Source: https://derechovenezolano.wordpress.com/2015/05/01/jurisprudencia-sala-constitucional-mayo-2000/
Timestamp: 2017-09-26 03:36:07+00:00

Document:
JURISPRUDENCIA SALA CONSTITUCIONAL MAYO 2000 | DerechoVenezolano.Com
JURISPRUDENCIA SALA CONSTITUCIONAL MAYO 2000
Publicado: mayo 1, 2015 en JURISPRUDENCIAS SALA CONSTITUCIONAL
Etiquetas:#ColisiónDeSistemasNormativos., #CONSTITUCIONAL, #COSAJUZGADA, #EstabilidadLaboralyelCobrodePrestacionesSociales, #JurisdicciónConstitucional, #jurisprudencia, #PrevisiónySeguridadSocial., #TSJ
Sentencia: N° 354 Fecha 10 de Mayo de 2000.
…estima esta Sala que el avance más significativo en cuanto al control jurisdiccional en la recientemente promulgada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido la definitiva delimitación de la jurisdicción constitucional. Al efecto, la Constitución en el Título VIII: De la Protección de la Constitución, donde se establecen los mecanismos para la preservación del régimen recientemente constituido, asi como las normas de los Estados de Excepción, se delimitaron tambien las competencias de esta Sala Constitucional como último intérprete de la Constitución.”
“…el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo.”
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/354-110500-00-0694.HTM
Sentencia: N° 356 Fecha 10 de Mayo de 2000.
Asunto: Colisión de sistemas normativos.
…el recurso de colisión de normas se refiere a la situación en la cual dos disposiciones intentan regular el mismo supuesto en forma diferente por lo cual las mismas se encontrarían en conflicto…”
“…una forma peculiar de colisión que puede calificarse como colisión de sistemas normativos, que serían los casos de conjuntos de normas que rigen una materia determinada que en abstracto forman un cuerpo coherente, pero que, al ser comparadas con otras normas que regulan una situación igual o análoga, se hacen incompatibles al punto de generar problemas en su ejecución, en forma tal que la aplicación de uno de los dos sistemas implique la violación del sentido y alcance del otro régimen jurídico que coexiste con aquél.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/356-110500-00-0726.HTM
Sentencia: N° 359 Fecha 10 de Mayo de 2000.
Asunto: De la previsión y seguridad social.
… a la Asamblea Nacional en representación del Poder Nacional, le corresponde la potestad de legislar en materia de previsión y seguridad social, uno de cuyos aspectos es la jubilación del funcionario público. Y sobre esta base, las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados públicos, sean estos funcionarios de carrera o de elección, pertenecientes bien al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano o Electoral, forman parte de los sistemas de previsión y seguridad social, materia ésta sobre la cual la Asamblea Nacional tiene potestad genérica de legislar por disposición expresa de las normas señaladas.”
“De allí que …(omissis)… el Constituyente reafirma su intención de unificar el régimen de jubilaciones y pensiones, no sólo de funcionarios y empleados de la Administración Nacional, sino a las demás personas públicas territoriales, como los Estados y Municipios.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/359-110500-00-0859.HTM
Sentencia: N° 370 Fecha 15 de Mayo de 2000.
Tema: Estabilidad laboral
Asunto: De la estabilidad laboral y el cobro de prestaciones sociales.
Las consideraciones de política social y, en función de ellas, los objetivos a los cuales están orientadas la acción de estabilidad laboral y la relativa al cobro de prestaciones sociales, aunque complementarias, son diferentes. Ambas corresponden a conceptos vinculados con la trascendencia que para la sociedad y para la vida de las personas tiene el proceso productivo de bienes o de servicios y las relaciones laborales que genera entre los sujetos que en él concurren; lo que se ha denominado el hecho social trabajo. Si embargo, las prestaciones sociales son causadas, se deben y son exigibles en función del término de la relación laboral; cualquiera que haya sido la razón para que concluya. El trabajador que se valga de una acción judicial para hacerlas efectivas sólo aspira y puede esperar que le serán canceladas con base en el tiempo acumulado de servicio; ese es el propósito de tal acción.
Los juicios de estabilidad laboral fueron concebidos para procurar permanencia y continuidad en las relaciones de trabajo. Están vinculados al propósito de mantener en términos relativos, los niveles de ocupación de la mano de obra activa y al logro de la capacitación y la eficiencia. Su objetivo primordial no es el pago de las prestaciones sociales, el cual en todo caso tendría que cumplirse; está comprendido, pero el hecho que las causa es precisamente lo que se trata de evitar: el despido, en este caso injustificado, y con éste la cesación de la relación laboral…
Tema: Prestaciones Sociales
Asunto: De la oferta real.
En las consideraciones que anteceden está implícita la razón por la cual no se admite la oferta real, ni otras formas de cumplimiento distintas a la oferta válida o el pago efectivo al momento del despido, que no sea la consignación del monto de las prestaciones sociales mas la cantidad resultante de la aplicación de los conceptos contemplados en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo y el correspondiente a los salarios caídos, amén de la reafirmación del despido, en el propio proceso de estabilidad laboral, para ponerle fin a éste. Y es que se trata de una acción y de un proceso que tiene una consideración y un tratamiento particular en razón del propósito especial al que están vinculados. No les son aplicables los criterios ni pueden ser objeto del tratamiento adjetivo ordinario, ni de las medidas que en el mismo se encuentran previstas, ni siquiera las contempladas en el proceso de la acción laboral común.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/370-160500-00-0285.HTM
Sentencia: N° 381 Fecha 15 de Mayo de 2000.
Asunto: Del restablecimiento de la situación jurídica infringida.
En las circunstancias expuestas, es manifiesta la inobservancia y la falta de aplicación de la sentencia de amparo que dictara …(omissis)… siendo necesario restablecer la situación jurídica infringida al accionante, por cuanto la inobservancia y la falta de aplicación de la referida sentencia, en el proceso instaurado para la partición de bienes de una comunidad concubinaria afectada de nulidad, dieron lugar a la violación de sus derechos a la propiedad, a la defensa y al debido proceso.
El deber de restablecimiento de la situación jurídica del accionante es tanto más imperioso cuanto que la Constitución de la República otorga el derecho a una justicia responsable y a una tutela judicial efectiva (artículo 26), e impone al Tribunal Supremo el deber de garantizar la efectividad de las normas y principios constitucionales (artículo 335).
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/381-160500-00-0095.HTM
Sentencia: N° 383 Fecha 15 de Mayo de 2000.
Asunto: De la extinción de la acción de amparo por el transcurso del tiempo.
…de conformidad con el criterio establecido por la antigua Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, … la extinción de la acción de amparo por el transcurso del tiempo se produce en todos los casos, salvo que, la forma como se hubiese producido la lesión revista tal gravedad que constituya un hecho lesivo de la conciencia jurídica… . Ahora bien, con independencia de la ambiguedad e indeterminación que alberga el concepto conciencia jurídica, no es procesalmente válido juzgar en torno a la configuración o no de una causal de inadmisiblidad, como lo sería la caducidad de la acción de amparo, sobre la base de un juicio previo en torno a una cuestión de mérito, cual es el relativo a la existencia o no de la lesión y a su nivel de gravedad.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/383-160500-00-0546.HTM
Sentencia: N° 386 Fecha 16 de Mayo de 2000.
Asunto: De la independencia Judicial. Comisión de Derechos Humanos.
Por otra parte, no puede esta Sala ignorar en esta oportunidad la comunicación remitida al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, relacionada directamente con este caso, suscrita por el ciudadano Raúl Arrieta Cuevas, Agente del Estado de la República Bolivariana de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual manifiesta la conveniencia de “realizar una reunión de los Magistrados a los fines de fijar criterios y asumir posiciones comunes respecto al sentido y alcance de la aplicación inmediata y directa de los Tratados y Convenios sobre Derechos Humanos”, la cual rechaza por ser tal sugerencia una inaceptable injerencia de dicho agente en las funciones jurisdiccionales de este Alto Tribunal, que de acuerdo con el artículo 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es independiente y le está atribuido el ejercicio exclusivo de la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII eiusdem…
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/386-170500-00-0216.HTM
Sentencia: 422 Fecha 18 de Mayo de 2000.
Tema: Principio Procesal
Asunto: Del derecho a un proceso justo. La cosa juzgada aparente.
Al respecto cabe observar que frente al principio de seguridad jurídica, generado esencialmente por la estabilidad de las decisiones y al derecho de los particulares a no ser juzgado por los mismos hechos por los cuales obtuvieron decisiones, se contrapone el derecho de las partes a intervenir en un proceso justo, transparente y equitativo, donde se le garantice a éstos el acceso a la justicia, el derecho a ser oídos, a intervenir en la defensa de sus derechos y a obtener una decisión oportuna y efectiva.
Esta contraposición entre la estabilidad de las decisiones y el derecho de las partes a intervenir en un proceso justo, generó que la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia hiciera referencia a la cosa juzgada aparente, cuando la sentencia proferida no haya sido el resultado de un proceso estable y válido.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/422-190500-00-0284.HTM
Sentencia: N° 442 Fecha 22 de Mayo de 2000.
Asunto: De la irrenunciabilidad en materia laboral.
3.- Ahora bien, la institución de la irrenunciabilidad, y así ha sido visto por la doctrina más autorizada sobre esta materia, tiene un fin de defensa frente a la posición preferente del empleador respecto al empleado, y así fue referido al comienzo de este capítulo; a través de la misma, la legislación persigue garantizar con la prohibición de renuncia, que el trabajador se acerque a la negociación contractual y disfrute durante su desarrollo de un piso inamovible, un mínimun inexpugnable sobre el cual no puede haber acuerdo alguno en su perjuicio, pero sí en su realce o mejora. He aquí la llamada inderogabilidad de los beneficios laborales…”
“…la Sala aclara que la irrenunciabilidad que dispone la primera parte del numeral 2 del artículo 89 se corresponde con la inderogabilidad de las normas que aseguren el disfrute de derechos mínimos a los trabajadores. La segunda parte, en cambio, no consagra una excepción a dicho principio, sino que simplemente permite la disponibilidad de los mismos a través de ciertos modos de composición. Ambas partes pertenecen a situaciones y realidades jurídicas distintas y especializadas, que actúan en la protección de los derechos y en la garantía de la tutela judicial efectiva con reglas distintivas, pero en todo caso igualmente efectivas.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/442-23500-00-0269.HTM
Sentencia: N° 450 Fecha 22 de Mayo de 2000.
Asunto: Del fuero atrayente.
Si bien la Resolución impugnada no puede encuadrarse como un acto de efectos particulares tal como lo dispone el aludido artículo 132 eiusdem, por ser un acto con carácter normativo aplicable a todos los funcionarios que laboran en la Contraloría del Estado Bolívar y presentar las características propias de los actos normativos, como son el que estén dirigidos a un número indeterminado de personas y aplicables indefinidamente en el tiempo; sin embargo, considera esta Sala que la intención del legislador cuando dictó la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, al disponer en el citado artículo 132 de dicha ley el conocimiento de la Corte en Pleno de las causas que tengan como fin declarar la nulidad por razones de inconstitucionalidad de los actos de efectos particulares que hayan sido dictados con fundamento en actos de efectos generales contra los cuales haya sido ejercida igualmente acción de nulidad por inconstitucionalidad, fue permitir que un único órgano judicial decida sobre un acto determinado, así como de aquel que le sirve de fundamento jurídico, estableciendo un fuero atrayente a favor del acto de mayor jerarquía dentro del orden jurídico, todo ello con el fin de evitar decisiones que pudieran ser contradictorias por ser tramitadas en distintas oportunidades, y ante diferentes tribunales, en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/450-230500-00689.HTM
Sentencia: N° 451 Fecha 22 de Mayo de 2000.
Asunto: Del control fiscal por parte de la Contraloría General de la República.
Ahora bien, para dilucidar si existe la colisión alegada por el recurrente, debe esta Sala Constitucional hacer una análisis sobre el alcance y contenido de la función de Control Fiscal atribuida a la Contraloría General de la República, así como también en qué consiste el control ejercido por el Ministerio de Justicia sobre los servicios autónomos sin personalidad jurídica de Registro, al cual se refiere el artículo 139 de la Ley de Registro Público.
En efecto, conforme a las disposiciones previstas en los artículos 287 y 289 numerales 1 y 3 de la Constitución y artículo 1° de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, este organismo tiene la potestad para ejercer el (i) control, vigilancia y fiscalización, de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones ralativas a los mismos; (ii) control de la deuda pública y (iii) control de gestión y evaluación del cumplimiento y resultados de las decisiones y políticas públicas. Asimismo, dicha Ley Orgánica en sus artículos 69 y 70 dota al citado órgano contralor de facultades rectoras en la coordinación de los sistemas de control externo e interno, y a su vez, establece que el control interno es responsabilidad de las respectivas autoridades jerárquicas quienes están en la obligación de garantizar el cumplimiento de los requisitos que sobre el control de gastos establecen las normas contenidas en los artículos 21 y 23 de la referida Ley Orgánica.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/451-230500-00-1195.HTM
Sentencia: N° 483 Fecha 28 de Mayo de 2000.
Asunto: Interés difuso.
El nuevo marco constitucional, además de consagrar el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales de los sujetos de derecho, quienes pueden concurrir de manera individualizada a solicitar la protección de sus derechos y garantías constitucionales, plantea ahora de manera expresa la posibilidad de que dirijan a tales órganos solicitudes que tengan por finalidad el logro de tutela judicial de intereses colectivos, o bien que los peticionantes aleguen la violación o amenaza de derechos o garantías fundamentales que forman parte de la esfera de intereses difusos…”
“…En razón de una serie de hechos y circunstancias alegados por los peticionantes, los cuales podrían ciertamente afectar intereses difusos del colectivo -en el que se integran tanto las personas naturales actoras como las referidas organizaciones-, intereses que en este específico caso ameritan una inmediata consideración, esta Sala reconoce legitimación en las personas y organizaciones que accionan en este proceso con miras a lograr un mandamiento de tutela constitucional, el cual tendrá, de ser acordado, efecto erga omnes; tanto para las personas naturales y organizaciones que han solicitado la protección de amparo constitucional como para todos los electores en su conjunto.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/483-29-5-00-00-1642.HTM
Sentencia: N° 492 Fecha 30 de Mayo 2000
Asunto: La acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu.
En este orden debe insistirse que la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertería en un mecanismo ordinario de contro de la legalidad.
Lo que se plantea en definitiva es que la tuición del amparo esté reservada para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las mismas se fundamenten en tales derechos y garantías.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/492-31-5-00-00-0492.HTM
Sentencia: N°510 Fecha 30 de Mayo 2000
Asunto: Competencia de la Corte de Apelaciones.
Cabe recordar que con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, la organización judicial de la jurisdicción penal quedó conformada, en cada circuito judicial, por una Corte de Apelaciones y por Tribunales de Primera Instancia que cumplirán funciones de control, de juicio y de ejecución de sentencias, de manera rotativa. A su vez, los Tribunales de Primera Instancia de Juicio, podrán ser unipersonales, mixtos o de jurados, dependiendo de la gravedad del delito, pero ha estimado la Sala que aún tratándose en el caso de autos de la interposición de una acción de amparo constitucional contra una sentencia emanada de un Tribunal de Juicio constituido con jurados, la Corte de Apelaciones sigue siendo la instancia superior al que emitió el pronunciamiento objeto de la presente acción, aun cuando no se trate de un superior jerárquico respecto de los tribunales de juicio constituidos con jurados. Ello además permite preservar en estos casos el principio de la doble instancia…
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/510-31-5-00-00-1092.HTM
Sentencia: N° 515 Fecha 30 de Mayo 2000
Asunto: De la indefensión.
…cabe afirmar que el contenido esencial del derecho fundamental que, para el justiciable, representa la garantía constitucional de la defensa en el proceso, estriba en la posibilidad, normativamente tutelada, de obrar y controvertir en los procesos en que haya de juzgarse sobre sus intereses in concreto.
Por tanto, se configura un supuesto de indefesión cuando, en determinado procedimiento judicial, se causa perjuicio directo e inmediato a un sujeto de derecho sin habérsele dado audiencia, esto es, sin habérsele permitido el ejercicio de su derecho de contradicción.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/515-31-5-00-00-0586.HTM
M.Hortencia Medina dice:
mayo 1, 2015 en 3:24 pm
HolaSera posible que me enviasen material sobre origen del sistema procesal penal venezolano.Gracias.
M.HortenciaDate: Fri, 1 May 2015 13:42:31 +0000 To: mhortenciamedina@hotmail.com
LA TEORÍA DE LA ADECUACIÓN
DISTINCIÓN ENTRE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y PROCEDIMIENTOS SIMILARES

References: artículo 125
 artículo 254
 artículo 89
 Resolución 
 artículo 132
 artículo 132
 artículo 139
 artículo 1