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Timestamp: 2017-11-24 00:01:44+00:00

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Derecho Civil | Abogado Madrid
El Real Decreto se aplicará en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia –es decir Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla– y en todos los órdenes jurisdiccionales. Las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia habrán de adoptar las medidas necesarias para asegurar desde el próximo 1 de enero la aplicación de las previsiones introducidas en las recientes reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta materia.
Según ha explicado el ministro de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo, la intención es “simplificar una administración muy burocrática y tradicional” y lograr acabar con el peregrinaje para la presentación de escritos. “Que todo pueda hacerse en un clic”, ha descrito Catalá.
El ministro también ha detallado que la aprobación de esta medida se enmarca en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la Justicia. Entre ellas se encuentran la inscripción temática de nacimientos desde los hospitales –de momento se han realizado casi 4.000 solicitudes correspondientes a los 70 hospitales públicos en los que está implantado desde su inicio– , las subastas judiciales o el envío automático de información sobre violencia de género.
“Dejaremos de ver carritos de supermercado circulando por los Juzgados” cargados de documentos, ha confiado el titular de Justicia, que ha agregado que la medida supondrá un ahorro de 70 millones de euros en el territorio Ministerio de más de 400 en toda España.
Un 53% de encuestados cree que la Administración de Justicia funciona mal y el 80% que no está bien organizada
Un 60% de toda la población considera que nuestro Estado de Derecho está en peor situación que en el conjunto de los países más avanzados
Los Abogacía vuelve a quedar en primer lugar entre las instituciones jurídicas sometidas a evaluación pública
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En una sentencia, el Pleno del Tribunal Constitucional ha concluido que las disposiciones adicionales de este artículo sobre ‘integración voluntaria en el cuerpo superior de inspectores tributarios de la Generalitat’ y del de acceso al Cuerpo técnico de gestores tributarios de la Generalitat vulneran “la competencia atribuida al Estado sobre el régimen estatutario de los funcionarios”.
“PRUEBA RESTRINGIDA”
El tribunal considera que se trata de una “prueba restringida de acceso a la función pública” porque veta a varias categorías de personas que cumplen con los requisitos legales, según recoge la sentencia.
Cree que esta norma contradice “de un modo efectivo e insalvable” la normativa básica estatal de acceso a la función pública; concretamente, el artículo 61.1 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Este artículo señala que ‘los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto’.
El tribunal considera que en el caso de la norma catalana no se dan estas dos excepciones, ya que no se trata de un supuesto de promoción interna ni tampoco un caso de discriminación positiva porque “no se determina ningún grupo en situación desfavorable que requiera un mejor trato que el resto de posibles participantes”.
Las razones que había esgrimido el Gobierno para impugnar en julio de este año el artículo es que consideraba que vulnera el derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución, que establece que los españoles “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.
El Tribunal Supremo ha condenado a Western Unión Payment Services Ireland Limited a pagar 4,2 millones de euros por dos infracciones de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
El Ministerio de Economía impuso a la empresa, el 2 de diciembre de 2014, una multa de 3.140.000 euros y amonestación pública por una infracción grave del artículo 52.1.g) de la ley 10/2010 por incumplimiento de la obligación de examen especial en concurso ideal con otra infracción grave del artículo 52.1.h) por incumplimiento de la obligación de comunicación por indicio.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por un profesor interino al que la Comunidad de Madrid denegó el derecho a percibir el pago de los “sexenios” por no ser funcionario de carrera.
El Tribunal anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que confirmó el acuerdo del Gobierno madrileño, por entender que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Ricardo Enríquez.
El recurrente, profesor interino desde 1991, solicitó a finales de 2009 a la Comunidad de Madrid el reconocimiento de los complementos específicos de formación permanente del profesorado. Dichos complementos, conocidos popularmente como “sexenios”, están regulados por un acuerdo del Consejo de Ministros de 1991 en el que se especifica que están reservados para los “funcionarios de carrera”. El demandante de amparo invoca en su recurso la aplicación de una directiva comunitaria (Directiva 1999/70/CE) que prohíbe discriminar a los trabajadores interinos frente a los trabajadores fijos si no hay “razones objetivas”, diferentes a la duración del contrato, que lo justifiquen. También alega que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la normativa española es contraria a la europea en este aspecto. Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo le dio la razón en primera instancia, pero la sentencia fue posteriormente revocada en apelación por el TSJM.
El TC explica que, si bien las normas del Derecho de la Unión Europea no tienen “rango y fuerza constitucionales”, el Tribunal Constitucional tiene el deber de valorar los actos de los poderes públicos sometidos a su enjuiciamiento, tanto cuando dichos actos aplican las normas de la UE como cuando se plantea que son contrarios a las mismas. Y, desde la perspectiva más concreta del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a un proceso con todas las garantías, el Tribunal debe velar por que los jueces y tribunales resuelvan “conforme al sistema de fuentes establecido”.
Entre esas “fuentes” está el derecho comunitario y es al TC a quien corresponde, como el propio Tribunal ha tenido ya ocasión de afirmar, “velar por el respeto del principio de primacía del derecho de la Unión” cuando, como ocurre en este caso, “exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. “El desconocimiento y preterición de esa norma de derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, puede suponer una “selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso‟, lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”.
En el presente caso, el Pleno pone de relieve dos concretas circunstancias: 1) Antes de la deliberación que daría lugar a la sentencia del TSJM recurrida en amparo, el TJUE se había pronunciado en varias ocasiones, al resolver cuestiones prejudiciales planteadas por jueces españoles, sobre cuál es “la interpretación correcta del principio de no discriminación” contenido en la directiva 1999/70/CE. 2) Dicha jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia era conocida por el TSJM, “formaba parte del debate” porque el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo se basaba en la sentencia “Cerro Alonso” (de 2007) y porque el recurrente, nada más conocerlo, aportó el auto “Lorenzo Martínez” (de 2012), referido a un caso idéntico al suyo.
Pese a ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM “se limita a remitirse a un pronunciamiento anterior” de una de sus Secciones y a no considerar discriminatoria la denegación de los sexenios “por la singularidad de los funcionarios interinos respecto a los de carrera”, argumento que ya había sido rechazado por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo como ‟razón objetiva‟ válida” para justificar el “trato diferente” permitido por la Directiva 1999/70/CE.
“La Sala –afirma el Pleno en su sentencia- dejó de razonar sobre un alegato sustancial de la parte apelada (…)” y, al no hacerlo, añade, resolvió el recurso de apelación “con una selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso, en la medida en que prescindió por su propia, autónoma y exclusiva decisión, de la interpretación de la cláusula 4.1 de la Directiva 1999/70/CE impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante, vulnerando con ello el principio de primacía del derecho de la Unión Europea”.
El mencionado “principio de primacía” del derecho de la Unión obligaba, señala el TC, a aplicar la Directiva tal y como había sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “con preferencia sobre el derecho interno incompatible”. En este caso, además, la aplicación directa de la norma europea no precisaba “de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que se trataba de un acto “aclarado‟ por el propio Tribunal al resolver con anterioridad una cuestión prejudicial „materialmente idéntica‟ planteada en un “asunto análogo’”. Por consiguiente, concluye el Pleno, “la inaplicación de la citada Directiva por la resolución judicial objeto de amparo, sin motivar la oportunidad o conveniencia de plantear una nueva cuestión prejudicial, infringió el citado principio de primacía; incurrió, por ello, en una “selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso; y consiguientemente, vulneró, de este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente”.
Por ello, el Tribunal estima el amparo y acuerda anular la sentencia recurrida y retrotraer las actuaciones hasta el momento que permita al TSJM dictar otra resolución “que resulte respetuosa con el derecho fundamental vulnerado”.
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References: Real Decreto 
 artículo 61
 artículo 23
 artículo 52
 artículo 52
 resolución 
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