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Bogotá D.C., 12 de abril de 2013 Oficio No. 4010Honorables Magistrada y Magistrados Corte Constitucional M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub E.S.D.
Ref: Intervención en el proceso- Expediente D-9499. Demanda de Inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 01 de 2012 (parcial) “Por medio del cual se establecen instrumentos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ, Defensor del Pueblo, respetuosamente presento escrito de intervención en el proceso D-9499, promovido contral el Acto Legislativo 01 de 2012 (parcial) “Por medio del cual se establecen instrumentos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. Introducción y Antecedentes 1. El texto de la norma parcialmente demandado es el siguiente:
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2012 (Julio 31) Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: Artículo 1°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66 así: (…) Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en el marco de la justicia transicional, el Congreso de la República, por
iniciativa del Gobierno Nacional, podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena; y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. La ley estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los casos para determinar los criterios de selección. (…)
2. Consideran los demandantes que tal como está redactada la norma se sustituye la Constitución en uno de sus pilares fundamentales, consistente en el “deber del Estado de garantizar los derechos humanos, y consiguiente, juzgar adecuadamente todas las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en su jurisdicción (sic)”, cuyo fundamento normativo se encuentra en distintas disposiciones constitucionales tales como: el Preámbulo y los artículos, 1, 2, 12, 29, 93, 228 y 229, así como en varios tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad, a saber, los artículos 1.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 2.1 y 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 17 y 53 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 14 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y artículos 2, 4, 6 y 12 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 3. Para los demandantes, con base en las normas citadas, es obligación del Estado colombiano “respetar y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas residentes en Colombia (sic)”. De esta obligación, se desprende el deber de investigar y juzgar todos los hechos que constituyan una infracción grave a los DDHH y al DIH. Teniendo esto en cuenta, afirman los demandantes que la manera como está prevista la selección de casos en el Acto Legislativo 01 de 2012, introduce una nueva regla en lo concerniente a la investigación y juzgamiento de violaciones de derechos humanos, cuyo contenido es el siguiente: “es deber del Estado colombiano garantizar los derechos de algunas de las personas residentes en Colombia e investigar algunas de las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en su jurisdicción y juzgar solo a algunos de sus responsables.” En relación con el deber de investigar a los máximos responsables de los crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, los demandantes consideran que se impone una restricción injustificada al universo de conductas que da lugar al deber de respeto y garantía de los derechos de las personas residentes en Colombia y el consiguiente juzgamiento, creando así otra regla nueva
que es la siguiente: “el estado colombiano no está obligado a investigar y juzgar todas las conductas que constituyan crímenes de guerra, sino tan sólo aquellas conductas que constituyan crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.” 4. Como consecuencia de este análisis, los demandantes solicitan a la Corte Constitucional que declare inconstitucionales los apartes normativos del Acto Legislativo 01 de 2012 que sustituyen el pilar esencial de la Constitución de 1991, en la forma expresada por las reglas que en su concepto se derivan de dicha norma. Problema Jurídico 5. Los demandantes consideran que los apartes demandados del Acto Legislativo 01 de 2012, sustituyen la Constitución de 1991 en uno de sus pilares fundamentales consistente en la obligación del Estado colombiano de respetar y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas residentes en Colombia, al introducir reglas nuevas de selección y priorización que contradicen dicho pilar esencial. Por otra parte, del texto de la norma acusada puede derivarse una interpretación alternativa según la cual, del establecimiento de los mencionados criterios no se derivan necesariamente las consecuencias expuestas por los demandantes, y dado el contexto y los fines para los cuales fue promulgada, los criterios de priorización y selección son herramientas que hacen parte de este tipo de instrumentos y por consiguiente, por sí mismos no sustituyen la Constitución. Teniendo esto en cuenta, para el Defensor del Pueblo en el presente caso se plantea el siguiente problema jurídico: ¿Los apartes demandados del Acto Legislativo 01 de 2012, que introducen criterios de selección y priorización en el marco de un proceso de justicia transicional, para el juzgamiento de los crímenes e infracciones cometidas contra los DDHH y el DIH, implican la sustitución de la Constitución al introducir una modificación sustantiva en la obligación fundamental del Estado de respetar y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas residentes en Colombia, o por el contrario supone la implementación de un mecanismo válido de gestión de la acción penal en el contexto y para los fines por los cuales la norma fue promulgada? 6. Para el Defensor del Pueblo, los criterios de priorización y selección establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2012, no implican por sí mismos una sustitución de la Constitución. Para sustentar esta respuesta al problema jurídico planteado, la presente intervención está dividida en cuatro partes. (i) En la primera, se hará referencia de manera breve al concepto de justicia transicional como marco referencia, no sólo conveniente sino además necesario, para la interpretación de la norma acusada; (ii) posteriormente, se revisará sumariamente el debate que surtió el Acto Legislativo 01 de 2012 en el Congreso, a fin de determinar la intención del Legislador al establecer los mencionados criterios; (iii) en la tercera parte se hará referencia a los criterios de
selección y priorización para el juzgamiento de crímenes e infracciones a los DDHH y al DIH y se ofrecerán ejemplos en los que este tipo de mecanismos han sido utilizados. (iv) Finalmente se formularán algunas conclusiones del análisis hecho y se solicitará a la Corte Constitucional que aclare el alcance de los criterios de selección y priorización de casos. I. El concepto de justicia transicional como marco de análisis en el presente caso y sus implicaciones. 7. En este aparte, la Defensoría pretende referirse brevemente al concepto de justicia transicional, para sostener que el Acto Legislativo 01 de 2012 debe ser analizado en el marco de dicho concepto y que de éste se derivan consecuencias normativas importantes, que deben ser tenidas en cuenta por la Honorable Corte, al momento de resolver la demanda en el presente caso. Dos razones justifican esta alusión. La primera de ellas es normativa y se remite al propio texto del Acto Legislativo, que inscribe sus disposiciones dentro del aludido concepto, desde el primer artículo de la ley al definir su objeto de regulación:
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2012 (Julio 31) Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: Artículo 1°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66 así: Artículo Transitorio 66. Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo. Mediante una ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. (…) Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Sin
perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en el marco de la justicia transicional, el Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena; y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. La ley estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los casos para determinar los criterios de selección. (…)
8. La segunda razón se enmarca dentro de la comprensión que ha hecho la propia Corte del concepto de justicia transicional. Esta referencia es relevante no sólo porque aclara la definición del concepto, sino que, ligado a esto, expone la postura de la propia Corte en relación con un concepto que ya ha aplicado de acuerdo con la comprensión que de éste ha hecho. En esa dirección, no se trata de un concepto que deba ser objeto de un primer estudio y reflexión por parte de la Honorable Corporación, sino que ya se ha usado para analizar el alcance de disposiciones normativas que contradicen su sentido, por producir consecuencias adversas a los derechos de las víctimas en los procesos de transición hacia la paz, como puede ser el caso de las limitaciones inadmisibles constitucionalmente respecto de la configuración de la condición de víctima. Al respecto ha dicho la Corte:
Dentro de este panorama de evolución hacia la protección internacional de los derechos humanos, la comunidad de las naciones ha puesto su atención sobre aquellos Estados en que se adelantan procesos de transición hacia la democracia o de restablecimiento de la paz interna y consolidación de los principios del Estado de Derecho. La comunidad internacional ha admitido la importancia de alcanzar estos objetivos sociales de Paz, pero ha hecho énfasis en que estas circunstancias de transición no pueden conducir a un relajamiento de las obligaciones internacionales de los Estados en el compromiso universal de respeto a la dignidad y a los derechos humanos. En este contexto, se ha entendido que la necesidad de celebrar acuerdos políticos de reconciliación con amplios grupos sociales exige cierta flexibilidad a la hora de aplicar los principios que dominan el ejercicio de la función judicial. Se aceptan con ciertas restricciones amnistías, indultos, rebajas de penas o mecanismos de administración judicial más rápidos que los ordinarios, que propicien el pronto abandono de las armas o de los atropellos, como mecanismos que facilitan la recuperación de la armonía social. La comunidad internacional ha reconocido
esta realidad, admitiendo una forma especial de administración de justicia para estas situaciones de tránsito a la paz, a la que ha llamado “justicia transicional” o “justicia de transición”, pero no ha cedido en su exigencia de que las violaciones a los derechos fundamentales sean investigadas, enjuiciadas y reparadas, y los autores de las mismas contribuyan a identificar la verdad de los delitos cometidos y reciban algún tipo de sanción.1
9. Así pues, la Corte Constitucional ha admitido que la noción de justicia transicional implica una tensión entre los objetivos de tránsito efectivo hacia la paz y/o la democracia, y los derechos de las víctimas a que sean investigadas, enjuiciadas y castigadas por el Estado las violaciones de sus derechos y a que se logre una reparación efectiva. Por tanto, el concepto de justicia transicional busca justamente el equilibrio –constitucionalmente admisible- entre estos dos valores contrapuestos, la paz y la justicia, de forma tal que resultaría –prima facie- inexequible una transición que sólo busque la paz y la reconciliación sin tener en cuenta los derechos de las víctimas, como fácticamente improbable una que busque sólo la justicia, impidiendo de esta forma alcanzar el objetivo de la paz. Así las cosas, de no cumplirse con los objetivos buscados por la noción de justicia transicional, una norma que se inscribe en este marco puede ser declarada inconstitucional, lo que evidencia que el equilibrio al que se refiere el mencionado concepto tiene una relevancia constitucional determinante. II. Los criterios de priorización y selección para el juzgamiento de crímenes atroces establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2012, no implican –por sí mismos- la renuncia al ejercicio de la acción penal. De acuerdo con la intención del Legislador suponen solamente un instrumento de gestión de la acción penal que se inscribe en el marco de regulación aprobado en la reforma constitucional. 10. Para el Defensor del pueblo, el trámite Legislativo de la norma acusada permite considerar, por una parte, que el establecimiento de criterios de priorización y selección, no implica la renuncia al ejercicio de la acción penal, ni tampoco, por la otra, el desconocimiento del derecho a la reparación integral de las víctimas. En efecto, así se evidencia desde la presentación del proyecto en la Cámara de Representantes, cuya exposición de motivos afirma:
A diferencia de otros procesos de reforma del marco de justicia transicional, este acto legislativo se enmarca dentro de la promulgación de la Ley 1448 de 2011 Ley de Víctimas que introduce por primera vez en el país, un marco completo para la reparación integral de las víctimas a través de procedimientos 1 Sentencia C-370 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño,
Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández).
administrativos. Gracias a ello, la autorización para crear mecanismos no judiciales de justicia transicional, la implementación de las medidas de priorización y selección de casos, y la posibilidad de cesar la acción penal para los casos no priorizados, son medidas que no afectan de manera desproporcionada los derechos de las víctimas. Sin importar qué casos se prioricen o seleccionen a futuro, ni para qué casos se establezcan mecanismos no judiciales, la Ley de Víctimas garantiza que todas las víctimas sean reparadas a través de distintos programas integrales.2
11. Para el Legislador, establecer los criterios de priorización se justifica por razones de distinto orden: razones prácticas referidas a la insuficiencia de recursos; razones teleológicas, según las cuales no es razonable para el fin del conflicto el juzgamiento de todos los delitos cometidos; y finalmente, razones de justicia efectiva, de acuerdo con la cuales ante la imposibilidad práctica de adelantar una investigación integral inmediata y, al mismo tiempo, la necesidad de finalizar el conflicto, establecer criterios de priorización de casos que apunten al juzgamiento de los máximos responsables y al develamiento de las estructuras de criminalidad sistemática, conlleva una mayor garantía de los derechos a la reparación integral de las víctimas. En la ponencia para segundo debate se afirma a este respecto lo siguiente:
Actualmente existe consenso entre los doctrinantes internacionales sobre que en contextos de justicia transicional no es posible ni deseable investigar y juzgar todos y cada uno de los hechos que ocurrieron en un conflicto armado, ni sancionar a todas y cada una de las personas que participaron en este. Las interpretaciones radicales del principio de legalidad en estos contextos conducen a mayor impunidad, en tanto los recursos solo son suficientes para investigar a unos cuantos, sin tener en cuenta la importancia de esos casos para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. En este sentido, aplicar criterios de selección y priorización contribuye tanto al esclarecimiento de los motivos, contextos y patrones como a garantizar la no repetición, en tanto es posible dedicar esfuerzos y recursos para atender la criminalidad del presente y disuadir la del futuro. Las experiencias internacionales demuestran que incluso ante contextos de violencia masiva, los procesos de justicia transicional exitosos se concentran en la judicialización de los casos que impliquen a los más responsables y esclarezcan los hechos más atroces. Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia ha juzgado a 55 personas desde su entrada en funcionamiento en 1993; el Tribunal de Ruanda ha adelantado la judicialización de 65 casos y la Corte Especial de Sierre Leona condenó a 13
Gaceta del Congreso No. 681 de septiembre 13 de 2011.
personas. La judicialización de los 54.000 desmovilizados, e incluso de los 4.800 postulados a la Ley de Justicia y Paz no tiene antecedente internacional.3 (…)
Esta intención del Legislador fue permanente durante el debate. Así lo prueba el informe de ponencia para segundo debate en el Senado, en el que consta lo siguiente:
Actualmente, aún si se autorizara a los fiscales a priorizar los casos, estos conservarían la responsabilidad por ley de investigar todos y cada uno de los hechos y todo el universo de los menos responsables, para quienes los términos y preclusiones correrían de forma paralela. Sólo si hubiere cesación de la acción penal para quienes no han sido señalados como los más responsables mediante un proceso de selección positiva (a través de criterios objetivos y subjetivos), los fiscales podrían seguir una lógica estratégica de concentrarse en los más responsables y en los hechos más atroces. Por otra parte, la priorización sin selección generaría una falsa tranquilidad pues se asumiría que la posición de no renunciar nunca a la acción penal es más garantista. Sin embargo, en la práctica, esa falsa tranquilidad se convierte en impunidad de facto, pues los casos quedan pendientes de manera indefinida. Adicionalmente, de no existir la posibilidad de cesar la acción penal en los casos no priorizados, los desmovilizados permanecen en absoluta inseguridad jurídica, lo que compromete su posibilidad de reintegración efectiva a la sociedad. La posibilidad de acceder a un trabajo digno y por lo tanto de dejar las armas de manera definitiva, se verá seriamente afectada si el desmovilizado permanece de manera indeterminada en situación de inseguridad jurídica.4
Este propósito legislativo, también se puede evidencia en la ponencia para segundo debate - segunda vuelta en el Senado de la República, en la que se afirma:
Actualmente, aún si se autorizara a los fiscales a priorizar los casos, estos conservarían la responsabilidad por ley de investigar todos y cada uno de los hechos y todo el universo de los menos responsables, para quienes los términos y preclusiones correrían de forma paralela. Sólo si hubiere cesación de la acción penal para quienes no han sido señalados como los más responsables mediante un proceso de selección positiva (a través de criterios objetivos y subjetivos), los fiscales podrían seguir una lógica estratégica de concentrarse en los más responsables y en los hechos má s atroces, lo que permitiría garantizar de manera más efectiva los derechos de las víctimas. Por otra parte, la priorización sin selección generaría una falsa tranquilidad acerca de la satisfacción efectiva de los derechos de las víctimas pues se asumiría que la posición de no renunciar nunca a la acción penal es más garantista. Sin embargo, en la práctica, esa falsa tranquilidad se convierte en impunidad de
Ponencia para segundo debate, Texto propuesto Acto Legislativo 01 de 2012. Gaceta No. 783 de 2011 de 18 de octubre de 2011. 4 Informe de Ponencia para Segundo Debate- Senado. Gaceta No. 948 de 07 de diciembre de 2011.
facto, pues los casos quedan pendientes de manera indefinida y las víctimas, en vez de poder acudir al proceso penal del máximo responsable y/o a mecanismos extrajudiciales de esclarecimiento, se quedan esperando eternamente a que su caso, al final de la lista de priorización, nunca sea escuchado. Adicionalmente, de no existir la posibilidad de cesar la acción penal en los casos no priorizados, los desmovilizados permanecen en absoluta inseguridad jurídica, lo que compromete su posibilidad de reintegración efectiva a la sociedad. La posibilidad de acceder a un trabajo digno y por lo tanto de dejar las armas de manera definitiva se verá seriamente afectada si el desmovilizado permanece de manera indeterminada en situación de inseguridad jurídica. (…) La aplicación de los instrumentos de justicia transicional hasta la fecha enfrenta graves debilidades en materia de esclarecimiento de la verdad. Los seis años de implementación del proceso de Justicia y Paz no han llevado a la construcción de una verdad completa o satisfactoria ni siquiera en materia judicial. La verdad ha estado limitada y condicionada a las confesiones de los desmovilizados, y las investigaciones no han permitido esclarecer los patrones de macro-criminalidad. El enfoque de las investigaciones ¿hecho a hecho¿, la falta de selección positiva y priorización frente a los casos, y la imposibilidad de involucrar a todos los actores del conflicto armado interno en este proceso, han sido factores determinantes de las deficiencias en el proceso de esclarecimiento de la verdad. Por otra parte, lo cierto es que el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad no se vería satisfecho de ningún modo sólo con una verdad judicial. Sin otros mecanismos extrajudiciales que contribuyan al esclarecimiento de los contextos, no será posible reconstruir los escenarios de lo ocurrido.
Sobre los fines del establecimiento de criterios de priorización y selección en el transcurso del debate y del trámite legislativo, en el informe de ponencia para segundo debate en la Cámara5 se afirma:
Actualmente, aún si se autorizara a los fiscales a priorizar los casos, estos conservarían la responsabilidad por ley de investigar todos y cada uno de los hechos y todo el universo de los menos responsables, para quienes los términos y preclusiones correrían de forma paralela. Sólo si hubiere cesación de la acción penal para quienes no han sido señalados como los más responsables mediante un proceso de selección positiva (a través de criterios objetivos y subjetivos), los fiscales podrían seguir una lógica estratégica d e concentrarse en los más responsables y en los hechos más atroces. Por otra parte, la priorización sin selección generaría una falsa tranquilidad pues se asumiría que la posición de no renunciar nunca a la acción penal es más garantista. Sin embargo, en la práctica, esa falsa tranquilidad se convierte en impunidad de facto, pues los casos quedan pendientes de manera indefinida.
Informe de ponencia para segundo debate en la Cámara, Gaceta No. 948 de diciembre 07 de 2011.
Adicionalmente, de no existir la posibilidad de cesar la acción penal en los casos no priorizados, los desmovilizados permanecen en absoluta inseguridad jurídica, lo que compromete su posibilidad de reintegración efectiva a la sociedad. La posibilidad de acceder a un trabajo digno y por lo tanto de dejar las armas de manera definitiva, se verá seriamente afectada si el desmovilizado permanece de manera indeterminada en situación de inseguridad jurídica.
12. Parece evidente, como se deduce de la revisión del trámite legislativo de la norma demandada, que la intención del Legislador no supone la aplicación de una forma de justicia selectiva, sino por el contrario, la gestión de la acción penal en el marco de un proceso de justicia transicional que permita no sólo la realización razonable de una transición hacia la paz, sino además la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. III. Los criterios de selección y priorización de casos son instrumentos que hacen parte del concepto de justicia transicional, que ya han sido utilizados en contextos de crímenes e infracciones a los DDHH y al DIH. 13. Los demandantes sostienen que el establecimiento de criterios de priorización y selección de casos por parte del Acto Legislativo 01 de 2012, sustituye la Constitución al modificar uno de sus pilares fundamentales consistente en el deber de investigar, juzgar y sancionar todas –y no sólo algunas- de las infracciones y crímenes cometidos contra los DDHH y el DIH. Para el Defensor del Pueblo, dichos criterios en sí mismos, no implican una sustitución de la Constitución. De hecho, es válido afirmar que en la comunidad internacional es poco probable encontrar apoyo a estas tesis maximalistas, que suponen la completa y exhaustiva judicialización de todos los responsables por la comisión de crímenes atroces; más bien la tendencia en el juicio por la comisión de este tipo de delitos, apunta al establecimiento de formas y procedimientos de persecución con prioridades definidas.6 14. Esta conclusión parece ser apoyada por experiencias internacionales que muestran la dificultad práctica de someter a juicio a todas las personas potencialmente culpables por la comisión de delitos que pueden considerarse atroces. Así ha ocurrido por ejemplo en el caso de Bosnia- Herzegovina donde pese a la existencia de tribunales ad-hoc, el ejercicio de la jurisdicción universal y la administración de justicia del propio Estado, el número de casos procesados es bajo en relación con los crímenes cometidos y las denuncias.7
López Medina, Diego, Recomendaciones para la Elaboración de Estrategias de priorización de casos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, 17 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, pp. 63.86 (2010). 7 Bergsmo Morten , The theme of selection and prioritization criteria and why it is relevant, in Criteria for Prioritizing and Selecting Core International Crimes Cases, FICHL Publication Series No. 4 (2009), pp. 15-21.
15. La experiencia permite considerar que la aplicación de criterios de selección y priorización de casos, responde más a una estrategia de gestión de recursos escasos los aparatos institucionales de investigación y juzgamiento- y consiguientemente de la acción penal, aprobada por tribunales internacionales. Muestra de esto es, por ejemplo, la Resolución 1329 de 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que se aprobó la práctica de priorizar la comparecencia de los líderes civiles, militares y paramilitares frente a otros acusados de menor importancia, al afirmar:
Tomando nota de la posición expresada por los tribunales internacionales de que los líderes civiles, militares y paramilitares deberían comparecer ante los Tribunales con preferencia a otros inculpados de menor importancia, (…)8
16. Así también, la idea de una estrategia para el ejercicio de la acción penal para el enjuiciamiento de responsables por la comisión de crímenes atroces fue objeto de pronunciamiento por parte del Fiscal de la Corte Penal Internacional al responder a la pregunta sobre ¿Quién debería ser perseguido? Para el Fiscal de la CPI, aunque en algunos casos el número de sospechosos puede ser limitado, es muy probable que en otros, el número de víctimas y de victimarios sea inmenso; por lo que en estos últimos, el diseño de una política fiscal –de persecución penal- debería tener en cuenta no sólo el desafío planteado por el número –de víctimas y de victimarios- sino además el hecho de que los crímenes pueden haber sido cometidos por miembros de un grupo o de una organización.9
8 Resolución 1329 de 2000, Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4240a sesión, celebrada el 30 de noviembre de 2000, Disponible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GE N/N00/773/52/PDF/N0077352. pdf?OpenElement. 9 International Criminal Court - Office of the Prosecutor, ICC-OTP , Paper on Some Policy Issues Before the Office of the Prosecutor. 2003. Disponible en: http://www.amicc.org/docs/ OcampoPolicyPaper9_03.pdf.: “2.1. Who should be prosecuted?ǁ‖ In light of its permanent and global nature, the Office might be seized with more than one situation at a time, some or all of them involving an untold number of victims as well as many alleged perpetrators. Some of these situations could indeed be similar in magnitude to those that precipitated the establishment of the ad hoc Tribunals. ǁ‖ The Office of the Prosecutor will need to design a strategy that takes into account the global nature of the ICC, thus allowing it to handle concurrently several situations while respecting limited resources. ǁ‖ There might be situations where the number of suspects will be limited. But by their nature, it is very probable that situations might involve a large number of victims and alleged perpetrators. In these cases the design of a prosecutorial policy or strategy must take into account not only the challenge raised by the number of victims and perpetrators but also the fact that the crimes within the jurisdiction of the Court may have been committed by individuals acting as part of a group or organisation. ǁ‖ Should the Office seek to bring charges against all alleged perpetrators? The Statute gives some guidance to answer this question. The Preamble affirms that “the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished”. It continues that States Parties to the Statute are determined to establish a “permanent International Criminal Court in relationship with the United Nations system, with jurisdiction over the most serious crimes of concern to the international community as a
17. El caso de Bosnia y Herzegovina puede ser observado como el principal laboratorio para el juzgamiento penal de crímenes atroces en infracciones contra los DDHH y el DIH10 de ahí que resulte conveniente revisar las lecciones que puede dar para nuestra situación. Las circunstancias propias del conflicto ocurrido allí, obligaron a que se haya hecho un trabajo riguroso y profundo en la formulación y publicación de una serie de criterios de selección y priorización.11 El Tribunal ad hoc ha propuesto la formulación de una amplia lista de variables que permiten considerar que un caso sea prioritario. En una de las formulaciones de estas listas elaborada por “la Oficina del Fiscal del Tribunal para la Antigua Yugoslavia construyó un esquema de cuatro factores complejos de priorización:12
• Factores relacionados con las “personas” que cometieron los delitos. • Factores relacionados con los actos constitutivos de delitos y en particular con su “gravedad”. • Factores relacionados con las orientaciones y directrices de política criminal7 que la Fiscalía decida adoptar. • Por último, factores relacionados con consideraciones “prácticas” o “tácticas”.”13
18. Así entonces, la adopción de criterios de priorización y selección resulta de una necesidad originada en las circunstancias propias del conflicto, y además de la forma
whole”. Accordingly, the Statute provides in article 5 that, “[t]he jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international criminal community as a whole”. Article 17, dealing with admissibility, adds to the complementarity grounds one related to the gravity of a case. It states that the Court (which includes the Office of the Prosecutor) shall determine that a case is inadmissible where “the case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court”. The concept of gravity should not be exclusively attached to the act that constituted the crime but also to the degree of participation in its commission.” También en López Medina, op., cit. 10 Bergsmo Morten, op., cit.	11 López, Medina, op., cit. 12 Una investigación reciente de Morten Bergsmo et al. ha permitido conocer su estructura fundamental. Morten Bergsmo, Kjetil Helvig, Ilia Utmelidze & Gorana Žagovec, Some Remarks on the Handling of the Backlog of the Core International Crime Cases in Bosnia and Herzegovina (Forum for International Criminal and Humanitarian Law, FICHL Publications Series No. 3, 2009). Documento sin publicar en el archivo del autor, 2008. Citado en López, op.cit. 13 López Medina, Diego, Recomendaciones para la Elaboración de Estrategias de priorización de casos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, 17 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, pp. 63.86 (2010). Este texto recoge además en extenso, la compleja descripción de los subfactores determinados en este caso para cada uno de estos grupos generales. En términos amplios, estos subfactores están divididos en categorías referidas: (i) a las personas, por ejemplo en relación con la jerarquía que ocupan; (ii) la gravedad de los hechos; (iii) el tercer grupo se refiere a consideraciones de política criminal, por ejemplo, el impacto internacional de la acusación o el valor simbólico que ésta tenga; (iv) finalmente están las consideraciones de tipo práctico y que se refieren a cuestiones de racionalidad instrumental, como la existencia de los recursos disponibles. (El listado completo de las variables en el texto citado).
misma en que procede la jurisdicción universal para el juzgamiento de los crímenes atroces, que impone diferencias entre las jurisdicciones, pues “[a]lgunos Estados extranjeros sin conexión con el conflicto que dio origen a los delitos están, sin embargo, en condiciones de investigar y enjuiciar tales crímenes sobre la base de la jurisdicción universal. Por lo general tienen a los criminales de guerra en su población inmigrante fuera de la zona del conflicto. Pero el número de tales casos es inferior al que se enfrentan las jurisdicciones internacionales o ad hoc, creadas como respuesta al conflicto en cuestión. Y estas jurisdicciones pueden llegar a tener un portafolio de casos mucho menor que el sistema de justicia penal del estado territorial afectado directamente por el conflicto y los crímenes. Si este último tiene una funcionalidad básica y goza de cierta confianza por parte del público, fácilmente puede ser abrumado por los archivos de casos por crímenes de guerra. El mayor número de víctimas y victimarios normalmente suele residir en el estado territorial. Esta es la situación, por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina y Colombia.”14 19. En concreto, en el caso colombiano, en el proceso de la Ley de Justicia y Paz un número alto de paramilitares desmovilizados, fueron considerados como beneficiarios potenciales del procedimiento especial dispuesto por la Ley. Esto supuso una carga de trabajo que desbordó la capacidad de la Fiscalía, que debía, en cada caso, escuchar la confesión completa de cada uno de los desmovilizados y, posteriormente, desarrollar una investigación para verificar la correspondencia de la confesión y la existencia posible de otros delitos que no hicieron parte de ella.15 Estas dificultades se pusieron en evidencia, por ejemplo, en el caso de la sentencia del 28 de mayo 28 de 2008 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema (MP. Augusto Ibañez Guzmán) en el proceso seguido contra William Salazar Carrascal alias “El Loro”. En este caso, pese a ser un caso contra un comandante, el escrito de acusación se formuló sólo por tres delitos, dejando de lado, por ejemplo, el concierto para delinquir, mostrando la insuficiencia de la investigación de la Fiscalía, lo que en opinión de la Corte no revela el patrón de criminalidad sistemática que apunta a descubrir el procedimiento previsto en la Ley de Justicia y Paz.16 Los limitados resultados de la Ley de Justicia y Paz, en términos de judicialización de los responsables por crímenes atroces y la garantía de los derechos de las víctimas, parece ser el resultado de la falta de criterios claros de priorización de los casos, sumado a factores como la presión política para producir resultados, independientemente del impacto efectivo en los derechos de las víctimas, lo que ha generado en el tiempo, desconfianza en el sistema de justicia.17 En esta misma línea, según Morten Bergsmo:
Bergsmo Morten, op., cit. Saffon Maria Paula, Problematic selection and lack of prioritization: the Colombian experience, Criteria for Prioritizing and Selecting Core International Crimes Cases, FICHL Publication Series No. 4 (2009), pp. 93-104. 16 Saffon, op., cit.; también en López, op., cit.	17 Saffon, op., cit.
La fiscalía ve delitos que merecen persecución dondequiera que mire. No es de extrañar el mecanismo de fiscales ad hoc por crímenes de guerra, que sienten que deben mostrar resultados en forma de sindicados tan pronto como es posible, después del establecimiento de la jurisdicción, incluso si el demandado seleccionado es sólo uno de muchos perpetradores de bajo rango. Ellos perciben una presión para iniciar un procedimiento, con sus redes de plazos y requisitos de trabajo. Tomarse el tiempo para desarrollar primero una estrategia, un plan general de trabajo y planes específicos de preparación de los casos, se afirma fácilmente es refugiarse en la metodología en lugar de seguir adelante con el trabajo. "Vamos a iniciar y a guiarnos por las pruebas en la dirección que nos lleven" es una excusa común para centrarse en la conducta de los perpetradores de bajo rango. Criterios para la selección de los casos y la priorización, puede ser una herramienta que reduzca esta tendencia de la selección de los casos al azar. Es una herramienta profesional de la justicia penal. La selección y priorización de casos por criterios racionales, transparentes y públicos es preferible a la selección por interferencia política (ya sea directa o por el uso del presupuesto).18
20. La implementación de criterios de priorización como forma de gestión de la acción penal fue recientemente adoptado por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Directiva 0001 de 4 de octubre de 2012. En la primera parte de este documento se establece:
La presente directiva tiene como objetivo adoptar unos criterios de priorización de situaciones y casos, y crear un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquéllos en la Fiscalía General de la Nación.19
También se consagra en esta directiva, que el establecimiento de criterios de priorización no pueden ser interpretados como un mero instrumento de descongestión judicial. En la directiva se hace un recuento extenso por varios pronunciamientos de distintos órganos del sistema interamericano para concluir que, frente a la priorización de casos, la jurisprudencia del sistema parece tener dos limitaciones: una que impone un esfuerzo general de investigación, lo que implica que el Estado no puede descuidar de manera general sus procedimientos judiciales. Y otra que obliga al Estado a investigar violaciones graves a los derechos humanos, lo que incluye delitos internacionales. Para la Fiscalía, esto implica que una priorización de casos objetiva, que incluya las graves violaciones a los Derechos Humanos, no riñe con las obligaciones internacionales del Estado consagradas en los instrumentos
Bergsmo Morten , The theme of selection and prioritization criteria and why it is relevant, Criteria for Prioritizing and Selecting Core International Crimes Cases, FICHL Publication Series No. 4 (2009), pp. 15-21. 19 Fiscalía General de la Nación, Directiva 0001 de 04 de octubre 2012 “Por medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquéllos en la Fiscalía General de la Nación.”
internacionales. El mismo documento recoge, también, las experiencias de tribunales penales internacionales, para sustentar la idea de que en la práctica internacional de juzgamiento de graves violaciones a los Derechos Humanos, la priorización de casos es una regla implícita de funcionamiento de estas jurisdicciones. Refiere en este sentido el documento, las experiencias de la Corte Especial para Sierra Leona; el Acuerdo para el Establecimiento de las Cortes Especiales de Camboya y el Estatuto para el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. También alude el documento al artículo 17 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que establece límites a la activación de la competencia de la Corte y que, como se citó anteriormente, sustentó la respuesta del Fiscal de la Corte a las preguntas sobre: ¿quién debe ser perseguido? y ¿qué implica la adopción de criterios de priorización de casos?20 21. Esta práctica aceptada por la comunidad Internacional de implementar criterios de priorización y selección de casos en procesos de justicia transicional, como forma de posibilitar el tránsito hacia la paz en situaciones de conflicto, exige la ponderación de los derechos de las víctimas y del valor de la paz, de modo que sea posible encontrar un equilibrio razonable entre los derechos enfrentados, pues de lo contrario, la paz se convierte en un ideal inalcanzable. Así en efecto lo ha considerado la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006. Dijo la Corte en esta oportunidad:
El método de ponderación es apropiado para la resolución de los problemas que plantea este caso, por cuanto no es posible materializar plenamente, en forma simultánea, los distintos derechos en juego, a saber, la justicia, la paz, y los derechos de las víctimas. El logro de una paz estable y duradera que sustraiga al país del conflicto por medio de la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley puede pasar por ciertas restricciones al valor objetivo de la justicia y al derecho correlativo de las víctimas a la justicia, puesto que de lo contrario, por la situación fáctica y jurídica de quienes han tomado parte en el conflicto, la paz sería un ideal inalcanzable; así lo ha demostrado la experiencia histórica de distintos países que han superado conflictos armados internos.21
22. Para el Defensor del Pueblo, tal como lo afirma la Corte Constitucional, en el contexto de un proceso de justicia transicional, es razonable que se implemente el establecimiento de criterios de priorización y selección de casos, pues es en este tipo de situaciones resulta admisible -prima facie- que se ponderen los derechos de las
En relación con esto: International Criminal Court - Office of the Prosecutor, ICC-OTP , Paper on Some Policy Issues Before the Office of the Prosecutor. 2003. Disponible en: http://www.amicc.org/docs/ OcampoPolicyPaper9_03.pdf. 21 Sentencia C-370 de 2006. Op. Cit.
víctimas con el derecho-valor a la paz. Así las cosas, es en estos contextos, la ponderación de estos derechos enfrentados permite la reinterpretación de su alcance, de modo que se de una redefinición de la gestión de la acción penal en el marco de un proceso de justicia transicional. 23. A esta misma conclusión ha llegado recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el voto concurrente del juez Diego García-Sayán en el Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, en el que se afirma que es posible admitir la existencia de estándares diferenciados en términos de los deberes de judicialización y persecución penal, en los casos de procesos de justicia transicional, justamente teniendo en cuenta que cuando de estos procesos se trata, el objetivo es alcanzar un fin valioso consiste en la paz, admitiendo incluso la necesidad de diferenciar estos casos de aquellos en los que se han producido auto-amnistías y que son el fundamento de la jurisprudencia anterior de la Corte.22 Dice el voto concurrente lo siguiente en algunos de sus apartes:
9. Cada uno de los casos sobre leyes de amnistía conocidos por la Corte hasta antes de las masacres de El Mozote y lugares aledaños tenían sus particularidades, matices y énfasis propios, ya sea en cuanto al contexto en que se originó la ley o al alcance de la misma. Todos tenían en común, sin embargo, que ninguna de esas normas de amnistía se daba dentro del contexto de un proceso orientado a poner término por la vía negociada a un conflicto armado no internacional. 10. El presente caso de amnistía deriva de un contexto distinto a todos los anteriores. Ello tiene repercusiones en el análisis y calificación jurídica de los hechos, y en los conceptos y consideraciones de la Corte sobre esta amnistía dictada luego de un conflicto armado y de un proceso de negociaciones de paz. Es por ello que, en el razonamiento de la Corte, se ha tenido que tomar en cuenta no sólo las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos sino las disposiciones pertinentes del Derecho Internacional Humanitario dado el contexto dentro del cual se produjeron los hechos. (…) 21. A partir del derecho internacional de los derechos humanos y, particularmente, de la Convención Americana, se pueden delinear algunos criterios fundamentales en la perspectiva de procesar estas tensiones, que en el fondo es la tensión entre justicia y reconciliación. 22. Un primer y obvio punto de partida es que la situación anómala y excepcional de un conflicto armado no internacional genera que pueden contarse por millares los nombres de los victimarios y, especialmente, de las víctimas. Esa situación excepcional suele demandar mecanismos de respuesta también excepcionales. La clave está en construir el ejercicio de ponderación
Voto concurrente del juez Diego García-Sayán. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador.
que procese de la mejor manera esa tensión entre justicia y terminación del conflicto para lo cual se debe considerar varios componentes, tanto judiciales como no judiciales. Que se orienten, simultáneamente, en la búsqueda de la verdad, justicia y la reparación. Esto se debe a que las demandas derivadas de masivas violaciones, las respuestas a las secuelas dejadas por el conflicto y la búsqueda de la paz duradera, demandan de los Estados y la sociedad en su conjunto la aplicación de medidas concurrentes que permitan el mayor grado de atención simultánea a esos tres derechos.23
24. En conclusión, la negativa de implementar criterios de priorización y selección de casos, antes que garantizar los derechos de –todas- las víctimas y de apuntar a la judicialización de –todos- los responsables, parece imponer en la práctica dinámicas de presión sobre los agentes institucionales –fiscales y jueces- que producen resultados limitados tanto en términos de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, como respecto del establecimiento de la responsabilidades de quienes son acusados de cometer los crímenes y la develación de las estructuras que conforman la criminalidad sistemática, imponiendo en la práctica una selectividad velada. Justamente por eso, el establecimiento de criterios claros de selección y priorización de casos constituye una práctica común en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y aceptada recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. IV. Conclusiones. Los criterios de priorización y selección de casos no implican en sí mismos una forma de justicia selectiva que desconozca los deberes fundamentales del Estado, y por tanto no sustituyen la Constitución. Suponen –prima facie- el establecimiento de una herramienta de gestión de la acción penal que tiene respaldo en diferentes instrumentos de DIDH y DPI para el juzgamiento de crímenes atroces. 25. Hasta este punto, la presente intervención ha intentado mostrar que los criterios de priorización y selección de casos, dispuestos en el Acto Legislativo 01 de 2012 no configuran en sí mismos, una sustitución de la Constitución. La razón para sostener esta afirmación, está dividida en por los menos tres argumentos distintos, a saber, (i) el primero es el argumento lógico; (ii) el argumento de experiencia internacional; y finalmente (iii) el argumento sobre la intención del Legislador. 26. El argumento lógico alude a que no existe relación de implicación entre el establecimiento de criterios de priorización y selección de casos en el marco de un proceso de justicia transicional y la posible denegación de justicia y consiguiente vulneración de los derechos de las víctimas. En efecto, del hecho de que se establezca
Voto concurrente del juez Diego García-Sayán. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, párrafos 9, 10, 21, 22.
que se darán ciertas prioridades investigativas y judiciales, no se deriva necesariamente que se dejará de hacer todas las investigaciones posibles a fin de cumplir con los deberes que corresponden al Estado respecto de las víctimas y conforme las cláusulas constitucionales y del bloque de constitucionalidad. Así pues, para la Defensoría, la conclusión a la que llegan los demandantes respecto del establecimiento de “reglas nuevas” en el ordenamiento constitucional tales como “investigar sólo algunas de las graves violaciones a los derechos humanos”; “juzgar sólo a algunos de los responsables de estas acciones” e “investigar y sancionar sólo aquellas conductas que supongan crímenes sistemáticos” es lógicamente insostenible pues el establecimiento de criterios no supone por sí mismo el desconocimiento de un deber universal, o la garantía de un derecho que puede considerarse para todos los sujetos de un universo determinado. 27. El argumento de la experiencia internacional alude al hecho de que el establecimiento de criterios de priorización y selección en procesos de justicia transicional para el juzgamiento de graves infracciones y violaciones a los DDHH y al DIH es una práctica aceptada en circunstancias como las del caso colombiano. En ese sentido la intervención hace un recorrido por diversas experiencias que muestran como dichos criterios son la forma en que los diferentes actores internacionales, como tribunales o la Oficina del Fiscal de la CPI, han considerado que dichos criterios son la forma, no sólo posible sino además adecuada para juzgar los graves delitos cometidos durante los estados de violencia y garantizar los derechos de las víctimas. En todos estos casos se ha reconocido, entre otras, que aunque es deseable es prácticamente imposible juzgar todos los hechos y todos los responsables de manera simultánea e inmediata. De hecho, la experiencia respecto de la Ley de Justicia y Paz ha permitido evidenciar que la falta de criterios claros, la pretensiones maximalistas y la imposibilidad fáctica de atender el elevado número de denuncias y responsables, ha conducido a una garantía menor de los derechos de las víctimas. 28. Finalmente, el argumento sobre la intención del legislador muestra, a partir de un recorrido por el debate que el Acto Legislativo surtió en el Congreso, que la intención del Legislador con el establecimiento de los criterios de priorización y selección es alcanzar el mayor nivel posible de juzgamiento de las graves violaciones a los DDHH y al DIH, descubriendo la estructura de la criminalidad sistemática como forma de garantizar adecuada los derechos de las víctimas, sin que ello implique una negativa a investigar potencialmente todos los hechos que constituyan delitos y a todos los responsables, en el marco de un proceso de justicia transicional. Justamente, la posibilidad práctica de establecer criterios de priorización y selección de casos, como forma de gestión de la acción penal y de optimización de los recursos, ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Dijo la Corte en la Sentencia C-873 de 2003 lo siguiente:
Lo anterior no obsta para que, en ejercicio de sus poderes generales de dirección y orientación de las actividades de investigación penal, el Fiscal
General de la Nación trace políticas generales aplicables a las distintas actividades desarrolladas por los funcionarios de la Fiscalía; tales políticas pueden estar referidas a aspectos fácticos o técnicos del proceso de investigación, así como a asuntos jurídicos generales de índole interpretativa, y pueden fijar prioridades, parámetros o criterios institucionales para el ejercicio de la actividad investigativa, así como designar unidades especiales para ciertos temas.24
29. En los términos expuestos en esta intervención, para el Defensor del Pueblo, el contenido normativo atribuido por los actores a los apartes demandados del Acto Legislativo, no corresponde a la proposición jurídica que se desprende del articulado en su conjunto. Como se ha expuesto en la presente intervención, las expresiones “máximos” [responsables] y “cometidos de manera sistemática” no implican la renuncia general e indeterminada a la acción penal ni el desconocimiento de las obligaciones internacionales del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos respecto de aquellos casos que están por fuera de los criterios establecidos, y así debería explicitarlo la Corte en su decisión. 30. En este orden de ideas, no puede afirmarse válidamente que con el Acto Legislativo 01 de 2012 el Congreso excedió su margen de competencias, motivo por el cual no se da en este caso concreto una sustitución de la Constitución. Por tal razón, el Defensor del Pueblo solicita a la Corte Constitucional que, con base en las consideraciones expuestas, declare la exequibilidad de los apartes demandados del Acto Legislativo 01 de 2012. Cordialmente,
JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ Defensor del Pueblo
Sentencia C-873 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esta sentencia la Corte constitucional se pronuncia sobre las competencias del Fiscal General, en materia de política criminal y respecto de las competencias de los fiscales delegados.
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 Artículo 1
 artículo 14
 artículo 22
 Artículo 1
 Resolución 
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 artículo 17
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