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FLEISCHER, David; BARRETO, Leonardo. El impacto de la justicia electoral sobre el sistema
político brasileño. América Latina Hoy, Salamanca, v. 51, p. 117-138, 2009. Disponível em:
<http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-2887/article/view/1334/1405>.
Acesso em 14 jan. 2015.
EL IMPACTO DE LA JUSTICIA ELECTORAL
SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO BRASILEÑO
The impact of electoral administration on Brazil’s political system
David FLEISCHER y Leonardo BARRETO
leobarreto@hotmail.com
BIBLID [1130-2887 (2009) 51, 117-138]
Fecha de recepción: junio del 2008
Fecha de aceptación y versión final: febrero del 2009
RESUMEN: En este artículo se describen los procedimientos y el desempeño del órgano de
administración electoral de Brasil –TSE– después de su instalación definitiva en 1946, y la gestión
de las elecciones antes de esa fecha. Este análisis pone de relieve el papel del TSE en la conciliación
política durante períodos críticos, antes y después del golpe militar de 1964, durante la transición
del régimen militar (1974-1985) y durante el período posterior a 1985. Los «perdedores» en las
elecciones durante estas tres etapas nunca cuestionaron la legitimidad del sistema de gestión
electoral. En varias ocasiones, el TSE implementó la modernización del proceso electoral para
reducir la tutela sobre los votantes y mejorar la confianza en el sistema. Por último, desde 2002,
el TSE viene practicando la «judicialización» de la política.
Palabras clave: administración electoral, TSE, régimen militar, judicialización, transición política,
ABSTRACT: This article describes the operations and performance of Brazil’s election management organ –the TSE– after its definitive installation in 1946, and its management of elections
before that date. This analysis highlights the TSE’s role in political conciliation during critical
periods, before and after the military coup in 1964, during the transition from the military regime
(1974-1985), and during the post-1985 period. The «losers» in elections in these three periods
never contested the legitimacy of election system management. On several occasions, the TSE
implemented modernization of the election process to reduce tutelage over voters and improve
confidence in the system. Finally, since 2002, the TSE has practiced «judicialization» of politics.
Key words: election management, TSE, military regime, judicialization, political transition, Brazil.
América Latina Hoy, 51, 2009, pp. 117-138
EL IMPACTO DE LA JUSTICIA ELECTORAL SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO BRASILEÑO
El establecimiento de un organismo específico, profesional y autónomo para la gestión del proceso electoral ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación
de la democracia brasileña. La presencia de la justicia electoral es tan importante que
no sería exagerado decir que la historia de las elecciones en el país puede ser dividida
en un período antes y otro después de su inauguración en el año 1932. Desde la instalación definitiva de la justicia electoral en Brasil, en el año 1946, la legitimidad de la
gestión de las elecciones nunca fue cuestionada por los «perdedores». La União Democrática Nacional (UDN), que era la oposición a Getúlio Vargas y sus aliados, perdió
las elecciones presidenciales en los años 1945, 1950 y 1955, y cuestionó los resultados
en las dos últimas elecciones, pero no la legitimidad del organismo electoral, el Tribunal
Superior Electoral (TSE). Finalmente, en el año 1960, el candidato apoyado por la UDN
(Jânio Quadros) fue elegido. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los
Trabalhadores (PT) perdió las elecciones presidenciales en los años 1989, 1994 y 1998,
pero el PT no ha negado la legitimidad del proceso electoral. Posteriormente, Lula ganó
en los años 2002 y 2006. La falta de cuestionamientos por los perdedores es esencial
para la consolidación de la democracia en todo el mundo (Anderson et al., 2005).
En los países que no tienen un organismo nacional gestor de las elecciones, como
los Estados Unidos, a veces la legitimidad de los sufragios puede ser cuestionada.
En noviembre del año 2000, Brasil se enteró que la capital del estado de Florida es
Tallahassee (y no Miami), ya que todos los días los telediarios informaban de las últimas noticias del complicado recuento de votos en esta elección. La Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos tuvo que cerrar el recuento para que el republicano George
Bush pudiera ser elegido y, por lo tanto, derrotar al demócrata Al Gore en la «segunda vuelta» –la elección indirecta del Colegio Electoral–, aunque Gore hubiese recibido la mayoría de los votos populares (Santos, 2008).
El papel positivo de la justicia electoral para la aceptación de los resultados de
las elecciones se debe a la combinación de tres factores: (i) la centralización de la gestión electoral en el marco del gobierno nacional en detrimento de las élites locales,
rompiendo la fuerte tradición histórica de la corrupción y de la manipulación; (ii) la
neutralidad y la independencia de su actuación garantizada por su ubicación junto a
la estructura del Poder Judicial (los jueces son elegidos por rotación y reclutados en la
justicia común); y (iii) la mejora de los procedimientos electorales a través de las innovaciones tecnológicas.
Sin embargo, el consenso general en torno al papel de la justicia electoral ha alentado a los miembros del TSE a ampliar su ámbito de actuación y realizar reformas en
las normas electorales por la emisión de nuevas interpretaciones para antiguas leyes.
Este movimiento ha sido conocido como «judicialización de la política» al considerar
que la nueva interpretación (el resultado de las consultas realizadas por los partidos
1. Traducido del portugués al castellano por Michelle Fernández. Los autores agradecen los
comentarios realizados por los evaluadores anónimos de América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales.
políticos) acaba creando leyes que pueden interferir en la arena de la esfera de la política institucionalizada, especialmente en el campo del poder legislativo. Esta actuación
pone al TSE bajo un fuerte cuestionamiento, lo que amenaza reducir su grado de legitimidad frente a los partidos y dirigentes políticos.
Se espera demostrar que las razones apuntadas proporcionan apoyo y estabilidad
al sistema político, en los distintos regímenes políticos y en situaciones de constantes
cambios en las leyes electorales, permitiendo que la justicia electoral se establezca como
árbitro actuante por encima de las disputas partidistas. Por lo tanto, el estudio intenta explicar el papel de la justicia a partir del análisis de su proceso de desarrollo histórico e institucional, haciendo hincapié en su importancia para la consolidación de la
democracia en Brasil.
La experiencia electoral en Brasil se remonta a la época colonial, cuando fueron
celebradas elecciones para elegir a los miembros de los concejos municipales, que administraban las ciudades y los pueblos, y para la elección de los representantes brasileños
en la Corte de Lisboa. Las disputas estaban reglamentadas por las Ordenanzas Filipinas
y por el Decreto de D. Juan VI publicado en 1821. En ambos casos no había un órgano especial para la gestión y el control de la fluidez del proceso electoral. Esa tarea era
realizada por los mismos concejales (Oporto, 2002: 14).
La independencia del país se produjo en el año 1822. Ya en el año siguiente se creó
la primera ley electoral brasileña. Había elecciones directas para los cargos de Juez de
Paz (magistrado encargado de resolver la mayoría de los conflictos locales), para la provisión de vacantes de concejales que constituían la junta encargada de la administración de los municipios y de los representantes de las asambleas provinciales. Las cámaras
de diputados y el Senado eran formados indirectamente a través de un sistema de «dos
grados»: el pueblo elegía a los electores que votarían para escoger a los representantes
nacionales. En el caso de los senadores, se votaba una lista con tres opciones de la cual
el Emperador anunciaba el ganador (J. M. Carvalho, 1990).
La primera ley electoral brasileña era considerada liberal para la época. Permitió
la participación de los analfabetos, los ex esclavos con más de 25 años (21 años para
los militares y los jefes de familia) y establecía como exigencia para obtener el derecho
a votar un mínimo de ingresos que era de fácil alcance para la mayoría de la población.
Así, en el año 1872, aproximadamente el 11% de la población brasileña votaba.
Para hacer una comparación, la cifra era del 7% en Inglaterra, 9% en Portugal,
2% en Italia y 2,5% en los Países Bajos (Carvalho, 2004: 29). Mientras tanto, el carácter inclusivo de las reglas electorales no garantizaba a los brasileños el disfrute de los
derechos políticos. La violencia practicada por los jefes políticos locales para forzar a
los votantes y el inmenso repertorio de fraudes hacían que el voto se redujera a un simple acto de obediencia.
La lucha política era intensa y violenta. Lo que estaba en juego no era el ejercicio de un
derecho del ciudadano, sino el dominio político local. El líder político local no podía perder las elecciones. La derrota significaba el descrédito y la pérdida de control de los cargos públicos, como el de jefe de policía, de juez municipal, de cobrador de impuestos,
de los puestos de la Guardia Nacional. Por lo tanto, lo importante era movilizar el mayor
número posible de personas a su cargo para ganar las elecciones (Carvalho, 2004: 33).
TABLA I. EVOLUCIÓN DEL ELECTORADO BRASILEÑO (1872-2008)
1.097.698
345.097
462.188
707.651
702.580
1.890.577
1.466.700
7.499.670
11.455.149
15.104.604
13.780.460
15.543.332
22.387.251
28.966.114
35.810.715
46.030.464
58.871.378
69.166.810
82.074.718
94.768.404
106.101.067
115.253.834
125.689.656
128.543.256
Fuente: SADEK (1995: 25); TSE e IBGE.
Así pues, Brasil ha acumulado una vasta experiencia de desviaciones en elecciones,
creando una amplia gama de personas especializadas en el fraude: el «cabalista», responsable de la cooptación de los votantes y de testificar favorablemente sobre sus ingresos; el «fósforo», falsos electores; y el «capanga», un empleado violento encargado de
proteger a los partidarios y amenazar a los de oposición. Otra práctica común era la
falsificación de los resultados de las elecciones a través de la confección de actas irregulares por las propias juntas electorales. La coerción era facilitada por el hecho de que
la votación era abierta, con la firma del elector en cada papeleta.
Durante este período, no había un órgano específico para la organización de las
elecciones. El reclutamiento de los votantes era realizado en el mismo día de las elecciones a través de una mesa electoral presidida por un juez ordinario o «de fuera» (indicado por el Emperador para actuar en los distritos que necesitaban un juez imparcial
o una presencia más expresiva del gobierno), que tenía el control total para definir quién
sería apto o no para votar. Por lo tanto, ejercer el control sobre estos jueces era importante para las facciones políticas.
En el año 1881 se realizó una amplia reforma electoral. Los principales cambios
fueron los siguientes: 1) la eliminación de los dos grados de las elecciones (los ciudadanos habilitados pasaron a ser electores efectivos); 2) el aumento del umbral mínimo
de ingresos (se mantiene en un nivel accesible, pero se hacen más rígidos los requisitos comprobatorios); 3) el establecimiento del voto facultativo y secreto; y, por último,
4) la prohibición de la participación de los analfabetos. Todos los cargos pasaron a ser
elegidos de manera directa, incluida la lista triple que se presentaba al Emperador. La
responsabilidad de la calificación continuaba ligada al juez de derecho y el reclutamiento
de los electores pasó a depender exclusivamente de la voluntad de ellos.
La prohibición de voto para los analfabetos excluyó al 85% de los brasileños del
proceso electoral. Sumado al endurecimiento de la verificación de ingresos, hubo una
reducción radical del número de electores con derecho a votar; solamente el 0,8% de
la población (ver Tabla I). La proclamación de la república en el año 1889 no ha cambiado significativamente este escenario. El requisito de ingresos ha sido abolido, pero
el voto de los analfabetos continuó prohibido y los fraudes siguieron dictando la dinámica electoral del país, incluso asumiendo un importante papel en la construcción de
Una importante institución del período llamado de República Velha (1889-1930)
era la Comisión de Verificación de Poderes, con un sistema legislativo de control de
las elecciones. Instalada en la Cámara de Diputados, su función era reconocer los resultados electorales totalizados en los estados. El control por parte del gobierno de la
comisión era utilizado a menudo para evitar que la oposición política lograse ocupar
cargos en el Congreso nacional. Este recurso se conoce como degola (Nicholas, 2004:
35) y fue un fuerte elemento de inestabilidad política, ya que fue utilizado como una
herramienta de disputa partidista. La función de la Comisión de Verificación de Poderes
podría ser comparada a las atribuciones del Senado estadounidense de rechazar a los
nuevos parlamentarios, que figuran como suplentes, y que no cumplan los requisitos
legales, morales o éticos.
Este instrumento ha sido ampliamente utilizado por el gobierno nacional para
obtener el apoyo de las oligarquías políticas estatales. El pacto celebrado durante la
presidencia de Campos Salles (1898-1902), preveía que la Comisión de Verificación
de Poderes legitimara los nombres enviados por las élites locales dominantes; a cambio, Salles recibiría el apoyo parlamentario para sostener su gobierno. Los cargos
ejecutivos –alcalde, gobernador y presidente– eran elegidos en elecciones directas
(mandatos de cuatro años) en un momento diferente a las elecciones para los cargos
del Legislativo (los diputados federales tenían mandatos de tres años y los senadores
de nueve años).
Esta estrategia estuvo en vigor hasta el año 1930, cuando las oligarquías estatales
descontentas y jóvenes oficiales del ejército encabezaron un golpe de Estado que llevó
a la República Velha. Durante los 108 años de vida independiente, Brasil había celebrado elecciones de forma continua. Sin embargo, en ningún momento las disputas fueron instrumentos reales de totalización de la voluntad de los ciudadanos, sino simples
procedimientos para legitimar los grupos dominantes. Por lo tanto, las principales características de la primera fase electoral del país fueron las bajas tasas de participación y
los fraudes. Por eso, la existencia de un organismo independiente de gestión y fiscalización de las elecciones no era posible ni deseable (Leal, 1975).
III. FUNDACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA ELECTORAL
En 1932, el gobierno provisional encabezado por el presidente Getúlio Vargas instituyó por decreto la justicia electoral. Su objetivo inmediato era organizar elecciones
para ocupar los escaños de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgaría la
Constitución de 1934. La extinción de la Comisión de Verificación de Poderes puso
fin a un período de gestión partidista de los procesos electorales, lo que llevó a la eliminación de un gran factor de inestabilidad en el sistema político. Esta nueva Constitución, además, estableció el voto femenino y redujo la edad electoral de 21 a 18 años.
Brasil fue el segundo país de América Latina que adoptó el voto femenino –el primero fue Ecuador en 1929 (Nicolau, 2004: 37-38)–. El registro electoral y el voto se convirtieron en obligatorios para todos los hombres y las mujeres empleadas en servicios
En general, se puede decir que la estructura principal de la justicia electoral se ha
mantenido desde su fundación hasta nuestros días. En este sentido, la continuidad y
la ausencia de rupturas institucionales son indicadores del éxito de esta institución, lo
que demuestra que su existencia y su rendimiento no han sido objeto de grandes controversias (Sadek, 1995: 33). A pesar de no haber permanecido en funcionamiento
durante toda la dictadura de Vargas (1937-1945), la justicia electoral, reestablecida
en 1945, ganó status constitucional, fue incorporada a la estructura del Poder Judicial
en 1946, y no sufrió muchos cambios por textos constitucionales promulgados en 1967
La estructura de la justicia electoral se inspiró en la organización adoptada por la
justicia común en los planos nacional, regional (estados) y local (municipios). Su organización está prevista en el artículo 118 de la Constitución federal y está compuesta de
cuatro órganos: (i) el Tribunal Superior Electoral (TSE), (ii) Tribunal Regional Electoral
(TRE), (iii) el Juez Electoral, y (iv) la Junta Electoral.
A nivel nacional, la administración electoral está en manos del TSE. Su comité deliberativo está integrado por tres ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), por dos
ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y dos juristas de notable conocimiento jurídico escogidos por el Presidente de la República entre los que componen una
lista con tres nombres elaborada por el STF. La duración del mandato de cada miembro es de dos años, y está prohibida la permanencia de cualquiera de los miembros por
más de dos mandatos consecutivos.
El TSE es parte del Poder Judicial y, por lo tanto, se pueden apelar sus decisiones
ante el STF. La justicia electoral no tiene ninguna connotación «partidista» y los jueces
no están afiliados a ningún partido. La mayoría de los funcionarios de la justicia electoral son permanentes (reclutados a través de oposiciones públicas), pero algunos asesores temporales son nombrados por los jueces.
El TSE es responsable del registro y la cancelación de las inscripciones de los partidos políticos y de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República;
del resultado global de las elecciones; y de la divulgación e investidura de los elegidos
para los cargos de jefe del Ejecutivo nacional. Además, es responsable de la fiscalización de las cuentas de las coaliciones partidistas, así como de investigar el origen de
tales recursos; dividir los estados en los distritos electorales; e interpretar y expedir
instrucciones complementarias al Código Electoral. Sus decisiones tienen carácter irrevocable, excepto cuando se trate de artículos constitucionales. En este caso, sería posible apelar ante el STF.
En el ámbito regional actúa el TRE. Cada estado tiene un tribunal con sede en la
capital local. Como ocurre en el TSE, el TRE no tiene un cuerpo propio. Está formado
por dos jueces del Tribunal de Justicia (TJ –órgano judiciario estatal–), dos jueces designados por derecho común por el TJ, un juez federal y dos abogados de notorio prestigio elegidos por el presidente de la república a partir de un listado de tres nombres
elaborado por el TJ.
Las competencias más importantes del TRE son aceptar o cancelar el registro de
los directorios estaduales y municipales de los partidos políticos y de candidatos a cargos de gobernador, vicegobernador, los miembros del Congreso nacional y de las asambleas legislativas estatales; vigilar el desempeño de los jueces electorales; formar las juntas
electorales; juzgar los recursos de las decisiones adoptadas por los jueces y por las juntas; totalizar los resultados enviados por las juntas electorales; contestar a las consultas públicas; y dividir los distritos electorales en zonas electorales.
En el municipio actúa el juez electoral (juez de la justicia común investido de jurisdicción electoral). De hecho, él es responsable de hacer cumplir las decisiones del TSE
y del TRE y administrar la vida electoral cotidiana de los municipios. Entre sus responsabilidades están: la gestión de las elecciones locales; la determinación de la entrada y
la exclusión de los votantes; la división de las sesiones electorales; la organización del
listado con los nombres de los votantes habilitados; la determinación de registro y cancelación de candidaturas; la definición de lugares de votación; la selección de los miembros de las mesas en las sesiones electorales; y la resolución de controversias que surgen
en el día de las elecciones.
Las juntas electorales son organismos provisionales creados por el TRE sesenta días
antes de las elecciones. Su función es apurar el resultado de las elecciones realizadas
en las zonas que estén bajo su jurisdicción, resolver las controversias e incidentes durante el recuento de votos y proclamar los ganadores de los cargos municipales. Se
compone de un juez electoral, que ocupa el cargo de presidente, y por dos o cuatro
ciudadanos de comprobada idoneidad. Los nombres de los integrantes de la junta se
publican diez días antes del nombramiento para que exista la posibilidad de que los
partidos políticos pidan la impugnación, en caso de que lo consideren necesario, de
los indicados por medio de una petición.
IV. EL PERÍODO 1946-1964
En este período, fueron adoptados varios cambios en la gestión electoral. En la preparación para la elección del 2 de diciembre de 1945, que eligió a la Asamblea Constituyente de 1946 y al nuevo Presidente de la República, la justicia electoral realizó una
completa actualización del registro de los electores, pero todavía permitía el alistamiento
de electores ex-officio en el marco del Decreto Ley 7586/1945 conocido como la Ley
Agamenon en «homenaje» al autor, el entonces ministro de Justicia, Agamenon Magalhães. En 1947, en el período de la Guerra Fría, la justicia electoral anuló la inscripción del Partido Comunista Brasileiro (PCB), y en 1948 inhabilitó los mandatos de los
diputados (y un senador) elegidos por el PCB en 1945 y 1947.
El Congreso nacional aprobó un nuevo Código Electoral –Ley 1164 de 24 de julio
de 1950–. Este código estableció el alistamiento y el voto obligatorios para todos los
brasileños alfabetizados mayores de 18 años, eliminó el alistamiento ex-officio, adoptó la «papeleta única» de votación y aprobó la fórmula D’Hondt (sistema de promedios más altos) para la distribución de escaños entre los partidos en las elecciones
La Ley 2250/1955 estableció una sola hoja de votación, o «papeleta única», que
era elaborada por la justicia electoral para ser entregada a cada elector a la hora de votar.
En 1956, la justicia electoral realizó un nuevo alistamiento de los electores que eliminó los llamados «votantes fantasmas» y los carnés de elector «duplicados». Esta medida produjo una disminución del 8,7% del electorado alistado –de 15.086 millones en
1954 a 13.777 millones en 1958– mientras que la población de Brasil había aumentado un 11% durante el mismo período. Para una muy interesante descripción de estas
manipulaciones a nivel municipal en este período, ver Palmério (1960).
Por dos veces, en los años 1950 y 1955, el TSE fue cuestionado por la UDN, un partido conservador y anti-Getúlio Vargas, sobre los resultados de las elecciones presidenciales. La UDN cuestionó la legitimidad de estas elecciones por falta de una mayoría
absoluta –Vargas recibió el 46,6% de los 8.254.989 votos en 1950 y Juscelino Kubitschek recibió el 33,8% de los 9.097.014 votos en 1955–. El TSE argumentó que la Constitución de 1946 había establecido la elección presidencial por «mayoría» –sin un
adjetivo, «absoluta» o «relativa»– y, por eso, valía el concepto de mayoría simple.
El uso de la papeleta única aumentó el número de votos nulos y blancos. Los nulos
se duplicaron, pasando del 9,1% en 1954 al 17,7% en 1958. El índice de votos en blanco, especialmente para las elecciones proporcionales, siguió aumentando hasta la
implantación del voto electrónico en 1998 –14,3% en 1966, 13,5% en 1978 y 16,2%
en 1994–. La evolución del porcentaje de los votos nulos fue: 6,8% en 1966, 7,2% en
1978 y 25,0% en 1994.
En 1962, el TSE y el STF decidieron que Antonio García Filho (un sargento del ejército), que fue elegido diputado federal por el estado de Guanabara, era inelegible de
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de 1946 y canceló su registro –aunque el
TRE de Guanabara hubiese aprobado su candidatura y lo establecido en la Constitución
a ese respecto estuviera un poco «ambiguo»–. Otros dos sargentos-candidatos también
fueron rechazados en Rio Grande do Sul y São Paulo. En 1961, el movimiento de los
sargentos se vio reforzado por su intensa participación en la llamada «Campaña de la
Legalidad», para garantizar que el vicepresidente João Goulart (PTB) llegara al poder
tras la renuncia del presidente Jânio Quadros.
Este episodio provocó la denominada «Rebelión de los Sargentos» en Brasilia el
12 de septiembre de 1963. El TSE, en esta época un órgano muy «conservador», había
querido poner freno a la movilización de los sargentos en defensa del presidente Goulart
y fue sensible al veto de las Fuerzas Armadas contra la elección de suboficiales para
cargos políticos. Esta decisión contribuyó a reestablecer la disciplina en las Fuerzas
Armadas (D’Araujo, 1994: 58). El preludio del golpe militar, el 31 de marzo de 1964,
fue un discurso muy inflamado del presidente Goulart a una asamblea de sargentos
en Río de Janeiro, donde predicó el día anterior la unión de éstos en la Confederación
General de Trabajadores (CGT).
V. EL PERÍODO MILITAR (1964-1985)
El régimen militar en Brasil perduró por 21 años –de abril de 1964 hasta marzo
de 1985–. A diferencia de sus vecinos en Sudamérica durante este período (Argentina,
Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia), Brasil mantuvo un «democracia relativa»
con elecciones cada cuatro años, el funcionamiento del Congreso nacional y el mantenimiento del sistema de partidos. Sin embargo, los militares realizaron una serie interminable de arreglos políticos y electorales para garantizar mayorías absolutas para su
partido de apoyo, ARENA y después el PDS (Fleischer, 1994).
Las elecciones para Presidente de la República fueron indirectas durante todo el
período militar y, con la excepción de 1965 y 1982, las elecciones para gobernador
también lo eran. El Congreso nacional había perdido la mayor parte de sus atribuciones
y competencias y se cerró en tres ocasiones. Los partidos políticos pasaron por dos
períodos de rearreglo –en 1965-1966 y en 1980–. Así pues, el fin del régimen militar
en Brasil no ocurrió a través de una «ruptura», como en Argentina, Chile o Uruguay.
Por esta razón, según O’Donnell (1991) Brasil, con el final del gobierno militar, no
volvió a instalar el sistema democrático anterior como, por ejemplo, pasó en Argentina.
A pesar de estos cambios en las «reglas de juego» político, el régimen militar no
alteró el funcionamiento de la justicia electoral y no afectó su legitimidad. La principal
razón fue que los militares querían mantener las elecciones ordinarias cada cuatro años
para el Congreso nacional y las asambleas estatales para demostrar la legitimidad del
régimen establecido.
Cuando el partido de la oposición Movimento Democrático Brasileiro (MDB) sufrió
una dura derrota en las elecciones de 1970, la Cámara de Diputados se redujo del 32,5%
en 1967 al 27,7% en 1971; algunos dirigentes del MDB hablaban de «autodisolución».
Pero en 1974, el MDB eligió al 44% de los diputados federales y 16 de los 22 escaños
para el Senado (Fleischer, 1995).
En el contexto de la estrategia del régimen militar de un proceso político «lento,
gradual y seguro» de transición a la democracia, se decidió la realización de las primeras
elecciones directas para gobernadores desde 1965, que serían celebradas en noviembre de 1982. Como parte de esta estrategia, el Congreso aprobó una amnistía de «doble
vía» en agosto de 1979 y los políticos exiliados regresaron a Brasil. Uno de los más detestados por los militares fue Leonel Brizola –un líder político muy radical antes de 1964–.
En 1980, el Congreso aprobó la extinción del sistema bipartidista, con la desaparición de los partidos ARENA y MDB, y el surgimiento de seis nuevos partidos. En una
decisión controvertida, el TSE impidió que Brizola se apoderara de la antigua leyenda
«PTB» (Partido Trabalhista Brasileiro) y asignó el PTB a Ivete Vargas, sobrina de Getúlio
Vargas. Luego, Brizola creó el Partido Democrático Trabalhista (PDT) en la controvertida elección para gobernador del estado de Río de Janeiro en 1982. El régimen militar
influyó en cierta manera en esta decisión tomada por el TSE, por temer el retorno de
Brizola a la política nacional y la propagación del mito de que el PTB era una «sigla mágica» que sobrevivió a la dictadura. De hecho, en marzo de 1984, cuando fue rechazada
la enmienda constitucional de las «¡Directa ya!», las encuestas de opinión mostraron
que si hubiese habido elecciones directas para presidente en ese año, Brizola las habría
En esa elección, el TSE trató de inducir a los TRE (en los estados) a utilizar la Oficina
Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO) para organizar e informatizar los resultados de las elecciones. Sin embargo, algunos TRE, incluso en el estado de Río de Janeiro,
decidieron contratar los servicios de empresas privadas para ejecutar este servicio. El
TRE-RJ contrató el Proconsult-Racimec que ya estaba infiltrado por personas vinculadas al SNI (Servicio Nacional de Información).
Éstos prepararon un programa que traducía los votos de Brizola en votos nulos o
blancos. Sin embargo, debido a la incompetencia de Proconsult a lo largo de la totalización de los primeros resultados parciales, el número de votos nulos disminuyó. Este
resultado llamó la atención de políticos, periodistas y analistas y el TSE se vio obligado
a intervenir. La policía federal fue llamada y la totalización de los votos fue encargada
al SERPRO. Brizola, al final, ganó esta elección con el 34,2% de los votos (Egypto, 2004).
En las elecciones directas para 23 gobiernos estatales en 1982, la oposición ganó 10 puestos (nueve por el PMDB y uno por el PDT). Para la Cámara de Diputados, el nuevo partido de apoyo del gobierno militar (PDS), finalmente, perdió la mayoría absoluta y se
vio obligado a articular una coalición con el PTB para la mayoría.
La informatización del proceso electoral fue gradual. Inicialmente se dio la digitalización de los datos por urnas y zonas electorales, que pasaron a ser totalizados por
programas de ordenador. Este proceso tuvo problemas en dos ocasiones en el estado
de Río de Janeiro: 1) en 1982 (el caso Proconsult, descrito anteriormente), y 2) en 1994
con la representación proporcional, que fue cuando una «banda» sobornó a digitadores para cambiar los subtotales (en el mismo partido) para promover a algunos candidatos. Por lo tanto, la justicia electoral se vio obligada a repetir las elecciones
proporcionales en la segunda vuelta de éstas. Debido a tales problemas, el TSE decidió
utilizar las urnas electrónicas en las elecciones de 1996 y 1998.
El acto final del último mandato de los cinco presidentes militares, el general João
Batista Figueiredo, el 15 de marzo de 1985, fue la elección de un presidente civil en un
colegio electoral, celebrada el 15 de enero de ese año. En principio, el PDS tendría una
mayoría en la nueva composición del colegio –361 votos de los 686 en total–. Era
una mayoría acomodada, en vista de la norma de «fidelidad partidista», aprobada por
el gobierno militar, donde la «infidelidad» era castigada con la pérdida del mandato.
Sin embargo, el 6 de noviembre de 1984, el TSE divulgó que la norma de fidelidad partidista no se aplicaba al colegio electoral, sino que era aplicable solamente a las cámaras legislativas (Sadek, 1995: 41-44). Esta interpretación abrió camino a un alto nivel
de infidelidad partidista entre 168 representantes del PDS, y permitió que el candidato del PMDB, Tancredo Neves, ganara a Paulo Maluf, del PDS –480 votos frente a 180
(O Estado de São Paulo, 16 de enero de 1985: 22-23)–. La justicia electoral tuvo un
papel muy importante en la promoción de la legitimidad del sistema electoral y de la
credibilidad de los resultados durante la «apertura política» de 1974-1985.
La justicia electoral desempeñó un papel clave en la transición a la democracia. Fue el
autor mudo, pero decisivo, como garante de la fiabilidad de los resultados de las elecciones. Sin una institución de ese tipo, difícilmente habría confianza en la competencia,
aún más teniendo en cuenta las restricciones políticas legales de la época. El camino hacia
la normalidad democrática habría sido mucho más tortuoso, por decir lo menos, sin el
respeto a los resultados de las urnas (Sadek, 1995: 41).
El TSE ha tenido éxito en esta función durante la fase final de la transición política, ya que su legitimidad es aceptada por todos los partidos políticos y también por los
militares. Un muy buen ejemplo de esto es la decisión del TSE en noviembre de 1984,
cuando afirma que la Ley de Fidelidad Partidista no se aplicaría en el colegio electoral
de 15 de enero de 1985.
VI. LA REDEMOCRATIZACIÓN
Con la muerte de Tancredo Neves, el vicepresidente José Sarney se convirtió en
presidente de Brasil hasta que fuera realizada la primera elección directa para la presidencia el 15 de noviembre de 1989. En las elecciones generales, en el año 1986, el
PMDB eligió todos los gobernadores (menos uno) y tenía mayoría absoluta en el Senado
y en la Cámara de Diputados. En aquel año, el TSE realizó una tarea considerada como
«misión imposible» por muchos –registrar nuevamente todo el electorado nacional para
informatizar el sistema y emitir carnés de elector informatizados, con los datos personales de cada votante y un código de barras para facilitar la identificación–. Con este
banco de datos informatizado, el TSE eliminó los carnés duplicados y los «electores
fantasmas» que no se habían presentado para el registro. Sin duda, este procedimiento fue un avance que aumentó todavía más su legitimidad ante la población brasileña.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) (1987-1988) elaboró una nueva Carta
Magna para Brasil, pero mantuvo la estructura, funcionamiento y función de gerente
de las elecciones de la justicia electoral. Sin embargo, la ANC cambió algunas reglas electorales –redujo la edad electoral de 18 para 16 años, estableció una elección en segunda vuelta para elecciones mayoritarias en que no sea alcanzada la mayoría absoluta de
votos en la primera vuelta– para presidente, gobernador y alcaldes en ciudades con más
de 200.000 electores.
La primera elección directa para presidente desde el año 1960 fue realizada el 15
de noviembre de 1989 –una elección «soltera» cuando todavía se utilizaban papeletas–.
A finales de octubre, el candidato de un «micropartido», Partido Municipalista Brasileiro
(PMB), un notable personaje de la prensa, asumió su candidatura (Silvio Santos –el dueño de una gran red de tele en Brasil–). Su popularidad y reconocimiento entre los electores ya era muy grande y en pocos días su posición en las encuestas de opinión empezó
a molestar a los candidatos de la oposición –Fernando Collor de Mello (PRN), Lionel
Brizola (PDT) y Luiz Inácio Lula da Silva (PT)–. Enseguida, el 9 de noviembre, el TSE
impugnó la candidatura de Silvio Santos bajo dos argumentos: 1) él no se había alejado de la dirección de SBT cuatro meses antes de la disputa electoral como mandaba la
ley; y 2) el registro provisorio del PMB ya había caducado el 15 de octubre de 1989 (Sadek,
1995: 48-53). Esta decisión reforzó la legitimidad del TSE como gestor imparcial de esta
importante elección.
En las elecciones de 1994, la legitimidad de la justicia electoral enfrentó dos nuevos desafíos. En Río de Janeiro, una banda elaboró un esquema para sobornar a un
grupo de digitadores que trabajaban en el proceso de recuento de los votos en la elección proporcional. En el momento de registrar los resultados de una urna, el digitador simplemente cambiaba el destinatario del voto para favorecer a los candidatos
participantes del golpe y así, cuando se conferían los totales horizontales y verticales
del mapa electoral, el «error» no era detectado. La policía federal descubrió el esquema y arrestó a los culpables. Pero, para dirimir cualquier duda, el TSE mandó realizar
nuevamente la elección proporcional (para diputado federal y estatal), junto con la
segunda vuelta para gobernador en este estado.
En la elección para el Senado en Paraíba, el presidente del Senado de la época,
Humberto Lucena (PMDB), había encomendado al Centro Grafico del Senado 900.000
calendarios con su foto y nombre del partido para distribuir durante la campaña, lo
que es una clara violación de la ley electoral. Antes de la elección su candidatura fue
impugnada por el TRE-PB, la decisión fue homologada por el TSE y confirmada por el
STF. Pero, como el PMDB no tuvo tiempo hábil para cambiar su candidato, Lucena se
«reeligió» en noviembre de 1994.
Antes de que los electos asumiesen sus cargos, el 1 de febrero de 1995, en una sesión
extraordinaria, el Congreso aprobó una «amnistía retroactiva» para estos casos (ya que
algunos otros senadores y diputados habían hecho la misma cosa con el Centro Gráfico
del Senado). La amnistía estaba simplemente condicionada a que los infractores resarciesen al Senado por los costes de papel y tinta por la confección del material de propaganda electoral. La justicia electoral y el STF no reaccionaron pues prefirieron no
provocar al Legislativo2, pero podrían haberla declarado inconstitucional.
En las elecciones municipales de 1996, la justicia electoral experimentó el uso de
urnas electrónicas en 50 ciudades (abarcando un total de 33 millones de electores). La
máquina era de fabricación nacional y usaba un teclado igual al de los teléfonos modernos con una pequeña pantalla en colores, donde los electores simplemente tenían que
teclear el código de identificación de su candidato. La foto, el nombre y la sigla del partido aparecían en la pantalla y, si estaba de acuerdo, el elector pinchaba la tecla «confirmar» para registrar su voto.
La votación de cada sesión electoral era grabada en un disquete que facilitaba la
totalización y el recuento total de los votos, así como la transmisión de los datos al respectivo TRE estatal. Este proceso eliminó el conteo manual de las papeletas y la digitación de los totales (que ocasionó el caso de corrupción en Río de Janeiro).
Esta experiencia fue aprobada y la justicia electoral decidió utilizar las urnas electrónicas en las principales ciudades en las elecciones generales de 1998 –afectando
al 57,6% de los 106 millones de electores en aquel año–. Por otro lado, aún en 1997,
el Congreso modificó la legislación electoral para que el voto en blanco en las elecciones proporcionales no fuera considerado más como un voto válido para los efectos de
cálculo del coeficiente electoral en cada estado. Los diputados pensaron que eso representaría la reducción del coeficiente electoral, lo que facilitaría su reelección en el año
1998 (Silva, 2002).
En las elecciones de 1990 hubo un gran número de votos blancos en las elecciones proporcionales pues el elector simplemente votaba en los cargos mayoritarios
(gobernador y/o senador) y dejaba en blanco la parte de los otros cargos en la papeleta. En un intento de corregir esta situación, para las elecciones de 1994 el Congreso
modificó la legislación electoral para tener dos papeletas de colores diferentes. En el
momento de votar, el elector recibía la papeleta para votar para la elección proporcional. Después de que rellenaba ésta y la colocaba en la urna, recibía la papeleta de
2. Tanto el TRE-Paraíba como el TSE aplicaron la Ley Electoral para purgar la candidatura de
Humberto Lucena –decisión sancionada por el STF–.
la elección mayoritaria (presidente, gobernador y senador). Aun así, el número de votos
en blanco para la elección proporcional permaneció muy alto.
En las elecciones generales de 1998, el TSE utilizó las urnas electrónicas exclusivamente en cinco unidades de la federación –Río de Janeiro, Alagoas, Amapá, Roraima
y en el Distrito Federal–. En comparación con los datos de las elecciones proporcionales de 1994, el número de votos en blanco disminuyó mucho más en estos estados
comparados con los demás. Por ejemplo, en el caso de Río de Janeiro hubo un 58,08%
menos de votos en blanco.
Los electores no sabían cómo votar en blanco o anular el voto en la urna electrónica porque en la publicidad realizada por la justicia electoral no se enseñaba cómo
hacerlo, sino que sólo indicaba cómo votar para los candidatos (voto válido). Así, el
número de votos válidos aumentó casi un 33% entre 1994 y 1998 en Río de Janeiro, y
un 37,5% en Brasilia.
Sin embargo, el PDT de Leonel Brizola todavía tenía dudas sobre la legitimidad y
confiabilidad de las urnas electrónicas y logró que el Congreso aprobase un nuevo «experimento» en la votación de 2002. La justicia electoral fue obligada a instalar una impresora en el 10% de las urnas para que el elector pudiera verificar si su voto había sido
registrado correctamente. Así, la confianza del proceso fue totalmente comprobada y
el uso de las impresoras fue eliminado en la elección siguiente (2004).
A partir del año 2002, el TSE empezó una fase de «judicialización de la política»
que alteró las reglas y prácticas electorales. Lo que, en principio, debería ser prerrogativa del Congreso nacional –legislar sobre las alteraciones en las reglas electorales–
pasó a ser ejecutado por la justicia electoral. El 26 de febrero del 2002, respondiendo
a una «consulta» del diputado Miro Teixeira (PDT-RJ), el TSE emitió la Resolución 21.002,
que impuso la «verticalización» de las coaliciones de partidos para las elecciones presidenciales y proporcionales de ese año. Esta resolución hizo que las coaliciones presidenciales y las proporcionales tuvieran «simetría», es decir, un partido que participaba
en una coalición presidencial no podría integrar coaliciones diferentes a nivel estatal.
Es decir, las coaliciones presidenciales deberían ser repetidas en las 27 elecciones estatales (Fleischer, 2007).
Además de «usurpar» la función legislativa del Congreso nacional, el TSE no respetó la norma presente en el artículo 16 de la Constitución de 1988, que expresa que
no se pueden alterar las reglas electorales con menos de un año de antelación de la
respectiva votación. La elección estaba marcada para el 6 de octubre del 2002, así que
todos los cambios de reglas para esa elección deberían haber sido establecidos antes
del 30 de septiembre del 2001. Entonces, el TSE violó este «decurso de plazo» del artículo 16 porque impuso la «verticalización» seis meses antes de la referida elección
(Rabat, 2002).
El TSE contestó esta crítica con la afirmación de que no «legisló», no creó nada nuevo, apenas «interpretó» la legislación vigente en respuesta a la consulta del diputado.
La racionalización del TSE operó en el sentido de inhibir la formación de «coaliciones
excéntricas» en los estados, como la «confusión» de coaliciones en las elecciones de
1994 y 1998.
Para los expertos en derecho constitucional, dicha «judicialización de la política»
ocurre cuando el Legislativo no consigue (o no quiere) legislar, generando vacíos en las
normas, y el Poder Judicial (en este caso, el TSE) decide entonces imponer ciertas normas para llenar estos espacios. Esta práctica fue una novedad adoptada a partir del 2002,
con un judiciario más «proactivo» (el STF también empezó la misma práctica en este
período). Ésta fue, en cierta medida, emprendida por el ministro Nelson Jobim, el presidente del STF de la época. Jobim ya había sido diputado federal por el PMDB (19871995) y ministro de Justicia del presidente Fernando Henrique Cardoso, que le nombró
para este cargo en 1997.
Siendo así, en el año 2002, fueron articuladas cuatro coaliciones presidenciales:
Lula (PT-PL-PCDOB-PMN-PCB); Serra (PSDB-PMDB); Ciro Gomes (PPS-PDT-PTB) y Garotinho
(PSB-PGT-PTC). Con la verticalización en las elecciones proporcionales, el PT no podría
hacer coalición con PMDB, PDT, PTB o PSB, y el PPS no podría hacer una coalición con
PCDOB, PSDB o PSB, por ejemplo. Los partidos que no participaran de ninguna coalición presidencial, como PPB o PFL, estaban «libres» para integrar cualquier coalición
Conforme era esperado, el Congreso reaccionó de forma «indignada» e intentó aprobar una propuesta de enmienda constitucional (PEC) para modificar la decisión del TSE.
Pero, por la lentitud del Legislativo, la medida sólo fue aprobada en febrero del 2006.
Por lo tanto, el TSE decidió que la enmienda no podría entrar en vigor para las elecciones del 2006, según el artículo 16. Por eso, la norma de la verticalización fue validada para las elecciones del 2006, pero no para las del 2010. En junio del 2008, cuando
faltaban cuatro meses para las elecciones municipales de 6 de octubre, el TSE verticalizó estas elecciones, imponiendo una «simetría» entre las coaliciones de alcalde y las de
El impacto de otra resolución del TSE el 22 de marzo del 2007 fue mucho más fuerte. Contestando a una nueva consulta del PFL (que había perdido seis diputados federales) por «migración partidista» (cambio de partido) desde las elecciones de octubre
de 2006, el TSE decidió que en las elecciones proporcionales (en Brasil son con «lista
abierta») el «mandato pertenece al partido y no al diputado electo». Así, todos los diputados que cambiaron de partido después de elegidos podrían perder su mandato, que
sería asumido por el próximo nombre en la lista del partido o de la coalición.
Una vez más el Congreso intentó revertir esta «judicialización de la política» con
una ley que reglamentaba la fidelidad partidista, pero hasta julio del 2008 no lo había
logrado. Seis meses más tarde, el 6 de octubre del 2007, el STF homologó esta decisión del TSE con una pequeña modificación, el concepto de «fidelidad partidista» sólo
entraría en vigor después de la decisión del TSE del 22 de marzo del 2007. Quien cambió de partido antes de esta fecha estaba libre de la punición de pérdida del mandato.
La decisión fue ampliada también para los concejales en las cámaras municipales. Sin
embargo, el partido que perdió un diputado «migrante» tendría que abrir un proceso
formal ante el TSE para intentar recuperar el mandato perdido, y el diputado tendría la
oportunidad de defenderse, con derecho a apelar al STF, si fuera el caso. Hasta julio del
2008 ningún diputado había perdido su mandato definitivamente.
La adopción de las urnas electrónicas en los años 1998 y 2000 fue una importante innovación para consolidar el proceso electoral en Brasil, reducir los fraudes y tornar más rápido el recuento de los votos. En el 2008, el TSE utilizó otro «experimento»
para perfeccionar la identificación del elector. En tres municipios medianos (en Santa
Catarina, Rondonia y Mato Grosso do Sul) el TSE realizó la actualización del registro
de todos los electores para confeccionar un nuevo carné de elector, para una mejor y
más fiable identificación. Además de los datos básicos de estos 41.921 electores, el nuevo registro va a tener una foto digital y los datos biométricos –incluso sus impresiones
digitales–. Si este ensayo es aprobado, los 135 millones de electores serán registrados
otra vez por este sistema antes de las elecciones de 2010 –una tarea mayor y más compleja que la realizada en 1986 (Vaz, 2008)–.
El presupuesto de la justicia electoral es aprobado por el Congreso nacional cada
año, dentro del presupuesto general del Poder Judicial. Por esta razón, el TSE usualmente no ha tenido problemas en aprobar su presupuesto. Pero, para una mayor «austeridad fiscal», el cronograma de construcción del nuevo edificio del TSE en el año 2008
fue retrasado.
El prestigio alcanzado por la justicia electoral puede ser comprobado por las
encuestas de opinión pública de IBOPE y AMB. Entre 1999 y 2005, el IBOPE preguntó a
los entrevistados si «confiaban en el Poder Judicial». En 1999, apenas el 37% contestaron «confiar», pero a partir del 2003, una mayoría absoluta contestó que tenía
confianza en éste.
TABLA II. CONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL
Se confía
Fuente: Encuestas de opinión realizadas por el IBOPE.
En el año 2007, la Asociación de los Magistrados Brasileños (AMB) contrató una
encuesta de la empresa Opinião Consultoria, donde el Tribunal de Pequeñas Causas
sacó la mejor evaluación (78% de confiabilidad). Sin embargo, los «jueces» y la «justicia» tuvieron las peores evaluaciones –45,5% y 41,8%, respectivamente–. Pese a esto,
un 52,7% afirmaban confiar en el Supremo Tribunal Federal –STF–.
Finalmente, esta evaluación de la AMB comparó cuatro tribunales para saber en cuál
de ellos la población confiaba más. Nuevamente, el Tribunal de Pequeñas Causas mereció mayor confianza (23,6%), como muestra la Tabla IV, y apenas un 10,6% citó la «justicia electoral». Este resultado puede reflejar el hecho de que la población tiene más
contactos cotidianos con el Tribunal de Pequeñas Causas, y tiene más conocimiento
del STF y de la justicia del trabajo, en comparación con la justicia electoral.
TABLA III. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES: PRENSA, GOBIERNO Y JUSTICIA
Tribunal de Pequeñas Causas
Justicia (Poder Judicial)
Alcaldía/Gobierno Local
No supo evaluar
Fuente: Encuesta de opinión realizada por la Opinião Consultoria para la Asociación de
los Magistrados Brasileños (AMB) en agosto de 2007, con una muestra de 2.011 personas
y un 2,2% de margen de error.
En noviembre del 2008, el Instituto Nexus realizó una encuesta de opinión entre
dos mil electores que demostró que el 73% de ellos confían total o parcialmente en el
organismo responsable de organizar y fiscalizar las elecciones (el TSE), seguido de la policía federal (67%), del gobierno federal (65%) y del ministerio público y el Poder Judicial
(64%). En el año 2005, durante la crisis del Mensalão, el nivel de confianza en la justicia electoral fue de apenas el 55%.
TABLA IV. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES: TRIBUNAL EN EL QUE MÁS SE FÍA
Se confía más
Fuente: Encuesta de opinión pública realizada por la Opinião Consultoria para la Asociación
de los Magistrados Brasileños (AMB) en agosto de 2007, con una muestra de 2.011 personas y un 2,2% de margen de error.
Descontentos con las constantes intervenciones del Poder Judicial por asumir las
prerrogativas legislativas del Congreso nacional, los diputados están preparando algunas enmiendas constitucionales para «vengarse» del Poder Judicial y frenar esta interferencia. Algunas de estas medidas son: 1) fijar los mandatos de jueces del STF en once
años; 2) restringir la «judicialización de la política»; 3) fijar un plazo de ocho meses
para que la justicia electoral juzgue las acciones que involucran elecciones de políticos.
La gestión electoral en Brasil, impulsada por el TSE, ha demostrado una creciente
legitimidad a partir del año 1946 con la reducción de la tutela sobre los votantes por
las élites políticas y económicas; la introducción de la papeleta única; las sucesivas actualizaciones en el registro de votantes; la informatización de los registros de los electores; y el uso de urnas electrónicas. En este sentido, fue vital la retirada de los partidos
políticos de la escena del sistema de gestión de los resultados de las elecciones, con la
extinción de la Comisión Verificadora de Poderes.
Además, tanto en las décadas de 1950 como en 1990, los «perdedores» no han cuestionado la legitimidad del sistema electoral y de su organismo de gestión (TSE). En ambos
casos, el partido de la oposición siguió en la competencia hasta lograr llegar al poder
–la UDN en el año 1960 y el PT en el año 2002–. Durante este período, la gestión del
proceso electoral no ha sido seriamente cuestionada. Se entiende que la estabilidad institucional se debe a su asignación dentro del Poder Judicial, lo que le garantiza la independencia, autonomía y continuidad. Incluso los gobiernos militares mantuvieron el TSE
funcionando con relativa autonomía. Este factor ha permitido que el administrador de
elecciones en Brasil (TSE) ejerciera un papel muy importante en la consolidación de la
democracia y en las transiciones políticas; salir de la dictadura del Estado Novo en 1945
y a lo largo de la «apertura política» al final del gobierno militar (1974 -1985). Otro
aspecto que debe ser subrayado como un componente favorable a la legitimidad de la
justicia electoral son los avances tecnológicos que se han logrado, por ejemplo, con el
desarrollo y el uso de urnas electrónicas.
Sin embargo, se observó que el TSE ensayó una «judicialización de la política» entre
los años 2002 y 2008. El movimiento de reinterpretación de viejas leyes ha causado
mucha controversia en el ámbito político, arriesgando la buena reputación que posee
el TSE en el escenario político brasileño. Este nuevo tipo de actuación es el resultado
del cuestionamiento de normas electorales, falta de consenso político sobre las reformas y la disposición personal de los magistrados del TSE para responder a las demandas de cambio. El TSE se siente alentado por el apoyo recibido de la sociedad, pero sus
acciones han creado inestabilidad y contradicen a algunos actores políticos importantes, haciendo dudar sobre el consenso y el futuro papel de la justicia electoral de Brasil.
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Abogados que laboran en el Tribunal Superior Electoral (TSE) recibieron... participación en un diplomado sobre Derecho Electoral impartido en la...
El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Dr. Mariano Rodríguez... compromiso de la alta corte con los principios democráticos de...
TSE ), acogiéndose a los índices de inflación establecidos por el...

References: artículo 118
 resolución 
 Resolución 
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 artículo 16
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