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Timestamp: 2019-07-21 11:01:43+00:00

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REGLAMENTACIÓN ESTATUTO DE OPOSICIÓN | Presentation
Solicitud de Reglamentación del Artículo 24 de La Ley Estatutaria 1909 de 2018
¿Reconocen ustedes que el Derecho a la participación Política es un Derecho Autónomo Fundamental?
¿Consideran que el artículo 24°, en su literalidad, consagra un derecho y una obligación de cumplir con el art. 6°, de hacer la declaración política en el mes siguiente al inicio del Gobierno ?
¿El reconocimiento de este derecho autónomo fundamental habilita al CNE para otorgar de oficio, personalidad jurídica a un movimiento que no reúne las condiciones del art. 108 de la CP vía reglamento?
¿ Reconocen ustedes que es el derecho a la participación es un Derecho Autónomo Fundamental?
Art. 3º ley 1909 de 2018 Derecho fundamental a la oposición política. Deconformidad con los artículos 40 y 112 de la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas.
Art. 3º Ley 1909 de 2018/Art.265 CN
Artículo 3. Derecho fundamental a la oposición política: En este artículo el legislador decidió elevar a la categoría de derecho autónomo fundamental el ejercicio de la oposición política; lo anterior –en los términos del artículo 3º del PLEEO- “como desarrollo de lo dispuesto en los artículos 112 y 40 Superiores, y teniendo como consecuencia el que dicho derecho “goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas”. Con respecto de dicho artículo la Defensoría del Pueblo, la Comisión Colombiana de Juristas, la Misión de Observación Electoral y la Procuraduría General de la Nación, se refirieron de manera específica en sus intervenciones para solicitar su declaratoria de exequibilidad, coincidiendo los intervinientes en que el legislador estatutario desarrolló los artículos 40 y 112 de la Constitución Política, en el marco de una ley estatutaria, razón por la cual la decisión del legislador de elevar a derecho fundamental autónomo el ejercicio de la oposición política resulta ajustado a la Constitución
Así, el derecho a participar que le asiste a todos los ciudadanos se erige en una de las principales conquistas del Estado de Derecho, y en una materialización de los postulados de la dignidad humana, pues reconoce la posibilidad de participar, de debatir, de proponer argumentos y de controvertir el ejercicio del poder, como consecuencia de considerar a todas las personas, sin distingo alguno, como iguales y dignas, capaces de tomar decisiones por sí mismas, en el marco de una sociedad pluralista
Sentencia C-018 de 2018 sobre Art. 3º Ley 1909 de 2018
El constituyente previó que el ejercicio de la oposición estaría ligado, inexorablemente, al ejercicio de ciertos derechos que allí plasmó, tales como (i) el acceso a los documentos, que se encuentra ligado al derecho de petición consagrado en el artículo 23 la Constitución, (ii) al derecho a acceder a los medios de comunicación social del Estado o a aquellos que hagan uso del espectro electromagnético, el cual se encuentra íntimamente ligado con el derecho fundamental a expresarse y difundir libremente las ideas, consagrado en artículo 20 de la Constitución, o (iii) al derecho de réplica en los medios de comunicación, el cual no solo va ligado a la libertad de expresión, sino también con la protección del buen nombre, contenido en el artículo 15 de la Constitución. De lo anterior, se hace entonces evidente que el constituyente decidió otorgarle una garantía institucional al ejercicio de la oposición política, la cual va ligada al ejercicio de derechos fundamentales autónomos
Sentencia C-089 de 2018 sobre derecho a la Oposición Política
De otro lado, no puede perderse de vista que esta Corte ha reconocido que a pesar de que un derecho no se encuentre en el capítulo de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política, esto no puede ser óbice para reconocer su fundamentalidad. Incluso ha sostenido la Corte que la ausencia de consagración expresa en el texto constitucional de un derecho fundamental, no puede ser tenida como una razón suficiente para negarle el reconocimiento como derecho fundamental. Para la Corte, la estimación del derecho fundamental ha de pasar necesariamente por el respeto al ya citado principio de la dignidad humana, entendida esta en su triple dimensión como principio fundante del ordenamiento, principio constitucional e incluso como derecho fundamental autónomo. Una concepción de derecho fundamental que no reconozca tales dimensiones, no puede ser de recibo en el ordenamiento jurídico colombiano
Sentencia C-313 de 2014 Oposición como Derecho Autónomo Fundamental
(…) Una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Corte ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)”
Sentencia T-881 de 2002
Finalmente, considera la Corte que el artículo 3 del PLEEO, mediante el cual el legislador estatutario desarrolló los artículos 40 y 112 de la Carta, resulta ajustado a la Constitución, por cuanto, de una interpretación sistemática de dichos mandatos constitucionales, se puede inferir que el derecho fundamental a la oposición política es no solo:
(i) una garantía institucional para las organizaciones políticas que participan en el sistema democrático que se declaren en oposición al Gobierno, por lo que se erige en un límite a las competencias legislativas; sino también
(ii) un derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar en el control del poder político
Consideraciones Control de Constitucionalidad
¿Consideran que el artículo 24°, en su literalidad, consagra un derecho y una obligación de cumplir con el art. 6°, de hacer la declaración política en el mes siguiente al inicio del Gobierno?
Curules en Senado y Cámara de Representantes. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el periodo de estas corporaciones, se integrarán las comisiones primeras constitucionales de las respectivas cámaras. Terminados los escrutinios electorales, la autoridad electoral les expedirá las respectivas credenciales. Quienes resultaren elegidos mediante esta fórmula, serán miembros adicionales de las actuales comisiones constitucionales permanentes del Senado de la República y de la Cámara de representantes y, con la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 6° de esta ley y harán parte de bancada de la misma organización política.
Artículo 24 LEY 1909 2018:
Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones políticas deberán optar por:
3. Declararse organización de gobierno
Artículo 6 LEY 1909 2018:
Principios de ley 1909 de 2018
Participación política efectiva. El Estado garantizará a todas las organizaciones políticas el ejercicio de la oposición, incluyendo la movilización y la protesta social
Pluralismo político. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan del debate democrático.
Control Político: El ejercicio del control político permitirá a las organizaciones políticaS, verificar y controlar las acciones políticas y administrativas del gobierno.
Atendiendo a que el presente Estatuto establece que las normas que contiene deben interpretarse a partir de los principios rectores y a la ratio legis como fundamento que debe inspirar el contenido y alcance de las normas para su interpretación ,es fundamental la sujeción a estos para la toma de cualquier decisión.
- Construcción de la Paz Estable y Duradera. El Estatuto de Oposición aquí consagrado se soporta en el reconocimiento de la legitimidad de la oposición política como elemento central de la resolución pacífica de las controversias.
-Principio democrático. El derecho fundamental · a la oposición e independencia política es una condición esencial de la democracia participativa y debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, la tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las diferencias.
Armonización con los convenios y tratados internacionales contenida en el Estatuto de Oposición: Los derechos establecidos en este Estatuto se interpretarán de conformidad con los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención Americana de Derecho Humanos. Dicha interpretación se hará de la manera más amplia posible en función de garantizar el ejercicio de los derechos políticos.
ARTÍCULO 4: De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia, durante los estados de excepción serán intangibles: el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; (…).
Al examinar la constitucionalidad de esta disposición, la H, Corte Constitucional señaló que “el legislador estatutario reconoce la opción que el constituyente quiso incorporar en el sentido que el candidato que le siga en votos al Presidente y Vicepresidente de la República, ocupen una curul en el Senado y la Cámara de Representantes respectivamente. Así, se le brinda al candidato derrotado en las elecciones presidenciales la oportunidad de integrarse a la bancada de su partido o movimiento político en el Congreso y participar en el ejercicio de la oposición política, de manera que se consolide una alternativa de poder, pero por lo demás garantiza que las personas que votaron por la opción derrotada también se encuentren representadas”. Que en la misma decisión la Corte agrega “Cuando este artículo incorpora a los candidatos a presidente y vicepresidente a su respectiva organización política, responde a la no personalización de la política, pues más que el reconocimiento a una persona determinada, la curul que estos candidatos pueden ocupar, responde a un respeto por las ideas políticas que aunque derrotadas en la regla de la mayoría, recibieron un apoyo significativo de los ciudadanos en ejercicio de su derecho a la participación política, en ejercicio de su derecho al voto”.
Sentencia C-018
Artículo 1: Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla
Artículo 3: Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos
(E)n el ámbito de los derechos políticos la obligación de garantizar resulta especialmente relevante y se concreta, entre otros, en el establecimiento de los aspectos organizativos o institucionales de los procesos electorales, a través de la expedición de normas y la adopción de medidas de diverso carácter para implementar los derechos y oportunidades reconocidos en el artículo 23 de la Convención"
EL ARTÍCULO 23 CONVENCIONAL IMPONE AL ESTADO CIERTAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. Desde el momento en que el artículo 23.1 establece que el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos puede ejercerse directamente o por medio de representantes libremente elegidos, se impone al Estado una obligación positiva, que se manifiesta con una obligación de hacer, de realizar ciertas acciones o conductas, de adoptar medidas, que se derivan de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción (artículo 1.1 de la Convención) y de la obligación general de adoptar medidas en el derecho interno (artículo 2 de la Convención).
Artículo 7: La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos
Artículo 18: Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento
"(...) Los ciudadanos tienen el derecho de participar activamente en la dirección de los asuntos públicos directamente mediante referendos, plebiscitos o consultas o bien, por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos.
Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, 6 de agosto de 2018
Este Tribunal entiende que las actividades desarrolladas por las presuntas víctimas durante esta “ruptura inconstitucional” constituían no solo un derecho sino que son parte del deber de defender la democracia, con base en lo establecido en la Convención Americana y en las obligaciones de derecho internacional que el Estado de Honduras adquirió al ser parte de dicho tratado y de la Carta de la OEA, obligaciones que se expresan en instrumentos como la Carta Democrática Interamericana
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia del 5 de octubre de 2015.
FUNDAMENTOS DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD COMO FUENTES DE REGULACIÓN NORMATIVA: legalidad debe aplicarse de conformidad con los mandatos superiores de la Constitución y bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, especialmente relevantes para evitar la lesión de los derechos fundamentales por una eventual aplicación de la ley que no tome en consideración las normas constitucionales sobre las que esta reclama validez y legitimidad.
SENTENCIA C-044/01
El resultado de la reglamentación -las leyes- debe ser el reflejo de un procedimiento altamente democrático para que las normas no sean producto ni de la imposición arbitraria por el uso de la fuerza, ni de la imposición de las mayorías sobre las minorías y que además, sea un procedimiento sujeto al dispositivo contra mayoritario del respeto de los derechos fundamentales que no pueden ser desconocidos en el devenir legislativo por el imperio de los intereses de turno o al calor de las pasiones coyunturales
Para que los principios de legalidad y reserva de ley constituyan una garantía efectiva de los derechos y libertades de la persona humana, se requiere no sólo su proclamación formal, sino la existencia de un régimen que garantice eficazmente su aplicación y un control adecuado del ejercicio de las competencias de los órganos.
Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986 de La Convención Americana de Derechos Humanos
"Entendido así que el Consejo Nacional Electoral está investido por derecho propio de ciertas competencias de regulación, es posible entender también que las facultades conferidas por el Acto Legislativo 01 de 2003 son facultades extraordinarias, excepcionales y de interpretación restringida, que se confieren no ya para desarrollar aspectos administrativos, subordinados y de mero detalle sobre la organización electoral, sino asuntos de rango de ley estatutaria. Ahora bien, tratándose de facultades excepcionales para proferir una reglamentación constitucional materialmente estatutaria, las competencias conferidas al Consejo Nacional Electoral por el constituyente derivado deben ser de interpretación restringida. Por ello, entiende la Corte, deben estimarse otorgadas para desarrollar exclusivamente las materias reguladas por el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2003, y no la íntegra reforma constitucional contenida en dicho Acto.“
Corte Constitucional, sentencia C-1081 de 2005
Corte Constitucional, sentencia Sentencia C -307/2004
"Entendido así que el Consejo Nacional Electoral está investido por derecho propio de ciertas competencias de regulación, es posible entender también que las facultades conferidas por el Acto Legislativo 01 de 2003 son facultades extraordinarias, excepcionales y de interpretación restringida, que se confieren no ya para desarrollar aspectos administrativos, subordinados y de mero detalle sobre la organización electoral, sino asuntos de rango de ley estatutaria. (…)
"La Constitución ha preservado, en materia electoral, la competencia reglamentaria del Gobierno y que al Consejo Electoral le corresponde servir de cuerpo consultivo del gobierno y recomendar proyectos de decreto, sin que pueda la ley,por consiguiente, atribuirle una competencia reglamentaria distinta de las expresamente previstasen la Constitución. Ello no obsta, sin embargo, para que la ley autorice al Consejo Nacional Electoral para expedir disposiciones reglamentarias indispensables para el cabal ejercicio de la funciónelectoral, siempre que tal facultad se entienda circunscrita a la regulación.aspectos técnicos yde mero detalle. pero también dice ´Lasfacultades que se atribuyen al Consejo Nacional Electoral para especificar el número y duración delos espacios en televisión, son congruentes con la facultad reglamentaria que en esa materia le reconoce la Constitución-
"Deja sentado la Sala con esta decisión que la validez condicionada del artículo 10° de la Resolución 552 de 2010 expedida por el CNE tiene apoyo en que ante la carencia de norma tanto de naturaleza legal como reglamentaria que establezca los límites y alcances de la opción de revisar escrutinios y documentos electorales consagrada en el numeral 4° del artículo 265 Superior, y con el fin de que se atienda al principio democrático de la representación política con transparencia electoral, entretanto tal vacío legal y reglamentario se llene por el Legislador o por el Presidente de la República, se deba admitir como autorizada jurídicamente, siempre y cuando y sólo si, el CNE revise escrutinios y documentos electorales sin preclusividad de la instancia, bajo los supuestos en que este Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, único ente competente según la Carta Política para suspender los efectos de los actos administrativo o declarar su validez o su nulidad, así lo disponga.
Consejo de Estado, sentencia Rad. 11001-03-28-000-2010-00041-00, del diecinueve (19) de septiembre
Debe insistirse en la obligación de las autoridades de hacer una interpretación armónica de la Constitución que permita “el máximo nivel de eficacia y efectividad” de todas sus normas . En consecuencia, no es procedente una interpretación aislada del artículo 108 de la Constitución, en la cual no se tengan en cuenta otros componentes del régimen constitucional de los partidos y movimientos políticos, en particular los relativos al ejercicio de los derechos de participación como presupuesto necesario de un sistema participativo y pluralista Así“se promueve y encauza la participación de los ciudadanos y la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas.”
Sentencia C-089 1994
Será preciso entonces interpretar la norma apelando a la finalidad del precepto, entendiendo que la norma es un medio para un fin y que esta deberá ser interpretada teniendo en cuenta esos fines. La norma busca la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y algunos derechos de las organizaciones independientes partiendo del Derecho Fundamental a la Participación Política como derecho fundamental y autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas
La oposición debe ser considerada “como un derecho fundamental autónomo que goza de la especial protección del Estado. Esta condición no depende de su consagración legal en tanto los derechos fundamentales derivan naturalmente de los sujetos en cuya cabeza radican.” Esto debido a la relevancia que tiene la oposición a la hora de construir una democracia con pesos y contrapesos, en donde el disentimiento, la fiscalización, y la crítica sean el fundamento para generar propuestas que promuevan la alternancia en el poder, lo que es propio de la democracia.
Exposición de Motivos Proyecto de Ley Estatuto de Oposición
Así mismo, el proyecto de ley estatutaria se propone dotar al país de una herramienta legal moderna y amplia que brinde todas las garantías posibles a los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica para que durante cualquier periodo de gobierno, puedan asumir posiciones democráticamente antagónicas respecto al gobierno de turno.
"La facultad reglamentaria del CNE es, contrario sensu, una habilitación que le entregó el constituyente a esa entidad de la organización electoral con el fin de que pueda expedir los reglamentos necesarios para hacer efectivas las atribuciones constitucionalmente asignadas, para lo cual debe cuidarse de no abarcar terrenos que tengan reserva de ley..o de asuntos que corresponda desarrollar al Presidente de la República en ejercicio de la Potestad reglamentaria".
11001-03-28-000-2013-00030-00, del veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015). CP SUSANA BUITRAGO VALENCIA
Es posible reglamentar los artículos 9 (Registro), 12 (Financiación) y 28 (Acción de protección de los derechos de oposición) de la Ley 1909 de 2018, pues, a pesar de que la mayoría de los aspectos fueron definidos en la ley estatutaria, se generaron algunos vacíos administrativos y operacionales, que obligan a la Corporación, lejos de pretender atribuirse competencias propias del legislador, a que los llene con el objetivo de garantizar la efectividad de los derechos de la oposición.
Al respecto se destaca que, la línea jurisprudencial que, en términos generales, ha tomado tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, van en la vía de restringir las facultades reglamentarias del CNE exclusivamente a aspectos operacionales y administrativos, por considerar que se trata de una facultad supletoria.
Sin embargo, de manera excepcional, la Corte Constitucional moduló la posición general, permitiendo que de manera temporal el CNE pudiera, en circunstancias extraordinarias y excepcionales, desarrollar asuntos de rango de ley estatutaria.
REGLAMENTACIÓN ESTATUTO DE OPOSICIÓN
Artículo Transitorio XX. Derechos de oposición para las agrupaciones políticas con representación en el Congreso de la República de los candidatos que le sigan en votos al Presidente y Vicepresidente. En el evento en que los candidatos que le sigan en votos a quienes el Consejo Nacional Electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, pertenezcan a organizaciones políticas afines que tengan representación en el Congreso, respecto de las cuales la autoridad electoral no hubiera decidido sobre el mantenimiento o el otorgamiento de su personería jurídica, según lo establecido en los artículos 108 y 262 de la Constitución y 20 del acto legislativo 2 de 2015, quedarán habilitados transitoriamente para ejercer los derechos y garantías establecidas en la Ley 1909 de 2018.
Artículo Transitorio XX. Derechos de reconocimiento de personería jurídica para las agrupaciones políticas con representación en el Congreso de la República de los candidatos que le sigan en votos al Presidente y Vicepresidente. En el evento en que los candidatos que le sigan en votos a quienes el Consejo Nacional Electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, pertenezcan a organizaciones políticas que tengan representación en el Congreso, respecto de las cuales la autoridad electoral no hubiera decidido sobre el mantenimiento o el otorgamiento de su personería jurídica, según lo establecido en los artículos 108 y 262 de la Constitución y 20 del acto legislativo 2 de 2015, obtendrán automáticamente personería jurídica con el efecto de ejercer los derechos y garantías establecidas en la Ley 1909 de 2018.
REGLAMENTACI&Oacute;N ESTATUTO DE OPOSICI&Oacute;N
Rosibel Vega | September 25, 2018

References: Artículo 24
 artículo 24

Artículo 3
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 20
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 24
 artículo 6

Artículo 24

Artículo 6
 resolución 

ARTÍCULO 4
 artículo 27

Artículo 1

Artículo 3
 artículo 23
 ARTÍCULO 23
 artículo 23

Artículo 7

Artículo 18
 artículo 12
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 265
 artículo 108