Source: https://www.scribd.com/document/73328864/SOCIOS-EXTRANJEROS-Y-SOCIEDADES-COOPERATIVAS-FOREIGN-MEMBERS-AND-COOPERATIVE-SOCIETIES-spanish-ATZERRIKO-BAZKIDEAK-ETA-SOZIETATE-KOOPERATIBOAK
Timestamp: 2017-05-28 11:59:29+00:00

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SOCIOS EXTRANJEROS Y SOCIEDADES COOPERATIVAS
FOREIGN MEMBERS AND CO-OPERATIVE SOCIETIES ATZERRIKO BAZKIDEAK ETA SOZIETATE KOOPERATIBOAK
1. El régimen de los socios de nacionalidad
extranjera en las sociedades cooperativas apenas ha despertado interés entre los analistas del Derecho Cooperativo. Tanto en la propia doctrina jurídica como incluso a efectos de las específicas regulaciones legales.
cooperativa, la ausencia de jurisprudencia y, probablemente, la escasa internacionalización de la base societaria de las cooperativas.
4. En primer lugar, es necesario partir de la
referencia del apartado 1 del artículo 13 de la Constitución Española, según el cual “1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley”. Y, en este sentido, el texto del apartado 1 del artículo 22 de dicho Título, en el que “1. Se reconoce el derecho de asociación”. Parece evidente que la Constitución Española no establece por sí misma un criterio cerrado al respecto, remitiéndose finalmente a “los tratados y la ley”. La “Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social” establece en su artículo Artículo 8. Libertad de asociación (Según
2. Este hecho es en sí mismo sorprendente dadas
las dudas al parecer existentes en este momento en un sector de la doctrina sobre la propia viabilidad jurídica de la admisión de tales socios por parte de las sociedades cooperativas. Ésta es precisamente la razón que ha llevado a la elaboración de este documento: avanzar en la clarificación de si las sociedades cooperativas reguladas en concreto en el derecho español pueden o no admitir entre sus miembros a personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera.
3. Las razones de estas dudas se soportan en
buena parte en la indicada falta de atención a este tema por la doctrina y por la legislación
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redacción de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre) que “Todos los extranjeros tienen el derecho de asociación en las mismas condiciones que los españoles”.
5. En nuestra opinión, el texto de esta Ley
Orgánica significa, en principio, que los extranjeros residentes en España deben tener la posibilidad de acceder a la condición de socios de las sociedades cooperativas “en las mismas condiciones que los españoles”.
6. Por su parte, la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea –aunque, en virtud de su artículo 52, sólo vincula directamente en la aplicación del Derecho Europeo- incluye entre dichos derechos el Derecho de Asociación (art. 12) y el artículo 21, en su apartado 2, establece expresamente que “2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares”. Como decimos, en virtud del artículo 52, es una disposición no vinculante para los Estados en la aplicación de su propio Derecho nacional.
2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la Ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública la defensa del orden y la prevención del delito la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos, El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado”. Complementariamente, el artículo 16 de este Convenio únicamente prevé la posibilidad de restricciones a la actividad política de los extranjeros: “Artículo 16. Restricciones a la actividad política de los extranjeros. Ninguna de las disposiciones de los artículos 10, 11 y 14 podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe a las Altas Partes Contratantes imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros”.
7. Por su aplicación directa, mayor importancia
tiene, en su carácter de tratado, el “Convenio para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales” (“Convenio Europeo de Derechos Humanos”), en cuyo artículo 11 se establece expresamente lo siguiente: “Artículo 11. Libertad de reunión y de asociación. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación incluido el derecho de fundar con otras sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.
8. Aunque la Constitución Española no regula con
carácter general la materia, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha extendido expresamente a las personas jurídicas el derecho de asociación reconocido a las personas físicas.
9. En definitiva, parece claro que los ciudadanos
extranjeros con domicilio en España tienen los mismos derechos de asociación que los ciudadanos españoles y, por lo tanto, hay que entender que también a efectos de la asociación a través de sociedades cooperativas.
10. Ahora, bien, ¿qué ocurre con los socios con
domicilio o actividad situados fuera del territorio español?
11. En nuestra opinión, los criterios legales y
constitucionales ayudan a clarificar el derecho de los ciudadanos extranjeros a ser miembros de las cooperativas en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. Pero no es tan clara su aplicación al derecho de pertenencia a las mismas de personas domiciliadas fuera del territorio español o cuya actividad cooperativizada se desarrolla fuera de este territorio. Especialmente si la restricción fuera una consecuencia de una disposición legal que afectara por igual a ciudadanos españoles o extranjeros con domicilio o actividad cooperativizada fuera del territorio español.
razón de que el concepto se regule expresamente a efectos de determinar el “ámbito de aplicación” de la Ley respectiva, en cuanto el “ámbito territorial de la actividad cooperativizada” sirve como referencia a efectos de determinar la aplicación a la respectiva cooperativa de la legislación general de cooperativas o bien de una u otra legislación autonómica. Así, el artículo 2 de la Ley (General) de Cooperativas de 1999, en los términos siguientes: “Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente Ley será de aplicación: A. A las sociedades cooperativas que desarrollen su actividad cooperativizada en el territorio de varias Comunidades Autónomas, excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal. B. A las sociedades cooperativas que realicen principalmente su actividad cooperativizada en las ciudades de Ceuta y Melilla”. Hay consenso doctrinal en la interpretación de que, cuando el apartado 1.d) del artículo 11 de la Ley General (y similares en las comunidades autónomas) exige incluir en los Estatutos “El ámbito territorial de actuación” se refiere precisamente a este concepto de “ámbito en el que la cooperativa desarrolla su actividad cooperativizada con sus socios”. De forma muy expresa, el apartado 3 del artículo 93 de la Ley General establece lo siguiente con respecto a las cooperativas agrarias: “3. Las explotaciones agrarias de los socios, para cuyo mejoramiento la cooperativa agraria presta sus servicios y suministros, deberán estar dentro del ámbito territorial de la cooperativa, establecido estatutariamente”. 3
12. Estas situaciones descritas no plantean
problemas en el caso de las sociedades de capitales, ya que el ámbito objetivo de actuación empresarial no afecta a la ubicación del domicilio o de la actividad de los titulares del capital.
13. Pero en las cooperativas esta argumentación
podría no ser tan clara como consecuencia del concepto conocido habitualmente como “ámbito territorial” y que no se refiere al ámbito geográfico de desarrollo de la actividad empresarial sino al ámbito en el que se ubica la actividad cooperativizada con los socios. La interpretación de hecho de este concepto es distinta según las modalidades cooperativas (centros de trabajo en el caso de las cooperativas de trabajo, explotaciones agrícolas y centros de transformación y comercialización en el caso de las cooperativas agrarias, etc.). Es importante tener en cuenta que, en principio, este concepto de ámbito territorial tiene su origen en la distribución territorial de las competencias legislativas en materia de cooperativas en España. Ésta es, sin duda, la
De forma similar, el artículo 94: “3. En las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, su ámbito, fijado estatutariamente, determinará el espacio geográfico en que los socios trabajadores de la cooperativa pueden desarrollar habitualmente su actividad cooperativizada de prestación de trabajo, y dentro del cual han de estar situados los bienes integrantes de la explotación”.
expresamente- puede desarrollarse actividad cooperativizada fuera del territorio español. Si esta actividad no tiene carácter “principal” sería compatible con un régimen legal autonómico pero, si lo tuviera, habría que entender que sería aplicable el régimen jurídico estatal. En nuestra opinión, este criterio de admisión de actividad cooperativizada fuera del territorio español, basado en la interpretación lógica y sistemática más que en la práctica cooperativa, se refuerza a la luz de la práctica más habitual de las asociaciones de ámbito supraestatal, que incluyen expresamente en sus Estatutos ámbitos de actuación superiores al territorio español, con consecuencias similares a las que tendría al ámbito de la actividad cooperativizada en el caso de las sociedades cooperativas.
14. La duda que pudiera surgir al respecto es si el
ámbito territorial de la cooperativa puede o no incluir territorio de otros Estados. ¿Puede una cooperativa establecer como ámbito territorial, a estos efectos de desarrollo de la actividad cooperativizada con los socios- por ejemplo, el conjunto de los territorios de España y Francia? En tal caso, cuál sería el punto de conexión a efectos de determinar la aplicación de la legislación cooperativa española o francesa? ¿El domicilio de la cooperativa? La legislación española exclusivamente alude al ámbito autonómico o estatal, lo que no debería necesariamente interpretarse como una prohibición. Todo parece indicar que deberíamos considerarlo como una laguna legal, a interpretarla en base a criterios constitucionales y principios generales. Por lo tanto, en ausencia de prohibición legal expresa, entendemos que habría que entender que los Estatutos de las cooperativas domiciliadas en España pueden incluir dentro de su ámbito de actividad cooperativizada “principal” territorio no español, en cuyo caso, por superar el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, les sería de aplicación el régimen jurídico estatal. No obstante, aunque no se establezca expresamente en los Estatutos, hay que entender que –si los Estatutos no lo prohíben
15. En conclusión, entendemos que:
.. En principio, no hay obstáculos legales a que las personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera adquieran la condición de socio de las sociedades cooperativas españolas. Al contrario, en base a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, la ley sólo puede restringir este acceso en base a razones objetivas que serían igualmente aplicables a las personas de nacionalidad española. .. Aunque no es de interpretación tan sencilla, ante la ausencia de restricciones legales expresas, en nuestra opinión las cooperativas pueden: a) Admitir como socios a personas físicas o jurídicas -españolas o extranjeras- con domicilio fuera del territorio español. b) Salvo prohibición estatutaria al respecto, desarrollar actividades cooperativizadas con sus socios fuera del territorio español
c) Incluir en su ámbito territorial estatutariamente definido territorio no español. .. En el caso de que las cooperativas desarrollen su actividad cooperativizada al menos parcialmente fuera del territorio español, la aplicación a las mismas del derecho español o bien el de otros países debería seguir, a efectos de definición del punto de conexión, el criterio del domicilio de la Cooperativa. .. Dada la laguna existente al respecto en nuestro Derecho, y la creciente importancia de la cuestión analizada como consecuencia de la progresiva internacionalización de muchas cooperativas, la legislación cooperativa debería clarificar de forma expresa esta laguna legal.
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