IRPF de la unidad familiar (si es soltero o familia monoparental con hijos menores pues la propia)
- Si estas en Paro: Certificado de cobros de pensiones (se solicita en la Seguridad Social) y Certificado del INEM que indicque si cobras o no prestacion por desempleo.
- Libro de familia o Sentencia de Divorcio (dependiendo del caso)
- Documentos que validen tu argumento, es decir, certificados medicos, la carta de resolucion... etc.
Una vez entregado todo, con tu justificante de la solicitud de Abogado de Oficio, vas al juzgado para que paralicen el trámite hasta que te sea asignado el letrado y no se celebre el juicio sin que tengas quien apoye tu defensa.
Y ya todo depende del Juez!!!! Aunque si la resolucion del Juez tampoco es conforme, tambien tienes un plazo para presentar un recurso de apelacion.
Aysss!!! En que lios nos mete la vida!!!

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 Resolución 
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