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Timestamp: 2019-10-18 11:26:48+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [T-678_2007]
Sentencia T-678/07
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Clases de defectos/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto sustantivo
PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN PROCESO DISCIPLINARIO-Autonomía e independencia judicial para solicitar la colaboración del denunciante para el pago de copias
Para la Sala es claro que era razonable la interpretación hecha por la aquí demandante, en el sentido de que el principio de gratuidad del proceso disciplinario no le impedía solicitar la colaboración del denunciante para el pago de las copias, y que esta decisión suya caía bajo el ámbito de su independencia y autonomía judicial.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto sustantivo y defecto fáctico
Referencia: expediente T-1611677
Acción de tutela instaurada por María Antonia Cotes Pérez contra el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil siete (2007).
La Sala Quinta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra -quien la preside-, Nilson Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
1.- La doctora María Antonia Cotes Pérez trabajó durante más de veinte años al servicio de la Rama Judicial, hasta el momento en que voluntariamente presentó renuncia al cargo que venía desempeñando como magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, renuncia motivada en los mismos hechos que dieron origen a la presente acción de tutela, los cuales se resumen a continuación:
2.- El Señor Ramón Valdez Mendoza inició diversos procesos disciplinarios contra varios funcionarios judiciales, entre los cuales denunció a la magistrada Cotes Pérez por haber ordenado, dentro de otro proceso disciplinario seguido por ella en contra del Juez Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, expedir las fotocopias de un proceso laboral, a costa del denunciante.
3.- El Consejo Superior de la Judicatura notificó a la señora Cotes del auto de pliego de cargos por la comisión de una falta disciplinaria grave a título de culpa, por desconocimiento del principio de gratuidad a que se refiere el artículo 10° de la Ley 734 de 2002[1], falta en que habría incurrido dentro del trámite del referido proceso disciplinario por ella adelantado en contra del Juez Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla.
4.- Dentro del proceso disciplinario adelantado por la magistrada Cotes contra el Juez Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, en el cual había ordenado al denunciante pagar las copias de un proceso laboral, ella misma posteriormente sufragó el costo de las mismas, habida cuenta de las dificultades surgidas y de los problemas técnicos que presentaba desde hacia un tiempo la fotocopiadora del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico. Así mismo, ordenó la prueba de inspección judicial sobre el expediente respecto del cual había ordenado la toma de copias con cargo al denunciante.
5.- El Consejo Superior de la Judicatura, dice la demanda, dentro de la investigación disciplinaria que adelantó contra la magistrada no ordenó la prueba de inspección judicial al expediente del proceso disciplinario donde se ordenó el pago de las copias, prueba solicitada por el apoderado de la doctora Cotes; decisión contra la cual se interpuso recurso de reposición para insistir en la práctica de todas las pruebas pedidas. En consecuencia, mediante auto fechado el 12 de Octubre de 2005, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decretó la práctica de la inspección judicial y las demás pruebas solicitadas.
6.- Más adelante, dentro del mismo proceso adelantado por el Consejo Superior contra la magistrada aquí demandante, se presentaron oportunamente alegatos de conclusión en los cuales se resaltó el testimonio del doctor Fredis Delghans Álvarez, Secretario del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, según el cual la doctora Cotes siempre actuó con diligencia, responsabilidad y eficiencia dentro del proceso que originó la investigación disciplinaria en su contra.
7.- Se aduce en el escrito de tutela que la supuesta falta disciplinaria nunca se estructuró en el proceso, como tampoco su carácter culposo, y que la Sentencia del honorable Consejo Superior de fecha 12 de julio de 2006 incurrió en vía de hecho por defecto fáctico y sustantivo. La accionante explica la configuración de tal vía de hecho en los siguientes términos:
7.1.- La Sentencia del Consejo Superior se equivocó al afirmar que la magistrada, en su escrito de defensa, había señalado que el quejoso era sujeto procesal, con el supuesto propósito de sostener la tesis según la cual a los sujetos procesales no les beneficiaba el principio de gratuidad. En realidad, en tal escrito de defensa la magistrada Cotes nunca adujo que el denunciante tuviera la calidad de sujeto procesal.
7.2.- La Sentencia afirma que en su escrito de defensa la magistrada incurrió en supuestas equivocaciones doctrinarias, tales como afirmar que la acción disciplinaria no era de carácter público, cosa que nunca sucedió.
7.3.- No es admisible la aseveración de la Sentencia según la cual “si era más que consciente de los problemas de fotocopiado, estaba en la absoluta posibilidad y obligación de acudir a cualquier medio de prueba como la inspección judicial”; lo anterior porque, como constaba en el expediente, dicha diligencia de inspección judicial efectivamente se había llevado a cabo sobre el proceso laboral que había motivado la queja.
7.4.- La Sala Jurisdiccional Disciplinaria no consideró el testimonio del doctor Fredis Delghans, Secretario del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico. Pues en la Sentencia se afirmó que “con la decisión adoptada por la funcionaria entrabó el normal desarrollo de la actuación”, mientras en el testimonio referido se dijo que “en ningún momento el proceso referenciado tuvo alguna parálisis”.
7.5.- En conclusión, el fallo no examinó ni valoró las pruebas recaudadas dentro del proceso.
7.6.- Como consecuencia de lo mencionado en los numerales anteriores, la Sala no tenía fundamento fáctico para argumentar que la señora Cotes había actuado con culpa; así, debido a que en materia disciplinaria la responsabilidad objetiva está proscrita, no era posible imponer sanción alguna, porque nunca se llegó a la conducta culposa, máxime cuando la ex magistrada actuó con diligencia al fotocopiar a su costa el proceso laboral que requería para fallar el proceso disciplinario que adelantaba.
2.1. La Sentencia cuestionada, dice la Sala demandada, fue producto de una interpretación adoptada en ejercicio de la autonomía funcional de que son titulares los funcionarios judiciales, según el art. 228 de la Constitución. En la providencia se hizo una descripción fáctica soportada en las pruebas allegadas oportunamente al proceso, frente a las cuales se hizo un riguroso análisis.
En segundo lugar, la Sentencia de tutela de primera instancia analizó el presunto defecto fáctico alegado por la defensa y expresó, por una parte, que no se habían precisado cuáles eran todos los medios de prueba que supuestamente no habían sido valorados en la Sentencia, pues sólo se había citado como ignorado el testimonio del doctor Fredis Delghans. Por otra parte, señaló que no era del resorte del juez constitucional cuestionar las valoraciones que hubieran hecho los jueces de los medios de prueba, sino que el análisis debía estar orientado a las conclusiones a las que se había llegado bajo el raciocinio de juez; por lo tanto, concluyó que, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura había interpretado las disposiciones legales que le correspondía aplicar y había efectuado razonablemente la valoración probatoria en el caso concreto.
2. Impugnación:
Tras haber aceptado los impedimentos presentados por los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala de Conjueces designada ad hoc, en sentencia proferida el 12 de abril de 2007, confirmó la Sentencia de primera instancia. En sustento de esa decisión señaló que, en cuanto al supuesto defecto sustantivo alegado en la demanda, la magistrada tutelante no había precisado cuáles eran las normas de rango legal que consideraba que habían sido interpretadas erróneamente, y que de la lectura del escrito de tutela se infería que su inconformidad radicaba en que la Sentencia atacada afirmaba que la disciplinada y su defensor habían endilgado al denunciante la calidad de sujeto procesal dentro del proceso disciplinario que la tutelante adelantaba en contra del Juez Noveno Laboral; al respecto, la Sentencia sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura había explicado detalladamente por qué la funcionaria disciplinada había calificado al denunciante como parte o sujeto procesal. Explicación que estaba contenida en las consideraciones del Consejo Superior en las cuales había interpretado el artículo 10 de la Ley 734 de 2002[2] en consonancia con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 90 ibídem[3] y en el artículo 179 del C.P.C[4], al cual remite el artículo 21 de la mencionada Ley 734 de 2002[5], normas que también habían sido citadas por la magistrada en la versión libre que había rendido, y de las cuales ella erróneamente había concluido que le permitían exigir el pago de las copias, pues el referido artículo 21 indica que los gastos que implique la práctica de pruebas “serán de cargo de las partes.”
2. El problema jurídico que debe ser resuelto por la Sala
2.1 Según se dijo en el acápite de Antecedentes, mediante Sentencia proferida el 12 de julio de 2006 dentro de un proceso disciplinario, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sancionó a la doctora Maria Antonia Cotes Pérez, entonces magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y aquí tutelante, con suspensión del cargo por treinta días; lo anterior al considerar que, de conformidad con lo señalado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996[6], en concordancia con los artículos 10[7] y 196[8] de la Ley 734 de 2002, había incurrido en una falta disciplinaria; dicha falta consistía en haber requerido al denunciante de otra posible falta disciplinaria supuestamente cometida por un juez laboral, el pago de las copias del respectivo proceso laboral dentro del cual se habría producido la tal falta.
En cuanto a lo primero, citando la Sentencia C-037 de 1996[9], la tutelante alega que el principio de gratuidad no significa que aquellos gastos que origina el funcionamiento o la puesta en marcha del aparato judicial, debido a la reclamación de una de las partes, no tengan que ser asumidos por éstas. En cuanto a lo segundo, sostiene que: (i) ella nunca dio al denunciante dentro del proceso disciplinario la condición de parte o de sujeto procesal, ni desconoció el carácter público de la acción disciplinaria, como equivocadamente lo estimó el Consejo Superior; pero que la circunstancia de que el denunciante no sea parte en el proceso disciplinario no hace que solicitarle el pago de las copias implique el desbordamiento del principio de gratuidad, y que esta interpretación caía dentro de su autonomía funcional; (ii) que el Consejo Superior no tuvo en cuenta la prueba testimonial en la que el Secretario General del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico declaró sobre la manera diligente en la que ella actuó, diligencia puesta de manifiesto al ordenar la inspección judicial del expediente que debía haber sido fotocopiado, actitud diligente que también se hizo patente cuando incluso llegó a pagar de su propio peculio las fotocopias en cuestión; (iii) tampoco consideró el Consejo Superior la grave situación que se presentaba al interior del Consejo Seccional, consistente en la imposibilidad fáctica de ordenar con cargo a la Administración de Justicia la expedición de copias de los expedientes, por daño de las fotocopiadoras; (iv) finalmente, sostiene que el Consejo Superior, en el fallo que ataca de vía de hecho, tampoco tuvo en cuenta que la orden que dio al denunciante de pagar las copias, finalmente en nada entrabó la investigación disciplinaria que ella adelantaba.
2.2 Visto lo anterior, se tiene que el problema jurídico que correspondería resolver a la Sala consiste en establecer si constituye una violación al derecho al debido proceso de una funcionara judicial, el hecho de haber sido sancionada disciplinariamente por ordenar a quien no fue parte dentro de un proceso disciplinario, pagar las copias necesarias para abrir la correspondiente investigación. No obstante, antes de entrar a examinar en el fondo tal asunto, es necesario establecer si en el presente caso se cumplen los presupuestos procesales de procedencia de la acción de tutela, también llamados requisito de procedencia de la acción, concretamente cuando se interpone en contra de una decisión judicial, como sucede en este caso.
3.1 Con ocasión de la revisión de constitucionalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, contentiva del Código de Procedimiento Penal, revisión surtida mediante Sentencia C-590 de 2005[10], esta Corporación tuvo oportunidad de sistematizar y unificar la jurisprudencia relativa a los requisitos de procedencia y a las razones o motivos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[16]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.” (Subrayas fuera del original)
3.2 Recordada la anterior jurisprudencia, pasa la Sala a verificar si en la presente oportunidad están presentes las circunstancias que determinan la procedencia de la acción de tutela incoada en contra de sentencias.
3.2.1 El primer requisito hace referencia a que “la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.” En la presente oportunidad, las razones por la cuales la demandante considera que el proceder de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura lesiona sus derechos son dos: una primera tiene que ver con la discusión relativa a si ella le dio o no la condición de sujeto procesal al denunciante de una falta disciplinaria, y si con base en esa calificación o en otras consideraciones determinó que podía exigirle el pago de unas copias que eran requeridas para adelantar la investigación, sin desconocer con ello el principio de gratuidad de la actuación procesal. Dado que la ley que regula la actuación dentro del proceso disciplinario expresamente prescribe que “Ninguna actuación procesal causará erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el costo de las copias solicitadas por los sujetos procesales”[17], se tiene que el considerar que el denunciante es sujeto procesal permite irrogarle la carga de la copias, y considerar lo contrario hace que exigirle tal pago pueda ser estimado como el incumplimiento del deber que tiene el juez disciplinario de observar la ley[18], incumplimiento que a su vez determina la comisión de una falta disciplinaria, al tenor de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, conforme al cual “Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, … previstos … en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. …”
De otro lado, la supuesta falta de valoración probatoria que denuncia la tutelante también es un asunto que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, puede llegar a constituir un “defecto fáctico” de relevancia constitucional[19] que, de ser acreditado, da lugar a la procedibilidad de la acción de tutela, en cuanto implica la vulneración del derecho al debido proceso de quienes se ven afectados con tal omisión.
3.2.2. En cuanto al segundo de los requisitos de procedencia de la acción de tutela, concerniente a que “se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable”, la Sala observa que la Sentencia que cuestiona la demanda no es susceptible de recurso alguno, según se desprende de lo dispuesto por el numeral 3° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que prescribe:
“3. Conocer, en única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los magistrados de los Tribunales y Consejos Seccionales de la Judicatura, el Vicefiscal, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales.”(Subrayas fuera del original)
3.2.4. En cuanto al cuarto de los requisitos de procedencia que exige que cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la Sentencia que se impugna y que debe afectar los derechos fundamentales de la parte actora, la Sala observa lo siguiente: en el presente caso, sólo uno de los asuntos que alega la demanda se refiere a una irregularidad procesal: este asunto es el relativo a la supuesta falta de valoración probatoria en la que habría incurrido la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Concretamente, la demandante alega que no fueron tenidas en cuenta las declaraciones del Secretario del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico relativas a la diligencia con la actuó dentro del proceso en el que se cometió la falta que se le imputa. La pregunta es si este hecho -la falta de valoración de esas pruebas-, tuvo o podía tener un efecto decisivo en la decisión judicial que se impugna, y al respecto la Sala estima que sí, pues tal falta valoración sobre las circunstancias de la ausencia de fotocopiadora en el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, del comportamiento diligente de la magistrada en ordenar la inspección judicial al expediente que debía ser fotocopiado y de la toma de fotocopias a su costa, incidían en el examen de la culpa con la que eventualmente podría haber actuado la magistrada.
4.1 Distintos de requisitos de procedencia de la acción de tutela intentada contra sentencias judiciales son los motivos de procedibilidad de este mismo tipo de acciones, es decir las razones que ameritarían conceder la acción de tutela que ha sido intentada en contra de una providencia judicial acusada de constituir vías de hecho. Sobre este asunto, en el mismo fallo antes citado, esto es la Sentencia C-590 de 2005[20], se vertieron estos conceptos:
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no '(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.'[23] En este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando 'su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.'
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar '(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.' Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes términos...
“...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.”[24]”[25]” [26]
4.2.1 Observa en este punto la Sala que en la presente oportunidad no se presenta ni se alegó por la demandante un posible defecto orgánico o procedimental absoluto, como tampoco un error inducido o una decisión sin motivación. En cuanto al “defecto sustantivo”, según se dijo, éste consistiría en ignorar que la magistrada, aun comprendiendo que el denunciante no era parte en el proceso disciplinario, podía entender que solicitarle el pago de las copias no implicaba el desbordamiento del principio de gratuidad, pues esta interpretación caía bajo su autonomía judicial. Es decir, el defecto sustantivo consistiría en ignorar que las normas jurídicas relativas al caso podían ser interpretadas por la magistrada en el sentido según el cual el requerimiento del pago de las copias no desconocía el principio de gratuidad.
Así las cosas, la Sala entiende que lo que le corresponde examinar en este caso, para establecer si la tutela debe ser concedida, es si en la Sentencia aquí atacada se presentó o no un defecto sustancial, que en el caso concreto consistiría en haberse adoptado ignorando que la autonomía judicial de la magistrada demandante constituía un derecho fundamental suyo que le permitía interpretar la ley en el sentido en el cual alega que lo hizo, por lo cual la Sentencia demandada podría llegar a ser considerada como un desconocimiento de los precedentes de esta Corporación en materia de autonomía judicial[27].
1. El artículo 10 de la Ley 734 de 2002, referente a la gratuidad de la actuación disciplinaria, conforme al cual “ninguna actuación procesal causará erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el costo de las copias solicitadas por los sujetos procesales”. (Destaca la Sala)
3. El artículo 196 de la Ley 734 de 2002 según el cual “Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.”
Así púes, la demandante fue sancionada por la falta consistente en incumplir el deber de observar la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, concretamente en lo referente al principio de gratuidad, conforme al cual “ninguna actuación procesal causará erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el costo de las copias solicitadas por los sujetos procesales”.[28]
4.2.3. Ahora bien, esta Corporación se refirió al asunto de quiénes son sujetos procesales dentro de los procesos disciplinarios. En efecto, al respecto en la Sentencia C-014 de 2004[29], se vertieron al respecto las siguientes consideraciones:
“2) Los intervinientes en el proceso disciplinario
“3) Justificación de la limitación de la intervención del quejoso en el proceso disciplinario
“Esta limitación de la intervención del quejoso en el proceso disciplinario es compatible con la índole de los intereses que se debaten en éste. En el derecho disciplinario, el contenido de injusticia de la falta se agota en la infracción de los deberes funcionales que le asisten al sujeto disciplinable, es decir, en el desenvolvimiento de actos funcionales sin estricto apego al principio de legalidad que regula sus actos. Entonces, como la imputación disciplinaria no precisa de la vulneración de un bien jurídico, entendida tal vulneración como causación de un daño concreto o como la producción de un resultado materialmente antijurídico, no es posible afirmar la concurrencia de una persona afectada con la comisión de la falta. De allí que, en estricto sentido, en el proceso disciplinario no exista una persona afectada con la comisión de la ilicitud disciplinaria y que no sea posible legitimar a una persona para que intervenga en el proceso planteando un interés directo y alentando unas pretensiones específicas. Es decir, en el proceso disciplinario no hay víctimas y ello es consecuente con la índole de la imputación que en él se formula.
“4. Para comprender las limitaciones de las atribuciones del quejoso en un proceso disciplinario debe tenerse en cuenta la distinta situación en que se hallan los particulares en el proceso penal y en el proceso disciplinario. Aquellos, en calidad de víctimas o perjudicados, pueden concurrir al proceso penal vigente como titulares de los derechos interferidos con las conductas punibles investigadas y hacerlo en calidad de sujetos procesales y pueden intervenir para que se realicen sus derechos al conocimiento de la verdad, a la realización de la justicia y a la reparación del daño causado. En cambio, no pueden concurrir al proceso disciplinario pues éste, por definición, remite a una imputación que se basa en la infracción de deberes funcionales y no en la vulneración de derechos de terceros. De allí que, aparte de las faltas expresamente consagradas por la ley, la responsabilidad disciplinaria se genere por el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o la violación del régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución y en la ley.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
b. Los sujetos procesales son “el investigado y su defensor y el Ministerio Público cuando no es la autoridad que conoce del proceso, ni ejerce la función de vigilancia administrativa.”
En cuanto al deber de colaborar con la Administración de Justicia, la Sala recuerda que de conformidad con lo prescrito por el numeral 7° del artículo 95 de la Constitución, éste es deber de todos los ciudadanos. Ciertamente, tal deber no es genérico ni indeterminado, y como regla general su exigencia está sujeta a las reglas que al respecto fije el legislador. Empero, en las circunstancias concretas de la denuncia de la falta disciplinaria que estudiaba la magistrada sancionada, y en el contexto de dificultad institucional por ausencia del servicio de fotocopiado que se presentaba en la sede del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, podía entenderse que dicho principio superior, que exige a los particulares responder con acciones concretas a fin de permitir a la Administración de Justicia cumplir con sus objetivos, permitía solicitar esta pequeña colaboración al denunciante, a fin de evacuar su propia denuncia sobre la supuesta comisión de una falta disciplinaria por parte de un juez laboral.
“La potestad disciplinaria que se ejerce sobre los jueces y magistrados no comprende la órbita funcional del quehacer judicial, es decir, no recae sobre aquellas funciones que en ejercicio de sus cargos cumplen, ni sobre las decisiones que así mismo adoptan. Lo anterior, por cuanto los principios de autonomía y de independencia de la función judicial les permiten interpretar y aplicar las normas jurídicas dentro de la órbita de sus competencias, sin que en estas actividades estén sometidos a las órdenes ni a la presión de sus superiores, ni de otros servidores o poderes públicos. Lo anterior no quiere decir que las decisiones judiciales carezcan de control, o no puedan ser revisadas, pues para ello la ley procesal contempla los recursos y las causales de nulidad a que haya lugar en cada caso. E incluso, si la decisión judicial se aparta manifiestamente de los parámetros legales, ya sea por grave defecto sustantivo, flagrante defecto fáctico, serio defecto orgánico por falta de competencia del fallador o por un evidente defecto procedimental, puede llegar a constituir una vía de hecho que, ante la carencia de otro medio de defensa judicial, puede ser demandada mediante la acción de tutela, incoada para la defensa del derecho fundamental al debido proceso. En cualquier caso, al juez disciplinario no les dable hacer prevalecer su propia interpretación de las normas jurídicas, cuando existen dos o más interpretaciones razonables.”
Así las cosas, la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de sancionar a la magistrada demandante por el sólo hecho de haber interpretado que el principio de gratuidad, en el caso concreto, no podía tener un alcance absoluto que impidiera solicitar el pago de las fotocopias al denunciante constituye una vía de hecho por desconocimiento de los principios de autonomía e independencia judiciales.
Primero: REVOCAR la Sentencia de tutela proferida el día doce (12) de abril de dos mil siete (2007) por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Sala de Conjueces, dentro del proceso de tutela incoado por María Antonia Cotes Pérez contra el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Segundo. CONCEDER LA TUTELA para la protección de los derechos al debido proceso y al trabajo de la doctora María Antonia Cotes Pérez.
Tercero. En consecuencia, ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, deje sin efectos la Sentencia emitida el día 12 de julio de 2006, dentro del dentro del proceso disciplinario seguido en contra de la doctora María Antonia Cotes Pérez.
Cuarto. Si a consecuencia de la Sentencia emitida por el Consejo Superior de la Judicatura el día 12 de julio de 2006, la demandante fue suspendida en el ejercicio de su cargo, los emolumentos dejados de percibir en virtud de dicha condena deberán serle reintegrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
[1] Ley 734 de 2002. Artículo 10. "Gratuidad de la actuación disciplinaria. Ninguna actuación procesal causará erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el costo de las copias solicitadas por los sujetos procesales."
[2] Ley 734 de 2002. Artículo 10. "Gratuidad de la actuación disciplinaria. Ninguna actuación procesal causará erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el costo de las copias solicitadas por los sujetos procesales."
[3] Ley 734 de 2002. Artículo 90. Facultades de los sujetos procesales. Los sujetos procesales podrán:
1.	Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas.
2.	Interponer los recursos de ley.
3.	Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y
4.	Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal ésta tenga carácter reservado.
[4] Código de Procedimiento Civil. Artículo 179. Prueba de oficio y a petición de parte. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte, o de oficio cuando el magistrado o juez las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos, será necesario que éstos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.
[5] Ley 734 de 2002. Artículo 21. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario.
[6] "Ley 270 de 1996. ARTICULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:
[7] Ley 734 de 2002. Artículo 10. "Gratuidad de la actuación disciplinaria. Ninguna actuación procesal causará erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el costo de las copias solicitadas por los sujetos procesales."
[8] Ley 734 de 2002. Artículo 196. "Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código."
[10] M.P. Jaime Córdoba Triviño. La Sentencia C-590/05 encontró contraria a la Constitución la expresión "ni acción" incluida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, pues implicaba la exclusión de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de casación de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
[11] Sentencia 173/93.
[12] Sentencia T-504/00.
[13] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[14] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[15] Sentencia T-658-98
[16] Sentencias T-088-99 y SU-1219-01
[17] Ley 734 de 2002. Artículo 10, sobre "Gratuidad de la actuación disciplinaria."
[18] "Ley 270 de 1996. ARTICULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:
[19] Sobre defecto fáctico pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-953 de 2006 y T-778 de 2005.
[20] M.P. Jaime Córdoba Triviño. La Sentencia C-590/05 encontró contraria a la Constitución la expresión "ni acción" incluida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, pues implicaba la exclusión de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de casación de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
[21] Sentencia T-522/01
[22] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01.
[23] Sentencia T-1031 de 2001. En este caso se decidió que "(...) el pretermitir la utilización de los medios ordinarios de defensa, torna en improcedente la acción de tutela. Empero, la adopción rigurosa de éste postura llevaría, en el caso concreto, a una desproporcionada afectación de un derecho fundamental. En efecto, habiéndose establecido de manera fehaciente que la interpretación de una norma se ha hecho con violación de la Constitución, lo que llevó a la condena del procesado y a una reducción punitiva, no puede la forma imperar sobre lo sustancial (CP. art. 228). De ahí que, en este caso, ante la evidente violación de los derechos constitucionales fundamentales del demandado, la Corte entiende que ha de primar la obligación estatal de garantizar la efectividad de los derechos, por encima de la exigencia de agotar los medios judiciales de defensa."
[24] Sentencia T-949 de 2003. En este caso la Corte decidió que "(...) la infracción del deber de identificar correctamente la persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales."
[25] Sentencia T-453/05.
[26] Sentencia C-590/05
[27] Sobre autonomía judicial puede consultarse, entre otras, la Sentencia T-751 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[28] Artículo 10 de la Ley 734 de 2002, en consonancia con el artíuclo 153 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.

References: artículo 10
 artículo 10
 artículo 90
 artículo 179
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 153
 artículo 185
 artículo 196
 artículo 112
 artículo 10
 artículo 196
 artículo 95
 Artículo 10
 Artículo 10
 Artículo 90
 Artículo 179
 Artículo 21
 Artículo 10
 Artículo 196
 artículo 185
 Artículo 10
 artículo 185
 Artículo 10