Source: http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/krassnoff.html
Timestamp: 2017-10-22 17:35:03+00:00

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Equipo Nizkor - Texto completo de la sentencia de casación que resuelve la no aplicación de la aministía en el caso de los desaparecidos.
En estos autos No. 2182-98, rol de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia dictada por el Ministro de Fuero don Alejandro Solís Muñoz el catorce de abril de dos mil tres, que se lee de fs. 1464 a 1521, se castigó a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda y Marcelo Luis Manuel Moren Brito a quince años de presidio mayor en su grado medio cada uno y a las accesorias respectivas; y a Miguel Krassnoff Martchenko, a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, así como las accesorias correspondientes, por su responsabilidad de co-autores del secuestro calificado en la persona de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, a contar desde el once de enero de mil novecientos setenta y cinco. También fueron sancionados Fernando Eduardo Laureani Maturana y Gerardo Ernesto Godoy García a sufrir cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo cada uno y las accesorias pertinentes, como cómplices del referido secuestro, siendo todos condenados al pago de las costas del proceso y sin otorgárseles ninguno de los beneficios de la ley 18.216, rechazándose además la acción civil de indemnización de perjuicios dirigida en su contra, sin costas.
En contra de esta última sentencia la defensa del condenado Krassnoff Martchenko, representada por el abogado Gustavo Promis Baeza, formalizó recurso de casación en la forma y en el fondo, basado el primero de ellos en los numerales noveno y décimo del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal y el segundo, en los números 2o., 3o., 5o. y 7o. del artículo 546 de la misma compilación legal. A su vez, don Juan Carlos Manns Giglio, abogado de Laureani Maturana y de Contreras Sepúlveda, dedujo sendos recursos de casación en el fondo, fundado sólo en el No. 5o. del 546 de esa recopilación de leyes. Por su parte, la defensa judicial de Godoy García, representada por don Luis Fernando Bravo Ibarra, promovió recursos de casación en la forma, asilado en la causal 9ª del artículo 541 del Código procedimental criminal, así como recurso de casación en el fondo sustentado en las causales 2ª, 5ª y 7ª del artículo 546 del citado ordenamiento; y la asistencia jurídica de Moren Brito, don Francisco Javier Piffaut Passicot, interpuso casación en el fondo, fundamentándola en el quinto numeral del antes referido artículo 546. La demandante civil, representada por don Nelson Caucoto Pereira, también presentó recurso de casación en el fondo respecto de la acción civil, por haberse infringido los incisos 2o. y 3o. del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 428, 429 y 430 del mismo cuerpo de leyes, como igualmente el artículo 73 de nuestra Constitución Política y el 10 del Código Orgánico de Tribunales.
PRIMERO: Que el recurso de casación en la forma deducido por Krassnoff Martchenko reposa en los números 9o. y 10o. del artículo 541 del Código de enjuiciamiento criminal, dado que en su concepto la sentencia no ha sido extendida en la forma dispuesta por la ley, vulnerando así lo prevenido en el artículo 500, No.s 6o. y 7o. (sic) del mismo cuerpo de leyes, en relación con el artículo 6o. de nuestra carta fundamental.
“5o. Las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, tanto las agravantes como las atenuantes, y para establecer la responsabilidad o la irresponsabilidad civil de los procesados o de terceras personas citadas al juicio;
6o. La cita de las leyes o de los principios jurídicos en que se funda el fallo;”
Y una simple lectura de la resolución cuestionada permite constatar que no cumple con lo prescrito en los numerales 5o. y 6o. transcritos, pues desde el considerando trigésimo tercero al cuadragésimo quinto, cuadragésimo nono al quincuagésimo noveno y septuagésimo séptimo al nonagésimo séptimo se sustenta en Tratados Internacionales que no se encuentran integrados a nuestra legislación nacional o no son aplicables a este caso concreto, tales como la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, Convenios de Ginebra de mil novecientos cuarenta y nueve y mil novecientos cincuenta y uno, Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o se les ha dado una jerarquía de la que constitucionalmente carecen, ya que el artículo 6o. de nuestra carta magna ha impuesto a los órganos del Estado la obligación de someter su acción a la Constitución y a las leyes dictadas conforme a ella, por lo que el tribunal estaba constitucional y legalmente obligado a no considerar estas normativas, todas las cuales o no son aplicables o no tienen vigencia en nuestro sistema legal o no pueden ser aplicadas al caso sub-lite, cuestión que de todas maneras efectuó.
SEGUNDO: Que el otro motivo de casación en la forma consiste en haber sido dada ultra petita, extendiéndola a puntos inconexos con los que han sido materia de la acusación y de la defensa de esta controversia, quebrantándose así el artículo 19, No. 3o., de nuestra Constitución.
TERCERO: Que, a su turno, la asistencia jurídica del condenado Godoy García también dedujo recurso de casación en la forma en contra del fallo del tribunal de alzada en estudio, por la reseñada causal 9ª del artículo 541 del Código procedimental penal, ya que en su opinión, aquél no ha sido extendido en la forma dispuesta por la ley, puesto que el numeral 4o. del artículo 500 de la misma compilación señala que la sentencia definitiva deberá contener las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o no probados los hechos atribuidos a los encartados, lo que además es concordante con lo preceptuado en el artículo 424 de la referida recopilación, que dispone que la acusación es un auto motivado en el cual se dejará testimonio de los hechos que constituyen el delito o los delitos que resultan haberse cometido y la participación que ha cabido en él o en cada uno de ellos, al procesado o a procesados de la causa, con expresión de los medios de prueba que obran en el sumario para acreditar unos y otras, por lo que resulta imprescindible dejar constancia expresa de los hechos que describen la participación que en un determinado delito le ha correspondido al imputado o al condenado en su caso.
La causal invocada autoriza la anulación del fallo por vicios de forma cuando no se ha extendido de la manera ordenada por la ley y el artículo 500, No. 4o., de la mencionada compilación dispone expresamente que el veredicto deberá contener las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya sea para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta, siendo esta misma recopilación de leyes la que franquea la casación por defectos de forma y que reconoce como válida la causal invocada.
Por otra parte la defensa de Godoy García, expresa que nuestra carta fundamental, en su artículo 19, No. 3o., inciso 4o., ordena que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y corresponderá al legislador establecer las garantías de un procedimiento y una instrucción racionales y justos, siendo atentatorio a dichas normas que en este proceso se le haya condenado sin exponer en forma alguna el por qué y en qué consistió la supuesta participación que habría tenido en el ilícito de autos, omitiendo exponer los motivos por los cuales se le condenó, ni qué llevó a los sentenciadores a atribuirle la participación como cómplice en ese hecho, sobre todo cuando no existe antecedente que lo haya vinculado con el ofendido, lo que le ha acarreado un perjuicio reparable solamente con la declaración de nulidad del fallo y esto ha influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo, debido a que sin expresar el por qué se le reprocha participación y en qué consistió la misma, fue condenado, como corolario de este grave error, a cinco años de presidio menor en su grado máximo y las accesorias correspondientes, por lo que pide su anulación.
CUARTO: Que sin perjuicio de dejar en claro la confusa referencia que hace la defensa de Krassnoff a fs. 1992, donde estima violentado el artículo 500, No.s 6o. y 7o., para luego desarrollar el recurso con sus numerales 5o. y 6o., en todo caso una simple lectura de los fallos, tanto de primer como de segundo grado, revela una lata exposición de las razones legales y doctrinales que han servido para calificar el delito y sus circunstancias, así como la cita de las leyes y principios jurídicos en los cuales se apoya su decisión, lo que puede apreciarse en las mismas motivaciones décimo novena, vigésimo segunda a vigésimo cuarta, vigésimo sexta a trigésimo sexta y cuadragésima a cuadragésimo octava del de primer grado y los mismos basamentos pre-citados por el reclamante, por lo que la circunstancia de no compartir o estimar equivocada la fundamentación jurídica del fallo que lo condujo a lo decisorio, no constituye la causal de casación en la forma que se invoca y deberá desechársela.
QUINTO: Que en lo atinente a la ultra petita, esto es, en haberse extendido a puntos inconexos con los que fueron materia de la acusación y de la defensa, es necesario señalar que el raciocinio esencial que desarrolla el impugnante reposa en que el fallo atacado le imputa a su defendido la comisión de un delito que no fue materia de la acusación y de la defensa, cual es la “desaparición forzada de personas”, lo que se desprende de lo analizado en los basamentos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y octogésimo quinto de dicho veredicto, en circunstancias que dicha descripción criminal no se encontraba vigente al momento de ocurrir el hecho, lo que importa un atentado a lo preceptuado en el artículo 19, No. 3o., de nuestra carta magna.
SEXTO: Que el recurso intentado por la defensa de Godoy García se asienta en el noveno numeral del artículo 541 del Código de instrucción criminal, en relación con los artículos 500, No. 4o., y 424 del mismo ordenamiento, que estatuyen que la sentencia definitiva deberá contener las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta y, en lo que atañe a la acusación, que cuando se encuentre ejecutoriada la resolución que declara cerrado el sumario y el juez no encontrare mérito para decretar el sobreseimiento, dictará un auto motivado donde dejará testimonio de los hechos que constituyen el delito o los delitos que resultan haberse perpetrado y la participación que ha cabido en él, o en cada uno de ellos, al procesado o procesados de la causa, con expresión de los medios de prueba que obran en el sumario para acreditar unos y otras.
OCTAVO: Que los distintos recursos de casación en el fondo formalizados en la causa, en su aspecto criminal, se sustentan en las causales del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal que pasan a detallarse: a) Krassnoff Martchenko, en los No.s 2o., 3o., 5o. y 7o. (fs. 1898 a 1946); b) Contreras Sepúlveda (fs. 1972 a 1983), Laureani Maturana (fs. 1956 a 1971) y Moren Brito (fs. 2007 a 2013), en el No. 5o.; y c) Godoy García, en los No.s 2o., 5o. y 7o. (fs. 1993 a 2006).
Es decir, en ellos se denuncian como faltas las de haberse violado las leyes reguladoras de la prueba y siempre que esta infracción influya substancialmente en lo dispositivo de la sentencia; que, aceptados como verdaderos los hechos que se declaran probados, se haya incurrido en error de derecho al admitir las excepciones indicadas en los números 2o., 4o., 5o., 6o., 7o. y 8o. del artículo 433; o al aceptar o rechazar en la sentencia definitiva, las que se hayan alegado en conformidad al inciso 2o. del artículo 434; y también en que la sentencia, haciendo una calificación equivocada del delito, aplica la pena en conformidad a ese predicamento y que conceptúa como delito un hecho que la ley penal no considera como tal.
NOVENO: Que para los efectos de un adecuado tratamiento de los diversos tópicos planteados, es útil consignar que el primer capítulo de casación a desarrollar se asila en la séptima causal del artículo 546 del ordenamiento procesal criminal, y aquí Krassnoff Martchenko estima violentados los artículos 43, 451 a 488 del reseñado texto legal, así como los artículos contenidos en el Libro II, del Juicio Ordinario de Mayor Cuantía, por expresa aplicación del artículo 3o. del Código de Procedimiento Civil y el 15, No. 1o., del Código Penal.
En subsidio de las reglas del Código procedimental penal, afirma el recurrente, rigen las de su homónimo civil y en asuntos de prueba, específicamente las del Libro II del Juicio Ordinario de Mayor Cuantía, por expresa aplicación de los artículos 3o. de la segunda recopilación y 43, de la primera, por lo que los principios formativos de la prueba consagrados en el procedimiento civil son plenamente aplicables al proceso penal. En cuanto a las presunciones judiciales, son el único medio en el cual se fundamenta la sentencia condenatoria y han sido construidas en contravención a las normas relativas a la configuración de presunciones del párrafo VII del Libro II Título XI del Código procedimental civil, en relación con el 488 de su símil penal, el cual tiene su correlato con el artículo 1712 del Código Civil y que se hace consistir en que sobre la base de tres atestados que nada dicen ni afirman respecto de su participación en los hechos en examen, reputan como verdadera su intervención en el mismo, lo que no se encuentra demostrado ni certificado en los autos y de este mismo modo comprueban el hecho punible, extendiendo así el error de derecho, merced a que las referidas presunciones judiciales no cumplen con los requisitos del artículo 488 ya referido, al no ser graves, precisas ni concordantes.
UNDÉCIMO: Que dichas contravenciones a las leyes reguladoras de la prueba, en el evento de acogerse, permitirían a esta Corte modificar los hechos fijados en la sentencia recurrida, en términos tales que posibilitarían la aceptación de las restantes causales sustantivas en que descansan los recursos, vale decir, aquellas de los Nºs 2o., 3o. y 5o. del artículo 546 del cuerpo legal adjetivo del ramo.
Como tema preliminar, es imprescindible dejar en claro que en nuestro régimen jurídico el recurso de casación en el fondo, siendo de derecho estricto en cuanto a su procedencia, debe cumplir con la exigencia contemplada en el artículo 772, Nº 1o., del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie conforme lo prescribe el artículo 535 del de Enjuiciamiento Penal, en orden a expresar claramente en qué consisten el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida. Como el libelo no indica en cada caso, con precisión, cómo se configura la causal que invoca, éste resulta vago e impreciso, con lo que evidentemente se desconoce la naturaleza de derecho estricto del recurso que intenta, deficiencia de por sí bastante para su improcedencia, ya que la sola alegación de haberse infringido desde el artículo 451 a 488 del Código de enjuiciamiento criminal, así como los artículos contenidos en el Libro II de su homónimo civil, restan al recurso aquella seriedad y precisión que le es consustancial.
DUODÉCIMO: Que por lo que toca a los artículos 43 del Código procesal criminal y 15, No. 1o., del estatuto sancionatorio, es posible señalar que ninguno de ellos constituye una disposición reguladora de la prueba. Con arreglo al tenor del recurso entablado por Krassnoff, se asila en la transgresión a los artículos 488 y 481 del Código procedimental penal, por lo que conviene precisar que esta Corta ha estimado que existe vulneración de las leyes reguladoras de la prueba en los siguientes casos: a) cuando se invierte el peso de la prueba; b) cuando se rechaza un medio probatorio que la ley autoriza; c) cuando se acepta uno que la ley repudia; y d) cuando se altera el valor probatorio que la ley asigna a los diversos medios de convicción.
Pues bien, conforme ha expresado la jurisprudencia reiterada de este tribunal, sólo los numerales 1o. y 2o. del mentado artículo 488 contienen preceptos reguladores de la prueba. En otras palabras, para que las presunciones judiciales puedan constituir la prueba completa de un hecho, se requiere que se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, sean legales o judiciales y que sean múltiples y graves. La cuestión que no sean precisas, directas o concordantes, es un punto que escapa por completo al conocimiento del tribunal de casación, puesto que es un asunto de hecho que debe ser apreciado por los falladores de la instancia.
Semejante interpretación, propia de los sistemas inquisitivos más antiguos y hoy generalmente repudiados, carece de asidero en nuestro derecho positivo, desde el momento que el artículo 481, No. 4o., del estatuto adjetivo criminal establece que la única limitación existente al respecto consiste en que no puede tenerse por comprobada la participación de una persona en un hecho punible sin hallarse éste establecido previamente por otros medios y que la confesión concuerde con las circunstancias accidentales de aquél. Empero para acreditar el hecho punible son válidos todos los medios de prueba legal con la sola excepción de la confesión, que no es idónea para estos efectos; mientras que para la participación sirven todos los medios de prueba, incluso la confesión y entre aquellos obviamente se comprende la testimonial.
c) Este cuartel que oficialmente se decía que era para detenidos "en tránsito", en la mayoría de los casos fueron muy prolongadas las estadías en los mismos y estaba a cargo de oficiales del Ejército y de Carabineros de Chile, quienes ejercían mando sobre los miembros de agrupaciones operativas denominadas Brigadas y respondían a las órdenes del oficial que ejercía el cargo de Director de la Dirección de Inteligencia Nacional (D.I.N.A.), institución militar según lo establecido en el Decreto Ley No. 521 de mil novecientos setenta y cuatro, por lo tanto, jerarquizada, de manera que todos sus miembros se encontraban supeditados a la autoridad del Director, sin perjuicio de sus personales responsabilidades.
En efecto, las prolongadas estadías de los detenidos, que desvirtúan la aseveración de todos los acusados, en el sentido que se trataba de un lugar de "tránsito", están reseñadas en los dichos de fojas 124 de María Isabel Matamala, correspondiente a quince días, de fojas 131 de María Eugenia Ruiz-Tagle Ortiz, un mes y medio, de fojas 154 de Hugo Ernesto Salinas Farfán, diecisiete días y de fojas 212 de Silvia Durán Orellana, un mes.
Sigue insistiendo el recurrente que el dictamen atacado quebranta los artículos 6º y 7º de nuestra carta fundamental, pues las autoridades judiciales han actuado fuera de los casos previstos por aquélla, arrogándose una facultad que no les corresponde, al aplicar un derecho falso e inexistente con inclusión de leyes o tratados no aprobados ni vigentes, atentando contra el artículo 19, Nºs 2º, 3º y 7º, de la Constitución, relativos a la igualdad ante la ley, las reglas del debido proceso y el derecho a la libertad personal y seguridad individual y sus artículos 21, 50, Nº 1o., 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 69, atinentes a la aprobación y rechazo de los Tratados Internacionales presentados por el Presidente la República para su aprobación o no, y la forma como se aprueban, amén de las disposiciones acerca de la formación de la ley; como igualmente han desconocido los artículos 1º al 9º del Código punitivo, la normativa del Título I del Código Civil que regula la teoría de la Ley y los cánones sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, especialmente en materia penal.
DÉCIMO OCTAVO: Que antes de entrar en el análisis pormenorizado de estas dos causales -No.s 2o. y 3o. del artículo 546 del Código de Instrucción Penal,- es preciso recordar que tanto la doctrina como la jurisprudencia de este tribunal coinciden en señalar que estos motivos son incompatibles entre si, desde que pretenden revelar defectos imposibles de coexistir simultáneamente en la sentencia: pues no es dable afirmar al mismo tiempo que el fallo ha calificado como delito un hecho que no reviste tal carácter y que se ha efectuado una errada calificación del delito específico. Si se sostiene, como lo hace Krassnoff, que los hechos no configuran ningún delito, no se puede afirmar a la vez que esos mismos hechos no constituyen el ilícito que estima la sentencia sino otro diferente. Los hechos son delitos o no lo son, no cabe sostener otra alternativa. A la inversa, si se alega que los hechos configuran un injusto distinto del que califica el veredicto, no se puede pretender, además, que tales hechos no constituyen ningún ilícito, antinomia suficiente desde ya para desechar este segmento del recurso intentado por este recurrente.
De lo anterior fluye claramente que la condena en comento se asentó en el artículo 141, incisos 1o. y 4o., del Código punitivo, que reprime el delito de secuestro calificado, lo que resulta evidente de la sola lectura del fundamento trigésimo tercero del fallo en revisión, y no en las regulaciones que invoca el impugnante, las cuales sólo dan cuenta de la importancia del delito cometido y como, a través del tiempo, se ha tratado de reforzar aún más la idea del respeto a la libertad individual como un bien jurídico de la mayor importancia, así como el reconocimiento a la vida y dignidad de las personas y de quienes tienen el justo y legítimo derecho de conocer el paradero de los que han sido detenidos.
DÉCIMO NONO: Que en lo que atañe a la equivocada calificación del hecho como constitutivo del delito de secuestro calificado, previsto y sancionado en los incisos 1o. y 4o. del artículo 141 del Código Penal, porque a la fecha de la ocurrencia del evento su defendido tenía la calidad de funcionario público, dado que se desempeñaba en entidades públicas, como el Ejército de Chile, lo que desplaza la conducta a la figura descrita en el artículo 148 del mismo ordenamiento, llamada por la doctrina “detenciones ilegales” y, que a su juicio, es plenamente aplicable al ilícito en estudio, es útil destacar que nuestro legislador presupone en el denominado delito de detenciones ilegales, que el funcionario actúa con un móvil concordante con la función pública que debe desarrollar y de un modo, aunque ilícito, no del todo contradictorio con el ordenamiento jurídico. Entonces lo lógico es concluir que el tipo de detención ilegal verificada por funcionario es equivalente a la figura privilegiada concedida al particular que detiene a alguien para presentarlo ante la autoridad y que reprime el artículo 143 del mismo cuerpo legal.
Es preciso indicar, por lo pronto que los falladores del grado se ajustaron a la descripción fáctica del evento, atendido que entre los considerandos 26o. a 32o. se analizan las razones que se tuvieron en vista para encasillar los sucesos en estudio en el artículo 141, incisos 1o. y 4o., del Código Penal y de su atenta lectura, surge de manifiesto que en parte alguna el precepto establece que transcurrida cierta cantidad de tiempo, el injusto cesa o se transforma en un hecho atípico. En realidad, el compareciente confunde en esta sede la aplicación del quinto numeral del artículo 546 del Código de enjuiciamiento criminal, lo que no tendrá éxito por ser el presente recurso un instituto de derecho estricto, sin perjuicio del oportuno análisis que del tema se hará más adelante.
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que también dice la defensa de Godoy García que el tipo penal aplicado por dicho fallo tampoco acata los presupuestos que nuestra legislación impone, desde que ella exige que la detención debe efectuarse sin derecho y el artículo 10 del Decreto Ley No. 521 de mil novecientos setenta y cuatro, expresamente facultó a los funcionarios (sic) de la Dirección de Inteligencia Nacional para allanar y aprehender personas, por lo que la detención de Sandoval se ajustó a derecho. Ello constituye un elemento justificante de la intervención de su representado cuando manifiesta que este delito precisa, como un componente normativo, que la detención se realice “sin derecho”.
Aunque el recurrente no aclara si por esta alegación busca explicitar que los falladores ignoraron el artículo 10, No. 11o., del Código sancionatorio, ello pareciera deducirse al insinuar que favorece a su defendido una causal de justificación, al obrar en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, según parece desprenderse de su discurso. Empero esta eximente de responsabilidad, de existir, debió asilarla en el No. 1o. del artículo 546 del Código procesal criminal, el cual estatuye que aunque la sentencia, califique el delito con arreglo a la ley, imponga al delincuente una pena más o menos grave que la designada en ella, cometiendo error de derecho, al calificar los hechos que constituyen circunstancias eximentes de su responsabilidad, lo que de por sí basta para rechazar esta impugnación.
VIGÉSIMO TERCERO: Que, además de lo anterior, es necesario tener en cuenta también que el aludido artículo 10 del Decreto Ley No. 521, invocado por la defensa de Godoy García es una disposición no publicada en el Diario Oficial, esto es, se trata lisa y llanamente de una norma secreta cuyo tenor se desconoce por la ciudadanía. Pero el artículo 6o. del Código Civil preceptúa que la ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo a aquel ordenamiento; y el artículo 7º del mismo cuerpo legal dispone que la publicación de la ley se hará mediante su inserción en el Diario Oficial, y ésta será su fecha, desde la cual se entenderá conocida de todos y será obligatoria.
La doctrina corrobora esta conclusión cuando explica que para que la observancia de la ley sea obligatoria y su texto llegue a conocimiento de las personas a quienes va a afectar, es indispensable su publicación que consiste simplemente, en poner en conocimiento de los participantes en la convivencia a quienes va a obligar el texto legal. Añade que cronológicamente la promulgación es un acto jurídico anterior a la publicación y es requisito para la obligatoriedad de la ley, mediante aquella, ésta se torna ejecutoria; gracias a la publicación, que es un hecho material, se hace obligatoria, cuestión que también se encontraba consagrada en el artículo 55, inciso 3o., de la Constitución de mil novecientos veinticinco, vigente en el momento de los hechos, en la cual se decía expresamente que la publicación debía efectuarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quedaba totalmente tramitado el decreto promulgatorio (Manuel Somarriva U.: “ Evolución del Código Civil Chileno”, Edit. Nascimento, 1955, págs. 18 y 19; y Rafael Fontecilla R: “Tratado de Derecho Procesal Penal “tomo I, Edit. Jurídica de Chile, segunda edición 1978, No. 100, págs. 234 a 237).
VIGÉSIMO CUARTO: Que los sentenciadores han dejado establecido que el ofendido fue conducido a “Villa Grimaldi”, desde donde desapareció. Dicho lugar es también secreto, ya que no existió reglamentación alguna que lo estableciera o lo reconociera como centro de detención, lo cual es claramente atentatorio a lo prevenido en los artículos 14 y 15 de la Constitución de mil novecientos veinticinco, entonces vigente que disponían que nadie puede ser detenido, sujeto a prisión preventiva o preso sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. A ellos se refiere el artículo 86 del Código Penal y se hallan determinados en el Reglamento Carcelario de treinta de abril de mil novecientos veintiocho, vigente a esa época y hasta ahora. Pero “Villa Grimaldi” ni siquiera aparece entre los establecimientos de detención determinados más tarde por el Decreto Supremo No. 146, del Ministerio del Interior, de diez de febrero de mil novecientos setenta y seis e incluso el gobierno de entonces negó su existencia, como se desprende de los oficios res. No. 1340, de dieciocho de mayo mil novecientos setenta y ocho y No. 3550/52/81, de mil novecientos setenta y nueve, suscritos por los ministros del Interior y de Defensa Nacional, respectivamente.
1. Con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio si causare la muerte del ofendido;
2. Con la de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo si le causare lesiones graves;
3. Con la de presidio menor en sus grados mínimo a medio si le causare lesiones menos graves, y
4. Con la de prisión en su grado máximo a presidio menor en su grado mínimo si no le causare lesiones o si éstas fueren leves.
Previo a cualquier consideración en cuanto al fondo del asunto conviene aclarar que el conocimiento de este injusto compete a los tribunales de la jurisdicción castrense, tal como lo establece el artículo 1o. del Código de Justicia Militar, lo que Godoy García no alegó por vía de incompetencia en la oportunidad respectiva, ni intentó la pertinente declinatoria de jurisdicción que contempla el artículo 433 del Código de enjuiciamiento criminal, según se constata de la contestación de la acusación de fs. 1406, por lo que no puede pretenderse la aceptación de esta alegación como motivo de casación, más aún si se repara en que esta causal debió asentarse en el sexto numeral del artículo 541 y no en el que se invoca.
De esta manera, a los militares, que en el caso en estudio también se aplica a los Carabineros por expresa remisión del artículo 6o. del Código de Justicia Militar, les está impedidoen el ejercicio de sus funciones o en el cumplimiento de órdenes de sus superiores, actuar en forma arbitraria, debiendo hacerlo con sujeción a la ley y a los reglamentos, por cuanto la autoridad y el poder establecidos por la ley lo son en beneficio social o institucional, y no de los militares en particular. No existe, en el presente caso, ley o reglamento alguno con fuerza obligatoria vigente a la época, que haya autorizado la comisión del injusto en estudio.
VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que el último capítulo de casación de Krassnoff denuncia conculcado el No. 5o. del artículo 546 del Código procesal criminal, en relación a la omisión de las reglas de extinción de la responsabilidad penal contempladas en el Decreto Ley No. 2191 de mil novecientos setenta y ocho, sobre amnistía y las de la prescripción de la acción penal consagradas en los artículos 93 y siguientes del Código del ramo.
La defensa de Krassnoff explica que el D.L. 2191 se halla plenamente vigente y que en su artículo 1o. se establecieron con precisión cuales eran las personas favorecidas, de cuyo análisis, adaptado al caso en concreto, resulta inamovible que el delito de secuestro tipificado en el inciso 3o. del artículo 141 del Código punitivo, vigente a la data de la perpetración del ilícito que se averigua, queda comprendido dentro de aquél, además que el mismo se habría cometido entre los días siete y veintiuno de enero de mil novecientos setenta y cinco, lo cual significa que estaba dentro del lapso que cubre la ley de amnistía, que corre desde el once de septiembre de mil novecientos setenta y tres hasta el diez de marzo de mil novecientos setenta y ocho, con mayor razón cuando se considera que al diecinueve de abril de mil novecientos setenta y ocho ni siquiera estaba sometido a proceso, pues ello recién aconteció el diez de junio de dos mil dos, según se lee a fs. 656, y por ende, veintisiete años después de la fecha fijada como comisión del delito.
De acuerdo con lo dispuesto en el número tercero del artículo 93 del Código criminal, la amnistía extingue la responsabilidad penal y su colofón jurídico consiste exactamente en poner fin a la pena y sus efectos; y para que opere es indispensable que se encuentren acreditados el hecho punible, la responsabilidad criminal atribuida a los procesados y los presupuestos de procedencia de aplicación y cumplimiento de la ley de amnistía, la que en la sentencia impugnada ha sido ignorada por los sentenciadores de la instancia, con desconocimiento de ley y bajo pretensiones inaceptables, como meros pretextos ideológicos fundados en una interpretación libre y arbitraria de un derecho internacional donde se han incluido, con abuso, ciertas reglas sin vigencia actual en Chile y de tenerla, no podrían aplicarse, debido a que ello afecta gravemente el axioma de irretroactividad de la ley penal, consistente en que ningún delito puede ser reprimido con otra sanción que la señalada por una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, omitiéndose en el actual caso el adagio que indica que si se ha cometido un delito y antes de la sentencia de término se promulgan otras leyes que eximan el hecho indagado de toda pena o le asignen una menos rigurosa, debe ajustarse el juzgamiento a este nuevo precepto, tal como lo estatuyen los incisos 1o. y 2o. del artículo 18 del Código sancionatorio, agravando dicha situación lo preceptuado en el artículo 456 bis del Código Penal (sic), que ordena que nadie podrá ser condenado sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y en él le ha correspondido al enjuiciado una participación culpable y penada por la ley.
VIGÉSIMO OCTAVO: Que lo propio realiza la asistencia jurídica del condenado Laureani Maturana basada en que, aceptados como verdaderos los hechos que se declaran probados, se ha incurrido en error de derecho al admitir las excepciones indicadas en los números 2o., 4o., 5o., 6o., 7o. y 8o. del artículo 433; o al aceptar o rechazar en la sentencia definitiva, las que se hayan alegado en conformidad al inciso 2o. del artículo 434.
Apoya su alegato en que el fallo en alzada no hizo lugar al fondo de su defensa, consistente en la extinción de su responsabilidad criminal contemplada en el artículo 93, Nº 3o., de nuestro compendio punitivo, referente a la amnistía, con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, reiterando, en lo que toca a las defensas esenciales pertinentes, lo expresado a este propósito por el recurrente Krassnoff, pero con el aditamento que en dicho fallo se dio por establecido que la víctima fue detenida el siete de enero de mil novecientos setenta y cinco y desde el veintiuno del mismo mes no se supo más de ella, concluyendo que desapareció forzadamente y al no saberse de él hasta la fecha, no sería procedente aplicar la ley de amnistía, porque ella sólo se emplea en los ilícitos consumados entre el once de septiembre de mil novecientos setenta y tres y el once de marzo de mil novecientos setenta y ocho. Reitera asimismo lo ya expresado en lo que atañe a la imposibilidad de la aplicación en el territorio nacional de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, fundado en la aplicación de los Convenios de Ginebra de mil novecientos cuarenta y nueve, único vigente al momento que acaecieron los hechos materia de la instrucción, pero inaplicable en nuestro país debido a que no cumplieron las disposiciones contenidas en los artículos 3º y 4º del citado Tratado y que estatuyen:
Por consiguiente, puede apreciarse que dentro de esta causal, los recurrentes coinciden en alegar dos situaciones en forma conjunta, consistente la primera de ellas, en que el injusto habría ocurrido durante la vigencia de la llamada “Ley de Amnistía” del Decreto Ley No. 2.191 de mil novecientos setenta y ocho, y también impetran la aplicación de la prescripción de la acción penal.
TRIGÉSIMO: Que en lo que guarda relación con el primero de estos tópicos, es del caso expresar que la amnistía se encuentra regulada en el artículo 93, No. 3o., del Código Penal, el que prescribe que la responsabilidad criminal termina:
“3o. Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos.”
TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, en el caso en análisis, el hecho fijado irrevocablemente para estos sentenciadores, como se ha señalado en el considerando décimo quinto de la presente resolución, sólo puede enmarcarse en la figura del artículo 141 del Código Penal, tal como lo explicita la sentencia de segundo grado en sus motivaciones 26o. a 33o. porque se dan estrictamente los requisitos de : a) detener, b) privar a otro de libertad, c) sin derecho y d) prolongarse por más de noventa días tal situación, sin que obre ningún antecedente que permita insertar tales sucesos en alguna otra figura penal, especialmente la del secuestro con resultado de muerte, por cuanto no consta en autos su defunción como aconteció con otras personas detenidas en similares circunstancias y que sus cuerpos fueron hallados; ello no ocurre en el caso sub lite y es fundamento de todo juicio penal la acreditación de la existencia del hecho punible y su comprobación por los medios que admite la ley, el primer objeto del mismo; por lo que no es posible concluir la muerte del ofendido. Teniendo presente que en estos autos se estableció el hecho del secuestro y que éste se prolongó por más de noventa días y aún no se tienen noticias ciertas del paradero de Miguel Angel Sandoval Rodríguez, ello es suficiente antecedente para calificar el secuestro investigado en este proceso, que es un delito permanente, toda vez que la acción que lo consuma creó un estado delictuoso que se prolongó en el tiempo subsistiendo la lesión del bien jurídico afectado; en él han persistido la acción y el resultado.
En otras palabras, si bien el Decreto Ley en comento ha señalado expresamente que se encuentran amnistiados los hechos cometidos entre el once de septiembre de mil novecientos setenta y tres y el diez de marzo de mil novecientos setenta y ocho, el delito de autos comenzó a perpetrarse el siete de enero de mil novecientos setenta y cinco y desde el veintiuno de enero del mismo año no se tuvieron más noticias de la víctima, existiendo certeza de que al diez de marzo de mil novecientos setenta y ocho, fecha de la expiración del plazo contemplado en el artículo 1o. del D.L. 2191, Sandoval Rodríguez no había aparecido y no se tenían noticias de él, ni del lugar donde se encontrarían sus restos, en el evento de haberse producido su muerte, sea ésta provocada por los secuestradores o por otros sujetos, lo que torna inaplicable la amnistía alegada, ya que el secuestro continuaba perpetrándose una vez que expiró el periodo de tiempo cubierto por esta causal de extinción de responsabilidad criminal.
TRIGÉSIMO CUARTO: Que, además, conviene tener en cuenta que luego del once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, en que las Fuerzas Armadas destituyeron al gobierno y asumieron el poder, mediante el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo se dictó por la Junta de Gobierno, el doce de septiembre de ese año, el Decreto Ley Nº 5, que en su artículo primero declaró, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el estado de sitio impuesto por conmoción interna (situación que regía al diecinueve de julio de mil novecientos setenta y cuatro), debía entenderse como "estado o tiempo de guerra" para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo contenida en el Código referido y demás leyes penales y para todos los efectos de dicha legislación. Este estado se mantuvo hasta el once de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, en que se dictó el Decreto Ley No. 641, que declaró a nuestra nación en Estado de Sitio, en Grado de Defensa Interna, conforme al Decreto Ley No. 640, del día anterior, debido a que las condiciones en ese momento en el país constituían un “ caso de conmoción interior provocada por fuerzas rebeldes o sediciosas que se encuentren organizadas o por organizarse, ya sea en forma abierta o en la clandestinidad”, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6o., letra b), de dicho cuerpo jurídico, lo que se tradujo en el “ funcionamiento los Tribunales Militares en tiempo de guerra a que se refiere el Título III del Libro I del Código de Justicia Militar, con la jurisdicción militar de ese tiempo y se aplicará el procedimiento establecido en el Título IV del Libro II de dicho Código y la penalidad especialmente prevista para tiempo de guerra.”, situación que se mantuvo por seis meses luego de la dictación del referido Decreto Ley 641, es decir, hasta el once de marzo de mil novecientos setenta y cinco y fue en este período cuando se detuvo a Sandoval Rodríguez.
TRIGÉSIMO SEXTO: Que estando este Tribunal en concordancia con el de segundo grado, estima que es menester precisar que, si bien la noción del delito permanente es de origen doctrinario pues no se consigna expresamente en algún precepto de nuestra legislación positiva, la verdad es que la elaboración de la clasificación de los hechos punibles, sólo en algunos casos de excepción, como los artículos 1o., 2o., 3o., 7o. y 369 del Código Penal, 11, 18, 77, No. 1o., y 263 del Código de Procedimiento Penal y 165 del Código Orgánico de Tribunales, reconocen una mención específica en la ley, pero la gran mayoría se asienta más bien en las distintas pautas que se deducen del propio Código Penal, tales como el bien jurídico protegido o la estructura dada a los correspondientes tipos de la parte especial. Es así como la distinción entre delitos instantáneos y permanentes, se afinca en el hecho de que el bien jurídico protegido por estos últimos admite una lesión prolongada en el tiempo y que la acción descrita por el tipo tiende precisamente a generar ese quebrantamiento progresivo.
Los delitos permanentes son, en cambio, aquellos en que el momento consumativo perdura en el tiempo. En ellos se produce también un instante en que la conducta típica está completa, pero entonces se origina un estado o situación susceptibles de ser prolongados en el tiempo, que constituyen subsistencia de esa conducta. “Tal es el caso del secuestro; el agente encierra a su víctima y su conducta típica queda completa con ello, pero el encierro empieza a durar y puede durar más o menos según la voluntad del hechor. Esta mantención o subsistencia de la conducta típica plena, puede darse solamente en ciertos tipos que emplean un verbo denotativo de una conducta susceptible de duración. Así ocurre en nuestro Código Penal con las artículos 135, 141, 142, 217, 219, 224, No. 5, 225 No. 5 y 457, entre otros. Obsérvese como varios de ellos colocan la expresión "continuare” antes de la forma verbal indicativa de la acción típica, la que se usa en gerundio.” (Eduardo Novoa Monreal, “Curso de de Derecho Penal Chileno”, Editorial Jurídica de Chile, 1960, Pág. 259 a 261).
También la jurisprudencia ha reconocido esta categoría de delitos permanentes como ”aquellos en que la acción consumativa crea un estado delictuoso que se prolonga en el tiempo mientras subsiste la lesión del bien afectado, como ocurre en los delitos comunes de rapto, detención ilegal y abandono de familia (sic), que se caracterizan por una voluntad criminal duradera y en que la prescripción de la acción penal comienza a correr desde la cesación del estado delictuoso” (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo VLII, 1960, segunda parte, sección cuarta, págs. 166 y 167, considerando 6o.)
Por todas estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. del Código Civil, 141 del Código Penal; artículos 6o. y 334 del Código de Justicia Militar, 535, 541, No.s 9o. y 10o., 546, No.s 2o., 3o., 5o. y 7o., y 547 del Código de Procedimiento Penal, 767 del de Procedimiento Civil y lo establecido en los Decretos Leyes, No. 5o. de 1973, No. 521 de 1974, No. 640 y No. 641 de 1974, se decide que SE RECHAZAN los recursos de casación en la forma y en el fondo criminales intentados por Miguel Krassnoff Martchenko, representado por el abogado Sr. Gustavo Promis Baeza, en lo principal de sus libelo de fs. 1898 a 1955; la casación en el fondo interpuesta por el Sr. Juan Carlos Manns Giglio, en asistencia de Fernando Laureani Maturana y Juan Manuel Contreras Sepúlveda, en sus presentaciones de fs. 1956 a 1971 y 1972 a 1992; las casaciones en la forma y fondo alegadas por el Sr. Luis Fernando Bravo Ibarra, mandatario de Gerardo Godoy García, que se lee de fs. 1993 a 2006; la casación en el fondo del Sr. Francisco Javier Piffaut Passicot, patrocinante de Marcelo Moren Brito, de fs. 2007 a 2013; y la casación en el fondo civil deducida por el Sr. Nelson Caucoto Pereira, apoderado de la demandante civil doña Pabla Segura Soto, que se encuentra de fs. 2014 a 2017, en contra de la sentencia de cinco de enero de dos mil cuatro, escrita de fs. 1841 a 1891, complementada el ocho de enero del mismo año, que se lee de fs. 1892 a 1895, la que en consecuencia, no es nula.
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References: artículo 541
 artículo 546
 artículo 541
 artículo 546
 artículo 546
 artículo 10
 artículo 73
 artículo 541
 artículo 500
 artículo 6
 resolución 
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 541
 artículo 500
 artículo 424
 artículo 500
 artículo 19
 artículo 500
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 resolución 
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 artículo 433
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 artículo 546
 artículo 3
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 artículo 488
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 artículo 488
 artículo 481
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 artículo 546
 artículo 141
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 artículo 546
 artículo 10
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 artículo 546
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 7
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 artículo 86
 artículo 1
 artículo 433
 artículo 541
 artículo 6
 artículo 546
 artículo 1
 artículo 141
 artículo 93
 artículo 18
 artículo 456
 artículo 433
 artículo 434
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 141
 artículo 1
 artículo 418
 artículo 6