Source: https://www.scribd.com/document/119832634/Informe-de-gestion-la-Unidad-Fiscal-de-Coordinacion-y-Seguimiento-de-las-causas-por-violaciones-a-los-Derechos-Humanos-cometidas-durante-el-terrorismo
Timestamp: 2017-02-20 19:06:27+00:00

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinProcuración General de la Nación Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidasdurante el terrorismo de Estado
Informe de gestión la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado -Año 2012El juzgamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado puede caracterizarse como un proceso ya consolidado a nivel nacional que se encuentra en su punto de máxima expansión. Así lo indica el nivel de actividad procesal registrada a lo largo del último año y el hecho de que nunca fuera tan alto el número de condenados, juicios en curso o por realizarse y personas procesadas. En año 2012 se ha alcanzado una cifra de 1013 procesados, finalizaron 24 juicios -22 orales y 2 escritos- en los que se condenó a 134 imputados (111 de ellos no registraban condenas anteriores) y se absolvió a 17, se encuentran en curso 13 juicios en los que se juzga a 232 imputados en relación con los casos de más de 1800 víctimas y en los próximos meses se prevé el comienzo de 4 juicios más por la responsabilidad de 28 procesados en los crímenes que involucran a 204 víctimas. Más allá de estas cifras, debe decirse que en el último año se desarrollaron y concluyeron juicios muy relevantes en varios lugares del país en los que se pudo reflejar de modo bastante fiel la generalidad y sistematicidad del fenómeno represivo ejecutado en cada lugar, la cantidad de víctimas involucradas por estos crímenes y la entidad y el modo de funcionamiento de la estructura montada por las fuerzas armadas y de seguridad y algunos sectores civiles. Proyectar la instrucción hacia juicios con estas características fue uno de los principales objetivos de la política de persecución que la Unidad Fiscal de Coordinación buscó implementar desde su creación por resolución PGN 14/07, lineamientos que quedaron plasmados en la instrucción emitida por la resolución PGN 13/08. Ciertamente, se observan cambios evidentes en relación con la primera etapa de este proceso, cuando, más allá de Buenos Aires, se percibían sólo uno pocos juicios y las escasas causas que se lograban llevar a esa etapa comprendían muy pocas víctimas e imputados. Actualmente nos encontramos ante una situación de plena actividad en todo el país: 383 imputados fueron juzgados o están siendo juzgados en 2012, lo que representa el índice de mayor actividad alcanzado desde el inicio de este proceso de juzgamiento. Este año se pudieron seguir juicios en casi todas las jurisdicciones del país y la mayor parte de ellos fueron significativos en términos de cantidad de víctimas e imputados comprendidos. Algunos ejemplos de ello son los debates orales que tuvieron o siguen teniendo lugar en Bahía Blanca, Mar del Plata, Salta y La Plata. En el primer juicio oral por crímenes contra la humanidad de Bahía Blanca se juzgó a una amplia porción de los miembros del ejército y las fuerzas de seguridad responsables de los crímenes cometidos en el lugar, desde los altos mandos hasta las jerarquías más bajas. En Mar del Plata se desarrollaron dos juicios paralelos comprensivos del accionar del Ejército, la Armada y la Policía respecto a la mayor parte de las víctimas del terrorismo de Estado de esa ciudad. Del mismo modo puede mencionarse el caso de Salta en el que actualmente se encuentra en curso un juicio oral que es resultado de la acumulación de 15 causas, que habían tramitado por separado durante la instrucción. De no haberse adoptado las decisiones correspondientes, estos procesos podrían haber continuado siendo tratados individualmente, dando lugar a juicios por muy pocos imputados y víctimas tales como el primer debate que se llevó a cabo en esa provincia. En La Plata recientemente concluyó un juicio por los crímenes cometidos en el denominado “Circuito Camps” respecto de 280 víctimas, donde se condenó a 23 imputados.
Por otra parte, 2012 termina con el inicio de 3 grandes juicios en Capital Federal (ESMA), Córdoba (La Perla) y Tucumán (hechos cometidos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y en la Jefatura de Policía). Estos 3 juicios tienen a 150 personas acusadas, por los delitos cometidos contra 1500 víctimas. Actualmente son muy pocos los lugares en los que aún no realizaron juicios por crímenes contra la humanidad y varios son aquéllos en los ya se realizaron más de uno, dos y hasta tres debates. Pero la característica fundamental que interesa resaltar no es tanto la cantidad de juicios realizados sino que ellos respondan en términos generales a la política de acumulación de procesos conexos que se ha venido procurando llevar adelante para asistir a juicios significativos, representativos de la escala criminal alcanzada por el terrorismo de Estado en todo el país, y con la menor exposición de las víctimas-testigos que sea posible. En esta materia aún resta mucho por hacer. Para alcanzar los objetivos que se vienen de destacar se han tenido que sortear muchos obstáculos, algunos estructurales, como, por ejemplo, la falta de jueces suficientes en condiciones de llevar adelante estos procesos, y otros tantos más coyunturales que, en buena medida, se pueden explicar a partir de la falta de gestión, compromiso, voluntad, creatividad o eficiencia de algunos de los sectores responsables de que este proceso de juzgamiento pueda realizarse en tiempo oportuno y en condiciones adecuadas. Entre los principales problemas a los que la Unidad Fiscal de Coordinación ha tenido que prestar especial atención en forma recurrente pueden mencionarse, por ejemplo, cuestiones vinculadas a las demoras en la fijación de la fecha de inicio de los debates, la prolongación injustificada de algunos juicios a partir del ritmo de audiencias y múltiples suspensiones establecidas por los tribunales, las negativas inmotivadas a la acumulación de causas evidentemente conexas, las demoras para la elevación a juicio registradas a partir de los atrasos advertidos en algunas cámaras y en la actuación de algunos jueces de instrucción, el otorgamiento de prisiones domiciliarias por fuera de los parámetros que justifican la medida y la casi nula disposición de controles para evitar que se quebrante ese régimen de detención, entre muchas otras temáticas que obstaculizan seriamente el proceso. Las distintas modalidades de intervención de la Unidad Fiscal de Coordinación frente a esta clase de situaciones van desde su injerencia formal y directa en las causas en trámite mediante la presentación de los escritos pertinentes hasta la denuncia y gestión de controles más rigurosos a cargo de las instituciones competentes. Desde el primer informe sobre el estado de situación de los procesos en trámite en todo el país realizado por la Unidad Fiscal de Coordinación, emitido en agosto de 2007 bajo el título Algunos problemas vinculados al trámite de las causas por violaciones a los DDHH cometidas durante el terrorismo de Estado, se ha venido advirtiendo acerca de la necesidad imperiosa de satisfacer el reclamo de justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado a partir de una respuesta institucional responsable, a la que sólo es posible llegar como resultado de la articulación de medidas coordinadas de las que participen los diferentes Poderes y organismos del Estado, cada uno dentro de su ámbito de competencia. Desde entonces, la Unidad Fiscal de Coordinación viene trabajando en la generación de espacios de gestión propicios para ello, participando en cada uno de los ámbitos creados a tal efecto e impulsando desde allí la adopción de medidas efectivas. Medidas como las reglas prácticas adoptadas por la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación, así como el interés activo en el proceso de juzgamiento demostrado por la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación deben destacarse como las respuestas institucionales más comprometidas en generar cambios y construir herramientas para incidir en este estado de cosas y mejorar el sistema de administración de justicia en esta materia. Ambas iniciativas fueron celebradas y acompañadas por la Unidad Fiscal de Coordinación. En lo que sigue se realizará una breve descripción del estado de las causas en trámite en todo el país, el grado de desarrollo procesal alcanzado, los principales logros y obstáculos detectados. Luego se hará referencia a la actividad asumida por la Unidad desde sus diferentes ámbitos de actuación y el trabajo realizado por distintos equipos de la Unidad dedicados al tratamiento de algunas áreas de interés específicas que, por diferentes motivos, requieren de una dedicación, tratamiento e impulso especiales, como, por ejemplo, los casos de apropiación, los delitos contra la libertad sexual o la búsqueda y análisis de archivos de las fuerzas armadas y de seguridad.
El impulso del proceso general de juzgamiento en todo el país, el grado de avance alcanzado y los problemas actuales detectados Durante el último año se observa la continuación del proceso de avance de las causas hacia la etapa de juicio oral que ya se había iniciado en el año 2010 y se intensificó especialmente durante 2011. La subsistencia en esta línea es indicativa de que la concreción de un gran número de juicios no se debió a un hecho aislado sino que tiene relación directa con el trabajo que se ha venido implementando desde años anteriores, que ha permitido la continuidad y expansión de este proceso de juzgamiento en pleno movimiento. Debe destacarse, asimismo, que la intensificación de la actividad de juzgamiento ha venido acompañada de una mejora en la calidad de los juicios, especialmente en lo que se refiere a uno de los objetivos que se planteó la Unidad Fiscal desde su creación en 2007, esto es, la realización de juicios significativos tanto en cantidad de hechos como en cantidad de acusados. En efecto, puede observarse que muchos de los juicios que han venido desarrollándose en los últimos años y los juicios venideros han incorporado mayor material fáctico y más acusados que los juicios iniciales. Varios son los ejemplos ilustrativos de este proceso. Durante este año, en Bahía Blanca y Mar del Plata concluyeron con sentencias condenatorias respecto de un total de 29 procesados -y 2 absueltos- dos juicios muy importantes a cuyo inicio se hizo especial referencia en el informe de gestión anterior en consideración a la cantidad de víctimas e imputados abarcados. Allí también se aludía al juicio por los hechos cometidos en la “Base Naval de Mar del Plata”, que tramitó en paralelo en esa jurisdicción y hoy se encuentra en su tramo final. El 19 de diciembre pasado el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata dictó sentencia condenando a 23 imputados en el marco de una causa en la que se juzgaron los casos de 280 víctimas. Además, debe mencionarse la jurisdicción de Salta, donde ya hubo un juicio anterior de pequeñas dimensiones en términos de cantidad de imputados y de casos, pero este año tuvo inicio el juicio en la causa 3135/09 –ex causa 734/03- que comprende un total de 15 causas acumuladas en las que se juzga a 19 imputados por los casos de 34 víctimas, debate bastante más representativo del fenómeno de represión ocurrido en la provincia. Otro caso que debe señalarse es el juicio que se está llevando a cabo en Paraná –sección judicial de Concepción del Uruguay- en la causa 1960/10 y acumuladas que abarca todos los imputados y casos de la región (9 imputados y 30 víctimas). Por último, corresponde señalar que el 12 de noviembre pasado se inició el
juicio más importante que ha tenido lugar hasta el momento en Tucumán. Se tara de la causa juicio oral que se encuentra en desarrollo en el marco de la causa A- 81/12, actuaciones que luego de un proceso de acumulación involucran a 234 casos y 44 imputados por los hechos cometidos en los centros clandestinos Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía. También merecen ser destacados los casos correspondientes a aquellos lugares en los hasta el momento no había tenido lugar ningún juicio oral y que recién este año se pudo arribar por primera vez a esa etapa, a saber: en San Nicolás -causa nro. 37/09- con inicio el 3/7/12 y finalización el 27/12/12, Jujuy –causa nro.19/11 y acumulada- con inicio el 12/7/12-, Catamarca –causa nro.13/11- con inicio el 23/4/12 y finalización el 15/6/12 y Comodoro Rivadavia –causa Nº 979-, iniciado el 7/5/12 y concluido el 15/10/12. Debe decirse que, más allá de estos avances, se continúan observando serias dificultades tanto para lograr el inicio de muchos juicios injustificadamente demorados como para que los debates en curso no se extiendan más allá de lo razonable. Esta clase de trabas contribuyen a entorpecer el proceso de juzgamiento pues de este modo se termina impidiendo que otros procesos elevados en la misma jurisdicción puedan llevarse a juicio en término. Pueden mencionarse varios ejemplos de juicios excesivamente largos que se podrían realizar en un lapso mucho más razonable. El problema fundamental es que se realizan pocas audiencias semanales y, a su vez, de cada jornada se destinan muy pocas horas al debate concretamente. En algunos casos también contribuye la actitud de los jueces frente a maniobras dilatorias o la falta de empeño orientado a agilizar el debate por diferentes medios a su disposición. Se espera que la debida implementación de algunas de las reglas prácticas dispuestas por la Cámara Federal de Casación Penal por la Acordada 1/12 contribuya a solucionar esta clase de problemas. En el informe de gestión anual correspondiente a 2011 se mencionaron como ejemplos paradigmáticos de esta situación al juicio por los hechos de la ESMA y al juicio de Rosario en causa “Feced”, que se prolongaron innecesariamente durante demasiado tiempo1. En consideración a estos antecedentes, en mayo de este año la Unidad Fiscal de Coordinación realizó una presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal en relación con el próximo juicio por los hechos de ESMA, solicitando que se establezca un cronograma de al menos 4 audiencias por semana de no menos de 6 horas reales de debate cada una. La Cámara de Casación dispuso en consecuencia requerir al Tribunal Oral Federal N° 5 que interviene en el caso que tenga en cuenta “el máximo rendimiento en cuanto a la periodicidad y extensión horaria” (resolución del 28 de mayo de 2012 emitida en el marco del Expte. S.G. 119/94). Con cita expresa de este antecedente, por resolución 715/12, del 8 de junio de 2012, la Cámara Federal de Casación Penal, generalizó esta medida al hacer saber a los tribunales orales que deberán disponer “el máximo rendimiento en cuanto a la periodicidad y extensión horaria de las audiencias de juicio que celebren”. Sin dudas, este se trata de un problema importante que tiende a repetirse con mayor o menor intensidad en muchas de las jurisdicciones. En relación con juicios que se encuentran en desarrollo puede mencionarse el caso de San Juan en donde el 7/11/11 se inició el debate en el marco de la causa 6481 “Amin de Carvajal” y se juzga a 7 imputados. Las audiencias se llevan a cabo los martes y miércoles, 1
El juicio sobre la ESMA duró casi 2 años (se inició el 11/12/09 y concluyó recién el 26/10/11), mientras que en Rosario el juicio por la causa “Feced” se prolongó durante 1 año y 8 meses (comenzó en julio del 2010 y concluyó en marzo de 2012).
pero sólo se destina la jornada completa del primer día, generalmente los miércoles el debate finaliza en horas del mediodía, con lo cual se prevé que se prolongará en exceso la finalización del juicio. También se puede destacar el caso de Salta que comenzó el 21 de mayo pasado en el marco de la causa N° 3135/09 (y sus acumuladas). Dado el ritmo de audiencias que el tribunal ha querido implementar, el debate se podría prolongar mucho más allá de lo razonable. El tribunal había dispuesto que las audiencias se realizaran sólo 2 días por semana (lunes y martes) y exclusivamente en horario vespertino (de 14 a 19 horas). Ante ello, el 16 de febrero la fiscalía recurrió y propuso un cronograma de al menos tres audiencias semanales que comprendan toda la jornada. El planteo fue rechazado el 19/03/2012. Frente a esta situación la Unidad Fiscal de Coordinación hizo una presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal donde manifestó su preocupación por lo resuelto. Finalmente, el tribunal dispuso que el debate se desarrollara los lunes y martes, en horario matutino y vespertino. Un caso en el ritmo de audiencias marcado por el tribunal implicó una dilación excesiva del juicio fue el debate por los hechos conocidos como la “Masacre de Trelew” 2. Desde el inicio del juicio el 7 de mayo hasta su conclusión por sentencia del 15 de octubre pasado se han realizado tan solo 38 audiencias, cada una de ellas con una duración promedio de aproximadamente 3 horas. Entre las múltiples suspensiones dispuestas se destaca la que tuvo lugar entre el 28 de junio al 25 de julio, lo que significó un retraso de cerca de un mes. En la Rioja, también se ha observado un ritmo de audiencias que conspiró contra el principio de continuidad y una conclusión del debate en tiempo oportuno, generando un claro desgaste en las partes, testigos y otros interesados en el juicio. Se ha dicho que otro problema observado frente al que se deben poner mayores esfuerzos para mantener la actividad e incrementar el proceso de juzgamiento es la existencia de causas que se elevaron a juicio hace mucho tiempo y aún no se realizan los juicios. Los motivos varían, en algunos casos se vinculan con problemas para la integración del tribunal. En muchos casos se observan múltiples recusaciones infundadas a las que, de todos modos, los tribunales les dan trámite y esto termina por ser funcional a la finalidad dilatoria del planteo. En ocasiones, sin embargo, se detectan casos de causas que están listas para ser llevadas a juicio pero, sin mayores explicaciones atendibles, los tribunales las mantienen a la espera, situación que resulta difícil superar dentro de los mecanismos procesales habituales. Algunos ejemplos de ello son causas como “Plan Cóndor”3, de Capital Federal; “Estrella”4, de La Rioja y “Carrillo”5 –aún sin fecha de juicio-, de Formosa,
Causa N° 12- F 122- Año 2006, caratulada "Sosa Luis Emilio, Bravo; Roberto Guillermo y otros s/ privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios agravados", del registro del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. 3 El primer tramo (y el más importante) de la causa “Plan Cóndor” se radicó ante el TOF 1 hace casi 5 años (se elevó en noviembre de 2007, por 14 imputados y 108 casos) y se ofreció prueba hace más de tres años. Luego fueron elevados los otros dos tramos de la investigación (el último en mayo de 2012). Parte de la investigación sigue en instrucción. El TOF 1 tuvo a su cargo la realización del juicio de “Orletti”, en el que el 31/3/11 dictó condena. El trámite de ese juicio pareciera haber sido uno de los motivos por los cuales ese TOF no fijaba fecha para Cóndor. Sin embargo, recién luego de más de 1 año y medio de pronunciada esa condena se fijó fecha de juicio, para el 5 de marzo de 2013. 4 La causa estuvo a la espera del juicio durante casi 3 años. Fue elevada a juicio al Tribunal Oral el 20 de septiembre de 2009 y la primera audiencia del debate recién tuvo lugar el 16 de agosto de 2012. En junio de 2011 –recién ocho meses después de la radicación de la causa en el tribunal– éste se integró con los Dres. Carlos María Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano y Jaime Díaz Gavier, quienes citaron a las partes a ofrecer prueba en los términos del art. 354 CPPN. Desde estos actos procesales, la realización del debate estuvo paralizada a raíz de numerosos planteos de recusación y excusación, que se formularon. En marzo de este año, la Unidad hizo saber de esta situación al
en los que las demoras entre la elevación a juicio de las causas y la fecha de inicio oscilan entre los 2 y 4 años. Más allá de la anormalidad de esta clase de tiempos procesales y las expectativas puestas en que causas cuya instrucción duró muchos años lleguen de una vez a juicio, es previsible que estos ritmos contribuyan a situaciones de impunidad insalvables, por ejemplo, por el fallecimiento de víctimas, testigos e imputados. De allí la urgencia en la adopción de medidas para transparentar la agenda de los tribunales y generar mayor agilidad en las cuestiones vinculadas a su integración. A continuación se realiza una descripción de los cambios registrados en las causas en trámite en todo el país hasta agosto de 2012.
Algunos datos sobre la situación procesal de los imputados A partir de los datos recolectados durante el transcurso del año hasta diciembre de 2012 pueden efectuarse algunas consideraciones sobre el estado de los procesos por los crímenes contra la humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado y un análisis comparativo del grado de avance general de las causas a la luz de la información recolectada en años anteriores. Efectivamente, se cuenta con informes periódicos que se publican en la página web6 de esta Unidad cuyas conclusiones parciales también permiten acercarnos a un pronóstico sobre el avance de las investigaciones y las principales necesidades que deben atenderse en adelante. Se tendrán en cuenta los siguientes datos: cantidad de imputados procesados 7 –algunos de ellos con requerimiento de elevación a juicio o ya elevados a juicio-, juzgados, condenados y detenidos. Además, se detallan la cantidad de juicios con fecha de inicio a fijada y aquéllos que se encuentran actualmente en curso. Actualmente, se registra un total de 1013 personas procesadas (personas respecto de las cuales se dictó al menos un auto de procesamiento). Es importante destacar que de estas 1013 personas procesadas, 619 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 75 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación a juicio. De este modo, cerca del 70% (694) de los 1013 procesados actuales ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con requerimiento fiscal de elevación a juicio. Además, aproximadamente el 35 % del total de elevados a juicio (232) ya ingresó a la etapa de juicio propiamente dicha (audiencias de debate) y se encuentra próximo a obtener una sentencia definitiva a su respecto.
presidente de la CFCP a fin de que se logre establecer la integración definitiva del tribunal y se de comienzo a este dilatado juicio, acontecimiento que por fin se produjo el 16 de agosto pasado. 5 La causa N° 3119, “Steimbach” (ex “Carrillo”) fue elevada el 01/07/2010 y aún no tiene fijada fecha de inicio del debate. En esta causa los miembros del TOF de Formosa se excusaron de intervenir ya que anteriormente habían entendido en juicio oral celebrado en la causa “Colombo”, donde se juzgaron algunos de los hechos comprendidos por este nuevo debate en la causa “Steimbach”. A raíz de ello, se dispuso la integración del tribunal con los miembros del Tribunal Oral Federal de Misiones. Luego se sucedieron una serie de recusaciones que fueron recientemente resueltas por la Cámara Federal de Corrientes. 6 Ver el sitio en http://www.mpf.gov.ar/index.asp?page=Accesos/DDHH/ufi_ddhh1.asp 7 Consideramos que la referencia a personas procesadas es preferible a la de cantidad de causas existentes o causas en trámite. Las causas judiciales difieren mucho entre sí: algunas abarcan una gran cantidad de hechos y acusados y otras son muy pequeñas e incluso pueden no registrar avances sustanciales. Por lo tanto, hablar de un número X de causas judiciales puede no dar una idea más o menos precisa de la dimensión del fenómeno. Mayor precisión se logra si se hace referencia a la cantidad de personas que están efectivamente sujetas a proceso mediante un auto judicial que afirme su presunta responsabilidad (auto de procesamiento).
Desde que iniciaron los juicios por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en 1983 hasta el presente, se ha juzgado a 422 personas (juicios concluidos), de las cuales 378 fueron condenadas y 44 resultaron absueltas8. Hasta 2008 había 70 personas condenadas, al finalizar el año 2009 ese número aumentó a 100, a fines de 2010 a 199, mientras que para el 2011 se condenó a 267. En lo que va de este año el número de condenados aumentó a 378 personas. Es decir que en lo que va del 2012 hubo 111 nuevos condenados.9 Se advierte, entonces, que entre 2008 y 2012 la cantidad de condenados se quintuplicó. La evolución descripta se refleja en el siguiente gráfico:
Estos datos incluyen las sentencias dictadas por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal en las causas n° 13 y n°44 el 9/12/85 y el 2/12/86, respectivamente. El número de 422 personas juzgadas se refiere a individuos distintos (algunos han sido juzgados más de una vez). El número de 44 personas absueltas cuenta sólo a aquellas personas que fueron absueltas y nunca condenadas (es decir, no incluimos como “absueltos” a quienes registran alguna condena). 9 Han finalizado 24 juicios -22 orales y 2 escritos- en los que se condenó a 107 personas por primera vez. Además, el 13 de junio de este año, la Cámara Nacional de Casación Penal revocó las absoluciones dictadas en el año 2009 en el marco de la causa nro. 1261 y 1268 “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ priv. Ileg. de la libertad" Primer Cuerpo del Ejército -Jefes de Área- y condenó a Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Román Lobaiza y Teófilo Saa (sentencia pronunciada por la Sala IV de la CFCP el 13 de junio de 2012 en la causa Nº 12.038, caratulada “Olivera Rovere, Jorge Carlos y otros s/recurso de casación” -reg. 939/12-), el 22 de octubre de 2012 revocó la absolución dictada en el año 2009 en la causa nro. 16656 "CAMPOS, Rodolfo Anibal y Otros p.ss.aa. Homicidio Agravado, Privación Ilegítima de la Libertad Agravada e Imposición de Tormentos Agravados" y condenó a Luis Calixto Flores (sentencia pronunciada por la Sala IV de la CFCP el 22 de octubre de 2012 en la causa nro. 12.161 “CEJAS, César Armando y otros s/recurso de casación”), quien ya tenía una condena en otra causa del año 2011; y el 31 de octubre de 2012 revocó la absolución en el marco de la causa 001 M y acumulados “"Fiscal contra Menéndez, Luciano B. y otros por Av. Inf. Art. 144 bis del C.P." y condenó a Paulino Enrique Furió (sentencia pronunciada por la Sala IV CFCP el 31 de octubre de 2012 en la causa Causa Nro. 15314 “MIGNO PIPAON, Dardo y otros s/rec. de casación” –reg.2042/12) .En consecuencia, se registran 111 condenados nuevos en el transcurso de este año. Si se suman éstos últimos a los 267 condenados que había a fin del año pasado, se obtiene un total de 378 condenados al finalizar el año 2012.
Estos datos dan cuenta de que en un principio el avance del proceso de juzgamiento se reflejaba fundamentalmente en el aumento paulatino del número de personas procesadas, como quedó plasmado en los informes anuales anteriores. Desde el año 2010 a esta parte, más allá de que el número de personas procesadas continúa aumentando, se advierte un fuerte incremento de personas efectivamente sometidas a juicio oral y público. Precisamente, es sobre todo la etapa de juicio la que muestra un creciente nivel de actividad. En el transcurso de 2012 concluyeron 24 juicios10, en los que se condenó a un total de 134 personas11 (111 de ellas condenadas por primera vez) y se absolvió a otras 17.
Los juicios que han terminado en 2012 son los siguientes:1) En Mar del Plata –Sección judicial de Azulconcluyó el juicio en la causa 30615 (Legajo de Prueba N° 18)"Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires s/denuncia" (Causa "Moreno") en la que se condenó el 16/3/12 a Emilio Felipe Méndez, Julio Manuel Méndez, José Luis Ojeda, Roque Ítalo Pappalardo y Julio AlbertoTommasi; 2) En Tucumán finalizó el juicio en la causa A-190/11 "Aguirre, Emma del Valle s/ su denuncia por privación ilegítima de la libertad y otros delitos” en la que se condenó el 23/3/12 a Miguel Angel Moreno y 3) en la Sección judicial de Catamarca en la causa 809/00, “Actuaciones Instruidas por supuestas desapariciones y muertes de Francisco Gregorio Ponce; Julio Genaro Burgos; Griselda del Huerto Ponce y Nelly Yolanda Borda”, (nro. 13/11 del TOF) en la que se condenó el 15/6/12 a Juan Manuel Rauzzino y a Carlos Alberto Lucena; 4) En Rosario concluyó el juicio en la causa NRO. 120/08 “DIAZ, BESSONE, Ramón Genaro; LOFIEGO, José Rubén; MARCOTE, Mario Alfredo; VERGARA, Ramón Rito; SCORTECHINI, José Carlos y CHOMICKI, Ricardo Miguel S/ Homicidio, Violación y Tormentos y acumuladas” (Ex nro. 130/04 “Feced”) en la que se condenó a Ramón Genaro Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote, José Carlos Antonio Scroteccini, Ricardo Chomicki y 5) en la Sección judicial de Santa Fe 26/10"MARTÍNEZ DORR, Roberto José s/ infracción art. 144 bis inc. 1º del C.P. y 144 ter, 1º y 2º párrafo del C.P según ley 14.616 y art. 55 del C.P.” se condenó el 16/4/12 a Roberto José Martínez Door; 6) En Córdoba en la causa 20.219 “ROSELLI, Antonio José y otros p.ss.aa. privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado” el día 26/3/12 se condenó a Pedro Nolasco Bustos, José Filiberto Olivieri y Jorge Worona; 7) En San Martín en la causa n° 2376 "Riveros, Santiago Omar y otros s/ priv. Ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, etc." -Caso 218 – el día 31/5/12 se condenó a Roberto ramón Bustos y Jorge Julio Bianchero; 8) En Capital Federal finalizó el juicio en la causa causa nro. 1824 “GODOY, Pedro Santiago y otros s/inf. arts. 144 bis inc. 1° 6 y último párrafo -ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1° -ley 20.642- del C.P.; 144 bis, último párrafo en función del art. 142 inc. 5° del C.P., en concurso real con inf. arts. 144 ter, primer párrafo - ley 14.616- del C.P.” (ABO II) en la que se condenó el día 8/6/12 a Alfredo Omar Feito y a Pedro Santiago Godoy y 9) el juicio en la causa N° 1351 “Nicolaides Cristino, videla, jorge rafael y otros” (a esta causa se encuentran acumuladas las siguientes: 1499, 1604, 1584, 16983/04, 3063/10 -Plan Sistemático-) en la que se condenó el 5/7/12 a Antonio Vañek, Jorge Eduardo Acosta, Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Jorge Rafael Videla, Juan Antonio Azic, Jorge Luis Magnacco, Víctor Alejandro Gallo y Inés Susana Colombo; 10) En Posadas concluyó el juicio en la causa 3-3159/05 “Personal de la Policía de la Provincia de Misiones en el período comprendido entre los años 1976/1983 s/privación ilegítima de la libertad agravada por torturas; torturas seguida de muerte" en la que el día 4/7/12 se condenó a Felipe Nicolás Giménez, Carlos Oar Herrero, Julio Argentino Amarilla y Carlos Alberto Pombo; 11) en Capital Federal finalizó el juicio escrito en la causa 8905/07 "Simón, Antonio Herminio s/privación ilegítima de la libertad – González Naya Arturo Félix y otros s/ privación ilegitima de la libertad (se acumuló la causa n° 6859/98) en la que el 31/5/12 se condenó a Antonio Herminio Simón y Alfredo Omar Feito y 12) En Comodoro Rivadavia concluyó el juicio en la causa N° 12 – F° 122 – Año 2006 “N.N. s / Denuncia (contra autores en la llamada MASACRE de Trelew – 22 de Agosto Base Zar Tw)”Recaratulado "Sosa Luis Emilio, Bravo; Roberto Guillermo y otros s/ pil, torturas y homicidios agravados" en la que el 15/10/12 se condenó a Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, y Luis Emilio Sosa, 13) En Mar del Plata finalizó el juicio en la causa 2278 “Caffarello Nicolás s/delito contra derecho de gentes (y causas acumuladas 2300, 2301, 2380 y 2325) en la que se condenó el 1/10/12 a Ernesto Alejandro Agustoni, Alfredo Arrillaga, José Carmen Beccio, Héctor Francisco Bicarelli, Eduardo Jorge Blanco, Nicolás Cafarello, Héctor Carlos Cerrutti, Mario Jorge Larrea, Leandro Edgardo Marquiegui, Ernesto Orosco, Fortunato Valentín Rezett y Jorge Luis Toccalino, 14) En Bahía Blanca concluyó el juicio en la causa 982/09 “Bayón Juan Manuel por privación ilegal de la libertad agravada reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado, reiterado a Bombara, José y otros en área controlada oper. Cuerpo Ejército V” en la que el 12/9/12 se condenó a Héctor Jorge Abelleira, Juan Manuel Bayón, Norberto Condal, Carlos Antonio Contreras, Hugo José Delmé, Hugo Carlos Fantoni, Vicente Antonio Forchetti, Carlos Arturo Goncalvez,
En lo que respecta a la actividad actual y venidera, vale señalar que hoy se registran 13 debates en trámite12 (orales y escritos) -donde se juzga a 232 acusados- y ya se
Jorge Horacio Granada, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Mario Carlos Antonio Méndez, Andrés Miraglia, Osvaldo Bernardino Páez, Héctor Luis Selaya, Carlos Alberto Taffarel y Walter Bartolomé Tejada, 15) En Capital Federal finalizó el juicio escrito en la causa 293/12 “González Naya Arturo Félix y otros s/privación ilegítima de la libertad” en la que se condenó a Jorge Oscar Baca y Carlos Eduardo Somoza con fecha 21/9/12, 16) En Paraná concluyó el juicio en la causa 1960/10 “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros s/infracción art. 151 y otros del Código Penal”, ex expediente. N°56.208 “Roman Cesar maniel s/denuncia” y sus acumulados en el que se condenó a Juan Miguel Valentino, Naldo Miguel Dasso, Julios César Rodríguez y Francisco Crescenzo con fecha 27/12/12, 17) En San Nicolás finalizó el juicio en la causa nro. 37/09 “Muñoz, Jorge; Bossie, Antonio Federico y Saint Amant Manuel s/ Homicidio Calificado por art. 80.inc.6 en concurso real” en el que se condenó el 27/12/12 a Fernando Manuel Saint Amant, Jorge Muñoz y Antonio Federico Bossie 18) En La Rioja finalizó el juicio en la causa 361-E-2009 “Estrella, Luis Fernando y otros s/homicidio calificado reiterado, privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y tormentos” en la que se condenó a Luis Fernando Estrella, Domingo Benito Vera y Luciano Benjamín Menéndez el día 7/12/12, 19) En capital Federal concluyó el juicio en la causa nro. 8.786/05 “Vergez Héctor Pedro s/delito de acción pública” en la que el día 21/12/12 se condenó a Héctor Pedro Vergez, 20) En Neuquén tuvo lugar el juicio en la causa 731- F |82-Año 2012 “Luera, José y otros s/delito contra la libertad y otros” en la que se condenó a Antonio Alberto Camarelli, Enrique Charles Casagrande, Raúl Antonio Guglielminetti, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, José Ricardo Luera, Máximo Ubaldo Maldonado, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Enrique Braulio Olea, Julio Francisco Oviedo, Miguel Ángel Quiñones, Oscar Lorenzo Reinhold, Sergio Adolfo San Martín, Gustavo Vitón el día 6/11/12, 21) En Santiago del Estero concluyó el juicio en la causa 960/2011 “S/desapariciones forzadas de personas, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, etc. E.P. Juana Agustina Aliendro y otros” en la que se condenó el día 5/12/12 a Musa Azar, Eduardo Bautista Baudano, José Gregorio Brao, Juan Felipe Bustamante, Héctor Carlos Capella, Jorge Alberto D´Amico, Miguel Garbi, Francisco Laitán, Ramiro del Valle López Veloso, Rolando Doroteo Salvatierra, 22) En la Plata concluyó el juicio en la causa nro. 2955/09 “Almeida, Domingo y otros s/inf. Arts. 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del C.P.” en la que el día 20/12/12 se condenó a Domingo Almeida, Santiago Antonini, César Agüello, Jorge Antonio Bergés, Roberto Antonio Cabrera, Rodolfo Aníbal Campos, Bernabé Jesús Corrales, Norberto Cozzani, Miguel Osvaldo Etchecoltaz, Pedro Antonio Ferriole, Carlos García, Roberto Omar Grillo, Hugo Alberto Guallama, Miguel Kearney, Daniel Jorge Lencinas, Horacio Elizardo Luján, Raúl Orlando Machuca, Luis Vicente Patrualt, Víctor Sita, Jaime Lamont Smart, Fernando Svedas, Eros Amílcar Tarela y Sergio Arturo Verduri, 23) En La Plata también finalizó el juicio en la causa 91342 “Tasca –Giordano-Barili Angela Victoria s/dcia. Privación ilegal de la libertad, 139 y 146” en el que se condenó a Nora Raquel Manacorda y Silvia Beatriz Molina el día 20/12/12 y 24) En Corrientes tuvo fin el juicio en la causa 1-19.469/07 “Investigación delitos de lesa humanidad –víctima Eduardo Héctor Acosta” en el que el día 27/12/12 se condenó a Raúl Angel Portillo. 11 Esta cifra comprende a los cinco imputados condenados por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en la sentencia del 13 de junio de 2012 en la causa Nº 12.038, caratulada “OLIVERA ROVERE, Jorge Carlos y otros s/recurso de casación” (reg. 939/12), en la sentencia del 22 de octubre de 2012 en la causa nro. 12.161 “CEJAS, César Armando y otros s/recurso de casación” (reg. 1946/12) y en la sentencia del 31 de octubre de 2012 en la causa Nro. 15314 “MIGNO PIPAON, Dardo y otros s/rec. de casación” (reg. 2042/12). 12 Juicios orales: En Mar del Plata está en desarrollo el juicio en: 1) la causa nro. 2333 “Malugani Juan Carlos, Pertusio Roberto s/Av. Homicidio Calificado” Juzg. Fed. Mar del Plata (y su acumulada n° 5113 "Frigerio s/ denuncia" -elevaciones de los imputados 6 y 8- y causa nro. 5180) -Base Naval II En San Juan se desarrolla el juicio en: 2) la causa nro. 6481 “Amin de Carvajal, Sara y otros, s/denuncia homicidio”(acumulada con las nros. 6204, 4459 y 4942. En Salta se lleva a cabo el juicio en 3) causa nro.3135/09 –ex causa 734/03 y 15 causas acumuladas. En Jujuy se realiza el juicio en la 4) causa nro. 19/11 y su acumulada 52/11 (ex causa 393/05) “Álvarez García, Julio Rolando s/su desaparición”, y sus acumuladas ("Aredez", "Bazán", "Aragón", "Galeán"). En Mendoza se encuentra en curso el juicio en 5) la causa Nros.75 M (ex 031-F), 77 M (ex 026-F y acumulados), 75 M (ex 20-F), 592, 53 –M (ex 46-F), 685-F y 607-F. En Tucumán se lleva a cabo el juicio en 6) causa A-81712 “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía s/secuestros y desapariciones”. En Santa Fe se encuentra en desarrollo el juicio en 7) la causa 54/12 “SAmbuelli Danilo Alberto y ot. s/pt.inf. art. 142 inc1 y 144 ter primer párrafo con la agravante del segundo párrafo s/ley 14.616 y 55 del CP”. En Córdoba se realiza el juicio en 8) la causa nro. 136/09 “Menéndez, Luciano Benjamín y otros ppss homicidio calificado etc”. En san Martín se realiza el juicio en 9) la causa 2047 “Riveros Santiago Omar y otros s/priv. Ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, etc” casos 42-49-82-83-99-248 y las causas acumuladas 2257 –caso 316 “García”-. En Capital Federal se lleva a cabo el juicio en 10) la causa 1282, 1349, 1415, 1492, 1510, 1545, 1668 y 1669 “ESMA II”. Juicios escritos 11) la causa n° 8074/10 caratulada “Magnacco, Jorge Luis s/ sustracción de menores de 10 años”; 12) la causa n° 15.780/08 caratulada “Azic, Juan Antonio y otros s/ Procuración General de la Nación Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado
encuentran programados para los próximos meses otros 413 juicios orales que involucran un total 28 procesados en relación con 204 víctimas. Por otra parte, un indicador interesante acerca de la actividad que suponen estos juicios es que el universo total de casos por los que hoy hay juicios en curso en todo el país se refiere a los crímenes sufridos por más 1800 víctimas. Es así que durante el año 2012 un total de 383 personas han sido juzgadas o están siéndolo en juicios en curso. Esta cifra incluye, entonces, todas las personas sobre las que recayó sentencia durante 2012 (absolución o condena) y aquellas que están siendo sometidas a juicio actualmente (juicios orales y juicios escritos). La cifra no sólo es la más alta desde la reactivación del proceso de juzgamiento (duplica la alta cifra alcanzada el año pasado, que fue 193 personas) sino que, a su vez, es más de 10 veces más alta que la de 2009. Ello se debe, principalmente, a que durante 2012 se han podido concretar juicios con una mayor cantidad de acusados (a veces llamados “megajuicios”), especialmente los juicios realizados en Bahía Blanca y La Plata. Al respecto cabe destacar, que sobre fines del 2012 se han iniciado 3 juicios grandes en Capital Federal (ESMA), Córdoba (La Perla) y Tucumán (hechos cometidos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y en la Jefatura de Policía). Estos 3 juicios tienen a 150 personas acusadas, por los delitos cometidos contra 1500 víctimas. Se trata de juicios que por su dimensión se aproximan al tipo de juicio que esta Unidad se fijó como objetivo desde su creación, dado que comprenden un número significativo de acusados y de víctimas.
El gráfico que sigue muestra la cantidad de personas sometidas a juicio oral en cada año y cómo, desde la reactivación de los procesos en 2007, se fue incrementando la actividad año a año hasta diciembre 201214.
sustracción de menores de 10 años”, a la cual se encuentra acumulada la causa n° 4389/10 caratulada “Díaz Smith, Jorge Manuel s/ sustracción de menores de 10 años”; en Paraná se lleva a cabo el juicio en 13) la causa Nº 7824 “Sr Fiscal solicita desarchivo de causas que tramitan por art. 10 ley 23.049” Juzgado Federal de Primera Instancia de Paraná. 13 1) Comodoro Rivadavia tendrá lugar con fecha 5/03/13 el juicio en la causa 622 –F|206-año 1976 “Solari Yrigoyen Hipólito Eduardo s/denuncia presunto secuestro, severidades, vejaciones o apremios ilegales que resultó víctima” y acumulada causa 648 F| 210 año 1976 “Amay, Mario Abel s/presunto secuestro, apremios ilegales, malos tratos y vejaciones y tormentos seguidos de muerte” , 2) En Capital Federal iniciará el 5/3/13 el juicio en la causa nro. 1504, 1951 y 1976 “Plan Cóndor I y II” y “Orletti II”,3) En Rosario se llevará a cabo el día 23/3/13 el juicio en la causa nro. 95/10“Porra, Ariel Zenón, González Marino Héctor, Cabrera Juan Andrés, Pelliza, Alberto Enrique, S/privación ilegal de la libertad, tormentos, amenazas y desaparición física” y 4) en Santa Fe se encuentra programado el juicio en la causa 411/09“Góngora, Cecilia R. y otros s/ pta. inf. arts. 146, 139 inc. 2 Y 293 del C.P.” el día 27/6/13. 14 El gráfico muestra la cantidad de personas que en cada año participaron en juicios orales (o escritos) en calidad de acusados, ya sea que los juicios hayan finalizado o no ese año. Por ejemplo, en 2012 se incluyen a todos los acusados en juicios que comenzaron en 2011 pero continuaron en 2012, a los acusados de juicios que empezaron y terminaron en 2012 y acusados en juicios que empezaron en 2012 y aún no finalizaron (el mismo criterio se sigue en los años anteriores).
Respecto de la cantidad de personas condenadas, cabe aclarar que de los 378 condenados que existen hasta el momento, sólo 55 de ellos registran condenas firmes15. De ese total, solamente 4 quedaron firmes durante el año 2011 y 10 durante el año 201216. Como se advirtió más arriba, si bien la etapa de juicio oral es la que más progreso ha tenido, lo cierto es que la cantidad de procesados también ha ido aumentando –de 843 en 2011 a 1013 en lo que va del 2012-. Ello da cuenta de que la actividad en instrucción aún se encuentra activa y que se ha podido determinar la responsabilidad penal de nuevos imputados. Finalmente, aquí debe acotarse que en los últimos tiempos se ha prestado especial atención a la existencia de nuevos ámbitos de imputación vinculados con la responsabilidad de sectores empresariales y de integrantes de la administración de
Buena parte de estas condenas firmes son por juicios llevados a cabo en la década de 1980 y casos de apropiación de menores. 16 En el año 2011 quedaron firmes las sentencias condenatorias respecto de: Juan Carlos Colombo (causa nro.200/06 -nro.2333 en el TOF- “Colombo, Juan Carlos s/ asociación ilícita en calidad de jefe, privación ilegitima de la libertad reiterada y agravada, tormento agravado reiterado, desaparición forzada de personas en función del delito de homicidio” de la jurisdicción de Formosa), Diego Manuel Ulibarrie (causa nro. 50/07 "Ulibarrie, Diego Manuel p/ sup. Privación ilegítima de la libertad y desaparición forzada de personas" de la jurisdicción de Corrientes), Víctor Enrique Rei (causa nro. 19398/02"Rei, Víctor E. y otra s/ sustracción de menores de diez años" de la jurisdicción Capital Federal) y Juan Carlos Lapuyole (causa nro, 16441/02 “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ priv. Ileg. de la libertad (Primer Cuerpo del Ejército) - Masacre Fátima-“ de la jurisdicción de Capital Federal). A su vez, en el año 2012 quedaron firmes las sentencias condenatorias de Juan Antonio Beltrametti (1-521/06 “Caggiano Tedesco, Carlos Humberto s/ Privación Ilegítima de la libertad; Privación Ilegítima de la libertad agravada por torturas; Torturas seguida de muerte” de la jurisdicción de Posadas), Antonio Américo Barcos (causa nro 43/08 “BARCOS, Horacio Américo S/ Inf. art. 144 bis inc. 1°, 142 inc. 1°, 144 ter. 2do. Párrafo y 55 del C.P.” de la jurisdicción de Santa Fe), César Miguel Comes e Hipólito Rafael Mariani (causa 1170-A "Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ priv. Ileg. de la libertad" (Primer Cuerpo del Ejército; Vesubio y Mansión Seré de la jurisdicción de Capital Federal), Carlos Enrique Gallone (causa nro. 16441/02 Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ priv. Ileg. de la libertad (Primer Cuerpo del Ejército) - Masacre Fátima- de la jurisdicción de Capital Federal), Valentín Padován Orestes (causa 13172 "Brandalisis, Humberto Horacio y otros s/ averiguación ilícito" de la jurisdicción de Córdoba) y Miguel Ángel Fernández Gez, Luis Alberto Orozco, Juan Carlos Pérez, Carlos Esteban Plá (causa 1914-F-2007 "F.s/av. delito (Fiochetti Graciela) y sus acumulados" de la jurisdicción de San Luis).
justicia, así como a la imputación de delitos sexuales en el marco de la represión, aspectos del terrorismo de Estado que venían quedando relegados en el marco de este proceso de juzgamiento. Si bien en algunas jurisdicciones se comienzan a ver avances en este sentido lo cierto es que aún debe profundizarse el proceso de juzgamiento en estos ámbitos. Se puede pronosticar que el trabajo realizado por la Unidad en este sentido podrá verse expresado en mayor medida el año próximo. Es por tal motivo que el trabajo que se deberá asumir en adelante no sólo se dirigirá a intensificar la actividad en la etapa de juicio oral para lograr la celeridad de los juicios en curso y la realización de juicios en todas las causas que se encuentran elevadas, sino también a la profundización de todas las áreas de imputación aludidas.
La situación de las personas detenidas La Unidad Fiscal de Coordinación realiza un seguimiento permanente de la situación de las personas detenidas así como de las diferentes modalidades de cumplimiento de la detención que permite advertir la evolución en el tiempo de las medidas tomadas por los distintos tribunales. En la actualidad hay 813 personas detenidas, distribuidas del siguiente modo: 58.9% en unidades penitenciarias, 37.8% en detención domiciliaria, 2.2% en dependencias de fuerzas de seguridad (provinciales o federales) y 1,1% en hospitales. Esto implica que el 80.25% de las personas procesadas se encuentra cumpliendo alguna modalidad de prisión preventiva (incluyendo arresto domiciliario). Resulta importante resaltar el aumento en términos absolutos de personas detenidas, ya que eran 486 y 593 respectivamente en los meses de diciembre de 2010 y 2011. Asimismo se advierte que en el último año creció el porcentaje de personas detenidas en institutos carcelarios, pasando del 51.8% en 2010 al 50.5% en 2011 hasta arribar al 58.9% actual. Similar comportamiento se advierte con relación al porcentaje de procesados que se encuentran detenidos, donde se verifica un incremento respecto del año 2011, pasando de 70.34% de procesados con alguna modalidad de arresto al 80.25% a diciembre del 2012. Finalmente cabe resaltar que, tal como se destaca en los informes anuales de esta Unidad de Coordinación a partir del año 2009, no se verifica la presencia de detenidos en dependencias a cargo de personal militar.
Causas por apropiación de niños El grupo de trabajo con dedicación especial a las distintas investigaciones por apropiación de niños durante la dictadura continuó con el relevo de todos los casos de apropiación judicializados y la actualización de la base de datos, para acceder a un diagnóstico general de las investigaciones en curso. El estudio de los casos radicados en las distintas jurisdicciones se ha orientado fundamentalmente a detectar las diferentes clases de medidas de investigación que corresponde llevar adelante para el descubrimiento de la verdad, según el supuesto de que se trate.
En esta clase de procesos resulta esencial esclarecer la identidad de las víctimas. Por eso, desde su creación, una de las medidas principales encaradas por este grupo de trabajo fue estudiar los casos radicados en las diferentes jurisdicciones y realizar una evaluación, caso a caso, sobre la pertinencia de arbitrar los medios para obtener muestras hemáticas de conformidad con lo establecido por el art. 218bis del CPPN, para de este modo verificar el vínculo biológico real con los supuestos apropiadores y la identidad de la persona cuya identidad está en duda. Para ello en varias ocasiones fue necesario que personal de esta Unidad se aboque al análisis y seguimiento del caso en concreto conjuntamente con la fiscalía que entiende en la causa. Vale decir que en algunas jurisdicciones (Capital Federal, Córdoba, La Plata, entre otras) se registraron demoras significativas en la realización de pruebas para el establecimiento del vínculo biológico. En ciertos supuestos, no obstante tratarse de causas con varios años de instrucción, se advirtió que restaban realizar algunas medidas indispensables para establecer el modo en que se habría perpetrado la maniobra. Así, por ejemplo, se sugirió la adopción de medidas tendientes a determinar la legalidad o ilegalidad de los registros de inscripción del niño y arbitrar los medios para contar con la documentación que formalmente acreditó dichas filiaciones (partidas de nacimiento y expedientes de adopción), entre otras. Para impulsar las medidas en cuestión, en ciertos casos se realizaron reuniones con los fiscales de algunas jurisdicciones, en otros se hicieron presentaciones por escrito o se envió material jurídico (jurisprudencia, doctrina, etc.) a fin de facilitar y así agilizar la producción de estas pruebas. También se desarrollan tareas de coordinación entre las distintas instituciones que intervienen en estos procedimientos (personal del Banco Nacional de Datos Genéticos, de la CONADI y del Ministerio de Seguridad). Por otro lado, dado que en muchos casos la apropiación se estructuró a partir del ingreso de la víctima al sistema judicial de minoridad mediante la adulteración de las condiciones de su ingreso, se ha destinado personal de la Unidad a relevar legajos de guarda y adopción que tramitaron durante el terrorismo de Estado en juzgados de instrucción y de sentencia de la Capital Federal con competencia en menores. A su vez, se continúa con tareas de monitoreo y gestión respecto del relevo de los expedientes de adopción, tutela y guarda que fueron secuestrados mediante el allanamiento de Archivos Judiciales y del Tribunal de Menores (actualmente denominado Juzgado de Garantías del Joven), documentación que actualmente está siendo compulsada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Cabe recordar que la obtención de dichos expedientes fue impulsada por la Fiscalía de la jurisdicción de Lomas de Zamora, conjuntamente con esta Unidad. En el marco de una causa iniciada en San Isidro en la que se investiga el funcionamiento de la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo, se elaboró un informe a instancias del fiscal de esa jurisdicción (previo a que se expida en los términos del artículo 180, CPPN). El informe fue confeccionado sobre la base de la información con que cuenta esta Unidad Fiscal a partir de su intervención en las distintas investigaciones que se han realizado –judicial y extrajudicialmente- sobre el fenómeno de apropiación durante el terrorismo de Estado.
En la Unidad Fiscal se han recibido denuncias penales por parte de terceros 17 y se han instruido dos investigaciones preliminares en los términos del art. 26 de la ley 24.946 al sólo efecto de completar los requisitos exigidos por el art. 176 del CPPN. En el marco de estas investigaciones se colectaron elementos de prueba documentales (partidas de nacimiento, constancias de bautismo, legajos personales y de servicio de personal de la fuerzas, entre otros) para integrar a la correspondiente denuncia. Por otro lado, dada la cantidad de causas que últimamente alcanzaron la etapa de juicio (11 causas elevadas: cuatro de ellas concluidas con un total de veintitrés condenas y dos absoluciones18, una está transitando el debate oral19, otra en la etapa de plenario del juicio escrito previsto por el anterior régimen procesal penal20 y cinco causas se encuentran elevadas a la espera del inicio del juicio oral21,) o están a punto de alcanzar ese estadio22, muchas de las actividades de la Unidad Fiscal de Coordinación se concentraron en la asistencia y colaboración durante la preparación y desarrollo de esta fase principal del procedimiento. Finalmente, al lado de estas contribuciones formales no debe dejar de mencionarse la labor cotidiana de cooperación llevada adelante ante diferentes consultas, tanto de integrantes de este Ministerio Público de distintas jurisdicciones como de otras instituciones, o a partir de inquietudes originadas del trabajo de la Unidad, por las que permanentemente se promueven y sugieren diligencias probatorias de distinto tenor.
En un caso la denuncia fue realizada por jóvenes víctimas de apropiación con la asistencia del titular de la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la PBA y otra por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. 18 Nueve condenas y dos absoluciones dictadas mediante sentencia del 5 de julio de 2012 en la causa n° 1.351 “Plan sistemático de apropiación de menores” del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 6 de la Capital Federal –a la cual se encontraban acumuladas las causas n° 1584, 1604, 1730 y 1772-; una condena dictada el 14/12/12 en la causa 8.074/10 “Magnacco, Jorge Luis s/ sustracción de menores”, en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, Secretaria n° 17 (juicio Plenario); once condenas dictadas mediante sentencia del 19 de diciembre de 2012 en la causa n° 2.955/09 “Circuito Camps” del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata y dos condenas dictadas mediante sentencia del 20 de diciembre de 2012 en la causa n° 3329/11 “Tasca-Giodano-Barili Angela Victoria s/ dcia. privación ilegal libertad, 139 y 146” –Manacorda- del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata . 19 La causa n° 2047 caratulada “Riveros, Santiago Omar y otros s/ priv. Ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, etc." -Casos 42 – 49 – 82 -83 – 99 – 248 – y las causas acumuladas N° 2257 - Casos 316 – “Garcia – Recchia”, N° 2426 -Caso de apropiación de Laura Catalina De Sanctis Ovando–, N° 2369 –casos 49, 248, 268, 316 y 417- y n° 2526 –caso 280-; juicio iniciado el 23/08/12, ante el TOF nro. 1 de San Martín. 20 La causa n° 15.750/08 “Azic, Juan Antonio y otros s/ sustracción de menores” del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n° 2, Secretaria n° 3. 21 Causa n° 1824 “Mariñelarena, Cristina y otros s/supresión de estado civil de un menor” (TOF 4); causas n° 1894 y 1853 “Plan sistemático de apropiación de menores II” (TOF 6); causa n° 3224/2011 “Madrid, Domingo Luis; Elichalt, Maria Mercedes y Kirilosky Silvia Marta s/retención y ocultamiento de un menor de diez años, supresión y suposición de estado civil y falsedad ideológica de documento público” (TOF 1 de La Plata); la causa n° 411/09 “Góngora, Cecilia y otros s/ inf. arts. 146, 139 inc. 2 y 293 del C.P.” cuya fecha de inicio de juicio ha sido programada para 27 de junio de 2013 ante el TOF de Santa Fe; la causa N° 17.552 “Díaz, Carlos Alberto p.ss.aa privación ilegitima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, sustracción de menor de 10 años y homicidio agravado", del ante el TOF 1 de Córdoba, elevada a juicio en fecha 14/05/2012 y la causa n° 294/2012 GONZÁLEZ, José María; DIAB, Jorge Roberto PERIZZOTTI, Juan Calixto PAVÓN, Carlos Enrique y VERA CANDI OTI, Luis María s/ Inf. Arts. 210 y 79 del C.P.; 144 bis Inc. 1° y últ. Párrafo (Ley 14.616) en función del 142 Inc. 1°; 144 ter y art. 151, todo en concurso real (art. 55 C.P.); y arts. 146 y 139 inc. 2° del Código Penal” del TOF de Santa Fe elevada el 26/10/2012. 22 La causa 2563 “BUFFE, Dina Edith; DUARTE, Roberto Cándido; FERNÁNDEZ, Margarita Noemí; RAMELLA, Jorge Eduardo, ALVAREZ, Liliana Mabel; RODRIGUEZ, Alicia Itatí; BUFFE Jorge José; RIVEROS, Santiago Omar y BIGNONE, Reynaldo Benito Antonio” conexa a la 4012 del Juzgado Federal de San Martín, cuenta con requerimiento de elevación a juicio de fecha 16/10/2012.
La mayor parte de las medidas adoptadas e impulsadas desde la Unidad en sus diferentes formas de intervención en esta clase de casos se enmarcaron en las medidas y lineamientos plasmados en el Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, elaborado por esta Unidad Fiscal. Por resolución PGN 398/12, del 19 de septiembre de este año, la Procuradora General de la Nación aprobó este Protocolo con carácter de instrucción general y dispuso que los fiscales que conocen en esta clase de causas adecuen su actuación a las pautas allí fijadas. La resolución general toma en cuenta el estado de situación de las investigaciones en curso y los obstáculos advertidos por esta Unidad Fiscal de Coordinación y, en consecuencia, indica la necesidad de que “el Ministerio Público Fiscal asuma un papel protagónico en el impulso de la acción y la orientación de las investigaciones” sin distinguir entre causas en las que la dirección de la instrucción se haya delegado en los términos del art. 196, CPPN. En este marco, destaca la pertinencia de que las fiscalías encaren “la producción o proposición de toda clase de diligencias y la debida intervención personal del fiscal en cada uno de los momentos claves de la investigación, tales como, por ejemplo, los actos en los que se procura la obtención de ADN (audiencias en la que se proceda a la extracción de sangre u otra clase de muestras, requisas, allanamientos, etc.); vale destacar, la prueba más relevante en este tipo de causas”. A partir de que el Protocolo fue aprobado con carácter de instrucción general fueron ocho las audiencias llevadas a cabo de acuerdo a la pautas allí establecidas–una en la jurisdicción de San Martín, una en Morón, una en La Plata, una en Mendoza, una en Bahía Blanca y tres en San Juan-, obteniéndose en todos los casos material genético para la realización del análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. La instrucción general sin dudas facilitará una más ágil y generalizada implementación de muchas medidas indispensables para el avance de los procesos por apropiación de niños, tarea que requerirá de un seguimiento adecuado y de la asistencia correspondiente para facilitar su efectividad. En esta misma línea, el 23 de octubre de 2012 la Procuradora General de la Nación creó -en el ámbito de esta Unidad de Coordinación- la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado (res. PGN 435/2012) con el fin de capitalizar, reforzar y desarrollar el intenso trabajo que viene haciendo la primera de ellas en esta temática. Entre las funciones de esta nueva Unidad se resaltan: realizar las medidas necesarias para la implementación del Protocolo, hacer un seguimiento completo de las causas de apropiación, diseñar estrategias de investigación, brindar colaboración a las fiscalías, llevar adelante investigaciones preliminares y disponer acciones interinstitucionales necesarias para mejorar la investigación y el juzgamiento de los casos. La unidad está a cargo de los coordinadores Martín Niklison y Pablo Parenti, quienes quienes tienen facultades de intervención como fiscal coadyuvante y ad hocrespectivamente- en las diferentes causas en trámite y en todas las instancias. Por último, es dable destacar que varias de las cuestiones problemáticas que se mencionan en este informe fueron discutidas en el marco de diversas reuniones mantenidas con funcionarios, técnicos y otros interesados dedicados a esta materia. Se alude tanto a integrantes del Ministerio Público Fiscal, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial (juzgados federales de diversas jurisdicciones, equipo de investigación del área de genética y grupo interdisciplinario de la CONADI, Centro de Asistencia a Víctimas de violaciones de Derechos Humanos, Dr. Fernando Ulloa, entre otros), como a miembros de organizaciones de derechos humanos, especialmente del área legal de la organización civil Abuelas de Plaza de Mayo.
El trabajo vinculado al juicio, a la etapa recursiva y a la ejecución de la pena Ya en el informe del año pasado se destacó que, a partir del marcado crecimiento de la cantidad de juicios orales en todo el país, la Unidad Fiscal de Coordinación comenzó a colaborar con las jurisdicciones que así lo requirieran en la etapa de juicio oral. Esa tendencia positiva continuó a lo largo de este año, por lo que ese trabajo se mantuvo durante este período, intensificándose especialmente en materia de seguimiento de las sentencias definitivas en la etapa recursiva y de la ejecución de sentencias. A partir del contacto fluido que ya se había establecido con las fiscalías ante la Cámara Federal de Casación Penal, se logró un seguimiento más preciso de las sentencias definitivas de esta etapa. Entre otras cuestiones, este acercamiento permitió que, frente a casos en los que se encontraron dificultades para una adecuada representación del Ministerio Público, se gestionara que a las audiencias correspondientes asistieran algunos de los fiscales que ya habían intervenido en el juicio y estaban en condiciones de intervenir en esta instancia. En relación con la etapa de ejecución de la pena, se ha trabajado en diversos argumentos en la línea marcada por la Procuración General de la Nación en los dictámenes Torea, Dapuetto y Cristalux23, aunque ahora en relación con la aplicación del derogado art. 7 de la ley 24.390 conocido como “2 por 1”. Estos argumentos fueron alcanzados a algunos fiscales cuando se tuvo noticia de que conocían en un caso en el que se pretendía la aplicación de esa disposición legal. Entre ellos, se puede destacar el caso de Brusa. El 29 de diciembre de 2011 el Tribunal de Santa Fe le concedió salidas transitorias a Víctor Brusa (y a dos imputados más). Como la condena aún no se encontraba firme, se realizó un cómputo de pena provisorio en el que se benefició al imputado con la aplicación del cómputo doble para un período de su detención. Esta resolución fue recurrida por el fiscal. Se debe resaltar que incluso teniendo en cuenta ese cómputo, el imputado no estaba en condiciones de ser beneficiado con el instituto, por dos motivos. Por un lado, el tiempo que llevaba cumplido no era el requerido para otorgar el beneficio según el art. 28, punto I, inc. b), del decreto 396/99 –que el tribunal consideró aplicable al caso.24 Por otro lado, Brusa está imputado en el marco de otra causa ya elevada a juicio. Allí, el Tribunal (con otra integración) no impuso la prisión preventiva en virtud de que su detención se encontraba asegurada en la causa en la que había sido condenado. En consecuencia, Brusa tampoco cumplía con otro de los requisitos impuestos por la ley: que su detención no interese en otra causa (art. 17, inc. II, ley 24660).
T. 404. XLII., Torea, Héctor s/ recurso de casación, del 8 de noviembre de 2006; S.C. D. 675, Dapuetto de Palo, Miguel Ángel Rafael p.s.a. alteración de límites s/ queja, del 9 de noviembre de 2009; L. XLIV.-C. 77. XL., recurso de hecho, Cristalux S.A. s/ ley24.144, del 20 de diciembre de 2004. 24 El art. 28, punto I, inc. b), del decreto 396/99 requiere que al imputado le resten menos de dos años de prisión para solicitar la concesión de la libertad condicional o asistida. Brusa había sido condenado a 21 años de prisión y al momento del otorgamiento de las salidas Brusa había cumplido 11 años de prisión, según el privilegiado cómputo. Es decir, aún no cumplía con el requisito de que le faltaren menos de dos años para pedir la libertad condicional.
Los tribunales se neutralizaron entre sí, el primero le otorgó las salidas, porque su detención no interesaba en otra causa, mientras el segundo no le impuso prisión preventiva, porque su detención se encontraba asegurada en el marco de la otra causa. El 17/08/2012 la Sala II de la CFCP anuló la resolución que concedía las salidas transitorias, en virtud de que el Tribunal no había cumplido con lo dispuesto en el art. 491, CPPN, y remitió el expediente para que urgentemente el Tribunal Oral dictara un nuevo pronunciamiento conforme los parámetros por ella determinados.25 La fiscalía contestó la vista conferida sobre el punto el 28 de agosto pasado, pero el Tribunal aún no se ha pronunciado al respecto. Por último, se debe destacar que se ha dado inicio a un trabajo de análisis pormenorizado de las sentencias definitivas de los tribunales orales y los pronunciamientos la Cámara de Casación al revisar esos casos. Para ello, se construyó una guía de cuestiones derecho y de hecho y prueba que puedan revestir relevancia para el resto de los procesos en trámite. El objetivo de este trabajo es procesar de una manera fructífera y sistemática la información que surge de ellas, tanto a nivel jurídico (estándares probatorios fijados, calificaciones jurídicas aplicadas, modo de subsunción de los aportes de implicados, etc.) como fáctico (relaciones de mando, relaciones interfuerzas, civiles involucrados, etc.), para facilitar el acceso a esta importante y voluminosa jurisprudencia por todos los fiscales que intervienen en causas por crímenes contra la humanidad. En resumen, aunque la estructura y competencias funcionales de la Unidad Fiscal de Coordinación marcan claras limitaciones a su capacidad de intervención en las distintas etapas del proceso en todas las jurisdicciones del país, ésta se ha podido incrementar y adaptar a las necesidades que se comenzaron a percibir a partir del avance de la mayoría de los procesos a las etapas de juicio y posteriores.
La intervención sobre la problemática del tratamiento de los casos de violencia sexual ocurridos durante el terrorismo de Estado La Unidad Fiscal de Coordinación ha observado diversos obstáculos para que las agresiones contra la libertad sexual sufridas durante el terrorismo de Estado por una importante cantidad de víctimas sean visibilizadas en toda su dimensión. A ello se agregó la demanda de grupos de víctimas e instituciones especializadas en el tema que señalaron algunas falencias en el proceso de juzgamiento relativas a este aspecto. Esto condujo a la Unidad a estudiar la cuestión e indagar sobre posibles causas y soluciones para esta problemática. A partir de ello, se elaboró un informe en el que se realizaron consideraciones sobre la situación general de estos procesos y algunas propuestas jurídicas y prácticas orientadas a mejorar el tratamiento de estos casos26. El documento
CFCP, Sala II, causa N° 15260, Brusa, Víctor Hérmes s/ recurso de casación, reg. N° 20346, del 17/08/2012. El documento, que se tituló Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado, arribó a las siguientes con conclusiones: (i) los abusos sexuales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil son crímenes contra la humanidad, y así se los debe considerar más allá de la frecuencia, sistematicidad o generalidad con que hayan tenido lugar; (ii) no resulta correcto subsumir los abusos sexuales solamente en la figura de “tormentos”-como se ha realizado en algunos pronunciamientos judiciales-, pues esta última figura no refleja todo el contenido de injusto del acto cometido y, por lo tanto, no puede desplazar a los tipos penales previstos específicamente para estos casos; (iii) en relación con el requisito de instancia privada que el Código Penal establece en los artículos 71 y 72 para los delitos contra la libertad sexual, cuando las personas que sufrieron abusos sexuales no sobrevivieron al terrorismo de Estado debe tenerse por configurada una de las excepciones previstas, dado que el art. 71 del Código Penal presupone contar con la posibilidad real
presentado en octubre de 2011 se distribuyó entre las fiscalías del país y otras instituciones vinculadas al tema a fin de llamar la atención sobre la importancia de la cuestión y la urgencia en superar los inconvenientes detectados. Es evidente que la actividad judicial en la materia resulta deficitaria. Así lo demuestra el hecho de que, a la fecha, se registren sólo dos condenas por delitos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado que los califique como tales. El primero de estos fallos fue dictado el 16 de junio de 2010 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata en el juicio “Molina”27, y confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal el 17 de febrero de 201228. El segundo fallo fue dictado con fecha 5 de diciembre de 2012 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero en el juicio “Musa Azar”29. Por el momento, se ha registrado que el universo de víctimas de delitos contra la libertad sexual cometidos en el marco del terrorismo de Estado comprende 216 casos. Los avances judiciales son aún muy limitados. De este número total de casos, sólo 15 cuentan con un procesamiento que los califique como tales30 y 9 se encuentran en etapa de juicio31. De
de denunciar. Además, de modo general, se destacó que es necesario asegurarse de que las personas que pueden manifestar su voluntad sobre la investigación de los abusos sean debidamente informadas y asesoradas acerca de lo que implica una investigación penal, para lo cual la administración de justicia debe adecuar en varios aspectos su modo de trabajar habitual; (iv) entre las cuestiones vinculadas con la autoría y participación en esta clase de delitos se hizo especial referencia a que los abusos sexuales son delitos de dominio que admiten las mismas formas de autoría y participación que otros delitos como los tormentos, el homicidio, etcétera, y no existen razones para restringir el concepto de autoría sólo a aquellas personas que cometieron abusos sexuales personalmente (con su propio cuerpo), como alguna jurisprudencia aislada lo entendió. A su vez, se explicó por qué, para responsabilizar por autoría mediata a los superiores jerárquicos de la cadena de mandos por los abusos sexuales cometidos por sus subordinados, no hace falta contar con una orden que indique específicamente la comisión de tal acto; v) por último, se efectuaron observaciones sobre el tratamiento de la víctima y la incorporación y valoración de la prueba en esta clase de delitos, para lo cual se trajeron a consideración algunas reglas utilizadas por tribunales penales internacionales que merecen ser tenidas en cuenta por los jueces argentinos al momento de juzgar abusos sexuales. 27 Sentencia del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en la causa Nº 2086 y su acumulada Nº 2277, “Molina, Gregorio Rafael s/ privación ilegal de la libertad, etc.”. El imputado Molina fue condenado, entre otros delitos, por seis hechos constitutivos de violación, uno de ellos en grado de tentativa. 28 Resolución dictada por la Sala IV de la CFCP en la causa nº 12.821 “Molina, Gregorio Rafael s/ recurso de casación”, registro nº 162/12. 29 Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero en la causa Nº 960/11 caratulada “Aliendro, Juana Agustina y otros s/ desaparición forzada de personas, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, etc. Imputados Muza Azar y otros”. Los imputados Musa Azar y Garbi fueron condenados como autores mediatos de dos casos de violación y un caso de abuso deshonesto según la ley entonces vigente; y a Laitán y Veloso como autores materiales de los mismos. 30 Procesamientos dictados por el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba en las causas Nº 12.627 y Nº 20.593, caratuladas “Barreiro, Ernesto G. y otros p.ss.aa privación ilegitima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado” y “Giménez Julio César S/ Denuncia”, del 1/11/2010 y 31/7/2012, respectivamente; procesamiento dictado por el Juzgado Federal de Resistencia en la causa nº 25/10 “Residual Caballero, Humberto Lucio y otros s/ tormento agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada, desaparición forzada de persona”, con fecha 23/5/2011; procesamiento dictado por el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia en la causa N° 8008 caratulada “Regimiento de Infantería General O’ Higgins” y acumulados, durante el mes de junio de 2012; procesamiento dictado por el Juzgado Federal de La Rioja en la causa Nº 1828/2000 caratulada “Menéndez, Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. Homicidio, Privación Ilegítima de la Libertad, Tormentos, Violación de Domicilio”, con fecha 15/8/2012; procesamiento dictado por el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata en la causa Nº 15.274 caratulada “Ferreyro, Miguel Angel s/ infracción delito de acción pública”, con fecha 01/11/2007; procesamiento dictado por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en la causa N° 86.569-F-20.868, caratulada “Compulsa en Autos 86-F, ‘F. c/ Menéndez Luciano y Otros s/ Av. Inf. art. 144 ter C.P.’ por apelación”, con fecha 23/11/2011. 31 Solicitud de recalificación de la acusación presentada con fecha 21/3/2012 en el debate de la causa nº 1077 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan caratulada “Martel, Osvaldo Benito y otros por: Procuración General de la Nación Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado
estos 9, un caso fue objeto de ampliación de la acusación en la etapa de debate32 pero el tribunal aún no se ha expedido al respecto. De tener éxito la pretensión de la fiscalía, se sumaría 1 caso con sentencia condenatoria a los 5 casos que cuentan con sentencia condenatoria que los califique como agresiones sexuales, comprendidos por los pronunciamientos de los tribunales orales federales de Mar del Plata y Santiago del Estero en las citadas causas “Molina” y “Musa Azar”. En el marco de estas cifras se verifican algunos movimientos tendientes a incrementar universo de víctimas e imputados por estos delitos, tales como los registrados, por
Averiguación de delitos de lesa humanidad”; causa Nº 050/06 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, caratulada “Sambuelli, Danilo Alberto y otros S/Pta. Inf. Art. 142 inc. 1°), Art. 144 ter primer párrafo con la agravante del 2° párrafo según Ley 14.616 y 55 del Código Penal”, requerida a juicio durante el mes de febrero de 2011; y causa Nº 81-12 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, caratulada “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía s/ secuestros y desapariciones (Acumulación Exptes. A36/12, J-18/12, A-145/09, P-140/12 y L-141/12)”. 32 Solicitud de recalificación de la acusación presentada con fecha 21/3/2012 en el debate de la causa nº 1077 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan caratulada “Martel, Osvaldo Benito y otros por: Averiguación de delitos de lesa humanidad”.
ejemplo, en las jurisdicciones de Tucumán33, Córdoba34, General Roca35, Comodoro Rivadavia36, Rosario37 y Mendoza38.
Tal como se señaló, la ampliación de la acusación por el delito de violación dispuesta en la causa N° 960/11 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, “Musa Azar y otros”; solicitud de ampliación del llamado a prestar declaración indagatoria presentado en la causa N° 212/2011 del registro del Juzgado Federal de Santiago del Estero caratulada “Azar, Musa y Otros S/ Privación ilegítima de la libertad, etc. –Denuncia de C.M.M.”, de fecha 11/6/2012; así como el requerimiento de elevación a juicio presentado en la causa N° 400.443/84 y conexas del registro del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, caratulada “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía s/ secuestros y desapariciones”; ampliación de requerimiento de instrucción y llamado a prestar declaración indagatoria presentado con fecha 14/2/12 en la causa Nº 443/84 y conexas del registro del Juzgado Federal de Tucumán, caratulada “Actuaciones Complementarias causa ‘CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga s/Secuestros y Desapariciones’”; ampliación de requerimiento de instrucción y llamado a prestar declaración indagatoria presentado con fecha 20/12/2011 en la causa Nº 1.015/04 y causas conexas y acumuladas jurídicamente, caratulada “Operativo Independencia”. 34 Auto de elevación a juicio dictado en causa caratulada “Acosta, Jorge Exequiel y otros p.ss.aa Privación Ilegítima de la Libertad Agravada - Imposición de Tormentos y Homicidio Agravado (C.P. arts. 144 bis inc 1, 142 inc. 1 y 5; 144 ter, 1er. párrafo agravado por 2do. párrafo (expte. Nº 16.618)”, con fecha 24/8/2012; confirmación del procesamiento dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en el expte. Nº 12.627, caratulado “Barreiro, Ernesto G. y otros p.ss.aa privación ilegitima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado”, de fecha 13/8/2012; requerimiento de instrucción presentado en el expte. Nº V-172/09 del registro del Juzgado en Criminal Federal Nº 2 de Córdoba, caratulado “Videla, Jorge Rafael y otros pss.aa. imposición de tormentos agravados, etc.”, durante el mes de junio de 2012; procesamiento dictado en el expte. Nº 20.593 del registro del Juzgado en lo Criminal Federal Nº 3 de Córdoba, caratulado “Giménez Julio César S/ Denuncia”, del 31/7/2012; requerimiento de instrucción presentado en el expte. Nº 203/10 caratulado “Miguel Muñoz, María del Rosario”, con fecha 01/6/2012; requerimiento de instrucción presentado en el expte. 22.396 del registro del Juzgado en lo Criminal Federal Nº 3 de Córdoba, caratulado “González Navarro, Jorge y otros p.ss.aa. privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos”, con fecha 04/6/2012; ampliación del requerimiento de instrucción presentado con fecha 11/10/2012 en el expediente nº 21.479 del registro del Juzgado en lo Criminal Federal Nº 3 de Córdoba caratulado “Martella, Luis Santiago y otros p.s.a privación ilegitima de la libertad e imposición de tormentos agravados”; procesamiento dictado por el Juzgado Federal de La Rioja con fecha 15/08/2012, en los autos N° 1828/2000 – “Menéndez, Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. Homicidio, Privación Ilegítima de la Libertad, Tormentos, Violación de Domicilio”. 35 Requerimientos de instrucción presentados en la causa N° 9927/2010 del registro del Juzgado Federal de General Roca, caratulada “Álvarez, Aldo Mario y otros s/ delitos c/ la Libertad y otros”, con fecha 5/12/2011 y 3/4/2012. 36 El ya mencionado procesamiento dictado en la causa N° 8008 del registro del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, caratulada “Regimiento de Infantería General O’ Higgins” y sus acumulados, durante el mes de junio de 2012. 37 Requerimiento de elevación a juicio presentado en la causa nº 050/06 “Sambuelli, Danilo Alberto y otros S/Pta. Inf. Art. 142 inc. 1°), Art. 144 ter primer párrafo con la agravante del 2° párrafo según Ley 14.616 y 55 del Código Penal”, del Juzgado Federal de Reconquista; recurso de apelación presentado en la causa nº 12/07 del registro del Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, caratulada “Hattemer, Reinaldo –Suppo, Silvia S. – dest. s/ sus privaciones ileg. de libertad – tormentos- desap. forzada”, contra el auto de procesamiento dictado con fecha 5/6/2012. 38 Requerimiento de elevación a juicio presentado en los exptes. 003-F y ac.; 001-F; 006-F; 012-F; 056-F; 067F; 125-F; 155-F, 171-F, 239-F; 656-F; 683-F y 687-F, del Juzgado Federal de Mendoza con fecha 25/6/2012; solicitud de llamado a prestar declaración indagatoria presentado con fecha 19/10/2012 en la causa Nº A17487 y ac.; A-17516 y ac.; A-14091 y ac.; A-14737; A-18535 (compulsa en causa A-14245); A-14616; A14675 (compulsa en A-18510); A-13271; A-17630 y ac.; A-17547; A-18336; A-18530 (compulsa en A-14230 y ac.); A-18538 (compulsa en A-14230 y ac.); A-18539 y A-18537 (ambos compulsa en A-14230 y ac.); A-18544 (compulsa en A-14230 y ac.); A-18547 (compulsa en A-14230 y ac.); A-18534 (compulsa en A-14230 y ac.); A18546 (compulsa en A-14230 y ac.); A-18540 (compulsa en A-14230 y ac.); A-18541 (compulsa en A-14230 y ac.); A-18533 (compulsa en A-14230 y ac.); A-18532 (compulsa en A-14230 y ac.); A-18536 (compulsa en A14230 y ac.); A-18549 (compulsa en A-13491); A-18548 (compulsa en A-14093); A-18543 (compulsa en A13268 y ac.); A-18542 (compulsa en A-13268 y ac.); A-18531 (compulsa en A-13268 y ac.); A-18545 (compulsa en A-13268 y ac.); A-15545; A-15301; A-17202; A-15071; A-17445; A-17582; A-15136; A-14171 y ac.; A-19006 y ac.; A-19047; A-19146 y A-15495 del registro del Juzgado Federal de San Rafael; solicitud de
En este sentido debe señalarse que el seguimiento de todos los procesos del país llevado a cabo por la Unidad Fiscal de Coordinación permitió observar la existencia de un número significativo de casos de agresión sexual que no habían sido objeto de imputación específicamente como delitos sexuales o, incluso, que no estaban siendo investigados en los procesos que se encuentran en marcha, pese a contarse con testimonios o denuncias acerca de esta clase de hechos. Asimismo, en el marco del seguimiento de los casos de violencia de género se ha podido observar que los abortos provocados a víctimas del terrorismo de Estado —mediante intervenciones quirúrgicas o como consecuencia de las condiciones de detención en la que se colocó a las víctimas y las torturas infligidas— constituyeron una práctica de la que el sistema judicial tampoco se ha ocupado adecuadamente. Ello motivó la introducción de algunas modificaciones en el informe presentado en 2011 por esta Unidad Fiscal aludiendo a esta problemática particular. Así, se llamó la atención en relación a que varios casos de abortos y tentativas de abortos registrados se encuadraban exclusivamente bajo la figura de tortura, lo cual “…deja de lado el reproche específico que prevé la figura de aborto, a la par que desdibuja el caso e invisibiliza una clara manifestación de violencia de género”. Ante este cuadro de situación, en los últimos meses se solicitó a cada una de las jurisdicciones la remisión de datos para conformar un registro acabado y sistematizado de todos los casos de abortos y abusos sexuales denunciados, imputados o no. A partir de ello, se pretende diseñar estrategias de actuación adecuadas para superar las dificultades registradas en cada jurisdicción. Por el momento, esta base de datos se encuentra en proceso de conformación.
Búsqueda y análisis de archivos relevantes para las investigaciones en trámite La Unidad de Gestión creada en 2010 a partir de la firma del Convenio de Cooperación con el Ministerio de Defensa39 ha consolidado las líneas de trabajo desarrolladas para apoyar la actuación de las fiscalías que intervienen en las etapas de instrucción y juicio en lo que respecta a la búsqueda, análisis e incorporación al proceso de documentación relevante sobre la composición y el funcionamiento de las fuerzas armadas durante el terrorismo de Estado. Estas tareas luego se extendieron también a la documentación vinculada con las fuerzas de seguridad. La actividad comprende colaborar en el diseño de estrategias de búsqueda de documentación en función de los objetivos que traza la Unidad Fiscal de Coordinación y cada fiscalía y encausar con mayor precisión los requerimientos de documentación que realizan los fiscales ante el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el propósito de logar respuestas útiles en plazos más breves.
llamado a prestar declaración indagatoria presentado con fecha 9/5/2012 en la causa Nº 4.077 del registro del Juzgado Federal de San Juan Nº 2 , caratulada “Recurso de habeas corpus a favor de Nívoli, Marcelo; Capella, Jorge; Mac Donald de Nívoli, y Beatriz Paris”; solicitud de recalificación de la acusación presentada con fecha 21/3/2012 en el debate de la causa nº 1077 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan caratulada “Martel, Osvaldo Benito y otros por: Averiguación de delitos de lesa humanidad”. 39 Convenio firmado en junio de 2010 entre la Procuración General de la Nación y el Ministerio de Defensa de la Nación a partir del cual se conformó dentro de la Unidad Fiscal de Coordinación una Unidad de Gestión con acceso a documentos reservados en el ámbito de las Fuerzas Armadas, para su análisis, sistematización y eventual incorporación a las investigaciones penales en curso o el inicio de otras nuevas.
De igual manera, se procura facilitar un acceso rápido y ágil a los fondos documentales para que los fiscales puedan valorar la importancia de determinadas líneas de investigación sin tener que esperar a la remisión de grandes volúmenes de documentación. Desde su creación, esta área continúa desarrollando una intensa tarea de búsqueda y análisis de legajos personales y expedientes en el ámbito del Archivo General de la Armada con el objeto de identificar elementos con valor probatorio y remitirlos a las fiscalías para su incorporación a las investigaciones correspondientes. Dado el volumen de documentación relevante comprendida por dicho archivo, este año se realizó una importante articulación con el Área de Digitalización de esta Procuración para digitalizar gran cantidad de material que será utilizado tanto por la Unidad Fiscal que actuará en el juicio “ESMA” cuyo inicio se prevé para el próximo 28 de noviembre, como por la Fiscalía Federal nº 3, que interviene en la etapa de instrucción de esa causa. Vale destacar en este sentido que a partir del análisis de dicha documentación, en junio de este año la Fiscalía Federal N° 3 presentó una ampliación del requerimiento de instrucción en el que solicitó la declaración indagatoria de 101 oficiales y suboficiales que hasta la fecha no habían sido identificados. Por otra parte, a requerimiento de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, se realizó una exhaustiva compulsa de documentación de la Dirección de Inteligencia Naval de la Armada Argentina, tarea de la que participó el juez ad hoc de Bahía Blanca. La información fue procesada y remitida a la jurisdicción para su utilización en la causa 04/07, "Investigación de delitos de Lesa Humanidad (Armada Argentina)". En el marco del juicio oral que se desarrolla en Rawson por los hechos conocidos como la “Masacre de Trelew” (causa “Sosa Luis Emilio...”), la Fiscalía ante el Tribunal Oral solicitó que se realice un trabajo de búsqueda y análisis de gran cantidad de documentación de distintos acervos documentales sobre el accionar de las fuerzas armadas y de seguridad en relación con la represión de actividades de carácter político durante los años 1970, 1971 y 1972. A tal efecto se identificaron numerosos expedientes en el Archivo General de la Armada Argentina, se los digitalizó y se identificó y analizó gran cantidad de Reglamentos del Ejército Argentino vigentes al momento de los hechos (1972). También se estudiaron los Legajos CONADEP y SDH obrantes en el Archivo Digital de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación correspondientes a víctimas de la represión ocurridas antes de marzo de 1973 y varios expedientes judiciales de la Cámara Federal en lo Penal que actuó entre los años 1971 y 1973, tribunal especial comúnmente conocido como el “Camarón”. La documentación en cuestión fue incorporada por el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia al juicio que culminó con sentencia del 15 de octubre pasado. Desde la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación se comenzó a realizar un análisis de la documentación perteneciente a la Policía Federal remitida a esta Unidad por la Dirección de Derechos Humanos de ese Ministerio. Así se detectaron documentos relevantes sobre la actividad represiva de miembros de la fuerza que fueron remitidos a las jurisdicciones de Capital Federal, La Plata y Rosario para su incorporación a las investigaciones en trámite, pues estos elementos permiten identificar a oficiales y suboficiales que intervinieron en hechos concretos de privación ilegal de la libertad y homicidios. La intervención de las fuerzas de seguridad federales es uno de los aspectos menos investigados en los procesos en curso, sobre todo en el interior del país. Se espera que la accesibilidad a fuentes documentales sobre la actuación de estas fuerzas permita echar algo más de luz sobre su papel en el terrorismo de Estado.
El funcionamiento de esta área de la Unidad Fiscal ha permitido observar con gran claridad el valor fundamental de la enorme cantidad de documentación vinculada al terrorismo de Estado que se encuentra archivada en diferentes dependencias de las fuerzas armadas y de seguridad, así como en otras dependencias estatales, aún sin explorar. Más allá de su acotada capacidad de gestión en esta materia, debe destacarse la importancia de la documentación que la Unidad Fiscal ha ido relevando, analizando y derivando a los procesos en trámite. A su vez, el trabajo de esta área facilitó el acceso a muchos documentos requeridos por las investigaciones en las que intervienen las diferentes fiscalías, muchas veces con la mayor premura dado que son elementos que se intenta incorporar, por ejemplo, a un debate oral en curso. En este sentido se entiende que esta área ha logrado responder con eficiencia y el balance de su gestión es muy positivo. Por lo demás, se entiende que para robustecer el proceso de juzgamiento, sin lugar a dudas, resulta indispensable profundizar la exploración de archivos en coordinación con el resto de las instituciones del Estado, objetivo que demandará la atención de esta Unidad Fiscal de Coordinación durante su próxima gestión. Finalmente, tal como se mencionó en otros informes de gestión, debe volver a destacarse que la complementariedad con las áreas de Digitalización y de Seguridad Informática ha potenciado el aprovechamiento de la documentación encontrada al permitir obtener y enviar de modo seguro a quien lo requiera elementos que pueden ser de gran valor probatorio de manera muy rápida y ágil.
Relaciones interinstitucionales Tal como se destaca en la introducción de este informe de gestión anual, una de las principales actividades de la Unidad Fiscal de Coordinación es la interrelación con otras instituciones involucradas en el mejoramiento del proceso de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Dada la complejidad de este proceso y la multiplicidad de factores que lo condicionan, es evidente que para llevar adelante estos juicios es indispensable coordinar la intervención de todos los Poderes del Estado. Cada uno de los Poderes del Estado comprende organismos e instituciones con clara capacidad de injerencia en el logro de de una respuesta adecuada a esta problemática. La Unidad Fiscal de Coordinación interviene diariamente en la agenda y requiere la atención de los diferentes estamentos del Poder Judicial de la Nación, el Consejo de la Magistratura, el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional –especialmente en lo atinente al trabajo de los programas de protección y contención de testigos, el Programa Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad- y otra agencias provinciales. Por otra parte, debe resaltarse que la base de datos construida por la Unidad Fiscal de Coordinación y el caudal de información acerca de los problemas que se presentan todos los días en cada una de las causas en trámite en todo el país son objeto de consulta permanente por todos los organismos mencionados, dado que el Estado no cuenta con ninguna otra institución con registros exhaustivos y fidedignos similares. En el entendimiento de que un adecuado tratamiento de los juicios abiertos en todo el país excede la intervención del juez y el fiscal del caso y que la única alternativa es que se
asuma la cuestión como una política de Estado, desde su creación en 2007, la Unidad Fiscal de Coordinación buscó la creación de espacios de gestión interinstitucionales y reclamó la intervención de las diferentes esferas estatales con competencia en la materia. En los diferentes informes de gestión anuales se hizo hincapié en el trabajo desarrollado junto a la Corte Suprema, la Comisión Interpoderes y la mayor parte de los organismos de defensa y promoción de los derechos humanos y asociaciones de víctimas y querellantes. Corresponde señalar especialmente que, durante el último año, a la continuidad de esa labor se ha sumado un productivo trabajo junto a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y la Cámara Federal de Casación de Penal, en tanto instituciones que en el último tiempo han demostrado verdadero interés y voluntad de intervenir activamente en esta materia. El trabajo encarado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados consistió, entre otras actividades, en la convocatoria a jornadas de reflexión y trabajo, entrevistas con los principales protagonistas del proceso de juzgamiento y visitas a los tribunales de distintos puntos del país. La Unidad participó de todas las reuniones programadas por la Comisión del Derechos Humanos en las diferentes jurisdicciones del país, donde tuvieron lugar intercambios con los jueces que intervienen en las causa en trámite y organismos de derechos humanos y querellantes. Para ello fue necesaria una exhaustiva actualización del estado de las causas en esos lugares, los obstáculos detectados y la planificación de diferentes estrategias para su solución, elementos que fueron previamente compartidos con la Comisión de Derechos Humanos para que se interiorice del estado de situación. Aún resta trabajar en relación con varias jurisdicciones, por lo que se prevé que estas actividades continúen durante este y el próximo año. Finalmente, cabe mencionar que en el mes de agosto pasado la Unidad Fiscal de Coordinación realizó una exposición ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sobre su visión general del proceso de juzgamiento en todo el país y los puntos más críticos es necesario abordar de inmediato por cada una de las instituciones del Estado involucradas. En lo que respecta a la Cámara Federal de Casación Penal, debe ponderarse muy positivamente la iniciativa asumida al disponer reglas prácticas para el tratamiento de procesos complejos, como los atinentes a las causas por crímenes contra la humanidad, lineamientos que se han comenzado a aplicar en muchos casos con resultados positivos. En este marco debe mencionarse que la Unidad impulsó la medida en una presentación en la que se propusieron reglamentaciones sobre algunos de los puntos finalmente abordados por la Acordada 1/12. Otras de las medidas sugeridas en esa oportunidad aún no fueron tratadas por el tribunal, aunque se espera que así lo haga en próximas decisiones, en tanto se ha anunciado que estas eran las primeras seis de otras reglas prácticas que se preveía llevar adelante. A juicio de esta Unidad Fiscal de Coordinación, resulta fundamental que la Cámara Federal de Casación Penal continúe con esta tarea pues existen muchas áreas de la normativa procesal en la que se afincan interpretaciones judiciales que desnaturalizan la dinámica del proceso con serias consecuencias para el debido avance de las causas por las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado.
El crecimiento del proceso de juzgamiento que se viene observando año a año se profundizará sin dudas en el próximo período en tanto se prevé el inicio y desarrollo de juicios de gran envergadura en diferentes puntos del país, algunos, como el correspondiente a los cientos de casos que tuvieron lugar en La Perla y el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, debate que luego de una importante demora finalmente tuvo inicio el pasado 4 de diciembre40. El principal desafío en este sentido es lograr que lleguen a juicio procesos de suma relevancia que vienen preparándose desde hace mucho tiempo. Pero además de este apremio en que comiencen estos juicios resultará fundamental prestar especial atención para que los debates se realicen en condiciones adecuadas. Con tal propósito, entre otras cuestiones, es preciso que los tribunales dispongan suficientes audiencias semanales para que los juicios no se prolonguen innecesariamente, dispongan las medidas correspondientes para evitar toda posibilidad de revictimización o desprotección de los testigos-víctimas, el aseguramiento de la comparecencia de los imputados a las audiencias y el cumplimiento de la pena mediante las medidas de coerción que resulten adecuadas a tal fin, y realicen una aplicación razonable de las reglas prácticas aprobadas por la Cámara Federal de Casación Penal por la Acordada 1/12. A lo largo de este informe anual se ha repetido varias veces que para el logro de objetivos como los que se vienen de señalar es necesario que se involucren en el control, seguimiento y gestión de los procesos y todas las vicisitudes que giran a su alrededor cada una de las instituciones del Estado con capacidad de injerencia en la materia. En este sentido, se ha venido comprobando que la superación de cada uno de los obstáculos que se presentan en el camino no puede quedar librada simplemente al voluntarismo y buena predisposición del juez, el fiscal o el querellante que intervienen en un caso, sino que se deben aceitar mecanismos de control de gestión eficientes en el marco de una política de Estado que permitan prever la continuidad y conclusión de este proceso en tiempo y forma. Por lo demás, se advierte especial urgencia en profundizar las investigaciones a partir del relevo y análisis de una muy importante cantidad de documentación aún inexplorada que pude dar lugar a ampliar el campo de responsabilidades tanto en el ámbito de las fuerzas armadas y de seguridad como, por ejemplo, en el de los funcionarios judiciales que actuaron durante el terrorismo de Estado. Al tratamiento de esta clase de cuestiones se dedicará parte del trabajo de la Unidad Fiscal de Coordinación durante el próximo período.
Pablo Parenti Coordinador
En el informe de gestión anterior se mencionaba la necesidad imperiosa de que este año tenga lugar este importante juicio, destacándose que durante todo 2011 en esa jurisdicción no se había desarrollado ningún juicio significativo. Este año esta preocupante situación fue puesta de manifiesto institucionalmente en varias oportunidades, incluso se ha realizado una vista a Córdoba junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el caso fue tema central de tratamiento en las reuniones que se mantuvieron con los integrantes del Tribunal Oral y la Cámara de Córdoba que intervienen en las causas correspondientes.
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