Source: https://elderecho.com/problemas-que-plantea-la-interposicion-simultanea-del-recurso-de-casacion-estatal-y-autonomico
Timestamp: 2019-02-21 09:33:00+00:00

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Problemas que plantea la interposición simultánea del recurso de casación estatal y autonómico - El Derecho
Abordamos quién puede decidir sobre la prevalencia de un recurso sobre otro
Foro 22-12-2017 Coordinador: Diego Córdoba Castroverde
El «BOE» núm. 174, de 22 de julio de 2015, publicó la LO 7/2015, de...
Una de las características más destacables de la reforma reside, en mi opinión, en la instauración de un recurso de casación único ante un tribunal de casación que puede ser diverso -pese al obstinamiento de la LO 7/2015 -EDL 2015/124945 de hablar en muchos de sus pasajes con referencia exclusiva a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo según que el recurso pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea -el tribunal de casación será la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo o en infracción normas de derecho autonómico -en cuyo caso el tribunal de casación vendrá constituido por la correspondiente Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia-.
Ahora bien, semejante dualidad no viene siempre perfectamente trazada. Puede ocurrir que se invoque Derecho estatal y autonómico al mismo tiempo o uno subsidiariamente respecto de otro tampoco es descartable que en el fondo de la controversia subyazca una cuestión de Derecho de la Unión Europea pero que por la distribución nacional de competencias, sea el legislador autonómico el que proceda a su trasposición o recepción, situación, por cierto, nada inédita en ámbitos como el medioambiental.
El auto 17-7-17 -RCA 1271/17 -EDJ 2017/188458 de la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda un caso en el que la parte plantea una serie de infracciones de carácter autonómico como petición principal y, subsidiariamente, prepara el recurso de casación estatal, invocando la incongruencia omisiva de la sentencia por no resolver la pretensión subsidiaria planteada en su demanda.
La paradoja del asunto reside, no obstante, en la circunstancia de que el vicio in procedendo -la incongruencia se denuncia, por no haber dado respuesta la sentencia a la pretensión subsidiaria.
Apunta el ATS 17-7-17 -EDJ 2017/188458 «[...] La ley no impide la preparación simultánea o sucesiva de ambos recursos, siempre que se haga dentro de los plazos legalmente establecidos. Por ello, la parte que entiende que la sentencia puede infringir, a la vez, normas autonómicas y estatales, y ante la eventualidad de que la falta de interposición de uno de estos recursos le impida la posterior preparación del otro por el transcurso de los plazos marcados legalmente, es frecuente que opte por preparar ambos, sin que exista un criterio ni legal ni jurisprudencial claro sobre el criterio que ha de seguirse en estos casos.
Con carácter general puede afirmarse que en los supuestos en los que las infracciones de normas estatales o comunitarias invocadas estén referidas a la pretensión principal y la decisión que pudiera adoptarse por el Tribunal Supremo en el recurso de casación -estatal condicione el resultado del litigio, y consecuentemente la sentencia que pudiera recaer en el recurso de casación -autonómico-, no resulta procedente una tramitación simultánea de ambos recursos, ante el riesgo de poder incurrir en sentencias contradictorias, debiendo concederse preferencia al recurso de casación estatal y dejar en suspenso la admisión del recurso de casación autonómico hasta que exista un pronunciamiento firme del Tribunal Supremo.
Conviene recordar que la competencia constituye un elemento intrínseco a la propia función jurisdiccional, que trasciende la órbita puramente procesal, adquiriendo en nuestro Estado de Derecho una dimensión constitucional desde el momento que al máximo nivel normativo se proclama la reserva de ley para su determinación y, al mismo tiempo, se le confiere vida propia frente a las meras reglas procesales al distinguir, por un lado, las normas de competencia y, por otro lado las normas de procedimiento -art.117.3 Const -EDL 1978/3879--.
Puede afirmarse, por tanto, que la validez y legitimación de cualquier pronunciamiento judicial se subordina a que haya sido emitido por un juez o tribunal con jurisdicción y competencia para adoptarlo. Así se comprende que tanto la una como la otra resulten improrrogables -art.9.6 LOPJ -EDL 1985/8754 y art.7.2 LRJCA -EDL 1998/44323--.
En consecuencia, llegados a este punto, interesa destacar que a tenor del aptdo 3 art.86 LJCA -EDL 1998/44323 la sentencia será susceptible de recurso de casación -ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo o ante la Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia siempre que la infracción de las normas de Derecho estatal o de las normas autonómicas sea relevante y determinante del fallo impugnado.
Como tuve ocasión de señalar en esta misma revista -«El recurso de c...
Como tuve ocasión de señalar en esta misma revista -«El recurso de casación por infracción de normas autonómicas», julio 2016 -EDC 2016/1010907-, la regulación legal de esta modalidad del recurso de casación -tras la reforma operada en la Ley de la Jurisdicción mediante LO 7/2015, de 21 julio, EDL 2015/124945 es notoriamente insuficiente, al punto de que cabe afirmar que su efectiva puesta en funcionamiento no solo puede resultar inviable o imposible en ciertos supuestos sino que puede conducir a resultados absurdos o indeseables desde el punto de vista procesal y del contenido de las decisiones que el órgano competente habrá de adoptar, pues el legislador solo ha dedicado dos párrafos, incluidos en el art.86 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-, a esta modalidad del recurso de casación ciento cincuenta y tres palabras que resultan inadecuadas y poco aptas para su puesta en práctica.
Uno de los problemas principales que esta escasísima regulación puede provocar es, precisamente, el que nos suscita la cuestión. ¿Qué ocurre si la resolución que pretende impugnarse en casación presenta –a juicio de alguna de las partes, o de todas ellas infracciones de normas estatales o europeas y de normas propias del Derecho autonómico? ¿Puede plantear ambos recursos simultáneamente’ ¿Debe optar por uno u otro? ¿O sería correcto esperar a la resolución de uno de ellos para deducir el segundo?
Señalaba, en efecto, en aquel artículo que la falta de previsión normativa sobre la eventual preparación de los dos recursos de casación -el común y el autonómico obligará a determinar, sin una sólida base derivada de algún precepto legal, cuál de los dos recursos ha de reputarse de tramitación preferente y en atención a qué criterios e incluso si, en su caso, cabría imponer la renuncia a uno u otro en caso de invocarse al mismo tiempo infracciones estatales y autonómicas.
Pues bien, la cuestión ha sido ya -en parte abordada por la sec 1ª de la Sala Tercera del TS auto 17-7-17 -rec 1271/17 -EDJ 2017/188458-, que analiza el siguiente supuesto: la parte actora en un procedimiento seguido ante la Sala de Canarias que concluyó con sentencia desestimatoria plantea un recurso de casación autonómico con carácter principal -basado en la infracción de normas propias de aquella Comunidad Autónoma y -subsidiariamente y «para el caso de no estimar la primera pretensión» deduce un recurso de casación estatal en el que denuncia la incongruencia omisiva de la sentencia.
La Sala a quo da preferencia en el caso a la casación estatal a tenor del vicio que se denuncia en la misma -incongruencia y acuerda, en consecuencia, tenerlo por preparado y esperar a la decisión del Tribunal Supremo para acordar lo procedente en relación con la casación autonómica.
En el auto de la Sala Tercera indicado, EDJ 2017/188458 tras reflejar las dificultades interpretativas y la polémica generada al efecto se sientan dos principios esenciales:
1. El primero, que habrá de estarse a las normas –de las supuestamente infringidas que «están referidas a la pretensión principal», de manera que si el recurso de casación estatal pudiera condicionar la resolución del litigio «no resulta procedente una tramitación simultánea de ambos recursos, ante el riesgo de poder incurrir en sentencias contradictorias, debiendo concederse preferencia al recurso de casación estatal y dejar en suspenso la admisión del recurso de casación autonómico hasta que exista un pronunciamiento firme del Tribunal Supremo». Y, a sensu contrario, si las infracciones de las normas estatales denunciadas no condicionan el resultado del recurso de casación autonómico será procedente «dar preferencia a la tramitación del recurso autonómico sobre el estatal».
La pregunta es si será válida para todos los supuestos que puedan plantearse en la práctica, pues la solución adoptada parte de un presupuesto esencial: que puedan identificarse en el procedimiento correspondiente unas normas que hayan de reputarse más relevantes que otras -o, en palabras de aquella resolución, «condicionantes» para la solución del litigio.
En el caso enjuiciado en aquel auto, la Sala Tercera establece que el órgano judicial de instancia debió pronunciarse sobre la casación autonómica -teniendo o no por preparado tal recurso antes de dictar el auto en el que se tenía por preparada la casación estatal. La razón es lógica: no solo el recurrente había dado preferencia a aquella modalidad y no a ésta, sino que la infracción de la normativa estatal –la incongruencia de la sentencia recurrida iba referida a la pretensión subsidiaria deducida en la instancia, lo que –por razones de lógica procesal debía ser analizado solo cuando –y en la medida en que no prosperarse aquella primera y esencial pretensión.
En definitiva, a falta de regulación legal al respecto, solo podrían establecerse -a tenor del auto citado las siguientes proposiciones:
1. Las partes podrán deducir simultáneamente ambos recursos -estatal y autonómico identificando con precisión las infracciones supuestamente cometidas y su relevancia en la resolución del litigio.
2. Cabría, en términos hipotéticos, que una de las partes preparara una modalidad de casación y otra la modalidad contraria, haciendo descansar sus pretensiones en la infracción de normas de procedencia distinta -estatal o europea, en el común de la Comunidad Autónoma, en el autonómico-.
3. En ambos casos –establezcan o no las partes una prevalencia de uno sobre otro la Sala a quo -o el Juzgado, si procediere deberá pronunciarse sobre la relevancia de las pretensiones deducidas en cada recurso para la solución del litigio, adoptando la correspondiente decisión, en primer lugar, respecto de la procedencia de tener o no por preparado aquel recurso que condicione de manera principal el resultado del litigio.
4. Resuelto el recurso de casación preferente conforme a tales criterios -sea por auto no teniéndolo por preparado, sea por auto de inadmisión o sea por sentencia procederá entonces pronunciarse sobre la procedencia de tener o no por preparado el segundo.
A ningún operador jurídico escapa la laguna legal que en la nueva reg...
Es en este contexto en el que se ha dictado un reciente Auto por el Tribunal Supremo -sec 1ª el pasado día 17-7-17 -rec casación nº 1271/17 -EDJ 2017/188458 fijando una serie de criterios generales, con ocasión de la resolución de un supuesto de preparación de casación autonómica y subsidiario estatal, ante la imposibilidad de simultanear ambos, según manifestaciones de la parte.
Esta laguna ha venido a ser colmada por el reciente TS auto 17-7-17 -sec 1ª, Roj ATS 8011/2017 -EDJ 2017/188458-.
«Con carácter general puede afirmarse que en los supuestos en los que las infracciones de normas estatales o comunitarias invocadas estén referidas a la pretensión principal y la decisión que pudiera adoptarse por el Tribunal Supremo en el recurso de casación -estatal condicione el resultado del litigio, y consecuentemente la sentencia que pudiera recaer en el recurso de casación -autonómico-, no resulta procedente una tramitación simultánea de ambos recursos, ante el riesgo de poder incurrir en sentencias contradictorias, debiendo concederse preferencia al recurso de casación estatal y dejar en suspenso la admisión del recurso de casación autonómico hasta que exista un pronunciamiento firme del Tribunal Supremo».
La regla general anterior se excepciona por el Tribunal Supremo en el caso de que «las infracciones de las normas estatales denunciadas no condicionen el resultado del recurso de casación autonómico por estar referidas -... a la pretensión subsidiaria planteada en la instancia».
En la redacción originaria de la L 29/1998, de 13 julio, reguladora de...
En primer lugar, debe subrayarse que la interposición simultánea de ambos recursos es una posibilidad que no admite duda, tal y como ya dijo en su día el Tribunal Supremo con respecto al recurso de casación anterior, pero cuya doctrina es extrapolable al sistema actual. Como dice el ATS 17-7-14, rec 128/13 -EDJ 2014/155913-, «sin que la interposición de un recurso de casación ordinario presuponga que no quepa interponerse contra la sentencia otros recursos extraordinarios, máxime teniendo en cuenta la doctrina que esta Sala ha ido elaborando en relación con la cuantía para el acceso a la casación, atendiendo al interés casacional de cada una de las partes del proceso, así como las limitaciones que la Sentencia del Pleno de esta Sala de 30-11-07 -RC 7638/2002 -EDJ 2007/233323 «ha impuesto para el examen del derecho autonómico a través del recurso de casación ordinario».
1 Si las infracciones denunciadas de Derecho estatal o europeo vienen referidas a la pretensión principal y, por ello, condiciona el resultado del pleito, procede la tramitación preferente del recurso de casación estatal y la suspensión de la tramitación del recurso de casación autonómico hasta que se dicte sentencia en el primero.
2 Si la infracción de norma estatal o europea no condiciona el resultado del recurso de casación autonómico, se dará preferencia a éste sobre aquel.
3 Habrá que estar a cada caso concreto para determinar la influencia y alcance de unas normas sobre otras a efectos de determinar cuál de ellos debe ser tramitado primero.
4 Serán las partes en sus escritos de preparación quienes deban pronunciarse sobre este extremo, y el Tribunal de instancia resolver en el auto teniendo por preparado el recurso, atendiendo a las circunstancias concurrentes, y determinar i si los recursos se ven o no condicionados y ii cuál de ellos, en su caso, debe tramitarse de forma preferente y cuál de ellos debe dejarse en suspenso hasta la resolución del otro.
En cualquier caso, y como el ATS analizado se encarga también de apuntar, aunque es el TSJ como Tribunal a quo el que determina la tramitación preferente de un recurso u otro, en definitiva la decisión final corresponderá siempre al Tribunal Supremo puesto que i o bien el propio TSJ atribuye la tramitación preferente al recurso de casación estatal, o ii si el TSJ decide que esta preferencia sea para el recurso de casación autonómico, el auto es susceptible de recurso de queja ante el TS, que podrá revisarlo si así lo considera.
Esta postura es coherente con la condición que la Constitución española atribuye al Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías jurisdiccionales -art.123 Const -EDL 1978/3879--, siendo estatales las normas que regulan la competencia de los órganos judiciales -Ley Orgánica del Poder Judicial -EDL 1985/8754 y, en nuestro caso, Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -EDL 1998/44323- y cuya interpretación corresponde, por ello, al Tribunal Supremo.

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 Roj 
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