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Timestamp: 2019-06-26 00:02:35+00:00

Document:
Hábeas corpus por deficiencias en el pabellón en el cual se encuentra detenido el imputado – AL DÍA | ARGENTINA
Hábeas corpus por deficiencias en el pabellón en el cual se encuentra detenido el imputado
Ed. Microjuris.com Argentina	en 26 diciembre 2016
Partes: N. N. s/ legajo de casación – recurso queja Nº 1 – s/ habeas corpus
Cita: MJ-JU-M-101359-AR | MJJ101359 | MJJ101359
1.-Corresponde revocar la sentencia que rechazó el hábeas corpus deducido por una persona privada de su libertad que denuncia deficiencias que presenta el pabellón en el cual se encuentra alojada, ya que no está controvertida la existencia de todos los problemas edilicios y de condiciones mínimas de habitabilidad que fueran planteados y el informe de la Procuración Penitenciaria, en el marco del monitoreo del cumplimiento del Protocolo para la implementación del resguardo de personas en situación de especial vulnerabilidad , verifica que la situación en la unidad carcelaria a la fecha es prácticamente idéntica a aquella que motivara la interposición del remedio constitucional (del voto de la Dra. Figueroa por sus fundamentos -mayoría-).
2.-El habeas corpus puede ser deducido en forma colectiva, siendo que de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación surge que el art. 5 de la Ley 23.098, establece que la acción de habeas corpus puede ser interpuesta por cualquier persona en favor del afectado,y no sólo el titular del derecho, y que el art. 43 de la CN. establece que en los derechos de incidencia colectiva la acción puede ser deducida por el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines (del voto del Dr. Hornos por sus fundamentos -mayoría-).
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 20 días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la doctora Ana María Figueroa como Presidenta y los doctores Mariano H. Borinsky y Gustavo M. Hornos como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial en esta causa nº FSM 66671/2014/1/1/CFC1, caratulada: “N.N. p/a determinar”, de cuyas constancias RESULTA:
1º) Que la Sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmó la decisión del titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de dicha jurisdicción, por la que se había rechazado la acción de habeas corpus interpuesta por Jonathan Marcelo Rivero (fs. 287/290 vta.) 2º) A fs. 292/297 vta., la Defensora Pública Coadyuvante ante los Tribunales de Primera y Segunda Instancia de San Martín, Dra. Laura A. Schaposkin, interpuso recurso de casación, que fue rechazado formalmente por la cámara interviniente (fs. 299/301), lo que motivó a la impugnante a deducir queja (fs. 31/41 del legajo respectivo), presentación a la que adhirió la Procuración Penitenciaria de la Nación (fs. 42/49) y que fue admitida por este Tribunal, que, en consecuencia, declaró erróneamente denegado el recurso de casación, concediéndolo (fs. 51/51 vta.).
3º) Cumplidas las previsiones del art. 468 del Código Procesal Penal de la Nación, de lo que se dejó debida constancia en autos (fs. 79 del citado legajo), las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.
4º) Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Ana María Figueroa, Gustavo M. Hornos y Mariano H.Borinsky.
La señora jueza, doctora Ana María Figueroa dijo:
1) La acción de habeas corpus que motivara el inicio de estas actuaciones fue presentada el 2 de diciembre de 2014 por Jonathan Marcelo Rivero (en ese entonces, detenido en la Unidad Residencial III, Pabellón 4 del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz) ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de Morón (fs. 2/6).
El nombrado, quien compareció en representación de los restantes integrantes del pabellón en el que se encontraba alojado, detalló diversas deficiencias del referido lugar de detención, tales como mal funcionamiento de las duchas y los baños; falta de agua, iluminación y pintura en las celdas; la carencia de ventiladores, así como de elementos para calentar comidas y bebidas; el estado de los alimentos; y el mal funcionamiento de un televisor “LCD”.
Denunció, asimismo, la falta de implementación del “Protocolo para las personas con resguardo en su integridad física”, y la falta de afectación a la actividad laboral.
2) Corrida la vista al Ministerio Público Fiscal, se dispuso que la causa tramite conforme las previsiones de la ley 23.098 y, a consecuencia de ello, el 12 de diciembre del año antes mencionado se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 14 de dicha ley. A ella, además del accionante y su defensor oficial, concurrieron: Roberto Luján Gómez, Subdirector a cargo de la Dirección de la Unidad Residencial III (en adelante, “UR III”); Diego Daniel Suárez, Jefe de la Sección Servicios Generales y Producción de la referida unidad; y el Asesor Letrado, Dr.José Roberto Paone; todos ellos por el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
En dicho acto, el amparado ratificó su denuncia, y aportó una nueva presentación “donde se puntualizan por sus palabras similares requerimientos a los realizados con anterioridad”.
Se le otorgó luego la palabra al Director de la Unidad Residencial III (Roberto Luján Gómez), quien expresó que “hay cuestiones en las que se puede comprometer a mejorar, pero hay dos puntos que no se pueden comprometer dado que ellos son la Unidad de Ingreso donde permanentemente reciben internos y así también deben salir por requerimientos judiciales, respondiendo también a una acordada de la Cámara, en la cual se ordena que en la Unidad nro. 28 del S.P.F. no puede quedar alojado ningún interno de manera permanente. De seguido señala, que por ello los internos no pueden permanecer ahí, que los mismos toman conocimiento de ello, en el momento donde ingresan al establecimiento penitenciario.
Que en la U.R. III los internos son clasificados y asignados a las distintas unidades residenciales, para así también generar cupo para nuevos internos.”. Refirió, asimismo, que con respecto a los horarios, hay un diagrama en el que se establecen los recreos y todo tipo de actividad, y que cada Unidad Residencial tiene un horario establecido para cada actividad, apreciando que una eventual modificación en los horarios “impactaría en las actividades de las restantes U.R.”.
Expresó además que cada Unidad Residencial tiene su particularidad y, en el caso de la U.R. 3, los pabellones 1 al 4 alojan internos de resguardo de integridad física.En cuanto al recreo de los internos, refirió que cada planta (baja y alta) lo tiene de modo independiente, y en un horario distinto a la otra planta; cada una de las plantas, explicó, “aloja 25 internos y todo depende de cómo se lleven entre sí, ya que, por tratarse de internos de resguardo se toman mayores cuidados”.
Indicó asimismo, que la alimentación de los internos es una cuestión que atañe exclusivamente a la parte administrativa del mismo complejo “sin que la jefatura del módulo tenga alguna injerencia sobre ello”.
Por su parte, el Jefe de la Sección de Servicio General y Producción (Diego Daniel Suárez), señaló – con respecto al mantenimiento edilicio – que éste “se realiza en forma diaria en la totalidad de los pabellones de la unidad residencial de acuerdo a las problemáticas que se vayan presentando día a día. Tanto sea en la parte eléctrica, como de plomería de las celdas.”. Detalló, con relación a ello, que los problemas que se presentan habitualmente en vinculación con la instalación eléctrica ocurren porque “las terminales saltan por un tema de sobrecargas en la mismas celdas”. En cuanto a la pintura, explicó que a medida que se van presentando los pedidos de los internos se les hace entrega de la pintura y elementos para que ellos realicen las tareas dado que en los pabellones se encuentran internos a cargo del mantenimiento de los mismos, por lo que cobran peculio.
En lo referido específicamente al interno Rivero detalló que “se comenzó la solicitud de alta, con fecha 4 de diciembre del año en curso, encontrándose al día de la fecha, el interno de alta, por lo que a partir de la semana entrante se le asignara la correspondiente tarea laboral”, a lo que agregó que “respecto de los demás internos manifiesta que no hay interno que mantenga inconvenientes de este estilo, en cuanto al tema de la solicitud de trabajo”. Asimismo, y en lo atinente a la higiene del pabellón, expuso que el responsable de dicha tarea es “el fajinero del mismo y, que cada celda se encarga de su limpieza el interno”.
En último término, se le otorgó la palabra al Asesor Letrado, Dr. José Roberto Paone, quien puso a disposición del tribunal “las órdenes de trabajo y demás documentación que acredita la labor de mantenimiento llevada en el lugar de alojamiento del amparado.”. (fs. 12/14).
3) Seguidamente, el magistrado actuante dispuso, con sustento en el artículo 15 de la Ley 23.098, la verificación de las condiciones edilicias del referido pabellón, a efectos de establecer el funcionamiento de las instalaciones eléctricas, sanitarias, el mobiliario existente, el estado general del pabellón, la cantidad de celdas y su estado (v. fs. 17/18 y 28).
Para cumplir dicha tarea, se comisionó a la División Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina (Delegación Morón), que contó con la asistencia de la División Arquitectura y Control Técnico y Bancario del Servicio Penitenciario Federal.
Luego, el juez ordenó que las autoridades del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, informen las medidas que se hubiesen adoptado y trabajos de reparación efectuados, comunicación que se hizo extensiva a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal y a la Secretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (fs. 35/6), pedido que debió luego reiterarse parcialmente (fs. 75).
El magistrado dio, asimismo, intervención a la Procuración Penitenciaria de la Nación, que se presentó en el expediente y solicitó ser tenida como parte en el mismo (fs. 40/45). El referido organismo produjo además un informe, que elaborara a partir de la visita que personal del mismo hiciera al Pabellón 4, de la Unidad Residencial 3, del Complejo Penitenciario de Marcos Paz, el 8 de enero de 2015.
En él, por un lado, se hizo referencia a los problemas edilicios que fueran denunciados, acompañándose las respectivas vistas fotográficas, y por otro, se llamó la atención con respecto al régimen de detención de aquellos internos con medida de resguardo.Con relación a esto último, se indica en el informe que la medida de mención debe ser dispuesta en beneficio de los detenidos, en procura de reforzar su protección física y psíquica, lo que en modo alguno puede implicar un agravamiento de las condiciones de detención. No obstante ello – señala el documento – a partir de las entrevistas mantenidas con los internos en ocasión de la visita, el organismo ya mencionado denunció la existencia de “dos problemáticas puntuales” que permitirían afirmar el incumplimiento de las directrices antes referidas.
Puntualmente, el informe hace referencia a “la obstaculización en el acceso a derechos fundamentales tales como trabajo, educación, recreación, y vinculación social y familiar”, y al “régimen de aislamiento vespertino y nocturno en celda individual que padece el grupo de personas alojadas en la planta superior del sector.” (fs. 64/73). La Procuración Penitenciaria efectuó un nuevo informe en julio del año 2015, en el que se a firmó la persistencia de los problemas ya señalados (fs. 126/135).
A partir de las directivas impartidas por el magistrado, a las que se sumaron algunos requerimientos efectuados por la Procuración Penitenciaria, se fueron incorporando las distintas órdenes que documentan las tareas realizadas por las autoridades del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. A su vez, la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, aportó una memoria descriptiva de las obras a realizar, que tramitaban en el expediente CUDAP: EXP-S04:0052666/2014, el cual, al momento de la sentencia de primera instancia (diciembre de 2015) se encontraba en proceso de licitación (v. fs.78/99, 100/121, 150/7). Dispuso entonces el magistrado una nueva inspección, oportunidad en la que se incorporaron copias de órdenes de trabajo, órdenes de suministro, pedidos de materiales y trabajos tercerizados.
Las autoridades del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz informaron además las actividades educativas y laborales de los internos, así como los casos de quienes reciben dietas alimenticias especiales.
En cuanto a lo primero, señalaron que los internos alojados en el Pabellón 4 de dicha unidad penitenciaria “realizan tareas educativas formales que se dictan diariamente en el Nivel Primario a través de la Escuela Primaria de Adultos Nº 704 de la Ciudad de Marcos Paz (.), en el Nivel Secundario mediante el Centro de Estudios de Nivel Secundario Nº 451 (.) y el Centro de Formación Profesional Nº 402”, a lo que agregó que “existe convenio con la Universidad de Buenos Aires, por lo tanto los internos que poseen sus estudios secundarios completos pueden ser inscriptos a diversas carreras de éste Organismo.”. Detalló, asimismo, cuántos internos asistían a cada nivel educativo, a saber:
“Alfabetización, 2 internos, 1er ciclo de la E.P.A., 6 internos; 2do ciclo de la E.P.A., 35 internos; 1er año del C.E.N.S., 2 internos; 2do año del C.E.N.S., 2 internos; Universitario, 1 interno; Formación Profesional, 2 internos” (fs. 218/223). Se agregó, asimismo, el informe producido por el Jefe de la Sección Talleres Productivos, del complejo penitenciario de mención, en el que se detallan los internos que están afectados a tareas laborales y el taller al que asisten, así como aquellos que han solicitado el alta laboral (fs. 221/222). En cuanto, a la alimentación, se presentó el informe agregado a fs.224/226.
4) Al momento de resolver, el juez federal actuante decidió rechazar la acción de amparo, pues entendió que “se carece al día de la fecha, de acto lesivo a hacer cesar en el caso de acogimiento a la acción interpuesta.”.
Explicó el magistrado que la situación que había dado motivo a la acción aquí substanciada, originariamente expuesta por el propio accionante “ha variado a lo largo del trámite del presente, tal como lo documentan las distintas constancias incorporadas, que dan cuenta de los trabajos realizados.”.
Tuvo en cuenta, además, que – conforme lo informado por la Jefatura de Construcciones del Servicio Penitenciario Federal – las obras de readecuación de las instalaciones eléctricas y sanitarias en los sectores de alojamiento de los internos “se encuentra(n) siguiendo los pasos administrativos correspondientes.”. Atento ello, requirió a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, que “informe el tiempo estipulado para finalizar el trámite del expediente en cuestión, y el inicio de las obras señaladas”.
Indicó, asimismo, que debían tenerse especialmente en cuenta las características propias de la “U.R.III”, pues “se trata de un módulo de ingreso, y que el pabellón en cuestión, se utiliza para internos con medidas de resguardo; en ese sentido, tratándose de un lugar de alojamiento transitorio, con medidas de resguardo, la sectorización indicada por las autoridades del penal, no resulta irrazonable.”.
Destacó, finalmente que “el accionante habría recuperado su libertad el pasado 17 de abril; que si bien en el caso, RIVERO aportó un escrito rubricado por otros internos, al carecer de certificación de firmas por parte de alguna autoridad del penal, se desconoce la real voluntad de aquellos; situación que tampoco fue subsanada por la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión de Cárceles, a lo largo del trámite del presente.”. (fs.231/235 vta.).
5) Dicha resolución fue apelada por la apoderada de la Procuración Penitenciaria de la Nación, quien señaló, en primer término, que el cese de la situación de encierro de Riveros, y su regreso al medio libre, no constituía un óbice formal para la prosecución de la acción de habeas corpus.
En segundo lugar, afirmó que la decisión del magistrado federal, en cuanto entendió razonable la “sectorización” dispuesta por las autoridades del penal, “resulta regresiva y contradice el ‘Protocolo para la implementación del Resguardo de Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad'”, pues dicho Protocolo prohíbe medidas que puedan ser interpretadas como una sanción colectiva, y postula que los internos sólo pueden ser mantenidos en sus celdas individuales durante el momento del descanso nocturno y en situaciones puntuales que lo tornen estrictamente necesario (vg., recuentos diarios, requisas en el pabellón). Señaló que, pese a esas directivas, el organismo que representa constató (a través de las entrevistas llevadas a cabo en enero y noviembre de 2015, ya referidas) que “las personas detenidas en la planta superior del pabellón IV son encerradas en sus celdas aproximadamente a las 17 horas hasta las 8 del día siguiente.Esta situación se da todos los días, es permanente y representa un aislamiento injustificado de quince horas diarias, muy superior al destinado al descanso nocturno y/o cualquier procedimiento de rutina.”, a lo que agregó que dicha situación “se ve agravada por la situación de encierro en espacios colectivos al que se lo somete de 8.00 a 17.00 hs; durante esta franja, los amparados son trasladados al sector común del pabellón y se cierra el acceso a sus celdas individuales, impidiéndole su ingreso.”.
En cuanto a la falta de acto lesivo en lo atinente a las condiciones edilicias y de alojamiento afirmada por el magistrado, la apelante alegó que la existencia de los procedimientos licitatorios y demás tareas que se han acreditado en el expediente “suponen un reconocimiento por parte de la autoridad penitenciaria de las irregularidades edilicias detectadas y la necesidad de corregirlas”, lo que “debió haber motivado – indefectiblemente – el acogimiento del habeas corpus y no su desestimación”, a lo que agregó que fundar el rechazo en medidas y tareas para solucionar a futuro las deficiencias denunciadas “configura una violación del derecho a la tutela judicial efectiva del colectivo amparado”, pues dicho derecho “incluye la obligación de adoptar todas las medidas que resulten pertinentes para hacer cesar el acto lesivo y evitar su reiteración futura.”. Atento ello, se sostuvo en la apelación que “aun cuando hipotéticamente se coincida con la posición del a quo de que la reparación de las falencias edilicias están en curso de solución, esta parte entiende que una respuesta adecuada que tienda a garantizar la finalidad propia de la acción intentada – que es la cesación del acto lesivo y la evitación de su reiteración futura – debería haber sido hacer lugar a la acción de habeas corpus, ordenar llevar a cabo el plan de obras sin dilaciones y fiscalizar su cumplimiento.”.
En tal sentido, en su escrito de apelación, la recurrente estimó insuficiente que el Servicio Penitenciario Federal presente planos y proyectos de obra con fecha de inicio (fs.245/252).
A dicho recurso adhirió el titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales de San Martín (fs. 282/285).
6) La Sala II de la Cámara Federal de San Martín rechazó el recurso.
Previo al tratamiento del mismo, dicho tribunal advirtió “que el juzgado interviniente imprimió un trámite a estas actuaciones que no resultaría compatible con la acción de habeas corpus, que constituye un proceso abreviado que tiene por finalidad analizar la situación conforme a los supuestos previstos por el Art. 3° de la ley 23.098 y que exige proceder y resolver con la urgencia del caso. En el sub-examine, luego de realizada la audiencia, se ordenaron y colectaron medidas probatorias en un lapso de tiempo que excedió el previsto para una acción sumaria como la presente.”.
Afirmado lo precedente, sostuvieron los jueces de instancia previa que la “petición no tendría virtualidad actualmente”, pues el accionante Riveros había recuperado su libertad y, por otra parte, algunos de los internos que acompañaron al nombrado en su presentación no se encuentran identificados, pues en el escrito sólo constan sus firmas.
Expresó además la cámara actuante que, más allá de los aspectos formales referidos, “no se verificarían los motivos alegados de agravamiento en las condiciones de detención.Ello así, conforme a los trabajos efectuados y a realizar en el lugar de alojamiento, en relación a las instalaciones eléctricas y sanitarias, pintura, plomería, herrería, cerraduras, provisión de anafes eléctricos, ventanas, red cloacal y desagüe, reparación de celdas, suministro de televisores, ventiladores, freezers, camas cuchetas, colchones, microondas y teléfonos, trabajos de pavimentación interna, para la extracción de agua potable y en la planta de tratamiento de residuos (fs.78/79, 80, 91/99, 108/121, 125, 148/156 y 158/212).”.
Destacó también que se había acreditado la realización de actividades educativas, recreativas y deportivas de los internos, la incorporación a los distintos talleres de trabajo y el suministro de la alimentación, con las distintas dietas.
Puntualizó asimismo que “el pabellón en cuestión aloja internos con medidas de resguardo de integridad física, adoptándose la sectorización y horarios para las distintas actividades correspondientes”.
Conforme los argumentos referidos, el tribunal a quo concluyó e n que “los aspectos reclamados han sido atendidos en forma adecuada a las particularidades del caso”, pero, no obstante ello, dispuso que el juez interviniente proceda “al efectivo control del cumplimiento de las medidas dispuestas en la unidad penitenciaria en cuestión” (fs.
287/289 vta.).
1) En el recurso de casación interpuesto, la defensora pública coadyuvante afirmó que en autos no se ha dado respuesta a los reclamos de los denunciantes y, por ende, se ha “convalidado el trato deshumanizado por parte del servicio penitenciario para con los detenidos”. Al respecto, señaló que el magistrado actuante debió haber efectuado una inspección ocular en las instalaciones “a fin de determinar si efectivamente se habían subsanado las violaciones advertidas”, a la vez que “la constitución in situ de funcionarios judiciales hubiese permitido que se consulte a detenidos elegidos al azar, y sin la presencia del personal penitenciario, respecto de las condiciones de detención, garantizando de esta forma la transparencia y la ausencia de presiones de los detenidos que iban a prestar su testimonio.” (fs.292/297 vta.).
2) Conforme se reseñara, el tribunal a quo rechazó formalmente el recurso de casación, lo que motivó la interposición de la respectiva queja, que fue admitida por este Tribunal.
A esa presentación directa (y al respectivo recurso de casación) había adherido – como ya se reseñó – la Procuración Penitenciaria de la Nación, organismo que señaló que las obras de refacción ordenadas o bien no sirvieron para el fin que fueron dispuestas, o bien no ocurrieron (cfr. fs. 46), y criticó el análisis que al respecto hizo el tribunal a quo, pues “se eligió el informe del denunciado, sin más, y se omitió considerar los informes de fecha 15 de diciembre de 2015 y 23 de febrero de 2016, de un organismo público de control, lo que implica una fundamentación también aparente y arbitraria. Ello se desprende de la falta de valoración respecto de los medios de prueba referidos de los cuales el a quo no se expidió ni tomó como hechos del caso; no trataron los informes presentados por este organismo, en donde tomamos contacto real y verídico con las situaciones denunciadas, que de haberlo hecho cambiaría el resultado de la presente acción.” (ídem).
3) Citadas las partes a la audiencia que prevé el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, éstas optaron por acompañar breves notas.
Así, se presentó el Defensor Público Oficial ante esta Cámara, Dr. Santiago García Berro, quien mantuvo los agravios expuestos por la señora Defensora Pública Coadyuvante, y agregó algunas consideraciones.
En tal sentido, afirmó que la resolución recurrida “no satisface mínimamente el requisito de fundamentación dispuesto en el art.123 del CPPN, extremo que habilita su declaración de nulidad.”. Respecto de ello, hizo referencia a las entrevistas que mantuvo la Procuración Penitenciaria con los internos denunciantes, las que – según su criterio – han permitido constatar que las condiciones de detención de los afectados no cumplen con lo establecido por el Protocolo de Resguardo de Personas en situación de vulnerabilidad.
Agregó que “es ostensible que la denegatoria es meramente aparente, en la medida en que no trata los motivos expuestos por mis ahora defendidos en su presentación ante el Juzgado Federal n°3 de Morón, como así tampoco la prueba aportada por la Procuración Penitenciaria en el informe agregado el 15 de diciembre de 2015, donde consta que la situación edilicia y la grave vulneración de derechos en los que se cumple la privación de libertad continúa vigente.” (fs. 55/58 vta. del legajo de queja).
Se presentó, asimismo, la Procuración Penitenciaria de la Nación (fs. 59/78 vta.), e insistió con el incumplimiento del “Protocolo para la implementación del resguardo de personas en situación de especial vulnerabilidad”. Para fundar su alegación, acompañó un nuevo informe, realizado en el Complejo Penitenciario Federal II el 16 de junio de 2016 en el marco del monitoreo periódico que dicho organismo efectúa para controlar el cumplimiento del referido Protocolo, adicionado en la audiencia del 22/06/2016.
En el mencionado informe, se indica que “todos los entrevistados, independientemente de la planta a la que pertenecían, confirmaron que continúa el régimen de sectorización que se aplica sobre la planta alta hacia el horario nocturno” (.) “todos los alojados describieron el mismo régimen de pabellón:por la mañana el recuento y apertura de celdas se realiza entre las 8 y las 8.30, momento en el cual todos los alojados -cincuenta- salen juntos al SUM del pabellón hasta las 17 horas momento en el que se produce el recuento vespertino, por lo cual todos los alojados -a excepción de los fajineros que son 6 aproximadamente- son encerrados en sus celdas; luego de este recuento, quienes se alojan en la planta alta -veinticinco personas- no vuelven a salir hasta el recuento matutino al otro día, siendo sometidos a un encierro en celda individual de 15 horas diarias” (fs. 59 vta.).
Con relación a las tareas laborales, educativas y de recreación, advierte la Procuración que la mayoría de los entrevistados “mencionó no asistir a educación, puesto que el personal de dicha área aún no lo había entrevistado a pesar de haberlo requerido”, y aclaró que quienes sí asistían “lo hacían entre tres a cinco veces por semana durante dos o tres horas dependiendo del nivel de cursada”. En lo que respecta al trabajo, refirió que “solo uno trabaja en mantenimiento de lunes a viernes hasta las 17 horas. El resto de los entrevistados mencionaron haberlo solicitado sin respuestas por parte de la administración penitenciaria hasta el día de la fecha”. Las actividades recreativas – dijo – fueron en general vinculadas por los entrevistados con “las salidas al patio del pabellón o al campo de deportes donde realizan fútbol”, pero “ninguno mencionó realizar ningún taller recreativo” (fs. 60).
En lo referido a las condiciones de habitabilidad, indica la Procuración Penitenciaria que las celdas individuales se encuentran en “pésimas condiciones”, puntualizando al respecto los entrevistados que “la calefacción no funcionaba y que sus ventanas no poseían vidrios; situación que resulta alarmante dadas las bajas temperaturas, propias del período invernal.Además algunos señalaron que en sus alojamientos individuales no poseían agua o que las descargas del inodoro o el lavatorio no funcionaba lo que agrava aún más la situación de quienes se alojan en la planta alta y padecen el encierro intensivo, dado que deben juntar agua en botellas para poder hacer uso del baño durante las horas de aislamiento” (fs. 60/60 vta.).
Luego, en las breves notas propiamente dichas, el Director Legal y Contencioso de la Procuración Penitenciaria, Dr. Carlos Juan Acosta, afirma que “durante el 2015 hemos reconocido como avance la reducción del aislamiento unicelular – en los pabellones exclusivamente destinados al alojamiento de la población con medida de ‘resguardo'”, (.) “No obstante este progreso contrasta con situaciones como las denunciadas en la presente acción, donde vuelve a manifestarse el aislamiento colectivo por uso sectorizado de los espacios comunes del pabellón.” (fs. 75 vta./76).
Refiere, asimismo, que situaciones como las aquí denunciadas demuestran que pese a que el Protocolo está vigente desde hace más de dos años y medio, no se han efectivizado “estrategias de intervención por parte del SPF que permitan gestionar la población ‘resguardada'”, pues – dice – no se han implementado aún “las herramientas tecnológicas previstas en la reglamentación”, a la vez que señala fallas organizativas, en tanto informa que “se tomó conocimiento que la Oficina de Coordinación y Supervisión – bajo la órbita de la Dirección Nacional – no se encuentra en funcionamiento, razón por la cual no existe información centralizada sobre el colectivo ni sobre los principales lineamientos y estrategias penitenciarias desarrolladas durante la aplicación del protocolo.Tal como lo puntualizamos en nuestro informe anual, en el CPF II de Marcos Paz no se ha designado la figura del Funcionario Responsable del Resguardo en la unidad” (ídem).
1) Descriptos y evaluados los antecedentes del caso, y de modo previo al tratamiento del recurso, corresponde efectuar algunas consideraciones preliminares.
En tal sentido, debe decirse que – tal como lo ha señalado el tribunal a quo – durante el trámite en primera instancia, el proceso ha mutado su naturaleza sumarísima, convirtiéndose en uno de carácter ordinario, ello en razón del tiempo que insumieron las medidas de prueba ordenadas por el juez federal interviniente.
Según se advierte a partir del cotejo de las actuaciones, esta mutación pudo haber obedecido a que el juez de primera instancia ha debido atender a una demanda que contiene varios reclamos, de diversa entidad. Así, como se ha visto, dentro de dichas peticiones pueden distinguirse dos grandes grupos: por un lado, están las denuncias vinculadas a las horas que los internos pasan dentro de sus celdas y, como contracara, los recreos que se les otorgan, y la asignación de tareas laborales, educativas y recreativas; por otro, se encuentran todas las cuestiones relativas a las condiciones edilicias de la unidad, encontrándonos aquí con una amplia gama de pedidos, que van desde aquellos relativos a las condiciones más básicas de habitabilidad (vg., suministro de agua, estado de las instalaciones eléctricas y sanitarias) a problemas menores (p.ej., el mal funcionamiento de un televisor).
Estas circunstancias pueden quizá explicar por qué el trámite en primera instancia ha insumido un tiempo que no se condice con la naturaleza que la Constitución Nacional y la Ley 23.098 han otorgado a la acción que ha dado origen a estas actuaciones, que tiene a la celeridad como una de sus notas distintivas.
Ello también lleva a preguntarse si, en este caso particular, no hubiese resultado más prudente dist inguir, entre los reclamos incluidos en la demanda, aquellos que por su naturaleza y gravedad podían fundar la sustanciación de un proceso sumarísimo, de otros que podrían haber sido tratados eficazmente a través de las vías ordinarias.
En vinculación con lo antes señalado, cabe aquí recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar en la causa R. 860 XLIV “Rivera Vaca, Marco Antonio y otros s/habeas corpus” , ha dicho que “con la extensión del procedimiento sumarísimo de habeas corpus a la protección de la dignidad y respeto a la persona, con los que debe cumplirse la privación de libertad, el legislador ha buscado establecer un medio legal adicional, rápido y eficaz, para resguardar el trato digno en las prisiones y para solucionar situaciones injustas que allí se planteen.lo que caracteriza al instituto sub examine es el objetivo de suministrar un recurso expeditivo para la tutela de los derechos comprometidos cuando fuere urgente modificar el agravamiento de las condiciones de detención, y cuando ello no aconteciere por cualquier razón” (Fallos 332:2544 y sus citas).
2) Con relación a lo afirmado por el tribunal a quo en cuanto a que “la petición no tendría virtualidad actualmente”, aserto que fundó en el regreso al medio libre del demandante Jonathan Marcelo Rivero y la “falta de identificación” de los internos que firmaron la presentación inicial junto con el nombrado, debe decirse – en consonancia con lo planteado por las recurrentes – que tal criterio no se condice con aquél que fijara la Corte Suprema federal en el precedente “Rivera Vaca” ut supra citado, pues ello implica “una interpretación restrictiva y desnaturalizadora de las normas que regulan el instituto (artículo 43 de la Constitución Nacional y ley 23.098) al que se ha reconocido como instrumento deducible también en forma colectiva”, pues “debido a la condición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido, puede tener lugar más allá del nomen juris específico de la acción intentada, conforme lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido de que debe tenerse en cuenta, además de la letra de la norma, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad” fundamentos que llevaron al Alto Tribunal a concluir en el precedente de cita, que “la decisión que consideró que los agravios expuestos para dar sustento al planteo habían perdido virtualidad, pues los circunscribió exclusivamente a quienes se hallaban alojados en la dependencia cuestionada al momento de su interposición, otorgó un alcance inadecuado a la tutela” (Fallos 332:2544, ya citado).
3) En lo atinente al fondo del recurso, habré de referirme en primer término a los reclamos vinculados con los problemas edilicios y de habitabilidad denunciados, así como a los relativos a las tareas laborales, educativas y recreativas.
Al respecto, ytal como surge de los antecedentes del caso, resulta, en primer término, que la autoridad requerida ha aceptado – en líneas generales – la existencia de los problemas de referencia, más allá de discrepar con los accionantes en cuanto a la entidad, extensión y grado de los mismos. Dicha aceptación, con las limitaciones señaladas, fue manifestada ya en la audiencia que se llevara a cabo conforme las previsiones del artículo 14 de la Ley 23.098, en la que el Director de la Unidad Residencial III señaló que “hay cuestiones en las que se puede comprometer a mejorar”.
También se ha reseñado que, luego de la audiencia, el magistrado interviniente ordenó una serie de informes y medidas vinculados con los reclamos referidos a fallas estructurales y de mantenimiento, así como también con aquellos relativos a la educación, trabajo y recreación de los internos.
A partir del panorama descripto, puede tomarse como punto inicial de análisis que tanto los magistrados como las partes que intervienen en el presente proceso coinciden en señalar que la autoridad administrativa requerida ha reconocido los serios problemas edilicios y de habitabilidad señalados en la demanda de habeas corpus. Atento ello, puede afirmarse que no se encuentra controvertida en autos la existencia de prácticamente todos los problemas edilicios y de condiciones mínimas de habitabilidad que fueran planteados en la acción originaria.
Fijado ello, lo que corresponde determinar seguidamente es qué sentido y relevancia deben otorgarse a ese reconocimiento de la autoridad administrativa requerida (sumado al compromiso de emprender las tareas y obras necesarias para hacer cesar la afectación de derechos constatada).
Con respecto a tal cuestión, el tribunal a quo y el juez de primera instancia han otorgado a dicha actitud de la autoridad administrativa una importancia y preponderancia tal, al punto de sostenerla como argumento central para afirmar el cese del acto lesivo.Las partes recurrentes, por el contrario, sostienen que dicho reconocimiento y la alegada existencia de procesos licitatorios resulta insuficiente para fundar el rechazo del habeas corpus.
Considero que dicha contienda argumentativa debe resolverse a favor de la defensoría oficial y la Procuración Penitenciaria, pues más allá del inicio de las tareas afirmado por los magistrados de previa actuación, no puede ignorarse que – como contracara – el más reciente informe de la Procuración Penitenciaria, en el marco del monitoreo del cumplimiento del “Protocolo para la implementación del resguardo de personas en situación de especial vulnerabilidad”, verifica que la situación en la unidad carcelaria que aquí nos ocupa es prácticamente idéntica a aquella que motivara la interposición del remedio constitucional en estudio.
Así, se ha constatado que las celdas individuales se encuentran en “pésimas condiciones”, sin calefacción, sin vidrios en algunas de sus ventanas, sin provisión de agua corriente en muchas de ellas, lo que genera ingentes dificultades para el aseo personal y las necesidades fisiológicas.
Por ello, aun aceptando la premisa expuesta en la sentencia recurrida, en cuanto al inicio de las obras, es evidente que en autos no se ha dado la debida relevancia al carácter urgente de dichas tareas, pues, habiendo transcurrido el proceso ya tres instancias a lo largo de más de un año y medio (pese al carácter sumarísimo que debía imprimirle la acción interpuesta) la situación parece ser – como se dijo – prácticamente la misma a la que se denunciara al inicio de la causa.
El panorama descripto demuestra que en el establecimiento penitenciario aquí referido se sigue constatando una conculcación a la regla del artículo 18 de la Constitución Nacional, en cuanto ordena que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.”.
La referida obligación estatal tiene también estatus convencional, pues ha sido receptada por el artículo 5.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que “Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano.”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado y aplicado la regla convencional referida en numerosos precedentes de especial relevancia con respecto a la materia en estudio. A partir de tales fallos, y con relación al caso que aquí nos ocupa, corresponde recordar, en primer término, que el citado tribunal internacional ha remarcado el deber de garantía que los Estados tienen con respecto a las personas privadas de libertad. Así en el caso “Instituto de Reeducación del Menor” (sentencia del 2 de septiembre de 2004), señaló: “Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.”. “Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible.De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar.” “Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de procurarle a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención.”. (párrafos 152, 153 y 159).
En segundo lugar, cabe referir el estándar fijado por la Corte Interamericana en el caso “Lori Berenson Mejía vs. Perú” (Sentencia de 25 de noviembre de 2004), en cuanto a que “las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, que está estrictamente prohibido por e l inciso 2 del artículo 5 de la Convención. Las situaciones descritas son contrarias a la finalidad esencial de las penas privativas de libertad, como establece el inciso 6 del citado artículo, es decir, la reforma y la readaptación de los condenados. Las autoridades judiciales deben tomar en consideración estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las penas establecidas.” (párrafo 101).
En tercer término, y toda vez que en casos como el presente se genera indefectiblemente un conflicto entre el deber del Estado de garantizar las condiciones dignas de detención para las personas privadas de su libertad, por un lado, y por otro, los límites que el propio Estado alega en cuanto a sus recursos humanos, técnicos y, sobre todo, económicos, cabe traer a colación lo establecido por el citado tribunal interamericano en el caso “Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela” (Sentencia de 5 de julio de 2006). Allí, dijo:”El artículo 5 de la Convención consagra uno de los valores más fundamentales en una sociedad democrática: el derecho a la integridad personal, según el cual “[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, y quedan expresamente prohibidos la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En lo que se refiere a personas privadas de la libertad el propio artículo 5.2 de la Convención establece que serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes. En tal sentido, los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente del ser humano.” (párrafo 85, destacado agregado).
Similares consideraciones pueden efectuarse con relación a las tareas laborales, educativas y de recreación, pues más allá de lo referido por la unidad penitenciaria aquí requerida, se advierte que – conforme lo informa la Procuración Penitenciaria -, las falencias en dichas áreas persisten aún en la actualidad.
Debe recordarse al respecto – continuando con el análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – el caso “Fermín Ramírez Vs. Guatemala” (sentencia de 20 de junio de 2005), pues en él se presentaban afectaciones convencionales de diversa índole y análogas a las que aquí nos ocupan. Dijo el tribunal interamericano en aquella ocasión: “Mientras el señor Fermín Ramírez estuvo privado de libertad en el sector 11 del Centro de Detención Preventiva de la Zona 18, este centro penitenciario carecía permanentemente de agua, existían problemas serios en las instalaciones sanitarias y no se contaba con servicio médico adecuado.El señor Fermín Ramírez permaneció detenido con dos personas más en un cuarto pequeño, contaba con su propia plancha de cemento para dormir y la celda tenía un baño. No se le permitía salir de la celda ni realizar actividades al aire libre y eran muy limitadas sus posibilidades de desarrollar actividades educativas o laborales. El régimen de visitas estaba limitado a una hora por semana. No contaba con servicios médicos ni psicológicos.”. “El Centro de Alta Seguridad de Escuintla presenta malas condiciones de higiene y carece de agua y ventilación, especialmente durante el verano. El sector en que se encuentra el señor Fermín Ramírez es de aproximadamente 20 metros por 6 y 8 metros y cuenta con 40 planchas de cemento. En el sector hay cerca de 40 reclusos, algunos de ellos condenados a muerte y otros a penas de 30 a 50 años de prisión. No existen programas educativos ni deportivos adecuados. La asistencia médica y psicológica es deficiente.” (párrafos 54.56 y 54.57, subrayados agregados).
Los criterios señalados precedentemente permiten afirmar que la cámara a quo, al rechazar la acción de habeas corpus con respecto a los puntos tratados en este acápite, ha desatendido que la afectación de derechos denunciada y oportunamente aceptada por la autoridad estatal requerida se mantiene vigente.Ello, además, a partir de una fundamentación auto – contradictoria (y por ende arbitraria), pues a la vez que afirma que la petición “perdió virtualidad” y que, a todo evento, ya no persiste el daño, ordena, por otra parte, que el juez de primera instancia proceda al efectivo control de las medidas dispuestas en la unidad carcelaria.
Cabe traer a colación aquí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el ya citado precedente “Rivera Vaca”, fundó la declaración de arbitrariedad de la resolución allí cuestionada precisamente en la auto – contradicción de la misma, pues a la vez que había admitido la existencia y persistencia de las afectaciones a derechos básicos que padecían las personas detenidas que conformaron el colectivo reclamante en aquel caso, decidió al mismo tiempo la improcedencia de la acción de habeas corpus.
4) Con respecto al agravamiento de las condiciones de detención en razón del invocado aislamiento de los internos, dicha cuestión – conforme surge de la reseña de antecedentes – fue alegada por los recurrentes ya al inicio de las actuaciones, oportunidad en la que reclamaron el cumplimiento del “Protocolo para las personas con resguardo en su integridad física”.
Se ha referido también que, en la audiencia prevista por el artículo 14 de la Ley 23.098, el Director de la URIII, en representación de la autoridad administrativa requerida, a la vez que admitió y se comprometió a resolver los problemas edilicios e informar asimismo sobre los aspectos laborales, educativos y recreativos de los internos, señaló por otra parte – y con relación al tiempo en que los internos permanecían en sus celdas, los recreos que se otorgaban y los horarios de los mismos – que “ellos son la Unidad de Ingreso donde permanentemente reciben internos y así también deben salir por requerimientos judiciales”, y que allí “no puede quedar alojado ningún interno de manera permanente”, pues “los internos son clasificados y asignados a las distintas unidades residenciales”, a lo que agregó que el diagrama de horarios y recreos no podíamodificarse pues ello “impactaría en las actividades de las restantes U.R.”.
A partir de tales alegaciones y respuestas, el juez de primera instancia, al decidir sobre el punto, sostuvo que debían tenerse especialmente en cuenta las características propias tanto de la Unidad Residencial III (toda vez que se trataba de un módulo de ingreso) como así también del Pabellón 4 (pues estaba destinado para internos con medidas de resguardo), y a partir de ello concluyó que “la sectorización indicada por las autoridades del penal, no resulta irrazonable.”.
Este criterio fue reproducido en la decisión que aquí se recurre, en la que se reiteró, de modo sucinto, que “el pabellón en cuestión aloja internos con medidas de resguardo de integridad física, adoptándose la sectorización y horarios para las distintas actividades correspondientes”.
Ahora bien, teniendo en cuenta tales antecedentes, se aprecia que la resolución del tribunal a quo no cuenta con una fundamentación mínima que la sustente, máxime si se tiene en cuenta que está referida a un aspecto de especial relevancia en general, y de evidente preponderancia en el reclamo que dio origen a estas actuaciones.
Corresponde señalar, en tal sentido, que, puestos a resolver sobre el punto que nos ocupa, tanto los integrantes del tribunal a quo como el juez de primera instancia acudieron a una estructura argumentativa en la que reprodujeron sucintamente las explicaciones genéricas expuestas por las autoridades de la unidad penitenciaria, para luego, y sin ningún otro paso analítico intermedio, concluir en la razonabilidad de la medida.
Según puede advertirse, en todo el tiempo que llevó el trámite de la primera instancia se omitió un análisis más detallado del tópico relativo al aislamiento denunciado.Así, por ejemplo, no se pidieron mayores especificaciones a las autoridades penitenciarias con respecto a si la “imposibilidad de compromiso” que con relación a este punto manifestaran en la audiencia se debe a cuestiones normativas, fácticas o coyunturales; o, dicho en otras palabras, si la decisión con respecto a cuánto tiempo permanecen los internos dentro de sus celdas y cuánto en el sector de esparcimiento responde a criterios generales de política penitenciaria (complementados con las particularidades específicas que reclaman las “medidas de resguardo”) o si, en cambio, está determinada por posibles limitaciones en cuanto al número de internos, cantidad de personal penitenciario, espacio disponible, nivel de conflictividad, etcétera. La respuesta a esa pregunta – que estimo inicial – hubiese quizás facilitado la determinación con respecto al modo de orientar posibles soluciones.
Pero más allá de lo afirmado precedentemente, lo que resulta determinante es que los magistrados de instancia previa han omitido considerar los argumentos expuestos por la recurrente, que alega la existencia de una medida de aislamiento injustificado, impuesta como “sanción colectiva”, invocando, entre otras pruebas, las entrevistas a los internos llevadas a cabo por la Procuración Penitenciaria, en el marco de los informes periódicos que elabora dicho organismo.
Así, en el informe del 16 de junio del corriente año, ya citado y analizado, se indica con respecto a esta cuestión que “todos los entrevistados, independientemente de la planta a la que pertenecían, confirmaron que continúa el régimen de sectorización que se aplica sobre la planta alta hacia el horario nocturno” (.) “todos los alojados describieron el mismo régimen de pabellón:por la mañana el recuento y apertura de celdas se realiza entre las 8 y las 8.30, momento en el cual todos los alojados -cincuenta- salen juntos a l SUM del pabellón hasta las 17 horas momento en el que se produce el recuento vespertino, por lo cual todos los alojados -a excepción de los fajineros que son 6 aproximadamente-, son encerrados en sus celdas; luego de este recuento, quienes se alojan en la planta alta -veinticinco personas- no vuelven a salir hasta el recuento matutino al otro día, siendo sometidos a un encierro en celda individual de 15 horas diarias” (fs. 59 vta.).
Con relación a lo afirmado precedentemente, corresponde traer a colación lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso relativo a la materia que es también objeto de estudio en estos autos, en el que anuló una sentencia por carecer sus fundamentos de un debido correlato con lo efectivamente obrado en la causa, y estar apoyada en conclusiones dogmáticas o inferencias sin sostén jurídico o fáctico, ocasión en la que el Alto Tribunal dispuso la devolución de la causa al tribunal de origen para el dictado de una nueva sentencia (Fallos 338:68, y sus citas).
Debe recordarse, que “la exigencia constitucional de adecuada fundamentación resulta más exigible en este ámbito, en tanto se ha establecido que en los procedimientos de habeas corpus, debido a su estrecha vinculación con grave materia constitucional y esenciales derechos de las personas, aparece inexcusable la obligación que incumbe a los jueces de fundar sus decisiones para que los ciudadanos puedan sentirse mejor juzgados, para contribuir al mantenimiento del prestigio de la magistratura y, desde el punto de vista técnico, para que quede documentado que el fallo es derivación razonada del derecho vigente a la luz de las constancias de la causa y no producto de la individual voluntad del juez” (Fallos 327:931).
En conclusión, encontrándose a la fecha comprometidos y vulnerados derechos de las personas privadas de libertad, de jerarquíaconstitucional y convencional, corresponde hacer lugar al recurso de casación con respecto al trámite del habeas corpus, atento la responsabilidad del Estado en la temática y el respeto a la dignidad de las personas.
En cumplimiento de los estándares convencionales y constitucionales, deberán observarse los siguientes preceptos en el presente proceso de habeas corpus: a) Todas las personas privadas de libertad gozan de los derechos humanos durante todo el período del encierro, y hasta la ejecución de su pena (artículos 18, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 1, 2, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). b) Toda persona detenida o en prisión tiene derecho a que se respete el debido proceso, siendo una de las derivaciones de dicho precepto que, ante un reclamo vinculado con las condiciones de esa prisión o detención, las autoridades estatales tienen obligación de dar una respuesta fundada en derecho y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso.
Con el análisis y argumentaciones expuestas, propongo finalmente al acuerdo: I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial a fs. 22/26 vta., y al recurso de adhesión de la Dirección de Legales y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación (fs. 42/49); CASAR y REVOCAR la resolución de fs. 287/9 vta., y devolver los actuados al a quo a fin de que dicte una resolución conforme los parámetros aquí desarrollados; SIN COSTAS (arts. 530 y 531 del CPPN).
Tal es mi voto.- El señor juez doctor Gustavo M.Hornos dijo:
Los recursos de casación interpuestos son formalmente admisibles en tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que en los casos en que se recurre una sentencia que rechaza una acción de habeas corpus, esta Cámara “constituye un órgano intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, máxime si los agravios invocados aparecen claramente vinculados con una cuestión federal” (Fallos 331:632) como es, en el presente caso, la afectación de la garantía prevista en el art. 18, in fine, CN en tanto se ha denunciado la “agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad”, en los términos del art. 3, de la ley 23.098 (cfr.
Sala IV “LEGUIZAMON, Cristian s/ recurso de casación”, registro nº 2676/2014.4, causa nº FSM 40365/2014/1/CFC1, rta. 25/11/15). Cuestión esta que será tratada en profundidad a continuación.
Que adhiero en lo sustancial al bien elaborado marco teórico conceptual reseñado por la colega que lleva la voz en el acápite III de su voto, en lo referido a los estándares respecto de las condiciones de las personas privadas de la libertad fijados por los Tratados Internacionales y aplicados por las Cortes Internacionales a los que se ha hecho referencia (art. 77, inc. 22 CN).
Sin perjuicio del desarrollo de la solución de fondo sobre el que ingresaré en los puntos subsiguientes- el procedimiento llevado a cabo por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón nº 3, se ajusta a los principios generales previstos en las Reglas de Buenas Prácticas para los Procedimientos de Habeas Corpus Correctivo (cfr. V Recomendación del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias).
a) Corresponde memorar que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, con fecha 23/3/2016, resolvió confirmar la resolución apelada de fs.231/235 vta., punto dispositivo I, que rechazó la acción de habeas corpus interpuesta por Jonathan Marcelo Rivero y los internos de la Unidad Residencia III, Pabellón 4, del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, sin costas (cfr. fs. 18/20 vta.).
Para así decidir tuvo en cuenta que Jonathan Marcelo Rivero, recuperó su libertad el 17 de abril de 2015, por lo que su petición perdió virtualidad. En igual sentido señaló que las firmas de los internos que acompañaron a Rivero en su presentación, no se encuentran identificados.
Que en el sub lite no se verifican los motivos alegados de agravamiento de las condiciones de detención.
Ello así en base a los trabajos realizados y a realizar en el lugar de alojamiento, en relación a las instalaciones eléctricas y sanitarias, pintura, plomería, herrería, cerraduras, provisión de anafes eléctricos, ventanas, red cloacal y desagüe, reparación de celdas, suministro de televisores, ventiladores, freezers, camas-cuchetas, colchones, microondas y teléfonos, trabajos de extracción de agua potable, y en la planta de tratamiento de residuos (fs. 78/79, 80, 91/99, 108/121, 125, 148/156 y 158/212).
Asimismo, que obran constancias de realización de actividades educativas, recreativas y deportivas de los internos, de la incorporación de los distintos talleres de trabajo y suministro de alimentación, con las distintas dietas (fs. 218 y 222 y 224/226). Que el pabellón en cuestión aloja internos con resguardo de integridad física, adaptándose la sectorización y horarios para las distintas actividades correspondientes (fs.12/14). b) Contra dicha resolución, la doctora Laura A. Schaposnik Coadyuvante ante los Tribunales de Primera y Segunda Instancia de San Martín, por la representación de Jonathan Marcelo Rivero y el colectivo denunciante, presentó recurso de casación, el que fue declarado inadmisible a fs. 27/8 vta.
A fs. 31 la Defensa oficial dedujo recurso de queja por casación denegada. Por su parte, Carlos Juan Acosta, en su escrito de fs.42/49, en su carácter de Director de la Dirección de Legales y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Organismo Oficial, con el patrocinio letrado de la Dra. Carolina Villanueva, asesora del mismo organismo, adhirió al recurso de queja y al de casación.
Tal como consta a fs. 51 y vta. se hizo lugar al recurso de queja y se declaró erróneamente denegado el recurso de casación.
La parte recurrente dijo que existe una situación de agravamiento de las condiciones de detención, que no ha sido atendida de forma adecuada.
En este sentido señaló que “.en cuanto a las condiciones en las que se cumplen las medidas de resguardo, pese a la exhaustividad y claridad con la que se define la prohibición de aislamiento, durante las entrevistas que mantuvo personal de la Procuración Penitenciaria (fs. 262/269) `. se constató que las personas detenidas en la planta superior del pabellón IV son encerrados en sus celdas aproximadamente a las 17 horas hasta las 8 horas del día siguiente. Esta situación se da todos los días, es permanente y representa un aislamiento injustificado de quince horas diarias, muy superior al destinado al descanso nocturno y/o cualquier procedimiento de rutina. Por otro lado, los alojados en la planta inferior son encerrados en sus celdas aproximadamente de 17 a 20:30 hs., momento en el que se les permite estar en los espacios comunes hasta el recuento de las 22 hs. -viernes, sábados y domingos hasta las 00 hs.- momento en el que regresan a sus celdas para el descanso nocturno. Es una práctica que debe ser atendida como discrecional, arbitraria y sin ninguna lógica en términos de protección y mucho menos seguridad de aquellos alcanzados por la misma.Es una violación clara y directa a sus derechos fundamentales y a las condiciones en que cumplen la condena.
El protocolo establece que la medida de resguardo es `.una medida dispuesta en beneficio de los detenidos, que procura reforzar la seguridad física y psíquica de las personas privadas de su libertad.´, no para castigo y aislamiento desmedido que le impida el desarrollo de una vida normal y de sus actividades en la cárcel” (fs. 275/276).”(fs. 36 vta. y 37).
Respecto a las condiciones edilicias se constató “. en el mencionado informe que `. ninguna de las duchas posee agua caliente, ni flor, sino que el agua sale directamente por un caño. De los dos baños, los que se componen de un inodoro y una bacha, uno de los inodoros tenía los botones de descarga rotos por lo que debían buscar agua en otro lugar para tirar la cadena. Cabe tener en cuenta que estos dos baños deben ser compartidos por 50 personas, teniendo en cuenta que durante el día las puertas de las celdas permanecen cerradas. La pileta donde los internos lavan su ropa y los utensillos se encuentra tapada. Se constató la existencia de 13 mesas de plástico, todas ellas en pésimo estado, sin patas en muchos casos, por lo que los alojados debían atarlas a alguna columna para que no se cayeran. Por su parte, las sillas -16- también plásticas. Se encontraban en el mismo deplorable estado; patas y asiento rotos, debiendo ser atadas entre las dos patas o incluso varias sillas encimadas para poder sentarse sin caerse. Tanto la cantidad de sillas como la cantidad de mesas resultaban insuficientes para abastecer a las 50 personas, no pudiendo sentarse todos a la vez a la hora de comer, o mientras permanecen en el pabellón. Hay un solo anafe y con una sola hornalla en funcionamiento.Respecto de los utensillos de cocina, tan solo cuentan con una olla pequeña en mal estado.
Las instalaciones eléctricas del sector común son precarias y realizan conexiones clandestinas, tanto para los televisores como también para el anafe; los cables sin aislar era lo que predominaba en este sentido.´(fs. 277/vta.)” (fs. 37).
“En cuanto al ámbito de trabajo`. se ha podido constatar, en la visita referida, que de cincuenta alojados sólo cinco han logrado ser afectados a alguna actividad laboral. Todos ellos cobran peculio y se dedican a realizar actividades relacionadas con la limpieza y el mantenimiento del pabellón. El resto de los alojados señaló que habían solicitado la afectación laboral sin haber obtenido resultados favorables ya que la agencia penitenciaria les argumenta que deben estar condenados para acceder a ese derecho.´ Con respecto a la educación, según lo relevado, el inconveniente principal es la falta de continuidad en los estudios porque tan sólo se les permite salir cada quince días una o dos veces por semana por una hora. La mayoría curso la escuela primaria, pese a que algunos ya han completado ese ciclo.” (fs. 37 y vta.) Refirió que no se ha dado respuesta a los hechos denunciados en la acción de habeas corpus y que el pronunciamiento que rechaza la acción de habeas corpus como el que confirma el rechazo, no han contestado los reclamos de los denunciantes, y han convalidado el trato deshumanizado por parte del servicio penitenciario para con los detenidos.
Por su parte, la Procuración Penitenciaria de la Nación, basó su adhesión en el incumplimiento del “Protocolo para la implementación del resguardo de las personas con situación de especial vulnerabilidad”, puntualmente de su artículo 13 que establece que se encuentra prohibida la aplicación de regímenes de aislamiento colectivo y/o uso sectorizado de espacios comunes.La disposición de cualquier medida de encierro en celda individual adoptada, bajo cualquier circunstancia, sobre un grupo de personas será interpretada como sanción colectiva, cuya prohibición se encuentra prevista en el art. 12 del reglamento de disciplina para internos(.) La administración penitenciaria sólo podrá mantener a los detenidos en sus celdas individuales durante el momento de descanso nocturno y en aquellas situaciones puntuales estrictamente necesarias en virtud de procedimientos de rutina” .
Remarcó que con fecha 15 de diciembre de 2015 se presentó un informe en el que se demuestra que la situación denunciada en el habeas corpus interpuesto no ha cambiado desde el inicio de los presentes actuados (fs. 239).
Asimismo se remitió a la V Recomendación del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias que dispone, en su artículo 9 que en el procedimiento de habeas corpus no es necesaria la certificación de firmas y establece a la informalidad como principio que debe regir dicho procedimiento.
a) En cuanto a la procedencia del habeas corpus colectivo, éste fue receptado expresamente en el artículo 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional e interpretado en profundidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los Fallos “Verbitsky” (Fallos: 328:1146) y “Rivera Vaca” (Fallos: 332:2544).
De los fallos citados surge que, toda vez que el artículo 5 de la ley 23.098, establece que la acción de habeas corpus puede ser interpuesta por cualquier persona en favor del afectado, y no sólo el titular del derecho, y que el artículo 43 de la C.N.establece que en los derechos de incidencia colectiva la acción puede ser deducida por el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, se hizo una interpretación amplia de la vía que dio origen al habeas corpus colectivo como instrumento para tutelar derechos individuales homogéneos.
En este sentido, “debido a la condición de sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido (.) puede tener lugar más allá del nomen juris específico de la acción intentada, conforme lo sostenido reiteradamente por (la) Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido de que debe tenerse en cuenta, además de la letra de la norma, la finalidad perseguida y dinámica de la realidad” (Fallos:
328:1146, consid. 17 y sus citas).
En igual sentido, en el caso “Halabi” la Corte dijo: “En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es una causa fáctica homogénea (.) Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte.” (Fallos 332:111).
Por lo demás, tal como lo sostuvo la Procuración Penitenciaria, la V Recomendación del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias que dispone, en su artículo 9, que en el procedimiento de habeas corpus no es necesaria la certificación de firmas y establece a la informalidad como principio que debe regir dicho procedimiento, extremo que se encuentra también recogido en el artículo 10 de la ley 23.098 que establece que el juez no podrá rechazar la denuncia por defectos formales.
En consecuencia, la vía intentada en estos actuados resulta habilitada. b) En cuanto al fondo de lo planteado, tal como lo advirtió la Procuración Penitenciaria en su presentación de fs.42/49, del Informe de Monitoreo sobre las condiciones materiales y la aplicación del Protocolo para la Implementación de resguardo de Personas en situación especial de vulnerabilidad, realizado el 8 de enero de 2015, por asesores del organismo instruidos en distintas disciplinas técnicas adecuadas al objeto de estudio, se puede advertir el deplorable estado de las instalaciones que deben habitar las personas allí alojadas y el afectado y arriesgado estado de los artefactos de uso diario que deben ser manipulados cotidianamente (cfr. fotos de fs. 128/130vta.).
La situación descripta pone en grave peligro la vida y la salud del colectivo accionante, lo que evidencia notoriamente la grave afectación de la forma y las condiciones en las que se cumple la privación de la libertad (art. 3 de la ley 23.098).
En este mismo sentido, en el Monitoreo del cumplimiento del “Protocolo para la implementación del resguardo de personas en situación de especial vulnerabilidad” realizado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Actualización del régimen del pabellón 4- UR III, Visita del 16/6/2016, informe nº 78 (fs. 59/61) se desprende que .”al consultar (.) muchos de los entrevistados afirmaron que las condiciones de sus celdas no eran buenas, la mayoría refirió que la calefacción no funcionaba, y que sus ventanas no poseían vidrios; situación que resulta alarmante dadas las bajas temperaturas del período invernal.
Además algunos señalaron que sus alojamientos individuales no poseían agua o que las descargas de los inodoros o el lavatorio no funcionaba, lo que agrava aún más la situación de quienes se alojan en la plante alta y padecen del encierro intensivo, dado que deben juntar agua en botellas para poder hacer uso del baño durante las horas de aislamiento” (fs.60 y vta.).
El mismo informe dice que “por la mañana el recuento y apertura de celdas se realiza entre las 8 y las 8:30, momento en el cual todos los alojados -cincuenta- salen juntos al SUM hasta del 17 horas momento en el que se produce el recuento vespertino, por el cual todos los alojados -a excepción de los fajineros que son 6 aproximadamente- son encerrados en sus celdas; luego de este recuento, los que se alojan en la planta alta -veinticinco personas- no vuelven a salir hasta el recuento matutino del otro día, siendo sometidos a un encierro en celda individual de 15 horas diarias. Por otro lado, los que se alojan en la planta baja vuelven a salir por la noche en el horario de 20.30 a 22 horas, de lunes a jueves. en este sentido se puede afirmar que el régimen relevado continúa siendo el mismo que fuera denunciado en la acción judicial interpuesta en diciembre de 2014.”
Es decir que al momento del informe del 16/6/16 persistían las pésimas condiciones que fueron denunciadas en el habeas corpus de diciembre de 2014 que fuera rechazado por el Juzgado Criminal y Correccional de Morón nº3 y por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
En igual documento, respecto a la aplicación del régimen de sectorización, el jefe de turno argumentó que se trataba de un pabellón de ingreso y de personas con resguardo, por lo que se justificaba el encierro en el hecho de ser una población con medida de resguardo. Lo expuesto, desconoce la prohibición establecida en el art. 13 del Protocolo vigente desde el mes de abril de 2013 (cfr. fs. 60 vta.), que expresamente sostiene que se encuentra prohibida la aplicación de regímenes de aislamiento colectivo y/o uso sectorizado de espacios comunes.La disposición de cualquier medida de encierro en celda individual adoptada, bajo cualquier circunstancia, sobre un grupo de personas será interpretada como sanción colectiva.
En cuanto a las actividades recreativas, las relacionaron con las del patio del pabellón, y sobre las salidas al campo expresaron que se realizan según la voluntad que tenga el guardia de turno, por lo que no se hacen con regularidad. Que la mayoría del pabellón no realiza actividades de educación, pese a haberlas requerido, porque el personal de dicha área no los había entrevistado y que sólo uno trabajaba; el resto de los entrevistados mencionaron haber solicitado trabajo sin respuesta, hasta el momento, de la autoridad penitenciaria.
De todo lo expuesto se puede concluir -sin perjuicio de las obras encaminadas y ordenadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de fs. 102/117, y su “Memorial Descriptiva” de fs. 118/119 del 6 de marzo de 2015-, que al momento del monitoreo del 16/6/16, no se modificó la situación denunciada en el habeas corpus de diciembre de 2014.
Así, surge que de las constancias de la causa reseñadas anteriormente y de las conclusiones alcanzadas en el fallo recurrido, que en este último no se atendió adecuadamente a los concretos planteos de las accionantes por lo que, la resolución a quo constituyó un menoscabo al control judicial amplio y eficiente, el que resulta ineludible a la luz de la ley vigente, criterio que ha sido adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ ejecución” (R230 XXXIV, del 9/3/04).
En tal sentido conviene recordar la tarea de los jueces de velar porque la privación de la libertad se cumpla en forma acorde a los estándares mínimos fijados en la normativa aplicable y, en esa tarea, ordenar, en su caso, el cese de los actos u omisiones de la autoridad pública que impliquen un agravamiento ilegítimo en la forma y condición de detención, conforme los lineamientos de la Corte Suprema en “Gallardo”, Fallos: 322:2735 y “Defensor Oficial interpone acción del art. 43 de la Constitución Nacional, Fallos: 327:5658 y de la Corte Interamericana en el caso “Neira Alegrúa y otros vs. Perú”, del 19/1/1995 y en el caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay” del 20/9/2004); criterios que fueron seguidos por la Sala IV in re “Lefipan, Walter Roberto s/ recurso de casación”, reg. 1397/13, rta 9/8/2013 y “Gajardo Perez, Juan Carlos s/ habeas corpus”, reg. 1844/15.4, rta. 25/9/2015).
En este orden, el estado es garante del respeto a la dignidad de los reclusos. Este deber de garantía tiene plena aplicación en todas las áreas que hacen a aspectos sustanciales de la resocialización de los penados, como médula del tratamiento que el Estado es garante de dispensarles en relación a aspectos básicos que hacen al desarrollo de la persona, y al aseguramiento de las condiciones mínimas relativas a su dignidad. Cuestiones que no sólo, y tal como también expresamente lo asegura en sus sustanciales reglas la ley de ejecución Nro. 24.660, abarcan las más elementales relativas a la alimentación, higiene, vestimenta, sino también -a veces pareciera olvidarse- lo relativo al derecho a trabajar, que constituye un aspecto sustancial del desarrollo digno del ser humano (cfr. mi voto en la causa nº 9011 “Lena Agüero, Luis Pablo s/ recurso de casación e inconstitucionalidad”, registro nº 11.738, rta.4/5/2009).
Resulta pertinente señalar que a partir de la descripción efectuada en dichos informes, las condiciones del cumplimiento de la detención del colectivo accionante transgrede, como mínimo, las directrices nº13, 15, 16 y 17 de las “Reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente -Ginebra, 1955- y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977), actualmente denominadas “Reglas Mandela” sí llamadas en homenaje al Legado del gran Nelson Rolihlahla Mandela, que pasó 27 años encarcelado en su lucha por la igualdad, la justicia y la paz en la República de Sudafrica y en el mundo (Consejo Económico y Social, Viena, 18 de mayo de 2015).
Respecto a estas directrices, la Corte Suprema sostuvo que “.si bien carecen de la misma jerarquía que los tratados incorporados al bloque constitucional federal, se han convertido, por vía del artículo 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto de personas privadas de libertad” (Cfr. CSJN Fallos: 328:1146 y 1186).
En conclusión, las omisiones y defectos apuntados en los párrafos precedentes revelan la ausencia de debido control jurisdiccional, que, en el caso, conlleva la violación de tutela judicial efectiva.
Sentado lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación, a los efectos de que las autoridades jurisdiccionales realicen un amplio control acerca de las condiciones en las que el grupo accionante cumple la privación de la libertad.Ello así, no sólo en lo que respecta el régimen de resguardo de acuerdo con el Protocolo para la implementación de resguardo de Personas en situación de especial vulnerabilidad (lugares donde se cumple, horarios, restricciones, etcétera) sino también en lo atinente a las condiciones mínimas en las que se cumple el encierro.
En efecto, se han constatado condiciones deplorables de la instalaciones eléctricas y sanitarias lo cual pone en serio riesgo la integridad física de los internos, de la cual, se reitera, el estado es garante.
Para ello, se sugiere un control judicial amplio – sobre todos los puntos de agravio-, efectivo -en el territorio-, periódico, interdisciplinario -conformado por los integrantes del colectivo accionante y su defensa, por personal de la Procuración Penitenciaria, por quienes tienen a su cargo las tareas del Pliego de Especificaciones Técnicas y por personal del Servicio Penitenciario- a los efectos de evaluar y constatar los avances en la obra, y las alternativas para paliar en forma inmediata y urgente las irregularidades verificadas en el informe de nº 78 correspondiente al Monitoreo del cumplimiento del “Protocolo para la implementación del resguardo de personas en situación de especial vulnerabilidad” Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, Actualización del Régimen del Pabellón 4- UR III, visita del 16 de junio de 2016.
Por todo lo expuesto, propicio al acuerdo: I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial a fs. 22/26 vta., y al recurso de adhesión de la Dirección de Legales y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación (fs. 42/49); CASAR y REVOCAR la resolución de fs. 287/9 vta., y devolver los actuados al a quo a fin de que dicte una resolución conforme los parámetros aquí desarrollados; Sin costas (arts.530 y 531 del CPPN).
Que ante todo, cabe señalar que en materia de habeas corpus, las resoluciones deben atenerse a las circunstancias existentes en el momento de ser dictadas (C.S.J.N. Fallos 321:3646 y sus citas del considerando 5º del voto mayoritario).
De este modo, atendiendo a las particulares circunstancias del caso bajo análisis, que surgen del último informe elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, luego de la visita efectuada en fecha 16 de junio de 2016 por el área de Auditoría y el Observatorio de Cárceles al Pabellón 4 de la Unidad Residencial III del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz -Informe Nº 78, obrante a fs. 59/61-, adhiero al voto de la distinguida colega que lidera el presente acuerdo, Dra. Ana María Figueroa, que a su vez lleva la adhesión del Dr. Gustavo M. Hornos, y propongo HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial y al recurso de adhesión incoado por la Dirección Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, CASAR y REVOCAR la resolución impugnada, y DEVOLVER las actuaciones a la Cámara a quo a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme los lineamientos aquí señalados (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
Por ello, en mérito al resultado habido en la votación que antecede el Tribunal RESUELVE: I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial a fs. 22/26 vta., y al recurso de adhesión de la Dirección de Legales y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación (fs. 42/49); CASAR y REVOCAR la resolución de fs. 287/9 vta., y devolver los actuados al tribunal a quo a fin de que dicte una resolución conforme los parámetros aquí desarrollados; SIN COSTAS (arts. 530 y 531 del CPPN).
Regístrese, notifíquese y comuníquese (Acordadas C.S.J.N. Nº 15/13, 24/13 y 42/15).
Remítanse las actuaciones al tribunal de origen, a sus efectos. Sirva la presente de muy atenta nota de envío.
MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL
ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MENDEZ, SECRETARIA DE CAMARA
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References: artículo 14
 artículo 15
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 artículo 454
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 artículo 14
 artículo 18
 artículo 5
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 artículo 27
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 artículo 14
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in fine
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 artículo 13
 artículo 9
 artículo 43
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 artículo 10
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