Source: http://www.tse.go.cr/juris/electorales/2585-E-2007.htm
Timestamp: 2018-01-20 22:24:36+00:00

Document:
TSE, 2585-E-2007
N.° 2585-E-2007.- Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiséis de setiembre de dos mil siete.
Denuncia interpuesta contra el señor Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por presunta beligerancia política o participación política prohibida en virtud de su presencia en el Consejo de Gobierno celebrado el 10 de agosto del 2007 en Puriscal y a propósito del 139 aniversario de ese cantonato.
1.- Mediante escrito presentado ante la Secretaría de este Tribunal el 23 de agosto del 2007, los señores Leda María Zamora Chaves, Elizabeth Fonseca Corrales y Alberto Salom Echeverría, en calidad de diputados de la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana, interponen denuncia contra el señor Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que su presencia en el Consejo de Gobierno celebrado el día 10 de agosto del 2007 en Puriscal a propósito del 139 aniversario de ese cantonato, constituye una actividad política prohibida. Los denunciantes requieren a este Tribunal que, en caso de resultar admisible la presente gestión: “(…) dispongan adoptar todas las medidas administrativas o jurisdiccionales tendientes a investigar, corregir y resolver en definitiva la referida situación problemática, equivalente –prima facie– a un supuesto hecho irregular cometido por un funcionario público con prohibición absoluta de participación político-electoral (magistrado y presidente del Poder Judicial), referido propiamente a eventuales acciones de adhesión, simpatía o favorecimiento indirecto de estrategias que, sobre el referido Tratado de Libre Comercio, han implementado el Poder Ejecutivo y agrupaciones de personas que forman parte de la campaña del Sí al TLC” (folios 3 a 6 del expediente).
2.- Mediante el artículo segundo de la sesión ordinaria n.º 79-2007 celebrada el 28 de agosto del 2007, este Tribunal dispuso turnar la denuncia formulada al Magistrado que por turno correspondiese (folios 1 y 2).
I.- Sobre la admisibilidad de la denuncia formulada por beligerancia política o participación política prohibida: La jurisprudencia electoral reconoce la legitimación de cualquier ciudadano para presentar denuncias por beligerancia o parcialidad políticas de funcionarios públicos; al efecto, entre otras, la resolución n.º 3085-E-2003 de las 10:40 horas del 9 de diciembre del 2003 destaca:
De conformidad con lo expuesto, la denuncia presentada por los señores Leda María Zamora Chaves, Elizabeth Fonseca Corrales y Alberto Salom Echeverría, en calidad de diputados de la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana, aún si hubiese sido a título personal, no tiene obstáculos de admisibilidad.
II.- Sobre la jurisprudencia electoral relevante: Para el debido análisis de la denuncia por beligerancia política o participación política prohibida que se formula, valga repasar reflexiones jurisprudenciales relevantes que en forma reciente y respecto de la participación de funcionarios públicos en procesos consultivos ha expuesto este Tribunal Electoral.
a).- Sobre la aclaración debida respecto de las denuncias por beligerancia política en los procesos consultivos de referéndum: Recientemente, este Tribunal mediante resolución n.º 1119-E-2007 de las 14:20 horas del 17 de mayo del 2007, delimitó los alcances del artículo 88 del Código Electoral y normas conexas en relación con los procesos de referéndum. En lo que interesa al tema bajo análisis, se indicó:
A modo de síntesis, respecto de los temas que por ahora interesan, la parte dispositiva de la supracitada resolución n.º 1119-E-2007 estableció en sus apartes 1) y 4):
Consecuentemente, es bajo las premisas establecidas en esa resolución que debe examinarse cualquier denuncia que por beligerancia política se formule en el marco de un proceso consultivo.
b).- Sobre las prohibiciones general y especial en materia de beligerancia política que rigen a los funcionarios públicos: La sentencia n.º 361-E-2006 de las 9:50 horas del 1.º de febrero del 2006, que resolvía una denuncia por beligerancia política contra el señor Abel Pacheco de la Espriella, en ese momento Presidente de la República, indicaba:
III.- Sobre el caso concreto: Los señores Zamora Chaves, Fonseca Corrales y Salom Echeverría denuncian una supuesta participación política prohibida por parte del señor Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Arguyen los señores diputados del Partido Acción Ciudadana que la presencia del señor Luis Paulino Mora Mora en el Consejo de Gobierno celebrado el 10 de agosto del 2007 en el cantón de Puriscal y con motivo del 139 aniversario de ese cantonato, constituye una actividad política prohibida que le estaba vedada. En concreto los denunciantes requieren que se realice la investigación de rigor dada la prohibición absoluta de participación político-electoral que le alcanza al señor Mora Mora en su condición de Magistrado y Presidente de la Corte Suprema de Justicia (artículos 88 del Código Electoral y 9, incisos 5) y 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial), y por mostrar adhesión, simpatía o favorecimiento indirecto a las estrategias que, sobre el referido Tratado de Libre Comercio, implementan el Poder Ejecutivo y agrupaciones de personas que forman parte de la campaña del Sí al TLC.
No obstante, a la luz de los citados antecedentes jurisprudenciales y examinada la denunciada conducta del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia en la actividad celebrada el 10 de agosto del 2007 en el cantón de Puriscal, este Tribunal no aprecia hechos que puedan tipificarse como parcialidad o participación política prohibida y que ameriten la apertura del respectivo procedimiento sancionatorio. En efecto, el Tribunal no considera que el Consejo de Gobierno celebrado en Puriscal constituya una actividad de carácter político-electoral y mucho menos de orden partidario, de suerte que la presencia en éste del señor Luis Paulino Mora Mora, en nada podría contravenir las prohibiciones que legalmente le exigen los numerales 88 del Código Electoral y 9, incisos 5) y 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Importa aclarar a los denunciantes que conforme al “por tanto” de la supracitada resolución n.º 1119-E-2007, en particular su aparte 4), es lo cierto que, en procesos consultivos como el referéndum, la inaplicabilidad de las normas de neutralidad política establecidas en el Código Electoral y normas conexas está sujeta a que los funcionarios públicos con prohibición absoluta de participación político-electoral “no expresen, de alguna manera, adhesión o simpatía por los partidos políticos, ni favorezcan las estrategias que, sobre el acuerdo comercial, han implementado esas agrupaciones”. Es decir, la conducta prohibida lo es estrictamente en razón de beneficio o vínculo con agrupaciones políticas, no así respecto de la toma de posición y beligerancia por una determinada tesis ciudadana en un referéndum. Dicha inaplicabilidad deriva de las diferencias que enmarcan a los procesos eleccionarios frente a los consultivos, ya que en los segundos, según ha insistido reiteradamente la jurisprudencia electoral, su esencia no es la escogencia de gobernantes a través de partidos políticos que monopolizan la postulación de candidatos; por el contrario, se trata de la deliberación y decisión colectiva de temas de interés nacional, sometidos a la legislación del Soberano.
Precisamente, la citada resolución 1119-E-2007, a propósito de la inaplicabilidad de normas de neutralidad política en análisis advertía respecto de los funcionarios judiciales, cuanto sigue:
“Corresponderá, eso sí, a cada servidor judicial en función de juez o colaborador de la judicatura analizar su propia situación cuando, de alguna forma, externe criterios o haya participado previamente en las etapas del proceso consultivo de referéndum y, concomitantemente, tenga que fallar, de modo directo o indirecto, cuestiones relacionadas con el proceso. A modo de ejemplo, los funcionarios de la Sala Constitucional deben actuar con la prudencia debida para no enfrentar recusaciones sobre el particular y sus respectivas consecuencias sancionatorias.
C) Sí pueden participar los funcionarios judiciales como delegados o miembros de mesa del Tribunal Supremo de Elecciones en procesos consultivos de referéndum porque para esta labor se exige, en todo caso, amplia neutralidad respecto de las posiciones antagónicas que nacen del proceso consultivo.” (lo destacado no corresponde al original).
Si bien ninguna de las hipótesis corresponde a la conducta del señor Mora Mora según se denuncia, nótese la amplitud que respecto de participación en procesos consultivos le asiste, de suerte que, incluso bajo el supuesto que dicho funcionario se hubiese manifestado sobre el objeto de consulta popular, esto no conlleva una actividad política-electoral prohibida.
Consecuentemente, revisada la prueba aportada al expediente y dada la naturaleza del evento, no se desprenden elementos de juicio que permitan calificar la actividad como partidaria, toda vez que ésta constituye un acto oficial de gobierno, propio del desarrollo y ejercicio de las atribuciones constitucionales del Consejo de Gobierno. El Tribunal entiende que la actuación denunciada, no podría entonces encuadrarse dentro de las conductas tipificadas en el artículo 88 del Código Electoral y 9, incisos 5) y 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dado que no se advierte que el evento por sí mismo constituya una forma de participación política-electoral o de apoyo partidario, mucho menos que procure incitar al electorado a adoptar una preferencia político-partidista, en los términos del artículo 88 del Código Electoral.
No justificándose el inicio de procedimiento alguno por beligerancia o parcialidad políticas y según lo dispuesto en el artículo 4 de Reglamento sobre Denuncias por Parcialidad o Participación Política (Decreto n.º 3-2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.º 206 del 27 de abril del 2000), lo procedente es rechazar de plano la denuncia presentada.
Se rechaza de plano la denuncia interpuesta. Notifíquese.
Exp. n.º 242-S-2007
Leda María Zamora Chaves y otros
C/ Luis Paulino Mora Mora

References: resolución 
 resolución 
 artículo 88
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 4