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Timestamp: 2017-10-21 21:12:14+00:00

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Sentencia A.N. de 17 de diciembre de 2010. IVA. Inspección tributaria. Anulación acta de conformidad - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.N. de 17 de diciembre de 2010
IVA: Anulación acta de conformidad por el superior conforme a derecho. Reglamento General de la Inspección de Tributos. Acta de liquidación: Inexistencia de irregularidad alguna ya que la actuación de la inspección debe poner en conocimiento de la posible comisión de delitos.
Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil diez.
VISTO por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso contencioso-
administrativo número 796/09 que ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha interpuesto el
Procurador de los Tribunales D. José María Marín Rodríguez en nombre y representación de CERAMICA SYRE SA contra la
resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de junio de 2009 (R.G 979/07 y RS 146/08) que desestima el
recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía en las
reclamaciones acumuladas 41/01013/2005 y 41/02894/2005 que fueron desestimadas y que confirmó tanto la liquidación girada
por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2000 y 2001 que había dado lugar a una deuda tributaria de 603.402,61
euros, como un acuerdo desestimatorio dictado en la reposición presentada contra una providencia de apremio dictada en
ejecución de la liquidación. Ha sido parte demandada la Administración del Estado representada por el Abogado del Estado.
Primero.-El 27 de enero de 2003 se iniciaron actuaciones inspectoras por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Tributaria que dió lugar a la firma del acta de conformidad A-01 n.º 72933092 el día 9 de junio de 2003. En ese acta se formula una propuesta de regularización que dio lugar a una liquidación por importe de 572.844,55 euros. Las declaraciones-autoliquidaciones eran mensuales.
Antes de transcurrir un mes desde la fecha del acta se notificó acuerdo del Inspector Regional de 24 de junio de 2003 por el que se anulaba la citada acta y se ordenaba la práctica de actuaciones complementarias.
En ese período se preparó por el actuario un informe de fecha 18 de septiembre de 2003 que considera que los hechos regularizados constituyen un delito del artículo 349 del Código Penal, siendo remitidas las actuaciones al Ministerio Fiscal lo que provocó la paralización de las actuaciones inspectoras.
Por auto de 24 de mayo de 2004 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la Carolina ordenó el archivo de las actuaciones reanudándose las actuaciones inspectoras. El 14 de septiembre de 2004 se dicta acta A-02 n.º 70899063 proponiendo una liquidación de 603.402,61 euros (cuota 512.881,42 euros y 90.521,19 intereses de demora) sobre los mismos hechos regularizados en el acta que fue anulada anteriormente dictándose posteriormente la liquidación definitiva mediante acuerdo de 10 de noviembre de 2004.
El 10 de noviembre de 2004 se dicta resolución en el expediente sancionador acordando imponer una sanción por importe de 372.196,67 euros.
El 27 de diciembre de 2004 reclamación ante el TEARC de Andalucía (n.º reclamación 41/01013/2005) contra el acuerdo de liquidación e imposición de sanción. El 30 de mayo de 2005 presentó reclamación económico-administrativa (n.º de reclamación 41/2894/2005) contra la resolución de 9 de mayo de 2005 por la que se acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la providencia de apremio dictada en ejecución de la liquidación. Las reclamaciones fueron acumuladas y desestimadas por resolución del TEARC de Andalucía de 27 de octubre de 2006.
Interpuesto recurso de alzada ante el TEAC fue desestimado por resolución de 22 de septiembre de 2009.
Disconforme acude a la vía judicial.
Segundo.-El 27 de noviembre de 2009 la parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución indicada en el encabezamiento de esta sentencia y turnado a la sección sexta, fue admitido a trámite, reclamándose el expediente administrativo, para, una vez recibido, emplazar a la parte actora a fin de que formalizara la demanda, lo que así hizo en escrito presentado el 24 de mayo de 2010 en el que solicitó "se dicte sentencia por la que se revoque la resolución dictada de fecha 22 de septiembre de 2009, notificada el 7 de octubre de 2009 dictando nueva resolución por la que se declare nula y deje sin efecto todo el procedimiento desde la resolución de 24 de junio de 2006 del Inspector Regional de Andalucía y, por extensión, las liquidaciones y acuerdos que en ella se confirman con condena en costas a la Administración impugnada"
Emplazado el Abogado del Estado para que contestara la demanda presentó escrito en el que solicitó la desestimación del recurso interpuesto y confirmatoria de la resolución impugnada.
Solicitado el recibimiento a prueba y practicadas las declaradas pertinentes, se presentaron conclusiones por las partes señalándose para votación y fallo el 14 de diciembre de 2010 en que así tuvo lugar.
VISTOS los artículos citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación, y siendo Ponente Doña LUCIA ACIN AGUADO, Magistrada de la Sección.
Primero.-El acto recurrido es la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de junio de 2009 (R.G 979/07 y RS 146/08) que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía en las reclamaciones acumuladas 41/01013/2005 y 41/02894/2005 que fueron desestimadas y que confirmó tanto la liquidación girada por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2000 y 2001 que había dado lugar a una deuda tributaria de 603.402,61 euros, como un acuerdo desestimatorio dictado en la reposición presentada contra una providencia de apremio dictada en ejecución de la liquidación.
El recurrente solicita la anulación del acuerdo de liquidación de 10 de noviembre de 2004 correspondiente al IVA ejercicios 2000 y 2001 dictado por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Tributaria al considerar que el acuerdo del Inspector Regional de 24 de junio de 2003 por el que se anulaba el acta de conformidad y se ordenaba la práctica de actuaciones complementarias no es conforme a derecho. Alega que dicho acuerdo no está motivado y la documentación que se solicitó ya estaba en el expediente, utilizándose ese tramite para elaborar un informe al objeto de remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal.
El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso y señala que el acuerdo de anulación de acta y la orden de completar las actuaciones inspectoras no exige motivación y no se ha producido ninguna ilegalidad en la tramitación del procedimiento que pudiera haberle producido indefensión.
Segundo.-El artículo 60.2 del Reglamento General de la Inspección de Tributos aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 abril (actualmente derogado por el Real Decreto núm. 1065/2007, de 27 julio) establece que "cuando, se trate de actas de conformidad, se entenderá producida la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta si, transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de ésta, no se ha notificado al interesado acuerdo del Inspector-Jefe competente por el cual se dicta acto de liquidación rectificando los errores materiales apreciados en la propuesta formulada en el acta, se inicia el expediente administrativo a que se refiere el apartado siguiente, o bien se deja sin eficacia el acta incoada y se ordena completar las actuaciones practicadas durante un plazo no superior a tres meses".
En este caso al amparo de este artículo 60.2 del Reglamento General de la Inspección de Tributos, el Inspector General Adjunto de Andalucía dictó el acuerdo por el que dejaba sin efecto el acta de conformidad incoada por el IVA periodos 1999, 2000 y 2001 y ordenaba se completara el expediente y en concreto que se incorporara al mismo "una relación detallada de las facturas emitidas por la entidad en los periodos de declaración-liquidación mensuales de los ejercicios 2000 y 2001, con expresión de los siguientes datos para cada una de las facturas emitidas: n.º factura, fecha de emisión, concepto, NIF cliente, denominación social cliente, concepto, base imponible, tipo de gravamen y cuota repercutida".
Tal como señala el recurrente los acuerdos de la Inspección dictados al amparo del artículo 60.2 deben ser motivados, Así la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1999 señala que "el hecho mismo de que esa posibilidad de actuación del Inspector-Jefe dejando sin efecto el acta de conformidad haya de servir para "completar" las actuaciones inspectoras, debe suponer, lógicamente, la necesidad de que el acuerdo explicite qué actuaciones son precisas para que la labor inspectora pueda calificarse de completa y el porqué las hasta ese momento practicadas resultan insuficientes".
En este caso el acuerdo de 24 de junio de 2003 está motivado por cuanto se indica en los hechos que el contribuyente aceptó en diligencia n.º 5 de 26/07/03 los siguientes importes comprobados: operaciones sujetas: año 2000 919.139.205 euros y año 2001 1.001.405.660 euros y como operaciones exentas: año 2000 37.665.920 euros y año 2001 103.591.573 euros y en el fundamento de derecho segundo se indica "que, del examen del expediente administrativo que integra las actuaciones realizadas, se constata que éstas no han quedado suficientemente documentadas, no siendo posible verificar los extremos a los que la comprobación de la situación tributaria del sujeto pasivo se ha extendido, especialmente en lo relativo a las operaciones que han sido declaradas como exentas en el mismo".
Ciertamente consta en el expediente administrativo que en las diligencias practicadas tras el inicio de las actuaciones inspectoras y con anterioridad a la incoación del acta de conformidad se solicitó por el actuario de la Unidad Regional de Inspección, documentación en relación a las facturas emitidas en los años 1999, 2000 y 2001 y así en la diligencia de constancia de hechos de 13 de marzo de 2003 n.º 3, se señala lo siguiente: "aporta nuevos registros de facturas emitidas 1999, 2000 y 2001" (folio 57 del expediente) pero ello no impide que el superior pueda solicitar documentación referida a esas facturas y no exactamente en los mismos términos solicitados por el actuario para que se procediera a realizar unas actuaciones complementarias en orden a verificar las operaciones que han sido declaradas exentas, máxime cuando no consta incorporadas como anexo a las actuaciones realizadas por la Inspección y que sirvieron de base para elaborar el acta de conformidad, la documentación relativa a las facturas que solicitó a la entidad. De hecho cuando el sujeto pasivo remite esa documentación en cumplimiento del acuerdo de 24 de junio de 2003 del Inspector General Adjunto de Andalucía por el que ordenaba la práctica de actuaciones complementarias no dice que la misma se encuentra incorporada en el expediente administrativo sino que procede a remitirla por correo electrónico a la Administración incorporándose a las actuaciones como documento n.º 15 y 16.
El resultado de las actuaciones complementarias quedó documentado en la diligencia de constancia de hechos de 4 de septiembre de 2003 en la que el mismo actuario que extendió las diligencias anteriores procedió a realizar las siguientes actuaciones a) una comprobación material de las relaciones remitidas con lo registrado en los Libros Registros de Facturas emitidas en los años 2000 y 2001 b) constató que el número que figura en la columna "documento" figura en la propia factura y ese orden correlativo es el mismo en la relación facilitada por la empresa y en los Libros Registros de Facturas emitidas c) comprobó las 10 primeras y las 10 últimas facturas de cada carpeta del año 2000 y 2001 verificando que están archivadas por números correlativos.
Por tanto no se puede considerar irregular esa actuación de la Inspección realizada al amparo del artículo 60.2 del Reglamento General de la Inspección de Tributos aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 abril. Por otra parte esas actuaciones complementarias quedaron como ya hemos señalado documentadas en la diligencia de constancia de hechos de 4 de septiembre de 2003 dictándose posteriormente tras el auto de archivo del Juzgado de Instrucción, el acta de disconformidad y el informe ampliatorio, y finalizando con el acto de liquidación por lo que no se aprecia incumplimiento de lo establecido en el artículo 60.2 que establece que "el resultado de las actuaciones complementarias se documentará en acta, la cual se tramitará con arreglo a su naturaleza".
El hecho de que en ese plazo se realizara un informe al objeto de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la posible comisión de un delito fiscal no constituye irregularidad alguna ya que como señala el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía es obligado por parte de los órganos de la Administración poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la posible comisión de delitos.
Tercero.-De conformidad con el art. 139.1 de la LRJCA de 13 de julio de 1998 no se aprecian circunstancias de mala fe o temeridad que determinen expresa imposición de las costas causadas en este proceso.
En atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:
el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de CERAMICA SYRE SA contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de junio de 2009 (R.G 979/07 y RS 146/08) que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía en las reclamaciones acumuladas 41/01013/2005 y 41/02894/2005 que fueron desestimadas y que confirmó tanto la liquidación girada por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2000 y 2001 que había dado lugar a una deuda tributaria de 603.402,61 euros, como un acuerdo desestimatorio dictado en la reposición presentada contra una providencia de apremio dictada en ejecución de la liquidación que se declara en los extremos examinados conforme a derecho. No se hace imposición de costas.
Así por esta nuestra Sentencia, testimonio de la cual se remitirá junto con el expediente administrativo a la Oficina de origen para su ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación.-La anterior sentencia fue leída y publicada en la forma acostumbrada por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, hallándose constituido en audiencia pública, de lo que yo el Secretario, doy fe.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 349
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 artículo 60
 Real Decreto 
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