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Timestamp: 2017-12-11 00:23:32+00:00

Document:
CONSTITUCIONES Y LEGISLACIÓN | Acceso a la Justicia
CONSTITUCIONES Y LEGISLACIÓN
Posted on agosto 30, 2016 abril 5, 2017
Posted on agosto 19, 2016 abril 5, 2017
La Sala Político Administrativa del TSJ está conformada por cinco magistrados, de los que tres son mujeres y dos hombres. De ellos dos fueron nombrados el 23 de diciembre de 2015 (Marco Antonio Medina y Eulalia Guerrero) y los tres restantes se nombraron anteriormente (Bárbara Gabriela César, María Carolina Ameliach e Inocencio Figueroa).
Producto de una investigación realizada por Acceso a la Justicia pudimos establecer que Bárbara Gabriela César y Marco Antonio Medina cumplen con los requisitos establecidos por la Constitución (artículo 263) y la Ley Orgánica del TSJ (artículo 37) para ejercer ese rol. María Carolina Ameliach en líneas generales cumple también, pero al no estar publicada su hoja de vida es imposible saber si posee una segunda nacionalidad además de la venezolana, por lo que no se puede asegurar que cumpla a cabalidad. Es importante aclarar que cuando una persona quiere acceder a un cargo público tiene el deber de demostrar quién es y que cumple las credenciales para el mismo.
Por otra parte, tenemos a dos magistrados que no cumplen con un requisito constitucional que ofrece tres alternativas: a) haber ejercido la abogacía por al menos 15 años y tener un posgrado en derecho, b) haber sido profesor universitario en derecho por el mismo período de tiempo, o c) ser (o haber sido) juez superior por al menos quince años en aquella rama del derecho para la que se está postulando al Tribunal Supremo.
La magistrada Eulalia Guerrero no tiene posgrado en derecho, mientras que el magistrado Inocencio Figueroa no ha ejercido la abogacía por el tiempo requerido. Esto elimina la posibilidad de que cumplan con la opción “a”, y ninguno de los dos cumple con la “b” o la “c”. Adicionalmente, en el caso de Figueroa existe una segunda duda, pues no consta que haya renunciado a su militancia política antes de acceder al cargo, lo que es un requerimiento constitucional y de la Ley Orgánica del TSJ.
Sobre esto último es necesario resaltar que es deber de los candidatos a magistrados renunciar de manera expresa y pública, y no se trata de un formalismo sin importancia.
Acceso a la Justicia debe advertir, una vez más, que es altamente irregular que una sala del TSJ esté conformada en un buen porcentaje por personas que no son idóneas para esa responsabilidad, y la Sala Político Administrativa tiene dos magistrados que no cumplen con los requisitos para serlo, es decir, cuando menos un 40% de los magistrados no cumple con el perfil mínimo que establecen la Constitución y la Ley. Además uno de ellos que cumple con el requisito para serlo, Marco Antonio Medina, fue nombrado por un procedimiento absolutamente inconstitucional e ilegal.
Los magistrados del TSJ son los máximos jueces que tiene el país en las distintas áreas del derecho y tienen el deber fundamental de ser los garantes últimos del Estado de Derecho en el país. Ante la importancia de ese rol es primordial para los intereses de los venezolanos que quienes lo ocupen sean los mejores juristas. Lamentablemente esa no es la situación que tenemos.
A esto se añade que la Sala Político Administrativa tiene un rol fundamental para los venezolanos, porque se ocupa de resolver conflictos del ciudadano con el Estado, como puede ser el mal funcionamiento de un servicio público, lo que es lo normal en Venezuela. Si los magistrados no son independientes o no son buenos juristas, probablemente no actúen de forma adecuada frente a estos importantes reclamos y los ciudadanos tengan que aceptar malos servicios públicos, como de hecho suele suceder.
Si quiere conocer la investigación completa, consulte aquí.
Posted on agosto 1, 2016 abril 3, 2017
Recurso de Revisión Constitucional.
TSJ/SC Nº 665. Fecha: 01/08/2016
Caso: Solicitud de revisión constitucional interpuesta por Luisa Ortega Díaz, respecto de la decisión dictada por del Consejo de Guerra Permanente de Maturín el 5 de marzo de 1971, que en consulta declaró terminada la averiguación sumarial que se había incoado contra los ciudadanos efectivos militares Pedro José Flores, Pedro Suárez Montes, Indalecio Sandoval e Indalecio Morillo, por el fallecimiento del ciudadano Juan Chacón Lanza.
Comentario de Acceso a la Justicia: Preocupa la aplicación retroactiva de la Constitución de 1999 a un caso que cerró en el año de 1971, es decir, 28 años antes de su entrada en vigencia. Si bien es cierto que la Constitución actual señala en su artículo 29 que las “acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles”, no existe una disposición similar en la Constitución de 1961 que impidiese la prescripción de esos delitos. La aplicación en este caso se justificó por una Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, que también establece una supuesta imprescriptibilidad de esos crímenes en el período mencionado.
Decisión: Anula los fallos dictados el 5-3-1971 por el Consejo de Guerra Permanente de Maturín y el 15-2-1971 por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín y ordena al Ministerio Público que, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el período 1958-1998, reabra el caso a los fines de la continuación de la investigación penal correspondiente.
En ese sentido, la Sala se pronunció de la siguiente manera:
“Tanto lo previsto en la Constitución de 1961 como en los mencionados instrumentos internacionales de derecho humanos, se encontraban vigentes en el momento de la muerte del ciudadano Juan Chacón Lanza y estas disposiciones eran aplicables tanto en el ámbito civil como en el sector militar.
El contenido del derecho a la vida no abarca solamente la prohibición para cualquier autoridad, funcionario o agente del Estado, o particular que actúe bajo órdenes o con la aquiescencia de autoridades, funcionarios o agentes del Estado, de atentar contra ella por cualquier medio y en cualquier circunstancia; sino que además implica el incumplimiento de la obligación de investigar las presuntas violaciones del derecho a la vida y entablar juicio contra los responsables.
De lo anterior se desprende que no se ha podido determinar las circunstancias de la muerte del ciudadano Juan Chacón Lanza y esta incertidumbre fue causada por la opacidad de la actuación de los efectivos militares que actuaron y que aparecen plenamente identificados, así como de la inexplicable falta de investigación criminal por parte del tribunal militar instructor.
Las reglas de la experiencia indican que la muerte del mencionado ciudadano probablemente fue antijurídica, porque, como se sostuvo con anterioridad, existe una serie de circunstancias que conducen a presumir la contrariedad a Derecho del fallecimiento: la víctima era considerada en le jerga militar como ‘bandolero’ enemigo del Ejército; no se aseguró el sitio del suceso para evitar su alteración; no se realizaron experticias al cuerpo de la víctima ni al lugar donde presuntamente ocurrió el suceso; no se indicó dónde fue inhumado el cadáver de la víctima; la investigación del tribunal militar instructor fue manifiestamente negligente; no se publicó en los medios de comunicación de la época que se hubiera dado de baja a un guerrillero; cuando hubo evidentes contradicciones entre los testigos declarantes y la sentencia del primera instancia. Todas estas circunstancias permiten deducir que los organismos militares estaban ocultando un hecho que no querían que fuera ni investigado ni conocido, con lo cual es muy posible que se hubiere realizado una ejecución sumaria o arbitraria.
De esta manera, se constata la presencia de los requisitos de fondo que hacen procedente la revisión solicitada, según el artículo 19 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, a saber, que el Ministerio Público muestre la existencia de pruebas fehacientes de violación grave de derechos humanos, por razones políticas en el mencionado período y que los hechos estén vinculados a una causa judicial o procedimiento administrativo que se encuentre firme… El derecho humano violado, en el caso del ciudadano Juan Chacón Lanza, es el derecho a la vida, porque el Estado no cumplió con la obligación que tiene de investigar la presunta ejecución arbitraria o sumaria, perseguir judicialmente a los responsables de esta e indemnizar a las víctimas. Se destaca, entonces, que la alegada violación al derecho a la tutela judicial efectiva no es más que el contenido, en este caso, de la vulneración del derecho a la vida. Dicho de otra manera, las garantías vinculadas a la administración de justicia y el debido proceso forman parte del contenido del derecho a la vida. En este sentido, el derecho a la vida también se vulnera cuando hay impunidad, es decir, cuando no hay, por parte de los órganos estatales competentes, una adecuada investigación, sanción y reparación frente a una posible ejecución arbitraria o sumaria.”
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/189549-665-1816-2016-16-0170.HTML
Posted on julio 22, 2016 abril 5, 2017
Acceso a la Justicia coincide con la reciente decisión de la Asamblea Nacional de revocar el nombramiento de 13 magistrados titulares, realizado por la gestión anterior el 23 de diciembre del año pasado, por considerar que el proceso fue irregular y que 10 de los 13 magistrados titulares designados no cumplía con los requisitos mínimos requeridos.
En cuanto al procedimiento irregular para el nombramiento de los magistrados, Acceso a la Justicia ya denunció en su momento la larga lista de irregularidades que hubo y que incluyen haber violado la Constitución (art. 264), al menos 5 artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Reglamento del Comité de Postulaciones Judiciales (art. 24 y 31) y el Reglamento de Interior y Debates de la AN (art. 58 y 64). Acceso a la Justicia, una vez instalada la nueva AN y nombrada la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para el estudio y análisis de la elección de los Magistrados Principales y Suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, le entregó un informe detallado donde se da cuenta de todas las irregularidades del proceso.
Respecto de los magistrados nombrados, la investigación realizada por Acceso a la Justicia arroja resultados verdaderamente preocupantes, ya que el 77% no cumple los estándares mínimos exigidos por la Constitución y la Ley para asumir un rol que por su importancia requeriría más bien de personas que tengan credenciales “de sobra”.
En este sentido, apenas 3 cumplen con los requisitos constitucionales y legales para acceder a dicho cargo, a saber: Marco Antonio Medina Salas (Sala Político Administrativa), Vilma María Fernández González y Francisco Ramón Velázquez (ambos de la Sala de Casación Civil).
De los demás 10 magistrados, ocho no cumplen con uno de los requisitos constitucionales para acceder al cargo: haber ejercido la abogacía por al menos 15 años y tener un título de posgrado en derecho (o haber sido profesor universitario en derecho por 15 años o haber sido juez superior en la especialidad de la sala a la que se postula durante ese mismo período de tiempo). Dos de ellos, además incumplen presuntamente el requisito de no ser activistas políticos, porque consta que eran partidistas activos hasta el día de su designación por ser diputados del PSUV y su renuncia no consta. Esto debería estar en el expediente del Comité de Postulaciones Judiciales. La carga de probar su renuncia es de ellos, mientras no lo hagan, se debe presumir que no han renunciado.
Otro de los 10 magistrados que no cumple con uno de los requisitos establecidos por la LOTSJ, fue destituido de su cargo como juez luego de enfrentar un proceso disciplinario. Finalmente, el décimo magistrado no cumple ni el requisito constitucional ni el legal antes mencionados.
Lamentablemente la Sala Constitucional por sentencia N°614/2016 anuló esta decisión, entre otros, porque confunde revocatoria con remoción y dice que en este caso no procedía la remoción de la manera en que se hizo, porque la AN debía actuar conjuntamente con el Poder Ciudadano, y al no hacerlo violó la Constitución. La sentencia en cuestión no es firmada por los magistrados designados en diciembre, pero no se inhibieron que es lo que correspondía jurídicamente hablando. Por ello, la sentencia fue dictada en nombre de la Sala de la que forman parte y al no inhibirse actuaron como juez y parte.
Es muy alarmante esta situación en que la Sala Constitucional avala situaciones tan violatorias de la Constitución, que dan pie cada vez más a la instauración de un gobierno de facto y no de derecho.
Los magistrados son la instancia más alta que hay para obtener justicia en el país. Si tenemos un Tribunal Supremo de Justicia formado por personas que están allí no por sus cualidades como juristas, sino por cualquier otra razón, ¿qué clase de justicia podemos esperar?
Todos los venezolanos que aspiramos a un Poder Judicial que haga justicia realmente, debemos exigir que solamente los mejores sean nombrados magistrados, porque se trata de un cargo que puede ocupar sólo quien esté preparado jurídicamente hablando y sea independiente políticamente, y si esto no es así, sus decisiones no serán acordes a Derecho y tarde o temprano afectará al ciudadano en cuanto a sus derechos fundamentales y los fundamentos propios de la democracia, como la separación de poderes.
Para saber más, revise nuestro informe: Perfil de magistrados del TSJ, julio 2016.
Posted on julio 18, 2016 abril 1, 2017
Aspectos más importantes de la sentencia de la Sala Constitucional sobre el Código de Ética del Juez
venezolano y Jueza venezolana
El 28 de diciembre de 2015, la anterior Asamblea Nacional dictó un nuevo “Código de Ética del Juez venezolano y Jueza venezolana” (Gaceta Oficial N° 6.207). Ese Código deroga el dictado en 2010 que reformó el publicado en el 2009.
Sin embargo, la Sala Constitucional, por iniciativa propia -es decir, sin que nadie se lo pidiera-, y utilizando un recurso interpuesto contra el Código de 2009, dictó una sentencia sobre el Código de 2015, suspendiendo cautelarmente la mayor parte de sus artículos (sentencia N° 6 del 4 de febrero de 2016).
A pesar de que la redacción y el contenido de los artículos del Código de 2009 y 2015 no son iguales, ni en el fondo ni en la forma, la Sala dijo que sí lo son. Esta es la única razón de la Sala para justificar que puedan extenderse los efectos de un recurso de nulidad interpuesto contra el código derogado a otro código diferente.
Utilizando este artificio, la Sala declaró que el Código de Ética de 2015 no le era aplicable a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como tampoco lo era el de 2009.
El tercer párrafo del artículo 267 de la Constitución establece: “El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional”. Pero este texto nunca es citado en la sentencia.
Así, en contra de lo que dice la Constitución, indica la Sala “que el régimen disciplinario de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia está previsto en el artículo 265 constitucional”.
Ello no es cierto, pues el artículo 265 lo que establece es el procedimiento de remoción de los magistrados, no su régimen disciplinario, que la misma Constitución en su artículo 267 dice que estará regulado por el Código de Ética.
Como conclusiones tenemos entonces que:
De acuerdo con el TSJ, el Código de Ética no es aplicable a los magistrados porque la norma constitucional no ordena que les sea aplicable, lo cual no es cierto como claramente se desprende del artículo 267.
Los magistrados no son susceptibles de ser sancionados si incurren en alguna de las infracciones establecidas en el Código de Ética, lo cual no tiene sentido, cuando ellos deben ser los primeros en no incurrir en faltas contra la ética.
Cuando un magistrado decide un caso que le puede afectar directamente, pierde objetividad, pues la figura del juez o magistrado requiere imparcialidad para decidir solo conforme a lo que diga la norma, y no según lo que le convenga. Pero si a eso le agregamos que la decisión implica que los miembros del más alto Tribunal de la República no están sujetos al Código de Ética, resulta preocupante pues pone en evidencia que los valores que generan esa decisión no son compatibles con los de los ciudadanos que votaron por la aprobación de la vigente Constitución, que consagra un Estado de Derecho y de Justicia en el que los magistrados deben responder en caso de incumplir con sus obligaciones, como cualquier funcionario público y además la propia Constitución les exige especial honorabilidad (artículo 263).
Posted on julio 14, 2016 abril 1, 2017
Posted on julio 8, 2016 abril 2, 2017
Posted on julio 7, 2016 abril 5, 2017
La soberanía del pueblo y la libertad de prensa son dos cosas enteramente complementarias; por el contrario, la censura y el voto universal son dos cosas que se contradicen. (Alexis de Tocqueville, La democracia en América)
La reciente decisión de un tribunal de prohibir a tres diputados de la oposición hacer cualquier mención en medios de comunicación del exministro de alimentación Carlos Osorio con el fin de proteger su honor, es un acto que viola al menos 5 artículos de la Constitución e irrespeta la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional.
El Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a cargo de la jueza provisoria Omaira Escalona dictó una medida cautelar, reseñada por varios medios de comunicación social, que prohíbe a los diputados de la oposición Carlos Tablante, Ismael García y Carlos Berrizbetia, que sigan haciendo cualquier tipo de mención en redes sociales o que publiquen noticias en medios de comunicación sobre Carlos Osorio, a quien se le ha acusado por supuestos hechos de corrupción mientras estuvo presidiendo el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (2007-2013 y 2015). Ante esto, el diputado Freddy Guevara, informó que fue aprobado por la Comisión de Contraloría del Parlamento el informe para solicitar ante la Fiscalía General una “investigación a Carlos Osorio”.
Los términos de la medida cautelar son los siguientes: “… continuar con la publicación, declaración y difusión de artículos de prensa infamantes, injuriosas, especialmente a través de la página WEB CUENTAS CLARAS DIGITAL, en redes sociales, tales como twitter, facebook y otros, y en todos los medios de comunicación masiva públicos o privados que circulen en el territorio nacional, regional y municipal, radiales, escritos o televisivos, a que se abstengan de publicar o difundir noticias mensajes gráficos o vilipendiosos, en cuanto a cualquier señalamiento que tengan por objeto menoscabar la esfera moral, que atente contra el honor, decoro y reputación del ciudadano CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO (…), a fin de salvaguardar el buen nombre, honor, propia imagen y reputación de él y de su familia, durante la tramitación del presente juicio”.
En el extracto copiado no se especifica qué juicio es el que está siendo tramitado y en qué contexto fue dictada la “medida cautelar”, pero en todo caso con esta medida la jueza se convierte en una barrera para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, contemplado en el artículo 57 constitucional. Además, viola el derecho a la información (artículos 58 y 143) e impide a los diputados de la AN el ejercicio de la potestad investigativa y contralora que tienen asignada expresamente en la Constitución (artículo 222), desconociendo, además, su inmunidad parlamentaria (artículo 200 constitucional y 25 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional).
Y lo que es más grave es que con esta decisión se impone otra censura a los medios de comunicación social; práctica recurrente en los últimos tiempos en el país y que, como ha advertido Acceso a la justicia, está prohibida explícitamente por el texto constitucional.
Sin duda es necesario conocer a fondo los detalles de este caso, pero la falta de información no impide advertir acerca de la manifiesta y grosera violación a la Constitución por parte de esta decisión; sobre todo al interferir con el ejercicio de la libertad de expresión de los representantes electos por el pueblo, ya que en una sociedad democrática es importante que los actos u omisiones del gobierno (a través de sus ministros y demás funcionarios públicos) estén sometidos al escrutinio de la opinión pública.
Es importante destacar que la ausencia de libertad de expresión y de información debilita directamente el sistema democrático de un país, tal como lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos al sostener que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes pueden influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse… una sociedad que no esté plenamente informada no es plenamente libre” (Opinión Consultiva OC- 5/85 del 13 de noviembre de 1985, párrafo 70).
Así pues, no se trata de cuestionar si el derecho al honor, consagrado en el artículo 60 de la Constitución, tiene en este caso un carácter prevalente o no respecto al derecho de la libertad de expresión, sino de hacer notar lo grave que resulta que para lograrlo la jueza haya impuesto una medida que está prohibida de forma categórica en el Texto Fundamental y que facilitaría la intervención del gobierno para examinar el contenido de las opiniones y/o informaciones. No cabe duda, en este sentido, que la decisión es otra violación al Texto Fundamental por parte del Poder Judicial en defensa de los intereses del Poder Ejecutivo, que agrieta el Estado de Derecho del país.
Se tejen cada vez más decisiones judiciales que violan la Constitución por cercenar los derechos fundamentales de la ciudadanía para defender los intereses del Poder Ejecutivo. Esto significa que los derechos de cada venezolano estarán condicionados a que no choquen de ninguna manera con los planes del gobierno.
Es clara la gravísima violación de las libertades en que se ven sometidos cada día más los venezolanos y que incitan al desasosiego, a la desesperanza. Por esta razón, y aun teniendo en cuenta este escenario, es importante que cada uno de nosotros exijamos a los jueces que nuestros derechos sean respetados, y denunciar cada vez que sean ignorados y atropellados por el abuso de las autoridades.
Posted on junio 10, 2016 marzo 31, 2017
La sentencia N° 9 del 1 de marzo de 2016 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión del recurso de interpretación constitucional de los artículos 136, 222, 223 y 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no solo limitó la función contralora de la Asamblea Nacional respecto a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, sino también aprovechó la oportunidad para prohibirle ejercer la potestad de revocar la designación de los magistrados -principales y suplentes- que fueron nombrados por la anterior Asamblea el 23 diciembre de 2015.
La Sala Constitucional afirmó, al respecto, que el poder legislativo no está legitimado para anular, revisar o dejar sin efecto la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, principales y suplentes, en el que también participan el Poder Ciudadano y el Poder Judicial (este último a través del Comité de Postulaciones Judiciales que debe designar –art. 270 Constitucional-), pues además de no estar previsto en la Constitución y atentar contra el equilibrio entre Poderes, ello sería tanto como remover a los magistrados y magistradas sin tener la mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, como lo exige el artículo 265 constitucional.
Hay que destacar que este criterio fue ratificado en la sentencia N° 225 del 29 de marzo de este año, a través de la cual la Sala Constitucional declaró inadmisible la demanda de nulidad presentada contra el acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 23 de diciembre del 2015, mediante el cual fueron designados los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y además impuso una multa al abogado que presentó esa demanda por incurrir en “conceptos irrespetuosos u ofensivos” respecto de los magistrados cuya designación solicitó anular.
Para Acceso a la justicia la Sala desconoce que la Asamblea Nacional es un órgano de naturaleza pública, cuya fuente de creación es el texto constitucional, y por ende goza de la potestad denominada jurídicamente “potestad de autotutela”, cuyo fundamento es la satisfacción del interés general.
Es en virtud, precisamente, de esta potestad de autotutela que la Asamblea Nacional puede, entre otras cosas, revocar o anular, en cualquier momento, aquellos actos suyos que sean inoportunos o inconvenientes o que sean contrarios a derecho, sin necesidad de acudir a los tribunales, en este caso a la Sala Constitucional del máximo tribunal del país.
Es decir que la Asamblea Nacional que tiene el deber de cuidar los intereses que le confiere la Constitución y las leyes, por ser un órgano del Poder Público, dispone de la facultad de retirar en el campo jurídico los actos que sean contrarios a derecho o al interés que ella tutela.
En Venezuela no puede admitirse como lo hace la Sala Constitucional que la Asamblea Nacional no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto sus propios actos, en este caso referente al proceso de designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, principales y suplentes, porque eso es violar el carácter autónomo y la naturaleza pública que tiene el poder legislativo frente a los demás poderes públicos.
No existen, ni en la Constitución ni en las leyes, disposiciones que impidan al órgano legislativo proceder por sí mismo, sin necesidad de acudir a los tribunales, para declarar la extinción de sus actos por razones de mérito (conveniencia u oportunidad) o por razones jurídicas, es decir por violar las normas.
Si se examina cuidadosamente la sentencia N° 9 la Sala Constitucional desnaturaliza la función revocatoria que tiene la Asamblea Nacional al sostener que “sería evidentemente inconstitucional, por atentar contra la autonomía del Poder Judicial y la supremacía constitucional, constituyendo un fraude hacia el orden fundamental” y es la razón por la cual declara la nulidad absoluta de los actos en que la Asamblea Nacional quiso revisar los procesos de selección de los magistrados realizados por el antiguo poder legislativo.
Lo más grave y que resulta censurable es que la Sala quiera hacer ver que la potestad de remover a los magistrados del TSJ en los términos contenidos en el artículo 265 de la Constitución es la misma potestad revocatoria que busca ejercer la Asamblea Nacional, lo cual es totalmente falso.
Es importante aclarar que la potestad revocatoria es una expresión del poder de autotutela que tiene el órgano legislativo en este caso para sancionar la grosera irregularidad en que incurrió la antigua Asamblea Nacional al nombrar a magistrados al margen de la Constitución. Por su parte, la remoción de los magistrados, competencia prevista en el artículo 265 de la Carta Magna, tiene su fundamento jurídico en el poder discrecional en donde la autoridad actúa libremente y de ningún modo por razones que se identifican con los motivos lesivos que impulsan a ejercer la potestad revocatoria.
Es por esto que la actual Asamblea Nacional no tuvo otra alternativa que ejercer la potestad revocatoria, sin libertad alguna de elección, con el propósito de extinguir los nombramientos realizados la antigua Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015 por violar groseramente el orden constitucional y legal venezolano.
En suma, no se puede admitir la tesis sostenida por la Sala Constitucional en la sentencia N° 9 pues es imposible transferir una competencia exclusiva, cuya titularidad plena la tiene la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia. Tal tesis interpretativa es totalmente errónea y viola flagrantemente la Carta Fundamental del país, además de ilógica al impedir que el poder legislativo revoque sus propios actos.
Con la sentencia N° 9 de la Sala Constitucional, se corre el riesgo de que se produzca el vaciamiento de las competencias de la Asamblea Nacional, lo que conduciría de facto a su desaparición, desnaturalizando el principio de la soberanía popular, así como el principio de separación de poderes, columnas medulares sobre las cuales se edifica el Estado de derecho y democrático en Venezuela.
De modo, pues, que todo apunta a que la Sala Constitucional busca obstaculizar que el poder legislativo pueda ejercer de forma legítima sus competencias, y esto es equivalente a desconocer la voluntad de cada una de los venezolanos expresada en las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2015.
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ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH) AMERICA LATINA AMPARO CAUTELAR AMPARO CONSTITUCIONAL AMPLIACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE SENTENCIA ANACO MOTORS C.A. ANNOVI BELLEI MICHELA ANTEJUICIO DE MÉRITO APELACIÓN APODERADO APONTE SOLARTE YUNEIRE MARÍA APORTE PATRONAL AL AHORRO APOSTILLA AQUINO MEZA ADRIÁN RAMÓN ARBITRAJE ÁRBITRO ARELLANO GABY ANDREÍNA ARELLANO RAMÍREZ GRISEL DEL CARMEN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA ARMA DE FUEGO ARRENDAMIENTO ARRESTO DOMICILIARIO ARRIECHE FRANKLIN ARRIETA JIMÉNEZ LUIS EDUARDO ARTICULACIÓN PROBATORIA ASAMBLEA GENERAL ASAMBLEA NACIONAL (AN) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (ANC) ASOCIACIÓN CIVIL DE FUNCIONARIOS DEL CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA VENEZUELA ASOCIACIÓN CIVIL VENEZUELA IGUALITARIA ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EL PILAR R.L. 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(BLINCOSA) BLYDE GERARDO BOCACHE MARULANDA RAFAEL ALEJANDRO BOLÍVAR GONZÁLEZ ARELYS ELIGIA BONIFICACIÓN GRACIOSA BONO BONO NOCTURNO BRIGNONE JORGE GORGIA CARLOS BRUCES OSWALDO BUENA FE BUQUE BURGOS DE SAAVEDRA XIOMARA BURGUERA VILLEGAS CÉSAR ELÍAS C.A. EDITORA DE EL CARABOBEÑO CABELLO DIOSDADO CADUCIDAD CAJA DE AHORROS CALIFICACIÓN CALZADO PRESTIGIO C.A CÁMARA VENEZOLANA DE LA EDUCACIÓN PRIVADA (CAVEP) CAMBIO DE GÉNERO CAPACIDAD JURÍDICA CAPITÁN CAPRILES RADONSKI HENRIQUE CARGA DE LA PRUEBA CARITAS DE VENEZUELA CARO GILBER CARRERO JESÚS OMAR CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA CARTAYA ROMERO ANDRÉS ENRIQUE CARVAJAL HUGO ARMANDO CASACIÓN CASACIÓN SIN REENVÍO CASANOVA SIERRA RAMÓN CASTILLO MARIELBA ANDREÍNA CASTRO CASTRO ENRIQUE CASTRO JESÚS CASTRO OCHOA ROXANA DE LOS ÁNGELES CAUSA DEL CONTRATO CAUSA EXTRAÑA NO IMPUTABLE CAUSALES DE DIVORCIO CAYCA ALIMENTOS (CALSA) S.A. Y OTROS CEBALLOS DANIEL CEDEÑO HERRERA ALEJANDRO CÉDULA DE IDENTIDAD CEGARRA MEJÍA REINALDO JOSÉ CENSURA CENSURA DE MEDIOS DE COMUNICACION CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CECODAP) CENTRO DE DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO ECONÓMICO PARA LA LIBERTAD (CEDICE) CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX) CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CECODAP) CERTIFICACIÓN CERVECERÍA POLAR CESTATICKET CESTATICKETS CHÁVEZ HUGO CHEVRON TEXACO GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES COMPANY CHOPITE FUENTES JORGE ANTONIO CHOURIO VALBUENA GLENIN ENRIQUE CIERRE DE EMPRESA CITACIÓN JUDICIAL CITIBANK CIVADA DE RAMÍREZ MARITZA BEATRIZ CLÍNICAS RESCARVEN CLUB SOCIAL CENTRO URUGUAYO VENEZOLANO C.A. COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA CÓDIGO ARANCELARIO CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CÓDIGO ORGÁNICO DE JUSTICIA MILITAR (COJM) CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL (COPP) CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO CÓDIGO PENAL VENEZOLANO COFREPACA LA YAGUARA C.A. COLOMBIA COLÓN GUEVARA YASLEY COMANDO NACIONAL ANTIEXTORSIÓN Y SECUESTROS (CONAS) COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) COMISIÓN DE LA VERDAD JUSTICIA Y PAZ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) COMISIÓN NACIONAL PARA LA REFORMA POLICIAL (CONAREPOL) COMISIÓN PARA LA VERDAD LA JUSTICIA Y LA TRANQUILIDAD PÚBLICA (COVEJUSPAZ) COMISIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CIUDADANÍA (CODEHCIU) COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS COMITÉS LOCALES DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN (CLAP) COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE) COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV) COMPARECENCIA COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN A LOS TRABAJADORES COMPENSACIÓN DE DEUDAS COMPETENCIA COMPETENCIAS PARLAMENTARIAS COMPLEJO SIDERÚRGICO DE GUAYANA C.A. (COMISIGUA) COMPRA VENTA COMPRAVENTA COMPROMISO COMUNA COMUNIDAD CONYUGAL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SANTIAGO MARIÑO (ESTADO ARAGUA) CONCUBINATO CONCURSO PÚBLICO CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (LOPCYMAT) CONDOMINIO CONFESIÓN CONFESIÓN FICTA CONFIANZA LEGÍTIMA CONFISCACIÓN CONFLICTO DE NORMAS CONSEJO COMUNAL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU CONSEJO LEGISLATIVO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE) CONSEJO PRODUCTIVO DE TRABAJADORES (CPT) CONSENTIMIENTO LIBRE CONSERJE CONSORCIO CREDICARD CONSTITUCIÓN CONSTITUCIONALIDAD CONSTITUCIONES Y LEGISLACIÓN CONSTRUCTORA AGUA LINDA C.A. CONSULTA POPULAR CONSUMIDOR CONTESTACIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (COGEFANB) CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) CONTRATACIONES CONTRATO CONTRATO DE TRABAJO CONTRERAS PALOMARES JOSÉ LUIS CONTRIBUCIÓN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD CONTROL DIFUSO CONTROL GUBERNAMENTAL CONTROL POLÍTICO CONVOCATORIA ELECTORAL COPEI PARTIDO POPULAR CORDERO ARIALDO JOSÉ CÓRDOVA BALIACHE MARLON ANTONIO CÓRDOVA MARÍN PAUL ANTONIO CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC) CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA (COLOMBIA) CORPORACIÓN LA BRASA DE ORO C.A. CORPORACIÓN VENEZOLANA DE PETRÓLEO S.A. (CVP) CORREO ELECTRÓNICO CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA CORRUPCIÓN DEL PODER JUDICIAL CORTE PENAL INTERNACIONAL COSA JUZGADA COSTAS PROCESALES COVA ADEL JOSE CREDENCIAL CRÉDITO FISCAL CRIMEN DE GUERRA CRIMEN DE LESA HUMANIDAD CRISIS ECONÓMICA CRISIS HUMANITARIA CRISIS SOCIAL CUANTÍA CUÉLLAR OLMOS CÉSAR CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (CICPC) CUESTIONES PREVIAS CULTURA JURÍDICA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CUMPLIMIENTO DE UN DEBER DA SILVA NETO MANUEL PORFIRIO DAÑO A SISTEMAS DAÑO MORAL DAÑOS Y PERJUICIOS DE FRENTE CON VENEZUELA DEBIDO PROCESO DECAIMIENTO DECRETO DECRETO CON FUERZA Y RANGO DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA DE VIVIENDAS DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS DEDUCCIÓN DE GASTO. DEFENSA DEFENSA PÚBLICA DEFENSOR DEL PUEBLO DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEFUNCIÓN DELEGADO DE PERSONAL DELGADO CÉSAR ALFONZO DELGADO FUENTES CARLOS JOSÉ DELGADO JOSÉ LUIS DE LA TRINIDAD DELGADO MORENO YORMAN ALFONSO DELGADO PÉREZ JOSÉ ELEUTERIO DELITO DELITO CONTINUADO DELITO PERMANENTE DELITOS CONTRA EL ESTADO DELITOS CONTRA EL ORDEN CONSTITUCIONAL DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION DELITOS CONTRA LA MUJER DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DELITOS DE BAGATELA DELITOS DE LOS FUNCIONARIOS DELITOS POLÍTICOS DELITOS SEXUALES DEMANDA DEMOCRACIA DENEGACIÓN DE JUSTICIA DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DERECHO A LA ASOCIACIÓN DERECHO A LA DEFENSA DERECHO A LA DEMOCRACIA DERECHO A LA EDUCACIÓN DERECHO A LA INFORMACIÓN DERECHO A LA JUSTICIA DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. DERECHO A LA PROPIEDAD DERECHO A LA SALUD DERECHO A LA VIDA DERECHO A LA VIVIENDA DERECHO A MANIFESTAR DERECHO A NOMBRAR DEFENSOR DERECHO AL DEBIDO PROCESO DERECHO AL JUEZ NATURAL DERECHO AL SUFRAGIO DERECHO CONSTITUCIONAL DERECHO DE CIRCULACIÓN DERECHO DE LOS CONTRATOS DERECHO DE LOS NIÑOS A VIVIR CON SUS PADRES DERECHO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DERECHO DE LOS TRABAJADORES DERECHO DE LOS TRATADOS DERECHO DE POSESIÓN DERECHO DE SUCESIONES DERECHO ELECTORAL DERECHO INTERNACIONAL DERECHO PARLAMENTARIO DERECHO PENAL DEL ENEMIGO DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO DERECHO PROCESAL PENAL DERECHOS ADQUIRIDOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DERECHOS COLECTIVOS O DIFUSOS DERECHOS DE LOS CONTRATOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES (DESC) DERECHOS HUMANOS DERECHOS POLITÍCOS DESACATO DESALOJO DESALOJO DE PRECARIOS DESAPARICION FORZOSA DESARROLLO PUNTA ALTA C.A DESCALIFICAR DESCUENTOS FORZOSOS DESISTIMIENTO DESNUTRICIÓN INFANTIL DESORDEN PROCESAL DESPIDO CONSENTIDO DESPIDO DE EMPLEADOS DESPIDO INJUSTIFICADO DESPOTISMO DESTITUCIÓN DETENCIÓN DETENCIÓN ARBITRARIA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA DÍA DE PERMISO DÍA DE TRABAJO DÍA FESTIVO DÍAZ COBO JARINEY CAROLINA DÍAZ FUENTES NATACHA DIOSETINA DIAZ NAJOL MARÍA AUXILIADORA DICCIONARIO DICOM DICTADURA DIGNIDAD DIPLOMACIA DIPUTADO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM) DIRECTORIO DISCAPACIDAD DISCRIMINACIÓN POLÍTICA DISOLUCIÓN DISPONIBILIDAD DISTRIBUIDORA JEMBA-JEMBA DISTRIBUIDORA MUÑOZ DISTRIBUIDORA VEROCERÁMICA C.A. DIVISAS DIVO DE ROMERO JESSY DIVORCIO DOCUMENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD DOCUMENTO FUNDAMENTAL DOMICILIO DROGA DURÁN MAMBEL MIGUEL RAÚL ECONOMÍA EFICACIA EFICIENCIA EJECUCIÓN EJECUTIVO ELECCIÓN ELECTRICIDAD ELI LILLY Y COMPAÑÍA DE VENEZUELA EMBAJADA EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS EN VENEZUELA EMERGENCIA EMERGENCIA HUMANITARIA EMPLEADOR EMPRESA DEL ESTADO EMPRESA EN PARTICIPACIÓN EMPRESA MIXTA EMPRESA PRIVADA EMPRESAS DEL ESTADO EMPRESAS PRIVADAS ENAJENACIÓN ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA (ENCOVI) ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE VIDA (ENCOVI) ENERGIZER GROUP VENEZUELA C.A. ENFERMEDAD OCUPACIONAL ENMIENDA ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ENTREVISTA ERROR JUDICIAL ESCASEZ DE ALIMENTOS ESCASEZ DE MEDICINAS ESPAÑA ESTABILIDAD LABORAL ESTADÍSTICAS ESTADO ESTADO AMAZONAS (VENEZUELA) ESTADO APURE (VENEZUELA) ESTADO ARAGUA (VENEZUELA) CONCEJO MUNICIPAL ESTADO CIVIL ESTADO DE DERECHO ESTADO DE EMERGENCIA ESTADO DE EMERGENCIA ESTADO DE EXCEPCIÓN ESTADO DUAL ESTADO TÁCHIRA (VENEZUELA) ESTADO ZULIA (VENEZUELA) ESTATUTO DE ROMA ESTRELLA CAMPOS ADA MAGALYS ESTUDIOS PARA CONSTRUCCIONES ÉTICA JURÍDICA EVACUACIÓN EVEREADY VENEZUELA C.A. EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL (EPU) EXCELSIOR GAMA SUPERMERCADOS EXCEPCIÓN EXCEPCIÓN NON ADIMPLETI CONTRACTUS EXENCIÓN EXEQUATUR EXHIBICIÓN EXILIO EXIMENTE RESPONSABILIDAD EXPEDIENTE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EXPERTICIA EXPRESO E INFORMADO EXPROPIACIÓN FORSOZA EXTRADICIÓN FACTURA FALSO SUPUESTO FALTA DE LEGITIMIDAD FAMILIA HOMOPARENTAL FECUNDACIÓN IN VITRO FERNÁNDEZ RUÍZ EDGAR JOSÉ FERNANDO FERNÁNDEZ FRANCISCO JOSÉ FILIACIÓN PATERNA FILIPPO SALVATORE ALBA DI LUCA FISCAL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA FISCALÍA FLAGRANCIA FLORES VILLAMIZAR LUZ MARYSOL FOLIO FONDO INTERAMERICANO DE RESERVA (FLAR) FONSECA RODRÍGUEZ MIGUEL OSWALDO FORMALIDAD FORNERINO BOSCÁN LEANDRO JESÚS FORO PENAL VENEZOLANO FOTOGRAFÍA FRANA FRAUDE FRAUDE ELECTORAL FRAUDE PROCESAL FREEDOM HOUSE FRONTERA FUENTE DE DERECHO FUENTES ARELLANO HEIDY YOLIMAR FUENTES NILVA MARINA FUERO FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA FUERZAS ARMADAS DE VENEZUELA FUGA DE DETENIDO FULLMASTER CLEAN C.A FUNCIÓN JUDICIAL FUNCIONARIO PÚBLICO GARANTÍA CONSTITUCIONAL GARCÍA ALFONSO GREGORIO (SUCESIÓN) GARCÍA AROCHA MÁRQUEZ CECILIA CARLOTA GARCÍA CARABALLO FÉLIX (SUCESIÓN) GARCÍA DE JÉREZ MARÍA DEL CARMEN GARCÍA MAVÁREZ JUAN CARLOS GARCÍA PÉREZ JOSÉ LUIS GENOCIDIO GESTIÓN PÚBLICA GOBIERNO GOICOECHEA YON GOLPE DE ESTADO GÓMEZ MATA FRANK JOSÉ GONZÁLEZ ERNESTO DAVID GONZÁLEZ FARIÑAS KENNETH GUILLERMO GONZÁLEZ MARTÍN GONZÁLEZ VILLASANA PEDRO MANUEL GONZÁLEZ VIOLA NÉSTOR YAMIR GONZÁLEZ WILLIAM EDUARDO GRAN HOTEL DELICIAS C.A. GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA (GMVV) GRAVAMEN GRUPO ALTO CENTRO S.C. GRUPO DE EMPRESAS GRUPO DE INTERES ECONOMICO GRUPO INMOBILIARIO CEDEÑO MÉNDEZ C.A. GUADAMO FRANCISCO JAVIER GUÁRATE DELSON GUARDIA NACIONAL GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA (GNB) GUARULLA LIBORIO GUEVARA FREDDY GUEVARA MAYZ MARIANA COROMOTO GUILLÉN ROJAS HÉCTOR DARÍO HABEAS CORPUS HABEAS DATA HABITACIÓN HACINAMIENTO HECHO ILÍCITO HECHO NOTORIO HERENCIA HERNÁNDEZ DÍAZ YOLIMAR ALEJANDRA HERNÁNDEZ INFANTE PATRICIA ISABEL HERNÁNDEZ MENDOZA BLANCA ROCÍO HERNÁNDEZ SUÁREZ JOSÉ CONCEPCIÓN HIDALGO GEOVANNI HIPOTECA HISTORIA DEL DERECHO HOLCIM (VENEZUELA) C.A. HOMICIDIO HOMOLOGACIÓN HOMOSEXUALISMO HONORARIOS LEGALES HORAS EXTRAS HURTO IDENTIDAD SEXUAL IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS IGUALDAD ANTE LA LEY ILÍCITO TRIBUTARIO IMPEDIMENTO MATRIMONIAL IMPROCEDENCIA IMPUESTO IMPUESTO MUNICIPAL IMPUGNACIÓN IMPUNIDAD IMPUTABILIDAD. IMPUTACIÓN INADMISIBILIDAD INAMOVILIDAD INAUDI ALEJOS KENIA YOLANDA INCAUTACIÓN INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO INDAVEC LEÓN MARIOLGHY CAROLINA INDEFENSIÓN INDEMNIZACIÓN INDEPENDENCIA JUDICIAL INDEXACIÓN INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS ÍNDICE INDICIO INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA (INDULAC) INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO C.A. (CVG VENALUM) INDUSTRIA VENEZOLANA DE CEMENTOS (INVECEM) INEPTA ACUMULACIÓN INFLACIÓN INFORMACIÓN JURÍDICA INFORME ANUAL INFORMES INGISERCA INGRESO INGRESO BRUTO INHABILITACIÓN INHABILITACIÓN CIVIL INHABILITACIÓN POLÍTICA INHIBICIÓN INMOTIVACIÓN INMUNIDAD PARLAMENTARIA INOCENCIA (DERECHO) INSPECTORÍA DEL TRABAJO INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL) INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS INTERDICCiÓN INTERDICTO INTERÉS INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS INTERPRETACIÓN DEL DERECHO INTIMACIÓN INTOLERANCIA INVALIDACIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA INVERSIONES 0209 C.A. INVERSIONES 2016 C.A. INVERSIONES A.L.C. C.A. INVERSIONES ANDES MÁGICOS C.A. INVERSIONES DISEÑO FAMILY INVERSIONES EL TIMÓN C.A. INVERSIONES J.S. 2014 C.A INVERSIONES L´ INCANTO C.A. INVERSIONES LA CITA INVERSIONES RAPID COFFE C.A. INVERSIONES RECREATIVAS OCCIDENTE C.A. IVA IZAGUIRRE CORASPE CARMEN JASPE SÁNCHEZ JULIO CÉSAR JEREZ HERRERA ANTONIO JORNADA DE TRABAJO JUBILACIÓN JUEZ JUICIO JUICIO LABORAL JURAMENTACIÓN JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN LABORAL JURISDICCIÓN MILITAR JURISPRUDENCIA JURISTA JUSTICIA JUSTICIA ADMINISTRATIVA JUSTICIA CONSTITUCIONAL JUSTICIA MILITAR JUSTICIA PENAL JUSTICIA TRIBUTARIA KIZER-GRUSZECKA EMIL ISRAEL LA CARIDAD C.A. LA CRUZ ERASO SAHAILA LA VIDA EN VIDRIO Y OTROS LAPSO PROCESAL LATORRE CÁCERES RAFAEL ALBERTO LEAL CUTIVA HENRY LEAL CUTIVA MARGOTH LEDEZMA ANTONIO LEGALIDAD LEGISLACIÓN LEGISLACIÓN LABORAL LEGITIMACIÓN LEGITIMACIÓN A LA CAUSA LEGITIMACIÓN PROCESAL LEGITIMIDAD LETRA DE CAMBIO LEY CONSTITUCIONAL CONTRA EL ODIO POR LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y LA TOLERANCIA LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN LEY DE AMNISTÏA LEY DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS LEY DE BONO PARA ALIMENTOS Y MEDICINAS A PENSIONADOS Y JUBILADOS LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE LEY DE ILÍCITOS CAMBIARIOS LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO LEY DE JURAMENTO LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA LEY DE NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA LEY DE OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD A BENEFICIARIOS DE LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS REUNIONES PÚBLICAS Y MANIFESTACIONES LEY DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y LA PATERNIDAD LEY DE REFORMA DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIOS DE POLICÍA Y DEL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA LEY DE REFORMA PARCIAL DE PARTIDOS POLÍTICOS REUNIONES PÚBLICAS Y MANIFESTACIONES LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN RADIO TELEVISIÓN Y MEDIOS ELECTRÓNICOS LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA LEY DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA LEY DEL ESTATUTO SOBRE EL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y DE LOS MUNICIPIOS LEY DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT LEY DEL SEGURO SOCIAL LEY ESPECIAL CONTRA DELITOS INFORMÁTICOS LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES LEY ORGÁNICA DE EMOLUMENTOS PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS Y ALTAS FUNCIONARIAS DEL PODER PÚBLICO LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY ORGÁNICA DE PRECIOS JUSTOS LEY ORGANICA DE PREVENCION LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (LOPCYMAT) LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LEY ORGÁNICA DE PROCESOS ELECTORALES LEY ORGÁNICA DE PROCESOS ELECTORALES (LOPRE) LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (LOPNA) LEY ORGÁNICA DE REFERENDO LEY ORGÁNICA DE REFERENDOS LEY ORGÁNICA DE REGISTRO CIVIL LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS (LOTTT) LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (LOTSJ) LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES (LOPNNA) LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES (LOPNNA) LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA LEY PARA ATENDER LA CRISIS NACIONAL DE SALUD LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA REMUNERACIÓN Y DEFENSA DEL SALARIO DEL DOCENTE AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO NACIONAL ESTADAL Y MUNICIPAL LEY PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA LEY PARA SANCIONAR LOS CRÍMENES DESAPARICIONES TORTURAS Y OTRAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR RAZONES POLÍTICAS EN EL PERÍODO 1958-1998 LEY SOBRE EL RÉGIMEN PARA LA COMPARECENCIA DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICAS LEY SOBRE ELECCIÓN Y REMOCIÓN DE LOS GOBERNADORES DE ESTADO LEY SOBRE MENSAJES DE DATOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS LIBERTAD DE EXPRESIÓN LIBERTAD DE INFORMACIÓN LIBERTAD ECONÓMICA LIBERTAD PERSONAL LIDERAZGO POLÍTICO LINARES SUÁREZ NINOSKA NATALI LINCHAMIENTO LIQUIDACIÓN LITISCONSORCIO LÓPEZ ARIAS HEIKER JOSÉ LÓPEZ LEOPOLDO LUCRO CESANTE LUGO JUAN CARLOS MACHADO MARÍA CORINA MADURO MOROS NICOLÁS MAGISTRADO MAGISTRADO EXPRÉS MALDONADO MALDONADO NICIA MARINA MALDONADO SARMIENTO BENJAMÍN MANIFESTACIÓN PACÍFICA MANIFESTACIÓN POLÍTICA MANUSCRITO MANUTENCIÓN MARÍN CARUPPE LUISA FERNANDA MARÍN HERNÁNDEZ JHONY ALBERTO MARQUINA ALFONSO MARTÍNEZ ADOLFO JOSÉ MARTÍNEZ DE LIMA MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ EUGENIO MARTÍNEZ MALPICA AMADO HUMBERTO MARTÍNEZ MALPICA DANIEL JOSÉ MARTÍNEZ MALPICA MARÍA ENRIQUETA MARTÍNEZ MARÍA GABRIELA MARTÍNEZ PUENTE DANIEL MARÍA MARTÍNEZ YAJAIRA MATHINSON GRANADA JAMES JOSÉ MATRIMONIO MATUTE VÁSQUEZ LUIS ALBERTO MAYZ HERNÁNDEZ FRANCISCO JOSÉ MAZZEI GUEVARA LUIS ALFREDO MAZZOCA MEDINA GENEROSO MEDICAMENTO MEDIDA CAUTELAR MEDIO DE COMUNICACIÓN DE MASAS MELET EMILIO MELO CARLOS MEMORIA Y CUENTA MÉNDEZ RÍOS ENID BEATRIZ MENDOZA YINIRIS YULEIDA MENESES SALAZAR TADEO ROBINSON MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA (MUD) MESONERO METRO DE CARACAS MILITAR MINISTERIO DE PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA Y TIERRAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MPPEUCT) MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO (MPPSP) MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES JUSTICIA Y PAZ MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES JUSTICIA Y PAZ (MPPRIJP) MINISTERIO DEL TRABAJO DE VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO (MP) MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO MINORÍA MIRANDA RONDON MIGDELY MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA MNAUER MELIAN MOISES DEL JESUS MONEDA EXTRANJERA MONJE GARCÍA ALEXIS RAMÓN MONSANTO RODRÍGUEZ ALEJANDRO SANTIAGO MONTOYA GARRIDO JOSÉ FRANCISCO MORENO FEBRES CORDERO ANDRÉS ELOY MORENO GALVIS MARÍA YOLANDA MORENO MAIKEL MORENO PABLO MORTALIDAD INFANTIL MOSQUERA VICENTE MOTIVACIÖN MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS) MUCHACHO RAMÓN MUERTE CIVIL MULTA MULTINACIONAL DE SEGUROS C.A. MULTISERVICIO BATTI C.A. MUNICIPIO MUNICIPIO BARUTA ( ESTADO MIRANDA) MUNICIPIO EL AMPARO (ESTADO APURE) MUNICIPIO LIBERTADOR (DISTRITO CAPITAL) MUNICIPIO PÁEZ (ESTADO APURE) MUNICIPIO SANTIAGO MARIÑO (ESTADO ARAGUA) MUÑOZ DÁVILA TATHIANA DEL CARMEN NACIMIENTO NACIONALIDAD NACIONALIDAD MÚLTIPLE NAVARRO LARA PEDRO NEGLIGENCIA NEGRÓN NEILA NEUTRALIDAD JUDICIAL NIÑOS Y NIÑAS NIÑOS Y NIÑAS NIÑOS Y NIÑAS NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS NORMA JURÍDICA NORMAS Y REGLAMENTOS NOTIFICACIÓN NOUREDDINE GÓMEZ DIANET ALICIA NULIDAD NULIDAD ABSOLUTA NULIDAD MATRIMONIAL NÚÑEZ ARÉVALO LOUISSE JOHANNA OBLIGACIÓN OBLIGACIÓN DEL ESTADO OBSERVATORIO VENEZOLANO DE LA VIOLENCIA (OVV) OFERTA Y DEMANDA OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICIO OLIVARES MIRANDA ANDRÉS MANUEL OLIVERI COLOMBO MARÍA ELENA OLIVEROS SÁNCHEZ LUIS RAFAEL OLIVO RUMUALDA OMISIÓN LEGISLATIVA OPACIDAD OPCIÓN A COMPRA ORDEN CONSTITUCIONAL ORDEN INTERNO ORDEN PÚBLICO ORDENAMIENTO JURIDICO ORDENANZA SOBRE EL RÉGIMEN PARA LA COMPARECENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICAS Y LOS O LAS PARTICULARES ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL SANTIAGO MARIÑO DEL ESTADO ARAGUA ORGANIGRAMA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (INTERPOL) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) ORION REALTY ORTEGA DÍAZ LUISA ORTIZ RODRÍGUEZ JOSÉ GREGORIO OSORIO CARLOS PAGO PANTEÓN NACIONAL DE VENEZUELA PAOLO DALLA VALERIA PAPINUTTO MIGLIORANZI CARLA PARCIALIDAD JUDICIAL PARCIALIDAD POLÍTICA PARLAMENTARISMO PARTICIÓN PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV) PARTIDOS POLÍTICOS PASQUIER SUÁREZ ANDRÉS PATERNIDAD Y FILIACIÓN PATRIA POTESTAD PATRIMONIO PATRONO PAUTT ANDRADE OTONIEL PAZ PAZ ÁVILA LISBETH MARGARITA PELUQUERÍA PENA PEÑA ARMANDO PENSIÓN PENSIONADO PERENCIÓN PÉREZ AMAYA PEDRO PÉREZ GRATEROL JULIO ALEJANDRO PÉREZ MORALES JESÚS DAVID PERFIL OCUPACIONAL PERNAUD DARSANLIE DANIEL ANTONIO PERSECUCIÓN POLÍTICA PERSONA CON DISCAPACIDAD PETKOFF TEODORO PETRÓLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANÓNIMA (PDVSA) PILOTAJE PIRELLI DE VENEZUELA PLAN ZAMORA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLURALISMO POLÍTICO POBLACIÓN PENITENCIARIA PODER CIUDADANO PODER CONSTITUYENTE PODER EJECUTIVO PODER ELECTORAL PODER JUDICIAL PODER LEGISLATIVO PODER POLÍTICO PODER POPULAR PODER PÚBLICO POLICHACAO POLICÍA POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA (PNB) POLITICA DE ESTADO POLÍTICA Y GOBIERNO PONSABILIDAD DEL ESTADO POSESIÓN POSICIONES JURADAS POSTULACIÓN POSTULACIÓN PRECIO VALOR PRESCRIPCIÓN PRESIDENTE PRESIDENTE (2013 – ) PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PRESO POLÍTICO PRESTACIONES SOCIALES PRESUNCIÓN DE INOCENCIA PRESUPUESTO NACIONAL PRETENSIÓN PRIMERO JUSTICIA (PJ) PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD PRINCIPIO DE LEGALIDAD PRINCIPIO DE LIBERTAD PERSONAL PRINCIPIO DE NORMA MÁS FAVORABLE PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RETROACTIVIDAD PRISIÓN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO JUDICIAL PROCEDIMIENTO LABORAL PROCESO PENAL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PRODUCTOS EFE S.A. PROGRAMA RADIAL GOLPE A GOLPE PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS PROMOTORA 6207 C.A. PROMULGACIÓN DE LEYES PROPIEDAD PRIVADA PROPIETARIO PROPINA PRÓRROGA PROSEGUROS S.A. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PROVEA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA PRUEBA PRUEBA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS. PRUEBA DE FILIACIÓN PRUEBA DE INFORMES PRUEBA DOCUMENTAL PRUEBAS PSICOLOGÍA DEL NIÑO PUEBLO PUEBLO INDÍGENA QUEIRUGA LORENZO MARÍA ROSA QUINTANA GÓMEZ GUMER QUINTERO VILORIA KENEDY JOSÉ RACIONAMIENTO RADICACIÓN RADIO CARACAS TELEVISIÓN (RCTV) RAMÍREZ EREDIA ALEXANDER JOSÉ RAMÍREZ LUIS ROSENDO RAMÍREZ RAFAEL RAMOS MATA IVAN JESUS RAVELO CISNEROS MARCO ANTONIO REBELIÓN RECLAMO RECLUSO RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA RECURSO DE AMPARO RECURSO DE CASACIÓN RECURSO DE RECONSIDERACION REENGANCHE REFERÉNDUM RÉGIMEN ADUANERO RÉGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO RÉGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (LRPE) REGISTRO REGiSTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF) REGLAMENTO REGLAMENTO DE INTERIOR Y DE DEBATES (ASAMBLEA NACIONAL) REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE ADUANAS SOBRE REGÍMENES DE LIBERACIÓN SUSPENSIÓN Y OTROS REGÍMENES ADUANEROS ESPECIALES REIVINDICACIÓN RELACIÓN LABORAL REMOCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS RENUNCIA RENUNCIA A LA DEMANDA REPOSICIÓN REPOSICIÓN INÚTIL REPRESIÓN REQUERIMIENTO JUDICIAL REQUISITO RESARCIMIENTO RESERVA LEGAL RESISTENCIA A LA AUTORIDAD RESOLUCIÓN DE CONTRATO RESPONSABILIDAD CIVIL RESPONSABILIDAD DEL ESTADO RESPONSABILIDAD OBJETIVA RESPONSABILIDAD POLÍTICA RESTAURANT FLOR DE ESPAÑA C.A. RESTRICCIÓN DE GARANTÍAS RETARDO PROCESAL RETENCIÓN RETRACTO LEGAL RETROACTIVO REVISIÓN CONSTITUCIONAL REVOCACIÓN RIESGOS LABORALES RIÑA RIVERO MARTÍNEZ KEIDA BEATRIZ ROBO RODRÍGUEZ CORTEZ RAMÓN HERNÁN RODRÍGUEZ DE ABREU MARISELA RODRÍGUEZ DELCY RODRÍGUEZ HÉCTOR RODRÍGUEZ RIVAS FREBER JOSÉ RODRÍGUEZ ROCA FRANKLIN DEL VALLE RODRÍGUEZ RUIZ YORMAN JOSÉ RODRÍGUEZ SOJO BEREMIG ROJAS ANÍBAL ROJAS DELGADO JESÚS RAFAEL ROJAS PÉREZ MANUEL ROLINI CONSTRUCTOR S.A. ROSALES MANUEL ROSENDO YADITZA RÚA GILBERTO RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL SABOTAJE SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALARIO Y OTROS BENEFICIOS SALARIOS CAÍDOS SALAZAR LAILED SALAZAR MANUEL SALÓN TERÁN IVÁN JOSÉ SAN LÁZARO S.A. SÁNCHEZ MARTÍNEZ JHOSELIN DEL VALLE SÁNCHEZ ROJAS DOUGLAS DE JESÚS SANCIÓN SANITAS VENEZUELAS SCARANO ENZO SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA SEGURIDAD JURÍDICA SEGURIDAD SOCIAL SEGURO DE VIDA SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL C.A SEMINARIO SENTENCIA SEPARACIÓN DE CUERPOS Y BIENES. SERPA VALENOTTI MIGDALIA SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA (SAIME) SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN) SERVICIO DE SALUD SERVICIO INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT ) SERVICIO MÉDICO SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) SERVICIO PROFESIONAL SERVICIO PÚBLICO SERVICIOS ALTO CENTRO C.A. SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS SAN ANTONIO INTERNACIONAL SERVIPORK C.A. SESIÓN SIMULACIÓN SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE SINDICATO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO CHACAO (SINTRAENSEÑANZA-CHACAO) SINDICATO UNIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE TELECOMUNICACIONES EL TIGRE SINIESTRO SISTEMA DE JUSTICIA SISTEMA FISCAL SISTEMA PENITENCIARIO SISTEMAS JURIDICOS (COLOMBIA) SMOLANSKY DAVID SMURFIT KAPPA CARTÓN DE VENEZUELA SOBERANÍA SOBRESEIMIENTO SOCIALISMO SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA SOCIEDAD MERCANTIL SOLIDARIDAD SOLÓRZANO DELSA SOLÓRZANO SOSIMO RAFAEL SOTO CARRERO CIRA ELENA SOTO GONZÁLEZ KENDRY ROBERT SOTO QUINTANA GINYVETH SUÁREZ BOLÍVAR MARÍA VANESSA SUÁREZ GIL JEHUDI JACKSON SUCESIÓN SUCURSAL SUFRAGIO SUMARIO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO SUNAVI SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (SUCERTE) SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONOMICOS SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE) SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL SUSANA BARREIROS SUSPENSIÓN SUSPENSIÓN DE EFECTOS SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SUSTITUCIÓN DE PATRONO TABAREZ GONZÁLEZ HAMLET TACHA TEMPESTIVIDAD TERCERÍA TERCEROS TESTIGO TIEMPO DE DESCANSO TIPO DE CAMBIO TIRANÍA TÍTULO TÍTULO ACADÉMICO TOLEDO EGUI DOMINGO ALBERTO TOMA DE POSESIÓN TORTURA TRABAJADOR DE DIRECCIÓN TRABAJADORES TRABAJADORES DE DIRECCIÓN TRABAJO NOCTURNO TRADICIÓN LEGAL TRÁFICO DE DROGAS TRAICIÓN A LA PATRIA TRAMITACIÓN TRANSACCIÓN TRANSPARENCIA VENEZUELA (ONG) TRANSPORTE TRATA TREJO FREITAS MARCOS AURELIO TREVI CIMENTACIONES TRIBUNAL TRIBUNAL DE TRABAJO DE ROMA TRIBUNAL PENAL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ) TRIBUTARIO TRIBUTO TROCONIS MORALES FRANCISCO IGNACIO TUBERÍAS RÍGIDAS DE P.V.C. (TUBRICA) TUMEREMO MUNICIPIO SIFONTES (ESTADO BOLÍVAR) TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ULTRAJE AL CENTINELA UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ARÍSTIDES BASTIDAS UNIDAD TRIBUTARIA UNIÓN CONCUBINARIA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV) URRIETA FIGUEREDO PEDRO USUCAPIÓN USURPACIÓN DE FUNCIONES UTILIDADES VACACIONES VALIDEZ DE OFERTA VALLE LEDA VALOR VALOR VENAL VANGUARDIA POPULAR (VP) VARGAS IRAUSQUIN VÍCTOR JOSÉ DE JESÚS VARGAS MARÍA EUGENIA VARGAS PALMA VITERBO JOSÉ VEHÍCULO A MOTOR VEITIA VOLWEIDER MARJORE ALEXANDRA VENCIMIENTO VENEZUELA VENTA CON RESERVA DE DOMINIO VERÁSTEGUI HERNÁNDEZ JORGE LUIS VERGARA SERGIO VERIFICACIÓN DE DEBERES FORMALES VI- CAR S.A. VÍA DE HECHO VICIO VIGENCIA VILLALOBOS GARCÍA ESPEDICTO JOSÉ VILLARROEL RAMÍREZ VASSILY KOTOSKY VILORIA DE BRUCES ENELDA DEL CARMEN VILORIA PALENCIA YESENIA DEL VALLE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS VIOLENCIA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER VIVIENDA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL VOTO ZAPATERIA PRESTIGIO C.A. ZULIANA DE CAL C.A. (ZUCAL)
ACCESO A LA JUSTICIA ACCESO A LA JUSTICIA (ONG) ACCIDENTE DE TRABAJO ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ALCALDE AMPARO CONSTITUCIONAL ASAMBLEA NACIONAL (AN) ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (ANC) COMPETENCIA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE) CONSTITUCIONALIDAD CONSTITUCIONES Y LEGISLACIÓN CONSTITUCIÓN DECRETO DEMOCRACIA DERECHO A MANIFESTAR DERECHOS HUMANOS DESACATO DIPUTADO ELECCIÓN ESTADO DE EXCEPCIÓN FISCAL IMPUESTO INDEMNIZACIÓN INDEPENDENCIA JUDICIAL JUEZ JURISTA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS (LOTTT) MADURO MOROS NICOLÁS MAGISTRADO MINISTERIO PÚBLICO (MP) NULIDAD PARCIALIDAD JUDICIAL PARCIALIDAD POLÍTICA PERFIL OCUPACIONAL PODER JUDICIAL RECURSO DE CASACIÓN REFERÉNDUM REQUISITO SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALARIO Y OTROS BENEFICIOS SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ) USURPACIÓN DE FUNCIONES VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

References: artículo 29
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 267
 artículo 265
 artículo 265
 artículo 267
 artículo 267
 artículo 57
 artículo 60
 artículo 265
 artículo 265
 artículo 265
 RESOLUCIÓN