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Timestamp: 2020-07-12 06:10:49+00:00

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La Resolución de la ONU sobre Reestructuraciones de Deuda | Emancipación Sur
Emancipacion Sur 18-09-2015
En el marco de su tradicional política de presentar las derrotas y claudicaciones como supuestas victorias o “éxitos de negociación” el gobierno Kirchner acaba de anunciar y congratularse por la votación afirmativa del proyecto de Convención Multilateral sobre Reestructuraciones de Deuda Soberana producida el 14.9 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AG ONU). Por Héctor GIULIANO Se trata de una vieja aspiración del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la banca internacional para institucionalizar la internacionalización de los defaults de países que – como la Argentina – se encuentran metidos en la trampa de deuda pública impagable, que deriva inexorablemente en la permanente refinanciación de las obligaciones a su vencimiento, o modelo de Deuda Perpetua. Para estos problemas de refinanciación forzosa – que son constantes y se presentan tradicionalmente en los países deudores según ciclos promedio de 3 a 5 años, según los casos – el Sistema Financiero Internacional (SFI) viene pugnando hace tiempo en lograr una estandarización de los procesos de reestructuración o reciclado de deudas en función de algunos ejes comunes a ser aceptados por todos los países del mundo:
En síntesis, tipificar y ordenar el manejo globalizado de los problemas derivados del sistema de deuda perpetua existente en la mayoría de los países del mundo en función de los intereses del SFI. Éste era el sentido final de la propuesta del FMI del 2002 – según el trabajo propuesto por la entonces subdirectora del organismo, Anne Krueger – y que por eso fuera rechazado por la mayoría de los países en ese entonces. Ahora, pasado algo más de diez años, se necesitaba reformular de modo “más presentable” dicha propuesta y que la moción no fuese elevada por algún organismo o Estado comprometido por conflicto de intereses sino que la tarea la hiciese algún gobierno del Tercer Mundo, con preferencia lo suficientemente estrangulado desde el punto de vista financiero como para asumir el servilismo de la iniciativa. Fue así que la administración CFK propuso en la AG ONU 2014 – a través del Grupo de los 77 más China – el tratamiento de un proyecto de Convención Multilateral para regular las reestructuraciones de deudas soberanas que días pasados, en la nueva asamblea anual, tuvo aprobación bajo forma de resolución sobre recomendaciones del marco jurídico en la materia. EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO APROBADO. Como es usual en estos casos, lo que dice la resolución aprobada – cuyo texto oficial y completo todavía no se conoce – parece que no coincide mucho con las interpretaciones que el gobierno Kirchner y gran parte del establishment pretenden hacer de su contenido. La resolución es, en realidad, un documento preliminar que sólo fija los llamados Principios Básicos recomendados para los casos de Reestructuración de Deudas Soberanas, que son 9:
Este punto es el que parece, prima facie, más favorable al planteo del gobierno Kirchner en relación a la cuestión de los holdouts, pero no zanjaría el problema de la interpretación del principio de pari passu que – tal como está planteado en el fallo Griesa y las posteriores resoluciones del juez – se lo aplica al revés: entendiendo que nuestro país discrimina contra los FB. Lo único potencialmente positivo que tendría este punto 5 es que se acercaría así a la aplicación del criterio lógico de los concursos y quiebras en los que la decisión de la mayoría obliga a la minoría, de modo que quedaría desarticulada la acción de los FB; pero la contracara es que restaría capacidad de maniobra al país frente a las exigencias y los tiempos de los acreedores.
Probablemente, este punto es el que más se acerca a la postura argentina ya que ratifica el principio de inmunidad soberana, aunque hoy nadie lo pone en duda, ni siquiera el juez Griesa. La resolución no entra, en cambio, en el espinoso problema del deslinde de los activos financieros del Estado que sean considerados como afectados no ya al uso diplomático o militar – clásico de la inmunidad soberana – sino a las denominadas obligaciones de tipo comercial o acciones privadas del Estado (iure gestionis, en oposición a iure imperii), cuyo paradigma lo constituye la emisión de bonos.
“El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana se deben respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión y el estado de derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales seguirán siendoválidos hasta que sean modificados mediante un acuerdo de reestructuración.”
Frente a la amplitud y vaguedad de los términos del primer párrafo (caso “requisitos de inclusión” y “estado de derecho”) contrasta el tenor del último párrafo, que ratifica la continuidad de “términos y condiciones de los contratos originales” y su validez hasta que no sean modificados por un nuevo acuerdo formal. Estas disposiciones, en principio, garantizarían a los acreedores la vigencia de sus derechos de cobro por encima de las situaciones de default hasta tanto el país deudor no llegue a una nueva reestructuración de deuda, cosa que no difiere sustancialmente con lo que hoy los FB están usufructuando en función del fallo Griesa: la validez y vigencia de sus títulos hasta tanto no se llegue a un acuerdo formal con el gobierno argentino.
La redacción de este punto parece mezclar argumentos disimiles ya que: - por un lado, se afirma la sostenibilidad de las reestructuraciones de deuda frente a una práctica que no toma en cuenta la capacidad de pago demostrable sino que – por el contrario y como definición – no se cumple dada la política institucional y generalizada de tomar deuda sobre la idea de refinanciación perpetua; idea que está implícita en este punto cuando se habla de “crear una situación de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores ...”. Y - por otro lado, queda en claro el objetivo de garantizar “la estabilidad del sistema financiero internacional” cuando precisamente el sistema de la Deuda es el principal factor desestabilizante de este sistema financiero internacional. Pocas veces la fraseología de los principios parece contradecir tan groseramente los supuestos intereses nacionales buscados como en este caso.
Este punto – quizás el más directo, concreto o explícito de los nueve enunciados – no hace más que ratificar un criterio universalmente aceptado en los casos de concurso de acreedores de tipo privado que es extendido así también al Estado, sobre la base del modelo de la legislación norteamericana al respecto. Por otra parte, la inclusión de las Cláusulas de Acción Colectiva” (CAC) ya es norma generalizada y de rigor en prácticamente todas las nuevas colocaciones de deuda en el mundo. El problema reside en los bonos emitidos con anterioridad, sin estas cláusulas, como es el caso de la Argentina frente a los holdouts. En síntesis: de la lectura de estos principios aprobados por la resolución de la AG ONU sobre reestructuración de deudas soberanas no surgen elementos de respaldo directamente aplicables al caso de la Argentina (que es el país que se jacta de haber promovido el proyecto) y, en cambio, se abren serios interrogantes sobre sus reales ventajas para el país, sobre los riesgos de futura indefensión en varios aspectos clave, algunos de los cuales han sido citados en el presente trabajo pero otros están todavía pendientes de un análisis a menor nivel de detalle cuando se disponga del texto completo de la resolución aprobada y cuando se tengan antecedentes acerca del grupo de trabajo de la UNCTAD – la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollado - que lo habría elaborado. Sin perjuicio de volver en algún otro momento sobre este tema específico cabe, sin embargo, dejar planteados varios problemas prácticos que le quedan a nuestro país frente a su crisis financiera estructural de Deuda Pública y que esta resolución no resuelve:
El gobierno Kirchner, en las postrimerías de su gestión, sobrevive financiera y políticamente colocando deuda: es el precio que paga para contener que la actual crisis de Deuda no le estalle antes de Diciembre y pueda, por consiguiente, traspasarle el problema a la nueva administración electa, para que sea ésta – preferentemente con los “neoliberales” a la cabeza – la que tenga que instrumentar la capitulación formal frente a los acreedores a través de una nueva reestructuración, que su administración deja funcional y prácticamente preparada, y del que la convención multilateral que servilmente auspiciara en la ONU sería el nuevo modelo de re-endeudamiento buscado dentro del sistema financiero internacional.
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