Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221395.htm
Timestamp: 2019-03-27 02:41:53+00:00

Document:
201211-Sala Civil-1-395
Auto Supremo: 395/2012
Expediente: P-5-12-A
Partes: Adolfo Chao Castro c/ Gobierno Autónomo Municipal de Cobija y Otros.
VISTOS.-El recurso de casación de fs. 67 y 68 vlta. vlta. interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija representado por su apoderada Dra. Tiana Pinheiro Lauria contra el Auto de Vista Nro. 77, de fs. 63 y 64 de fecha 30 de mayo 2.012 emitido por la Sala Civil Social, Familia, de la Niñez y Adolescencia de Pando dentro el proceso de Usucapión seguido por Adolfo Chao Castro contra Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, concesión del recurso de fs. 71 vlta., los antecedentes del proceso, y
Que, el Juez de Partido Segundo en lo Civil de Cobija - Pando el 2l de febrero 2011 pronunció el Auto Definitivo de fs. 32 de obrados, por la cual se deja sin efecto el Auto de fecha 12 de diciembre 2011 y en su lugar se resuelve no admitir la demanda de Adolfo Chao Castro. Contra ésta Resolución el demandante formula Recuso de apelación en cuyo mérito el Tribunal Departamental de Justicia en su Sala Civil, Social, Familia, de la Niñez y Adolescencia de fs. 63 y 64 dicta el Auto de Vista Nº 77 de 30 de mayo 2012, anulando obrados hasta fs. 32 en consecuencia deja subsistente el Auto de Admisión de la demanda de fs. 8; contra esa Resolución de Alzada el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija interpuso el Recurso de Casación en el fondo.
El recurrente inicia fundamentando su recurso manifestando que el Auto de Vista dictado por el Tribunal de Alzada vulneró sus intereses legítimos de derecho de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija expresando los agravios en los siguientes términos:
1.- Que, se ha violado el art. 339 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, que dice a la letra " los bienes de patrimonio del estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, son inviolables, inembargable, imprescriptible e inexpropiable no podrán ser empleados en provecho particular" el Tribunal de Alzada al disponer que el trámite continúe, pretende enajenar propiedad de una entidad pública como es el patrimonio del municipio de Cobija, lo que atenta la norma Constitucional señalada en líneas precedentes
2.-Que, el Tribunal de Alzada no aplicó el art. 131 de la ley 2028 de Municipalidades que expresamente señala: "no procederá la usucapión de bienes de propiedad municipal o Estado, los Jueces que admitieran dichas demandas serán pasibles a juicio por prevaricato",
3.-Asimismo señala que se ha vulnerado los arts. 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil, esto es que no se hubiera dado cumplimiento a las normas procesales que son de orden público, dando a entender que la Resolución de alzada caen en la nulidad, además manifiesta que no han sido aplicadas los principios Constitucionales ni los principios generales del derecho procesal, ni interpretadas los arts. 397 y 399 del Código de Procedimiento Civil, vale decir que el Tribunal Ad quem no valoró la prueba documental consistente en título de derecho propietario que demuestra que el predio es del municipio de Cobija.
4.-Finalmente manifiesta que se ha violado el art. 1.289 del Código Civil, que el título de derecho propietario consistente en una Escritura Pública debidamente registrada en derechos reales con su respectivo Folio Real tiene todo el valor legal, no ha sido valorada por el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista Concluye solicitando que el Tribunal de casación CASE el Auto de Vista disponiendo que la demanda interpuesta por el señor Adolfo Chao Castro sea rechazada.
Para la procedencia del recurso de casación en el fondo, las causales se encuentran descritas en el Art. 253 del Código Procesal Civil, estos son: 1) cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de hecho o de derecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador; esta norma tiene estrecha relación con la disposición del Art. 258 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, que de forma imperativa señala que el recurso de casación debe señalarse la normativa violada, aplicada falsa o erróneamente y especificar en que consiste el error, identificando en el tipo de recurso que se interpone.
En el sub lite, se evidencia que el recurrente señala que el Tribunal Ad quem no se ha pronunciado sobre el fondo del litigio, sino que la misma constituye una Resolución anulatoria, razón por la cual no es pertinente fundar un recurso de casación en el fondo sino en la forma, de acuerdo a ese razonamiento, la Resolución deviene en improcedente.
Sin embargo de ello, corresponde anotar que este Tribunal, en cumplimiento del Art. 252 del Código de Procedimiento Civil tiene la obligación de fiscalizar el proceso y si el mismo se ha desarrollado en cumplimiento de la normativa legal vigente en el país, normativa legal que ha sido interpretada por la ex Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos lineamientos han reforzado la viabilidad de acciones como el de la usucapión en la esfera de otorgar seguridad jurídica no solo para el demandante sino también para terceros que se vean afectados con dichas demandas, así pues se tiene que el Auto Supremo Nº 262 de 25 de Agosto 2011 que señaló que: "...La usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la Sentencia que declare la usucapión producirá validamente ese doble efecto.
El sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura, en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello el actor debe acompañar con la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es contra él -el actual propietario-, que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión.
Por lo expuesto, se concluye que es deber ineludible del actor acreditar, a tiempo de interponer la demanda de usucapión, que la persona contra quien se la dirige es quién figura como titular en el momento de promover la acción.
No es posible que el actor dirija su pretensión en contra de una persona distinta de quien figura como actual titular en los Registros de Derechos Reales, tampoco es posible que el actor dirija su demanda contra personas desconocidas, pues, la usucapión, opera como un modo de adquirir la propiedad respecto de bienes que se encuentran en la esfera del dominio privado, es decir, respecto de aquellos bienes sobre los que ya recae un anterior derecho de propiedad. Atendiendo el doble efecto que genera la usucapión, en ningún caso opera como un modo de adquirir bienes que no pertenecen a nadie, siendo otros los medios por los cuales se adquiere la propiedad de esos bienes; pues, la usucapión como modo de adquirir la propiedad, presupone siempre la existencia de un anterior derecho propietario sobre el bien a usucapir, derecho que se pretende extinguir a favor del usucapiente.
En ese contexto, ... que quien pretenda adquirir derecho de propiedad por la usucapión, debe realizar investigación respecto a la tradición registral y así determinar con precisión quienes figuran en los registros como actuales propietarios..."; de lo expuesto se tiene que de acuerdo a las características de ubicación de los predios tanto del Gobierno Municipal de Cobija y el identificado a ser usucapido, a prima facie se deduce que no son los mismos, sin embargo, si el ente público insiste ser titular del mismo tiene toda la instancia para probar su derecho de propiedad, aspecto que no debe suspender el normal desarrollo del proceso, contrario fuera que el inmueble esté plenamente identificado en cuanto a su ubicación y que del cotejo con los títulos del ente público sean los mismos, caso para el cual la demanda de usucapión sería improponible, esto solo en vía de aclaración; sin embargo de lo expuesto, se tiene que la demanda ha sido interpuesta en contra de presuntos y/o posible propietarios, ya que correspondía al juez instar que el demandante agote los medios de registros y/o base de datos, tanto de la oficina de Derechos Reales como del Municipio en sus unidades de Catastro Urbano y/o Recaudación impositiva, servicios sanitarios u otros, para constatar la identidad del titular del inmueble a ser usucapido, con la finalidad de que asuma defensa en la causa y que el doble efecto de la usucapión a posteriori pueda ser efectivizado, de acuerdo a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, y con ello otorgar seguridad jurídica tanto para el usucapiente como para el usucapido y para terceros que puedan generar y/o constituir actos jurídicos y/o Derechos Reales respecto al inmueble objeto de la usucapión, debiendo sanearse dicho aspecto.
Por otra parte, no resulta ser suficiente la difusión oral de la demanda en un solo medio de comunicación, ya que de acuerdo a las características de la población de la ciudad de Cobija, el Juez a quo, debía instar la difusión mixta del contenido de la demanda, que también es observada, pues el edicto adjunto a fs. 28 ni siquiera hace alusión al predio, manzana y colindancias del inmueble objeto de la usucapión, o ante la ausencia de nominación de vías del inmueble podía identificar al predio con alguno circundante o colindante como es el Mercado Campesino, que no ha sido observado por el inferior, que corresponde ser saneado por este Tribunal a objeto de no causar indefensión al titular del predio ni a futuros terceros que puedan generar actos sobre el mismo inmueble.
Por las razones expuestas, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art.42 num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2.010 y en aplicación de los arts. 271 num.3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 8 inclusive, y dispone que con carácter previo a admitirse la demanda el Juez disponga que el actor modifique la misma y la dirija en contra de los verdaderos propietarios o sus legítimos herederos del inmueble a ser usucapido, agotando la base de datos de distintos registros, como se ha explanado en el presente fallo.
Siendo el error excusable no se impone multa.
En virtud a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025 hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

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