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Timestamp: 2020-02-25 22:35:42+00:00

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DETERMINACIONES FACTICAS Antecedentes y contexto
Incremento de las tensiones entre el Gobierno de Panamá y el de Estados Unidos
Operación Justa Causa
Hechos posteriores a la invasión militar
DETERMINACIONES FACTICAS
El período entre 1968 y 1981 en Panamá se caracterizó por el ejercicio arbitrario del poder bajo el liderazgo militar de General Omar Torrijos Herrera7. Bajo la vigencia de la Constitución de 1972, el General Torrijos, como “Líder Máximo de la Revolución Panameña” y “Jefe de Gobierno”, gozó de potestades constitucionales numerosas, amplias e importantes, las cuales le otorgaban un poder sin contrapesos significativos, que por su misma naturaleza resultaron en la supresión de la actividad política, y en graves violaciones a derechos humanos y a garantías fundamentales8.
Luego de la muerte del General Torrijos el 31 de julio de 1981 comenzó un período de marcada inestabilidad en la Guardia Nacional y en el Gobierno Nacional de Panamá, el cual concluyó el 12 de agosto de 1983 cuando el General Manuel Antonio Noriega asumió el comando de la Guardia Nacional de Panamá9. Bajo la comandancia de éste, la Guardia Nacional, la Policía y los Servicios de Investigación se unificaron para constituir las Fuerzas de Defensa de Panamá (en adelante “FF.DD”, “Fuerzas de Defensa panameñas” o “Fuerzas de Defensa”)10.
El 16 de mayo de 1984 como resultado de las elecciones presidenciales y legislativas celebradas el 6 de mayo anterior, el Tribunal Electoral proclamó triunfador al candidato oficialista, Nicolás Ardito Barletta, bajo denuncias de un masivo fraude electoral11. Casi un año más tarde, el 28 de septiembre de 1985, luego de la renuncia del Presidente Ardito Barletta, el vicepresidente Eric Delvalle asumió la Presidencia de Panamá12.
En junio de 1987 iniciaron en la Ciudad de Panamá unas jornadas de protestas en oposición al General Noriega y a sus colaboradores. En el marco de tensiones sociales y políticas, y de una fuerte represión, el 10 de junio de 1987 el Consejo de Gabinete declaró mediante Decreto ejecutivo un estado de urgencia nacional a través del cual fueron suspendidas garantías y derechos constitucionales13. Resulta importante señalar que entre los considerandos, el Consejo incluyó la “situación de permanente alteración al orden público por las incitaciones constantes a la violencia de personas y grupos políticos interesados en la toma del poder por las vías de hecho”14.
El 1 de julio de 1987 el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos dictó resolución No. 477 (702/87) mediante la cual instó a las autoridades y a todas las fuerzas políticas abstenerse de tomar cualquier medida que pudiese agravar la crisis en aras de la situación en Panamá15. En este sentido consideró que los graves acontecimientos “y abusos del General Manuel Antonio Noriega” en la situación de crisis de Panamá podrían “desatar una escalada de violencia con los consiguientes riesgos para la vida e integridad de las personas”16. Vale destacar que el Consejo Permanente remarcó el interés de los Estados de un cabal cumplimiento a los Tratados del Canal de Panamá, a fin de garantizar la paz continental y el libre y seguro tránsito por dicha vía interoceánica17.
El 7 de mayo de 1989 tuvieron lugar las elecciones convocadas para elegir al presidente, vicepresidentes y legisladores según lo establecido en la legislación nacional18. Entre los candidatos a las presidenciales se encontraban Guillermo Endara, como líder de la oposición, y Carlos Duque como candidato del entonces gobierno nacional19.
Entre acusaciones de conductas inapropiadas de parte de ambos grupos políticos, graves tensiones sociales y serias limitaciones para la oposición, el gobierno anunció en resultados preliminares una ventaja definitiva al candidato oficialista. En consecuencia, la oposición y observadores internacionales denunciaron irregularidades menores durante la votación en la jornada electoral e irregularidades más graves en el conteo de los votos20. Días más tarde, el 10 de mayo de 1989, el Tribunal Electoral procedió a anular las elecciones al considerar, entre otras razones, como cuestión de hecho que habían existido un conjunto de limitaciones derivadas de la alteración del desarrollo normal de las elecciones "por la acción obstruccionista de muchos extranjeros"21.
A raíz de la nulidad de las elecciones, el siguiente 1 de septiembre, el Contralor General de la República Francisco Rodríguez asumió la Presidencia de Panamá de manera provisional, tras su nombramiento por el Consejo de Estado22. El nuevo presidente señaló que se convocaría a elecciones y entregaría el poder “tan pronto se den las condiciones adecuadas para ello", refiriéndose al "cese de la agresión norteamericana" y a la devolución "al Tesoro Nacional de los fondos arbitrariamente retenidos por el Gobierno de Estados Unidos"23.
Por su parte, dos días después de la decisión del Tribunal Electoral, el Consejo Permanente de la OEA decidió convocar la XXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a fin de considerar "la grave crisis de Panamá en su contexto internacional"24. En el marco de esta reunión, el 17 de mayo de 1989 se resolvió designar una Misión integrada por los Ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guatemala, y Trinidad y Tobago para que, asistidos por el Secretario General de la Organización, colaboraran con las partes en conflicto en Panamá a fin de buscar fórmulas de avenimiento para superar los problemas existentes25.
Luego de cinco visitas a Panamá, el 24 de agosto de 1989, el Presidente de la XXI Reunión de Consulta emitió declaración mediante la cual solicitaba la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Panamá con el objeto de "completar y actualizar la información sobre la situación de los derechos humanos en ese país"26. Con el fin de dar cumplimiento a la declaración del Presidente de la XXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión solicitó la anuencia del Gobierno de Panamá para observar in situ la situación de los derechos humanos en Panamá. El Gobierno panameño concedió la anuencia solicitada, sin embargo dicha visita no llegó a concretarse27.
El 18 de noviembre del mismo año, la Asamblea General de la OEA adoptó Resolución No. 990 mediante la cual afirmó la urgente necesidad de procesos electorales democráticos en los que el pueblo panameño expresase su voluntad “con todas las garantías necesarias para el ejercicio pleno del sufragio universal” y que se conduzca al establecimiento de un gobierno electo libremente y sin injerencias externas28. En particular la Asamblea General manifestó su honda preocupación por las serias violaciones de los derechos y libertades fundamentales en Panamá29.
La relación entre los Gobiernos de Estados Unidos y Panamá había estado vinculada en gran parte con la operación y la administración del Canal de Panamá. Al respecto, es importante recordar que el Gobierno de Estados Unidos desarrolló la construcción del Canal el 4 de mayo de 1904 en virtud de la firma del Tratado Hay-Bunau-Varilla, el cual otorgaba a los Estados Unidos la concesión del Canal a perpetuidad sobre la cual ejercería soberanía.
Luego de varios episodios de conflicto en el año 1964 en Panamá y de arduas negociaciones lideradas por el General Omar Torrijos para tener un nuevo tratado en base al Acuerdo Tack-Kissinger, se firmó el 7 de septiembre de 1977 el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado concerniente a la neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, mejor conocidos como Tratados Torrijos-Carter, los cuales entraron en vigor el 1° de octubre de 1979.
En virtud de los Tratados Torrijos-Carter, se reconoció la soberanía de Panamá sobre la Zona del Canal, y se le otorgó a Estados Unidos los derechos necesarios para operar el Canal hasta el 31 de diciembre de 1999. Los derechos para operar incluían la responsabilidad primaria de administración y defensa del Canal, y para ese propósito, la presencia militar estadounidense era aceptada en Panamá.
En los años subsiguientes, y en particular desde 1988, un agudo incremento de tensiones entre el Gobierno de Panamá y el de Estados Unidos se hizo evidente, así como un fuerte deterioro del nivel de vida de la sociedad panameña y de la situación de los derechos humanos30.
En atención a esto, tuvieron lugar algunos incidentes entre elementos de las Fuerzas de Defensa Panameña y las tropas de los Estados Unidos estacionadas en la Zona del Canal, a raíz de los cuales varios personas resultaron heridas y hubo también víctimas mortales31. El Presidente Bush acusó al gobierno de Noriega de establecer un patrón de acoso contra ciudadanos estadounidenses en Panamá luego de que un teniente de la marina fue víctima mortal de disparos, otro teniente resultó herido y otros ciudadanos estadounidenses fuesen detenidos.
El 6 de febrero de 1988 en el marco de este contexto de crecientes tensiones entre los gobiernos, el Gran Jurado de Miami y su homónimo de Tampa, ambos del estado de Florida, acusaron al General Manuel Noriega de delitos vinculados al tráfico de drogas32. En razón de esto, el 25 de febrero de 1988 durante la transmisión de un discurso televisado, el Presidente panameño Delvalle anunció la destitución del General Noriega de su cargo en la Comandancia de las Fuerzas de Defensas33..
Al día siguiente, la Asamblea Nacional procedió a destituir al Presidente Delvalle y al primer Vicepresidente, Roderik Esquivel, designando a Manuel Solís Palma como Ministro Encargado de la Presidencia34. En el transcurso del mismo día, el Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, procedió a condenar la destitución del Presidente Delvalle, y los esfuerzos de perpetuar un régimen militar en Panamá35.
El 11 de marzo de 1988, el Gobierno de los Estados Unidos adoptó sanciones diplomáticas y económicas dentro del marco de sus relaciones con Panamá con el objetivo expreso de contribuir a la instalación de un gobierno democrático y en oposición al régimen “ilegitimo” de Noriega36. Entre las medidas ordenadas, el Presidente Reagan incluyó la retención en depósito de pagos sobre los derechos del Canal de Panamá a un nuevo gobierno37.
En respuesta el Consejo de Gabinete de Panamá declaró el 18 de marzo de 1988 mediante Decreto No. 11 un estado de urgencia en toda la República al considerar la existencia de “una real situación de guerra no declarada” contra Panamá con “un gravísimo impacto en las actividades económicas, en finanzas públicas, y en todas las estructuras de la vida nacional”38. En este sentido advirtió que se tomarían medidas desde el Ejecutivo “para repeler los ataques internos y externos a la economía nacional, y para hacer frente al estado de urgencia en el que vive el país”39.
El 8 de abril de 1988, el Presidente Reagan emitió la Orden Ejecutiva No. 12.635 en virtud de la cual se adoptaron medidas adicionales en contra de las acciones y políticas de Manuel Noriega y Manuel Solís Palma al considerarlas “una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional, política exterior y a la economía de Estados Unidos”40.
Entre las sanciones adoptadas y a solicitud de los representantes diplomáticos nombrados por el gobierno panameño anterior, el gobierno estadounidense bloqueó toda propiedad e intereses en propiedades del Gobierno de Panamá que se encontraran en los Estados Unidos de América, incluyendo cuentas creadas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y prohibió cualquier pago directo o indirecto al régimen de Noriega por los Estados Unidos o cualquier persona natural o jurídica del mismo41. En el texto, el gobierno estadounidense reiteró el objeto de las medidas tomadas para ampliar la eficacia de las acciones iniciadas en cooperación con el Gobierno de Panamá y su presidente, Eric Arturo Delvalle42.
Meses más tarde y en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos, el 25 de abril y el 7 de agosto de 1989 el representante de Panamá envió solicitudes de reunión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el objeto de presentar sus preocupaciones43. En virtud a las mencionadas solicitudes, el Consejo de Seguridad se reunió el 28 de abril y el 11 de agosto de 1989, con el objeto de discutir la situación de Panamá44.
En la primera reunión, el representante de Panamá solicitó considerar la grave situación provocada por la cadena de acciones tomadas por parte de los Estados Unidos en contra su país en violación del derecho internacional. Entre los argumentos presentados, el representante hizo énfasis en la amenaza creciente del uso de la fuerza militar en Panamá y la posibilidad de que el despliegue de tal fuerza pudiera llevar a acciones violentas45.
Por su parte, el representante de Estados Unidos afirmó que el régimen militar seguía subvirtiendo la expresión de la voluntad popular mediante el fraude, la coerción y la intimidación46. Insistió que la crisis de Panamá no es el resultado de la injerencia de su país en sus asuntos internos, sino de las políticas del General Noriega47.
En la segunda reunión celebrada, el representante de Panamá manifestó la necesidad de tomar medidas específicas para evitar un conflicto armado dado el aumento de las actividades de las fuerzas armadas estadounidenses en territorio panameño en violación de la soberanía e integridad territorial de Panamá, los Tratados del Canal de Panamá y la Carta de las Naciones Unidas48. En este sentido y por la grave amenaza para el funcionamiento mismo del Canal y para la paz en Centroamérica, Panamá expresó su decisión de someter al Consejo la estricta implementación del Tratado del Canal de Panamá y así garantizar el funcionamiento normal y eficiente49.
El representante de Estados Unidos argumentó el cabal cumplimiento de los Tratados del Canal de Panamá en las actividades militares de los Estados Unidos en Panamá y explicó el aumento de la presencia y actividad militar en Panamá en respuesta directa a las acciones hostiles del régimen de Noriega50. Vale destacar que al concluir la segunda reunión, el Presidente del Consejo acordó fijar la siguiente reunión sobre esta discusión en consulta con los miembros del Consejo de Seguridad.
El 15 de diciembre de 1989 la Asamblea General de Representantes de Corregimientos dictó la resolución No. 10 mediante la cual, luego de describir la “situación de constante acoso e intervención”, dicho órgano declaró un “estado de guerra en la República de Panamá mientras dure la agresión desatada […] por el Gobierno de los Estados Unidos de América”51.
Entre las medidas para hacer frente a la agresión, la Asamblea General designó al General Manuel Noriega para desempeñar el cargo de Jefe de Gobierno como “Líder Máximo de la Lucha de Liberación Nacional” otorgándole poderes extraordinarios de urgencia mientras persistiera “la agresión contra el país”52.
En la noche del 19 al 20 de diciembre de 1989, fuerzas militares de los Estados Unidos, bajo órdenes del Presidente George Bush, iniciaron una operación militar en el territorio panameño con el objetivo expreso de “proteger la vida de ciudadanos estadounidenses, restaurar la democracia en Panamá, afirmar los derechos del Estado sobre la implementación del Tratado del Canal de Panamá, y traer al General Noriega a la justicia en los Estados Unidos”53. Como parte de su estrategia, el Estado hizo uso de las tropas estadounidenses que se encontraban en el territorio panameño en virtud del Tratado del Canal de Panamá y había ordenado previamente el despliegue de tropas adicionales54.
Esa misma noche antes de que las tropas adicionales desplegadas por el gobierno de Estados Unidos aterrizaran en territorio panameño, el oficial al mando informó a Guillermo Endara y los señores Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford Boyd sobre los planes inminentes de la acción militar estadounidense55. En la mañana del 20 de diciembre de 1989 fueron juramentados como Presidente Constitucional y vicepresidentes de Panamá, respectivamente, en una ceremonia realizada en una base militar de Estados Unidos, ubicada en la Zona del Canal56. En un breve lapso el nuevo Gobierno, con el apoyo de las fuerzas armadas de Estados Unidos, asumió el control del país57.
En base al relato fáctico de las dos partes de este caso, se verifica la participación de alrededor de 24,000 soldados de distintas ramas de las fuerzas armadas de Estados Unidos durante la operación militar58. Durante la intervención militar, los soldados atacaron simultáneamente distintos puntos estratégicos con la intención de debilitar las Fuerzas de Defensas panameñas y evitar la fuga del General Noriega. En este sentido, se conoce de enfrentamientos en la Comandancia, como el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensas, y sus zonas aledañas incluyendo El Chorrillo, en distintas zonas de la Ciudad de Panamá, en los aeropuertos de Punta Paitilla y Torrijos-Tocumen, en Río Hato, Fuerte Amador, y en la ciudad de Colón, entre otras.
La intervención militar continuó durante el día 20, en el curso del cual las fuerzas estadounidenses destruyeron el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensas y dominaron los principales centros de resistencia militar59. En los dos días subsiguientes, enfrentamientos en la Ciudad de Panamá fueron esporádicos en contra de Batallones de Dignidad y las Fuerzas de Defensas en la medida que estos fueron rindiendo los restantes centros militares60.
El 21 de diciembre de 1989 el Presidente Endara dictó el “estatuto de retorno inmediato al orden constitucional” en el cual estableció las directrices para el nombramiento de distintos funcionarios de los poderes públicos de Panamá61. En el marco de estos actos, fueron disueltas las FF.DD panameñas y la vigilancia policial de la ciudad fue establecida progresivamente en base a patrullas militares de Estados Unidos en los días subsiguientes62.
El 24 de diciembre el General Manuel Antonio Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica en Panamá y el 4 de enero de 1990 se entregó a las tropas de los Estados Unidos63. Enseguida el General Noriega fue detenido y trasladado a este último país para ser juzgado por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas64.
Para el 31 de enero de 1990, las hostilidades habían cesado y para el 13 de febrero de 1990,
el último contingente de tropas adicionales estadounidenses introducidas en Panamá había partido de Panamá65.
En el marco de estos hechos, se verificó la pérdida de mínimo 202 vidas civiles así con un alto número de heridos, aun cuando persiste una controversia en cuanto a las cifras exactas. Se constataron daños significativos y destrucción de viviendas y comercios, así como el desplazamiento de más de 15.000 civiles a campos de refugio ubicados en edificaciones públicas y privadas.
Asimismo en el transcurso de la operación militar, tuvieron lugar paralelamente saqueos contra los comercios y viviendas66. También durante el día 20 de diciembre y los siguientes se produjo una importante cantidad de arrestos67. Los prisioneros fueron originalmente ubicados en campos de detención ad hoc bajo la vigilancia de fuerzas norteamericanas68. En estos campos llegó a recluirse a más de tres mil personas, que fueron posteriormente liberadas o trasladadas a las cárceles panameñas a disposición del Ministerio Público69.
Pronunciamientos a nivel internacional en el marco de la Operación “Justa Causa”
Los hechos ocurridos en el marco de la Operación Justa Causa, así como las violaciones de derechos humanos denunciadas fueron motivo de preocupación y pronunciamientos de distintos organismos internacionales, gobiernos nacionales y organizaciones internacionales de derechos humanos. De manera contundente, en el marco de las reuniones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebradas el 20 y 21 de diciembre de 1989, el Estado de Nicaragua, la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas, China, Nepal, Etiopia, Argelia, Malasia, Cuba y Yugoslavia pronunciaron su rechazo hacia la operación militar implementada por las fuerzas militares estadounidenses en Panamá70. El Estado de Finlandia expresó su rechazo al considerar la intervención militar como una respuesta desproporcional y reprochable71.
En el marco de dichas reuniones, los estados de Argelia, Colombia, Etiopia, Malasia, Nepal, Senegal y Yugoslavia presentaron el borrador de resolución a ser sometida a votación en cuyo texto incluían una fuerte condena a la intervención militar en Panamá como una flagrante violación al derecho internacional72. Hubo 10 votos a favor de la adopción de dicha resolución, y 4 votos en contra por los estados de Francia, Canadá, Reino Unido y los Estados Unidos73. Los representantes de Francia y Reino Unido explicaron que su voto había sido en base al lenguaje desbalanceado de la resolución por no mencionar la situación en la que se encontraba Panamá bajo el régimen de Noriega74.
Asimismo el 29 de diciembre de 1989, mediante resolución No. 44/240, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la acción militar al considerar que dicha acción constituía una “flagrante violación del derecho internacional y de la independencia, soberanía e integridad territorial” de los estados75. En este sentido se exigió el cese inmediato de la intervención y la retirada de las “fuerzas armadas invasoras de los Estados Unidos”76. En específico la resolución expresó una profunda preocupación en relación a las graves consecuencias que este hecho puede tener para la paz y seguridad en la región centroamericana77.
Por su parte los Estados Americanos formalizaron su rechazo el 22 de diciembre de 1989, cuando reunidos en Consejo Permanente de la OEA, expresaron mediante Resolución 534 (800/89) su profundo lamento por la intervención militar en Panamá y urgieron el inmediato cese de hostilidades y el retiro de las tropas extranjeras78. La resolución, la cual aprobada por todos los estados salvo Estados Unidos, se refirió en términos enfáticos al principio internacional de no intervención, y a la “profunda preocupación sobre los serios incidentes y las pérdidas de vida” que habían tenido lugar79.
En el ámbito interamericano, en el ejercicio de su mandato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación en particular por i) la situación legal y procesal de todas las personas privadas de su libertad a partir de la intervención militar de Estados Unidos y su tratamiento mientras se encuentran en prisión, ii) la posibilidad de los familiares de los fallecidos en la lucha armada del 20 de diciembre de 1989, de tener acceso a información y entrega de los despojos de las víctimas, y iii) por cualquier posible violación de derechos humanos que pudo haber ocurrido durante, después y como consecuencia de los hechos del 20 de diciembre de 198980. En Informes posteriores la CIDH mantuvo la opinión que aún existían aspectos dignos de ser esclarecidos, con respecto a la situación de los derechos humanos de los habitantes de Panamá81.
Poco después de la intervención, organizaciones internacionales de derechos humanos como Americas Watch y Physicians for Human Rights presentaron informes valorando las acciones militares llevadas a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses y los daños sufridos por la población civil panameña.
Americas Watch elaboró un informe titulado “The laws of war and the conduct of the Panama Invasion”82, y seguidamente presentó otro titulado “Human Rights in Post-Invasion Panama: Justice delayed is justice denied”83. En el primero, esta organización analizó temas referentes a las muertes de los civiles; a las personas detenidas como prisioneros de guerra; inspecciones, detenciones y arrestos de civiles; los desplazados; así como las violaciones cometidas por las fuerzas armadas del General Noriega y los derechos humanos bajo el gobierno de Endara. Entre otras consideraciones, Americas Watch cuestionó la cifra oficial de fallecidos reconocidas por el estado panameño y los Estados Unidos, y concluyó que las tácticas y las armas utilizadas por las fuerzas estadounidenses dieron lugar a un número desproporcionado de víctimas civiles, en violación de obligaciones específicas en virtud de los Convenios de Ginebra. En relación a los hechos acaecidos en el barrio de El Chorrillo, Americas Watch determinó que las fuerzas estadounidenses habían violado la regla de la proporcionalidad, que ordena que el riesgo de daño a los objetivos no permitidos se sopese contra la necesidad militar del objetivo perseguido84. Asimismo consideró que el ataque a El Chorrillo y un ataque similar en un área urbana de Colón se llevaron a cabo sin previo aviso a los civiles, a pesar que la ausencia del elemento sorpresa no habría afectado el resultado violentando el deber permanente de las fuerzas atacantes de minimizar daño a los civiles85.
Por su parte, Physicians for Human Rights publicó su informe titulado “Operation Just Cause: the human cost of military action in Panama”86. Entre sus conclusiones, esta organización también cuestionó la cifra oficial de los fallecidos y presentó una cifra de por lo menos 300 civiles fallecidos y 3 mil lesionados. Asimismo destacó el anuncio oficial de 23 militares estadounidenses fallecidos. Consideró que los esfuerzos de socorro fueron inadecuados para atender las necesidades básicas de aquellos que perdieron su hogar y señaló que el uso a gran escala de armamento sofisticado por las tropas invasoras tenía como objetivo disuadir a los panameños de la resistencia al presentar una abrumadora superioridad del poder de fuego87.
El 22 de diciembre de 1989 el nuevo Gobierno ordenó un “toque de queda en todo el territorio nacional”88 al reconocer que los actos del 20 de diciembre habían “alterado sustancialmente la vida ciudadana y la convivencia nacional”89.
Por su parte, el Tribunal Electoral de Panamá a posteriori de la asunción del nuevo Gobierno, derogó su propio Decreto No. 58/89, por el cual anulaba las elecciones del 7 de mayo de 1989 y al declararlas válidas, consagró como vencedora a la lista que encabezaba el nuevo Presidente90.
En virtud del “estatuto de retorno inmediato al orden constitucional” del 21 de diciembre de 1989, el nuevo Gobierno nombró durante los primeros meses de 1990 a las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo así como de la Fuerza Pública y Contraloría General91.
En cuanto a las medidas adoptadas por el nuevo gobierno, la CIDH tuvo conocimiento de, entre otras, la reapertura de medios de comunicación clausurados, la devolución de otros a sus legítimos propietarios, la puesta en libertad de ex-militares involucrados en intentos fallidos de golpe militar así como de civiles detenidos bajo cargos de atentar contra la seguridad pública y la desarticulación de las Fuerzas de Defensa92.
En el marco de la desarticulación de las FF.DD, el gobierno declaró la separación definitiva de varios oficiales y la degradación y destitución de Manuel Noriega93. Igualmente, derogó la suspensión de porte de armas permitiendo el uso de determinadas pistolas y escopetas94, y facultó a las autoridades y organismos superiores de ministerios, entidades autónomas, empresas estatales y demás entes públicos para destituir o declarar “insubsistentes” los nombramientos de los servidores públicos que hayan pertenecido, participado o conformado “grupos paramilitares de los llamados CODEPADI, batallones de dignidad u otros similares”95 previamente instaurados por el General Noriega. Finalmente, el gobierno establecido organizó la fuerza pública en “la Policía Nacional, el Servicio Aéreo Nacional y el Servicio Marítimo Nacional”96 con el objetivo de desaparecer “los vestigios de militarismo” siguiendo “la exigencia del pueblo panameño” de no tener un ejército nacional97.
En este contexto, el Gobierno de Estados Unidos adoptó programas de asistencia al Gobierno de Panamá. En este sentido, inició un programa de recuperación económica de Panamá el cual incluía préstamos, garantías y oportunidades de exportación para fortalecer el sector privado de Panamá98, y uno por medio de la Agencia por el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (en adelante “AID”) para ayudar a la reforma del sistema de justicia penal en Panamá99 con el objeto de reformar y fortalecer el sistema judicial, la fiscalía y los defensores públicos aportando una cantidad sustantiva de fondos100.
Con respecto a aquellos que habían sufrido daños por la invasión, la Comisión verificó los esfuerzos por parte del Gobierno panameño para responder a algunas de las situaciones más afligidas, aunque a juicio de distintos sectores, muchos de los perjuicios por aquellos sucesos no habían sido satisfactoriamente resueltos101. En efecto, la Comisión notó particularmente que aun cuando se había solucionado las carencias habitacionales de 2,860 familias del área del Chorrillo, no había habido reparación alguna para las familias cuyos miembros fueran muertos o heridos en el contexto de la invasión102.
Tras esfuerzos de la parte peticionaria, el Equipo Argentino de Antropología Forense (en adelante “EAAF”) visitó Panamá entre los días 9 de julio al 2 de agosto de 1995 con el objetivo de proporcionar asistencia al Centro por los Derechos Constitucionales en la investigación y sistematización de los hechos ocurridos durante la invasión y posterior ocupación militar de Estados Unidos en el territorio panameño, en particular con investigaciones preliminares sobre la posible existencia de fosas comunes103. A raíz de esta visita, el EAAF elaboró un informe en el cual indicó que las excavaciones preliminares en el cementerio de Pacora tuvieron que ser suspendidas debido a fuertes inundaciones en la zona sin haber podido llegar a ninguna conclusión definitiva sobre el sitio104. Dentro de sus conclusiones, el EAAF resaltó que no había hasta el momento listados completos de los panameños muertos durante la intervención militar, debido a que ninguno de los dos países involucrados había realizado esfuerzos exhaustivos en el establecimiento de listados definitivos sobre la cantidad de muertos y desaparecidos panameños, o sobre las circunstancias en las que murieron105. Asimismo el EAAF concluyó que una investigación más a fondo muy posiblemente determinaría un aumento en el número de muertos106.
El 20 de julio de 2016, mediante Decreto Ejecutivo No. 121 el Gobierno de Panamá creó la “Comisión 20 de diciembre de 1989” como una comisión independiente de la verdad107. En dicho decreto, la Presidencia de Panamá reconoció que, más de 26 años después de la invasión del 20 de diciembre 1989, “aún se requiere el esclarecimiento de la verdad y en especial, el pleno conocimiento del número e identidad de quienes perdieron la vida a consecuencia de la misma”108.
En relación a los esfuerzos de esta Comisión 20 de diciembre de 1989, es importante destacar que se encuentran disponibles al público los textos del Reglamento Interno de la Comisión, el Reglamento de Inscripción en el Registro Único de Víctimas, así como un listado provisional de víctimas. La parte peticionaria agregó que el gobierno de Estados Unidos había expresado su voluntad expresa de trabajar con el gobierno de Panamá para clarificar los hechos ocurridos109.

References: resolución 
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