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Timestamp: 2015-05-28 23:55:12+00:00

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REGISTRO CIVIL, PROCURADORES ALICANTE, PROCURADOR ALICANTE
REAL DECRETO 170/2007, de 9 de febrero, por el que se
modifica el Reglamento del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de
I La renovaci�n legislativa que se est� produciendo en los
�ltimos tiempos en el �mbito del Derecho de Familia determina la necesidad de adaptar la
normativa del Registro Civil a tales cambios. En particular, el objetivo de esta
modificaci�n reglamentaria estriba en lograr la adecuada coordinaci�n del Reglamento del
Registro Civil con la Ley Org�nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci�n
Integral contra la Violencia de G�nero, cuya disposici�n adicional vig�sima modific�
el p�rrafo segundo del art�culo 58 de la Ley del Registro Civil en materia de cambio de
apellidos, y con la Ley 15/2005,
de 8 de julio, por la que se modifican el C�digo Civil y la Ley de Enjuiciamiento
Civil en materia de separaci�n y divorcio. En cuanto a la primera de las adaptaciones
citadas, hay que recordar que el p�rrafo primero del art�culo 208 del Reglamento del
Registro Civil, aprobado por el Decreto de 14 de noviembre de 1958, en concordancia con lo
previsto por el p�rrafo primero del art�culo 58 de la Ley del Registro Civil, dispone
que �no ser� necesario que concurra el primer requisito del art�culo 205 para cambiar o
modificar un apellido contrario al decoro o que ocasione graves inconvenientes o para
evitar la desaparici�n de un apellido espa�ol. Se entiende que un apellido ocasiona
graves inconvenientes cuando fuere extranjero o, por cualquier raz�n, lleve consigo
deshonra�. Los requisitos a que alude el citado art�culo 205 del Reglamento del Registro Civil
son los siguientes: 1.� Que el apellido en la forma propuesta constituya una situaci�n
de hecho no creada por el interesado; 2.� Que el apellido o apellidos que se traten de
unir o modificar pertenezcan leg�timamente al peticionario; 3.� Que los dos apellidos
que resulten del cambio no provengan de la misma l�nea. El p�rrafo segundo del art�culo 208 del Reglamento del Registro Civil, por su parte,
en correspondencia con el p�rrafo segundo del art�culo 58 de la Ley del Registro Civil,
establece la posibilidad de excepcionar la exigencia de tales requisitos a efectos de
autorizar un cambio de apellidos en supuestos excepcionales, en los siguientes t�rminos:
�Cuando se den circunstancias excepcionales, y a pesar de faltar los requisitos que
se�ala dicho art�culo, podr� accederse al cambio por Decreto a propuesta del Ministerio
de Justicia, con audiencia del Consejo de Estado. En todos estos casos la oposici�n puede
fundarse en cualquier motivo razonable�. En consecuencia, todos los requisitos del art�culo 205 del Reglamento del Registro
Civil son dispensables cuando concurran en el caso concreto �circunstancias
excepcionales�, quedando la apreciaci�n de las mismas sujeta a la discrecionalidad no
del Ministerio de Justicia, a quien en este caso corresponde solo la facultad de
iniciativa o propuesta pero no la de resoluci�n, sino del Gobierno, mediante Real Decreto
y previa audiencia del Consejo de Estado. Es l�gico que el ejercicio discrecional de una potestad administrativa como la de
dispensa para casos singulares de los requisitos establecidos con car�cter general por la
regulaci�n legal del cambio de apellidos se rodee de las m�ximas cautelas de
procedimiento y de competencia del �rgano facultado para tal ejercicio, evitando en la
medida de lo posible que el objetivo de salvaguardar determinados intereses o derechos
particulares en supuestos excepcionales pueda derivar en situaciones de discriminaci�n o
de vulneraciones del principio de igualdad jur�dica de los ciudadanos. El casuismo de la gen�rica expresi�n utilizada por el art�culo 208 del Reglamento
del Registro Civil de �circunstancias excepcionales� puede abarcar casos en que la
excepcionalidad venga acompa�ada por la urgencia y perentoriedad de su apreciaci�n por
afectar a la protecci�n de derechos fundamentales b�sicos como la vida o integridad
f�sica de la persona afectada. Este es el caso en que pueden encontrarse aquellas
personas, especialmente en el caso de las mujeres, que ven amenazada su seguridad personal
por el acoso moral o f�sico que sufren en el marco de la violencia dom�stica o de
g�nero. En estos casos la autorizaci�n del cambio de los apellidos de tales personas, y
eventualmente de los hijos que se encuentren bajo su custodia y sometidos a la misma
amenaza, puede representar un instrumento jur�dico de protecci�n �til como complemento
a eventuales �rdenes judiciales de alejamiento u otras medidas cautelares en la medida en
que dificulta la localizaci�n de la v�ctima por el presunto agresor. Ahora bien, esta medida de protecci�n puede devenir totalmente ineficaz por
consecuencia del desfase entre la perentoriedad de la situaci�n de riesgo, y la
consiguiente necesidad de protecci�n, y la exigencia de la tramitaci�n previa del
complejo procedimiento previsto por el art�cu�lo 208 del Reglamento del Registro Civil
que requiere la previa propuesta del Ministerio de Justicia, audiencia del Consejo de
Estado y la posterior aprobaci�n de un Real Decreto por parte del Gobierno. Por ello, la Ley Org�nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci�n
Integral contra la Violencia de G�nero, dio nueva redacci�n al p�rrafo segundo del
art�cu�lo 58 de la Ley del Registro Civil, antes trascrito, agregando a su anterior
contenido el siguiente texto: �En caso de que el solicitante de la autorizaci�n del
cambio de sus apellidos sea objeto de violencia de g�nero y en cualquier otro supuesto en
que la urgencia de la situaci�n as� lo requiera podr� accederse al cambio por Orden del
Ministerio de Justicia, en los t�rminos fijados por el Reglamento�. La presente reforma, en este �mbito, tiene por objeto precisamente dotar del necesario
desarrollo reglamentario a la anterior previsi�n legal, haciendo �sta operativa. De
conformidad con el objetivo de la Ley, la actual reforma persigue simplificar el
procedimiento de autorizaci�n de cambio de apellidos en los supuestos indicados
cohonestando la agilizaci�n del mismo con la urgencia de la protecci�n demandada por la
v�ctima. Todo ello sin perjuicio de que en casos de simulaci�n o fraude pueda anularse o
revocarse la autorizaci�n del cambio de los apellidos a trav�s de las correspondientes
acciones y recursos. II Por otra parte, esta reforma reglamentaria persigue un segundo objetivo que es el de
acomodar el Reglamento del Registro Civil a las modificaciones introducidas por la citada Ley 15/2005, de 8 de julio, de
modificaci�n del C�digo civil en materia de separaci�n y divorcio. As�, resulta
necesario acometer la reforma del actual art�cu�lo 263 del Reglamento del Registro Civil
para adaptarlo a las exigencias que impone la nueva concepci�n de la separaci�n o
divorcio sin causa y sin culpa de ninguno de los esposos. Esta nueva concepci�n de estas
instituciones resulta incompatible con la redacci�n actual del citado precepto
reglamentario en el que se prev� que �Las inscripciones de las resoluciones judiciales
precisar�n su alcance y causa del divorcio, nulidad o separaci�n, la buena o mala fe de
los c�nyuges y las determinaciones sobre patria potestad y cuidado de los hijos�,
incompatibilidad que se ci�e a las menciones obligatorias de la causa del divorcio o
separaci�n y a la buena o mala fe de los c�nyuges, que desaparecidas de la Ley civil,
deben desaparecer tambi�n de la reglamentaci�n registral, en aplicaci�n de los
principios de jerarqu�a normativa y de concordancia del Registro con la realidad
extrarregistral. La reforma se debe completar, por la misma motivaci�n antes expresada, con la
supresi�n de la referencia que a las causas de la separaci�n o divorcio de un matrimonio
se contienen en el art�culo 21 del Reglamento del Registro Civil al enumerar los
distintos supuestos de publicidad restringida, sometidas a autorizaci�n especial. En
correspondencia con los cambios que se introducen en este precepto se modifica tambi�n el
art�culo 22 de Reglamento del Registro Civil. En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de
Estado, y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 9 de
febrero de 2007, D I S P O N G O : Art�culo �nico. Modificaci�n del Reglamento del Registro Civil, aprobado por Decreto
de 14 de noviembre de 1958. El Reglamento del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958, se
modifica en los siguientes t�rminos: Uno. Se modifican los n�meros 1.� y 3.� y se a�ade un nuevo n�mero 6.� al
art�culo 21 con la siguiente redacci�n: �1.� De la filiaci�n adoptiva o desconocida o de circunstancias que descubran tal
car�cter y del cambio del apellido Exp�sito u otros an�logos o inconvenientes.� �3.� De las causas de privaci�n o suspensi�n de la patria potestad.� �6.� De los cambios de apellido autorizados conforme a lo previsto en el p�rrafo
tercero del art�culo 208 de este Reglamento.� Dos. Se modifica el n�mero 3.� y se a�ade un nuevo n�mero 6.� al art�culo 22 con
la siguiente redacci�n: �3.� Respecto de las causas de privaci�n o suspensi�n de la patria potestad, el
sujeto a �sta o sus ascendientes o descendientes o herederos.� �6.� Respecto de los cambios de apellido autorizados conforme a lo previsto en el
p�rrafo tercero del art�cu�lo 208, �nicamente la persona inscrita.� Tres. El art�culo 208 queda redactado en los siguientes t�rminos: �No ser� necesario que concurra el primer requisito del art�culo 205 para cambiar o
modificar un apellido contrario al decoro o que ocasiones graves inconvenientes o para
graves inconvenientes cuando, por cualquier raz�n, lleve consigo deshonra. Cuando se den circunstancias excepcionales, y a pesar de faltar los requisitos que
se�ala dicho art�culo, podr� accederse al cambio por Real Decreto a propuesta del
Ministerio de Justicia, con audiencia del Consejo de Estado. En caso de que el solicitante de la autorizaci�n del cambio de sus apellidos sea
objeto de violencia de g�nero, podr� accederse al cambio por Orden del Ministro de
Justicia. Para ello deber� acreditarse que quien alegue ser objeto de violencia de
g�nero ha obtenido alguna medida cautelar de protecci�n judicial en el citado �mbito.
Tambi�n se podr� acceder al cambio de apellidos en la misma forma en cualquier supuesto
en que la urgencia de la situaci�n as� lo requiera. La Orden ministerial a que se refiere el p�rrafo anterior no ser� objeto de
publicaci�n en el ''Bolet�n Oficial del Estado'' ni en cualquier otro medio. En todos estos casos la oposici�n puede fundarse en cualquier motivo razonable. Lo dispuesto en este art�culo se entiende sin perjuicio del ejercicio de las acciones
que puedan proceder una vez concedida la autorizaci�n del cambio y, en particular, en
caso de que se apreciare con posteridad a la autorizaci�n del cambio la existencia de
simulaci�n o fraude por parte del solicitante.� Cuatro. El primer p�rrafo del art�culo 263 del Reglamento del Registro Civil queda
redactado del siguiente modo: �Las inscripciones de las resoluciones judiciales precisar�n su alcance y las
determinaciones sobre patria potestad y cuidado de los hijos.� Disposici�n final primera. T�tulo competencial. Este Real Decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de
ordenaci�n de los registros e instrumentos p�blicos, prevista por el art�culo
149.1.8.� de la Constituci�n. Disposici�n final segunda. Habilitaci�n de desarrollo y ejecuci�n. El Ministro de Justicia podr� dictar cuantas disposiciones de desarrollo sean
necesarias para la ejecuci�n de este real decreto. Disposici�n final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en
el �Bolet�n Oficial del Estado�. Dado en Madrid, el 9 de febrero de 2007. JUAN CARLOS R. El Ministro de Justicia, JUAN FERNANDO L�PEZ AGUILAR
MODIFICA los arts. 21, 22, 208 y 263 del Reglamento del Registro Civil, aprobado por
DECRETO de 14 de noviembre de 1958 (GAZETA). LEY ORGANICA 1/2004, de 28 de
diciembre. LEY 15/2005, de 8 de julio.
Entrada en vigor el 10 de marzo de 2007. Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el
Art�culo �nico. REGLAMENTO
DEL REGISTRO CIVIL. T�TULO I.
DISPOSICIONES GENERALES. CAP�TULO I.
REGLAS COMUNES Y COMPLEMENTARIAS. (Arts. 1 al 16) CAP�TULO II.
DE LA PUBLICIDAD DEL REGISTRO. SECCI�N I.
DE LAS CERTIFICACIONES. (Arts. 17 al 35) SECCI�N II.
DEL LIBRO DE FAMILIA. (Arts. 36 al 40)
T�TULO II. DE
LOS �RGANOS DEL REGISTRO. CAP�TULO I.
DE LA DIRECCI�N GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO. (Arts.
41 y 42) CAP�TULO II.
DE LOS REGISTROS. SECCI�N I.
DE LOS REGISTROS MUNICIPALES. (Arts. 43 al 49) SECCI�N II.
DE LOS REGISTROS CONSULARES Y CENTRAL. (Arts. 50 al 54) SECCI�N
III. DE LA SEGREGACI�N, EXTINCI�N Y DIVISI�N DE LOS REGISTROS. (Art.
DE LA INSPECCI�N Y SANCIONES. (Arts. 56 al 65)
REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA. SECCI�N I. DE
LA COMPETENCIA DE LOS REGISTROS. (Arts. 66 al 70) SECCI�N II.
DE LOS NACIMIENTOS MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES OCURRIDOS EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES. (Arts. 71 al 75) SECCI�N III.
DE LOS TRASLADOS DE INSCRIPCIONES. (Arts. 76 al 78) SECCI�N IV.
DE LAS INCOMPATIBILIDADES. (Art. 79)
T�TULO IV. DE
LOS ASIENTOS EN GENERAL Y MODO DE PRACTICARLOS. CAP�TULO I.
DE LOS T�TULOS DE LA INSCRIPCI�N. SECCI�N I.
DE LAS CLASES DE T�TULOS Y SUS REQUISITOS. (Arts. 80 al 85)
DE LOS REQUISITOS COMPLEMENTARIOS DE LOS DOCUMENTOS. (Arts. 86 al
DE QUI�NES PROMUEVEN LA INSCRIPCI�N Y DEL AUXILIO PARA CONSEGUIRLA. (Arts. 92 al 97) CAP�TULO III.
DE LOS LIBROS DEL REGISTRO Y DE SU ARCHIVO. SECCI�N I.
DISPOSICIONES GENERALES. (Arts. 98 al 104) SECCI�N II.
DE LOS LIBROS EN GENERAL. (Arts. 105 al 107) SECCI�N
III. DE LOS LIBROS AUXILIARES. (Arts. 108 al 115) SECCI�N IV.
DE LOS LEGAJOS Y FICHEROS. (Arts. 116 y 117) SECCI�N V.
DE LOS LIBROS ESPECIALES DEL REGISTRO CENTRAL. (Arts. 118 al 121)
DE LA CALIFICACI�N. (Arts. 122 al 129) CAP�TULO V.
DE LA EXTENSI�N DE LOS ASIENTOS. (Arts. 130 al 144) CAP�TULO VI.
DE LAS ANOTACIONES. (Arts. 145 al 154) CAP�TULO VII.
DE LAS NOTAS MARGINALES. (Arts. 155 al 162) CAP�TULO
VIII. DE LAS CANCELACIONES. (Arts. 163 y 164)
T�TULO V. DE LAS
SECCIONES DEL REGISTRO. CAP�TULO I.
DE LA SECCI�N DE NACIMIENTOS Y GENERAL. SECCI�N I.
DE LA INSCRIPCI�N DE NACIMIENTOS. (Arts. 165 al 170) SECCI�N II.
DE LAS DECLARACIONES DE ABORTOS. (Arts. 171 al 174) SECCI�N
III. DE LAS INSCRIPCIONES MARGINALES DE LA SECCI�N PRIMERA. (Arts.
175 al 180) SECCI�N IV.
DE LA FILIACI�N. Subsecci�n
I. De la filiaci�n materna. (Arts. 181 y 182) Subsecci�n
II. De la filiaci�n paterna matrimonial. (Arts. 183 y 184)
III. De la inscripci�n de la filiaci�n no matrimonial. (Arts.
185 al 190) Subsecci�n
IV. De la filiaci�n desconocida. (Art. 191) SECCI�N V.
DEL NOMBRE Y APELLIDOS. Subsecci�n
I. Del nombre propio. (Arts. 192 y 193) Subsecci�n
II. De los apellidos en general. (Arts. 194 al 200) Subsecci�n
III. De los apellidos de los hijos adoptivos. (Arts. 201 al
204) Subsecci�n
IV. De los expedientes sobre nombres y apellidos de la competencia del Ministerio o del
Gobierno. (Arts. 205 al 208) Subsecci�n
V. De otros casos de cambio o conservaci�n de nombres y apellidos. (Arts. 209 al 215) Subsecci�n
VI. Reglas comunes de los expedientes de cambio. (Arts. 216 al
218) Subsecci�n
VII. Nombre y apellidos de extranjeros. (Art. 219) SECCI�N VI.
DE LA NACIONALIDAD Y VECINDAD CIVIL. Subsecci�n
I. Reglas especiales de los expedientes de nacionalidad. (Arts.
220 al 224) Subsecci�n
II. De las modificaciones de nacionalidad y vecindad. (Arts.
225 al 237) CAP�TULO II.
DE LA SECCI�N DE MATRIMONIOS. SECCI�N I.
DE LA CELEBRACI�N DEL MATRIMONIO ANTE JUEZ O FUNCIONARIO QUE HAGA SUS VECES. (Arts. 238 al 254) SECCI�N II.
DE LA INSCRIPCI�N DEL MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL. (Arts. 255
al 259) SECCI�N
III. DE LAS DISPENSAS MATRIMONIALES. (Arts. 260 al 262) SECCI�N IV.
DE LAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES. (Arts. 263 al 265) SECCI�N V.
DE LAS MENCIONES O INDICACIONES SOBRE R�GIMEN DE BIENES. (Art.
266) SECCI�N VI.
DE LOS MATRIMONIOS SECRETOS. (Arts. 267 al 270) SECCI�N
VII. DE LAS ANOTACIONES DE MATRIMONIO. (Arts. 271 y 272)
DE LA SECCI�N DE DEFUNCIONES. (Arts. 273 al 282) CAP�TULO IV.
DE LA SECCI�N DE TUTELAS Y REPRESENTACIONES LEGALES. SECCI�N I.
DE LAS INSCRIPCIONES. (Arts. 283 al 289) SECCI�N II.
DE LAS ANOTACIONES. (Arts. 290 al 292)
T�TULO VI. DE LA
RECTIFICACI�N Y OTROS PROCEDIMIENTOS. CAP�TULO I.
DE LA RECTIFICACI�N. SECCI�N I.
REGLAS ESPECIALES. (Arts. 293 al 295) SECCI�N II.
DE LOS EXPEDIENTES PARA COMPLETAR O SUPRIMIR CIRCUNSTANCIAS Y ASIENTOS. (Arts. 296 y 297) SECCI�N
III. DE LOS DEFECTOS Y FALTAS FORMALES Y DE SU CORRECCI�N. (Arts.
298 al 304) SECCI�N IV.
DE LA INSCRIPCI�N DE RESOLUCIONES. (Arts. 305 al 310)
DEL EXPEDIENTE PARA LA INSCRIPCI�N DE NACIMIENTO FUERA DE PLAZO. (Arts.
311 al 316) CAP�TULO III.
DE LA RECONSTITUCI�N DE INSCRIPCIONES DESTRUIDAS. SECCI�N I.
DE LAS MEDIDAS PARA CASO DE DESTRUCCI�N O DETERIORO. (Arts. 317 al
320) SECCI�N II.
DEL EXPEDIENTE DE RECONSTITUCI�N. (Arts. 321 al 326) SECCI�N
III. DE LAS REINSCRIPCIONES. (Arts. 327 al 334)
DE LOS EXPEDIENTES PARA DECLARACIONES CON VALOR DE SIMPLE PRESUNCI�N. (Arts. 335 al 340) CAP�TULO V.
DE LAS REGLAS DE LOS EXPEDIENTES EN GENERAL. SECCI�N I.
DE SUS PRESUPUESTOS Y TRAMITACI�N. (Arts. 341 al 354) SECCI�N II.
DE LOS RECURSOS. (Arts. 355 al 362)
DE LA FE DE VIDA O ESTADO. (Arts. 363 y 364) CAP�TULO VII.
DE LOS EXPEDIENTES DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO O AUTORIDAD SUPERIOR Y DE NOMBRES Y
APELLIDOS. (Arts. 365 al 369)
R�GIMEN ECON�MICO. (Arts. 370 al 377) T�TULO VIII. DE
LOS M�DICOS DEL REGISTRO. (Arts. 378 al 382) DISPOSICI�N
TRANSITORIA PRIMERA. DISPOSICI�N
TRANSITORIA SEGUNDA. DISPOSICI�N
TRANSITORIA TERCERA. DISPOSICI�N
TRANSITORIA CUARTA. DISPOSICI�N
TRANSITORIA QUINTA. DISPOSICI�N
TRANSITORIA SEXTA. DISPOSICI�N
TRANSITORIA S�PTIMA. DISPOSICI�N
TRANSITORIA OCTAVA. DISPOSICI�N
TRANSITORIA NOVENA. DISPOSICI�N
TRANSITORIA D�CIMA. DISPOSICI�N
TRANSITORIA DECIMOPRIMERA. DISPOSICI�N
FINAL PRIMERA. DISPOSICI�N
FINAL SEGUNDA. La segunda
de las disposiciones adicionales de la Ley del Registro Civil de 8 de julio de 1957
En cumplimiento de tal mandato legal, se dicta el presente Reglamento, una vez
implantada la sustancial reforma del C�digo Civil por la
Ley de 28 de abril del a�o en curso, que, ineludiblemente, hab�a de tener en cuenta,
puesto que el primer Cuerpo Legal constituye las sedes materiae de la
regulaci�n sustantiva de la persona y de su estado civil, cuya constancia oficial es
misi�n del Registro; por lo que cualquier alteraci�n de la norma civil sustantiva puede
tener reflejo en la propia de aquel �rgano, como lo han causado las recientes
modificaciones relativas al matrimonio y a la adopci�n.
Diversas han sido las fuentes y elementos que han inspirado el nuevo Reglamento. En
primer lugar, se han tenido en cuenta cuantos preceptos de la primitiva Ley del Registro
Civil coordinaban con el nuevo sistema, no recogidos en la Ley, pr�xima a entrar en
vigor, por su car�cter casu�stico o interpretativo.
Tambi�n se ha tenido a la vista el Reglamento para la ejecuci�n de la Ley anterior
que, elaborado sin conocimiento de lo que fuera el Registro Civil como instituci�n viva,
resultaba manifiestamente insuficiente.
Y por �ltimo, las disposiciones administrativas de diferente rango y �poca, y las
resoluciones de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, han sido medios
excepcionales para saber lo que ha sido un Registro Civil casi secular y para resolver la
prolija problem�tica registral a trav�s de las m�s diversas situaciones.
En la actual tarea, legislativa se ha intentado dar certeza, simplicidad y unidad
org�nica a multitud de normas anteriores, casu�sticas, complementarias o
interpretativas, a veces poco concordes entre s� o manifiestamente insuficientes para
resolver las necesidades planteadas en el antiguo sistema.
La nueva Ley, adem�s, ha organizado el Registro Civil en toda su complejidad y ha dado
m�s tecnicismo a la instituci�n, a la vez que la ha hecho m�s pr�ctica, simple y
flexible y, tambi�n, m�s completa, veraz y justa, lo que ha obligado a introducir en las
antiguas normas reglamentarias congruentes alteraciones y a establecer otras para las
materias en que la Ley part�a de nuevas bases.
Los primeros art�culos del Reglamento comprenden las disposiciones generales que, si
por una parte han de dar al Registro la agilidad que exige el inter�s p�blico y el de
los particulares, de otra, afrontan ciertas cuestiones, cuya soluci�n ha de ser la misma
para todo tipo de actuaci�n, bien se trate de asientos, expedientes o certificaciones.
Entre dichas disposiciones destaca la que tiende a facilitar el servicio a los
particulares que podr�n acceder a cualquier Registro a trav�s de la oficina de su
Especial menci�n merece la disposici�n relativa a la capacidad, en orden al Registro,
que se decide conforme a criterios impuestos por las necesidades pr�cticas, avalados por
la soluci�n que da a problema an�logo la Ley de Jurisdicci�n Contencioso-Administrativa
y, mas recientemente, la Ley sobre Procedimiento Administrativo.
Las normas de jurisdicci�n voluntaria son de aplicaci�n supletoria, en las
actuaciones del Registro para aquellas cuestiones que el prop�sito de huir de un
casu�smo exagerado o la imprevisi�n hayan dejado sin soluci�n reglamentaria. Esta
aplicaci�n est� en armon�a con la especial naturaleza de la actividad p�blica
registral, tan distinta de la t�pica administraci�n del Estado, regulada por el Derecho
administrativo y sujeta a la jurisdicci�n contencioso-administrativa. La actividad
p�blica registral, en �ntimo contacto con el Derecho com�n, tiene por fin crear
t�tulos de legitimaci�n sobre el estado civil, constituir, a veces, con otros
requisitos, el propio Estado y, siempre, proporcionar a los particulares una informaci�n
sobre la condici�n civil de las personas en que por sus garant�as jur�dicas puedan
confiar. Estamos, pues, ante cuestiones civiles t�picas de la tradicionalmente llamada
Administraci�n de Justicia y por ello, desde su origen, encomendadas a los �rganos de la
jurisdicci�n ordinaria. Si en determinado escal�n interviene en los expedientes del
Registro Civil un �rgano formalmente administrativo, la Direcci�n General de los
Registros y del Notariado, sus funciones, en este orden, como en otros determinados de su
competencia, no se diferencian esencialmente de los que corresponden, en los otros
escalones, a los �rganos judiciales y sus resoluciones, contra las que no cabe recurso
alguno, dejan siempre abierta, la v�a judicial ordinaria.
La Ley establece que el Registro es p�blico para quien tenga inter�s en conocer los
asientos. Seg�n la legislaci�n anterior, se deb�an facilitar certificaciones del
Registro a cualquier persona que las solicitara. Aun cuando no se ha producido un cambio
radical de criterio, ahora se puntualiza el principio, con objeto de evitar abusos y
exigir, en los casos se�alados en el Reglamento, una cualificaci�n especial del
inter�s. Se han reglamentado concretamente las restricciones de publicidad impuestas por
el art�culo 51
de la Ley y, al efecto, se regula la expedici�n de certificaciones en extracto de
nacimiento, de modo tal que, sin perjuicio de la identificaci�n del nacido, resulte
efectivo el principio que, fuera de la familia, no podr� hacerse distinci�n de
espa�oles por la clase de filiaci�n. El Libro de Familia se completa con el Libro
de Filiaci�n, que ahora se crea con igual finalidad que aqu�l, dentro y fuera del
�mbito laboral, respecto de los hijos que no nacen de familia leg�timamente constituida.
Conforme a las directrices que marca la Ley, se, desarrolla la organizaci�n y
funcionamiento del Registro, se da simplicidad al mecanismo de los asientos y se tiende a
alcanzar el m�ximo de eficacia mediante la acci�n de oficio y las sanciones a los
particulares que olviden sus obligaciones.En los Registros llevados por Jueces de Paz,
como delegados del Encargado, se ha intensificado, de acuerdo con los criterios legales,
la intervenci�n de �ste, que es obligada en las cuestiones que salen de la f�cil
soluci�n que proporcionar�n los formularios. Se han sentado tambi�n las bases para que
el Registro Civil en las grandes poblaciones se organice de acuerdo con su densidad
demogr�fica y las necesidades del servicio p�blico.
El sistema de libros duplicados, uno de cuyos ejemplares hab�a de conservarse en la
Secretaria del Juzgado del partido, no tuvo realidad en la pr�ctica. Sin duda alguna, con
ello, se hubiera garantizado la conservaci�n de los asientos a costa de una complicaci�n
formal y burocr�tica; en el Reglamento actual tiene la misma finalidad la creaci�n de un
archivo provincial, en el que se integrar�n les legajos de los Registros; de esta forma,
en caso de destrucci�n, se asegura y facilita notablemente la reconstrucci�n de los
asientos desaparecidos.
El Libro Diario dar� garant�a de la certeza de la fecha de los asientos marginales,
en los que, por definici�n, no es posible contar siempre con la que se deriva de la
exigencia de que se extiendan por un orden sucesivo o sin dejar huecos o claros
El Libro de Personal y Oficina proporcionar� la historia de las modificaciones de cada
demarcaci�n y se facilitar� as� la busca de asientos del Registro, cuya competencia
est� determinada por el lugar en que ocurri� un hecho. El sistema de ficheros y el de
notas marginales de coordinaci�n dar� agilidad a la funci�n informativa del Registro,
que no s�lo debe servir para que los que ya conocen los datos obtengan las
certificaciones que necesiten, sino tambi�n para que los interesados que no los conozcan
puedan llegar a determinarlos por el propio Registro.
Se regulan las anotaciones con las cautelas convenientes para evitar su confusi�n con
las inscripciones y para que se basen en t�tulos suficientes a su finalidad informativa.
Supletoriamente se les aplica el r�gimen de las inscripciones, las cuales siempre
tendr�n un valor prevalente.
Respecto de las inscripciones marginales en los folios de nacimiento, merece
explicaci�n el criterio adoptado en cuanto a los hechos que afectan a la patria potestad.
La Ley prescribe la inscripci�n marginal de tales hechos, salvo el de fallecimiento de
los padres, disposici�n que se cumple, pago evitando que haya inscripciones repetidas
sobre un mismo hecho en distintas Secciones del Registro. Los hechos, pues, que son
inscribibles separadamente y que producen, como consecuencia, una alteraci�n de la patria
potestad, s�lo dar�n lugar a la nota marginal de referencia. De acuerdo con el criterio
legal, la muerte de los padres no constar� marginalmente en el folio de nacimiento.
La filiaci�n natural materna no s�lo llegar� al Registro en virtud del acto de
reconocimiento, sino que, conforme a las disposiciones de la nueva Ley, se considerar�
acreditada por el parte t�cnico del alumbramiento y por la declaraci�n de quien tenga
conocimiento cierto del hecho, si bien es el padre la persona a quien la Ley cita en
primer lugar entre los obligados a formular la declaraci�n.El Reglamento considera
que, en consecuencia de lo establecido en la nueva Ley, el art�culo 132
del C�digo Civil ha sido modificado de tal modo, que ya no se tachar� de oficio toda
revelaci�n que sobre la madre natural se haga en los asientos en base a la declaraci�n
del padre. De esta manera adquirir�n seguridad las inscripciones, no infrecuentes, de
filiaci�n materna natural practicadas en virtud de declaraci�n formulada por padre
concubinario. No se olvida la defensa que le Ley concede a la v�ctima de falsas
atribuciones de filiaci�n, y con esa finalidad bastar�, seg�n el Reglamento, que conste
al Encargado la oposici�n de la interesada, para omitir toda menci�n de la maternidad en
la inscripci�n. As� se evitar�n asientos afrentosos, que habr�an de quedar
inmediatamente sin el efecto propio, en virtud del ulterior asiento de desconocimiento.
En cuanto a la filiaci�n leg�tima, se han seguido rigurosamente las prescripciones
del C�digo Civil,
teniendo en cuenta que por dicho Cuerpo legal le presunci�n de legitimidad se asienta en
un doble tipo de circunstancias, inscribibles unas en el folio de nacimiento y otras en la
Secci�n II del Registro.
Sobre documentos p�blicos aptos para el reconocimiento de la filiaci�n natural, se ha
seguido la doctrina consagrada en la pr�ctica.
En congruencia, por �ltimo, con la especial eficacia que tiene la inscripci�n, no se
ha permitido la de reconocimiento alguno sin que se acredite, con un m�nimo de
garant�as, la adecuaci�n al ordenamiento jur�dico.
A fin de facilitar la identificaci�n de la persona y, a la vez, con el prop�sito de
velar la situaci�n enojosa del que carece de padres conocidos, los Encargados
consignar�n en la inscripci�n de nacimiento o por nota marginal nombres de frecuente uso
como al fueran de padre o madre del inscrito, que constar�n; preceptivamente entre las
menciones de identidad.
Se completa y desarrolla lo que la Ley dispone sobre una serie de cuestiones, como son
la de imposici�n de nombre propio, qui�n la hace y c�mo: apellidos, en general;
determinaci�n de los de legitimado por concesi�n soberana y de los que adquieren la
nacionalidad espa�ola: reglas para la inversi�n de los apellidos del hijo natural
reconocido s�lo por la madre; apellidos adoptivos y expedientes sobre nombres y
apellidos. En cuanto a apellidos de los hijos adoptivos, se sigue lo que el C�digo Civil dispone
despu�s de su �ltima reforma, y se completan, conforme a su esp�ritu, las normas
sustantivas, procurando la mayor protecci�n de los intereses del adoptado.
Se regula especialmente el expediente sobre nacionalidad y se dan normas complementarias
de las sustantivas, en las que, naturalmente, se inspiran: as� las relativas a opci�n y
a la nacionalidad de la mujer casada.En general, no es posible que el Registro
proporcione una prueba directa de la nacionalidad de la persona; pero para facilitar su
determinaci�n se pretende llevar al Registro, por v�a de inscripci�n o anotaci�n,
seg�n proceda, un gran n�mero de los hechos influyentes en la misma.
La facilidad para inscribir ciertas declaraciones sobre nacionalidad se aten�a con el
limitado alcance que se concede a la fe del Registro.
En cuanto a matrimonio, se adapta el Reglamento al vigente Concordato del Estado
espa�ol con la Santa Sede, cuyas doctrinas est�n sustancialmente reflejadas en el C�digo y en la Ley del Registro Civil.
La inscripci�n del matrimonio can�nico, por lo dem�s, es objeto de mero desarrollo
reglamentario. Las normas sobre matrimonio civil siguen la l�nea impuesta por el C�digo, recientemente
reformado; por le nueva Ley del Registro, por el Decreto de 26 de octubre de 1956 y por la
Circular de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, de 2 de abril de 1957.
Se concreta el r�gimen de consultas, recursos gubernativos e impugnaciones judiciales,
perfilando las funciones del Juez de Paz en tan delicado acto jur�dico.
En cuanto a inscripciones de defunci�n, destacan las normas sobre fallecimiento en
circunstancias excepcionales, las cuales implican un r�gimen de car�cter m�s com�n y
ordinario, que suple con ventaja a las numerosas y casu�sticas disposiciones dictadas
para situaciones de emergencia. Tambi�n es de notar la flexible regulaci�n de la
licencia de inhumaci�n para eliminar las dificultades suscitadas por la ordenaci�n
Respecto a la Secci�n IV, se han tenido en cuenta las disposiciones sobre Registro de
Tutelas y Central de Ausentes. Por lo que hace a las representaciones legales distintas de
la tutela o de la del ausente, el Reglamento es somero y restrictivo, porque la Ley, en
esta parte, tiene un indudable car�cter de ensayo: la prudencia aconseja recoger les
datos de la experiencia antes de acometer una ordenaci�n m�s amplia, detallada y
precisa. No se han excluido, sin embargo, las representaciones que constan en documentos
judiciales por la necesidad de adaptaci�n al tenor de la Ley; su publicidad formal ser�
m�s f�cil por el Registro Civil que la que pod�an proporcionar las archivos judiciales.
Se precisan los supuestos en que es necesario expediente gubernativo; se completa la
concisi�n del texto legal y se dan reglas especiales para ciertos expedientes y para la
inscripci�n de las resoluciones.Especial atenci�n se ha dedicado a los expedientes de
inscripci�n de nacimiento fuera de plazo, a fin de disipar el confusionismo que exist�a
hasta ahora sobre el modo de fijar la filiaci�n dentro de este expediente.
La reconstrucci�n del Registro es objeto de un detallado ordenamiento, en el que se
recogen las ense�anzas de la pr�ctica y se prev�n f�rmulas flexibles, sin mengua de
las debidas garant�as.
Las declaraciones con valor de simple presunci�n podr�n utilizarse, entre otros
fines, para conseguir verdaderos certificados de nacionalidad, similares a los que se
difunden en la legislaci�n comparada, y cuya falta se acusaba en la nuestra.
La tramitaci�n de los expedientes est� presidida por los criterios de econom�a,
celeridad y eficacia que el Estado trata de imponer en todas sus actuaciones. Por lo que
afecta a la competencia se parte del principio de atribuirla al Juez de Primera Instancia,
dada la importancia que tiene cuanto afecte al estado civil, sin perjuicio de confiar !a
instrucci�n e, incluso en los casos que lo permita la naturaleza o menor entidad de la
cuesti�n planteada -la decisi�n- a los propios Encargados, en aras a la rapidez y a fin
de evitar la excesiva acumulaci�n de asuntos en los Juzgados de Primera Instancia.
La realidad exige una f�cil prueba de la vida y de la solter�a o viudez, y a este
efecto se brindan a la Administraci�n y a los particulares los m�s sencillos medios
probatorios, la comparecencia del sujeto y la declaraci�n jurada, respectivamente, con lo
que, adem�s, de acuerdo con las nuevas tendencias, se simplificar� la mec�nica
burocr�tica, Se dispone, sin embargo, que se sigan expidiendo fes de vida, solter�a o
viudez, a cuyo efecto se ha establecido un procedimiento, con un m�nimo de garant�as,
adecuado al fin pretendido.
-Sin perjuicio del principio de gratuidad respecto a los asientes u otros conceptos
determinados, el Reglamento respeta el tradicional r�gimen arancelario y al propio tiempo
regula el beneficio registral de pobreza con gran generosidad, facilitando
extraordinariamente la prueba, de acuerdo con las exigencias de la pr�ctica. Se prev�n
tambi�n otros supuestos de gratuidad en la expedici�n de certificaciones y se elimina el
confusionismo actual en tales casos.
La integraci�n en el Reglamento de la ordenaci�n org�nica del Cuerpo de M�dicos del
Registro Civil contribuir� a la simplificaci�n de les textos legales, actualmente
vigentes, sin mengua de lo que exige una adecuada sistematizaci�n legislativa, ya que
dichos funcionarios est�n afectos al exclusivo servicio del Registro. Se ha procurado
que, sin perjuicio de los derechos adquiridos, la reglamentaci�n responda a los criterios
que inspiraron la ordenaci�n general de los funcionarios en cuanto no exija otra cosa la
especialidad de la funci�n. Se incorpora, simplificado, el ordenamiento de su Mutualidad
Ben�fica, creada por Orden de 17 de julio de 1951, y, para representaci�n del Cuerpo, se
crea una Junta especial. El r�gimen econ�mico de dichos funcionarios sigue siendo el de
la percepci�n directa de derechos arancelarios. Teniendo en cuenta las necesidades del
servicio y la posibilidad de una congrua dotaci�n de los funcionarios, se limita dicho
servicio a las capitales de provincia y poblaciones de m�s de cincuenta mil habitantes.
La complejidad y el car�cter innovador de la nueva legislaci�n plantea una prolija
serie de cuestiones de Derecho intertemporal, entre otras, las de cierre de la antigua
Secci�n IV, incorporaci�n al Registro Civil del Registro de Tutor�as, publicidad
formal, nuevos libros o impresos, nombre y apellidos y cartas de naturaleza. A resolverlas
tienden las disposiciones transitorias, con las que se pretende tambi�n liquidar la
compleja problem�tica suscitada a raiz de la guerra de Liberaci�n por los asientos
practicados en territorio no sujeto a las Autoridades leg�timas, que ya fu� abordada en
disposiciones anteriores; a este efecto, y con el fin de mantener, hasta donde sea
posible, la virtualidad de lo asientos, se extiende, en principio, a los practicados en
dichos territorios, el r�gimen ordinario sobre defectos y procedimientos de correcci�n.
En las disposiciones finales se determina el r�gimen jur�dico del Registro en las
provincias africanas, que no puede ser otro que el general, salvo las excepciones que
impongan las especialidades existentes en materia de �rganos y de hechos inscribibles
relativos a ind�genas. La �ltima disposici�n deja vigente el sistema actual de
Aranceles, pues, aun reconociendo que la nueva legislaci�n exige determinadas
adaptaciones, �stas tendr�n cabida en las disposiciones que les sean espec�ficas.
En en virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de conformidad con el dictamen del
Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros, dispongo:
Se aprueba, con el car�cter de definitivo, el adjunto Reglamento
del Registro Civil, que comenzar� a regir el primero de enero de 1959.
As� lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 14 de noviembre de 1958.
El Ministro de Justicia, Antonio Iturmendi Ba�ales.

References: REAL DECRETO 
 Real Decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto