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Timestamp: 2020-08-12 01:07:36+00:00

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﻿ Auto 2008-00070 de agosto 4 de 2010
AUTO 2008-00070 DE 04 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:REGIMEN DE TRANSICIÓN. SE CONFIRMA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ARTÍCULO 3° DEL DECRETO REGLAMENTARIO 3800 DE 2003 EL CUAL REGLAMENTA EL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 100 DE 1993, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY 797 DE 2003.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, DERECHOS ADQUIRIDOS, RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA, TRASLADO DE FONDOS DE PENSIONES EN EL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, APLICACIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN
Auto 2008-00070 de agosto 4 de 2010
Ref.: Expediente 110010325000200800070 00 (1975-08)
Decide la Sala el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada - ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social contra el auto de 5 de marzo de 2009 proferido por esta sección, mediante el cual admitió la demanda y decretó la suspensión provisional, que en ejercicio de la acción de simple nulidad solicitó el señor Jorge Luis Pabón Apicella.
Mediante auto de 5 de marzo de 2009 esta sección admitió la demanda y decretó la suspensión provisional del artículo 3º del Decreto Reglamentario 3800 de 29 de diciembre de 2003 expedido por el Presidente de la República, por el cual reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003; por considerar que del cotejo normativo entre el acto parcialmente acusado y la norma citada como infringida, aparece la flagrante vulneración que exige el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo.
Los apoderados judiciales de los ministerios de la Protección Social y Hacienda y Crédito Público —como parte demandada— interpusieron recurso de reposición contra el anterior proveído (fls. 57 a 64 y 69 a 73), respectivamente.
Manifestó que el acto demandado —artículo 3º del Decreto 3800 de 2003—, no hace nugatorios los derechos pensionales de las personas que estando en régimen de transición se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad —de conformidad con las previsiones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993— deciden regresar al régimen de prima media con prestación definida; sino que simplemente establece los requisitos para poder mantener la transición, requisitos que, fueron definidos por la Corte Constitucional en Sentencia C-789 de 24 de septiembre de 2002 al declarar condicionalmente exequibles el inciso 5º del artículo 36 de la Ley 100, ante la necesidad de preservar la estabilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida.
Indicó que para establecer la ilegalidad del artículo 3º del Decreto 3800 de 29 de diciembre de 2003, no basta con cotejar su contenido frente a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 100 del mismo año —modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003; sino que necesariamente se deben apreciar en su conjunto diferentes normas del Sistema General de Pensiones —SGP—, como son las normas respecto de la afiliación y traslado, régimen de transición, incluyendo los incisos 4º y 5º del artículo 36 de la mencionada Ley 100; lo cual debe ser analizado de manera integral junto con la interpretación jurisprudencial, en especial la Sentencia C-789 de 24 de septiembre de 2002, que estableció expresamente los requisitos que hoy el Consejo de Estado considera nuevos.
Adujo que en la sentencia arriba señalada, se puede evidenciar que no existe transgresión a una norma superior con la expedición del Decreto 3800 de 29 de diciembre de 2003, dado que está reglamentando la forma y condiciones en las que aquellas personas que poseen una expectativa legítima de pensionarse bajo las condiciones del régimen anterior, es decir, quienes al 1º de abril de 1994 tenían 15 años de cotizaciones o servicio pueden en virtud del artículo 13 de la Ley 100, aun faltándoles menos de 10 años para cumplir la edad máxima de pensión en el régimen de prima media con prestación definida; trasladarse a dicho régimen para preservar dicha transición. Los condicionamientos que dispuso la Corte Constitucional para tal efecto se incorporaron a la norma legal, y son los que se señalan en el decreto acusado.
Así mismo la Sentencia C-1024 de 20 de octubre de 2004 indica que el traslado entre regímenes especiales implica además el de los recursos que financian las respectivas prestaciones del sistema general de pensiones, lo cual debe a su turno consultar la estabilidad financiera del sistema.
La Sala resolverá el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada, de conformidad con la normatividad y jurisprudencia expuesta por las partes al momento de la presentación de la demanda e interposición del recurso; así como sucedió cuando se declaró la suspensión provisional del acto parcialmente demandado.
La Sala reitera que al establecer el Decreto Reglamentario 3800 de 29 de diciembre de 2003 en su artículo 3º nuevos requisitos, entre otros, que al cambiarse de régimen pensional —del fondo de pensiones al del ISS— se traslade el saldo de la cuenta al 185, y que dicho saldo “no sea inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de vejez, correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media, incluyendo los rendimientos que se hubieran obtenido en este último”; no reglamenta y contraría la disposición de la ley reglamentada, es decir, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
Al ser el derecho a pensionarse bajo los parámetros definidos en el régimen de transición un derecho adquirido, no es posible considerar que una norma posterior los afecte —como lo ha sostenido la Jurisdicción Constitucional—(1), hasta el punto de hacerlos nugatorios. Aceptar estos nuevos requerimientos mediante la norma reglamentaria aquí demandada, conllevaría al desconocimiento de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, como lo es la seguridad social elevada a canon constitucional en el artículo 48, el cual prescribe:
ART. 48.—Adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005.
De hecho, el acto reglamentario debe desarrollar no solo lo que hay expreso en la ley reglamentada, sino lo que hay implícito en ella, de suerte que no restrinja o cree situaciones no previstas en la norma reglamentada —literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2º de la Ley 797 del mismo año— como lo hizo el decreto reglameriario —Decreto 3800 de 2003—, acusado, en este caso.
En conclusión, se reitera, como se dijo en el auto recurrido, del cotejo normativo entre el acto parcialmente acusado y la norma citada como infringida aparece la flagrante vulneración que exige el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo.
Magistrados: Bertha Lucía Ramírez de Páez—Gerardo Arenas Monsalve—Gustavo Eduardo Gómez Aranguren—Luis Rafael Vergara Quintero—Alfonso María Vargas Rincón—Víctor H. Alvarado Ardila.
(1) Sentencia C-754 de 10 de agosto de 2004, M.P. Álvaro Tafur G.

References: ARTÍCULO 3
 ARTÍCULO 13
 ARTÍCULO 2
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 152
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 36
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 48
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 152