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Timestamp: 2020-02-21 13:41:32+00:00

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Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 11 de Julio de 2018. - Jurisprudencia - VLEX 738410529
C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 11 de julio del 2018, que dice así:
Corte de Justicia, regularmente constituida por los Miriam
Casasnovas, A.A.M.S. e H.R.,
Nacional, hoy 11 de julio de 2018, años 175° de la Independencia y
Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos
Estévez, dominicano, mayor de edad, casado, buhonero, portador
de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1811878-5,
domiciliado y residente en la calle E.M. de Hostos,
Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 28-2017, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional el 23 de marzo de 2017, cuyo
Oído al J.P. en funciones dejar abierta la audiencia
para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil el
Oído al Licdo. C.B., por sí y por la Licda. Asia
Altagracia Jiménez Tejeda, defensores públicos, en la formulación
de sus conclusiones en representación del recurrente;
Oído el dictamen de la Licda. A.M.B., Procuradora
General Adjunta al Procurador General de la República;
Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por
la Licda. A.A.J.T., defensora pública, en
representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte
a-qua el 10 de abril de 2017, mediante el cual interpone dicho
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cual declaró admisible en la forma, el up supra aludido recurso,
fijándose audiencia para el día 11 de octubre de 2017, a fin de
debatirlo oralmente, fecha en la cual las partes presentes
concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo
dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código
Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables;
produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado de esta
haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los
Tratados Internacionales, que en materia de derechos humanos
somos signatarios; la norma cuya violación se invoca; así como los
artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del
Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; las
resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema
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que el 9 de febrero de 2016, el Fiscal del Distrito Nacional,
L.. M.E.T.G., presentó acusación y solicitud
de apertura a juicio contra el ciudadano J.C.E., por el
hecho de este presuntamente haber ultimado al nombrado Félix
Gabriel Mojica Ramírez (a) F.C., previo a suscitarse una
riña entre ambos; inculpándolo de violación a las disposiciones de
los artículos 265, 266, 295 y 304 párrafo II del Código Penal
Dominicano y 2, 3 y 39 párrafo III de la Ley núm. 36, sobre
Comercio, P. y Tenencia de Armas en la República Dominicana;
acusación admitida por el Sexto Juzgado de la Instrucción del
Distrito Nacional, el cual emitió auto de apertura a juicio contra el
encartado;
que apoderado para la celebración del juicio, el Primer
Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional dictó el 13 de septiembre de 2016, la
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que por efecto del recurso de apelación interpuesto por el
imputado contra la referida decisión, intervino la sentencia núm. 28-2017, ahora impugnada en casación, dictada por la Primera Sala de
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 23
de marzo de 2017, cuya parte dispositiva se describe a continuación:
“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha veintiuno (21) del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016), por el imputado J.C.E., a través de su abogada representante la Licda. A.A.J.T., y sustentado en la audiencia del recurso por el Licdo. R.P., ambos defensores públicos, contra la sentencia núm. 249-02-2016-SSEN-00212, de fecha trece
(13) del mes de septiembre del año dos mil dieciséis 82016), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es el siguiente: ´ Primero: Declara al imputado J.C.E., de generales que constan, culpable del crimen de homicidio voluntario en perjuicio de F.G.M.R. y porte ilegal de arma de fuego, hechos previstos y sancionados en los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano, y 2, 3 y 39 de la Ley 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas, al haber sido probada la acusación
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(23) del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), y se indica que la presente sentencia está lista para su entrega a las partes comparecientes”;
Considerando, que el recurrente invoca como medio de
casación, el siguiente:
“Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada. La Corte de Apelación, en el análisis que hace sobre la valoración de los elementos de pruebas presentados en el proceso, y de manera específica en el recurso, interpreta que en el presente proceso no existió una errónea valoración de la prueba, pero aparece que la Corte a-qua no verificó que en el proceso en cuestión no se hizo una valoración acorde a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máximas de experiencia… Es decir, que lo que al tribunal de primer grado y a la Corte le pareció creíble o no debió motivarlo con otros atributos de los testigos, pues esas apreciaciones son subjetivas, y por tanto, no puede servir de base para dar certeza a un testimonio, por lo que incurre el tribunal, en este punto, en falta de motivación con respecto a la valoración de las pruebas. Obviamente que de todas estas versiones sobre los hechos, el tribunal, de haber aplicado la sana crítica que no es más que los postulados del artículo 172 del Código Procesal Penal, hubiese podido determinar que no existe relación coherente de las pruebas con el supuesto fáctico que debió probar la acusación, por lo que aplica erróneamente los contenidos del artículo mencionado. Que en el caso de la especie entendemos que el tribunal de
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“ Que del contenido del primer motivo y los aspectos que lo constituyen, esta Corte observa que el recurrente, en resumen, se refiere a la incorrecta valoración de las pruebas, alegando contradicciones en el testimonio del señor V.F.H., en las actas levantadas y en las piezas certificantes, además de indicar que el testimonio referencial de la señora C.A.M.R., no tiene valor porque no estaba en el lugar de los hechos, ya que se enteró de lo acontecido por una tercera persona que no es el testigo presencial. En atención a que las declaraciones de la testigo C.A.M.R., no tienen valor por la condición de que no estaba en el lugar de los hechos, porque se entera de lo acontecido por una tercera persona que no es el testigo presencial, y sobre que las declaraciones del señor V.F.H. son contradictorias, esta Alzada tiene a bien plantear lo siguiente: a) Si bien el testimonio de la señora C.A.M.R., es referencial, debido a que la misma expuso lo que supo mediante la información ofrecida por un tercero con conocimiento de los hechos, esta característica no es suficiente para descartarlo como elemento de prueba, máxime cuando sus relatos fueron corroborados con las demás piezas probatorias, tales como el testimonio del señor
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Los Jueces, después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por el recurrente:
Considerando, que el recurrente alega en su único medio de
casación, en primer término, que fueron inobservadas las
disposiciones legales del artículo 172 del Código Procesal Penal,
relativo a la valoración de los medios probatorios en sede de juicio,
y dicha situación no fue advertida por la Corte a-qua; sin embargo,
contrario a tales alegatos, esta Segunda Sala pueda verificar y
comprobar que la alzada, al momento de razonar sobre lo
cuestionado, lo hizo de manera correcta, refrendando la decisión de
juicio, por estar la misma motivada en hechos y derecho; máxime,
cuando cada uno de los elementos probatorios sometidos a su
consideración, conforme refiere la Corte a-qua, fueron sopesados y
valorados conforme las reglas de la sana crítica racional, respetando
las garantías constitucionales y procesales;
Considerando, que en la especie, la Corte a-qua al desestimar
los alegatos vertidos en la sentencia atacada ante ella, dio motivos
suficientes, basándose en las razones que tuvo el tribunal de primer
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bala que le provocaron la muerte al hoy occiso Félix Gabriel
Ramírez, condenando a dicho recurrente sobre la base de una
correcta valoración de las pruebas ofertadas, conforme a las reglas
de la lógica, las máximas de experiencia y las pruebas científicas,
situación comprobada por la alzada;
Considerando, que en términos de función jurisdiccional de los
tribunales, la valoración de los elementos probatorios no es una
arbitraria o caprichosa actividad sometida al libre arbitrio del
juzgador, sino que se trata de una tarea que se realiza mediante una
discrecionalidad racional jurídicamente vinculada a las pruebas que
hayan sido sometidas al proceso en forma legítima y que se hayan
presentado regularmente en el juicio oral, mediante razonamientos
lógicos y objetivos; por lo que es evidente que el tribunal de juicio
cumplió con tales planteamientos, conforme las argumentaciones y
razonamientos lógicos externados por la alzada; en tal sentido, se
desestima el presente aspecto del medio planteado;
Considerando, que asimismo, cuestiona el imputado recurrente
J.C.E. en su motivo de casación, que en la aplicación
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sustento alguno de por qué solo fueron tomados en cuenta los
numerales 1, 5 y 7 del aludido artículo, y si esos criterios están
conformes a la norma, de lo cual, según el recurrente, la Corte a-quo
no ofreció motivo;
Considerando, que la imposición de la pena no puede ser
cuestionada, siempre que la misma se encuentre dentro de lo
previsto por el legislador y bajo el principio de la razonabilidad,
aplicar la pena suficiente o condigna en cada caso particular;
Considerando, que en base al razonamiento de la Corte a-qua,
se evidencia que el tribunal de juicio dio cumplimiento a los
lineamientos del artículo 339 del Código Procesal Penal, en el
entendido de que motivó el porqué de la imposición de la pena a ser
impuesta, lo que no puede generar ninguna censura hacia el
tribunal, y como se comprueba de la lectura y análisis de la decisión
impugnada, la pena impuesta deviene como consecuencia del ilícito
colegido y comprobado en sede de juicio, a través de los medios
probatorios lícitamente valorados;
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de la Suprema Corte de Justicia: “...que además, los criterios para la
aplicación de la pena establecidos en el referido artículo no son limitativos
en su contenido y el tribunal no está obligado a explicar detalladamente por
qué no acogió tal o cual criterio o por qué no le impuso la pena mínima u
otra pena, que la individualización judicial de la sanción es una facultad
soberana del tribunal y puede ser controlada por el tribunal superior
trate de una indebida aplicación del derecho o cuando el juez aplica
indebidamente los aspectos de la determinación de la pena, que no es el caso
de la especie, siendo suficiente que exponga los motivos de aplicación de la
misma, tal como lo hizo el Tribunal a-quo”; por lo que procede rechazar
este aspecto, y con ello el recurso de casación interpuesto;
Considerando, que los razonamientos externados por la Corte
a-qua se corresponden con los lineamientos que rigen el correcto
pensar, y satisfacen las exigencias de motivación pautadas por el
Tribunal Constitucional Dominicano en su sentencia TC/0009/13,
toda vez que en la especie el tribunal de apelación desarrolla
sistemáticamente su decisión; expone de forma concreta y precisa
cómo ha valorado la sentencia apelada, y su fallo se encuentra
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cuestión; de tal manera que esta Sala de la Corte de Casación no
percibe vulneración alguna en perjuicio del recurrente;
Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal
dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de
Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración,
pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos;
invocados en el medio objeto de examen y su correspondiente
desestimación, procede el rechazo del recurso de casación de que se
trata, y la confirmación en todas sus partes de la decisión recurrida,
de conformidad con las disposiciones del numeral 1 del aludido
artículo 427 del Código Procesal Penal;
procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el
Tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente”; que en
el presente caso procede que las mismas sean eximidas, en razón de
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artículo 28.8 de la Ley núm. 277-04, que crea el Servicio Nacional de
Defensa Pública, establece como uno de los derechos de los
defensores en el ejercicio de sus funciones el de: “no ser condenados en
costas en las causas en que intervengan”, de donde emana el
impedimento de que se pueda establecer condena en costas en este
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por J.C.E., contra la sentencia núm. 28-2017, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 23 de marzo de 2017, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; en consecuencia, confirma dicha decisión;
Segundo: E. al recurrente del pago de las costas generadas, por estar asistido de la Oficina Nacional de Defensa Pública;
Tercero: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la
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(Firmados) M.C.G.B.-E.E.A.C.-AlejandroA.M.S.-H.R..
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References: artículo 124
 artículo 172
 artículo 339
 artículo 173
 artículo 217
 artículo 172
 artículo 339
 artículo 172
 artículo 339
 artículo 427

artículo 427

artículo 28