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Timestamp: 2016-10-25 13:13:18+00:00

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RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Málaga, don Vicente José Castillo Tamarit, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Vélez-Málaga, Registro n.º 2, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria
RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Málaga, don Vicente José Castillo Tamarit, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Vélez-Málaga, Registro n.º 2, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria Mis Leyes
RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Málaga, don Vicente José Castillo Tamarit, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Vélez-Málaga, Registro n.º 2, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Málaga, don Vicente José Castillo Tamarit, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Vélez-Málaga, Registro n.º 2, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
En el recurso interpuesto por el Notario de Málaga don Vicente José Castillo Tamarit contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de
Vélez-Málaga Registro número 2, doña Almudena Souvirón de la Macorra, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
El día 9 de diciembre de 2004, el Notario de Málaga don Vicente José Castillo Tamarit autorizó una escritura de préstamo con garantía hipotecaria otorgada por una entidad de crédito. En representación de dicha entidad de crédito actuó don Alejandro B. R.
Se expresa en dicha escritura lo siguiente: «Intervienen: a) El primer compareciente lo hace en nombre y representación de Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona... Sus facultades para este acto resultan de la escritura de poder que le tiene concedido... en escritura autorizada por el Notario de Barcelona don Ignacio Manrique Plaza, el día..., bajo número..., inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo..., folio..., hoja..., inscripciones..., de la que me exhibe copia autorizada y de ella resulta que está facultado, con carácter solidario, hasta la cantidad de... para conceder préstamos con garantía hipoteca sic y aceptarlas.
El título se presentó en el Registro de la Propiedad mediante telefax el 10 de diciembre de 2004, consolidado el siguiente día 21, siendo retirado y vuelto a presentar el día 29 del mismo mes. Dicha escritura fue objeto de la siguiente calificación:
«Hechos:... El precedente documento con fecha de hoy ha sido calificado, encontrándose defectos subsanables que impiden su inscripción.
Fundamentos de Derecho: No constar la manifestación por don Alejandro B. R... que las facultades representativas acreditadas que resultan del poder invocado para su legitimación, no le han sido revocadas, suspendidas, ni limitadas, ni ha variado la capacidad jurídica de su representada; de conformidad con los Artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Como consecuencia de ello y vistos los artículos y, en su caso, las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado se suspende la inscripción del mismo.
Recursos: Contra esta calificación podrá interponerse recurso...
Vélez-Málaga, a catorce de enero de dos mil cinco. El Registrador
[Firma ilegible. Existe sello con el nombre y apellidos de la Registradora].»
Por medio de escrito que tuvo entrada en el Registro de la Propiedad número 10 de Málaga el 16 de febrero de 2005, el Notario autorizante de la escritura calificada interpuso recurso gubernativo contra la calificación, en el que alegó: 1.º Que en la calificación no se cita ninguna Resolución concreta de esta Dirección General, por lo que deja al recurrente en total indefensión; 2.º Que ninguna de las múltiples Resoluciones que se han enfrentado con el tema exigen que el apoderado efectúe las manifestaciones que exige la Registradora, y cabe preguntarse si dicha exigencia añade algo a la seguridad jurídica; 3.º Que la Resolución de 8 de noviembre de 2002, entre otras, señaló que el Notario debe indicar las circunstancias que acrediten la subsistencia de las facultades representativas, como son la exhibición de la copia autorizada de la escriturar de apoderamiento, y en su caso su inscripción en el Registro Mercantil, lo que en la escritura calificada se ha cumplido; 4.º Que en la calificación no se dice por qué los artículos que cita exigen que el apoderado manifieste lo que pretende la Registradora, lo que implica falta de motivación jurídica de dicha calificación, infringiendo el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria.
La Registradora de la Propiedad elevó el expediente, con su informe, a esta Dirección General mediante escritos con fecha de 9 de marzo de 2005. En tal informe se incluyen argumentos, con cita de determinadas Resoluciones de este Centro Directivo, no expresados en la calificación impugnada.
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997, 20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004, y 2 y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero, 5, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo y 1 de abril de 2005, entre otras.
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas del apoderado e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades.
La Registradora suspendió la inscripción solicitada por ser necesario, a su juicio, que el apoderado manifieste que las facultades representativas acreditadas que resultan del poder invocado para su legitimación no le han sido revocadas, suspendidas, ni limitadas, ni ha variado la capacidad jurídica de su representada.
8 de febrero, 17 de noviembre de 2003, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo y 1 de abril de 2005, entre otras, se manifestaba que el contenido del informe del Registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno y, aun menos, incluir una suerte de contestación al recurso interpuesto. Cuando este Centro Directivo se está refiriendo a cuestiones de mero trámite, quiere expresar que en dicho informe habrán de incluirse aspectos tales como: fecha de presentación del título calificado y las incidencias que hayan podido existir; por ejemplo, que dicho título se retiró para ser subsanado o para pago de los impuestos que gravan el acto o negocio jurídico sujeto a inscripción; fecha de calificación del título y de notificación a los interesados en éste, etc.
Aplicada la precedente jurisprudencia a la calificación recurrida se aprecia, sin más, que la misma no se encuentra debidamente motivada, ya que el funcionario calificador se ha limitado a citar unos preceptos y «las Resoluciones» de este Centro Directivo sin expresar nada más respecto de la fecha de éstas ni de su contenido, de suerte que no llega a proporcionarse al interesado razón lógica suficiente por la cual considera el funcionario calificador que debe constar la manifestación del apoderado sobre la subsistencia de las facultades representativas acreditadas que resultan del poder invocado.
En conclusión, esta Dirección General, visto el expediente del recurso, entiende que procede resolver el fondo de la cuestión, sin tener en cuenta las alegaciones de la Registradora contenidas en su informe, y estimar el recurso interpuesto por las razones que a continuación luego se expondrán.
3. Respecto de la cuestión objeto de este recurso, el defecto invocado por la Registradora no puede ser confirmado.
Cabe recordar que, según el fundamento de derecho quinto de las Resoluciones de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004, cuyo contenido se ha reiterado en las de 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero de 2005 entre otras más recientes citadas en los «Vistos» de la presente, «para que pueda entenderse válidamente cumplido el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
Las obligaciones para el Registrador son también palmarias puesto que deberá calificar, de un lado, la existencia y regularidad de la reseña identificativa del documento del que nace la representación y, de otro, la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en rela ción con el acto o negocio jurídico documentado o las facultades ejercitadas y la congruencia de la calificación que hace el Notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título.
Dicho de otro modo, deberá calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo el contenido de éste y de la calificación que hace el Notario congruente con el acto o negocio jurídico documentado...».
Y según las Resoluciones de 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo y 1 de abril de 2005, entre otras, no cabe exigir que la escritura calificada contenga la aseveración del apoderado sobre la subsistencia de la representación que invoca, ejercita pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, debe entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento así como en la propia exhibición de la copia autorizada de la escritura de apoderamiento.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el documento del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que el mismo es un poder conferido, mediante escritura pública, autorizada por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha del poder, el número de protocolo y los datos de inscripción en el Registro Mercantil. El Notario autorizante da fe de la exhibición de la copia de la escritura de apoderamiento, exhibición que constituye una garantía razonable de la subsistencia de la representación (cfr. artículos 1733 del Código Civil y 227 del Reglamento Notarial; y las Resoluciones de 2 de enero y 5 de marzo de 2005). Cabe estimar que la tenencia por el representante del título representativo permite presumir, en principio, su vigencia. No hay elementos, por tanto, patentes u omitidos, resultantes de la propia escritura de préstamo hipotecario, contrarios a la presunción de legalidad que su autorización comporta en cuanto a la representación de la entidad de crédito otorgante. Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña respecto del documento representativo ni al juicio de suficiencia de las facultades del representante expresado por el Notario.
Sra. Registradora de la Propiedad de Vélez-Málaga número 2.

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 98
 artículo 98