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Timestamp: 2019-02-20 22:08:16+00:00

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﻿ Sentencia 1999-00197 de octubre 1 de 2014
SENTENCIA 1999-00197 DE 01 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL- FENÓMENO DE COSA JUZGADA MATERIAL. EN CASOS EN LOS CUALES SE HA PRESENTADO IDENTIDAD DE CAUSA Y OBJETO –AUNQUE NO DE PARTES–, SE HA DECLARADO LA EXISTENCIA DEL FENÓMENO DE COSA JUZGADA MATERIAL Y, EN CONSECUENCIA, SE HA ACOGIDO LOS PLANTEAMIENTOS Y FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LAS OPORTUNIDADES ANTERIORES PARA EFECTOS DE ANALIZAR, EN EL CASO POSTERIOR, LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE A ESOS MISMOS HECHOS YA DEBATIDOS Y DECIDIDOS. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DEMOSTRÓ EL COMPORTAMIENTO NEGLIGENTE Y DESCUIDADO DEL EJÉRCITO NACIONAL EN CUANTO A LA ATENCIÓN DEL DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD QUE DEBIÓ BRINDAR A SUS PROPIOS FUNCIONARIOS Y A LOS DEMÁS QUE INTEGRABAN LA COMISIÓN JUDICIAL, PARA EL MOMENTO DEL HECHO DAÑOSO DEMANDADO FUE DETERMINANTE EN SU PRODUCCIÓN, POR LO QUE SE DECLARÓ LA RESPONSABILIDAD ESTATAL A TÍTULO DE FALLA EN EL SERVICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, EJÉRCITO NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, COSA JUZGADA, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 1999-00197 de octubre 1 de 2014
Rad.: 50001233100019990019701 (28571)
Actor: Clemente Nossa y otros.
Referencia: Apelación sentencia reparación directa.
1. El material probatorio susceptible de valoración.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el día 2 de septiembre de 2003, para lo cual se tendrán en cuenta, entre otras pruebas, aquellas aportadas dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales, a saber:
— Testimonios de los señores Jorge Hernán Sanabria(1), Flor Alba González López(2), José Alfonso Herrera Martínez(3), Miguel Lozano(4), María Nieves Rodríguez(5), Edinson Moreno Arévalo(6), Gustavo Garzón Cárdenas(7), José Ignacio Bautista Hernández(8), Jaime Franco Gómez(9), Blanca Oliva Torres Abril(10) y María Rosalba Jiménez Acuña(11), que dieron cuenta las relaciones entre los distintos grupos que componente la parte demandante, al tiempo que expusieron lo que les constaba acerca de la angustia y el dolor que ocasionó en sus familiares la muerte de sus seres queridos.
— Testimonio del señor Freddy Guillermo Pinilla.
“Pregunta. 2. Sírvase responder al despacho si en el momento de la emboscada y durante todo el tiempo que transcurrió su comandante o alguno pidió refuerzo y en cuantas oportunidades, se quiere aclarar que estamos hablando de la emboscada en donde la mayoría de sus compañeros perecieron. Contestó: Soy franco y claro con la respuesta, por lo siguiente: durante la operación se le informó al comandante de la brigada el éxito pero como estaba haciendo mi trabajo que está grabado en el video no me consta quién ni cómo haya pedido apoyo, en eso soy franco y quiero ser claro que sí se pudo haber pedido apoyo porque varios tenían teléfono celular y la solicitud que se pidió de apoyo por el radio 77 fue cuando estábamos en plena emboscada debajo del carro (…). [I]nclusive uno de los denunciantes que dice haber pedido el apoyo fue un procurador que iba con nosotros, donde dice que ellos sí pidieron apoyo y que nunca se lo enviaron (…).
Pregunta. 6. Manifieste al despacho cuál era el objeto de la presencia del ejército nacional en cabeza del mayor Figueroa y sus subalternos en el sitio donde ocurrieron los trágicos hechos. Contestó: Yo lo dije antes por mi grado y mi cargo no debía preguntar hacia dónde íbamos, tampoco sabía cuál era objetivo, pero reconozco que faltó el procedimiento que se hace para un operación militar conocido dentro de las filas como la Ordop, orden de operaciones pues no hubo ningún planeamiento a la hora de salida.
Pregunta. 8. Se dice en la demanda que el apoyo aéreo o refuerzo llegó tardíamente esto es hasta las 12:30 p.m. del día cuatro (4) de octubre, manifieste que tiene que decir al respecto. Contestó: Francamente, el sitio donde nos encontrábamos no era tan lejos, es decir conocido por todos geográficamente de Villavicencio a allí el apoyo aéreo debió haber llegado por tardar en media hora, algo que reconozco es que si nos hubiesen apoyado mis compañeros no habrían muerto así hoy estuviesen con incapacidades sicofísicas como yo me encuentro”.
— Testimonio del señor Jorge Alberto Socotá Jiménez.
“(…) En todas las declaraciones que el suscrito ha rendido he sostenido, que es incuestionable que si la ayuda requerida por el mayor Figueroa finalizado el primer enfrentamiento hubiese llegado en forma oportuna no tendríamos hoy once viudas con sus respectivos huérfanos y los heridos, varios de ellos ya pensionados como consecuencia de dichas heridas. No solo de mis declaraciones lo he dicho sino que en su momento vale decir octubre de 1997 lo hice a través de prensa hablada y escrita y en octubre siete directamente ante el Procurador General de la Nación y en octubre ocho ante la unidad de Derechos Humanos e investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación”.
— Registros civiles de defunción correspondientes a los señores Jorge Giovanny Alfonso Arévalo, Otto Ruiz Pérez, Artidoro Vasallo, José Luis Casiro Barón, Aldier Castro Merchán y José Noel Nossa Díaz en los cuales se hace constar que sus muertes ocurrieron el 3 de octubre de 1997(12).
— Certificación expedida por el jefe sección nómina del comando del Ejército Nacional, a través del cual se hizo constar que el señor Jorge Giovanny Alfonso Arévalo, para el mes de noviembre de 1997 devengaba la suma de $146.291,67(13).
— Certificación expedida por el jefe de nómina del comando del Ejército Nacional, a través del cual se hizo constar que el señor Artidoro Vasallo, para el mes de octubre de 1997 devengaba la suma de $ 389.419,64(14).
— Informe 338 rendido por el comandante del grupo Gaula rural Villavicencio acerca de los hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997, del cual se destacan los siguientes apartes(15):
Hechos ocurridos el día 03 de octubre de 1997 a las 13:00 horas en el área general del municipio de San Martín Meta, donde tropas del grupo Gaula rural Villavicencio y personal de la Fiscalía Regional de Oriente fueron atacadas por grupos de justicia privada (paramilitares) al margen de la ley, dejando como resultado el asesinato de 1 oficial, 1 suboficial, 1 fiscal delegado, 4 soldados; 1 Investigador del DAS, 3 Investigadores del CTI y heridos 2 suboficiales, 4 soldados y 4 investigadores.
4) Propias tropas:
a) Dispositivo:
Grupo Gaula: Lugar de los hechos
No se adelantó ninguna labor de inteligencia para el desarrollo de la operación de extinción de dominio.
4. Análisis de la operación
a. Actuación de las tropas.
Gracias a la sorpresa y desarrollo de la situación, en un primer momento se tuvo contacto armado con un pequeño grupo de los delincuentes, dando como resultado la baja de 4 de ellos.
El desarrollo de la operación no obedeció a ninguna de las funciones de secuestro y extorsión que debe cumplir el grupo Gaula.
No se elaboró orden de operaciones, ni se tuvo en cuenta ningún documento soporte donde se ordenara el apoyo en la diligencia a la Fiscalía.
Dentro de las anteórdenes dadas, el sitio exacto donde tendría lugar la diligencia no fue dado con precisión, sino que se determinó el área general de San Carlos de Guaroa, como objetivo de esta.
No se tomaron medidas de inteligencia necesarias tendientes a ubicar al enemigo en el sector donde se iba a efectuar la diligencia judicial.
Luego del primer contacto donde se dieron de baja cuatro delincuentes, no se tuvo precaución ni se tomaron las medidas de seguridad pertinentes para el inminente encuentro con el grueso del grupo de justicia privada.
Durante el desplazamiento motorizado de regreso, no se tuvo en cuenta el realizar registros a los puntos críticos, ni a las matas de monte aledañas a la carretera”.
— Informe suscrito por el teniente coronel Luis Fernando Madrid Barón, por medio del cual conceptuó(16):
El día 3 de octubre a las dos de la tarde a 30 minutos en la finca El Alcarabán, vereda Brisas de Camoa jurisdicción del municipio de San Martín (Meta), en desarrollo de operaciones, coordinadas con la Fiscalía, integrado por Ejército, Fiscalía y DAS dio de baja a 4 delincuentes y capturó a dos más, posteriormente y siendo aproximadamente las cuatro de la tarde, la comisión judicial fue emboscada por antisociales de este mismo grupo, en la finca el consuelo vereda Brisas de Camoa, municipio de San Martín; Meta, como resultado de esta acción terrorista falleció el soldado SL. Castro Barón José Luis.
Por lo anterior este comando conceptúa que la muerte del soldado fue en combate, según el Decreto 2728 de 1968 art. 8º.
— Certificación expedida por el jefe de nómina del comando del Ejército Nacional, a través del cual se hizo constar que el señor José Luis Castro Barón, para el mes de octubre de 1997, devengaba la suma de $318.296,67(17).
— Certificación expedida por la tesorera pagadora de la Fiscalía General de la Nación, a través del cual se hizo constar que el señor Joel Nossa Rodríguez, para el mes de septiembre de 1997, devengaba la suma de $574.244(18).
— Informe de accidente de trabajo de fecha 7 de octubre de 1997, mediante el cual se informó que el señor José Noel Nossa Díaz, murió el 3 de octubre de 1997 como consecuencia de una “emboscada por grupos paramilitares a comisión de funcionarios judiciales (Fiscalía), con armamento de largo alcance; fusil AK47, morteros, ametralladoras M60”(19).
— Certificación expedida por el jefe de unidad de personal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, a través de la cual hizo constar que el señor Otto Ruiz Pérez laboró en esa institución y que para el mes de octubre de 1997 percibió la suma de $533.002(20).
— Informe suscrito por el coordinador del DAS ante el Gaula de Villavicencio, en el cual hizo saber, entre otros aspectos, que el señor Otto Ruiz Pérez murió durante una emboscada el día 3 de octubre de 1997.
— Informe de los hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997, suscrito por el Oficial B-3 de la Séptima Brigada, en el cual se resalta lo siguiente(21):
“El 03:14:00-OCT-97, el señor mayor Figueroa informa al comando de la brigada, que se encontraba en contacto armado con un grupo narcosubversivo; minutos más tarde, manifiesta que ha dado de baja 3 delincuentes y que tienen dos más capturados con tres fusiles y sus respectivas dotaciones; continúan en comunicación directa con el comando de la brigada, hasta aproximadamente las 15:00 horas, donde el señor mayor Figueroa informa que ha terminado todas las actividades administrativas y legales del caso, no contando con novedad alguna, para iniciar el regreso; el comando de la brigada lo felicita, lo exhorta a tomar todas las medidas de seguridad al regreso, no volvió a salir al programa por este medio.
03:15:27-OCT-97: por solicitud de una señora fiscal, que se encontraba para salir a la brigada y que minutos antes había estado hablando con el comando, recomendó que se le brindara seguridad a la columna a su regreso; la cual es enviada al comando de la Cuarta División, con el número de registro 6110 del 03 de octubre, donde se pide seguridad a la columna motorizada a su regreso.
03:15:40-OCT-97, un fiscal regional llega al COB todo alterado y nos informa de que en este instante el personal del Gaula y la Fiscalía, estaba en contacto y al parecer tenía más de un muerto y varios heridos, así mismo solicitó apoyo inmediato; se le informó que estaban en alistamiento los aviones para salir a apoyarlos, al ver la situación nuevamente recalqué llamando al COD, para que aligeraran el apoyo aéreo, así mismo nuevamente envié la solicitud de apoyo Nº 6110, pidiendo misión ‘Alfa’.
03:16:00 OCT-97, el señor mayor Bernal comandante del Batallón de Contraguerrillas Nº 7, viendo que tenía contacto con la patrulla, llamó al Gaula y pidió los celulares que tuviera ese personal; logrando obtener el teléfono del SS. Callejas Castro Israel, con el cual tomó contacto en mejor forma con la patrulla y empezó a dirigir el apoyo aéreo que estaba cumpliendo misión Alfa, esto ocurrió desde las 16:15 horas hasta las 18:00 horas aproximadamente, así mismo el citado suboficial con este medio de comunicación, nos tenía informado de los hechos que estaban ocurriendo”.
— Hoja de vida correspondiente al señor Otto Ruiz Pérez(22).
— Proveído de fecha 17 de noviembre de 1998, mediante el cual el comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado Nº 20 “General Serviez” decidió “cesar procedimiento, dentro de la investigación administrativa adelantada por la pérdida y daño de un material de guerra, transporte, comunicaciones e intendencia”.
Los principales argumentos para dictar la anterior decisión fueron los siguientes:
“El despacho observa irregularidades en cuanto al procedimiento militar llevado a cabo por el hoy extinto mayor Juan Carlos Figueroa Escobar, quien sin tomar las medidas necesarias dispuso de un grupo de uniformados bajo su mando se desplazara a un sitio tan peligroso como lo es San Carlos de Guaroa.
No bastaba con una orden verbal pues para ello sino (sic) que me diera (sic) la orden de operaciones dada la trascendencia de la misión; sumado al hecho que no cercioró si las vías de acceso se prestaban para transitar; encontrándose con la sorpresa de que la alterna que utilizaría para devolverse se encontraba obstruida lo que facilitó el accionar de los bandidos.
Sin embargo esta situación que debe ser objeto por parte de la acción penal y disciplinaria, más no de la administrativa que estudiara la responsabilidad o no por parte de los integrantes en la pérdida o daño del material que llevaban consigo. No le compete pronunciarse al respecto a este fallador.
La pérdida del daño del material de guerra, intendencia, transportes y comunicaciones es el resultado del cruento enfrentamiento del cual fueron víctimas los uniformados, constituyéndose en un caso de fuerza mayor.
En estas condiciones se procederá a cesar procedimiento a favor de los miembros integrantes de la patrulla bajo el mando del extinto mayor Figueroa Escobar Juan Carlos, por cuanto no existe mérito para vincularlos a la investigación”.
— Listado de los integrantes que hacían parte de la comisión judicial emboscada el 3 de octubre de 1997, entre los cuales se encontraban los señores Jorge Giovanny Alfonso Arévalo, Otto Ruiz Pérez, Artidoro Vasallo, José Luis Castro Barón, Aldier Castro Merchán y José Noel Nossa Díaz(23).
— Boletín Diario de Informaciones Nº 218 del 3 de octubre de 1997, elaborado por la Séptima Brigada del Ejército Nacional, a través del cual informaron que en la emboscada ocurrida el 3 de octubre de 1997 en la vereda Brisas de Camoa, jurisdicción del municipio de San Martín, Meta, murieron, entre otros, los señores Jorge Giovanny Alfonso Arévalo, Otto Ruiz Pérez, Artidoro Vasallo, José Luis Castro Barón, Aldier Castro Merchán y José Noel Nossa Díaz(24).
— Al expediente se allegó copia del proceso disciplinario que se adelantó ante la Procuraduría General de la Nación por los hechos ocurridos el 3 de octubre de 1997 en el municipio de San Martín (Meta), el cual concluyó con la imposición al brigadier general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez de la sanción consistente en la “separación absoluta de las Fuerzas Militares o destitución”. Se aclara que gran parte de lo que obra en el aludido expediente se trata, a su vez, de algunas actuaciones y diligencias que hacen parte del proceso penal que se adelantó por estos mismo hechos y que fueron trasladadas al mencionado proceso disciplinario (cdnos. anexos 2 a 11)(25).
Los principales argumentos que tuvo en cuenta el Ministerio Público para proferir su decisión se transcriben a continuación:
Se trata de definir si el comportamiento desarrollado por el señor brigadier general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez en la tarde del 3 de octubre de 1997, en relación con las solicitudes de apoyo que se le hicieron para garantizar la seguridad de los miembros de la comisión judicial, correspondió al cumplimiento estricto de sus deberes oficiales como comandante de la Séptima Brigada con sede en Villavicencio o si, por el contrario, faltó a sus obligaciones militares e incurrió en responsabilidad disciplinaria.
De acuerdo a este relato, no cabe duda de que existieron peticiones de apoyo por parte del mayor Figueroa Escobar y que de esa situación tuvo conocimiento inmediato el señor brigadier general Uscátegui Ramírez; si bien el declarante manifiesta que hasta ese momento se reportó una situación controlada, se destaca el hecho de que hubo solicitud de apoyo aéreo de acompañamiento para garantizar la seguridad en el desplazamiento de la comisión judicial, circunstancia que evidencia que la situación de peligro resultante del primer enfrentamiento no estaba superada y que el apoyo pedido era necesario y urgente. La afirmación del testigo en el sentido de que a partir de las solicitudes de apoyo se iniciaron inmediatamente las gestiones pertinentes para prestarlo, gestiones inmediatas sobre las cuales no existe evidencia probatoria, también confirma el conocimiento que tuvo el comandante de la brigada señor brigadier general Uscátegui Ramírez, sobre dichas solicitudes y la necesidad de prestar apoyo requerido.
Estos testimonios confirman la existencia de reiteradas e insistentes peticiones de apoyo y, además, que la decisión de continuar el desplazamiento tomada por el mayor Figueroa Escobar fue producto de las apremiantes circunstancias derivadas del primer enfrentamiento, básicamente por la información de los paramilitares capturados sobre la presencia de un numeroso grupo armado en las cercanías del lugar y la advertencia sobre la inminencia de un segundo ataque en represalia por lo sucedido y por la respuesta negativa que recibió respecto a sus demandas de apoyo.
El hecho de la advertencia que hizo uno de los paramilitares capturados en el primer enfrentamiento armado sobre la posibilidad de un segundo ataque, además de los testigos citados, lo confirman también, entre otros, German Darío Pinilla, José Feliciano Romero, Audenar Pérez y Rafael Rave Rojas.
Además de lo anterior, otro hecho que confirma la situación de peligro y la posibilidad del segundo ataque es el conocimiento que tuvieron algunos integrantes de la comisión judicial, incluido el mayor Figueroa Escobar sobre apartes de la comunicación radial que se trataba de establecer a través del radio que se encontraba en la camioneta Hilux decomisada a los paramilitares, expresiones que confirmaban no solo la presencia de otro grupo armado en cercanías del lugar sino su conocimiento de los resultados del primer combate y, por tanto la inminencia del segundo ataque en represalias por lo sucedido en el primero.
Para el despacho la prueba testimonial referida es fundamento probatorio suficiente para considerar demostrada con certeza la existencia de las solicitudes de apoyo aéreo que se hicieron luego de concluido el primer enfrentamiento, desde el lugar de los hechos y en Villavicencio, ante diversas personas y autoridades. Que varias de esas peticiones se hicieron al comando de la Séptima Brigada y algunas de ellas directamente al señor brigadier general Uscátegui Ramírez, para que se garantizara la seguridad en el desplazamiento de la comisión judicial hacia Villavicencio luego de concluido el primer enfrentamiento; que esas peticiones estuvieron motivadas por el conocimiento sobre la situación de peligro en que se encontraba la comisión por las condiciones de la zona donde se desplazaban, por la naturaleza del enemigo que enfrentaron en el primer contacto armado, por los resultados de ese contacto y por la advertencia concreta sobre la posibilidad de un segundo enfrentamiento en represalia por lo acaecido en el primero, esta vez con un grupo paramilitar significativamente mayor.
Es oportuno destacar que pese a las reiteradas y urgentes peticiones de apoyo aéreo aproximadamente desde la 1:30 de la tarde, los aviones solo llegaron a sobrevolar el lugar de los hechos después de las 5:30 de la tarde, después que se presentó el segundo enfrentamiento con las lamentables consecuencias conocidas.
El despacho encuentra elementos de prueba que demuestran que esa demora obedeció fundamentalmente a la falta de orden clara, inequívoca y oportuna por parte del comandante de la VII Brigada, brigadier general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, para prestar el apoyo aéreo solicitado. Está demostrado que hacia las tres (3) de la tarde, cuando el señor general salió de las instalaciones de la Séptima Brigada con dirección a San Vicente del Caguán ya estaba enterado de la situación de peligro en que se encontraba la comisión judicial, había recibido las solicitudes concretas de apoyo aéreo, conocía de la necesidad apremiante de prestarlo, tenía la potestad funcional para hacerlo y disponía de los medios adecuados para el efecto. Sin embargo, el general Uscátegui se limitó a delegar en el coronel Luis Felipe Molano Diaz, la coordinación de los apoyos que pudieran requerirse, sin emitir una orden concreta e inequívoca de apoyo aéreo de acuerdo con las apremiantes circunstancias del momento.
En consecuencia, teniendo en cuenta los testimonios de las personas que en el lugar de los hechos manifiestan haber escuchado las peticiones de apoyo aéreo por parte del mayor Figueroa Escobar cuando se comunicaba con el comando de la brigada y con su comandante, los testimonios de las personas que en Villavicencio solicitaron personalmente al general Uscátegui Ramírez dicho apoyo y la declaración del mayor Diego Maria Sanmiguel, oficial COB de la Séptima Brigada quien da fe de esas solicitudes por parte del mayor Figueroa Escobar son suficientes para demostrar con certeza que el señor general Uscátegui Ramírez sí tuvo conocimiento de las peticiones de apoyo y de la necesidad de proporcionarlo de manera inmediata dadas las apremiantes circunstancias del momento.
En cuanto a los medios aéreos disponibles para la prestación del apoyo en el día de los hechos está demostrado que se encontraban en la base aérea de Apiay dos aviones OV-10 y dos aviones Tucano T-47 (avión fantasma) que pudieron ser utilizados oportunamente en las labores de apoyo aéreo tal como finalmente se hizo, aunque en forma tardía, después de las cinco y media de la tarde. Los testimonios del mayor Miguel Ángel Rivera Mosquera (fl. 749 anexo 2), ayudante del Oficial G-3 de la IV División del Ejército y del teniente coronel Jairo Enrique Amador Zubiría (fl. 105 CO5), comandante (e) del comando de la base aérea de Apiay para la época de los hechos confirman la existencia de los mencionados medios aéreos de apoyo y su disponibilidad inmediata para el día de los hechos.
El despacho considera que existe fundamento probatorio para concluir que el señor general Uscátegui Ramírez no emitió una orden concreta de apoyo aéreo frente a las solicitudes para que ese apoyo se prestara, que se limitó a encargar al coronel Luis Felipe Molano Díaz, mediante una orden genérica, de la coordinación de las acciones que eventualmente pudieran requerirse. Las siguientes circunstancias respaldan esta conclusión: primero, la propia versión del funcionario investigado y la declaración del señor coronel Molano Díaz que la corrobora; segundo, la versión del mayor Diego Mantilla Sanmiguel cuando reconoce que en la comunicación con el mayor Figueroa le dijo que no había apoyo inmediato; tercero, las versiones de los testigos que presenciaron las comunicaciones radiales del mayor Figueroa Escobar con el comando de la brigada sobre sus gestos de preocupación ante las respuestas recibidas; cuarto, la transcripción del álbum digital del video sobre una de las comunicaciones radiales del mayor Figueroa con el comando de la brigada cuando se lee “no hay autorizado” demuestra que la respuesta recibida a sus requerimientos de apoyo fue negativa y, finalmente, la demora en la tramitación de los requerimientos no corresponden al cumplimiento de una orden concreta dada a las tres de la tarde porque el primer requerimiento aéreo llegó a la división después de las cuatro de la tarde.
Según los reglamentos militares, los requerimientos aéreos tienen origen en los comandos de brigada, deben ser autorizados por los comandos de división y se ejecutan por parte de los comandos de las bases aéreas correspondientes. En consecuencia, frente a la petición expresa de apoyo aéreo le correspondía al comandante de la Séptima Brigada, general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, tomar la determinación de prestarlo, ordenar el respectivo requerimiento, suscribir el documento correspondiente, darle el trámite al comando de la IV División y verificar la prestación efectiva del apoyo.
Como el mayor Figueroa no se limitó a reportar al general Uscátegui el éxito parcial que había logrado con la captura y muerte de los paramilitares en el primer conflicto armado sino que además solicitó apoyo aéreo para garantizar la seguridad del desplazamiento de la comisión, el señor brigadier general Uscátegui Ramírez, en ejercicio de sus funciones como comandante de la VII Brigada, debió asumir directamente sus funciones de comando, emitir las órdenes concretas y oportunas que las apremiantes circunstancias del momento exigían, entre las que obviamente se encontraba la orden de apoyo aéreo solicitado y supervigilar personalmente el desarrollo de las acciones de apoyo para garantizar su eficacia operativa en orden a asegurar la integridad del personal civil y militar comprometido en los hechos.
Frente a la gravedad de la situación por la que atravesaba la comisión judicial y de la cual tenía pleno conocimiento, la delegación de funciones que hizo el general Uscátegui Ramírez en un subalterno, así esta sea un oficial superior, constituye en sí mismo un incumplimiento de sus deberes como comandante que merece reproche disciplinario porque al eludir sus funciones se agrega el hecho de que no emitió unas órdenes concretas y precisas sobre las labores de apoyo que el funcionario delegado debía ejecutar el reproche disciplinario es de mayor gravedad porque esa imprecisión en la orden también incidió en el retardo de las acciones de apoyo. Una orden concreta, imperativa e inequívoca de apoyo aéreo hubiera garantizado unas acciones de apoyo oportunas y eficaces, sobre todo porque era el comandante de una brigada y no de una unidad militar de menor jerarquía.
Finalmente, el viaje a San Vicente del Caguán del señor brigadier general Uscátegui Ramírez, en los momentos en que más se requería su presencia en el comando de la brigada Villavicencio para que se agilizaran las labores de apoyo es un hecho que agrava aún más el reproche disciplinario imputable al comportamiento del investigado porque es evidente que su presencia en Villavicencio garantizaba una mayor agilidad en las acciones de apoyo.
La reunión que debía atender el señor general Uscátegui Ramírez no estaba programada para el día de los hechos sino para el día siguiente y, por tanto, su desplazamiento a San Vicente del Caguán podía posponerse para el día siguiente. Además, como el mismo señor general investigado lo reconoce, era un compromiso que en el caso de una grave emergencia podía cancelarse o aplazarse. En consecuencia, el compromiso en San Vicente del Caguán no puede aceptarse como una justificación válida atendible para no asumir directamente sus funciones de comando en el diseño y ejecución de las labores de apoyo.
La región donde se presentaron los hechos es considerada una “zona roja” por la presencia y accionar de grupos armados al margen de la ley, paramilitares y guerrilla, como lo afirma el general Agustín Ardila Uribe (fl. 43 C.O. 3), lo ratifican los doctores Henry Romero y Juan Carlos Linero, John Salamandra y el mismo funcionario investigado. En ese contexto temporal y espacial, el mismo éxito del primer enfrenamiento se convirtió, paradójicamente, en la primera causa de inseguridad para la comisión judicial por la posibilidad razonable de una retaliación por parte de otro grupo armado perteneciente a la misma organización paramilitar a la que pertenecían los capturados y dados de baja. La advertencia recibida por parte de uno de los paramilitares capturados sobre la inminencia de un segundo ataque no hacía más que confirmar la situación de peligro inminente para la comisión. En esas circunstancias, no cabe duda alguna sobre las versiones que afirman la existencia de las peticiones de apoyo luego del primer enfrentamiento, particularmente por parte del señor mayor Figueroa Escobar y que la comunicación efectuada con el general Uscátegui estuvo motivada por la necesidad de lograr el apoyo aéreo y no simplemente en el deseo de reportar un éxito.
El análisis probatorio efectuado indica que el comportamiento del general Uscátegui resulta disciplinariamente reprochable porque frente a la petición expresa de apoyo y ante la necesidad urgente de prestarlo, disponiendo de los medios adecuados para el efecto, no asumió directamente sus funciones de comando para prestar el auxilio requerido, teniendo posibilidad de hacerlo; limitándose a delegar en un oficial subalterno la atención de los requerimientos de ayuda, sin emitir una orden concreta sobre el apoyo aéreo requerido, subestimando las condiciones de peligro y asumiendo una actitud de indiferencia ante la suerte de quienes demandaban la protección del Estado.
La vasta experiencia del general Uscátegui Ramírez en el campo militar y su condición de comandante de brigada agravan el reproche disciplinario en contra del oficial como transgresor de la norma especial contra el honor militar por omisión de apoyo prevista en el literal g) del artículo 184 del Decreto 85 de 1989 y las normas generales que prevén: “el abuso de la autoridad”, por demorar sin excusa justificada la tramitación de las solicitudes elevadas reglamentariamente por los subordinados; “la negligencia en el mando”, por eludir la responsabilidad inherente a las soluciones de comando, la despreocupación por el bienestar del personal bajo su mando y no acudir en ayuda del subordinado cuando por razones de equidad, justicia o bienestar sea necesaria la intervención de su jefe; y “contra el servicio”, por no cumplir con el debido celo y oportunidad las obligaciones y deberes del servicio, previstas en el artículo 65, Secciones B, C y F citados en el pliego de cargos.
La falta disciplinaria contra el honor militar en que incurrió el señor general Uscátegui Ramírez, desde el punto de vista jurídico, no requiere la producción de un resultado distinto a la realización de la misma conducta omisiva, dentro de la cual debe considerarse la omisión absoluta del apoyo y la falta de un apoyo oportuno. En el caso que nos ocupa es evidente que se trata del segundo evento porque si bien es cierto finalmente la Séptima Brigada ejecutó varias acciones de apoyo a favor de la comisión judicial, las mismas se iniciaron tardíamente debido a la conducta omisiva de su comandante el señor brigadier general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, tardanza que en definitiva permitió la consumación de la masacre. Si bien la comisión de la falta se produce con la simple realización de la conducta omisiva, las gravísimas consecuencias resultantes no pueden ser ajenas a las consideraciones del despacho para la determinación de las consecuencias disciplinarias que deben imponerse al funcionario responsable. La muerte de los once funcionarios públicos que integraban la comisión judicial y las lesiones sufridas por los sobrevivientes de la masacre son consecuencias que evidencian la gravedad de los efectos derivados de la falta disciplinaria investigada y fundamentan el reproche disciplinario que se hace al señor brigadier general Uscátegui Ramírez.
Las circunstancias de especial gravedad en las cuales se cometió la falta se observan en que el apoyo oportuno omitido se requería por una comisión judicial integrada por personal civil y militar que se encontraba en una situación apremiante de seguridad, en una zona particularmente conflictiva por problemas de orden público que había tenido ya un primer contacto armado y que se enfrentaba ante la posibilidad cierta de una emboscada.
En consecuencia, de conformidad con los artículos 185 y 217 del citado decreto, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 22 del Código Disciplinario Único, la sanción a imponer será la separación absoluta de las Fuerzas Militares o destitución, por ser la sanción más grave prevista en la legislación para las faltas cometidas por el funcionario investigado.
2. Elementos que configuran la responsabilidad del Estado.
De conformidad con lo probado en el proceso, se encuentra acreditado que el 3 de octubre de 1997 una comisión integrada por la Fiscalía Regional de Oriente, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y el grupo Gaula al mando del mayor Juan Carlos Figueroa, miembro del Ejército Nacional, se desplazó aproximadamente a las 4:30 de la mañana desde Villavicencio a la finca “El Alcaraván”, con el fin de cumplir una diligencia de extinción de dominio.
Una vez cumplida la diligencia y cuando regresaban a la ciudad de Villavicencio, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, a la altura del sitio Las Brisas del Camoa, se produjo un primer enfrentamiento con unos sujetos que se desplazaban en una camioneta Hilux; como resultado, se produjo la muerte de tres sujetos pertenecientes al grupo que se desplazaba en la camioneta.
Luego de ocurrido el enfrentamiento, la comisión siguió su desplazamiento y aproximadamente entre 15 y 20 minutos después, la comisión fue atacada con disparos provenientes de arma de fuego; el enfrentamiento duró hasta pasadas las cinco de la tarde, momento en el cual recibieron apoyo aéreo.
Como consecuencia del segundo enfrentamiento se produjo el deceso de varias personas integrantes de la comisión, entre ellos los señores Jorge Giovanny Alfonso Arévalo, Otto Ruiz Pérez, Artidoro Vasallo, José Luis Castro Barón, Aldier Castro Merchán y José Noel Nossa Díaz y otros tantos resultaron heridos.
Así las cosas, se encuentra probado el daño antijurídico sufrido por los demandantes.
Según la demanda, el daño se habría originado como consecuencia de la falla en el servicio atribuible a la entidad demandada, consistente en la negligencia en la preparación y ejecución de un operativo judicial, cuya seguridad estaba a cargo del Ejército Nacional y la demora injustificada del apoyo aéreo para proteger y repeler el ataque sufrido por la aludida comisión judicial.
Ahora bien, en relación con la responsabilidad que se predica respecto de la Nación por ese lamentable suceso, conviene advertir que esta Subsección en sentencias del 9 de abril(26) y 30 de abril(27) del presente año declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los mismos hechos que se discuten en el presente litigio —esto es la emboscada sufrida por la comisión judicial que se desplazaba por el municipio de San Carlos de Guaroa el día 3 de octubre de 1997—, razón por la cual se entiende configurado el fenómeno de la cosa juzgada material debido a la identidad de objeto y de causa que existe entre los hechos materia de juzgamiento.
En cuanto al fenómeno de la cosa juzgada, cabe advertir que se le ha asimilado al principio del “non bis in ídem” y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica; por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado.
La cosa juzgada es una consecuencia jurídica que se le atribuye a la sentencia o decisión del juez, fruto de un procedimiento calificado, denominado proceso de declaración de certeza. Consecuencia de la misma, se pueden predicar efectos procesales y sustanciales que tienden a garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados. Es importante tener presente la distinción entre cosa juzgada en sentido material y cosa juzgada en sentido formal, para precisar sus efectos respecto de un proceso judicial.
Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada en los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil, y 175 del Código Contencioso Administrativo, los cuales recogen los elementos formales y materiales para su configuración.
El formal implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en providencia que hubiere quedado ejecutoriada dentro del mismo proceso o en otro en el cual las mismas partes debatan la misma causa petendi y los mismos fundamentos jurídicos, lo anterior para garantizar la estabilidad y la seguridad, propias de la esencia del orden jurídico.
Por su parte, el concepto de cosa juzgada material hace alusión a la intangibilidad del contenido o el fondo mismo de la sentencia o su equivalente en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación, objeto y causa, debatida en la contienda y que ésta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio(28).
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en casos similares, en los cuales se ha presentado identidad de causa y objeto —aunque no de partes—, ha declarado la existencia del fenómeno de cosa juzgada material y, en consecuencia, ha acogido los planteamientos y fundamentos expuestos en las oportunidades anteriores para efectos de analizar, en el caso posterior, la responsabilidad del Estado frente a esos mismos hechos ya debatidos y decididos.
Así por ejemplo, en sentencia proferida el 4 de mayo de 2011, expediente 19.355, M.P. Enrique Gil Botero, se señaló:
“(…) Resulta oportuno advertir acerca de la existencia de un pronunciamiento previo de esta Sala que refleja o traduce en el plano material, más no en el formal, un fenómeno de cosa juzgada debido a la identidad de objeto y causa entre los hechos objeto de juzgamiento, toda vez que en providencia del 29 de enero de 2010, se declaró la responsabilidad extracontractual de la Policía Nacional por la muerte de la señora Elizabeth Hoyos, ocurrida el 27 de abril de 1994, producida en las mismas circunstancias analizadas en el sub lite (…)”.
En ese mismo sentido, a través de sentencia proferida el 9 de junio del 2010, expediente 18.677, se indicó:
“Comoquiera que los hechos que se discuten en el presente litigio —esto es la muerte del señor Luis Álvaro Monsalve Arboleda—, ya fueron objeto de análisis y pronunciamiento por parte de la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado, se reiteran in extenso las consideraciones plasmadas en la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2009, Exp. 17.997, comoquiera que resultan perfectamente procedentes, dado que los supuestos fácticos son iguales, además de que los elementos de convicción allegados a este proceso fueron trasladados en su totalidad del citado expediente en debida forma”.
Pues bien, de cara al presente proceso se tiene que mediante la mencionada sentencias proferidas el pasado 9 y 30 de abril de 2014, esta Subsección de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunció acerca de la responsabilidad del Estado frente al ataque armado a la aludida comisión judicial, motivo por el cual se impone reiterar, en esta ocasión, las consideraciones plasmadas en ese fallo, comoquiera que resultan perfectamente procedentes, dado que tanto el objeto como la causa son iguales, a saber:
“Para la Subsección, a partir del análisis del material probatorio obrante en el proceso, puede observarse la existencia de irregularidades, deficiencias e incumplimientos que ocurrieron en relación con la planeación, ejecución y desarrollo de la diligencia judicial para la cual fue encargada la comisión y que resultan atribuibles a la entidad demandada, al tiempo que hubo un incumplimiento al deber de protección respecto de los integrantes de la referida comisión, circunstancia que se materializó en la demora injustificada en el apoyo aéreo solicitado.
En este sentido se presentaron fallas en la planeación del operativo, comoquiera que los integrantes de la comisión, en especial, las personas pertenecientes al Gaula que estaban a cargo de la seguridad de la diligencia, no fueron informadas en debida forma acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurriría la operación, por lo cual no hubo previsión, instrucción o estrategia alguna frente a una posible confrontación armada, aun cuando se tenía conocimiento de que la zona era considerada como ‘roja’.
En este sentido, a pesar que se tenía conocimiento de que en la zona hacían presencia grupos armados al margen de la ley, a la diligencia —incumplimiento del deber de planeación— se acudió con un personal de seguridad escaso perteneciente al Gaula, situación que facilitó la emboscada y que impidió una efectiva y adecuada respuesta de los integrantes del Ejército Nacional, encargados de la seguridad de la comisión judicial.
Según los testimonios que obran en el proceso, aun cuando se advirtió acerca de los peligros que suponía emprender el regreso por la misma ruta respecto de la cual se había ingresado a la zona donde tuvo lugar la diligencia judicial, el mayor del Ejército que estaba a cargo de la seguridad de la comisión hizo caso omiso a esta advertencia y decidió tomar la vía que se había utilizado inicialmente, circunstancia que, como lo expuso el juez penal militar en el auto antes transcrito, constituye un error en el procedimiento militar, que sin duda contribuyó con la ocurrencia de los resultados fatales ya conocidos, puesto que fue por esa vía que finalmente se encontraron con el grupo que atacó a la comisión judicial.
En cuanto a la demora en brindar el apoyo aéreo, los testimonios de las personas que participaron en el operativo son contestes en afirmar que desde el momento en que se presentó el primer enfrentamiento, esto es aproximadamente entre la 1:15 y 1:30 de la tarde, el mayor del Gaula que estaba a cargo del dispositivo de seguridad y otros miembros de la aludida comisión judicial, dieron aviso a la Séptima Brigada del enfrentamiento que habían tenido y de la necesidad de que se le brindara apoyo aéreo, teniendo en cuenta las informaciones provenientes de las personas que fueron capturadas en ese primer contacto, según las cuales, más adelante en la vía por la cual transitaban, se encontraba un grupo de más de 100 hombres que, a su vez, tenían ya conocimiento de la presencia de la comisión en esas inmediaciones.
Así las cosas, transcurrieron más de 4 horas desde que se solicitó el apoyo hasta el momento en que se hizo efectivo, lapso durante el cual el limitado y reducido grupo que integraba la Comisión tuvo que hacer frente al ataque indiscriminado por parte del grupo armado al margen de la ley que los superaba con creces en número y poder destructivo del armamento.
Asimismo, las personas que rindieron declaración acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos son contestes al afirmar que de haberse brindado de manera oportuna el apoyo solicitado, seguramente se hubiere evitado el segundo enfrentamiento y con ello las consecuencias fatales ya conocidas.
Si bien dentro de las pruebas obrantes en el proceso hay versiones encontradas en relación con las causas que originaron la demora en brindar el apoyo aéreo en la medida en que, por un lado se atribuyó dicha demora a las fallas incurridas en el operativo judicial adelantado, mientras que, por el otro, se imputó el mencionado resultado a la conducta omisiva del comandante a cargo de la Brigada Séptima del Ejército Nacional, consistente en emitir una orden concreta y directa sobre el apoyo requerido, aun cuando tenía la posibilidad de hacerlo y tenía conocimiento de la necesidad urgente y de las condiciones de peligro por las que estaba atravesando la comisión judicial, lo cierto es que independientemente de las versiones encontradas, en ambas se reconoce que hubo una demora injustificada en el suministro del apoyo aéreo, lo cual resultó determinante en la producción del daño cuya reparación se pretende.
Se reitera que el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad demandada, de tal forma que independientemente de la responsabilidad personal que le quepa, o no, al respectivo agente estatal, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad, en tanto se reúnan los requisitos previstos para estos efectos.
En consecuencia, se repite, dado que el daño antijurídico causado a los demandantes devino de la conducta irregular de la entidad demandada y, por ende, el caso de la emboscada por parte de un grupo al margen de la ley a una comisión judicial ocurrida en el sitio conocido como Brisas del Camoa jurisdicción del municipio de San Martín (Meta), el día 3 de octubre de 1997, se ubica en el plano de la falla en el servicio, puesto que se comprobó que hubo un comportamiento negligente y descuidado de la entidad demandada en cuanto a la atención de los deberes de planeación, protección y seguridad que debió brindar a sus propios funcionarios y a los demás que conformaban la comisión judicial para el momento del hecho dañoso, se impone la revocatoria de la sentencia apelada y, en consecuencia, se analizará la indemnización de los perjuicios deprecados a través del libelo introductorio”.
Con fundamento en lo expuesto se impone concluir que la imputación de responsabilidad a la entidad pública demandada en el presente asunto debe realizarse con base en el título de falla del servicio, toda vez que se encuentra determinado el comportamiento negligente y descuidado de la entidad demandada en cuanto a la atención del deber de protección y seguridad que debió brindar a sus propios funcionarios y a los demás que integraban la comisión judicial, para el momento del hecho dañoso demandado.
La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en el derecho colombiano, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio se configura, en últimas por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de un deber a su cargo, no hay duda de que se trata del mecanismo más idóneo para desencadenar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual(29).
También ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, consistente en que las autoridades de la República se encuentran en el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”(30); así, las obligaciones que están a cargo del Estado —y por lo tanto la falla del servicio que constituye su transgresión—, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño cuya reparación se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo(31).
Respecto de la previsibilidad de la administración pública en la producción de un hecho dañoso y en la no adopción de las medidas necesarias para evitarlo, la Sala ha precisado que
“No es el Estado un asegurador general, obligado a reparar todo daño, en toda circunstancia, pues la administración de justicia, debe observar la ley sustantiva, consultar la jurisprudencia e inspirarse en la equidad, para aplicar los principios de derecho y fundamentar las decisiones en las diversas tesis sobre los cuales se edifica y sirve de razón a la imputación del deber reparador. Así en el caso presente la relatividad del servicio debe entenderse en cuanto no era exorbitante disponer, porque existían elementos materiales y humanos para una misión debida. Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe hacer todo cuanto está a su alcance”(32).
Como se aprecia, la falla del servicio no puede ser analizada desde una perspectiva ideal, crítica o abstracta frente al funcionamiento del servicio, sino que debe ser estudiada desde un ámbito real que consulte las circunstancias de tiempo, modo, lugar y capacidad administrativa de la administración pública al momento de producción del daño.
Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad.
Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se presenta cuando la administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se estaría ante la omisión o ausencia del mismo cuando la administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía(33).
En el sub lite, tal como lo determinó esta Subsección, cuya decisión hizo tránsito a cosa juzgada material, se tiene que la entidad demandada faltó, entre otras, al cumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad para con los integrantes de la comisión judicial que se desplazaba por el municipio de San Carlos de Guaroa —deberes que recaían de manera directa en el Ejército Nacional aun cuando la diligencia había sido programada por la Fiscalía General de la Nación— lo cual llevó a que se produjera la muerte de los señores Jorge Giovanny Alfonso Arévalo, Otto Ruiz Pérez, Artidoro Vasallo, José Luis Castro Barón, Aldier Castro Merchán y José Noel Nossa Díaz, mientras se encontraban en cumplimiento de sus funciones; así pues, no se trata de una abstracta atribución o de un genérico e impreciso deber de protección, sino de su grave incumplimiento por parte de la administración pública respecto del personal judicial antes aludido.
En relación con esta clase de perjuicios, tratándose de la muerte de una persona, la prueba del parentesco cercano para con la víctima resulta suficiente para tenerlo por configurado —sin perjuicio de la existencia de otros medios probatorios que acrediten dicho perjuicio—, pues en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir que la muerte de un pariente próximo les debió causar un profundo dolor moral, aún más en las dramáticas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del presente caso, como se expuso con anterioridad.
En cuanto se refiere a la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio, con el fin de que, de conformidad con las circunstancias propias del caso concreto, se pueda determinar la intensidad de esa afectación, para que, de esta manera se puedan calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto(34). En este orden de ideas, se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(35).
Ahora bien, con el fin de introducir criterios objetivos para la cuantificación de la indemnización por concepto del perjuicio moral en casos de muerte, sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala ha fijado los siguientes parámetros teniendo en cuenta el nivel de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas. En este sentido:
Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indicativo indemnizatorio de (100 SMLMV).
Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indicativo indemnizatorio.
Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indicativo indemnizatorio.
Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indicativo indemnizatorio.
Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indicativo indemnizatorio.
Regla general en el caso de muerte Relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos) Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil. Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
Con fundamento en los anteriores criterios, se procederá a fijar la indemnización de perjuicios morales en relación con cada uno de los grupos familiares demandantes.
Primer núcleo familiar
Víctima: Jorge Giovanny Alfonso Arévalo
Por la muerte del señor Jorge Giovanny Alfonso Arévalo demandaron los integrantes del grupo familiar conformado por quienes acudieron al proceso en condición de padres, hermanos, compañera permanente, abuelas e hija. Para acreditar su condición allegaron al proceso las siguientes pruebas documentales: i) copia del registro civil de nacimiento del señor Jorge Giovanny Alfonso Arévalo en el cual consta que sus padres son los señores Jorge Eduardo Alfonso Holguín y Matilde Arévalo Castañeda; ii) registros civiles de nacimiento de los señores Jorge Eduardo Alfonso Holguín y Matilde Arévalo Castañeda, en los cuales se certifica que sus madres son Vidalia Holguín y Matilde Castañeda, respectivamente y, por tanto, abuelas del occiso; iii) copias de los registros civiles de nacimiento de los señores Myriam Janneth Alfonso Linares, Gladys Yazmín, Yudy Carmenza, Jorge Dubán y Wilson Leonardo Alfonso Cortés y Diana Liliana y Jenny Carolina Alfonso Arévalo, en los cuales se hace constar que son hijos del señor Jorge Eduardo Alfonso Holguín y/o de la señora Matilde Arévalo Castañeda y, por tanto, hermanos del señor Jorge Giovanny Alfonso Arévalo. En cuanto a la señora Diana Patricia Amaya, de los testimonios de los señoras Blanca Oliva Torres Abril y María Rosalba Jiménez Acuña se acredita que era la compañera permanente del señor Giovanny Alfonso Arévalo.
Finalmente la demandante XXXXX XXXXX no acreditó la calidad en la cual compareció al proceso, esto es en condición de hija de la víctima directa del daño, en la medida en que no obra en el expediente la correspondiente copia del registro civil de nacimiento; no obstante de los testimonios de las señoras Blanca Oliva Torres Abril y María Rosalba Jiménez Acuña puede deducirse el perjuicio moral que sufrió como consecuencia de la ausencia del señor Jorge Giovanny Alfonso Arévalo, dado que de él recibió trato como de hija, motivo por el cual hay lugar a reconocerle indemnización en calidad de hija de crianza.
Así las cosas, por concepto de perjuicios morales, en aplicación de las presunciones antes enunciadas y de conformidad con los demás elementos probatorios recaudados, se les reconocerá a los padres, a la compañera permanente del occiso y la menor XXXXX XXXXX el monto equivalente a 100 SMLMV, para cada uno y para cada uno de sus hermanos y abuelas 50 SMLMV.
Segundo núcleo familiar
Víctima: Otto Ruiz Pérez
Por la muerte del señor Otto Ruiz Pérez demandaron los integrantes del grupo familiar conformado por quienes acudieron al proceso en condición de padre, hermanos, esposa e hijos. Para acreditar su condición allegaron al proceso las siguientes pruebas documentales: i) copia del registro civil de nacimiento del señor Otto Ruiz Pérez en el cual consta que su padre es el señor Pedro Alfonso Ruiz Ortegón; ii) copias de los registros civiles de nacimiento de los señores Pedro Alfonso Ruiz Pérez, Esperanza Ruiz Pérez, Francia Elena Ruiz Pérez, Fanny Ruiz Pérez, en los cuales se hace constar que son hijos del señor Pedro Alfonso Ruiz Ortegón y, por tanto, hermanos del señor Otto Ruiz Pérez; iii) registro civil de matrimonio en el cual consta que la señora Esperanza Lizcano Polanía era la esposa del occiso; iv) registros civiles de nacimiento de Saturia Johanna Ruiz Lizcano, Paola Ruiz Lizcano y Yesenia Esperanza Ruiz Lizcano en los cuales consta que son hijos de la víctima directa del daño.
En relación con el señor Floro Andrés Rubiano Lizcano, de los testimonios rendidos por los señores Jorge Hernán Sanabria y Flor Alba González López, se probó que era el hijo de crianza del señor Otto Ruiz Pérez.
Así las cosas, por concepto de perjuicios morales, en aplicación de las presunciones antes enunciadas y de conformidad con los demás elementos probatorios recaudados, se les reconocerá al padre, esposa e hijos del occiso el monto equivalente a 100 SMLMV, para cada uno; para cada uno de sus hermanos, la suma equivalente a 50 SMLMV.
Tercer núcleo familiar
Víctima: Artidoro Vasallo
Por la muerte del señor Artidoro Vasallo demandaron su compañera permanente o estable e hija. Para acreditar su condición allegaron al proceso las siguientes pruebas documentales: i) copia del registro civil de nacimiento de XXXXX XXXXX en el cual consta que es hija de la víctima directa del daño; ii) declaraciones de los señores José Alfonso Herrera Martínez y Miguel Lozano que señalan que la señora Blanca Nieves Martín Santos era la compañera permanente del occiso.
Así las cosas, por concepto de perjuicios morales, en aplicación de las presunciones antes enunciadas y de conformidad con los demás elementos probatorios recaudados, se les reconocerá a la compañera permanente o estable y a la hija el monto equivalente a 100 SMLMV, para cada una.
Cuarto núcleo familiar
Víctima: José Noel Nossa Díaz
Por la muerte del señor José Noel Nossa Díaz demandaron los integrantes del grupo familiar conformado por quienes acudieron al proceso en condición de padres y hermanos, para acreditar su condición se allegaron al proceso las siguientes pruebas documentales: i) copia del registro civil de nacimiento del señor José Noel Nossa Díaz en el cual consta que sus padres son los señores Clemente Nossa y Ana Rosa Díaz; ii) copias de los registros civiles de nacimiento de los señores Clemente, Ernestina, Rosa, Luis Rafael, Ángel de Jesús, Julieta y Myriam Nossa Díaz, en los cuales se hace constar que son hijos de los señores Clemente Nossa y Ana Rosa Díaz y, por tanto, hermanos del señor José Noel Nossa Díaz.
Así las cosas, por concepto de perjuicios morales, en aplicación de las presunciones antes enunciadas y de conformidad con los demás elementos probatorios recaudados, se les reconocerá a los padres el monto equivalente a 100 SMLMV, para cada uno y para sus hermanos, la suma equivalente a 50 SMLMV para cada uno de ellos.
Quinto núcleo familiar
Víctima: José Luis Castro Barón
Por la muerte del señor José Luis Castro Barón demandaron los integrantes del grupo familiar conformado por quienes acudieron al proceso en condición de padre y hermanos. Para acreditar su condición allegaron al proceso las siguientes pruebas documentales: i) copia del registro civil de nacimiento del señor José Luis Castro Barón en el cual consta que su padre es el señor José Luis Francisco Castro Gamboa; ii) copias de los registros civiles de nacimiento de los señores Giovanny Ricardo Castro Poveda, José Orlando Castro Cristancho, Sara Odalinda Castro Cristancho, Floralba Castro Cristancho y Wilson Yezid Castro Cristancho, en los cuales se hace constar que son hijos del señor José Luis Francisco Castro Gamboa y, por tanto, hermanos de la víctima directa del daño.
Así las cosas, por concepto de perjuicios morales, en aplicación de las presunciones antes enunciadas y de conformidad con los demás elementos probatorios recaudados, se le reconocerá al padre el monto equivalente a 100 SMLMV y para sus hermanos, la suma equivalente a 50 SMLMV para cada uno de ellos.
Sexto núcleo familiar
Víctima: Aldier Castro Merchán
Por la muerte del señor Aldier Castro Merchán demandaron los integrantes del grupo familiar conformado por quienes acudieron al proceso en condición de madre, padrastro y hermanos, para acreditar su condición se allegaron al proceso las siguientes pruebas documentales: i) copia del registro civil de nacimiento del señor Aldier Castro Merchán en el cual consta que su madre es la señora Noelia Merchán Romero; ii) copias de los registros civiles de nacimiento de Jenny Paola, Rosa Elena, Norelsa Milena, Emiro Rodríguez Merchán y Ludivia Merchán en los cuales se hace constar que son hijos de la señora Noelia Merchán Romero y, por tanto, hermanos del señor Aldier Castro Merchán. Finalmente, según el testimonio del señor Gustavo Garzón Cárdenas se acreditó que el señor Emiro Rodríguez Gutiérrez era el padre de crianza del señor Aldier Castro Merchán.
2. Perjuicio material – Lucro cesante.
En relación con este perjuicio, se encuentra acreditado que para el momento de los hechos el señor Otto Ruiz Pérez prestaba sus servicios en el Ejército Nacional, labor de la cual obtenía como asignación básica mensual la suma de $146.291,67.
Para determinar lo que le corresponde a los demandantes por concepto de lucro cesante se actualizará el valor de la suma que devengaba en el año 1997 el señor Alfonso Arévalo.
Dado que el salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014 ($616.000) resulta superior a la anterior cifra, se tomará la última cantidad para efectos de la liquidación del lucro cesante.
Este monto ($616.000) se debe incrementar en un 25% por el correspondiente factor prestacional ($154.000), lo cual determina un ingreso base de liquidación de $770.000; a esta cifra se le descontará el 25%, el cual se presume la víctima destinaba para su propio sostenimiento ($192.500). De esta manera se tiene que, para la fecha de su muerte, la víctima disponía de ingresos mensuales para su familia por la suma de $577.500.oo.
El ingreso base de liquidación será dividido en un 50% a favor de la compañera permanente y el otro 50% para XXXXX XXXXX, comoquiera que de los testimonios que obran en el proceso se pudo acreditar que el señor Jorge Giovanny Alfonso Arévalo, velaba por el bienestar económico de la menor.
Para determinar el monto de la indemnización del perjuicio material a título de lucro cesante se debe tener en cuenta que como consta a folio 33 del cuaderno 6, el señor Jorge Giovanny Alfonso Arévalo nació el 18 de noviembre de 1978, razón por la cual para el 3 de octubre de 1997, fecha de su muerte, tenía 18 años y su expectativa de vida de la víctima era de 61,9 años, es decir 742 meses(36).
— Para la señora Diana Patricia Amaya Castro
En el caso de la señora Diana Patricia Amaya Castro, se encuentra acreditado en el expediente que ella nació el 28 de abril de 1977 (fl. 25 cdno. 1), razón por la cual para el 3 de octubre de 1997, tenía 20 años, por lo cual la liquidación debe hacerse teniendo en cuenta su expectativa de vida, que era de 60.0 años, es decir 720 meses.
Consolidado: Desde la fecha del hecho (3 de octubre de 1997) hasta el de esta sentencia (septiembre de 2014), esto es 202,9 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Futuro: Por el resto del período de vida probable de la señora Amaya Castro, esto es 517,1 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Total perjuicios materiales: ciento cincuenta y cuatro millones sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos m/c ($154’065.450,oo).
— Para XXXXX XXXXX
Futuro: Hasta la fecha en que cumpla 25 años(37), esto es 93 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Total perjuicios materiales: ciento veintiún millones ciento dieciséis mil ciento ochenta y siete pesos m/c ($121’116.187).
En relación con este perjuicio, se encuentra acreditado que para el momento de los hechos el señor Otto Ruiz Pérez prestaba sus servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, labor de la cual obtenía como asignación básica mensual la suma de $533.002.
Dado que el salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014 ($616.000) resulta inferior a la anterior cifra, se tomará la primera cantidad para efectos de la liquidación del lucro cesante.
Este monto ($1’415.917) se debe incrementar en un 25% por el correspondiente factor prestacional ($353.979,25), lo cual determina un ingreso base de liquidación de $1’769.896,25; a esta cifra se le descontará el 25%, el cual se presume la víctima destinaba para su propio sostenimiento ($442.474,06).
De esta manera se tiene que, para la fecha de su muerte, la víctima disponía de ingresos mensuales para su familia por la suma de $1’327.442.
El ingreso base de liquidación será dividido en un 50% a favor de la esposa y el otro 50% para sus hijas Saturia Johanna, Jenny Paola y Yesenia Esperanza Ruiz Lizcano.
Para determinar el monto de la indemnización del perjuicio material a título de lucro cesante se debe tener en cuenta que como consta a folio 21 del cuaderno 4, el señor Otto Ruiz Pérez nació el 8 de agosto de 1949, razón por la cual para el 3 de octubre de 1997, fecha de su muerte, tenía 48 años y su expectativa de vida de la víctima era de 33.4 años, es decir 400,8 meses(38).
— Para la señora Esperanza Lizcano Polanía
En el caso de la señora Diana Patricia Amaya Castro, se encuentra acreditado en el expediente que ella nació el 14 de julio de 1953 (fl. 32 cdno. 4), razón por la cual para el 3 de octubre de 1997, tenía 44 años, por lo cual la liquidación debe hacerse teniendo en cuenta la expectativa de vida del señor Ruiz Pérez.
Futuro: Por el resto del período de vida probable del señor Ruiz Pérez, esto es 197,9 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Total perjuicios materiales: trescientos trece millones cuarenta y cuatro mil nueve pesos m/c ($313’044.009,oo).
— Para Saturia Johanna Ruiz Lizcano
Consolidado: Desde la fecha del hecho (3 de octubre de 1997) hasta la fecha en la cual cumplió 25 años (12 de julio de 2006), esto es 105,3 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Total perjuicios materiales: treinta millones trescientos treinta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos m/c ($30’336.474).
— Para Jenny Paola Ruiz Lizcano
Consolidado: Desde la fecha del hecho (3 de octubre de 1997) hasta la fecha en la cual cumplió 25 años (15 de octubre de 2007), esto es 120,4 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Total perjuicios materiales: treinta y seis millones ciento un mil novecientos noventa y siete pesos m/c ($ 36’101.997).
— Para Yesenia Esperanza Ruiz Lizcano
Consolidado: Desde la fecha del hecho (3 de octubre de 1997) hasta la fecha de la presente sentencia, la cual coincide con el momento en que la citada persona cumple 25 años (septiembre de 2014), esto es 202,9 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Total perjuicios materiales: setenta y seis millones doscientos ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos m/c ($76’281.453).
En relación con este perjuicio, se encuentra acreditado que para el momento de los hechos el señor Artidoro Vasallo prestaba sus servicios en el Ejército Nacional, labor de la cual obtenía como asignación básica mensual la suma de $389.419,64.
Para determinar lo que le corresponde a los demandantes por concepto de lucro cesante se actualizará el valor de la suma que devengaba en el año 1997 el señor Artidoro Vasallo.
Este monto ($1’034.418) se debe incrementar en un 25% por el correspondiente factor prestacional ($258.604,5), lo cual determina un ingreso base de liquidación de $1’293.022,5; a esta cifra se le descontará el 25%, el cual se presume la víctima destinaba para su propio sostenimiento ($323.255,6).
De esta manera se tiene que, para la fecha de su muerte, la víctima disponía de ingresos mensuales para su familia por la suma de $969.767.
El ingreso base de liquidación será dividido en un 50% a favor de la compañera permanente y el otro 50% para su hija XXXXX XXXXX.
Para determinar el monto de la indemnización del perjuicio material a título de lucro cesante se debe tener en cuenta que como consta a folio 21 del cuaderno 4, el señor Artidoro Vasallo nació el 18 de julio de 1967, razón por la cual para el 3 de octubre de 1997, fecha de su muerte, tenía 30 años y su expectativa de vida de la víctima era de 50,3 años, es decir 603,6 meses(39).
— Para la señora Blanca Nieves Martín Santos
En el caso de la señora Blanca Nieves Martín Santos, se encuentra acreditado en el expediente que ella nació el 15 de junio de 1973 (fl. 14 cdno. 5), razón por la cual para el 3 de octubre de 1997, tenía 24 años, por lo cual la liquidación debe hacerse teniendo en cuenta la expectativa de vida del señor Artidoro Vasallo.
Futuro: Por el resto del período de vida probable del señor Artidoro Vasallo, esto es 400,7 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Total perjuicios materiales: doscientos cincuenta y dos millones quinientos setenta mil novecientos sesenta y seis pesos m/c ($252’570.966,oo).
Futuro: Hasta la fecha en que cumpla 25 años, esto es 83 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Total perjuicios materiales: doscientos millones doscientos veintisiete mil setecientos noventa y dos pesos m/c ($200’227.792).
En relación con este perjuicio, se encuentra acreditado que para el momento de los hechos el señor José Noel Nossa Díaz prestaba sus servicios en la Fiscalía General de la Nación, labor de la cual obtenía como asignación básica mensual la suma de $574.244.
Para determinar lo que le corresponde a los demandantes por concepto de lucro cesante se actualizará el valor de la suma que devengaba en el año 1997 el señor Nossa Díaz.
Este monto ($1’525.368) se debe incrementar en un 25% por el correspondiente factor prestacional ($381.342), lo cual determina un ingreso base de liquidación de $1’906.710; a esta cifra se le descontará el 25%, el cual se presume la víctima destinaba para su propio sostenimiento ($476.677,5).
De esta manera se tiene que, para la fecha de su muerte, la víctima disponía de ingresos mensuales para su familia por la suma de $1’430.032.
El ingreso base de liquidación será dividido en un 50% a favor de cada uno de sus padres, comoquiera que de los testimonios de los señores José Ignacio Bautista Hernández y Jairo Franco Gómez, se probó que el señor José Noel Nossa Díaz era el único de sus hermanos que velaba por el sostenimiento económico de sus padres teniendo en cuenta la edad avanzada de cada uno de ellos, circunstancia que les impedía dedicarse a una labor productiva.
Para determinar el monto de la indemnización del perjuicio material a título de lucro cesante se tendrá en cuenta la expectativa de vida de cada uno de ellos para la fecha en la cual ocurrieron los hechos(40).
— Para el señor Clemente Nossa
En el caso del señor Clemente Nossa, si bien no se allegó su registro civil de nacimiento, lo cierto es que del acta de matrimonio obrante en el folio 17 del cuaderno 1, se consignó que la fecha del bautismo de la citada persona se llevó a cabo el 21 de diciembre de 1913, motivo por el cual, dado que no hay más datos en este sentido, se tomará en cuenta la anterior fecha para efectos de la liquidación correspondiente.
De esta manera, para el 3 de octubre de 1997 el señor Clemente Nossa tenía 83 años y por ende su expectativa de vida, según la Resolución 1555 de 2000, era de 7,8 años, esto es 93,6 (sic); no obstante, dado que la sola liquidación del lucro cesante consolidado supera ese período, al tiempo que no existe otro parámetro para poder determinar un aproximado de la expectativa de vida de una persona en las condiciones del señor Clemente Nossa, la Sala, por razones de equidad y con el fin de evitar condenas sobre supuestos inciertos, liquidará la citada indemnización con fundamento únicamente en el lucro cesante consolidado.
Total perjuicios materiales: doscientos cuarenta y seis millones seiscientos nueve mil dieciocho pesos m/c ($246’609.018,oo).
— Para Ana Rosa Díaz Díaz
En el caso de la señora Ana Rosa Díaz Díaz, si bien no se allegó su registro civil de nacimiento, lo cierto es que del acta de matrimonio obrante en el folio 17 del cuaderno 1, se consignó que la fecha del bautismo de la citada persona se llevó a cabo el 11 de mayo de 1924, motivo por el cual, dado que no hay más datos en este sentido, se tomará en cuenta la anterior fecha para efectos de la liquidación correspondiente.
De esta manera, para el 3 de octubre de 1997 la señora Ana Rosa Díaz Díaz tenía 73 años y por ende su expectativa de vida, según la Resolución 1555 de 2000, era de 13,3 años, esto es 159,6 (sic); no obstante, dado que la sola liquidación del lucro cesante consolidado supera ese período, al tiempo que no existe otro parámetro para poder determinar un aproximado de la expectativa de vida de una persona en las condiciones del señor Clemente Nossa, la Sala, por razones de equidad y con el fin de evitar condenas sobre supuestos inciertos, liquidará la citada indemnización con fundamento únicamente en el lucro cesante consolidado.
No solicitaron el reconocimiento de indemnización alguna por este concepto.
Se solicitó el reconocimiento de la indemnización por concepto de lucro cesante a favor de la señora Noelia Merchán, sin embargo del único testimonio obrante en el expediente que se refiere a este aspecto, no hay certeza de que en el momento en que el señor Aldier Castro Merchán prestaba sus servicios al Ejército Nacional destinaba parte de lo que devengaba para el sostenimiento de su madre.
Ciertamente, de la declaración aludida —del señor Gustavo Garzón Cárdenas— se puede extraer lo siguiente:
“Lo que puedo testificar es que don Emiro era muy responsable y preocupado por la familia. Después del tiempo que estuve allí don Emiro me ayudó a conseguir trabajos, con el tiempo ellos vinieron a vivir a Mesetas, donde hice algunos trabajos y allí ellos me colaboraban, al joven Aldier Castro lo que yo le entregaba en dinero él se lo entregaba a la mamá, antes de irse a pagar el servicio al Serviez, yo le había prometido a él que le iba a enseñar a trabajar en refrigeración para así de esa forma él poder ayudar a la familia”.
Como se observa, si bien el testigo expuso que antes de que el señor Aldier Castro se vinculara al Ejército Nacional ayudaba de manera económica a su madre, lo cierto es que no dijo nada acerca de si ese auxilio continuó durante el tiempo que la víctima desempeñó funciones en la citada institución, labor, por demás, por la cual debía devengar un salario(41), razón por la cual ante la falta de certeza acerca de este aspecto, la Sala denegará el reconocimiento de la aludida indemnización.
• Condena en costas
Primero: Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el día 15 de abril de 2004 y, en consecuencia, se dispone:
1. Declárase administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional de los perjuicios causados a la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Condénase a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a pagar a cada una de las siguientes personas, a título de perjuicios morales, las sumas que se indican a continuación:
Víctima: Jorge Giovanny Alfonso Arévalo.
Jorge Eduardo Alfonso Holguín 100 SMLMV
Matilde Arévalo Castañeda 100 SMLMV
Vidalia Holguín 50 SMLMV
Matilde Castañeda 50 SMLMV
Myriam Janneth Alfonso Linares 50 SMLMV
Gladys Yazmin Alfonso Cortés 50 SMLMV
Yudy Carmenza Alfonso Cortés 50 SMLMV
Jorge Dubán Alfonso Cortés 50 SMLMV
Wilson Leonardo Alfonso Cortés 50 SMLMV
Diana Liliana Alfonso Arévalo 50 SMLMV
Jenny Carolina Alfonso Arévalo 50 SMLMV
Diana Patricia Amaya 100 SMLMV
XXXXX XXXXX 100 SMLMV
Pedro Alfonso Ruiz Ortegón 100 SMLMV
Pedro Alfonso Ruiz Pérez 50 SMLMV
Esperanza Ruiz Pérez 50 SMLMV
Francia Elena Ruiz Pérez 50 SMLMV
Fanny Ruiz Pérez 50 SMLMV
Esperanza Lizcano Polanía 100 SMLMV
Saturia Johanna Ruiz Lizcano 100 SMLMV
Jenny Paola Ruiz Lizcano 100 SMLMV
Yesenia Esperanza Ruiz Lizcano 100 SMLMV
Floro Andrés Rubiano Lizcano 100 SMLMV
Blanca Nieves Martín Santos 100 SMLMV
Clemente Nossa 100 SMLMV
Ana Rosa Díaz 100 SMLMV
Clemente Nossa Díaz 50 SMLMV
Ernestina Nossa Díaz 50 SMLMV
Rosa Nossa Díaz 50 SMLMV
Luis Rafael Nossa Díaz 50 SMLMV
Ángel de Jesús Nossa Díaz 50 SMLMV
Julieta Nossa Díaz 50 SMLMV
Myriam Nossa Díaz 50 SMLMV
José Luis Francisco Castro Gamboa 100 SMLMV
Giovanny Ricardo Castro Poveda 50 SMLMV
José Orlando Castro Cristancho 50 SMLMV
Sara Odalinda Castro Cristancho 50 SMLMV
Floralba Castro Cristancho 50 SMLMV
Wilson Yezid Castro Cristancho 50 SMLMV
Noelia Merchán Romero 100 SMLMV
Emiro Rodríguez Gutiérrez 100 SMLMV
Jenny Paola Rodríguez Merchán 50 SMLMV
Rosa Elena Rodríguez Merchán 50 SMLMV
Norelsa Milena Rodríguez Merchán 50 SMLMV
Emiro Rodríguez Merchán 50 SMLMV
Ludivia Merchán 50 SMLMV
3. Condénase a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a pagar a favor de las personas que se relacionan a continuación, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas:
Diana Patricia Amaya Castro Ciento cincuenta y cuatro millones sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos m/c ($154’065.450,oo).
XXXXX XXXXX Ciento veintiún millones ciento dieciséis mil ciento ochenta y siete pesos m/c ($121’116.187).
Esperanza Lizcano Polanía Trescientos trece millones cuarenta y cuatro mil nueve pesos m/c ($313’044.009,oo).
Saturia Johanna Ruiz Lizcano Treinta millones trescientos treinta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos m/c ($30’336.474).
Jenny Paola Ruiz Lizcano Treinta y seis millones ciento un mil novecientos noventa y siete pesos m/c ($36’101.997).
Yesenia Esperanza Ruiz Lizcano Setenta y seis millones doscientos ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos m/c ($76’281.453).
Blanca Nieves Martín Santos Doscientos cincuenta y dos millones quinientos setenta mil novecientos sesenta y seis pesos m/c ($252’570.966,oo).
XXXXX XXXXX Doscientos millones doscientos veintisiete mil setecientos noventa y dos pesos m/c ($200’227.792).
Clemente Nossa Doscientos cuarenta y seis millones seiscientos nueve mil dieciocho pesos m/c ($ 246’609.018,oo).
Ana Rosa Díaz Díaz Doscientos cuarenta y seis millones seiscientos nueve mil dieciocho pesos m/c ($ 246’609.018,oo).
(1) Fl. 64 cdno. 4.
(2) Fl. 66 cdno. 4.
(3) Fl. 48 cdno. 5.
(4) Fl. 50 cdno. 5.
(5) Fl. 52 cdno. 3.
(6) Fl. 54 cdno. 3.
(7) Fl. 65 cdno. 2.
(8) Fl. 181 cdno. 1.
(9) Fl. 182 cdno. 1.
(10) Fl. 41 cdno. anexo 9.
(11) Fl. 43 cdno. anexo 9.
(12) Fl. 37 cdno. 6, fl. 30 cdno. 4, fl. 16 cdno. 5, fl. 22 cdno. 3, fl. 23 cdno. 2, fl. 27 cdno. 1.
(13) Fl. 96 cdno. 5.
(14) Fl. 64 cdno. 6.
(15) Fls. 103 a 110 cdno. 5.
(16) Fl. 77 cdno. 3.
(17) Fl. 64 cdno. 5.
(18) Fl. 68 cdno. 1.
(19) Fl. 76 cdno. 1.
(20) Fl. 85 cdno. 4.
(21) Fls. 54-59 cdno. 6.
(22) Cuaderno anexo 10.
(23) Fl. 35 cdno. anexo 1.
(24) Fl. 44 cdno. anexo 1.
(25) Las diligencias y actuaciones que obran en el expediente disciplinario en mención, inclusive los testimonios que allí reposan, pueden ser objeto de valoración en esta instancia, comoquiera que fueron solicitadas por las partes.
Al respecto la Sala ha dicho que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, hay lugar a tener en cuenta dichas pruebas en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hubieren sido practicadas sin citación o intervención de alguna de las partes en el proceso original y no hubieren sido ratificadas en el nuevo proceso contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión. (Ver entre muchas otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 6 de junio de 2012. Expediente: 23025).
(26) Expediente 26072.
(27) Expedientes 25903 y 26081.
(28) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero del 2009, expediente 34.239 y sentencia del 8 de junio de 2011, expediente 18.676, entre otros.
(29) Sentencias del 13 de julio de 1993, expediente 8163 y del 10 de marzo del 2011, expediente 17.738, entre muchas otras.
(30) Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente 11837.
(31) Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14.787.
(33) Sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente 14.880.
(34) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 27 de junio de 2013. Expediente 31033.
(35) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros — William Alberto González y otra.
(36) Resolución 1555 de 2000, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
(37) Se aclara que si bien al expediente no se allegó registro civil de nacimiento de la menor, razón por la cual no se puede determinar el momento exacto del referido nacimiento, lo cierto es que de los testimonios que obran en el expediente, se puede establecer que para el momento en que murió el señor Alfonso Arévalo, la menor XXXXX XXXXX, tenía 4 meses de edad.
(38) Resolución 1555 de 2000, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
(39) Resolución 1555 de 2000, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
(40) Resolución 1555 de 2000, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
(41) Teniendo en cuenta que no hay prueba de que tuviera la condición de soldado conscripto, al tiempo que en la demanda se expuso que con lo que con el salario que recibía como soldado ayudaba económicamente a su familia.

References: artículo 184
 artículo 65
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 106
 Resolución 
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