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Timestamp: 2020-02-22 00:22:53+00:00

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Derecho a la vivienda digna vs ejecuciones hipotecarias en España | UE-Internacional | LawAndTrends
Sábado, 22 de Febrero de 2020, actualizado a las 01:22 horas
Actualizado el 02/10/2015, 07:15 horas
Sobre lo anterior alega el informe emitido por la ONU que: "puede ser un medio adecuado de notificación judicial acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva". No obstante, recuerda que lo que está en juego es el derecho a una vivienda adecuada, y que por ende, requiere de una supervisión judicial y una máxima cobertura legal. Añade que: "debe ser una medida de último recurso, en especial con los actos que inician el procedimiento. Su uso debe estar estrictamente limitado a situaciones en que se han agotado todos los medios para practicar una notificación personal; y asegurándose la suficiente publicidad y plazo, de manera que la persona afectada pueda tener oportunidad de tomar real conocimiento del inicio del procedimiento y pueda participar del mismo."
El artículo 2 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en vigor desde el 3 de enero de 1976) reza lo siguiente:
”Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.
Por su parte, el tenor del artículo 47 de la Constitución Española dice así, producto e inspiración del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 –por cierto, ratificada por España-.
Y en relación con lo anterior merece traer a colación la Directiva 93/13/CEE de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en tanto en cuanto se trata de una ejecución de un préstamo hipotecario suscrito entre un consumidor y una profesional- la entidad financiera-, cuyo artículo 7 dicta así:
3. Los recursos mencionados en el apartado 2 podrán dirigirse, respetando la legislación nacional, por separado o conjuntamente contra varios profesionales del mismo sector económico o contra sus asociaciones que utilicen o recomienden que se utilicen las mismas cláusulas contractuales generales o cláusulas similares”.
En temas de derechos fundamentales y humanos, a España le queda mucho por hacer. Según las estadísticas publicadas, entre 2008 y 2015 se han iniciado más de 590.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, aumentando casi un 10% los desalojos de las viviendas en 2014 respecto el año anterior. Ahora cabrá esperar cómo ejecuta el estado español esta reciente resolución, y en cualquier caso acudir y exigir la responsabilidad patrimonial del Estado en virtud del artículo 8 en relación con el artículo 13 y 35 del Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Y para ello merece mencionar la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de enero de 2009, en el caso Iribarren Pinillos contra España,
“Artículo 13 Derecho a un recurso efectivo
Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales”.
Ejecuciones Hipotecarias Onu Derechoa A Una Vivienda Digna

References: artículo 2
 artículo 47
 artículo 25
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 13