Source: http://fte-energia.org/E20/e20-04.html
Timestamp: 2018-03-20 23:31:34+00:00

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Iniciativa Eléctrica del PRI /2
Se propone una nueva Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. La pretensión queda incompleta porque la iniciativa atiende solo a cuestiones administrativas, las políticas las elude, de hecho las niega. Esa iniciativa debe revisarse adecuadamente para atender el reclamo del pueblo de México. ¡Qué bien que NO se Modifique la Constitución, qué mal que desnaturalicen a la industria eléctrica nacionalizada! Eso es fragmentar la realidad, es pseudoconcreción, es política borrosa.
La iniciativa eléctrica del PRI se integra con varias propuestas: una nueva Ley de Servicio Público de Energía eléctrica (LSPEE), una nueva Ley Orgánica de la Comisión de Electricidad y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Se ha anunciado un posible dictamen próximo a las iniciativas presentadas. En consecuencia, no haremos un análisis exhaustivo. Se discute la iniciativa del PRI en lo general, y en lo particular, concluyendo enseguida.
Titulo Primero - Del servicio público de energía eléctrica
En el capítulo I Disposiciones Generales, se expresan de entrada las disposiciones indicadas por los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. ¡Esto es correcto!
Después, con relación a la Naturaleza del Servicio Público, la propuesta define en el artículo 3 precisamente al servicio público. Se indica que el servicio público de energía eléctrica comprende:
“I. El sistema eléctrico nacional, conformado por las actividades de generación, conducción, transformación, interconexión, distribución y venta de energía eléctrica a nivel nacional y de exportación e importación de electricidad, así como por todos los bienes, plantas, instalaciones, equipos, redes, medios y derechos...
“II. La planeación del sistema eléctrico nacional, y
“III. La realización de todas las obras, instalaciones y trabajos requeridos para la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional”
Lo anterior es correcto pero incompleto. Debe incluirse que, corresponden también al servicio público de energía eléctrica las actividades de control (referido al control eléctrico y electrónico), así como la realización de la investigación científica y desarrollo tecnológico en la materia. La razón es sencilla, estas actividades son parte del proceso de trabajo eléctrico.
En el artículo 5, la iniciativa indica que “El servicio público de energía eléctrica tiene como característica esencial su unidad” Hasta allí, va más o menos. Luego agrega, “La unidad del servicio público es entendida como el conjunto de bienes, sistemas, equipos y plantas que hacen posible la generación, conducción, ...., considerados como un todo indivisible, por lo que implica la identidad orgánica como sistema eléctrico nacional...” Hasta allí, bien. Enseguida viene la contradicción, pues dice “... de las entidades a que se refiere el artículo 11”, esto es, CFE y LFC. ¿Dónde quedó la unidad, el todo indivisible, la identidad orgánica como sistema eléctrico nacional? En palabrería, la propuesta del PRI no se sostiene más allá de los primeros artículos.
La propuesta priísta no es consecuente con su argumentación inicial. Si de verdad propusieran la unidad, un todo indivisible, la identidad orgánica del sistema eléctrico nacional, no necesitarían tanto rollo, eso es la integración industrial. Pero eso no es lo que proponen, al contrario, la integración la eluden y terminan por negarla, dejando inconclusa a la nacionalización.
De los organismos encargados...
Primero se indican Disposiciones comunes. En el artículo 11 se indica que “tratándose del servicio público de energía eléctrica no se otorgarán concesiones a los particulares...” ¡Muy bien! Luego, dice que “Se reconocen limitativamente como entidades que tienen a su cargo el servicio público...” a CFE y a LFC. ¡Eso no está bien! Si se atiende a la superficie, muchos dirán que es correcto pero, eso, es la apariencia. Con tal reconocimiento no únicamente se actúa pragmáticamente sino que, significa cancelar la culminación de la nacionalización. Esta ha sido un proceso que debe culminar con la cabal integración industrial. Eso no lo propone el PRI, más bien lo elude y niega, al igual que el PRD.
En el artículo 17 de la propuesta priísta se define a la CFE. Allí se indica que es un organismo público descentralizado “multiservicios y multienergético” ... “con autonomía financiera y de gestión y vertical y horizontalmente integrado...” Hay mucho rollo, la integración de que se habla no es tal. La referencia a la integración, solamente de CFE, es mantener la discusión al nivel de la empresa. Ese es un concepto viejo, obsoleto, históricamente superado. En materia eléctrica, el concepto es industrial no de empresa, la integración se aplica a la industria no a la empresa, menos tratándose de una industria nacionalizada. ¿O, acaso en México se trata de dos nacionalizaciones correspondientes a dos industrias diferentes?
En el siguiente artículo se define qué se entiende por autonomía financiera y de gestión. Dice la propuesta que es “la facultad de administrar en forma directa sus presupuestos anuales derivados de sus ingresos propios y de las transferencias que se le hagan de acuerdo a las disposiciones legales...” Agrega “así como la facultad de tomar racionalmente las decisiones necesarias para el cumplimiento de su objeto...”
La apariencia engaña, nos e trata del simple funcionamiento sino del carácter funcional que se pretende, esto es, un funcionamiento de empresa privada, propuesta que el PRI elabora cuidadosamente ocultándola y sin detenerse a mirar las consecuencias como si el mercado fuera a comportarse de manera diferente en este caso.
Lo que están proponiendo es un nuevo modelo de empresa pública-privada o privada-disfrazada, contrario al espíritu de la nacionalización y las nuevas responsabilidades que de la misma se derivaron, incluyendo a las nuevas relaciones de producción.
En los artículos 24 al 27 se define a LFC en términos similares a CFE, la diferencia es que a LFC se le asigna nadamás la parte central del país. Según el artículo 25, LFC “gozará de autonomía financiera y de gestión” Según el concepto de “unidad del servicio público”, dicen los priístas que LFC deberá “respetar la planeación” que se establezca.
De acuerdo a lo previamente señalado, la autonomía de gestión que se propone para LFC la conducirá al desastre pues LFC casi no genera energía eléctrica, únicamente la distribuye revendiéndola. ¿Con qué recursos propios podrá mantener el “Programa Anual de Inversiones propias?” ¡Aumentando las tarifas, necesariamente! ¿Para eso quiere el PRI la autonomía de gestión? ¿Podrá manejarse LFC como empresa privada habiéndola quebrado previamente?
De la planeación del sistema eléctrico nacional
De entrada las facultades para la planeación energética nacional se mantienen a cargo de la Secretaría de Energía, misma que hace lo contrario pues planea para los Estados Unidos de Norteamérica.
En el artículo 29 se establece que “La planeación del sistema eléctrico nacional” será realizada por la CFE, “por conducto del Consejo Superior de Planeación Estratégica del subsector eléctrico” Esta es una novedad si bien insuficiente.
En el artículo 30 se indican los documentos básicos de la planeación a largo plazo, siendo el denominado “Desarrollo del Mercado Eléctrico” referido al diagnóstico de los 5 años previos y al pronóstico de los siguientes 10 en materia de consumo y demanda; el denominado “Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico” y el denominado “Costos y Parámetros de referencia para la Construcción” Se indica, asimismo “Una proyección financiera a diez años”
En la planeación se señala que, deberán considerarse “los proyectos de cogeneración con Petróleos Mexicanos” Esto último es correcto.
Lo anterior suena más o menos, pero lo adecuado es establecer el Plan Eléctrico Nacional referido al desarrollo de la industria eléctrica nacionalizada integrada, el que contendría a su vez los Programas Estratégicos de Desarrollo Eléctrico, que no únicamente podrían ser el POISE y el COPAR, sino también el Programa de Investigación y Desarrollo (PID), entre otros.
De las obras e instalaciones necesarias
En el artículo 36 se indica que “para al realización de obras e instalaciones necesarias para la prestación del servicio público de energía eléctrica”, la CFE deberá “Hasta donde su desarrollo tecnológico lo permita, efectuar el diseño con su propio personal técnico” ¡Correcto!
Sin embargo hace falta lo concerniente al desarrollo tecnológico que el PRI, al igual que el PRD, no lo considera como parte de la industria eléctrica.
En este apartado se indican las condiciones para el suministro de energía eléctrica “a todo el que lo solicite”, la suspensión del mismo y otras disposiciones administrativas.
De las tarifas de venta y porteo de electricidad
Aquí empieza lo más malo. Se indica en el artículo 47 de la propuesta que, “La venta y porteo de energía eléctrica se regirán por las tarifas que apruebe la Comisión Reguladora de Energía”
Esto es completamente incorrecto, porque tal comisión está convertida en una entidad privatizadora al servicio del capital extranjero. No hay ningún elemento convincente para mantener la existencia de dicha comisión, menos para sugerir su fortalecimiento.
En el artículo 48 se señala que, la CRE “fijará las tarifas de porteo, de venta y de respaldo de la energía eléctrica, su ajuste o su reestructuración” Asimismo, esa Comisión “podrá fijar tarifas especiales de venta en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de las demás”
¿Qué quiere decir lo anterior? ¿Porqué esas tarifas especiales? ¿Están hablando del mercado eléctrico privatizado? Sí, únicamente disfrazado, el modelo es el mismo.
Una agravante es otorgar las facultades que se pretende otorgar a la CRE, misma que ha faltado a su supuesta honorabilidad habiendo transgredido a la Constitución, corrompiéndose en breve lapso y entregando el patrimonio nacional. ¡Esa comisión debe desaparecer, jamás debe fortalecerse! La propuesta es inaceptable.
Título Segundo- De las actividades autorizadas fuera del servicio público de electricidad
En el artículo 52, la iniciativa priísta hace lo mismo que Salinas hizo en 1994 apoyado por cierto por los legisladores del PRI. Declara la iniciativa que “no forma parte del servicio público, y solo podrá será autorizada como actividad excepcional... la producción de energía eléctrica, por medio de procedimientos de generación convencional o por cogeneración..”
Esto es verdaderamente desafortunado. Pareciera error de redacción pero no, está bien pensado, es parte de la política borrosa que enmascara los propósitos adornándolos suficientemente. La producción de energía eléctrica por medio de “procedimientos de generación convencional” es todo lo que actualmente y en el futuro próximo se hará en cualquier parte del mundo. ¿Apoco los asesores del PRI no saben que la termoelectricidad, en cualquiera de sus formas, la hidroelectricidad y otras, son formas de generación convencional?
Por otra parte, cuando se habla de cogeneración se incurre en el mismo discurso de ahora, manipulador y falso tendiente a favorecer a discreción a los permisionarios solicitantes.
La iniciativa dice que, No constituye servicio público la generación eléctrica que, como actividad complementaria de éste y previa licitación y previo permiso otorgado por la autoridad competente, realicen productores independientes única y exclusivamente para su venta a la Comisión Federal de Electricidad...”
Rápido se acabó el encanto, los priístas repiten lo mismo que Salinas de Gortari en 1992. De esta manera, su propuesta legitima tales reformas anticonstitucionales al tiempo que contradice la “intención del legislador” de los mismos priístas, encabezados por Bartlet secretario de gobernación de Salinas, y legitima la privatización eléctrica furtiva.
Los priístas han dicho que “ponen candados” pero ¿cuáles? La “previa licitación”, el “previo permiso” otorgado por la autoridad competente, o sea, la CRE. ¡Eso es una burla!
Con esa argumentación, todo lo que ha hecho Fox para privatizar a la industria eléctrica en los hechos estaría muy bien. Ahora, podría seguir esa privatización mejor, con la ley en la mano. Basta que algún burócrata otorgue un “permiso previo” para que tal actividad deje de considerarse como servicio público. Así lo indican en el artículo 54 de su propuesta. Los asesores priístas son más grillos que los perredistas, pero igualmente mañosos.
En el artículo 55 se explicita que la CRE “podrá otorgar permisos de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de importación o de exportación de energía eléctrica” En el artículo 56, se explicita también que “Si un permisionario requiriese hacer uso temporal de la red del sistema eléctrico nacional” este podrá hacerse “previo convenio” con la CFE. Otra vez, la CRE establecerá las metodologías. Esto es, se prevé facilitar la red eléctrica a los permisionarios privados, exactamente como ahora ocurre, ¿cuál es el cambio en la iniciativa priísta?
De los permisos para la realización de actividades fuera del servicio público
En la siguiente parte, los priístas detallan lo correspondiente a cada tipo de permiso, los requisitos para las solicitudes y algunas modalidades. Eso no sirve de mucho, actualmente también existen ¿y qué? No se respetan, se ejerce el supuesto derecho para otorgar permisos, lo demás no importa.
Actualmente existen restricciones, sin embargo, en la práctica prevalece la corrupción y la traición, tratándose de los casos de autoabastecimiento, cogeneración o producción independiente. Que los productores privados deban generar energía eléctrica únicamente para su venta a la CFE no es ninguna solución ni representa ningún “candado”, al contrario es favorecer una privatización disfrazada asegurando la ganancia de los capitalistas privados. Eso ya ocurre actualmente, ahora el PRI propone legalizar esas actividades, lo cual es inaceptable.
Lo mismo puede decirse respecto a la importación y exportación de electricidad. Los requisitos son mínimos y hasta ridículos. Por ejemplo, esas actividades “deberán realizarse a través de la red del sistema eléctrico nacional” ¡Faltaba más!
En esta parte se indican una serie de acciones administrativas tendientes a concretar lo arriba señalado. En el artículo 80 se dice que “Los permisos de autoabastecimiento y cogeneración tendrán duración indefinida” En el 81, se establece que “Se podrá solicitar la ampliación del permiso de autoabastecimiento y de cogeneración...” Esto es lo que ahora ocurre y, al respecto, la CRE ha logrado mucha experiencia. Así es como suman ya 200 permisos que representan un tercio equivalente de la actual capacidad eléctrica efectiva en operación. Indican los priístas que, justamente, será la CRE quien otorgue esos permisos.
De la compra de electricidad producida por permisionarios
Para redondear su propuesta borrosa, el PRI señala que la CFE podrá firmar contratos marco de compra de excedentes despachables, así como contratos de compromiso de capacidad y compra firme de excedentes a mediano y largo plazos “de autoabastecedores y cogeneradortes”
Entonces, ¿cuál autoabastecimiento, cuál cogeneración? Son sólo eufemismos para disfrazar los negocios privados. En el caso de los permisos de producción independiente la situación es peor. En este caso la adquisición de electricidad “será obligatoria” para la CFE de acuerdo a lo establecido por la CRE pudiendo haber revisión y prórroga de los contratos.
Después, la iniciativa se refiere a las sanciones y el recurso Administrativo así como a la Competencia. Rollo, lo principal ya está acordado.
Al igual que el PRD, el PRI propone algo importante: no modificar la Constitución ¡Estamos de acuerdo!
Pero, el PRI al igual que el PRD, incurre en propuestas inaceptables que tratan de meter furtivamente aprovechando el viaje legislativo. La iniciativa del PRI, sobre la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, es más elaborada que la del PRD, también más borrosa, pero igualmente inaceptable por las siguientes razones:
La iniciativa del PRI legitima la privatización eléctrica furtiva, en consonancia con las reformas de Salinas de Gortari de 1992. A diferencia del PRD, los priístas no se hablan de la “pequeña producción” (que no es tal), sin embargo, se mantienen las demás figuras que han llevado a la privatización eléctrica en la práctica. Si de verdad se quieren poner limitaciones, el autoabastecimiento solamente debe ser permitida tratándose de comunidades rurales organizadas (y apoyadas por el Estado) y situaciones de emergencia; la cogeneración solo debe ser autorizada tratándose de Petróleos Mexicanos (Pemex); y, la producción privada independiente (PIE) debe ser suprimida. En cualquier caso, el autoabastecimiento y la cogeneración con Pemex se considerarán parte del servicio público sujetas a autorizaciones especiales.
La iniciativa del PRI legitima a la CRE y le otorga mayores facultades, lo mismo que el PRD. Ahora el PRI propone que esta comisión fije las tarifas de porteo, de venta y de respaldo de la energía eléctrica, su ajuste o su reestructuración, esto es, se le autoriza para aumentar las tarifas eléctricas de todo tipo. Que esta comisión tenga tales facultades no representa ninguna garantía para el desarrollo social mexicano sino al contrario, es seguir favoreciendo la corrupción y la traición a México.
La iniciativa del PRI desnaturaliza a la nacionalización, igual que el PRD, con la propuesta de una supuesta autonomía a CFE y LFC para que funcionen como empresas privadas siendo estatales, al tiempo que elude y niega la cabal integración de la industria eléctrica. Se está proponiendo un status de “estado dentro de otro estado” con una visión parcelada de la realidad, específicamente la social, como si la nacionalización hubiera sido para que funcionara bien una empresa y no el país. No, no se trata de productivismo sino de desarrollo social democrático para México.
La propuesta del PRI, con relación a la iniciativa de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), debe DESECHARSE por inconveniente al interés nacional y contraria a la nacionalización misma.
Una nueva LSPEE solamente se justifica si sirve para culminar la nacionalización no para cancelarla. La iniciativa mantiene el respeto a la Constitución pero incorpora un conjunto de disposiciones que, de aprobarse en sus términos, implicarían una privatización disfrazada. Como está no es posible aceptarla. ¡Que se abra un período para la discusión social! Que se revise y corrija. Hay una experiencia previa desfavorable a las propuestas priístas, también hay otras propuestas no consideradas incluyendo las propuestas históricas de la nacionalización.
La iniciativa priísta tiene algunas cuestiones correctas, sí, pero no son suficientes para aprobar la iniciativa, la parte negativa es mayor y muy peligrosa para el futuro independiente de México.
En lo inmediato, detener la privatización furtiva revocando los permisos otorgados indebidamente por la CRE, la misma ley actual lo prevé y debe procederse “por así convenir a los intereses de la Nación” ¡Solamente hace falta coherencia política! ¿Porqué los legisladores no ejercen sus “buenos oficios” en vez de andar maquillando a la privatización furtiva?
En el siguiente plazo, lo que se debe hacer, entre todos los mexicanos dispuestos, es la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Electricidad.
Las propuestas para la industria eléctrica requieren tener como base el contexto energético nacional y mundial.
Primero, es crucial una Política Energética Independiente. Esto es obvio, de acuerdo a la política (o su ausencia) se formulan las acciones. Una verdadera política energética nacional debe incluir la cabal Integración de la Industria Eléctrica Nacionalizada y su adecuado funcionamiento de acuerdo a un Plan Eléctrico Nacional elaborado por los propios trabajadores del sector, técnicos, ingenieros e investigadores mexicanos.
¡Adelante FTE de México!

References: artículo 3
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 25
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 36
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 52
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 56
 artículo 80
 Artículo 27