Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S45-04.html
Timestamp: 2014-10-23 17:11:06+00:00

Document:
Luis Guillermo Bedoya de Vivanco v. Peru, Caso 0369/2001, Informe No. 45/04, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 en 666 (2004). INFORME N° 45/04[1]
1. Mediante petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la CIDH” o “la Comisión”) el 7 de junio de 2001, Luis Bedoya Escurra (en adelante "el peticionario") denunció que la República del Perú (en adelante "Perú", "el Estado" o "el Estado peruano") violó, en perjuicio, de su padre el señor Luis Guillermo Bedoya de Vivanco el derecho a la integridad personal, a la libertad, a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a la igualdad y a los derechos políticos, consagrados respectivamente en los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención" o la "Convención Americana"), en concordancia con el artículo 1(1) del citado instrumento internacional. Las violaciones denunciadas se relacionan con el trámite del proceso penal adelantado en contra de la presunta víctima por la justicia peruana y la posterior sentencia condenatoria por el delito de peculado, que le impuso la pena privativa de la libertad de cinco años y la restitución de la suma de veinticinco mil dólares a favor del fisco nacional. 2. Respecto de la admisibilidad de la denuncia, el peticionario refirió en un primer momento, la imposibilidad de agotamiento del recurso interno por la ausencia del debido proceso en el Perú y luego, que la sentencia de 14 de noviembre de 2003 que puso fin al proceso en segunda instancia, daba por terminado la jurisdicción nacional y se abría la competencia de la CIDH para pronunciarse sobre el fondo del asunto.
9. Indica el peticionario, que al haberse variado la calificación de la denuncia presentada por la Fiscalía del delito de malversación de fondos al de peculado, se vulneró el derecho de libertad de su padre. En el delito de malversación de fondos, el máximo de la pena es inferior a cuatro años[2], y en el delito de peculado, el máximo de la pena a imponer supera los cuatro años,[3] por lo tanto la variación de la calificación tenía como objetivo la imposición de la detención preventiva. Que tal decisión se tomó además, sin atender los parámetros del artículo 135 del Código Procesal Penal,[4] que establece para la determinación detención preventiva, la concurrencia de tres requisitos como son la existencia de suficientes elementos probatorios del hecho doloso imputado, que la sanción a imponer sea superior a cuatro años y que exista suficientes elementos probatorios para concluir que el procesado intentará eludir la acción de la justicia o perturbar la acción probatoria. 10. El peticionario critica la adecuación de la conducta de peculado en la modalidad de cómplice que se le hiciera a la presunta víctima, bajo el argumento que tal figura es de absurda aplicación en este caso, por cuanto Bedoya de Vivanco para la fecha de los hechos no era funcionario público. Que además, la complicidad señalada a su padre, está basada en un acto post delictivo como fue la entrega de dinero que hizo Vladimiro Montesinos Torres, en forma posterior a la apropiación de los caudales del Estado, y la complicidad en estos delitos se predica de actos sin los cuales no se hubiera podido configurar el delito.
14. Alegó el peticionario, que una vez producida tal decisión, se generó en el Perú una serie de presiones y hostigamiento en contra de los Magistrados de dicho Tribunal. Entre estos hechos, la denuncia presentada contra los Magistrados del Tribunal Constitucional ante el Congreso de la República por el delito de prevaricato, lo cual evidencia que no existe la autonomía de poderes que permita un proceso justo, la vigencia de derechos como la libertad personal y la presunción de inocencia. Que en tal contexto solicitaba ampliar la denuncia por ser evidente una condena en contra de su padre sin el respeto al debido proceso y al principio de legalidad. 15. También señaló el peticionario, que dentro del proceso penal en contra del señor Luis Bedoya de Vivanco, habían propuesto el recurso de excepción de naturaleza de acción con el objeto de que el juzgamiento no prosiguiera por el delito de peculado,[6] recurso que fue decidido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en resolución de 14 de mayo de 2002, desestimando la excepción propuesta. Que en forma irregular, en la misma decisión esa corporación se había pronunciado en contra de la decisión del Tribunal Constitucional que había concedido la acción de habeas corpus a favor del procesado, al considerarla como una evidente interferencia de la autonomía e independencia del poder judicial, por tratarse de una decisión materia del proceso penal por un tribunal extraño al poder judicial que no tuvo en cuenta el contexto delictivo del crimen organizado que gravitaba en el país en ese entonces. Que esa misma resolución había dejado por fuera de consideración otros hechos como es el caso de los dineros recibidos por el procesado con la finalidad de financiar la campaña que éste adelantaba a la Alcaldía de Miraflores, lo que constituye delitos en contra del derecho al sufragio.
16. Con posterioridad, el peticionario informó que el 29 de mayo de 2003, la Sala Penal Especializada en delitos de corrupción, había proferido sentencia condenatoria en contra del señor Luis Guillermo Bedoya de Vivanco por el delito de peculado en la modalidad de cómplice. Indicó que esta decisión vulneró el principio de legalidad al desnaturalizar la tipificación del delito que trae el Código Penal, por haber realizado el tribunal interpretaciones extensivas que no están autorizadas en materia penal, como considerar que el origen del dinero que fuera entregado por Vladimiro Montesinos no había sido establecido en debida forma, que esta persona tampoco tenía la condición de autor calificado de dicha conducta penal, y que por lo tanto la condición de cómplice que se le atribuye a su padre no subsistía. Señaló además, que tampoco se probó el dolo en la conducta del señor Bedoya de Vivanco como quiera que no conocía del origen de tales dineros, elemento que es esencial para reprochar el delito peculado. 17. Recurrida en apelación tal decisión, el peticionario informó que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia definitiva de 14 de noviembre de 2003, había confirmado la sentencia impuesta a su padre de cinco años de prisión por el delito de peculado en la modalidad de cómplice, con el salvamento de voto de dos vocales, que opinaron que la pena impuesta debía ser reducida a cuatro años de prisión en desarrollo del principio de proporcionalidad de la pena. Reiteró el peticionario la violación al principio de legalidad, al haberse forzado el tipo penal del peculado para adecuar la conducta de su padre, cuando en otros casos también de recepción de dineros de manos del señor Montesinos, se había calificado la conducta como receptación. Criticó la omisión de señalar cuál había sido la colaboración adjudicada al sentenciado en el hecho y por ende la afectación al principio de la presunción de inocencia, no sólo al invertir la carga de la prueba sino por ausencia de estas.
30. El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto a quien Perú se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Perú es parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978, fecha en que se depositó el respectivo instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. 31. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado. Asimismo, la CIDH tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión es competente ratione materiae, debido a que en la petición se denuncian violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
34. De la información sobreviniente de las partes, está acreditado que el peticionario y la presunta víctima intentaron tales recursos en sede interna sin que ellos prosperaran, lo que no significa que tales recursos no sean idóneos, ya que el mero hecho de que un recurso no produzca un resultado favorable no es evidencia de la inexistencia de recursos idóneos para tutelar la situación de que se trata.[8] De otro lado, han coincidido las partes en que el recurso interno estaría agotado con la emisión de la sentencia de segunda instancia que puso fin al proceso penal proferida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia el 14 de noviembre de 2003, que condenó al señor Luis Guillermo Bedoya de Vivanco como cómplice del delito contra la Administración Pública –peculado--en agravio del Estado, imponiéndole cinco años de pena privativa de la libertad efectiva y la reparación civil en quinientos mil nuevos soles, suma de dinero que deberá ser cubierta en forma solidaria junto con los otros dos sentenciados, Vladimiro Montesinos Torres y José Tomás González Reátegui. 35. La Comisión considera entonces, que agotado el recurso interno, debe pronunciarse en este momento sobre la admisibilidad de la petición de acuerdo a los argumentos presentados por las partes.
39. Tales cargos provienen, según el peticionario, por cuanto el Estado peruano habría aplicado el tipo penal del peculado a la conducta del señor Bedoya De Vivanco, sin que los elementos del tipo se adecuaran al ilícito, a diferencias de otras personas que han sido investigadas, procesadas y juzgadas por la misma conducta pero bajo el delito de malversación de fondos públicos. Que con ello además, se vulneró el derecho a la libertad al haberle impuesto la detención preventiva desde el inicio de la investigación, que le ha ocasionado afectación a su integridad personal y sus derechos políticos para ocupar la alcaldía de la ciudad de Miraflores. Que en la actuación judicial a la que fue sometido, le fueron negados sus derechos por no haberse atendido sus argumentos en las diferentes instancias. 40. Observa la Comisión, que en lo que tiene que ver con el derecho a la libertad señalado en el artículo 7 de la Convención Americana, efectivamente al inicio de la investigación una vez fue modificada la adecuación típica de la conducta de la presunta víctima, del delito de malversación de fondos al delito de peculado, se le impuso al Señor Bedoya de Vivanco la detención preventiva. Pero también se atiende, que con posterioridad y por vía acción de habeas corpus, el Tribunal Constitucional mediante sentencia de 29 de enero de 2002, repuso en su libertad al procesado modificando la medida de aseguramiento por la de comparecencia. En tal evento el recurso interno solucionó de manera favorable al peticionario la controversia planteada. Ahora bien, tal medida estaba vinculada al resultado del proceso en que finalmente se le impuso sentencia condenatoria y pena restrictiva de la libertad de cinco años de prisión. 41. Sobre la valoración de las pruebas en el proceso penal, la adecuación del tipo penal correspondiente y la respectiva sentencia, considera la Comisión, que no es de su competencia entrar a analizar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Perú, pues no es función de la CIDH, sustituir su propia evaluación de los hechos por la de los tribunales internos, ya que por regla general, es tarea de estos tribunales evaluar las pruebas presentadas ante ellos y darles el alcance jurídico que corresponda. Contrario sería que la Comisión interviniera como una “cuarta instancia”. La jurisprudencia de la Comisión en tal sentido ha sido reiterada. La labor de la Comisión es determinar si el procedimiento judicial, en su totalidad, fue imparcial.
[9] CIDH. Informe Nº 39/96, Caso 11.673, (Marzioni- Argentina), 15 de octubre de 1996. [10] CIDH Informe 55/97, Noviembre 18 de 1997. Juan Carlos Abella. Caso 11.137. Argentina. Párrafo 85

References: artículo 1
 artículo 135
 resolución 
 resolución 
 artículo 44
 artículo 7