Source: https://www.opengovpartnership.org/es/members/paraguay/commitments/PY0055/
Timestamp: 2020-08-04 13:22:19+00:00

Document:
Derecho Público Ética e Integridad (PY0055)
Institución principal: Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC)
Instituciones de apoyo: Red de transparencia y anticorrupción del Poder Ejecutivo, OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de trabajos involucrados, Mesa Anticorrupción de la Red Pacto Global
Anticorrupción, Conflictos de Interés, Legislación y Regulación, Legislativo, Legislatura, Regulaciones abiertas, Participación en la elaboración de leyes., Participación pública
Vacíos normativos en la regulación del tema ETICA PUBLICA E INTEGRIDAD. El marco legal actual no contempla claramente la integración y competencias de la comisión de ética pública, los conflictos de intereses, las declaraciones juradas de bienes y otros aspectos fundamentales.
Elaboración participativa de un anteproyecto de Ley de Ética Pública, que especifica entre otros la institucionalidad de la gestión de la ética en el sector público, declaraciones juradas de los funcionarios y conflicto de intereses.
Promover LA INTEGRIDAD Y LA ETICA EN EL SECTOR PÚBLICO ya la vez el derecho ciudadano a la transparencia y la rendición de cuentas, principios esenciales del "modelo democrático" que revela la enorme relevancia de la Integridad y La Ética en el SECTOR PÚBLICO
Proyecto de Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública con el objeto de establecer el marco de obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los funcionarios y empleados en dependencias centralizadas, descentralizadas y automáticas del Estado Empresas y Sociedades del Estado, mixtas y con participación estatal, sociedades por acciones donde el Estado sea accionista y actúen en representación de este, miembros de cooperativas prestatarias de servicios públicos concedidos por el Estado, entes reguladores de servicios y en todo Ente en que el Estado tenga alguna forma de participación, mar en el capital o la dirección, estableciendo reglas claras y fomentando la ética pública y la i ntegridad en el sector publico
Establecimiento de la metodología y los métodos para el diseño del anteproyecto de ley de ética pública e integridad Enero de 2019 Julio de 2019
Realice la consulta pública a las organizaciones e instituciones, RED DE TRANSPARENCIA sobre el anteproyecto elaborado, y rendición de cuentas sobre las propuestas realizadas por la sociedad civil. Enero de 2020 Abril de 2020
Presentador del proyecto de ley en la corriente legislativa. Impulsar mecanismos de participación ciudadana en el ámbito legislativo. Mayo de 2020 Junio ​​de 2020
21. Ley de ética pública e integridad
Establecimiento de la metodología y los métodos para el diseño del anteproyecto de ley de ética pública e integridad.
Elaboración de la normativa en materia de ética pública e integridad en el seno de la subcomisión de elaboración en SENAC, con participación de la sociedad civil.
Realizar la consulta pública a las organizaciones e instituciones, RED DE TRANSPARENCIA sobre el anteproyecto elaborado, y rendición de cuentas sobre las propuestas realizadas por la sociedad civil.
Presentador del proyecto de ley en la corriente legislativa. Impulsar mecanismos de participación ciudadana en el ámbito legislativo.
Fecha de inicio: Enero 2019 Fecha de término: Junio ​​2020
Según el informe de Integridad Pública en América Latina y el Caribe 2018-2019 de la OCDE, para combatir la corrupción en la región es de suma importancia contar con un sistema de integridad sólida y transversal. Este sistema comprende, entre otros, clarifica las autoridades institucionales en el sector público para fortalecer su eficacia y establecer medidas de regulación determinadas en materia de conflicto de interés [].
Para el caso de Paraguay, la necesidad de un sistema de este tipo es superior, por cuanto la percepción de corrupción ha alcanzado niveles altos entre la población, llegando hasta más del 71% de acuerdo con el Índice Invertido de Transparencia Internacional 2018 [].
Este compromiso propone la formulación participativa de un proyecto de ley de ética pública, que especifica la creación de institucionalidad para la gestión de ética en el sector público paraguayo. Asimismo, propone la obligación de presentar declaraciones juradas y de conflicto de intereses por parte de todos los funcionarios públicos, aunque la misma no busca regular la actividad de la representación de intereses particulares.
Al respecto, el Decreto 10143/12 del Ministerio del Interior aprobado el Código de Ética del Poder Ejecutivo, que establece entre otros, la creación de un Sistema de Gestión Ética encargado de promover la armonización de normas, procedimientos técnicos y gestión relacionados a la ética pública. [] Además, este Decreto dispone la creación de una Comisión Nacional de Ética Pública [] y de comisiones institucionales de ética [] al interior de los organismos del Poder Ejecutivo, que tienen competencia para conocer los conflictos de intereses [], usos indebidos de información oficial [], entre otras conductas disciplinables. Para el investigador del IRM, este proyecto de ley busca fortalecer lo dispuesto por esta normativa.
Delegados de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), entidad recientemente creada por el nuevo Gobierno, aclarado que aunque el Decreto se encuentra vigente, hasta el momento no se ha creado ni la Comisión Nacional o las comisiones institucionales []. Resaltan que este nuevo proyecto de ley busca modificar algunos vacíos de esta norma, principalmente al centralizar la labor de gestión ética y de integridad pública en el SENAC. Sobre este punto se puede especificar que el artículo 42 del Decreto 10143/12 pone la responsabilidad de la aplicación del Código en la Secretaría de la Función Pública, entidad que es un criterio de los delegados entrevistados por el investigador del IRM, no tiene la competencia funcional para implementarlo [].
Para desarrollar este compromiso, la SENAC contrató al consultor Fernando Basch del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que elabore el anteproyecto de la ley. La SENAC viene adelantando conversaciones con el consultor para definir un plan de trabajo y programar una visita in situ en la segunda quincena de julio. Una vez finalizado el anteproyecto, la SENAC abrirá un espacio de socialización en donde se procurará poner el texto del anteproyecto a la discriminación de la ciudadanía y de la sociedad civil. En palabras de los delegados de la SENAC, se pretende dar un plazo determinado para la presentación de observaciones, garantizando que el texto del compromiso sea puesto a disposición del público en un disco compartido [].
Las acciones señaladas en este compromiso son verificables dado que se trata de las metas concretas para cumplir en el proceso de elaboración del proyecto de ley. El compromiso también habilita la participación de la ciudadanía en su elaboración y en la organización de una consulta pública del anteproyecto. Sin embargo, dado que el compromiso culminará con la presentación del proyecto, elaborado participativamente, al Congreso Nacional, no es posible garantizar que sea implementado en su totalidad, y con base en ello, que tenga un impacto significativo sobre la problemática que lo motiva.
Si bien el compromiso busca acelerar un código que rija la función pública bajo protocolos de ética e integridad, su elaboración participativa no garantiza el Poder Legislativo la transmisión y eventualmente apruebe. La responsabilidad de la SENAC se circunscribe a la resolución participativa y la presentación del proyecto de ley, lo que limita la ambición del compromiso en cuanto a su posible implementación. En virtud de todo lo anterior, el compromiso se califica como de impacto potencial menor.
La SENAC se encuentra adelantando un proyecto de ley orgánica de la institución, por lo que puede sugerir incluir en su articulado una serie de funciones de vigilancia en cuanto a la investigación y sanción de conductas disciplinarias a los funcionarios públicos. Esto garantiza que este ejercicio de vigilancia sea más funcional y no dependa de un estatuto que en principio puede ser difícil de pasar en su trámite legislativo. Asimismo, se recomienda que este compromiso sea más ambicioso con la articulación de este mismo espacio participativo para avanzar proyectos, como el de regulación del lobby que ya ha presentado ante el Congreso de la República pero no ha tenido mayores avances [].
De igual manera, es importante retomar los elementos normativos preexistentes en la materia, y por sobretodo, con precisión que este proyecto de ley también cuente con el aval del Poder Ejecutivo. En esa medida, se recomienda adelantar acercamientos con las entidades que tienen una incidencia en estos temas, como el Ministerio Público y la Secretaría de la Función Pública, para articular un esfuerzo conjunto de impulso del proceso dentro del Congreso Nacional.
[]https://www.oecd.org/gov/ethics/integridad-publica-america-latina-caribe-2018-2019.pdf
[] Ficha país
[] Artículo 26.
[] Artículo 28
[] Artículo 31
[] Artículo 24
[] Artículo 17
[] Entrevista delegada del MADES, 15 de julio de 2019.
[] En 2017 se presentó una propuesta de proyecto de ley sobre el tema del lobby. http://silpy.congreso.gov.py/expediente/110179

References: artículo 42
 resolución 
 Artículo 26
 Artículo 28
 Artículo 31
 Artículo 24
 Artículo 17