Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2466
Timestamp: 2019-07-16 06:14:00+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 337/1993
SENTENCIA 337/1993, de 15 de noviembre
ECLI:ES:TC:1993:337
En el recurso de amparo núm. 1.732/91 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Hinojosa Martínez, en nombre y representación de doña Pilar Fernández Lamela, don Luis Fraile Langarica, doña Cristina Herrador Medina, don Francisco Bellido Ruz, doña Pilar Joven Pintanell, doña Alejandra Palomo Fernández, don Francisco Royo Navarro, doña Carmen Sánchez Mingo, don Tomás Luengo Andrés y don Pedro Manzano Hidalgo, asistidos del Letrado don Federico García y García Santamarina, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 1 de febrero de 1991, que confirma en suplicación la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 18 de Madrid, de 11 de enero de 1990, recaídas en autos sobre reconocimiento de derechos. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) representado por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Morales Price y asistido de la Letrada doña María Angeles Pinilla González. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El día 31 de julio de 1991 tuvo entrada en el Registro de este Tribunal un escrito de doña María del Carmen Hinojosa Martínez, Procuradora de los Tribunales, quien, en nombre y representación de doña Pilar Fernández Lamela y otras nueve personas, interpone recurso de amparo contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (T.S.J.) de Madrid, de 1 de febrero de 1991, por la que se confirmó la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 18 de Madrid, de fecha 11 de enero de 1990. Se invocan los arts. 14 y 24 C.E.
3. En la demanda de amparo se alega vulneración de los arts. 14 y 24.1 C.E. Los recurrentes entienden que las resoluciones judiciales olvidan que el art. 41 y la Ley General de la Seguridad Social (arts. 21 y 181) permiten la pervivencia de las mejoras voluntarias, citándose al efecto la STC 65/1987. El cumplimiento de las obligaciones de la Mutualidad con sus afiliados no puede venir eludido en contra de los arts. 9.3 y 106.1 C.E. La subsistencia de las mejoras no dependen del art. 14 C.E., sino de las normas que configuran y regulan su reconocimiento. Al no haber dado respuesta a la invocación de los preceptos alegados, las Sentencias han lesionado el art. 24 C.E., limitándose a recoger una concepción heterodoxa del principio de igualdad. Por último, sostienen que la vulneración de los derechos constitucionales invocados se produce como consecuencia de no haber razonado, ni el cambio de criterio operado, ni la negativa a la aplicación de los preceptos invocados. En defensa de su alegación cita como precedentes Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Central de Trabajo.
4. Por providencia de 25 de noviembre de 1991, la Sección acordó conceder a las demandantes en amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formulasen las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda.
A) Los recurrentes de amparo, mediante escrito registrado en este Tribunal el 12 de diciembre de 1991, reiteraron la alegada violación del art. 24 C.E., por no haber tenido en cuenta la resolución que resolvió el recurso de suplicación los precedentes jurisprudenciales en la materia que fueron invocados por su identidad con el supuesto objeto de examen, tanto en lo que respecta al nacimiento de la mejora y la vigencia de la misma como a su naturaleza jurídica e irrenunciabilidad. En segundo término, sobre la violación del art. 14 C.E., los recurrentes exponen que el Tribunal Superior de Justicia, al acudir a dicho precepto constitucional para fundamentar su resolución denegatoria, sólo parcialmente ha tenido en cuenta la STC 27/1988 y, además, ha soslayado lo declarado en la STC 65/1987, considerando que es patente la vulneración denunciada. Finalmente, saliendo al paso de una eventual alegación sobre el previo agotamiento de los recursos en la vía judicial, los recurrentes destacan que contra la resolución dictada en el recurso de suplicación no puede interponerse "recurso ordinario" alguno; pues aunque pudiera acudirse al recurso de casación para la unificación de doctrina, estiman necesario resaltar que dicho recurso, al igual que el de amparo interpuesto, tiene carácter extraordinario, motivo por el que no es exigible su incoación para considerar agotada la vía judicial. Por lo que, en definitiva, reiteraron las peticiones contenidas en el suplico de la demanda de amparo.
2. Antes de entrar en el fondo de las cuestiones que se exponen en este recurso, procede examinar una causa de inadmisibilidad del mismo -que en este momento procesal sería de desestimación-, que ha sido puesta de manifiesto por la representación legal del I.N.S.S. en la fase de alegaciones abierta de acuerdo con el art. 52.1 LOTC. Según aduce la mencionada Entidad, el recurrente ha incumplido el presupuesto procesal exigido en el art. 44.1 a) LOTC -agotamiento de la vía judicial ordinaria- toda vez que, atendiendo al contenido de la demanda de amparo, el recurrente pudo y debió haber interpuesto con carácter previo al recurso de amparo el de casación para la unificación de doctrina, de acuerdo con el objeto y función que a este recurso se le asigna en el art. 216 Ley de Procedimiento Laboral (L.P.L.).
Es preciso recordar al respecto que el principio de subsidiariedad que rige el recurso de amparo, y que se establece en el art. 44.1 a) LOTC, no exige ciertamente que se interponga con carácter previo al mismo cualquier recurso imaginable, sino sólo los que, siendo procedentes en función de las normas concretamente aplicables, permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian ante este Tribunal (SSTC 30/1982, 50/1984 y 50/1988). Pues bien, el recurso de casación para la unificación de doctrina regulado por la L.P.L. de 1990, en sus arts. 215 y ss. es un recurso excepcional que está condicionado a rígidos requisitos de admisión (STC 239/1993, fundamento jurídico 1º; ATC 117/1992), toda vez que su objeto queda limitado a "la unificación de doctrina con ocasión de Sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales superiores o con Sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiese llegado a pronunciamientos distintos" (art. 216 L.P.L.). Pero ha de tenerse en cuenta, asimismo, que Sentencias estimatorias recaídas en dicho recurso, según el art. 225.2 L.P.L., producen los efectos de casar y anular la Sentencia recurrida, "resolviendo el debate planteado en suplicación".
Ha de concluirse, pues, conforme a lo ya declarado por este Tribunal para supuestos similares (AATC 70/1991 y 117/1992), que, al menos cuando el recurrente alegue ante este Tribunal violación del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 C.E.) habrá de examinarse cuidadosamente por este Tribunal si, prima facie, tal reparación pudo solventarse en la vía judicial ordinaria en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina. Y ello con independencia del éxito o fracaso del recurso ante el Tribunal Supremo al que le corresponde decidir sobre el mismo en exclusiva, por lo que sólo una resolución que fuera manifestamente infundada, arbitraria, o sustentada en un error patente merecería, en su momento, una revisión por parte de este Tribunal (SSTC 55/1992, 161/1992; ATC 260/1993, entre otras muchas). Si el Tribunal Constitucional obrase de otro modo, es decir, si resolviera sobre el fondo de cuestiones sobre las que según nuestro ordenamiento procesal pueden pronunciarse previamente los Tribunales ordinarios, se estaría ignorando el carácter subsidiario del recurso de amparo, y, paralelamente, este Tribunal no estaría respetando las competencias que a la jurisdicción ordinaria le asigna la ley, pues, suplantaría la labor revisora de decisiones judiciales que las propias leyes atribuyen a otros Tribunales dentro de nuestro sistema de ordenación judicial.
Ahora bien, de la propia argumentación de los demandantes se desprende una consecuencia que es relevante en relación con la anterior objeción. Pues si al denunciar en el recurso de amparo la vulneración del art. 14 C.E. estos afirman que existen resoluciones del Tribunal Supremo recaídas en supuestos idénticos al presente y que contienen una solución distinta -y más favorable a sus pretensiones- que la adoptada por las Sentencias ahora recurridas por ellos en amparo, es indudable que, tras haberse resuelto negativamente el recurso de suplicación interpuesto por los recurrentes, a los ahora recurrentes de amparo les quedaba abierta la vía del recurso de casación para la unificación de doctrina de los arts. 215 ss. de la L.P.L., cuyo texto articulado fue aprobado por el Real Decreto legislativo 521/1990, de 27 de abril.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 1732-1991
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid, que confirma la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 18 de Madrid, recaídas en autos sobre reconocimiento de derechos.
Conforme a lo ya declarado por este Tribunal para supuestos similares (AATC 70/1991 y 117/1992), ha de afirmarse que, al menos cuando el recurrente alegue ante este Tribunal violación del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 C.E.) habrá de examinarse cuidadosamente por este Tribunal si, «prima facie», tal reparación pudo solventarse en la vía judicial ordinaria en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina. Y ello con independencia del éxito o fracaso del recurso ante el Tribunal Supremo al que le corresponde decidir sobre el mismo en exclusiva, por lo que sólo una resolución que fuera manifestamente infundada, arbitraria, o sustentada en un error patente merecería, en su momento, una revisión por parte de este Tribunal ( SSTC 55/1992, 161/1992; ATC 260/1993, entre otras muchas). Si el Tribunal Constitucional obrase de otro modo, es decir, si resolviera sobre el fondo de cuestiones sobre las que según nuestro ordenamiento procesal pueden pronunciarse previamente los Tribunales ordinarios, se estaría ignorando el carácter subsidiario del recurso de amparo, y, paralelamente, este Tribunal no estaría respetando las competencias que a la jurisdicción ordinaria le asigna la ley, pues, suplantaría la labor revisora de decisiones judiciales que las propias leyes atribuyen a otros Tribunales dentro de nuestro sistema de ordenación judicial [F.J. 2].
Artículo 215, ff. 2, 3
Artículo 225.2, ff. 2, 3
Recurso de casación para la unificación de doctrinaRecurso de casación para la unificación de doctrina, ff. 2, 3

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 

Artículo 215

Artículo 225