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Timestamp: 2016-10-21 00:40:11+00:00

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LEY 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios	LEY 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios Mis Leyes
LEY 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios Estado	:
CAPÍTULO II. DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.
SECCIÓN I. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD.
SECCIÓN II. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS Y SOCIALES.
SECCIÓN III. DERECHO A LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN IV. DERECHO A LA INFORMACIÓN.
SECCIÓN V. OFICINAS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Y USUARIO.
SECCIÓN VI. DERECHO A LA REPRESENTACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN.
SECCIÓN VII. PROTECCIÓN JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.
CAPÍTULO III. DE LA INSPECCIÓN.
CAPÍTULO V. DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
CAPÍTULO VI. COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES.
CAPÍTULO VII. CONSEJO ASESOR DE CONSUMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
En el ámbito estatal, y a fin de cumplir el citado mandato constitucional, se aprobó la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, norma que estableció el marco jurídico general en la materia y que es objeto de desarrollo por diversas normas de carácter estatal y, cada vez en mayor grado, por normas autonómicas, en base a las competencias que han ido asumiendo las Comunidades Autónomas a través del desarrollo del proceso autonómico.
La necesidad de una norma autonómica de rango legal se evidencia, asimismo, dadas las modificaciones que el régimen jurídico general de protección a los consumidores y usuarios ha experimentado desde la promulgación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y la ingente producción normativa tanto a nivel estatal como comunitario. Igualmente, es necesaria esta Ley para posibilitar la adaptación normativa de defensa del consumidor al marco jurídico organizativo autonómico, estableciendo el marco legal de actuación de órganos autonómicos en materia de consumo, una regulación específica en procedimiento sancionador que se adapta a la normativa de la Comunidad Autónoma, así como la regulación de las medidas administrativas que pueden adoptar las administraciones públicas del Principado de Asturias con competencia en esta materia.
La Ley ha puesto un especial énfasis en el derecho a la protección frente a riesgos que puedan afectar a la salud y seguridad, incluyendo dicho derecho como el primero a tutelar, y extendiendo la protección a riesgos medioambientales.
Asimismo, se establece una especial protección de los consumidores en relación con productos o servicios de uso o consumo común, ordinario o generalizado, bienes de primera necesidad y servicios esenciales para la Comunidad.
También merece destacarse, por su carácter novedoso en relación con la normativa general, la protección prioritaria de determinados colectivos.
Se incluye en esta Ley una regulación detallada de los derechos de los consumidores y usuarios, dividiéndose sus secciones en función de su naturaleza y ámbito de protección; esto es, derecho a la protección de la salud y seguridad, a la protección de los derechos económicos y sociales, a la educación y formación en materia de consumo, a la información, a la representación, consulta y participación y a la protección jurídica, administrativa y técnica. Otros aspectos reseñables son el tratamiento otorgado al derecho de educación y formación en materia de consumo estableciendo el deber de fomentar, por parte de la Administración del Principado de Asturias, la enseñanza de dicha materia en todos los niveles educativos, el fomento de la utilización del bable en la información de los diversos productos y servicios -sin perjuicio de que la información legalmente obligatoria figure en castellano- armonizando esta Ley con las disposiciones autonómicas sobre protección y fomento de dicha lengua, la regulación de información en materia de precios -incorporando la obligación de informar al consumidor sobre el precio total de los bienes y servicios puestos a su disposición y detallándose la información que se ha de facilitar en caso de pago aplazado-, el especial tratamiento otorgado a la vivienda -bien básico por excelencia y objeto de un número cualitativa y cuantitativamente importante de reclamaciones-, el establecimiento de hojas de reclamaciones con un contenido mínimo en todos los establecimientos abiertos al público, la regulación de oficinas de información al consumidor, reconociendo al Principado de Asturias la posibilidad de utilización de mecanismos de fomento, coordinación y colaboración y estableciendo el Registro de oficinas de información al consumidor y usuario del Principado de Asturias y el tratamiento legal otorgado a las asociaciones de consumidores y usuarios recogiendo al máximo nivel normativo autonómico las facultades representativas y los derechos que poseen las mismas.
1. A los efectos de esta Ley se considerarán consumidores y usuarios las personas físicas o jurídicas que, como destinatarios finales, adquieran, utilicen o disfruten en el territorio del Principado de Asturias productos, actividades o servicios para su consumo o uso personal, familiar o colectivo, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva, de quien lo produce, facilita, suministra, expide o presta.
2. No tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes, sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros.
Las condiciones y requisitos para la apertura y funcionamiento de establecimientos e industrias situados en el Principado de Asturias.
Que se suspenda el plazo de garantía durante el período de tiempo que duren las reparaciones efectuadas a su amparo y su renovación en el caso de reposición o sustitución del bien adquirido por otro.
2. Asimismo, el Principado de Asturias desarrollará las siguientes actuaciones en materia de educación y formación al consumidor:
3. Las administraciones públicas con competencia en la materia velarán, dentro de su marco regulador, por la cesación o rectificación de la publicidad ilícita, cuando vulnere los derechos de los consumidores, especialmente cuando afecten a los colectivos contemplados en el artículo 5 de la presente Ley.
1. Sin perjuicio de las funciones establecidas por la normativa estatal en la materia, las oficinas de información al consumidor y usuario establecidas en el Principado de Asturias tendrán las siguientes:
En general, la atención, defensa y protección de los consumidores y usuarios, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y las disposiciones que la desarrollen.
2. A los efectos de esta Ley, tienen la consideración de asociaciones de consumidores y usuarios las entidades sin finalidad de lucro constituidas legalmente y que tengan por finalidad exclusiva la información, educación y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, bien sea con carácter general o en relación con productos o servicios concretos.
Las entidades previstas en el artículo anterior que tengan su ámbito de actuación y domicilio en el Principado de Asturias deberán inscribirse en el Registro de asociaciones de consumidores y usuarios del Principado de Asturias, en la forma y con los requisitos previstos reglamentariamente.
Representar a los consumidores y usuarios en los órganos de participación establecidos por el organismo competente en materia de consumo, así como en todos aquellos cuyas actividades puedan afectar a sus derechos e intereses.
1. Con independencia del derecho de recurrir directamente a la vía judicial ordinaria, los consumidores y usuarios y sus organizaciones tienen derecho a obtener protección sobre sus derechos e intereses, a cuyo efecto las administraciones públicas deberán adoptar las medidas adecuadas para equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que aquéllos, individual o colectivamente, puedan encontrarse.
Realización de campañas de difusión e información, en los términos previstos en la sección III, capítulo II de esta Ley.
1. Las actuaciones de inspección que desarrollen las administraciones públicas competentes en materia de protección de los consumidores se llevarán a cabo sobre todo tipo de productos, bienes y servicios destinados a los consumidores y usuarios, comprobándose su adecuación a la normativa vigente.
3. El personal inspector podrá requerir la exhibición y aportación de la documentación industrial, mercantil, contable o sanitaria que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones. Igualmente, podrá requerir la comparecencia, incluso en las oficinas públicas, y la colaboración de cualquier persona que pueda tener relación con el objeto de la inspección y acceder directamente a los locales o dependencias en los que se realicen actividades con incidencia en materia de consumo. La comparecencia personal se efectuará de forma que ocasione la mínima perturbación en el ejercicio de las actividades del compareciente.
2. Los hechos constatados por los inspectores formalizados en la correspondiente acta tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los interesados.
La negativa a la firma por parte del compareciente no invalidará el acta.
Artículo 39. Calificación de las infracciones. 1. Las infracciones en materia de defensa del consumidor se califican en leves, graves y muy graves; la calificación se efectuará atendiendo a:
5. Con independencia de lo expuesto, serán calificadas como graves la reiteración de las conductas previstas en las letras a y b del artículo 38, con excepción de las consistentes en el suministro de información inexacta o documentación falsa, conductas que serán calificadas como graves, aun no existiendo reiteración. Serán consideradas como muy graves las conductas previstas en las letras c y d del artículo 38.
Artículo 42. Graduación de las sanciones. 1. Las sanciones se impondrán teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en el momento de cometerse la infracción, considerándose las siguientes circunstancias para la graduación de las mismas:
2. El órgano competente deberá cursar por escrito un previo requerimiento de ejecución de los actos o resoluciones de que se trate, advirtiendo a su destinatario del plazo de que dispone para cumplirlo y de la cuantía de la multa coercitiva que, en caso de incumplimiento, le podrá ser impuesta.
El plazo señalado deberá ser, en todo caso, suficiente para el cumplimiento de la obligación de que se trate, y la multa no podrá exceder de 601 euros.
Artículo 51. Prescripción y caducidad. 1. Las infracciones en materia de defensa del consumidor prescribirán a los tres años desde el día de la comisión de la infracción, interrumpiéndose en el momento en que el interesado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento sancionador.
CONSEJO ASESOR DE CONSUMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
Oviedo, a 2 de diciembre de 2002.
Artículos 35 (letra b), 36 (letra g), 38 (letra e), 39, 41 (apdo. 1), 42 y 51:
Artículo 37 (letras i, j, k, l y m):
Añadido por Ley del Principado de Asturias 11/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007.
LEY 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios	Trámites

References: artículo 5

Artículo 39
 artículo 38
 artículo 38

Artículo 42

Artículo 51

Artículo 37