Source: https://es.scribd.com/doc/57166127/Tesis-en-Derecho-Civil
Timestamp: 2016-02-13 09:01:10+00:00

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Tesis en Derecho Civil
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Profesor Guía: Juan Pablo Beca Frei. Tesistas : María Graciela Bello Muñoz. Lilian Patricia Morales Jiménez.
Temuco, Enero de 2006.
RESUMEN _______________________________________________
INTRODUCCIÓN _________________________________________
1. Breve referencia a los regímenes patrimoniales en Chile. _________
CAPÍTULO II Legislación actual en materia de régimen patrimonial de sociedad conyugal
Nociones Preliminares. __________________________________ La Sociedad Conyugal __________________________________ 2.1 Definición. ________________________________________ 2.2 El Régimen Legal. __________________________________ 2.3 Naturaleza Jurídica de la Sociedad Conyugal. ____________ 2
2.4 Patrimonio de la Sociedad Conyugal. ___________________ 2.5 Administración de la Sociedad Conyugal._________________ 3. Bienes Propios de la mujer casada. ¿Puede actuar respecto de sus bienes propios? _____________________________________ 3.1 Actos prohibidos a la mujer __________________________ 3.1.1 Limitación a las facultades del marido. _____________ 3.1.2 ¿Es revocable la autorización de la mujer antes de la celebración del acto respectivo?___________________ 3.1.3 Sanción a la falta de autorización de la mujer. _______ 3.1.4 Casos extraordinarios en que la mujer puede administrar sus bienes propios. ______________________________ 3.1.5 Sanción para el caso de contravención del artículo 1754 inciso final. ___________________________________ 3.2 Actos permitidos a la mujer. __________________________ 3.2.1 Facultad para adquirir entre vivos. _________________ 3.2.2 Facultad en materia de posesión.____________________ 3.2.3 Facultad para ejercer cargos de tutora o curadora. ____ 3.2.4 Facultad para ejercer el albaceazgo. ________________ 3.2.5 Facultad para parecer en juicio. ___________________
24 28 28 29 29 29 29
7 Facultad para celebrar contrato de sociedad. _______________________________ 3. _____________________________________ 2.2.6 Facultad para nombrar partidor. Principio de Igualdad.
1. Sentido y alcance. ________________________________________ 3. __________________ 4 40
. En cuanto a la administración de los bienes de la mujer. ¿Mito o realidad?__________
CAPÍTULO IV Análisis crítico a la legislación actual. ______________ 37 3. Observancia del Principio de Igualdad en el Código Civil. ________ 29 30
CAPÍTULO III Análisis del Principio de Igualdad en relación a las normas que regulan la administración del régimen patrimonial de sociedad conyugal. ___________ 36 2. En cuanto a la capacidad jurídica de la mujer. provocar la partición y concurrir en ella.
1. En cuanto a la administración de los bienes sociales.3. Plena capacidad de la mujer casada. El Principio de Igualdad en la Constitución de 1980.2.
42 43 45 46 46
1.1 Requisitos de procedencia.3. ______________________________ 1. Marco Jurídico Interno. ___________________________ 1.1.CAPÍTULO V Una nueva propuesta. ____________________________________
1. ___________ 1.2 Titulares de la Acción.1.
1.1 Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad. ___________________________ 1.2 Acción de Inconstitucionalidad. Tramitación del Recurso. ___________________________
2. Marco Jurídico Internacional ________________________________
.3 Normas relativas a la vigencia.1.
2 Patrimonio Reservado.3 Bienes Propios. Administración de los bienes sociales.2 Administración Extraordinaria. _________________________________ 1. ______________________________________________ 2. ___________________________________ 2.1 Administración Ordinaria.CAPÍTULO VI Reforma legislativa. una propuesta ambiciosa.
1. __________________________ 1. Patrimonios. _________________________________ 2.1 De la Sociedad Conyugal. _________________________________________
52 52 54 54
CONCLUSIONES ______________________________________________
BIBLIOGRAFÍA ________________________________________________
de alguna manera. finalmente. a partir de la legislación actual nos fue posible plantear alternativas para enfrentar casos concretos y.
Realizamos un análisis crítico de la legislación vigente de esta materia y. concluimos que es necesaria una reforma de la legislación civil que cumpla cabalmente el principio constitucional de igualdad.RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene por objeto demostrar que las normas civiles que regulan la capacidad jurídica de la mujer casada en sociedad conyugal están en clara oposición con el Principio de Igualdad. mediante el ejercicio de recursos procesales contemplados en nuestra Carta Fundamental. restablecer el principio en cuestión. y así también.
CAPACIDAD MUJER CASADA – SOCIEDAD CONYUGAL.ADMINISTRACIÓN IGUALDAD – DERECHOS HUMANOS MUJER
Sin embargo. considerar la opción de acudir a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
335 del 23 8
. resulta imprescindible adecuar el ordenamiento jurídico de manera que éste refleje la evolución que experimenta la sociedad y.802 del 9 de junio de 1989. el fortalecimiento del vínculo familiar en interés de la estabilidad social. en materia de regímenes patrimoniales. que otorgó plena capacidad a la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal y la Ley Nº 19. los sociales y los de aquélla. Una de las manifestaciones de estos cambios. que es la base del análisis de este trabajo. resguardar la observancia del Principio de Igualdad.
En lo sucesivo. en este punto en especial. lo constituyen la Ley Nº 18. el Derecho de Familia ha experimentado numerosas modificaciones especialmente. El marido administraba libremente y sin injerencia de la mujer sus bienes propios.
En el original Derecho de Familia que Andrés Bello plasmó en el Código Civil de 1855 contempló las siguientes ideas fundamentales: Una amplia potestad marital y la incapacidad relativa de la mujer casada como consecuencia del régimen matrimonial legal de comunidad de bienes. en que el respeto a los derechos fundamentales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho. Éstas eran las ideas rectoras de su época y obedecían a un fin bien claro. sujeto en cuanto a estos últimos a las limitaciones en su disposición que regulaba el título de la Sociedad Conyugal.INTRODUCCIÓN
En una sociedad democrática y pluralista como la nuestra.
Nos planteamos el desafío de evaluar y proponer soluciones empleando las herramientas que nos ofrece el ordenamiento jurídico. todo ello en un marco de amplia libertad concedida a los cónyuges para elegir su estatuto jurídico patrimonial. así como también formular un proyecto de reforma del sistema de administración de la sociedad conyugal.
Si bien estas modificaciones han contribuido a reconocer. una mayor capacidad a la mujer casada. que estableció el régimen de participación en los gananciales y la institución de los bienes familiares. todas ellas inspiradas y nutridas por el Principio de Igualdad.de septiembre de 1994. en el sentido de que éste exprese y respete las normas constitucionales y de tratados internacionales.
. no han sido suficientes para permitirle el pleno goce y ejercicio de sus derechos. paulatinamente. Por ello uno de los principales objetivos de nuestra investigación será demostrar que las normas civiles que regulan la capacidad jurídica de la mujer casada en sociedad conyugal están en clara oposición con el Principio de Igualdad.
1.Régimen de Separación Total de Bienes.
En lo sucesivo. o durante el matrimonio de acuerdo a lo que señala el artículo 1723 inciso 1º. en el momento de la celebración del matrimonio. así lo consagran los artículos 135 en su primera parte y 1718 del Código Civil1
Los demás regímenes patrimoniales son alternativos y operarán por acuerdo de los cónyuges que manifiesten su voluntad en términos formales y explícitos:
Nuestra legislación contempla tres regímenes patrimoniales y su elección corresponde libre y espontáneamente a los contrayentes. todas las normas en que no se precise su fuente se entienden pertenecer al Código Civil.
. que puede pactarse antes de la celebración del matrimonio en las capitulaciones matrimoniales. la ley suple su silencio y se entenderá que optan por el régimen de sociedad conyugal.
Si los cónyuges no manifiestan expresamente su elección. sea manifestando su voluntad expresa o tácitamente. Breve referencia a los regímenes patrimoniales en Chile. tal como lo señala el artículo 1715.
Como ya se indicó. pueden los cónyuges además sustituir el régimen de separación de bienes o de sociedad conyugal por la participación en los gananciales. en la celebración del matrimonio y durante el mismo.Régimen de Participación en los Gananciales. que puede convenirse antes del matrimonio en las capitulaciones matrimoniales..
en parte. directamente por la ley y en parte por la voluntad de los cónyuges.1. En doctrina.
Los efectos pecuniarios del matrimonio se regulan por un estatuto jurídico que constituye el régimen patrimonial del matrimonio. quien la define como: “Aquel régimen patrimonial en que todos los bienes que los cónyuges aportan al matrimonio (esto es. figura la que propone don René Ramos Pazos. Nuestro Código Civil no define qué es la sociedad conyugal. los que tienen al momento de casarse) como los que adquieren durante el matrimonio.
2. Todo lo que dice relación con los intereses económicos de los cónyuges entre sí y en sus relaciones con terceros configura una institución cuyo ordenamiento es formulado.
2. La Sociedad Conyugal. pasan a constituir una masa o fondo común
. Definición.CAPÍTULO II Legislación Actual en el Régimen Patrimonial de Sociedad Conyugal
1. entre las escasas definiciones que hallamos de sociedad conyugal.
Cuarta edición actualizada. según el artículo 135 inciso 2º. o a una persona jurídica.que pertenece a ambos cónyuges y que se divide entre ellos una vez disuelta la comunidad”. Esta situación se presenta respecto de quienes se hayan casado en país extranjero. la sociedad conyugal sólo tiene origen en la voluntad tácita de los esposos al contraer matrimonio. Es un régimen legal patrimonial. René. 1723. en el cual la sociedad conyugal debe ser pactada por los cónyuges. no es posible pactar sociedad conyugal en ninguna circunstancia posterior de acuerdo a lo dispuesto en el Art. celebrado el matrimonio bajo otro régimen alternativo. Naturaleza Jurídica De La Sociedad Conyugal Se ha discutido acerca de cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal. Por
RAMOS PAZOS.2 El régimen legal. existe un caso excepcional.
. Tomo I. Se le ha querido asimilar al contrato de sociedad. Editorial Jurídica de Chile: Santiago. no obstante.3. dejándose constancia de ello en dicha inscripción”. Derecho de Familia. todos los cuales se miran como separados de bienes en nuestro país.
2. 2003.2
2. a la comunidad. salvo que “inscriban su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago y pacten en este acto sociedad conyugal.
Exceptuado este caso especial. Lo que señalamos es importante porque.
Revista de Derecho y Jurisprudencia. c) Patrimonio de la mujer. Ob. 140. la sociedad conyugal es una sociedad ‘sui géneris’. Pág. Pág. otros autores estiman que se trata de una institución sui géneris con características propias.
RAMOS PAZOS.3
. Tomo XXVI. René.4. en sentencia de casación de 31 de agosto de 1928. 522. respecto de terceros. para los cuales sólo hay marido y mujer. cit. señala al respecto: “Que. con los del marido”.4
2. Patrimonio De La Sociedad Conyugal Durante la vigencia de la sociedad conyugal existen tres patrimonios: a) Patrimonio de la sociedad conyugal. muy diversa de las que reglamenta el Código mencionado en el Título XXVIII del Libro IV. b) Patrimonio del marido. Segunda Parte. se disuelve por la causales taxativamente enumerada en el artículo 1764 y durante su vigencia los bienes sociales se identifican. como se ve.su parte. puesto que es una entidad que no existe respecto de terceros. Sección Primera.
802 otorgó plena capacidad a la mujer casada en régimen de sociedad conyugal. Asimismo.
Según el artículo 1752 la mujer no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad. el marido necesita la autorización de la mujer para realizar los actos jurídicos señalados en el artículo 1749 incisos 3.
Ahora bien.2. ¿En qué casos la mujer puede actuar en la administración de los bienes sociales? 15
.5. Esta es la definición de administración ordinaria de la sociedad conyugal que señala el Art. como tal. 4 y 5. el artículo 1754 inciso final le prohíbe ejecutar o celebrar actos o contratos o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido. 1749. Administración de la Sociedad Conyugal El marido es el jefe de la sociedad conyugal y. en el marido. a las obligaciones y limitaciones que en el Título XXII del Libro Cuarto se le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales. No obstante que la Ley 18. mantuvo la facultad de administración de los bienes sociales y de los bienes propios de la mujer. empero. salvo en los casos expresamente señalados por ley.
Sin embargo. sino en los casos de los artículos 138 y 138 bis. administra los bienes sociales y los de su mujer. sujeto. en relación a los bienes propios de ésta.
esto es. (Art.(Art. por excepción. obligan los bienes sociales. La mujer mandataria puede hacerlo en representación del marido o a nombre propio.Hay algunas situaciones en que. La mujer puede intervenir con autorización judicial que deberá darse con conocimiento de causa. Estas son: a) Las compras que la mujer haga al fiado de objetos muebles naturalmente destinados al consumo ordinario de la familia. regirá lo dispuesto en el artículo 2151. Si lo hace en representación del marido. Sólo obligará sus propios bienes si se probare que el acto cedió en su utilidad personal. sólo obliga sus bienes propios (artículos 1750. 1751). 137 inciso 2°) b) En el caso de la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. la mujer participa en la administración de los bienes sociales y los obliga. obligará únicamente los bienes sociales y los del marido. (artículo 138 inciso 2°) d) Caso de la mujer que actúa por mandato general o especial del marido. Si la mujer mandataria contrata a su propio nombre.
. que no sea de larga o indefinida duración y de la demora se siguiere perjuicio. 138 inciso 1°) c) Por el impedimento del marido.
respecto de sus bienes raíces propios. la mujer casada en sociedad conyugal. Dar en arrendamiento. Salvo casos de excepción que pronto analizaremos en el acápite número 4 de este Capítulo. pero carece de las facultades de disposición y administración de sus bienes propios.5
3.3. la mujer casada en sociedad conyugal conserva el dominio. Durante la vigencia de este régimen patrimonial es el marido quien administra y actúa respecto de estos bienes. en caso de imposibilidad de aquélla de manifestar su voluntad. en su artículo 1754 inciso final. prohíbe a la mujer casada realizar por sí misma6 determinados actos jurídicos que menciona y que sólo pueden ser ejecutados por el marido con autorización de ella o con autorización judicial supletoria. no podrá: • • • • Enajenar. Así.
Art.1 Actos Prohibidos a la Mujer La ley civil.
. 1749 del Código Civil. Ceder la tenencia de los mismos. Administración de los Bienes Propios de la Mujer. Gravar. ¿Puede actuar respecto de sus bienes propios?
En nuestra legislación actual.
Es el marido quien realiza o ejecuta estos actos.1.802 al Código Civil. 96. pág. no puede aceptar ni repudiar asignaciones ni donaciones por sí misma.
. que otorgó plena capacidad a la mujer. si cuenta con la autorización de la mujer o con autorización judicial supletoria en caso de impedimento de la mujer y según los requisitos que exige el artículo 1749 inciso 7. transigir. no significa que la mujer pueda realizar otros actos respecto de idénticos bienes. novar una obligación.
3. Situación jurídica de la mujer casada. 1992. con el consentimiento de la mujer (artículos 1225 inciso final y 1411 inciso final). sino que es el marido quien acepta o repudia. arrendamiento y cesión de la tenencia de bienes que administra el marido. esto es. como administrador de los bienes de la mujer (ya no como su representante legal)7 y con la voluntad de ésta. 8 TOMASELLO HART.
Por carecer de la facultad de disposición. haciendo cesar la representación legal del marido respecto de la mujer. La reforma de la Ley18.8Así. gravamen. Limitación a las Facultades del Marido El marido podrá realizar cualquiera de los actos mencionados por el artículo 1754 y 1756. Edeval. renunciar a la prescripción. la mujer casada tampoco puede remitir una deuda. modificó el artículo 43 del Código Civil.
Leslie Tomasello sostiene que el hecho de que el artículo 1754 inciso final aluda sólo a la enajenación. Leslie.802. que están en el haber propio de la mujer.
La ley 18.1.
a su juicio.En cuanto a la oportunidad de la autorización.1. 2000.
3. En doctrina existen distintas opiniones: Don Marco Antonio Sepúlveda Larroucau estima que “la autorización de la mujer.2 ¿Es revocable la Autorización de la Mujer antes de la celebración del acto respectivo? La ley nada dice acerca de esta facultad. en atención a ello. es revocable. no existiendo norma alguna que expresamente establezca su irrevocabilidad. 80 y 81. Derecho de familia y su evolución en el Código Civil. ya que se trata de una facultad que la ley sólo confiere a ella. Es perfectamente imaginable un cambio en las circunstancias que
motivaron la autorización de la mujer y que. lo anterior no obsta a que los terceros de buena fe pueden alegar la inoponibilidad de la revocación y de la responsabilidad que le pudiere caber al marido frente a su mujer”.: Santiago de Chile. Marco Antonio. ésta debe ser previa o coetánea al acto. una vez otorgada y mientras no se celebre el acto. se retracte (como ya se dijo la ley exige la autorización de la mujer a fin de velar por sus intereses).
. En ningún caso. Sociedad Editora Metropolitana Ltda. la autorización de la mujer puede ser posterior. la autorización “genera un derecho a favor del marido que no queda a disposición de la mujer” y porque “admitir esta posibilidad implica poner en grave incertidumbre las relaciones jurídicas y
9 SEPÚLVEDA LARROUCAU. pág.9
Don Pablo Rodríguez Grez es de la opinión contraria ya que. pues en ese caso sería una ratificación y no autorización. Sin embargo.
Este artículo describe dos situaciones.
. conforme a lo dispuesto por el artículo 1757. Regímenes Patrimoniales.
En los casos de arrendamiento o de cesión de la tenencia de bienes raíces rústicos por más de ocho años. o de los urbanos por más de cinco años incluidas las prórrogas pactadas por el marido.afectar derechos de terceros. de acuerdo a la naturaleza del impedimento que afecte al marido para administrar la sociedad conyugal y. por ende. Hipótesis contempladas en los artículos 138 y 138 bis. pág. la sanción será la inoponibilidad a la mujer.10
3. Artículo 138. Editorial Jurídica de Chile. que el marido realice sin la autorización de la mujer. de esos contratos más allá del tiempo permitido por la ley. Pablo.
RODRÍGUEZ GREZ.1. 120 Y 121. los bienes propios de la mujer.4. 1996. adolecerán de nulidad relativa. ya que hay casos en que la autorización debe prestarse por medio de instrumento privado”. Casos extraordinarios en que la mujer casada puede administrar sus bienes propios.3. Sanción a la falta de autorización de la mujer La enajenación o gravamen de los bienes propios de la mujer (artículos 1754 y 1755).1.
Segunda hipótesis: El impedimento es de larga o indefinida duración.
La mujer que hubiere aceptado ejercer la administración de la sociedad conyugal administrará con iguales facultades que el marido (art. en este caso. En la administración de los bienes propios del marido actúa como curadora y se rige por las normas pertinentes. Y nos atrevemos a decir esto. la mujer podrá actuar respecto de sus bienes propios sin necesidad de solicitar autorización judicial supletoria.
De ello podemos concluir que.La mujer podrá actuar respecto de sus bienes propios solicitando autorización al juez.
En este caso la mujer obligará sus bienes propios hasta la concurrencia del beneficio particular que le reportare el acto y obliga al marido en sus bienes propios y en los sociales como si el acto fuera de él..Primera hipótesis: Si el impedimento no fuere de larga o indefinida duración. Para realizar actos de disposición respecto de estos bienes 21
. de acuerdo al siguiente razonamiento: a) El artículo 1759 dispone que para obligar los bienes sociales. en que la mujer puede aceptar tomar sobre sí esta responsabilidad. 1759 inc.Se suspende la administración que ejerce el marido y da lugar a la administración extraordinaria de la sociedad conyugal.. dada con conocimiento de causa. la mujer necesitará autorización de la justicia. 1º). quien la dará con conocimiento de causa cuando de la demora se siguiere perjuicio.
por tanto. si está imposibilitada para darla.
b) Esta afirmación es reforzada por lo señalado en la parte final del artículo 1760. 393). el marido realiza actos y contratos respecto de bienes de la mujer como su administrador y con el consentimiento de ella o del juez.requiere decreto judicial previo que será otorgado por causa de utilidad o necesidad manifiesta (art. “se mirarán como actos y contratos del marido (. en subsidio. la mujer actúa y obliga sus bienes propios actuando por sí misma.. cuando administra la sociedad conyugal. salvo en cuanto apareciere o se probare que dichos actos y contratos se hicieron en negocio personal de la mujer”. no necesita autorización del juez para actuar respecto de sus bienes propios.
c) En una situación normal u ordinaria. autorización judicial supletoria dada con conocimiento de causa) o los bienes propios del marido (decreto judicial previo otorgado por manifiesta utilidad o necesidad).).. la mujer administradora no necesita ser autorizada por el juez para disponer o administrar sus bienes propios así como el marido. La mujer administradora tiene iguales facultades que el marido. según el cual los actos y contratos que efectúe la mujer administradora cumpliendo los requisitos exigidos para obligar los bienes sociales (esto es.
Además. 219. en circunstancias que los frutos de sus bienes propios tienen el mismo destino.
Hay autores que estiman que éste es el fundamento para que el marido administre los bienes de la mujer. administrador ordinario de la sociedad conyugal.. N° 271. cit.11
Insistimos en nuestra conclusión considerando que el marido. podrá actuar por sí misma para disponer y administrar sus bienes con iguales facultades que el marido como administrador de la sociedad conyugal.
. actúa respecto de sus bienes propios personalmente. podrá actuar respecto de ellos por sí misma. sin necesidad de autorización alguna. “donde el legislador no distingue. René.
Y con toda razón. ante la ausencia del administrador ordinario de sus bienes señalado por ley. Ob. también de sus bienes propios.
RAMOS PAZOS. de paso. ya que se trata de una persona plenamente capaz que. sin necesidad de autorización judicial supletoria.
d) Aún algunos podrán replicar a esta conclusión señalando que a la sociedad conyugal le interesan los actos y contratos que se realicen respecto de los bienes propios de la mujer. pág.En la situación inversa. no es lícito al interprete distinguir”. pues los frutos de estos bienes ingresan a su haber absoluto. siendo la mujer la administradora de la sociedad conyugal y.
Obrando de esta manera. dar en arrendamiento o ceder la tenencia de sus bienes propios que administra el marido.Artículo 138 bis. Los bienes sociales y los del marido sólo resultarán obligados hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad o el marido hubiere reportado del acto. autorizada por el juez. gravar. Sanción para el caso de contravención de artículo 1754 inciso final El inciso final del artículo 1754.
La posición mayoritaria estima que los actos y contratos ejecutados y celebrados por la mujer casada en régimen de sociedad conyugal sobre sus bienes propios.
3. prohíbe a la mujer casada bajo el régimen legal enajenar. sin la 24
. infringiendo la prohibición hecha por la norma.1. Tercera hipótesis.Para el caso en que el marido se niega injustificadamente a ejecutar un acto o celebrar un contrato sobre un bien propio de la mujer y que ella desea realizar. la mujer sólo obligará sus bienes propios y activos de sus patrimonios reservados y aquéllos respecto de los cuales se hallare separada según los artículos 166 y 167.5.
La redacción de la norma en comento ha generado discusión en la doctrina nacional al tratar de definir cuál es la sanción aplicable a los actos y contratos que ejecute o celebre la mujer casada sobre sus bienes propios.. la ley contempla una solución permitiéndole a la mujer actuar. salvo en los casos de excepción de los artículos 138 y 138 bis.
cit. Por lo tanto no se trata de que ella cumpla con algún requisito o formalidad para actuar en relación a estos bienes. 20. cuya contravención acarrea dicha sanción por objeto ilícito. adolecen de nulidad absoluta. 217. pág. “sino una enfática orden: la mujer no puede celebrar actos de enajenación. 13 DOMÍNGUEZ BENAVENTE y DOMÍNGUEZ ÁGUILA citados en RAMOS PAZOS. Ley Nº 19.intervención de su marido. pues se trataría de negocios prohibidos por la ley. pág. pero el inciso final del artículo 1754 no establece requisito alguno. simplemente no puede hacerlo y por ello. sus actos adolecerán de nulidad absoluta en conformidad a lo dispuesto en los artículos 10.12
Los profesores Ramón Domínguez Benavente y Ramón Domínguez Águila comparten la tesis de la nulidad absoluta por varias razones:13 a) La regla de la nulidad relativa del artículo 1757 no cabe aplicarla. porque dicha norma sanciona con nulidad relativa la falta de cumplimiento de requisitos del artículo 1754. salvo en los tres casos de excepción. tal como los actos de los absolutamente incapaces. 1995. Claudia Schmidt Hott señala que “la mujer casada en régimen de sociedad conyugal no puede actuar en relación a sus bienes propios. pues se habrá infringido una norma prohibitiva”. ob. Nuevo Régimen Matrimonial. Editorial Jurídica ConoSur.
SCHMIDT HOTT.
. N° 269. 1466 y 1682. Claudia. Nº 115. salvo en las tres hipótesis señaladas que son excepcionales (hipótesis contempladas en los artículos 138 y 138 bis del Código Civil).335 analizada y comentada.
Pero en el caso que nos preocupa el acto lo celebra la mujer. sentencia de 28 de septiembre de 1994. Sólo puede hacerlo en la hipótesis del artículo 138”.
c) Finalmente. “a diferencia de lo que ocurría bajo el imperio del antiguo artículo 1684. si ahora la nulidad relativa del artículo 1757 se concede a la mujer. N° 195. por incapacidad de la mujer casada en sociedad conyugal.
b) El artículo 1754 contiene requisitos para aquellos casos en que es el marido quien celebra el negocio y ese requisito consiste en contar con la voluntad de la mujer... Luego la nulidad relativa se produce cuando es el marido quien celebre el negocio sin el consentimiento de su mujer. porque se daría el absurdo de que quien concurre
en el vicio sería el titular de la acción (. la nulidad relativa del artículo 1757 está establecida en interés de la mujer y no de su marido. al marido. que entendía conferida la acción de nulidad relativa. Pues bien. 155.gravamen o arrendamiento de sus bienes raíces. causa rol 14-94.)”
La jurisprudencia también ha optado por esta tesis.14
Corte de Concepción. pág. a ella y a sus herederos y cesionarios. no es posible aplicarla para el caso en que sea ella quien enajene sus bienes sin intervención del marido. fallo citado en Revista de Derecho de Universidad de Concepción.
la nulidad absoluta ha sido sustituida por la nulidad relativa”. 98. cit. ÁLVAREZ CRUZ. situación que hoy ha variado.Sin embargo. N° 95. algunos autores nacionales son partidarios de considerar que la sanción aplicable para el caso en que la mujer casada infrinja el artículo 1754 en su inciso final.335. Pablo. 139.
. “debe precisarse. pág. De este modo.16
RODRÍGUEZ GREZ. que podría ratificar al disolverse la sociedad conyugal. debe atenderse al carácter de la norma. Manual sobre las reformas al Código Civil (Ley N° 18. Impresos Ogar. aún destacando el carácter prohibitivo del precepto.335 dicha disposición era indudablemente una norma prohibitiva”.
Don Pablo Rodríguez Grez15 argumenta que. y agrega que “antes de la reforma de la Ley Nº 19. este autor ya sostenía que la sanción era la nulidad relativa “por establecer esta sanción el artículo 1757 y por tratarse de una prohibición a los actos de una persona capaz en sus propios bienes. S. N° 98 pág. en el día de hoy.
Raúl Álvarez Cruz. es una norma prohibitiva o imperativa”. Raúl. por ende. fruto de la reforma introducida en el artículo 138 bis. concluye que la sanción es la nulidad relativa. Ob. es la nulidad relativa.F. previamente. “una norma prohibitiva ha devenido en imperativa y.802). si el inciso final del artículo 1754. Con anterioridad a la reforma de la Ley Nº 19. para definir cuál es la nulidad que corresponde aplicar en este caso. o que durante ella podría hacerlo el marido”.
la mujer puede adquirir toda clase de bienes por sí sola. CORRAL TALCIANI.. Hernán. N° 1 y 2. y 1579. siendo plenamente capaz. que señala que el pago hecho al acreedor que no tiene la libre administración de sus bienes es nulo.En cuanto a la tradición. ésta debe hacerse al marido de acuerdo a los artículos 1578. de acuerdo al consenso que existe en doctrina.17
3. 1996.1 Facultad para adquirir entre vivos: A título gratuito.
. Universidad Gabriela Mistral.. Esta norma aplica el principio general del artículo 1447. que dispone que reciben legítimamente los maridos por sus mujeres en cuanto tengan la administración de los bienes de éstas.
Respecto a los demás modos de adquirir entre vivos. Editorial Jurídica de Chile: Santiago.18
LARRAÍN RÍOS. señalamos algunos actos o contratos que.2.
A título oneroso..Esta tesis es apoyada también por los autores Hernán Larraín Ríos y Hernán Corral Talciani. Bienes familiares y participación en los gananciales. En adelante. pues de acuerdo al artículo 1389 es capaz de ser donatario toda persona que la ley no hay declarado incapaz.Esta facultad de la mujer es indiscutible.2 Actos Permitidos a la Mujer. Hernán. se estima que la mujer casada puede realizar por sí misma. año X. 1995. Situación de la mujer casada al enajenar bienes raíces propios / en/ Temas de Derecho.
pues “bastará en tal caso el consentimiento de la mujer. Facultades en materia de posesión: La mujer casada en sociedad conyugal puede adquirir la posesión tanto sobre bienes muebles como inmuebles y ejercer los derechos de poseedora.
3. Capacidad y responsabilidad de la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal /en/ Revista de la Universidad Católica de Valparaíso.2. en cambio. la voluntad conforme de aquélla y del marido.2.5.6. 1995.
Para provocar la partición de los bienes en que tenga parte la mujer. de modo que la mujer casada.2. Facultad para parecer en juicio. 271.3. puede hacerlo. provocar la partición y concurrir en ella: Según el artículo 1325 inciso 3°.
NIÑO.2. El artículo 1326 inciso 2° la exime de la aprobación judicial.4. se requiere. o el de la justicia en subsidio”. Eduardo. Facultad para ejercer los cargos de tutora y curadora. pág. los coasignatarios que no tengan la libre disposición de sus bienes pueden nombrar de común acuerdo un partidor. sin autorización alguna. tales como deducir los interdictos o querellas que
correspondan y prescribir adquisitivamente en su caso.
3. Facultad para ejercer el albaceazgo.
3.3. artículo 1322 inciso 2°. Facultad para nombrar partidor.2.2. encontrándose en esta situación.
el artículo 1325 inciso 1° permite a los coasignatarios hacer la partición por sí mismos. a menos que el aporte sea industrial. aunque entre ellos haya personas que no tengan la libre disposición de sus bienes. siendo plenamente capaz y no constituyendo la partición enajenación de los bienes de su propiedad. En efecto.
. pero sólo obliga sus bienes reservados o especiales de los artículos 166 y 167.7.2.Pero. De modo que si la mujer carece de alguno de estos patrimonios. la mujer casada. no podría celebrar este contrato por cuanto no estaría en condiciones de cumplir con su obligación de hacer aportes.
3. para intervenir en el juicio de partición. Facultad para celebrar contrato de sociedad: La mujer casada puede celebrar este contrato. no requiere autorización ni otra voluntad que no sea la suya propia.
que expresa que algunas de las diferencias que existen entre las personas son tan relevantes que justifican ser tratadas de manera desigual. 31
.CAPÍTULO III Análisis del Principio de Igualdad en relación a las normas que regulan la administración del régimen patrimonial de sociedad conyugal. La igualdad se concreta. no todas ellas justifican un tratamiento especial.
En virtud de este principio. pues se presume justa. si bien existen diferencias entre los seres humanos. a menos que haya criterios relevantes para un tratamiento diferenciado. la desigualdad por el contrario. los seres humanos deben ser tratados como iguales. pero sin embargo se viola el mismo. podría afirmarse que el principio de igualdad permite la desigualdad. en dos grandes principios:
a) Principio de No Discriminación según el cual. parece arbitraria. luego injusta.
Para entender la relación entre la igualdad y la no discriminación.
cuando tal desigualdad no tiene un fundamento razonable.
La igualdad no tiene que ser justificada. cuando se convierte en discriminación. a su vez. b) Principio de Relevancia.
1 .Principio de Igualdad. si no se justifica. es decir.
En el artículo 19 Nº 2 inciso 1º de la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. incluyendo también los actos jurídicos particulares.En definitiva. frente a una norma que establezca un estatuto diferenciado entre el hombre y la mujer. agrega que “en Chile no hay persona ni grupo privilegiados”. aunque en términos estrictos lo que allí se garantiza es la igualdad en la ley.
Finaliza este inciso 1º del numeral 2º incorporando una frase. al bloque completo de normatividad. en ese mismo numeral. con lo cual el sistema jurídico no admite la “exención de una obligación o una ventaja exclusiva o especial” sin que exista una razón objetiva para ello. puesto que su objeto consiste en que todas las personas queden sometidas al mismo ordenamiento jurídico. desde la Constitución y las leyes hasta los actos administrativos y judiciales.
La Carta Fundamental.
. Sentido y alcance. producto de la reforma constitucional aprobada en 1999. El Principio de Igualdad en la Constitución de 1980. se debe probar que no es discriminatorio. en virtud de la cual se declara que: “los hombres y las mujeres son iguales ante la ley”.
pierde la facultad de libre disposición y administración de sus bienes propios?
Tal proscripción de las discriminaciones es absoluta.
Frente al panorama que nos presentan estas normas que constituyen la regulación básica y fundante de la sociedad conyugal. Observancia del Principio de Igualdad en el Código Civil. ya sea pública o privada que la establezca. el principio jurídico de igualdad sustenta el derecho a no ser discriminado. ¿Mito o realidad?
La ley civil organiza y regula la sociedad conyugal y en materia de administración establece las reglas básicas en los artículos 1749 incisos 1 y 2. aún cuando se trate del legislador. es lícito preguntarnos: ¿Por qué la ley entrega al marido la administración de los bienes sociales? ¿Por qué es el marido. cualquiera que sea la autoridad.
3. en virtud del cual se prohíbe la imposición o adopción de diferencias arbitrarias. no admite excepción alguna y opera con alcance erga omnes. de pleno derecho. 1750 inciso 1º. Plena capacidad de la mujer casada. jefe de la sociedad conyugal? ¿Por qué la mujer. 1752.Por su parte y al tenor del inciso 2º del precepto citado. al contraer matrimonio. 1754 inciso final.
no es apta para obligar esos bienes mediante esa manifestación de voluntad. una persona no es capaz si.
.¿Por qué la mujer. artículos 1 incisos 1 y 4.19
FIGUEROA YÁNEZ.802. la mujer deja de enumerarse entre los incapaces relativos. modificó la legislación vigente en el sentido de otorgar a la mujer casada en sociedad conyugal. pues aún después de esta reforma legal que la declara absolutamente capaz. de 9 de junio de 1989. 1991.
En opinión de Gonzalo Figueroa Yánez. teniendo bienes en su patrimonio y pudiendo manifestar voluntad jurídica. siendo una persona capaz. una capacidad formal. su marido deja de ser su representante legal y se deroga la potestad marital. no puede actuar personalmente en actos y contratos relativos a sus bienes propios. p. Por lo tanto. Gonzalo. 19 Nº 2. le sigue estando vedada la libre disposición y administración de sus bienes propios y de los bienes sociales. la doctrina mayoritaria afirma que a la mujer casada se le ha otorgado una capacidad sin contenido. 344.
La ley 18. sino que actúa el marido por ella?
Es legítimo formular estas preguntas en una sociedad en que el respeto a los derechos fundamentales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho imperante y que declara en su Carta Fundamental. plena capacidad jurídica. continúa administrando los mismos bienes que antes administraba. En síntesis. El patrimonio. Editorial Jurídica de Chile.
20 En suma. 1750. VELOSO VALENZUELA. Ob.Más allá de declarar que la mujer casada en sociedad conyugal. Claudia. 21 RODRÍGUEZ GREZ. vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución Política de Chile y en los diversos tratados internacionales de derechos humanos. arbitrarias. ni que éste consagre diferencias que se justifican en consideración a los deberes y obligaciones que pesan sobre ellos”. ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. “Los tratados internacionales no
impiden que los esposos. sostienen la
Sin embargo. Pablo Rodríguez Grez tiene una opinión muy distinta: “las limitaciones consagradas en la ley en relación a los bienes propios de la mujer. cit. si bien tienen carácter legal. La Justicia frente a los Derechos Humanos de las Mujeres. Ob.21
En este sentido. Pablo. inciso final. caprichosas o indebidas”. algunos autores sostienen que la ley civil. ”El derecho legal de goce que la ley otorga al marido para hacer frente a las necesidades de la familia común. Editorial ConoSur Ltda. Paulina. han sido voluntariamente aceptadas por la mujer al contraer matrimonio y optar por el régimen de sociedad conyugal”. sigue siendo incapaz. 126. 20-21. en sus artículos 1740. inconstitucionalidad de esas normas. puedan fijar el régimen patrimonial a que se someterán. cit. 2000. Pág. al contraer matrimonio.
.. SCHMIDT. no permite considerar que las limitaciones que sufre la mujer en relación a sus bienes propios sean injustificadas. en la práctica.. 1752 y 1754. pág.
debe considerarse inconstitucional la norma contenida en el artículo 137 del Código Civil. que pretendió otorgar plena capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal. atenta contra la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. consagrado en la Carta Fundamental y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de rango constitucional.
El artículo 1754 inciso final prohíbe a la mujer enajenar o gravar o dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido.CAPÍTULO IV Análisis crítico a la legislación actual.
1. en conformidad a lo prescrito por el artículo 5 inciso 2º y. muy especialmente. reformado por la ley 18. sin perjuicio de que el marido debe requerir la autorización de la mujer para realizar los actos a que se refieren los artículos 1754. al prohibir la ley a la mujer gestionar sus bienes propios atenta contra el Principio de Igualdad. 1755 y 1756. En cuanto a la administración de los bienes de la mujer. le reconocerán iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes (…)”
En este mismo sentido. En particular. pues si bien dicha ley derogó la 36
. En consecuencia. que en su artículo 15 Nº 2 dispone: “Los Estados Partes reconocerán a la mujer en materias civiles.802. salvo en los casos de los artículos 138 y 138 bis. una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad.
En efecto. en la actualidad. Sin embargo. En cuanto a la administración de los bienes sociales. por lo que el marido. podemos advertir que existen bienes muebles que pueden superar en valor y liquidez a los bienes inmuebles. puede disponer de ellos con absoluta libertad e independencia. La importancia de este
razonamiento radica en que. como ya lo hemos señalado. ya no seria un principio absoluto. pues sólo le dio una capacidad nominal. así lo señala el artículo 1750 del texto legal recién referido.
El artículo 1749 inciso 3º establece que el marido requiere autorización específica y solemne de la mujer para una serie de actos señalados en el mismo relativos a los bienes sociales inmuebles. Ante esto podemos afirmar que hoy en día el principio que inspiró al legislador en la redacción del Código Civil en cuanto a estimar a los bienes raíces de un mayor valor e importancia que los bienes muebles. fondos mutuos y otros. la mantuvo en lo patrimonial. es el marido el responsable de la administración de los bienes sociales y dueño de éstos frente a terceros. si bien la mujer es capaz para otorgar actos y contratos. de acuerdo a la diversidad de inversiones que ofrece el mercado financiero.
De acuerdo al sistema que establecen las normas del Código Civil. como administrador de la sociedad conyugal. respecto de los bienes muebles no existe ninguna norma que exija al marido contar con esta autorización respecto de actos y contratos relativos a estos bienes. 37
. bonos.potestad marital.
2. tales como acciones. sólo obliga bienes reservados y los bienes de los artículos 166 y 167 y no puede obligar sus bienes propios.
durante la vigencia de la sociedad y que su administración deficiente o descuidada o incluso fraudulenta puede llegar a configurar una causal de separación judicial de bienes. entre otros don Pablo Rodríguez Grez22.
El marido administrador de los bienes comunes o sociales requiere autorización de la mujer para ejecutar y celebrar actos y contratos que se estiman de mayor relevancia cuando recaen sobre bienes inmuebles.
RODRÍGUEZ GREZ. 1999. no dispone de patrimonio alguno que pueda administrar por sí sola. en los hechos esta afirmación no se cumple. como dueño de los bienes sociales. si no desempeña ninguna actividad laboral separada de su marido.
. el patrimonio que él administra está integrado no tan sólo por el patrimonio social sino además por sus bienes propios. de forma tal que a la mujer no le es posible conocer en forma exacta cuál es el verdadero estado patrimonial de la comunidad. la situación que enfrenta la mujer es totalmente diversa a la del marido.Mas aún. la mujer casada en este régimen. pues es el marido. hasta el punto de sostener que hoy ambos cónyuges son verdaderos coadministradores. Aún podemos destacar que este administrador no tiene la obligación de rendir cuenta de su actuación respecto de los bienes sociales ni de los propios de la mujer. muy por el contrario. Pablo. Sin embargo. Los Regímenes Patrimoniales /en/ Revista de Derecho de Universidad Finis Terrae. respecto de todos los demás actos de administración éste actúa en forma independiente y autónoma. Nº 3. Año III. sostiene que en virtud de las diversas reformas.
Parte de la doctrina. No obstante. de manera que unos y otros forman un solo patrimonio. En contrapartida. la legislación ha evolucionado en esta materia.
quien tiene la iniciativa y protagonismo en la realización y conclusión de los negocios; el papel de la mujer es únicamente el de otorgar la autorización respectiva cuando se trate de bienes inmuebles. Incluso esta voluntad es suplida por el juez cuando se estima que ella se niega injustificadamente.
Por esto, podemos sostener que la mujer casada sólo tiene alguna forma de participación en la gestión del patrimonio social, pero no puede afirmarse que sea una verdadera coadministradora. Ella carece de poderes propios de administración y sólo puede poner límites para algunas actuaciones del marido.
Una de las pocas ocasiones en que la mujer puede disponer de los bienes sociales ocurre en caso de que efectúe compras al fiado de objetos muebles naturalmente destinados al consumo ordinario de la familia, según lo que señala el artículo 137 inciso 2º. Es claro que el poder de la mujer en este caso es restringido, ya que se trata de bienes que no representan grandes sumas de dinero y que, no podrían afectar el presupuesto familiar.
Las dificultades eventuales que en determinadas situaciones pudieran producirse no son argumento para impedir una administración conjunta.
3. En cuanto a la capacidad jurídica de la mujer.
La Ley Nº 18.802 otorgó plena capacidad jurídica a la mujer casada en sociedad conyugal, por lo tanto, de acuerdo a lo que declara la ley, ésta tiene la aptitud legal para adquirir y ejercitar por sí misma derechos civiles. Así la capacidad de goce es la aptitud legal para ser titular de derechos y la capacidad de ejercicio, la aptitud para hacer valer los derechos sea mediante la celebración de actos jurídicos, sea mediante la realización de hechos lícitos.23 A esta última capacidad se refiere el artículo 1445 inciso 2º
Sin embargo, si analizamos el inciso final del artículo 1754 podemos apreciar que existe una ostensible o manifiesta contradicción a lo que declara la ley, y el espíritu de ésta en la modificación de la ley civil que pretendió dar cumplimiento a la normativa internacional relativa a establecer la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Es del caso resaltar que esta ley 18.802 fue promulgada y publicada unos meses antes de la ratificación, por nuestro país, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Por otra parte, la norma del 1754 inciso final dispone que la mujer casada no podrá ejecutar o celebrar actos ni contratos sobre los bienes de su propiedad, que administra el marido, sino en los casos excepcionales de administración extraordinaria de la sociedad conyugal que asuma la mujer o en caso de negativa injustificada del marido administrador
23 LEÓN HURTADO, Avelino. La Voluntad y la Capacidad en los Actos Jurídicos. Tercera Edición. Editorial Jurídica de Chile: Santiago, año 1990, pág. 292.
para ejecutar o celebrar actos o contratos sobre dichos bienes. En este último caso, la mujer tiene como última opción solicitar autorización judicial supletoria, según remisión hecha por esta norma al artículo 138 bis.
De acuerdo al panorama expuesto, podemos apreciar claramente que la capacidad otorgada a la mujer es sólo teórica y que la actual legislación civil contiene normas que abiertamente se oponen a los postulados de la Carta Fundamental que consagra y predica la igualdad jurídica sin distinción de sexo y por otra parte el respeto irrestricto a los Derechos Fundamentales.
Esta tesis es compartida por importantes autores nacionales como Claudia Schmidt Hott24, Gonzalo Figueroa Yánez25, Luis Bustamante Salazar26, Paulina Veloso Valenzuela27, quienes sostienen la inconstitucionalidad de las normas civiles que merman o restringen la capacidad de la mujer casada y desconocen los Tratados Internacionales ratificados por Chile en esta materia.
SCHMIDT HOTT, Claudia. Los Sistemas Económicos Del Matrimonio /en/ Revista de Derecho de Universidad Finis Terrae. Año III. N° 3. 1999. 25 FIGUEROA YÁNEZ, Gonzalo. Ob. cit., p. 344. 26 BUSTAMANTE SALAZAR, Luis. Plena Capacidad De La Mujer Casada En Sociedad Conyugal. Una Reforma Legal Por Hacer /en/ Revista de Derecho Universidad de Concepción, 1999. 27 VELOSO VALENZUELA, Paulina. Ob. cit..
En nuestra opinión. Marco Jurídico Interno
En doctrina. sea esta absoluta o relativa. el fondo del asunto es el siguiente: en el caso en que una mujer casada en régimen de sociedad conyugal efectivamente ejecute o celebre un acto o contrato respecto a un bien propio. que ejecute o celebre actos o contratos respecto de sus bienes sin la voluntad del marido. existe una herramienta legal para proteger y defender la validez de esta actuación de la mujer.
1. sin la autorización del marido y éste o un tercero pretendan dejarlo sin efecto invocando la acción de nulidad. esto es.CAPÍTULO V Una Nueva Propuesta
1. la raíz de esta discusión no se centra en determinar cuál es la nulidad de que adolece el acto o contrato así otorgado. La discusión se centra en sancionar esta infracción con la nulidad absoluta o relativa de los actos o contratos. sino que se trata de aplicar el ordenamiento jurídico con un pensamiento crítico y una visión amplia y profunda de los principios que informan la legislación.1 RECURSO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD Desde nuestra óptica. no queda suficientemente claro cuál es la sanción civil que debe aplicarse para el caso en que la mujer infrinja el inciso final del artículo 1754. 42
como único órgano competente. Artículo 82 Nº 6° “Resolver.050. atendiendo al caso planteado.En efecto. en cuanto a que los requisitos para que proceda el recurso son:
Constitución Política de la República. se deroga el artículo ochenta de la Constitución.1. esto es. En virtud de ésta. publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de agosto del presente año. reemplazándolo por un nuevo recurso o "cuestión" de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. que consagraba el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. 82 Nº 6 de nuestra Carta Fundamental28. ella podrá defenderse ejerciendo el Recurso de Inaplicabilidad por
Inconstitucionalidad de todo precepto legal que la prive de la disposición y administración de sus bienes.1.
1. quien pasa a ejercer el control de constitucionalidad en forma exclusiva. Nos resulta adecuado aplicar este recurso según lo que dispone el Art. nos interesa específicamente la reforma relativa a las nuevas facultades que se atribuyen al Tribunal Constitucional. En el desarrollo de esta investigación hemos debido considerar la Ley Nº 20. resulte contraria a la Constitución”
. para ese caso concreto. Requisitos de procedencia. que introduce diversas reformas a la Constitución Política de la República y. la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial. por la mayoría de sus miembros en ejercicio. sostenemos que ante un proceso originado por esta acción en contra de la mujer casada.
Sociales y Culturales. artículo 19 Nº 2 que establece la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. esto es.a) Que exista un precepto legal contrario a la Constitución: Sostenemos que existe una inconstitucionalidad de fondo ya que la disposición del artículo 1754 inciso final transgrede en forma manifiesta las normas constitucionales. lo que se requiere es que el precepto sea susceptible de aplicación. que la cuestión
. esto es. Pacto de Derechos Económicos. podemos mencionar Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Convención Americana de Derechos Humanos y principalmente la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. al señalar que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No es necesario que el precepto legal se haya aplicado en la gestión. artículo 5 inciso 2º al establecer que el ejercicio de la soberanía reconoce como límite el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y la obligación de los órganos del Estado de respetar y promover tales derechos garantizados en la Constitución como también en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. ordinario o especial: El término “gestión” es una expresión amplia que abarca asuntos de jurisdicción contenciosa y también voluntaria o no contenciosa. en concreto el artículo 1 inciso 1º.
b) Que el precepto se pretenda aplicar en una gestión pendiente que se sigue ante cualquier tribunal. Respecto a estos últimos.
Cuarta Edición revisada y actualizada. Año 1998.405 a 408. o el juez que conoce el asunto. constituye el agravio para el recurrente. págs. y
e) Se cumplan los demás requisitos que establezca la ley.propuesta en la gestión en que incide el recurso se halle regida por el precepto tachado de inconstitucional. y por tanto puede ser tomado en cuenta en el pronunciamiento que finalmente deba dictarse. lo que hasta la presente reforma les estaba vedado.2 Titulares de la Acción. los particulares pasan a ser eventuales litigantes ante el Tribunal Constitucional.
d) Que la impugnación esté fundada razonablemente.
. Los legitimados activos de esta acción son: • • las partes del juicio. Derecho Constitucional. Hernán. Ediciones Universidad de Concepción.29
c) Que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisiva en la resolución del asunto.1.
El hecho de que el precepto legal inconstitucional sea susceptible de aplicación en la gestión.
29 MOLINA GUAITA.
teniendo como efecto que el acto o contrato celebrado por la mujer es plenamente válido. El Tribunal Constitucional resolverá sobre la cuestión de inaplicabilidad por mayoría de sus miembros en ejercicio."
. Tramitación del Recurso. la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior. Artículo 82: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional: Nº 7 Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio. es inaplicable por inconstitucional para este caso particular o concreto. En consecuencia en el caso que el Tribunal Constitucional acogiera tal recurso. revisado en abstracto. podrá pedirse al mismo órgano que declare la inconstitucionalidad de la norma. La declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal. ya que para el caso en que el Tribunal Constitucional dicte sentencia definitiva que declare inaplicable un precepto legal por ser contrario a la Constitución. mediante el ejercicio de la nueva acción de inconstitucionalidad.
1. Sin embargo lo relativo a la admisibilidad de la cuestión y a la suspensión del procedimiento en que incide será de competencia de una de sus Salas.1.1.2
ACCIÓN INCONSTITUCIONALIDAD
Otra interesante innovación en materia de control de constitucionalidad se establece en el artículo 82 número 730. lo que importa que el conocimiento del fondo de la cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad será de competencia del Pleno. puede operar de oficio o por acción popular. según las reglas que al efecto establecerá la
Constitución Política de la República. es decir. sin ulterior recurso.3. declarará que el precepto en análisis. el artículo 1754 inciso final.
es decir. las antedichas modificaciones al capítulo VII.
Los órganos del Estado deben garantizar los derechos contemplados por los Tratados Internacionales. recurriremos al sistema americano.
1. Marco Jurídico Internacional En el evento en que se hubieren agotado todas las herramientas que ofrece la legislación interna. De conformidad a lo establecido en la disposición cuadragésima cuarta transitoria introducida por esta reforma. debemos acudir a los mecanismos de protección internacional de Derechos Humanos. que forman parte de la Constitución en razón del artículo 5º inciso 2º. con excepción de lo dispuesto en relación con los recursos de inaplicabilidad actualmente en curso ante la Corte Suprema. producirá efectos erga omnes. sobre Tribunal Constitucional. 47
.3 Normas relativas a la vigencia.Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y. una vez pronunciada por éste Tribunal. de la Constitución. entrarán en vigencia seis meses después de la publicación de la Ley Nº 20. y adoptar todas las medidas que se requieran para cumplir este deber.050. que siguen siendo materias de competencia de ésta. En este caso. el 26 de febrero de 2006.
2. ante la Corte
130 a 131. M.Si el Estado no cumple con esta obligación queda abierto el camino de la protección internacional. H.31
La protección de los Derechos Humanos trasciende así el ámbito nacional. y NOGUEIRA. Tomo I Editorial Jurídica de Chile. conjugándose en forma creciente el derecho internacional y el derecho interno en la protección de la dignidad y de los derechos de la persona humana.. págs.
. todo lo que obliga a los tribunales nacionales a aplicar e interpretar directamente las normas contenidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. E.. existiendo un consenso sobre la necesidad de su garantía supranacional. año 1994. Derecho Constitucional. PFEFFER. teniendo en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un carácter jurisdiccional sancionatorio respecto del Estado infractor. que opera con carácter subsidiario o complementario.
El principal fundamento que nos motiva a efectuar esta propuesta radica en el respeto y la observancia de las normas constitucionales y de tratados internacionales. como si el patrimonio social y el propio formaren uno solo. 1752 y 1754.
1. el marido se reputa dueño de los bienes sociales respecto de terceros. 1750. Así lo señalan los artículos 1749. finalmente. Esto significa que la actual legislación civil debe reformarse. la mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la vigencia de la sociedad y.
La administración ordinaria de la sociedad conyugal corresponde únicamente al marido. en cuanto a los bienes sociales. surge la necesidad de presentar una propuesta:
La administración de la sociedad conyugal.
Del análisis de este régimen legal de la administración y de la información recogida durante este trabajo de investigación. de manera de otorgar a los cónyuges una administración conjunta. Administración de los bienes sociales.CAPÍTULO VI Reforma legislativa: Una propuesta ambiciosa. 49
. respecto del patrimonio común destinado al resguardo de la familia. debe ser asumida por ambos cónyuges en igualdad de condiciones. con poderes equiparados. todas ellas inspiradas y nutridas por el Principio de Igualdad.
La administración corresponderá a ambos cónyuges en forma conjunta. Ésta deberá ser específica y otorgada por escrito. o mediante escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad.Respecto de actos y contratos relativos a bienes sociales inmuebles que realice uno de los cónyuges.
1..Este nuevo sistema de administración reconoce la plena voluntad y autonomía de los cónyuges que han decidido contraer matrimonio.1 Administración Ordinaria.
. pasando a ser ahora una sociedad en que ambos socios dispongan de iguales poderes y facultades. Esta propuesta
demanda la modificación sustancial del artículo 1749 inciso primero en la parte en que establece que el marido es el jefe de la sociedad conyugal. se exigirá contar con la autorización del otro. a menos que ambos intervengan conjuntamente. de manera que cualquiera de ellos está facultado para ejercer la administración y actuar respecto de los bienes sociales. Esta autorización mantendrá las características que actualmente señala la legislación tratándose de bienes a los que el legislador considera de mayor importancia.
Forma y procedencia de la autorización. de tal modo que todos los actos y contratos que ejecute o celebre alguno de los cónyuges respecto de los bienes sociales debe contar necesariamente con la autorización del otro.
la administración de los bienes sociales la asumirá el otro cónyuge y respecto de los bienes propios del cónyuge impedido.. Esto ocurrirá en las siguientes hipótesis: a) En caso de incapacidad (por ejemplo la menor edad). b) Cuando uno de los cónyuges haya sido declarado interdicto por disipador. como por ejemplo. cualquiera sea su duración. Proponemos que respecto de los bienes muebles que representan un mayor valor. Administración Extraordinaria. deberán contar con la autorización del cónyuge que no intervenga en la enajenación de ellos. bastando para ello con una Declaración Jurada ante Notario.
1.. por ejemplo. vehículos. Es claro que en ese evento. acciones o inversiones en otros similares. etc.2. o excusa del cónyuge no impedido. para ejercer la administración. Deberá idearse un sistema que defina el rango y valor de estos bienes. los administrará en calidad de curador.
. habrá que hacer una distinción en cuanto a su valor económico. Esta procederá en aquéllos casos en que uno de los dos administradores no pueda ejercer esta función debido a que le afecta algún impedimento.Ahora respecto de los actos y contratos relativos a bienes sociales muebles.
Habrá situaciones excepcionales en que la administración social será asumida por un curador. para entender cuándo estamos ante un mueble de mayor valor. a menos que ambos actúen conjuntamente. establecer un valor mínimo de 10 UTM.
Reconocemos que esta innovación puede resultar a primera vista incomprensible e incluso opuesta a la pretensión de velar por los intereses de la mujer. 52
. 2 y 5.
Se deben distinguir tres grupos de bienes que tienen características propias: los bienes sociales y los bienes propios del marido y los de la mujer. Patrimonios.
b) Haber Relativo: En cuanto a su composición no sufre variación alguna.
De este modo. asumiendo las ventajas y desventajas que de ello provengan. De la Sociedad Conyugal. 1730 y 1731.
2. a las necesidades e intereses de la familia común.1. en forma equitativa. Artículos 1725 números 3 y 4 y 1731. lo que estamos aseverando está precisamente en concordancia con nuestra principal motivación que es lograr la plena igualdad entre los cónyuges.2. sin embargo. 1725 números 1. contribuyendo ambos. ACTIVO a) Haber Absoluto: Estará constituido básicamente de la misma forma que lo establece la legislación actual en los artículos. el haber absoluto está constituido por las remuneraciones que perciban ambos cónyuges durante la sociedad conyugal.
ambos pueden contraer deudas comprometiendo bienes sociales.
b) Pasivo relativo: Comprende las deudas que haya contraído cada cónyuge antes del matrimonio y las personales contraídas por éstos durante él. en cuanto a que cada patrimonio responde por las deudas contraídas conforme a él. podrán ser perseguidas por los acreedores en el patrimonio social. con el objeto de satisfacer necesidades de la familia.
En este punto se mantiene el principio lógico. las deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges en la sociedad conyugal relativa a los bienes sociales. dirigiendo su acción contra cualquiera de los dos administradores. No así como ocurre en el presente en que. se está dando fin a la presunción legal del artículo1750 que instituye al marido respecto de terceros como dueño de los bienes sociales.PASIVO a) Pasivo Absoluto: Al establecer una administración conjunta se eliminan muchas de las dificultades que se presentan en la actual legislación. Así cada cónyuge responde con sus bienes propios por las deudas contraídas en su favor y la sociedad conyugal debe ser recompensada cada vez que efectúe una erogación en favor de deudas personales. entre otras.
Por lo tanto. Con esto. marido y mujer serán codueños de los bienes sociales y en definitiva. los acreedores deben dirigir su acción en contra del marido.
. respecto a las deudas contraídas por la mujer que afecten bienes sociales.
actualmente impera. Bienes Propios. así la norma del artículo 1754 inciso final quedará derogada. En este punto. debemos tener siempre presente que el nacimiento y crianza de los hijos significa un mayor sacrificio para la mujer. no vemos razón alguna que justifique alterar el sistema que
2. ésta no sólo debe ser titular de derechos sino también debe tener la capacidad de ejercerlos. En cuanto a este patrimonio afecto a un régimen especial de administración de bienes sociales (1725 Nº 1) y que constituye una protección que la ley otorga a la mujer casada que trabaja.3.
.2.2 Patrimonio Reservado. cada cónyuge administrará con total independencia los bienes de su propiedad. Si bien proponemos una administración conjunta de los bienes sociales con el propósito de que ambos cónyuges actúen en planos de igualdad. Para que la capacidad de la mujer casada sea plenamente efectiva.
de manera que se exija un efectivo pronunciamiento acerca del régimen patrimonial.
Comprobamos una ostensible vulneración del Principio de Igualdad al analizar la situación jurídica de la mujer casada en cuanto la ley la despoja de la facultad de administrar sus bienes propios como también le otorga un papel secundario en la administración de los bienes sociales.
En materia de elección de regímenes matrimoniales. La idea central de esta crítica es enfatizar la libre voluntad de las parejas al contraer matrimonio.CONCLUSIONES
Al término de este trabajo de investigación. Nos parece criticable que exista un régimen legal porque ante un acto tan trascendental en la vida de las personas. 55
. esta exigencia generaría a los futuros contrayentes la necesidad de informarse cabalmente y tener plena conciencia y protagonismo en las decisiones más importantes de la vida. hay una infracción a la Carta Fundamental en las normas que versan sobre las Bases de la Institucionalidad y en materia de Derechos y Deberes Constitucionales. más aún. si las partes nada dicen. Lo anterior no significa descartar a la sociedad conyugal como un régimen patrimonial sino simplemente que ante los tres regímenes que ofrece la legislación. advertimos que la legislación no reconoce la plena capacidad jurídica de la mujer casada en sociedad conyugal. la ley suple su silencio y presume la voluntad de éstos de contraer matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. específicamente. es absolutamente imprescindible una manifestación expresa de los contrayentes en cuanto al régimen por el cual desean regular sus intereses.
Finalmente.los contrayentes elijan en forma expresa.
. a nuestro parecer. sin distinción de sexo ni estado civil. sin que ninguno de esos regímenes opere como supletorio de la voluntad. o sea.
Es esencial en un Estado de Derecho que la legislación reconozca a todas las personas iguales derechos y capacidad de ejercerlos sin distinción alguna y que esté en plena concordancia con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. no exista régimen legal alguno. la forma más adecuada y definitiva para establecer y respetar la plena igualdad jurídica. es efectuar una reforma legislativa que efectivamente permita a la mujer casada actuar con plena capacidad.
Tratados Internacionales Vigentes en Chile en Materia de Derechos Humanos.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Hernán. año 1990. pág. 292.: Santiago.
MOLINA GUAITA. pág. 344. Tercera Edición. Miguel Ángel.
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 Artículo 138
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 artículo 1684
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 artículo 1325
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 artículo 1322
 artículo 1325
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 artículo 5
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 artículo 137
 artículo 1445
 artículo 1754
 artículo 138
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 Artículo 82
 artículo 19
 artículo 1754
 artículo 5
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 Artículo 82
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 artículo 1754
 artículo 5
 artículo 1749
 artículo1750
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